C-209-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-209/07
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
UNIDAD NORMATIVA-Integración
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Papel que debe cumplir en relación con las
víctimas en el nuevo sistema procesal de tendencia acusatoria
VICTIMA EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Factores de los
cuales depende su intervención
La forma como puede actuar la víctima en el proceso
penal de tendencia acusatoria implantado por el Acto Legislativo 03 de 2002,
depende de varios factores: (i) del papel asignado a otros participantes, en
particular al Fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la
víctima; (iii) del lugar donde ha previsto su participación; (iv) de las
características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto
que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Características
VICTIMA EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Papel que
cumple dentro del proceso penal
El numeral 7 del artículo 250 Superior esboza los
rasgos básicos del rol que cumplen las víctimas dentro del proceso penal. En
primer lugar, este numeral establece el carácter de interviniente. En segundo
lugar, la facultad de intervención que tienen las víctimas se ejerce de manera
autónoma de las funciones del Fiscal. Si bien el Acto Legislativo 03 de 2002
radicó en cabeza del Fiscal la función de acusar, no supedita la intervención
de la víctima a la actuación del Fiscal. En tercer lugar, el legislador en
ejercicio del margen de configuración que le reconoce la Carta, deberá
determinar la forma como las víctimas harán ejercicio de ese derecho a
“intervenir” en el proceso penal. En cuarto lugar, la intervención de las
víctimas difiere de la de cualquier otro interviniente, en la medida en que
éstas pueden actuar, no solo en una etapa, sino “en el proceso penal.”
JUICIO PENAL EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Centro de
gravedad del proceso penal
VICTIMA EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Reconocimiento
como interviniente especial/JUICIO PENAL EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Carácter adversarial/VICTIMA EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Su intervención directa es mayor en las etapas previas o
posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio
Si bien la Constitución previó la participación de la
víctima en el proceso penal, no le otorgó la condición de parte, sino de
interviniente especial. La asignación de este rol particular determina,
entonces, que la víctima no tiene las mismas facultades del procesado ni de la
Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades especiales que le permiten
intervenir activamente en el proceso penal. En ese contexto, es necesario
resaltar que cuando el constituyente definió que la etapa del juicio tuviera un
carácter adversarial, enfatizó las especificidades de esa confrontación entre
dos partes: el acusador y el acusado, dejando de lado la posibilidad de
confrontación de varios acusadores en contra del acusado. La oralidad, la
inmediación de pruebas, la contradicción y las garantías al procesado se logran
de manera adecuada si se preserva ese carácter adversarial. Por el contrario,
la participación de la víctima como acusador adicional y distinto al Fiscal
generaría una desigualdad de armas y una transformación esencial de lo que
identifica a un sistema adversarial en la etapa del juicio. Por otra parte, el
constituyente no fijó las características de las demás etapas del proceso
penal, y por lo tanto delegó en el legislador la facultad de configurar esas
etapas procesales. De lo anterior surge entonces, que los elementos
definitorios de la participación de la víctima como interviniente especial en
las diferentes etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate, y
en esa medida, la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas
previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Ejercicio deberá hacerse de manera compatible con los rasgos
estructurales y las características esenciales de este sistema
Los derechos de la víctima del delito a la verdad, la
justicia y la reparación integral también se encuentran protegidos en el sistema
penal con tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, pero dicha
protección no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de
intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema
procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio de sus
derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las
características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las
definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto, v.gr, caracterizar
a las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del proceso penal, no
supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente fije el
legislador (artículo 250, numeral 7 C.P.).
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Facultades probatorias
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL–Posibilidad de
solicitar pruebas en audiencia preparatoria
PRECEDENTE JUDICIAL-Aplicación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL–Solicitud de pruebas
anticipadas
(i) La norma excluye a la víctima de los actores
procesales que pueden solicitar la práctica de pruebas anticipadas para lograr
el esclarecimiento de los hechos, de las circunstancias de su ocurrencia, la
determinación de los responsables, de la magnitud de los daños sufridos y el
esclarecimiento de la verdad; (ii) no se observa una razón objetiva que
justifique la exclusión de la víctima de esta facultad, como quiera que su
participación en esta etapa previa al juicio no conlleva una modificación de
los rasgos estructurales del sistema penal introducido por el Acto Legislativo
03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, no altera la igualdad de armas, ni modifica la
calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido; (iii) esta
omisión genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del
proceso penal en las etapas previas al juicio; y (iv) entraña un
incumplimiento, por parte del legislador, del deber de configurar una verdadera
intervención de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el
derecho a la verdad y del derecho de las víctimas consagrado en el literal d)
del artículo 11 de la Ley 906 de 2004. Por lo anterior, esta omisión resulta
inconstitucional. En consecuencia, a la luz del cargo analizado, deberá
condicionarse la constitucionalidad del numeral 2 del artículo 284 de la Ley
906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la
práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías.
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBAS-Solicitud por víctima en proceso penal
(i) La norma excluye a la víctima de los actores
procesales que pueden solicitar el descubrimiento de las pruebas; (ii) no se
observa una razón objetiva que justifique la exclusión de la víctima de esta
facultad, como quiera que su participación en esta etapa sólo tiene como
finalidad el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de
evidencia física específica que pretendan hacer valer en juicio, pero no su
contradicción, por lo cual esta facultad no conlleva una modificación de los
rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, no altera la
igualdad de armas, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente
especialmente protegido; (iii) esta omisión genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas
previas al juicio; y al igual que en el caso de las solicitudes probatorias
reguladas por el artículo 357 de la Ley 906 de 2004; impide a la víctima asegurar
el esclarecimiento de la verdad; (iv) esta omisión envuelve un incumplimiento
por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de
la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad.
En consecuencia, a la luz del cargo analizado, deberá condicionarse la
exequibilidad del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la
víctima también puede solicitar el descubrimiento de un elemento material
probatorio específico o de evidencia física específica.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL–Posibilidad de hacer
observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la
totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral
(i) La norma excluye a la víctima de los actores
procesales que pueden participar en la audiencia preparatoria y hacer
observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y la totalidad
de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral; (ii) no se
observa una razón objetiva que justifique la exclusión de la víctima de esta
facultad, como quiera que su participación en esta etapa previa al juicio oral,
sólo tiene como finalidad el descubrimiento de elementos probatorios, pero no
su contradicción o su práctica, por lo cual no conlleva una modificación de los
rasgos estructurales del sistema penal, no altera la igualdad de armas, ni
modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido;
(iii) esta omisión genera una desigualdad injustificada entre los distintos
actores del proceso penal en la audiencia preparatoria; e (iv) implica un
incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una
intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar
el derecho a la verdad. Reitera la Corte que el propio código reconoce el
derecho de las víctimas “a que se les facilite el aporte de pruebas” (literal
d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004). En consecuencia, a la luz del cargo
analizado, se declarará la exequibilidad del artículo 356 de la Ley 906 de
2004, en el entendido de que la víctima también puede hacer observaciones sobre
el descubrimiento de elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que
se harán valer en la audiencia del juicio oral.
EXHIBICION DE ELEMENTOS MATERIALES DE
PRUEBA-Solicitud por
víctima en proceso penal
(i) La norma excluye a la víctima de los actores
procesales que pueden solicitar la exhibición de los elementos materiales
probatorios y evidencia física, con el fin de conocerlos y estudiarlos; (ii) no
se observa una razón objetiva que justifique la exclusión de la víctima de esta
facultad, como quiera que su participación en esta etapa tiene como finalidad
conocer y estudiar los distintos elementos materiales probatorios y la evidencia
física que se hará valer en la etapa del juicio oral, por lo cual no conlleva
una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio
desarrollado por la Ley 906 de 2004, y por el contrario busca garantizar la
igualdad de armas; (iii) esta omisión genera una desigualdad injustificada
entre los distintos actores del proceso penal en la audiencia preparatoria; y
(iv) comporta un incumplimiento por parte del legislador del deber de
configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le
impide asegurar el derecho a la verdad así como la efectividad del derecho de
las víctimas “a que se les facilite el aporte de pruebas” consagrado en el
literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004. En consecuencia, a la luz del
cargo analizado, se declarará la constitucionalidad del artículo 358 de la Ley
906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede hacer dicha
solicitud.
EXCLUSION, RECHAZO E INADMISIBILIDAD DE
MEDIOS DE PRUEBA-Solicitud
por víctima en proceso penal
(i) La norma no incluye a la víctima dentro de los
actores procesales que pueden solicitar la exclusión, el rechazo o la
inadmisibilidad de los medios de prueba; (ii) no se observa una razón objetiva
que justifique la exclusión de la víctima de esta facultad, ya que su
participación en esta etapa permite determinar cuáles medios de prueba resultan
admisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos
notorios o que no requieran prueba, y asegura la protección de la víctima
contra la práctica o admisión de pruebas que vulneren su dignidad, su
intimidad, u otro de sus derechos; (iii) esta omisión genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal en la audiencia
preparatoria, y le impide a la víctima la protección de sus derechos a la
dignidad, a la intimidad y de otros derechos; e (iv) implica un incumplimiento
por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de
la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad, y
la efectividad de los derechos de las víctimas consagrados en el literales b) y
d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004. En consecuencia, a la luz, del cargo
analizado se declarará la constitucionalidad del inciso primero del artículo
359 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede
solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de
prueba.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL-Imposibilidad de
controvertir los medios de prueba, elementos materiales probatorios y evidencia
en el juicio oral
En relación con la expresión “las partes”, empleada en
el artículo 378, el artículo 391 y la expresión “la parte que no está
interrogando o el Ministerio Público”, utilizada en el artículo 395 de la Ley
906 de 2004, es necesario por las mismas razones invocadas anteriormente
efectuar una integración con el correspondiente artículo, visto globalmente.
Sobre tales disposiciones, la Corte observa que: (i) excluyen a la víctima de
los actores procesales que pueden controvertir los medios de prueba, los
elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa
del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que
se planteen en el juicio oral; (ii) sin embargo, dado que la posibilidad de
ejercer estas facultades ocurre en la etapa del juicio oral, sí existe una
razón objetiva que justifica la limitación de los derechos de la víctima, como
quiera que su participación directa en el juicio oral implica una modificación
de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una
alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un
segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de
dicho proceso; (iii) por ello, esta omisión no genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino que busca
evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el juicio oral
dados sus rasgos esenciales definidos por el propio constituyente; y (iv)
tampoco supone un incumplimiento por parte del legislador del deber de
configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, como
quiera que la posibilidad de que la víctima (o su apoderado) intervenga para
controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la
evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así como interrogar
al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral, se
ejercerá a través del fiscal con base en la actividad propia y en la de las
víctimas en las etapas previas del proceso, según los derechos que le han sido
reconocidos en esta sentencia y en la ley.
CONTROL DE LEGALIDAD DE MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO-Solicitud
por víctima en proceso penal
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL-Posibilidad de
solicitar directamente medidas de aseguramiento y de protección/MEDIDAS DE
PROTECCION A VICTIMAS DE DELITO-Posibilidad de solicitarlas directamente
por la víctima
Permitir la solicitud de medidas de aseguramiento o de
protección directamente ante el juez competente por la víctima, sin mediación
del fiscal, no genera una desigualdad de armas, no altera los rasgos
fundamentales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni implica una
transformación del papel de interviniente especial que tiene la víctima dentro
de este sistema procesal penal. Antes bien, asegura en mayor grado la adecuada
protección de la vida, integridad, intimidad y seguridad de la víctima, de sus
familiares y de los testigos a favor, así como de sus derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Carácter excepcional
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Carácter reglado
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Alcance de la expresión “de plano” referida
a la forma en que debe decidirse la aplicación de dicho principio
Aun cuando la expresión “de plano” generalmente se
emplea para indicar la ausencia de debate probatorio, encuentra la Corte que el
contenido del artículo desvirtúa esta conclusión, como quiera que el texto
mismo del artículo 327 prevé que la víctima y el Ministerio Publico “podrán
controvertir la prueba aducida.” Aun cuando la redacción del artículo no es la
más afortunada, debe entenderse que el legislador empleó esta expresión no para
señalar la ausencia total de debate sino porque dentro de la estructura del
sistema acusatorio por su naturaleza oral y adversarial, la práctica y
controversia de pruebas, propiamente dicha, ocurre en la etapa de juicio, en
virtud de los principios de inmediación y concentración.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Imposibilidad para la víctima de impugnar
decisión sobre la aplicación de dicho principio es inconstitucional
En cuanto al cuestionamiento, según el cual negar a la
víctima la posibilidad de impugnar la decisión del juez de control de garantías
sobre la aplicación del principio de oportunidad vulnera sus derechos,
encuentra la Corte que le asiste la razón al demandante. Dada la trascendencia
que tiene la aplicación del principio de oportunidad en los derechos de las
víctimas del delito, impedir que éstas puedan impugnar la renuncia del Estado a
la persecución penal, sí deja desprotegidos sus derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral. Si bien la satisfacción de los derechos de
la víctima no sólo se logra a través de una condena, la efectividad de esos
derechos sí depende de que la víctima tenga la oportunidad de impugnar las
decisiones fundamentales que afectan sus derechos. Por lo tanto, impedir la
impugnación de la decisión del juez de garantías en este evento resulta
incompatible con la Constitución.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION EN
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Necesidad de  valorarlos por el Fiscal al
momento de aplicar dicho principio
De conformidad con lo que establece el artículo 328 de
la Ley 906 de 2004, el fiscal debe “tener en cuenta los intereses de la
víctima” al aplicar el principio de oportunidad. Considera la Corte que es
necesario precisar el sentido de las expresiones “intereses de la víctima”, y
“tener en cuenta,” empleadas en el artículo 328. En relación con la expresión
“intereses”, observa la Corte que ésta no se circunscribe al eventual interés
económico de la víctima que busca la reparación del daño causado por el delito.
Como quiera que la víctima acude al proceso penal para obtener la satisfacción
de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y así se reconoce en
la misma Ley 906 de 2004, la expresión se refiere en realidad a los derechos de
las víctimas, por lo que al aplicar el principio de oportunidad el Fiscal
deberá considerar tales derechos integralmente, no un mero interés económico.
Adicionalmente, precisa la Corte que la locución “tener en cuenta” significa
valorar de manera expresa los derechos de las víctimas, a fin de que ésta pueda
controlar esa decisión ante el juez de control de garantías y tenga fundamento
material para apelar la decisión del juez que estime lesiva de sus derechos.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Aplicación exige principio de verdad
respecto de la autoría y la tipicidad de la conducta
PRINCIPIO DE PRECLUSION Y PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD-Diferencias
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Importancia
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Inexistencia
PRECLUSION DE LA INVESTIGACION PENAL-Causales
PRECLUSION DE LA INVESTIGACION PENAL-Garantías que rodean el trámite de la
solicitud
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN  PRECLUSION DE
LA INVESTIGACION PENAL-Posibilidad
de que víctima pueda allegar o solicitar elementos probatorios y evidencia
física para oponerse a la petición de preclusión
No permitir a la víctima controvertir
adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a una afectación alta de
sus derechos, e incluso, a la impunidad. En efecto, dado que al decretarse la
preclusión, la víctima no puede solicitar la reanudación de la investigación,
ni aportar nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la investigación
contra el imputado favorecido con la preclusión, resulta esencial adelantar un
control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal, y controvertir de
manera efectiva de sus decisiones. Por ello, el trámite de la solicitud de
preclusión debe estar rodeado de las mayores garantías. El artículo 333 de la
Ley 906 de 2004 prevé algunas. No obstante, la controversia de la solicitud del
fiscal tal como ha sido regulada por el artículo 333, puede resultar inocua, si
no se permite la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para
acusar, o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su
petición de preclusión. Entonces, se declarará exequible el artículo 333 en el
entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales
probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del
fiscal.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN AUDIENCIA DE
FORMULACION DE ACUSACION-Exclusión
de la víctima en la fijación de su posición frente a la acusación es
inconstitucional/AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION-Participación de
las víctimas
Si bien es cierto que la Constitución radicó la
facultad de acusación en la Fiscalía, no se ve una razón objetiva y suficiente
que justifique la exclusión completa de la víctima en la fijación de su
posición frente a la acusación, puesto que la intervención de la víctima no
supone una modificación de las características estructurales del sistema penal
con tendencia acusatoria, ni una transformación de la calidad de interviniente
especialmente protegido que tiene la víctima. La fijación de su posición no
afecta la autonomía del Fiscal para acusar, ni mucho menos lo desplaza en el
ejercicio de las facultades que le son propias. Esta exclusión de las víctimas
genera una desigualdad injustificada frente a los demás actores del proceso que
desprotege sus derechos. Por ello, tanto la limitación que hace el artículo
337, de restringir la finalidad de la entrega del escrito de acusación “con
fines únicos de información”, como la omisión de incluir a la víctima (o a su
apoderado) en la audiencia de formulación de acusación para que haga
observaciones, solicite su aclaración o corrección o para que se manifieste
sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o
nulidades, significa un incumplimiento de los deberes constitucionales que
tiene el legislador en la protección de los derechos de la víctima. Por lo
expuesto, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “con fines
únicos de información” contenida en el inciso final del artículo 337 de la Ley
906 de 2004. Igualmente, declarará la exequibilidad del artículo 339 en el
entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de
formulación de acusación para elevar observaciones al escrito de acusación o
manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones,
impedimentos o nulidades.
JUICIO EN PROCESO PENAL CON TENDENCIA
ACUSATORIA-Presentación de
la teoría del caso/VICTIMA EN JUICIO PENAL-Imposibilidad de presentar su
propia teoría del caso al margen del Fiscal
De conformidad con lo que establece el artículo 371,
en la etapa del juicio oral, el fiscal presentará la teoría del caso, y lo
mismo hará la defensa, pero dicho artículo no prevé que la víctima tenga
participación alguna en este momento del juicio oral. No obstante, tal como se
señaló al rechazar la posibilidad de que la víctima interviniera directamente
en la audiencia del juicio oral para controvertir pruebas o interrogar a los
testigos, aquí también está justificada la limitación de sus derechos. Dado el
carácter adversarial de esta etapa del juicio penal y la necesidad de proteger
la igualdad de armas, no puede la víctima participar de manera autónoma y al
margen de la actuación del fiscal. Advierte la Corte que el artículo 443 de la
Ley 906 de 2004 prevé la posibilidad de que el abogado de las víctimas
intervenga para hacer alegatos finales al concluir el juicio. Esta
participación del abogado de la víctima no introduce un desbalance en el juicio
ni le resta su dinámica adversarial puesto que ella se presenta al final de
esta etapa, con miras precisamente a que la voz de las víctimas se escuche
antes de concluir esta etapa del proceso. Por lo tanto, la Corte reiterará que,
dado que en las etapas previas del proceso penal la víctima ha tenido la
oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la
construcción del expediente por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral
la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse
en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al margen del
Fiscal.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL-Facultad de impugnar
decisiones fundamentales
La efectividad de los derechos de las víctimas del
delito depende del ejercicio de varias garantías procedimentales, entre otras
las siguientes: (i) el derecho a ser oídas; (ii) el derecho a impugnar
decisiones adversas, en particular las sentencias absolutorias y las que
conlleven penas irrisorias; (iii) el derecho a controlar las omisiones o
inacciones del fiscal, y (iv) el derecho a ejercer algunas facultades en
materia probatoria. Puesto que en esta sentencia ya se han adoptado decisiones
de inexequibilidad o exequibilidad condicionada con miras a asegurar la
proyección de los derechos de las víctimas en los momentos fundamentales a lo
largo de la evolución del proceso penal, la Corte entiende que los artículos 11
y 137 han de ser leídos en armonía con tales decisiones específicas. Sin
embargo, la Corte estima que una vez garantizados el derecho de impugnación de
las víctimas en dichos momentos específicos de la evolución del proceso penal,
según la regulación establecida por el propio legislador, no es
constitucionalmente necesario condicionar de manera general los artículos 11 y
137. Lo anterior no obsta para que en ocasiones posteriores la Corte se
pronuncie sobre la existencia y el alcance del derecho de impugnación de las
víctimas en otros momentos específicos del proceso penal con los efectos que
estime constitucionalmente necesarios.
AUDIENCIA DE FORMULACION DE IMPUTACION-Intervención de la víctima
Referencia: expediente D-6396
Demandante: Leonardo Efraín Cerón Eraso
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 11, 137, 284 (parcial), 306 (parcial), 316 (parcial), 324, 327
(parcial), 333 (parcial), 337, 339 (parcial), 342 (parcial), 344 (parcial), 356
(parcial), 357 (parcial), 358 (parcial), 359 (parcial), 371 (parcial), 378
(parcial), 391, 395 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide
el Código de Procedimiento Penal”
Magistrado Ponente:
Dr.
Manuel José Cepeda Espinosa
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil
siete (2007)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y los
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Leonardo Efraín Cerón Eraso
demandó los artículos 11, 137, 284, 306, 316, 324, 327, 333, 337, 339, 342,
344, 356, 357, 358, 359, 371, 378, 391, 395 de la Ley 906 de 2004, “por la
cual se expidió el Código de Procedimiento Penal”.
En el Auto del 31 de julio de 2006, la
Corte admitió la demanda de la referencia.
Mediante Auto del 23 de agosto de 2006,
la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento del Procurador
General de la Nación y del Viceprocurador, para emitir concepto en el proceso
de la referencia, y se autorizó al Procurador General de la Nación a designar
un funcionario de ese despacho para este fin.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede
a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.     NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcriben los artículos demandados
en el presente proceso, y se subrayan los apartes demandados:
Ley 906 de 2004
Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal
(…)
Artículo 11. Derechos de las Víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la
administración de justicia, en los términos establecidos en este código.
En desarrollo de lo anterior, las víctimas
tendrán derecho:
a) A recibir, durante todo el
procedimiento, un trato humano y digno;
b) A la protección de su intimidad, a la
garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;
c) A una pronta e integral reparación de
los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros
llamados a responder en los términos de este código;
d) A ser oídas y a que se les facilite el
aporte de pruebas;
e) A recibir desde el primer contacto con
las autoridades y en los términos establecidos en este código, información
pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los
hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;
f) A que se consideren sus intereses al
adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del
injusto;
g) A ser informadas sobre la decisión
definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el
juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de
conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;
h) A ser asistidas durante el juicio y el
incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por
un abogado que podrá ser designado de oficio;
i) A recibir asistencia integral para su
recuperación en los términos que señale la ley;
j) A ser asistidas gratuitamente por un
traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no
poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.
Artículo 137. Intervención de las víctimas
en la actuación penal. Las víctimas del injusto, en garantía de
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de
intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las
siguientes reglas:
1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal
en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables
hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.
2. El interrogatorio de las víctimas debe
realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad.
3. Para el ejercicio de sus derechos no es
obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a
partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas
por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad
de derecho debidamente aprobada.
4. En caso de existir pluralidad de
víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen
hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal
determinará lo más conveniente y efectivo.
5. Si la víctima no contare con medios
suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y
comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le
designará uno de oficio.
6. El juez podrá en forma excepcional, y
con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el
juicio se celebre a puerta cerrada.
7. Las víctimas podrán formular ante el
juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida
la responsabilidad penal del imputado.
Artículo 284. Prueba anticipada. Durante la investigación y hasta antes de la instalación de la
audiencia de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de
prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que sea practicada ante el juez que
cumpla funciones de control de garantías.
2. Que sea solicitada por el Fiscal
General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los
casos previstos en el artículo 112.
3. Que sea por motivos fundados y de
extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.
4. Que se practique en audiencia pública y
con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el
juicio.
Parágrafo 1o. Si la prueba anticipada es
solicitada a partir de la presentación del escrito de acusación, el
peticionario deberá informar de esta circunstancia al juez de conocimiento.
Parágrafo 2o. Contra la decisión de
practicar la prueba anticipada proceden los recursos ordinarios. Si se negare,
la parte interesada podrá de inmediato y por una sola vez, acudir ante otro
juez de control de garantías para que este en el acto reconsidere la medida. Su
decisión no será objeto de recurso.
Parágrafo 3o. En el evento en que la
circunstancia que motivó la práctica de la prueba anticipada, al momento en que
se dé comienzo al juicio oral, no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez
ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral.
Artículo 306. Solicitud de imposición de
medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de
control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el
delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su
urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la
controversia pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal,
Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye
requisito de validez de la respectiva audiencia.
Artículo 316. Incumplimiento. Si el imputado o acusado incumpliere alguna de las obligaciones
impuestas al concederle la detención domiciliaria, o las inherentes a la medida
de aseguramiento no privativa de la libertad a que estuviere sometido, a
petición de la Fiscalía o del Ministerio Público, el juez podrá, según el
caso, ordenar su reclusión en establecimiento carcelario, disponer la reclusión
en el lugar de residencia, o imponer otra medida no privativa de la libertad,
dependiendo de la gravedad del incumplimiento o de la reincidencia.
Artículo 324. Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los
siguientes casos:
1. Cuando se trate de delito sancionado con
pena privativa de la libertad que no exceda en su máximo de seis (6) años y se
haya reparado integralmente a la víctima, de conocerse esta, y además, pueda
determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado
en el ejercicio de la correspondiente acción penal.
2. Cuando la persona fuere entregada en
extradición a causa de la misma conducta punible.
3. Cuando la persona fuere entregada a la
Corte Penal Internacional a causa de la misma conducta punible. Tratándose de
otra conducta punible solo procede la suspensión o la interrupción de la
persecución penal.
4. Cuando la persona fuere entregada en
extradición a causa de otra conducta punible y la sanción a la que pudiera
llevar la persecución en Colombia carezca de importancia al lado de la sanción
que le hubiera sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra él en el extranjero.
5. Cuando el imputado colabore eficazmente
para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información
esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.
6. Cuando el imputado sirva como testigo
principal de cargo contra los demás intervinientes, y su declaración en la
causa contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. En este caso los
efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la
persona beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó.
7. Cuando el imputado haya sufrido, a
consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga
desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del
principio de humanización de la sanción punitiva.
8. Cuando proceda la suspensión del
procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como
consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas.
9. Cuando la realización del procedimiento
implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado.
10. Cuando en atentados contra bienes
jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia, la
afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la
infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el
reproche y la sanción disciplinarios.
11. Cuando en delitos contra el patrimonio
económico, el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto
de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa
su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.
12. Cuando la imputación subjetiva sea
culposa y los factores que la determinan califiquen la conducta como de mermada
significación jurídica y social.
13. Cuando el juicio de reproche de
culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal
una respuesta innecesaria y sin utilidad social.
14. Cuando se afecten mínimamente bienes
colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que
el hecho no volverá a presentarse.
15. Cuando la persecución penal de un
delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista
y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las
víctimas.
16. Cuando la persecución penal del delito
cometido por el imputado, como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o
impida al titular de la acción orientar sus esfuerzos de investigación hacia
hechos delictivos de mayor relevancia o trascendencia para la sociedad,
cometidos por él mismo o por otras personas.
17. Cuando los condicionamientos fácticos o
síquicos de la conducta permitan considerar el exceso en la justificante como
representativo de menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la
culpa.
Parágrafo 1o. En los casos previstos en los
numerales 15 y 16, no podrá aplicarse el principio de oportunidad a los jefes,
organizadores o promotores, o a quienes hayan suministrado elementos para su
realización.
Parágrafo 2o. La aplicación del principio
de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la
libertad que exceda de seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la
Nación o el delegado especial que designe para tal efecto.
Parágrafo 3o. En ningún caso el fiscal
podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que
puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario,
crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el
Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y terrorismo.
Artículo 327. Control judicial en la
aplicación del principio de oportunidad. El juez de control de garantías deberá efectuar el
control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad,
siempre que con esta se extinga la acción penal.
Dicho control será obligatorio y automático
y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio
Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la
Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano y contra esta
determinación no procede recurso alguno.
La aplicación del principio de oportunidad
y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán
comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de
prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su
tipicidad.
Artículo 333. Trámite. Previa solicitud del fiscal el juez citará a audiencia, dentro de los
cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará la petición de preclusión.
Instalada la audiencia, se concederá el uso
de la palabra al fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los
elementos materiales probatorios y evidencia física que sustentaron la
imputación, y fundamentación de la causal incoada.
Acto seguido se conferirá el uso de la
palabra a la víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor del
imputado, en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal.
En ningún caso habrá lugar a solicitud ni
práctica de pruebas.
Agotado el debate el juez podrá decretar un
receso hasta por una (1) hora para preparar la decisión que motivará oralmente.
Artículo 337. Contenido de la acusación y
documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener:
1. La individualización concreta de quiénes
son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y
el domicilio de citaciones.
2. Una relación clara y sucinta de los
hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible.
3. El nombre y lugar de citación del
abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el Sistema Nacional
de Defensoría Pública.
4. La relación de los bienes y recursos
afectados con fines de comiso.
5. El descubrimiento de las pruebas. Para
este efecto se presentará documento anexo que deberá contener:
a) Los hechos que no requieren prueba.
b) La trascripción de las pruebas anticipadas
que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda
repetirse en el mismo.
c) El nombre, dirección y datos personales
de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio.
d) Los documentos, objetos u otros
elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de
acreditación.
e) La indicación de los testigos o peritos
de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales.
f) Los demás elementos favorables al
acusado en poder de la Fiscalía.
g) Las declaraciones o deposiciones.
La Fiscalía solamente entregará copia del
escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las
víctimas, con fines únicos de información.
Artículo 339. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de
acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía,
Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de
incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones
sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el
artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
Resuelto lo anterior concederá la palabra
al fiscal para que formule la correspondiente acusación.
El juez deberá presidir toda la audiencia y
se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y
del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente
a su traslado.
También podrán concurrir el acusado no
privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la
validez.
Artículo 342. Medidas de protección. Una vez formulada la acusación el juez podrá, a solicitud de la
Fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las
víctimas o testigos, ordenar:
1. Que se fije como domicilio para los
efectos de las citaciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía, quien las
hará llegar reservadamente al destinatario.
2. Que se adopten las medidas necesarias
tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar
posibles reacciones contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de
su deber testifical.
Artículo 344. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo
relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa
podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien
corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y
evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es
pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo
máximo de tres (3) días para su cumplimiento.
La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa
entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las
declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el
juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la
inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía los
exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.
El juez velará porque el descubrimiento sea
lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación.
Sin embargo, si durante el juicio alguna de
las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy
significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez
quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al
derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente
admisible o si debe excluirse esa prueba.
Artículo 356. Desarrollo de la audiencia
preparatoria. En desarrollo de la audiencia el juez
dispondrá:
1. Que las partes manifiesten sus
observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos
probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de
formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo
rechazará.
2. Que la defensa descubra sus
elementos materiales probatorios y evidencia física.
3. Que la Fiscalía y la defensa
enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio
oral y público.
4. Que las partes manifiesten si
tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un
receso por el término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la
audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto.
Parágrafo. Se entiende por estipulaciones probatorias
los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como
probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.
5. Que el acusado manifieste si acepta o no
los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta
en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351.
En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario.
Artículo 357. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego
a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su
pretensión.
El juez decretará la práctica de las
pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que
requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad
previstas en este código.
Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios
lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso.
Excepcionalmente, agotadas las solicitudes
probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento
de la existencia de una prueba no pedida por éstas que pudiere tener esencial
influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica.
Artículo 358. Exhibición de los elementos materiales
de prueba. A solicitud de las partes, los
elementos materiales probatorios y evidencia física podrán ser exhibidos
durante la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados.
Artículo 359. Exclusión, rechazo e
inadmisibilidad de los medios de prueba. Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la
exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de
conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles,
impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o
que por otro motivo no requieran prueba.
Igualmente inadmitirá los medios de prueba
que se refieran a las conversaciones que haya tenido la Fiscalía con el
imputado, acusado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas,
suspensiones condicionales y aplicación del principio de oportunidad, a menos
que el imputado, acusado o su defensor consientan en ello.
Cuando el juez excluya, rechace o inadmita
una prueba deberá motivar oralmente su decisión y contra ésta procederán los
recursos ordinarios.
Artículo 371. Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la
Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá
hacer lo propio.
Al proceder a la práctica de las pruebas se
observará el orden señalado en audiencia preparatoria y las reglas previstas en
el capítulo siguiente de este código.
Artículo 378. Contradicción. Las partes tienen la facultad de controvertir, tanto los medios
de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia física
presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la
audiencia pública.
Artículo 391. Interrogatorio cruzado del
testigo. Todo declarante, luego de las formalidades
indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la
parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio,
denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia,
se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de
otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el
sentido de las respuestas.
En segundo lugar, si lo desea, la parte
distinta a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al
declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas
abordados en el interrogatorio directo.
Quien hubiere intervenido en el
interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la
aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se
denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del
directo.
Finalmente, el declarante podrá ser
nuevamente preguntado por la otra parte, si considera necesario hacer claridad
sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del
contrainterrogatorio.
Artículo 395. Oposiciones durante el
interrogatorio. La parte que no está interrogando o el
Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando
viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones.
El juez decidirá inmediatamente si la oposición es fundada o infundada.
III. LA DEMANDA
El ciudadano Leonardo Efraín Cerón Eraso
demanda la inconstitucionalidad de los artículos 11, 137, 284 (parcial), 306
(parcial), 316 (parcial), 324, 327 (parcial), 333 (parcial), 337, 339
(parcial), 342 (parcial), 344 (parcial), 356 (parcial), 357 (parcial), 358
(parcial), 359 (parcial), 371 (parcial), 378 (parcial), 391, 395 (parcial) de
la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”,
por considerar que dichas disposiciones son violatorias de los artículos 1, 2,
4, 13, 29, 93, 94 y 229 de la Carta. Las razones de su solicitud se resumen a
continuación.
El demandante hace en primer lugar una exposición de
la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre los derechos de las
víctimas dentro del proceso penal, así como del papel de las partes procesales
y de los intervinientes dentro del esquema de tendencia acusatoria instituido a
través del Acto Legislativo 03 de 2004 y de la Ley 906 de 2004.
Luego de esta exposición, el demandante señala que
según la legislación y jurisprudencia internacionales sobre derechos humanos,
los derechos de las víctimas del delito obligan a que todo proceso penal se
fundamente en tres pilares, a saber: (i) “las víctimas tienen como derechos
fundamentales la verdad, la justicia y la reparación”, (ii) “la acción
civil (o la “acción particular” que poseen las víctimas dentro del proceso
penal para la defensa de sus derechos conculcados) tiene igual categoría que la
acción penal,”y (iii) “la víctima y el procesado son los protagonistas
del proceso penal y por ende están en igualdad de condiciones, derechos y
obligaciones.”
Según el accionante, en virtud de esos tres
principios, “la víctima puede ejercitar dentro del proceso penal (bajo el
esquema de la Ley 600 de 2000) como el de la aportación y contradicción
probatoria, impugnación de decisiones, solicitud de control de legalidad de la
medida de aseguramiento, solicitud de exclusión de evidencias, ejercicio de la
acción de revisión, pedimento de medidas precautelares reales, solicitud de
nulidades, en fin, participación activa y plena en todas las fases procesales
como parte procesal que es.”
La tesis central del demandante es que, no obstante la
obligatoriedad de estos tres principios, las normas impugnadas de la Ley 906 de
2004 “al colocar a la víctima como simple interviniente con facultades
limitadas y que sólo puede actuar a partir de la audiencia preparatoria a
través de abogado (art.137-3, Ley 906 de 2004), eliminó de tajo la defensa
material como derecho constitucional de la víctima.” A continuación el
accionante describe cómo las normas acusadas restringen de manera
inconstitucional los derechos de las víctimas del delito.
En primer lugar señala que los artículos 11 y 137 de
la Ley 906 de 2004 cercenan el derecho de impugnación al dejar a la víctima sin
posibilidad de controvertir decisiones fundamentales tales como “la
confección de la acusación, de las decisiones sobre incompetencias, las
recusaciones, las nulidades, la admisión o exclusión de pruebas,” o las
decisiones que adopte el juez de control de garantías, pues a pesar de que
dichos artículos prevén la posibilidad de que la víctima interponga recursos
ante el juez de conocimiento, ésta en realidad no tiene la posibilidad de
participar activamente ni en la audiencia de acusación, ni en la preparatoria.
Por otra parte, en la etapa del juicio oral sólo puede impugnar la sentencia
del juez, la sentencia de preclusión y el auto que decide el incidente de
reparación integral, como quiera que frente a dichos actos “se le permite a
la víctima o a su representante alegar y por ende impugnar las decisiones que
sean adversas a su petición.”
Para el demandante, el artículo 11 demandado es
inconstitucional “porque en él se evidencia una grave omisión legislativa,
al no incluir dentro de las facultades de la víctima la posibilidad de aportar
y controvertir pruebas, participar activamente en todos y cada uno de los actos
procesales o audiencias e impugnar las decisiones de los jueces de control de
garantías que les sean adversas. Con esta omisión se genera un trato
discriminatorio para con la víctima que va en contravía de su dignidad humana
(art.1, CN), del principio de igualdad (art.13, CN), del debido proceso (art.
29, CN) y del derecho de acceso a la justicia (art.229, CN). Además de lo
anterior, el artículo 11 literal h) genera también un trato desigual entre
imputado y víctima, pues en primer lugar prevé la representación legal de ésta
a través de abogado sólo a partir del juicio, dejándola desamparada en las
etapas anteriores; y en segundo lugar, se autoriza únicamente la designación de
un abogado de oficio y no de uno pagado por el Estado como sí lo hace con el
imputado, lo que genera obvias desigualdades en la representación, pues, por lo
menos en términos generales, no puede haber igual compromiso entre un
profesional pagado que uno impago.”
Según el accionante, el artículo 137 demandado es
inconstitucional porque omite consagrar como facultades de la víctima “las
mismas que se le reconocen a la defensa (imputado y defensor) y a la Fiscalía,
especialmente en lo que tiene que ver con que no le otorga a la primera de las
nombradas la posibilidad de interponer recursos, discrimina al perjudicado con
el delito al ordenar que en caso de carecer de recursos económicos se le
designe un defensor de oficio y no uno público como sucede con los imputados,
porque no contempla la posibilidad de que la víctima pueda recoger evidencia y
aportarla u ofrecerla al proceso y en últimas pueda participar activamente en
todas las audiencias y actos procesales.”
En cuanto al artículo 306 de la Ley 906 de 2004, el
demandante señala que también vulnera los derechos a la verdad, la justicia y
la reparación de las víctimas del delito, como quiera que la posibilidad de
solicitar la medida de aseguramiento fue otorgada exclusivamente a la Fiscalía
General de la Nación, desconociendo que uno de los fines de las medidas de
aseguramiento es la protección de las víctimas. El mismo cuestionamiento lo
extiende a los artículos 316 y 342 de la Ley 906 de 2004.
En relación con el artículo 324, el accionante considera
que es inconstitucional porque no incluye como condición para la aplicación del
principio de oportunidad que los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación de la víctima estén razonablemente satisfechos, “so pretexto de
la protección del interés general, se deja a las víctimas desamparadas y se las
instrumentaliza violando no sólo los derechos antes relacionados sino su
dignidad humana.”
En cuanto al derecho a solicitar y aportar pruebas al
proceso, el demandante señala que los artículos 327 y 333 de la Ley 906 de
2004, aunque permiten que la víctima controvierta la aplicación del principio
de oportunidad y la solicitud de preclusión que haga el fiscal, no dan lugar a
contradicción probatoria, ni la posibilidad de aportar pruebas, como quiera que
lo único que puede hacer es controvertir la solicitud de la Fiscalía.
En relación con el artículo 337 de la Ley 906 de 2004,
dice el demandante que viola los derechos de la víctima, en cuanto la deja “desprovista
de cualquier posibilidad de proponer elementos de convicción a no ser que lo
haga a través de la Fiscalía, como tampoco puede solicitar un descubrimiento
específico de evidencias de la defensa.”
Indica también que en los artículos 344, 356, 357, y
359 sólo la defensa y la Fiscalía y, excepcionalmente, el Ministerio Público
tienen la posibilidad de participar en el descubrimiento de las pruebas. “En
el juicio oral la víctima tampoco tiene ningún tipo de protagonismo, pues el
debate probatorio y la confrontación de tesis se desarrollan únicamente entre
la Fiscalía y la defensa, con esporádicas intervenciones del Juez o del
Ministerio Público. En ese orden de ideas, la víctima no puede interrogar o
contrainterrogar testigos, objetar preguntas o refutar pruebas. Aparte
de lo anterior, el perjudicado con el delito también ha sido despojado del
derecho que tenía de solicitar la exclusión, rechazo o inadmisión de evidencia
cuanto ella hubiese sido obtenida con violación de sus derechos fundamentales,
por cuanto en el nuevo código tal atribución sólo está conferida a las partes
(Fiscalía, defensor e imputado o acusado) y al Ministerio Público de
conformidad con lo establecido en el artículo 359.”
En relación con la garantía de los derechos de las
víctimas a que su caso sea resuelto por el juez natural y la posibilidad de
impugnar la competencia del funcionario judicial, recusar al juez, controvertir
el escrito de acusación, o solicitar la nulidad de lo actuado, afirma el
accionante que el artículo 339 de la Ley 906 de 2004 restringió inconstitucionalmente
esos derechos en la medida que sólo la Fiscalía, el Ministerio Público y la
defensa pueden formular reparos sobre la competencia del funcionario judicial,
recusarlo, solicitar la nulidad de lo actuado o cuestionar el escrito de
acusación. “De igual manera (…) la víctima ni su representante pueden
recusar al juez, cuando ello es de suma importancia para garantizar la
imparcialidad de la administración de justicia que necesariamente redundará en
un juicio justo que nada más ni nada menos tiene que ver con que los derechos
de verdad y justicia de la víctima tengan pleno desarrollo(…). La víctima
tampoco, en virtud de esta misma norma, puede hacerle observaciones al escrito
de acusación a pesar de que pueda estar mal diseñado y con ello el delito de
que fue objeto quede en la impunidad ya por un castigo diferente o más benévolo
al realmente merecido o porque el juicio termine con una sentencia absolutoria.
Por tanto, a pesar de que la verdad o la justicia estén de por medio, la
víctima al respecto es poco o nada lo que puede hacer.”
Para el actor, el artículo 342 ejusdem, vulnera los
artículos 1, 2, 13, 29 y 229 de la Carta Política porque la víctima sólo puede
solicitar medidas de protección al juez de control de garantías a través de la
Fiscalía, estableciendo así un tratamiento discriminatorio frente al imputado
que puede actuar autónomamente.
De igual forma, para el demandante, en el proceso de
descubrimiento de las pruebas y estipulaciones probatorias en el juicio, según
lo indican los artículos 344, 356 y 357 de la Ley 906 de 2004, sólo pueden
intervenir las partes y no la víctima, quien tampoco cuenta con la facultad de
solicitar la exclusión o rechazo de pruebas, aunque afecten sus derechos
fundamentales, facultad reservada a las partes y al Ministerio Público por el
artículo 359 ibídem. Así mismo, el artículo 358 impide a la víctima solicitar
la exhibición de elementos materiales de prueba, como sí lo puede hacer el
procesado. Existe por tanto, un desconocimiento del principio de igualdad y de
los artículos1, 2, 13, 29 y 229 Superiores.
Finalmente, para el demandante, las mismas
disposiciones constitucionales son desconocidas por el artículo 371 de la Ley
906 de 2004 que niega a la víctima la posibilidad de presentar la teoría del
caso, por el artículo 378 ibídem que contrae el debate probatorio a las partes,
por el artículo 391 que permite interrogatorios cruzados entre estas y por el
artículo 395 en virtud del cual sólo las partes y el Ministerio Público pueden
oponerse a las preguntas, por cuanto todas estas facultades sí son reconocidas
al procesado, mas no a la víctima, quebrantando así el principio de igualdad y
afectando la defensa de los intereses de las víctimas.
IV.  INTERVENCIONES
DE AUTORIDADES
1.
Fiscalía General de la Nación
Jorge Armando Otálora Gómez, en su condición de Fiscal
General de la Nación (E), intervino en el proceso de la referencia para
solicitar que se declare exequible el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, y la
constitucionalidad condicionada de los artículos 339, 356, Numerales 1, 3, 4 y
parágrafo, y 378 en el sentido de “considerar a las víctimas como partes en
el proceso y que por lo tanto se le faculte a realizar todas las acciones
propias de las partes.”
Igualmente, solicita que se declare la exequibilidad
de los artículos 11, 137, 284, 306, 316, 324, 342, 344, 358, 359, 371, 391 y
395 en el sentido de que se entienda que a las víctimas se les otorgan las
mismas facultades que a las partes. Solicita también que se declare inexequible
el inciso 2 del artículo 327. Adicionalmente, y aun cuando no lo incluye en las
solicitudes puntuales de su escrito sino al exponer las razones de su
solicitud, pide que respecto del artículo 333, se declare la inexequibilidad de
la prohibición de la práctica de pruebas para examinar la solicitud de
preclusión y en relación con el artículo 357, que se declare que existe cosa
juzgada. Los fundamentos de su solicitud se resumen a continuación.
En cuanto a los cargos contra el artículo 11 de la Ley
906 de 2004, la Fiscalía señala que “se ha configurado la omisión
legislativa (…), pues de conformidad con los derechos de las víctimas
reconocidos por la Corte Constitucional, éstas deberían estar equiparadas al
procesado en el marco del proceso penal.” Según el Fiscal General (E), “la
no participación directa por parte de la víctima en el proceso puede implicar
su desprotección y el desconocimiento de sus derechos pues la oportunidad que
ofrece el incidente de reparación integral no es idónea para garantizar los
derechos a la verdad y a la justicia, en el entendido de que en el momento
procesal previsto por la ley, es tarde para obtener dentro del proceso
la verdad y la justicia(…) Ello en razón a que no ha tenido oportunidad de
participar en igualdad de condiciones dentro del proceso.”
En relación con el artículo 137 demandado, la Fiscalía
señala que a fin de que los derechos a la verdad y a la justicia sean
efectivamente garantizados dentro del proceso penal, es necesario que el
ordenamiento prevea mecanismos de garantía material y si tales mecanismos no
están previstos, existiría una omisión legislativa que no resultaría “armónica
con los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política y en el bloque
de constitucionalidad.”
En cuanto al numeral 2 del artículo 284, sostiene la
Fiscalía que “la norma excluye de manera injustificada a la víctima de la
posibilidad de solicitar pruebas anticipadas y hacerlas valer en el marco del
proceso, impidiendo así el ejercicio del derecho de contradicción de las
pruebas anticipadas presentadas por el acusado o su defensa, vulnerando una vez
más sus derechos a la verdad y a la justicia de manera desproporcionada, e
inclusive, afectando el derecho de la víctima a la reparación pecuniaria en
caso de que la prueba sea determinante para demostrar el daño y su cuantía
pues, una vez desaparecida, no podrá ser esgrimida ni siquiera en el incidente
de reparación integral.”
Frente a los cargos contra el artículo 306, el Fiscal
General señala que dado que la Fiscalía es una parte dentro del proceso penal,
resulta “incoherente que se le otorgue al afectado indirecto (Fiscalía) para
solicitar medidas de aseguramiento cuando sus intereses son menoscabados de
manera menos intensiva con el injusto y dicho derecho se le niegue a quien es
afectado directo y en medida amplia por el delito, es decir, la víctima.”
Por ello considera que corresponde al juez decidir si es procedente la
imposición de la medida de aseguramiento, teniendo en cuenta la argumentación
presentada por las partes, dentro de las cuales, afirma, se debe incluir a la
víctima.
En relación con el artículo 316 demandado, la Fiscalía
considera que se está ante “una omisión relativa generadora de una
discriminación injustificada y desproporcionada debido a que, si bien la norma
persigue un fin constitucional, cual es el de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del imputado o acusado a quien se le ha concedido detención
domiciliaria, faculta a una de las partes a solicitar la consecuencia jurídica
contenida en el silogismo normativo y omite mencionar a la víctima, quien
siendo otra parte en el proceso ve vulnerado con esta norma su derecho a la
igualdad y termina disminuida su actuación a la solicitud de los oficios de la
Fiscalía o el Ministerio Público, siendo un mero espectador en actuaciones que
directamente tocan sus intereses y vulnerándosele así el debido proceso.”
Frente a los cargos contra el artículo 324, para el
Fiscal, la norma debe permitir el debate por parte de la víctima en la
aplicación del principio de oportunidad, cuyo presupuesto es “la
satisfacción de los derechos de la víctima de manera que ésta no vea
sacrificados sus derechos e intereses por cuenta de la conveniencia pública.”
En relación con el inciso 2 del artículo 327, señala
el interviniente que debe permitirse a la víctima la posibilidad de ejercer
algunos recursos para proteger sus derechos dentro del proceso penal. “Debido
a que la aplicación del principio de oportunidad implica el archivo del proceso
en algunos casos y ya que es una decisión neurálgica dentro del proceso penal y
que sus consecuencias tienen efectos en los intereses de la víctima y de la
comunidad en general, es necesario que exista un control reforzado de legalidad
de dicha aplicación y, ciertamente, la inexistencia de recursos frente a la
decisión del juez no garantiza el mencionado refuerzo.”
En cuanto al artículo 333, la Fiscalía considera que
el cargo es válido pues “la preclusión significa la decisión de no acusar al
imputado, y por lo tanto, no llevar el proceso a término por unas causales muy
precisas consagradas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. No
obstante la especificidad de las causales, ellas pueden no ser evidentes y para
evitar la incertidumbre sobre su aplicación, es conveniente que se permita,
según el criterio del juez la solicitud y práctica de las pruebas, recordando
siempre que ellas deben ser necesarias y pertinentes para esclarecer la
ocurrencia de la causal. Es entonces, deber del juez decretar sólo aquellas
pruebas que no comporten dilaciones injustificadas en el trámite de la
preclusión, pero resulta inconstitucional que el legislador impida la autonomía
judicial y el cabal esclarecimiento de los hechos y causales de preclusión.”
Sobre la constitucionalidad del artículo 337, el
Fiscal señala que la norma es exequible porque dentro de las obligaciones
generales de la Fiscalía se encuentra el deber de realizar todas las
actuaciones pertinentes para garantizar los derechos de todos los ciudadanos,
entre ellos, y muy especialmente, las víctimas. Por ello, a su juicio “bastaría
una interpretación sistemática de la normatividad constitucional y procesal
penal para que la información sobre las víctimas se aporte por parte de la
Fiscalía al proceso con el fin de que ellas sean citadas y ejerzan los derechos
que les corresponde dentro del proceso.”
En lo relativo al trámite de la audiencia de
formulación de acusación consagrado en el artículo 339, el Fiscal considera que
la enunciación que hace el artículo es taxativa al establecer quiénes están
legitimados para intervenir oralmente, por lo que establece un trato
discriminatorio en contra de las víctimas el cual es inconstitucional, teniendo
en cuenta que la Corte misma reconoció en la sentencia C-454 de 2004 que las
competencias que el nuevo sistema le asigna a la Fiscalía para el
restablecimiento del derecho y la reparación integral a la víctima, no la
desplazan ni impiden que ella agencie a través de su representante sus
intereses dentro del proceso penal. En cuanto al aparte demandado del artículo
342, el interviniente afirma que debe permitirse a las víctimas solicitar
directamente las medidas ante el juez, pues puede suceder que la mediación de
la fiscalía haga que la protección no resulte oportuna, porque el daño ya se ha
causado, o también que resulte inconveniente porque la medida resulte
insuficiente dado que el fiscal no conoce a profundidad la situación de la
víctima.
En relación con el artículo 344, el Fiscal (e)
considera que la víctima para encontrarse en igualdad de condiciones con el
procesado, “debe poder tener acceso a las distintas herramientas que las
demás partes del proceso” y por ello, “debe poder intervenir
directamente para solicitar de la defensa las evidencias que ésta pretenda
hacer valer.”
Frente a los cargos contra las expresiones demandadas
de los artículos 356, 358, y 359 el interviniente sostiene que el artículo es
constitucional bajo el supuesto que se entienda que las víctimas deben ser
admitidas como partes en el proceso, a fin de que manifiesten su interés en
hacer estipulaciones probatorias. En relación con el artículo 357, la Fiscalía
sostiene que existe cosa juzgada y se atiene a lo que dijo la Corte Constitucional
en la sentencia C-454 de 2006.
En cuanto a los cuestionamientos contra el artículo
371, sostiene el Fiscal que no permitir a la víctima presentar su teoría del
caso, la “deja en desigualdad de armas, pues las teorías del caso
presentadas por la fiscalía y defensa buscan, de alguna manera, crear en el
juzgador una idea inicial sobre la ocurrencia de los hechos para que éste con
base en las pruebas las deseche o acoja. La ausencia de teoría del caso por
parte de la víctima impide que el juez adquiera esa primera idea sobre la
situación fáctica que puede encuadrarse en diferentes supuestos jurídicos de
aquellos presentados en las teorías del caso de Fiscalía y defensa.”
Finalmente, en relación con los cargos contra los
artículos 391 y 395, la Fiscalía insiste en que las normas de derecho
internacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional le llevan a “concluir
que debe considerarse a la víctima como parte dentro del proceso con todas las
facultades y responsabilidades que ello implica con el objeto de asegurar la
garantía de los derechos a la igualdad, debido proceso, libre acceso a la
justicia, verdad, justicia y reparación integral.”
2.
Ministerio del Interior y de Justicia
Fernando Gómez Mejía, Director de
Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, intervino en
el proceso de la referencia para solicitar que se declaren ajustados a la Carta
Política los artículo 11, 137, 284, num. 2 (parcial), 306 (parcial), 324, 327,
inciso 2 (parcial), 333 (parcial), 337, 339 (parcial), 342 (parcial), 344
(parcial), 356 numerales 1, 3, 4 y parágrafo (parciales), 357 (parcial), 358
(parcial), 359 (parcial), 371 (parcial), 378 (parcial), 391 y 395 de la Ley 906
de 2004. Los fundamentos de su solicitud se resumen a continuación.
Como asunto previo, el representante del
Ministerio solicita que la Corte se declare inhibida frente al artículo 316,
porque “no encontró en el texto de la demanda una formulación de un cargo
concreto.”
A continuación resalta que el sistema
procesal penal actual no es un “típico proceso adversarial puesto que las
partes no cuentan con las mismas potestades y el juez va más allá de ser un
mero árbitro regulador de formas procesales, bien sea el de control de
garantías o el de conocimiento, buscando la aplicación de una justicia material
y, sobre todo, se constituye en un guardián del respeto de los derechos
fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en
especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a
acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con
el ordenamiento jurídico.”
Luego de citar apartes de la sentencia
C-591 de 2005, concluye que a pesar del reconocimiento de los derechos de las
víctimas en la jurisprudencia de la Corte, “así como su especial
intervención dentro del proceso penal, no la considera parte dentro del mismo.”
Posteriormente describe el papel de las víctimas en el nuevo sistema penal,
destacando que la Ley 906 de 2004 establece en forma clara que las víctimas
tienen derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal, en
garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Señala igualmente, que aun cuando el fiscal está en la obligación de
comunicarle a la víctima la iniciación de la investigación, la intervención de
ésta dentro del proceso penal es facultativa, pues está en su derecho escoger
si se presenta como parte o acude directamente a la jurisdicción civil.
A continuación, pasa a sustentar por qué
considera que las normas acusadas resultan ajustadas a la Constitución Política
y al bloque de constitucionalidad.
En primer lugar, recuerda que algunos de
los propósitos de la reforma introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002,
(i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación,
eliminando de sus funciones las actuaciones judiciales donde se comprometan
derechos fundamentales; (ii) consolidar el marco de derechos y garantías del
procesado y de las víctimas como una forma de legitimación de la democracia; y
(iii) agilizar la respuesta sancionatoria o absolutoria de la administración de
justicia y la celeridad de los procesos mediante la adopción de un juicio
público y oral.
En seguida, cita algunas de las
disposiciones de la Ley 906 de 2004 que a su juicio muestran que la posibilidad
de intervención de la víctima dentro del proceso penal es amplia y efectiva
para la garantía de sus derechos. Según el interviniente, “no se establecen
límites, restricciones, excepciones ni prohibiciones al ejercicio de los
derechos de las víctimas que los hagan impracticables, ni los dificultan, ni
los despojan de la necesaria protección, sino que por el contrario, las
disposiciones contenidas en los artículos acusados buscan garantizar el acceso
de las víctimas a la administración de justicia, asegurar sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación y facilitar y agilizar su actuación dentro
del proceso, así como hacer concretos y efectivos esos derechos.”
Según el interviniente, las normas
impugnadas garantizan los derechos de las víctimas, “ya que el procedimiento
allí previsto es ágil para la investigación, juzgamiento y sanción de los
victimarios y (…) se facilita la posibilidad de acudir ante el juez
competente para demandar la verdad, justicia y reparación, ya sea directamente
por la víctima, o a través del fiscal correspondiente, o del Ministerio
Público, y además busca que la decisión judicial sea ágil, oportuna, concreta y
real.”
Resalta el representante del Ministerio
que ninguna de las disposiciones acusadas viola el derecho a la igualdad de las
víctimas pues el Legislador, “acorde con los mandatos y postulados
constitucionales y la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta la
condición de la víctima y bajo los parámetros de una igualdad material que la
hace titular de los privilegios derivados de la condición de la persona
afectada por el hecho punible, consagró dichas medidas en las que atribuyó
especialmente a la Fiscalía tanto la protección de la integridad de las
víctimas como de sus demás derechos, sin perjuicio de las que al respecto
correspondan a los jueces y al Ministerio Público.”
Destaca, además, que las disposiciones
acusadas, en particular las que se refieren al concepto de víctimas, a la
definición de acceso a la justicia, asistencia, resarcimiento e indemnización,
recogen los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
abuso de poder adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante
Resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985.
En cuanto a la existencia de una supuesta
omisión legislativa, el interviniente señala que los artículos 25 y 26 de la
Ley 906 de 2004, establecen las reglas de integración que permiten llenar
eventuales vacíos en la aplicación de la ley, por lo tanto, en su opinión no
existe una omisión legislativa.
En segundo lugar, el interviniente hace
observaciones puntuales sobre la constitucionalidad de algunos de los artículos
demandados.
En relación con el artículo 284, sobre
pruebas anticipadas, el representante del Ministerio sostiene que “en
atención a que la norma se debe interpretar de tal forma que integre lo
estipulado en el ordenamiento jurídico colombiano, la víctima también puede
solicitar la práctica de pruebas anticipadas con el cumplimiento de los mismos
requisitos, esto de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional
[sentencia C-805 de 2002] la víctima en un plano de igualdad, como sujeto
procesal que es, debe tener la facultad de actuar en términos y condiciones
similares a como lo pueden hacer los demás sujetos procesales para garantizar
el respeto al principio de legalidad, la observancia del debido proceso, y en
últimas, asegurar el cabal cumplimiento de los fines del Estado y el acceso
efectivo a la administración de justicia, su condición no es la de un simple
interviniente sino la de un verdadero protagonista en la búsqueda de la verdad
y la realización de la justicia. (…) Este despacho lo encuentra ajustado al
ordenamiento superior por cuanto, (…) se le reconocen a la víctima facultades
probatorias dentro del proceso penal en etapas posteriores a la práctica de la
prueba anticipada –durante la investigación y hasta antes de la instalación de
la audiencia de juicio oral ‑, la cual de todas formas no tiene fuerza
probatoria sino que la misma deviene de que sea decretada, practicada y
valorada en el juicio oral, en el cual la víctima goza de activa
participación.”
En cuanto al artículo 306, el
interviniente señala que lo encuentra ajustado al ordenamiento constitucional
toda vez que si bien la medida de aseguramiento debe ser solicitada al juez de
control de garantías por el fiscal, el Ministerio Público y la víctima también
pueden hacerlo cuando el fiscal se niegue a ello, como quiera que el interés de
los sujetos procesales no se deriva de una actuación sino de una omisión
injustificada del fiscal, en el sentido de abstenerse de definir la situación
jurídica o no imponer la medida de aseguramiento cuando a ello hubiere lugar.
Sobre la constitucionalidad de los
artículos 324 y 327, considera el interviniente que tales disposiciones regulan
el principio de oportunidad y su aplicación de manera compatible con la Carta,
en la medida en que garantizan la aplicación excepcional de ese principio, (i)
al exigir el control de legalidad por parte del juez de control de garantías,
(ii) porque varias de las causales condicionan su aplicación a que se hayan
restaurado los derechos de la víctima, y (iii) porque exigen que el fiscal
manifieste y demuestre ante el juez de control de garantías que para su aplicación
tuvo en cuenta los intereses de la víctima y que ésta fue oída.  Para el
interviniente además, el hecho de que el artículo 327 “no contemple recurso
alguno contra la decisión del juez en el control de la aplicación del principio
de oportunidad no implica que este devenga en inconstitucional, ya que el
Congreso de la República, en virtud del principio de libertad de configuración
legislativa puede determinar las formas procesales y dentro de ellas la
procedencia o no de recursos a las decisiones que en el proceso se tomen.”
En relación con el artículo 333, el
representante del Ministerio del Interior considera que no le asiste la razón
al demandante que considera que este artículo no le permite controvertir ni
aportar pruebas, puesto que “este artículo (…) guarda concordancia con el
sistema acusatorio que implementa porque en esta instancia deben estar
proveídas las pruebas respectivas, los elementos materiales probatorios y la
evidencia física recolectada.”
En cuanto a la constitucionalidad de los
artículos 337, 339, 342, 344, 356, 371, 378, 391 y 395, el interviniente
considera pertinente recordar primero que el papel del fiscal en la acusación “es
dar noticia de lo que se le acusa, y por ello se limita a practicar actos de
investigación, a recoger, basar, fundamentar, eliminar, ampliar, fijar, o
trasladar material probatorio que vaya a utilizar en la vista para justificar
su acusación.” Teniendo en cuenta ese papel, considera que el traslado del
escrito de acusación previsto en el artículo 339, “solo tiene por objeto dar
oportunidad a los intervinientes para que expresen oralmente las causales de
incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades si las hubiere y las
observaciones sobre el escrito de acusación si no reúne los requisitos
establecidos en el artículo 337 para que el fiscal lo aclare, adicione o
corrija de inmediato.”
A continuación aduce que el artículo 342
no impide que las víctimas sean protegidas, como quiera que de conformidad con
el artículo 250-6 y la Ley 418 de 1997, el fiscal tiene el deber de solicitar
las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, y disponer
el restablecimiento del derecho y la reparación integral.
Finalmente opina que los artículos 344,
356, 358, 359 y 378 no entrañan un tratamiento discriminatorio, puesto que toda
la participación de la víctima dentro del proceso penal, tal como ha sido
diseñada por el legislador, está encaminada a que le sean reconocidos los
derechos a la verdad, justicia y reparación y en esa medida, el desarrollo de las
diversas etapas del proceso está orientado a garantizar sus derechos y por
ello, todas las autoridades que intervienen en el mismo están obligadas a
asegurarlos.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
La Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales,
Carmenza Isaza Delgado, en concepto No. 4191 del 18 de octubre de 2006,
solicitó a la Corte lo siguiente: (i) estarse a lo resuelto en la sentencia C-
454 de 2006 en relación con la acusación formulada contra el artículo 357; (ii)
inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 306,
316, 324, 342 y 371, por ineptitud sustantiva de la demanda; (iii) declarar
inexequibles el inciso 4º del artículo 333, que dispone “En ningún caso
habrá lugar a solicitud y práctica de pruebas”, y la expresión “con
fines únicos de información” del artículo 337, inciso final; (iv) declarar exequibles los artículos 11, 137 y
327 de la Ley 906 de 2004, en lo acusado; y
(v) declarar la exequibilidad condicionada de: (a) el artículo 284, numeral
2º “de tal forma que se entienda que toda víctima de un comportamiento
delictivo también tiene derecho a solicitar pruebas anticipadas, con sujeción a
los requisitos allí contemplados;” (b) los artículos 344 y 356, “en el
sentido que la víctima en las audiencias de formulación de acusación y
preparatoria tiene derecho a solicitar el descubrimiento de elementos
materiales probatorios o evidencia física que se encuentren en poder de las
partes;” (c) los artículos 358 y 359 “de tal forma que se entienda que,
con fundamento en el artículo 174 ibídem, la víctima en la audiencia
preparatoria también puede requerir la exhibición de elementos o evidencia y
solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba
cuando se presente alguno de los eventos contemplados en el artículo 359;”
(d) los artículos 378, 391 y 395, “en la medida que no implique el
desconocimiento del derecho de la víctima a controvertir los medios de prueba,
la evidencia y los elementos materiales probatorios allegados al proceso, y
entendiendo que en ejercicio de tal derecho, la víctima cuenta con la
posibilidad de interrogar al testigo que ha solicitado, contrainterrogar al
citado por otro y de oponerse a cualquier pregunta que viole las reglas del
interrogatorio;”y (e) el artículo 339, “bajo el entendido que en la
audiencia de formulación de acusación los afectados con el delito también gozan
de las potestades allí reconocidas al acusado y al Ministerio Público.” Los
fundamentos de su solicitud se resumen a continuación.
La Vista Fiscal define los problemas jurídicos que
plantea la demanda en los siguientes términos:
2.1. Si de acuerdo al nuevo esquema procesal diseñado por
el Acto Legislativo 03 de 2002 la ley está obligada a reconocer la calidad de
parte a la víctima de la infracción.
2.2. Si viola el principio de igualdad el reconocimiento de
derechos y cargas procesales a la víctima distintas de las otorgadas al
investigado, imputado o acusado.
2.3. Si con el fin de garantizar el debido proceso a las
víctimas es imperioso reconocerles la potestad de impugnar todas las decisiones
que considere adversas, participar en el recaudo y debate probatorio, y
solicitar al juez de garantías la imposición de medidas de aseguramiento.
Como cuestión previa, la representante del Ministerio
Público señala que respecto del artículo 357 cuestionado, se ha producido el
fenómeno de la cosa juzgada, puesto que en la sentencia C-454 de 2006 la Corte
Constitucional se pronunció frente al mismo cargo y declaró la exequibilidad
del precepto “en el entendido que los representantes de las víctimas en el
proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia
preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.”
En relación con los artículos 306, 316, 324 y 371 de
la Ley 906 de 2004, afirma la Procuradora Delegada que no existe un cargo
claro, concreto y coherente, por lo cual la Corte debe declararse inhibida. En
cuanto al artículo 306, afirma que “el actor omite señalar por qué la disposición
demandada viola el artículo 1º de la Constitución, relativo a la organización
del Estado Colombiano, desconoce alguna de las garantías del debido proceso y a
cuál de ellas se refiere, y por qué considera que se le afecta el derecho a
acceder a la administración de justicia, pues tan sólo afirma en forma vaga e
incongruente que ′hay una clara violación de los derechos de la víctima.′”
Sobre el artículo 316, sostiene que también existe ineptitud sustantiva de
la demanda, “toda vez que no están expuestas en la demanda las razones de
índole constitucional por las cuales ese artículo, relativo a las consecuencias
del incumplimiento de las obligaciones impuestas al concederle la detención
domiciliaria o imponerle una medida no privativa de la libertad, es contrario a
la Carta Política.” En relación con el artículo 324, afirma que los cargos
se orientan a criticar el trámite para la aplicación del principio de
oportunidad, en el cual supuestamente se excluye a la víctima, asuntos que no
son regulados en la norma cuestionada sino en los artículos 325 y 328.
Finalmente, en cuanto al artículo 371, advierte que la formulación del cargo
carece de una argumentación coherente y suficiente que permita realizar un
juicio de constitucionalidad al precepto legal acusado.
En primer lugar, la Procuradora delegada hace un breve
resumen de lo que considera el estado actual de la discusión respecto de la
calidad procesal de la víctima, y el alcance constitucional de sus derechos.
Advierte que en la sentencia C-454 de 2006, la Corte Constitucional señaló que
los derechos de la víctima “deben ser respetados y garantizados aunque no
tenga la calidad de parte dentro del proceso penal, como quiera que se vinculan
al deber estatal de procurar los mecanismos para la tutela judicial efectiva de
sus intereses.” Indica además que de conformidad con lo que establece el
artículo 135 de la Ley 906 de 2004, “las autoridades judiciales y de policía
judicial deben informar a la víctima sobre los derechos que tiene y los
mecanismos para hacerlos efectivos desde el momento en que ésta entre en
contacto con los órganos de investigación, sin que su intervención, en un
sentido formal, sea prerrequisito, pues las autoridades en acatamiento de la garantía
de comunicación están obligadas a procurarle información y permitirle el
acceso a las diligencias desde el inicio, en virtud del derecho a saber
las circunstancias que rodearon la conducta investigada y ‘a efecto de que
puedan contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante
sobre los hechos’.”
Destaca que de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, para la efectividad de los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y a obtener la reparación integral del daño ocasionado con
la infracción penal “es primordial permitirles el acceso a la administración
de justicia, el conocimiento integral de las diligencias adelantadas desde la
génesis de la investigación, reconocerles la iniciativa frente a la actividad
probatoria encaminada al descubrimiento de los hechos, sus circunstancias, los
perjuicios derivados de la conducta y del responsable de la misma, y en general
el establecimiento de instrumentos a través de los cuales la víctima pueda
lograr la tutela judicial efectiva de sus intereses dentro de la actuación penal.”
Por ello, considera que la potestad de configuración legislativa que establece
el numeral 7 del artículo 250 Superior para regular la intervención de la
víctima dentro de la actuación penal, “es relativa pues debe observar los
postulados constitucionales antes citados y comprender medidas judiciales de
atención, protección y asistencia, de acuerdo con lo ordenado por los numerales
1 y 6 ibídem.”
En cuanto a la oportunidad y representación judicial
de las víctimas dentro del proceso penal regulada por los artículos 11 y 137,
numeral 3, de la Ley 906 de 2004, considera la Vista Fiscal que los
cuestionamientos planteados por el actor son desacertados, puesto que “las
disposiciones acusadas no expresan puntualmente que la víctima tiene derecho a
estar presente en todas las actuaciones judiciales y contar en ellas con la
asistencia de un abogado, tampoco niegan este derecho, el cual, por el
contrario, sí fue reconocido en otros artículos de la misma ley.” Como
ejemplo de lo anterior, cita el artículo 136, numeral 4, ejusdem, que indica
que las víctimas tienen derecho a ser informadas “de las actuaciones
subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de ellas;” el artículo 135,
examinado en la sentencia C-454 de 2006 que consagra la garantía a la
comunicación, que brinda información a la víctima acerca de los
derechos y le permite el acceso a las diligencias o el expediente desde su
inicio, aunque la víctima aún no haya intervenido formalmente en el proceso.
Para la Procuraduría no existe la omisión legislativa planteada en la demanda
respecto de la oportunidad procesal para que las víctimas participen, toda vez
que:
a)    El artículo 11 de la Ley 906 de 2004
relativo a los derechos de las víctimas no prohíbe a éstas intervenir en la
actuación penal, ni les limita esta posibilidad a determinada fase, solamente,
y como quiera que se trata de un principio rector, declara el derecho que les
asiste a ser oídas por la administración de justicia.
b)    El artículo 137, en desarrollo de la
disposición anterior, sí se ocupa del tema en el inciso inicial y contrario a
lo afirmado por el actor atribuye a las víctimas esta prerrogativa al señalar
que tienen derecho a intervenir en todas las fases de la actuación.
c)     El artículo 149 ibídem precisa que la
víctima tiene derecho a asistir a todas las audiencias, sin que respecto de
ella pueda restringirse la publicidad en ningún evento.
d)    Si bien podría pensarse que en esos
términos la ley no aseguraba efectivamente ese derecho de intervención, a
partir de la sentencia C-454 de 2006 desaparece toda sombra de duda, por cuanto
al fijar la interpretación constitucional del artículo 135, la Corte precisó
que la información y la comunicación a la víctima se imponen desde los albores
de la investigación, pues sólo así se protegen sus derechos a la verdad, la
justicia y la reparación. Bajo esta premisa, las víctimas, como intervinientes,
deberán ser citadas oportunamente a las audiencias de acuerdo con lo señalado
por el artículo 171 ejusdem.
Igualmente, resalta la Procuradora delegada que “al
margen de lo anterior, parece absurdo que se plantee la necesidad de imponer la
presencia de la víctima para dar validez a la actuación iniciada de oficio, de
tal forma que se le obligue a comparecer, llevándola a una segunda
victimización, o al respetarle la libertad de hacerlo, se genere una parálisis
de la administración de justicia y muy seguramente la impunidad. Los únicos
eventos en que, según la ley, su intervención efectiva es condición sine qua
non para el desarrollo de la actuación, es respecto de los delitos
querellables, pues el ejercicio de la acción penal en estos casos se adelanta a
instancia de ella, es decir, porque ha sido su voluntad poner en movimiento a
la administración de justicia.”
En lo que se refiere al derecho de postulación y el
ejercicio de la representación judicial de la víctima, consagrado en los
artículos 11 ordinal h) y 137 de la Ley 906 de 2004, considera la Vista Fiscal
que tampoco le asiste razón al demandante cuando sostiene que la ley sólo lo
permite en la etapa de juicio. Indica que “el sentido de estas disposiciones
no es restringirle a las víctimas el derecho a ser asistidas por un abogado
sólo en las etapas posteriores a la audiencia preparatoria, sino imponer la
asistencia letrada como un requisito para intervenir en ellas, lo cual no
excluye la posibilidad de que también puedan actuar mediante apoderado desde el
inicio de las investigaciones, pues el sentido y finalidad de la norma no es
ese.”
En cuanto a las facultades probatorias de las
víctimas reguladas en los artículos 11, 284, 344, 356, 357, 358, 359, 378,
391 y 395 de la Ley 906 de 2004, la Procuraduría señala que luego que la Corte
Constitucional declarara la exequibilidad del artículo 357, en el entendido “que
los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar
solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de
condiciones que la defensa y la fiscalía”, es preciso hacer una relectura
de las demás disposiciones relativas a la solicitud y práctica de pruebas a fin
de armonizarlas de tal manera que se le reconozca a las víctimas “legitimidad
para hacer uso de otras cargas procesales a través de las cuales puedan
participar real y efectiva en el debate probatorio.” Teniendo en cuenta
esta necesidad, señaló lo siguiente:
5.1. En primer lugar, si es evidente que
debe permitirse a la víctima solicitar y aportar pruebas en aras de lograr el
descubrimiento de la verdad y la sanción de los responsables y así garantizarle
la tutela judicial efectiva de sus intereses, el artículo 284, numeral 2º, de
la Ley 906 de 2004 no puede legitimar exclusivamente a las partes y al
Ministerio Público para solicitar la práctica de pruebas anticipadas e
impedírselo a las víctimas, en quienes reside el derecho a acceder a la
administración de justicia en procura de la satisfacción de sus intereses. En
efecto, si el interés de las víctimas es el descubrimiento de la verdad y es
preciso recaudar anticipadamente una prueba “por motivos fundados y de extrema
gravedad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio”, no existe
justificación alguna para impedirle a la víctima elevar la solicitud ante el
juez de control de garantías a efectos que se recaude la prueba y evitar su
desaparición.
Por otro lado, esta restricción al derecho
de elevar solicitudes probatorias antes del juicio constituye una limitación
inconstitucional del derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva, en la
medida que limita su derecho a probar en perjuicio además de la posibilidad de
descubrir la verdad y obtener justicia en el caso concreto. Así las cosas, es
necesario precisar el alcance de la disposición en el sentido de señalar que la
víctima también tiene la facultad de solicitar pruebas anticipadas, con
sujeción a las reglas señaladas en el artículo 284 ídem, elevando para tal
efecto la petición ante el juez de control de garantías (artículo 174 de la Ley
906 de 2004), quien resolverá dicha petición en audiencia preliminar conforme
lo indica el artículo 154 del mismo ordenamiento procesal.
5.2. Por su parte, el artículo 344 de la
Ley 906 de 2004, únicamente faculta a las partes, defensor y fiscalía, para
solicitar al juez, en la audiencia de formulación de la acusación, que ordene a
la otra parte el descubrimiento del material probatorio y evidencia física. Es
decir, no se permite a la víctima o su representante, en esta diligencia hacer
esta clase de solicitudes, con el fin de que determinado material que se
encuentra en poder de alguna de las partes sea allegado al proceso para que se constituya
en prueba durante el juicio. La omisión de facultar a la víctima para que
participe en el proceso de descubrimiento de material probatorio, sin duda
afecta el derecho que le asiste de acceder a la administración de justicia en
procura de conocer la verdad, obtener justicia y la reparación integral del
daño que le ha sido causado, en la medida que es a partir de la audiencia de
formulación de acusación que se comienzan a definir los elementos materiales
con base en los cuales se espera descubrir la verdad de los hechos y los
responsables.
En este orden, el Ministerio Público
solicitará a la Corte condicionar la constitucionalidad de los artículos 344 y
356 ejusdem, en el sentido de reconocer a la víctima, en ejercicio de su
derecho a que se le facilite el aporte de pruebas de que trata el artículo 11
ibídem, la facultad de solicitar al juez que cualquiera de las partes descubra
elementos materiales probatorios o evidencia física de que tenga conocimiento y
no lo haya descubierto en la audiencia de formulación de acusación.
5.3. La misma petición se hará respecto del
artículo 358 de la Ley 906 de 2004 que faculta sólo a las partes para solicitar
la exhibición de elementos materiales probatorios y evidencia física en la
audiencia preparatoria, ya que esta medida no sólo le permite a la víctima
conocer y controvertir esos elementos a partir de los cuales se reconstruirán
los hechos, sino que constituye un instrumento de singular importancia para
garantizarle el derecho a saber las circunstancias que rodearon la consumación
del delito.
Ciertamente no es posible afirmar que la
ley garantiza a las víctimas el conocimiento de la verdad sobre lo sucedido y
las circunstancias en que tuvo lugar el hecho generador del daño, si se le
impide solicitar la exhibición y así entrar en contacto con el material
probatorio y la evidencia física que se pretende llevar al juicio y que la
víctima considera relevante para esclarecer los hechos y determinar la
responsabilidad de los procesados.
De otro lado, en el proceso de construcción
de la verdad procesal es particularmente importante brindar la oportunidad
tanto a las partes como a la víctima, de conocer y cuestionar los distintos
elementos probatorios, en la medida que mediante este ejercicio los
intervinientes y el funcionario judicial adquieren elementos para dar o no
credibilidad a los elementos y evidencias que se allegaran en el juicio.
5.4. De otra parte, en virtud del carácter
bilateral del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, para el Ministerio
Público es necesario condicionar la exequibilidad del artículo 359 ejusdem, que
establece la posibilidad de solicitar al juez la exclusión, rechazo o
inadmisibilidad de los medios de prueba, en el sentido de precisar que la
víctima también goza de esta misma prerrogativa para la efectividad de sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como quiera que a través de
este instrumento, como interviniente puede participar en la depuración de los
elementos de convicción con base en los cuales se reconstruirá la situación
fáctica investigada y se determinará la responsabilidad de los posibles
autores.
Como lo refiere el actor, la norma en cita
establece una carga procesal a favor de las partes y del Ministerio Público que
no reconoce a la víctima, omisión reprochable desde el punto de vista
constitucional en cuanto constituye una limitación injustificada del derecho a
acceder a la administración de justicia para la defensa de sus intereses y
puede dejar desamparados sus derechos fundamentales frente a cualquier
actividad probatoria que los vulnere y no sea advertida por las partes. A ello
cabe añadir que constituye sin duda un trato discriminatorio en perjuicio de la
víctima, dado que el ejercicio de ese derecho procesal sí se autoriza al
Ministerio Público.
En este orden, el artículo 359 ejusdem,
sólo puede considerarse ajustado al ordenamiento superior bajo el entendido que
la posibilidad de elevar peticiones al juez (establecida en el artículo 174 de
la Ley 906 de 2004), también comprende la de solicitarle la exclusión, el
rechazo o la inadmisión de aquellos medios de prueba que estime afectados por
alguno de los defectos señalados en la disposición en comento.
5.5. Si bien el artículo 11 de la Ley 906
de 2004 en el ordinal d) establece que las víctimas tienen derecho a ser oídas
y a que se les facilite el aporte de pruebas, las disposiciones relativas a la
práctica y contradicción de las pruebas no son consecuentes con aquella norma
rectora. Es así como tanto el artículo 15 como el 378, ahora demandado, únicamente
reconocen a las partes la facultad de controvertir los elementos materiales
probatorios, la evidencia física y los medios de prueba, omitiendo incluir allí
a las víctimas en quienes también reside el derecho de participar en el debate
probatorio ante la administración de justicia, por ser éste un mecanismo a
través del cual se realiza el derecho a la verdad, a la justicia e incluso a la
reparación integral cuando los medios de prueba o las evidencias guardan
conexidad con las consecuencias de la conducta, vale decir, con los perjuicios
derivados del conducta punible, como sucede cuando el testigo que afirma que el
inculpado únicamente causó lesiones y se busca demostrar la muerte violenta a
manos del inculpado. En efecto, sin la posibilidad de controvertir las pruebas
practicadas en el juicio, y las recaudadas en forma anticipada, el derecho a la
tutela judicial efectiva puede resultar ineficaz, en la medida que la víctima,
al ser excluida del debate probatorio, no tendrá la oportunidad de controvertir,
de cuestionar y desvirtuar las pruebas que vayan en contra de sus intereses,
aquellas que ensombrezcan el descubrimiento de la verdad y se aduzcan con el
fin de procurar la absolución del acusado. A esto cabe añadir que el procesado,
como parte del proceso si tiene derecho a cuestionar las pruebas aducidas a
instancia de la víctima según lo indica el artículo 378 ejusdem, creándose un
evidente e injustificado desequilibrio que rompe con la bilateralidad de las
garantías comprendidas dentro del concepto del derecho a la tutela judicial
efectiva.
En tal virtud, el Ministerio Público
solicitará a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad del artículo
378 de la Ley 906 de 2004, bajo el entendido que la víctima tiene la facultad
de controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la
evidencia física.
5.6. En consonancia con lo expuesto
igualmente es preciso fijar el alcance de los artículos 391 y 395 ejusdem, de
tal forma que se entienda que la víctima como partícipe de la actividad
probatoria puede interrogar al testigo que ha solicitado, contrainterrogar al
declarante citado por las partes o el Ministerio Público, oponerse a la
pregunta del interrogador sí viola las reglas del interrogatorio o incurre en
alguna de las prohibiciones.
En cuanto a las facultades de la víctima en la
audiencia de formulación de la acusación, que según el demandante son
limitadas inconstitucionalmente por los artículos 337, 339, 340 de la Ley 906
de 2004, la Procuradora delegada considera que “es imperioso para garantizar
los derechos a la verdad y la justicia que se le permita, también a la víctima
hacer públicas observaciones al escrito de acusación, que pueden ser acogidas o
no, en procura de que la decisión final corresponda a la verdad procesal y real
que surja en el proceso.” Señala que de los textos de los artículos 337,
339 y 340 de la Ley 906 de 2004, es claro que la víctima no tiene derecho a
participar en el control sobre la determinación de la competencia, ni a
expresarse respecto del escrito de acusación, que es a partir del cual se
estructura el juicio y al cual debe ceñirse la sentencia que finiquite el
proceso penal. Así, en el artículo 337 ejusdem, “la disposición acusada le
niega el derecho a la justicia cuando no le permite recusar al funcionario
judicial por alguna de las causales señaladas en el artículo 56 ibídem o
pronunciarse respecto de la formulada por cualquiera de las partes o el
Ministerio Público, aunque se fundamente en su relación con la autoridad
judicial. Y es que no puede garantizarse la justicia sin procurarse los
mecanismos que permitan garantizar la independencia de la autoridad encargada
de fallar el proceso, así como tampoco se garantiza la justicia cuando se
impide a la víctima demandar la nulidad de la actuación por la afectación de
derechos fundamentales y de las reglas del debido proceso.
También considera injustificado que se excluya a la
víctima de los sujetos que pueden hacer observaciones al escrito de acusación,
pues tal como se encuentra regulado actualmente, el escrito de acusación se
pone en conocimiento de las víctimas “sólo con fines informativos, de tal
forma que debe aceptar, sin reparo alguno, la acusación que formule la
fiscalía, elemento de singular importancia dentro del proceso penal como quiera
que con fundamento en ella se resolverá lo correspondiente en la sentencia,
dado que el Juez de conocimiento no puede apartarse de la acusación,
adicionarle ingredientes que hagan más gravosa una eventual condena o
sentenciar por conductas distintas a las indicadas en ese escrito de acusación.”
Conforme con lo expuesto, para el Ministerio Público
los artículos 337 y 339 omiten injustificadamente dar participación a la
víctima en la etapa inicial de la audiencia de formulación de acusación y son
por lo tanto inconstitucionales, por lo cual solicita que se declare la
inexequibilidad de la expresión “con fines únicos de información” del artículo
337 de la Ley 906 de 2004, y exequible el artículo 339 ibídem, pero bajo el
entendido que los afectados con el delito también gozan de las potestades allí
reconocidas al acusado y al Ministerio Público.
Teniendo en cuenta lo anterior, y para armonizar la
normativa procesal penal con el respeto y garantía de los derechos de las
víctimas, la Vista Fiscal solicita que se declare la exequibilidad condicionada
de las siguientes disposiciones de la Ley 906 de 2004: “i) el artículo 284,
numeral 2º de tal forma que se entienda que toda víctima de un comportamiento
delictivo también tiene derecho a solicitar pruebas anticipadas, con sujeción a
los requisitos allí contemplados, ii) los artículos 344 y 356, en el sentido
que la víctima en las audiencias de formulación de acusación y preparatoria
tiene derecho a solicitar el descubrimiento de elementos materiales probatorios
o evidencia física que se encuentren en poder de las partes, iii) los artículos
358 y 359 de tal forma que se entienda que, con fundamento en el artículo 174
ibídem, la víctima en la audiencia preparatoria también puede requerir la
exhibición de elementos o evidencia y solicitar la exclusión, rechazo o
inadmisibilidad de los medios de prueba cuando se presente alguno de los
eventos contemplados en el artículo 359, iv) los artículos 378, 391 y 395 se
ajustan a la Constitución únicamente en la medida que no implique el
desconocimiento del derecho de la víctima a controvertir los medios de prueba,
la evidencia y los elementos materiales probatorios allegados al proceso, y
entendiendo que en ejercicio de tal derecho, la víctima cuenta con la posibilidad
de interrogar al testigo que ha solicitado, contrainterrogar al citado por otro
y de oponerse a cualquier pregunta que viole las reglas del interrogatorio, y
v) el artículo 339, bajo el entendido que en la audiencia de formulación de
acusación los afectados con el delito también gozan de las potestades allí
reconocidas al acusado y al Ministerio Público.”
En relación con la facultad de interponer recursos
contra las decisiones del juez de control de garantías, la Procuraduría
sostiene que la víctima tiene derecho a ser escuchada y sus intereses tenidos
en cuenta tanto por el fiscal, como por el juez de control de garantías para la
aplicación del principio de oportunidad. Recuerda que los cargos contra los
artículos 11 y 137 se dirigen a cuestionar que se niegue a las víctimas el
derecho a impugnar todas las decisiones que se dicten en el curso del proceso y
les sean adversas. Considera que a pesar de la amplitud y falta de concreción
del cargo, no es cierto que desde el punto de vista constitucional la víctima
tenga un derecho general y absoluto de interponer recursos contra todos los
autos dictados en el curso del proceso, sino que con base en los principios de
dignidad humana y el derecho de acceder a la administración de justicia para
obtener la tutela judicial efectiva, la víctima debe tener la posibilidad de
impugnar aquellas decisiones judiciales que tienen incidencia directa y
definitiva en sus derechos.
El Ministerio Público estima (…) que los
artículos que definen los derechos de las víctimas frente a la administración
de justicia no pueden consagrar con carácter general y absoluto el derecho de
las víctimas a impugnar todas las decisiones, de cualquier naturaleza, autos o
sentencias, que estime van contra sus intereses, además porque esta clase de
consagración afectaría la efectividad de la función pública que desarrolla la
administración de justicia.
Bajo el entendido que la víctima tiene
facultad probatoria, que en virtud del carácter bilateral del derecho a la
tutela judicial efectiva, debe contar con similares facultades de
contradicción, defensa de sus intereses e impugnación que el procesado, para el
Ministerio Público no hay duda que también puede interponer recursos, conforme
a las reglas señaladas en los Capítulos VIII, IX, X y XI de la Ley 906 de 2004.
En lo relativo a la intervención de la víctima en
la aplicación del principio de oportunidad, la Vista Fiscal resalta que “la
ley ha previsto: i) que la víctima tiene derecho a ser escuchada tanto por el
fiscal como por el juez de control de garantías dentro del trámite para la
aplicación del mencionado principio y a que sus intereses sean tenidos en
cuenta para el efecto (Arts. 136 y 328), ii) que el Fiscal debe consultar a la
víctima cuando se presenta una solicitud de suspensión del procedimiento a
prueba, en aras de garantizar su reparación integral, en el marco de una
justicia restaurativa, y iii) que el control del juez de garantías debe
adelantarse en audiencia pública en la cual la víctima tiene derecho a
“controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para
sustentar la decisión” (Art. 327). ║ A lo anterior cabe agregar que la
Ley 906 de 2004 también le impone al Ministerio Público, de manera particular,
el deber de asistir a las audiencias para la aplicación del principio de
oportunidad, y velar por que no se desconozcan los derechos de las víctimas en
la aplicación de esta figura. (Artículo 111).”
Para la Procuraduría, dado que el artículo 327 de la
Ley 906 de 2004 le ha dado a la víctima la oportunidad de expresar sus
planteamientos para la aplicación del principio de oportunidad, así como de
debatir los fundamentos en los cuales se apoya el fiscal para suspender o
renunciar al ejercicio de la acción penal, considera que el cargo contra el
artículo 327 no debe prosperar.
En relación con el aporte de elementos de juicio y
preclusión de la investigación regulado en el artículo 333, el Ministerio
Público comparte el cuestionamiento del actor “por cuanto estima
injustificada la exclusión de cualquier debate probatorio que lleve a
desvirtuar las causales aducidas por el fiscal para solicitar al juez de
garantías la preclusión de la investigación, cuando tanto la víctima como el
Ministerio Público, en defensa de los derechos humanos y para el caso de
aquella, de su derecho a la verdad y con el propósito de obtener justicia,
puede mediante el aporte de elementos de prueba desvirtuar los fundamentos de
la preclusión y evitar que se extinga la acción penal. ║ De ninguna
manera es atendible que, tal vez por economía procesal y buscando la celeridad
o descongestión en los despachos judiciales, se niegue a los intervinientes la
posibilidad de aportar elementos materiales probatorios y evidencia física que
permitan demostrar que existe una conducta típica que investigar, que el
imputado puede estar involucrado, y de esta forma mediante el ejercicio de la
acción penal establecer la verdad sobre lo ocurrido y la eventual
responsabilidad de los autores. Su intervención en la audiencia no se puede
restringir a los elementos y evidencia aportados por el fiscal, parte que
promueve la declaratoria de preclusión, si la víctima también posee elementos
que comprometen la responsabilidad del investigado.”
Conforme con lo expuesto, la Procuradora delegada
solicita declarar la inexequibilidad del inciso 4º del artículo 333 de la Ley
906 de 2004, que dispone “En ningún caso habrá lugar a solicitud y práctica
de pruebas”
Finalmente, obre las limitaciones a la facultad de la
víctima de solicitar medidas de protección, que según el actor establece el
artículo 342, el Ministerio Público considera “que de ninguna manera afecta
el acceso de la víctima a la administración de justicia y en particular la
posibilidad de acudir ante el juez de control de garantías para solicitar
medidas de protección cuando lo estime necesario. El sentido de la disposición
es distinto, como quiera que tiene por finalidad consagrar el mecanismos a
través del cual la fiscalía en la etapa de juicio puede desarrollar las
funciones de protección a las víctimas que le impone el artículo 250 Superior,
sin que de manera alguna pueda considerarse como excluyente de la atribución
que también le reconoce la Ley 906 de 2004 en el artículo 134 a la víctima para
acudir ante el juez en procura de medidas protectoras, en desarrollo del juicio.”
Aun cuando encuentra cuestionable que la Ley 906 de
2004 autorice elevar tales peticiones directamente sólo en el juicio oral y en
el incidente de reparación integral negando ese ejercicio durante la indagación
e investigación, advierte que dado que la censura del ciudadano se dirige
exclusivamente contra el artículo 342, y no a las demás disposiciones que
establecen esa limitación, considera que “no resulta procedente emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con el contenido normativo del citado
artículo 342, como quiera que contra él no está dirigido el cargo, y tal falta
de pertinencia conduce a solicitar la inhibición por ineptitud sustancial de la
demanda.”
VI.  CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la
Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la
demanda que se estudia.
2.
Cuestiones previas
Antes de efectuar el análisis específico de los argumentos
de inconstitucionalidad en el asunto de la referencia, dado que tanto el
Procurador General de la Nación como algunos de los intervinientes solicitan la
inhibición de la Corte respeto de varios de los cargos impetrados por ineptitud
sustantiva de la demanda, pasa la Corte a verificar si en realidad no hay
cargo.
Para la Procuraduría General de la Nación respecto de
los artículos 306, 316, 324, 342, sobre medidas de aseguramiento y de
protección, y 371, sobre la presentación de la teoría del caso, existe
ineptitud sustantiva de la demanda puesto que el actor si bien cita como normas
quebrantadas los artículos 1, 29 y 229, no expone de manera clara, coherente y
razonable sus argumentos para sustentar la inconstitucionalidad de tales
normas. Por su parte, el interviniente del Ministerio del Interior y de
Justicia, solicita que la Corte se inhiba por ineptitud sustantiva de la
demanda en el caso del artículo 316 de la Ley 906 de 2004 porque no encontró un
cargo específico contra esta disposición.
La Corte Constitucional, en la sentencia
C-1052 de 2001, al interpretar el artículo 2º del Decreto 2067 de 1992, precisó
que no obstante el principio pro actione que guía el ejercicio de la
acción pública de inexequibilidad, a fin de que la Corte pueda pronunciarse de
fondo, las demandas de inconstitucionalidad deben contener (i) el texto de la
norma demandada, (ii) las disposiciones constitucionales violadas, y (iii) las
razones por las cuales la norma acusada vulnera tales disposiciones. Así mismo,
dichas razones deben ser (a) claras[1], (b) ciertas[2],
(c) específicas[3], (d) pertinentes[4]
y (e) suficientes[5] para que se configure un
cargo apto.[6]
Según el demandante, en los artículos 306, 316, 324,
342, y 371 de la Ley 906 de 2004, el legislador incurrió en una omisión
legislativa relativa que genera un tratamiento discriminatorio de la víctima
frente a las demás partes e intervinientes en el proceso penal, así como la desprotección
de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Así, en el
caso de los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004, afirma que el
legislador excluyó a la victima de la posibilidad de solicitar directamente y
sin la intervención del fiscal medidas de protección y de aseguramiento, y
señala que ante la omisión del fiscal no podría la víctima acudir directamente
ante el juez competente para solicitar la medida correspondiente.
En cuanto al artículo 324 de la Ley 906 de 2004, el
legislador omitió incluir como condición general para la aplicación del
principio de oportunidad que los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación de la víctima fueran razonablemente satisfechos en cualquiera de las
circunstancias que autorizan su aplicación, y por ello considera que a pesar de
que el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 prevé la intervención de la víctima
para controvertir las pruebas aducidas por el fiscal, tal controversia no versa
sobre la satisfacción de los derechos de la víctima. Y finalmente, frente al
artículo 371 de la Ley 906 de 2004, señala el demandante que el legislador
excluyó a la víctima de quienes pueden presentar una teoría del caso o
controvertir las teorías presentadas por las partes, con lo cual se vulnera su
derecho a la verdad, como quiera que no puede controvertir la adecuación típica
ni las pruebas que sirvieron de base a la teoría del fiscal o de la defensa, ni
puede presentar una teoría diferente que recoja de manera más acertada lo
ocurrido.
La Corte Constitucional[7]
ha señalado que cuando se plantean cargos de inconstitucionalidad por omisiones
legislativas, sólo son admisibles los que se refieren a omisiones legislativas
relativas, y no a omisiones legislativas absolutas. Así, ha precisado que quien
alega la inconstitucionalidad de una norma, por existencia de una omisión
legislativa relativa, tiene la carga de demostrar (i) que existe norma
constitucional expresa que contemple el deber de expedir la norma que la
desarrolle; (ii) que el Legislador omitió tal obligación, sin que mediara
motivo razonable a pesar de que reguló parcialmente la misma materia; (iii) que
la conducta omisiva propicia una desigualdad de trato injustificada entre los
casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la
norma.
En la sentencia C-509 de 2004,[8]
la Corte señaló que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa
cuando ha regulado “de manera insuficiente o incompleta un mandato
constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una
condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería
exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación,
conduce a la violación del derecho a la igualdad.[9]”
Si bien respecto de estos artículos la argumentación
del actor no es extensa y se encuentra dispersa a lo largo del escrito de
demanda, el accionante en todo caso logra confrontar la norma cuestionada con
el alcance de los derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la
reparación, según corresponda, y en ocasiones, ejemplifica el tratamiento
discriminatorio que según él surge de la no inclusión de la víctima, con lo
cual los cargos contra los artículos 306, 316, 324, 342, y 371 de la Ley 906 de
2004 revisten las condiciones mínimas de claridad y certeza exigidos para un
pronunciamiento de fondo.
Adicionalmente, ya hubo inhibición cuando en otro
proceso se atacó sólo un artículo. Aquí se ataca el conjunto de artículos que
presumiblemente afectan los derechos de las víctimas.
Con fundamento en lo anterior, la Corte abordará el
estudio de fondo de los cargos que se formulan en contra de los artículos 306,
316, 324, 342, y 371 de la Ley 906 de 2004, por encontrar que estructuran
verdaderos cargos de inconstitucionalidad conforme a las reglas
jurisprudenciales establecidas en materia de omisiones relativas del
legislador.
3.
Problemas jurídicos
En el proceso de la referencia, el demandante acusa
varias disposiciones de la Ley 906 de 2004 por violar los artículos 1, 2, 4,
13, 29, 93, 94 y 229 de la Carta, porque a su juicio las disposiciones y
apartes cuestionados restringen inconstitucionalmente los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, al incurrir en una omisión
legislativa relativa que conlleva un tratamiento discriminatorio de las víctimas
frente a las partes y otros intervinientes en el proceso penal, y le impide
agenciar directamente sus derechos, o contribuir al esclarecimiento de la
verdad a través del aporte y debate de pruebas o impugnar decisiones que
afecten sus derechos.
Los cargos del demandante pueden agruparse así: 1) En
materia de facultades probatorias de la víctima, el demandante señala que los
artículos 284, 344, 356, 357, 358, 359, 371, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de
2004, son inconstitucionales porque le impiden a la víctima participar en el
debate probatorio y en el esclarecimiento de la verdad, al no permitir que
solicite o controvierta los elementos materiales probatorios aportados por las
partes en las distintas etapas de la actuación penal donde está previsto el debate
probatorio. 2) En cuanto a la adopción de medidas de protección y de
aseguramiento, el demandante considera que los artículos 137, 306, 316 y 342 de
la Ley 906 de 2004, le impiden a la víctima obtener una protección contra
posibles amenazas y la obliga a depender de la actuación del Fiscal en la
solicitud de tales medidas, sean estas de protección propiamente dichas o de
aseguramiento. 3) En relación con la aplicación del principio de oportunidad,
el accionante considera que los artículos 324 y 327 de la Ley 906 de 2004, le
impiden a la víctima controvertir adecuadamente la decisión del Fiscal y no
ofrecen una garantía adecuada de sus derechos en la medida que no exigen que la
aplicación de tal principio dependa de una satisfacción razonable de los derechos
de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación. 4) En lo que tiene que
ver con la preclusión del proceso, el demandante considera que el artículo 333
de la Ley 906 de 2004, le impide a la víctima controvertir adecuadamente la
solicitud del fiscal. 5) En cuanto a las facultades de acusación, el demandante
señala que los artículos 337, 339 y 371 de la Ley 906 de 2004, excluyen a la
víctima quienes pueden participar en la formulación de la acusación y en la
presentación de la teoría del caso, cercena sus derechos a la verdad y a la
justicia. 6) En cuanto a las facultades de impugnación de decisiones
fundamentales, el demandante considera que los artículos 11 y 137 vulneran este
derecho al no prever expresamente la posibilidad de que la víctima pueda apelar
decisiones trascendentales para la efectividad de sus derechos.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación
solicita que en relación con el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, se esté a lo
resuelto en la sentencia C-454 de 2006, por existir cosa juzgada. En cuanto a
las facultades probatorias, solicita que, siguiendo los lineamientos de la
sentencia C-454 de 2006, los artículos 284, 344, 356, 357, 358, 359, 378, 391,
y 395 sean declarados exequibles bajo la condición de que se entienda que la
víctima puede participar efectivamente en el debate probatorio en igualdad de
condiciones que la fiscalía y la defensa. En cuanto a la aplicación del
principio de oportunidad, solicita que se declare exequible el artículo 327 en
la medida que garantiza adecuadamente los derechos de la víctima.
En relación con las facultades de acusación, la
Procuraduría solicita que se declare la inexequibilidad de la expresión “con
fines únicos de información” contenida en el artículo 337, para garantizar
efectivamente los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.
Igualmente, solicita que en relación con el resto del artículo 337 y el
artículo 339, se declare que son exequibles a condición de que se permita a la
víctima hacer observaciones públicas en las mismas condiciones que las partes y
el Ministerio Público. En materia de preclusión, solicita que la expresión
demandada del artículo 333 sea declarada inexequible en cuanto no permite a la
víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal.
El interviniente de la Fiscalía General de la Nación
solicita en relación con el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, que se esté a lo
resuelto en la sentencia C-454 de 2006, por existir cosa juzgada. En relación
con las facultades probatorias previstas en los artículos 11, 137, 284, 344,
358, 359, 371, 378, 391, 395, solicita que sean declaradas exequibles en el
entendido que se le reconozcan a la víctima las mismas facultades que a las
partes procesales.
En cuanto a la solicitud de medidas de protección,
pide que sean declaradas exequibles a condición de que se considere que la
víctima tiene la calidad de parte. En cuanto a la aplicación del principio de
oportunidad, solicita que el artículo 324 sea declarado exequible en la medida
en que se entienda que la víctima goza de las mismas facultades que las partes,
y que el inciso 2 del artículo 327 se declare inexequible para permitir a la
víctima interponer recursos.
Finalmente, el interviniente del Ministerio del
Interior y de Justicia, solicita a la Corte que los artículos 11, 137, 284,
306, 324, 327, 333, 337, 339, 342, 344, 356, 357, 358, 359, 371, 378, 391, 395
de la Ley 906 de 2004, en lo demandado, sean declarados exequibles como quiera
que todos ellos permiten la protección de los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación de las víctimas, pero a través de mecanismos propios de este
nuevo sistema penal con tendencia acusatoria. En esa medida, dados los deberes
de protección de las víctimas que le incumben a la Fiscalía General de la
Nación, las facultades probatorias de la víctima que extraña el actor en los
artículos 284, 344, 356, 358, 359, 371, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004,
son ejercidas por la víctima en las distintas etapas de la actuación penal a
través del fiscal. Igual sucede con la posibilidad de solicitar medidas de
protección, pues el hecho que la víctima no las pueda solicitar directamente no
impide que sea efectivamente protegida.
En cuanto a la aplicación del principio de
oportunidad, el interviniente afirma que tal como ha sido diseñado tiene en
cuenta los derechos de las víctimas y éstas tienen el derecho a intervenir para
cuestionar la decisión del fiscal sobre la aplicación del principio de
oportunidad. En cuanto a la imposibilidad de practicar pruebas para
controvertir la solicitud de preclusión, el interviniente del Ministerio del
Interior y de Justicia afirma que ello es compatible con la etapa procesal en
la que esta solicitud se presenta, esto es, luego de que ha habido debate
probatorio, por ello considera que es exequible.
De conformidad con lo anterior, corresponde a la Corte
Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos:
Si a la luz de los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la reparación derivados de los artículos 1, 2, 15,
21, 93, 229, y 250 de la Carta:
(i)
¿Son inconstitucionales
en lo demandado los artículos 284, 344, 356, 357, 358, 359, 371, 378, y 395,
391 y el artículo 391, en razón de no prever que la víctima participe
directamente en el debate probatorio y en el esclarecimiento de la verdad, ni
solicite o controvierta los elementos probatorios aportados por las partes en
las distintas fases de la actuación penal?
(ii)
¿Son inconstitucionales
el artículo 137, y en lo demandado, los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906
de 2004, al no prever que la víctima pueda directamente y sin la intervención
del fiscal, solicitar al juez competente medidas de aseguramiento o de
protección, según el caso?
(iii)
¿Son inconstitucionales
los artículos 324 y 327 de la Ley 906 de 2004, en lo demandado, al no exigir
que la aplicación del principio de oportunidad dependa de la satisfacción
razonable de los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas?
(iv)
¿Es inconstitucional el
artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en lo demandado, al no permitir la
solicitud y práctica de pruebas por parte de la víctima para controvertir la
solicitud de preclusión que haga el fiscal?
(v)
¿Son inconstitucionales
los artículos 337, 371 y 339, en lo demandado, de la Ley 906 de 2004, al no
prever la participación de la víctima en la formulación de la acusación y en la
definición de la teoría del caso en la etapa del juicio?
(vi)
¿Son inconstitucionales
los artículos 11 y 137 de la Ley 906 de 2004, por no garantizar de manera
efectiva que la víctima pueda impugnar decisiones fundamentales a lo largo de
la actuación penal?
Con el fin de resolver los anteriores problemas, la
Corte Constitucional, primero, aludirá brevemente a las características de la
intervención de las victimas en el sistema penal con tendencia acusatoria
introducido con el Acto Legislativo 03 de 2002. En segundo lugar, recordará la
línea jurisprudencial de la protección de los derechos de las víctimas en el
proceso penal y del reconocimiento de su rol en el proceso penal con tendencia
acusatoria instituido con el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004.
Y, en tercer lugar, examinará a la luz de los criterios establecidos en la
jurisprudencia constitucional, las facultades de las víctimas (i) en materia
probatoria; (ii) para solicitar medidas de aseguramiento y de protección ;
(iii) en relación con la aplicación del principio de oportunidad; (iv) frente a
la preclusión; (v) en la etapa del juicio para intervenir a la acusación e
impugnar decisiones fundamentales; y (vi) de impugnación.
4.
La existencia de cosa juzgada constitucional
Respecto del artículo 357 de la Ley 906 de 2004 existe
un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. En la sentencia C-454 de
2006, MP. Jaime Córdoba Triviño, y frente a un cargo similar al planteado por
el actor en el presente proceso, la Corte resolvió lo siguiente:
Tercero: Declarar EXEQUIBLE, en
relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en
el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden
realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de
condiciones que la defensa y la fiscalía.
Al abordar el estudio constitucional del citado
artículo 357 de la Ley 906 de 2004, esta Corporación expresó lo siguiente:
69. Así las cosas, encuentra la Corte que
efectivamente la norma demandada incurre en una omisión trascendente para el
derecho de acceso de la víctima a la justicia (Art.229 CP), en cuanto obstruye
sus posibilidades de efectiva realización de sus derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación, y la coloca, de manera injustificada, en una
posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes
procesales.
70. La inconstitucionalidad de la omisión que se
acusa deriva de la concurrencia de los siguientes presupuestos:
(i)        La norma efectivamente incurre en una
omisión que excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por encontrarse
en una situación asimilable a los que la norma contempla, debería subsumirse
dentro de ese presupuesto fáctico. En efecto, mientras se prevé la posibilidad
de que la fiscalía, la defensa, y aún el ministerio público, en una fase
posterior, formulen solicitudes probatorias, se excluye al representante de las
víctimas de esa misma posibilidad.
(ii)       No se vislumbra una razón objetiva y
suficiente que justifique la exclusión del representante de las víctimas de la
posibilidad de ejercer el derecho a formular solicitudes probatorias en la
audiencia preparatoria. El modelo procesal que la ley configura considera a la
víctima como un “interviniente” (Título IV), al que se le deben garantizar
todos los derechos que la Constitución le reconoce, como son el derecho a
acceder a la justicia, (Art.229 CP), con sus derivados de acceso a la verdad, a
la justicia y a la reparación, a los que se integra de manera inescindible el
derecho a probar.
(iii)      Por carecer de una razón objetiva y
suficiente, la omisión genera una desigualdad injustificada entre los
diferentes actores del proceso, particularmente entre víctima y acusado, a
quienes cobija por igual una concepción bilateral del derecho a la tutela
judicial efectiva.
(iv)      La omisión entraña el incumplimiento por
parte del legislador del deber de configurar una verdadera “intervención” de la
víctima en el proceso penal, particularmente en la audiencia preparatoria, en
los términos que se lo impone el artículo 250.6 de la Carta, en concordancia
con los artículos 29, 229 de la misma.
Por las consideraciones expuestas la Corte declarará
la constitucionalidad condicionada del artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en
el entendido que los representantes de las víctimas, pueden hacer solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la
defensa y la fiscalía.
Por lo tanto, respecto de los cargos contra el
artículo 357 de la Ley 906 de 2004, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional y así se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.
5.
El sistema penal acusatorio colombiano
introducido mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y el reconocimiento de la
víctima como interviniente especial.
5.1. El Acto Legislativo 03 de 2002, al instituir el
nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento en materia penal en
Colombia, definió los rasgos estructurales y las características esenciales de
este sistema con tendencia acusatoria, así como las funciones específicas a
cargo del Fiscal y el lugar de las víctimas dentro de dicho sistema como
intervinientes especiales. El constituyente diseñó un esquema propio para
responder a la realidad colombiana, sin trasladar de manera automática e integral
sistemas existentes en otros países, también de filosofía acusatoria. Es
relevante recordar cuál es el rol que el constituyente le otorgó a la Fiscalía
en este sistema en relación con las víctimas, y cuáles son las facultades
reconocidas a las víctimas.
La forma como puede actuar la víctima en el proceso
penal de tendencia acusatoria implantado por el Acto Legislativo 03 de 2002,
depende de varios factores: (i) del papel asignado a otros participantes, en
particular al Fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la
víctima; (iii) del lugar donde ha previsto su participación; (iv) de las
características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto
que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.
En esencia, el Fiscal es el titular de la acción
penal. Al ejercer dicha acción no sólo representa los intereses del Estado sino
también promueve los intereses de las víctimas. Sin embargo, ello no implica en
el sistema colombiano que las víctimas carezcan de derechos de participación
(artículos 1 y 2 C.P.) en el proceso penal. Estas pueden actuar sin sustituir
ni desplazar al Fiscal. Según el propio artículo 250, numeral 7, de la Carta,
la víctima actúa como interviniente especial.
En la sentencia C-873 de 2003,[10]
en lo que tiene que ver con las víctimas la Corte Constitucional resaltó dentro
de las funciones del Fiscal lo siguiente:
(…) el Acto Legislativo que se estudia
supone una modificación considerable en la enunciación de las funciones propias
de la Fiscalía General de la Nación. (…)
(a) Ya no corresponde a la Fiscalía, por
regla general, asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos
infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento necesarias;
ahora únicamente puede solicitar la adopción de dichas medidas al juez
que ejerza las funciones de control de garantías, con la misma finalidad de
asegurar la comparecencia de los imputados, así como para garantizar la
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en particular de
las víctimas. Se trata, así, de una atribución que ha sido trasladada por
el constituyente a un funcionario judicial independiente. Respecto de éste
último, precisa el nuevo texto constitucional que debe ser distinto al juez de
conocimiento del proceso penal correspondiente.
(…)
(f) El numeral 6 del artículo 250 reformado
también constituye una modificación importante del texto original de este
artículo, puesto que corresponde al juez de conocimiento de cada proceso adoptar
las medidas judiciales necesarias para asistir a las víctimas del delito,
disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados, a solicitud de la Fiscalía. El texto original adoptado por el
Constituyente de 1991 asignaba a la Fiscalía la función de adoptar directamente
“las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y
la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”.
(g) En el numeral 7 del artículo 250
enmendado se mantiene en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la función
de velar por la protección de las víctimas, los testigos y las demás
personas que intervienen en el proceso penal, pero se adiciona a esta lista
a los jurados, que ahora intervendrán en la función de administrar justicia en
el ámbito criminal. Debe ser el Congreso quien precise cuál es la diferencia
entre esta atribución de la Fiscalía, y la que consagra el numeral 6 del mismo
artículo reformado, según se reseñó en el literal precedente. Asimismo, dispuso
expresamente el Constituyente que es el Legislador quien está llamado a (i)
fijar los términos en los cuales las víctimas de los delitos podrán intervenir
en el curso del proceso, y (ii) diseñar los mecanismos de justicia
restaurativa a los que haya lugar.” (Negrillas agregadas).
De tal manera que, tempranamente la Corte subrayó que
el artículo 250 (7) de la Constitución no supedita a las víctimas a recibir la
protección del Fiscal, exclusivamente, sino que reconoce que ellas pueden
intervenir en el proceso penal y confía al legislador desarrollar dicha
posibilidad.
En la sentencia C-591 de 2005,[11]
la Corte luego analizó la forma en que tales cambios constitucionales se
proyectaron en la ley procesal penal.
En efecto, se diseñó desde la Constitución
un sistema procesal penal con tendencia acusatoria, desarrollado por la Ley 906
de 2004, con acento en la garantía de los derechos fundamentales del inculpado,
para la definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia,
teniendo presentes los derechos de las víctimas. (…).
Además, cabe recordar, que el nuevo diseño
no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes
procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado,
un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos
cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su
inocencia; ya que, por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y
por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y
la víctima. Cabe recordar, que en desarrollo de la investigación las partes
no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al
juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de
ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la
aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del
respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de
aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad
sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral,
de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad. (…)
En lo que atañe a las partes e
intervinientes en el proceso, es preciso indicar que se siguió el principio
acusatorio o “nemo iudex sine actore”, según el cual existe una clara
separación de funciones entre el órgano que acusa y aquel que juzga. En tal
sentido, la Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción
penal; pero debe siempre solicitar al juez que ejerza las funciones de control
de garantías las medidas necesarias para la comparecencia de los imputados al
proceso; (…) presenta escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el propósito
de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de la prueba,
contradictorio, concentrado y con todas las garantías; solicita al mismo juez
la preclusión de la investigación; dirige y coordina las funciones de policía
judicial; e igualmente, demanda al juez de conocimiento la adopción de medidas
judiciales para la asistencia a las víctimas, y asimismo, vela por la
protección de éstas, de los testigos y jurados.
(…)
La víctima, a su vez, tiene derecho
a conocer la verdad, a acceder a la administración de justicia, a la reparación
integral, así como a obtener medidas judiciales de protección, sin perjuicio de
poder acudir ante la jurisdicción civil ordinaria para efectos de obtener la
reparación del daño ocasionado con el delito. La intervención de la víctima
en el proceso penal, constituye otra de las particularidades de nuestro sistema
procesal penal.
(…)
Por otra parte, en lo que concierne al ejercicio
de la acción penal, el nuevo sistema procesal consagra, como regla general,
la aplicación del principio de legalidad, según el cual la Fiscalía
General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal
y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de
un delito que llegue a su conocimiento “cuando medien suficientes motivos y
circunstancias fácticas que indiquen la posible comisión del mismo”. De tal
suerte que el Estado realiza su pretensión penal sin consideración a la
voluntad del ofendido, salvo en los delitos querellables, interviniendo en la
investigación de todos los hechos punibles de que tenga noticia.
5.2. En relación con el papel que cumple el Fiscal
frente a las víctimas dentro de este proceso penal, el artículo 250 de la
Carta, tal como fue reformado por el Acto Legislativo 03 de 2002, consagra lo
siguiente:
Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los
hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su
conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio,
siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que
indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender,
interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que
establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado
dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al
control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de
garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública
en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía
General de la Nación, deberá:
(…)
6. Solicitar ante el juez de conocimiento
las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo
que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito.
7. Velar por la protección de las víctimas,
los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley
fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y
los mecanismos de justicia restaurativa.
Del texto superior, es posible constatar
que el Fiscal tiene dentro de sus funciones algunas relativas a la asistencia y
protección de las víctimas. Según lo que establece el artículo 250 en sus
numerales 6 y 7, estas funciones las puede ejercer al “solicitar ante el
juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de
las víctimas”, así como al “velar por la protección de las víctimas”. Igualmente,
dentro de las funciones del Fiscal, el artículo 250 Superior, establece una
relativa a asegurar el goce de sus derechos al “disponer el restablecimiento
del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.”
También resalta la Corte que el numeral 7
del artículo 250 Superior esboza los rasgos básicos del rol que cumplen las
víctimas dentro del proceso penal. En primer lugar, este numeral establece el
carácter de interviniente que tienen las víctimas dentro del proceso penal
acusatorio colombiano al decir que “la ley fijará los términos en que podrán
intervenir las víctimas en el proceso penal.” En segundo lugar, la facultad
de intervención que tienen las víctimas se ejerce de manera autónoma de las
funciones del Fiscal. Si bien el Acto Legislativo 03 de 2002 radicó en cabeza
del Fiscal la función de acusar, no supedita la intervención de la víctima a la
actuación del Fiscal. En tercer lugar, el legislador en ejercicio del margen de
configuración que le reconoce la Carta, deberá determinar la forma como las
víctimas harán ejercicio de ese derecho a “intervenir” en el proceso
penal. En cuarto lugar, la intervención de las víctimas difiere de la de
cualquier otro interviniente, en la medida en que éstas pueden actuar, no solo
en una etapa, sino “en el proceso penal.” El artículo 250 no prevé que
la participación de las víctimas esté limitada a alguna de las etapas del
proceso penal, sino que establece que dicha intervención se dé en todo el
proceso penal. Sin embargo, tal posibilidad ha de ser armónica con la
estructura del proceso acusatorio, su lógica propia y la proyección de la misma
en cada etapa del proceso.
De lo anterior se concluye que la víctima
del delito no es un sujeto pasivo de protección por parte de la Fiscalía, sino
un interviniente activo, constitucionalmente legitimado para hacer valer sus
derechos dentro del proceso penal instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002
y la Ley 906 de 2004.
Se resalta, no obstante, que los derechos
específicos que se le reconocen a la víctima no le quitan su carácter de
interviniente, sino que la proyectan como una figura especial en las distintas
etapas del proceso penal de tendencia acusatoria, para que haga valer sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Su intervención no
se circunscribe a una participación final en el incidente de reparación una vez
concluido el juicio, ya que ello no se compadece con lo señalado en el artículo
250 (7) citado, y significaría una restricción de sus derechos a la verdad y a
la justicia puesto que la víctima participaría activamente sólo a efectos de
exigir reparación.
5.3. En este nuevo esquema penal de tendencia acusatoria,
el constituyente “mantuvo la distinción entre la fase de investigación
–encaminada a determinar si hay méritos para acusar- y la fase de juzgamiento"[12]
y otorgó una clara preponderancia a ésta última, constituyéndola “en el
centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema instituido por el Acto
Legislativo.”[13] En el artículo 250, el
numeral 4 caracterizó la etapa de juzgamiento y señaló que el juicio sería “público,
oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas
las garantías.”
La definición y caracterización de las distintas
etapas del proceso penal (investigación, imputación, acusación y juzgamiento)
también tiene incidencia en la forma como la víctima puede participar dentro
del proceso para asegurar el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación. Resalta la Corte que sólo respecto de la etapa del juicio, el
constituyente precisó sus características, enfatizando su carácter adversarial,
así no haya seguido un modelo puro en este aspecto. Este hecho, tiene
incidencia en la forma como pueden actuar las víctimas durante esta etapa. Como
quiera que este carácter adversarial supone la confrontación entre el acusado y
el acusador, la posibilidad de actuación directa y separada de las víctimas, al
margen del fiscal, se encuentra restringida por el propio texto constitucional
que definió los rasgos del juicio.
Cada país en donde existe un sistema penal acusatorio
ha definido diferentes modalidades para la intervención de las víctimas dentro
del proceso penal. En el sistema acusatorio tradicional se ha considerado
generalmente a la víctima como un testigo, el cual tiene interés predominante
particular en el proceso penal, por lo que generalmente obtiene reparación por
fuera del proceso penal.[14] No obstante, esta
posición tradicional ha ido variando, hasta otorgarle incluso el derecho a
impulsar sin excluir ni sustituir al Fiscal,[15] la
investigación criminal y el proceso penal, y permitiendo su intervención en
algunas etapas previas y posteriores al juicio.[16]
En estos sistemas se le reconoce a las víctimas, por ejemplo, el derecho a
aportar pruebas dentro del proceso, el derecho a ser oídas dentro del juicio y
a ser notificadas de actuaciones que puedan afectarlas, el derecho a que se
adopte una resolución final dentro de un término prudencial, el derecho a que se
proteja su seguridad, el derecho a una indemnización y a conocer la verdad de
lo sucedido.[17]
Se pregunta entonces la Corte Constitucional, si dado
que nuestro sistema penal tiene elementos distintivos tan particulares y
propios, la participación de la víctima en cada una de las etapas procesales
debe tener las características de un interviniente especial o la de una parte
procesal como alega el accionante.
En primer lugar, considera esta Corporación que si
bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal,
no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial. La
asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no tiene
las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades
especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal.
En segundo lugar, dado que el constituyente definió
que la víctima podría intervenir a lo largo del proceso penal, es preciso tener
en cuenta los elementos específicos de cada etapa procesal y el impacto que
tendría la participación de la víctima en cada una de ellas. En ese contexto,
es necesario resaltar que cuando el constituyente definió que la etapa del
juicio tuviera un carácter adversarial, enfatizó las especificidades de esa
confrontación entre dos partes: el acusador y el acusado, dejando de lado la
posibilidad de confrontación de varios acusadores en contra del acusado. La
oralidad, la inmediación de pruebas, la contradicción y las garantías al
procesado se logran de manera adecuada si se preserva ese carácter adversarial.
Por el contrario, la participación de la víctima como acusador adicional y
distinto al Fiscal generaría una desigualdad de armas y una transformación
esencial de lo que identifica a un sistema adversarial en la etapa del juicio.
Por otra parte, el constituyente no fijó las características de las demás
etapas del proceso penal, y por lo tanto delegó en el legislador la facultad de
configurar esas etapas procesales.
De lo anterior surge entonces, que los elementos
definitorios de la participación de la víctima como interviniente especial en
las diferentes etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate, y
en esa medida, la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas
previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio.
Teniendo en cuenta los anteriores criterios, pasa la
Corte a recordar la jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las
víctimas en el proceso penal.
6.
Los derechos de las víctimas del delito en la
jurisprudencia constitucional
6.1. En nuestro ordenamiento, la
jurisprudencia constitucional al interpretar armónicamente los artículos 1, 2,
15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta, ha ido decantando una protección amplia de
los derechos de las víctimas del delito y precisando el alcance de sus derechos
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, dentro de una concepción
que recoge los avances del derecho internacional de los derechos humanos en la
materia.
Esta posición jurisprudencial se consolida con la
sentencia C-228 de 2002,[18] en donde luego de
examinar la tendencia mundial y nacional en la protección amplia de los
derechos de las víctimas del delito, la Corte concluyó lo siguiente, dentro del
sistema penal anterior:
“De lo anterior surge que tanto en el
derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento
constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho
punible gozan de una concepción amplia –no restringida exclusivamente a una
reparación económica – fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas
con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la
tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que
exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento
integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello
sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un delito se les
garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación económica de los daños sufridos.
“De tal manera que la víctima y los
perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación
pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de
1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada
en el presente proceso:
“1. El derecho a
la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una
coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta
particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos.[19]
“2. El derecho a
que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya
impunidad.
“3. El derecho a
la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación
económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un
delito. [20]
“Aun cuando
tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte
civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el
establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la
obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un
ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el
patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado
sea ínfimo – porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el
patrimonio público – pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha
determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un
interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad
y a la justicia a través del proceso penal.
“No obstante,
ello no significa que cualquier persona que alegue que tiene un interés en que
se establezca la verdad y se haga justicia pueda constituirse en parte civil –
aduciendo que el delito afecta a todos los miembros de la sociedad – ni que la
ampliación de las posibilidades de participación a actores civiles interesados
sólo en la verdad o la justicia pueda llegar a transformar el proceso penal en
un instrumento de retaliación contra el procesado. Se requiere que haya un daño
real, no necesariamente de contenido patrimonial, concreto y específico,
que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso
penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las
autoridades judiciales en cada caso.[21] Demostrada la calidad de
víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y
específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado para
constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener
exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad,
dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté
indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la
verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de
parte. Lo anterior significa que el único presupuesto procesal indispensable
para intervenir en el proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le
pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial.
“La determinación en cada caso de quien tiene el
interés legítimo para intervenir en el proceso penal, también depende, entre
otros criterios, del bien jurídico protegido por la norma que tipificó la
conducta, de su lesión por el hecho punible y del daño sufrido por la persona o
personas afectadas por la conducta prohibida, y no solamente de la existencia
de un perjuicio patrimonial cuantificable.”
6.2. Con posterioridad a ese fallo, la Corte ha ido
precisando la proyección de los derechos de la víctima dentro del proceso
penal. A continuación se mencionan algunas sentencias que ilustran la gran
variedad de ámbitos en los cuales tales derechos se han proyectado, sin el
ánimo de ser exhaustivos.
Así, por ejemplo, en la sentencia C-580 de 2002, [22]
la Corte estableció que el derecho de las víctimas del delito de desaparición
forzada de personas y la necesidad de garantizar los derechos a la verdad y a
la justicia, permitían que el legislador estableciera la imprescriptibilidad de
la acción penal, siempre que no se haya identificado e individualizado a los
presuntos responsables. Dijo entonces la Corte:
“Esta ampliación de la potestad
configurativa del legislador se traduce específicamente en la facultad para
extender el término de prescripción. En primer lugar, por el interés en
erradicar la impunidad, para lo cual es necesario que la sociedad y los
afectados conozcan la verdad, que se atribuyan las responsabilidades
individuales e institucionales correspondientes, y en general que se garantice
el derecho de las víctimas a la justicia. En segundo lugar, por el derecho de
las víctimas a recibir una reparación por los daños. En tercer lugar, debido a
la dificultad que suponen la recopilación de las pruebas necesarias y el juzgamiento
efectivo de quienes habitualmente incurren en tales conductas.
(...)
“El interés en erradicar la impunidad por
el delito de desaparición forzada compete a la sociedad en su conjunto. Como ya
se dijo, para satisfacer dicho interés es necesario que se conozca toda la
verdad de los hechos, y que se atribuyan las responsabilidades individuales e
institucionales correspondientes. En esa medida, tanto el interés en que se
conozca la verdad, como en que se atribuyan responsabilidades individuales e institucionales
por los hechos, sobrepasan el ámbito del interés individual de las víctimas.
Por el contrario, constituyen verdaderos intereses generales de carácter
prevalente en los términos del artículo 1º de la Carta Política.
“En efecto, el conocimiento público de los
hechos, el señalamiento de responsabilidades institucionales e individuales y
la obligación de reparar los daños causados son mecanismos útiles para crear
conciencia entre las personas acerca de la magnitud de los daños causadas por
el delito. En esa medida, son también mecanismos de prevención general y
especial del delito, que sirven para garantizar que el Estado no apoye,
autorice o asuma una actitud aquiescente frente a tales conductas. En general,
la acción penal en los casos de desaparición forzada de personas es un
mecanismo a través del cual se establecen responsabilidades institucionales que
llevan a que el Estado se sujete al derecho en el ejercicio de la fuerza, y a
hacer efectivo el deber de las autoridades de proteger y garantizar los
derechos fundamentales.(…)”
(…)
Sin embargo, el interés estatal en proteger
a las personas contra la desaparición forzada no puede hacer nugatorio el
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. Por lo tanto, cuando
el Estado ya ha iniciado la investigación, ha identificado e individualizado a
los presuntos responsables, y los ha vinculado al proceso a través de
indagatoria o de declaratoria de persona ausente, la situación resulta
distinta. Por un lado, porque en tal evento está de por medio la posibilidad de
privarlos de la libertad a través de medios coercitivos, y además, porque no
resulta razonable que una vez vinculados al proceso, los acusados queden
sujetos a una espera indefinida debida a la inoperancia de los órganos de investigación
y juzgamiento del Estado.
En tales eventos, el resultado de la
ponderación favorece la libertad personal. En particular, el interés de la
persona vinculada a un proceso penal de definir su situación frente a medidas a
través de las cuales el Estado puede privarlo materialmente de la libertad. Por
lo anterior, la imprescriptibilidad de la acción penal resulta conforme a la
Carta Política, siempre y cuando no se haya vinculado a la persona al proceso a
través de indagatoria. Cuando el acusado ya ha sido vinculado, empezarán a
correr los términos de prescripción de la acción penal, si el delito está
consumado.
En la sentencia C-875 de 2002,[23]
teniendo en cuenta los derechos de las víctimas, esta Corporación consideró que
no resultaba razonable excluir a la parte civil del amparo de pobreza e impedir
de esta forma su constitución a través de abogado. Dijo entonces la Corte:
“(…) no resulta razonable excluir del
otorgamiento del amparo de pobreza a la parte civil, así no actúe como actor
popular, cuando por sus condiciones económicas o sociales, y conforme a las
normas que regulan la materia, éste carezca de los medios necesarios para
contratar un abogado. En esa medida, se declarará la exequibilidad de la
expresión “El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que
trata el Código de Procedimiento Civil”, contenida en el artículo 45 del
Código de Procedimiento Penal, condicionada a que se entienda que la parte
civil que no pretende intervenir como actor popular, no está excluida del
amparo de pobreza. Como consecuencia de ello, las víctimas y los perjudicados
por el delito tendrán derecho al amparo de pobreza dentro de los términos del
Código de Procedimiento Civil, sin que para ello sea necesario que su
intervención dentro del proceso sea en calidad de actores populares.”
En la sentencia C-228 de 2003,[24]
la Corte Constitucional declaró inexequible una disposición del Código Penal
Militar, Ley 522 de 1999, que restringía la posibilidad de buscar la reparación
de perjuicios de las víctimas de delitos de conocimiento de la justicia penal
militar a que se hiciera exclusivamente a través del proceso contencioso
administrativo. En esa ocasión, la Corte señaló lo siguiente:
“Dispone el último aparte del artículo 220,
que el resarcimiento de los perjuicios debe intentarse ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
“Esta disposición va en contra del derecho
a la administración de justicia, siguiendo los parámetros señalados por esta
Corporación en sentencia C-1149 de 2001, en donde al estudiar el artículo 177
del Código Penal Militar que hacía referencia a la acción civil derivada de la
comisión de un hecho punible de competencia de la justicia penal militar,
expresó:
“Se vulnera el derecho a acceder a la
administración de justicia de las víctimas y perjudicados con el delito cuya
competencia está asignada a la justicia penal militar, por cuanto de una parte,
no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la
reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una
decisión judicial que solucione su conflicto en forma integral, al no tener el
derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados.
“El acceso a la administración de justicia
(art. 229 C.P.) no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también
para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser
indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se
haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido.
“En la forma como se ha previsto la
institución de la parte civil en el Código Penal Militar, se desvirtúa su
naturaleza misma que es esencialmente indemnizatoria y se le asigna una
finalidad que no le es propia restándole toda efectividad y eficacia; además,
se les limita o restringe el derecho a elegir entre el ejercer la acción
civil dentro del proceso penal o fuera de éste ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, debiendo acudir única y necesariamente a ésta”.
“Por lo expuesto y teniendo en cuenta que
también esta norma remite a los afectados con la comisión de un delito de
competencia de la Justicia Penal Militar a la Jurisdicción Contencioso
Administrativo se declarará inexequible.”
En cuanto a la garantía jurídica con que cuentan las
víctimas para controvertir decisiones que sean adversas a sus derechos, en la
sentencia C-004 de 2003[25] la Corte reconoció su
derecho a impugnar decisiones tales como las de preclusión de la investigación,
de cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria. Por su pertinencia
para el asunto bajo estudio, se cita lo expresado por la Corte en la sentencia
C-004 de 2003:
“31- La Corte concluye entonces que la
restricción impuesta por las expresiones acusadas es desproporcionada frente a
los derechos de las víctimas, cuando se trata de la impunidad de violaciones a
los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional
humanitario. En esos eventos, los derechos de las víctimas no sólo autorizan
sino que exigen una limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la
reapertura de esas investigaciones, si surge un hecho o prueba nueva no
conocida al tiempo de los debates procesales. Era entonces necesario que la ley
previera esa hipótesis al regular las causales de revisión, por lo que la Corte
deberá condicionar el alcance de las expresiones acusadas en ese aspecto.
“32- Como ya se explicó anteriormente, la
impunidad de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario es
más grave, cuando el Estado ha incumplido en forma protuberante con sus deberes
de investigar y sancionar seriamente esos delitos. En esos eventos, la
preponderancia de los derechos de las víctimas y de la búsqueda de un orden
justo sobre la seguridad jurídica y el non bis in ídem es aún más
evidente, por las siguientes dos razones: De un lado, para las víctimas y los
perjudicados por una violación a los derechos humanos, la situación resulta aún
más intolerable, pues su dignidad humana es vulnerada en cierta medida
doblemente, ya que esas personas no sólo fueron lesionadas por un
comportamiento atroz sino que, además, deben soportar la indiferencia del
Estado, quien incumple en forma protuberante con su obligación de esclarecer
esos actos, sancionar a los responsables y reparar a los afectados.
“De otro lado, en cambio, una posible
revisión de aquellos procesos en que el Estado, en forma protuberante, dejó de
lado su deber de investigar seriamente esas violaciones a los derechos humanos,
no impacta en forma muy intensa la seguridad jurídica, por la sencilla razón de
que en esos procesos las autoridades realmente no realizaron una investigación
seria e imparcial de los hechos punibles. Y por ende, precisamente por ese
incumplimiento del Estado de adelantar seriamente la investigación, la persona
absuelta en realidad nunca estuvo seriamente procesada ni enjuiciada, por lo
que una reapertura de la investigación no implica una afectación intensa del non
bis in ídem. Eso puede suceder, por ejemplo, cuando la investigación es tan
negligente, que no es más que aparente, pues no pretende realmente esclarecer
lo sucedido sino absolver al imputado. O también en aquellos eventos en que los
funcionarios judiciales carecían de la independencia e imparcialidad necesarias
para que realmente pudiera hablarse de un proceso.
“Es pues claro que en los casos de
impunidad de violaciones a los derechos humanos o de infracciones graves al
derecho internacional humanitario derivadas del incumplimiento protuberante por
el Estado colombiano de sus deberes de sancionar esas conductas, en el fondo
prácticamente no existe cosa juzgada, pues ésta no es más que aparente. En esos
eventos, nuevamente los derechos de las víctimas desplazan la garantía del non
bis in ídem, y por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza
formal de cosa juzgada no debe impedir una reapertura de la investigación de
esos comportamientos, incluso si no existen hechos o pruebas nuevas, puesto que
la cosa juzgada no es más que aparente.
(…)
“34- Conforme a lo anterior, la restricción
prevista por las expresiones acusadas es desproporcionada frente a los derechos
de las víctimas y al deber de las autoridades de lograr la vigencia de un orden
justo, cuando la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y las
afectaciones graves al derecho internacional humanitario deriva del claro
incumplimiento del Estado de su obligación de investigar, de manera seria e
imparcial, esos crímenes. En esos eventos, incluso si no existe un hecho o
prueba nueva, los derechos de las víctimas también exigen una limitación al non
bis in ídem, a fin de permitir la reapertura de esas investigaciones, pues
la cosa juzgada de la que gozaba la persona absuelta no era más que aparente,
ya que en el fondo, debido a las omisiones protuberantes del Estado, no existió
realmente un proceso contra ese individuo. Era entonces necesario que la ley
previera la posibilidad de reabrir las investigaciones por violaciones a los
derechos humanos y por graves afectaciones al derecho internacional humanitario
en aquellos casos en que con posterioridad a la absolución se muestre que dicha
absolución deriva de una omisión protuberante del deber del Estado de
investigar, en forma seria e imparcial, esos comportamientos. Ahora bien, el
artículo 220 del C de PP, que regula las causales de revisión, no prevé esa
hipótesis, pues no siempre esa omisión protuberante de las obligaciones
estatales puede ser atribuida a una conducta típica del juez o de un tercero, o
a la existencia de una prueba falsa, que son los casos en donde el estatuto procesal
penal autoriza la acción de revisión contra decisiones absolutorias con fuerza
de cosa juzgada. Existe entonces una omisión legislativa en este punto, que
requiere una sentencia integradora, que autorice la acción de revisión en esos
casos, a fin de proteger los derechos de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario.
“35- Sin embargo, la Corte recuerda que en
todo caso la seguridad jurídica, la fuerza de la cosa juzgada, y la protección
contra el doble enjuiciamiento, son valores de rango constitucional, que
ameritan una especial protección jurídica, y por ello la sentencia integradora
que sea proferida debe prever también garantías a fin amparar en forma
suficiente esos valores constitucionales. Es pues indispensable que el
ordenamiento impida la reapertura caprichosa de procesos que habían hecho
tránsito a cosa juzgada. Ciertas cautelas y protecciones formales en beneficio
del procesado resultan entonces imprescindibles.
“En tal contexto, esta Corporación
considera que en los casos de negligencia protuberante del Estado en brindar
justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, para que proceda la revisión, sin que aparezca un hecho
nuevo o una prueba no conocida al tiempo del proceso, es necesario que exista
una declaración de una instancia competente que constate que el Estado
incumplió en forma protuberante con la obligación de investigar seriamente esa
violación. A fin de asegurar una adecuada protección a la persona absuelta, la
constatación de esa omisión de las autoridades deberá ser adelantada por un
organismo imparcial e independiente, y por ello, en el plano interno, dicha
declaración sólo puede ser llevada a cabo por una autoridad judicial.”
En la sentencia C-014 de 2004,[26]
la Corte extendió la protección de los derechos de las víctimas de violaciones
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario a los procesos disciplinarios, respetando la finalidad de este tipo
de procesos. En esa sentencia se dijo lo siguiente:
“15. (…) en esta ocasión, la Corte se
plantea una reflexión adicional: ¿Esa nueva lectura constitucional de los
derechos de la víctima, es privativa del derecho penal, o, con las debidas
matizaciones, puede extenderse al ejercicio de la potestad disciplinaria del
Estado y, en particular, a aquellos supuestos excepcionales en que concurren
víctimas o perjudicados con ocasión de faltas disciplinarias constitutivas de
violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario?
“Se ha indicado ya que en esos supuestos
excepcionales existen víctimas o perjudicados con faltas disciplinarias y que
éstos están legitimados para concurrir al proceso disciplinario no como
terceros sino como sujetos procesales y, desde luego, con todas las facultades
que se reconocen a éstos. En ese marco, cabe interrogarse, ¿Cuál es el sentido
de su intervención en ese proceso? La respuesta es clara: Las víctimas o
perjudicados con una falta disciplinaria constitutiva de una violación del
derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario están legitimadas para intervenir en el proceso disciplinario para
que en éste se esclarezca la verdad de lo ocurrido, es decir, para que se
reconstruya con fidelidad la secuencia fáctica acaecida, y para que en ese
específico ámbito de control esas faltas no queden en la impunidad. Es decir,
tales víctimas o perjudicados tienen derecho a exigir del Estado una intensa
actividad investigativa para determinar las circunstancias en que se cometió la
infracción al deber funcional que, de manera inescindible, condujo al menoscabo
de sus derechos y a que, una vez esclarecidas esas circunstancias, se haga
justicia disciplinaria.
“16. Esto es así por cuanto, cuando un
sujeto disciplinable ha infringido los deberes funcionales que le incumben como
servidor público o como particular que desempeña funciones públicas y cuando
esa infracción constituye también una violación del derecho internacional de
los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, a las víctimas o
perjudicados les asiste legitimidad para exigir del Estado el esclarecimiento
de los hechos, la imputación de una infracción a los deberes funcionales del
sujeto disciplinable, la formulación de un juicio de responsabilidad de esa
índole, la declaración de tal responsabilidad y la imposición de las sanciones
previstas en el ordenamiento jurídico. Es decir, en tales eventos, las víctimas
tienen un derecho a la verdad y a la justicia disciplinarias pues la afirmación
de su dignidad, el reconocimiento y realización de sus derechos y, por esa vía,
la promoción de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, no
se circunscriben únicamente al ejercicio del poder punitivo del Estado sino que
se extiende a todas las esferas de la vida pública y privada y, desde luego,
también al ejercicio de la potestad estatal disciplinaria.
“17. Estos derechos de las víctimas de las
indicadas faltas disciplinarias son compatibles con la legitimidad de los
distintos juicios de responsabilidad que pueden generarse a partir de una misma
conducta y con los derechos correlativos que en cada uno de esos espacios le
asisten al imputado.
“En este sentido, es nutrida la
jurisprudencia de esta Corporación en la que se admite la posibilidad de que a
partir de un mismo hecho se generen imputaciones de distinta índole, como la
penal y la disciplinaria, pues ello es consecuente con los diversos ámbitos de
responsabilidad previstos por el ordenamiento jurídico. En cada uno de éstos
ámbitos se pretende la demostración de un supuesto fáctico y la imposición de
una sanción, penal o administrativa, y frente a cada uno de ellos existe una
legítima pretensión estatal y una legítima oposición del investigado.
(…)
“18. Entonces, así como es legítimo que el
Estado, a partir de un mismo hecho, promueva distintos juicios de
responsabilidad y que el procesado despliegue sus derechos en cada uno de
ellos; así también es legítimo que las víctimas o perjudicados ejerzan los
derechos de que son titulares en cada uno de esos ámbitos de responsabilidad
pues su derecho a la verdad y a la justicia se predica en cada uno de esos
ámbitos y no sólo en uno de ellos.
“Con todo, es claro para la Corte que en el
proceso disciplinario, las víctimas no pueden pretender el reconocimiento del
derecho a la reparación pues esta pretensión no está ligada directamente a la
infracción del deber funcional que vincula al sujeto disciplinable con el
Estado, sino que está vinculada con el daño causado al bien jurídico de que aquellas
son titulares. Y bien se sabe que la protección de tales bienes jurídicos y la
reparación del daño a ellos causado es inherente a la jurisdicción y escapa a
la órbita del derecho disciplinario.”
6.3. En el contexto de la Ley de Justicia y Paz, la Corte
se pronunció sobre los derechos de las víctimas en procesos inscritos en
contextos y modalidades de justicia transicional de reconciliación. En la
sentencia C-370 de 2006,[27] dijo lo siguiente:
“4.5. Como conclusiones relevantes para el
estudio de constitucionalidad que adelanta ahora la Corporación, extraídas de
las Sentencias que se acaban de citar, la Corte señala las siguientes:
(…)
“4.5.3. Al derecho de las víctimas a la
protección judicial de los derechos humanos, mediante el ejercicio de un
“recurso sencillo y eficaz”, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, corresponde el correlativo deber estatal de
juzgar y sancionar las violaciones de tales derechos. Este deber puede ser
llamado obligación de procesamiento y sanción judicial de los responsables de
atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos.
(…)
“4.5.5. El deber estatal de investigar,
procesar y sancionar judicialmente a los autores de graves atropellos contra el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos no queda cumplido por el sólo
hecho de adelantar el proceso respectivo, sino que exige que este se surta en
un “plazo razonable”. De otra manera no se satisface el derecho de la víctima o
sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los
eventuales responsables.
“4.5.6. La impunidad ha sido definida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “la falta en su conjunto de
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables de las violaciones de los derecho protegidos por la Convención
Americana”. Los estados están en la obligación de prevenir la impunidad, toda
vez que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y
la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. En tal virtud están
obligados a investigar de oficio los graves atropellos en contra de los
derechos humanos, sin dilación y en forma seria, imparcial y efectiva.
“4.5.7. La obligación estatal de iniciar ex
officio las investigaciones en caso de graves atropellos en contra de los
derechos humanos indica que la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al
Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus
familiares, o de su aportación de elementos probatorios.
(…)
“4.5.9. Las obligaciones de reparación
conllevan: (i) en primer lugar, si ello es posible, la plena restitución
(restitutio in integrum), “la cual consiste en el restablecimiento de la
situación anterior a la violación”[28];
(ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra serie de medidas que
además de garantizar el respecto a los derechos conculcados, tomadas en
conjunto reparen la consecuencias de la infracción; entre ellas cabe la
indemnización compensatoria.
“4.5.10. El derecho a la verdad implica que
en cabeza de las víctimas existe un derecho a conocer lo sucedido, a saber
quiénes fueron los agentes del daño, a que los hechos se investiguen seriamente
y se sancionen por el Estado, y a que se prevenga la impunidad.
“4.5.11. El derecho a la verdad implica
para los familiares de la víctima la posibilidad de conocer lo sucedido a ésta,
y, en caso de atentados contra el derecho a la vida, en derecho a saber dónde
se encuentran sus restos; en estos supuestos, este conocimiento constituye un
medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer
a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo.
“4.5.12. La sociedad también tiene un
derecho a conocer la verdad, que implica la divulgación pública de los
resultados de las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos.
(…)
“4.7. El “Conjunto de Principios para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad”, proclamados por la ONU en 1998.
(…)
“(…), la Corte aprecia que, dentro de las
principales conclusiones que se extraen del “Conjunto de Principios para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad” en su última actualización, cabe mencionar las siguientes, de
especial relevancia para el estudio de constitucionalidad que adelanta: (i)
durante los procesos de transición hacia la paz, como el que adelanta Colombia,
a las víctimas les asisten tres categorías de derechos: a) el derecho a saber,
b) el derecho a la justicia y c) el derecho a la reparación; (ii) el derecho a
saber es imprescriptible e implica la posibilidad de conocer la verdad acerca
de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima; (iii)
el derecho a saber también hace referencia al derecho colectivo a conocer qué
pasó, derecho que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las
violaciones se reproduzcan y que implica la obligación de “memoria” pública
sobre los resultados de las investigaciones; (iv) el derecho a la justicia
implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos
beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que
su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación; (v) al derecho a la justicia
corresponde el deber estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus
autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción; (vi)
dentro del proceso penal las víctimas tiene el derecho de hacerse parte para
reclamar su derecho a la reparación. (vii) En todo caso, las reglas de
procedimiento deben responder a criterios de debido proceso; (viii) la
prescripción de la acción penal o de las penas no puede ser opuesta a los
crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes
contra la humanidad ni correr durante el período donde no existió un recurso
eficaz; (ix) En cuanto a la disminución de las penas, las “leyes de
arrepentidos” son admisibles dentro de procesos de transición a la paz, se
“pero no deben exonerar totalmente a los autores”; (x) la reparación tiene una
dimensión doble (individual y colectiva) y en el plano individual abarca
medidas de restitución, indemnización y readaptación; (xi) en el plano
colectivo, la reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o
de otro tipo que se proyectan a la comunidad; (xii) dentro de las garantías de
no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados acompañada de
medidas de reinserción.”
6.4. Ya en el contexto del nuevo código de
procedimiento penal, Ley 906 de 2004, que desarrolló el sistema penal con
tendencia acusatoria instaurado mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación también han
sido protegidos, pero siempre dentro del respeto de los rasgos estructurales y
características esenciales de ese procedimiento.[29]
La garantía establecida en la sentencia C-004 de 2003,[30]
antes citada, también fue recogida en el nuevo sistema en la sentencia la
sentencia C-047 de 2006,[31] cuando la Corte protegió
el derecho de las víctimas del delito a impugnar la sentencia absolutoria. En
esa ocasión dijo lo siguiente:
“3.3.     A lo anterior se suma la
consideración de que, como ha sido reiterado por la Corte, el debido proceso se
predica no solo respecto de los derechos del acusado
sino de los de todos los intervinientes en el proceso penal, a quienes, junto
al derecho al debido proceso, debe garantizárseles el derecho también
superior de la eficacia del acceso a la justicia (art. 229 C.P.) [32].
“En particular la Corte Constitucional ha
concluido que la Carta de 1991 reconoce a las víctimas y perjudicados por un
hecho punible unos derechos que desbordan el campo de la reparación económica,
pues incluyen también el derecho a la verdad y a que se haga justicia[33].
En ese contexto, si bien la impugnación de la sentencia condenatoria es un
derecho consagrado expresamente a favor del sindicado en la Constitución y en
diversos instrumentos internacionales, no es menos cierto que la posibilidad de
apelar la sentencia absolutoria es expresión de derechos de similar entidad de
las víctimas y materialización del deber de las autoridades de asegurar la
vigencia de un orden justo. Al pronunciarse en sede de constitucionalidad con
ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la posibilidad
de interponer el recurso de casación frente a las sentencias absolutorias en
materia penal, esta Corte señaló que  “…si, se accediera a la petición hecha
por el actor en el sentido de descartar la procedencia de la casación en las
circunstancias que él invoca y por tanto no se permitiera al Ministerio
Público, a la Fiscalía, a la víctima, o a los perjudicados con el hecho punible
solicitar la casación de la sentencia absolutoria con el fin de que se corrija
un eventual desconocimiento de la Constitución y la Ley, se estaría no solo
desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso
penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de
los derechos del estado, de la sociedad, de la víctima o de los eventuales
perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la
verdad a la justicia y a la reparación[34].”[35]
Mutatis Mutandis, tales consideraciones resultan aplicables a la
posibilidad de apelar la sentencia penal absolutoria.
“En tales condiciones, la Corte llega a la
conclusión de que, no solo no es violatorio del non bis in idem,
establecer la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, sino que, por el
contrario, excluir esa posibilidad podría resultar problemático desde la
perspectiva de la garantía constitucional de la doble instancia, el derecho de
acceso a la administración de justicia, los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación y el imperativo que la Carta impone a las
autoridades de lograr la vigencia de un orden justo (CP art. 2°).
“De este modo, así como, por expreso
mandato constitucional, que está previsto también en tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, nuestro ordenamiento garantiza
la posibilidad del sindicado de impugnar la sentencia condenatoria, también se
ha previsto, en desarrollo de la garantía de la doble instancia, la posibilidad
de apelar la sentencia absolutoria, lo cual constituye una garantía para las
víctimas y protege el interés de la sociedad en una sentencia que, con pleno
respeto de los derechos del sindicado, conduzca a la verdad, la reparación y la
justicia.”
En el mismo sentido dentro del nuevo sistema, en la
sentencia C-979 de 2005,[36] la Corte protegió el
derecho de las víctimas a solicitar la revisión extraordinaria de las
sentencias condenatorias en procesos por violaciones a derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, cuando una instancia
internacional haya concluido que dicha condena es aparente o irrisoria. Dijo
entonces la Corte:
“De la expresión acusada, efectivamente se
deriva la imposibilidad para la justicia colombiana de reabrir, por la vía de
la revisión extraordinaria, un proceso por violaciones a derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, cuando después de un
fallo condenatorio, se establezca mediante decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual
el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento
protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e
imparcialmente tales violaciones.
“Este sentido de la norma resulta en efecto
contrario no solamente a los deberes de investigación que en materia de
violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario le impone
al Estado colombiano, el derecho internacional de los derechos humanos y el
derecho penal internacional, sino que restringe, de manera injustificada, el
ámbito de protección de los derechos de las víctimas y perjudicados de estas
conductas, con el alcance que la jurisprudencia de esta Corte les ha dado, en
particular su derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia. Derechos
que como se indicó se encuentran asociados de manera estrecha al deber de las
autoridades de investigar y sancionar de manera seria e independiente estos
crímenes.
“El sentido de la norma que la expresión
demandada permite, tolera que en el orden interno pervivan fenómenos de
impunidad en materia de violaciones a derechos humanos y derecho internacional
humanitario, que ya han sido constatadas por instancias internacionales como
producto de un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de
investigar seria e imparcialmente tales violaciones.
“Esos espacios de impunidad desconocen el
deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo (Preámbulo y
Art. 2° de la C.P.).
“En el marco de la potestad de
configuración del legislador en este ámbito, y en desarrollo del deber estatal
de protección de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos
humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, estableció
la reapertura, por vía de revisión, de procesos referidos a estos delitos que
hubieren culminado con fallos absolutorios. Sin embargo para hacerlos
compatibles con los principios de cosa juzgada y non bis in idem que por
regla general amparan a la persona absuelta, rodeó tal decisión de política
criminal de especiales cautelas, como el condicionamiento de la procedencia de
la causal de revisión al pronunciamiento de una instancia internacional.
“Nada se opone entonces a que, por virtud
de la exclusión de la expresión acusada, se extienda la posibilidad de
reapertura de estos procesos, por la vía de la revisión, a aquellos que han
culminado con fallos condenatorios y una instancia internacional haya
establecido que son el producto del incumplimiento protuberante de los deberes
de investigación seria e imparcial por parte del Estado, lo que ubica tales
decisiones en el terreno de las condenas aparentes, que toleran o propician
espacios de impunidad en un ámbito en que tanto el orden constitucional como el
internacional, repudian tal posibilidad.
“Las mismas cautelas que en su momento tuvo
la Corte para autorizar la posibilidad de que por la vía de la revisión penal
extraordinaria, se reabrieran procesos por violaciones de derechos humanos, que
había culminado con una decisión favorable al sentenciado, con ruptura del
principio del non bis in idem,[37] operan
en el caso de la reapertura de procesos culminados con sentencia condenatoria.
Esas cautelas, orientadas a la preservación del non bis in idem, para
los delitos en general, se encuentran explícitas en la regla que contiene la
expresión demandada, en cuanto que la reapertura se produce a través de un
mecanismo procesal extraordinario, opera para la criminalidad con mayor
potencialidad ofensiva y desestabilizadora como son los crímenes contra los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y está condicionada al
pronunciamiento de una instancia internacional acerca del incumplimiento del
Estado de sus obligaciones de investigación y sanción de estos crímenes. El
sentido de la causal, una vez excluida la expresión demandada, deja así a salvo
el principio del non bis in idem para los delitos en general, tal como
lo ha establecido la Corte en el pronunciamiento referido.
223. De otra parte, tampoco puede perderse
de vista en este análisis, que la extensión de la procedencia de la revisión a
los fallos condenatorios en las hipótesis que contempla la causal,
atiende también el derecho del sentenciado a un debido proceso y propugna por
el establecimiento de un orden justo, por cuanto no resulta legítimo mantener
la cosa juzgada en eventos en que una instancia internacional, en desarrollo de
competencias reconocidas por el Estado colombiano, declaró que la investigación
que dio lugar a la condena no fue seria ni imparcial.
“24. Encuentra así la Corte que el alcance
que la expresión demandada le imprime a la causal de revisión de la cual forma
parte, entraña en primer término, una violación de la Constitución en virtud
del desconocimiento de claros referentes internacionales aplicables a la
materia por concurrir a integrar el bloque de constitucionalidad (Art. 93 CP);
en segundo término, una actuación contraria al deber constitucional de
protección de los derechos de las víctimas de estos delitos que desconocen la
dignidad humana y afectan condiciones básicas de convivencia social, necesarias
para la vigencia de un orden (artículo 2 CP); en tercer lugar, un
desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano de
colaborar con la vigencia de los derechos humanos y sancionar las conductas que
afectan estos valores supremos del orden internacional, que nuestro país ha
reconocido como elementos esenciales de las relaciones internacionales (CP Art.
9°); y en cuarto lugar una violación al debido proceso de la persona condenada
en una actuación que desatiende los deberes constitucionales e internacionales
de investigar seria e imparcialmente estos crímenes, aspecto que ha sido
constado por una instancia internacional. Por ello, la Corte declarará la inexequibilidad
de la expresión acusada que hace parte del artículo 192.4 de la Ley 906 de
2004.”
En la sentencia C-1154 de 2005,[38]
la Corte protegió los derechos de las víctimas al garantizar que se les
comunicaran las decisiones sobre el archivo de diligencias. En esa oportunidad
dijo la Corte lo siguiente:
“Como lo ha establecido esta Corporación en
varias oportunidades las víctimas en el proceso penal tienen derecho a la
verdad, la justicia y la reparación[39].
“Tanto la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como la Comisión de Derechos Humanos se han pronunciado en varias
ocasiones sobre los derechos de las víctimas[40]. En sus
pronunciamientos se han consolidado las formas de reparación de las víctimas
que constituyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la
satisfacción y las garantías de no repetición que incluyen entre otras la
garantía de la verificación de los hechos y la revelación completa y pública de
la verdad[41].
“La decisión de archivo puede tener
incidencia sobre los derechos de las víctimas. En efecto, a ellas les interesa
que se adelante una investigación previa para que se esclarezca la verdad y se
evite la impunidad.
“Por lo tanto, como la decisión de archivo
de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe
ser motivada para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de
fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha decisión.
Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo de las
diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas, para
el ejercicio de sus derechos.
“Igualmente, se debe resaltar que las
víctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudación de la investigación
y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigación. Ante
dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de la
Fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento,
dado que se comprometen los derechos de las víctimas, cabe la intervención del
juez de garantías. Se debe aclarar que la Corte no está ordenando el control
del juez de garantías para el archivo de las diligencias sino señalando que
cuando exista una controversia sobre la reanudación de la investigación, no se
excluye que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías.”
Más recientemente, también en el contexto del sistema
acusatorio, en la sentencia C-454 de 2006,[42] a raíz de una
demanda contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004, la Corte
constitucional resumió el alcance de los derechos de las víctimas del delito de
la siguiente manera:
“a. El derecho a la verdad.
“31. El conjunto de principios para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad[43]
(principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el
derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de
las víctimas a saber.
“El primero, comporta el derecho de cada
pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las
circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste
en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su
patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de
recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente
de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan
entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la
verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en
caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.
“El derecho a la verdad presenta así una
dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”[44],
y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el
ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.[45]
“32. Proyectando estos principios en el
ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho
de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué
fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se
ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a
la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la
memoria y a la imagen de la víctima[46].
“b. El derecho a que se haga justicia en el
caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.
“33. Este derecho incorpora una serie de
garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos
deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del
Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de
los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo;
(iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.
“La jurisprudencia constitucional ha
señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus
componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra
un verdadero derecho constitucional al proceso penal[47] , y el derecho a
participar en el proceso penal[48],
por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa en " que los
familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán
informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así
como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a
presentar otras pruebas"[49]
“c. El derecho a la reparación integral del
daño que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito.
“34. El derecho de reparación, conforme al
derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y
otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y
perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas
individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii)
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su
dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como
la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los
derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las
violaciones ocurridas.[50]
“La integralidad de la reparación comporta
la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los
efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en
que se encontraba antes de la violación.
En esa misma sentencia C-454 de 2006, la Corte precisó
la posición de la víctima en el sistema procesal penal instaurado por el Acto
Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004 en los siguientes términos:
“42. El Acto Legislativo No. 03 de 2002 por
el cual se reformó la Constitución Política para introducir un sistema de
investigación y enjuiciamiento criminal de tendencia acusatoria, asignó a la
Fiscalía General de la Nación unas específicas funciones en relación con las
víctimas de los delitos. (…)
(…)
“De esta consagración constitucional de
los derechos de las víctimas se derivan dos fundamentos constitucionales
relevantes: (i) la especial consideración que el texto constitucional
confiere a la protección de las víctimas, y (ii) la ampliación de las
competencias que la Constitución asigna a la Fiscalía en relación con las
víctimas de los delitos, en materia de asistencia y de restablecimiento del
derecho y reparación integral.
(…)
“Esta consagración constitucional de la
víctima como elemento constitutivo del sistema penal, es así mismo coherente
con los paradigmas de procuración de justicia provenientes del derecho
internacional[51], que han sido acogidos
por la jurisprudencia de esta Corte tal como se dejó establecido en aparte
anterior. La determinación de una posición procesal de la víctima en el proceso
penal conforme a esos paradigmas, debe establecerse tomando como punto de
partida un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela
judicial efectiva[52], de
amplio reconocimiento internacional[53], y con evidente acogida
constitucional a través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este
principio que se caracteriza por establecer un sistema de garantías de
naturaleza bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia
(Art.229); la igualdad ante los tribunales (Art.13); la defensa en el proceso
(Art.29); la imparcialidad e independencia de los tribunales[54];
la efectividad de los derechos (Arts. 2° y 228); sean predicables tanto del
acusado como de la víctima. Esta bilateralidad, ha sido admitida por esta
Corporación al señalar que el complejo del debido proceso, que involucra
principio de legalidad, debido proceso en sentido estricto, derecho de defensa
y sus garantías, y el juez natural, se predican de igual manera respecto de las
víctimas y perjudicados.[55]
“44. Lo que cabría preguntarse ahora es si
en un modelo de investigación y enjuiciamiento que profundiza su tendencia
acusatoria, como el configurado en la ley 906 de 2004, y en el que desaparece
el concepto formal de “parte civil”, debe entenderse sustancialmente
alterada la posición de la víctima en el proceso penal. Para responder a este
interrogante es conveniente hacer una referencia a los pronunciamientos que ha
realizado esta Corporación caracterizando el sistema de procesamiento
instaurado mediante la ley 906 de 2004.
“45. De los pronunciamientos que ha
realizado la Corte sobre el modelo de enjuiciamiento con tendencia acusatoria,
se extraen algunos aspectos que revisten relevancia para la decisión que habrá
de adoptarse en el presente asunto:
“a. Ha señalado la Corte que la reforma
introducida por el A.L. No. 03 de 2002, adoptó un perfil de tendencia
acusatoria, tomando algunos rasgos de este sistema, sin que pueda afirmarse que
se trata de un sistema acusatorio puro:
(…)
“b. También ha señalado que si bien el
nuevo sistema introduce rasgos del modelo acusatorio, mantiene su propia
especificidad, sin que se le pueda adscribir o asimilar un sistema acusatorio
de tradición anglosajona o continental europea:
(…)
“c. También ha indicado la jurisprudencia
de esta Corte que el nuevo sistema no se puede catalogar como un modelo
típicamente adversarial, en donde el juez funge como árbitro entre dos partes
que se enfrentan en igualdad de condiciones. (…)
(…)
“d. El sistema procesal penal configurado
por la Ley 906 de 2004 pone el acento en la garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en el proceso (inculpado o víctima), con
prescindencia de su designación de parte o sujeto procesal:
(…)
“e. Finalmente, la Corte introdujo una
regla de interpretación de particular relevancia para el estudio de la materia
bajo examen, consistente en que el A.L. 03 de 2002, que sentó las bases
constitucionales para la instauración del sistema de tendencia acusatoria, se
limitó a modificar algunos artículos de la parte orgánica de la Constitución
(116, 250 y 251), dejando intacta su parte dogmática, conforme a la cual se
debe analizar las nuevas instituciones procesales:
(…)
“46. Así las cosas, los fundamentos
constitucionales de los derechos de las víctimas, así como los pronunciamientos
que sobre la ley 906 de 2004 ha realizado la Corte, permiten afirmar que la
víctima ocupa un papel protagónico en el proceso, que no depende del
calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente), en tanto que se
trata de un proceso con sus propias especificidades, en el que los derechos de
los sujetos que intervienen están predeterminados por los preceptos
constitucionales, las fuentes internacionales acogidas por el orden interno y
la jurisprudencia constitucional. El alcance de los derechos de las víctimas
debe interpretarse dentro de este marco.”
Tal como lo resaltó la Corte en la sentencia C-454 de
2006, “esta reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de
la Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales:
(i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado
rango constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP);
(iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en
particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los
residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP);
(iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué
ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado
Social de Derecho que promueve la participación, de donde deviene que la
intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse
exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera
preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual
se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos
para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias
planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido
proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias.”[56]
6.5. De conformidad con lo anterior, es posible
concluir que los derechos de la víctima del delito a la verdad, la justicia y
la reparación integral también se encuentran protegidos en el sistema penal con
tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, pero dicha protección
no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de
intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema
procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio de sus
derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las
características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las
definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto, v.gr, caracterizar
a las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del proceso penal, no
supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente fije el
legislador (artículo 250, numeral 7 C.P.).
Pasa la Corte Constitucional a examinar los cargos
planteados por el demandante, a la luz de las premisas anteriores.
7.
Las facultades de la víctima en materia probatoria
7.1. El demandante señala que el inciso 2 del artículo
284, las expresiones “la físcalía” y “la defensa”, empleadas en
el inciso segundo del artículo 344, de las expresiones “la físcalía” y “la
defensa y “las partes” previstas en el artículo 356, la expresión “a
solicitud de las partes” usada en el artículo 358, la expresión “las
partes y el Ministerio público” contenida en el inciso primero del artículo
359, la expresión “las partes” empleada en el artículo 378, el artículo 391, y
la expresión “la parte que no está interrogando o el Ministerio Público”
utilizada en el artículo 395 de la Ley 906 de 2004, al omitir la referencia
expresa a las víctimas, les impiden a éstas solicitar y controvertir pruebas,
con lo cual se restringe inconstitucionalmente su derecho a la verdad.
7.2. Lo primero que hay que resaltar es que estas
disposiciones establecen, como regla general para su aplicación, el que tales
facultades en materia probatoria sean ejercidas por la Fiscalía (artículos 284,
244 y 356, Ley 906 de 2004), la defensa (artículos 284, 344, 356, Ley 906 de
2004), las partes (artículos 344, 356, 358, 359, 391 y 395, Ley 906 de 2004) y
excepcionalmente por el Ministerio Público (artículos 359, 391 y 395, Ley 906
de 2004). De lo cual resulta claro que el legislador omitió incluir a las
víctimas dentro de las partes o intervinientes que pueden ejercer tales
facultades.
En segundo lugar, el ejercicio de las facultades
probatorias reguladas en las normas de la Ley 906 de 2004 mencionadas, se
presenta en distintas etapas de la actuación procesal, así: (i) la facultad
regulada por el artículo 284, se refiere a la solicitud y práctica de pruebas
anticipadas que se lleva a cabo durante la investigación y antes de la
instalación de la audiencia de juicio oral; (ii) la facultad regulada por el
artículo 344 tiene lugar en la audiencia de formulación de la acusación; (iii)
las facultades reguladas por los artículos 356, 358, y 359, se ejercen en la
audiencia preliminar; y (iv) la facultad regulada por los artículos 378, 391 y
395, se presenta en la etapa del juicio. Esta distinción resulta relevante para
determinar si las facultades probatorias que pueda tener la víctima para el
esclarecimiento de la verdad pueden ser ejercidas directamente por ella (o su
apoderado), o si bien, en consideración a los rasgos estructurales y
características esenciales del sistema penal con tendencia acusatoria diseñado
por el legislador en la Ley 906 de 2004, dicha facultad debe ser ejercida de
manera indirecta a través del Fiscal.
En tercer lugar, las facultades probatorias reguladas
por las normas en estudio, se refieren a la solicitud (artículo 284, Ley 906 de
2004), descubrimiento (artículo 344, Ley 906 de 2004), exhibición (artículo
358, Ley 906 de 2004), exclusión, rechazo e inadmisibilidad (artículo 359, Ley
906 de 2004), práctica (artículos 284, 391, Ley 906 de 2004) y contradicción de
pruebas o elementos materiales probatorios (artículos 356, 378, 395, Ley 906 de
2004).
7.3. En la sentencia C-454 de 2006, precitada en la
sección anterior, la Corte precisó el alcance del derecho de las víctimas a
solicitar pruebas en la audiencia preparatoria regulada en el artículo 357 de
la Ley 906 de 2004 y concluyó que la omisión del legislador al no incluir a las
víctimas dentro de los actores procesales que podían hacer solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria, era contraria a la Carta.
Con el fin de examinar la constitucionalidad de esa
omisión legislativa relativa, la Corte resolvió cuatro preguntas: (i) ¿Se
excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por encontrarse en una
situación asimilable a los que la norma contempla, debería subsumirse dentro de
ese presupuesto?; (ii) ¿Existe una razón objetiva y suficiente que justifique
esa exclusión?; (iii) ¿Se genera una desigualdad injustificada entre los
diferentes actores del proceso? y (iv) ¿Esa omisión entraña el incumplimiento
por parte del legislador de un deber constitucional, en este caso del deber de
configurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal?
La respuesta positiva a las cuatro preguntas
planteadas llevó a la Corte a concluir que en el caso del artículo 357 de la
Ley 906 de 2004, para garantizar la efectividad del derecho a acceder a la
justicia y del derecho a la verdad, a la víctima debe permitírsele (i) hacer
solicitudes probatorias en la audiencia preliminar; (ii) así sea en una etapa
previa al juicio; y (iii) tal posibilidad la puede ejercer directamente la
víctima (o su apoderado); y (iv) sin que ello desconozca las especificidades
del nuevo sistema acusatorio ni los rasgos estructurales del mismo. Por ser
especialmente relevante para examinar las facultades probatorias de la víctima
en otras etapas procesales, se cita in extenso lo pertinente:
“61. El cargo dirigido contra el artículo
357, se contrae a acusar una omisión legislativa específica, que el actor
vincula con el contenido normativo de la disposición demandada, consistente en
la exclusión de los representantes de las víctimas de la posibilidad de
solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. De ello se deriva un trato
diferenciado, en cuanto la misma disposición contempla la potestad para la
fiscalía, la defensa y aún el ministerio público, de realizar solicitudes
probatorias en el señalado acto procesal. El demandante considera que dicha
omisión vulnera el derecho a la igualdad y de acceso a la justicia.
(…)
“63. Lo primero que debe precisarse, para
establecer el alcance de esta norma, es que la audiencia preparatoria
constituye, dentro del nuevo sistema, el acto procesal por excelencia para el
trámite de las solicitudes de pruebas que habrán de practicarse en el juicio
oral. Es la oportunidad procesal[57]para solicitar las
pruebas orientadas a llevar al conocimiento del juez, más allá de toda duda
razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio, que permitan
establecer la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe de esos
hechos.
“64. La norma establece las reglas que debe
observar el juez respecto de las solicitudes probatorias que se realizan en la
audiencia preparatoria. Esas reglas son:
“a. Se establece una regla general conforme
a la cual los únicos actores procesales que pueden solicitar pruebas en esta
audiencia son el fiscal y la defensa.
(…)
“b.     El decreto de pruebas solicitadas
está condicionado a que éstas se refieran a los hechos de la acusación, y se
adecuen a las reglas de pertinencia y admisibilidad.
(…)
“c.     Los medios de prueba a los que
pueden acudir “las partes” para acreditar sus pretensiones deben ser lícitos y
debidamente aducidos al proceso.
(…)
“d.     Excepcionalmente, “agotadas las
solicitudes probatorias de las partes”, el Ministerio Público podrá solicitar
la práctica de una prueba no pedida, de la cual tuviere conocimiento y que pudiere
tener esencial influencia en los resultados del juicio. Su carácter excepcional
deriva de que se trata de la única solicitud probatoria que puede ser tramitada
con posterioridad a la audiencia preparatoria, tal como lo prevé el artículo
374[58].
“De estas reglas surge con claridad que el
legislador omitió incluir al representante de las víctimas dentro de las
partes o intervinientes con facultad para realizar solicitudes probatorias en
la audiencia preparatoria. Corresponde entonces establecer si esa omisión
encuentra una justificación constitucionalmente admisible, o sí por el
contrario como lo afirma el demandante, algunos intervinientes y el Procurador
General de la Nación, se constituye en una omisión legislativa de naturaleza
inconstitucional.
“65. La efectividad del derecho a acceder a
la justicia, en el que se inscriben los derechos a la verdad, a la justicia y a
la reparación de las víctimas, se encuentra en una relación directa con el
derecho a probar. El derecho a conocer la verdad sobre los hechos que entrañan
el agravio a la víctima, está inescindiblemente vinculado con la posibilidad de
probar; el derecho a la justicia resulta inconcebible al margen de una
posibilidad real de incidir probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos
y la determinación de responsabilidades; y el derecho a la reparación, cuando
se ejerce en el proceso penal, se consolida a partir de la determinación de la
responsabilidad por el hecho punible.
“66. La interdependencia de estos derechos
conlleva a que el derecho a aportar y solicitar pruebas en torno al hecho
mismo, las circunstancias, la determinación de los autores o partícipes, y la
magnitud del daño, se constituya en un presupuesto inexcusable del derecho de
las víctimas a acceder efectivamente a la justicia. Resulta inane que se
contemple la posibilidad de asistencia de los representantes de las víctimas a
la audiencia preparatoria (Art. 355 CPP), que se exija que en esa diligencia
deba estar asistida por un profesional del derecho o estudiante de consultorio
jurídico (Art. 137.3 CPP), y paralelamente se le excluya de la posibilidad de
realizar solicitudes probatorias, tal como lo establece la norma demandada.
“67. La naturaleza bilateral del
derecho a la tutela judicial efectiva, impone que se reconozcan a la víctima
garantías de acceso a la justicia similares a las que se reconocen al imputado
o acusado. No pretende desconocer la Corte las especificidades del nuevo
sistema en el que se asignan a la Fiscalía unas competencias que propugnan por
el restablecimiento del derecho y la reparación integral de la víctima (Art.
250.6 CP), sin embargo ellas no tienen la virtualidad de desplazar a la
víctima, cuando en un ejercicio soberano de su derecho de acceso a la justicia,
opta por agenciar por su cuenta (a través de su representante) sus intereses
dentro del proceso penal.
“68. Tampoco se suple la exclusión de los
representantes de las víctimas de la posibilidad de efectuar solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria, con la facultad excepcional que el
inciso final de la disposición acusada confiere al Ministerio Público para
solicitar, en el juicio, la práctica de una prueba no solicitada en la
audiencia preparatoria, y que pudiere tener esencial incidencia en los resultados
del juicio. Los intereses que defiende el Ministerio Público en el proceso
penal (el orden jurídico, el patrimonio público, o los derechos y garantías
fundamentales, Art. 109 CPP), son muy distintos a los intereses que agencia el
representante de las víctimas, englobados en los derechos a conocer la verdad,
a que se haga justicia en su caso, y a obtener reparación.
“69. Así las cosas, encuentra la Corte que
efectivamente la norma demandada incurre en una omisión trascendente para el
derecho de acceso de la víctima a la justicia (Art.229 CP), en cuanto obstruye
sus posibilidades de efectiva realización de sus derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación, y la coloca, de manera injustificada, en una
posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes
procesales.”
7.4. Este precedente de la Corte Constitucional habrá
de seguirse para analizar los cargos del accionante en relación con los
artículos 284, 344, 356, 358, 359, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004,
partiendo de las cuatro preguntas metodológicas que aplicó entonces.
7.4.1. En relación con el numeral 2 del artículo 284
de la Ley 906 de 2004, se observa lo siguiente:
(i) la norma excluye a la víctima de los actores
procesales que pueden solicitar la práctica de pruebas anticipadas para lograr
el esclarecimiento de los hechos, de las circunstancias de su ocurrencia, la
determinación de los responsables, de la magnitud de los daños sufridos y el
esclarecimiento de la verdad;
(ii) no se observa una razón objetiva que justifique
la exclusión de la víctima de esta facultad, como quiera que su participación
en esta etapa previa al juicio no conlleva una modificación de los rasgos
estructurales del sistema penal introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002
y la Ley 906 de 2004, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de
la víctima como interviniente especialmente protegido;
(iii) esta omisión genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas
previas al juicio; y
(iv) entraña un incumplimiento, por parte del
legislador, del deber de configurar una verdadera intervención de la víctima en
el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad y del derecho de
las víctimas consagrado en el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004.
Por lo anterior, esta omisión resulta inconstitucional.
En consecuencia, a la luz del cargo analizado, deberá
condicionarse la constitucionalidad del numeral 2 del artículo 284 de la Ley
906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la
práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías.
7.4.2. En cuanto a las expresiones “la Fiscalía”
y la “defensa” empleadas en el inciso segundo del artículo 344 de la Ley
906 de 2004, la Corte estima que éstas no pueden analizarse aisladamente sino
que es necesario situarlas en el contexto de toda la disposición para
comprender su sentido normativo.[59] Por ello, el juicio
recaerá sobre todo el artículo 344, por el cargo analizado. Efectuada dicha
integración normativa, pasa la Corte a analizar el artículo 344 por este cargo.
Al respecto estima que:
(i) la norma excluye a la víctima de los actores
procesales que pueden solicitar el descubrimiento de las pruebas;
(ii) no se observa una razón objetiva que justifique
la exclusión de la víctima de esta facultad, como quiera que su participación
en esta etapa sólo tiene como finalidad el descubrimiento de un elemento
material probatorio específico o de evidencia física específica que pretendan
hacer valer en juicio, pero no su contradicción, por lo cual esta facultad no
conlleva una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con
tendencia acusatoria, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de
la víctima como interviniente especialmente protegido;
(iii) esta omisión genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las etapas
previas al juicio; y al igual que en el caso de las solicitudes probatorias
reguladas por el artículo 357 de la Ley 906 de 2004; impide a la víctima asegurar
el esclarecimiento de la verdad;
(iv) esta omisión envuelve un incumplimiento por parte
del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima
en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad. Subraya la
Corte que el derecho de las víctimas consagrado en el literal d) del artículo
11 de la Ley 906 de 2004 a que se les facilite el aporte de pruebas, no se ha
proyectado al artículo 344, como lo exige el goce efectivo del derecho de las
víctimas a la verdad.
En consecuencia, a la luz del cargo analizado, deberá
condicionarse la exequibilidad del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que la víctima también puede solicitar el descubrimiento de un
elemento material probatorio específico o de evidencia física específica.
7.4.3. En relación con las expresiones “la físcalía”
y “la defensa y “las partes” contenidas en el artículo 356 de la
Ley 906 de 2004, observa la Corte que éstas no pueden analizarse aisladamente
sino que es necesario situarlas en el contexto de toda la disposición para
comprender su sentido normativo.[60] Por ello, el juicio
recaerá sobre todo el artículo 356, por el cargo analizado. Al respecto,
encuentra la Corte lo siguiente:
(i) la norma excluye a la víctima de los actores
procesales que pueden participar en la audiencia preparatoria y hacer
observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y la totalidad
de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral;
(ii) no se observa una razón objetiva que justifique
la exclusión de la víctima de esta facultad, como quiera que su participación
en esta etapa previa al juicio oral, sólo tiene como finalidad el
descubrimiento de elementos probatorios, pero no su contradicción o su
práctica, por lo cual no conlleva una modificación de los rasgos estructurales
del sistema penal, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de la
víctima como interviniente especialmente protegido;
(iii) esta omisión genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal en la audiencia
preparatoria; e
(iv) implica un incumplimiento por parte del
legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en
el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad. Reitera la
Corte que el propio código reconoce el derecho de las víctimas “a que se les
facilite el aporte de pruebas” (literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de
2004).
En consecuencia, a la luz del cargo analizado, se
declarará la exequibilidad del artículo 356 de la Ley 906 de 2004, en el entendido
de que la víctima también puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de
elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la
audiencia del juicio oral.
7.4.4. En relación con la expresión “a solicitud de
las partes” usada en el artículo 358 de la Ley 906 de 2004, la Corte
considera que ésta no puede analizarse aisladamente sino que es necesario
situarla en el contexto de toda la disposición para comprender su sentido
normativo.[61] Por ello, el juicio
recaerá sobre todo el artículo 358, por el cargo analizado. Hecha la
integración normativa, constata la Corte que:
(i) la norma excluye a la víctima de los actores
procesales que pueden solicitar la exhibición de los elementos materiales
probatorios y evidencia física, con el fin de conocerlos y estudiarlos;
(ii) no se observa una razón objetiva que justifique
la exclusión de la víctima de esta facultad, como quiera que su participación
en esta etapa tiene como finalidad conocer y estudiar los distintos elementos
materiales probatorios y la evidencia física que se hará valer en la etapa del
juicio oral, por lo cual no conlleva una modificación de los rasgos
estructurales del sistema penal acusatorio desarrollado por la Ley 906 de 2004,
y por el contrario busca garantizar la igualdad de armas;
(iii) esta omisión genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal en la audiencia
preparatoria; y
(iv) comporta un incumplimiento por parte del
legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en
el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad así como la
efectividad del derecho de las víctimas “a que se les facilite el aporte de
pruebas” consagrado en el literal d) del artículo 11 de la Ley 906 de 2004.
En consecuencia, a la luz del cargo analizado, se
declarará la constitucionalidad del artículo 358 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que la víctima también puede hacer dicha solicitud.
7.4.5. En relación con la expresión “las partes y
el Ministerio público” contenida en el inciso primero del artículo 359 de
la Ley 906 de 2004, observa la Corte que ésta no puede analizarse aisladamente
sino que es necesario situarla en el contexto de toda la disposición para
comprender su sentido normativo.[62] Por ello, el juicio
recaerá sobre todo el inciso primero del artículo 359, por el cargo analizado.
Al respecto, encuentra la Corte lo siguiente:
(i) la norma no incluye a la víctima dentro de los
actores procesales que pueden solicitar la exclusión, el rechazo o la
inadmisibilidad de los medios de prueba;
(ii) no se observa una razón objetiva que justifique
la exclusión de la víctima de esta facultad, ya que su participación en esta
etapa permite determinar cuáles medios de prueba resultan admisibles, impertinentes,
inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que no requieran
prueba, y asegura la protección de la víctima contra la práctica o admisión de
pruebas que vulneren su dignidad, su intimidad, u otro de sus derechos;[63]
(iii) esta omisión genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal en la audiencia
preparatoria, y le impide a la víctima la protección de sus derechos a la
dignidad, a la intimidad y de otros derechos; e
(iv) implica un incumplimiento por parte del
legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en
el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad, y la
efectividad de los derechos de las víctimas consagrados en el literales b) y d)
del artículo 11 de la Ley 906 de 2004.
En consecuencia, a la luz, del cargo analizado se
declarará la constitucionalidad del inciso primero del artículo 359 de la Ley
906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la
exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba.
7.4.6. En relación con la expresión “las partes”,
empleada en el artículo 378, el artículo 391 y la expresión “la parte que no
está interrogando o el Ministerio Público”, utilizada en el artículo 395 de
la Ley 906 de 2004, es necesario por las mismas razones invocadas anteriormente
efectuar una integración con el correspondiente artículo, visto globalmente.[64]
Sobre tales disposiciones, la Corte observa que:
(i) excluyen a la víctima de los actores procesales
que pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales
probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así
como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el
juicio oral;
(ii) sin embargo, dado que la posibilidad de ejercer
estas facultades ocurre en la etapa del juicio oral, sí existe una razón
objetiva que justifica la limitación de los derechos de la víctima, como quiera
que su participación directa en el juicio oral implica una modificación de los
rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una alteración
sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un segundo
acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de dicho
proceso;
(iii) por ello, esta omisión no genera una desigualdad
injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino que busca
evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el juicio oral
dados sus rasgos esenciales definidos por el propio constituyente; y
(iv) tampoco supone un incumplimiento por parte del
legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en
el proceso penal, como quiera que la posibilidad de que la víctima (o su
apoderado) intervenga para controvertir los medios de prueba, los elementos
materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio
oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen
en el juicio oral, se ejercerá a través del fiscal con base en la actividad
propia y en la de las víctimas en las etapas previas del proceso, según los
derechos que le han sido reconocidos en esta sentencia y en la ley. En efecto,
a lo largo del proceso penal, en las etapas previas, la víctima ha podido participar
como interviniente especial en la construcción del caso para defender sus
derechos, de tal forma que en el juicio mismo éstos se proyectarán mediante la
actividad fiscal.
No obstante, la víctima, a través de su abogado, podrá
ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que
pueda presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto
para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es
el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así, por ejemplo, éste
podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de
los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal
tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas
acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con
la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el
artículo 177 de la Ley 906 de 2004.
Cabe agregar que en el sistema colombiano el
Ministerio Público es un interviniente sui generis que también puede
abogar por los derechos de todos, incluidas las víctimas en dicha etapa, sin
sustituir ni al Fiscal ni a la defensa.
En esa medida, el artículo 378, el artículo 391 y el
artículo 395 de la Ley 906 de 2004 serán declarados exequibles, por el cargo
analizado.
8.
Las facultades de la víctima para solicitar
medidas de aseguramiento y de protección
8.1. En cuanto a la adopción de medidas de protección
o de aseguramiento, el demandante considera que el numeral 1 del articulo 137,
la expresión “el fiscal” usada en el artículo 306, la expresión “a
petición de la Fiscalía o del Ministerio Público” contenida en el artículo
316 y la frase “a solicitud de la fiscalía” empleada en el artículo 342
de la Ley 906 de 2004, al excluir a la víctima de la posibilidad de solicitar
directamente las medidas correspondientes ante el juez de control de garantías
o ante el juez de conocimiento, según corresponda, le impiden a ésta obtener
una protección contra posibles amenazas y la obliga a depender de la actuación
del Fiscal en la solicitud de tales medidas.
Al respecto, como se dijo sobre otros artículos
demandados parcialmente, observa la Corte que estas expresiones no pueden
analizarse aisladamente sino que es necesario situarlas en el contexto de toda
la disposición para comprender su sentido normativo.[65]
Como se analizará específicamente la facultad de las víctimas en dichas normas,
la Corte estima que no es necesario pronunciarse, en este aparte, sobre el
artículo 137, al cual se alude en otro apartado.
Ahora bien, las normas acusadas versan sobre dos
clases de medidas que podrían tener una incidencia significativa en la
protección de los derechos de las víctimas. Los artículos 306 y 316 se refieren
a las medidas de aseguramiento, mientras que el artículo 342 alude a las de protección,
en sentido estricto.
Ambas se proyectan en la protección los derechos de
las víctimas. Así, por ejemplo, las medidas de aseguramiento se proyectan en la
protección del derecho a la verdad de las víctimas cuando se decretan “para
evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.”[66]
Las medidas de protección, en sentido estricto,
amparan también los derechos de las víctimas frente a riesgos para su vida o
integridad física o la de sus familias, por ejemplo, debido a posibles amenazas
o reacciones adversas por el ejercicio legítimo de sus derechos.
En cuanto a las medidas de aseguramiento, las normas
acusadas señalan que es el fiscal quien puede solicitar al juez de control de
garantías la imposición de la medida de aseguramiento, para lo cual debe
sustentar el tipo de medida y su urgencia, así como presentar los elementos de
conocimiento que fundamentan su solicitud (artículo 306 demandado). Por su
parte, el artículo 316 cuestionado señala que frente al incumplimiento del
acusado o imputado de las obligaciones impuestas al concederle la detención
domiciliaria o las inherentes a medidas de aseguramiento no privativas de la
libertad, el Fiscal o el Ministerio Público son quienes presentan la solicitud
de modificación de la medida ante el juez, para que sea éste quien la ordene.
En cuanto a las medidas de protección, en sentido
estricto, la norma acusada indica que es el fiscal quien presenta ante el juez
la solicitud de imposición de la medida cuando lo considere necesario para la
protección de las víctimas o testigos (artículo 342 demandado). Sobre este tipo
de medidas, el nuevo código señala que distintos jueces son competentes para
ordenarlas dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso. Así, el
artículo 134, no acusado, indica que las víctimas podrán “solicitar al juez
de control de garantías las medidas indispensables para su atención y
protección”. En cambio, el artículo 342, sí acusado, está ubicado en una
etapa del proceso en la cual el juez de conocimiento, “una vez formulada la
acusación” podrá ordenar este tipo de medidas “cuando se considere
necesario para la protección integral de las víctimas.”
8.2. Sobre la relevancia que tienen para las víctimas
las determinaciones relacionadas con la imposición de medidas de aseguramiento
al imputado, en la sentencia C-805 de 2002,[67] la Corte
reconoció el derecho de las víctimas del delito a solicitar el control de
legalidad de la decisión del fiscal de no imponer medidas de aseguramiento.
Así, se reconoció a las víctimas el derecho de controlar las omisiones,
inacciones o decisiones que afecten sus derechos. Dijo lo siguiente la Corte
sobre la materia:
“(…) la decisión de imponer la detención
preventiva como medida de aseguramiento constituye un asunto de especial
relevancia para la parte civil durante el proceso penal, por las siguientes
razones:
“a) Desde una perspectiva estrictamente
patrimonial, es decir, atendiendo el interés resarcitorio de la parte civil,
una determinación de esta naturaleza repercute en la posibilidad de solicitar
el embargo y secuestro de bienes, dado que según el artículo 60 del CPP, ello
solamente procede si existe medida de aseguramiento.
“b) Cuando el fiscal no ordena la detención
preventiva a pesar de que se reúnen los requisitos para hacerlo, los objetivos
de la medida pueden verse anulados, ya sea por la no comparecencia del imputado
en etapas subsiguientes, por la destrucción de elementos probatorios valiosos,
o por la obstaculización (directa o indirecta) de la investigación. Sin duda
todo ello afecta considerablemente los derechos a la verdad y a la justicia, de
los cuales también es titular la parte civil, y que según fue indicado no son
menos importantes que los derechos de contenido patrimonial.
“c) En algunos eventos la gravedad de los
hechos, sumada a la trascendencia de la decisión, demandan del Estado una
actitud extremadamente rigurosa a fin de garantizar que el imputado no eluda el
funcionamiento de la administración de justicia. Aquí la parte civil (con
independencia de que sean víctimas o perjudicados), debe estar plenamente
autorizada para cuestionar los yerros de las autoridades judiciales en las
diferentes etapas del proceso.
“d) Adicionalmente, tampoco puede
desconocerse que la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia son
derechos íntimamente vinculados con el principio de legalidad, la observancia
del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a la
tutela judicial efectiva, en cabeza no sólo del sindicado o del Ministerio
Público, sino también de la parte civil como sujeto procesal.
“29.- En este orden de ideas, queda claro
que los fines de la detención preventiva revisten significativa importancia
para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la parte civil, razón por
la cual debe ser tratada con criterios de igualdad frente a los mecanismos
jurídicos con que cuentan los demás sujetos procesales para controvertir las
decisiones que llegaren a adoptarse al respecto. Si bien el control
judicial de legalidad de la medida de aseguramiento, así como de las decisiones
que afecten la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes, constituye
una garantía para el imputado y el Ministerio Público, de ella no puede estar
excluida la parte civil, por cuanto también constituye una prerrogativa en su
favor y frente a sus intereses. En consecuencia, la Corte declarará la
constitucionalidad de la norma, pero en el entendido que el control de
legalidad también puede ser solicitado por dicho sujeto procesal y el
Ministerio Público, frente a la abstención de dictar la medida, toda vez que en
ese sentido se configura una omisión legislativa contraria al ordenamiento
superior.” (Subrayado agregado al texto)
Para resolver si la omisión legislativa señalada por
el demandante es inconstitucional, la Corte resolverá las cuatro preguntas
metodológicas enunciadas anteriormente.
8.3. Observa la Corte que la solicitud de medidas de
aseguramiento o de protección ante el juez de control de garantías o ante el
juez de conocimiento, según corresponda, tal como ha sido diseñada en la Ley
906 de 2004, sólo puede hacerla el fiscal. Esta fórmula pretende desarrollar el
deber de protección de las víctimas establecido en el artículo 250, numeral 7
de la Carta, en concordancia con el literal b) del artículo 11 de la Ley 906 de
2004.
No obstante, la fórmula escogida por el legislador
deja desprotegida a la víctima ante omisiones del fiscal, o ante circunstancias
apremiantes que puedan surgir y frente a las cuales la víctima cuente con
información de primera mano sobre hostigamientos o amenazas recibidas que hagan
necesaria la imposición de la medida correspondiente, o sobre el incumplimiento
de la medida impuesta, o la necesidad de cambiar la medida otorgada. Esto se
aplica tanto a las medidas de aseguramiento como a las medidas de protección en
sentido estricto.
Por lo tanto, esta omisión excluye a la víctima como
interviniente especial, que por estar en mejores condiciones para contar con
información de primera mano sobre la necesidad de medidas de protección o
aseguramiento podría efectivamente solicitar al juez competente la medida
correspondiente requerida.
8.4. No se vislumbra una razón objetiva y suficiente
que justifique esta exclusión. Permitir la solicitud de medidas de
aseguramiento o de protección directamente ante el juez competente por la
víctima, sin mediación del fiscal, no genera una desigualdad de armas, no
altera los rasgos fundamentales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni
implica una transformación del papel de interviniente especial que tiene la
víctima dentro de este sistema procesal penal. Antes bien, asegura en mayor
grado la adecuada protección de la vida, integridad, intimidad y seguridad de
la víctima, de sus familiares y de los testigos a favor, así como de sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
8.5. Esta omisión genera además una desigualdad en la
valoración de los derechos de la víctima, al dejarla desprotegida en
circunstancias en las que deba acudirse urgentemente ante el juez competente
para solicitar la adopción de una medida de protección o aseguramiento, o la
modificación de la medida inicialmente otorgada.
8.6. Finalmente, esta omisión entraña el
incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una
intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, en la medida que la
deja desprotegida en circunstancias apremiantes o ante la omisión del fiscal en
el cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas y testigos de posibles
hostigamientos o amenazas, y de solicitar las medidas necesarias para promover
los fines previstos en el artículo 308 de la ley, los cuales guardan estrecha
relación con los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia.
Por lo anterior, y por el cargo analizado, se
declarará la exequibilidad del artículo 306, del artículo 316 y del artículo
342 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede
acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de control de garantías
o el de conocimiento, según corresponda, a solicitar la medida respectiva.
Lo anterior no significa que el juez competente, al
recibir de manera directa la solicitud de la víctima en el sentido de que se
imponga una medida de aseguramiento o una medida de protección específica, deba
proceder a dictarla sin seguir el procedimiento señalado en las normas
aplicables. Así, por ejemplo, en el caso de las medidas de aseguramiento debe
previamente escuchar al fiscal, a la defensa y al Ministerio Público, como lo
exige el propio artículo 306 acusado.
9.
Las facultades de la víctima en la aplicación
del principio de oportunidad
9.1. Si bien de conformidad con el artículo 250 de la
Carta, la Fiscalía General de la Nación, por regla general y en virtud del
principio de legalidad, está obligada a ejercer la acción penal, el mismo
artículo 250 Superior permitió que excepcionalmente pudiera renunciar a la
persecución penal en aplicación del principio de oportunidad.
En la sentencia C-873 de 2003,[68]
se señala como uno de los rasgos característicos del sistema penal con
tendencia acusatoria instaurado mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2002 y
desarrollado en la Ley 906 de 2004, el poder de disposición del proceso penal
en los siguientes términos:
“(vii)    El poder de disposición
del proceso también fue modificado en cuanto a su alcance por el
constituyente derivado de 2002, ya que se consagró a nivel constitucional el principio
de oportunidad, por oposición al principio de legalidad. El principio de
oportunidad ha sido reconocido en múltiples ordenamientos penales del mundo, y
se basa en el postulado de que la acusación penal requiere no sólo que exista
suficiente mérito para acusar por razones fácticas y jurídicas, sino que
no existan razones de oportunidad para archivar el proceso, esto es,
razones válidas por las cuales el Estado puede legítimamente optar por no
perseguir penalmente una determinada conducta, en los “casos que establezca la
ley” y “dentro del marco de la política criminal del Estado”[69].
Se trata de una previsión constitucional de las hipótesis en las cuales procede
archivar la investigación, las cuales serán reguladas en detalle por la ley. El
Legislador también deberá regular el alcance del control judicial de
legalidad previsto por el Acto Legislativo para las actuaciones en las que
se aplique este principio, lo cual es especialmente relevante para proteger los
derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación[70]”.
En la sentencia C-673 de 2005,[71]
la Corte describió las características regladas y excepcionales del principio
de oportunidad en lo siguientes términos:
“(…), en el Acto Legislativo 03 de 2002 se
dispuso que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el
ejercicio de la acción penal de los hechos que revistan las características de
un delito, que lleguen a su conocimiento por una de las siguientes vías:
denuncia, petición especial, querella o de oficio, “siempre y cuando medien
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible comisión
del mismo”. En consecuencia, a la Fiscalía no podrá suspender, interrumpir o
renunciar al ejercicio de la acción penal, “salvo en los casos que establezca
la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del
marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de
legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías”.
“En tal sentido, el principio de
oportunidad presenta las siguientes características ( i ) es una figura de
aplicación excepcional mediante la cual se le permite al fiscal suspender,
interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal; ( ii ) las causales de
aplicación del principio de oportunidad deben ser establecidas por el
legislador de manera clara e inequívoca; ( iii ) debe ser aplicado en el marco de
la política criminal del Estado; y, ( iv ) su ejercicio estará sometido al
control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de
garantías.”
Más recientemente, en la sentencia C-095 de 2007,[72]
la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de algunas de las causales de
aplicación del principio de oportunidad cuestionadas porque supuestamente
adolecían de falta de claridad y precisión. La Corte dijo lo siguiente sobre la
garantía de los derechos de las víctimas:
“(…) la Corte concluye que la incorporación
a la Constitución Política del principio de oportunidad penal fue hecha por el
constituyente secundario en el entendimiento de que la aplicación de tal
principio por parte de la Fiscalía estaría sujeta a (i) la definición por parte
del legislador de los casos estrictos y taxativos en que procedería, y
(ii) al control del juez de garantías. Es más, aprecia que sólo animado por la
inclusión de esas seguridades, el Congreso otorgó su confianza a la mencionada
institución, propia del sistema penal acusatorio. (…).
6.2.3.5. Otras características del
principio de oportunidad:
6.2.3.5.1 El principio de oportunidad no
implica el desconocimiento de los derechos de las víctimas. En adición a lo anterior, la Corte estima
necesario poner de manifiesto que la aplicación del principio de oportunidad
previsto en la Constitución debe ser compatible con el respeto a los derechos
de las víctimas de las conductas delictivas. Lo anterior se deduce con claridad
del mismo texto del Acto Legislativo 03 de 2002, que asigna al Fiscal, a quien
simultáneamente corresponde aplicar el principio de oportunidad, la misión de “Velar
por la protección de las víctimas” (C.P. Artículo 250, numeral 7) y
también “Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías
las medidas necesarias que aseguren… la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas.” (C.P. Artículo 250, numeral 1).
“Esta protección de las víctimas en ciertos
casos es también una obligación internacional del Estado colombiano, pues
diversos tratados sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
hacen relación (i) a que debe existir un recurso judicial efectivo al alcance
de las víctimas de los delitos que constituyen graves violaciones de derechos
humanos o de Derecho Internacional Humanitario; (ii) al deber de los Estados de
garantizar el acceso a la justicia; y (iii) al deber de investigar las
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario a fin
de que se conozca la verdad; (iv) a la obligación de los Estados de cooperar
para la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves
violaciones de Derecho Humanos, así como a la restauración de los derechos de
las víctimas.[73] Entre estos tratados se
encuentran, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[74],
que consagra esta tipo de obligaciones de manera especial en el literal a) del
numeral 3º del artículo 2º. Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos[75],
que obliga a los Estados a adoptar medidas efectivas para garantizar la
vigencia de los derechos fundamentales. Igualmente la Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[76],
la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura[77],
la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas[78],
los artículos comunes de los Convenios de Ginebra que implican compromisos
estatales en caso de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario,
especialmente los artículos 49, 50 y 51 del Convenio I[79],
la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio[80] y El Estatuto
de la Corte Penal Internacional[81].
“Así pues, a la hora de diseñar las
causales de aplicación del principio de oportunidad penal, el Congreso de la
República tiene que tener en cuenta que, tanto de la Constitución como de los
compromisos internacionales de Colombia, emanan obligaciones en materia de
protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Estos mandatos
constitucionales y estas obligaciones internacionales relativos al los derechos
de las víctimas tienen que ser ponderados con los intereses estatales de
racionalización de la persecución penal, que subyacen bajo la consagración
constitucional del principio de oportunidad penal. Ciertamente, una
interpretación sistemática de la Carta implica aceptar que la conciliación
entre los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia
no puede dejar de lado la protección de los derechos fundamentales, que obran
simultáneamente como límites al diseño legal de las causales y también a la aplicación
misma del principio de oportunidad.
“Por esa razón, al desarrollar el artículo
250 superior mediante la expedición de la Ley 906 de 2004, en los artículos 11,
136, 137 y 328 el legislador consagró mecanismos de protección y garantía de
los derechos de las víctimas ante la aplicación del principio de oportunidad
penal. En efecto, el literal f) del artículo 11 de dicha Ley expresamente prevé
que el Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de
justicia, y que en desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho a “que
se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el
ejercicio de la persecución del injusto”. En similar sentido, el
artículo 328 de la misma Ley señala que “en la aplicación del principio de
oportunidad el fiscal deberá tener en cuenta los intereses de las víctimas.
Para estos efectos deberá oír a las que se hayan hecho presentes en la
actuación”. Y de manera más general, el artículo 22 ibídem consagra
como principio general que irradia toda la interpretación de las normas de
procedimiento penal, el siguiente, relativo al derecho de las víctimas a
obtener la reparación de los perjuicios sufridos:
“Artículo 22. Restablecimiento del derecho.
Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán
adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el
delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo
que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la
responsabilidad penal”.
9.2. En el asunto bajo estudio, el accionante no
cuestiona específicamente cada una de las causales de aplicación del principio
de oportunidad, previstas en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, sino que
plantea la existencia de una omisión legislativa que vulnera los derechos de
las víctimas en todo el artículo. Tampoco cuestiona el artículo 328 de la Ley
906 de 2004 que regula expresamente la participación de la víctima en la
aplicación del principio de oportunidad, ni se refiere al artículo 326 de la
Ley 906 de 2004 para plantear si frente a dicho artículo también existe la
supuesta omisión legislativa. El actor considera que los artículos 324 y 327 de
la Ley 906 de 2004, le impiden a la víctima controvertir adecuadamente la decisión
del Fiscal y no ofrecen una garantía apropiada de sus derechos en la medida que
no exigen que la aplicación de tal principio dependa de una satisfacción
razonable de los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la
reparación.
Para el actor no resulta suficiente que el artículo
327 establezca que la víctima sea oída para controvertir la prueba aducida por
el fiscal, pues (i) la expresión “resolverá de plano” y (ii) el hecho de
que el artículo prevea que contra la decisión que resuelve sobre la aplicación
del principio de oportunidad no procede recurso alguno, le llevan a concluir
que no existe un control efectivo sobre esa decisión ni una valoración adecuada
de sus derechos. Adicionalmente, también considera que (iii) cuando se dé
aplicación al principio de oportunidad en cualquiera de las causales del
artículo 324, es necesario que se tengan en cuenta los derechos de las
víctimas.
9.2.1. Frente al primer cuestionamiento, aun cuando la
expresión “de plano” generalmente se emplea para indicar la ausencia de
debate probatorio, encuentra la Corte que el contenido del artículo desvirtúa
esta conclusión, como quiera que el texto mismo del artículo 327 prevé que la
víctima y el Ministerio Publico “podrán controvertir la prueba aducida.”
Aun cuando la redacción del artículo no es la más afortunada, debe entenderse
que el legislador empleó esta expresión no para señalar la ausencia total de
debate sino porque dentro de la estructura del sistema acusatorio por su
naturaleza oral y adversarial, la práctica y controversia de pruebas,
propiamente dicha, ocurre en la etapa de juicio, en virtud de los principios de
inmediación y concentración.
9.2.2. En cuanto al segundo cuestionamiento, según el
cual negar a la víctima la posibilidad de impugnar la decisión del juez de
control de garantías sobre la aplicación del principio de oportunidad vulnera
sus derechos, encuentra la Corte que le asiste la razón al demandante. Dada la
trascendencia que tiene la aplicación del principio de oportunidad en los
derechos de las víctimas del delito, impedir que éstas puedan impugnar la
renuncia del Estado a la persecución penal, sí deja desprotegidos sus derechos
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Si bien la satisfacción
de los derechos de la víctima no sólo se logra a través de una condena, la
efectividad de esos derechos sí depende de que la víctima tenga la oportunidad
de impugnar las decisiones fundamentales que afectan sus derechos.[82]
Por lo tanto, impedir la impugnación de la decisión del juez de garantías en
este evento resulta incompatible con la Constitución.
Por ello, la Corte declarará la inexequibilidad de la
expresión “y contra esa determinación no cabe recurso alguno”, empleada
en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004. La correspondiente apelación se hará,
en lo aplicable, de conformidad con lo previsto en los artículos 176, 177, 178
y 179 de la Ley 906 de 2004.
9.2.3. En cuanto al tercer cuestionamiento, considera
la Corte que es necesario hacer una lectura sistemática de los artículos 324 y
328 de la Ley 906 de 2004, a fin de examinar cómo han sido garantizados los
derechos de las víctimas en la aplicación del principio de oportunidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 328 de
la Ley 906 de 2004, el fiscal debe “tener en cuenta los intereses de la
víctima” al aplicar el principio de oportunidad. Considera la Corte que es
necesario precisar el sentido de las expresiones “intereses de la víctima”,
y “tener en cuenta,” empleadas en el artículo 328. En relación con la
expresión “intereses”, observa la Corte que ésta no se circunscribe al
eventual interés económico de la víctima que busca la reparación del daño
causado por el delito. Como quiera que la víctima acude al proceso penal para
obtener la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, y así se reconoce en la misma Ley 906 de 2004, la expresión se
refiere en realidad a los derechos de las víctimas, por lo que al aplicar el
principio de oportunidad el Fiscal deberá considerar tales derechos
integralmente, no un mero interés económico. Adicionalmente, precisa la Corte
que la locución “tener en cuenta” significa valorar de manera expresa
los derechos de las víctimas, a fin de que ésta pueda controlar esa decisión
ante el juez de control de garantías y tenga fundamento material para apelar la
decisión del juez que estime lesiva de sus derechos.
El artículo 27 de la ley parcialmente acusada
expresamente alude a la necesidad de ponderar en la aplicación de las normas
del código, para evitar, entre otras cosas, “excesos contrarios” a la
función de la justicia que afecten desproporcionadamente derechos
fundamentales.
Cabe señalar que dicha valoración implica sopesar los
derechos de las víctimas, así como los fines públicos que justifican, según los
casos previstos en la ley,  aplicar el principio de oportunidad. En varias
causales la estructura de las mismas incluye la necesidad de sopesar los intereses
y derechos relevantes previstos en la misma causal. Así, por ejemplo, el
numeral 1 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 admite la aplicación del
principio de oportunidad en relación con delitos sancionados con pena privativa
de la libertad inferior a 6 años siempre que se haya “reparado integralmente
a la víctima.” Igualmente, el numeral 14 del artículo 324 de la Ley 906 de
2004, señala que se podrá aplicar el principio cuando se trate de delitos que
afecten mínimamente derechos colectivos, “siempre y cuando se dé la
reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.”
En sentido similar, el numeral 15 autoriza la aplicación del principio cuando “la
persecución penal de un delito comporte problemas sociales significativos,”
y siempre y cuando se produzca “una solución alternativa adecuada a
los intereses de las víctimas.” El hecho de que en otras causales no se
incluya específicamente algún derecho de las víctimas no significa que estos no
deban ser ponderados puesto que en virtud de la regla general mencionada,
siempre deben ser tenidos en cuenta, es decir, sopesados jurídicamente.
Lo anterior no significa que como resultado de esa
valoración y sopesación siempre deban prevalecer los derechos de las víctimas y
que nunca se pueda aplicar el principio de oportunidad, puesto que tal como fue
diseñado por el legislador, la aplicación de éste supone la valoración de los
derechos de las víctimas y la realización de un principio de verdad y de
justicia, y no excluye la posibilidad de acudir a la acción civil para buscar
la reparación de los daños.
En efecto, la aplicación de cualquiera de las causales
del artículo 324, exige un principio de verdad respecto de la autoría y la
tipicidad de la conducta, como quiera que deben existir elementos de juicio
fácticos que conduzcan a inferencias razonables sobre la realización de la
conducta, su adecuación típica y la participación del investigado en la misma,
para que el fiscal sopese la pertinencia de aplicar el principio de
oportunidad.
Al respecto, es imposible exigir la convicción que
sólo puede resultar después de concluido el juicio. El propio artículo 327
establece que para la aplicación del principio de oportunidad es necesario que
haya “un mínimo de pruebas que permita inferir la autoría o la participación
en la conducta y su tipicidad.” De lo contrario, no se respetaría la
presunción de inocencia que el mismo artículo prohíbe “comprometer”. De otro
lado, exigir certeza sobre la autoría y la tipicidad plantearía el dilema de
adelantar la investigación y el proceso penal hasta un momento tal que el
principio de oportunidad perdería su razón de ser.
En el mismo sentido, tampoco pueden ser asimilados el
principio de oportunidad y la preclusión. Son figuras diferentes, con causales
distintas, efectos diversos y aplicables en momentos distintos cuando se reúnen
condiciones específicas distinguibles. Por ejemplo, la preclusión procede a
partir de la formulación de la imputación (Artículo 331, Ley 906 de 2004),
mientras que el principio de oportunidad se puede aplicar antes de dicha etapa
procesal, según sea la causal invocada (Artículo 324, Ley 906 de 2004).
Igualmente, para la verificación de las condiciones
establecidas en el numeral 1 del artículo 324 –pena máxima, reparación integral
a la víctima y ausencia o decadencia del interés del Estado en ejercer la
acción penal ‑ no es necesario haber superado la etapa de formulación de
la imputación. Y aún antes de dicha etapa, los derechos de las víctimas habrán
sido sopesados, al tenor de lo que establece esa misma norma.
En este punto es preciso recordar que, desde una
perspectiva global, la aplicación del principio de oportunidad supone un
principio de justicia, porque en varios de los casos previstos en el artículo
324 su empleo parte de la realización de una investigación y, además, permite
avanzar en la investigación de otros delitos y garantizar así los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de otros delitos. En
otros casos, es la falta de necesidad en la aplicación de la pena, dados los
hechos investigados y evidenciados, lo que justifica la aplicación de dicho
principio.
Además, resalta la Corte, el derecho de las víctimas a
la justicia no se logra solamente a través de una condena en un caso
particular. La aplicación del principio de oportunidad también promueve la
justicia, en la medida que contribuye a la protección efectiva de bienes
jurídicos de mayor entidad, lo cual redunda en la protección de los derechos de
las víctimas de delitos más graves.
Este aspecto del principio de oportunidad también es
relevante al momento de efectuar una ponderación para que el fiscal determine
si procede su aplicación. El propio legislador prohibió la aplicación de dicho
principio para ciertos delitos de extrema gravedad que protegen bienes
jurídicos de enorme importancia, delitos que fueron expresamente enumerados en
el parágrafo 3 del artículo 324.
De otra parte, aplicar el principio de oportunidad en
el caso de delitos de baja entidad para promover la identificación de los
autores y partícipes en los delitos de extrema gravedad, redunda en beneficio
de la justicia y en la protección de los derechos de las víctimas de esos
delitos de mayor entidad cuyo esclarecimiento y consecuente identificación de
los responsables usualmente es más difícil.
De lo anterior se concluye que no existe la omisión
legislativa relativa alegada por el accionante, dado que en la aplicación del
artículo 324 de la Ley de 906 de 2004, se debe tener en cuenta lo que prevé el
artículo 328 de la misma ley, el cual, interpretado de manera armónica con las
demás normas que rigen los derechos de las víctimas, ofrece una protección de
tales derechos a través del mecanismo allí previsto.
También resalta la Corte que el artículo 326, para una
de las modalidades de aplicación del principio de oportunidad –la suspensión de
la acción penal- prevé mecanismos de protección de los derechos de las víctimas
que pueden guiar a los fiscales y al juez de control de garantías al valorar
tales derechos.
En consecuencia, se declarará la exequibilidad del
artículo 324 de la Ley 906 de 2004 por los cargos analizados en esta sentencia.
10. Las facultades de la víctima frente a la solicitud de preclusión
10.1. Considera el demandante que el inciso 4 del artículo
333 de la Ley 906 de 2004, que establece que “en ningún caso habrá lugar a
solicitud ni práctica de pruebas”, le impide a la víctima controvertir
adecuadamente la solicitud de preclusión que presente el fiscal, y por lo tanto
vulnera sus derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación integral.
Dicho artículo será analizado globalmente, por el cargo, de la misma forma que
lo hizo la Corte con otras disposiciones acusadas parcialmente, en virtud de
los criterios sobre integración normativa ya mencionados.[83]
10.2. Observa la Corte que la preclusión de la investigación
penal se presenta cuando el fiscal considera que no existe mérito para acusar
(artículo 331, Ley 906 de 2004), lo cual ocurre, según el artículo 332 de la
Ley 906 de 2004, cuando (i) existe imposibilidad de iniciar o continuar el
ejercicio de la acción penal; (ii) exista una causal de exclusión de
responsabilidad penal, (iii) el hecho investigado no haya ocurrido; o (iv) sea
atípico; (v) el imputado no haya intervenido en el hecho investigado; (vi) sea
imposible desvirtuar la presunción de inocencia; o (vii) hayan vencido los
términos previstos en los artículos 175 y 294 de La Ley 906 de 2004.
Según el trámite previsto en el artículo 333 de la Ley
906 de 2004, la solicitud de preclusión la hace el fiscal ante el juez de
conocimiento, en una audiencia preliminar que tiene lugar a partir de la
formulación de la imputación, antes del juicio oral. En dicha audiencia
participan el fiscal, la víctima, el agente del Ministerio Público, y el
defensor del imputado. En dicha audiencia, el fiscal expone su solicitud e
indica los elementos materiales probatorios que lo llevaron a concluir que no
existe mérito para acusar. Luego de esta intervención, la víctima, el agente
del Ministerio Público, y el defensor del imputado, pueden oponerse a la
solicitud del fiscal. Sin embargo, tal como está previsto, no pueden solicitar
ni practicar pruebas. Culminado el debate, el juez motivará oralmente su
decisión, para lo cual puede suspender la audiencia por una hora, a fin de
preparar su decisión.
Si la decisión es decretar la preclusión, cesa la
persecución penal en contra del imputado por esos hechos, y se revocan las
medidas cautelares que se hayan impuesto. Tal decisión tiene efectos de cosa
juzgada. Si la decisión es rechazar la preclusión, las diligencias vuelven a la
fiscalía. Esa decisión se adopta mediante sentencia, y contra ella, según lo
establece el artículo 177 de la Ley 906 de 2004, cabe la apelación.
10.3. Al igual que lo que sucede con la
decisión de archivo de las diligencias, regulada en el artículo 79 de la Ley
906 de 2004, y examinada por la Corte en la sentencia C-1154 de 2005,
precitada, la decisión de preclusión tiene incidencia directa sobre los
derechos de las víctimas, en la medida en que afecta el esclarecimiento de la
verdad y la obtención de justicia en el caso concreto.
En este caso, dado que cuando se decreta la
preclusión, esta decisión tiene como efecto cesar la persecución penal contra
el imputado respecto de los hechos objeto de investigación, y tiene efectos de
cosa juzgada, no permitir a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud
del fiscal puede conducir a una afectación alta de sus derechos, e incluso, a
la impunidad. En efecto, dado que al decretarse la preclusión, la víctima no
puede solicitar la reanudación de la investigación, ni aportar nuevos elementos
probatorios que permitan reabrir la investigación contra el imputado favorecido
con la preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las
acciones y omisiones del fiscal, y controvertir de manera efectiva de sus
decisiones. Por ello, el trámite de la solicitud de preclusión debe estar
rodeado de las mayores garantías.
El artículo 333 de la Ley 906 de 2004 prevé
algunas: (i) la intervención del juez de conocimiento para la adopción de la
decisión; (ii) la exigencia de que la solicitud del fiscal sea motivada y esté
fundada en elementos materiales probatorios y evidencia física; (iii) la
posibilidad de que la víctima, el Ministerio Público y el defensor del
imputado, hagan uso de la palabra para controvertir la petición del fiscal; y
(iv) que esté previsto que contra la sentencia que resuelve la solicitud de
preclusión proceda la apelación. No obstante, la controversia de la solicitud
del fiscal tal como ha sido regulada por el artículo 333, puede resultar inocua,
si no se permite la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para
acusar, o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su
petición de preclusión.
Entonces, se declarará exequible el artículo 333 en el
entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales
probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del
fiscal.
11. Las facultades de la víctima en la definición de la teoría del caso
y en la formulación de la acusación en la etapa del juicio
11.1. De conformidad con las reformas introducidas por
el Acto Legislativo No. 3 de 2002 al proceso penal, el poder de acusación
corresponde a la Fiscalía.[84] Siguiendo ese
lineamiento, la Ley 906 de 2004 estableció en el artículo 114 como atribución
expresa de la Fiscalía General de la Nación: “Investigar y acusar a los
presuntos responsables de haber cometido un delito,” y el artículo 116, en
su numeral primero, señaló como atribución especial del Fiscal General de la
Nación “investigar y acusar, si hubiere lugar, a los servidores públicos que
gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.”
No obstante, la radicación de la acusación en cabeza de la Fiscalía, no excluye
la posibilidad de que las víctimas contribuyan a la construcción del caso que
presente el fiscal ante el juez de conocimiento.
Los artículos cuestionados por el actor, se refieren
al contenido del documento de acusación (Artículo 337, Ley 906 de 2004), al
trámite en la audiencia de formulación de acusación (Artículo 339, Ley 906 de
2004), y a la presentación de la teoría del caso en el juicio oral (Artículo
371, Ley 906 de 2004). En relación con ellos, señala el demandante que el
artículo 337, así como las expresiones “a las demás partes”, “la
Fiscalía, el Ministerio Público y defensa” contenidas en el inciso
primero del artículo 339 y 371 de la Ley 906 de 2004, al excluir a la víctima
de la posibilidad de participar en la definición de la teoría del caso y en la
formulación de la acusación, cercena sus derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación.
11.2. Observa la Corte que según el artículo 336 de la
Ley 906 de 2004, cuando de los elementos materiales probatorios, y la evidencia
física e información legalmente obtenida en la etapa de investigación permitan
afirmar con “probabilidad de verdad”, que la conducta delictiva existió
y que el imputado es el autor o partícipe, el fiscal presenta ante el juez de
conocimiento un escrito de acusación, en el cual, entre otras cosas, se
individualiza a los acusados, se hace una relación sucinta de los hechos, y se
efectúa el descubrimiento de las pruebas, para mencionar sólo algunos de los
requisitos de la acusación (artículo 337, Ley 906 de 2004). Copia de este
documento se entrega al acusado, al Ministerio Público, y a las víctimas “con
fines únicos de información.”
Posteriormente, el juez de conocimiento fija la fecha
y hora para la audiencia de formulación de acusación (artículo 338, Ley 906 de
2004). En el trámite de la audiencia de formulación de acusación, se señala de
manera expresa y taxativa quiénes pueden intervenir: las partes procesales, la
Fiscalía y la defensa, y el Ministerio Público. Tal como lo señala el demandante,
la víctima no fue incluida dentro de los actores procesales que participan en
dicha audiencia ni está prevista su intervención siquiera incidental en esta
etapa, con lo cual se confirma que el traslado del escrito de acusación que se
le hace a la víctima en el artículo 337 tiene un carácter eminentemente
informativo, y no le permite ningún tipo de actuación para controlar la
adecuación típica, o el descubrimiento de las pruebas que hará valer el fiscal
en la etapa del juicio oral.
Según lo que señala el artículo 339 de la Ley 906 de
2004, la finalidad de la intervención de los actores procesales autorizados a
participar en la audiencia de formulación de acusación, es la de ejercer un
control de ésta a través de dos medios: (i) la formulación de observaciones al
escrito de acusación, a fin de que el fiscal lo aclare, corrija o adicione, y
además (ii) la manifestación oral de causales de incompetencia, impedimentos,
recusaciones, o nulidades que pudiera haber. La exclusión de la víctima en esta
etapa le impide fijar su posición frente a la acusación, y, en especial, actuar
de manera que se garanticen efectivamente sus derechos a la verdad, la justicia
y la reparación en un momento crítico del proceso. La participación que tienen
las víctimas en la audiencia de formulación de acusación se refiere al
reconocimiento de su calidad de víctimas y el de su representación legal
(Artículo 341, Ley 906 de 2004). Y, en el evento de que el fiscal lo considere
necesario y urgente, para que se adopten las medidas de protección integral a
las víctimas y testigos. (Artículo 342, Ley 906 de 2004).
11.3. De lo anterior surge que, tal como fue diseñado
por el legislador, la víctima no tiene ninguna posibilidad de fijar su posición
sobre la acusación, ni sobre la adecuación típica o el descubrimiento de
pruebas que hará valer el fiscal en la etapa del juicio oral, mientras que las
partes e intervinientes como el Ministerio Público, sí tienen esa posibilidad.
Dado que no necesariamente existe coincidencia de intereses entre la fiscalía y
la víctima, o entre la víctima y el Ministerio Público en la etapa de la
definición de la acusación, los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación integral pueden resultar desprotegidos en esta etapa
crucial del proceso penal. Teniendo en cuenta la trascendencia de la
participación de la víctima en esta etapa de la actuación penal, es claro que
la omisión del legislador pone en riesgo la efectividad de los derechos de la
víctima y por ello resulta inconstitucional.
Si bien es cierto que la Constitución radicó la
facultad de acusación en la Fiscalía, no se ve una razón objetiva y suficiente
que justifique la exclusión completa de la víctima en la fijación de su
posición frente a la acusación, puesto que la intervención de la víctima no
supone una modificación de las características estructurales del sistema penal
con tendencia acusatoria, ni una transformación de la calidad de interviniente
especialmente protegido que tiene la víctima. La fijación de su posición no
afecta la autonomía del Fiscal para acusar, ni mucho menos lo desplaza en el
ejercicio de las facultades que le son propias. Esta exclusión de las víctimas
genera una desigualdad injustificada frente a los demás actores del proceso que
desprotege sus derechos. Por ello, tanto la limitación que hace el artículo
337, de restringir la finalidad de la entrega del escrito de acusación “con
fines únicos de información”, como la omisión de incluir a la víctima (o a
su apoderado) en la audiencia de formulación de acusación para que haga
observaciones, solicite su aclaración o corrección o para que se manifieste
sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o
nulidades, significa un incumplimiento de los deberes constitucionales que
tiene el legislador en la protección de los derechos de la víctima.
Por lo expuesto, la Corte declarará la inexequibilidad
de la expresión “con fines únicos de información” contenida en el inciso
final del artículo 337 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, declarará la exequibilidad
del artículo 339 en el entendido de que la víctima también puede intervenir en
la audiencia de formulación de acusación para elevar observaciones al escrito
de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia,
recusaciones, impedimentos o nulidades.
11.4. Cosa distinta sucede con la posibilidad de que
la víctima intervenga en la etapa del juicio oral para presentar una teoría del
caso, diferente o contraria a la de la defensa, que pueda discrepar de la del
Fiscal.
De conformidad con lo que establece el artículo 371,
en la etapa del juicio oral, el fiscal presentará la teoría del caso, y lo
mismo hará la defensa, pero dicho artículo no prevé que la víctima tenga
participación alguna en este momento del juicio oral. No obstante, tal como se
señaló al rechazar la posibilidad de que la víctima interviniera directamente
en la audiencia del juicio oral para controvertir pruebas o interrogar a los
testigos, aquí también está justificada la limitación de sus derechos. Dado el
carácter adversarial de esta etapa del juicio penal y la necesidad de proteger
la igualdad de armas, no puede la víctima participar de manera autónoma y al
margen de la actuación del fiscal.
Advierte la Corte que el artículo 443 de la Ley 906 de
2004 prevé la posibilidad de que el abogado de las víctimas intervenga para
hacer alegatos finales al concluir el juicio. Esta participación del abogado de
la víctima no introduce un desbalance en el juicio ni le resta su dinámica
adversarial puesto que ella se presenta al final de esta etapa, con miras
precisamente a que la voz de las víctimas se escuche antes de concluir esta
etapa del proceso.
Por lo tanto, la Corte reiterará que, dado que en las
etapas previas del proceso penal la víctima ha tenido la oportunidad de
participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del
expediente por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima, a
través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte
que pueda presentar y defender su propia teoría al margen del Fiscal, y en esa
medida, el ejercicio de sus derechos se materializará a través del fiscal,
quien debe oír al abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la
víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que
dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso,
decretar un receso para facilitar dicha comunicación.
En todo caso, si la víctima y su abogado están en
desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla.
Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad
del artículo 371 de la Ley 906 de 2004.
12. Las facultades de la víctima de impugnación de decisiones
fundamentales
12.1. Para el demandante los artículos 11 y 137 de la
Ley 906 de 2004 cercenan los derechos de las víctimas al no consagrar
expresamente la posibilidad de impugnar decisiones adversas, en las distintas
etapas del proceso, ya sea ante el juez de control de garantías o ante el juez
de conocimiento.
Al precisar las decisiones que la víctima no tenía la
posibilidad de impugnar, el demandante mencionó la decisión de preclusión
(artículo 333, Ley 906 de 2004), la posibilidad de controvertir el escrito de
acusación (artículos 337 y 339, Ley 906 de 2004), la que resuelve sobre la
aplicación del principio de oportunidad (artículo 327, Ley 906 de 2004) y las
de exclusión, inadmisión y rechazo de los medios de prueba (artículo 359, Ley
906 de 2004).
Como se advirtió anteriormente, la efectividad de los
derechos de las víctimas del delito depende del ejercicio de varias garantías
procedimentales, entre otras las siguientes: (i) el derecho a ser oídas; (ii)
el derecho a impugnar decisiones adversas, en particular las sentencias
absolutorias y las que conlleven penas irrisorias; (iii) el derecho a controlar
las omisiones o inacciones del fiscal, y (iv) el derecho a ejercer algunas
facultades en materia probatoria. Puesto que en esta sentencia ya se han
adoptado decisiones de inexequibilidad o exequibilidad condicionada con miras a
asegurar la proyección de los derechos de las víctimas en los momentos
fundamentales a lo largo de la evolución del proceso penal, la Corte entiende
que los artículos 11 y 137 han de ser leídos en armonía con tales decisiones
específicas. Sin embargo, la Corte estima que una vez garantizados el derecho
de impugnación de las víctimas en dichos momentos específicos de la evolución
del proceso penal, según la regulación establecida por el propio legislador, no
es constitucionalmente necesario condicionar de manera general los artículos 11
y 137. Lo anterior no obsta para que en ocasiones posteriores la Corte se
pronuncie sobre la existencia y el alcance del derecho de impugnación de las
víctimas en otros momentos específicos del proceso penal con los efectos que
estime constitucionalmente necesarios.
13. Necesidad de integración normativa.
Habiendo examinado las normas cuestionadas por el
demandante en las que se excluía a la víctima de intervenir efectivamente en
las etapas críticas del proceso penal, se pregunta la Corte Constitucional si
existen otras disposiciones de la Ley 906 de 2004 relativas a etapas cruciales
de la actuación penal en las que la intervención de la víctima no haya sido
prevista ni se le haya reconocido la posibilidad de controlar las inacciones u
omisiones del fiscal.[85]
Encuentra la Corte que el artículo 289[86]
de la Ley 906 de 2004, que regula la audiencia de formulación de la imputación,
no prevé la intervención efectiva de la víctima para la protección de sus
derechos.
Dado que en esta etapa de la actuación penal se pueden
adoptar medidas de aseguramiento y se interrumpe la prescripción penal, la
intervención de la víctima para controlar posibles omisiones o inacciones del
fiscal resulta fundamental para la garantía de sus derechos.
Sin embargo, el artículo 289 de la Ley 906 de 2004,
que regula las formalidades de la audiencia de imputación, sólo prevé la
presencia del imputado y su abogado, pero no la de la víctima, por lo cual, a
fin de permitir su intervención efectiva, se debe garantizar la presencia de la
víctima en esta audiencia, y con este fin es necesario condicionar la norma.
Si bien la víctima o su abogado no hacen la
imputación, como quiera que no existe una acción penal privada, para la
garantía de los derechos de las víctimas es preciso asegurar su presencia a fin
de conocer la imputación que haga el fiscal y para proteger sus derechos y
dignificar su condición de víctimas.
Puesto que la intervención de la víctima en esta etapa
por estos medios no altera los rasgos estructurales del proceso penal
acusatorio, ni transforma el rol de la víctima como interviniente especial, la
Corte declarará la exequibilidad del artículo 289 de la Ley 906 de 2004 con el
siguiente condicionamiento: en el entendido de que la víctima también puede
estar presente en la audiencia de formulación de la imputación.
14. Conclusión
De conformidad con lo anterior, la Corte
Constitucional reitera que los derechos de la víctima del delito a la verdad,
la justicia y la reparación integral se encuentran protegidos en el sistema
penal con tendencia acusatoria desarrollado por la Ley 906 de 2004, pero dicha
protección no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de
intervención mediante los cuales la víctima ejerció sus derechos en el anterior
sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio
de sus derechos debe hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales
y las características esenciales de este nuevo sistema procesal, creado por el
Acto Legislativo 03 de 2002.
En consecuencia, las víctimas podrán intervenir de
manera especial a lo largo del proceso penal de acuerdo a las reglas previstas
en dicha normatividad, interpretada a la luz de sus derechos constitucionales,
así:
1.
En la etapa de
investigación, en lo que tiene que ver con la práctica de pruebas anticipadas
regulada en el artículo 284 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional
concluyó que el numeral 2 del artículo 284 de la Ley 906 de 2004 era exequible
en el entendido de que la víctima también podrá solicitar la práctica de
pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías.
2.
En la etapa de
imputación, en cuanto a lo regulado en el artículo 289 de la Ley 906 de 2004,
la Corte Constitucional concluyó que la víctima podrá estar presente en la
audiencia de formulación de la imputación.
3.
En cuanto a la adopción
de medidas de aseguramiento y de protección, en lo regulado por los artículos 306,
316 y 342 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional concluyó que la
víctima también puede acudir directamente ante el juez competente , según el
caso, a solicitar la medida correspondiente.
4.
En relación con el
principio de oportunidad regulado en los artículos 324, y 327, la Corte
Constitucional concluyó que se deberán valorar expresamente los derechos de las
víctimas al dar aplicación a este principio por parte del fiscal, a fin de que
éstas puedan controlar las razones que sirven de fundamento a la decisión del
fiscal, así como controvertir la decisión judicial que se adopte al respecto.
5.
En materia de
preclusión de la acción penal, en lo que atañe a la regulación prevista en el
artículo 333 de la Ley 906 de 2004, la Corte concluyó que se debe permitir a la
víctima allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física
para oponerse a la petición de preclusión del fiscal.
6.
En cuanto a la etapa de
acusación, en lo regulado por los artículos 337, 339 y 344 de la Ley 906 de
2004, la Corte Constitucional concluyó que la víctima también puede intervenir
en la audiencia de formulación de acusación para formular observaciones al
escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia,
recusaciones, impedimentos o nulidades. En consecuencia, declaró inexequible la
expresión “con fines únicos de información” contenida en el artículo 337 y
exequible el artículo 344 en el entendido de que la víctima también puede
solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material probatorio
específico o de evidencia física específica.
7.
En la etapa del juicio,
la Corte Constitucional consideró que no era posible que la víctima
interviniera para presentar una teoría del caso, diferente o contraria a la de
la defensa. Habida cuenta de que en las etapas previas del proceso penal ésta
ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para
contribuir en la construcción del expediente por parte del fiscal, en la etapa
del juicio oral la víctima podrá ejercer sus derechos a través del fiscal,
quien es el facultado para presentar una teoría del caso construida a lo largo
de la investigación.
Dada la importancia que tiene para la
víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que
dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso,
decretar un receso para facilitar dicha comunicación con el abogado de la
víctima, sin excluir su acceso directo al fiscal. En consecuencia, la Corte
Constitucional declaró exequibles los artículos 371, 378, 391, y 395 de la Ley
906 de 2004, en lo demandado y por el cargo analizado.
Finalmente, advierte la Corte Constitucional, que las
decisiones adoptadas en el presente proceso tienen efectos hacia el futuro, y
no traen como consecuencia la nulidad retroactiva de las actuaciones penales
que se hayan surtido hasta este momento, sin la participación de las víctimas
de conformidad con las reglas y condiciones establecidas en esta sentencia.
VII.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Estarse
a lo resuelto en la
sentencia C-454 de 2006 en relación con la acusación formulada contra el artículo
357 de la Ley 906 de 2004.
Segundo.- Declarar inexequibles
las expresiones “y contra esta determinación no cabe recurso alguno” del
artículo 327 de la Ley 906 de 2004 y “con fines únicos de información” del
inciso final del artículo 337 de la misma ley.
Tercero.- Declarar exequibles
en lo demandado y por los cargos analizados en esta sentencia, los
artículos 11, 137, 324, 371, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004, así como las
expresiones “las partes” del artículo 378 y “la parte que no está
interrogando o el Ministerio Público”, del artículo 395 de la Ley 906 de
2004.
Cuarto.- Declarar, por los cargos analizados en esta sentencia, la exequibilidad condicionada de las
siguientes disposiciones de la Ley 906 de 2004:
1. El numeral 2 del artículo 284, en el entendido de
que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante
el juez de control de garantías.
2. El artículo 289, en el entendido de que la víctima
también puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación.
3. El artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales
probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del
fiscal.
4. El artículo 344, en el entendido de que la víctima
también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material
probatorio específico o de evidencia física específica.
5. El artículo 356, en el entendido de que la víctima
puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de
la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral.
6. El artículo 358, en el entendido de que la víctima
también puede hacer dicha solicitud.
7. El inciso primero del artículo 359, en el entendido
de que la víctima también puede solicitar la exclusión, el rechazo o la
inadmisibilidad de los medios de prueba.
8. Los artículos 306, 316 y 342, en el entendido de
que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a
solicitar la medida correspondiente.
9. El artículo 339, en el entendido de que la víctima
también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para
efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles
causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. “La claridad
de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del
concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de
inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de
hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la
norma que acusa y el Estatuto Fundamental”[1],
no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que
permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones
en las que se basa.
[2] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
“Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad
sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica
real y existente[2] “y no simplemente [sobre una] deducida
por el actor, o implícita”[2] e incluso sobre otras
normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda[2].
Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la
confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa
técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer
proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador,
para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto
normativo no se desprenden.”
[3] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. De otra
parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la
disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la
formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma
demandada”[3].
El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que
se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[3]
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.[3]
[4] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. “La
pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la
demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado
por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en
la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta
al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos
que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua,
innecesaria, o reiterativa”[4]
a partir de una valoración parcial de sus efectos.”
[5] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
“Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de
inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de
todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para
iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se
tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su
vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que
supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la
fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas
sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del
razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a
la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una
duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera
que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional".
[6] Ver por ejemplo la sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), en la cual, la Corte, al declararse inhibida de pronunciarse acerca
de la inconstitucionalidad de algunas normas demandadas, realizó una síntesis
de los criterios que ha sentado esta Corporación en la materia.
[7] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-041 de
2002 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-215 de 1999 MP(E): Martha Victoria
Sáchica Méndez; C-146 de 1998 MP. Vladimiro Naranjo Mesa; C-543 de 1996 MP.
Carlos Gaviria Díaz; C-155 de 2004 MP. Álvaro Tafur Galvis; C-509 de 2004 MP.
Eduardo Montealegre Lynett.
[8] Sentencia C-509 de 2004 MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[9] Sentencia C-1549 de
2000. MP. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez.
[10] Corte Constitucional, C-873 de 2003 MP. Manuel José Cepeda
Espinosa, con salvamento de voto del Magistrado Jaime Araujo Rentaría.
Salvamento y aclaración de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y
Álvaro Tafur Galvis.
[11] Corte Constitucional, C-591 de 2005, MP. Clara Inés Vargas
Hernández, salvamento parcial del magistrado Alfredo Beltrán Sierra.
[12] Corte Constitucional, C-873 de 2003, MP. Manuel José Cepeda
Espinosa, precitada.
[13] Ibídem.
[14] Ver Pradel, Jean. Droit
Pénal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, páginas 490 y 534. En Inglaterra, aun
cuando en un principio la víctima era considerada tan sólo como un testigo
entre otros, sin derechos dentro del proceso penal y sin la posibilidad de
solicitar una reparación económica ante el juez penal competente, esta regla ha
ido cambiando con el tiempo, a fin de darle a la víctima no sólo el derecho a
obtener una reparación material, sino también a impedir que haya impunidad,
admitiendo, en ciertos casos definidos por la ley, que ella impulse la
investigación, o apele la decisión del Crown Prosecution Service de no acusar
al sindicado. (Delmas-Marty, Mireille, Op. Cit, página 133). En los Estados Unidos, la víctima
había sido excluida tradicionalmente del proceso penal. En 1996 se presentó una
enmienda a la Constitución dirigida a proteger los derechos de la victima, que
reconocía, entre otros, los derechos de las víctimas de delitos a ser tratada
con justicia, respeto y dignidad; a ser informadas oportunamente y a estar en
las diligencias donde el acusado tenga el derecho a estar presente; a ser
escuchadas en toda diligencia relativa a la detención y liberación del acusado,
a la negociación de la condena, a la sentencia y libertad condicional; a que se
adopten medidas razonables de protección a su favor durante el juicio y
posteriormente, cuando la liberación o fuga del condenado pueda poner en
peligro su seguridad; a un juicio rápido y una resolución definitiva del caso
sin dilaciones indebidas; a recibir una pronta e integral reparación del
condenado; a que no se difunda información confidencial. Si bien esta enmienda no
fue adoptada, en el año 2004, el Congreso de los Estados Unidos adoptó el Crime
Victims' Rights Act, que recogió tales derechos.(Ver Butler,
Russell P. What Practitioners and Judges Need to Know Regarding Crime Victims'
Participatory Rights in Federal Sentencing Proceedings, 19 Federal Sentencing
Reporter 21, Octubre de 2006; Jon Kyl, Steven J. Twist y Stephen Higgins, Crime
Victim Law: Theory And Practice: Symposium Article: On The Wings Of Their
Angels: The Scott Campbell, Stephanie Roper, Wendy Preston, Louarna Gillis, And
Nila Lynn Crime Victims' Rights Act, 9 Lewis & Clark Law Review, 581
[15] En algunos sistemas cabe la acción penal
privada cuando el Fiscal no ejerce la acción penal pública.
[16] Ver por ejemplo, Cassell, Paul G. Recognizing Victims in the Federal
Rules of Criminal Procedure: Proposed Amendments in Light of the Crime Victims'
Rights Act. 2005 Brigham Young University Law Review Brigham Young University
Law Review, p. 835; Stahn, Carsten, Participation of Victims in Pre-Trial
Proceedings of the ICC, Journal of International Criminal Justice, Oxford
University Press, Abril 2006; Boyle, David. The Rights of Victim: Participation, Representation,
Protection, Reparation, Journal of International Criminal Justice, Oxford
University Press, Abril 2006; Simon N. Verdun—Jones, J.S.D., and Adamira A.
Tijerino, M.A., Victim Participation In The Plea Negotiation Process in Canadá,
que describen cómo se han introducido modificaciones al sistema acusatorio
tradicional para permitir que las víctimas sean escuchadas en la etapa prejudicial
al adoptar una decisión sobre la liberación del procesado, en la negociación de
penas, y también una vez declarada la culpabilidad, en la etapa post judicial
al momento de definir la condena.
[17] Ver Delmas-Marty, Mireille. Procédures pénales d’Europe. Presses
Universitaires de Frances, 1995, páginas 77-78, 86-87, 97, 133, 144, 149, 161,
181, 231, 235, 237, 243, 246, 251, 294.
[18] Sentencia C-228 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett, con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo
Rentería, en donde la Corte Constitucional precisó el alcance constitucional de
los derechos de las víctimas en el proceso penal y resolvió lo siguiente:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso
primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte
civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los
términos de la presente sentencia. Así mismo, declarar EXEQUIBLES, en relación
con los cargos estudiados, los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la
Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la
constituida por las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo, que
se declara inexequible. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley
600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en el entendido de que las
víctimas o los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil,
pueden acceder directamente al expediente. Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el
artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, salvo
la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que se
declara INEXEQUIBLE.
[19] Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166),
Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de
14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la
Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos
legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su
derecho a la verdad y a la justicia.
[20] Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el derecho de las
víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en particular cuando
se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser solicitada bien dentro
del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas romano germánicos) o
bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en los sistemas del common
law). Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, páginas
532 y ss.
[21] Esta posibilidad no resulta del todo
extraña en nuestro sistema penal, como quiera que el legislador penal previó,
por ejemplo, para los eventos de lesiones a bienes jurídicos colectivos la
constitución de un actor civil popular. La acción civil popular dentro del
proceso penal está prevista en el artículo 45 de la Ley 600 de 2000, que dice:
Artículo 45.-Titulares. “La acción civil individual o popular para el
resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos
causados por la conducta punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción
civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas
perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquéllas, por el Ministerio
Público o por el actor popular cuando se trate de una lesión directa a
bienes jurídicos colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar un
ciudadano y será reconocido quien primero se constituya. El actor popular
gozará del beneficio del amparo de pobreza de que trata el Código de
Procedimiento Civil. Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la
libre administración de sus bienes y optare por ejercerla en el proceso penal,
se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante
legal.” (subrayado fuera de texto). Esta acción ha sido empleada por ONGs en
casos de lucha contra la corrupción. Ver, Estudios Ocasionales CIJUS, “Acceso a
la justicia y defensa del interés ciudadano en relación con el patrimonio
público y la moral administrativa”, Ediciones Uniandes, Bogotá, Marzo, 2001.
[22] Sentencia C-580 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil, con Salvamento
Parcial de Voto de los Magistrados Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas
Hernández
[23] Sentencia C-875 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil, CON ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO Jaime Araujo Rentería, en donde la Corte resolvió:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “El actor popular gozará del
beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil”,
contenida en el artículo 45 de la Ley 600 de 2000, condicionada a que se entienda
que la parte civil que no pretende intervenir como actor popular, no está
excluida del amparo de pobreza. SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión
“Quien pretenda constituirse en parte civil dentro del proceso penal, si no
fuere abogado titulado otorgará poder para el efecto.”, contenida en el
artículo 48 de la Ley 600 de 2000. TERCERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la
Sentencia C-069/96, en relación con el artículo 149 del Decreto 2700 de 1991,
que declaró exequible la expresión, “el perjudicado o sus sucesores, a través
de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal”, y
en consecuencia declarar EXEQUIBLE la expresión, “el perjudicado o sus
sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la
actuación penal”, contenida en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000.
[24] Sentencia C-228 de 2003, MP. Alfredo Beltrán Sierra, con salvamento
parcial de voto de los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur
Galvis, Alfredo Beltrán Sierra, con salvamento de voto del magistrado Rodrigo
Escobar Gil, en donde la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de
varias disposiciones del Código Penal Militar, y en lo que tiene que ver con
los derechos de las víctimas, sobre la constitucionalidad del artículo 220 de
la Ley 522 de 1999, la Corte resolvió: “Décimo.- Declarar inexequible la
expresión “el resarcimiento de los perjuicios a que hubiere lugar se obtendrá a
través de la acción indemnizatoria que se ejercerá ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo” contenida en el artículo 220 de la Ley 522 de
1999.”
[25] Sentencia C-004 de 2003, MP. Eduardo
Montealegre Lynett, en donde la Corte resolvió lo siguiente: “Declarar
EXEQUIBLE el numeral 3° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 o Código de
Procedimiento Penal, en el entendido de que, de conformidad con los fundamentos
31, 36 y 37 de esta sentencia, la acción de revisión por esta causal también
procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones
de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario,
y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o
de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, y conforme a lo
señalado en los fundamentos 34, 35 y 37 de esta sentencia, procede la acción de
revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento
y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe
un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y
cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las
mencionadas violaciones.”
[26] Sentencia C-014 de 2004, MP. Jaime Córdoba Triviño, con aclaración de
voto del magistrado Jaime Araujo Rentería, en donde la Corte examinó la
constitucionalidad de varias expresiones contenidas en los artículos 123 y 125
de la Ley 734 de 2002, cuestionados por restringir los derechos de las víctimas
de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario en los procesos disciplinarios. La Corte resolvió lo
siguiente: QUINTO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 en
el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que
constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de
las facultades a ellos conferidos por la ley.
[27] Sentencia C-370 de 2006, MMPP: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur
Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, con salvamento de voto del magistrado
Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Humberto Antonio Sierra Porto,
en donde la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de varias disposiciones
de la ley de justicia y paz, que restringían sus derechos.
[28] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de
junio de 2005.
[29] Ver Sentencia C-591 de 2005, MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[30] MP: Eduardo Montealegre Lynett
[31] Sentencia C-047 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte se
pronuncia sobre la constitucionalidad de la expresión “absolutoria”, contenida
en el inciso 3º del artículo 176 y en el numeral 1º del artículo 177 de la Ley
906 de 2004, cuestionada porque supuestamente violaba la garantía del non bis
ibídem a favor del procesado. La Corte declara la exequibilidad de los apartes
demandados y señala que la posibilidad de impugnar la sentencia absolutoria en
el proceso penal regulado por la Ley 906 de 2004, no sólo no viola el principio
del non bis ibídem sino que es además una de las garantías a los derechos de
las víctimas. La Corte resolvió: Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos
estudiados, de la expresión “absolutoria”, contenida en el inciso 3º del
artículo 176 y en el numeral 1º del artículo 177 de la Ley 906 de 2004.
[32] Ver, entre otras, las Sentencias C-648 de 2001 MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra y C-154 de 2004 MP. Álvaro Tafur Galvis.
[33] Ver sentencias C-740 de 2001, C-1149 de 2001, SU-1184 de 2001,
T-1267 de 2001 y C-282 de 2002.
[34] Ver Sentencia C-228/02 MP. Manuel José
Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. En dicha sentencia se hicieron
las siguientes consideraciones que resulta pertinente recordar “(t)anto en
el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro
ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un
hecho punible gozan de una concepción amplia –no restringida exclusivamente a
una reparación económica – fundada en los derechos que ellas tienen a ser
tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a
obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros,
y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el
restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un
hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un
delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación económica de los daños sufridos. ║ De tal manera que la víctima
y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera
reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la
Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la
norma demandada en el presente proceso: ║ 1. El derecho a la verdad, esto
es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre
la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente
importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. ║ 2. El
derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que
no haya impunidad. ║ 3. El derecho a la reparación del daño que se le ha
causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional
como se ha resarcido a la víctima de un delito.
[35] Sentencia C-998 de 2004, MP. Álvaro Tafur Galvis.
[36] C-979 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño,
con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería.
[37] En la sentencia C-04 de 2003, al emprender un juicio de
constitucionalidad de la causal tercera de revisión de la Ley 600 de 2000 (la
procedencia de la revisión penal por el surgimiento de hechos y pruebas nuevas)
la Corte efectuó un detenido ejercicio de ponderación orientado a permitir la
armónica convivencia de los principios del non bis in idem, con los
imperativos de investigación en los delitos que configuran violaciones de
derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario,
los derechos de las víctimas de estos ilícitos, y el deber de las autoridades
de asegurar la vigencia de un orden justo, culminando su análisis con la
conclusión de autorizar, en forma excepcional, la inaplicación del non bis
in idem, respecto de los sentenciados por los delitos que entrañen violación
de derechos humanos y del derecho internacional humanitarios, condicionando tal
posibilidad al pronunciamiento de una instancia judicial nacional, o de una
internacional de supervisión y control de derechos humanos que determine un
protuberante incumplimiento del Estado colombiano de su deber de investigar
seria e imparcialmente estos hechos.
[38] Sentencia C-1154 de 2005, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa, con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería,
en donde la Corte decidió lo siguiente: “Décimo octavo.- Declarar por el
cargo analizado la exequibilidad condicionada del artículo 79 de la Ley 906 de
2004 en el entendido de que la expresión “motivos o circunstancias fácticas
que permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad
objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al
Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.” En sentido
similar, en la sentencia C-1177 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño, la Corte
dispuso la comunicación a las víctimas o denunciantes en el evento de
inadmisión de denuncias o demandas cuando éstas carecen de fundamento. en donde
la Corte resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la
expresión “En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del
inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la
inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no
reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada,
debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio
Público.”
[39] Sentencia C-228 de 2002 MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett. AC: Jaime Araujo Rentería. La sentencia revisó la
constitucionalidad del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”. El actor solicitaba a la Corte
Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la norma demandada, que
regula la constitución de la parte civil en el proceso penal para los
perjudicados o sus sucesores con la finalidad de obtener el restablecimiento
del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, por
ser violatoria de los artículos 13, 93 y 95 de la Constitución, así como de los
artículos 1 y 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
(1789). Los problemas jurídicos que resolvió la Corte en dicha oportunidad
fueron i) ¿Es la exigencia de que la parte civil en el proceso penal se
constituya a través de abogado, una violación de su derecho a acceder a la
justicia en condiciones de igualdad? Y ii) ¿Son las limitaciones que se le
imponen a los perjudicados o sus sucesores para intervenir dentro de la
“actuación penal” sólo a partir de la resolución de apertura de instrucción y
para acceder al expediente durante la investigación preliminar, violaciones a
su derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad? La sentencia
estableció los derechos a la verdad, la justicia y la reparación como derechos
de las víctimas en el proceso penal. La parte resolutiva de la sentencia es del
siguiente tenor “Primero.-Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos
estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el
entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a
la justicia en los términos de la presente sentencia.
Así mismo,
declarar EXEQUIBLES, en relación con los cargos estudiados, los incisos segundo
y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma
prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida
en el inciso segundo, que se declara INEXEQUIBLE.
Segundo.-Declarar
EXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos
estudiados, en el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se
hayan constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente.
Tercero.-Declarar
EXEQUIBLE el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos
estudiados, salvo la expresión “a partir de la resolución de apertura de
instrucción” que se declara INEXEQUIBLE.”
[40] Es importante resaltar el caso Velásquez Rodríguez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el cual se estableció la obligación de
los Estados de prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos, de
investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la
víctima una adecuada reparación. Así mismo el Relator Especial para la Comisión
de Derechos Humanos, subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección
a las Minorías, elaboró un Informe Relativo al Derecho de Restitución, Indemnización
y Rehabilitación a las Víctimas de Violaciones Flagrantes de Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales en el cual se establecieron los siguientes
principios respecto de los derechos de las víctimas:
La
violación de un derecho humano da a la víctima el derecho a obtener una
reparación.
La
obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos incluye el deber de
prevenir las violaciones, el deber de investigarlas, el deber de tomar medidas
apropiadas contra sus autores y el deber de prever reparaciones para las
víctimas.
La
reparación por violaciones de derechos humanos tiene el propósito de aliviar el
sufrimiento de las víctimas y hacer justicia mediante la eliminación o
corrección, en lo posible, de las consecuencias de los actos ilícitos y la
adopción de medidas preventivas y disuasorias respecto de las violaciones.
La
reparación debe responder a las necesidades y los deseos de las víctimas. Será
proporcional a la gravedad de las violaciones y los daños resultantes e
incluirá la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y
las garantías de no repetición.
La
reparación de determinadas violaciones flagrantes de los derechos humanos que
constituyen crímenes en virtud del derecho internacional incluye el deber de
enjuiciar y castigar a los autores. La impunidad está en conflicto con este
principio.
Deben
reclamar la reparación las víctimas directas y, si procede, los familiares, las
personas a cargo, u otras personas que tengan una relación especial con las
víctimas directas.
Además de
proporcionar reparación a los individuos, los Estados tomarán disposiciones
adecuadas para que los grupos de víctimas presenten reclamaciones colectivas y
para que obtengan reparación colectivamente.
[41] Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Barrios Altos
(Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú) Sentencia de 14 de Marzo de 2001.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en la sentencia
Barrios Altos del Perú estableciendo que la amnistía que había concedido Perú
era contraria a la Convención, a pesar de que el país se había comprometido a
reparar materialmente a las víctimas, pues se estaba desconociendo su derecho a
la verdad y a la justicia:“Todo Estado está en la obligación de realizar una
investigación exhaustiva de hechos de los cuales tenga conocimiento como
presuntas violaciones de derechos humanos, además de sancionar a los
responsables de los mismos… El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el
derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del
Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades
correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen
los artículos 8 y 25 de la Convención.¨ (párrafos 47-49 sentencia de fondo). En
el mismo sentido la Corte Constitucional se ha pronunciado estableciendo que el
derecho de participación de los afectados por atentados contra la dignidad
humana en proceso penales no se limita sólo a la reparación material sino
además les corresponde un derecho a la reparación integral incluyendo el
derecho a la verdad y a la justicia (Ver sentencias T-1267 de 2001 MP. Rodrigo
Uprimny Yepes; SU-1184 de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett; C-578 de 2002
MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-875 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil; C-228
de 2002 MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-004 de
2003 MP. Eduardo Montealegre Lynett; T-249 de 2003 MP. Eduardo Montealegre
Lynett.)
[42] Sentencia C-454 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y
357 de la Ley 906 de 2004. La Corte resolvió: Primero: Declararse INHIBIDA para
pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la
Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda. Segundo: Declarar
EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906
de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y
perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en
contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación. Tercero: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los
cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que
los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar
solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de
condiciones que la defensa y la fiscalía.
[43] Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para
la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad”.Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión
de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.
E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en
1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane
Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión
de Derechos Humanos.
[44] Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
[45] Cfr. Entre otras las sentencias C- 293 de 1995 y C- 228 de 20002.
[46] Cfr. Sentencias T- 443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; C- 293
de 1995, MP, Carlos Gaviria Díaz.
[47] Cfr. Sentencia C- 412 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[48] Cfr., Sentencia C-275 de 1994, MP, Alejandro Martínez Caballero.
[49] Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación
de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante resolución 1989/65
del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General. mediante resolución
44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la sentencia C-293 de 1995.
[50] Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la protección y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
[51] Fundamentalmente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
pero también del Derecho Internacional Humanitario y del emergente Derecho
Penal Internacional.
[52] El principio de la tutela judicial efectiva, encuentra ubicación
constitucional en los artículos 229 y 29 de la Carta, sin perjuicio de su ampliación
por la vía del artículo 93, que ha permitido el ingreso de las fuentes
internacionales que consagran esta garantía.
[53] Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[54] Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[55] Sentencia SU-1184 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett
[56] Sentencia C-454 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y
357 de la Ley 906 de 2004. La Corte resolvió: Primero: Declararse INHIBIDA para
pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la
Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda. Segundo: Declarar
EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906
de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y
perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en
contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación. Tercero: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los
cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que
los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar
solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de
condiciones que la defensa y la fiscalía
[57] Con los eventos excepcionalísimos de la prueba anticipada y las
facultades también excepcionales que se atribuyen al Ministerio Público en
materia probatoria conforme al inciso final del artículo 357.
[58] “Artículos 374. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá
ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en
el inciso final del artículos 357, y se practicará en el momento
correspondiente del juicio oral y público.”
[59] En este evento, la integración normativa procede bajo
la primera hipótesis señalada en la sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro
Martínez Caballero. Según esa sentencia, la integración de unidad normativa
sólo procede de manera excepcional en tres eventos: (1) “cuando un ciudadano
demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico
claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta
absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada.” (2) “Cuando la disposición cuestionada
se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron
demandadas.” Y (3) “pese
a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se
encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera
vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.” Sobre el tema
de integración normativa ver también, entre muchas otras, las sentencias C-357
de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo; C-539 de 1999 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz, C-781 de 2003, MP. Clara Inés Vargas Hernández; C-227 de 2004,
MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-271 de 2003, MP. Rodrigo Escobar Gil; C-409
de 2004, MP. Alfredo Beltrán Sierra; C-538 de 2005, MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra; C-536 de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[60] Corte Constitucional, sentencia C-320 de 1997, MP.
Alejandro Martínez Caballero. En este evento la integración de unidad normativa
se hace bajo la primera hipótesis planteada en dicha sentencia, esto es, “cuando
un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un
contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla,
resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada.”
[61] Corte Constitucional, sentencia C-320 de 1997, MP.
Alejandro Martínez Caballero. En este evento la integración de unidad normativa
se hace bajo la primera hipótesis planteada en dicha sentencia: (1) “cuando
un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un
contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla,
resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de
otra disposición que no fue acusada.”
[62] Ibídem
[63] Ver Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2005, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa, donde la Corte tuteló el derecho a la intimidad y al debido
proceso de una víctima de acceso carnal con persona puesta en incapacidad
resistir y ordenó la exclusión de varias pruebas que indagaban sobre la vida
íntima y sexual de la víctima para deducir de ella un consentimiento para la
relación sexual objeto de investigación
[64] Corte Constitucional, sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro
Martínez Caballero. En este evento la integración de unidad normativa se hace
bajo la primera hipótesis planteada en dicha sentencia, esto es, porque lo
demandado no tiene un sentido claro o unívoco que sea posible entenderlo o
aplicarlo sin integrar su contenido normativo con el resto del artículo.
[65] Corte Constitucional, sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro
Martínez Caballero. En el asunto bajo estudio, nos encontramos ante la primera
hipótesis de integración normativa.
[66] Ley 906 de 2004, Artículo 308, numeral 1
[67] Corte Constitucional, Sentencia C-805 de 2002 MP. Manuel José Cepeda
Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, salvamento de voto conjunto de Alfredo
Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis. Ver la aclaración de voto del Magistrado
Manuel José Cepeda Espinosa, a la sentencia C-456 de 2006, MP. Alfredo Beltrán
Sierra ‑que declaró inexequible las expresiones “…por una sola vez”
y “Contra esta decisión no procede recurso alguno.”, contenidas en el
artículo 318 de la Ley 906 de 2004, que regula la solicitud de revocatoria de
la medida de aseguramiento ‑ se resaltó lo siguiente: “A fin de que los
derechos de las víctimas no queden desprotegidos por la solicitud reiterada de
un imputado para que se revoque o sustituya la medida de aseguramiento
restrictiva de la libertad, en cada caso concreto el juez de control de
garantías deberá constatar que (i) efectivamente hayan desaparecido los
requisitos que establece el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, para la
procedencia de la medida de aseguramiento; y (ii) que la supuesta desaparición
de los requisitos esté sustentada en hechos nuevos de entidad suficiente
para mostrar que indudablemente desaparecieron las circunstancias que
justificaron la medida.”
[68] Sentencia C-873 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, con
salvamento de voto del magistrado Jaime Araujo Rentaría. Salvamento y
aclaración de voto Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.
[69] La Corte Constitucional aceptó el principio de oportunidad en
tratándose de juicios ante el Congreso. Ver sentencia SU-062 de 2001, MP.
Eduardo Montealegre Lynett, en la cual se expresó: “es posible que el
Congreso se abstenga de formular acusación por razones de conveniencia, en
aquellos casos en que la ponderación de bienes jurídicos constitucionales le
permita concluir que resulta más benéfico para la estabilidad institucional una
exoneración de responsabilidad, que un juicio de consecuencias
imprevisibles.(...)”.
[70] Ver sentencia C-228 de 2002, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y
Eduardo Montealegre Lynett.
[71] Sentencia C-673 de 2005, MP. Clara Inés Vargas Hernández,
Salvamento de Voto del Magistrado Rodrigo Escobar Gil.
[72] Sentencia C-097 de
2007, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, Salvamento de Voto de los Magistrados
Jaime Araujo Rentería, y Clara Inés Vargas Hernández y Salvamento Parcial de
Voto del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto. En esa oportunidad la Corte
resolvió lo siguiente: Primero.- Declarar exequibles los numerales 4, 5, 6, 9,
11, 12 y 15 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, por los cargos estudiados
en la presente sentencia. ║ Segundo.- Declarar exequible la expresión “En
los casos previstos en los numerales 15 (…)” contenida en el parágrafo 1º del
artículo 324 de la Ley 906 de 2004, por el cargo estudiado en la presente
sentencia. ║ Tercero.- Declarar exequible el parágrafo 3º de la Ley 906
de 2004, por los cargos estudiados en esta sentencia, salvó la expresión “de
acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de Roma”, que se declara inexequible.
[73] Sobre este tema puede consultarse la Sentencia C-370 de 2006.
[74] Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.
Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.
[75] Suscrita en San José de costa Rica en noviembre de 1969. Aprobada
mediante la Ley 16 de 1972.
[76] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984,
aprobada mediante la Ley 70 de 1986.
[77] Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias en
1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997, declarada exequible mediante la
Sentencia C-351 de 1998, M.P Fabio Morón Díaz.
[78] Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Belém do Pará.
Brasil, en 1994. Aprobada mediante la Ley 707 de 2001, revisada mediante la
Sentencia C-580 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil.
[79] Estos artículos corresponden, en su orden, a los artículos 50, 51 y
52 del Convenio II, 129, 130 y 131 del Convenio III, y 146 y 147 del Convenio
IV.
[80] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones unidas en
diciembre de 1948, aprobada por Colombia mediante la Ley 28 de 1959.
[81] Adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las
Naciones Unidas el 17 de junio de 1998, aprobado mediante la Ley 742 de 2002,
revisada mediante la Sentencia C-578 de 2002, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[82] Numerales 6 y 7, Art. 250 CP, y literales f y g del artículo 11 de la
Ley 906 de 2004.
[83] Corte Constitucional, sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro
Martínez Caballero. En este evento la integración de unidad normativa se hace
bajo la primera hipótesis planteada en dicha sentencia
[84] Sentencia C-873 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, con salvamento
de voto del magistrado Jaime Araujo Rentaría. Salvamento y aclaración de voto
Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis, en donde la Corte
describió los rasgos estructurales del procedimiento penal introducido por el
Acto Legislativo 03 de 2002. En relación con el poder de acusación, la Corte
expresó lo siguiente: “(b) los poderes atribuidos a quienes participan en el
proceso fueron objeto de una regulación constitucional expresa que modificó su
alcance en varios aspectos: (…) (iv)
El poder de acusación se
mantiene en cabeza de la Fiscalía; no así el de declarar precluida la
investigación, que ahora corresponde al juez de conocimiento de la causa, a
solicitud de la Fiscalía (art. 250-5, modificado).”
[85] Corte Constitucional, sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro
Martínez Caballero. En este evento la integración de unidad normativa se hace
bajo la tercera hipótesis planteada en dicha sentencia, esto es, porque a pesar
de no ser necesario hacer la integración para asegurar
su aplicación y entendimiento, ni porque se encuentre reproducida en otras,”
la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra
disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.”
[86] Ley 906 de 2004, Artículo 289.
Formalidades. La formulación de la imputación se cumplirá con la presencia del
imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de este, el que fuere
designado por el sistema nacional de defensoría pública.