T-475-18
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-475/18
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en el que se omitió valorar o valoró equivocadamente el material
probatorio en un proceso de reparación directa
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO
FACTICO-Dimensión negativa y positiva
INFORME
POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO-Requisitos
INFORME
POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO-No
es un informe pericial sino un informe descriptivo
El marco normativo y el manual permiten establecer que
el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un
informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación
propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de
prueba. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe
debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las
preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el
agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del
diligenciamiento entienda que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer
parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un
material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico, por cuanto se clasificó el informe
policial de accidente de tránsito como informe pericial y se le dio alcance
probatorio inadecuado en proceso de reparación directa
Referencia: Expediente T-6.722.689.
Acción de tutela formulada por Mayerly Castellanos
Rojas, Leidy Yohana Cruz Velásquez, Dilan Santiago Asencio Cruz, Yonier David
Cruz Velásquez, Rigoberto Cruz Rico, María Irma Velásquez Rincón y Lyda
Cristina Malagón Velásquez contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil
dieciocho (2018).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Diana Fajardo Rivera, Carlos
Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela adoptado
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, el 1º de marzo de 2018, que
confirmó la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda -
Subsección B-, el 30 de octubre de
2017, que había denegado el amparo solicitado dentro de la
acción de tutela instaurada por
Mayerly Castellanos Rojas, Leidy Yohana Cruz Velásquez, Dilan Santiago Asencio
Cruz, Yonier David Cruz Velásquez, Rigoberto Cruz Rico, María Irma Velásquez
Rincón y Lyda Cristina Malagón Velásquez contra el Tribunal Administrativo del
Tolima.
La Sala de Selección de Tutelas Número Cinco[1] de la Corte Constitucional, por Auto[2] del 21
de mayo de 2018, seleccionó el Expediente T-6.722.689 para su revisión y, según
el sorteo realizado, lo repartió al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos
para que tramitara y proyectara la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
El 31 de
agosto 2017, Mayerly Castellanos Rojas, Leidy Yohana Cruz Velásquez, Dilan
Santiago Asencio Cruz, Yonier David Cruz Velásquez, Rigoberto Cruz Rico, María
Irma Velásquez Rincón y Lyda Cristina Malagón Velásquez formularon acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
Hechos y pretensiones de la demanda
1. Los peticionarios indicaron que el 18 de
julio de 2011, Rigoberto Cruz Rico, Leidy Yohana Cruz Velásquez, Dilan Santiago
Asencio Cruz, Mayerly Castellanos Rojas y Cristina Malagón Velásquez se
movilizaban por la vía que de Venadillo (Tolima) conduce a Ibagué, en un
vehículo (Renault R4 Export, color rojo y placa número MCF870), el cual fue investido
por otro automotor (Hyundai, tipo tracto camión y placa número SMK505) de propiedad
del Ejército Nacional, que era conducido por el soldado Víctor Manuel Ramos Lombana,
miembro de dicha institución.
2. Relataron que la colisión (i) expulsó de la
vía a las cinco personas anteriormente señaladas, por lo que sufrieron
múltiples heridas que dejaron secuelas permanentes en su cuerpo, y (ii) produjo
la pérdida total del vehículo en el cual se movilizaban.
3. Manifestaron que, según el informe del
accidente de tránsito, el vehículo de propiedad del Ejército Nacional se
movilizaba sin mantener la distancia de seguridad y sin respetar los límites de
velocidad.
4. Por lo anterior, formularon demanda a
través del medio de control de reparación directa contra la Nación -Ministerio
de Defensa- Ejército Nacional-, correspondiéndole al Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Ibagué y radicada con el
número 73001-3333-005-2013-00070-00.
5. En sentencia del 21 de agosto de 2015, el
referido Juzgado declaró patrimonial y extracontractualmente responsable a la
Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-, por lo que condenó a la
parte demandada a pagar a los demandantes los perjuicios materiales e inmateriales
que sufrieron con ocasión del mencionado accidente de tránsito los accionantes.
La decisión fue apelada por el extremo demandado.
6. El Tribunal Administrativo del Tolima, en
sentencia del 24 de abril de 2017, revocó la decisión recurrida y, en su lugar,
denegó la pretensiones de la demanda, al estimar que no se acreditó la
legitimación en la causa por pasiva, pues no se allegó prueba con la cual se
demostrara que el automotor de placa número SMK505 perteneciera al Ejército
Nacional. Expuso que en virtud de lo establecido en el artículo 922 del Código
de Comercio y la Ley 769 de 2002, únicamente se podía atribuir la propiedad con
el certificado expedido por la autoridad correspondiente, y a pesar de que se
allegó copia de la respectiva licencia de tránsito, donde aparece que el
Ejército Nacional era titular para el 20 de abril de 2007, no podía concluirse
que conservaba esa calidad para el 18 de julio de 2011, fecha en la que ocurrió
el accidente[3].
7. Alegan los actores que el Tribunal
censurado incurrió en defecto fáctico, por cuanto “no se consideró lo
establecido en el informe policial del accidente acaecido, que determinó que el
vehículo de propiedad del Ejército Nacional golpeó por la parte trasera al
automotor en el cual se movilizaban los peticionarios, siendo las causas
probables del accidente el exceso de velocidad (117.8 km) y no mantener la
distancia de seguridad, además, lo consignado en el oficio 20144101126191, en
el cual se determinó que el vehículo de placa SMK-505 se encontraba asignado al
Batallón de transportes N° 1 ‘TARAPACA’ ubicado en la ciudad de Bogotá y
cumplía la orden de operaciones Jinete clave M-95 emitida por el comando del
Ejército.”
8. Agregaron que a partir de los elementos probatorios
se podía inferir que el daño que se les causó era imputable a la entidad
accionada, toda vez que se produjo como consecuencia de una conducta realizada
por un integrante activo del Ejército y, por tanto, era procedente declarar la
responsabilidad extracontractual reclamada.
9. Con base en lo anterior, los accionantes
solicitaron que: (i) se ampare su derecho fundamental al debido proceso; (ii)
se ordene dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima; y (iii) se ordene a ese Tribunal adoptar una nueva decisión
en la cual se valoren adecuadamente las pruebas arrimadas al proceso.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
1. Sentencia[4]
proferida el 21 de agosto de 2015 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Descongestión del Circuito de Ibagué, en el marco del proceso de reparación
directa Nº 2013-00070-01, y con la cual declaró patrimonial y
extracontractualmente responsable a la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional-.
2. Fallo[5]
adoptado el 24 de abril de 2017
por el Tribunal Administrativo del Tolima, que revocó la decisión anteriormente
referida y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
Actuación procesal
1. Por auto[6] del 5 de septiembre de 2017, el Consejo de Estado, Sección Segunda-
Subsección B- admitió la acción de tutela y corrió traslado al Tribunal
censurado para que ejerciera su derecho de defensa. Al tiempo, vinculó a la
Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, como parte demandada en el
proceso de reparación directa, para que ejerciera su derecho de contradicción.
2. Mediante escrito[7] del 13 de septiembre de
2017, el Despacho acusado se limitó a manifestar que de la lectura del escrito
de tutela, se evidencia que existen criterios de interpretación de “normas
disímiles” entre el extremo accionante y ese Tribunal, por lo que no se
advierte la vulneración de derechos fundamentales.
3. Por respuesta[8] del 14 de septiembre de
2017, la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, señaló que,
contrario a lo expuesto por los accionantes, el Tribunal Administrativo de
Tolima sí analizó la totalidad del acervo probatorio allegado al proceso,
conforme con el cual se demostró que no existió responsabilidad alguna de esa entidad.
Sentencia de primera instancia
En fallo[9]
del 30 de octubre de
2017, el Consejo de Estado,
Sección Segunda -Subsección B- denegó el amparo, al indicar que “el análisis
probatorio efectuado por el Tribunal Administrativo de Tolima, no permite
advertir que la sentencia acusada incurrió en vía de hecho por defecto fáctico,
toda vez que la misma realizó un estudio razonable de las pruebas documentales
aportadas al proceso ordinario, que le permitió concluir que no se acreditó que
el Ejército Nacional fuera el propietario del automotor de placas SMK-505 con
el cual colisionaron los accionantes.”
Impugnación
La parte accionante presentó escrito[10] de impugnación para
poner de presente que el a quo no observó que el Tribunal accionado sometió a un nuevo análisis jurídico y probatorio los hechos
del accidente de tránsito, restándole valor probatorio al informe policial
allegado con la demanda, documento que no fue tachado por la demandada en
ningún momento y que, además, es la única prueba documental que da cuenta de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció el siniestro.
Sentencia de segunda instancia
En sentencia[11]
del 1º de marzo de 2018, el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, confirmó el fallo impugnado. Expuso que el Tribunal
cuestionado no restó valor probatorio al informe policial, toda vez que en
ningún momento declara que haya prosperado alguna tacha en su contra. Por el
contrario, lo valoró conforme a las reglas de la sana crítica y la ley
procesal, de modo que no se configuró un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria.
II. ACTUACIÓN PROCESAL EN SEDE DE
REVISIÓN
1. Teniendo
en cuenta que el artículo 64 del Acuerdo
02 de 2015 faculta al juez constitucional para que tome un rol activo en el
recaudo de elementos de convicción y decrete de oficio otros que estime
convenientes para el esclarecimiento de la situación fáctica en que se apoya la
acción, el Despacho del Magistrado
Sustanciador solicitó[12]
al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué que dispusiera la
remisión en calidad de préstamo del expediente contentivo del proceso de
reparación directa promovido por los aquí accionantes, cuyo radicado
corresponde al número 73001-3333-005-2013-00070-00.
2. Remitido dicho expediente por el referido operador judicial, éste fue
recibido por el Despacho Sustanciador el 6 de julio de 2018[13].
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Análisis de los presupuestos generales de procedencia excepcional
2. Conforme a la situación fáctica del asunto, la Sala
iniciará por establecer si concurren los requisitos generales de procedencia
excepcional de la tutela contra providencia judicial. Para ello, se reiterarán
las reglas jurisprudenciales en la materia y, con base en ellas, se verificará
el cumplimiento de esas exigencias. De observarse los presupuestos generales, la
Sala abordará el examen de fondo.
Presupuestos generales de procedencia excepcional de
la acción de tutela formulada contra providencia judicial
3. Esta Corte
ha sostenido que es posible formular acción de tutela contra decisiones
judiciales que desconozcan derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho
al debido proceso invocado en esta ocasión por los demandantes. En el fallo
C-590 de 2005 se abandonó el concepto de vía de hecho por los de
causales específicas para la procedencia del amparo. No obstante, antes de
examinar si se incurrió en un defecto específico se debe constatar el
cumplimiento de los siguientes requisitos generales:
(i) Relevancia constitucional. (ii) Agotar los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. (iii) Inmediatez. (iv) Que de
tratarse de irregularidades procesales, las mismas hayan tenido incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
(v) Identificación de los hechos vulneradores y los derechos vulnerados. Y (vi)
que no se trate de tutela instaurada contra sentencias adoptadas en el marco de
procesos de tutela, constitucionalidad y nulidad por
inconstitucionalidad -Consejo de Estado-[14].
Relevancia constitucional
4. Básicamente se ha señalado que este presupuesto se
cumple cuando se verifica que el
asunto involucra algún debate jurídico que gira en torno al contenido, alcance
y goce de cualquier derecho fundamental[15].
5. La Sala
observa que el presente caso es de evidente relevancia constitucional, por
cuanto está inmerso en una controversia iusfundamental que
gira en torno al presunto desconocimiento del derecho al debido proceso de los
demandantes, por parte del Tribunal Administrativo del Tolima en el marco del
trámite que promovieron los accionantes a través del medio de control de
reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-,
con el propósito de que se declarara la responsabilidad extracontractual
patrimonial por los perjuicios materiales e inmateriales que sufrieron Mayerly
Castellano Rojas, Rigoberto Cruz Rico, Lyda Cristina Malagón Velásquez, Leidy
Johana Cruz Velásquez, Dilan Santiago Asencio Cruz, Yoiner David Cruz Velásquez
y María Irma Velásquez Rincón, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido
el 18 de julio de 2011.
Se trata
de un debate jurídico relacionado directamente con una garantía y/o derecho
fundamental de la Carta Política previsto en el artículo 29, cuya resolución es
de competencia de la Corte Constitucional.
Agotar los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial
6. La acción de tutela es un medio de protección de
carácter residual y subsidiario que puede utilizarse frente a la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de
defensa o, existiendo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[16].
7. La Sala considera cumplido este presupuesto, dado que los actores no cuentan con otros mecanismos judiciales para cuestionar
la sentencia adoptada en sede de segunda instancia por el Tribunal acusado y,
de esta forma, reclamar la protección efectiva del derecho fundamental invocado.
7.1. La Sala descarta la posibilidad de que los peticionarios
puedan hacer uso del recurso
extraordinario de revisión para obtener la salvaguarda de sus intereses, como se pone de presente a continuación.
(i) En virtud de lo establecido en los
artículos 248 y 250 de la Ley 1437 de 2011, la mencionada herramienta judicial
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos, siempre y cuando
se presente alguna de las siguientes causales taxativas:
“1.
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y
que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen
de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que
hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor
de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una
prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria
o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de
las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
(ii) Vistas esas causales a la luz de la situación fáctica que dio lugar al caso
tutelar, para esta Sala es
notorio que el reclamo iusfundamental de los actores, dirigido a censurar el presunto
yerro fáctico en que haya podido incurrir la Corporación judicial censurada, no se ajusta a ninguna de las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión, por cuanto los demandantes cuestionan
un supuesto equívoco inmanente
o interno al proceso que adelantaron a través del medio de control de reparación directa y no aspectos trascendentes o externos al
mismo.
7.2. Si se llegare a pensar en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, la Sala advierte que es
imposible exigir a los tutelantes el agotamiento de dicho recurso, toda vez
que, según lo previsto en el artículo 258[17]
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
habrá lugar a ese mecanismo cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga
a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, lo cual no acontece en
esta oportunidad, pues no se evidencia pronunciamiento alguno de unificación de
la máxima autoridad judicial de la jurisdicción de lo Contencioso
administrativo que haya sido contrariado por la decisión del Tribunal
Administrativo del Tolima.
Inmediatez
8. Se ha
indicado que la acción de
tutela debe ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta
proximidad a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o
amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo
pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de
protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la
inminencia y necesidad de protección constitucional[18].
9. Para constatar la observancia de este requisito, la
Corte ha reiterado que se debe comprobar cualquiera de estas situaciones: (i) si resulta razonable el tiempo
comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o
constitutivo de la amenaza de algún derecho fundamental y, el día en que se
formuló la acción de tutela[19];
y/o (ii) si resulta razonable el lapso comprendido entre el día en que cesaron
los efectos de la última actuación que el accionante desplegó en defensa de sus
derechos presuntamente vulnerados y el día en que se solicitó el amparo[20].
10. La
Sala considera cumplida esta exigencia, toda vez que el 24 de abril de 2017 el Tribunal Administrativo del
Tolima adoptó la sentencia que se acusa y la acción de tutela se formuló el 31
de agosto del mismo año, es decir, 4
meses y 7 días después, lapso que resulta razonable.
Que de tratarse de irregularidades procesales, las
mismas hayan tenido incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos
fundamentales
11. La Sala observa que este requisito no es aplicable al asunto objeto de
estudio, por cuanto la presunta anomalía alegada por los accionantes es de
carácter sustantivo y no de naturaleza procesal.
Identificación de los hechos vulneradores
y los derechos vulnerados
12. De igual
manera la Sala encuentra reunido este presupuesto. Los tutelantes identificaron
como fuente de la presunta vulneración la sentencia proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima en el marco del trámite que
adelantaron los peticionarios a través del medio de control de reparación
directa contra la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-, cuyo
radicado correspondió al número 73001-3333-005-2013-00070-00.
Los demandantes afirmaron que el operador judicial censurado desconoció su
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 Superior), pues, a su
parecer, incurrió en defecto fáctico, ya que no tuvo en cuenta (i) el informe
policial del accidente de tránsito, en el cual se determinó que el vehículo de
propiedad del Ejército Nacional golpeó la parte trasera del automotor en el que
se movilizaban los actores, siendo las causas probables de dicho accidente el
exceso de velocidad (117.8 km) y no mantener la distancia de seguridad; y (ii) el
oficio 20144101126191 por el cual se determinó que el vehículo de placa SMK-505
se encontraba asignado al Batallón de Transportes N° 1 “TARAPACA”, ubicado en Bogotá,
y que cumplía la orden de operaciones Jinete clave M-95, emitida por el Comando
del Ejército.
Que no se trate de tutela contra
sentencias de tutela, constitucionalidad
y nulidad por inconstitucionalidad
13. Para la Sala esta exigencia también se
cumple, ya que el caso no alude a una solicitud de amparo instaurada contra
decisiones adoptadas en el marco de procesos de tutela, constitucionalidad
y nulidad por inconstitucionalidad -Consejo de Estado-. Lo que se cuestiona es la sentencia que
profirió el Tribunal en segunda instancia dentro del proceso administrativo señalado.
14. Dada la concurrencia de todos los presupuestos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pasa la Sala a abordar el examen de fondo del asunto.
Problema jurídico a resolver y metodología de
resolución
15. Según los antecedentes reseñados en este pronunciamiento,
corresponde a la Sala Novena de Revisión resolver el problema jurídico que a
continuación se plantea: ¿vulneró el Tribunal Administrativo del Tolima el derecho fundamental al debido
proceso de los accionantes por presuntamente haber incurrido en defecto fáctico,
toda vez que omitió valorar y/o valoró equívocamente elementos
materiales de prueba obrantes en el expediente contentivo del trámite que
adelantaron los peticionarios a través del medio de control de reparación
directa contra la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-, cuyo radicado
es el número 73001-3333-005-2013-00070-00?
16. Para tal cometido, se desarrollará lo siguiente: (i) causales específicas de procedencia excepcional
de la tutela contra providencias judiciales, (ii) breve
caracterización del defecto
fáctico, y (iii) jurisprudencia
constitucional relacionada con la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso por parte de operadores judiciales cuando incurren en defecto fáctico
en el marco de trámites adelantados a través del medio de control de reparación
directa, ya sea por omitir valorar y/o valorar defectuosamente elementos
probatorios que obran en los expedientes contentivos de los respectivos
procesos ordinarios. Con
base en lo anterior, se solucionará el caso concreto.
Causales específicas de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia
17. Además de los presupuestos generales de
procedencia constatados en precedencia, la Corte Constitucional también ha
identificado requisitos o causales específicas en cuanto a la procedibilidad de
la acción de tutela contra sentencias, a efecto de obtener el amparo del
derecho fundamental al debido proceso. Al respecto, en el ya citado fallo C-590
de 2005, esta Corporación determinó que debe acreditarse por lo menos una de
las siguientes causales específicas:
“a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[21]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[22].
i. Violación directa de la Constitución.”[23]
Breve caracterización del defecto fáctico.
Reiteración de jurisprudencia[24]
18. De conformidad con la jurisprudencia
constitucional[25],
precisada en la sentencia de unificación SU-195 de 2012, el defecto fáctico “tiene lugar siempre que resulte evidente que
el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez para resolver un caso es
absolutamente inadecuado[26]. Para este Tribunal ‘Si bien el juzgador goza
de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar
su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios de la sana crítica […]´[27], dicho poder jamás puede ejercerse de manera
arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la
adopción de criterios objetivos[28], no simplemente supuestos por el juez,
racionales[29], es decir, que ponderen la magnitud y el
impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos[30], esto es, que materialicen la función de
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas[31].”[32]
19. Se ha sostenido que el defecto fáctico se
puede concretar en dos dimensiones: una omisiva y una positiva. “La primera,
la dimensión omisiva, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[33]. La segunda, la dimensión positiva, abarca la
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar,
sin desconocer la Constitución[34].”[35]
19.1. En relación con la dimensión omisiva,
esta alude a “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa
de la prueba[36] que se presenta cuando el juez simplemente
ignora la prueba u omite su valoración[37], cuando sin razón valedera da por no probado
el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[38].”[39]
19.2. Respecto a la dimensión positiva, “se
presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.)[40].”[41]
20. Se ha señalado que la acción de tutela
contra providencias judiciales fundada en este defecto es viable cuando la
negativa a decretar o valorar la prueba o el error en la valoración de la misma
es “de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[42].
21. Ahora bien, la jurisprudencia de esta
Corte ha identificado las siguientes manifestaciones del defecto fáctico: (i)
la omisión en el decreto y práctica de pruebas, (ii) la no valoración del
acervo probatorio y (iii) la valoración defectuosa del material probatorio.
Cada una de ellas consiste en lo que a continuación se transcribe:
“1. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas.
Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la
práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida
conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido[43].
2. Defecto fáctico por la no valoración
del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de
que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente[44].
3. Defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva[45].”[46]
Jurisprudencia constitucional relacionada con la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso por parte de operadores
judiciales cuando incurren en defecto fáctico en el marco de trámites
adelantados a través del medio de control de reparación directa, ya sea por
omitir valorar y/o valorar equívocamente elementos probatorios que obran en los
expedientes contentivos de los respectivos procesos ordinarios
22. Examinada la jurisprudencia de esta Corporación,
esta Sala encuentra los siguientes pronunciamientos que a la fecha han sido
adoptados en la materia por la Sala Plena y algunas Salas de Revisión: T-599 de 2009, SU-915 de 2013, T-647 de 2014, T-339 de 2015, T-535 de 2015, SU-454 de 2016, T-582 de 2016, T-698 de 2016, T-202
de 2017, SU-355 de 2017 y T-041 de 2018, cuyo alcance se pasa a exponer a continuación.
23. Mediante sentencia T-599 de 2009, se conoció el caso de demanda de
reparación directa formulada por una señora a quien le causaron graves daños en
su vivienda por una incursión guerrillera en el año 2000. La demandante allegó
como prueba un oficio dirigido al Gobernador del Departamento del Huila, al
Presidente de la República, al Comandante de la Brigada del Ejército, al
Coordinador de la Red de Solidaridad Social y al Obispo de la Diócesis por el
Alcalde Municipal, el Personero Municipal y el Párroco, en el cual se les dio a
conocer la urgencia de proteger la población por la inminencia de una toma
guerrillera. Oficio que en sentir de la accionante fue valorado de manera
indebida, cuando en otro proceso, por los mismos hechos sí fue apreciado
debidamente.
El Tribunal Administrativo del Huila negó las
pretensiones porque el documento que daba cuenta de la incursión subversiva fue
aportado en copia simple y no podía ser considerado como medio de prueba.
Además, porque se trató de una agresión indiscriminada, dirigida a todos los
residentes del municipio, mas no se dirigió exclusivamente contra instituciones
estatales, afectando la vida de varias personas, así como la Alcaldía, la
Estación de Policía, la Casa de la Cultura, el Banco Agrario, la Iglesia, la
Casa Cural y algunas viviendas particulares. En ese orden, el riesgo no era
excepcional.
Esta Corporación encontró que pese a que en el
proceso se insinuaron pruebas y que en otro expediente se recurrió a prueba
testimonial para dar certeza al documento, el Tribunal Administrativo del Huila
omitió decretar de manera oficiosa las pruebas que le permitieran arribar a la
verdad sobre lo ocurrido y, en ese sentido, incurrió en defecto fáctico. La Corte
concedió el amparo y ordenó recaudar de oficio la copia auténtica del documento
aportado por la demandante o decretar oficiosamente los testimonios de las
personas que suscribieron el documento.
24. En fallo SU-915 de 2013 se ventiló el caso
de un estudiante que apareció “ahorcado” en las instalaciones de la
Sijin Bogotá. La familia demandó en reparación directa a la Nación –Ministerio
de Defensa-Policía Nacional, y solicitaron como prueba las copias de la
investigación penal y así fueron requeridas, pero no las remitieron en su
debida oportunidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones al considerar que no se allegó prueba que permitiera establecer
que los “captores fueran pertenecientes a la Policía Nacional” y,
además, “Contrario a lo afirmado por los demandantes se allega prueba por
parte de la sala de retenidos de la SIJIN, de la cual se establece que para el
mes de los hechos, no se registró entrada alguna con el nombre de VÍCTOR JAVIER
CAÑAS ÁLVAREZ, igualmente informan que durante los últimos cinco años no se ha
reportado muerte violenta ni natural, dentro de sus instalaciones”.
Los accionantes señalaron que, antes de proferirse el
fallo, arrimaron las copias de las investigaciones penal y disciplinaria para
que se tuvieran en cuenta, no obstante, la Sección Tercera del Consejo de
Estado confirmó la decisión, al estimar que no se podían valorar porque fueron
allegadas en copia simple y no fueron aportadas dentro de los términos legales.
Esta Corte amparó los derechos de los actores al concluir que se presentó un
defecto fáctico, toda vez que no se insistió en la prueba que había sido pedida
y decretada oportunamente, la cual era fundamental para los derechos de los
padres de la víctima.
25. Por sentencia T-647 de 2014 se examinó el
asunto de un ciudadano que instauró
acción de tutela contra la subsección C de Descongestión de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras considerar que tal juez
colegiado había vulnerado su derecho al debido proceso, al revocar la sentencia
de primera instancia, emitida por el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de
Bogotá, que había declarado la responsabilidad del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA-, en el proceso de reparación
directa iniciado por él.
Esta Corporación evidenció que el Tribunal accionado
había incurrido en un defecto fáctico, en la modalidad omisiva de práctica de
pruebas, por haber decretado de oficio un dictamen pericial cuyas conclusiones
se consideraban definitivas en el curso del plenario, al referirse a un hecho
estructural del mismo, y no haber empleado las herramientas jurídicas que tenía
a su alcance para lograr su práctica, ni haber desvirtuado su necesidad,
conducencia y pertinencia dentro del proceso y, al tiempo, haber ordenado la
práctica de dicho dictamen bajo exigencias que no fueron debidamente
justificadas y que se constituyeron en las razones que limitaron la realización
del mismo.
En consecuencia, la Corte protegió el derecho
invocado y ordenó al Tribunal censurado emitir un nuevo pronunciamiento en el
proceso de reparación directa promovido por el peticionario, en el cual debería
evaluar los elementos de la responsabilidad estatal, particularmente el de la
imputación fáctica, según un juicio probatorio completo y nutrido que le permitiera
tener certidumbre acerca de los hechos de la controversia.
26. Mediante providencia T-339 de 2015 se
estudió el caso de varios ciudadanos que formularon acción de tutela contra el
Juzgado Administrativo del Circuito de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta, con el fin de que se dejaran sin efectos las
decisiones proferidas dentro del proceso de reparación directa que adelantaron contra
la Nación-Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional, por la muerte de su
pariente que se desempeñaba como soldado profesional.
En esa oportunidad, este Tribunal sostuvo que los
demandantes cumplieron la carga de demostrar que el fallecimiento de su
familiar obedeció a una falla en el servicio por las irregularidades
presentadas en el planteamiento y ejecución de la operación militar,
acreditando el daño causado por la acción inadecuada de varios agentes del
Estado. Pese a ello, la Corte señaló que las autoridades judiciales acusadas no
hicieron uso de la facultad probatoria de oficio de la que disponen, y
omitieron decretar la prueba documental que resultaba determinante para
acreditar el parentesco entre los demandantes y el soldado, y de esa forma
declarar la responsabilidad del Estado. Ello trajo como consecuencia, a juicio
de esta Corporación, la configuración de un defecto fáctico, por lo que revocó
el fallo de tutela de segunda instancia y, en su lugar, confirmó la decisión de
primera instancia que concedió la protección del derecho fundamental al debido
proceso de los actores. Por ende, dejó sin efectos la sentencia adoptada por el
Tribunal dentro del proceso de reparación directa.
27. En sentencia T-535 de 2015 se analizó el
caso de un joven que en la madrugada del 1º de julio de 2007, cuando se dirigía
a su vivienda en compañía de un amigo, fue interceptado y obligado a abordar un
vehículo y, posteriormente, apareció muerto en la vereda Brazuelos del Municipio
de Chaparral -Tolima. Según los accionantes, los autores del homicidio fueron
miembros de la VI Brigada del Batallón No. 17, quienes adujeron que el joven fue
dado de baja en combate.
La primera instancia condenó a la Nación –Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, al considerar que se presentaron graves
irregularidades en la muerte de los jóvenes, de quienes se supo se dedicaban a
lavar los carros y a hacer mandados en el parque del municipio. En torno a los
testimonios de los uniformados se dijo que eran cuestionables porque provenían
de quienes dieron de baja a aquellas personas y “en ese sentido, lo más
lógico es que buscaran una coartada”. Apelada esa decisión, el Tribunal
Administrativo del Tolima la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, puesto que en su sentir no se encontraba probada la falla en el
servicio.
Esta Corporación concedió el amparo y dejó sin valor y
efectos la sentencia de segunda instancia y mantuvo en firme la de primera, dado
que se presentó un defecto fáctico, en la medida en que el Tribunal Administrativo
del Tolima desestimó el nexo de causalidad sobre la única base de no hallar
probado que el vehículo en el que presuntamente fueron transportados los
jóvenes perteneciera al Ejército Nacional. Lo anterior, en tanto existían
testimonios que daban fe no solo de que los jóvenes departieron hasta altas
horas de la noche en un bazar y luego aparecieron muertos con uniformes
camuflados, sino que fueron transportados en un vehículo cuya propiedad no se
había determinado y posteriormente aparecieron sus cuerpos vigilados por
miembros del Ejército.
28. Por decisión SU-454 de 2016, la Corte conoció el caso de un señor que promovió acción de tutela contra las
Subsecciones B, Secciones Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, al considerar que mediante los
fallos judiciales proferidos dentro del proceso de reparación directa que
adelantó contra el INVIAS, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso,
por cuanto no dieron prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, al
exigirle prueba de posesión de un inmueble cuando acreditó la propiedad del mismo.
Esta Corporación concluyó que el Consejo de
Estado incurrió en defecto fáctico,
puesto que al momento de valorar las pruebas que buscaban acreditar la calidad
de propietario del actor, exigió la acreditación del título del derecho de
dominio no obstante que era evidente en el expediente que: (i) el INVÍAS no
cuestionó la calidad de propietario del actor; (ii) el objeto del proceso
administrativo no gravitó en torno a la existencia, validez o eficacia del
título en sí mismo, sino que tenía como fundamento pretensiones dirigidas a
reparar el posible daño antijurídico causado; y (iii) el accionante aportó certificado
de libertad y tradición del predio, el cual daba cuenta de la inscripción del
derecho de propiedad del demandante sobre el inmueble. Por ende, la Corte accedió al amparo
implorado, dejó sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó al Consejo de
Estado adoptar una nueva decisión.
29. Mediante providencia T-582 de 2016,
este Tribunal se ocupó en establecer
si la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso de reparación
directa adelantado por varios ciudadanos contra la Nación -Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, vulneraba su derecho fundamental al debido proceso, en tanto se disminuyó
en un 50% el monto de la indemnización reconocida en primera instancia, bajo el
supuesto de haberse acreditado una concurrencia de culpas.
Esta Corporación indicó que en efecto se
había presentado un defecto fáctico, toda
vez que el Tribunal Administrativo del Cesar omitió realizar una correcta
valoración de los elementos de juicio allegados, pues, carente de sustento
probatorio, dedujo que la víctima había actuado de manera negligente al
realizar una actividad, cuyos riesgos ya conocía, siendo determinante su
conducta en la producción del daño, sin detenerse en el análisis cuidadoso de
la legitimidad de la orden emitida por su superior, las responsabilidades a
cargo de este consignadas en las actas instructivas y el alcance del deber de
obediencia debida que le asistía a la víctima.
La Corte revocó el fallo de tutela de segunda instancia y, en su lugar, confirmó
la decisión de primera instancia que (i) concedió el amparo, (i) dejó sin
efectos la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar y (iii)
ordenó proferir un nuevo pronunciamiento.
30. En sentencia T-698 de 2016 se examinó
el caso de una persona que reclamó la reparación de los perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados por las “torturas, tratos crueles y el acceso
carnal violento por parte de unos internos”, que padeció durante su estadía
en una cárcel del país. Para probar su alegato, el accionante relacionó
diversas situaciones que sufrió, incluso, el Juez de Control de Garantías
respectivo ordenó el cambio de lugar de reclusión, debido al riesgo que corría
su vida e integridad personal. Así mismo, el tutelante presentó varias pruebas
documentales que, a su juicio, no fueron valoradas debidamente.
El Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de
Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cada instancia,
desestimaron las pretensiones del actor al no encontrar probado el daño y nexo
causal, por lo que el peticionario
formuló tutela contra las referidas autoridades judiciales, al estimar que
valoraron indebidamente las pruebas.
Esta Corporación encontró que los accionados no
tuvieron en cuenta el estándar probatorio usado para evaluar casos de violencia
sexual, por lo que incurrieron en defecto fáctico, al descartar la ocurrencia
del daño y del nexo causal en el proceso de reparación directa, pese a existir
elementos de prueba suficientes, pertinentes y conducentes que arrojaban una
conclusión contraria a la determinada por las instancias. Así, la Corte tuteló el
derecho fundamental al debido proceso, dejó sin efecto la decisión dictada en
segunda instancia dentro del trámite ordinario y ordenó al Tribunal accionado adoptar
un nuevo fallo.
31. Por tutela T-202 de 2017 se ventiló
el asunto de unos ciudadanos que formularon acción de reparación directa contra
la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, con el objeto de que condenara
a pagar los perjuicios que sufrieron como consecuencia de la muerte de su
pariente que se desempeñaba como patrullero en la Policía Nacional.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Popayán declaró a la demandada responsable administrativa y patrimonialmente,
sin embargo, apelada dicha decisión, el Tribunal Administrativo del Cauca la
revocó, y en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, por lo que los actores
acuden a la tutela para solicitar el amparo del derecho al debido proceso.
La Corte advirtió que la forma en la que el Tribunal acusado
determinó la finalidad de la actividad adelantada por los 4 agentes de policía
el 8 de marzo de 2012 en el municipio de Balboa, en el marco de la cual fueron
víctimas de un ataque con explosivos, evidenciaba un defecto fáctico, por la
omisión en la valoración de los elementos de prueba obrantes en el proceso
sometido a su consideración con incidencia en la decisión. Por ende, esta
Corporación concedió la protección del derecho invocado, dejó sin efecto la
providencia censurada y ordenó a la autoridad judicial accionada emitir una
nueva decisión.
32. Mediante pronunciamiento SU-355 de
2017 se estudió el caso de unas personas que solicitaron el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso frente al fallo proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que revocó el dictado por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró administrativamente responsable
a la Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional, dentro del proceso de
reparación directa adelantado por los peticionarios con ocasión de la muerte de
un familiar.
La Corte consideró que debía accederse a la protección
iusfundamental reclamada, por cuanto en el proceso de reparación directa se había
incurrido en defecto fáctico -en su dimensión negativa-, al haberse realizado
una valoración inadecuada del certificado médico, en el cual se dejó
establecida la muerte de la víctima y por no haberse analizado de manera global
todos los medios de convicción arrimados al trámite que igualmente daban
certeza sobre la referida defunción. En ese orden, la Corporación dejó sin efectos la providencia
censurada y ordenó al Consejo de Estado
adoptar una nueva decisión.
33. En sentencia T-041 de 2018 se
analizó el asunto de unos ciudadanos que formularon demanda de reparación directa contra la Policía
Nacional, a fin de obtener el resarcimiento de los daños materiales y morales
causados por el fallecimiento de una
persona en un accidente de tránsito.
El Juzgado 32 Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia accedieron a las pretensiones de la
demanda, no obstante, solo ordenaron el pago de una indemnización de perjuicios
del 50%, al estimar que hubo responsabilidad
compartida entre la entidad demandada y la víctima, pues esta última contribuyó
en la producción del hecho dañino, en la medida en que al momento de ser
atropellada por el vehículo oficial circulaba por la vía pública y no
por la acera, en evidente transgresión de las normas de tránsito. Los actores consideraron
que los accionados valoraron las pruebas de manera arbitraria, caprichosa e
irracional, por lo que instauraron acción de tutela en su contra.
La Corte evidenció que las autoridades
judiciales acusadas incurrieron en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues no tuvieron en cuenta
que la vía pública donde ocurrió el accidente se encontraba cerrada y
peatonalizada, por lo que no era válido sostener que la víctima infringió las
normas de tránsito, ni que contribuyó de manera cierta y eficaz en la producción
del hecho dañino. Esta Corporación tuteló el derecho al debido proceso, dejó sin efecto el fallo dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y ordenó proferir una nueva decisión.
34. En conclusión, vistos los pronunciamientos
precedentes, no cabe duda que a la fecha existe una línea jurisprudencial constitucional
en vigor relacionada con la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso por parte de operadores judiciales cuando incurren en defecto fáctico
en el marco de trámites adelantados a través del medio de control de reparación
directa, ya sea por omitir valorar y/o valorar equívocamente elementos
probatorios que obran en los expedientes contentivos de los correspondientes
procesos ordinarios.
Solución del caso concreto
35. Con fundamento en lo expuesto, pasa la Sala Novena de Revisión a establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de los demandantes, por presuntamente
haber incurrido en defecto fáctico, toda vez que omitió valorar y/o valoró equívocamente elementos
materiales de prueba obrantes en el expediente contentivo del trámite que
adelantaron los peticionarios a través del medio de control de reparación
directa contra la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-, cuyo
radicado corresponde al número 73001-3333-005-2013-00070-00.
36. Los peticionarios relataron que el 18 de
julio de 2011, Rigoberto Cruz Rico, Leidy Yohana Cruz Velásquez, Dilan Santiago
Asencio Cruz, Mayerly Castellanos Rojas y Cristina Malagón Velásquez se
movilizaban por la vía que de Venadillo (Tolima) conduce a Ibagué, en un
vehículo que fue investido por otro automotor de propiedad del Ejército
Nacional, el cual era conducido por el soldado Víctor Manuel Ramos Lombana,
miembro de dicha institución. La colisión expulsó de la vía a las cinco
personas anteriormente identificadas, por lo que sufrieron múltiples heridas
que dejaron secuelas permanentes en su cuerpo, y produjo la pérdida total del
vehículo que ocupaban. Por lo anterior, promovieron proceso de reparación
directa contra dicha entidad.
37. La demanda correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Ibagué, el cual, mediante sentencia
del 21 de agosto de 2015, declaró patrimonial y extracontractualmente responsable
a la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-, y condenó a la demandada
a pagar por perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante para Rigoberto Cruz Rico la suma de
$3.668.382.21, y por perjuicios morales
los montos que a continuación se relacionan:
DEMANDANTE
PARENTESCO
TOTAL
Rigoberto Cruz Rico
Afectado
$12.887.000
Maryerly Castellanos Rojas
Afectado
$12.887.000
Lyda Cristina Malagón Velásquez
Afectado
$6.443.500
Leidy Yohana Cruz Velásquez
Afectado
$6.443.500
Dilan Santiago Asencio Cruz
Afectado
$12.887.000
María Irma Velásquez Rincón
Esposa-madre-abuela
$6.443.500
Yonier David Cruz
Hijo-hermano-tío
$6.443.500
TOTAL PERJUCIOS MORALES
$64.435.000
37.1. Para arribar a esa decisión, dicho
juzgado relacionó y describió con suficiencia las siguientes pruebas que enlistó
en el ítem 4.3.1. de la
referida providencia y que posteriormente valoró a lo largo de la misma: (i)
informe policial del accidente de tránsito, (ii) historias clínicas de los
demandantes, (iii) informe técnico médico legal de lesiones no fatales, (iv) formato
único de noticia criminal, (v) registros civiles, (vi) orden de operación
militar del Batallón de Transportes, (vii) informes técnicos, (viii) contrato de
compraventa de vehículo automotor, (ix) certificación de contador, (x) certificación
de estudio, (xi) contrato individual de trabajo, (xii) certificación del Ejército
Nacional -Dirección de Transportes- y (xiii) certificación de aseguradora.
37.2. Luego estableció que el título de
imputación aplicable era el de riesgo excepcional, al considerar que el factor de imputación está derivado de
la realización directa de una actividad que entraña peligro, esto es, la
conducción de vehículos.
37.3. Seguidamente encontró acreditados los
elementos referentes al daño
antijurídico, imputabilidad fáctica y jurídica del daño al órgano del Estado y
el nexo causal entre el daño y el hecho de la administración, en los términos
que a continuación se transcriben:
(i) En cuanto al daño antijurídico, expuso que es “un hecho cierto y
probatoriamente respaldado, que el día 18 de julio de 2011 el tractocamión de
placas oficiales SMK-505 que transportaba material reservado de las Fuerzas Militares colisionó con el
vehículo: marca Renault 4 Xport de placas MCF870 de propiedad del señor Hugo
Armando Casañas Villa, que era conducido por el señor Rigoberto Cruz Rico;
accidente que ocurrió en el kilómetro 50 + 757 metros del área rural de la
localidad de Venadillo, y del cual resultaron heridos los cinco (5) pasajeros
del vehículo particular.
Es claro entonces que el resultado dañoso
consiste en las lesiones personales sufridas por los señores (i) Rigoberto Cruz
Rico, (ii) Leydy Yohana Cruz Vaquez (Sic), (iii) el menor Dilan Santiago
Asencio Cruz, (iv) Maryerly Castellanos Rojas y (v) Cristina Malagón Velásquez,
como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 18 de julio de 2011, en
el kilómetro 50 + 757 metros en el área rural del Municipio de Venadillo.
Lesiones que se encuentran debidamente acreditadas con las historias clínicas y
el informe médico legal de lesiones no fatales y, que se concreta en las
siguientes: (…)
De conformidad con lo anterior, resulta
evidente que el hecho del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización se
solicita en la demanda, se encuentra debidamente acreditado y consiste en el
menoscabo de un interés jurídicamente protegido, como lo es, el derecho a la
salud en las personas determinadas - conductor y ocupantes del vehículo
particular R 4Xport-, daño susceptible de producir efectos en el ámbito patrimonial
y extrapatrimonial de cada uno de ellos, en tanto no tenían la obligación
jurídica de soportarlo.
Vale decir que el daño se concreta en las
lesiones en la humanidad de las víctimas del accidente de tránsito y no, en el
daño al bien automotor, pues al proceso no concurrió el propietario del
vehículo particular R4Xport de placas MCF870.”
(ii) Respecto a la imputabilidad fáctica y jurídica del daño, puso de
presente que las “pruebas que fueron enlistadas en el ítem 4,3.1,
acreditan que efectivamente el Ejército Nacional al disponer legítimamente el
desplazamiento motorizado de material de uso privativo de las Fuerzas Militares
en la vía ruta Guarinosito Honda - Mariquita - Ibagué-Espinal- Melgar- Bogotá[47] con
vehículo tipo tracto camión de placas oficiales SMK-505 de su propiedad, creó
un riesgo que desencadenó en el accidente de tránsito ocurrido el 18 de julio
de 2011 en el kilómetro 50 + 757 metros del área rural de la localidad de
Venadillo y en el que resultaron heridos señores (Sic) (i) Rigoberto Cruz Rico,
(ii) Leydy Yohana Cruz Váquez (Sic), (iii) el menor Dilan Santiago Asencio
Cruz, (iv) Maryerly Castellanos Rojas y (v) Cristina Malagón Velásquez.
En efecto, se halla acreditado que el
vehículo de placas SMK 505 era de propiedad del Ejército Nacional y hacía
parte de su parque automotor, asignado al Batallón de Transportes No. 1 ‘TARAPACA’
ubicado en la ciudad de Bogotá, dependencia que se encargaba de su custodia y
administración según lo certifica el director (e) de la Dirección de
Transportes del Ejército Nacional, mediante Oficio No. 20144101126191 del 20
de octubre de 2014 visible a folios 294 y 296.
También milita prueba que da cuenta que para el día 18 de
julio de 2011
el automotor se destinó por orden de
operación militar secreta No. 050 ‘JINETE’ y 055 ‘JONAS’ suscrita por el
Mayor General Segundo Comandante y JEM del Ejército y el Mayor General de Jefe
de operaciones del Ejército, para que hiciera parte de la caravana que
garantizaría el desplazamiento de un material reservado el (Sic) Ejército
Nacional en una de las fases del recorrido que se signó así: ‘4. Quinta Fase:
Escolta quinta división: se recibe la escolta en el Peaje de Guarinosito, por
tropas de la quinta división, y se sigue en la ruta Honda - Mariquita-Ibagué-
Espinal- Melgar- Bogotá, donde se hace entrega del material (...) y se da por
terminada la misión’.
Según el contenido de las misiones, los
vehículos y el material debían concentrarse el día 18 de julio de 2011 en la
ciudad de Bogotá, para el ensayo de la ceremonia del desfile militar del 20 de
julio. Se dispuso entonces que los vehículos entre ellos, el tracto camión de
placas SMK 505 se registrara en planilla respectiva con número, placa y nombre
del respectivo tripulante.
En cumplimiento de las anteriores órdenes
de operación militar, el Comandante del Batallón de Transportes ‘Batalla de
Tarapacá’, suscribe la misión táctica No. 037 ‘JAGUAR’ de 07 de julio de
2011 que da cuenta de los pormenores del movimiento táctico motorizado a
realizar por parte de los miembros del Ejército Nacional, y en la que se dejó
descrito el registro del vehículo así:
GDO
Apellidos y Nombres
Tipo Vehículo
Placa Civil
Placa Militar
04
PF
RAMOS LOMBANA VICTOR
T/CAMIÓN
SMK 505
X 07351
Las pruebas también son indicativas de que quien conducía el vehículo era
miembro activo de las Fuerzas Militares y al momento de ocurrencia de los
hechos se hallaba en misión oficial, lo que descarta desde ya, que el agente
hubiera actuado en su ámbito personal o privado o aislado por completo de la
prestación del servicio, como lo sugiere la parte accionada al momento de
contestar demanda.
De lo que se sigue que, desde el punto de
vista fáctico y jurídico, las lesiones que sufrieron las cinco víctimas del
accidente de tránsito le es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, a título de riesgo excepcional, porque el despliegue de su
legítima actividad de desplazamiento motorizado de material de uso privativo de
las Fuerzas Militares con vehículo cuya guarda estaba a su cargo, comportó una
actividad que entrañaba peligro para los primeros, quienes fueron expuestos a
un riesgo que va más allá de lo que normalmente y sin compensación alguna debe
soportar una persona, un riesgo excepcional.” (Negrilla fuera del texto original).
(iii) Y frente al nexo causal, señaló que
“con las pruebas antes enlistadas y que demostraron las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se presentó el accidente de tránsito, se
evidencia que fue el Ejército Nacional quien además de ejercer una actividad
peligrosa, incrementó el riesgo que le es intrínseco a dicha actividad y que se
reflejó no sólo en el volumen y potencia de vehículo, sino en el indiciario
aumento de velocidad (código 116) y desacato por no mantener la distancia de
seguridad (código 121) según codificación empleada en el informe policial de
accidente de tránsito visto a folio 5 del cartulario.
El comportamiento del uniformado que
conducía el vehículo oficial en cumplimiento de una orden castrense emitida por
el Mayor General Segundo Comandante y JEM del Ejército y el Mayor General de
Jefe de operaciones del Ejército Nacional, entidad que tenía la guarda material
de la actividad desplegada por su agente, en términos de la atribución fáctica
y jurídica, fue la determinante en la producción del daño; lo que descarta la
anhelada culpa personal del agente con la que excepcionó la parte accionada.
En otras palabras, ante la simultaneidad
de actividades peligrosas, concluye esta instancia fue la actividad peligrosa
desplegada por la entidad accionada la única causa del daño padecido por los
señores (i) Rigoberto Cruz Rico, (ii) Leydy Yohana Cruz Váquez (Sic), (iii) el
menor Dilan Santiago Asencio Cruz, (iv) Maryerly Castellanos Rojas y (v)
Cristina Malagón Velásquez, quienes merecen, junto con sus damnificados, ser
indemnizados en los perjuicios que logren probar, tal como se abordará en el
siguiente pasaje.
Acreditados los elementos necesarios para
predicar responsabilidad patrimonial y extracontractual en cabeza de la Nación
- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, y dado que ésta no acreditó la
configuración de una causa extraña que la exonerara de responsabilidad, el
Despacho procederá a realizar la liquidación de perjuicios.” (Negrilla fuera del texto original).
38. El 03 de septiembre de 2015, la apoderada
judicial del extremo demandado apeló la anterior decisión para solicitar la revocatoria
de la misma y la denegación de la totalidad de las pretensiones de la demanda.
En sustento de ello, expuso lo siguiente: “Las pretensiones de la demanda no
están llamadas a prosperar puesto que con el debido respeto de acuerdo al
material probatorio allegado al informativo, si bien es cierto el daño existió,
no hay prueba fehaciente que permita concluir que los daños ocasionados a los
demandantes sea un actuar directo de la entidad que represento. (…)
No están probados los elementos constitutivos
de la responsabilidad: No es posible tener como establecido, dentro del
proceso, QUE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR el señor VÍCTOR MANUEL RAMOS conductor
del automotor del Ejército Nacional COMPROMETIERE A LA ENTIDAD, elemento
probatorio indispensable para enfocar el centro de imputación en el MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL.
Sostienen (Sic) nuestra jurisprudencia
nacional que, para atribuir responsabilidad al Estado por el daño causado por
sus agentes, debe demostrarse que el hecho dañoso fue producto de una actividad
propia del servicio y el nexo causal entre estos. LA SIMPLE CALIDAD DE MILITAR
NO VINCULA NECESARIAMENTE A LA DEMANDADA.
Como se puede apreciar, se evidencia una CULPA
PERSONAL DEL AGENTE, que para nada compromete la responsabilidad de la entidad
demandada.”
39. En sentencia del 24 de abril de 2017, el
Tribunal Administrativo del Tolima revocó la decisión apelada y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda. Al tiempo, condenó en costas a la parte
demandante. Cabe resaltar que el Magistrado Carlos Leonel Buitrago Chávez salvó
su voto.
39.1. En sustento de lo decidido, la mayoría
del mencionado Tribunal ilustró de la siguiente manera lo que denominó como
hechos probados jurídicamente relevantes:
“HECHOS PROBADOS”
“MEDIO PROBATORIO”
“1. El 18 de julio del 2011, se presentó accidente
de tránsito en el km 50 más 757 mts, en el Municipio de Venadillo entre los
vehículos de placas SMK505 y MCF870 conducidos, en su orden, por Víctor
Manuel Ramos Lombana y Rigoberto Cruz Rico.”
“- Documental: Informe policial de accidentes de
tránsito. Fls. 5 ss”.
“2. En el insuceso resultaron
lesionados:
Dilan Santiago Asencio Cruz
Mayerly Castellanos Rojas
Cristina Malagón Velásquez
Rigoberto Cruz Rico
Leidy Johana Cruz Vásquez (Sic)”.
“Documental:
Informe policial de accidentes de tránsito. Fls. 5
ss
Historias clínicas fls. 32 ss”.
39.2. Con base en ello, el Tribunal accionado pasó
de inmediato a resolver el caso concreto, cuyo análisis se transcribirá a
continuación para conocer con exactitud cada detalle del mismo.
“5.1. Del informe de tránsito allegado, se advierte que
el 18 de julio del 2011, se presentó accidente en el km 50 más 757 mts en el Municipio
de Venadillo entre los vehículos de placas SMK505 y MCF870 conducidos, en su
orden, por Víctor Manuel Ramos Lombana y Rigoberto Cruz Rico, donde este junto
con Dilan Santiago Asencio Cruz, Mayerly Castellanos Rojas, Cristina Malagón
Velásquez, Rigoberto Cruz Rico y Leidy Johana Cruz Vásquez, ocupantes del
último automotor, resultaron lesionados.
Conforme a lo consignado en la demanda,
la responsabilidad que se endilga a la Nación-Ministerio de Defesa
-Ejército-Nacional- se sustenta en que este es propietario del automotor de
placas MCF870, involucrado en el accidente. Sin embargo, no aparece prueba
conducente de tal hecho, sino se olvida que se trata de un bien sujeto a
registro cuya propiedad, conforme al artículo 922 del Código de Comercio y a la
Ley 769 de 2002, únicamente se amerita con el certificado expedido por la
autoridad correspondiente. (…)
Y aunque se allegó copia de la respectiva
licencia de tránsito, donde aparece que el Ejército Nacional-Fuerzas Militares
de Colombia era titular del derecho de dominio para el 20 de abril de 2007, no
puede concluirse que conservaba esa calidad para el 18 de julio de 2011, cuando
ocurrió el accidente. De allí que no se haya acreditado la legitimación en la
causa por pasiva en debida forma, y que esa mera circunstancia lleve a revocar
el fallo de primera instancia y a negar pretensiones.
5.2. Pero dejando de lado lo anterior, y
suponiendo que la licencia de tránsito es suficiente para demostrar la
propiedad alegada por los demandantes, que no es cierto porque la ley ha
previsto una forma especial prueba, o que la responsabilidad también la finca
en que, independientemente de tal aspecto, el conductor del vehículo cumplía
funciones propias de su cargo, tampoco probaron los elementos de
responsabilidad del Estado, por las razones siguientes:
5.2.1. El artículo 167 del Código General
del Proceso, señala: ‘...incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen’, criterio que
se basa en el principio de autorresponsabilidad de las partes y como
requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa
evitar una decisión desfavorable, tema respecto del cual el órgano de cierre de
la jurisdicción contencioso administrativa, explica:
‘La carga de la prueba es ‘una noción
procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la
autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a
las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que,
además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales
hechos (...) sobre su contenido material, es dable afirmar que la carga de la
prueba tiene que ver (i) con la posibilidad de obrar de determinada manera en
pro de conseguir un resultado jurídico (constitutivo, declarativo o de condena)
esperado de un proceso y (ii) con reglas indicativas de cómo deberá resolverse
cuando la ausencia de pruebas impidan, que el juez adquiera certeza o
convencimiento respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento.’[48]
Por tanto, a la parte que propone la
existencia de un hecho le corresponde demostrar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se desarrolló utilizando los medios probatorios que el
ordenamiento jurídico le otorga para ello, es decir, que el juez solo puede dar
como acreditada dentro del proceso una situación fáctica, cuando de acuerdo a
los criterios de experiencia y sana crítica, evidencie el momento en el que
sucedió, la forma en que se dio y el espacio en el que se desenvolvió.
5.2.2. En el informe policial allegado
con la demanda, se relaciona el accidente entre los automotores, en el lugar,
el día y los demandantes involucrados, según lo expresado, se precisa, como
hipótesis de su ocurrencia, primera, ‘no mantener distancia de seguridad Código
116’ y, segunda, no codificada, ‘conducir en exceso de velocidad’, se indica la
‘fórmula para hallar velocidad: 15.9 Vcoeficiente rosamiento por distancia
frenado’ y, luego de tomar la huella de frenado y de aplicar dicha ecuación, se
concluye que el tracto camión se desplazaba a 117.48 km/h (fl. 6 ss).
La única prueba del accidente de tránsito
y de la forma en que este ocurrió, es el informe mencionado. De ahí que en ese
evento, no haya prueba directa alguna que aluda a la forma en que se
desarrollaron los hechos.
De modo que los medios de convicción se
limitan a los llamados indirectos o indiciarios. Estos, como se sabe, son un
argumento compuesto, por lo menos, de dos premisas: una que refiere a un hecho
debidamente probado que no es el que directamente se pretende demostrar y otra
que es una regla de la experiencia que une aquel con el hecho relevante al
proceso, y de una conclusión que surge, a manera de síntesis, de las dos
anteriores y que señala (Sic) a que el indicado, que es el relevante al
proceso, aparece demostrado. Sobre el tema Jairo Parra Quijano ha dicho: ‘el
indicio es un hecho del cual se infiere otro desconocido. Debe quedar
suficientemente claro que el indicio es, por así decirlo, un hecho especialmente
cualificado, porque tiene la propiedad de salirse de sí mismo y mostar (Sic) otro’[49]
El demandante con base en lo anterior, (Sic)
los razonamientos siguientes:
i) El hecho probado: El funcionario que
elaboró el croquis e informe del accidente de tránsito, consignó el estado en
que encontró los referidos automotores, la huella de frenado y los heridos.
Con base en lo anterior y las reglas de
la experiencia, estimó: a) que cuando en una carretera se encuentran dos
vehículos en forma irregular, con abolladuras y heridos es porque ocurrió un
accidente de tránsito, b) que cuando hay huella de frenado es porque uno de los
carros o ambos estaban en movimiento y trató sin éxito de evitar el accidente.
ii) Hecho probado. Longitud de la huella
de frenado.
Con fundamento en lo anterior y a partir
de una fórmula, se puede establecer la velocidad del desplazamiento, y que si
se hubiese conservado la distancia necesaria, el accidente no hubiese ocurrido.
Conclusiones:
i) Que el Renault iba adelante y que el
tracto camión iba atrás a gran velocidad (117,48 k/h).
ii) Que el tracto camión fue el
responsable del accidente por exceso de velocidad y porque no guardó la
distancia reglamentaria.
Del anterior argumento, que fue aceptado
por la Jueza de primera instancia, es preciso hacer algunas consideraciones:
Primera: Que en el informe del accidente
se indica que este ocurrió el 18 de julio de 2011 a las 12:30 y que el
documento se elaboró a las 12:50, es decir, 20 minutos después. Sin embargo, no
puede concluirse que efectivamente el accidente hubiese ocurrido exactamente en
la hora mencionada, pero de todas maneras existe un lapso entre ese momento y
el de la elaboración del informe y, por tanto, lo que en este se consignó como
causas del accidente son conjeturas del servidor público correspondiente.
Aspecto ese que aparece corroborado cuando aquel pone dos hipótesis de la
colisión, las cuales, por supuesto, no excluyen otras.
Segunda: Que dicho funcionario solo podía
certificar acerca de cómo encontró los vehículos y el lugar para el momento de
su llegada. Los demás aspectos: dirección y velocidad de aquellos y la
distancia que guardaban entre sí antes del accidente y la pertenencia de la
huella de frenado, escapan no solo a la competencia de su cargo sino a lo que percibió.
Tercera: Que la huella de frenado fue
atribuida al tracto camión, pero no se precisa ese aserto, es decir, no aparece
la (Sic) razón alguna de esa vinculación, por ejemplo: que coincide el material
de la huella con el de las llantas de aquel, que, por lo menos, tal
correspondencia nació por el grosor de ambos elementos, o que se trata de un
rastro reciente que no pudo dejar otro automotor.
Tercera: (Sic) Que dicho servidor público
no demostró conocimientos técnicos especializados para determinar la velocidad
del tracto camión, máxime cuando tampoco puede tenérsele como testigo, pues, no
presenció los hechos. De allí que sus asertos atinentes a la velocidad de los
vehículos y la causas probables del accidente, se ubiquen dentro del dictamen
pericial que está sujeto a precisas reglas para su aportación y contradicción,
que no fueron cumplidas en este caso.
En efecto, el CGP prevé varios tipos de
dictámenes: 1) el aportado por las partes art. 227, 2) el emitido por entidades
y dependencias oficiales a solicitud de parte o de oficio art. 234, 3) el
extraprocesal art. 189, 4) el practicado de común acuerdo por las partes art.
48 -4- y 190, 5) el decretado de oficio art. 229, 230 y 231, 6) el de
investigación o impugnación de la paternidad o maternidad art. 386, 7) el
dispuesto a solicitud del amparado por pobre art. 229-2-, 8), y el emitido por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o de una lonja de propiedad raíz con
fines de expropiación art. 399. Mientras que el CPACA hace referencia al de
parte, y al judicial decretado a instancia de las partes o de oficio.
El informe del accidente aportado no se
ubica dentro de ninguna de las clases de dictámenes mencionadas y no puede
hacerlo justamente porque tiene ese carácter que, de conformidad con el
artículo 275 del CGP, se limita a la simple información. Pero
Independientemente de lo anterior, tampoco cumplió con las ritualidades legales
para su presentación que se agotan conforme al canon 219 del CPACA, ni para su
controversia que se objetivan en la audiencia inicial a la que debe acudir el
experto, exponer su idoneidad profesional o técnica, los métodos de análisis,
la información que tuvo en cuenta, las conclusiones y responder las preguntas
que se le formularen como lo exige el 230 ejusdem.
En conclusión, del informe de accidente
de tránsito, única prueba allegada, no se puede concluir que haya ocurrido el
accidente de tránsito en la forma que se menciona en la demanda, es decir, que
el Renault iba adelante y el tracto camión atrás a alta velocidad, y que por
ello este fue el causante del accidente.
De manera tal que ante la no
configuración del nexo causal no puede accederse a lo pretendido por los
accionantes, puesto que este es requisito sine qua non para la determinación de
la responsabilidad extracontractual del Estado y conforme a la jurisprudencia
del Honorable Consejo de Estado debe encontrarse debidamente probado, tal como
se manifestó en un caso similar al que aquí se estudia: (…)
En tales condiciones, no se logró imputar
el daño a la demandada y por ello se debe revocar la sentencia apelada y, en su
lugar, negar las pretensiones.”
40. De la simple lectura de lo anteriormente transcrito
y sin esfuerzo alguno, para la presente Sala de Revisión es claro que el
Tribunal Administrativo del Tolima efectivamente vulneró el derecho fundamental
al debido proceso de los accionantes, toda vez que incurrió en defecto fáctico por
omitir valorar y apreciar equívocamente varias pruebas relevantes e
indispensables para la resolución del caso.
41. Por un lado, la Corporación judicial
accionada estimó que no estaba acreditada
la legitimación en la causa por pasiva, pues no existía elemento probatorio con
el cual se estableciera que el Ejército Nacional es el propietario del
automotor de placa SMK505, involucrado en el accidente.
42. Para esta Sala no es de recibo lo afirmado
por el Tribunal en segunda instancia, por cuanto es evidente que sí obran
elementos materiales de prueba que demuestran con suficiencia que el mencionado
vehículo es de propiedad del Ejército Nacional, tal y como acertadamente lo puso
de presente el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Ibagué, en sede de primera instancia del trámite
ordinario.
42.1. Examinado el expediente contentivo de la demanda formulada por los
peticionarios a través del medio de control de reparación directa contra la
Nación -Ministerio de Defensa- Ejército Nacional-, radicado número
73001-3333-005-2013-00070-00, la
Sala encuentra que a folio 11 del primer cuaderno está visible copia de la tarjeta
de propiedad en la cual se lee que el automotor Hyundai tipo tracto camión de
placas SMK505 pertenece al Ejército Nacional –Fuerzas Militares De Colombia-,
el cual estuvo involucrado en el accidente de tránsito y era conducido por el soldado Víctor Manuel Ramos
Lombana, miembro de esa institución.
42.2. En folio 13 del mismo cuaderno
reposa copia de la póliza de seguro de daños número 81568023, en la cual
aparece como tomador el Ministerio
de Defensa- Ejército Nacional- y registra el vehículo Hyundai tipo tracto camión de placas
SMK505, de servicio oficial.
42.3. A folios 246 a 255 del tercer cuaderno
obra copia de la Misión Táctica No. 037 “JAGUAR” del 07 de julio de 2011,
suscrita por el Comandante del Batallón de Transportes “Batalla de Tarapacá”,
en la cual consta la siguiente información concerniente al referido automotor:
GDO
Apellidos y Nombres
Tipo Vehículo
Placa Civil
Placa Militar
04
PF
RAMOS LOMBANA VÍCTOR
T/CAMIÓN
SMK 505
X 07351
42.4. En folio 294 del tercer cuaderno aparece
el oficio número 20144101126191 emitido el 20 de octubre de 2014 por la Dirección
de Transportes del Ejército Nacional, por el cual se indica que “-el vehículo de placas smk-505 hace parte
del parque automotor del ejército nacional y se encuentra asignado al BATALLÓN
DE TRANSPORTES No 1 ‘TARAPACÁ’, unidad encargada de la administración del
vehículo.”
42.5. En refuerzo de lo anterior, la Sala
advierte que si bien la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
23 de abril de 2009, dentro del expediente número 16.837, unificó la
jurisprudencia en relación con la prueba de la propiedad de los vehículos
automotores y, en se orden, adujo que se acredita con la respectiva inscripción
en el Registro Nacional Automotor, lo cierto es que el mencionado criterio de
prueba fijado en el referido pronunciamiento es únicamente aplicable para el
análisis de la legitimación en la causa por activa[50].
Así las cosas, en el presente asunto se tiene
que en materia de legitimación en la causa por pasiva en la actualidad no existe
tarifa legal de prueba para acreditar la propiedad de un vehículo oficial, por
el contrario, y como quedó evidenciado en precedencia, se tiene que en el expediente
reposan una serie de elementos probatorios que demuestran que el vehículo Hyundai tipo tracto camión de placas
SMK505 es de propiedad del Ejército Nacional, lo cual es suficiente para dar
por configurada la legitimación en la causa por pasiva de esa institución.
43. Por otro lado, el Tribunal censurado expresó
que no se logró imputar el daño a la demandada tras considerar que no se
acreditó el nexo causal, en la medida en que del informe policial del accidente
de tránsito, a su juicio la única prueba allegada, no se podría concluir que
haya ocurrido el accidente de tránsito en la forma que se describió en la
demanda.
Al respecto, indicó lo siguiente: “En efecto, el CGP prevé varios tipos de
dictámenes: 1) el aportado por las partes art. 227, 2) el emitido por entidades
y dependencias oficiales a solicitud de parte o de oficio art. 234, 3) el
extraprocesal art. 189, 4) el practicado de común acuerdo por las partes art.
48 -4- y 190, 5) el decretado de oficio art. 229, 230 y 231, 6) el de
investigación o impugnación de la paternidad o maternidad art. 386, 7) el
dispuesto a solicitud del amparado por pobre art. 229-2-, 8), y el emitido por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o de una lonja de propiedad raíz con
fines de expropiación art. 399. Mientras que el CPACA hace referencia al de
parte, y al judicial decretado a instancia de las partes o de oficio.
El informe del accidente aportado no se
ubica dentro de ninguna de las clases de dictámenes mencionadas y no puede
hacerlo justamente porque tiene ese carácter que, de conformidad con el
artículo 275 del CGP, se limita a la simple información. Pero independientemente de lo anterior,
tampoco cumplió con las ritualidades legales para su presentación que se agotan
conforme al canon 219 del CPACA, ni para su controversia que se objetivan en la
audiencia inicial a la que debe acudir el experto, exponer su idoneidad
profesional o técnica, los métodos de análisis, la información que tuvo en
cuenta, las conclusiones y responder las preguntas que se le formularen como lo
exige el 230 ejusdem.” (Subraya
fuera del texto original).
44. Vistos de forma conjunta y detallada los
elementos materiales de prueba arrimados al proceso de reparación directa, esta
Sala tampoco comparte la conclusión a la que arribó la autoridad judicial
accionada, por las razones que a continuación se exponen:
44.1. El Tribunal demandado consideró que el
informe policial de accidente de tránsito debía valorarse como una prueba
pericial –no como un documento– y, por tanto, someterse a los criterios
establecidos en los artículos 226 y siguientes del CGP, así como en los
artículos 216 y siguientes del CPACA. En ese sentido, el Tribunal consideró
que: a) el informe policial de accidente de tránsito debía diligenciarse por
una persona con conocimientos especializados sobre el tema –accidentes de
tránsito y huellas de frenado- (acción de reparación, c. 3, f. 411); b) debe
aparecer una explicación (razón) que demuestre que la huella de frenado
corresponde al tracto camión (acción de reparación, c. 3, f. 411); c) que el
informe policial de accidente de tránsito debe ser clasificable dentro de la
tipología de peritaje de los artículos 227 y siguientes del CGP (acción de
reparación, c. 3, f. 412) y; d) que el informe policial de accidente de
tránsito debe cumplir con las ritualidades de los artículos 229 y 230 del CPACA
(acción de reparación, c. 3, f. 412).
Este razonamiento desconoce, sin embargo, las
disposiciones contenidas en las normas de tránsito y desnaturaliza el informe
policial de accidentes de tránsito y sus funciones. Este desconocimiento
implica, además, una valoración que va en contravía de la praxis judicial del
Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 144 inciso
primero de la Ley 769 de 2002 establece que el informe policial de accidente de
tránsito es un informe descriptivo, en el cual debe contener, entre
otros, el estado de la vía, la huella de frenada, el grado de visibilidad, la
colocación de los vehículos y la distancia, así como otros elementos que
constarán en el croquis.
La forma en que se levanta dicho informe fue
regulado por las resoluciones  4040 de 2004 y 11268 de 2012, expedidas por el
Ministerio de transporte. El artículo 4 de la Resolución 4040 de 2004,
establece que el informe policial de accidente de tránsito no puede ser
modificado por la autoridad competente, una vez aquel sea elaborado (integridad
del informe); mientras que el artículo 5 de la Resolución 4040 de 2004 consagra
que el Ministerio de Transporte deberá elaborar y adoptar un manual técnico
para el diligenciamiento.
Dicho manual fue adoptado mediante la
Resolución 11268 de 2012 del Ministerio de Transporte. En la consideración
tercera de la Resolución 11268 de 2012 se manifiesta que la función del
Registro nacional de accidentes de tránsito (RANT), alimentada por los informes
policiales de accidentes de tránsito, es constituir una herramienta que permita
identificar claramente las hipótesis de las causas de accidentalidad. El
registro de dichas hipótesis se hará conforme al manual de diligenciamiento, el
cual establece tanto el procedimiento a seguir ante la ocurrencia de un accidente
de tránsito como los aspectos que deben ser registrados en el informe –art. 6
de la Resolución 11268 de 2012-.
En el manual, por su parte, se indica que el
informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un
proceso judicial para determinar la responsabilidad civil o penal[51]. Por ello, el manual
establece unos requisitos de criterio y unos formales para garantizar que el
informe pueda ser tenido en cuenta en un proceso[52]. Los primeros (de
criterio) se entienden como la elaboración técnica, veraz, clara, completa y
efectiva del informe policial de accidente de tránsito; mientras que los segundos
(formales) hacen referencia a la elaboración del informe policial de accidente
de tránsito con letra legible, sin tachones ni enmendaduras.
Debe tenerse en cuenta que el manual de
diligenciamiento entiende por tecnicidad no el conocimiento especializado
–profesional o técnico– que debe tener la autoridad, sino a un conjunto de
criterios, tales como: a) apoyo en la experiencia –praxis– del agente; b)
concentración al momento de diligenciamiento[53];
c) atención y seguimiento al protocolo establecido en el manual[54].
El marco normativo y el manual permiten
establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe
pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos
criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA
para este tipo de prueba. Esta evaluación implica, entre otras, que la
ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el
manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar
orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho
de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe policial de
accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel
debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto
con otras pruebas.
La anterior afirmación puede verse en la
praxis de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. La primera ha
sostenido que no existe errores al considerar el informe policial de accidente
de tránsito como prueba, cuando aquel es analizado a través de una lógica
basada en las reglas de experiencia[55].
Asimismo, y en relación con el caso objeto de estudio, la Corte Suprema de
Justicia ha manifestado que no existe una restricción del valor probatorio de
un croquis (propio del informe policial de accidente de tránsito) ni una tarifa
legal para probar la ocurrencia de un hecho, sino que el croquis debe valorarse
a partir de un sistema de apreciación racional[56].
En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado ha
valorado los informes policiales de accidente de tránsito en armonía con otras
pruebas, para determinar la ocurrencia de hechos y las consecuencias que
derivan de los mismos. Por ejemplo, en un caso sobre la muerte de un conductor
en una vía de la vereda de Aguablanca (Floridablanca), se logró determinar la
imprudencia del conductor gracias a la coincidencia entre el informe policial
de accidente de tránsito, los testimonios rendidos en el proceso y otras
pruebas[57].
En un caso de tutela por violación al debido proceso, el Consejo de Estado
también manifestó que, a través de una concienzuda valoración de las pruebas,
se puede comprobar la ocurrencia de hechos no registrados en el informe
policial de accidente de tránsito (p. ej. no portar casco)[58].
Este razonamiento le permite a la Sala
concluir que el Tribunal demandado erró al clasificar el informe policial de accidente
de tránsito como informe pericial y al no evaluar el mismo conforme a lo
establecido por la normatividad colombiana. En otras palabras, el Tribunal no
debió preguntar si el agente que elaboró el informe era un experto en un tema
determinado, como si fuese un perito (acción de reparación, c. 3, f. 412), sino
si él siguió el protocolo establecido por la Resolución 11268 de 2012;
asimismo, el Tribunal debió determinar si el informe mantenía su integridad.
Resueltas estas inquietudes, el Tribunal debió valorar el informe policial de
accidente de tránsito con otras pruebas, tales como las remisiones a
hospitales, las historias clínicas, entre otros.
44.2. Dicho Tribunal valoró defectuosamente el
informe policial de accidente de tránsito arrimado con la demanda, pues simplemente
se limitó a restarle valor probatorio en cuanto a los hechos que rodearon el
caso, porque no se trataba de un dictamen pericial. Por el contrario, el referido
documento demuestra con claridad
y suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el
accidente de tránsito, sin que el mismo haya sido puesto en duda, ni tachado de
falso por la demandada en el trámite ordinario, es decir, no se alegó que lo
allí declarado y representado por el Agente de la Policía Nacional de
Carreteras no hubiese correspondido a lo sucedido, conforme a lo estatuido en
los artículos 243 a 274 del
Código General del Proceso.
44.3. El Tribunal dio un valor probatorio
parcializado al informe policial en comentario, pues, como atinadamente lo
expresó el Magistrado Carlos Leonel Buitrago Chávez en su salvamento de voto, por un lado, se tuvo como prueba del
accidente de tránsito y de las personas que resultaron lesionadas, pero por
otro lado, se restó credibilidad sobre las causas probables que produjeron el
mismo.
44.4. Adicionalmente, la Sala encuentra que el
operador judicial acusado omitió valorar otros elementos de prueba que obran en
el expediente, a saber: (i) Orden de Operaciones No. 050 “JINETE” de la Dirección
de Operación del Ejército, (ii) Misión Táctica No. 037 “JAGUAR” del Batallón de
Transportes “Batalla de Tarapacá”,
(iii) Orden de Operaciones No. 055 “JONAS” de la Jefatura de Operaciones del
Ejército, y (iv) Oficio número 20144101126191 de la Dirección de Transportes
del Ejército, los cuales para la Sala también son jurídicamente relevantes y
necesarios a afectos de determinar si está acreditado el nexo causal, mediante un
análisis y valoración conjunta e indivisible de los mismos.
45. Lo
hasta aquí constatado es suficiente para que se disponga la revocatoria de las
decisiones de instancias adoptadas dentro del trámite de tutela y, en su lugar,
se conceda el amparo del derecho fundamental al debido proceso de los
peticionarios. En consecuencia,
se dejará sin efectos la sentencia proferida el 24 de abril de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, y se ordenará al referido Tribunal adoptar
una nueva decisión.
Síntesis de la decisión
46. La Corte Constitucional concluye que el
Tribunal Administrativo del Tolima vulneró el derecho fundamental al debido
proceso de los accionantes, toda vez que incurrió en defecto fáctico por omitir
valorar y apreciar equívocamente algunas pruebas en el marco del proceso de
reparación directa que promovieron los demandantes contra la Nación -Ministerio
de Defensa -Ejército Nacional-, cuyo radicado corresponde al número
73001-3333-005-2013-00070-00.
47. Para arribar a esa conclusión, la Corte considera
reunidos los presupuestos generales de
procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial: (i) relevancia constitucional, (ii) agotar los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, (iii) inmediatez, (iv) que de
tratarse de irregularidades procesales, las mismas hayan tenido incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales, (v)
identificación de los hechos vulneradores y los derechos vulnerados, y (vi) que
no se trate de tutela contra sentencias de tutela, constitucionalidad y nulidad
por inconstitucionalidad.
48. Posteriormente la Corporación aborda el
análisis de fondo del asunto y una vez culmina el mismo, observa lo siguiente:
49. El Despacho judicial accionado estimó que
no estaba acreditada la
legitimación en la causa por pasiva, pues no existía elemento probatorio con el
cual se estableciera que el Ejército Nacional es el propietario del automotor
de placa SMK505, involucrado en el accidente.
50. Para la Corte no es de recibo lo
afirmado por el Tribunal en segunda instancia, por cuanto es evidente que sí
obran elementos materiales de prueba que demuestran con suficiencia que el
mencionado vehículo es de propiedad del Ejército Nacional, tal y como
acertadamente lo señaló el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Ibagué, en sede de primera instancia del
trámite ordinario.
50.1. Examinado el expediente contentivo de la demanda formulada por los
peticionarios a través del medio de control de reparación directa, la Corporación encuentra que a folio 11
del primer cuaderno está visible copia de tarjeta de propiedad en la cual se
lee que el automotor Hyundai tipo tracto camión de placa SMK505 pertenece al
Ejército Nacional –Fuerzas Militares De Colombia-, el cual estuvo involucrado
en el accidente de tránsito y era conducido
por el soldado Víctor Manuel Ramos Lombana, miembro de esa institución.
50.2. En folio 13 del mismo cuaderno
reposa copia de la póliza de seguro de daños número 81568023, en la cual
aparece como tomador el Ministerio
de Defensa- Ejército Nacional- y registra el vehículo Hyundai tipo tracto camión de placa
SMK505, de servicio oficial.
50.3. A folios 246 a 255 del tercer
cuaderno obra copia de la Misión Táctica No. 037 “JAGUAR” del 07 de julio de
2011, suscrita por el Comandante del Batallón de Transportes “Batalla de
Tarapacá”, en la cual consta la siguiente información concerniente al referido
automotor:
GDO
Apellidos y Nombres
Tipo Vehículo
Placa Civil
Placa Militar
04
PF
RAMOS LOMBANA VÍCTOR
T/CAMIÓN
SMK 505
X 07351
50.4. En folio 294 del tercer cuaderno aparece
el oficio número 20144101126191 emitido el 20 de octubre de 2014 por la
Dirección de Transportes del Ejército Nacional, por el cual se indica que “-el vehículo de placas smk-505 hace parte
del parque automotor del ejército nacional y se encuentra asignado al BATALLÓN
DE TRANSPORTES No 1 ‘TARAPACÁ’, unidad encargada de la administración del
vehículo.”
50.5. En refuerzo de lo anterior, se advierte
que si bien la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de
abril de 2009, dentro del expediente número 16.837, unificó la jurisprudencia
en relación con la prueba de la propiedad de los vehículos automotores y, en ese
orden, adujo que se acredita con la respectiva inscripción en el Registro
Nacional Automotor, lo cierto es que el mencionado criterio de prueba fijado en
el referido pronunciamiento es únicamente aplicable para el análisis de la
legitimación en la causa por activa.
Así las cosas, en el presente asunto se tiene
que en materia de legitimación en la causa por pasiva en la actualidad no
existe tarifa legal de prueba para acreditar la propiedad de un vehículo
oficial, por el contrario, y como quedó evidenciado, se tiene que en el
expediente reposan una serie de elementos probatorios que demuestran que el
vehículo Hyundai tipo tracto
camión de placas SMK505 es de propiedad del Ejército Nacional, lo cual es
suficiente para dar por configurada la legitimación en la causa por pasiva de
esa institución.
51. El Tribunal censurado expresó que no se
logró imputar el daño a la demandada tras considerar que no se acreditó el nexo
causal, en la medida en que del informe policial del accidente de tránsito, a
su juicio la única prueba allegada, no se podría concluir que haya ocurrido el
accidente de tránsito en la forma que se describió en la demanda.
52. Vistos de forma conjunta y detallada los
elementos materiales de prueba arrimados al proceso de reparación directa, esta
Corporación tampoco comparte la conclusión a la que arribó la autoridad
judicial accionada, por las razones que a continuación se resumen:
52.1. Contrario a lo afirmado por el Tribunal
demandado, el informe policial de accidente de tránsito emitido el 18 de julio
de 2011 por el Patrullero Yeisón Bravo Varón de la Policía Nacional,
identificado con la placa número 50418 de esa institución, no es un dictamen
pericial sino un documento público auténtico que fue aportado como tal en el
libelo de la demanda. Ello implica que ese informe policial realmente
constituye una prueba de naturaleza documental (arts. 243 a 274 del Código
General del Proceso), mas no se trata de un elemento probatorio de índole
pericial (arts. 226 a 235 del Código General del Proceso) como de manera
equívoca finalmente lo concibió el juzgador cuestionado.
El artículo 144 inciso primero de la Ley 769
de 2002 establece que el informe policial de accidente de tránsito es un
informe descriptivo, en el cual debe contener, entre otros, el estado de
la vía, la huella de frenada, el grado de visibilidad, la colocación de los
vehículos y la distancia, así como otros elementos que constarán en el croquis.
La forma en que se levanta dicho informe fue
regulado por las resoluciones  4040 de 2004 y 11268 de 2012, expedidas por el
Ministerio de transporte. El artículo 4 de la Resolución 4040 de 2004,
establece que el informe policial de accidente de tránsito no puede ser
modificado por la autoridad competente, una vez aquel sea elaborado (integridad
del informe); mientras que el artículo 5 de la Resolución 4040 de 2004 consagra
que el Ministerio de Transporte deberá elaborar y adoptar un manual técnico
para el diligenciamiento.
En ese sentido el Tribunal demandado erró al
clasificar el informe policial de accidente de tránsito como informe pericial y
al no evaluar el mismo conforme a lo establecido por la normatividad
colombiana. En otras palabras, el Tribunal no debió preguntar si el agente que
elaboró el informe era un experto en un tema determinado, sino si él siguió el
protocolo establecido por las mencionadas; asimismo, el Tribunal debió
determinar si el informe mantenía su integridad. Resueltas estas inquietudes,
el Tribunal debió valorar el informe policial de accidente de tránsito con
otras pruebas, tales como las remisiones a hospitales, las historias clínicas,
entre otros.
Examinado el informe policial de accidente de
tránsito a la luz de lo anteriormente expuesto, no cabe duda para la Corte que ese
informe se adecua a lo que se concibe como prueba documental de origen público
y auténtico, toda vez que: (i) es un documento declarativo representativo
mediante el cual se acredita la ocurrencia del accidente de tránsito, cuáles
fueron los vehículos involucrados, conductores y propietarios de los mismos,
los daños causados a los automotores o a las personas afectadas, el lugar, la
fecha y la hora del accidente, la existencia de los seguros obligatorios de
accidentes de tránsito y los seguros de responsabilidad civil contractual y
extracontractual, las causas probables del accidente, y el croquis, entre otras
cosas; (ii) fue expedido por un funcionario público en ejercicio del cargo de
Agente de la Policía Nacional de Carreteras; (iii) se tiene certeza que quien
lo elaboró y firmó fue el Patrullero Yeisón Bravo Varón, identificado con la
placa número 50418; y (iv) fue allegado por el extremo demandante en el escrito
de la demanda.
En ese orden, el operador judicial demandado
erró al atribuir el carácter de prueba pericial al informe policial de
accidente de tránsito y, por consiguiente, haber dado al mismo un alcance
probatorio inadecuado, en el entendido que, pese a ser un elemento de
convicción de naturaleza documental, equívocamente manifestó que ese informe:
(i) no se ubicada dentro de los dictámenes periciales que aluden los artículos 48-4-, 189, 190, 229, 229-2-, 230, 231,
234, 386 y 399 del Código General
del Proceso; y (ii) tampoco
cumplía con las ritualidades legales para su presentación y controversia, según
lo dispuesto en los artículos 219 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
52.2. Dicho Tribunal valoró defectuosamente el
informe policial de accidente de tránsito arrimado con la demanda, toda vez que
simplemente se limitó a restarle valor probatorio en cuanto a los hechos que
rodearon el caso, por no ser dictamen pericial. Por el contrario, el referido
documento demuestra con
claridad y suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrió el accidente de tránsito, sin que el mismo haya sido puesto en duda, ni
tachado de falso por la demandada en el trámite ordinario, es decir, no se
alegó que lo allí declarado y representado por el Agente de la Policía Nacional
de Carreteras no hubiese correspondido a lo sucedido, conforme a lo estatuido
en los artículos 243 a 274 del
Código General del Proceso.
52.3. El Tribunal cuestionado dio un valor
probatorio parcializado al informe policial en comentario, pues, como
atinadamente lo expresó el Magistrado Carlos Leonel Buitrago Chávez en su
salvamento de voto, por un
lado, lo tuvo como prueba del accidente de tránsito y de las personas que
resultaron lesionadas, pero por otro lado, le restó credibilidad sobre las
causas probables que produjeron el mismo.
52.4. Adicionalmente, la Corte encuentra que
el operador judicial acusado omitió valorar otros elementos de prueba que obran
en el expediente, a saber: (i) Orden de Operaciones No. 050 “JINETE” de la
Dirección de Operación del Ejército, (ii) Misión Táctica No. 037 “JAGUAR” del
Batallón de Transportes “Batalla de Tarapacá”, (iii) Orden de Operaciones No. 055 “JONAS” de la
Jefatura de Operaciones del Ejército, y (iv) Oficio número 20144101126191 de la
Dirección de Transportes del Ejército, los cuales también son jurídicamente
relevantes y necesarios a afectos de determinar si está acreditado el nexo
causal, mediante un análisis y valoración conjunta e indivisible de los mismos.
53. Las
anteriores circunstancias son suficientes para que la Corte revoque las
decisiones de instancias adoptadas dentro del trámite de tutela y, en su lugar,
concede el amparo solicitado. En
consecuencia, deja sin efectos la sentencia proferida el 24 de abril de 2017
por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso de reparación
directa, y ordena al referido Tribunal adoptar una nueva decisión, atendiendo a
los criterios aquí form
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia adoptada por
el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el 1º de marzo de 2018, que confirmó la providencia proferida
por la misma Corporación, Sección Segunda - Subsección B-, el 30 de octubre de 2017,
que había denegado el amparo invocado
dentro de la acción de tutela formulada por Mayerly Castellanos Rojas, Leidy Yohana Cruz Velásquez, Dilan
Santiago Asencio Cruz, Yonier David Cruz Velásquez, Rigoberto Cruz Rico, María
Irma Velásquez Rincón y Lyda Cristina Malagón Velásquez contra el Tribunal
Administrativo del Tolima. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental al
debido proceso de Mayerly Castellanos Rojas, Leidy Yohana Cruz Velásquez, Dilan
Santiago Asencio Cruz, Yonier David Cruz Velásquez, Rigoberto Cruz Rico, María
Irma Velásquez Rincón y Lyda Cristina Malagón Velásquez.
SEGUNDO.- DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia del veinticuatro
(24) de abril de dos mil diecisiete (2017), proferida en segunda
instancia por el el Tribunal
Administrativo del Tolima en el marco del proceso de reparación directa promovido
por los accionantes contra la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército
Nacional-, cuyo radicado corresponde al número 73001-3333-005-2013-00070-00.
TERCERO.- ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que, en el término de treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación de esta decisión, adopte una nueva sentencia en la
que deberá tener en cuenta lo expuesto en las motivaciones del presente
pronunciamiento.
CUARTO.- Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, REMÍTASE al Tribunal Administrativo del
Tolima[59]
el expediente contentivo del proceso de reparación
directa adelantado por los demandantes contra la Nación -Ministerio de Defensa
-Ejército Nacional-, con radicado número 73001-3333-005-2013-00070-00.
QUINTO.- Por Secretaría General de esta Corporación,
LÍBRENSE las comunicaciones a que alude el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-475/18
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se desconoce el principio de
autonomía judicial al intervenir en el contenido del fallo que deberá adoptar
el juez ordinario (Salvamento parcial de voto)
Expediente: T-6.722.689
Magistrada Ponente:
Alberto Rojas Ríos
En atención a la decisión adoptada por la Sala Primera de Revisión de
Tutelas en la sentencia dictada dentro del expediente de la referencia, me permito presentar Salvamento Parcial de
Voto, con fundamento en las siguientes consideraciones.
1. Estoy de acuerdo con la conclusión a la
cual se llega respecto de la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso de los accionantes por parte del Tribunal Administrativo del Tolima,
puesto que dicha autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico por omitir
la valoración de algunas pruebas, así como también por su apreciación
equivocada de otros medio de acreditación obrantes en el proceso de reparación
directa.
2. No obstante, no comparto que en esta
decisión se dejaron consignadas unas consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta por el tribunal aludido al momento de fallar el asunto relacionadas con
el proceso ordinario, tal como se ordenó en el numeral tercero de la parte
resolutiva de la providencia.
3. En esa medida, considero
que la Corte intervino directamente en el contenido del fallo que deberá
adoptar el Tribunal Administrativo del Tolima, por cuanto condicionó la
competencia del juez ordinario a los razonamientos efectuados en esta
sentencia, circunstancia que desconoce el principio de autonomía judicial,
según el cual, “la conducta del juez, cuando administra justicia, no puede jamás
estar sometida a subordinación alguna (…)[60]”.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Integrada por
la Magistrada Diana Fajardo Rivera y el Magistrado Alberto Rojas Ríos.
[2] Visible a folios 5 a 17 del cuaderno de revisión.
[3] El Magistrado Carlos Leonel Buitrago Chávez salvó su voto, al estimar
que los hechos del accidente de tránsito se sometieron a un nuevo análisis
jurídico y probatorio, restándole valor probatorio al informe policial allegado
con la demanda, lo cual, en su sentir es erróneo, por cuanto era la única
prueba documental que daba cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que acaeció el accidente, y que no fue puesta en duda, ni tachada de
falsedad por la entidad demandada.
[4] Folios 37 a 57 del cuaderno inicial.
[5] Folios 58 a 66 ibídem.
[6] Folio
86 ib..
[7] Folio 93 ib..
[8] Folios 95 y 96 ib..
[9] Folios 116 a 122 ib..
[10] Folios 127 a 136 ib..
[11] Folios 144 a 148 ib..
[12] Folio 21 del cuaderno de revisión.
[13] Folio 20 ibídem.
[14] Al respecto, consultar la sentencia SU-391 de 2016.
[15] SU-617 de 2014, T-291 de 2016, T-651 de 2017, T-063 de 2018 y
T-176 de 2018, entre otras.
[16] Ver T-1085 de 2003, T-806 de 2004, T-397 de
2008, T-629 de 2009, T-338 de 2010, T-135 de 2015, T-379 de 2015, T-291 de 2016, T-100 de 2017, T-651 de 2017, T-063 de
2018 y T-176 de 2018.
[17] “Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se
oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado.”
[18] Ver SU-961 de 1999, T-291 de 2016, T-480 de
2016, T-063 de 2018 y T-176 de 2018, entre otras.
[19] Ver los Fallos T-135 de 2015, T-291 de 2016, T-480 de 2016, T-063
de 2018 y T-176 de 2018.
[20] Ibídem.
[21] ‘‘Sentencia T-522/01’’.
[22] “Cfr.
Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.”
[23] Providencia C-590 de 2005.
[24] Se seguirá de cerca los fundamentos reiterados en las sentencias
SU-416 de 2015 y T-567 de 2017, ambas con ponencia del Magistrado Alberto Rojas
Ríos.
[25] Cfr., T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-008 de 1998, SU-159 de
2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-143 de 2011 y SU-195 de
2012. Reiteradas en SU-416 de 2015 y T-567 de 2017.
[26] “Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de 1998.”
[27] “Cfr. sentencia T-442 de 1994.”
[28] “Cfr. sentencia SU-1300 de 2001.”
[29] “Cfr. sentencia T-442 de 1994.”
[30] “Cfr. sentencia T-538 de 1994.”
[31] “Sentencia SU-159 de 2002.”
[32] Providencia SU-195 de 2012, reiterada en los fallos SU-416 de 2015 y T-567 de 2017.
[33] “Cfr. sentencia T-442 de 1994.”
[34] “Cfr. sentencia T-538 de 1994.”
[35] Fallo SU-195 de 2012, reiterado en las providencias SU-416 de 2015 y T-567 de 2017.
[36] “Ibíd. sentencia T-442 de 1994.”
[37] “Cfr. sentencia T-576 de 1993.”
[38] “Cfr. sentencia T-239 de 1996.”
[39] Pronunciamiento SU-195 de 2012, reiterado en los fallos SU-416 de 2015 y T-567 de 2017.
[40] “Cfr. Sentencias T-138 de 2011 y SU-159 de 2002.”
[41] Providencia SU-195 de 2012, reiterada en las tutelas SU-416 de 2015 y T-567 de 2017.
[42] Ibídem.
[43] “Cfr. Sentencia T-902 de 2005.”
[44] “Ibídem.”
[45] “Ibídem.”
[46] Fallo T-138 de 2011, reiterado en la sentencia T-567 de 2017.
[47] “Orden de Operaciones No. 055
Jonas Fl. 268-276.”
[48] “Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. CP: Stella Contó Díaz Del
Castillo, Sentencia del 14 de Junio de 2012, Radicación Número:
20001-23-31-000-1999-00499-01(22941)”.
[49] “Tratado de la Prueba Judicial.
Indicios y Presunciones. Tomo IV. 6a ed. Librería Ediciones Del
Profesional Ltda. Bogotá. 2007. Pag. 25.”
[50] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009,
expediente número 16.837: “Todo lo hasta ahora expuesto resulta de capital
importancia para la resolución del asunto sub judice, pues en relación con el
asunto tratado en este acápite pueden formularse las siguientes conclusiones:
‘(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores
es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su
perfeccionamiento, no lo es menos que la eficacia del mismo tanto frente a las
autoridades públicas en materia de tránsito terrestre automotor como frente a
terceros, pende del cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la
inscripción del negocio jurídico en el correspondiente registro, procedimiento
éste que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo
a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los
negocios a los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión
diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de
publicidad, no sólo contraviene el tenor literal de los preceptos que
condicionan la eficacia del negocio a la realización del registro, sino también
el espíritu mismo del sistema registral colombiano,…’”
[51]
“Proceda a diligenciar de manera técnica, veraz, clara, completa y efectiva el
informe policial de accidente de tránsito.
Tenga en
cuenta que este informe servirá no solo para alimentar el Registro Nacional de
Accidentes de Tránsito y realizar el posterior análisis de estadísticas que
permitan tomar acciones preventivas por parte de las autoridades de tránsito
competentes y el Gobierno nacional en la prevención y/o disminución de la
ocurrencia o consecuencias de los accidentes de tránsito, también pueden
hacer de un proceso judicial para determinar la responsabilidad de carácter
civil o penal, por lo cual es muy importante que lo diligencie de la manera
más completa, con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, siempre
ajustándose a la realidad de los hechos”. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Manual de
diligenciamiento del informe policial de accidente de tránsito, Colombia, 2012,
p. 11.
[52]
MINISTERIO DE TRANSPORTE, 2012, op. Cit., p. 11.
[53]
MINISTERIO DE TRANSPORTE, 2012, op. Cit., p. 19.
[54]
MINISTERIO DE TRANSPORTE, 2012, op. Cit., p. 11
[55]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 23.06.2015 (SC
7978-2015), M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
[56] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de
Casación Civil, sentencia del 23.06.2015 (SC 7978-2015), M. P. Fernando Giraldo
Gutiérrez: No obstante la deficiencia
técnica, para descartarlo basta advertir que el precepto invocado no contempla
una restricción al valor probatorio que pueda surgir del “croquis” o del
“informe de tránsito”, y menos fija una tarifa legal que imponga que
para la acreditación de los hechos que envuelven un accidente de tránsito se
requiera, amén de ese instrumento, otro adicional.
El canon en cuestión ofrece sí la definición de
distintos términos, pero con el propósito explicitado por el propio legislador
de servir “Para la aplicación e
interpretación” del Código Nacional
de Tránsito Terrestre, y no de limitar la eficacia demostrativa de documentos,
como el croquis, el cual lo considera  como “Plano descriptivo de los
pormenores de un accidente de tránsito donde resulten daños a personas,
vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado en el sitio de los hechos
por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad competente”.
Es más, el alegato de los
recurrentes desconoce que en el Código de Procedimiento Civil, aún vigente, la
apreciación de las pruebas está regida por el sistema de la apreciación
racional”.
[57] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso
administrativo, Sección III-C, sentencia del 22.11.2017 (rad. 49775), Consejero
ponente Jaime Orlando Santofimio: “Así las cosas, aunque ha quedado demostrada la existencia del mal
estado de la vía, lo cierto es que los testimonios eran coincidentes, así como
el informe policial que el señor Mantilla Hernández actuó de manera imprudente
al conducir con un carro con sobrepeso situación que ocasionó el hundimiento de
la bancada, además, está demostrado con los testimonios que el actor se acercó
mucho a la orilla de la carretera por lo que se rodó por el barranco.”
[58]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección V, sentencia
de tutela del 02.02.2017 (rad. 02337-01 AC), Consejero ponente Carlos Enrique
Moreno Rubio.
[59] Carrera 2 # 8-90, Palacio de Justicia, Ibagué (Tolima).
[60] Corte Constitucional. Sentencia C-1643 de 2000.