T-439-09
Sentencia: T-439/09
Sentencia
T-439/09
CONFLICTO SUSCITADO POR LA TENSION EXISTENTE ENTRE EL
DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN/LIBERTAD DE INFORMACION DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACION
CONTENIDO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION/RESPONSABILIDAD
DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA
La responsabilidad social de los
medios de comunicación persigue que su comportamiento, en cuanto al manejo,
procesamiento y divulgación de la información, garantice el ejercicio pleno de
los derechos fundamentales del receptor de la información, y de los sujetos de
la misma. Se trata, por lo tanto, de la coexistencia entre sus derechos: el de
informar, de recibir información y el del respeto a la intimidad, la honra, el
buen nombre y la dignidad de la persona sobre quien se informa. Por
consiguiente, como los derechos a informar, a recibir información y la libertad
de opinión no son absolutos, en cuanto admiten restricciones, la labor del juez
constitucional en cada caso consiste en evaluar si la limitación es admisible y
cuál resulta ilegítima. Y para ello será indispensable verificar si los
derechos fundamentales de las personas resultan vulnerados por la información.
LIBERTAD DE INFORMACION Y EL DEBER DE VERACIDAD
La libertad de información tiene por objeto comunicar
y recibir información sobre hechos de carácter noticiable, que por su
materialidad son susceptibles de prueba, y deben someterse al contraste de su
veracidad. Por lo tanto, cuando ésta exige que la información sea veraz, está
estableciendo un deber específico de diligencia a cargo del informador -que
solo debe transmitir como hechos, lo que ha sido objeto de previo contraste con
datos objetivos-, y se privan de garantía constitucional a quien, defraudando
el derecho de todos a la información, actúa con desconocimiento de la veracidad
o falsedad de lo comunicado. Así pues, información veraz significa, en los
términos del artículo 20 constitucional, información comprobada según los
cánones de la actividad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras
malas intenciones.
LIBERTAD DE PRENSA Y DERECHO AL BUEN NOMBRE
VERDAD E IMPARCIALIDAD COMO LIMITES A LA LIBERTAD DE
INFORMACION
DERECHO A LA INFORMACION Y DERECHO A LA PROPIA IMAGEN
Y EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE PRENSA
La protección de la propia imagen, junto con la de la
intimidad y el honor, hacen parte de los llamados derechos personalísimos.
Estos poseen autonomía propia, lo cual no significa que en ciertas situaciones
no pueda verse menoscabados por medio de la violación del derecho de cada individuo
a su imagen, que comprende la facultad de disponer de su apariencia y de su
privacidad, autorizando o no su captación y su difusión. Todos los habitantes
del territorio nacional tienen la libertad de publicar sus ideas sin censura
previa; no obstante, esta libertad está limitada por la Constitución y las
leyes que reglamentan su ejercicio. Ahora, si bien no puede restringirse la
libertad de prensa, y tampoco puede someterse la difusión de ideas o informaciones
a censura previa, sí puede el juez constitucional impedir la violación de los
derechos al buen nombre y a la honra de la persona, ya sea por la prensa, por
la televisión o por cualquier otro medio, como acto abusivo que no puede ser
objeto de garantía constitucional. Cuando se prohíbe e impide la publicación o
difusión de informaciones, noticias o imágenes que afectan la intimidad de la
vida privada de la persona o de su buen nombre, no se está censurando una
publicación o información que puede eventualmente ser difamatoria, calumniosa o
injuriosa. Por el contrario, se está garantizando, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2º de la Constitución, la efectividad de los derechos
de las personas que se pueden ver lesionadas por el contenido de la
publicación, cuando éste resulte contrario a la verdad. Corresponderá entonces,
al juez constitucional, en cada caso particular, en aras de asegurar la
efectividad de los derechos fundamentales, evaluar si la información, imagen o
noticia a la que se pretende dar difusión o la circulación de la publicación
que contiene la revelación de hechos o situaciones íntimas han sido obtenidas
ilegalmente, o sin la debida certeza y constatación de la objetividad de la
información publicada.
RECTIFICACION PREVIA NO EXIGIBLE COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD EN CASO DE INFORMACION VERDADERA VIOLATORIA DEL DERECHO A LA
INTIMIDAD
Esta Corporación ha sostenido, al interpretar el
alcance del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que la exigencia de previa
solicitud de rectificación  como condición de procedencia de la acción de
tutela,  es aplicable cuando se pretende la corrección de informaciones
inexactas o erróneas divulgadas por los medios de comunicación social. Tratándose
de los medios de comunicación social, el derecho de rectificación está
consagrado de manera expresa en la Constitución, y se origina por el solo hecho
de difundir información falsa o inexacta que afecte los derechos fundamentales
de una persona. Para la garantía de ese derecho, la ley ha previsto entonces,
una causal especial de procedencia de la tutela frente a particulares que
tienen el deber de informar los asuntos de interés general a la colectividad,
incorporando la exigencia  previa de una solicitud de rectificación. La
violación de los principios de veracidad o imparcialidad por parte de un medio
de comunicación, con repercusión sobre los derechos fundamentales de una
persona, genera como consecuencia natural el derecho fundamental de
rectificación, en virtud del cual esta última  puede solicitar la corrección de
la información, “en condiciones de equidad”. Sin embargo, ha dispuesto
igualmente la jurisprudencia que hay eventos en los cuales no es necesario
hacer la solicitud  previa de rectificación para que la tutela sea procedente. En
este caso, a pesar de que la accionante lo intentó, no era necesaria la
rectificación por cuanto es evidente que  no se trata de una temática
susceptible de rectificarse porque (i) la información revelada no era inexacta
ni falsa y por ende, era innecesario apelar a una rectificación y (ii) lo que
se quiere en este caso es que, aunque la información suministrada por la cadena
informativa es verdadera, se logre la protección judicial para detener la
lesión a derechos fundamentales producida por la manera como la información ha
sido presentada.
DERECHO A LA INTIMIDAD EN CASO EN QUE LA PERSONA
ACCEDE A LEVANTAR EL VELO DE SU INTIMIDAD-Innecesaria la inclusión de la imagen y la voz de la demandante
Quiere decir que en el presente caso, prima facie, no
existió violación del derecho a la intimidad de la accionante por parte del
reportaje neutral  y documental  realizado por Caracol,  en tanto la propia
accionante accedió, en su momento, a “contar parte de su vida” a un  reportero
casual.  Empero, el asunto no es tan pacífico, porque si bien la accionante
reveló datos íntimos, lo hizo bajo ciertas condiciones que no se lograron
demostrar en el proceso,  pero que la Corte no puede soslayar  en este
análisis,  ellas son: (i)  las  precisas condiciones exigidas por la accionante
para conceder el reportaje: distorsión de voz y entrevista sin mostrar el
rostro- y (ii) la negativa del reportero  en reconocer la  existencia de tales
exigencias. Pese a que la duda  persiste por falta de una comprobación clara
de lo sucedido en punto al anonimato sugerido por la accionante en el reportaje
realizado por el periodista, en opinión de la Corte, resulta extremadamente
sospechoso el posible consentimiento de la accionante  en acceder a una
entrevista de frente y sin ocultamientos, tal como lo afirman las personas
implicadas en esta tutela. Se
concluye que la inclusión, por otra parte innecesaria, de la imagen y la voz de
la accionante, en la difusión de este importante documento periodístico,
realmente vulneró el derecho a la imagen y a la intimidad de la tutelante y de
sus hijos menores de edad que en este caso por disposición constitucional
expresa resultan prevalentes y la Corte debe proceder a resguardarlas.
LIBERTAD DE INFORMACION Y EL PASO DEL TIEMPO-Significación de un hecho o una acción puede variar
en el curso del tiempo
El paso del tiempo en el marco de la libertad de
información ha ocupado a la doctrina por cuanto tales difusiones pueden llegar
a obstaculizar la vida presente de las personas involucradas.
LIBERTAD DE INFORMACION-Límites
Por esta razón la Corte Constitucional,  ciertamente
recava la importancia y la trascendencia del derecho a la información libre,
pero no deja de llamar la atención y alertar a los periodistas y a los medios
sobre la necesidad de desarrollar una profunda sensibilidad, tener un cuidado
especial y adoptar medidas preventivas extremas cuando exista o pueda existir
una confrontación y una contradicción con otros derechos fundamentales de los
niños o de otras personas, como el derecho a la intimidad y el buen nombre. No
otra razón tiene el examen que se hace a continuación sobre las limitaciones al
derecho a la libertad información.
LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHOS DE MENORES DE EDAD/
LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO A LA PROPIA IMAGEN/ INDEMNIZACION DE
PERJUICIOS Y DAÑO EMERGENTE EN CASO DE VULNERACION DE LOS DERECHOS A LA PROPIA
IMAGEN, LA INTIMIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
En
casos en los que potencialmente esté de por medio la preservación de los
derechos de menores de edad, en particular ante transmisiones de imágenes  o
noticias  a través de los medios de comunicación que pueden ser perjudiciales
para su bienestar y desarrollo integral, los jueces han de prestar especial
atención a su protección, y a la armonización concreta de los derechos
enfrentados, sobre la base de la prevalencia de los derechos de los niños – que
detentan, por mandato expreso del artículo 44 de la Constitución, una primacía ab
initio sobre la libertad de expresión. La
divulgación del reportaje  con datos desuetos de la vida privada de la
accionante,  y especialmente las modalidades visuales- imagen y voz empleadas
en este caso, vulneraron y afectaron, sin duda, la intimidad personal y
familiar  de los hijos menores de edad de la señora Maria. La Corte
revocará las sentencias de instancia para dar paso a la protección solicitada
por la señora MARIA, en punto a sus derechos a la  propia imagen, a la
intimidad y a los derechos de los niños. Para ello, ordenará a Caracol y Semana
que se aseguren de cubrir la imagen y distorsionar la voz de la  accionante en
las emisiones que se hagan del  documento COLOMBIA VIVE, donde la accionante
aparece de frente a las cámaras dando una entrevista al reportero.
DERECHO AL OLVIDO-Caso divulgación de entrevista dada para programa de televisión años
atrás
Referencia: expediente T-2.008.189
Acción de Tutela instaurada por María en contra
de Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,  siete (7) de julio de dos mil nueve
(2009)
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra
Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos proferidos por el Juzgado
Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá, en primera instancia, y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, Sala Civil – Familia, en
segunda instancia, el 23 de junio de 2008 y el 23 de julio de 2008,
respectivamente, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora María
contra Caracol Televisión S.A.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
ACCIÓN DE TUTELA PARA
PROTEGER LA INTIMIDAD Y EL BUEN NOMBRE
La señora María interpuso acción de tutela el
30 de abril de 2008 y solicitó la protección de sus derechos a la intimidad, el
buen nombre, a la honra y a la imagen.
A fin de proteger el derecho a la intimidad de la
accionante esta Sala de Revisión  no hará mención a su nombre, ni a su
identidad.
1.1.1. Hechos Base de la Tutela
La acción se fundamenta en los siguientes:
1.
La señora María
manifiesta que en el año de 1996 concedió una entrevista a un periodista para
que esta fuera divulgada en medios televisivos.
2.
Agrega que en dicha entrevista
solicitó al periodista que, con el fin de proteger su intimidad, le
distorsionara su voz  y rostro, petición que fue atendida por el
entrevistador, y se publicó la entrevista por medios televisivos, en la forma
acordada.
3.
Indica que 12 años después, la
entrevista fue incluida en el documental “Colombia Vive – 25 años de
resistencia”, publicado por Caracol Televisión S.A.
4.
Expresa que pese a la
solicitud inicial de protección de su intimidad, en este documental no se
distorsionó ni su imagen ni su voz, y se editaron  imágenes muy
comprometedoras, y con tal actuación se están vulnerando sus derechos
fundamentales. Allegó a la tutela dos declaraciones de personas residentes en
el Casanare que sostienen que el video que se  emitió en el año de 1996, se
hizo con la reserva solicitada por la demandante.
5.
Manifiesta que debido a la
publicación del documental que contiene la entrevista debió desplazarse del
Municipio donde residía con ocasión al rechazo social, y además ha tenido
problemas familiares, ya que su esposo y sus hijos no conocían la situación
narrada en la entrevista.
6.
Indica que debido a la
vulneración de sus derechos, citó a Caracol Televisión S.A. a una audiencia de
conciliación en la cámara de comercio, que no prosperó, razón por la cual
decidió acudir a la acción de tutela.
7.
Solicita protección a sus
derechos a la honra, buen nombre e intimidad, para lo cual pide que se retire
de inmediato del mercado el documental referido.
1.1.2.
Admisión de la Tutela
Mediante auto del 10 de junio de
2008, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá admitió la demanda
interpuesta y dio traslado a Caracol Televisión S.A.
El Juzgado solicitó a la entidad informarle
cuáles fueron las condiciones preestablecidas para la divulgación de la
entrevista por parte de la peticionaria y si la accionante solicitó
rectificación de la información.
Por último, el 20 de junio de 2008 el juez de instancia
vinculó al proceso a Publicaciones Semana S.A., por eventualmente estar
comprometida en las actuaciones presentadas por la tutelante.
1.2.
ACTUACIONES PROCESALES
1.2.1. Contestación de Caracol Televisión S.A.
El 16 de junio de 2008, el Representante Legal de Caracol
Televisión S.A. dio respuesta a la acción de tutela e indicó que tal como lo
reconoce y afirma la señora María ésta “concedió de manera voluntaria
una entrevista al periodista Mauricio Gómez en el año de 1996”, quien
entonces era director del noticiero 24 horas.
Señala la entidad accionada que las condiciones para
la publicación de la entrevista deben probarse en el curso de la acción
constitucional pues la entrevista no fue realizada por Caracol Televisión S.A.,
y no existe documento donde conste la afirmación de la peticionaria, pese a que
dicho requisito se encuentra contenido en el artículo 34 de la Ley 23 de 1982.
Caracol Televisión S.A. añade que la señora María  no
le solicitó la rectificación de la información, de acuerdo con lo establecido
en el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
La entidad, además explica que la entrevista fue
divulgada en medios de comunicación después de concedida y se constituyó así en
un hecho público, que se divulgó con su autorización, y no se trata entonces,
de hechos inventados por un tercero “sino de relatos de primera persona, de
manera que el canal no se inmiscuyó en asuntos reservados o de conocimiento
exclusivo de la actora, sino que retomó un hecho concreto y cierto del cual
fueron testigos muchos ciudadanos, lo que desvirtúa que fueron íntimos, no
conocidos , o no revelados” motivos por el cual tampoco se vulneran los
derechos de sus familiares.
Se reconoce en la contestación que “no hay duda que
la declaración efectuada por la señora María pudo afectar su buen nombre, pero
ello no deviene del documental demandado, sino de su conducta y su decisión
autónoma y libre de revelar circunstancias y hechos personales, es decir que se
hicieron públicos con su consentimiento. En este caso, como quiera que
la información divulgada en los medios corresponde a la realidad, no hay lugar
a rectificación alguna, ni a vulneración imputable a CARACOL TELEVISIÓN S.A.
Por otra parte, la entidad agrega que la entrevista
fue concedida al periodista Mauricio Gómez Escobar  sin ningún tipo de
restricción, y que éste, a su vez fue contratado por Caracol Televisión S.A. y
Publicaciones Semana S.A. para producir el mencionado documental mediante
contrato del 14 de enero de 2004, “por el cual éste se comprometió a
entregar el material de su propiedad y a garantizar su libre disposición”.  Para
ello Caracol Televisión S.A. entregó copia de dicho contrato de prestación de
servicios.
En concordancia con lo expuesto, el canal de
televisión expresó que existe en el caso falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues se firmó un contrato con el periodista Mauricio Gómez Escobar
quien se comprometió a entregar material de su propiedad, ceder los derechos de
propiedad intelectual y “hacerse responsable ante los contratantes y ante
terceros por cualquier reclamación que pueda presentarse por la ejecución de
las obligaciones contenidas en el contrato”[1].
Así, la empresa Caracol expone que existe falta de
integración del litis consorcio necesario puesto que el documental Colombia Vive – 25 años de resistencia es producto de un contrato firmado entre Caracol
Televisión S.A. - Publicaciones Semana S.A. y Mauricio Gómez Escobar, y al no
estar éstas últimas personas en el proceso se puede vulnerar su derecho al
debido proceso.
1.2.2. Contestación de Publicaciones Semana S.A.
El 23 de junio de 2008 el apoderado de Publicaciones
Semana S.A. contestó la acción de tutela. En primer lugar indica la entidad que
la accionante no solicitó la rectificación de la información como lo establece
el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, incumpliendo así el
requisito de procedibilidad de la acción.
En segundo lugar Publicaciones Semana S.A. arguyó que
para la realización del documental se contrató al periodista Mauricio Gómez
Escobar, quien editó y compiló las imágenes y la información, sin que la señora
María haya aportado prueba que acredite las condiciones bajo las cuales
se concedió la entrevista, y en las que se solicitó la distorsión de la imagen
y la voz.
Además, arguye la accionada, que la entrevista se
concedió “en condiciones de espontaneidad” que se evidencian en la “simple
soltura” y vivencia del relato.
Por último, señala Publicaciones Semana S.A. que, como
consecuencia de los motivos expuestos, la acción no debe prosperar, porque no
existe vulneración de los derechos fundamentales de la señora María.
1.3.
PRUEBAS
A continuación se relacionan las pruebas que reposan
en el expediente:
1.3.1. Pruebas aportadas en instancias.
1.3.1.1.
DVD documental Colombia Vive – 25 años de resistencia. (Folio1).
1.3.1.2.
Copia de constancia de
imposibilidad de conciliación entre la señora María y Caracol Televisión S.A. ante el Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. (Folios 2 y 3).
1.3.1.3.
Copia del contrato de
prestación de servicios suscrito entre Mauricio Gómez Escobar y Caracol
Televisión S.A. - Publicaciones Semana S.A., el 14 de enero de 2008. Vigencia
del contrato: a partir del 1 de abril de 2007 al 30 de enero de 2008 (folios 17
a 20).
1.3.2. Pruebas aportadas por la accionante en sede de
revisión
1.3.2.1.
Declaración del señor “PEDRO,
identificado con la cedula  YYYY, residente en Campo Alegre, Huila.
“ HABLO  en propiedad de la señora MARIA
Que la conozco hace varios años soy un simple vendedor de dulces que no he
hecho otra cosa que andar y andar, un día me encontré con MARIA en un
sitio llamado peñas coloradas donde la veía todos los días ya que ella era mi
fiel cliente de cigarrillos, dulces, y tinto. Yo fui quien le dijo al reportero
que le hiciera la entrevista a mi amiga MARIA y aun lo recuerdo pusieron
un telón para tapar su rostro después de ese día no la volví a ver y ahí quedo
un secreto el cual haya sido publico destruyendo su hogar familiar, ella
llorando me ha pedido esta carta y yo con mis propias palabras se la di pero ya
no hay remedio de volver atrás lo que CARACOL destruyó es irreparable”.
1.3.2.2.
Declaración de la señora “ROSA”
identificada con la cedula No. YYY residente en Campo Alegre -Huila­ en la
cual se lee:
“CERTIFICO:”
“Hablo  en propiedad de la señora MARIA
que la conozco hace 14 años,  por casualidad viajamos a peñas coloradas donde
compartimos muchas cosas, y sobre todo la grabación del noticiero quien filmó
la entrevista que junto con otras personas vimos donde sólo vimos la cola de su
moña que en ocasiones lleva, donde ni su rostro, ni su voz fue conocida. Su
secreto fue descubierto por causa de un programa que A costa de ganar dinero,
destruye la vida de una mujer que con esfuerzo ha construido lo que tenía como
núcleo familiar, como persona siendo una mujer generosa, sencilla, honrada a
la  cual aprecio mucho”.
1.3.2.3.
Copia de la partida de
matrimonio de los señores MARIA y  XX, expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil de Campoalegre -Huila- el 9 de abril de
2008.
1.3.2.4.
Copia del Registro Civil de
nacimiento de XXX expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil de Campoalegre -Huila- de fecha 9 de abril 2008.
1.3.2.5.
Copia del Registro Civil de
nacimiento de XXXX, expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil de Guadalupe -Huila- de fecha 30 de enero de 2008.
1.3.2.6.
Copia del Registro Civil de
nacimiento XXXXX, expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil de Campoalegre -Huila- de fecha 9 de abril de de 2008.
1.3.2.7.
Copia de la sentencia de
divorcio de los señores MARIA  y XX  expedida por el Juzgado Segundo
de Familia de Bogotá, de fecha 27 de agosto de 2008.
1.3.2.8.
Valoración psicológica de los
menores de edad XXX y XXXX realizada por la profesional Genny Liliana
Patiño Garzón.
1.3.3. Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional en
sede de revisión
1.3.3.1.
Auto de doce de diciembre de
2008, la Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional
Considerando:
1. Que la señora MARIA presentó acción
de tutela, el 6 de junio de 2008, contra Caracol Televisión S.A. y solicitó la
protección de sus derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra y a la
imagen, con el fin de que el documental Colombia Vive - 25 años de resistencia transmitido
por el canal demandado y comercializado por el mismo, sea retirado del
comercio.
2. Que el 20 de junio de 2008 el juez
de instancia decidió vincular a Publicaciones Semana S.A. al proceso.
3. Que Caracol Televisión S.A. y
Publicaciones SEMANA S.A. respectivamente dieron respuesta a la acción de
tutela.
4.  Que las entidades accionadas se
oponen a la prosperidad de la acción de tutela, al afirmar que ésta no procede
pues la peticionaria no solicitó la rectificación de la información, de acuerdo
con el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, y además arguyen que
existe falta de legitimación en la causa por pasiva, porque para la realización
del documental Colombia Vive - 25 años de resistencia se contrataron los
servicios del periodista Mauricio Gómez Escobar.
5. Que de las contestaciones de la
acción de tutela por parte de Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana
S.A., esta Sala de Revisión colige que el señor Mauricio Gómez Escobar podría
resultar vinculado con la decisión que se adopte en la sentencia, por lo que es
necesario, en aras de garantizar el debido proceso, vincularlo para que
manifieste lo que considere necesario.
RESUELVE
PRIMERO: Por Secretaría General de la
Corte Constitucional, PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del señor Mauricio Gómez Escobar
el proceso de la referencia, la acción de tutela, las contestaciones que dieron
a la demanda Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A. y los fallos de
instancia, para que éste en el término de tres (3) días hábiles, contados a
partir de la recepción de esta providencia, manifieste lo que considere
pertinente en relación con las pretensiones de la accionante, las pruebas y
documentos que reposan en el expediente.
SEGUNDO: SUSPENDER LOS TÉRMINOS de este
proceso, de manera que sólo vuelvan a correr cuando el despacho emita un juicio
de valor sobre los documentos que obran en el proceso”.
1.3.3.2.
Respuesta del Doctor Mauricio
Gómez Escobar.
Indica lo siguiente:
“Yo salí de Colombia en el año de 1988
y viví por fuera hasta finales del año 2005. Por 1o tanto deseo manifestar que
yo no fui el autor de la entrevista   a MARIA, hecha en el Caquetá en el año
1996, por imposibilidad física.
Cuando en el año 2007 asumí la
dirección del documental Colombia Vive, encontré en los Archivos del Noticiero
24 Horas, del cual yo era socio, la mencionada entrevista que fue hecha por el
Periodista Carlos Julio Betancur. Teniendo en cuenta que dicha entrevista ya
había sido conocida por el público en general y que no tenía ninguna limitación
de orden legal, fue incluida en el documental Colombia Vive.
Además quisiera agregar que si MARIA
hubiera querido guardar el anonimato, ella hubiera dado la entrevista de
espaldas a la cámara y no de frente como lo hizo.
Estoy en disposición de ampliar mi
declaración si ello fuese necesario.
Atentamente,
MAURICIO GOMEZ ESCOBAR
17.122.940 de Bogotá.
1.3.3.3.
Auto de  dieciocho de marzo
de 2009, la  Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional
Considerando:
“1 ° Que el 6 de junio de 2008 la
señora MARIA presentó acción de tutela, contra Caracol Televisión S.A. y
solicitó la protección de sus derechos a la intimidad, el buen nombre, la honra
y la imagen, con el fin de que el documental "Colombia Vive - 25 años de
resistencia" sea retirado del comercio.
2° Que el 20 de junio de 2008 el juez
de instancia decidió vincular a Publicaciones Semana S.A. al proceso.
3° Que Caracol Televisión S.A. y
Publicaciones Semana S.A. dieron respuesta a la acción de tutela.
4° Que las entidades accionadas se
oponen a la prosperidad de la acción de tutela, al afirmar que la peticionaria
no solicitó la rectificación de la información, de acuerdo con el numeral 7 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, Y que además existe falta de legitimación
en la causa por pasiva, porque para la realización del documental "Colombia
Vive - 25 años de resistencia" se contrataron los servicios del periodista
Mauricio Gómez Escobar.
5° Que las pruebas que reposan en el
expediente no permiten tener claridad sobre los hechos, ni llegar con certeza a
una conclusión sobre la situación de la señora MARIA.
RESUELVE
PRIMERO.- Por Secretaría General de la
Corte Constitucional, OFÍCIESE a MARIA para que, en el término de tres (3) días
hábiles, contados a partir de la comunicación de la presente providencia, dé
respuesta a esta Sala de Revisión sobre el siguiente interrogatorio y envié la
información y el material probatorio que se solicita:
a. ¿En qué fecha concedió usted la entrevista que se
publicó en el documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia"?
b. ¿Cuáles fueron las razones para
conceder la entrevista?
c. ¿El periodista Carlos Julio Betancur
fue quien la entrevistó?
d. De ser negativa su respuesta ¿quién
fue y cuál es el domicilio del periodista a quién le concedió la entrevista
objeto de la acción de tutela?
e. Al momento de ser entrevistada,
¿solicitó al periodista o acordó con él que no divulgara su nombre
distorsionara el rostro y la voz en la imagen y sonido para la publicación de
la información en televisión u otro medio de comunicación?
f. ¿Cuáles fueron los motivos que la
llevaron a solicitar al periodista la distorsión de la imagen y de la voz de la
entrevista concedida?
g. De haber solicitado la distorsión
¿lo hizo por escrito o verbalmente? si no lo hizo por escrito, ¿por qué
razones?
h. ¿Conoce usted en qué año y en qué
medio de comunicación se publicó la entrevista concedida en 1996?
i. De ser afirmativa la respuesta
anterior y en caso de tener la grabación de la entrevista publicada, la Sala
solicita envió de una copia de la misma.
j. ¿Cuántas veces fue transmitida por
televisión la entrevista que usted concedió?
k. ¿Cómo se enteró de que en el
documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia", aparecía la
entrevista que concedió en el Caguán? ¿Su esposo conocía de los hechos que
usted narró en la entrevista concedida, objeto de la acción de tutela?
l. ¿Qué edad tienen sus hijos?
ll. ¿Sus hijos conocían de los hechos
que usted narró en la entrevista concedida, objeto de la acción de tutela?
SEGUNDO.- Por Secretaría General de la
Corte Constitucional, OFÍCIESE al señor Mauricio Gómez Escobar para que, en el
término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta
providencia, informe a esta Sala lo siguiente:
a. ¿En qué fecha se realizó la
entrevista practicada a la señora MARÍA que se publicó en el documental "Colombia
Vive - 25 años de resistencia", y se registra en el episodio: "la
confusión 1994-1998", minuto 37, segundo 28?
b. ¿En qué otro medio de comunicación -
noticiero, programa televisivo u otro - se público la entrevista a la señora
MARIA   desde que se realizó hasta la fecha?
c. ¿La entrevista a la señora MARIA fue
transmitida por el noticiero 24 horas?, ¿En qué fecha? ¿Cuántas veces?
d. En caso de informar sobre la
pregunta anterior, la Sala solicita al señor Mauricio Gómez Escobar que envíe
copia de la publicación de la entrevista concedida que se difundió en medios de
comunicación e indique la fecha y hora de la transmisión.
e. ¿Por qué razón utilizó la entrevista
a la señora MARIA en la realización del documental "Colombia Vive - 25 años
de resistencia"? ¿La accionante lo autorizó para utilizar la entrevista en
dicho documental?
f. ¿Por qué en el documental "Colombia
Vive - 25 años de resistencia" no se distorsionó la voz y la imagen en la
entrevista que concedió la señora MARIA?. Como socio del noticiero 24 horas, se
le solicita que indique si el  periodista Carlos Julio Betancourt realizó la
entrevista a la señora MARIA que se publicó en el documental "Colombia
Vive - 25 años de resistencia".
¿Cuál es el domicilio del periodista
Carlos Julio Betancourt?
h. ¿El periodista Carlos Julio
Betancourt le dio alguna directriz para la utilización de la entrevista de la
señora MARIA en el documental "Colombia Vive - 25 años de
resistencia"?
TERCERO: Por Secretaría General de la
Corte Constitucional, PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del señor Carlos Julio Betancourt
el proceso de la referencia, la acción de tutela, las contestaciones que dieron
a la demanda Caracol Televisión S.A., Publicaciones Semana S.A. y Mauricio
Gómez Escobar, así como los fallos de instancia, para que en el término de tres
(3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta providencia,
manifieste lo que considere pertinente en relación con las pretensiones de la
accionante, las pruebas y documentos que reposan en el expediente.
CUARTO.- El requerimiento debe enviarse
al señor Carlos Julio Betancourt a las siguientes direcciones: Calle 103. No.
69B - 43. Canal Caracol y Calle 93 B No. 13 - 47. Revista Semana, Bogotá.
QUINTO.- Por Secretaría General de la
Corte Constitucional, SOLICITAR a Canal Caracol Televisión y a la Revista
Semana que, en el término de dos (2) días hábiles, contados a partir de la
comunicación de esta providencia, informen la dirección, teléfonos y el
domicilio del señor Carlos Julio Betancourt, quien intervino en la realización
del documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia”
1.3.3.4.
Respuesta de la accionante al
interrogatorio de la Corte.
El 25 de marzo de 2009 narró lo siguiente:
“MARIA, actuando como accionante en la tutela de la
referencia, mediante el presente escrito me dispongo a dar respuesta al
interrogatorio solicitado por ustedes mediante providencia de fecha 19 de marzo
de los presentes, el cual absolveré bajo la gravedad  del
juramento :
a. ¿En que fecha concedió usted la
entrevista que se publicó en el documental "'Colombia vive -25 años de
resistencia"'? Respuesta: exactamente
no recuerdo, pero fue entre el mes de octubre y noviembre de 1996.
b. ¿Cuáles fueron las razones para
conceder la entrevista? Respuesta: pues la razones fueron varias, la primera fue que mi amigo el señor
“PEDRO” y el periodista se dirigieron al negocio donde yo trabajaba
llamado el Changai, yo estaba sentada en una mesa jugando parques con mi
amiga “ROSA” cuando “PEDRO” y el periodista se me acercaron, este
último me preguntó que si podía concederle una entrevista, y yo le pregunté
¿que para qué, o cómo?, y el me explicó que era para que diera un relato sobre
lo que está viviendo esta zona, por lo que en peñas coloradas no circulaba el
dinero, sino todo se manejaba alrededor de la coca, pues me pareció que era una
oportunidad para que la gente supiera las condiciones precarias que se vivían
en esta zona; la segunda razón, fue que el periodista me aseguró que en la
entrevista no iba a salir mi rostro y mi voz la iba alterar, pues como "me
generó confianza yo accedí; donde efectivamente en las horas de la noche en el
noticiero vimos la entrevista con mis amigas del trabajo, donde salí
irreconocible para cualquier persona.
c. ¿El periodista Carlos Julio
Betancur fue quien la entrevisto?
Respuesta: Realmente no recuerdo.
d. De ser negativa su respuesta ¿quien
fue y cual es el domicilio del periodista a quien le concedió la entrevista
objeto de la acción? Respuesta: Como lo dije no recuerdo el nombre de la
persona que me entrevistó.
e. Al momento de ser entrevistada, ¿solicitó
al periodista o acordó con él que no divulgara su nombre distorsionara el
rostro y la voz en la imagen y sonido para la publicación de la información en
televisión u otro medio de comunicación? Respuesta: si, yo se lo solicité,
y él además, antes de ser entrevistada me dijo que tranquila que le concediera
la entrevista que su rostro y su voz no se iban a reconocer.
f. ¿Cuáles fueron los motivos que la
llevaron a solicitar al periodista la distorsión de la imagen y de la  voz en
la entrevista concedida? Respuesta: el motivo principal era el miedo a que me reconociera mi familia, en
especial mi compañero, así mismo, el que estas declaraciones me causaran
problemas con la guerrilla que en ese momento eran las que mandaban en esta
zona.
g. De haber solicitado la distorsión ¿lo
hizo por escrito o verbalmente? Si no lo hizo por escrito, ¿Por qué
razones? Respuesta: verbalmente, por que el señor periodista me dijo que no
había problema, que mi rostro no lo iba a mostrar y que mi voz la iba alterar,
como así lo hizo durante la entrevista y posteriormente en la emisión de esa
noche en el noticiero de la 7:00 de la noche.
h. ¿conoce usted en qué año y en qué
medio de comunicación se publicó la entrevista concedida en 1996? Respuesta: la
entrevista la sacaron al aire el mismo día de concedida, entre octubre y
noviembre del año de 1996, en un noticiero de las.7:00 p.m., que se emitía
antes de la novela LA VIUDA DE BLANCO, posteriormente, que yo sepa no se
volvió a pasar por ningún medio.
i. De ser afirmativa la respuesta
anterior y en caso de tener la grabación de la entrevista publicada, la Sala
solicita envío de una copia de la misma. Respuesta: de esta entrevista no tengo copia, pues ésta salió en
el noticiero por un lapso de tiempo corto y no vi la importancia de tener una
copia de ella, más aún, que el reportero había cumplido con lo prometido, de
sacar mi imagen y mi voz distorsionada.
j. ¿Cuántas veces fue transmitida
por televisión la entrevista que usted concedió? Respuesta: que yo sepa una vez, el día en que la concedí en el
noticiero que se pasaba antes de la novela la viuda de blanco, posteriormente,
hasta el día en que se emitió el documental de Colombia vive -25 años de
resistencia-, pero sin las condiciones de la entrevista inicial.
k. ¿Cómo se enteró de que en el
documental "Colombia vive -25 años de resistencia", aparecía
la entrevista que concedió en el Caguán? Respuesta: desafortunadamente
lo supe por intermedio de mi hija XXX, que para ese día se encontraba con un
grupo de amigos de la iglesia viendo este documental, cuando inesperadamente me
llamó llorando diciéndome que yo había salido en aquel \ documental diciendo
cosas horribles.
1. ¿Su esposo conocía de los hechos
que usted narro en la entrevista concedida, objeto de la acción de tutela?
Respuesta: Nunca, mas aún que
para esa época, estaba de disgusto con mi compañero XX, y a razón de este
disgusto, me fui de Campoalegre creo en el mes de julio de 1996 con mi amiga
ROSA y mis hijos XXX y XXXX, para Peñas coloradas –Caguán, que para la época
ellos tenían 3 y 2 años, desconectándome de él y de mis familiares totalmente,
cuando  yo regresé en el mes de diciembre de 1996, con mis hijos nuevamente a
Campoalegre -Huila-, me preguntó mi compañero y mi familia que a donde estaba y
que estaba haciendo, yo les dije que estaba trabajando en una finca cocinándole
a los raspachines; una vez reconciliada con mi compañero, él me dijo que nos
casáramos, como así lo hicimos el 1 de febrero de 1997, (anexo partida),
durando más de diez años casados, ya que por causa del documental mi esposo me
pidió el divorcio, como ya era una situación invivible acepté, habiendo ya
sentencia al respecto. (Sentencia anexa a este escrito)
m. ¿Qué edad tienen sus hijos?
Respuesta: XXXX tiene
26 años, XXX, 16 años y XXXXX, 14 años. (Anexa registros civiles).
n. ¿Sus hijos conocían de los hechos
que usted narró en la entrevista concedida, objeto de la acción de tutela?
Respuesta: para nada, porque
para el momento en que concedí la entrevista ellos tenían 3 y 2 años, a pesar
de que XXX tenía 13 años ella se encontraba estudiando en Bogotá, mis hijos
supieron de los hechos por consecuencia de la emisión del -documental Colombia
vive 25 años de resistencia-, por boca de sus amigos que les hicieron la mofa
por este motivo, y que por esta causa su conducta fue cambiado en el colegio y
en la casa, tanto que XXX y XXXX se fueron de la casa a vivir con una tía,
porque no resistieron esta situación, XXX tuvo problemas de indisciplina en el
colegio y no rendía académicamente, tanto que perdió el año que cursaba, 7°
grado, y me toco ponerlo en tratamiento psicológico.
1.3.3.5.
Respuesta del señor Mauricio
Gómez Escobar, al interrogatorio de la Corte Constitucional.
En oficio de Marzo 20 de 2009 respondió:
“a. Fue realizada en el año 1996 o
1997.
b. Ninguno
c. No tengo a mi disposición en este
momento la fecha de emisión en el Noticiero 24 Horas, pero fue emitida una sola
vez. La emisión fue 3 ó 4 días después de hecha la entrevista.
d. La entrevista contiene los mismos
elementos que aparecen en el documental Colombia Vive.
e. Se utilizó la entrevista con la señora
MARÍA porque ya era de conocimiento público y había sido emitida diez (10) años
antes. No necesitamos autorización de MARÍA para utilizarla en el documental
por la razón anterior y además porque nunca hubo un acuerdo con ella para
mantener su anonimato. Si ello hubiere sido así, la entrevista se hubiera dado
de espaldas. Ella dio la entrevista de frente sin ninguna restricción.
f. No se distorsionó ni la voz ni la
imagen de la entrevista que concedió MARIA, pues la dio sin poner ninguna
restricción.
g. El periodista Carlos Julio
Betancourt fue quien hizo la entrevista a la señora a MARÍA
h) La dirección del periodista Carlos
Julio Betancourt es: Calle 87 Nº 7-52 Apto. 302 en Bogotá.
i) Ninguna.
1.3.3.6.
Resolución de la Sala Sexta
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional.
En auto del 27 de marzo de 2009 resolvió:
“PRIMERO.- Por Secretaría General de la
Corte Constitucional, PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del señor Carlos Julio Betancourt
el proceso de la referencia, la acción de tutela, las contestaciones que dieron
a la demanda Caracol Televisión S.A., Publicaciones Semana S.A. y el señor
Mauricio Gómez Escobar, así como los fallos de instancia, para que en el
término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta
providencia, manifieste lo que considere pertinente en relación con el proceso
de la referencia, la acción de tutela, las contestaciones que dieron a la
demanda el señor Mauricio Gómez Escobar, Caracol Televisión S.A. y
Publicaciones Semana S.A. y los fallos de instancia, las pretensiones de la
accionante, las pruebas y documentos que reposan en el proceso de la acción de
tutela interpuesta por la señora MARIA. Expediente T- 2'008.189.
1.3.3.7.
Respuesta del periodista
Carlos Betancourt Uribe, al requerimiento de la Corte.
El 1 de abril de 2009 respondió:
"1. Tal como lo manifestó el señor
Mauricio Gómez en su comunicación de 12 de febrero del presente año, hice la
entrevista a la señora MARÍA entre 1996 y 1997 en el departamento del Caquetá.
2. Dicha entrevista se cumplió con la
señora en cuestión en forma espontánea y libre y sin que mediara requerimiento
alguno para guardar o proteger su identidad.
3. La entrevista se difundió únicamente
en el Noticiero 24 Horas y la señora María en esa oportunidad no hizo objeción
ni reclamo alguno.
4. De esta manera la entrevista fue
conocida del público en general y quedó de dominio público, ya que no tenía
ninguna limitación o restricción para ser emitida.
5. En estas condiciones, cuando el
señor Mauricio Gómez, director del documental, suministró el archivo para la
preparación de Colombia Vive, entregó esa entrevista como aparece en dicho
documental y era la única que existía en el archivo.
6. En este sentido, del estudio
exhaustivo del archivo entregado por el señor Mauricio Gómez no se desprende la
existencia de una versión diferente de la entrevista difundida y menos con las
salvedades que dice la señora MARIA le hizo al entrevistador.
7. Como ya lo afirmé y lo reitero, la
entrevista efectuada entre 1996 y 1997, no recuerdo la fecha exacta, se hizo
sin objeción ni reparos por parte de la entrevistada. Y no aparece en el
expediente que se me pone de presente, copia de la rectificación solicitada,
que entiendo es una exigencia legal como requisito para poder instaurar la
acción. Además nunca tuve noticia de que la accionante hubiera solicitado esa
rectificación ni cuando se difundió la entrevista en 1996, ni tan pronto se dio
a la publicidad el documental Colombia Vive."
Con todo respeto,
CARLOS JULIO BETANCOURT URIBE”
1.4.
DECISIONES JUDICIALES.
1.4.1. Primera instancia. Sentencia del Juzgado 18 Civil del Circuito
de Bogotá.
El 23 de junio de 2008, el Juzgado Dieciocho Civil del
Circuito de Bogotá profirió sentencia en el caso de la referencia y denegó la
acción impetrada.
El juez fundamentó su decisión en jurisprudencia que
desarrolla los derechos al buen nombre, a la intimidad y a la información, como
derechos de rango fundamental. Consideró que el numeral 7 del artículo  42  del
Decreto 2591 de 1991 y el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos
Humanos que definen como requisito de procedibilidad de la protección de
derechos fundamentales, que cuando se solicite rectificación de informaciones
inexactas o erróneas, es indispensable que el afectado solicite primero la
rectificación de la información.
En tal sentido, indicó el juez que en el caso concreto
la accionante no agotó previamente el requisito de procedibilidad de la acción de
tutela, lo que hace improcedente el mecanismo de protección de derechos
fundamentales.
1.4.2. Impugnación de la Sentencia anterior
El 2 de julio de 2008, la señora María impugnó
el fallo de instancia.
Expresó que para agotar el requisito de procedibilidad
de la acción de tutela, como afectada por  la difusión del documental Colombia
Vive – 25 años de resistencia, intentó conciliar con  Caracol
Televisión S.A. ante el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bogotá, con la cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto 2591 de 1991.
Agregó, que “en lo atinente a la demostración del
requisito de privacidad respecto al material en comento, que supuestamente
debía haber allegado, debo decir, que esta convención la realice con el
entrevistador de manera no escrita, ya que el me aseguró que no iba a exponerla
sin las condiciones que habíamos pactado (verbalmente), y así, efectivamente la
emitió en su momento en el año de 1996, que extrañamente doce (12) años después
fue reproducida, pero desgraciadamente mostrando mi nombre y mi voz; con
respecto a este tópico, puedo allegar declaraciones de personas que estaban
conmigo el día de la entrevista.
(…)
Sus fundamentos de la contestación se quedan en el
plano de las conjeturas por parte del representante de PUBLICACIONES SEMANA, al
aseverar infundadamente que era mi querer manifestar a los cuatro vientos, lo
comprometedor de mi declaración y que era mi voluntad que entraran en la esfera
del dominio público (…) infortunadamente, por la difusión de la entrevista, he
perdido a buena parte de mi familia, amigos, vecinos y en especial mi esposo,
que como consecuencia de esto, ya se inició el proceso de divorcio”
1.4.3. Segunda instancia. Sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil – Familia.
El 23 de julio de 2008, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil – Familia confirmó la decisión de
instancia. El Tribunal sostuvo que efectivamente no se cumplió en el caso con
el requisito de solicitud de rectificación de información, para que proceda la
acción de tutela.
Así, no se agotó por parte de la peticionaria el
requisito de procedibilidad del amparo, pues en la diligencia de conciliación
ante la Cámara de Comercio de Bogotá, no se insertó “la transcripción de
la rectificación solicitada” como lo exige el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991.
El Tribunal agregó que Caracol Televisión S.A. no es
el responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante, puesto que no fue quien realizó la entrevista, ni firmó compromiso
alguno con la señora María para restringir la divulgación de la
información.
2.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente, a través de
esta Sala de Revisión, para revisar la sentencias proferidas dentro de los
procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86
y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.2.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA
2.2.1. Legitimación activa
La acción de tutela se interpone por una persona
natural que actúa directamente para la defensa de sus derechos fundamentales
que estima vulnerados y quien por consiguiente se encuentra legitimada  para
hacerlo, conforme al artículo 86 de la Carta y al artículo 10 del Decreto 2591
de 1991.
2.2.2. Legitimidad por pasiva.
Según el artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela procede, en particular, contra las autoridades públicas cuyas acciones u
omisiones afecten o amenacen derechos fundamentales de una persona.
Excepcionalmente es posible intentarla contra
particulares, en los casos que establezca la ley, cuando estos estén encargados
de prestar un servicio público, cuando su conducta afecte grave y directamente
el interés colectivo o cuando el solicitante se encuentre en estado de
subordinación o indefensión ante la respectiva persona o entidad privada.
El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 desarrolla el
mandato constitucional en este aspecto y enuncia los casos de tutela contra
particulares. En su numeral 4º señala que ella procede cuando la solicitud
fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga con aquella una relación de
subordinación o indefensión.
2.2.3. Indefensión de la peticionaria
Ha sostenido la jurisprudencia que los medios de
comunicación son organizaciones de esta clase, dado su extraordinaria
influencia  en el seno de la sociedad, y frente a ellos la persona se
encuentra  indefensa. Ha establecido la Corte en innumerables fallos,[2]
que existe una presunción del estado de indefensión de los accionantes frente a
los medios de comunicación, y por tanto no es necesario demostrarlo, en razón
del enorme poder de impacto con que aquellos cuentan, dada su influencia en los
diversos ámbitos de la vida social.
Es además clara la procedencia de la acción de tutela
en cuanto el inciso 3°, del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que expresa:
“De las acciones dirigidas
contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los
jueces de circuito del lugar”
2.3.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO
La demandante considera que la Cadena Caracol y la
Revista Semana han violado sus derechos fundamentales a la intimidad, honra y
buen nombre  por haber  emitido en un documental transmitido  en el año 2008,
una entrevista en la que la accionante había solicitado hace 12 años
ocultamiento de su rostro y distorsión de la voz. A pesar de que la accionante
afirma que en el  año 1996 el reportaje se emitió de acuerdo con lo convenido,
en el año 2008 la entrevista mostró el rostro y la voz de la peticionaria
causándole irreparables daños en su núcleo  familiar, en tanto se trataba de
datos de su vida pasada desconocidos por todos. Solicitó  en consecuencia,  el
retiro del mercado del documental referido.
Para atender el problema jurídico, la Corte debe
resolver el conflicto suscitado por la tensión existente entre el derecho a la
intimidad y la propia imagen de la accionante y la libertad de información que
le compete a los medios de comunicación demandados en esta causa.
Para dar una respuesta a la cuestión  planteada la
Corte recordará su jurisprudencia sobre: (i) El contenido del derecho a
la libertad de información; (i) La verdad y la imparcialidad como
límites a la libertad de información;  y (iii) aplicará finalmente tal doctrina
frente al caso concreto y abordará el tema del velo de la intimidad en materia
de protección al derecho a la información. Además, se estudiará, dentro del
caso concreto, la violación al derecho  a la intimidad de los menores de edad
de edad involucrados incidentalmente en el caso de su madre.
2.4.
CONSIDERACIONES
SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
El artículo 20 de la Carta Política garantiza “a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”, así
como la de “informar y recibir información veraz e imparcial”; es decir, se
trata de una libertad que reconoce, por un lado, la libre expresión y difusión
de las ideas, conocimientos, juicios u opiniones, y de otro, proclama el
derecho de acceder o recepcionar una información ajustada a la verdad objetiva.
Es así que cuando el comunicador da a conocer hechos o situaciones objetivas,
debe respetar los derechos tanto de quien recibe la información como los demás
derechos fundamentales de los sujetos involucrados en la noticia, en particular
los relacionados con la intimidad personal y familiar, la honra y el buen
nombre consagrados en el artículo 15 de la Carta Política.
2.4.1. Responsabilidad en la actividad informativa
Según lo expuso ampliamente la sentencia T- 090 de
2000,  dicha libertad no es absoluta, por cuanto implica responsabilidades y
deberes sociales; es decir, la información y la noticia deben ser veraces e
imparciales, y cuando los hechos o acontecimientos relatados no lo sean, el
afectado podrá solicitar la rectificación de la información inexacta o falsa. Y
será el presunto afectado con la información quien deberá aportar las pruebas
de que las publicaciones realizadas no son veraces, y por lo tanto, no
corresponden a la realidad o distorsionan los hechos.
De ahí que el artículo 20 constitucional consagre el
principio de la responsabilidad social de los medios de comunicación, de manera
que el periodista no es ajeno a las responsabilidades de orden civil y penal a
que está sujeto y se le pueden exigir cuando incurra en afirmaciones inexactas,
calumniosas o injuriosas. Por consiguiente,
los medios de comunicación gozan de libertad y autonomía para expresar y
comunicar en forma veraz e imparcial la información, pero deben hacerlo de
manera responsable, de forma que no vulneren o amenacen los derechos
fundamentales de las personas, dentro del marco del Estado social de derecho.
Dicha responsabilidad consiste en asumir el compromiso social de divulgar las informaciones
para el bien de la colectividad, de manera que no se atente contra los derechos
de los asociados, el orden público y el interés general.
Según la jurisprudencia  vigente
de esta Corporación, la  responsabilidad de los medios surge desde el momento
mismo en que se inicia el proceso de obtención, preparación, producción y
emisión de la información, durante el cual los principios de la imparcialidad y
la veracidad deben prevalecer, en orden a garantizar los derechos fundamentales
de las personas, sin que por ello se desconozca el derecho de aquellos a
informar libremente, pero siempre dentro de los límites del bien común, del
orden justo y del respeto a la dignidad y a los demás derechos de las personas.[3]
Ahora bien, como lo reconociera
esta Corporación en la sentencia C-488 de 1993, con ponencia del Magistrado
Vladimiro Naranjo Mesa, “el objeto jurídico protegido (en el derecho a la
información) es la información de la verdad. El conocimiento que se comunica, o
que se adquiere por sí mismo, debe ser protegido por el Estado, pero siempre y
cuando no vulnere valores sustanciales como el buen nombre, la intimidad, el
orden público y el bien común, que es la expresión del interés general”.
En consecuencia, la
responsabilidad social de los medios de comunicación persigue que su
comportamiento, en cuanto al manejo, procesamiento y divulgación de la
información, garantice el ejercicio pleno de los derechos fundamentales del
receptor de la información, y de los sujetos de la misma. Se trata, por lo
tanto, de la coexistencia entre sus derechos: el de informar, de recibir
información y el del respeto a la intimidad, la honra, el buen nombre y la
dignidad de la persona sobre quien se informa.
Por consiguiente, como los
derechos a informar, a recibir información y la libertad de opinión no son
absolutos, en cuanto admiten restricciones, la labor del juez constitucional en
cada caso consiste en evaluar si la limitación es admisible y cuál resulta
ilegítima. Y para ello será indispensable verificar si los derechos
fundamentales de las personas resultan vulnerados por la información.
2.4.2. La libertad de información y el deber de veracidad
Como se indicó, la libertad de información tiene por
objeto comunicar y recibir información sobre hechos de carácter noticiable, que
por su materialidad son susceptibles de prueba, y deben someterse al contraste
de su veracidad. Por lo tanto, cuando ésta exige que la información sea veraz,
está estableciendo un deber específico de diligencia a cargo del informador
-que solo debe transmitir como hechos, lo que ha sido objeto de previo
contraste con datos objetivos-, y se privan de garantía constitucional a quien,
defraudando el derecho de todos a la información, actúa con desconocimiento de
la veracidad o falsedad de lo comunicado. Así pues, información veraz
significa, en los términos del artículo 20 constitucional, información
comprobada según los cánones de la actividad informativa, excluyendo
invenciones, rumores o meras malas intenciones.
2.4.3. La libertad de información es consustancial a la
democracia
En varias oportunidades la Corte se ha referido a la
libertad de información  como consustancial a la democracia, en tanto promueve
el intercambio de ideas, permite la formación de una opinión pública libre,
constituye la base para el ejercicio de los derechos políticos de participación
y, a su vez, permite ejercer control sobre las autoridades[4].
2.4.4. La libertad de información puede colisionar con otros
derechos
La libertad de información puede entrar en pugna con
el derecho a la vida privada de una persona concreta. La sociedad puede
manifestar interés por estar informada de la verdad en lo que concierne a todos
o algunos de los individuos que forman parte de ella, y de este modo podría reclamar
como derecho suyo conocer aspectos incluidos dentro del concepto de vida
privada. Para fundamentar ese pretendido derecho, los medios de comunicación
podrían sostener que les compete informar sobre todo cuanto es de interés para
el público. Por tanto, el conflicto o la colisión se sitúa, en tales casos,
entre la divulgación de un hecho concerniente a la vida privada de alguien y la
libertad de información. La primera y a veces única fase de una violación a la
intimidad se da mediante la intromisión que permite a otro tomar conocimiento
indebido de ella. No es, entonces, esa simple toma de conocimientos de la vida
privada ajena, sino la divulgación de los hechos correspondientes, lo que se
presentará como ilícito por el ejercicio abusivo de la libertad de información.
En caso de conflicto entre el derecho a la vida
privada y los derechos a informar y a ser informado, debe reconocerse en
principio, la superioridad de éstos últimos en cuanto está de por medio el
interés general, lo cual no significa que un ejercicio arbitrario del derecho
de información pueda hacer prácticamente nugatorio el derecho a la vida
privada. Porque para que esa superioridad pueda hacerse efectiva, será
necesario que el derecho de información sea ejercitado conforme a sus altos
fines y dentro de las exigencias que le impone su propia naturaleza, tales como
la imparcialidad y la veracidad.
La intimidad puede ser sobrepasada por el derecho a la
información por razón de un interés público, directo o indirecto, pero siempre
y cuando la información sea veraz e imparcial, y responda al interés público.
Ello, además, en cuanto el bien común es prevalente sobre el bien particular de
una persona.
La preeminencia del derecho a la información, por su
carácter social, y porque su ejercicio compromete el interés general, supone
que este derecho es invocado y ejercido en una forma que satisfaga todas las
exigencias que derivan de su propia naturaleza y fines. El periodismo
informativo, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, “requiere
como exigencias para ser reconocido como una actividad socialmente positiva, la
verdad de las noticias y de las informaciones difundidas, que éstas sean de
aquellas que se vinculan al interés social y que no causen grave daño social.
No es aceptable, entonces, que quien emita la información lo haga de manera
superficial, con escasa investigación o dirigida, pues con ello lo que está
haciendo es desdibujando la realidad. Ni tampoco, que la información que se
transmita sea falsa, ni incompleta, ni menos aún, parcializada”.[5]
Así, el periodista goza, del derecho a informar
libremente, sin censura; es decir, debe tener acceso a las fuentes de la
información y a seleccionar la noticia que se emitirá y la forma de
presentarla, sin más limitaciones que aquellas que imponen al medio suministrar
a sus receptores información veraz, objetiva e imparcial. Lo cual significa,
según lo dejó consignado la Corte en la sentencia C-350 de 1997 con ponencia
del Magistrado Fabio Morón Díaz, que a los medios “se impone fundamentar y
contrastar la información antes de entregarla al público; no confundir la
información con la opinión; rectificar, si es del caso, informaciones falsas o
imprecisas; valerse de métodos dignos para obtener información; no aceptar
gratificaciones de terceros, ni utilizar en beneficio propio informaciones;
sólo así contribuirán al fortalecimiento de la democracia y por ende, a la
realización del paradigma propio del Estado social de derecho”.
Lo anterior permite concretar la responsabilidad
social, del medio de comunicación encaminada a que su comportamiento garantice
el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, tanto de los receptores como
de los sujetos de la información, para lograr con ello la armonía entre los
derechos a informar, a recibir información, y al respeto a la intimidad, la
honra, el buen nombre, y la dignidad de las personas sobre quienes se informa.
Ahora bien, para determinar si en un caso concreto el
derecho de información prevalece sobre derechos fundamentales como el de la
honra y la intimidad, es preciso constatar, previamente, la relevancia pública
de la información, la veracidad, la objetividad y la oportunidad[6]
de los hechos y afirmaciones contenidos en esa información.
En cuanto al tratamiento que en el derecho
internacional se da al derecho a la honra, frente a la posibilidad de su
afectación por quienes actúan en ejercicio del derecho a la información, es
pertinente traer a colación lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que entró en vigor el 23 de marzo de 1.976, -aprobado
mediante la Ley 74 de diciembre 26 de 1.968-, el cual estableció en su artículo
17:
"1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni
de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o esos ataques" (subrayas y negrillas no
originales).
Igualmente, el artículo 11 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" -aprobado
mediante la citada Ley 74 de diciembre 26 de 1968-, consagra:
"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su
honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o esos ataques" (subrayas y negrillas no
originales).
Ahora bien, el artículo 93 de la Constitución le
confiere a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos el carácter de
norma prevalente en el orden interno si se ajusta al orden constitucional y le
otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el
sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental.
Por consiguiente, el ejercicio de las libertades
individuales que comportan tanto deberes como responsabilidades, puede estar
sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones
previstas en la ley, que constituyen medidas necesarias en una sociedad
democrática, para la protección de la reputación y de la moral, o de los
derechos de terceros, así como para impedir la divulgación de informaciones
confidenciales o para garantizar la actividad e imparcialidad del poder
judicial.
2.4.4.1.
Libertad
de prensa y el derecho al buen nombre
Cuando el honor o la fama de las
personas son afectados por una noticia, el perjudicado puede usar los
mecanismos jurídicos para restablecer mediante la instauración de las acciones
ordinarias, su derecho. Ahora, las pretensiones que se persiguen en los
procesos civiles de protección del honor consisten fundamentalmente, en la
reclamación del pago de perjuicios o de indemnizaciones, así como la exigencia
de que el medio difamador rectifique la información que la sentencia ordena. Por
la vía penal, se pretende que se impongan condenas privativas de la libertad
para los periodistas. En cuanto a las consecuencias de estas condenas,
constituyen un reproche a la manera como el medio de comunicación usa su
libertad, así como a la credibilidad del medio y de sus informaciones.[7]
Para efectos de lo anterior, como
lo sostiene el profesor español Xavier O´callaghan[8],
“el derecho de información sobre hechos debe reunir el requisito de veracidad”.
En consecuencia, es decisiva la valoración de la actitud del informador en
relación con el propio derecho constitucional que está usando (el de expresarse
e informar, del cual no es únicamente titular el informador, sino que pertenece
igualmente a la colectividad y al ciudadano en concreto). Ese derecho se
refiere a la difusión de información veraz. De manera que debe ser decisiva la
apreciación de la actitud del agente hacia la verdad, para ver si el derecho se
ha ejercido legítimamente.
En cuanto a la verdad, como
adecuación a la realidad no se trata de probar, para exonerarse de
responsabilidad, la verdad entera y absoluta de lo divulgado. La verdad, aunque
es un requisito fundamental para la existencia y efectividad constitucional de
la libre información, sin embargo no determina el grado en que la misma verdad
debe alcanzarse para que la legitimación se dé.
En consecuencia, el artículo 20 de
la Constitución exige que el derecho a informar se utilice o se ejerza con
respeto por la verdad, buscando la verdad, después de haber hecho todas las
comprobaciones necesarias para hallarla y divulgarla. Si se puede comprobar que
la información difundida está debidamente contrastada, con adecuadas fuentes,
el uso del derecho puede ser legítimo, aunque la noticia no sea totalmente
exacta. Pero cuando es inexacta, errónea e ilegal, o se ha obtenido de manera
arbitraria y contraria a la ley, vulnera los derechos al honor, a la honra, y a
la fama o imagen de la persona, los cuales constituyen los bienes sociales de
mayor estima, y su menoscabo produce la pérdida de mayor consideración que
puede sufrir una persona en una sociedad civilizada.
2.4.4.2.
El derecho a  la
información y el derecho a  la propia imagen
El derecho a informar  también suele estar en juego
con el derecho a la propia imagen. Entendido  como el derecho de toda persona
al manejo de su propia imagen y a la necesidad de consentimiento para su
utilización, la Corte Constitucional ha señalado que, "la imagen o
representación externa del sujeto tiene su asiento necesario en la persona de
la cual emana y, por tanto, su injusta apropiación, publicación, exposición,
reproducción y comercialización, afecta lo que en estricto rigor constituye un
derecho o bien personalísimo"[9].
Señaló también la Corte que "una consideración
elemental de respeto a la persona y a su dignidad impiden que las características
externas que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que
cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto
de libre disposición y manipulación de terceros", por lo cual, “con las
limitaciones legítimas deducibles de las exigencias de la sociabilidad humana,
la búsqueda del conocimiento y demás intereses públicos superiores, toda
persona tiene derecho a su propia imagen, de donde resulta que sin su
consentimiento, ésta no pueda ser injustamente apropiada, publicada, expuesta,
reproducida o comercializada por otro"[10].
Según la jurisprudencia, este derecho es inherente a
la persona en cuanto constituye una expresión directa de su individualidad e
identidad, y se encuentra estrechamente vinculado a su dignidad y libertad “bajo
el amparo del artículo 14 de la Carta Política[11]”. Precisó
además, que "la relativa disponibilidad de la propia imagen, en cuanto se
realice, traduce una forma de autodeterminación del sujeto, e igualmente podría
entrar en la órbita del derecho al libre desarrollo de la personalidad"[12].
Adicionalmente, si la imagen reproduce actos o sucesos propios de la intimidad
de una persona, su difusión, en contra de su voluntad, vulnera el derecho
fundamental a la intimidad.[13]
2.4.5.
La
libertad de prensa no es un derecho absoluto
La libertad de prensa en Colombia,
según lo reconoció la Corte en la sentencia T-050 del 15 de febrero de 1993,[14]
no es absoluta porque apareja responsabilidad social; la información y la
noticia deben ser veraces e imparciales, es decir, guardar conformidad con los
hechos o acontecimientos relatados y por ello la prensa debe garantizar que, a
través de la información, no se violenten los derechos fundamentales de la
honra, el buen nombre y la intimidad de las personas. En cuanto a los límites
del derecho a informar, existe uno objetivo, que es la verdad y la
imparcialidad en la información que se emita o publique, y otro subjetivo, que
se refiere a la objetividad como actitud del informador hacia la verdad, para
determinar si se ha realizado una averiguación o indagación por parte del
periodista, honesta y diligente.
En efecto, como lo señaló la
Corte, “el derecho a la información no es absoluto, de donde resulta que no
puede ser utilizado para revelar datos íntimos ni para lesionar la honra y el
buen nombre de las personas; la
información, en los términos del ordenamiento superior, debe corresponder a la
verdad, ser veraz e imparcial, pues no existe derecho a divulgar información
que no sea cierta y completa”[15].
2.4.6. El ejercicio de la libertad de prensa
Cuando se alude a la responsabilidad por la difusión
de noticias inexactas, falsas o abusivas, se está confrontando el ejercicio de
la libertad de prensa con los límites internos que definen su función. Pero si
el ejercicio de la libertad de información colisiona con otros derechos o
libertades de igual jerarquía, es necesario cuestionarse acerca del ámbito
externo que define su ejercicio, y que necesariamente lo limita.
Ya se ha dicho cómo la responsabilidad del medio de
comunicación surge desde cuando se inicia el proceso de obtención, preparación,
producción y emisión de la información; en efecto, el artículo 20 de la Carta
Política es imperativo al disponer que las informaciones que se difundan sean
veraces; que la responsabilidad social de los medios implica que no existen
derechos ni libertades absolutas, y que en los términos del artículo 2º de la
Constitución Política, el Estado debe garantizar la efectividad de los derechos
de las personas.
La protección de la propia imagen, junto con la de la
intimidad y el honor, hacen parte de los llamados derechos personalísimos.
Estos poseen autonomía propia, lo cual no significa que en ciertas situaciones
no pueda verse menoscabados por medio de la violación del derecho de cada
individuo a su imagen, que comprende la facultad de disponer de su apariencia y
de su privacidad, autorizando o no su captación y su difusión.
Todos los habitantes del territorio nacional tienen la
libertad de publicar sus ideas sin censura previa; no obstante, esta libertad
está limitada por la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio.
Ahora, si bien no puede restringirse la libertad de prensa, y tampoco puede
someterse la difusión de ideas o informaciones a censura previa, sí puede el
juez constitucional impedir la violación de los derechos al buen nombre y a la
honra de la persona, ya sea por la prensa, por la televisión o por cualquier
otro medio, como acto abusivo que no puede ser objeto de garantía
constitucional.
Cuando se prohíbe e impide la publicación o difusión
de informaciones, noticias o imágenes que afectan la intimidad de la vida
privada de la persona o de su buen nombre, no se está censurando una
publicación o información que puede eventualmente ser difamatoria, calumniosa o
injuriosa. Por el contrario, se está garantizando, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2º de la Constitución, la efectividad de los derechos
de las personas que se pueden ver lesionadas por el contenido de la
publicación, cuando éste resulte contrario a la verdad. Corresponderá entonces,
al juez constitucional, en cada caso particular, en aras de asegurar la
efectividad de los derechos fundamentales, evaluar si la información, imagen o
noticia a la que se pretende dar difusión o la circulación de la publicación que
contiene la revelación de hechos o situaciones íntimas han sido obtenidas
ilegalmente, o sin la debida certeza y constatación de la objetividad de la
información publicada.
Con base en las consideraciones hasta aquí expuestas,
procede la Sala a efectuar la revisión de las sentencias de tutela proferidas
en el proceso de la referencia.
3.
CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO
CONCRETO
Refiere la accionante que en el año de
1996 en el Departamento del Caguán concedió una entrevista en la que su rostro
fue  tapado y su voz distorsionada, porque, afirma,  había convenido con el
periodista que así se hiciera, por tratarse de un relato comprometedor.
Sostiene que la entrevista salió al aire  en un Noticiero de la época, respetando
las condiciones convenidas. Sin embargo, extrañamente,  la mencionada
entrevista, concedida hace 12 años, se volvió a transmitir, esta vez, por
Caracol Televisión en el documental “Colombia VIVE 25 años de resistencia”
en el episodio “la Confusión 1994-1998, que en el DVD edición de lujo está
plasmada exactamente en el minuto 37 con 29 segundos, pero ésta vez, sin
ninguna cubrimiento de su rostro ni de su voz.
La accionante afirma que esta última divulgación
le causó un perjuicio irreparable, por cuanto sus hijos, que no sabían de su
vida pasada, se enteraron de ella, a través del documental transmitido, al
igual que su esposo y toda su familia. En una audiencia de conciliación realizada
el 26 de febrero de 2008, le manifestó a Caracol su reparo ante la divulgación
de la entrevista, pero no se llegó a ningún acuerdo.
Las entidades comprometidas sostuvieron
que no existe prueba de que la accionante haya pedido restricciones  para dar
su testimonio y, por el contrario, la entrevista fue concedida de manera
natural  y espontánea por la señora María; luego  no existió la
alegada vulneración a su intimidad, amén de que tampoco se solicitó la
rectificación prevista en la ley.
La sentencia de primera instancia negó el amparo
deprecado tras sostener que la peticionaria no agotó previamente el requisito
de procedibilidad de la acción de tutela, referido a la rectificación de la
información que consideraba lesiva de sus derechos. El fallador de segundo grado
confirmó la anterior decisión añadiendo, que Caracol Televisión S.A. no es el
responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante, puesto que no fue quien realizó la entrevista, ni firmó compromiso
alguno con la señora María para restringir la divulgación de la
información.
La jurisprudencia allegada al presente expediente, en
líneas generales recuerda que la libertad de expresión en su aspecto de
libertad de información sólo podrá ser objeto de restricciones cuando por parte
de quien informa no se observa un deber de diligencia razonable, esto es,
cuando de manera negligente no se realiza un esfuerzo por constatar y
contrastar las fuentes consultadas o se actúa con el ánimo expreso de presentar
como ciertos hechos falsos o cuando se obra con la intención directa y
maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de
otras personas.
Se reiteró igualmente, que el derecho a la libertad de
información no es absoluto, como tampoco lo es cualquier otro derecho
constitucional fundamental. Dada la importancia que tiene la libertad de
información para la formación de la opinión dentro de una democracia pluralista
y participativa, cualquier restricción al derecho a la libertad de información
debe adoptarse de manera muy cuidadosa, debe estar justificada
constitucionalmente y ser necesaria para la protección de bienes jurídicamente
protegidos. Igualmente se anotó que por su importancia para la democracia y el
impacto que puede surtir sobre su audiencia, así como por la existencia de un
derecho específico en cabeza del receptor de la información, el ejercicio de la
libertad de información conlleva claros deberes y responsabilidades para su
titular. Las principales obligaciones que impone el ejercicio de esta libertad,
así como los derechos correlativos de los receptores de la información, se
refieren a las características de la información que se transmite – dicha
información ha de ser “veraz e imparcial”, y respetuosa de los derechos
fundamentales de terceros, particularmente a la intimidad y al buen nombre.
Frente a todo lo expuesto, la Corte estima necesario
analizar  varias facetas del derecho a la información advertidas en este caso.
Pero previamente se concentrará en un punto de  procedibilidad que analizará
enseguida y  que fundamenta las sentencias de instancia para negar el amparo
deprecado: la exigencia o no de rectificación  previa, como instrumento para la
procedencia de la tutela.
3.1.
LA NO EXIGENCIA DE
RECTIFICACIÓN PREVIA COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN CASO DE INFORMACIÓN
VERDADERA VIOLATORIA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD.
Tanto las entidades comprometidas en este asunto, como
los jueces de instancia, sostienen  como parte de sus argumentos en contra de
la tutela,  que previamente no se solicitó rectificación como medida de
procedibilidad de la misma. Tales afirmaciones, merecen  de la Corte  las
siguientes consideraciones:
Esta Corporación ha sostenido, al
interpretar el alcance del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que la
exigencia de previa solicitud de rectificación  como condición de procedencia
de la acción de tutela,  es aplicable cuando se pretende la corrección de
informaciones inexactas o erróneas divulgadas por los medios de comunicación
social.[16]
Tratándose de los medios de comunicación social, el
derecho de rectificación está consagrado de manera expresa en la Constitución,
y se origina por el solo hecho de difundir información falsa o inexacta que
afecte los derechos fundamentales de una persona. Para la garantía de ese
derecho, la ley ha previsto entonces,  una causal especial de procedencia de la
tutela frente a particulares que tienen el deber de informar los asuntos de
interés general a la colectividad, incorporando la exigencia  previa de una
solicitud de rectificación.
El derecho a la rectificación, contenido de manera
expresa en el artículo 20 de la Constitución, se predica así con cargo a los
medios masivos de comunicación, como una contrapartida de la amplia protección
que les confiere la misma Carta, en desarrollo de la libertad de prensa. Así,
esta Corporación ha puesto de presente cómo esta garantía tiene una posición
prevalente frente a los derechos al buen nombre y a la honra, “dada su
importancia para la vida democrática y para el intercambio de ideas”[17].
Tal primacía de la libertad de prensa se explica también porque ella  “...
contribuye a la información y formación de los ciudadanos, y favorece la
creación en una instancia de control social.”[18] Sin embargo, esa
libertad tiene sus límites y la condición de la garantía constitucional, es que
la información que se suministre sea veraz e imparcial, quedando a salvo en
todo caso, el derecho de las personas a rectificar la información incorrecta.
Para la procedencia de la acción tutelar en esos
eventos, se requiere, entonces, de acuerdo con la ley, que previamente exista
solicitud de rectificación. Con ello se pretende dar oportunidad al medio que
ha dado la información respecto de la cual hay inconformidad, para que la
rectifique o la aclare.
Resumiendo, la violación de los principios de
veracidad o imparcialidad por parte de un medio de comunicación, con
repercusión sobre los derechos fundamentales de una persona, genera como
consecuencia natural el derecho fundamental de rectificación, en virtud del
cual esta última  puede solicitar la corrección de la información, “en
condiciones de equidad[19]”.
Sin embargo, ha dispuesto igualmente la jurisprudencia
que hay eventos en los cuales no es necesario hacer la solicitud  previa de
rectificación para que la tutela sea procedente. Ha señalado la Corte, que
casos en los cuales no se trata  de rectificar la información considerada en sí
misma, sino de pedir la protección judicial para que no continúe la lesión a
derechos fundamentales que se ha producido por la manera como la información,
aún siendo verdadera, ha sido presentada, no exigen el requisito de
rectificación para acceder al mecanismo de amparo. Así, acontece, por ejemplo,
cuando se divulgan elementos propios de la vida íntima de las personas; cuando
un determinado contexto informativo, pese a estar basado en hechos ciertos
induce a que los receptores de la noticia por razón de la forma como ella es
presentada, lleguen a conclusiones que impliquen daño a la honra, la fama o el
buen nombre de los involucrados en aquéllas, o cuando hay simultáneamente una versión
inexacta de los hechos y un quebranto directo del derecho a la intimidad de la
persona, o bien, se atenta contra la dignidad humana.
En las anteriores circunstancias, puede haber
rectificación si el medio asume que tergiversó los hechos, pero la solicitud de
la misma no siempre puede erigirse en requisito indispensable para que proceda
la tutela, pues ya hay un daño causado susceptible de seguir produciéndose si
la actividad del medio no es detenida por la orden judicial y por lo tanto es
posible acudir a la tutela para que se ordene al medio cesar la vulneración,
corregir hacia el futuro sus actuaciones y si es del caso, ordenar las
indemnizaciones a que haya lugar. [20]
Atendiendo a la doctrina expuesta,  en este caso, a
pesar de que la accionante lo intentó, no era necesaria la rectificación por
cuanto es evidente que  no se trata de una temática susceptible de rectificarse
porque (i) la información revelada no era inexacta ni falsa y por ende, era
innecesario apelar a una rectificación y (ii) lo que se quiere en este caso es
que, aunque la información suministrada por la cadena informativa es verdadera,
se logre la protección judicial para detener la lesión a derechos fundamentales
producida por la manera como la información ha sido presentada.
Hecha esta precisión, se enuncian los temas de fondo
que  abordará la Corte  en el caso concreto: 1) No existe, en principio,
violación del derecho a la intimidad cuando la propia persona afectada accede a
divulgar sus datos íntimos. 2) El video que obra como prueba en el expediente
es un reportaje neutral sujeto también a los límites de la libertad de
información: veracidad, imparcialidad y respeto por los derechos de terceros 3)
El  paso del tiempo como factor a considerar cuando se  trata informar sobre
datos sensibles correspondientes al pasado de una persona que no constituyen
información relevante. 4) La violación del derecho de los menores de edad involucrados
en este caso.
3.2.
INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD CUANDO LA PERSONA ACCEDE  A LEVANTAR EL VELO DE SU
INTIMIDAD
Las partes accionadas en este caso sostuvieron en
sendas intervenciones ante los jueces de instancia y ante la Corte
Constitucional que (i)  la accionante “concedió de manera voluntaria una
entrevista al periodista Mauricio Gómez en el año de 1996”,quien entonces
era director del noticiero 24 horas; (ii)  que la entrevista se publicó con
autorización de la accionante y por lo tanto no se trata de hechos inventados
por un tercero “sino de relatos de primera persona, de manera que el canal
no se inmiscuyó en asuntos reservados o de conocimiento exclusivo de la actora,
sino que retomó un hecho concreto y ciertos del cual fueron testigos muchos
ciudadanos, lo que desvirtúa que fueron íntimos, no conocidos , o no revelados”
motivo por el cual tampoco se vulneran los derechos de sus familiares;
(iii) que existió una “decisión autónoma y libre de revelar circunstancias y
hechos personales, es decir que se hicieron públicos con su consentimiento”.
Tales  afirmaciones serán analizadas con
detenimiento por esta Sala, de la siguiente manera:
En efecto, según lo tiene establecido la
jurisprudencia de este alto Tribunal, el derecho a la intimidad hace referencia
al ámbito personalísimo de cada individuo o familia, es decir, a aquellos
fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que normalmente están
sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños. Lo íntimo, lo
realmente privado y personalísimo de las personas, es como lo ha señalado en
múltiples oportunidades esta Corte, un derecho fundamental del ser humano, y
debe mantener  esa condición de no conocido, no sabido, no promulgado, a menos
que los hechos o circunstancias relevantes concernientes a dicha intimidad sean
conocidos por terceros por voluntad del titular del derecho o porque han
trascendido al dominio de la opinión pública.[21]
Esto significa que debe protegerse el
derecho a la intimidad cuando se publican datos sin relevancia pública,
pertenecientes a la vida privada de las personas, sin su autorización previa.
Sin embargo, distinto es el supuesto, cuando el propio afectado libremente
decide hacer públicos aspectos de su vida íntima, pues en tal caso, parece
obvio, en principio, que deba aceptar que los medios den cuenta de ellos e
informen al respecto.
La doctrina extranjera y el derecho
comparado son unánimes sobre el punto, al sostener que el consentimiento de la
persona afectada es la primera de las excepciones a la violación de la
intimidad. En el mismo sentido apuntan el art. 8.2 de la Convención Europea
para la Protección de los Derechos Humanos, el art. 2.1 de la Ley sobre la
intimidad de 1979 de la Columbia Británica, la Declaración de principios sobre
la intimidad del Consejo de Prensa Británico (1976) y el apartado tercero del
Código Deontológico del Consejo de Prensa Británico (1990).
Las sentencias del Tribunal Constitucional
alemán también consideran factible  difundir públicamente un dato en  los
medios de comunicación, incluso perteneciente a la esfera íntima, siempre que
previamente haya sido desvelado por el afectado.[22]
La misma doctrina se infiere de las
sentencias del Tribunal Constitucional Español[23] en donde se ha admitido
que cuando el velo  de  la intimidad ha sido destapado
voluntariamente por el afectado, hay una clara regla de preferencia de la
libertad de información frente al derecho a la intimidad.  “Quien por su
propia voluntad da a conocer a la luz pública unos determinados hechos
concernientes a su vida privada, los excluye de la  esfera de su intimidad….”
La casuística americana en este punto es de igual
opinión, pues al referirse a la definición de privacy como forma de
control sostiene: “una revelación voluntaria, consciente, no entraña una
pérdida  de privacidad porque es un ejercicio de control, no una pérdida del
mismo”.[24]
Quiere decir entonces, que en el presente caso, prima
facie, no existió violación del derecho a la intimidad de la accionante por
parte del reportaje neutral  y documental  realizado por Caracol,  en tanto la
propia accionante accedió, en su momento, a “contar parte de su vida” a un
reportero casual.
Empero, el asunto no es tan pacífico, porque si bien
la accionante reveló datos íntimos, lo hizo bajo ciertas condiciones que no se
lograron demostrar en el proceso,  pero que la Corte no puede soslayar  en este
análisis,  ellas son: (i)  las  precisas condiciones exigidas por la accionante
para conceder el reportaje: distorsión de voz y entrevista sin mostrar el
rostro- y (ii) la negativa del reportero  en reconocer la  existencia de tales
exigencias.
Pese a que la duda  persiste por falta de una
comprobación clara  de lo sucedido en punto al anonimato sugerido por la
accionante en el reportaje realizado por el periodista Betancourt, en opinión
de la Corte, resulta extremadamente sospechoso el posible consentimiento de la
accionante  en acceder a una entrevista de frente y sin ocultamientos, tal como
lo afirman las personas implicadas en esta tutela. Las razones de la duda de la
Corte devienen de los siguientes datos allegados al expediente:
1) En la entrevista existe una autoincriminación  que
la propia accionante hizo de hechos pertenecientes a su esfera privada y era
por lo tanto, bastante razonable, que solicitara la preservación de su
intimidad, en tanto, para esa época, ya  tenía compañero permanente e hijos
pequeños.
2) Existen dos testigos, que bajo la gravedad del
juramento, sostienen que el reportaje se hizo con el cubrimiento del rostro de
la accionante  y la distorsión de la voz.
3) La accionante  afirmó, a lo largo de tres
intervenciones, ante los jueces y ante la Corte  Constitucional, que la primera
emisión del  documento se hizo sin mostrar su rostro y con la distorsión de la
voz (circunstancia de la que tampoco existe prueba porque sólo se allegó una
copia del documento Colombia  Vive, pero no de la primera emisión de la
entrevista realizada hace 12 años).
4) Porque de haberse emitido el documento hace 12 años
sin las condiciones pactadas por la accionante, es posible que se hubiera hecho
el reclamo en esa misma ocasión.
Por lo tanto,
como  se anotó, pese a la poca claridad que ofrecen los datos del expediente y
confiando casi en la memoria de los implicados en este caso, la Corte encuentra
más razones para creer que realmente sí se hizo la propuesta de preservar la
imagen, o por lo menos, que a iniciativa del periodista ha debido hacerse.
Así pues, de asumirse que la entrevista se hizo sin
ocultar los detalles que cualificaban la imagen de la accionante, no duda la
Corte  en afirmar, que la publicación de datos sensibles[25],
así hayan sido expuestos por la persona interesada en un determinado momento y
frente a una circunstancia específica de su vida,  es contraria al derecho a la
intimidad si no se cuidó su anonimato, pues aquí se trata no solo de preservar
la  información, sino, en especial, el debido respeto que debe caracterizar la
forma externa de su presentación, tanto por consideración a la sensibilidad del
público, como por el  factor de dignidad humana, que hace parte de los derechos
de toda persona y que resulta afectado cuando se difunden sin ninguna
prevención, imágenes y relatos  íntimos que terminan difamando a las personas,
especialmente si tal información, para ser noticia o historia no requiere
mostrar la imagen de quien la cuenta.
La Corte concluye entonces, que en aquellos casos en los
cuales el interés público hace necesario publicar los datos sensibles
proporcionados por el mismo interesado, debería intervenir, se insiste, el
principio de salvaguarda del anonimato.
En consecuencia, no niega la Corte que en determinadas
circunstancias, sea preciso publicar los datos de la vida privada de las
personas que tengan una connotación pública, sin embargo, pueden publicarse sin
violentar la “sensibilidad” hacia el que sufre, hacia  las víctimas de la
violencia, de la guerra, hacia quien está enfermo, hacia quien padece una
condena, etc[26].
3.3.
CONSIDERACIONES SOBRE EL
VIDEO QUE OBRA COMO PRUEBA
El documental  “COLOMBIA VIVE 25 años
de Historia  Colombiana”  fue producto del contrato suscrito entre Caracol
Televisión S.A. y Publicaciones Semana  S.A. como contratantes por una parte, y
Mauricio Gómez Escobar, como contratista por la otra, conforme al cual éste
último se comprometió a favor de los contratantes a prestar sus servicios como
Director, participando en los ensayos, montaje y fijación en soporte material
de sonidos sincronizados con imágenes o de imágenes sin sonidos del programa
titulado  “25  años de historia Colombiana” que producen conjuntamente CARACOL
Y SEMANA, a través del cual se realizará un homenaje a la revista Semana
mencionada por su  vigésimo  quinto aniversario”(Cláusula primera del contrato
de prestación de servicios que obra en el expediente).
El video del documento allegado a la demanda y obrante
como prueba, está dividido en varios capítulos que recuerdan los últimos 25
años de sucesos en el país. El primero, denominado “La euforia 1982-1984”,
abre con imágenes del premio Nobel de literatura ganado por el escritor Gabriel
García Márquez;  prosigue con un recuento de la expansión subversiva, que
se tradujo en el aumento del número de frentes, hecho que coincide con los
acercamientos del gobierno de Belisario Betancourt en  busca  de la paz.
Paralelo a esto, se recuerda el paso de la bonanza ‘marimbera’ al auge del
tráfico de cocaína y, en general, se presenta como una época signada por palomas
de la paz pero que termina abruptamente en la noche del 30 de abril de 1984 con
el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
El segundo capítulo llamado “EL TERROR-1984-1989”
comienza con la guerra declarado por el Estado Colombiano  al narcotráfico y
con la aparición de los llamados  “extraditables”. Una época recordada en el
documento por la toma del Palacio de Justicia, la destrucción de Armero tras la
erupción del volcán Nevado del Ruiz y el afianzamiento de la alianza entre
paramilitares y narcotraficantes que desembocó en la masacre de los integrantes
de la Unión Patriótica y en los asesinatos de Jaime Pardo Leal y Guillermo
Cano, entre muchos otros.  Narra el documental todo lo sucedido en la denominada
“época del narcoterrorismo”: las amenazas a la prensa,  a los
periodistas y  los asesinatos de policías en Medellín. Un período que, al igual
que el anterior, culmina también con un asesinato, el de Luis Carlos Galán en
la plaza de Soacha.
El tercer capítulo denominado la Lucha 1989-1994,
se inicia recordando  el sepelio del Doctor  Luís Carlos Galán, el
atentado al avión de Avianca, la bomba en la sede del DAS, la muerte de Gonzalo
Rodríguez Gacha en un operativo militar en Coveñas y prosigue con los
asesinatos de los candidatos presidenciales de la izquierda Bernardo Jaramillo
Ossa y Carlos Pizarro. Se rememora en el documento el  inicio de una nueva
Constitución, promulgada por la Asamblea Constituyente,  y se reseña la entrega
de   Pablo Escobar.  El  video muestra los tiempos de voladuras de oleoductos,
los lujos de la cárcel de La Catedral donde estaba Pablo  Escobar, la
continuación de la guerra contra el Estado con carros-bomba y asesinatos.
También fueron los tiempos del apagón y de la muerte de Pablo Escobar en el
tejado de una casa de Medellín.
El cuarto capítulo, el  de interés para la Sala, se
denomina “LA CONFUSIÓN” 1994-a 1998, donde se recuerda en primer lugar,
como el  Gobierno de Ernesto Samper estuvo signado desde su comienzo por la presencia
de dineros del Cartel de Cali en su campaña. Así que este capítulo comienza con
el ‘narcocassette’, el proceso 8.000, la confesión de Fernando Botero, la
descertificación a Colombia, un período que le legó al país frases y metáforas
memorables: “el elefante”, “las mogollas” como referencia al representante
Heyne Mogollón, encargado de investigar la conducta del Presidente; “aquí estoy
y aquí me quedo”, “¿Que el Presidente Samper renuncie? ¡Mamola!”, “fue a mis
espaldas”, “yo no necesito visa para ir a Chaparral”. Un período tan confuso,
dice el documental, que la guerrilla y los paramilitares aprovecharon para
expandir su poderío, mientras el país se preguntaba si el presidente Samper
renunciaba o no y veía como las autoridades capturaban a los hermanos Gilberto
y Miguel Rodríguez Orejuela.
El documento reflexiona sobre la infamia del asesinato
de Álvaro Gómez Hurtado y en un apartado del capítulo, a los 37 minutos
aproximadamente de rodaje, el reportaje comenta como  en el Caquetá, “santuario
legendario de las FARC, la Coca es la moneda que todo lo compra”. En ese
preciso contexto, aparece la accionante comentando que es trabajadora sexual,
que intercambia sexo por droga  para poder subsistir. En su corto relato,
sostiene que “un gramo de cocaína vale $650 y ellas reciben 15 gramos  por
acostarse con algún hombre, pues hace meses no se ve en esa zona un billete de
$10.000”
Continúa el capítulo  quinto  con “la Ilusión”
1998-2002. Se referencia en el documento el período del proceso de paz
adelantado por el gobierno de Andrés Pastrana. Se menciona la proximidad de la
paz  y el  renacer de Colombia. Pero en realidad quedan el recuerdo de la silla
vacía de ‘Tirofijo’, la zona de despeje del Caguán convertida en centro de
secuestro y procesamiento de cocaína, más tomas guerrilleras, las pescas
milagrosas, el asesinato de Jaime Garzón, el collar bomba, el rompimiento del
proceso de paz y, como trágico colofón, el secuestro de Ingrid Betancourt.
Finalmente, el último  capítulo denominado “La
ansiedad” 2002-2007. Este capítulo es llamado en el informe “de la era
Uribe”, que aún no termina y que, como señala Gómez, director del documental,  “es
el más difícil de afrontar porque no tenemos una perspectiva histórica que nos
permita mirarlo con los ojos que hoy analizamos los 80 o los 90”. En él se
reflejan los altos índices de popularidad de un gobierno con grandes logros en
seguridad y crecimiento económico, que se le midió a adelantar un proceso de
paz con los paramilitares, pero empañado por el escándalo de la para-política y
que ha debido adelantar un muy complicado proceso de verdad, justicia y
reparación de las víctimas.
Según lo visto, el documento Colombia
Vive, es un reportaje neutral en tanto da cuenta de lo que otros han dicho  y
hecho. Por lo tanto, en este tipo de reportajes,  no se asume el contenido de
las entrevistas que se hacen en él,  porque  el informador en este caso, es
sólo un instrumento a través del cual, la opinión pública accede al
conocimiento de asuntos relacionados con la vida pública.
Sin embargo, este tipo de reportajes, en
tanto comunicación fáctica, no se legitiman únicamente en función de su
veracidad, sino que también se requiere que su contenido sea realmente de
interés público, en últimas el límite interno más importante de la libertad de
información.[27] Esto es absolutamente
relevante, pues implica que el informador que transmite una entrevista neutral,
como la realizada a la accionante, no puede limitarse simplemente a reproducir
en un video lo dicho por otros, sino que debe asumir la responsabilidad de
valorar su contenido a la luz de las exigencias derivadas de una información de
interés público y no violatoria de los derechos de los demás.
En acápites anteriores, se mostraron de manera sucinta
los temas tratados en cada capítulo del reportaje “COLOMBIA VIVE” para
demostrar, que se trataba de un documento sobre los hechos relevantes en la
historia  de  Colombia durante los últimos 25 años. Cada capítulo ahondaba una
perspectiva  de la época y de manera objetiva, anunciaba los hechos y los
acontecimientos vividos por los colombianos en las últimas dos décadas. Es a
todas luces, un documento de la mejor confección en materia de archivos
históricos y, de contera, del mayor interés para la colectividad,  para el
país  y su  memoria  y  para la sociedad.
No obstante, el derecho comparado ilustra casos  en
los cuales la publicación  o difusión  de la imagen unida a datos personales
sin la debida protección de las personas afectadas,  termina violando el
derecho a la intimidad y la propia imagen  de las personas comprometidas. Una
mujer, ex drogadicta que colaboraba voluntariamente con una periódico inglés,
dio permiso a éste para que publicara una fotografía de ella, pero oscurecida,
de manera que sólo se viese su silueta y no su rostro. Sin embargo, la foto no
salió bastante oscurecida y dejaba identificarla claramente, permitiendo que
gente que la conocía la reconociera fácilmente. Junto con la foto se incluía un
artículo muy duro sobre la drogadicción, que daba a entender que la mujer era
una drogadicta que hubiera hecho cualquier cosa por una dosis. La Comisión para
la Prensa del Reino Unido, “PCC” conceptuó contra el periódico por la grave
violación a las cláusulas de exactitud e intimidad.[28]
También está el caso fijado en la sentencia del
Tribunal Constitucional Español, referido a una persona que ejercía
prostitución pero de la que no se obtuvo el consentimiento. La sentencia
concluyó lo siguiente:
“Ahora bien, como sostuvimos en la STC 99/1994, de 11
de abril, FJ 5, no puede deducirse del art. 18.1 CE que el derecho a la propia
imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado y
sin reservas de impedir que los rasgos físicos que identifican a la persona se
capten o se difundan. El derecho a la propia imagen, como cualquier otro
derecho, no es un derecho absoluto, y por ello su contenido se encuentra
delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales. La determinación
de estos límites debe efectuarse tomando en consideración la dimensión
teleológica del derecho, y por esta razón hemos considerado que debe
salvaguardarse el interés de la persona en evitar la captación o difusión de su
imagen sin su autorización o sin que existan circunstancias que legitimen esa
intromisión. De ahí que hayamos sostenido que "la captación y difusión de
la imagen del sujeto sólo será admisible cuando la propia -y previa- conducta
de aquél o las circunstancias en las que se encuentre inmerso, justifiquen el
descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el interés ajeno o el
público que puedan colisionar con aquél.
Resulta, por tanto, que el derecho a la imagen se
encuentra delimitado por la propia voluntad del titular del derecho que es, en
principio, a quien corresponde decidir si permite o no la captación o difusión
de su imagen por un tercero. No obstante, como ya se ha señalado, existen
circunstancias que pueden conllevar que la regla enunciada ceda, lo que
ocurrirá en los casos en los que exista un interés público en la captación o
difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente
prevalente al interés de la persona en evitar la captación o difusión de su
imagen. Por ello, cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros
bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los
distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de
cada caso, decidir qué interés merece mayor protección, si el interés del
titular del derecho a la imagen en que sus rasgos físicos no se capten o
difundan sin su consentimiento o el interés público en la captación o difusión
de su imagen.
A tenor de la doctrina expuesta debemos llegar a la
conclusión de que la publicación sin el consentimiento de la ahora recurrente
de unas fotografías que reproducen su imagen física de forma claramente
identificable constituye una intromisión en su derecho a la propia imagen.”
Se concluye entonces, que la inclusión, por otra parte
innecesaria, de la imagen y la voz de la accionante, en la difusión de este
importante documento periodístico, realmente vulneró el derecho a la imagen y a
la intimidad de la tutelante y de sus hijos menores de edad que en este caso
por disposición constitucional expresa resultan prevalentes y la Corte debe
proceder a resguardarlas.
3.4.
INCIDENCIA
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO EN LA PUBLICACIÓN DE UN ASUNTO AHORA SOCIALMENTE IRRELEVANTE.
Si desde un
principio el derecho a la intimidad y a la propia imagen de la accionante ha
sido lesionado por la exhibición que se  hizo en la entrevista concedida  en el
año 1996,  es claro  que el paso del tiempo, como factor determinante en todas
las circunstancias de la vida, acusa la violación a la intimidad de la
accionante e impide su vida en sociedad.
3.4.1. La significación
de un hecho o acción puede variar en el curso del tiempo
El paso del
tiempo en el marco de la libertad de información ha ocupado a la doctrina por
cuanto tales difusiones pueden llegar a obstaculizar la vida presente de las
personas involucradas. Varios casos ilustran este aserto:
1) En la praxis jurisprudencial alemana, por ejemplo,
el factor «tiempo» no sólo ha desempeñado un papel en la esfera penal. En la
Sentencia del Landgericht de Berlín de 19 de noviembre de 1996 fue un
argumento, entre otros, empleado para sostener la vulneración de la esfera
privada por parte del medio que desveló que un conocido presentador televisivo
había rodado películas porno veinte años atrás:  El Tribunal Constitucional
alemán sostuvo “que el derecho del afectado a que se dé una información
correcta sobre su persona incluye «que no se ponga constant­emente en conexión
esta parte de su pasado con su vida privada actual, porque  no hay
absolutamente ninguna relación entre ellos. Su comportamiento  de hace más de
veinte años no guarda ninguna relación con su actividad actual y, dado el
tiempo transcurrido, tampoco permite extraer ninguna conclusión sobre la
personalidad del recurrente”[29]
2) En otro caso
más extremo en materia penal igualmente el Tribunal Alemán indicó:
“El efecto
reflejo de la garantía constitucional de la personalidad no permite, sin
embargo, a los medios de comunicación, el informar indefinidamente sobre la
persona de un acusado  y su esfera privada. En vez de ello, cuando el interés
en recibir información ha sido satisfecho, su derecho a ser dejado en paz, gana
en principio importancia creciente y limita el acceso de los medios y del
público de hacer de la esfera individual  de su vida el objeto de discusión.
Incluso culpable una persona sigue miembro de una comunidad y retiene su
derecho constitucional a la protección de su individualidad. [30]
3) En la línea jurisprudencial americana,
probablemente el más ilustrativo sea el  caso  del “Kimono Rojo”: ocho años
después de que una mujer, que ejercía la prostitu­ción, saliera absuelta de un
proceso por homicidio, se realizó una película basada en estos hechos en la que
se utilizó su nombre de soltera; en ese momento, la afectada había contraído
matrimonio y su nuevo círculo de amistades desconocía por completo aquellos
acontecimientos. El Tribunal Californiano de apelación apreció la vulneración
de la privacidad, enfatizando  en que el  paso del tiempo es un factor a
considerar, junto con otros hechos, para determinar si la publicidad alcanza
límites irrazonables al revelar hechos sobre una persona que ha reanudado su
vida privada normal y legal llevada a cabo por la gran mayoría de la comunidad.[31]
3.4.2. La nueva difusión de la entrevista afectó la decisión
de la accionante en relación con su opción por una vida nueva.
Así pues, el interés en la  resocialización o el
propósito de  iniciar una  nueva vida conforme a la libre elección de cada
cual, pasa a operar, como “decisivo punto de orientación” para precisar
los límites temporales respecto a la difusión de un reportaje. Los datos
expuestos por la accionante ocasionaron afectación de sus derechos. Esta
situación  está demostrada, tanto por la decisión de su esposo de divorciarse,
como  por el estado  emocional de sus hijos con posterioridad  a la difusión
del video, puesto que en el se revelaron datos que si bien fueron ciertos, en
la actualidad no corresponden al status y al ser social  que la señora MARIA había
construido con su familia y sus hijos.  [32]
En la sentencia T-090 de 1996, la Corte analizó el
caso de una mujer residente en Colombia, de nacionalidad extranjera,  que a
instancias de su médico, consintió en que su parto bajo el agua  fuera grabado
y mostrado en televisión. La finalidad del programa, según lo entendieron la
demandante y su médico, no era otra distinta de la de ilustrar a la audiencia
sobre esta técnica de alumbramiento y de unirse a un homenaje a la vida; sin
embargo, el montaje del programa  se centró en comparar el parto de las mujeres
pertenecientes a la clase adinerada con el de las que integran la clase
trabajadora y pobre de la población, de todo lo cual se deducen consecuencias
para los niños que nacen en una y en otra circunstancia. La accionante, adujo
en su tutela haber sido objeto de una  proyección social, que ella rehúsa y que
no corresponde a la realidad.
La Corte Constitucional halló razón a la demandante y reconoció,
en doctrina que ahora  aplica al caso  sub lite, que  la atribución de
rasgos que no se ajustan a su verdadero ser social y actual  como persona  y su
adscripción a estereotipos que  en la actualidad ella repudia, porque la vida
le ha cambiado con el tiempo, o porque esencialmente no corresponden a lo que
ella es hoy,  evidencia una clara violación del derecho a la identidad. A
juicio de la Corte la injusta categorización de que es objeto una persona se
erige en afrenta directa a su personalidad.[33]
3.5.
LOS LÍMITES A LA LIBERTAD
DE INFORMACIÓN
Al entrar a considerar los límites de la información
en este caso concreto, la Sala se permite destacar que el informe reproducido
por Caracol y Semana constituye una muestra de un esfuerzo periodístico
investigativo de amplios alcances a la hora de fijar los hitos de un período
crítico pero trascendental del desarrollo histórico de nuestro país. No de otra
manera se puede visualizar lo acaecido en estos últimos cinco lustros,
condensados con tanta propiedad por el periodista Mauricio Gómez en el
documental “Colombia vive Veinticinco años de resistencia” recuperado de
los archivos del antiguo noticiero 24 Horas y difundido por Caracol S.A. y
Publicaciones Semana.
Evidentemente se trata de una información veraz, de
enorme repercusión e interés para la nación, de especial pertinencia para la
formación de una opinión pública libre e ilustrada, consustancial a la
democracia en cuanto contribuye a desarrollar la opinión pública dentro de una
perspectiva crítica y promueve la participación de los colombianos en el
análisis y el control de las actuaciones de las autoridades.
Desafortunadamente, al examinar estos archivos
históricos, que por fortuna existen, se encontró la confrontación entre la
libertad y el derecho a la información con el derecho a la intimidad, a los
derechos de unos menores de edad y a la vida privada de personas que
coyunturalmente aparecen vinculadas a este importante documento periodístico.
Por esta razón la Corte Constitucional, como ya se
expuso, ciertamente recava la importancia y la trascendencia del derecho a la
información libre, pero no deja de llamar la atención y alertar a los
periodistas y a los medios sobre la necesidad de desarrollar una profunda
sensibilidad, tener un cuidado especial y adoptar medidas preventivas extremas
cuando exista o pueda existir una confrontación y una contradicción con otros
derechos fundamentales de los niños o de otras personas, como el derecho a la
intimidad y el buen nombre. No otra razón tiene el examen que se hace a
continuación sobre las limitaciones al derecho a la libertad información.
3.5.1. Los derechos fundamentales de las personas
Una categoría obvia que justifica limitar la libertad
de expresión es el derecho de los demás; dado que el ejercicio de la libertad
de expresión puede llegar a entrar en conflicto con los derechos
constitucionales de terceras personas, que son objeto de protección
constitucional.  A este respecto, debe tenerse en cuenta que la libertad de
expresión, por su trascendencia dentro del orden constitucional colombiano,
sólo puede ser limitada para efectos de preservar derechos que tengan un rango
comparable: en otras palabras, esta finalidad se refiere únicamente a derechos
constitucionales fundamentales, como la intimidad, el buen nombre y la
prohibición de la discriminación. La libertad de expresión no puede estar
sujeta a limitaciones para efectos de preservar derechos de rango
infraconstitucional que no gozan de un nivel de protección comparable en la
Carta Política.  [34]
El último informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 2008[35]sobre libertad de
expresión ha precisado que no es este un derecho absoluto, sino sujeto, como
cualquier otro derecho, a limitaciones y restricciones. Al tenor del informe : “El
artículo 13 de la Convención Americana dispone expresamente –en sus incisos 2,
4 y 5- que puede estar sujeta a ciertas limitaciones, y establece el marco
general de las condiciones que dichas limitaciones deben cumplir para ser
legítimas. La regla general se encuentra establecida en el inciso 2, en virtud
del cual: “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
(a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o (b) la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.”(Negrillas fuera de texto).
3.5.2. Los derechos superiores y prevalentes de los niños
La Corte Interamericana de Derechos Humanos[36],
ha resaltado que  la expresión "interés superior" implica que el
desarrollo de la niña y del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de los menores de
edad.
Para la Corte Constitucional:“El interés superior
del niño se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las
particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y
sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por
tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los
padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto
relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia
de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la
protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico
supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del
menor. Este principio reconoce los derechos prevalentes de los menores, y exige
un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera
especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y
sano en los aspectos físico, psicológico, intelectual y moral, no menos que la
correcta evolución de su personalidad”[37].
Existe igualmente consenso en la jurisprudencia
constitucional en sostener la prevalencia de los derechos fundamentales de los
niños frente a la libertad de información.  Cuando están de por medio derechos
fundamentales de los niños,  estos deben prevalecer sobre los derechos de los
demás, de manera que en caso de conflicto entre el derecho a la información  o
a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad  u otro derecho
fundamental de los menores de edad, debe privilegiarse el interés superior del menor
de edad.[38]
En consecuencia, en casos en los que potencialmente
esté de por medio la preservación de los derechos de menores de edad, en
particular ante transmisiones de imágenes  o noticias  a través de los medios
de comunicación que pueden ser perjudiciales para su bienestar y desarrollo
integral, los jueces han de prestar especial atención a su protección, y a la
armonización concreta de los derechos enfrentados, sobre la base de la
prevalencia de los derechos de los niños – que detentan, por mandato expreso
del artículo 44 de la Constitución, una primacía ab initio sobre la
libertad de expresión[39].
La divulgación del reportaje  con
datos desuetos de la vida privada de la accionante,  y especialmente las
modalidades visuales- imagen y voz empleadas en este caso, vulneraron y
afectaron, sin duda, la intimidad personal y familiar  de los hijos menores de
edad de la señora Maria.
El informe de la sicóloga
tratante en el caso analizado, da fe de ello al consignar el estado de los menores
de edad, luego de que por la emisión del programa se enteraron de la vida
pasada y privada de su madre.
El informe dice lo siguiente:
“LA PSICOLOGA GENNY LILIANA PATIÑO GARZON IDENTIFICADA CON CEDULA DE
CIUDADANIA No 36.303.643 EXPEDIDA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO HUILA
CERTIFICA QUE:
Los menores XY Y XXX  de 15   y 13 años
de edad respectivamente, hijos de la señora MARIA Y EL SEÑOR XX, residentes del
municipio de Campoalegre, departamento de Huila, fueron llevados a valoración
psicológica encontrando a los menores altamente afectados por la situación
particular por la cual atraviesa su madre y toda su familia. Los menores han
sido sometidos a raíz del video presentado en el canal CARACOL la segunda
semana de enero del año en curso en el documental COLOMBIA VIVE, a prejuicios,
juzgamientos y señalamientos sociales afectando de manera directa su moral, su
interacción social, y estabilidad emocional distorsionando por ende su
desarrollo psicosocial.
Esta vivencia ha llevado a los menores
a crear sentimientos de frustración, vergüenza y fuertes alteraciones en el
ambiente familiar, siendo éste entorno el directamente afectado en su dinámica
cotidiana.
Los menores requieren asesoría
psicológica periódica que ayude a la asimilación del caso en cuestión y a
mejorar su desarrollo tanto a nivel familiar como social.
Bogotá, D. C, tres (3) de abril de dos
mil nueve (2009)”.
En general, en relación con la familia de la
accionante, estima la Corte, que sus integrantes, especialmente sus hijos
menores de edad, se vieron  sometidos a los efectos de una divulgación.
Por todo lo
expuesto, la Corte revocará las sentencias de instancia para dar paso a la
protección solicitada por la señora MARIA, en punto a sus derechos a la  propia
imagen, a la intimidad y a los derechos de los niños. Para ello, ordenará a
Caracol y Semana que se aseguren de cubrir la imagen y distorsionar la voz de
la  accionante en las emisiones que se hagan del  documento COLOMBIA VIVE,
donde la accionante aparece de frente a las cámaras dando una entrevista al
reportero Carlos Betancourt.
4.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto y como se trata de un daño consumado, por la emisión del
programa, pero con posibilidades de volverse a incurrir en él, si el programa
vuelve a emitirse, en virtud de las previsiones del los artículos 6°, numeral
4, 25 y 25 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. LEVANTAR los términos suspendidos  mediante
auto de 12  de diciembre de  2008.
Segundo: REVOCAR la sentencia de  23 de julio de 2008,
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil – Familia.
Tercero:
CONCEDER la
tutela de los derechos a  la  propia imagen, intimidad y derechos de los niños
solicitados en la presente tutela.
Cuarto: ORDENAR a
CARACOL TELEVISIÓN Y A LA REVISTA SEMANA que en el término de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo,  como
medida preventiva para evitar futuras violaciones a los derechos tutelados en
las nuevas emisiones del documental COLOMBIA VIVE, se aseguren de cubrir la
imagen y distorsionar la voz de la accionante cuando esta aparezca frente a las
cámaras concediendo una entrevista al reportero Carlos Betancourt.
Quinto: ORDENAR
la indemnización de los perjuicios y del daño emergente causados a la
accionante y a su familia, con este acto lesivo a sus derechos tutelados.
Dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado Ponente
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cláusula tercera, letra j, del contrato firmado
entre Mauricio Gómez Escobar y Caracol Televisión S.A. - Publicaciones Semana
S.A.
[2] T-259 del 1 de junio de 1994, MP. Doctor José Gregorio
Hernández entre muchos.
[3] T-1000
del 3 de agosto de 2000, MP. Vladimiro Naranjo Mesa, T- 249 de 2004, entre
otras.
[4] T-080 de 6 de febrero de 2003, MP. Doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra, entre muchas.
[5] T-094 de
2 de febrero de 2000, MP. Doctor Álvaro Tafur Galvis.
[6] Sentencia C-033 de junio 17 de 1992
[7] T-094 de 2000.
[8] “Libertad de expresión y sus límites: honor,
intimidad e imagen”, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de
Derecho Reunidas, Valverde, 32, 1, Madrid. Página 27.
[9] Los rasgos de este derecho fundamental fueron
desarrollados  en la sentencia T-090 del 6 de marzo de 1996. M.P.. Eduardo
Cifuentes Muñoz; y aplicado posteriormente en la T- 471 de 6 de julio de 1999,
MP, José Gregorio Hernández. En la sentencia T- 090 de marzo 6 de 1996, MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz, la demandante acusó la utilización de las imágenes de
su  parto en programas diferentes al producido por la sociedad demandada. La
difusión de la imagen se efectuó sin requerir el consentimiento de la actora y,
aparentemente, desconociendo igualmente los derechos de aquélla, que tampoco
había impartido su autorización. En la sentencia T-471 de 6 de julio de 1999,
MP. Doctor José Gregorio Hernández, se decidió el caso referido a la  imagen de
una menor de edad que apareció impresa en las etiquetas y la propaganda de los
productos de la empresa demandada, sin autorización manifiesta de aquélla ni de
sus representantes legales. La ausencia de autorización se dedujo del hecho de
que las fotografías a las que accedió eran apenas pruebas, y de ninguna manera
tomas susceptibles de comercialización efectiva, se concedió la tutela
solicitada y se ordenó que, salvo el consentimiento expreso de la menor de
edad, a través de sus padres, las etiquetas y avisos en las que su imagen
aparece salgan de circulación.
[10] Sentencia T-471 de 6 de julio de 1999, MP. Doctor José Gregorio
Hernández, citando la sentencia T- 090 de marzo 6 de 1996, MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[11] Sentencia T-471 de 6 de julio de 1999, MP. Doctor José Gregorio
Hernández.
[12] Ib.
[13] T- 408 de 1998, MP. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14]  M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-131 del 1
de abril de 1998. MP. Dr. Hernando Herrera Vergara.
[16]             Cfr. Sentencias T-386 del 20 de
mayo de 20002 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-471del 26 de octubre de 19994 M.P.
Hernando Herrera Vergara
[17]             Cfr. Sentencia T-080 del 26 de
febrero de 1993. M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18]             Cfr. Sentencia T-036 del 25 de
enero de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[19] Sobre este particular se pueden consultar las
sentencias T- 369 del 3 de septiembre de 1993, MP. Dr. Antonio Barrera
Carbonell; T-479 del 26 de octubre de 1993, MP. Doctor José Gregorio Hernández;
T-404 del 23 de agosto de 1996, MP. Doctor Alejandro Martínez Caballero; T-074
del 23 de febrero de 1995, MP. Doctor José Gregorio Hernández; T-472 del 24 de
septiembre de 1996, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-066 del 5 de marzo de 1998,
MP. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1202 del 14 de septiembre de 2000, MP.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-036 del 25 de enero de 2002, MP. Doctor Rodrigo
Escobar Gil; T-1198 del 1 de diciembre de 2004, MP. Doctor Rodrigo Escobar Gil.
[20] T- 512 del 9 de septiembre de 1992, MP. Doctor José Gregorio Hernández.
[21] Sentencia SU 056 del 16 de febrero de 1995, MP. Doctor Antonio
Barrera Carbonell.
[22] Claus Ahres, citado en
protección constitucional de la intimidad, Manuel Medina Guerrero. Tirant monofragias. Valencia 2005.
[23]  STC 197 de 1991
[24] Privacy and the
limits of the law, Yale, L. J.  vol. 89,
1980.
[25] Sobre el concepto de datos sensibles como aquellas
informaciones del fuero íntimo de las personas que  de reservarlas no
perjudican a nadie, pero de ser revelados podrían ocasionar un perjuicio, como
por ejemplo, las preferencias sexuales,  las enfermedades contagiosas, etc,
ver  “Conflictos entre Derechos Fundamentales” Tomas de Domingo, Madrid, 2001.
[26] Pcc report número 36 de 1996, en un caso en el que se ordenó
publicar con sensibilidad ( the abiding need for sensivity in the reporting of
such cases) datos sensibles del ser humano.
[27] Sobre los reportajes neutrales, “Derecho a la intimidad y
medios de comunicación.” Antonio Fayos Gardó.Madrid 2000.
[28] Comisión para la prensa del Reino Unido PCC Report número 31, 1995,
pagina 14.
[29] NJW 1997, pág. 1156.
[30] Citado por Markesinis, The German Law of
Torts, pag. 397
[31] Véase sobre esta decisión Alfred  Hill “ Defamanation and Privacy
under the first amendment, pag. 159
[32] “Si bien la Constitución
de manera expresa no consagra un “derecho a la identidad”, éste puede deducirse
de sus principios y de los restantes derechos reconocidos positivamente en su
texto. El principio de la dignidad de la persona humana, no sería comprensible
si el necesario proceso de socialización del individuo, se entendiera como una
forma de masificación y homogeneización integral de su conducta, reductora de
toda traza de originalidad y peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin,
la búsqueda y el logro incesantes de su destino conforman su razón de ser  y a
ellas por fuerza acompaña, en cada instante, una inextirpable singularidad de
la que se nutre el yo social, la cual expresa un interés y una necesidad
radicales del sujeto, que no pueden quedar desprotegidas por el derecho a
riesgo de convertirlo en cosa. El principio del pluralismo, sustento de la
convivencia pacífica y factor normativo determinante de la riqueza espiritual,
requiere que se respete la diversidad étnica y cultural de la nación y de sus
miembros. Bajo el manto del ciudadano, se procura la igualdad política y la
vigencia de la democracia, pero ésta no agota las posibilidades de la persona y
por tanto sus derechos. Además de miembro de la comunidad, el individuo como
persona tiene derecho a ser portador de una diferencia específica y a apoyarse
en ella para proseguir su curso vital. Apagar, silenciar, desconocer y, en fin,
hacer caso omiso, del verdadero ser social de la persona, equivale a negar el
derecho a la diferencia y, por ende, soslayar el significado profundo del
pluralismo.El reconocimiento de la personalidad jurídica, encuentra en el
artículo 14 de la C.P., una especie de cláusula general de protección de todos
los atributos y derechos que emanan directamente de la persona y sin los cuales
ésta no podría jurídicamente estructurarse. Por consiguiente, salvo que en la
propia constitución de manera expresa se defina y ampare un derecho
indisolublemente vinculado con la personalidad jurídica, la anotada disposición
constitucional le extiende protección a los intereses del sujeto cuyo
desconocimiento degraden su dignidad. En este sentido, no podría hablarse de
pleno reconocimiento de la personalidad jurídica, si la identificación de la
persona se limitase a considerar su sexo, edad, estado o filiación, dejando de
lado las vulneraciones y alteraciones deliberadas o culposas que injustamente
afecten la identidad cultural derivada de los hechos y circunstancias
claramente conocidos en el ambiente social en el que se desenvuelve la persona.
El reconocimiento de la personalidad jurídica, carecería de sentido, sino
aparejara también su ejercicio legítimo, máxime si se toma en consideración el
aspecto dinámico consustancial al obrar como persona. La consecuencia de hacer
uso de la personalidad jurídica, a través de múltiples actos en los que se
patentiza la libertad del sujeto ( C.P. art., 16 ), trasciende en el plano
individual y social mediante la adquisición y abandono de hábitos,
connotaciones, atributos, virtudes y demás elementos que contribuyen a
configurar la personalidad única e insustituible de que goza el individuo y que
como tal es merecedora de respeto por los demás.El anterior aserto se refuerza
aún más a la luz del artículo 16 de la C.P., en el que se consagra el derecho
al libre desarrollo de la personalidad. En esta norma constitucional, la Corte
ha visto plasmada la que se puede denominar “cláusula general de la libertad”.
La pretensión de que se respete la identidad sociocultural del individuo - como
ha sido definida en esta sentencia -, se fundamenta en el derecho de
autodeterminación que la Constitución le reconoce y garantiza. Las opciones de
libertad que el individuo escoge y a partir de las cuales construye su destino,
le conceden a su ser un sello propio que no deja de incorporarse en su
personalidad y que lo hace único e irrepetible”. T- 090
del 6 de marzo de 1996, MP. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz
[33] T-090 del 6 de marzo de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34] T-391 del 22 de mayo de 2007,
MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 2008,
Relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino.
[36] Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Opinión Consultiva OC-17 del 28 de agosto de 2002.   Condición jurídica y
derechos humanos del niño.  Párr.  137.
[37] Sentencia T-408 de 1995.  En la sentencia
T-510 de 2003 (caso relacionado con la irrevocabilidad del consentimiento de
una madre al dar en adopción a su hija), la Corte Constitucional precisó los
siguientes criterios jurídicos para determinar el interés superior de un menor
de edad:  i) la garantía del desarrollo integral del menor de edad; ii) la
garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales del menor de edad; iii) la protección del menor de edad frente a
riesgos prohibidos; iv) el equilibrio con los derechos de los padres; v) la
provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor de edad; y
vi) la necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del
Estado en las relaciones paterno/materno - filiales.
[38] Ibídem
[39] T-391 del 22 de mayo de
2007, MP. Doctor Manuel José Cepeda Espinosa