SU636-15
Sentencia SU636/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Reiteración de jurisprudencia
LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Ley 1448 de 2011 ha
implementado mecanismos de defensa especializados en resolver el fenómeno del
despojo de tierras
La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas constituye un
cuerpo normativo de carácter especial y temporal, que responde a un contexto de
justicia transicional, en el que se disponen una serie de medidas para hacer
efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de
no repetición, para las víctimas del conflicto armado interno, en los términos
establecidos en el artículo 3º de dicha ley. Como lo ha señalado este Tribunal
en anteriores oportunidades, la Ley de Víctimas es (i) una ley temporal,
por cuanto su vigencia está circunscrita a un plazo de diez (10) años, contados
a partir del 10 de junio de 2011. Al mismo tiempo, se trata de (ii) una
ley especial, proferida en un contexto de justicia transicional, cuya
aplicación se circunscribe a las situaciones que quedan comprendidas dentro de
su objeto (artículo 1°) y ámbito de aplicación (artículo 2º), esto es, al
conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de
carácter individual y colectivo, que allí se prevén en beneficio de las
víctimas, las cuales comprenden mecanismos de ayuda humanitaria, atención,
asistencia y reparación. La Corte ha precisado que, debido al carácter
especial de esta regulación, las normas generales que desarrollan los derechos
consagrados en esta ley no se entienden derogadas ni afectadas de ninguna otra
manera por el solo hecho de la entrada en vigencia de la Ley 1448, pues
continúan plenamente vigentes para ser aplicadas a los casos no cubiertos por
estas reglas especiales.
LEY 1448 DE 2011-Disposiciones en materia de pruebas y derechos de las víctimas
dentro de los procesos judiciales de reparación directa
Las disposiciones en materia de pruebas
contenidas en la Ley 1448 de 2011, en particular las previstas en los artículos
5, 77, 78, 84, 89 y 158, constituyen normas especiales cuya aplicación está
prevista de manera expresa para los procedimientos de reparación que se
adelanten por vía administrativa y en los procesos judiciales de restitución de
tierras.  La Ley 1448 no extiende tal regulación a los procesos judiciales
de reparación directa que se adelantan ante la jurisdicción contencioso
administrativa; si bien esta ley introduce normas relativas a los derechos de
las víctimas en los procesos judiciales, en su mayor parte se orientan a
regular su participación en los procesos penales y de restitución de tierras.
En relación con los procesos de reparación que se adelanten ante la
jurisdicción contencioso administrativa, la Ley de Víctimas establece las
siguientes reglas: (i) el reconocimiento de la calidad de víctima en términos
de dicha ley, no implica prueba de la responsabilidad del Estado o de sus
agentes en la producción de un daño antijurídico, ni revive los términos de
caducidad de la acción de reparación directa (art. 9); (ii) la necesidad de
descontar de las condenas judiciales al Estado en materia de reparación, las
sumas de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y
que constituyan reparación (arts. 9 inciso final y 133); (iii) la posibilidad
de que la reparación administrativa se entienda realizada en el marco de un
contrato de transacción, caso en el cual el monto de la indemnización será
mayor, a cambio de precaver futuros litigios judiciales o poner fin a pleitos
pendientes (art. 132); (iv) la fijación de un monto máximo de (25) veinticinco
salarios mínimos por concepto de honorarios para los abogados que representen a
las víctimas en las acciones que intenten ante la jurisdicción contencioso
administrativa (art. 44 parágrafo 1).
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y DEFECTO
FACTICO POR OMISION EN LA VALORACION DE LAS PRUEBAS
El defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en el
cual incurre una autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones
desconoce el derecho de los ciudadanos de acceder a la administración de
justicia y su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto
se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus
actuaciones devienen en una denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos
formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan
constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas. La jurisprudencia
constitucional ha determinado que en algunas hipótesis se presenta una
convergencia entre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un
defecto fáctico en su dimensión negativa. Ello ocurre cuando el juez (i) omite
valorar prueba documental que ha sido aportada en copia simple, pese a haber
sido conocida y no controvertida por las partes; también cuando (ii) omite
emplear su facultad probatoria de oficio para ordenar que se alleguen los
originales de documentos aportados en copia simple o, en general, practicar
pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en el proceso y se
requieren para establecer la verdad material de los hechos.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración
de jurisprudencia
Conforme a la jurisprudencia constitucional vigente, se presenta
una convergencia entre defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y
defecto fáctico en su dimensión negativa en aquellos casos en los cuales la
autoridad judicial (i) omite valorar la prueba documental que ha sido aportada
en copia simple, pese a haber sido conocida y no controvertida por las partes;
también cuando (ii) no emplea su facultad inquisitiva para ordenar que se
alleguen los originales de documentos aportados en copia simple o, en general,
para practicar pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en el
proceso y se requieren para establecer la verdad material.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia
de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por la negativa a
valorar pruebas aportadas de manera extemporánea en proceso de reparación
directa
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se
incurrió en defecto procedimental y fáctico, al abstenerse de decretar y
practicar de manera oficiosa las pruebas necesarias para establecer la
propiedad de los accionantes
Referencia:
Expediente T-4500770
Acción
de tutela interpuesta por Rafael Enrique Noguera Abello y José Rafael Noguera
Abello contra la sentencia del catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013),
de la Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
siete (7) de octubre de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y
previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios,
ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo proferido, en primera (1ª) instancia, por  la Sección Cuarta
(4ª) del Consejo de Estado el seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014) y, en
segunda (2ª) instancia, por la Sección Quinta (5ª) del Consejo de Estado el
diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014), dentro del trámite de
tutela iniciado por Rafael Enrique Noguera Abello y José Rafael Noguera Abello,
actuando mediante apoderado,[1]
contra la Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado.
El proceso de referencia fue seleccionado para revisión
por la Sala de Selección Número Nueve (9) de la Corte Constitucional, mediante
Auto proferido el veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014).[2] A raíz del informe presentado por la Magistrada Sustanciadora, el tres
(3) de diciembre de dos mil catorce (2014) la Sala Plena de la Corporación decidió asumir el conocimiento del caso, con fundamento en lo
previsto en el artículo 54ª del Reglamento Interno de la Corte Constitucional.
I. ANTECEDENTES
Los señores
Rafael Enrique Noguera Abello y José Rafael Noguera Abello, a través de
apoderado judicial, promovieron acción de tutela contra la Sentencia de la
Sección Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado, proferida el catorce
(14) de marzo de dos mil trece (2013), dentro del trámite de segunda (2ª)
instancia del proceso administrativo de reparación directa promovido contra la
Nación (Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional).[3] Los accionantes
consideran que esta decisión judicial transgrede sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia a través de un
recurso judicial efectivo, y a la reparación integral a la que tienen derecho
en su condición de víctimas del conflicto armado. Sostienen los tutelantes que
el exceso ritual manifiesto en la valoración del material probatorio y la
inaplicación del principio de la oficiosidad de la prueba generaron el
desconocimiento de los derechos indemnizatorios discutidos al interior del
proceso administrativo.  Fundamentan su solicitud de amparo en los siguientes
hechos:
Hechos
1. Los
accionantes aducen ser los propietarios de las fincas denominadas “El Tres o
La Nena” y “Los Cámpanos”, ubicadas en el Municipio de
Fundación (Magdalena), con una extensión territorial que en conjunto asciende a
novecientas diez (910) hectáreas aproximadamente, destinadas a la explotación
ganadera y agrícola.[4]
2. Refieren que
en mil novecientos noventa y nueve (1999) fueron objeto de múltiples amenazas y
extorsiones por parte de grupos subversivos al margen de la ley que operan en
la región. Por lo anterior, tanto ellos como sus familiares solicitaron la
debida protección a los comandantes de policía del Magdalena y Barranquilla.
Para tal fin, remitieron comunicaciones escritas los días quince (15) de
febrero y seis (6) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999);
asimismo, reiteraron la solicitud de protección vía telefónica de manera
telefónica los días veintiséis (26) y veintisiete (27) de abril del mismo año,
sin encontrar respuesta alguna.
3. Según
relatan, el veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999),
siendo las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.) el “Frente Diecinueve (19)
de las FARC” irrumpió en las instalaciones de las fincas, preguntando
por la ubicación del señor Rafael Noguera Aarón, padre de los accionantes, y
luego de proferir acusaciones y amenazas en su contra, procedieron a incendiar
las instalaciones, a destruir con bombas las construcciones e implementos de
trabajo y a hurtar las cabezas de ganado de las fincas.
4. Los
accionantes informaron a las autoridades militares y de policía del ataque del
que fueron víctimas, promovieron la denuncia penal correspondiente y
solicitaron la práctica de una serie de pruebas anticipadas ante el Juzgado
Único Civil Municipal de Fundación (Magdalena). En virtud de esta petición, se
practicó una inspección judicial con intervención de peritos, en la que se
constataron los daños ocasionados con la incursión guerrillera, se recibieron
los testimonios de los trabajadores y la declaración de autoridades militares y
de policía de la zona, quienes manifestaron haber tenido conocimiento de los
hechos ocurridos el 22 de mayo de 1999, así como de las medidas de protección
solicitadas con anterioridad.
5. El
veintisiete (27) de junio de dos mil (2000), los señores Noguera Abello
interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación (Ministerio de
Defensa, Ejército y Policía Nacional), solicitando indemnización por los
perjuicios sufridos en el ataque guerrillero, argumentando que las autoridades
demandadas omitieron cumplir con sus obligaciones de vigilancia y protección.[5]
6. La demanda
fue admitida el nueve (9) de agosto de dos mil (2000) por el Tribunal
Administrativo del Magdalena. Durante el proceso, la parte demandada argumentó
que no se configuraban los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado,
por cuanto el daño se derivó del hecho exclusivo de un tercero; señalaron
además que no se había acreditado la propiedad de los bienes por cuyo daño se
reclama y que el dictamen aportado como prueba anticipada tenía como único
fundamento las afirmaciones de los demandantes.
7. Surtido el
trámite correspondiente, el doce (12) de marzo de dos mil cuatro (2004) el
Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de primera instancia,
en la que accedió parcialmente a las pretensiones de los demandantes, declaró
la responsabilidad administrativa de la Nación y la condenó al pago de tres mil
ochocientos cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y un mil
setecientos sesenta y cuatro pesos ($3.847.431.764) por concepto de perjuicios
materiales.[6]
Consideró que se encontraba acreditada en cabeza de los demandantes la
titularidad sobre los bienes muebles e inmuebles[7],
así como la constitución de los elementos del régimen de falla en el servicio,
atribuible a la parte accionada.
8. La decisión
fue apelada por el representante legal de la Policía Nacional y el Ministerio
de Defensa, respectivamente, quienes reiteraron los argumentos presentados
durante el proceso en relación con  la falta de prueba: (i) del nexo causal
entre el hecho y el daño; (ii) de la falla en el servicio; (iii) del daño
sufrido. En relación con esto último, el apoderado de la Policía Nacional llamó
la atención sobre la falta de prueba de la propiedad de los bienes, a la falta
de soportes y la irregularidad en la práctica del dictamen pericial que se
aportó como prueba anticipada.[8]
9. Durante el
trámite de segunda instancia se realizaron dos conciliaciones judiciales, el
veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009) y el veintisiete (27) de
mayo de dos mil diez (2010),[9]
en las cuales las partes alcanzaron acuerdos conciliatorios. Estos, sin
embargo, fueron improbados por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante autos del veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009) y del
doce (12) de mayo de dos mil once (2011), por considerar que no existían
pruebas que respaldaran dichos acuerdos. Debido a lo anterior, se concedió
prelación de fallo al recurso de apelación en trámite.[10]
10. La Sección
Tercera (3ª), Subsección A del Consejo de Estado, mediante Sentencia del
catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), revocó el fallo de primera (1ª)
instancia, luego de concluir que no se acreditó la legitimación material en la
causa por activa.[11]
Para ello sustenta: (i) que no se probó la propiedad de los accionantes sobre
los predios “El Tres o la Nena” y “Los Campanos”, por cuanto sólo se aportó
copia auténtica de una escritura pública de compraventa del primero de estos
predios, sin allegar de manera oportuna evidencia de la tradición del derecho
de dominio sobre este bien, pues sólo vino a aportarse un certificado de
tradición en la audiencia de conciliación judicial realizada en segunda
instancia el veinticinco (25) de mayo de dos mil diez (2010), que no fue
valorado porque la oportunidad en que se allegó fue manifiestamente
extemporánea; en relación con el segundo predio, los accionantes no aportaron ningún
documento que acreditara su adquisición y la tradición del dominio. (ii)
Tampoco se demostró la propiedad de los demandantes sobre los bienes muebles
que, se dijo, fueron destruidos o hurtados en los mencionados predios, pues
respecto de algunos se aportaron copias simples en lugar de autenticadas, o luego
de vencido el término de fijación en lista; las fotografías aportadas como
prueba de los daños no permiten verificar si efectivamente fueron tomadas en el
curso de la inspección judicial; los interrogatorios de parte practicados como
prueba anticipada no pudieron ser valorados en el proceso, pues no fueron
solicitadas por los accionantes; en relación con las cabezas de ganado, se
acreditó que la propiedad correspondía al padre de los accionantes, quien no
concurre como demandante en el proceso. En ese orden de ideas, se afirma en la
sentencia que “(a)nte la deficiencia probatoria a la que se ha hecho
referencia, se impone concluir que quienes formularon la demanda no acreditaron
ser los titulares de los derechos reales cuya indemnización se reclama, lo que
configura una falta de legitimación en la causa por activa, […]”.[12] Adicionalmente,
la sentencia señala que no es posible fundamentar la legitimación material por
activa en la condición de poseedores de dichos bienes, dado que esto implicaría
variar la causa petendi, en tanto los demandantes fundamentaron sus
pretensiones en la calidad de propietarios, que afirmaron tener pero no
probaron.
11. Mediante escrito radicado el treinta y uno (31) de
octubre de dos mil trece (2013), Fernando Ramírez Laguado, apoderado judicial
de los señores Noguera Abello presentó acción de tutela en contra de la
sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Tercera (3ª),
Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa que los
accionantes promovieron en contra de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército
y Policía Nacional).[13]
Reclama la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia a través de un recurso
judicial efectivo y a la reparación integral de sus apoderados, que estiman
vulnerados con la revocatoria de sentencia dentro del trámite del proceso de
reparación directa, toda vez que a su juicio la decisión del Consejo de Estado
incurrió en las siguientes causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales: (i) Defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, al desconocer la evidencia de que los accionantes son
propietarios y poseedores de los bienes que sufrieron daños, e imponer una
serie de formalismos innecesarios para efectos de acreditar la propiedad de los
bienes inmuebles, cuando lo cierto es que es la condición de víctima,
acreditada en el proceso, la que determina la legitimación material por activa.
(ii) Decisión sin motivación, para lo cual señala que en la sentencia
objeto de controversia se excluye el reconocimiento del derecho a la
indemnización integral de los señores Noguera Abello en relación con una serie
de bienes, sin exponer ninguna justificación ni motivación jurídica. (iii) Defecto
fáctico, por la pretermisión del decreto de pruebas de oficio que la
autoridad judicial estimaba necesarias para confirmar los supuestos; con ello
además se desconocen los postulados establecidos en la Ley 1448 de 2011 y en la
jurisprudencia constitucional en relación con el traslado al Estado de la carga
de la prueba que se exige a las víctimas del conflicto armado.[14]
Con fundamento en estas consideraciones, solicitan como
pretensión principal que se revoque la sentencia de segunda instancia proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación
directa y, en consecuencia, se deje en firme la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. De manera subsidiaria,
solicitan que se ordene a la entidad accionada rehacer su actuación judicial,
sin incurrir en los defectos procedimentales y fácticos alegados.
Respuesta de
la Entidad Accionada.
12. A través de
escrito de contestación de tutela, radicado el diez (10) de diciembre de dos
mil trece (2013) en la Secretaría General del Consejo de Estado, suscrito por
el Consejero Hernán Andrade Rincón, ponente de la sentencia objeto de
controversia, la entidad accionada se opone a las pretensiones y solicita
declarar improcedente la acción de tutela.[15]
Para ello
argumentó que la parte demandante no cumplió con su carga probatoria dentro del
proceso, en tanto “[…] debía acreditar, entre otros, los fundamentos de
hecho que sustentaban la causa petendi en torno a su legitimación material en
la causa por activa, […] Un entendimiento de lo contrario implicaría que el
fallador tenga el deber de asumir la carga procesal que le incumbe a las
partes,”[16].
Sobre este aspecto indicó que no le era dado al Consejo de Estado en su
sentencia variar de manera oficiosa la causa petendi en el sentido que
solicitan los demandantes en la tutela, pues ello habría implicado afectar los
derechos de defensa y contradicción de las entidades demandadas en el proceso
de reparación directa. Asimismo reiteró que la condición de propietarios
esgrimida por los accionantes no fue acreditada, toda vez que sobre el predio
“Los Campanos” no se aportó ningún documento dirigido a acreditar su
adquisición y tradición de dominio, mientras que en relación con el predio
denominado “El Tres” o “La Nena”, sólo se aportó copia auténtica de la
escritura pública de compraventa, sin que existiera en el proceso evidencia
alguna sobre la efectiva tradición del derecho de dominio. Sostuvo que el
certificado de tradición aportado durante el trámite de segunda instancia se
allegó de manera extemporánea, y no podía ser valorado en atención a lo
consagrado en los artículos 174, 177 y 183 del Código de Procedimiento Civil.
En segundo
lugar, sobre la supuesta falta de motivación respecto de las pretensiones
referidas a la afectación de bienes muebles, la parte accionada en esta tutela
señaló que la sentencia objeto de controversia cumplió a cabalidad la carga
argumentativa sobre este aspecto, pues se detuvo en la valoración de cada una
de las pruebas aportadas en relación con dichos bienes. En particular, sobre
los automotores señaló que también estos están sometidos al registro del título
para que opere la tradición, razón por la cual no les resulta aplicable el
régimen que de ordinario rige para los bienes muebles.
En tercer lugar,
sobre la alegada obligación de practicar pruebas de oficio, sostuvo que tal
facultad, consagrada en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo,
no comporta la sustitución por el juez de la carga que le corresponde a la
parte actora de probar las afirmaciones que efectúa en la demanda. Asimismo, de
conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de
los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la causación de un
daño corresponde al actor; carga que fue incumplida por la parte demandante en
este caso y no le correspondía asumir al fallador, por cuanto ello resulta
contrario a su compromiso con los principios de igualdad e imparcialidad.
Por último, la
autoridad judicial demandada en esta acción de tutela señaló que, en virtud del
carácter subsidiario de esta garantía constitucional, no puede hacerse uso de
ella pretendiendo acceder a una tercera instancia “[…] que satisfaga los
intereses económicos, pasando por alto los más elementales principios del
derecho probatorio[…]”[17]
, lo que conllevaría a la desnaturalización del carácter subsidiario de la
acción pública. Finalmente, resaltó que la decisión adoptada está debidamente
fundada en la normatividad sustancial y procedimental aplicable, como también
en las pautas jurisprudenciales sobre la materia.
Intervención
de las entidades vinculadas en calidad de terceros interesados
13. En el auto
admisorio de la acción de tutela se ordenó notificar al Ministerio de Defensa,
al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, como terceros interesados en las resultas del proceso.[18]
14. Atendiendo a
esta comunicación, el Secretario General de la Policía Nacional[19] dio contestación a la
acción de tutela, para lo cual señala que: (i) la entidad que representa no
vulneró los derechos fundamentales de los accionantes; (ii) la tutela es
improcedente para controvertir providencias judiciales, mucho menos tratándose
de una sentencia debidamente ejecutoriada. Con fundamento en estas
consideraciones, pide al juez que se rechace por improcedente esta tutela.
15. Por su
parte, la Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la Dirección de
Asuntos Legales del Ministerio de Defensa[20]
dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: (i) el fallo
controvertido se profirió con apego a la normatividad y jurisprudencia vigente,
aun cuando no haya sido favorable a la parte accionante, al no encontrar
probada la legitimación material en la causa por activa; (ii) no existió
vulneración al debido proceso, por cuanto se cumplieron las ritualidades
procesales y se garantizó a las partes el derecho de acción y de contradicción
en todo momento; (iii) la sentencia efectuó un estudio detallado de todas las
pruebas aportadas, por lo que no es cierto que se trate de una decisión sin
motivación. Por lo anterior, solicita que la tutela sea declarada improcedente.
Decisiones de tutela objeto de revisión
16. En sentencia del seis (6) de marzo de dos mil catorce
(2014), la Sección Cuarta (4ª) del Consejo de Estado[21], negó las pretensiones
de la acción de tutela. Sostuvo, en primer lugar, que “de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se cumplen en
el caso propuesto”.
A continuación, al verificar si concurrían los requisitos
específicos de procedibilidad alegados por los accionantes, la sentencia concluye
que: (i) No se está en presencia de un actuar excesivo por parte de la
autoridad judicial tutelada, por cuanto los demandantes invocaron la condición
de propietarios para definir su legitimación material en la causa por activa,
razón por la cual no le era dado al fallador variarla; sobre la no valoración
del registro aportado de manera extemporánea, la sentencia sostiene que no se
verificaba ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 214 del Código
Contencioso Administrativo, relativo al decreto y práctica de pruebas en
segunda instancia.  (ii) No cabe invocar la aplicación de las reglas
establecidas en la Ley 1448 de 2011, por cuanto no se encontraba vigente para
la época de los hechos, ni al momento de presentación de la demanda de
reparación directa. (iii) El desacuerdo de la valoración de las pruebas no
puede ser desatado mediante el ejercicio de la acción de tutela. (iv) En virtud
de lo establecido en los artículos 169 del Código Contencioso Administrativo y
177 del Código de Procedimiento Civil, no se infiere la obligación del juez de
conocimiento de decretar pruebas de oficio para suplir la carga de las partes,
razón por la cual no se evidencia  la existencia de un defecto fáctico en la
providencia judicial atacada por vía de tutela.
Esta decisión
contó con el salvamento de voto de la Consejera Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, quien sostuvo que la sentencia omitió precisar e insistir que la
tutela contra providencias judiciales no procede contra las dictadas por el
Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en
tanto son órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones.[22]
17. El diecinueve (19) de marzo de dos mil catorce (2014), el
apoderado judicial de los accionantes radicó escrito de impugnación, para
insistir que es clara la configuración del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, como también de un defecto fáctico por errónea valoración de
las pruebas. Sostuvo que dadas las circunstancias concretas del caso, se
tornaba “[…] imperativo que el juez, en su calidad de director del proceso y
para la plena observancia de los principios de equidad, dignidad humana y prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal, […] decretara una prueba de oficio para
el esclarecimiento de los puntos dudosos que existía en torno a la legitimación
de los demandantes”.[23]
18. Mediante sentencia del diecisiete (17) de julio de dos mil
catorce (2014), la Sección Quinta (5ª) del Consejo Estado[24] modificó el
fallo de primera (1ª) instancia y, en lugar de negar las pretensiones, declaró
la improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo que: (i) en contra de lo
alegado por los demandantes, en la sentencia fueron debidamente consideradas
las pruebas aportadas para acreditar su legitimación material por activa; (ii)
la condición de víctimas del conflicto armado y, con ello, de beneficiarios del
tratamiento previsto en la Ley 1448 de 2011 no fue alegada por los demandantes
en el proceso ordinario, razón por la cual el cargo deviene improcedente; (iii)
el principio de la oficiosidad de la prueba debe emplearse para esclarecer aspectos
que así lo requieran, pero no para para suplir las omisiones de las partes.  En
consecuencia, concluyó que la demanda sólo evidencia el descontento de los
tutelantes con una sentencia que fue desfavorable a sus pretensiones, y su
intención consiste en reabrir el debate de instancia.
Actuaciones
surtidas en sede de revisión
19. El treinta
(30) de octubre de dos mil catorce (2014), el apoderado de los accionantes
radicó un escrito en la Secretaría de esta Corporación en el que somete a
consideración de la Sala los argumentos por los que, en su criterio, debe
otorgarse a sus representados el amparo que solicitan. En él reitera los
argumentos expuestos en la demanda de tutela referidos a: (i) la procedencia de
aplicar para este caso las reglas de flexibilización probatoria consagradas en
la Ley 1448 de 2011, por su condición de víctimas del conflicto armado; (ii) la
existencia de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; (iii) la
existencia de un defecto fáctico, por la omisión del Consejo de Estado de
decretar las pruebas de oficio que requería para alcanzar la verdad material;
(iv) la ausencia de motivación en la decisión, en lo que respecta a la falta de
legitimación en la causa para reclamar reparación respecto de los demás bienes
muebles.  Advierte que este último cargo, pese a haber sido planteado en la
demanda de tutela, no fue considerado por ninguno de los jueces de instancia.
20. Luego de que
la Sala Plena de la Corte Constitucional asumió la revisión de esta acción de
tutela, el cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014) la magistrada
sustanciadora profirió un auto en el que dispuso suspender los términos del
proceso, con fundamento en lo previsto en los artículos 53 y 54A del Reglamento
Interno de esta Corporación.[25]
21. En auto del veinte (20) de noviembre de dos mil catorce
(2014) se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo del Magdalena para que, en
el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de
dicha providencia, remitiera copia íntegra del expediente del proceso de
reparación directa adelantado en ese despacho en primera instancia, con número
de radicado 47001-23-31-000-2000-00501-01, dentro del cual fue dictada la
sentencia de segunda instancia que es objeto de controversia en este juicio de
tutela.[26]
Ante la falta de respuesta del despacho judicial destinatario
del oficio, se requirió nuevamente el envío del expediente mediante autos del
seis (6) de febrero y diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015).[27] En
comunicación radicada en Secretaría el siete (7) de abril siguiente, el
Tribunal Administrativo del Magdalena informa que el expediente fue remitido
una vez recibido el primer oficio que así lo requería, y aportó como prueba
copia de la planilla de la oficina de correos.[28]
Finalmente, mediante oficio del veinte (20) de abril de dos mil quince (2015),
suscrito por la Oficial Mayor de la Secretaría de la Corte Constitucional, fue
remitido el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de
tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
Presentación del caso,
planteamiento de los problemas jurídicos y metodología de decisión
2. Los señores Noguera Abello invocan
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia a través de un recurso judicial efectivo y a la
reparación integral a la que tienen derecho por su condición de víctimas del
conflicto armado, los cuales estiman vulnerados por la sentencia proferida el
catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013) por la Sección Tercera (3ª),
Subsección A del Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa que los
accionantes promovieron en contra de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército
y Policía Nacional). Esta providencia revocó la decisión de primera instancia
proferida el doce (12) de marzo de dos mil cuatro (2004) por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, en la que se condenó a la Nación al pago de $3.847.431.764
pesos por concepto de perjuicios materiales ocasionados por el asalto de un
grupo guerrillero a las fincas “La Nena o El Tres” y “Los Campanos”, donde
destruyeron las instalaciones e implementos de trabajo y hurtaron las cabezas
de ganado. La razón expuesta por la Sección Tercera del Consejo de Estado para
revocar la anterior decisión y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, consistió en que: (i) los demandantes no acreditaron ser los
propietarios de los bienes muebles e inmuebles cuya indemnización se reclama,
lo que configura una falta de legitimación material en la causa por activa;
(ii) en tanto los demandantes concurrieron al proceso invocando la calidad de
propietarios, está vedado al juez variar la causa petendi para
fundamentar la legitimación material por activa en la condición de poseedores
de dichos bienes.
Los accionantes afirman que la
decisión del Consejo de Estado incurrió en tres de las causales que tornan
procedente la tutela contra providencias judiciales: (i) Defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, al desconocer la evidencia de que los
accionantes son propietarios y poseedores de los bienes que sufrieron daños, e
imponer una serie de formalismos innecesarios para efectos de acreditar la
propiedad de los bienes inmuebles, cuando lo cierto es que es la condición de
víctima, acreditada en el proceso, la que determina la legitimación material
por activa.  (ii) Defecto fáctico, por la pretermisión del decreto de
pruebas de oficio que la autoridad judicial estimaba necesarias para confirmar
los supuestos; con ello además se desconocen los postulados establecidos en la
Ley 1448 de 2011 y en la jurisprudencia constitucional en relación con el
traslado al Estado de la carga de la prueba que se exige a las víctimas del
conflicto armado. (iii) Decisión sin motivación, por cuanto la sentencia
niega el derecho a la indemnización integral en relación con una serie de
bienes, sin exponer ninguna justificación ni motivación jurídica.
Por su parte, la
autoridad judicial accionada y las entidades intervinientes en calidad de
terceros con interés legítimo coinciden en señalar que la sentencia impugnada
no incurrió en ninguno de los defectos alegados, así: (i) la negativa a
reconocer la calidad de propietarios sobre los bienes a partir de los medios de
prueba aportados por los demandantes no configura un defecto procedimental, por
cuanto la prueba del dominio sobre los inmuebles y los vehículos requiere el
registro del título, que en este caso sólo se aportó respecto de uno de los
inmuebles y de manera manifiestamente extemporánea; de otro lado, no le era
dado al fallador variar de manera oficiosa la causa petendi en el
sentido que solicitan los demandantes en la tutela, pues ello habría implicado
afectar los derechos de defensa y contradicción de las entidades demandadas en
el proceso de reparación directa. (ii) No se configuró un defecto fáctico por
abstenerse de decretar pruebas de oficio o dar por acreditada la legitimación
de los demandantes, por cuanto corresponde a la parte actora la carga de probar
las afirmaciones que efectúa en la demanda, sin que pueda el juez emplear la
facultad para decretar pruebas de oficio a efectos de suplir las falencias
probatorias del demandante. (iii) Tampoco se presenta la supuesta falta de motivación
en lo que atañe a las pretensiones indemnizatorias sobre algunos bienes
muebles, pues la sentencia se detuvo en la valoración de cada una de las
pruebas aportadas en relación con dichos bienes.
3. De acuerdo con los
antecedentes expuestos la Corte debe resolver los siguientes problemas
jurídicos:
3.1.
¿Incurre una decisión judicial en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando niega las pretensiones formuladas en una demanda de reparación
directa, argumentando que los demandantes carecen de legitimación material por
activa, porque concurrieron al proceso en calidad de propietarios pero no
acreditaron en debida forma el derecho de dominio sobre los bienes cuya
indemnización reclaman?
3.2.
¿Se configura un defecto fáctico cuando, en un proceso de reparación
directa promovido por personas que reclaman su condición de víctimas del
conflicto armado, la autoridad judicial no decreta pruebas de oficio para despejar
dudas sobre la legitimación material de los demandantes, en atención a lo
dispuesto en la jurisprudencia constitucional y a las reglas especiales en
materia de prueba establecidas en la Ley 1448 de 2011?
3.3.
Por último, la Sala debe establecer si la autoridad judicial accionada (i)
omitió pronunciarse sobre las pruebas aportadas para reclamar la indemnización
respecto de los bienes muebles a los que se refieren los demandantes y (ii) de
existir tal omisión, si es de tal magnitud que comporta una vulneración del
derecho al debido proceso por ausencia de motivación, frente a la cual
proceda el amparo constitucional.
4.
Para tal fin, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre los requisitos
generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En segundo lugar, examinará si en el presente caso se
verifican los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
De
hallarlos satisfechos procederá, en tercer lugar, al análisis de los
desarrollos jurisprudenciales en torno al derecho de las víctimas del conflicto
armado a obtener reparación integral; de manera específica se referirá a las
diversas vías – judicial y administrativa – previstas para hacer efectivo el
derecho a la reparación, a fin de precisar si, como lo sostienen los
demandantes, las disposiciones contempladas en la Ley 1448 de 2011 son
aplicables al proceso judicial de reparación directa.
Precisado
este punto, la Sala dará respuesta, en su orden, a cada uno de los problemas
jurídicos antes identificados, para lo cual reiterará su jurisprudencia sobre
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela invocadas por
los demandantes y examinará si estas concurren en el presente caso.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
5. A partir de
la sentencia C-543 de 1992[29], la Corte Constitucional estableció que la acción de
tutela contra providencias judiciales sólo procedía, de manera excepcional, “en
aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho”. Tras más de
una década de desarrollo jurisprudencial, la Corte introdujo una importante
modificación conceptual en la sentencia C-590 de 2005[30], al sustituir el concepto de “vía de hecho” por el de
“causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales”, por considerar que este último daba cuenta, en mejor modo, del
amplio espectro de supuestos en los cuales resulta admisible ejercitar la
acción de tutela contra providencias judiciales.
De acuerdo con la sistematización propuesta en esta
decisión, y acogida desde entonces por la Corte, es preciso distinguir entre
los “requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales”, los cuales determinan que la providencia pueda ser
objeto de control constitucional a través de la acción de tutela, y otros “requisitos
o causales especiales de procedibilidad”, que constituyen los cauces
argumentativos dentro de los que debe enmarcarse la violación de derechos
fundamentales que se atribuye a la decisión judicial objeto de control.
6. Las causales generales de procedibilidad que
deben concurrir para que una providencia judicial pueda ser conocida por el
juez de tutela son las siguientes: (i) que la cuestión discutida sea de
evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[31]; (v) que el peticionario identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
7. Entretanto, según lo establecido en la referida
sentencia C-590 de 2005, para que pueda declararse que una providencia judicial
incurre en violación de derechos fundamentales, es preciso que se verifique
alguna de las siguientes causales especiales de procedibilidad: (i) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido o por exceso ritual manifiesto, el
cual se presenta cuando el funcionario judicial en aras del rigorismo en las
formas, sacrifica de manera injustificada su deber de dar prevalencia al
derecho sustancial; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iv)  defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión; (v) error inducido, que se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado; (viii) violación directa de la
Constitución.
8. A continuación, la Sala examinará si en el presente
caso se verifican las mencionadas causales generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra la decisión judicial objeto de controversia. Solo en
caso de que así ocurra, la Corte tendría competencia para pronunciarse sobre
las causales específicas de procedibilidad que invocan los demandantes.
Examen de las
causales generales de procedibilidad en el caso concreto
9. Relevancia constitucional de la cuestión que se
discute. La controversia sometida a consideración de la Corte reviste
importancia constitucional por cuanto está referida al derecho a la reparación
integral que asiste a las víctimas del conflicto armado y, de manera
específica, a las exigencias probatorias que deben ser satisfechas cuando se
pretende hacer valer este derecho por la vía judicial del proceso de reparación
directa que se tramita ante la jurisdicción administrativa.
10. Subsidiariedad. La decisión objeto de controversia
es una sentencia de segunda instancia, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, frente a la cual no cabe interponer ningún recurso
ordinario. Ahora bien, en la acción de tutela se formulan tres cargos, el
último de los cuales no satisface este requisito de procedibilidad, como pasará
a explicarse.
10.1. En relación con los dos primeros cargos -  (i) defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, por las exigencias probatorias
impuestas para acreditar la legitimación material respecto de los inmuebles y
algunos de los bienes muebles (vehículos y cabezas de ganado) por cuya
indemnización reclaman; (ii) defecto fáctico, por la omisión de declarar
pruebas de oficio necesarias para establecer la verdad sobre hechos que resultaron
dudosos para el juez – la Sala encuentra que su planteamiento en sede de tutela
respeta el carácter subsidiario de este mecanismo de defensa judicial. Ninguna
de estas objeciones quedan comprendidas dentro de las causales de revisión,
único mecanismo extraordinario de impugnación del que dispondrían para
controvertir la sentencia que negó sus pretensiones.[32]
10.2. La tercera de las acusaciones señala que el Consejo de
Estado incurrió en una decisión sin motivación, al no haber fundamentado la
carencia de legitimación material para obtener indemnización por los demás
bienes muebles. Al respecto es necesario remitirnos al artículo 267 del Código
Contencioso Administrativo dispone que, en los
aspectos allí no regulados, se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Ahora
bien, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, dentro de
término de ejecutoria de la sentencia, las partes pueden solicitar su adición,
cuando aquella “omita la resolución de cualquiera de los extremos de la
litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto
de pronunciamiento”.
Como lo ha señalado la Corte
en anteriores pronunciamientos, el mecanismo de la adición se orienta a
salvaguardar una garantía central del debido proceso, como es el derecho de las
partes a obtener respuesta completa y razonada a sus pretensiones, a la vez que
salvaguarda el principio de economía procesal.[33] Asimismo, este Tribunal ha
estimado improcedente la tutela contra providencias judiciales acusadas de
faltar al deber de congruencia, o de incurrir en decisión sin motivación,
cuando las partes no solicitaron al juez la adición de la providencia recurrida
en amparo. En la sentencia T-950 de 2006[34] se negó la procedencia
de la acción de tutela contra una providencia de naturaleza laboral proferida
por un Tribunal Superior, acusada de no haber dado respuesta a la petición de
reconocimiento de indexación de la primera mesada pensional, debido a que la
actora no había acudido a la adición de la sentencia, contenida en el artículo
311 de la Código de Procedimiento Civil.  En aquella oportunidad se precisó:
“[…] (N)o puede acudirse a la acción constitucional de tutela cuando
el afectado por una decisión judicial que considera incongruente con las
pretensiones, no ha agotado los mecanismos ordinarios que el sistema jurídico
ofrece con ese propósito.
La conclusión precedente no pierde validez por el hecho de que el
artículo 311 del C.P.C. autorice al juez de instancia para adicionar de oficio
la demanda, pues es claro que dicha alternativa opera cuando el funcionario
judicial se ha percatado de la omisión; por manera que si eso no ocurre, es
carga procesal del interesado solicitar el pronunciamiento aditivo de la
sentencia”.
Tal regla de decisión fue reiterada en la sentencia T-570
de 2011,[35]
para declarar improcedente la tutela interpuesta contra una providencia
judicial que negó el reintegro de una trabajadora. La causal invocada por la
tutelante sostenía que el juez laboral incurrió en decisión sin motivación,
al no haber dado respuesta a algunas de las pretensiones formuladas por la
demandante. En esta oportunidad, la Corte señaló que:
“[…] la
herramienta contenida en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil sí
constituyó un recurso judicial idóneo y eficaz para atender la presunta
vulneración de derechos fundamentales generada en el trámite de la segunda
instancia dentro del proceso ordinario laboral interpuesto por la señora
Fabiola Muñoz de Erazo contra Comfacauca.  En efecto, a través de la adición la
actora bien pudo haber planteado la “omisión” indicada […] señalando las
razones por las cuales consideraba que el fuero circunstancial hacía parte del
recurso y precisando que la sustentación era suficiente para que fuera atendida
por el Tribunal […]”.
Bajo estas
condiciones y atendiendo que no se evidencia la existencia de un evento que
logre justificar la ausencia de la presentación de la solicitud de adición de
la sentencia de segunda instancia, la Sala concluye, al igual que las Salas de
Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el amparo
interpuesto por la señora Fabiola Muñoz de Erazo no cumple con el segundo
requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales lo que, de conformidad con la jurisprudencia anotada, en especial la
sentencia C-590 de 2005, impide que se hagan más consideraciones sobre el
caso.”
En definitiva, cuando a través de
la acción de tutela se pretende impugnar una providencia judicial en la que se
adoptan determinaciones que, a juicio del accionante, carecen de motivación, es
deber del juez constitucional verificar si la parte interesada previamente
solicitó la aclaración de la sentencia ante el juez que la profirió y, de
haberlo omitido, si media alguna circunstancia que así lo justifique. De lo
contrario, la acción de tutela se torna improcedente por no haber sido agotados
todos los mecanismos de defensa judicial.
Examinado el presente caso, la
Sala encuentra que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la
aplicabilidad del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil en los
procesos que se adelantan ante la jurisdicción administrativa.[36] En ese orden de ideas, es claro que la parte
demandante contaba con este mecanismo de defensa judicial para hacer valer su
derecho a obtener una decisión debidamente motivada en lo atinente a la
legitimación en la causa para reclamar por los bienes muebles que, según
afirma, no fueron considerados en la sentencia de segunda instancia. Adicionalmente,
no había lugar a dudar sobre la idoneidad en concreto de este mecanismo de
defensa judicial, por cuanto, al plantear la solicitud de adición en el sentido
requerido por los tutelantes, se habría abierto la oportunidad para que el juez
natural del proceso expidiera una sentencia complementaria dando respuesta a
aquellos extremos del litigio que los demandantes echaban de menos.
Sin
embargo, sin que mediara ninguna justificación para ello, omitió solicitar ante
el juez natural del proceso la adición de su sentencia para, en su lugar,
plantear directamente su inconformidad con la decisión ante el juez de tutela.
Al obrar de este modo, desconoció el carácter subsidiario de este mecanismo de
defensa judicial.
En consecuencia, la Sala proseguirá el estudio de los
requisitos generales de procedibilidad en relación con los dos primeros cargos
y desestimará por improcedente el tercero, que acusa a la sentencia de ausencia
de motivación por no haber fundamentado la carencia de legitimación material
para obtener indemnización por los demás bienes muebles.
11. Inmediatez. También se satisface esta condición,
toda vez que la sentencia contra la que se dirige esta acción de tutela, proferida
el catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), fue notificada por edicto y
quedó ejecutoriada el veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013).[37] La demanda
de tutela se interpuso el treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece
(2013), con lo cual entre la fecha de ejecutoria y la presentación de la tutela
medio un lapso inferior a seis (6) meses, tiempo que la jurisprudencia
constitucional ha estimado razonable para efectos de verificar el requisito de
inmediatez.[38]
12. Que la irregularidad procesal alegada haya tenido un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.  Esta condición se encuentra
acreditada, por cuanto, los criterios de valoración, de carga de prueba y de no
variación oficiosa de la causa petendi, empleados por el Consejo de
Estado para entender no probada la legitimación material en la causa, y que a
juicio de los demandantes configuran un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, fueron determinantes para negar las pretensiones indemnizatorias de
los señores Noguera Abello.
13. Que el peticionario identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible. La primera de estas condiciones se encuentra
satisfecha, por cuanto la demanda de tutela identifica los hechos que, a juicio
de los actores, generaron la vulneración de sus derechos al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia a través de un recurso judicial efectivo
y a la reparación integral que reclaman en su condición del víctimas del
conflicto armado. Tales son: (i) la negativa a reconocer su legitimación
material en la causa, pese a que, según los actores, acreditaron su condición
de propietarios de los bienes cuya indemnización reclaman y, en todo caso, se
hallaba probada su calidad de poseedores y de víctimas del conflicto armado;
(ii) la omisión de decretar pruebas de oficio y de aplicar las reglas
probatorias contenidas en la Ley 1448 de 2011 para garantizar el derecho a la
reparación que les asiste en su condición de víctimas. El tercer motivo de
censura, relativo a la ausencia de motivación, no será considerado pues, como
ya se anticipó, tal cargo no satisface la exigencia de subsidiariedad y, por
tanto, la Corte carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre el
mismo.
Sala advierte que las dudas en torno a la prueba de la
propiedad de los bienes y el monto de los daños fueron planteadas a lo largo
del proceso, en particular durante la segunda instancia; de manera específica,
tras las decisiones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del
veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009) y del doce (12) de mayo
de dos mil once (2011), respectivamente, que improbaron los dos acuerdos
conciliatorios que fueron suscritos entre las partes durante el trámite de
segunda instancia. En este momento procesal, los demandantes en reparación
directa reiteraron sus argumentos en torno a la valoración de las pruebas,
aportaron prueba del dominio sobre uno de los inmuebles y reiteraron su derecho
a ser reparados por el ataque guerrillero del que fueron víctimas.[39]
No obstante, en relación con esto último la
sentencia de tutela objeto de revisión argumenta que la condición de víctimas
del conflicto armado y, con ello, de beneficiarios del tratamiento previsto en
la Ley 1448 de 2011 no fue alegada por los demandantes en el proceso ordinario.
Por tal razón, estimó improcedente el estudio de este cargo.  A este respecto,
la Sala precisa que la condición de víctimas del conflicto armado siempre fue
alegada por los actores dentro del proceso de reparación directa, aunque no
para derivar de ella la pretensión de que les fuera aplicada la regulación
contenida en la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, esto último encuentra
explicación en el hecho de que la mencionada ley, aunque entró en vigencia
antes de proferirse la decisión de segunda instancia, no se hallaba en vigor
para el momento en que las partes tuvieron la última oportunidad procesal para
presentar sus alegatos. Por lo anterior, la Sala encuentra procedente el estudio
de este cargo.
14. Que no se trate de sentencias de tutela. La
providencia judicial controvertida no es una sentencia de tutela, sino un fallo
de segunda instancia proferido por el máximo tribunal de lo Contencioso
Administrativo dentro de un proceso de reparación directa.
15. Dado que en el presente caso se verifican causales
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
puede la Corte entrar a decidir sobre el fondo de la controversia planteada por
los demandantes respecto de los cargos que aluden a la existencia de (i)
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las exigencias
probatorias impuestas para acreditar la legitimación material respecto de los
inmuebles y algunos de los bienes muebles (vehículos y cabezas de ganado) por
cuya indemnización reclaman; (ii) defecto fáctico, por la omisión de declarar
pruebas de oficio necesarias para establecer la verdad sobre hechos que
resultaron dudosos para el juez. El tercer motivo de censura, relativo a la
ausencia de motivación, no será considerado pues, al no cumplir el requisito de
subsidiariedad, la Corte carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre
el mismo.
Derecho de las víctimas a obtener reparación integral
a través de un recurso judicial efectivo. Reiteración de jurisprudencia
16. La jurisprudencia de
esta Corporación ha partido de una interpretación armónica de los artículos 1,
2, 29, 93, 229, y 250 de la Carta Política, así como de los lineamientos
trazados por el derecho internacional humanitario y los estándares del derecho
internacional de los derechos humanos, para fundamentar los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. [40]
17. En anteriores decisiones este Tribunal ha
precisado los componentes del derecho a la reparación integral y las diversas
vías, judiciales y administrativas, a través de las cuales tal derecho puede
hacerse efectivo. Sobre estos aspectos, ha señalado que el derecho de las víctimas a obtener una
reparación integral incorpora, entre otros elementos:
“(i) El
reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste
a las personas que han sido objeto de
violaciones de derechos humanos.
(ii) El respeto a los estándares definidos por el
derecho internacional relativos al alcance, naturaleza, modalidades y la
determinación de los beneficiarios del derecho a la reparación.
(iii) El derecho a obtener una reparación integral,
que implica para el Estado el deber de adoptar distintas medidas orientadas a
la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos
fundamentales de las víctimas. Tales medidas han de incluir cinco componentes básicos: (1)
la restitución plena, que hace referencia al restablecimiento de la
víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como
una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas
medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las
víctimas. De no ser posible tal restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación
a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado. Pero
además de éstas, la reparación integral incluye otras medidas como (3) la rehabilitación por el daño causado, mediante
la atención médica y psicológica, así como la prestación de otros servicios
sociales necesarios para esos fines; (4) la satisfacción, a través de
medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la
dignidad de las víctimas; al igual que (5) garantías de no repetición,
para asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados
sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin
de evitar que las
vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan.
(iv) El derecho a la reparación desborda
el campo de la reparación económica, e incluye además de las medidas ya
mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia. En este sentido, el derecho a la reparación incluye
tanto medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria
histórica, como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y
sancione a los responsables. Existen por tanto, una relación de conexidad e
interdependencia entre el derecho a la reparación y los derechos a la verdad y
a la justicia, de manera que no es posible garantizar la reparación sin verdad
y sin justicia.
(v) La reparación integral a las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos tiene tanto una dimensión
individual como colectiva. En su dimensión individual la reparación incluye
medidas tales como: la restitución, la indemnización y la readaptación o
rehabilitación; en su dimensión colectiva la reparación se obtiene también a
través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se
proyecten a la comunidad.
(vi) Una medida importante de reparación integral es el reconocimiento público
del crimen cometido y el reproche de tal actuación. La víctima tiene derecho a
que los actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a
partir del reproche público de dichos actos. Por consiguiente, una manera de
vulnerar de nuevo sus derechos, es la actitud dirigida a desconocer, ocultar,
mentir, minimizar o justificar los crímenes cometidos.
(vii) El ordenamiento ha previsto dos vías
principales – judicial y administrativa - para hacer efectivo el derecho a la reparación
de las víctimas individuales y colectivas de delitos en general, así como de
graves violaciones a los derechos humanos y del desplazamiento forzado en
particular. [...]”.[41]
18. La Corte ha precisado que el derecho a la
reparación integral incluye entre sus componentes el derecho a contar con un
recurso judicial efectivo, a través del cual las víctimas puedan canalizar sus
demandas de reparación. En anteriores oportunidades este Tribunal se ha
referido a los fundamentos constitucionales[42]
y al alcance de esta garantía, señalando que esta no se circunscribe al derecho
de las víctimas a participar y obtener reparación dentro del proceso penal,
sino que se proyecta igualmente en los procesos de reparación directa que se
adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativa.[43] De igual manera, ha
señalado que los mecanismos de reparación judicial no pueden ser desconocidos
en el contexto de medidas de justicia transicional; sobre esta base, declaró la
inexequibilidad de normas que sustraían de los procesos de justicia y paz la competencia para que el juez penal
decidiera sobre la reparación integral de las víctimas, para en su lugar
canalizar las demandas allí formuladas a través de la vía administrativa. [44]
19. A este respecto, en la sentencia C-286 de 2014, la
Corte se refirió a las diferencias que existen entre dos de los mecanismos de reparación
judicial previstos en el ordenamiento jurídico:
“(i) Las reparaciones por vía judicial pueden ser por vía de la
jurisdicción penal o contencioso administrativa.
(ii) La reparación dentro del proceso penal se caracteriza porque
(a) se desprende del incidente de reparación integral, que busca la
investigación y sanción de los responsables del delito, a partir del
establecimiento de la responsabilidad penal individual en cada caso en
concreto; (b) tiene efecto solo para las víctimas que acuden al proceso penal;
(c) debe demostrarse dentro del proceso la dimensión, cuantía y tipo del daño
causado; (d) debe poderse demostrar, identificar, tasar o cuantificar el daño
para poder determinar de manera proporcional e integral el monto a indemnizar a
las víctimas, así como las diferentes medidas de reparación integral, tales
como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la reparación
simbólica, las garantías de no repetición; (e) la reparación que se concede en
vía judicial penal está basada en el criterio de restitutio in integrum,
mediante el cual se pretende compensar a las víctimas en proporción al daño que
han padecido; (f) los responsables patrimoniales primordiales de la reparación
son los victimarios, y solo subsidiariamente, en caso de que el victimario no
responda, o no alcance a responder totalmente, responde subsidiariamente el
Estado; [...].
(iii) La reparación judicial por la jurisdicción contencioso
administrativa se caracteriza porque (a) debe adelantarse dentro de un
proceso de carácter contencioso administrativo; (b) se debe establecer la
responsabilidad del Estado por acción u omisión frente al daño causado a la
víctima, de conformidad con el artículo 90 CP; (c) tiene efecto solo para las
víctimas que acuden a la jurisdicción contenciosa; (d) el juez identifica tanto
los daños materiales como morales causados a la víctima por la acción u omisión
del Estado y fija el monto indemnizatorio; (d) el responsable único de la reparación
es el Estado; (e ) la reparación a través de la vía contencioso administrativa
por responsabilidad por acción u omisión del Estado se da en nuestro sistema
jurídico interno de conformidad con el artículo 90 Superior, y el Código
Contencioso Administrativo.”[45]
En la misma
decisión reiteró que la reparación por vía administrativa se caracteriza
por:
“(a) Tener el propósito de atender situaciones de violaciones graves,
masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos de manera igualitaria y
equitativa.
(b) La responsabilidad frente a la reparación administrativa se
fundamenta, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, en el artículo
2 de la CP, el cual consagra que el Estado se encuentra en calidad de garante
de los derechos fundamentales; y en la imposibilidad o falta de previsión del
ilícito por parte del Estado, lo que causa el daño a las víctimas de graves
violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
[...].
Por tanto, para esta Corporación es diáfana la diferencia
jurídico-conceptual entre la responsabilidad del Estado frente a la reparación
integral por vía administrativa que se fundamenta en el art. 2º Superior, y la
reparación por vía judicial, bien sea por la vía penal, en donde se debe
establecer la responsabilidad individual del victimario, o por la vía
contenciosa administrativa, en la cual se busca determinar la responsabilidad
del Estado para la reparación derivada del art. 90 constitucional.
(c) Las reparaciones administrativas son integrales, en cuanto están
compuestas por diferentes mecanismos de reparación como la restitución, la
compensación, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de no
repetición.
(d) No obstante lo anterior, las reparaciones administrativas no
pretenden la restitución plena o in integrum de los daños causados a las
víctimas, sino que están guiadas por el criterio o principio de equidad.
Lo anterior, en razón a que por la masividad es prácticamente imposible
determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía del daño sufrido.
Por consiguiente, mediante esta vía se fijan montos máximos de indemnización y
se prevén programas estatales de diferente índole, que buscan incluir
masivamente a las víctimas para su reparación, teniendo en cuenta la limitación
de recursos y el gran número de víctimas, buscando con ello garantizar la
igualdad de todas ellas.
(e) Por la vía administrativa existe una flexibilización de la prueba,
de manera que solo se exige una prueba sumaria, tanto de la condición de
víctima, como del daño sufrido, y llega a invertirse el principio de carga de
la prueba de la víctima al victimario, pudiendo consagrarse igualmente
presunciones legales o de derecho.
(f) A diferencia de los jueces y magistrados que llevan adelante procesos
penales o contenciosos administrativos, las reparaciones administrativas se
encuentran a cargo de autoridades de carácter administrativo. En Colombia
actualmente están a cargo la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y un Sistema de Atención y Reparación a las
Victimas de conformidad con la Ley 1448 de 2011.
(g) Debe tratarse de una vía administrativa fácil, rápida y efectiva para
las víctimas, en comparación con las vías judiciales. [...]”[46] (Énfasis añadido).
En este orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que no resulta constitucionalmente admisible privar
a las víctimas del acceso a alguna de estas vías, las cuales si bien “deben
diferenciarse y no pueden confundirse, excluirse, suprimirse o abolirse”,
al mismo tiempo “deben articularse y complementarse mutuamente”.[47]
20. Sobre esta base, la Sala procede a examinar las
disposiciones contempladas en la Ley 1448 de 2011, en particular las que atañen
al régimen de pruebas y las que regulan lo atinente a los derechos de las
víctimas dentro de los procesos de reparación directa que se adelanten ante la
jurisdicción administrativa, a fin de establecer si asiste razón a los
demandantes en tutela cuando afirman que las mismas debieron ser aplicadas para
resolver sobre la demanda de reparación directa interpuesta por los señores
Noguera Abello.
La Ley 1448 de 2011. Disposiciones en materia de
pruebas y derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales de
reparación directa.
21. La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas
constituye un cuerpo normativo de carácter especial y temporal, que responde a
un contexto de justicia transicional, en el que se disponen una serie de
medidas para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación con garantía de no repetición, para las víctimas del conflicto
armado interno, en los términos establecidos en el artículo 3º de dicha ley.[48]
Como lo ha señalado este Tribunal en anteriores
oportunidades[49],
la Ley de Víctimas es (i) una ley temporal, por cuanto su
vigencia está circunscrita a un plazo de diez (10) años, contados a partir del
10 de junio de 2011. Al mismo tiempo, se trata de (ii) una ley especial,
proferida en un contexto de justicia transicional, cuya aplicación se
circunscribe a las situaciones que quedan comprendidas dentro de su objeto
(artículo 1°) y ámbito de aplicación (artículo 2º), esto es, al conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de carácter
individual y colectivo, que allí se prevén en beneficio de las víctimas, las
cuales comprenden mecanismos de ayuda
humanitaria, atención, asistencia y reparación. La Corte ha precisado que, debido al carácter especial de esta
regulación, las normas generales que desarrollan los derechos consagrados en
esta ley no se entienden derogadas ni afectadas de ninguna otra manera por el
solo hecho de la entrada en vigencia de la Ley 1448, pues continúan plenamente
vigentes para ser aplicadas a los casos no cubiertos por estas reglas
especiales.
22. Las disposiciones de la Ley de Víctimas
están agrupadas en nueve títulos, de los cuales resultan relevantes para el
presente análisis: el Título I, que delimita el objeto y ámbito de aplicación
de la ley, así como la definición de víctima para los efectos de la misma, y
contempla los principios generales a cuya luz deben ser interpretadas las restantes
disposiciones de la ley; el Título II, que consagra los derechos de las víctimas
en los procesos judiciales; el Título IV, denominado Reparación de las
Víctimas, está compuesto por once capítulos, entre ellos el relativo a la restitución de tierras a través de procesos judiciales
(capítulo III) y los referidos a la indemnización y otras modalidades de
reparación por vía administrativa (capítulos VII a XI).
23. La Ley 1448 de 2011 consagra varias disposiciones
en materia de pruebas, así: entre los principios generales previstos en el
Título I, el artículo 5 establece una presunción de buena fe de las víctimas,
de la que se deriva la carga de aportar prueba sumaria del daño, a través de cualquier
medio legalmente aceptado, para que opere la inversión de la carga de prueba en
los proceso en que se resuelven medidas de reparación administrativa.[50]
Dentro del Título II, referido a los derechos de las
víctimas dentro de los procesos judiciales, el artículo 37 consagra el derecho de las víctimas a
ser oídas, a pedir pruebas y suministrar elementos probatorios dentro de la
actuación penal; el artículo 38 establece los principios de prueba aplicables
en casos de violencia sexual; los artículos 39 a 42 establecen reglas
especiales para la práctica de prueba testimonial en los procesos penales, a
fin de salvaguardar la seguridad, el bienestar, la privacidad y la dignidad de
las víctimas que presten declaración dentro del proceso penal.[51]
El Título IV, en el capítulo relativo a la
restitución de tierras, consagra en su artículo 77 una serie de presunciones
aplicables en dichos procesos; en el artículo 78 prevé la inversión de la carga
de la prueba en favor de las víctimas de desplazamiento forzado que acrediten
con prueba sumaria la propiedad, posesión u ocupación del predio despojado;[52]
el artículo 84 parágrafo 2º establece que en los eventos en que no pueda
aportarse a la solicitud de restitución el certificado de tradición y el avalúo
catastral del inmueble, se podrá acreditar por cualquiera de los medios de
prueba admisibles la calidad de propietario, poseedor u ocupante de las tierras objeto de restitución;
el artículo 89 señala cuáles son las pruebas admisibles en los procesos de
restitución y, en particular, lo relativo a la prueba del valor de los predios.[53]
Por último, dentro del Título V,
referido a la institucionalidad para la atención y reparación a las víctimas,
el artículo 158 reitera que dentro de las actuaciones administrativas operan
los principios de buena fe, requerimiento de pruebas sumarias y carga de la
prueba en cabeza del Estado.[54]
24. El anterior análisis permite
establecer que las disposiciones en materia de pruebas contenidas en la Ley 1448
de 2011, en particular las previstas en los artículos 5, 77, 78, 84, 89 y 158, constituyen
normas especiales cuya aplicación está prevista de manera expresa para los procedimientos
de reparación que se adelanten por vía administrativa y en los procesos
judiciales de restitución de tierras.  La Ley 1448 no extiende tal regulación a
los procesos judiciales de reparación directa que se adelantan ante la
jurisdicción contencioso administrativa; si bien esta ley introduce normas
relativas a los derechos de las víctimas en los procesos judiciales, en su mayor
parte se orientan a regular su participación en los procesos penales y de
restitución de tierras.
25. En relación
con los procesos de reparación que se adelanten ante la jurisdicción
contencioso administrativa, la Ley de Víctimas establece las siguientes reglas:
(i) el reconocimiento de la calidad de víctima en términos de dicha ley, no
implica prueba de la responsabilidad del Estado o de sus agentes en la
producción de un daño antijurídico, ni revive los términos de caducidad de la
acción de reparación directa (art. 9); (ii) la necesidad de descontar de las
condenas judiciales al Estado en materia de reparación, las sumas de dinero que
la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que constituyan
reparación (arts. 9 inciso final y 133)[55]; (iii)
la posibilidad de que la reparación administrativa se entienda realizada en el
marco de un contrato de transacción, caso en el cual el monto de la
indemnización será mayor, a cambio de precaver futuros litigios judiciales o
poner fin a pleitos pendientes (art. 132)[56];
(iv) la fijación de un monto máximo de (25) veinticinco salarios mínimos por
concepto de honorarios para los abogados que representen a las víctimas en las
acciones que intenten ante la jurisdicción contencioso administrativa (art. 44
parágrafo 1).[57]
26. El apoderado
de los demandantes plantea que las reglas en materia probatoria establecidas en
la Ley de Víctimas, en particular los artículos 5 y 78, son aplicables a los
procesos de reparación directa promovidos por las víctimas del conflicto
armado, en atención al principio pro persona (pro homine). Para
dar respuesta a este argumento es necesario precisar el contenido y alcance de
este principio interpretativo; en segundo lugar, si se verifica el presupuesto
que da lugar a su aplicación.
27. El
principio pro persona (pro homine) constituye un criterio de
interpretación que encuentra fundamento constitucional en el deber del juez de
respetar la dignidad humana (artículo 1º CP), garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículo 2º CP),
e interpretarlos de conformidad con los tratados sobre derechos humanos
ratificados por Colombia (art. 93 CP). Se encuentra además reconocido de manera
expresa en el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos[58]
y el artículo 29  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[59].
Este criterio
hermenéutico dispone que, allí donde existan dos interpretaciones posibles de
una disposición, se debe optar por aquella que más favorezca la dignidad humana
y el goce efectivo de los derechos de la persona. Así lo ha entendido este
Tribunal en decisiones anteriores, como en la sentencia C-438 de 2013, en donde
señala que el principio pro persona (también denominado pro homine) “impone
aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre
y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda
por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección,
garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales
consagrados a nivel constitucional”[60].
En esta providencia reafirmó la necesidad de dar aplicación a este
principio para zanjar a favor de las víctimas las disputas hermenéuticas que
surjan en torno a la aplicación de todos los contenidos de la Ley
de Víctimas y no sólo de los referidos a la reparación administrativa.[61]
28. El
presupuesto para dar aplicación al principio pro persona es que exista
una duda interpretativa en torno al significado de una disposición, caso
en el cual deberá optarse por aquél que resulte más favorable a los derechos de
las víctimas. En el presente caso, ello tendría lugar si existiera ambigüedad en
torno al alcance de las disposiciones cuya aplicación invoca el apoderado de
los accionantes, esto es, los artículos 5 y 78 de la Ley de Víctimas, de tal
suerte que no fuese claro si los estándares de buena fe, prueba sumaria del
daño y traslado de la carga de prueba allí establecidos, además de regir los procesos
de reparación administrativa y de restitución de tierras a población desplazada,
también fueran extensivas a los procesos judiciales de reparación directa que
adelanten las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Una tal
situación de ambigüedad se presentaría en el evento de que la atribución de
este segundo significado interpretativo a las disposiciones mencionadas
encontrara respaldo en alguno de los criterios hermenéuticos al uso. Sin
embargo, este no es el caso, como pasa a explicarse.
29. Una
interpretación literal del artículo 5 permite apreciar que esta
disposición consagra una presunción de buena fe a favor de las víctimas de las
que trata la Ley 1448, en virtud de la cual estas podrán acreditar el daño
sufrido por cualquier medio legalmente aceptado. A continuación, la misma
disposición concreta el alcance de este principio a través de las siguientes
reglas: (i) “bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante
la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la
carga de la prueba”; (ii) “(e)n los procesos en los que se resuelvan medidas
de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de
prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y
aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas”; (iii) “(e)n los procesos
judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por
lo dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley”. Esta última disposición,
contenida en el capítulo que regula de manera específica los procesos
judiciales de restitución de tierras a población despazada, señala que (iv) “(b)astará
con la prueba sumaria de la propiedad,
posesión u ocupación y el
reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la
prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o
a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de
restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados
o despojados del mismo predio”.
Se tiene
entonces que, conforme a la letra de las disposiciones invocadas por los
demandantes, los estándares de prueba sumaria, buena fe y traslado de carga de
prueba rigen los trámites que adelanten las víctimas ante las autoridades
administrativas, en particular los tendientes a obtener reparación por vía
administrativa. La única vía judicial de reparación para la que se establece
una inversión de la carga de prueba corresponde al proceso especial de
restitución de tierras a población víctima de desplazamiento o despojo,
regulado en los artículos 72 y siguientes de la Ley 1448 de 2011.  A partir de
un criterio literal de interpretación, no habría lugar a entender que aquellas
regulaciones también apliquen para los procesos judiciales de reparación
directa.
30. Tal
conclusión encuentra respaldo, además, en una lectura de las disposiciones que
consagran los estándares de buena fe, prueba sumaria e inversión de la carga de
prueba en la Ley de Víctimas, a la luz de la finalidad que con ellas se
persigue, así como de las diferencias existentes entre la reparación a las
víctimas por vía administrativa y la que tiene lugar a través del proceso
judicial de reparación directa.
A partir de las
particularidades que presentan ambas vías de reparación, sintetizadas en el
considerando 19 de esta providencia, la Sala encuentra que existen algunas diferencias
relevantes que impiden trasladar de manera automática a los procesos de
reparación directa las reglas probatorias especiales que rigen las reparaciones
por vía administrativa:
30.1. En primer
lugar, ambas modalidades de reparación tienen un fundamento constitucional diverso.
De un lado, la reparación administrativa responde al principio de solidaridad
(arts. 1 y 2 CP), que fundamenta un deber de responder ante el daño padecido
por las personas víctimas del conflicto armado, sin que tal respuesta implique
el reconocimiento de responsabilidad estatal; entretanto, la que se pretende en
los procesos judiciales de reparación directa se fundamenta en el deber estatal
de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que les sean
imputables (art. 90 CP). De ahí que la Ley 1448 de 2011 señale de manera
expresa que el reconocimiento del carácter de víctima y del daño infligido para
efectos de acceder a reparaciones administrativas no implica reconocimiento de
responsabilidad del Estado en el marco del artículo 90 superior.[62]
30.2. En segundo
lugar, las reparaciones administrativas constituyen una medida de justicia
transicional con las que se busca responder a las violaciones masivas de
derechos humanos que han tenido lugar en el contexto del conflicto armado
interno, con el propósito de poner fin a este último. Por su parte, la
reparación judicial, si bien está disponible para las víctimas del conflicto
armado, no responde a una lógica transicional. De esta diferencia se derivan,
entre otras consecuencias, que el carácter masivo de las reparaciones surtidas
por vía administrativa no permite determinar y cuantificar con exactitud el
daño sufrido por cada una de las personas a reparar; además, debido a la
limitación de recursos y el gran número de víctimas, por esta vía no se aspira
a la restitución plena o in integrum, sino se establecen montos máximos
de indemnización.[63]
A cambio de ello, se flexibilizan los estándares de prueba y la indemnización
pecuniaria se acompaña de otras modalidades de reparación, tales como las medidas
de restitución, compensación, rehabilitación y no repetición. Entretanto, en la
reparación judicial el componente indemnizatorio ocupa un lugar central y el
monto a reconocer dependerá de lo que en cada caso resulte probado en el
proceso. Es por ello que las reglas probatorias de carácter especial previstas
en la ley en relación con el primer tipo de procesos no resultan, sin más,
aplicables al segundo.
31. En
definitiva, si bien el principio interpretativo pro persona constituye
una criterio hermenéutico que en general debe orientar la aplicación de las
normas de la Ley de Víctimas, este presupone la existencia de una duda
interpretativa que, una vez planteada, debe ser resuelta a favor de aquel
entendimiento que promueva una más amplia garantía de los derechos de las
personas que han sido víctimas del conflicto armado. Sin embargo, tal
presupuesto no se verifica en el presente caso, en tanto los artículos 5 y 78
de la Ley de Víctimas no dan lugar a una lectura como la que plantean los
demandantes, en el sentido de que los estándares de buena fe, prueba sumaria y
carga de prueba allí previstos son extensibles a los procesos judiciales de
reparación directa. Al no presentarse una hipótesis de ambigüedad que imponga
al intérprete optar entre dos o más interpretaciones posibles, no tiene cabida,
por tanto la aplicación del principio pro persona.
32. Por lo
anterior, sin perjuicio del derecho de las víctimas a acceder a las medidas
especiales de justicia transicional contempladas en la Ley 1448 de 2011, las
pretensiones de reparación que aquellas formulan ante la jurisdicción contencioso
administrativa se rigen por las normas probatorias de la legislación procesal
administrativa y procesal civil que disciplinan este tipo de juicios; dichas
normas, como quedó expresado al enfatizar el carácter especial y temporal de
las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, mantienen su vigencia y
aplicabilidad para los demás casos no regulados en aquél estatuto.  Con todo,
allí donde existan dudas en torno a su significado y alcance, las disposiciones
que regulan la prueba en los procesos de reparación directa también habrán de
ser interpretadas a la luz de un criterio pro persona, en el sentido de
optimizar la garantía de los derechos de las víctimas.[64]
33. Efectuadas estas precisiones, la Sala pasará a examinar las
dos causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales que fueron invocadas por los demandantes y cumplieron
con los requisitos genéricos que habilitan a la Corte para conocer de ellas.
Convergencia de defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y defecto fáctico por omisión de valoración y práctica oficiosa de
pruebas. Reiteración de jurisprudencia.
34.  Una de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales se presenta cuando estas incurren
en un defecto procedimental. La jurisprudencia constitucional ha
distinguido dos modalidades dentro de esta causal:[65]
El defecto procedimental absoluto, que tiene lugar
cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido en el trámite de un asunto específico porque (i) sigue
un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto), o
(ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso.
De otro lado, el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en el cual incurre una autoridad judicial cuando con sus
actuaciones y decisiones desconoce el derecho de los ciudadanos de acceder a la
administración de justicia y su obligación de dar prevalencia al derecho
sustancial (artículo 228 CP). Tal defecto se presenta cuando un funcionario
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación
de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a
la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el
cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas
circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes,
siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.
En cualquiera de sus dos
modalidades, la procedencia de la tutela por defecto procedimental está sujeta
a que concurran los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya posibilidad de
corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior
se presente una vulneración a los derechos fundamentales”.[66]
35.  Por su parte, el defecto fáctico constituye otra
de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, que puede presentar dos variantes. Una dimensión negativa, que se
produce por omisiones del juez, como por ejemplo, (i) por ignorar o no
valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) por decidir sin el “apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión”;[67] (iii) por
no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo. Y una dimensión positiva, que tiene
lugar por actuaciones positivas del juez, en la que se incurre ya sea (iv)
por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión;[68]
o (v) por decidir
con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el
hecho en que se basa la providencia.[69]
36.  La jurisprudencia constitucional ha determinado que en
algunas hipótesis se presenta una convergencia entre el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico en su dimensión negativa.
Ello ocurre cuando el juez (i) omite valorar prueba documental que ha sido
aportada en copia simple, pese a haber sido conocida y no controvertida por las
partes; también cuando (ii) omite emplear su facultad probatoria de oficio para
ordenar que se alleguen los originales de documentos aportados en copia simple
o, en general, practicar pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en
el proceso y se requieren para establecer la verdad material de los hechos.
37. Un hito importante en el desarrollo de esta línea
jurisprudencial lo constituye la sentencia T-264 de 2009.[70] En aquella
oportunidad la Sala Tercera de Revisión conoció del amparo interpuesto por una
mujer, actuando en nombre propio y de sus hijos menores, quien en la misma
calidad había interpuesto demanda de responsabilidad civil contra el
propietario de un vehículo de servicio público,  para obtener la indemnización
por los perjuicios causados por el fallecimiento de su esposo y padre de sus
hijos en un accidente de tránsito. Luego de obtener un fallo favorable en
primera instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó la
sentencia y negó las pretensiones de la accionante, argumentando como principal
razón la falta de legitimidad por activa de la peticionaria, en tanto no aportó
prueba sobre la relación de parentesco con la persona fallecida en el accidente
de tránsito; sostuvo que para tal efecto no bastaba con allegar copias simples
de la sentencia penal en la que se había condenado por homicidio culposo a la
persona que conducía el vehículo.
A fin de estimar si tal decisión
había vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, en oportunidad la
Corte analizó el papel de la verdad y de las pruebas de oficio en el proceso
civil, teniendo en cuenta el carácter mixto, en parte dispositivo y en parte
inquisitivo, de este tipo de procesos. Con fundamento en dicho examen concluyó
que: “el decreto oficioso de pruebas, en materia civil, no es una atribución
o facultad potestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el
funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los
hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan
hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios
oscuros de la controversia; cuando la ley le marque un claro derrotero a
seguir; o cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad
puede apartar su decisión del sendero de la justicia material”. Al mismo
tiempo señaló que la omisión de decretar pruebas de oficio podrá ser examinada
a través de la acción de tutela, siempre que se verifiquen los requisitos
genéricos de procedibilidad y se configure alguna de las causales específicas
de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, que en este caso
pueden relacionarse con los defectos fáctico y procedimental.
Al ocuparse del caso concreto, la
Sala desestimó el primero de los cargos planteados, en el que se acusaba al
Tribunal accionado de faltar al principio de congruencia, por cuanto la legitimación
por activa, no había sido objeto de controversia por la parte que apeló la
sentencia de primera instancia. La Corte sostuvo que, en tanto la legitimación
por activa constituye un presupuesto para proferir fallo de fondo, puede ser
verificado de oficio por los falladores de primera y segunda instancia en el
proceso civil. Entretanto, declaró procedente la tutela por los cargos de
defecto fáctico y procedimental. Al respecto concluyó que, desde un punto de
vista formal, la negativa del Tribunal a dar por probada la legitimación por
activa no implicaba irregularidad alguna, pues lo cierto es que la ley
establece un medio específico para la prueba del estado civil (el registro
civil), que no podía suplirse con el aporte de las copias de una sentencia
penal en la que se había reconocido a la accionante como parte civil. Sin
embargo, desde la perspectiva de su obligación constitucional de asegurar la
prevalencia del derecho sustancial, su negativa a decretar de manera oficiosa
la práctica de una prueba que estimaba necesaria para probar la legitimación
material de la accionante, y que se encontraba insinuada de manera inequívoca
en el proceso, representaba un exceso ritual manifiesto. Al respecto señaló que
“no es lo mismo sustentar un fallo en la comprobada falta de
legitimación que en la ausencia de prueba sobre este aspecto”, máxime
cuando la existencia de esta última estaba insinuada por otros medios de prueba
y podía ser fácilmente allegada al expediente.
En consecuencia, la Corte otorgó
el amparo solicitado, para lo cual: (i) dejó sin efectos el fallo proferido por
el Tribunal accionado dentro del proceso de responsabilidad civil; (ii) ordenó
a esta autoridad judicial abrir un término probatorio adicional con el fin de
allegar las pruebas que estime necesarias para adoptar un fallo de mérito
basado en la determinación de la verdad real; (iii) cumplido el término
anterior, dictar sentencia de segunda instancia, ajustada a lo prescrito en el
artículo 228 superior, sin que haya lugar a entender que la decisión del juez
de tutela incide o determina el sentido del fallo deberá proferir el Tribunal.
38. Esta regla de decisión fue reiterada y precisada en la
sentencia T-599 de 2009[71],
en la cual la Sala Primera de Revisión tuteló los derechos de una persona a quien
le habían sido negadas sus pretensiones en un proceso de reparación directa,
promovido con ocasión de los daños que produjo en su vivienda una incursión
guerrillera. El Tribunal Administrativo falló en contra del demandante tras
considerar que no se había acreditado la responsabilidad del estado, en tanto
el documento orientado a probar este extremo había sido allegado en copia
simple  y no se había solicitado la práctica de los testimonios que de las
personas que lo suscribieron. Durante el juicio de tutela se logró establecer
que, a propósito de la misma incursión guerrillera, el Tribunal accionado había
fallado una demanda reconociendo la responsabilidad estatal. La única
diferencia entre ambos procesos, fue que en este último se había solicitado y practicado
los testimonios de quienes suscribieron el mencionado documento en el que se
probaba la responsabilidad del Estado, mientras que en el primero se había
aportado tan solo copia simple del mismo.
La Corte encontró acreditada la
configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues el
Tribunal Contencioso Administrativo demandado había omitido el decreto oficioso
de las pruebas necesarias para arribar a la verdad sobre los hechos materia de
disputa en el proceso, pese a que estaban insinuados en otros medios de
convicción y que en un proceso similar (precedente horizontal) había recurrido
a una prueba testimonial para dar certeza al contenido de documentos
presuntamente expedidos por autoridad pública, que al igual que en el trámite
objeto de esa acción de tutela, habían sido desechados por haber sido aportados
en copia simple.[72]
En consecuencia, tuteló los derechos constitucionales a la igualdad y al debido
proceso de la peticionaria, dejó sin efecto la sentencia acusada por vía
constitucional, y ordenó al Tribunal Contencioso Administrativo accionado que,
entre otras cosas, procediera a recaudar de oficio la copia auténtica del
documento que había sido allegado al expediente en copia simple por la
demandante, o a decretar y practicar oficiosamente los testimonios de las
personas que suscribieron el mencionado documento, con el fin de obtener el
reconocimiento de su contenido.
39. En la
sentencia T-654 de 2009[73],
la Sala Segunda de Revisión otorgó el amparo interpuesto por un ciudadano a
quien le fueron negadas sus pretensiones en un proceso de nulidad electoral,
por haber aportado apenas copia simple de los formularios E-10 y E-11. Esta
sentencia la Corte destacó la importancia de la facultad oficiosa del juez en
materia de pruebas en los procesos orientados a garantizar la legitimidad de
las elecciones; asimismo, reiteró la regla jurisprudencial conforme a la cual una autoridad judicial incurre en defecto fáctico cuando “a pesar de que la ley le confiere la facultad o el deber de decretar
la prueba, él no lo hace por razones que no resultan justificadas”.[74]
40. En la sentencia T-386 de
2010[75]
la Sala Sexta de Revisión decidió la tutela interpuesta por una mujer, que
actuando en nombre propio y de sus hijos menores, promovió acción de reparación
directa para reclamar la indemnización por la muerte de su compañero permanente,
un dragoneante del INPEC, quien falleció con ocasión del servicio. Un Juzgado
Administrativo de Bogotá profirió sentencia de primera instancia adversa a sus
pretensiones, que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Ambas instancias argumentaron que no se había
acreditado la legitimación material por activa, por cuanto los registros
civiles de nacimiento de los menores habían sido aportados en copia simple, y
los documentos auténticos fueron allegados de forma extemporánea, razón por la
cual las autoridades judiciales se negaron a valorarlos.
La Corte otorgó el amparo tras
encontrar que en el caso concreto ambos jueces de instancia habían incurrido en
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, a la vez que en un
defecto fáctico, por cuanto, pese a que la actora había allegado copias simples
de los registros civiles, y copias auténticas con los alegatos de conclusión en
segunda instancia, la autoridad judicial accionada “no adelantó ningún tipo de
comparación o evaluación sobre la realidad documental existente en el
expediente, que ponía de manifiesto elementos definitorios de la verdad
requerida”, y en su lugar dictó un fallo en el que se desconocían tales
evidencias. En consecuencia, ordenó al Juzgado Administrativo emitir un fallo
de fondo dando prevalencia al derecho sustancial y apreciando la totalidad de
los elementos de comprobación allegados.
41. En la sentencia T-591 de 2011[76] la Sala Novena de
Revisión concedió el amparo interpuesto por un trabajador de la construcción,
quien promovió una demanda de reparación directa para reclamar indemnización
por las lesiones físicas sufridas a raíz de un ataque contra una base militar
ocurrido cuando el actor se desplazaba por sus inmediaciones. La jurisdicción
contencioso administrativa negó sus pretensiones porque los documentos
aportados para probar las lesiones (historia clínica, oficios de entidades
oficiales, entre otros) habían sido allegados en copia simple y otros
presentados de manera extemporánea cuando el proceso se encontraba para fallo
en segunda instancia.
La Sala encontró que los
documentos aportados por el accionante mostraban la razonable posibilidad de
que las lesiones padecidas por el peticionario fueran producto de un atentado
terrorista dirigido contra las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército
Nacional, tal y como lo había asegurado el actor.  En ese orden de ideas, la
Corte concluyó que el juez contencioso administrativo debió activar su facultad
probatoria de oficio a fin de despejar las dudas que le asistían y dictar un
fallo fundado en una base fáctica cercana a la realidad material, toda vez que
la prueba de los hechos dudosos se hallaba insinuada a partir de otros
elementos probatorios obrantes en el expediente.[77]
42. En la sentencia T-113 de
2012[78]
la Sala Cuarta de Revisión decidió la tutela interpuesta por soldado
profesional que sufrió un accidente al caer de un vehículo en el que se
desplazaba con ocasión de sus funciones, y a través de una demanda de reparación
directa pretendía la indemnización por los daños sufridos. En segunda instancia
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones del
actor, bajo el argumento de que las pruebas del daño habían sido allegadas en
copia simple.
Tras examinar las disposiciones
legales relativas al valor probatorio de las copias simples, la Sala Cuarta
concluyó que “cuando la copia informal de prueba documental es de pleno
conocimiento de la contraparte sin que sea cuestionada en algún momento, total
o parcialmente su autenticidad y contenido, esta adquiere plena eficacia
jurídica para militar dentro del proceso bajo la presunción de autenticidad que
le otorga el artículo 252 del C.P.C., como quiera que el óbice para su revisión
-que se concreta en la salvaguarda del derecho de contradicción de la
contraparte- queda manifiestamente superado.”
Sobre esta base, estimó que la
providencia judicial impugnada había incurrido en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, y a la vez en un defecto fáctico, al negarse a
conferir valor probatorio a los documentos aportados en copia simple por el
actor, pese a que habían sido conocidos y no controvertidos por la contraparte,
o bien al omitir hacer uso de su facultad probatoria de oficio para ordenar que
los originales de los documentos requeridos fueran allegados al expediente. La
Corte consideró que en el caso concreto tal proceder era particularmente exigible
al juez, por cuanto el accionante dentro del proceso de reparación directa era
una persona en estado de invalidez, que tiene la calidad de sujeto de especial
protección constitucional, por estar impedida para valerse por sí misma y
acceder a una labor remunerada.[79]
43. En la sentencia T-817 de
2012[80]
la Sala Novena de Revisión otorgó el amparo solicitado por la cónyuge
supérstite de un pensionado de las fuerzas militares, por no haber aportado el
registro civil del matrimonio, pese a que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió tal decisión había sido
vinculada como litisconsorte necesario en razón de su vínculo con el causante.
La Corte concluyó que las autoridades judiciales accionadas habían incurrido en
defecto por exceso ritual manifiesto, a la vez que en un defecto fáctico por
vía negativa, al no hacer uso de la facultad de decreto oficioso de pruebas a
efectos de solicitar el registro civil de matrimonio de la accionante en
tutela, pese a que dentro del proceso contencioso había sido vinculada como
litisconsorte necesaria en calidad de cónyuge supérstite del causante, ya que
esa información resultaba de vital importancia para resolver sobre el derecho
sustancial de aquella, que además se relaciona directamente con derechos de
naturaleza constitucional. Como resultado de lo anterior, también se determinó
la ocurrencia de un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 195
del Decreto 1211 de 1990. En consecuencia, se concedió el amparo solicitado y
se ordenó dejar sin efectos las sentencias contencioso administrativas
proferidas en primera y segunda instancia, para que en su lugar, el juez de
primera instancia proceda a hacer uso de la facultad oficiosa que le asiste y,
dentro del término establecido en la ley, dicte una nueva sentencia que
resuelva el debate prestacional existente entre la compañera permanente y la
cónyuge supérstite del causante.[81]
44. En contraste con la posición
sentada por las Salas de Revisión, en la sentencia SU-226 de 2013,[82] la Sala
Plena estimó que la exigencia de aportar certificaciones en original, en lugar
de copias simples, planteada por el juez dentro de un proceso de reparación
directa, no implicaba desconocimiento del debido proceso. El actor, quien había
sido electo como Senador de la República, acudió al proceso de reparación
directa para obtener el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
por cuanto, debido a fallas en el escrutinio de las elecciones realizadas en
2002, sólo logró posesionarse en su curul en 2005. Las sentencias de primera y
segunda instancia sólo condenaron al pago de perjuicios morales, por considerar
que los perjuicios materiales no habían sido debidamente probados, en tanto se
aportó copia simple, en lugar de auténtica, de las certificaciones salariales
expedidas por el Congreso de la República. El actor interpuso acción de tutela
contra ambas providencias, alegando que habían incurrido en un defecto fáctico
por negar valor probatorio a los documentos aportados.
En esta
oportunidad la Corte Constitucional negó el amparo, por considerar que “la
exigencia de certificaciones en original, tratándose de documentos públicos en
asuntos contencioso administrativos, resulta razonable”, y las decisiones
impugnadas se fundamentaron en una interpretación admisible de las normas del
Código de Procedimiento Civil que regulan el valor probatorio de las copias,
las que además fueron declaradas exequibles por la Corte. Dos de los
integrantes de la Sala Plena salvaron su voto,[83]
argumentando que la decisión de la mayoría desconoce el precedente fijado por
la Corte en torno a la validez de las copias simples en
los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, y el deber de
emplear sus poderes oficiosos para el decreto de pruebas, a fin de asegurar en
sus decisiones la prevalencia del derecho sustancial.
45. Mientras tanto, en la sentencia T-363 de 2013,[84] la Sala
Novena de Revisión concedió el amparo interpuesto por una mujer de la tercera
edad, a quien un juez de pequeñas causas laborales, en un proceso de única
instancia, negó la solicitud de aumento de la pensión de vejez que recibía por
su difunto marido, bajo el argumento de que las declaraciones extra juicio
aportadas al proceso no fueron ratificadas de conformidad con el numeral 2° del
artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. En esta sentencia, la Corte
insistió en el especial deber que asiste a los jueces laborales, máxime cuando
actúan como única instancia, de activar su facultad oficiosa para la práctica
de pruebas, en razón de la tendencia inquisitiva de los procesos laborales, de “la
desigualdad objetiva que se presenta entre las partes” y porque estos
tienen a su cargo garantizar la efectividad de derechos de los que depende el
cumplimiento de la igualdad material y la realización de los postulados del
Estado social de derecho.[85]
46. En la
sentencia SU-915 de 2013[86]
la Sala Plena tuteló los derechos de los padres de un joven que falleció
mientras se encontraba en una dependencia policial. Los accionantes
interpusieron demanda de reparación directa, en la cual solicitaron como prueba
el traslado de las copias del expediente que contenía la investigación penal
por la muerte del joven. La prueba fue decretada y se ofició a la Fiscalía solicitando
tales documentos, sin que en su momento fueran remitidos por esta entidad. Pese
a tratarse de una prueba determinante para establecer la verdad de los hechos,
el Tribunal Administrativo omitió requerir de nuevo el expediente y se negó a
valorar la copia simple del mismo fue que aportada de manera extemporánea por
el demandante, luego de concluida la etapa probatoria y días antes de proferir
sentencia de primera instancia.
En aquella
oportunidad, la Sala Plena negó la existencia de un defecto fáctico por la
negativa a valorar la prueba documental aportada en copias simples y de manera
extemporánea. Sin embargo, concluyó que el Tribunal demandando sí había
incurrido en tal defecto, al no insistir en la práctica de una prueba que había
sido oportunamente solicitada por la parte interesada, y que era fundamental
para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación.
Sostuvo la Corte que, en el caso concreto, “la actitud esperada, en
respeto del derecho fundamental al debido proceso y a la verdad de los
demandantes, era la de proceder a requerir o solicitar nuevamente tales
documentos a la Fiscalía General de la Nación, haciendo uso de las facultades
procesales otorgadas por el legislador”.[87]
47. En la sentencia T-104 de 2014[88], la Sala Quinta de
Revisión concedió de manera transitoria el amparo interpuesto contra la
decisión de un Juzgado Civil Municipal que, en el marco de un proceso
ejecutivo, ordenó seguir adelante con la ejecución, pese a que se logró demostrar a través de dictámenes
grafológicos, expedidos por autoridades competentes, que la letra de cambio que
sirvió de origen al proceso ejecutivo singular, era falsa. La Corte consideró
que en el caso concurría un defecto fáctico con un exceso ritual manifiesto, al
omitir la práctica de la prueba insinuada en el proceso y pedida por el
demandante, consistente en solicitar al C.T.I de la Fiscalía copia
auténtica del dictamen en el que se acreditaba la falsedad de la firma del
título valor que dio origen al proceso ejecutivo. Una de las consideraciones
centrales para otorgar el amparo consistió en que la autoridad judicial no
podía desconocer que existía al menos prueba sumaria de la falsedad del título
que dio origen al litigio, razón por la cual el juez tenía el deber de
incorporar todas las pruebas necesarias para esclarecer la autenticidad de
dicho documento, a fin de evitar que el resultado de la comisión de un delito
pudiera llegar a erigirse en fuente de derechos.[89]
48. Por su parte, en la
sentencia SU-768 de 2014[90]
la Sala Plena tuteló los derechos fundamentales de un ciudadano belga, quien
acudió en demanda de reparación directa para solicitar indemnización por los
perjuicios causados a raíz de la desaparición de un barco de su propiedad, que
constituía su única fuente de sustento; daño que el actor imputaba a una serie
de decisiones judiciales y administrativas a su juicio erradas. El Consejo de
Estado desestimó sus pretensiones en tanto no acreditó la normatividad
hondureña bajo la cual se adquirió el dominio del bien ni su vigencia para el
caso concreto, carga que le correspondía como parte interesada.
Tras examinar los cambios acaecidos desde un modelo liberal y dispositivo
de proceso judicial, propio de un Estado Liberal, al modelo de proceso y de
juez que reclama el Estado Social de Derecho, la Corte concluyó que este último
demandaba un juez atento a la realidad de las partes y de las controversias
sometidas a su consideración y presto a evitar que las situaciones de
desigualdad material se reprodujeran dentro del sistema judicial, negando a los
más débiles el derecho de acceder a la justicia y la prevalencia del derecho
sustancial. Sobre esta base, analizó las transformaciones en
la legislación procesal civil y administrativa, para destacar la existencia de
normas que facultan al juez para la práctica de pruebas de oficio, allí donde
estas sean necesarias para establecer la verdad material y asegurar la
efectividad del derecho sustancial; asimismo, la atribución de una carga
dinámica de la prueba, conforme a la cual esta corresponde a la parte que se
encuentre en mejor situación para aportar las evidencias o esclarecer
los hechos controvertidos. En relación con la prueba del derecho extranjero,
este Tribunal concluyó que ante la imposibilidad de establecer una regla de
alcance general, y la necesidad de lograr un equilibrio entre los deberes procesales
de las partes y la competencia del juez como director del proceso, esta debía
ser decidida en cada caso, atendiendo a los criterios de relevancia, calidad de
las partes y disponibilidad de la norma.
Al examinar el caso concreto, la Sala
Plena estimó que “exigir al accionante allegar al proceso la legislación
hondureña, debidamente autenticada, sobre transmisión de la propiedad,
resultaba desproporcionado e ignoraba las capacidades y recursos de un
ciudadano extranjero, quien había perdido su única fuente de ingresos y agotado
sus ahorros tras un largo proceso judicial”. La Corte constató
que para el momento en el que el Consejo de Estado falló el recurso de
apelación, el demandante tenía más de 70 años de edad y su barco había
claudicado finalmente bajo el océano pacífico. Por tanto, consideró que “denegar
en este punto, y luego de más de 12 años que duró el proceso en conocimiento de
la Sección Tercera, la demanda de reparación por falta de prueba del derecho
extranjero constituye una vía de hecho que no solo se aparta del ordenamiento
legal colombiano sino que desconoce los principios constitucionales que abogan
por un efectivo acceso a la administración de justicia, mediante decisiones de
fondo y que consulten la realidad material, así como la protección reforzada a
los sujetos de especial consideración”.[91]
Uno de los magistrados[92]
formuló salvamento de voto a esta decisión, por estimar que las consideraciones
relativas al deber del juez en el Estado Social de Derecho y a las vicisitudes
y dificultades personales a las que se vio enfrentado el accionante no
constituían razón suficiente para relevar a la parte de la carga de la prueba,
pues tratándose de controversias de orden patrimonial, se hacía necesario demostrar
que el actor fue diligente y desplegó alguna actividad orientada a allegar la
prueba requerida.
49. La Sala Plena volvió a pronunciarse sobre el tema en la sentencia
SU-774 de 2014[93],
esta vez para otorgar el amparo interpuesto por un demandante en un proceso de
pérdida de la investidura, contra la decisión del Consejo de Estado que negó
sus pretensiones bajo el argumento de que el actor no había aportado copia
auténtica de los contratos que probaban la causal alegada. La Corte concluyó
que la providencia impugnada incurrió en un exceso ritual manifiesto, en
convergencia con un defecto fáctico, al no solicitar de oficio los originales
de documentos públicos que son allegados por las partes en copia simple. Para
fundamentar esta conclusión, la Sala consideró: (i) la facultad probatoria de
oficio que asiste al juez administrativo, particularmente cuando conoce de
acciones públicas, como en este caso lo es la de pérdida de la investidura[94]; (ii) la
jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, conforme a la cual se admite el
valor probatorio de los documentos aportados en copias simples cuando su
autenticidad no ha sido cuestionada por la contraparte[95].
En esta decisión, la Sala Plena tomó distancia de la regla
jurisprudencial contenida en la sentencia SU-226 de 2013[96], según la cual no se
configuraba defecto alguno cuando los jueces se negaban a valorar copias
simples, en aquellos eventos en los que era exigible copia auténtica; en su
lugar, acogió el criterio que ya venía siendo empleado por las Salas de
Revisión, para concluir que: “se vulneran los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia cuando los jueces
contencioso administrativos, a pesar de contar con copias simples de documentos
públicos que sustentan las pretensiones de las demandas o de las excepciones, y
de los cuales se puede inferir razonablemente la ocurrencia de los hechos
alegados, no acuden a sus facultades oficiosas para solicitar los originales de
los mismos con el fin de alcanzar la verdad procesal, resolver de fondo la
controversia y garantizar el correcto funcionamiento de la Administración
Pública”. No obstante, precisó que “(e)xigir
esta actuación en nada afecta la autonomía judicial para la valoración
probatoria toda vez que el hecho de que solicite pruebas de oficio, en
particular originales de documentos públicos, no implica necesariamente que se
le otorgue pleno valor probatorio a estos”.[97]
Dos de los magistrados se apartaron de la nueva línea trazada
en la sentencia SU-774 de 2014[98]
(ya citada) al considerar que la decisión del Consejo de Estado había sido
proferida en desarrollo de la jurisprudencia en vigor para el momento de su
expedición y en aplicación de normas legales válidas, razón por la cual no
había lugar a estimar la ocurrencia de los defectos fáctico y procedimental que
se le atribuyen, ni a aplicar retroactivamente una subregla
jurisprudencial en contra de una persona inmersa en un trámite sancionatorio[99].
50. Del anterior recuento se concluye que, conforme a la jurisprudencia
constitucional vigente, se presenta una convergencia entre defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico en su dimensión
negativa en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial (i) omite
valorar la prueba documental que ha sido aportada en copia simple, pese a haber
sido conocida y no controvertida por las partes; también cuando (ii) no emplea
su facultad inquisitiva para ordenar que se alleguen los originales de
documentos aportados en copia simple o, en general, para practicar pruebas que
han sido solicitadas o están insinuadas en el proceso y se requieren para
establecer la verdad material.
Ha señalado además que el uso de esta facultad probatoria de
oficio adquiere particular relieve tratándose de procesos (i) de única
instancia[100];
(ii) en los que se evidencian dificultades para que las partes interesadas
aporten la prueba que el fallador estima necesaria, sea por tratarse de
personas en situación de debilidad manifiesta[101] o por no encontrarse en
su poder la prueba requerida[102];
(iii) se trata de acciones públicas orientadas a salvaguardar la legitimidad de
procesos electorales o la efectividad de derechos políticos.[103] Al mismo tiempo ha
enfatizado que (iv) la facultad probatoria de oficio no puede emplearse para
suplir la negligencia de las partes.[104]
En tal sentido, en todos los casos en los que el amparo fue otorgado se había
constatado que las partes, o bien habían solicitado la práctica de la prueba
que la autoridad judicial estimaba decisiva para fallar a su favor[105], o
habían aportado copias simples u otros medios de prueba que insinuaban de
manera directa su existencia.[106]
Sólo en una oportunidad se concedió el amparo pese a no estar acreditada de
manera fehaciente la diligencia del solicitante, en un caso en el que se
discutía la carga de prueba del derecho extranjero y se estimó que, por las
particulares circunstancias de vulnerabilidad del actor, no estaba en
condiciones de asumirla.[107]
51. Adicionalmente, al adoptar la decisión sobre la práctica
oficiosa de pruebas que estima necesarias para acreditar hechos relevantes, el
juez debe atender a los deberes constitucionales que le impone el mandato de
hacer prevalecer el derecho sustancial (art. 228 CP) y a la vez garantizar la
imparcialidad en el ejercicio de la función judicial, en tanto de ella depende
la efectividad del derecho de acceso de toda persona a la administración de
justicia en igualdad de condiciones (arts. 13, 228 y 229 CP). Lo anterior se
traduce, en el plano legal, en el deber del juez de lograr un equilibrio en la
aplicación de las normas que establecen la carga de prueba en cabeza de las
partes[108]
y las que le confieren, en tanto director del proceso, la facultad para
decretar la práctica oficiosa de pruebas.[109]
La aplicación armónica de este conjunto normativo demanda al juez establecer
bajo qué circunstancias le es dado hacer uso de su facultad inquisitiva para
ordenar la práctica de pruebas, sin que ello implique relevar a las partes de
sus cargas probatorias o romper el equilibrio procesal entre ellas.
52. Un examen atento de la jurisprudencia constitucional
permite concluir que la necesidad de allegar un determinado medio de prueba
para lograr establecer la verdad material es condición necesaria, pero no
suficiente, para que le sea constitucionalmente exigido al juez activar su
facultad probatoria de oficio. Además de lo anterior, es preciso constatar que
la parte interesada ha realizado algún esfuerzo para acreditar los hechos cuya
prueba le corresponde, o bien se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad
tales que no está en condiciones de satisfacer la carga probatoria a su cargo.
De igual manera, es relevante distinguir dos situaciones: (i)
aquellos casos en los cuales el juez omitió hacer uso de su facultad probatoria
oficiosa para decretar pruebas que estimaba necesarias para acreditar hechos
relevantes, pero que no eran objeto de discusión entre las partes; de
otro lado, (ii) eventos en los cuales el juez omitió hacer uso de su facultad
probatoria de oficio para decretar pruebas que consideraba necesarias, en
relación con hechos sobre los que existía controversia entre las partes.
Ambos supuestos son disímiles, puesto que en el primer supuesto
la intervención oficiosa del juez no implica el riesgo de alterar el equilibrio
procesal, por cuanto se orienta a establecer un hecho que el juez estima
relevante para proferir una decisión ajustada a la verdad y al derecho, pero
que no recae sobre una premisa fáctica cuya verdad es disputada por las partes.
En el segundo caso, por existir controversia respecto a dicha verdad, el juez debe
tener más cautela con el uso de sus poderes oficiosos, pues salvo que se
requiera su intervención para equilibrar la relación entre partes que está en
situaciones de desigualdad material, o para allegar pruebas que la parte
interesada está en imposibilidad o tiene serias dificultades para aportar, en
este tipo de circunstancias el decreto oficioso de pruebas puede terminar por
suplir la carga de prueba que le incumbe a las partes y, por tanto, a romper el
equilibrio entre ellas.
La Corte ha conferido relevancia a esta distinción. Así, en
algunos de los casos en los que estimó procedente el amparo, la prueba que
echaba de menos el juez versaba sobre hechos o calidades procesales que no eran
objeto de controversia entre las partes.[110]
En otras oportunidades, ha destacado que el deber de conferir valor probatorio
a los documentos aportados en copia simple se condiciona a que estos hayan sido
conocidos y no controvertidos por la contraparte.[111] Entretanto, allí donde
la Corte ha estimado constitucionalmente obligatorio para el juez hacer uso de
sus facultades probatorias de oficio, para elucidar la verdad sobre hechos controvertidos
dentro del proceso ordinario, se estaba en frente de casos en los que la parte
interesada en la práctica de la prueba la había solicitado y la autoridad
judicial había omitido o no había insistido en su práctica[112], o bien de eventos en
los cuales la parte concernida era un sujeto de especial protección
constitucional y, además, había desplegado alguna actividad para cumplir con su
carga probatoria, al allegar copias simples u otro tipo de medios de prueba que
insinuaban la existencia de la prueba requerida.[113]
53. En ese orden de ideas, el uso
de la facultad oficiosa para ordenar la práctica de pruebas necesarias para
establecer la verdad material y, con ello, acercarse a un fallo en el que
prevalezca el derecho sustantivo (art. 228 CP) no entra en colisión con otros
principios constitucionales allí donde se ejercita para obtener prueba de
hechos que el juez estima relevantes pero sobre los cuales no ha existido
controversia entre las partes al interior del proceso, pues afirmación de su
verdad por la parte interesada no ha sido controvertida por la opositora. En
cambio, allí donde tales hechos forman parte del litigio, la decisión respecto
del uso de la facultad inquisitiva requiere del juez ponderar la tensión que en
este caso se plantea entre el imperativo de dar prevalencia al derecho
sustantivo (art. 228 CP) y, de otro lado, el de no alterar el equilibrio
procesal entre las partes a fin de garantizar su derecho a recibir un trato
igual en lo que respecta a la exigencia del cumplimiento de sus deberes y
cargas procesales (art. 13 y 229 CP). En tales eventos, la decisión del juez de
intervenir para solicitar de oficio la prueba que le correspondería aportar a
una de las partes se encuentra justificada cuando esta se encuentra en
situación de indefensión o en condiciones de debilidad manifiesta, o cuando la
parte concernida enfrenta obstáculos demostrables para cumplir con su carga
probatoria, pero ha mostrado una actitud diligente dentro del proceso (vgr.
aportando de otros medios de prueba para acreditar el hecho, poniendo en
conocimiento del juez su dificultad para aportar la prueba requerida,
solicitando su práctica, entre otros). Bajo estas circunstancias, la
intervención del juez, en lugar de alterar el equilibrio procesal entre las
partes, se orienta a garantizarlo, en tanto se orienta a remover los obstáculos
para que la igualdad entre las partes sea real y efectiva (art. 13 CP).
Al contrario, no podrá imputarse
defecto alguno a la decisión del juez de abstenerse de emplear su facultad
probatoria oficiosa para relevar a las partes de cumplimiento de sus cargas,
allí donde no exista una justificación de orden constitucional para obrar en
tal sentido. Como lo ha señalado esta Corporación en decisiones anteriores, “se
asume y demanda del juez una actitud más oficiosa y activa en aquellos casos en
los que la tutela la invoca un sujeto de especial protección constitucional o
una persona que, por sus particulares circunstancias, ve limitado sus derechos
de defensa. De igual forma, el juez no puede desempeñar el mismo papel si el
proceso, por el contrario, es adelantado por alguien que sí cuenta con todas
las posibilidades y los medios para acceder a una buena defensa judicial.”[114]
Análisis de los cargos por defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y defecto fáctico por omisión de práctica oficiosa de
pruebas
54.
Dos de los cargos formulados por los demandantes apuntan a señalar que la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, al haber negado las pretensiones formuladas
por los señores Noguera Abello en su demanda de reparación directa, bajo el
argumento de que no se probó su legitimación material por activa, porque
concurrieron al proceso en calidad de propietarios, pero no acreditaron en
debida forma el derecho de dominio sobre los bienes cuya indemnización
reclaman. Al mismo tiempo, se afirma que la autoridad judicial demandada
incurrió en un defecto fáctico al haber omitido el decreto y práctica de
pruebas de oficio para despejar dudas sobre la legitimación material de los
demandantes, pese a que, en opinión de los demandantes, era su deber hacerlo en
aplicación de las reglas especiales en materia de prueba establecidas en la Ley
1448 de 2011.
Los
demandantes fundamentan su acusación sobre las siguientes premisas:
54.1. A partir de la aplicación de una serie de formalidades,
la autoridad judicial accionada negó que los señores Noguera Abello fuesen los
propietarios de los predios “La Nena o El Tres” y “Los Campanos”, descartando
así su legitimación en la causa para reclamar por los daños ocasionados a tales
bienes, pese a que en relación con el primero de estos predios, que según los
demandantes sufrió la mayor parte de los daños, fue aportada una escritura
pública y una constancia de registro expedida por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Fundación (Magdalena).[115] Señalan los actores que
la exigencia de probar su condición de propietarios aportando la escritura
pública y el folio de matrícula inmobiliaria representaba una carga
especialmente gravosa teniendo en cuenta: (i) las amenazas de las que eran
objeto para la época por parte de los grupos armados ilegales que operaban en
la zona, en particular de la guerrilla de las FARC, circunstancia que les
impedía desplazarse a la oficina de registro de instrumentos públicos de
Fundación; (ii) la gran informalidad en la titulación de la tierra que para
entonces e incluso en la actualidad se presenta en muchas zonas del país. [116]
54.2. Tras desconocer su condición de propietarios de los
predios “La Nena o El Tres” y “Los Campanos”, la Sección Tercera del Consejo de
Estado no admitió la legitimación en la causa de los demandantes en su calidad
de poseedores de los bienes inmuebles en cuestión, afectando así su derecho a
la reparación integral. Para reconocer la legitimación material por activa
basta probar la existencia de una conexión entre la persona que demanda y los hechos
que motivaron el litigio, la cual se hallaba establecida en el proceso, por
cuanto existía prueba de la posesión y explotación económica por parte de los
demandantes respecto de los bienes afectados. Adicionalmente, en aplicación del
principio iura novit curia era deber del juez interpretar, precisar y
modificar el derecho aplicable para garantizar el acceso a la reparación
integral de los demandantes, habida cuenta de su condición de víctimas del
conflicto armado.[117]
54.3. En la sentencia de segunda instancia se descartó la condición
de propietarios respecto de los bienes muebles afectados, pese a que en
relación con este tipo de bienes la posesión es prueba suficiente de la
propiedad. Señalan los demandantes que ellos ejercían la posesión sobre estos
bienes a través de su padre, Rafael Noguera Aarón, quien se desempeñaba como
administrador de las fincas, debido a que para la época de los hechos los
accionantes eran menores de edad.[118]
54.4. La Corporación accionada tenía el deber de reconocer la
legitimación por activa de los accionantes, en aplicación de los estándares en
materia de prueba consagrados en la Ley 1448 de 2011, los cuales imponen
presumir la buena fe de las víctimas y reconocer su condición a partir de pruebas
sumarias. En su defecto, ante las dudas que albergaba en torno a la
legitimación por activa, le correspondía decretar las pruebas de oficio
necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no sólo en atención a los
precedentes fijados por la Corte Constitucional, sino además porque en las
reclamaciones presentadas por las víctimas del conflicto armado la carga de
prueba se traslada al Estado.[119]
55. La Sala efectuará el análisis de la providencia objeto de
impugnación a la luz de cada uno de los cuatro motivos de censura antes
identificados, a fin de establecer si, con fundamento en la jurisprudencia
decantada por esta Corporación, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos procedimental y fáctico alegados por los demandantes.
Sobre la prueba del dominio de los predios por cuya
indemnización se reclama
56. En relación con el primero de estos argumentos, el
razonamiento expuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado para negar
que los demandantes haya probado su legitimación por activa respecto de los
inmuebles se sustenta en las siguientes premisas: (i) los demandantes
concurrieron al proceso invocando la condición de propietarios de los
predios “El Tres o la Nena” y “Los Campanos¨”, y en tal calidad solicitaron la
indemnización por los perjuicios ocasionados con la incursión armada por el
hurto y destrucción de los bienes de su propiedad que allí se encontraban. (ii)
Los demandantes no aportaron al proceso contencioso ningún documento dirigido a
probar la propiedad del predio “Los Campanos” y, en relación con la finca “El
Tres o la Nena”, sólo se aportó prueba de la escritura pública de compraventa
No. 401 del 10 de marzo de 1986. (iii) Según el derecho colombiano, para probar
el dominio sobre bienes inmuebles no basta acreditar el título, en este caso la
escritura de compraventa, sino que es necesario allegar el modo, esto es, la
constancia de la tradición, a través de la inscripción del título
correspondiente en el registro de instrumentos públicos. (iv) No se acreditó
que la escritura pública No. 401 del 10 de marzo de 1986, donde consta la
compraventa del predio “El Tres o la Nena”, haya sido inscrita en el folio de
matrícula inmobiliaria correspondiente; la boleta de registro aportada por los
demandantes permite establecer que se fijó un turno para registro, pero no que
este correspondiese a la mencionada escritura, por cuanto aquella hace
referencia a la matrícula No. 225-0004073, mientras que en el contenido de la
escritura se indica que en el libro de catastro el predio objeto de venta
aparecía inscrito bajo el número 00-02-001-0019.[120] (v) El certificado de
tradición allegado al proceso en la audiencia de conciliación realizada el 27 de
mayo de 2010, durante el trámite de segunda instancia y cuando ya había
finalizado el período probatorio, no puede ser valorado por ser abiertamente
extemporáneo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 174, 177 y 183 del
Código de Procedimiento Civil.[121]
57. La Sala encuentra que la argumentación expuesta por la
Sección Tercera del Consejo de Estado para no dar por probada la propiedad y
con ello, la legitimación material de los accionantes para reclamar indemnización
sobre los inmuebles “El Tres o la Nena” y “Los Campanos”, no incurre en el
exceso ritual manifiesto del que le acusan los demandantes, en tanto se trata
de una conclusión debidamente sustentada en los elementos de prueba que se
hallaban en el expediente, en una razonable interpretación de las normas
relativas a la prueba del dominio sobre los bienes inmuebles y además respondía
al criterio jurisprudencial mantenido por dicha Corporación en casos similares.
58. En efecto, los demandantes concurrieron al proceso de
reparación directa a solicitar indemnización por los daños de que fueron objeto
los dos predios antes mencionados, invocando para ello su condición de
propietarios. Así consta en el primero de los hechos de la demanda, donde su
apoderado afirma:
“1.- Mis mandantes señores RAFAEL ENRIQUE NOGUERA ABELLO,
y JOSÉ RAFAEL NOGUERA ABELLO, adquirieron las finas La Nena ó El Tres, y Los
Cámpanos así:
Por escritura pública número 401 de Marzo 10 de 1986, de
la NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SANTA MARTA, registrada en la oficina de
instrumentos públicos de Fundación folio número 225-000-4073, del 31 de Marzo
de 1986, La Nena o El Tres.
Y la finca Los Cámpanos por escritura pública número
1.591, de Diciembre 14 de 1987, de la NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SANTA
MARTA, registrada en la oficina de instrumentos públicos de fundación, bajo
matrícula inmobiliaria número 225-0005829, de fecha 17 de agosto de 1998.”[122]
59. Asimismo, está probado que la pretensión indemnizatoria
no se circunscribe al primero de los inmuebles mencionados, como se sugiere en
el escrito de tutela, sino que se reclamaba por ambos predios. Así, consta en
la pretensión primera de la demanda de reparación directa,[123] a su vez respaldada en
las afirmaciones efectuadas en el hecho segundo, donde se dice que los
inmuebles “El Tres o la Nena” y “Los Campanos” se encontraban englobados de
hecho, en una extensión aproximada de 900 hectáreas y describen su capacidad
productiva para la época en que tuvo lugar el ataque de la guerrilla[124]; en
el hecho sexto se indica que los integrantes del grupo subversivo “incursionaron
en las fincas Los Cámpanos y El Tres ó La Nena, arrasando incendiando y
destruyendo con bombas las instalaciones de las fincas con todos sus
implementos de trabajo necesario para la explotación de la misma […]”;[125] el
hecho once reitera que ambos inmuebles fueron saqueados, incendiados y
destruidos, razón por la cual los demandantes y sus trabajadores se vieron en
la obligación de abandonarlas;[126]
en los hechos catorce y quince se señala que para el avalúo de los daños
efectuado por los peritos fueron tenidas en cuenta ambas fincas.[127]
60. Aunque en la demanda se detalla el número de las
escrituras públicas que constituyen los títulos de adquisición de ambos
predios, y se afirma que las mismas fueron registradas en los folios de
matrícula inmobiliaria correspondientes, sólo se aporta como prueba: (i) copia
auténtica de la escritura pública No. 401 del 10 de marzo de 1986 de la Notaría
Segunda del Círculo de Santa Marta, donde consta que la señora Leonor Abello de
Noguera, madre de los accionantes, adquirió del señor Elías Duarte Rueda el
predio La Nena (antes denominado El Tres), de una extensión aproximada de 447
hectáreas, para sus hijos menores José Rafael y Rafael Enrique Noguera Abello;[128] (ii)
copia auténtica de un sello impreso por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Fundación, en el que consta que el 31 de marzo de 1986 se asignó un
turno para registro en el folio de matrícula inmobiliaria No. 225-0004073.[129]
61. Ni en la demanda, ni en las demás intervenciones de la
parte actora dentro del proceso de reparación directa, se explican las razones
por las cuales no se allegó la constancia de la inscripción del mencionado
título en el folio de matrícula inmobiliaria, ni por qué no fue aportado el
título de adquisición del predio “Los Campanos” y su correspondiente registro;
al contrario, estos se relacionan dentro del acápite de pruebas anexadas a la
demanda,[130]
pero no fueron aportados con la misma ni dentro de las demás oportunidades
procesales previstas para el efecto. Tampoco se solicitó al juez administrativo
que dispusiera la práctica de dichas pruebas, ante la dificultad para acceder a
las dependencias donde constaban tales documentos, hoy alegada por los
demandantes en tutela, pero sobre la que en su momento guardaron silencio
dentro del proceso de reparación directa.
62. Sin embargo, la propiedad sobre los mencionados inmuebles
fue un hecho controvertido desde el inicio del proceso. Así, en el escrito de
contestación a la demanda, el apoderado del Ejército Nacional, en relación con
el hecho primero (donde se afirma la propiedad sobre los predios) señala que
este “debe probarse”.[131]
Ya en los alegatos de conclusión, previos a la decisión de primera instancia,
el apoderado de esta misma entidad manifiesta que “(p)ese a lo voluminoso
del expediente este es huérfano en pruebas. Es evidente que si los actores
alegaban daños en sus posesiones tales como destrucción de sus casas, muerte de
semovientes, quema de bienes, vehículos y otros elementos, etc., era necesario
que probaran en debida forma tales propiedades. Sin embargo, esto no está
probado”.[132]
Por su parte, en la sustentación del recurso de apelación, el apoderado de la
Policía Nacional sostuvo que “la parte actora no demuestra en debida forma
la legitimidad sobre los bienes presuntamente lesionados” y, entre otras
pruebas, echa de menos el que la parte actora no haya allegado los certificados
de tradición de los predios afectados.[133]
63. La exigencia de aportar el folio de matrícula
inmobiliaria para acreditar la propiedad sobre los predios sobre los cuales se
reclamaba no implicó una actuación arbitraria o caprichosa por parte de la
autoridad judicial accionada. Antes bien, con ella se da cumplimiento a las
disposiciones del Código Civil que disciplinan la transmisión de dominio sobre
los bienes raíces, la cual requiere el otorgamiento de escritura pública y su
correspondiente inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos.[134] Por
tratarse de una solemnidad exigida por la ley, la constancia de la inscripción
en el registro como prueba de la tradición de bienes inmuebles no admite ser
suplida por testimonios u otros medios probatorios.[135]
64. Adicionalmente, la manera en que la Sección Tercera del
Consejo de Estado entendió y aplicó estas normas no se apartó de la
interpretación reiterada uso, ni de los precedentes fijados por esta
Corporación al decidir casos similares. A este respecto, en otras demandas de
reparación directa en las que se pretendía el pago de indemnización por daños a
bienes inmuebles, producidos con ocasión de ataques de grupos guerrilleros, la
entidad accionada ha condicionado la prosperidad de las pretensiones a que se
acredite el dominio sobre los bienes, a través de la prueba del título y del
modo de adquisición, allí donde los demandantes han sustentado su legitimación
por activa invocando la calidad de propietarios.[136]
65. La determinación adoptada por el Consejo de Estado al
negar que la boleta de registro aportada por los demandantes valía como prueba
de la tradición del predio “El Tres o la Nena” y suplía la necesidad de aportar
el folio de matrícula con la inscripción del título correspondiente, tampoco es
indicativa de un exceso ritual manifiesto. Como lo señala la Corporación
demandada, y lo reconocen los propios accionantes en su escrito de tutela,[137] tal
documento no permitía establecer, por sí mismo, que el turno de registro
correspondiera a la escritura pública No. 401 de 10 de marzo de 1986, por la
cual se efectuó la compraventa del inmueble en mención. Lo anterior, sumado a
la carencia de toda explicación por parte de los demandantes, al interior del
proceso de reparación directa, sobre las razones por las cuales no se satisfizo
la carga de aportar el folio de registro correspondiente, lleva a concluir que
en el caso concreto el Tribunal accionado no se hallaba frente a alguna razón
que ameritara variar el estándar probatorio previsto en la ley y requerido en
casos anteriores.
66. Tampoco incurrió el tribunal accionado en un exceso
ritual manifiesto al negarse a valorar el folio de matrícula inmobiliaria que
fuera finalmente allegado por el apoderado de los demandantes el 27 de mayo de
2010, en la segunda audiencia de conciliación que tuvo lugar dentro del trámite
de segunda instancia.[138]
El Consejo de Estado argumentó su negativa a valorar la prueba en razón de su
manifiesta extemporaneidad, toda vez que, conforme al artículo 174 del Código
de Procedimiento Civil,“(t)oda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso”; asimismo, la autoridad
accionada recordó que, según el artículo 183 del mismo estatuto “(p)ara que
sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para
ello en este Código”.
En el presente caso, durante
el trámite en primera instancia del proceso de reparación directa, el Tribunal
Administrativo del Magdalena abrió a pruebas el proceso mediante auto del
veintidós (22) de marzo de dos mil uno (2001),[139]
ordenando tener como tales los documentos aportados por la parte demandante, en
cuanto ofrecieran valor probatorio y disponiendo la práctica de las pruebas que
los accionantes solicitaron en su demanda,[140] al igual que las pedidas por la
Policía Nacional y el Ejército Nacional en los escritos de contestación. El
veinticinco (25) de abril de dos mil dos (2002) el proceso fue remitido al
despacho de la magistrada sustanciadora, informando que el término probatorio
se encontraba vencido.[141]
El treinta y uno (31) de octubre de dos mil tres (2003), la magistrada
sustanciadora, en ejercicio de su facultad probatoria de oficio, dispuso la
práctica de varias pruebas[142].
Luego aparece una constancia, sin fecha, en la que se informa la remisión del
expediente al despacho de la ponente, señalando que “ya se encuentran
practicadas todas las pruebas decretadas antes de fallar”.[143]
Una vez expedida la sentencia de primera instancia el doce (12) de marzo de dos
mil cuatro (2004) y apelada por las entidades demandadas, estas no solicitaron
pruebas en la sustentación del recurso,[144] como tampoco lo hizo el
apoderado de los demandantes en el escrito presentado el quince (15) de febrero
de dos mil cinco (2005), en el que refuta los argumentos expuestos por la
contraparte al sustentar el recurso de apelación.[145] Lo
anterior determinó que, durante el trámite de segunda instancia, no se
decretara la práctica de pruebas conforme a lo establecido en el artículo 214
del Código Contencioso Administrativo.[146]
Tan sólo el día veintisiete
(27) de mayo de dos mil diez (2010), en el marco de la última de las audiencias
de conciliación practicadas durante el proceso, y cuando previamente había sido
negado por la Sección Tercera del Consejo de Estado un primer acuerdo
conciliatorio,[147]
el apoderado de los demandantes[148]
tuvo a bien allegar la constancia de inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria de uno de los dos predios por los cuales los señores Noguera
Abello solicitan ser indemnizados.[149]
Para la Sala es claro que, para el momento en que este documento fue aportado,
ya habían precluido todas las oportunidades de las que dispuso la parte actora
durante el proceso de reparación directa. Por tal razón, la negativa de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a conferirle valor probatorio responde a
una aplicación razonable de lo establecido en los artículos 174 y 183 de Código
de Procedimiento Civil, antes citados.
A propósito del tema, cabe
precisar que en ocasiones anteriores, la Sala Plena de la Corte Constitucional
ha descartado que la negativa a valorar pruebas aportadas de manera
extemporánea de lugar a la configuración de un exceso ritual manifiesto. Así,
en la sentencia SU-915 de 2013,[150]
analizada en el considerando 46 de esta providencia, la Corte justificó la
negativa del Tribunal Administrativo a valorar la prueba aportada en un proceso
de reparación directa luego de vencido el término probatorio y antes de
proferir sentencia de primera instancia, al señalar que “de llegarse
a admitir la prueba documental allegada de forma extemporánea, se estaría
vulnerando el derecho de defensa que le asiste a la parte demandada, pues la
misma no podría controvertirla ni pronunciarse sobre esta”. El anterior
precedente resulta aplicable al presente caso, máxime cuando en la presente
oportunidad la prueba fue aportada al finalizar el trámite, no de la primera,
sino de la segunda instancia.
67. Por último, en la acción de tutela los señores Noguera
Abello exponen dos argumentos para justificar el por qué en su momento no fueron
aportados los documentos que acreditaban la propiedad sobre los inmuebles por
cuyo daño se reclamaba en el proceso de reparación directa. En primer lugar,
señalan que las amenazas de las que eran objeto para la época por parte de los
grupos ilegales que operaban en la zona, especialmente por la guerrilla de las
FARC, les impedía a ellos o a sus trabajadores desplazarse a la oficina de
registro de instrumentos públicos de Fundación. La Sala tiene por cierta esta
afirmación, en tanto no fue controvertida por las demás partes en la tutela.
Sin embargo, no encuentra en ella una razón suficiente para justificar el
incumplimiento de la carga de prueba de la propiedad que concernía a los
demandantes. Cabe advertir que tal situación no fue obstáculo para que el apoderado
de los actores participara directamente en la práctica de otras pruebas
aportadas al proceso de reparación directa, como fue el caso de la diligencia
de inspección judicial que, como prueba anticipada, se llevó a cabo el ocho (8)
de octubre de 1999 en los predios “El Tres o la Nena” y “Los Campanos”,
localizados en jurisdicción del municipio de Fundación.[151] Lo anterior permite
inferir que, de igual manera, se hallaba a su alcance acudir a la Oficina de
Registro de Fundación a requerir el folio de matrícula inmobiliaria de los
mencionados predios o hacerlo por interpuesta persona, por cuanto se trataba de
la expedición de documentos públicos que son entregados a quien los solicite.
En segundo lugar, los tutelantes señalan que la gran
informalidad en la titulación de la tierra que para entonces e incluso en la
actualidad se presenta en muchas zonas del país, constituía un obstáculo para
aportar la prueba del dominio sobre los predios objeto de controversia. Sin
embargo, este razonamiento contrasta con lo afirmado por los propios
accionantes dentro del proceso de reparación directa donde, como quedó
expuesto, de manera expresa y detallada se refieren a los títulos y al modo de
adquisición de los inmuebles sobre los cuales reclaman. Así las cosas, en el
caso concreto, este argumento carece de toda fuerza justificatoria.
Sobre el no reconocimiento de la legitimación en la causa de
los demandantes en su calidad de poseedores de los inmuebles y/o de víctimas
del conflicto armado
68. Los actores sostienen que el Consejo de Estado incurrió
en un exceso ritual manifiesto al “imponer una única y rigurosa vía”
para acreditar la legitimación en la causa, por negarse a reconocer que ellos
satisfacían este presupuesto procesal ya no en su condición de propietarios,
sino de poseedores de los inmuebles por los cuales reclamaban. Argumentan que,
al estar probado el daño, el juez estaba obligado a variar el título de
legitimación en aplicación del principio iura novit curia y por estar en
juego el derecho a la reparación integral de personas víctimas del conflicto
armado.
69. Entretanto, la Sección Tercera del Consejo de Estado
descartó que la legitimación en la causa pudiera acreditarse en este caso a
través del análisis de la tenencia o posesión de los demandantes sobre los
bienes inmuebles, “porque ello implicaría modificar la causa petendi de la
demanda y las pretensiones de la misma, facultad que no puede ser asumida por
el Juez en razón a que son los demandantes quienes están llamados a solicitar
de la jurisdicción una respuesta frente a las circunstancias de hecho y de
derecho que ellos mismos delimiten en las demandas que someten a decisión
judicial”.[152]
70. Para dar respuesta a esta cuestión debe precisarse, en
primer lugar, que la  legitimación material por activa constituye uno de
los presupuestos para obtener sentencia favorable de fondo que debe ser probado
dentro del juicio, el cual requiere acreditar un interés directo en la
pretensión indemnizatoria. Para tal efecto, no basta probar la mera ocurrencia
del daño, sino que además es preciso establecer algún vínculo o relación, en
este caso, entre los bienes que sufrieron daño o menoscabo y la persona que
concurre al proceso a formular una pretensión resarcitoria. Sin tal vínculo, la
persona no se encuentra legitimada para percibir la indemnización a la que
llegare a condenarse en caso de encontrar satisfechos los elementos
constitutivos de la responsabilidad. Su acreditación es importante pues, de lo
contrario, bastaría probar la ocurrencia de un daño para que cualquier persona
pudiera reclamar ser resarcida por el mismo, desplazando así a quienes legítimo
derecho a ser reparados por tener una particular relación con las personas o
bienes sobre las cuales recayeron los daños.
Dicho vínculo entre el daño y la persona que reclama su
resarcimiento, según explica la doctrina, se establece a partir de los hechos expuestos
en la demanda, los cuales constituyen “la causa petendi o el título de
donde se hace emanar el derecho pretendido”.[153]
En el mismo sentido, esta Corporación ha entendido que “la causa petendi es
aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer
una concreta consecuencia jurídica”.[154]
71. Para efectos de analizar el argumento expuesto por los
accionantes, según el cual en virtud del principio iura novit curia le
es dable al juez variar el título invocado por aquellos para acreditar su
legitimación material, es necesario precisar que son ante todo los hechos
alegados por las partes los que determinan la causa petendi y, con esta,
la congruencia que debe observar el juez al momento de fallar.  A este respecto
se explica:
“Las peticiones contenidas en la demanda determinan el objeto
de las pretensiones; los hechos que las partes alegan en la demanda configuran
la causa jurídica de donde se pretende que emane el derecho para perseguir tal
objeto, que delimita exactamente el sentido y alcance de la resolución que debe
adoptarse en la sentencia. […]
En cambio, los elementos de derecho que las partes
suministran al juez […] no tienen ninguna aplicación para la materia de la
congruencia, en razón de que el juzgador mantiene una absoluta libertad en la
aplicación del derecho y las normas que lo contienen […]
Esta diferencia entre hechos y normas de derecho se explica
también porque en aquellos se contiene la causa petendi o título
jurídico invocado como la fuente de donde se quiere dedicar el derecho
presentado que, por tanto, delimita uno de los aspectos o elementos esenciales
de la pretensión […]. No es lo mismo pretender algo por una causa determinada,
que por otra; se puede tener el derecho en razón de aquella y no de esta; por
ejemplo: reclamar la propiedad de un inmueble por haberlo comprado, es
diferente a reclamarla por haberlo ganado por prescripción, y la cosa juzgada
sobre lo primero no impide sentencia de mérito y favorable sobre lo segundo.
Por ello el juez debe limitarse al examen de la causa [invocada] en los hechos,
única que el demandado ha controvertido y que es materia de resolución”.[155]
72. El principio iura novit curia, al que aluden los
tutelantes como fundamento para reclamar del juez que variase el título de
legitimación material invocado en la demanda de reparación directa, ha sido
definido por la jurisprudencia de la Corte como aquel por el cual “los
jueces tienen el deber de verificar el derecho aplicable a cada caso
concreto, sin estar atados a los errores cometidos por las partes en sus
pronunciamientos y sin que ello implique desconocer o crear los hechos
probados en el proceso”.[156]
Este Tribunal ha señalado que tal principio resulta aplicable en los procesos
de reparación directa, para variar el régimen de responsabilidad invocado por
los demandantes, por tratarse de una cuestión no de hecho sino de derecho.[157] Sin
embargo, ha dejado claro que su alcance se circunscribe a la posibilidad de
variar los fundamentos de derecho invocados por las partes, pues el juez debe
decidir con base en el derecho efectivamente aplicable al caso, pero no se
extiende a la modificación de los hechos expuestos en la demanda, en tanto son
estos los que delimitan el objeto de la controversia sometida a su
consideración.[158]
73. En ese orden de ideas, el principio iura novit curia no
faculta al juez para variar el tipo de vínculo que los demandantes alegan tener
con los bienes afectados como título que los legitima para tener derecho a ser
indemnizados, toda vez que aquel se determina con fundamento en los hechos y no
en el derecho invocado. En el presente caso, al relatar los hechos que servían
de fundamento a su pretensión resarcitoria en el proceso de reparación directa,
los demandantes invocaron su condición de propietarios de los predios “El Tres
o La Nena” y “Los Campanos”. Fue a partir de esta afirmación que las entidades
accionadas dieron respuesta y a lo largo del proceso se opusieron a las
pretensiones señalando que tal calidad no se encontraba probada. No era dado al
juez, por tanto, en aplicación del citado principio, variar de manera
intempestiva la causa petendi en la sentencia de segunda instancia que
ponía fin al proceso, para indicar que, al no existir prueba en debida forma de
la propiedad sobre los inmuebles, bastaba con reconocer su condición de poseedores,
pues con tal proceder el órgano judicial habría comprometido su deber de
congruencia y los derechos de contradicción y defensa de la parte demandada.
74. La anterior conclusión no implica desconocer la condición
de víctimas del conflicto armado que alegan los demandantes a la luz de la
definición establecida en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Sin embargo,
como quedó expresado en los considerandos 26 a 32 de esta providencia, tal
reconocimiento no supone, como sugieren los actores, que las disposiciones
especiales en materia de prueba previstas en aquella regulación para los
procesos de reparación por vía administrativa y de restitución de tierras,
puedan trasladarse sin más a los procesos de reparación directa. En particular,
no basta con invocar la calidad de víctima para pretender que, en aplicación de
los estándares de buena fe, prueba sumaria y traslado de la carga de prueba,
previstos en los artículos 5 y 78 de la citada ley, quien acude al proceso de
reparación directa pueda eximirse, sin que medie otra justificación, de la
carga de acreditar los hechos sobre los cuales funda sus pretensiones y, en
particular, su legitimación material por activa.
Por último, contrario a lo afirmado por los demandantes, el que
una persona llegue a ostentar la condición de víctima a la luz de la citada
norma no determina, per se, su legitimación material para recibir
indemnización a través de un proceso de reparación directa; como lo señala el
artículo 3 de la Ley de Víctimas, tal definición tiene por objeto delimitar la
población destinataria de los beneficios especiales contemplados en dicha
normatividad, más no relevarla de probar los presupuestos procesales que la
legitiman para obtener reparación ante la justicia contencioso administrativa.[159]
Sobre el no reconocimiento de legitimación en la causa
respecto de los vehículos y semovientes por los cuales se reclama
75. El tercer argumento expuesto por los accionantes para
sustentar la existencia de los aludidos defectos procedimental y fáctico, censura
que el Consejo de Estado haya negado su condición de propietarios respecto de
los bienes muebles afectados, pese a que en relación con este tipo de bienes la
posesión es prueba suficiente de la propiedad. En particular, acusan un exceso
rigor manifiesto en lo que respecta a la valoración de las pruebas que
acreditaban la propiedad de la retroexcavadora, el bulldozer y las cabezas de
ganado, en tanto el juez de segunda instancia: (i) negó la legitimación para
reclamar por los dos primeros bienes, por cuanto los demandantes “sólo
aportaron copias simples y no auténticas de la sentencia a partir de la cual
adquieren el derecho de dominio sobre la retroexcavadora y el bulldozer”[160];
(ii) no encontró acreditada la propiedad de los accionantes sobre los
semovientes hurtados, teniendo como único fundamento que las facturas aportadas
al proceso daban cuenta de que el señor Rafael Noguera Aarón aparecía como
comprador de estos bienes, desconociendo que dichas transacciones las hizo en
su condición de administrador general de las fincas y a nombre y por cuenta de
los hermanos Noguera Abello, quienes para la época eran menores de edad y
residían en Bogotá; (iii) desconoció que a través de múltiples medios de prueba
se encontraba acreditada la posesión sobre este grupo de bienes muebles, la
cual lleva a presumir la propiedad, conforme lo determina el artículo 762 del
Código Civil.[161]
76. En relación con la prueba de la propiedad sobre la
retroexcavadora y el bulldozer, la sentencia impugnada dice lo siguiente:
“[…] al expediente se allegaron copias auténticas
parciales de dos providencias, las cuales no tienen ninguna aptitud
probatoria, precisamente por estar incompletas, y de las que sólo puede
extraerse que el señor Manuel Quinto de Luque formuló ante el Juzgado Civil del
Circuito de Ciénaga, Magdalena, una demanda de prescripción adquisitiva de
dominio, tendiente a usucapir un ‘Bulldozer Caterpillar’ y una ‘Retroexcavadora
JCB’[162],
además, que el Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Civil Laboral, confirmó
una sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Ciénaga el 24 de
septiembre de 1986, sin que se conozca la clase de proceso ni las partes
involucradas en la litis, ya que en el plenario sólo reposa la página
correspondiente a la parte resolutiva de esta providencia[163]”. (Énfasis
añadido).
El pasaje transcrito confirma que la razón que determinó que el
Consejo de Estado no encontrase probada la propiedad sobre la retroexcavadora y
el bulldozer no era, como lo afirman los tutelantes, que las providencias
judiciales que presentaron como título de adquisición se hubiesen allegado en
copia simple. El juzgador señaló de manera expresa que las copias eran
auténticas; sin embargo, lo que llevó a restarles mérito probatorio respecto de
la propiedad sobre dichos vehículos fue:
76.1. Que las copias, aunque auténticas, estuvieran
incompletas, como en efecto se constata, toda vez que de la sentencia No. 46
del Juzgado Civil del Circuito de Ciénaga sólo se anexan las cuatro primeras
páginas, que corresponden a los antecedentes y a un fragmento de las
consideraciones, sin incluir la parte resolutiva.[164] Entretanto, de la
providencia expedida por el Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Civil –
Laboral, sólo consta la última página, en la que consta que se confirma la
sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Ciénaga, el día 24 de
septiembre de 1986.
76.2. Que el fragmento aportado de la primera de estas
providencias señala que el señor Manuel Quinto de Luque formuló ante el Juzgado
Civil del Circuito de Ciénaga demanda de prescripción adquisitiva sobre un
bulldozer y una retroexcavadora, sin que de ello se infiera el resultado de la
decisión adoptada por dicha autoridad judicial, ni prueba alguna de la
propiedad de los señores Noguera Abello sobre los bienes que el señor Quinto de
Luque pretendía adquirir por usucapión.
Así las cosas, la Corte concluye que, al razonar de este modo
e inferir que la prueba documental aportada no certificaba la propiedad del
bulldozer y la retroexcavadora, la Sección Tercera del Consejo de Estado actuó dentro
del legítimo margen de valoración probatoria que le asiste como juez natural
del proceso, sin que se constate el defecto por exceso ritual manifiesto que le
atribuyen los demandantes, por cuanto no es cierto que haya descalificado la
prueba por haber sido aportada en copia simple.
77.  Sobre la prueba de la legitimación material para
reclamar indemnización sobre las cabezas de ganado, dice el Consejo de Estado
en uno de los considerandos de la sentencia impugnada:
“[…] tampoco se demostró la propiedad sobre los bienes
muebles que se dijo, fueron destruidos o hurtados en los mencionados predios,
pues lo que se acreditó fue que el padre de los demandantes, Rafael Noguera
Aarón, era propietario de cabezas de ganado y que se dedicaba a la actividad
comercial de compra venta y explotación en la modalidad de depósito de ganado
en participación.”[165]
A su vez, en la sentencia se admite como cierto:
“Que el señor Rafael Noguera Aarón adquirió 46 cabezas de
ganado de la Compañía Monterrey Forestal Ltda., según consta en la factura de
compraventa de ganado No. 2637 del 30 de diciembre de 1994[166].
Que el 26 de septiembre de 1996 el señor Rafael Noguera
Aarón, actuando en calidad de Depositante, suscribió con la Compañía Monterrey
Forestal Ltda., dos contratos de depósito y administración de ganado, mediante
los cuales se entregó a dicha Compañía la guarda y administración de 300
animales ‘de propiedad exclusiva del Depositante’[167]. Así
mismo, que el señor Noguera Aarón ejercía una actividad comercial relacionada
con la comercialización de ganado vacuno, tal como se evidencia con las actas
de venta de ganado de 9 de julio de 1995[168]
y las actas de liquidación de los contratos de depósito y administración de
ganado No. CO 0006[169],
CO 0005[170]
y CO 0001[171]”[172]
Y sobre la prueba de la calidad de administrador que invocan
los tutelantes, en otro lugar de la providencia se afirma:
“Frente a la autorización que aparece suscrita por la
señora Leonor Abello de Noguera[173],
allegada por el señor Rafael Noguera Aarón con su testimonio, debe señalarse
que se trata de un documento privado que sólo permite establecer un acuerdo de
voluntades entre las mencionadas personas, tendiente a indicar que el señor
Noguera asumiría la administración de las Fincas ‘la Nena’ y ‘Los Campanos’”[174]
78. A partir de lo expuesto, la Sala encuentra que, incluso
de admitirse, como lo señalan los actores, que las transacciones de ganado
efectuadas por el señor Noguera Aarón no se hicieron en nombre propio, sino en
ejercicio de la función de administrador de la hacienda La Nena, en virtud de
la autorización que le fuera conferida por la señora Leonor Abello actuando en
representación de sus hijos José Rafael y Rafael Enrique Noguera Abello, tal
circunstancia, en sí misma, no permite tener por cierto que esté acreditada la
propiedad de los accionantes sobre las cabezas de ganado que fueron hurtadas
por la guerrilla y sobre las cuales reclaman indemnización. Así, en primer
lugar, como lo advierte el Consejo de Estado, no se logró precisar el número de
semovientes sustraídos[175];
tampoco quedó establecido si las reses que fueron objeto de las transacciones
por parte del señor Noguera Aarón se encontraban efectivamente en la hacienda
que fue objeto de la incursión guerrillera, habida cuenta de que, por el
contrario aparece probado que, en ejecución de los contratos de depósito y
administración de ganado suscritos entre el padre de los accionantes y la
Compañía Monterrey Forestal Ltda., consta que se realizó la entrega de las
reses y su traslado a predios de la sociedad depositaria, al igual que varios
sacrificios y devoluciones de animales al depositante.[176] Finalmente, como lo
señaló la autoridad accionada al valorar el inventario de ganado aportado por
los demandantes, con tal documento no se logró establecer la preexistencia ni
la propiedad de los semovientes que, se dijo, estaban en los predios afectados
por el ataque armado.[177]
79. Pero además, no corresponde al juez de tutela invadir las
competencias del juez natural para apreciar el material probatorio. En esta
sede, la labor del juez constitucional debe limitarse a verificar si el
tribunal accionado incurrió en alguna de los eventos que la jurisprudencia de
este Tribunal ha identificado como constitutivos de las causales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales que se invocan en la
demanda de tutela. La Corte concluye que ello no ocurre en el presente caso,
pues del hecho de admitir, como lo hace el tribunal accionado, que (i) el señor
Rafael Noguera Aarón fungiese como administrador de la hacienda donde se afirma
tuvo lugar la incursión guerrillera, y encontrar probado (ii) que este último
efectuó operaciones de compra y depósito de ganado, no se sigue la conclusión
que plantean los accionantes, a saber, que se encuentre acreditada su propiedad
sobre el número indeterminado de cabezas de ganado que, según se afirma, fueron
hurtadas por el grupo armado que incursionó en los predios que reclaman como
suyos. En ese orden de ideas, en atención al carácter rogado de la justicia
administrativa, no correspondía al Consejo de Estado efectuar el salto
argumentativo que  proponen los accionantes y presumir como cierta una premisa
que no logró ser acreditada dentro del proceso.
Sobre el deber de decretar pruebas de oficio para resolver
dudas sobre la legitimación en la causa de los accionantes
80. El apoderado de los señores Noguera Abello sostiene que
la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico al
omitir declarar las pruebas de oficio necesarias para despejar las dudas que le
asistían en torno a la legitimación material de los demandantes en reparación
directa. Afirma que tal era el deber del juzgador, no sólo en atención a los
precedentes fijados por la Corte Constitucional,[178] sino además porque en
las reclamaciones presentadas por las víctimas del conflicto armado la carga de
prueba se traslada al Estado, en virtud de lo previsto en los artículos 5 y 78
de la Ley 1448 de 2011.[179]
De manera específica, consideran que, ante las dudas que albergaba, era deber
del juez de segunda instancia oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos de
Fundación (Magdalena) para solicitar fuera allegado el folio de matrícula
inmobiliaria en el que constara la inscripción en el registro de la escritura
pública No. 401 del 10 de marzo de 1986, por la cual se efectuó la compraventa
del predio “La Nena o El Tres”, en lugar de resolver las dudas en contra de los
demandantes, declarando no probada su propiedad sobre este inmueble.
81. Como quedó expuesto en las consideraciones precedentes,[180] la
jurisprudencia constitucional ha estimado que se presenta una convergencia
entre el exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico en su dimensión negativa
cuando el juez no emplea su facultad probatoria de oficio para practicar
pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en el proceso y se
requieren para aproximarse a la verdad material.
Sin embargo, el examen del conjunto de decisiones en las que
la Corte ha declarado procedente el amparo por esta circunstancia permitió
establecer que, aunque la necesidad de la prueba para llegar a la verdad es
condición necesaria para que el juez venga constitucionalmente obligado a
emplear sus facultades inquisitivas, ella no se erige en condición suficiente
para que surja tal deber; además, es preciso que con tal proceder no se releve
o supla de manera injustificada a las partes en su carga probatoria, a fin de
no afectar el equilibrio procesal entre ellas y, de este modo, su derecho a
recibir un trato igual por parte de la autoridad judicial.
El uso de la facultad oficiosa para ordenar la práctica de
pruebas necesarias para establecer la verdad material y, con ello, lograr que
en su fallo prevalezca el derecho sustantivo (art. 228 CP) no se enfrenta a
otros principios constitucionales cuando se trata de probar hechos respecto de
los cuales el juez no tiene plena certeza, pero sobre los que no ha existido
controversia, en tanto la afirmación de su verdad por la parte interesada no ha
sido controvertida por la opositora. En cambio, allí donde tales hechos forman
parte del litigio, la decisión respecto del uso de la facultad inquisitiva
requiere del juez ponderar la tensión que en este caso se plantea entre el
imperativo de dar prevalencia al derecho sustantivo (art. 228 CP) y, de otro
lado, el de no alterar el equilibrio procesal entre las partes a fin de
garantizar su derecho a recibir un trato igual en lo que respecta a la
exigencia del cumplimiento de sus deberes y cargas procesales (art. 13 y 229
CP). En este escenario, el decreto y práctica oficiosa de la prueba que, en
principio, le correspondería aportar a una de las partes se encuentra
justificada siempre que ésta se encuentre en situación de indefensión o en
condiciones de debilidad manifiesta, o cuando enfrente obstáculos demostrables
para cumplir con su carga probatoria, pero haya demostrado una actitud diligente
dentro del proceso. Bajo estas circunstancias, la intervención del juez, antes
que alterar el equilibrio procesal entre las partes, consigue garantizarlo; en
cambio, su actitud omisiva puede implicar el sacrificio no sólo de la justicia
material sino de su deber constitucional de remover los obstáculos para que la
igualdad entre las partes sea real y efectiva (art. 13 CP).
82. La Sala concluye que, en el presente caso, no se
verificaban los presupuestos para que la Sección Tercera del Consejo de Estado
viniera obligada a decretar de oficio las pruebas necesarias para demostrar la
propiedad de los accionantes sobre los predios “El Tres o la Nena” y “Los
Campanos”, a partir de la cual afirmaron su legitimación material para ser
indemnizados.
82.1. En primer lugar, tal calidad siempre fue controvertida
por las entidades demandadas dentro del proceso de reparación directa. Ya desde
el escrito de contestación a la demanda, el apoderado del Ejército Nacional
señaló que la propiedad sobre estos predios debía probarse;[181] controversia que se
reiteró en los alegatos de conclusión previos a la sentencia de primera
instancia,[182]
y en la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia que condenó a
la Nación a indemnizar a los accionantes.[183]
Así, este caso difiere del resuelto por la Corte en la sentencia T-264 de 2009[184], que
el apoderado de los accionantes invoca como precedente aplicable, pues como ya
se analizó, en aquella oportunidad la legitimación material por activa no había
sido objeto de controversia dentro del proceso de responsabilidad civil que dio
origen al amparo constitucional.
82.2. En segundo lugar, la parte demandante en el proceso de
reparación directa, no sólo no satisfizo la carga de probar la propiedad de los
predios sobre los que reclamaba una multimillonaria indemnización, sino que ni
siquiera explicó dentro de aquél proceso si existían dificultades para aportar dentro
de la oportunidad procesal la constancia de registro en el correspondiente
folio de matrícula inmobiliaria de la escritura de compraventa del predio “El
Tres o la Nena”, como tampoco el título de adquisición del predio “Los
Campanos” y su correspondiente registro. Tampoco se solicitó al juez
administrativo, ni en primera ni en segunda instancia, que dispusiera la
práctica de dichas pruebas, ante la dificultad para acceder a las dependencias
donde constaban tales documentos, que hoy alegan dentro de esta acción de
tutela, pero a la que no hicieron ninguna alusión dentro del proceso de
reparación directa.  Asimismo, se evidencia que pese a las difíciles
condiciones de seguridad y las amenazas a las que afirman haber estado
sometidos los demandantes para la época en que se interpuso la demanda de
reparación directa, su apoderado se hizo presente en la diligencia de
inspección judicial que, como prueba anticipada, tuvo lugar en los predios que
los accionantes reclaman como suyos, situados en jurisdicción del municipio de
Fundación, en donde se hallaban registrados los inmuebles, según se afirma en
el hecho primero de la demanda de reparación directa.[185]
Así las cosas, la intervención oficiosa del juez de segunda
instancia, en procura de pruebas que la parte interesada no aportó ni en su
momento manifestó estar en dificultad o imposibilidad de allegar al expediente,
habría implicado en el presente caso una indebida intervención de la autoridad
judicial para suplir la falta de diligencia de la parte accionante, en relación
con un hecho que desde el inicio del proceso fue motivo de controversia. A este
respecto la Corte ha señalado que:
“(A)unque la facultad oficiosa del juez
administrativo para decretar pruebas sirve como medio de búsqueda de la verdad
real y esclarecimiento de los hechos, no se puede pretender que se haga uso de
éste poder para suplir una exacerbada negligencia de los apoderados respecto de
los medios probatorios. Lo anterior quiere decir, que no se puede esperar que
el juez administrativo decrete pruebas de oficio que pretendan dar cuenta de
hechos que las partes no han tenido diligencia en demostrar por otros medios;
la prueba de oficio se justifica cuando ella es apta para otorgar al juez
certeza respecto de hechos que a pesar de estar insinuados a través de otros
medios de prueba no han ofrecido el grado de convicción requerido”.[186]
82.3. En tercer lugar, en el caso concreto no se evidencia
que los demandantes en el proceso de reparación directa se encontraran en
circunstancias de indefensión que ameritasen la intervención oficiosa del juez
para ordenar la práctica de las pruebas que les correspondía aportar, o en su
caso, solicitar. La Sala no desconoce la condición de víctimas del conflicto
armado que invocan los señores Noguera Abello. Sin embargo, constata que, pese
a las dificultades que pudieron derivarse para ellos del ataque de la guerrilla
y las amenazas de los grupos armados que operaban en la zona, tal circunstancia
no les situó en una posición de indefensión o desamparo, ya que siempre
estuvieron debidamente representados dentro del proceso judicial y además
contaron con el activo acompañamiento de familiares que ocupaban altas
posiciones en la magistratura.[187]
83. De otro lado, los accionantes sostienen que, en el
presente caso, el Consejo de Estado venía obligado a practicar de oficio las
pruebas necesarias para acreditar la legitimación material de los demandantes, con
fundamento en la presunción de buena fe y en el traslado al Estado de la carga
de la prueba, previstas en los artículos 5 y 78 de la Ley 1448 de 2011. De
acuerdo con los tutelantes, en atención al principio pro
persona (pro homine) tales normas
serían aplicables en los procesos de reparación directa que adelanten las
víctimas del conflicto armado.
Como se expuso en los considerandos 26 a 32 de esta
providencia, tal argumento no resulta de recibo para la Sala Plena, en tanto el presupuesto para que tenga aplicación el principio pro persona
es que exista una duda interpretativa en torno al significado de una
disposición, caso en el cual deberá optarse por aquél que resulte más favorable
a los derechos de las víctimas. Las disposiciones de la Ley de Víctimas
mencionadas por los demandantes rigen los procesos de reparación administrativa
a las víctimas del conflicto armado y de restitución de tierras a la población
desplazada. Las importantes diferencias que median entre las reparaciones que
adelantan las víctimas por vía administrativa y judicial impiden fundamentar
una lectura de la presunción de buena fe contemplada en el artículo 5º de la
citada ley, que la haga extensible ante los procesos de reaparación directa que
adelanten las víctimas ante la jurisdicción contencioso administrativa. Lo
propio ocurre con el traslado de la carga de prueba previsto en el artículo 78 como
una regla especial que rige para los procesos de restitución de tierras, en
atención a las especiales dificultades probatorias que deben sortear las
personas que han sido desplazadas y despojadas de sus predios en razón del
conflicto armado.
84. Por todo lo anterior, no puede
reprocharse a la Sección Tercera del Consejo de Estado ser responsable de la
vulneración de los derechos fundamentales de los señores Noguera Abello por no
haber activado su facultad probatoria de oficio para lograr certeza sobre un
hecho cuya prueba le incumbía a la parte demandante y que, sin mediar
justificación o explicación alguna, esta no acreditó, pese a que su veracidad siempre
fue controvertida por las entidades demandadas. En las condiciones descritas,
la intervención oficiosa del juez administrativo en segunda instancia habría
representado una ruptura del equilibrio procesal entre partes respecto de las
cuales existía plena igualdad de armas, razón por la cual no existía una
justificación constitucional que lo obligara a actuar en el sentido que hoy
reclaman los demandantes.
Conclusiones y decisión a adoptar
85. La Sala Plena encontró que, de los tres
cargos propuestos en esta acción de tutela, sólo los dos primeros, relativos al
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y al defecto fáctico por
omisión del decreto oficioso de pruebas, cumplieron con los requisitos
generales de procedibilidad que habilitan al juez constitucional para conocer
de ellos.
No ocurrió igual con el tercer motivo de
censura, referido a la ausencia de motivación de la decisión que negó
legitimación en la causa a los demandantes para reclamar indemnización sobre
los demás bienes muebles. En relación con este cargo, la Corte concluyó que los
demandantes, dentro del término de ejecutoria, tuvieron la posibilidad de
solicitar la adición de la sentencia, para demandar del juez natural del
proceso que diera respuesta motivada a sus pretensiones resarcitorias en
relación con estos bienes, conforme a lo establecido en el artículo 311 del
Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, no lo hicieron, sin que medie
justificación para haber omitido el agotamiento de este mecanismo de defensa
judicial, y sin que existiera motivo para cuestionar su idoneidad en el caso
concreto. En consecuencia, al no cumplir el requisito de subsidiariedad, la
Corte concluyó que carecía de competencia para pronunciarse sobre esta
acusación.
86. Examinados los dos cargos que cumplieron
los requisitos generales de procedibilidad, la Corte determinó que la Sección
Tercera del Consejo de Estado no incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, ni en defecto fáctico:
86.1. Al declarar no probada la legitimación
activa de los señores Rafael Enrique y José Rafael Noguera Abello para obtener
indemnización por los predios “La Nena o El Tres” y “Los Campanos”, ni
por los vehículos y las cabezas de ganado que son objeto de reclamación dentro
del proceso de reparación directa promovido contra la Nación – Ministerio de
Defensa, Ejército y Policía Nacional, en tanto los accionantes no cumplieron
con la carga de acreditar en debida forma la propiedad sobre dichos bienes,
según se analizó en los considerandos 56 a 67 y 75 a 79 de esta providencia.
86.2. Por abstenerse de analizar la legitimación en la causa
de los demandantes en su calidad de poseedores de los mencionados predios. En
el caso concreto, la Sala encuentra razonable la motivación expuesta por el
Consejo de Estado para negarse a modificar el análisis del título de
legitimación, por cuanto ello habría implicado variar la causa petendi que
invocaron los demandantes desde el inicio del proceso, y a partir de la cual
las entidades demandadas estructuraron su defensa dentro del mismo, tal y como
quedó establecido en los considerandos 68 a 74.
86.3. Tampoco incurrió la providencia del Consejo de Estado
en los aludidos defectos procedimental y fáctico, al abstenerse de decretar y
practicar de manera oficiosa las pruebas necesarias para establecer la
propiedad de los accionantes sobre los mencionados predios. Conforme a las
razones expuestas en los considerandos 80 a 84, la Corte determinó que en el presente
caso no concurrían las circunstancias en las cuales el juez viene
constitucionalmente obligado a hacer uso de su facultad inquisitiva, por
cuanto: (i) la calidad de propietarios fue controvertida desde el inicio del
proceso por las entidades demandadas en reparación directa; (ii) los
accionantes no mostraron una actitud diligente para satisfacer la carga
probatoria que les correspondía, en modo alguno explicaron o justificaron
dentro del proceso las razones para no aportarla de manera oportuna o
solicitaron su práctica dentro de las oportunidades probatorias
correspondientes; (iii) en el caso concreto no se evidencia que los demandantes
en el proceso de reparación directa se encontraran en circunstancias de
indefensión que ameritasen la intervención oficiosa del juez para ordenar la
práctica de las pruebas que les correspondía aportar, o en su caso, solicitar.
De otro lado, concluyó que (iv) los estándares de buena fe y traslado de carga
de prueba, establecidos en los artículos 5 y 78 de la Ley 1448 de 2011 en
principio aplican para la reparación por vía administrativa y para los procesos
de restitución de tierras, sin que puedan trasladarse, sin más, a los procesos
de reparación directa que se adelantan ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
87. Por lo anterior, la Corte Constitucional confirmará
parcialmente la sentencia del diecisiete (17) de julio de dos
mil catorce (2014), proferida por la Sección Quinta (5ª) del Consejo Estado,
que en segunda instancia modificó la sentencia dictada el seis (6) de
marzo de dos mil catorce (2014) por la Sección Cuarta (4ª) del Consejo de
Estado, que negó las pretensiones de esta acción de tutela para en su lugar
declararla improcedente. Se confirmará la decisión del ad quem, sólo en lo relativo a la declaratoria de improcedencia del cargo por
ausencia de motivación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. En relación con los dos cargos restantes, se negará el amparo
solicitado por los tutelantes.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
LEVANTAR la suspensión de términos que fuera ordenada en este proceso en el
auto del cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014).
Segundo.- CONFIRMAR
PARCIALMENTE la sentencia del diecisiete (17) de julio de
dos mil catorce (2014), proferida por la Sección Quinta (5ª) del Consejo
Estado, que en segunda instancia modificó la sentencia dictada el seis
(6) de marzo de dos mil catorce (2014) por la Sección Cuarta (4ª) del Consejo
de Estado, que negó las pretensiones de esta acción de tutela, para en su lugar
declararla improcedente. Se confirma la decisión del ad quem, sólo en lo relativo a la declaratoria de improcedencia del cargo por
ausencia de motivación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. En relación con los dos cargos restantes, NEGAR el amparo
constitucional solicitado por señores Rafael Enrique y José Rafael
Noguera Abello, por considerar que la providencia objeto de impugnación no
incurrió en los defectos procedimental y fáctico que le imputan los
demandantes.
Tercero.- Por Secretaría General, remítase al Tribunal
Administrativo del Magdalena el expediente de reparación directa radicado
47001-23-31-000-2000-00501-01, que fuera enviado a esta Corporación en
cumplimiento de lo dispuesto en el auto del veinte (20) de noviembre de dos mil
catorce (2014), para ser tenido como prueba dentro de este proceso de tutela.
Cuarto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB A LA
SENTENCIA SU 636 DE 2015 CON PONENCIA DE LA MAGISTRADA MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA, EN LA QUE SE RESUELVE LA ACCIÓN DE TUTELA INTERPUESTA POR RAFAEL
ENRIQUE Y JOSÉ RAFAEL NOGUERA ABELLO –VÍCTIMAS DE LAS FARC – CONTRA LA SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A DEL CONSEJO DE ESTADO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Debió concederse el amparo por
cuanto el Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Debió concederse el amparo por
cuanto el Consejo de Estado incurrió en un defecto
fáctico al no decretar pruebas de oficio para despejar dudas sobre la
legitimación por activa de los demandantes (Salvamento de voto)
La Sala Plena
desconoció de manera grave la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia,  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y del Consejo de Estado en materia de protección de las víctimas del conflicto
armado. La ley exige al juez a decretar pruebas de oficio cuando existen
dudas y hechos que aún no son claros e impiden adoptar una decisión definitiva,
lo cual fue claramente vulnerado por el Consejo de Estado, así como también se
desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre el deber de decretar pruebas de oficio contemplada entre otras, en las
sentencias T – 213 de 2012, SU – 774 de 2014, SU – 768 de 2014 y T – 599 de
2009.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se desconoció la jurisprudencia de la Corte Interamericana que
señala que los mecanismos procesales en relación con las víctimas deben ser más
flexibles y menos formalistas y deben tener por finalidad esencial la búsqueda
de la verdad (Salvamento de voto)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que los
procedimientos administrativos dirigidos a la reparación de víctimas deben ser
accesibles, flexibles y trasparentes.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se desconoce la jurisprudencia
del Consejo de Estado que exige que cuando los accionantes sean víctimas no
pueden imponerse barreras procesales (Salvamento de voto)
El Consejo de Estado ha debido tener en
cuenta la condición de víctimas de los peticionarios, a la hora de resolver la
impugnación y materializar el derecho a la verdad y a la reparación de las
víctimas en vez de incurrir en un exceso ritual manifiesto en el análisis de
las pruebas.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Los jueces deben
reconocer los derechos de las víctimas del conflicto armado, sin distinguir su
origen o sus victimarios (Salvamento de voto)
Cuando las víctimas han sido
afectadas por el Estado o por un grupo al margen de la Ley distinto de las
F.A.R.C. se realizan todo tipo de esfuerzos interpretativos para garantizar sus
derechos, mientras que a las víctimas de este grupo guerrillero se les terminan
exigiendo incluso más requisitos de los que contempla la Ley. Es absurdo que la
justicia distinga entre grupos de víctimas de primera y de segunda categoría
por el sesgo ideológico marcado que desafortunadamente existe en la actualidad
en algunos tribunales judiciales. ¿Qué pueden esperar las millones de víctimas
de las F.A.R.C. si son discriminadas por la propia justicia que debe amparar
sus derechos? Colombia solo logrará una paz duradera si los jueces reconocemos
los derechos de todas las víctimas del conflicto armado, sin distinguir su origen
o sus victimarios, tal como lo exige la Sentencia C – 579 de 2013
Referencia: expediente
T-4.500.770.
Problema
jurídico: (i) incurre una decisión judicial en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto cuando niega las pretensiones formuladas en una demanda de
reparación directa, argumentando que los demandantes carecen de legitimación
material por activa, al no acreditar en debida forma el derecho de dominio
sobre los bienes cuya indemnización reclaman; (ii) se configura defecto fáctico
cuando en un proceso de reparación directa promovido por personas que reclaman
su condición de víctimas del conflicto armado, la autoridad judicial no decreta
pruebas de oficio para despejar dudas sobre la legitimación material de los
demandantes, de acuerdo con la jurisprudencia.
Motivo del
Salvamento: (i) defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto en la decisión adoptada por el Consejo de Estado; (ii)
defecto fáctico en la actuación del Consejo de Estado al no decretar pruebas de
oficio para despejar dudas sobre la legitimación por activa de los demandantes.
Salvo el voto en la
sentencia SU – 636 de 2015, por cuanto la Sala Plena de
la Corte Constitucional está aplicando un doble rasero en su jurisprudencia que
discrimina a las víctimas de las F.A.R.C. frente a las de los grupos
paramilitares y de las Fuerzas Militares, pues desconoció toda su
jurisprudencia en materia de derechos humanos para no conceder esta acción de
tutela pese a que estaba plenamente demostrado que el Consejo
de Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto y en un defecto fáctico.
1.
Antecedentes
Los
accionantes, son propietarios de dos fincas en el municipio de Fundación, las
cuales fueron destruidas por el frente 19 de las Farc en el año de 1999. Como
consecuencia de lo anterior, iniciaron acción de reparación directa contra la
nación el 27 de junio de 2000. En primera instancia, el Tribunal Administrativo
del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de los demandantes y declaró
la responsabilidad administrativa del Estado. En segunda instancia, el Consejo
de Estado revocó la decisión por considerar que no se acreditó la legitimación
material en la causa por activa, al no aportar de manera oportuna el
certificado de tradición y libertad de los mismos. Adicionalmente, dicho
Tribunal consideró que no era posible fundamentar la legitimación en la
condición de poseedores pues sería variar la causa petendi, ya que las
pretensiones se fundamentaron en calidad de propietarios.
2.
Los accionantes demostraron en el proceso ser propietarios del
predio La Nena o El Tres el cual fue violentamente destruido por las F.A.R.C.,
lo cual fue desconocido de manera sorprendente por el Consejo de Estado y luego
por la Sala Plena de la Corte Constitucional
En
el caso objeto de examen, los accionantes demostraron ser los propietarios del
predio La Nena o El Tres, mediante copia auténtica de la escritura pública de
compraventa y copia auténtica de una constancia de la inscripción en la Oficina
de Instrumentos Públicos de Fundación, registrada el 31 de marzo de 1986, en la
cual se identifica el número de la matricula inmobiliaria 225-000-4073.
Si
bien no se allegó oportunamente el folio original, sí había constancia de la
inscripción y en ese evento, era deber del Consejo de Estado decretar la prueba
de oficio o, atendiendo la condición de víctimas de la violencia de los
demandantes, acudir al principio de flexibilidad probatoria.
3.
La Sala Plena desconoció de manera grave la
Jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia,  de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Estado en materia
de protección de las víctimas del conflicto armado
3.1.    La ley exige
al juez a decretar pruebas de oficio[188]
cuando existen dudas y hechos que aún no son claros e impiden adoptar una
decisión definitiva, lo cual fue claramente vulnerado por el Consejo de Estado,
así como también se desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el deber de decretar pruebas de oficio contemplada entre
otras, en las sentencias T – 213 de 2012, SU – 774 de 2014, SU – 768 de 2014 y T
– 599 de 2009:
“De
acuerdo a esta Corporación, el funcionario deberá decretar pruebas
oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y
de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el
funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia;
(ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando
existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su
decisión del sendero de la justicia material; (iv) cuidándose, en todo
caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes.”
3.2.
También se desconocen otras jurisprudencias que exigen la
práctica de pruebas de oficio cuando existan dudas en el proceso
3.2.1.  La
sentencia T-949 de 2003[189],
en la cual se encontró que el juez de
la causa decidió un asunto penal sin identificar correctamente a la persona
sometida al proceso penal, quién además había sido suplantada. La Sala Séptima
de Revisión concluyó que al juez correspondía decretar las pruebas pertinentes
para identificar al sujeto activo del delito investigado y la falta de ellas
constituía un claro defecto fáctico que autorizaba a ordenar al juez competente
la modificación de la decisión judicial.
3.2.2.  En el mismo sentido, la sentencia T-554 de 2003[190], dejó sin
efectos la decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de una investigación
penal sin la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se requería para
determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que se le imputaba
al sindicado
3.2.3.  Así también, en la
sentencia T-417 de 2008[191],
la Corte Constitucional revisó el caso donde los jueces no habían dado
crédito a ninguno de los peritajes aportados por cada una de las partes y, por
ello, decidieron que no se encontraban probadas las pretensiones. La Corte
encontró que los jueces de instancia omitieron el deber legal de decretar de
manera oficiosa la prueba pericial que ordenan los artículos 183 del C.P.C. y
10 de la Ley 446 de 1998 cuando existen experticios contradictorios,
considerando que con tal descuido se vulneró el derecho al debido proceso de la
accionante pues la prueba resultaba determinante para la decisión final.
3.2.4.  Mediante sentencia SU-226
de 2013[192],
la Sala Plena abordó el caso de un ciudadano que, con base en una decisión del
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la nulidad de unas elecciones y
ordenó realizar los escrutinios nuevamente, acudió ante el juez administrativo
solicitando la reparación de los perjuicios ocasionados por el Estado a través
de la Organización Electoral, la cual había desconocido los resultados que
obtuvo en su elección como senador de la República. El reclamo hecho ante la
justicia contenciosa administrativa, consistía en el pago de todos los salarios
dejados de percibir por el hecho de no haber podido ocupar el cargo de senador
desde el mismo momento en que se produjo la elección, ya que mientras se
resolvía la demanda electoral no pudo ejercerlo, a pesar de que finalmente
salió elegido. Los jueces de primera (Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Bogotá) y segunda instancia (Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca)
negaron las pretensiones del actor, bajo el argumento de que allegó en copia
simple la certificación de los factores salariales de los años 2002 a 2005, que
para ese periodo correspondían a un senador de la República.
3.2.5.  También se desconoció lo
señalado por la Corte en la sentencia SU – 915 de 2013[193]
en la cual se manifestó la necesidad de decretar pruebas de oficio cuando
existas dudas en el proceso. En esa providencia se decidió una acción de tutela
interpuesta frente a un proceso de reparación directa iniciado por el actor en
contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en virtud de la
muerte de su hijo quien apareció ahorcado en la celda de las instalaciones de
la Sijín en Bogotá, la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió no valorar
unas pruebas allegadas al proceso, por presentarse en copia simple y de manera
extemporánea. Por lo anterior, la Corte Constitucional dejó sin efectos las
sentencias proferidas dentro del proceso de reparación directa y ordenó al juez
administrativo de primera instancia proferir un auto que ordene a la Fiscalía
General de la Nación remitirle copia auténtica del expediente contentivo de la
acción penal iniciada en razón del fallecimiento del hijo del actor.
Igualmente, le ordenó que, una vez allegada la anterior prueba corra traslado
de la misma a la parte demandada y vencido el término, profiera una nueva
decisión.
4.
La Sala Plena de la Corte Constitucional aplica un doble rasero
que discrimina a las víctimas de las F.A.R.C.
Esta
Corporación, en distintas oportunidades se ha pronunciado sobre el trato
favorable que deben recibir las víctimas del conflicto armado en procedimientos
administrativos y judiciales, sin hacer distinción del grupo victimario.
4.1.
Al respecto, en sentencia C-253A de 2012 (M.P. Gabriel
Mendoza) al analizar la ley 1448 de 2011 (ley de víctimas) señaló:
“La
ley parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han
sufrido las consecuencias del conflicto armado interno y, en función de ello,
consagra los principios de buena fe, igualdad de todas las víctimas y enfoque
diferencial.
Así,
el principio de buena fe está encaminado a liberar a las víctimas de la carga
de probar su condición. En la medida en que se dará especial peso a la
declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de
forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de
demostrar lo contrario. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera
sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda
a relevarla de la carga de la prueba.”
4.2.
En sentencia T-087 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt), se
analizó la vulneración de los derechos fundamentales del actor a quién, a pesar
de manifestar ser víctima del conflicto armado no pudo inscribirse junto con su
núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas y, en consecuencia, recibir la
ayuda humanitaria de emergencia. Frente al principio de buena fe y de
interpretación favorable esta Corte indicó:
“De
lo anterior se puede evidenciar que no existe claridad si los hechos que
causaron el desplazamiento del actor y su familia, pueden enmarcarse dentro de
circunstancias con ocasión del conflicto, por lo que, en aplicación del
principio de interpretación favorable, que señala que cuando unos hechos, que
dicen ser causa del desplazamiento no gozan de total certeza, la duda debe ser
despejada por parte de aquel que tiene la carga probatoria, es decir, las
autoridades públicas que tienen el deber de identificar a los desplazados. La
duda debe operar a favor de la víctima, por lo que las certificaciones por
parte de autoridades públicas sobre las causas del desplazamiento, no pueden
ser un obstáculo para aquella, con lo cual es necesario que frente al accionado
se aplique el principio de la buena fe  y la interpretación  favorable a la
persona en aparente situación de vulnerabilidad”.
4.3.
Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ha contemplado la
flexibilización probatoria en casos de víctimas del conflicto y en sentencia
del 12 de mayo de 2009, M.P. Augusto José Ibáñez Guzmán, la Sala de Casación
Penal sostuvo:
“Una
observación a la  ausencia de registros de la actividad probatoria ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, propone una manera de examinar la
prueba, teniendo en cuenta las particularidades que presentan los casos de
graves violaciones de derechos humanos, que sin descuidar la seguridad jurídica
y el debido proceso, lo ha hecho menos formal y más flexible.
Sin
duda, la complejidad de la reconstrucción de los hechos por virtud de la
degradación del conflicto y la barbarie de los métodos utilizados en la
ejecución de las conductas (descuartizamiento, fosas comunes), sumado a las
dificultades de huella histórica de muchos hechos, por deficiencias en el
registro civil (nacimientos, defunciones), en los registros notariales y
mercantiles, por los permanentes movimientos de las comunidades desplazadas,
entre otras y tantas dificultades, obliga a exámenes de contexto y a la
flexibilización de los umbrales probatorios, no solo respecto de la
comprobación del relato del postulado, sino, sobre todo, del daño causado, el
que deberá acreditarse con medios propios de la justicia transicional.”
Esa
misma Corporación, en sentencia del 27 de abril de 2011 radicada bajo el número
34547, M.P. María del Rosario González de Lemos, señaló con relación a casos de
dificultad probatoria que se debe acudir a criterios de ponderación y
flexibilización de las reglas de apreciación probatoria, indicando que:
“(…)
resulta palmario que el especial manejo en la ponderación de las pruebas a
favor de las víctimas dando aplicación al principio pro hómine, no corresponde
a una decisión en equidad correctiva de la ley, sino a una determinación en
derecho, suficientemente motivada y sustentada en los medios de prueba obrantes
en la actuación, acudiendo para su valoración a un delicado manejo de los
hechos notorios, los juramentos estimativos, los modelos baremo o
diferenciados, las presunciones y las reglas de la experiencia, entre otros. Si
ya se precisó, que la decisión en equidad busca corregir la ley justa de manera
general cuando se torna injusta en el caso particular, no se procede a ello en
aquellos casos en los cuales por las dificultades probatorias de un asunto
determinado se prescinde de los medios de convicción y se faculta a quien
decide para que se pronuncie prudencialmente con única sujeción a su
discrecionalidad.”
5.
Se desconoció la jurisprudencia de la Corte Interamericana
señalada en las sentencias Lori Berenson Mejía Vs. Perú, Tiu Tojín Vs.
Guatemala, Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú que señala que los mecanismos
procesales en relación con las víctimas deben ser más flexibles y menos
formalistas y deben tener por finalidad esencial la búsqueda de la verdad:
Por
otra parte, no debe desconocerse el manejo de la actividad probatoria en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos cuyo fin es la protección de los
derechos humanos. En este tribunal, “el procedimiento reviste
particularidades propias que le diferencian del proceso de derecho interno.
Aquél es menos formal y más flexible que éste, sin que por ello deje de cuidar
la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes. Lo anterior
permite al Tribunal una mayor flexibilidad en la valoración de la prueba
rendida ante él sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica
y con base en la experiencia.”[194]
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que los procedimientos
administrativos dirigidos a la reparación de víctimas deben ser accesibles,
flexibles y trasparentes. Al respecto, en los casos Lori Berenson Mejía Vs.
Perú y Tiu Tojín Vs. Guatemala, justificó la libertad de prueba afirmando:
“El
proceso es un medio para realizar la justicia y ésta no puede ser sacrificada
en aras de meras formalidades, sin que por ello se afecte la seguridad jurídica
y el equilibrio procesal entre las partes. Por referirse a violaciones a
derechos humanos y acoger, en consecuencia, el principio de verdad histórica,
el proceso ante este Tribunal internacional tiene un carácter menos formalista
que el seguido ante las autoridades internas.”
Igualmente,
frente a las formalidades en el proceso, sostuvo en el caso Castillo Petruzzi y
otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999:
“61.
Con respecto a las formalidades requeridas en la demanda y contestación de la
demanda en relación con el ofrecimiento de prueba, la Corte ha expresado que el
sistema procesal es un medio para realizar la justicia y [...] ésta no puede
ser sacrificada en aras de meras formalidades.  Dentro de ciertos límites de
temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la observancia de
los procedimientos, pueden ser dispensados, si se conserva un adecuado
equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica[195]”
6.
Finalmente, se desconoce la propia jurisprudencia del Consejo de Estado que exige
que cuando los accionantes sean víctimas no puedan imponerse barreras
procesales
6.1.
La Sentencia del 29 abril de 2010 de la Sección Quinta
decidió una acción de tutela interpuesta por una víctima del desplazamiento
forzado cometido por el grupo paramilitar de “Jorge 40” quien no
solicitó de manera oportuna la ayuda de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional pero aun así reconoció su derecho a una
indemnización real y efectiva.
6.2.
La Sentencia del 13 de septiembre de 2010 de la Subsección B de la Sección Segunda al fallar acción de tutela
de desplazados por la violencia del Corregimiento de La Gabarra reconoció que
las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos tienen el
derecho a la reparación integral del daño causado y flexibilizó los requisitos
procesales.
6.3.
La Sentencia del 19 de junio de 2013 decidió acción de reparación directa interpuesta en contra
de la Nación-Red de Solidaridad Social, en la que se solicitaba la
responsabilidad de la entidad por los perjuicios causados como consecuencia de
la falta de atención de las diversas solicitudes realizadas por un desplazado frente
a una serie de amenazas que había sufrido y que conllevaron finalmente a su
homicidio.
6.4.
En concordancia con lo expuesto, no puede desconocerse, como lo
indican los accionantes, que para la fecha en que ocurrieron los hechos y se
presentó la demanda de reparación directa, el país estaba viviendo su punto más
álgido del conflicto con los grupos armados al margen de la ley, entre los que
se destacan las FARC, quienes fueron causantes del desplazamiento de muchos
colombianos a lo largo del territorio nacional y de muchas masacres.
En ese
contexto, los accionantes aportaron pruebas suficientes en las dos instancias
procesales, para demostrar que tanto ellos como su núcleo familiar fueron
víctimas de atropellos y amenazas por parte de este grupo insurgente lo que los
califica como víctimas del conflicto armado.  Por lo tanto, en consonancia con
la jurisprudencia nacional e internacional en estos temas, el Consejo de Estado
ha debido tener en cuenta la condición de víctimas de los peticionarios, a la hora
de resolver la impugnación y materializar el derecho a la verdad y a la
reparación de las víctimas en vez de incurrir en un exceso ritual manifiesto en
el análisis de las pruebas.
6.5.
En conclusión, el Consejo de Estado parece tener 2 estándares de decisiones,
cuando las personas son víctimas del ejército o de grupos paramilitares se
flexibilizan todos los requisitos y cuando son afectadas por la guerrilla se
exigen más requisitos de los ordinarios, lo cual vulnera el debido proceso y
el derecho a la igualdad.
7.
La existencia de un doble criterio en la jurisprudencia de las
altas cortes sobre las víctimas del conflicto armado
7.1.
El desconocimiento de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
por parte del Consejo de Estado y de la sentencia frente a la cual presento
este salvamento de voto ha sido tan profundo que demuestra la existencia de un
doble rasero sobre los derechos de las víctimas en Colombia.
Cuando
las víctimas han sido afectadas por el Estado o por un grupo al margen de la
Ley distinto de las F.A.R.C. se realizan todo tipo de esfuerzos interpretativos
para garantizar sus derechos, mientras que a las víctimas de este grupo
guerrillero se les terminan exigiendo incluso más requisitos de los que
contempla la Ley.
7.2.
Es absurdo que la justicia distinga entre grupos de víctimas de
primera y de segunda categoría por el sesgo ideológico marcado que
desafortunadamente existe en la actualidad en algunos tribunales judiciales.
¿Qué pueden esperar las millones de víctimas de las F.A.R.C. si son
discriminadas por la propia justicia que debe amparar sus derechos?
Colombia
solo logrará una paz duradera si los jueces reconocemos los derechos de todas
las víctimas del conflicto armado, sin distinguir su origen o sus victimarios,
tal como lo exige la Sentencia C – 579 de 2013.
Fecha
ut supra,
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1]
A folios 1 y 2 del primer cuaderno, expediente de tutela, se
encuentra el poder otorgado al abogado Fernando Ramírez Laguado.
[2]
La Sala de Selección Número Nueve está
conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[3]
Expediente 47001-23-31-000-2000-00501-01. Consejero Ponente:
Hernán Andrade Rincón. También suscriben esta decisión judicial los Consejeros
Mauricio Fajardo Gómez y Carlos Alberto Zambrano.
[4]
Como anexo al escrito de tutela, se puede observar en los
folios 131 y 132 del primer cuaderno de tutela, la escritura pública número
cuatrocientos uno (401) del diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014),
mediante la cual el señor Elías Duarte Rueda transfiere a título de venta a favor
de la señora Leonor Abello de Noguera los derechos de dominio y posesión sobre
el predio rural identificado “El tres o La Nena”.
[5]
La demanda administrativa obra a folios 3 a 16 del expediente
de reparación directa.
[6]
A folios 26 a 49 del primer cuaderno, expediente de tutela,
obra copia del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena en
el que decide el asunto con radicación No. 47001-23-31-000-2000-00501-01 MP.
Martha Isabel Castañeda Curvelo.
[7]
El Tribunal de primera instancia, previa valoración de las pruebas aportadas al
proceso administrativo de reparación directa, estimó que la titularidad de la
propiedad de los bienes muebles (bulldozer, retroexcavadora, ganado y otros
semovientes) se encontraba debidamente probada, como también  la titularidad de
los predios inmuebles, acreditada mediante copia autenticada de las escrituras
públicas y constancia de registro inmobiliario. (Ver copia de la sentencia a
folio 40 del primer cuaderno de tutela).
[8]
Los escritos de apelación del apoderado de la Policía Nacional
y de los apoderados del Ministerio de Defensa obran a folios 56 a 63, 64 a 78 y
85 a 91, respectivamente, del primer cuaderno, expediente de tutela.
[9]
Los acuerdos conciliatorios constan a folios 652 a 654 y 685 a
688, respectivamente, del cuaderno de segunda instancia, expediente de
reparación directa.
[10] Los
autos que improbaron los acuerdos conciliatorios obran a folios 663 a 668 y 710
a 716, respectivamente, del cuaderno de segunda instancia, expediente de
reparación directa.
[11] La sentencia
del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, del catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013). Radicado:
47001-23-31-000-2000-00501-01 (28.131), (MP. Hernán Andrade Rincón), obra a
folios 3 a 25 del primer cuaderno de tutela.
[12] Ver
folio 17 del primer cuaderno, expediente de tutela.
[13] La
demanda obra a folios 150 a 195, primer cuaderno, expediente de tutela.
[14] Folios
150 a 195 del primer cuaderno, expediente de tutela.
[15] Folios
205 a 221 del primer cuaderno, expediente de tutela.
[16] Ver
folio 217 del primer cuaderno, expediente de tutela.
[17] Ver folio
221 del primer cuaderno, expediente de tutela.
[18] Ver
folio 198 del primer cuaderno, expediente de tutela.
[19] Coronel
Ciro Carvajal Carvajal. Ver folios 222 a 223 del primer cuaderno, expediente de
tutela.
[20] Abogada
Sonia Clemencia Uribe Rodríguez. Folios 227 a 242 del primer cuaderno,
expediente de tutela.
[21] A
folios 250 a 259 (primer cuaderno, expediente de tutela), obra fallo de tutela
de primera instancia proferido por la Sección Cuarta (4ª) del Consejo de Estado
(MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, SV. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).
[22] El
salvamento de voto obra a folios 279 del primer cuaderno, expediente de tutela.
[23] Ver folio
273, primer cuaderno expediente de tutela.
[24] A
folios 287 a 304 (primer cuaderno, expediente de tutela) obra fallo de tutela
de segunda instancia proferido por la Sección Quinta (5ª) del Consejo de Estado
que decide el escrito de impugnación. Consejera Ponente: Susana Buitrago
Valencia.
[25] Folio
30 del cuaderno de revisión, expediente de tutela.
[26] Folios
33 a 34, cuaderno de revisión, expediente de tutela.
[27] Folios
37 a 43, cuaderno de revisión, expediente de tutela.
[28] Folios
44 a 47, cuaderno de revisión, expediente de tutela.
[29] MP. José Gregorio
Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro
Martínez Caballero. En esta sentencia se declaró la
exequibilidad del artículo 25 y inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40
del Decreto 2591 de 1991. Las normas declaradas inexequibles regulaban diversos
aspectos relacionados con la acción de tutela contra providencias judiciales.
[30] MP. Jaime Córdoba
Triviño. En esta sentencia se declara inexequible la
expresión “acción” contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en tanto
excluía toda posibilidad de interponer acciones de tutela contra las sentencias
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[31] No obstante, la Corte ha
señalado que, de acuerdo con la doctrina fijada en la sentencia C-591 de 2005
(MP. Clara Inés Vargas. SPV. Alfredo Beltrán), “si la irregularidad comporta
una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio”.
[32] El
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (Código Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), establece que: “Sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después
de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.// 2.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.// 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.// 4. Haberse
dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.// 5. Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 6.
Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.// 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó
una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida.// 8. Ser la sentencia contraria
a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
[33] Así, en la sentencia C-404 de 1997 (MP. Jorge Arango
Mejía), al examinar la constitucionalidad de esta figura a la luz del principio
de congruencia, este Tribunal sostuvo: “[…] el artículo 311, al permitir al
juez adicionar la sentencia, dentro del término de ejecutoria, con otra
complementaria, permite que se cumpla esta obligación de resolver sobre todos
los hechos y asuntos debatidos en el proceso. Obsérvese que el artículo supone
que el debate se cumplió siguiendo las reglas del debido proceso, y que el
juez, al momento de fallar, incurrió en una omisión. Sería insensato, y
contrario a la economía procesal, que la sentencia incompleta hubiera de
ejecutarse así y que el juez que la dictó no pudiera completarla, de oficio o a
petición de parte. […] También es lógico, y ajustado al principio de la
economía procesal, que el superior complemente la sentencia cuando la parte
perjudicada por la omisión haya apelado o haya adherido a la apelación. Si no
lo hizo, ello quiere decir que se conformó con la decisión”.
[34] MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] MP.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[36] Sobre la admisibilidad
de la adición de sentencias en la jurisdicción administrativa ver sentencia del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 29 de
abril de 2015, Exp. 250002326000199902028
01 (28683), MP. Hernán Andrade Rincón.
[37] A
folios 782 del expediente de reparación directa consta que la sentencia
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado fue notificada por
edicto fijado el quince (15) de mayo y desfijado el veinte (20) de mayo de
2013. En la constancia secretarial se indica que el término de ejecutoria
concluyó el veintitrés (23) de mayo de 2013.
[38] Este
Tribunal ha reiterado que (i) si bien establecer un término perentorio
para el ejercicio de la acción de tutela es inconstitucional, pues las acciones
para la defensa de los derechos fundamentales no caducan, el amparo debe
interponerse dentro de un plazo razonable; (ii) la
determinación de lo que se considere un “plazo razonable” para la interposición
de la acción de tutela es algo que debe ser examinado por el juez atendiendo a
las circunstancias del caso concreto; (iii) tratándose de tutela contra
providencias judiciales, el examen de este requisito debe ser particularmente
exigente, por cuanto en estos casos se compromete la firmeza de las decisiones
judiciales y, con ella, el respeto a la cosa juzgada y a la seguridad jurídica.
A este respecto ha señalado que “en algunos casos, seis (6) meses
podrán resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; así como
también, en otros, un término de 2 años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela, ya que todo dependería de las particularidades del
caso” (T-033 de 2010, MP. Jorge Iván Palacio Palacio). Adicionalmente,
(iv) la práctica jurisprudencial ha permitido decantar una regla según la cual “un
término superior a seis meses para interponer la acción de tutela contra una
providencia judicial no resulta razonable, a menos que, atendiendo a las
particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que
justifiquen la inactividad del accionante”. Esta regla de decisión ha sido
aplicada, entre otras, en las sentencias T-030 de 2010 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio), para considerar insatisfecho el requisito de inmediatez en un caso en
el que transcurrieron más de un (1) año y seis (6) meses entre el momento de
proferirse la decisión judicial atacada y la presentación de la tutela. En la
sentencia T-739 de 2010 (MP. Mauricio González Cuervo), para determinar que no
se cumplió con el requisito de inmediatez en un caso en donde el actor esperó
ocho meses para interponer tutela contra una sentencia condenatoria. En la
sentencia T-936 de 2013 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez), se consideró
satisfecha esta exigencia al revisar un acumulado de varias acciones de tutela
en las que habían transcurrido seis (6) meses y nueve (9) días, cinco (5) meses
y veinticuatro (24) días, respectivamente, entre la actuación judicial
impugnada (auto que negó un recurso de queja) y la interposición del amparo;
por el contrario, se entendió incumplido el requisito de inmediatez en un caso
en el transcurrieron siete (7) meses y veinticuatro (24) días. En la sentencia
T-116 de 2014 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez), se entendió cumplida la
inmediatez en una tutela contra sentencia proferida en un proceso ejecutivo por
cuanto había transcurrido un lapso de aproximadamente 5 meses y medio después
de ejecutoriado el fallo.
[39] Para
la segunda audiencia de conciliación, realizada el veintisiete (27) de mayo de
dos mil diez (2010), el apoderado de los demandantes aportó el folio de
matrícula inmobiliaria de el predio “El Tres o La Nena” y un escrito en el que
expone sus consideraciones sobre la valoración de las pruebas (folios 689 a 702
del expediente de reparación directa).
[40] Ver entre otras las
sentencias C-228 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, y Eduardo
Montealegre Lynett), en donde la Corte Constitucional precisó el alcance
constitucional de los derechos de las víctimas en el proceso penal; C-578 de
2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Rodrigo Escobar Gil), en la cual se
revisó la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002, por medio de la cual se
aprueba el estatuto de roma de la Corte Penal Internacional”;
C-580 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SPV. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés
Vargas Hernández); C-875 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil, AV. Jaime Araujo
Rentería), donde la Corte declaró la exequibilidad de varias disposiciones
relativas a la constitución de parte civil dentro del proceso penal; C-370 de
2006 (MMPP: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández, SV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Humberto Antonio
Sierra Porto), en donde la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de varias
disposiciones de la ley de justicia y paz, que restringían los derechos de las
víctimas; C-1199 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), en donde la Corte
conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2°, 4°, 47,
48, 49 y 72 (todos parciales) de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”; C-715 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SPV. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, SPV. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, SPV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y C-099 de 2013 (MP. María
Victoria Calle Correa, SPV. Mauricio González Cuervo, SPV. Luis Ernesto Vargas
Silva, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); C-280 de 2013 (MP. Nilson Pinilla Pinilla, SPV.
María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Ernesto Vargas Silva, AV. Luis Guillermo
Guerrero Pérez); C-438 de 2013 (MP. Alberto Rojas Ríos, AV. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, AV. Luis Ernesto Vargas Silva); C-462 de 2013 (MP. Mauricio
González Cuervo, SV. María Victoria Calle Correa, SV. Luis Ernesto Vargas
Silva, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez); C-581 de 2013 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla, SV. María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva); C-912 de
2013 (MP. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez), en
las cuales se examina la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley
1448 de 2011 desde la perspectiva del derecho de las víctimas a la reparación
integral; SU-254 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, AV. Mauricio González
Cuervo), en la que se ampara el derecho a la reparación integral de varias
víctimas del desplazamiento forzado a quienes les había sido negada la
indemnización administrativa y el acceso a otras prestaciones previstas en la
Ley de Víctimas; SU-915 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV. Nilson
Pinilla Pinilla, AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), donde se ampararon los derechos a la verdad y a la reparación de las
víctimas, desconocidos por una decisión judicial que, dentro de un proceso de
reparación directa, omitió la práctica de una prueba que había sido solicitada
por los demandantes y era decisiva para establecer la verdad de los hechos;
C-180 de 2014 (MP. Alberto Rojas Ríos, SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-286 de 2014 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV. Alberto Rojas Ríos, SV. Jorge Iván Palacio
Palacio), en las cuales se declaró la inexequibilidad de algunas disposiciones
de la Ley 1592 de 2012 que suprimieron el incidente de reparación integral a
las víctimas dentro de los procesos penales adelantados en el contexto de la
justicia transicional, para disponer que la reparación en estos casos se haría
por vía administrativa.
[41] Estas reglas fueron
sintetizadas en la sentencia SU-254 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, AV.
Mauricio González Cuervo), para amparar el derecho a la reparación de víctimas
del conflicto armado a quienes se había negado o reducido el monto de la
indemnización administrativa debido a que habían recibido otro tipo de prestaciones,
por concepto de asistencia social o ayuda humanitaria. Posteriormente fueron
reiteradas en la sentencia C-912 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa, AV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez), al declarar la exequibilidad condicionada de
algunos artículos de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), a los que se
acusaba de infringir el principio de distinción entre medidas de reparación y
de asistencia social a las víctimas. La cita corresponde a esta última
decisión.
[42] La
Corte ha fundamentado el derecho de las víctimas a contar con mecanismos
judiciales de reparación efectiva a partir de una interpretación sistemática de
los artículos 1, 2, 29, 93, 229, y 250 de la Carta Política. Asimismo, se
ha referido al reconocimiento de este derecho en instrumentos del derecho
internacional de los derechos humanos, en particular, en los artículos 8º (Garantías Judiciales) y 25º (Protección Judicial) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) y en artículo 2.3
literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley
74 de 1968).
[43] Así quedó establecido en
la sentencia SU-915 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV. Nilson Pinilla
Pinilla, AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[44] Al respecto ver
sentencias C-180 de 2014 (MP. Alberto Rojas Ríos, SV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-286 de
2014 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, AV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV. Alberto Rojas
Ríos, SV. Jorge Iván Palacio Palacio).
[45] Sentencia C-286 de 2014
(MP. Luis Ernesto Vargas Silva, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, AV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV. Alberto Rojas
Ríos, SV. Jorge Iván Palacio Palacio).
[46] Sentencia C-286 de 2014
(MP. Luis Ernesto Vargas Silva, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, AV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV. Alberto Rojas
Ríos, SV. Jorge Iván Palacio Palacio).
[47]Ibíd.
[48] El artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 establece que “(s)e consideran víctimas, para los efectos de esta
ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno”.
A continuación este artículo precisa otras personas que se consideran víctimas
y las que quedan excluidas de tal condición, para los efectos previstos en
dicha ley. La Corte ha examinado la constitucionalidad de este artículo en las
sentencias C-052 de 2012, C-250 de 2012,
C-253A de 2012, C-781 de 2012,
C-280 de 2013
y C-462 de 2013.).
[49] Entre otras, ver
sentencias C-280 de 2013 (MP. Nilson Pinilla Pinilla, SPV. María Victoria Calle
Correa, SPV. Luis Ernesto Vargas Silva, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez);
C-912 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[50] Ley 1448 de 2011, ARTÍCULO 5°. PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe
de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el
daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará
a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad
administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.// En
los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las
autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la
demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a
favor de estas.// En los procesos judiciales de restitución
de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo dispuesto en el artículo
78 de la presente Ley.
[51] La
Corte examinó la constitucionalidad de algunos de los artículos que regulan los
derechos de las víctimas en relación con las pruebas dentro de las actuaciones
penales en la sentencia C-438 de 2013 (MP. Alberto Rojas Ríos, AV. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, AV. Luis Ernesto Vargas Silva).
[52] Ley
1448 de 2011, “ARTÍCULO 78. INVERSIÓN
DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará
con la prueba sumaria de la propiedad,
posesión u ocupación y el
reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la
prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o
a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de
restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o
despojados del mismo predio”. La Corte declaró la exequibilidad de las
expresiones resaltadas en la sentencia C-715 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva, SPV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV. María Victoria Calle Correa,
SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en
relación con el cargo de omisión legislativa relativa, por no haber incluido a
los tenedores como beneficiarios de la restitución.
[53] Ley
1448 de 2011, ARTÍCULO 89. PRUEBAS. Son pruebas
admisibles todas las reconocidas por la ley. En particular el Juez o Magistrado
tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas con la solicitud, evitará
la duplicidad de pruebas y la dilación del proceso con la práctica de pruebas
que no considere pertinentes y conducentes. Tan pronto el Juez o Magistrado
llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el
fallo sin necesidad de decretar o practicar las pruebas solicitadas.// El
valor del predio lo podrá acreditar el opositor mediante el avalúo comercial
del predio elaborado por una Lonja de Propiedad Raíz de las calidades que
determine el Gobierno Nacional. Si no se presenta controversia sobre el precio,
se tendrá como valor total del predio el avalúo presentado por la autoridad
catastral competente.// Se presumen fidedignas las pruebas
provenientes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras despojadas en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas
forzosamente a que se refiere esta ley.
[54] Ley
1448 de 2011, ARTÍCULO 158. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las
actuaciones que se adelanten en relación con el registro de las víctimas se
tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el
Código Contencioso Administrativo. En particular, se deberá garantizar el
principio constitucional del debido proceso, buena fe y favorabilidad. Las
pruebas requeridas serán sumarias.// Deberá garantizarse que una solicitud de
registro sea decidida en el menor tiempo posible, en el marco de un trámite
administrativo ágil y expedito, en el cual el Estado tendrá la carga de la
prueba.// En toda actuación administrativa en la cual tengan
interés las víctimas tienen derecho a obtener respuesta oportuna y eficaz en
los plazos establecidos para el efecto, a aportar documentos u otros elementos
de prueba, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las
autoridades al momento de decidir.
[55] El artículo 9 inciso
final de la Ley 1448 de 2011 dispone: “[…]En los
eventos en que las víctimas acudan a la jurisdicción contencioso administrativa
en ejercicio de la acción de reparación directa, al momento de tasar el monto
de la reparación, la autoridad judicial deberá valorar y tener en cuenta el
monto de la reparación que en favor de las víctimas se haya adoptado por el
Estado, en aras de que sea contemplado el carácter transicional de las medidas
que serán implementadas en virtud de la presente ley”. Este contenido
normativo ha sido declarado exequible, en relación con los cargos en cada caso
analizados, en las sentencias C-581 de 2013 (MP. Nilson Pinilla Pinilla, SV.
María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva); C-912 de 2013 (MP.
María Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez). Por su parte,
el artículo 133 establece: “INDEMNIZACIÓN JUDICIAL,
RESTITUCIÓN E INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. En
los eventos en que la víctima no acepte de forma expresa y voluntaria, que la
entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en
el marco de un contrato de transacción en los términos del artículo anterior, y
el Estado sea condenado judicialmente a repararla, se descontarán de dicha condena
la suma de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado
y que constituyan reparación. De igual forma, de la condena judicial se
descontará el valor monetario de los predios que sean restituidos, de
conformidad con la tasación monetaria que se realice de los mismos”.
[56] El
artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 en sus incisos 2º y 3º establece: “[…]
La víctima podrá aceptar, de forma expresa y voluntaria, que la entrega y
recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco
de un contrato de transacción en el cual la víctima acepta y manifiesta que el
pago realizado incluye todas las sumas que este debe reconocerle por concepto
de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o
terminar un litigio pendiente. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de
las demás medidas de reparación consagradas en la presente ley, de los derechos
no patrimoniales de las víctimas, y en el entendido de que ello no releva
al victimario de su obligación de reparar a la víctima según sea establecido en
el marco de un proceso judicial de cualquier naturaleza.
En el evento que la víctima acepte que la
entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en
el marco de un contrato de transacción, el monto de esta indemnización será
superior al valor que le entregaría a la víctima por este mismo concepto, según
el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional. Los funcionarios
o personal encargado de asesorar a las víctimas deberán manifestarle, de forma
clara, sencilla y explicativa, las implicaciones y diferencias de aceptar o no
que la indemnización sea realizada en el marco de un contrato de transacción.” En
la sentencia C-099 de 2013 la Corte declaró la exequibilidad condicionada de
ambos incisos, en el entendido que en
el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean
atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización
administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose
descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del
Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa.
[57] El
artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, en su parágrafo 1º establece: “Cuando
las víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela o acudir a
la justicia contencioso administrativa, para obtener una reparación o
indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las
representen en el proceso no podrán, en ningún caso, recibir, pactar o acordar
honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes
en el caso de las acciones de tutela, o de veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, en el caso de las acciones ante la jurisdicción
contencioso administrativa, incluyendo la suma que sea acordada como cuota de
éxito, cuota litis, o porcentaje
del monto decretado a favor de la víctima por la autoridad judicial. Lo
anterior tendrá aplicación independientemente de que se trate de uno o varios
apoderados e independientemente de que un proceso reúna a varias víctimas”. La
fijación de un tope máximo de abogados que representan a las víctimas ante la
jurisdicción administrativa fue declarada exequible en la sentencia C-609 de
2012 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, SV. María Victoria Calle Correa, SV.
Adriana María Guillén, SV. Luis Ernesto Vargas Silva).
[58] Artículo 5: 1.
Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida
que la prevista en él. // 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de
ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un
Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor
grado.
[59] Artículo
29.  Normas de Interpretación:  Ninguna disposición de la presente Convención
puede ser interpretada en el sentido de:  a) permitir a alguno de los Estados
Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la
prevista en ella; //  b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de
los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de
dichos Estados;  c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al
ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno,
y //  d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la
misma naturaleza.
[60] Sentencia
C-483 de 2013 (MP. Alberto Rojas Ríos, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV.
Luis Ernesto Vargas Silva).
[61] En la sentencia citada se resolvieron las demandas
interpuestas contra varias normas de la Ley 1448 de 2011, entre ellas una
expresión del artículo 27, en virtud de la cual sólo se consagraba de manera
expresa la aplicación del principio pro persona para los casos de
reparación administrativa. La Corte declaró exequible la expresión demandada
por entender que “la consagración expresa de la aplicación del principio pro
homine a los casos de reparación administrativa, constituye una
reafirmación de la importancia de este principio en aquel evento, pero no una
exclusión o preferencia que autorice que en otros casos se puede dejar de
aplicar. De hecho no se puede dejar de aplicar, pues los artículos 4° a 7° así
lo disponen.”
[62] Al
respecto el artículo 9º de la Ley 1448 de 2011, en sus incisos 3º y 4º señala que
“[...] las medidas de atención,
asistencia y reparación contenidas en la presente ley, así como todas aquellas
que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de
reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no
implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como
reconocimiento de la responsabilidad del Estado, derivada del daño antijurídico
imputable a este en los términos del artículo 90
de la Constitución Nacional, como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad
para el Estado o sus agentes.// El hecho que el Estado reconozca la calidad de
víctima en los términos de la presente ley, no podrá ser tenido en cuenta por
ninguna autoridad judicial o disciplinaria como prueba de la responsabilidad
del Estado o de sus agentes. Tal reconocimiento no revivirá los términos de
caducidad de la acción de reparación directa.”
[63]El artículo 132 de la Ley 1448 de 2011
facultó al Gobierno Nacional para reglamentar, entre otros aspectos, el monto
de la indemnización individual que se otorga a las víctimas por vía
administrativa. Con fundamento en esta
facultad de reglamentación fue expedido el Decreto 4800 de 2011, que en sus artículos
148 y 149 regula los criterios y fija en hasta (40) salarios mínimos mensuales
legales el monto máximo de tales indemnizaciones. El mismo tope se establece,
para el caso específico de las víctimas de desplazamiento forzado, en el
artículo 10 del Decreto 1377 de 2014.
[64] Como
en efecto lo ha hecho la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver
demandas de reparación directa en casos que involucran graves violaciones de
derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Al respecto ver las
consideraciones en materia probatoria expuestas en la sentencia del once (11)
de septiembre de 2013 (Expediente No. 20601, Radicado: 41001-23-31-000-1994-07654-01, MP. Danilo Rojas Betancourt), donde
se condenó a la Nación por la ejecución extrajudicial de un campesino en el
Huila, reportada como un “falso positivo”.
[65] La
caracterización del defecto procedimental que se propone a continuación sigue
de cerca la síntesis efectuada en la sentencia T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva), que será objeto de análisis posterior.
[66] Ver,
entre muchas otras, las sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007.
[67] Véase la citada
Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Se refiere específicamente
a fallar sin las pruebas suficientes.
[68] En la Sentencia SU-159
de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte no concedió la tutela
contra una sentencia penal, porque la prueba ilícitamente obtenida no era la
única muestra de culpabilidad del condenado. Pero consideró que había un
defecto fáctico cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.).”.
[69] En la
Sentencia T-1082 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto prosperó una tutela contra
providencia judicial, porque había declarado la existencia de un contrato de
arrendamiento partiendo de una prueba que no era aceptada por la ley como
conducente para esos efectos.
[70] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[71] MP.
Juan Carlos Henao Pérez.
[72] Al respecto la
sentencia precisó: “[El único hecho
que diferencia los dos casos] es que a pesar de que en el proceso incoado por
el señor Hernando Herrera Herrera y otros se allegó el Oficio No. 1015 de
diciembre de 2000 en copia simple y que éste no reunía los requisitos de
autenticidad previstos en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento
Civil, su contenido fue reconocido a través de los testimonios recibidos por
quienes lo suscribieron, según se acredita en los folios  106 a 101 y 150 a 154
del cuaderno principal que fue allegado a este expediente de tutela, lo cual
permitió al Tribunal tener por probada la responsabilidad del Estado a título
de Falla del Servicio. || En el caso de la señora Caviedez, no fueron
solicitados los testimonios de ninguno de los firmantes del citado Oficio,
razón por la cual su valoración fue descartada de plano, precisamente, por no
reunir los requisitos exigidos por los artículos 253 y 254 del Código de
Procedimiento Civil.”
[73] MP. María Victoria Calle
Correa. En dicha ocasión la Corte censuró la renuencia del
Juzgado Administrativo a decretar oficiosamente el envío de la copia auténtica
de los formularios E-10 y E-11 de las mesas de votación, lo que en últimas
conducía a una decisión materialmente inhibitoria basada en la ausencia de un
requisito de carácter simplemente formal.
[74] Sentencia
T-417 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Dice a la letra la Sentencia: “esta
deficiencia probatoria no sólo se presenta cuando el funcionario sustanciador:
i) niega, ignora o no valora arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente
solicitadas por las partes, sino también cuando, ii) a pesar de que la ley le
confiere la facultad o el deber de decretar la prueba, él no lo hace por
razones que no resultan justificadas”.  Cfr., además, la Sentencia  T-949
de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[75] MP. Nilson Pinilla
Pinilla.
[76] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva
[77] En consecuencia, la Sala
Primera concedió el amparo solicitado, para lo cual (i) dejó sin efectos el
fallo del Tribunal Contencioso Administrativo objeto de impugnación; (ii)
ordenó la apertura de un período probatorio adicional, a fin de decretar de
oficio el recaudo en copia auténtica de los documentos públicos que desestimó
por haber sido allegados al proceso en copia simple, o requiera el
reconocimiento de su contenido por parte de los servidores públicos que los
suscribieron y adopte las medidas que considere pertinentes para despejar la
incertidumbre que advirtió sobre los hechos del proceso, respetando en todo
caso los derechos de contradicción y defensa de las partes; (iii) cumplido lo
anterior, dictar una nueva sentencia de segunda instancia en el término legal
para fallar, advirtiendo en todo caso que la decisión de tutela no incide ni
determina el sentido del fallo que deberá proferir el juez contencioso
administrativo.
[78] MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[79] Con fundamento en estas
consideraciones, la Sala Cuarta otorgó el amparo solicitado, para lo cual dejó
sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y
ordenó a este órgano judicial proferir un nuevo fallo de mérito dando valor
probatorio a los documentos cuyo análisis expresamente omitió por haber sido
presentados en copia simple.
[80] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva. SV. Mauricio González Cuervo.
[81] El magistrado Mauricio González Cuervo salvó el voto
en esta decisión  por entender que el caso no se enmarcaba dentro de los
supuestos que daban lugar a reconocer un exceso ritual manifiesto, ya que en el
caso concreto exigir a la accionante que aportara el registro civil de
matrimonio resultaba una carga absolutamente proporcional y razonable, en el
marco de un proceso donde pretendía el reconocimiento de un derecho
prestacional.
[82] MP.
Alexei Julio Estrada. SV. María Victoria Calle Correa, SV. Jorge Iván Palacio
Palacio, AV. Nilson Pinilla Pinilla.
[83] El
magistrado Jorge Iván Palacio y la magistrada María Victoria Calle.
[84] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[85] La sentencia afirma que:
“en materia laboral y de la seguridad social el papel del juez como director
del proceso se torna mucho más amplio en sus facultades inquisitivas, en tanto
el ordenamiento jurídico dispone expresamente que en tales materias existe un
claro deber activo en favor de la búsqueda de la verdad real y la justicia”. Sostuvo
igualmente que: “en la práctica de pruebas, el juez laboral y de la
seguridad social debe tener en cuenta la desigualdad objetiva de las partes y
tomar todas las medidas para lograr el equilibrio necesario”. También
señaló que el despliegue de tales facultades se tornaba especialmente necesario
en procesos de única instancia, toda vez que “en los eventos en los cuales
el ciudadano cuenta con menores recursos y medios para discutir una decisión
judicial, crece de forma inversamente proporcional la obligación de la autoridad
judicial de utilizar todos los medios a su alcance para salvaguardar los
derechos de aquel, con miras a proteger sus derechos fundamentales y a otorgar
una administración de justicia eficiente y de calidad”.
[86] MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, AV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV. Nilson Pinilla Pinilla,
AV. Gabriel Ignacio Mendoza Martelo.
[87] Sobre esta base, la
Corte tuteló los derechos de los accionantes, para lo cual dejó sin efectos las
sentencias que decidieron el proceso de reparación directa en primera y segunda
instancia. Adicionalmente, ordenó al Tribunal Administrativo que conoció del
proceso en primera instancia hacer uso de su facultad probatoria de oficio para
ordenar a la Fiscalía que remita copia auténtica del expediente contentivo de
la investigación por la muerte del hijo de los demandantes; una vez allegada la
prueba, surtido el traslado a la parte demandada y vencido el término legal, se
ordenó al Tribunal proferir una nueva sentencia dentro del proceso de
reparación directa.
[88] MP.
Jorge Iván Palacio Palacio, AV. Nilson Pinilla Pinilla.
[89] En
esta sentencia la Sala Quinta concedió el
amparo transitorio de los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, para lo cual ordenó a la autoridad judicial
demandada: (i) suspender el remate de los bienes embargados y secuestrados al
accionante, hasta tanto la jurisdicción penal se pronuncie de fondo, en lo que
respecta a la falsedad de la letra de cambio que dio origen al proceso
ejecutivo; además (ii) ordenar el
recaudo, reconocimiento o traslado de los dictámenes grafológicos, a fin de que
sean apreciados y valorados junto con la decisión de la Fiscalía, en lo que
respecta a la falsedad en documento privado.
[90] MP.
Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[91] Con fundamento en estas consideraciones, la Corte otorgó el amparo al
ciudadano belga, para lo cual ordenó al Consejo de Estado ordenar la práctica
de las pruebas que considerase pertinentes, entre ellas la del derecho
extranjero aplicable, y proferir sentencia de fondo en el término máximo de
tres meses.  En cualquier caso, la Sala advirtió que las consideraciones
efectuadas por el juez de tutela no implican reconocer que el accionante sea el
legítimo propietario del buque por cuyos daños reclama, ni que se encuentre
acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano.
[92] El magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[93] MP. Mauricio González
Cuervo, SV. Gloria Stella Ortiz Delgado, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[94] A este
respecto la sentencia señala que: “En
adición a la trascendental labor de garantizar que la función pública se ejerza
conforme a los principios de legalidad, moralidad, igualdad, imparcialidad
entre otros, las acciones de pérdida de investidura involucran el goce efectivo
de un grupo de derechos fundamentales como los son los derechos políticos. Así
entonces, la correcta administración de justicia y la necesidad de que el juez
actúe, dentro del ámbito de sus competencias, con una mayor diligencia resulta
constitucionalmente exigible”.
[95] Al efecto se cita la sentencia del 28 de agosto de 2013. Consejo de Estado. Sección
Tercera. Sala Plena. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), donde este
alto Tribunal sostiene que “(d)esconoce de manera flagrante los principios
de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del
proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la
demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el
fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este
escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal
que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal.
[…]”.
[96] MP.
Alexei Julio Estrada, SV. María Victoria Calle Correa, SV. Jorge Iván Palacio
Palacio, AV. Nilson Pinilla Pinilla.
[97] Con fundamento en esta
regla la Corte otorgó el amparo solicitado, para lo cual: (i) dejó sin efecto
la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado; (ii) ordenó al órgano
accionado hacer uso de su facultad probatoria de oficio para allegar al
expediente los originales de los documentos que fueron aportados en copia
simple; (iii) proferir un nuevo fallo en el que se valore la totalidad del
acervo probatorio de conformidad con la autonomía judicial y las reglas de la
sana crítica.
[98] MP Mauricio González
Cuervo. SV Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[99] Los magistrados que
manifestaron su disenso en esta oportunidad fueron Gloria Stella Ortiz Delgado
y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, según se informa en el
comunicado de prensa No. 40 del 16 de octubre de 2014. La magistrada Gloria
Ortiz consideró, en síntesis, que en el contexto de un proceso sancionatorio no
debió aplicarse la doctrina del exceso ritual manifiesto, pues el apego del
órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa a las reglas
procedimentales que exigían esa formalidad tenían fines sustanciales, en tanto
operaban como garantía para el investigado. Añadió, en armonía con lo expuesto,
que en un ámbito en el que debe aplicarse el principio  de favorabilidad, la
opción hermenéutica del seguimiento estricto de las normas procedimentales
pertinentes (es decir, aquellas que exigían copia autenticada) es válida y no
supone la configuración de ningún defecto, en los términos de la doctrina de la
tutela contra providencia judicial. Para terminar, estimó que la Corte
Constitucional aplicó un cambio jurisprudencial de manera retroactiva y en
perjuicio de los intereses de una persona inmersa en un trámite sancionatorio.
[100] Así lo
destacó en la sentencia T-363 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[101] Así lo
estimó la Corte en las sentencias T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva)
y T-386 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), al decidir casos en los que
estaba en juego la indemnización de una madre cabeza de familia y de sus hijos
menores; en la T-591 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-113 de
2012 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) donde se trataba de pretensiones
indemnizatorias formuladas por personas en situación de discapacidad; en las
sentencias T-363 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) y SU-768 de 2014 (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio, SV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), estaba en
juego la garantía de derechos prestacionales o pretensiones indemnizatorias de
personas de la tercera edad que carecían de otras fuentes de ingresos.
[102] Tal fue el caso
decidido en la sentencia SU-915 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
donde la prueba que echaba de menos el juez contencioso administrativo era la
copia auténtica de un expediente que se encontraba en poder de la Fiscalía y
cuya práctica había sido solicitada por los demandantes en el proceso de
reparación directa.
[103] En las
sentencias T-654 de 1999 (MP. María Victoria Calle Correa) y SU-774 de 2014
(MP. Mauricio González Cuervo, SV. Gloria Stella Ortiz Delgado, SV. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), la Corte destacó el especial deber del juez de
activar sus poderes oficiosos en procesos de nulidad electoral y pérdida de la
investidura, respectivamente.
[104] Sentencia
T-599 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[105] Así en
las sentencias SU-915 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
T-104 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[106] En los
casos decididos en las sentencias T-599 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez),
T-654 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa), T-386 de 2010 (MP. Nilson
Pinilla Pinilla), T-591 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-113 de 2012
(MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y SU-774 de 2014 (MP. Mauricio González
Cuervo, SV. Gloria Stella Ortiz Delgado, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), la
prueba que se echaba de menos había sido aportada por los demandante en copia
simple. Entretanto, en las sentencias T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-817 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Mauricio González
Cuervo), T-363 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-104 de 2014 (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio), la prueba había sido insinuada por el actor o su
existencia se infería por el aporte de otros medios de prueba.
[107] Ello
ocurrió en la sentencia SU-768 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). El
salvamento de voto del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza versó precisamente
sobre la falta de constatación de los esfuerzos del demandante por allegar la
prueba requerida.
[108] El artículo 177 del
anterior Código de Procedimiento Civil disponía al efecto “incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”. El artículo 167 del actual Código General
del Proceso (Ley 1564 de 2012) mantiene esta regla, pero la adiciona con una
previsión de carga dinámica de la prueba, conforme a la cual “según las
particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o e cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la
parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en
mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio,
por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas
especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar
al litigio, o por estado de indefensión o incapacidad en la cual se encuentre
la contraparte, entre otras circunstancias similares […]”.
[109] En
materia procesal civil, el artículo 170 del Código General del Proceso
establece que “el juez deberá decretar pruebas de oficio, en las
oportunidades probatorias del proceso y en los incidentes y antes de fallar,
cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia.//
Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las
partes”. Por su parte, el artículo 169 del anterior Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984) señalaba que: “En cualquiera de las instancias el Ponente podrá
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento
de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por
las partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá decretarlas
al vencimiento del término de fijación en lista.// Además, en la oportunidad
procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá disponer que
se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosas
de la contienda.// Para practicarlas deberá señalar un término
de hasta diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual
no procede ningún recurso”.
El artículo 213 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011) regula el decreto y práctica de pruebas de oficio en los
siguientes términos: “En
cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la
verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las
partes.// Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también
podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos
oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término
de hasta diez (10) días. // En todo caso, dentro del término de ejecutoria del
auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por
una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para
contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán
practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete”.
[110] En la
sentencia T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) la legitimación
material por activa no había sido objeto de controversia por la parte que apeló
la sentencia de primera instancia.
[111] A tal
condición se refiere de manera expresa en las sentencias T-113 de 2012 (MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y SU-774 de 2014 (MP. Mauricio González
Cuervo, SV. Gloria Stella Ortiz Delgado, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[112] Así en
las sentencias SU-915 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-104
de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. Nilson Pinilla Pinilla).
[113] En
efecto, en las sentencias T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-386
de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), las partes beneficiadas con el amparo
eran madres cabeza de familia, que actuaban en representación de sus hijos
menores; en la T-591 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) la parte actora
era una persona en situación de discapacidad; en las sentencias T-363 de
2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) y SU-768 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio, SV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), estaba en juego la garantía de
derechos prestacionales o pretensiones indemnizatorias de personas de la
tercera edad que carecían de otras fuentes de ingresos. En todos los casos
señalados, a excepción del último, las partes habían aportado copias simples u
otros medios de prueba para cumplir con la carga que les correspondía.
[114] Sentencia T-146 de
2010, MP. María Victoria Calle Correa.
[115] El
desarrollo de este argumento se encuentra a folios 165 a 168, primer cuaderno
del expediente de tutela.
[116] Ambas premisas se
desarrollan a folios 172 y 173, ibíd.
[117] Estos
argumentos son expuestos a folios 169 a 176, ibíd.
[118] Ver folios 177 a 180,
ibíd.
[119] Ver
folios 182 a 187, primer cuaderno expediente de tutela.
[120] Ver
folios 13 a 17, ibíd.
[121] Folios
23 y 24, primer cuaderno expediente de tutela. Cabe precisar que el proceso de
reparación directa se rituó conforme a lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo, cuyo artículo 214 regula la práctica de pruebas durante la
segunda instancia.
[122] Ver
folio 5 del expediente de reparación directa.
[123] Folio
3, ibíd.
[124] Folio
5, ibíd.
[125] Folio
8, ibíd.
[126] Folio
9, ibíd.
[127] Folios
10 y 11, ibíd.
[128] Folios
210 a 211, ibíd.
[129] Folio
212, ibíd.
[130] Folio
14, ibíd.
[131] Folio
341, ibíd.
[132] Folio
457, ibíd.
[133] Folios
526 y 529, ibíd.
[134]  Según el artículo 1857
del Código Civil, “(l)a venta de los bienes
raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas
ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública”. Conforme al artículo 756 del mismo Estatuto “(s)e efectuará la tradición del dominio de los bienes
raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos
públicos”. Lo anterior, en
concordancia con el artículo 749 ibíd., según el cual “(s)i la ley exige
solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin
ellas”.
[135] Al respecto, el artículo 232 del Código de
Procedimiento Civil, vigente para la época en que se adelantó el proceso de
reparación directa, establecía que “(l)a prueba de testigos no podrá suplir
el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un
acto o contrato.// Cuando se trate de probar obligaciones originadas en
contrato o convención […]la falta de documento o de un principio de prueba por
escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del
respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido
imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal
omisión”.
[136] Tal es el caso, entre otras, de las sentencias
proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 31 de agosto de
2006, Exp. 19611 (MP. Ruth Stella Correa), donde se desestimó la pretensión
indemnizatoria planteada a raíz de un ataque guerrillero al municipio de Viotá,
por cuanto “en el plenario solo reposa la prueba del contrato de compraventa
pero no la constancia de su inscripción ni de su consecuente aparición en la
matrícula inmobiliaria”, razón por la cual no se dio por probada la propiedad
sobre el inmueble por el cual se reclamaba. Entretanto, en la sentencia del 9
de julio de 2014, Exp. 30823 (MP. Jaime Orlando Santofimio), al decidir la
demanda de reparación directa promovida por una persona que reclamó ser
afectada por un ataque de las Farc al municipio de Puerres, Nariño, el Consejo
de Estado concluyó, que no obstante existir prueba de los daños, el demandante
no probó ser propietario del inmueble afectado, razón por la cual no se encuentra habilitado
para percibir indemnización por el mismo. Por su parte, en las sentencias del
25 de mayo de 2011, Exp. 20025 (MP. Stella Conto); 7 de marzo de 2012, Exp.
21888 (MP. Carlos Zambrano); 11 de abril de 2012, Exp. 23036 (MP. Carlos
Zambrano); 4 de junio de 2012, Exp. 22772 (MP. Danilo Rojas); 12 de febrero de
2014, Exp. 25813 (MP. Jaime Orlando Santofimio), se accede a las pretensiones
indemnizatorias luego de comprobar que el vínculo de propiedad con el inmueble
en cuestión fue debidamente acreditado a través de la prueba del título y del
modo de adquisición.
[137] Ver
folio 167, primer cuaderno expediente de tutela.
[138] Tal
documento obra a folio 689 del expediente de reparación directa.
[139] MP.
Martha Isabel Castañeda Curvelo.
[140] A tal
efecto se ordenó: (i) la práctica de la inspección judicial solicitada en la
demanda, fijando como fecha el día 11 de mayo de 2001 a las 7.00 a.m., y
designando como peritos a los señores Pedro Díaz Granados y Manuel Ceballos;
(ii) recibir declaración jurada a los señores Edgardo Acuña y Luis Vargas
Orozco; (iii) designar a los peritos Manuel Pinto Zapata y Álvaro Ceballos
Angarita para efectos de determinar el lucro cesante (Folio 368, expediente de
reparación directa).
[141] Folio
415, ibíd.
[142] En
esta providencia (i) se insistió en la práctica de las pruebas solicitadas por
la Policía Nacional, que no habían sido aún remitidas al expediente; (ii) se
dispuso escuchar en declaración jurada al señor Rafael Noguera Aarón sobre los
hechos de la demanda y a efectos de reconocer el contenido de unos memoriales
dirigidos al Comandante de Policía del Tercer Distrito de Fundación; (iii) se
solicitó al Comandante de Policía Tercer Distrito de Fundación remitir copia de
libros y documentos en los que se certifique si se realizaron patrullajes a las
fincas “La Nena” o “El Tres” y “Los Campanos” entre las fechas comprendidas
entre el 15 de febrero de 1999 y el 21 de ese mismo mes y año (Folio 450,
ibíd.).
[143] Folio
482B, ibíd.
[144] Ver
folios 524 a 531 y 532 a 563, ibíd.
[145] Folios
576 a 581, ibíd.
[146] El artículo 214 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01/84 hoy derogado por la Ley 1437 de 2011) establecía la posibilidad
de practicar pruebas en segunda instancia en los siguientes eventos: “1. Cuando decretadas en la primera instancia,
se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el
fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.// 2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de
transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero
solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.// 3. Cuando se trate de
documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.// 4. Cuando con ellas se trate
de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior”.
[147] Según
consta a folios 663, ibíd.
[148] Abogado
Rodrigo Escobar Gil.
[149] Folios
689 a 690, expediente de reparación directa.
[150] MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, AV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV. Nilson Pinilla Pinilla,
AV. Gabriel Ignacio Mendoza Martelo.
[151] A
folios 54 a 60 del expediente de reparación directa consta el acta de la
inspección judicial, firmada por el abogado Luis José Aarón Ramos, en calidad
de apoderado de los señores Rafael Noguera Abello y Rafael Noguera Aarón.
[152] Folio
16 vto., primer cuaderno del expediente de tutela.
[153] Hernando
Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Teoría general del
proceso, 15º ed., Bogotá, Editorial Temis – Universidad Javeriana, 2012,
p. 383.
[154] Sentencia T-162 de 1998
(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[155] Ibíd.,
p.p. 432-433.
[156] Sentencia
T-399 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). Énfasis añadido.
[157] En la
sentencia T-399 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), la Corte examinó el
alcance del principio iura novit curia en los procesos de reparación
directa, con ocasión de la tutela interpuesta por un grupo de demandantes que,
en ejercicio de la misma, acudieron a la jurisdicción administrativa a reclamar
indemnización por la muerte de una familiar en un accidente en la vía pública.
En segunda instancia, el juez administrativo negó las pretensiones bajo el
argumento de que el régimen de responsabilidad aplicable era el de la
falla del servicio y no el de riesgo excepcional, como habían sostenido los
demandantes. A propósito de este razonamiento, la Corte sostuvo que “el artículo 90 no consagra un único título de imputación previamente
definido para situaciones determinadas, sino que es el juez quien debe
verificar cuál es el que mejor se ajusta a las particularidades de cada caso.
Así, en materia de obras públicas, el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo ha aplicado tanto regímenes subjetivos de la falla en el
servicio, como objetivos del riesgo excepcional. Esta consideración tiene
estrecha relación con el principio de que el
juez conoce el derecho (iura novit curia), el cual es plenamente aplicable en
materia de reparación directa.”
[158] Además de la sentencia antes
citada, la Corte se refirió, en este caso a manera de obiter dictum al
alcance del principio iura novit curia en los procesos de reparación
directa en la sentencia C-644 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV. Luis Ernesto Vargas Silva), al resolver la
demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 140 y 144 de
la Ley 1437 de 2011. Allí reiteró que el mismo se refiere a la posibilidad de
variar los fundamentos de derecho, pero de acuerdo con los hechos alegados por
el demandante:
“En el análisis jurídico de la acción de reparación directa opera el
principio iura novit curia, en la medida que a la persona interesada no le
corresponde presentar las razones jurídicas de sus pretensiones, sino
simplemente relatar los hechos, omisiones, operación u ocupación, para que el
juez administrativo se pronuncie con base en el derecho aplicable al caso. Al
respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de febrero
de 1995, exp: S-123, se pronunció en los siguientes términos:‘La Sala reitera
la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable
el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica
una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o
ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que
directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de
una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable
y si es del caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda
los fundamentos de derecho invocados por el demandante.’” (énfasis añadido). Sin embargo,
al mismo tiempo la Corte ha establecido que la intensidad con que el juez ha de
actuar en cumplimiento de este principio es mayor en función de las
circunstancias de indefensión del accionante. Así quedó establecido en la
sentencia T-146 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa), al decidir la tutela
interpuesta por un ex Senador de la República que fue juzgado penalmente e
invocaba la aplicación del principio iura novit curia con el propósito
de que el juez examinara de oficio si existía vulneración de otros derechos
fundamentales no invocados en la tutela.
[159] Es importante precisar que, en la sentencia T-097 de
2009 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), la Sala Novena de Revisión concluyó que
el Tribunal Administrativo del Quindío había incurrido en un defecto sustantivo
al negar las pretensiones de los accionantes en un proceso de reparación
directa, que reclamaban la indemnización por los daños causados a un inmueble
que pertenecía a su fallecido padre, por considerar que aquellos no habían
probado su legitimación en la causa. Al examinar el caso concreto, se
estableció que el Tribunal accionado había descartado que para probar la
calidad de herederos bastara allegar los registros civiles de nacimiento de los
accionantes y de defunción de su padre, sino que era preciso aportar la
providencia judicial o el documento público notarial de sucesión que da cuenta
de dicha calidad; por su parte, descartó su condición de poseedores del
inmueble afectado, al no existir prueba de la posesión efectiva de la herencia.
Entretanto, la Corte Constitucional señaló que para probar la legitimación en
la causa por activa en la acción de reparación directa “bastaba con acreditar
interés o demostrar en el curso del proceso la calidad de damnificado”, la
cual, en el caso concreto entonces analizado, se encontró plenamente
acreditada, razón por la cual concedió el amparo solicitado.
Tal decisión no constituye
precedente para el presente caso, por cuanto median diferencias significativas
entre la controversia entonces analizada y la que hoy se somete a consideración
de la Sala Plena: (i) en el proceso decidido en la sentencia T-097 de 2009 los
accionantes invocaban como título de legitimación material su condición de
herederos del propietario y de poseedores del inmueble, mientras que en el
presente caso los actores acudieron al proceso de reparación directa invocando
su condición de propietarios, la cual exige una prueba solemne que no fue
aportada; (ii) en el proceso de reparación directa que dio origen a la
sentencia T-097 de 2009, la entidad territorial demandada no cuestionó ni
objetó las calidades invocadas por los accionantes para fundamentar su
legitimación en la causa, a diferencia de lo que ocurre en el presente caso;
(iii) la decisión adoptada en la sentencia T-097 de 2009 no implicó variar,
sino dar por probada, la causa petendi alegada por los accionantes, mientras
que en la presente controversia los demandantes sostienen que el juez erró al
negarse a variar de oficio la causa petendi que alegaban, con fundamento en la
aplicación del iura novit curia y por ser los demandantes víctimas del
conflicto armado.
[160] Folio
178, primer cuaderno expediente de tutela.
[161] El artículo 762 del Código Civil señala que “(l)a
posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea
que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra
persona que la tenga en lugar y a nombre de él.// El poseedor es reputado
dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.
[162] “Según
se extrae de la copia auténtica parcial de la sentencia No. 46 de 24 de
septiembre de 1986, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Ciénaga,
Magdalena, obrante de folios 168 a 169 del cuaderno principal No. 1” (énfasis añadido).
[163] “Folio
170 del cuaderno principal No. 1”.
[164] Así
consta a folios 168 a 169 del expediente de reparación directa.
[165] Folio
17, primer cuaderno expediente de tutela.
[166] “Folio
16 del cuaderno No. 2 anexos probatorios”.
[167] “Folios
25 a 32 del cuaderno No. 2 anexos probatorios”.
[168] “Folio
23 del cuaderno No. 2 anexos probatorios”.
[169] “Folios
18 a 21, 37 a 44, 54 a 56, 65 a 82 y 86 a 90 de cuaderno No. 2 anexos
probatorios”.
[170] “Folios
46 a 53 y 57 a 64 del cuaderno No. 2 anexos probatorios”.
[171] “Folios
83 a 85 del cuaderno No. 2 anexos probatorios”.
[172] Ver
folios 13 vto y 14, primer cuaderno expediente de tutela.
[173] “Folio
472 del cuaderno principal No. 1”.
[174] Ver
folios 23 y 23 vto, primer cuaderno expediente de tutela.
[175] Folio 11 vto., ibíd.
[176] Folios
16 a 92, cuaderno de anexos probatorios expediente de reparación directa.
[177] El
documento consta a folios 180 a 189 del expediente de reparación directa. La
valoración de su mérito probatorio en la sentencia de segunda instancia se
encuentra en el folio 22 del primer cuaderno del expediente de tutela.
[178] El
apoderado de los accionantes invoca los precedentes establecidos en las
sentencias T-264 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-253A de 2012 (MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[179] Ver
folios 182 a 187, primer cuaderno expediente de tutela.
[180] Véanse
los considerandos 50 a 53 de esta providencia.
[181] Folio
341, expediente de reparación directa.
[182] Folio
457, ibíd. El apoderado del Ejército Nacional sostiene: “(e)s
evidente que si los actores alegaban daños en sus posesiones tales como
destrucción de sus casas, muerte de semovientes, quema de bienes, vehículos y
otros elementos, etc., era necesario que probaran en debida forma tales
propiedades. Sin embargo, esto no está probado”.
[183] En la sustentación del
recurso de apelación, el apoderado de la Policía Nacional sostuvo que “la
parte actora no demuestra en debida forma la legitimidad sobre los bienes
presuntamente lesionados” y, entre otras pruebas, echa de menos el que la
parte actora no haya allegado los certificados de tradición de los predios
afectados. Folios 526 y 529, ibíd.
[184] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva. Los hechos del caso y la decisión adoptada por la
Corte fueron examinados en el considerando 37 de esta providencia.
[185] A folios 5 del
expediente de reparación directa se afirma que los títulos por los cuales
fueron adquiridos los predios “El Tres o la Nena” y “Los Campanos” están
registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fundación. A folios 54 a 60 del mismo expediente consta el acta de la
inspección judicial a dichos inmuebles, practicada el 8 de octubre de 1999,
firmada por el abogado Luis José Aarón Ramos, en calidad de apoderado de los
señores Rafael Noguera Abello y Rafael Noguera Aarón.
[186] Sentencia
T-599 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[187] Así, el señor Enrique
Camilo Noguera Aarón, tío de los accionantes y quien para la época se
desempeñaba como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, dirigió varias comunicaciones al general Freddy Padilla de León,
entonces Comandante de la Segunda División del Ejército, solicitando protección
para los predios suyos y de sus familiares. Asimismo, solicitó la práctica,
como prueba anticipada, de sendos interrogatorios de parte con este y otro alto
oficial del ejército, que luego fueron aportados dentro del proceso de
reparación directa instaurado por los señores Noguera Abello. Ver folios 140 a
167, expediente de reparación directa.
[188]
Los artículos 180 del Código de
Procedimiento Civil, 54 del Código Procesal del Trabajo y 169 del Código
Contencioso Administrativo autorizan la práctica de pruebas de oficio. Obviamente esta facultad dependerá de
la autorización legal para el efecto, pues en el caso, por ejemplo, de lo
dispuesto en el artículo 361 de la Ley 906 de 2004, según el cual el juez penal
de conocimiento no puede decretar pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento,
no es posible exigirle al juez algo distinto a lo expresamente permitido. En
este aspecto, puede verse la sentencia C-396 de 2007.
[189]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[190]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[191]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[192]
M.P. Alexei Julio Estrada.
[193]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[194]
ALBERTO BOVINO. “La actividad probatoria ante la corte interamericana de
derechos humanos”.
[195]
Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie
C No. 14, párr. 42. En el mismo sentido, Cfr. Caso Paniagua Morales y otros,
Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 70.