T-966-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-966/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reemplazo de la
expresión "vía de hecho" por la de "causales genéricas de
procedibilidad"
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial
Como se observa en la evolución
jurisprudencial en la materia, a las vías de hecho caracterizadas básicamente
por la actuación caprichosa y arbitraria del operador judicial, se han sumado
otras hipótesis en que éste no es el factor determinante de la objeción a la
actuación judicial, pues si bien no configuran una burda trasgresión de la
constitución, sí se está frente a decisiones aparentemente ajustadas a derecho,
pero que resultan ilegítimas frente al ordenamiento jurídico por ser
violatorias de derechos fundamentales; por tanto, éstas conjuntamente con las
vías de hecho, pasan a integrar el excepcional cúmulo de eventos de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Lo
anterior deriva de que para la jurisprudencia constitucional, la competencia
asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, que radica en el principio de autonomía e independencia judicial, no es absoluta sino, una atribución reglada emanada
de la función pública de administrar justicia; que por lo mismo, se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y principalmente, por los
valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado
Social de Derecho. Así entonces, pese a la autonomía de los jueces para elegir
las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma
de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no les es dable apartarse de las
disposiciones de la constitución o la ley, ya que la justicia se administra con
sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de
forzosa aplicación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Requisitos
de procedencia
VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Casos en que se presenta
Refiriendo de manera especial a la vía de hecho por
defecto sustantivo, se precisa que ésta opera cuando la decisión se basa en una
disposición ostensiblemente inaplicable para el caso, bien porque perdió
vigencia, porque es inconstitucional, o porque no guarda conexidad material con
los supuestos de hecho que originaron la controversia. Es decir, si los
operadores judiciales desconocen las normas especiales que son aplicables al
caso concreto, por ese hecho, esas decisiones son susceptibles de ser atacadas
excepcionalmente en sede de tutela, pues violan el debido proceso. Una de las
formas en que se configura el defecto sustantivo, es aquella en que la
interpretación de las normas legales que hace el juez le llevan a fundar su
decisión en disposiciones evidentemente inaplicables al caso, y/o a inaplicar
la norma que es pertinente, es decir, da uso a la que no corresponde, o en todo
caso, cuando cambia el sentido de la ley.
DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD PENAL-Defecto
sustantivo
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000 Y
ALLANAMIENTO DE CARGOS EN LEY 906 DE 2004-Aplicabilidad del principio de favorabilidad
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL SEGUN
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Elemento
fundamental del derecho al debido proceso que no puede desconocerse
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-No distinción entre normas sustantivas y
procesales
TRANSITO LEGISLATIVO-Regulación de efectos está limitada por
aplicación del principio de favorabilidad
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Aplicación del principio de
favorabilidad en el sistema penal acusatorio
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
PENAL-Criterios
de aplicabilidad en la Ley 906/04
Se seleccionó el artículo 351 de la Ley
906 de 2004 como norma aplicable por favorabilidad, porque de acuerdo con su
contenido resultaba más benigna para la determinación jurídica de la sanción
punitiva, considerando que la rebaja de pena que contempla (i) es materialmente
más conveniente por permitir un menor tiempo de reclusión y con ello, (ii) se
limita en lo menos posible el derecho fundamental de libertad personal, (iii)
otorgando mayor amplitud al ejercicio del mismo. En
forma concordante, se resaltó para la misma selección de esa norma, el criterio
de la movilidad en la dosificación de las rebajas que dan los rangos de
descuento punitivo en las dos normatividades, considerando que por ser mayor la
que tiene el aplicador en el nuevo sistema, esto lo hace más permisivo. Estimó
que las diminuentes del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, son fijas porque de
acuerdo con la norma y según la etapa procesal en que se produzca el
allanamiento, las rebajas son de una tercera parte o de una octava parte;
mientras que  en la ley 906 de 2004, unas son movibles y otras fijas, a saber:
movibles las que determinan una rebaja de hasta la mitad ( artículo 351) y una
rebaja de hasta una tercera parte (artículo 352), y fija, un descuento de una
sexta parte ( artículo 367).
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL-Aplicación del nuevo código de
procedimiento penal para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia
de dicho código
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
PENAL-Debe
analizarse cada caso en concreto
DERECHO A LA IGUALDAD EN SISTEMA PENAL
ACUSATORIO-Aplicación
gradual por distritos judiciales/DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN SISTEMA PENAL
ACUSATORIO-Aplicación gradual por distritos judiciales/PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD PENAL-Delitos cometidos antes de la
vigencia del nuevo código de procedimiento penal
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
PENAL EN LEY 906 DE 2004-Análisis jurisprudencial
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000 Y
ALLANAMIENTO DE CARGOS EN LEY 906 DE 2004-Instituciones análogas con regulaciones punitivas
diversas
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
PENAL-Sentencia
anticipada Y aceptación de cargos son instituciones similares y coexistentes
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN RELACION CON
LA LEY 906/04-Procede
siempre y cuando no se esté frente a instituciones estructurales del nuevo
sistema
NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL-Formas de terminación anticipada del
proceso
NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL-Diferencias entre los preacuerdos y
negociaciones con el allanamiento de cargos
Aunque los preacuerdos y negociaciones
comportan en su esencia aceptación de responsabilidad por parte del imputado o
acusado, es decir, aceptación total o parcial de cargos como producto del
acuerdo, la independencia del allanamiento como segunda modalidad surge de su
regulación expresa por el artículo 293 de la Ley 906 de 2004, que claramente
los diferencia cuando estipula: “Procedimiento en caso de aceptación de la
imputación (en la audiencia de formulación de imputación): Si el imputado, por
iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se
entenderá que lo actuado es suficiente como acusación”. Conforme al texto de la
disposición mencionada, en el momento de la formulación de imputación existen
dos formas de aceptación de cargos: una unilateral y otra preacordada, cuyas
consecuencias están reguladas de manera independiente. La primera, por el
artículo 288 de ese ordenamiento que determina que cuando en desarrollo de la
audiencia de formulación de la imputación, el investigado acoge la posibilidad
de allanarse a la imputación, obtendrá la rebaja de pena del inciso primero del
artículo 351, que será hasta de la mitad de la pena imponible. La segunda, por
el artículo 356 numeral quinto, que disciplina el desarrollo de la audiencia preparatoria,
y establece que el juez dispondrá “que el acusado manifieste si acepta o no los
cargos”; y si los acepta, procederá a dictar sentencia rebajando la pena a
imponer “hasta en la tercera parte”.
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000 Y
ALLANAMIENTO DE CARGOS EN LEY 906 DE 2004-Normatividad prevista en nuevo sistema procesal penal
es mucho más favorable a efectos de imponer sanción
Referencia: expedientes acumulados números:
T-1352006, T-1352007, T-1352759, T-1352848
y T-1364833, correspondientes en su orden a las acciones de tutela instauradas
por los señores Mario León Orozco, Ignacio Morales, Leonardo Perilla, Rodrigo
Martínez y Homero Bernal, en contra de las Salas Penales de los Tribunales
Superiores de los Distritos Judiciales de Medellín, Neiva, Bogotá, Bucaramanga,
y San Gil, respectivamente, y algunos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad que obraron en primera instancia en relación con los
pronunciamientos de los Tribunales mencionados.
Magistrada ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil
seis (2006).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos emitidos por los jueces constitucionales de
instancia, dentro de los procesos de acción de tutela citados en la referencia
respecto de los cuales, la Sala de Selección número Seis de la Corte
Constitucional mediante autos del 8  y 22 de junio de 2006, dispuso acumular
los expedientes respectivos por presentar unidad de materia, para que fueran
decididos conjuntamente en una sola sentencia.
I.-  ANTECEDENTES.
Relación temática de los expedientes
acumulados
Todas las acciones de tutela en los
expedientes acumulados, tienen como origen la inconformidad de personas
condenadas a penas privativas de la libertad establecidas en sentencias
anticipadas dictadas de conformidad con el artículo 40  de la Ley 600 de 2000,
a quienes en algunas de las instancias de las autoridades encargadas del
control y vigilancia del cumplimiento de sus condenas, les negaron la
redosificación de sus penas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004, por lo que afirman, se les vulneró el debido proceso al no
darse en su favor la aplicación del principio de favorabilidad penal.
1.- Hechos y pretensiones:
La pretensión generalizada de los actores
en esas actuaciones, es que se les efectúe la redosificación de sus penas con
la nueva normatividad penal por serles más favorable, toda vez que, de acuerdo
con el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 la aceptación de cargos, implica una
disminución de la mitad de la pena, mientras que bajo los postulados del
artículo 40 de la Ley 600 de 2000, esta rebaja no era sino de la tercera parte.
Las razones por las que fueron negadas las
redosificaciones, permiten a su vez agrupar en tres bloques los casos
acumulados, según los fundamentos esgrimidos por las autoridades accionadas
para ello: 1) por no estar vigente la ley 906 de 2004 en el distrito judicial
respectivo; 2) porque los hechos tuvieron ocurrencia bajo la vigencia de la Ley
600 de 2000, y 3) por considerar que las instituciones jurídicas de sentencia
anticipada (artículo 40 de la ley 600 de 2000) y la aceptación de cargos
(artículos 351 y 352 de la ley 906 de 2004), son sustancialmente distintas.
De esta forma, a continuación serán
presentados sucintamente los hechos, argumentos y las pretensiones específicas
que cada actor expone para fundamentar su acción:
1.-  Porque la ley 906 de 2004, de acuerdo con la
gradualidad en ella determinada, no había empezado a regir en el distrito
judicial respectivo:
1.1-  Expediente T- 1352007.-
El señor
Rafael Ignacio Morales fue condenado en sentencia anticipada con rebaja de la
tercera parte de la pena. Interpone acción de tutela en contra de la Sala
Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva,
porque en auto de 11 de mayo de 2005 revocó la decisión que había adoptado el
Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad el 9
de febrero de ese año, aplicándole por favorabilidad penal el artículo 351 de
la Ley 906 de 2004 para redosificarle su pena, con lo que a la vez le concedía
el beneficio de libertad condicional.
El argumento
del Tribunal para esta determinación es que la rebaja dispuesta en el  artículo
351 de la Ley 906 de 2004, por favorabilidad sólo empezaría a operar en el
Distrito Judicial de Neiva en el año 2007 en que entrara a regir el nuevo
sistema penal en ese Distrito Judicial; y que por consiguiente, tampoco
tendría derecho a libertad condicional  por no haber completado las 3/5 partes
de pena cumplida.
Considera
que con esa decisión se le vulneran sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la libertad, y solicita al juez constitucional que
en su caso también se dé aplicación de la favorabilidad como en la sentencia
T-1211de 2005 proferida por la Sala Novena de Revisión de esta Corte.
1.2.- Expediente  T- 1364833.-
El señor
William Homero Bernal Callejas se acogió a sentencia anticipada y en su condena
la pena le fue rebajada por allanamiento a los cargos en una tercera parte.
Solicitó le fuera redosificada de su pena de acuerdo con el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004 por favorabilidad, y tanto el Juzgado Penal del Circuito de
Puente Nacional, Santander, el  10 de mayo de 2005 como la Sala Penal del
Tribunal Superior de San Gil al resolver la apelación en junio del mismo año,
le negaron su petición, considerando que no era procedente hacerle una mayor
rebaja de pena de la que se le había concedido por la ley 600 de 2000, en razón
a que la nueva ley no estaba en vigencia en los distritos judiciales de
Santander.
Interpone en
contra de esas autoridades acción de tutela porque estima que con esas decisiones
se le ha dado un trato desigual al que en las sentencias de tutela  de la Corte
Constitucional  T- 1211 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, y del 10 de
febrero de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño, se dio a los accionantes en sus
mismas condiciones, pues en ellas se determinó que los artículos 351 y 352 de
la ley 906 de 2004 guardan una misma filosofía con el artículo 40 de la ley 600
de 2000 y que por tanto, debían ser aplicados por favorabilidad en todo el
territorio nacional.
Dice que una
vez emitidos los anteriores fallos, formuló una nueva petición en el mismo
sentido exponiendo los argumentos de la Corte Constitucional, pero que esta
petición también le fue negada por el juzgado mediante auto de sustanciación,
aduciendo que ya se había pronunciado sobre el tema.
2.)- Porque los hechos por los cuales se profirió la
sentencia anticipada tuvieron ocurrencia en vigencia de la Ley 600 de 2000, y
de acuerdo con esta normatividad se dosificó la pena:
2.1.- Expediente T- 1352848.-
En este caso, al señor Rodrigo Martínez
Delgado que igualmente fue condenado con sentencia anticipada con rebaja de la
tercera parte de la pena por acogerse a los cargos formulados por la Fiscalia,
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga el 7 de junio de 2005, y
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad,
el 15 de septiembre de ese año, le niegan la redosificación de la pena por
favorabilidad según la ley 906 de 2004, aduciendo que dicha rebaja no procedía
por cuanto ya se le había efectuado la rebaja pertinente en los términos
legales vigentes al momento del fallo condenatorio, que eran los de la ley 600
de 2000, disminuyéndole la pena en la tercera parte; y porque la disminución
mencionada en el artículo 351 de la ley 906 de 2004, sólo se aplicaba a delitos
cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005, fecha en que entró en
vigencia dicha norma sustantiva, concluyendo por ende que sería improcedente
entrar a dosificarle nuevamente la pena.
Considera el sentenciado que por lo anterior, esas
providencias son constitutivas de “vías de hecho por defecto material o
sustantivo ante la aplicación inadecuada o interpretación arbitraria de una
norma penal adjetiva originando la desviación del poder”, y en razón a ello
interpone en su contra acción de tutela donde pide se le redosifique la pena,
declarando violado el derecho fundamental al debido proceso por desatender el
principio de favorabilidad penal, máxime cuando tal decisión tiene notorios
efectos o  incidencia en la obtención de su libertad efectiva de manera
anticipada.
3.- Por considerar que las instituciones
jurídicas de sentencia
anticipada por allanamiento a los cargos y de rebaja de pena por aceptación de
cargos en audiencia de imputación, son sustancialmente distintas.
3.1.- Expediente T- 1352006.-
El señor Mario León Orozco Duque, también
fue condenado en sentencia anticipada por haberse allanado a los cargos
formulados por la Fiscalia reduciéndosele la pena en una tercera parte. En esta
oportunidad, tanto el Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín el 11 de agosto de 2005, como el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad en septiembre del mismo año, le negaron la
redosificación de su pena de acuerdo con la ley 906 de 2004, aduciendo que la
institución que rebaja la pena a la mitad por acuerdo suscrito en la resolución
de imputación en esta ley, es diferente al beneficio que antes se consagraba
por la aceptación de cargos para dictar sentencia anticipada de acuerdo con el
artículo 40 de la Ley 600 de 2000.
Por estas decisiones, el señor Orozco
promueve acción de tutela en contra de las mencionadas autoridades judiciales,
alegando que de acuerdo con las reiteradas enseñanzas de la Corte Constitucional[1],
las autoridades accionadas incurren en vía de hecho por defecto sustantivo,
debido al empleo de interpretaciones inconstitucionales de la Ley 906 de 2004,
porque desbordan el principio de autonomía judicial; por inaplicación de las
disposiciones pertinentes por favorabilidad,  y  porque le causan un grave
perjuicio toda vez que en su caso, lo solicitado implicaría que una vez
disminuída la pena y abonados el tiempo de detención física y las rebajas por
trabajo y estudio, tendría derecho a la libertad condicional por cumplimiento
de las tres quintas partes de la pena.
Afirma que
interpuesta la presente tutela y proferido el fallo de revisión citado, vuelve
a presentar al juzgado solicitud para la redosificación por favorabilidad, y en
esta oportunidad le es concedida, el 21 de febrero de 2006, aduciendo el juez
cambio jurisprudencial.
3.2.- Expediente T- 1352759
Al señor
Leonardo Perilla Ávila quien fuera condenado en sentencia anticipada con rebaja
de la tercera parte de la pena, se le niega la mencionada redosificación de
conformidad con la ley 906 de 2004, esta vez por decisión del Juzgado 35 Penal
de Circuito de Bogotá, del 13 de septiembre de 2005, que luego es confirmada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 24 de
noviembre de 2005, tomándose como fundamentos de la negativa, los criterios
interpretativos dados por la Corte Suprema de Justicia respecto de la falta de
identidad jurídica entre las instituciones de sentencia anticipada y de
aceptación de cargos.
La acción de
tutela  fue interpuesta considerando vulnerado el debido proceso por este hecho
y porque las mencionadas autoridades no le reconocieron al actor la atenuante
de “estado de provocación” a que la Fiscalía  de turno en la formulación de
cargos hizo alusión. Esta última petición le fue negada una vez analizado y
valorado el acervo probatorio del proceso, donde se concluye por los jueces que
la circunstancia atenuante mencionada por la Fiscalia, no tenía respaldo
probatorio en el proceso.
Las
peticiones en la tutela se dirigen entonces, a que se le aplique el principio
de favorabilidad redosificándole la pena según el artículo 351 de la Ley 906 de
2004, y que se le reconozca la atenuante del estado de provocación dispuesta en
el artículo 57 del Código Penal porque así fue considerado por la Fiscalia.
2.- Respuestas de las autoridades judiciales
accionadas.
2.1.-  Expediente T- 1352006.-
En el auto en que se admite el trámite de esta tutela,
se señalan como accionados al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de “Cartagena” y a la Sala Penal del tribunal Superior “de
la misma sede”, ordenando la notificación de la actuación a estas
autoridades; luego, se corrige la jurisdicción de las autoridades que se
vinculan por la de “Medellín”,  y ellas ofrecen las siguientes
respuestas:
2.1.1.- El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín, allega copia del auto del 21 de febrero del año en curso en que
después de instaurada la presente acción, “redosificó la pena en aplicación
a la Ley 906 de 2004 y le redimió la pena” e informa, que en esa fecha, “solicitó
a la Penitenciaría Nacional de Itagüi - Antioquia, la resolución favorable o
no, sobre la libertad condicional”, para resolver a su recibo conforme a
derecho.
Al respecto, advierte la Sala que la presente tutela
fue interpuesta el 13 de diciembre de 2005, adjuntándose como fallo acusado el
Auto 1360  del 11 de agosto de 2005 proferido por el Juzgado Sexto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín en que su rotulación señala: “Actuación:
Niega petición de favorabilidad”, como efectivamente se dispone en la parte
resolutiva expresando: “ No acceder a las pretensiones del señor (a) MARIO
LEÓN OROZCO DUQUE, orientadas a que se le aplique la Ley 906 de 2004 y Ley
975/05, decisión que se fundamenta en las razones consignadas en la parte
motiva”.
Lo anterior, por cuanto en la respuesta del juzgado
que se comenta, no se alude para nada a la anterior decisión que es la
controvertida, sino que se aporta copia del Auto 0445 de 21 de febrero de 2006[2]
proferido por la misma funcionaria, que es esencialmente contrario al acusado,
toda vez que en la rotulación señala “Actuación: Aplica principio de
favorabilidad 906 y redención de pena”,  y en la parte pertinente de la
resolutiva dice: “ PRIMERO: REDOSIFICAR a  MARIO LEÓN OROZCO DUQUE, la pena
que le impuso el Juzgado Segundo Único Especializado de Cartagena de Indias,
por porte o tráfico de estupefacientes, en aplicación del principio de
FAVORABILIDAD consagrado en la Ley 906 de 2004 art. 351 y en consecuencia
SEÑALAR que la pena que en definitiva debe descontar, es de... SEGUNDO: REDIMIRLE
al sentenciado,....”, decisión que fue notificada personalmente al actor el
24 de febrero del año en curso.
2.1.2.- En nombre de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Medellín, responde el magistrado Santiago Apráez Villota como
presidente de la misma. Manifiesta que la determinación acusada simplemente
corresponde a una línea jurisprudencial de ese Tribunal, que en su oportunidad
prohijó la postura mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia frente al tema
de la aplicación del principio de favorabilidad en punto de la rebaja prevista
en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 planteado en los estrados judiciales;
por lo que considera, esa Sala no hizo más que reiterar la postura indicada por
la Corte Suprema en fallo del 23 de agosto de 2005 sobre la materia, los que
transcribe.
Estima que por equivocada que parezca a algunos esa
línea de pensamiento, jamás podría constituir una vía de hecho por defecto
sustantivo, como quiera que no corresponde a una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión, y menos aún, al capricho de
los integrantes de la Sala, máxime cuando existen frente al tema de la rebaja
de penas, disímiles interpretaciones que han dado para candentes debates, todas
posibles y razonables con respaldo del ordenamiento jurídico, las cuales
reflejan que la aplicación de la Ley no corresponde al querer del funcionario
ni a una ostensible contradicción con el texto de la norma, que es lo que
justamente distancia una interpretación judicial de una vía de hecho.
Por lo anterior, solicita que la protección tutelar
pedida por el accionante sea declarada improcedente, teniendo en cuenta además,
que los pronunciamientos de la Corte Constitucional en sentido contrario a la posición asumida por el Tribunal, se
produjeron el 24 de noviembre de 2005 y 10 de febrero de 2006 con posterioridad
al fallo emitido por la Sala que él preside, fechado el 23 de septiembre de
2005; y que así, al haber variado la jurisprudencia a favor de los procesados,
éstos pueden acudir nuevamente al juez de primera instancia de acuerdo con lo
previsto por el artículo 79/7 de la Ley 600 de 2000.
2.2.-  Expediente T- 1352007.-
En respuesta a la acción interpuesta en su contra, el
ente accionado se limita a remitir copia de la decisión cuestionada.
De acuerdo con el texto de esta providencia, el
Tribunal partió de los criterios que para solucionar los conflictos sustantivos
o procedimentales de las leyes penales en el tiempo, trae el artículo 45 de la
Ley 153 de 1887, para luego precisar que los mismos determinan qué norma ha de
aplicarse cuando una conducta o un proceso es susceptible de ser regulado por
varias normativas, permitiendo entonces concretar la aplicación del principio
de favorabilidad.
Así determinó que como los hechos del caso bajo su
estudio ocurrieron en agosto de 1999 y en Neiva, de acuerdo con las expresas
disposiciones sobre vigencia de la Ley 906 de 2004 para ese territorio, que
sólo ocurriría hasta enero 1º de 2007, no existía sucesión normativa, por no
estar esas normas vigentes allí todavía, lo que era supuesto indispensable para
el efecto. En consecuencia, negó la aplicación de la favorabilidad del artículo
351 a hechos acaecidos antes de esa vigencia, o sea para quienes hayan
delinquido en el distrito judicial de Neiva en vigencia de la Ley 600 de 2000.
Argumentó igualmente el Tribunal, que según criterio
de la máxima autoridad judicial en materia penal[3], la fórmula
que establece que la ley procesal aplicable a cada caso es la que se halle
vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, representa una notoria
variable frente al texto adoptado en el artículo 6º de la Ley 600 de 2000, y
con ese fundamento e invocando los presupuestos establecidos por la Corte
Constitucional para la aplicación del test de igualdad, desestimó el trato
discriminatorio hacia el condenado.
Luego, tras
efectuar un análisis de las actuaciones que son permitidas al acusado en cada
una de las normatividades y del momento en que pueden surtirse las mismas,
-concretamente refiriéndose a la anterior aceptación de cargos y a los
preacuerdos o negociaciones con la fiscalía del nuevo ordenamiento-, concluyó
que  los supuestos procesales de los dos sistemas no eran los mismos, y ello
excluía su identidad para la aplicación de la favorabilidad penal. Se indicó
además, que si en gracia de discusión se quisiera acudir a esta figura, debía
tenerse en cuenta que en el mismo artículo 351 se establece la discrecionalidad
del funcionario para fijar el porcentaje de esa reducción y por tanto,
perfectamente no podría llegar al 50%, mientras que la rebaja de pena por sentencia
anticipada, está fijada en la 1/3 u 1/8 parte, dependiendo solamente del
momento procesal en que se solicite la terminación anticipada del proceso.
2.3.- Expediente T- 1352759.-
2.3.1.- En la respuesta del Juzgado 35 Penal del Circuito, se
informa que el 30 de abril de 2004 condenó en sentencia anticipada al
accionante y que la pena fue modificada en segunda instancia por el Tribunal.
Que luego de ejecutoriada esta última
decisión, el defensor del condenado solicitó aplicación del principio de favorabilidad
para readecuar su pena, en dos vías: (i) por existir la atenuante de un estado
de provocación, y por (ii) por redosificación de la pena de acuerdo con la
nueva normatividad penal por ser las rebajas de pena más favorables, peticiones
que le fueron negadas por las siguientes razones:
(i) El reconocimiento del estado de
provocación, porque éste en razón de su planteamiento en el acta de formulación
de cargos, fue objeto de discusión y controversia en las sentencias de
instancia. Sobre el punto del fallo de primera instancia cita las siguientes
consideraciones por las que no se accedió a su reconocimiento: “De la atenta
y cuidadosa lectura de la indagatoria del procesado, se refiere a unos hechos o
circunstancias que resultan ilógicos e increíbles para poder deducir “la
provocación” que menciona la Fiscalia, máxime si se encontraba bajo el influjo
de bebidas embriagantes, siendo el alcohol etílico depresor del sistema
nervioso central...” --”...Fuera de la no (sic) estar probada la
existencia de esas supuesta “provocación” que mencionó la señora Fiscal
Delegada, tampoco se ha demostrado que el sindicado haya sufrido esa alteración
emocional intensa...”; y de la sentencia de segunda instancia transcribe: “En
cuanto al reconocimiento de la alegada provocación, esta Sala comparte los
planteamientos expuestos por el a quo, ya que de los elementos de juicio
allegados al expediente, se vislumbra que el actuar del Sr. Perilla Ávila, no
se produjo en circunstancias de alteración emocional excusable determinado por
el comportamiento de la víctima...”.
(ii) Sobre la redosificación de la pena por
favorabilidad de la nueva normatividad, manifiesta que la negación en ambas
instancias  se da porque se siguió la jurisprudencia que sobre el tema había
pronunciado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A ello adicionó que
en gracia de discusión, si esa aplicación fuera procedente, la disposición del
artículo 351 de la Ley 906 de 2004 en ningún momento determina que la rebaja
siempre sea de la mitad, sino que puede ser “hasta la mitad”, y dentro
de ese rango, se encuentra la rebaja de la tercera parte que se le otorgó en
virtud de la Ley 600 de 2000.
Así, considera este accionado que se está
frente a una improcedencia de la tutela porque lo que se pretende es revivir el
debate y que pudiendo acudir en casación, el actor no lo hizo, por lo que los
pronunciamientos referidos hicieron tránsito a cosa juzgada.
2.3.1.- Los Magistrados del Tribunal accionado, no
respondieron la demanda de tutela.
2.4.-  Expediente T- 1352848.-
2.4.1.- El Juzgado 2º Penal del Circuito de Bucaramanga en su respuesta, se
limita a efectuar un recuento cronológico de lo que ha sido el sentido de las
decisiones adoptadas en relación con el accionante, sin hacer ninguna
referencia a los fundamentos de las mismas.
2.4.2. El Magistrado ponente de la decisión acusada en respuesta, sostiene que
ese fallo está muy lejos de constituir una vía de hecho por hallarse
debidamente fundamentado, estar basado en una interpretación razonable de las
normas procesales, y porque a su vez atiende y respeta la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia, como puede verse en la
simple lectura de esa decisión.
Que no se demostró equivocación de esta interpretación
en materia grave, por cuanto no se ha determinado unánimemente si la figura de
la aceptación de cargos entendida como una forma de terminación anticipada del
proceso, en ambos estatutos es igual para que opere la favorabilidad, ni que lo
previsto en el artículo 351 sea más favorable a los intereses de quienes con
anterioridad a la vigencia de este precepto se acogieron a sentencia
anticipada.
Que al respecto, existen varios criterios entre los
cuales la Corte Suprema de Justicia acogió aquel que señala que los dos
institutos de trato son diferentes en los dos sistemas procesales y por tanto,
no puede predicarse  el principio de favorabilidad que reclama el accionante;
criterio que dice, comparte la Sala que preside y que fue fundamento de la
decisión que se ataca.
Señala que
la aceptación de cargos para sentencia anticipada de la ley 600 de 2000
comporta una rebaja de pena que es fija y no depende de ninguna negociación, ni
hace distinción entre quienes se acogen a la figura hasta antes de la
ejecutoria del cierre de la investigación; que en cambio, el nuevo sistema sí
hace diferenciación entre quien se allana a los cargos a su propia iniciativa
en la audiencia de imputación, evento en que el juez bajo su criterio
ponderado, es quien fija la rebaja que puede ir hasta la mitad de la pena
imponible; y el que posteriormente llegue a un preacuerdo con  la Fiscalia,
hasta antes de la presentación de la acusación, situación en la que la pena
depende del acuerdo, sin que pueda el juez apartarse de él para fijarla el
monto de la rebaja a su criterio.
2.5.- Expediente T-1364833.-
2.5.1.- El Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional, presenta un resumen
cronológico del sentido de algunas decisiones proferidas en el caso del
accionante, manifestando que por auto de sustanciación de marzo 6 del año que
avanza se negó la solicitud de redosificación de la pena por cuanto la ley no
estaba vigente en ese territorio, y ya en pretérita oportunidad se había
pronunciado sobre ese tema.
2.5.2.- El Tribunal  de San Gil se limita a remitir copia de la decisión que
confirma la negativa a la aplicación de la favorabilidad solicitada por el
accionante.
II.-  DECISIONES DE
TUTELA QUE SE REVISAN.-
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia fungió como juez constitucional de primera y única instancia, ya que
ninguna sentencia fue impugnada, en todas las actuaciones en Revisión,
decidiendo negativamente las tutelas con fallos en contra de los cuales se formularon,
en todos los casos, 3 salvamentos de voto y una aclaración.
El criterio cardinal para la negativa de esa
Corporación, fue la falta de identidad entre los supuestos de hecho por los que
se otorgan los beneficios referidos en las dos legislaciones, lo que en su
opinión, desvertebra la sucesión legal del objetivo en las normas en conflicto
que es requisito sine quanon para la aplicación de la ley penal por
favorabilidad.
Es de anotar que todos los fallos de instancia en la
tutela, fueron emitidos con posterioridad a las sentencias T-1211 de 2005 y
T-091 de 2006 de esta Corporación, que fueran invocados como precedente de
decisión para el tema en todas las actuaciones. En ellos se esbozaron las
siguientes consideraciones:
1)
En los expedientes T- 1352006 y T- 1352007, además de la coincidencia de
su fecha de emisión, marzo 14 de 2006, se presentan idénticos los contenidos de
las providencias a partir del acápite de “Fundamentos de la acción”,
excepción hecha de los aspectos específicos de identificación de cada proceso.
En estas decisiones, al igual que en la que corresponde al expediente
T-1352848 proferida el 7 de febrero de esta anualidad que contiene
argumentos adicionales, en la parte motiva se efectúa el siguiente análisis:
1.1) Advierte esa Corporación, que no obstante las
conclusiones a que llegó una de las Salas de Revisión de la Corte
Constitucional en la sentencia T-1211 de 2005[4], esa autoridad
seguía considerando que las interpretaciones que han surgido sobre la
procedencia o improcedencia de la rebaja de pena hasta la mitad prevista en el
artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a casos en los que se aplicó la diminuente
del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, responden a posturas serias, razonadas y
fundadas, que consultan los principios y garantías constitucionales; y que como
tales, no pueden ser calificadas de vía de hecho.
En ese orden de ideas, reprodujo apartes de las
consideraciones efectuadas por esa Colegiatura en otras sentencias alusivas al
tema[5],
y en ellos fundamenta la persistencia en su posición, estimando que por
tratarse de casos similares a los resueltos con esos razonamientos, la decisión
debía mantenerse en el mismo sentido. Estos argumentos en síntesis expresan
que:
(i) La rebaja de la pena hasta la mitad prevista en el
artículo 351 de la Ley 906 de 2004, no es aplicable por favorabilidad a casos
de sentencia anticipada (artículo 40 de la Ley 600 de 2000) “porque para
ello es necesario que los supuestos fácticos y procesales que gobiernan los
institutos sean idénticos, y entre la sentencia anticipada de la ley 600 y los
preacuerdos de la ley 906, se advierten diferencias procesales y sustanciales
que impiden su equiparación”;
(ii) Que no hay esa identidad porque se
advierte que se está ante modelos procesales diferentes “desde el momento en
que se establece que la diligencia de audiencia de formulación anticipada de
cargos no tiene existencia en la codificación procesal de 2000, y entonces hay
que hacer un esfuerzo desmedido para encontrarle parangón. Pero no se trata
solo de eso. Más allá de las diferencias que puedan advertirse y que de hecho
se advierten entre los dos institutos, deben tenerse en cuenta los principios,
antecedentes, finalidades y proyecciones político criminales que han
determinado su estructuración”;
(iii) Que “la filosofía e importancia de la
sentencia anticipada del estatuto anterior, no es la misma del allanamiento y
de los acuerdos del sistema oral”, porque en la normatividad anterior, la
terminación anticipada constituía la excepción a la ordinaria que se producía
después de recorrer todos los estadios procesales; mientras que en el oral, se
busca que la terminación anticipada sea la norma y la finalización por vía
ordinaria  la salvedad;
(iv) Que por esto, “la rebaja de penas hasta la
mitad prevista en el inciso primero del artículo 351 de la ley 906 de 2004, no
puede ser entendida como un instrumento orientado a hacer mas laxa la respuesta
del Estado frente a la criminalidad, sino como medio para ofrecer una
alternativa seductora al implicado que evite que el proceso discurra por todas
sus etapas, en un modelo que en términos de recursos económicos es mucho más
costoso que el anterior, no solo por la infraestructura que demanda sino por el
precio horas hombre que significa el desfile de elementos cognoscitivos frente
al juez”;
(v)  Que la reducción de la pena del artículo 351, es
un instrumento de política criminal  con el que no se tiene la intención en el
nuevo régimen de imponer penas más benignas, porque para ello hubiera bastado
reformar el código penal en tal sentido; pero que “lo hizo para aumentar las
penas y dotar al sistema de una herramienta que sedujera a la mayoría de los
procesados, y permitiera finiquitar tempranamente el proceso sin mayores
esfuerzos y gastos procesales”, pues, “no en vano el incremento punitivo
entraría a regir con el nuevo sistema”;
(vi)  Que  la mayor rebaja de pena por terminación
anticipada en el sistema oral, obedece a la mayor drasticidad de las penas en
el mismo; y así “el derecho premial no puede convertirse en una dádiva
punitiva, so pretexto de aplicar el principio de favorabilidad para beneficiar
con la misma rebaja a quienes vienen siendo juzgados por los mismos delitos con
penas más benignas”.
En la sentencia del expediente T-1352848, en la que
originalmente se formulan las tesis trascritas, adicionalmente a lo que se ha
referido, se consideró que la aplicación de las rebajas de pena del artículo
351 a delitos con penas más benignas del anterior sistema, generaría una
inequidad manifiesta de imposible justificación y en desmedro de la justicia;
por ello, estimó que “si no se asume la solución de los conflictos desde la
perspectiva del sistema, desde los fundamentos del Estado y los principios del
derecho penal, la realización del postulado de igualdad y de proporcionalidad
entre la afectación del bien jurídico y la respuesta punitiva, quedarían en
entre dicho por fuerza de interpretaciones que conducen a soluciones
abiertamente contradictorias, como la que se ha expuesto”.
Atendiendo
al hecho de que en las decisiones que revisaba se reproducen los anteriores
planteamientos, el juez de tutela las consideró como ajustadas a derecho por lo
que concluyó que las acciones de tutela interpuestas eran improcedentes, en
razón a que este mecanismo no procede sino en contra de actos que sólo tienen
apariencia de decisiones judiciales, en cuanto son vías de hecho a las que se
llega porque en ellas subyacen defectos orgánicos, sustantivos o
procedimentales, o por la insuficiente sustentación o justificación de la decisión,
o por ignorar el precedente judicial, por la inducción en error a la autoridad
judicial, o por adoptar interpretaciones incompatibles con la Carta,
irregularidades que no encontró en los fallos enjuiciados.
2)
En el expediente T-1352759, se dicta sentencia negando la tutela el 14
de marzo de 2006. En ella se abordaron dos problemas jurídicos: a) el primero,
atinente a la redosificación de la pena por favorabilidad en los términos en
que se debate el tema en esta actuación, y b) el segundo, referente a la
dosificación punitiva por el “estado de provocación”.
En orden a
resolver los problemas planteados, los fundamentos de esta decisión en lo que
hace al primer problema mencionado, se muestran coincidentes con los de las
anteriores. Al punto consideró la Sala de Casación Penal que el tema objeto de
discusión, está circunscrito a un asunto estrictamente interpretativo de la
Ley, circunstancia que imposibilita al juez de tutela inmiscuirse en lo que es
tema propio y exclusivo de las autoridades competentes que actúan como jueces
naturales.
Bajo esta perspectiva estimó esa Sala que como la
tutela sólo es viable cuando no se cuente con otro medio ordinario de defensa,
y el actor en el caso hizo uso de ellos dentro del trámite judicial ordinario
que corresponde a la ejecución de la sanción dispuesta en su contra, frente a
las decisiones adoptadas por el competente para ello, no tiene facultad para
interferir en el asunto el juez de tutela.
Así, al encontrar adecuados los fundamentos fácticos y
jurídicos de los fallos, y razonable la interpretación de la ley, se avalaron
las decisiones de las instancias ordinarias que disponían no reducirle la pena
por favorabilidad penal, por falta de identidad entre los objetivos legales de
los preceptos a aplicar, ni por el estado de provocación ante la ausencia
probatoria del mismo.
Para el segundo problema jurídico, advirtió la Sala de
Casación que ante la determinación del Tribunal, el accionante tuvo oportunidad
de acudir a la casación esgrimiendo los argumentos del desconocimiento de la
diminuente punitiva de “estado de provocación” que formula en la solicitud de
amparo tutelar, y como no lo hizo, se denota la improcedencia de la utilización
del instrumento de carácter residual.
3) En
el expediente T-1364833, la misma Corporación profiere fallo en idéntico
sentido, el 4 de abril de 2006. Dice que el tema en debate alude a una
problemática jurídica relativa a la aplicación retroactiva y favorable del
artículo 351 de la ley 906 de 2004, a hechos cometidos con anterioridad a su
vigencia, y para casos en que se profirió sentencia anticipada bajo el artículo
40 de la ley 600 de 2000; y que en relación con éste, la posición mayoritaria
que esa Sala ha adoptado, es no considerar viable tal aplicación y en los
fallos  de las instancias atacados se limitan a reiterarla, por lo que hay
ausencia de vías de hecho en ellas.
Destaca del fallo la Sala de Casación, los argumentos
por los que se sostiene la falta de identidad de las instituciones jurídicas
cuando señala que: (i) la aceptación de cargos prevista en las normas de la Ley
906 de 2004 ( arts. 351, 352, 356-5 y 367), constituye por regla general un
acuerdo bilateral entre el Fiscal y el imputado en el que pueden negociar el
monto de rebaja punitiva, evento en el que corresponde al juez de conocimiento
dictar la sentencia teniendo en como guía dicho acuerdo, salvo que advierta la
trasgresión de garantías fundamentales; por lo que la rebaja no es unilateral
como sucedía en el pasado régimen de sentencia anticipada; y porque (ii) las
figuras pertenecen a sistemas procesales de enjuiciamiento contrapuestos,
conclusión lógica y jurídica que necesariamente lleva a excluir la pretendida
aplicación del principio de favorabilidad porque este sólo opera ante la
coexistencia de legislaciones posibles, lo que se verifica cuando los dos
institutos parten de los mismos supuestos de hecho, evento que en este caso no
ocurre.
III.- PRUEBAS.-
Se consideran relevantes de las allegadas a los
expedientes acumulados:
1.- Expediente T-1352006.-
-
Copia de la sentencia
anticipada[6]
-
Decisiones de primera y
segunda instancia que niegan la petición de favorabilidad.[7]
2.- Expediente T-1352007.-
-    Copia de la sentencia anticipada[8]
-
Decisión de segunda
instancia que revoca la aplicación de la favorabilidad.[9]
3.- Expediente T-1352759.-
-
Copia de la sentencia
anticipada[10] y modificación de la
misma en apelación[11] .
-
Decisiones de primera y
segunda instancia que niegan la petición de favorabilidad.[12]
4.- Expediente T-1352848.-
-
Copia de la sentencia
anticipada[13].
-
Decisiones de primera y
segunda instancia que niegan la petición de favorabilidad.[14]
5.- Expediente T-1364833.-
-
Copia de la sentencia
anticipada[15].
-
Decisión de segunda
instancia que niega la petición de favorabilidad.[16]
IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Sala es competente para conocer de los fallos
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991.
Actuaciones en la Corte Constitucional.-
Ante la identidad temática de los casos en estudio, en
las Salas de Selección respectivas se dispuso su acumulación para que fueran
fallados en una misma sentencia, siendo repartidos los expedientes para su
sustanciación a la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández.
En este trámite, la Sala Novena de Revisión encontró
necesario para un mejor proveer, contar con todas las sentencias anticipadas
proferidas a los accionantes y por ello, mediante Auto fechado el 15 de
septiembre de 2006[17], dispuso fueran
allegadas a la actuación las faltantes, suspendiendo en el mismo acto los
términos para fallar.
En cumplimiento de la anterior orden, se recibieron en
esta Corte las sentencias anticipadas impuestas a los accionantes Rafael
Ignacio Morales, expediente T-1352007, y William Homero Bernal Callejas,
expediente T- 1364833.
2.-  Problema Jurídico.
En esta oportunidad la Sala debe dilucidar si en las
situaciones fácticas que rodean los casos en estudio, por ellas agrupados para
esta etapa de Revisión, se dan los presupuestos para aplicar por favorabilidad
el artículo 351 inciso 1° de la Ley 906 de 2004 - aceptación unilateral de
cargos - a los accionantes que fueron condenados acogiéndose a sentencia
anticipada conforme al artículo 40 de la Ley 600 de 2000, para con ello
establecer, si se configura violación del principio de favorabilidad penal y
por ende al debido proceso con la negativa  de las autoridades accionadas a
acceder a la redosificación de las penas de los actores al amparo del
mencionado artículo 351, al considerar que ello no es posible porque:
1) La ley
906 de 2004 de acuerdo con la gradualidad en ella determinada, no había
empezado a regir en el distrito judicial respectivo;
2) Los
hechos por los cuales se profirió la sentencia anticipada tuvieron ocurrencia
en vigencia de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con esta normatividad se
dosificó la pena; o,
3) Por
considerar que las instituciones jurídicas de sentencia anticipada (artículo 40
de la ley 600 de 2000) y la aceptación de cargos (artículos 351 y  352 de la
ley 906 de 2004), son sustancialmente distintas al punto de no generarse entre ellas
una sucesión en el objetivo legal de regulación, siendo este requisito sine
quanon para la aplicación del principio de favorabilidad.
Previo a
resolver el problema jurídico suscitado, la Sala reiterará (i) los criterios
generales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, a propósito de la configuración de vías de hecho y
(ii) sobre la aplicación del principio de favorabilidad en relación con la Ley
906 de 2004 conforme la sentencia C-592 de 2005 y demás pronunciamientos de
ésta corporación. Con lo anterior, entrará a resolver los casos en estudio,
explicando además los criterios con que en sede de revisión se han entendido
las instituciones jurídicas de la sentencia anticipada y de la aceptación de
cargos, de cara  a la aplicabilidad del principio de favorabilidad en materia
de redosificación de la pena.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando en éstas se haya incurrido en vía de
hecho.
3.1.- Conforme al mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución, la
Corte Constitucional ha dispuesto una doctrina a cerca de la procedencia de la
acción de tutela contra las providencias expedidas por las autoridades
judiciales.  En un comienzo, esta atribución tuvo fundamento en los artículos
11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, dichas disposiciones fueron
declaradas inexequibles en la sentencia C-543 de 1992[18],
en la cual se consideró que valores como la seguridad jurídica y la cosa
juzgada son relevantes en nuestro sistema normativo y justifican la
intangibilidad de las decisiones judiciales. No obstante lo anterior, en esa
misma providencia se advirtió que ciertos actos no gozan de esas cualidades y
que, por tanto, frente a actuaciones de hecho la acción de tutela sí
procede para proteger los derechos fundamentales. La Corte afirmó en ese
entonces:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función  de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, (...).
En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia”.
Así las cosas, a partir de la sentencia T-079 de 1993[19],
con base en una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde
concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial y respetando la ratio
decidendi de la sentencia C-543 de 1993, paulatinamente se fueron
definiendo el conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la
procedencia del amparo para que se protejan los derechos fundamentales de
quienes acuden al Estado para que resuelva un conflicto a través de la
administración de justicia.
Posteriormente, la Corte agrupó el enunciado dogmático
“vía de hecho”, previsto en cada una de las sentencias en donde
se declaró que la tutela era procedente frente a una actuación judicial
anómala, e ideó los criterios de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Éstos constituyen pautas que soportan una
plataforma teórica general de la acción de tutela contra actuaciones
jurisdiccionales y, por tanto, constituyen el trasfondo de las causas que
pueden generar la violación de la Constitución, por la vulneración de los
derechos fundamentales en la cotidianidad de las prácticas judiciales.
La nueva enunciación de tal doctrina ha llevado, en
últimas, a redefinir el concepto de vía de hecho, declarado como el acto
absolutamente caprichoso y arbitrario[20], producto de la carencia
de una fundamentación legal y con la suficiente envergadura para concernir al
juez constitucional.  En su lugar, con la formulación de los criterios,
se han sistematizado y racionalizado las causales o defectos con base en un
mismo origen: la penetración de la Constitución y los derechos fundamentales en
la rutina judicial.  Al respecto, en la sentencia T-949 de 2003[21],
la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha
redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder
de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2
C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la
Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso
conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de
procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión
diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la
necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la
autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos
valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la
necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado (Sentencia
T-462 de 2003)”.
Además, en la sentencia T-1285 de 2005[22],
esta Sala de Revisión expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de
la siguiente manera:
“La sistematización de los criterios o
causales a partir de los cuales es posible justificar el advenimiento de una
tutela contra una decisión judicial, ha generado que la Corte advierta dentro
de ellos la obligación del operador de respetar los precedentes y de guardar
respeto y armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos
fundamentales previstos en la Constitución[23].  En este
punto es necesario prevenir que la Corporación ha definido e identificado
dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar
suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con claridad
los derechos fundamentales que se encuentren en disputa.  El principio de
eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución
obligan al juez a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas
legales aplicables a un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las
pugnas que se llegaren a presentar frente a la Carta Política[24]
y los derechos fundamentales”[25]..
“Pues bien, conforme a los anteriores
presupuestos y como recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la
Corte ha identificado y congregado a los criterios en seis apartados que ha
definido de la siguiente manera[26]:
(i)
Defecto
sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse
que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por
aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del
procedimiento establecido[27].
(ii)
Defecto
fáctico:  Cuando en
el curso de un proceso se omite la practica o decreto de pruebas o estas no son
valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo
proferido[28].
(iii)
Error
inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad
inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de
la administración de justicia[29].
(iv)
Decisión
sin motivación:
Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o
los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos[30].
(v)
Desconocimiento
del precedente:  En
aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes
jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma
tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia[31].
(vi)
Vulneración
directa de la Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos
fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[32]” .
Como se observa en la evolución jurisprudencial en la
materia, a las vías de hecho caracterizadas básicamente por la actuación caprichosa
y arbitraria del operador judicial, se han sumado otras hipótesis en que éste
no es el factor determinante de la objeción a la actuación judicial, pues si
bien no configuran una burda trasgresión de la constitución, sí se está frente
a decisiones aparentemente ajustadas a derecho, pero que resultan ilegítimas
frente al ordenamiento jurídico por ser violatorias de derechos fundamentales;
por tanto, éstas conjuntamente con las vías de hecho, pasan a integrar el
excepcional cúmulo de eventos de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales.
La Corte sostiene que en estas condiciones se permite
armonizar los principios de autonomía judicial y de seguridad jurídica con el
de la eficacia de los derechos fundamentales. Al respecto ha manifestado:
“Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del
procedimiento de tutela con tal de que permita armonizar la necesidad de
proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la
actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan
desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de
proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente
con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”[33].
3.2. Refiriendo de manera especial a la vía de
hecho por defecto sustantivo, se precisa que ésta opera cuando la decisión se
basa en una disposición ostensiblemente inaplicable para el caso, bien porque
perdió vigencia, porque es inconstitucional, o porque no guarda conexidad
material con los supuestos de hecho que originaron la controversia. Es decir,
si los operadores judiciales desconocen las normas especiales que son
aplicables al caso concreto, por ese hecho, esas decisiones son susceptibles de
ser atacadas excepcionalmente en sede de tutela, pues violan el debido proceso.
Una de las formas en que se configura el defecto
sustantivo, es aquella en que la interpretación de las normas legales que hace
el juez le llevan a fundar su decisión en disposiciones evidentemente
inaplicables al caso, y/o a inaplicar la norma que es pertinente, es decir, da
uso a la que no corresponde, o en todo caso, cuando cambia el sentido de la
ley;  y al respecto ha dicho la Corte:
“La Corte Constitucional ha señalado en su
jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto[34], bien sea, por ejemplo  (i.) porque ha
sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional[35], (iv.)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[36]
o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a
la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador.[37]
Y en especial, tratándose de la interpretación de la
aplicación del principio de favorabilidad penal, en la sentencia T-567 de 1998,
la Corte precisó que “aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera
el principio de favorabilidad, queda de inmediato revestida de un defecto
sustantivo de tal magnitud que origina una vía de hecho”.
3.3.- Lo anterior deriva de que para la jurisprudencia
constitucional, la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar
y aplicar las normas jurídicas, que radica en el principio de autonomía e
independencia judicial, no es absoluta sino, una atribución reglada emanada de
la función pública de administrar justicia; que por lo mismo, se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y principalmente, por los
valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado
Social de Derecho.
Así entonces, pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e
integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no les es dable apartarse de
las disposiciones de la constitución o la ley, ya que la justicia se administra
con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son
de forzosa aplicación[38], tales como los de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y el de favorabilidad,
entre otros[39].
4. - Criterios sobre la aplicabilidad del principio de
favorabilidad en la Ley 906 de 2004, conforme las sentencias C-592 y C-801 de
2005 de ésta Corporación.
En demanda de inconstitucionalidad contra las
expresiones “Las disposiciones de este código se aplicarán única y
exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos
con posterioridad a su vigencia” contenidas en el  tercer inciso del
artículo 6º de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”, un ciudadano consideró que se desconocía el principio
de favorabilidad en materia penal. La Sala Plena de la Corte Constitucional en
Sentencia C-592 de 2005 declaró su exequibilidad, pues consideró que la única
interpretación posible de la expresión acusada en el marco de la Constitución,
es la que se desprende de la conjugación de los principios de legalidad,
irretroactividad de la ley y favorabilidad penal.
La Corte en la parte motiva de la providencia mencionada,
analizó el principio de favorabilidad penal en referencia a la aplicación de la
Ley 906 de 2004 a hechos acaecidos antes de su vigencia y en los Distritos
Judiciales donde aún no ha entrado en vigor por su implantación gradual.
Se recordó en la mencionada sentencia, que de acuerdo
con las normas que integran el bloque de constitucionalidad en materia penal[40],
el principio de favorabilidad  constituye un elemento fundamental del debido
proceso que no puede desconocerse[41], y ello sin duda se
revela en el carácter imperativo con que el inciso segundo del artículo 29 de
la Constitución Política se dispone en el ordenamiento:
"[...]En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable."
Bajo esta óptica, en la sentencia se refirió
nuevamente a los conceptos doctrinales de la ultractividad[42]
y retroactividad[43] de la ley en materia
penal, y resaltando la concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia manifestada en diferentes ocasiones[44],
se reiteró que, tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en
materia penal, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas
procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que
permita un trato diferente para las normas procesales.
Así se confirma por la jurisprudencia, que es
necesario hacer una correlación entre el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que
prevé la regla general de aplicación inmediata de la ley procesal con el
artículo 29 constitucional, de donde se concluye que independientemente del
efecto general inmediato de las normas  procesales, el principio de
favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la norma penal más
favorable, sin que por ello en materia penal pueda hacerse distinción entre
normas sustantivas y normas procesales cuando resulten más benéficas al
procesado.
En esta dirección, se resalta en el mencionado fallo
que la Corte Constitucional  en las sentencias  C-619 de 2001 y C-200 de 2002,
concluyó que “en materia de regulación de los efectos del tránsito de
legislación, la Constitución  impone  claramente como límite la aplicación del
principio de favorabilidad penal”.
La sentencia C-592/05 además, trajo a colación
pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[45]
en que se siguen por esa Corporación los anteriores planteamientos
jurisprudenciales para permitir la operancia del principio de favorabilidad
penal, concretamente haciendo aplicación de las disposiciones de la Ley 906 de
2004 en casos sometidos a su decisión, cuando los hechos acaecieron antes de la
vigencia de esa norma, y en ciudades donde aún no había entrado en vigor la
misma. De estos pronunciamientos, la Corte Constitucional sacó las siguientes
conclusiones acerca del tratamiento dado por la Suprema a la materia, las que
fueron adoptadas como fundamentos de su decisión tras considerar que aportaban
importantes elementos para  el entendimiento  de la norma acusada y de la
aplicación en el presente caso de los principios de legalidad, irretroactividad
y favorabilidad penal:
“De las anteriores providencias judiciales
emanadas de la Sala  de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se
desprende que para dicha Corporación i) la puesta en marcha gradual del sistema
acusatorio de acuerdo con el programa de implantación previsto en el artículo
530 de la Ley 906 de 2004 condujo a una situación particular, en la cual
coexisten dos procedimientos distintos y excluyentes que se aplican en el país
según la fecha y el lugar de comisión del delito: el establecido en la
normatividad anterior, a casos por conductas realizadas antes del 1º de enero
de 2005 o a partir de esta fecha en Distritos Judiciales donde no opere el
sistema acusatorio; y, el nuevo, para delitos cometidos a partir del 1º de
enero de 2005 en los Distritos Judiciales  seleccionados para comenzar y
gradualmente en los demás; ii) Sin que ello signifique descartar la posibilidad
de que ciertas normas procesales de efectos sustanciales consagradas en la Ley
906 de 2004 sean aplicadas en razón del  principio de favorabilidad en las
actuaciones penales que se rigen por la Ley 600 de 2000;  iii) en punto al
principio de favorabilidad la Ley 906 de 2004 podría ser aplicada con efectos
retroactivos respecto de situaciones anteriores a su vigencia, a condición de
que no se refieran a instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que
los referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos; iv) con
la anterior interpretación resulta igualmente protegido el derecho fundamental
de igualdad de la personas ante la ley, pues todo aquél que se encuentre en la
misma situación fáctica será acreedor a la misma consecuencia de derecho, lo cual
opera tanto para quienes cometieron el delito antes de entrar en vigor la Ley
906 de 2004 en cualquier lugar del país, como para aquellos que delinquieron o
delincan en vigencia de la referida normatividad, sea que se trate de conductas
cometidas en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira
donde además de encontrarse rigiendo la parte sustancial de aquél ordenamiento,
también se ha dispuesto la logística correspondiente, o ya sea que se trate de
comportamientos acaecidos en los demás distritos donde la infraestructura del
sistema acusatorio se implantará gradualmente, según lo estableció el
legislador en el artículo 530 de la misma ley”[46].
Tras las consideraciones expuestas en la sentencia
C-592 de 2005, se sentaron en ese pronunciamiento conclusiones acerca de la
aplicación del principio de favorabilidad tratándose de la ley 906 de 2004, las
cuales se encuentran compiladas en la sentencia T-1211 de 2005[47]
de la siguiente manera:
“La Corte al respecto reitera que como se
desprende de las consideraciones preliminares de este acápite de la sentencia,
el principio de favorabilidad  constituye un elemento fundamental del debido
proceso en materia penal que no puede desconocerse en ninguna circunstancia[48].
Así mismo que en esta materia no cabe hacer distinción entre normas sustantivas
y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia
alguna que permita un trato diferente para las normas procesales[49].
(…)
En ese orden de ideas  es claro que  las
normas de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal” igualmente “deben interpretarse y aplicarse en forma tal que guarden
armonía con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados
en el texto constitucional”[50] y en
consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior.
Así frente a las
expresiones “Las disposiciones de este código se aplicarán única y
exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos
con posterioridad a su vigencia” contenidas  en el  tercer inciso del artículo
6° de la Ley 906 de 2004, ha de entenderse que al tiempo que comportan la
formulación expresa del principio de irretroactividad de la ley penal  y
constituyen  una precisión inherente a la aplicación como sistema de las normas
en él contenidas, -hecha necesaria en razón del particular mecanismo
establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002  para la puesta en marcha del
nuevo sistema acusatorio que comporta como ya se señaló tres etapas
diferentes,  durante una de las cuales  se presenta la coexistencia de  dos
sistemas  penales en distintas regiones del territorio nacional-, en manera
alguna pueden interpretarse en el sentido de impedir la aplicación del
principio de favorabilidad.
(…)
Así las cosas,  dado que no queda  duda
sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad penal, la Corte -además
de acoger, por ser claramente respetuosa de las garantías constitucionales, la
interpretación  adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como
máximo tribunal de la Jurisdicción ordinaria en este tema-, declarará la
exequibilidad del tercer inciso del artículo 6 de la Ley 906 de 2004 por el
cargo formulado, pues se reitera la única interpretación posible  del mismo en
el marco de la Constitución es la que  se desprende  de la conjugación de los
principios de legalidad, irretroactividad de la ley y favorabilidad penal a que
se ha hecho extensa referencia, lo que pone presente que en manera alguna se
pueda  desconocer la aplicación del principio de favorabilidad, contrariamente
a lo que afirma el actor”. (Negrilla
no original)
En lo que hace al principio de legalidad e
irretroactividad de la ley, se recordó en la misma providencia el
entendimiento  del artículo 29 constitucional  que ha hecho la Corporación,
cual es que al momento de los hechos que configuran la conducta punible, debe
existir  un tribunal competente  y un procedimiento  para juzgar a la persona
que ha cometido un delito[51], “pero ello no
significa que ese procedimiento no pueda cambiar, o que la competencia  del
juzgamiento quede definida de manera inmodificable”.
De la misma manera de sentencia la  Sentencia C-200 de
2002, reiteró que “la aplicación del principio de favorabilidad  es un
asunto que atañe el examen de situaciones concretas  y por tanto,  es un asunto
precisamente de aplicación de la ley, por lo que corresponderá  a los
encargados de ello  atender el mandato imperativo del tercer inciso del artículo
29 superior”.
Finalmente, al analizar el cargo de
inconstitucionalidad referido a que con las expresiones “Las disposiciones
de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el
juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia” del
tercer inciso del artículo 6º de la Ley 906 de 2004, se desconoce el principio
de favorabilidad  en materia penal, la Corte reiteró el criterio que aplicó en
la Sentencia C-1092 de 2003 al examinar los cargos que se formularon en contra
de los apartes del artículo 5° del Acto Legislativo 03 de 2002 que expresan
que: “pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y
únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella
se establezca” para concluir que no hubo tal trasgresión de carácter
constitucional, porque en ellas simplemente se hizo expreso el principio de
irretroactividad de la ley penal al formular algunas precisiones  inherentes a
los aspectos temporales de aplicación de la reforma.  Y en esa medida determinó
que:
“En ese orden de ideas cabe
señalar que  a las expresiones “Las disposiciones de este código se aplicarán
única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos
cometidos con posterioridad a su vigencia”  contenidas  en el  tercer
inciso del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, ha de dárseles  similar
alcance en el sentido de comportar la consagración expresa del principio de
irretroactividad de la ley penal y de constituir una precisión inherente al
tema de la aplicación de la reforma, hecha necesaria en razón del
particular mecanismo establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002 para la
puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio que comporta como ya se señaló
tres etapas diferentes, durante una de las cuales se presenta la coexistencia
de dos sistemas penales en varias regiones del territorio nacional”. (Resaltado fuera de
texto).
Con posterioridad a la sentencia C-592 de 2005, tales
planteamientos jurisprudenciales han sido ratificados por la Corte
Constitucional y así, en la sentencia C-801 de 2005 al decidir sobre la
constitucionalidad de la norma que señala las etapas en que se implementará el
nuevo sistema y los Distritos que involucrará cada una de ellas, Artículo 530
de la ley 906 de 2004, la Corporación nuevamente previno sobre la armonía que
debe resguardarse entre la entrada gradual en vigencia de una norma y el
principio de favorabilidad penal, manifestando que:
“La norma demandada no vulnera el artículo
29 superior porque, como ya se indicó, una sana hermenéutica constitucional
conduce a que la aplicación gradual de ese sistema no contraríe sino que
armonice con el principio de favorabilidad.  Por ello, siempre que se trate de
situaciones específicas, susceptibles de identificarse no obstante la mutación
del régimen procesal, es posible que, de resultar ello más favorable, las
normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a procesos por
delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y de su aplicación
progresiva”.
En conclusión,
de la jurisprudencia constitucional en lo que hace al principio de
favorabilidad penal referido a la Ley 906 de 2004, se pueden identificar claras
directrices, que en la sentencia T-091 de 2006[52], fueron
sintetizadas así:
“(i) El principio de favorabilidad como
parte integrante del cuerpo dogmático de la Constitución, conserva pleno vigor
y aplicabilidad respecto de la Ley 906 de 2004, no obstante las normas de
vigencia que ella consagra, orientadas a reafirmar el principio general de
irretroactividad de la ley penal, el cual no es excluyente sino complementario
de la favorabilidad;
(ii) el principio de favorabilidad conserva
su vigor en todo el territorio nacional, no obstante el método progresivo
elegido para la implantación gradual del nuevo sistema”, conclusión a la que, para hacerla más
precisa, puede adicionarse que “Por ello, siempre que se trate de
situaciones específicas, susceptibles de identificarse no obstante la mutación
del régimen procesal, es posible que, de resultar ello más favorable, las
normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a procesos por
delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y de su aplicación progresiva[53]”
(iii) el principio de favorabilidad rige
también situaciones de coexistencia de regímenes legales distintos, siempre que
concurran los presupuestos materiales del principio de favorabilidad, lo que
implica que no pueda ser aplicado frente a instituciones estructurales y
características del nuevo sistema y como tales sin referente en el anterior;
(iv) la aplicación del principio de favorabilidad
reclama un estudio particularizado de cada caso a fin de determinar el impacto
de las normas en conflicto sobre la situación del procesado”.
5.- Aplicación y desarrollo de los criterios
constitucionales de aplicabilidad del principio de favorabilidad en la Ley 906
de 2004 en sede de Revisión de Tutelas.
Las pautas
jurisprudenciales anteriormente indicadas, han tenido desde su formulación,
cabal aplicación y desarrollo en los pronunciamientos que en sede de Revisión
de tutelas ha efectuado esta Corporación[54], atendiendo
la primacía del principio de favorabilidad penal.
Así
concretamente, ha admitido la redosificación de las penas impuestas en
sentencia anticipada proferida de conformidad con la Ley 600 de 2000 por
allanamiento a los cargos imputados, con la rebaja dispuesta frente a la
aceptación de cargos que contempla la ley 906 de 2004, en casos cuyos hechos
ocurrieron antes del 1° de enero de 2005[55], así como en
situaciones presentadas en distritos judiciales en los que aún no ha entrado en
vigencia el nuevo sistema penal, eventos éstos, por los cuales fueron acusadas
en tutela algunas de las decisiones que rechazaron las solicitudes que en tal
sentido y que en esta oportunidad ocupan la atención de la Sala.
Ciertamente,
en las sentencias de revisión T- 1211 de 2005 y T-091 de 2006 de esta Corporación,
se dilucidaron afirmativamente los problemas jurídicos, relativos a la
aplicación de la Ley 906 de 2004 por favorabilidad penal, en situaciones
definidas bajo la preceptiva de sentencia anticipada contemplada en la ley 600
de 2000, cuando esto implicaba (i) hacer aplicación retroactiva de la nueva
norma a hechos ocurridos y censurados penalmente en vigencia de una anterior y
atendiendo a que en aquella se dispone expresamente que sólo regirá para los
delitos cometidos con posterioridad a su vigencia; (ii) hacer extensiva su
aplicación para los distritos judiciales en los que por la gradualidad
dispuesta para la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004, ésta aún no había
empezado a regir en los mismos, y todo ello, (iii) a partir de esclarecer que
los institutos jurídicos regulados en las normas legales aparentemente en
conflicto, valga decir: sentencia anticipada por aceptación de los cargos
imputados por la fiscalia contemplada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000,
y la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la
imputación contemplada en el artículo 351 de la ley 906 de 2004, comportan una
sucesión en el objeto legal de regulación, o lo que es lo mismo, responden a
supuestos de hecho análogos que presentan un tratamiento legal diverso, para
que sea posible la procedencia de la favorabilidad.
En lo que hace
a los dos primeros supuestos tratados: (i) retroactividad de la ley y (ii) su
aplicación ante la no vigencia de la misma en determinados distritos judiciales,
las sentencias de revisión en comento para admitir la aplicabilidad del
principio de favorabilidad penal referidos a la ley 906 de 2004, de manera
unísona encontraron respuesta directamente en los criterios jurisprudenciales y
fundamentos de decisión de que se dio cuenta en las consideraciones
precedentes, donde el tema específico fue objeto de pronunciamiento en esas
sentencias que tienen fuerza de cosa juzgada constitucional y efectos erga
omnes.
Es así como en la sentencia T- 1211 de 2005[56],
la Sala Novena de Revisión tuteló el derecho fundamental al debido proceso del
accionante, por cuanto la decisión del Tribunal de segunda instancia proferida
en su contra negándole la redosificación de su pena aduciendo que por no estar
rigiendo aún en la ciudad de Neiva la Ley 906 de 2004, no había lugar a
conceder la rebaja de pena solicitada, y porque el  artículo 6° de ese
ordenamiento establecía que el nuevo Código sólo se aplicaba para los delitos
cometidos con posterioridad a su vigencia, caso que no era el del accionante, “contiene
una interpretación que desconoce los postulados constitucionales sobre el
principio de favorabilidad penal, tratados ampliamente en páginas precedentes,
al aludir la Sentencia C-592 de 2005”,
Encontró la Sala que en esa decisión
se incurrió en una de vía de hecho por defecto sustantivo, al emplear
interpretaciones inconstitucionales[57] de la
Ley 906 de 2004, e inaplicar las disposiciones que dada la favorabilidad eran
pertinentes a las pretensiones del actor, desbordando así el principio de
autonomía judicial en detrimento de los derechos fundamentales del afectado,
cuando en la parte dogmática de la providencia de constitucionalidad, Sentencia
C-592 de 2005, se dejó claro que “las disposiciones del nuevo Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) en su parte sustantiva como
procedimental, que contengan efectos sustanciales, son aplicables en todo el
territorio nacional (comprendiendo obviamente aquellos distritos judiciales
donde aún no ha entrado en vigor la ley por su implantación gradual), valga
decir, en la ciudad de Neiva, e incluso para delitos cometidos con anterioridad
a su vigencia, sólo en virtud del principio de favorabilidad pluricomentado”.
Se concluyó en la sentencia de Revisión,
que a pesar de que el Acto Legislativo 03 de 2002 estableció la gradualidad en
su aplicación, debe recalcarse que “esa restricción no implica que los
principios y valores en que se funda la organización estatal queden suspendidos
mientras se alcanza la implementación plena del sistema adoptado por tal
enmienda. Así, habida cuenta que el constituyente de 1991 adoptó la
forma de República unitaria para el Estado colombiano, la gradualidad establecida
en el Acto Legislativo 03 de 2002 debe entenderse limitada a aquellos aspectos
propios de la progresiva implementación del sistema, pero no puede desconocer
la vigencia en todo el país de las normas expedidas por el legislador ordinario
con base en dicho acto reformatorio de la Carta, que por interesar el núcleo
esencial del ámbito de libertad de las personas, resulten con aptitud de ser
aplicadas por favorabilidad y/o igualdad en ámbitos territoriales distintos a
aquellos en los que empezó a tener efecto la gradualidad, así como para los
hechos no sucedidos bajo su vigencia”.(Subrayas no originales).
Igualmente se precisó por la Sala Novena en
este fallo, que pese a que las nuevas normas, artículos 351 y 352 de la ley 906
de 2004, se encuentran ubicadas en un ordenamiento procesal, tienen efectos
sustanciales por cuanto hacen relación al quantum de la reducción de la
pena que incide en la determinación jurídica de la sanción punitiva, siendo
este requisito fijado para la configuración de la favorabilidad en los dos
ordenamientos confrontados[58].
Así, se reiteró[59] que para
establecer cuál es la disposición legal más favorable a los intereses de un
procesado, debe hacerse un análisis particular del caso concreto, ya que “la
aplicación del principio de favorabilidad  es un asunto que atañe el examen de
situaciones concretas  y por tanto, es un asunto precisamente de aplicación de
la ley, por lo que corresponderá  a los encargados de ello atender el mandato
imperativo del tercer inciso del artículo 29 superior”, insistiéndose en
que esto no implica libertad absoluta del operador judicial, quien está sujeto
a escoger siempre la norma más favorable.
A su turno, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional en la sentencia T- 091 de 2006[60], al estudiar
un caso en que al accionante no se le concedió por los despachos judiciales de
primera y segunda instancia la redosificación punitiva de su condena,
solicitada con fundamento en los artículos 288/3 y 351 de la Ley 906 de 2004 y
29/3 de la Constitución, encontró que en las decisiones cuestionadas por vía de
tutela, efectivamente se configuró un defecto sustancial consistente en
haber tomado la decisión con fundamento en una normatividad que no era la
aplicable al caso concreto, por cuanto se fundaron en las normas más
restrictivas de la ley 600 de 2000 en materia de punibilidad referida al
allanamiento a los cargos, omitiendo la aplicación del régimen más benigno,
previsto en  la nueva ley en relación con la misma materia.
Al respecto estimó, que cuando el juez accionado para
negar el beneficio argumentó que no es posible por esta vía “retrotraer un
proceso ya concluido” y que la favorabilidad opera únicamente frente
a normas sustanciales que modifican la punibilidad, “ por reducción de la
pena del tipo específico”, partió de un concepto totalmente
distorsionado de la favorabilidad en materia penal, el cual riñe con su
consagración constitucional y con las normas internacionales que forman parte
del bloque de constitucionalidad, por cuanto ignoró que el precepto superior no
contiene exclusiones, sino que prevé un concepto amplio e incluyente de
favorabilidad, sin restricciones relativas a condenados, y sin ubicarlo en el
estrecho margen de la norma sustantiva favorable.
En cuanto al fallo negativo del Tribunal acusado,
entendió la Sala Cuarta que se funda de manera prevalente en la necesidad de
establecer canales operativos adecuados para el funcionamiento del nuevo
sistema, que le llevan a opinar que, la aplicación del principio de
favorabilidad “sería la puerta hacia el fracaso del sistema punitivo” y “el
caos judicial sería evidente”, en tanto que dar prevalencia al sistema de
la gradualidad “traería orden presupuestal”; considerando la Sala tales
argumentos como  defensores de la operatividad del sistema y las implicaciones
presupuestales que en su criterio traería la aplicación del principio de
favorabilidad, declinando con ello sus deberes de protección de los derechos
fundamentales en su condición de juez constitucional, por cuanto desconoció esa
instancia que la retroactividad de la ley penal favorable forma parte del
debido proceso, resultando tal proceder violatorio del artículo 5° de la Carta
que reconoce la primacía de los derechos fundamentales.
Se expresó en el fallo de Revisión, que se reitera la
línea jurisprudencial trazada por esta Corporación  en las sentencias C-592 y
C-801 de 2005 en el sentido que la ley 906 de 2004 puede ser aplicada, en
virtud del principio de  favorabilidad, tanto a hechos acaecidos antes de la
vigencia de la ley, como en Distritos Judiciales en los que aún no se encuentre
operando el nuevo sistema, advirtiendo que estos pronunciamientos acogen la tesis
mayoritaria desarrollada por la Corte Suprema de Justicia[61]
sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad frente a la “coexistencia”
de sistemas procesales, siempre y cuando no se esté frente a instituciones
estructurales del nuevo sistema, que excluyan el supuesto material  del
principio de favorabilidad.
Ahora bien, el
tema de la identidad o correspondencia de los supuestos fácticos de los
institutos jurídicos de la sentencia anticipada prevista en la Ley 600 de 2000
y del allanamiento a los cargos previstos en la Ley 906 de 2004, también fue
abordado en sede de Revisión de tutelas en los pronunciamientos en comento como
presupuesto de viabilidad para aplicar la favorabilidad, determinándose su
indudable equivalencia jurídica con la que se permite la sucesión normativa
necesaria para la procedencia del análisis de favorabilidad, por estarse
esencialmente frente a una misma situación de hecho que con alcances normativos
de dos disposiciones se suceden en el tiempo. Los criterios doctrínales que se
exponen para el efecto son:
La Sala Novena de Revisión en el pronunciamiento
comentado, compartió el argumento  de que “los artículos 351 y 352 de la Ley
906 de 2004, guardan una misma filosofía con el artículo 40 de la Ley 600 de
2000, esto es, “humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y
cumplida justicia, lograr la participación del imputado en la definición del
caso” cuando advirtió en los dictados de cada una de esas disposiciones,
que ambas normativas aludían a una rebaja de pena por aceptar los cargos que se
imputaban al procesado, y que la condena impuesta respondiera a ello; donde la
rebaja se determinaba en distintas proporciones, según la etapa y forma en que
se produjera la citada admisión de cargos.
Dijo la Sala además, atendiendo a
la primacía del principio de favorabilidad, que en la eventualidad de que las
normas no resultaran del todo equiparables, sí regulaban los mismos supuestos
procesales y de hecho generándose una coexistencia de normas, que por el
alcance de esta garantía constitucional, también este supuesto quedaba en ella
cobijado[62]. Así expresó que:
“En efecto, el artículo 351 de la
citada Ley, refiere: “La aceptación de los cargos determinados en la audiencia
de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta la mitad de la pena
imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. También podrán
el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus
consecuencias”, y el artículo 352 establece que una vez presentada la
acusación por el Fiscal se pueden hacer preacuerdos, lo que permite que la pena
imponible se reduzca en una tercera parte. Por su lado, le Ley 600 de 2000,
consagra en el artículo 40 la figura de la Sentencia Anticipada, con el fin de
que el procesado se acoja a los cargos formulados por la Fiscalía, obtenga una
rebaja de pena dependiendo si ello ocurre en la etapa instructiva o del juicio.
De manera que se puede afirmar que la figura de la Sentencia Anticipada de
la Ley 600 de 2000 se asimila a los preacuerdos y negociaciones entre la
Fiscalía y el imputado o acusado que trae la Ley 906 de 2004.
Incluso, en el entendido extremo de no
ser las anteriores disposiciones equiparables, son por lo menos coexistentes, lo
que daría también vigencia al principio de favorabilidad. Es que la
aplicación de la ley penal permisiva o favorable supone, como lo tiene
reconocido la jurisprudencia penal y constitucional, sucesión de leyes en el
tiempo con identidad en el objeto de regulación[63],
pero también tiene lugar frente a la coexistencia de legislaciones que se
ocupan de regular los mismos supuestos procesales y de hecho". (Resaltado fuera de texto).
En la
sentencia T-091 de 2006, se efectuó sobre el tema un análisis que anunciaba
incorporar la discusión gestada en la comunidad jurídica nacional sobre la
materia, a efectos de cumplir la función de unificación en el ámbito constitucional
por esta Corte, análisis que igualmente le permitió concluir que se trata de
supuestos de hecho análogos que presentan un tratamiento legal diverso.
Se ocupó la
Sala Cuarta este fallo de comparar y precisar las formas de terminación
anticipada del proceso en los dos sistemas procesales, y de analizar la
naturaleza, finalidades y vinculación de las figuras de con los principios
constitucionales, efectuando un paralelo de los institutos jurídicos a partir
de los criterios expuestos en el examen de constitucionalidad que a la figura
de la sentencia anticipada previamente había efectuado esta Corporación en la
sentencia C-425 de 1996.
En ese análisis se concluyó la similitud como formas
de terminación anticipada del proceso, con base en el recuento histórico la
normatividad del sistema penal colombiano y de la política criminal en que se
inspira, donde se evidencia la evolución en la implementación figuras jurídicas
y procedimientos abreviados que permitan la terminación de los procesos penales
con imposición de sanciones, sin necesidad de agotar todas las etapas previstas
ordinariamente para su culminación, y otorgándose al condenado beneficios de
rebaja de pena por acogerse a ellos, “... y en esa medida a ahorrar
esfuerzos investigativos, en aquellos eventos en que éstos resultan superfluos
en virtud de la renuncia o aceptación del procesado a continuar con el
procedimiento regular, siempre que se preserven las garantías fundamentales
derivadas de los principios de  presunción de inocencia y de necesidad de
prueba”.
Dentro de esos mecanismos, se identificó el
allanamiento[64] como la figura que se
caracteriza por la aceptación de los cargos formulados por la Fiscalia y en
virtud de la cuál, surge el instituto de la sentencia anticipada previsto en el
artículo 40 de la Ley 600 de 2000 como mecanismo de terminación extraordinaria
del proceso, comportando para el condenado  un descuento punitivo en
proporciones que dependen del momento en que se produjere el allanamiento a los
cargos [65].
También advierte la Sala Cuarta que en el nuevo
estatuto procesal penal, ley 906 de 2004, se contempla la terminación
anticipada del proceso, prevista bajo dos modalidades, las cuales permiten la
imposición de sentencia condenatoria sin el agotamiento total del debate penal,
y que ellas se encuentran perfectamente diferenciadas en su estructura,
consecuencias y objetivos político criminales. Son ellas, (1) el consenso o
aceptación de responsabilidad a través de los preacuerdos y negociaciones entre
fiscal y procesado y (2) el allanamiento o aceptación unilateral de los cargos,
donde “En el primer caso se trata de verdaderas formas de negociación entre
el fiscal y el procesado, respecto de los cargos y sus consecuencias punitivas,
las cuales demandan consenso. En el segundo caso, el presupuesto es la
aceptación de los cargos por parte del procesado, es decir que no existe
transacción y en consecuencia no requiere consenso”.
Se precisó
que aunque los preacuerdos y negociaciones comportan en su esencia aceptación
de responsabilidad por parte del imputado o acusado, es decir, aceptación total
o parcial de cargos como producto del acuerdo, la independencia del
allanamiento como segunda modalidad surge de su regulación expresa por el
artículo 293 de la Ley 906 de 2004, que claramente los diferencia cuando
estipula: “Procedimiento en caso de aceptación de la imputación (en la
audiencia de formulación de imputación): Si el imputado, por iniciativa
propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que
lo actuado es suficiente como acusación” (Comentarios y  subrayas propias
de la sentencia comentada).
Explicó esa Sala de Revisión que conforme al texto de la disposición
mencionada, en el momento de la formulación de imputación existen dos formas de
aceptación de cargos: una unilateral y otra preacordada, cuyas consecuencias
están reguladas de manera independiente. La primera, por el artículo 288[66]
de ese ordenamiento que determina que cuando en desarrollo de la audiencia de
formulación de la imputación, el investigado acoge la posibilidad de allanarse
a la imputación, obtendrá la rebaja de pena del inciso primero del artículo
351, que será hasta de la mitad de la pena imponible. La segunda, por el
artículo 356[67] numeral quinto, que
disciplina el desarrollo de la audiencia preparatoria, y establece que el juez
dispondrá “que el acusado manifieste si acepta o no los cargos”; y
si los acepta, procederá a dictar sentencia rebajando la pena a imponer “hasta
en la tercera parte”.
Igualmente indicó que de acuerdo con el artículo 367[68],
en el nuevo sistema queda otra alternativa para que el implicado acepte los
cargos bien sea unilateralmente o por acuerdo con la Fiscalia, con reducción de
su pena por este hecho, y este es declarándose culpable en la audiencia del
juicio oral en la intervención inicial que haga el enjuiciado en la misma; con
ello, se hace acreedor a una rebaja hasta de la sexta parte de la pena
imponible[69].
Por otra parte, para evidenciar la
equivalencia de las figuras en cuanto a su naturaleza y finalidad, recordó que
la figura de la sentencia anticipada fue descrita en la respectiva sentencia de
constitucionalidad[70] como:
“Esta institución jurídica es una de las formas de terminación abreviada del
proceso penal, y responde a una política criminal cuya finalidad es la de
lograr mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia. A partir
de ello dedujo que la aceptación unilateral de cargos de Ley 906 de 2004
corresponde en su esencia a tal descripción, porque “ responde a una
naturaleza similar en cuanto representa una forma de terminación anticipada del
proceso, e involucra  cometidos de política criminal similares como son los de
lograr una mayor eficiencia y eficacia de la administración de justicia”.
En este sentido, se consideró que como en
ambos institutos “hay aceptación del procesado respecto de los hechos y su
responsabilidad como autor o partícipe de los mismos” y esto hace
innecesaria la evacuación de las etapas procesales diseñadas ordinariamente
para el agotamiento del proceso penal permitiendo su terminación anticipada,
ambos institutos “se convierten en una especie de colaboración con la
administración de justicia retribuida o compensada mediante una rebaja de pena
proporcional al momento procesal en que la aceptación de responsabilidad se
produce”.
En lo que respecta a la relación de las
figuras jurídicas en mención con los principios constitucionales más relevantes
en el derecho penal, teniendo como referente los pronunciamientos de la Corte
Constitucional con ocasión del análisis
a la institución de la sentencia anticipada, se estableció plena identidad en
las dos regulaciones en los siguientes tópicos:
(i) Preservación del ejercicio del derecho
de defensa y contradicción por parte del sindicado: por cuanto se previno por
la Corte de la necesidad de que la sentencia anticipada estuviese precedida de
una formulación de cargos que colocara al procesado en posibilidad de ejercer
estos derechos, y determinó  la Sala de Revisión que estas garantías de forma
similar se ejercen en la aceptación unilateral de cargos del nuevo sistema “por
el hecho de tramitarse en audiencia”[71];
(ii) Sobre el control de legalidad: en las
actuaciones previas a la sentencia anticipada, dijo la Corte que “Es el fallador
quien debe ejercer el control de legalidad, con el fin de verificar si en las
actuaciones procesales se han violado garantías fundamentales del procesado”.
En la sentencia de revisión en comento se consideró que “igual exigencia
aplica para la aceptación unilateral de cargos en el nuevo sistema en el cual
el juez debe velar por que se preserve el derecho a la no autoincriminación del
imputado o acusado y a que sus manifestaciones unilaterales de responsabilidad
estén asistidas por la espontaneidad y el consentimiento informado”;
(iii) Preservación del principio de
presunción de inocencia: la Corte ha dicho que aún tratándose de sentencia
anticipada, hay preeminencia de este principio porque“El juez no puede
fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte
del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al
convencimiento de que éste es culpable. La aceptación por parte del implicado
de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la
existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite
desvirtuar la presunción de inocencia”. Esta garantía también se encontró
presente en el nuevo sistema, ya que la aceptación unilateral de cargos conduce
a una condena, para cuya sentencia se exige que esté fundada “en el convencimiento
de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda duda”, y
ello indica, en apreciación de la Sala de revisión, que como la carga de la
prueba en este modelo de procesamiento radica igualmente en el órgano de
investigación penal, es necesario entonces que éste presente o descubra la
evidencia o material probatorio sobre la responsabilidad aceptada del
procesado, no obstante  considerarse que “por la aceptación de cargos
y la evidencia o elementos materiales de prueba, el procesado renuncia a
controvertirlos en el juicio”.
(iv) Del principio de publicidad en la
sentencia anticipada, también se ocupó la Corte Constitucional y al respecto
manifestó que “En el trámite de sentencia anticipada no hay lugar a justicia
secreta, pues todas las actuaciones son conocidas por el sindicado y cumplidas
con su intervención”. La Sala Cuarta de Revisión en el pronunciamiento que
se comenta, sobre el tema igualmente encontró similitud en los sistemas penales
cotejados y expresó que “Esta característica adquiere mayor relevancia en el
nuevo sistema en que las manifestaciones espontáneas de responsabilidad se
tramitan en audiencia: de formulación de cargos, preparatoria, o en el juicio.”
(v)  El principio de la buena fe fue
abordado en el tema de la sentencia anticipada desde la perspectiva de su
expresión en la lealtad procesal, y por ello en el examen de constitucionalidad
que se cita, se expuso que “Debe la Corte recordar la plena vigencia y
aplicación en los procesos penales como en toda clase de actuaciones que se
adelantan del principio general de la buena fe. La mala fe, esto es, el
comportamiento desleal, doloso o malintencionado, ha de probarse, de manera que
si se encuentra que el procesado en su confesión ha procedido a alegar su
propia culpa en forma ilegítima para derivar de ella algún beneficio, este
comportamiento debe ser sancionado, utilizando los mecanismos legales
establecidos para actuaciones de esta índole. En la Revisión mencionada, se
reafirmó y reconoció igual  presencia de la buena fe en la aceptación
espontánea de los cargos, porque además de estar ordenada en el artículo 12 de
la nueva normatividad, se consideró que en ésta “Su ejercicio legítimo en
materia de aceptación de cargos es promovido mediante descuentos punitivos”
(vi) De igual forma, se halló en este fallo
de revisión correspondencia de los institutos en la confesión que involucra
tanto el reconocimiento de la responsabilidad de los hechos para obtener
sentencia anticipada, como para la aceptación unilateral de cargos del nuevo
sistema, cualificándola como una confesión que necesariamente ha de ser simple,
natural, en la medida en que además de ser voluntaria en la expresión más
amplia de dicho término, no puede estar acompañada de ninguna causal de
justificación ni condicionamiento. La Corte en el estudio de la figura de la
sentencia anticipada sobre el punto ya había expresado que:  “La aceptación
de los cargos por parte del implicado en el trámite de la sentencia anticipada,
guarda cierta similitud con la confesión simple, por cuanto el reconocimiento
que hace el imputado ante el Fiscal o el Juez del conocimiento, de ser el autor
o partícipe de los hechos ilícitos que se investigan, debe ser voluntario y no
hay lugar a aducir causales de inculpabilidad o de justificación. Resulta obvio
afirmar que la aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones,
amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en
el material probatorio recaudado”. En relación con la nueva ley, en la
etapa de revisión se manifestó que: “En el nuevo sistema la aceptación
unilateral de los cargos conduce a una sentencia condenatoria, por lo que tiene
como presupuesto la confesión simple del imputado o procesado. Debe aclarase
que se trata de una idea de confesión en sentido natural, como admisión de
cargos sin condicionamiento alguno, no en sentido probatorio, por cuanto la
confesión no constituye un medio de prueba en el nuevo sistema”.
(vii)  También se concluyó en ese fallo,
que en los dos sistemas se promueve la eficiencia del sistema judicial, toda
vez que como ya lo había manifestado la Corte en aras de una justicia sin
dilaciones y de contera, de la eficiencia del Estado y de la administración de
justicia ”Si en el proceso penal existen suficientes elementos de juicio que
permiten demostrar que la aceptación, tanto de los cargos como de su
responsabilidad, por parte del implicado, son veraces y se ajustan a la
realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos procesales para
demostrar lo que ya está suficientemente demostrado.... Una política criminal
que conceda beneficios a quienes actúen observando el principio de lealtad
procesal, logrando además la aplicación de una justicia pronta y cumplida, sin
desconocer ningún derecho o garantía del procesado, no puede tildarse de
atentatoria de los derechos inalienables del individuo”. Se advirtió
entonces en ese pronunciamiento de tutela, que en el nuevo modelo procesal esa
eficiencia del sistema judicial hace parte de la filosofía misma del modelo, y
por ello fueron fortalecidos todos los mecanismos de terminación anticipada de
los procesos penales como la aceptación de cargos, bien sea espontánea o
preacordada, compensada con descuentos punitivos; se dijo que en este sistema
el tema “cobra mayor importancia en la medida que se trata de una aspiración
que se encuentra en el centro del ideario de un sistema de corte acusatorio y
se erigió en uno de los argumentos que impulsaron la reforma”.
(viii) Adicionalmente al anterior parangón y para
acentuar que se trata de instituciones análogas con regulaciones punitivas
diversas, se identificaron las siguientes similitudes entre las dos figuras: “a)
la sentencia anticipada como el allanamiento a los cargos demandan la asistencia
de defensor; b) una y otra puede presentarse desde la vinculación formal
del procesado o imputado; c) en los dos eventos la aceptación de cargos
constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; d) frente a
los dos institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena;
e) en ninguno de los dos eventos es admisible la retractación; f)  frente
a los dos sucesos el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar
sentencia o decretar la nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías
fundamentales; g) para efectos de la concreción punitiva, en uno y otro
evento el juez debe acudir al sistema de cuartos[72]”
Ahora bien,
en las sentencias de Revisión de la Corte Constitucional mencionadas, además se
reiteró que para determinar cuál ha de ser la situación permisiva o favorable
en materia penal predicable de situaciones jurídicas consolidadas, cuando han
quedado sometidas a los alcances normativos de disposiciones que se suceden en
el tiempo - una más favorable que la otra -, es forzoso analizar cada caso en
particular, para de ahí definir la aplicación de la disposición que le permita
al condenado gozar de los beneficios que le garantiza la aplicación directa del
principio constitucional de la favorabilidad, el cual es exigible por el mismo
por tratarse de la titularidad de  un derecho fundamental[73].
No obstante, en esas decisiones se formularon en
abstracto algunos criterios con los que se permitió concluir la favorabilidad
de los artículos 351 y 352 de la ley 906 de 2004, respecto de la rebaja de pena
dispuesta en el artículo 40 de la ley 600 de 2000 cuando se trata de l
allanamiento o aceptación unilateral de cargos por el imputado.
Al respecto, en la sentencia T- 1211 de
2005, se dijo que “indiscutiblemente es más benigna en la nueva
normatividad, en tanto posibilita una rebaja de pena de la mitad si se llevó a
cabo el preacuerdo antes de la formulación de la acusación, o de una tercera
parte si tuvo lugar con posterioridad a ella”. Así se seleccionó el
artículo 351 de la Ley 906 de 2004 como norma aplicable por favorabilidad,
porque de acuerdo con su contenido resultaba más benigna para la determinación
jurídica de la sanción punitiva, considerando que la rebaja de pena que
contempla (i) es materialmente más conveniente por permitir un menor tiempo de
reclusión y con ello, (ii) se limita en lo menos posible el derecho fundamental
de libertad personal, (iii) otorgando mayor amplitud al ejercicio del mismo.
En la sentencia T-091 de 2006 en forma concordante, se resaltó para
la misma selección de esa norma, el criterio de la movilidad en la dosificación
de las rebajas que dan los rangos de descuento punitivo en las dos
normatividades, considerando que por ser mayor la que tiene el aplicador en el
nuevo sistema, esto lo hace más permisivo. Estimó que las diminuentes del
artículo 40 de la Ley 600 de 2000, son fijas porque de acuerdo con la norma y
según la etapa procesal en que se produzca el allanamiento, las rebajas son de
una tercera parte o de una octava parte[74];
mientras que  en la ley 906 de 2004, unas son movibles y otras fijas, a saber:
movibles las que determinan una rebaja de hasta la mitad (
artículo 351) y una rebaja de hasta una tercera parte (artículo
352), y fija, un descuento de una sexta parte ( artículo 367)[75].
Observó la Sala Cuarta de Revisión, que los dos primeros eventos en
este escalonamiento, no se señalan extremos inferiores de partida y se
introduce el término “hasta”, que es lo que proporciona una
movilidad en la graduación  que haga el operador judicial. Frente a esa falta
de delimitación, concluyó que con una visión sistemática y de conjunto de los
tres niveles de descuento, ella se encontraba dada en los extremos de cada
rango de descuento y así se servían de manera recíproca y subsiguiente.
Con estos elementos, partiendo de la consideración a veces expuesta
por los operadores judiciales de que “[...] una tercera parte” (Ley 600/00)
y “de hasta la mitad” (Ley 906/04) de la pena imponible, podría pensarse que no
comportan favorabilidad por cuanto una rebaja de “hasta la mitad” podría
eventualmente ser equivalente a“una tercera parte”, en esa sentencia de
Revisión para el manejo de esa oscilación, se fijaron los siguientes criterios
de aplicación en el cálculo:
“-El allanamiento en la audiencia de
formulación de imputación amerita un     descuento de una tercera parte, “hasta
la mitad” de la pena.
-El allanamiento que se produzca en la
audiencia preparatoria genera un descuento de una sexta parte, “hasta la
tercera parte de la pena”.
-El allanamiento producido al inicio del
juicio oral, origina un descuento de “la tercera parte” de la pena.”
Con lo anterior se concluyó en esta
sentencia que “Ello implica que para determinar si se impone o no la
aplicación retroactiva de la rebaja de pena prevista en el Art.351 L.906/04, a
procesos rituados bajo la Ley 600 de 2000, en los cuales el procesado se
hubiere acogido a sentencia anticipada, debe efectuarse, en cada caso, el
pronóstico de la rebaja ponderada que correspondería aplicar conforme a los
criterios que rigieron el proceso de individualización de la pena impuesta,
para establecer si en efecto la nueva opción resulta más favorable al
sentenciado que la aplicada conforme a la ley 600/00. No basta acudir de
manera simple al máximo previsto en la nueva disposición (“hasta la mitad”); la
fórmula ponderada por la que optó el legislador impone extender al cálculo del
monto de la rebaja los criterios que rigieron la determinación de la pena.”(Subrayas
no originales).
6.- Los casos
concretos.-
La similitud
de las situaciones fácticas y jurídicas de los casos en Revisión que ameritó su
acumulación, permite a la Sala plantear el estudio y la solución al tema de la
redosificación de la pena, en forma conjunta para los casos que tienen afinidad
en las razones de rechazo de la última instancia al desatar esa solicitud, tal
y como han sido presentadas en esta providencia las agrupaciones para las
decisiones acusadas. Sobre las particularidades de cada situación, se harán los
pronunciamientos pertinentes de forma separada.
Se tiene
entonces, que a los actores de los procesos de tutela acumulados para esta
etapa de Revisión, todos condenados en sentencia anticipada con una rebaja de
pena de la tercera parte de la pena imponible según el artículo 40 de la ley
600 de 2000 por haberse acogido a esta forma de terminación del proceso
allanándose a los cargos formulados por la fiscalía, les fue negada por las
autoridades judiciales accionadas la aplicación por favorabilidad, de lo
preceptuado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a fin de redosificarles
sus penas,  bajo los argumentos de que ello no procedía, porque:
1)
La ley 906 de 2004 de acuerdo con la gradualidad en ella determinada, no había
empezado a regir en el distrito judicial respectivo, en los expedientes T-
1352007 y  T- 1364833, de los que se recuerda que:
1.1)
Expediente T- 1352007.- Al señor Rafael Ignacio Morales, la Sala Cuarta
de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva le revocó
la redosificación de la pena mencionada, que le había sido concedida por el
Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad,
argumentando que el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, sólo empezaba a operar
en el Distrito Judicial de Neiva en el año 2007 y que por consiguiente, no
existía la sucesión normativa que es indispensable para aplicar el principio de
favorabilidad, en tanto que las normas con que había sido condenado continuaban
vigentes. Al efectuar esa revocatoria, estableció que tampoco cumplía las 3/5
partes de la pena para mantenerle la libertad condicional que se le había
otorgado, por lo que tal beneficio también le fue revocado.
1.2.) Expediente T- 1364833.- Al señor William
Homero Bernal Callejas el  Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional,
Santander, en primera instancia y la Sala Penal del Tribunal Superior de San
Gil al desatar la apelación, le negaron la redosificación manifestando que se
abstenían de hacerle una mayor rebaja de la que se le había concedido por la
ley 600 de 2000, por cuanto la nueva ley no estaba en vigencia en los distritos
judiciales de Santander.
En este caso el Tribunal adicionalmente manifestó que en su
entender, siguiendo el de algunos magistrados de la Sala de Casación Penal, la
sentencia anticipada sí ofrece iguales supuestos frente al allanamiento a los
cargos por estar identificados en una serie de aspectos; pero que sin embargo,
como quiera que para la aplicación del principio de favorabilidad también se
exige identidad de supuestos fácticos, las dos instituciones sólo son
comparables cuando la petición de sentencia anticipada o de allanamiento se
hace en la respectiva diligencia de vinculación, trátese de indagatoria o de
formulación de imputación, toda vez que si bien es cierto que la primera se
extiende hasta quedar ejecutoriada la resolución de acusación, la segunda sólo
es posible en la audiencia de formulación de la imputación, iniciando y
culminando la oportunidad en la misma diligencia.
2)
Los hechos por los cuales se profirió la sentencia anticipada tuvieron
ocurrencia en vigencia de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con esta
normatividad se dosificó la pena. Esto sucedió en el expediente T- 1352848,
cuya situación es la siguiente:
2.1.) Expediente T- 1352848- Al señor Rodrigo
Martínez Delgado el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad aducen en su
negativa, que sería improcedente entrar a dosificarle nuevamente la pena por
cuanto ya le había sido efectuada una rebaja de la tercera parte en los
términos legales vigentes al momento de los hechos y del fallo condenatorio,
artículo 40 de la ley 600 de 2000, y la disminución del artículo 351 de la ley
906 de 2004 sólo se aplicaba a delitos cometidos con posterioridad al 1º de
enero de 2005 en que entró en vigencia dicha norma sustantiva.
3) Por
considerar que las instituciones jurídicas de sentencia anticipada (artículo 40
de la ley 600 de 2000) y la aceptación de cargos (artículos 351 y  352 de la
ley 906 de 2004), son sustancialmente distintas al punto de no generarse entre
ellas una sucesión en el objetivo legal de regulación, siendo este requisito
sine quanon para la aplicación del principio de favorabilidad, en los expedientes
T- 1352006 y T- 1352759, de los que se recuerda que se refieren a:
3.1) Expediente T- 1352006.- Al
señor Mario León Orozco Duque el Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín – inicialmente-  en fallo confirmado por el Tribunal
Superior de esa ciudad, no le concedió la redosificación por favorabilidad en
comento, argumentando que la institución que rebaja la pena a la mitad por
acuerdo suscrito en la resolución de imputación, es diferente al beneficio que
antes se consagraba por la aceptación de cargos para que procediera la
sentencia anticipada.
Interpuesta
la tutela y una vez se había proferido por esta Corte la sentencia T- 1211 de
2005[76] el accionante vuelve a
presentar al juzgado de ejecución de penas solicitud de redosificación por
favorabilidad, y ésta le es concedida el 21 de febrero de 2006 aduciendo cambio
jurisprudencial. Es decir, con anterioridad al fallo de instancia en la tutela,
el hecho con que se consideraba vulnerado el debido proceso había sido
superado; no obstante, el 14 de marzo de 2006 la negación de la tutela es
avalada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al
confirmar el fallo del Tribunal.
3.2) Expediente T- 1352759.- En el caso del
señor Leonardo Perilla Ávila actuaron como operadores judiciales el Juzgado 35
Penal de Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad, quienes le niegan la redosificación de la pena en los términos de
la relación temática que nos ocupa argumentando falta de identidad jurídica
entre las instituciones de sentencia anticipada y de aceptación de cargos,
invocando los criterios interpretativos dados por la Corte Suprema de Justicia al
respecto.
También le
negaron las autoridades a este accionante, el reconocimiento por favorabilidad
de la atenuante de “estado de provocación” a que hizo alusión la Fiscalía en la
formulación de cargos para sentencia anticipada, al concluir frente a un examen
de lo allegado al expediente, que la circunstancia atenuante mencionada por la
Fiscalia, no encontraba respaldo probatorio en el acervo recogido.
Ahora bien,  pasando a verificar los presupuestos para
interponer las tutelas en estudio, frente a la anterior relación se advierte
por la Sala que en contra de las providencias controvertidas mediante las
acciones objeto de Revisión, no procede recurso alguno, por cuanto se trata de
Autos interlocutorios de segunda instancia contra las cuales no procede el
recurso de casación de acuerdo con lo previsto en los artículos 205 del C.P.P.
y  181 de la  Ley 906 de 2004; por consiguiente, no existe para los actores
otro mecanismo de defensa judicial que imposibilite la procedibilidad de la
acción de amparo que intentan, por tal falta de agotamiento.
Esas decisiones fueron confirmadas por la única
instancia surtida en sede de tutela, que estuvo a cargo de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de justicia, avalando por tanto los argumentos allí
esgrimidos.
Frente a lo
anterior, esta Sala anticipa que habrá de tutelarse el derecho fundamental al
debido proceso de los aquí accionantes, por cuanto las decisiones proferidas en
su contra por las acusadas autoridades judiciales,  contienen interpretaciones
que desconocen los postulados constitucionales sobre el principio de
favorabilidad penal, tratados ampliamente en páginas precedentes, al aludir las
fundamentaciones de las Sentencias C-592  y C-801 de 2005 de esta Corporación.
Ciertamente, en varios de los fallos que se revisan[77],
se efectuó un análisis a las disposiciones que en temporalidad o
territorialidad regulan la vigencia de las normas del nuevo sistema penal, ley
906 de 2004 en el territorio nacional, para concluir la inaplicabilidad del
principio de favorabilidad por no estar rigiendo las mismas en las situaciones
de los casos concretos, cuando estos argumentos ya habían sido objeto de
estudio y definición por esta Corte en decisiones de constitucionalidad,
manifestando el alto Tribunal que por la gradualidad en la vigencia no puede
restringirse la aplicación del principio de favorabilidad, pues éste se
encuentra consagrado en la Constitución con una amplitud tal, que no admite
tales limitaciones.
Esta posición evidentemente acogida y aplicada por la
Corporación en sede de Revisión, ha sido ratificada al concederse la tutela al
derecho fundamental al debido proceso, en su componente del principio de
favorabilidad penal, cuando se aducen las mencionadas razones de gradualidad en
la vigencia del nuevo ordenamiento penal, ley 906 de 2004, para negar la
redosificación de las penas impuestas en sentencias anticipadas de la ley 600
de 2000 al haberse allanado a los cargos imputados por la fiscalía, conforme a
las disposiciones que rigen a la aceptación unilateral de cargos en el artículo
351 de la nueva ley.
Los mencionados fallos de Revisión partieron de
considerar que indudablemente se cuenta con el presupuesto de sucesión en el
objeto de regulación normativo entre las disposiciones en conflicto, tras
efectuar el análisis comparativo de los elementos esenciales y sustanciales de
las dos instituciones jurídicas, como se registró en las consideraciones
precedentes, pues de otra manera es evidente que no se podría exigir la aplicación
de la favorabilidad.
En estas condiciones, considera la Sala de Revisión
que las decisiones cuestionadas debieron ser removidas por el juez
constitucional en sus fallos que fueron proferidos con posterioridad a los
tantas veces mencionados pronunciamientos de esta Corporación sobre el tema;
juez de tutela que como así no procedió y confirmó las decisiones avalando con
ello los fundamentos de decisión que restringían la prosperidad del principio
de favorabilidad, sus decisiones serán revocadas.
Ahora bien, para decidir los casos concretos bajo el
esquema propuesto, observa la Sala que en su mayoría las decisiones judiciales
atacadas con que se definió la solicitud de redosificación, bien en primera[78]
o en segunda instancia, fueron emitidas con posterioridad a la sentencia C-592
de 2005 del 9 de junio de 2005 de esta Corporación, que se ha referido de
manera extensa en esta actuación, pues sólo la que corresponde al expediente T-
1352007 fue proferida con anterioridad, el 11 de mayo de 2005.
En tales circunstancias, cuando en las mismas se negó
la redosificación de la pena esgrimiendo impedimentos temporales y/o
territoriales de la vigencia de la norma por la gradualidad en su
implementación, los operadores judiciales incurrieron en una manifiesta
desatención del alcance fijado por esta Corporación al principio de
favorabilidad penal y su aplicación en referencia a la Ley 906 de 2004, cuando
del propio mandato constitucional, artículo 29 C.P., y del bloque de
constitucionalidad en materia penal, determinó su regencia sin limitaciones de
carácter temporal o geográficos.
En tal pronunciamiento se confirmó para el efecto la
perentoria conclusión de que, bajo ninguna circunstancia el principio de
favorabilidad penal, puede ser restringido o suspendido en su aplicabilidad,
por lo que no obstante la gradualidad prevista para la vigencia en el nuevo
sistema, de resultar sus disposiciones con efectos sustanciales, más
beneficiosas para la situación penal del implicado, deben ser las aplicadas aún
para aquellos hechos acaecidos con anterioridad a la vigencia local de la norma
y ello es posible en cualquier parte del territorio nacional.
Por lo anterior, y de acuerdo con la jurisprudencia
evocada en el presente fallo, estos accionados incurrieron en vía de hecho por
defecto sustantivo por desconocer las razones de decisión de sentencias con
efectos erga omnes, lo que se sin necesidad de consideraciones
adicionales constituye una causal para enervar esas decisiones judiciales por
vía de tutela, y aquí resulta evidente pues el tema había sido específicamente
explicado y definido en examen de constitucionalidad por la Corte
Constitucional.
Ciertamente,
como se registró en las consideraciones, la Corte Constitucional en relación
con la gradualidad de la vigencia de la Ley 906 de 2004 fue concluyente en
establecer que este escalonamiento nunca podía hacer nugatoria ni siquiera
suspender la garantía constitucional de la favorabilidad penal, mucho menos si
se trataba de una norma que conllevaba efectos sustanciales en la materia.
Por consiguiente, desconocen el principio de
favorabilidad penal los operadores judiciales accionados al negarse con tales
argumentos a aplicar el artículo 351 de la ley 906 de 2004, incluido el
pronunciamiento que corresponde al expediente T- 1352007, cuando además de que
es una norma que incide en un aspecto sustancial como es la determinación del
quantum de la pena, de acuerdo con los criterios doctrinales con que se ha
evidenciado la similitud y correspondencia de las figuras jurídicas comparadas,
así como con los parámetros que para el cálculo comparativo de dosificación de
la pena, en abstracto se expusieron  en sede de Revisión, trae una rebaja de
pena que resulta más benéfica para el condenado cuya pena fue impuesta con la
rebaja que determina el artículo 40 de la ley 600 de 2000, pues permite que
ésta sea hasta de la mitad de la pena imponible y no sólo de la tercera parte
como estaba determinada.
Bajo el marco conceptual de una amplitud exenta de
condicionamientos en el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución
cuando consagra la favorabilidad penal como principio rector del debido
proceso, explicó la Corte Constitucional en los fallos de Revisión evocados,
(i) que el instituto de la sentencia anticipada del artículo 40 de la Ley 600
de 2000, regula un supuesto de hecho análogo en su naturaleza, características
y finalidades de política criminal, al que estructura el allanamiento a los
cargos en la diligencia de formulación de imputación prevista en  los artículos
288/3 y 351 de la ley 906 de 2004; (ii) que en ambos es factor determinante
para la rebaja de pena que se hace con tratamientos punitivos distintos, el
momento procesal en que se dé el allanamiento o aceptación unilateral de los
cargos, y (iii) que en suma para la situación bajo examen, en el parangón
respectivo se evidencia  que ese momento se concentra en que la aceptación de
los cargos se haga antes de que inicien las etapas subsiguientes a la
imputación formal de cargos por la Fiscalía, aunque éstas se encuentren
previstas para cada procedimiento de manera diferente; identificando que en la
primera de las normatividades, la rebaja que se permite es fija en una tercera
parte de la pena imponible, mientras que en el segundo ordenamiento, es
variable porque puede ir hasta la mitad de esa pena, es decir, que
evidentemente en ésta la actitud del procesado que opta por allanarse a los
cargos, comporta una mayor valoración punitiva.
Ahora, ha insistido la Corte Constitucional en que el
juicio de favorabilidad debe efectuarse en concreto para cada situación, por lo
que tal ejercicio de redosificación punitiva no depende de la voluntad del juez
sino de las circunstancias propias de cada caso, donde deben tenerse en cuenta
para el efecto, tanto los criterios constitucionales de aplicabilidad del
principio de favorabilidad en la materia, que como se ha determinado no admite
argumentos restrictivos, y los de dosificación de la pena aplicados por el Juez
de conocimiento que impuso la condena.
En estas circunstancias, si se está bajo condiciones
en que los supuestos de hecho son análogos en su naturaleza, características y
finalidades de política criminal, al igual que los criterios por los que se
permite la rebaja de pena, debe el operador aplicar la norma más favorable para
hacer efectivo el principio de favorabilidad.
En los casos objeto de Revisión en esta oportunidad,
se ha establecido que todos los accionantes se acogieron a sentencia anticipada
al amparo del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, bajo el supuesto de aceptar
los cargos que le imputaba la fiscalia, antes de quedara ejecutoriada la
resolución de acusación, por lo que se les reconoció una rebaja de una tercera
parte de la pena imponible como monto fijo establecido en la mencionada
disposición, situación fáctica que de acuerdo con lo expuesto resulta
equiparable a la aceptación unilateral de cargos que se efectúa en la audiencia
de formulación de imputación contemplada en el artículo 288/3 de la ley 906 de
2004 para que proceda la aplicación de la rebaja de pena hasta la mitad, de
acuerdo con el artículo 351 de la misma normatividad.
Se evidencia en los textos de las decisiones de los
operadores judiciales accionados que negaron la redosificación de la pena por
considerar que  no había identidad en el objeto de regulación legal en lo
preceptuado por los artículos 40 de la ley 600 de 2000 y 351 de la 906 de 2004
para que procediera la figura de la favorabilidad, expedientes T-1352006 y T-
1352759, que los argumentos para ello derivaron del análisis comparativo de
aspectos y etapas netamente procedimentales de los dos sistemas penales, en los
que no hallaron plenas coincidencias, aspectos tales como el tipo de diligencia
en que se realiza la aceptación de cargos y la incertidumbre de ante la
movibilidad de los rangos de rebaja que contempla, la nueva norma efectivamente
resultara más favorable.
Ante los criterios de identidad en la materia que se
han expuesto en sede de Revisión y que se han reiterado en esta providencia,
considera la Sala que son restrictivas tales razones  y con ellas se limita la
garantía constitucional de favorabilidad, toda vez que se dejaron de lado los
elementos sustanciales que caracterizan los mencionados institutos jurídicos
como mecanismos de terminación anticipada de los procesos y su indudable
incidencia en la cuantificación de la pena frente a un mismo supuesto, y por
ello se convierten tales decisiones en vías de hecho por defecto sustantivo,
según lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, al decodor la
utilización de una norma que no era la aplicable al caso.
Por todo lo
anterior, procederá la Sala a tutelar a los accionantes el derecho fundamental
al debido proceso en su expresión de favorabilidad en materia penal, y serán
revocadas las decisiones acusadas para que en su lugar, por parte del operador
judicial correspondiente, en el término que se le indique, se proceda a
efectuar la redosificación de la pena de solicitada en la forma que resulte
procedente frente a las circunstancias particulares de cada caso, aplicando el
principio de favorabilidad penal en referencia a las disposiciones sobre rebaja
de penas por aceptación de cargos de la ley 906 de 2004 y atendiendo los
criterios de dosificación aplicados en la sentencia anticipada por el juez de
conocimiento, para lo cual, seguirá los parámetros de ponderación para el
cálculo, que se han descrito en las consideraciones de esta providencia.
Por otra parte, debe la Sala pronunciarse en forma
separada sobre la decisión que en el expediente T-1352759 atañe a la solicitud
de amparo en tutela del reconocimiento del “estado de provocación” como punitiva
para el accionante Leonardo Perilla Ávila.
Al punto, no encuentra la Corporación reparo alguno a
la valoración procesal que efectuaron los jueces de instancia que les llevó a
concluir la ausencia de acreditación de la mencionada circunstancia, pues en lo
que se muestra como un juicioso, razonado y coherente análisis del acervo
probatorio, se llegó a la conclusión que la alusión que al mismo hizo la
Fiscalia de turno en la formulación de cargos para sentencia anticipada, no
contaba con respaldo en el proceso. Así, si bien se agotaron por el accionante
las instancias ordinarias del proceso, no es esta la vía alternativa para
buscar controvertir esas decisiones ajustadas a derecho, ni para revivir el
debate en que no se ha triunfado. Por consiguiente, se declarará improcedente
la tutela para esta petición.
También ha
de referirse la Sala de manera específica a la situación del expediente T-
1352006, donde se acreditó que en el curso de la tutela ante una nueva
solicitud del accionante, por el Juzgado de Ejecución de Penas accionado se
concedió la redosificación con fundamento en  las decisiones de la Corte
Constitucional. Por esto, se declarará para ese caso  que hay hecho superado,
no obstante lo cuál, la decisión que negó la tutela será revocada de acuerdo
con los reiterados lineamientos jurisprudenciales que exigen ésta actuación
frente al hecho de que el amparo ha debido concederse al momento de esa
decisión, por cuanto estaban presentes los presupuestos para el efecto.
En lo que
hace a las decisiones de instancia en las tutelas, proferidas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en una sola instancia en sentido
adverso a las pretensiones de los accionantes, como se advirtió, serán
revocadas al corresponder sus fundamentos a los mismos en que se soportaron los
fallos de las instancias jurisdiccionales.
V. - DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las siguientes sentencias proferidas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en que estimó improcedentes las
acciones de tutela contra providencias judiciales en los procesos que  a
continuación se detallan:
(1) Sentencia de  14 de marzo de 2006, proceso de
Mario León Orozco Duque contra el Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de la misma ciudad;
(2) Sentencia de  14 de marzo de 2006, proceso de Rafael Ignacio
Morales contra de la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Neiva;
(3) Sentencia de  14 de marzo de 2006, proceso de
Leonardo Perilla Ávila contra el Juzgado 35 Penal de Circuito de Bogotá y la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad;
(4) Sentencia de  7 de febrero de 2006, proceso de
Rodrigo Martínez Delgado contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Bucaramanga y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad;
(5)
Sentencia de  4 de abril de 2006, proceso de William Homero Bernal Callejas
contra el  Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional, Santander, y la Sala
Penal del Tribunal Superior de San Gil.
SEGUNDO: CONCEDER  a los accionantes mencionados,  el amparo a  su
derecho fundamental al debido proceso para que se les aplique el principio de
favorabilidad penal en la redosificación de sus penas de acuerdo a los
preceptos de la Ley 906 de 2004 sobre rebaja de pena por aceptación de cargos
que sean pertinentes para cada caso, en las condiciones y circunstancias de que
da cuenta la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REVOCAR todas y cada una de las decisiones judiciales
acusadas en las acciones de tutela que se revisan en esta actuación, en las que
se negó la redosificación de la pena por favorabilidad  aplicando la Ley 906 de
2004 solicitada por los actores citados, de acuerdo con las razones expuestas
en las consideraciones.
CUARTO: DECLARAR que en el proceso de tutela promovido por Mario León
Orozco Duque contra las autoridades judiciales aquí referidas, existe hecho
superado.
QUINTO: NEGAR por improcedente la acción de tutela promovida
por Leonardo Perilla Ávila contra el Juzgado 35 Penal de Circuito de Bogotá y
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad en
lo que hace al reconocimiento del “estado de provocación” como atenuante
punitiva de su condena, por las razones expuestas en las consideraciones.
SEXTO: ORDENAR a la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Neiva, que dentro del término de los cinco
(05) días contados a partir del momento en que reciba el expediente de Rafael
Ignacio Morales del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
conocimiento, adopte las medidas pertinentes para resolver nuevamente el
recurso de apelación, pero en esta oportunidad acorde a la normatividad
aplicable por favorabilidad  en referencia a las disposiciones de la ley 906 de
2004 que establecen la rebaja de la pena por aceptación de cargos, atendiendo
los criterios de dosificación aplicados por el juez de conocimiento en la
sentencia anticipada y los parámetros que para el cálculo se han descrito en
las consideraciones de esta providencia.. A efectos del cumplimiento de este
fallo, el Tribunal solicitará el expediente en mención dentro del término de
las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia..
SÉPTIMO: ORDENAR al Juzgado 35 Penal de Circuito de Bogotá, que dentro
del término de los cinco (05) contados desde la notificación de esta
providencia, proceda a resolver nuevamente la solicitud de redosificación de la
pena de Leonardo Perilla Ávila, pero en esta oportunidad acorde a la
normatividad aplicable por favorabilidad  en referencia a las disposiciones de
la ley 906 de 2004 que establecen la rebaja de la pena por aceptación de
cargos, atendiendo los criterios de dosificación aplicados por el juez de
conocimiento en la sentencia anticipada y los parámetros que para el cálculo se
han descrito en las consideraciones de esta providencia.
OCTAVO: ORDENAR al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga,
que dentro del término de los cinco (05) contados desde la notificación de esta
providencia, proceda a resolver nuevamente la solicitud de redosificación de la
pena de Rodrigo Martínez Delgado, pero en esta oportunidad acorde a la
normatividad aplicable por favorabilidad  en referencia a las disposiciones de
la ley 906 de 2004 que establecen la rebaja de la pena por aceptación de
cargos, atendiendo los criterios de dosificación aplicados por el juez de
conocimiento en la sentencia anticipada y los parámetros que para el cálculo se
han descrito en las consideraciones de esta providencia.
NOVENO: ORDENAR al Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional,
Santander, que dentro del término de los cinco (05) contados desde la
notificación de esta providencia, proceda a resolver nuevamente la solicitud de
redosificación de la pena de William Homero Bernal Callejas, pero en esta
oportunidad acorde a la normatividad aplicable por favorabilidad  en referencia
a las disposiciones de la ley 906 de 2004 que establecen la rebaja de la pena
por aceptación de cargos, atendiendo los criterios de dosificación aplicados
por el juez de conocimiento en la sentencia anticipada y los parámetros que
para el cálculo se han descrito en las consideraciones de esta providencia.
DÉCIMO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-966 DE 2006
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
(Salvamento de voto)
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000 Y
ALLANAMIENTO DE CARGOS EN LEY 906 DE 2004-No son figuras equivalentes (Salvamento de voto)
El allanamiento a los cargos es un instituto creado
para el nuevo modelo procesal penal y tiene unas características inherentes,
que lo hacen distinto a la figura de la sentencia anticipada, resultando
manifiestamente inaplicable ese otorgamiento a los procesos seguidos bajo la
Ley 600 de 2000, frente a los cuales los descuentos rompen la proporcionalidad
y vienen a resultar desequilibrantes.
NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL-Carácter premial/NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL-Negociaciones (Salvamento de voto)
A ese sistema procesal oral, además de garantista, le
es inherente su carácter “premial”, caracterizado por tener como base
“negociaciones”, donde se reúne el fiscal con el implicado a transar una
sanción penal, en beneficio de la verdad, la reparación a las víctimas y la
celeridad procesal,  con diferencia del sistema mixto de la Ley 600 de 2000,
donde no existe la posibilidad de negociar una condena, sino simplemente
conceder al implicado unas rebajas fijas precisadas por la ley. Los redactores
de la nueva normatividad pensaron en cómo se iba a incentivar al imputado a
negociar, en otras palabras, como motivarlo a confesar, al igual que a delatar
a otros para desmantelar organizaciones criminales, para lo cual se ideó una
serie de rebajas o beneficios punitivos de“hasta de la mitad” de la pena, a
cambio de colaborar con la administración de justicia, vislumbrando que ese
otorgamiento resultaría excesivo, especialmente frente a delitos de ingente
lesividad social y temiéndose llegar a sentencias insignificantes, sin
consecuencias sancionatorias adecuadas y con una sensación de lenidad y aún de impunidad,
para contrarrestar lo cual se expidió la Ley 890 de 2004 (julio 7), que aumentó la punibilidad en la tercera
parte sobre el mínimo y la mitad en el máximo (art. 14), salvo frente a unos
pocos delitos, los cuales tuvieron incremento específico para cada uno. Se
buscó así precaver y tratar de corregir una de las situaciones anómalas que se
iban a presentar con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.
ALLANAMIENTO DE CARGOS EN LEY 906 DE 2004 Y
PREACUERDOS-Son
instituciones creadas exclusivamente para el nuevo sistema procesal penal (Salvamento de voto)
VIA DE HECHO EN MATERIA DE INTERPRETACION-No se configura por el simple hecho de
contrariar criterio de otros operadores jurídicos (Salvamento de voto)
Referencia: expedientes acumulados números:
T-1352006, T-1352007, T-1352759, T-1352848, T-1364833, correspondientes en su
orden a las acciones de tutela instauradas por los señores Mario León Orozco,
Ignacio Morales, Leonardo Perilla, Rodrigo Martínez y Homero Bernal, contra las
Salas Penales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de
Medellín, Neiva, Bogotá, Bucaramanga y San Gil, respectivamente, y algunos de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que obraron en
primera instancia en relación con los pronunciamientos de los Tribunales
Mencionados.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Respetuosamente, me he apartado del fallo
proferido por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
con los Magistrados Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, por
las razones que sucintamente expondré a continuación.
Reiterando de manera general las
discrepancias que he consignado frente a algunas sentencias de tutela sobre el
mismo tema, fundo este salvamento de voto en los argumentos que a continuación
sintetizo:
De acuerdo a la sentencia C-543 de octubre 1° de 1992,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo, en la cual expresamente fueron
declarados inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que
admitían y reglamentaban la acción de tutela contra decisiones judiciales que
pongan fin a un proceso, determinación que cobró efectos de cosa juzgada
constitucional, es contrario a lo estatuido por el artículo 243 de la
Constitución que se de curso a tal acción, salvo si se está en presencia de una
grosera y flagrante conculcación del ordenamiento jurídico, esto es, de una
arbitrariedad camuflada como providencia judicial, lo cual para el caso objeto
de estudio no se observó.
Adicionalmente, también discrepo del criterio
mayoritariamente adoptado por la Sala de Revisión, en la aplicación por
favorabilidad del beneficio penal del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 en
aquellos procesos donde el implicado se somete a sentencia anticipada conforme
al artículo 40 de la Ley 600 de 2000, toda vez que en mi concepción jurídica la
figura de la sentencia anticipada contemplada en la Ley 600 de 2000 y el
instituto del allanamiento a los cargos establecido en la Ley 906 de 2004 no
son equivalentes, por lo siguiente:
En sentencia C-592 de junio 9 de 2005, M. P. Álvaro
Tafur Galvis se expuso que “la Ley 906 de 2004 podría ser aplicada con
efectos retroactivos respecto de situaciones anteriores a su vigencia, a
condición de que no se refieran a instituciones propias del nuevo modelo
procesal y de que los referentes de hecho en los dos procedimientos sean
idénticos”.
Claramente en tal sentencia se estimó, para hacer
retroactiva la ley del sistema acusatorio en los procesos regidos por la ley
del sistema mixto procesal penal, que las instituciones jurídicas de un sistema
y del otro, estuvieren revestidas de características equiparables y, sobre
todo, que no se refieran a institutos exclusivos del nuevo modelo procesal penal.
Ante ello, respetuosamente reitero que estos dos
institutos tienen diferencias tanto en sus fines como en sus características
jurídicas y que el allanamiento a los cargos, con el otorgamiento establecido
en el artículo 351 de Ley 906 de 2004, fue creado exclusivamente para el nuevo
modelo procesal penal, lo que lo hace inaplicable en los procesos regidos bajo
la Ley 600 de 2000.
En Colombia la criminalidad es y ha sido
inconmensurablemente lesiva para la sociedad debido, entre otros, a fenómenos
que van desde la injusticia social, el desempleo, la violencia intrafamiliar y
la falta de oportunidades lícitas, como también la codicia y la pérdida de los
valores, lo que ha generado en algunos sectores de la población la iniciativa
de crear empresas criminales, enfocadas a delitos como el secuestro, la
extorsión, el homicidio múltiple, etc., y si a eso se suma la falta de
colaboración a la justicia, la impunidad y la falta de reparación a las
víctimas, el resultado es, entre otras gravísimas consecuencias, la pérdida de
credibilidad hacia el sistema judicial.
Debido a lo anterior, se importó un sistema procesal
penal donde se supone que existe más cooperación con la justicia y se combate
la impunidad, que a la par de ofrecer garantías a los imputados, repara a la
víctima o grupo de víctimas que resulten afectadas.
A ese sistema procesal oral, además de garantista, le
es inherente su carácter “premial”, caracterizado por tener como base “negociaciones”,
donde se reúne el fiscal con el implicado a transar una sanción penal, en
beneficio de la verdad, la reparación a las víctimas y la celeridad procesal,
con diferencia del sistema mixto de la Ley 600 de 2000, donde no existe la
posibilidad de negociar una condena, sino simplemente conceder al implicado unas
rebajas fijas precisadas por la ley.
Los redactores de la nueva normatividad pensaron en
cómo se iba a incentivar al imputado a negociar, en otras palabras, como
motivarlo a confesar, al igual que a delatar a otros para desmantelar
organizaciones criminales, para lo cual se ideó una serie de rebajas o
beneficios punitivos de“hasta de la mitad” de la pena, a cambio
de colaborar con la administración de justicia, vislumbrando que ese
otorgamiento resultaría excesivo, especialmente frente a delitos de ingente
lesividad social y temiéndose llegar a sentencias insignificantes, sin
consecuencias sancionatorias adecuadas y con una sensación de lenidad y aún de
impunidad, para contrarrestar lo cual se expidió la Ley 890 de 2004 (julio 7),
que aumentó la punibilidad en la tercera parte sobre el mínimo y la mitad en el
máximo (art. 14), salvo frente a unos pocos delitos, los cuales tuvieron
incremento específico para cada uno. Se buscó así precaver y tratar de corregir
una de las situaciones anómalas que se iban a presentar con la implementación
del nuevo sistema penal acusatorio.
En debates del Congreso previos a la expedición de la
Ley 890 de 2004, se refirió que sólo sería aplicable en aquellos Distritos
Judiciales donde el sistema penal acusatorio se fuera implementando por lo
inequitativo de aplicar dicha preceptiva al sistema de la Ley 600 de 2000, toda
vez que allí los beneficios no son tan altamente premiales como en la Ley 906
de 2004, en cuya compaginación surgió dicha Ley 890, en procura de no engendrar
puniciones írritas, burlescas o puramente nominales.
Así quedó consagrado en la exposición de motivos de la
Ley 890 de 2004, donde en su momento se expuso:
“La razón que sustenta tales incrementos
está ligada con la adopción de un sistema de rebajas de penas (materia regulada
en el Código de Procedimiento Penal) que surge como resultado de la
implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el
desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada
y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la
naturaleza de los delitos que se castigan.”[79]
De esa forma lo ha aplicado la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que mediante sentencia N°
24.311 de febrero 6 de 2006, M. P. Marina Pulido de Barón, expresó:
“Como viene de verse, es evidente que por
voluntad del legislador, el incremento general de penas establecido en el artículo
14 de la Ley 890 de 2004 se encuentra atado exclusivamente a la implementación
del sistema acusatorio (Ley 906 de 2004), de donde puede concluirse que en
aquellos distritos judiciales en los cuales aún no se ha implementado el
referido sistema procesal, no tiene aplicación el aumento de penas y por tanto,
rigen los extremos punitivos establecidos en la Ley 599 de 2000.”
De tal manera, la aceptación de los cargos y los
preacuerdos del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, son instituciones creadas
exclusivamente para el nuevo modelo procesal penal.
Además de los fines perseguidos por las comentadas
leyes, para la aplicación por el principio de favorabilidad de disposiciones de
la Ley 906 de 2004 en procesos que no cubre, por tiempo de la ejecución y Distrito
Judicial, que en consecuencia tramiten bajo la Ley 600 de 2000, debe tratarse
de dos figuras jurídicas técnicamente equiparables, que en los asuntos
estudiados no ocurre, por diferencias que parecen pequeñas, pero que son
determinantes para imposibilitar la aplicación de dicho principio, las cuales
quedaron mayoritariamente definidas, entre otras, en la sentencia proferida por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en agosto 23 de 2005,
casación N° 21.954, M. P. Jorge Luis Quintero Milanés, como son:
“En efecto, debe recordarse que en el
Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993, y de acuerdo con el
sistema mixto que operaba para ese entonces, se incorporaron los institutos de
sentencia anticipada y de audiencia especial, según los artículos 37 y 37A,
respectivamente.
En cuanto al primero, el procesado,
unilateralmente, podía manifestar la aceptación de cargos tanto en la etapa de
instrucción como en la del juicio, posición que le hacía acreedor a una
determinada rebaja de pena; mientras que en el segundo, el fiscal y el
sindicado, luego de haberse resuelto la situación jurídica de éste y antes del
cierre de la etapa de instrucción, llegaban a un acuerdo en torno a ‘la
adecuación típica, el grado de participación, la forma de culpabilidad, las
circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución condicional, la
preclusión por otros comportamientos sancionados con pena menor, siempre y
cuando exista duda probatoria sobre su existencia’, acuerdo de voluntades que
debía ser aprobado por el juez de conocimiento, llegando incluso su competencia
a formular observaciones acerca de la legalidad del mismo o dictar el
correspondiente fallo de mérito, dentro del cual determinaba el quantum
punitivo.
Posteriormente, con la entrada en vigencia
de la Ley 600 de 2000, en su artículo 40 se consagró la sentencia anticipada,
excluyéndose la llamada audiencia especial, instituto aquél que mantuvo la
estructura inicialmente prevista por el legislador, toda vez que la iniciativa siguió
siendo un acto unilateral y voluntario del procesado y la consecuencia
penológica debidamente delimitada, según la etapa procesal en que se presentara
la solicitud, es decir, una tercera (1/3) parte en la instrucción y una octava
(1/8) en el juicio.
Ahora bien, expedida la Ley 906 de 2004,
normatividad que no sólo comportó la simple promulgación de un nuevo Código de
Procedimiento Penal, sino un cambio radical del sistema de procesamiento en
materia penal, según la reforma constitucional que al respecto se llevó a cabo
a través del Acto Legislativo 03 de 2002, conllevando la inclusión de
trascendentales principios e institutos para su cabal funcionamiento que, dicho
sea de paso, difieren notoriamente del anterior sistema, contempló la figura
del allanamiento o aceptación de cargos, instituto que se encuentra reglado en
el Título de ‘PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALÍA Y EL IMPUTADO O
ACUSADO’, título que no era contemplado en las anteriores codificaciones.
… … …
Dicho en otras palabras, el novedoso
sistema está diseñado para que a través de las negociaciones y acuerdos se
finiquiten los procesos penales, siendo esta alternativa la que en mayor
porcentaje resolverán los conflictos, obviamente sin desconocer los derechos de
las victimas y de los terceros afectados con la comisión de la conducta
punible, partes que en este esquema recobran un mayor protagonismo dentro del
marco de justicia restaurativa.
… … …
En efecto, contrario a lo que sucedía con
la sentencia anticipada, el allanamiento o aceptación de cargos tiene génesis
en un acuerdo o en una negociación entre el fiscal y el imputado o acusado,
según el caso.
Así, vale la pena recalcar que el
allanamiento o aceptación de cargos se puede presentar en cuatro ocasiones
procesales, identificables, precisas en su invocación, inflexibles, esto es,
sujetas a momentos específicos del proceso, y si se quiere a concretas
actuaciones o diligencias judiciales, dentro de las cuales el legislador de manera
expresa regula la intervención tanto del fiscal como del juez.
Tales momentos son:
a.
En la audiencia
de formulación de imputación (artículo 288),
b.
Entre la
acusación y hasta el momento en que el acusado sea interrogado al inicio del
juicio oral (artículo 352),
c.
En la audiencia
preparatoria (artículo 365.5) y
d.
En la alegación
inicial del juicio oral (artículo 367).
Como se verá, de acuerdo a la regulación
que la ley precisa para la aplicación del instituto en cada uno de esos
momentos procesales, necesariamente se impone colegir que las consecuencias
jurídicas de éste difieren notoriamente de la sentencia anticipada contemplada
en la Ley 600 de 2000, así contengan algunas similitudes.
… … …
En síntesis, el allanamiento a los cargos,
conlleva a un acuerdo sobre el monto de la rebaja de pena, que surge de una
negociación entre las partes, siendo del resorte del juez de conocimiento
aprobarla en el momento procesal correspondiente, a menos que, como se ha
dicho, se desconozcan garantías fundamentales.[80]”
En resumen, como he insistido, enfaticé en la
respectiva sesión de la Sala de Revisión y seguiré recabando, no comparto la
procedencia de la tutela contra providencias razonadas - por más que se quiera
discrepar de la motivación -, por ser contrario a los fundamentos de esta
formidable acción, al igual que a la cosa juzgada constitucional (art. 243
Const.).
No se puede aceptar que una simple diferencia de
interpretación pueda profanar la jurisdicción hasta el exceso de tratar un
criterio judicial sustentado, como “vía de hecho”, grave arbitrariedad
que es la única situación que posibilita, excepcionalísimamente, la tutela
contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso. Además, si el proceso
no ha concluido y aún después (revisión, de presentarse alguna de sus
causales), dentro del procedimiento se encuentran instituidos importantes
medios de defensa para hacer respetar las garantías fundamentales (derechos de
postulación e impugnación, corrección de errores, nulidades).
Adicionalmente, como ha quedado claro, el allanamiento
a los cargos es un instituto creado para el nuevo modelo procesal penal y tiene
unas características inherentes, que lo hacen distinto a la figura de la
sentencia anticipada, resultando manifiestamente inaplicable ese otorgamiento a
los procesos seguidos bajo la Ley 600 de 2000, frente a los cuales los
descuentos rompen la proporcionalidad y vienen a resultar desequilibrantes.
Con lo anterior dejo brevemente expuestas las razones
por las cuales, con el mayor respeto, me aparto de la motivación y de la
decisión adoptada por la Sala Novena de Revisión.
Fecha ut supra.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Invoca la sentencia T-1211de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[2] Folio 69 vuelto.
[3] Cita Auto del 30 de marzo
de 2005 de la Corte Suprema de Justicia.
[4]
Con ponencia de la  Magistrada  Clara Inés Vargas Hernández.
[5]
Cita las casaciones 21954 de agosto 23 de 2005 y 21347 de diciembre 14 del
mismo año y  sentencia del 7 de febrero de 2006 del radicado 24066.
[6] Folio 42. y 79.
[7] Folio 37
[8] Folio 45 y ss. Cuaderno
de revisión.
[9] Folio 19 expediente
T-1352007.
[10] Folio 20 expediente
T-1352759.
[11] Folio 37 ib.
[12] Folios  94  y 98
[13] Folio 67 expediente
T-1352848.
[14] Folios 79 y 123.
[15] Folio 14 cuaderno de
revisión.
[16] Folios 32.
[17] Folio 9 cuaderno de
Revisión.
[18]  M.P.: José Gregorio
Hernández Galindo.
[19]  M.P.: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[20]  Vid. Corte
Constitucional, sentencia T-008 de 1998.
[21]  M.P.: Eduardo
Montealgre Lynett
[22]  M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández.
[23]
Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[24]
Al respecto, en la sentencia T-461 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett,
Sala Séptima de Revisión, en un caso en el que se estudió la tutela contra la
pérdida de investidura del señor José Jattin Safar, la Corte estimó los
siguiente: “(...) resulta claro que la tutela contra providencias judiciales
no procede por incurrir el funcionario en vía de hecho (en el sentido
administrativo del concepto), sino por violación de la Constitución. En
sentencia T-441 de 2003 la Corte recogió y sistematizó estos argumentos fijando
parámetros para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, que
respondieran a claros criterios constitucionales. Así, se indicó que la tutela
procede contra decisiones judiciales cuando se presenta violación directa o
indirecta de la Constitución. Es decir, frente a providencias judiciales
inconstitucionales.(...)”. (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[25]
Sobre el papel actual que juega el juez en un Estado Social de Derecho véanse
las sentencias C-037 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;  C-366 de 2000 y
SU-846 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[26]
Véanse entre otras, sentencias T-441 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett;
T-200 y T-684 de 2004 y T-658 y T-939 de 2005 M.P.: Clara Inés Vargas Hernández
(cita original de la jurisprudencia trascrita)..
[27]
Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99,
T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02,
T-901/02, entre otras (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[28]
Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99,
T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-054/03 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[29]
Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02,
T-852/02,  T-705/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[30]
Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260/99,
T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02,
T-868/02, T-901/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[31]
En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es
razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley,
que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse
de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero
siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de
lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A
través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente
puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este
tema, también la sentencia T – 949 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[32]  Sentencias T – 522 de
2001 y T – 462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[33] Sentencia T- 949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En el mismo
sentido Cfr. sentencias  T- 774 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
C—590  de 2005, T-1211 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T- 091-de 2006 M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[34]
Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden
consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y C-984 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[35]
Cfr. sentencia SU-1722 de 2000 M.P. Jairo Charry Rivas Tal es el caso por
ejemplo de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no
reformatio in pejus”.
[36]
Cfr., la sentencia C-984 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[37]
Sentencia SU-159/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Jaime Araujo
Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil.
[38] Artículos 6°, 29, 228 y
230 de la Constitución Política.
[39] Sentencia T- 1211 de
2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[40]
Se citan y trascriben expresamente las disposiciones contenidas en: “El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, aprobado por la ley 74 de 1968, Artículo 15-1 y “La
Convención Americana de Derechos Humanos”, aprobada por la ley 16/72, artículo
9°
[41] Ver Sentencia C-200/02
M.P. Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Jaime Araujo Rentería.
[42]
En el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley
es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando
a todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia.
[43] Cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las contempladas
en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos delictivos
ocurridos con anterioridad a su vigencia.
[44] Se evocan  la sentencia de la Sala
de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia de Marzo 15 de 1961,
y las sentencias de la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia del   27 de noviembre de 1987 M.P. Jesús
Vallejo Mejía y  11 de febrero de 1988 M.P. Hernando Gómez Otálora, que se refiere al artículo 26 de la Constitución de 1886, cuyo texto
en lo pertinente es reproducido de manera casi idéntica por el articulo 29  de
la Carta de 1991. Se trascriben de manera
extensa apartes pertinentes, que como, fundamentos de decisión han sido acogidos y citados en fallos de la
Corte Constitucional, Vgr., en las
sentencias C-252/2001 M.P.,
Carlos Gaviria Díaz, C-200/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis,  C-922/01 y T-272/05
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y  T-272/05;
en ellos se dice: “Debe
observarse, ante todo, que ni el texto constitucional, ni los textos legales
citados, que en una forma categórica consagran y reiteran  el canon de la
retroactividad de la ley penal permisiva o favorable en materia penal, y por lo
tanto, y a contrario sensu, el canon de la no retroactividad de la ley
restrictiva o desfavorable, no hacen distinción alguna entre las leyes
sustantivas o adjetivas ni procesales. La observación es pertinente por cuanto
existe una generalizada tendencia a suponer que el artículo 40 de la ley 153 de
1887, en cuanto dispone que: “Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deben empezar a regir”, restringe o limita el canon constitucional de la
retroactividad de la ley penal más favorable, y por lo tanto, el de la no
retroactividad de la restrictiva, únicamente al campo de las leyes penales
sustantivas, y que por consiguientes las leyes procesales, aunque sean más
desfavorables que la ley anterior, tienen efecto inmediato aún sobre hechos
ilícitos cometidos con anterioridad a su vigencia”[...]“Pretender darle este
alcance al citado artículo de la Ley 153, equivale, desde luego a darle una
aplicación preferente a un texto legal sobre un precepto constitucional”.
[45] Se citan: a) Auto  del cuatro (4) de
mayo de  dos mil cinco (20005)  con ponencia del Magistrado  Yesid Ramírez
Bastidas  la Sala de Casación  Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto
de hechos acaecidos en diciembre de 1998 y enero de 1999 y frente a una
petición de dar aplicación al artículo 313 de la Ley 906 de 2004 en lugar del
artículo 357-2 de la Ley 600 de 2000, en el que para acceder a ello se llegó a
la siguiente conclusión “: 10. En conclusión: las normas que se dictaron para la dinámica
del sistema acusatorio colombiano, son susceptibles de aplicarse por favorabilidad
a casos que se encuentren gobernados por el Código de Procedimiento Penal de
2000, a condición de que no se refieran a instituciones
propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de hecho
en los dos procedimientos sean idénticos. (…)” (Negritas no originales). Y b) Auto del 4
de mayo de 2005, en relación con hechos acaecidos en Barranquilla en mayo y
junio de 2003 y frente a una petición de dar aplicación al  artículo 314 de la
Ley 906 de 2004  en lugar del artículo 357 de la Ley 600 de 2000,
pronunciamiento en que al tiempo que se dio aplicación  en ese caso el artículo
314 de la Ley 906 de 2004 en atención al principio de favorabilidad-, se invocó
la aplicación del principio de igualdad  de las personas ante la ley, para
revocar la decisión impugnada que había negado dicha aplicación por no
considerarla  viable en el Distrito Judicial  de Barranquilla antes del 1° de
enero de 2008.
[46] Sentencia C-592 de 2005.
[47] M.P., Clara Inés Vargas
Hernández.
[48]
Ver Sentencia C-200/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Jaime Araujo Rentería.
[49]
Ver entre otras las Sentencias C-252/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-200/02
M.P. Álvaro Tafur Galvis,  C-922/01 y T-272/05 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[50]
Sentencia C- 873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[51] Ver Sentencia C-843/99 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[52] M.P., Jaime Córdoba
Triviño.
[53] Sentencia C-801 de 2005.
[54] Cfr. sentencias T- 1211
de 2005 M.P., Clara Inés Vargas Hernández y T-091 de 2006, M.P., Jaime Córdoba
Triviño
[55] Fecha en que comienza a
regir por primera vez en el territorio nacional dicha normatividad.
[56] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
[57]
Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por
interpretaciones inconstitucionales, ver entre otras, las sentencias T-1123 de
2002, MP. Álvaro Tafur Galvis  y T-1160 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[58]
En los artículos 6° de la Ley 600 de 2000 e inciso 2° del
artículo 6° de la Ley 906 de 2004: (i) que sea una ley procesal de efectos
sustanciales, (ii) que el efecto sustancial sea favorable o permisivo, y (iii)
que no importa sea posterior a la actuación.
[59]
De las sentencias C-200 de 2002  y  C- 592 de 2005.
[60] Con ponencia del
Magistrado Jaime Córdoba Triviño.
[61]
Auto de julio 19 de 2005. Radicación 23910. Criterio ratificado en autos de
mayo 4 de 2005, radicaciones 19094 y 23567.
[62] Sobre el tema, tanto la jurisprudencia constitucional como de la
jurisdicción ordinaria, han admitido que la puesta en marcha del nuevo sistema
penal acusatorio comporta tres etapas diferentes  ( 1) entre el momento de la
aprobación del Acto Legislativo 03 de 2002 y el 1º de enero de 2005; 2) entre
el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, y 3) a partir del 31 de
diciembre de 2008 en que deberá estar en plena vigencia)  y que en esa etapa de
transición, o sea entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, se
presenta la coexistencia de dos sistemas y procedimientos penales en distintas
regiones del territorio nacional.
[63]
Providencias del 11 de agosto de 2004. Rad 14868. M.P. Dr. Edgar Lombana
Trujillo; 12 de mayo de 2004. M.P. Drs. Alfredo Gómez Quintero y Edgar Lombana
Trujillo; 19 de noviembre de 2003. Rad. 19848. M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo
y 28 de noviembre de 2002. Rad. 17358. M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego.
[64]
Se evoca el Decreto 2700 de 1991, artículos 37 y 296, modificado por la Ley 81
de 1993, que estableció mecanismos de allanamiento y consensuados, orientados a
la terminación anticipada del proceso. Beneficios acumulables.
[65]
Cuando la aceptación de cargos se produce desde la diligencia
de indagatoria y hasta antes de que  quede ejecutoriado el cierre de la
investigación: 1/3 parte; y 1/6 parte si es una vez proferida la resolución de
acusación y hasta antes de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha
para audiencia. La aceptación de cargos implica confesión y cuando ella
reúne los requisitos previstos en la ley, artículos. 280 y 283 C.P.P., se
contempla un descuento acumulable de 1/6 parte de la pena.
[66] “ART. 288.—Contenido. Para la formulación de la imputación, el
fiscal deberá expresar oralmente: 1[...], 2[...], 3. Posibilidad del
investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de
conformidad con el artículo 351.”
[67] “ART. 356.—Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo
de la audiencia el juez dispondrá: 1[...], 2[...], 3[...],  4[...], 5. Que el
acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a
dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer,
conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con
el trámite ordinario”.
[68] “ART. 367.—Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el
juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar
silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que
manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable.
La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los
cargos y de inocencia para los otros.
De declararse
culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena
imponible respecto de los cargos aceptados.”
[69]
Si se trata de manifestaciones de culpabilidad preacordadas,
es la Fiscalía quien deberá indicar al juez los términos del acuerdo y la
pretensión punitiva que tuviere (Art. 369. Si esto fuere aceptado por el juez,
la pretensión punitiva del fiscal se convierte en el marco para el juez, por
cuanto no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal (Art.
370).
[70]
Cfr., sentencias C-425 de 1996 y ratificación en la  SU-1300
de 2001.
[71] Según previsiones de los artículos 288/3: formulación de imputación;
356: audiencia preparatoria o 367: al inicio del juicio oral.
[72] Cita del texto. El artículo 3° de la Ley 890 de 2004, por la cual se modificó el
código penal establece: “El artículo 61 del código penal tendrá un inciso final
así: El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se
lleven a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”.
[73] Senetencia T- 1211 de
2005, reiterada en sentencia T-091 de 2006.
[74] La rebaja de pena será de una tercera parte, para quien se
allane a los cargos hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de
cierre de la investigación; de una octava parte, cuando este
allanamiento ocurra “respecto de todos los cargos allí formulados”, desde
proferida la resolución de acusación y hasta antes de que quede ejecutoriada la
providencia que fija fecha para la celebración de la audiencia pública.
[75] La rebaja de pena será de una tercera parte, para quien se allane a
los cargos hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la
investigación; de una octava parte, cuando este allanamiento ocurra “respecto
de todos los cargos allí formulados”, desde proferida la resolución de
acusación y hasta antes de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha
para la celebración de la audiencia pública.
[76] De fecha 24 de noviembre
de 2005.
[77] Que se indicarán más
adelante.
[78] Con excepción de los
expedientes  T- 1352848 (7 de junio de 2005) y T- 1364833 ( 10 de mayo de 2005)
[79] Gaceta
del congreso N° 642, Bogotá, D. C., martes 2 de diciembre de 2003.
[80] “Ver
adición en colisión de competencias N° 23.312, del M. P. Yesid Ramírez
Bastidas.”