C-698-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-698/08
Referencia: expediente D-7085
Demandantes: Néstor Eduardo Gómez Chacón y
Jessica Barrera García
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo
Magistrado Ponente
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos
mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales
y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en los
artículos 40 y 241 de la Constitución Nacional, los Ciudadanos Néstor
Eduardo Gómez Chacón y Jessica Barrera García solicitaron a esta Corporación
declarar la inexequibilidad de los
artículos 355 y 372 del Código Sustantivo del Trabajo.
Mediante auto del 13 de diciembre de 2007
el Magistrado Sustanciador resolvió inadmitir parte de la demanda interpuesta,
por cuanto a su juicio el cargo de inexequibilidad dirigido contra el artículo
372 del Código no permitía la realización del examen de exequibilidad dado que
la acusación formulada partía de una especial interpretación ofrecida por los
accionantes al segmento normativo demandado, lo cual resultaba contrario al
requisito de certeza; exigencia que impone a este tipo de demandas el
cumplimiento de una determinada carga argumentativa consistente en que el
reproche de inexequibilidad ha de dirigirse contra norma jurídica que se
desprenda efectivamente de la disposición demandada.
No obstante, el Despacho admitió la demanda
en el acápite específico en el cual se acusaba la inexequibilidad del artículo
355 del Código. En consecuencia, dispuso correr traslado de la acción promovida
al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor;
comunicó al Presidente del Congreso, al Presidente de la República y al
Ministerio del Interior y de Justicia para que, de considerarlo oportuno,
intervinieran en el proceso de constitucionalidad. Adicionalmente, ofició en el
mismo sentido al Director de la Confederación General del Trabajo (CGT), al
Director de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al Director de la
Escuela Nacional Sindical, al Director del Colegio de Abogados del Trabajo para
que intervinieran en el trámite de la acción. Para terminar, invitó a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas, a la
Comisión Andina de Juristas, al Instituto de Estudios Legales Alternativos, y a
las Facultades de Derecho de las Universidades Externado, de los Andes, Javeriana,
Libre, Nacional, Rosario y Jorge Tadeo Lozano para que participaran en el
proceso de la referencia.
Cumplidos los trámites indicados, propios
de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la
Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto correspondiente
a la disposición demandada:
Código Sustantivo del Trabajo
Decretos 2663 y 3743 de 1950
Adoptados por la Ley 141 de 1961
(…)
Artículo 355. Los sindicatos no pueden
tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro.
III. LA DEMANDA
A juicio de los Ciudadanos que iniciaron la
acción pública de inconstitucionalidad, el artículo demandado se opone a los
artículos 39 y 53 de la Constitución Nacional y a lo dispuesto en el Convenio
87 de la Organización Internacional del Trabajo -instrumento internacional que,
en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 93 superior, hace
parte del bloque de constitucionalidad-. Antes de explicar el cargo de
inexequibilidad formulado, la demanda se detiene en el examen de los diferentes
propósitos que en una sociedad democrática, marcada bajo la enseña del Estado
Social de Derecho, cumplen los movimientos sindicales. En tal sentido, luego de
examinar los diferentes objetivos que inspiran dicha organización, expone las
condiciones de mercado dentro de los cuales aquellas se desarrollan;
consideración que pretende justificar la necesidad de garantizar a las
asociaciones sindicales un considerable margen de autonomía financiera y
patrimonial que les permita desarrollar el notable fin de brindar protección a
los trabajadores sin ningún tipo de dependencia económica que pueda obstruir
tal propósito.
En segundo término, luego de examinar el
contenido normativo de los artículos 53 y 39 superiores, los accionantes
señalaron que de estas disposiciones se deduce la existencia de un espectro de
protección dentro del cual no resultan legítimas intervenciones por parte de la
organización estatal o de terceros. De ahí que la proscripción establecida en
el artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que limita
la obtención de los recursos económicos indispensables para la conservación y
el normal funcionamiento de las organizaciones sindicales, resulta ilegítima
dado que supone una “flagrante intromisión”[1]
que afecta un elemento definitivo de la independencia que debe ser asegurada al
movimiento sindical.
Por consiguiente, concluyen los
demandantes, el estudio de las disposiciones superiores que dan alcance al
derecho de asociación sindical permite concluir que el Estado se encuentra
llamado a permitir el desarrollo autónomo de aquellas actividades que, sin
desnaturalizar tal derecho, permitan su cabal ejercicio; observación que en el
caso concreto sugiere que la consagración del derecho de asociación sindical en
el texto constitucional supone para la organización estatal el deber de no
obstruir el desarrollo de labores económicas marginales que no alteren el
objeto principal de la organización, toda vez que su proscripción –tal como
ocurre en el caso específico de la disposición demandada- impide en la práctica
el sostenimiento y, más aún, la existencia de los sindicatos dentro de la
economía de mercado imperante.
Con fundamento en la anterior acusación,
los Ciudadanos solicitaron a la Sala Plena de esta Corporación declarar la
inexequibilidad del artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo por cuanto,
a su juicio, esta disposición vulnera el derecho de asociación sindical consagrado
en los artículos 39 y 53 superiores y en el Convenio 87 de la OIT
IV. INTERVENCIONES
4.1.- Universidad Jorge Tadeo Lozano
El Ciudadano Diego Germán Mejía Lemos,
actuando como representante de la institución universitaria, remitió concepto
solicitando a esta Corporación estarse a lo resuelto en sentencia C-797 de
2000. De manera puntual señaló que, de acuerdo al diseño de la acción pública
de constitucionalidad contenido en los artículos 241 y 243 de la Carta, existe
un conjunto de condiciones sustanciales de las cuales depende la procedibilidad
de la realización del juicio de exequibilidad, entre las cuales se encuentra “Que
no haya pronunciamientos en relación con la misma [disposición] con
efectos de cosa juzgada constitucional”[2].  En opinión
del interviniente en el caso concreto se habría configurado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional dado que en la providencia señalada la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad del artículo 355 demandado.
4.2.- Universidad del Rosario
Mediante escrito enviado a la Secretaría
General de esta Corporación el día 3 de marzo de 2008, el Ciudadano Alejandro
Venegas Franco, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la institución
universitaria, rindió concepto en el cual solicitó a la Corte Constitucional
declarar la existencia de cosa juzgada constitucional frente a la demanda
promovida por los accionantes contra el artículo 355 del estatuto del trabajo. Sobre
el particular, explicó que el mismo cargo formulado por los demandantes en esta
oportunidad había sido decidido en sentencia C-797 de 2000, providencia en la
cual la Corte resolvió declarar exequible el segmento normativo demandado. En
tal sentido, solicitó a la Sala estarse a lo resuelto en el aludido fallo por
la coincidencia sustancial del cargo formulado.
4.3.- Comisión Colombiana de Juristas
Mediante oficio recibido por la Secretaría
General de esta Corporación el día 28 de febrero de 2008, el Ciudadano Gustavo
Gallón Giraldo, actuando como representante de la organización no
gubernamental, solicitó a la Sala Plena “acogerse a lo resuelto en la
sentencia C-797/00 en lo relativo al artículo 355 del C.S.T”. Sobre
el particular, manifestó que en la anotada providencia la Corte Constitucional
realizó una precisión hermenéutica de la disposición que se ajusta
materialmente a las consideraciones sobre las cuales se apoya el cargo de
inexequibilidad planteado en esta oportunidad por los demandantes. En tal
sentido, en la medida en que en tal pronunciamiento la Corte restringió el
sentido interpretativo de la disposición garantizando protección al derecho de
asociación sindical, solicitó reiterar la decisión adoptada en la sentencia
C-797 de 2000.
4.4.- Ministerio de la Protección Social
En oficio recibido el día 28 de febrero del
año en curso, el Ciudadano Otoniel Camargo Ramírez, actuando como representante
del Ministerio, se opuso a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por
los Ciudadanos. Con el objetivo de fundamentar su oposición señaló que en la
práctica las organizaciones sindicales no se encuentran limitadas para la
realización de actividades comerciales que les permitan asegurar la provisión
de fondos de la cual depende el cumplimiento de su objeto social. En
consecuencia, a juicio del Ministerio, “[L]a norma no es prohibitiva:
los sindicatos realizan actividades dentro del marco de una economía
capitalista: recaban fondos de sus afiliados, hacen colectas, rifas, bailes,
bazares, venden sus libros y periódicos, adquieren sus sedes a través de
compraventas, pagan servicios públicos domiciliarios, reciben donaciones, etc.”[3].
En segundo término, señaló que, a pesar de la eventual orientación ideológica
de las organizaciones sindicales, su funcionamiento dentro de la economía de
mercado impone el cumplimiento de determinadas obligaciones provenientes de su
participación en el tráfico comercial. Al respecto, de manera textual señaló lo
siguiente: “[L]os sindicatos –algunos de los cuales pueden tener
justamente una ideología antisistema, no están por fuera del sistema
capitalista: tienen que pagar servicios públicos, pasajes, alojamientos,
alquileres, contratar servicios de impresión y un largo etcétera, en iguales
condiciones que cualquiera de nosotros: con moneda corriente”[4].
Para terminar, el representante del
Ministerio señaló que la disposición demandada pretendía asegurar la
conservación del fin constitucional al cual se orienta el movimiento sindical,
por cuanto la permisión del desarrollo de tales actividades comerciales
conllevaría a una perversión de éstas toda vez que la realización de dichas
empresas supone un considerable esfuerzo administrativo y presupuestal que
traería consigo la desprotección de los trabajadores a favor de quienes han
sido concebidos los sindicatos en nuestro ordenamiento constitucional.
4.5.- Central Unitaria de Trabajadores
En su calidad de Presidente de la
agremiación sindical, el Ciudadano Carlos Rodríguez Díaz emitió concepto con el
objetivo de “coadyuvar la demanda de inconstitucionalidad”[5]
interpuesta por los accionantes. En primer término se pronunció acerca de la
eventual configuración del fenómeno de la cosa juzgada con el objetivo de señalar
que en el caso particular de la demanda interpuesta por los accionantes, el
escrito de demanda fundamenta el cargo de inexequibilidad no sólo en la
violación de los artículos 39 y 44 superiores –tal como ocurrió en el proceso
de constitucionalidad que concluiría con la sentencia C-797 de 2000- sino que,
adicionalmente, el reproche de constitucionalidad incluye referentes normativos
que no fueron objeto de consideración en dicho pronunciamiento, tal como ocurre
con el Convenio 87 de la OIT.
En cuanto a la acusación precisa de
inconstitucionalidad, señala que la disposición demandada se opone a lo
dispuesto en los artículos 1, 2, 38, 39 53, 93 y 94 del texto constitucional y
al aludido instrumento internacional sobre libertad sindical. De manera puntual
indica que la proscripción, establecida en términos absolutos en el texto de la
disposición acusada, supone una desproporcionada limitación que en la práctica
obstruye la posibilidad efectiva de ejercer el derecho de asociación sindical
en la medida en que tales agremiaciones requieren el desarrollo de actividades
lucrativas que les permita asegurar una constante provisión de fondos que, a su
vez, garantice la continuidad de la labor de defensa de los trabajadores. En
consecuencia, solicita a la Sala Plena declarar la inexequibilidad del artículo
355 del Código Sustantivo del Trabajo.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
Mediante concepto número 4512, radicado
ante la Secretaría General el día 1° de abril de 2008, el Jefe del Ministerio
Público solicitó a esta Corporación “Estarse a lo resuelto en la Sentencia
C-797 de 2000 de la Corte Constitucional en relación con el artículo 355 del
Código Sustantivo del Trabajo, por existir cosa juzgada constitucional”.
En primer lugar la Vista fiscal realizó un
examen del cargo de inexequibilidad formulado por los demandantes contra la
disposición censurada, con el objetivo de poner de presente la identidad que
existe entre la acusación planteada en esta oportunidad y aquella que fue
resuelta por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia C-797 de 2000. A
continuación realizó una trascripción in extenso del aparte de la providencia
en el cual la Corte abordó el problema jurídico propuesto por la demanda en lo
relativo a la supuesta infracción al derecho de asociación sindical producto de
la limitación para el desarrollo de actividades comerciales o lucrativas, para
luego hacer hincapié en la decisión adoptada por la Sala, consistente en
declarar la exequibilidad de la disposición.
Formulado el anterior recuento, el
Procurador adelantó un breve examen de las disposiciones sobre las cuales se
apoya la “cosa juzgada constitucional”, análisis dentro del cual fueron
incluidos los artículos 243 superior, 6° del Decreto 2067 de 1991 y 48 de la
Ley 270 de 1996. Con fundamento en el análisis enunciado concluyó que, dada la
coincidencia entre los cargos planteados y al tenor de la decisión acogida por la
Sala Plena de esta Corporación en sentencia C-797 de 2000, en esta oportunidad
correspondía a la Corte estarse a los resuelto en dicha providencia.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º  de la
Carta.
Cuestión preliminar. La supuesta
configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal
Antes de llevar a cabo una valoración
material del cargo de inexequibilidad planteado por los demandantes contra el
artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo, es preciso adelantar un examen
previo encaminado a establecer la acusada configuración del fenómeno de la cosa
juzgada constitucional que ha sido señalada por varios intervinientes en el
proceso de constitucionalidad y por el Ministerio Público. Como ha sido
ampliamente indicado por la jurisprudencia constitucional, de concluir de manera
afirmativa dicho examen no resulta procedente la realización del control de
constitucionalidad de la disposición acusada[6].
En abundante jurisprudencia[7]
la Corte ha precisado que la figura de la cosa juzgada formal impone una
restricción a la labor de control de constitucionalidad de la ley en la medida
en que limita la realización de dicho examen cuando quiera que la disposición
acusada haya sido objeto de control en sede jurisdiccional por cargos idénticos.
Sobre el particular, en sentencia C-1189 de 2005 la Sala Plena de esta
Corporación señaló que en estos eventos coinciden los dos elementos que se
reseñan a continuación: (i) en primer lugar, existe una sentencia judicial en
la cual ha sido valorado el mismo texto normativo respecto del cual se ha
solicitado el examen de constitucionalidad (elemento formal); (ii) en segundo
término, se presenta una identidad en cuanto a los cargos por los cuales fue
llevado a cabo el enjuiciamiento de dicha disposición (elemento sustancial). Así
las cosas, ha señalado que en este supuesto la Corte debe ajustarse a la sentencia
judicial precedente. De manera puntual, en sentencia C-447 de 1997 la Sala indicó
que en este caso se encuentra de por medio el deber constitucional en cabeza de
la Corte Constitucional de guardar consistencia con las decisiones previas que el
Tribunal ha adoptado, tal como lo exigen los principios de seguridad jurídica e
igualdad que han sido consagrados en el texto superior.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
243 superior y 20 del Decreto 2067 de 1991, las sentencias proferidas por la
Corte Constitucional tienen valor de cosa juzgada, razón por la cual son de
obligatorio cumplimiento para la totalidad de las autoridades públicas y los
particulares. Lo anterior significa que, atendiendo los aludidos principios de
seguridad jurídica e igualdad, dichas providencias agotan la jurisdicción
constitucional e impiden volver sobre una disposición legal que ha sido objeto
de control judicial por parte de esta Corporación[8].
Así las cosas, la figura conocida en la jurisprudencia como la cosa juzgada
constitucional hace referencia a los efectos de las sentencias proferidas
por la Corte, con el objetivo de resaltar “su carácter inmutable y la
imposibilidad de presentar recursos en contra de las decisiones en ellas
consagradas”[9]
En este punto resulta oportuno resaltar una
distinción realizada por esta Corporación a propósito de su alcance, la cual
llama la atención sobre una precisión jurisprudencial que se ha realizado con
el objetivo de detallar los efectos de la figura. Se trata de la diferenciación
entre (i) cosa juzgada absoluta y (ii) cosa juzgada relativa.
En el primer evento el pronunciamiento de
constitucionalidad realizado por la Corte no se encuentra limitado por la
propia sentencia, razón por la cual se entiende que la norma ha sido declarada
exequible o inexequible, según sea el caso, como consecuencia de un examen
dentro del cual la norma censurada ha sido confrontada con la totalidad del
texto constitucional. Al respecto, en sentencia C-584 de 2002 la Sala Plena
señaló que “en principio debe entenderse que toda sentencia de
constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta, salvo que la propia
Corporación, bien de manera explicita en la parte resolutiva, o bien de manera
implícita en la parte motiva, restrinja el alcance de su decisión a los cargos
analizados en la sentencia”. De acuerdo a lo anterior, la configuración del
fenómeno de la cosa juzgada absoluta no sólo depende de una manifestación
expresa realizada dentro de la parte resolutiva de una sentencia de
constitucionalidad, pues adicionalmente, es posible esclarecer dicho asunto a
partir de un examen del contenido sustancial de la providencia.
Por su parte, la cosa juzgada relativa se presenta
cuando quiera que la determinación de la constitucionalidad de una disposición
particular no ha sido clausurada de manera definitiva debido a que en el fallo
de exequibilidad la Corte se ha limitado a realizar tal valoración mediante la
confrontación de la norma censurada con algún aparte puntual del texto
constitucional, con lo cual se encuentra vigente la posibilidad de iniciar un
nuevo examen siempre que el reproche de inexequibilidad encuentre sustento en
un cargo diferente al planteado en precedencia.
En estos términos, para efectos de resolver
la acción promovida por los Ciudadanos es menester determinar de manera
preliminar si respecto de la
acusación de inconstitucionalidad planteada se presenta el aludido fenómeno. En
tal sentido, es preciso examinar tanto el contenido de la providencia indicada
por los intervinientes que han solicitado a la Corte la emisión de un fallo
inhibitorio, como el sentido de la acusación desarrollada en la acción pública
promovida en dicha oportunidad.
En sentencia C-797 de 2000 la Corte examinó
la constitucionalidad de un nutrido grupo de disposiciones inscritas en el
Código Sustantivo del Trabajo las cuales fueron demandadas con fundamento en
cargos de inexequibilidad de diversa índole. De manera específica, el reproche
de constitucionalidad dirigido contra el artículo 355 encontraba sustento en tres
acusaciones: (i) en primer lugar, el demandante señaló que la disposición
vulneraba el derecho de asociación sindical consignado en el artículo 39
superior en la medida en que establecía una infundada restricción que aparta a
las organizaciones sindicales de la posibilidad de desarrollar actividades
comerciales; limitación que no resultaba aplicable a asociaciones de otro tipo,
lo cual a su vez constituiría una infracción del principio de igualdad. De ahí
que, a juicio del accionante, sin fundamento constitucional atendible y con
grave desmedro del derecho de asociación sindical, se estaría imponiendo una
seria limitación que constituiría un acto de discriminación en atención a que
no habría principio constitucional legítimo que justificara la distinción
planteada por la disposición.
(ii) En segundo término, el Ciudadano señaló
que el artículo 355 del Código infringía el principio de “autonomía sindical”
dado que impide la obtención de los recursos económicos que resultan
indispensables para este tipo de organizaciones. Como consecuencia de dicha
vulneración, la disposición mantendría a los sindicatos en una situación de “inferioridad”
que, en opinión del demandante, obstaculizaría de facto el cumplimiento
de los objetivos que inspiran la organización. Textualmente, en dicha
providencia se resumió el correspondiente cargo en los siguientes términos:
[S]e vulnera el
principio de  autonomía sindical, porque se restringe injustificadamente una
actividad a los sindicatos que los priva de fuentes de ingreso para su
sostenimiento y los coloca en una posición de manifiesta inferioridad económica
que repercute en la defensa de los intereses de los trabajadores que
representa, dado que cuando se presentan conflictos con los empleadores la
falta de recursos económicos para solventarlos adecuadamente puede incidir en
su sometimiento a la voluntad de éstos.
(iii) Para terminar, el Ciudadano esgrimió
una última razón de inconstitucionalidad consistente en que el artículo 355 se
opondría a la libertad económica consagrada en el artículo 333 de la
Constitución Nacional en atención a que la disposición estaría desconociendo el
derecho de autonomía en cabeza de las asociación sindicales en virtud del cual
aquellas podrían formular de manera independiente “sus programas e
inversiones para el logro de sus objetivos”; garantía que contendría como
elemento esencial de la aludida libertad el ejercicio de actividades económicas
que aseguren la provisión de los recursos económicos requeridos.
De acuerdo al anterior examen, la demanda
que luego concluiría con la expedición de la sentencia C-797 de 2000 planteó
varios problemas jurídicos  que fueron resueltos por la Corte Constitucional al
declarar la exequibilidad del artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo:
(i) ¿la restricción impuesta a las organizaciones sindicales, en virtud de la
cual no les es permitido desarrollar “actividades con fines de lucro”,
constituye una discriminación en contra de dichas organizaciones, al tener en
cuenta que tal limitación no resulta aplicable a otro tipo de asociaciones?
(ii) ¿el establecimiento de tal prohibición infringe el derecho de asociación
sindical en la medida en que dificulta la obtención de los recursos económicos
requeridos para el desarrollo independiente y autónomo de las actividades
laborales y sociales por las cuales han sido creadas dichas agremiaciones?
(iii) ¿la libertad económica consagrada en el artículo 333 superior incluye, en
el caso específico de las asociaciones sindicales, la potestad de desarrollar
actividades comerciales?
Con el objetivo de absolver tales
planteamientos, la Corte realizó una abundante reiteración jurisprudencial a
propósito del alcance del derecho fundamental de asociación sindical. En tal
sentido, luego de examinar el propósito y fundamento sobre los cuales descansa
la consagración de esta modalidad específica del derecho de asociación[10],
realizó un detenido análisis de las disposiciones constitucionales e
internacionales –estas últimas incluidas en el bloque de constitucionalidad- a
partir de las cuales se logra la configuración jurídica del derecho. Para
terminar, especificó el contenido de esta libertad[11],
al tiempo que demarcó las fronteras jurídicas a las cuales se encuentra
sometida. Una vez concluido el anterior recuento normativo y jurisprudencial, la
Corte procedió a analizar de manera individual los cargos propuestos contra
cada una de las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo cuya
inconstitucionalidad había sido demandada por el accionante.
Dada su importancia para efectos de
establecer la eventual existencia de cosa juzgada, se trascribe a continuación
el aparte de la providencia en el cual la Corte acometió el estudio de
constitucionalidad de la disposición:
3.2. ANÁLISIS DE LOS
CARGOS.
3.2.1. Artículos 355 y
379 literal d). Prohibición a los sindicatos de ejercer actividades lucrativas
y de efectuar operaciones comerciales.
El art. 355 establece que
los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o
actividades con fines de lucro.
A juicio de la Corte la
referida disposición debe ser interpretada, en el sentido de que este tipo de
organizaciones no pueden tener como objeto único la realización de negocios o
actividades lucrativas, pues si ello estuviera permitido se desnaturalizarían
sus funciones y perderían lo que es de la esencia y la razón de su existencia,
como representantes y defensores de los intereses comunes de sus afiliados. Es
decir, perderían su identidad y podrían confundirse con las sociedades
comerciales que persiguen la realización de un  objetivo comercial, con fines
de lucro.
En tales circunstancias,
considera la Corte que la norma acusada se ajusta a la Constitución, y será
declarada exequible.
Con fundamento en tal consideración, en la
parte resolutiva de la providencia la Sala Plena de esta Corporación adoptó la
siguiente decisión:
“CUARTO.
Declarar EXEQUIBLE el art. 355 e INEXEQUIBLE la expresión acusada
del literal d) del art. 379 del C.S.T.”
A la luz del examen realizado hasta ahora, la
Corte estima que en el caso concreto se presenta el fenómeno de la cosa juzgada
formal absoluta; circunstancia que impide la realización de un nuevo juicio de
constitucionalidad del artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo.
La Sala arriba a la anterior conclusión por
las razones que a continuación se exponen: En primer lugar, la parte resolutiva
de la sentencia C-797 de 2000 no deja asomo de duda en cuanto al alcance de la
decisión adoptada respecto de la exequibilidad de la disposición demandada. En
tal sentido, resulta evidente que el fallo de constitucionalidad no fue
supeditado al reproche de inexequibilidad formulado en la demanda promovida en
dicha ocasión, pues, al contrario, la Sala Plena declaró la constitucionalidad del
artículo 355 del Código sin condicionamientos de alguna índole; lo cual da pie
a la aplicación de la consideración desarrollada en sentencia C-584 de 2002,
anteriormente reseñada, según la cual en estos eventos ha de aplicarse el
principio general que establece que toda sentencia de constitucionalidad hace
tránsito a cosa juzgada absoluta, a menos que el mismo Tribunal indique, bien
de manera explícita o implícita, una restricción en cuanto al alcance de la
decisión respecto de los cargos examinados en la providencia.
La conclusión anterior resulta suficiente
para que la Corte desestime la acción de inconstitucionalidad promovida por los
Ciudadanos contra el artículo 355 del estatuto del trabajo. Empero, existen
razones adicionales que confirman la decisión de estarse a lo resuelto en
sentencia C-797 de 2003. En tal sentido, observa la Sala que la acción no sólo
fue dirigida por los demandantes contra la misma disposición cuya exequibilidad
fue decidida en los términos que acaban de ser examinados; sino que,
adicionalmente, el reproche de inconstitucionalidad planteado en esta
oportunidad en el escrito de demanda coincide sustancialmente con uno de los
cargos que fue analizado en la citada sentencia C-797 de 2003.
La conclusión anterior surge de la
comparación entre las dos acciones promovidas: en esta ocasión los demandantes explican
la acusación de inconstitucionalidad en los siguientes términos “Es claro
que de acuerdo a la Carta Política y los Convenios Internacionales ratificados
por Colombia, le es reconocido a los sindicatos la posibilidad de gozar de
cierta autonomía, no absoluta, para que integrando sus propios estatutos y
organizando su administración y actividades, pueda, quedando fuera del margen
interventor del Estado, hacer que el derecho de asociación despliegue a
cabalidad sus efectos en aras de proteger a quienes con base en este derecho
reconocido se agrupan y puedan cumplir en un plano realista la función
primordial del sindicado (Sic) que es, como se dijo, defender los
intereses de clase de quienes siendo trabajadores así se agrupan; a nuestra
manera de ver y en conjunción con el artículo 39 de la Constitución Política, tal
objeto que es de la naturaleza del derecho, no puede ni podrá jamás cumplirse
si de entrada se le niega a tales agrupaciones aumentar y extender el alcance
de cualquier labor y aumentar con este el contrapeso al empleador, con el fin
de hacer que de un verdadero puje de intereses surjan en el marco del Estado
Social de Derecho, relaciones de trabajo más igualitarias”[12]
(Énfasis fuera de texto)
Esta acusación coincide de manera plena con
el segundo cargo de inexequibilidad que fue formulado contra el mismo artículo
355 del Código Sustantivo del Trabajo en la sentencia C-797 de 2000[13].
Como fue indicado en precedencia, en dicho proceso de constitucionalidad el
demandante señaló que, además de constituir una discriminación infundada
(artículo 13 superior) e infringir la libertad económica consagrada en el
artículo 333 superior, la disposición censurada vulneraba el derecho de
asociación sindical por cuanto limitaba la obtención de recursos indispensables
para el desarrollo de los fines de las asociaciones sindicales.
Para la Corte es evidente que el fundamento
de la acusación es idéntico, toda vez que las dos demandas coinciden en señalar
que el artículo señalado mengua de manera desproporcionada el derecho de
asociación sindical, al punto de hacerlo nugatorio, dado que priva a tales
asociaciones de la posibilidad de recabar los recursos económicos necesarios
para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos que animan la congregación
de los trabajadores en los sindicatos. Aunado a lo anterior, la Sala observa
que las dos demandas concurren en el señalamiento según el cual la disposición
pone a los asociados en una situación de “inferioridad”. Los demandantes
coinciden en señalar que la limitación impuesta por la disposición rompe el
equilibrio que pretende conseguir la labor de defensa de los intereses de los
trabajadores llevada a cabo por estas asociaciones. Así las cosas, la Sala
Plena concluye que, en atención a que el cargo de inconstitucionalidad
formulado por los demandantes en esta oportunidad resulta idéntico al planteado
en la sentencia C-797 de 2000, la solución al problema jurídico que fue
sugerido a la Corte en dicha oportunidad ha de ser reiterada en esta
oportunidad en la medida en que el escenario fáctico y jurídico dentro del cual
fue resuelta la acción precedente no ha sido modificado.
En suma, dada la acreditada configuración de
la cosa juzgada formal absoluta respecto de la exequibilidad del artículo 355
del Código Sustantivo del Trabajo, la Sala Plena de esta Corporación se estará
a lo resuelto en la sentencia C-797 de 2000.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-797 de 2000 y, en consecuencia, declarar exequible
el artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno 1, folio 12
[2] Cuaderno 1, folio 64
[3] Cuaderno 1, folio 75
[4] Cuaderno 1, folio 76
[5] Cuaderno 2, folio 1
[6] Sentencias C-627 de
2003, C-394 de 2002, C-030 de 2003, C-310 de 2002, C-394 de 2002, C-1216 de
2001, C-210 de 2003, C-155 de 2007, C-308 de 2007, entre otras
[7] Sentencias C-096 de
2003, C-004 de 1993, C-170 de 1993, C-569 de 2003, C-548 de 1994, entre otras
[8] Sentencia C-155 de
2007
[9] Sentencia C-211 de
2003
[10] En la providencia
en comento se trascribió el siguiente apartado de la sentencia T-441 de 1992: “Se
concluye que el derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que
tiene una función estructural qué desempeñar, en cuanto constituye una vía de
realización y reafirmación de un estado social y democrático de derecho, más
aún cuando este derecho que permite la integración del individuo a la pluralidad
de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un
particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática  y,
es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público”
[11] Sentencia C-797 de 2000 “Considera la Corte, en
consecuencia, que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los
trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través
de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como
grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica
la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones;
ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las
referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas
jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el
poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la
organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus
miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación,
constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación,
procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura,
organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente
convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios
estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer
el legislador conforme al inciso 2 del art. 39; iv) La facultad de las
asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de
su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que
mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de
que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o
la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad
administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones
sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones
nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades
públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar
acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad
sindical”
[12] Cuaderno 1, folio 12
[13] Vid supra