C-994-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-994/06
DERECHO DE DEFENSA-Fundamental autónomo
DERECHO DE DEFENSA DEL PROCESADO-Ejercicio
de manera directa
El derecho de
defensa , como derecho fundamental constitucional, es un derecho que prima
facie puede ser ejercido directamente por un procesado al interior de un
proceso penal.  Así las cosas, el procesado puede hacer valer el mismo sus
argumentos y razones dentro de un proceso judicial. Esta facultad de defensa
directa por parte del procesado colabora en la realidad  a hacer efectivo el
derecho fundamental referido por cuanto quien lo desarrolla esencialmente es la
persona sobre la que recae el derecho constitucional, quien no necesitará de un
intermediario para hacerlo valer. Sin embargo, no todos los actos procesales ni
todas las materias en discusión son así de sencillas que permiten a cualquier
persona procesada ejercer de manera directa su derecho de defensa.  Así pues,
por el grado de complejidad, existe como derivación del derecho de defensa, la
posibilidad de que el procesado en quien recae dicho derecho fundamental nombre
un apoderado que represente sus intereses, que lo aconseje y que razone y
argumente por él.
DERECHO DE DEFENSA DEL PROCESADO-Representación
por abogado
DEFENSOR DE CONFIANZA-No responsabilidad
del Estado por decisiones adoptadas por éste
DERECHO DE DEFENSA-Relación con otros
derechos
DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO PENAL-Cuando
se ejerza de forma simultánea por sindicado y defensor prevalecen actuaciones
del defensor
El procesado
es el titular del derecho fundamental de defensa.  Es por tal razón que éste es
el directamente llamado a ejercitarlo, colaborando de esta manera en hacer
efectivo el derecho constitucional referido. No obstante, existe la posibilidad
constitucional de que el procesado – en quien recae el derecho de defensa –
nombre un apoderado que lo asista y aconseje  de un lado y de otro lado
represente sus intereses y  argumente y razone por él.  Sin embargo, el
procesado siendo titular de su derecho de defensa permanece activo al interior
del proceso hasta el punto de poder revocarle el mandato y nombrar un apoderado
nuevo. Sin embargo , y como lo anotan los artículos 127 de la ley 600 de 2000 y
130 de la ley 906 de 2004 , en caso de presentarse un conflicto entre las
actuaciones de la defensa con las del procesado , prevalecerán las de la
defensa.
APODERADO SUPLENTE EN PROCESO PENAL-Designación/APODERADO
SUPLENTE EN PROCESO PENAL-Limitaciones
Basado en la
división de trabajo, el legislador otorgó la facultad al apoderado de confianza
de nombrar un suplente, esencialmente para aquellos actos procesales  en los
cuales éste no pudiere estar presente.  Al respecto afirma la ley 600 de 2000
artículo 134 “ … El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero
civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad, …
“  y “ …  éstos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en
que se presente al despacho el escrito que contenga su designación.” Así las
cosas, para que un abogado sea suplente debe haber sido designado por el
apoderado de confianza, su actuación se efectúa bajo la responsabilidad del
apoderado ya mencionado y por último , solo puede actuar a partir que el
escrito que contenga su designación se presente ante el despacho judicial que
lleva la causa penal.
APODERADO PRINCIPAL Y APODERADO SUPLENTE EN PROCESO PENAL-Prohibición de actuación simultánea
Según el
Diccionario de la Real Academia Española el término simultáneo se dice “ …de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.”.  En
consecuencia, el contenido normativo que se ataca de inconstitucional determina
lo siguiente :  “ … los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de
manera simultánea .”  En otras palabras, el apoderado principal ( defensor de
confianza ) y el suplente no pueden actuar procesalmente al  mismo tiempo. En
este orden de ideas, basados en el derecho de defensa constitucional, en la
posibilidad constitucional de escoger apoderado letrado, en la unidad de defensa,
en la confianza depositada por el procesado en su apoderado y en la primacía
del apoderado principal sobre el suplente  resulta ajustado a la Constitución
la prohibición de que el primero actúe de manera simultánea con el segundo. Lo
cual, de ser contrario, estaría en contra de la eficacia tantas veces anotada
de la misma defensa. Ahora bien, la prohibición que es ajustada a la
Constitución por las razones ya esbozadas, es la de actuación simultánea del
apoderado principal y del suplente.  Por consiguiente, el contenido normativo
atacado no prohíbe la actuación del apoderado principal y del suplente de
manera alterna.
Referencia: expediente D-6367
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 134 ( parcial )
de la ley 600 de 2000.
Demandante: Carlos Felipe Useche García.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., veintinueve ( 29 ) de
noviembre de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
S E N T E N C I A
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Carlos
Felipe Useche García  presentó demanda contra el artículo 134 ( parcial ) de la
ley 600 de 2000.
Mediante
auto de seis  ( 6 ) de julio  de 2006, fue admitida por el Despacho la demanda
presentada.
Así
entonces, cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los
procesos de inexequibilidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca
de la demanda de la referencia.
II. NORMA  DEMANDADA
A continuación
se transcribe el texto de la disposición demandada, acorde con su publicación
en el Diario Oficial No 44.097, de 24 de julio del
2000 ,            y se subraya el aparte acusado:
“
LEY
600 DE 2000
(julio
24)
Diario
Oficial No 44.097, de 24 de julio del 2000
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(… )
ARTICULO 134. APODERADOS SUPLENTES. El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero
civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad, y
éstos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se
presente al despacho el escrito que contenga su designación.
El
nombramiento de suplente se entiende revocado cuando se designe a otra persona
para estos fines. Los apoderados principales y suplentes no
pueden actuar de manera simultánea.
Los
apoderados principales y suplentes podrán designar como auxiliares a
estudiantes de derecho, para conocer y enterarse de la actuación procesal.
Estos auxiliares actuarán bajo la responsabilidad de quien los designó y tendrán
acceso al expediente, entendiéndose comprometidos a guardar la reserva
correspondiente si es el caso. ( … )”
III. DEMANDA
El  demandante
considera que la norma parcialmente acusada vulnera el artículo 29 de la
Constitución Política y por tal debe ser declarada inexequible.  Los
fundamentos son los siguientes:
Se afirma, que
el aparte “ no “ demandado restringe el derecho de defensa , en el
entendido que la defensa de una persona en una audiencia se debe restringir a
un ( 1 ) solo abogado ( el principal o el suplente ) , impidiendo que pueda una
defensa utilizar los servicios de dos profesionales del derecho ( el principal
y el suplente ) de manera simultánea , entendiendo el término simultáneo como
la facultad de los apoderados principal y suplente de poder actuar en una misma
actuación judicial llámese audiencia, diligencia , inspección,  etc; para
asegurar que las labores de la defensa técnicamente independientes y
absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal de varias personas
trabajando en equipo con un mismo objetivo si la complejidad del asunto así lo
requiere , razón por la cual el término “ no “ del aparte de la norma
demandada deviene inconstitucional.
Señala el
demandante, que el término acusado quebranta el inciso tercero del artículo 29
de la Constitución Política , por cuanto se considera que es voluntad expresa
del constituyente de 1991 , la de asegurar a todas las personas, en el
específico ámbito de los elementos que configuran el concepto de debido proceso
penal y de derecho de defensa también en el ámbito penal , el respecto pleno al
derecho constitucional fundamental a la defensa técnica y dicha voluntad
compromete con carácter imperativo al legislador , a los jueces y a la ley.
Se agrega, que
la defensa técnica comprende la absoluta confianza del defendido o la
presunción legal de la misma confianza en el caso del reo ausente; en este
sentido es claro que el legislador debe asegurar que las labores del defensor
sean técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad
profesional y personal del defensor, y si se requiere en una misma actuación
varios apoderados que actúen en materia especializada dentro de una defensa,
pues en ejercicio del derecho legítimo de defensa un procesado podrá hacerlo de
acuerdo a la Constitución Nacional, restringir el derecho de defensa a un ( 1 )
solo apoderado por actuación claramente quebrante el estatuto superior razón
por la cual el término “ no “ del aparte demandado deviene
inconstitucional.
Señala el
demandante , que el derecho a la defensa técnica para poder actuar en una
audiencia, diligencia o actuación con varios defensores de manera simultánea (
entendido este concepto como el poder participar varios defensores en una misma
actuación judicial ) como una modalidad específica del debido proceso penal
constitucional se debe aplicar en toda caso en que exista sindicado de un
delito , ya que , además, aquella es una regulación categórica y expresa de
carácter normativo y de rango superior en la que se establecen las principales
reglas de carácter constitucional que en todo caso deben regir la materia del
proceso penal, de manera que todas las disposiciones que sean objeto de
regulación contraria deben ceder al vigor superior de la Constitución.
Se expresa, que
el término “ no “ del aparte de la norma demandada restringe el derecho
de defensa a la intervención de un solo apoderado por audiencia, diligencia o
actuación procesal, el término demandado no puede disponer del derecho a la
defensa y a la asistencia técnica por un grupo plural de abogados de manera
simultánea ( no al tiempo ni en dúo ) quienes expongan argumentos desde
diferentes ópticas o ramas del derecho a favor del sindicado , tal y como lo
exige la Constitución; además , se observa la prevalencia de los derechos
constitucionales fundamentales, asegurados de modo expreso por el
Constituyente, uno de los cuales es el de la defensa técnica del sindicado.  La
norma constitucional señala que se puede designar una abogado de confianza pero
en ningún momento restringe a un solo apoderado, negando la posibilidad que
durante la defensa no puedan actuar varios de manera simultánea ( entendido
este concepto como el poder participar varios defensores en una misma actuación
judicial, no al tiempo ni en dúo ) , razón por la cual el término demandado
sería inconstitucional.
Se agrega, que
la finalidad protectora de los derechos del sindicado que persiguen garantía
previstas en el art. 29 de la Constitución Política , que configuran el mínimo
de requisitos y condiciones que deben observarse en las actuaciones procesales
para asegurar la vigencia del debido proceso, como son la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa y a la asistencia de abogado durante la
investigación y juzgamiento, el derecho a un proceso público sin dilaciones
injustificadas, el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se
alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgados
dos veces por el mismo hecho, exigen necesariamente que dentro del respectivo
proceso el sindicado se encuentre representado por una defensa idónea , esto
es, de una o varias personas de manera simultánea ( entendido este concepto
como el poder participar defensores en una misma actuación judicial no al
tiempo ni en dúo) con suficientes conocimientos de derecho que estén
habilitadas para afrontar con una adecuada solvencia jurídica las vicisitudes
que de ordinario se presentan en el proceso, de manera que pueda asegurarle una
defensa técnica en las diferentes áreas que se requiera y la oportuna y eficaz
protección de sus derechos fundamentales.
Se adiciona por
parte del demandante, que lo anterior supone que la actuación del defensor o
defensores no sólo debe ser diligente sino eficaz, lo cual solo puede
garantizarse o ser el resultado de su propia formación profesional o de la
interacción con varios expertos en una defensa de manera simultánea  (entendido
este concepto como el poder participar defensores en una misma actuación
judicial no al tiempo ni en dúo) pues de esto depende que se pueda utilizar con
propiedad los medios e instrumentos de defensa que el estatuto procesal
respectivo ha instituido en la búsqueda de una decisión ajustada al derecho y a
la justicia , pero existen asuntos que por su complejidad requiere el
conocimiento de varios expertos y no hay razón alguna para negarle al procesado
su derecho a defenderse con la intervención de varios profesionales.
No existe
impedimento constitucional para que la defensa técnica se estructure con un
número plural de abogados que puedan intervenir de manera simultánea   con
miras al ejercicio del derecho de defensa , restringirlo a un ( 1 ) solo
apoderado resulta violatorio de la Constitución Política.  No existe razón
alguna de carácter constitucional para que la defensa se ejerza simultáneamente
con varios abogados , sin embargo el Estado si puede hacer uso simultáneo en la
mismas diligencias judiciales de fiscales , peritos, medicina lega, CTI, DAS,
F-2, sijin, Dijin, etc.
IV. INTERVENCIONES
1.
Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.
Fernando Gómez
Mejía , actuando en su calidad de apoderado del Ministerio del Interior y de
Justicia , interviene en el presente proceso para defender la
constitucionalidad de la norma acusada.  Como argumentos se tienen:
El interviniente
señala que no se analiza la interpretación de la norma demandada porque en esta
sede no se trata de analizar las posibles interpretaciones, correctas o
erróneas, que en los casos concretos producen los jueces encargados de decidir
controversias.
Respecto a la
posible vulneración del derecho al debido proceso, se indica, que el demandante
da por supuesto que el artículo 29 consagra , al menos , implícitamente , el
derecho del apoderado ( sic ) a tener varios apoderados que actúen alternativamente
.
Se adiciona por
el interviniente, que el núcleo del derecho de defensa técnica , que es , en
últimas , el concepto al que termina referida toda la argumentación del
demandante, no incluye la necesidad de que puedan actuar en una audiencia , en
forma simultánea ( o alternativa como dice el demandante ) tantos apoderados
cuantas cuestiones especializadas considere el procesado que existen en su
proceso.    El núcleo del derecho a una defensa técnica , por este aspecto,
está referido , ante todo , a la necesidad de que la defensa y asistencia del
procesado sea asumida por un abogado, escogido por aquel, o de oficio, y que
actúe durante la investigación y el proceso.
Por se abogado
se garantiza el conocimiento técnico mínimo para la defensa del procesado.  Por
ser de su escogencia , se garantiza que le tiene confianza , lo cual se presume
en el caso de que el defensor sea de oficio.   Y se exige , que tal defensa y
asistencia de un abogado se dé desde la etapa misma de la investigación y cubra
la de juzgamiento.
Manifiesta el
interviniente, que nada de ello impide , que el procesado pueda organizar su
defensa con cuantos expertos en diversos temas quiera reunir para lograr el
máximo de rendimiento de su defensa. Pero de ello no se puede, apresuradamente,
sacar la conclusión de que los expertos convocados por el procesado puedan
intervenir directamente en el proceso, en número de 15 o más, si fuere
necesario, como afirma el mismo demandante .
Se agrega que ,
la argumentación del actor parece partir de la presunción de la incapacidad de
un abogado para expresar en una audiencia los puntos de vista elaborados por
otro abogado de especialidad diferente.  Presunción no fundamentada y que no
sirve , por sí sola, para justificar el juicio de inconstitucionalidad de la
norma acusada.
2. Fiscalía
General de la Nación.
Mario Germán
Iguarán Arana , en su calidad de Fiscal General de la Nación , interviene en el
presente proceso con el propósito de solicitar la constitucionalidad condicionada
de la norma acusada con base en los siguientes razonamientos:
Se señala, que
el derecho de defensa puede sufrir limitaciones siempre que estas no sean
excesivas, arbitrarias, innecesarias, inútiles o desproporcionadas y para
determinar si se dan estas circunstancias se ha elaborado una serie de
herramientas hermenéuticas como son el juicio de proporcionalidad o de
razonabilidad , la aplicación del principio de concordancia práctica o
armonización concreta, etc- que surgen de fuentes del derecho y que deben ser
expuestos de manera clara en los motivos que fundamentan una determinada
decisión.
De acuerdo con
lo anterior, se indica, que el problema jurídico a resolver es ¿ Si la
expresión “ los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera
simultánea “ constituye una limitación arbitraria , innecesaria, inútil o
desproporcionada del derecho de defensa ?
Así pues, el
Fiscal General de la Nación , manifiesta que al interior de las sociedades
existen una características que las identifican.  La primera es la diferencia
de capacidades: cada persona posee características propias que le permiten ser
mejor en algunas actividades que en otras.  La división del trabajo permite que
las personas se ocupen de aquellas actividades en las cuales son expertas.  La
segunda característica , es el aprendizaje por medio de la experiencia:
suponiendo que existan dos personas con las misma capacidades , si una de ellas
se dedica a realizar una actividad se volverá experta en llevarla a cabo, pues
el hecho de que se ocupe en esa sola tarea le permitirá desarrollar destrezas y
descubrir mejores técnicas que simplifiquen el trabajo .    Trasladada esta
característica al ámbito de la defensa , permitiría la existencia de pluralidad
de abogados expertos en diferentes áreas por ejemplo en interrogatorios, en
derecho procesal, en dogmática penal, etc, que en determinados caso
justificaría la división del trabajo.
Se expresa, que
para la realización de los fines de la justicia, es necesario que en algunos
casos se deba acudir a la pluralidad de personas profesionalmente formadas que
ejerzan la defensa integral, ininterrumpida , técnica y material.
La tercera
característica es el ahorro del tiempo:  el que un trabajador esté dedicado
permanentemente a una sola tarea evita perdida de tiempo por paso de una
trabajo a otro.
De la norma
acusada, surgen dos características de la figura del apoderado suplente:  a. La
actuación del abogado suplente se realiza bajo la responsabilidad del titular.
b.  El abogado principal y suplente no pueden actuar de manera simultánea.
Asevera el
interviniente,  que las dos características tienen una finalidad , la
unificación de criterios en defensa , en este sentido la ley le impone un deber
de cuidado al defensor principal sobre las actuaciones del suplente, para que
no se realicen estrategias defensivas encontradas que en últimas perjudicarían
al defendido.
Por las mismas
razones, la ley prohíbe que se actúe simultáneamente , es decir al mismo
tiempo, pero para la fiscalía este concepto de no actuar al mismo tiempo, no
tiene significado ontológico, sino normativo.  Desde un punto ontológico, es
obvio que ninguna de las partes e intervinientes procesales puedan actuar al
mismo tiempo pues ello impediría la comunicación , que consiste en un proceso
complejo y dinámico que requiere de un emisor que envía un mensaje a uno o
varios receptores con la esperanza de producir en él una determinada
respuesta.  Cuando varios emisores intentan actuar al mismo tiempo distorsionan
el mensaje y lo que se produce es el caos.
Desde el punto
de vista normativo , el significado de “ no actuar simultáneamente “ se refiere
a que el defensor principal y suplente, no pueden actuar sobre la misma materia
o tema; sise permitiera ello se negaría la filosofía del abogado suplente ,
cual es la división de trabajo y podría afectarse al defendido al exponerse
sobre un mismo punto tesis diferentes.  En este sentido, la restricción de la
actuación del abogado suplente, tiene una finalidad; la protección de la unidad
de defensa, lo cual resulta adecuado en tanto no vulnera ningún derecho
fundamental.  Se puede concluir entonces, que la función de los litigantes
puede hacerse de manera alternada, sucesiva o turnada.
Manifiesta el
Fiscal General de la Nación, que surge un problema jurídico a resolver, pues de
acuerdo a la demanda, el artículo objeto de estudio permitiría una
interpretación violatoria del derecho de defensa , por lo que sería necesario
que la Corte Constitucional fijara el alcance a la restricción prevista en el
artículo 134.
Se afirma, que
la interpretación de la norma llevaría a concluir que el defensor principal y
el suplente no pueden intervenir en un mismo acto procesal, por ejemplo en una
misma indagatoria, en una misma inspección judicial o en una misma audiencia
pública.  La finalidad que tiene la interpretación bajo análisis , es darle
eficiencia y eficacia a las actuaciones procesales , sin embargo para alcanzar
dicho fin no se hace imperioso ni justificable la limitación del derecho de defensa
.  El medio utilizado para lograr la eficiencia y la eficacia de la
administración de justicia limita injustificablemente la división de trabajos ,
que puede ir en detrimento grave del derecho fundamental a la defensa , dicha
interpretación haría que la norma tuviere una limitación arbitraria,
innecesaria, inútil y desproporcionada del derecho de defensa, lo que la haría
inconstitucional.
No debe
olvidarse que la defensa técnica es una modalidad específica del debido proceso
penal.  Esa defensa tiende a ser realidad la eficacia, eficiencia y moralidad
del servicio público; la protección de los intereses públicos y sociales de la
comunidad y la recta administración de justicia.  La actuación procesal se
desarrolla teniendo en cuenta el respeto de los derechos fundamentales , la
prevalencia del derecho sustancial, la consolidación de los derechos a la
verdad y a la reparación.
Por lo anterior,
la Fiscalía considera que nada se opone a que por razones de conocimiento
especializado en la práctica de diligencias propias del procedimiento penal
puedan intervenir varios apoderados en un mismo acto procesal , siempre y
cuando sus actuaciones sea de forma alternativa , no sean contradictorias y se
refieran a temas diferentes, por el contrario el no permitirlo violaría la
Constitución Política al impedirse el fiel cumplimiento del derecho de defensa
al imponerse una limitación desproporcionada.
3.
Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
Augusto Ibáñez
Guzmán , en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal ,
interviene en el presente proceso argumentando que las exposiciones del
demandante son meras discrepancias con la interpretación realizada por la Corte
Suprema de Justicia o especiales reflexiones sobre el derecho de defensa que no
resaltan contradicción con la Constitución Política o el bloque de
constitucionalidad, en consecuencia la Corte no puede emitir pronunciamiento de
fondo , por cuanto según criterio del interviniente, existe ineptitud
sustantiva de la demanda y lo que corresponde es la declaratoria de inhibición.
4.
Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
Los  ciudadanos
Fernando Arboleda Ripoll y Heráclio Fernández Sandoval , en representación de
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, intervienen en el presente proceso
con el propósito de solicitar la declaratoria de exequibilidad de la norma
acusada.
Señalan los
intervinientes, que los atributos de extensión y eficacia de la defensa no
dependen del número de profesionales acreditados como representantes de ella o
si pueden intervenir todos en el mismo acto.  Está referida, como
universalmente se admite, a la gestión para hacer reconocible la pretensión en
que consiste.  El juicio sobre su realización, limitación o negación siempre ha
sido llevado a cabo sobre la esencialidad de los actos ejecutados en su
ejercicio , incluso, sobre el ningún despliegue de actividad cuando de ello se
esperan consecuencias beneficiosas para la causa que se representa , como es el
caso del defensor que no lleva a cabo iniciativa probatoria alguna en procura
de que la situación de duda llamada a favorecer al reo no se modifique.
Se agrega, que
no es óbice para que la defensa se despliegue en su gestión y con anterioridad
a participar en el acto correspondiente, para que consulte y tenga los estudios
de acuerdo con su conocimiento experto y la estrategia que se haya trazado.  No
obstante, a la hora de intervención en la audiencia deberá hacerlo un solo
defensor.   Corresponde ello a la naturaleza de este tipo de actos, el de ser
preparados.
Concluyen los
intervinientes, que en manera alguna se afecta el derecho de defensa con la
prohibición de intervención simultánea en un mismo acto procesal del abogado
principal y suplente, y que ella corresponde a criterios de racionalidad y
eficacia del derecho básico establecido constitucionalmente.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante el
Concepto No. 4157 presentado el veintinueve ( 29 ) de Agosto  de 2006, el
Procurador General de la Nación, Doctor Edgardo José Maya Villazón  , solicita
a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la
demanda presente o en subsidio declare la exequibilidad de la norma acusada.
Dicha solicitud se fundamenta en los siguientes argumentos:
Determina el Ministerio
Público que a pesar de la presentación del escrito de corrección de la demanda,
subsisten razones que en criterio del Ministerio Público conducen a una
decisión inhibitoria.
Se indica que
mediante auto del 16 de junio pasado, el Magistrado Sustanciador inadmitió la
demanda presentada por el ciudadano USECHE GARCÍA al considerar que se refiere
al concepto de alternatividad de la defensa, el cual resulta ajeno al
texto demandado y surge del criterio subjetivo del actor y, en segundo lugar,
porque el cuestionamiento se dirige contra la interpretación y aplicación de
norma por la Corte Suprema de Justicia, asunto que no puede ser objeto de
control de constitucionalidad.
Posteriormente
el actor presentó el escrito de corrección, en dónde, sin esbozar argumentos
distintos a los inicialmente planteados, para subsanar el primer defecto cambia
la referencia de la alternatividad, e incorpora el concepto de simultaneidad,
utilizado por la disposición impugnada.
No
obstante lo anterior, en criterio del Ministerio Público resulta improcedente
adelantar el control constitucional de la expresión acusada por cuanto el cargo
se estructura sobre una interpretación que no se deduce del contenido del
artículo 29 de la Constitución Política.
En
efecto, en criterio del demandante que cuando la citada disposición indica que
“Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento”, está consagrando que para garantizar la defensa
técnica el sujeto pasivo de la acción penal tiene derecho a designar y ser
representado no por uno sino por todos los abogados que desee.
Basta
dar lectura al precepto superior para percatarse de la disconformidad entre su
contenido y la interpretación dada por el actor y en la cual basa su demanda,
pues en él se hace expresa referencia al derecho que tiene el sindicado de
contar con la “asistencia de un abogado”, no de un grupo o número plural de
abogados que actúen simultáneamente en desarrollo de la actuación procesal.
A
lo anterior cabe añadir que la forma como se ejerce la defensa técnica por el
apoderado principal y el suplente, ya sea simultáneamente como lo desea el
actor o subsidiaria y separadamente como lo establece la disposición acusada,
no tiene relación directa con el derecho constitucional que se aduce violado,
según el cual el investigado o sumariado tiene derecho a designar el abogado
que desee, más aún teniendo en cuenta que la disposición quebrantada supone el
ejercicio previo del derecho a escoger un abogado, al que se refiere el
artículo 29 superior. Y precisamente es éste o el defensor de oficio quien,
conforme con el artículo acusado, nombra un suplente de su confianza para que
le reemplace cuando no pueda actuar dentro del proceso.
En
síntesis, afirma el Procurador General de la Nación, la designación de un
abogado suplente por el defensor principal y su participación dentro del
proceso penal no es un asunto del que se ocupe, aún de manera tangencial, el
mencionado precepto constitucional.
En
este orden, la argumentación de la demanda carece de pertinencia como quiera
que tiene sustento en una interpretación que no se deriva necesariamente de
lo que establece la disposición constitucional que se estima vulnerada.
Así las cosas se
solicitá a la Corte Constitucional inhibirse de dictar un pronunciamiento de
fondo por ineptitud sustantiva de demanda.
La disposición
acusada si bien señala que el abogado principal y el suplente no pueden actuar
en forma simultánea en la actuación penal, no impide al investigado asesorarse
de un número plural de abogados.
No obstante ,
indica el Ministerio Público, sí dando alcance al principio pro actione,
la Corte Constitucional estima posible analizar la disposición acusada,
manifiestas son las razones para disentir del cargo presentado contra el
artículo 134 inciso 2º, de la Ley 600 de 2000.
En primer lugar,
como se anticipó en precedencia, el artículo 29 de la Carta Política, en
consonancia con los artículos 14.3.d., del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y políticos, el artículo 8.2.d., de la Convención Americana de Derechos
Humanos y el Principio 1 de los Principios Básicos sobre la Función de los
Abogados, reconoce el derecho del sujeto pasivo de la acción penal a contar con
la asistencia de un profesional del derecho, que le asesore y lleve a cabo la
representación judicial tanto en la etapa de investigación como en la de
juzgamiento.
Esta asistencia
letrada que consagra el ordenamiento superior complementa la defensa material
que pueda hacer el investigado y le garantiza la protección y defensa técnica
de sus derechos frente al ejercicio del poder punitivo estatal. Constituye por
tanto una figura jurídica insustituible, irremplazable e irrenunciable,
encaminada a lograr equilibrio en el desarrollo de toda acción penal, pues este
derecho debe garantizarse aún en los casos en que el investigado, sindicado o
enjuiciado no comparezca al proceso.
El derecho a
contar con defensa técnica conlleva tres correlativas obligaciones para el
Estado: i) para las autoridades competentes el deber de informarle desde el
inicio de la actuación o el primer contacto que se tenga con el indiciado o
sumariado, sobre la facultad que le asiste de designar, a su elección, un
abogado que lo asista y represente y, en el evento de no hacerlo por cualquier
causa, del nombramiento de uno de oficio, ii) escoger de oficio al defensor
cuando el procesado no lo designe, de tal forma que exista continuidad en la
defensa técnica y, iii) tanto el legislador como el funcionario judicial tienen
la obligación de establecer las condiciones que permitan a la persona escoger
en forma conciente y libre al abogado de su confianza, sin someterlo a un
listado único de abogados o imponerle directa o indirectamente el nombramiento
de uno en particular, y de igual forma brindarle al defensor la oportunidad y
libertad para expresarse dentro de la actuación sin más restricciones que la
observancia de las disposiciones legales y el respeto hacia los funcionarios
judiciales, partes e intervinientes dentro del proceso.
Dentro de estos
parámetros, se agrega,  y atendiendo a las vicisitudes que pueden impedir la
asistencia permanente en el proceso del abogado designado como defensor por el
sindicado, el legislador estableció las suplencias como medio para asegurar la
continuidad de la defensa técnica. Es así como luego de ordenar que “para los
fines de su defensa el sindicado deberá contar con la asistencia de un abogado
escogido por él o de oficio” (artículo 127 de la Ley 600 de 2000), en el
artículo demandado autoriza al defensor para designar, bajo su exclusiva
responsabilidad, quien lo reemplace en su ausencia, es decir, participe y
represente al procesado en los eventos en que le sea imposible hacerlo al
abogado principal.
Conforme con lo
expuesto, la disposición acusada no viola el artículo 29 de la Constitución
dado que en ningún momento desconoce o restringe el derecho del imputado o
sindicado a designar un apoderado escogido por él. Obsérvese además que la
norma constitucional hace referencia a la asistencia y representación judicial
de un abogado, más no de un grupo o equipo de abogados que actúen permanente y
simultáneamente dentro de la misma actuación judicial.
En este orden,
considerando que el legislador goza de libertad de configuración al expedir las
normas procesales que regulan las actuaciones judiciales, siempre que ellas no
desconozcan las disposiciones constitucionales y el artículo 29 presuntamente
vulnerado  no impone que la defensa técnica sea adelantada por un colectivo de
abogados, ni considera siquiera esta posibilidad al referirse expresamente a
“un abogado”. No le resultaba constitucionalmente exigible al legislador incorporar
la figura de los suplentes, quienes, valga resaltar, son designados no por el
procesado sino por el abogado principal para que, como suplentes y bajo la
dirección del principal, asuman la defensa en el evento en que por causas
ajenas a su voluntad no pueda representar a su prohijado, dando así continuidad
a la defensa técnica.
La Corte
Constitucional en sentencia C-657 de 1996, al referirse a una disposición
similar a la ahora examinada y contenida en el ordenamiento procesal anterior
indicó que “cada procesado no puede tener sino un defensor, lo cual no obsta
para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de
Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de la parte civil puedan
designar suplentes que, una vez posesionados ante el juez, sin necesidad de
observar mayores formalismos, quedan facultados para intervenir, alternativa
mas no conjuntamente, en la actuación procesal.” Ello por cuanto la
suplencia “contribuye a sortear las dificultades en que pueda encontrarse el
defensor o  apoderado principal, propendiendo así el cumplimiento y la
observancia cabal del derecho de defensa, a lo cual no se podría  proceder con
la prontitud que determinadas circunstancias exigen, si la designación de
suplentes estuviera rodeada de exigencias excesivas”.
Teniendo en
cuenta que la defensa técnica tiene dos componentes: la asistencia que se
cumple con el asesoramiento integral al imputado y la representación, referida
a la comparecencia al proceso y ante la autoridad judicial, en criterio del
Ministerio Público la expresión censurada permite que la persona sea asistida
por dos o más profesionales del derecho y que ellos colaboren en la
construcción de su estrategia defensiva si así lo desea, siempre que la
representación judicial, es decir, la defensa letrada dentro del proceso sea
asumida por el defensor principal o por el suplente, en ausencia de aquel. Esta
limitación además sirve al mismo poderdante en la medida que la dirección y
técnica defensiva estarán determinadas por quien ha designado libremente como
su defensor y será éste quien responderá por la gestión adelantada.
La prohibición
del ejercicio simultáneo de la defensa contenida en la disposición acusada, no
desconoce la posibilidad de que el defensor suplente intervenga dentro de una
diligencia o audiencia pública en la cual esté participando el defensor
principal, si éste por alguna situación particular debe ausentarse de la misma,
de tal forma que no se desampare la defensa técnica del procesado en la
culminación de esa actuación.
Finalmente,
señala el Procurador General de la Nación, si de conocimientos técnicos o
especiales se trata, dos consideraciones desmienten el cargo: de una parte, la
norma no restringe la libertad del investigado para designar a quien,
atendiendo a sus condiciones profesionales particulares, estime lo puede
representar mejor dentro del proceso penal, ni tampoco le coarta la facultad de
cambiarlo, en cualquier momento del proceso, cuando pierda la confianza en su
idoneidad; y, de otra parte, en ejercicio del derecho a la defensa, aún en la
etapa de juicio y antes de finalizar la audiencia preparatoria, puede
solicitarse al funcionario judicial que practique y tenga como prueba pericial
conceptos de profesionales especializados en distintas áreas del saber, y de
ser el caso también puede requerirse el testimonio de personas especialmente
calificadas por sus conocimientos técnicos científicos o artísticos para emitir
conceptos, como lo autoriza el artículo 276 de la Ley 600 de 2000.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
Competencia
1. Esta
corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma
acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, Num. 4, de la
Constitución, por estar contenida en una ley.
2. Corresponde a esta Corporación determinar si el supuesto
normativo señalado en la disposición acusada, referente a la imposibilidad de
que los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera
simultánea al interior del proceso penal, vulnera el derecho de defensa.
Para  analizar las cuestiones jurídicas de fondo, la Corte pasa a
determinar  en una primera parte ( I ) el contenido del Derecho de
Defensa,  para posteriormente analizar , en una segunda parte ( II ),
el caso concreto.
I.  El Derecho de Defensa
A raíz de la
Constitución de 1991 el derecho penal sufre un positivo cambio a través de la
constitucionalización de sus materias tanto sustantivas como procedimentales.
De esta forma, la Constitución señala una serie de parámetros basados en los
derechos fundamentales que influencian de manera directa el derecho penal e
indican su desarrollo.
En este orden de
ideas, el derecho penal se ve influenciado de manera intensa por los contenidos
constitucionales sustentados en los derechos esenciales de las personas.
Implica lo
anterior, que el legislador no posee una total discrecionalidad al momento de
establecer los procedimientos penales, sino que debe respetar los derechos
fundamentales de las personas , los cuales no sólo son sujetos de protección y
garantía por parte del Estado sino que igualmente devienen como un límite
inherente y normativo de origen constitucional al ejercicio del poder punitivo
del Estado.
Así las cosas,
uno de estos derechos fundamentales de origen constitucional que actúa como
sujeto de protección estatal y como límite normativo del derecho penal es el derecho
de defensa.
En efecto, el derecho de defensa apareja consigo que tanto el Estado
como el ordenamiento jurídico tienen el deber constitucional de salvaguardar a
cualquier persona sin distingo del  tipo de proceso - aún más en el penal donde
se debate la libertad de una persona-  de la “plena oportunidad de ser oído,
de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y
objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las
que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga
“[1]
En otras
palabras, el derecho de defensa se centra en la posibilidad de que una persona
dentro de un proceso pueda ser oída, controvertir las pruebas existentes e
interponer los recursos de ley. Por lo anterior, debe afirmarse que el derecho
de defensa es un derecho fundamental autónomo no obstante estar ligado
inexorablemente al debido proceso, a la libertad, la vida; entre otros.
En últimas, el derecho de defensa lo que pretende , basado en la
Constitución, es la “ interdicción a la indefensión “ [2].
Esta se presentaría  “cuando se priva al ciudadano de la posibilidad de
impetrar la protección judicial, de sus derechos, o la de realizar dentro de
dicho proceso, las adecuadas pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que
dificulte la actividad probatoria, o cuando se le niega una justa legal
facultad de que su negocio sea conocido en segunda instancia.(...)”.
Efectivamente, se produce una indefensión de las personas cuando se les coarta
la posibilidad de acceder al aparato judicial o cuando se les dificulta
realizar las actividades encaminadas a propiciar su defensa dentro de un
proceso.”[3]
Ahora bien, el
ejercicio del derecho fundamental y constitucional de defensa: el derecho a ser
oído dentro del proceso , el derecho a controvertir las pruebas allegadas en
contra, el derecho a solicitar pruebas, el derecho a interponer los recursos
que establezca la ley , y en general el derecho  a esbozar los propios
argumentos y razones; puede ser desplegado esencialmente de dos maneras:
1. Derecho
de Defensa ejercitado de manera directa por el procesado.
El derecho de
defensa , como derecho fundamental constitucional, es un derecho que prima
facie puede ser ejercido directamente por un procesado al interior de un
proceso penal.  Así las cosas, el procesado puede hacer valer el mismo sus
argumentos y razones dentro de un proceso judicial.
Esta facultad de
defensa directa por parte del procesado colabora en la realidad  a hacer
efectivo el derecho fundamental referido por cuanto quien lo desarrolla
esencialmente es la persona sobre la que recae el derecho constitucional, quien
no necesitará de un intermediario para hacerlo valer.
Con relación a
este tema se ha afirmado:
“ La jurisprudencia sobre este derecho es escasa.  En el caso
Hill, se negó a uno de los imputados el derecho a defenderse personalmente
porque la legislación vigente  sólo permitía al acusado defenderse con
el apoyo de un abogado.  El Comité de Derechos Humanos consideró que ese
requisito , establecido por la legislación, era incompatible con el “ derecho
de autodefensa “ .  Sin embargo, la mayor parte de la jurisprudencia sobre este
derecho se refiere a casos en los cuales el defensor de oficio se niega a
defender la causa del acusado .  La jurisprudencia sobre casos de esta índole
tiende a considerar el derecho a defenderse personalmente no tanto como un
elemento importante del debido proceso, sino más bien como un mal menor. “ [4]
Sin embargo, no
todos los actos procesales ni todas las materias en discusión son así de
sencillas que permiten a cualquier persona procesada ejercer de manera directa
su derecho de defensa.  Así pues, por el grado de complejidad, existe como
derivación del derecho de defensa, la posibilidad de que el procesado en quien
recae dicho derecho fundamental nombre un apoderado que represente sus
intereses, que lo aconseje y que razone y argumente por él.  La jurisprudencia
del Comité de Derechos Humanos no determina claramente cuando sería necesaria
la representación a través de apoderado y en aras del interés de justicia.[5]
Dicho mandato lo
efectúa el procesado a través de un poder, manteniéndose la posibilidad
por parte de la persona de  revocar el poder en cualquier momento procesal .
Esto da cuenta entonces, de que la persona procesada en una causa penal está
activamente presente en la misma, a pesar del ejercicio del mandato otorgado,
no obstante debe tenerse presente que cuando la defensa “ se ejerza de
manera simultánea por el sindicado y su defensor , prevalecerán las peticiones
de este último”[6]
Ratificando la
preponderancia del interés del titular del derecho fundamental de defensa,
esta Corporación afirmó:
“La Corte se ha ocupado así mismo de este tema
en relación con  las facultades del apoderado de quien interpone una acción de
tutela, para hacer énfasis en que ninguna persona distinta
del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede retirar la
demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquél
“En primer lugar, para la Corte es claro que ninguna persona
distinta del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede
retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquél. Y el
juez de tutela no puede basarse en el dicho de un tercero -que lo es el
apoderado cuando carece de facultad en cuanto al desistimiento se refiere- para
abstenerse de fallar, como es su deber”[7].
2. Derecho de Defensa ejercitado por un profesional del derecho.
Debido a los
conocimientos adquiridos por un profesional del derecho, una persona puede
hallarse en mejor oportunidad de defender sus intereses dentro de un proceso
penal.  Sin embargo, no basta con que el defensor sea un defensor del derecho,
utilizando un método técnico, sino que además debe poseer una dimensión humana
inmensa[8].
Para la persona
procesada en una causa penal, el derecho de nombrar un apoderado o de estar
asistido por un abogado de oficio, deviene de la propia Constitución.  En
efecto, el artículo 29 Constitucional señala que “ … Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él , o
de oficio, durante la investigación y el juzgamiento… “
Este derecho se
centra en últimas,  en la posibilidad del procesado de escoger un abogado que
considere es el que mejor representa sus intereses y tiene como base
estructural garantizar un elemento esencial de debido proceso consistente en el
derecho a ser oído “con las debidas garantías “[9].
Respecto a la facultad de escogencia de abogado, el Comité de Derechos Humanos
concluyó en el caso Domukovsky y otros contra Georgia :
“Tampoco garantizó el Estado Parte que cada uno de los acusados
estuviese defendido en todo momento por el abogado de su elección”
Ahora bien, la
actividad de defensa debe estar sustentada en mecanismos técnicos que
garanticen el ejercicio del derecho fundamental de defensa.  Por consiguiente,
dicha actividad deben estar desempeñada por un profesional académicamente
preparado e idóneo en su gestión  y además que esté legalmente autorizado para
el ejercicio de la profesión.
No obstante, la
garantía del derecho de defensa no “ se satisface y termina con la
designación de un profesional del derecho para ser representado en juicio, sino
con la posibilidad del convocado al proceso de 1) intervenir en cada una de las
actuaciones procesales por intermedio del abogado previamente designado, 2)
hacerlo directamente -si le está permitido-, 3) actuar por conducto de un
profesional distinto al otrora designado –sin prescindir de la asistencia de
éste-, o 4) de no intervenir. Porque por más técnica que parezca la intervención
del apoderado actuante, lo esencial para el implicado en el juicio no es la
técnica empleada, sino que el designado sepa proyectar la posición que el
involucrado desea asumir y proyectar en el juicio. “[10]
Sin embargo ,
para que el apoderado garantice el derecho de defensa debe realizar el  manejo
adecuado y oportuno de los instrumentos y recursos procesales previamente
estatuidos, para eludir la simple formalidad de su encargo.  Al respecto
en Sentencia de Unificación de esta Corporación 044 de 1995 se señaló:
“ Una adecuada y eficaz representación dentro de un proceso, que
necesariamente comporta la utilización de instrumentos y del variado repertorio
de actos y recursos procesales se asegura con la presencia y actividad de un
defensor profesional que hace efectiva la exigencia constitucional de que el
sindicado deba estar asistido por un abogado, pues se supone que éste como
conocedor de las disciplinas jurídicas, es quien está habilitado para actuar
con la dinámica y habilidad requeridas para la defensa técnica de las garantías
procesales de aquél.” ( negrilla fuera del
texto )
Al respecto se
ha manifestado:
“ La observación General No 13 declara que “ El acusado o su
abogado deben  tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor,
valiéndose de todos los medios de defensa disponibles , así como el derecho a
impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son injustas “  La
jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos reconoce el derecho del imputado
a una “ representación eficaz “ conforme al interés de la justicia.  , pero
también reconoce la presunción de que la actuación de un defensor ha sido
adecuada.  El Comité ha aclarado que “ en ausencia de una prueba clara de
negligencia profesional por parte del abogado, no corresponde al comité
cuestionar el juicios profesional de este último.
La representación es “ incompatible con los intereses de la justicia
“  cuando, en vez de defender una causa, un letrado informa al tribunal que la
causa carece de méritos , privando al proceso de su carácter contradictorio.
La ausencia de defensor durante una parte de las audiencias también puede
vulnerar el derecho del imputado a una defensa eficaz.  En el caso Yaseen y
Thomas , la ausencia del defensor durante los primeros cuatro días del juicio
oral, cuando el fiscal expuso sus argumentos relativos a los hechos y a la
responsabilidad de los acusados y cuando declararon dos testigos de cargo, se
consideró incompatible con el derecho de defensa eficaz.  La ausencia de
letrado durante las audiencias preliminares también puede dejar al acusado
indenfenso.  En los casos Browm y Simpson , el comité de derechos humanos
consideró que la ausencia del defensor durante las declaraciones de testigos en
una audiencia preliminar conculcó el derecho del imputado a una defensa
eficaz.”[11]
Pues bien , este
derecho constitucional en cabeza de la persona, de escoger el apoderado que
ella considere mejor represente sus intereses , es decir la escogencia de un Defensor
de Confianza, implica que el Estado no puede adoptar la responsabilidad de
las decisiones tomadas por el apoderado defensor.  Al respecto ha afirmado el
Comité de Derecho Humanos .
“ El Comité considera que no se puede hacer a los Estados respon-
sables de las decisiones que hayan podido adoptar los abogados en ejercicio de
su criterio profesional(… ) “[12]
El mismo Comité
en el caso Brown y Parish  ( párrafo 9.2. 1999 ) señaló:
“  El Estado no puede ser considerado responsable por la falta de
preparación o de presuntos errores cometidos por los abogados defensores , a
menos que haya negado a los acusados y a su abogado tiempo para preparar la
defensa o que haya resultado manifiesto al tribunal que  la manera en que los
abogados fue incompatible con el interés de la justicia “
No obstante, el defensor de confianza no es la única figura
jurídica  a través de la cual un profesional del derecho defiende los intereses
de un procesado. Tanto así que, el mismo ordenamiento jurídico exterioriza la
posibilidad de asignación de un defensor por parte del Estado, evento en el
cual estamos en presencia de un Defensor Público, o ante la ausencia de
estos en el lugar donde se desarrolla el proceso se señala la posibilidad de
nombrar un Defensor de Oficio.[13]
No obstante
tanto el primero como los subsiguientes requieren ser profesionales del
derecho,  quienes deben actuar en  representación de los titulares de derecho.
En principio, esta actuación de los profesionales del derecho es aplicable a
todas las etapas del proceso.[14]
Este actuar  no
significa en ningún momento la sustitución  de la titularidad de los derechos
de quienes ellos representan.  Lo anterior, basado en la autonomía de voluntad
de la persona que  otorga poder a un apoderado  y consecuencia de la
titularidad exclusiva que el poderdante  tiene de los intereses en discusión en
el proceso.
Ahora bien, no
en todos los casos se puede contar en los procesos penales con abogados
titulados ( Defensor de confianza, defensor público y defensor de oficio )
, razón por la cual y solo en casos excepcionales el ordenamiento jurídico
permite que se habiliten para tal efecto defensores que reúnan como requisito
mínimo la condición de egresado o estudiantes de derecho pertenecientes a
consultorios jurídicos.  Lo precedente , estructurado sobre la base de que al
menos son personas con conocimiento jurídico[15].
En cualquiera de estos eventos , la defensa debe ser preparado con
el tiempo y medios adecuados.  Con relación a este tema se ha mencionado:
“ (… ) El Comité reitera su jurisprudencia que dice que el
derecho de una persona acusada a disponer del tiempo y los medios
suficientes para la preparación de su defensa es un aspecto importante del
principio de igualdad de armas . “ [16]
Más adelante se afirmó:
“ En su observación General No 13 el comité de derechos humanos
señala que el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de la defensa incluye el derecho de “ acceso a los documentos y
demás testimonios que el acusado necesite para preparar la defensa”[17]
Pues bien, el derecho
fundamental de defensa se interrelaciona con otros derechos fundamentales de
origen constitucional como el debido proceso, la libertad y la vida entre
otros, como se mencionó con anterioridad.  Pero igualmente posee una relación
directa con el principio de igualdad propio de la administración de justicia
que exige criterios homogéneos en el trato entre las partes del proceso.
Así entonces, el
derecho de defensa no es materia disponible de una de las partes , por cuanto
produciría una inestabilidad de las facultades de estas al interior del proceso
perdiendo el sentido de igualdad del proceso penal , que se traduce en la “ equivalencia
de oportunidades predeterminas por la ley “.
La Declaración
Universal de los Derechos Humanos determina que “ Toda persona tiene
derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia … “ . En igual sentido, el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos señala : “ Todas las personas son iguales ante
los tribunales y cortes de justicia. “ ; a su vez la Convención Americana
de Derechos Humanos estipula en su artículo 8.2. que “ Durante el proceso ,
toda persona tiene derecho , en plena igualdad, “ a unas ciertas garantía
mínimas.
II.  El
Caso Concreto.
Señala el demandante
que la expresión  “ no “  de la norma acusada,  restringe el derecho de
defensa , al prohibir  que en cualquier actuación procesal el apoderado
principal y el suplente  puedan actuar de manera simultánea , impidiendo que
una defensa pueda utilizar los servicios de dos profesionales del derecho ( el
principal y el suplente ) de manera simultánea .  Se agrega, que limitar el
ejercicio del derecho de defensa a un solo apoderado impide que actúen varios
apoderados que posean conocimientos especializados y específicos con relación a
las diferentes materias , y por consiguiente permitan resolver las múltiples
vicisitudes que se presentan en los procesos.  Lo anterior, garantizaría la
eficacia de la defensa y del resultado de ésta pues existen asuntos que por su
complejidad requieren el conocimiento de varios expertos y no hay razón alguna
para negarle al procesado su derecho a defenderse con la intervención de varios
profesionales.
Con base en las argumentaciones precedentes , esta
Corporación constata lo siguiente:
·
El derecho fundamental constitucional de defensa
implica esencialmente la interdicción a la indefensión de una persona
sometida a un proceso penal. Dicha interdicción se ve desvirtuada cuando el
procesado cuenta con la posibilidad de ser oído dentro del proceso, de
controvertir la pruebas allegadas en su contra, de solicitar pruebas, de
interponer los recursos que señale la ley, en reglas generales de esbozar sus
propios argumentos y razones al interior de una causa penal.
·
El procesado es el titular del derecho
fundamental de defensa.  Es por tal razón que éste es el directamente llamado a
ejercitarlo, colaborando de esta manera en hacer efectivo el derecho
constitucional referido.
·
No obstante, existe la posibilidad constitucional
de que el procesado – en quien recae el derecho de defensa – nombre un
apoderado que lo asista y aconseje  de un lado y de otro lado  represente sus
intereses y  argumente y razone por él.  Sin embargo, el procesado siendo
titular de su derecho de defensa permanece activo al interior del proceso hasta
el punto de poder revocarle el mandato y nombrar un apoderado nuevo.  Sin
embargo , y como lo anotan los artículos 127 de la ley 600 de 2000 y 130 de la
ley 906 de 2004 , en caso de presentarse un conflicto entre las actuaciones de
la defensa con las del procesado , prevalecerán las de la defensa.
·
Así pues, y en aras del derecho de defensa, el
apoderado nombrado por el procesado ( defensor de confianza ) debe ser
un profesional del derecho, académicamente preparado , conocedor de las
disciplinas jurídicas,  idóneo en su gestión y legalmente autorizado para
ejercer la profesión.  Debe hacerse claridad que en aquellos eventos en los
cuales el procesado sea al mismo tiempo profesional del derecho , cuenta con la
posibilidad de defenderse él mismo o hacerlo a través de un apoderado de
confianza.  Es decir, independiente que el procesado sea profesional del
derecho puede nombrar otro profesional del derecho como su apoderado de
confianza.
·
Ahora bien, no deviene de la Constitución que
el  ejercicio técnico de la defensa de un procesado deba ser realizado por
múltiples apoderados. Basta simplemente con que uno, el apoderado, sea
conocedor de las disciplinas jurídicas.  Esta exigencia es suficiente a la luz
de los postulados que estructuran esta providencia para la garantía eficaz del
derecho de defensa.  Y lo anterior se desprende claramente del artículo 29
Constitucional: “… Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento… “  .  En otras palabras,
la propia Constitución resuelve el problema del número de apoderados de
confianza del procesado, el cual debe ser de uno.
·
Debe agregarse que es imposible conocer todos
los contenidos a profundidad , lo que haría igualmente indeterminado designar
un sin fin de apoderados dependiendo la inmensa variedad de temas jurídicos que
se pueden presentar en un proceso.  Por más apoderados que haya en una defensa
nunca se va a presentar una defensa que maneje todos los temas jurídicos en un
proceso.  Se podría llegar al absurdo de que si en un proceso se manejan 50
temas diferentes sea indispensable contar con 50 apoderados; lo que llevaría a
conformar una regla no ajustada a la constitución según la cual en aquel
instante en que falta uno sólo de aquellos 50 apoderados se podría afirmar que
se violó el derecho de defensa y en consecuencia habría lugar a una nulidad.
·
Por lo anterior , es que es indispensable
desarrollar la idoneidad de la defensa técnica.  Es decir, el apoderado de
confianza  del  procesado cuenta con los conocimientos pertinentes para hacer
valer las diferentes posiciones jurídicas existentes a favor de su defendido,
sea porque se haga asistir por conocedores de estos temas  o sea por que
directamente él maneje las diferentes materias.  Pues bien, no por ello todos
los conocedores de la materia requieren ser apoderados de procesado. La
confianza depositada por el procesado se hace en un apoderado.
·
Ahora bien, debe recordarse como lo hace el
Ministerio Público que si de lo que se trata es  que el procesado pueda contar
con conocimientos especializados que defiendan sus intereses , existe la
posibilidad procesal de que “ funcionario judicial practique y tenga como
prueba pericial conceptos de profesionales especializados de distintas áreas
del saber y de ser el caso también puede requerirse el testimonio de personas
especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos , científicos o
artísticos para emitir conceptos, como lo autoriza el artículo 276 de la ley
600 de 2000 “ [18].
Situaciones estas que el apoderado de confianza debe valorar y preparar con
tiempo y a través de los medios adecuados , como se expuso en los argumentos
precedentes de esta providencia.
·
Pues bien, basado en la división de trabajo que
esbozó también  la Fiscalía General de la Nación, el legislador otorgó la
facultad al apoderado de confianza de nombrar un suplente, esencialmente para
aquellos actos procesales  en los cuales éste no pudiere estar presente.  Al
respecto afirma la ley 600 de 2000 artículo 134 “ … El defensor, el
apoderado de la parte civil y del tercero civilmente responsable podrán
designar suplentes bajo su responsabilidad, … “  y “ …  éstos
intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se presente
al despacho el escrito que contenga su designación.” Así las cosas, para
que un abogado sea suplente debe haber sido designado por el apoderado
de confianza, su actuación se efectúa bajo la responsabilidad del apoderado ya
mencionado y por último , solo puede actuar a partir que el escrito que
contenga su designación se presente ante el despacho judicial que lleva la
causa penal.
Por esta razón , es que el apoderado de confianza es quien debe
establecer las directrices de la defensa y propender porque las actuaciones
posibles del abogado suplente correspondan a lo determinado por él, simplemente
porque es él y no otra persona la escogida por el procesado basado en su
derecho constitucional .  Además , debe agregarse, que el apoderado principal o
de confianza cuanta siempre con la posibilidad de desplazar en la actuación al
abogado suplente e incluso puede cambiarlo por otro.
·
Así las cosas, resta por determinar si el
apoderado principal o de confianza y el abogado suplente pueden o no actuar de
manera simultánea en un proceso penal. Según el Diccionario de la Real
Academia Española el término simultáneo se dice “ …de una
cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.”.  En consecuencia, el
contenido normativo que se ataca de inconstitucional determina lo siguiente :
“ … los apoderados principales y suplentes no    pueden actuar
de manera simultánea .”  En otras palabras, el apoderado principal ( defensor
de confianza ) y el suplente no pueden actuar procesalmente al  mismo
tiempo.
·
En este orden de
ideas, basados en el derecho de defensa constitucional, en la posibilidad
constitucional de escoger apoderado letrado, en la unidad de defensa, en la
confianza depositada por el procesado en su apoderado y en la primacía del
apoderado principal sobre el suplente  resulta ajustado a la Constitución la
prohibición de que el primero actúe de manera simultánea con el segundo. Lo
cual, de ser contrario, estaría en contra de la eficacia tantas veces anotada
de la misma defensa.
·
Ahora bien, la
prohibición que es ajustada a la Constitución por las razones ya esbozadas, es
la de actuación simultánea del apoderado principal y del suplente.  Por
consiguiente, el contenido normativo atacado no prohíbe la actuación del
apoderado principal y del suplente de manera alterna. Al respecto, esta
Corporación al analizar un contenido normativo similar al acusado en esta
demanda , perteneciente  al Código de Procedimiento Penal anterior a la ley 600
de 2000,  señaló :
“    De
otra parte, conviene indicar que cada procesado no puede tener  sino un
defensor, lo cual no obsta  para que,  de conformidad con lo establecido en
el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de
la parte civil puedan designar suplentes que, una vez posesionados ante
el juez, sin necesidad de observar mayores formalismos, quedan facultados
para intervenir, alternativa mas no conjuntamente, en la actuación procesal.”[19]
Así las cosas,
esta Corte declarará exequible la expresión “ no “ perteneciente a la
frase “ Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de
manera simultánea “ del artículo 134 de la ley 600 de 2000, por los cargos
analizados.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
1. Declarar EXEQUIBLE  la expresión “ no “ perteneciente a la frase “ Los apoderados
principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea “ del
artículo 134 de la ley 600 de 2000, por los cargos analizados.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE
EN COMISION
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
AUSENTE
EN COMISION
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Sentencia C- 617 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[2] Sentencia T- 1263 de 2001  M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Ibidem.
[4] “ Derecho Internacional de los Derechos
Humanos “  oficina en Colombia del alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . 2004 . pag 415
[5] “ Derecho Internacional de los
Derechos Humanos “  oficina en Colombia del alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos . 2004 . pag 410
[6] Art. 127 Ley 600 de 2000 y Art. 130 Ley 906 de 2004.
[7] Sentencia C- 383 de 2005 M.P. Alvaro
Tafur Gálvis.
[8] Sentencia T- 436 de 1992.  M.P. Ciro Angarita Barón.
[9] Comisión Interamericana de Derecho
Humanos , interpretación del Art. 8 de la Convención Americana de Derecho
Humanos.
[10] Sentencia C- 1178 de 2001 M.P. Alvaro
Tafur Galvis.
[11] “ Derecho Internacional de los derechos humanos “ Alto
comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos , 2004, pag 414
[12] Comité de Derechos Humanos , caso Tomlinc. Jamaica ,,parr 8.1. (
1996 )
[13] “ En principio , el derecho a tener un defensor de oficio no
comprende “ el derecho a elegir el defensor que se le asigne “.  No obstante,
puede producirse una violación de este derecho cuando el tribunal continua
acreditando a un defensor de oficio a pesar de que el acusado a indicado que no
lo acepta como su representante, ni le ha dado instrucciones y ha hecho lo
necesario para obtener los servicios de otro defensor” Comité de Derechos
Humanos , caso Pinto c. Trinidad y Tobajo , parr . 12.5 ( 1989 )
[14] Comité de Derechos Humanos, caso Browm c. Jamaica , parr 6.6 (
1999) ; CIDH caso Figueredo Planchart c. Venezuela , parr 112.
[15] Sentencia SU -044 de 1995 M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[16] ““ Derecho
Internacional de los derechos humanos “ Alto comisionado de las naciones unidas
para los derechos humanos , 2004, pag 418
[17] ibidem pag 420
[18] Concepto del Ministerio Público
[19] Sentencia C. 657 de 1996 M.P.  Fabio
Morón Diaz.