T-269-16
Sentencia T-269/16
PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Entorno
físico como una forma de integración social
El ambiente físico tiene una gran
importancia en términos de inclusión/exclusión social para las personas en
condición de discapacidad. A través de la posibilidad de acceder a diversos
espacios físicos, el individuo puede autónomamente elegir y trazar su plan de
vida y desarrollarse libremente como persona y ciudadano.
DERECHO A LA
ACCESIBILIDAD FISICA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional, internación y
legal
Tanto
la protección constitucional reforzada de que gozan las personas en condición
de discapacidad como las disposiciones internacionales y legales vigentes que
regulan la accesibilidad y protegen
sus derechos, establecen obligaciones para todas las instalaciones y
edificaciones independientemente del servicio que se preste, orientadas a
asegurar que este sector de la población no sea marginado de la vida social,
pública, política, comercial, cultural, educativa o deportiva eliminando en
consecuencia las barreras y obstáculos que impiden su natural desenvolvimiento
en sociedad. En todas estas normas se
hace evidente la preocupación por ofrecer a las personas en este estado un
entorno físico propicio para su desarrollo en condiciones dignas y respetuosas
con un fin específico de inclusión en la sociedad y trato igualitario.
ACCIONES
AFIRMATIVAS A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Estado
debe adoptar medidas que incluyan eliminación de obstáculos y barreras de
acceso a edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones exteriores
e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de
trabajo
El
reconocimiento constitucional de un tratamiento diferenciado encuentra sustento
en la misma Carta Política y en la necesidad de garantizar el principio de
igualdad respecto de aquellas personas que se encuentran en condiciones de
hecho diferentes y que requieren de un apoyo especializado para el desarrollo
integral y pleno de sus capacidades y potencialidades. En hechos concretos,
esto se ha traducido en la garantía de acceso al espacio físico cualquiera sea
su naturaleza como forma de garantizar su integración efectiva en sociedad. Al
tratarse de una prestación de carácter programático, su exigibilidad no es
inmediata pero supone en el entretanto la existencia siquiera de un plan que
garantice gradualmente la protección de los derechos en tensión.
DERECHO A LA
ACCESIBILIDAD FISICA Y DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCION DE PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Vulneración
por Centro Comercial al no garantizar la accesibilidad física de las personas en
situación de discapacidad
DERECHO A LA LIBERTAD DE
LOCOMOCION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a Centro Comercial diseñar en forma
definitiva un plan específico que garantice la accesibilidad y la libertad de
locomoción de la población en situación de discapacidad
Referencia: expediente T-5355858
Acción de tutela
presentada por Augusto Suárez Aranguren contra el Centro Comercial El Gran San
Victorino (El GranSan)
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de
dos mil dieciséis (2016).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y los
magistrados Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido, en primera instancia, por el Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Bogotá, el tres (3) de noviembre de dos mil
quince (2015), y en segunda instancia, por el Juzgado Treinta y Cinco Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, el doce (12) de
enero de dos mil dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela promovida por Augusto
Suárez Aranguren contra el Centro Comercial El Gran San Victorino (El GranSan).
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de auto del veintiséis (26) de febrero de
dos mil dieciséis (2016), proferido por la Sala de Selección Número Dos[1].
I.  ANTECEDENTES
El diecinueve
(19) de octubre de dos mil quince (2015), el accionante instauró acción de tutela
en contra del Centro Comercial El GranSan por considerar que está vulnerando
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, vida, igualdad y mínimo vital.
Señala que no puede ejercer su oficio como comerciante con plena autonomía
porque dicho establecimiento, al que debe acudir con frecuencia, no cuenta con
condiciones de accesibilidad para personas, que como él, se encuentran en
situación de discapacidad. Relata que en varias ocasiones por falta de
infraestructura física adecuada, terceros deben auxiliarlo e incluso cargarlo
para poder desplazarse, hecho que le genera molestia e incomodidad.
1. Hechos
1.1. El accionante es una persona de treinta
y seis (36) años de edad[2].
Debido a un accidente de tránsito que sufrió, presenta una discapacidad física
que ha afectado gravemente su locomoción al punto de tener que movilizarse
permanentemente en una silla de ruedas[3].
Ello ha dificultado la actividad que desempeña como comerciante de prendas pues
debe desplazarse periódicamente hacia diferentes establecimientos en los que
adquiere la variedad de mercancía que posteriormente vende.
1.2. El Centro Comercial El GranSan de
Bogotá es uno de los lugares a los que más asiste en cumplimiento de tal
propósito. Sin embargo, al carecer este de las condiciones adecuadas y
necesarias para el ingreso y movilidad de personas en situación de discapacidad,
es difícil transitar en su interior con plena autonomía debiendo esperar a que alguien caritativo le preste apoyo[4]. Indica que es incómodo que lo tengan que cargar para trasladarse a donde
requiera ir pues la limitación que padece le demanda asistir con mayor
frecuencia al baño, lo que agrava su circunstancia actual de vulnerabilidad[5].
1.3. Buscando soluciones reales a su
problema, presentó ante el Representante Legal del centro comercial[6], una petición en la que
solicitaba la adecuación de la infraestructura física del recinto a partir de criterios
de accesibilidad. Mediante respuesta del cinco (5) de octubre de dos mil quince
(2015), se le indicó que “dicha solicitud por ahora no puede ser tenida en
cuenta, en razón a que está en estudio de área jurídica, aun cuando a que
iniciamos temporada”[7].
1.4. Precisa que la ausencia de medidas
afirmativas en su beneficio ha puesto en entredicho su mínimo vital, ya que “[su] sustento se obtiene de los recursos generados por
medio de [su] actividad comercial que ejerce en las instalaciones del centro
comercial accionado”[8].
En ese sentido, al no garantizársele unas condiciones
dignas que le permitan ejercer plenamente su proyecto de vida, los recursos
económicos para lograr su manutención y la de su familia, integrada por su
hijo, son insuficientes[9].
1.5. Con fundamento en estos hechos acudió
al mecanismo constitucional en procura de obtener la salvaguarda de los
derechos fundamentales a la dignidad humana, vida, igualdad y mínimo vital. Solicitó
como medida provisional que el representante legal, gerente o administrador del
centro comercial dispusiera de personal o de una brigada de guías para la
atención y el acompañamiento de las personas en condición de discapacidad al
interior de la edificación. Para ello, resultaba pertinente la implementación de una base de datos en la
administración del establecimiento que permitiera priorizar la ayuda requerida
en favor de este grupo de la población.
1.6. Como objeto material de protección
invocó (i) el diseño y ejecución de un plan específico que garantizará
integralmente el derecho a la accesibilidad y a la libertad de locomoción. En
concreto, el desarrollo de obras que contribuyeran a la adecuación del
mobiliario a través de la construcción de barandas y/o pasamanos en todas las
rampas y escaleras del lugar observando las especificaciones técnicas del caso
y la señalización necesaria; (ii) la adopción de
un plan de emergencia y evacuación que tuviera en cuenta a la población en
situación de discapacidad y, (iii) la realización de una campaña de
sensibilización dirigida a los empleados y el personal administrativo que
laboraban en el centro comercial con el fin de generar un mayor compromiso y
comprensión de las circunstancias en las que viven las personas con diferentes discapacidades.
2. Respuesta de la entidad accionada
2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá, el veinte (20) de octubre de dos mil quince
(2015), el Despacho ordenó notificar a la entidad accionada para que ejerciera
el derecho de defensa y contradicción[10].
La contestación aportada al proceso dice lo
siguiente:
2.2. Mediante escrito del veintidós (22)
de octubre de dos mil quince (2015), el Representante Legal del Centro
Comercial El GranSan en respuesta al requerimiento judicial sostuvo que “si
bien es cierto que el centro comercial carece de infraestructura adecuada para
satisfacer las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad
física, donde reconocemos la falta de esta adecuación, también lo es que
actualmente se viene realizando un trabajo por parte de la administración del mismo
para hacer los estudios previos que permitan definir los espacios necesarios,
así como los recursos económicos que deberán ser destinados para tal fin.
Solicito respetuosamente al señor juez conceder un plazo prudencial para
terminar los estudios y poner en marcha el plan de ejecución de las obras
conforme al presupuesto del centro comercial”[11].
3. Decisiones que se revisan
3.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá mediante fallo del tres (3) de noviembre de
dos mil quince (2015) resolvió “negar por
improcedente” la acción de tutela. En su criterio, el asunto objeto de
estudio planteaba la protección de derechos colectivos frente a lo cual la
acción popular se erigía en el medio de defensa judicial idóneo. Agregó que no
se evidenciaba la ocurrencia de un perjuicio irremediable ni la condición de
debilidad manifiesta del accionante como presupuestos necesarios para la
intervención transitoria del juez constitucional.
3.2. Impugnación presentada por el
accionante
El accionante impugnó
la decisión anterior y solicitó su revocatoria. Lo hizo sobre la base de
reiterar que la acción de tutela era el mecanismo procedente para proteger sus
derechos fundamentales en los términos de la jurisprudencia constitucional[12].
3.3. Sentencia de segunda instancia
Conoció de la tutela en segunda instancia
el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá, autoridad que mediante providencia del doce (12) de enero de dos mil
dieciséis (2016), confirmó la decisión de primera instancia. En su criterio, “es
evidente que existen otros medios judiciales como la acción popular cuya
naturaleza propende por la protección del interés general a diferencia de la
tutela que persigue un interés particular. Y es que el Juez Constitucional no
cuenta con la competencia para disponer la construcción de rampas de acceso y/o
de otros medios para garantizar la accesibilidad física de las personas en
situación de discapacidad, tan solo se puede mirar desde el ámbito del
perjuicio irremediable, el cual no fue demostrado en debida forma en esta
oportunidad, pues el señor Suárez Aranguren sigue ejerciendo su actividad de
comerciante como lo señala en su libelo”[13].
4. Actuaciones surtidas en sede de
revisión
4.1. La Sala de Revisión, para efectos de
adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, requirió al
Centro Comercial El GranSan[14]
y al accionante[15]
para que suministraran
determinada información, por auto del doce (12) de abril de dos mil dieciséis
(2016)[16].
4.2. Por medio de oficio del veintiséis
(26) de abril de dos mil dieciséis (2016), el centro comercial accionado, dio
contestación a cada uno de los interrogantes planteados en el requerimiento
judicial[17].
El contenido de las respuestas será ampliamente esbozado en el estudio del caso
concreto.
4.3. La información requerida al señor
Augusto Suárez Aranguren fue aportada al proceso de tutela a través del oficio
de respuesta del centro comercial[18].
iI.
Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión previa: La acción de tutela
presentada por Augusto Suárez Aranguren es procedente para buscar la protección
de sus derechos fundamentales
2.1. Legitimación
para actuar
2.1.1. Legitimación
por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier
persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En
esta oportunidad, el señor Augusto Suárez Aranguren actúa en defensa de sus
derechos e intereses, razón por la cual se encuentra legitimado para intervenir
en esta causa.
2.1.2. Legitimación
por pasiva. De conformidad con el artículo 5 del
Decreto 2591 de 1991[19], “[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. Continúa señalando
la norma del decreto antes referido, que “[t]ambién procede la acción de
tutela contra acciones u omisiones de particulares”, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 42 al 45 ibíd y el inciso final del artículo 86
superior. Teniendo en cuenta que en el presente trámite
se incoa una solicitud de amparo contra una persona de derecho privado, esto es
contra el Centro Comercial El GranSan, la Sala procederá a reiterar la
jurisprudencia en materia de procedencia de la acción de tutela contra
particulares (en donde están incluidas las organizaciones privadas de carácter comercial)[20] cuando el afectado se
encuentra en estado de indefensión.
Según lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente,
cautelar, residual y sumario de protección de los derechos fundamentales que
sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares[21]
(i) encargados de la prestación de un servicio público; (ii) cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
Respecto de la permisión constitucional y
legal que hace viable interponer acciones de tutela contra particulares, cuando
se demuestre que el afectado se encuentra en estado de subordinación o
indefensión, y que resulta ser de una alta importancia para determinar la
procedencia de las acciones de tutela objeto de estudio, el desarrollo
jurisprudencial efectuado por el intérprete constitucional ha sido abundante
desde sus inicios, enfatizando en que si bien se trata de figuras
diferenciables, en determinados eventos pueden ir asociadas, y que la
configuración de estos fenómenos depende de las circunstancias que se susciten
en cada caso concreto[22].
La Corte ha entendido la subordinación,
como “el acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en
razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”[23],
encontrándose entre otras, (i) las relaciones derivadas de un contrato de
trabajo; (ii) las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel
educativo; (iii) las relaciones de patria potestad originadas entre los hijos
menores y los incapaces respecto de los padres, o (iv) las relaciones entre los
residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de los
mismos.
Por su parte, la indefensión alude a la
persona que “ha sido puesta en una situación que la hace incapaz de repeler
física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por
parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales.
En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar
defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis
relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se
encuentra la persona”[24].
El estado de indefensión, para efectos de
la prosperidad formal de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez
constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a
estudio[25].
No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido
de este concepto. Por tratarse entonces, de un adjetivo que tiene una dimensión
indeterminada a partir de los lineamientos señalados por la jurisprudencia, es
que esta Corporación ha considerado que los supuestos son más amplios, pues no
implican la existencia de un vínculo de carácter jurídico entre la persona que
alega la vulneración de sus derechos fundamentales y el particular demandado,
lo cual significa que se trata de un ámbito autónomo de procedibilidad de la
acción de tutela contra particulares que está presente por ejemplo (i) cuando
la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales (legales,
materiales o físicos) eficaces e idóneos que permitan conjurar la vulneración iusfundamental
por parte de un particular; (ii) la imposibilidad del particular de satisfacer
una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y
desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición
o un derecho del que es titular; (iii) personas que se hallan en situación de
marginación social y económica; (iv) personas de la tercera edad; (v)
discapacitados y, (vi) menores de edad[26].
Asimismo, el intérprete constitucional ha
estimado que ante la existencia de una posición de preeminencia social y
económica que resquebraja el plano de igualdad en las relaciones entre
particulares o también, cuando se trata de poderes sociales y económicos, los
cuales disponen de instrumentos que pueden afectar la autonomía privada del
individuo, es procedente igualmente la acción de tutela. Tal es el caso de los
medios de comunicación, clubes de fútbol, empresas que gozan de una posición
dominante en el mercado o las organizaciones privadas de carácter asociativo,
como asociaciones profesionales, cooperativas o sindicatos[27].
En suma, la principal diferencia entre
estas dos figuras, radica en “el origen de la dependencia entre los sujetos.
Si el sometimiento se presenta como consecuencia de un título jurídico nos
encontraremos frente a un caso de subordinación y contrario sensu si la
dominación proviene de una situación de hecho, podremos derivar la existencia
de una indefensión”[28].
Con fundamento en lo anterior, la Sala
concluye que la acción de tutela interpuesta por Augusto Suárez Aranguren es procedente
por virtud de la situación de indefensión en la que se encuentra materializada en:
(i) su condición de discapacidad (serías limitaciones de movilidad que afectan
su autonomía); (ii) en el hecho de tener que asistir al establecimiento privado
porque depende de la actividad comercial que allí desarrolla para materializar
su plan de vida y lograr su sustento diario. En otras palabras, respecto de
dicho lugar, el peticionario se encuentra en una dependencia plena en términos
de acceso y ejecución de su trabajo. Él mismo señala que “el centro
comercial el gran San ofrece prendas de vestir de confección nacional de muy
bajo precio, por eso es mi único proveedor actual”[29]. No ocurre lo mismo en
la relación inversa pues como órgano privado colectivo y dada su posición
significante en el mercado no depende de las labores exclusivas del tutelante
para su cabal funcionamiento[30]
y, (iii) en la situación de marginación social y económica en la que está pues la
industria del comercio es una actividad lícita que representa fuente de empleo,
sin embargo su rendimiento es variable y depende de los índices y factores
diversos del mercado convirtiéndose en ocasiones en un oficio deprimido,
marginado y poco rentable. En efecto, a la fecha el accionante ejerce una
economía de subsistencia; según él mismo lo afirma gana en promedio un poco más
que un salario mínimo y ejerce dicha actividad con el escaso capital de trabajo
con que cuenta pues es una persona de bajos recursos[31].
2.2. En el presente asunto se cumple con
el requisito de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela
La Corte Constitucional a través de su
jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de tutela, ha
sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento de fondo de
las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por vía
excepcional. De hecho, de manera reiterada, esta Corporación ha reconocido que
la acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de
protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio
idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados, o cuando
existiendo otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[32].
2.2.1. Inmediatez. La procedibilidad
de la acción de tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del
requisito de inmediatez. Este exige que la acción sea interpuesta de manera
oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión
existente entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela “en
todo momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un
medio de protección “inmediata” de los derechos fundamentales. Es
decir, debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza
expedita de la tutela y su interposición oportuna.
Para verificar el cumplimiento del
principio de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre
la supuesta violación o amenaza y la interposición de la tutela es razonable[33]. En el caso concreto, el
actor presentó la acción de tutela el diecinueve (19) de octubre de dos mil
quince (2015). El hecho generador de la vulneración lo constituye la respuesta
emitida por el centro comercial, el cinco (5) de octubre del mismo año en la
cual le indicaron la imposibilidad de acceder a su pretensión de adecuación
mobiliaria del establecimiento. Es decir transcurrieron catorce (14) días hasta
el momento en que ejerció el amparo para la protección de sus derechos, término
respecto del cual no surge reparo algo pues resulta ampliamente razonable y denota
una actitud diligente y célere de parte del tutelante. Además, la vulneración
es actual pues de los elementos de juicio del proceso se sigue advirtiendo una
omisión de la entidad accionada en la protección de las garantías
constitucionales del actor.
2.2.2.  Subsidiariedad. De acuerdo
con los jueces de instancia, la acción de tutela presentada por el señor
Augusto Suárez Aranguren es improcedente toda vez que el accionante dispone de
la acción popular cuya naturaleza propende por la protección del interés
general que, en su criterio es la pretensión de amparo en esta oportunidad[34].
Conforme se indicó en la sentencia T-553 de
2011[35],
al analizarse un caso con circunstancias fácticas análogas al presente, la
procedencia de la acción de tutela cuando están involucrados derechos
colectivos debe examinarse a la luz de los derechos subjetivos que se
encuentren en juego y de los cuales exista prueba de su vulneración. El hecho
de que las pretensiones perseguidas por los accionantes terminen por beneficiar
al resto de personas en su misma circunstancia, no excluye la procedencia del
mecanismo constitucional siempre que el problema jurídico verse sobre la
afectación de prerrogativas individuales.
El caso objeto de estudio involucra
justamente el goce efectivo de garantías fundamentales al trabajo, el mínimo
vital, la dignidad humana y la libertad de locomoción predicables de un sujeto
de especial protección constitucional (el actor presenta serias limitaciones de
movilidad ocasionadas por un accidente de tránsito)[36] a quien precisamente
se le debe facilitar el acceso al ejercicio de estos derechos y su
incorporación a la sociedad removiendo progresivamente los obstáculos que
impidan la satisfacción de sus intereses en igualdad de condiciones que los
demás.
La Constitución Política consagra una
protección especial para las personas en situación de discapacidad, que en
hechos concretos debe traducirse en un tratamiento singularizado que se ajuste
a sus necesidades y requerimientos[37].
En esta línea, la jurisprudencia constitucional ha advertido que la omisión del
deber de trato especial puede ser controvertida por medio de la acción de
tutela, sobre todo cuando se trata de este grupo de la población sometido a una
constante marginación y exclusión social[38].
Como se indicó en la sentencia T-276 de
2003[39],
al analizarse un caso de una persona en condición de discapacidad que invocaba
su accesibilidad física a un lugar abierto al público, la Sala Cuarta de
Revisión señaló que “en este caso sí es procedente la acción de tutela y no
las acciones consagradas en los artículos 87 y 88 de la Carta Política por
cuanto se trata de derechos fundamentales del accionante, quien, por cierto,
actúa a título personal, como lo expuso claramente en su escrito de
presentación de la acción. Por lo tanto, tal como se indicó en la sentencia
T-1639 de 2000, procede por esta vía la protección judicial de los derechos
fundamentales del accionante para adoptar medidas concretas que mitiguen o
hagan desaparecer la situación de discriminación en que se encuentra”.
2.3. En este contexto, encuentra la Sala superado el análisis de
procedibilidad, por lo que pasará a presentar el caso y plantear el problema
jurídico.
3. Presentación del caso y problema
jurídico
3.1. En la acción de tutela de la
referencia, el actor asegura enfrentar con frecuencia diversos obstáculos y
barreras que le impiden el goce efectivo de sus derechos fundamentales. En
concreto, señala que en su oficio como comerciante asiste periódicamente al
Centro Comercial El GranSan. Sin embargo, por su situación de discapacidad se
le dificulta ejercer dicha actividad porque las instalaciones del
establecimiento no son adecuadas para su desplazamiento y movilidad. En esa
medida requiere el apoyo de terceros para trasladarse, hecho que le genera
humillación pues no controla esfínteres.
El Representante Legal del centro comercial
en respuesta al requerimiento efectuado por los jueces de instancia reconoció
la ausencia de medidas afirmativas en términos de accesibilidad, no obstante
señaló el esfuerzo del establecimiento por realizar los estudios necesarios
para ejecutar las obras que atendieran las
necesidades de este grupo de la población con miras a cumplir los mandatos
legales y constitucionales que propenden por su integración social.
Durante el periodo de revisión y en
atención a la información solicitada por el Despacho, la entidad accionada
reiteró la falta de infraestructura adecuada para el acceso de las personas en
condición de discapacidad. Advirtió que ello obedecía a la existencia de
problemas internos suscitados por cuenta de algunos copropietarios que
manifestaban su inconformidad en la materialización de las obras proyectadas
para mitigar el estado de desprotección reconocido.
3.2. Con fundamento en la situación fáctica
reseñada corresponde resolver el siguiente problema jurídico ¿Vulnera una
entidad privada (Centro Comercial El GranSan) los derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la libertad de
locomoción de una persona en condición de discapacidad (Augusto Suárez
Aranguren) al no garantizarle la accesibilidad
física a dicho establecimiento en donde desempeña, generalmente, su oficio
como comerciante a pesar de haber reconocido dicho déficit en la materia, no
obstante no haberlo remediado aduciendo problemas internos?
3.3. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala de Revisión analizará (i) los parámetros
constitucionales, internacionales y legales en materia de accesibilidad física
para personas en situación de discapacidad; (ii) aterrizará el asunto con
fundamento en los lineamientos jurisprudenciales que sobre el terreno de lo
expuesto se han consolidado y a partir de lo anterior (iii) resolverá el asunto
puesto a consideración.
4. Las personas
en situación de discapacidad y el ambiente físico como presupuesto indispensable de igualdad e integración social
El asunto objeto
de estudio plantea una controversia en torno al goce y ejercicio de los
derechos fundamentales de una persona en condición de discapacidad física. En
concreto, pone de relieve las barreras y obstáculos en términos de accesibilidad
a lugares abiertos al público (Centro Comercial El GranSan) que el
accionante debe enfrentar cotidianamente para materializar su oficio como
comerciante en condiciones de igualdad y por esta vía asegurar su sustento
diario. En este orden de ideas, el norte de la exposición se centrará en
abordar los lineamientos que en la materia se han construido y sobre esa base
brindar el remedio constitucional más adecuado a las pretensiones del actor y
demás personas en su misma circunstancia.
Las personas que se encuentran en alguna
circunstancia de discapacidad han pertenecido a una minoría oculta
históricamente invisibilizada y excluida. A través de los siglos han sido
objeto constante de marginación producto de la ignorancia, la negligencia, sentimientos
de lástima, vergüenza, temor o de la simple intolerancia e incomodidad que
puede generar el encuentro con personas diferentes. Estas pueden ser razones
suficientes que justifiquen su baja o casi inexistente participación en los
diferentes ámbitos de la vida pública y privada y sobretodo motivos razonables
que han impedido el goce efectivo de sus derechos.
La existencia de distintas barreras han obstaculizado
el ejercicio a plenitud de sus garantías básicas. Desde barreras culturales que
perpetúan los prejuicios, hasta barreras legales, físicas y arquitectónicas que
limitan la movilidad, la interacción y su efectiva participación en sociedad.
Tradicionalmente se ha indicado que la discapacidad surge del fracaso de la
adaptación del ambiente social a las necesidades de las personas en esta
situación y no de la incapacidad de aquellas de adaptarse al ambiente[40]. El
entorno físico está concebido para individuos sin ningún tipo de limitación lo
cual corresponde al imaginario acerca de la perfección, la belleza, el paradigma
del sujeto “normalmente” habilitado[41].
Muchas de sus dificultades surgen precisamente de un espacio físico no adaptado
a sus condiciones pues un medio social negativo puede convertir la discapacidad
en invalidez. Por el contrario, un ambiente social positivo e integrador puede
contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de estas personas
permitiéndoles llevar a cabo sus aspiraciones más profundas[42]. De lo anterior surge entonces que el
ambiente físico tiene una gran importancia en términos de inclusión/exclusión
social para las personas en condición de discapacidad.
Las normas constitucionales, internacionales y
legales vigentes entienden la discapacidad como una realidad, esto es, desde el punto de vista
de la diversidad, de aceptar la diferencia y por esta vía de aprovechar todas
las potencialidades que tienen los seres humanos, independientemente del tipo
de discapacidades que los afecten[43].
Para ello, es necesario que las barreras antes referidas sean corregidas con el
fin de garantizar su plena integración como sujetos de derechos, sin límites,
sin restricciones y sin obstáculos innecesarios. El derecho a la accesibilidad a
través del cual se pretende alcanzar este propósito, constituye una herramienta
eficaz para el disfrute de otras garantías constitucionales como la libertad de
locomoción, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo y la autonomía como expresión de la dignidad
humana. A través de la posibilidad de acceder a diversos espacios físicos, el
individuo puede autónomamente elegir y trazar su plan de vida y desarrollarse
libremente como persona y ciudadano.
4.1. La Protección constitucional, internacional y legal de las personas
en condición de discapacidad en materia de accesibilidad física
4.1.1. Tal
como lo ha reconocido esta Corporación, la Constitución
Política de 1991 contempla una especial protección para todos aquellos grupos
marginados o desaventajados de la sociedad que, en razón a su situación, suelen
ver limitado el ejercicio de sus derechos fundamentales. En el caso de las
personas en condición de discapacidad, son varios los principios específicos de
la Carta Superior que otorgan una protección constitucional reforzada en su
beneficio a partir del mandado contenido en el artículo 2 que preceptúa como uno de los fines esenciales del Estado, la garantía del goce efectivo
de los derechos[44].
El artículo 13 establece
que “el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan”[45],
norma de la que se deriva directamente una obligación
de contenido positivo y aplicación inmediata consistente en adoptar todas las
medidas que sean necesarias para lograr una igualdad real y material[46] de trato,
condiciones, protección y oportunidades entre los asociados, no simplemente en
términos formales o jurídicos[47].
Dicha
disposición constitucional, prohíbe además la
discriminación. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se viola
el principio de igualdad y puede haber lugar a una práctica discriminatoria[48],
cuando se presenta una omisión injustificada de ofrecer un trato
especial a las personas con debilidad manifiesta que requieren medidas de
protección en su beneficio. En estos casos, se exige frente a los sujetos que
se encuentran en situación de desventaja, un esfuerzo por parte del Estado o
incluso de un particular -en los casos previstos en la ley-  para superar las
condiciones de marginación o exclusión que inciden en el goce de sus derechos y
en su participación en sociedad, mediante políticas, planes o programas que
puedan ser diseñados para controvertir tal circunstancia[49]. El mandato de trato
especial no significa que las personas en situación de discapacidad se
encuentren relevadas de sus deberes y obligaciones constitucionales como
cualquier otro ciudadano.
El artículo 24 Superior
fija el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio
nacional (libertad de locomoción), garantía que implica en su sentido más
elemental “la posibilidad de transitar o desplazarse
de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se
trata de las vías y los espacios públicos”[50]. Es un derecho constitucional que al
igual que la vida, tiene una especial importancia en tanto que es un presupuesto
para el ejercicio, por ejemplo de la educación, el trabajo o la salud. En el caso de las personas en situación de
discapacidad, comprende la obligación de remover las barreras físicas que
impidan su goce efectivo[51].
Así mismo, el artículo
47 Constitucional consagra un derecho de carácter programático
que se manifiesta en la obligación del Estado de adelantar una “política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”[52]. Esta norma contiene entonces un
derecho a favor de las personas en situación de discapacidad, el cual a su vez se
convierte en una obligación clara y expresa por parte del Estado, consistente
en propender por la inclusión social de este grupo de la población y garantizar
la igualdad de oportunidades y el trato más favorable. Finalmente, el artículo 54 dispone de una protección especial en materia laboral
y señala que es obligación del Estado propiciar la
ubicación de las personas en edad de trabajar y garantizar a los sujetos en
condición de discapacidad, el derecho a un trabajo acorde con su estado de
salud, esto es, las condiciones necesarias para la materialización de un
proyecto de vida[53].
4.1.2. La protección constitucional antes
descrita está acorde con los instrumentos internacionales que se han suscrito
con el fin de garantizar a las personas con alguna discapacidad el goce pleno
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales. Se ha considerado que un instrumento útil en el logro de tal
finalidad es la garantía de un ambiente físico que se ajuste a sus verdaderas necesidades y problemas. A efectos de
una correcta ilustración, se hará primero referencia a los parámetros internacionales
que desarrollan Derechos Humanos. Posteriormente y en la misma línea de
argumentación se dirigirá la atención hacia el estudio del derecho comparado.
4.1.2.1. Quizá la primera manifestación de
reconocimiento a nivel internacional en punto de la protección de los derechos
de las personas en situación de discapacidad se remonta a mediados de los años
setenta (70), a menos de una década de lograrse la aprobación de diversos
Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.
La Declaración de los Derechos de los impedidos
de mil novecientos setenta y cinco (1975)[54],
a pesar de su título, hoy anacrónico, y
de la precariedad en los términos usados, constituyó un desarrollo importante y
una aproximación significante hacia la promoción de políticas destinadas a la
igualdad de oportunidades en todas las esferas de interacción humana a partir
de la lucha por la plena participación civil, económica, social y política de
las personas en condición de discapacidad. El consenso en torno a la necesidad
de brindar la protección necesaria a este grupo de la población mundial, llevó
al reconocimiento dentro del instrumento de múltiples derechos, destacándose,
entre otros, los siguientes: “3.
El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El
impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus
trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus
conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a
disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible; 5. El
impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor
autonomía posible; 7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y
social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus
posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil,
productiva y remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales; 8. El
impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares
en todas las etapas de la planificación económica y social”.
Más adelante, reafirmando
el propósito de consolidar en el Continente, dentro de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en
el respeto de los derechos esenciales del hombre[55], surgió
el primer instrumento jurídico del Sistema
Interamericano de los Derechos Humanos. El Protocolo de San Salvador,
adicional a la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
fue adoptado por la Asamblea General de la OEA
el diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) en la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos realizada el
dieciocho (18) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978).
Se trata de un
texto legal que como su nombre lo indica, completa la Convención Americana de
Derechos Humanos[56],
en cuanto que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales. Preceptúa en su artículo 18 que
“toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o
mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar
el máximo desarrollo de su personalidad”. Con tal fin, los Estados partes
se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y
en especial a: (i) ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a
las personas en situación de discapacidad los recursos y el ambiente necesario
para alcanzar ese objetivo e (ii) incluir de manera prioritaria en sus planes
de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos
generados por las necesidades de este grupo[57].
Como parte del desarrollo
integral de las personas en condición de discapacidad y la convivencia en una
sociedad en constante evolución abocada a cambiar su percepción respecto de
estos individuos, emergió en el ámbito americano la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad del siete (7) de junio de mil novecientos
noventa y nueve (1999)[58].
Tiene la finalidad de prevenir y eliminar todas las expresiones de
discriminación contra las personas en situación de discapacidad, así como la de
propiciar su plena integración a la sociedad. En el artículo 1 de este
instrumento internacional se establece que: “el término ‘discapacidad’
significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por
el entorno económico y social”.
Para lograr los objetivos de esta Convención, los
Estados parte se comprometen a adoptar medidas para (i)
eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración social por
parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la
prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y
actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la
vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia, los
servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; (ii)
para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen
en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el
acceso para las personas que presenten alguna discapacidad y, (iii) para
eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de
transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el
acceso y uso en favor de este grupo social (artículo 3)[59].
Casi una década
más tarde, la comunidad internacional a principios ya del siglo XXI,  avanzó en
un acuerdo más extenso y vinculante. Aparece
así, el primer instrumento amplio de Derechos Humanos y por esta vía, la
primera convención de tal naturaleza que se abre a la firma de las organizaciones
regionales de integración y señala un “cambio paradigmático” de las
actitudes y enfoques respecto de las personas en condición de discapacidad.
La Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el trece (13) de diciembre de dos mil
seis (2006)[60],
se concibió como un instrumento de Derechos Humanos
con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se propone, “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”[61]. Conforme a la Convención,
entre las personas en condición de discapacidad se encuentran aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás.
Para alcanzar los fines propuestos y en
armonía con el marco de protección constitucional para este grupo poblacional,
la Convención estableció en cabeza del Estado unas obligaciones de acción y
otras de omisión respecto de los derechos de los que son titulares las personas
en situación de discapacidad. Entre estas, se encuentra la de “tomar todas
las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad”[62], y la de abstenerse de
realizar actos o prácticas que sean incompatibles con la referida Convención
velando porque todas las autoridades e instituciones públicas actúen de acuerdo
a lo que en ella se dispone.
En el artículo 3 del instrumento
internacional, se consagraron unos principios generales, entre los cuales cabe
destacar el respeto por la dignidad, autonomía individual y la independencia, la
no discriminación[63],
la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad[64].
La Convención se ocupó de desarrollar el de accesibilidad, tema central de la
tutela objeto de revisión, señalando que con la finalidad de que “las personas
con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”[65].
Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, centros médicos
y lugares de trabajo. Para tal fin, los Estados Partes adoptarán las acciones
pertinentes para (i) desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de
normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los
servicios abiertos al público o de uso público; (ii) asegurar que las entidades
privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de
uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas en condición de discapacidad; (iii) brindar formación a todas las
personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan
estos individuos y, (iv) ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la
lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones
abiertas al público[66].
En el artículo 20 se resalta la importancia
de capacitar a la sociedad con el fin de que cuenten con la sensibilización y
el conocimiento para efectuar los procedimientos pertinentes que garanticen de
manera digna, segura y efectiva el acceso a la sociedad de las personas en
condición de discapacidad. Para ello prevé que “los Estados Partes adoptarán
medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas: (…) c)
Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje
con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad
(…)”.
4.1.2.2. Mirando
y aplicando el Derecho Constitucional y su enorme evolución, algunas cortes de
Derechos Humanos a nivel internacional han llegado a posiciones protectoras
similares a las expuestas. En punto de derecho comparado, la Unión Europea y
sus Estados miembros tienen un mandato muy sólido para mejorar la situación de
las personas en condición de discapacidad o con capacidades muy limitadas. Muchos
de sus cuerpos normativos contienen disposiciones encaminadas a derrotar
aquellas barreras que impiden la participación en la sociedad y la economía de este
sector de la población bajo el lema “Un compromiso renovado para una Europa
sin barreras”.
De conformidad con el artículo 1 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), “la dignidad
humana es inviolable. Será respetada y protegida”. El artículo 26 establece que
“la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a
beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y
profesional y su participación en la vida de la comunidad”. Asimismo, el
artículo 21 prohíbe toda discriminación por razón de discapacidad. El Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) estipula que la Unión, en la
definición y ejecución de sus políticas y acciones, tratará de luchar contra
toda discriminación por razón de discapacidad (artículo 10) y podrá adoptar
acciones adecuadas para combatirla (artículo 19). La Comunicación de la
Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las regiones relativa a la estrategia europea
sobre discapacidad 2010-2020 se centra en la supresión de barreras a través de
la identificación de ámbitos primordiales de actuación como el empleo, la
protección social, la igualdad y la accesibilidad.
Por «accesibilidad» entiende el acceso de
las personas en situación de discapacidad, en las mismas condiciones que el
resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las tecnologías y
los sistemas de la información y las comunicaciones (TIC), y a otras
instalaciones y servicios. Propone utilizar instrumentos legislativos y de otro
tipo para optimizar la accesibilidad así como la implementación de normas
específicas que eliminen las barreras actuales en el entorno construido, los
bienes y los servicios.
4.1.3. Por otro
lado, en el ordenamiento jurídico Colombiano, diferentes regulaciones
legislativas han definido mecanismos de protección para las personas en
situación de discapacidad, especialmente en términos de accesibilidad.
La primera
regla que debe mencionarse es la Ley Estatutaria de los
Derechos de las Personas en condición de Discapacidad
(Ley 1618 de 2013)[67].
Las Leyes Estatutarias desarrollan dimensiones  y contenidos importantes de los
derechos  y deberes fundamentales cuya titularidad se predica de las personas
en condición de discapacidad (artículo 152 superior). Lo que se defina en ellas
por su rango de superioridad, vocación de permanencia y carácter vinculante constituye
parámetro de constitucionalidad y base sólida para la administración de
justicia.
Este avance
estatutario es un paso adelante que recoge las
experiencias nacionales en las que se han protegido los derechos de una minoría
oculta. Es posterior a la evolución de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene por finalidad garantizar y asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos de un grupo social vulnerable mediante la
adopción de medidas de inclusión social[68],
acciones afirmativas, ajustes razonables y eliminación de toda forma de
discriminación por razón de discapacidad. Como manifestación de la igualdad
material y el fomento de la vida autónoma e independiente de esta población,
dispone como deber de las entidades de todo orden, garantizar su accesibilidad
en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la
información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los
lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas
como rurales (artículos 2 y 14).
En su artículo
6 estableció que son deberes de la familia, las empresas privadas, las
organizaciones no gubernamentales, los gremios y la sociedad en general, “asumir
la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales,
sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier
otro tipo, que impidan la efectiva participación de las personas con
discapacidad y sus familias, participar en la construcción e
implementación de las políticas de inclusión social de las personas con
discapacidad y velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas
con discapacidad”.
Por su parte, la Ley 361 de 1997[69],
adicionada por la Ley 1287 de 2009[70],
se orienta hacia la protección de las personas que
por motivo del entorno en el que se encuentran, tienen necesidades especiales,
en particular los individuos en situación de discapacidad que requieren de
atención especial[71].
El título IV consagra como forma de integración social para este grupo
de la población, la garantía plena de la accesibilidad entendida como “la condición que permite en cualquier espacio o
ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población
en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en
estos ambientes”[72].
Con este propósito, establece las normas y los criterios básicos requeridos para
facilitar la accesibilidad a espacios públicos, instalaciones y edificios
abiertos al público, medios de transporte y comunicación a personas con
movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de
orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad.
Busca igualmente suprimir y evitar toda clase de barreras físicas[73] en el diseño
y ejecución de planes de vivienda[74],
vías, espacios públicos, mobiliario urbano, así como en la construcción,
ampliación o reestructuración de edificios o complejos arquitectónicos de
naturaleza privada o de propiedad pública. En
este último caso, dispone que las distintas entidades estatales deben incluir
en sus presupuestos, las partidas necesarias para la financiación de las
adaptaciones de los inmuebles de su propiedad y precisa que las instalaciones y
edificios ya existentes se adecuaran de manera progresiva, de tal manera que a
futuro cuenten con pasamanos al menos en uno de sus dos (2) laterales[75].
En cuanto a la adecuación o reforma de los edificios o
instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, tema clave
de las sentencias objeto de revisión, la Ley en referencia consagra en sus
artículos 52 y siguientes, varias medidas para facilitar “el acceso y
tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas en
situación de discapacidad”[76].
Con tal propósito señala que dispondrán de un término de cuatro (4) años
contados a partir de la vigencia de la presente ley[77],
para realizar las adecuaciones correspondientes. El Gobierno Nacional
reglamentará las sanciones de tipo pecuniario e institucional, para aquellos
particulares que dentro de dicho término no hubieren cumplido lo ordenado[78].
En este contexto fija una serie de parámetros acerca
de cómo eliminar las barreras arquitectónicas en este tipo de ambientes y
dispone que (i) en las edificaciones de varios niveles que no cuenten con
ascensor, existirán rampas con las especificaciones técnicas y de seguridad
adecuadas, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el
Gobierno Nacional o se encuentren vigentes; (ii) toda construcción temporal o
permanente que pueda ofrecer peligro para las personas
en situación de discapacidad, deberá estar provista de la protección
correspondiente y de la adecuada señalización y deberá
contar por lo menos con un sitio accesible para la personas en silla de ruedas;
(iii) las puertas principales de acceso
de toda construcción, sea ésta pública o privada, se deberán abrir hacia el
exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo contar con manijas automáticas
al empujar, y sin son cristal siempre llevarán franjas anaranjadas o blanco-
fluorescente a la altura indicada[79].
Igualmente, el Decreto Reglamentario 1538
de 2005[80],
consagra en su artículo 1, literal b, que todas sus disposiciones, son aplicables al “diseño y ejecución de obras de construcción,
ampliación, adecuación y modificación de edificios, establecimientos e
instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público”
y en su artículo segundo trae algunas definiciones relevantes. Así define accesibilidad
como la “condición que permite, en cualquier espacio o ambiente
ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en
general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios
instalados en esos ambientes”. También se ocupa de definir los conceptos de
barreras físicas[81],
arquitectónicas[82]
y edificio abierto al público[83].
El capítulo 3 del mencionado Decreto, regula en sus
artículos 9 y 10 el tema relacionado con la accesibilidad
de las personas en condición de discapacidad a edificios abiertos al público
señalando algunas condiciones mínimas que deben implementarse en su diseño,
construcción o adecuación. Así, define cuestiones específicas y relevantes que
contribuyen a la solución del caso materia de análisis. Concretamente dispone
que (i) al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser
construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de
movilidad reducida[84]
y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una
persona en silla de ruedas. Cualquier desnivel deberá ser superado por medio de
“vados, rampas o similares”. (ii) Las puertas principales de acceso
a toda construcción, sea esta pública o privada, se deberán abrir hacia el
exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo contar con manijas automáticas
al empujar. En ningún caso, pueden invadir las áreas de circulación peatonal;
(iii) cuando el diseño contemple ascensores, el ancho de los mismos debe
garantizar el libre acceso y maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida
y/o en sillas de ruedas y, (iv) deberán disponerse estacionamientos accesibles
para las personas en condición de discapacidad los cuales estarán debidamente
señalizados[85].
Así mismo, la Resolución 14861 del cuatro (4) de
octubre de 1985 expedida por el entonces Ministerio de Salud[86] reguló las condiciones de accesibilidad que
debían cumplir en general las edificaciones y establecimientos públicos o
privados, sin distinguir si en ellas se prestaban servicios públicos o si se
trataba de lugares abiertos al público, con el fin de asegurar que los derechos
de las personas con movilidad reducida no fueran obstaculizados por barreras
arquitectónicas. Definió la accesibilidad como “la
condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el
fácil desplazamiento de la población en general y el uso en formas confiable y
segura de los servicios instalados en estos ambientes”(artículo 6)[87].
4.1.4. En suma, tanto la protección constitucional reforzada de que gozan las
personas en condición de discapacidad como las disposiciones internacionales y
legales vigentes que regulan la accesibilidad y protegen sus derechos, establecen
obligaciones para todas las instalaciones y edificaciones independientemente
del servicio que se preste, orientadas a asegurar que este sector de la
población no sea marginado de la vida social, pública, política, comercial, cultural,
educativa o deportiva eliminando en consecuencia las barreras y obstáculos que
impiden su natural desenvolvimiento en sociedad. En todas estas normas se hace evidente la preocupación por ofrecer a las
personas en este estado un entorno físico propicio para su desarrollo en
condiciones dignas y respetuosas con un fin específico de inclusión en la
sociedad y trato igualitario.
4.2. La jurisprudencia constitucional ha
garantizado a las personas en situación de discapacidad, el acceso al espacio
físico en condiciones de igualdad, removiendo obstáculos, cargas excesivas y
barreras que los marginaban
4.2.1. Con fundamento en los preceptos mencionados, la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado un amplio espectro de protección
para quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por razón de
su limitación o discapacidad aplicando en su beneficio un tratamiento
prioritario y diferenciado acorde a sus necesidades y requerimientos
especiales. En diversas decisiones de tutela,
esta Corporación ha insistido en la necesidad de adoptar acciones afirmativas
encaminadas a la plena inserción en la sociedad de este grupo de la población,
reconociendo, por ejemplo, su accesibilidad en condiciones de igualdad a diversos
ambientes y espacios físicos en donde se desarrolla generalmente la vida en
sociedad (vías públicas, transportes, universidades, vivienda, trabajo,
hoteles, instalaciones deportivas/recreativas, etc.) removiendo para tal fin
los obstáculos existentes[88].
En este tipo de escenarios, se ha sostenido
que el proceso de diseño y reconstrucción de la infraestructura física de las
ciudades con miras al cubrimiento de las necesidades y requerimientos de las
personas en condición de discapacidad, amerita cuantiosas acciones e
inversiones. El hecho de que se requiera tiempo para planificar, así como la
necesidad de apropiar y destinar recursos para adecuar las condiciones
existentes, evidencia que se trata de una prestación de carácter programático,
cuyo pleno e integral cumplimiento no puede ser exigido de forma instantánea[89]. No obstante, mientras
la planeación y la ejecución de proyectos orientados a la accesibilidad total
de sujetos en estas condiciones se convierte en realidad, las autoridades, los
particulares y la sociedad en general deben contribuir a la eliminación de las
barreras que refuerzan la discriminación y exclusión en su contra implementando
los planes y programas que aseguren gradual y progresivamente el goce integral
de sus derechos[90].
Se ha señalado que cuando la protección de
un derecho fundamental, en su faceta prestacional, requiere de un desarrollo
progresivo, la autoridad competente o el particular deben adoptar un plan
encaminado a satisfacer su goce efectivo, pues en caso contrario existiría un
incumplimiento de importantes obligaciones constitucionales. Se ha dicho que
los requisitos que se exigen para la estructuración de una política pública
también pueden predicarse de un plan. En este sentido, la jurisprudencia ha
identificado que debe existir (i) un plan específico para garantizar de manera
progresiva el goce efectivo del derecho constitucional en su faceta
prestacional; (ii) un cronograma de actividades para su ejecución. No puede
tratarse de un plan tan solo simbólico, que no esté acompañado de acciones
reales y concretas. El plan (iii) debe responder a las necesidades de la
población hacia la cual fue estructurado; (iv) debe ser ejecutado en un tiempo
determinado, sin que este lapso se torne en irrazonable ni indefinido[91] y, (v) debe permitir
una verdadera participación democrática en todas las etapas de su elaboración[92].
4.2.2. A continuación, la Sala hará un
recuento de algunos de los precedentes constitucionales más relevantes y
recientes en la materia. Para efectos prácticos, este se desarrollará de manera
temática en cinco (5) ejes distintos. En ellos podrá observarse la forma como
esta Corporación ha garantizado en contextos diversos, la accesibilidad de las
personas en condición de discapacidad. Se advierte que en la mayoría de las
providencias, las diferentes Salas de Revisión han protegido el derecho
fundamental a la igualdad y por esta vía han ordenado a las entidades accionadas, la elaboración de un
plan mediante el cual se garantice progresivamente la accesibilidad física de
este sector social. También ha dispuesto la adopción de medidas temporales a
favor de los accionantes mientras se efectúa esta acción con el fin de que no
se perpetúen en el tiempo sus condiciones de vulnerabilidad.
4.2.2.1. En primer lugar,
se ha privilegiado la accesibilidad a través del ingreso y desplazamiento en
los medios masivos de transporte público y sus instalaciones dependientes sin
interferencias ni obstáculos.
Desde sus inicios, la
jurisprudencia de esta Corporación ha protegido los derechos de las personas en
condición de discapacidad. Quizás, uno de los primeros escenarios en los que lo
hizo fue en materia de acceso al servicio de transporte público. Para la Corte,
el transporte es un presupuesto
necesario para garantizar el goce efectivo de la libertad de locomoción y demás
derechos constitucionales que dependen de la posibilidad de movilizarse, en
especial, para aquellos sectores marginados de la población que no cuentan con otras
alternativas de tránsito. Así se reconoció entre otras, en la sentencia T-604
de 1992[93],
en la que se destacó la importancia que tiene para el orden constitucional
vigente el servicio público de transporte y se constató la relevancia económica
y social de éste en los siguientes términos:
“El fenómeno de la
ciudad -su tamaño y distribución— hace del transporte público urbano un medio
indispensable para ciertos estratos de la sociedad, en particular aquellos que
viven en las zonas marginales y carecen de otra forma de movilización. De la
capacidad efectiva de superar distancias puede depender la estabilidad del trabajo,
el acceso y la permanencia en el sistema educativo, el ejercicio de la
iniciativa privada y, en general, el libre desarrollo de la personalidad.
De otra parte, la
complejidad del mundo moderno hace que el tiempo y el espacio individuales se
conviertan en formas de poder social. Tiempo y espacio son elementos cruciales
para la búsqueda de bienestar y progreso en las sociedades de economía
capitalista. La necesidad de trascender la distancia entre los sitios de
habitación, trabajo, estudio, mercado, etc., en el menor tiempo y costo
posibles, coloca al ciudadano carente de medios de transporte propios, a merced
del Estado o de los particulares que prestan este servicio. La potencialidad de
afectar la vida diaria del usuario por parte de las empresas transportadoras
explica la mayor responsabilidad social y jurídica exigible a éstas y el
estricto control de las autoridades con el fin de garantizar la prestación
adecuada del servicio”.
Con el pasar de los años
y el progreso de las ciudades en punto de infraestructura vial, la Corporación
se fue ocupando con mayor detalle de la materia. Dos (2) años después de haberse inaugurado la empresa
Transmilenio S.A. (18 de diciembre de 2000), encargada de la gestión, organización y planeación
del servicio de transporte público masivo del Distrito Capital de Bogotá y su
área de influencia, un ciudadano en condición de discapacidad presentó acción
de tutela contra la misma. El asunto llegó a la Corporación y su conocimiento
fue asumido por la Sala
Tercera de Revisión mediante la sentencia T-595 de 2002[94].
El accionante era una
persona en silla de ruedas que solicitaba le fuera garantizado su derecho a acceder al servicio de transporte, sin tener que soportar
cargas excesivas. Su reclamo se fundaba en el hecho de que debía recorrer una
gran distancia (15 cuadras), para poder llegar hasta una estación del Sistema
Troncal de Transmilenio ya que las rutas alimentadoras no estaban
acondicionadas para personas en su situación. En esta ocasión, la Sala estimó
que se trataba de una persona que, por mandato expreso de la Constitución, era
titular de una protección especial reforzada por parte del Estado, pues era
alguien que (i) tenía una discapacidad (ii) que, además, efectivamente la
marginaba y excluía del acceso al servicio básico de transporte urbano
en condiciones de igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que
implicarán cargas excesivas y, (iii) que en razón a todo ello veía severamente
limitadas sus oportunidades para gozar efectiva­mente de otros derechos
constitucionales. Precisó que el carácter programático de las prestaciones
derivadas de los derechos fundamentales en tensión suponía, por lo menos contar
con un plan, que permitiera, progresivamente, su goce efectivo[95].
Más de una década
después, la Corte se ocupó de un asunto de igual naturaleza al anterior,
incluso en lo relativo a las pretensiones incoadas. Mediante la sentencia T-192
de 2014[96],
la Sala Cuarta de Revisión
estudió una tutela presentada nuevamente contra la Empresa Transmilenio S.A, debido a que los vehículos
azules del Sistema Integrado de Transporte Público -SIPT- no contaban aun con
las condiciones necesarias para el acceso y la movilidad de personas, que como
la accionante, presentaban serias limitaciones de movilidad[97]. De
acuerdo con los hechos del caso, esta circunstancia la había llevado a
incumplir en muchas ocasiones sus deberes laborales ya que además la estación
de Transmilenio más cercana a su casa se encontraba aproximadamente a treinta
(30) cuadras de distancia y el sector en el que residía no contaba con rutas
alimentadoras. En esta ocasión, se consideró que aunque la peticionaria no
tenía derecho a gozar de manera inmediata e individualizada de las prestaciones
solicitadas, sí lo tenía en cuanto a que, por lo menos, existiera un plan
mediante el cual se buscará gradualmente garantizar su acceso al servicio de
transporte público. De lo contrario, se atentaría no solo contra su libertad de
locomoción, sino también contra su derecho a la igualdad y las diversas
garantías cuyo ejercicio se encontraban supeditadas a la posibilidad de
movilizarse, como el trabajo y la dignidad humana. Por tanto, se ordenó la
elaboración de un plan que garantizará el carácter programático de las
pretensiones invocadas.
Recientemente, en la sentencia T-708 de
2015[98]
se analizó una tutela presentada contra la empresa Megabús, compañía gestora y
administradora del sistema integrado de transporte público masivo de pasajeros
en la ciudad de Pereira. El accionante aludía la vulneración de sus derechos
fundamentales a la libertad de locomoción e igualdad dada la inexistencia de
buses alimentadores suficientes con rampas mecánicas para facilitar el acceso a
los vehículos de las personas que, como él, se movilizaban en silla de ruedas.
La Sala Tercera de Revisión, luego de reiterar la jurisprudencia constitucional
sobre el acceso de las personas en condición de discapacidad al transporte
público urbano, concedió el amparo y estimó que la naturaleza prestacional de
las peticiones de la demanda, no podía ser invocada para justificar la inacción
continuada del Estado, ya que por el hecho de tratarse de garantías que
suponían el diseño e implementación de una política pública, el no haber
comenzado a elaborar un plan o programa que buscará gradualmente adoptar las
medidas para satisfacer la demanda del servicio de este sector social se erigía
en una violación de la Carta Política[99].
4.2.2.2. La protección reforzada de las
personas en situación de discapacidad también se ha materializado en la
remoción de barreras presentes en espacios públicos, como por ejemplo, las vías
y andenes.
Desde las sentencias T-550 de 1992[100], T-518 de 1992[101], T-423 de 1993[102], T-150 de 1995[103], T-066 de 1995[104]
y T-288 de 1995[105]
se empezó a hacer una aproximación relevante hacia el tema del espacio público
a partir de la prohibición de cerrar una vía de esta naturaleza salvo que
existiera una justificación legal y constitucionalmente razonable para ello. En
la última de ellas, la Corte se pronunció en detalle e indicó que su
destinación al uso común, “incluye la garantía de acceso al mismo para toda
la población. La finalidad de facilitar el desplazamiento y el uso confiable y
seguro del espacio público por parte de las personas, en especial de aquéllas
limitadas físicamente, impone la toma de medidas especiales para asegurar dicho
acceso y permanencia”. Esta posición, fijada inicialmente por
una de las Salas de Revisión de esta Corporación, fue reiterada posteriormente
por la Sala Plena en las sentencias SU-360 de 1999[106] y SU-601A de 1999[107].
Algunos años más adelante, la Corporación ahondó
ampliamente la discusión sobre este tópico, señalando la relación existente
entre el derecho al espacio público y el derecho a acceder al espacio físico,
reconocido a las personas en condición de discapacidad. En la sentencia C-410
de 2001[108],
al analizarse la constitucionalidad del artículo 60 de la Ley 361 de 1997[109], referente al
estacionamiento en las vías públicas de vehículos que transportan a personas en
situación de discapacidad,  se expresó que “es válido afirmar que, con el
objeto de que las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales,
puedan superar la limitación que les impide integrarse a la sociedad, en
condiciones de normalidad, las autoridades deben, entre otros aspectos, prever
que en todos los lugares se destinen espacios apropiados para el
estacionamiento de los vehículos en que aquellas se transporten y regular su
uso debidamente, con el objeto de hacer realidad su derecho de acceder al
espacio físico, como presupuesto indispensable de igualdad”.
Posteriormente, en la sentencia T-117 de 2003[110],
la Sala Novena de Revisión abordó la materia destacando la manera como la
libertad de locomoción podía verse afectada de manera directa, cuando alguien
imponía alguna restricción de acceso a las vías. Así, se consideró en este caso
que la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Tránsito de Bogotá, al aplicar la
medida restrictiva de circulación contenida en el Decreto 007 de 2002 al
vehículo particular de los accionantes, no permitiendo su tránsito durante el
horario de "pico y placa", vulneraba sus derechos fundamentales
teniendo en cuenta que éstos padecían el síndrome de cromosoma X frágil y
debían ser transportados durante este horario al centro de rehabilitación para
su educación especial.
Las consideraciones
precedentes fueron empleadas en los últimos años por algunas Salas de Revisión
de esta Corporación. Puntualmente, en la sentencia
T-030 de 2010[111],
la Sala Novena de Revisión estudió el caso de una ciudadana con un diagnóstico
de poliomelitis que invocaba la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, dignidad humana y libertad de locomoción, debido a la existencia de barreras estructurales y la total ausencia de rampas
en los andenes de la ciudad de Popayán, lugar donde ejercía su oficio como
vendedora de lotería. La accionante, por pertenecer al Concejo Municipal de
Discapacitados, desarrollaba una labor social de acompañamiento y asesoría a
grupos vulnerables, por ello debía realizar ciertas diligencias en la Alcaldía
de Popayán y en la Gobernación del Cauca y otras entidades, pero le era casi
imposible ejecutar el desplazamiento por la altura de los andenes y una vez se
encontraba en estas instituciones la imposibilidad de acceder a teléfonos
públicos o cualquier otro medio que le permitiera comunicarse con los pisos
superiores dificultaba aún más su situación. Además, era imposible dada su
condición, el ingreso a los espectáculos artísticos que con regularidad se
realizaban en la ciudad, en el Coliseo la Estancia y en la Plaza de Toros ya
que las entradas eran muy angostas. En esta oportunidad, se encontraron vulneradas las garantías constitucionales de la
peticionaria por omisión del deber de trato especial ya que a pesar de los
intentos por garantizar la accesibilidad de la accionante aun persistían
obstáculos que impedían su desplazamiento en los sitios descritos por ella. En
esa medida, se ordenó la ejecución de las
acciones para la efectiva eliminación de las barreras arquitectónicas
(incluyendo rampas, andenes, instalación de baños públicos accesibles y
teléfonos públicos que pudieran utilizar las personas que se trasladaban en
silla de ruedas) que provocaban la violación del derecho de locomoción.
4.2.2.3. De otro lado, se ha protegido la
facultad legítima de acceder, transitar y desplazarse con facilidad y sin
obstáculos en edificaciones o instalaciones  abiertas al público de diversa
naturaleza[112].
En la sentencia T-1639 de 2000[113], se resolvieron
conjuntamente dos (2) procesos que habían sido acumulados relativos a personas
en condición de discapacidad que no podían transitar con libertad dentro de
instalaciones públicas ya que debían desplazarse en silla de ruedas por
espacios no diseñados para ello. En uno de los casos, un estudiante solicitaba la protección
especial del Estado para acceder en condiciones de igualdad a las aulas de
clases de la Universidad de Antioquia donde adelantaba estudios de derecho.
Invocaba la construcción de rampas que
redujeran los riesgos a los cuales se exponía cuando transitaba dentro de los
predios universitarios, en especial para acceder y descender de los salones de
clase. El ente académico señalaba la ausencia de un campus orientado a
tal propósito. En el
otro, se reclamaba la accesibilidad a un edificio de la administración
municipal (Centro Administrativo de Chiquinquirá) que ostentaba barreras
arquitectónicas para las personas con dificultad de locomoción, al carecer de “ascensor y de rampas”.
La Sala Novena de Revisión estimó que en ambos
casos, las entidades accionadas no se habían
comprometido con el respeto del derecho a la igualdad que demandaban los
actores, por lo que correspondía ordenarles que tomarán las medidas necesarias
para reestablecer el equilibrio quebrantado en la prestación de los servicios
que ofrecían, utilizando los medios y recursos apropiados a las circunstancias
de los peticionarios, respecto de quienes se predicaba un tratamiento
excepcional en su beneficio (artículo 13 constitucional). Se ordenó en
consecuencia la programación de las actividades académicas en espacios
adecuados a las especiales condiciones del primer actor y la disposición de lo
necesario para que el segundo peticionario pudiera realizar la gestión de sus
asuntos ante la entidad municipal en condiciones de normalidad.
Poco después, en la sentencia T-682 de 2001[114], la Sala Sexta de
Revisión abordó un caso en el que se reclamaba por cuenta de una persona en
condición de discapacidad la accesibilidad física a la edificación donde
desempeñaba sus funciones como concejal de Tunja. A pesar de constatarse una
omisión por ausencia de condiciones arquitectónicas adecuadas, se declaró la
carencia actual de objeto por sustracción de materia al encontrarse que el
accionante ya no ostentaba la calidad de funcionario y por ende no había motivo
para su concurrencia diaria al edificio público. Al ser esto así, cesaba la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales deprecados por el actor.
Más adelante, la Sala Cuarta de Revisión en
la sentencia T-276 de 2003[115],
retomó la línea de argumentación inicial frente al caso de una persona en
situación de discapacidad que se desplazaba en silla de ruedas, lo que le
impedía acceder en igualdad de condiciones al palacio municipal de Mariquita.
Esta circunstancia se reforzaba por su calidad de concejal puesto que, para
cumplir con las funciones políticas y administrativas que tal condición le
imponía, debía acudir con mayor frecuencia a las dependencias del ente territorial.
No obstante, el ingreso y el desplazamiento entre los pisos del edificio debía
hacerlo a través de escaleras, pues no se disponía de rampas ni ascensor, como
lo ordenaba expresamente la ley. En esta ocasión, la Sala constató una omisión
en el cumplimiento de las disposiciones que garantizaban la accesibilidad
física a los lugares abiertos al público y destacó que ello afectaba de manera
evidente al accionante quien para el cabal ejercicio de sus labores debía
frecuentar las oficinas públicas. Así entonces, a efectos de garantizar que el
peticionario dispusiera del escenario adecuado para ejercer sus derechos y
atender sus deberes y obligaciones como ciudadano y como concejal, se concedió
el amparo del derecho a la igualdad y la libertad de locomoción ordenando la
adopción de las acciones necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas
existentes en el lugar en un término no superior a dieciocho (18) meses[116].
Cinco (5) años más tarde, se profirió
quizás uno de los fallos más paradigmáticos en la materia. En la sentencia T-1258 de 2008[117],
la Sala Quinta de Revisión resolvió una acción de tutela presentada contra la
Corte Constitucional por una persona de talla baja, porque consideraba que la
altura de las ventanillas de atención al público de esta entidad constituían
una barrera que le impedía acceder en forma adecuada a la información,
situación que vulneraba su derecho a la igualdad y a la dignidad humana. A
juicio del actor, su condición especial debía ser asimilada a una discapacidad,
haciéndolo merecedor de la protección reforzada que el ordenamiento le
garantizaba a estas personas. La Sala consideró que el Estado colombiano había
fallado en su deber de ofrecer un trato especial que les asegurara el disfrute
de los derechos constitucionales a ese grupo minoritario de personas,
tradicionalmente discriminado, que afrontaba obstáculos diarios para acceder a
la prestación de bienes y servicios. En consecuencia, le ordenó a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la elaboración de una
política sectorial de accesibilidad y de adecuación de la estructura física de
la Rama Judicial que garantizará los derechos de las personas de talla baja. Lo
más trascendente del fallo, es que ante el déficit evidente de desprotección y
el carácter programático de la orden anterior, como medida provisional para
garantizar sus derechos, se dispuso que el actor podía ingresar por la puerta
principal de la edificación denominada “Acceso de funcionarios”, ser
guiado por el personal de vigilancia privada desde esa entrada hasta la
dependencia que deseaba visitar, y obtener atención personalizada[118].
No transcurrieron tres (3) años para que se reiterara la necesidad de garantizar el acceso físico de las
personas en situación de discapacidad. En la sentencia T-553 de 2011[119],
la Sala Séptima de Revisión analizó la situación de un ciudadano en condición
de discapacidad que invocaba la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad y dignidad humana, por considerar que la Dirección Ejecutiva del Consejo
Superior de la Judicatura los estaba vulnerando, debido a que no podía ejercer
su profesión de abogado litigante con plena autonomía porque el Complejo Judicial
de Paloquemao, sitio al que debía acudir con frecuencia para ejercer su oficio
como penalista, no contaba con condiciones de accesibilidad para personas en
sillas de ruedas. Según se extrae de los hechos de la tutela, la falta de
ascensores para desplazarse hacia los pisos superiores le impedía llegar
puntualmente a las diligencias programadas, lo cual lo ponía en desventaja
frente a sus colegas que si podían transitar por todo el lugar.
Para la Sala, la
entidad accionada había omitido el deber de trato diferenciado,
constitucionalmente admisible, comoquiera que el actor era una persona que: (i)
tenía una discapacidad; (ii) por razón de ella, se le marginaba y excluía del acceso
al ambiente físico en el Complejo Judicial de Paloquemao; (iii) no tenía una
forma alternativa para movilizarse y cumplir con las actividades inherentes al
ejercicio de su profesión; (iv) por tanto se encontraba en desventaja frente a
los demás abogados que sí podían movilizarse por todas las instalaciones y, (v)
en consecuencia, el ejercicio pleno de su derecho a la igualdad de
oportunidades en el desempeño de su oficio y de otras garantías
constitucionales como el trabajo, el mínimo vital y la dignidad humana estaban
siendo limitadas sin justificación alguna[120].
4.2.2.4. La Corte Constitucional ha
garantizado el derecho a la igualdad de las personas en condición de
discapacidad a partir de la readecuación física del mobiliario de algunas
copropiedades residenciales.
En la sentencia T-285 de 2003[121], una persona con una
limitación para caminar interpuso una acción de amparo en contra del conjunto
residencial en el cual vivía debido a que este se negó a reconstruir una rampa
que le permitía entrar y salir de su apartamento en forma segura. De acuerdo
con los hechos de la tutela, la rampa ya había sido construida, no obstante por
decisión de los copropietarios se ordenó su demolición, al no cumplir, al
parecer,  las exigencias funcionales y estéticas requeridas. La Sala Novena de
Revisión concedió el amparo tras considerar que la entidad accionada no había
tomado las medidas pertinentes que la comprometieran con el respeto debido al
derecho a la igualdad que demandaba la accionante. De ahí que fuera imperativo
ordenarle (a la Junta Administradora del Conjunto Residencial Avenida Suba),
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, iniciara los trámites
necesarios para la construcción de una rampa de acceso en la entrada del bloque
donde residía la actora, teniendo en cuenta para ello, que en el expediente
existían conceptos favorables de arquitectos, que así lo indicaban.  Para
garantizar el derecho amparado, las obras a realizar debían estar concluidas en
un plazo máximo de treinta (30) días.
Más adelante, en las sentencias T-810 de
2011[122]
y T-416 de 2013[123],
la Sala Segunda de Revisión reiteró la postura de protección anterior. En
ellas, se estudió el caso de dos (2) personas que reclamaban la defensa de sus
derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana ya que el edificio
en el cual residían no contaba con una rampa de acceso para personas que se
movilizaban en silla de ruedas y por este motivo, se veían forzadas a ingresar
y salir del mismo con la ayuda de terceros y en algunos casos por el acceso
vehicular al parqueadero. En múltiples oportunidades solicitaron a los órganos
de dirección y administración de la propiedad horizontal la construcción de una
rampa para que pudieran acceder a la edificación de manera autónoma y segura.
No obstante, las respuestas fueron evasivas y negativas. En ambos casos, la
Sala concedió el amparo y señaló que los edificios o conjuntos de uso
residencial, en virtud del deber constitucional de solidaridad debían
considerar e implementar en un escenario participativo las
diferentes posibilidades de readecuación física del espacio que se presentaba
como una barrera física o arquitectónica, con el ánimo de permitir la
integración real y efectiva de la población en situación de discapacidad. Una
actuación contraria supondría aceptar la idea excluyente de que este sector de
la sociedad debía adaptarse a un entorno físico construido para la población “normal”.
4.2.2.5. En otros escenarios,
la jurisprudencia constitucional ha reconocido la accesibilidad e inclusión de
las personas en condición de discapacidad en ambientes deportivos y recreativos.
En este panorama pueden destacarse tres (3)
providencias. La sentencia T-288 de 1995[124]
marca el punto de partida en este especifico aspecto. Allí, se ordenó
garantizar en condiciones adecuadas y dignas, el acceso de las personas en
situación de discapacidad al estadio Pascual Guerrero
de la ciudad de Cali para que pudieran disfrutar de los eventos deportivos que
allí se realizaban sin tener que soportar cargas excesivas. Se consideró que “un
derecho de los discapacitados a utilizar el
espacio adyacente a la cancha de fútbol, sólo podría deducirse del derecho más
abstracto a la igualdad de oportunidades y a la protección especial por las
condiciones de debilidad manifiesta, en caso de imposibilidad o inexistencia de
medidas alternativas que garanticen el pleno disfrute de sus derechos. De ser
posible la adopción de otras medidas que aseguren el goce efectivo de los
derechos a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre (CP art. 52), en
igualdad de oportunidades a la de las demás personas, esto es, sin riesgos o
esfuerzos adicionales y siempre que dichas medidas no menoscaben el derecho de
los discapacitados a un trato especial, no podría sostenerse la existencia de
un presunto derecho "inalienable" al uso del sector”.
Con la misma línea
de argumentación, algunos años más tarde se reiteró esta posición. En la sentencia T-010 de 2011[125],
la Sala Primera de Revisión estudió la acción de tutela presentada por la Fundación
Proteger. La entidad solicitaba la salvaguarda de sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
vulnerados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
trámite de una acción popular instaurada contra un hotel de propiedad privada,
(Hotel Rosales Plaza) por no garantizar accesos adecuados para las personas con
alguna discapacidad que intentaban ingresar a sus instalaciones. De acuerdo con
los hechos de la tutela, el Tribunal había incurrido en una vía de hecho
por defecto sustantivo, al darle un alcance distinto y restrictivo a las normas
urbanísticas que regulaban la accesibilidad en lugares abiertos al público, circunscribiendo
su aplicación a aquellos en los que se prestaran servicios públicos. La Sala le
ordenó a la autoridad accionada, emitir una nueva sentencia considerando que las
disposiciones constitucionales y urbanísticas vigentes que regulaban el acceso
físico de las personas en estado de discapacidad y protegían sus derechos, establecían
obligaciones para todas las edificaciones abiertas al público, independientemente
del servicio que prestarán. Reiteró además la especial protección de la que era
titular este grupo de la población, siendo imperativo tomar acciones afirmativas
orientadas a evitar mayores episodios de segregación y marginación social en su
contra.
Posteriormente, en la sentencia T-297 de 2013[126],
la Sala Segunda de Revisión analizó el caso de tres (3) jóvenes con síndrome de
down a quienes la Liga Vallecaucana les impidió el acceso para practicar y
entrenar la natación en los clubes que conformaban el ente deportivo ya que a
su juicio ellos no podían ejercer dicha actividad junto con deportistas “normales”
pues no contaban con el personal capacitado ni los centros deportivos aptos
para atender a ciudadanos con condiciones cognitivas
diferentes[127].
La Sala concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, la
recreación y el deporte pues impedir que jóvenes como los accionantes, entrenaran
con deportistas “convencionales”, como ellos lo deseaban, sin un
criterio diferente a su discapacidad, era imponer una barrera para medir sus
capacidades deportivas e imposibilitar el objetivo constitucional de la
inclusión social. Lo más significante del fallo, es que se le ordenó al ente
accionado implementar un plan de acción encaminado a brindar
las condiciones físicas necesarias (instalaciones adecuadas) para que los
peticionarios pudieran ejercer el deporte en condiciones de igualdad.
4.2.3. En suma,
como lo ejemplifican los casos citados, el reconocimiento constitucional de un
tratamiento diferenciado encuentra sustento en la misma Carta Política y en la
necesidad de garantizar el principio de igualdad respecto de aquellas personas
que se encuentran en condiciones de hecho diferentes y que requieren de un
apoyo especializado para el desarrollo integral y pleno de sus capacidades y
potencialidades. En hechos concretos, esto se ha traducido en la garantía de acceso
al espacio físico cualquiera sea su naturaleza como forma de garantizar su
integración efectiva en sociedad. Al tratarse de una prestación de carácter
programático, su exigibilidad no es inmediata pero supone en el entretanto la
existencia siquiera de un plan que garantice gradualmente la protección de los
derechos en tensión.
5. El Centro
Comercial El GranSan vulneró los derechos fundamentales del señor Augusto
Suárez Aranguren al no haber implementado un plan específico que garantice
gradualmente la accesibilidad física de las personas en situación de
discapacidad
5.1. Como quedó expuesto en las
consideraciones precedentes, la relación persona- ambiente, constituye una
interacción que crea un entorno adecuado para que el ser humano pueda
desarrollar su proyecto de vida, es lo que determina un hábitat favorable a sus
aspiraciones. En el caso de las personas en condición de discapacidad, una
manifestación del respeto por su dignidad humana se materializa en la
adecuación del ambiente físico a sus necesidades para lograr su inclusión
social “entendiendo por incluyente aquel medio que no solo te sostiene, sino
que te permite ser libre, te ayuda a evolucionar de acuerdo con tu naturaleza y
sustenta tu libertad profunda”[128].
De los elementos de juicio aportados al proceso en
sede de revisión, la Sala entiende que el ambiente físico en el caso concreto
está jugando un papel excluyente. El accionante es una persona que presenta
serias limitaciones de movilidad. Conforme el mismo lo indicó mediante
declaración juramentada rendida ante la Notaría Cincuenta y Nueve (59) del
Círculo de Bogotá, el veintiséis (26) de abril de dos mil dieciséis (2016),
actualmente debe movilizarse en una silla de ruedas. Este hecho, constituye un
obstáculo indudable a su libertad de locomoción, trabajo, mínimo vital y
dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan
vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera)[129] que le
impiden acceder en igualdad de condiciones al Centro Comercial El GranSan.
Para el actor, las instalaciones de este lugar,
adquieren una significación especial ya que por su calidad de comerciante es el
escenario físico para cumplir con dicho oficio[130]. Se trata del entorno donde el señor
Suárez Aranguren se proyecta
como una persona capaz de desempeñar una actividad con idoneidad y competencia.
Por ello debe acudir con mucha frecuencia a sus dependencias en las que además
se ofrecen prendas de vestir de confección nacional de muy bajo precio,
constituyéndose en su único proveedor actual y en su fuente de ingresos o medio
de subsistencia. Como el mismo lo afirma “parte de mi sustento diario y de
mi familia, la consigo comercializando prendas de vestir”[131].
Sin embargo, asegura que el centro comercial no tiene las reformas arquitectónicas, ni
el acceso a las instalaciones que permitan con plena libertad y autonomía la movilidad
y libre tránsito de personas en condición de discapacidad para que puedan
ejercer una actividad como plan de vida[132].
El ingreso y el desplazamiento entre los pisos del edificio debe hacerlo a
través de escaleras, pues no se dispone de rampas ni ascensor, como lo ordena
expresamente la ley ya que la edificación está diseñada para individuos que
puedan moverse sin restricciones. En esa medida solo puede acceder a los
locales comerciales ubicados en el primer piso y si quiere acudir a los demás,
a la plaza de comidas y a los baños que se encuentran en niveles superiores requiere
ser cargado por terceros, lo que le genera incomodidad y humillación porque
como no tiene control de esfínteres se evidenciaría su situación[133]. El hecho
de depender en todo momento de la ayuda que quieran brindarle lo ubica en un
escenario de dependencia, del querer o disponibilidad de otros, justamente en
el contexto de quien está a la espera de “un favor” y, no en su reconocimiento
como sujeto pleno de derechos, pero además autónomo en su ejercicio. De ahí que
su derecho a la dignidad humana, esto es, a desarrollarse autónomamente como
persona esté siendo denegado.
Las circunstancias anteriores ponen en evidencia una
posible omisión en el cumplimiento de los mandatos constitucionales,
internacionales y legales que propenden por la inclusión social y garantía
efectiva de los derechos fundamentales de las personas en condición de
discapacidad. En estos escenarios, el juez constitucional debe (i) examinar el
estadio de amenaza o vulneración en el que se encuentran las prerrogativas
fundamentales en tensión; (ii) establecer su cumplimiento o incumplimiento por
parte de las autoridades o como ocurre en esta ocasión a cargo de los particulares
encargados de su goce efectivo, debiéndose identificar (a) si existe un plan
para acatar los deberes constitucionales y legales, (b) su nivel de ejecución,
y (c) la participación de la población en condición de discapacidad en su
elaboración e implementación. En caso de no encontrarse satisfechos dichos
mandatos debe ordenarse su realización en un tiempo corto pero prudencial con
el fin de salvaguardar las garantías que eventualmente estarían siendo
desconocidas[134].
5.2. El Centro Comercial El GranSan en respuesta al
requerimiento judicial efectuado por este Despacho, reconoció la ausencia de
medidas afirmativas encaminadas a garantizar la accesibilidad del actor
y demás personas en su misma circunstancia al establecimiento abierto al público.
En forma concreta constató “la falta de capacidad instalada para la libre
movilidad de personas en condición de discapacidad”[135]. Sin
embargo, advirtió que a raíz de la acción de tutela presentada y de muchas
otras solicitudes de personas en igual situación que él peticionario, se inició
desde el mes de junio de dos mil quince (2015), “por lo menos, la
consecución de un plan de diseño orientado a satisfacer las necesidades de la
población con discapacidad”[136].
En tal razón, se dispuso la contratación de un arquitecto[137] que
elaborará un estudio de sistemas de integrales de comunicación, circulación,
desplazamiento e interacción de cada espacio del establecimiento encaminado a
lograr un diseño urbanístico acorde a las necesidades de personas en situación
de discapacidad. El contenido de dicho informe que fue realizado el quince (15)
de diciembre de dos mil quince (2015), fue aportado al expediente de tutela
durante el periodo de revisión. Según se extrae del mismo durante la etapa de
estudios se diseñaron los espacios, elementos, infraestructura, equipos
internos, y componentes de mobiliario urbano para la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida que visitarán, trabajaran o tuvieran algún tipo
de relación social, cultural y económica con el centro comercial. Además, se
proyectaron las obras necesarias para eliminar el problema existente adjuntándose
al expediente imágenes de las mismas[138].
En la actualidad, está en etapa de contratación, un proyecto de cambio y
remodelación de los diferentes elementos de acceso y entorno del espacio público
adyacente al establecimiento teniendo en cuenta los estudios preliminares y la
normativa vigente[139].
Dicho proyecto contempla cuatro (4) etapas y la primera de ellas se iniciaría por
la carrera once (11) mediante la implementación de rampas peatonales. Igualmente,
se está tramitando una licencia para la construcción de cuatro (4) ascensores
dado que la habilitación de los mismos es imprescindible para permitir la libre
circulación, el acceso entre pisos, a la zona de comidas y a los baños
sanitarios. Los aparatos elevadores están en proceso de alistamiento y pruebas
que garanticen las dimensiones requeridas para efectos de los desplazamientos a
cada uno de los tres (3) pisos de la edificación mediante un contrato entre el
centro comercial e Industrias La Imperial SAS[140].
La Sala reconoce a partir de la información aportada que
el ente accionado consciente de sus obligaciones legales y constitucionales en
materia de accesibilidad física y reconociendo que el estado de cosas
actual en la materia no es adecuado, ha realizado esfuerzos significantes
encaminados a remover los obstáculos físicos y arquitectónicos que le impiden
al accionante y demás personas en su situación, movilizarse al interior de sus
instalaciones. Se valora en forma positiva la buena intención del
establecimiento privado respecto a la integración social de las personas con
algunas discapacidades y el hecho de evaluar y considerar bajo criterios de
razonabilidad, las diferentes posibilidades de readecuación física. Sin
embargo, advierte que ello no es suficiente para cumplir los parámetros mínimos
constitucionales siendo necesario el desarrollo de acciones afirmativas
concretas que garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales de esta
población a partir de soluciones reales[141].
Decidir cuál es la mejor forma de remover
las cargas excesivas que pesan sobre un grupo social marginado conlleva, necesariamente,
el diseño de un plan mediante el cual se tomen las medidas adecuadas para
cumplir el mandato constitucional de protección en su beneficio. Si bien el
centro comercial no puede de manera inmediata e instantánea, garantizar el
acceso al espacio o ambiente físico de las personas en condición de
discapacidad, sin tener que soportar cargas técnicas y financieras excesivas,
si debe, para proteger la prestación de carácter programático derivada de la
dimensión positiva de los derechos fundamentales en tensión, contar con un
programa mediante el cual se busque gradualmente asegurar su satisfacción. A la
fecha no existe un plan que alcance las características que esta Corporación ha
establecido para que pueda tenerse como tal a partir de la seriedad que el
asunto merece. Las razones que fundamentan esta postura se originan en las
siguientes circunstancias:
(i) La entidad accionada en su contestación
a la tutela, indicó que se había iniciado la consecución de un plan, sin
embargo, el mismo no se allegó al proceso y en ese sentido se desconoce su
contenido escrito.
(ii) Además de no conocerse públicamente,
no puede predicarse que lo señalado por el centro comercial equivalga a la
existencia de un plan específico para garantizar de manera progresiva el goce
efectivo de los derechos constitucionales en su faceta prestacional pues de lo
dicho solo se desprenden ideas, propuestas, intentos de solución y proyecciones
importantes orientadas a satisfacer con potencialidad las necesidades de una minoría[142]. Es claro que
se han hecho algunos estudios que proyectan colocar rampas y adecuar el inmueble
a las necesidades de las personas en condición de discapacidad, pero no hay en
concreto una actuación real ni se evidencia la consecución de nuevos logros
para avanzar sosteniblemente en la ejecución de un verdadero programa[143].
(iii) Lo que existen son algunas medidas
orientadas al diseño de un plan y un posible cronograma de actividades, pero
estas no han sido efectivamente implementadas pese a que su supuesta
estructuración se remonta al mes de junio del año dos mil quince (2015).
Además, ninguna de las alternativas que han sido planteadas como posibles para
eliminar las barreras arquitectónicas han sido materializadas[144]. Tan solo existen
algunas directrices y proyectos.  Incluso, se observa que algunos se encuentran
en fases preliminares de evaluación y verificación sin que se haya iniciado
siquiera la primera etapa de uno de ellos. Es más, hay evidencia de que estos
no han sido ejecutados por que existen problemas al interior del centro
comercial.
El establecimiento reconoció que si bien existe una parte del presupuesto asignado para atender los
postulados constitucionales en materia de acceso al espacio físico siendo aún
necesario la consecución de otros recursos, han surgido algunos inconvenientes
relacionados con la solicitud y trámite de las licencias requeridas para la materialización
de las obras[145].
En particular, por ser el centro comercial uno de los establecimientos con
mayor venta en prendas de vestir del país, cada metro cuadrado que se
intervenga, necesariamente afecta el interés particular de algún copropietario[146]. Algunos de ellos,
apelando por su propio bienestar, han sido renuentes en la tramitación de
permisos de construcción, presentando memoriales de inconformidad ante los
órganos competentes, quienes en lugar de ofrecer soluciones reales a la
problemática, se han limitado a dirimir estos conflictos internos, poniendo en
riesgo el otorgamiento de la licencia o dilatando su autorización en claro
detrimento de intereses generales de trascendencia social. Recientemente, los
copropietarios de los locales 1086 y 1089 interpusieron una queja ante la
Alcaldía Local de Santa Fe y la Curaduría No. 3 de Bogotá pues en su criterio
la eventual construcción de cuatro (4) ascensores, necesarios para la movilidad
de individuos con dificultades de locomoción, afectaba “ostensiblemente la
visibilidad de los productos ofertados al público”[147].
(iv) No se tiene conocimiento acerca de los
tiempos de ejecución ante la ausencia de un plan concreto a favor de las
personas en situación de discapacidad. Se desconocen además los periodos de
realización integral de las medidas indicadas por la entidad. Esta
circunstancia se constata pues de acuerdo con la información aportada al
proceso, a la fecha no existe una respuesta favorable por parte de las
autoridades públicas referidas ni un procedimiento expedito que asegure el
cubrimiento de las necesidades de la población en condición de discapacidad[148]. A pesar de que la
problemática ha sido ampliamente discutida en las asambleas generales que se
realizan en el centro comercial, la postura sobre el tema se inclina hacia el
favorecimiento de las prerrogativas individuales por encima de la normatividad
vigente y en esa medida la última decisión adoptada mediante acta No. 027 del
seis (6) de marzo de dos mil dieciséis (2016), consistió en señalar que
solamente se iniciaran las obras una vez se obtuvieran las licencias para ello[149].
(v) Ante la inexistencia de un plan no
puede predicarse la verdadera participación democrática en todas las fases del
mismo por las personas que van a resultar impactadas por éste. Incluso es muy
probable que los sujetos involucrados no tengan conocimiento de su existencia
(avances, progresos, retrocesos), de ahí que no pueda verificarse que éste
responda a las necesidades integrales del accionante y demás personas en
situación de discapacidad y por esta vía adquiera la connotación de público.
A partir de estas consideraciones surge
entonces que no poder garantizar de manera instantánea el contenido
prestacional de un derecho es entendible pero carecer de un plan que de forma
gradual, pero razonable, adecuada, continuada y sostenidamente conduzca a
garantizar los derechos en cuestión es inadmisible constitucionalmente. El
carácter progresivo de la prestación no quiere decir que no sea exigible o que
eternamente pueda incumplirse ni mucho menos puede ser invocado para justificar
la ausencia de acciones reales y materiales puntuales. Precisamente por el
hecho de tratarse de garantías que suponen el diseño e implementación de un
plan, el no haber comenzado a elaborarlo en forma definitiva y ejecutarlo desconoce
las decisiones democráticamente adoptadas y plasmadas en leyes, en las que el
Congreso fijó metas y señaló la magnitud de los compromisos encaminados a
lograr el goce efectivo de los derechos de las personas en situación de
discapacidad y su integración social estableciendo para tal fin plazos de
cumplimiento.
La Ley 361 de 1997[150] dispuso que las
edificaciones e instalaciones abiertas al público dispondrían de un término de
cuatro (4) años contados a partir de la vigencia de la ley (11 de febrero de
1997), para realizar las adecuaciones correspondientes. El Centro Comercial El
GranSan se constituyó como propiedad horizontal mediante escritura pública No.
3027 del veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y seis
(1996) ante la Notaría Cincuenta (50) del Círculo de Bogotá[151]. A través de Resolución
Administrativa y/o registro en base de datos de propiedad horizontal del once
(11) de septiembre de dos mil tres (2003), fue inscrito por la Alcaldía Local
de Santa Fe como persona jurídica sin ánimo de lucro[152]. Bajo este
entendimiento, el establecimiento desde hace varios años tenía la obligación de
dar aplicación efectiva a una serie de disposiciones que imponen la eliminación
de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad de las personas en
situación de discapacidad, sin embargo no lo ha hecho.
El alcance de
exigibilidad debe aumentar con el paso del tiempo, con el mejoramiento de las
capacidades de gestión administrativa, con la disponibilidad de recursos
encaminados a lograr el goce efectivo de los derechos[153]. Por ello, a medida
que pasan los años, si no se han tomado medidas efectivas que aseguren avances
en la realización de las prestaciones protegidas por los derechos
constitucionales, gradualmente se va incurriendo en un incumplimiento que es progresivo[154]. Como se indicó en la
sentencia T-909 de 2011[155]
“aparte de su función comercial, este tipo de superficies por la forma como
se desarrollan las urbes, están llamadas a asumir unas responsabilidades
consistentes con el significado que en términos de espacio privado pero a la
vez público, representan para los ciudadanos e individuos, como entornos
comunes para el ejercicio de derechos de toda índole, incluidos naturalmente
los derechos fundamentales”.
5.3. En suma, la Sala evidencia del examen
de los elementos de juicio allegados al proceso que no se cuenta con un plan
específico que garantice gradualmente la accesibilidad física de las personas
en situación de discapacidad a las instalaciones del establecimiento comercial,
desconociéndose así, la especial protección constitucional de la que son
titulares. Ello ha generado que a la fecha el edificio donde funciona el centro
comercial aun presente limitaciones y barreras arquitectónicas que le impiden
al accionante, ciudadano en condición de debilidad particular, la libre
locomoción dentro del mismo bajo parámetros de autonomía e igualdad, perpetuándose
los actos atentatorios de su dignidad humana ya que seguirá dependiendo de la
bondad de los demás para desplazarse en su interior. No es admisible
constitucionalmente, esperar que los derechos sean buenamente atendidos por la
solidaridad ciudadana librando su efectividad a la caridad ajena.
Las consecuencias que devienen de esta
negación de acceso y del incumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, alegando la presencia de problemas internos, son graves en el caso del
actor porque en su calidad de comerciante debe acudir permanentemente al
establecimiento para ejercer el oficio que ha elegido como un plan para
desarrollarse en uno de los aspectos de la vida (derecho al trabajo), y de cuyo
ejercicio se deriva su sustento económico y el de su núcleo familiar integrado
por su hijo (derecho al mínimo vital)[156].
6. Consideraciones adicionales y órdenes
a proferir
6.1. El carácter progresivo de las prestaciones
invocadas en la presente tutela impide que el juez constitucional sea completamente
indiferente a las necesidades de los grupos en condición de debilidad
manifiesta puesto que ello equivaldría a perpetuar su situación de
marginamiento. La Constitución impone, deberes concretos a miembros de
la comunidad y a las autoridades públicas consistentes en brindar ayuda y
protección especial a las personas en estado de discapacidad de modo que se
asegure su bienestar, rehabilitación y se estimule su incorporación a la vida
social[157].
Las consideraciones expuestas en
precedencia demuestran que el Centro Comercial El GranSan aunque ha realizado
algunos intentos por ofrecer soluciones reales, aún no ha eliminado las
barreras que impiden el desplazamiento del peticionario en el inmueble. De
hecho, existen a la fecha algunas dificultades en ese sentido. Sin lugar a
desconocer los inconvenientes que pueda estar enfrentando el particular, la
Sala advierte que ello no es permiso para no avanzar en la protección de los
derechos de las personas vulnerables, sobre quienes justamente recae el deber
de actuar con mayor urgencia y celeridad (artículo 13 superior). Por ello,
corresponde a la Sala tomar las medidas necesarias para restablecer el
equilibrio quebrantado en lo que corresponde al acceso a las instalaciones abiertas
al público tanto del accionante como de las demás personas que también soportan
una carga excesiva y desigual ya sea porque asisten al lugar en calidad de
visitantes, trabajadores o en razón a alguna relación social, cultural y
económica que tengan con el centro comercial.
6.1.1. Así entonces, a efectos de
garantizar que el peticionario disponga del escenario adecuado para ejercer sus
derechos y en particular su oficio del cual se repite depende su sustento
diario, se impone en el presente caso el amparo de los derechos fundamentales a
la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la libertad
de locomoción por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, se revocarán las sentencias proferidas por los jueces de
instancia que declararon improcedente el amparo invocado y, en su lugar, con el
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política y demás
normas sobre accesibilidad a instalaciones y edificios abiertos al público, se
ordenará al Centro Comercial El GranSan, que, diseñe en forma definitiva un
plan específico que garantice el derecho fundamental del accionante y de la
población en situación de discapacidad a la accesibilidad y a la libertad de
locomoción en un plazo máximo de un (1) año, teniendo en cuenta como mínimo los
parámetros expuestos en las consideraciones de esta providencia. Realizado lo
anterior, deberá iniciar inmediatamente su ejecución, la cual no podrá exceder de
un término superior a dos (2) años. Dicho plan deberá implementar las obras
necesarias a que haya lugar no sólo en los pisos superiores de la edificación
sino en el primer piso, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente,
en términos de accesibilidad física para las personas en condición de
discapacidad.
Aunque en principio podría considerarse que
los términos referidos son extensos y no atienden inmediatamente las
expectativas del demandante y en general del grupo social al que pertenece,
dichos lapsos no son irracionales, toda vez que encuentran su justificación en
dos (2) razones, a saber: (i) si bien es tarea de la administración del
centro comercial destinar los medios humanos y materiales para que, dentro de
un marco de participación democrática, se conciban los programas y apropien los
dineros con los cuales se atenderá esta demanda social, no se desconoce la
complejidad relativa a la elaboración y ejecución del plan, sobre todo, en lo
concerniente al compromiso de recursos administrativos y financieros. La tarea
de proteger los derechos de personas como el accionante puede representar
costos adicionales y en la ejecución de muchos planes pueden haber limitaciones
de recursos. (ii) La circunstancia de que el centro comercial pese a no contar
con un método definitivo que responda a las exigencias de la Ley 361 de 1997 y
demás que la desarrollan sí ha realizado inversiones importantes en este
sentido y ha demostrado su interés en avanzar en el acceso al espacio físico en
condiciones de igualdad.
6.1.2. Como una medida provisional y como
manifestación del principio de solidaridad[158],
mientras se le garantiza al actor y demás sujetos en situación de discapacidad
el pleno ejercicio de sus derechos a la accesibilidad y a la libertad de
locomoción, el centro comercial deberá adoptar las acciones temporales que
resulten adecuadas y necesarias para permitir el ingreso y movilidad de estas
personas en sus instalaciones sin obstáculos ni cargas excesivas. Las medidas
que se implementen deberán ser en todo caso respetuosas de la dignidad humana y
atenderán los requerimientos y necesidades reales de la población afectada.
6.1.3. Se le ordenará
además al centro comercial que informe cada tres (3) meses al juez de primera
instancia, quien se encarga de verificar el cumplimiento de la decisión de
amparo, a la comunidad concernida, en particular, al accionante, a la
Defensoría del Pueblo Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la
Discapacidad y a la Procuraduría General de la Nación sobre el avance del plan
para que puedan participar en las fases de diseño, ejecución y evaluación del
mismo en lo pertinente.
6.1.4. Finalmente,
se comunicará la presente decisión a la Procuraduría General de la Nación y a
la Defensoría del Pueblo Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la
Discapacidad, para que, dentro de la órbita de sus competencias legales y
constitucionales, hagan un seguimiento al cumplimiento de esta providencia.
7. Conclusiones
7.1. Se reitera, que conforme los
principios constitucionales, las normas del derecho internacional, las
disposiciones legales y la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia,
el ámbito de protección especial de una persona en condición de discapacidad
contempla la accesibilidad a las instalaciones y edificios abiertos al
público en condiciones de igualdad, es decir sin tener que soportar obstáculos,
barreras o limitaciones que supongan cargas excesivas o desproporcionadas. A
través del acceso al espacio físico, la persona puede lograr su integración cabal
y efectiva en la sociedad así como el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la
dignidad humana y a la libertad de locomoción.
7.2. Un establecimiento abierto al público,
en concreto el Centro Comercial El GranSan desconoce la
dimensión positiva de un derecho fundamental como la libertad de locomoción, en
sus implicaciones programáticas, cuando ni siquiera cuenta con un plan que
conduzca, gradual pero seria y sostenidamente a garantizar y proteger la accesibilidad
física de una persona en condición de discapacidad, que depende del oficio
desempeñado en sus instalaciones para materializar su trabajo y asegurar su
mínimo vital.
Los intentos y aproximaciones por superar
los estándares mínimos de constitucionalidad en la materia aunque son valiosos
no permiten a la fecha superar las cargas excesivas que por virtud de problemas
internos aún debe enfrentar el actor y demás personas en su misma circunstancia
para lograr en condiciones de igualdad, la adecuada integración en sociedad. Lo
anterior no es causal suficiente para no avanzar en la protección de derechos
fundamentales frente a un sector marginado y excluido de la sociedad.
V. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida
en segunda instancia por el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá, el doce (12) de enero de dos mil dieciséis
(2016) que confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado
Treinta y Seis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, el tres
(3) de noviembre de dos mil quince (2015) por medio de la cual se declaró
improcedente el amparo invocado. En su lugar CONCEDER la protección de
los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la
dignidad humana y a la libertad de locomoción de Augusto Suárez
Aranguren, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- ORDENAR al Centro Comercial El GranSan que en el término de un (1) año
contado a partir de la notificación del presente fallo, diseñe en forma
definitiva un plan específico que garantice el derecho fundamental del
accionante y de la población en situación de discapacidad a la accesibilidad y
a la libertad de locomoción, teniendo en cuenta como mínimo los parámetros
expuestos en las consideraciones de esta providencia. Realizado lo anterior,
deberá iniciar inmediatamente su ejecución la cual no podrá exceder de un
término superior a dos (2) años. Dicho plan deberá implementar las obras
necesarias a que haya lugar no sólo en los pisos superiores de la edificación
sino en el primer piso, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa
vigente, en términos de accesibilidad física para las personas en condición de
discapacidad.
Tercero.- ORDENAR al Centro Comercial El GranSan que, de manera inmediata a partir de
la notificación del presente fallo de tutela, y como una medida provisional mientras
se le garantiza al actor y demás sujetos en situación de discapacidad el pleno
ejercicio de sus derechos a la accesibilidad y a la libertad de locomoción, adopte
las acciones temporales que resulten adecuadas y necesarias para permitir el
ingreso y movilidad de estas personas en sus instalaciones sin obstáculos ni
cargas excesivas. Las medidas que se implementen deberán ser en todo caso
respetuosas de la dignidad humana y atenderán los requerimientos y necesidades
reales de la población afectada.
Cuarto.- ORDENAR al Centro Comercial El GranSan que, informe cada tres (3) meses al
juez de primera instancia, quien se encarga de verificar el cumplimiento de la
decisión de amparo, a la comunidad concernida, en particular, al accionante, a
la Defensoría del Pueblo Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad
y a la Procuraduría General de la Nación sobre el avance del plan para que
puedan participar en las fases de diseño, ejecución y evaluación del mismo en
lo pertinente.
Quinto.- COMUNICAR la presente decisión a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo Delegada
para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad, para que, dentro de la órbita de sus competencias legales y
constitucionales, hagan un seguimiento al cumplimiento de esta providencia.
Sexto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MONCALEANO
Secretaria
General
[1] La Sala de
Selección No. 2 estuvo conformada por los magistrados Gloria Stella Ortiz
Delgado y Luis Ernesto Vargas Silva.
[2] Conforme se
desprende de la fotocopia de la cédula de ciudadanía, el señor Augusto Suárez
Aranguren nació el diecisiete (17) de junio de mil novecientos setenta y nueve
(1979) (folio 14). En adelante, siempre que se haga mención a un folio del
expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se
diga expresamente otra cosa.
[3] De acuerdo con el
informe de evaluación para pacientes en proceso interdisciplinario de
rehabilitación realizado por la Clínica Universidad de La Sabana el cuatro (4)
de diciembre de dos mil catorce (2014), el paciente presentó un “TCE severo, un
mes en coma 50 días en el hospital” debido a un accidente automovilístico en
calidad de peatón ocurrido el veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce
(2014) (folios 16, 62 y 63). La información que reposa en el expediente de
tutela, denota con claridad el estado de discapacidad en que se encuentra el
accionante y pone en evidencia las limitaciones concretas que debe enfrentar a
diario para realizar
actividades sociales, familiares y laborales como consecuencia de las
alteraciones neuromusculares y las deficiencias de la función motora que
presenta. La historia clínica completa puede observarse en los folios 16 al
107.
[4] En palabras del
accionante “en mi caso particular señoría, el desplazamiento al interior de la
edificación se dificulta en extremo puesto que no hay condiciones apropiadas
para que me pueda mover con la facilidad que debería en su interior” (folios 11 y 124).
[5] Señala el actor que “el hecho de que me tengan que
cargar para poder acceder a las instalaciones del Centro Comercial El GranSan
primero, segundo y demás pisos con la molestia de no controlar esfínteres,
constituye una clara vulneración de la dignidad humana” (folio 6).
[6] Yansen Armando
Estupiñan Torres.
[7] Folio 108.
[8] Folio 123.
[9] Folio 11.
[10] Folios 110 y 111.
[11] Folio 112.
[12] Folios 121 al 124.
[13] Folios 132 y 133.
[14] En forma concreta
se dispuso que informará: “(i) El resultado de los estudios que se realizaron
para definir los espacios necesarios y los recursos económicos que deben ser
destinados para la adecuación de la infraestructura mobiliaria del Centro
Comercial El Gran San Victorino en materia de accesibilidad para personas en
condición de discapacidad. Lo anterior en los términos de la respuesta brindada
el veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015). (ii) Indicar si en la actualidad existe algún plan orientado a
garantizar la accesibilidad física de las personas en condición de
discapacidad al interior del Centro Comercial El Gran San Victorino. Señalar,
las alternativas que se han contemplado para atender las necesidades de este
grupo de la población con miras a cumplir los mandatos constitucionales y
legales que propenden por su integración social. En particular, los artículos
13, 24 y 47 de la Constitución Política así como las disposiciones de la
Ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005, que contienen, normas y criterios
básicos para facilitar la accesibilidad a espacios públicos, instalaciones y
edificios abiertos al público de personas con movilidad reducida, limitación o
enfermedad en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. La respuesta deberá
diferenciar la accesibilidad respecto de quienes visitan en calidad de público
el centro comercial y quienes trabajan allí. (iii) Un informe detallado sobre
las acciones afirmativas que se han adoptado para remover los obstáculos a los
que debe enfrentarse cotidianamente el señor Augusto Suárez Aranguren en su
ingreso y desplazamiento al interior del Centro Comercial El Gran San
Victorino. En caso de que no se hayan implementado medidas al respecto, señalar
las razones en derecho de tal proceder e indicar el término específico en que
se procederá a su ejecución”.
[15] En particular se le solicitó: “Indique
específicamente, en qué consiste su discapacidad y en concreto cuales son los
obstáculos y barreras que debe enfrentar al momento de acceder y desplazarse al
interior del Centro Comercial El Gran San Victorino”.
[16] Folios 19 al 24 del
cuaderno de Revisión.
[17] Folios 27 al 41 del
cuaderno de Revisión.
[18] Folio 31 del cuaderno
de Revisión.
[19] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
[20] En la sentencia T-909 de 2011 (MP Juan
Carlos Henao Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Sala Tercera de
Revisión abordó en forma detallada, la jurisprudencia constitucional relativa a
la tutela contra particulares, en especial, contra personas jurídicas de
derecho privado, a propósito de una acción presentada por dos (2) ciudadanos
contra el Centro Comercial Cosmocentro de la ciudad de Cali a quien señalaban
de limitar el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. La Sala encontró
procedente el amparo contra dicho
establecimiento ya que en sus
espacios abiertos al público tuvieron ocurrencia los hechos materia del
proceso. Además, no obstante la condición jurídica con la que actuaba y el
régimen jurídico formal al que se encontraba sometido, como superficie en cuyo
interior circulaban personas para comprar, vender, comerciar, suministrar
bienes y servicios, trabajar como empresarios o trabajadores o actuar como
consumidores o ciudadanos libres, tenía mayores responsabilidades frente al
disfrute de las garantías constitucionales básicas de estos sujetos. Para
fundamentar la procedencia del amparo, se indicó que el efecto horizontal de
los derechos fundamentales entre particulares cobraba especial importancia
frente a las personas jurídicas, quienes como asociaciones y empresas en sus
diferentes formas y dimensiones, tenían cada vez mayor capacidad para influir
en la vida de los individuos y en el ejercicio de sus libertades y derechos.
Esta influencia podía convertirse en subordinación o en generar posición
jurídica de indefensión, lo cual hacía que su responsabilidad general y también
de cara a los derechos fundamentales que pudiera afectar, fuera reconocida en
todos sus alcances por la vía constitucional.
[21] Para una explicación
de la fuente directa que el Constituyente de 1991 tuvo para establecer la
procedencia de la acción de tutela contra particulares, ver la sentencia T-099
de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[22] Ver la sentencia T-198 de 2007 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio).
[23] Ver la sentencia
T-233 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[24] Un conjunto de supuestos fácticos que
denotan la condición de indefensión pueden consultarse en la sentencia T-277 de
1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra). También ver la T-1040 de 2006 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto).
[25] Esta corporación ha
indicado como
parámetro general, que el juez constitucional es quien debe darle contenido al
vocablo “indefensión”, para determinar la procedencia de la acción de
tutela en cada caso concreto.
Así, en la sentencia T-277 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), la Sala Segunda
de Revisión consideró que se configuraba el estado de indefensión de la
accionante por tratarse de una persona de avanzada edad (70 años), en
condiciones físicas precarias (parapléjica) y abandonada por quienes estaban
obligados constitucional y legalmente a brindarle protección –su familia-. En
la sentencia T-394 de 1999 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), el accionante
consideraba que la decisión del Consejo de Administración de la cooperativa de
transporte a la cual estaba afiliado el taxi que conducía, consistente en que
las personas mayores de 50 años no podían manejar este vehículo, se constituía
en una medida discriminatoria que afectaba su derecho al trabajo. La Sala Sexta
de Revisión encontró que el peticionario se encontraba en estado de indefensión
y por tanto procedía la tutela contra un particular puesto que no tenía mecanismo
jurídico alguno para atacar la decisión del Consejo de Administración, por no
ser miembro del mismo, y no existir ningún otro medio procesal para cuestionar
la validez de los estatutos de la cooperativa. También la sentencia T-1236 de
2000 (MP Alejandro Martínez Caballero). Allí se estimó que el accionante se encontraba
en estado de indefensión frente a la entidad accionada; una empresa particular
con la cual trabajaba (Gustavo Hernández y Compañía Ltda.), por su condición
física (persona de 70 años), académica (con estudios básicos, de oficio
conductor) y de desprotección en materia de seguridad social. Igualmente en la
sentencia T-1040 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), se estimó que
frente al despido de una mujer protegida por el fuero de maternidad, aunque
había desaparecido
la subordinación como uno de los supuestos que hacía procedente la acción de
tutela frente a particulares, existía una situación de indefensión en virtud de
la protección especial que requería la mujer en estas circunstancias. Es decir,
el hecho de haber quedado sin empleo en plena etapa de gestación, de requerir
del salario para su subsistencia y la de su menor hijo, eran situaciones que le
podían generar dificultades inmediatas que ponían a la embarazada en un estado
de desprotección frente a su antiguo empleador.
[26] La anterior enumeración describe algunas
de las hipótesis que han permitido fijar la línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional, en relación con el estado de indefensión y la procedencia de la
acción de tutela frente a particulares, sin que se agote en éstas su
materialización, dado que como se indicó, es el juez de tutela el llamado a
darle contenido a este concepto, mediante un examen juicioso de las
circunstancias que dieron origen a la solicitud de amparo. Sentencia T-277 de
1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), previamente analizada.
[27] Ibídem.
[28] Sentencia T-769 de
2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández). En esta ocasión, la Sala Novena de
Revisión consideró procedente una acción de tutela presentada contra un
particular (sociedad “Inmuebles y Arrendamientos Limitada en
Liquidación”),
tras constatar el estado de indefensión de los accionantes materializado en la
posición dominante de la entidad y la manera como ello afectaba el goce de sus
derechos fundamentales.
[29] Folio 31 del cuaderno
de Revisión.
[30] Como se indicó en la sentencia T-1042 de 2001(MP Manuel José Cepeda Espinosa),“el criterio por excelencia que ha primado en la
doctrina y la jurisprudencia constitucionales para admitir el examen
constitucional de actuaciones particulares respecto de su respeto a los
derechos fundamentales es la existencia de una clara relación asimétrica de
poder entre los particulares, que de entrada descarta, limita o elimina la
autonomía de la persona y justifica una intervención estatal para evitar el
envilecimiento, la instrumentalización absoluta o la degradación del ser humano[…]En
la medida en que un particular tiene la capacidad derivada de su mayor poder,
por ejemplo, de imponerle al otro unas reglas de juego, de tomar decisiones
unilaterales que generan unas consecuencias de profundo impacto sobre el
destinatario pasivo de las mismas, o de calificar, caracterizar o definir la
situación de otro particular con las implicaciones perjudiciales o benéficas
que de ello se derivan, no es posible estrictamente hablar de horizontalidad en
las relaciones entre particulares”. En esta ocasión, la Sala Tercera de
Revisión estimó que la
diferenciación basada exclusivamente en la condición de empleados o
trabajadores del servicio doméstico para efectos de prohibir el uso de ciertos
ascensores de una copropiedad, constituía un acto discriminatorio en razón del
estatus social de una persona, lo cual vulneraba los derechos fundamentales a
la dignidad humana y a la igualdad de la accionante.
[31] El accionante
señala: “Soy una persona de precario ingreso y
baja capacidad económica, si bien soy comerciante, dicha actividad la ejerzo
con el poco capital de trabajo con que cuento, por tanto mi ingreso mensual es
de solo $900.000, que representa todo el ingreso de mi núcleo familiar el cual
está conformado por el suscrito y mi hijo quien actualmente se encuentra
estudiando y que depende por completo de mi ayuda y mantención, no poseo por
tanto, la capacidad económica para sufragar los costos por la atención que
requiero para realizar los desplazamientos al interior del Centro Comercial El
GranSan” (folio 11).
[32] Sobre la procedencia
de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio
irremediable, resultan relevantes las sentencias T-225 de 1993 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa) en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia,
que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior;  T-1670 de 2000 (MP
Carlos Gaviria Díaz),  SU-544 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), SU-1070
de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-827 de 2003 (MP Eduardo Montealegre
Lynett), T-698 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes) y C-1225 de 2004 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa).
[33] Si bien el término
para interponer la acción de tutela no puede establecerse de antemano, el
juez está en la obligación de verificar cuándo no se ha interpuesto de manera
razonable para evitar que se convierta en un factor de inseguridad que lesione
los derechos fundamentales de terceros o que desnaturalice la acción.
[34] Constitución
Política, artículo 88. “La ley regulará las acciones populares para la
protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar
naturaleza que se definen en ella”.
[35] MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. En esta ocasión se estimó que en virtud de la condición de sujeto
de especial protección constitucional del accionante, la inexistencia de otros
mecanismos ordinarios que garantizarán efectivamente la defensa de los derechos
invocados y por tratarse de un asunto de relevancia constitucional, la acción
de tutela se abría paso como el medio idóneo para invocar el amparo de las
garantías fundamentales a la accesibilidad, a la libre locomoción, a la
dignidad humana, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital de una persona en
condición de discapacidad.
[36] Para conocer en
detalle la patología del accionante pueden observarse los folios 16 al 107.
[37] Esta
no es una cláusula meramente retórica sino que tiene un contenido específico
dentro del ordenamiento jurídico, que en materia de estudio de procedibilidad
de la acción de tutela impone a las autoridades judiciales especial diligencia,
cuidado, atención y flexibilidad en el examen formal, teniendo presente que
estas personas han sufrido una disminución en sus aptitudes físicas que les
impide acceder en condiciones de igualdad a las necesidades más básicas.
[38] “De hecho, la Carta de 1991 que promueve
la búsqueda de una igualdad real y efectiva, autoriza la formulación de
acciones afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, o de
personas que se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta (CP. art.
13). Tales acciones establecen beneficios en favor de un grupo que se encuentra
en una situación de desventaja social, estableciendo tratos favorables o
privilegiados para estos individuos. Son en general medidas adoptadas por el
legislador, tendientes a eliminar las desigualdades de hecho de tipo social, cultural
o económico que afectan a una determinada población. Incluso pueden ser usadas
para lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, -generalmente un
grupo que ha sido discriminado-, tengan una mayor representación, así como la
superación de las eventuales consecuencias de una discriminación histórica”.
Sentencia T-297 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), cuyo contenido se
analizará en detalle más adelante.
[39] MP Jaime Córdoba
Triviño.
[40] En la Declaración para la
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de julio de mil
novecientos noventa y seis (1996), inspirada en las Reglas Estándar de las
Naciones Unidas para la equidad de oportunidades de las personas con
discapacidad, se afirmó que la forma como la sociedad está organizada sirve a
la exclusión de las personas con discapacidad. Sobre el particular puede
consultarse la sentencia T-553 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[41] “En el curso
de la historia, las personas discapacitadas han sido tradicional y
silenciosamente marginadas. A través del  tiempo, las ciudades se han
construido bajo el paradigma del sujeto completamente habilitado. La educación,
la recreación, el transporte, los lugares y los medios de trabajo, incluso el
imaginario colectivo de la felicidad, se fundan en la idea de una persona que
se encuentra en pleno ejercicio de todas sus capacidades físicas y mentales.
Quien empieza a decaer o simplemente sufre una dolencia que le impide
vincularse, en igualdad de condiciones, a los procesos sociales – económicos,
artísticos, urbanos -, se ve abocado a un proceso difuso de exclusión y
marginación, que aumenta exponencialmente la carga que debe soportar. La
marginación que sufren las personas discapacitadas no parece obedecer a los
mismos sentimientos de odio y animadversión que originan otro tipo de
exclusiones sociales (raciales, religiosas o ideológicas). Sin embargo, no por
ello es menos reprochable. En efecto, puede afirmarse que se trata de una
segregación generada por la ignorancia, el miedo a afrontar una situación que
nos confronta con nuestras propias debilidades, la vergüenza originada en
prejuicios irracionales, la negligencia al momento de reconocer que todos tenemos
limitaciones que deben ser tomadas en cuenta si queremos construir un orden
verdaderamente justo, o, simplemente, el cálculo según el cual no es rentable
tomar en cuenta las necesidades de las personas discapacitadas. Estas
circunstancias llevaron, en muchas ocasiones, a que las personas con
impedimentos físicos o psíquicos fueran recluidas en establecimientos
especiales o expulsadas de la vida pública. Sin embargo se trataba de sujetos
que se encontraban en las mismas condiciones que el resto de las personas para
vivir en comunidad y enriquecer —con perspectivas nuevas o mejores—, a las
sociedades temerosas o negligentes paras las cuales eran menos que invisibles”. Sentencia
T-823 de 1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta ocasión, la Sala Tercera
de Revisión consideró que la decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá de no
otorgar un permiso de circulación especial a una persona que sufría de una
cuadraplejia espástica, durante las horas de restricción vehicular “pico y
placa”, configuraba una vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, a la autonomía y a la libre circulación de estas personas, por
omisión del deber de trato especial del Estado.
[42] En la sentencia
T-553 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) se indicó que “no puede
desconocerse que el ambiente (físico, cultural, etc.) puede tener un impacto
positivo o negativo en la manera de asumir y entender la discapacidad, pues los
efectos de la discapacidad sobre una persona dependen de manera fundamental del
entorno social, es decir, que la discapacidad no es únicamente un problema
individual”.
[43] Sentencia T-553 de
2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[44] Constitución
Política, artículo 2. “Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
[45] Constitución
Política, artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. // El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan”.
[46] Conforme al texto constitucional, el derecho a la
igualdad integra en su contenido, diferentes acepciones relevantes. Entre
ellas, la noción de igualdad ante la ley (que garantiza un trato igual
entre iguales); la igualdad material (que permite que sean constitucionalmente
admisibles las diferenciaciones razonables  y justificadas entre diversos) y
por último, el reconocimiento eventual  a un trato desigual más favorable para
minorías. De hecho, la llamada igualdad material, supone un compromiso
del Estado en el diseño y ejecución de políticas destinadas a la
superación de las barreras existentes para algunas personas que por
vulnerabilidad, no logran realmente integrarse en la vida social, política,
económica o cultural, en condiciones de igualdad. Sobre el particular puede
consultarse la sentencia T-297 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), cuyo
contenido se analizará en detalle más adelante.
[47] Internacionalmente, múltiples convenios de derechos
humanos se han unido a tal reconocimiento. Los ratificados por Colombia y que
prevalecen en el orden interno de conformidad con el artículo 93 de nuestra
Constitución, han consagrado el respeto y protección del derecho a la igualdad,
así: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 2 y 7); el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 3); el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 24); la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes de la Persona (Art. 2); la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Art. 1 y 24) y la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Art. 5),
entre otros.
[48] Si bien los grandes tratados universales y
regionales se han preocupado por incluir cláusulas de no discriminación, sea
para proteger los derechos a los que hacen referencia o como derecho
independiente (Artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), ninguno
de esos tratados incluye una definición del concepto de discriminación. No
obstante en el Convenio No. 111 de la OIT se dijo que la discriminación era
“cualquier distinción, exclusión o preferencia, basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social
que tenga por efecto anular la igualdad de oportunidades o del trato en el
empleo y la ocupación”. Igualmente en el artículo 1.1. de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
se dijo que la discriminación, era “toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Esta Corporación la ha
entendido como “la conducta, actitud o trato que pretende, consciente o
inconscientemente, anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas,
apelando con frecuencia a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y
que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales”. Esta
definición fue empleada en la sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz). Aquí, la Sala Tercera de Revisión estimó que la no previsión, en el régimen de contingencias de la Caja de Seguridad
Social de Risaralda, de la posibilidad de que las pensionadas (mujeres)
afiliadas a la institución inscribieran a sus correspondientes maridos o
compañeros permanentes para gozar de sus servicios, no constituía una razón
válida para negar este derecho a las mujeres pensionadas pero sí reconocerlo,
en cambio, con exclusividad, a los hombres pensionados (CP art. 13). La
explicación de una norma en tal sentido sólo podía radicar en el estereotipo
social de no concebir a la mujer como parte de la fuerza de trabajo y,
eventualmente, fuente principal de ingreso para el sostenimiento familiar. La
ausencia de motivos constitucionales válidos para otorgar un trato diferente a
las mujeres pensionadas - en este caso representadas por la peticionaria-  respecto del otorgado a los hombres,
no sólo constituía un acto discriminatorio que violaba el derecho fundamental a
la igualdad, sino que desconocía la especial protección que el Estado debía
brindar a la mujer con miras a garantizar la igualdad real y efectiva de
derechos.
[49] Esta Corporación ha indicado que la
omisión injustificada del trato especial al que tienen derecho ciertos grupos
de personas, privándolas injustificadamente de los beneficios, ventajas y
oportunidades, puede dar lugar también a una discriminación por omisión. Al
respecto se ha sostenido que “[...] el trato favorable no constituye un
privilegio arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple
cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se ha hecho
mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a
su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una
carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la
ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el postulado mínimo de
igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”. Sentencia T-823 de 1999
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz), previamente analizada. En el caso en que la
discriminación se dé a consecuencia de una omisión de trato más favorable, el
juez constitucional debe verificar en la práctica, entre otros aspectos: (1) un
acto - jurídico o de hecho - de una autoridad pública o de un particular, en los
casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas en
situación de discapacidad física o mental; (3) la conexidad directa entre el
acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos,
libertades u oportunidades de las personas en condición de discapacidad.
[50] Esta noción se
consideró en la sentencia T-518 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), posteriormente
se reiteró en la sentencia C-741 de 1999 (MP Fabio Morón Díaz) en los
siguientes términos: “La libertad de locomoción, ha dicho la Corte, es un
derecho fundamental en cuanto afecta la libertad del individuo, cuyo sentido
más elemental, ‘...radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de un
lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata
de las vías y espacios públicos’ (…)”. Así mismo en la sentencia T-595 de 2002
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[51] Constitución Política,
artículo 24. “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley,
tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y
salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.
[52] Constitución
Política, artículo 47. “El Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
[53] Constitución Política, artículo 54. “Es
obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
[54]La Declaración de
los Derechos de [las personas en condición de discapacidad] fue proclamada por
la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su Resolución 3447
del
nueve (9) de diciembre de mil novecientos setenta y cinco (1975).
[55] Preámbulo del Protocolo de San
Salvador, adicional a la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
[56] La Convención
Americana sobre Derechos Humanos (también
llamada Pacto de San José de
Costa Rica o CADH) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana
de Derechos Humanos, el veintidós (22)
de noviembre de
mil novecientos sesenta y nueve (1969) en la ciudad de San
José en Costa Rica y entró en vigencia el dieciocho (18) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978).
Es una de las bases del Sistema Interamericano de promoción y protección de los
Derechos Humanos.
[57] Artículo 18 del Protocolo
de San Salvador, adicional a la Convención sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
[58] Adoptada por la
Asamblea General de la OEA, el ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y
nueve (1999) e incorporada al ordenamiento jurídico colombiano por la Ley 762
de 2002. Dicha ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-401 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[59] Entre los tratados internacionales que se
han ocupado del tema cabe mencionar, comenzando por los emanados de la
Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental (1971), la Declaración de los Derechos de los Impedidos
(1975), la Declaración de las personas con limitación (1983)  y las Normas
Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(de carácter no vinculante, adoptada en 1993). El Convenio 159 de la OIT, la
Recomendación 168 de la OIT de 1983, la Declaración de Sund Berg de
Torremolinos (Unesco 1981).  Además
de los anteriores instrumentos, específicamente dirigidos a la población en
condición de discapacidad, la Corte ha identificado otros tratados
multilaterales que protegen también, aunque de manera global y menos directa,
los derechos de ese grupo especial de personas. Entre estos, deben destacarse
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales suscritos ambos en 1966, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de 1984, así como los instrumentos relativos a la eliminación de
distintas formas de discriminación.
[60] El estado Colombiano
aprobó la referida Convención mediante la Ley 1346 de 2009 y la ratificó en el
año dos mil once (2011).
[61] Artículo 1 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
[62] Artículo 4, literal
b de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
[63] Para una mejor comprensión de los
compromisos adquiridos por los Estados Parte, la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad definió los conceptos de “discriminación por
motivos de discapacidad” y de “ajustes razonables”. Respecto del primer
concepto, se estableció que la discriminación ocurre cuando se presentan actos
de distinción, exclusión o restricción, que tengan el propósito o el efecto de
obstaculizar o impedir el goce de los derechos y libertades de las personas en
condición de discapacidad. Asimismo, señaló que existe discriminación contra
estos individuos cuando se deniegan ajustes razonables, concepto que fue
definido como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se
requieran en un caso particular, para garantizarle a las personas con discapacidad
el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos humanos y
libertades fundamentales, las cuales no deben imponer una carga
desproporcionada o indebida.
[64] Artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Principios
generales // Los principios de la presente Convención serán: // a) El respecto
de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no
discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de
oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.
[65] Artículo 9 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
[66] Artículo 9 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
[67] “Por medio de la
cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad”.
[68] La
ley entiende por inclusión social, el proceso que asegura que “todas las personas tengan las mismas
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar,
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad,
mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad” (Artículo 2).
[69] “Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de
discapacidad  y se dictan otras disposiciones”.
[70] “Por la cual se
adiciona la Ley 361 de 1997”.
[71] Artículo 45 de la Ley
361 de 1997.
[72] Artículo 44 de la Ley
361 de 1997. Más adelante en la Ley 1287 de 2009 “Por la cual se adiciona la
Ley 361 de 1997” se definió la accesibilidad como “la condición que permite, en
cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro
desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable,
eficiente y autónoma de los servicios instalados”.
[73] Según el artículo
44 de la Ley 361 de 1997, se entiende por barreras físicas “todas aquellas
trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad
o movimiento de las personas”.
[74] La ley establece que
la autoridad competente de todo orden se abstendrá de otorgar el permiso
correspondiente para aquellos proyectos de construcción, cualquiera sea su
naturaleza que no cumplan con las condiciones mínimas de accesibilidad para las
personas en condición de discapacidad (Artículo 50 de la Ley 361 de 1997).
[75] Artículos 43, 47, 48 y
49 de la Ley 361 de 1997.
[76] Artículo 43,
parágrafo de la Ley 361 de 1997.
[77] La presente ley entró
en vigencia el once (11) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).
[78] Artículo 52 de la Ley
361 de 1997.
[79] Artículos 48, 53, 54 y
56 de la Ley 361 de 1997.
[80] “Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”.
[81] Todas aquellas trabas,
irregularidades y obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad o
movimiento de las personas.
[82] Los impedimentos al libre
desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de las
edificaciones.
[83] El inmueble de
propiedad pública o privada de uso institucional, comercial o de servicios
donde se brinda atención al público, sin circunscribirlo a edificaciones que
prestan servicios públicos.
[84] Entiéndase para los
efectos de este Decreto por movilidad reducida: “la restricción para desplazarse que
presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser
discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de
relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro
del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales”
(Artículo 2 numeral 4 del Decreto 1538 de 2005).
[85] El parágrafo del
artículo 9 del mencionado Decreto señala que serán de obligatoria aplicación,
en lo pertinente, las siguientes Normas Técnicas Colombianas para el diseño,
construcción o adecuación de los edificios de uso público: a) NTC 4140:
Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores.
Características Generales; b) NTC 4143: Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios, rampas fijas; c) NTC 4145: Accesibilidad de las personas al
medio físico. Edificios. Escaleras; d) NTC 4201: Accesibilidad de las personas
al medio físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas;
e) NTC 4349: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Ascensores.
[86] “Por la cual se
dictan normas para la protección, seguridad, salud  y bienestar de las personas
en el ambiente y en especial de los minusválidos”.
[87] El ordenamiento jurídico colombiano
contempla otros cuerpos normativos orientados a la protección de los derechos
de las personas en condición de discapacidad. La Ley 1145 de 2007, “Por medio de la cual
se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”, tiene por objeto impulsar
la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en
forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y
local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la
sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos. Establece
como principios generales que deben orientar la política pública nacional para
la discapacidad, entre otros, el enfoque de derechos, la equidad, la
solidaridad, la corresponsabilidad social y la integralidad. La Ley 1306 de
2009, “Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con
Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de
Incapaces Emancipados”, tiene por finalidad la protección e inclusión
social de toda persona natural en condición de discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal
desempeño en la sociedad. Esta Ley determina que una persona natural
tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de
comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen
riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio. Señala que en la protección y garantía de los derechos
de este grupo social se tomarán en cuenta, entre otros, el respeto de su
dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones
y su independencia; la no discriminación por razón de discapacidad; la
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y la accesibilidad.
Adicionalmente, establece obligaciones para la sociedad y para el Estado,
destacándose la garantía del disfrute pleno de todos los derechos de las
personas en situación de discapacidad mental, de acuerdo a su capacidad de
ejercicio y la creación de medidas de acción afirmativa que promuevan su
igualdad real y su integración social.
[88] En la sentencia T-416 de 2013 (MP Mauricio
González Cuervo), se indicó que “en el Estado social de derecho, el derecho a
la igualdad trasciende los imperativos clásicos de la igualdad ante la ley y
obliga al Estado a detenerse en las diferencias que de hecho existen
entre las personas. De esta forma, la llamada igualdad material, supone
un compromiso del Estado en el diseño y ejecución de políticas destinadas a la
superación de las barreras existentes para algunas personas que por
vulnerabilidad, no logran realmente integrarse en la vida social, política,
económica o cultural, en condiciones de igualdad”.
[89] Como se indicó en la sentencia T-595 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), “los gastos necesarios para transformar
la infraestructura actual, con el objeto de que sea accesible para aquellas
personas con algún tipo de limitación física severa, son considerables, pues
buena parte de ella fue construida sin contemplar esta finalidad. Esto implica
que se trata de una garantía que, al comprometer decisiones democráticas sobre
inversión pública y depender de la adecuación de las condiciones construidas
durante siglos, no puede ser alcanzada plenamente en un instante”.
[90] Sobre el particular
pueden consultarse las sentencias T-288 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y
T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En la primera se decidió que
constituía un trato discriminatorio el impedir que las personas en condición de
discapacidad continuaran ingresando al estadio Pascual Guerrero de la ciudad de
Cali por la puerta de maratón y que permanecieran ubicados sobre la pista
atlética para presenciar los encuentros de fútbol, en tanto que se trataba de
una restricción innecesaria y desproporcionada. La Sala Tercera
de Revisión resolvió confirmar el fallo de primera instancia, en el cual se
había ordenado a los representantes de los Clubes Deportivo Cali y América, de
la División Mayor del Fútbol Colombiano y del Fondo de Vigilancia y Seguridad
del Municipio de Cali, tomar las medidas pertinentes para ubicarlos dentro de
la malla de protec­ción que rodeaba la cancha del estadio cuando asistieran a
los partidos que allí se realizaban. La segunda será objeto de análisis detallado
en líneas posteriores.
[91] Como se indicó en la sentencia T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa) “es pues inaceptable constitucionalmente no sólo
la ausencia de políticas en estas materias, sino que a pesar de existir un plan
o programa, éste (i) sólo esté escrito y no haya sido iniciada su ejecución, o
(ii) que así se esté implementando, sea evidentemente inane, bien sea porque no
es sensible a los verdaderos problemas y necesidades de los titulares del
derecho en cuestión, o porque su ejecución se ha diferido indefinidamente, o
durante un período de tiempo irrazonable”.
[92] En conclusión, las facetas prestacionales de un
derecho fundamental son, excepcionalmente, de aplicación inmediata y,
usualmente, de realización progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por
lo menos, el derecho constitucional a que exista un plan
escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce
efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus
diferentes etapas, que, en efecto, se esté implementando. Sobre el particular
puede consultarse la sentencia T-553 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), cuyo análisis se abordará en líneas siguientes.
[93] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En este caso,
el accionante, quien residía en el barrio Manuela Beltrán de la ciudad de
Bucaramanga, solicitaba al juez de tutela que se ordenará a la compañía de
transporte que tenía asignada la única ruta que pasaba por su zona de
residencia que volviera a adoptar el recorrido habitual, pues se había
modificado y ya ningún bus llegaba hasta allí. La Sala Segunda de Revisión
concedió la tutela y resolvió ordenar a la empresa de transporte accionada
(UNITRANSA S.A.) el cumplimiento continuo y regular del servicio público de
transporte al barrio referido en los términos del acto administrativo que había
autorizado su prestación.
[94] MP. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[95] Bajo estos
argumentos, la Sala tuteló los derechos a la libertad de locomoción e igualdad
del peticionario, y le ordenó a Transmilenio que en el término máximo de dos
(2) años, diseñara un plan orientado a garantizar el acceso de las personas en
condición de discapacidad al sistema de transporte público masivo de Bogotá, y
que una vez diseñado, iniciara inmediatamente el proceso de ejecución de
conformidad con el cronograma incluido en él.
[96] MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; AV Jorge Iván Palacio Palacio.
[97] La tutelante debía
movilizarse en muletas por razón de una discapacidad funcional alta.
[98] MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[99] En esta ocasión, la Sala protegió los
derechos fundamentales a la libertad de locomoción e igualdad del peticionario
y le ordenó a la compañía Megabús S.A. que elaborará un plan con la
participación del accionante y de los líderes sociales de la población en
condición de discapacidad que garantizará el acatamiento del carácter
programático de las obligaciones legales en la materia. Para tal fin, se le
concedió a la empresa de transporte un plazo máximo de dos (2) años, término
dentro del cual debía iniciarse también su ejecución.
[100] MP José Gregorio
Hernández Galindo. En este caso, la situación considerada por la Sala Tercera
de Revisión se refería al
cierre de las calles 18 y 19 entre carreras 28 y 27 en Santa Fe de Bogotá,
D.C., adyacentes a las instalaciones del entonces Departamento Administrativo
de Seguridad DAS, que por ser vías públicas encajaban dentro del concepto de
espacio público. Dadas estas condiciones, no tenía competencia el Director
del DAS, como organismo del orden nacional, para resolver sobre su cierre u
obstrucción para el tránsito de personas y vehículos, pues cualquier
decisión sobre uso del suelo urbano correspondía a las autoridades
municipales, con mayor razón si se trataba de ejercer el poder de policía.
[101] MP José Gregorio
Hernández Galindo. En esta ocasión, la acción de
tutela estaba dirigida contra una actuación del Departamento Administrativo de
Planeación de Medellín que aprobaba el cerramiento de una vía o sendero. Aunque
la Sala Tercera de Revisión declaró la improcedencia del amparo se pronunció
sobre el asunto, indicando lo siguiente: “Una vía pública no puede
obstruirse privando a las personas del simple tránsito por ella, pues semejante
conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los
habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general, además de
que constituye una apropiación contra derecho del espacio público, esto es, un
verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre.  No
pueden tampoco ocuparse los andenes —que son parte de la vía pública— ni las
áreas de circulación peatonal, espacios que se hallan reservados para el
tránsito de toda persona sin interferencias ni obstáculos como, por ejemplo,
estacionamiento de vehículos y el levantamiento de casetas de vendedores
ambulantes.  Tampoco puede invadirse el espacio público con materiales de
construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías, ni con la improvisación
de espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro está sin
detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales deben
ejercerse de tal forma que no lesionen otros derechos y de conformidad con las
restricciones que impone el ordenamiento urbano a cargo de las autoridades
municipales”.
[102] MP Vladimiro Naranjo
Mesa. Allí se precisó
que “para que exista una violación al
derecho fundamental de locomoción respecto del libre tránsito por las vías
públicas, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) que se trate de un
vía pública; b) que efectivamente se prive a las personas del libre tránsito
por esa vía; y c) que se lesione el principio del interés general”. En este caso se decidió que una empresa
no violaba la libertad de locomoción de los accionantes al cobrar una suma de
dinero para transitar por una vía de su propiedad, pues aquella no tenía la
naturaleza de pública.
[103] MP Alejandro
Martínez Caballero. La Sala Séptima de Revisión estimó que la decisión de impedir el traslado de una persona por
una vía que conservaba el carácter de pública, se constituía en una omisión que
en forma continua y sucesiva violaba el derecho fundamental de elegir
alternativas legalmente constituidas y amparadas en los artículos 16 y 24 de la
Constitución.
[104] MP Hernando Herrera Vergara. En esta ocasión,
se resolvió confirmar los fallos proferidos por los jueces de instancia, en los
que se había decidido que la Delegación Departamental de la Registraduría
Nacional Del Estado Civil para Norte de Santander y Especial de Cúcuta, violaba
la libertad de locomoción de los vecinos del sector en el que se encontraba
ubicada al no tomar las medidas necesarias para evitar el malestar que generaba
su presencia; un flujo permanente de personas, vehículos, vendedores ambulantes
y plastificadores de cédulas, que generaba incomodidades tales como la
dificultad en el ingreso a los hogares de las personas que residían en el
vecindario.
[105] MP Eduardo Cifuentes
Muñoz, previamente analizada.
[106] MP Alejandro
Martínez Caballero. Allí se examinaron peticiones de vendedores ambulantes y
estacionarios, que reclamaban su derecho a trabajar por surgir decisiones
policivas de desalojo, orientadas a la recuperación del espacio público.
[107] MP Vladimiro
Naranjo Mesa. La situación fáctica de este caso planteaba una tensión concreta
en torno a la prevalencia de dos (2) derechos de rango constitucional: el
derecho al espacio público, como concepto que predomina sobre el interés
particular, y el derecho al trabajo de quienes se valen del espacio público
para ello.
[108] MP Álvaro Tafur
Galvis. En esta ocasión, se resolvió declarar EXEQUIBLE la expresión
“conducidos por una persona con limitación”, contenida en el artículo 60 de la
Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que la norma se refiere simplemente a los
vehículos que transportan a alguna de las personas destinatarias de dicha Ley.
[109] “Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de
discapacidad  y se dictan otras disposiciones”.
[110] MP Clara Inés Vargas
Hernández.
[111] MP Luis Ernesto Vargas
Silva.
[112] La definición de
edificio abierto al público puede consultarse en el pie de página número 75.
[113] MP Álvaro Tafur
Galvis.
[114] MP Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[115] MP Jaime Córdoba
Triviño.
[116] La Sala Cuarta de
Revisión puntualmente dispuso: “Ordenar al Concejo Municipal y a la Alcaldesa del
municipio de Mariquita -Tolima que, en la oportunidad que señala la ley,
adelanten las acciones correspondientes para que al aprobar el presupuesto de
la próxima vigencia fiscal se incluyan las partidas necesarias para eliminar
las barreras arquitectónicas en el Palacio municipal.  La administración
municipal, en cabeza de su alcalde, dispondrá de un término de dieciocho meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia para garantizar la
efectiva eliminación de las referidas barreras arquitectónicas”.
[117] MP Mauricio González
Cuervo.
[118] En detalle, se dijo lo siguiente: “El
análisis anterior permite concluir entonces, que se requiere un trato
diferenciado para las personas con enanismo, ya que estas personas se
encuentran en una situación distinta a la del resto de la población, que no afronta
los obstáculos descritos ni presenta esa condición, y que por lo mismo, afronta
una situación cierta de vulnerabilidad. Se trata entonces de un grupo
minoritario, tradicionalmente discriminado y que tiene necesidades específicas
en cuanto al acceso a bienes y servicios en razón de su talla pequeña, - en lo
que respecta a la altura de mostradores, timbres, pomos de puertas, etc., entre
otras limitaciones -, por lo que requiere un trato que facilite su igualdad
real en el goce y ejercicio de sus derechos. Esta población merece medidas de
protección especiales, que aseguren el disfrute real y efectivo de sus
atribuciones constitucionales”.
[119] MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[120] En este caso, la Sala concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la
accesibilidad, a la libertad de locomoción, al libre desarrollo de la
personalidad, a la autonomía, al trabajo y al mínimo vital del actor. Como medidas inmediatas se le
ordenó al Consejo
Superior de la Judicatura (i) la adecuación del mobiliario de las salas de
audiencias ubicadas en el primer piso del Complejo Judicial; (ii) la
implementación de las barandas y/o
pasamanos en todas las rampas y escaleras del primer piso observando las
especificaciones técnicas para el caso y, (iii) la disposición del personal o
de una brigada de guías para la atención y el acompañamiento que el actor y
otras personas en situación de discapacidad requirieran en los diferentes pisos
de la edificación. A mediano plazo, se le ordenó diseñar y ejecutar un plan
específico que garantizará el derecho fundamental del accionante y de la
población en situación de discapacidad a la accesibilidad y a la libertad de
locomoción.
[121] MP Clara Inés
Vargas Hernández.
[122] MP Mauricio González
Cuervo. Allí, se concedió el amparo y se sostuvo: “En el caso sub judice, si
bien el conjunto residencial actuó, en principio, acorde con las normas que
regulan la administración de los bienes comunes en el régimen de propiedad
horizontal puesto que la ley 361 de 1997 no estableció textualmente una
obligación de eliminar barreras arquitectónicas en las áreas comunes de los
conjuntos residenciales de propiedad privada; esta Sala considera que la
negativa del conjunto residencial Altos de Cañaveral de autorizar la
construcción de la rampa de acceso, bajo el argumento que se afectaría la
apariencia estética de la copropiedad convirtiéndola en un “adefesio” que
“menguaría el valor comercial de los apartamentos” y que el interés del
accionante en la construcción de la rampa no es “porque se esté afectando su
salud, su igualdad, ni su dignidad humana, sino es con la finalidad de
interactuar y tener vida social con los demás miembros del conjunto”, desconoce
tanto la histórica marginación y discriminación a la que ha sido sujeta la
población en condición de discapacidad, como desatiende por completo los
principios de solidaridad y dignidad humana que fundamentan el Estado social de
derecho e irradian todo el ordenamiento jurídico; constituyendo de esta manera
un acto de discriminación por omisión de trato más favorable”. “[…] En
consecuencia, impedir de manera absoluta la eliminación o supresión de una
barrera física o arquitectónica en el área común de un conjunto residencial, a
favor de una persona en condición de discapacidad sin considerar su situación
–omitiendo de esta manera brindarle un trato más favorable de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corte-, constituye de manera directa una vulneración al
derecho fundamental a la igualdad por discriminación”.
[123] MP Mauricio González
Cuervo. En
este caso, la Sala tuteló el derecho fundamental a la igualdad de la accionante
y le ordenó al edificio La Arboleda que dentro del término de dos (2) meses
obtuviera: “(i) el concepto de un profesional familiarizado con el tema
(arquitecto o ingeniero), respecto de las posibles alternativas encaminadas a
lograr la eliminación de la barrera arquitectónica que le impide el libre
acceso al edificio a la señora Hurtado; y (ii) una cotización respecto del
costo de ejecución de las mismas. Una vez obtenido el concepto y su respectiva
cotización, los copropietarios del edificio, asumiendo la responsabilidad a la
que se refiere la Ley Estatutaria de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y que les corresponde como parte integrante de la sociedad, debían
deliberar en un espacio participativo bajo criterios de razonabilidad y
sobretodo respetando el deber constitucional de solidaridad, sobre la
posibilidad fáctica y jurídica de implementar alguna de las alternativas
contenidas en el concepto; y, de hallar viable alguna de ellas, llevarla a cabo
dentro del término de 4 meses”.
[124] MP Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[125] MP María Victoria
Calle Correa.
[126] MP Mauricio González
Cuervo; SVP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[127] De acuerdo con los hechos de la
tutela, los accionantes eran deportistas destacados en el campo de la natación.
Incluso habían participado en diversas competencias nacionales e
internacionales consiguiendo
logros significantes.
[128] Sentencia T-553 de
2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), previamente analizada.
[129] El artículo 1 de la Constitución Política,
establece los principios y valores sobre los que se encuentra fundado el Estado
Social de Derecho, reconociendo en todo caso el respeto de la dignidad humana,
la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés
general. En la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), la Sala
Séptima de Revisión precisó ampliamente el alcance del derecho fundamental a la
dignidad humana, tras identificar tres (3) lineamientos claros y diferenciables
que construyen el contenido de esta garantía: (i) La dignidad humana entendida
como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse
según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida
como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y
(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).
Concretamente sostuvo lo siguiente: “La Sala concluye que el referente concreto
de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona
natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un
proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de
vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para
desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu
(entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización
del proyecto de vida). Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en
su conjunto, el objeto protegido por las normas constitucionales desarrolladas
a partir de los enunciados normativos sobre “dignidad”, principalmente el contenido
en el artículo 1 (Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria,...fundada en el respeto de la dignidad humana...)”.
[130] De la información
obtenida en la página web del centro comercial se desprende que este es la
oferta de moda a precio mayorista más grande de Colombia y es visitado por
compradores provenientes desde San Andrés hasta Ipiales y de Bolivia, Perú,
Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Costa de Marfil y Europa. Para mayor información puede consultarse el
siguiente portal: http://www.elgransan.com/site/index.php/el-gransan.
[131] Folio 31 del cuaderno
de Revisión.
[132] El peticionario
señala: “Ciertamente, manifiesto que no puedo comprender cuál es la protección
especial que se me está dando, pues no cuento con ninguna garantía
institucional para acceder a las instalaciones del Centro Comercial El GranSan
en ejercicio de mi trabajo, y tampoco como fruto de una política privada del
accionado a favor de las personas con discapacidad” (folio 6).
[133] Al expediente de tutela fue
allegado copia de una declaración juramentada rendida por el accionante
ante la Notaría Cincuenta y Nueve (59) del Círculo de Bogotá, el veintiséis
(26) de abril de dos mil dieciséis (2016) en donde dio a conocer su situación
de movilidad actual. En detalle, sostuvo lo siguiente: “Como consecuencia de un
accidente de tránsito, actualmente me desplazo en silla de ruedas por eso, se
me dificulta el ingreso al centro comercial, debido a que no tiene rampas de
acceso al mismo, ni rampas que conecten entre pisos. La batería de los baños
sanitarios para discapacitados queda en el tercer piso y no tiene habilitados
ascensores para subir (sic) finalmente, no puedo acceder a la zona de comidas,
ni a los demás locales distintos del primer piso, pues para subir del primer al
tercer piso solo hay escaleras tradicionales que limitan a la persona en
condición de discapacidad (sic) en general, el centro comercial no tiene la
capacidad instalada para la libre movilidad de una persona en condición de
discapacidad” (folio 31 del cuaderno de Revisión).
[134] Sentencia T-708 de
2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), previamente analizada.
[135] Folio 27 del cuaderno
de Revisión.
[136] Folio 27 del cuaderno
de Revisión.
[137] El señor Luis Ricardo Cortés
tiene la calidad de arquitecto proyectista y director de proyectos especiales
de la firma Desarq Ltda.
[138] Folios 35 al 38 del
cuaderno de Revisión.
[139] Dicho proyecto fue
contratado con la profesional y especialista en urbanismo y espacio público, la
arquitecta María Natalia Moreno Martínez, magister en gestión urbana.
[140] El contenido completo
del informe dice en detalle lo siguiente: “El espacio público permitió aplicar
la normativa para las personas con movilidad reducida, los decretos, cartillas,
andenes y mobiliario urbano, normas de accesibilidad etc., ver norma, esta hace
relación al manejo de las tabletas de la señalización táctil (tabletas táctiles
alerta y guía), tableta visual, manejo de las rampas peatonales esquineras para
el cruce vial con pendientes del plano inclinado del 10%, la rampa de acceso
vehicular con la señalización táctil; pendiente del 2% transversal para la
escorrentía de las aguas lluvias; con material modulas (sic) en adoquín en
concreto con gama de grises según norma (sic) que protegen el medio ambiente;
se manejó (sic) también materiales modulares de concreto como bordillo y
sardinel. Para la KR 11 se proyectó la terraza mejorada, se eliminó la rampa
para el desplazamiento de la carga y la descarga de encomiendas, dada (sic) que
la circulación en este punto de la misma no permitía la circulación de la silla
de ruedas por tener una sección transversal mínima. Se proyectó en el área de
la terraza para la protección de los peatones la baranda tipo M-82 indicada en
la cartilla del mobiliario urbano con esta se lograra la transparencia y
visualización de la terraza, dado que la existente no cumplía con la norma
vigente. La esquina del costado norte de la misma KR 11 el cambio de
escalinatas por una rampa peatonal de sección generosa de longitud adecuada que
permite el acceso de las encomiendas, de las personas con movilidad reducida, y
demás peatones usuarios del centro comercial El Gran San. El proyecto
urbanístico contemplo además la propuesta paisajística y mobiliario urbano, el
gran flujo de peatones usuarios del centro comercial El Gran San, en los días
del madrugón, no permitió desarrollar un paisajismo adecuado, por lo tanto se
revisará el tema de las materas de concreto las cuales ya está (sic)
normalizadas mediante resolución 925 de 2015, al igual por falta de
espacialidad en los dos niveles de circulación peatonal que dan acceso al
centro comercial” (folios 32 al 39 del cuaderno de Revisión).
[141] En la sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa) se indicó que “la defensa de los derechos no puede ser
formal. La misión del Estado no se reduce a expedir las normas y textos legales
que reconozcan, tan sólo en el papel, que se es titular de ciertos derechos. La
racionalidad estatal mínima exige que dichas normas sean seguidas de acciones
reales. Estas deben dirigirse a facilitar que las personas puedan disfrutar y
ejercer cabalmente los derechos que les fueron reconocidos en la Constitución”.
En esta oportunidad, la Sala Tercera de Revisión reconoció que Transmilenio era
una empresa que había demostrado ser sensible a la situación de las personas en
condición de discapacidad. De hecho, se constató que el Sistema Troncal de
Transmilenio era un ejemplo de la preocupación que se había tenido por atender
las necesidades de transporte de todos los habitantes de Bogotá, incluidas las
de este grupo de personas, que en razón a sus limitaciones seguían estando
marginadas y excluidas de la sociedad. Sin embargo, aseguró que los intentos y
aproximaciones de solución en materia de accesibilidad aunque resultaban
significantes y valiosos pues se erigían en pasos adicionales a los ya
recorridos, aun ponían en evidencia una omisión que debía ser subsanada
mediante acciones reales.
[142] La Constitución Política de 1991,
introdujo el principio según el cual no sólo importa la consagración formal del
derecho en el papel, sino, ante todo, la protección material del mismo en la
realidad. Bajo el orden constitucional vigente, no se garantizan los derechos
fundamentales de las personas al reconocerlos expresamente en los textos
legales, reglamentarios, judiciales y administrativos. Los derechos deben ser una
realidad, una vivencia; no meras expectativas y palabras hermosas, vacías de
todo contenido y reflejo en el mundo. Sobre el particular, consultar la
sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González
Cuervo). En esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión adoptó una serie de
órdenes encaminadas a superar el estado de cosas inconstitucional del Sistema
penitenciario y carcelario del país.
[143] La jurisprudencia
constitucional ha indicado que un plan del cual depende el goce efectivo de un
derecho fundamental, debe ‘avanzar sosteniblemente’; esto es, debe estar
encaminado a la consecución de nuevos logros que se puedan mantener en el
tiempo y no impliquen perder los ya obtenidos previamente. La acción
en estos casos debe ser realista, no puede tratarse de un plan tan sólo
simbólico, que no esté acompañado de acciones reales y concretas. Sentencia
T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo).
[144] Como se indicó en la sentencia T-388 de
2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo), “el plan con que se cuente se debe estar implementando
efectivamente. No tiene que estar culminado o muy avanzado; no tiene que haber
dado los resultados esperados, pero sí se requiere que se esté implementando.
No basta con la existencia de los programas y los documentos formales, como se
dijo, para que se esté progresando hacia la realización progresiva de la faceta
de un determinado derecho fundamental. El programa de gobierno más perfecto que
se pueda diseñar de nada sirve si no se lleva a la práctica”.
[145] Folio 28 del
cuaderno de Revisión.
[146] De acuerdo con la
información obtenida de la página web del Centro Comercial El GranSan, en la
actualidad el establecimiento cuenta con setecientos (700)
locales, trecientos (300) parqueaderos, zona de comidas, pasillos y plazoletas.
Para mayor información puede consultarse el
siguiente portal: http://www.elgransan.com/site/index.php/el-gransan.
[147] Queja presentada
ante la Alcaldía Local de Santa Fe, radicado No. ORFEO 2015030890100031E. En el
mismo sentido se presentó memorial ante la Curaduría No. 3 de Bogotá D.C, el
veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), radicado No. 16-3-0394
(folio 28
del cuaderno de Revisión).
[148] Folio 30 del
cuaderno de Revisión.
[149] Folio 29 del cuaderno
de Revisión.
[150] “Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de
discapacidad  y se dictan otras disposiciones”.
[151] Dicha información pudo
verificarse a través de la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia
de Notariado y Registro.
[152] Folio 40 del
cuaderno de Revisión.
[153] Sentencia T-595 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), previamente analizada.
[154] Sentencia T-595 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), previamente analizada.
[155] MP Juan Carlos
Henao Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, previamente analizada.
[156] Folio 11.
[157] Como lo ha sostenido esta Corte, “[…] el
juez constitucional no tiene como opción ‘abstenerse’ de cumplir su obligación
constitucional de proteger el goce efectivo de los derechos fundamentales,
cuando ha constatado que tales derechos son violados o están amenazados. El
juez de tutela está obligado a proteger los derechos fundamentales, por lo que
no hacer nada frente a graves violaciones es una opción que implicaría para el
juez renunciar a sus funciones básicas”. Sentencia T-388 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo).
[158] La solidaridad es uno de los pilares del
Estado social de derecho y se concreta en el preámbulo y en el artículo 95 de
la Constitución Política como principio y como deber genérico de todo ciudadano
de asistir a las personas que se encuentren en estado de debilidad.