T-022-18
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-022/18
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
La doctrina de la Corte, cuando un juez de
cualquier jurisdicción, inaplica o desatiende injustificadamente la ratio
decidendi de una sentencia o conjunto de sentencias de
tutela “relevantes” para la solución de un caso (precedente),
incurre en una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, denominada “defecto por desconocimiento
del precedente constitucional”.
VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
Hay violación directa de la norma superior cuando el
fallador emite una providencia judicial que desconoce, de forma específica, los
postulados de la Constitución, contrariando su supremacía y eficacia directa.
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PENSION-Se predica del derecho en sí pero no de las
prestaciones periódicas o mesadas no cobradas
IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14%
EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE A CARGO-Jurisprudencia constitucional
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE
IMPRESCRIPTIBILIDAD RESPECTO DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON
EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE A CARGO
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL-Aplicación
La aplicación del principio de favorabilidad se hace
exigible cuando, de cara a dos o más normas vigentes para la época en que se
causó el derecho, surge para el funcionario judicial la obligación de elegir
una de ellas por adecuarse al caso concreto. La favorabilidad se orienta a
dirimir la controversia que se presenta en la aplicación de dos normas o cuando
el mandato admite diversas interpretaciones.
PRINCIPIO INDUBIO PRO OPERARIO-Aplicación
El in dubio pro operario, se presenta cuando una norma admite
diversas interpretaciones lógicas o razonables, de las cuales el funcionario
judicial debe optar por la que más beneficie al trabajador.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en violación directa de la Constitución
al realizar una interpretación de la normatividad contraria a la norma
superior, desconociéndose el precedente fijado en la Sentencia SU-310/17
Hubo violación directa de la
Constitución al realizarse una interpretación de la normatividad evidentemente
contraria a la  norma superior, y que por parte de las Salas Laboral y Penal de
la Corte Suprema de Justicia se desconoció el precedente fijado en la Sentencia
SU-310 de 2017, lo que lleva necesariamente a proteger las garantías invocadas
al debido proceso, al principio de favorabilidad en materia laboral y a la
igualdad, en tanto a este momento existe doctrina pacífica que indica que tales
incrementos pensionales no están afectados con la prescripción.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la
Constitución por cuanto Tribunal no aplicó principio de favorabilidad laboral
para el reconocimiento y pago del incremento del 14% por cónyuge a cargo
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden a Colpensiones reconocer derecho al incremento pensional del 14%
por cónyuge a cargo
Referencia:
Expediente
T-6.421.125
Acción
de tutela instaurada por Luis Hernando Rodríguez en contra del Juzgado 12
Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá.
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos
mil dieciocho (2018).
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido,
Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
emitido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 18
de julio de 2017, confirmado por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación
el 6 de septiembre de 2017, en la acción de tutela interpuesta por Luis
Hernando Rodríguez, contra el Juzgado Doce Laboral del Circuito y la Sala
Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Luis
Hernando Orozco Rodríguez interpuso acción de tutela contra el Juzgado Doce
Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Cuarta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, por la violación de sus derechos al debido
proceso, al principio de favorabilidad en materia laboral e igualdad, dentro
del proceso laboral en el que le negaron el incremento pensional del 14% por
cónyuge a cargo con el argumento de que dicho derecho se halla prescrito.
Fundamentó
su demanda en los siguientes,
1. Hechos
Indicó el
señor Luis Hernando Rodríguez en su demanda[1], que el 19 de
agosto de 1967, contrajo matrimonio con Rosa Elvira Mora González[2],
con quien ha convivido bajo un mismo techo, de manera constante e
ininterrumpida hasta la fecha.
Que
mediante Resolución Nro. 016278 del 28 de abril de 2006, el Instituto de
Seguros Sociales (en adelante ISS) le reconoció el pago de su pensión de
jubilación a partir del 1º de mayo de 2006 por valor de $408.000[3].
Que el
régimen de transición aplicado en virtud de lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, fue el referido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por el cual se hizo acreedor del
derecho al incremento del 14% sobre la pensión mínima legal, consagrado en el
literal b, artículo 21 del Acuerdo 049.
Que
acreditó ante Colpensiones y ante el Juzgado de Conocimiento, que su esposa
depende económicamente de él, allegando declaraciones extrajuicio[4].
Que el 9 de
abril de 2015 realizó la reclamación administrativa respectiva, a fin de
obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional del 14% por cónyuge a
cargo[5], la que le fue resuelta
mediante Resolución 232620 del 31 de julio de 2015, emanada de Colpensiones[6],
que negó tal solicitud, con lo que agotó la reclamación administrativa a que se
contrae el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social,
reformado por el artículo 4 de la Ley 712 de 2001.
Que el 3 de
noviembre de 2015, radicó demanda ordinaria en contra de Colpensiones con el
objeto de obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional del 14%
sobre la pensión mínima legal, que le correspondió por competencia al Juzgado
Doce Laboral del Circuito de Bogotá.
Que una vez
tramitado el asunto, dicho Juzgado en audiencia del 21 de febrero de 2017,
profirió sentencia en la que al encontrar probados los requisitos de los
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, accedió parcialmente a sus
pretensiones, al considerar la prescripción trienal de tal derecho[7],
proveído que fue apelado por la apoderada de la demandada.
Que el 15
de marzo de 2017, la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, revocó la decisión y negó las pretensiones de la demanda,
al estimar que el derecho reclamado se encontraba prescrito[8],
decisión contra la que no procedía recurso alguno.
Señaló que
los fallos emitidos vulneraron sus derechos al debido proceso contenido en el
artículo 29 de la C. Pol., teniendo en cuenta que, habiendo dos
interpretaciones respecto de la imprescriptibilidad del incremento pensional,
los accionados resolvieron escoger la menos favorable, incurriendo así en un
defecto por violación directa de la Constitución, puesto que ante la existencia
de dos interpretaciones razonables de la Corte Constitucional sobre una misma
norma de seguridad social, dichas autoridades tenían la obligación de
considerar lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta Política en lo
relacionado con el principio de favorabilidad laboral alegado, como lo ha
dispuesto este Tribunal en casos como el suyo, con lo cual vulneraron su
derecho a la igualdad.
Solicitó en
consecuencia que se tutelen sus derechos al debido proceso, al principio de
favorabilidad en materia laboral y a la igualdad, y que por tanto, se revoquen
las sentencias emitidas por el Juzgado y el Tribunal de Bogotá ordenando a este
último que profiera una nueva sentencia, en la que se acceda a la totalidad de
las pretensiones de la demanda, siguiendo el precedente sentado por la
Sentencia T-369 de 2015 de esta Corte.
En torno a
la procedencia de la acción, señaló que ambas autoridades judiciales incurrieron
en defectos o irregularidades procesales que vulneran de manera ostensible su
derecho al debido proceso, pues resultaron determinantes para el sentido de los
respectivos fallos, si se tiene en cuenta que el fundamento para negar sus
pretensiones, consistió, según la sentencia del juzgado laboral, en encontrar
probada parcialmente la excepción de prescripción planteada por Colpensiones,
la que para el Tribunal se probó a cabalidad.
En lo que
respecta al desconocimiento del precedente, indicó que tanto el Juzgado Laboral
como el Tribunal de Bogotá no estudiaron de fondo la procedencia de la
aplicación de la prescripción de conformidad con el precedente constitucional
de esta Corte, constituido por la sentencia T-369 de 2015, y ratificado en la
jurisdicción ordinaria por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en sentencia STP 89543 del 2 de junio de 2016, que recogió el criterio
jurisprudencial expuesto en la CSJ SL 19557 del 15 de julio de 2003, que
postula que la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por
inclusión de factores salariales no está sujeta a las reglas de la
prescripción, posición reiterada en la sentencia STP2502 del 23 de febrero de
2017 de la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema.
En lo que
atañe al defecto por violación directa de la Constitución, señaló que los
accionados incurrieron en éste cuando declararon probada la excepción de
prescripción de la acción sin considerar lo preceptuado en el artículo 53 de la
Constitución Política en relación con el principio de la favorabilidad laboral.
Destacó que
ante la existencia de dos interpretaciones razonables de la Corte
Constitucional sobre una misma norma de seguridad social, tanto el juzgado de
primera instancia como el Tribunal de Bogotá, tenían la obligación de atender a
lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta Política en lo relacionado con el
principio de favorabilidad laboral, aspecto que a pesar de haber sido
mencionado en la providencia de primera instancia, no fue aplicado en su
integridad y menos aún fue tenido en cuenta por el Tribunal.
En cuanto a
la actuación de esta última instancia, refirió que se limitó a indicar que las
pretensiones de la demanda se encontraban prescritas en vista de que habían
transcurrido más de tres años entre el reconocimiento de la pensión y la
solicitud del incremento por cónyuge a cargo, omitiendo además explicar las
razones por las cuales se apartó de los precedentes jurisprudenciales
proferidos por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
Respecto
del alcance del principio de la aplicación de la norma más favorable, enfatizó
que los cánones protectores de los derechos del trabajador y la seguridad
social ordenan la elección de la disposición jurídica que mayor provecho le
otorgue a éste o al afiliado o al beneficiario del sistema, por lo que los
accionados debieron optar por aplicar en su integridad el pronunciamiento de la
Corte Constitucional, según el cual ha considerado que el incremento por
persona a cargo es un elemento de la pensión que sigue la suerte de las causas
que le dieron origen, de modo que al ser la pensión imprescriptible, tal
prestación también lo es.
2. Trámite procesal
Mediante auto del 11 de julio de 2017, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de
tutela en contra del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, y corrió el traslado
respectivo, ordenando vincular a la actuación “a las autoridades judiciales
e intervinientes dentro del proceso controvertido, por tener interés en la
acción constitucional”[9].
3. Respuesta de las entidades demandadas
y vinculadas
3.1. Juzgado Doce Laboral del
Circuito de Bogotá[10]
A través de oficio 679 del 13 de julio de
2017, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, remitió en calidad de
préstamo a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
proceso ordinario radicado bajo el número 2014/854  que consta de 43 folios y
dos cd’s, sin pronunciarse sobre los hechos de la demanda.
3.2. Colpensiones[11]
A través de Oficio BZ2017_7249652-893510
del 18 de julio de 2017, Colpensiones, dio respuesta a la demanda instaurada.
Indicó que el accionante agotó las vías
judiciales para la reclamación que pretendía hacer valer ante la justicia
ordinaria laboral, por lo que resultaba pertinente para Colpensiones
pronunciarse sobre el asunto y solicitar que se declare improcedente la tutela,
porque ella no es la vía para la reclamación que pretende, pues esta procede
solamente ante la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial.
Refirió que la Corte Constitucional ha
reiterado que la acción de tutela es improcedente para obtener el
reconocimiento de prestaciones sociales, ya que por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, no puede reemplazar las acciones ordinarias creadas por el
legislador para resolver asuntos de naturaleza litigiosa.
Señaló que no es competencia del juez
constitucional realizar un análisis de fondo frente a las pretensiones del
actor, buscando desnaturalizar la acción a objeto de que por medio de un
proceso caracterizado por la inmediatez y la subsidiariedad, sean reconocidos
derechos que son de conocimiento del juez ordinario competente, a través de los
mecanismos legales establecidos para ello, que ya fueron agotados por cuanto ya
obra decisión judicial frente a su pretensión.
Enfatizó que para que las decisiones de una
autoridad judicial sean objeto de censura por vía de tutela, deben contener una
separación directa y arbitraria de la ley y/o la Constitución, lo que en este
caso no ha ocurrido, pues tal ente procedió conforme a la ley, pues aplicó las
normas relativas a la materia, aplicó los preceptos constitucionales sobre el
particular, usó la jurisprudencia sobre el tema y sus actuaciones no trasgreden
o amenazan los derechos del accionante.
Citando la Sentencia C-590 de 2005 de esta
Corporación, sobre los requisitos generales de procedencia de la acción contra
providencias judiciales, señaló que la tutela no cumple a cabalidad con los
requisitos exigidos por la Corte para que sea alterada la decisión adoptada por
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Solicitó que se declare la improcedencia de
la acción por cuanto no se ha materializado ninguna vía de hecho o vulneración
de derechos fundamentales.
Se anexó el Certificado de nómina del
pensionado.
Pese a ser notificados, ni la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá[12] ni la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado[13], dieron respuesta al
requerimiento de la Corte Suprema.
4. Decisión de primera instancia[14]
La Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia dictó sentencia el 18 de julio de 2017.
Luego de referirse al trámite procesal,
indicó que escuchados los audios correspondientes a las sentencias proferidas
dentro del proceso ordinario laboral, se hacía necesario resaltar que el
fundamento del Tribunal Superior de Bogotá para revocar la sentencia emitida
por el juzgado laboral que condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a favor
de Luis Hernando Rodríguez el incremento del 14% por cónyuge a cargo a partir
del 9 de abril de 2012 hasta el 21 de febrero de 2017, y los que se causaran
con posterioridad, debidamente indexados al momento del pago, fue precisamente
hallar probada la excepción de prescripción.
Sobre tal excepción indicó, citando la
decisión censurada, que el demandante fue pensionado por el ISS el 28 de abril
de 2006 y luego de transcurridos nueve años, elevó petición ante Colpensiones
el 9 de abril de 2015, en procura del incremento del 14% por cónyuge a cargo,
por lo que entre la fecha de tal reconocimiento pensional y la fecha de la
reclamación transcurrió un tiempo superior a los tres años de que tratan los
artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del
Trabajo, razón por la cual los incrementos pensionales por persona a cargo
quedan afectados por el fenómeno de la prescripción.
Bajo esa consideración, encontró que las
providencias censuradas son el resultado de una labor hermenéutica propia de
las autoridades judiciales que las profirieron, en la medida en que actuaron
bajo criterios mínimos de razonabilidad a la luz de lo que arroja no solo la
situación fáctica planteada al interior del proceso, sino las normas legales y
jurisprudenciales aplicables al tema debatido, lo cual significa que no pueden
ser catalogadas de absurdas o manifiestamente ilegales, único evento en que
procede la intervención del juez constitucional para proteger derechos
fundamentales que estén siendo vulnerados en un determinado asunto judicial.
En lo atinente a la petición de que se
aplique el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-369 de 2015, indicó que las providencias proferidas por esta
Corporación en sede de revisión, dentro de una acción de tutela, tienen efectos
en el caso concreto respecto a las partes involucradas en el trámite, es decir,
inter partes, lo que no supone que las reglas que en ellas se definen,
se apliquen irrestrictamente a terceros que no acudieron al proceso.
Con tales razones, negó el amparo
solicitado.
5. Impugnación[15]
El accionante con escrito del 4 de agosto
de 2017 impugnó la decisión, señalando que la negativa dispuesta desconoció los
precedentes jurisprudenciales de las Sentencias T-369 de 2015 de la Corte
Constitucional, y STP 89543 del 2 de junio de 2016 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y STP 2502 del 23 de febrero de 2017
de la Sala Segunda de Decisión de esa misma Corporación, en las que se recoge
el criterio planteado en la Sentencia CSJ SL del 15 de julio de 2003, para
postular que la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por
inclusión de factores salariales no está sujeta a las reglas de la
prescripción.
Señaló que la providencia de instancia solo
hizo referencia al precedente de la Sentencia T-369 de 2015, olvidando también
indicar la razón por la cual se apartaba de la regla de decisión de la Corte
Constitucional, cuando se trata de un problema jurídico semejante.
Solicitó que el fallo fuera revocado,
concediéndose en consecuencia la protección de sus derechos.
6. Decisión de segunda instancia[16]
El asunto fue remitido en Auto del 8 de
agosto de 2017 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[17],
que en providencia del 6 de septiembre de 2017 confirmó la sentencia impugnada.
En el inicio de las consideraciones, la
Sala de Casación Penal empezó por recordar la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, señalando que tal amparo es
excepcionalísimo, bajo la idea de no afectar la seguridad jurídica y respetar la
autonomía judicial garantizada en la Carta Política.
Luego de citar los requisitos de
procedibilidad generales y específicos, señaló que en el proceso ordinario
laboral se agotaron los recursos de ley y el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Bogotá resulta razonable y ajustado a los parámetros legales y
constitucionales.
Encontró que los argumentos expuestos para
la revocatoria son coherentes y están conformes con el material probatorio
aportado, lo cual permitió determinar que no resultaba procedente conceder las
pretensiones del accionante, de modo que no era oportuno otorgar tal incremento
cuando ya había prescrito su derecho, es decir, cuando ya habían transcurrido
más de tres años desde que la obligación se hizo exigible, según los artículos
151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
Refirió que no es suficiente que el actor
plantee de manera aislada la existencia de un precedente jurisprudencial para
que prospere el amparo, pues debido a la autonomía judicial y al amplio margen
de apreciación con que cuenta el juez, es imprescindible que formule una carga
argumentativa suficiente.
Aclaró, finalmente, que el Tribunal
accionado decidió acoger la tesis que sobre la prescripción del incremento
pensional ha reiterado la Sala de Casación Laboral, según la cual, la mesada
pensional prescribe si no se reclama dentro de los tres años siguientes a su
exigibilidad, de donde se evidencia que esa Colegiatura aplicó el precedente de
la máxima autoridad en materia laboral, por lo que no podría calificarse su
actuación como una auténtica causal de procedibilidad que habilite la
intervención del juez de tutela.
7. Pruebas
documentales obrantes en el expediente
7.1 Copia de la Resolución Nro. 016278 del
31 de julio de 2006 emitida por el ISS, por la que se reconoce pensión por
vejez al señor Luis Hernando Rodríguez[18].
7.2 Formato de reliquidación de prestaciones económicas y petición ante Colpensiones de fecha 9 de abril de 2015, con fotocopia
de su cédula de ciudadanía[19].
7.3 Resolución Nro. GNR 232620 del 31 de
julio de 2015 expedida por Colpensiones, por medio de la que niega la
reliquidación de la pensión de vejez y formato de notificación[20].
7.4 Partida de matrimonio entre Luis
Hernando Rodríguez y Rosa Elvira Mora González, celebrado el 19 de agosto de
1967, así como petición ante el Notario Único de Guatavita para recepcionar
testimonio a dos testigos (Luis Antonio Delgadillo Castro y Emigdio Eliseo León
Rojas) de la unión de la pareja y de la dependencia de la compañera del
pensionado, así como actas juramentadas de las declaraciones extrajuicio de
ambos, estas últimas del 1º de abril de 2015[21].
7.5. Dos cd’s con las grabaciones de las
audiencias en las que se profirieron las sentencias de primera y segunda
instancia dentro del proceso laboral de Luis Hernando Rodríguez contra
Colpensiones[22].
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para analizar los fallos
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de
1991.
2. Problema jurídico
Le corresponde a esta Sala de Revisión
establecer si en el presente asunto la acción de tutela contra las decisiones
judiciales impugnadas es procedente. En caso afirmativo, debe determinar si se
vulneraron los derechos al debido proceso, a la favorabilidad en materia
laboral y a la igualdad del señor Luis Hernando Rodríguez, al haber declarado prescrito el
derecho al reconocimiento y pago del incremento del 14 % de la mesada pensional
por cónyuge a cargo. En relación con la posible vulneración del debido proceso,
la Sala se verificará si procede la tutela contra providencias judiciales,
abordando los requisitos generales de procedencia así como dos específicos de
procedibilidad, como la violación directa de la Constitución y del precedente
constitucional aducidas por el accionante.
Para resolver esta
cuestión y teniendo en cuenta que las pretensiones se orientan a la revocatoria
de las sentencias proferidas por los despachos judiciales accionados, la Corte
abordará los siguientes asuntos: en primer lugar, (i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii)
el desconocimiento del precedente constitucional como causal de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (iii)
la violación directa de la Constitución, (iv) la imprescriptibilidad en
materia pensional, (v) la imprescriptibilidad de los incrementos
pensionales por personas a cargo, (vi) la existencia de sentencia de
unificación, (vii) el principio de favorabilidad en materia laboral y (viii)
el caso concreto.
3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte ha seguido una línea donde ha
dejado en claro que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es excepcional, y en tal sentido, desde sus inicios desarrolló la
teoría de las vías de hecho[23]
para explicar en qué casos el amparo se podía invocar contra una decisión
judicial; empero, con la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
superó dicho concepto para dar paso a la doctrina de supuestos o causales de
procedibilidad.
Así, entre otras, en la Sentencia SU-195 de
2012, esta Corte reiteró la doctrina establecida en la sentencia de 2005, en el
sentido de condicionar la procedencia de la acción de tutela contra
providencias al cumplimiento de ciertos y rigurosos requisitos de
procedibilidad, agrupados en: (i) requisitos generales de procedencia; y (ii)
causales específicas de procedibilidad.
Los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se
pueden resumir de la siguiente manera: (i) que la cuestión sea de relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial
al alcance del actor, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es
decir, que la acción de tutela se interponga en un tiempo razonable y
proporcionado a la ocurrencia del hecho generador de la vulneración; (iv) que
se identifiquen razonablemente los hechos que generaron la vulneración de
derechos fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido
alegados en el proceso judicial; (v) que no se trate de una tutela contra
tutela; y (vi) que si se trata de una irregularidad procesal, la misma sea
decisiva en la providencia que se impugna en sede de amparo.
Los requisitos específicos de
procedibilidad, aluden a la concurrencia de defectos en el fallo
atacado que, en razón de su gravedad, hacen que este sea incompatible con los
preceptos constitucionales. En resumen, estos defectos son los siguientes:
Defecto orgánico, que ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la
sentencia impugnada carece en forma absoluta de competencia.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido[24].
Defecto fáctico, que se presenta cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión,
o cuando la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada.
Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se
presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión[25].
Error inducido, que sucede cuando el Juez o
Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales[26].
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del
deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.
Desconocimiento del precedente, que se configura cuando por vía judicial se ha fijado el
alcance de un instituto jurídico y el funcionario judicial desconoce la regla
jurisprudencial establecida[27]. Y,
Violación directa de la Constitución, que se estructura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce de forma específica, postulados de la Carta Política.
En suma, la
acción de tutela tendiente a amparar derechos fundamentales presuntamente
violados, procede de manera excepcional contra providencias judiciales en
aquellos eventos donde concurran las causales genéricas y siquiera una de las
específicas de procedibilidad.
4. Desconocimiento
del precedente constitucional como causal de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte ha
argumentado que el precedente judicial es entendido como, “la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[28].
Es, por
tanto, un instrumento que se apoya en fallos anteriores, los cuales recogen
elementos similares a los del caso a resolver. Su fuente constitucional se
encuentra en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución, al establecer que
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado son los tribunales de
cierre de su respectiva jurisdicción y la Corte Constitucional es el órgano
encargado de salvaguardar la integridad y supremacía de la Carta de 1991.
De este
modo, las altas cortes, como órganos de cierre y encargados de garantizar la
seguridad jurídica, la igualdad y buena fe, tienen la función de unificar la
jurisprudencia al interior de su jurisdicción[29]..
La relevancia o pertinencia que pueda tener la
sentencia o el grupo de sentencias para la solución de un caso nuevo, la
determina la autoridad judicial a partir de la verificación de los siguientes
aspectos: (i) su ratio decidendi contiene una regla relacionada con el
caso posterior; (ii) esta ratio debió servir de base para
resolver un problema jurídico análogo al que se estudia en el caso posterior;
(iii) los hechos del caso o las normas juzgadas deben ser semejantes o plantean
un punto de derecho similar al que debe resolverse en el caso posterior[30].
Respecto del
precedente que establece esta Corporación, tiene un carácter preponderante en
razón a las funciones que la Constitución le asignó a dicha institución. De
acuerdo con el artículo 241 superior, este Tribunal es el garante e intérprete
autorizado de la Carta, por lo que las decisiones en las que determina el
alcance y contenido de disposiciones allí contenidas, se tornan obligatorias en
su parte resolutiva y en su ratio decidendi[31].
El fundamento
normativo de la obligatoriedad de las decisiones que adopta esta Corte depende
de la naturaleza del asunto sobre el que se pronuncie, a saber: (i) acciones
públicas de inconstitucionalidad[32] y; (ii) acciones de tutela.
En lo que atañe a
las acciones de tutela, se encuentra que en un Estado Social de Derecho se debe
respetar la razón de la decisión (ratio decidendi) de los fallos de
tutela, y esto implica por lo menos: “(i) asegurar la igual aplicación de
las normas jurídicas; (ii) una exigencia del principio de confianza legítima
que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones
imprevistas; (iii) garantizar el carácter normativo de la Constitución y de la
efectividad de los derechos fundamentales; y (iv) promover la unidad y
coherencia del ordenamiento jurídico”[33].
Por estas razones
como lo ha señalado la doctrina de la Corte, cuando un juez de cualquier
jurisdicción, inaplica o desatiende injustificadamente la ratio decidendi de
una sentencia o conjunto de sentencias de tutela “relevantes” para la
solución de un caso (precedente), incurre en una causal específica de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, denominada “defecto
por desconocimiento del precedente constitucional”.
Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que esta causal o defecto se
presenta, específicamente, cuando:
“(i) se aplican disposiciones legales que han
sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la
que debe acogerse a la luz del texto superior, (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales
fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela”[34].
En síntesis, la
supremacía del precedente constitucional, derivada de la Constitución y
reconocida por la jurisprudencia de esta Corporación, impone a los operadores
jurídicos el deber de acatar la ratio decidendi de una sentencia de
constitucionalidad, o de una o varias de tutela, al momento de resolver un
caso, que tenga un problema jurídico semejante a tratar, y unos supuestos fácticos y aspectos
normativos análogos.
De acuerdo
con la autoridad que emitió la providencia que sirve como antecedente, el
precedente se ha clasificado en horizontal y vertical. El primero, hace
referencia a las decisiones proferidas por funcionarios de igual jerarquía o,
incluso, por el mismo servidor judicial, puesto que, “todo juez debe ser
consistente con sus decisiones, de manera que casos con supuestos fácticos
similares sean resueltos bajo las mismas fórmulas de juicio”[35].
Según la
jurisprudencia de esta Corte, el precedente horizontal tiene fuerza vinculante,
no solo en atención a los principios de buena fe, confianza legítima y
seguridad jurídica, sino al derecho de igualdad que rige el ordenamiento jurídico:
“Esta Corporación en múltiples oportunidades ha estudiado el tema
concluyendo que, en efecto, los jueces tienen la obligación constitucional de
respetar sus propias decisiones[36]. De
acuerdo con la jurisprudencia Constitucional, el precedente horizontal también
tiene fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual se
explica al menos por cuatro razones: (i) en virtud del principio de igualdad en
la aplicación de la Ley, que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales deben ser ‘razonablemente previsibles’; (iii) en
atención a los principios de buena fe y confianza legítima, que demandan
respetar las expectativas generadas a la comunidad; y finalmente, (iv) por
razones de ‘disciplina judicial’, en la medida en que es necesario un mínimo de
coherencia en el sistema judicial”[37].
El
precedente vertical es aquel que proviene de la autoridad encargada de unificar
la jurisprudencia. En ese sentido, la autonomía judicial del juez de inferior
jerarquía se limita, en tanto debe respetar la postura de su superior, bien sea
de las altas cortes o de los tribunales en los eventos donde los asuntos no son
revisables por aquellas.
En
conclusión, si el funcionario judicial omite su propio precedente o el vertido
por su superior funcional sin justificarlo de manera razonada, viola los
derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso de los asociados y se
constituye en un defecto susceptible de ser corregido por el juez de tutela.
5.
Violación directa de la Constitución
El artículo
4º de la Carta Política expresamente señala que: “la Constitución es norma
de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley  u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. En
ese orden de ideas, la Constitución es la de mayor rango en el ordenamiento
jurídico y, de acuerdo con ella, se establece la eficacia de las demás normas
que componen la estructura legal del país.
De acuerdo
con ello, el sistema jurídico actual reconoce valor normativo a las
disposiciones fundamentales contenidas en la Constitución, de manera que su
aplicación puede hacerse de manera directa por las diferentes autoridades y los
particulares, en determinados casos[38].
La violación directa de la Constitución
guarda estrecha relación con los defectos sustantivo, procedimental por exceso
ritual manifiesto y por desconocimiento del precedente, pero la jurisprudencia[39]
lo ha reconocido como una causal autónoma por la fuerza vinculante y valor
normativo de la Constitución[40].
La sentencia SU-336 de 2017 se refirió a
esta causal advirtiendo que, “encuentra cimiento en el actual modelo de
ordenamiento constitucional que reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares[41]. Es por
esa razón que resulta factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a
través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados[42]”.
Conforme a la jurisprudencia, se presenta
esta causal cuando el juez expide una providencia que desconoce la Constitución
al no aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, o al
dar aplicación preferente a las normas legales sobre la norma superior.[43]
Asimismo, la Corte[44] ha sostenido que para
que se configure este defecto basta con evidenciar “decisiones ilegítimas
que vulneren derechos fundamentales”.[45]
Este Tribunal ha sistematizado los eventos
en los cuales se presenta el defecto por violación directa de la Carta, así: “i)
en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional[46];
(ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata; (iii) los jueces, con sus fallos, vulneran
derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución[47];
y (iv) el juez encuentra una norma incompatible con la Constitución, y no
aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
(excepción de inconstitucionalidad)[48]”.
Cuando el
funcionario judicial omite la aplicación, lo hace de manera indebida o sin
razón alguna los principios de la Constitución, su decisión puede cuestionarse
por vía de la acción de tutela. Así lo ha dispuesto esta Corporación, al
estimar que se viola de manera directa la Carta cuando se deja de lado una
norma ius fundamental aplicable al caso en análisis o en aquellos donde
no se reconoce la excepción de inconstitucionalidad.
En suma, hay violación directa de la norma
superior cuando el fallador emite una providencia judicial que desconoce, de
forma específica, los postulados de la Constitución, contrariando su supremacía
y eficacia directa.
6.
Imprescriptibilidad en materia pensional
Este
Tribunal ha señalado que si bien los funcionarios judiciales gozan de autonomía
en la expedición de sus providencias, lo cierto es que se encuentran limitados
por el principio de igualdad, ya que los jueces tienen la obligación de aplicar
a casos similares, las interpretaciones y razonamientos realizados por los
órganos límites de la jurisdicción[49].
Sobre las
razones que justifican tal obligación, esta Corte señaló:
“En este
contexto, la jurisprudencia sostiene que el respeto por las decisiones
proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos
de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso
administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del
funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento. A esta
conclusión se ha llegado en consideración con, al menos, cinco razones: i) el
principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a
algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la
misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el
principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas
seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es
cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable
sobre la decisión; iii) la autonomía judicial no puede desconocer la naturaleza
reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos
dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; iv) los principios
de buena fe y confianza legítima imponen a la administración un grado de
seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas
con protección jurídica; y iv) por razones de racionalidad del sistema
jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior. De hecho,
como lo advirtió la Corte, ‘el respeto al precedente es al derecho lo que el
principio de universalización y el imperativo categórico son a la ética, puesto
que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir
en otro supuesto diferente que presente caracteres análogos’”[50].
Ahora, los
artículos 48 y 53 superiores prevén que los derechos pensionales son
irrenunciables y que su pago debe ser oportuno. Con fundamento en esas normas,
esta Corte ha precisado, tanto en sentencias de control abstracto como de
control concreto, que se trata de derechos imprescriptibles. En sentencia C-230
de 1998, indicó:
“(...) No todo
derecho de naturaleza laboral se extingue con el transcurso del tiempo. Como
ocurre en el específico evento de las pensiones, tan pronto una persona reúne
los requisitos establecidos en el ordenamiento legal para obtener el mencionado
‘status’ de pensionado, el derecho adquirido no puede ser desconocido, y se
enmarca dentro de la categoría de los derechos que no prescriben en relación
con su reconocimiento; de manera que, sólo el fallecimiento de la persona hace
viable la terminación del mismo, salvo cuando haya lugar a la sustitución
pensional establecida en la ley o en las normas convencionales sobre la
materia, para los beneficiarios de dicho derecho.
Para la
Corte el derecho a solicitar la pensión de jubilación es imprescriptible, con
sujeción a los mandatos constitucionales consagrados en la Carta Política de
1991; basta con recordar el artículo 48
constitucional que garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social y
el 53 que obliga al pago oportuno de las pensiones. (negrilla fuera de texto).
Lo anterior,
dada la naturaleza de la prestación económica y social de la cual se trata,
según la cual, ‘(...) el derecho a pensión de jubilación o vejez, en los términos
definidos por la ley, constituye un derecho de aplicación inmediata en aquellos
eventos en los cuales está destinado a suplir el mínimo vital básico de las
personas de la tercera edad. Lo anterior, no sólo por su estrecha relación con
el derecho al trabajo, sino porque en tratándose de personas cuya edad hace
incierta una virtual vinculación laboral, su transgresión compromete la
dignidad de su titular como quiera que depende de la pensión para satisfacer
sus necesidades básicas”.
Así las cosas, la pensión de jubilación, vejez e invalidez, entre
otras, no admite una prescripción extintiva del derecho en sí mismo como
cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente contra el
principio de seguridad jurídica; por el contrario, constituye un pleno
desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la
solidaridad que debe regir en la sociedad, la protección y asistencia especial
a las personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida digna,
así como el derecho irrenunciable a la  seguridad  social  (C.P., arts. 1, 46 y
48), determinando  a su vez una realización efectiva del valor fundante que
impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un Estado
social de derecho”.
Posteriormente,
en la sentencia C-624 de 2003 mantuvo esa posición, al considerar:
“Precisamente, esta Corporación ha determinado que el
reconocimiento de las pensiones es un derecho
imprescriptible,
en atención a los mandatos constitucionales que expresamente disponen que dicho
derecho es irrenunciable (art. 48 C.P) y que, a su vez, obligan a su pago
oportuno (art. 53 C.P) (Negrilla del texto).
Para la Corte la naturaleza no
extintiva de dicho derecho, constituye un pleno desarrollo de los principios y
valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la
sociedad y, además, propende por la protección y asistencia especial a las
personas de la tercera edad, con la finalidad de asegurar el mantenimiento de
unas condiciones de vida dignas (arts. 1°, 46 y 48 C.P)”.
Asimismo,
en diversas sentencias de control concreto, se ha destacado la característica
de imprescriptibilidad del derecho a la pensión e incluso se distingue entre el
reconocimiento de este y la prescripción del cobro de las mesadas. En efecto,
en torno a la expiración de su reclamo, se ha determinado que es un derecho
imprescriptible, mientras que el cobro de las mesadas dejadas de pagar, sí
prescriben[51], ejemplo de ello es la
sentencia T-485 de 2011, en la que se señaló:
“Para la
Corte, el carácter imprescriptible del derecho a la pensión se deriva
directamente de principios y valores constitucionales que garantizan la
solidaridad que debe regir la sociedad, y además, se constituye en un
instrumento para garantizar la especial protección que el Estado debe a las
personas de la tercera edad, con el propósito de asegurar el mantenimiento de
unas condiciones de vida digna.
Debe la Corte
precisar, que la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho
considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que
él implica y que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la
regla general de prescripción de las acreencias laborales de 3 años, prevista
en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social”.
Esta
postura fue reiterada en la sentencia T-456 de 2013 donde se protegió el
derecho de un pensionado al cual se le negó la reliquidación de la pensión, al
estimarse configurada la excepción de prescripción de la prestación porque
habían transcurrido más de tres años. En dicho fallo la Corte destacó el yerro
en que incurrió el Seguro Social y las autoridades judiciales, por lo que dejó
sin efectos las decisiones judiciales al haber desconocido la jurisprudencia
constitucional fijada por esta Corporación, según la cual:
“(…) en
aplicación de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e
imprescriptibilidad que se predica de todos los derechos de la seguridad
social, las personas a quienes se les ha reconocido una pensión tienen derecho
a que dicha prestación les sea adecuadamente liquidada según el régimen legal
que les sea aplicable.
Por ello, de
reunir el pensionado los requisitos establecidos legalmente para obtener el
derecho a la pensión conforme a un régimen en particular, ésta situación
concreta no puede ser desconocida, pues ajustada su situación al marco
establecido por la ley se ‘configura un auténtico derecho subjetivo exigible y
justiciable.’[52]
En este supuesto, si la liquidación pensional realizada por la entidad
encargada se hace de manera incorrecta, el titular de ese derecho subjetivo
está facultado para reclamar tal derecho en cualquier tiempo, puesto que los
derechos adquiridos, en tanto derechos irrenunciables e imprescriptibles no
pueden ser desconocidos por simples decisiones de las entidades responsables de
reconocer y administrar las pensiones”.
En síntesis
se tiene que este Tribunal ha sostenido que las mesadas dejadas de pagar y no
cobradas prescriben en los términos establecidos por la ley, pero cuando se
trata del reconocimiento del derecho como tal, este no prescribe.
7.
Imprescriptibilidad del reconocimiento de los incrementos pensionales por
personas a cargo
Los
incrementos pensionales por personas a cargo surgieron antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, mediante el Acuerdo 049 de 1990, que
posteriormente fue aprobado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 758
del mismo año. En los artículos 21 y 22 se establecieron los requisitos y la
naturaleza de los aumentos en los siguientes términos:
“Art. 21. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se
incrementaran así: a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima
legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18)
años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de
cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y, b)
En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o
compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no
disfrute de una pensión.
Art. 22. Naturaleza de los incrementos pensionales. Los incrementos
de que trata el artículo anterior no forman parte integrante de la pensión de
invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho
a ellos subsiste mientras perduren las causas
que les dieron origen. El Director General del ISS establecerá los mecanismos
necesarios para su control”.
Sobre la
vigencia de tales artículos, esta Corte se ha pronunciado en varias
oportunidades[53] y en la
sentencia T-395 de 2016, analizó la jurisprudencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y concluyó que:
“los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 están
vigentes y son aplicables para aquellas pensiones reconocidas en virtud de la
reglamentación contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta que:
(i) existe en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia una
interpretación unánime sobre la vigencia de los artículos 21 y 22 del Acuerdo
049 de 1990, interpretación sustentada, entre otras cosas, en la disposición
constitucional que contempla la favorabilidad laboral, y la inescindibilidad que comportan las reglas laborales; (ii) la
vigencia de las normas no fue objeto de debate en las instancias del proceso
laboral ni en el proceso de tutela; y (iii) en los pronunciamientos de la Corte
Constitucional respecto de la prescripción del incremento pensional no se ha
contemplado la derogatoria de las normas pertinentes para el asunto, acogiendo
implícitamente la tesis de la Corte Suprema de Justicia”.
En el
capítulo siguiente, se especificará que enfrente de las dos posiciones que
había planteado la Corte sobre este tema, unificó su jurisprudencia en mayo del
año 2017.
Ello fue
necesario porque en relación con la imprescriptibilidad
de los incrementos pensionales reconocidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, la doctrina de esta Corporación no había sido pacífica, desarrollando así
dos líneas jurisprudenciales diferentes en torno a este punto específico.
De acuerdo
con la primera de tales líneas, planteada en la Sentencia T-217 de 2013, que
abordó el tema inicialmente, en virtud del principio de
imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, los incrementos que por
ley se desprenden de la pensión, son imprescriptibles. Así se señaló en las
sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 y T-369 de 2015, y T-395 y T-460
de 2016.
En relación
con la segunda de las líneas, propuesta en la sentencia T-791 de 2013, emitida
inmediatamente después de la T-271 de ese año, debe aplicarse el precedente
sentado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el
cual, los incrementos pensionales no hacen parte integrante de la pensión de
invalidez o de vejez, por lo que no gozan de sus atributos, entre esos, la
imprescriptibilidad. Así se definió en las sentencias T-791 de 2013, T-748 de
2014, T-123 y T-541 de 2015 y T-038 de 2016, y ha sido la jurisprudencia
pacífica de la Corte.
8. La
existencia de sentencia de unificación sobre la imprescriptibilidad del
incremento pensional
Como se
refirió, la primera respuesta jurisprudencial que dio la Corte al tema que hoy
se debate, se encuentra en las sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 y
T-369 de 2015, y T-395 y T-460 de 2016. Como se estableció, se consideró que en
virtud del principio de imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social,
los incrementos que por ley se desprenden de la pensión son imprescriptibles,
salvo las mesadas no reclamadas en tiempo conforme a la regla general de
prescripción de las acreencias laborales contenida en el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo.
Por otra parte, en las
sentencias T-791 de 2013, T-748 de 2014, T-123 y T-541 de 2015, y T-038 de 2016
se indicó que, conforme al precedente jurisprudencial sentado por la Corte
Suprema de Justicia, si bien los incrementos pensionales nacen del
reconocimiento de la prestación, estos no forman parte integrante de ella ni
del estado jurídico de la persona pensionada, por lo que no gozan del atributo
de la imprescriptibilidad.
Ha de clarificarse que si
bien ambas posiciones resultan admisibles, la postura de la Corte ha sido la de
dar prioridad a aquella interpretación que vaya en favor del trabajador, esto
es, dejando a un lado entre dos o más entendimientos posibles, aquel
que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica, y prevaleciendo la que lo beneficie
en mejor forma y de manera más amplia.
Con todo, frente a la
contrariedad de tales criterios, cuando se acumularon once acciones de tutela para Revisión, de entre las
cuales nueve fueron instauradas contra providencias judiciales y dos contra la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por la negativa a
reconocer y pagar a favor de los accionantes los incrementos pensionales por
persona a cargo, con fundamento en la prescripción del derecho, la Sala Plena
abordó de fondo el asunto, luego de pasar el examen de procedencia, y emitió la
sentencia SU-310 del 10 de mayo de 2017, a través de la cual unificó su
criterio.
En dicha ocasión la
Corporación en pleno encontró que la interpretación que resulta más favorable a los intereses de los
trabajadores pensionados es aquella según la cual los incrementos pensionales
de que trata el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 no prescriben con el paso
del tiempo. Halló que esa era la respuesta más acorde con el orden
constitucional vigente, toda vez que:
(i) encuadra en el marco de la disposición
normativa contenida en el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, al reconocer que
al subsistir el derecho al incremento perduran las causas que le dieron origen,
además que corresponde con la interpretación autorizada por las normas
constitucionales, ya que es respetuosa del principio de in dubio pro
operario; (ii) fue la
primera respuesta que se dio al problema jurídico y es la que más se había
reiterado; (iii) era la postura que más había justificado porque
constitucionalmente es preferible asumir la primera y no la segunda opción; y (iv)
esa respuesta, al basarse en los principios de imprescriptibilidad de los
derechos pensionales y favorabilidad en materia laboral, era la respuesta que
mejor y con mayor suficiencia estaba motivada a la luz de los principios del
orden constitucional vigente.
Encontró como razón adicional,
que es deber de las
autoridades judiciales y administrativas cumplir con el deber de protección a
sujetos de especial protección y en condiciones de debilidad física o económica
(art. 13, C. Pol.) así como con el deber de solidaridad (art. 1°, 48 y 95.2 de
la C. Pol.) frente a los familiares de los accionantes que podrían verse
beneficiados por el reconocimiento de los incrementos pensionales, amén de que
en su mayoría, además de las condiciones económicas precarias, serían personas
de especial protección constitucional en razón a su edad o situación de
discapacidad.
Bajo tales
consideraciones, se estableció que solo las
mesadas pensionales no reclamadas con anterioridad a los tres años de
solicitadas, están sometidas a la prescripción contenida en los artículos 488
del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, lo que no sucede con el derecho a la pensión y a los
incrementos que por ley se desprendan de la misma.
9.
Principio de favorabilidad en materia laboral (in dubio pro operario)
El artículo 53 de la Constitución establece
las garantías básicas que deben regir las relaciones laborales. Allí se instituyeron
los principios de igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil,
estabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios, primacía de la realidad sobre
las formas y “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, entre
otros.
Respecto al postulado de la situación más
favorable, la Corte ha indicado que el mismo se garantiza a través de dos
principios que se relacionan entre sí, esto es, los de (i) favorabilidad en estricto
sentido e (ii) in dubio pro operario, además del criterio de la
condición más beneficiosa al trabajador o beneficiario de la seguridad social
que propende por la salvaguarda de las expectativas legítimas[54].
La aplicación del principio de
favorabilidad se hace exigible cuando, de cara a dos o más normas vigentes para
la época en que se causó el derecho, surge para el funcionario judicial la
obligación de elegir una de ellas por adecuarse al caso concreto. En esas
circunstancias, se debe optar por la disposición que permita mejores beneficios
al operario del sistema, bajo la condición de que se respete el principio de “inescindibilidad”[55],
desarrollado con fundamento en los artículos 20[56]
y 21[57] del Código Sustantivo
del Trabajo. No obstante, esta Corte ha señalado que este postulado no es
absoluto, en tanto admite limitaciones, de acuerdo al caso y atendiendo
criterios de razonabilidad y proporcionalidad[58].
El segundo postulado, in dubio pro
operario, se presenta cuando una norma admite diversas interpretaciones lógicas
o razonables, de las cuales el funcionario judicial debe optar por la que más
beneficie al trabajador.
A pesar de la diferencia entre aquellos
términos, en la sentencia T-290 de 2005 esta Corte afirmó que: “la
favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas
de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también
cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones”. De
acuerdo con ello, la favorabilidad se orienta a dirimir la controversia que se
presenta en la aplicación de dos normas o cuando el mandato admite diversas
interpretaciones.
La condición más beneficiosa se presenta
cuando hay tránsito legislativo, y en ese sentido se debe escoger entre una
norma derogada y otra vigente. Como se dijo anteriormente, propende por la
salvaguarda de las expectativas legítimas, que es aquella que, “otorga a sus
beneficiarios una particular protección frente a cambios normativos que
menoscaban las fundadas aspiraciones de quienes están próximos a reunir los
requisitos de reconocimiento de un derecho subjetivo”[59].
Esta Corporación determinó que una de las
herramientas encaminadas a proteger las expectativas legítimas son los
regímenes de transición, ya que no “resulta constitucionalmente admisible
que una persona que ha desplegado un importante esfuerzo en la consecución de
un derecho y se encuentra próxima a acceder a él, vea afectada su posición de
forma abrupta o desproporcionada”[60].
El principio de favorabilidad laboral, no
solo se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta, sino también en  el
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que obliga al funcionario
judicial a optar por la posición más benigna para el servidor:
“(…) so pretexto de interpretar
el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador jurídico
desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la
Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los
principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de
trato y favorabilidad. En este sentido, puede afirmarse que el Estatuto
Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los
trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos
por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de
la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la
ley”[61].
En la sentencia T-001 de 1999, ya este Tribunal había señalado que
la regla general
“que rechaza como improcedente la tutela
cuando se trata de controvertir interpretaciones judiciales acogidas por el
juez en detrimento de otras igualmente válidas, admite, por expreso mandato
constitucional, la excepción que surge del artículo 53 de la Constitución”.
Ello en atención a que la citada norma consagra “derechos mínimos de los
trabajadores, es decir, derechos inalienables, que no pueden disminuirse,
renunciarse, ni es factible transigir sobre ellos; que se imponen inclusive al
legislador y desde luego a los jueces y a los funcionarios administrativos.
Entre tales derechos se
encuentra el que surge de la aplicación del principio de favorabilidad, que la
Constitución entiende como ‘situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho’” (Negrillas fuera de
texto).
Así las cosas, se ha precisado la necesidad
de dos elementos: “(i) la duda seria y objetiva ante
la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la
razonabilidad argumentativa y solidez jurídica de una u otra interpretación; y,
(ii) la efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso
concreto, es decir, que sean aplicables a los supuestos fácticos concretos de
las disposiciones normativas en conflicto”[62].
En concordancia con este principio se
encuentra el de interpretación pro homine, según el cual, “las normas
han de ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los
derechos de los individuos, en procura de que los preceptos legales se
conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las
garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor
calidad de vida de las personas”[63].
Se trata de un criterio de interpretación
cimentado en los artículos 1 y 2 de la Constitución, es decir, en la dignidad
humana y la necesidad de tener como objetivo el garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes contenidos en la
Carta; por lo tanto, el servidor judicial tiene la obligación de preferir,
cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más
favorezca la dignidad humana, obligación denominada por la doctrina y la
jurisprudencia, “principio de interpretación pro homine” o “pro
persona”[64].
Igualmente,
halla su fundamento en el artículo 5º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que señala que, “1. Ninguna disposición del presente
Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un
Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades
reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en
él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de
leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente
Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”. De igual manera, se
funda en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
donde se ha dispuesto que las normas allí estipuladas no pueden ser
interpretadas en el sentido de:
“a) permitir a
alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de
los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor
medida que la prevista en ella;
b)
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c)
excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d)
excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma
naturaleza”.
En la
SU-310 de 2017, esta Corporación reiteró que en virtud del mandato
constitucional del in dubio pro operario, la interpretación más
favorable a los intereses de los pensionados, es aquella según la cual los
incrementos pensionales de que tratan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de
1990, no prescriben con el paso del tiempo, aclarándose que las mesadas
causadas y no reclamadas oportunamente, sí prescriben conforme a la regla
general de prescripción de las acreencias laborales contenidas en el artículo
488 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por tanto, existiendo dos interpretaciones
sobre la misma norma laboral, el funcionario judicial debe aplicar la que mejor
exprese la Constitución, lo cual se desprende de los principios de
favorabilidad y pro homine, porque de no hacerlo, se viola de manera
directa la Constitución.
Y precisamente son los mandatos
constitucionales en un Estado Social de Derecho, los que ponen de presente las
cláusulas de protección radicadas en cabeza de los ciudadanos y que han de
propender por el cumplimiento de los mandatos contenidos en la Carta Política,
y que implican las siguientes obligaciones constitucionales[65]:
(i) el compromiso por la defensa de los
principios y derechos fundamentales y el acatamiento de los principios rectores
de la actividad estatal; (ii) el dirigido a promover la igualdad real y
efectiva mediante la adopción de medidas en favor de los grupos marginados o
discriminados; (iii) la protección especial a las personas que por su condición
social, económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta; (iv) la necesidad de adopción, por parte del Congreso, de medidas
legislativas que permitan la construcción de un orden político, económico y
social justo; (v) la garantía de los derechos que permitan el disfrute de
condiciones básicas para mantener o mejorar la calidad de vida de las personas
de manera digna; (vi) la promoción y defensa del pluralismo y de la diversidad
étnica y cultural de la nación; (vii) el respeto por los principios fundantes
de la solidaridad y la dignidad humana; (viii) el interés superior en la
protección del medio ambiente; (ix) la prevalencia del interés general; y (x) la
priorización sobre cualquier otra asignación al gasto público social para la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento
básico y agua potable, entre otras, en los planes y presupuestos de la nación y
de las entidades territoriales.
Esa fórmula del Estado social de derecho
exige así que los órganos estatales construyan y articulen una realidad
institucional -fundada en una íntima relación de colaboración entre la esfera
estatal y la social- que responda a los principios fundamentales de una
organización social justa que permita dar solución a las necesidades básicas
insatisfechas que deben ser atendidas de manera prioritaria.
Tal tesis se interconecta con el principio
de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales y la
prohibición concomitante de la regresividad de los mismos, consagrado en el
artículo 48 de la Constitución, que señala que, “El Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
seguridad social…”, al igual que se establece en normas de derecho
internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad[66].
Ese carácter progresivo de los derechos, traducido en el
principio de progresividad, propugna por la efectividad de
todos los derechos constitucionales, independientemente de la categoría a la
que pertenezcan y que implica no sólo deberes de abstención, sino también una
cierta actividad prestacional por parte del Estado, necesaria para crear las
condiciones materiales, económicas e institucionales, propicias para su
ejercicio pleno[67].
10. Caso concreto
Tal como se puso de presente en los
antecedentes, la acción de tutela se dirige en contra de dos providencias
judiciales (la del juzgado laboral y la del Tribunal laboral de Bogotá) que no
accedieron íntegramente a las pretensiones del accionante, quien busca que se
le reliquide en un 14% adicional la pensión que por vejez se le reconoció el 28
de abril de 2006 a partir del 1º de mayo de ese año, por cónyuge a cargo, de
modo que se determinará si con base en lo expuesto, procede tutela contra tales
decisiones por la afectación al debido proceso por violar el precedente
judicial y violación directa de la Constitución, a la igualdad y a la
favorabilidad en materia laboral.
De modo entonces que lo que verificará esta
Sala, en primer momento, será establecer si en el caso concreto se agotan las
causales de procedibilidad generales referidas en el acápite pertinente,
mientras que en el estudio de las causales específicas determinará si hubo
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, con base
en lo argumentado previamente y en la solicitud del accionante, para lo que se
comprobará si fue acertado que se decretara la prescripción de las mesadas
pensionales solicitadas por el actor.
10.1 Requisitos generales de procedencia
En lo que atañe a los requisitos de
procedencia general, en el evento que estudia la Sala, comprueba lo siguiente:
(i) Relevancia constitucional
La imprescriptibilidad de los incrementos
pensionales por persona a cargo es un asunto de relevancia constitucional, pues
tiene incidencia en la materialización de los derechos fundamentales del señor
Luis Hernando Rodríguez y de su compañera de vida, la señora Rosa Elvira Mora
González, razón que lo llevó a reclamar ante la administradora de pensiones el
incremento pensional que contribuye a la mejora en sus condiciones habituales.
De igual manera, como lo reseñó la
sentencia SU-310 de 2017, la reclamación se centra en una prestación que incide
en las garantías de orden fundamental de quienes pueden verse beneficiados con
un incremento de la naturaleza del demandado, en tanto se trata de personas de
condición económica precaria, y de especial protección
constitucional en razón a su edad.
Ha de tenerse también en cuenta, a la par con
la sentencia de unificación, que los incrementos pensionales en mención están
encaminados a garantizar una vida digna y el mínimo vital de los integrantes
del núcleo familiar del peticionario.
(ii) Subsidiariedad
En relación con este requisito, se
comprueba que se agotaron los recursos con que contaba el accionante.
En un primer momento, se advierte que
presentó directamente la petición ante Colpensiones, el 9 de abril de 2015[68]
para obtener el reconocimiento del incremento pensional, la que le fue resuelta
el 31 de julio de 2015, con lo que, como lo indicó el actor, “se agotó la
reclamación administrativa a que se contrae el artículo 6º del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social, reformado por el artículo 4º de la Ley 712
de 2001”[69].
Frente a la negativa, el 3 de noviembre de
2015 el accionante inició el proceso ordinario laboral correspondiente, que en
primera instancia se agotó con la audiencia del 21 de febrero de 2017, donde se
accedió parcialmente a sus pretensiones, dado que se obligó a Colpensiones al
reconocimiento y pago del incremento del 14% sobre el salario mínimo legal
mensual vigente por cónyuge a cargo, desde el día 9 de abril del año 2012 hasta
la fecha de la sentencia, y seguir cancelando tal incremento mientras subsistan
las causas que le dieron origen.
En contra de la sentencia dictada en primea
instancia, se interpuso recurso de apelación, que si bien no fue propuesto por
el hoy demandante sino por Colpensiones, permitió que el asunto contara con
segunda instancia y que precisamente la Sala Cuarta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, resolviendo la impugnación y desatando el grado
jurisdiccional de consulta[70], revocara lo dispuesto
por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de la misma ciudad y absolviera a
Colpensiones de las pretensiones invocadas.
Se advierte entonces que se agotaron todos
los recursos con que contaba el actor, pues frente a la actuación de las
autoridades que no reconocieron en la totalidad su solicitud, presentó la
demanda de tutela correspondiente al considerar violentados sus derechos.
(iii) Inmediatez
En lo que atañe a esta
exigencia, esta Corporación ha resaltado
que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela
puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de
caducidad[71]. Sin embargo, la
jurisprudencia ha exigido “una correlación temporal entre la solicitud de
tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”[72].
Lo anterior ocurre porque se trata de un
mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que
requieren de la actuación rápida de los jueces. Por ende, cuando la acción se
presenta mucho tiempo después de la acción u omisión que se alega como
violatoria de derechos, se desvirtúa su carácter apremiante.
En el caso objeto de estudio, se observa que la sentencia de segundo grado fue emitida por el
Tribunal Superior de Bogotá el 15 de marzo de 2017 y la demanda de tutela fue
instaurada en la Oficina de Reparto el 5 de julio de 2017[73],
es decir que entre el fallo definitivo en la justicia ordinaria laboral (con el
que se concluyó el debate) y la interposición de esta acción acaecieron
exactamente tres (3) meses y veinte (20) días.
Como se
infiere de lo expuesto, pasaron un poco más de tres (3) meses desde el momento en que se resolvió el asunto hasta cuando fue
presentado el mecanismo de amparo. Para la Sala es evidente que se satisface el
requisito de inmediatez, considerando el término transcurrido como oportuno,
justo y razonable.
(iv) Identificación de los hechos objeto
de vulneración
En el caso sometido a estudio de la Sala,
el accionante identificó de manera razonable los hechos causantes de la
vulneración, en tanto indicó, en punto de la reclamación administrativa, que,
en principio, cuando en la Resolución del 31 de julio de 2015 Colpensiones le
negó el incremento pensional solicitado, desconoció sus garantías
fundamentales.
De la misma forma señaló que frente a su
reclamación y existiendo dos interpretaciones respecto a la imprescriptibilidad
del incremento pensional, el Juzgado Laboral y el Tribunal de Bogotá
resolvieron escoger la menos favorable, teniendo la obligación de considerar lo
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política sobre el principio de
favorabilidad laboral alegado por su apoderada dentro del proceso respectivo.
Reseñó cómo el Juzgado Doce Laboral del
Circuito de Bogotá no le reconoció totalmente sus aspiraciones, y cómo el
Tribunal Superior de esta ciudad, en su Sala Cuarta de Decisión Laboral, al
revocar lo dispuesto en el juzgado de primer nivel y absolver a Colpensiones de
todas las pretensiones, violentó sus derechos fundamentales al acoger una tesis
que no va en favor suyo sino en detrimento de sus pretensiones, cuando debió
acogerse el criterio que no tiene en cuenta la prescripción del incremento
pensional.
(v) Que no se trate de sentencias de
tutela
En este asunto se tiene que las sentencias
acusadas de la presunta vulneración de derechos no son fallos de tutela ni
fueron emitidas dentro de trámites de esta naturaleza, sino que fueron
proferidas dentro de un proceso ordinario laboral.
La primera instancia fue surtida ante el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, que dio por concluido el debate
con la providencia el 21 de febrero de 2017.
Enfrente de la apelación propuesta por
Colpensiones contra la sentencia y del grado jurisdiccional de consulta
obligatorio, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
conoció del asunto, dictando fallo definitivo el 15 de marzo de 2017.
10.2 Requisitos específicos de
procedibilidad
En lo que respecta a las causales
específicas de procedibilidad, acude la Sala a la exposición que realizó en los
acápites pertinentes sobre el desconocimiento del precedente y la violación
directa de la Constitución, que en sentir del accionante, lleva a la
vulneración de sus garantías fundamentales, las cuales fueron desconocidas en
las sentencias emitidas dentro del asunto laboral.
(i) Desconocimiento del precedente
Con
relación a este defecto, el demandante señaló que los accionados no
consideraron de fondo el estudio de la procedencia de la aplicación de la
prescripción de conformidad con el precedente constitucional de esta Corte,
constituido por la sentencia T-369 de 2015, que fue expuesto también por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2 de
junio de 2016, que recogió el criterio jurisprudencial que traía tal
Corporación desde la sentencia del 15 de julio de 2003.
El actor
dejó claro que luego de que el órgano de cierre en materia laboral postuló que
la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por inclusión de
factores salariales no estaba sujeta a las reglas de la prescripción, y que
incluso reiteró tal posición en la sentencia STP2502 del 23 de febrero de 2017
de la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de esa misma Corte, aplicó un
criterio distinto en el caso suyo
En este punto, sin embargo, ha de
argumentarse que para el momento en que se tramitó el proceso ordinario
laboral, iniciado con la demanda interpuesta el 3 de noviembre de 2015 y que
culminó con la sentencia de segunda instancia emitida el 15 de marzo de 2017,
existían en esta Corte, dos posiciones contrarias sobre la prescripción del incremento
pensional a que se refiere el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.
De igual manera, de conformidad con lo
argumentado dentro de este asunto, existían igualmente posiciones encontradas
en la Corte Suprema de Justicia, que llevaron a que las dos decisiones que se
dictaron en el proceso ordinario laboral fueran contrarias. En sede de primer
grado, se accedió parcialmente a las pretensiones del actor, mientras que en
segunda instancia se revocó esa postura.
Si bien debió escogerse aquella que prohíja
una interpretación más favorable y asumirse el asunto desde una perspectiva
protectora de garantías de sujetos de especial protección constitucional, en
aplicación de los principios de autonomía e independencia judiciales, es
respetable esa postura, en tanto se encuentra justificada en cada una de las
providencias emitidas.
Empero, bajo el entendido de que, como se
señaló en el apartado respectivo, el precedente consiste en el conjunto de
providencias que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente tenerse en cuenta por las autoridades judiciales
al momento de emitir un fallo, se evidencia que no se hizo en la argumentación
del Tribunal de Bogotá una disertación clara de las razones por las que se
acogía la postura contraria a la que era más favorable al actor.
Resultaba necesario que si la posición
mayoritaria de esta Corte avalaba la imprescriptibilidad del incremento
reclamado, y que si ya la Corte Suprema de Justicia había planteado esa otra
opción, por lo menos se estudiara si esas consideraciones podían aplicarse al
caso del demandante.
Para el instante en que se zanjó
definitivamente el asunto en la jurisdicción laboral, esto es, el 15 de marzo
de 2017, no existía una sola interpretación de cara a esa normativa, sino dos,
y por tanto, debía aplicarse la que resultaba más favorable y la que se muestra
a tono con los postulados constitucionales, tal como lo solicitó desde que hizo
la reclamación administrativa el actor y que ratificó en la demanda de tutela instaurada.
En lo que respecta a las sentencias que se
revisan, emitidas dentro de la acción de tutela, tanto en julio como en
septiembre de 2017, se advierte que hicieron a un lado la Sentencia de
Unificación de esta Corte en torno al tema (SU-310 de 2017), proferida en mayo
de ese mismo año, tal como tuvo la ocasión de referirse en el aparte
pertinente, desconociendo entonces la supremacía del criterio de esta
Corporación en un asunto que ya había consolidado y que por su característica
de sentencia de unificación debía permear tales decisiones[74].
(ii) Violación directa de la
Constitución
El defecto
de violación directa de la Constitución fue acusado por el accionante como
configurativo de una casual para que se protegieran sus garantías, pues en su
sentir, los demandados incurrieron en él cuando declararon probada la excepción
de prescripción de la acción sin considerar lo preceptuado en el artículo 53 de
la Constitución Política en relación con el principio de la favorabilidad
laboral.
El actor
señaló que ante la existencia de dos interpretaciones razonables de esta Corte
sobre una misma norma de seguridad social, los accionados tenían la obligación
de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 53 constitucional o por lo menos
explicar las razones por las cuales no acogían tal criterio.
Bajo tales planteamientos, corresponde
establecer si el accionante es acreedor al incremento pensional solicitado de
cara a la normativa que rige la materia. Ello, porque de conformidad con el
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año,
para acceder al porcentaje allí dispuesto, la persona debe hallarse pensionada
y su cónyuge debe depender económicamente de ella y no contar con pensión.
Por tanto, lo que se debía corroborar, en
principio, eran esos dos factores básicos para verificar si procede el
incremento pensional.
En este sentido se parte de la base de que
el señor Luis Hernando Rodríguez obtuvo su pensión de vejez mediante Resolución
Nro. 016278, como beneficiario del régimen de transición a partir del 1º de
mayo de 2006, es decir, se encuentra pensionado.
De igual manera, cuenta con cónyuge y esta
no es beneficiaria de pensión. Se trata de Rosa Elvira Mora González, con la
que contrajo matrimonio el 19 de agosto de 1967[75]
y acerca de la que indicó que dependía económicamente de él en la demanda de
tutela[76] y así lo certificaron en
actas juramentadas ante Notario sus amigos[77], que más
tarde concurrieron a declarar ante el Juzgado Doce Laboral del Circuito de
Bogotá, y que refirieron que de acuerdo a lo que conocían, y que su esposa no
recibía ningún ingreso, que había vivido con el actor y que lo único que
poseían era la casa donde habitaban[78].
Se comprobó entonces que la esposa del
demandante no recibe pensión y depende económicamente de él. No obstante
demostrarse tales condicionamientos, no se reconoció el incremento pensional
solicitado, primero por parte de Colpensiones en la reclamación administrativa
que se realizó, y luego por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá al
revocarse el fallo que había reconocido el derecho de manera parcial.
Recuérdese que frente a la petición inicial
del 9 de abril de 2015, Colpensiones emitió la Resolución GNR 232620 del 31 de
julio de 2015, a través de la que negó el incremento pensional solicitado, sin
tenerse en cuenta que obtuvo su pensión bajo el régimen de transición, y que
por tanto, le era aplicable lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Tal negativa llevó a que el señor Rodríguez
presentara proceso ordinario laboral en contra de la entidad administradora,
pretendiendo la reliquidación de su pensión en un 14% adicional al monto de la
que le fue reconocida por el ISS el 28 de abril de 2006, la cual si bien lo fue
parcialmente en el Juzgado Doce Laboral del Circuito, se le revocó por el
Tribunal Superior de Bogotá, siendo esta la decisión definitiva sobre el
asunto.
Las razones que llevaron a la revocatoria
se hallan en el audio de la audiencia que se permitirá transcribir la Sala en
sus apartados más importantes para denotar la argumentación expuesta por la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial[79]:
Así sintetizó la decisión a revisar:
“El Juzgado
Doce Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 21 de febrero del 2017,
condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a favor de Luis Hernando Rodríguez
el incremento pensional del 14% por su cónyuge a cargo a partir del 9 de abril
del 2012 hasta el 21 de febrero del 2017 y los que se causen con posterioridad
debidamente indexados al momento del pago mientras subsisten las causas que le
dieron origen. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y
absolvió a Colpensiones de las demás pretensiones e impuso costas a favor del
actor”[80].
En torno al problema jurídico indicó:
“De entrada
esta Sala advierte que la decisión de instancia debe ser revocada, razón por la
cual el problema jurídico se centra en determinar si el demandante tiene
derecho a los incrementos por su cónyuge a cargo de que trata el artículo 21
del Acuerdo 049 del 90 como lo determinó el a quo o si el derecho al incremento
se halla prescrito como se pretende en la alzada.”[81]
Al inicio de sus consideraciones, el
Tribunal señaló:
“Cabe señalar
que si bien es cierto el derecho a la pensión es imprescriptible, y de contera
la acción para reclamar su reconocimiento también lo es, no ocurre lo mismo con
derechos derivados de la misma, como son las mesadas pensionales y los
incrementos pensionales de que trata el presente asunto.
Nuestro máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria, en punto al reconocimiento de los incrementos
por persona a cargo ha puntualizado de vieja data que son exigibles desde el
momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión de vejez y prescriben
si no se reclaman dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad.
Al respecto se
ha pronunciado en sentencia del 12 de diciembre del 2007 con radicado 27923,
reiterada entre muchas otras, en sentencia SL9638 de 2014 y SL1585 de 2015,
criterio jurisprudencial proferido por el órgano de cierre de la jurisdicción,
que acoge esta Sala por constituir doctrina probable, como lo establece el
artículo 10 de la Ley 153 de 1887, aplicación que no implica el desconocimiento
del precedente constitucional de imprescriptibilidad en materia pensional y de
seguridad social, en tanto corresponde a la Sala Laboral de la Corte como juez
natural establecer las pautas de interpretación y aplicación de la normatividad
sobre el tema, según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia
T-038 de 2016.”[82].
Y continuó su disertación refiriendo:
“Ahora, se
dirá por esta Sala que cuando el legislador reglamentario mediante el Decreto
758 del 90, artículos 20, 21 y 22, establece unos incrementos sobre la pensión
de invalidez o vejez al llenar los requisitos allí exigidos, lo que pretende en
últimas es que el trabajador no sienta mermados sus ingresos mensuales que como
trabajador activo percibía, y con los cuales sostenía su núcleo familiar como
cónyuge o compañera e hijos menores o inválidos, que es el mismo que en caso de
fallecer, recibiría la pensión de sobrevivientes.
Fácil es
colegir entonces que si el derecho a los incrementos nace con el reconocimiento
de la pensión para mantener el nivel familiar de ingresos por parte del
trabajador pensionado, es solo dentro de los términos que la ley del trabajo
establece como perentorios para iniciar las acciones correspondientes a los
derechos laborales o de seguridad social contenidos en el artículo 488 del
Código Sustantivo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social
que se debe solicitar su reconocimiento y pago, pues dejar transcurrir los tres
años sin siquiera interrumpir la prescripción mediante reclamación, como lo
dispone el artículo 489 ibídem, permiten indefectiblemente que opere la
prescripción de dicho derecho.”[83]
Descendiendo al caso concreto, concluyó:
“Atendiendo a
los lineamientos expuestos es evidente en este caso que entre la fecha del
reconocimiento pensional al actor, en que la obligación del ISS, hoy
Colpensiones, de reconocer y pagar los incrementos se hizo exigible y la fecha
de reclamación, transcurrió un término superior a los tres (3) años de que
tratan los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, razón por la cual el derecho a
los incrementos pensionales por persona a cargo señalados en el artículo 21 del
Acuerdo 049 del 90 quedaron afectados por el fenómeno de la prescripción.”[84].
De lo transcrito se evidencia que el
Tribunal Superior encontró probada la excepción de prescripción, porque al
habérsele reconocido al accionante la pensión el 28 de abril de 2006, solo
después de nueve (9) años realizó la reclamación, transcurriendo por tanto un
término superior a los tres (3) años contenidos en los artículos 151 del Código
Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo, de modo que de acuerdo con su
criterio, los incrementos pensionales por persona a cargo quedaron afectados
con el fenómeno de la prescripción.
Tal decisión, en sentir de la Sala,
constituye violación directa de la Constitución en los términos señalados
anteriormente, en tanto no sólo se desconoció el artículo 53 de la Carta
Política reclamado por el accionante en busca del reconocimiento del incremento
pensional, y con base en el que pedía expresamente que se aplicara la posición
más favorable a sus intereses, sino también el principio de igualdad, en tanto,
enfrente de decisiones adoptadas en sede de la Corte Constitucional, no se
privilegió esa postura, que evidentemente abogaba por beneficiar a población
altamente vulnerable como la de este caso.
Por tanto, de acuerdo con la interpretación
más favorable, debió haberse reconocido el 14% invocado por el actor, sin que
tenga asidero la posición de la Sala Laboral del Tribunal de esta ciudad, que
como se citó, se fundó en la sentencia del 12 de diciembre del 2007 con
radicado 27923 y que como lo refirió en la audiencia del 15 de marzo de 2017,
se reiteró en las sentencias SL9638 de 2014 y SL1585 de 2015, dejando de lado
otras providencias, incluso posteriores, que demarcaban una línea
jurisprudencial distinta que se refería a la imprescriptibilidad del incremento
objeto de reclamo. Menos aún se valoraron las que señaló el actor (sentencias
T-217 de 2013 de esta Corte y STL5259 de 2014 de la Corte Suprema).
Resulta extraño que si el Tribunal de
Bogotá indicó en sus consideraciones que si la intención del legislador con la
expedición del Decreto 758 de 1990, era que el trabajador no viera mermados los
ingresos que recibía cuando laboraba y con los cuales sostenía ese núcleo que
en caso de fallecer recibiría la pensión, desconozca la situación del mismo
accionante y le exija el cumplimiento perentorio de unos términos para iniciar
las acciones correspondientes, so pena de que opere la prescripción de dicho
derecho, en contravía de esas mismas prerrogativas que cubren al pensionado en
atención a sus derechos a la seguridad social y en el marco de un Estado Social
de Derecho.
La demanda de tutela presentada por Luis
Hernando Rodríguez instó a su juzgador a resolver conforme a los criterios que
citó en el apartado pertinente.
No solo hizo referencia a la Sentencia
T-369 de 2015 sino que además refirió la posición de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en providencia del 2 de junio de
2016 (STP89543) recogió el criterio jurisprudencial de dicha Corporación, para
indicar que la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por
inclusión de factores salariales no estaba sujeta a las reglas de la
prescripción. De igual manera citó la sentencia de la Corte Suprema del 23 de
febrero de 2017 (STP2502) que había reconocido que el incremento del 14% de la
mesada pensional no estaba sujeto al fenómeno de la prescripción.
Sin embargo, en la providencia que negó la
acción de tutela en primera instancia, solo se hizo alusión a la sentencia
T-369 de 2015 para indicar que como se trataba de fallo de tutela, ella solo
tenía efectos inter partes y por tanto no podía ser referente para la
resolución del asunto. En la sentencia de segunda instancia, la Corte señaló
que no era suficiente que el actor planteara de manera aislada la existencia de
un precedente jurisprudencial para que prosperara el amparo, porque debido a la
autonomía judicial y al amplio margen de apreciación con que cuenta el juez,
era imprescindible que formulara una carga argumentativa suficiente.
De modo que aunque el accionante señaló
expresamente a la Corte Suprema de Justicia en la demanda de tutela y en la
impugnación que existía jurisprudencia de esa misma Corporación que indicaba
que el incremento pensional reseñado no estaba sujeto al fenómeno de la
prescripción, no se prestó atención a lo por él expuesto y no se argumentó
porqué la razón no acogía su posición. Privilegiando entonces una
interpretación contraria a la que el mismo actor proponía y que él mismo había
señalado, se sostuvo un criterio distinto, desconociendo de esta manera lo que
ya había resuelto esa misma Corte.
Por manera que puede concluirse que hubo
violación directa de la Constitución al realizarse una interpretación de la
normatividad evidentemente contraria a la  norma superior, y que por parte de
las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia se desconoció el
precedente fijado en la Sentencia SU-310 de 2017, lo que lleva
necesariamente a proteger las garantías invocadas al
debido proceso, al principio de favorabilidad en materia laboral y a la
igualdad, en tanto a este momento existe doctrina
pacífica que indica que tales incrementos pensionales no están afectados con la
prescripción.
Ello a su vez se liga al planteamiento de
la Sala en el acápite pertinente, acerca del principio de progresividad en el
reconocimiento de derechos como los reclamados por el accionante, lo que se
traduce en la concreción del incremento pensional del 14% en su mesada
pensional por tener a su cónyuge a cargo.
Observa esta Sala
que a pesar de reunirse los requisitos del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, la Sala Laboral del Tribunal de
Bogotá acogió la postura de la Corte Suprema de Justicia que aplica la
prescripción a la solicitud de incremento de la mesada
pensional por personas a cargo, debiendo preferir aquella que resultaba más
favorable.
Igualmente, debía tenerse en consideración
que el peticionario es un sujeto de especial protección constitucional, al
igual que su señora esposa, pues de él refleja el expediente que nació el 26 de
febrero de 1942[85], es decir, que en la
actualidad cuenta con 75 años, edad que se entiende que también tiene su
compañera, pues en la partida de matrimonio consta que cuando contrajeron
nupcias, ambos contaban con 25 años[86].
Esa es una razón adicional para privilegiar
con el principio de la favorabilidad, la situación de un esposo que ha tenido a
cargo a su cónyuge durante todo su tiempo de convivencia, pues no solo se
cuenta con la partida correspondiente, sino también con su dicho en la demanda[87],
refrendado con lo expuesto por quienes conocen a la pareja de esposos en las
actas correspondientes[88] y en las declaraciones
rendidas ante el Juzgado Laboral ya reseñadas, pruebas que indican que ya
cumplieron cincuenta años de casados.
Esos testimonios dieron cuenta de que Luis Hernando
es el encargado de la manutención del hogar, que no percibe ningún ingreso
distinto a la pensión, que Rosa Elvira es una persona de la tercera edad, y que
evidentemente y por cuenta de la edad, ninguno está en capacidad de ingresar al
campo laboral, cumpliéndose entonces con el presupuesto de que la otra persona
dependa del pensionado, como en efecto sucede.
En suma, estima la Sala que se desconoció
la Constitución no solo al no aplicar el principio de favorabilidad en materia
laboral, sino también al dejar a un lado la sentencia que en esta Corte unificó
el criterio que indica que la prestación solicitada no prescribe y que lo único
que prescriben son las mesadas no reclamadas dentro de los tres años anteriores
a la solicitud, línea jurisprudencial que ya se había tenido en cuenta por
parte de la Corte Constitucional en casos anteriores, lo que daría lugar a la
violación del precedente constitucional.
9.3 Por
otra parte, en vista de que el accionante ha solicitado que el reconocimiento
del incremento se realice desde el primero de mayo de 2006, es decir, luego de
otorgada la pensión de vejez, considera la Sala que a ello no puede accederse
porque la posición de la Corte ha sido clara a partir de la Sentencia SU-310 de
2017, que como se señaló, unificó el criterio que tenía esta Corporación acerca
del tema.
En tal sentido, se indicó que el derecho a solicitar la pensión de jubilación es imprescriptible,
con sujeción a los mandatos constitucionales consagrados en la Carta Política
de 1991; no obstante, se ha precisado que las mesadas pensionales derivadas del
derecho a la seguridad social, prescriben si no son reclamadas en tiempo,
conforme el término de prescripción de tres (3) años previsto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Ello entra en consonancia
con la decisión que el Juzgado Laboral de esta ciudad adoptó cuando el 21 de
febrero de 2017 accedió parcialmente a las pretensiones del actor y dispuso:
“CONDENAR a
COLPENSIONES al reconocimiento y pago a favor del señor LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ
del incremento del 14% sobre el salario mínimo legal mensual vigente por
cónyuge a cargo, la señora Rosa Elvira Mora González, desde el día 09 de abril
del año 2012, así como la obligación de incluirlo en nómina y seguir pagando
este incremento junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre a que
haya lugar, mientras subsistan las causas que le dan origen, a título netamente
indicativo al momento de proferir la presente sentencia debidamente indexado
durante 69 periodos pensionales comprendidos entre el 09 de abril de 2012 y el
momento en que se profiere la presente sentencia, liquidados cada uno en valor
de $103.280.oo, que es el valor del 14% del salario mínimo legal mensual
vigente del año 2017, este retroactivo indicativo asciende a la suma de SIETE
MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M.CTE. ($7.126.320),
así como continuar pagándolo hasta que subsistan las causas que dan origen.”[89].
Y esa es la postura que prohíja la Sala de
Revisión, en tanto es la que se muestra acorde con la tesis planteada en la
Sentencia de Unificación 310 de 2017, que como se señaló, expresamente
determinó cuál era la posición que asumiría la Corte Constitucional cuando se
enfrentara a situaciones como la que se discute hoy.
Dicha línea jurisprudencial pone de
manifiesto las cláusulas del Estado Social de Derecho, en donde se establece
que su objetivo principal consiste en la
garantía de unas condiciones mínimas -o puntos de partida esenciales- que
permitan el desarrollo de una vida digna, plena en el ejercicio de derechos y
en condiciones de bienestar para todos los colombianos, representado en la
protección y defensa de los principios, obligaciones y mandatos fundamentales
de la Carta de 1991[90]. Y esa
vida digna se relaciona en este caso con el reconocimiento al que aspira el
accionante, y que propende por generar una contribución a su núcleo familiar,
que ha estado a su cargo durante todo el tiempo de su existencia, pues se
estableció que su esposa no trabaja y que desde hace 50 años él ha sostenido el
hogar.
Sin embargo, precisamente por los condicionamientos de la sentencia de
unificación sobre el tema, no puede obtener el reconocimiento del incremento
pensional desde el mismo momento en que se le concedió la pensión en mayo del
año 2006, pues ese monto adicional está sujeto a las reglas de prescripción del
código laboral, que opera sobre las mesadas no reclamadas dentro de los tres
años anteriores a su causación.
Es decir, no obstante que el accionante
solicita que se revoquen los dos fallos de instancia y que se profiera una
nueva sentencia en la que se acceda a la totalidad de las pretensiones de la
demanda, en ello no puede acompañarlo la Sala, porque va en contravía de lo
expuesto por la jurisprudencia constitucional en la sentencia de unificación de
2017.
En este sentido se ha hecho énfasis en que
en virtud del mandato constitucional de in dubio pro
operario, la interpretación que resulta más favorable a los intereses de
los pensionados, es aquella según la cual los incrementos pensionales de que
tratan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, no prescriben con el paso
del tiempo, aclarándose que las mesadas causadas y no reclamadas oportunamente,
sí prescriben conforme a la regla general de prescripción de las acreencias
laborales contenida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por tanto, en este caso siguiendo la línea
jurisprudencial, habrá de reconocerse el incremento solicitado, en las mismas
condiciones en que lo dispuso el Juez Doce Laboral del Circuito de esta ciudad,
que en la sentencia del 21 de febrero de 2017 dispuso el reconocimiento y pago
a favor del accionante del incremento del 14% sobre el salario mínimo legal
mensual vigente por cónyuge a cargo, desde el día 09 de abril del año 2012, así
como la obligación de incluirlo en nómina y seguir pagando este incremento
junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre a que haya lugar,
mientras subsistan las causas que le dan origen.
De modo que lo correcto consiste en
reconocer el incremento pensional del 14% al señor Rodríguez por cónyuge a
cargo, disponiendo la prescripción trienal del derecho pensional, por lo que
Colpensiones deberá reconocer tal incremento a partir del 9 de abril de 2012,
en vista de que la solicitud se presentó el 9 de abril de 2015, hasta el 21 de
febrero de 2017, fecha de la sentencia que realizó tal reconocimiento, y los
que se causen con posterioridad debidamente indexados al momento del pago,
mientras subsistan las causas que le dieron origen.
Ello, en la medida de lo expuesto y acorde
con la conclusión expuesta en la precitada sentencia SU-310 de 2017, que indicó
que “Una autoridad judicial o administrativa vulnera
el derecho al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de un
pensionado, por desconocer directamente la Constitución Política, al considerar
que un derecho pensional como los incrementos por persona a cargo, se pierde
por completo a los tres años de no ser reclamado, en lugar de considerar que se
perdieron sólo las mesadas no reclamadas, como se sigue de la interpretación
más favorable al trabajador (in dubio pro operario).”.
De lo anterior se desprende que la orden adoptada por el Juzgado Doce Laboral se muestra correcta en
tanto accedió parcialmente a lo pretendido por el actor, que será entonces la
que ratifique esta Corte, mientras que dejará sin efectos la del Tribunal
Superior de esta ciudad, revocando a su vez los fallos de tutela revisados para
declarar la procedencia de la tutela y la protección de los derechos a la
igualdad, a la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo vital.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia del 18 de julio de 2017, confirmada por la Sala de Casación Penal
de la misma Corporación del 6 de septiembre de 2017, dentro de la acción de
tutela interpuesta por Luis Hernando Rodríguez, contra el Juzgado Doce Laboral
del Circuito y la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá. En su lugar, CONCEDER el amparo de sus derechos a la igualdad, a
la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo vital.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia emitida el 15 de marzo de 2017 por la Sala Cuarta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro
del proceso ordinario laboral promovido por el señor Luis Hernando Rodríguez y CONFIRMAR
la proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá el 21 de
febrero de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones del accionante y
dispuso la prescripción trienal del derecho pensional del 14% por cónyuge a
cargo, por lo que Colpensiones deberá reconocer tal incremento a partir del 9
de abril de 2012 hasta el 21 de febrero de 2017, fecha de la sentencia, y los
que se causen con posterioridad debidamente indexados al momento del pago
mientras subsisten las causas que le dieron origen, tal como se dispuso en
dicha determinación.
Tercero.- LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
La demanda se encuentra en los folios 16 a 28 (la instancia conformó un solo
cuaderno con la demanda y sus anexos, por lo que así se citará en esta
providencia).
[2] Folio 11 del Cuaderno de
la Demanda.
[3] Folio 1 del C. de la D.
[4] Folios 13 y 14 del C. de
la D.
[5] Folios 4 a 6 del C. de la
D.
[6] Folios 8 a 9 del C. de la
D.
[7] Cd 1. Folio 15 del C. de
la D.
[8] Cd 2. Folio 15 del C. de
la D.
[9]
Folio 2 del Cuaderno de Instancia 1.
[10]
Folio 17 del Cuaderno de Instancia 1.
[11]
Folios 20 a 24 del C. de I. 1.
[12]
Se le remitieron los oficios OSSCL 22522 y 22523 (fls. 3 a 5 del C. de I. 1).
[13]
Se le enviaron los oficios OSSCL 22530 y 22531 (fls. 12 a 14 del C. de I. 1).
[14]
Folios 33 a 36 del C. de I. 1.
[15]
Folios 46 a 48 del C. de I. 1.
[16]
Folios 3 a 13 del Cuaderno de Instancia Nro. 2.
[17]
Folio 50 del C. de Instancia 1.
[18]
Folio 1 del Cuaderno de la Demanda.
[19]
Folios 2 a 7 del C. de la D.
[20]
Folios 8 a 10 del C. de la D.
[21]
Folios 11 a 14 del C. de la D.
[22]
Los dos cd’s se adjuntaron al folio 15 del C. de la D.
[23] Para la jurisprudencia
anterior al año 2005, la vía de hecho “únicamente se configura sobre la base
de una ostensible transgresión del ordenamiento jurídico, lo cual repercute en que,
distorsionado el sentido del proceso, las garantías constitucionales de quienes
son afectados por la determinación judicial -que entonces pierde la
intangibilidad que le es propia- encuentren en el amparo la única fórmula
orientada a realizar, en su caso, el concepto material de la justicia. Por
supuesto, tal posibilidad de tutela no es regla general sino excepción, y los
jueces ante quienes se solicita están obligados a examinar de manera rigurosa
el caso para no desvirtuar los principios de autonomía funcional de la
jurisdicción y de la cosa juzgada”. Cfr. Sentencia T-555 de 1999.
[24]
Sentencia T-324 de 1996.
[25]
Sentencia SU-159 de 2002
[26]
Sentencia SU-014 de 2001.
[27]
Sentencia T-292 de 2006.
[28] Sentencia SU-053 de 2015.
[29]
Ibídem.
[30] Sentencia T-1095 de
2012.
[31] Por esta razón, si se
desconoce el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, se “(…)
genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de
coherencia  y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se
traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta,
que  dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y afectan la
seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia
institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.” Sentencia T-292 de 2006.
[32] Sentencia T-319 de 2015.
[33] Sentencia T-748 de 2014
[34] Sentencia T-369 de 2015.
[35]
Sentencia T-794 de 2011.
[36]
Sentencia T-292 de 2006.
[37]
Sentencia T-049 de 2007.
[38]
Sentencia SU-198 de 2013.
[39]
Sentencias T-145 de 2017, SU-448 de 2016, T-968 de 2014, T-352 y T-071 de 2012,
T-809 de 2010, T-555 de 2009, C-590 de 2005 y T-949 de 2003.
[40]
Sentencias SU-336, SU-168 y T-145 de 2017 y T-369 de 2015. Al respecto, la
sentencia SU-918 de 2013, afirmó que el defecto por violación directa de la
Constitución, “(…) es una causal de tutela
contra providencia judicial que se origina en la obligación que les asiste a
todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato
consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’”.
[41] Sentencia SU-198 de 2013.
[42]
Sentencias T-310 y T-555 de 2009, y SU-198
de 2013.
[43]Sentencias
SU-336 y SU-168 de 2017, T-960 de 2014, T-704 y T-352 de 2012, T-888 de 2010, T-310 y T-555 de 2009.
[44]
Sentencias SU-448 de 2016 y T-209 de 2015.
[45] Sentencia T-209 de 2015. Ver también Sentencia C-590 de
2005.
[46] Caso en el cual también se
incurriría en la causal por desconocimiento del precedente. Al respecto ver,
entre muchas otras, las sentencias T-292 de
2006, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993.
[47]
Sentencia T-704 de 2012. También ver, las
sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009, y T-809 de 2010.
[48] Ver
entre otras, las sentencias T-522 de 2001 y
T-685 de 2005.
[49]
Sentencia C-217 de 2013.
[50]
Sentencia T-766 de 2008.
[51]
Sentencia T-746 de 2004.
[52] Sentencia T-235 de 2002.
[53]
Cfr. Sentencias T-369 de 2015, T-831 de 2014, T-791 de 2013 y
T-091 de 2012.
[54]
Sentencia T-832A de 2013.
[55]
Es la aplicación íntegra del cuerpo normativo donde se
encuentra la norma más favorable.
[56]
Artículo 20: “En caso de conflictos  entre las leyes del
trabajo y cualesquiera otras, prefieren aquéllas”.
[57]
Artículo 21: “En caso de conflicto o duda sobre la
aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”.
[58]
Sentencia T-832A de 2013.
[59]
Sentencia T-832A de 2013.
[60]
Ibídem.
[61]
Sentencia T-871 de 2005.
[62]
Ver, entre otras, las Sentencias T-334 de 2011, T-090 de 2009, T-248 de 2008 y
T-545 de 2004.
[63]
Sentencia T-121 de 2015.
[64]
Sentencia C-438 de 2013.
[65] Tales
mandatos y obligaciones fueron sintetizadas en la sentencia T-622 de 2016, en
la que se desarrolló la problemática del río Atrato.
[66]
El artículo 93 de la C.P. establece que, “Los derechos y deberes consagrados
en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Con base en esta norma se
ha introducido en Colombia la idea de que dichos tratados y convenios
internacionales sobre derechos humanos firmados y ratificados por Colombia,
hacen parte del Bloque de constitucionalidad.
[67] Sentencia
C-115 de 2007.
[68]
Folios 4 a 6 del Cuaderno de la Demanda.
[69]
Exposición realizada por el actor en su escrito, a folio 17 del Cuaderno de la
Demanda.
[70]
Así se expresas al inicio de la audiencia, tal como consta en el Cd 2 que se
encuentra anexo al folio 15 del Cuaderno de la Demanda.
[71] Sentencia
SU-961 de 1999.
[72] Sentencia
SU-241 de 2015.
[73]
Folio 1 del Cuaderno de Instancia 1.
[74] En la sentencia de unificación se indicó: “…
como
unificación de jurisprudencia que es, esta sentencia cierra el debate judicial
sobre la existencia de los derechos irrenunciables a la seguridad social que
fueron objeto de protección. Por eso, los casos similares, tratados o por
tratar, deben ser resueltos por la administración o las autoridades judiciales
correspondientes, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales decantados.” (apartado vi) de la sentencia,
numeral 9.5). El resaltado y el subrayado no hacen parte del texto original.
[75]
Folio 11 del Cuaderno de la Demanda.
[76]
Folio 17 del Cuaderno de la Demanda.
[77]
Folios 13 y 14 del Cuaderno de la Demanda. Los dos
declarantes, enfrente del cuestionario presentado por el actor ante la Notaría
Única de Guasca, de la comprensión notarial del circuito de Guatavita, Cundinamarca,
indicaron que conocían el matrimonio constituido hacía 48 años, que Rosa Elvira
siempre ha dependido total y económicamente de Luis Hernando, y que su esposa
no recibía pensión por parte de ninguna entidad.
[78] El señor Emigdio Eliseo León Rojas, quien
señaló tener 69 años y ser pensionado testificó: “… los conozco (a la
pareja) hace como unos treinta y cinco años…Ella (Rosa Elvira)
depende de él porque no hay nadie más quién…. (lo sabe) porque en el
tiempo de que lo conozco ha sido él, es que es responsable para sostener el
hogar… ella nunca ha trabajado… ella es mayor de edad, ella no tiene ningún
entrada mejor dicho que le entre, no tiene ningún auxilio de nada… ella no
tiene nada, tienen simplemente la casita que es ahí dos piecitas y la sala y la
cocina y el baño, no tienen más, no le entra ningún arriendo de nada…”. Cd
1 anexo al folio 15. Registro 07:23 a 10:23. Por su parte, el señor Luis
Antonio Delgadillo Castro, quien indicó contar con 75 años y ser vendedor de
bienes raíces, declaró: “… (conoce a la pareja) hace treinta años…
Ella (Rosa Elvira) depende económicamente de Luis Hernando Rodríguez,
ella es como enferma y por eso depende de él... ella no tiene nada, ni negocio
ni nada… ella es enferma de un pie, casi no puede caminar…”. Cd 1 anexo al
folio 15. Registro 13:22 a 17:46.
[79]
El Cd 2 se encuentra anexo al folio 15 del Cuaderno de la Demanda.
[80]
Registro del audio: 0:01:01 a 0:01:31.  La transcripción respeta el audio
original.
[81]
Registro del audio: 0:001:53 a 0:02:12. Cd 2.
[82]
Registro del audio: 0:03:31 a 0:04:42. Cd 2.
[83]
Registro del audio: 0:04:44 a 0:05:48. Cd 2.
[84]
Registro del audio: 0:06:07 a 0:06:34. Cd 2. La transcripción respeta el audio
original.
[85]
Ello consta en la copia de su cédula de ciudadanía obrante a folio 7 del
Cuaderno de la Demanda.
[86]
Folio 11 del C. de la D.
[87]
Folio 17 del C. de la D.
[88]
Declaraciones extrajuicio de folios 13 y 14 del C. de la D.
[89]
Registro 44:13 a 45:21 Cd 1.
[90] Sentencia
T-622 de 2016.