T-357-15
Sentencia T-357/15
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Procedencia de la
acción de tutela para su protección
DERECHO A LA RECTIFICACION EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION EN
CONDICIONES DE EQUIDAD-Requisitos
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA EN LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL/DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Diferencias
El
buen nombre se quebranta con información falsa sobre la persona y supone un
desdoro para la imagen pública del sujeto. En tanto, la honra no solo se ve
vulnerada por información desfigurada, sino que, las opiniones sobre el
individuo y su conducta privada, tienen la entidad suficiente para violar el
derecho referido. No sobra anotar en este punto que en la jurisdicción
ordinaria ha tenido lugar una concepción, en la cual, no se deslindan
claramente el derecho al buen nombre del derecho a la honra, siendo esta una
razón que ratifica la pertinencia de proteger dichos derechos por la vía de la
acción de tutela. En lo atinente al derecho a la honra, el Juez de Tutela en
sede de revisión, ha considerado que dicho derecho también se vincula al
mérito, con lo cual, un elemento a atender cuando se trata de verificar el
quebrantamiento o amenaza al derecho, tiene que ver con la conducta del titular
del mismo.
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad
e imparcialidad
La recepción
de la información implica el derecho a exigir que esta sea veraz e imparcial.
Esta caracterización tiene rango constitucional, pues ambas cualidades fueron
establecidas por el constituyente en el citado artículo 20 de la Carta. Y como
se observa han sido atendidas por la jurisprudencia. Por  su parte, esta última
ha incluido como elemento importante de lo informado, a tener en cuenta cuando
se ponen en riesgo otros derechos, la  relevancia pública de lo informado.
RECTIFICACION
DE INFORMACION-Distinción entre noticia y opiniones
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Veracidad
implica diferenciación entre hechos y opiniones
MEDIOS DE COMUNICACION-Deben emitir
información veraz e imparcial, distinguir entre hechos y opiniones, y en caso
dado realizar las rectificaciones que se soliciten
ACCION DE TUTELA CONTRA EL PERIODICO EL ESPECTADOR-Improcedencia por cuanto no se demostró falta de veracidad de la
información, no se estableció que la información afectaba derecho al buen
nombre y a la honra en publicación sobre triunfo del presidente Misael Pastrana
en elecciones de 1970
Referencia:
Expediente T-4.006.014
Demandante:
Juan
Carlos Pastrana Arango
Demandado:
Fidel Cano Correa, Director del Periódico El Espectador -Comunican S.A.-
y Jorge Téllez
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos proferidos por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de
Bogotá, el primero de los cuales confirmó la decisión del segundo, por medio
del cual negó el amparo impetrado en el trámite de la acción de tutela
promovida por el ciudadano Juan Carlos Pastrana Arango contra el señor Fidel
Cano Correa, Director del Periódico El Espectador -Comunican S.A.- y el
comunicador Jorge Téllez Mendoza.
I.
ANTECEDENTES
El Ciudadano Juan Carlos Pastrana Arango presentó acción de tutela
contra los señores Fidel Cano Correa, Director del Periódico El Espectador
-Comunican S.A.- y Jorge Téllez Mendoza, con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales a la honra, al buen nombre a la intimidad personal y
familiar y a recibir información veraz e imparcial, los cuales estimó
conculcados.
1.
Contexto de la demanda
El 26 de abril de 2013, el accionante presentó, demanda de tutela
requiriendo la protección efectiva de sus derechos a la honra, al buen nombre,
a la intimidad personal y familiar y, a recibir información veraz e imparcial,
de conformidad con los siguientes hechos:
En la edición del periódico El Espectador del 19 de abril de
2013 se publicó un escrito titulado y subtitulado, así:
“A propósito de la conmemoración del 9 de abril
(parte I)”
“La noche en que Lleras R. reconoció el triunfo de
Rojas. El periodista Jorge Téllez revela detalles de una charla inédita en la
que asegura, el entonces mandatario admitía que las presidenciales de 1970 las
ganó el anapismo”.
En la edición del 20 de abril de 2013, se publicó la parte restante
con el siguiente título y subtítulos:
“La noche en que Lleras Restrepo reconoció el triunfo de Rojas
Pinilla (Parte II).”
Inesperada confesión. El periodista Jorge Téllez revela detalles de
una charla inédita que sostuvo el Presidente de ese momento con su jefe de
prensa en la que admitía que las presidenciales de 1970 las ganó el anapismo.
Sin embargo en medio del jolgorio de ese partido político, la Registraduría
anunció que el ganador era Misael Pastrana. Cambió la historia.”
Mediante correo electrónico de abril 20 dirigido al señor Fidel Cano
Director del Espectador, el accionante solicitó la rectificación de la
noticia del siguiente modo:
“(…) El Espectador publicó una noticia de un tal Jorge Téllez,
que titula “la Noche en que Lleras R. reconoció el triunfo de Rojas”
Es hecho de pública notoriedad que lo informado como noticia por El
Espectador no es verdad. El Presidente Carlos Lleras Restrepo nunca “reconoció
el triunfo de Rojas”
Por lo tanto, solicito al señor director del El Espectador
rectificar esta noticia(…)”
Por escrito de mayo 03 de 2013 el señor Fidel Cano, Director del Espectador,
previa transcripción de algunos apartes de las sentencias T-074 de 1995 y T-050
de 1993, expuso que el señor Jorge Téllez es un reconocido periodista y, lo relatado,
fue una vivencia personal cuando ejerció como periodista en el Palacio de San
Carlos. Igualmente, advierte que el señor Téllez escuchó de Próspero Morales
que el Expresidente había reconocido, en privado, la victoria del General Rojas
Pinilla. Del mismo modo, pregunta si el accionante puede probar la inexistencia
de la conversación referida.
Con tales consideraciones, el accionado estimó que no era procedente
la rectificación por no haberse desvirtuado las manifestaciones del periodista.
2. Reseña de la demanda
Mediante escrito calendado el 26 de abril de 2013, el señor Juan
Carlos Pastrana, luego de transcribir los citados títulos y subtítulos del
escrito de prensa, destaca que se trató de una publicación que ocupó la sección
completa del periódico denominada “País” e inicia su cuestionamiento a la
veracidad de lo escrito por el Señor Jorge Téllez, por las siguientes razones:
§  El
Señor Téllez fue llamado por el Jefe de Prensa al Despacho Presidencial “sin
decirle para qué”.
§  EL
Presidente Lleras caminaba inquieto de un lado a otro, pero, no se percató de
la presencia de Téllez.
§  A
tan pocas horas del cierre de votación y con la precariedad informativa, un “político
curtido” como el Presidente no podría haber afirmado la victoria del
General.
§  Han
transcurrido 43 años después del hecho relatado por el periodista.
§  Las
dos personas que habrían podido desmentir al articulista Téllez fallecieron.
§  Lo
relatado no se corresponde con el reconocido carácter fuerte del Presidente
Lleras a quien, según manifiesta el actor, se hace ver en el escrito como “acobardado,
asustado, desesperado y miedoso”.
§  Atribuirle
al Presidente el consumo de Whisky antes de haber manifestado lo que el
periodista accionado refirió.
§  Una
extraña y minuciosa recordación de las circunstancias de tiempo.
§  En
aquella época lo ocurrido en las votaciones adelantadas en el exterior y en las
zonas rurales, tardaba en ser informado y, hacía lento el escrutinio.
§  En
ninguno de los varios textos producidos por el Expresidente se encuentra relato
o afirmación alguna de la victoria del General Rojas Pinilla en 1970.
Estima el actor que el diario El Espectador solicitó de
manera maliciosamente premeditada y, publicó tal escrito especial, cuyo
contenido es inaudito. Manifiesta que acorde con los cánones de la actividad
informativa, el contenido del artículo debió ser verificado y, con este se
quebrantaron normas éticas, periodísticas y legales.
Reprocha al periódico por no contrastar la noticia, por presentarla
sin ningún matiz de opinión y, “temerariamente (…) publicar la solitaria e
insólita versión de un viejo que, según el diario, *cambio la historia* al
contradecir 43 años de historia”.  Sostiene que la noticia en tanto no se
demuestre lo contrario, es absurda y requería, más que verificación,
comprobación.
Para el actor, El Espectador evidenció mala fe al titular el
artículo a su acomodo y conveniencia. Refiere que El Espectador, de
abril 17 de 2010, publicó una noticia en la que se observa el reconocimiento de
la victoria de Pastrana Borrero, hecho este, históricamente verificable.
Considera el accionante que la información causa “grave daño social”.
Agrega que el señor Misael Pastrana fue elegido legítima y legalmente el 1970,
con lo que el titular de prensa cuestionado es calumnioso e injurioso y,
lesiona por acción y omisión la memoria del citado Expresidente, a más del buen
nombre y honra de la familia Pastrana de la que el actor hace parte. Expresa el
accionante que lo publicado sindica al Presidente Lleras de un fraude,
configurándose con ello los punibles de injuria y calumnia.
Seguidamente transcribe la respuesta del Espectador
advirtiendo que la noticia no fue aclarada y, solicita la rectificación en
condiciones de equidad, de manera integral, suficiente y eficaz.
A lo largo de su exposición cita apartes de las sentencias T- 439 de
2009, T- 094 de 2000 y T – 350 de 1997, fundando en ellas algunas de sus
apreciaciones.
En escrito adicional, de mayo 06 de 2013, el actor se refirió a la
respuesta del periódico El Espectador, cuestionando una falta de lectura
del artículo por parte del Director del medio de prensa, pues, allí se dice que
el señor Téllez escuchó de Próspero Morales el presunto reconocimiento del
triunfo del General Rojas por parte del Expresidente Lleras, lo cual, no es lo
que se dice en el artículo de prensa. Alude a la entrevista concedida por
Carlos Lleras, hijo del Expresidente, a la Emisora W Radio, en la cual
el entrevistado recordó que aquella noche de abril 19 de 1970, cenó con el
Expresidente y faltaban muchos resultados electorales.
Igualmente, se refiere a una manifestación del entrevistado Carlos
Lleras, según la cual, resultaba “una sandez inaudita” la posible salida
del país como la relató el periodista. Otro de los varios desmentidos, hace
relación al consumo de alcohol por el Expresidente y, destaca que el citado
hijo del Expresidente cuestionó la lucidez mental del reportero Téllez.
3. Oposición a la tutela
En respuesta a
las demandas, el representante del periódico El Espectador aceptó
que han transcurrido 43 años desde la fecha de los hechos relatados en el
artículo y, que el Expresidente Lleras y, el periodista Morales Pradilla, ya
fallecieron. Pero, niega que el escrito muestre al Expresidente como “un
hombre acobardado, asustado, desesperado y miedoso” visión esta última que
es producto de la interpretación subjetiva del actor. Con los mismos
calificativos se refiere a la que el actor denomina “extraña y minuciosa
recordación”.
Destaca que a
las 9 y 30 de la noche del día 19 de abril de 1970 ya había información
disponible que permitía pensar en la victoria del General Rojas y que lo
acontecido fue en privado, no teniendo porque publicarse esa conversación en
algún escrito posterior del Expresidente Lleras.
Manifiesta que
la acción es improcedente, pues no se vulneró el derecho fundamental de
petición dado que se contestó en términos a la solicitud formulada por el Señor
Pastrana Arango. Transcribe la respuesta dada al peticionario ya reseñada en
estos antecedentes. Observa que es improcedente la rectificación puesto que la parte
accionante no probó error alguno en la información.
Expone que no
existió violación del derecho al buen nombre y a la honra en razón a que la
crónica no contiene ninguna expresión “ofensiva o injuriosa, falsa o
tendenciosa”. Por lo que respecta al derecho a la intimidad, manifiesta que
la información divulgada en el caso, es de interés público y, también se trata
de un hecho controvertido. Recuerda jurisprudencia que privilegia el derecho a
ser informado cuando está de por medio el interés general frente a la vida
privada.
Sostiene el
accionado que no procede la tutela como mecanismo transitorio, pues, no hay
perjuicio irremediable y, el actor solo se limita a verter su interpretación
subjetiva de la publicación. Finalmente advierte que existe otro medio de
defensa judicial.
Por su parte,
el señor Jorge Téllez manifiesta que el relato central de la crónica es
objetivo, exacto y minucioso de su experiencia personal. Descarta que se haya
mostrado al Expresidente Lleras como “acobardado, desesperado, miedoso y
asustado”. Tras reafirmarse en sus dichos, defiende su condición
profesional y trayectoria, rechazando seguidamente los insultos de que fue
objeto por parte del accionante cuando, entre otras cosas, se refirió a él como
“un tal Téllez” o “(…) enfermo y anciano periodista, que armó un
tinglado con El Espectador para cambiar la historia de Colombia”.
El periodista
cuestionado manifiesta que el actor interpretó “(…) de manera maliciosa y
amañada los acontecimientos (…)”. Estima que hechos anecdóticos como el de
haber visto un vaso de whisky en el escritorio del Expresidente no dan lugar a
afirmar que sindicó al Presidente de haber recaído en el alcohol. En este
sentido, se siente calumniado por el Señor Pastrana, cuyo libelo considera
plagado de apreciaciones subjetivas, difamatorias y especulativas. Concluye su
oposición observando que el actor pudo dedicarse a demostrar que lo escuchado
por él en el Despacho del Expresidente, no era cierto. Cierra su escrito
indicando que no es procedente rectificar lo narrado por ser fiel a un hecho
histórico.
4. Intervenciones en Sede de Revisión
Previa invitación de la Corte para conceptuar en relación con el
asunto, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.1. Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Colombia
El Doctor en Lingüística, Sergio Bolaños, Decano de la Facultad,
emitió concepto en el que manifestó que los estudios de la ciencia cognitiva
han demostrado que en el funcionamiento de la memoria a largo plazo “(…) es
común que las personas crean que recuerdan con exactitud (…)” hechos de un
pasado distante. Explica que lo que recordamos “(…) no es una reproducción
fiel del pasado (…)”, sino los “rasgos sobresalientes” de aquel,
agregándole lo que se inventa “inconscientemente” para lograr “coherencia
narrativa”. Es por ello que se requiere corroborar el evento con otros
participantes. Esto último, no resulta posible con el asunto en estudio, dado
el fallecimiento de los interlocutores del Señor Téllez.
Para el experto, el periodista no reprodujo lo sucedido, sino que
hizo una recreación novelada. Las palabras atribuidas al Expresidente, parecen
propias de una expresión escrita y no oral, pues, no se advierten pausas,
repeticiones u otros fenómenos lingüísticos propios del habla informal. En esa
medida cree que el periodista cuestionado y, El Espectador incurrieron
en un intento de manipulación del lector, pretendiendo informar sobre un hecho,
cuando en verdad se trataba de una reconstrucción novelada. Para el
interviniente el título adecuado hubiese sido “la noche en que Lleras
Restrepo HABRÍA reconocido el triunfo de Rojas Pinilla” (cursiva y
negrilla del original), pues, se trataba de una conjetura “evento que podría
haber ocurrido, pero el cual no es posible corroborar”.
Finalmente, concluye que el medio de prensa y el señor Téllez,
faltaron a la ética periodística con fines que no entra a valorar. Estima que
“(…) un titular pseudohistórico atrae más lectores(…)” y puede
incrementar ventas. Cuestiona el hecho de no haberse publicado el relato cuando
pudo ser corroborado por los otros participantes. Para este interviniente,  la
responsabilidad social del periodista está vinculada a la ética del mismo y, se
hace procedente la rectificación.
4.2. Fundación para la Libertad de
Prensa
A través de sus representantes, la entidad referida recordó la
trascendencia que dentro del Estado Social de Derecho tienen tanto la libertad
de prensa, como el acceso a la información. Igualmente, destacó que para la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho en cuestión  desempeña un
papel capital en las sociedades democráticas. Seguidamente, recuerda que según
Benjamin, al narrar la historia, las personas le imprimen un “poco de su
esencia”, por ello, uno es el punto de vista de los vencedores, otro el de
los vencidos, otro el de los neutrales etc. Citando a Bolívar Echevarría
recuerda el peso que tienen las interpretaciones en la construcción de la
historia.
Para este interviniente, los seres humanos tienen derecho a
involucrase en la historia y, nadie puede ser limitado a ejercer tal
prerrogativa. Frente a hechos dudosos, la libertad de expresión protege la
crítica de ellos. En su opinión, hay un compromiso de los Estados para
garantizar tales manifestaciones e informaciones que “(…) sirven como control
político de situaciones que revisten una importancia para la sociedad en
general (…)”. Considera la Fundación que la información permite una “(…) forma
de vigilancia sobre los asuntos de interés público (…)”. Advierte que
cuando se trata de funcionarios públicos, la tolerancia debe ser mucho mayor
puesto que “(…) se han expuesto voluntariamente al escrutinio público (…)”.
En tal sentido, las actuaciones de un periodista deben ser protegidas  aun
cuando incomoden a quienes son o fueron servidores públicos.
En lo que concierne a la veracidad, cita lo contenido en la
sentencia SU – 1723 de 2000 y, advierte que lo que se puede exigir para
corroborar los dichos de Téllez es poco. Entienden que exigir a las notas
publicadas sobre personajes con vida pública un cien por ciento de certeza, es
“(…) desproporcionado y restrictivo de la libertad de expresión (…)”.
Para los participantes, los estándares de veracidad aplicables son los de la
jurisprudencia constitucional y  no los del pensar del actor.
Concluye que en el caso concreto se trata de asunto de interés
público, el cual hoy en día es materia de controversia, que se trata de una
visión diferente y no cabe acceder a la pretensión del actor de imponer una
sola perspectiva. Precisa que no es labor del juez constitucional “determinar
la verdad histórica”. Advierte que la restricción pedida no cumple con las
exigencias señaladas por la Corte, cuales son, estar incluidos en la Ley,
perseguir un fin legítimo y, ser proporcionales y necesarios para una sociedad
democrática. Estima además, que el demandante no plantea un interés público
superior que permita sancionar el escrito cuestionado y, por ende, no se debe
acceder a sus pedimentos.
4.3. Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia
Escribe la profesora Ximena Forero, Vicedecana de Comunicaciones de
la Universidad que el accionante argumenta desde sus apreciaciones y, carece de
evidencias para controvertir lo afirmado en la publicación. En su entender, se
está frente a una crónica y por ello es el periodista quien compromete su ética
y profesionalismo al asegurar la realidad de lo relatado, con lo que, al “(…)
ser la crónica un género que da lugar a la opinión (…)” el periódico no
resultaría comprometido. Recuerda que la Corte Constitucional ha permitido, en
varias decisiones, que prevalezca la libertad de expresión, pero, en aras de un
equilibrio informativo, podría pensarse en publicar la carta del accionante a
modo de réplica.
4.4. Facultad de Comunicación Social
de la Universidad Externado
Remite la interviniente el concepto elaborado por el profesor
Francisco Barbosa, en el cual se pone de presente la conexión existente entre
la democracia y la libertad de pensamiento. En este entendido, la segunda, es
condición de existencia de otros derechos dentro de la primera. Para el
participante el debate público es la base de una sociedad democrática, el cual
se estructura en el intercambio de información entre el gobierno y las
personas. Cita en favor de su argumentación la opinión consultiva número 5 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, se indica entre otras
cosas, que una sociedad democrática implica garantizar las mayores
posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones. La libertad de
expresión inserta en el orden público de la democracia, no es posible sin el
debate libre y, el derecho de la disidencia a manifestarse.
Respecto del caso concreto se manifiesta que no se trata de una
colisión de derechos, sino de un asunto vinculado con la democracia, pues, el
periodista Téllez no reveló ninguna noticia extraña sin sustento, dado que la
elección presidencial de 1970, resultó controvertida al punto que en 1998 el
Ministro de Gobierno de la época publicó un libro titulado “fraude en las
elecciones de Pastrana Borrero” en el cual, se refieren situaciones
irregulares que permitieron el triunfo al Presidente Pastrana en detrimento del
General Rojas. Para el interviniente, la conversación del Expresidente Lleras
tiene constatación, no porque este hubiese planteado el triunfo de Rojas, sino
por las afirmaciones del Exministro Noriega.
Se agrega en el concepto que la pretensión de declarar “como
intangible la historia nacional” conduce “al exabrupto de penalizar la
investigación y el estudio de esos hechos”. Citando a Le Goff advierte que
la verdad oficial es un elemento a cuestionarse en las nuevas perspectivas de
la investigación histórica. Se afirma que los hechos públicos deben ser
escrutados y los personajes públicos investigados a profundidad. Estima el
participante que la infidencia referida no cambia la historia de Colombia, sino
que corrobora lo dicho por el Exministro Noriega. Recuerda que tanto en el
ámbito de la Corte Interamericana como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
se ha indicado que los periodistas pueden gozar de una “cierta dosis de
exageración”.
Concluye que la postura del periódico El Espectador al no
rectificar la información varias veces mencionada, no vulnera el derecho a la
honra de los Expresidentes Pastrana y Lleras. Finalmente, considera que el
artículo es un elemento básico para reabrir un debate público dado que estos no
gozan de intangibilidad alguna.
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
1. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de mayo 15 de 2013 el Juzgado 21 Civil del
Circuito de Bogotá, negó las pretensiones de la solicitud de amparo antes
reseñada. Luego de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional, el a quo
estimó que la libertad de expresión implica la posibilidad de solicitar la
corrección de información inexacta, falsa o tergiversada, pero, tal pedimento
procede cuando se compruebe que las informaciones tienen tales irregularidades.
Explicó que la obligación de rectificar surge cuando lo informado tiene
consecuencias lesivas y desproporcionadas, pues, de lo contrario, el
comunicador está en libertad de difundir la noticia. Fundándose en las
sentencias T- 626 de 2007 y T- 260 de 2010, recordó que la libertad de
información opera en doble sentido, de un lado, el derecho a difundir
información y, de otro lado, el derecho del receptor a recibir información
veraz, oportuna e imparcial.
Con los presupuestos esbozados el fallador estimó que las
publicaciones de marras no constituían una noticia, sino una crónica y, además
ofrecían la visión y el testimonio del redactor. Finalmente, valoró que de la
publicación no se desprende una sola manifestación que señale al Expresidente
Misael Pastrana como responsable de haber usado algún medio legal o, ilegal
para modificar los resultados de las elecciones Presidenciales de 1970. Tampoco,
se aprecia tal tipo de imputaciones a ningún miembro de la familia Pastrana,
por lo que, el buen nombre y la honra de los Pastrana Arango, continúan intactos,
pues no aparece expresión que raye en la injuria o la calumnia.
De igual manera, consideró que no se percibe, ni se demuestra,
dentro del libelo tutelar, la existencia de un perjuicio irremediable que
permita invocar la protección constitucional de manera transitoria.
2. Impugnación del accionante
Inconforme con lo decidido, el Señor Pastrana Arango recurrió la
providencia descrita, para lo cual, insistió en su relato reseñado en el
apartado de tutela y, en el escrito en el que complementó su solicitud
aludiendo a las manifestaciones de Carlos Lleras de la Fuente.
Al cuestionar el fallo de tutela, estimó deficitaria la síntesis de
los hechos y rechazó que se tratase de una crónica y no de una noticia, pues
tal distinción la considera irrelevante para la decisión de tutela dado que
ambos géneros implican la comprobación antes de la divulgación. Por lo que
concierne a la inexistencia del perjuicio irremediable, manifiesta que no fue
alegado en la tutela y, que esto aunado a la posibilidad de acudir al proceso
penal, son distractores empleados por el accionado pues nada tienen que ver con
el asunto. Cree que al preocuparse por tales factores adjetivos, el juzgador
olvidó el tema central, cual es, la información según la cual, el Expresidente
Lleras admitió el Triunfo del General Rojas.
En su entender, las consecuencias de la providencia para la libertad
de expresión consisten en que cualquier persona puede endilgar un contenido
malicioso a cualquier conversación privada con alguien ya fallecido y,
posteriormente, publicarla titulándola a su amaño. Precisa que el objeto de la
tutela es la rectificación de la afirmación “la noche en que Lleras Restrepo
reconoció el triunfo de Rojas Pinilla” para el actor, tal aseveración implica
el reconocimiento de un fraude electoral en la elección de Misael Pastrana. En
esa medida, cuestiona que el fallo de tutela nada dice del título de las
noticias que es el motivo del amparo. Agrega que los subtítulos son de la
cosecha exclusiva del El Espectador, pues, al afirmar que se cambia la
historia de deshonra al Expresidente Pastrana quien habría obtenido un “título
ilegítimo”.
Afirma el accionante que sin verificación no hay noticia y, en tal
sentido, el periódico fue negligente, acarreando con ello “consecuencias deshonrosas
e injuriosas”. Entiende el impugnante que el a quo no se refiere a
dos elementos esenciales de la tutela, de un lado la solicitud de rectificación
y, de otro, el escrito de mayo 6 en el que se citan las afirmaciones de Carlos
Lleras de la Fuente desmintiendo lo expuesto por el periodista Téllez. Por lo
que respecta a estas últimas, contenidas en la entrevista concedida por Lleras
de la Fuente a la emisora W radio, entiende que tal prueba fue aportada.
Expone que según los cánones del periodismo, en los casos
conflictivos se debe acudir a varias fuentes, citando para ello el Manual de
Estilo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Al aludir a las conclusiones
del fallo, se duele porque el testimonio del señor Téllez no fue puesto en tela
de juicio. Censura a la funcionaria judicial que no advirtió las incongruencias
de la respuesta dada por El Espectador a la solicitud de rectificación.
Finalmente, insiste en que lo acontecido implica consecuencias injuriosas y
deshonrosas para el nombre del expresidente Misael Pastrana, asunto que no fue
estudiado en la Primera Instancia.
3. Sentencia de segunda instancia. La sentencia revisada
La Sala Civil de Tribunal Superior de Bogotá, desató la impugnación,
mediante sentencia del 27 de junio de 2013, confirmando la decisión del a
quo. Luego de recordar la responsabilidad social que pesa sobre los medios
de comunicación, las exigencias de veracidad e imparcialidad y, la importancia
del derecho a solicitar rectificación; el  ad quem consideró que la
información noticiosa del caso “(…) no tiene los alcances esbozados por el
impugnante al punto de ser vulneratoria de sus derechos fundamentales y los de
su familia (…)”. Adujo en favor de sus tesis que más allá de que se esté
frente a una crónica o una noticia, el título dado al escrito “(…) resulta
compatible con las atestaciones fácticas narradas por el autor (…)”. Destacó
que los titulares, según los expertos en la comunicación, deben tener como
elementos lo atractivo y lo novedoso.
Observó, además, que la imputación contenida en la noticia debe ser
de tal entidad que genere daño moral a la persona que lo alega y, no puede
tenerse como fundamento del daño, la nuda impresión personal o interpretación
particular del ofendido. Valoró que la publicación varias veces mencionada, no
hace acusaciones deshonrosas o injuriosas, ni directas, ni indirectas al
Expresidente Misael Pastrana o a su familia. Para el Fallador ad quem,
las interpretaciones del accionante, en modo alguno, se corresponden con una
deducción obligada a la que deban llegar todos los lectores de la noticia. Por
lo que atañe a las manifestaciones del señor Lleras de la Fuente, encuentra que
se trata, al igual que la versión cuestionada, de otro dicho que requiere ser
respaldado o desvirtuado con otras probanzas, debiendo en este caso prevalecer
el derecho a la información. Concluye que se preservan otras vías para que, con
un amplio debate probatorio, se establezca la respectiva responsabilidad y, la
falsedad, inexactitud o parcialidad de la noticia.
III. Fundamentos jurídicos
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala, para
revisar la sentencia proferida por el juez de segunda instancia dentro del
proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el auto
del 26 de septiembre de 2013, proferido por la Sala de Selección Nº 9.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con las circunstancias descritas y, en particular con la
demanda de amparo presentada, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si
las publicaciones tituladas “A propósito de la conmemoración del 19 de abril
(parte I) la noche en que Lleras R. reconoció el Triunfo de Rojas” y “la noche
en que Lleras Restrepo reconoció el triunfo de Rojas Pinilla (parte II)
inesperada confesión” contenidas en las ediciones del periódico El Espectador
del 19 y 20 de abril de 2013, respectivamente, vulneran los derechos a la
honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar del accionante o, del
Expresidente Misael Pastrana Borrero o, de sus familias. Igualmente, se deberá
establecer si tales publicaciones quebrantan el derecho a recibir información
veraz e imparcial.
Con miras a resolver los problemas planteados, la Sala revisará la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la protección de los
derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, así
como del derecho a obtener información veraz e imparcial, a la luz de lo cual se
verificará si resulta procedente el amparo en el caso concreto (i), de
superarse el examen de procedencia, se recordará la jurisprudencia sentada por
esta Corte a propósito de los derechos a la honra y el buen nombre (ii) y,
previamente a la resolución del caso concreto, se considerarán la veracidad e
imparcialidad como elementos del derecho a la información.
3. Procedencia
de la protección Constitucional de los derechos a la honra, al buen nombre, a
la intimidad personal y familiar y, a ser informado
3.1. Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad
Suficientemente
establecido tiene esta Corporación, en sus Salas de Revisión, que, dado el
carácter fundamental de derechos como la honra, el buen nombre, la intimidad
personal y familiar
y, el derecho a ser informado; pueden ser protegidos
a través del mecanismo de acción de tutela. Acorde con el artículo 86 de la Carta,
todas las personas cuentan con la vía expedita del amparo para la protección de
sus derechos fundamentales. Del mismo modo, el artículo 2 del Decreto 2591 de
1991, establece la procedencia de la acción de tutela cuando se trata de
garantizar los derechos constitucionales fundamentales.
Con todo, la
demanda de amparo implica el cumplimiento de otros requisitos que deben ser
atendidos, para lograr de la autoridad judicial el pronunciamiento que proteja
el derecho y materialice el mandato contenido en la Carta. El artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, establece la legitimidad e interés para el ejercicio de
la acción, precisándose que quien estima su derecho como amenazado o vulnerado,
puede actuar por sí o, a través de representante.
Por lo que
concierne al accionado, el artículo 13 del citado Decreto 2591 de 1991
preceptúa que la acción se dirigirá contra la autoridad pública o, contra el
representante del órgano que presuntamente viola o amenaza el derecho
fundamental respectivo. Adicionalmente, acorde con lo dispuesto en el artículo
42 del Decreto mencionado, se puede solicitar el amparo frente a particulares
y, entre otros casos, cuando el afectado esté en situación de indefensión, dada
la situación de poder que en el contexto social ostenta quien está cuestionado
por violar o amenazar el derecho fundamental. En esta última situación se
pueden ubicar los medios de comunicación, cuyo evidente peso en la
configuración de la opinión pública, dio lugar a que, desde finales del siglo
XVIII, se utilizase la expresión “el cuarto poder” para referirse a su
influencia.
Igualmente, la
Corte ha advertido como presupuesto procesal del ejercicio de la acción de
tutela que ésta debe instaurarse dentro de un plazo razonable a ponderarse por
el juez en el caso concreto, tal exigencia se ha reconocido en la
jurisprudencia como el respeto al principio de inmediatez. Puntualmente, ha
sentado esta Corporación en sede de tutela:
“(…) no es entendible que quien esté padeciendo un serio
quebrantamiento contra un derecho de tal calidad, retarde la petición de
protección, acudiendo a un mecanismo precisamente caracterizado por ser
preferente, sumario y propiciador de inmediato amparo (art. 86 Const.)(…)”[1]
Otra exigencia
procesal que debe atenderse al momento de estudiar si procede la acción de
tutela, hace relación al principio de subsidiariedad que el constituyente
consagró en el inciso 3 del artículo 86, al estipular que el mecanismo de
amparo solo procederá cuando el afectado carezca de otro medio de defensa,
salvo que se acuda a ella, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
En el caso de la
protección a los derechos a la honra y el buen nombre, la Corte, ha estimado
que las vías penal y civil, pueden resultar insuficientes o inadecuadas para la
protección que se demande, en tal sentido ha sentado la jurisprudencia:
“(…) para su protección se puede actuar directamente con base en
la Constitución cuando a ello haya lugar, a través de la acción de tutela
[…] Tal protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y
pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios de defensa
judicial, particularmente el penal, cuando no obstante que una determinada
conducta no constituya delito sí implique una lesión de los bienes jurídicos
protegidos (…)”[2].
Como se
desprende de la consideración precedente, un aspecto que también debe atenderse
es el perjuicio irremediable, el cual es objeto de análisis cuando se emplea el
mecanismo de protección de manera transitoria[3].
Respecto de este asunto la Corte ha señalado:
“(…) entre las características propias del perjuicio irremediable,
susceptible de ser conjurado mediante la tutela como mecanismo transitorio, la
necesidad de evitarlo con la adopción de medidas inmediatas, urgentes e
impostergables, sin las cuales la amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales serían inevitables. Es decir, la orden del Juez de Tutela
perdería su eficacia cuando el hecho generador del eventual perjuicio ya está
consumado, evento en el cual el amparo resultaría inocuo por carencia de objeto.(…)”[4]
Finalmente,
resulta de especial interés en tratándose de la protección de la libertad de
expresión, en particular, del compromiso con la verdad en la comunicación pública
y, en la tutela de derechos como la honra, el buen nombre y la intimidad
personal; la garantía del derecho de rectificación en condiciones de equidad,
tal como lo dispone el inciso 2º. del artículo 20 Superior. No sobra anotar que
la jurisprudencia ha advertido sobre aquellos casos en los que la información
cuestionada no es difundida por los medios masivos de comunicación, que en
tales circunstancias, no cabe extender la exigencia de la solicitud previa de
rectificación para estimar como procedente la tutela[5].
Dada la
transcendencia de dicho derecho a la rectificación en condiciones de equidad, en
los casos en que es procedente, resulta oportuno recordar, in extenso, las
reglas trazadas por la jurisprudencia que permiten hacer efectiva tal garantía[6],
estas son:
(i) En relación con la garantía de equivalencia ha
indicado que ésta no supone una correspondencia matemática en cuanto a
duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o
rectificación. Lo fundamental es que la rectificación o aclaración de la
información falsa o parcializada constituya un verdadero remedio a la
vulneración de los derechos de la persona concernida, para lo cual se requiere
que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, pues “de lo que se trata
es que el lector – o receptor – pueda identificar con facilidad la relación
existente entre la rectificación y el artículo enmendado”
(ii) Sobre la oportunidad con la que  la rectificación debe
ser efectuada para que cumpla con su cometido de garantizar la protección
efectiva de los derechos de  quien ha sido afectado por una información
errónea, ha establecido que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un
término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa
verificación de los hechos”
(iii) Respecto de la carga de la prueba en cabeza de quien
solicita la rectificación la Corte ha considerado dos situaciones
distintas: (1) cuando se solicita rectificación de una información donde se
hacen aseveraciones sobre unos hechos concretos, la persona que se considera
afectada con estas informaciones debe presentar las pruebas pertinentes para
sustentar su solicitud de rectificación; (2) cuando las afirmaciones del medio
informativo son injuriosas y se refieren a una persona específica, pero tienen
un carácter amplio e indefinido, es decir no fundadas en hechos concretos, se
releva a la persona afectada de la carga de demostrar su inexactitud por la
imposibilidad en que se encuentra de hacerlo. En estos eventos, surge para el
medio la carga  de sustentar su negativa a rectificar y la de demostrar la
veracidad e imparcialidad de la información trasmitida.
(iv) Ha establecido también la jurisprudencia que el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad es una garantía de la persona frente a
los medios de comunicación, que sólo es predicable de las informaciones más no
de los pensamientos u opiniones considerados en sí mismos. De ahí la
imposibilidad de solicitar la rectificación cuando el contenido que se pretende
atacar está exclusivamente en el campo de las opiniones.  Este criterio se
ha matizado con la consideración que existe en cabeza del periodista un deber
de cerciorarse razonablemente de la veracidad de los hechos o de las premisas
en los cuales fundamenta su opinión o juicio de valor, bajo el presupuesto de
la buena fe.
(v) Por último, la posibilidad de réplica por parte del
lesionado, no goza de la misma estirpe constitucional del derecho de
rectificación en condiciones de equidad. Si bien la publicación de un texto
en el que la persona afectada asuma su defensa controvirtiendo las afirmaciones
difundidas, favorece el equilibrio con la exposición de diferentes puntos de
vista ante el público receptor, el constituyente optó por exigir la
preservación de la verdad, más que la promoción del equilibrio informativo. En
consecuencia, el mecanismo que la Constitución concibe y consagra para el
restablecimiento extrajudicial de los derechos fundamentales que sean
vulnerados como consecuencia de la extralimitación en el ejercicio informativo,
es el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no la réplica”.
Advertidos los
requisitos generales de procedencia de la acción para la protección de los
derechos la honra, el buen nombre, la intimidad personal y familiar y, el
derecho a ser informado y, considerado el requisito especial del derecho a
pretender la rectificación en condiciones de equidad, valorará la Sala de
Revisión el asunto en estudio.
3.2. La
procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
En primer lugar
advierte la Corte que los derechos invocados como conculcados en cabeza del
accionante tienen la calidad de fundamentales, con lo cual, no cabe reparo en
este punto. Por lo que concierne a la legitimidad e interés en cabeza del
accionante, observa la Sala de Revisión que el señor Juan Carlos Pastrana,
acude a la acción de tutela en defensa de  sus derechos y los de su familia, en
especial, los derechos a la honra y al buen nombre de su ya fallecido padre
quien ostentó el cargo de Presidente de la República. En esa medida, se
advierte, sin ningún asomo de duda, el interés que le asiste en la defensa de
sus derechos fundamentales y, de los de las personas que conforman y
conformaron su grupo familiar. Entiende la Sala la preocupación del accionante,
cuando estima que la afectación del buen nombre y honra de su padre, puede, de
contera, lesionar el buen nombre y prestigio de la familia.
En cuanto al
sujeto accionado advierte el Juez de Revisión que se trata, de un lado, del
periódico El Espectador, esto es, un medio de comunicación cuyo alcance
y difusión lo ubican en una posición en la que puede comprometer el buen nombre
y honra de asociados que en términos de cobertura y difusión, no cuentan con
las mismas posibilidades de controvertir lo consignado en la publicación
referida. De otro lado, se encuentra como accionado al periodista Jorge Téllez,
autor del relato reprochado por el accionante. Por ende, no se encuentra en
este punto reparo alguno.
En materia de
inmediatez, tampoco se observa tacha alguna dado que la información cuestionada
apareció en las ediciones de los días 19 y 20 de abril de 2013 y, la demanda de
tutela fue presentada el 26 de abril de la misma anualidad, con lo que se
evidencia, la prontitud del interesado en buscar el amparo de sus derechos
fundamentales que estimó quebrantados.
Por lo que
respecta a la subsidiariedad, se tiene que en su oposición a la tutela,   el
representante del periódico El Espectador adujo el desconocimiento del
accionante en este punto. A su vez, en la impugnación al fallo de primera
instancia, el actor refiere que la acción penal como medio de defensa, no fue
alegado en la tutela y, se planteó tal situación por el periódico, para
distraer al Juez, pues, nada tiene que ver la subsidiariedad con el asunto. Por
lo que atañe a este aspecto, estima la Sala de Revisión que no resulta cierta
la apreciación del demandante, pues, el vigor del principio de subsidiariedad
no depende de la estimación que este haga del mismo. El hecho de hacerse o no
alguna alusión a otros mecanismos de defensa del derecho fundamental, no releva
al Juez de estudiar el respeto o desconocimiento del principio de
subsidiariedad en el marco de una acción de tutela.
Distinto es que
en casos como el que valora la Sala y, de conformidad con la jurisprudencia
citada en su momento, estime el Juez de Revisión que, a pesar del carácter
subsidiario de la tutela, sea esta un mecanismo que supone una protección más
amplia y comprensiva que la brindada por las eventuales acciones penales y
civiles. Adicionalmente, se encuentra que dada la trascendencia de lo
consignado en la publicación y el interés público que implica, el mecanismo de
amparo en el asunto subexamine, también permite considerar la tutela del
derecho constitucional a recibir información acorde con lo dispuesto en el
artículo 20 Superior. En esa medida encuentra la Sala de Revisión que no se ha
desconocido el principio de subsidiariedad, debiendo continuarse con el examen
de procedencia del amparo.
En lo
concerniente al perjuicio irremediable debe esta Sala observar que no le asiste
razón al accionante, cuando, al igual que en materia de subsidiariedad, alega
que en la solicitud de tutela no fue un asunto planteado y, por ende, no cabe
aducirlo como causal de improcedencia del mecanismo de tutela, tal como lo hizo
el medio de prensa accionado. Es preciso observar que la presencia del
perjuicio irremediable como asunto a revisar en la procedencia de la tutela, no
depende de la voluntad del actor. Se trata de una exigencia contenida en el
artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, con lo cual, el juez de quien se depreca
el amparo está obligado a atender el mandato referido. La disposición legal que
contempla el requisito de procedencia en examen, no es supletiva de la
voluntad, se trata de un precepto imperativo. En esa medida, resulta entendible
que el periódico El Espectador haya hecho mención del asunto en su
oposición al pedido del actor.
Diferente es que
en esta ocasión, al estar involucrados derechos como los varias veces referidos
y, en razón a que la respuesta que pudiese darse por otras vías judiciales para
la protección de los mismos, resultase insuficiente o inoportuna; la Sala de
Revisión encuentre que es de recibo acudir al amparo.
Finalmente, se
hace necesario pronunciarse sobre el derecho constitucional a exigir la
rectificación en condiciones de equidad. Tal como se indicó, esta solicitud
debe ser previa al empleo de la acción de tutela. En este caso, el actor,
mediante comunicación electrónica de abril 20 de 2013, requirió al Director del
periódico para que se rectificará la noticia varias veces referida. Como
respuesta a su pedimento, el día 3 de mayo de 2013, El Espectador manifestó
que la rectificación solo era predicable en la medida en que se probara el
error en la información y, que el actor no había aportado pruebas en ese
sentido. Para la Sala de Revisión se ha cumplido la exigencia de agotar la
solicitud y, atendiendo todo lo considerado, se advierte que procede el
mecanismo de amparo siendo necesario pronunciarse sobre el fondo de la
solicitud.
4. Los
Derechos a la honra y al buen nombre en la jurisprudencia constitucional
Los derechos a
la honra y al buen nombre han sido protegidos por los ordenamientos jurídicos
de diversas maneras. Una forma de tutela es la establecida en las Constituciones,
pero, también las disposiciones penales se han preocupado por la tutela de
dichos bienes jurídicos. Igualmente, puede tener cabida el conjunto de reglas
civiles y disciplinarias, cuando la lesión de los citados derechos comporte
actuaciones o, suponga consecuencias que interesen al tipo de reglas referido.
La preocupación por la regulación respecto de la honra y el buen nombre, ha
alcanzado una dimensión universal, la evidencia de ello es el artículo 14 de la
Declaración Universal de Derecho Humanos cuyo artículo 12 preceptúa:
“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra
tales injerencias o ataques.”
Con un texto
similar, pero dividido en dos numerales, el artículo 17 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, dispensa el mismo amparo a los derechos a la
honra y reputación proscribiendo las injerencias o ataques contra  tales
derechos.
El ordenamiento
constitucional colombiano ha establecido, en el artículo 21, la garantía del
derecho a la honra y, previamente, en el artículo 20, se ha consagrado el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad frente a los riesgos que
puede comportar la libertad de información. Por su parte, el Código Penal
incorpora, en el capítulo único, del título V, del libro segundo, un conjunto
de disposiciones bajo el título delitos contra la integridad moral que
se orientan a la protección de derechos como la honra y el buen nombre.
A propósito de
los derechos en consideración, la jurisprudencia de esta Corporación se ha
pronunciado en diversas oportunidades para precisar el significado de aquellos,
así por ejemplo, la sentencia T- 949 de 2011, recordando lo dicho por este
Tribunal, explicaba:
“(…) el derecho al buen nombre
tiene carácter personalísimo, relacionado como está con la valía que los
miembros de una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama
de la persona el componente que activa la protección del derecho.(…)”[7]
En un
pronunciamiento más reciente se ha expuesto replicando la jurisprudencia:
“(…) El derecho al buen nombre ha sido definido como “la reputación,
o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como
derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones
ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de
la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social
y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser
reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”[8]. La Corte
ha manifestado igualmente que “este derecho está atado a todos los actos o
hechos que una persona realice y por las cuales la sociedad hace un juicio de
valor sobre sus virtudes y defectos”[9].
Derivado de esta definición, se aprecia que el derecho al buen nombre depende
de la conducta del propio sujeto, y la visión que sobre dicha conducta tiene la
sociedad. La Corte incluso ha llegado a decir que el buen nombre depende del “merecimiento
de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la
persona en su desempeño dentro de la sociedad”[10](…)”[11].
Por lo que
respecta al derecho a la honra, las decisiones de la Corte han reiterado el
significado de este derecho en los siguientes términos:
“(…) El derecho a la honra, ha sido definido como “la estimación o deferencia con la que cada persona
debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le
tratan, en razón a su dignidad humana”.
Este derecho se acerca a la protección del valor propio de la persona en tanto
ser humano y lo protege en ámbitos relacionados con su comportamiento, su
personalidad y su intimidad.(…)”[12]
Se trata de
derechos personalísimos cuyo fundamento último es la dignidad humana, pues, es
a partir de estos derechos que se construye por el individuo y, por los otros
asociados la imagen y concepto de aquel, con lo cual, se entiende que la
persona ha de ser vista como un fin en sí mismo. Sin embargo, esta Corporación,
en sede de tutela, ha clarificado que se trata de derechos perfectamente
distinguibles. Sobre este aspecto se ha sentado:
“(…) Tratándose de la
honra, la relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en que
involucra tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como la
valoración de las conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad personal
y familiar). El buen nombre, por su parte, también tiene una relación con la
dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a
la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la
persona en el ámbito público o colectivo.(…)”
(…)
La distinción entre los ámbitos protegidos del buen nombre y la
honra tiene hondas consecuencias en el debate constitucional. En la (…)
sentencia C-489 de 2002 la Corte precisó que “el derecho al buen nombre, como
expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las
informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”. Ello implica que
la afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la emisión de
información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la
distorsión del concepto público.
Por el contrario, la honra se afecta tanto por la información
errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la
conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma. No es necesario
en este caso, que la información sea falsa o errónea, se cuestiona la plausibilidad de
la opinión sobre la persona.
Como consecuencia de lo anterior, la prevalencia prima facie de
la libertad de expresión frente a estos derechos constitucionales, puede ser
objeto de distinción. La primacía de la libertad de opinión en la tensión con
el buen nombre será reforzada, de manera que sólo opiniones insultantes o
absolutamente irrazonables, serán objeto de reproche constitucional. Por su
parte, tratándose de la honra, se demanda que la opinión guarde una estrecha
relación con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo se trata de opiniones
insultantes las que merecen reproche constitucional, sino también opiniones
que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente exageradas,
siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar a la
persona en sí misma.” (Negrillas del original) (Sentencia T- 213 de 2004).
De
la jurisprudencia transcrita se colige que el modo de afectación de cada uno de
los derechos en referencia, es distinto. El buen nombre se quebranta con
información falsa sobre la persona y supone un desdoro para la imagen pública
del sujeto. En tanto, la honra no solo se ve vulnerada por información desfigurada,
sino que, las opiniones sobre el individuo y su conducta privada, tienen la
entidad suficiente para violar el derecho referido.
No
sobra anotar en este punto que en la jurisdicción ordinaria ha tenido lugar una
concepción, en la cual, no se deslindan claramente el derecho al buen nombre
del derecho a la honra, siendo esta una razón que ratifica la pertinencia de
proteger dichos derechos por la vía de la acción de tutela, pues, como se
advirtió en otro pasaje de esta providencia, la protección penal no cubre todos
los aspectos que hacen parte de los derechos en comento. Ha entendido la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al referirse a la integridad
moral que esta comporta dos sentidos:
“(…) el subjetivo u honor propiamente dicho  y el
objetivo o la honra. Entendido el primero como el sentimiento de la propia dignidad
y decoro y el conjunto de valores morales que cada uno se atribuye; y el
segundo, como la opinión o estimación que los demás tienen de nosotros, la
reputación, el buen nombre o la fama derivada del modo de ser y actuar de cada
cual en sociedad, predicable esencialmente de la persona humana pero en lo
atinente al buen nombre también de la persona jurídica.” (Sentencia del 6 de abril de 2005 Rad. 22099)[13]
Trazada
la distinción entre los derechos a la honra y el buen nombre, resulta necesario
recordar el alcance que la Corporación les ha dado en algunos pronunciamientos.
Con respecto al buen nombre se ha precisado:
"(…) Se atenta contra este derecho cuando, sin
justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan
entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios
de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el
entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la
opinión general para desdibujar su imagen.
"Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma
naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la
conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento
social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al
adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus
manifestaciones externas por la colectividad.
“(…) no puede alegar desconocimiento o vulneración de su buen
nombre quien, por su conducta (…) da lugar a que se ponga en tela de juicio su
credibilidad."  (Sentencia T-229 de 1994)
Se
aprecia entonces que la conducta de aquel a quien  presuntamente se le ha
vulnerado su derecho  al bueno nombre, incide de manera determinante en los
contornos de su derecho. Esto es, hay una relación en términos concretos entre
el actuar de la persona y la dimensión de su derecho al buen nombre.
Adicionalmente, el quebrantamiento de este derecho implica una valoración del
juez en la que:
“(…) no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio
puede ser considerada como imputación deshonrosa.  Esta debe generar un
daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso
de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión
proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la
interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad
que lesione el núcleo esencial del derecho. Por esta razón, la labor del Juez
en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio
existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es la de determinar si
ocurrió una verdadera amenaza o vulneración del derecho en comento. (Sentencia C-392 de
2002).
En
suma, el mérito y lo que pudiera ser la lesión en concreto, van definiendo el
alcance del derecho al buen nombre.
En
lo atinente al derecho a la honra, el Juez de Tutela en sede de revisión, ha
considerado que dicho derecho también se vincula al mérito, con lo cual, un
elemento a atender cuando se trata de verificar el quebrantamiento o amenaza al
derecho, tiene que ver con la conducta del titular del mismo. Ha sentado la
Sala Plena:
“(…) los derechos
al buen nombre y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo a las acciones
realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas pueda gozar del respeto
y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o
sea que, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su
indebido comportamiento social. En este último caso difícilmente se puede
considerar violado el derecho a la honra de una persona, cuando es ella misma
quien le ha imprimido el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen
ante la colectividad (…)” (Sentencia C- 063 de 1994).
Adicionalmente, resulta oportuno precisar que en Sede de Revisión
se ha entendido que la honra implica la percepción que el colectivo social
tiene de la persona. En tal sentido se ha dicho:
“(…) Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como
sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos.  Honor se refiere
a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión
ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como
ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que
realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento
interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de
nosotros -honra-.(…)” (Sentencia T- 412 de 1992)
Así las cosas, puede concluirse con la sentencia T-603 de 1992:
“(…) Como derecho fundamental que es, la honra de la persona,
tiene una esfera social amplia, trasciende a un circulo grande de personas y su
radio de acción y conocimiento es proporcional a la ascendencia que la persona
tiene en la sociedad. Pero se considera importante calcular que este derecho
personalísimo es el resultado de la valoración individual que se han formado de
ella, respecto de los actos y ejecuciones que por ser acordes con la ley y los
buenos modales, le brindan la certeza a quien así se comporta de contar con la
aceptación general de los demás  y le prodigan  en su nombre serios y
ponderados conceptos de valoración individual que la hacen merecedora de la fe,
la confianza y la credibilidad que se ha sabido ganar en su manera de ser y con
su gestión personal.”
Establecido el
alcance que la Corte le ha fijado a los derechos en examen, corresponde ahora
recordar la metodología trazada por este Tribunal al momento de definir si se
han quebrantado en algún caso concreto estos derechos. No sobra advertir que se
trata de pautas orientadas a resolver las tensiones entre los  derechos a la
honra y el buen nombre frente a la libertad de información. La sentencia T- 714
de 2010 señaló que corresponde evaluar el contenido del mensaje difundido,
igualmente, se debe establecer el medio empleado para publicar el mensaje y el
contexto de dicha publicación, además, resulta necesario valorar las
implicaciones del contenido transmitido y, finalmente, valorar la
responsabilidad de la parte accionada.
Por otra parte,
en la sentencia T-1000 de 2000, la Corte trayendo la jurisprudencia, señaló
algunas variables a tener en cuenta al momento de determinar la responsabilidad
de los medios de comunicación en las situaciones en las cuales el derecho a la
información comprometa los derechos a la honra y el buen nombre. Tales factores
a considerar son: a) el grado de difusión de la
información, b) su naturaleza, c) la forma como se difunde y, d) la buena fe
del medio de comunicación. En esa ocasión, la Sala
de Revisión correspondiente, explicó, en relación con el grado de difusión, que
la magnitud del daño varía según que la información se transmita en el ámbito
local, regional o nacional. En lo atinente a la materia, se precisaba que no
resultaba igual si lo que se divulga era un asunto de la vida privada de la
persona o su actividad como funcionario.
Por lo que
concierne a la forma en que se comunica se debe considerar el tipo de medio a
través del cual se emita la información, pues, no resulta igual la emisión
radial que carece de imágenes, a la televisiva que involucra un componente
visual probablemente más impactante y vívido para el receptor. También resulta
pertinente considerar la forma en que se presente la información. En este
aspecto resulta relevante recordar lo manifestado en la sentencia C-033 de 1993,
pronunciamiento en el cual la Sala Plena sostuvo:
“Para el usuario o receptor de la información, la plena
realización de su derecho constitucional fundamental se garantiza en la medida
en que la información reuna tres requerimientos: que ella sea cierta, objetiva
y oportuna.
- La información es cierta cuando ella dice la verdad, esto es,
cuando ella tiene sustento en la realidad.
- La información es objetiva cuando su forma de transmisión o
presentación no sea sesgada, tendenciosa o arbitraria. Como lo ha establecido
la Corte Constitucional, es necesario que la información "se halle
despojada de toda manipulación o tratamiento arbitrario; libre de inclinación
tendenciosa y deliberada; ajena a la pretensión de obtener de las informaciones
efectos normalmente no derivados de los hechos u opiniones que las configuran,
considerados en sí mismos, sino del enfoque usado por el medio para
distorsionarlas".
- Y la información es oportuna cuando entre los hechos y su
publicación existe inmediación, esto es, que no medie un lapso superior al
necesario para producir técnicamente la información, o bien que entre el hecho
y su publicación no transcurra un período tal de tiempo que la noticia carezca
de incidencia e interés, pasando de ser "noticia" a ser historia.
No sobra
advertir en este último aspecto que las exigencias de certeza, objetividad y
oportunidad han de valorarse en el caso concreto, pues es el daño que la
ausencia de una de tales exigencias cause al afectado, lo que evidenciaría la
vulneración del derecho que se estime comprometido. Dicho de otro modo, tales
requisitos se constituyen en un elemento a considerar en el caso que se ponga
en conocimiento del Juez de Tutela, pero, si su desconocimiento resulta inane
en términos de afectación de los derechos fundamentales no es el proceso de
tutela la vía a activar, pues, no se cumpliría con el fin esencial del
mecanismo de amparo consagrado en la el artículo 86 de la Carta cual es “ (…) la
protección inmediata de su derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados (…)”.
5. La
veracidad e imparcialidad como elementos del derecho a la información
El derecho a la
información ha sido consagrado tanto en instrumentos internacionales como  en
disposiciones de orden nacional. Muestra del primer tipo de regulación es el
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual, se
establece el derecho del individuo a recibir informaciones y opiniones y,
difundirlas por cualquier medio de expresión. A su vez, el artículo 19, numeral
2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala, en su
artículo 3, que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, bien sea de
manera oral, escrita, impresa o artística, entre otras. En el ámbito interno,
el constituyente estipuló en el artículo 20 Superior, tal derecho a la
información como una manifestación de la libertad de expresión, pero, advirtió
que este presenta una doble faceta, pues comporta no solo el derecho a informar,
sino el derecho a recibir información veraz e imparcial. Así pues, se está frente
a un verdadero derecho-deber, dado que quien ejerce el derecho a informar, a su
vez, tiene el deber de hacerlo de manera veraz e imparcial. La doble dimensión
del derecho a la información ha sido expuesta por la Corte Constitucional en
los siguientes términos:
“(…) la
libertad de información tiene a su vez dos componentes, a saber, el relacionado
con el derecho subjetivo que tienen las personas para divulgar o difundir
informaciones y, por otra parte, el atinente al derecho de recibir información
veraz, oportuna e imparcial[14](…)”(sentencia
T- 588 de 2006)
El derecho a la
información en el doble significado considerado, ha sido entendido por la
jurisprudencia de esta Corporación del siguiente modo:
“(…) La libertad de informar, que cobija tanto información
sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de
cualquier medio de expresión; junto con la libertad de buscar información y la
libertad de recibirla, configura la llamada libertad de información.
La libertad y el derecho a recibir información
veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda
índole, por cualquier medio de expresión. Junto con los anteriores elementos,
configura la libertad de información.(…)”(Sentencia
T-391 de 2007).[15]
Como se aprecia,
la recepción de la información implica el derecho a exigir que esta sea veraz e
imparcial. Esta caracterización tiene rango constitucional, pues ambas
cualidades fueron establecidas por el constituyente en el citado artículo 20 de
la Carta. Y como se observa han sido atendidas por la jurisprudencia. Por  su
parte, esta última ha incluido como elemento importante de lo informado, a
tener en cuenta cuando se ponen en riesgo otros derechos, la  relevancia
pública de lo informado. A estos tres elementos, veracidad, imparcialidad y
relevancia pública, se dedican los subsiguientes acápites.
5.1. La
veracidad
El entendimiento
de lo que significa la veracidad, también ha ocupado a esta Corte, advirtiendo
que ofrece algunos problemas y, ha sido la actividad de decantación del Juez
Constitucional, la que ha venido perfilando el concepto. En esa definición del
alcance de la veracidad, el caso concreto desempeña un papel capital. Al
respecto, dijo la Corte en la sentencia T- 066 de 1998:
“(…) la definición en cada caso concreto de lo que es veraz puede
arrojar muchas dificultades. Aún cuando en algunas situaciones se podrá
concluir fácilmente que una información no es veraz, en un buen número de casos
pueden existir diferentes apreciaciones sobre una noticia. Pero más aún, en
muchos eventos puede ser imposible para el informador determinar con precisión
si el hecho que llega a su conocimiento es absolutamente cierto o no. Si en
este último caso se aplicara una noción absolutamente estricta de veracidad se
podría paralizar la actividad investigativa de los medios de comunicación, con
lo cual se afectaría en forma fundamental su labor de control de las instancias
de poder.
“(…)Por ello, lo que cabe concluir es que la aplicación del
principio de veracidad  difiere según la situación de que se trate. Así, si
bien en algunos casos se puede ser muy estricto en la exigencia de la verdad -
puesto que se advierte que lo publicado difiere notoriamente de los hechos
reales, como ocurre, por ejemplo, cuando un medio manifiesta que sus
afirmaciones se fundamentan en documentos emitidos por una entidad determinada,
y ésta demuestra que sus escritos expresaban todo lo contrario[16]-, en otros
casos lo que se puede exigir es que el medio precise su información - cuando,
por ejemplo, la información suministrada en sí misma es cierta, pero hace caso
omiso de algunos elementos, cuya presencia le otorga un cariz completamente
distinto a la noticia -,[17]
y en otros, en los que es imposible determinar  la total veracidad de un
suceso, que el medio demuestre que ha  sido suficientemente diligente en la
búsqueda de la verdad.(…)” (negrilla fuera de texto)
Puede concluirse
provisionalmente que hay ocasiones en las cuales se está ante casos que no
parecen ofrecer mayor dificultad al juzgador, como cuando la diferencia entre
lo informado y lo acontecido, es indudablemente manifiesta y, la corroboración
de la noticia resulta fácil y posible. Pero, existen casos que exigen una
apreciación más atenta del fallador de turno, tal acontece cuando o bien, hay
un alto grado de coincidencia entre lo sucedido y lo informado y/o bien, cuando
la verificación resulta extremadamente difícil e incluso imposible;
aconteciendo que alguien estime en esas situaciones, vulnerado su derecho a
recibir información veraz.
En los diversos
pronunciamientos en los que la Corte ha tenido ocasión de considerar el asunto,
se ha puesto de presente la dificultad anotada. La sentencia SU- 1723 de 2000
observaba:
“(…) No se exige que la información sea estrictamente verdadera,
sino que comporta la necesidad de haber agotado un razonable proceso de
verificación, aunque la total exactitud sea controvertible o se incurra en
errores circunstanciales siempre y cuando no afecten la esencia de lo informado
(…)”
El obstáculo que
comporta el acceso a una verdad absoluta ha obligado a esta Corporación desde
los inicios de su actividad a señalar elementos que al momento de resolver el
asunto permitan dar respuestas satisfactorias en términos constitucionales.
Exigir la plena veracidad significa comprometer la libertad de informar y, ello
se justifica siempre y cuando lo informado amenace o vulnere otros derechos de
igual o mayor peso en el andamiaje jurídico. En esa consideración la sentencia
T-080 de 1993 indicaba:
“(…) La simultánea e inescindible coexistencia de hecho y opinión en
una determinada presentación noticiosa puede constituir una información
inexacta y generar el deber legal de rectificación (D.2591 de 1991,
art.42-7) en caso de demostrarse la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales
(…)
La inexactitud de la información solamente tiene trascendencia
jurídica y da lugar a una rectificación si la presentación simultánea de hechos
y opiniones en una noticia tiene consecuencias desproporcionadamente lesivas
para la persona pública objeto de la información.
En la
providencia citada se encuentran dos elementos que han desempeñado un papel
importante al momento de definir si una información debe ser rectificada por afectar
derechos fundamentales como el buen nombre o la honra. El primer factor hace
relación a la importante distinción entre noticia y opinión. El segundo alude a
la consecuencia lesiva que pueda implicar la inexactitud.
La Corte en el
transcurso de sus decisiones ha precisado la diferencia entre noticia y opinión
del siguiente modo:
“(el) principio de  veracidad de la información (…) hace referencia
a hechos o enunciados de carácter fáctico y por ende verificables; la
información es veraz cuando ella tiene sustento en la realidad, lo que implica
que este principio no se predique de las opiniones[18]. Su
trasgresión  genera la responsabilidad social que puede exigirse al emisor que
divulga una información falsa o inexacta (…)” (Negrillas
fuera de texto) (Sentencia T-626 de 2007).
Esta apreciación fue reiterada en la sentencia C-417 de 2009 así:
“(...) distinto de la afirmación sobre hechos que se presentan a
través del ejercicio de la libertad de información o prensa, llamados a tener
respaldo en la realidad, cumplir con los requisitos constitucionales de la
veracidad e imparcialidad o con la responsabilidad social en el caso de los
medios, la opinión en cambio es una idea, un parecer o forma de ver el
mundo, que de hallarse injusta o impertinente, debe combatirse con otras
opiniones o pareceres (...)”.(Negrillas fuera de
texto).
Por lo que respecta al segundo factor, es incontestable que se exija
la lesión de un derecho para que por insuficiencia en la veracidad, haya de
ordenarse la rectificación en detrimento de la libertad de informar. No resulta
admisible el sacrificio de un derecho establecido en la Carta, si ello no se
hace con miras a proteger otros derechos de igual o mayor peso. Un segundo
motivo que justifica la exigencia del perjuicio a un derecho fundamental, para
que tenga lugar el sacrificio o restricción del derecho a informar, hace
relación al telos de la acción de tutela. Mal podría prosperar el uso
del recurso, si un derecho fundamental no está amenazado o no ha sido
conculcado.
Sin duda, uno de los asuntos más polémicos al
considerar la veracidad, es el de deslindarla de la objetividad dado que no son
sinónimos. Con lo dicho, resulta comprensible que el Juez Constitucional ampare
información que no resulta veraz en su totalidad. Este problema ha suscitado
las reflexiones del Tribunal Constitucional Español que en la sentencia 6/1988,
de 21 de enero de 1988 exponía:
“(…) La comunicación que la Constitución protege es, de otra parte,
la que transmita información «veraz», pero de ello no se sigue (…) que quede
extramuros del ámbito garantizado, en supuestos como el presente, la
información cuya plena adecuación a los hechos no se ha evidenciado en el
proceso,(…). Cuando la Constitución requiere que la información sea «veraz» no
está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar
erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- cuanto estableciendo un
específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe
exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido objeto de previo contraste
con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien,
defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la
veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a
tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples
rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero si
ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun
cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva, las
afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que,
de imponerse «la verdad» como condición para el reconocimiento del derecho, la
única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio.(…)” (Negrillas fuera de texto).
Del Moral García y Rodríguez Fernández, advirtiendo que se trata de
una importación cuyo origen está en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
lo expresan en la fórmula sintética “(…) la exigencia de veracidad no
significa correspondencia con la realidad (…)” [19].
Por su parte, Urioste Braga, aludiendo al Tribunal Constitucional de
España incorpora otro elemento a tener en cuenta al momento de  someter un
mensaje al juicio de veracidad, explica el doctrinante “Se requiere también
que la comunicación errónea impida y obstaculice la recepción de otra
información, esta sí veraz, que puede ser la deseada por el público” [20].
En suma, si bien es cierto la Constitución estipuló el derecho a
recibir información veraz, también es cierto que al igual que los derechos de
la Carta, aquel no es absoluto y, adquiere precisión en sus contornos a
propósito del caso concreto y por vía de la jurisprudencia constitucional.
Ahora, debe precisarse que la presencia de la veracidad en la
información no la hace perse constitucionalmente admisible, con
frecuencia una información por veraz que resulte, puede implicar la amenaza o
violación de derechos como la intimidad, la honra y el buen nombre, con lo
cual, se ha hecho necesario identificar una serie de variables que permiten
establecer “el grado de responsabilidad de los
medios de comunicación”[21].
Con ellas, adicionalmente, se logra determinar la
procedencia o el grado de protección. Tales variables son suministradas por el
caso concreto y, la sentencia T- 1000 de 2000 las expuso del siguiente modo,
advirtiendo que no se trata de un listado taxativo, sino enunciativo:
“(…) Algunas de las variables a considerar son: a) el grado de
difusión de la información, b) su naturaleza, c) la forma como se difunde[2] y, d) la buena fe del
medio de comunicación (…)”
Al explicarlas de manera pormenorizada, la jurisprudencia[22]
manifestó:
En cuanto a la  difusión:
“(…) es jurídicamente relevante si la información recibe una
difusión local, regional o nacional.  La magnitud del perjuicio causado
cuando se informa erróneamente a un amplio sector de la población será mayor,
en principio, que cuando el error sólo sea del conocimiento de un segmento de
ella.  Del mismo modo, el perjuicio al buen nombre, a la honra o a la
intimidad de una persona será más grave entre mayor sea el número de personas
ante quienes se le exponga (…)”
Respecto del tipo de información:
“(…) no toda la información atañe de la misma manera el buen nombre,
la honra o la intimidad de las personas.  (…) aspectos que conciernen
exclusivamente a la vida íntima de los individuos no podrán ser tratados de la
misma manera que los que tengan que ver con su vida pública (…) los
medios de comunicación tendrán mayor amplitud para informar sobre la conducta
de un funcionario en cuanto a sus funciones públicas, que en lo que atañe a su
comportamiento como persona privada.
(…)
cuando un medio de comunicación difunde información sobre temas
judiciales (…) las que se refieren a materias penales, le es exigible un mayor
nivel de responsabilidad, (…)” (Negrillas fuera de
texto).
Por lo que
concierne a la forma de difusión, se han valorado dos aspectos, uno atañe al
tipo particular de medio, el otro a la manera en que se presenta la
información, la Corte lo ha entendido así:
“(…) es necesario que los medios verifiquen la información que
posean y no pueden excusarse en la manera casi instantánea como se obtiene y
presenta la información para no verificarla. Sin embargo, (…) también
es indispensable tener en cuenta que, por cuestiones de tiempo y espacio a las
cuales se ven sometidos, el nivel de rigor y detalle exigibles no pueden ser
fijados independientemente del tipo de canal y del formato utilizados. (…) los
medios están limitados por el principio de oportunidad de la información que
transmitan.  Al respecto, en Sentencia C-033 de 1993 (se) estableció que:
“Para el usuario o receptor de la información, la plena realización de su
derecho constitucional fundamental se garantiza en la medida en que la
información reúna tres requerimientos: que ella sea cierta, objetiva y
oportuna. (…) es oportuna cuando entre los hechos y su publicación existe
inmediación, (…) que no medie un lapso superior al necesario para producir
técnicamente la información, o (…) que entre el hecho y su publicación no
transcurra un período tal de tiempo que la noticia carezca de incidencia e
interés, pasando de ser "noticia" a ser historia.”  (…) en otra
oportunidad, la Sala Plena (…) expresó la necesidad de diferenciar el alcance y
el tratamiento que se le da al derecho a la información, de acuerdo con el
canal utilizado para proveerla.  Analizando las diferencias entre prensa
escrita y televisada dijo:
“(…) la información que se suministre a través de medios masivos de
comunicación, específicamente de la televisión, debe reunir unas especiales
características para que contribuya efectivamente a la realización paralela de
los derechos fundamentales de cada individuo receptor, específicamente de
aquellos a los que se refiere el artículo 20 de la Constitución y no contraríe
ninguna disposición del ordenamiento superior.
“A diferencia de la prensa escrita, que le permite al receptor
analizar la información que se le brinda, confrontarla, discernirla, volver a
ella una y otra vez, la información que proviene de medios masivos como la
televisión, es una información en extremo concisa, fragmentada, con la cual se
“bombardea” al espectador, quien apenas tiene tiempo de captar las imágenes,
previa y unilateralmente seleccionadas por el emisor, y de escuchar la
interpretación que de las mismas éste hace.  (…) Sentencia
C-350 de 1997(…)”
En lo
concerniente a la restante faceta de la forma de presentación de la
información, se tiene que la veracidad debe acompañarse de la imparcialidad y
para ello se ha sentado como criterio que “(…) las diversas partes que
componen una determinada pieza de noticias deben ser evaluadas en su conjunto (…)”[23]
Finalmente, por
lo que toca a la buena fe en la información se ha sostenido:
“(…) debe presumirse la buena fe del periodista y que, por lo
tanto, si una persona alega una vulneración de sus derechos fundamentales por
la difusión de una información falsa, debe probar que lo es.  (…)
la buena fe del periodista no excluye la posibilidad de que pueda caer en
error, a pesar de que haya cumplido con la obligación de verificar su
información, pues la misma naturaleza dinámica de su labor le impide, en
algunos casos, ser tan exhaustivo.  (…) esta presunción de buena fe (no)
ostenta el carácter de una presunción de derecho que no admita prueba en
contrario. El juez de tutela debe entrar a constatar si el medio de
comunicación ha incurrido en un error evidente o si, existen elementos que
permitan desvirtuar la presunción constitucional de buena fe del periodista.” (Negrillas fuera de texto).
5.2. La imparcialidad
En cuanto a la imparcialidad, entendida como cualidad de la
información recibida, la Corte ha sentado:
“(…) De acuerdo con este principio, el periodista debe guardar
cierta distancia respecto de sus fuentes y no aceptar de plano, de manera
irreflexiva, todas sus afirmaciones o incriminaciones. Por el contrario, las
informaciones que le sean suministradas por ellas deberán ser contrastadas con
versiones  distintas sobre los mismos hechos, de parte de los implicados o de
personas conocedoras de la materia que se debate. (…)      el comunicador
deberá cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar
que sus preferencias y prejuicios afecten su percepción de los hechos. (Sentencia T-066 de 1998).
La imparcialidad
desempeña un papel fundamental en la emisión de la información, pues, al igual
que la veracidad, incide en la forma de comprensión de la noticia y, tiene la
potencialidad de inclinar el actuar y el pensar de las personas que reciben el
mensaje. Es este uno de los aspectos en que mejor se puede apreciar lo que
significa la responsabilidad social de los medios de comunicación. La
tergiversación de lo informado, puede ser también distorsión de la realidad y
la consecuente afectación de la actitud de los ciudadanos.
Al igual que
acontece con la veracidad, la imparcialidad implica dificultades. La Corte ha
sido consciente de la imposibilidad de exigir lo que podría denominarse la
imparcialidad absoluta. Sobre este problema se ha sentado:
“(…) no significa que los medios deban presentar las noticias
como relatos puros sobre los hechos acaecidos, pues la libertad de opinión
de los periodistas y la defensa del pluralismo autorizan que los medios valoren
de determinada manera lo sucedido.(…)”(Sentencia T-
256 de 2013). (Negrillas fuera de texto).
Sin duda,
alcanzar una imparcialidad ideal resulta improbable, pues, los fenómenos
comportan por parte de quien los percibe o, se noticia de ellos para
posteriormente transmitirlos al público, dos procesos inevitables, de un lado,
la interpretación, entendida como la comprensión del hecho, en la cual, se
enfatizan unas circunstancias y se desechan otras que no se estiman de interés,
de otro lado, la valoración del hecho, la cual, hace relación a la apreciación
que desde su subjetividad manifiesta quien comunicará más adelante.
En esa medida,
el relato de los hechos no escapa a una cierta dosis de parcialidad que puede
comprometer otros derechos como la honra o el buen nombre. En tales casos, el
juez habrá de valorar si ese margen de subjetividad en la comprensión y
difusión del hecho, es constitucionalmente justificable y da lugar a permitir
la eventual afectación de otros derechos. El Tribunal Constitucional Español
hubo de resolver, mediante la sentencia STC 43/2004, de 23 de marzo de 2004, un caso en el
cual, unas personas manifestaban su desacuerdo por la forma en que se había
presentado una recreación de un hecho histórico que involucraba a su
progenitor. En concreto, en 1937 durante la guerra civil española, el padre de
los accionantes Carlos Trías Bertrán fue testigo de cargo contra el personaje
público catalán de la época, Manuel Carrasco i Formiguera, tras lo cual, el
señor Carrasco fue fusilado. El malestar de los hijos de Trías estribaba en que
en el documental dramatizado se afirmaba lo siguiente:
“(…) El Tribunal condenó a Carrasco basándose exclusivamente en el
testimonio de ocho catalanes residentes en Burgos. Se presentaron
voluntariamente ante el Juez instructor. Tienen nombres y apellidos: ... Carlos
Trias Bertrán, ... No tuvieron compasión. Carrasco era rojo y separatista (…)”
En su valoración
del asunto el Tribunal observó que:
“(…) la discrepancia no lo es respecto de la certeza sobre estos
concretos hechos, cuya realidad resulta indubitada a la vista de lo probado en
las actuaciones del proceso civil del que trae causa este amparo, sino sobre si
la valoración que de ellos se hace es tendenciosa y dirigida a mancillar el
honor del Sr. Trias Bertrán al atribuirle, en último término, una decisiva
intervención en el trágico final del Sr. Carrasco i Formiguera (…)”.
Y, para denegar
el amparo, citando al Tribunal Supremo en el caso concreto concluía:
“(…) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, (…) afirma que no
tiene  la función de enjuiciar la Historia, sino de aplicar el Derecho"
(fundamento de Derecho cuarto). De otro modo se impondría a los órganos
jurisdiccionales la tarea de verificar juicios históricos antes que jurídicos.
La discusión histórica está abierta a la participación y a la réplica en su
contexto propio y por sus medios característicos, pero no puede estarlo a la
solución jurídica, cuya verdad no es, por definición, la que se persigue y
construye con el método histórico.
El ejercicio de nuestra jurisdicción en la garantía de los derechos
fundamentales, como también afirmó con
acierto el Tribunal Supremo respecto de la suya, no sirve para enjuiciar la
historia, y menos aún para cambiarla o silenciar sus hechos, por mucho que
éstos o las interpretaciones que de los mismos se puedan hacer resulten
molestos y penosos para sus protagonistas, o, como es el caso, para sus
descendientes (…)” (Negrillas fuera de texto).
Como se observa,
en el caso narrado no era la veracidad, sino la valoración de los hechos lo que
no resultaba aceptable para los afectados. No sobra anotar que en la decisión,
el Tribunal Constitucional estimó como variables importantes la calidad de
historiadora de la responsable del documental y, la investigación y documentos
que subyacían a la presentación.
En esa medida,
resultan atendibles los criterios que ya se han anotado citando la jurisprudencia
de esta Corte, para resolver las tensiones entre el derecho a presentar la
información y el derecho del receptor a que esta sea veraz e imparcial. Así,
por ejemplo, habrá que verificar si la información cuya imparcialidad se
cuestiona está causando daño a otro derecho, habrá que valorar si se está
frente a una noticia o una opinión, pues en este último caso, salvo que se
trate de vejaciones o insultos, la libertad de expresión ampara tal opinión.
Igualmente, deberá tenerse en cuenta el grado de difusión de lo informado, la
materia objeto de información, el tipo de medio y el punto de partida habrá de
ser la imparcialidad del comunicador, corriendo la carga de la argumentación
del lado de quien alega la presunta falta de imparcialidad.
5.3. La relevancia pública de lo informado
La Corte ha
considerado que la trascendencia pública del asunto que se informa resulta de
singular trascendencia, puesto que la posible afectación a otros derechos puede
encontrar justificación, si lo que se informa  resulta de interés público. En
este sentido, la jurisprudencia ha estimado que  tanto la calidad de la persona
a quien el mensaje posiblemente afecta y, el contenido de la noticia se
constituyen en criterios determinantes con miras a establecer si lo comunicado
es de relevancia pública[24].
La pertinencia
de este elemento en el examen de la información cuestionada, se advierte cuando
se verifica que no es lo mismo la noticia del actuar de un personaje público a
la información sobre ciudadanos sin tal condición. Es por ello que la Corte ha
precisado:
“(…) Quienes por razón de sus cargos, actividades y de su desempeño
en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública,
inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por
críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés
general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral.  En estos eventos,
el derecho a informar se torna más amplio y su primacía es, en principio,
razonable (…)”.
Acopiando la
experiencia extranjera sobre el tema, esta Corporación ha acogido el criterio,
según el cual, la vida privada de dichas personas que susciten interés en el
público, está sujeta a tolerar un mayor grado de intromisión. Se ha precisado el
asunto del siguiente modo:
“(…) Aquellos personajes públicos o quienes por razón de su
actividad proyectan su imagen en la sociedad, deben aceptar el costo de ello
(consentimiento tácito), representado en la posibilidad de una intromisión en
su vida privada y en el hecho de ser susceptibles de críticas, opiniones o
revelaciones desfavorables.  Sin embargo, la expresión de una idea aún cuando
acepta la sátira, o el ejercicio de la información no puede tolerar un irrespeto,
entendido por este como la utilización de expresiones insultantes,
insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias (…)”[25].
Por lo que
concierne al contenido, es importante destacar que aquel que alude a hechos de
interés público, cuenta con un mayor margen a ser tolerado por quien estima que
dicho mensaje o noticia amenaza su buen nombre u honra. Así, por ejemplo, no se
puede privar al colectivo social de información sobre  las decisiones adoptadas
por sus gobernantes, el actuar de sus funcionarios o aquellos hechos que
conciernen al colectivo, como lo pueden ser las calamidades públicas, el
funcionamiento de los servicios públicos o, todos aquellos hechos que puedan
suponer un riesgo para la tranquilidad y seguridad pública.
6. El caso
concreto
Establecidos los
presupuestos para resolver, corresponde ahora a la Corte Constitucional, revisar
si la decisión adoptada por el ad quem   en el asunto en estudio, se
aviene con los mandatos establecidos en la Constitución. Acorde con el problema
jurídico planteado, se debe examinar si los artículos de prensa de la autoría
del señor Jorge Téllez, los cuales fueron reseñados en los antecedentes de esta
providencia, conculcaron o amenazan los derechos fundamentales a la honra, al
buen nombre, a la intimidad personal y familiar del accionante o, del
Expresidente Misael Pastrana Borrero o, de sus familias. Posteriormente se
valorará si tales publicaciones quebrantan el derecho a recibir información
veraz e imparcial.
Encuentra la
Sala que la publicación contenida en dos entregas menciona en siete ocasiones
al Expresidente Misael Pastrana Borrero. En el escrito de abril 19 de 2013 se
cuenta que fue el candidato del frente nacional (i) y, se refiere que el día de
las elecciones presidenciales de 1970, se evidenciaba un contraste entre el
entusiasmo de los simpatizantes del candidato Rojas Pinilla y “(…) la
actitud discreta y callada de los partidarios de Pastrana(…)” (ii). Más
adelante, se refiere que las versiones radiales e informes que recibía María
Eugenia Rojas “(…) arrojaban nuevos datos que consolidaban una gran
ventaja de Rojas sobre Pastrana Borrero(…)” (iii) y, posteriormente, se
refiere que el Ministro de Gobierno de la época dio a conocer “(…) el
primer boletín oficial, el cual totalizaba una votación por Rojas Pinilla de
312.278 votos y por Pastrana de 298.571, es decir había una ventaja a favor del
primero de 13.707 sufragios (…)” (iv). En la segunda entrega se hacen las tres
alusiones restantes en los siguientes términos “escuché el boletín número 4
de la Registraduría, transmitido por Radio Nacional: Misael Pastrana, 1’368.981
votos: Gustavo Rojas Pinilla, 1’366.364 votos (…)” (v) y, finalmente se
afirma “(…) la votación definitiva suministrada por la Registraduría fue de
1’625.025 votos por Misael Pastrana y 1’561.468 votos por Rojas Pinilla. Una
ventaja de 63.557 sufragios. El 19 de julio de 1970, la Corte electoral entregó
la credencial de presidente al candidato del Frente Nacional (…)” (vi y
vii). En esta última se alude al candidato del Frente Nacional sin llamarlo por
su nombre.
Acorde con los
supuestos referidos en el apartado 5.1 debe clarificarse si lo consignado tiene
la calidad de noticia u opinión y seguidamente establecer si con tales asertos
se vulneró el buen nombre, la honra o el derecho a la intimidad del
Expresidente Pastrana Borrero o de su familia, de la cual hace parte el
accionante.  De establecerse la amenaza o vulneración, habrá de procederse acorde
con las reglas anotadas en el apartado 5.1 a fin de determinar la
responsabilidad del medio y el grado de protección a dispensar.
Sin duda, el
grueso de las manifestaciones transcritas se corresponden con el concepto de
noticia, pues, se relatan hechos y, el ejercicio es marcadamente descriptivo. A
lo sumo, podría plantearse alguna duda cuando se menciona el carácter
entusiasta de los partidarios de Rojas y la actitud discreta de los
simpatizantes del Expresidente, al relatarse el ambiente en algún momento del
día de las elecciones. Lo anterior permite concluir, parcialmente, que en lo concerniente
a las menciones del Expresidente Pastrana, no se verifican apreciaciones sino
descripciones.
Seguidamente, ha
de valorarse si los dichos expresan o sugieren alguna conducta irregular o
ilegal, atribuible al Expresidente Pastrana que comporten una afectación,
oprobio o, desdoro para la honra, el buen nombre o el derecho a la intimidad
del citado exmandatario o su familia. Respecto de este punto, encuentra la Sala
de Revisión, que ninguna de las alusiones antes reseñadas, atribuyen actuación
alguna al señor Misael Pastrana Borrero. Las menciones se contraen a decir que
fue candidato, cuál fue su votación, cuál era su lugar en los conteos de
sufragios y cuál fue en algún momento la actitud de sus partidarios. En ese
sentido, por sustracción de materia, sino se imputó comportamiento alguno al
presunto afectado, menos habrá de predicarse, si la atribución de una
determinada conducta, acarrea una afectación a los derechos a la honra, el buen
nombre o la familia del Expresidente. La inexistencia de descripciones sobre
conductas del Exmandatario, hace imposible estimar posibles afectaciones por
comportamientos predicables del mismo.
Tampoco, se
advierte en Sede de Revisión, apreciación alguna que implique calificar el
proceder o la persona misma del Expresidente. Nada se dice que permita afirmar
un desvalor hacia el señor Misael Pastrana Borrero. A lo sumo, se observa la
valoración de la conducta de sus partidarios en algún momento el día de las
elecciones. Así pues, no cabe afirmar que lo escrito por el periodista Jorge Téllez
alcance las condiciones mínimas para sostener que su relato lesionó o amenaza
derecho fundamental alguno del padre del accionante.
Sin embargo,
atendiendo la vehemente solicitud del ciudadano Juan Carlos Pastrana, pasa a
considerar la Sala de Revisión sí la expresión “La noche que Lleras Restrepo
reconoció el triunfo de Rojas Pinilla” implica un quebrantamiento de los
derechos del Expresidente Misael Pastrana y su familia. Argumenta el accionante
que tal vulneración “es indiscutible para cualquier ciudadano colombiano (…)
con respeto y amor propio, y respeto y amor por los suyos (…)”. Más
adelante agrega “(…) la implicación evidente es que, si Rojas triunfó y el
presidente Lleras reconoció su triunfo pero Pastrana fue presidente, el título
presidencial de Pastrana era ilegitimo puesto que no había sido obtenido
legalmente. Para la memoria de mi padre, para mi familia y para mí esta
afirmación es injuriosa, deshonrosa y calumniosa”. En primer lugar, debe
atenderse el tenor literal del texto cuestionado, el cual, en ningún momento se
refiere al Expresidente y menos hace juicios valorativos sobre la legitimidad
de la elección del Exmandatario, con lo que quedaría incontestablemente
descartada la hipotética valoración atribuida al señor Téllez y al Espectador
sobre lo ilegitimo de la designación del señor Misael Pastrana. Lo que dice el
texto objetado por el accionante es simplemente que el Expresidente Lleras
reconoció el triunfo del candidato Rojas Pinilla.
Ahora bien
¿puede colegirse del título censurado por el accionante que la elección del
Presidente Misael Pastrana fue ilegítima? Esto es, ¿manifestar que un candidato
ganó, implica necesariamente que al ser otro el elegido, ha obtenido este
último una designación ilegítima? La Sala de Revisión concluye que de lo uno no
se desprende lo otro. Aceptar que la manifestación de una persona legitime un
proceso electoral, es trasladar la legitimidad de la elección de las urnas a la
declaración verbal un ciudadano, así sea este el primer Magistrado de la
República. No puede suscribir la Sala esta última forma de razonar, pues riñe
con una de las más elementales reglas de la democracia. Pero aún hay más, el
que una persona afirme la victoria de un candidato, no significa que ese candidato
haya triunfado y, que de resultar designado otro, este último ha obtenido su
nominación de manera ilegítima; bien puede acontecer que quien ha hecho la
manifestación sobre el triunfo del primero se haya equivocado.
Por otro lado,
observa la Sala que el proceso electoral de abril de 1970, no resultó pacífico,
siendo la elección del ciudadano Misael Pastrana Borrero cuestionada. Si se
revisa la prensa de la época, se advierte que durante la semana comprendida
entre el 20 y el 26 de abril, se hicieron no pocas manifestaciones calificando
de fraudulento el proceso. Así por ejemplo,  el diario El Siglo en su
edición del martes 21 incluía un artículo titulado “Rojas reclama el
triunfo. Anuncia ventaja real de más de 300 mil votos. Denuncia parcialidad
y fraude” y en la edición del sábado 25 en primera página se lee “Testigo
de Anapo se retira. Denuncia maniobra para aumentar votación pastranista”.
Por su parte, el accionado periódico El espectador, en aquella
oportunidad daba cuenta en su edición del miércoles 22 de la “Declaración
subversiva de Anapo” en la que se señalaba como fraudulento el proceso
electoral o, en la del sábado 25 se hacía eco de los varios comunicados del
General Rojas en los cuales hablaba de un “monstruoso fraude” (negrillas
fuera de texto).
La polémica no
solo aparece documentada en la prensa. Si se revisan algunos  volúmenes que
hacen relación al tema, se encuentran las páginas de Daniel Pécaut en las que
describe bajo el título de “la negativa de la Anapo a reconocer los
resultados electorales” los diversos cuestionamientos de la ANAPO a los
resultados de la elección[26].
Por su parte, Gabriel Silva Luján en el volumen II de la Nueva Historia de
Colombia, publicado en 1989,  al referirse a los hechos de la noche del 19 de
abril de 1970 afirma “(…) Aunque los datos transmitidos por las emisoras de
radio no eran oficiales, eran presentados por los locutores como informaciones
definitivas. Era tal la situación que, muchos funcionarios del gobierno, y la
mayoría de los amigos de la familia Pastrana y Ospina, creían hacía las 10 de
la noche que la causa estaba perdida. En lo comandos *anapistas* y en la
residencia de la familia Rojas todo era euforia y celebración(…)”  y más
adelante agrega “(…) El general Rojas se acostó ganado y amaneció perdiendo.
La impresión de que se había cometido fraude fue ineludible (…)” [27]
(negrillas fuera de texto).
Más elocuente
sobre la controversia es aún el libro del Ministro de Gobierno de la época,
Carlos Augusto Noriega, titulado Fraude en la elección de Pastrana
Borrero, publicado en 1998, en cuyo capítulo 8 “La cuestión de
fondo: hubo fraude”[28]
relata actos irregulares en el proceso electoral que afectaron la votación del
candidato Rojas Pinilla.
En suma
difícilmente se puede sostener que las dudas sobre la legitimidad de la
elección del Expresidente Misael Pastrana tienen su origen en el escrito de
prensa atacado.
Suscribe la Sala
lo dicho en las instancias judiciales previas, cuando se observa que las apreciaciones
particulares del accionante por respetables que sean, no pueden ser admitidas
como verdades incontrovertibles. Prueba de ello es la copiosa documentación
aludida, la cual, dicho sea de paso, tampoco ratifica la afirmación de Téllez
en lo concerniente al reconocimiento del triunfo de Rojas por parte del Expresidente
Lleras de lo cual no existe prueba alguna que lo corrobore, más sí evidencia
que, la controversia sobre la elección presidencial de 1970, tiene bastante
literatura e historia.
Finalmente, agrega
la Sala, no es la acción de tutela el mecanismo para definir si lo publicado
por el periódico El Espectador y de la autoría del periodista Jorge Téllez,
se adecua a los tipos penales de injuria o calumnia. Para ello, el ordenamiento
jurídico ha establecido otros mecanismos, a los cuales puede acudir el
accionante y, sí a bien lo tiene, el ciudadano Jorge Téllez, quien se dolió de lo
que pudieran ser las desafortunadas expresiones empleadas por el actor para
referirse él como “un tal Jorge Téllez”, “la
solitaria e insólita versión de un viejo que, según el diario, *cambio la
historia* al contradecir 43 años de historia”, “(…)
enfermo y anciano periodista, que armó un tinglado con El Espectador
para cambiar la historia de Colombia”.
Así pues, establecida la ausencia
de daño a los derechos a la honra, buen nombre e intimidad familiar del señor
Expresidente Misael Pastrana Borrero, no tiene cabida considerar lo ocurrido a
la luz de las variables contempladas por la jurisprudencia, pues, ante la falta
del perjuicio, no tiene lugar el sacrificio o restricción del derecho a
informar.
Atendido entonces el primer
cuestionamiento, relacionado con las presuntas violaciones a los derechos a la
honra, el buen nombre y la intimidad familiar, procede la Sala a examinar si lo
publicado por el citado comunicador, vulneró el derecho a recibir información
veraz e imparcial. Tal como lo ha entendido la Corte, desde la sentencia T-080
de 1993, se trata de un derecho en el cual los asociados, acorde con la
preceptiva constitucional y en virtud de la responsabilidad social que les
corresponde a los medios de comunicación, pueden a exigir a estos que lo
informado sea veraz y transmitido de manera imparcial. Por ello, en aras de la
preservación de dicho derecho, valorará el Juez de Tutela lo acontecido en el
caso concreto.
Para la Sala, conforme con lo
precedentemente expuesto, no se avizora que de presentarse un déficit en la
veracidad, se hayan conculcado derechos, sin embargo, se revisará si la
afirmación “La noche que Lleras Restrepo reconoció el
triunfo de Rojas Pinilla” vertida en un periódico,
da lugar a ser cuestionada de tal modo que se pueda predicar el engaño o fraude
a la confianza de los asociados, dando lugar a activar el mecanismo
constitucional de tutela.
Sea lo primero advertir que el
aserto referido ha sido cuestionado, pero no hay en el proceso elementos que
permitan sostener la imposibilidad fáctica de lo  hipotéticamente dicho y
escuchado. Así por ejemplo, no se ha evidenciado que alguno de los tres
participantes, no pudiera ser ubicado el día y hora, de lo que se dice ocurrió,
en el Palacio de San Carlos. Tampoco se ha demostrado que alguno de las personas
que el señor Téllez refiere como intervinientes (el Expresidente, el Jefe de
Prensa de Palacio y el joven reportero), hubiese estado en imposibilidad de
hablar o escuchar. Tampoco se ha controvertido en esta actuación, el que el
señor Téllez fungiese como reportero de la Oficina de Prensa de la Presidencia
de la República.
Se ha censurado la imposibilidad
de corroborar lo contado por el periodista Téllez, pero cabe aquí observar que
la información está siendo contada por la mismísima fuente. Se pregunta la
Corte si las razones aducidas para controvertir lo relatado por el comunicador,
resultan suficientes para vedarle el derecho a narrar lo que afirma como
cierto, esto es, que en la noche del 19 de abril de 1970, el Expresidente
Carlos LLeras reconoció el triunfo del General Rojas Pinilla. Sin duda, el
calificado concepto del Decano de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional,
suministra elementos de juicio que al momento de valorar el testimonio del
periodista han de tenerse en cuenta, entre otros, se trata de algo que es
rememorado tras 43 años de supuestamente acontecido, el testigo es un mayor
adulto que puede ir colmando los eventuales vacíos de sus recuerdos con sucesos
inexistentes, las palabras atribuidas al Expresidente no se corresponden con el
modo natural y ordinario de hablar, sino que se asemejan más a una alocución. Sin
embargo, también hay elementos de juicio que podrían dar píe para entender lo
sostenido por Téllez como un elemento más de juicio en la búsqueda de la
claridad de lo ocurrido en el proceso electoral de 1970. Tales elementos ya han
sido referidos en mucho al aludir a las publicaciones de prensa de abril de
1970 y, a los textos de análisis histórico que se han preocupado por estudiar
lo ocurrido en ese momento, en particular el libro de la autoría del Ministro
de Gobierno de entonces, Carlos Noriega.
Para la Sala, la presunción de
buena fe del periodista como uno de los elementos establecidos por la
jurisprudencia al momento de determinar “el grado de responsabilidad de los medios de comunicación”[29], y factor a tener en cuenta al determinar la procedencia o el grado
de protección del derecho a ser informado de manera veraz; merece particular
atención en el caso en concreto. No encuentra la Sala Revisión ninguna
evidencia que desvirtúe la citada presunción. No reposan en el proceso
elementos que pongan en tela de juicio la prolongada trayectoria profesional
del accionado, no se han expuesto razones que permitan entrever un interés
dañino por parte del comunicador al consignar la información objetada por el
accionante.
No puede la
Sala, ni hace parte de su órbita de competencias, avalar las afirmaciones del
accionado Téllez, lo que se ampara es el derecho a informar una circunstancia
controvertible. Para la Corte, los reparos que surgen en razón del tiempo
transcurrido entre el presunto suceso y su relato, o la edad del testigo, no se
constituyen en motivo constitucionalmente admisible para vedarle su derecho a
informar. Es del resorte del psicólogo forense o, del profesional a quien
corresponda conceptuar sobre la credibilidad de los testigos, cuando la
administración de justica así lo requiera, examinar los aspectos referidos en
el marco del respectivo debate judicial. Para el debate histórico, tal vez hayan
de ser tenidas en cuenta las autorizadas reflexiones de Marc Bloch en su Introducción
a la historia:
“(…) En sentido absoluto, no existe el buen testigo; no hay más que
buenos o malos testimonios. Dos órdenes de causas, principalmente, alteran
hasta en el hombre mejor dotado la veracidad de las imágenes cerebrales. Unas
dependen del estado momentáneo del observador: la fatiga, por ejemplo, o la
emoción; otras del grado de su atención. Con pocas excepciones, no se ve, no se
oye bien sino lo que se quiere percibir (…) además, muchos acontecimientos
históricos no han podido ser observados sino en momentos de violenta conmoción
emotiva, o por testigos cuya atención fuera solicitada demasiado tarde (…)” [30]
Fuerza concluir en el caso
concreto que no se demostró la falta de veracidad de la información, ni lo
contrario y, tampoco se estableció que ésta acarrease la amenaza o vulneración
de derecho alguno, ni se desvirtuó la presunción de buena fe que rodea al
comunicador social.
De igual manera, se concluye en
este punto que, escapa de la competencia del Juez Constitucional la custodia de
la cambiante verdad histórica. Las tareas de guardián del Juez de Tutela, lo
son con los derechos, en particular cuando se demuestra que estos son
vulnerados o amenazados. Es también deber de quien se depreca el amparo,
proteger el ejercicio de un derecho, cuando el mismo no comporta el detrimento
de otros derechos. Lo que puedan suponer indeseables molestias por el uso de un
derecho, no son razones suficientes para restringir la libertad de información.
En lo que respecta a la objeción de
parcialidad formulada por el accionante al escrito de Jorge Téllez, se atiene
la Sala de Revisión a lo considerado precedentemente cuando destacó que en la
publicación redactada por el señor Jorge Téllez y, dada a conocer por el
periódico El Espectador, no se encuentran expresiones y, particularmente
apreciaciones que comporten un desdoro para los derechos del Expresidente
Misael Pastrana y su familia, en esa medida tampoco tiene lugar el amparo
solicitado.
Como corolario de lo narrado, se
impone confirmar lo resuelto por la Sala Civil de Tribunal
Superior de Bogotá mediante sentencia del 27 de junio de 2013, la cual a su vez
había confirmado la sentencia de mayo 15 de 2013 proferida por el Juzgado 21
Civil del Circuito de Bogotá.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Levantar la suspensión del proceso
ordenada mediante Auto de 30 de enero de 2014.
SEGUNDO.- Confirmar la sentencia de
junio 27 de 2013 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Juan
Carlos Pastrana Arango contra el señor Jorge Téllez y el señor Fidel cano
correa Director del periódico El Espectador y, en consecuencia, denegar
la tutela solicitada.
TERCERO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Ausente
en comisión
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Sentencia T- 491 de 2011 M.P. Pinilla Pinilla
[2] Sentencia C-489 de 2002, ver también la sentencia T- 088 de 2013.
[3] Importante en el análisis del perjuicio irremediable ha resultado
la sentencia T- 225 de 1993
[4] Sentencia T- 535 de 2003
[5] Sentencia T-959 de 2006
[6] Sentencia T- 626 de 2007
[7] También se pueden ver T- 775 de 2005, T- 720 de 2006, T- 219 de
2012, T- 1000 de 2000.
[8] Sentencia C-489 de 2002.
[9] Sentencia T-494 de 2002
[10] Sentencia SU-056 de 1995.
[11] Sentencia T- 088 de 2013. Los pies de página de la cita
corresponden al original.
[12] Sentencia T- 949 de 2011 y se pueden consultar T- 775 de 2005, T- 720
de 2006, T- 219 de 2012, T- 1000 de 2000.
[13] Esta concepción también se recrea en la sentencia de Pérez Pinzón
Alvaro Orlando Mayo 30 de 2007.
[14] También se pueden consultar sobre este aspecto, entre otras, las
sentencias SU- 1723 de 2000,  T-094 de 2000 y entre otras.
[15] Este criterio fue reiterado en la sentencia T- 327 de 2010.
[16] Una situación semejante es tratada en la
sentencia T-472 de 1996.
[17] Así ocurrió en la situación de hecho que
se debate en la sentencia T-080 de 1993.
[18] Así lo ha señalado la Corte, entre otras, en las sentencias T-080
de 1993, T-603 de 1992; T-609 de 1992 y T-074 de 1995.
[19] Del Moral García, A. y Rodríguez Fernández I., Reparación del
Honor lesionado (abusos, déficits y excesos: confusionismo y promiscuidad en la
tutela de un derecho fundamental)
[20] Urioste Braga F., Derecho de la Información, B de F, Buenos
Aires, 2009, p. 134.
[21] Sentencia T- 1000 de 2000.
[22] Ibídem
[23] Sentencia T- 080 de 1993
[24] Sentencia SU- 1723 de 2000.
[25] Ibid
[26] Pécaut D., Crónica de dos décadas de política colombiana
1968-1988, Siglo XXI editores, Trad. , J.O. Melo, México, Argentina,
España, Colombia, 1989, pp. 124-126.
[27] Silva Luján G., “Carlos Lleras y Misael Pastrana: reformas del
Estado y crisis del Frente Nacional” en Nueva Historia de Colombia Volumen
II historia política 1946-1986 , Ed. Planeta, Bogotá, 1989, pp. 255-256.
[28] Noriega C.A., Fraude en la elección de Pastrana Borrero, ed.
Oveja Negra, Santafé de Bogotá, 1998, pp. 199-214
[29] Sentencia T- 1000 de 2000.
[30] Bloch M., Introducción a la historia, Fondo de Cultura
Económica, 1987, p. 81