T-293-15
Sentencia T-293/15
LEGITIMACION PARA ACTUAR COMO
AGENTE OFICIOSO O REPRESENTANTE-Reiteración de jurisprudencia
La
Corte ha establecido que para que el agente oficioso esté legitimado para
actuar, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la manifestación donde
sostiene que actúa en dicha calidad y (ii) la circunstancia real de que, en
efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o
mentales para interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de
tutela o se infiera de su contenido.
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA DE SUJETOS DE
ESPECIAL PROTECCION-Procedencia excepcional
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional de la tutela para sujetos cobijados por
una protección constitucional reforzada
Esta Corte ha señalado que existen unos sujetos de
especial protección constitucional quienes tienen derecho a una protección
adicional por parte del Estado por ejemplo adultos mayores, personas en
situación de desplazamiento  y madres cabeza de familia.
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Criterios para determinar tal
condición
Esta Corporación dispuso que la condición de madre
cabeza de familia se expresa a través de la responsabilidad que reposa sobre
una mujer que debe velar por personas en condición de vulnerabilidad en razón
de su edad y condiciones físicas o mentales y que el sustento de esas personas
depende exclusivamente de ella.
PROTECCION ESPECIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN CONDICION
DE DISCAPACIDAD-Acciones afirmativas que mitiguen la extrema situación de
vulnerabilidad de las víctimas de violencia
Existen víctimas
del conflicto armado que por sus situaciones particulares están expuestas a un
mayor grado de vulnerabilidad que las demás personas que han sufrido a causa de
la guerra. Esa condición los hace merecedores de una intervención más fuerte
por parte del Estado, en comparación con personas que no atraviesan esas
circunstancias. Por lo tanto, para la Sala resulta evidente que las diferentes
entidades del Estado deben implementar todos los recursos disponibles y hacer
todo lo que tengan a su alcance para ayudar a estas personas a superar ese
estado de debilidad manifiesta que atraviesan.
DERECHO DE PETICION Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-Relación
El derecho de petición y el derecho a la información
son instituciones que han sido ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia
y que buscan darle transparencia a los procesos estatales ante los ojos de la
ciudadanía. No obstante esas prerrogativas de las personas no conllevan una
obligación de conceder las pretensiones de quienes solicitan a las
instituciones públicas que actúen de cierta manera. Es decir, los derechos de
petición y de información no son absolutos, y los límites están trazados por la
intimidad y la capacidad funcional del Estado.
INDEMNIZACION
POR VIA ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Constituye tan solo un componente de la
reparación integral para las víctimas
Para la asignación
de la indemnización administrativa existen criterios de priorización para el
desplazamiento forzado y para otros hechos. En el primer caso, una vez agotada
la atención del orientador y el inicio del momento de asistencia del PAARI,
procede la medición de subsistencia mínima, en cumplimiento del Decreto 2569 de
2014. Posteriormente se formaliza el retorno o la reubicación (Decreto 1377 de
2014) para que pueda darse el momento de la reparación, que es cuando culmina
la etapa del PAARI.
PLAN DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Por medio de ese mecanismo se pretende racionalizar la
entrega de las indemnizaciones por vía administrativa y de hacerles un mayor
seguimiento a las víctimas que reciben este tipo de pagos.
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE ADULTOS MAYORES VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Orden a la UARIV, realizar a los
accionantes la
entrevista inicial del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las
Víctimas y desarrollar el trámite del PAARI
Referencia: Expedientes T-4.595.877 y T-4.708.707, acumulados.
Acciones de tutela instauradas por Martha Lilia Tique García –como
agente oficiosa de Camilo Tique y Paulina Tique de Tovar– contra la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV– (T-4595877); y Mariela
Oñate Rodríguez y otros, por intermedio de apoderado, contra el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social –DPS– y la UARIV (T-4708707).
Procedencia: Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y Sección
Cuarta del Consejo de Estado, respectivamente.
Asunto: Indemnización por vía administrativa a víctimas del
conflicto armado, Plan de atención, asistencia y reparación integral (PAARI) y
priorización de sujetos de especial protección constitucional.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de dos mil quince
(2015).
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, y los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la providencia
proferida el 4 de septiembre de 2014 por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, dentro de la acción
de tutela promovida por Martha Lilia Tique García –como agente oficiosa de Camilo Tique y
Paulina Tique de Tovar– contra la Unidad de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas –UARIV– (T-4595877), y la sentencia proferida el 6 de noviembre de
2014 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela
promovida por Mariela Oñate Rodríguez y otros, por intermedio de apoderado[1], contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
–DPS– y la UARIV (T-4708707).
Los asuntos llegaron a la Corte Constitucional
por remisión de las Secretarías de dichas corporaciones, en virtud de lo
ordenado por los artículos 86 (inciso 2°) de la Constitución y 31 del Decreto
2591 de 1991. Mediante Auto del 27 de enero de 2015, la Sala de Selección Número
Uno de la Corte Constitucional los escogió para su revisión y, por tratarse de
la misma materia, decidió acumularlos para que sean resueltos en una sola
sentencia.
I. ANTECEDENTES
Los
peticionarios de los procesos de la referencia interpusieron acciones de tutela
contra la UARIV y el DPS al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de
petición, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad,
a la reparación integral, al mínimo vital, y al debido proceso, ya que, en su
opinión, las entidades no contestaron de fondo los derechos de petición
interpuestos para obtener la indemnización administrativa, a la que consideran
tener derecho.
A. Hechos y pretensiones
Expediente T-4595877
1. La señora Martha Lilia Tique
García, actúa como agente oficiosa de sus hermanos Camilo Tique y Paulina Tique
de Tovar (en adelante los accionantes), víctimas del conflicto armado, quienes
tienen 83 y 76 años de edad respectivamente[2].
2. La señora Paulina Tique de
Tovar está inscrita en el Registro Único de Victimas –RUV– desde el 14 de marzo
de 2013, por medio de la resolución No. 2013-113783, por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado y el homicidio de su hijo Raúl Iván Gutiérrez Tique[3].
3. El señor Camilo Tique está
inscrito en el RUV desde el 25 de septiembre de 2013 por medio de la resolución
No. 2013-268989 por el hecho victimizante de homicidio de su hijo Elid Tique
Velásquez[4]
y desde el 14 de diciembre de 2009 por desplazamiento forzado[5].
4. La agente oficiosa señala que
los accionantes tienen un puntaje de 36.52 en la encuesta del SISBEN[6].
5. El 27 de febrero de
2014, los accionantes, en ejercicio de su derecho de petición, presentaron un
documento ante la UARIV por medio del cual solicitaban la priorización en el
pago de la indemnización administrativa, dado que el numeral 8º del artículo 3º
de la Resolución 0223 de la UARIV, del 8 de abril de 2013, establece que serán
sujetos de prioridad las personas mayores de 60 años con un puntaje en el
SISBEN inferior a 63.
6. Dicha comunicación fue respondida por la UARIV el 25 y 26 de marzo
de 2014. En ellos la entidad le indicó a los accionantes que debían realizar el
Plan de atención, asistencia y reparación integral –PAARI–, para lo cual
contaban con un lapso de 10 años[7].
7. La agente oficiosa considera
que, si bien la entidad respondió la solicitud enviada, esta no es una
respuesta de fondo a las peticiones interpuestas por ellos.
8. Por lo tanto, los accionantes
solicitan que se protejan sus derechos fundamentales y que se le ordene a la
UARIV pagar prioritariamente la indemnización administrativa a la que
consideran tener derecho.
Expediente T-4708707
1. Jairo de Jesús Cuesta Novoa,
actúa como apoderado de 19 víctimas del conflicto armado, a saber:
Nombre
Fecha de inscripción en el
RUV
1
Mariela Oñate Rodríguez
8 de julio de 2013
2
José Antonio Barrera Penagos
26 de noviembre de 2011
3
María Alejandrina Velásquez
Castañeda
5 de octubre de 2001
4
Sonia Amparo Escobar Yaver
25 de junio de 2014
5
Martha Emilia García Esquivel
19 de agosto de 2004
6
Fernando Erley Ruiz Barbosa
4 de mayo de 2007
7
Berenice Machao Bastidas
20 de mayo de 2002
8
Luz Estela Zabala
2 de junio de 2003
9
Rosa María Cucaite Ramírez
12 de febrero de 2002
10
Norma Esperanza González Montoya
16 de julio de 2013
11
Artemio Murillo
21 de mayo 2004
12
Nidia Cacais Tique
17 de diciembre de 2004
13
Cristina Andrade González
4 de noviembre de 2005
14
Israel Amado
28 de julio de 2009
15
José Eusebio Romero Torres
26 de marzo de 2004
16
Carlos Augusto Flórez Rendón
7 de junio de 2011
17
Roque Merchán Cristancho
8 de agosto de 2001
18
Luz Yaned Santa Malambo
15 de septiembre de 2003
19
María Elena Cancelada González
2 de octubre de 2012
El apoderado de los accionantes
indica que todos son víctimas del conflicto armado por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, debidamente registrados en el RUV.
2. Cada uno de los accionantes
ejerció su derecho fundamental de petición, y presentó un documento a la UARIV
en donde solicitaba que se le garantizara el derecho a la indemnización
administrativa.
3. El apoderado de los accionantes
indica que la UARIV no contestó de fondo las peticiones incoadas y lo hizo a
través de minutas, sin dar solución a las problemáticas individuales de cada
una de las víctimas. Además indica que en ninguna de las respuestas se observa
un enfoque diferencial ni la aplicación de un criterio de priorización.
4. El apoderado argumenta que la
UARIV le indica a los demandantes que deben iniciar la construcción del Plan de
Atención, Asistencia y Reparación Integral –PAARI – dado que sólo se les
reconocerá el pago una vez finalizado este procedimiento. Por lo tanto, en el
sentir de los accionantes, esto constituye un nuevo condicionamiento para el
cumplimiento de la ley y la entrega de la indemnización administrativa.
5. Asimismo, el apoderado de los
peticionarios argumenta que el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social –DPS–, tiene como objetivo garantizar la ejecución de políticas públicas
para la reparación a las víctimas del conflicto armado. Según la Ley 1448 de
2011, el DPS debe realizar estas tareas a través de sus entidades adscritas,
como la UARIV. Por lo tanto, en el sentir de los accionantes, el DPS ha faltado
a sus obligaciones y es responsable por el incumplimiento de la UARIV. Además,
consideran que todo lo anterior constituye una vulneración a lo dispuesto en la
Ley 1448 de 2011, a los Decretos 4800, 4155 y 4157 de 2011, al igual que a lo
señalado por la sentencia SU-254 de 2013[8].
6. Por lo expuesto, los
accionantes solicitan que se protejan sus derechos fundamentales y que se le
ordene a las entidades demandadas:
i) iniciar la construcción de un
programa de atención y seguimiento prioritario de la indemnización
administrativa a los accionantes teniendo en cuenta que: a) se utilice un
enfoque diferencial; b) el programa se constituya conforme al documento CONPES
No. 3726 del 30 de mayo de 2012, o el que lo haya sustituido o modificado; c)
se haga público el número de indemnizaciones administrativas que serán
entregadas en el año; d) que se establezca un plazo razonable para el trámite y
pago de las indemnizaciones administrativas; y e) se incluya un diseño
operativo de cómo se concretarán los pagos definidos para el presente año;
ii) comunicarle a todas y cada una
de las víctimas la programación de las fechas en que se pagará su reparación
sin ningún otro trámite.
II. ACTUACIONES PROCESALES
Expediente T-4595877
El 21 de julio de 2014, por medio
de Auto[9],
el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá admitió la solicitud interpuesta y
ordenó notificar a la UARIV, para que ejerciera su derecho de defensa.
A. Respuesta de las partes
demandadas
Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
Mediante escrito del 12
de agosto de 2014[10], la representante judicial de la entidad solicitó al juez
de instancia declarar improcedente la acción
interpuesta por Martha Lilia Tique García en calidad de agente oficiosa de
Camilo Tique y Paulina Tique de Tovar, pues consideró que la UARIV no vulneró
ningún derecho fundamental. De esta manera, la entidad accionada señaló que la
Corte Constitucional ha sostenido que el derecho de petición obliga a las
autoridades a dar una respuesta clara y de fondo, sin que esto implique acceder
a la solicitud interpuesta por los ciudadanos.
De conformidad a lo anterior, la
parte demandada sostiene que no existe ninguna vulneración a los derechos de los
accionantes y las razones para no dar una fecha cierta de pago son:
1) Que se debe determinar el grado de vulnerabilidad del accionante
a través del PAARI, por lo que debe cumplir con los requisitos establecidos.
2) De entregarse una fecha cierta de pago sin cumplir con los
requisitos establecidos, se vulneraría el derecho de igualdad de otras
víctimas.
3) De entregarse una fecha cierta de pago se haría una apropiación
indebida de recursos del erario público y esto iría en contra del principio de
anualidad presupuestal.
B. Decisiones objeto de
revisión
Sentencia de primera instancia
En sentencia del 1 de agosto de
2014[11],
el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, negó la
solicitud de protección constitucional al considerar que este mecanismo está
diseñado para proteger derechos fundamentales y no patrimoniales. Consideró que
lo que se busca es satisfacer las necesidades económicas de los accionantes,
por lo que no se evidencia la vulneración de ningún derecho fundamental.
Impugnación
En escrito presentado el 20 de agosto
de 2014[12],
la agente oficiosa de Camilo Tique y Paulina Tique de
Tovar, impugnó la sentencia de primera instancia. La impugnante señala que la
UARIV ha desconocido la Resolución 223 de 2013 en donde se indica que las
personas mayores de 60 años, con un puntaje en el SISBEN inferior a 63, tienen
derecho a recibir de manera prioritaria la indemnización por vía
administrativa.
Asimismo, indica que el derecho de
petición de los accionantes fue vulnerado ya que la entidad no dio una
respuesta de fondo a las peticiones presentadas. Igualmente, sostiene que el
juez de primera instancia ignoró el hecho de que los accionantes son personas
mayores que están exluidos del mercado laboral y no reciben pensión. Así las
cosas, la impugnante considera que sus hermanos son sujetos de especial
protección constitucional, por lo que el juez de tutela debe proteger sus
derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso administrativo y
mínimo vital.
Por lo tanto, los accionantes
solicitan que se revoque la sentencia de primera instancia y se conceda la
acción de tutela.
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 4 de septiembre
de 2014[13],
la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó
la decisión proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de esa misma ciudad.
El Ad quem consideró que las personas que solicitan la indemnización
administrativa deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa,
por lo que la entidad accionada no puede ignorarlos. Asimismo, expresó que la
respuesta otorgada por la UARIV responde de manera objetiva a las solicitudes
interpuestas.
Expediente T-4708707
Por medio de Auto del 27 de junio
de 2014[14],
la Sección Segunda, Sub-Sección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la solicitud interpuesta por los accionantes y ordenó notificar a la
UARIV y al DPS para que ejercieran su derecho de defensa.
A. Respuesta de las partes
demandadas
Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social
Mediante escrito del 3 de julio de
2014[15],
la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica del DPS solicitó que se desvinculara a
la entidad del proceso y que se le ordenara a la UARIV dar respuesta de fondo a
las solicitudes de los accionantes.
El DPS consideró que no tiene
competencia para responder a las solicitudes de los accionantes ya que, de
acuerdo con la Ley 1448 de 2011, esa función recae exclusivamente en la UARIV.
Lo anterior es consecuencia de la transformación institucional sufrida como consecuencia
de esta norma, la cual según su artículo 170 tiene como objetivo evitar la
duplicidad de funciones entre las entidades. Por lo tanto, la entidad argumenta
que por esa misma falta de competencia, el DPS no está legitimado por pasiva
dentro del proceso de tutela.
B. Decisiones objeto de
revisión
Sentencia de primera instancia
En sentencia del 14 de julio de
2014[16],
la Sección Segunda, Sub-Sección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concedió la solicitud de amparo de los derechos
invocados por los accionantes y ordenó a la UARIV resolver de fondo las peticiones
de reconocimiento y pago de la indemnización administrativa. Igualmente,
declaró la falta de legitimidad por pasiva del DPS al considerar que el
artículo 146 del Decreto 4800 de 2011 le asignó la competencia de pago de la
indemnización por vía administrativa única y exclusivamente a la UARIV.
Impugnación
Por medio de escrito presentado el
23 de julio de 2014[17],
el apoderado de los accionantes apeló la sentencia de primera instancia. Señala
que el DPS tiene un deber legal enmarcado en el artículo 170 de la Ley 1448 de
2011, en cuanto que debe “fijar las políticas, planes generales, programas y
proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas” del
conflicto armado. Igualmente argumenta que el artículo 2º del Decreto 4155 de
2011 dispone que el DPS deberá “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar”
las políticas públicas para la atención y reparación de víctimas de la
violencia.
Por lo tanto, los accionantes
consideran que el DPS ha incumplido con sus obligaciones y en consecuencia debe
resarcir los perjuicios sufridos por la trasgresión de sus derechos
fundamentales. Asimismo, consideran que la entidad debe asumir “un rol
protagónico en el más alto nivel gubernamental, en el cumplimiento de sus
funciones generales, so pena de generar por no acción una conducta vulneradora
de derechos fundamentales”[18].
Por lo tanto, los demandantes reiteran
sus pretensiones iniciales, además piden que se complemente la sentencia de
primera instancia para que sean tutelados de manera integral sus derechos
fundamentales.
Sentencia de segunda instancia
En decisión del 6 de noviembre de
2014[19],
la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la sentencia
apelada. El Ad quem consideró que las entidades accionadas no vulneraron
los derechos fundamentales de los actores, pues a todos se les brindó respuesta
a su solicitud. Asimismo, el Consejo de Estado sostuvo que en virtud del
derecho de petición las entidades están obligadas a responder las solicitudes
presentadas ante ellos por ciudadanos de una manera clara, completa y objetiva;
no obstante, eso no conlleva el deber de conceder las pretensiones contenidas
en esas solicitudes.
C. Actuaciones en sede de
revisión
El 27 de abril de 2015, la Magistrada
Ponente expidió un auto en el que ofició a las partes demandantes, a
la UARIV y al DPS para que informaran sobre el estado del procedimiento de
indemnización administrativa de cada una de las víctimas involucradas en el
proceso de revisión de la acción de tutela ante la Corte Constitucional.
Igualmente, se le ordenó a las entidades demandadas que suministraran
información detallada acerca del PAARI y el proceso que
este conlleva en cuanto a la entrega de la indemnización a las víctimas del
conflicto armado.
Respuestas del abogado Jairo
Cuesta Nova, apoderado de los accionantes del proceso número T-4708707
En escrito recibido el 29 de abril
de 2015[20],
el apoderado solicitó a esta Corporación que proteja los derechos de sus
representados. En ese sentido, destacó que los jueces de instancia no
realizaron un estudio armónico de las pretensiones de los demandantes. De igual
forma, el abogado solicitó la incorporación al proceso de revisión de personas
cuyas acciones de tutela no fueron seleccionadas en 2014 y 2015 y cuyos plazos
para presentar insistencia ya habían vencido. Finalmente, el señor Cuesta Nova solicitó
que el estudio de revisión se hiciera bajo la denominación de sentencia
unificadora.
El 13 de mayo fue recibido otro
escrito del abogado Cuesta, en el que insiste en las dificultades
procedimentales que la UARIV genera para que las víctimas puedan acceder a las
indemnizaciones a las que tienen derecho. Por ejemplo, relata que el Decreto
1377 de 2014 establece que, para que las víctimas de desplazamiento forzado puedan
solicitar su priorización deben estar, entre otros, en proceso de retorno o
reubicación. Sin embargo, señala que la UARIV no respondió peticiones de
retorno o reubicación desde noviembre de 2014 hasta mayo de 2015, tampoco
realizó el PAARI y sólo reanudó estos trámites a principio de mayo del presente
año. Según le relató uno de sus poderdantes, la entrevista duró 2 horas.
La falta de atención de la UARIV
durante varios meses hizo imposible para las víctimas cumplir con los
requisitos establecidos en la normativa, además del requerimiento ya
mencionado, tampoco podían estar inscritos en el PAARI, pues no había atención
por la UARIV para esos efectos, y mucho menos podrían tener el PAARI
actualizado con vigencia no mayor a un año, como lo exige el Decreto 1377. Si
la atención para formular el PAARI estuvo suspendida por 6 meses, sin previo
aviso y sin fecha cierta de reapertura, tal requisito no podría ser exigible a
las víctimas, quienes debían acercarse a uno de los 6 centros Dignificar de la
ciudad para preguntar cuándo volverían a ser atendidos.
Los hechos relatados llevan al
representante a concluir que el PAARI no tiene un impacto real dentro del
Modelo Único de Atención, Asistencia y Reparación (MAARIV). Para sustentar sus
afirmaciones, trae a colación los relatos de dos de sus representantes, uno de
ellos de 73 años de edad, a quienes se les informó que sin agotar la etapa de
ayuda humanitaria, que ellos ya habían comenzado al conseguir un turno, no
podrían aspirar, a la indemnización. Para el abogado las cargas para las
víctimas de desplazamiento forzado resultan mucho más gravosas que para las
demás víctimas, lo cual, a su juicio, no sólo es desproporcionado y desigual
sino absurdo.
Por otra parte, el representante
anexa nuevos datos sobre sus poderdantes, que serán incluidos posteriormente en
la caracterización de los actores que hará la Sala para abordar el estudio del caso
concreto.
Respuesta de Martha Lilia Tique
García, agente oficiosa de Camilo Tique Paulina Tique de Tovar, demandantes
dentro del expediente T-4595877
Por medio de escrito recibido el
13 de mayo de 2015, la señora Tique García afirma que sus hermanos han
completado todas las etapas del PAARI, pues exigirles más desplazamientos para
hablar con otros funcionarios va más allá de sus posibilidades debido a su edad
–el señor Tique cuenta con 83 años y la señora Tique con 76 años- y a su situación
familiar: el señor Tique, al parecer se dedica a vender dulces y la señora
Tique debe cuidar a su marido quien tiene 90 años.[21]
Respuesta del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social
La jefa de la Oficina Asesora
Jurídica del DPS, por medio de dos escritos recibidos el 6 de mayo de 2015[22],
solicitó que se desvinculara a la entidad del actual proceso de tutela. Señaló
que el DPS carece de legitimación en la causa por pasiva dado que a partir del
primero de enero de 2012, la UARIV asumió la competencia de todos los procesos
de indemnización por vía administrativa, al igual que de todos los procesos
judiciales que se interpongan contra esa unidad y que traten sobre sus
competencias.
Adicionalmente, la representante
del DPS indicó que la UARIV es la entidad que tiene la competencia única y
exclusiva sobre los temas de reparación por vía administrativa. De igual forma
sostuvo que el organismo que representa no es el superior jerárquico de la
UARIV.
En ese sentido, argumenta que el
DPS no ha incurrido en la vulneración de derecho alguno y la UARIV es quien
está obligada a responder las diferentes acciones de tutela que se han
presentado en su contra.
Respuesta de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas
El representante judicial de la
entidad respondió el día 15 de mayo[23]
a las preguntas planteadas por el auto proferido por la Magistrada
sustanciadora. En primera instancia, explicó el concepto y funcionamiento del
PAARI. En particular vale la pena destacar que el plan tiene su fundamento
jurídico en el Decreto 1377 de 2014, y que pretende reglamentar la ruta y orden
de acceso a las medidas de reparación individual para las víctimas de
desplazamiento forzado, especialmente la reparación por vía administrativa.
El apoderado aclara que el PAARI
tiene dos momentos: el de asistencia y el de reparación, sin embargo, para la
asignación de la indemnización administrativa existen criterios de priorización
para el desplazamiento forzado (Decreto 1377 de 2014) y para otros hechos
(Resolución 090 de 2015). En el primer caso, una vez agotada la atención del
orientador y el agendamiento de la asistencia del PAARI, procede la medición de
subsistencia mínima, en cumplimiento del Decreto 2569 de 2014. Posteriormente
se formaliza el retorno o la reubicación (Decreto 1377 de 2014) para que pueda
darse la reparación, cuando culmina la etapa del PAARI.
El funcionario relata las etapas
en otros hechos victimizantes, que son más simples que las diseñadas para
desplazamiento forzado.
Con respecto al plazo máximo para
completar el proceso, la respuesta no aporta información certera, sólo afirma
que depende del cumplimiento de los requisitos de priorización (Decreto 1377 de
2013 y Resolución 090 de 2015) y de la disponibilidad presupuestal, ya que
anualmente solo hay capacidad presupuestal para indemnizar a 100.203 víctimas.
La entidad tampoco cuenta con información sobre el tiempo promedio de duración
del PAARI en casos en los que ya se ha logrado la indemnización. En cuanto a
los criterios para establecer el tiempo que tarda en completarse el PAARI, la
respuesta de la entidad nuevamente remite a las normas pero no precisa tiempos
exactos. Sin embargo aclara que, en el caso de las víctimas de desplazamiento
forzado, el momento de asistencia sólo requiere la petición de la víctima y
deberán aplicarse los Decretos 1377 de 2013 y 2569 de 2014. Además la
Resolución 0223 del 8 de abril de 2013 precisó un orden de priorización para
hacer realidad acciones afirmativas en casos que no se refirieran a
desplazamiento forzado. Luego fue expedida la Resolución 01006 del 20 de
septiembre de 2013 para dar cumplimiento a la sentencia SU-254 de 2013 sobre
desplazamiento forzado. Por su parte, el artículo 7º del Decreto 1377 de 2014
dictó varios criterios de priorización en la entrega de la indemnización
administrativa para víctimas de desplazamiento forzado. Estos criterios fueron
actualizados por la Resolución 00090 del 17 de febrero de 2015, pese a que los
criterios de priorización para las víctimas de desplazamiento forzado siguen
siendo los establecidos en el Decreto 1377 de 2014. En cualquier caso la Unidad
siempre priorizará a personas mayores, en situación de discapacidad y mujeres
gestantes.
Frente a la pregunta sobre la
elaboración del presupuesto anual para la entrega de indemnizaciones por vía
administrativa a víctimas del conflicto armado, la UARIV resalta que, desde la
expedición del Decreto 1377 de 2014 “se reglamenta la obligatoriedad de la
indemnización a desplazamiento forzado, sin embargo no se han realizado adiciones
presupuestales por lo que actualmente se invierten los recursos en las
indemnizaciones a todos los hechos indemnizables incluyendo el desplazamiento
forzado” [24]
La entidad también explicó varios
aspectos presupuestales: las entidades que intervienen en la elaboración del
presupuesto anual para la entrega de indemnizaciones administrativas, cómo se
elabora, cuál ha sido el monto aprobado en 2012, 2013 y 2014, cuál es el de
2015 y cuántas indemnizaciones se han entregado en los 3 años anteriores. En
este punto la UARIV informó que en 2012 se ordenaron 157.015 giros, en 2013
fueron 96.851 y en 2014 se dieron 90.457.
Sobre la situación particular de
cada uno de los demandantes en los expedientes en referencia, la UARIV aportó
información detallada que será expuesta por la Sala en la caracterización de
cada situación al momento de resolver los casos concretos. Entre otros, la
entidad afirma que sólo uno de los actores ha iniciado el PAARI –se encuentra
en etapa de asistencia- y sólo uno de las víctimas ha sido indemnizada por un
homicidio, aunque todos los actores son víctimas de desplazamiento forzado. Al
respecto dijo:
“En este orden de ideas, como quiera que el tratamiento para
priorizar la indemnización del desplazamiento forzado es distinto al de los
otros hechos diferentes a desplazamiento, procederemos a explicar lo que se
hará con todas las víctimas referenciadas en el auto y que se encuentran
incluidas por desplazamiento:
1.      Se agendará de manera prioritaria sin que supere los dos
meses, la realización del PAARI en el momento de asistencia.
2.      Se realizará la medición de la Subsistencia Mínima y según
el resultado se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1377 de 2014,
esto es, sólo se indemnizarán los hogares que en la medición arrojen el goce al
derecho a la Subsistencia Mínima o arrojen carencia extrema en este derecho,
según está en el artículo 7 del Decreto 1377 de 2014.
3.      A partir del resultado de la medición y del cumplimiento de
lo establecido en el Decreto 1377 de 2014 se agendará cita para el PAARI de
reparación y para la documentación del núcleo familiar susceptible de
indemnizar.
4.      Posteriormente se procederá a indemnizar, previa
disponibilidad presupuestal.
Con respecto a las víctimas incluidas por hechos como homicidio y
desaparición forzada se realizará lo siguiente:
1.      Un agendamiento para que se haga la verificación de los
criterios de priorización de la Resolución 090 de 2015.
2.      De cumplirse o encontrarse la persona en alguno de estos
criterios, se procederá a la realización de la identificación de los
destinatarios de la indemnización de conformidad con lo establecido en el
artículo 150 del Decreto 4800 de 2011.
3.      Una vez se culmine esta etapa se realizará un nuevo
agendamiento para que se realice el PAARI en sus dos momentos de asistencia y
reparación a quienes son destinatarios de la indemnización.
4.      Posteriormente se procederá a indemnizar, previa
disponibilidad presupuestal.
Es importante resaltar que una vez culmine la formulación del PAARI
del Señor CAMILO TIQUE y de la Señora PAULINA TIQUE DE TOVAR será priorizado el
trámite para la asignación de la medida de indemnización administrativa en
razón al cumplimiento del criterio de priorización establecido en el numeral 7
del artículo 4 de la resolución 090 de 2015
"...RESOLUCIÓN 090 DE 2015. ARTÍCULO 4. NUMERAL 7. VÍCTIMAS DE
HECHOS DISTINTOS AL DESPLAZAMIENTO FORZADO, SUSCEPTIBLES DE SER INDEMNIZADAS,
EMPEZANDO CON LAS PERSONAS MAYORES DE SETENTA (70) AÑOS…"
Para el caso del señor CARLOS AUGUSTO FLÓREZ RENDÓN, que es la única
víctima que hasta el momento cuenta con el PAARI en el momento de asistencia el
cual se realizó día el 6 de mayo del año 2015, de acuerdo con el procedimiento
establecido el paso siguiente es la medición de la subsistencia mínima y de
acuerdo con el resultado se definirá si es posible priorizarle o no la
indemnización.”[25]
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Corresponde a la Corte
Constitucional analizar en Sala de Revisión, los fallos proferidos dentro de
las acciones de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
2. La Sala estudia los casos de 21
víctimas de la violencia, quienes presentaron solicitudes a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de reconocimiento de la
indemnización por vía administrativa, algunos con base en criterios de
priorización. Los accionantes alegan que la entidad no
respondió de fondo sus peticiones, y por lo tanto solicitan la protección de
sus derechos fundamentales de petición, a la
vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la reparación integral, al mínimo
vital, y al debido proceso. No
obstante, la UARIV alega que todas las personas que deseen acceder a esta
indemnización deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente
y realizar el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las
Víctimas. Por otra parte, el DPS alega que no es competente
para conocer de los procesos de indemnización por vía administrativa a las
víctimas del conflicto armado.
Así las cosas,
de manera preliminar, la Sala debe determinar si el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social está legitimado para ser
demandado en este proceso, para luego resolver el problema jurídico de fondo: ¿Es
violatorio de los derechos fundamentales de petición, a
la vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la reparación integral,
al mínimo vital, y al debido proceso exigir a víctimas de
desplazamiento forzado, algunas en condiciones de extrema vulnerabilidad, cumplir
con el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral para obtener la
indemnización administrativa?
Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará los siguientes temas: i) los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela; ii) la protección por vía de acción de
tutela de personas en situación de desplazamiento y que son sujetos de especial
protección constitucional por otras razones; iii) la garantía del derecho de
petición por vía de acción de tutela; iv) el mayor grado de vulnerabilidad que
sufren algunas víctimas del conflicto armado; v) la normatividad concerniente a
la indemnización por vía administrativa para víctimas del conflicto armado y el
Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas; y finalmente
se abordará vi) el estudio de los casos concretos.
Requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
3. En relación con los elementos
que se deben tener para que una tutela sea procedente, esta Corporación ha sido
persistente y uniforme en su jurisprudencia. Por lo tanto no hay mayor debate
en tanto a lo que una acción de tutela debe reunir para que pueda ser estudiada
por el juez constitucional. Al respecto la sentencia T-899 de 2014
señaló que:
“El inciso primero del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por si misma o por
quien actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, podrá ejercer la acción de tutela por sí mismo, o a través de
representante.”
En este apartado la Sala se
referirá, en particular, a los requisitos relacionados con la legitimación por
activa y por pasiva, pues dos de los actores cuentan con una agente oficiosa y
el DPS afirma que debe ser desvinculado de este proceso por su falta de legitimación
en el asunto.
4. Como lo dijo la sentencia
T-968 de 2014[26]
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción de tutela por sí misma, por representante o, como en el caso del
expediente T-4595877, a través de un agente oficioso. Esta opción procede
cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa.
La jurisprudencia de la Corte[27]
ha sostenido que la actuación de un agente oficioso es legítima debido a que responde
a tres principios de relevancia constitucional: (i) la efectividad de los
principios y derechos fundamentales;[28]
(ii) la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal[29];
y (iii) el principio de solidaridad.[30]
Igualmente, la Corte ha establecido que para que el agente
oficioso esté legitimado para actuar, debe cumplir con los siguientes
requisitos: (i) la manifestación donde sostiene que actúa en dicha calidad y
(ii) la circunstancia real de que, en efecto, el titular del derecho no se
encuentra en condiciones físicas o mentales para interponer la acción, ya sea
dicho expresamente en el escrito de tutela o se infiera de su contenido.[31]
En el caso bajo estudio se cumplen los requisitos anteriormente
referidos teniendo en cuenta que: (i) Martha Lilia Tique García manifestó en el
escrito de tutela que actuaba en calidad de agente oficiosa de sus hermanos y
(ii) el contenido de la acción tutela evidencia que los señores Paulina y
Camilo Tique no están en condiciones de ejercitar por sí mismos la presente
acción. En efecto la señora Tique tiene 76 años y debe atender a su esposo que
cuenta con 90 años de edad y el señor Tique tiene 83 años. La avanzada edad de
los hermanos Tique es un elemento plausible para deducir otras condiciones de
vida y salud que les dificultaría actuar por cuenta propia en el proceso.
5. En cuanto a la
legitimación por pasiva, tal como lo determinó la sentencia T-118 de 2015[32],  el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas y en ciertos casos en contra particulares, que vulneren o
amenacen con vulnerar los derechos fundamentales de los accionantes.
Asimismo, el
artículo 13 del mismo Decreto, dispone que la acción de tutela debe dirigirse
contra la autoridad pública o el representante legal del órgano que
presuntamente vulneró o amenazó los derechos fundamentales del accionante.
Con base en
lo anterior, la Corte ha establecido que la legitimación por pasiva en la
acción de tutela, se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se
dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión
del derecho alegado resulte demostrada.[33]
6. Teniendo
en cuenta que el apoderado de los accionantes señaló que el DPS vulneraba
varios derechos fundamentales de sus clientes como consecuencia de la demora en
la entrega de las indemnizaciones administrativas a las que consideran que
tienen derecho, la Corte estima pertinente exponer las funciones y competencias
del DPS para determinar si tienen alguna relación con la entrega de las
indemnizaciones solicitadas.
7. Los
artículos 166 y 170 de la Ley 1448 de 2011 crearon la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las víctimas y fijaron directrices
para evitar la duplicidad de funciones con la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional que, de hecho debía transformarse
en un  nuevo departamento administrativo. A partir del Decreto 4155 de 2011
fueron eliminadas las Subdirecciones de atención a desplazados y víctimas de la
violencia del esquema funcional de la que fuese anteriormente la Agencia
Presidencial para la Acción Social  y la Cooperación Internacional. Con el
Decreto 4802 de 2011 se estableció la estructura de la UARIV que determina
entre sus competencias coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las víctimas, incluida la entrega de la indemnización por vía
administrativa (artículo 21, Decreto 4802 de 2011). Por lo tanto, las funciones
relacionadas con la reparación administrativa corresponden a la UARIV, entidad
con personería administrativa y patrimonial.
Aunque el
argumento del apoderado de los demandantes se refiere al rol que el DPS debe
asumir en el proceso reparatorio, lógicamente se trata de una observación sobre
lo que él considera que debiera ser la estructura del Estado, no sobre las
competencias específicas de las dos entidades. Por eso la Sala no acogerá sus
argumentos y procederá a declarar improcedente la presente acción de tutela,
respecto del DPS.
8. Además de los extremos de
legitimación en el proceso de tutela, una acción de tutela debe también
considerar la inmediatez y la subsidiariedad, sobre estos requisitos la Corte
ha dicho lo siguiente:
“En relación con el principio de inmediatez, esta Corporación ha
sostenido que la acción de tutela se debe interponer dentro de un plazo
razonable y proporcional al hecho que generó la vulneración alegada, con el fin
de evitar que se promueva la negligencia de los actores y que la tutela se
convierta en un factor de inseguridad jurídica.
(…)
El principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la
acción de tutela se encuentra consagrado en el inciso 4 del artículo 86 de la
Constitución Política, según el cual “la acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial salvo que sea utilizado
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Del texto de la norma se evidencia que la acción de tutela no será
procedente cuando existan otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces, para proteger los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados. En relación con dicho principio, esta Corporación ha determinado
que el juez constitucional, en cada caso, debe analizar si el accionante cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial y en caso de existir, si este resulta o
no eficaz para proteger los derechos amenazados o vulnerados.”[34]
La protección por vía de acción
de tutela de sujetos de especial protección constitucional. Reiteración de
jurisprudencia
9. El artículo 13 de la
Constitución Política establece que todas las personas son iguales ante la ley,
lo que constituye un principio fundamental en el ordenamiento jurídico
colombiano. En efecto, esta norma constitucional también señala que:
“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.”
De esa manera, esta Corte ha
señalado que existen unos sujetos de especial protección constitucional quienes
tienen derecho a una protección adicional por parte del Estado por ejemplo
adultos mayores, personas en situación de desplazamiento  y madres cabeza de
familia. Con respecto al primer grupo, la Sala Quinta de Revisión argumentó en
la sentencia T-106 de 2015[35]
que:
“La Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha explicado que
existen unos sectores de la población que por sus condiciones particulares
tienen el derecho a recibir un mayor grado de protección por parte del Estado.
Estos sectores de la población son conocidos como sujetos de especial
protección constitucional. Se trata de aquellas personas que por sus
situaciones particulares se encuentran en un estado de debilidad manifiesta.
Así, la Corte ha entendido que la categoría de “sujeto de especial protección
constitucional”, en concordancia con el artículo 13 de la Constitución, es una
institución jurídica cuyo propósito fundamental es el de reducir los efectos
nocivos de la desigualdad material que hay en el país[36].
Consecuentemente, esta Corporación ha considerado que los menores de edad, las
mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con disminuciones
físicas y psíquicas y las personas en situación de desplazamiento, entre otros,
deben ser acreedoras de esa protección reforzada por parte del Estado.
Todo lo anterior debe ser entendido como una acción positiva en
favor de quienes, por razones particulares, se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta. Es decir, que se requiere de una intervención activa por
parte del Estado para que estas personas puedan superar esa posición de
debilidad y disfrutar de sus derechos de la misma manera que otros ciudadanos.
No obstante, la condición de sujeto de especial protección constitucional no
excluye ni elimina el deber de autogestión que tienen todos los individuos para
hacer valer sus derechos.
(…)
Por otra parte, esta
Corporación también ha sostenido que los adultos mayores deben ser receptores
de una protección reforzada por parte de todas las entidades que integran el
Estado[37]. Al igual que con
las personas con disminuciones físicas y psíquicas, esta obligación se deriva
de un mandato constitucional enmarcado en el artículo 46[38]. Con esto, el Constituyente reconoce que
los adultos mayores están en un estado de debilidad manifiesta que hace que, en
virtud del deber de solidaridad, requieran de la ayuda de la sociedad y el
Estado para así garantizar su integridad, su salud y su dignidad humana.
En este punto, cabe destacar
que hubo diferentes posturas acerca de cuál es la edad requerida para que una
persona sea considerada como un adulto mayor. Sin embargo, la discusión quedó
zanjada con la expedición de la Ley 1276 de 2009. Así, el artículo 7, literal
b) establece que un adulto mayor es “aquella persona que cuenta con
sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los
centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo
menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico,
vital y psicológico así lo determinen”. (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Igualmente, esta postura ha sido adoptada por reciente jurisprudencia
constitucional[39].”
10. De igual forma, desde la sentencia T-025 de 2004[40],
la Corte ha sostenido reiteradamente que las personas en situación de
desplazamiento, y en general todas las víctimas del conflicto armado, son
sujetos de especial protección constitucional. La violación constante de sus
derechos lleva a que estas personas se encuentren en una situación de especial
vulnerabilidad, por lo que requieren de la asistencia del Estado en su
conjunto. Esa ayuda debe estar encaminada no sólo al apoyo necesario para
garantizar la subsistencia de las víctimas, sino también a la estructuración de
proyectos que promuevan el desarrollo de esas personas en la sociedad, del
mismo modo se debe buscar garantizar el derecho de retorno de la población en
situación de desplazamiento en un ambiente de paz y seguridad.
Conforme a lo expresado anteriormente la sentencia T-587 de
2008[41] argumentó que:
“[L]a jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado, en relación con la provisión de apoyo para la
estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento,
que el deber mínimo del Estado es el de identificar, en forma precisa y con la
plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su
situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, y las alternativas
de subsistencia digna a las que puede acceder, con miras a definir sus
posibilidades concretas de emprender un proyecto razonable de estabilización
económica individual, o de participar en forma productiva en un proyecto
colectivo, con miras a generar ingresos que les permitan subsistir
autónomamente a él y sus familiares desplazados dependientes.”
11. Por otra parte, esta
Corporación ha reconocido la especial situación de vulnerabilidad que
atraviesan las madres cabeza de familia. Al respecto, la Constitución, en su
artículo 43, señala que el Estado apoyará de manera especial a las mujeres
cabeza de familia. Adicionalmente, la Ley 82 de 1993[42]
desarrolló este aspecto y dispuso que ostenta esta condición la mujer quien:
“[…] siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y
tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente,
hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar,
ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral
del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los
demás miembros del núcleo familiar.”
Consecuentemente, y en virtud del
artículo 3º de esa misma ley, el Gobierno tiene la obligación de proteger a las
mujeres cabeza de familia promoviendo el respeto de sus derechos a la vida en
condiciones dignas, la equidad y la participación social.
Asimismo, esta Corporación dispuso
a través de la sentencia T-303 de 2006[43], que la
condición de madre cabeza de familia se expresa a través de la responsabilidad
que reposa sobre una mujer que debe velar por personas en condición de
vulnerabilidad en razón de su edad y condiciones físicas o mentales y que el
sustento de esas personas depende exclusivamente de ella.
El mayor grado de
vulnerabilidad que sufren algunas víctimas del conflicto armado
12. Si bien en esta providencia la
Sala ya ha señalado que la población en situación de desplazamiento, y en
general las víctimas del conflicto armado, sufren un grado de vulnerabilidad
que los convierte en sujetos de especial protección constitucional, también es
necesario examinar la situación que atraviesan las víctimas que tienen un mayor
grado de debilidad manifiesta.
De esta forma, para la Sala es
necesario destacar que existen personas que han sufrido las vicisitudes del
conflicto armado y que además se ven sometidas a una situación más penosa que
el resto de las víctimas por razones de salud, género, ingresos económicos,
edad, por pertenecer a una comunidad minoritaria, entre otros.
Al respecto la sentencia T-025
de 2004[44]
destacó que existe un mayor grado de vulnerabilidad de las personas en
situación de desplazamiento que sufren de una discapacidad mental o física, por
lo que la obligación de presentar acciones de tutela directamente resulta
excesiva para ellos. Al respecto en la mencionada sentencia se destacó:
“Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población
desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque
en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas
por la Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad,
minorías étnicas y personas de la tercera edad‑,
la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de
tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para
estas personas.”
13. Adicionalmente, en la Ley 1448
de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones”, se destaca el mayor grado de vulnerabilidad en el que se
encuentran los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados
víctimas del conflicto armado. Es por eso que el artículo 13 de esa norma
ordena aplicar un enfoque diferencial a quienes por su edad, género,
orientación sexual y situación de discapacidad requieran de un mayor de nivel
de intervención por parte del Estado.
14. Por otra parte, la Sala
también encuentra que el artículo 6º del Decreto 1377 de 2014 dispone que se
priorizará el acceso a los procesos de retorno o reubicación a las familias que
se encuentren en un mayor grado de vulnerabilidad. Es decir, que se hallen
incursos en un grado de desprotección mayor al de las demás víctimas.
De igual forma, el numeral artículo
7º de esa misma norma establece
“Artículo  7°. Indemnización individual administrativa para las
víctimas de desplazamiento forzado. La indemnización administrativa a las
víctimas de desplazamiento forzado se entregará prioritariamente a los núcleos
familiares que cumplan alguno de los siguientes criterios:
1. Que hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima
y se encuentre en proceso de retorno o reubicación en el lugar de su elección.
Para tal fin, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
formulará, con participación activa de las personas que conformen el núcleo
familiar víctima un Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI).
2. Que no hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia
mínima debido a que se encuentran en situación de extrema urgencia y
vulnerabilidad manifiesta debido a la condición de discapacidad, edad o
composición del hogar.
3. Que solicitaron a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas acompañamiento para el retorno o la reubicación y este
no pudo realizarse por condiciones de seguridad, siempre y cuando hayan suplido
sus carencias en materia de subsistencia mínima.
Parágrafo. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas ejercerá la coordinación interinstitucional para verificar las
condiciones de seguridad de la zona de retorno o reubicación en el marco de los
Comités Territoriales de Justicia Transicional, y para promover el acceso
gradual de las víctimas retornadas o reubicadas a los derechos a los que hace
referencia el artículo 75 del Decreto número 4800 de 2011.”
15. Igualmente, la Resolución 090
de 2015[45]
dispone que se priorizará la entrega de la indemnización por vía administrativa,
de acuerdo con la situación de vulnerabilidad o marginalidad en que se
encuentre esa persona, no obstante esta normativa resulta aplicable a hechos
victimizantes distintos al desplazamiento forzado.
16. Así las cosas, para la Sala es
evidente que existen víctimas del conflicto armado que por sus situaciones
particulares están expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad que las demás
personas que han sufrido a causa de la guerra. Esa condición los hace
merecedores de una intervención más fuerte por parte del Estado, en comparación
con personas que no atraviesan esas circunstancias. Por lo tanto, para la Sala
resulta evidente que las diferentes entidades del Estado deben implementar
todos los recursos disponibles y hacer todo lo que tengan a su alcance para
ayudar a estas personas a superar ese estado de debilidad manifiesta que
atraviesan.
La garantía del derecho de
petición por vía de acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
17. El artículo 23 de la
Constitución establece que “[t]oda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales."
En repetidas ocasiones, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que este derecho
comporta las siguientes obligaciones correlativas para la autoridad que recibe
la solicitud: (i) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna,
precisa y congruente con lo solicitado; (ii) la respuesta debe producirse
dentro del plazo legalmente establecido y en caso de vacío normativo, dentro de
un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible[46];
(iii) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado; (iv) la falta de
competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de
responder[47];
y (v) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado[48].
Además, esta Corporación ha
estudiado el ejercicio y alcance del derecho fundamental de petición[49]
y ha concluido que éste constituye una herramienta determinante para la
protección de otras prerrogativas constitucionales como son los derechos a la
información, al acceso a documentos públicos, la libertad de expresión y el
ejercicio de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones
que los afectan.[50]
18. En relación con el derecho
de acceso a la información, en distintos pronunciamientos la Corte ha
determinado que a través de una interpretación sistemática de la Constitución,
es posible advertir que existe una relación de género y especie entre el
derecho de petición y el de acceso a la información[51].
En efecto, el derecho de
petición envuelve la garantía de solicitar información por parte de los
ciudadanos, acceder a la información sobre las actividades de la
administración, y pedir y obtener copia de los documentos públicos.
19. El artículo 74 Superior
consagra el derecho de acceso a la información en los siguientes términos: “Todas
las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos
que establezca la ley”.
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha determinado que el derecho de acceso a la información pública
cumple tres funciones, a saber: primero, garantizar la participación
democrática y el ejercicio de los derechos políticos; segundo, posibilitar el
ejercicio de otros derechos constitucionales, al permitir conocer las
condiciones necesarias para su realización; y tercero, garantizar la
transparencia de la gestión pública, al constituirse en un mecanismo de control
ciudadano de la actividad estatal.[52]
20. En consideración a la
estrecha relación que tiene el ejercicio de este derecho con la realización de
otras garantías fundamentales, las restricciones a tal prerrogativa están
sometidas a condiciones rigurosas, las cuales fueron definidas en la sentencia
C-491 de 2007[53].
Para dar solución al caso que se estudia, resultan relevantes las siguientes:
(i) Donde quiera que no exista reserva legal expresa, debe imperar
el derecho fundamental de acceso a la información. Lo anterior implica que las
normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser
interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente
motivada.
(ii) Los límites del derecho de acceso a la información pública
tienen reserva de ley.
(iii) La ley que restringe el derecho fundamental de acceso a la
libertad de información debe ser precisa y clara al definir qué tipo de
información puede ser objeto de reserva y qué autoridades pueden establecer tal
limitación.
(iv) La reserva puede operar respecto del contenido de un
documento público, pero no en relación con su existencia.
(v) La reserva legal sólo puede operar sobre la información que
compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre todo
el proceso público dentro del cual dicha información se inserta.
(vi) Cualquier decisión destinada a mantener en reserva
determinada información debe ser motivada y la interpretación de la norma sobre
reserva debe ser restrictiva.
(vii) La reserva legal no puede cobijar información que por
decisión constitucional deba ser pública.
(viii) Los límites al derecho de acceso a la información, sólo
serán constitucionalmente legítimos si se sujetan estrictamente a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.
(ix) Existen recursos para impugnar la decisión de no revelar
determinada información cuando se aduce que está sujeta a reserva legal.
De las anteriores condiciones es
preciso concluir que cuando una autoridad administrativa se niegue a
suministrar determinada información, deberá motivar su decisión en una reserva
consagrada en la ley, la cual ha de ser interpretada de forma restrictiva y
sólo podrá operar respecto de la información que comprometa derechos
fundamentales
21. Por otra parte, el acceso a
la información encuentra su limitación, entre otros, en los derechos a la
intimidad y al habeas data. Para resolver las tensiones que se presentan entre
estas garantías fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional[54]
y las Leyes Estatutarias 1266 de 2008[55],
y 1581 de 2012[56]
han caracterizado distintos tipos de información.
Una primera tipología distingue
entre la información personal y la impersonal. De conformidad con el literal c
del artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, el dato personal es “[c]ualquier
información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales
determinadas o determinables”.
Además, una segunda tipología,
dirigida a clasificar la información desde un punto de vista cualitativo, en
función de su publicidad y la posibilidad legal de acceder a la misma,
clasifica la información en (i) pública o de dominio público, (ii) semiprivada,
(iii) privada, y (iv) reservada o secreta.
La información pública es
aquella que, según los mandatos de la ley o de la Constitución, puede ser
obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si se trata de
información general, privada o personal. Se trata por ejemplo de los documentos
públicos, las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos
sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia.
Este tipo de información se puede solicitar por cualquier persona de manera
directa y no existe el deber de satisfacer algún requisito para obtenerla.
La información semiprivada,
refiere a los datos que versan sobre información personal o impersonal que no
está comprendida en la regla general anterior, porque para su acceso y
conocimiento presenta un grado mínimo de limitación, de tal forma que sólo
puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el
cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la
administración de datos personales. Es el caso de los datos relativos a las
relaciones con las entidades de la seguridad social y al comportamiento
financiero de las personas.
La información privada, es
aquella que por versar sobre información personal y por encontrarse en un
ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad
judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los
comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, y la información
extraída a partir de la inspección del domicilio.
La información reservada, versa
sobre información personal y guarda estrecha relación con los derechos fundamentales
del titular a la dignidad, a la intimidad y a la libertad, motivo por el cual
se encuentra reservada a su órbita exclusiva y “(…) no puede siquiera ser
obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus
funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados
"datos sensibles" o relacionados con la ideología, la inclinación
sexual, los hábitos de la persona, etc.”[57]
La anterior tipología permite
delimitar la información que se puede publicar en desarrollo del derecho
fundamental a la información y aquella que, por mandato constitucional, no
puede ser revelada, porque de hacerlo se transgredirían los derechos a la
intimidad y al habeas data.
22. En la sentencia T-161
de 2011[58],
la Corte estableció que respecto de documentos públicos que contengan
información personal privada y semiprivada, el derecho al acceso a documentos
se ejerce de manera indirecta, por conducto de las autoridades administrativas
o judiciales y dentro de los procedimientos respectivos, y sólo los documentos
públicos que contengan información personal pública pueden ser objeto de libre
acceso[59].
23. En resumen, el derecho de
petición y el derecho a la información son instituciones que han sido
ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia y que buscan darle
transparencia a los procesos estatales ante los ojos de la ciudadanía. No
obstante esas prerrogativas de las personas no conllevan una obligación de
conceder las pretensiones de quienes solicitan a las instituciones públicas que
actúen de cierta manera. Es decir, los derechos de petición y de información no
son absolutos, y los límites están trazados por la intimidad y la capacidad
funcional del Estado, tal como se explicó anteriormente.
La indemnización por vía
administrativa para personas en situación de desplazamiento y el Plan de
Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas
24. Es de anotar que la legislación
colombiana ha dispuesto una serie de mecanismos para restablecer los derechos
de las víctimas del conflicto armado, en especial los de las personas en
situación de desplazamiento. En este sentido existen dispositivos como la
reparación, la ayuda humanitaria, la restitución de tierras y la indemnización
por vía administrativa. Por medio de estas herramientas se pretende restablecer
los derechos violentados de las personas para que las víctimas logren superar
el estado de grave vulnerabilidad y debilidad manifiesta que enfrentan. En este
sentido la existencia del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a
las Víctimas (PAARI) cobra relevancia, pues por medio de ese mecanismo se
pretende racionalizar la entrega de las indemnizaciones por vía administrativa
y de hacerles un mayor seguimiento a las víctimas que reciben este tipo de
pagos.
25. La Ley 1448 de 2011 (artículo 168)
y los Decretos 4155 y 4157 de 2011 determinan la responsabilidad de la UARIV en
los programas de reparación integral por vía administrativa. La UARIV ha
diseñado diversos mecanismos para cumplir con la Ley 1448, entre ellos la ruta
integral de atención, asistencia y reparación en el marco de la cual se diseñó
el Modelo de Atención, Asistencia y la Reparación Integral a las víctimas
(MAARIV). Este instrumento pretende conocer la situación de cada hogar y
brindar acompañamiento para que las personas puedan a acceder a la oferta de
servicios que brinda el Estado para hacer efectivos sus derechos y mejorar su
calidad de vida. La caracterización de los hogares se hace a través del PAARI
cuyo fundamento jurídico se encuentra en el Decreto 1377 de 2014 “Por el
cual se reglamenta parcialmente el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y se
modifica el artículo 159 del Decreto 4800 de 2011 en lo concerniente a la
medida de indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado, se regulan
aspectos de retorno y reubicación y se dictan otras disposiciones”. El
artículo 4º del citado decreto establece lo siguiente:
“Artículo 4°. Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral.
Con el fin de determinar las medidas de reparación aplicables, se formulará de
manera conjunta con el núcleo familiar, un Plan de Atención, Asistencia y
Reparación Integral (PAARI). A través de este instrumento se determinará el
estado actual del núcleo familiar y las medidas de reparación aplicables.
Los Planes de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI)
contemplarán las medidas aplicables a los miembros de cada núcleo familiar, así
como las entidades competentes para ofrecer dichas medidas en materia de
restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no
repetición, de acuerdo a las competencias establecidas en la Ley 1448 de 2011 y
normas reglamentarias.”
Posteriormente, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 2569 de 2014 que pretende caracterizar a los hogares
victimas de desplazamiento forzado y acompañarlos con base en los hallazgos del
MAARIV y del PAARI.
26. El PAARI inicia con la
atención de un “enlace integral” que es un profesional capacitado en la ruta
integral de atención y asistencia y procede con la formulación del PAARI, que
consiste en una entrevista personalizada que pretende:
-
“Identificar y registrar la situación socioeconómica y
psicosocial de las víctimas (las necesidades, intereses específicos y
características especiales) en la actualidad.
-
Apoyar en el reconocimiento de sus potencialidades y
capacidades para afrontar su situación.
-
Asesorar a la persona frente a las medidas de asistencia y de reparación
a las que tiene derecho de acuerdo a hecho victimizante sufrido y planificar su
acceso a dichas medidas.
-
Orientar sobre la oferta institucional existente y las
entidades responsables de ejecutarlas.
-
Aportar en la recuperación de la confianza en el Estado por
parte de la víctima, la transformación de su proyecto de vida y el ejercicio
pleno de su ciudadanía.”[60]
La formulación del PAARI tiene dos
momentos: el de asistencia y el de reparación. En el caso del desplazamiento
forzado, el momento de asistencia debe evaluar si la víctima ya superó la
subsistencia mínima o su situación es de extrema vulnerabilidad, sólo así puede
pasarse al segundo momento, que es el de reparación integral.
En el momento de reparación -en el
que, entre otras, se dan orientaciones sobre la inversión adecuada de la
indemnización administrativa- también hay diferencias para las víctimas de
desaparición forzada. En efecto, para la asignación de la indemnización
administrativa existen criterios de priorización para el desplazamiento forzado
(Decreto 1377 de 2014) y para otros hechos (Resolución 090 de 2015). En el
primer caso, una vez agotada la atención del orientador y el inicio del momento
de asistencia del PAARI, procede la medición de subsistencia mínima, en
cumplimiento del Decreto 2569 de 2014. Posteriormente se formaliza el retorno o
la reubicación (Decreto 1377 de 2014) para que pueda darse el momento de la
reparación, que es cuando culmina la etapa del PAARI.
Sin embargo no hay plazos ni
límites temporales, los únicos límites parecen ser la priorización, el orden de
atención y la disponibilidad presupuestal.
Casos concretos
Aclaración metodológica y
descripción de las generalidades de los casos
27. Debido a la cantidad de
accionantes y a la relevancia de los datos específicos de cada uno de ellos, la
Sala considera oportuno hacer un recuento de sus situaciones:
Nombre
CC
Edad
Inscripción en el RUV
Hecho victimizante
Presentación/contestación de
solicitud
Respuesta a derecho de
petición
Otras características
1
Camilo Tique
2.222.905
83
25 de septiembre de 2013
Desplazamiento y homicidio de
hijo
27 de febrero de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Adulto mayor sin pensión,
puntaje SISBEN inferior a 60.
2
Paulina Tique de Tovar
28.931.007
76
14 de marzo de 2013
Desplazamiento y homicidio de
hijo
27 de febrero de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Adulto mayor sin pensión,
puntaje SISBEN inferior a 60.
3
Mariela Oñate Rodríguez
49.690.625
48
8 de julio de 2013
Desplazamiento y desaparición
forzada de familiar.
18 de diciembre de 2013
30 de enero 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia.
4
José Antonio Barrera Penagos
456.677
55
26 de noviembre de 2011
Desplazamiento y amenazas.
17 de octubre de 2013
21 de marzo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Cabeza de familia.
5
María Alejandrina Velásquez
Castañeda
21.181.866
48
5 de octubre de 2001
Desplazamiento y amenazas.
22 de noviembre de 2013
7 de enero de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
6
Sonia Amparo Escobar Yaver
49.655.291
53
25 de junio de 2014
Desplazamiento
4 de diciembre de 2013
19 de diciembre de 2013
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia.
Diagnóstico: cáncer.
7
Martha Emilia García Esquivel
36.179.575
49
19 de agosto de 2004
Desplazamiento
12 de marzo de 2014
29 de marzo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia
8
Fernando Erley Ruiz Barbosa
79.825.423
40
4 de mayo de 2007
Desplazamiento
28 de enero de 2014
14 de marzo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Cabeza de familia.
9
Berenice Machao Bastidas
40.771.642
47
20 de mayo de 2002
Desplazamiento
10 de abril de 2014
26 de septiembre de 2013
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia
10
Luz Estela Zabala
52.538.809
36
2 de junio de 2003
Desplazamiento y homicidio de
familiar.
27 de noviembre de 2013
12 de marzo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia
11
Rosa María Cucaite Ramírez
51.727.048
52
12 de febrero de 2002
Desplazamiento
19 de febrero de 2014
10 de mayo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia
12
Norma Esperanza González Montoya
52.022.861
44
16 de julio de 2013
Desplazamiento, amenazas,
homicidio de padre y secuestro de madre.
13 de enero 2013
12 de febrero de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia
13
Artemio Murillo
16.480.475
54
21 de mayo 2004
Desplazamiento
13 de febrero de 2014
28 de febrero de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Cabeza de familia.
14
Nidia Cacais Tique
28.652.594
34
17 de diciembre de 2004
Desplazamiento
13 de febrero de 2014
28 de febrero de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Indígena cabildo de Calarcá.
15
Cristina Andrade González
52.856.526
34
4 de noviembre de 2005
Desplazamiento
17 de febrero de 2014
14 de marzo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia.
16
Israel Amado
455.304
70
28 de julio de 2009
Desplazamiento
26 de marzo de 2014
28 de marzo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Adulto mayor cabeza de familia.
17
José Eusebio Romero Torres
79.042.990
51
26 de marzo de 2004
Desplazamiento
10 de abril de 2014
24 de abril de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Cabeza de familia.
18
Carlos Augusto Flórez Rendón
15.522.626
57
7 de junio de 2011
Desplazamiento
17 de febrero de 2014
14 de marzo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Cabeza de familia
19
Roque Merchán Cristancho
5.683.938
65
8 de agosto de 2001
Desplazamiento
10 de abril de 2014
14 de octubre de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI
Cabeza de familia
20
Luz Yaned Santa Malambo
52.618.927
43
15 de septiembre de 2003
Desplazamiento
13 de febrero de 2014
14 de marzo de 2014
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
21
María Elena Cancelada González
20.800.257
51
2 de octubre de 2012
Desplazamiento y homicidio de
hermanos.
7 de noviembre de 2013
25 de noviembre de 2013
Acercarse a UARIV para iniciar
PAARI.
Mujer cabeza de familia
Como puede observarse, todos los
demandantes son víctimas de desplazamiento forzado, y algunos han padecido
otros hechos delicitivos. Es importante resaltar estos hechos, pues como fue
mencionado previamente, las víctimas de desplazamiento forzado tienen que
surtir un trámite un poco más complejo, para poder ser reparadas integralmente.
Sin embargo, como se puede deducir de la respuesta de la UARIV en sede de
Revisión, cuando se tiene derecho a la reparación por varios hechos
victimizantes, se inicia con el PAARI del hecho victimizante distinto al
desplazamiento forzado.[61]
También resulta relevante destacar
que, además de las diferencias por la concurrencia de hechos victimizantes que
se suman a la desaparición forzada, la caracterización mínima adelantada hasta
ahora permite ver 5 grupos dentro de estas víctimas que acuden a la acción de
tutela, cuatro correspondientes a víctimas particularmente vulnerables –adultos
mayores, mujeres cabeza de familia, una mujer cabeza de familia con diagnóstico
de cáncer y una mujer indígena- y otro grupo de víctimas sin rasgos extremos de
vulnerabilidad.
28. En cuanto al estado actual de
los trámites adelantados por estas personas para acceder a la reparación, la
UARIV informó que sólo Carlos Augusto Flórez Rendón inició el PAARI el 6 de
mayo de 2015 y en este momento se encuentra en la etapa de asistencia. De otro
lado Berenice Machao Bastidas ya fue indemnizada por el homicidio de Ricardo
Carvajal Machao en 2005, sin embargo esto sólo es relevante para definir el
monto de la indemnización a la que tiene derecho por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, ya que la normativa establece un tope máximo para la
reparación dineraria. Por tanto, según la Unidad, salvo el señor Flórez Rendón,
ninguno de los demandantes ha iniciado el PAARI. No obstante, esta afirmación
es contraria a la sostenida por los actores, quienes dicen haberlo iniciado, e
incluso haber sido entrevistados por funcionarios de la UARIV, sólo que no
tienen prueba de ello porque, según afirman, la entidad no les otorga ninguna y
cambia los procedimientos continuamente, sin mantener las reglas con las que
inició cada proceso de reparación.
Análisis general de procedencia
de las acciones de tutela
Las acciones de tutela
cumplieron con el requisito de inmediatez
29. La Sala constata que las demandas fueron presentadas
dentro de un plazo razonable después de la última respuesta de la entidad.
30. Diversos fallos de esta Corte[62]
han considerado distintos lapsos de tiempo como razonables para efectos de
analizar la inmediatez, pues la razonabilidad dependerá de las circunstancias
de cada caso concreto.[63]
La sentencia T-684 de
2003 estableció algunos
elementos para la determinación de la procedibilidad de la acción de tutela
respecto al principio de inmediatez:
“1) si existe
un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad
injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados”[64]
Por su parte, la Sentencia T-521 de 2013[65]
recordó dos excepciones al principio de
la inmediatez que son:
“(i) Que se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual.[66]
Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado
sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.”[67]
31. En el caso de los señores Camilo y Paulina
Tique, transcurrieron 3 meses y 22 días entre la fecha en la que la entidad dio
respuesta a la solicitud interpuesta por los accionantes (25 de marzo de 2014)
y la presentación de la acción de tutela (17 de julio de 2014). Por lo tanto,
los demandantes solicitaron la protección constitucional dentro de un plazo
razonable, a pesar de su avanzada edad y de las dificultades que ello supone.
32. La Sala observa que la señora Berenice Machao
Bastidas presentó una solicitud a la entidad accionada el 10 de abril de 2014[68], sin embargo
ella no aportó la respuesta dada por la UARIV y esta Unidad tampoco se refirió
al punto. Ya que al parecer no ha habido respuesta a su derecho de petición,
mal podría este hecho implicar una traba para interponer la acción de tutela,
de hecho, es plausible suponer que su derecho de petición no fue resuelto y eso
la llevó a ser parte en este proceso que comenzó en junio de 2014. Por lo tanto
el requisito de inmediatez se habría cumplido, pues la señora Machao esperó la
respuesta de la UARIV por 2 meses.
33. Por otra parte, el señor Roque Merchán
Cristancho, por medio de su abogado, afirmó haber elevado derecho de petición contenido
en documento entregado a la UARIV el 10 de abril de 2014 y haber recibido
respuesta el 14 de octubre de 2014, cuando este proceso de tutela ya estaba en
curso. Aunque no hay constancia expresa de que la entidad hubiera recibido la
petición en abril de 2014, es razonable dar crédito a las afirmaciones del
actor por, al menos, las siguientes razones: el demandante recibió una
respuesta, por lo tanto debió existir la petición, y la UARIV no controvirtió
las afirmaciones del demandante. Estos dos elementos probatorios son
interpretados de conformidad con el estándar en la materia al que ya se ha
referido esta Corporación. En efecto, el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991, establece que se presumirá la veracidad de los hechos
elevados en la acción de tutela cuando estos no sean controvertidos por los
accionados dentro de los plazos dispuestos para ello.
En este sentido, esta Corporación
sostuvo en la sentencia T-661 de 2010[69]
que:
“La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Art. 20
Dec-ley 2591/91] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud
sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos
fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se
pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que
deban cumplirlas servidores o entidades públicas. Hecha la anterior precisión,
la Corte ha establecido que la consagración de esa presunción obedece al
desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de
tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales
fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha
impuesto a las de autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e inciso segundo
del artículo 123 C.P.).”
34. En cuanto a los 17
accionantes restantes, la Sala encuentra que la acción de tutela también fue
interpuesta dentro de un plazo razonable a la entrega de las respuestas dadas
por la UARIV, como puede verse a continuación.
Nombre
Fechas de
presentación/contestación de solicitud
Tiempo transcurrido entre la
contestación de la solicitud y la presentación de la acción de tutela
Mariela Oñate Rodríguez
18 de diciembre de 2013
30 de enero 2014
4 meses y 27 días
José Antonio Barrera Penagos
17 de octubre de 2013
21 de marzo de 2014
3 meses y 6 días
María Alejandrina Velásquez
Castañeda
22 de noviembre de 2013
7 de enero de 2014
5 meses y 20 días
Sonia Amparo Escobar Yaver
4 de diciembre de 2013
19 de diciembre de 2013
6 meses y 8 días
Martha Emilia García Esquivel
12 de marzo de 2014
29 de marzo de 2014
2 meses y 28 días
Fernando Erley Ruiz Barbosa
28 de enero de 2014
14 de marzo de 2014
3 meses y  13 días
Luz Estela Zabala
27 de noviembre de 2013
12 de marzo de 2014
3 meses y 15 días
Rosa María Cucaite Ramírez
19 de febrero de 2014
10 de mayo de 2014
1 mes y 17 días
Norma Esperanza González Montoya
13 de enero 2013
12 de febrero de 2014
4 meses y 15 días
Artemio Murillo
13 de febrero de 2014
28 de febrero de 2014
3 meses y 29 días
Nidia Cacais Tique
13 de febrero de 2014
28 de febrero de 2014
3 meses y 29 días
Cristina Andrade González
17 de febrero de 2014
14 de marzo de 2014
3 meses y 13 días
Israel Amado
26 de marzo de 2014
28 de marzo de 2014
2 meses y 29 días
José Eusebio Romero Torres
10 de abril de 2014
24 de abril de 2014
2 meses y 3 días
Carlos Augusto Flórez Rendón
17 de febrero de 2014
14 de marzo de 2014
3 meses y 13 días
Luz Yaned Santa Malambo
13 de febrero de 2014
14 de marzo de 2014
3 meses y 13 días
María Elena Cancelada González
7 de noviembre de 2013
25 de noviembre de 2013
7 meses y dos días
A pesar de que haya dos casos en los que se superan
brevemente los 6 meses, la Sala valora las condiciones de estas dos
demandantes, mujeres cabeza de hogar víctimas de la violencia -la señora
Escobar Yaver además ha sido diagnosticada con cáncer- para interpretar la
razonabilidad del plazo, que, como lo ha determinado la jurisprudencia
constitucional, no es un concepto estático y debe atender a las circunstancias
de cada caso concreto. Luego, también en estos casos se entiende satisfecho el
requisito de la inmediatez.
Las acciones de tutela
cumplieron con el requisito de subsidiariedad
35. De igual forma, las
circunstancias del caso revelan que se ha cumplido con el requisito de
subsidiariedad, pues los accionantes no cuentan con otro mecanismo de defensa
para lograr la protección de sus derechos fundamentales. En efecto, a pesar de la
condición de vulnerabilidad general de todas estas víctimas de la violencia y
de la situación extrema de los adultos mayores, las madres cabeza de hogar –una
de ellas padece cáncer- y de una mujer que pertenece a una minoría étnica, los
demandantes acudieron a las autoridades, ejercieron su derecho de petición al
interponer la solicitud en la que pedían la priorización en el pago de la
indemnización por vía administrativa en consideración a sus circunstancias
personales. Sólo cuando tal petición –en su opinión- no fue resuelta, pues no
obtuvieron priorización para acceder a la indemnización, agotaron el único
recurso judicial con que contaban para la protección efectiva de sus derechos: la
acción de tutela.
Contexto general sobre el PAARI y su
funcionamiento estructural en relación con estos casos
36. A pesar de que ya fueron descritas las etapas
del PAARI, esta Sala considera pertinente retomar algunos elementos probatorios
allegados al expediente con ocasión de los casos bajo examen, pues de los
hechos narrados por los demandantes y de la descripción hecha por la entidad, se
sigue que hay una disparidad entre las dimensiones normativa y pragmática del
PAARI. En efecto, el análisis preliminar del diseño institucional hecho por la
UARIV permite a esta Sala considerarlo razonable y proporcionado. Aunque es
cierto que establece etapas adicionales para las víctimas de desplazamiento
forzado, no se trata de un diseño caprichoso o arbitrario, por el contrario,
parece obedecer a la necesidad de atender adecuadamente a las víctimas de esta
violación, que es altamente compleja, de una manera integral.
37. Sin embargo, las quejas generales de los
actores se refieren a, entre otras: (i)  la falta de información clara; (ii) la
ausencia de certeza sobre el procedimiento debido a la volatilidad de la
normativa interna; (iii) la tardanza en la ejecución de cada una de las etapas;
(iv) la omisión para asumir un enfoque diferencial; (v) la suspensión de la
atención de la UARIV para la formulación del PAARI durante alrededor de 6 meses
(entre noviembre de 2014 y mayo de 2015); y (vi) la falta de respuestas de la
entidad en la etapa de reubicación, tal y como lo afirmó de manera detallada el
apoderado de 19 demandantes en este proceso (expediente T-4708707).
37.1. Para esta Sala, es indiscutible que quienes
han padecido estas violaciones tienen derecho a contar con información clara y
cierta sobre las etapas y los procedimientos; además, la transmisión de esa
información debe ser sensible a las circunstancias de las víctimas, con
diferentes edades, niveles educativos y visiones del mundo. De los hechos
narrados en los casos bajo examen, esta Corte puede concluir que existen
falencias en la transmisión de la información y ello puede convertirse en un
elemento revictimizador, pues dificulta el acceso de las víctimas al trámite de
reparación. De hecho, la comprensión del PAARI, ha sido complicada incluso para
quienes cuentan con asesoría jurídica, como es el caso de 19 de los demandantes
en este caso. Si ello es así, es plausible suponer un mayor nivel de confusión
de quienes no cuentan con apoyo legal. Es deber de la UARIV promover una mejor
y más sencilla circulación de la información, lo que no ha ocurrido en estos
casos, pues ello es parte de los derechos de las víctimas y de las obligaciones
del Estado.
37.2. La desinformación generalizada se ha visto
agravada por la volatilidad normativa en torno al PAARI. Si bien es cierto que
se trata de procedimientos que pueden y deben ser ajustados por la UARIV en
beneficio de los derechos de las víctimas, no lo es menos que su constante
transformación dificulta a las víctimas entender el estado de su propia
situación y lo que resta para ser reparados. La incertidumbre hace que los derechos
de estas víctimas sean vulnerados, en particular su derecho a ser tratados
dignamente y a obtener información oportuna sobre su situación frente a la
expectativa de una reparación. Con todo, no se trata de un problema
irresoluble, la entidad puede tomar medidas que no revisten mayor complejidad
para mejorar la entrega de la información, actualizar los procedimientos y
atender las dudas que se generen entre las víctimas que ya han iniciado sus
trámites. Del mismo modo, la UARIV deberá considerar cada situación particular
para valorar los avances en los procedimientos –en los cuales seguramente ya se
habrían aportado datos relevantes para la reparación- y para que las personas
no perciban que deben iniciar de cero el trámite cada vez que haya un cambio
normativo al interior de la entidad, pues ello sería revictimizante.
37.3. Los demandantes también alegan que la
tardanza en las etapas de PAARI es un obstáculo estructural para su acceso
efectivo a la reparación. Sobre este punto, la Sala debe reiterar que el
análisis de la situación debe considerar la complejidad del proceso reparatorio
en Colombia. Sin embargo, sí existe un derecho de las víctimas a que el diseño
de los trámites y los plazos que tardan las diversas etapas del procedimiento
de reparación sean razonables. La razonabilidad de los trámites y de los plazos
puede analizarse prima facie en abstracto. Sin embargo, cada caso
concreto puede aportar información relevante que transforma completamente la
evaluación inicial. En efecto, como ya lo dijo esta Sala previamente, a primera
vista el trámite del PAARI parece razonable, establece etapas importantes para
la reparación integral de las víctimas y permite al Estado verificar la
información relevante para optimizar la inversión de esos recursos por parte de
la población beneficiaria. Sin embargo, como no existen plazos mínimos o
máximos en la normativa existente, y, como lo afirmó la UARIV, cada caso y su
especialidad determinará la duración de cada etapa, resulta imperativo asumir
los principios básicos de protección de derechos de las víctimas y, en
particular, los de sujetos especialmente vulnerables, para entender que un
trámite o plazo es razonable. Por ejemplo, en los casos de adultos mayores, la
razonabilidad de los trámites y de los tiempos que consumen deberá ser
analizada de manera estricta, propendiendo siempre por trámites sencillos, que
no impongan cargas desproporcionadas a las víctimas y que se desarrollen en
tiempos breves. La interpretación rigurosa de la razonabilidad en estos casos
es la forma de asegurar que la protección especial que la Constitución otorga a
sujetos especialmente protegidos sea una realidad y no simplemente un enunciado
vacío. En ese orden de ideas, el enfoque diferencial resulta fundamental para
analizar, caso a caso, la razonabilidad de los trámites y de sus plazos.
37.4. En estrecha relación con lo dicho, resulta
alarmante que el enfoque diferencial no sea asumido desde el primer momento como
un elemento fundamental del análisis de cada caso por parte de la UARIV,
especialmente cuando el tratamiento especial deriva de datos objetivos que son
conocidos desde el RUV, tal sería el caso, entre otros, de la edad de las
víctimas. Por tratarse de un criterio que debe incidir en todas las etapas y
que debe tener impacto en la interpretación que se haga de las mismas, no es
admisible pasarlo por alto, como puede verse en las respuestas dadas a los escritos
presentados por los demandantes, en las que nunca se aludió a las situaciones
de los sujetos especialmente protegidos.
La UARIV debe tomar en cuenta el enfoque
diferencial desde el primer momento en que ello sea posible, no puede esperar a
que la víctima deba solicitarlo o a que el trámite se encuentre en una etapa
más avanzada, de lo contrario perdería sentido la especial consideración
derivada de este tipo de enfoque. En efecto, en los casos más dramáticos, el
manejo insensible al enfoque diferencial puede llevar a que la reparación
carezca de sentido, por ejemplo por el fallecimiento de la víctima que se
encuentra en espera, posibilidad que aumenta en el caso de personas con ciertas
condiciones de salud o de adultos mayores.
37.5. La Sala toma nota atenta frente a la
afirmación hecha por el abogado Cuesta Novoa sobre la supuesta suspensión de la
formulación del PAARI y del silencio ante las solicitudes de reubicación por
parte de la UARIV durante alrededor de 6 meses. Este hecho no fue controvertido
por la UARIV y constituye un asunto de extrema gravedad que deberá ser
investigado por las autoridades competentes, pues como lo afirmó el apoderado
de 19 de los demandantes en este proceso, tal situación les impone cargas
insoportables a las víctimas –tener que acudir cada cierto tiempo a constatar
si ya podían iniciar el PAARI con los costos económicos y emocionales que ello
implica-, les retrasaba de manera injustificada la posibilidad de acceder y
agotar las etapas del PAARI para obtener la indemnización, les impide acreditar
los requisitos que la misma normativa exige para continuar con los trámites de
reparación –por ejemplo tener un PAARI con antigüedad no mayor a un año- y
hasta los hizo destinatarios de una reforma al trámite del PAARI que se dio
este año, con lo que nuevamente tendrían que iniciar su proceso.
La UARIV no se refirió a este punto, aunque hubiera
podido controvertirlo en su respuesta en sede de revisión, por lo tanto lo
dicho por los accionantes se considerará veraz por la Sala. Como consecuencia,
considera inadmisible desde el punto de vista constitucional que haya una
suspensión de estos servicios durante un tiempo tan largo, sin previo aviso sobre
la interrupción ni sobre la reanudación. Efectivamente, los servicios de
atención a las víctimas, en particular aquellos que tienen que ver con la
reparación integral como procedimiento complejo, no podrían ser interrumpidos
durante largos lapsos de tiempo, pues tal situación postergaría
injustificadamente su derecho a la reparación y, en situaciones extremas,
expondría a las víctimas a otras violaciones de sus derechos fundamentales. La
falta de atención atentaría, entre otros, contra los derechos a la vida, a la
vida digna y al mínimo vital cuando las circunstancias personales de los sujetos
hacen que la atención sea más urgente, por ejemplo en el caso de adultos
mayores o víctimas que padecen enfermedades terminales.
Esta Sala no pasa por alto la complejidad de los
procesos reparatorios y la necesidad de ajustarlos a diversos factores que
pueden ser externos a la UARIV, como por ejemplo la disponibilidad
presupuestal, sin embargo, de los datos enviados por la entidad, se sigue que
hay recursos suficientes para un grupo importante de víctimas cada año, las
entregas de indemnizaciones no han superado la cantidad prevista en cada
vigencia presupuestal y, por tanto, no parece ser esa la razón para suspender
la atención en la formulación del PAARI.
Los datos allegados por la UARIV indican que
anualmente cuentan con disponibilidad para indemnizar a un máximo de 100.230
víctimas[70],
y en las dos vigencias anteriores entregó una cantidad inferior a ese máximo[71]
Vigencias presupuestales
Giros
2013
96.851
2014
90.457
Y aunque se agotara el presupuesto para reparar en
determinada vigencia, ya que puede ser implementado un sistema de turnos o
listas de espera, la atención a las víctimas puede continuar aunque se agotaran
los recursos de ese año, pues quien cumpla todo el trámite podrá ser
indemnizado al año siguiente. En todo caso, resulta llamativa la afirmación de
la UARIV, según la cual “actualmente desde la expedición del Decreto 1377 de
2014, se reglamenta la obligatoriedad de la indemnización a desplazamiento
forzado, sin embargo no se han realizado adiciones presupuestales por lo que
actualmente se invierten los recursos en las indemnizaciones a todos los hechos
indemnizables incluyendo desplazamiento forzado.”[72] Para
esta Sala, es imperativo hacer las adiciones presupuestales correspondientes
para permitir que un mayor número de víctimas puedan ser reparadas ya que la
misma normativa lo ha previsto de esta forma.
37.6. En cuanto al silencio de la UARIV sobre las
solicitudes de reubicación, no hay razón alguna que eventualmente pueda
justificar la suspensión de la atención, especialmente cuando las víctimas de
desplazamiento forzado deben asumir un trámite más largo y complejo para
acceder a la reparación integral y a una eventual indemnización[73]. Si se
presentara tal suspensión habría una revictimización estructural con la
violación de todos los derechos fundamentales involucrados: vida, vida digna,
mínimo vital, igualdad, entre otros.
38. Vista la procedencia de la
acción y el contexto general del PAARI narrado por los demandantes, pasa la
Sala a estudiar los casos concretos según la caracterización indicada al inicio
de esta sección, para ello se pronunciará en primera instancia sobre los
adultos mayores, en segundo lugar sobre las mujeres cabeza de familia, en
tercer término sobre la víctima perteneciente a una minoría étnica, para
finalizar con las víctimas que no se encuentran en situaciones extremas de
vulnerabilidad.
La UARIV viola derechos
fundamentales de los adultos mayores que además son víctimas si no considera su
especial protección constitucional a lo largo del PAARI
39. Aunque el establecimiento de
la noción de adulto mayor es objeto de debate, esta Sala asumirá que, salvo
norma especial sobre priorización, como la Resolución 090 de 2015 (artículo 4
numeral 7 no aplicable a personas en situación de desplazamiento), los adultos
mayores son sujetos de especial protección constitucional y, por regla general,
este grupo está conformado por personas que cuentan con 60 años o más. Sin
embargo, en caso de que la persona haya sido víctima de varios hechos, se
aplicará la norma más favorable para entender la priorización. De tal suerte,
si el hecho victimizante es desplazamiento forzado –que sólo se refiere la
vulnerabilidad en algunas etapas propias de la reparación de este hecho
victimizante (Decreto 2569 de 2014)- y el homicidio de un familiar –que
determina priorización a partir de los 70 años- se aplicará la primera regla de
priorización sin que ello desplace la preferencia por las personas de mayor
edad. Los demandantes que cumplen estos requisitos son:
1
Camilo Tique
83
Desplazamiento y homicidio de
hijo
2
Paulina Tique de Tovar
76
Desplazamiento y homicidio de
hijo
3
Israel Amado
70
Desplazamiento
4
Roque Merchán Cristancho
65
Desplazamiento
40. En el caso de los señores
Tique, se trata de dos adultos mayores que fueron víctimas de desplazamiento
forzado y el homicidio de algunos de sus familiares. Adicionalmente, los
accionantes tienen una puntuación de 36.52 en la encuesta del SISBEN y no
tienen ningún tipo de pensión. Ambos están registrados en el RUV y solicitaron
a la UARIV la priorización en el pago de la indemnización por vía
administrativa. No obstante, la entidad les respondió que debían acercarse a
una de las oficinas de la entidad para que pudieran iniciar el proceso para la
elaboración del PAARI.
Sus situaciones muestran hechos
objetivos que podían ser conocidos por la entidad desde el momento de analizar su
registro como víctimas, su avanzada edad es un hecho indiscutible que los hace
beneficiarios de la priorización, en aplicación, incluso de la regla que
establece la edad más elevada. De tal suerte, no entiende esta Sala qué ha
sucedido con el trámite de la priorización de la reparación de estas personas.
La respuesta de la UARIV fue que se acercaran a la entidad a iniciar el PAARI,
sin embargo, si operó la suspensión de los servicios de formulación del Plan
durante 6 meses, tal exigencia constituye una carga que estas personas no están
llamadas a soportar. Como consecuencia, la respuesta a sus derechos de petición,
aunque se dio dentro del plazo razonable, como lo exige la
jurisprudencia constitucional, no atendió materialmente a la
solicitud, pues los conminó a usar un servicio que no estuvo disponible.
La Sala también encuentra que en el escrito
entregado a los demandantes la UARIV no dio cuenta de las condiciones
especiales de estas personas salvo del hecho que son víctimas del conflicto
armado. De esta manera, al parecer, consideró irrelevante que el señor y la señora
Tique son adultos mayores. Es decir, la entidad ignoró que los peticionarios
tienen derecho a la priorización en la entrega de la indemnización por vía
administrativa en aplicación de un criterio mínimo de igualdad para sujetos de
especial protección constitucional, entendida como la aplicación de un criterio
distinto ante circunstancias diferentes.
Por lo tanto, al responder la petición enviada en
un formato general, que no alude a las circunstancias y necesidades
particulares de los ciudadanos, la UARIV emitió una respuesta que no es
congruente con lo solicitado en términos materiales. Si bien la entidad no
tiene la obligación de aceptar las pretensiones de los actores, sí tiene el
deber de actuar según las condiciones particulares de ellos, más cuando se
trata de sujetos de especial protección constitucional.
La Sala encuentra que esa respuesta incompleta e insensible
al enfoque diferencial, en lugar de acelerar el trámite, como se esperaría de
un proceso de priorización, lo que hace es retrasarlo sin considerar que se
trata de víctimas de la violencia, sometidas a un estado de indefensión, que
reciben una respuesta de la UARIV que no atiende a sus circunstancias y les
impone un trámite que, si se dio la suspensión de los servicios, era imposible
y anulaba su posibilidad de acceder a su derecho a la indemnización por vía
administrativa.
La gravedad de la situación no
sólo viola el derecho de petición, también el derecho a
la vida en condiciones dignas y al mínimo vital –pues son adultos
mayores sin recursos para subsistir-, tal como lo afirmaron los demandantes,
los ingresos de los accionantes se ven limitados a lo que escasamente puedan
conseguir del trabajo diario y de la ayuda aportada por su familia y amigos.
Esta situación agrava aún más la condición de vulnerabilidad a la cual se
encuentran sometidos, por lo que la reparación integral se convierte en el
instrumento principal para mejorar sus condiciones de vida y así aminorar la
afectación al mínimo vital que actualmente padecen.
En ese sentido, los requisitos u obstáculos administrativos
–como la suspensión de la atención- no pueden ser un impedimento para que
sujetos de especial protección constitucional accedan a mecanismos que buscan
restablecer sus derechos y superar su condición de debilidad manifiesta, pues
la persona tendría que asumir una carga excesiva que puede dilatar el proceso y
producir una posible revictimización. Del mismo modo, se presenta una violación
del derecho al debido proceso ya que estos adultos mayores actúan en un trámite
caracterizado por la incertidumbre y la tardanza, elementos que, a su edad, no
tienen por qué soportar.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que los
accionantes están incursos en una situación de extrema vulnerabilidad, por lo
que resulta plausible exigir la intervención activa y pronta del Estado para
proteger sus derechos y así hacer lo posible para superar esa situación de
debilidad manifiesta. Esta obligación recae sobre todas las entidades estatales
que puedan tener contacto con los accionantes, por lo que sus actuaciones deben
ser guiadas por los principios de protección a estas personas de acuerdo con
los postulados de los artículos 13 y 46 de la Carta Política.
41. Ante la gravedad de la
situación, es indispensable que estas personas reciban la atención adecuada
para la formulación del PAARI lo más pronto posible, por eso se ordenará a la
entidad que haga la entrevista inicial en las próximas 48 horas, y que
desarrolle el trámite del PAARI bajo la especial consideración que la Constitución
reconoce a estos adultos mayores, que además son víctimas, para que el proceso
de reparación culmine lo más pronto posible y, en cualquier caso, la
indemnización sea efectivamente entregada dentro de la vigencia presupuestal de
este año.
42. En los casos de los señores
Israel Amado y Roque Merchán aplican consideraciones similares a las
anteriormente expuestas y la orden será parecida a la anterior, bajo la
consideración de que puede haber personas que por tener una mayor edad podrían
estar primero en los turnos de las diversas etapas del PAARI y de la entrega
misma de la indemnización. En ese sentido estas órdenes no pretenden desplazar
a quienes se encuentren en circunstancias más apremiantes, lo que persigue es
la inclusión como sujetos prioritarios de los cuatro adultos mayores
mencionados, en consideración a sus características y a la protección
constitucional reforzada que los cobija.
Adicionalmente, la Corte reitera
su llamado a la UARIV para que considere el enfoque diferencial y lo aplique de
una manera sensible y efectiva en todas las etapas del PAARI para evitar
situaciones como las que ahora conoce esta Sala. La priorización debe ser real
y efectiva, sin trabas burocráticas que revictimicen a las personas que acuden
al Estado a reclamar la reparación a la que tienen derecho, con total sentido
humanitario y eficiencia.
La UARIV viola derechos
fundamentales de las mujeres cabeza de familia que además son víctimas si no
considera su especial protección constitucional a lo largo del PAARI
43. La Sala ahora procederá a estudiar los 9 casos
de las mujeres víctimas cabeza de familia, de ellas la señora Sonia Amparo
Escobar Yaver también ha sido diagnosticada con cáncer:
1
Mariela Oñate Rodríguez
Desplazamiento y desaparición
forzada de familiar.
2
Sonia Amparo Escobar Yaver
Desplazamiento
3
Martha Emilia García Esquivel
Desplazamiento
4
Berenice Machao Bastidas
Desplazamiento y homicidio
5
Luz Estela Zabala
Desplazamiento y homicidio de
familiar.
6
Rosa María Cucaite Ramírez
Desplazamiento
7
Norma Esperanza González Montoya
Desplazamiento, amenazas,
homicidio de padre y secuestro de madre.
8
Cristina Andrade González
Desplazamiento
9
María Elena Cancelada González
Desplazamiento y homicidio de
hermanos.
44. Las accionantes solicitaron la entrega de la
indemnización por vía administrativa y la UARIV respondió a su solicitud dentro
de un plazo razonable el cual no excedió el mes y 15 días. No obstante, la Sala
encuentra que la respuesta de la UARIV no da cuenta de las condiciones
especiales de estas personas, plasmadas en sus escritos. No toman en cuenta su
condición de mujeres cabeza de familia como sujetos de especial protección
constitucional, ni examinan si cumplen con las condiciones fácticas para ser priorizadas,
no sólo como víctimas de desplazamiento forzado, sino como sujetos de especial
protección constitucional, según el artículo 43 de la Constitución. En ese
sentido, la Sala observa que la UARIV sólo les indica que deben acercarse para
iniciar el PAARI sin hacer a alusión a sus rasgos como sujetos especialmente
protegidos. Cuando la entidad no toma en cuenta características esenciales de
estas mujeres, actúa omitiendo un criterio de distinción que resulta relevante
para llevar a cabo todo el trámite, por lo tanto la UARIV ha incumplido su
obligación de dar una respuesta acertada y suficiente. En ese sentido violó los
derechos de petición, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital. Esta
situación agrava aún más la condición de vulnerabilidad a la cual se encuentran
sometidas, por lo que la reparación integral se convierte en el instrumento
principal para mejorar sus condiciones de vida y así aminorar la afectación al
mínimo vital que estas mujeres actualmente padecen junto con las familias de
las que son responsables.
Los obstáculos administrativos –como la suspensión
de la atención- no pueden ser un impedimento para que sujetos de especial
protección constitucional accedan a mecanismos que buscan restablecer sus
derechos y superar su condición de debilidad manifiesta, de lo contrario se
presentaría una revictimización. Del mismo modo, se presenta una violación del
derecho al debido proceso ya que estas mujeres están inmersas en un trámite que
no atiende a sus condiciones particulares.
45. Ante la situación, es
indispensable que estas personas reciban la atención adecuada para la
formulación del PAARI lo más pronto posible por eso se ordenará a la entidad
que haga la entrevista inicial en las próximas 48 horas para todas las
demandantes. En el caso de la señora Sonia Amparo Escobar, quien ha sido
diagnosticada con cáncer, la entidad deberá desarrollar el trámite del PAARI
bajo la especial consideración que ella merece para que el proceso de
reparación culmine lo más pronto posible y, en cualquier caso, la indemnización
sea efectivamente entregada dentro de la vigencia presupuestal de este año.
En los demás casos, el trámite del PAARI deberá concluir este año y, si el
presupuesto no logra cubrir la fase final de su reparación integral que es la
indemnización, deberán quedar en la lista de espera que tendrá prioridad para
el pago el año siguiente y deberá ser efectivamente entregada antes de marzo de
2016.
La Corte no ignora que puede haber
personas que por tener ciertas condiciones personales podrían estar primero en
los turnos de las diversas etapas del PAARI y de la entrega misma de la
indemnización. En ese sentido estas órdenes no pretenden desplazar a quienes se
encuentren en circunstancias más apremiantes, lo que persigue es la inclusión
como sujetos prioritarios de las 9 mujeres mencionadas, en consideración a sus
características y a la protección constitucional reforzada que las cobija.
La UARIV viola derechos
fundamentales de las mujeres indígenas que además son víctimas si no considera
su especial protección constitucional a lo largo del PAARI
46. Con respecto a la señora Nidia
Cacais Tique, la Sala observa que fue víctima de desplazamiento forzado y es
una mujer indígena del cabildo de Calarcá. La Corte encuentra nuevamente una
respuesta oportuna pero insensible al criterio diferencial. En este caso, la
Sala insiste en la necesidad de que la UARIV cumpla con los mandatos
constitucionales (artículos 1, 7, 13 y 70 constitucionales) y legales (artículos
15 y 16 del Decreto-Ley 4633 de 2011[74])
en materia de especial reconocimiento y protección. Por lo tanto se ha dado una
violación de los derechos de petición, a la vida en condiciones dignas y
al mínimo vital. Esta situación agrava aún más la condición de vulnerabilidad a
la cual se encuentra sometida esta mujer que hace parte de un grupo
históricamente marginado y discriminado, por lo que la reparación integral se
convierte en el instrumento principal para mejorar sus condiciones de vida y
así aminorar la afectación al mínimo vital que esta mujer actualmente padece
junto con las familias de las que son responsables.
Los obstáculos administrativos –como la suspensión
de la atención- no pueden ser un impedimento para que sujetos de especial
protección constitucional accedan a mecanismos que buscan restablecer sus
derechos y superar su condición de debilidad manifiesta, de lo contrario se
presentaría una revictimización. Del mismo modo, se presenta una violación del
derecho al debido proceso ya que esta mujer está inmersa en un trámite que no atiende
a sus condiciones particulares.
47. Ante la situación, es
indispensable que reciba la atención adecuada para la formulación del PAARI lo
más pronto posible, por eso se ordenará a la entidad que haga la entrevista
inicial en las próximas 48 horas siguientes a la notificación de este fallo.
Adicionalmente, el trámite del PAARI deberá concluir este año y, si el
presupuesto no logra cubrir la fase final de su reparación integral que es la
indemnización, deberá quedar en la lista de espera que tendrá prioridad para el
pago el año siguiente. Esta orden no pretende alterar los diversos turnos en
curso, sólo incluir a la señora Nidia Cacais Tique como sujeto
prioritario, en consideración a sus características y a la protección
constitucional reforzada que la cobija.
La UARIV viola derechos
fundamentales de las víctimas si no atiende de manera permanente para la
formulación de PAARI
48. En los demás casos se trata de
los siguientes demandantes:
1
José Antonio Barrera Penagos
Desplazamiento y amenazas
2
María Alejandrina Velásquez
Castañeda
Desplazamiento y amenazas
3
Fernando Erley Ruiz Barbosa
Desplazamiento
4
Artemio Murillo
Desplazamiento
5
José Eusebio Romero Torres
Desplazamiento
6
Carlos Augusto Flórez Rendón
Desplazamiento
7
Luz Yaned Santa Malambo
Desplazamiento
A pesar de que todas estas
personas también son víctimas y, como tales, merecen protección especial del
Estado, no se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad extrema
derivada de sus rasgos personales. Sin embargo, solicitaron a la UARIV que
agilizara el proceso de pago de la indemnización administrativa a la que
consideran tener derecho. La UARIV respondió de manera general indicando que
las personas debían acercarse a la oficina más cercana de la entidad para dar
inicio a la construcción del PAARI. Sin embargo, la atención para la
formulación del PAARI, según afirma el apoderado de los demandantes, estuvo
suspendida por 6 meses. En ese sentido, la respuesta dada por la entidad no puede
ser considerada de fondo, ya que aludía a un imposible fáctico causado por ella
misma. Esa respuesta es carente de significado y no aportó nada al avance del
proceso reparatorio.
La actuación de la UARIV ha configurado una violación de los derechos de petición, a la vida en
condiciones dignas y al mínimo vital de los accionantes. En efecto, la
respuesta, aunque oportuna, no correspondía a la realidad, la tardanza en el
trámite afecta a estas personas que ya están en condiciones de debilidad
manifiesta, pues son víctimas de desplazamiento forzado y seguramente la falta
de una reparación integral pronta los expondrá a carencias materiales que
afectarán sus derechos a la vida digna y al mínimo vital. Esta Sala reitera que
los obstáculos administrativos –como la suspensión de la atención- no pueden
ser un impedimento para que las víctimas accedan a mecanismos que buscan
restablecer sus derechos y superar su condición de debilidad manifiesta, de lo
contrario se presentaría una revictimización.
49. Como consecuencia, se ordenará a la UARIV que
invite y atienda a estas personas para iniciar con la formulación del PAARI
antes de cinco días hábiles y proceda con la culminación del mismo dentro de
este año. De tal suerte, el trámite deberá agotar sus etapas prontamente para
que la posibilidad de la indemnización administrativa sea establecida antes de
culminar este año y sea efectivamente pagada antes de junio del año 2016. Sin
embargo, en el caso del señor Carlos Arturo Florez Rendón, que inició el PAARI
hace poco tiempo, esta Sala ordenará que el trámite prosiga, que culmine este
año con la determinación y entrega de la indemnización y que, si no hubiese
presupuesto para entregarla, tenga prelación en el pago en el año 2016, en todo
caso la indemnización deberá ser entregada efectivamente, antes de marzo de
2016.
Conclusión
50. En principio, el Plan de
Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI) no es violatorio de derechos
fundamentales, pues su diseño parece ser razonable y proporcionado, teniendo en
cuenta la complejidad de los procesos reparatorios.
Con todo, la Sala encontró varios
elementos preocupantes sobre el funcionamiento del PAARI, que justifican la
adopción de ciertos criterios:
1.-
Es deber de la UARIV promover una mejor y más sencilla circulación de la
información sobre el funcionamiento del PAARI, pues ello es parte de los
derechos de las víctimas y de las obligaciones del Estado.
2.-
En el caso de sujetos especialmente vulnerables, la razonabilidad de los
trámites y de los tiempos que consumen deberá ser analizada de manera estricta,
propendiendo siempre por trámites sencillos, que no impongan cargas
desproporcionadas a las víctimas y que se desarrollen en tiempos breves. La interpretación
rigurosa de la razonabilidad en estos casos es la forma de asegurar que la
protección especial que la Constitución otorga a sujetos especialmente
protegidos sea una realidad y no simplemente un enunciado vacío. En ese orden
de ideas, el enfoque diferencial resulta fundamental para analizar, caso a
caso, la razonabilidad de los trámites y de sus plazos.
3.-
La UARIV debe tomar en cuenta el enfoque diferencial desde el primer momento en
que ello sea posible, de lo contrario perdería sentido la especial
consideración derivada del mismo. En efecto, en los casos más dramáticos, el
manejo insensible al enfoque diferencial puede llevar a que la reparación
carezca de sentido, por ejemplo por el fallecimiento de la víctima que se
encuentra en espera, posibilidad que aumenta en el caso de personas con ciertas
condiciones de salud o de adultos mayores.
4.-
Nada justifica la interrupción de los servicios de atención a las víctimas de
manera sorpresiva y permanente. Aunque se agotara el presupuesto para reparar
en determinada vigencia, puede ser implementado un sistema de turnos o listas
de espera, pues quien cumpla todo el trámite podrá ser indemnizado al año
siguiente. Si se presentara tal suspensión habría una revictimización
estructural con la violación de todos los derechos fundamentales involucrados.
5.-
Las autoridades competentes, impulsadas por las gestiones de la UARIV deberán
hacer las adiciones presupuestales en cumplimiento del Decreto 1377 de 2014
para tener los recursos para financiar las indemnizaciones por desplazamiento
forzado.
Sin duda, las víctimas en general
son sujetos vulnerables, pero las condiciones personales de algunas de ellas
las hacen aún más débiles. Estas especificidades explican que el análisis de
razonabilidad del PAARI deba hacerse con base en las características de cada
caso en concreto para que las etapas, procedimientos y plazos consideren de
manera especial a quienes se encuentran en circunstancias de extrema
vulnerabilidad y son sujetos de especial protección constitucional. Por eso,
para esta Sala resulta fundamental que la interpretación y aplicación del PAARI
atienda criterios que permitan atender a la población más débil de manera
prioritaria. Tales elementos están contenidos en la Constitución, en diversa
normativa y en la jurisprudencia de esta Corte. En los casos examinados
pudieron verse, por ejemplo, sujetos especialmente protegidos como los adultos
mayores (personas de 60 años o más), mujeres cabeza de familia, mujeres cabeza
de familia con enfermedades graves y mujeres indígenas, quienes necesariamente
deben contar con un trato prioritario que, a pesar de ello, no desplace a otros
individuos que también lo merecen.
IV. DECISIÓN
Con base en las consideraciones
expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- DECLARAR
IMPROCEDENTES las acciones de tutelas presentadas
por Martha Lilia Tique García, como agente oficiosa de Paulina y Camilo Tique,
y por Mariela Oñate Rodríguez y otros –por medio de
apoderado- con respecto al Departamento para la
Prosperidad Social, por falta de legitimación por pasiva.
Segundo.-REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, el día 4 de septiembre de 2014. En su lugar CONCEDER
la acción de tutela presentada por Martha Lilia Tique García, como agente
oficiosa de Paulina y Camilo Tique, contra la Unidad para la atención y
reparación integral de las víctimas, por la violación de los derechos
fundamentales de petición, a la vida digna, al mínimo vital y a la reparación
integral.
Tercero.- ORDENAR a la Unidad para la atención y reparación integral
de las víctimas que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del
presente fallo haga la entrevista inicial del PAARI
a los señores Paulina Tique de Tovar y Camilo Tique, y desarrolle el trámite
del PAARI bajo la especial consideración que la Constitución reconoce a estos
adultos mayores, que además son víctimas, para que el proceso de reparación
culmine lo más pronto posible y, en cualquier caso, la indemnización sea
efectivamente entregada dentro de la vigencia presupuestal de este año.
Cuarto.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el 6 de noviembre
de 2014. En su lugar, CONCEDER, la acción de tutela presentada por
Mariela Oñate Rodríguez y otros –por medio de apoderado- contra la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas,
por la violación de los derechos fundamentales de petición, a la vida digna, al
mínimo vital y a la reparación integral.
Quinto.- ORDENAR a la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente
fallo haga la entrevista inicial del PAARI a los
señores Israel Amado y Roque Merchán Cristancho, y desarrolle el trámite del
PAARI bajo la especial consideración que la Constitución reconoce a estos
adultos mayores, que además son víctimas, para que el proceso de reparación
culmine lo más pronto posible y, en cualquier caso, la indemnización sea
efectivamente entregada dentro de la vigencia presupuestal de este año.
Sexto.- ORDENAR a la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente
fallo haga la entrevista inicial del PAARI a la señora
Sonia Amparo Escobar, y desarrolle el trámite del PAARI bajo la especial
consideración que la Constitución le reconoce como mujer cabeza de familia
diagnosticada con cáncer, que además es víctima, para que el proceso de
reparación culmine lo más pronto posible y, en cualquier caso, la
indemnización sea efectivamente entregada dentro de la vigencia presupuestal de
este año.
Séptimo.- ORDENAR a la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente
fallo haga la entrevista inicial del PAARI a las
señoras Mariela Oñate
Rodríguez, Martha Emilia García Esquivel, Berenice Machao Bastidas, Luz Estela
Zabala, Rosa María Cucaite Ramírez, Norma Esperanza González Montoya, Cristina
Andrade González y María Elena Cancelada González. Adicionalmente, el
trámite del PAARI deberá concluir este año y, si el presupuesto no logra cubrir
la fase final de las reparaciones integrales -que es la indemnización- deberán
quedar en la lista de espera que tendrá prioridad para el pago el año
siguiente. En cualquier caso, la indemnización será
efectivamente entregada antes de marzo de 2016.
Octavo.- ORDENAR a la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente
fallo haga la entrevista inicial del PAARI a la señora
Nidia Cacais Tique. Adicionalmente, el trámite del PAARI deberá concluir
este año y, si el presupuesto no logra cubrir la fase final de su reparación
integral que es la indemnización, deberá quedar en la lista de espera que
tendrá prioridad para el pago el año siguiente. En cualquier
caso, la indemnización será efectivamente entregada antes de marzo de 2016.
Noveno.- ORDENAR a la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas
que, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de este fallo
inicie la formulación del PAARI de los señores José
Antonio Barrera Penagos, María Alejandrina Velásquez Castañeda, Fernando Erley
Ruiz Barbosa, Artemio Murillo, José Eusebio Romero Torres, Luz Yaned Santa
Malambo y proceda con la culminación del mismo dentro de este año. El
trámite deberá agotar sus etapas prontamente para que la posibilidad de la
indemnización administrativa sea establecida antes de culminar este año y sea
efectivamente pagada antes de junio del año 2016.
Décimo.- ORDENAR  a la Unidad para la atención y
reparación integral de las víctimas que continúe con el
PAARI del señor Carlos Augusto Flórez Rendón y proceda a su culminación dentro
de este año. Si el presupuesto no logra cubrir la fase final de su
reparación integral que es la indemnización, deberá quedar en la lista de
espera que tendrá prioridad para el pago el año siguiente. En
cualquier caso, la indemnización será efectivamente entregada antes de marzo
de 2016.
Undécimo.- EXHORTAR a la Unidad para la
atención y reparación integral de las víctimas para que tome en cuenta los
siguientes criterios dentro del diseño y ejecución de los PAARI:
1.-
Es deber de la UARIV promover una mejor y más sencilla circulación de la
información sobre el funcionamiento del PAARI, pues ello es parte de los
derechos de las víctimas y de las obligaciones del Estado.
2.-
En el caso de sujetos especialmente vulnerables, la razonabilidad de los
trámites y de los tiempos que consumen deberá ser analizada de manera estricta,
propendiendo siempre por trámites sencillos, que no impongan cargas
desproporcionadas a las víctimas y que se desarrollen en tiempos breves. La
interpretación rigurosa de la razonabilidad en estos casos es la forma de
asegurar que la protección especial que la Constitución otorga a sujetos
especialmente protegidos sea una realidad y no simplemente un enunciado vacío.
En ese orden de ideas, el enfoque diferencial resulta fundamental para
analizar, caso a caso, la razonabilidad de los trámites y de sus plazos.
3.-
La UARIV debe tomar en cuenta el enfoque diferencial desde el primer momento en
que ello sea posible, de lo contrario perdería sentido la especial
consideración derivada del mismo. En efecto, en los casos más dramáticos, el
manejo insensible al enfoque diferencial puede llevar a que la reparación
carezca de sentido, por ejemplo por el fallecimiento de la víctima que se
encuentra en espera, posibilidad que aumenta en el caso de personas con ciertas
condiciones de salud o de adultos mayores.
4.-
Las autoridades competentes, impulsadas por las gestiones de la UARIV, deberán
hacer las adiciones presupuestales en cumplimiento del Decreto 1377 de 2014
para tener los recursos para financiar las indemnizaciones por desplazamiento
forzado.
Duodécimo.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Los poderes se encuentran en los fls. 136-154 del cuaderno principal del expediente 4708707
[2] Folio 20. Cuaderno principal expediente T-4595877.
[3] Ibíd.
[4] Fs. 16-18 y 20, ib.
[5] Fl. 5
[6] Fs. 10 y 20, ib. En el expediente no consta información sobre
Paulina Tique, sin embargo al revisar en la base de datos del SISBEN el
despacho pudo constatar que tiene el mismo puntaje.
[7] Fs. 4-6 y 49-53, ib.
[8] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[9] F. 28 cd. inicial expediente T-4596125
[10] Escrito de contestación de la entidad accionada. Fs.43-48, ib.
[11] Sentencia de primera instancia fs. 32-39, ib.
[12] Impugnación sentencia de primera instancia, fs. 58-60 ib.
[13] Sentencia de segunda instancia fs. 2-7, Segundo cuaderno expediente
T-4595877.
[14] Fs. 157-158, cd. expediente T-4708707
[15] Escrito de contestación de la acción de tutela del DPS, fs.
162-167, ib.
[16] Sentencia de primera instancia fs. 170-188, ib.
[17] Impugnación sentencia de primera instancia, fs. 192-199 ib.
[18] F. 193 ib.
[19] Sentencia de segunda instancia fs. 212-220, ib.
[20] Fls. 36-39 cuaderno principal.
[21] Fls. 32-34 cuaderno principal.
[22] Fls. 54-77 cuaderno principal.
[23] Fls. 79-106.
[24] Fl. 102 cuaderno principal.
[25] F. 106 cuaderno principal.
[26] Los tres primeros párrafos del fundamento 4 son retomados de
la sentencia referida y fueron desarrollados por este mismo despacho.
[27] Ver sentencia T-1075 de 2012.
[28] Constitución Política, Artículo 2º.
[29] Constitución Política, Artículo 228.
[30] Constitución Política, Artículo 95.
[31] Ver sentencias T-372 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-452
de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] El fundamento 5 es retomado de la sentencia referida y fue
desarrollado por este mismo despacho.
[33]Ver Sentencia T-1077 de 2012.
[34] T-899 de 2014 MP Gloria Stella Ortiz.
[35] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[36] Sentencias T-736 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-282 de 2010
M.P. Mauricio González Cuervo
[37] T-163 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-863 de 2013,
M.P. Alberto Rojas Ríos, T-573 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos T-348 de 2013,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-242 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
entre otras.
[38] “ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán
para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y
promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
El
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el
subsidio alimentario en caso de indigencia.”
[39] Ver T-351 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y SU-856 de
2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[40] M.P. Manuel José Cepeda
[41] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[42] Modificada por la Ley 1232 de 2008
[43] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[44] MP Manuel José Cepeda Espinosa
[45] Emitida por la UARIV
[46] Sentencia T-481 de 1992; M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
[47] Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabo Morón Díaz.
[48]Sentencia T-249 de 2001; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[49] Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[50] En la Sentencia T-596 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, la Corte Constitucional recalcó la importancia del derecho de
petición, como mecanismo de participación ciudadana en el funcionamiento de las
entidades públicas, en los siguientes términos: “En materia del ejercicio
del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991
representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos
sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de
petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de
acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una
mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones
públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su
parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población
con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.”
[51] Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias Sentencia
T-074 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz y T-881 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[52] Sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[53]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54] Sobre este tema se pueden consultar las sentencias T-729 de 2002,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1011 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y
C-748 de 201, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[55] “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas
data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”
[56] Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales.
[57] Sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[58] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En
aquella oportunidad la Corte conoció el caso de un ciudadano que en ejercicio
de su derecho fundamental de petición, planteó algunas preguntas al Director de
un establecimiento penitenciario de mediana seguridad, con el fin de que le
informara los motivos por los cuales en uno de los patios se había clausurado
una biblioteca. La entidad demanda respondió que no se referiría a las
peticiones consignadas en el escrito, pues se trataba de asuntos relacionados
con la seguridad nacional. En aquella oportunidad, la Sala Octava de Decisión
determinó que la decisión del Establecimiento Carcelario de negar el acceso a
la información relacionada con la construcción de un comedor donde por años
había funcionado un biblioteca en el patio cuarto, bajo el argumento de que se
trataba de información sujeta a reserva, vulneraba los derechos de petición y
acceso a la información pública del accionante.
[59] Los fundamentos 17 a 23 son retomados de la sentencia T-828 de 2014
de este mismo despacho.
[60] Fl. 81 cuaderno principal.
[61] Fl. 106 cuaderno principal, expediente T-4595877.
[62] El fundamento 32 es retomado de la
sentencia T-209 de 2015 desarrollado por este despacho.
[63] Sentencia T-743 de 2008 MP Manuel José Cepeda.
[64] “En esta misma línea se encuentra la sentencia T-1229 de 2000”
esta cita corresponde a la nota 10 de la Sentencia T-265 de 2009 MP Humberto
Sierra Porto.
[65] MP Mauricio González.
[66] “Por ejemplo la sentencia T- 1110 de 2005 (F.J # 46), entre
otras.” Cita contenida en otra cita, tomada de la Sentencia T-521 de 2013.
[67] “Sentencia T-158 de 2006 y T-429 de 2011.” Cita tomada de la
Sentencia T-521 de 2013.
[68]
F. 61, ib.
[69] MP Jorge Iván Palacio.
[70] Fl. 97 cuaderno principal.
[71] Tabla tomada del fl. 103 cuaderno principal.
[72] Fl. 102 cuaderno principal.
[73] Aunque el PAARI para cualquier hecho victimizante tiene dos
momentos, el de asistencia y el de reparación, en el caso del desplazamiento
forzado, el momento de asistencia debe surtir, además, la medición de
subsistencia mínima (Decreto 2569 de 2014) y la formalización del retorno o
reubicación (Decreto 1377 de 2014). Sólo si estas dos etapas son agotadas
adecuadamente, el PAARI puede avanzar a la reparación.
[74] “Artículo 15. Personas de especial
reconocimiento y protección. El Estado garantizará prioridad en la atención,
asistencia y reparación integral, como medida de acción afirmativa para
garantizar la igualdad real y efectiva a las personas definidas por la
Constitución Política de Colombia y el derecho internacional como de especial
protección, habida cuenta de su afectación diferencial y sus características
particulares de diversidad étnica, ciclo vital, condición de discapacidad y en
consideración a la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres
indígenas, así como en razón del impacto desproporcionado que les han producido
las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH. Igualmente, el
Estado garantizará que las medidas contenidas en el presente Decreto
contribuyan a la eliminación de las estructuras de discriminación, exclusión y
marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.
Artículo 16. Mujeres indígenas. Las
mujeres indígenas son personas de especial reconocimiento y protección y en
razón a ello gozarán de medidas específicas de reparación individual y
colectiva que partan del reconocimiento de su importancia para la permanencia y
pervivencia de los pueblos indígenas.”