T-269-97
Sentencia T-269/97
Sentencia
T-269/97
_
SUSPENSION DE
ALCALDE-Procedimiento para
reemplazarlo
De conformidad
con lo dispuesto en la ley 136, y teniendo en cuenta el concepto del Consejo
Nacional Electoral, que aunque no es de obligatorio acatamiento, sí tiene
importantes opiniones sobre el asunto, se puede concluir que, en principio, el
procedimiento para este caso es el siguiente: cada vez que se produce la
vacancia o suspensión de quien se desempeña como alcalde, es preciso que se
conforme nuevamente la correspondiente terna.
SUSPENSION DE
ALCALDE-Interés para
exigir cumplimiento procedimiento de reemplazo/LEGITIMACION POR ACTIVA EN
TUTELA-Alcaldesa suspendida/DERECHO DE PARTICIPACION POLITICA-Interposición
de tutela por alcaldesa suspendida
La demandante fue
elegida por votación popular en las elecciones llevadas a cabo en 1994. Esta
circunstancia lleva consigo para ella el derecho de exigir que se respete la
voluntad de los ciudadanos que la eligieron, y en ello radica su derecho
fundamental a que su reemplazo se lleve a cabo de conformidad con el
procedimiento establecido. El hecho de que la alcaldesa se encuentre
suspendida, no significa que sus derechos políticos hayan desaparecido, pues no
existe todavía una decisión judicial condenatoria, que le suspenda tales
derechos. Además, tampoco ha desaparecido su compromiso con la comunidad que la
eligió ni su responsabilidad para que su reemplazo sea garantía de que se
continúe con los programas por los que votaron sus electores. Pero, no sólo la
demandante tiene interés en hacer respetar su elección. También lo tienen, por
supuesto, los ciudadanos que participaron en su nombramiento, derecho que no se
agota en el momento de depositar su voto, sino que se expresa a lo largo de las
distintas etapas en las que ejerce el poder el elegido. La alcaldesa suspendida
estaba legitimada para interponer esta tutela. Y este derecho no surge del
simple cumplimiento de normas legales, sino del derecho constitucional de la
participación política consagrado y protegido por la Carta. Es claro, que la
demandante, no sólo en su propio nombre, tenía un interés jurídico :
también tenía un interés público como miembro de la comunidad, en defensa de la
estabilidad y eficacia de la administración pública y de las conveniencias del
municipio.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Violación del
procedimiento en designación de nuevo alcalde/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Protección
intereses del municipio en designación nuevo alcalde
Es evidente que
la demandante puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para controvertir la designación que hizo el Gobernador. Es un hecho
evidente la incertidumbre política que ha vivido el municipio, por la
interinidad de los numerosos alcaldes que han sido encargados de la alcaldía,
pues ha tenido  más de cinco mandatarios en sólo siete meses, lo que ha
significado el continuo cambio de servidores públicos en el municipio. Se
manifiesta la preocupación por la inestabilidad política que reina en el
municipio. Ante esta disyuntiva, la Corte, para evitar un perjuicio aún más
grave que el que está soportando el municipio, y dado que la decisión que se
revisa sólo fue concedida como mecanismo transitorio, es decir, que dentro de
los cuatro meses siguientes a la notificación del fallo de tutela, se ha debido
acudir ante la jurisdicción administrativa, esta Sala confirmará la decisión
del Juzgado, pero por las razones expuestas. Lo anterior hay que evaluarlo
teniendo en cuenta la circunstancia de la etapa preelectoral que vive el país
para elegir mandatarios regionales.
IMPUGNACION FALLO
DE TUTELA-Extemporaneidad
Referencia: Expediente
T-120.962
Demandante: Rocío
del Carmen Quintero Porto.
Demandado: Héctor
Alejandro Pérez Santos, Gobernador de Sucre.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE ARANGO
MEJÍA
Sentencia aprobada
en Santafé de Bogotá, en la sesión de la Sala Primera de Revisión a los
veintinueve (29) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete
(1997).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Arango
Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el
fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo, Sucre, en
la acción de tutela instaurada por la señora Rocío del Carmen Quintero Porto
contra el Gobernador de Sucre.
El expediente llegó
a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado, en virtud de lo
ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección
Número Dos de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la
referencia.
I. ANTECEDENTES.
La demandante
presentó acción de tutela ante el Juzgado Penal Municipal de Sincelejo,
reparto, el 19 de diciembre de 1996, por las siguientes razones.
a) Hechos.
La demandante fue
elegida alcaldesa del municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, en
las elecciones celebradas en el mes de octubre de 1994. Sin embargo, se
encuentra suspendida de su cargo, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía
General de la Nación, consistente en medida de aseguramiento sin beneficio de
excarcelación.
En virtud de ello,
el Gobernador, de terna que presentó la Dirección Nacional del Partido Liberal,
designó como reemplazo, mientras durara la suspensión, al señor Gabriel Reina
Corzo, quien, algún tiempo después de su posesión, presentó renuncia de la
alcaldía. Para proceder a su reemplazo, el Gobernador no solicitó nueva terna,
sino que designó a uno de los dos nombres restantes de la terna inicial. El
nombramiento recayó en la señora Ana Teresa Fuentes Lozano.
En consecuencia, en
opinión de la demandante, la designación se hizo de una "terna" de
dos, y no de tres, como lo estipula la ley 136 de 1994.
Por lo anterior, la
demandante considera violados sus derechos fundamentales, especialmente, el
artículo 29 de la Constitución, pues el Gobernador violó el "debido
proceso administrativo".
b)
Pretensiones de la demandante.
- Que se le tutele
el derecho al debido proceso administrativo en la designación de su remplazo,
derecho fundamental que le asiste en razón a su condición de alcaldesa titular,
elegida por la voluntad popular.
- Que se inaplique
el decreto 857 de 1996, del Gobernador de Sucre, de fecha 29 de noviembre de
1996, en el que se designó a la señora Ana Teresa Fuentes Lozano como
alcaldesa, mientras dura la suspensión de la demandante de esta tutela.
Subsidiariamente,
solicita que el amparo se otorgue como mecanismo transitorio, pues estará
iniciando ante la jurisdicción contenciosa administrativa la nulidad
correspondiente.
La demandante
explica los perjuicios que esta situación representa para el municipio,
así :
"He
observado el desangre económico en que se ha sometido el municipio en los
últimos meses, como consecuencia de la crisis política generada por no haber
podido mantenerse un Alcalde por más de cinco meses. Los costos laborales del
municipio son exorbitantes, se ha sucedido más de cien despidos o
insubsistiencias en los últimos meses, acumulando esto una carga económica de
consecuencias imprevisibles.
"Lo que se
quiere con esta acción es buscar una persona que tenga legitimidad, que busque
consenso entre las diversas fuerzas políticas del municipio y eviten un
desangre económico, lo que perjudica directamente a los desposeidos.
"En este
punto solicito una prueba adicional para demostrar la indolencia de los dos
últimos Alcaldes; ruego que se solicite al Jefe de Personal del municipio una
relación de las insubsistencias declaradas en los últimos siete meses y sus
respectivos reemplazos."
c) Pruebas.
La demandante
adjuntó fotocopia de la certificación de la Dirección Nacional  del Partido
Liberal, de fecha 4 de diciembre de 1996, en la que señala que "revisado
el archivo de los avales para proveer la vacancia producida por el Alcalde (e)
Gabriel Reyna Corzo, no se encontró la solicitud correspondiente del Gobernador
de Sucre."  Fotocopia de la misma Dirección, de fecha 12 de diciembre de
1996, dirigida al Gobernador de Sucre, en la que manifiesta que por haberse
generado una nueva vacancia temporal en el municipio de Santiago de Tolú, dada
la renuncia del señor Reina Cardozo, la Dirección Nacional avala y presenta una
nueva terna de ciudadanos. Se observa que en esta terna no figura la señora
Fuentes Lozano, quien fue nombrada por el Gobernador en reemplazo del señor
Reina Corzo, mediante resolución número 857 del 29 de noviembre de 1996.
La demandante adjuntó
copia de su inscripción como candidata a la alcaldía, en la que aparece quienes
fueron sus inscriptores.
d)     Actuación procesal.
El Juzgado Tercero
Penal Municipal de Sincelejo, una vez avocó el conocimiento de esta tutela,
ordenó comunicar al Gobernador de Sucre la iniciación de la misma y practicar
las siguientes pruebas :
 Solicitar
a la Gobernación las dos últimas ternas enviadas por la Dirección Nacional
Liberal.
 El
decreto de nombramiento del anterior alcalde Reina Corzo.
 Al
Jefe de Personal del municipio de Santiago de Tolú, la relación de las
insubsistencias declaradas en los últimos 7 meses.
También obran en el
expediente los siguientes documentos : la respuesta del Consejo Nacional
Electoral a una consulta elevada por algunos concejales de Santiago de Tolú, de
fecha 11 de diciembre de 1996, en la que explica el procedimiento para proveer
el reemplazo de un alcalde suspendido; 123 decretos que declaran
insubsistencias, en el período comprendido entre el 3 de mayo y el 25 de
noviembre de 1996; y, las dos últimas ternas enviadas al Gobernador por la
Dirección Nacional Liberal el 20 de junio de 1996 y el 12 de diciembre de 1996.
e)      Sentencia que se revisa.
En sentencia del 30
de diciembre de 1996, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo,
concedió como mecanismo transitorio la tutela al derecho fundamental al debido
proceso administrativo de la demandante, que fue vulnerado por el Gobernador de
Sucre. En consecuencia, solicitó al Gobernador hacer la designación respectiva
de la terna avalada y presentada por la Dirección Nacional Liberal el 12 de
diciembre de 1996, y recibida por la Gobernación el 19 de diciembre del mismo
año.
Las razones para
conceder al tutela se pueden resumir así :
De conformidad con
el artículo 29 de la Constitución, el debido proceso se aplica tanto a las
actuaciones judiciales como a las administrativas. Por consiguiente, la
conducta asumida por el Gobernador al hacer el nombramiento del reemplazo de la
demandante en la alcaldía, le vulneró no sólo este derecho, sino también el
establecido en el artículo 40 de la Constitución, pues ese reemplazo se hizo en
forma diferente a la señalada por el Consejo Nacional Electoral, según concepto
que obra en el expediente.
El Juzgado concedió
la tutela como mecanismo transitorio, pues por la gravedad de los hechos, era
impostergable que se diera la protección solicitada.
En oficio del 8 de
enero de 1997, el Gobernador comunicó al Juzgado que procedió al cumplimiento
de lo ordenado por el juez. En consecuencia, designó  al señor Ismael
Carvajalino Barragán como Alcalde, cuyo nombre hacía parte de la terna enviada
por la Dirección del Partido Liberal el 12 de diciembre de 1996.
A su vez, el
Gobernador impugnó la sentencia, y la señora Ana Teresa Fuentes Lozano, que se
desempeñaba como alcaldesa, coadyuvó esta impugnación.
Sin embargo, el
Juzgado consideró que la impugnación fue presentada en forma extemporánea. En
consecuencia, envió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
En escrito dirigido
a esta Corporación, de fecha 24 de enero de 1996, el Gobernador de Sucre
solicita a la Corte la selección esta tutela, por las implicaciones jurídicas y
políticas que tiene, dada la situación complicada que se vive en el municipio.
Además, considera que obró conforme a la ley al designar a la alcaldesa Fuentes
Lozano de la terna anterior. Y manifiesta su desacuerdo con que hubiera sido el
propio juzgado el que declarara la extemporaneidad de la impugnación y no el
superior a donde debió remitirse, que es el competente para decidir este
asunto.
II.-
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSITUCIONAL.
Primera.-
Competencia.
La Corte es
competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 9, de la
Constitución y el decreto 2591 de 1991.
Segunda.- Lo que
se debate.
Se debate la
procedencia de la tutela para solicitar la protección de derechos fundamentales
relacionados con el debido proceso y la participación en la conformación,
ejercicio y control del poder político, de conformidad con los  artículos 29 y
40 de la Constitución.
Al respecto, se
deben dilucidar los siguientes asuntos : a) procedimiento para reemplazar
a un alcalde cuando ha sido suspendido; b) determinar en quién reposa el
interés jurídico para exigir su cumplimiento; c) establecer la procedencia de
la tutela para hacer cumplir el procedimiento cuando éste se ha violado; y d)
si el juez de instancia es el competente para declarar si la impugnación, en
asuntos de tutela, se presentó dentro de los términos legales.
a)      Procedimiento para reemplazar a un alcalde cuando ha sido
suspendido.
La ley 136 de 1994, "por
la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y
funcionamiento de los municipios" establece el procedimiento para nombrar
alcalde cuando éste se encuentre suspendido.
"Artículo
105.- Causales de suspensión. El Presidente de la República en el caso del
Distrito Capital de Santafé de Bogotá, y los gobernadores en los demás casos,
suspenderán a los alcaldes en los siguientes eventos :
"1. Por
haberse dictado en su contra, medida de aseguramiento, con privación efectiva
de la libertad, aunque se decrete en favor del alcalde la excarcelación.
"2. Por
haberse dictado en su contra, medida de aseguramiento, con privación efectiva
de la libertad, siempre que esté debidamente ejecutoriada.
"3. A
solicitud (de la Procuraduría General de la Nación o) de autoridad
jurisdiccional competente de acuerdo con el régimen disciplinario previsto en
la ley.
"(4.)
"5. Cuando
la Contraloría General de la República solicite la suspensión provisional de
conformidad a lo establecido en el numeral 8 de la Constitución Política. La
Contraloría bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe
guardada, al suspensión inmediata mientras culminan las investigaciones o los
respectivos procesos penales o disciplinarios.
"Parágrafo :
En caso de delitos culposos, solamente habrá lugar a la suspensión de que trata
el numeral segundo cuando no se decrete en favor del alcalde la excarcelación u
otro beneficio que implique la libertad física."
Nota : la
expresión entre paréntesis del numeral 3 y el numeral 4 fueron declarados
inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-229 de 1995.
"Artículo
106. Designación. El Presidente de la República, en relación con el
Distrito Capital de Santafé de Bogotá y los gobernadores con respecto a los
demás municipios, para los casos de falta absoluta o suspensión, designarán
alcalde del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que
para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la
elección.
"Si la falta
fuere temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará de sus funciones a
uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el
Secretario de Gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el
titular se reintegre o encarga a uno de sus secretarios.
"El alcalde
designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa
del Alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del
voto programático."
En el caso concreto,
el Gobernador escogió como alcalde para reemplazar a la alcaldesa suspendida,
al señor Gabriel Reina Corzo, cuyo nombre  hacía parte de la terna propuesta
por el Partido Liberal, el 20 de junio de 1996. Sin embargo, por haber
renunciado a la alcaldía algún tiempo después de posesionado, surge el
interrogante de saber si el Gobernador estaba obligado a solicitar nueva terna
a dicho Partido.
Para responder, es
oportuno transcribir el concepto del 11 de diciembre de 1996, suscrito por el
Presidente del Consejo Nacional Electoral (e), cuando resolvió la inquietud que
en este sentido le formularon los Concejales de Santiago de Tolú. En lo
pertinente dice el concepto :
". . .
"De acuerdo
con tal perceptiva [artículo 106 de la ley 136/94], es claro que el derecho de
postulación en los casos de falta absoluta o suspensión del alcalde de un
municipio, corresponde de manera exclusiva a la colectividad política a la que
pertenecía el alcalde elegido popularmente. Cuando se trata de movimientos o
partidos sin personería jurídica o de grupos significativos de ciudadanos, la
terna deberá ser presentada por quienes inscribieron la correspondiente
candidatura según lo ha definido esta Corporación.
"Resulta
evidente que esta normatividad obedece a la imperiosa necesidad de respetar la
voluntad popular en lo atinente a la colectividad política a la que debe
pertenecer quien, por decisión mayoritaria debe ejercer el cargo de alcalde de
un determinado municipio. Por tal razón, al presentarse el evento de una  falta
absoluta o de una suspensión de dicho funcionario, el Gobernador del
Departamento por expresa disposición legal está en la obligación de acudir a
dicho movimiento o colectividad política para que ésta, de conformidad con sus
normas internas, elabore la  terna de la cual forzosamente deberá acogerse el
remplazo de alcalde.
"Ahora
bien, si esta situación de falta absoluta o suspensión se repitiere, es lógico que
deba aplicarse la misma norma en su integridad, vale decir, que la colectividad
a quien corresponde la postulación tiene el derecho a presentar una nueva terna
cada vez que tal circunstancia se presente.
"Conclusión.
"Según lo
expuesto, esta Corporación conceptúa que siempre que se presentare la falta
absoluta o la suspensión de un alcalde, el Gobernador del respectivo
Departamento deberá solicitar la correspondiente terna a la colectividad
política a la que pertenecía el alcalde elegido popularmente en el caso de que
dicha agrupación tuviere personería jurídica una vez se produzca la vacante. En
los demás casos, la terna deberá ser presentada por la mayoría de quienes
inscribieron la candidatura." (se subraya)
De conformidad con
lo dispuesto en la ley 136, en los artículos transcritos, y teniendo en cuenta
el concepto del Consejo Nacional Electoral, que aunque no es de obligatorio
acatamiento, sí tiene importantes opiniones sobre el asunto, se puede concluir
que, en principio, el procedimiento para este caso es el siguiente : cada
vez que se produce la vacancia o suspensión de quien se desempeña como alcalde,
es preciso que se conforme nuevamente la correspondiente terna.
b)     ¿El alcalde suspendido tiene interés jurídico para exigir el
cumplimiento del procedimiento para designar su reemplazo?
La Sala estima que
sí, aunque no es el único en quien reposa dicho interés. En efecto, el artículo
40 de la Constitución, consagra el derecho fundamental de todo ciudadano de
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y la
manera de hacerlo efectivo. Dice el artículo :
"ARTICULO
40. Todo ciudadano
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para hacer efectivo este derecho puede:
"1. Elegir y
ser elegido.
"2. Tomar
parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.
"3.
Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
"4. Revocar
el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.
"5. Tener
iniciativa en las corporaciones públicas.
"6.
Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
"7. Acceder
al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan  doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
"Las
autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en
los niveles decisorios de la Administración Pública."
Si bien la mayoría
de los numerales de este artículo se relacionan de una u otra manera con la
situación de la demandante, el presente examen se circunscribirá brevemente a
lo dispuesto en el numeral 1., en cuanto al derecho a elegir y ser elegido.
La demandante fue
elegida por votación popular en las elecciones llevadas a cabo en octubre de
1994. Esta circunstancia lleva consigo para ella el derecho de exigir que se
respete la voluntad de los ciudadanos que la eligieron, y en ello radica su
derecho fundamental a que su reemplazo se lleve a cabo de conformidad con el procedimiento
establecido.
El hecho de que la
alcaldesa se encuentre suspendida, no significa que sus derechos políticos
hayan desaparecido, pues no existe todavía una decisión judicial condenatoria,
que le suspenda tales derechos. Además, tampoco ha desaparecido su compromiso
con la comunidad que la eligió ni su responsabilidad para que su reemplazo sea
garantía de que se continúe con los programas por los que votaron sus
electores.
Cabe advertir que la
demandante en ningún momento ha desconocido que sea la Dirección Nacional del
partido al que pertenece la que proponga la terna para su reemplazo. Su debate
se circunscribe a señalar que el nombre provenga de una terna de tres y no de
"dos", en violación del procedimiento vigente.
Pero, como se dijo,
no sólo la demandante tiene interés en hacer respetar su elección. También lo
tienen, por supuesto, los ciudadanos que participaron en su nombramiento,
derecho que no se agota en el momento de depositar su voto, sino que se expresa
a lo largo de las distintas etapas en las que ejerce el poder el elegido.
Manifestación de ello son el voto programático, revocación  del mandato, etc.
Con la salvedad de
no ser la única depositaria del interés jurídico en el proceso descrito, se
concluye que la alcaldesa suspendida estaba legitimada para interponer esta
tutela. Y este derecho no surge del simple cumplimiento de normas legales, sino
del derecho constitucional de la participación política consagrado y protegido
por la Carta.
Es claro, además,
que la demandante, no sólo en su propio nombre, tenía un interés
jurídico : también tenía un interés público como miembro de la comunidad,
en defensa de la estabilidad y eficacia de la administración pública y de las
conveniencias del municipio.
c) Sin embargo,
¿la circunstancia de que se hubiera violado el procedimiento legal en la
elección del reemplazo de la demandante, hace procedente acudir a la tutela
para proteger sus derechos fundamentales ?
La respuesta de la
Sala es sí, por las siguientes razones.
En primer lugar, por
los argumentos expuestos en el punto anterior, en el sentido de que los
derechos que la demandante busca proteger pertenecen a la órbita
constitucional, y no son sólo legales.
Sin embargo, cabe
preguntarse si existe otro medio de defensa judicial, distinto de la tutela,
para proteger sus derechos.
Es evidente que la
demandante puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para controvertir la designación que hizo el Gobernador,  de la señora Fuentes
Lozano y, sabedora de ello, solicitó la tutela como mecanismo transitorio.
Pero, en el presente caso, ¿existe el perjuicio irremediable que hace viable
conceder esta tutela como mecanismo transitorio ?
Al respecto, la Sala
debe ser especialmente cuidadosa en la decisión que se adopte.
En efecto, es un
hecho evidente la incertidumbre política que ha vivido el municipio de Santiago
de Tolú, por la interinidad de los numerosos alcaldes que han sido encargados
de la alcaldía, pues ha tenido  más de cinco mandatarios en sólo siete meses,
lo que ha significado el continuo cambio de servidores públicos en el
municipio, que, según obra en el expediente, se refleja en más de 130
declaraciones de insubsistencia. Basta pensar en ello, para comprender que el
desarrollo del municipio no ha tenido continuidad, en perjuicio de sus
habitantes.
Al respecto, cabe
transcribir las comunicaciones dirigidas a la Corte, suscritas por todos los
Concejales del municipio de Santiago de Tolú y de la Personera del mismo
municipio, en las que manifiestan la preocupación por la inestabilidad política
que reina en el municipio, y hacen una petición a la Corte en aras de la
tranquilidad política. Se transcriben los apartes pertinentes.
 Comunicación
del 22 de abril de 1997, suscrita por los ocho (8) Concejales :
". . .
"Sólo resta
expresarles, que si bien el actual Alcalde accedió a este cargo mediante el
mecanismo preferente y sumario de la tutela que le ordenó al Gobernador la
observancia del Debido Proceso Administrativo y la garantía de los derechos
políticos, éste último acertó en la escogencia de la terna y hoy, el doctor
Ismael Carvajalino Barragán está respaldado no sólo por nosotros que encarnamos
la representación popular, sino por todos los estamentos económicos, sociales y
culturales del municipio.
". . ."
 Comunicación
de la Personera Municipal, Doris Yolanda Gómez Lesmes, de fecha 23 de abril de
1997, en la que pone en conocimiento de la Corte la queja que tramita su
despacho sobre pronunciamientos de servidores públicos en relación con esta
tutela y posible decisión de la Corte, especialmente, por parte del demandado.
La comunicación finaliza así :
"Como
Personera Municipal, no me compete inmiscuirme en la decisión de tan importante
Corporación, pues de antemano sé que al fallar la revisión de la Tutela de la
referencia, esta decisión vendría revestida de los más altos principios de
justicia y derecho. Como transmisora ante usted, de las inquietudes y de las
angustias de este Municipio, considero que además del criterio jurídico, debe
tener en cuenta, también, en su sabia decisión lo que más convenga a los
intereses generales de Santiago de Tolú, a quien le asiste el derecho de gozar
de la  relativa tranquilidad y estabilidad que últimamente se está
garantizando."
Por otra parte, se
podría sostener que como la decisión final corresponde a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, esta tutela es improcedente.
Ante esta
disyuntiva, la Corte, para evitar un perjuicio aún más grave que el que está
soportando el municipio, y dado que la decisión que se revisa sólo fue
concedida como mecanismo transitorio, en los términos señalados en el artículo
8o. del decreto 2591 de 1991, es decir, que dentro de los cuatro meses
siguientes a la notificación del fallo de tutela, se ha debido acudir ante la
jurisdicción administrativa, esta Sala confirmará la decisión del Juzgado
Tercero Penal Municipal de Sincelejo, pero por las razones expuestas.
Lo anterior hay que
evaluarlo teniendo en cuenta la circunstancia de la etapa preelectoral que vive
el país para elegir mandatarios regionales.
d) El juez
competente para declarar la extemporaneidad de la impugnación de la sentencia
de tutela.
Finalmente, sobre la
inquietud del demandado en relación con la posible incompetencia del juez de
primera instancia para declarar la extemporaneidad de la impugnación, se hace
la siguiente observación.
El decreto 2591 de
1991 no señala, en forma expresa, en ninguno de sus artículos que tal
declaración corresponda hacerla al superior. Por el contrario, el artículo 32
del mencionado decreto establece que cuando la impugnación sea presentada "debidamente"
el juez remitirá el expediente ante el superior. En caso contrario, debe
enviarlo a la Corte Constitucional.
En consecuencia, en
el presente caso el juez obró de conformidad con el decreto, al enviar el
expediente a la Corte por no haber sido presentada "debidamente"
la impugnación, pues fue hecha por fuera del término legal.
III. DECISIÓN
Por lo anterior, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE :
Primero.- Sólo por
las razones expuestas en esta providencia, CONFÍRMASE la sentencia de
fecha treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996),
proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo, Sucre.
Segundo.- LÍBRENSE,
por la Secretaría General de la Corte, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991, en la forma y para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General