T-527-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-527/12
INCIDENTE DE DESACATO-Naturaleza y objetivo
CUMPLIMIENTO FALLO DE
TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE
RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO/ACCION DE TUTELA CONTRA DESACATO
En el caso de las providencias judiciales, la acción
de tutela procederá de manera excepcional cuando esta se promueva en contra de
la actuación judicial que resuelva un incidente de desacato, siempre y cuando
en el trámite de éste último se advierta y demuestre que tal decisión judicial
se constituye en una causal de procedibilidad de la acción de tutela, en tanto
afecta derechos constitucionalmente protegidos. Así, no debe olvidarse que sin
importar si se trata de una acción de tutela o de un desacato deberá estar
demostrada la vía de hecho, y verificado el cumplimiento de los demás
requisitos que la jurisprudencia ha desarrollado al respecto.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Causales genéricas y especiales de procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico como causal específica de procedencia
La
doctrina constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias judiciales por haberse incurrido en un defecto fáctico es sumamente
clara, pues exige que se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo
esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los
mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues
se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta
jurisdicción.
DEFECTO FACTICO POR LA NO
VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO
La configuración del defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio es una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
hipótesis se concreta en la conducta en que incurre el operador judicial
cuando, existiendo los elementos probatorios en el proceso, o habiendo
decretado la práctica de pruebas, omite el estudio de las mismas, no las
advierte o simplemente no las tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva. Pero el problema surge cuando se observa que de haberse
contemplado dichas pruebas y valorado en el proceso, la solución al problema
jurídico habría sido sustancialmente distinta a la que asumió el juez sin el
análisis de dicha carga probatoria
Referencia: expediente T-2.962.079
Acción de Tutela instaurada por Olga Ochoa de Restrepo
contra Leovigildo Suárez Céspedes Magistrado del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C.,  nueve (9) de julio de dos mil doce (2012).
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas
Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la sentencia dictada el 1° de diciembre de 2011 por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que revocó
la sentencia del 26 de octubre de 2010, proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, que había
concedido la tutela incoada por Olga Ochoa de Restrepo contra Leovigildo Suárez
Céspedes Magistrado de la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Dos de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la
acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
Olga Ochoa de Restrepo, actuando
como cónyuge supérstite de su difunto esposo Guillermo Omar Restrepo Cardona, pide
al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad,
al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la
protección especial a las personas de la tercera edad y al debido proceso. Para
ello solicita (i) se realicen las actuaciones judiciales pertinentes que
ordenen al ISS dar cumplimiento al fallo de tutela proferido el 19 de diciembre
de 2008, (ii) se anule el auto del 17 de agosto de 2010 dictado por el
Magistrado accionando en el que da por terminado el incidente de desacato propuesto
en contra del ISS, (iii) se rechace la objeción presentada extemporáneamente
por el ISS respecto del dictamen pericial surtido en el trámite del incidente
de desacato, y (iv) realice la indexación en los términos establecidos
en la sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia.
1.1.1.  Hechos
1.1.1.1.
Explica la accionante que su
esposo Guillermo Omar Restrepo Cardona laboró para el Banco Industrial
Colombiano -BIC- entre el 3 de noviembre de 1971 y el 15 de junio de 1981,
tiempo durante el cual cotizó a pensiones.
1.1.1.2.
En el año 2002 el señor
Restrepo solicitó al ISS, entidad previsional a la cual había hecho sus
cotizaciones a pensión, el reconocimiento de dicha prestación por concepto de vejez.
Así, mediante Resolución No. 1287 del 24 de febrero de 2003, el ISS le reconoció
la pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo legal mensual.
1.1.1.3.
No conforme con el monto del
reconocimiento pensional, el señor Restrepo interpuso los recursos de
reposición y apelación en contra de dicho acto administrativo, señalando que de
acuerdo a las normas aplicables a su reclamación (Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 del mismo año), el porcentaje base para liquidar su pensión era
del 45% del promedio salarial percibido en las últimas 100 semanas cotizadas,
incrementado en un 14% por tener a la fecha de tal reconocimiento, sociedad
conyugal vigente. Pero además señaló que, teniendo en cuenta que su salario
promedio en el referido periodo de cotizaciones fue de $51.394 pesos, este
valor debió ser actualizado al momento de hacerse el reconocimiento pensional
(para el año 2003, fecha del reconocimiento pensional, el salario actualizado
del señor Restrepo correspondía a 9.08 salarios mínimos de ese momento), razón
por la cual pidió la indexación pertinente. Sin embargo, los recursos de
reposición y apelación fueron resueltos negativamente confirmándose de esta
manera lo decidido en la resolución que reconoció su pensión.
1.1.1.4.
Ante lo sucedido, el 30 de
septiembre de 2004 el señor Restrepo interpuso demanda ordinaria laboral en
contra del ISS para reclamar la indexación de su primera mesada pensional. Este
proceso laboral surtió su trámite ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito
de Medellín y la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de esa
misma ciudad, instancias judiciales que en sus respectivas providencias del 20
de enero y 13 de julio ambas de 2006, absolvieron al ISS de las reclamaciones
hechas. Ante lo resuelto, se interpuso el recurso extraordinario de casación.
1.1.1.5.
El señor Guillermo Omar
Restrepo Cardona falleció el 23 de marzo de 2007, y solo hasta el 23 de
noviembre de ese mismo año, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia resolvió no casar la sentencia del Tribunal Superior de Medellín.
1.1.1.6.
Tras el fallecimiento de su
esposo, la señora Olga Ochoa de Restrepo tramitó ante el ISS la sustitución de
la pensión de sobreviviente, la cual le fue reconocida mediante Resolución No.
12843 de 2008.
1.1.1.7.
Agotado el trámite del proceso
ordinario laboral en todas sus instancias, la señora Ochoa Restrepo interpuso
acción de tutela en contra de lo resuelto por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, actuación que fue rechazada por la Sala de Casación
Penal de esa misma Corporación mediante auto del 30 de septiembre de 2008. Frente
a lo sucedido la accionante presentó de nuevo la acción de tutela, pero en esta
ocasión lo hizo ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, instancia
judicial que por sentencia del 23 de octubre de 2008 negó el amparo solicitado,
argumentando la improcedencia de ésta por falta de inmediatez.
1.1.1.8.
Apelada la decisión conoció la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la
cual en sentencia del 19 de diciembre de 2008 revocó la decisión judicial de
primera instancia, y en su lugar, ordenó al ISS que en las siguientes 48 horas
a la notificación de esta sentencia, modificara los actos mediante los cuales había
reconocido la pensión sustituta a la señora Ochoa de Restrepo, para que en su
lugar, indexara la primera mesada de la referida pensión, aplicando para ello
la fórmula establecida por la Corte Constitucional en su sentencia T-098 de
2005. Dicho fallo señaló igualmente, que concedía un término de (10) días al
ISS para cancelar la diferencia del retroactivo del monto total adeudado por
dicho concepto.
1.1.1.9.
Sin embargo, tras casi un año
de proferida la sentencia sin que la misma fuese cumplida por el ISS, la
accionante solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia que apremiara al ISS para que diera
cabal cumplimiento a la referida providencia. Así, comunicada esta petición al
ISS, esta entidad mediante Resolución No. 028320 del 7 de octubre de 2009 manifestó
que daba cumplimiento a la orden judicial impartida en su contra.[1]
1.1.1.10. No obstante, la accionante no compartió lo resuelto por el ISS en la
referida resolución, pues explicó que los retroactivos reconocidos, así como las
diferencias adeudadas entre lo pagado y lo que se debió pagar, no correspondían
con lo ordenado judicialmente, ni se atenían a los lineamientos señalados en la
sentencia de la Corte Constitucional. Por esta razón, interpuso el
correspondiente incidente de desacato, para lo cual aportó los cálculos que corresponderían
a una adecuada indexación de una mesada pensional. Solicitó además, que de ser
necesario, se nombrara, con cargo a ella, un perito actuario que rindiera un
dictamen como experto, el cual podría orientar al funcionario judicial respecto
a la adecuada forma de indexar la primera mesada de una pensión.
1.1.1.11. En respuesta a esta última petición, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura resolvió por auto del 8 de
marzo de 2010 nombrar al referido perito. Éste rindió su concepto del cual se
corrió traslado a las partes el día 28 de junio de 2010 de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C.)[2],
para que las partes se pronunciasen sobre el mismo.
1.1.1.12. En escrito recibido en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia el 6 de julio de 2010, el ISS objetó el
referido dictamen al señalar que el índice de precios al consumidor que se debía
tener como base para esta indexación era el vigente al momento de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, el del 1° de abril de 1994, y no el establecido
para el 15 de junio de 1981, fecha en la cual el fallecido señor Restrepo
Cardona se había retirado de trabajar del BIC.
1.1.1.13. Aunado a lo anterior, el día 8 de julio de 2010 el ISS solicitó a la
misma instancia judicial, mediante un nuevo escrito, la terminación del trámite
del incidente de desacato por considerar que ya se había dado cumplimiento al
fallo de tutela proferido en su contra.
1.1.1.14. Luego de lo anterior, el Magistrado aquí tutelado, mediante auto de
fecha 17 de agosto de 2010, resolvió dejar sin efectos las actuaciones
proferidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en el trámite de esas
diligencias a partir del 8 de marzo de 2010, fecha en la que se había dispuesto
la designación del perito actuario. Las demás actuaciones que derivaron de tal
designación, como son el nombramiento y posesión del mencionado perito el 8
abril de 2010 y el auto de junio 28 de 2010 que ordenó dar traslado del
dictamen pericial rendido en este caso, también quedaron sin efectos jurídicos.
En virtud de lo anterior, dio por terminado el incidente de desacato.
1.1.1.15. Expone la accionante que para tomar tal decisión, el Magistrado
Sustanciador expuso algunos argumentos que ella no comparte, y que a efectos de
controvertirlos, los citó en esta acción de tutela en los siguientes términos:
“En este momento procesal RESULTA
PERTINENTE CONSIDERAR LAS RAZONES DE DERECHO EXPUESTAS POR LA GERENTE SECCIONAL
DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, PARA SEÑALAR QUE POR PARTE DE ESTA
ENTIDAD SE DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA mediante la emisión de la
Resolución No. 028320 del 7 de octubre de 2009…
(…) de acuerdo a lo anterior Y
DESPUÉS DE UN ANÁLISIS DETENIDO de la providencia expedida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,… así como
luego de analizar la Resolución No. 028320 del 7 de octubre de 2009, la cual de
manera motivada tuvo en cuenta los parámetros de la sentencia de tutela para
cumplir la orden judicial, tenemos que  … el Instituto de los Seguros Sociales
no incurrió en desacato de la orden impartida. (…)
(…) el Instituto de los Seguros
Sociales SE REFIRIÓ A LOS PARÁMETROS que para el efecto se habían
establecido en la sentencia de tutela, y, en desarrollo de los mismos, motivó
de manera razonada el sentido de su nueva determinación … que en este momento
es valorada por el juez de tutela en el incidente de desacato, quien, TRAS
UN DETENIDO ANÁLISIS, la encuentra ajustada a la decisión de protección que
se había proferido por el H. Consejo Superior de la Judicatura.”(Negrilla y mayúscula de la accionante).[3]
1.1.1.16.
Indica la accionante que no
entiende cómo pudo el Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes suponer que la
Resolución No. 028320 de 2009 del ISS había dado cumplimiento a los
lineamientos de la sentencia T-098 de 2005, cuando se observa que los
argumentos expuestos en dicha resolución “aparecieron” sin motivación
matemática alguna, exponiendo unos datos cuyo origen o fuente se desconocen.
Por esta razón consideró  que el Magistrado accionado no pudo de manera alguna
haber hecho un detenido análisis como lo argumentó en el auto que dio por
terminado el incidente de desacato, pues no existió fundamento alguno a partir
del cual hubiese podido haber tal estudio.
1.1.1.17.
Así mismo, explicó la
accionante que el referido Magistrado se contradice cuando en la misma decisión
manifiesta que “no se aprecia que se haya presentado un manifiesto incumplimiento
de la decisión de protección contenida en la Sentencia del 19 de diciembre de 2008”.[4] Advierte
la accionante, que no es claro, de acuerdo a lo expuesto en el  acápite
1.1.1.15, si efectivamente se dio cumplimiento o no al fallo de tutela cuyo
desacato se alega, pues para verificar tal cumplimiento se requerían cálculos
matemáticos, los cuales no existieron. Esta fue la razón por la cual ella solicitó
en su momento, que se nombrara un perito actuario.
1.1.1.18.
Seguidamente, y como fundamento
adicional a los ya citados,  la accionante controvirtió el siguiente argumento:
“Conforme a lo anterior, mal obraría
esta Sala Jurisdiccional al seguir tramitando el trámite incidental de desacato
pues estaría desbordando la capacidad que tiene como juez constitucional para
hacer efectivo el cumplimiento del fallo, teniendo en cuenta que esta
circunstancia se ha verificado.”[5]
El anterior argumento resulta contradictorio
para la accionante, pues recuerda que la competencia de la jurisdicción
constitucional para hacer cumplir sus fallos llega precisamente hasta la verificación
del cumplimiento de la orden judicial que se haya impartido.
1.1.1.19. De otra parte, y frente al argumento del Magistrado accionado  en el
sentido de indicar que ante la discrepancia de la accionante respecto a la decisión
asumida por el ISS, ésta debía ser debatida ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, previo agotamiento de la vía gubernativa, la misma accionante anota
que dicho funcionario olvidó que estas instancias judiciales ya habían sido transitadas
y agotadas en su oportunidad por su difunto esposo, quien en ese momento había pedido
la indexación de su mesada pensional y esta le había sido negada. Por esta
razón, fue que la indexación pensional reclamada fue reconocida por vía de la acción
de tutela, decisión judicial cuyo incumplimiento motivó la interposición del
incidente de desacato que ahora, el mismo accionado considera ha de darse por
terminado. Así, de aceptarse el argumento del magistrado Suárez Céspedes, en el
sentido de tener que acudir a otra vía judicial, ello no sería correcto, por cuanto
ese otro mecanismo judicial de protección de sus derechos ya no es idóneo, ni
eficaz, particularmente por las condiciones personales que acompañan a la
accionante quien es una persona de la tercera edad (77 años).
1.1.1.20. Un argumento adicional que propuso el accionando y que no compartió la
señora Ochoa de Restrepo fue que la improcedencia de esta acción de tutela estaba
dada en el hecho que de verificarse el incumplimiento de la sentencia que
ordenó la indexación reclamada, ello  supondría la apertura de un proceso
disciplinario contra la entidad responsable, lo que se entendería como invasión
“de esferas jurisdiccionales exclusivas de la vía gubernativa y del Juez
Contencioso Administrativo”.
Respecto de este argumento, la tutelante
señala que es precisamente ese el propósito de esta acción de tutela, pues lo
que se pretende es corregir a nivel constitucional los yerros que se habían
presentado por vía administrativa y de la jurisdicción ordinaria.
1.1.1.21. Finalmente, resalta la accionante los procesos o cálculos matemáticos
que a la luz de los lineamientos planteados en su oportunidad en la sentencia
T-098 de 2005, son necesarios para garantizar la adecuada indexación de la
primera mesada pensional, cuyo reconocimiento y pago se había ordenado por
sentencia de tutela.[6]
1.1.2.
Argumentos jurídicos de la
tutela.
Considera la señora Ochoa de Restrepo que la decisión
asumida por el Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes de dar por terminado el
incidente de desacato en virtud de las consideraciones atrás expuestas, se
constituyen en una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial por la configuración de un defecto fáctico.
Explica inicialmente, que de acuerdo a los criterios
planteados por la Corte Constitucional para la procedencia de una acción de
tutela contra providencias judiciales, dichos requisitos se cumplen plenamente
en su caso particular.
1.1.2.1.
Respecto de los requisitos
generales de procedibilidad señala que los mismos se encuentran cumplidos así:
1.1.2.1.1.
Su reclamación corresponde a
una cuestión de relevancia constitucional. Explica que está exigiendo la
protección constitucional del derecho a la indexación de su primera mesada
pensional, a conservar el poder adquisitivo de la misma y a la efectiva tutela
de los derechos fundamentales que le fueron amparados por parte de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en su
momento ordenó la indexación de la pensión originalmente reconocida a su
difunto esposo.
1.1.2.1.2.
Agotamiento de todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. Como lo relató en los antecedentes de esta acción de
tutela, esta situación se confirma tras la sentencia dictada el 19 de diciembre
de 2008 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura que resolvió por vía de la jurisdicción constitucional su caso, el
cual ya había sido tramitado en la jurisdicción ordinaria laboral con el
agotamiento de todos los recursos ordinarios e incluso el extraordinario de
casación.
1.1.2.1.3.
Inmediatez. Frente a este requisito señala la accionante que el
hecho generador de la vulneración de sus derechos fundamentales corresponde al
Auto dictado el 17 de agosto de 2010 por el magistrado aquí accionado, decisión
judicial que le fue notificada por telegrama el día 3 de septiembre de ese
mismo año, es decir, que la interposición de esta acción de tutela, la cual se concretó
el día 12 de octubre de 2010 con el auto admisorio proferido por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura[7],
lleva a concluir que la acción de tutela fue presentada en un lapso aproximado
de un mes desde la ocurrencia del hecho que generó la vulneración alegada,
siendo éste un término razonable.
1.1.2.1.4.
Señala la accionante que la
decisión judicial contra la cual se dirige esta acción de tutela plantea en cierta
forma una irregularidad procesal, que bloqueó la decisión que había
proferido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura en la que se ampararon sus derechos fundamentales.
1.1.2.1.5.
Identificación clara y
precisa de los hechos y las partes. Señala
la señora Ochoa de Restrepo que en su demanda de tutela expuso de manera clara
y precisa los argumentos fácticos que motivaron la iniciación de esta actuación
judicial, y que de igual forma identificó de manera puntual las partes involucradas
en esta actuación judicial: ella como demandante, y el Magistrado Leovigildo
Suárez Céspedes como parte demandada.
1.1.2.1.6.
Finalmente, es evidente que esta
acción de tutela no se interpone en contra de otra tutela, pues como se
advierte de los hechos atrás expuestos, la misma se propone en contra del auto
por el cual se dio por terminado el incidente de desacato tramitado en contra
del ISS ante el alegado incumplimiento de la sentencia de tutela que amparó el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional de la actora.
1.1.2.2.
En lo que respecta a los
requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela, se puede advertir
que la accionante alega en esencia la configuración de un defecto fáctico.
1.1.2.3.
Considera la actora que no es
posible que el magistrado accionando hubiese podido inferir, a partir del
contenido de la Resolución No. 028320 de 2009 expedida por el ISS, que esa
entidad había dado cumplimiento a la orden judicial impartida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. Efecto,
señaló la accionante que en dicha resolución se incluyeron datos “inventados”, pues
carecen de soporte y cálculos matemáticos que justifiquen los valores allí
consignados.
Por lo anterior, no resulta viable afirmar que ya se
había dado cumplimiento a la sentencia de tutela cuyo incumplimiento se
reclamaba por vía de un incidente de desacato.
Advierte además, que el ISS indujo a error al Magistrado
accionado y a la corporación a la que éste pertenece, al exponer datos y cifras
engañosas, que desafortunadamente fueron tenidas por ciertas por dicha
autoridad judicial, con el convencimiento de que el ISS venía colaborando
armoniosamente con la administración de justicia.
1.1.2.4.
Finalmente, señala la actora
que la decisión judicial controvertida configuró además la causal especial de
procedibilidad por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Anota la
señora Ochoa de Restrepo que si bien la sentencia dictada el 19 de diciembre de
2008 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura acogió los fundamentos jurídicos sentados por la Corte
Constitucional en torno a la indexación de la primera mesada pensional, tanto el
ISS como la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia no lo hicieron, burlando de esta manera la orden de protección
de los derechos fundamentales de la accionante.
1.2.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
1.2.1.
Mediante escrito fechado el 15
de octubre de 2010, el Magistrado accionado, Leovigildo Suárez Céspedes dio
respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes términos:
1.2.1.1.
Manifestó que dadas las
características de la presente acción de tutela, a efectos de determinar su
procedibilidad, debía verificarse previamente el cumplimiento de unos
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial.
1.2.1.2.
Así, en el presente caso,
observa el magistrado accionado que la decisión asumida en el auto de agosto 17
de 2010, en la que dio por terminado el incidente de desacato, no se incurrió
en ningún tipo de vulneración de los derechos fundamentales de la señora Ochoa
de Restrepo. Resalta el señor Suárez Céspedes que en el referido fallo se hizo
un análisis detenido, tanto de la sentencia de tutela que amparó los derechos
de la accionante, como de la Resolución No. 028320 de octubre 7 de 2009, en la
cual el ISS de manera motivada y respetando los parámetros de la sentencia de
tutela, procedió a liquidar la pensión a la accionante, dando así cumplimiento
al fallo de tutela que obligaba a dicha entidad a realizar tal reconocimiento
pensional.
1.2.1.3.
El magistrado accionado señala
por demás, que “para el suscrito no es procedente traspasar la esfera
funcional asignada a esta Magistratura, como lo persigue la accionante –en el
sentido de realizar una aprobación o improbación de la indexación efectuada por
parte del Instituto de los Seguros Sociales en la Resolución No. 028320 de
2009, por cuanto esto significaría invadir esferas jurisdiccionales exclusivas
de la vía gubernativa en cabeza del Instituto del Seguro Social y de la vía
judicial representada por el Juez Contencioso Administrativo.” [8]
1.2.1.4.
Por lo tanto, las objeciones
que tengan relación con la tasación del monto de la indexación y de otras sumas
adeudadas por el ISS a la accionante y demás herederos del señor Restrepo
Cardona, no pueden ser discutidas en el trámite de un incidente de desacato.
Por el contrario, lo que tenía que ser analizado era si la orden judicial
dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura se había cumplido, situación que fue resuelta en el auto del 17 de
agosto de 2010.
1.2.1.5.
Así, advertido igualmente que
el trámite surtido por dicho incidente de desacato se encuentra libre de
cualquier tipo de vicio, irregularidad o arbitrariedad, la presente acción de
tutela tampoco resulta viable por cuanto lo que debió ser discutido en dicho
incidente se hizo y se agotó precisamente en dicha instancia. Por lo anterior, el
magistrado Suárez Céspedes aclara que no todas las inconformidades que tengan
los sujetos intervinientes en una actuación judicial son susceptibles de debate
a través de la acción de tutela. Por ello, advierte que verificado el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la presente acción de
tutela contra providencias judiciales, se observa que estos no se cumplen en el
presente caso, además de no evidenciarse vulneración alguna de los derechos
fundamentales de la señora Ochoa de Restrepo.
1.3.
PRUEBAS DOCUMENTALES
OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran en el expediente, entre otras, las
siguientes:
1.3.1.
Copia de la partida de
bautismo de la señora Olga Ochoa de Tamayo en la cual se puede verificar que
nació el 4 de junio de 1933, contando para la fecha de interposición de esta
acción de tutela con 77 años de edad (folio 16, del cuaderno principal del
expediente de tutela).
1.3.2.
Fotocopia de la demanda
ordinaria laboral que interpusiera el señor Guillermo Omar Restrepo Cardona en
contra del Instituto de Seguros Sociales el 30 de septiembre de 2004 en la que
solicitó la indexación de la primera mesada pensional reconocida por esa
entidad por Resolución No. 1287 de 2003 (folios 17 a 20 del cuaderno principal del expediente de tutela).
1.3.3.
Copia de la Partida de
bautismo del señor Guillermo Omar Restrepo Cardona en la cual se puede
verificar que nació el 10 de septiembre de 1929, contando para la fecha de
presentación de la anotada demanda ordinaria laboral con 75 años de edad (folio
16, del cuaderno principal del expediente de tutela).
1.3.4.
Copia de la certificación
expedida por la Notaria 12 de Medellín que certifica que el señor Guillermo
Omar Restrepo Cardona y la señora Olga Ochoa Tamayo habían contraído matrimonio
el 1° de octubre de 1956. Obra igualmente copia de un carné del señor Restrepo
Cardona expedido el 3 de agosto de 1968 (folios 20 y 21, del cuaderno principal
del expediente de tutela).
1.3.5.
Fotocopia de la Resolución No.
001287 del 24 de febrero de 2003 por la cual el ISS reconoció al señor Restrepo
Cardona su pensión de vejez (folio 41, del cuaderno principal del expediente de
tutela).
1.3.6.
Fotocopia del recurso de
reposición y apelación interpuesto por el señor Restrepo Cardona en contra de
la resolución que le reconoció la pensión de vejez, en la que se anota que
dicho documento fue recibido el 24 de abril de 2003 (folio 25, del cuaderno
principal del expediente de tutela).
1.3.7.
Fotocopia de la Resolución No.
2724 del 25 de febrero de 2005 por la cual el ISS resolvió no reponer la
resolución No. 001287 de 2003 que había reconocido la pensión de vejez del
señor Restrepo Cardona (folios 26 y 27, del cuaderno principal del expediente
de tutela).
1.3.8.
Fotocopia de la Resolución No.
12248 sin fecha[9]
por la cual el ISS resolvió no modificar la resolución No. 001287 de 2003 que
había reconocido la pensión de vejez del señor Restrepo Cardona (folios 28 a 31, del cuaderno principal del expediente de tutela).
1.3.9.
Copia del Registro Civil de
Defunción del señor Guillermo Omar Restrepo Cardona en el que consta que su
fecha de defunción fue el 23 de marzo de 2007 (folio 68 del cuaderno principal
del expediente de tutela).
1.3.10.
Fotocopia de la Resolución No.
012843 de julio 14 de 2008 por la cual el ISS reconoce la pensión de
sobreviviente a la señora Olga Ochoa de Restrepo, a raíz del fallecimiento del
señor Guillermo Omar Restrepo Cardona (folios 69 y 70, del cuaderno principal
del expediente de tutela).
1.3.11.
Fotocopia de la sentencia de
tutela proferida el 19 de diciembre de 2008 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la cual amparó los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la protección de
las personas de la tercera edad de la señora Olga Ochoa de Restrepo. Dicho
fallo ordenó al ISS indexar la primera mesada pensional de la señora Ochoa de
Restrepo de acuerdo a la fórmula establecida en la sentencia T-098 de 2005
proferida por la  Corte Constitucional (folios 72 a 88, del cuaderno principal del expediente de tutela).
1.3.12.
Fotocopia de la solicitud de
apremio presentada por el apoderado de la señora Ochoa de Restrepo a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia de fecha 9 de julio de 2009 en la que se pide requerir al ISS para
que dé cumplimiento a la sentencia del 19 de diciembre de 2008 de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que ordenó la indexación de
la primera mesada pensional de la accionante (folio 87 del cuaderno principal
del expediente de tutela).
1.3.13.
Fotocopia del Auto del 18 de
agosto de 2009 por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia dio trámite al incidente de desacato
promovido por la señora Ochoa de Restrepo ante el incumplimiento por parte del
ISS de la orden judicial de indexar la primera mesada pensional. En este auto
el Consejo Seccional solicitó información al ISS a fin de verificar si ya había
dado cumplimiento a la referida orden judicial (folios 93 a 95, del cuaderno principal del expediente de tutela).
1.3.14.
Auto del 9 de septiembre de
2009 por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia dio trámite a la petición de apremio que le presentara
la señora Ochoa de Restrepo ante el incumplimiento por parte del ISS de la
orden judicial dictada en su contra, de indexar la primera mesada pensional de
la accionante. En este auto el Consejo Seccional solicitó información al ISS a
fin de verificar si ya había dado cumplimiento a tal orden judicial (folios 93 a 95, del cuaderno principal del expediente de tutela).
1.3.15.
Fotocopia incompleta de la
Resolución No. 028320 de octubre 7 de 2009 por la cual el ISS resuelve dar
cumplimiento a la sentencia dictada en su contra el 19 de diciembre de 2009 en
la que se le ordenó indexar la primera mesada pensional de la señora Ochoa de
Restrepo (folios 103 a 106, del cuaderno principal del expediente de tutela.
Copia completa de esa misma resolución obra a folios 125 a 128 del mismo cuaderno del expediente de tutela).
1.3.16.
Fotocopia de escrito del 15 de
octubre de 2009 por el cual la señora Olga Ochoa de Restrepo pide continuar con
el incidente de desacato en tanto considera que la anotada resolución no cumple
con la orden impartida por el Consejo Superior de la Judicatura ni con los
lineamientos de indexación de primera mesada pensional contenidos en la
sentencia T-098 de 2005 de la Corte Constitucional (folios 107 a 124, del cuaderno principal del expediente de tutela).
1.3.17.
Copia del oficio por el cual la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia de fecha 26 de marzo de 2010 por el cual notifica al señor Orlando de
Jesús Correa el auto de enero 8 de 2010, en el que es nombrado perito en el
proceso de tutela de la señora Olga Ochoa de Restrepo contra el ISS. Se adjunta
copia de la diligencia de posesión del perito y de la notificación de tal
nombramiento  al ISS (folios 129 a 132, del cuaderno principal del expediente
de tutela).
1.3.18.
Fotocopia del peritazgo
rendido por el señor Orlando de Jesús Correa de fecha 4 de junio de 2010. En
este documento el perito nombrado para el presente caso, resumió en un último
acápite, a título de conclusión, los valores por él obtenidos luego de realizar
la correspondiente indexación de la primera mesada pensional de la señora Ochoa
de Restrepo.[10]
Al anterior documento se acompañaron certificación del DANE con los índices de
precios al consumidor históricos y acumulados con base de diciembre de 2008, y
la tabla de cálculo de la diferencia indexada entre lo que el ISS debió pagar y
lo que efectivamente pagó (folios 133 a 167, del cuaderno principal del
expediente de tutela).
1.3.19.
Copia del auto de fecha 28 de
junio de 2010 y de la notificación de fecha 2 de julio por los cuales la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia corrió traslado del referido peritazgo a las partes, así como
notificación de dicho auto al ISS.
1.3.20.
Fotocopia del escrito emitido
por el ISS, de fecha 6 de julio de 2010, por el cual objetó el dictamen
pericial que se dictó en el presente proceso, en el que señala inicialmente que
el índice de precios al consumidor a tener en cuenta para la indexación reclamada
ha de ser el de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, del 1°
de abril de 1994 y no el del 15 de junio de 1981, fecha de retiro del señor
Restrepo Cardona de su trabajo en el BIC. Otro escrito del 8 de julio del mismo
año, en el que el ISS solicitó se revocara el incidente de desacato iniciado en
su contra, por considerar que ya había dado cumplimiento a la orden judicial dictada
en su contra (folios 107 a 124, del cuaderno principal del expediente de
tutela).
1.3.21.
Fotocopia de recurso de
reposición y apelación presentado el 20 de agosto de 2010 por el apoderado de
la señora Ochoa de Restrepo, en contra del auto del 17 de agosto de ese mismo
año, en el que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia dio por terminado el incidente de desacato ya anotado
(folios 192 a 198, del cuaderno principal del expediente de tutela).
1.3.22.
Fotocopia del auto de fecha 31
de agosto de 2010 por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia rechazó los recursos de reposición y
apelación propuestos por el apoderado de la señora Ochoa Restrepo y que fueran interpuestos
en contra del auto que dio por terminado el incidente de desacato, por ser
improcedentes (folios 200 a 202, del cuaderno principal del expediente de
tutela).
1.4.
DECISIONES JUDICIALES
1.4.1.
Decisión de primera
instancia
Mediante sentencia proferida el 26 de octubre de 2010,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
resolvió tutelar el derecho al debido proceso de la señora Olga Ochoa de
Restrepo. Para ello, ordenó dejar sin efecto la decisión judicial proferida por
la Sala Unitaria conformada por el Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes, miembro
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
El a quo realizó inicialmente un recuento de
las actuaciones adelantadas en el trámite del incidente de desacato promovido
por la señora Ochoa de Restrepo, en las que reclamó del ISS el cumplimiento de
la sentencia de tutela proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura el 19 de diciembre de 2008. Seguidamente,
esta instancia judicial hizo las siguientes dos breves consideraciones como
fundamentos para su decisión:
(i) Reseñó el juez de tutela que el magistrado
accionado, luego de  advertir que el haber autorizado la práctica de un
dictamen pericial durante el trámite del incidente de desacato, era una
actuación abiertamente improcedente, en tanto la respuesta dada por el ISS daba
por cumplida la orden judicial de indexar la mesada pensional de la accionante,
no era posible aceptar que aquella actuación prosiguiese su curso, en tanto estaba
viciada con una irregularidad procesal, y porque al ser un trámite accesorio,
debía correr la suerte de lo principal, es decir, de que ya se daba por
cumplido el fallo cuyo incumplimiento se reclamaba. Por ello, ordenó dejar sin
efecto todos los autos concernientes a la designación y nombramiento del
perito, así como el que corrió traslado del peritaje a las partes.
(ii) Finalmente, advierte el a quo que la
decisión objeto de controversia en esta acción de tutela fue decidida por una Sala
Unitaria, lo que no es correcto pues esta debió resolverse en Sala Dual. Por
ello, señaló que “en aras de respetar los derechos de (sic)
accionante, procedente resulta entonces ordenar que la decisión de fecha agosto
17 de 2010, quede sin efecto hice (sic) proceda a tramitarse en sala
dual y como consecuencia de ello se tutele el derecho al debido proceso”.[11]
Con fundamento en esta última consideración, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia concedió el amparo constitucional del derecho al debido proceso de la
señora Ochoa de Restrepo, y ordenó que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia con ponencia
del Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes, procediera a subsanar la
irregularidad anotada respecto del incidente de desacato propuesto por la
accionante.
1.4.2.
Impugnación
Dentro de la oportunidad legal prevista, el apoderado
de la accionante impugnó la anterior decisión exponiendo para ello los
siguientes argumentos:
1.4.2.1.
Señala que la orden dada por
el juez de primera instancia en la presente acción de tutela, en nada protege el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante. Advierte, que la
decisión que en su momento produjo el magistrado accionado, en el sentido de
afirmar que tras un detenido análisis de la Resolución
No. 028320 de octubre 7 de 2009, pudo concluir que el ISS había dado cumplimiento
a la sentencia de tutela que amparó el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional de la accionante (diciembre 19 de 2008), es el mismo argumento
que expuso después, al dar respuesta a la presente acción de tutela. Así, resulta
más que previsible suponer cuál habrá de ser la nueva decisión que profiera el
referido magistrado.
1.4.2.2.
De otra parte, señala la
actora, que de manera alguna es posible dar por hecho que el ISS hubiese cumplido
el fallo de tutela que ordenó indexar su pensión, pues en la sentencia de
tutela que ahora se impugna no se analizó el fondo del asunto. Así, no es
entendible porqué no se aceptan los cálculos por ella propuestos para la
indexación de la primera mesada pensional, o los sugeridos en el peritazgo
tramitado judicialmente. Finalmente, se indica que la sentencia que se impugna
no protegió a la señora Ochoa de Restrepo en sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad
social, a la igualdad, a la protección especial de las mujeres y a las personas
de la tercera edad.
1.4.3.
Decisión de segunda
instancia
Mediante sentencia proferida el 1° de diciembre de 2010,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había amparado el
derecho al debido proceso de la señora Olga Ochoa de Restrepo. En su lugar,
declaró improcedente dicha acción de tutela, por las consideraciones que a
continuación se exponen.
Señaló el ad quem que si bien la accionante orienta
esta acción de tutela en contra del auto del 17 de agosto de 2010 por el cual
el magistrado accionado dio por terminado el incidente de desacato, el
inconformismo de la señora Ochoa de Restrepo es contra la Resolución No. 028320
de octubre 9 de 2009 del ISS, en la cual dicha entidad manifiesta haber dado
cumplimiento a la sentencia de tutela que había ordenado la indexación de su
primera mesada pensional.
Visto lo anterior, advierte el juez de segunda
instancia que el inconformismo de la accionante se orienta precisamente a controvertir
el contenido mismo de la Resolución No. 028320 de octubre 7 de 2009 expedida
por el ISS, razón por la cual, la presente acción de tutela resulta
improcedente en tanto existen otras vías judiciales para controvertir dicho
acto.
Así, considera el ad quem que el debate que
deberá adelantar la accionante, habrá de tramitarse ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, instancia en la cual podrá reclamar el
restablecimiento de sus derechos, solicitando incluso, la suspensión
provisional del acto administrativo cuestionado.
Por lo anterior, no es aceptable que el juez
constitucional entre a reemplazar al juez de conocimiento de la acción
contenciosa, máxime cundo no se ha demostrado perjuicio irremediable alguno.
Por estas circunstancias se procedió a revocar, y en
su lugar a declarar  como improcedente la presente acción de tutela.
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
2.2.1.
Manifiesta la señora Olga
Ochoa de Restrepo que el ISS mediante Resolución No. 1287 del 24 de febrero de
2003, había reconocido a su difunto esposo, Guillermo Omar Restrepo Cardona, la
pensión de vejez. En tanto la referida pensión no fue indexada, ello llevó a
que el señor Restrepo adelantará y agotará todas las actuaciones a su alcance; tanto
por vía gubernativa ante el ISS, como por vía judicial en un proceso ordinario
laboral que surtió todas las instancias, incluido el recurso extraordinario de
casación, siendo negada en todas las instancias. Con todo, la señora Olga Ochoa
de Restrepo, ya como cónyuge supérstite, y titular de la pensión por
sustitución, interpuso acción de tutela para reclamar la indexación de la
primera mesada pensional.
Así, mediante fallo de segunda instancia proferido el
19 de diciembre de 2008, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura amparó los derechos fundamentales de la señora Ochoa
de Restrepo, y ordenó al ISS indexar la primera mesada pensional en los términos
dispuestos por la Corte Constitucional en su sentencia T-098 de 2005.
2.2.2.
Tras el incumplimiento por
parte del ISS de la sentencia de tutela dictada en su contra, la accionante
interpuso el respectivo incidente de desacato cuyo trámite correspondió
adelantar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, juez de primera instancia de la tutela que en segunda
instancia amparó sus derechos fundamentales.
Sin embargo, luego de que el magistrado de la Sala
Jurisdiccional Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, Leovigildo Suárez Céspedes aceptara practicar un dictamen pericial con
el fin de aclarar el punto acerca de la liquidación de la indexación de la
primera mesada pensional, y de que diera traslado del mismo a las partes para
que se pronunciaran sobre éste, resolvió dar por terminado el referido incidente
de desacato. Explicó que luego de revisar la Resolución No. 28320 del 7 de
octubre de 2009 dictada por el ISS, en la que se afirmaba que ya se había
cumplido la sentencia de tutela que ordenaba indexar la primera mesada
pensional de la accionante, concluyó que en efecto se había dado alcance a la
orden judicial ya anotada. De esta manera, el magistrado accionado además de
ordenar la terminación del incidente de desacato, dejó sin efecto todas las
actuaciones por las cuales aceptó nombrar, posesionar y correr traslado del
dictamen pericial sugerido por la accionante.
2.2.3.
Ante esta decisión, la
accionante interpuso la presente acción de tutela pues consideró que la posición
asumida por el Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes se constituye en una
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
por cuanto la misma incurrió en un defecto fáctico. Explicó que resulta
imposible que el magistrado accionando hubiese podido dar por cumplida la sentencia
judicial que había ordenado indexar su mesada pensional, cuando quiera que la
Resolución No. 28320 del 7 de octubre de 2009 dictada por el ISS no contiene
cálculo matemático alguno que permita soportar los valores pensionales allí consignados.
Señala que incluso esas cifras no son correctas y que las mismas “aparecen” sin
justificación alguna de su origen y método empleado para su obtención.
Por tal motivo la accionante solicita en la presente
acción de tutela, que se deje sin efecto el auto del 17 de agosto de 2010, y en
su lugar, se dicte uno nuevo en el que se tenga en cuenta los criterios
jurídicos contenidos en la sentencia que amparó su derecho a la indexación de
la primera mesada pensional, así como los lineamientos que para alcanzar tal
indexación estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-098 de 2005.
2.2.4.
Los jueces de tutela resolvieron
esta acción de tutela en los siguientes términos: en primera instancia se concedió
el amparo constitucional sólo respecto del derecho al debido proceso, pues
consideró que la decisión no debió ordenar la práctica de un peritazgo, y
porque la decisión se produjo en Sala Unitaria, debiendo ser en Sala Dual. En
segunda instancia, se revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar declaró
la improcedencia de la misma, pues consideró que en tanto la discrepancia de la
accionante recaía sobre el contenido de la Resolución No. 28320 del 7 de
octubre de 2009 dictada por el ISS, la vía judicial para resolver tal
diferencia es la contenciosa administrativa, en la que podrá reclamar el
restablecimiento de sus derechos, y solicitar incluso, como medicada cautelar,
la suspensión provisional del acto cuestionado.
Lo descrito en precedencia muestra que el
problema jurídico que corresponde resolver a la Sala se circunscribe a
determinar si efectivamente el auto de fecha 17 de agosto de 2010 por el cual
el Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes dio por terminado el incidente de
desacato tramitado por la señora Olga Ochoa de Restrepo, se erige como  una
causal de procedibilidad de la acción de tutela por haber incurrido en un
defecto fáctico, prolongando la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante.
2.2.5.  Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala
debe estudiar: primero, la naturaleza y alcance del incidente de
desacato como recurso para lograr el efectivo cumplimiento de un fallo de
tutela, así como la procedencia de la acción de tutela contra la decisión que
pone fin a este; segundo, la procedencia excepcional de la acción de
tutela para discutir providencias judiciales; tercero, la
caracterización del defecto fáctico como causal específica de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; y cuarto, con base en
esos elementos, decidir si para el caso concreto de la señora Olga Ochoa de
Restrepo, la acción de tutela resulta procedente.
2.3.
NATURALEZA DEL INCIDENTE DE
DESACATO
2.3.1.
El Decreto 2591 de 1991
dispone el marco legal del incidente de desacato al establecer lo siguiente:
"Artículo 52. Desacato. La persona que
incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto,
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa
hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya
se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por
el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior
jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse
la sanción.”
“Artículo 27. (…) El juez podrá sancionar por
desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia (…)”
Como se observa, las citadas normas definen la
naturaleza jurídica y establecen el marco normativo del incidente de desacato,
así como el trámite incidental especial por el cual éste se tramita. Si bien
contra la decisión que resuelve dicho incidente no procede el recurso de
apelación, se estableció el grado jurisdiccional de consulta en el efecto
suspensivo, cuando quiera que por vía de dicho incidente se imponga alguna de
las sanciones contempladas por el artículo 52 citado.
2.3.2.
Ahora bien, dicho incidente de
desacato se tramitará a petición de parte, y se adelantará cuando se alegue el incumplimiento
de una orden judicial impartida al interior de una sentencia de tutela que haya
hecho tránsito a cosa juzgada[12].
De esta manera, el incidente de desacato surge como un instrumento procesal por
el cual se da plena garantía al derecho constitucional de acceso a la
administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), en tanto se orienta a la materialización de la decisión judicial dictada en sede de
tutela, pues no es suficiente el que las personas logren la protección de sus derechos
fundamentales por vía de la acción de tutela, sino que además se le debe
proveer de los mecanismos que hagan efectiva la orden proferida por el juez de
tutela.[13]
Así, el juez constitucional en uso de poderes
disciplinarios deberá verificar si dicho incumplimiento es cierto, pero éste no
podrá, en principio, modificar el contenido sustancial de la orden proferida o
redefinir los alcances de la protección concedida[14]. Sin
embargo, y solo de manera excepcional, el juez de tutela que conozca del
incidente de desacato o la consulta[15]
podrá introducir órdenes adicionales a las originalmente impartidas o realizar
ajustes a la orden inicial, si ésta es imposible de cumplir o se demuestra que
la misma es absolutamente ineficaz en la protección del derecho fundamental
amparado[16].
En estas circunstancias, el juez no podrá desconocer bajo ninguna circunstancia
el principio de la cosa juzgada[17].
2.3.3.
En lo que respecta al trámite
de incidente de desacato, éste, al igual que cualquier otra actuación judicial,
debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de quien
se afirma ha incurrido en desacato[18].
Con todo, quien sea acusado de incumplir una orden judicial, no podrá aducir la
ocurrencia de hechos nuevos como causal para haberse sustraído a tal obligación
judicial[19].
En cuanto al ámbito de acción del juez que conoce del
incidente de desacato, este debe partir de lo decidido en la sentencia, y en
especial, de la parte resolutiva del fallo cuyo incumplimiento se alega, a fin
de determinar de manera prioritaria los siguientes elementos:
(i)
a quién estaba dirigida la orden;
(ii)
cuál fue el término otorgado para
ejecutarla;
(iii)
y cuál es el alcance de la misma.
2.3.4.
Tras verificarse estos
elementos, el juez del desacato podrá entrar a determinar si en efecto la orden
judicial por él revisada fue o no cumplida por el destinatario de la misma
(conducta esperada)[20].
Lo anterior conlleva a que el incidente de desacato puede concluir de
diferentes maneras:
(i) En
primer lugar, dando por terminado el incidente por haberse encontrado que el
fallo cuyo incumplimiento se alega fue efectivamente acatado en debida forma y
de manera oportuna por el destinatario de la orden.
(ii) En
segundo lugar, se continúa con el trámite del incidente de desacato de comprobarse
que en efecto subsiste el incumplimiento,
en cuyo caso el juez de tutela deberá “identificar las razones por las
cuales se produjo, con el fin de establecer las medidas necesarias para
proteger efectivamente el derecho, y si existió o no responsabilidad subjetiva
de la persona obligada.”[21]
Ahora bien, cuando en el trámite del incidente de
desacato se confirma que la orden judicial no ha sido acatada por el obligado,
esta sola circunstancia genera varias situaciones judiciales distintas: (i)
la reiteración de la orden judicial incumplida por parte del juez de desacato, en
cuyo caso, podrá, solo de manera excepcional, contemplar algunos cambios o
ajustes a dicha orden, con la única finalidad de lograr el efectivo
cumplimiento de la misma. Así, no solo se procura dar cumplimiento a una orden
judicial, sino que además, se alcanza el fin primordial de la acción de tutela,
cual es lograr la garantía y protección efectiva de los derechos fundamentales
conculcados.
Así mismo, otro de los efectos del desacato es (ii)
la imposición de las sanciones de arresto y/o multa que se contemplan en el
Decreto 2591 de 1991. A diferencia de las sanciones penales, las contempladas
en el incidente de desacato se encaminan en esencia a lograr la eficacia en el
cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez de amparo[22].[23]
Por ello, el apremio que supone la imposición de una
sanción por desacato puede llevar a que el accionado se persuada en cumplir la
orden de tutela a él impuesta. Frente a ese panorama, si el trámite de desacato
ya inició o el mismo se ha adelantado en gran medida, la imposición de alguna de
las sanciones contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, podrá evitarse,
si en el transcurso de dicho trámite se verifica que el fallo se ha cumplido.
2.3.5.
Como parte del trámite del
incidente de desacato se contempla igualmente la consulta, como un grado de
jurisdicción que procede sin necesidad de solicitud de ninguna de las partes
comprometidas en el proceso y, en ese sentido, es un mecanismo automático que
lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión
adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público o
con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica de que
se trata.[24]
En el caso de la consulta del incidente de desacato, la situación de debilidad
radica en cabeza de la persona a quien se le impone la sanción de multa o
privación de la libertad por el incumplimiento de la orden de tutela. Al tener
como finalidad establecer la legalidad del auto consultado, su estudio se debe
limitar a esta providencia, y no más, siendo imposible que su estudio de
legalidad recaiga sobre la providencia de tutela cuyo incumplimiento se alega[25].
2.3.6.
Finalmente, debe resaltarse
que para asegurar que las órdenes judiciales impartidas en sede de tutela se
acaten, debe hacerse clara diferenciación entre el incidente de desacato y el
cumplimiento del fallo.  En efecto, debe partirse del hecho de que todo desacato
implica incumplimiento pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato. Sobre
el particular, vale la pena citar la sentencia T-458 de 2003 de la Corte
Constitucional la cual sintetizó las diferencias entre estas dos figuras
jurídicas:
“Las diferencias entre el desacato y el cumplimiento
son las  siguientes:
i.) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la
garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento
disciplinario de creación legal.
ii.)
La responsabilidad exigida
para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva.
iii.)       La competencia y las circunstancias  para el
cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591
de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del
mencionado decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen
puntos de conjunción y de diferencia.
iv.)
El desacato es a petición
de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado
por el interesado o por el Ministerio Público.”
En conclusión, (i) el cumplimiento es de
carácter principal pues tiene su origen en la Constitución y hace parte de la
esencia misma de la acción de tutela, bastando una responsabilidad objetiva
para su configuración. (ii)  El desacato es una figura accesoria de origen
legal que demanda una responsabilidad de tipo subjetivo, consistente en que el
solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que
es necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la
sentencia de tutela.
2.4.
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA
TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DEL DESACATO.
2.4.1.
La jurisprudencia
constitucional vigente ha sido clara en señalar la procedencia excepcional de
la acción de tutela respecto de decisiones proferidas en el trámite del
incidente de desacato, siempre que se cumpla con los siguientes presupuestos:
(i)
se demuestre la existencia de una
de las causales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, y
que
(ii)
el trámite del incidente haya
finalizado con decisión debidamente ejecutoriada.
Como lo ha considerado la jurisprudencia de esta
Corporación[26]
en relación con la procedencia de la acción de tutela contra los incidentes de
desacato cuando se advierta que se está frente a una vía de hecho, ya sea
porque el juez que conoce de dicho desacato, extralimita su competencia y
función judicial, ya sea porque desconoce el derecho de defensa de las partes,
o porque resuelve imponer una sanción que resulta arbitraria.[27]
Ahora bien, al igual que en el caso de las
providencias judiciales, la acción de tutela procederá de manera excepcional
cuando esta se promueva en contra de la actuación judicial que resuelva un
incidente de desacato, siempre y cuando en el trámite de éste último se advierta
y demuestre que tal decisión judicial se constituye en una causal de
procedibilidad de la acción de tutela, en tanto afecta derechos
constitucionalmente protegidos. Así, no debe olvidarse que sin importar si se
trata de una acción de tutela o de un desacato deberá estar demostrada la vía
de hecho, y verificado el cumplimiento de los demás requisitos que la
jurisprudencia ha desarrollado al respecto.
En el caso de la acción de tutela contra la decisión
que resuelve un incidente de desacato, la jurisprudencia constitucional ha
establecido una condición de cumplimiento de unos requisitos especiales:
“(...) que las razones que el peticionario exponga
en su escrito de tutela deben ser coherentes con los argumentos esgrimidos
durante el incidente y que las pruebas que pretenda hacer valer hayan
sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa incidental porque
de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no puede ser
utilizada como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del
interesado.
En la acción de tutela no es admisible alegar cuestiones que debieron haber
sido debatidas en el desacato o circunstancias nuevas que no fueron
manifestadas en su momento y menos solicitar la práctica de pruebas no
pedidas durante el trámite incidental. Esto en atención a que -se
reitera- la tutela no es un mecanismo alternativo de los procesos judiciales ni
puede ser utilizada para remediar falencias del actor durante el trámite del
proceso ordinario”.
En suma, amén de las condiciones generales de
procedibilidad de la acción de tutela y de las específicas para solicitar el
amparo contra una providencia judicial, la prosperidad de una acción de tutela
contra una decisión adoptada en el incidente de desacato requiere que el
trámite incidental haya finalizado. En relación con el demandante se ha
precisado que (i) sus argumentos en el trámite del incidente de desacato y en
la acción de tutela contra éste deben ser coherentes y no deben
contradecirse;(ii) no le es dado presentar asuntos nuevos pues el momento
procesal para argumentarlos es en el mismo incidente de desacato; y (iii) no
puede pedir o presentar pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que
el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente”. (Negrilla y subraya fuera del texto original).[28]
De esta manera, al ser el incidente de desacato una
providencia judicial en la cual se debe respetar el debido proceso, también
procede contra éste la tutela cuando se evidencie la existencia de una vía de
hecho.[29]
Así, luego de verificarse el cumplimiento de los
anteriores requisitos para que proceda de la acción de tutela contra la
decisión judicial que resuelve un incidente de desacato, es pertinente entrar a
verificar que se cumplan los requisitos que de manera general ha establecido la
jurisprudencia constitucional para la procedencia de una acción de tutela
contra una actuación judicial. Serán entonces esos fundamentos jurídicos los
que se pasará a explicar a continuación.
2.5.
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE
LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
2.5.1.
La Constitución Política
dispone en su artículo 86 que la acción de tutela es un mecanismo judicial
preferente y sumario  por medio del cual se puede acceder a la protección inmediata
y efectiva de los derechos fundamentales. Sin embargo, se aclara que
éste es un mecanismo judicial de carácter subsidiario[30] al
que se acude en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando
existiendo estos, dicha acción de tutela se tramite como mecanismo transitorio
de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable[31].
Estos planeamientos confirman el supuesto de que la
acción de tutela no es una vía judicial adicional o paralela[32] a los mecanismos judiciales previstos por el Legislador, como tampoco puede ser tenido por las partes como el
recurso de último minuto al que pueden acudir para corregir los errores en los
que hayan incurrido, o para revivir términos ya fenecidos a consecuencia de su
propia incuria procesal[33].
De otra parte debe señalarse
que si bien en sentencia C-543 de 1992[34]
la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 40 del
Decreto 2591 de 1991 que señalaban en su momento, la procedencia de la acción
de tutela contra sentencias ejecutoriadas, en otro aparte de la misma
providencia, se indicó que la acción de tutela procedería, solo de manera
excepcional, contra decisiones judiciales que en apariencia estuvieran
revestidas de la forma jurídica de una sentencia.
2.5.2.
En consideración a lo anterior,
queda claro que la justificación para interponer una acción de tutela en contra
de una decisión judicial está dada en la protección constitucional que ofrece a
los derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)[35].
Así mismo, la acción de tutela da garantía de pleno respeto al principio a la
seguridad jurídica el cual debe estar presente en las decisiones que profieren
las autoridades del Estado, incluidas las judiciales (Art. 2 C.P.), particularmente cuando éstas desconocen preceptos constitucionales y legales.[36]
Por lo anterior, a pesar de que
las actuaciones de las autoridades judiciales están soportadas en los principios
de autonomía, independencia, acceso a la justicia y legalidad, y que las mismas
se ajustan a las disposiciones que protegen los derechos constitucionales y
legales de todos, la Corte Constitucional ha advertido, que en algunos casos,
dichas decisiones judiciales desconocen los derechos fundamentales, por lo que
estos pronunciamientos, que en principio son tenidos como verdaderas vías de
derecho, dejan de serlo y pasan a convertirse en auténticas vías de hecho.
Es así como, a partir de las sentencias T-079[37] y T-158 de
1993[38],
esta Corporación desarrolló el concepto de vía de hecho, el cual fue entendido
en un principio como la decisión “arbitraria y caprichosa” del juez que
resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la providencia
resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen el caso
concreto, o a las pruebas que se hallan en el expediente.
2.5.3.
Posteriormente, en sentencia
T-231 de 1994[39]
esta Corporación identificó los defectos que permitirían estimar cuando una
providencia judicial es realmente una vía de hecho. Dichos defectos son los
siguientes:
(i) defecto
sustantivo, es el que se presenta cuando la decisión se adopta en consideración
con una norma indiscutiblemente inaplicable;
(ii) defecto
fáctico, el que ocurre cuando el juez falla sin el sustento probatorio
suficiente para aplicar las normas en que se funda la decisión;
(iii)
defecto orgánico, se presenta cuando el juez profiere su decisión sin tener
competencia para hacerlo; y,
(iv) defecto
procedimental cuando el juez actúa desconociendo el procedimiento o el proceso
debido para cada actuación.
2.5.4.
Transcurridos varios años, el
concepto de vía de hecho se decantó, y evolucionó hacia una noción más amplia
denominada “causales genéricas de procedibilidad de la acción”. Así, en sentencia
C-590 de 2005[40],
la Sala Plena de esta Corporación dejó en claro que la tutela procedería contra
providencias judiciales ejecutoriadas, siempre y cuando se cumpliese con unas causales
generales de procedibilidad y se comprobase de otra parte, la configuración de alguna
de las causales específicas de procedibilidad de esta acción constitucional.
Así, los requisitos generales de procedencia de la
tutela fueron sintetizados en la sentencia C-590 de 2005, en los siguientes
términos:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios
y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable.  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
En cuanto a las causales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias, ese mismo fallo las resumió así:
“Para que proceda una tutela contra una sentencia se
requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante
se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de
hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata
de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”
2.5.5.
Conforme a lo expuesto, la
acción de tutela procede contra decisiones judiciales, como la que ahora se
acusa, siempre y cuando éstas violen derechos fundamentales y con ello se
demuestre que se ha configurado alguna de las causales especiales de
procedibilidad de la acción constitucional.  Por esas razones, en el análisis
del caso concreto, la Sala procederá a estudiar si la providencia dictada por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, que dio por terminado el incidente de desacato promovido por la
señora Olga Ochoa de Restrepo, vulnera sus derechos fundamentales en los
términos señalados en la sentencia C-590 de 2005, y se advierta que esta
situación  pueda superarse mediante la presente acción de tutela.
De esta manera, vistos los hechos expuestos por la
accionante, esta Sala de Revisión procederá a analizar si la decisión judicial
asumida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de fecha 17 de agosto de 2010 vulneró los derechos fundamentales de
la señora Ochoa de Restrepo, en especial su derecho al debido proceso y si
dicha decisión judicial se encuentra incursa en la alegada causal de
procedibilidad por configuración del defecto fáctico, razón por la cual se
pasará a exponer de manera detallada el contexto jurisprudencial que explica
esta causal.
2.6.
DETERMINACIÓN DEL DEFECTO
FÁCTICO COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES.
2.6.1.
Ha sido clara esta Corporación
en señalar que la interposición de una acción de tutela contra una providencia
judicial por haberse configurado un defecto fáctico,[41] se
limitará a verificar la manifiesta actuación arbitraria o abusiva del
funcionario judicial. No sería aceptable extender dicho análisis a procesos
interpretativos que se hubiesen dado al interior del debate jurídico y
probatorio, como tampoco alegar la configuración de una vía de hecho por
discrepancias de criterio jurídico o interpretativo de normas, pues ello pondría
en entredicho los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial, más aún cuando esta es función propia del juez en tanto fija el
alcance y sentido de la normas aplicables a los casos puestos a su
consideración.
En consecuencia, la capacidad interpretativa del juez
le permite de manera autónoma e independiente, analizar los hechos, valorar las
pruebas allegadas al proceso según la sana crítica y la lógica, y aplicar según
su experiencia, las normas a cada caso. Esta capacidad de obrar de manera
autónoma e independiente no puede ser confundida con la arbitrariedad en la
interpretación tanto del derecho como en el análisis de los hechos, pues la
valoración probatoria que haga siempre estará sometida a la Constitución y a la
ley.
La doctrina constitucional sobre la procedibilidad de
la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse incurrido en un defecto
fáctico es sumamente clara, pues exige que “se hayan dejado de valorar
pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas
legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance
y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de
hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un
fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito
funcional de esta jurisdicción”[42].
Vista la anterior consideración, es pertinente
recordar que la Corte Constitucional desde sus inicios consideró que una
decisión judicial puede estar viciada por un defecto fáctico cuando “el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado”.[43]
Esta afirmación, ratifica el hecho de que la valoración probatoria que un juez
haga al interior de cualquier proceso bajo su estudio, jamás podrá hacerse de
manera arbitraria.[44]
En consecuencia, el juez deberá realizar dicho proceso
de valoración probatoria a partir de criterios objetivos[45], no
simplemente supuestos por el juez; racionales[46], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas; y rigurosos[47],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se le
encomienda  sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.[48]
2.6.2.  De esta manera, y tal y como se enumeraran en un acápite
anterior, el defecto fáctico es una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto ha dicho la Corte:
"En otras palabras, se presenta
defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar
pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido'. Existe defecto fáctico por no valoración del
acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en
el expediente bien sea porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.' Hay lugar al
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio cuando
o bien 'el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar
una prueba obtenida de manera ilícita"[49].
Como se observa, la Corte ha identificado dos
dimensiones en las que se presentan los defectos fácticos: i) Una
dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa[50]
u omite su valoración,[51]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente.[52]
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[53].
De otra parte, existe ii) la dimensión positiva, que se presenta cuando
el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.[54]
A efectos de explicar de mejor manera la diversidad de
formas en que se puede configurar el defecto fáctico, esta Sala explicará tan
solo aquella situación en la cual el juez ha dejado de valorar el acervo
probatorio, por ser esta la circunstancia particular que se advierte en el
presente caso.
2.6.2.1.
Defecto
fáctico por la no valoración del acervo probatorio.
2.6.2.1.1.
La configuración del defecto fáctico por la no valoración del acervo
probatorio es una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Esta hipótesis se concreta en la
conducta en que incurre el operador judicial cuando, existiendo los elementos
probatorios en el proceso, o habiendo decretado la práctica de pruebas, omite el
estudio de las mismas, no las advierte o simplemente no las tiene en cuenta
para efectos de fundamentar la decisión respectiva. Pero el problema surge
cuando se observa que de haberse contemplado dichas pruebas y valorado en el
proceso, la solución al problema jurídico habría sido sustancialmente distinta
a la que asumió el juez sin el análisis de dicha carga probatoria[55].
2.6.2.1.2.
Resulta importante reseñar entonces,
que esta Corporación en sentencia T-555 de 1999 aclaró que en aquellos casos en
los que al juez le sea solicitada la práctica de nuevas pruebas éste deberá
verificar que el recaudo de las mismas sea necesario para resolver el caso
puesto a su consideración. Así dijo la Corte:
“El juez tiene una oportunidad procesal para definir
si esas pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y procedentes, y si en
realidad, considerados, evaluados y ponderados los elementos de juicio de los
que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a la
definición acerca de la responsabilidad penal del procesado. Y, por supuesto,
le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente
que los requisitos legales no se cumplen o que en el proceso respectivo no
tienen lugar.”
Puede inferirse entonces, que cuando el juez decreta
la práctica de nuevas pruebas, ello obedece a que no cuenta con los elementos
de juicio suficientes para tomar una decisión jurídicamente acertada. De esta  manera,
cuando toma la decisión de practicar unas pruebas, el juez deberá tener la
claridad jurídica acerca de que dichas pruebas sean conducentes, pertinentes y
suficientes. Por ello, luego de que las pruebas ya han sido practicadas o
recaudadas, el juez no podrá obviar su análisis o desecharlas sin haber
valorado su contenido, pues ello supondría en primer lugar un desgaste del
aparato judicial, una forma inadecuada de dilatar injustificadamente el trámite
procesal del caso en concreto, y finalmente, ello podría comprometer la
efectiva protección de los derechos de las partes, además de poner en
entredicho la responsabilidad, seriedad y objetividad del funcionario judicial.
2.6.2.1.3.   Ahora bien, en sentencia
T-814 de 1999[56],
la Corte resolvió un caso en el cual los jueces de lo contencioso
administrativo no valoraron el material probatorio debidamente allegado al
proceso. Esta situación a juicio de la Corte, constituyó una vía de hecho por
defecto fáctico. Sobre el punto consideró la Corte:
“Ni en el fallo del Tribunal ni en el fallo del
Consejo de Estado se hace una valoración de la prueba mencionada, que les permitiera
a estas Corporaciones deducir la obligación para el alcalde de dicha ciudad de
promover la consulta popular, previa a la realización del proyecto del metro
ligero de Cali, pues para ellas el aspecto probatorio en estos procesos no es
relevante. En efecto, el Tribunal dijo que las pruebas arrimadas al proceso de
la acción de cumplimiento “no tienen influencia alguna en esta decisión” y el
Consejo de Estado por su parte, si bien mencionó el aludido testimonio en los
antecedentes no hizo ninguna valoración del mismo.
La razón por la cual tanto el Tribunal como el Consejo
ignoraron las mencionadas pruebas indudablemente estriba en la interpretación
que estas Corporaciones tienen en cuanto a la procedencia de la acción de
cumplimiento, porque en diferentes apartes de sus sentencias se afirma
rotundamente que el deber incumplido debe emerger directamente de la norma. Es
decir, que de ésta debe desprenderse una especie de título ejecutivo,
configurado por una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
descartándose por consiguiente toda posibilidad de interpretación sobre el
incumplimiento de la norma por la autoridad demandada, con arreglo a los
métodos tradicionalmente admitidos, y con sustento a las pruebas que oportuna y
regularmente aporten las partes o las que oficiosamente está en la obligación
de decretar y practicar el juez de conocimiento.
Considera la Sala, en consecuencia, que se
estructura la vía de hecho por defecto fáctico, porque ni el Tribunal ni el
Consejo al decidir sobre las pretensiones  de la acción de cumplimiento,
valoraron la prueba antes referenciada, y omitieron decretar y practicar las
pruebas conducentes y tendientes a establecer la existencia o no del
incumplimiento de la autoridad demandada.” (Negrillas de la Sala)
Vistos los anteriores planteamientos, es claro
entonces, que la Corte ha sido coherente en señalar en sus decisiones que la
acción de tutela puede ser viable contra una decisión judicial cuando en ella
se ha estructurado una de las causales especiales de procedibilidad, como es el
defecto fáctico alegado en el caso objeto de revisión, más aún, cuando se
observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia es manifiestamente arbitraria o no existió.
En consecuencia, se pasará a analizar el caso concreto
a efectos de verificar si la presente acción de tutela cumplió con los
requisitos generales de procedibilidad y si en efecto la actuación judicial
controvertida se estructuró un defecto fáctico.
2.7.
CASO CONCRETO
2.7.1.  Cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
2.7.1.1.
La Sala considera que el asunto bajo examen tiene una evidente
relevancia constitucional.
El asunto objeto
de revisión, no se refiere de manera exclusiva a la garantía del derecho al
debido proceso (Art. 29 C.P.) sino que procura igualmente la protección de
otros derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y a la protección especial a
las personas de la tercera edad. En el presente caso, dichos derechos cobran mayor
relevancia en tanto la persona titular de los mismos pertenece a la tercera
edad, por cuanto tiene más de 77 años de edad.
2.7.1.2.
Inexistencia de otro mecanismo judicial idóneo.
En el asunto que hoy ocupa la atención de esta Sala, se
observa que dentro de los diferentes argumentos propuestos por los jueces de
instancia, cuyas decisiones ahora se revisan, se halla el que la reclamación
planteada por la accionante corresponde realmente a una petición que cuenta con
otra vía judicial para su discusión, planteamiento que no comparte la
accionante. Advierte la Sala de Revisión, que el fundamento de la acción de
tutela objeto de revisión, es la configuración de una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencia por defecto fáctico, la
cual deriva su argumento en la falta de valoración probatoria de las pruebas que
aportara la accionante desde un principio, pero en especial de aquella que fuera
decretada por la instancia judicial aquí accionada, y que sin motivo alguno no fue
tenida en cuenta al momento de resolver el incidente de desacato objeto de
controversia en esta acción de tutela.
Así, es claro que la controversia planteada por la accionante
recae en el auto del 17 de agosto de 2010 por el cual la Sala Unitaria de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia dio por terminado el incidente de desacato por ella promovido en
contra del ISS. Otro asunto muy distinto, es que el único fundamento que tuvo
el juez accionando para tomar su decisión, fuesen las ideas expresadas por el
ISS en la Resolución No. 028320 de octubre 7 de 2009. Ciertamente esta
situación, no puede llevar a confusión, pues en efecto, es el acto del juez de
desacato, aquél en el que no tuvo en cuenta la prueba pericial que el mismo había
decretado y que evidenciaba una situación jurídica y fáctica muy distinta a lo
afirmado por el ISS, la que llevó a la accionante a interponer esta acción de
tutela. En consecuencia, al atacar la accionante la decisión del juez de
desacato, estaba controvirtiendo la actuación judicial a pesar que los
argumentos de éste último y del ISS, fuesen los mismos.
Así, verificado que la acción de tutela se promueve
efectivamente en contra del auto que dio por terminado el incidente de desacato
ya anotado, es claro que no existe otro mecanismo judicial para reclamar la
protección de los derechos fundamentales de la accionante, pues contra dicha
actuación que dio por terminado el anotado incidente, no se encuentra previsto
recurso o camino judicial alguno.
2.7.1.3.
Se cumplió el requisito
de la inmediatez[57].
Respecto al cumplimiento de este requisito no existe discusión
alguna, pues la actuación controvertida por la señora Ochoa de Restrepo se
profirió el 17 de agosto de 2010 y la interposición de la presente acción de
tutela se hizo efectiva el día 12 de septiembre del mismo año, hecho que se
confirma mediante el auto admisorio que expidiera la misma Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Ello supone
en consecuencia, que la acción de tutela fue presentada menos de un mes después
de dictado el fallo objeto de controversia, siendo para esta Sala de Revisión
un tiempo prudencial y razonable.[58]
En relación con los conceptos de racionalidad y prudencia,
la Corte se refirió a ellos en una primera oportunidad, en la sentencia SU-961
de 1999 M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la que señaló que la razonabilidad del
plazo “está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto.”
Posteriormente, en sentencia T-684 de 2003[59] la Corte
estableció unas reglas para la determinación del cumplimiento del requisito de
inmediatez:
“La Corte Constitucional en otras oportunidades ha
fijado la regla según la cual la tutela debe interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad del término no se ha establecido a priori, sino que
serán las circunstancias del caso concreto las que la determinen. Sin embargo,
se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la
razonabilidad del término: 1) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si
existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados” (Negrillas fuera de texto)
Ahora bien, si la acción de tutela se interpone contra
una decisión judicial,  se ha considerado que el término de interposición debe
ser más estricto. Así, en la citada sentencia T-1140 de 2005[60] la
Corte consideró lo siguiente:
“De lo anterior, puede inferirse que la razonabilidad
del término de interposición de la acción de tutela debe estudiarse en cada
caso concreto. Sin embargo, tratándose de procesos judiciales y de providencias
ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del término ha de ser riguroso
en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia
constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de
defensa en el mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo,
y los posibles derechos de terceros que se han generado por el paso del
tiempo.”
En este orden de ideas, considera esta Sala que en el
presente caso, la actuación de la señora Ochoa de Restrepo fue oportuna,
cumpliendo así con el requisito de inmediatez.
2.7.1.4.
La peticionaria discute que existió
una presunta irregularidad procesal pues, la conducta del juez accionado tiene
un efecto decisivo en la sentencia y afecta sus derechos fundamentales,
pues, el actuar del magistrado accionando afectó de manera ostensible e
irremediable la efectiva protección de sus derechos fundamentales, la cual no
se debe limitar a la protección formal contenida en un fallo de tutela, sino a
la efectiva materialización de sus derechos pensionales, circunstancia que no
se había dado hasta el momento, razón suficiente para reclamar su protección
efectiva por vía del mencionado incidente de desacato.
2.7.1.5.
La solicitud de tutela identifica
plenamente tanto los hechos que generaron la supuesta vulneración como los
derechos que considera vulnerados. En efecto, la señora Olga Ochoa de
Restrepo expone de manera cronológica y ordenada todos los hechos que la
llevaron, después de un largo periplo jurídico, a la interposición de esta
acción de tutela, en la cual expone de manera detallada cuáles son los hechos
de la actuación judicial que ella controvierte y cuáles los derechos
fundamentales que fueron desconocidos con dicha decisión judicial. Así, la
accionante expone la vulneración de sus derechos a la igualdad, a la dignidad,
al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la
protección especial a las personas de la tercera edad y al debido proceso.
De esta forma, también se cumple este requisito de
procedencia de la acción de tutela.
2.7.1.6.
Finalmente, es evidente que el
presente asunto no pretende discutir una sentencia de tutela.
Cumplidos los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela, y antes de entrar a verificar la presencia de alguna de
las causales específicas de procedibilidad, debe la Sala establecer si se
cumplieron con los requisitos específicos que debe cumplir una acción de tutela
cuando esta se promueve contra una decisión judicial que pone fin a un
incidente de desacato. Recordemos que para esta situación muy particular, la
Corte ha considerado que dicha acción de tutela debe reunir los siguientes
requisitos:
(i)
que sus argumentos en el
trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela contra éste deben
ser coherentes y no deben contradecirse;
(ii)
no le es dado presentar asuntos
nuevos pues el momento procesal para argumentarlos es en el mismo incidente de
desacato; y
(iii)
no puede pedir o presentar
pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no estaba
obligado a practicar oficiosamente.
En este contexto, verifiquemos el cumplimiento de
tales requisitos.
2.7.2.
Los argumentos en el
trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela contra éste deben
ser coherentes y no deben contradecirse.
En relación con el primero de los requisitos, advierte
la Sala que la señora Ochoa de Restrepo en el trámite mismo del incidente de
desacato, hizo explícito su inconformismo contra la decisión asumida por el
juez que conoció del incidente de desacato, y quien es el demandado en la
actual tutela. En su momento, como en la tutela objeto de revisión por esta
Sala, la accionante advirtió que no existían los mínimos elementos probatorios
que le hubiesen permitido a dicho funcionario judicial tomar la decisión que se
controvierte en esta tutela. Incluso, extraña a la accionante, que a pesar de
que dicho juez ordenó en el trámite del referido incidente de desacato, la
práctica de una prueba pericial, para lo cual designó, posesionó y recibió un
dictamen que luego puso en conocimiento de las partes, no tuvo en cuenta para
nada dicha prueba al momento de tomar la decisión de dar por terminado el
incidente de desacato, cuando de la prueba podía advertirse otros alcances
jurídicos. Ese mismo argumento se encuentra expuesto en la presente acción de
tutela, pues es la razón de fondo que sirve para sustentar el incumplimiento en
que ha incurrido y permanecido el ISS.
Por lo anterior, es claro que en la presente tutela coherencia
entre lo pedido en esta actuación judicial y lo que en su momento se reclamó en
el trámite del incidente de desacato.
2.7.3.
No le es dado presentar
asuntos nuevos pues el momento procesal para argumentarlos es en el mismo
incidente de desacato.
Este segundo requisito se encuentra igualmente
cumplido, pues como se advierte de la explicación hecha en el numeral anterior,
la reclamación hecha por la señora Ochoa de Restrepo tanto en el incidente de
desacato como en la presente tutela, es consistente y única. En efecto, la
accionante siempre ha considerado dos elementos fácticos en su alegación: en
primer lugar, el incumplimiento del fallo de tutela que había ordenado el
amparo de sus derechos fundamentales, y en segundo lugar, la falta de soporte
probatorio y de rigor técnico, tanto en la decisión que dio por terminado el
incidente de desacato por ella propuesto, así como en la resolución proferida
por el ISS a partir de la cual dicho funcionario judicial soportó su decisión
judicial.
2.7.4.
No se puede pedir o
presentar pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no
estaba obligado a practicar oficiosamente.
Respecto de este último requisito, es claro que la
accionante, no solo presentó pruebas suficientes al momento de iniciar el
trámite del incidente de desacato, sino que además, por sugerencia de ella
misma el magistrado aquí accionado accedió en su momento, a practicar dentro
del anotado incidente de desacato, una prueba pericial que le aportara elementos
de juicio adicionales a los existentes en el proceso, a afectos de tener mayor
claridad sobre el asunto en discusión. Si bien la prueba fue desechada en su
momento, la accionante alega que esa prueba mostraba otro panorama jurídico
respecto del derecho por ella reclamado. Así, las pruebas que en su momento se
solicitaron en el incidente de desacato, respecto de la cual el mismo ISS en un
primer momento alcanzó a controvertir, es la que la accionante señala en la
actual acción de tutela, como aquella que no fue no tenida en cuenta ni
analizada en su oportunidad por el magistrado accionado.
Como se observa de las anteriores consideraciones, la
accionante ha cumplido con las exigencias que para el tipo de reclamación por
ella propuesto ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.
Ahora bien, cumplidos los anteriores requisitos, la
Sala procederá a estudiar si la decisión judicial proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia de fecha 17 de agosto de 2010, dictada en el trámite de un incidente
de desacato incoado por la señora Olga Ochoa de Restrepo en contra del ISS,
incurrió en alguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela
contra sentencias.
2.7.5.  Cumplimiento
de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
2.7.5.1.
En el presente caso, la señora Olga Ochoa de Restrepo solicita la
tutela de varios de sus derechos fundamentales, en especial al debido proceso, pues
considera que el Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes, miembro de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, incurrió en una causal de procedibilidad contra sentencia judicial
por configuración del defecto fáctico, al dictar un auto con el que dio por
terminado el incidente de desacato por ella promovido en contra del ISS.
Explica la señora Ochoa de
Restrepo, que el auto aquí controvertido no pudo ser el producto del análisis
detallado de los argumentos expuestos por el ISS en la Resolución No. 028320
del 7 de octubre de 2009, pues las explicaciones contenidas en dicha
resolución, a criterio de la accionante, se soportan en cifras o valores cuyo
origen se desconoce y que “aparecen” en el contexto de dicho acto
administrativo, sin soporte de cálculo matemático alguno que explique de manera
clara el origen de las mismas. Incluso, afirma que ni siquiera se atienen a la
correcta aplicación de los criterios jurisprudenciales señalados por la Corte
Constitucional en su sentencia     T-098 de 2005.
2.7.5.2.
En este contexto de hechos, encuentra la Sala de Revisión, que luego
de analizar el contenido del auto de fecha 17 de agosto de 2010, por el cual el
Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes, en decisión de Sala Unitaria de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia dio por concluido el trámite del incidente de desacato promovido por la
señora Ochoa de Restrepo, se sustentó tan solo en los argumentos expuestos en
la mencionada resolución expedida por el ISS.
2.7.5.3.
En efecto, en parte alguna del mencionado auto, el señor magistrado
hizo análisis o valoración alguna de la prueba pericial que él mismo ordenó
practicar a sugerencia de la accionante, como tampoco hizo mención alguna a la
objeción que el ISS propusiera en escrito del 6 de julio de 2010 en contra de
dicha prueba, escrito en el que manifestó que el índice de precios al
consumidor a tener en cuenta para la indexación reclamada debía ser el certificado
al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, del 1° de
abril de 1994 y no el del 15 de junio de 1981, en que el señor Restrepo Cardona
se retiró de trabajar en el BIC. Ciertamente, el hecho de que el propio ISS hubiese
planteado argumentos en contra de dicho dictamen pericial, daba cuenta de las
distintas posiciones que las partes tenían acerca de lo reclamado por la
accionante, además de evidenciar valor y peso jurídico de la referida prueba.
2.7.5.4.
Resulta por demás contradictoria la posición asumida por el anotado
magistrado, quien justifica la no valoración de la prueba pericial en el hecho
de que, por ser el incidente de desacato un trámite meramente disciplinario, había
sido una equivocación de su parte haber practicado dicha prueba, y porque considera
por demás, que el incidente de desacato no es el medio judicial idóneo para
discutir sobre montos de indexación o sumas adeudadas, sino para verificar si
hubo o no efectivo cumplimiento de una orden de tutela.
Sobre este punto recuerda la
Sala lo expuesto en anteriores consideraciones en el sentido de señalar que el
incidente de desacato tiene con fin primordial asegurar el efectivo
cumplimiento de las órdenes judiciales contenidas en un fallo de tutela,
incluso si para ello hay que imponer alguna sanción al incumplido. Así, a
diferencia de las sanciones penales, cuya finalidad es sancionar, en el caso
del incidente de desacato contemplado en el decreto 2591 de 1991, artículo 52,
las sanciones allí contempladas son una forma de apremio que se contempla como
mecanismo que impulse al obligado judicialmente a cumplir con las ordenes a él
impuestas. De esta manera, es claro entonces que el incidente de desacato tiene
una doble función de verificar el cumplimiento efectivo de una orden judicial y
de garantizar la adecuada protección de los derechos fundamentales de una
persona, además de disciplinar al incumplido.
2.7.5.5.
En esta misma línea debe señalarse entonces, que en tanto la función
del juez constitucional no se limita a impartir una justicia meramente formal
que proteja y garantice los derechos fundamentales de una persona, también
tiene la tarea de verificar que sus decisiones sean efectivamente cumplidas y
respetadas, pues de no poder hacerlo, tampoco tendría sentido que éste contase
con la posibilidad de imponer sanciones por desacato.
La anterior consideración
desecha el argumento del magistrado accionando en cuanto a que no era viable
proseguir con el incidente de desacato so pena de “invadir” la órbita de las
funciones y competencias propias del juez contencioso administrativo, pues señaló
que de llegar a verificarse el incumplimiento alegado, obligaría a abrir un
proceso disciplinario, con lo cual el juez constitucional desbordaría su
competencia jurisdiccional.
Sobre el particular, debe
señalar esta Sala de Revisión, que como parte de la competencia del juez
constitucional está la de verificar el cumplimiento y respeto de sus órdenes
judiciales hasta cuando las mismas se cumplan de manera efectiva. Ahora, si en
el transcurso de exigir el cumplimiento de tales ordenes, el juez
constitucional advierte que la entidad obligada se niega de manera arbitraria e
incluso actuando contra la ley, podrá además de imponer las sanciones
contempladas en el decreto 2591 de 1991, compulsar copias a las autoridades
competentes, las cuales en ejercicio de sus propias competencias determinarán
si esa entidad podría tener algún otro tipo de responsabilidad, y por lo mismo ser
objeto de otro tipo de sanciones.
En conclusión, ha de indicarse
que el incidente de desacato tiene una doble finalidad como ya se anotó. De una
parte, procurar el efectivo cumplimiento de la sentencia de tutela incumplida,
con la consecuente garantía de los derechos fundamentales cuya protección se
buscaba, y de otra parte, disciplinar o sancionar a la parte que incumplió la
orden judicial.
2.7.5.6.
Ya en lo relacionado con la configuración del defecto fáctico
alegado por la señora Ochoa de Restrepo, esta Sala de Revisión considera que en
efecto dicho defecto se configuró en el presente caso.
2.7.5.6.1.
Iniciemos por señalar que la resolución No. 028320 del 7 de octubre
de 2009 por la cual el ISS procedió a “dar cumplimiento” a la orden de tutela
que ordenaba la indexación de la primera mesada pensional de la señora Ochoa de
Restrepo, expone en unos cuadros los valores números correspondientes a
salarios base de liquidación, montos que debieron pagarse y no se pagaron y
otros valores, así mismo contempla el quantum de lo adeudado y que debía
ser liquidado a favor de la accionante como parte del procedimiento de
indexación de la primera mesada pensional a ella reconocida. Sin embargo, y
ciertamente como lo anotara la misma accionante desde un principio, los valores
inicialmente reseñados, así como las actualizaciones de las cifras y
liquidaciones que se contemplan en los anotados cuadros, no se explican
matemáticamente, y mucho menos se soportan en un procedimiento técnico-financiero
que explique o justifique los valores finales que se confirman como las únicas
sumas y montos reconocibles y adeudados a la accionante.
2.7.5.6.2.
En efecto, para la Sala brillan por su ausencia los soportes matemáticos
que expliquen adecuadamente la forma en que las presuntas sumas adeudadas fueron
liquidadas. Así mismo, no se relacionan los índices de precios al consumidor
certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE
para los años o meses a los que el ISS hace relación en su resolución. Tampoco
se advierte cómo se dio aplicación a los criterios jurisprudenciales que la
Corte Constitucional señaló en su sentencia T-098 de 2005 y que debían ser
tenidos en cuenta para este tipo de situaciones. Incluso, no se observa en que
forma tuvo cabida la fórmula matemática que la Corte contempló como herramienta
para realizar dicho proceso de indexación.
Bajo este supuesto, es evidente
que la accionante hubiese mostrado su inconformismo frente a lo resuelto por el
magistrado aquí accionado, máxime cuando además de haber aportado en su momento
sus propias cifras de indexación pensional, fue ella quien propuso la práctica
de un dictamen pericial, en el que se tuvieran en cuenta los fundamentos de la
sentencia de tutela que amparó sus derechos fundamentales, así como el criterio
jurisprudencial contenido en la sentencia T-098 de 2005 de la Corte
Constitucional, prueba que le habría servido a dicho funcionario judicial para
tomar una decisión.
2.7.5.6.3.
Así, luego de que la prueba pericial fue efectivamente practicada y
de que la misma fuese controvertida por el ISS en cuanto a la fecha que debía
tenerse en cuenta para aplicar el índice de precisos al consumidor e iniciar el
conteo matemático de la indexación, se podía concluir que el juez del desacato contaba
con una prueba técnicamente diseñada a partir de la cual podía tener mayores y
mejores elementos de juicio para tomar una decisión de fondo. Pero además, de
contar con una prueba de esas características lo que si era cierto es que la
misma no podía ser desechada u omitida de plano en el análisis jurídico que lo
llevó a dar por terminado el incidente de desacato.
2.7.5.6.4.
En efecto, del contexto de su decisión, se concluye que la prueba no
fue objeto del más mínimo estudio, y no porque la misma no reuniese las
condiciones de conducencia, pertinencia y suficiencia, sino porque las
explicaciones dadas por el ISS en la referida resolución fueron tenidas como suficientes
por dicho magistrado al momento de resolver dar por terminado el anotado incidente
de desacato. Pero además, como ya se explicó con antelación, porque luego de
ordenar la práctica de la prueba consideró que no le era dable al juez
constitucional haberla practicado, pues esa instancia judicial solo tenía un
alcance meramente sancionatorio, muy a pesar que acto seguido concluyó que
tampoco era competencia del juez constitucional llegar a imponer algún tipo de
sanción al ISS por advertir, a su modo de ver que se invadía la competencia del
juez contencioso administrativo.
2.7.5.6.5.
En este orden de ideas, al ordenar el juez del desacato la práctica
de una prueba pericial se debió a que en su momento concluyó que no contaba con
los elementos suficientes para tomar una decisión judicial sobre el asunto
puesto a su consideración. Por ello, tras la práctica de la misma, esta no
podía ser omitida, como así sucedió, pues al haber actuado de esta manera, la
actuación judicial cumplida por el magistrado perdió el rigor jurídico que debe
tener toda actuación judicial, tornándola en subjetiva, por cuanto desbordó los
linderos del análisis jurídico que debió dominar su decisión final.
2.7.5.6.6.
En vista de lo anterior, y
advirtiendo que las decisiones de instancia que se revisan, no realizaron el
análisis jurídico que se expuso en la presente sentencia, esta Sala de Revisión
procederá a revocar la sentencia proferida el 1° de diciembre de 2010 por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que
había revocado la sentencia adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia del 26 de octubre de 2010,
que había amparado el derecho al debido proceso.
En su lugar, concederá el amparo de los
derechos fundamentales a la señora Olga Ochoa de Restrepo, en especial al
debido proceso por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
En consecuencia, se dejará sin efecto la actuación surtida el 17 de agosto de 2010 por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, Sala Unitaria integrada en su momento por el Magistrado Leovigildo
Suárez Céspedes que dio origen a la presente acción de tutela.
Se ordenará a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, juez que conoció del incidente
de desacato, que en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión que
resuelva el incidente de desacato promovido por la señora Olga Ochoa de
Restrepo en contra del ISS.
Para tomar la respectiva decisión, y en tanto se dejó
sin efecto la decisión judicial del 17 de agosto de 2010, el juez accionado deberá
tener en cuenta la prueba pericial efectivamente practicada por esa instancia
judicial en el trámite del desacato, previa actualización de los valores en
ella liquidados, y de ser necesario recaudará y practicará otras pruebas, que
le permitan, en acatamiento a los lineamientos que sobre la indexación de
primera mesada pensional estableció la Corte Constitucional en sentencia T-098
de 2005, proferir una decisión de fondo.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
REANUDAR el término que fuera suspendido mediante Auto del
dieciséis (16) de febrero de 2011, para resolver la presente revisión.
Segundo:
REVOCAR la sentencia proferida el 1°
de diciembre de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura que había revocado la sentencia adoptada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia del 26 de
octubre de 2010, que había amparado el derecho al debido proceso. En su lugar, CONCEDER
el amparo de sus derechos a la dignidad, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social, a la protección especial a
las personas de la tercera edad y al debido proceso, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero:
DEJAR SIN EFECTO la actuación surtida
el 17 de agosto de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, Sala Unitaria integrada en su momento
por el Magistrado Leovigildo Suárez Céspedes que dio origen a la presente
acción de tutela.
Cuarto.
ORDENAR a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, juez que
conoció del incidente de desacato, que en el término máximo de diez (10) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una
nueva decisión que resuelva el incidente de desacato promovido por la señora
Olga Ochoa de Restrepo en contra del ISS.
Para
tomar la respectiva decisión, y en tanto se dejó sin efecto la decisión
judicial del 17 de agosto de 2010, el juez accionado deberá tener en cuenta la
prueba pericial efectivamente practicada por esa instancia judicial en el
trámite del desacato, previa actualización de los valores en ella liquidados, y
de ser necesario, recaude y practique otras pruebas, que le permitan, en
acatamiento a los lineamientos que sobre la indexación de primera mesada
pensional estableció la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2005,
proferir una decisión de fondo en el respectivo incidente.
Quinto:
Por Secretaría envíese de manera
inmediata copia de esta sentencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para los efectos señalados en
el numeral anterior.
Sexto: Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] A folios 125 a 128 del cuaderno principal del expediente de tutela,
obra copia integral de la Resolución No. 028320 de octubre 7 de 2009 por la cual el ISS da cumplimiento al requerimiento de indexación de la mesada
pensional ordenada por vía de acción de tutela. En el aparte correspondiente a
dicha indexación, la resolución en cuestión señala lo siguiente:
“Frente a la CONDENA de reconocer y pagara a el(a) señor(a) GUILLERMO OMAR RSTREPO CARDONA, los
INCREMENTOS POR CONYUGE A CARGO, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, procede al
reconocimiento de los mismos, por los siguientes conceptos, así:
PERSONA A
CARGO
APELLIDOS,
NOMBRE
PARENTESCO
MONTO
% sobre
1 SMLMV
PERIODO
VALOR
DESDE
HASTA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
OLGA OCHOA TAMAYO
CONY O COMP
14%
01/01/2006
23/08/2007
$ 853.426,47
TOTAL INCREMENTOS
LIQUIDADOS POR EL ISS
$ 853.426,47
VALOR INCREMENTOS
LIQUIDADOS POR EL JUZGADO
$ 2.908.962,00
VALOR INDEXACIÓN
$ 0,00
VALOR INTERESES
MORATORIOS
$ 0,00
TOTAL A PAGAR
$ 3.762.388,47
En este
orden de ideas, se adeuda a la parte demandante en cumplimiento de la sentencia
judicial del 20 de enero de 2006, del JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN, la suma de $3.762.388,47 por concepto de incrementos
pensionales concepto que reviste el carácter de único, en virtud del
fallecimiento del asegurado GUILLERMO OMAR RESTREPO CARDONA, el 23 de marzo de
2007. Y se adeuda en cumplimiento de la vía de ACCIÓN DE TUTELA instaurada en
el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA, la
suma de $14.810.274 por concepto de retroactivo que se quedó adeudando
al señor GUILLERMO OMAR RESTREPO CARDONA en virtud de la indexación de la
primera mesada desde el 14 de agosto de 1998 (fecha de causación de la pensión
de vejez) hasta el 22 de marzo de 2007, retroactivo que se dejara en reserva
por ser un pago a herederos. Más la suma de $5.200.660 por concepto de
diferencia pensional adeudada a la señora OLGA OCHOA TAMAYO en virtud de la
indexación de la primera mesada pensional de su cónyuge fallecido y desde el 23
de marzo de 2007 (fecha de fallecimiento de su cónyuge) hasta el 30 de octubre
de 2009, SE PAGARÁ UN TOTAL DE $23.773.322,47.
El monto
de la pensión de sobreviviente para el año 2008, corresponde a la suma de $649.313.
(…)”.
[2] ARTÍCULO 238. CONTRADICCION DEL
DICTAMEN. Para la contradicción de la pericia se procederá así:
1.
Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los
cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave.
2.
Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o
adición del dictamen, y fijará a los peritos un término prudencial para ello,
que no podrá exceder de diez días.
3.
Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y
además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producidas
aquéllas, si fueren ordenadas.
4.
De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres
días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya
sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o
porque el error se haya originado en éstas.
5.
En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para
demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indicada
en el artículo 108,
por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez
decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del
error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen
rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término
del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare.
6.
La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente
dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa;
el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o
decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero
del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o
aclare.
7.
Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en
cuenta por el juez, como alegaciones de ellas.
[3] Los partes citados obran a folios 182 a 184 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[4] Ver folio 184 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[5] Ídem.
[6] A folio 8 y 9 del cuaderno principal del expediente de tutela, la
señora Ochoa hace el ejercicio matemático que no se observó en el
pronunciamiento hecho pro el ISS en el que4 daba por cumplido el fallo judicial
que ordenaba la reclamada indexación pensional. Dichos cálculos los explicó la
accionante de la siguiente manera:
R  =              índice final        R
= Es la variable incógnita o lo que se va a averiguar, es el valor del I.B.L. o
Índice
inicial                 Ingreso Base de Liquidación de la pensión indexado (sic).
Rh   =     Es el promedio del ingreso base
de cotizaciones de las últimas 100 semanas (Acuerdo 0758 de 1990), es decir
$51.394.85, según la misma Resolución del ISS 1287 de 2003.
Índice final      =          Es el índice de
precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la
pensión, lo que fue a partir de agosto 14 de 1998, es decir, 50,98, según datos
del DANE que están en el expediente.
Índice inicial    =
es el índice
de precios al consumidor vigente a junio de 1981, cuando se realizó la última
cotización, es decir, 1.53, según los datos del DANE que están en el
expediente.
Señala la
accionante que el asunto a resolver es simple y pasa a explicar:
R 0 Rh * índice
final   Así, R = ?   Rh = $51.394.85 + 50.98
Entonces >R =
$1.712.489
índice inicial                                                         1.53
Así, como el
IBL es de $ 1.712489 la primera mesada pensional para agosto de 1998 es del 45%
sobre ese valor según la tabla de las cuantías pensionales del decreto 758 de
1990, es decir $770.620.
[7] Ver folios 211 a 213 del cuaderno principal del expediente de tutela.
Debe advertirse de todos modos que quien conoció en un primer momento del
trámite de esta acción de tutela fue el Consejo Superior de la Judicatura, el cual por Auto del 4 de octubre de 2011, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ordenó la remisión de esta al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a afectos de garantizar la doble instancia en esta actuación
judicial (ver folios 206 a 208 del cuaderno principal del expediente de
tutela).
[8] Ver folio 222 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[9] La única fecha que obra en la fotocopia de esta resolución es la
correspondiente al día en que fue elaborado el proyecto de resolución, que
corresponde al 23 de junio de 2005.
[10] Los referidos resultados fueron los siguientes:
“El promedio de las cotizaciones de las últimas 100
semanas de $51.394.85 de junio 15 de 1981 actualizado a agosto 14 de 1998 da un
I.B.L. que asciende a $1’708.043.
- La primera mesada pensional es de $768.619 en razón del 45% del IBL
actualizado.
- La mesada para el año 2010 es de $1’754.287.
Se
han causado entre el 14 de agosto de 1998 y el 30 de abril del 2010 $145’365.468
por diferencia entre las mesadas reconocidas y las reales causadas entre el 14
de  agosto de 1998 y el 30 de abril del 2010, debidamente indexada, habiendo
restado el pago parcial de diciembre del 2009 de $5’200.660.”
[11] Ver folio 239 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[12] Ver entre otras la sentencia T-459 de 2003.
[13] Sentencia T-171 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[14] Sentencias T-368 de 2005 y  T-1113 de 2005.
[15] Sobre las facultades del juez de primera
instancia, del juez del desacato y del juez de consulta para introducir cambios
accidentales a la orden original, Cfr. la sentencia T-086 de 2003.
[16] Ibídem.
[17] Sentencia T-1113 de 2005.
[18]Sentencias T-459 de 2003, T-368 de 2005 y
T-1113 de 2005.
[19] Sentencia T-343 de 1998, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[20]  Sentencia T-553 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[21] Sentencia T-1113 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[22] Sentencias C-243 de 1996 y C-092 de 1997, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa y Carlos Gaviria Díaz, respectivamente.
[23] Sentencia T-652 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[24] Ibídem.
[25]  Sentencia T-421 de 2003.
[26] Ver entre otras, las sentencias T-343 de
1998, T-763 de 1998, T-188 de 2002, T-553 de 2002, T-421 de 2003, T-684 de
2003, T-368 de 2005, T-1113 de 2005, T-631 de 2008 y T-171 de 2009.
[27]  Sentencia T-1113 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[28] Ver entre otras las sentencias T-1113 de
2005, T-631 de 2008 y T-171 de 2009.
[29] Sentencia T-421 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[30] Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003,
T-648, T-691, T-1089 de 2005, T-015 de 2006 y SU-913 de 2009.
[31] Sobre la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan
relevantes las sentencias T–225 de 1993, T–1670 de 2000, SU–544 de 2001,
SU-1070 de 2003, y C-1225 de 2004 en las cuales se sentaron las primeras
directrices sobre la materia, las que han sido desarrolladas por la
jurisprudencia posterior. También puede consultarse la sentencia T-698 de 2004.
y la sentencia T-827 de 2003.
[32] Sentencia C-543 de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[33] Sentencias C-543 de 1992, T-567 de 1998,
T-511 de 2001, SU-622 de 2001 y  T-108 de 2003 entre otras.
[34] Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.
[35] El artículo 86 de la C. P. reza lo siguiente: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
(…)”. (Negrillas fuera del texto original).
[36] Entre otras ver la sentencia T-1223 de 2001.
[37] Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
[38] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
[39] Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
[40] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “ni acción”, que hacía parte
del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Esta decisión se asumió bajo el
criterio de que dicha expresión restringía el ejercicio de la acción de tutela
contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del recurso
extraordinario de casación en materia penal.
[41] Ver entre otras la sentencia T-1068 de 2006 y Sentencia T-266 del 3 de
abril de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[42] Sentencia T-266 del 3 de abril de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto
[43] Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una
sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse, entre
otras, las sentencias T-231 del 13 de mayo de 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-567 del 7 de octubre de 1998 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[44]  Sentencia T-329 de 1996, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[45] Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las
pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió
ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo.
“El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se
derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios
testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale
el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23
cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando
información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que
aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
[46] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[47] Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por
la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las
partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el
secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso
del que depende la suerte del proceso penal.
[48] Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[49] Sentencia T- 1065 del 7 de diciembre de 2006 M. P. Humberto Sierra Porto
[50] Ibíd. sentencia T-442 del 11 de octubre de  1994 M. P. Antonio Barrera Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad
judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la
presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales,
porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe
realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios,
derechos y valores constitucionales”.
[51] Cfr. sentencia T-239 del 30 de mayo de 1996 M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite
apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y
profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y,
por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela.  La vía
de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal,
haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las
determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas
a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de
antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la
posición contraria”.
[52] Cfr. sentencia T-576 del 10 de diciembre de 1993 M. P. Jorge Arango Mejía.
[53] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[54] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994.
[55] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[56] M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[57] Sobre las razones para exigir la inmediatez como un
requisito de procedencia de la tutela contra sentencias cabe recordar lo
expuesto por la Sala Sexta de Revisión en sentencia T-095 de 19 de febrero de 2009 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[58] Ver sentencia SU-961 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[59] Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett.
[60] Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.