T-589-16
Sentencia T-589/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
Cuando una autoridad judicial (incluyendo los altos
tribunales de cierre de la demás jurisdicciones) se aparta del precedente
establecido por la jurisprudencia de la Corte, restringiendo el alcance dado a
una garantía iusfundamental o desconoce la interpretación constitucional de
determinada norma, incurre en una violación al debido proceso susceptible de
ser remediado por vía de la acción de tutela.
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO
CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Se estructura ante decisiones ilegítimas que lesionan
los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que necesariamente sea un
desconocimiento grosero de la Constitución.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
COMO DERECHO CONSTITUCIONAL DE CARACTER UNIVERSAL-Reiteración de jurisprudencia/INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Finalidad
La jurisprudencia ha señalado que todos los
beneficiarios del sistema pensional, incluidas las personas cuya pensión se
causó con anterioridad a la Constitución de 1991 y a la Ley 100 de 1993, tienen
derecho a la protección del poder adquisitivo de sus mesadas pensionales. La
indexación permite garantizarla actualización del salario base para liquidación
de la primera mesada pensional, en los eventos en que ha transcurrido un lapso
importante de tiempo entre el instante en que el trabajador cesa de laborar y
el reconocimiento de la prestación, manteniéndose el poder adquisitivo de la pensión.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y
TERMINO DE PRESCRIPCION-Para
pensiones reconocidas con posterioridad a la Constitución de 1991, se aplican
reglas procesales generales en materia de seguridad social y del trabajo
La Sala Plena de esta Corporación, en la reciente
sentencia SU-542 de 2016, aplicando las reglas previstas en los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo,
varió su postura, sosteniendo que la indexación y pago de estas mesadas
pensionales aplica a aquellas que no han prescrito, teniendo en cuenta para
ello la interrupción que puede operar a partir de la presentación de la demanda
ordinaria laboral correspondiente.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Jurisprudencia Sala de Casación Laboral
Corte Suprema de Justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
violación directa de la Constitución por cuanto Tribunal no accedió al
reconocimiento del derecho a la indexación de la mesada pensional, en el marco
del proceso ordinario laboral adelantado contra el ISS
En los eventos en que una autoridad judicial no accede
al reconocimiento del derecho a la indexación de la mesada pensional, viola
directamente los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 48 y
53 de la Carta, como el alcance que la Corte Constitucional, en calidad de
intérprete autorizada, le ha otorgado a los mismos.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
constitucional por cuanto Corte Suprema desconoció los derechos fundamentales
al debido proceso y a la indexación de la primera mesada pensional
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Orden a Colpensiones indexar la primera mesada pensional del actor con
base en la fórmula adoptada por la sentencia T-098 de 2005
Referencia:
expediente T-5689716.
Acción de tutela instaurada por Jorge
Armando Cortés Forero contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y otros.
Magistrado ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D. C., veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política
y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión del fallo dictado por la Sala de Decisión de Tutelas Nº
3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite
de la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Armando Cortés
Forero contra la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES.
A
través de apoderada, el señor Jorge Armando Cortés Forero presenta acción de
tutela contra la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en busca de la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la
salud, a la igualdad, a la seguridad social y “al pago oportuno y completo
de las mesadas pensionales”.
1.
Hechos.
Manifiesta el accionante que
laboró para Unisys de Colombia S.A., desde el año 1967 hasta 1977, percibiendo
como último salario la suma de $21.614,34, equivalente a 12.22 veces el salario
mínimo legal mensual de la época. Aclara que durante su último año de trabajo
en tal empresa, recibió el mismo monto de salario.
Indica
que en 1998, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, le reconoció
la pensión de jubilación a partir del 03 de septiembre de 1994, en cuantía de
$98.700, suma correspondiente a un (1) salario mínimo legal mensual de la
época.
Inconforme
con lo anterior, menciona que a través de apoderado, “instauró demanda
ordinaria laboral contra Colpensiones, con el fin de obtener la indexación de
su primera mesada pensional y el pago de la diferencia entre lo pagado y el
valor luego de dicho reajuste”.
Señala
que el Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 23 de
septiembre de 2009, accedió a las pretensiones de la demanda, ordenando al
Instituto de Seguros Sociales indexar la primera mesada pensional, con sus
respectivos valores retroactivos.
Menciona
que apelada tal decisión por parte del ISS, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, a través de sentencia del 07 de abril de 2010, revocó
integralmente el fallo de primera instancia, bajo el argumento de que “… al
tratarse de un derecho pensional causado con anterioridad a la entrada en
vigencia de nuestra actual Constitución Política, no hay lugar a la corrección
monetaria deprecada por no existir norma supralegal ni legal que así lo
autorice…”.
Informa
que frente a la anterior decisión, presentó recurso extraordinario de casación,
el cual fue decidido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien
mediante fallo del 29 de julio de 2015, resolvió no casar la decisión del
Tribunal, condenándolo en costas.
Asegura
que la sentencia de casación lo afecta gravemente, pues es una persona de 89
años de edad, sobre quien depende económicamente su esposa de 88 años. Agrega
que aun cuando le asiste el derecho a la indexación de su primera mesada
pensional, “está recibiendo un monto mensual de pensión que no le alcanza para
subsistir y menos para atender sus obligaciones familiares”. Asimismo,
aduce que se desconoce su derecho a la igualdad, puesto que a otras personas,
en iguales circunstancias, sí se les ha indexado su primera mesada pensional.
Bajo
este escenario, el actor formula acción de tutela contra la decisión de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, alegando el
desconocimiento de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al pago oportuno y
completo de las mesadas pensionales.
Expone,
con sustento en la jurisprudencia constitucional, particularmente en la
sentencia SU-1073 de 2012, que tiene derecho a recibir una pensión, “calculada
teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo del dinero”, por lo que
establecer el monto de la mesada pensional con base en un ingreso
significativamente menor al que percibió años antes de que finalmente le fuera
reconocida la pensión, desconoce sus derechos fundamentales.
Estima
que al no reconocérsele su derecho, bajo el argumento de que su pensión se
causó antes de la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, tanto la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, “incurren en una vulneración directa de la
Constitución”. En el mismo sentido, arguye que se desconoce el precedente
constitucional, “teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional en materia del derecho constitucional al pago oportuno y
completo de las mesadas pensionales”.
Por
todo lo anterior, solicita se deje sin efectos las sentencias proferidas por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, ordenándose a Colpensiones indexar su primera
mesada pensional, así como que se le pague en adelante la pensión reajustada y se
le entregue “la diferencia entre lo pagado y la suma que realmente ha
correspondido como pensión desde su reconocimiento”.
2.
Trámite constitucional de primera instancia y respuesta de las autoridades judiciales
accionadas y vinculadas.
2.1.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de
mayo 27 de 2016, al advertir que la acción de tutela, además de estar dirigida contra
la Sala de Casación Laboral, hacía referencia a otras autoridades judiciales,
decidió vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá y al Juzgado 25 Laboral del Circuito de la misma ciudad, corriendo
traslado de la demanda para que ejercieran su derecho de contradicción y
defensa. Asimismo, en la misma providencia, dispuso que las mencionadas
autoridades aportaran copia de las providencias objeto de reproche.
2.2. Respuesta Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Magistrada
Clara Cecilia Dueñas Quevedo, quien actuó como Ponente de la sentencia
controvertida, da respuesta a la acción de tutela. Informa que “el asunto
debatido ha sido criterio reiterado de esta Corporación, según el cual, se
indexan los salarios mas no las semanas de cotización aportadas a la entidad de
seguridad social, de modo que no es posible abrogarse al demandado la obligación
de actualizar las cotizaciones que efectuó el actor entre la fecha en que cesó
sus aportes -1977- hasta el cumplimiento de la edad para acceder a la pensión
-1987-”.
En
ese orden, estima que la decisión adoptada fue con apego a la Constitución y la
ley, sin que con ella se desconociera derecho fundamental alguno. Asimismo,
indica que no se puede mediante esta vía reabrir o reexaminar procesos que ya
fueron objeto de pronunciamiento, sin que con ello de desconozcan los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Finalmente,
considera que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
pues la sentencia de casación fue proferida el 29 de julio de 2015 y la demanda
constitucional fue interpuesta el 26 de mayo de 2016.
2.3. Respuesta del Juzgado 25 Laboral del Circuito de
Bogotá.
El
Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, a través de su Secretario, hace un
recuento de todas las actuaciones surtidas al interior del proceso laboral,
remitiendo al a-quo, en calidad de préstamo, el expediente del Proceso
Ordinario Nº 2009-0204. Dicho Juzgado no se pronunció sobre los hechos y
pretensiones de la acción de tutela.
Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, guardó silencio al traslado de la demanda.
3. Del fallo de instancia.
La
Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia proferida el 07 de junio de 2016, niega
el amparo solicitado al considerar que el accionante pretende la indexación de
su mesada pensional, “sin exponer la vulneración de un derecho fundamental
en el marco de la actuación procesal”, que configure una de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En el
mismo sentido, estima que la mera discordancia del actor con la interpretación
de los hechos y la normatividad aplicable, no tiene la suficiente trascendencia
para derruir el efecto de la cosa juzgada que recae en la sentencia proferida
por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria.
De
otra parte, señala que ante la ausencia de evidencias que indiquen la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentra el accionante, “no le está
permitido al juez de tutela crear una presunción de afectación del mínimo vital
a partir de la afirmación de que está recibiendo menos dinero del que debería o
porque recibe un salario mínimo mensual legal vigente”. Agrega que no se
advierte del expediente que el actor se encuentre bajo la amenaza de un
perjuicio irremediable, más aún cuando éste viene recibiendo desde 1998 una
pensión de jubilación, por lo que su mínimo vital no se encuentra en riesgo.
La
sentencia no fue impugnada.
4. Actuaciones adelantadas en sede de revisión
constitucional.
4.1. Durante el trámite adelantado en esta sede, el
Magistrado sustanciador advirtió que no había sido vinculado al proceso la Administradora Colombiana de Pensiones
- Colpensiones, quien asumió las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales
– ISS, demandado en el proceso laboral cuyas sentencias son controvertidas. En
ese orden, mediante auto del 15 de septiembre de 2016, dispuso la vinculación
de dicha entidad, “que si bien no fue demandada en la presente acción de
tutela, puede verse comprometida con lo que finalmente se decida en este
proceso”.
En la misma providencia, tras advertir que en el
expediente no reposaban las sentencias proferidas por las autoridades
judiciales de primera y segunda instancia en el proceso laboral adelantado por
el actor, como tampoco la demanda de casación, se solicitó al Juzgado 25
Laboral del Circuito de Bogotá, remitir en calidad de préstamo, el expediente
contentivo del proceso ordinario Nº 2009-0204, con el fin de “contar con los
suficientes elementos de juicio que se requieren para adoptar la decisión a que
haya lugar”. Asimismo, se requirió a la parte actora que informara las
condiciones socioeconómicas actuales, a fin de establecer el grado de
vulnerabilidad alegado.
4.2. En cumplimiento al auto anterior, mediante oficio de septiembre
26 de 2016, la Secretaría del Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá,
remitió a la Corte Constitucional el expediente del proceso laboral solicitado.
Del mismo modo, la apoderada del accionante, a través de escrito de septiembre
23 de 2016, suministró la información requerida (folios 19 a 44 del cuaderno de
revisión). La Secretaría General de esta Corporación dejó constancia del
traslado de la prueba ordenada, la cual fue puesta a disposición de las partes
y terceros interesados, conforme a lo resuelto en el auto mencionado (folios 45
a 52 del cuaderno de revisión).
Por su parte, Colpensiones, a través de la Gerente
Nacional de Doctrina, mediante oficio BZ-2016-11029574 de octubre 10 de 2016, descorre
el traslado de la demanda, aduciendo que la tutela fue presentada 8 meses
después de haber sido notificada, “término que resulta excesivo en tanto
desborda los límites de la razonabilidad”. Indica que el accionante
actualmente percibe una pensión equivalente al salario mínimo legal, aportando
certificación de la Gerencia de Nómina de la entidad. Frente al fondo del
asunto, considera que la tutela debe denegarse, no obstante, señala que “será
la sentencia de la Honorable Corte Constitucional la que establezca la
razonabilidad de la ratio decidendi de la sentencia objeto de reproche
constitucional. Empero, esta administradora estima que el alcance fijado puede
ser sostenible, en la medida en que si el monto de la pensión actual se ajusta
a los valores del salario mínimo conforme fue pensionado, resulta inane debatir
respecto de la actualización de las cotizaciones efectuadas por el demandante”
(folios 53 a 59 del cuaderno de revisión).
4.3. Finalmente, conforme a lo previsto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015, por el cual se
unificó y actualizó el Reglamento de la Corte Constitucional, el Magistrado sustanciador informó en
su oportunidad a la Sala Plena[1]
sobre los aspectos más
relevantes del caso debatido y dentro del cual obra como accionada la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En la Sala Plena del 21 septiembre de 2016, este
tribunal dispuso que el caso sub examine sería resuelto por la Sala Novena
de Revisión de la Corporación.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Corte es competente para conocer
del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento
del auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de esta Corporación,
el veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016)[2].
2.     Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
2.1.
El accionante informa que en 1998 el Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, le reconoció la pensión de jubilación a partir de septiembre de
1994, asignándole una mesada en cuantía de $98.700, es decir, lo
correspondiente a un salario mínimo legal mensual de la época. Señala que
interpuso demanda ordinaria laboral contra el ISS, en busca de la indexación de
su primera mesada, habida cuenta que el último salario percibido en el año
1977, fue por $21.614, esto es, a 12.22 veces el salario mínimo de aquél
entonces.
Indica
que el Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, accedió a las pretensiones de
la demanda, ordenando al ISS indexar la primera mesada pensional, con sus correspondientes
valores retroactivos. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, decidió revocar la decisión del Juzgado, estimando
que se trataba de un derecho pensional causado con anterioridad a la
Constitución de 1991, del cual el ordenamiento jurídico no autoriza la
corrección monetaria. Expone que interpuesto el recurso extraordinario, la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia
del Tribunal Superior. Así, aduce que las sentencias laborales que negaron su
derecho, vulneran directamente la Constitución y desconocen el precedente de la
Corte Constitucional, en punto al derecho al pago oportuno y completo de su
mesada pensional y a que ésta sea calculada teniendo en cuenta la pérdida del
poder adquisitivo del dinero.
Informa
que la mesada pensional percibida actualmente no le alcanza para subsistir, que
cuenta con 89 años de edad y que tiene a su cargo a su esposa de 88 años. Por
tanto, solicita se deje sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, ordenándose a Colpensiones indexar su primera
mesada pensional.
2.2.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre
los hechos y pretensiones de la demanda, argumentando que de acuerdo a la
jurisprudencia de dicha Corporación, se indexan los salarios mas no las semanas
de cotización aportadas a la entidad de seguridad social, por lo que el ISS no
tenía la obligación de actualizar las cotizaciones hechas por el actor desde
cuando cesó de aportar en 1977, hasta el año 1987, cuando cumplió la edad para
acceder a la pensión. Agrega que la tutela no puede reabrir el debate ya
resuelto en la sentencia de casación, más aún cuando no se cumplió con el
requisito de inmediatez en su interposición.
Colpensiones
considera que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez, pues fue
presentada 8 meses después de notificado el fallo. Asimismo, estima que es la
Corte Constitucional quien finalmente establezca la razonabilidad de las
consideraciones plasmadas en la sentencia de casación.
2.3.
La acción de tutela sólo tuvo una instancia, siendo negada por la Sala de
Decisión de Tutelas Nº 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, tras considerar que en la demanda no se expuso en que consistió la
vulneración de los derechos en el marco de la actuación procesal, que corresponda
a alguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales. Del mismo modo, estimó que la divergencia en la interpretación de
los hechos y la normatividad por parte del actor, no es suficiente para desconocer
el efecto de la cosa juzgada. Agrega que no se acreditó que el accionante se
encuentre en situación de vulnerabilidad ni que tenga afectado su mínimo vital,
pues viene recibiendo su mesada pensional desde 1998.
2.4. De
acuerdo con la situación fáctica planteada y la decisión de instancia,
corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar, si en el asunto sub júdice procede
la acción de tutela para controvertir las providencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, el 07 de abril de 2010, y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 29 de julio de 2015, dentro del proceso ordinario
laboral que adelantó el señor Jorge
Armando Cortés Forero contra el Instituto
de Seguros Sociales. Si la Sala encuentra que la
acción de amparo resulta procedente, pasará a determinar si las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en una supuesta violación directa de la
Constitución y en el desconocimiento del precedente constitucional, al proferir
las decisiones acusadas, donde no se accedió a la indexación de la primera
mesada pensional demandada por el actor.
Para dar solución al problema jurídico
planteado, la Sala Novena de Revisión reiterará la jurisprudencia sobre (i) las causales generales y específicas de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, caracterizando de manera específica los
defectos por desconocimiento del precedente constitucional y de violación
directa de la Constitución, y (ii) la
indexación de la primera mesada pensional como un derecho constitucional de
carácter universal. Una vez precisados estos aspectos, (iii) abordará el
estudio del caso concreto.
3.     Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
3.1.
La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida jurisprudencia en relación
con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
forma excepcional, es posible instaurar acciones de tutela contra sentencias
pues si bien los pronunciamientos de los jueces están amparados por los
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, es imperativo
armonizar la actuación de estas autoridades judiciales con la garantía efectiva
de la prevalencia y efectividad de los derechos fundamentales[3].
Para
salvaguardar el carácter excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, la Corte ha dicho que la tutela solo es procedente cuando se
verifican de manera estricta una serie de supuestos que la Corte ha denominado
causales o requisitos generales y específicos de procedencia. Así, la
procedencia de la tutela contra sentencias depende de (i) que se cumplan todos
los requisitos formales de procedibilidad, y (ii) que se demuestre la
existencia de al menos una causal que haga procedente el amparo material[4].
3.2.
Los requisitos formales de procedencia de la acción son los siguientes:
(i)
Que el asunto sometido a estudio
del juez de tutela tenga relevancia constitucional[5].
(ii)
Que el actor haya agotado los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de
tutela[6].
(iii)
Que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración[7].
(iv)
En caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales[8].
(v)
Que el actor identifique, de forma
razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior
del proceso judicial, en caso de haber sido posible.
(vi)
Que el fallo impugnado no sea de
tutela[9].
3.3.
Una vez se verifique el cumplimiento de estos requisitos, para que proceda
materialmente el amparo, debe configurarse al menos uno de las siguientes
violaciones materiales de los derechos fundamentales en las providencias
judiciales, que la Corte ha denominado “defectos”:
(i)
Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
(ii)
Sustantivo, cuando se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales, se inobservan o inaplican
normas pertinentes, o en los fallos que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
(iii)
Procedimental que, de manera
general, se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido[10].
(iv)
Fáctico, que surge por la carencia
de razonabilidad en la producción, validez o apreciación del material
probatorio[11].
(v)
Error inducido[12],
también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público
(vi)
Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional[13].
(vii)
Desconocimiento del precedente
constitucional, que se presenta cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance[14].
(viii)      Violación directa a la Constitución, que acontece
cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución[15],
o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[16].
3.4.
La Corte ha dicho que no existe un límite indivisible entre estas causales, de
suerte que una misma situación dentro del proceso judicial puede derivar en
varios defectos. Por ejemplo, el irrespeto por los procedimientos legales y, de
forma simultánea, vulnerar directamente la Constitución o impedir una correcta
apreciación de las pruebas[17].
Breve
caracterización del defecto por desconocimiento del precedente constitucional.
3.5.
Este defecto es una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se predica únicamente respecto del
desconocimiento hecho por los operadores judiciales del precedente
jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional[18].
En
la medida que la Corte es la guardiana de la supremacía de la Constitución
Política, en los términos del artículo 241 de la misma[19], las decisiones
adoptadas por esta corporación, en cuanto precise el alcance de los derechos
fundamentales o determine la hermenéutica constitucionalmente admisible de un
precepto legal, son obligatorias o vinculantes para los operadores judiciales
al momento de resolver los asuntos sometidos a su consideración. Esta
obligatoriedad se predica tanto de la parte considerativa como de la resolutiva
de las sentencias de la Corte Constitucional.
No obstante, la configuración
de este defecto no es automática, pues está condicionada a la concurrencia de
los requisitos específicos, esto es, la existencia previa al asunto en examen,
de una sentencia de control abstracto de constitucionalidad o varias de
revisión de tutelas, que contengan en su ratio decidendi reglas
jurisprudenciales aplicables a los casos a decidir, dada la semejanza en sus
presupuestos fácticos y normativos.[20]
En
ese orden, cuando una autoridad judicial (incluyendo los altos tribunales de
cierre de la demás jurisdicciones) se aparta del precedente establecido por la
jurisprudencia de la Corte[21],
restringiendo el alcance dado a una garantía iusfundamental o desconoce la
interpretación constitucional de determinada norma, incurre en una violación al
debido proceso susceptible de ser remediado por vía de la acción de tutela[22].
Breve
caracterización del defecto por violación directa de la Constitución
3.6. En la medida que la
Constitución Política, en los términos de su artículo 4º es norma de normas, y
que “En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”, las autoridades, tanto administrativas como judiciales, están en la
obligación de velar por su cumplimiento.
Respecto de este defecto, la
jurisprudencia constitucional[23]
ha estimado que se estructura ante decisiones ilegítimas que lesionan los
derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que necesariamente sea un
desconocimiento grosero de la Constitución.
Desde la sentencia C-590 de 2005, esta
corporación incluyó este defecto como una causal autónoma de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales. En este sentido, la Corte sostuvo que: “(…)
la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando se deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto, dos (ii), al aplicar la ley al margen de los
dictados de la Constitución”.
Del mismo modo, en la sentencia T-555 de 2009[24],
la Sala Tercera de Revisión, consideró que esta
causal de procedencia de la acción de tutela se estructura “cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de
la Carta Política.  A este respecto, debe insistirse en que el actual
modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
Igualmente, en la sentencia T-809 de 2010[25], la Corte ha señalado que esta causal procede cuando:
“(a) en la solución del
caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con
el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con
la Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta en sus
fallos, que con base en el artículo 4º de la C.P, la Constitución es norma de
normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una
norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad”.
De esta manera, en virtud de la
superioridad de la Constitución, la
aplicación directa de sus mandatos y prohibiciones vinculan a los operadores
judiciales en la resolución de los asuntos sometidos a su consideración. Ante
su desconocimiento, la acción de tutela resulta procedente en garantía de los
derechos fundamentales que resulten afectados.
4. La indexación de la primera mesada pensional como un derecho
constitucional de carácter universal. Reiteración jurisprudencial.
4.1. Solo a partir de la Carta Política de 1991 se
constitucionalizó la
garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las mesadas pensionales. El
artículo 48 superior consagra que “la ley definirá los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Asimismo, el artículo
53 ejusdem señala que “el Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
Bajo este fundamento normativo,
la jurisprudencia ha señalado que todos los beneficiarios del sistema
pensional, incluidas las personas cuya pensión se causó con anterioridad a la
Constitución de 1991 y a la Ley 100 de 1993, tienen derecho a la protección del
poder adquisitivo de sus mesadas pensionales. La indexación permite garantizar la actualización del salario base
para liquidación de la primera mesada pensional, en los eventos en que ha
transcurrido un lapso importante de tiempo entre el instante en que el trabajador
cesa de laborar y el reconocimiento de la prestación, manteniéndose el poder
adquisitivo de la pensión[26].
4.2. La Corte Constitucional
en múltiples sentencias, tanto de control concreto[27] como de control
abstracto de constitucionalidad[28],
se ha pronunciado respecto del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, protegiendo de manera pacífica y uniforme, la garantía de que esta
conserve su poder adquisitivo. En la sentencia T-697 de 2015[29],
esta Corporación hizo un recuento de los aspectos centrales de la
jurisprudencia de la Sala Plena sobre la materia, donde se plasman las
principales directrices para la protección de este derecho, por lo que se cita in
extenso:
“19. La sentencia SU-120 de 2003 reconoció el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, en virtud de los
artículos 48 y 53 constitucionales.
En esa ocasión, la Corte analizó que cuando las
personas dejaban de trabajar antes de tener la edad de pensión, les ocurría
que, tiempo después, al reclamar su prestación, la liquidación del ingreso base
se hacía con el monto del salario que en el pasado tuvo la persona. Así, las
cifras que se tomaban, no tenían en cuenta que con el paso del tiempo,
disminuía la capacidad adquisitiva de esa suma. Por lo tanto, una persona que
recibía un salario, por ejemplo, de seis salarios mínimos, podía obtener una
mesada pensional de un salario mínimo.
Al respecto, la Corte Constitucional efectuó un
análisis sistemático de la Constitución y la legislación laboral, y concluyó
que “puede afirmarse que la liquidación de la base pensional a partir del
último salario devengado, sin reajustes, no tiene asidero en el ordenamiento.”[30]
Precisó que los jueces no pueden desconocer el derecho a la indexación de
mesadas pensionales, pues este ajuste resulta imperativo para remediar las
injusticias, mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y garantizar
la capacidad adquisitiva de las prestaciones.
20. Posteriormente, la sentencia C-862
de 2006[31]
reiteró el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y precisó que
éste aplica, incluso, cuando el Legislador no ha previsto tal ajuste.
En esa oportunidad, este Tribunal analizó
una demanda contra dos apartados del artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, uno de los cuales disponía que un trabajador que se retire del
servicio sin cumplir con el requisito de la edad para jubilación, tendrá
derecho a la pensión cuando, al llegar a la edad señalada por la ley para
obtenerla, acredite 20 años de labores. La demandante argumentaba que la ley no
había previsto la actualización del salario base para liquidar la pensión de
vejez y, en consecuencia, los trabajadores amparados por la norma recibirían
una pensión irrisoria.
La sentencia retomó jurisprudencia
constitucional, en especial, las consideraciones de la sentencia SU-120 de
2003. Consideró que
la ausencia de un mecanismo en la norma, que asegure el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones, ponía en riesgo la protección de los derechos
contemplados en el artículo 48 y 53 de la Carta Política. En consecuencia,
declaró exequible la expresión impugnada, en el entendido de que “el salario
base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este
precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios
al Consumidos, IPC, certificado por el DANE.”
21. En un caso similar al anteriormente
expuesto, la sentencia C-891A de 2006[32] declaró exequible el
artículo 8 de la Ley 171 de 1961 sobre pensión de vejez, bajo el entendido de
que debía asegurarse la indexación de la primera mesada pensional aunque la
norma no lo incluyera expresamente.
La Corte procedió a resolver si, de nuevo, el Congreso
había incurrido en una omisión legislativa al no prever la indexación del
salario base para la liquidación de la pensión de las personas cobijadas por la
norma demandada. Y falló en el mismo sentido que la sentencia C-862 de 2006,
pues declaró la exequibilidad de la expresión acusada, pero precisó que cuando ésta
produzca efectos, debe entenderse que “(…) el salario base para la liquidación
de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser
actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC
certificado por el DANE”.
22. Seis años después del último fallo
citado, la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió la sentencia SU-1073
de 2012, que reconoció el derecho a la indexación de la primera mesada para
las pensiones causadas antes de 1991.
En ese proceso, esta Corporación acumuló
17 expedientes de tutela. En la mayoría de los casos, los accionantes tenían
una pensión reconocida previamente a la expedición de la Constitución de 1991 y
la Corte Suprema de Justicia les había negado la indexación de su primera
mesada pensional. La Corte determinó que los derechos de los pensionados deben
ser garantizados sin distinción de si su prestación se causó antes o después de
la adopción de la Carta Política. Así pues, manifestó que quienes tuviesen pensiones
reconocidas antes de 1991, tienen derecho a la actualización del salario base
para la liquidación de la primera mesada”.
(…)
23. Luego, la Sala Plena adoptó la sentencia
SU-131 de 2013[33],
en la cual analizó un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia proferido en 2009, que argumentó que las personas cuya pensión se
causó antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución no tenían
derecho a la indexación de la primera mesada. La Corte Constitucional indicó
que no es posible negar el derecho a las pensiones causadas antes de 1991, tal
como dispuso la sentencia SU-1073 de 2012. Por lo tanto, ordenó revocar la
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
24. Una decisión proferida hace pocos
meses de emitir esta providencia, es la sentencia SU-415 de 2015[34],
que insistió en el derecho a la indexación del salario base de liquidación
inclusive para las pensiones causadas antes de la Constitución de 1991.
La providencia estudió el caso de un
pensionado que interpuso demanda laboral para solicitar la indexación de la
primera mesada. En primera y segunda instancia le negaron su derecho, bajo el
argumento de que cuando la prestación se concedió antes de la expedición de la
Constitución, no procedía el reajuste requerido. Luego, la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia decidió “no
reponer la providencia y confirmó la no selección del caso”[35] del actor. Al analizar las decisiones
judiciales, la Corte Constitucional reiteró que el derecho a la indexación debe ampararse, incluso, si la pensión se
reconoció antes de 1991, tal como lo precisó la sentencia SU- 1073 de 2012. Así
que ordenó la indexación de la primera mesada y el pago de las mesadas
pensionales no prescritas, “causadas durante los tres años anteriores a la
fecha de expedición de esta sentencia”.
4.3.
Como se aprecia, es copiosa la jurisprudencia de la Sala Plena de esta
Corporación, que ha establecidos los alcances y las reglas con relación al
derecho a la indexación de la primera masada pensional, como una manifestación de distintos postulados constitucionales,
tales como el principio de Estado Social
de Derecho, de igualdad, de dignidad humana y de in dubio pro operario[36].
4.4. En relación
con la fórmula que debe emplearse para calcular la indexación pensional, la
jurisprudencia ha señalado que deberá ser la establecida a partir de la
sentencia T-098 de 2005[37],
por tratarse de la que mejor se aviene a los mandatos de la Carta Política. En esa providencia se estableció que el ajuste de la
mesada pensional del demandante se hará según la siguiente fórmula:
Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina
multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por
el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte
de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha a partir
de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial.
Debe determinarse así el valor de la primera mesada pensional
actualizada. La entidad encargada procederá a reconocer y liquidar los
reajustes pensionales de los años posteriores, conforme a la normatividad
aplicable. Después
establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que
efectivamente cubrió como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De
dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al
pensionado al sistema de seguridad social en salud, si se encuentra que los
mismos se pagaron.
La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor,
desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia,
dando aplicación a la siguiente fórmula:
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el
valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la
fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el
vigente al causarse cada mesada pensional.
Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la Corte estableció
que la entidad demandada debería aplicar la fórmula separadamente, mes por mes,
empezando por la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar,
y para los demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice
aplicable que debe ser el vigente al causarse cada una de las prestaciones.
4.5. Es de precisarse además, que en la sentencia C-862 de 2006[38], se
destacó el vínculo inescindible entre el
derecho a la actualización de la mesada pensional y el goce efectivo del
derecho al mínimo vital de los pensionados. Al respecto se señaló:
“la
jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es un
mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la
tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los
pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital,
en esa medida se han establecido presunciones tales como que el no pago de la
mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital. Por lo tanto la
actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del
derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por
regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto
sujetos de especial protección constitucional”.
Así entonces, la jurisprudencia ha establecido una
presunción de afectación al mínimo vital en cabeza de los pensionados a quienes
no se les ha actualizado sus mesadas, las que mensualmente les permite
solventar sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, pudiendo hacer
frente al impacto económico que genera la
inflación.
4.6. De otra parte, cuando se comprueba el desconocimiento al derecho a la
indexación del salario base de liquidación de alguna persona, la Corte se ha
ocupado de establecer cómo debe contabilizarse el término de prescripción de
las mesadas pensionales.
La posición que se venía aplicando en
este tema era la establecida
en la sentencia SU-1073 de 2012, donde se indicaba que la indexación de pensiones causadas antes de la
Constitución Política de 1991 debía proceder respecto de aquellas mesadas
comprendidas en los tres (3) años anteriores al momento en que se profirió el
fallo de tutela respectivo[39].
Sin embargo, la Sala Plena de esta Corporación, en la reciente sentencia SU-542
de 2016[40],
aplicando las reglas previstas en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo
del Trabajo[41]
y 151 del Código Procesal del Trabajo[42],
varió su postura, sosteniendo que la indexación y pago de estas mesadas
pensionales aplica a aquellas que no han prescrito, teniendo en cuenta para
ello la interrupción que puede operar a partir de la presentación de la demanda
ordinaria laboral correspondiente.
Esta ha sido también en la materia, la
posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde
se ha interpretado el alcance de la prescripción, así:
“En efecto, por décadas  se ha clarificado por esta
Sala de la Corte, que lo que corresponde a la genuina lectura de las
preceptivas 488 y 489 del C.S.T. y 151 del estatuto procesal laboral y de la
seguridad social,  el término de los tres años a que se alude en la normativa
atrás referida para la prescripción de las acciones, se cuenta <desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible>, pues precisamente el
soporte de la prescripción extintiva se percibe en la inercia del acreedor de
reclamar  el cumplimiento de la eventual obligación. Por ello, es que el
término de prescripción no puede contarse antes de la expiración del plazo
consagrado legalmente y menos a probables obligaciones o derechos futuras.
Por consiguiente, como el Tribunal para
efecto de contabilizar el término de prescripción tomó en cuenta el de la
finalización de los tres años contados a partir del agotamiento de la vía
gubernativa “hacia delante”, tal alcance del sentenciador es desatinado,
pues le atribuyó a la normatividad atrás comentada un significado diferente al
que rectamente entendido le corresponde, contrariando el legítimo sentido.
(…)
En sede instancia,  se tiene que el actor
fue pensionado a partir del 15 de agosto de 1995, fecha a partir de la cual se
inició la contabilización del término de prescripción de tres años,  el que
interrumpió el actor el 16 de octubre de 1996 con la reclamación gubernativa,
por lo que los tres años se cumplieron el 16 octubre de 1999; sin embargo, como
transcurrieron tres años a partir de ésta última fecha sin que se presentara la
demanda, ya que esto sólo ocurrió el <23 de mayo de 2005> según el
sello de la Oficina judicial del folio 9 vuelto del cuaderno 1, obvio es que
para las diferencias pensionales condenadas por el ajuste del ingreso base de
liquidación de tal prestación, causadas del 23 de mayo de 2002 hacia atrás,
operó el fenómeno de la prescripción.
En consecuencia, se ordenará el pago de la
diferencia entre la pensión que le venía pagando la Caja Agraria, y el valor de
la mesada cuyo incremento se decretó, desde el 23 de mayo de 2002 hasta el
último de agosto de 2011.”[43].
Esta misma Sala de Revisión, acogiendo la
línea hermenéutica de la Corte Suprema de Justicia, con base en los artículos
488 del C.S.T. y 151 del C.P.T., ha considerado que las diferencias dinerarias
de las mesadas indexadas son créditos laborales que se extinguen después de
tres años[44].
Igualmente, la Sala aclaró que el reclamo de un trabajador a su empleador,
suspende el término de prescripción de las obligaciones relacionadas con la
indexación de las mesadas, una sola vez y por un periodo de tres años. De esta
manera, “Si, luego de
transcurrido ese lapso el trabajador no acude a la jurisdicción a proponer la
respectiva acción, el término de prescripción se reanuda y solo se suspendería
nuevamente cuando el trabajador radique la demanda ordinaria”.[45]
4.7.
Finalmente, la Sala debe recordar que en los eventos en que una autoridad
judicial niega injustificadamente la indexación del salario base de
liquidación, incurre en un defecto por violación directa de la Constitución en
su fallo, en la medida que la obligación de indexar las mesadas responden a los
mandatos de los artículos 48 y 53 de la Carta.
A
este respecto, en la sentencia SU-1073 de 2012, la Corte
estimó que el derecho a la indexación “(…) es
aplicable a todas las categorías de los pensionados inclusive a aquellos que
les fue reconocido el derecho con anterioridad a la vigencia de 1991.|| Por
ello, las decisiones proferidas dentro de los procesos judiciales que negaron
el derecho a los pensionados a la indexación de su primera mesada pensional,
incurren en una de las causales específicas de procedencia de la acción contra
providencia judicial, específicamente vulneración directa de la Constitución”.
Del mismo modo, en la sentencia SU-415 de 2015, la
Sala Plena también precisó que  cuando una autoridad judicial niega la indexación de la primera
mesada pensional sobre la base de que la respectiva prestación se causó antes
de la Carta Política de 1991, se “incurre en un defecto por violación
directa de la Constitución, porque la protección al poder adquisitivo de las
mesadas pensionales se desprende directamente de un mandato superior”.
Agregó, que “los artículos 48 y 53 superiores consagran expresamente el
derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y esta Corporación ha
interpretado que las prestaciones causadas antes de la Constitución de 1991 son
susceptibles de ser indexadas porque negar ese derecho apelando a criterios
temporales sería contrario a los postulados superiores de universalidad y
favorabilidad. Entonces, es apenas lógico afirmar que si una autoridad judicial
resuelve un caso en contra de esta interpretación, que está fundamentada en
mandatos expresos de la Carta, incurre en una violación directa de la
Constitución en su providencia”.[46]
5. Caso
concreto.
De acuerdo con los presupuestos fácticos reseñados, en
esta oportunidad le corresponde a la Sala de Revisión determinar, si en el caso
objeto de estudio, se configuran las casuales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, referida a la violación directa de la
Constitución y al desconocimiento del precedente constitucional, que atribuye
el accionante a los fallos emitidos el 07 de abril de 2010 y el 29 de julio de
2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.
5.1.
Procedibilidad formal de la acción de tutela.
Encuentra la Sala que en el presente asunto se cumplen
en su totalidad los requisitos generales de procedibilidad de esta acción de
tutela y que habilitan, en sede de revisión, un análisis de fondo de los hechos
materia de controversia. Veamos:
5.1.1.
Relevancia Constitucional.
El
asunto planteado a esta Sala de Revisión posee relevancia constitucional, por
las siguientes razones: (i) hace referencia a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la vida
digna y a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su contenido de
garantía a la indexación de la primera mesada pensional; (ii) plantea la
posible violación directa de la Constitución como el desconocimiento de la
vinculación al precedente constitucional contenido en sentencias de control
abstracto y concreto de constitucionalidad, respecto del alcance específico del
derecho fundamental a la actualización del ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación; y, (iii) evidencia la afectación del mínimo vital del
actor. En cuanto a este último aspecto, la Sala pone de presente la situación actual
de vulnerabilidad del accionante, quien es un sujeto de especial protección
constitucional, pues hoy cuenta con 90 años de edad, padece de diferentes
afectaciones en su salud y el monto de su mesada pensional no le alcanza para
solventar sus necesidades básicas. De acuerdo al informe y a las pruebas
allegadas en sede de revisión por la apoderada del señor Cortés Forero (folios 20
a 44 del cuaderno de revisión), se tiene que el actor “recibe
una mesada de un salario mínimo legal mensual vigente, lo que corresponde hoy a
689.454”. Asimismo, los gastos mensuales del accionante, son:
“1.- Obligaciones mensuales:
a.- Administración del edificio donde residen, que sin
cuotas extraordinarias asciende a $333.700. La factura que se enuncia en el
acápite de anexos, cobra la suma de $542.700 (…).
b.- Servicio de energía y otros productos de Codensa,
por un total de 325.980.
c.- Servicio de teléfono fijo, por un total de
$97.650.
d.- Servicio de agua, alcantarillado y aseo, por un
total de $272.790, por dos meses. Lo que mensualmente ascendería a 136.395.
e.- Servicio de gas, por un total de $40.760.
f.- Cuotas moderadoras de citas médicas y medicamentos
que cubre la EPS, que asciende por cada evento a $2.700.
g.- Víveres básicos que ascienden a la suma de
$200.000, entre los dos.
h.- Tarifa de transporte, calculada en aproximadamente
$100.000, entre los dos, principalmente por sus desplazamientos a citas médicas
y a recoger medicamentos y autorizaciones de la EPS.
Para un total aproximado de $1.254.485. Sin contar
gastos que no son fijos, como los siguientes: enseres, ropa, cuotas
extraordinarias de la administración, medicamentos no cubiertos por la EPS,
etc.
2.- Obligaciones anuales:
a.- Impuesto predial unificado. Pago el 7 de abril de
2016 por un total de $1.804.000.
b.- Contrato familiar de Emermédica. Pago anual de
$693.720, por los dos.
c- Deuda con el banco Colpatria (cartera vendida a
Alianza Refinancia Fenalco), que con intereses asciende al monto de
$30.581.143.
d.- Costas cobradas por la Corte Suprema de Justicia
en sentencia SL 12153-2015, Rad: 47097, Acta 25 del 29 de julio de 2015, por
$3.250.000.
Para un total de $36.328.836, sin contar gastos
extraordinarios.
Lo anterior, dividido en 12 meses asciende a
$3.027.405, que sumado a las obligaciones mensuales, asciende a un total de
$4.281.890.
(…)
En cuanto a la situación de salud de la pareja,
adjunto historia clínica del señor Jorge Armando Cortés Forero, del que se
puede extraer el diagnóstico de infartos de hemiocardio, trastorno depresivo,
alzheimer, apnea del sueño, labilidad emocional y disminución de su autonomía
para las actividades de la vida diaria. De la misma manera, adjunto copia de un
procedimiento que le hicieron a la señora Gilma Pinzón de Cortés en el mes de
agosto de este año para el manejo del dolor por síndrome de dolor
peritocantérico, motivo por el cual también estuvo hospitalizada y situación
que la inmoviliza frecuentemente”.
Lo anterior denota que la mesada pensional que recibe
actualmente el actor no le alcanza para sufragar los gastos en que incurre
mensualmente para llevar una vida en condiciones de dignidad, afectándose su
mínimo vital y el de su esposa que depende de él.
5.1.2. El agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios.
El accionante agotó los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios disponibles para solicitar la indexación de su primera mesada
pensional. En ese sentido, de acuerdo con los antecedentes, el peticionario
inició proceso ordinario laboral, dentro del cual ejerció, en primer término,
el recurso de apelación y, posteriormente, el recurso extraordinario de
casación. Son precisamente las sentencia proferidas en segunda instancia y en
sede de casación, objeto de la acción de tutela sub examine.
5.1.3.
El principio de inmediatez.
En la sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012,
la Sala Plena de la Corte unificó su jurisprudencia sobre este punto y precisó
que tratándose de acciones de amparo que envuelvan la tutela del derecho
fundamental a la indexación de la primera mesada pensional, el requisito de
inmediatez se entiende satisfecho mientras no se haya realizado la
actualización del IBL de la prestación, pues en este caso la vulneración iusfundamental
es constante[47].
Adicionalmente, el fallo de casación
controvertido fue proferido el 29 de julio de 2015, notificado por edicto el 24
de septiembre del mismo año (folio 54 del cuaderno de casación), siendo la
tutela interpuesta el 26 de mayo de 2016, esto es, a los 8 meses de
ejecutoriada la sentencia. Ese lapso es razonable,
si se tiene presente la edad del peticionario y el hecho de que ha debatido la
titularidad de su derecho a la indexación durante más de ocho (8) años en la
administración de justicia.
5.1.4.
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
Este requisito no es aplicable al caso concreto pues
la irregularidad que se alega es de carácter sustancial. En efecto, no se plantea una eventual
irregularidad procesal, sino el desconocimiento directo de la Constitución
Política, el precedente jurisprudencial y las normas sustantivas de las que se
desprende el derecho a la indexación de la primera mesada pensional (o del
salario base para calcularla). Por lo tanto, el requisito no resulta aplicable.
5.1.5.
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible.
Como
se expuso en los antecedentes de esta sentencia y en el planteamiento del
problema jurídico, el accionante ha formulado cargos constitucionales contra
las sentencias del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia
que negaron el reconocimiento de su derecho a la indexación de la primera
mesada pensional. En esa dirección, contrario a lo sostenido por el a-quo,
el actor expuso que dichas autoridades judiciales habrían incurrido en una vulneración
de sus derechos fundamentales, incurriendo en una violación directa de la
Constitución y en un desconocimiento del precedente constitucional, pues a
diferencia de la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional ha admitido la indexación de la primera mesada pensional en
pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991,
en aplicación de los artículos 48 y 53 de la Carta. Igualmente, examinado el
expediente del proceso laboral, la Sala advierte que al interior del mismo, tanto
en los alegatos de conclusión ante el juez de primera instancia y en el recurso
de casación, el accionante, a través de su apoderado, alegó que no podían negarle la indexación de sus mesadas bajo el
argumento de que su pensión se causó antes de la Constitución Política de 1991,
porque eso desconocía el derecho universal a la actualización periódica de las
prestaciones sociales y el precedente constitucional. De este modo, la
Sala encuentra satisfecho este requisito.
5.1.6.
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela.
Al
respecto, basta señalar que las sentencias judiciales que se consideran
vulneratorias de los derechos fundamentales se produjeron en el escenario del
proceso ordinario laboral.
Del anterior análisis,
concluye la Sala que la acción de tutela sometida a revisión cumple con los
requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales. En razón
a ello, pasará a analizar los requisitos específicos para establecer si se
presentó un defecto en la actuación de las autoridades judiciales que genere la
vulneración de los derechos del accionante.
5.2. Procedibilidad material de la acción de tutela.
En
el presente asunto se trata de establecer si se incurrió o no por parte de la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en una violación
directa de la Constitución Política y en un desconocimiento del precedente
constitucional, al no acceder a la indexación de la primera mesada pensional
demandada por el actor, en el marco del proceso ordinario laboral adelantado
por este contra el Instituto de Seguros Sociales.
5.2.1. Para una mayor ilustración de lo
que se entrará a dilucidar, la Sala hará un breve recuento del proceso laboral,
conforme al expediente Nº 025-2009-00204 que da cuenta del mismo, y dentro del
cual fueron proferidas las decisiones judiciales cuestionadas:
Así, se tienen que el señor Jorge
Armando Cortés Forero  demandó al Instituto de Seguros Sociales –ISS-, hoy
Colpensiones, con el fin de que fuera condenado a indexar su primera mesada
pensional, teniendo en cuenta para ello el Índice de Precios al Consumidor,
causado entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y la fecha en que
fue reconocida su pensión de vejez, así como al pago de las diferencias
pensionales debidamente actualizadas. En sustento de sus pretensiones, esencialmente,
sostuvo que hasta 1977 prestó sus servicios a la empresa Burroughs de Colombia
S.A., hoy Unisys de Colombia S.A., tiempo durante el cual efectuó cotizaciones
al ISS, teniendo como último sueldo mensual, la suma de $21.641.34, que para
ese entonces equivalía a 12.22 SMLMV de la época. El ISS, mediante resolución Nº
012094 de 1998, le reconoció la pensión de vejez a partir del 03 de septiembre
de 1994, en cuantía equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, valor
sobre el cual ha venido efectuando los ajustes de acuerdo con lo ordenado por
la Ley 100 de 1993. El actor presentó demanda laboral el 13 de marzo de 2009[48],
alegando que se debía indexar la primera mesada pensional para evitar la
pérdida del poder adquisitivo de los ingresos que tenía al momento del retiro
de la empresa.
En
primera instancia, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá,
mediante fallo de septiembre 23 de 2009, luego de hacer referencia a las
diferentes posturas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia sobre el
tema de la indexación de la primera mesada pensional, acoger la doctrina
sentada en la sentencia SU-120 de 2003 de la Corte Constitucional y realizar
las respectivas operaciones aritméticas (sin explicarlas), resolvió:
“Primero-. Condenar al demandado Instituto de Seguros
Sociales a pagar la suma de $96.624,24 por concepto de la diferencia dejada de
cancelar al señor Jorge Armando Cortés Forero una vez indexada la primera
mesada pensional de acuerdo a lo reseñado en la parte motiva de esta
providencia, por el tiempo comprendido entre agosto de 2005 y agosto de 2009.
Segundo-. Condenar al demandado Instituto de Seguros
Sociales a continuar pagando al señor Jorge Armando Cortés Forero, mayor de
edad, identificado con la CC 74.474 expedida en Bogotá, como valor de la mesada
pensional indexada, correspondiente al año 2009, la suma mensual de
“1.854.248,65, la cual debe ser reajustada anualmente teniendo en cuenta el
Índice de Precios al Consumidor.
Tercero-. Declarar que prospera parcialmente la
excepción de prescripción de acuerdo a lo motivado (las causadas con
anterioridad al mes de agosto de 2005).
Cuarto-. Condenar en costas a la parte demandada
Instituto de Seguros Sociales en la presente instancia. Tásense”.
En
segunda instancia, con ocasión al recurso de apelación interpuesto por el ISS, la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de abril 07 de 2010, revocó la de
primer grado e impuso las costas de ambas instancias a cargo de la parte
demandante. Consideró el Tribunal:
“[E]mprendiendo el estudio de la esencia del litigio,
advierte la Sala que la fecha de causación de la pensión, cuya corrección
monetaria se persigue, corresponde al 30 de enero de 1987, tal y como lo
declara el ISS en el acto administrativo Nº 012094 de 1998, por medio del cual
se concedió pensión de vejez al asegurado hoy demandante, pues lo cierto es que
aun cuando por los efectos extintivos de la institución jurídica de la
prescripción, se concedió la “pensión” a partir del 3 de septiembre de 1994, habida
cuenta que la solicitud de reconocimiento pensional se efectuó el 3 de
septiembre de 1998, el derecho pensional que como es bien sabido es
imprescriptible, se causó el 30 de enero de 1987, cuando el actor cumplió la
edad mínima interpelada por la Ley.
Además de lo anterior, obsérvese como dicha prestación
se concedió directamente con base en las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990,
aun cuando no es la norma que regula el caso, sin que se hiciera mención al
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, situación
que muestra de manera más acentuada que el derecho pensional en cuestión se
causó con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de
1991 y en mayor medida de la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, al tratarse de un derecho pensional
causado con anterioridad a la entrada en vigencia de nuestra actual
Constitución Política, no hay lugar a la corrección monetaria deprecada, por no
existir norma suprelegal ni legal que así lo autorice, debiéndose revocar la
sentencia de primera instancia para en su lugar absolver al demandado de todas
y cada una de las súplicas de la demanda” (Destaca la Sala).
Finalmente,
la parte actora interpuso recurso de casación, donde alega que la sentencia del
Tribunal “quebranta directamente”, por aplicación indebida, el preámbulo
y los artículos 13, 46, 48 y 53 de la Constitución, así como los artículos 1º y
2º de la Ley 100 de 1993, 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 60 del Código
de Procedimiento Laboral. Hace énfasis en que el Tribunal se equivocó al negar
el reajuste de la primera mesada y revocar la condena proferida por el juez de
primera instancia, en tanto la indexación como derecho fundamental, procede
para todo tipo de pensiones, sin importar a partir de cuando hubiesen sido
otorgadas, pues lo que se trata es de mantener el poder adquisitivo de
aquellas, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en varias decisiones,
entre otras las sentencias SU-975 de 2003, C-862 de 2006 y T-906 de 2005.
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de
julio 29 de 2015, decidió no casar el fallo proferido por el Tribunal Superior
de Bogotá, con fundamento en las consideraciones que se transcriben in
extenso:
“Dada la orientación del cargo por la vía directa, no
son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos que dio por
demostrados el sentenciador de alzada: (i) que Jorge Armando Cortés Forero
causó su derecho pensional a partir del 30 de enero de 1987, fecha en que arribó
a los 60 años de edad; (ii) que el I.S.S., mediante resolución N° 012094 de 1998, le
reconoció la pensión de vejez a partir de esa data y declaró prescritas las
mesadas causadas con anterioridad al 3 de septiembre de 1994, en tanto la
solicitud del reconocimiento se hizo el 3 de septiembre de 1998; (iii) que la
liquidación de la prestación se basó en 513 semanas y en un salario base de
liquidación de $21.614.34; (iv) que la cuantía inicial de su pensión se ajustó
al salario mínimo legal mensual vigente a 1994 equivalente a $98.700, y (v) que
el IBL se calculó tomando las últimas 100 semanas de cotización, conforme a la
fórmula prevista en el art. 20 del A. 049/1990, tal y como consta en la citada
resolución N° 012094 de 1998 (fl. 11).
Precisado lo anterior, la Sala estima que no erró el
Tribunal con la decisión que adoptó en la sentencia impugnada, dado que
acompasa con la línea jurisprudencial reiterada de esta Corporación, según la
cual se indexan los salarios mas no las semanas de cotización aportadas a la
entidad de seguridad social, de modo que no es posible abrogarle al demandado
la obligación de actualizar las cotizaciones que efectuó el actor entre la
fecha en que cesó sus aportes -1977- hasta el cumplimiento de la edad para
acceder a la pensión -1987-.
El anterior criterio es pacífico para la Sala. Baste
para ello citar la sentencia CSJ SL, 30 ago. 2011, rad. 41852, reiterada en CSJ
SL629-2013, que al efecto enseña:
En ese orden, encuentra la Sala, que el
Tribunal no se equivocó al considerar que en la situación examinada no era
viable la indexación,  toda vez que se trataba de una prestación a cargo del
ISS, con sustento en lo previsto en el antecitado artículo 20 del Acuerdo 049
de 1990, esto es, teniendo en cuenta el número de semanas que logró cotizar,
distinto a otros casos que ha juzgado esta Sala de la Corte, en los que se ha
analizado es el salario devengado por el trabajador.
Así las cosas no era posible abrogarle al
ISS la obligación de actualizar las cotizaciones que efectuó entre la fecha en
que cesó sus aportes, hasta el cumplimiento de la edad para acceder a la
pensión, pues tal situación debe asumirla el afiliado, en la medida en que este
pudo seguir aportando para elevar la tasa de reemplazo, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa a la que se hizo referencia”.
La anterior línea jurisprudencial se mantiene en forma
pacífica sin que existan nuevos elementos que impliquen rectificación”.
5.2.2.
Pues bien, en primer término, la Sala examinará la sentencia proferida el 07 de
abril de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en la cual se decidió revocar el fallo dictado el 23 de
septiembre de 2009, por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá,
que había condenado al Instituto de Seguros Sociales a indexar la primera
mesada pensional del actor.
Como
se viene de reseñar, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá estimó que
no era procedente indexar la primera mesada pensional del señor Cortés Forero,
habida cuenta de que dicha prestación se causó con anterioridad a la vigencia
de la Constitución de 1991, concretamente, a partir del 30 enero de 1987,
cuando el actor cumplió 60 años de edad, no existiendo para entonces en el
ordenamiento jurídico “norma suprelegal ni legal” que así lo autorizara.
Sin
embargo, encuentra la Corte que la Sala Laboral del Tribunal accionado,
incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, vulnerando los
derechos al debido proceso y al mantenimiento del poder adquisitivo de la
pensión del señor Cortés Forero. Ciertamente, conforme a lo señalado en la
parte dogmática de esta providencia, la
violación directa de la Constitución ha sido definida por esta Corporación como
una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, “(…) que se estructura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta
Política.  A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de
ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.[49]
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-1073 de
2012, reiteró su jurisprudencia en materia de indexación de la primera mesada
pensional, estableciendo que una providencia judicial que no reconozca dicho
derecho aduciendo razones como la temporalidad de la causación de la pensión,
incurre en una vulneración directa de la Carta Política. Al respecto señaló:
“(…) calcular el monto de la mesada
pensional con base en un ingreso significativamente menor al que el ex
trabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la
pensión, contraría el mandato superior del derecho a percibir una pensión
mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y
la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero. (…) || Por ello, las decisiones
proferidas dentro de los procesos judiciales que negaron el derecho a los
pensionados a la indexación de su primera mesada pensional, incurren en una de
las causales específicas de procedencia de la acción contra providencia
judicial, específicamente vulneración directa de la Constitución.”.
A similar conclusión llegó esta Corporación en la sentencia
SU-415 de 2015, donde se consideró que “(…) el derecho a la indexación del
salario base de liquidación es predicable de todos los pensionados (…), pues en
virtud de los principios universalidad, favorabilidad e igualdad no es posible
diferenciarlos por el tiempo de causación de sus beneficios, en tanto el
fenómeno inflacionario afecta el poder adquisitivo de toda la ciudadanía”. Así
entonces, concluye que “cuando una autoridad judicial desconoce esa
interpretación incurre en un defecto por violación directa de la Carta en su
providencia, toda vez que la obligación de indexar las mesadas obedece a un
mandato superior”.
En efecto, la Constitución Política establece en su
artículo 53 la orden de “reajuste periódico de las pensiones legales”,
como la obligación de que las pensiones “mantengan su poder adquisitivo
constante”, prevista en el artículo 48.
Así las cosas, en los eventos en que una autoridad
judicial no accede al reconocimiento del derecho a la indexación de la mesada
pensional, viola directamente los mandatos constitucionales establecidos en los
artículos 48 y 53 de la Carta, como el alcance que la Corte Constitucional, en
calidad de intérprete autorizada, le ha otorgado a los mismos.
De esta manera, en el presente asunto, estima la Corte
que las consideraciones de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, resultan
abiertamente contrarias a los mandatos constitucionales, en la medida de que no
es aceptable
argumentar que determinada prestación no se puede actualizar porque fue causada
antes de la Constitución de 1991, cuando los mismos preceptos superiores protegen
“a todos los usuarios del sistema
pensional sin que al respecto puedan hacerse distinciones basadas en el tiempo
de reconocimiento”[50], pues la inflación es un fenómeno
que afecta sin excepción este derecho.
En ese orden, la Sala estima que la sentencia dictada
el 07 de abril de 2010, por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, desconoció los
derechos fundamentales al
debido proceso y a la indexación de la primera mesada pensional del señor
Cortés Forero, incurriendo específicamente en un defecto por violación directa
de la Constitución. Por tal razón, la Corte procederá a dejar sin efectos dicha
providencia.
5.2.3. Pasa ahora la Sala
a examinar la sentencia proferida el 29 de julio
de 2015, mediante la cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, decidió no casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de
Bogotá, analizado en precedencia.
Consideró la Corte Suprema de Justicia
que de acuerdo con su línea jurisprudencial, se indexan los salarios pero no
las semanas de cotización aportadas a la entidad de seguridad social, por lo
que no se podía obligar al ISS a actualizar las cotizaciones efectuadas por el
actor entre la fecha en que cesó de aportar y en la que cumplió la edad para
pensionarse, es decir, entre 1977 y 1987. En sustento de su argumentación, citó
la sentencia “CSJ SL, 30 ago. 2011, rad. 41852”, según la cual no
resulta viable la indexación, en la medida que se trata de una pensión a cargo
del ISS, conforme al artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, en la que se tiene en
cuenta el número de semanas cotizadas y no el salario devengado, por lo que es
el afiliado quien debe asumir tal situación, ya que pudo haber seguido
aportando para elevar la tasa de reemplazo.
En este punto, para la Sala resulta
pertinente hacer referencia a la sentencia T-184 de 2015[51],
en donde la Corte estudió un caso con presupuestos fácticos similares al ahora
analizado, en el cual la Sala de Casación Laboral esgrimió los mismos
argumentos para no casar la sentencia proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y
no acceder a la indexación de la primera mesada pensional pretendida por la
interesada[52].
En esa oportunidad, la Sala Cuarta de Revisión dejó sin efectos la sentencia de
casación y amparó los derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social de la accionante, bajo las siguientes consideraciones:
“Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia de
Unificación 1073 de 2012 señaló “procede la indexación de la primera mesada pensional
cuando el ‘valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan
una diferencia a favor del trabajador, los obligados deben reintegrar lo dejado
de pagar, para que ‘quienes con el paso de los años han visto aminorar el poder
adquisitivo de su pensión (…)’logren compensar el desmedro patrimonial sufrido
(...) porque (...) el ente estatal debe permanecer vigilante de los derechos de
los pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a que integran
uno de los grupos sometidos a su especial protección (…)”.
Agregó además que la actualización periódica de la
mesada pensional es un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital de
las personas de la tercera edad, pues de lo contrario, la pérdida del poder
adquisitivo de la misma les impediría satisfacer sus necesidades. Por tal
razón, la indexación de la pensión es una medida concreta a favor de los
pensionados, que, por regla general, son adultos mayores o personas de la
tercera edad, es decir, sujetos de especial protección constitucional. (…)
De lo anterior se concluye que la jurisprudencia
constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo para garantizar
la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada
pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el
trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la pensión. Dicha
garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside fundamentalmente en los
artículos 48 y 53 de la Carta”.
En ese orden de ideas, la Sala de Revisión advierte
que cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral afirma, en la
providencia de 17 de abril de 2013 proferida dentro del proceso ordinario
laboral instaurado por la accionante contra el Instituto de Seguros Sociales,
que no es posible imponer al ISS la obligación de actualizar las cotizaciones del
señor Gilberto de Jesús Yepes Ossa desde el 31 de mayo de 1987 fecha de la
última cotización hasta el 7 de julio de 1991, fecha de su muerte, para
establecer el valor de la pensión de sobrevivientes de la señora Gilma Rave de
Yepes, porque, en primer lugar, la prestación se reconoció con base en las
semanas cotizadas y no con el salario devengado por el trabajador y en segundo
lugar, porque el afiliado pudo seguir aportando para elevar la tasa de
reemplazo y con esos fundamentos se abstiene de indexar la mencionada
prestación, se configura la causal especial de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, referida al desconocimiento
del precedente constitucional[53],
pues contradice de forma abierta la ratio decidendi de la Sentencia de
Unificación 1073 de 2012.
En esta oportunidad, al controvertir el señor Cortés
Forero, mediante acción de tutela, los argumentos expuestos en su caso por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuya ratio
decidendi en un asunto equivalente fue la misma rebatida en la sentencia
T-184 de 2015, la Sala acoge las consideraciones trascritas, por ser plenamente
aplicables al asunto sub júdice.
Ahora, la sentencia de julio 29 de 2015, dictada por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, además de
desconocer el precedente constitucional plasmado en la sentencia SU-1073 de
2012, incurrió, al igual que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en
una violación directa de la Constitución. Ciertamente, la sentencia de casación
soporta la imposibilidad de indexar la primera mesada pensional del actor en el
Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios (aprobado
por el Decreto 758 de 1990), es decir, antepone una norma infraconstitucional a
los artículos 48 y 53 de la Carta, lo cual resulta inadmisible[54].
Adicionalmente, no es correcta la afirmación efectuada por la Sala de Casación
Laboral, cuando señala que la indexación pretendida es inviable porque el monto
de la pensión se determinó de acuerdo con el número de semanas cotizadas y no por
el salario devengado por el señor Cortés Forero, pues para calcular dicho monto,
en los términos del parágrafo del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990[55], se debe establecer
el salario mensual de base acorde con la fórmula allí prevista. Esta situación
también fue advertida en la sentencia T-184 de 2015, donde se consideró:
“De igual manera, cabe señalar que el argumento
esbozado por la Sala Laboral del Alto Tribunal referente a que no procede la
indexación de la primera mesada pensional de la actora porque el valor de la
prestación se estableció de conformidad con base en el número de semana
cotizadas por el causante y no con el salario que devengó, es
desacertado, pues como se desprende del parágrafo del artículo 20 del Acuerdo
049 de 1990, el salario mensual de base para determinar el monto de la pensión
“se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de
los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas
cien (100) semanas” (destaca la
Sala).
Independientemente de todo ello, es de señalar que el
aludido Acuerdo 049 de 1990 no contempla ningún mecanismo de ajuste de salarios
para la liquidación de una persona que se retiró del servicio en determinada
fecha y, trascurrido un lapso considerable de tiempo, reúna el requisito de
edad para pensionarse. Así entonces, el ISS determinaba el monto de las mesadas
pensionales aplicando la formula mencionada, pero con total indiferencia frente
al hecho de que el salario sobre el cual se hacía el cálculo, correspondía a
una suma que la persona había devengado hace mucho tiempo y ya no tenía la
misma capacidad adquisitiva por el fenómeno inflacionario. Por tanto, cuando la
liquidación se hacía con base en estos montos congelados, la mesada que
finalmente se le reconocía a la persona merecedora de la prestación, distaba
mucho de un promedio de lo que alguna vez recibió, incluso aplicándole algunas
deducciones.
En el caso del señor Cortés
Forero, el ISS le reconoció una pensión de vejez a partir del tres (3) de
septiembre de 1994 (Resolución Nº 012094 de 1998, a folio 11 del expediente del
proceso laboral), en cuantía de $98.700, esto es, el salario mínimo legal
mensual de la época. Por un período de diecisiete (17) años perdió valor el
derecho pensional del accionante en razón de la variación de precios al
consumidor, y en la actualidad percibe una mesada equivalente a un (1) SMMLV, a
pesar de que al momento de su retiro (año 1977) devengaba $21.641,34, lo que es
equivalente a 12.22 SMML de aquel entonces.
En este orden, resulta evidente que
transcurrió un tiempo considerable entre el momento que el señor Cortés Forero se
retiró de la empresa para la cual laboraba y el reconocimiento de su beneficio
pensional, por lo que su primera mesada se calculó con base en ingresos congelados
y que al momento de computarse ya habían perdido su poder adquisitivo.
Lo anterior ha redundado, como
se apreció en el fundamento 5.1.1. de esta providencia, al establecerse la
procedibilidad formal de la tutela, en la afectación del mínimo vital del actor
y su núcleo familiar, pues sus gastos mensuales, de acuerdo con las pruebas
allegadas en sede de revisión, ascienden a un total de $4.281.890, percibiendo
actualmente como mesada pensional la suma de $689.454, que no alcanza para
cubrir sus necesidades básicas.
Así entonces, al no accederse a
la indexación de
la primera mesada pensional del actor, se le ocasiona una afectación a su
mínimo vital por estar recibiendo una suma menor a la que tiene derecho, que no
se compadece con el esfuerzo realizado en su vida laboral activa, poniéndolo en
desigualdad frente a pensionados que accedieron a este derecho bajo regímenes
distintos o a quienes no se les aplicó el Acuerdo 049 de 1990, estando
jurisprudencialmente determinado que la indexación es aplicable a todas las
categorías (de origen legal,
convencional o sanción)[56], comprendiendo las reconocidas con anterioridad a la vigencia de la
Constitución de 1991.
En consecuencia, la Sala considera que la sentencia
proferida el 29 de julio de 2015, por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desconoció los derechos fundamentales al debido proceso
y a la indexación de la primera mesada pensional del señor Cortés Forero,
incurriendo en desconocimiento del precedente constitucional y en una violación
directa de la Constitución. Por tal motivo, la Corte procederá a dejar sin
efectos dicha providencia.
5.2.4. En virtud de las consideraciones precedentes,
la Sala revocará el fallo de junio 07 de 2016, proferido por la Sala de
Decisión de Tutelas Nº 3 de la Sala Casación Penal Corte Suprema de Justicia,
que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge
Armando Cortés Forero y, en su lugar, concederá el amparo solicitado.
.
A efectos de la orden a impartir, la
Sala pone de presente el surgimiento de un problema práctico, pues al ordenarse
dejar sin efectos las sentencias proferidas en sede de casación y en segunda
instancia en el proceso ordinario laboral, se supondría que recobra vigencia el
fallo dictado en primera instancia por el Juzgado 25 Laboral del Circuito de
Bogotá que accedió a la indexación. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia SU-1073 de 2012, “las providencias proferidas dentro de los
procesos ordinarios, la actualidad de la vulneración hace que éstas no se
puedan confirmar, incluso si
concedieron la indexación, en
razón a que el alcance de este derecho, para las pensiones causadas con
anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, está siendo determinado
hasta este momento” (destaca la Sala).
Por tanto, la Sala no mantendrá la firmeza del fallo
proferido en primera instancia en el proceso ordinario laboral, más aun cuando
dicha decisión, si bien accedió a las
pretensiones del actor, no indica cuales fueron las operaciones aritméticas ni la
fórmula aplicada para reconocer la indexación de la primera mesada pensional al
señor Cortés Forero (razón por la cual también fue objeto del recurso de
apelación)[57].
En este orden de ideas, la Sala
procederá a ordenar directamente a Colpensiones (antes Instituto de Seguros Sociales), que en el término de diez (10) días hábiles, contados
a partir de la notificación de la presente decisión, proceda a emitir un acto administrativo en el que se indexe la
primera mesada pensional del señor Jorge Armando Cortés Forero con base en la
fórmula adoptada por la sentencia T-098 de 2005, y dentro del mismo término,
empiece a hacer el pago correspondiente (ver fundamento 4.4.). Se aclara que el
reajuste resultante en las mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro y,
retroactivamente, a las mesadas en relación con las cuales no hubiese operado
el fenómeno de la prescripción, teniendo
en cuenta para ello, que el actor presentó la demanda laboral contra el
Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el trece (13) de marzo de 2009[58],
interrumpiendo la misma.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR
el fallo de tutela de 07 de junio de
2016, proferido por la Sala de Decisión de Tutelas Nº 3 de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR los derechos al debido
proceso, a la actualización de las pensiones en su contenido de indexación de
la primera mesada pensional y al mínimo vital del señor Jorge Armando Cortés Forero, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta sentencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 07 de abril de 2010, y
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de julio
de 2015, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Jorge Armando Cortés Forero contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
Tercero.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
- que en el término de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la notificación de la presente decisión, proceda
a emitir un acto administrativo en el que
se indexe la primera mesada pensional del señor Jorge Armando Cortés Forero con base en la fórmula adoptada por la sentencia
T-098 de 2005, y dentro del mismo término, empiece a hacer el pago
correspondiente. El reajuste resultante en las mesadas pensionales se aplicará
hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas en relación con las cuales
no hubiese operado el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta para ello, que el actor presentó la demanda
laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el trece
(13) de marzo de 2009, interrumpiendo la misma.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] Informe del 15 de septiembre
de 2016.
[2]
Sala de Selección integrada por las Magistradas María Victoria
Calle Correa y Gloria Stella Ortiz Delgado. El expediente fue seleccionado con
ocasión al escrito presentado por la apoderada del actor.
[3]
Ver sentencia T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4]
Ver sentencias T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-590 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-701 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[5]
Ver sentencia C-590 de 2005, y también las sentencias T-882 de 2012, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, T-586 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-061 de 2007, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, entre muchas otras.
[6]
Ver, entre otras, las sentencias T-574 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, T-882
de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[7]Ver, entre otras, las sentencias T-047 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, T-581 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-142 de 2012,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[8]
Ver sentencias C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-008 de 1998 y
SU-159 de 2000, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
[9]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra
amparada por la cosa juzgada constitucional. Ver sentencia C-590 de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[10]
Al respecto, ver sentencias T-363 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
T-196 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-996 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández y SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.
[11]
Ver, entre otras, las sentencias T-707 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y T-637 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[12]
Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez, T-1180 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y SU-846 de 2000, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra. Ver también, T-177 de 2012, M.P. María Victoria Calle
Correa, T-105 de 2010 y M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[13]
Ver sentencias T-410 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-114 de 2002,
M.P. Eduardo Montealegre.
[14]
Ver sentencias SU-424 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-640 de
1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-168 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[15]Ver
sentencias T-220 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, T-1216 de 2005,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-1184 de 2001 y M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[16]
Ver sentencias SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-1625 de 2000,
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, y T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[17] Ver Sentencia T-120 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa,
T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[18]Ver
sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-292 de 2006 M.P. Manuel
José Cepeda E., T-230 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-446 de
2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[19]Ver
sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[20]
Estos requisitos fueron reiterados por esta corporación en la sentencia SU-242
de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, así: “i)
que exista un conjunto de sentencias (constitucionalidad o varias de tutela)
previas al caso que habrá de resolver, que contengan claras reglas
jurisprudenciales sobre las que descanse la ratio decidendi; ii) el precedente
debe tener un problema jurídico semejante al caso concreto que se busca
resolver; y iii) debe existir semejanza entre sus aspectos fácticos y
normativos”.
[21]
Cuando se desconoce la jurisprudencia constitucional vinculante, se “genera
en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y
de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en
contradicciones ilógicas entre la normatividad y la
Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y
afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y
eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.” Sentencia T-292
de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22]Ver
sentencia T-123 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[23]
Sentencia C-590 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
[24]M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[26] “En efecto, la Corte ha señalado que, de conformidad con los
artículos 48 y 53 de la Constitución Política, la indexación de la primera
mesada pensional es un procedimiento cuya finalidad es evitar el deterioro o
pérdida del valor adquisitivo de las pensiones, en aquellas situaciones en las
que el trabajador, aun con anterioridad a la vigencia del Sistema General de
Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993 y con independencia del régimen
pensional al que pertenecía, cumplía con el requisito de tiempo de servicios
para acceder a la pensión de vejez y, con posterioridad, alcanzaba la edad
requerida para consolidar tal derecho”. Sentencia T-184
de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[27] Sentencias SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
SU-131 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, T-184 de 2015, SU-415 de 2015, T-596
de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-697 de 2015, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, T-114 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[28] Sentencias C-862 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-891 A de
2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[29]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[30] Corte Constitucional,
sentencia SU-120 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[31] Corte
Constitucional, sentencia C-860 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta ocasión se demandaban algunos apartados del artículo 260
del Código Sustantivo de Trabajo.
[32] Corte
Constitucional, sentencia C-891A de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[33] Corte Constitucional,
sentencia SU-131 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
[34] Corte
Constitucional, sentencia SU-415 de 2015. M.P. Maria Victoria Calle.
[35] Corte
Constitucional, sentencia SU-415 de 2015. M.P. Maria Victoria Calle.
[36]
“… todos los beneficiarios del sistema pensional deben
ser protegidos de las consecuencias negativas del fenómeno inflacionario,
incluso quienes causaron su derecho antes de entrar en vigor la Constitución
Política de 1991. En desarrollo del principio de universalidad que irradia al
sistema de seguridad social (art. 48. CP) no es viable efectuar distinciones
injustificadas entre pensionados con base en el tiempo en el cual se
perfeccionó su derecho–   mucho
menos tratándose de prestaciones periódicas que producen efectos bajo el marco
constitucional actual. Además,
en virtud de los principios de equidad y favorabilidad en materia pensional,
ante la duda de si procede o no la actualización monetaria, el operador debe
aplicar aquella interpretación más beneficiosa para el trabajador, y en este
tipo de asuntos “(…) la solución más favorable es el mantenimiento del valor
económico de la mesada pensional”. Sentencia SU-415 de 2015,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[37]
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[38] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[39]En la
parte resolutiva de todos los casos de la sentencia SU-1073 de 2012 se
estableció lo siguiente respecto del pago retroactivo de las mesadas
pensionales: “ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los
valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos
en los tres años anteriores, contados a partir de la expedición de la presente
sentencia de unificación.”
[40]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[41] “Artículo 488. Regla general. Las acciones correspondientes a los
derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos
de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o
en el presente
Artículo 489. Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por
el {empleador}, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la
prescripción por una sola vez, la
cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al
señalado para la prescripción correspondiente”.
[42]
“Artículo 151. -Prescripción. Las
acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por
un lapso igual”.
[43] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Acta No. 029 del 30 de agosto de 2011,
Radicación No. 38680.
[44] Ver,
Sentencias T-259, T-1093, T-1095 y T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[45]  Ídem.
[46] Esta doctrina ha sido reiterada
por diferentes salas de revisión de la Corte, entre otras, en las sentencias
T-1086 de 2012, T-1095 de 2012, T-007 de 2013, T-255 de 2013 y T-220 de 2014.
En todas ellas se dejaron sin efecto providencias emitidas por jueces
ordinarios laborales, sobre la base de que habían violado directamente la
Constitución al negarle a los demandantes la protección del poder adquisitivo
de pensiones causadas antes de la Carta Política de 1991.
[47]
La Corte también ha precisado que en materia de indexación de la primera mesada
pensional, el carácter imprescriptible que tiene ese derecho, hace que la
vulneración de los derechos derivados de su desconocimiento se mantenga actual
y, en ese sentido, no le sea aplicable el presupuesto de inmediatez. Al
respecto ver sentencia SU-415 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[48]
Folios 01 a 16 del expediente del proceso ordinario laboral.
[49] Sentencia SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[50]
Sentencia SU-415 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[51]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[52] Las consideraciones de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17
de abril de 2013, fueron las siguientes: “Ahora bien, en
cuanto al fondo de los ataques, se tiene que el censor le imputa básicamente al
Tribunal el haber sostenido que para el día 7 de julio de 1991, no existía
ningún precepto que permitiera la indexación de la primera mesada pensional,
cuando, para esa data, había entrado a regir la Carta Política de 1991, fecha
que por demás coincide con la del óbito del afiliado. // Frente a esta
temática, esto es, la indexación de las pensiones del sistema de prima media
con prestación definida, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sala de
la Corte, en las sentencias del 6 de julio de 2011, con radicación 39542 y en
la del 30 de octubre de 2012, con radicación 49360, en esta última se adoctrinó
lo siguiente: ‘En punto a lo aquí discutido, es decir, la manera como se
actualizan las citadas cotizaciones, frente al punto fáctico no discutido,
según el cual la última cotización que se realizó fue en el año de 1993, y la
fecha del fallecimiento fue en el año 1999, no encuentra esta Corte el
desafuero que le imputa el recurrente, cuando el sentenciador esgrimió que no
debían indexarse. // Es evidente que el sistema general de seguridad social se
edifica a partir de las cotizaciones que realizan los afiliados, las cuales
constituyen la fuente principal de su financiamiento, y es justamente por ello
que la ley instituyó la manera como el ingreso base debía determinarse. //
Inclusive, frente a una temática similar, esta Sala se ha pronunciado respecto
de lo aquí debatido, esto es la posibilidad de actualizar las cotizaciones que
se realizan ante el Instituto de Seguros Sociales, entre otras en sentencia de
6 de julio de 2011, radicado 39542, en la que consideró: La discusión se
contrae a determinar si es viable la actualización de las cotizaciones
efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, de la manera como lo hizo el
Tribunal, esto es, en aplicación de la sentencia 29022 de 2007. // El artículo
20 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al sub lite dispone su fijación (…) // En
ese orden, la Corte encuentra equivocado el alcance que dio el ad quem a la
jurisprudencia que aplicó para resolver el asunto debatido, toda vez que en
este caso la prestación está a cargo del ISS, con sustento en lo dispuesto en
el citado artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, teniendo cuenta el
número de semanas que logró cotizar, distinto del caso al que se refirió el
juzgador y a los demás que ha juzgado la Sala, en los que se ha analizado es el
salario devengado por el trabajador. // Así las cosas no era posible imponer al
ISS la obligación de actualizar las cotizaciones entre la fecha en que cesó el
actor sus aportes y la del cumplimiento de la edad para acceder a la pensión,
pues el afiliado podía seguir aportando para elevar la tasa de reemplazo, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa a la que se hizo referencia.’//
De donde emerge, que el juez plural de segundo grado, no incurrió en los
desafueros normativos que le enrostra el censor, por lo que los cargos no
tienen vocación de éxito”.
[53] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010.
[54] “Las autoridades judiciales deben tener en cuenta
que en el Estado Constitucional una norma infraconstitucional solo es admitida
como derecho válidamente aplicable cuando se encuentra ajustada a los
contenidos materiales de la norma suprema. Igualmente, que las normas jurídicas
deben estar en relación de coherencia, es decir, no ser incompatibles entre sí,
pues el ordenamiento jurídico se dirige a ser comprendido como un todo unitario
y armonioso, en cuya cúspide se encuentra la Constitución”. Sentencia
T-1093 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[55]
Acuerdo 049 de 1990. “Artículo 20. INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE
INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por
riesgo común y por vejez, se integrarán así: (…)
II. PENSION DE VEJEZ.
a) Con una cuantía
básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base
y,
b) Con aumentos
equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor
total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser
inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo
salario.
PARÁGRAFO 1o. El
salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la
centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el
trabajador en las últimas cien (100) semanas.
El factor 4.33
resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses.
PARÁGRAFO 2o. La
integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este artículo,
se sujetará a la siguiente tabla: (…)”.
[56] Sobre el particular, en la sentencia C-862 de 2006,
reiterada en las sentencias T-183 de 2012, T-374 de 2012 y SU-1073 de 2012, la
Corte se pronunció en los siguientes términos: “El derecho a la
actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a
determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta
naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en
un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta
insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho
constitucional del cual solo son titulares aquellos pensionados que el
Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración
de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos
fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización
periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la
mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso
de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su
titularidad se reserva a un determinada categoría de sujetos-los pensionados-
dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones
derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación”.
[57] “(…)
dentro de la sentencia no obra liquidación de la indexación para el caso en
comento, en donde se determine en forma detallada por cada año de salario, la
corrección monetaria, en el periodo comprendido entre el 03-01-1977 fecha de
retiro del actor y 03-09-1994 fecha de reconocimiento de la pensión de vejez,
simplemente manifiesta que partiendo del año 1977 con un valor de $21.641.34,
como último salario devengado por el trabajador, se tiene para la fecha 1994,
una suma de $904.634.60, como salario base de liquidación, pero no existe la
operación como tal, para llegar a ese resultado y de esta manera tener la
certeza de su legalidad. // Asimismo, se concluye que la diferencia de la
liquidación de la primera mesada pensional asciende a la suma de $308.385.57 a
la cual se le debe realizar los ajustes legales para las mesadas de los años
subsiguientes, incluyendo las mesadas de diciembre y de junio, sin realizar la
respectiva liquidación. // Finalmente, se determinan las mesadas pensionales
desde el año 2005 hasta el año 2009, incluyendo el índice de precios del
consumidor por cada año, sin realizar la respectiva liquidación, es decir, no
se tiene claridad de donde surgen dichas cantidades y cómo se deduce los
reajustes”. Recurso de
apelación a folios 60 a 62 del expediente laboral.
[58]
Folios 01 a 16 del expediente del proceso ordinario laboral.