T-366-19
Sentencia
T-366/19
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICION DE
DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN EL DEPORTE-Caso en que fue sancionado y excluido del torneo de Liga
de Fútbol, equipo infantil del cual hace parte una menor de edad
ESTEREOTIPOS DE GENERO-Formación
de niños y niñas
Las
reivindicaciones alcanzadas por los movimientos feministas y la
universalización de los derechos humanos, a partir del reconocimiento de la
dignidad inherente a todas la personas, han propiciado que en la actualidad las
niñas y las mujeres subviertan los tradicionales
estereotipos de género y avancen en el ejercicio de sus libertades más allá o
incluso por fuera de los condicionamientos culturales que se les han impuesto,
por ejemplo, mostrando que cuentan con las mismas capacidades
y destrezas que los varones, asumiendo actitudes y estilos de vida que desafían
los roles tradicionales, y logrando acceder, no sin dificultades, a espacios de
la sociedad que antes les eran vedados por considerarse reservados o
privilegiados para los hombres (v.gr. la
profesionalización, el mercado del trabajo remunerado, el desempeño de cargos
de liderazgo, la política, etc.), aunque los estereotipos de género siguen
siendo una constante que se debe combatir.
INTERES SUPERIOR DEL MENOR FRENTE A ESTEREOTIPOS DE GENERO EN EL DEPORTE-Caso en que fue sancionado y excluido del
torneo de Liga de Fútbol, equipo infantil del cual hace parte una menor de edad
DERECHO AL DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE-Fundamental por conexidad con otros derechos de este rango
DERECHO A LA IGUALDAD-Visión
material
DEBIDO PROCESO-Comprende el
principio de legalidad
El
debido proceso y, en concreto, el principio de legalidad, no condiciona
solamente las relaciones entre el poder del Estado y el individuo, sino que también es una garantía que se irradia plenamente a
las relaciones entre particulares, pues allí también está presente la fuerza
vinculante de la Constitución como un escudo para la persona frente a la
arbitrariedad
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Tiene
fundamento en el principio de buena fe
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR
RAZON DE SEXO EN EL DEPORTE-Orden de
realizar la inscripción y admisión automática del club deportivo al torneo de Liga de Fútbol
Referencia: Expediente T-7.268.829
Acción de tutela formulada por Álvaro Mora
Ríos, en representación de su hija menor de edad María Paz Mora Silva, contra
la División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, la División
Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ y la Liga de Fútbol de
Bogotá
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los
magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos –quien la preside−
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política,
y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
presente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo del 30 de octubre
de 2018, proferido por el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá dentro de la
acción de tutela promovida por Álvaro Mora Ríos, en representación de su hija
menor de edad María Paz Mora Silva[1],
contra la División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, la
División Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ y la Liga de
Fútbol de Bogotá.
El proceso de la referencia fue escogido por la Sala
de Selección de Tutelas Número Cuatro[2],
mediante auto del 10 de abril de 2019. Como criterios de selección se indicaron
el asunto novedoso (criterio objetivo) y la necesidad de materializar
un enfoque diferencial (criterio subjetivo), con fundamento en los
literales a) y b) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015[3].
I.
ANTECEDENTES
El 17 de octubre de 2018[4], el señor
Álvaro Mora Ríos, en representación de su hija María Paz Mora Silva, formuló acción de tutela
en contra de la División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, la
División Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ y la Liga de
Fútbol de Bogotá, reclamando
la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no
discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la recreación y al
acceso a la cultura de los menores de edad, a la familia, a “los derechos
adquiridos” y, según se desprende del libelo, al debido proceso y a la
confianza legítima de la niña. Pasan a reseñarse los aspectos centrales de la
solicitud:
1. Hechos
A continuación se relatan los supuestos fácticos
relevantes que sustentan la solicitud de amparo, tal como son narrados en el
escrito inicial:
1.1. La menor María Paz Mora Silva[5] practica fútbol
desde los tres años de edad. Desde entonces y a lo largo de su vida, la niña ha
mostrado dedicación, esfuerzo e importantes méritos deportivos como arquera en
las distintas competencias futbolísticas en las que ha participado.
1.2. La Liga Pony Fútbol es un campeonato en
cuya organización toman parte la División Mayor del Fútbol Colombiano –Dimayor–,
la División Aficionada del Fútbol Colombiano –Difútbol–, la Liga de Fútbol de
Bogotá y CREARE.
1.3. En vista de que las reglas de la Liga
Pony Fútbol no incluían ninguna disposición que prohibiera la conformación de
equipos mixtos, es decir, integrados simultáneamente por niñas y niños, el club
deportivo Dinhos, del cual formaba parte la menor María Paz Mora Silva,
se inscribió en dicho torneo con un equipo infantil conformado por un grupo de
niños varones junto con la citada niña como arquera titular. El equipo fue
admitido, se entregaron las planillas por parte del club a la Liga de Bogotá y los
organizadores del torneo procedieron a expedir y a entregar los carnés a los
jugadores inscritos, sin poner objeción alguna a la inclusión de la menor María
Paz Mora Silva, lo cual generó en ella la expectativa de que podría participar
con sus compañeros de equipo.
Así que, una vez aceptado el equipo dentro
de la competencia, se cumplieron tres partidos en los cuales María Paz Mora
Silva participó con Dinhos, en igualdad de condiciones con los niños,
como arquera titular.
1.4. En el curso del campeonato, “por
inconformidades que surgieron en uno de los encuentros deportivos”[6], el Comité
Disciplinario de Campeonatos de la Liga de Fútbol de Bogotá dictó la Resolución
No. 003-2018 del 11 de octubre de 2018, en la cual adoptó la decisión de
sancionar al equipo Dinhos con la pérdida de puntos –3x0– con fundamento
en una presunta “actuación irregular” relacionada con incluir en la planilla de
juego un jugador no inscrito reglamentariamente (literal b del artículo 83 del
Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol).
Sin embargo, en dicha resolución jamás se
indica cuál fue el jugador del mencionado equipo que dio lugar a dicha
circunstancia.
1.5. El Comité Disciplinario de Campeonatos
de la Liga de Fútbol de Bogotá dictó la Resolución Extraordinaria No. 004-2018
del 16 de octubre de 2018, en la cual confirma la sanción con pérdida de puntos
–3x0– del equipo Dinhos que se adoptó en la Resolución No. 003-2018 del
11 de octubre de 2018, mencionando esta vez al jugador con COMET 3657270 (este
es el número de carné de María Paz Mora Silva). Tal pérdida de puntos acarreó
la eliminación del equipo del torneo.
1.6. El equipo Dinhos fue entonces eliminado
del torneo en razón de que María Paz Mora Silva había formado parte del equipo en
los encuentros disputados hasta ese momento, porque se presentó queja contra
uno de los partidos con el argumento de que supuestamente se trataba de un
torneo netamente masculino. Dicha exclusión del equipo Dinhos dio lugar
a diferentes reclamaciones ante las directivas.
1.7. Según el promotor de la acción, su
hija María Paz Mora Silva, a sus diez años de edad y tras cinco años de
preparación para participar en la Liga Pony Fútbol, se ha sentido muy afligida
y culpable por la expulsión de su equipo, además de que teme que sus compañeros
no la acepten más por ser la causante de que los sacaran del certamen.
2. Contenido de la petición de amparo
2.1. De acuerdo con el anterior recuento
fáctico, el señor Álvaro Mora,
como progenitor de la menor futbolista, reclama que se amparen sus derechos
fundamentales a la igualdad, a
la no discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la recreación y
al acceso a la cultura de los menores de edad, a la familia, a “los derechos
adquiridos” y, según se desprende del libelo, al debido proceso y a la
confianza legítima, pues considera
que la determinación de sancionar y excluir al equipo de la Liga Pony Fútbol es
infundada y constituye un acto de discriminación frente al cual la menor se
encuentra en situación de indefensión y sin otros medios judiciales de
protección.
2.2. Solicita que, como consecuencia de la
tutela de los derechos fundamentales invocados, se le ordene a la Dimayor, a la
Difútbol y a la Liga de Fútbol de Bogotá que dejen sin efectos la decisión de
eliminar al equipo Dinhos del torneo Liga Pony Fútbol, que se permita a
la menor María Paz Mora Silva y al club Dinhos continuar en la
competencia hasta que sus puntajes se lo posibiliten, y que se ordene a las
accionadas que, cumplido el reintegro, no vuelvan a realizar actos que
impliquen una discriminación.
2.3. Para sustentar su solicitud, el promotor de la
acción acompañó el escrito introductorio de los siguientes documentos:
§  Copia del reglamento de la Liga Pony Fútbol[7].
§  Copia de la Resolución No. 003-2018[8].
§  Copia de la Resolución Extraordinaria No. 004-2018[9].
§  Copia de la certificación de póliza de accidentes
personales expedida por Mapfre Seguros para el torneo de la Liga Pony Fútbol[10].
§  Copia de la Circular No. 10 de 2018[11].
§  Copia de la Circular No. 007 de 2018[12].
§  Disco compacto que contiene: (i) videos y fotografías
de María Paz Mora Silva como integrante del equipo Dinhos, (ii), video
del carné de la Liga de Fútbol de Bogotá de María Paz Mora Silva con adhesivo de
aprobación a la Liga Pony Fútbol, y (iii) audios en los que se menciona que la
exclusión del equipo Dinhos de la competencia es por la participación de
María Paz Mora Silva.
3. Traslado y
contestación de la acción de tutela
Mediante auto del 19 de octubre de 2018, el Juzgado 9º
Civil Municipal de Bogotá admitió a trámite la demanda de tutela, ordenó la
notificación a las entidades que integran el extremo pasivo y vinculó al
Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá –IDRD–, a Coldeportes, a
Bavaria y al club deportivo Dinhos.
Más tarde, por auto del 23 de octubre de 2018, el
juzgado instructor vinculó también a la Federación Colombiana de Fútbol, a
Mapfre Colombia Seguros S.A. y a la empresa CREARE Ltda.
Durante el respectivo traslado, se allegaron las
siguientes intervenciones:
3.1. Respuesta de la Liga de Fútbol de Bogotá[13]
El presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá manifestó
que es cierto que la menor María Paz Mora Silva ha participado en torneos como
el denominado “Festivales” organizado por dicha entidad, cuyo reglamento
permitía la participación de equipos mixtos, esto es, conformados por niños y
niñas.
Señaló que el torneo de la Liga Pony Fútbol no es
organizado por la Liga de Fútbol de Bogotá, y que solo obra como organizadora
del evento por encargo de la Difútbol, que expidió la reglamentación del mismo.
En este contexto, la Circular No. 007-2018 dispuso que el torneo se
desarrollaría en dos categorías en ambas ramas así: 1) deportistas nacidos a
partir del 1 de enero de 2006 y 2007, y 2) deportistas nacidos a partir del 1
de enero de 2008 y 2009, y que el Reglamento indicó que “se reglamenta Liga
Pony Fútbol Masculina y Femenina correspondiente al año 2018”, de lo cual
se desprende que dichas referencias a “ambas ramas” y a “masculina y femenina”
–según afirma– dejan claro que en ningún momento se permitió la participación
de categorías mixtas.
Por lo tanto, estima que la interpretación del promotor
de la acción es errada y acomodada a sus intereses, pues, como conocedor del
fútbol, debía saber en qué tipos de categorías se dividen los torneos para que
no haya confusión entre los participantes.
Añade que es cierto que el reglamento preveía la
clasificación de los jugadores por edades, pero aduce que fue el mismo equipo Dinhos
el que “decidió” presentarse con un equipo mixto, y que respecto de ello la
Liga de Fútbol de Bogotá no tenía ningún tipo de injerencia, pues es el
profesor de cada categoría, y no la Liga, quien diligencia las planillas de inscripción,
aunado a que tratándose de un club deportivo también era conocedor de las
categorías y ramas que se admiten en el fútbol.
Indicó que la autoridad disciplinaria es autónoma e
independiente en sus decisiones y que el torneo no fue suspendido, sino que, de
acuerdo con el reglamento, tras una reclamación debía esperarse el término de
12 horas para que la decisión quedara en firme y poder continuar con la
programación.
Además, expresó que el equipo Dinhos contaba
con una oportunidad procesal para recurrir lo resuelto ante la instancia
disciplinaria a que había lugar, pero que optó por no presentar los recursos de
reposición y apelación, tal como consta en la comunicación remitida por dicho
club el 17 de octubre de 2018[14], la cual adjuntó al
memorial de respuesta.
3.2. Respuesta del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte –IDRD–[15]
A través de apoderado judicial especialmente
constituido, el IDRD alegó la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues consideró que “carecen de fundamento técnico, fáctico y
legal que permitan demostrar la violación de derechos fundamentales por parte
de esta entidad”.
Indicó que desconoce los hechos relatados en la
demanda, pues son completamente ajenos al objeto y las funciones de la
institución, que no tiene ninguna relación con la organización del torneo, ni
tiene obligación de responder por las presuntas irregularidades en las
decisiones adoptadas allí por el comité disciplinario respectivo.
Aclaró que el equipo infantil de fútbol denominado “IDRD”
–que participó en el evento deportivo de que trata el presente proceso–
pertenece a un programa promovido por el Distrito de Bogotá para los niños,
niñas y jóvenes de sectores vulnerables de la ciudad, pero en manera alguna
representa a la entidad.
Afirmó que no es cierto que el IDRD haya tomado
acciones frente a los resultados obtenidos en la competencia, pues su función
misional consiste en incentivar el deporte, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre entre los capitalinos para contribuir a la
formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, por lo cual no respalda ni adopta
decisiones que vulneren o den un trato diferenciado a los niños y niñas
bogotanos.
Expuso que las ligas y los clubes deportivos, como el
caso de Dinhos, son organismos de carácter privado que pertenecen al
Sistema Nacional del Deporte y están sometidos a inspección, vigilancia y
control del Instituto Colombiano del Deporte –Coldeportes–.
3.3. Respuesta del club deportivo Dinhos[16]
El presidente del club deportivo Dinhos afirmó
que en el mes de mayo de 2018 les fue informado que, en busca de un fútbol más
incluyente, la Difútbol entregó la organización de la Liga Pony Fútbol a las
ligas regionales, por lo que, al ser el club parte de la Liga de Bogotá desde
hace siete años, se inscribieron allí.
Indicó que siguieron estrictamente las directrices
impartidas por la Liga de Fútbol de Bogotá en relación con la inscripción de
los equipos para la competencia, cuyas categorías estaban definidas por las
fechas de nacimiento de los deportistas. Así, el club Dinhos procedió
con la inscripción en la categoría 2008, teniendo en cuenta que todos los
jugadores cuentan con un número COMET por encontrarse jugando en la Liga de
Fútbol de Bogotá.
Anotó que María Paz Mora Silva hace parte del club
desde hace cinco años y que su participación en el equipo élite se dio luego de
una convocatoria en la cual fue seleccionada por sus aptitudes deportivas, las
cuales le han permitido destacarse no solo dentro del club sino en canchas a nivel
local y nacional, como la valla menos vencida en Maracaná 2016, en Paipa Cup
2018, entre otros. Por lo tanto, la menor fue inscrita como integrante del
equipo élite del club, lo cual fue avalado por la Liga de Fútbol de Bogotá,
como se acredita con la planilla respectiva[17] y el carné con el adhesivo de la
Liga Pony Fútbol debidamente estampado[18], de suerte que quedó
inscrita reglamentariamente, como los otros jugadores del equipo.
Agregó que el 26 de septiembre se publicaron las
listas de los grupos que jugarían la primera etapa. Los tres primeros
encuentros se llevaron a cabo el 28 de septiembre, el 9 y el 10 de octubre de
2018, y en todos ellos participó María Paz Mora Silva, con la debida
habilitación por parte de los veedores y comisarios encargados por la
organización de la correspondiente verificación. El equipo Dinhos ganó
cada uno de dichos partidos y superó esta etapa del torneo como cabeza de
grupo.
Fue entonces, explicó, cuando recibieron la Resolución
No. 003-2018, en la cual se sanciona al equipo Dinhos con la pérdida de
puntos (3x0) en uno solo de los tres partidos disputados con la participación
de María Paz Mora Silva, con sustento en el parágrafo 5 del artículo 29 de la
Resolución 028 de 2018, relativo a los jugadores en tránsito, y en el literal b
del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de
Fútbol, referente a una actuación irregular.
Señaló que solicitaron a la Liga de Fútbol de Bogotá
una reunión con el Comité Disciplinario de Campeonatos, la cual se realizó el
16 de octubre de 2018, en la cual se estableció que la norma aplicada
(parágrafo 5 del artículo 29 de la Resolución 028 de 2018) no daba lugar a la
invalidación del partido. A raíz de ello, se expidió la Resolución
Extraordinaria No. 004-2018, en la cual se aclara que la sanción al club Dinhos,
impuesta únicamente en relación con uno de los tres partidos jugados, se basa
en los artículos 8 literal A y 23 de la Resolución No. 025 de 2018, atinentes a
la competencia del comité para imponer la sanción de pérdida de puntos por el
incumplimiento de los requisitos de inscripción, y en el literal b del artículo
83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol,
referente a una actuación irregular vinculada específicamente al jugador
inscrito con el número COMET 3657270, número que pertenece a María Paz Mora
Silva.
Afirmó que, aunque en la mencionada resolución
extraordinaria se otorgó la posibilidad de interponer recursos de reposición y
de apelación dentro de las 12 horas hábiles siguientes y previo un pago de tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes, la junta directiva del club Dinhos
decidió no ejercer ese mecanismo, dada la falta de garantías que ofrecía, y en
cambio optaron por apoyar la acción de tutela instaurada por el padre de la
menor víctima del descrito atropello.
Finalmente, sostuvo que el reglamento de la Liga Pony
Fútbol se refiere a niños y niñas, por lo cual las condiciones habilitaban a la
menor María Paz Mora Silva a jugar con su equipo, y que “de manera
arbitraria y sin responsabilidad de la jugadora y del equipo nos hemos quedado
por fuera del torneo.”
3.4. Intervención de los niños del club
deportivo Dinhos y sus acudientes[19]
Un grupo de jugadores del equipo infantil Dinhos,
con sus madres y padres y el entrenador del conjunto, suscribieron un memorial
en el que manifiestan que 18 niños resultaron afectados por las acciones
desplegadas por las entidades accionadas, pues fueron descalificados sin una
razón justa del campeonato Liga Pony Fútbol.
Expresan que la decisión de excluir al equipo causó
tristeza, decepción, abatimiento, frustración y desconcierto en los pequeños
jugadores, pues María Paz Mora Silva era su compañera desde hace cinco años,
fue elegida gracias a su gran desempeño como arquera, y nunca antes tuvieron
ese tipo de inconvenientes en otros certámenes futbolísticos; además, que
tenían la esperanza de participar juntos tras todo el tiempo que venían dedicando
a su preparación y que no entienden por qué no pueden competir en compañía de
su compañera, si el único objetivo del torneo para ellos era participar bajo
una igualdad de oportunidades, sana competencia y desarrollando lazos de unión
y respeto, tanto entre ellos como con sus contrincantes.
Afirman que apoyan la acción de tutela instaurada,
pues estiman que la decisión de los organizadores no es válida y que no solo
afecta a María Paz Mora Silva en su individualidad sino a todos los niños que
hacen parte del equipo, y que si el torneo se llega a concluir a pesar de lo
ocurrido y sin la intervención de una autoridad imparcial, a los pequeños les
quedará el mensaje de que sus intereses jamás van a ser respetados y que la
justicia como valor no existe.
3.5. Respuesta de la Federación Colombiana de
Fútbol[20]
El Director Jurídico de la Federación Colombiana de
Fútbol[21] manifestó que no le
constan los hechos planteados en la demanda y que esa entidad se hace cargo del
manejo técnico y administrativo del fútbol asociado en el ámbito nacional y de
la representación internacional del mismo en todas sus categorías.
Explicó que la Federación está constituida por clubes
profesionales y ligas deportivas que gozan de amplia autonomía interna, y que
las competiciones desarrolladas por las divisiones profesional y aficionadas
son eventos de carácter privado que se ajustan a lineamientos normativos en
materia de comodidad, seguridad y convivencia. En ese contexto, una de las
funciones de la división aficionada –Difútbol– es organizar y reglamentar la
práctica del fútbol aficionado y realizar campeonatos en las diversas
categorías.
De tal modo, la Federación contempla en sus estatutos
la posibilidad de que sus divisiones incluyan en sus reglamentos de competición
disposiciones particulares, pero de carácter general, sobre inscripción de
jugadores, siempre y cuando se observe en todo momento la protección de la
integridad de la competición.
3.6. Respuesta de la División Aficionada del
Fútbol Colombiano                                –Difútbol–[22]
El presidente de la Difútbol aseguró que “por
expresa disposición de la FIFA, está terminantemente prohibido (sic) la
realización de campeonatos de fútbol de categoría o rama mixta, esto es, que
los equipos de fútbol participantes en los torneos organizados por ella o
cualquier de las federaciones nacionales allí afiliadas, deben ser integradas
por damas o varones, pero no pueden ser mixtos.”
Indicó que acogiendo dicho mandato de la máxima
rectora del fútbol mundial, la Difútbol reglamentó el campeonato “Liga Pony
Fútbol Masculina y Femenina” del año 2018 mediante la Resolución No. 025 de
2018, en la cual el capítulo V sobre inscripciones y participantes, en el
parágrafo 1 del artículo 10[23], “determina con
claridad meridiana el número total de equipos que en cada rama masculina o
femenina pueden participar.”
3.7. Respuesta de la División Mayor del Fútbol
Colombiano –Dimayor–[24]
El presidente de la Dimayor afirmó que no le constan
los hechos y que esa entidad no ha vulnerado derecho alguno, comoquiera que su
competencia es atender el fútbol profesional colombiano y, dado que Pony Fútbol
no es una competencia organizada en el contexto del deporte profesional, no
está facultada para organizar dicho certamen.
Añadió que allí la Dimayor solo ha prestado
acompañamiento pedagógico a los padres de los menores y a estos últimos en un
escenario de responsabilidad social, pero sin que su papel sea de organizador o
supervisor de dicho torneo, y que no tiene injerencia alguna en el control
técnico ni en la regulación disciplinaria del mismo, por lo que aseguró que no
tiene ningún tipo de vinculación con la presente controversia.
3.8. Respuesta de Mapfre Seguros S.A.[25]
La representante legal para asuntos judiciales,
extrajudiciales y administrativos de la compañía aseguradora expresó que
respecto de ella existe una falta de legitimación en la causa por pasiva, en
tanto no ha obrado como administradora ni anfitriona de la Liga Pony Fútbol y,
en consecuencia, no tiene ninguna relación con la vulneración de derechos que
alega el accionante.
Indicó que en la acción de tutela no se está
solicitando la afectación de la póliza de accidentes personales tomada por el
equipo Dinhos, sino el reintegro del grupo al torneo, frente a lo cual
Mapfre no tiene competencia alguna.
3.9. Las demás entidades convocadas al trámite
guardaron silencio.
4. Fallo de tutela objeto de revisión
Por sentencia del 30 de octubre de 2018, el Juzgado 9º
Civil Municipal de Bogotá negó el amparo constitucional deprecado, tras referirse
a algunas disposiciones de la Liga Pony Fútbol sobre la inscripción de los
competidores y retomar lo señalado por la Difútbol en cuanto a que la
Federación Internacional de Fútbol Asociado ‒FIFA‒ prohíbe la
realización de campeonatos de fútbol de categoría o rama mixta, aspecto que
debía ser conocido por el accionante, quien en su momento efectuó una errada
interpretación de las reglas del deporte.
En tal sentido, estimó que no existía la vulneración
de derechos alegada, no obstante lo cual conminó a los realizadores del evento
deportivo a “dar claridad respecto de los numerales del reglamento materia de
conflicto, para así prevenir en futuras oportunidades dichos sucesos”.
La anterior determinación no fue objeto de impugnación.
5. Actuaciones en sede de revisión
5.1. En el escrito mediante el cual
solicitó a esta Corporación la selección del expediente T-7.268.829[26], el señor Álvaro Mora Ríos relató nuevos hechos
acaecidos con posterioridad a la actuación ante el juez de instancia.
Indicó que a raíz de la acción de tutela,
la empresa CREARE, en su calidad de organizadora, se puso en contacto con la
familia Mora Silva a través de la señora Paula Peña (representante legal) y el
señor Fabián López, quienes verbalmente les ofrecieron llegar a un acuerdo que
pusiera fin a la controversia mediante las siguientes fórmulas de arreglo: (i)
que se ofrecerían disculpas públicas a María Paz y que las mismas se
publicarían en los canales de promoción de la Liga Pony Fútbol; (ii) que se
buscaría invitarla a una cena con el arquero Fariñas del equipo Millonarios; (iii)
que se buscaría que el arquero David Ospina le enviara un saludo; (iv) que la
niña sería aceptada por cualquiera de los dos equipos femeninos de su categoría
2008 que pasarían a la final en la ciudad de Medellín (Kapital Soccer o Future
Soccer, a su elección); (v) que el equipo Dinhos sería compensado
mediante una invitación especial por parte del patrocinador a jugar en las
finales en Medellín, o a jugar en el partido preliminar contra el campeón de la
categoría en la final de la Liga Águila Profesional, con la condición de que en
esos encuentros no podía participar María Paz sino solamente el equipo de
niños.
Ante estas opciones –afirmó–, la familia
Mora Silva estuvo de acuerdo con que bastaría con las disculpas públicas a
María Paz, con que se permitiera su participación en un equipo femenino y con
la invitación al equipo como desagravio frente a los demás menores. Sin
embargo, las propuestas nunca llegaron a constar por escrito.
Luego de que la menor María Paz Mora Silva
conociera los equipos de niñas y escogiera a cuál se quería integrar,
aparecieron nuevos obstáculos relacionados con la exigencia de que ella debía
ser transferida al nuevo club, lo cual la inhabilitaba para continuar
participando con el equipo Dinhos en otro torneo organizado por la Liga
de Fútbol de Bogotá. Por ello, se propuso que la niña no fuera transferida sino
que se hiciera un préstamo entre clubes. Frente a dicha petición, CREARE les
informó que el presidente de la Difútbol había autorizado el referido préstamo,
pero ello no se pactó por escrito y jamás se cumplió.
Manifestó que lo mismo ocurrió con las
demás medidas de desagravio propuestas, pues, pese a la insistencia de los
progenitores, no se les cumplió ninguna de las promesas ni a María Paz Mora
Silva ni al equipo Dinhos –al cual además también se le había ofrecido
una invitación a Santa Marta a jugar con el equipo Pescaito en un
encuentro en el cual estaría presente el cantante Carlos Vives–, porque
supuestamente todo estaba supeditado al visto bueno del presidente de la
Difútbol y el mismo se encontraba fuera del país, quedando así frustradas las
expectativas deportivas de la niña y sus compañeros.
Explicó que debido al paro judicial que
tuvo lugar en noviembre de 2018 no fue posible notificarse de lo decidido por
el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá, pues fueron fallidos todos los
intentos de acceder a dicha sede judicial durante el cese de actividades.
Agregó que toda la problemática originada
por la participación y posterior exclusión de María Paz Mora Silva en el
campeonato se difundió a través de distintos medios de comunicación y que
justamente fue en una de esas entrevistas que tuvo conocimiento del sentido del
fallo de tutela, del cual no había sido enterado hasta ese momento, y que ese
mismo día, al revisar el portal web del patrocinador del certamen, encontró que
se habían realizado adiciones al reglamento en el sentido de aclarar que los
equipos participantes en la Liga Pony Fútbol 2018 sólo podrían ser femeninos o
masculinos, pero por ningún motivo mixtos.
Insistió en que todo lo ocurrido ha
generado un impacto emocional negativo en la niña, pues además de sentirse
culpable por la eliminación de su equipo, siente que no hay justicia en tanto
no le han aclarado cuál fue el verdadero motivo por el cual fue expulsada y que
“los adultos no saben pedir perdón.”
Finalmente, expuso que, como progenitores
de la pequeña y en busca de apoyo, han promovido la causa de María Paz y de sus
compañeros de equipo en diferentes redes sociales, con el fin de “mostrar a la
Liga Pony Fútbol y a la Difútbol que en el deporte todos cabemos, que en el
fútbol no hay discriminación, que cuando somos pequeños no importa jugar con
niños con niñas, lo único que importa es JUGAR”, ante lo cual han recibido
la solidaridad de varias personas, organizaciones y medios de comunicación.
5.2. Por memorial allegado a la Corte Constitucional
el 6 de junio de 2019[27], un grupo de 89 personas
manifestó su coadyuvancia a la demanda y expresó que el caso de María Paz Mora
Silva y su equipo debía ser referente y ejemplar para los cambios sociales y
deportivos que la sociedad requiere. Asimismo, indicó que las instituciones que
representan el fútbol colombiano debían reconocer la ofensa, pedir perdón y
desagraviar a los menores.
5.3. Con el propósito de obtener suficientes elementos
de juicio para adoptar una decisión, y con fundamento en el artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015, por auto del 4 de junio de 2019, el magistrado sustanciador
decretó las siguientes pruebas:
(i) se ordenó a la Liga de Fútbol de Bogotá y a la
División Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ que rindieran
informe a esta Corporación en relación con cada uno de los siguientes aspectos:
(a) expliquen
cuáles medidas se han adoptado con posterioridad al fallo de tutela del 30 de
octubre de 2018 dictado por el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá, respecto
de la realización de la competencia Liga Pony Fútbol de que se trata el
presente proceso, precisando cuál es la situación actual y especificando si el
torneo fue culminado, cancelado o suspendido;
(b) remitan copias
de la adición al reglamento de la Liga Pony Fútbol efectuada en noviembre de
2018, así como de las demás modificaciones a la normatividad que se hayan
implementado con posterioridad a los hechos que dieron origen a la presente
controversia;
(c) remitan copias
de las Resoluciones No. 028 y 029 de 2018 y del Código Disciplinario Único de
la FCF, en tanto dichas normas sirvieron de sustento para la sanción que se
impuso al equipo Dinhos por una presunta “actuación irregular”.
Asimismo, el Comité Disciplinario del Campeonato, integrado por los abogados
Diego Fernando Arana Sarria, Yony Buendía Bonilla y la abogada Nelly Martínez
Amado, deberá precisar en qué consistió la “actuación irregular” atribuida al
equipo Dinhos y que justificó la sanción impuesta conforme a la
Resolución No. 003 del 11 de octubre de 2018 y a la Resolución Extraordinaria
No. 004 del 16 de octubre de 2018, al interior de la Liga Pony Fútbol 2018; y,
(d) señalen los
fundamentos normativos en que sustentan la afirmación en cuanto a que los
campeonatos de fútbol mixtos están “terminantemente prohibidos” por la FIFA.
(ii) se requirió a la
empresa CREARE Ltda., vinculada al presente trámite de tutela por auto del 23
de octubre de 2018 proferido por el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá, para
que se pronunciara sobre todo cuanto estime pertinente en relación con la
presente controversia y aportara las pruebas que considerara pertinentes.
(iii) se dispuso oficiar
al promotor de la acción para que informara a esta Corporación quién es la
persona cuya voz fue grabada en el archivo de audio aportado con el escrito de
tutela, cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó
la grabación, y suministrara la información de contacto del autor de dichas
declaraciones, con el fin de que, eventualmente, las mismas pudieran ser
ratificadas dentro de este proceso.
(iv) se invitó en calidad
de amicus curiae a las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional
de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad Libre, Universidad de La
Sabana, Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia,
Universidad Sergio Arboleda y Universidad Javeriana, a las Facultades de
Educación y de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, a la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, así
como a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia,
al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad ‒Dejusticia‒,
a Coldeportes, a la Confederación Suramericana de Fútbol
‒Conmebol‒, a la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo
‒Acodepor‒, al Observatorio de Género y Justicia de Women’s Link
Worldwide, a la Corporación Sisma Mujer, a ONU Mujeres Colombia y a la
Corporación Casa de la Mujer, para que desde su experticia institucional y
académica, emitieran concepto sobre el caso y contribuyeran a enriquecer el
debate y el contenido de la decisión a adoptar.
5.4. En cumplimiento a lo dispuesto mediante el auto
de decreto de pruebas, se recibieron las siguientes respuestas:
5.4.1. Universidad de La Sabana[28]
Por medio de un equipo integrado por miembros activos
de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y un
egresado experto en Derecho Deportivo, la Universidad de La Sabana intervino en
calidad de amicus curiae.
Señaló que existió una violación del derecho al debido
proceso de María Paz Mora Silva, pero que se presentaba un daño consumado, lo
que impone a la Corte la necesidad de pronunciarse para establecer correctivos
que permitan prever futuras vulneraciones de otras personas que se encuentren
en la misma situación de la menor.
Afirmó que el debido proceso, contemplado en el
artículo 29 de la Carta, es una garantía aplicable aún en las relaciones entre
particulares y que, según la jurisprudencia constitucional, cuando en este contexto
se impone una sanción, la misma debe respetar el principio de legalidad, la
debida motivación, la publicidad e imparcialidad en el trámite, la competencia
del organismo decisorio y el derecho a la defensa.
Tras hacer referencia a las normas del campeonato que
fueron aplicadas en el caso para imponer la sanción, indicó que el reglamento
hace mención de niñas y niños y no contempla ninguna prohibición de equipos
mixtos. Además, del Reglamento para Verificación del sexo de la FIFA no se
desprende que exista una prohibición del fútbol mixto y, aunque en gracia de
discusión así lo fuera, no sería problema de María Paz Mora Silva que los
organizadores hubieran realizado el torneo de esa manera, ya que ello sería
objeto de las correspondientes medidas sancionatorias por parte de la FIFA
sobre la FCF, sin que la menor tuviera que sobrellevar las consecuencias.
Agregó que la sanción al club Dinhos por una
“inscripción irregular” no se fundó en normas preexistentes y se aplicó
violando el derecho de defensa tanto de la menor María Paz Mora Silva como del
equipo. El órgano sancionador se refirió al jugador 3657270 al mencionar la
inscripción irregular y, así no se indique expresamente que la medida se aplica
por la participación de una niña en un equipo de niños, no se podía aplicar una
sanción que no estuviera establecida previamente, pues la competencia del
Comité Disciplinario se debió atener a las causales de inscripción irregular
contempladas en el propio reglamento del torneo, todos los cuales fueron
debidamente acreditados por la menor al punto que se le entregó el carné
respectivo, se le expidió la póliza de protección y se le permitió jugar en
tres partidos.
Manifestó que el reglamento no prohibía la conformación
de equipos mixtos y que, por el contrario, era posible la interpretación de que
ello estaba permitido, por cuanto se refiere a “niños y niñas”, y que no
existía un órgano ante el cual la pequeña hubiese podido ventilar su caso, ya
que los recursos sólo podían ser interpuestos por el club y previo un pago de
tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, aunado a que la inexistencia
de claridad respecto de cuál fue la falta imputada habría impedido ejercer
plenamente la defensa.
Adujo que, si bien se comprobó la vulneración, se
presenta un daño consumado en tanto el torneo Liga Pony Fútbol ya concluyó y el
reglamento fue remplazado por uno que sí establece la inscripción diferenciada
de niños y niñas, lo cual no obsta para que la Corte declare que existió la
afectación de derechos fundamentales y adopte las medidas para que en el futuro
ello no se repita, como ordenar a las accionadas que en el reglamento se
establezca de manera explícita si se permite o no la conformación de equipos
mixtos, así como la creación de un organismo para la resolución de disputas
ante la cual los jugadores puedan remitir sus casos y recibir un trato justo.
5.4.2. Escuela de Estudios de Género de la
Universidad Nacional de Colombia[29]
Por medio de su Directora, la Escuela de Estudios de
Género de la Universidad Nacional de Colombia conceptuó en calidad de amicus
curiae.
Afirmó que compartía los argumentos de la demanda
porque considera que efectivamente se violaron los derechos de los que es
titular la niña María Paz Mora Silva.
Explicó que, aunque de antaño en algunos lugares el
fútbol se ha tenido como una actividad propiamente masculina, hoy en día es un
campo de empoderamiento y activismo para las mujeres. Así, se han llevado a cabo
diversos campeonatos de fútbol femenino a nivel mundial, y actualmente se
destaca el desempeño de importantes deportistas mujeres, aunque su
reconocimiento pasa por equipararlas con los grandes jugadores masculinos.
Anotó que la Federación Andaluza de Fútbol fue pionera
en agosto de 2005 en permitir el fútbol mixto en todas sus categorías, lo cual
ha incidido en una progresiva participación de las mujeres.
Así, coligió que, no obstante el predominio de la
cultura patriarcal, machista y sexista en contra de la participación de las
mujeres en el fútbol, los hechos muestran que esas prácticas han ido
evolucionando hacia el reconocimiento de la importancia de participación
competitiva de las mujeres en el fútbol.
Al abordar el caso concreto, señaló que el reglamento
del torneo no discrimina al mencionar “niños y niñas”, pero las autoridades sí
discriminaron cuando castigaron al equipo, subrayado que se trató de un acto de
violencia de género que operó en dos niveles: al no permitirle a María Paz Mora
Silva participar por ser niña, a pesar de sus reconocidas capacidades, y al
sancionar al equipo Dinhos por el solo hecho de que la pequeña hiciera
parte del mismo. Esta situación afecta la autoestima de la niña, su salud
mental y sus relaciones con sus compañeros, dando paso a sentimientos de
culpabilidad, sin ser responsable de nada, solo de ser niña.
Refirió el marco jurídico internacional de protección
contra la discriminación de las mujeres, que incluye distintos instrumentos. La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), aprobada en Colombia, que resalta la importancia de
modificar patrones socioculturales como los estereotipos para garantizar los
mismos derechos a mujeres y hombres en condiciones de igualdad, destacando su
artículo 13, literal c), relativo al derecho a participar en actividades de
esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sistematizado los
estándares normativos para que los Estados cumplan la obligación internacional
de eliminar la discriminación contra las mujeres. La Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará) también impone a los Estados la obligación de adoptar
todas las medidas para enfrentar la violencia, con particular atención a
aquellas que pertenecen a grupos discriminados o vulnerables. La Declaración de
Incheon para la Educación 2030, suscrita también por Colombia a instancias de
la UNESCO, propone transformar la educación apoyando la igualdad de género y
promoviendo oportunidades de aprendizaje de calidad para todas y todos, con
especial énfasis en la alfabetización de niñas y mujeres.
Asimismo, reseñó algunas sentencias de la Corte
Constitucional en las que se han protegido los derechos de las mujeres, pero
afirmó que a pesar de estos pronunciamientos persisten escenarios en los que se
perpetúa la violencia contra mujeres y niñas.
5.4.3. Álvaro Mora Ríos[30]
Tras realizar nuevamente un relato sobre los hechos
relevantes del caso, el promotor de la acción de tutela y padre de la niña
María Paz Mora Silva manifestó que la grabación de audio allegado con el libelo
corresponde al señor Carlos Arturo Granados Rincón, profesor entrenador del
equipo Dinhos, quien el 12 de octubre de 2018 se acercó a la Liga de
Fútbol de Bogotá donde le indicaron que el club había sido sancionado por la
participación de la niña en los encuentros competitivos, por lo que de
inmediato procedió a informar a través del grupo de chat de Whatsapp a
todos los padres y directivos del club las causas de la expulsión.
En el mismo escrito, el señor Mora Ríos aportó los
datos de contacto del referido entrenador, a fin de que el mismo pudiera ser
localizado en el caso de que fuera precisa la ratificación de sus declaraciones
al interior de este proceso.
5.4.4. Asociación Colombiana de Derecho
Deportivo –Acodepor–[31]
Por intermedio de su representante legal, Acodepor
allegó intervención en calidad de amicus curiae.
Inició explicando que las organizaciones deportivas a
nivel mundial se han consolidado como personas jurídicas de derecho privado,
cuya creación tiene respaldo institucional como consecuencia del reconocimiento
del derecho a la educación física y al deporte. Estas organizaciones deben
cumplir las normas de cada Estado pero también se encuentran sujetas a la
regulación propia de las entidades internacionales a las que se encuentran
afiliadas. De ese modo, todos los reglamentos y decisiones que adopten estas
organizaciones deben enmarcarse dentro de los principios constitucionales y los
presupuestos normativos que rigen a los particulares en cada Estado, así como
respetar los derechos fundamentales.
En el caso bajo estudio –afirmó– en el reglamento de
la Liga Pony Fútbol 2018 expedido por la Difútbol, al cual se sometían los
interesados en participar, y en las decisiones relacionadas con su ejecución,
también debían tenerse en cuenta el debido proceso, la igualdad y la no
discriminación.
Añadió que la división en categorías masculina y
femenina en el fútbol está justificada en la mayor capacidad física que
biológicamente poseen los hombres, de manera que, conforme al principio par
conditio, se busca salvaguardar la integridad física de los deportistas,
propender a la competencia en equidad y garantizar el balance competitivo, lo
que exige a los organizadores deportivos asegurar que estén dadas las
condiciones de igualdad en aspectos como el peso, la edad, el género, entre
otros, para que el resultado de la competencia sea incierto y el éxito responda
al mérito y no a situaciones de desventaja entre quienes se enfrentan.
Indicó que la jurisprudencia constitucional ha
admitido que existen tratos diferenciados que no constituyen discriminación,
siempre y cuando sean razonables y proporcionados, a la vez que se encuentren
justificados bajo un principio de razón suficiente. A la luz de lo expuesto, la
división de los torneos deportivos en categorías femeninas y masculinas no
constituye un acto discriminatorio, no obstante lo cual las reglas sobre el
particular deben ser claras e inequívocas para que quienes desean participar en
una competencia conozcan a lo que se están obligando y las consecuencias que
trae el incumplimiento de dichas obligaciones.
Al analizar el caso particular, Acodepor sostuvo que
la redacción del reglamento de la Liga Pony Fútbol es bastante confusa, pues si
bien el parágrafo 1 del artículo 10 hace referencia a la participación de
equipos femeninos y masculinos, la ambigüedad del artículo 12 –que al enunciar
cada categoría etaria menciona “niñas y niños”– permitiría asumir que no hay
dos categorías independientes.
Señaló que aunque se hubiese acogido la separación
entre las categorías femenina y masculina, llama la atención que se haya
realizado la inscripción del equipo Dinhos con la menor como arquera
titular sin controlar la supuesta irregularidad, y que se hubiese permitido
disputar varios encuentros sin reparo alguno, lo cual generó, sin duda,
expectativas legítimas en la niña y en el club.
Así, conforme a la teoría de los actos propios,
emanada del principio de buena fe y desarrollada por la jurisprudencia, los
organizadores de la Liga Pony Fútbol, después de realizar actos inequívocos que
condujeron a inferir que la niña podía inscribirse y participar en un equipo
mixto, no podían modificar intempestivamente su conducta y descalificar al
equipo. Si la reglamentación hubiese sido clara en cuanto a la restricción a
los equipos mixtos –subraya– no se habría presentado ninguna vulneración, pues
la clasificación por género no es en sí misma discriminatoria; pero como aquí
se permitió la inscripción y la participación sin oposición alguna, la
posterior exclusión del equipo fue irrazonable y desproporcionada, y debe ser
reparada.
5.4.5. Corporación Casa de la Mujer[32]
A través de su Directora, la Casa de la Mujer remitió
concepto a la Corte en calidad de amicus curiae.
Afirmó que la menor María Paz Mora Silva fue
discriminada por las autoridades del fútbol colombiano y resaltó la
persistencia de patrones que obstaculizan la plena igualdad para las mujeres en
sus ciclos de vida, lo que también afecta en este caso su desarrollo integral y
óptimo dentro de la sociedad.
Manifestó que la exclusión de las mujeres encuentra en
el deporte uno de los más fuertes exponentes, y que la estructura del fútbol
responde a una perspectiva androgénica que refleja el rechazo cultural a las
mujeres en actividades caracterizadas como fuertes, redirigiéndolas
hacia otras que erróneamente considera más propias del ámbito femenino, como la
gimnasia, la danza, la natación y la animación. Esa marginación obstaculiza que
las mujeres puedan practicar el fútbol con igualdad de oportunidades, lo que
abarca desde el impedimento a su preparación técnica en la etapa infantil,
hasta la imposibilidad económica de adoptarla como profesión en la edad adulta.
Explicó que en un contexto en que los avances para la
igualdad de las mujeres se debaten pero no tienen gran alcance, no sorprende la
decisión adoptada por las accionadas al excluir a la niña de una práctica
considerada artificialmente como varonil, “desconociéndose el valor propio
de la práctica de este deporte como medio formador de autonomía, autoconfianza,
tolerancia y demás habilidades sociales en los menores”, a lo que se añade
la propensión a predicar una “ausencia de feminidad” de las mujeres que lo
practican como manera de desestimularlas , para evitar que pierdan su
caracterización por género.
Agregó que el fútbol desde su definición misma ha
excluido a las mujeres y que las pocas que han alcanzado un estatus en este
campo suelen ser objeto de abuso verbal y físico, crítica y ofensa constante,
lo cual exige una perspectiva incluyente y de apertura del mundo deportivo del
cual ya son partícipes. Si bien las futbolistas colombianas han obtenido logros
para el deporte nacional, sus beneficios no logran alcanzar las metas mínimas
esperadas para un profesional del deporte, y la introducción de funcionarias en
directivas del deporte (que conforme a la Segunda Conferencia sobre Mujer y Deporte
del Comité Olímpico Internacional debe corresponder mínimo a un 20%), no es
llevada a la práctica, pues el comité ejecutivo de la FCF está compuesto por
hombres y las mujeres solo toman parte en una comisión asesora para el fútbol
femenino.
En relación con el fútbol mixto, señaló que
instituciones internacionales como la FIFA procuran y aconsejan la
participación en el deporte sin distinción de género, no obstante lo cual el
patrón de opinión predominante en Colombia tiende a la desmotivación de las
menores, a pesar de lo cual niñas como María Paz Mora Silva se acercan al
fútbol. No obstante, la discriminación se evidencia en la falta de incentivos y
en los prejuicios que impiden que un mayor número de niñas se animen a
practicarlo.
Aseguró que es manifiesta la vulneración de los
derechos fundamentales de la citada menor, pues aun cuando existiera una
categoría para niños y otra para niñas, no existía una prohibición expresa para
la presentación de equipos mixtos, y las reglas de inscripción solo aludían a
la edad, la identificación y la carnetización de cada jugador, haciéndose
acreedores de sanciones quienes incumplieran tales requisitos.
En ese sentido –arguyó– la decisión de los
organizadores es contraria a la política pro-inclusión que difunde la propia
FIFA, por lo que resulta falaz el argumento de que la decisión obedeció a una
prohibición de ese organismo y, en realidad, plasma una segregación por parte
de las accionadas.
5.4.6. Universidad Pedagógica Nacional[33]
Por intermedio de un equipo interdisciplinario,
integrado por la Coordinadora de la Licenciatura en Educación Comunitaria con
Énfasis en Derechos Humanos, el Entrenador de la Selección de Fútbol Femenino
de la Universidad y un Profesor Asociado al Área de Pedagogía en Derechos
Humanos, la Universidad Pedagógica conceptúo en calidad de amicus curiae.
Comenzó por afirmar que el sexismo es una
característica sistémica, persistente y globalizada en la realidad mundial, el
cual parte de considerar que por razones biológicas las niñas y las mujeres
está en inferioridad para realizar prácticas artísticas, científicas o
deportivas para las que –se cree– sí están capacitados los niños y los hombres.
Esta visión discriminatoria ha sido objeto de cuestionamientos desde los
movimientos de mujeres y las teorías feministas, así como desde las teorías de
desarrollo humano que nutren las corrientes y modelos pedagógicos.
Explicó que las discriminaciones contra las niñas y
las mujeres, que afectan también en ocasiones a los niños y a los hombres, son
una naturalización de la cultura sexista y de la violencia de género inherentes
al patriarcado, y que como un rasgo de la cultura es susceptible de
transformarse a través de procesos educativos consientes, o de perpetuarse perniciosamente
por las costumbres.
Desde la matriz filogenética y ontogenética de la
psicología evolutiva del desarrollo humano que sustenta las prácticas
pedagógicas desde la mitad del siglo XX, anotó que, en relación con los
aspectos de formación y despliegue de las múltiples inteligencias que potencian
a los seres humanos –mujeres y hombres–, no hay ninguna razón para creer que el
sexo tenga alguna relevancia para el desarrollo humano en ninguno de los campos
de la vida práctica, lo cual incluye lógicamente los deportes.
Esta comprensión psicobiológica y sociocultural
–subrayó– ha impactado todos los campos de producción de la cultura, incluida
la práctica deportiva, al punto que hoy en día la FIFA avala la práctica
conjunta del fútbol entre niños y niñas.
Expuso que la observancia de la Constitución, como
dispositivo pedagógico y de transformación de la cultura en cuanto pacto
democrático por la paz, la práctica de los derechos humanos en la vida social y
política para el ejercicio de las ciudadanías y el cesamiento de las múltiples
violencias que se viven en la cotidianidad, conllevaba tutelar los derechos de
María Paz Mora Silva como niña futbolista guardameta de su equipo. Lo contrario
significaría una discriminación por razones de sexo, el desconocimiento de los
derechos prevalentes de las niñas y los niños, y la práctica real y concreta de
la participación ciudadana.
5.4.7. CREARE Ltda.[34]
Inicialmente, la representante legal de la empresa
CREARE se limitó a allegar poder especial conferido a una profesional del derecho
para ejercer su defensa, sin realizar algún pronunciamiento sobre los hechos
que dieron lugar a la controversia.
Más tarde, en memorial separado, manifestó que CREARE
es la organizadora de la Liga Pony Fútbol “en todo lo que significa
producción sobre el evento” y que Difútbol, en su calidad de órgano rector
del fútbol aficionado colombiano, manejaba lo deportivo y era quien expedía y
hacía cumplir la normatividad aplicable en la materia, la cual cuenta con un
mandato claro y específico de la FIFA en cuanto al campeonato infantil,
mientras que la Dimayor regula el fútbol profesional.
Aseguró que la Liga Pony Fútbol es el mayor y más
antiguo campeonato de fútbol aficionado colombiano para niños y niñas de 8 a 12
años en todo el país, y que el 2018 fue la primera vez en sus treinta años de
existencia que se reguló el certamen con normas de la FIFA, y que como un
campeonato avalado por dicho órgano internacional debía sujetarse a las normas
generales aplicables a nivel mundial y no al querer o deseo de particulares.
Agregó que mundialmente existen dos categorías en
materia de fútbol aficionado que son la masculina y la femenina, sin que exista
la posibilidad de equipos mixtos en campeonatos como la Liga Pony Fútbol y
regulados por la FIFA y que “estemos o no de acuerdo, esa es la normatividad
aplicable y debemos respetarla”.
Afirmó que CREARE no tiene sesgo hacia ninguna persona
por ninguna condición y que no acepta que se insinúe por parte de la parte
actora que haya habido actos discriminatorios contra la menor por razón de su
género, no obstante lo cual enfatizó que si a la fecha solo existen las dos
categorías masculina y femenina, no se puede realizar un campeonato mixto pues
las normas fijadas por el órgano rector a nivel mundial son para cumplirlas,
así muchas personas, agencias, entes deportivos e incluso ligas de algunos
países consideren ello como una posibilidad.
Expresó que la Difútbol es muy clara en su reglamento
y la FIFA igualmente, y que si en ninguna parte del mundo había equipos mixtos
ello no se constituía en una discriminación.
Tras hacer una reseña fáctica, arguyó que “el
equipo Dinhos estaba integrado por niños y niñas, situación que se encuentra
absolutamente prohibida en materia de fútbol a nivel mundial, para campeonatos
FIFA como es el caso de la Liga Pony Fútbol y así se haya realizado la
inscripción por un error humano o administrativo, lo que no se puede es
persistir en un error y no enmendarlo y por ello se aplicó el reglamento con
las consecuencias bien sabidas para el equipo.” Asimismo, manifestó que
CREARE tuvo contacto permanente con los padres de la menor María Paz Mora Silva
y que se trató de dar soluciones desde lo deportivo, incluyendo la posibilidad
de que se inscribiera en un equipo femenino, pero que “llenaron de condicionamientos
adicionales” por lo que no se pudo concretar su participación, y que el
club era el responsable por inscribir un equipo mixto a sabiendas de que estaba
prohibido.
Esgrimió que en este caso se presentaba una aplicación
de las normas aunque el accionante estuviera en desacuerdo; que la ley debía
aplicarse por dura que ella parezca; que en lugar de hacer de lo ocurrido un
escándalo contra un torneo tan importante y antiguo debería transmitirse a las
generaciones el respeto por la ley; que la niña podía participar en el
campeonato con un equipo femenino; y que la discriminación nunca existió y que
los padres debían saber cuándo parar y no poner a sus hijos en situaciones de
adultos. Además, que la jugadora debía asumir las consecuencias por inscribirse
por fuera de los marcos regulatorios y que por ello su equipo se vio afectado,
pues independientemente de que se le hubiera aceptado su participación en un
principio el error debía ser enmendado; que CREARE trató de manejar la
situación pero el promotor de la acción estaba más interesado en generar mayor
caos y desviar la atención sobre lo importante que lleva la Liga Pony a todo el
país; y que esperaba contar con la participación de la menor en ediciones
futuras del torneo, en el cual participan muchas niñas a nivel nacional.
Por último, se refirió al amicus curiae de la
Universidad Pedagógica aduciendo que “se centra en un concepto eminentemente
subjetivo” y que “parecía más un ensayo sobre discriminación” en
lugar de acatar el principio “lex dura lex”, e igualmente, sobre los demás
conceptos allegados por las diferentes instituciones intervinientes, manifestó
que “sorprende el enfoque que dan al asunto, ya que de forma clara y precisa
lo que se debe analizar es si podía tenerse en una competencia equipos mixtos,
cuando solo existe la posibilidad de equipos masculinos y femeninos.”
5.4.8. Mapfre Seguros S.A.[35]
La Representante Legal para Asuntos Judiciales,
Extrajudiciales y Administrativos de Mapfre reiteró íntegramente los argumentos
de ausencia de legitimación en la causa por pasiva que planteó ante el juez de
instancia.
5.4.9. Liga de Fútbol de Bogotá[36]
En respuesta al decreto de pruebas, el presidente de
la Liga de Fútbol de Bogotá insistió en las razones de defensa propuestas
inicialmente, manifestó que el torneo Liga Pony Fútbol 2018 fue culminado y
agregó que, según el registro COMET del año 2019, la menor María Paz Mora Silva
actualmente se encuentra participando en el equipo femenino del club Besser
“B”, allegando copias de la certificación de paz y salvo expedida por el
club Dinhos[37], del formato de
transferencia definitiva del club Dinhos al club Besser “B” con
fecha de 12 de abril de 2019[38] y del registro COMET[39].
Asimismo, remitió copias de la reglamentación del
torneo Liga Pony Fútbol correspondiente al año 2019, en la cual se incorpora la
prohibición de la conformación de equipos mixtos[40], de las Resoluciones No. 003 y 004
de 2018, y del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de
Fútbol.
Finalmente, en relación con la pregunta sobre la norma
que sustentó la afirmación de que los campeonatos de fútbol mixtos están
“terminantemente prohibidos” por la FIFA, citó el Reglamento sobre verificación
de sexo, en cuyo punto 4 se dispone que “En las competiciones masculinas de
la FIFA solamente tienen derecho a participar hombres. En las competiciones
femeninas de la FIFA solamente tienen derecho a participar mujeres”, al
paso que en el numeral 2 de dicho precepto se prevé que “cada asociación
miembro participante deberá garantizar, entre otros, que todos los jugadores
cumplen los requisitos para jugar conforme los Estatutos de la FIFA y a la
reglamentación de la FIFA”.
Con base en lo anterior, indicó que “esta expresa
prohibición del fútbol asociado desciende a las asociaciones miembros, en este
caso a la Federación Colombiana de Fútbol, de la cual somos afiliados,
impidiendo que en todos los torneos compitan equipos mixtos, existiendo por
ende competencias separadas tanto masculinas como femeninas.”
5.4.10. División Mayor del Fútbol Colombiano
–Dimayor–[41]
El presidente de la Dimayor insistió en los argumentos
sobre falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que su función
consiste en atender el fútbol profesional colombiano, por lo que esa entidad es
ajena a la Liga Pony Fútbol.
5.4.11. Universidad Externado de Colombia[42]
A través de un equipo de investigadores adscritos al
Departamento de Derecho Constitucional, la Universidad Externado conceptuó
sobre el caso objeto de estudio.
En primer lugar, indicó que de acuerdo con el artículo
29 de la Constitución tanto las autoridades públicas como los particulares
están obligados a respetar el debido proceso en todo tipo de actuaciones, y en
especial cuando tales organismos tienen la posibilidad de sancionar. Sin
embargo –sostiene– en las Resoluciones No. 003 y 004 de 2018 del Comité Disciplinario
del torneo “brilla por su ausencia de una sustentación adecuada, tal es así
que en la Resolución 003 de 2018 ni siquiera se especifica el o la jugadora que
incurrió en una actuación irregular, la manera en que esta fue cometida, ni la
entidad que expidió la Resolución 028 de 2018 que sirve como fundamento
jurídico a la decisión”. Por lo tanto, afirmó que la decisión no solo
desconoce los derechos a la igualdad y a la dignidad humana de María Paz Mora
Silva, sino además constituye un desconocimiento a las formas mínimas para
garantizar el debido proceso.
En segundo lugar, anotó que la igualdad es piedra
angular del Estado social de derecho, como principio y como derecho
fundamental, este último que implica que todas las personas reciban el mismo
trato en las disposiciones legales, que no se admita ninguna forma de
discriminación, y que se adopten medidas para ayudar a grupos históricamente
discriminados a superar los obstáculos para ejercer sus derechos. Indicó la
metodología que debe seguir el operador jurídico para verificar cuándo se está
ante una vulneración del derecho a la igualdad y, a propósito del caso
concreto, explicó que aunque se ha repetido que la disparidad entre hombres y
mujeres que practican deporte atienden a razones biológicas que sugieren que el
hombre es más apto, estudios concluyen que “las mujeres y los hombres
atletas tienen más parecido entre ellos que con las personas no atletas de su
mismo sexo”.
Agregó que las condiciones sociales que limitan la
actuación de las mujeres a roles propios de la esfera privada y a labores de
cuidado impiden que se desempeñen en actividades deportivas de alto rendimiento
de manera frecuente, mientras que los hombres se ven incentivados desde
pequeños a desarrollar tales actividades. De ello ha resultado una hegemonía
masculina que se refleja en el fútbol más que en otros deportes, al punto que
solo hasta 1894 las mujeres hicieron aparición en esta práctica, al igual que
hasta hace muy poco se creó en Colombia la Liga de Fútbol Femenina que ha
estado permeada por problemáticas asociadas a los estigmas que recaen sobre las
mujeres.
Expresó que en este contexto hostil se enmarca la
decisión del Comité Disciplinario de sancionar y excluir del campeonato al
equipo Dinhos por la presunta “inscripción irregular” de María Paz Mora
Silva, lo que no es más que un tratamiento injustificado y discriminatorio
fundado en un estereotipo de género. Citando a la jurista feminista Alda Facio,
subrayó que en el caso se identificaba una decisión sexista que frustra los
sueños de una niña y “habla muy mal de nuestra sociedad, y en particular del
mundo del fútbol.”
En tercer y último lugar, se refirió a la dignidad
humana como principio y valor fundante de cualquier Estado constitucional
contemporáneo que no puede ser limitado ni por las autoridades ni por los
particulares, y en tal sentido el derecho es un límite frente a cualquier
reglamentación deportiva, por lo que estas no pueden truncar el proyecto de
vida de la menor al no permitirle jugar al fútbol.
Destacó que la FIFA se ha encargado como ente rector
del fútbol mundial de desarrollar diferentes estrategias en pro de la equidad
de género, la no discriminación y la inclusión social. Siguiendo la estructura
jerárquica de las organizaciones futbolísticas y los principios propios del
derecho deportivo, señaló que la FIFA establece que para la práctica del fútbol
a nivel mundial se debe guardar respeto por los derechos humanos y la
prohibición de discriminación por cualquier razón, incluida la de género. A
ello se añade que las federaciones nacionales de fútbol están sujetas al
ordenamiento jurídico nacional, con la autonomía que permite la FIFA para que
cada federación organice sus propias competencias aplicando sus propios
reglamentos. En ese contexto, relievó que “es absolutamente falso que la
FIFA prohíba el fútbol mixto, tal como alegó Difútbol en este expediente, y con
base en ello fuera fallada la acción de tutela en única instancia”, pues el
Reglamento para verificación de sexo aplica a las competiciones organizadas por
la FIFA a nivel profesional, que no es el caso del torneo Liga Pony Fútbol, por
lo que resulta facultativo de la Difútbol organizar competiciones mixtas en el
nivel aficionado. Además, la FIFA fomenta el fútbol mixto para generar entre
niños y niñas valores como el respeto y la tolerancia mutuos, ha firmado un
acuerdo de cooperación con Naciones Unidas para beneficiar del fútbol a mujeres
y a niñas, y ha censurado la discriminación y la violencia de género en el
escenario local.
5.4.12. División Aficionada del Fútbol
Colombiano –Dimayor–[43]
En su intervención ante la Corte, el presidente de la
Difútbol arguyó que como ente rector del fútbol aficionado reglamenta los
múltiples campeonatos aficionados que se desarrollan en el territorio nacional
incluida la Liga Pony Fútbol, para cuya versión del año 2018 profirió la Resolución
No. 025-18, en la cual al regularse el régimen de edades de participantes se
hace referencia a ramas divididas tanto para niñas como para niños, sin que
aparezca la participación de equipos mixtos.
Agregó que el Código Disciplinario Único de la
Federación Colombiana de Fútbol rige para todos los campeonatos y que dicha
normatividad es conocida por los participantes con antelación.
Reiteró que en las circulares de la FIFA se hace
énfasis que en los torneos competitivos deben estar clasificados en ramas
diferentes para mujeres y para hombres, con el objetivo de preservar la
integridad física de las mujeres.
Señaló que con posterioridad al fallo de tutela de
primera instancia el torneo 2018 se llevó a feliz término, pues no se conoció
alguna disposición judicial en contra de la terminación normal del mismo.
Finalmente, allegó copia del Reglamento de la
competencia y del Código Disciplinario Único de la FCF, y aseguró que dichas
normas definen que las sanciones deben aplicarse cumplida y prontamente en pro
del desarrollo normal de un campeonato en el que participan más de 500 equipos,
para preservar el bien jurídico preferente que es la integridad del evento
deportivo conforme al principio pro competitione.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso
En el asunto bajo estudio, el ciudadano Álvaro Mora
Ríos, en representación de su hija menor de edad María Paz Mora Silva, formula
acción de tutela contra la División Mayor del Fútbol Colombiano
‒Dimayor‒, la División Aficionada del Fútbol Colombiano
‒Difútbol‒ y la Liga de Fútbol de Bogotá, para la protección de los
derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo,
a la dignidad humana, a la recreación y al acceso a la cultura de los menores
de edad, a la familia, a “los derechos adquiridos” y, según se desprende del libelo, al debido proceso y
a la confianza legítima de la
pequeña, quien practica fútbol desde muy temprana edad y ha participado en
distintos encuentros futbolísticos, mostrando dedicación, esfuerzo e
importantes méritos deportivos como arquera.
Entre esos torneos, estando vinculada al club infantil
Dinhos, se registró en la Liga Pony Fútbol 2018, bajo el convencimiento
de que las reglas de dicha competencia no incluían ninguna disposición que
prohibiera la conformación de equipos mixtos, no obstante lo cual en el curso
del campeonato se adoptó la decisión de sancionar y excluir del torneo al
mencionado equipo con fundamento en una supuesta “inscripción irregular”
relacionada con la participación de la pequeña en el conjunto formado
mayoritariamente por jugadores varones, a pesar de que se cumplieron oportunamente
todas las condiciones de inscripción previstas en el reglamento y de que en un
principio no se puso ningún reparo a su participación, pues se aceptaron las
planillas que la incluían en el cuadro titular, se le expidió el respectivo
carné y se le permitió disputar tres partidos.
El señor Mora considera que dicha determinación es
infundada y que constituye un acto de discriminación en razón del sexo.
Adicionalmente, afirma que desde que se adoptó esa decisión la menor se ha
sentido afligida y culpable por la expulsión de su equipo, que teme ser
rechazada, y que, aunque los organizadores les propusieron algunas medidas de
desagravio, no cumplieron ninguna promesa, quedando frustradas las expectativas
deportivas de la niña y de los demás jugadores.
En razón de lo anterior, solicita que se tutelen los
derechos fundamentales invocados y que, en consecuencia, se le ordene a la
Dimayor, a la Difútbol y a la Liga de Fútbol de Bogotá que dejen sin efectos la
decisión de eliminar al equipo Dinhos del torneo Liga Pony Fútbol, que se
permita a la menor María Paz Mora Silva y a su club continuar en el certamen
hasta que sus puntajes se lo permitan, y que se ordene a las accionadas que,
cumplido el reintegro, no vuelvan a realizar actos que impliquen una discriminación.
Las entidades que conforman el extremo pasivo se
opusieron a las pretensiones de la acción de tutela, otras que fueron
vinculadas al trámite alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva, y
un grupo de padres y madres de familia y de niños del club de fútbol Dinhos
coadyuvó la demanda.
El juez de instancia negó el amparo constitucional
deprecado, bajo el argumento de que la Federación Internacional de Fútbol
‒FIFA‒ prohíbe la realización de campeonatos de fútbol de categoría
o rama mixta y de que el promotor de la acción interpretó erradamente el
reglamento del certamen.
3. Problema jurídico a resolver
Primeramente, corresponde a la Sala dilucidar si en el
sub júdice se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, bajo el entendimiento de que este es un mecanismo excepcional
de protección de derechos.
Si tras este análisis se comprueba que la intervención
de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un estudio de
fondo, la Corte deberá determinar si los derechos fundamentales a la igualdad, a la no
discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la recreación y al
acceso a la cultura de los menores de edad, a la familia y “los derechos
adquiridos” de la menor María Paz Mora Silva, invocados por su padre, además de
las garantías del debido proceso y la confianza legítima, fueron vulnerados por
parte de las entidades encargadas de la organización y gestión del campeonato
Liga Pony Fútbol 2018, al sancionar y excluir del torneo al equipo infantil en
el cual ella jugaba, con fundamento en una presunta “actuación irregular”
asociada a la participación de una niña en un equipo conformado
mayoritariamente por varones.
Para dar respuesta a estas cuestiones, la
Sala de Revisión procederá a efectuar el estudio de los siguientes ejes
temáticos: i) procedencia de la acción de tutela; ii) los estereotipos de
género en la formación de niñas y niños; iii) la discriminación por razón de
género en el deporte; iv) el derecho a la recreación y al deporte; (v) el
derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo; vi) el principio
de legalidad en el marco del derecho al debido proceso; y, vii) el principio de
buena fe en su dimensión de confianza legítima.
Una vez agotado el análisis de los anteriores aspectos
se abordará el caso concreto, luego de lo cual se adoptarán las determinaciones
a que haya lugar frente a la solicitud de amparo.
i) Procedencia de la acción de tutela[44]
La Constitución de 1991, en su artículo 86, consagró
la acción de tutela como un mecanismo judicial de naturaleza excepcional que
persigue una protección inmediata frente a la conducta de cualquier autoridad
pública o, en precisos eventos, de particulares, cuandoquiera que de su acción
u omisión se desprenda vulneración o amenaza a los derechos fundamentales.
En razón a su carácter excepcional, se trata de un
recurso que sólo es procedente en la medida en que el peticionario no disponga
de otro medio de defensa judicial para salvaguardar sus garantías
constitucionales, o de existir, no resulte eficaz e idóneo en virtud de las
circunstancias del caso concreto, como las condiciones personales de
vulnerabilidad del afectado, a menos que, dada la inminencia de una lesión
iusfundamental, se acuda al mismo como mecanismo transitorio para conjurar un
perjuicio irremediable.
En desarrollo de
dicha disposición superior y, en concordancia con lo previsto en los artículos
1°, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991[45], la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los
requisitos formales de procedencia de la acción de tutela son: (i) legitimación
en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii)
inmediatez; y, (iv) subsidiariedad[46].
Corresponde a la Sala, entonces, en primera medida,
pasar a verificar el cumplimiento de cada uno de estos presupuestos de
procedencia en el asunto sub júdice:
Legitimación en
la causa por activa. El artículo 86 de la Carta Política
establece que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona que
considere amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por parte de una
autoridad pública o, en ciertas circunstancias, por un particular.
Este requisito consiste en indagar si el promotor de
la acción de tutela está habilitado para hacer uso de este recurso judicial, ya
sea porque es el titular de los derechos cuya protección reclama, o bien,
porque actúa en procura de una persona que no se encuentra en condiciones de
promover su propia defensa.
En el caso bajo estudio, se observa que el señor
Álvaro Mora Ríos promueve la acción de tutela en su condición de padre y
representante legal de la niña María Paz Mora Silva, con el fin de que se
garanticen los derechos fundamentales de la menor, que estima vulnerados a raíz
de la decisión consistente en sancionar y excluir del torneo Liga Pony Fútbol
2018 al equipo Dinhos, con el cual se encontraba participando la pequeña.
De conformidad con el artículo 288 del Código Civil,
relativo a la patria potestad, los progenitores ostentan la representación
legal de sus hijos e hijas menores de edad. A su turno, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 prescribe que la acción de tutela puede ser ejercida a
través de representante, además de que se pueden agenciar derechos ajenos.
Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido:
“De este modo, existen eventos en
los cuales se reconoce la legitimidad en la causa por activa en la acción
tutela, aunque la persona que promueva el amparo no sea el titular de los
derechos. Por ejemplo, cuando la presentación de la acción de tutela es
realizada a través de i) representantes legales -caso de los menores de edad,
los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas-, ii)
mediante apoderado judicial, y iii) a través de la agencia oficiosa.
Particularmente, en el caso de los menores de edad, los padres pueden promover
la acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales afectados o
amenazados, debido a que ostentan la representación judicial y extra-judicial
de los descendientes mediante la patria potestad.”[47]
Desde este punto de vista, no cabe duda de que la
solicitud de amparo de los derechos de la niña María Paz Mora Silva formulada
por su progenitor cumple con las exigencias de la legitimación en la causa por
activa.
Es menester subrayar, además, que la jurisprudencia
constitucional[48] ha establecido que la
cláusula de protección preferente a niños, niñas y adolescentes consagrada en
el artículo 44 de la Carta habilita a cualquier persona a instaurar acciones en
su defensa. En el presente caso, de la situación fáctica esbozada se advierte
que el problema aducido por el peticionario supera el reclamo individual y pone
en evidencia una coyuntura que podría estar afectando también a los compañeros
de la menor María Paz Mora Silva del club Dinhos.
Si bien la tutela tiene en principio efectos inter
partes y subjetivos, la vulneración de los derechos fundamentales alegada
se origina en la decisión de sancionar y excluir del torneo Liga Pony Fútbol
2018 a todos los niños que participaron con la menor en el referido equipo de
fútbol, quienes, aun cuando no interpusieron directamente la acción de tutela,
sí la coadyuvaron durante el trámite y padecen la misma situación de
desprotección, por lo que ostentan igual interés en la solución del caso.
En tal sentido, ha de entenderse que la solicitud de
amparo bajo estudio se relaciona con la protección de los derechos
fundamentales, no sólo de María Paz Mora Silva, sino de sus compañeros del conjunto
Dinhos, de modo que el análisis que efectúe la Sala en la presente
providencia estará dirigido a garantizar los derechos de todos los miembros del
equipo infantil, si hay lugar a ello, en tanto sujetos de protección
prevalente.
Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito de
procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 Superior[49], el cual prescribe que el
recurso de amparo puede interponerse contra autoridades públicas y, en precisas
hipótesis, contra particulares, según sea el caso, por su presunta
responsabilidad –ya por acción, ora por omisión− en la transgresión de
los derechos fundamentales que suscita la reclamación.
En desarrollo de este precepto constitucional, el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991[50]
prevé los eventos en los cuales los particulares pueden ser sujetos pasivos de
la acción de tutela, entre los cuales se contempla la posibilidad de acudir a
este mecanismo de protección cuando el solicitante se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del demandado.
A propósito de la indefensión, de vieja data la jurisprudencia
constitucional la ha descrito como la imposibilidad o impotencia en que se
encuentra alguien, en razón a determinadas circunstancias puntuales, para
repeler el agravio a sus derechos, lo que quiere decir que “(…) no tiene su
origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado
sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en
su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta
efectiva ante la violación o amenaza de que se trate (...)”[51].
En ese contexto, se presume la indefensión en los sujetos de
especial protección constitucional[52],
como niños, niñas y adolescentes, dado que, por su evidente estado de
vulnerabilidad, no se encuentran en condiciones de reaccionar de forma eficaz y
oportuna frente a una situación que lesione o amenace sus derechos.
Ahora bien: a propósito de la indefensión que se
materializa cuando la alegada vulneración o amenaza emana de una autoridad
futbolística, esta Corte ha señalado:
“Las normas expedidas por las
organizaciones particulares que promueven y dirigen el espectáculo del fútbol,
son de naturaleza privada. Frente a estas disposiciones, el ordenamiento
jurídico no tiene previstas acciones o medios de defensa judicial - acciones de
nulidad o de inconstitucionalidad -, que permitan su control y aseguren la
protección de los derechos de sus destinatarios o de terceros. Es así como, las
personas afectadas por el contenido de estas directrices de carácter privado,
se encuentran en relación de indefensión frente a las organizaciones privadas
que las expiden, circunstancia que legítima el ejercicio de la acción de tutela.”[53]
En el presente proceso fueron demandadas y
posteriormente vinculadas distintas entidades, algunas de las cuales, se
anuncia desde ya, no han estado involucradas en la controversia objeto de este
pronunciamiento. Tal es el caso de (i) la Dimayor –encargada del fútbol
profesional y no de un torneo infantil como la Liga Pony Fútbol–; (ii) la
Federación Colombiana de Fútbol –que si bien es el órgano rector del fútbol
colombiano no tiene injerencia en la organización del referido certamen–; (iii)
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Coldeportes –que son entidades
públicas cuyos objetos misionales, aunque relacionados con el deporte, no tienen
vinculación con el torneo a que se alude, promovido por organismos de carácter
privado–; (iv) la empresa Bavaria, que aunque fue vinculada por el juez de
instancia en razón a que en el escrito inicial se mencionó su calidad de
patrocinadora del campeonato[54], no se observa en el expediente que haya
incidido en la decisión disciplinaria censurada ni en las actuaciones
posteriores denunciadas por el actor; y, (v) la compañía Mapfre Colombia Vida
Seguros S.A. –pues su relación con el torneo se limitó a la expedición de las
pólizas de accidentes para los jugadores–.
En ese sentido, conviene precisar que el extremo
pasivo de la demanda está conformado puntualmente por la División Aficionada
del Fútbol Colombiano –Difútbol–, la Liga de Fútbol de Bogotá, y la empresa
CREARE Ltda., en sus calidades de organizadoras/gestoras del torneo Liga Pony
Fútbol 2018.
Bajo ese entendimiento, se observa que en el presente
asunto se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de las
entidades que tomaron parte en la organización y gestión del torneo Liga Pony
Fútbol 2018, específicamente la Difútbol, la Liga de Fútbol de Bogotá y la
empresa CREARE Ltda., comoquiera que a ellas se les atribuye el presunto hecho
vulnerador, y respecto de las mismas la menor María Paz Mora Silva y los niños
del equipo Dinhos se hallan en una posición de desventaja, dada la clara
asimetría que existe entre los órganos decisorios delegados por los propios
directores y patrocinadores de la competencia, y los menores de edad
participantes.
Inmediatez. Dado que la acción de tutela está encaminada a proveer
una salvaguarda urgente de los derechos fundamentales del solicitante ante una vulneración
o amenaza grave e inminente, la formulación oportuna de la demanda
constitucional de amparo es un presupuesto primordial para la procedencia de
este mecanismo.
La Resolución Extraordinaria No. 004-2018, mediante la
cual se ratificó la sanción impuesta al equipo Dinhos en el marco del
campeonato, data del 16 de octubre de 2018[55], y la demanda constitucional de amparo fue
radicada ante la autoridad judicial al día siguiente, el 17 de octubre de 2018[56], de lo cual se observa que la solicitud se presentó
casi que inmediatamente después de ocurrido el presunto hecho vulnerador.
Por otro lado, si bien en el trámite de revisión
algunos intervinientes y la Liga de Fútbol de Bogotá informaron que el torneo
Liga Pony Fútbol 2018 ya se culminó en el pasado mes de diciembre[57], la Sala estima que la situación denunciada en el libelo
puede considerarse actual, habida cuenta de que en el tiempo transcurrido desde
la exclusión del equipo no se materializó ninguna fórmula de arreglo y el promotor
de la acción expresa que el agravio causado a la menor ha persistido, lo cual
explica que el 28 de marzo de 2019 se haya dirigido a la Corte para solicitar
la revisión del fallo de tutela proferido en instancia[58], pese a que para ese momento ya había
finiquitado el certamen.
Subsidiariedad. Por su carácter excepcional, la acción de tutela sólo
procede ante la inexistencia de otros medios judiciales que permitan ventilar las
pretensiones del tutelante, o cuando a pesar de existir, aquellos carecen de
idoneidad o resultan ineficaces para el caso concreto, en razón a variables
como la urgencia de protección o la extrema vulnerabilidad del sujeto que
reclama la protección, o bien, cuando se promueve como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
Lo anterior supone que si el asunto puede ser
conducido ante una autoridad jurisdiccional a través de un mecanismo ordinario,
en principio, deberán agotarse las etapas y las formas previstas en el
ordenamiento jurídico para cada proceso, y el juez de tutela no debe desplazar
el conocimiento del juez instituido para el efecto.
Pues bien: en el caso bajo estudio, la Sala considera
que, dada la naturaleza del acto que se controvierte –esto es, de naturaleza
privada–, el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, pues no
existe un medio distinto al cual los progenitores de la menor María Paz Mora
Silva puedan acudir para perseguir la protección de sus derechos fundamentales,
dado que, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional[59], el ordenamiento jurídico no contempla mecanismos
judiciales para controvertir las decisiones adoptadas por las organizaciones
particulares que dirigen el deporte.
En tal sentido, de ninguna manera puede alegarse que
la falta de interposición de recursos en el marco de la actuación disciplinaria
del torneo excluya la procedencia de la acción de tutela, pues los mismos no
revisten las características propias de un mecanismo judicial, como la
garantía de imparcialidad, el alcance de las facultades de que goza el juez y
las maneras de restablecer los derechos conculcados, y teniendo en cuenta,
además, que para formular reclamaciones conforme a la reglamentación del torneo,
se requería el depósito previo de unos emolumentos[60], lo cual se tornaba en una exigencia excesivamente
gravosa para activar dichos mecanismos de impugnación. Aunado a ello, la
ausencia de claridad sobre cuál fue la falta imputada al equipo habría impedido
ejercer plenamente el derecho a la defensa dentro de tal escenario.
Adicionalmente, en relación con los derechos de niños,
niñas y adolescentes, basta con señalar que la Carta ha dispuesto taxativamente
en su artículo 44 el carácter prevalente de los derechos de los menores de
edad, a lo que se añade el mandato superior que obliga al Estado a proteger
especialmente a las personas que, por diversas causas, se hallan en una
condición de mayor vulnerabilidad[61]. Como se mencionó en precedencia, dentro
del grupo de personas que se consideran sujetos de especial protección
constitucional, los menores son merecedores de una atención prioritaria por
parte del juez constitucional, lo que implica asumir una perspectiva
exenta de formalismos que se opongan a su interés superior.
Pues bien: desde la perspectiva que ofrecen las
anteriores consideraciones, se observa que la solicitud de amparo promovida por
el señor Álvaro Mora Ríos satisface los requisitos mínimos de procedencia, por
lo que hay cabida a un estudio de mérito en torno a las pretensiones, de
acuerdo con el esquema trazado al formular el problema jurídico.
ii) Los estereotipos de género en la formación de
niñas y niños
El concepto de estereotipo alude a determinadas
ideas y suposiciones que son aceptadas y compartidas por un núcleo social y que
no se corresponden con la realidad o la distorsionan, no obstante lo cual
permanecen inalteradas en el pensamiento colectivo con el paso del tiempo.
Cuando esas creencias o prejuicios están referidas a las mujeres y a los
hombres o a las características de feminidad y masculinidad que
aquellas y estos desarrollan se suele hablar de estereotipos de género[62].
El género, como categoría de análisis, permite
entender que las formas de pensar, de actuar y de relacionarse que usualmente
se atribuyen a mujeres y a hombres no son resultado de una configuración
biológica ligada al sexo de los seres humanos, sino un constructo cultural que
va perfilando los roles de las personas. Si bien las actitudes y
comportamientos típicamente considerados como femeninos o masculinos se derivan
de la cultura, dichas preconcepciones se han interiorizado en la sociedad a tal
punto que se han asumido como naturales.
La antropóloga Marta Lamas define el género como la
simbolización cultural de la diferencia anatómica e indica que desde el
nacimiento la conciencia está habitada por el discurso social que determina qué
lugar le corresponde a cada individuo y qué es “propio” de cada sexo en las
distintas esferas de la vida; en ese sentido señala:
“Existen múltiples representaciones
culturales de la constante biológica universal de la diferencia sexual. Las
representaciones son redes de imágenes y nociones que construyen nuestra manera
de ver, captar y entender el mundo. Las fuentes principales de nuestras
representaciones son tres: los preconceptos culturales, las ideologías (no en
el sentido marxista de falsa conciencia sino como discursos sociales) y la
experiencia personal. Vamos percibiendo estas representaciones desde la
infancia mediante el lenguaje y la materialidad de la cultura (los objetos, las
imágenes, etc.). La relativa al género antecede a la información sobre la
diferencia sexual. Entre los dos y los tres años, niñas y niños saben referirse
a sí mismos en femenino o masculino, aunque no tengan una elaboración
cognoscitiva sobre la diferencia biológica; diferencian la ropa, los juguetes y
los símbolos más evidentes de lo que es propio de los hombres y de lo que es
propio de las mujeres (del género).”[63]
La interpretación cultural de los cuerpos no solo ha
implicado establecer expectativas y estándares de conducta diferenciados entre
ambos sexos, definidos generalmente a partir de opuestos (pasividad/actividad,
fuerza/debilidad, brusquedad/delicadeza, etc.) sino también asignarles a esas
características ciertas cargas valorativas y de jerarquía en la organización
social en las que se da prevalencia a aquello que se considera masculino frente
a lo que se cataloga como femenino. Ello se traduce en sexismo o, lo que
es lo mismo, en un trato desigual a las personas según su sexo.
La filósofa Simone de Beauvoir declara que “no se
nace mujer: se llega a serlo”, para subrayar que las características y los
atributos que definen en la sociedad lo que es una mujer no es resultado de un
destino biológico, psíquico o económico, sino producto de la civilización. Los
rasgos específicos asociados a un arquetipo de feminidad que se muestran
incluso desde la infancia no obedecen a los instintos sino a una intervención
externa respecto de la niña, a quien desde los primeros años “su vocación le
ha sido imperiosamente insuflada”[64].
En este contexto, la autora pone de relieve los
contrastes que existen entre las formas de aprendizaje de niños y niñas,
indicando que la pasividad que caracteriza a la mujer “femenina” es un rasgo
impuesto por los educadores y la sociedad, por lo que es falso que se trate de
una circunstancia biológica.
En virtud de ese constructo cultural se implantan en
las y los menores de edad ciertos códigos y pautas de conducta que direccionan
la manera en que conforman su propia identidad. Así, describe que el niño “efectúa
el aprendizaje de su existencia como un libre movimiento hacia el mundo;
rivaliza en dureza e independencia con los otros niños, y desprecia a las
niñas. Trepando a los árboles, zurrándose con sus camaradas, compitiendo con
ellos en juegos violentos, toma su cuerpo como un medio para dominar a la Naturaleza
y como instrumento de combate; se enorgullece tanto de sus músculos como de su
sexo; a través de juegos, deportes, luchas, desafíos y pruebas, halla un empleo
equilibrado de fuerzas; al mismo tiempo, conoce las severas lecciones de la
violencia; aprende a encajar los golpes, a despreciar el dolor, a rechazar las
lágrimas de la primera edad. Emprende, inventa, osa.”[65]
Por su parte, explica De Beauvoir, la niña suele
recibir un mensaje contrario: “le dan por amigas a otras niñas, la confían a
profesoras, vive entre matronas como en los tiempos del gineceo, se le eligen
los libros y los juegos que la inician en su destino, le vierten en el oído los
tesoros de la prudencia femenina, le proponen virtudes femeninas, le enseñan a
cocinar, a coser y a cuidar de la casa, al mismo tiempo que la higiene
personal, el encanto y el pudor; la visten con ropas incómodas y preciosas, que
es preciso cuidar mucho; la peinan de manera complicada; le imponen normas de
compostura: ‘Mantente erguida, no andes como un pato…’ Para ser graciosa,
deberá reprimir sus movimientos espontáneos; se le pide que no adopte aires de
chico frustrado, se le prohíben los ejercicios violentos, se le prohíbe
pelearse; en una palabra, la comprometen a convertirse, como sus mayores, en
una sirviente y un ídolo. Hoy, gracias a las conquistas del feminismo, cada vez
es más normal animarla para que estudie, para que practique deportes; pero se
le perdona de mejor grado que al muchacho su falta de éxito; al mismo tiempo,
se le hace más difícil el triunfo, al exigir de ella otro género de
realización: por lo menos, se quiere que sea también una mujer, que no pierda
su feminidad.” [66]
Desde la psicología, Monserrat Moreno enseña que los
modelos de comportamiento masculino y femenino a partir de los cuales se
construye la propia imagen y se guía la conducta, lejos de ser inherentes al
género humano, son establecidos por cada sociedad y son acatados por fuerza de
la costumbre, mas no por un ejercicio de reflexión racional:
“[E]s la sociedad y no la biología o los
genes quien determina cómo debemos ser y comportarnos, cuáles son nuestras
posibilidades y nuestros límites. De ahí la necesidad de la educación. Si los
seres humanos se comportaran únicamente siguiendo sus impulsos biológicos, si
las conductas consideradas masculinas y femeninas fueran espontáneas,
naturales, y predeterminadas, no sería necesario educar tan cuidadosamente
todos los aspectos diferenciales, bastaría dejar que la naturaleza actuara por
sí misma. Por el contrario, el individuo humano es capaz de una variada gama de
conductas que no están aún determinadas en el momento de nacer. De todas las
posibles formas de actuación cada sociedad elige unas que constituyen su modelo
y que se van conformando y transmitiendo a lo largo de su historia, quedando
rígidamente establecidas como normas o pautas de conducta. Estas pautas o
modelos no son las mismas para todos los individuos, existen unas para el sexo
femenino y otras para el masculino, claramente diferenciadas.
(…) [Los modelos de conducta] determinan
lo que está bien o lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe hacer y
cómo hay que reaccionar en cada momento determinado [y] constituyen el
sucedáneo del pensamiento inteligente porque implica la sumisión de la razón al
mandato de la costumbre establecida.”[67]
De ello que tales patrones de comportamiento
estereotipados son susceptibles de ser modificados, pues no son innatos a los
seres humanos y, en realidad, proceden de la influencia que ejerce un esquema
de ordenación social sobre niñas y niños, mediante estímulos y represiones que
tienen lugar en contextos como la familia, la escuela y los medios de
comunicación.
A su turno, la también psicóloga Ester Barberá expone
que los estereotipos de género no solo están orientados a describir los
comportamientos, sino que además tienen en la sociedad una importante función
prescriptiva, en la medida en que a partir de ellos se induce a las personas a
adoptar determinadas cursos de acción según las exigencias sociales
preconfiguradas:
“Los sistemas de creencias no se limitan
a describir lo observado aunque sea esquemáticamente (función descriptiva), ni
tampoco son sólo estructuras representativas de conocimiento (función
explicativa), sino que sobre todo cumplen una función prescriptiva, referida a
«lo que debe ser» y «lo que debe hacerse». El componente prescriptivo de un
estereotipo está siempre sostenido por la estructura social. Es la
representación que cada cual se plantea de cómo los demás piensan que debe
comportarse. Por ejemplo, es posible que una mujer no desee formar una familia
ni tener hijos sino que quiera viajar y vivir de forma independiente. Sin
embargo, existe una presión social que contribuye a no salirse de lo
normativamente establecido, y entre dicha normativa está el deseo de que las
mujeres a una determinada edad se estabilicen con una pareja y tengan hijos. De
este modo, los estereotipos se ofrecen como modelos comportamentales,
suscitadores de acuerdo o desacuerdo, que marcan la conducta a seguir. Es
precisamente este componente prescriptivo el que confiere gran poder a los EG
(Fiske y Stevens, 1993). Ningún análisis psicológico de los EG puede obviar
esta función normativa que, en el caso de las relaciones entre los géneros,
prescribe posiciones de poder de los hombres sobre las mujeres.”[68]
En ese contexto, la autora explica que los
estereotipos de género adoptan características multicomponenciales, es
decir que incluyen gran variedad de factores referidos a la personalidad de
mujeres y hombres, a sus preferencias y aficiones, e inclusive las
características físicas y las destrezas cognitivas de unas y otros:
Estos estereotipos de género se pueden detectar en
múltiples ámbitos de la vida cotidiana, pero a la vez ellos, implícitamente, se
hallan a la base del relato hegemónico sobre la historia de la humanidad y la
construcción del conocimiento en las distintas áreas del saber, por lo cual los
discursos y las prácticas que los reproducen han aparentado por largo
tiempo tener una justificación objetiva y universal. No obstante, el anclaje
“científico” de la asimetría entre mujeres y hombres, que ha desencadenado la
discriminación sistemática de las primeras, también está sujeto a
cuestionamientos, en tanto producto cultural[69].
Las reivindicaciones alcanzadas por los movimientos
feministas y la universalización de los derechos humanos, a partir del
reconocimiento de la dignidad inherente a todas la personas, han propiciado que
en la actualidad las niñas y las mujeres subviertan los tradicionales
estereotipos de género y avancen en el ejercicio de sus libertades más allá o
incluso por fuera de los condicionamientos culturales que se les han impuesto,
por ejemplo, mostrando que cuentan con las mismas capacidades y destrezas que
los varones, asumiendo actitudes y estilos de vida que desafían los roles
tradicionales, y logrando acceder, no sin dificultades, a espacios de la
sociedad que antes les eran vedados por considerarse reservados o privilegiados
para los hombres (v.gr. la profesionalización, el mercado del trabajo
remunerado, el desempeño de cargos de liderazgo, la política, etc.), aunque los
estereotipos de género siguen siendo una constante que se debe combatir.
Importantes manifestaciones de los esfuerzos por
derruir progresivamente los prejuicios basados en el género desde el ámbito
jurídico-político se encuentran, por ejemplo, en varios instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos.
La Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer –CEDAW– en su artículo 5 impone a
los Estados la obligación de “modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.
En la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, en su artículo 4, literal j), los Estados se
comprometen a “adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el
sector de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento
del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o la
superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados
al hombre y a la mujer.”
Asimismo, la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convención de
Belem do Pará–, proclama en su artículo 6, literal b), “el derecho de la
mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación”, y en su artículo 8, literal b), dispone que
los Estados convienen en adoptar medidas orientadas a “modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño
de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo
de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la
mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer.”
iii) La discriminación por razón de género en el
deporte
La práctica del deporte es un campo en el cual se han
hecho notar con especial acento los estereotipos de género. La deportista e
investigadora Élida Álfaro[70] explica que, en la Grecia clásica, los
juegos olímpicos antiguos estaban reservados a los varones y las mujeres se
limitaban a ser espectadoras ‒en gradas separadas‒ y a coronar a
los campeones, siendo excepcionalísimo el caso de Cinisca, mujer espartana que
fue pionera en ganar las carreras de cuádrigas. Al establecerse los juegos
olímpicos modernos a principios del siglo XX, su fundador Pierre de Coubertin,
al referirse a la presencia de las mujeres en los juegos manifestó: “Impracticable,
carente de interés, antiestético e incorrecto. La concepción de los Juegos
tiene que responder a la exaltación periódica y solemne del atletismo, la
lealtad como medio, el arte como marco y los aplausos femeninos como recompensa”,
por lo que la participación de ellas se restringía apenas al golf y al tenis,
que eran considerados adecuados con la “naturaleza femenina”[71]. La incorporación de las mujeres al deporte fue
avanzando de manera gradual, con un limitado número de participantes, solo en
algunas competiciones y con escasa atención por parte de la sociedad; solo
hasta 2012, las olimpiadas de Londres “fueron los primeros Juegos en los que
se presentaron mujeres a competir en todos los deportes del programa olímpico”
y apenas muy recientemente, en las olimpiadas de Río de Janeiro de 2016, la
participación de las mujeres ascendía al 45% del total de los atletas:
aproximadamente 4700 mujeres representando a sus países en 306 eventos.[72]
En virtud de una extensa tradición, entonces, la
actividad física y el deporte han sido asociados a lo masculino, lo
cual, en un orden social dicotómico basado en estereotipos sexistas, se
contrapone a lo femenino, a partir de una interpretación generizada
de los cuerpos de los hombres y las mujeres:
Bajo esta rúbrica, en el deporte, en tanto expresión cultural
que transmite valores y define identidades, se han reforzado los estereotipos
enfocados en delinear la personalidad y los comportamientos de mujeres y
hombres desde la infancia, lo que se ha constituido en una barrera para que
aquellas se impliquen en igualdad de condiciones en las disciplinas de la
actividad física:
“El deporte es un ámbito
tradicionalmente masculino que, además de asumir los estereotipos asignados
socialmente a cada sexo, ha justificado y perpetuado la poca presencia de las
mujeres en todos los niveles del deporte, basándose en la creencia de que ellas
no están capacitadas para hacer deporte, para competir, para hacer esfuerzo
físico. Después de más de cien años, ha quedado patente que las teorías que
avalaban estas creencias no tienen fundamento científico, que la supuesta
superioridad en capacidades y habilidades físicas de los hombres se debe,
fundamentalmente, a motivos culturales y educaciones. A pesar de ello, las
mujeres siguen discriminadas en todos los niveles del ámbito deportivo, ya que,
el mito de la falta de capacidad de las mujeres para desarrollar las cualidades
físicas ha legitimado la construcción social de otras nuevas creencias: la
falta de interés, de gusto por el riesgo, de eficacia en los diferentes
aspectos del deporte (práctica deportiva, competición, gestión, dirección,
labores técnicas o arbitrales), etc. En definitiva, desde la infancia se limita
el acceso de las mujeres al deporte, lo que las excluye de los efectos
saludables y placenteros de la actividad física y cuando consiguen acceder se
infravaloran sus actividades y logros, y se las discrimina manifiestamente, por
ejemplo, a través de la concesión de menos recursos y de inferior calidad por
parte de las entidades deportivas.”[73]
Así, a lo largo de la historia, desde las clases de
educación física en la escuela se han reproducido en el proceso de aprendizaje
los prejuicios culturales sobre las conductas asociadas a la feminidad y a la
masculinidad, mediante la promoción de actividades diferenciadas para niñas y
niños, que se orientan a perfilar desde temprana edad el rol asignado a mujeres
y hombres:
“[D]urante los siglos XVIII y XIX y gran
parte del sigo XX las prácticas educativas se han materializado en base a una
currícula con materias que estaban generizadas. Es decir que las disciplinas
estaban dirigidas a consolidar ciertas masculinidades y femineidades. En el
caso de la Educación Física se establecían para las clases de los varones los
ejercicios militares (marchas, contramarchas, movimientos uniformes de flanco,
etc.) orientados a la formación del soldado ciudadano y para las mujeres
actividades vinculadas con la gimnasia rítmica, danzas, ejercicios que no
fueran violentos, algunos juegos (pasivos, suaves y que no persiguieran fuertes
contactos corporales), etc. Es decir tareas dirigidas a la construcción de
cierta feminidad vinculada especialmente con la maternidad, la reproducción y
el ámbito de lo doméstico. La disciplina Educación Física instalaba un orden
corporal que contribuía a configurar cierta masculinidad y feminidad.”[74]
El hecho de que se promuevan actividades físicas
diferenciadas a niñas y a niños conlleva que los menores asimilen e
interioricen los patrones que les son impuestos y que, por lo tanto, en su
proceso de desarrollo, terminen por afianzar determinadas habilidades,
capacidades y destrezas, al paso que otras van quedando rezagadas, pese a que
el potencial de explotarlas exista. Así, por ejemplo tradicionalmente a los
niños se les ha animado a practicar actividades al aire libre que les exigen
utilizar su coordinación y agilidad ante estímulos externos, mientras que a las
niñas se les han fomentado actividades más pasivas que implican precisión como
las manualidades; a fuerza de repetir estos patrones culturales, más tarde, es
posible que los dibujos de los niños sean más rudimentarios que los realizados
por niñas, y que si se le lanza por sorpresa un objeto a una niña, eventualmente
su reacción sea agacharse o intentar protegerse en vez de atajarlo, por no
estar familiarizada con ello[75].
De ese modo, aunque las destrezas son resultado de la educación
impartida –que estimula unos aspectos del desarrollo y cercena otros[76]–, en la cultura se termina asumiendo sesgadamente que
“por naturaleza” las niñas tienen mejor motricidad fina y los niños tienen
mejores reflejos, lo que implica que a ellas se les incentiven actividades como
la danza o la gimnasia y a ellos se les aliente a practicar el fútbol o el
baloncesto ‒deportes que además gozan de mayor reconocimiento
social‒. Estas circunstancias inevitablemente terminarán influyendo en
sus aptitudes y actitudes, habida cuenta de que en el juego se emula y refleja
la realidad:
“[L]as principales diferencias entre
hombres y mujeres, chicos y chicas, niños y niñas se manifiestan en sus roles
sociales, pero estos influyen de tal manera que van marcando características de
su personalidad, formas de comunicación, autoestima, percepción y seguridad de
sí mismos. Si salimos a la calle y observamos los juegos infantiles
apreciaremos que los niños son más brutos, se pegan más, juegan a peleas y
guerras, son más ruidosos, mientras que las niñas participan en juegos más
pasivos, con muñecas, no se pelean tanto (al menos físicamente), son más
obedientes y calladitas. Si observamos a chicos y chicas las diferencias aún
son mayores, y ellos se interesan por los deportes, los coches, ser más fuertes
para atraer, ser más agresivos y duros, mientras que ellas son más coquetas,
dulces y pacientes.”[77]
Bajo este esquema sexista, el acceso de las mujeres al
deporte ha sido lento y ha estado plagado de obstáculos, pues, en ocasiones,
aquellas que se animan a desafiar las imposiciones culturales son criticadas
y/o estigmatizadas bajo los prejuicios de que el deporte las “masculiniza” o que
practicarlo es perjudicial para su salud, no encuentran suficiente apoyo en sus
círculos más próximos, no reciben el mismo entrenamiento ni el patrocinio que
se da a los varones para llegar a un nivel de alto rendimiento, se les
restringen significativamente los recursos, sus certámenes deportivos son
considerados de segunda categoría y se les brinda escasa atención por parte de
la sociedad (por ejemplo, en términos de cobertura mediática) en comparación
con los hombres, entre otros fenómenos de discriminación que acaban por
invisibilizar sus esfuerzos y sus méritos. De ese modo, las representantes del
deporte femenino difícilmente alcanzan a aproximarse a los íconos del deporte
masculino en términos de notoriedad, admiración y prestigio, al punto que, en
el pensamiento colectivo, muchas de ellas terminan por sobresalir en el deporte
a pesar de ser mujeres.
Por otro lado, las exigencias impuestas a las mujeres en
razón del rol social que históricamente les ha sido asignado impiden que ellas
tengan la posibilidad de dedicar el mismo tiempo que los hombres a los espacios
lúdicos y al deporte, pues por lo regular ellas se ven compelidas a atender simultánea
y conjuntamente diversidad de tareas (de cuidado de las personas dependientes,
de labores domésticas, de productividad en el mercado laboral, etc.), lo que
las obliga a intensificar sus tiempos y ritmos de trabajo para satisfacer las
demandas de todos los ámbitos[78], quedándoles muy pocos espacios para buscar
realizarse a plenitud en otras áreas como la actividad física; dilemas a los que
usualmente no se tienen que enfrentar los hombres.
Empero, en este contexto también las reivindicaciones
de los movimientos de mujeres y la universalización del discurso de los
derechos humanos se han hecho sentir, y la evolución de la sociedad en esa
dirección ha despertado críticas a las dinámicas sexistas en el deporte:
“[E]l machismo tradicional empobrece la
práctica deportiva, impidiendo y limitando el desarrollo de las personas. Este
aspecto crea la necesidad de desarrollar programas a edades tempranas, que
incentiven la participación y elección de actividades físico-deportivas a niños
y niñas por igual, para que su representación sea más igualitaria en el deporte
de competición.
Por todo ello, es fundamental trabajar una
educación desde los niveles más inferiores del ámbito educativo, para fomentar
los valores de igualdad y respeto ante las posibilidades y libertades de los niños
y niñas en practicar el deporte que deseen, sin estereotipos sexistas que
«castren» sus anhelos y sueños, solo por su género.”[79]
Con esa renovada perspectiva, la coeducación[80] es una de las fórmulas a través de las cuales se ha
propuesto superar los modelos tradicionales que suponen la formación segregada
de niñas y niños, a fin de enfrentar de manera progresiva los fenómenos de
discriminación. Trasladada al ámbito de la educación física, la coeducación
implica que niñas y niños compartan espacios comunes, pero más allá de eso,
exige la superación de los estereotipos basados en el género que inhiben el
desarrollo de las capacidades de unas con otros, en igualdad[81].
La progresiva conquista de la igualdad en muchos
espacios de la sociedad ha incidido en que el deporte se haya venido
transformando cada vez más en un escenario para la emancipación y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas:
“Las niñas y las mujeres que se dedican
al deporte abren las restricciones que imponen los estereotipos de género, pero
el deporte también les da acceso a la esfera pública. Les proporciona canales
hacia la información y el aprendizaje y hacia nuevas y valiosas capacidades
para la vida. Les permite trabar amistades, expandir sus redes sociales y
disfrutar de la libertad de expresión y movimiento. A través del deporte, las
niñas pueden beneficiarse de la tutoría de adultos de confianza. Al enfrentarse
a niñas que asumen un nuevo rol, los niños aprenden acerca de sus fortalezas,
capacidades y contribuciones, lo que puede ayudar a que reformulen sus ideas
sobre lo que las niñas deben o no hacer. El deporte puede contribuir a
transformar los modos en que las niñas se ven a sí mismas y el modo en que las
ven sus familias, sus pares y sus comunidades.”[82]
iv) El derecho a la recreación y al deporte
Desde el artículo 52 de la Constitución se reconoce
que el deporte en todas sus manifestaciones tiene como función la formación
integral y la preservación de la salud y el desarrollo del ser humano, y se
consagran la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del
tiempo libre como un derecho de todas las personas, vinculado a la educación.
Asimismo, se dispone que el Estado tiene la obligación de incentivar este tipo
de actividades, e inspeccionar, vigilar y controlar las organizaciones
deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.
A la vez, el artículo 44 de la Carta contempla la
recreación como uno de los derechos prevalentes de que son titulares niños, niñas
y adolescentes, de los cuales se desprende una obligación correlativa de
garantía y protección en la que concurren la familia, la sociedad y el Estado.
En el ámbito internacional, fue a partir de la Carta
Internacional de la Educación Física y el Deporte, adoptada por la
Conferencia General de la UNESCO el 21 de noviembre de 1978, que se reconoció
por primera vez al
deporte y la actividad física como un derecho humano indispensable para el
pleno desarrollo de la personalidad, que se le debe garantizar a todas las
personas en igualdad de oportunidades para mejorar su condición física y
alcanzar el nivel de realización deportiva correspondiente a sus dones.
En consonancia, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de
1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas e incorporada a la
legislación nacional mediante la Ley 12 de 1991, prescribe en su artículo 31 lo siguiente: “1. Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y
en las artes. 2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño
a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural,
artística, recreativa y de esparcimiento.”
Por vía jurisprudencial, la Corte ha interpretado el
alcance y contenido del derecho a la recreación y al deporte[83], refiriéndose a la
práctica deportiva, como un derecho fundamental y, simultáneamente, como una
actividad de interés público y social, “cuyo ejercicio, tanto a escala
aficionada como profesional, debe desarrollarse de acuerdo con normas
preestablecidas que, orientadas a fomentar valores morales, cívicos y sociales,
faciliten la participación ordenada en la competición y promoción del juego y,
a su vez, permitan establecer las responsabilidades de quienes participan
directa e indirectamente en tales eventos. Estas reglas, que son necesarias
para conformar y desarrollar una relación o práctica deportiva organizada, se
constituyen en fuentes de conducta obligatorias en tanto no comprometan el
núcleo esencial de los derechos fundamentales consagrados y garantizados por la
Constitución Política.”[84] A su vez, la
jurisprudencia ha precisado que, conforme a las obligaciones que le han sido
conferidas, el Estado debe “considerar y preservar la autonomía de las
organizaciones deportivas, pero que dicha autonomía institucional no puede
erigirse en obstáculo para la protección y realización de los derechos
fundamentales de quienes ejercitan el deporte, sino por el contrario, en
instrumento especialmente eficaz de protección y realización de  aquellos.”[85]
Desde esta perspectiva, esta Corporación ha recalcado la
importancia del fomento de la actividad física dentro del Estado social de
Derecho[86] y ha reconocido el
derecho a la recreación y la práctica del deporte como una garantía autónoma[87], enfatizando su naturaleza
fundamental “para el desarrollo psicofísico y la integración social de
sujetos de especial protección constitucional, como son las personas en
situación de discapacidad o los niños en edad escolar”[88].
Desde sus pronunciamientos más tempranos, este
Tribunal ha destacado el carácter dignificante del deporte y ha reconocido la
recreación como una “actividad inherente al ser humano y necesaria tanto
para su desarrollo individual y social como para su evolución”[89], gracias a la cual las
personas asimilan el entorno que las rodea y se adaptan a él mediante la
creación de un orden que favorece su propio progreso:
“Una de las manifestaciones más
importantes de la recreación es el juego. En él se encuentran incluidos todos
los elementos mencionados anteriormente. Se crea un orden determinado en el
cual se puede participar, tanto como jugador como espectador. Se imponen, como
en cualquier orden, unos límites determinados y unas reglas de juego. A través
del juego las personas no solo recrean un orden, sino que aprenden a moverse en
ese orden, a adaptarse a él y a respetar sus reglas.
La recreación, por lo
tanto, cumple un papel definitivo en el aprendizaje del individuo como miembro
de una sociedad que posee su propio orden. Este papel educativo tiene especial
relevancia cuando se trata de personas cuyo desarrollo es todavía muy precario.
Así, la mejor manera como puede enseñarse a un niño a socializarse es mediante
el juego. Es también mediante la recreación que se aprenden las bases de la
comunicación y las relaciones interpersonales.
En el contexto
constitucional, es claro que la recreación cumple un papel esencial en la
consecución del libre desarrollo de la personalidad dentro de un marco
participativo-recreativo en el cual el individuo revela su dignidad ante sí
mismo y ante la sociedad.”[90]
En esa misma línea, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas sostiene que muchos países y organismos internacionales han
avanzado al incorporar el deporte en sus agendas, dada la relevancia que tiene
tanto para el bienestar del individuo, como para el mejoramiento de la
comunidad, además de su contribución al afianzamiento de valores entre la niñez
y la juventud:
“1 La participación regular en
actividades deportivas promueve el buen estado físico, fortalece la autoestima
y la confianza y disminuye el estrés y la depresión. 2 Por medio de sus valores
universales de buen estado físico, juego limpio, trabajo en equipo y búsqueda
de la excelencia, el deporte puede mejorar la vida de individuos y comunidades,
y crea espacios seguros, sobre todo para las niñas. El deporte puede hacer
sentir a los jóvenes que forman parte de una comunidad que va más allá de sus
familias y ayudarlos a conectarse con sus pares y con los adultos. Puede
ponerlos en contacto con nuevas ideas y posibilidades y darles acceso a
recursos, oportunidades y aspiraciones en su camino a la adultez.”[91]
Así pues, de conformidad con el principio de interés
superior del menor, el derecho a la recreación y al deporte, aunque está en cabeza
de todas las personas, adquiere un acento especial para el sector más joven de
la población, quienes gracias a la actividad física potencian su desarrollo
personal, optimizan sus habilidades y destrezas de manera integral y alcanzan
competencias necesarias para la vida en sociedad.
Con fundamento en lo anterior, ha de colegirse que el
derecho a la recreación y al deporte tiene un valor preponderante en nuestro
ordenamiento superior en razón de su relación directa con la dignidad humana, y
a la vez es plataforma para la efectividad de otros derechos, tales como la
salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de
asociación, al tiempo que favorece la promoción de principios constitucionales
como la
convivencia pacífica, la participación, la solidaridad, la igualdad y la paz.
Además, el derecho a la recreación y al deporte cobra
máxima relevancia cuando se vincula al principio de interés superior de los
menores de edad, en razón de la cláusula de protección prevalente que prevé la
Constitución a favor de niñas, niños y adolescentes.
v) El derecho a la igualdad y no discriminación por
razón de sexo
La base fundamental sobre la cual se erige el Estado social
y democrático de derecho es el respeto por la dignidad humana, que es intrínseca
a todas las personas, sin excepción, por el solo hecho de serlo. Así, ningún
orden jurídico, político y social que se precie de valorar la democracia y la
justicia puede reconocer más o menos valor a unos individuos sobre otros, ni
puede ser condescendiente ante la marginación de un grupo humano.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
proclama en su preámbulo que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros
de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”; en su
artículo 3 enuncia el compromiso de todos los Estados de garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos de que
trata dicho instrumento; y, en su artículo 26 prescribe que todas las personas
son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección sin discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
De igual manera, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece, en su artículo 24, que todas las personas son
iguales ante la ley, lo que implica el derecho de todas y todos, sin
discriminación, a recibir igual protección de la ley.
Bajo esta misma inspiración, la Constitución de 1991
consagró el derecho fundamental a la igualdad en su artículo 13, a cuyo tenor todas
las personas son iguales ante la ley, merecen el mismo trato por parte de las
autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.
Pero a la vez, la constituyente no observó con
indiferencia el continuo histórico de exclusión y violencia que ha signado la
relación entre la sociedad –marcadamente androcéntrica– y las mujeres, y por lo
tanto dedicó una cláusula específica a conjurar esta manifestación concreta de
desigualdad que, por definición, se opone a la idéntica dignidad que se
reconoce a todas las personas. Reza el artículo 43 superior: “La mujer y el
hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida
a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto
gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”
Tomando como punto de partida que la reivindicación de
la igualdad y la dignidad de las mujeres es un asunto que concierne a todo el género
humano, la preocupación por las condiciones de discriminación a que se ha
sometido a las mujeres se ha plasmado en instrumentos internacionales dirigidos
especialmente a abordar esta problemática, tal como la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW–,
que reconoce el aporte de las mujeres al progreso de la sociedad, por lo que
señala que obstruir sus posibilidades de participación en la vida política,
social, económica y cultural de su país en las mismas condiciones de los
hombres, frustra su potencial de desarrollo para servir a su país y a la
humanidad. En ese sentido, defiende que “la máxima participación de la mujer en todas las esferas,
en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo
pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” En su artículo 1, la CEDAW define
la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”
En concordancia, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha reconocido la discriminación histórica que ha relegado a las
mujeres, y ha reflexionado en torno al fenómeno estructural de la desigualdad en
razón del sexo, señalando que “El principio de tratamiento igual reconocido
constitucionalmente se configura, entonces, en un derecho fundamental de cuyo
respeto depende la dignidad y la realización de la persona humana. En
consecuencia, cualquier acto que pretenda ‘anular, dominar o ignorar a una
persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o perjuicios sociales o personales’, como puede serlo el sexo,
es un acto discriminatorio proscrito por la Constitución.”[92]
Esta Corporación también ha indicado, desde sus
albores, que si bien, en principio, no existe justificación para otorgar un
trato diferenciado en razón del sexo, no se trata de un principio absoluto que
prescriba un tratamiento idéntico en todos los casos, pues eventualmente es
válido que, en procura de una auténtica igualdad material, se adopten medidas afirmativas
en favor de las mujeres, teniendo en cuenta el largo trayecto de discriminación
al cual han sido sometidas[93]. Dado que la igualdad que persigue la
Constitución no es puramente formal, se sigue que “en algunos eventos se
justifican diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación
que ha sufrido la población femenina. En este sentido se ‘autoriza, dentro de
un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir
desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la
igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales.’[94]”[95]
En este contexto se inscribe la denominada discriminación
inversa o positiva, que se concreta a través de acciones
afirmativas, las cuales son medidas “dirigidas a corregir las
desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la
igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y social.”[96] En tal sentido, se ha interpretado que el trato
diferenciado que prohíbe la constitución es aquella discriminación que implica
un trato desfavorable[97], ya que si está encaminada a crear planos
de igualdad real se entiende legítima.
Llegado este punto, es preciso reparar en que la
discriminación por razón de sexo se concreta a través de múltiples formas. Al
analizar estas expresiones dentro del ámbito normativo, la jurisprudencia ha
encontrado que, en su sentido más elemental, el trato discriminatorio se
proyecta, como se viene exponiendo, en la consideración del sexo –o también del
género en tanto interpretación cultural de la diferencia sexual– como criterio
o pauta para la adjudicación de derechos o la configuración determinados estatus
jurídicos, pues ello se opone abiertamente a la prohibición de trato
indiferenciado. Empero, también se produce una discriminación por razón del
sexo cuando, con la apariencia de pretender otorgar algún grado de protección a
las mujeres, se las termina minusvalorando, segregando y excluyendo del pleno
ejercicio de sus libertades bajo un paternalismo incompatible con la autonomía
y, por lo tanto, con la dignidad:
“[L]a otra forma de discriminación que
ha detectado la Corte Constitucional, referente a la prohibición de discriminar
por razón del género, consiste en la adopción de medidas normativas que en
principio buscan proteger a la mujer. Pero, lo cierto es que la supuesta
protección que dispensan, de un lado termina perjudicándolas más que favoreciéndolas,
y de otro, tiene como sustento nociones que ‘...perpetúan estereotipos
culturales y, en general, una idea vitanda, y contraria a la Constitución, que
la mujer es inferior al hombre’[98]. De esta manera, aunque no directamente,
se incurre en discriminación de las mujeres. Por ello, no sólo están prohibidas
las diferenciaciones normativas que directamente adjudican consecuencias
jurídicas diferentes a hombres y a mujeres sin que se pretenda favorecer a
éstas, sino que también resultan contrarias a la Constitución, aquellas
diferenciaciones normativas que pretenden proteger a las mujeres sobre la base
de que ellas son débiles, vulnerables, inferiores o cualquier otro estereotipo
ofensivo o dañoso. A lo anterior se le puede denominar prohibición de discriminaciones
indirectas.”[99]
Previa esta salvedad respecto de cuándo resulta válida,
conforme a la Constitución, un trato que conlleve modulación del principio de
igualdad, vale subrayar que las acciones afirmativas tienen cabida en todos los
escenarios en los que los órganos del Estado adopten medidas que propenden a
equilibrar el desbalance social que, por motivos culturales, se presenta entre
mujeres y hombres.
Por otro lado, se relieva que en el ejercicio de la
función jurisdiccional cobra la máxima importancia la incorporación de una perspectiva
de género, bajo la premisa de que la única forma de materializar el mandato
constitucional de garantizar un orden justo es el entendimiento de que las
asimetrías presentes en la sociedad se trasladan de igual forma a las
controversias jurídicas en todos los niveles, lo cual exige mecanismos
dirigidos a corregir los patrones discriminatorios y a asegurar una tutela
judicial efectiva de cara a la desigualdad material que enfrentan las mujeres.
Sobre este punto, la jurisprudencia ha indicado que cuando lo que se ventila en
el proceso es la vulneración de los derechos de las mujeres, la imparcialidad
del juez consiste, precisamente, en atender a un enfoque diferencial, exento de
estereotipos de género[100].
De lo expuesto, hay que concluir que, como lo ha
subrayado esta Corte, “aun cuando la igualdad formal de género se ha
incorporado progresivamente al ordenamiento jurídico colombiano, la igualdad
material todavía constituye una meta, demostrada en la subsistencia de
realidades sociales desiguales.”[101]
vi) El principio de legalidad en el marco del derecho
al debido proceso
El derecho al debido proceso es la garantía sobre la
cual se edifica el modelo de Estado social de derecho, en tanto se constituye
como un límite a la arbitrariedad de las autoridades y sujeta la relación entre
estas y las personas a la racionalidad de normas. Dichas normas no son
resultado de una imposición, sino que previamente se han sometido al debate y la
aprobación de asociadas y asociados, a través de sus órganos representativos.
En la Constitución de 1991, el derecho fundamental al
debido proceso está previsto en el artículo 29 superior, cuya primera garantía es
el principio de legalidad, el cual consiste en que ninguna persona puede ser
juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le endilga.
En concordancia, a nivel de bloque de
constitucionalidad, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
se refieren al principio de legalidad al establecer que nadie será condenado
por actos u omisiones que en el momento de cometerse no estuvieran proscritos
por el derecho, como tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión de la conducta.
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que “el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del
principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder
público, y en particular, al ejercicio del ius
puniendi del Estado. En
virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma
omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando
las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos
mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos.”[102]
Dentro de esta comprensión general del derecho al
debido proceso, el principio de legalidad es esencial para la validez de las
decisiones que afectan a los particulares, pues en virtud del mismo se conjuran
los desafueros en la adopción de medidas de control sobre el individuo, en tanto
se impone a las autoridades subordinar o ajustar sus actuaciones a los
derroteros previamente establecidos y ceñirse a los márgenes fijados por la
ley, al paso que se armonizan sobre una base democrática el interés general y
la efectividad de los derechos fundamentales. Sobre el particular, la Corte ha
destacado:
“El principio concreta un mandato
consustancial al constitucionalismo: la interdicción de la arbitrariedad y su
remplazo por una racionalidad instrumental al logro de la dignidad humana; la
adopción de decisiones razonables, entendidas como aquellas que persiguen los
fines esenciales del Estado y especialmente la efectividad de los derechos
fundamentales; y la elección de medios que no afecten o sacrifiquen
intensamente otros principios del orden superior.
Dentro de las garantías del debido proceso
el principio de legalidad ocupa un lugar central. Este principio cumple, en el
marco de un Estado constitucional de derecho, un conjunto de finalidades
significativas. Permite a los ciudadanos ajustar su conducta al marco de los
mandatos elegidos en el foro democrático para el desarrollo de la vida social
en armonía y para la consecución de los fines esenciales del Estado. Además,
posee un valor epistémico, pues el ciudadano conoce, gracias al principio de
publicidad, lo que está permitido y lo que está prohibido desde el punto de
vista del derecho, y representa una garantía primordial para la libertad
humana, gracias a la cláusula de cierre, según la cual todo aquello que no esté
expresamente prohibido por la ley debe considerarse permitido.”[103].
Desde esta perspectiva, el principio de legalidad se yergue
como una protección al individuo frente al ejercicio desmedido del poder, pues exige
que las conductas de relevancia jurídica y las consecuencias que se les
atribuye a las mismas estén contempladas previamente en el ordenamiento, de
manera que quienes son destinatarios de la regulación puedan guiar sus acciones
con la certidumbre de qué es lo que está permitido y qué es lo que está
prohibido, sin correr el riesgo de ser sancionados por la sola discreción de la
autoridad, lo que se vincula, a su vez, con el valor de la seguridad jurídica
como presupuesto de la convivencia pacífica.
En ese sentido, en el contexto de la imposición de
sanciones el principio de legalidad implica la definición clara, precisa e
inequívoca[104] de las conductas
susceptibles de castigo, como condición para que las personas, en el amplio
marco que supone el ejercicio de su autonomía, logren identificar los límites
de la licitud de sus actos y puedan ceñir a ellos su comportamiento. Este
principio es, entonces, “garantía epistémica de la libertad y la dignidad
humana, en tanto la capacidad de toda persona para auto determinarse”[105].
Ahora bien: los particulares no están exentos de acatar
este principio fundamental del debido proceso, teniendo en cuenta que entre los
entes de derecho privado y los individuos se pueden presentar relaciones de
sujeción en las cuales las garantías constitucionales jamás pueden resultar
sacrificadas por actuaciones abusivas de quien ejerce una posición de poder. Bajo
esa comprensión, esta Corte ha subrayado que “el derecho fundamental al
debido proceso es exigible, tanto para las entidades estatales y sus
actuaciones, como también para los particulares, pues un Estado social de
derecho debe garantizar en toda relación jurídica unos parámetros mínimos que
protejan a las personas de actos arbitrarios e injustificados que atenten
contra otros derechos fundamentales.”[106]
De modo, entonces, que el debido proceso y, en
concreto, el principio de legalidad, no condiciona solamente las relaciones
entre el poder del Estado y el individuo, sino que también es una garantía que
se irradia plenamente a las relaciones entre particulares, pues allí también
está presente la fuerza vinculante de la Constitución como un escudo para la
persona frente a la arbitrariedad, y aún con mayor acento cuando se trata de la
imposición de sanciones:
“[E]n todos los campos donde se
haga uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de
un sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los
requisitos o formalidades mínimas que integran el debido proceso. Mandato que,
dada su naturaleza, no sólo involucra u obliga a las autoridades públicas,  en
el sentido amplio de este término, sino a los particulares que se arrogan esta
facultad, como una forma de mantener un principio de orden al interior de sus
organizaciones (v. gr. establecimientos educativos, empleadores, asociaciones
con o sin ánimo de lucro, etc.). Razón que hace indispensable que los entes de
carácter privado fijen unas formas o parámetros mínimos que delimiten el uso de
este poder y que permitan al conglomerado conocer las condiciones en que puede
o ha de desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra
justificación la existencia y la exigencia que se hace de los llamados
reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, etc., en los cuales se fijan
esos mínimos que garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa de
los individuos que hacen parte del ente correspondiente.
Se hace referencia a unas
reglas mínimas que deben estar contenidas en estos reglamentos, para denotar
que existen una serie de materias o áreas, en las que el debido proceso está
constituido por un mayor número de formalidades y procedimientos, que integran
ese mínimo irreductible que debe ser observado, a fin de proteger derechos
igualmente fundamentales”.[107]
Como se ha dicho, la dignidad humana está
inescindiblemente vinculada a la garantía del debido proceso en todos los escenarios,
y bajo ese supuesto básico del Estado social de derecho no caben excepciones a
su exigibilidad en el marco de la imposición de sanciones por parte de entes
particulares. Así lo ha establecido esta Corporación al señalar que “[l]a
garantía del debido proceso ha sido establecida en favor de la persona, de toda
persona, cuya dignidad exige que, si se deducen en su contra consecuencias
negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene derecho a que su juicio se
adelante según reglas predeterminadas, por el tribunal o autoridad competente y
con todas las posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo sido oído
el acusado y examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y
también las que constan en su favor. No podría entenderse cómo semejante
garantía, reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta,
pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los particulares, cuando se
hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos, están obligados por la
Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho
fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los
fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados.”[108]
En línea con ello, esta Corte ha indicado que las
facultades sancionatorias, ya sea que estén en cabeza de estamentos públicos o
privados, deben desplegarse dentro de un margen de razonabilidad y
proporcionalidad[109] y deben observar, en
todos los casos, unos presupuestos mínimos que hacen parte del núcleo del
derecho al debido proceso, a saber: “(i) el principio de legalidad,
de manera que el procedimiento se sujete a las reglas contenidas en el
reglamento o cuerpo normativo respectivo; (ii) la debida motivación de la
decisión que atribuye efectos jurídicos a la conducta de quien es sujeto de
sanción; (iii) la publicidad e imparcialidad en las etapas del trámite; (iv) la
competencia estatutaria del organismo decisorio; y (v) el derecho a la defensa
y contradicción.”[110]
Tratándose en concreto de las decisiones de las
organizaciones deportivas, la autonomía que el orden jurídico les reconoce para
cumplir su objetivo misional no es absoluta y en su desarrollo siempre debe
imperar el respeto por el debido proceso y demás derechos fundamentales, cuya
primacía habilita –inclusive– la intervención del Estado, en aras de garantizar
la vigencia de los principios superiores[111]. En palabras de este Tribunal: “a
pesar de que la Constitución reconoce un amplio margen de autonomía a las
distintas asociaciones deportivas, en relación con su facultad de desarrollar
reglas para la práctica del deporte, al cumplir esta función no pueden
desconocer los principios constitucionales, ni vulnerar los derechos
fundamentales de sus destinatarios. Así pues, no es admisible que los derechos
constitucionales de los deportistas queden supeditados a las decisiones
empresariales adoptadas por los clubes, ligas y federaciones (…) no sólo porque
se desconocería la primacía de la Constitución y de los derechos de la persona
(C.P. arts. 4 y 5), sino porque se estaría permitiendo un prohibido abuso de
posición dominante de parte de esas asociaciones (C.P. art. 334)”[112].
De lo expuesto, se concluye que el principio de
legalidad obra como columna vertebral en el Estado social de derecho y tiene un
valor significativo como materialización de la democracia, al restringir las
actuaciones de las autoridades públicas o de los entes privados al imperio de
las normas, y como salvaguarda de la libertad y la dignidad humana, al impedir
que se repriman conductas ante la inexistencia de una disposición que de forma
previa y clara establezca el acto objeto de reproche.
vii) El principio de buena fe en su dimensión de
confianza legítima[113]
El artículo 83 de la Constitución consagra que las
actuaciones tanto de autoridades públicas como de particulares deben sujetarse
a los postulados de la buena fe. En desarrollo de este precepto, esta Corte ha
subrayado que se trata de un valor ético con un definitivo alcance social y
jurídico:
“De acuerdo con la doctrina el principio
de la buena fe constituye pieza fundamental de todo ordenamiento jurídico,
habida consideración del valor ético que entraña en la conciencia social, y por
lo mismo, de la importancia que representa en el tráfico jurídico de la
sociedad. Contenido ético que a su vez incorpora el valor de la confianza
dentro de la base de las relaciones sociales, no como creación del derecho, que
sí como presupuesto, con existencia propia e independiente de su reconocimiento
normativo. La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida
social con trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el
comportamiento de los sujetos de derecho, al propio tiempo que funge como
criterio de reciprocidad en tanto se toma como una regla de conducta que deben
observar los sujetos en sus relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito
de los derechos como en la esfera de los deberes y obligaciones.”[114]
Conforme a esa línea, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que la buena fe es entendida “como una exigencia de honestidad,
confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de
los particulares entre sí y ante éstas”[115], lo cual supone que las conductas de unas
y otros se guían por un ánimo serio, transparente y probo.
En tal sentido, el principio
constitucional de buena fe está claramente orientado a “erradicar las
actuaciones arbitrarias de parte de las autoridades públicas y de los
particulares, ya que el fin perseguido es que los hechos de éstos se aparten de
subjetividades e impulsos que generen arbitrariedad, y en consecuencia, se
ciñan a niveles aceptables de certeza y previsibilidad.”[116]
Una concreción del postulado
superior de buena fe es el principio de confianza legítima, que se constituye,
por un lado, en una garantía para que el individuo tenga la posibilidad de
desarrollarse en un entorno estable y previsible, y por otro, en un límite a
las entidades públicas y a los demás sujetos con que aquel interactúa, conforme
al cual estos no pueden alterar ni contravenir súbitamente la línea conductual
sobre la cual se han basado sus relaciones con el individuo[117].
De vieja data, la
jurisprudencia constitucional ha caracterizado el principio de confianza
legítima y ha resaltado la importancia que este reviste en el marco de la
interacción entre los órganos del Estado y los particulares:
“Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia
alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de
julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende
proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e
intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones
en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su
posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la
persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la
regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su
situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales
casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al
afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación.”[118]
Ahora bien: esta Corporación ha reconocido que el artículo 83 superior trasciende
el ámbito de las relaciones con el Estado, en tanto el principio de buena fe “es
el fundamento de la confianza legítima en que se basan las relaciones no sólo
de los particulares y las autoridades, sino las de éstos entre sí.”[119] Al ser la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo unos de los fines esenciales del Estado[120], la observancia del principio de confianza
legítima en el tracto de las relaciones entre particulares es primordial para
la consecución de esos propósitos del pacto político, ya que, como lo ha
resaltado este Tribunal –citando al doctrinante Karl Larenz–, “[e]l
ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de
otro y no tiene más remedio que protegerla, porque ‘...poder confiar, es
condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de
cooperación entre los hombres, y por tanto, de paz jurídica’.”[121]
Así pues, el principio de
confianza legítima implica que tanto las autoridades públicas como los
particulares están llamados a respetar, en el decurso de sus relaciones, las
expectativas que válidamente se han generado a raíz de sus actuaciones
precedentes. En otras palabras, se trata de la exigencia jurídica de “preservar
un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares,
surgido en un acto o acciones anteriores, de modo tal que “el particular
debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados”[122].
El principio de confianza
legítima se vincula, en consecuencia, con un mínimo de estabilidad, predictibilidad
y coherencia en los efectos que usualmente se desprenden de la interacción
entre los ciudadanos y los entes públicos y privados, de manera que no se introduzcan
sorpresivamente modificaciones en la forma de proceder de dichos sujetos ni en
las dinámicas normales a partir de las cuales estos han erigido sus relaciones.
En ese orden de ideas, por mandato constitucional, la confianza
que tienen las personas frente a la estabilidad y la coherencia que se espera
de los entes estatales y de los particulares, debe ser respetada y salvaguardada
por el juez constitucional.
4. Caso concreto
Recapitulando, en el caso que ocupa la atención de la
Sala en esta oportunidad el señor Álvaro Mora Ríos reclama la protección de los
derechos fundamentales de su hija menor de edad María Paz Mora Silva, debido a
que el equipo infantil de fútbol en el que ella participaba como arquera
titular fue sancionado y excluido del torneo Liga Pony Fútbol 2018 debido a
que, en criterio de los entes organizadores de la competencia –plasmado en la
decisión del Comité Disciplinario–, la presencia de la niña en un equipo integrado
mayoritariamente por niños es una “actuación irregular” y contraviene la
prohibición de conformación de equipos mixtos.
Reunidas como están las condiciones mínimas de
procedencia en relación con la legitimación en la causa por activa y por
pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad, tal como se verificó en el acápite
respectivo, es viable emprender el estudio de fondo de la controversia.
Previo a ello, la Sala estima pertinente anotar, como precisión
inicial, que en esta oportunidad la controversia está relacionada con las
presuntas vulneraciones iusfundamentales originadas en el marco de un
campeonato infantil de fútbol, por lo cual el análisis de la Corte estará
fundado en el principio constitucional de interés superior de los menores de
edad, de manera que las decisiones y eventuales medidas de protección que se
adopten estarán enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes. En
consecuencia, el examen subsiguiente no se ocupará de las prerrogativas que le
asisten a las personas en el ámbito del fútbol profesional, sino en el
escenario del impacto de la práctica deportiva en un contexto formativo y de
sana competencia que contribuye al desarrollo integral y armónico de niñas,
niños y adolescentes del país.
4.1. Valoración de la conducta de las accionadas y
análisis sobre la vulneración de derechos fundamentales
La controversia planteada gravita, básicamente, en
torno a si, conforme a las reglas que regulaban el torneo Liga Pony Fútbol
2018, estaba prohibida la conformación de equipos de fútbol mixtos, a partir de
lo cual –en criterio de las accionadas– devendría irregular la participación de
la menor María Paz Mora Silva en el equipo Dinhos, integrado
mayoritariamente por varones, y se sustentaría la decisión de sancionar y
excluir al club del campeonato.
Es necesario, entonces, verificar, en primera medida,
si las reglas de la competencia contemplaban la mencionada prohibición.
En la Circular No. 007 de 2018, del 11 de julio de
2018[123], el denominado Órgano de Administración
del torneo indicó lo siguiente:
“(…) El torneo se desarrollará en dos
categorías en ambas ramas así:
1. Deportistas nacidos a partir del 1 de
enero de 2006 y 2007.
2. Deportistas nacidos a partir del 1 de
enero de 2008 y 2009.”
Por su parte, la Resolución No. 025-18, del 7 de
agosto de 2018[124], suscrita por el señor Álvaro González
Alzate en su calidad de presidente de la Difútbol, que contiene el reglamento
general de la Liga Pony Fútbol 2018, en el capítulo V, al referirse al tema de
las inscripciones de los participantes, señaló:
“Artículo 12.- El régimen de edades de
los jugadores que se inscriban en cada CATEGORÍA, será el siguiente:
1-CATEGORÍA de 8 A 10 AÑOS (Niñas y Niños):
En esta categoría cada equipo participante puede inscribir dieciocho (18)
jugadores que cumplan el siguiente régimen de edades:
Niños y Niñas NACIDAS A PARTIR DEL 1 de
ENERO de 2008.-
Para esta categoría se jugará con máximo 8
jugadores en el terreno de juego.
Se inicia el 18 de agosto de 2018.-.- La
inscripción de equipos vence el 15 de AGOSTO.
2-CATEGORÍA de 11 a 12 AÑOS (Niñas y
Niños): En esta categoría cada equipo participante puede inscribir hasta
dieciocho (18) jugadores que cumplan el siguiente régimen de edades:
Niños y Niñas NACIDAS A PARTIR DEL 1 de
ENERO DE 2006.-
En esta categoría se jugará con máximo 11
jugadores en el terreno de juego.
Se inicia el 1 de SEPTIEMBRE de 2018.- La
inscripción de equipos vence el 20 de agosto.”
De lo anterior se desprende que en las reglas del
juego no existía ninguna disposición que contemplara el sexo de las y los
menores participantes como un criterio a tener en cuenta para la inscripción en
determinada categoría de la competencia, pues, de acuerdo con lo expuesto, era la
edad de los deportistas, niñas y niños –según los textos trascritos–, lo
que resultaba relevante para diferenciar y separar a los jugadores en el marco
del torneo, sin que pueda sostenerse –como lo afirman la Difútbol y la Liga de
Fútbol de Bogotá– que la sola expresión “ambas ramas” conduzca a inferir
algo distinto, pues en el contexto en que se emplea dicha frase no resulta irrazonable
interpretar que se refiere a los dos grupos derivados de la clasificación por
edades.
Visto que en el reglamento del torneo no se consignó
como una infracción la conformación de equipos mixtos, resulta pertinente
examinar, entonces, las otras normas invocadas por el Comité Disciplinario del
campeonato en las Resoluciones No. 003 y 004 de 2018 para imponer una sanción al equipo Dinhos por
la presencia de una niña entre sus jugadores.
La Resolución No. 025 de 2018, Reglamento de la Liga
Pony Fútbol 2018, en sus artículos 8 –literal a)– y 23, prescribe:
“ARTÍCULO 8.- El COMITÉ
DISCIPLINARIO del Campeonato, a nivel Nacional será nombrado por DIFUTBOL y a
nivel REGIONAL será el mismo Comité Disciplinario de la respectiva LIGA y
tendrán en otros (sic) las siguientes funciones:
a- Imponer por medio de Resoluciones las
sanciones establecidas en el presente Reglamento y/o en el CDU de COLFUTBOL, y
sus Resoluciones reglamentarias.
(…)
ARTÍCULO 23.- El incumplimiento de las normas
establecidas en los ARTÍCULOS 12[125], 13[126], 14[127] y 22[128] del presente REGLAMENTO será SANCIONADA por el COMITÉ
DISCIPLINARIO competente, con la PÉRDIDA de los PUNTOS Obtenidos.
PARÁGRAFO: No obstante, lo anterior, el
COMITÉ DISCIPLINARIO NACIONAL y/o ZONAL, de OFICIO, si lo considera pertinente,
puede sancionar conforme al CÓDIGO DISCIPLINARIO de FEDERACIÓN la VIOLACIÓN a
este reglamento.”
A su vez, la Resolución No.028-2018[129], contentiva del Reglamento de Competiciones
Masculinas y Mixtas 2018, expedido por el Órgano de Administración de la
Liga de Fútbol de Bogotá, en sus artículos 29 –parágrafo 5– y 38, contempla:
“Artículo 29. JUGADORES EN
TRÁNSITO: Se denomina ‘JUGADOR EN TRÁNSITO’ aquel que estando inscrito como
‘JUGADOR ORDINARIO’ en una categoría, es promovido a una categoría superior del
mismo club para participar en otra competición oficial.
Parágrafo 5: Cada club será responsable del
proceso de inscripción y alineación en partido de jugadores en tránsito. El
incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, será causal de la
pérdida del partido, por actuación irregular, con un marcador de tres por cero
(3x0) y los goles no se e anotarán a ningún jugador.
(…)
ARTÍCULO 38. Al club y/o equipo que incluya uno o
varios jugadores no inscritos reglamentariamente en la planilla de inscripción
(listado de buena fe) y permita la actuación en un partido, será sancionado con
la pérdida del encuentro con un marcador de (0x3) en contra
(…).”
La Resolución No. 029-2018[130], mediante la cual se imponen sanciones a
dirigentes, entrenadores y jugadores, proferida por el Comité Disciplinario de
Campeonatos de la Liga de Fútbol de Bogotá para los torneos oficiales de la
liga “masculinas y mixtas 2018”, no cuenta con un artículo 38 –como se
invoca en la Resolución Extraordinaria No. 004-2018, que sancionó a Dinhos–,
pues su articulado se agota en el 19°. En todo caso, cabe anotar que a lo largo
de dicha resolución sólo se hace referencia a equipos que se encuentran entre
las categorías 1999 y 2007, al paso que el equipo Dinhos pertenece a la
categoría 2008.
Por su parte, el literal b) del artículo 83 del Código
Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol establece:
“Artículo 83. Infracciones
sancionables con derrota por retirada o renuncia. Constituye
infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios legales mínimos
vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, las
siguientes:
(…)
b) Al club, selección municipal o
departamental que incluya en la planilla de juego un jugador no inscrito
reglamentariamente.
(…)”.
Como fácilmente puede advertirse, se trata
principalmente de disposiciones que se refieren de manera genérica a la
inscripción reglamentaria de deportistas y a las sanciones que trae su
desconocimiento, pero de ninguna de ellas se extrae la prohibición de la
conformación de equipos mixtos y, muy por el contrario, al menos dos de dichas
regulaciones están dirigidas a regular “competiciones mixtas” según se indica
de forma explícita en sus respectivos títulos. Ello ratifica que la falta que
se le endilgó al club Dinhos estuvo vinculada con lo que el Comité
Disciplinario entendió como una “inscripción irregular” de uno de los
jugadores, mas no con una específica regla relativa acerca de la no aceptación
de equipos mixtos.
Ahora bien: el presidente de la Difútbol sostuvo en su memorial de
contestación que la prohibición de realización de campeonatos de fútbol de
categoría o rama mixta derivaba directamente de la Federación Internacional de
Fútbol Asociado ‒FIFA‒, órgano rector a nivel mundial de este
deporte. Sin embargo, dicha aseveración no se sustentó en alguna disposición en
particular.
Así pues, dada la falta de claridad del reglamento del
campeonato y la ausencia de fundamento normativo de la señalada afirmación, la
Sala de Revisión indagó a las accionadas sobre cuál era la regulación en virtud
de la cual se proscribía la práctica mixta del fútbol.
En respuesta al decreto de pruebas, el presidente de
la Difútbol mencionó que las “circulares” obligatorias de la FIFA disponen la
práctica separada del deporte entre mujeres y hombres. Sin embargo, los
documentos aportados por él no se refieren a la proscripción del fútbol mixto, y
en cambio se resaltan allí las ventajas de la práctica mixta en la infancia[131] e inclusive se aprecian entre dichos materiales
oficiales de la FIFA fotografías de niñas y niños jugando juntos[132].
En realidad, dichos documentos apuntan al compromiso
de dicha organización con la promoción del deporte entre las mujeres y la
juventud (“chicas y chicos”) [133] como herramienta para la igualdad y la
inclusión, no sólo en el campo de juego sino también en los órganos de
dirección, destacando la necesidad de que haya más mujeres líderes y referentes
femeninos en el fútbol[134]. De hecho, en la Conferencia para la Igualdad y la Inclusión de la FIFA
2017 el psicólogo y especialista en género Anthony Keedi sostuvo: “El fútbol
se trata de trabajo en equipo, juego limpio y respeto. La igualdad de género
promueve esos mismos conceptos. En un mundo donde mujeres y hombres son un
equipo, con juego limpio y respeto, todos ganan.” Y en palabras del
presidente de la FIFA Gianni Infantino: “Es nuestro deber, como hombres y
mujeres por igual, alentar a las confederaciones y asociaciones miembros a
adoptar la igualdad y la inclusión como principios rectores inequívocos. Esto
no es una cuestión de género o etnia. Es una cuestión de humanidad”[135].
A su turno, el presidente de la Liga de Fútbol de
Bogotá respondió a la Corte citando el denominado Reglamento sobre
verificación de sexo, a cuyo tenor “En las competiciones masculinas de la FIFA
solamente tienen derecho a participar hombres. En las competiciones femeninas
de la FIFA solamente tienen derecho a participar mujeres”.
La interpretación de dicho precepto no ofrece
dificultad alguna, pues se limita a señalar que, en competencias de la FIFA,
si la competición es masculina deberán ser hombres los participantes, y que si
es femenina deberán ser mujeres las jugadoras, sin mencionar en ningún momento
que no están autorizadas las competiciones mixtas.
En este punto, nótese que el presidente de la Liga de
Fútbol de Bogotá contradice sus propios dichos, pues, aunque ante la Corte
aseguró que por estar afiliada a la FIFA estaba sujeta a la prohibición de
equipos mixtos supuestamente impuesta por ella –prohibición que, según se vio,
no existe–, al contestar la demanda de tutela ante el juez de instancia reconoció
que la menor María Paz Mora Silva había participado en el torneo “Festivales”, organizado
por la misma liga, el cual permitía la participación de equipos mixtos, lo que
coincide con lo anotado en precedencia sobre las Resoluciones No. 028-2018 y
029-2018, en las cuales la Liga de Fútbol de Bogotá ha reglamentado
competiciones masculinas y mixtas para el año 2018.
En verdad, las afirmaciones de los presidentes de la
Difútbol y de la Liga de Fútbol de Bogotá riñen con lo sentado por la propia
FIFA en relación con los aspectos positivos del fomento de la práctica del
fútbol mixto entre los niños y las niñas:
“Durante muchos años, numerosos países
se han negado a que los más jóvenes jueguen al fútbol mixto por motivos
culturales. Las chicas no podían practicar este deporte si no era con otras
chicas, independientemente de que hubiera una gran diferencia de edad. En
cuanto a la educación, un gran número de países han implantado en los últimos
años el sistema mixto, en el que los niños ya no se dividen por sexo, sino por
edad y nivel de estudios.
La igualdad en el deporte y en el fútbol
entre los más jóvenes sigue este mismo camino. Cabe destacar que ciertos países
permiten el sistema mixto en el fútbol hasta los 12 años, mientras que otros no
ponen límite. Así se comprende más fácilmente por qué en estos últimos está tan
desarrollado el balompié. Permitir que chicos y chicas jueguen juntos es
una forma de fomentar una mayor tolerancia y respeto mutuo. Al jugar con los
chicos, las chicas se crean una imagen propia más positiva, aprenden a confiar
en sí mismas y son más conscientes de su habilidad.
En consecuencia, siempre que sea posible y
al mismo tiempo se tengan en cuenta y se respeten la estructura de las diversas
sociedades y las posibilidades culturales y educativas, permitir el sistema
mixto en el fútbol, al menos hasta los 12 años, contribuirá enormemente al
desarrollo del fútbol.”[136] (se destaca)
En idéntico sentido se pronunció Philip Zimmermann,
Gerente de Desarrollo de Base y Juventud de la FIFA, quien respecto del caso de
marras manifestó que lamentaba los inconvenientes surgidos al interior de la
competencia y que los torneos aficionados locales son regulados por los propios
organizadores y no por la FIFA ni bajo su aprobación, por lo que la
situación dependía de los organizadores del campeonato, al tiempo que enfatizó
que, en definitiva, la FIFA promueve los torneos mixtos en
su filosofía de base[137].
Es más que claro, entonces, que la FIFA apoya la
práctica conjunta del fútbol entre las niñas y los niños, y aún si –en gracia
de discusión– no consintiera en ello, de lo expuesto se infiere que la FIFA no
se ocupa de la expedición de los reglamentos de campeonatos infantiles a nivel
local, ni de impartirles aprobación, de modo que los entes accionados, aunque
formalmente en su estructura estén acogidos a dicha organización internacional,
en realidad no estarían desobedeciendo una directriz del órgano rector al
permitir la conformación de equipos mixtos, dado que la reglamentación de estas
competiciones es de su exclusivo resorte, a lo cual hay que añadir que, como se
subrayó en precedencia, el Reglamento sobre verificación de sexo –que es la
norma invocada por los demandados para defender su postura, aunque en realidad
tal prohibición no existe, al menos allí– es aplicable en competencias de la
FIFA, y por lo visto la propia FIFA no atiende el tipo de certámenes objeto de
esta controversia.
Como lo puso de relieve la intervención de la Escuela
de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, en la actualidad
ha ido acrecentándose la presencia de las mujeres en el fútbol e, inclusive, se
ha avanzado al punto de que existen federaciones, como la andaluza, en las
cuales se propicia la conformación de equipos mixtos en todas las categorías y
la competencia deportiva entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones.
Queda sin asidero, por lo tanto, el argumento empleado
por la Difútbol y la Liga de Fútbol de Bogotá –al cual se sumó más tarde CREARE
Ltda.– para intentar dotar de validez la expulsión del club Dinhos del campeonato
por la supuesta irregularidad que implicaba la participación de un equipo mixto,
teniendo en cuenta que el reglamento nunca lo prohíbe, la norma invocada para
ello en ningún momento se pronuncia sobre los equipos mixtos y, en contraste
con las aseveraciones de los accionados, la FIFA promueve la integración de
niñas y niños en la práctica del deporte.
De suerte, entonces, que la supuesta “prohibición”
impuesta por el órgano rector del fútbol mundial no pasa de ser una forzada
y tendenciosa interpretación formulada por los accionados, que no se extrae de
las reglas de la competencia, ni de las normas invocadas por el Comité
Disciplinario, ni de las políticas y directrices de la organización
internacional a la cual aseguran apegarse tan estrictamente, por lo cual con la
decisión de sancionar al equipo Dinhos ‒que acarreó su exclusión
del torneo‒ se configuró una vulneración del principio de legalidad
como garantía básica del derecho fundamental al debido proceso.
Ahora bien: pasando del plano normativo al plano
fáctico, para la Sala no cabe duda de que la sanción que se le impuso al club Dinhos
en el marco del torneo a que se alude estuvo vinculada con la participación de
María Paz Mora Silva en dicho equipo, conclusión que se soporta en el análisis
de las pruebas documentales aportadas al expediente y en las declaraciones
realizadas por el extremo pasivo al interior del trámite, específicamente, por
la Liga de Fútbol de Bogotá, la Difútbol y CREARE Ltda., quienes a lo largo del
proceso sostuvieron que los equipos mixtos estaban prohibidos, que el club
cometió un error al inscribirse en esas condiciones, y que el padre de la
pequeña ha malinterpretado el reglamento.
En efecto, la Resolución Extraordinaria No. 004-18[138] cita las disposiciones del reglamento relativas a la
inscripción de los jugadores, hace referencia a una “actuación irregular” y
señala enseguida que el equipo Dinhos pierde el encuentro del 9 de
octubre de 2018, disputado con el equipo IDRD, con un marcador de cero por tres
(0x3), indicando expresamente “COMET JUGADOR 3657270”, que es efectivamente el
número de carné que corresponde a María Paz Mora Silva dentro de la Liga de
Fútbol de Bogotá[139].
Cabe anotar, por otro lado, que las planillas
aportadas[140] permiten observar que la organización del
torneo exigió en su momento que los deportistas aportaran datos como sus
nombres y apellidos, número de tarjeta de identidad y de registro civil de
nacimiento, fecha y lugar de nacimiento, establecimiento educativo donde
estudia, grado escolar, teléfono, afiliación a EPS, posición en la cancha,
peso, estatura, e inclusive una fotografía de cada jugador, pero jamás se
indaga por el sexo del participante, como tampoco se dedica una casilla o un
espacio para identificar si el equipo se cataloga como “femenino” o
“masculino”:
Los elementos de convicción son, entonces,
concluyentes en cuanto a que las entidades organizadoras asumieron la
participación de la niña María Paz Mora Silva como una infracción al reglamento
del torneo, muy a pesar de que en ningún aparte del mismo, o de las normas
invocadas por ellas, se proscribía la conformación de equipos mixtos, ni se
establecía el sexo de las y los deportistas como un criterio para la
inscripción y participación.
Sin prohibición que interfiriera en la posibilidad de
María Paz Mora Silva de tomar parte en el torneo Liga Pony Fútbol con el
conjunto Dinhos, al catalogarse como una “actuación irregular” frente a
las reglas de inscripción del torneo la participación de la citada menor en un
equipo mayoritariamente integrado por niños, la decisión sancionatoria de las
entidades organizadoras del campeonato revelan una postura sexista y
discriminatoria frente a la práctica del deporte, que reproduce estereotipos culturales
presentes a nivel estructural en la sociedad que presuponen la segregación
fundada en el sexo y que resulta contraria a la dignidad humana y al
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres que predica la
Constitución.
Y es que no puede negarse que la discriminación
estructural contra las mujeres y las niñas trasciende muchos ámbitos, sobrepasa
lo individual, se instala y naturaliza en el pensamiento colectivo y, por esa
vía, se traslada de manera sistemática, entre otros espacios, a los escenarios
deportivos[141], cuando, por ejemplo, en la reglamentación
de la Liga Pony Fútbol 2018 no se incluye ninguna regulación puntual (ni
siquiera en el sentido prohibitivo) sobre la conformación de equipos mixtos,
con lo que se da por descontado que niñas y niños juegan fútbol separadas unas
de otros, o cuando al determinar el número máximo de equipos admitidos por cada
ciudad se privilegia notoriamente la participación de varones frente a mujeres,
habida cuenta de que los cupos para equipos femeninos son apenas el 25% de las
plazas dedicadas a equipos masculinos, salvo por la ciudad de Envigado[142].
Yendo más allá, podría inclusive pensarse que separar
en esta práctica deportiva a las niñas de los niños, sin que esté plenamente
comprobada una razón que así lo justifique, por compartir las y los infantes
capacidades, habilidades y destrezas análogas, equivale a un trato
discriminatorio y paternalista, falazmente encaminado a resguardar a las menores
de la rudeza de sus compañeros de juego.
La Sala advierte que en este, como en otros casos en
que las mujeres se sobreponen a las adversidades del entorno y consiguen
destacarse en campos distintos a los que culturalmente les han sido asignados, persisten
sectores de la sociedad que se resisten a reconocer el valor del mérito en sí
mismo, para observar sus triunfos como algo exótico o indeseable. En esta
oportunidad, la niña María Paz Mora Silva ha mostrado tener las habilidades,
capacidades y destrezas suficientes para competir en pie de igualdad con niños
y contra niños, en el fútbol, un deporte que en nuestra sociedad ha sido tradicionalmente
dominado por los hombres, y además lograr destacarse entre ellos, lo cual, para
algunos, puede poner en entredicho la asentada supremacía masculina en este
específico campo. A propósito de estas tensiones, cobra especial vigencia lo
señalado por Ester Barberá acerca de las relaciones de género:
“[E]l objetivo en las relaciones de
género no es unificar conductas, ni actitudes, ni siquiera deseos. El
reconocimiento y valoración de la diversidad humana, sin embargo, debe hacerse
compatible con el establecimiento de relaciones equitativas entre los sexos,
donde los comportamientos de las personas se valoren por sí mismos y sus significados
por el interés intrínseco, sin prejuzgarlos en función de relaciones de poder.”[143]
Por otra parte, verificada la inexistencia de la
alegada prohibición de equipos mixtos, las accionadas vulneraron los derechos,
no sólo de la niña María Paz Mora Silva, sino también de los demás jugadores del
equipo Dinhos, quienes, en tanto menores de edad, son merecedores de una
especial protección por parte del Estado, la sociedad y cualquier estamento, condición
que habilita a esta Corte para examinar el agravio iusfundamental del que
también fueron víctimas, en atención al principio de interés superior de niños,
niñas y adolescentes.
Como se indicó, en contravía del principio de
legalidad, a la menor María Paz Mora Silva y a los niños que integraban el
equipo Dinhos en la categoría 2008 se les impuso una sanción frente una
conducta que no estaba previamente contemplada como infracción en el reglamento
del certamen. Pero esa determinación, por contera, desconoció también el
principio constitucional de buena fe en su dimensión de confianza legítima,
dado que el equipo fue admitido con ella en su nómina de jugadores y de ello se
siguieron distintas conductas que así permitían inferirlo.
Como se viene de ver, la sanción impuesta no fue una
consecuencia derivada de un acto de la menor sobre el cual cupiera atribuírsele
responsabilidad, como lo pudieran haber sido, por ejemplo, conductas antideportivas
como la trampa o las ofensas en el campo de juego, actitudes sin duda
reprochables que bien hubieran ameritado amonestación. Tampoco obedeció a otras
irregularidades previstas en el reglamento en cuanto a la práctica deportiva,
como no portar el uniforme correspondiente, o no aportar un balón
reglamentario. En realidad, en una suerte de responsabilidad objetiva, lo que
provocó la sanción impuesta por el Comité Disciplinario fue el hecho de ser
mujer y atreverse a jugar en pie de igualdad con los varones, pues ni siquiera
podría aducirse que su participación como niña en el equipo Dinhos fue
camuflada, ya que desde siempre se le tuvo por tal en la inscripción, el carné
y las planillas de los partidos, y a la vista de los demás participantes,
árbitros, comisarios y público, en su rol de guardametas.
Pues bien: más allá de la interpretación de los reglamentos –que,
como se ha reiterado, no refieren la clasificación de los competidores según su
sexo–, es preciso señalar que las entidades organizadoras, pese al deber de
verificar previamente el cumplimiento de los requisitos por parte de los jugadores,
no presentaron ningún reparo a la participación de la menor María Paz Mora
Silva en el torneo de la Liga Pony Fútbol 2018, lo cual se evidencia con
conductas como haber refrendado las planillas aportadas por el club Dinhos
–en las cuales claramente se registraba su nombre e incluso su fotografía–,
haber estampado con el adhesivo respectivo el carné que la acreditaba como
participante de la competencia y haberle permitido tomar parte como arquera
titular en tres partidos dentro del torneo.
En este punto, no es de recibo el argumento
del presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá cuando aduce que “el equipo
‘decidió’ presentarse con un equipo mixto, decisión respecto a la cual la Liga
de Fútbol de Bogotá no tiene ningún tipo de injerencia”, pues, contrario a
sus afirmaciones, en la Circular No. 10-2018 del 17 de septiembre de 2018,
relativa al procedimiento de inscripción en la Liga Pony Fútbol, se señala
expresamente que la Liga de Bogotá coordinará directamente el proceso de
inscripción y realizará el filtro de revisión de los requisitos para equipos y
jugadores[144].
De modo que la decisión del Comité
Disciplinario de la Liga carece de fundamento y constituye, además de una
violación al derecho fundamental al debido proceso, en tanto la circunstancia
sobre la cual recayó la sanción no estaba prevista en las reglas del torneo, un
cambio intempestivo de actitud frente a la niña María Paz Mora Silva y a sus
compañeros, pues, en razón de todos los actos inequívocos desplegados por las accionadas,
los jugadores válidamente asumieron que su participación en la competición
había sido avalada y luego fueron sorprendidos con un comportamiento completamente
opuesto.
Así, la decisión de sanción y exclusión del
equipo Dinhos soslayó el principio constitucional de buena fe en
su dimensión de confianza legítima, en tanto, ante la ausencia de
prohibición respecto de la conformación de equipos mixtos, el proceder inicial
de los entes organizadores convalidó la participación de la niña María Paz Mora
Silva en el equipo Dinhos, al no refutar la planilla del equipo al
momento de la inscripción y proceder a su admisión, otorgarle a la pequeña un
carné de jugadora e inclusive dejar que como arquera titular protagonizara tres
encuentros deportivos.
Vale insistir en que, dada la oscuridad en
la regulación del aspecto relativo a la clasificación de los deportistas según
el sexo, era razonable entender que no existía una prohibición expresa para la
conformación de un equipo mixto –evidenciado que han existido competencias
futbolísticas que así lo permiten[145]– y, por lo tanto, mal podía tomarse ello
como una infracción al reglamento. No obstante, tal ambigüedad y/o vacío fue interpretado
por las directivas de la manera más aciaga, aplicando una sanción a una
conducta que no estaba proscrita, patentando una discriminación y defraudando
las expectativas que legítimamente se generaron a raíz de sus actuaciones
precedentes.
Aunado a lo anterior, la decisión de sancionar y
excluir al equipo de María Paz Mora Silva de la competencia implicó cercenar el
derecho fundamental a la recreación y al deporte de ella y de los
infantes que conformaban dicho conjunto, pues coartó arbitrariamente sus
posibilidades de continuar potenciando sus habilidades y destrezas,
individuales y como grupo, estimulados por el anhelo de conseguir un
reconocimiento en un ambiente de sana competencia.
Como se señaló en precedencia, la Carta Política
consagra la recreación y el deporte como un derecho fundamental del cual son
titulares todas las personas, pero primordialmente las niñas, niños y
adolescentes, en tanto la práctica deportiva se relaciona estrechamente con la
efectividad de otras garantías constitucionales de encumbrado valor en nuestro
ordenamiento y sirve de plataforma esencial para la construcción de ciudadanía
desde las edades más tempranas.
La determinación de las accionadas, al privar arbitrariamente
al equipo Dinhos de la posibilidad de continuar en el certamen a pesar
de que su desempeño los habilitaba para seguir en la siguiente fase, impidió a
María Paz Mora Silva y a sus compañeros practicar el fútbol en un contexto de
sana competencia, como medio para impulsar, desde la infancia, su desarrollo y
formación integral como personas y como miembros de una sociedad que valora la
convivencia pacífica, la participación, la solidaridad, la igualdad y la paz.
Además, al tratarse de una decisión fundada en motivos
discriminatorios, se desconoció abiertamente el principio democrático al cual
están sujetas las organizaciones deportivas, por expreso mandato de la Carta.
Ahora bien: la Sala no puede ser indiferente al hecho
de que, tras la arbitrariedad que supuso para María Paz Mora Silva y sus
compañeros de equipo la sanción y exclusión del campeonato, la injusticia
contra estos menores de edad se extremó con las promesas de diferentes medidas
de desagravio por parte de la organización de la Liga Pony Fútbol 2018, que
llegaron a generar ilusiones y expectativas en los pequeños y sin embargo nunca
fueron gestionadas con seriedad y responsabilidad para su eventual
materialización. Dicha circunstancia no fue objeto de oposición y se suma al cúmulo
de vulneraciones iusfundamentales antes descrito.
Llegado este punto, la Sala reitera en esta
oportunidad que el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y el
respeto por las garantías constitucionales son imperativos del cual no se
sustraen las organizaciones deportivas, las cuales, si bien gozan de autonomía
para fijar las reglas de una determinada práctica deportiva, no pueden
comprometer con sus actuaciones el núcleo esencial de los derechos, pues su
orientación debe ser, precisamente, la de promover los principios y valores
consagrados en la Carta Política.
Los anteriores razonamientos conducen a establecer
que, de acuerdo con los hechos probados y la fundamentación jurídica estudiada,
la decisión adoptada por el extremo pasivo en el marco del torneo Liga Pony
Fútbol 2018 efectivamente constituyó una vulneración de los derechos
fundamentales de la menor María Paz Mora Silva y, por lo tanto, corresponde
tomar las medidas necesarias para restablecer las garantías conculcadas.
Adicionalmente, como de la conducta desplegada por las
accionadas se derivó una afectación a los derechos fundamentales de los niños que
participaron junto con la menor María Paz en el campeonato y que fueron
injustamente expulsados, en aplicación del principio constitucional del interés
superior de los menores de edad y con fundamento en las facultades ultra y
extra petita de que está investido el juez constitucional, hay lugar a adoptar
una medida particular orientada a restablecer los derechos de estos pequeños,
en tanto sujetos de especial protección constitucional.
4.2. Decisión a adoptar
Como corolario de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión procederá a revocar
la sentencia de tutela del 30
de octubre de 2018, por la cual el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá negó el
amparo constitucional invocado por el ciudadano Álvaro Mora Ríos en
representación de su hija María Paz Mora Silva, para, en su lugar, tutelar los derechos
fundamentales a la igualdad, a
la no discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la recreación y
al deporte, al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a la
confianza legítima y al debido proceso de la menor de edad y de los menores integrantes del equipo Dinhos.
Para establecer las consecuencias que se desprenden
del amparo, esta Sala de Revisión retoma en esta oportunidad lo sentado por la
Sala Plena de esta Corporación en el sentido de que “las medidas que
atiendan a daños inmateriales deben partir de un concepto concreto: el de
desagravio, entendido como la acción de borrar o reparar el oprobio u ofensa
moral a las víctimas, dando satisfacción cumplida a los ofendidos.”[146]
En consecuencia, la Corte declarará que la sanción y
exclusión del equipo de fútbol Dinhos de la Liga Pony Fútbol 2018 no fue
atribuible al club deportivo ni a ninguno de sus integrantes, sino a la
decisión inconstitucional adoptada por los organizadores de la competencia, que
afectó el desarrollo armónico e integral de las niñas y los niños que
participaban en el torneo, conforme a los términos señalados en esta sentencia.
Por lo tanto, de conformidad con las medidas adoptadas
por este Tribunal en diversos casos de discriminación[147], se ordenará a la División Aficionada del Fútbol Colombiano
‒Difútbol‒, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que, en
el marco del evento inaugural y del evento de clausura del torneo Liga Pony
Fútbol 2019, realicen una declaración pública conjunta en la que (i) reconozcan
que la decisión de sancionar y expulsar de la Liga Pony Fútbol 2018 al equipo
de fútbol Dinhos por la participación de la menor María Paz Mora Silva
como su arquera titular, constituyó una actuación contraria a los valores,
principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de
1991, la cual consagra la protección prevalente de las garantías de niñas,
niños y adolescentes, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la
equidad de género y la importancia de la recreación y el deporte como un
espacio donde debe primar la sana competencia, la solidaridad, la participación
y el respeto mutuo, y (ii) se comprometan a no incurrir en conductas
discriminatorias en el futuro y a promover la igualdad de género en las
organizaciones que lideran y en la práctica del deporte. Dicha declaración
conjunta deberá ser publicada en todos los medios y canales de difusión de la
Liga Pony Fútbol.
En ejercicio de las facultades ultra y extra
petita de que dispone el juez constitucional, dado que la conducta de las
entidades accionadas lesionó también los derechos de los otros niños que
integraban el equipo Dinhos en la categoría 2008 y que fueron expulsados
del torneo, se ordenará a la
Liga de Fútbol de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a realizar la
inscripción y admisión automática del club deportivo Dinhos al torneo
Liga Pony Fútbol 2019, en la categoría 2008, para que sus integrantes
participen en el campeonato, si así lo deciden. Para el cumplimiento efectivo
de esta orden, la Liga de Fútbol de Bogotá deberá (i) permitir la participación
de la niña María Paz Mora Silva con el equipo Dinhos, si ello es de su
interés, respetando la figura de préstamo entre clubes, dado que
actualmente se encuentra vinculada a otro conjunto deportivo, y (ii) coordinar
con el club Dinhos lo relativo a la recolección de información,
diligenciamiento de planillas de registro, expedición de carnés y demás efectos
relativos a la inscripción reglamentaria en la competencia. Las entidades
organizadoras y las autoridades del campeonato inaplicarán las disposiciones
reglamentarias que corresponda, de ser necesario, para el cabal cumplimiento de
esta orden.
Asimismo, las entidades organizadoras del torneo Liga
Pony Fútbol deberán considerar en un proceso de decisión abierto y democrático,
la creación de espacios de competencia mixta, entre personas menores de edad,
sin hacer diferencias en razón del sexo. Para este proceso, que se deberá
adelantar en un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir de la
notificación de este fallo, se deberá invitar, por lo menos, a la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, a la Secretaría Distrital de la
Mujer, a Coldeportes y al Ministerio de Educación, así como a las personas
vinculadas al equipo Dinhos y, en especial, a María Paz Mora Silva, para
que ella participe, si así lo considera. En tal caso, si la niña quiere tomar
parte en dicho proceso, se deberán adoptar las medidas adecuadas y necesarias
para garantizar plenamente la efectividad de sus derechos y evitar nuevos
escenarios de discriminación.
Teniendo en cuenta las medidas simbólicas de
desagravio prometidas a la menor María Paz Mora Silva y al equipo Dinhos por
los organizadores del torneo Liga Pony Fútbol 2018 que nunca fueron ejecutadas,
se ordenará a la División Aficionada del Fútbol Colombiano
‒Difútbol‒, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que
realicen una actividad encaminada a reivindicar plenamente la equidad y la
dignidad de la niña María Paz Mora Silva, a reparar los impactos de las
violaciones a sus garantías fundamentales y a los derechos de los niños
integrantes del club deportivo Dinhos y, ante todo, a exaltar la
utilidad pedagógica del trabajo en equipo entre niñas y niños y su importancia
para la promoción de la igualdad de oportunidades y la equidad de género. Con
este propósito se podrá, por ejemplo, realizar un encuentro deportivo entre el
campeón del torneo Liga Pony Fútbol 2018 y el club Dinhos, así como
solicitar la colaboración de la Federación Colombiana de Fútbol –FCF– y de la
División Mayor del Fútbol Colombiano –Dimayor– para que se invite a diferentes
representantes del fútbol profesional colombiano, tanto hombres como mujeres, a
fin de que los menores puedan conocerles y compartir sus experiencias
deportivas.
En todo caso, la actividad deberá llevarse a cabo en
un término que no podrá superar los seis (6) meses, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, y deberá convocarse a los menores afectados, a
sus familiares, a integrantes de la comunidad deportiva, así como a los niños y
niñas que participaron del torneo Liga Pony Fútbol 2018 para que asistan en
calidad de invitados, si así lo desean. La actividad podrá desarrollarse en el
marco del evento inaugural o de clausura de la Liga Pony Fútbol 2019, y acerca
de su realización deberá rendirse informe al juez de primera instancia y a esta
Sala de Revisión dentro del término de diez (10) días posteriores a su
ejecución.
Adicionalmente, se ordenará a la División Aficionada del Fútbol Colombiano
‒Difútbol, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que organicen y
adelanten un programa de motivación para que las niñas se involucren de manera
activa en la práctica del fútbol. Para el cumplimiento efectivo de esta orden,
los organizadores del certamen deportivo determinarán el medio que consideren
más adecuado a fin de lograr dicho propósito, dentro de lo cual podrán, por
ejemplo, iniciar una campaña publicitaria en la que la menor María Paz Mora
Silva figure como imagen, si ella lo considera y previo el consentimiento de
sus padres. El programa de motivación deberá llevarse a cabo en un término
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia.
Por último, se exhortará a la Federación Colombiana de
Fútbol ‒FCF‒, al Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
‒Coldeportes‒, a la División Mayor del Fútbol Colombiano
‒Dimayor‒, a la División Aficionada del Fútbol Colombiano
‒Difútbol‒, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte
‒IDRD‒ y a la Liga de Fútbol de Bogotá a que diseñen e implementen
en sus instituciones programas y campañas periódicas de sensibilización frente
a la igualdad de género en el deporte, y a que consideren campeonatos o
espacios deportivos de integración con la posibilidad de encuentros mixtos por
razones pedagógicas y formativas.
5. Síntesis de la decisión
5.1. En esta oportunidad la Corte examinó la solicitud
de amparo constitucional formulada por el ciudadano Álvaro Mora Ríos, como
progenitor de la menor María Paz Mora Silva, para la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo, a la
dignidad humana, a la recreación y al acceso a la cultura de los menores de
edad, a la familia y a “los derechos adquiridos”, los cuales consideró
vulnerados con la determinación de sancionar y excluir del torneo Liga Pony
Fútbol 2018 al equipo infantil con el cual jugaba la niña, decisión basada en
la supuesta “actuación irregular” que suponía su participación en un equipo
conformado mayoritariamente por varones.
En el extremo pasivo, la División Aficionada del
Fútbol Colombiano –Difútbol–, la Liga de Fútbol de Bogotá y CREARE Ltda. sostuvieron
que el torneo no autorizaba la conformación de equipos mixtos, pues la FIFA lo
prohíbe, y que fue el propio club deportivo el que optó por inscribirse a la
competencia incluyendo a la niña, bajo una interpretación errada del reglamento
que, según aducen, al mencionar a “niñas y niños” se refiere a las categorías
femenina y masculina por separado.
El fallo de tutela dictado por el Juzgado 9º Civil
Municipal de Bogotá acogió íntegramente los argumentos de los accionados y negó
el amparo deprecado.
5.2. Para abordar el estudio de la
controversia, la Sala de Revisión se refirió a los siguientes ejes temáticos: i)
Procedencia de la acción de tutela; ii) Los estereotipos de género en la
formación de niñas y niños; iii) La discriminación por razón de género en el
deporte; iv) El derecho a la recreación y al deporte; (v) El derecho a la
igualdad y no discriminación por razón de sexo; vi) El principio de legalidad
en el marco del derecho al debido proceso; y, vii) El principio de buena fe en
su dimensión de confianza legítima.
5.3. Como verificación inicial, se constató que la
acción de tutela es procedente en el caso concreto, tras verificar que se
acreditan los requisitos de legitimación en la causa por activa –en
razón de la representación legal que tiene el padre respecto de la menor
titular de los derechos cuya salvaguarda se reclama y de la cláusula
constitucional de protección prevalente a los menores de edad que habilita a
verificar si existió una vulneración respecto de los otros niños del equipo
Dinhos–; legitimación en la causa por pasiva –por ser las accionadas las
que adoptaron la decisión censurada y por la situación de indefensión de la
niña frente a las organizaciones deportivas–; subsidiariedad –como
consecuencia de la inexistencia de otros medios judiciales de defensa para
redargüir la decisión censurada; e, inmediatez –por el carácter actual y
permanente del alegado agravio sobre los derechos fundamentales de la menor–.
5.4. Al emprender el análisis de mérito, se evidenció
que la sanción y exclusión de la competencia al equipo infantil al cual
pertenecía la pequeña María Paz Mora Silva constituyó una decisión contraria a
la dignidad humana (artículo 1º C.P.), a la igualdad (artículo 13
C.P.) y discriminatoria por razón de sexo (artículo 43 C.P.), que además
vulneró el derecho al debido proceso (artículo 29 C.P.), el principio de
buena fe en su dimensión de confianza legítima (artículo 83 C.P.)
y el derecho a la recreación y al deporte (artículos 44 y 52
C.P.) de los que son titulares la niña y sus compañeros.
Lo anterior, por cuanto se constató que no era cierto
que las reglas del torneo prohibieran la conformación de equipos mixtos, como
tampoco que la FIFA, en tanto autoridad rectora del fútbol mundial, lo
proscribiera. Por el contrario, se encontró que este organismo internacional
estima positiva la integración y promueve la práctica del deporte del fútbol de
manera conjunta entre niñas y niños.
Así, al catalogar como una “actuación irregular” frente
a las reglas de inscripción del torneo la participación de la menor María Paz
Mora Silva como arquera titular en un equipo mayoritariamente integrado por
niños, las entidades organizadoras del campeonato revelaron una postura sexista
y discriminatoria frente a la práctica del deporte, que reproduce estereotipos
culturales presentes a nivel estructural en la sociedad que presuponen la
segregación fundada en el sexo y que resulta contraria a la dignidad humana
y al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres que predica la
Constitución, toda vez que lo que motivó la sanción no fue una conducta
reprochable desplegada por la menor sino solamente una circunstancia objetiva:
su condición de niña, lo cual bastó para que las accionadas concluyeran que
estaba impedida para jugar al fútbol junto con los varones.
Asimismo, ante la inexistencia de la prohibición, las
accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de la niña y de los
demás jugadores del equipo, comoquiera que se les impuso una sanción frente una
conducta que no estaba previamente contemplada como infracción en el reglamento
del certamen, lo cual, por contera, desconoció el principio constitucional de buena
fe en su dimensión de confianza legítima, dado que el equipo fue
admitido con la menor María Paz Mora Silva, se le expidió el respectivo carné
con el adhesivo como jugadora del torneo, e incluso se le permitió disputar
tres encuentros con el equipo en calidad de arquera titular.
Adicionalmente, la decisión de sancionar y excluir al
equipo de María Paz Mora Silva de la competencia implicó cercenar el derecho
fundamental a la recreación y al deporte de ella y de los
infantes que conformaban dicho conjunto, pues coartó arbitrariamente sus
posibilidades de continuar potenciando sus habilidades y destrezas, individuales
y como grupo, estimulados por el anhelo de conseguir un reconocimiento en un
ambiente de sana competencia.
La Sala reiteró que el interés superior de las niñas y
los niños y el respeto por las garantías constitucionales son imperativos del
cual no se sustraen las organizaciones deportivas, las cuales, si bien gozan de
autonomía para fijar las reglas de una determinada práctica deportiva, no pueden
comprometer el núcleo esencial de los derechos, pues su orientación debe ser,
precisamente, la de promover los principios y valores consagrados en la Carta
Política.
5.5. Bajo esta impronta, se concluyó que, comprobada
la vulneración iusfundamental, corresponde revocar el fallo de tutela dictado
en sede de instancia, para, en su lugar, conceder el amparo invocado por el
señor Álvaro Mora Ríos, así como la adopción de las medidas necesarias para
restablecer los derechos conculcados por el proceder de las accionadas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de tutela del 30 de octubre de 2018, por la cual el Juzgado 9º Civil
Municipal de Bogotá negó el amparo constitucional invocado por el ciudadano
Álvaro Mora Ríos en representación de su hija María Paz Mora Silva, para, en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación por razón de
sexo, a la dignidad humana, a la recreación y al deporte, al interés superior
de las niñas, niños y adolescentes, a la confianza legítima y al debido proceso
de la menor de edad y de los
menores integrantes del equipo Dinhos, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- DECLARAR que la sanción y exclusión del equipo de fútbol Dinhos
de la Liga Pony Fútbol 2018 no fue atribuible al club deportivo ni a ninguno de
sus integrantes, sino a la decisión inconstitucional adoptada por los
organizadores de la competencia, que afectó el desarrollo armónico e integral
de las niñas y los niños que participaban en el torneo, conforme a los términos
señalados en esta sentencia.
Tercero.- ORDENAR a la División
Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒, a la Liga de Fútbol de
Bogotá y a CREARE Ltda. que, en el marco del evento inaugural y del evento de
clausura del torneo Liga Pony Fútbol 2019, realicen una declaración pública
conjunta en la que (i) reconozcan que la decisión de sancionar y expulsar de la
Liga Pony Fútbol 2018 al equipo de fútbol Dinhos por la participación de
la menor María Paz Mora Silva como su arquera titular, constituyó una actuación
contraria a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución
Política de 1991, la cual consagra la protección prevalente de las garantías de
niñas, niños y adolescentes, la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, la equidad de género y la importancia de la recreación y el deporte
como un espacio donde debe primar la sana competencia, la solidaridad, la
participación y el respeto mutuo, y (ii) se comprometan a no incurrir en
conductas discriminatorias en el futuro y a promover la igualdad de género en
las organizaciones que lideran y en la práctica del deporte. Dicha declaración conjunta
deberá ser publicada en todos los medios y canales de difusión de la Liga Pony
Fútbol.
Cuarto.- ORDENAR a la Liga de Fútbol de Bogotá que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
proceda a realizar la inscripción y admisión automática del club deportivo Dinhos
al torneo Liga Pony Fútbol 2019, en la categoría 2008, para que sus integrantes
participen en el campeonato, si así lo deciden. Para el cumplimiento efectivo
de esta orden, la Liga de Fútbol de Bogotá deberá (i) permitir la participación
de la niña María Paz Mora Silva con el equipo Dinhos, si ello es de su
interés, respetando la figura de préstamo entre clubes, dado que
actualmente se encuentra vinculada a otro conjunto deportivo, y (ii) coordinar
con el club Dinhos lo relativo a la recolección de información,
diligenciamiento de planillas de registro, expedición de carnés y demás efectos
relativos a la inscripción reglamentaria en la competencia. Las entidades
organizadoras y las autoridades del campeonato inaplicarán las disposiciones
reglamentarias que corresponda, de ser necesario, para el cabal cumplimiento de
esta orden.
Asimismo, las entidades organizadoras del torneo Liga
Pony Fútbol deberán considerar en un proceso de decisión abierto y democrático,
la creación de espacios de competencia mixta, entre personas menores de edad,
sin hacer diferencias en razón del sexo. Para este proceso, que se deberá
adelantar en un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir de la
notificación de este fallo, se deberá invitar, por lo menos, a la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, a la Secretaría Distrital de la
Mujer, a Coldeportes y al Ministerio de Educación, así como a las personas
vinculadas al equipo Dinhos y, en especial, a María Paz Mora Silva, para
que ella participe, si así lo considera. En tal caso, si la niña quiere tomar
parte en dicho proceso, se deberán adoptar las medidas adecuadas y necesarias
para garantizar plenamente la efectividad de sus derechos y evitar nuevos
escenarios de discriminación.
Quinto.- ORDENAR a la División Aficionada del Fútbol Colombiano
‒Difútbol‒, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que
realicen una actividad encaminada a reivindicar plenamente la equidad y la
dignidad de la niña María Paz Mora Silva, a reparar los impactos de las
violaciones a sus garantías fundamentales y a los derechos de los niños
integrantes del club deportivo Dinhos y, ante todo, a exaltar la
utilidad pedagógica del trabajo en equipo entre niñas y niños y su importancia
para la promoción de la igualdad de oportunidades y la equidad de género. Con este propósito se podrá, por ejemplo,
realizar un encuentro deportivo entre el campeón del torneo Liga Pony Fútbol
2018 y el club Dinhos, así como solicitar la
colaboración de la Federación Colombiana de Fútbol –FCF– y de la División Mayor
del Fútbol Colombiano –Dimayor– para que se invite a diferentes representantes
del fútbol profesional colombiano, tanto hombres como mujeres, a fin de que los
menores puedan conocerles y compartir sus experiencias deportivas.
En todo caso, la actividad deberá llevarse a cabo en
un término que no podrá superar los seis (6) meses, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, y deberá convocarse a los menores afectados, a
sus familiares, a integrantes de la comunidad deportiva, así como a los niños y
niñas que participaron del torneo Liga Pony Fútbol 2018 para que asistan en
calidad de invitados, si así lo desean. La actividad podrá desarrollarse en el
marco del evento inaugural o de clausura de la Liga Pony Fútbol 2019, y acerca de
su realización deberá rendirse informe al juez de primera instancia y a esta
Sala de Revisión dentro del término de diez (10) días posteriores a su
ejecución.
Sexto.- ORDENAR a la División Aficionada del Fútbol Colombiano
‒Difútbol, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que organicen y
adelanten un programa de motivación para que las niñas se involucren de manera
activa en la práctica del fútbol. Para el cumplimiento efectivo de esta orden,
los organizadores del certamen deportivo determinarán el medio que consideren
más adecuado a fin de lograr dicho propósito, dentro de lo cual podrán, por
ejemplo, iniciar una campaña publicitaria en la que la menor María Paz Mora
Silva figure como imagen, si ella lo considera y previo el consentimiento de
sus padres. El programa de motivación deberá llevarse a cabo en un término
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia.
Séptimo.- EXHORTAR a la Federación Colombiana de Fútbol
‒FCF‒, al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre ‒Coldeportes‒,
a la División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, a la División
Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒, al Instituto Distrital
de Recreación y Deporte ‒IDRD‒ y a la Liga de Fútbol de Bogotá a
que diseñen e implementen en sus instituciones programas y campañas periódicas
de sensibilización frente a la igualdad de género en el deporte, y a que
consideren campeonatos o espacios deportivos de integración con la posibilidad
de encuentros mixtos por razones pedagógicas y formativas.
Octavo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-366/19
ACCION DE TUTELA CONTRA LIGA DE FUTBOL-Se
debió declarar carencia actual de objeto por cuanto torneo de futbol, respecto del cual se pretendía reintegro a
equipo mixto, finalizó (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICION DE
DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO-No toda
actividad u evento desarrollado por particulares deben ser de naturaleza mixta (Salvamento de voto)
No toda actividad u evento
desarrollado por particulares (como, en el asunto sub judice,
los torneos deportivos) deban ser de naturaleza mixta o que las actividades que
involucren, de manera exclusiva, a grupos masculinos o femeninos, estén prohibidas a la luz del referido artículo 13 de
la Constitución Política.
Expediente T-7.268.829
Magistrado ponente:
Alberto Rojas Ríos
Con
mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, suscribo
el presente salvamento de voto en relación con la sentencia de la referencia.
En mi opinión, la Sala Novena de Revisión ha debido declarar la carencia actual
de objeto en relación con la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso. Esto, por cuanto el Torneo Pony Fútbol – respecto del cual la
accionante pretendía el reintegro del equipo mixto de fútbol Dinhos – finalizó
en el mes de diciembre de 2018. En este orden, dado que, al momento de
proferirse el fallo del cual me aparto, la mencionada competencia deportiva
había terminado, no existía objeto respecto del cual pronunciarse y, por ende,
la intervención del juez constitucional resultaba, a todas luces, inane.
Además,
considero que, en el caso concreto, las entidades demandadas no vulneraron el
derecho fundamental a la igualdad de la accionante. El artículo 13 de la
Constitución Política dispone que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo (…)”. En tales términos, dicho artículo contiene la
prohibición de discriminación por razón de sexo, que vincula tanto a las
autoridades como a los particulares. Sin embargo, de esta prohibición no se sigue, como pareciere entenderlo la mayoría de la
Sala, que toda actividad u evento desarrollado por particulares (como, en el
asunto sub judice, los torneos deportivos) deban ser de naturaleza mixta
o que las actividades que involucren, de manera exclusiva, a grupos masculinos
o femeninos, estén prohibidas a la luz del referido artículo 13 de la
Constitución Política.
Fecha
ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] La Sala de Revisión aclara que los
progenitores de la niña expresaron su consentimiento para que se mencione su
nombre real en la presente providencia (Cfr. fol. 402 cuad. revisión).
[2] Integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el
magistrado Alberto Rojas Ríos.
[3] Cfr. fols. 22 cuad. revisión.
[4] Cfr. fol. 221 cuad. ppal.
[5] Nacida el 24 de julio de 2008 (Cfr. fol. 168 cuad. ppal.)
[6] El promotor de la acción no precisa cuáles fueron tales
inconvenientes.
[7] Cfr. fols. 169-190 cuad. ppal.
[8] Cfr. fol. 191-196 cuad. ppal.
[9] Cfr. fols. 197-199 cuad. ppal.
[10] Cfr. fols. 167-168 cuad. ppal.
[11] Cfr. fols. 200-203 cuad. ppal.
[12] Cfr. fol. 204 cuad. ppal.
[13] Cfr. fols. 250-260 cuad. ppal.
[14] Cfr. fols. 256-257 cuad. ppal.
[15] Cfr. fols. 276-281 cuad. ppal.
[16] Cfr. fols. 308-318 cuad. ppal.
[17] Cfr. fols. 299-303 cuad. ppal.
[18] Cfr. fols. 297-298 cuad. ppal.
[19] Cfr. fols. 319-321 cuad. ppal.
[20] Cfr. fols. 322.-325 cuad. ppal.
[21] Mediante memorial del 31 de octubre de 2018 el presidente de la
Federación Colombiana de Fútbol ratificó los argumentos de defensa presentados
por el Director Jurídico de la entidad en su ausencia. (Cfr. fol. 338 cuad. ppal.)
[22] Cfr. fol. 327 cuad. ppal.
[23] “Artículo 10.- Podrán participar en el campeonato, los clubes
deportivos, escuelas deportivas, colegios, equipos de juntas comunales que
reúnan los siguientes requisitos:
a-
INSCRIBIRSE OPORTUNAMENTE ANTE SU RESPECTIVA LIGA DEPARTAMENTAL, QUE SERÁ ÚNICA
RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DEPORTIVA, TÉCNICA, ARBITRAL Y
DISCIPLINARIA DEL EVENTO EN EL TERRITORIO DE SU JURISDICCIÓN.
b- Los
clubes DEPORTIVOS reconocidos, deben estar afiliados y en pleno uso de sus derechos
a una Liga Deportiva filial de la DIFÚTBOL, que no se encuentre suspendida o
intervenida, y deben cumplir con las normas establecidas en los decretos 1228,
515, Ley 181 de 1995 y Ley 1445/11 expedida por el Gobierno Nacional.- Los
Clubes deportivos admitidos, deben inscribir a sus deportistas por el SISTEMA
COMET de la FIFA.-
c- Los
equipos representativos de colegios, escuelas deportivas y juntas comunales,
deben estar legalmente constituidas y autorizadas por el ente respectivo.
d-
Todos los participantes, deben cumplir con los requisitos exigidos por la
FEDERACIÓN, por DIFÚTBOL y por el ESTATUTO DEL JUGADOR.-
PARÁGRAFO
1: El NÚMERO MÁXIMO de EQUIPOS PARTICIPANTES que SERÁN ADMITIDOS en el
CAMPEONATO 2018, POR CIUDAD COLOMBIANA, SERÁ EL SIGUIENTE:
CIUDAD
TOTAL EQUIPOS
MASCULINO
FEMENINO
ARMENIA
40
32
8
BARRANQUILLA
80
64
16
BOGOTÁ
120
96
24
(…)”
[24] Cfr. fols. 330-334 cuad. ppal.
[25] Cfr. fols. 335-337 cuad. ppal.
[26] Cfr. fols. 1-16 cuad. revisión.
[27] Cfr. fols. 131-138 cuad. revisión.
[28] Cfr. fols. 173-177 cuad. revisión.
[29] Cfr. fols. 179-181 cuad. revisión.
[30] Cfr. fols. 182-185 cuad. revisión.
[31] Cfr. fols. 186-191 cuad. revisión.
[32] Cfr. fols. 192-196 cuad. revisión.
[33] Cfr. fols. 198-199 cuad. revisión.
[34] Cfr. fols. 216 y 308-313 cuad. revisión.
[35] Cfr. fols. 218-221 y 303-306 cuad. revisión
[36] Cfr. fol. 224 cuad. revisión.
[37] Cfr. fol. 236 cuad. revisión.
[38] Cfr. fol. 236 vto. cuad. revisión.
[39] Cfr. fol. 237 cuad. revisión.
[40] Cfr. fol. 240 cuad. revisión.
[41] Cfr. fols. 314-317 cuad. revisión
[42] Cfr. fols. 330-335 cuad. revisión
[43] Cfr. fols. 336-338 cuad. revisión
[44] Algunos de los fragmentos de las consideraciones sobre procedencia
fueron tomadas de la sentencia T-102 de 2019.
[45] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”
[46] Cfr. Sentencias T-054 de 2018 (M. P.: Alberto Rojas Ríos), T-244 de
2017 (M. P.: José Antonio Cepeda Amarís), T-553 de 2017 (M. P.: Diana Fajardo
Rivera), entre otras.
[47] Sentencia T-207 de 2018.
[48] Cons. Sentencia T-541A de 2014.
[49] Desarrollado, a su vez, por los artículos 13 y 42 del Decreto 2591
de 1991.
[50] “Artículo 42.
Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y
38 de la Constitución. [Sentencia C-134
de 199: Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 42 del decreto 2591 de
1991, salvo la expresión “para proteger los derechos consagrados en los
artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución”, que
se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre
contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la
violación de cualquier derecho constitucional fundamental.]
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los
derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. [Sentencia
C-134 de 1994: Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto
2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a
la intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara INEXEQUIBLE.
Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular
que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier
derecho constitucional fundamental.]
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté
encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada,
contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la
situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o
amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las
autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad
de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión
del menor que solicite la tutela. [Sentencia
C-134 de 1994: Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del artículo 42 del decreto
2591 de 1991, salvo la expresión "la vida o la integridad de".]”
[51] Sentencia T-290 de 1993.
[52] Sentencia T-632 de 2007.
[53] Sentencia T-288 de 1995.
[54] Cfr. fol. 206 cuad. ppal.
[55] Cfr. fols. 197 y ss. cuad. ppal.
[56] Cfr. fol. 221 cuad. ppal.
[57] Cfr. fol. 174 vto. y 224 cuad. revisión.
[58] Cfr. fol. 1 cuad. revisión.
[59] Sentencia T-660 de 2014.
[60] Resolución No. 025-18, Artículo 81, parágrafo: “Cuando se trate de
la presentación de un RECURSO contra el FALLO A UNA RECLAMACIÓN de un partido,
se deben adjuntar NUEVAS PRUEBAS y el original de un recibo de consignación en
la cuenta de DIFÚTBOL  por la suma de TRES (3) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
VIGENTES. Si el recurso se resuelve favorablemente, se hará DEVOLUCIÓN del
precitado DEPÓSITO al RECURRENTE.”
[61] Artículo 13 de la Constitución
[62] BARBERÁ, Ester. Perspectiva socio-cognitiva: estereotipos y
esquemas de género. En: Psicología y Género. Pearson-Prentice Hall,
Madrid, 2004. (p. 57)
[63] LAMAS, Marta. Cuerpo: diferencia sexual y género. Editorial
Taurus, México D.F., 2006. (p.55-56)
[64] DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo. Penguin Random House
Grupo Editorial, Bogotá, 2015. (p.207-208)
[65] Ibidem  (p. 220)
[66] Ibidem (p. 221-222)
[67] MORENO, Monserrat. Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la
escuela. Icaria Editorial, Barcelona, 1986. (p. 20-22)
[68] BARBERÁ, Ester. Perspectiva socio-cognitiva: estereotipos y
esquemas de género. En: Psicología y Género. Pearson-Prentice Hall,
Madrid, 2004. (p. 58)
[69] Marta Lamas (op. cit. p.59) cita a Pierre Bourdieu para mencionar
que, aunque las nociones sobre lo masculino y lo femenino suelen afianzar su
legitimidad con el argumento de que tienen un sustrato biológico, también “lo
biológico” puede ser el resultado de una construcción social: “Para
Bourdieu, el orden social está tan profundamente arraigado que no requiere
justificación : se impone a sí mismo como autoevidente, y es tomado como
"natural" gracias al acuerdo "casi perfecto e inmediato"
que obtiene, por un lado, de estructuras sociales como la organización social
de espacio y tiempo y la división sexual del trabajo y, por otro, de las
estructuras cognoscitivas inscritas en los cuerpos y en las mentes. Bourdieu
insiste en la eficacia que tiene legitimar una relación al inscribirla en lo
biológico; además, lo que consideramos biológico suele ser una construcción
social. Por ejemplo, la biología muestra que, aparentemente, los seres humanos
se distinguen en dos sexos; sin embargo, son más las combinaciones que resultan
de las cinco áreas fisiológicas, de las cuales depende lo que, en términos
generales y muy simples, se ha dado en llamar el "sexo biológico" de
una persona: genes, hormonas, gónadas, órganos reproductivos internos y órganos
reproductivos externos (genitales). Estas áreas controlan cinco tipos de procesos
biológicos en un continuum, y no en una dicotomía de unidades, cuyos extremos
son lo masculino y lo femenino. Por eso, para entender la realidad biológica de
la sexualidad es necesario introducir la noción de intersexos. Dentro del
continuum podemos encontrar una sorprendente variedad de posibilidades
combinatorias de caracteres, cuyo punto medio es el hermafroditismo. Los
intersexos son, precisamente, aquellos conjuntos de características
fisiológicas en que se combina lo femenino con lo masculino. Una clasificación
rápida, y aun insuficiente, de estas combinaciones obliga a reconocer por lo
menos cinco "sexos" biológicos: hombres (personas que tienen dos
testículos); mujeres (personas que tienen dos ovarios); personas hermafroditas
o herms (en las cuales aparecen al mismo tiempo un testículo y un ovario);
hermafroditas masculinos o merms (personas que tienen testículos, pero que
presentan otros caracteres sexuales femeninos); hermafroditas femeninos o ferms
(personas con ovarios, pero con caracteres sexuales masculinos). Esta
clasificación funciona sólo si tomamos en cuenta los órganos sexuales internos
y los caracteres sexuales "secundarios" como una unidad; pero si
imaginamos las múltiples posibilidades a que pueden dar lugar las combinaciones
de las cinco áreas fisiológicas que ya señalamos, veremos que nuestra dicotomía
hombre/mujer es, más que una realidad biológica, una realidad simbólica o
cultural.”
[70] “Las mujeres y el deporte: evolución y situación actual”,
Seminario Permanente Mujer y Deporte. Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte-INEF. Universidad Politécnica de Madrid Disponible en
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20100805132024Elida%20Alfaro.pdf
[71] PELEGRÍN MUÑOZ, Antonia, y otras. Programa para el desarrollo de
actitudes de igualdad de género en clases de educación física en escolares.
Revista Educación XX1, UNED, 2012. (p. 273)
[72] ONU MUJERES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Anotar puntos para la
igualdad de género a través del deporte. 2016. Disponible en: http://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/09/anotar-puntos-para-la-igualdad
[73] AZURMENDI ECHEGARAY, Ainhoa, y FONTECHA MIRANDA, Matilde. GUÍA
PARA LA PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL A MUJERES EN EL DEPORTE. PAUTAS PARA
UN PROTOCOLO. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y Departamento de
Educación, Política lingüistica y Cultura del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz,
2015. (p. 13)
[74] MONTERO LABAT, Evangelina. Cuestiones de género en la clase de
Educación Física en contextos de pobreza y exclusión [en línea]. 10mo
Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, 9 al 13 de septiembre de
2013, La Plata, 2013. En Memoria Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3060/ev.3060.pdf (p. 6).
[75] Estos fenómenos son explicados por Ainhoa Azurmendi en la
conferencia Mujeres y deporte: rompiendo estereotipos y superando barreras,
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-HRa6_4f6jM
[76] En el ámbito de la psicoeducación, al explicar el fenómeno del
sexismo en la educación de niños y niñas, se ha puesto de relieve que, aunque
ciertos objetos para el juego no sean per se sexistas, el uso que se
hace de los mismos acaba reproduciendo estereotipos de género en la población
infantil e incidiendo en sus opciones de desarrollar determinadas habilidades
sociales y personales: “[L]os accesorios de la casita, o de la tienda son
una imitación de la realidad, y por lo tanto no son de naturaleza sexista;
distinto es que solamente los utilicen las niñas; lo mismo se puede decir de
los coches, los bloques o las pelotas. Luego el uso que se hace de los mismos
sí lo es y determinados tipos de juguetes pasan a ser exclusivos de un sexo,
hecho que debería ser evitado dada la limitación que supone en el desarrollo de
niños y niñas.| Como ya se ha mencionado anteriormente, determinados juguetes
facilitan determinados juegos, y estos a su vez diferentes maneras de
interactuar y de relacionarse con los demás; estas interacciones, en último
lugar, influirán en el desarrollo social y personal de los individuos
implicados. Si el objetivo final de la educación es el desarrollo integral de
la persona, todas las áreas de desarrollo de una persona deberían ser
estimuladas; es decir, todos los niños y niñas deberían de jugar a todo, y
evitar los juguetes sexistas por sí mismos.” LERA RODRÍGUEZ, María José. El
fútbol y las casitas. Por qué los niños y las niñas son como son. Ed.
Alcalá De Guadaira, Sevilla: Guadalmena, 2002. P. V. ISBN: 84-86448-79-4 (p.37)
[77] LERA RODRÍGUEZ, María José. El fútbol y las casitas. Por qué los
niños y las niñas son como son. Ed. Alcalá De Guadaira, Sevilla:
Guadalmena, 2002. P. V. ISBN: 84-86448-79-4 (p.23)
[78] CARRASCO, Cristina. La sostenibilidad de la vida humana: ¿un
asunto de mujeres? En: Mujeres y trabajo: cambios impostergables,
CLACSO - Veraz Comunicação, Porto Alegre, 2003.
[79] PELEGRÍN MUÑOZ, Antonia, y otras. Programa para el desarrollo de
actitudes de igualdad de género en clases de educación física en escolares.
Revista Educación XX1, UNED, 2012. (p. 273)
[80] Sobre la coeducación, Monserrat Moreno explica: “Coeducar
no es yuxtaponer en una misma clase a individuos de ambos sexos, ni tampoco es
unificar, eliminando las diferencias mediante la presentación de un modelo
único. No es uniformizar las mentes de niñas y niños sino que, por el
contrario, es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que
ofrece la variedad.” MORENO, Monserrat. Cómo se enseña a ser niña: el
sexismo en la escuela. Icaria Editorial, Barcelona, 1986. (p. 68-69)
[81] Evangelina Montero realiza una crítica a las deficiencias que hacen
persistir la segregación sexista en las clases de educación física pese a los
esfuerzos en la implementación de modelos coeducativos: “Se comparte un
espacio común para los/as alumnos/as pero las intervenciones no se orientan a
desarrollar las capacidades de unos con otros. En muchos de los casos en lugar
de promover un escenario de igualdad se refuerzan las jerarquías de los varones
sobre las niñas o se legitiman las situaciones de desvalorización de la condición
femenina. Por ejemplo en situaciones en las que con el propósito de que en los
juegos se integren niñas y niños se incorpora la regla que establece que antes
de convertir el tanto la pelota la debe tocar una mujer. En la organización de
los grupos para las actividades lúdicas y deportivas se manifiesta el interés
del docente por armar grupos mixtos. A pesar de esto el rol del capitán o líder
aparece reservado para los varones, dejando en claro la supremacía de los
varones sobre las mujeres. De esta manera podemos afirmar que en muchas de las
estrategias de organización y de gestión de las clases algunos de los alumnos
son expuestos a situaciones en las que se los ignora y/o discrimina
adjudicándoles la falta de habilidad y/o la pertenencia a un género para poder
ser o no ser incluido en un grupo. En general se ha podido observar que los
grupos son determinados por el Profesor y con único criterio, el género. En
este marco los alumnos no cuentan con la posibilidad de tomar decisiones y de
constituirse como grupo.” MONTERO LABAT, Evangelina. Cuestiones de
género en la clase de Educación Física en contextos de pobreza y exclusión
[en línea]. 10mo Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, 9 al 13 de
septiembre de 2013, La Plata, 2013. En Memoria Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3060/ev.3060.pdf (p. 7).
[82] FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), Informe sobre el
Estado de la Población Mundial del UNFPA 2008 –Suplemento Jóvenes–: Generación
del cambio: Los jóvenes y la cultura. (p.5)
[83] La Corte Constitucional, en sentencia C-758 de 2002 desarrolló los
elementos que integran el artículo 52 superior en los siguientes términos:
“i)
todas las personas tienen derecho al ejercicio del deporte, a la recreación y
al aprovechamiento del tiempo libre;
ii)
estas actividades, en cuanto tienen como finalidad la formación integral de las
personas y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano, se
integran en los derechos a la educación y a la salud y entonces comparten la
garantía y protección que a éstos son constitucionalmente debidos, entre ellos
el de formar parte del gasto social;
iii) el
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen
derechos para que el individuo desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus
expectativas y decisiones y le abren espacios vitales al ser humano frente al
Estado y a los particulares;
iv) en
la medida en que las actividades deportivas y recreativas comportan usualmente
derechos y deberes comunitarios que implican la observancia de normas mínimas
de conducta,  dichas actividades deben ser objeto de intervención del Estado
por cuanto la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se lleve a
cabo de conformidad con los principios legales, de manera que con ella se
alcancen objetivos educativos y socializadores;
v) la
relación Estado-Persona, en el ámbito de las actividades deportivas,
recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como eje central la
consideración de ser su ejercicio “un derecho de todas las personas”, que al
propio tiempo ostenta la función de formarlas integralmente y preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano;
vi) la
relación Estado-Organizaciones Deportivas y Recreativas, se desenvuelve en
torno de, por una parte, las acciones de fomento y, por otra, de la inspección,
vigilancia y control, habida cuenta del papel que estas organizaciones están
llamadas a cumplir en la sociedad como medios eficaces para la realización de
los fines sociales y de los  derechos constitucionales de las personas.”
[84] Sentencia T-410 de 1999.
[85] Sentencia C-758 de 2002.
[86] Sentencia C-449 de 2003.
[87] Cons. sentencias T-242 de 2016, T-660
de 2014 y T-560 de 2015.
[88] Sentencia T-033 de 2017.
[89] Sentencia T-466 de 1992.
[90] Sentencia T-466 de 1992.
[91] FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), Informe sobre el
Estado de la Población Mundial del UNFPA 2008 –Suplemento Jóvenes–: Generación
del cambio: Los jóvenes y la cultura. (p.5)
[92] Sentencia C-082 de 1999.
[93] Sentencia C-588 de 1992.
[94] Sentencia C-410 de 1994.
[95] Sentencia C-082 de 1999.
[96] Sentencia C-667 de 2006.
[97] Sentencia C-534 de 2005.
[98] Sentencia C-371 de 2000.
[99] Sentencia C-534 de 2005.
[100] Sentencia T-462 de 2018.
[101] Sentencia C-667 de 2006.
[102] Sentencia C-980 de 2010.
[103] Sentencia C-044 de 2017.
[104] Sentencia C-091 de 2017.
[105] Ibídem.
[106] Sentencia T-694 de 2013.
[107] Sentencia T-433 de 1998.
[108] Sentencia T-470 de 1999.
[109] Sentencia T-623 de 2017.
[110] Sentencia T-623 de 2017.
[111] En la sentencia C-226 de 1997 se dijo: “La ley no puede injerir
de manera indebida en el ámbito de la autonomía de estos entes. Sus
disposiciones, por lo tanto, deberán sujetarse al escrutinio de la
razonabilidad y de la proporcionalidad, si ellas restringen un espacio de
autonomía social estrechamente ligado con el ejercicio de derechos
fundamentales. Ni los derechos fundamentales ni la autonomía de las
organizaciones sociales, son absolutas. Tampoco su reconocimiento inhibe la
actuación del Estado.” Y agregó: “no puede considerarse arbitraria o
desproporcionada la intervención del Estado dirigida a imponer a las
organizaciones deportivas el respeto a los derechos fundamentales de sus
miembros o de terceros lesionados con sus acciones o abstenciones. Las
organizaciones privadas pueden abusar de su condición y someter a una persona o
a una minoría a un tratamiento indigno, y, en este evento, la autonomía no
podría oponerse a la actuación pública.”
[112] Sentencia T-242 de 2016.
[113] Por considerarse pertinentes, se toman en este acápite
considerandos de la sentencia T-012 de 2017.
[114] Sentencia C-840 de 2001.
[115] Sentencia C-131 de 2004.
[116] Sentencia T-715 de
2014.
[117] Sentencia T-248 de 2008.
[118] Sentencia C-478 de 1998.
[119] Sentencia T-466 de 1999.
[120] Artículo 2 de la Constitución.
[121] Sentencia T-075 de 2002.
[122] Sentencia C-131 de 2004.
[123] Cfr. fol. 204 cuad. ppal.
[124] Cfr. fols. 173-174 cuad. ppal.
[125] “ARTÍCULO 12.- El régimen de edades de los jugadores que se
inscriban en cada CATEGORÍA, será el siguiente:
1-
CATEGORÍA de 8 A 10 AÑOS (Niñas y Niños) : En esta categoría cada equipo
participante puede inscribir dieciocho (18) jugadores que cumplan el siguiente
régimen de edades:
Niños y
Niñas NACIDAS A PARTIR DEL 1 de ENERO de 2008.-
Para
esta categoría se jugará con máximo 8 jugadores en el terreno de juego.
Se
inicia el 18 de AGOSTO de 2018.-. - La inscripción de equipos vence el 15 de
AGOSTO.
2-
CATEGORÍA de 11 a 12 AÑOS (Niñas y Niños) : En esta categoría cada equipo
participante puede inscribir hasta dieciocho (18) jugadores que cumplan el
siguiente régimen de edades:
Niños y
Niñas NACIDAS A PARTIR DEL 1 de ENERO DE 2006.-
En esta
categoría se jugará con máximo 11 jugadores en el terreno de juego.
Se
inicia el 1 de SEPTIEMBRE de 2018.- La inscripción de equipos vence el 20 de
AGOSTO.”
[126] “ARTÍCULO 13.- TODOS LOS JUGADORES DEBEN CUMPLIR CON LO
ESTIPULADO EN EL ESTATUTO DEL JUGADOR de la FIFA, y de COLFUTBOL.”
[127] “ARTÍCULO 14 .- Para su inscripción, los jugadores que NUNCA HAN
TENIDO FICHA NACIONAL EN DIFUTBOL, deben cumplir estrictamente con los
siguientes requisitos:
A.
Comprobar su edad mediante la presentación del ORIGINAL del registro civil de
nacimiento, y fotocopia de su documento de identidad.
B.
Todos los jugadores registrados en CLUBES DEPORTIVOS afiliados a FEDERACION y
LIGAS DEPORTIVAS OFICIALES, se deben inscribir en cada Liga mediante el sistema
COMET implementado por la Federación Colombiana de FÚTBOL .- Los equipos de
COLEGIOS, ESCUELAS Y JUNTAS COMUNALES, solo mediante el sistema operativo
indicado en el reglamento, adjuntando fotocopia original de su documento de
identidad y dos fotografías recientes tamaño 3x4,- .
PARÁGRAFO:
Los JUGADORES que ya TIENEN SU FICHA NACIONAL EN DIFUTBOL, SOLO deben presentar
FOTOCOPIA DE SU ÚLTIMO CARNE NACIONAL expedido por esa entidad, y del documento
de IDENTIDAD.”
[128] “ARTÍCULO 22.- Los jugadores inscritos oficialmente en un CLUB o
EQUIPO para la LIGA PONY FÚTBOL, no podrán actuar con otros CLUBES o EQUIPOS
dentro de la misma competición en ninguna de las fases además de otros
campeonatos avalados u organizados por la LIGA respectiva.
PARÁGRAFO
1: Se exceptúa de lo anterior, la actuación de jugadores con su PROPIO equipo
en otros eventos OFICIALES organizados por FEDERACIÓN, DIMAYOR, DIFÚTBOL, LIGA
AFILIADA o su respectiva COMISIÓN MUNICIPAL, siempre y cuando, entre cada
partido a JUGARSE por el respectivo deportista HAYA TRANSCURRIDO UN INTERVALO
DE TIEMPO MÍNIMO DE VEINTICUATRO (24) HORAS.
PARÁGRAFO
2: NO está permitida la actuación en la LIGA PONY FÚTBOL de jugadores que estén
registrados en dos o más equipos dentro de este campeonato.”
[129] Por auto del 4 de junio de 2019 se ordenó a las entidades
accionadas que allegaran una copia de la citada Resolución No. 028-19 y, más
tarde, por auto del 25 de los mismos mes y año, se les requirió bajo los
apremios legales para que dieran cumplimiento a la orden impartida por la
Corte. Sin embargo, en ninguna de sus respuestas ni en las pruebas anexadas
aportaron el documento requerido. En consecuencia, la fuente de lo aquí
transcrito es la copia de la Resolución allegada por el accionante junto con el
escrito en que solicitó a la Corte la selección del expediente para revisión
(Cfr. fols. 90-92 cuad. revisión).
[130] Por auto del 4 de junio de 2019 se ordenó a las entidades accionadas
que allegaran una copia de la citada Resolución No. 029-19 y, más tarde, por
auto del 25 de los mismos mes y año, se les requirió bajo los apremios legales
para que dieran cumplimiento a la orden impartida por la Corte. Sin embargo, en
ninguna de sus respuestas ni en las pruebas anexadas aportaron el documento
requerido. En consecuencia, la fuente de lo aquí transcrito es la copia de la
Resolución obtenida por consulta realizada en el portal web de la Liga
de Fútbol de Bogotá en el enlace https://www.futbolbogotano.com/wp-content/uploads/2018/10/RESOLUCION-029-2018-MASCULINOS-Y-MIXTOS-1.pdf
[131] Grassroots 2016. Programa Fútbol Base de la FIFA.
[132] Fútsal directrices y programas de desarollo de la FIFA.
[133] Reglamento del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. Forward
2.0.
[134] Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la
FIFA 2015-2018.
[135] FIFA Conference for Equality and Inclusion 2017.
[136]https://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/direccion-tecnica-de-futbol-base/caracteristicas-del-nino-y-enfoque-pedagogico/el-futbol-mixto.html#c987
(consulta realizada el 24 de junio de 2019).
[137] Cfr. fol. 103 cuad. revisión.
[138] Cfr. fol. 198 cuad. ppal.
[139] Cfr. fol. 297 cuad. ppal.
[140] Cfr. fols. 297-303 cuad. ppal.
[141] Veánse las consideraciones del capítulo iii) La discriminación
por razón de género en el deporte de esta sentencia.
[142] Cfr. fols. 172-173 cuad. ppal.
[143] BARBERÁ, Ester. Perspectiva socio-cognitiva: estereotipos y
esquemas de género. En: Psicología y Género. Pearson-Prentice Hall,
Madrid, 2004. (p. 79)
[144] Cfr. fols. 200 y 203 cuad. ppal.
[145] El Presidente de la Liga de Bogotá afirmó en su memorial de
contestación que la menor María Paz Silva participó en el torneo “Festivales”,
el cual permitía la participación de equipos mixtos, lo que significa
conformados por niños y niñas.
[146] Sentencia SU-254 de 2013.
[147] Cons. sentencias T-1083 de 2002, T-340 de 2010, T-909 de 2011,
T-691 de 2012, T-366 de 2013, T-878 de 2014, T-677 de 2014, T-141 de 2015,
T-478 de 2015, T-291 de 2016, T-271 de 2016, T-652 de 2016, T-306 de 2017,
T-062 de 2018. Estas medidas de desagravio también han sido adoptadas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como, por ejemplo, Atala
Riffo y Niñas vs. Chile, González y otras vs. México, Niñas Yean
y Bosico vs. República Dominicana, López Soto y otros vs. Venezuela,
Atenco vs. México, Fernández Ortega y otros vs. México, Gelman
vs. Uruguay.