T-314-20
Sentencia T-314/20
Referencia: Expediente T-7.453.964
Asunto: Acción de tutela instaurada por Antonio José
Quintero Doria en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, dieciocho
(18) de agosto de dos mil veinte (2020)
La Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241.9 de la Constitución Política, y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de tutela proferidos, respectivamente, por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería y por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro de la solicitud de amparo
constitucional promovida por el señor
Antonio José Quintero Doria contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.
I. ANTECEDENTES
1.1.
Hechos relevantes
Los hechos que dieron lugar a la
interposición de la acción de tutela son los siguientes:
1.1.1. Manifiesta el accionante
que, según consta en la partida de bautismo expedida por la parroquia San Juan
Pelayo de San Pelayo, Córdoba, nació el 14 de octubre de 1953[1]
en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba. No obstante, en 1969, cuando
apenas contaba con 16 años de edad, solicitó la expedición de su cédula de
ciudadanía ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. En dicha
oportunidad, sin haber sido registrado civilmente, y aportando para el efecto
la partida de matrimonio de sus padres, le fue expedido el referido documento,
en el que, por lo demás, se consignó como su fecha de nacimiento el 14 de
octubre de 1947[2].
1.1.2. El 7 de febrero de 2011,
esto es, alrededor de 41 años después de haber solicitado y obtenido su cédula
de ciudadanía, el accionante se dirigió a la Registraduría de Puerto Escondido,
Córdoba, con el ánimo de registrarse civilmente. Así las cosas, una vez
presentada la partida de bautismo como documento de soporte, el Registrador
Municipal de Puerto Escondido expidió el registro civil de nacimiento con
indicativo serial 50685028, en el que quedó registrado que: el señor Antonio
José Quintero Doria nació en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba, el 14
de octubre de 1953[3].
1.1.3. Sin embargo, el 9 de
febrero de ese mismo año, la Registraduría Municipal de Puerto Escondido
expidió un nuevo registro civil con indicativo serial 50685029, en el que se
corrigió la fecha de nacimiento consignada en el registro civil previo, pues, según
la entidad, el señor Quintero Doria nació en realidad el 14 de octubre de
1947[4].
1.1.4. En razón a lo anterior, el
actor acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el ánimo de que
la entidad enmendara el error cometido, lo anterior, por dos razones de fondo[5].
En primer lugar porque, según el artículo 63 del Decreto 1260 de 1970: “cuando
la persona cuyo nacimiento pretende inscribirse sea mayor de siete años, a la
inscripción deberá proceder constancia de que aquél no ha sido registrado”;
cuestión que no se cumplió en este caso, pues al realizar la inscripción del
segundo registro, la Registraduría soslayó el hecho de que ya contaba con un registro
civil previo. En segundo lugar, el actor alegó que “la corrección que se
realizó no tiene validez, por cuanto la fecha de nacimiento consignada en la
cédula de ciudadanía no concuerda con la partida de bautismo”.
1.1.5. Con fundamento en los
reparos señalados procedió a interponer demanda de jurisdicción voluntaria, de
la cual tuvo conocimiento el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería[6].
Tras realizar una valoración de los hechos y de las pretensiones, en auto del
22 de noviembre de 2018, la autoridad judicial resolvió rechazarla, ya que al
existir dos registros civiles de nacimiento, el demandante no estaba llamado a
iniciar un proceso judicial sino a solicitar a la Registraduría Nacional del
Estado Civil que, en aplicación del inciso segundo del artículo 65 del Decreto
1260 de 1970, anulara el registro civil más reciente, esto es, el expedido el 9
de febrero de 2011.
1.1.6. En sujeción a lo anterior,
el 27 de noviembre de 2018, el señor Quintero Doria elevó una petición a la
Registraduría Nacional del Estado Civil solicitando la anulación del registro civil
con indicativo serial 50685029[7].
No obstante, en respuesta a la solicitud, la entidad aclaró que dicho registro se
expidió con el objetivo de corregir la fecha de nacimiento del solicitante y,
por consiguiente, reemplazar el registro con indicativo serial 50685028. Así
las cosas, la entidad determinó que para efectos de modificar la fecha de su
nacimiento, el señor Quintero debía iniciar un proceso de jurisdicción
voluntaria y solicitar la “corrección, sustitución o adición de su estado
civil”, pues las autoridades administrativas no cuentan con la competencia
para adelantar tales trámites[8].
1.1.7. Ahora bien, en paralelo a
la circunstancia aludida, el accionante señala que desde marzo del 2018 le fue
diagnosticada una “cirrosis hepática enólica Child-Pugh A”[9].
Motivo por el cual sus médicos tratantes dictaminaron la necesidad de practicar
un trasplante hepático[10]
y, de manera análoga, solicitaron a la EPS que autorizara “alojamiento,
alimentación y traslados para residir en el área metropolitana de Medellín, mientras
estuviese en lista de espera y los 2 primeros meses luego del trasplante”[11].
1.1.8. En todo caso, el
accionante expone que: “le han informado que necesita tener una edad
inferior a la que figura en su cédula de ciudadanía para poder tener acceso oportuno
(…) al procedimiento quirúrgico, (…) por cuanto existe una diferencia de seis
años respecto a su verdadera edad”. Lo que quiere decir que, en las
circunstancias actuales, la negativa de la Registraduría de cancelar su segundo
registro civil hace que su salud y su vida corran peligro.
1.2.  Solicitud de amparo
constitucional
1.2.1. El 7 de marzo de 2019, el
señor Antonio José Quintero Doria, actuando mediante apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil
por considerar que, al negarse a modificar los datos referidos a su fecha de
nacimiento, vulneró sus derechos fundamentales a la identidad y a la
personalidad jurídica.
En sustento de lo anterior, el
accionante señaló que le es imprescindible que su fecha de nacimiento se ajuste
a la realidad, pues, en estos momentos, la contradicción existente entre los
datos consignados en su cédula de ciudadanía y los registrados en su partida de
bautismo le está obstaculizando el ejercicio de otros derechos. Por otro lado, alegó
que la Registraduría falseó la realidad a la hora de alterar indebidamente la
información contenida en su primer registro civil, habida cuenta de que la
partida de bautismo es el único soporte válido para tener certeza sobre su real
e indiscutible fecha de nacimiento.
1.2.2. Bajo ese marco contextual,
solicitó al juez constitucional que ordenara a la Registraduría Nacional del
Estado Civil anular el registro civil con indicativo serial 50685029, para que,
de ese modo, se tenga por válido el registro civil con indicativo serial
50685028, en el cual consta como su fecha de nacimiento el 14 de octubre de
1953. Sumado a lo anterior, el accionante solicitó que se ordenara a la
Registraduría la expedición de una nueva cédula de ciudadanía, esto último, de
conformidad con los datos registrados en la partida de bautismo expedida por la
parroquia de San Juan Pelayo, ubicada en el municipio de San Pelayo, Córdoba.
1.2.3. Finalmente, el actor
solicitó al juez constitucional que, con el ánimo de proteger su derecho
fundamental a la vida, y como medida cautelar, ordenara a EPS Salud Total
practicar con urgencia “la intervención quirúrgica que consiste en el
trasplante de hígado, atendiendo el hecho de que en la actualidad padece de un
cáncer maligno de hígado”.
1.3. Trámite procesal y
respuesta de las demandadas
Mediante Auto del 8 de marzo de
2019, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería
admitió la acción de tutela. Con el ánimo de integrar debidamente el
contradictorio, ordenó vincular a la EPS Salud Total y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil. En lo que respecta a la medida provisional
solicitada por el accionante, la autoridad judicial resolvió negar dicha medida,
pues, a pesar del delicado estado de salud del actor, “dentro del plan
médico se encuentra el ingreso a lista para trasplante sin contraindicación
alguna para ello”. Lo que se suma al hecho de que “ningún documento
permite inferir una negativa o dilación injustificada que conduzca a la
existencia de un perjuicio irremediable, atribuible a su prestadora de salud”[12].
1.3.1. Contestación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
En escrito del 13 de marzo de
2019[13],
la jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil
contestó la acción de tutela en los siguientes términos:
En primer lugar, manifestó que,
una vez consultado el Archivo Nacional de Identificación, se estableció que el
accionante “solicitó trámite de expedición de su documento de identidad el
14 de noviembre de 1969 en la Registraduría Especial de Montería, Córdoba,
momento en el cual manifestó llamarse Antonio José Quintero Doria, expidiéndose
la cédula de ciudadanía No. 2.780.074 en donde se consignó como fecha de
nacimiento el 14 de octubre de 1947”, de conformidad con el documento base
aportado, a saber, el Formulario 12B[14].
Así pues, la funcionaria adujo
que “los datos biográficos registrados en la cédula de ciudadanía del señor
Antonio José Quintero Doria, son los mismos que en su momento se encontraban
consignados en el Formulario 12B, que como se mencionó anteriormente, fue el
documento base aportado para la expedición del precitado documento de identidad”.
En segundo lugar, la entidad
resaltó que desde el 14 de noviembre de 1969 el accionante tuvo conocimiento de
los datos biográficos registrados en su documento de identificación, habida
cuenta de que fue él mismo quien los proveyó. Por esta razón, como quiera que
las inconsistencias en la cédula de ciudadanía no son atribuibles a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el actor cuenta con dos caminos
institucionales para corregir tal circunstancia.
En principio, podría solicitar un
trámite de rectificación de la cédula de ciudadanía –procedimiento idóneo en
los casos en el que los datos registrados en el documento de identificación no
concuerdan con los datos inscritos en el Registro Civil de Nacimiento–; sin
embargo, dado que la discrepancia del accionante tiene que ver, justamente, con
los datos biográficos inscritos en el registro civil de nacimiento identificado
con el número serial 50685029, el señor Quintero Doria debe necesariamente acudir
a la vía judicial para lograr establecer su verdadera identidad.
Sobre el particular, anotó que de
conformidad con los artículos 89 y 95 del Decreto 1260 de 1970, “las
inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser
alteradas en virtud de una decisión judicial en firme (…)”. Al tiempo que, “toda
modificación de una inscripción en el registro del estado civil que envuelva un
cambio de estado, necesita de escritura pública o decisión judicial firme que
la ordena o exija (…). De manera análoga, el numeral 11 del artículo 577
del Código General del Proceso indica que: “se sujetarán al procedimiento de
jurisdicción voluntaria (…) [l]a corrección, sustitución o adición de partidas
de estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios de
registro de aquel”.
Finalmente, hizo alusión al fallo
emitido el 5 de marzo de 2015 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en el que el Alto Tribunal sostuvo que: “cuando de duplicidad
de registros civiles se trata y lo que da origen a esa situación no es
palpablemente un yerro como el de haber inscrito dos veces un mismo hecho, sino
que, como ocurre en este caso, existe disparidad en los datos anotados, la
cancelación de uno de ellos no puede ser realizada discrecionalmente por el
funcionario de registro, [pues] esa situación debe ser dilucidada a través de
los medios ordinarios que la ley consagra”.
Así las cosas, de conformidad con
el marco jurídico reseñado, la jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría
Nacional del Estado Civil solicitó al juez constitucional denegar la acción de
tutela, toda vez que la entidad accionada no vulneró o puso en peligro los
derechos fundamentales del actor.
II. Sentencias objeto de
revisión
2.1. Sentencia de primera
instancia
El conocimiento de la acción de
tutela correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Montería, el cual, en sentencia del 15 de marzo de 2019, declaró
improcedente la acción de tutela.
En el fallo en cita, la autoridad
judicial precisó que la solicitud del accionante no persigue la corrección de
su documento de identificación, sino por el contrario la modificación de una
inscripción en el registro del estado civil. De manera que, como bien lo dispone
el numeral 6º del artículo 18 del Código General del Proceso: “son los
jueces civiles municipales los que conocen en primera instancia: (…) de la
corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil.”
En ese sentido, a pesar de que el
actor intentó demostrar que agotó todas las vías con que contaba para acceder a
la corrección de su registro, “lo cierto es que esta herramienta no fue
agotada completamente”, toda vez que el accionante no hizo uso de los
recursos dispuestos para controvertir la providencia que rechazó la demanda
presentada. Por otra parte, precisó que, “al tratarse de una demanda de
jurisdicción voluntaria en la cual no existe una decisión definitiva, aún
persiste la oportunidad para el demandante de acudir ante el juez civil municipal
para solicitar la corrección de su registro civil, previo el aporte de todas
las pruebas que soporten el derecho interesado”.
Finalmente, el juez no encontró
probado: (1) que existiese negativa o dilación injustificada por parte
de la EPS para efectuar el respectivo trasplante; y (2) que la edad
fuese un obstáculo o un impedimento para llevar a cabo tal procedimiento
médico.
2.2. Impugnación
En desacuerdo con la decisión
reseñada, el 20 de marzo de 2019, el señor Antonio José Quintero Doria presentó
recurso de impugnación en contra el fallo de primera instancia[15].
Por una parte, manifestó que era inconcebible que el juez constitucional no
pudiese acceder a su solicitud de adecuar el documento de identificación a la
realidad, máxime cuando media su partida eclesiástica de bautismo y su primer registro
civil de nacimiento.
Por otra parte, insistió que el
Decreto 1260 de 1970 prescribe con absoluta claridad que: “la Oficina
Central del Registro Civil de las personas es la que decide y dispone cancelar
la inscripción cuando compruebe que la persona objeto de ella ya se encontraba
registrada”; disposición normativa que, por lo demás, se ajusta al presente
caso.
Por último, adujo que a pesar de
cumplir con los protocolos clínicos para la práctica del trasplante hepático,
tiene “todo el derecho de obtener del Estado su principal documento de
identificación con los datos que se ajusten a la realidad”, esto es, su
real fecha de nacimiento y, por consiguiente, su verdadera edad.
2.3. Concepto Procuraduría 33
Judicial II para Asuntos Administrativos
Mediante concepto radicado el 22
de abril de 2019[16],
la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos solicitó al Tribunal
Administrativo de Córdoba que revocara la decisión adoptada en primera
instancia y, en su lugar, amparara el derecho fundamental al debido proceso del
señor Antonio José Quintero Doria.
El agente del Ministerio Público manifestó
que si bien por regla general la edad de una persona hace parte de su estado
civil, pues, por ejemplo, determina la mayoría de edad, la Corte Constitucional
ha definido algunas circunstancias en las que, por tratarse de yerros
imputables a la administración, la modificación del registro no implica la
alteración del estado civil. En ese orden de ideas, como quiera que el
accionante está ante una situación en la que, aun cuando acudió oportunamente a
las autoridades judiciales y administrativas para que le fuese corregida su
fecha de nacimiento, no ha logrado obtener oportuna solución, es palmaria la
afectación a sus derechos fundamentales.
Conforme a lo anterior, la
Procuraduría solicitó al juez de segunda instancia que ordenara a la
Registraduría Nacional del Estado Civil a que, en un término prudencial, y en
aplicación del artículo 50 del Decreto 1260 de 1970, procediera a corregir la
fecha de nacimiento inscrita en el Registro Civil de Nacimiento del señor
Quintero Doria.
2.4. Sentencia de segunda
instancia
En sentencia del 30 de abril de
2019[17],
la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió
confirmar la decisión proferida por el a quo. Al respecto, determinó que
en el caso sub examine la modificación de la fecha de nacimiento
involucra una alteración del estado civil, pues la discrepancia entre las
fechas de nacimiento del primer y del segundo registro son de 6 años.
Igualmente, el ad quem sostuvo que aun cuando el actor acudió ante el
juez competente, no ejerció oportunamente los recursos establecidos en la ley
para controvertir la decisión en virtud de la cual su demanda fue rechazada.
En ese orden de ideas, en tanto
que la situación jurídica del actor no ha sido definitivamente resuelta por el
juez competente, y dado que se encuentra habilitado para ejercitar la acción
correspondiente con miras a que se modifique la información contenida en su
registro civil de nacimiento, “ha de concluirse que dentro del asunto no se
satisface el presupuesto de subsidiariedad”, razón por la cual se confirma
la decisión de primera instancia.
III. PRUEBAS
- Copia del registro civil de nacimiento
con indicativo serial 50685028 (expedido el 7 de febrero de 2011), en el cual
se consigna que la fecha de nacimiento del actor es el 14 de octubre de 1953[18].
- Copia del registro civil de nacimiento
con indicativo serial 50685029 (expedido el 9 de febrero de 2011), por el cual
se corrige la fecha de nacimiento contenida en el registro No. 50685028, y se
consigna como auténtica fecha de nacimiento el 14 de octubre de 1947[19].
- Copia de la partida de bautismo
del señor Antonio José Quintero Doria, en la que consta como su fecha de
nacimiento el 14 de octubre de 1953[20].
- Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Antonio José Quintero Doria, en la que consta que su fecha de
nacimiento fue el 14 de octubre de 1947[21].
- Copia de la historia clínica
del señor Antonio José Quintero Doria[22].
- Copia del Auto del 22 de
noviembre de 2018, por el cual el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería,
Córdoba, resolvió rechazar la demanda interpuesta por el señor Antonio José
Quintero Doria[23].
- Copia de la solicitud de
cancelación del registro civil de nacimiento con indicativo serial 50685029,
elevada por el apoderado del señor Antonio José Quintero Doria a la
Registraduría Nacional del Estado Civil el 28 de noviembre de 2018[24].
- Copia de la respuesta a la
solicitud de cancelación del registro civil remitida por la Dirección Nacional
de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil [sin fecha][25].
IV. REVISIÓN DEL PROCESO DE
TUTELA POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Remitido el expediente de tutela
de la referencia a esta Corte para su eventual revisión, la Sala de Selección
Número Siete, mediante Auto del 18 de julio de 2019, notificado el 1º de agosto
de la misma anualidad, dispuso su revisión a través de la Sala Tercera de
Revisión.
4.1. Trámite surtido ante la
Corte Constitucional
4.1.1. Por medio del Auto 589 del
29 de octubre de 2019, la Sala Tercera de Revisión consideró necesario recaudar
pruebas adicionales con el propósito de pronunciarse de fondo en relación con
la controversia constitucional planteada. En ese sentido, ofició al Hospital
San Vicente de Paul de Rionegro, Antioquia, para que informara: (i) si el señor
Antonio José Quintero Doria había recibido algún tipo de atención médica; (ii)
si el señor Quintero se encontraba en lista de espera para el trasplante de
hígado; y, (iii) si en algún momento la edad que figura en su cédula de
ciudadanía ha sido obstáculo para su inclusión en la lista referida.
Igualmente, ordenó al señor
Antonio José Quintero Doria que indicara: (1) si se encuentra incluido en la
lista de espera para el trasplante de hígado; (2) si con posterioridad a la
solicitud de amparo ha adelantado algún tipo de gestión o trámite
administrativo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de
obtener la cancelación del registro civil identificado con el número serial
50685029, o la rectificación de su cédula de ciudadanía; y, (3) si con
posterioridad a la acción de tutela ha presentado demanda de corrección de la
partida de estado civil ante los jueces civiles municipales de Montería.
De manera análoga, conminó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que comunicara si, con
posterioridad a la acción de tutela de la referencia, el señor Antonio José
Quintero Doria ha adelantado algún tipo de gestión o trámite administrativo
ante la entidad con el fin de obtener la cancelación del registro civil de
nacimiento con número serial 50685029, o la rectificación de su cédula de
ciudadanía.
Por último, la Sala resolvió suspender
los términos para fallar el proceso de la referencia hasta por 40 días,
contados a partir del momento en el que las pruebas decretadas fuesen puestas a
disposición del magistrado sustanciador.
4.1.2. Informe de la Fundación
Hospital San Vicente de Paúl de Rionegro, Antioquia
En informe rendido el 13 de
noviembre de 2019[26],
la Fundación Hospital San Vicente de Paúl de Rionegro señaló que, una vez
realizadas las averiguaciones pertinentes al interior de la IPS, se pudo
constatar que:
(1) Al paciente Antonio José
Quintero Doria se le ha atendido periódicamente en la Fundación “después del
trasplante hepático realizado el 2 de julio de 2019”. En efecto, con
posterioridad a la intervención quirúrgica, “se registran varias consultas
de revisión por especialista de hepatología, la última, materializada el 1º de
octubre de 2019”.
(2) El paciente estuvo activo en
lista de espera para trasplante hepático desde el 21 de marzo de 2019 hasta el
2 de julio de ese mismo año, fecha en la cual se llevó a cabo el procedimiento.
En ese sentido, si bien la edad pudo haber sido una contraindicación relativa,
una vez superado el protocolo de trasplante y obtenido el aval de la junta
médica para su activación, se procedió a incluirlo en la lista.
(3) Durante el protocolo, el
paciente manifestó tener 5 años menos (es decir, 65 años para el momento en que
se presentó en la junta médica el 5 de marzo de 2019). Así y todo, “la edad
relacionada en la cédula no fue un factor determinante o impedimento para
incluirlo en la lista de espera para trasplante hepático”.
4.1.3. Informe del señor
Antonio José Quintero Doria
En informe rendido el 13 de
noviembre de 2019[27],
el apoderado del señor Antonio José Quintero Doria anotó que su poderdante
estuvo incluido en la lista de espera “hasta el día en el que se le practicó
la cirugía de trasplante de hígado en el Hospital San Vicente de Paúl el día 2
de julio de 2019, presentando una buena aceptación de su organismo hasta el
momento”. Por otra parte, manifestó que con posterioridad a la acción de
tutela no se ha adelantado ningún tipo de gestión o trámite administrativo
tendiente a rectificar la cédula de ciudadanía del actor, o, a cancelar el
registro civil identificado con el número serial 50685029. Así mismo, tampoco
se ha presentado demanda de corrección de la partida de estado civil ante los
jueces civiles municipales de Montería.
Finalmente, el apoderado recalcó
que independientemente de que al señor Quintero se le haya practicado la respectiva
cirugía, “tiene todo el derecho a obtener del Estado su documento de
identificación con los datos que se ajusten a la realidad”, pues si bien el
Hospital San Vicente de Paúl no le negó el procedimiento quirúrgico a pesar de
la avanzada edad consignada en su cédula, es posible que en otras circunstancias
la fecha de nacimiento inscrita en su documento de identificación le cause
grandes y graves perjuicios a la hora de acceder al sistema de salud, o al
momento de ejercer “sus diversos derechos como ciudadano”.
4.1.4. Informe de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
En informe rendido el 13 de
noviembre de 2019[28],
la jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil
manifestó que, una vez consultadas las bases de datos de la entidad, se pudo
concluir que el señor Antonio José Quintero Doria “solicitó trámite de
expedición (primera vez) de su documento de identidad el día 14 de noviembre de
1969 en la Registraduría Especial de Montería, Córdoba, expidiéndose el cupo
numérico 2.780.074, documento que se encuentra vigente y sin registrar novedad
alguna”. Igualmente, la entidad corroboró que el accionante “solicitó
trámite de renovación de la cédula de ciudadanía No. 2.780.074 el día 15 de
septiembre de 2009 en la Registraduría Municipal de Puerto Escondido, Córdoba,
siendo este el último trámite solicitado”.
Así mismo, la funcionaria puso de
presente que, de conformidad con el informe presentado por la Coordinación del
Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, “en las oficinas
centrales de la Registraduría Nacional no se ha recibido derecho de petición
por parte del accionante posterior a la acción de tutela objeto del presente
requerimiento en el que solicite la cancelación o anulación del registro civil
de nacimiento de serial No. 50685029”.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
Esta Sala es competente para
revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política. El expediente fue seleccionado mediante
Auto del 18 de julio de 2019 proferido por la Sala de Selección de Tutelas
Número Siete.
5.2. Legitimación en la causa
5.2.1. Legitimación por activa: El artículo
86 de la Constitución Política, así como el artículo 10º del Decreto 2591 de
1991, establecen que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que
puede acudir cualquier persona para reclamar, por sí mismo o a través de
representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En el
caso concreto, se observa que el señor Antonio José Quintero Doria cumple con
el requisito de legitimación en la causa por activa, pues, mediante apoderado[29],
alegó que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró sus derechos
fundamentales a la identidad y a la personalidad jurídica, al negarse a
cancelar el Registro Civil de Nacimiento de número serial 50685029 y, por
contera, modificar los datos referidos a su fecha de nacimiento.
5.2.2. Legitimación por pasiva: Por otra
parte, el artículo 86 de la Carta Política, consagra que la acción de tutela
tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales “cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. En ese sentido, en
el presente caso se encuentra acreditado el aludido requisito de legitimidad en
la causa por pasiva. En primer lugar, por cuanto la acción se dirige contra una
autoridad pública, a saber, la Registraduría Nacional del Estado Civil. En
segundo lugar, porque la actuación que presuntamente se considera lesiva de los
derechos fundamentales emana del ejercicio de una competencia en cabeza de la Dirección
Nacional de Registro Civil, esto es: “expedir las resoluciones sobre
cancelaciones, reconstrucciones, anulaciones y demás actos jurídicos sobre el
registro civil que sean de su competencia[30]”.
5.3. Inmediatez
Como requisito de procedibilidad
de la acción de tutela también se exige que su interposición se haga dentro de
un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el amparo responda
a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación
inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad concreta
y actual del derecho constitucional que se invoca como comprometido[31].
En el caso
concreto, la Sala observa que la tutela fue interpuesta en un tiempo razonable,
toda vez que entre la fecha en la que se presentó la
solicitud de cancelación del registro civil de nacimiento –identificado con el
indicativo serial 50685029– ante la Registraduría Nacional del Estado Civil[32], y aquella
en la que se interpuso el recurso de amparo[33],
transcurrieron poco más de tres meses.
5.4. Delimitación de la
controversia y formulación del problema jurídico
5.4.1. A partir de lo enunciado
en el acápite de antecedentes, se tiene que el 14 de noviembre de 1969 el señor
Antonio José Quintero Doria se dirigió a la Registraduría Especial de Montería,
Córdoba, con el ánimo de solicitar la expedición de su cédula de ciudadanía.
Para efectos de proceder con el respectivo trámite, y como quiera que para ese
entonces no contaba con registro civil de nacimiento, el actor diligenció el Formulario
12B, en el que consignó como fecha de su nacimiento el 14 de octubre de
1947. Así las cosas, a partir de dicha información biográfica, la Registraduría
expidió la cédula de ciudadanía No. 2.780.074.
5.4.2. El 7 de febrero de 2011,
esto es, 41 años después de haber solicitado su cédula de ciudadanía, el
accionante acudió a la Registraduría Municipal de Puerto Escondido, Córdoba,
con el objeto de registrar su nacimiento. En dicha ocasión, allegó copia de la
partida de bautismo expedida por la parroquia San Juan Pelayo del municipio de
San Pelayo, Córdoba, en la que consta que su natalicio tuvo lugar el 14 de
octubre de 1953. En sujeción a lo anterior, el Registrador Municipal de Puerto
Escondido expidió el registro civil de nacimiento con indicativo serial
50685028, en el que figura que el señor Antonio José Quintero Doria nació en
el municipio de Puerto Escondido, Córdoba, el 14 de octubre de 1953.
5.4.3. En todo caso, como quedó demostrado
en el proceso, una vez la Registraduría constató que el actor contaba con un
documento de identificación precedente (como lo es la cédula de ciudadanía), el
9 de febrero de 2011 procedió a expedir un nuevo registro civil de nacimiento
de indicativo serial 50685029, a fin de reemplazar el registro previo y
corregir la fecha de nacimiento, toda vez que según los datos biográficos
contenidos en el documento antecedente el actor había nacido el 14 de octubre
de 1947.
5.4.4. En noviembre de 2018, o
sea, más de 7 años después de tal suceso, el señor Quintero Doria inició un
proceso de jurisdicción voluntaria para efectos de que la autoridad judicial
competente anulara el registro civil de nacimiento No. 50685029. No obstante,
el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería rechazó la demanda al estimar
que mediante un trámite administrativo ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil era posible que el demandante lograra el cumplimiento de sus
pretensiones.
5.4.5. En consonancia con lo
anterior, el actor elevó una petición ante la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitando la cancelación del registro civil de nacimiento de número
serial 50685029. Sin embargo, la entidad resolvió desfavorablemente la
solicitud, habida cuenta de que las autoridades administrativas no cuentan con
la competencia para modificar el estado civil de las personas, pues lo anterior
está en cabeza de los jueces civiles municipales y de familia.
5.4.6. Así las cosas, mediante
apoderado, el señor Antonio José Quintero Doria interpuso acción de tutela
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil en razón a que dicha entidad
se negó a:
(1) Cancelar el registro civil de
nacimiento con indicativo serial 50685029 y, por consiguiente, entender por
válido exclusivamente el registro civil de nacimiento con el serial 50685028,
en el que se consigna como su fecha de nacimiento el 14 de octubre de 1953.
(2) Expedir una nueva cédula de
ciudadanía en la que se tenga en cuenta los datos biográficos que figuran en la
partida de bautismo y en el registro civil de nacimiento No. 50685028, esto es,
que el señor Quintero Doria efectivamente nació el 14 de octubre de 1953 en el
municipio de Puerto Escondido, Córdoba.
5.4.7. En paralelo, el apoderado puso
de presente que la corrección de la fecha de nacimiento es indispensable para
que el señor Quintero Doria pueda acceder al trasplante hepático que requiere
con urgencia, pues, según sugirió en el escrito de tutela, existe una relación
directa entre la edad del paciente y el acceso oportuno a dicha intervención
quirúrgica.
5.4.8. Puestas así las cosas, la
Sala de Revisión está llamada a determinar si, en efecto, al negarse a cancelar
el registro civil No. 50685029 y, por ende, abstenerse de corregir la fecha de su
nacimiento, la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos
fundamentales a la identidad y a la personalidad jurídica del señor Antonio
José Quintero Doria. Circunstancia que, por lo demás, podría afectar sus
derechos fundamentales a la vida y a la salud, como quiera que necesita tener
una edad inferior a la que figura en su cédula de ciudadanía para poder acceder
al procedimiento médico prescrito.
5.4.9. Ahora bien, con miras a
resolver el problema jurídico propuesto, antes que nada debe analizarse si en
el asunto sub judice se encuentra acreditado el requisito de
subsidiariedad. Después de todo, la procedibilidad de la acción de tutela se
encuentra sujeta a que en el ordenamiento jurídico no existan otros medios de
defensa judicial eficaces e idóneos, a menos que el amparo se invoque como
mecanismo transitorio para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[34].
5.5.   El requisito de subsidiariedad como parámetro de
procedibilidad de la acción de tutela
Tal como se adelantó en las
líneas precedentes, la Constitución Política de 1991 dispuso, en su artículo
86, que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que [la tutela] se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Esto
último se hace comprensible al tenor del artículo 2º de la Carta Política, el
cual señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado.
Apelando a una interpretación
sistemática e integral de los enunciados en cita, este Tribunal ha señalado que
los mecanismos judiciales de defensa contemplados en la ley han sido estatuidos
como instrumentos de carácter preferente a los que debe acudir la persona en
búsqueda de la protección efectiva de sus derechos, de suerte que la tutela sea
un mecanismo de naturaleza residual[35].
En todo caso, también ha clarificado que la eficacia e idoneidad de las
acciones ordinarias solo puede contemplarse en atención a las características y
exigencias propias del caso concreto[36].
En suma, debe decirse que, por
regla general, si existe un mecanismo de defensa judicial ordinario –idóneo y
efectivo–, el accionante está llamado “a activar los medios ordinarios de
defensa consagrados en el ordenamiento jurídico para la protección de sus
derechos fundamentales”. De manera que “la falta injustificada de
agotamiento de los recursos legales disponibles o, incluso, su ejercicio
negligente o inadecuado”, no puede ser óbice para acudir posteriormente a
la acción de tutela con la intención de obtener la justiciabilidad de sus derechos[37].
En todo caso, el Decreto 2591 de
1991 es claro en afirmar que si el mecanismo ordinario carece de idoneidad o de
eficacia para proteger los derechos fundamentales en juego, o si resulta
necesaria la intervención transitoria del juez constitucional para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, es indiscutible que la tutela es la
acción efectiva para la protección inmediata de los derechos fundamentales.
Por consiguiente, para verificar
el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto,
corresponde al juez constitucional analizar: (i) si acudir a los medios
ordinarios comporta una carga desproporcionada para el actor –por su falta de
idoneidad o eficacia–; o (ii) si se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable de carácter ius fundamental[38].
5.6. El accionante cuenta con
otros mecanismos de defensa judicial para reclamar la protección de sus
derechos
5.6.1. En el numeral 5.4. supra,
quedó establecido que el señor Antonio José Quintero Doria entabló acción de
tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por considerar que
dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la identidad y a la
personalidad jurídica, como quiera que se negó a cancelar el registro civil de nacimiento
con indicativo serial 50685029 y, por consiguiente, entender por válido
exclusivamente el registro civil de nacimiento con el serial 50685028, en el
que se consignó como su fecha de nacimiento el 14 de octubre de 1953.
5.6.2. Ahora bien, una vez
analizadas las circunstancias que rodean el asunto sub judice, la Sala
encuentra que, antes que nada, es indispensable clarificar los alcances
jurídicos de la controversia suscitada por el accionante, pues solo así es
posible determinar si existen otros mecanismos de defensa judicial para
reclamar la protección de sus derechos.
Lo primero que debe señalarse es
que, a diferencia de lo expuesto en el escrito de tutela, el señor Antonio José
Quintero Doria nunca tuvo dos registros civiles de nacimiento vigentes,
como quiera que, desde un principio, el registro civil No. 50685029 (inscrito
el 9 de febrero de 2011) fue expedido con el ánimo de corregir la
información consignada en el registro civil No. 50685028 (inscrito el 7 de
febrero de 2011). De manera que con esta precisión debe descartarse que la
controversia del actor involucre una duplicidad de registros, ya que como quedó
en evidencia, en ningún momento su fecha de nacimiento quedó inscrita dos
veces.
En segundo lugar, cabe aclarar
que en virtud de lo consagrado en el artículo 91 del Decreto 1260 de 1970,
modificado por el artículo 4º del Decreto 999 de 1988, la Registraduría
Nacional del Estado Civil procedió con la corrección del registro civil No.
50685028 en razón a que advirtió que en el Archivo Nacional de Identificación
reposaban datos biográficos antecedentes (como lo es el formulario diligenciado
en 1969 para la expedición de la cédula de ciudadanía) que daban cuenta de que
el señor Quintero Doria había nacido el 14 de octubre de 1947, y no el 14 de
octubre de 1953.
En tercer lugar, la Sala evidencia
que la discrepancia suscitada en relación con los datos biográficos no es
consecuencia de un yerro de la Registraduría, sino que por el contrario, devino
de inconsistencias suscitadas por el propio accionante, toda vez que:
(1) Fue el señor Quintero Doria
quien, al momento de elevar la solicitud para la expedición de su respectiva
cédula, adujo haber nacido el 14 de octubre de 1947.
(2) Durante más de 41 años no
adelantó ningún trámite o elevó solicitud alguna en la que pretendiera la
modificación de su edad, lo que, naturalmente, consolidó la aparente veracidad
de la información suministrada para ese entonces.
(3) A pesar de que inició un
proceso de jurisdicción voluntaria en noviembre de 2018, en dicha ocasión alegó
la duplicidad de registros civiles y solicitó la nulidad del registro más
reciente; cuando la realidad de los hechos arrojaba que solo contaba con un registro
civil válido.
5.6.3. En ese orden de ideas,
conviene señalar que, como lo ha establecido esta Corporación[39],
el registro civil puede ser objeto de modificaciones, tanto por decisión
judicial como por disposición de los interesados[40].
Por otra parte, el ordenamiento prevé que la modificación del registro puede
darse por dos circunstancias, bien por la corrección del mismo, o bien por la alteración
del estado civil.
Sobre lo primero, el artículo 91
del Decreto 1260 de 1970[41]
señala que:
“Una vez
realizada la inscripción del estado civil, el funcionario encargado del
registro, a solicitud escrita del interesado, corregirá los errores mecanográficos,
ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del documento
antecedente o con la sola lectura del folio, mediante la apertura de uno
nuevo donde se consignarán los datos correctos. (…) Los errores en la
inscripción, diferentes a los señalados en el inciso anterior, se corregirán
por escritura pública en la que expresará el otorgante las razones de la
corrección y protocolizará los documentos que la fundamenten.
Las
correcciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con el fin de
ajustar la inscripción a la realidad y no para alterar el estado civil.”
(Subrayado fuera del texto original).
En cuanto a lo segundo, si la
modificación del registro altera materialmente el estado civil y, además, de
dicho cambio surge algún tipo de controversia o contradicción, el interesado
debe acudir a un proceso judicial, “pues en estos casos es indispensable la
intervención de un juez para que valore las pruebas allegadas al proceso”[42].
Lo cual cobra relevancia en el asunto sub judice, por cuanto: (i) el
cambio de la fecha de nacimiento entre uno y otro registro involucra una
discrepancia de 6 años, y (ii) la controversia en la información no es
imputable a un error de las autoridades competentes, sino a la información
proveída por el propio interesado.
En el marco de lo expuesto, el
artículo 577 de la Ley 1564 de 2012 dispone que “se sujetarán al
procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos: (…) 11. La
corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre, o
anotación de seudónimo en actas o folios de registro”. De manera análoga, el
artículo 18 de la ley en cita señala que los “jueces civiles municipales
conocen en primera instancia: (…) 6. De la corrección, sustitución o adición de
partidas de estado civil o de nombre o anotación del seudónimo en actas o
folios del registro”.
5.6.4. Ahora, si bien es cierto
que por regla general la Corte ha reconocido que el procedimiento de
jurisdicción voluntaria es idóneo y efectivo para tramitar las controversias
suscitadas en materia de alteración del estado civil, en circunstancias
excepcionales ha considerado que la acción de tutela puede ser procedente tanto
para solicitar la corrección o anulación del registro civil como para alterar
propiamente el estado civil.
En efecto, en la Sentencia T-729
de 2011[43],
la Corte revisó el caso de un hombre de 70 años de edad al que el Notario Único
del Círculo de Belalcázar, Caldas, le negó la corrección de su registro civil
mediante escritura pública por considerar que, al tratarse de una modificación
del estado civil, debía acudir ante la autoridad judicial competente. En esta
ocasión, la Corporación encontró que: (a) el actor agotó todos los
mecanismos ordinarios de defensa judicial disponibles; (b) la corrección
solicitada por el accionante se desprendía de un error aritmético cometido al
momento de realizar el registro, toda vez que la discrepancia entre la fecha de
nacimiento consignada en su registro civil y la dispuesta en su cédula de
ciudadanía comprendía tan solo ocho días de diferencia; y (c) la
incoherencia en sus documentos de identificación estaba afectando su derecho
fundamental a la seguridad social, ya que por cuenta de tal situación el
Instituto de Seguros Sociales se negaba a tramitar su pensión de vejez y/o
invalidez.
En sujeción a estas
circunstancias, la Sala de Revisión concluyó que al tratarse de un error aritmético
en el que el responsable del registro incurrió al momento de realizar la
inscripción de los datos biográficos, la corrección de tal información no
alteraba el estado civil y podía llevarse a cabo mediante escritura pública.
Motivo por el cual ordenó al notario demandado proceder con la enmienda
respectiva.
Por su parte, en la Sentencia
T-678 de 2012[44],
este Tribunal conoció el caso de una ciudadana a la que la Registraduría
Nacional del Estado Civil le modificó el nombre mediante un procedimiento
irregular. En estas circunstancias, al resultar probado que la accionante
no pudo ejercer su derecho al cambio de nombre por motivo de las barreras
administrativas impuestas por la entidad, la Corte resolvió tutelar sus
derechos fundamentales y ordenar la anulación del respectivo registro civil.
Análogamente, en la Sentencia
T-308 de 2012[45],
este Tribunal resolvió el caso de una ciudadana a la que, estando en
condiciones de gravidez y penuria económica, la Registraduría Nacional del
Estado Civil le alteró sin justificación alguna su estado civil, pues la
reportó como persona muerta y, con base en esa inexacta noticia, efectuó las
inscripciones correspondientes en el registro. En dicha oportunidad, al
tratarse de un error administrativo imputable a la entidad accionada, la Corte
amparó los derechos fundamentales de la actora y, entre otras cosas, ordenó a
la Registraduría proceder con la corrección inmediata del registro.
De otro lado, en la Sentencia
T-232 de 2018[46],
la Corte conoció el caso de dos hermanos a quienes la Registraduría Nacional
del Estado Civil les negó la anulación del segundo registro civil de nacimiento
a pesar de configurarse la causal de duplicidad de registros. En esta
circunstancia, como quiera que la Registraduría contaba con la competencia
expresa para anular los segundos registros civiles de nacimiento, y dado que la
discrepancia entre uno y otro registro afectaba los derechos fundamentales de
los accionantes (pues les impedía acceder a sus respectivas cédulas de
ciudadanía), este Tribunal ordenó a la entidad accionada que, en aplicación
estricta del artículo 65 del Decreto 1260 de 1970, y en aras de rectificar la
fecha de nacimiento de los interesados, anulara los registros civiles controvertidos.
5.6.5. En ese orden de ideas, como
se desprende de las decisiones en cita, es evidente que la Corporación ha
dispuesto la corrección de la información biográfica contenida en el registro
civil, o incluso la modificación del estado civil, en los casos en los que se
configuran circunstancias excepcionales que ponen en riesgo los derechos
fundamentales de quienes acuden al mecanismo de protección constitucional. Así
y todo, encuentra la Sala que en el presente asunto no existe alguna situación en
particular que tenga la potencialidad de afectar la idoneidad o eficacia del medio
ordinario de defensa judicial, esto último por tres razones fundamentales:
(I) Como quedó demostrado en el
proceso, la génesis de la discrepancia entre los datos biográficos se anida en
la información proveída por el accionante al momento de solicitar la expedición
de su documento de identificación. Fue el señor Antonio José Quintero Doria quien
durante 41 años sostuvo que su natalicio había tenido lugar el 14 de octubre de
1947, al punto que con esta información no solamente obtuvo su cédula de
ciudadanía, sino que, adicionalmente, para el año 2009, el documento le fue
renovado. Sin que para ese entonces se hubiese presentado controversia alguna.
(II) Igualmente, quedó probado
que la Registraduría Nacional del Estado Civil no obró al margen de sus
competencias al momento de corregir los datos contenidos en el registro. Por el
contrario, amparada en lo dispuesto en el Decreto 1260 de 1970, y al encontrar
discrepancias en los datos asociados a la fecha de nacimiento del actor, dio
prevalencia a la información biográfica primigenia, esto es, la consignada por
el propio accionante al momento de solicitar la expedición de su cédula de
ciudadanía en 1969. En otras palabras, si bien existe una disparidad en los
datos biográficos, quedó en evidencia que ello no fue producto de un yerro o
actuación arbitraria atribuible a la entidad accionada.
(III) Por último, a pesar de que
el señor Quintero Doria inició un proceso de jurisdicción voluntaria, (a)
soslayó el hecho de que su situación no encuadraba en la causal de duplicidad
de registros, en tanto que el último registro civil fue expedido con el ánimo
de corregir la información consignada en el primero; (b) alegó la nulidad
el segundo registro civil de nacimiento cuando, en rigor, debió haber solicitado
la corrección de su registro y aportado las pruebas pertinentes a fin de que, por
sentencia judicial, su fecha de nacimiento fuese modificada; y, finalmente, (c)
aun cuando su demanda fue rechazada, no hizo uso de los recursos contemplados
en la ley para controvertir tal decisión[47].
Al hilo de lo expuesto, es dable
concluir que el proceso de jurisdicción voluntaria sigue siendo el mecanismo judicial
apropiado para dirimir la controversia planteada, habida cuenta de que en el
marco de aquel el accionante cuenta con la posibilidad de solicitar la
corrección o sustitución de la partida de estado civil. Adicionalmente, resulta
oportuno mencionar que a pesar de que el actor acudió a los jueces civiles
municipales, no existe en este asunto cosa juzgada, por lo que el accionante se
encuentra habilitado para promover el proceso judicial pertinente, a fin de que
su fecha de nacimiento logre ser finalmente modificada.
5.6.6. En todo caso, en el
escrito de tutela, el apoderado del señor Antonio José Quintero Doria alegó que
la modificación de la fecha de nacimiento en el registro civil era
imprescindible, como quiera que el actor “necesita tener una edad inferior a
la que figura en su cédula de ciudadanía para poder tener acceso oportuno al
Sistema General de Salud y poder realizarse el procedimiento quirúrgico que le
permita vivir varios años más”. En consecuencia, pasa la Sala a verificar
si, aun cuando existían otros medios de defensa judicial eficaces e idóneos, la
solicitud de amparo debe proceder como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
5.7. Inexistencia de un
perjuicio irremediable
5.7.1. Es cierto que la Corte
Constitucional ha aceptado la procedencia de la acción de tutela cuando,
existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la solicitud de amparo es
indispensable para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Al respecto, en reiteradas
oportunidades, este Tribunal ha señalado que el concepto de perjuicio
irremediable refiere a que, en el caso concreto, el juez constitucional avizora
que: (i) el perjuicio es inminente, es decir, que amenaza o está
pronto a suceder; (ii) se requiere de medidas urgentes para conjurarlo,
lo que implica que hay necesidad de actuar de inmediato; (iii) el perjuicio es grave,
esto es, que el daño que se pretende evitar es intenso e implica un menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona; y (iv) la suma de los
factores anteriores conlleva a que la tutela sea impostergable, en
cuanto se hace necesario restablecer la integridad de los derechos en juego[48].
5.7.2. Señalado lo anterior, la
Sala considera que las circunstancias propias del caso concreto no se ajustan a
los elementos definitorios del perjuicio irremediable, motivo por el cual, por
esta vía, la acción de tutela tampoco resultaría procedente. Esto, con
fundamento en dos argumentos concretos:
En primer lugar, quedó demostrado
que el señor Quintero Doria estuvo en lista de espera para trasplante hepático
desde el 21 de marzo de 2019 hasta el 2 de julio de 2019, fecha en la cual se
llevó a cabo el procedimiento quirúrgico. Igualmente, resultó probado que la
edad relacionada en la cédula del paciente no fue un factor determinante para
incluirlo en la referida lista de espera. De ahí que la IPS haya desplegado
su capacidad institucional para llevar a cabo el procedimiento requerido en el
menor tiempo posible.
En segundo lugar, también quedó en
evidencia que la afirmación según la cual “la edad consignada en la cédula
de ciudadanía podría causarle perjuicios a la hora de acceder al sistema de
salud” no contó con ningún sustento fáctico. En contraste, la historia
clínica del actor refleja dos elementos que desvirtúan tal aseveración: por una
parte, al momento de interponer la solicitud de amparo, el paciente se
encontraba en controles y tratamiento por hepatología, al tiempo existía
una indicación médica expresa para ser ingresado a lista para trasplante
hepático; y, por otra parte, en el registro de evoluciones médicas,
concretamente, en el análisis subjetivo realizado por los médicos tratantes, se
registró que el paciente tenía 65 años, esto es, que su nacimiento había tenido
lugar el 14 de octubre de 1953[49].
5.7.3. En suma, en el caso
concreto se tiene que: (1) la génesis de la discrepancia entre los datos
biográficos se anida en la información proveída por el accionante al momento de
solicitar la expedición de su documento de identificación, pues fue él mismo
quien sostuvo durante 41 años que su nacimiento había tenido lugar el 14 de
octubre de 1947; (2) la Registraduría Nacional del Estado Civil no operó al
margen de sus competencias, toda vez que corrigió la información inscrita en el
registro civil de nacimiento No. 50685028 de conformidad con la información
biográfica antecedente que reposaba en el Archivo Nacional de Identificación;
y, (3) a pesar de que el accionante inició un proceso de jurisdicción voluntaria,
no hizo uso de los recursos que contempla la ley para controvertir el auto por
medio del cual su demanda fue rechazada.
Finalmente, también quedó
establecido que la controversia alrededor de la fecha de nacimiento del actor
no pudo haber comprometido sus derechos fundamentales a la vida y a la salud,
pues la edad del paciente nunca fue obstáculo para que la Fundación Hospital
San Vicente de Paúl de Rionegro prestara todas las atenciones médicas de rigor,
especialmente después del trasplante hepático realizado el 2 de julio de 2019.
5.7.4. Por consiguiente, como
quiera que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para
reclamar la protección de sus derechos, y no logró demostrar la existencia de
un perjuicio irremediable, la Sala tendrá que confirmar el fallo proferido el
30 de abril de 2019 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Córdoba, que a su vez confirmó la sentencia dictada el 15 de marzo de 2019
por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería,
la cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Antonio José Quintero Doria contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR el
fallo proferido el 30 de abril de 2019 por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba, que a su vez confirmó la sentencia dictada
el 15 de marzo de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Montería, la cual declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor Antonio José Quintero Doria contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Segundo.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folio 12 del cuaderno 1.
[2]
Folio 13 del cuaderno 1.
[3]
Folio 11 del cuaderno 1.
[4]
Folio 10 del cuaderno 1.
[5]
Folio 2 del cuaderno 1.
[6]
Folio 30 del cuaderno 1.
[7]
Folio 24 del cuaderno 1.
[8]
Folio 30 del cuaderno 1.
[9]
Folio 17 del cuaderno 1.
[10]
Folio 18 del cuaderno 1.
[11]
Folio 20 del cuaderno 1.
[12]
Folio 36 del cuaderno 1.
[13]
Folio 42 del cuaderno 1.
[14]
Folios 50 y 51 del cuaderno 1.
[15]
Folio 56 del cuaderno 1.
[16]
Folio 9 del cuaderno 2.
[17]
Folio 14 del cuaderno 2.
[18]
Folio 11 del cuaderno 1.
[19]
Folio 10 del cuaderno 1.
[20]
Folio 12 del cuaderno 1.
[21]
Folio 13 del cuaderno 1.
[22]
Folios 14 a 21 del cuaderno 1.
[23]
Folio 30 del cuaderno 1.
[24]
Folio 24 del cuaderno 1.
[25]
Folio 28 del cuaderno 1.
[26]
Folio 31 del cuaderno de revisión.
[27]
Folio 35 del cuaderno de revisión.
[28]
Folio 40 del cuaderno de revisión.
[29]
El 21 de febrero de 2020, el señor Antonio José Quintero Doria confirió poder
especial, amplio y suficiente al abogado Oscar Ordosgoitia Caballero, con el
ánimo de que, en su nombre y representación, interpusiera acción de tutela
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. (Folio 9 del cuaderno 1).
[30]
Así lo refiere el numeral 9º del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, “[p]or
el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias”.
[31]
Sentencias T-1140 de 2005, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-832 de 2012,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-719 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez y T-138 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[32]
27 de noviembre de 2018.
[33]
7 de marzo de 2019.
[34]
Así lo dispone el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
[35]
Sentencia T-106 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; Sentencia T-1017 de
2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-285 de 2014, M.P. Alberto
Rojas Ríos; Sentencia T-341 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[36]
Al respecto, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone
expresamente que la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales
“será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo a las
circunstancias en las que se encuentra el solicitante”.
[37]
Sentencia T-341 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[38]
Sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[39]
Sentencia T-231 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[40]
El artículo 89 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 2º del
Decreto 999 de 1988, dispone que: “Las inscripciones del estado civil, una
vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial
en firme, o por disposición de los interesados (…)”.
[41]
Modificado por el artículo 4º del Decreto 999 de 1988.
[42]
Sentencia T-231 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[43]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[44]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[45]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[46]
M.P. Diana Fajardo Rivera.
[47]
El inciso 2º del artículo 321 del Código General del Proceso dispone que: “son
apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: 1. El que
rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas”.
[48]
Los anteriores aspectos han sido decantados a partir de las providencias que se
citan a continuación: Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
Sentencia T-007 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia T-318 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; y Sentencia T-260 de 2018, M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[49]
Folio 19 del cuaderno 1.