T-976-00
Sentencia T-976/00
Sentencia T-976/00
AGENCIA OFICIOSA
EN TUTELA-Legitimidad e
interés/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Consentimiento del titular
DERECHO A LA
SALUD-Conexidad con la
vida
DERECHO A LA VIDA
DIGNA-Condiciones de
gravedad
ENFERMEDADES
CATASTROFICAS O RUINOSAS-Periodo
mínimo de cotización no es extensivo a casos de urgencia
ACCION DE TUTELA-Prueba de amenaza o violación de un
derecho fundamental
Referencia: expediente T-307142
Procedencia:
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santafé de Bogotá.
Actor: William
Ancizar Peña Pinilla en representación de su hermana, Blanca Jineth Peña
Pinilla.
Accionado:
Instituto de Seguro Social Seccional Cundinamarca y D.C.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá
D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil (2000)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Diaz y Vladimiro Naranjo Mesa, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales Ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro de la acción
de tutela instaurada por William Ancizar Peña Pinilla contra el Instituto de Seguro
Social Seccional Cundinamarca y D.C.
I.  ANTECEDENTES
a)     Los hechos y la solicitud:
1-  El 2 de
diciembre de 1999, William Ancizar Peña Pinilla, en nombre de su hermana Blanca
Jineth Peña, interpone acción de tutela por cuanto estima que la omisión del
Instituto de Seguro Social al negar el suministro de un tratamiento de
hemodiálisis a su hermana vulnera los derechos a la salud, a la seguridad
social y a la calidad de vida. Afirma que Blanca Jineth está afiliada al
Sistema de Seguridad Social en Salud por el Instituto de Seguros Sociales como
empleada dependiente de la empresa de José Joaquín Pinilla desde el 1 de julio
de 1998.
2-  Agrega el
peticionario que desde hace aproximadamente un año y medio se le diagnosticó a
su hermana una insuficiencia renal crónica, para lo cual ha venido siendo
tratada en el Hospital San José por cuenta del Instituto de Seguro Social, el
cual le suministraba la droga necesaria y le ha practicado los exámenes
ordenados por los médicos.
3-  A partir del 5
de noviembre de 1999 le venían realizando Diálisis Renal cada 2 días,
realizandose -hasta el momento de interponer la acción de tutela- un total de
once diálisis.  La última fue realizada el 29 de noviembre.  El 30 de noviembre
un médico nefrólogo del Hospital San José comunicó al Seguro que el deterioro
progresivo en la función renal de la paciente requería de una hemodiálisis de
urgencia.  Remitió entonces a la clínica San Pedro Claver debido a que el
Seguro Social no autoriza dicha terapia en este servicio.
4-  A la postre, se
informó por parte del área de autorizaciones que la afiliación se hizo en forma
irregular, por cuanto Blanca Jineth no cotizó como mínimo un año en su
anterior E.P.S..  En consecuencia, su afiliación no era válida y no tenía
derecho a ningún servicio médico.  Sin embargo, el actor expresa que su hermana
estuvo afiliada a la E.P.S. FAMISANAR LTDA. desde el 20 de mayo de 1998 hasta
el 31 de julio del mismo año, lo cual fue consignado en el formulario de
afiliación al Seguro.  Su afiliación es entonces posterior y lleva cotizando
ininterrumpidamente 16 meses, en los cuales se le han prestado todos los
servicios.
5-  Agrega que su
hermana se encuentra en un embarazo considerado como de alto riesgo, y que está
en el octavo mes de gestación.  Los servicios de obstetricia se los venían
prestando en el mismo Hospital San José por cuenta del Seguro.  Teniendo en
cuenta que la diálisis programada para el 1 de diciembre no se practicó,
insiste en que tanto la vida de su hermana como la de su bebe corren un
inminente peligro, por lo cual solicita, con carácter urgente, se ordene el
tratamiento de hemodiálisis.
b)  Trámite de
primera instancia
6-  Admitida la
acción por el Juzgado 20 Penal Municipal se solicitó al Seguro Social toda la
documentación pertinente desde julio 1 de 1998, incluyendo el formulario de
afiliación y un reporte del tiempo cotizado.  Asímismo, se ordenó escuchar en
declaración al actor y a su hermana.
7-  Blanca Jineth
Peña manifestó que le fue autorizada la diálisis en el Hospital San José, pero
se le dijo que la entidad solo cubría el 51% del servicio.  En aquel momento,
su esposo se comprometió a responder con la cuota, atendiendo a la urgencia del
caso.  Sin embargo, afirma que actualmente no tiene el dinero para cubrir el
monto correspondiente.  Agrega que la diálisis correspondiente al 6 de
diciembre fue realizada y que le fue programada otra para el 10 de diciembre.
Busca mediante la tutela que le cubran la totalidad del tratamiento desde que
comenzó hasta el futuro trasplante de riñón.  Ella sabía que por no contar con
100 semanas cotizadas, debía cubrir el porcentaje de las faltantes.  Expresa
que cuando su hermana fue a FAMISANAR y habló con uno de los doctores, éste la
exhortó a interponer la acción de tutela, colaborándole en la redacción de la
misma.
8-  El actor
manifestó que faltaban 51 semanas por cotizar.  Afirma que por escrito no había
solicitado nada ante el Seguro.  Así mismo, que se equivocó al redactar la
tutela ya que Blanca Jineth fue atendida por el Hospital San José aún cuando no
había sido afiliada.  Preguntado por el Despacho respecto a lo que busca
mediante la tutela –al momento de la declaración ya se había autorizado la
diálisis- afirma el actor que su pretensión es que se les exima del copago, que
continúe el tratamiento y de ser posible, se efectúe el trasplante de riñón.
9-  Por su parte, el
Seguro Social responde al Despacho solicitando se desestime la acción.  En
tanto la cotizante está afiliada indebidamente, considera que es responsabilidad
de la E.P.S. anterior el asumir la prestación del servicio asistencial.
Sustenta lo anterior en el artículo 54 del Decreto 806 de 1998 sobre movilidad
dentro del Sistema, donde se establece que las personas solo pueden trasladarse
de E.P.S. una vez concluidos doce meses de pagos contínuos.  Así mismo, retoma
el artículo 56 donde se consagra que la Entidad Administradora de la cual se
retira el trabajador tendrá a su cargo la prestación de los servicios hasta el
día anterior a aquel en el que surjan las obligaciones para la nueva entidad.
En el presente caso
considera el Seguro que la paciente, además de no haber cotizado las semanas
requeridas para el procedimiento que solicita, por ser éste de alto riesgo (100
semanas y sólo ha cotizado 56), tiene la prestación del servicio asistencial
suspendido.  Asimismo, expresa que la no intervención no pone en riesgo la vida
de la paciente.
10-  En el fallo de
primera instancia, el juez inicialmente precisa la naturaleza y los alcances
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido para el derecho
a la salud, el derecho a la seguridad social y el derecho a la vida.
Posteriormente, al analizar el caso concreto, y teniendo en cuenta que la
señora Blanca Jineth se vinculó dentro del régimen contributivo, consideró que
existe el deber de cancelar oportunamente las cuotas mensuales.  Destaca
entonces que a pesar de la mora, la entidad accionada autorizó las diálisis
solicitadas.
Por otra parte, y
teniendo en cuenta el artículo 164 de la ley 100 de 1993, resalta que la
prestación de algunos servicios de alto costo para personas afiliadas están
sujetos a periodos mínimos de cotización o, en su defecto, al pago de un
porcentaje por parte del usuario.
11-  Así mismo,
encuentra probado que la paciente ha cotizado 56 semanas y por ende debe asumir
un copago equivalente al 44 % del valor del tratamiento, correspondiente a las
semanas que le restan para cumplir las 100 mínimas de cotización.  Sin embargo,
no justifica la negación de un tratamiento que se requiere con urgencia.  En
este sentido, precisa que la Corte Constitucional ha dicho que “los afiliados
que no cumplan con los periodos mínimos de cotización que requieran para ser
tratados en razón de una enfermedad considerada catastrófica o ruinosa, sin tener
los recursos necesarios para sufragar el porcentaje que les correspondería,
tienen las Entidades el deber de atenderlos”.  Luego la E.P.S. asume la
totalidad del gasto cuando el cotizante carezca de medios monetarios, para lo
cual deberá demostrar su insolvencia total o parcial de cancelar el copago
exigido.
12-  En el presente caso, al considerar que la paciente no acredita
su carencia de recursos, el Despacho no la exime del copago.  Debe entonces
cancelar el 44% del valor del tratamiento y/o completar el porcentaje de las
100 semanas de cotización, siempre y cuando no sea suspendido el servicio
médico por mora en el pago de sus aportes de afiliación.  En consecuencia,
despacha desfavorablemente la acción.
c)  Impugnación
13-  En su
impugnación, el actor considera que no fue desvirtuada la afirmación sobre
carencia de recursos económicos.  Destaca entonces que del exámen del material
probatorio, se colige el estado de insolvencia en el que se encuentra su
hermana.  En este sentido, se acredita que la paciente devenga un salario
mínimo , el cual apenas alcanza para sufragar las más elementales necesidades.
Luego no puede cubrir un tratamiento de tan alto costo, más aún cuando no posee
bienes de ninguna naturaleza.  Afirma además que el cónyuge de su hermana es
una persona de escasos recursos.
Agrega que esta
reside en un inmueble ubicado en un sector de estrato 2 y que dada la gravedad
de la enfermedad que padece y su estado de gravidez difícilmente puede
emplearse para ganarse la vida.  Respalda lo anterior mediante dos
declaraciones extrajuicio, fotocopia de una escritura pública con el objeto de
demostrar que la señora Blanca Jineth no es propietaria del inmueble donde
reside y fotocopia de un recibo de un servicio público domiciliario para
demostrar estrato.
d)  Fallo de
segunda instancia
14-  En fallo de segunda instancia, el Juzgado 5 Penal del Circuito
inicialmente destaca que el accionante no se encuentra facultado para
interponer acción de tutela en favor de su hermana por carecer de poder
especial para ello y sin que tampoco se presente situación que sustente alguna
causal de representación legal, v.gr., patria potestad, guarda o curaduría. En
segundo término, tampoco resulta factible aducir interés como agente oficioso
en tanto se considera que la paciente se encuentra en condiciones de asumir su
propia defensa.  No existe entonces legitimidad por parte del recurrente cuando
intenta obtener la protección de algunos derechos fundamentales, pretendiendo
asumir derechos ajenos sin gozar de facultad para ello.  Sin perjuicio de lo
anterior, en beneficio de la administración de justicia e informalidad de la
acción de tutela y dado que Blanca Jineth acudió a ratificar las
manifestaciones de su hermano, realiza algunas consideraciones adicionales.
15-  Estas comienzan
por retomar la sentencia de unificación SU-819/99, M.P.  Alvaro Tafúr Galvis,
donde se introducen los lineamientos que se deben tener en cuenta en relación
con el otorgamiento excepcional de beneficios en salud por fuera del P.O.S.
atendiendo la naturaleza del sistema de seguridad social y con el fin de
preservar la filosofía y viabilidad del mismo.  Resalta el Despacho que no se
cumple el requisito establecido en dicha unificación respecto a la existencia
de una situación de riesgo inminente para la vida del afiliado como condición
para la atención excepcional.  Lo anterior por cuanto se reconoce el suministro
de las diálisis requeridas, de tal manera que mal podría asegurarse que se ha
transgredido derecho fundamental alguno por parte del Seguro.  Por el
contrario, esta entidad ha suministrado el tratamiento del caso, a fin de
preservar la vida del paciente y del que está por nacer.
16- Afirma el
Despacho que el conflicto último materia de la inconformidad no es otro diverso
al malestar que produce el cobro del 44% por concepto del tratamiento, al
considerarse que no debería ser cargado al usuario.  La sentencia concluye
entonces que el asunto en cuestión resulta ajeno a la competencia del juez de
tutela, quien no puede entrar a dirimir conflictos contractuales o de
naturaleza puramente monetaria.  En esto último reitera la jurisprudencia
mencionada, donde se resalta que para resolver cuestiones contractuales se
cuenta con mecanismos de protección distintos al amparo constitucional.
Expresa finalmente que no hay lugar a la tutela de derecho fundamental alguno.
e) Pruebas que
obran en el expediente
17-  Entre las
diversas pruebas relacionadas con la situación de la señora Blanca Jineth Peña
Pinilla, se destacan las siguientes:
-
Comunicación del Dr.
Francisco Barreto, médico nefrólogo del Hospital San José, fechada noviembre 30
de 1999.
-
Una declaración
extrajuicio respecto a la precaria situación económica de la señora Blanca
Jineth Peña Pinilla.
-
Fotocopia de la
escritura pública No. 3310 del 15 de diciembre de 1994 de la Notaría Segunda
para demostrar que la señora Peña y su esposo no son propietarios de la
vivienda donde residen.
-
Fotocopia de un recibo
de un servicio público domiciliario de energía de CODENSA, con el fin de
acreditar que se pertenece al estrato 2.
-
Tres sobres de pago
donde se acredita que el señor Farid Garzón, esposo de la señora Peña, percibe
el salario mínimo.
f)  Actividad
procesal adelantada por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional.
18- El 25 de abril
de 2000 el presente caso fue seleccionado para revisión y fue repartido a la
Sala Sexta de Revisión, la cual procedió a verificar la situación médica en que
se encontraba la señora Blanca Jineth Peña Pinilla. La Corte solicitó entonces
al Seguro Social que se informara si la señora Peña se encontraba actualmente
afiliada a dicha E.P.S. y a partir de que fecha.  Además, se indagó respecto a
si la paciente requiere actualmente del tratamiento de hemodiálisis, si se ha
continuado dicho tratamiento o si se ha condicionado en forma alguna.
Finalmente, se requirió un informe sobre el suministro del tratamiento de
hemodiálisis durante el embarazo, sobre el parto de la señora Peña, su situación
postparto y la situación actual del recién nacido.
De otro lado, la
Sala solicitó a la E.P.S. FAMISANAR que informara a esta Corporación sobre el
estado de las cotizaciones de la señora Blanca Jineth Peña Pinilla durante el
tiempo en que estuvo vinculada a dicha entidad y requirió además un informe
sobre las condiciones y razones por las cuales la señora Peña se desvinculó.
19-  Mediante un
oficio fechado 18 de julio de 2000, el Seguro Social informó que la usuaria
había seguido siendo atendida en el Hospital San José, que su parto fue
atendido en dicho centro asistencial y que hasta el momento no se le había
presentado ningún inconveniente.  Por su parte, la E.P.S. FAMISANAR comunicó
que una vez consultada la base de datos, la señora Peña no figura registrada
como afiliada a la entidad.
II- FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES
Competencia
1-
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para
proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia,
con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la
Constitución, en armonía con el decreto No 2591 de 1991. Además, su examen se
hace en virtud de la selección que de dicha acción practicó la sala
correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada en el
reglamento de la Corporación.
Un asunto previo:  legitimidad en la causa y agencia oficiosa en el
presente caso
2-  Expresa el fallador de segunda instancia que el accionante no se
encuentra facultado para interponer la acción de tutela a favor de Blanca
Jineth Peña Pinilla por carecer de poder especial para ello ni existir una
situación que actualice causal alguna de representación legal.  Así mismo,
considera que la señora Peña se encuentra en condiciones de asumir su propia
defensa, por lo cual el peticionario no puede aducir interés como agente
oficioso ni contar con legitimación en la causa para asumir la reivindicación
de derechos fundamentales ajenos.
3-  Al respecto, la
Sala estima pertinente recordar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[1]
ha establecido que en el agenciamiento de derechos ajenos, debe estar
debidamente demostrado que realmente el interesado no está en condiciones de
asumir la defensa de sus propios derechos. Sobre tal requisito, se dijo en la
sentencia T-503/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, lo siguiente:
"Esta
exigencia no es resultado de un capricho del legislador, ni corresponde a una
mera formalidad, encaminada a obstaculizar el acceso a la administración de
justicia, especialmente cuando se trata de la defensa de un derecho
fundamental. No. Esta exigencia es desarrollo estricto de la Constitución sobre
el respeto a la autonomía personal (art. 16). Una de las manifestaciones de
esta autonomía se refleja en que las personas, por sí mismas, decidan si hacen
uso o no, y en qué momento, de las herramientas que la Constitución y la ley
ponen a su alcance, para la protección de sus derechos en general, trátese de
los fundamentales o de los simplemente legales.
Esta concepción
está ligada, también, al reconocimiento integral de la dignidad humana. Es
decir, que a pesar de la informalidad que reviste la presentación de la acción
de tutela, tal informalidad no puede llegar hasta el desconocimiento de lo que
realmente desea la persona interesada. Pues, a pesar de las buenas intenciones
del tercero, sus propósitos pueden no ser los mismos que los del interesado. El
interesado puede no querer, por ejemplo, que personas distintas a su médico
personal la ausculte, o que un juez conozca detalles de su enfermedad, que
quiere que permanezcan dentro de su ámbito privado.
Además, si la
persona puede iniciar la acción de tutela, el hecho de que un tercero lo haga
por ella, a pesar de la apariencia de bondad del gesto, éste también puede
tener un significado que lesiona la dignidad del propio interesado, pues,
estaría siendo considerado, por dicho tercero, como alguien incapaz de defender
sus propios derechos."
En este sentido,
para la procedencia de la agencia oficiosa es necesario indagar respecto a si
el agente manifiesta expresamente actuar como tal y auscultar la imposibilidad
del afectado en cuanto a la promoción de su propia defensa, ya sea por
circunstancias físicas como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren
haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que
le impida acudir a la justicia[2].
4-  En el caso
que nos ocupa, afirma el actor que "mi hermana
se encuentra en embarazo, el cual se considera de alto riesgo, y está por el
octavo mes de gestación", requiriendo además de un tratamiento de
hemodiálisis de urgencia, debido al deterioro progresivo de la función renal.
A la postre, y  en declaración ante el juez de primera instancia, la señora
Blanca Jineth Peña corroboró las afirmaciones de su hermano y expresó que había
sido hospitalizada el 5 de noviembre de 1999 en el Hospital para efectuar la
primera diálisis de urgencia.  Dijo la señora Peña que "de allí salí
el 13 de Noviembre y seguí en diálisis día de por medio hasta el 30 de
noviembre de 1999", fecha en la cual fue suspendido el servicio.  Afirma
además que tuvo que dirigirse a la oficina de autorizaciones del Seguro Social,
que a pesar de la urgencia no fue entregada la orden para reanudar la diálisis
sino hasta el 4 de diciembre y que continuamente le reclamaban el pago del
porcentaje adeudado (folios 51 y 52).  La acción de tutela se interpuso el 2 de
diciembre.
De lo anterior, se
puede deducir que la señora Peña, al declarar ante el despacho manifestó su
consentimiento tácito respecto al ejercicio de la acción de tutela promovida,
en su nombre, por un familiar cercano, su hermano. Además, de la gravedad
inherente a la suspensión del urgente tratamiento de hemodiálisis en una mujer
embarazada, es posible concluir que el hermano de la señora Peña actuó con base
en un convencimiento fundado sobre la incapacidad de esta para la defensa de
sus derechos al momento de interponer la acción de tutela.
5-  En el caso concreto, se considera entonces que la difícil
situación en la salud de su hermana, y la especial protección que la Carta
otorga a la mujer embarazada, legitimaban al actor para interponer esta tutela
como agente oficioso, sobre todo si se tiene en cuenta que existió el
consentimiento de la realmente interesada en tanto reafirmó lo pretendido a
través de su declaración ante el juez de primera instancia.
Problemas
jurídicos a resolver
6-  De acuerdo con
el concepto medico y la historia clínica de la hermana del actor, esta requiere
de un tratamiento de hemodiálisis.  Al momento de interponer la acción de
tutela se encontraba en el octavo mes de embarazo y el tratamiento había sido,
en principio, negado por problemas en la afiliación y por no haberse cotizado
el mínimo de semanas necesarias.  El fallo de primera instancia despacha
desfavorablemente la acción al encontrar probado que el tratamiento había sido
restablecido, considerando además que la paciente no acredita la insolvencia
necesaria para excusar el pago del porcentaje relacionado con las semanas que
aún le faltan por cotizar.  Por su parte, el fallo de segunda instancia -luego
de considerar que no existe legitimidad e interés por parte del recurrente-
confirma la decisión al estimar que la vida de la afiliada no corre peligro en
tanto se viene suministrando el tratamiento.  Además, precisa que al reducirse
el problema a un conflicto de tipo económico, la tutela se hace improcedente.
Con base en lo
anterior, la Sala deberá resolver si la ausencia del periodo mínimo de semanas
de cotización y la insolvencia económica del paciente, pueden implicar la no
prestación, suspensión o el condicionamiento del tratamiento necesario para
enfrentar una enfermedad catastrófica o ruinosa por parte de una entidad
promotora de salud.  Para ello se hace necesario reiterar la jurisprudencia
constitucional sobre el carácter de derecho fundamental que adquiere el derecho
a la salud cuando entra en conexidad con el derecho a la vida (i).  Así mismo,
y teniendo en cuenta las especiales circunstancias que rodean el presente caso,
se retomará la especial protección constitucional sobre la vida digna (ii).
Posteriormente, se destaca la jurisprudencia de esta Corporación relacionada
con el manejo de las enfermedades catastróficas o ruinosas (iii) para
finalmente estudiar el caso concreto (iv).
Reiteración de la jurisprudencia constitucional
sobre el derecho a la salud y su conexidad con el derecho a la vida
7-  La
jurisprudencia constitucional respecto al tema objeto de estudio ha precisado,
entre otros, los siguientes criterios:
a.  En
principio, la salud no es un derecho prestacional[3].  Sin
embargo, éste puede adquirir el rango de fundamental cuando se encuentra
inescindiblemente ligado al derecho a la vida, pues si es necesario garantizar
éste último a través de la recuperación del primero, a fin de asegurar la
dignidad de las personas[4],
la salud se convierte en derecho fundamental por conexidad.  De ahí que el
derecho a la salud sea un derecho protegido constitucionalmente[5], en los
eventos en que por su conexidad, su perturbación pone en peligro o acarrea la
vulneración de la vida u otros derechos fundamentales de las personas[6].
b.  En
consecuencia, cuando se trata del derecho a la salud, su exigencia inmediata es
apreciable sólo en el caso concreto y depende de cada situación y cada derecho
del derecho involucrado[7].
c. Cuando la
salud adquiere el rango de derecho fundamental, es susceptible de amparo a
través de la tutela.  Pero, cuando mantiene su carácter prestacional, puede ser
exigible a través de otros mecanismos judiciales de defensa diferentes a la
tutela[8].
d.  Lo anterior
permite deducir que los tratamientos médicos, quirúrgicos y la entrega de
medicamentos por parte de las Empresas Promotoras de Salud, puede ordenarse por
vía de tutela cuando se ampara la salud como derecho fundamental por conexidad[9].
e.  Debe tenerse en
cuenta que la protección del derecho a la salud está supeditada a
consideraciones especiales, relacionadas con la naturaleza prestacional que
también este derecho tiene (artículo 49 C.P.).  Esta naturaleza, emanada de la
decisión del Constituyente de establecer unos objetivos y programas propios del
Estado Social de Derecho, implica que desde el punto de vista prestacional el
derecho a la salud se encuentra supeditado a procedimientos legales,
programáticos y operativos que materializan el alcance y efectividad de ese
derecho como un servicio público paulatinamente extensivo a todos los
ciudadanos.  Por tal razón, el derecho a la salud, entendido desde este punto
de vista prestacional, de infraestructura y acceso, requiere para su concreción
de un desarrollo legal, apropiación de recursos, entre otro tipo de actuaciones[10].
El concepto de
vida digna y su relación con el derecho a la salud.
8-
Ahora bien, la conexidad del derecho a la salud con el derecho a la vida debe
enmarcarse dentro del contexto de dignidad humana que irradia todo el
ordenamiento constitucional, por lo cual los riesgos contra la vida no pueden
entenderse única y exclusivamente en un estricto sentido formal.  Debido a
ello, la Sala estima pertinente recordar algunos criterios establecidos por la
jurisprudencia constitucional en relación con la conexidad del derecho a la
salud y el derecho a la vida digna.  Los parámetros generales se resumen así:
a.  El concepto de
vida al que en reiteradas ocasiones ha hecho alusión esta Corporación, no es un
concepto limitado a la idea restrictiva de peligro de muerte, que daría lugar
al amparo de tutela solo en el evento de encontrarse el individuo a punto de
fenecer o de perder una función orgánica de manera definitiva; sino que se
consolida como un concepto más amplio a la simple y limitada posibilidad de
existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en
condiciones dignas.  Lo que se pretende entonces, es respetar la situación
“existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad”, ya que “al
hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable”[11], en la medida que sea
posible[12].
b.  De conformidad
con lo anterior y sin olvidar su relación directa con la vida y la calidad
misma de ella, se ha entendido por derecho a la salud, “la facultad que
tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto
física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se
presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.
Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento...”[13]
c.  De ahí que un concepto restrictivo de protección a la vida, que
desconociera las anteriores precisiones, llevaría automáticamente al absurdo de
la negación del derecho a la recuperación y mejoramiento de las condiciones de
salud y vida de las personas.
d.  Por tal motivo,
la Corte Constitucional ha manifestado que la tutela puede prosperar no solo
ante circunstancias graves que tengan la idoneidad de hacer desaparecer en su
totalidad el derecho, sino ante eventos que puedan ser de menor gravedad pero
que perturben el núcleo esencial del derecho a la vida y tengan la posibilidad
de desvirtuar claramente ese derecho o la calidad de vida de las personas[14], atendiendo cada caso
específico.
La
jurisprudencia constitucional en el caso de enfermedades catastróficas y
ruinosas
9- Teniendo en
cuenta que el presente caso se relaciona con una enfermedad catastrófica o
ruinosa, la Sala estima pertinente retomar los criterios que la jurisprudencia
de la Corporación ha establecido al respecto. En efecto, el especial y
cuidadoso manejo de las enfermedades catastróficas o ruinosas ha justificado la
precisión de los siguientes criterios por parte de esta Corporación:
a.  Respecto al
periodo mínimo de cotizaciones -llamados también periodos de carencia-, la
Corte[15]
ha establecido que cuando aquellos que requieren con urgencia la atención
médica y no tienen el dinero suficiente para cubrir las cuotas moderadoras,
copagos o no han completado las semanas mínimas de cotización, prescritas en la
legislación para acceder a los tratamientos de alto costo, es inaplicable para
el caso concreto la legislación que permite negar el servicio.
b.  En este sentido,
la aplicación estricta del Decreto 806 de 1998 respecto a la exigencia del
mínimo de semanas cotizadas para tener derecho a los tratamientos
correspondientes a enfermedades catastróficas o ruinosas, puede vulnerar o
amenazar los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física de quien
lo requiere[16].
Por ello, la inaplicación del Decreto pretende hacer efectivas garantías de
rango superior[17],
en atención a los artículos 4 y 5 de la Constitución, el primero sobre primacía
de la Carta Política sobre toda norma legal o de otro nivel que sea
incompatible con ella, y el segundo relativo al compromiso estatal de defender
la dignidad de la persona humana[18].
10-  Teniendo en
cuenta los anteriores criterios, la Sala debe resolver si el presente caso es
susceptible de aplicarlos en tanto se acredite una vulneración del derecho a la
salud en conexidad con el derecho a la vida.
El
caso concreto
11-  Afirma el actor
que la suspensión del tratamiento de hemodiálisis que necesita su hermana,
quien estaba en el octavo mes de un embarazo catalogado como de alto riesgo,
pone en peligro la vida de aquella.  A la postre -y como se precisa desde el
fallo de primera instancia-, la hemodiálisis se reanudó y la atención médica
continúa, pasando a un primer plano la preocupación por la imposibilidad de
sufragar el porcentaje del tratamiento que le correspondería asumir a la señora
Peña.
12-  Cabe destacar
que aún cuando lo mencionado bastaba para confirmar la negación del amparo,
para esta Sala adquiere especial relevancia el manejo de la enfermedad
catastrófica que sufre la hermana del actor.  Por tal motivo se ordenaron las
pruebas necesarias para constatar que, actualmente, el tratamiento de
hemodiálisis viene siendo suministrado normalmente. Así mismo, se comprobó que
el parto no tuvo complicación alguna.
13- Por lo expuesto,
y de acuerdo con los documentos que obran dentro del expediente de tutela,
observamos que del estudio del mismo no se puede desprender que en la
actualidad -ni al momento de los fallos de primera y segunda instancia- se le
estén vulnerando los derechos fundamentales a la paciente, pues no obra prueba
alguna respecto a una nueva suspensión del tratamiento. En este sentido, si no
se logra determinar la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, que
haga procedente la tutela como mecanismo de aplicación inmediata, no es posible
conceder el amparo solicitado.
14-  Sobre este
mismo tema la sentencia T-403 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
advirtió:
“Ha de insistirse
en que las amenazas únicamente pueden dar lugar a la tutela si son graves y
actuales, es decir, si en el caso concreto resulta inminente un daño al derecho
fundamental en juego sin que su titular esté en capacidad de hacer nada para
evitarlo y si, además, el peligro gravita sobre el derecho en el momento en que
se ejerce la acción, pues de no ser así, ésta podría ser inútil o extemporánea.
De allí que no tengan tal carácter los hechos susceptibles de ser controlados
por la propia actividad de la persona ni tampoco los que ya tuvieron
ocurrencia, ni los que representan apenas una posibilidad remota o distante.”
Se insiste entonces
en que no es posible conceder una tutela si en el respectivo proceso no aparece
probada la amenaza o violación concreta a un derecho fundamental[19].
15-  En razón a lo
anterior, estima la Sala de Revisión que no existiendo vulneración o amenaza
alguna a los derechos fundamentales de la señora Blanca Jineth Peña, la tutela
debe negarse.  En el presente caso, la paciente ha sido objeto de protección a
sus derechos a la salud y a la vida por parte del Instituto de Seguros
Sociales, en la medida en que frente a la insuficiencia renal crónica que
padece viene recibiendo el tratamiento de hemodiálisis pertinenente. Se reitera
entonces que conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política no
debe concederse la tutela[20],
como en efecto fue declarado por el fallo que se revisa.
III- DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión  de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
R E S U E L V E:
Primero.-  CONFIRMAR, pero por las razones aquí expuestas, la
sentencia proferida por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá,
el 15 de febrero de 2000.
Segundo.-  Por Secretaria, LÍBRESE la comunicación
prevista por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ                            VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado                                                                 Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Ver al respecto las sentencias T-555/96, T-217/98 y SU-707/96.
[2]
Sentencia SU-707/96, M.P.  Hernando Herrera Vergara.
[3]
Sentencias T-395/98, T-076/99, T-231/99.  M.P.  Alejandro Martínez Caballero.
[4]
Ver SentenciasT-271/95,  T-494/93, T-395/98.
[5]
Al respecto, consultar las sentencias SU-111/97, SU-03998, T-236/98, T-395/98,
T-489/98, T-560/98, T-171/99 entre otras.
[6]
Ver Sentencia T-271/95 M.P.  Alejandro Martínez Caballero y Sentencia T-494/93
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[7]
Sentencia T-207/95 M.P.  Alejandro Martínez Caballero.
[8]
Ver Sentencia T-230/99.  M.P.  Alejandro Martínez Caballero.
[9]
Sentencia T-230/99.  M.P.  Alejandro Martìnez Caballero.
[10]
Ver al respecto, Sentencia T-571/92.
[11]
Sentencia T-494/93.  M.P.  Vladimiro Naranjo Mesa.
[12]
Sentencia T-395/98.  M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[13]
Sentencia T-597/93.  M.P.  Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14]
Sentencia T-260/98.  M.P.  Fabio Morón Díaz.
[15]
Senbtencia T-358/98.
[16]
Ver en especial la sentencia SU-995/99. M.P.  Alvaro Tafúr Galvis, la cual se
remite a las sentencias T-691/98, T-628/98. T-385/98, T-497/97 y T-236/96.
[17]
Ver Sentencia T-860/99.  M.P.  Carlos Gaviria Diaz.
[18]
Sentencia T-150/00.  M.P.  José Gregorio Hernández Galindo.
[19]
Ver al respecto las sentencias  T-411/98.  M.P. Hernando Herrera Vergara,
T-052/98.  M.P.  Antonio Barrera Carbonell y T-281/98, M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero
[20]
Sentencia T-342/97.  M.P.  Hernando Herrera Vergara.