T-014-18
Sentencia T-014/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales
y especiales de procedibilidad
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Dimensiones
FUERO SINDICAL-Concepto/FUERO SINDICAL-Finalidad
El fuero sindical es un mecanismo de protección
constitucional de los derechos de asociación y de liber
tad sindical. El fuero sindical, de contera,
también busca proteger de manera especial a los sindicatos, para que puedan
cumplir libremente su función de defender los intereses de sus afiliados.
PROCESO DE
LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL-Naturaleza
ACCION DE REINTEGRO DE TRABAJADOR CON FUERO
SINDICAL
La acción de reintegro tiene por objeto analizar si el despido o
desmejora de un trabajador aforado cumplió con el requisito de acudir ante el
juez laboral para levantar el fuero y autorizar el despido.
DESPIDO DE TRABAJADOR CON FUERO SINDICAL-Calificación por el juez del trabajo de las
causas esgrimidas por la entidad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia porque no se configuró
ningún requisito específico de procedibilidad en proceso de levantamiento de
fuero sindical
La
acción de tutela no está llamada a prosperar, porque no se configuró ningún
requisito específico de procedibilidad de acción de tutela en contra de
providencia judicial. No se configuró el defecto sustantivo alegado por el
actor, dado que en su despido se le garantizó el debido proceso en los términos
de la legislación vigente y la jurisprudencia constitucional. Tampoco se
configuró el defecto fáctico señalado por el actor, por cuanto del acervo
probatorio, valorado en su integridad, se evidencia que él sí incurrió en las
faltas que dieron lugar a su despido. Además, la valoración probatoria
realizada por el Tribunal no fue caprichosa, ni arbitraria, sino razonable y
conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica
Referencia: Expediente T-6.386.006
Acción
de tutela interpuesta por Roberto Carlos Campaz Taborda en contra de la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
Magistrado
ponente:
CARLOS
BERNAL PULIDO
Bogotá, D.C., primero (1º) de febrero del año dos mil dieciocho
(2018).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana
Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal
Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, en especial de la prevista por los artículos 241.9 de la
Constitución Política, 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de segunda instancia
proferido el 24 de agosto de 2017, por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante el cual se confirmó la decisión de 31 de enero de
2017, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ambas
sentencias fueron proferidas dentro del proceso de tutela promovido por el
señor Roberto Carlos Campaz Taborda en contra de la sentencia de la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por medio
de la cual finalizó el proceso de levantamiento de fuero y autorización de
despido, identificado con el radicado No. 76109310500220160014301.
I.
ANTECEDENTES
1.
El 15 de mayo de 2017, el señor Roberto Carlos Campaz
Taborda, mediante apoderado judicial[1],
interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante la cual solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al “trabajo, la libertad sindical en
aplicación de los derechos de asociación y negociación colectiva, familia,
debido proceso, derecho de defensa, acceso efectivo a la administración de
justicia, de seguridad social, especialmente en salud”[2].
2.
Adujo que, con la sentencia de 31 de enero de 2017, la
autoridad judicial accionada desconoció los derechos antes mencionados, al
autorizar el levantamiento del fuero sindical y permitir el despido del
accionante[3].
En opinión del demandante, la providencia incurrió en los siguientes defectos:
Primero, el defecto material o sustantivo, porque desconoció que “ha debido
el Banco darle oportunidad de descargos”[4],
es decir, ha debido adelantarse un proceso disciplinario antes de proceder al
despido[5].
Esto, en atención a que el despido es una sanción disciplinaria, y a que, en el
artículo 26 de la Convención Colectiva del 4 de noviembre de 2014, celebrada
con Bancolombia, se previó un procedimiento disciplinario, que ha debido ser
aplicado al señor Roberto Carlos Campaz Taborda.
3.
Segundo, el defecto fáctico, porque le dio validez,
arbitrariamente, a unas fotografías que no eran nítidas, con base en las cuales
concluyó que el trabajador sí incurrió en conductas graves que dan lugar al
levantamiento del fuero sindical[6].
Además, en opinión del accionante, el Tribunal incurrió en otro defecto fáctico
al desestimar la argumentación del a-quo sobre la presunta falta grave de
realizar transacciones personales desde su puesto de trabajo: la Sala Laboral
se limitó a darle valor a la confesión de dicha falta, sin explicar por qué se
apartaba de las consideraciones del juez de primera instancia al respecto.
1.
Hechos probados
4.
El 11 de mayo de 1993[7],
el señor Roberto Carlos Campaz Taborda se vinculó laboralmente a Bancolombia,
en el cargo de “mensajería y varios nivel I”[8]. Desde el año
de 1995, hasta la fecha de los hechos objeto de la acción de tutela, se
desempeñó como “operador integral de caja”[9]. Desde el 19
de febrero de 2016, el accionante era titular de fuero sindical[10], por
encontrarse afiliado al sindicato denominado “Asociación Colombiana de
Empleados Bancarios -ACEB-”, y ejercer el cargo de tesorero de la seccional
de Buenaventura de dicha organización sindical.
5.
Durante los años 2008, 2014 y 2015, Bancolombia le adelantó
sendos procesos disciplinarios al señor Roberto Carlos Campaz Taborda por
presuntas faltas disciplinarias[11].
Es más, el 21 de agosto de 2008, Bancolombia le informó que ante la gravedad de
las faltas cometidas en ese entonces, acudiría a la jurisdicción laboral para
dar por terminado su contrato de trabajo[12],
sin que exista prueba de que efectivamente se promovió acción judicial alguna
en ese entonces.
6.
El 1 de junio de 2016, la Dirección de Seguridad Corporativa
de Bancolombia presentó el Informe Final de Resultados No. 1668. En este
documento se señaló que “se recibi[ó] alerta del funcionario Roberto Carlos
Campaz Taborda por atender retiros con varias tarjetas a una sola persona […]
[y] que el colaborador atiende a clientes por fuera del sistema de gestión
de filas Q-FLOW”[13].
El informe expuso que el señor Roberto Carlos Campaz Taborda: (i) el 25 de
abril de 2016, atendió en su caja a una persona que realizó retiros pin pad con
tarjetas débito de cinco titulares diferentes, por un monto total de
$10.800.000, sin que los titulares estuvieran presentes o hubieran autorizado a
esa persona; (ii) el 25 de mayo de 2016, atendió en su caja a una persona que
realizó cinco retiros pin pad con tarjetas débito de titulares diferentes, por
un monto total de $8.390.000, sin que los titulares estuvieran presentes o hubieran
autorizado a esa persona. Al respecto, el informe concluyó que el trabajador
incumplió el proceso denominado ‘Realizar retiros o traslados por Pin-Pad’,
toda vez que se acreditó por medio de “registros de video […] que en [la]
ventanilla solo estaba una persona quien realizó los retiros de los cinco
clientes, [quienes] […] tienen edades entre 60 y 74 años; mientras que
quien se presentó en ventanilla es un hombre que aparenta ser menor de 40 años;
lo anterior sumado a que uno de los titulares es una mujer y quien se presentó
en ventanilla es un hombre”[14].
7.
Asimismo, encontró que el señor Roberto Carlos Campaz
Taborda: (iii) en los meses de abril y mayo de 2016, desde su estación de
trabajo, realizó consignaciones a su hijo; (iv) desde su usuario, durante la
jornada laboral, ejecutó operaciones personales como el pago de la cuota de su
tarjeta de crédito, por la suma de $80.000[15].
En consecuencia, determinó que el señor Roberto Carlos Campaz Taborda incurrió
“en mala práctica e incumplimiento de las políticas establecidas por el
banco […]. Lo anterior, teniendo en cuenta que la circular 02213
publicada en la intranet dice claramente <un cajero que requiere hacer
transacciones personales de caja deberá realizarlas por intermedio de otro
cajero de la oficina>”[16].
8.
El 21 de junio de 2016, el gerente de la sucursal de
Buenaventura de Bancolombia dio por terminado el contrato laboral del
accionante, condicionado a la autorización del juez laboral de levantamiento de
fuero sindical[17].
Bancolombia le informó al señor Roberto Carlos Campaz Taborda que las conductas
antes descritas se encuentran prohibidas por los artículos 55, secciones d)[18],
e)[19]
e i)[20];
60, numerales 1[21],
5[22]
y 11[23],
y 67, secciones c)[24]
y d)[25]
del Reglamento Interno de Trabajo de Bancolombia. En dicho oficio, Bancolombia
recalcó que el trabajador, al momento de ser cuestionado por lo sucedido, “manifestó
que acept[ó] haber pagado varios retiros a usuarios con diferentes
tarjetas débito, a pesar de saber que esto va en contra del procedimiento. Así
mismo, aceptó haber hecho el pago de su tarjeta de crédito en su estación de
trabajo, como también haber realizado transferencias de dinero a un familiar
suyo desde su estación de trabajo […]”[26].
9.
El 22 de agosto de 2016, el señor Roberto Carlos Campaz
Taborda radicó una petición ante la Gerencia de la Sucursal de Bancolombia 842[27].
En esta, solicitó que se diera cumplimiento al artículo 26 de la Convención
Colectiva de Bancolombia y, en consecuencia, se adelantara un proceso
disciplinario previo.
10.
El 26 de agosto de 2016, Bancolombia dio respuesta al derecho
de petición presentado[28].
Señaló que la interpretación que el trabajador le da a la Convención Colectiva
“se añeja de la finalidad con la que fue redactada”. En efecto, advirtió
que “ni la ley ni el texto convencional imponen a Bancolombia la obligación
de tener que realizar un procedimiento disciplinario previo a terminar un
contrato de trabajo con justa causa, pues esta decisión es un acto potestativo
del empleador que no es cuestionable dentro del marco de un proceso
disciplinario”. Asimismo, resaltó que la aplicación del artículo 26 de la
Convención Colectiva “tiene un fin preventivo y correctivo y presupone la
continuidad del vínculo laboral, no tiene por alcance el despido”.
1.1.
El proceso de levantamiento de fuero sindical y autorización de despido
11.
El 19 de julio de 2016, Bancolombia inició un proceso laboral
ante el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Buenaventura, para levantar el
fuero sindical y obtener la autorización para el despido del señor Roberto
Carlos Campaz Taborda[29],
con ocasión de las faltas que le fueron puestas de presente mediante el oficio
de 21 de junio de 2016.
12.
En el marco de dicho proceso, se practicaron las pruebas
solicitadas por ambas partes, incluidas la declaración del señor Roberto Carlos
Campaz Taborda, así como varios testimonios[30].
1.1.1.
Decisión de primera instancia
13.
El 4 de noviembre de 2016, el Juzgado profirió la sentencia
de primera instancia, en la que resolvió negar la petición del empleador. La
decisión estuvo fundamentada en dos consideraciones: (i) el valor probatorio
del informe de seguridad presentado por Bancolombia y (ii) la ausencia de un
procedimiento disciplinario previo.
14.
Primero, las fotografías del informe de seguridad de
Bancolombia “no dan cuenta de una posible diferenciación entre quien aparece
ahí realizando retiros con varias tarjetas débito con la persona o la supuesta
persona que debe ser titular de la tarjeta”[31], de
modo que no se demostró que el señor Roberto Campaz Taborda permitiera el
retiro de dinero por parte de personas diferentes a los titulares de las
cuentas. Adicionalmente, no hay testigos presenciales de los hechos, pues las
declaraciones de varios trabajadores de Bancolombia hacen referencia al informe
de seguridad de este banco, de modo que son meros testigos de oídas[32].
El banco ha debido corroborar con los titulares de las tarjetas “que
efectivamente no era otra persona que estaba utilizando la tarjeta débito y que
con esto el demandado sí estaba incumpliendo gravemente el proceso de retiro o
traslado por pin pad”[33].
Sobre los hechos aceptados por el trabajador, resulta desproporcionado acudir a
la instancia judicial para probarlos y pretender el despido, ya que estos “no
afectaron las relaciones laborales con los compañeros en el trabajo, el
desempeño suyo en la compañía, y mucho menos desmejoraban significativamente la
imagen o el detrimento patrimonial de la demandante”[34].
15.
Segundo, señaló que, aun si pudiera acreditarse que el
trabajador incurrió en las faltas a él endilgadas por el empleador, ha debido
realizarse un procedimiento previo para “determinar el grado de
participación del directivo sindical en la cualificación de una conducta que
potencialmente puede configurar un despido”[35]. El despido es
una sanción producto de una conducta determinada, por lo que “requiere
demostración previa y la intervención del empleado para controvertir los
elementos de juicio, en los que el empleador puede fundamentar su decisión de
finalizar la relación laboral”[36].
De modo que se ha debido practicar un procedimiento breve y sumario, como el
previsto por el artículo 26 de la Convención Colectiva, para garantizar el
derecho a la defensa del trabajador[37],
lo cual no ocurrió.
1.1.2.
La impugnación
16.
El 4 de noviembre de 2016, Bancolombia interpuso recurso de
apelación en contra de la decisión de primera instancia. Manifestó, por una
parte, que el juez de instancia no realizó una adecuada valoración de las
pruebas documentales y testimoniales, las cuales, a su juicio, “permite[n]
demostrar que el demandado incumplió […] con el procedimiento de retiro
de fondos […], consignó a una cuenta de un familiar […] en
horario de cuadre de caja [e] incumplió sus obligaciones con el pago de
una cuota de la tarjeta de crédito que hizo desde su terminal de caja”. Por
otra, indicó que estas conductas no ameritan una sanción disciplinaria, sino
que “son suficientes para terminar el contrato de trabajo con justa causa y
no existe ni en el reglamento interno de trabajo, ni en la convención colectiva
la obligación de iniciar un proceso disciplinario previo”[38].
1.1.3.
Decisión de segunda instancia
17.
El 31 de enero de 2017, la Sala Tercera de Decisión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga revocó la sentencia de
primera instancia, accedió a levantar el fuero sindical y autorizó el despido
del accionante[39].
La decisión se fundó en las siguientes premisas, a saber: (i) el valor
probatorio del informe de seguridad presentado por Bancolombia; (ii) el valor
probatorio de la confesión del señor Roberto Carlos Campaz Taborda; y, (iii) la
improcedencia e impertinencia del procedimiento disciplinario previo para efectos
del levantamiento del fuero sindical y la autorización del despido.
18.
Primero, a juicio del ad quem, al analizar el Informe
Final de Resultados realizado por la Dirección de Seguridad Corporativa de
Bancolombia, se pudo observar que “una persona está en el mostrador el 25
abril de 2016 a las 10:31:15 a.m. y continúa hasta las 10:42:55 a.m., lapso en
el que se efectuaron las transacciones antes relacionadas que corresponden a
diferentes titulares, donde el demandado al permitir esas transacciones debió
solicitar y anexar a los diferentes comprobantes, la autorización de los
propietarios de esas cuentas, documentos que no exigió”. Asimismo, señaló
que esta omisión, además de desconocer una política del banco, “conlleva [una]
violación del reglamento de trabajo” (secciones c y d del artículo 67). En
efecto, esta norma califica como conducta grave que da lugar a la terminación
por justa causa del contrato de trabajo, “poner en riesgo, por actos u
omisiones, la seguridad de las personas o de los bienes del banco” y “no
cumplir las oportunamente las prescripciones que para la seguridad […] [de]
las operaciones o los dineros y/o valores de la empresa”.
19.
En consecuencia, advirtió que se apartaba de las conclusiones
del a-quo, quien, al analizar las fotografías contenidas en el
Informe Final de Resultados, concluyó que estas no permitían acreditar los
hechos, a pesar de que dicho informe “evidenció las cuentas afectadas con
las transacciones, definió quiénes eran los titulares y los valores retirados
en el espacio de tiempo de 10:31:15 a.m. a 10:42:55 a.m. en que se observa en
el mostrador a una sola persona quien no acreditó autorización para esos
movimientos de dinero”[40].
Con lo cual, tras valorar el referido informe, el ad quem sí encontró
acreditadas las mencionadas faltas que dan lugar a la autorización del despido.
20.
Segundo, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, le otorgó valor probatorio a “la
confesión del demandado al realizar diligencias personales desde su estación
cuando debía acudir a un cajero de la misma oficina”. En efecto, encontró
que el señor Roberto Carlos Campaz Taborda “al absolver el interrogatorio de
parte, […] aceptó que hizo transacciones a favor de su hijo en el puesto
de trabajo […]. Igualmente al minuto 53.15 aceptó que pagó desde la
terminal a él asignada la cuota de la tarjeta de crédito […]”. Prueba esta
que, en criterio del Tribunal, acredita la comisión de la referida falta.
21.
Tercero, concluyó que no era necesario realizar un proceso
disciplinario previo, ya que el reglamento interno de trabajo no contempla el
despido como sanción disciplinaria, “conclusión a la que se llega al dar
lectura al Capítulo XIV, sino que establece que la falta grave da para la
terminación del contrato, razón por la cual no era necesario adelantar el
procedimiento disciplinario que echó de menos el juez de primera instancia”[41].
1.2.
La demanda de tutela
22.
Según el accionante, la sentencia de la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga adolece de dos
defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales: (i) sustantivo y (ii) fáctico. En primer lugar, señaló
que el ad-quem consideró que el despido no constituye una sanción
disciplinaria. A su juicio, esta conclusión resultaba errónea en la medida en
que da “prioridad [al reglamento interno de trabajo] sobre los
tratados internacionales, la Constitución, el precedente constitucional, la
legalidad colombiana, la convención colectiva y la doctrina internacional”[42].
Además, habida cuenta de la naturaleza sancionatoria del despido, en opinión
del actor, Bancolombia ha debido adelantarle un procedimiento sancionatorio
antes de acudir a las instancias judiciales.
23.
En segundo lugar, indicó que el Tribunal, a diferencia del a
quo, no hizo un análisis exhaustivo de cada prueba, ni hizo referencia a la
mayoría de argumentos del juez de primera instancia sobre el acervo probatorio.
Por una parte, señaló que el ad-quem sustentó su decisión en las
fotografías contenidas en el informe de seguridad presentado por Bancolombia,
las cuales, en su criterio, “no son nítidas ni permiten identificar a las
personas” que allí aparecen. Por lo tanto, a juicio del accionante, tampoco
podía concluirse, como lo hizo el Tribunal, que el cajero mantuvo a una persona
“durante 11 minutos y 10 segundos, cuando una transacción pin pad – retiro
con tarjeta de crédito (sic) – solo demora hasta un minuto”. A su juicio, “sería
absolutamente ingenuo el cajero, con 25 años de experiencia, si mantuviera a un
solo cliente en tanto tiempo, sin levantar sospechas”.
24.
Por otra parte, en relación con las consignaciones a su hijo,
así como las consignaciones y pagos de su tarjeta de crédito desde su puesto de
trabajo, el accionante aclaró que, si bien había confesado que incurrió en estas
conductas, “la primera se debe a que sostiene a sus padres en Medellín y en
vía (sic) el dinero a sus (sic) hijo y, en la segunda que no está prohibida,
que es una directriz en intranet que no se ha incorporado al reglamento de
trabajo, por tanto no es obligatoria” (Sic). Sin embargo, no aceptó la
falta relativa a autorizar retiros con varias tarjetas (pertenecientes a
diversos titulares) por parte de una sola persona.
2.
Pretensiones
25.
En la demanda de acción de tutela, el accionante solicitó lo
siguiente:
25.1.
Revocar la sentencia de 31 de enero de 2017, proferida por la
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga y, por lo tanto, dejar
sin valor alguno el despido del señor Roberto Carlos Campaz Taborda.
25.2.
Confirmar la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Buenaventura “y en consecuencia [ordenar] el reintegro
con pago de salarios, prestaciones sociales laborales y de seguridad social,
indemnizaciones, intereses, en el lapso que ha estado cesante”[43].
3.
Admisión de la demanda, integración del contradictorio y
respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
3.1.
Admisión de la demanda e integración del contradictorio
26.
Mediante el auto de 17 de mayo de 2017, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela que se
revisa, y adicionalmente, ordenó la vinculación del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Buenaventura[44].
Además, ordenó, en el mismo auto, “comunicar la presente acción de tutela a
Bancolombia S.A. y a todas las demás partes e intervinientes en el trámite del
proceso judicial previamente referido[45],
para que, en el término de un (1) día, ejerzan su derecho de defensa y
contradicción”[46].
27.
El 30 de mayo de 2017, el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Buenaventura indicó, mediante oficio, que la notificación de la
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios -ACEB- “no ha sido posible
porque se está ejecutando un PARO CÍVICO INDEFINIDO desde el día 16 de mayo de
2017, el orden público está alterado, no hay servicio de transporte público, la
Alcaldía Distrital de Buenaventura entró en cese de actividades, no hay
servicio de ningún correo postal”[47].
3.2.
Respuestas de las entidades accionadas y vinculadas
3.2.1.
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Buga
28.
El 22 de mayo de 2017, el magistrado Martín Fernando Jaraba
Alvarado   envió oficio en el que señaló que la sentencia controvertida no fue
proferida por él y que el expediente fue devuelto al juzgado de origen. Además,
adjunto la sentencia objeto de la demanda de tutela[48].
3.2.2.
Bancolombia
29.
El 23 de mayo de 2017, el representante legal judicial de
Bancolombia solicitó negar las pretensiones del accionante, por no existir un
perjuicio irremediable[49]
y no cumplirse los requisitos de procedibilidad de tutela en contra de
providencias judiciales. En su criterio, la acción de tutela es improcedente,
pues no puede sustituir al recurso de casación ante la jurisdicción ordinaria[50],
“el petitum constituye básicamente la formulación de un cargo en casación,
el cual no es admisible su presentación bajo la figura de un amparo
constitucional”[51].
Además, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
30.
Además, advirtió que, el 12 de diciembre de 2016[52],
el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Buenaventura resolvió una acción de tutela interpuesta por el señor Roberto
Carlos Campaz Taborda en contra de Bancolombia, en la que alegó una presunta
vulneración a sus derechos al trabajo y libertad sindical, habida consideración
de que, a juicio del trabajador, era sujeto pasivo de acoso laboral,
persecución sindical y presión psicológica, por parte del empleador. En esa
oportunidad, el juez negó la acción de tutela “por improcedente al no
advertir ningún derecho fundamental conculcado”[53], y por estar
en trámite el proceso de levantamiento de fuero sindical y autorización de
despido. Es preciso resaltar que dicha acción de tutela, (i) no se dirigió en
contra de providencia judicial alguna, (ii) se promovió en contra del Banco
directamente y (iii) tuvo por objeto que se otorgara amparo constitucional ante
las supuestas prácticas discriminatorias del Banco y lesivas de la libertad
sindical del accionante.
31.
En lo que se refiere al debido proceso, manifestó que el
accionante, antes de ser notificado de su desvinculación, “contó con el
espacio pertinente para presentar sus explicaciones y justificaciones, sin
embargo las mismas no fueron satisfactorias”[54]. Al
respecto, señaló que “basta con una lectura del documento de 21 de junio de
2016 en virtud del cual se le notifica al accionante la decisión de dar por
terminado su contrato de trabajo para advertir que allí se le brindó la
oportunidad para dar explicaciones sobre las faltas graves advertidas”[55].
32.
Finalmente, indicó que, en todo caso, el proceso
disciplinario no es aplicable a las faltas graves que dan lugar al despido por
justa causa[56].
Concretamente, señaló que “la terminación del contrato de trabajo es un acto
potestativo del empleador, razón por la cual no existe para nosotros la
obligación de tener que realizar un procedimiento o trámite previo para adoptar
dicha decisión, así como tampoco nos encontramos en la obligación legal de
citar al accionante a rendir descargos, ni verbal ni por escrito”[57].
3.2.3.
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura
33.
El 30 de mayo de 2017, el Juzgado remitió “en original e
integridad el proceso de la referencia, con el fin de que se lleve a cabo la
diligencia respectiva”[58].
3.2.4.
Unión Nacional de Empleados Bancarios (en adelante, UNEB)
34.
El 30 de mayo de 2017, la Presidenta de la Junta Directiva y
representante legal del Sindicato señaló, en primer lugar, que el señor Roberto
Carlos Campaz Taborda no aparece en los libros de afiliados como asociado a la
organización sindical. En segundo lugar, indicó que, al consultar la base de
datos de la Rama Judicial, confirmó que la UNEB no se hizo parte en condición
de sindicato del cual procede el fuero y, por lo tanto, “no está al
corriente de las razones con las cuales podamos asistir al accionante para la
protección de sus derechos”[59].
4.
Decisiones objeto de revisión
4.1.
Primera instancia
35.
El 31 de mayo de 2017, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia profirió sentencia de primera instancia[60],
mediante la cual negó el amparo solicitado por el accionante. En esta decisión
se concluyó que la autoridad judicial demandada obró de conformidad con el
ordenamiento jurídico y no incurrió en “yerros o desviaciones protuberantes”[61]
que ameriten la intervención del juez de tutela. Señaló, en su decisión, que “la
providencia que se acusa como transgresora de prerrogativas constitucionales
debe estar revestida de innegables connotaciones de sesgo o capricho que la
alejan del ordenamiento jurídico vigente y que, en forma incontrastable,
contribuyen a la lesión de las garantías superiores cuyo amparo se pretende”[62],
lo cual no ocurrió en el caso concreto. En efecto, la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga: (i) analizó los
antecedentes fácticos y procesales, (ii) utilizó como marco jurídico los
artículos 410 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante, CST), y
(iii) se basó en los elementos de prueba obrantes en el proceso, estos son, la
confesión del trabajador, el reglamento interno de Bancolombia y el informe de
seguridad de Bancolombia.
36.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
concluyó que la exposición de argumentos de la sentencia impugnada “no fue
caprichosa, arbitraria o carente de fundamento, sino que, por el contrario, fue
respaldada en reflexiones coherentes y compatibles con las normas sustantivas
que regulan la figura del fuero sindical, así como sustentada en la valoración
que realizó la corporación, de los elementos de convicción que oportunamente
fueron decretados y practicados en el interior del proceso, sin oposición
alguna de las partes contendientes”[63].
4.2.
La impugnación
37.
El 5 de julio de 2017, el apoderado del accionante impugnó la
sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia[64].
Manifestó que dicha Sala “eludió el ataque principal”[65],
pues no se pronunció sobre el defecto sustantivo, “cual es que el despido
con justa causa solo puede producirse después de darle oportunidad al
trabajador a ejercer su derecho constitucional de defensa”[66]. En su
opinión, la Sala erró “al considerar que la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga hizo un estudio detallado del
caso, aplicó la normativa pertinente y le dio el valor probatorio correcto y
correspondiente a cada uno de los elementos probatorios”[67].
Reiteró que el despido tiene carácter punitivo, y por lo tanto, ha debido
correrse traslado de los cargos al trabajador, antes del inicio del proceso de
levantamiento de fuero y autorización de despido, con el fin de garantizar su
derecho a la defensa[68].
4.3.
Segunda instancia
38.
El 24 de agosto de 2017, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia con base en
dos argumentos[69].
Primero, señaló que la tutela contra providencias judiciales es
improcedente, cuando “las consideraciones personales o subjetivas del
accionante se anteponen a las argumentaciones del funcionario que las profiere,
toda vez que esa circunstancia por sí misma no es razón suficiente para
predicar la existencia de una arbitrariedad”[70].
39.
Segundo, afirmó que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga decidió con base en los elementos de
juicio obrantes en el respectivo proceso y en aplicación de la normatividad
vigente, por lo que:
“[N]o aflora razón o argumento que pueda poner en entredicho
la decisión adoptada y en precedencia comentada, pues, se insiste, la misma
estuvo debidamente motivada y fundamentada en el caudal probatorio que se
allegó en su momento al expediente y de los preceptos aplicables al caso, y no
producto de una determinación caprichosa o arbitraria, de ahí que bien puede
señalarse que los argumentos plasmados en la demanda de tutela lo único que
reflejan es una inconformidad con la decisión adoptada y no la demostración de
que se hubiesen trasgredido derechos fundamentales que amerite la intervención
del juez constitucional”[71].
40.
En este sentido, concluyó que “la decisión que ahora es
objeto de cuestionamiento no se ofrece contraria a la realidad procesal […]. En
ese orden de ideas, al haberse definido la controversia al interior del
correspondiente trámite, no está al arbitrio del demandante acudir a la acción
constitucional para exponer su tesis y obtener un resultado favorable”.
5.
Actuaciones en sede de revisión
41.
La Sala de Selección Número Diez[72] de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
especial las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política, 33 del Decreto 2591 de 1991, así como 51, 52, 53 y 55 del Acuerdo 02
de 2015[73],
profirió el auto de 13 de octubre de 2017, mediante el cual seleccionó para
efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
42.
El 30 de enero de 2018, dentro del período de pruebas
ordenado por Magistrado, la Secretaría General de la Corte Constitucional
recibió la comunicación de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios,
seccional Buenaventura[74].
En primer lugar, manifestó que los artículos 115 del CST y 26 de la Convención
Colectiva exigen que el empleador agote un procedimiento disciplinario “antes
de aplicarse una sanción disciplinaria”. Además, agregó que, en virtud de
estas normas “no producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se
imponga pretermitiendo este trámite”.
43.
En segundo lugar, adujo que el señor Roberto Carlos Campaz
Taborda no “ha afectado los intereses, la buena imagen y mucho menos el
patrimonio de la entidad financiera”. Señaló que el comportamiento del
trabajador ha sido “absolutamente leal y eficaz”. En este sentido,
afirmó que “la atención para pagarle las mesadas pensionales a los jubilados
de avanzada edad […] presenta inconvenientes por las condiciones físicas
y de salud de ellos para permanecer físicamente haciendo colas durante un buen
lapso o estar parado durante varios minutos, lo que obliga al pagador a ser
flexible y tener en cuenta esas circunstancias para no exigirles (sic)
molestias o dolores innecesarios”.
44.
Finalmente, concluyó que el comportamiento de Bancolombia
vulnera la libertad sindical de sus trabajadores, habida cuenta de que “pretende
[…] crear terrorismo psicológico, con la finalidad de que el resto de
los trabajadores llegasen a pensar que si despidieron a un directivo sindical;
más fácil despiden a un afiliado”.
45.
El 19 de enero de 2018, Bancolombia descorrió el traslado de
la prueba allegada al proceso[75].
En su escrito, el Representante Legal manifestó que los derechos al debido
proceso y a la defensa del trabajador fueron garantizados plenamente, por dos
razones. Primero, Bancolombia le dio la oportunidad al trabajador de presentar
sus explicaciones. En efecto, indicó que el “21 de junio de 2016, previo a tomarse
la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa,
se le brindó al trabajador la oportunidad para que presentara sus
explicaciones frente a las faltas graves advertidas”. Sin embargo, en esta
oportunidad el trabajador “manifestó que tendría que verificar cuál era el
cliente o usuario que realizó las transacciones, pues según lo que él informó,
aceptó haber pagado varios retiros a un usuario con diferentes tarjetas débito
[…], haber hecho el pago de su tarjeta de crédito en su estación de trabajo,
como también haber realizado transferencias de dinero a un familiar suyo desde
su caja”. En consecuencia, concluyó que al trabajador se le proporcionó un
espacio idóneo y adecuado para que se pronunciara “sobre los hechos que generaron
su desvinculación, sin que las mismas lo hubieran excusado de su indebido
proceder”.
46.
Segundo, señaló que el trabajador “también contó con la
posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y debido proceso dentro del
proceso especial de [levantamiento] fuero sindical”. En el cual, el
accionante “contó con todo un debate probatorio (interrogatorios,
testimonios documentales, etc.) para demostrar que no había cometido las
faltas graves que generaron su desvinculación”.
47.
Asimismo, se pronunció acerca de la naturaleza del despido.
En este sentido, advirtió que este “no es una sanción disciplinaria sino una
forma de terminar el contrato de trabajo”. En esta medida, a su juicio, no
existe obligación, legal o convencional, que exija el inicio de un
procedimiento disciplinario previo a la terminación del “contrato de trabajo
con justa causa, sin embargo, como ya se explicó, el trabajador si tuvo la
oportunidad de justificar sus actos indebidos antes de adoptarse la decisión
del banco de retirarlo con justa causa”.
48.
Sobre este punto, agregó que la conducta del trabajador
desconoció normas internas de Bancolombia, los cual está previsto como
“[faltas] graves en la Ley, en el Reglamento Interno de Trabajo, en los
códigos y políticas internas que son de su absoluto conocimiento, y en
consecuencia dieron lugar a la terminación unilateral del contrato con justa
causa”.
49.
Finalmente, señaló que Bancolombia “nunca ha coartado el
derecho a la libertad sindical de ninguno de sus colaboradores”, por lo que
la afirmación realizada por la ACEB “no pasa de ser una especulación
contraria a la realidad”.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
50.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 86 y
en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problemas jurídicos
51.
Esta Sala de Revisión debe resolver el siguiente problema
jurídico: ¿la acción de tutela presentada por el señor Roberto Carlos
Campaz Taborda en contra de la sentencia proferida el 31 de enero de 2017 por
la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales?
52.
En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea
afirmativa, esta Sala pasará a resolver el siguiente problema jurídico: ¿En el
presente caso se configura, al menos, uno de los requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
particular, los defectos sustantivo y fáctico, alegados por el accionante?
3.
Metodología de la decisión
53.
Para resolver los anteriores interrogantes, esta Sala de
Revisión reiterará, en primer lugar, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre los requisitos generales y específicos de procedencia de
la acción de tutela en contra de providencias judiciales. A su turno, expondrá
la jurisprudencia constitucional sobre la garantía de fuero sindical, en
particular, sobre la acción de levantamiento de fuero y autorización de
despido. Finalmente, analizará el asunto sometido a revisión, para lo cual
determinará si se cumplen: (i) los requisitos de legitimación en la causa por
activa y por pasiva, (ii) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales y (iii) al menos uno de los
requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, que dé lugar a la intervención del juez constitucional
para garantizar los derechos fundamentales cuya protección solicita el
accionante, en particular aquellos alegados por este.
54.
Esta Sala seguirá dicha metodología y, por lo tanto, se
concentrará en el análisis de la presunta vulneración del derecho al debido
proceso del accionante. Esto por dos razones. Primera, la presunta vulneración
de sus derechos deviene de la actuación judicial señalada, por lo cual resulta
necesario aplicar la metodología descrita en el párrafo anterior y analizar si
se vulneró su derecho al debido proceso en dicho trámite judicial ordinario. Segunda,
la presunta vulneración de los otros derechos señalados por el accionante se
estima, incluso por él mismo, como consecuencia de la vulneración al debido
proceso. Por lo tanto, si se configura la alegada vulneración a su derecho al
debido proceso, habría lugar a analizar las supuestas vulneraciones a los otros
derechos que señala.
4.
Procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
4.1.
Requisitos generales de procedencia
55.
Los artículos 86 de la Constitución y 5 del Decreto 2591 de
1991 disponen que toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar
ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
56.
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la
acción de tutela en contra de las actuaciones de los jueces, en su calidad de
autoridades públicas, cuando incurran en graves falencias que las hagan
incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las
partes[76].
En todo caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se
desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial,
seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”[77].
57.
Para tal efecto, la jurisprudencia constitucional[78]
introdujo los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su
totalidad: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional,
esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de
las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir,
que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del
afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se
cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia que se impugna[79];
(v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y los derechos vulnerados, y (vi) que no se trate de sentencias de
tutela.
4.2. Requisitos específicos de procedencia
58.
Además de los requisitos generales, la jurisprudencia
constitucional ha identificado y definido múltiples requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionados
con graves defectos que las hacen incompatibles con los preceptos
constitucionales[80].
De estos, al menos uno debe cumplirse para que la acción de tutela sea
procedente. Así mismo, debe tenerse en cuenta que una misma irregularidad puede
dar lugar a la configuración de varios de estos defectos.
59.
Defecto orgánico: el
juez que profirió la sentencia impugnada carece en forma absoluta de
competencia. Ha dicho la Corte Constitucional que, entre otros supuestos, este
defecto se produce cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que
no les corresponde, así como cuando adelantan alguna actuación o emiten un
pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se
surtan determinadas actuaciones[81].
60.
Defecto material o sustantivo:
la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el defecto sustantivo se
presenta cuando: (i) la providencia judicial se basa en una norma inaplicable
al caso concreto, ya sea porque no se ajusta a este, no está vigente por haber
sido derogada o fue declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución les reconoce a las autoridades judiciales,
la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance;
(iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones
aplicables al caso, que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática, (iv) la norma pertinente es inobservada e inaplicada[82]
o (v) no se hace uso de la excepción de inconstitucionalidad y, por el
contrario, se emplea una interpretación normativa sin tener en cuenta que
resulta contraria a los derechos y principios constitucionales[83]. En estos
eventos, el juez de tutela debe intervenir excepcionalmente, para garantizar la
vigencia de los preceptos constitucionales, a pesar de la autonomía que, en
principio, tienen los jueces para definir las normas en las que se fundamenta
la solución del caso puesto a su consideración[84].
61.
Defecto fáctico: se
configura cuando la providencia judicial es el resultado de un proceso en
el que (i) dejaron de practicarse pruebas determinantes para dirimir el
conflicto, o que (ii) habiendo sido decretadas y practicadas, no fueron
apreciadas por el juez bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, o
que (iii) carecen de aptitud o de legalidad, bien sea por su inconducencia,
impertinencia o porque fueron recaudadas de forma inapropiada[85].
62.
Defecto procedimental:
el juez, al dictar su decisión o durante los actos o diligencias previas,
desatiende o deja de aplicar las reglas procesales pertinentes. La Sentencia
T-781 de 2011 explicó que se han reconocido dos modalidades de defecto
procedimental: (i) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente
ajeno al asunto sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales
del procedimiento, pasa por alto el debate probatorio o dilata
injustificadamente tanto la adopción de decisiones como su cumplimiento[86],
y (ii) por exceso ritual manifiesto, esto es, cuando arguye razones formales a
manera de impedimento, que implican una denegación de justicia.
63.
Esta segunda modalidad, de acuerdo con la Sentencia SU-215 de
2016, se puede dar cuando el juez (i) aplica disposiciones procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii)
exige el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, que en
determinadas circunstancias pueden constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; (iii) incurre en
un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas, o (iv) se omite el
decreto oficioso de pruebas cuando haya lugar a ello.
64.
Decisión sin motivación:
el juez no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
o lo hace apenas de manera aparente, a pesar de que, precisamente, en tal
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las
providencias que le compete proferir. Al respecto, ha dicho esta Corte que solo
cuando “la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente
insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en
la decisión judicial para revocar el fallo infundado”[87].
65.
Desconocimiento del precedente: el juez desconoce el precedente jurisprudencial sobre
determinado asunto, sin exponer una razón suficiente para apartarse. En estos
casos, es necesario: (i) determinar la existencia de un precedente o grupo de
precedentes aplicables al caso y distinguir las reglas decisionales contenidas
en ellos; (ii) comprobar que la providencia judicial debió tomar en cuenta
tales precedentes, pues, de no hacerlo, desconocería el principio de igualdad,
y (iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del
precedente, bien por encontrar diferencias fácticas entre este y el caso
analizado, bien porque la decisión debía ser adoptada de otra manera para lograr
una interpretación más armónica con los principios constitucionales y más
favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales[88].
66.
Error inducido: la
providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización
participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia,
cuyo manejo irregular induce a error al funcionario judicial, con grave
perjuicio para los derechos fundamentales de alguna de las partes o de
terceros. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son requisitos de
esta causal los siguientes: (i) la providencia que contiene el error está
en firme; (ii) la decisión se adopta respetando el debido proceso, por lo
que no hay una actuación dolosa o culposa del juez; (iii) no obstante, la
decisión resulta equivocada, pues se fundamenta en la apreciación de
hechos o situaciones jurídicas en las cuales hay error; (iv) ese error es
atribuible al actuar de un tercero (órgano estatal u otra persona natural o
jurídica), y (v) la providencia judicial produce un perjuicio ius
fundamental[89].
67.
Violación directa de la Constitución: el juez adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Constitución, ya sea porque (i) deja de aplicar
una disposición ius fundamental a un caso concreto o (ii) aplica la ley
al margen de los preceptos Superiores.
5. La libertad de asociación y el fuero sindical. Desarrollo
normativo y jurisprudencial
68.
La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de
asociación tiene las siguientes características: (i) carácter voluntario, en la
medida en que es la persona quien decide “asociarse o vincularse […] dentro
de una organización colectiva, […] pudiendo libremente tanto afiliarse
como retirarse de la misma[90]”;
(ii) carácter relacional, lo que implica que, a pesar de que se trata de un
derecho individual, “su ejercicio depende de que existan otras personas que
estén dispuestas a ejercer el mismo derecho para que […], se forme una
persona colectiva de carácter jurídico”[91]; y, (iii) carácter
instrumental, toda vez que existe un vínculo jurídico necesario para
alcanzar los fines propuestos por la organización”[92].
69.
Para la Corte Constitucional, el derecho de asociación tiene
tres dimensiones: (i) individual, “que se traduce en la posibilidad de
ingresar, permanecer y retirarse de un sindicato”[93];
(ii) colectiva, “en el sentido de que de los trabajadores organizados en un
sindicato deciden, de conformidad con el orden legal y los principios
democráticos, la estructura interna y el funcionamiento del mismo, es decir,
una facultad para autogobernarse”[94];
y (iii) instrumental, “la cual señala que el derecho de asociación es el
mecanismo que permite a los trabajadores conseguir algunos fines, en especial
aquellos relacionados con la mejora de sus condiciones laborales”[95].
70.
El fuero sindical es un mecanismo de protección
constitucional de los derechos de asociación y de libertad sindical[96].
En efecto, el artículo 39 de la Constitución, al referirse al derecho de los
trabajadores y empleadores a constituir asociaciones o sindicatos, sin
intervención del Estado, señaló que “se reconoce a los representantes
sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su
gestión”[97].
En este sentido, el artículo 405 del CST, lo definió como “la garantía de
que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma
empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por
el juez del trabajo”[98].
71.
El fuero sindical, de contera, también busca proteger de
manera especial a los sindicatos, para que puedan cumplir libremente su función
de defender los intereses de sus afiliados[99].
Con dicho fuero, se garantiza “que no sea ilusorio el derecho de asociación
que el artículo 39 superior garantiza; por lo que esta garantía mira a los
trabajadores y especialmente a los directivos sindicales, para que estos puedan
ejercer libremente sus funciones, sin estar sujetos a las represalias de los
empleadores. En consecuencia, la garantía foral busca impedir que, mediante el
despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, se
perturbe indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos”[100].
72.
En concreto, la protección que se deriva del fuero sindical,
prevista por el artículo 405 del CST, consiste en que, para despedir, trasladar
o desmejorar las condiciones laborales del trabajador, debe existir una justa
causa previamente calificada como tal por el juez laboral. Esto significa que,
siempre que se trate de un trabajador aforado, el empleador tiene el deber de
acudir ante el juez laboral para que sea este quien califique la justa causa y
autorice el despido, traslado o desmejora. En este orden de ideas, el fuero
sindical se traduce en una protección reforzada, en virtud de la cual, los
derechos al debido proceso, a la defensa y demás derechos relacionados con el
fuero, serán garantizados por un juez laboral, y no, por el empleador.
73.
El ordenamiento jurídico prevé dos acciones propias de la
jurisdicción laboral relacionadas con la protección especial de fuero sindical:
(i) la de levantamiento de fuero y autorización de despido, prevista por el
artículo 113 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en
adelante, CPT); y (ii) la de reintegro, prevista por el artículo 118 del CPT.
La primera es ejercida por el empleador que busca obtener permiso para despedir
a un trabajador amparado por fuero sindical, para desmejorarlo en sus
condiciones de trabajo o para trasladarlo a otro establecimiento de la misma
empresa o a un municipio distinto. Esta acción requiere la demostración de una
justa causa de despido[101].
La segunda es ejercida por “el trabajador amparado por el fuero sindical,
que hubiere sido despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo o
trasladado sin justa causa previamente calificada por el juez laboral”[102].
74.
La Corte ha resaltado la diferencia entre ambas acciones[103],
al señalar que “el objeto de la solicitud judicial previa al despido es la
verificación de la ocurrencia real de la causal alegada y la valoración de su
legalidad o ilegalidad”[104].
En cambio, la acción de reintegro tiene por objeto analizar si el despido o desmejora
de un trabajador aforado cumplió con el requisito de acudir ante el juez
laboral para levantar el fuero y autorizar el despido.
75.
Sobre la acción de levantamiento de fuero sindical y
autorización de despido, el CST señaló que el juez deberá negar el permiso “para
despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical, o para
desmejorarlo, o para trasladarlo, si no comprobare la existencia de una justa
causa”[105].
La Corte Constitucional ha afirmado que “es de la esencia de la protección
foral la previa autorización judicial para despedir, desmejorar o trasladar a
otros establecimientos de la misma empresa, al trabajador aforado”, de modo
que el empleador no puede, en estos casos, actuar motu proprio. Las
justas causas para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical son[106]:
(i) la liquidación o clausura definitiva de las empresa o establecimiento y la
suspensión total o parcial de actividades por parte del empleador durante más
de 120 días, y (ii) las enumeradas en los artículos 62 y 63 del CST[107],
entre estas causales se encuentra “cualquier violación grave de las
obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo
con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta
grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos
arbitrales, contratos individuales o reglamentos”[108].
76.
Las justas causas para terminar unilateralmente el contrato
laboral, previstas por los artículos 62 y 63 del CST, aplican para todos los
trabajadores, independientemente de que gocen de fuero sindical o no. La
jurisprudencia de la Corte ha reconocido que, en cualquier caso, debe
respetarse el debido proceso, “en el ámbito de las relaciones laborales
particulares, tal es el caso de la obligación que se impone al empleador de
indicar los motivos por los cuales termina el contrato de trabajo”[109].
Dicha obligación tiene dos propósitos (i) garantizarle al trabajador la
oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen; e (ii) impedir
que se despida sin justa causa a los trabajadores, y que se alegue un motivo a
posteriori, para evitar indemnizarlos[110].
77.
La garantía del debido proceso en la terminación unilateral
del contrato laboral de cualquier trabajador no implica, necesariamente, que
deba realizarse un proceso disciplinario, sino que debe garantizarse el derecho
a la defensa del trabajador, mediante un procedimiento administrativo. La Corte
ha expresado que “cuando un empleador termina unilateralmente el contrato de
trabajo sustentado en el hecho de que se configuró una causal legal no se puede
afirmar que se vulnera el debido proceso disciplinario del trabajador, porque
en lo que respecta al empleador su obligación se limita a informarle los
motivos y las razones concretas por los cuales decide realizar el despido y dar
al empleado la oportunidad de controvertir las imputaciones que se le hacen”[111].
78.
En el caso de los trabajadores amparados por la garantía de
fuero sindical, además de la garantía mencionada en el párr. 72, el
ordenamiento jurídico previó una protección especial para realizar la
terminación unilateral del contrato laboral, esto es, la existencia de una
justa causa calificada como tal por un juez laboral, previo al despido. La
Corte Constitucional ha entendido que “el respeto al derecho de asociación
sindical incluye la garantía del debido proceso cuando son despedidos
trabajadores cobijados por el fuero sindical”[112]. Esto
implica que la forma de garantizar el debido proceso de los trabajadores con
fuero sindical, en el marco de un despido con justa causa, es que el empleador
acuda a la jurisdicción laboral para interponer una acción de levantamiento de
fuero sindical y autorización de despido. Así lo ha señalado la Corte, al
afirmar que “cualquier decisión de las anteriormente mencionadas [despido,
traslado o desmejora] que adopte el patrono, sin que medie para ello
autorización del juez del trabajo, constituye vulneración de los derechos a la
asociación sindical y al debido proceso”[113].
79.
El debido proceso en el caso de los trabajadores amparados
por fuero sindical está garantizado de manera especial, porque: (i) no solo
implica el deber del empleador de informar al trabajador sobre los motivos por
los cuales se termina el contrato de trabajo; sino (ii) darle al trabajador la
oportunidad para que se pronuncie sobre las imputaciones que se le hacen, (lo
cual no corresponde a un proceso disciplinario en los términos del artículo 115
del CST, ver párr. 77); así como (iii) que el juez competente determine
la existencia de una justa causa, ordene el levantamiento del fuero y autorice
el despido del trabajador. Por lo tanto, para despedir a un trabajador aforado,
el empleador está en la obligación de garantizar las tres condiciones señaladas
y mantenerlo vinculado al trabajador en su cargo, sin desmejora alguna, hasta
que el juez laboral autorice su despido.
6.
Análisis del caso sometido a revisión
6.1.
Legitimación en la causa
80.
En el presente caso, se cumplen los requisitos de
legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva. De un lado, el accionante,
Roberto Carlos Campaz Taborda, fue la parte demandada en el proceso laboral de
levantamiento de fuero y autorización de despido promovido por Bancolombia. Fue
precisamente el juez laboral de segunda instancia quien ordenó el levantamiento
de su fuero sindical y, en consecuencia, autorizó su despido. Por lo tanto,
está legitimado en la causa por activa para presentar la acción de tutela en
contra de esa providencia judicial.
81.
De otro lado, la acción se interpuso en contra de la decisión
de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, proferida el 31 de enero 2017, que, en segunda instancia, ordenó el
levantamiento del fuero del accionante y autorizó su despido. En
este orden de ideas, también se encuentra acreditada la legitimación en la
causa por pasiva, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política[114].
6.2.
Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales
82.
La Sala de Revisión verificará el cumplimiento de cada uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso que
analiza.
a)
Relevancia constitucional
83.
En cuanto al primero de los requisitos, el asunto sometido a
revisión de esta Sala versa sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales del accionante al debido proceso (artículo 29 de la C.P.) y a la
asociación sindical (artículo 39 de la C.P.). La presunta vulneración de estos
derechos tendría origen en la sentencia de 31 de enero de 2017, proferida por
la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, en la que, en opinión del actor, se vulneró su debido proceso, se
autorizó el levantamiento de fuero sindical y su despido.
84.
El fuero sindical es una garantía constitucional fundamental
que deriva del derecho de asociación sindical y que se encuentra estrechamente
relacionada con el debido proceso. En esta medida, de configurarse los
presuntos defectos específicos de procedencia de la acción de tutela en contra
de providencias judiciales, esto implicaría una afectación a los derechos al
debido proceso y, de contera, la libertad de asociación sindical del
accionante. Además, dado que la naturaleza de la decisión judicial cuestionada
involucra el despido del accionante, esta situación podría afectar otros
derechos fundamentales del trabajador, relacionados con sus condiciones mínimas
de subsistencia.
85.
Las
consideraciones anteriores permiten concluir que el caso sometido al estudio de
esta Sala es constitucionalmente relevante, en atención al carácter fundamental
de los derechos que se pretende ampara y a la protección reforzada que la
normativa colombiana prevé para los trabajadores con fuero sindical, como lo es
el accionante.
b)
Requisito de subsidiariedad. Agotamiento de recursos
86.
De acuerdo con el artículo 86 Superior, la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Esta exigencia ha sido definida por la jurisprudencia
constitucional como requisito de subsidiariedad. En todo caso, la propia
jurisprudencia ha precisado que el examen del cumplimiento de este requisito no
se agota con corroborar la existencia de otro medio de defensa, sino que
implica, además, verificar que este sea eficaz para la protección de los
derechos fundamentales, pues, en caso contrario, la tutela resultaría
excepcionalmente procedente.
87.
Esta Corte ha advertido que tratándose de acciones de tutela
en contra de providencias judiciales, es necesario que el accionante haya
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, para
que la acción de tutela sea procedente[115].
Es decir, que este mecanismo solo puede operar cuando todos los mecanismos
anteriores se han agotado, y siempre que la persona haya acudido a ellos de
manera diligente, ya que si han operado adecuadamente, “nada nuevo tendrá
que decir el juez de tutela, pues los jueces ordinarios habrán cumplido a
cabalidad con la tarea de garantizar los derechos fundamentales concernidos”[116].
88.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, a juicio de
esta Sala de Revisión, la acción de tutela que se analiza cumple el requisito
de subsidiariedad. Por una parte, el CPT prevé los recursos de reposición,
apelación, súplica, casación, queja, revisión y anulación[117],
ninguno de los cuales procede en contra de las sentencias de segunda instancia
en los procesos de levantamiento de fuero y autorización de despido, como lo es
la decisión judicial sub judice. Por otra parte, el accionante tampoco
contaba con recursos extraordinarios, ya que el recurso de casación está
previsto solo para procesos cuya cuantía exceda de 120 salarios mínimos, y el
recurso de revisión únicamente procede para los casos en los que la sentencia
se basó en documentos o declaraciones falsas, en el actuar delictivo del juez,
o en el actuar desleal del apoderado de la parte afectada con la decisión.
89.
En tales términos, toda vez que en contra de la sentencia de
la Sala de Decisión Laboral Tribunal Superior de Buga no procedía ninguno de
los recursos ordinarios ni extraordinarios previstos en la legislación laboral
aplicable, esta Sala de Revisión considera satisfecho el requisito de
subsidiariedad.
c)     Requisito de inmediatez
90.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de
tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del
hecho que generó la vulneración, en este caso, la adopción de la providencia
judicial que se estima violatoria de derechos fundamentales.
91.
La Corte Constitucional ha señalado que la razón de ser de
este requisito es evitar la transgresión de principios como la cosa juzgada o
la seguridad jurídica, ya que permitir que la acción de tutela se interponga
meses o incluso años después de la fecha en la que se toma la decisión
desdibujaría la finalidad de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por
el legislador[118].
Además, se desnaturalizaría la propia acción de tutela, que fue concebida como “un
remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de
los derechos invocados”[119].
92.
La Corte Constitucional no ha fijado un lapso que pueda
considerarse razonable y proporcionado para interponer la acción de tutela en
contra de providencias judiciales. De hecho, ha señalado que, en algunos casos,
seis meses podrían considerarse suficientes para declararla improcedente; sin
embargo, en otros, un término de dos años podría considerarse razonable. De
manera que ese lapso no es rígido, sino que debe analizarse con base en las
circunstancias de cada caso y, de ser necesario, flexibilizarse[120].
93.
Con el fin de orientar la labor del juez de tutela, la
jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios que ayudan a
determinar, en cada caso, el cumplimiento del requisito de inmediatez: (i) la
situación personal del peticionario, que puede hacer desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) el momento
en el que se produce la vulneración, ya que pueden existir casos de violación
permanente de derechos fundamentales; (iii) la naturaleza de la vulneración,
pues la demora en la presentación de la tutela puede estar relacionada,
precisamente, con la situación que, según el accionante, vulnera sus derechos
fundamentales; (iv) la actuación en contra de la que se dirige la tutela, ya
que si se trata de una providencia judicial, el análisis debe ser más estricto,
y (v) los efectos de la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la
expectativa legítima de que se proteja su seguridad jurídica[121].
94.
En el asunto que se examina, la decisión judicial controvertida
fue proferida el 31 de enero de 2017. El 15 de mayo de 2017, el accionante
interpuso, por medio de un apoderado, la acción de tutela en contra de esta
sentencia, es decir, un poco más de tres meses después de la ocurrencia del
presunto hecho vulnerador de sus derechos fundamentales. En estos términos, dicho
lapso satisface el criterio relativo al plazo razonable y proporcionado para la
interposición de la acción de tutela, por lo cual cumple con el requisito de
inmediatez.
d)    Efecto decisivo de la irregularidad
95.
Esta Corte también ha advertido que cuando se trata de
irregularidades procesales, estas deben tener un efecto decisivo o determinante
en la providencia judicial que se cuestiona, para que sea procedente la acción
de tutela. Lo anterior quiere decir que esas irregularidades deben ser de tal magnitud
que afecten derechos fundamentales de los accionantes, cuestión que debe entrar
a corregir el juez constitucional[122].
96.
En el asunto que se analiza, el accionante cuestionó la
sentencia proferida en segunda instancia por la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Al decidir sobre la acción de
levantamiento de fuero sindical y autorización de despido, el Tribunal concluyó
que no era necesario adelantar un proceso disciplinario previo para terminar el
contrato de trabajo, ya que el reglamento interno de Bancolombia no prevé el
despido como sanción disciplinaria. Además, le dio valor probatorio a la
confesión del demandado, así como a las fotografías contenidas en el informe de
seguridad de Bancolombia, en las que se evidenció que el trabajador incurrió en
conductas graves que constituían justas causas para la terminación de la
relación laboral, y por lo tanto, daban lugar al levantamiento del fuero
sindical y a la autorización de despido.
97.
A juicio del accionante, esta sentencia incurrió en dos
defectos: (i) material o sustantivo, ya que para garantizar el debido proceso
del trabajador ha debido realizarse un proceso disciplinario previo al inicio
de la acción de levantamiento de fuero y autorización de despido, habida cuenta
de la naturaleza sancionatoria de esta decisión; y (ii) fáctico, por cuanto el ad-quem
valoró de manera arbitraria unas fotografías que no eran nítidas, y no
argumentó, de manera suficiente, por qué se apartó de la valoración probatoria
del a-quo, con fundamento exclusivamente en la confesión del actor.
98.
De lo expuesto, es claro que, de acreditarse, las
irregularidades alegadas por el accionante, tienen efectos decisivos en la
providencia cuestionada. Justamente a partir de las consideraciones, jurídicas
y fácticas, cuestionadas por el accionante, el ad-quem revocó la
sentencia de primera instancia y procedió a levantar el fuero sindical, así
como a autorizar el despido del señor Roberto Carlos Campaz Taborda. En tales
términos, las presuntas irregularidades se habrían presentado precisamente en
la decisión impugnada y habrían influenciado el sentido de la decisión adoptada,
así como la pretendida vulneración de los derechos fundamentales alegada por el
actor.
99.
Por lo tanto, para esta Corte es claro que, de resultar
probadas, las supuestas irregularidades identificadas por el actor surtieron
efectos determinantes en la decisión que se cuestiona mediante la presente
acción. Por lo tanto, también se satisface este requisito genérico de
procedibilidad también.
e)     Identificación razonable de los hechos
100.
Para que proceda la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, también es necesario que la parte actora identifique razonablemente
tanto los hechos como los derechos presuntamente vulnerados con la decisión que
se cuestiona. Además, esta carga también ha debido satisfacerse en el proceso
ordinario, siempre y cuando el actor hubiere tenido oportunidad de hacerlo[123].
101.
En la demanda de tutela sub examine, el accionante
hace un relato claro, detallado y comprensible de los hechos que dieron origen
a la sentencia que cuestiona. Además, la acción de tutela identifica los
derechos fundamentales que se estiman vulnerados con dicha providencia
judicial, esto es, al “trabajo, la libertad sindical en aplicación de los
derechos de asociación y negociación colectiva, familia, debido proceso,
derecho de defensa, acceso efectivo a la administración de justicia, de
seguridad social, especialmente en salud”[124].
102.
También está acreditado que, en el curso del proceso laboral,
el accionante alegó, de manera explícita, la presunta vulneración de los derechos
al debido proceso y de asociación sindical, por considerar que ha debido
realizarse un proceso disciplinario previo al inicio del proceso de
levantamiento de fuero y autorización de despido, habida cuenta de la
naturaleza sancionatoria de la decisión. Por lo tanto, en el presente asunto,
también se cumple con este requisito genérico de procedibilidad.
103.
Con respecto a la vulneración de sus derechos fundamentales
como consecuencia de la presunta indebida valoración probatoria del juez de
segunda instancia, el accionante señaló que no tenía la posibilidad de alegar
esto en el trámite del proceso ordinario, pues en contra de la sentencia de
segunda instancia de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga no procedían recursos.
104.
Tal como se señaló en los párr. 86 a 89, la Sala
constata que en contra de dicha providencia no procedía recurso alguno y que
esta supuesta irregularidad se habría presentado en la sentencia misma. Por lo
tanto, en el caso sub examine, no le resulta exigible al actor que
hubiera identificado esta última irregularidad en el trámite del proceso
ordinario.
f)       No se trata de una sentencia de tutela
105.
Finalmente, es necesario que la providencia judicial
cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida[125].
106.
En la sentencia SU-1219 de 2001, la Corte precisó que la
acción de tutela no procede en contra de un fallo de tutela, porque: (i)
implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de
tutelas no seleccionadas; (ii) supondría crear una cadena interminable de
demandas, que afectaría la seguridad jurídica; (iii) se afectaría el mecanismo
de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional,
y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente
postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir
en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso”, evento en el
cual “seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de
intentos hasta volver a vencer”[126].
107.
En el asunto que se examina, es evidente que la acción de
tutela no se dirige contra una sentencia de tutela, sino en contra de una
sentencia de segunda instancia proferida en un proceso laboral de levantamiento
de fuero y autorización de despido.
108.
De esta manera, la Sala encuentra que en el presente asunto
se cumplen todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales. Por lo tanto, estudiará el cumplimiento
de los requisitos específicos.
6.3. Cumplimiento de los requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales
109.
El accionante sostuvo que la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga incurrió en dos defectos: (i)
defecto material o sustantivo y (ii) defecto fáctico. Sobre el primero, señaló
que el empleador ha debido adelantar un proceso disciplinario, antes de iniciar
el proceso de levantamiento de fuero y autorización de despido. Esto, en
atención a que, a su juicio, el despido es una sanción disciplinaria, y a que
en el artículo 26 de la Convención Colectiva del 4 de noviembre de 2014,
celebrada con Bancolombia, se previó el procedimiento disciplinario aplicable.
110.
Sobre el segundo defecto, el accionante indicó que la
decisión de segunda instancia incurrió en un defecto fáctico en su “dimensión
negativa”[127].
Por una parte, a su juicio, de manera arbitraria, le dio validez a unas
fotografías que no eran nítidas, las cuales serían la única prueba de la
presunta falta grave consistente en autorizar el retiro con tarjetas débito sin
la presencia del titular. Por otra parte, el accionante señaló que, al desestimar
la argumentación del a-quo sobre la presunta falta grave de realizar
transacciones personales desde su puesto de trabajo, la Sala de Decisión
Laboral se limitó a darle valor a la confesión de dicha falta, sin explicar por
qué se apartó de las consideraciones del juez de primera instancia.
111.
En el fallo de tutela que se revisa, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia analizó la sentencia de la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Concluyó
que, lejos de ser arbitraria, “fue respaldada en reflexiones coherentes y
compatibles con las normas sustantivas que regulan la figura del fuero
sindical”[128],
así como en la valoración de los elementos probatorios allegados al proceso
“sin oposición alguna de las partes contendientes”[129].
Por esta razón, negó el amparo de tutela.
112.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
confirmó la decisión de primera instancia. Esta Sala señaló que la sentencia
proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga se basó en las pruebas del expediente y en la normativa
aplicable[130],
por lo que no encontró ningún argumento que pudiera poner en entredicho la decisión
cuestionada. Además, agregó que “los argumentos plasmados en la demanda de
tutela lo único que reflejan es una inconformidad con la decisión adoptada y no
la demostración de que se hubiesen trasgredido derechos fundamentales que
amerite la intervención del juez constitucional”[131].
113.
A partir de las deficiencias que el actor le endilga a la
sentencia de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga, así como del análisis realizado por la Sala de Casación
Laboral y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala
de Revisión determinará si, en el presente asunto, se configuran los
mencionados defectos.
6.3.1 La sentencia demandada no adolece del defecto
sustantivo
114.
A juicio de la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, la sentencia sub examine, proferida el 31 de enero de
2017 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga, no adolece de defecto sustantivo alguno. En efecto, la Sala
encuentra que la terminación de la relación laboral no es una sanción, que
obligue al empleador a iniciar un proceso disciplinario previo al proceso de
levantamiento de fuero y autorización de despido ante el juez ordinario
laboral.
115.
La jurisprudencia constitucional y ordinaria han reconocido, de
manera uniforme, que el despido no es una sanción disciplinaria. Para la Corte
Constitucional, “el objetivo de una sanción es disciplinar y corregir, lo
que no se logra cuando se opta por despedir, en consecuencia, si bien el
despido podría ser tomado como la última opción, no es de tipo disciplinario”[132].
En este sentido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
señalado que “la terminación unilateral del contrato con justa causa por
parte del empleador, no puede considerarse una sanción disciplinaria, sino como
el ejercicio de una facultad que la ley le confiere a este” [133].
116.
En este orden de ideas, dado que el despido no es una sanción
disciplinaria que persiga corregir al trabajador en la correcta ejecución del
contrato laboral, no puede concluirse que este requiera del proceso
disciplinario previsto para la imposición de dichos correctivos, en los
términos del artículo 115 del CST[134]
y 26 de la Convención Colectiva. En el caso de los trabajadores aforados, como
el accionante, la naturaleza del despido como una forma de terminación
unilateral del contrato no varía ni se torna en disciplinaria. Sin embargo, en
virtud de su fuero, estas personas son titulares de una protección laboral reforzada,
la cual se concreta en que, para que proceda a su despido, el empleador, de
manera obligatoria, debe agotar el proceso de levantamiento de fuero y
autorización de despido ante el juez laboral.
117.
Cualquier decisión que implique el despido, la desmejora de
las condiciones laborales o el traslado del trabajador aforado, requiere de la
intervención del juez laboral, quien deberá calificar la existencia de una
justa causa para autorizar el levantamiento del fuero y, en consecuencia, el
despido. Esto significa que, en relación con los trabajadores amparados por
fuero sindical, quien califica la conducta del trabajador como justa causa para
la terminación del contrato laboral es el juez laboral, que no el empleador. En
esta medida, dicha protección laboral reforzada se traduce en una mayor
garantía al debido proceso, al derecho de defensa y de contracción del
trabajador aforado.
118.
En el caso concreto, contrario a lo afirmado por el
accionante, para esta Sala es claro que Bancolombia no estaba obligada a
adelantar un proceso disciplinario en contra del accionante para,
posteriormente, solicitar el levantamiento de su fuero y la autorización de su
despido. En todo caso, esta Sala advierte que el despido del accionante se
ajustó a las exigencias fijadas por la jurisprudencia constitucional para estos
casos (ver párr. 79), es decir, estuvo precedido de (i) la información
al trabajador acerca de los motivos por los cuales se terminaría su contrato de
trabajo; (ii) la garantía de la oportunidad para que el trabajador se pronunciara
sobre las imputaciones en su contra; y (iii) la sentencia del juez laboral
mediante la cual se levantó su fuero sindical y se autorizó su despido.
119.
Primero, en el expediente está acreditado que, el 21 de junio
de 2016, el gerente de la sucursal de Buenaventura de Bancolombia le informó al
señor Roberto Carlos Campaz Taborda que las conductas por las cuales daría por
terminada su relación laboral se encuentran prohibidas por los artículos 55,
secciones d)[135],
e)[136]
e i)[137];
60, numerales 1[138],
5[139]
y 11[140],
y 67, secciones c)[141]
y d)[142]
del Reglamento Interno de Trabajo de Bancolombia. Dicha comunicación explica de
manera detallada los hechos que configuraron dichas faltas, así como que la
decisión de su desvinculación “queda condicionada en su efectividad a la
autorización que debe conceder el Juez de Trabajo”[143].
Con lo cual, para la Sala resulta claro que el empleador sí informó al
trabajador acerca de los específicos motivos que darían lugar a la terminación
de su contrato de trabajo y al inicio del proceso de levantamiento de fuero y
autorización de despido.
120.
Segundo, tras informársele sobre sus presuntas faltas, el
trabajador (accionante en el presente asunto) tuvo la oportunidad de
pronunciarse al respecto y manifestó que “acept[ó] haber pagado
varios retiros a usuarios con diferentes tarjetas débito, a pesar de saber que
esto va en contra del procedimiento. Así mismo, aceptó haber hecho el pago de
su tarjeta de crédito en su estación de trabajo, como también haber realizado
transferencias de dinero a un familiar suyo desde su estación de trabajo […]”[144].
Es más, tal como se señaló en los párr. 45 y ss, el 21 de junio de 2016,
“previo a tomarse la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo
con justa causa, se le brindó al trabajador la oportunidad para que
presentara sus explicaciones frente a las faltas graves advertidas”. En
dicha oportunidad, el trabajador “manifestó que tendría que verificar cuál
era el cliente o usuario que realizó las transacciones, pues según lo que él
informó, aceptó haber pagado varios retiros a un usuario con diferentes
tarjetas débito […], haber hecho el pago de su tarjeta de crédito en su
estación de trabajo, como también haber realizado transferencias de dinero a un
familiar suyo desde su caja”. En tales términos, según las pruebas obrantes
en el expediente ordinario y de tutela, esta Sala advierte que el accionante sí
contó con la oportunidad para pronunciarse y controvertir las presuntas faltas
que el empleador le endilgaba.
121.
Finalmente, Bancolombia inició el proceso de levantamiento de
fuero y autorización de despido en contra del señor Roberto Carlos Campaz
Taborda ante el Juzgado Segundo Laboral de Buenaventura. Tal acción finalizó
con la sentencia sub examine, mediante la cual la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga otorgó el permiso
para levantar el fuero del trabajador y autorizó su despido. De modo que el
despido del accionante se realizó conforme a la normativa vigente y a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo que no surge duda alguna de
que se hubiere vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del
trabajador.
122.
En tales términos, para esta Sala es claro que no se acreditó
defecto sustantivo alguno en la providencia impugnada que dé lugar al amparo
solicitado.
6.3.2. La sentencia demandada no adolece del defecto
fáctico
123.
En opinión de esta Sala, la sentencia cuestionada tampoco se
encuentra viciada por el supuesto defecto fáctico señalado por el accionante, párr.110.
Por el contrario, esta Sala advierte que, para proferir la sentencia sub
examine, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga realizó una valoración razonable del material probatorio
disponible en el expediente, de conformidad con las reglas de la lógica y la
sana crítica.
124.
Primero, lejos de lo sostenido por el actor, el Informe Final
de Resultados 1668, adjuntado a la demanda y en otras oportunidades procesales
posteriores, acredita que el accionante sí “efectúo transacciones de manera
irregular [con lo cual] incumplió el proceso de realizar retiros o traslados
por pin pad”, tal como lo concluyó el Tribunal. Además, está demostrado que
el accionante ejerció su derecho de defensa y contradicción sobre esta prueba,
dentro del proceso de levantamiento de fuero y autorización de despido.
125.
Concretamente, el informe indica que el 25 de abril de 2016,
desde el puesto de trabajo del accionante, se realizaron seis retiros entre las
10:31 a.m. y las 10:40 a.m., correspondientes a cinco cuentas bancarias
diferentes de titulares distintos. De las imágenes de la cámara de seguridad,
incluidas en el Informe Final de Resultados 1668 de Bancolombia[145],
se puede evidenciar lo siguiente: (i) la persona que realiza los retiros es la
misma, a pesar de que se trata de cuentas y tarjetas débito de titulares
distintos; y, (ii) quien realiza las transacciones es un hombre, a pesar de que
como se señala en el informe de seguridad, uno de los titulares de las cuentas
afectadas es una mujer. Además, dicho informe da cuenta de que tales
transacciones se realizaron “sin que ninguno de los titulares estuviera
presente y sin que la persona que estaba realizando los retiros fuera un
autorizado permanente, ni transitorio”
126.
Sobre esta cuestión, esta Sala considera necesario precisar
que, como bien señaló el Tribunal, el informe acredita que “una persona está
en el mostrador el 25 abril de 2016 a las 10:31:15 a.m. y continúa hasta las
10:42:55 a.m., lapso en el que se efectuaron las transacciones antes
relacionadas que corresponden a diferentes titulares (…) permitió que un solo
usuario hiciera entre las 10:31:15 am a 10:42:55 am, como lo registran las
cámaras, 6 transacciones que corresponden a 5 cuentas bancarias”. Asimismo,
dentro de las conclusiones del informe, se puede observar que dichas
transacciones fueron realizadas desde el “usuario Golf 006”, el cual
corresponde al señor Roberto Carlos Campaz Taborda.
127.
En criterio de esta Sala, dicha prueba acredita, tal como
razonablemente lo concluyó el Tribunal, que el accionante sí incurrió en la
falta que se le endilgó y por la cual se solicitó el levantamiento de su fuero
sindical y la autorización de su despido. Por lo cual, no se configuró el
defecto fáctico señalado por el actor al respecto.
128.
Segundo, esta Sala de Revisión no encuentra que la valoración
probatoria realizada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga fuera arbitraria o caprichosa, como lo afirmó el
accionante. Tampoco advierte que se hubiere fundado únicamente en la confesión
del accionante en relación con la falta establecida en las “normas sobre
cuentas y servicios bancarios”, relativa a hacer transacciones personales.
129.
En efecto, tal como lo señaló el Tribunal, esta Sala constata
que el citado el Informe Final de Resultados 1668 evidencia que, durante el año
2016, el accionante realizó 24 consignaciones a la cuenta de ahorros de un
familiar, así como pagos a su tarjeta crédito. Ambas transacciones fueron
realizadas por el accionante directamente en su estación de trabajo, lo cual
está prohibido y se considera falta grave por “normas sobre cuentas y
servicios bancarios”. Tal información fue además corroborada por el propio
accionante, quien, en el marco del interrogatorio de parte rendido en el
proceso ordinario, confesó que había incurrido en dichas faltas.
130.
En tales términos, para esta Sala resulta razonable la
valoración probatoria del Tribunal, a la luz de la cual concluyó que el
accionante sí había incurrido en dichas faltas y que las mismas, en atención a
su cargo, a la normativa interna del banco y al carácter y la naturaleza del
servicio bancario, daban lugar al levantamiento de su fuero y a la autorización
de su despido. En efecto, tras valorar el acervo probatorio en su conjunto, el
Tribunal concluyó, de manera razonable, que “sí incurrió el trabajador en
conductas graves que dan lugar al levantamiento del fuero sindical”, no
solo por la calificación de las faltas como graves a la luz de la normativa
interna del banco y del artículo 62 del CST[146], sino por la
constatación objetiva de la gravedad de las conductas cometidas por el
accionante.
131.
Así las cosas, lejos de lo afirmado por el accionante, la
valoración probatoria del Tribunal no fue caprichosa ni se fundó exclusivamente
en su confesión – la cual per se demostraba la configuración de la falta
–, sino que obedeció a la apreciación del material probatorio en su conjunto.
Respecto de dichas pruebas el accionante estuvo en capacidad y tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, con lo cual se
garantizó su debido proceso. Además, dichas consideraciones fueron incluidas en
la sentencia sub examine, las cuales son, por si mismas, razones
suficientes para apartarse de las consideraciones del a quo y revocar su
decisión.
132.
En tales términos, esta Sala tampoco advierte el defecto
fáctico señalado por el accionante en la providencia cuestionada. Por lo tanto,
no hay lugar al amparo solicitado en la demanda de tutela.
133.       Finalmente, esta
Sala ordenará que, por
medio de la Secretaría General, se devuelva al Tribunal Superior de Buga, Sala de Decisión Laboral, el
expediente de tutela No. 76109310500220160014301, el cual fue enviado en
calidad de préstamo y remitido a esta Corte.
7.
Síntesis de la decisión
134.
Roberto Carlos Campaz Taborda presentó acción de tutela en la
que pidió la protección de sus derechos fundamentales al “trabajo, la
libertad sindical en aplicación de los derechos de asociación y negociación
colectiva, familia, debido proceso, derecho de defensa, acceso efectivo a la
administración de justicia, de seguridad social, especialmente en salud”[147].
Según afirma, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga profirió una decisión en la que ordenó el
levantamiento del fuero sindical del accionante y autorizó su despido, en la
cual incurrió en dos defectos: (i) sustantivo, porque según la normativa y
jurisprudencia vigentes, el empleador ha debido realizar un proceso
disciplinario antes de acudir a la jurisdicción laboral, dado que el despido es
una sanción; y (ii) fáctico, por haber valorado de manera arbitraria unas fotografías
que no eran nítidas, y haber valorado caprichosamente en material probatorio,
fundándose exclusivamente en la confesión de la falta disciplinaria en el
interrogatorio del accionante.
135.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
negó el amparo solicitado, porque, en su opinión, la Sala de Decisión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga analizó en debida forma el
acervo probatorio y aplicó la normativa vigente relacionada con fuero sindical.
Así también lo consideró la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que confirmó la decisión de la primera instancia de la acción de
tutela, y agregó que los argumentos del accionante reflejan una inconformidad
con la decisión adoptada, “y no la demostración de que se hubiesen
trasgredido derechos fundamentales que amerite la intervención del juez
constitucional”[148].
136.
Esta Sala de Revisión considera que la acción de tutela no está
llamada a prosperar, porque no se configuró ningún requisito específico de
procedibilidad de acción de tutela en contra de providencia judicial. No se
configuró el defecto sustantivo alegado por el actor, dado que en su despido se
le garantizó el debido proceso en los términos de la legislación vigente y la
jurisprudencia constitucional. Tampoco se configuró el defecto fáctico señalado
por el actor, por cuanto del acervo probatorio, valorado en su integridad, se
evidencia que él sí incurrió en las faltas que dieron lugar a su despido. Además,
la valoración probatoria realizada por el Tribunal no fue caprichosa, ni
arbitraria, sino razonable y conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la
sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, de fecha 24 de agosto de 2017, en el asunto de la referencia, por
medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia, en el sentido de
negar el amparo solicitado por el accionante.
Segundo.- ORDENAR que, por medio de la Secretaría
General, se devuelva al Tribunal Superior de Buga, Sala de Decisión Laboral, el expediente de tutela No. 76-109-31-05-002-2016-00143 -01,
el cual fue enviado en calidad de préstamo y remitido a esta Corte.
Tercero.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] El señor Roberto Carlos Campaz Taborda otorgó poder al
abogado Marcel Silva Romero, “para que en [su] nombre y representación
presenten (sic) acción de tutela contra la sentencia proferida el 31 de enero
de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga”. Cno. 1,
fl. 12.
[2] Cno. 1, fl. 1.
[3] Cno. 1, fl. 2 vto.
[4] Cno. 1, fl. 3 vto.
[5] Cno. 1, fl. 3 al 5.
[6] Cno. 1, fl. 6 al 8.
[7] Cno. proceso laboral 1, fl. 21. Ver Cno. 1, fl. 1 y Cno. 2,
fl. 19.
[8] Cno. proceso laboral 1, fl. 21.
[9] Cno. 2, fl. 29.
[10] Cno. proceso laboral 1, fl. 31.
[11] Cno. Proceso laboral 1.
Fl. 202 y ss.
[12] Con. Proceso laboral 1.
Fl. 207.
[13] Cno. 6, fl. 33 vto.
[14] Cno. 6, fl. 40 vto.
[15] Cno. 6, fls. 44 vto.
[16] Id.
[17] Cno. 1, fls 31 al 33.
[18] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 55, d): “Los
trabajadores tienen como deberes generales, los siguientes: (…) d) guardar
buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el
orden moral y disciplina general del Banco”.
[19] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 55, e): “Los
trabajadores tienen como deberes generales, los siguientes: (…) e) ejecutar el
trabajo que se le confíe con honradez, compromiso, eficiencia, y de la mejor
manera posible”.
[20] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 55, i): “Los
trabajadores tienen como deberes generales, los siguientes: (…) i) observar
rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para
el manejo de los equipos o instrumentos de trabajo”.
[21] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 60 (1): “Son
obligaciones especiales del trabajador: (…) 1. Realizar personalmente la labor,
en los términos estipulados; observar los preceptos de este Reglamento y acatar
y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta el
Banco o sus representantes, según el orden jerárquico establecido”.
[22] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 60 (5): “Son
obligaciones especiales del trabajador: (…) 5. Comunicar oportunamente al Banco
las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios”.
[23] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 60 (11): “Son
obligaciones especiales del trabajador: (…) 11. Utilizar en forma racional y
sensata los elementos, herramientas o equipos de trabajo y demás recursos que
el Banco ponga a su disposición para el cumplimiento de las labores”.
[24] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 67, c): “Se
califican como graves y da, por tanto, lugar a la terminación del contrato por
decisión unilateral del Banco, por justa causa, además de las establecidas en
el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo o en el contrato de trabajo,
las siguientes faltas: (…) c) Poner en peligro, por actos u omisiones, la
seguridad de las personas o de los bienes del Banco o de los bienes de terceros
confiados al mismo”.
[25] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 67, d): “Se
califican como graves y da, por tanto, lugar a la terminación del contrato por
decisión unilateral del Banco, por justa causa, además de las establecidas en
el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo o en el contrato de trabajo,
las siguientes faltas: (…) d) No cumplir oportunamente las prescripciones que
para la seguridad de los locales, los equipos, las operaciones o los dineros
y/o valores de la empresa o que en ella se manejan, impartan las autoridades
del Banco”.
[26] Cno. 1, fls 31 al 33.
[27] Cno. ppal. Fls. 31 y 32.
[28]
Cno. ppal. Fls. 29 y 30
[29]
Cno. proceso laboral 1, fl. 1.
[30] Con. Proceso laboral. CD 2.
[31] Cno. 2, fl. 126.
[32] Cno. 2, fl. 125.
[33] Cno. 2, fl. 127.
[34] Cno. 2, fl 110 CD.
[35] Cno. 2, fls. 110 CD y 127.
[36] Cno. 2, fl. 128.
[37] Cno. 2, fl. 128.
[38] Cno. 4 fl. 483
[39] Cno. 2, fls. 54 al 63.
[40] Cno. 2, fls. 61 al 62.
[41] Cno. 2, fl. 62.
[42] Cno. 1, fl. 9 vto.
[43] Cno. 1, fl. 9 vto.
[44] Cno. 2, fl. 2.
[45] Se envió oficio a: la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga; al Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Buenaventura, a quien se le pidió notificar al Sindicato Nacional de
Trabajadores de Bancolombia –SINTRABANCOL- y a la Asociación Colombiana de Empleados
Bancarios -ACEB-; a Bancolombia; al señor Roberto Carlos Campaz Taborda; y a la
Unión Nacional de Empleados Bancarios -UNEB-. Se aclara que durante el proceso
de levantamiento de fuero y autorización de despido, el señor Roberto Carlos
Campaz Taborda interpuso una acción de tutela en contra de Bancolombia. En
dicho trámite de tutela se ordenó la vinculación de SINTRABANCOL y de UNEB, en
atención a que se hacía referencia a una convención colectiva firmada entre
estos sindicatos y Bancolombia. Sin embargo, el sindicato al que pertenece el
accionante, y del cual deriva su fuero es ACEB. De modo que en estricto
sentido, ACEB es el único sindicato que hizo parte del proceso de levantamiento
de fuero sindical y autorización de despido, y por lo tanto, al único que se
debía notificar en virtud del trámite de revisión de la acción de tutela. Ver
Cno. 1, fls. 39 al 49.
[46] Cno. 2, fls. 2 vto al 3.
[47] Cno. 2, fl. 91.
[48] Cno. 2, fls. 52 al 53.
[49] Cno. 2, fl. 21.
[50] Cno. 2, fl. 18.
[51] Cno. 2, fl. 18.
[52] Cno. 2, fl. 18.
[53] Cno. 2, fls. 39 al 50.
[54] Cno. 2, fl. 19.
[55] Id.
[56] Cno. 2, fl. 19.
[57] Cno. 2, fl. 19. “El proceso disciplinario fue pactado en
el artículo 26 de la Convención Colectiva de Trabajo, y no en el 28 como
erradamente se indica en este hecho. Ahora, sobre el proceso disciplinario del
artículo 26 de la Convención Colectiva de Trabajo, este se ha establecido solo
para la aplicación de sanciones disciplinarias.”
[58] Cno. 2, fl. 68.
[59] Cno. 2, fls. 70 al 71.
[60] Cno. 2, fls. 73 al 77 vto.
[61] Cno. 2, fl. 76 vto.
[62] Cno. 2, fl. 75.
[63] Cno. 2, fl. 76.
[64] Cno. 2, fls. 103 al 105.
[65] Cno. 2, fl. 103.
[66] Cno. 2, fl. 103.
[67] Cno. 2, fl. 103.
[68] Cno. 2, fl. 106.
[69] Cno. 3, fls. 3 al 12.
[70] Cno. 3, fl. 8.
[71] Cno. 3, fls. 10 al 11.
[72] La Sala de Selección número Diez estuvo integrada por los
magistrados Diana Fajardo Rivera y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[73] Cno de revisión. Fls. 2 – 13.
[74] Cno. ppal. Fls 23 a 32.
[75] Cno. ppal. Fls 48 a 67.
[76] Véase, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia T-555 de
2009.
[77] Corte Constitucional, Sentencia T-244 de 2016.
[78] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[79] En los términos de la Sentencia C-590 de 2005, los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales no exigen que la decisión cuestionada comporte necesariamente una
irregularidad procesal, sino que tal irregularidad tenga un efecto determinante
en la providencia que se impugna.
[80] Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional,
Sentencias C-590 de 2005, T-666 de 2015 y T-582 de 2016.
[81] Corte Constitucional, Sentencias T-446 de 2007 y T-929 de
2008.
[82] Véanse, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias T-781
de 2011, SU 424 de 2012, T-388 de 2015 y T-582 de 2016. Ha dicho la Corte que,
en tales casos, la decisión judicial pasa a ser una simple manifestación de
arbitrariedad que debe dejarse sin efectos, para lo cual la tutela resulta ser
el mecanismo idóneo y apropiado.
[83] Corte Constitucional, Sentencia SU-132 de 2013.
[84] Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2016.
[85] Ibíd. De acuerdo con la Sentencia SU-159 de 2002, al
adelantar el estudio del material probatorio, el operador judicial debe
utilizar “criterios objetivos, no simplemente supuestos por el
juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada
una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen
la función de administración de justicia que se les encomienda a los
funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.
[86] Corte Constitucional, Sentencia T-950 de 2011.
[87] Corte Constitucional, Sentencias T-233 de 2007 y T-709 de
2010.
[88] Corte Constitucional, Sentencia T-140 de 2012.
[89] Corte Constitucional, Sentencia T-863 de 2013.
[90] Corte Constitucional, Sentencia T-675 de 2009.
[91] Corte Constitucional, Sentencia T-675 de 2009.
[92] Corte Constitucional, Sentencia T-675 de 2009.
[93] Corte Constitucional, Sentencias T-203 de 2004; T-057 de
2016.
[94] Corte Constitucional, Sentencias T-203 de 2004; T-057 de
2016.
[95] Corte Constitucional, Sentencia T-057 de 2016.
[96] Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 2000.
[97] Constitución Política de Colombia, artículo 39.
[98] Código Sustantivo del Trabajo, artículo 405. Cfr. El
artículo 406 del CST señala que los trabajadores que ostentan fuero sindical,
son[98]:
(i) los fundadores del sindicato; (ii) los que, con anterioridad a la
inscripción del registro sindical, ingresen al sindicato; (iii) los miembros de
la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o
confederación de sindicatos,  sin pasar de cinco principales y cinco
suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un  principal
y un suplente; y (iv) dos de los miembros de la comisión estatutaria de
reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones
sindicales.
[99] Corte Constitucional, Sentencias T-326 de 1999; T-203 de
2004.
[100] Corte Constitucional, Sentencias T-326 de 1999; T-203 de
2004.
[101] Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo
113.
[102] Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
artículo 118.
[103] Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2004.
[104] Corte Constitucional, Sentencia T-731 de 2001.
[105] Código Sustantivo del Trabajo, artículo 408.
[106] Código Sustantivo del Trabajo, artículo 410.
[107] Justas causas para dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo por parte del empleador, son: “1. El haber sufrido engaño
por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para
su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. // 2. Todo acto de
violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el
trabajador en sus labores, contra el {empleador}, los miembros de su familia,
el personal directivo o los compañeros de trabajo. // 3. Todo acto grave de
violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del
servicio, en contra del {empleador}, de los miembros de su familia o de sus
representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. // 4. Todo
daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y
materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y
toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de
las cosas. // 5. Todo acto inmoral o delictuoso que el
trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el
desempeño de sus labores. // 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o
prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los
artículos 58 y 60 del
Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en
pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o
reglamentos. // 7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta
(30) días, a menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto
correccional que exceda de ocho (8) días, o aun por tiempo menor, cuando la
causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción
del contrato. // 8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o
comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la
empresa. // 9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la
capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas,
cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del
{empleador}. // 10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte
del trabajador, de las obligaciones convencionales o legales. // 11. Todo vicio
del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. // 12. La
renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas,
profilácticas o curativas, prescritas por el médico del {empleador} o por las
autoridades para evitar enfermedades o accidentes. // 13. La ineptitud del
trabajador para realizar la labor encomendada. // 14. El reconocimiento al
trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando
al servicio de la empresa. // 15. La enfermedad contagiosa o crónica del
trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra
enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya
sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no
podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al {empleador}
de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la
enfermedad”.
[108] Código Sustantivo del Trabajo, artículo 62(6).
[109] Corte Constitucional, Sentencia T-220 de 2012.
[110] Corte Constitucional, Sentencia T-220 de 2012.
[111] Corte Constitucional, Sentencia T-075A de 2011.
[112] Corte Constitucional, Sentencia T-220 de 2012.
[113] Corte Constitucional, Sentencias T-1061 de 2002; T-330 de
2005; T-683 de 2006.
[114] El artículo 86 superior dispone que toda persona podrá
interponer acción de tutela en nombre propio o a través de un representante que
actúe en su nombre, cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
[115] Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015.
[116] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005.
[117] De acuerdo con los artículos 63, 65, 68, 86, 141 del CPT, el
recurso de reposición procederá en contra de los autos interlocutorios; el de apelación,
contra las sentencias de primera instancia de los tribunales y los jueces, y
contra autos proferidos en esa misma instancia por los jueces; el de queja,
cuando se niega la apelación o la casación; el de casación, en contra de
los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo
legal mensual vigente; el de anulación, en contra de laudos arbitrales.
Por su parte, la Ley 712 de 2001 contempló el recurso extraordinario de revisión,
contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, las Salas Laborales de los Tribunales Superiores y los
Jueces Laborales del Circuito dictadas en procesos ordinarios, en caso de: (i)
haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos
para el pronunciamiento de la sentencia recurrida; (ii) haberse cimentado la
sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos
testimonios en razón de ellas; (iii) cuando después de ejecutoriada la
sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo
del juez, decidido por la justicia penal; (iv) haber incurrido el apoderado
judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales,
en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello
haya sido determinante en este. También procede en contra de conciliaciones
laborales en los casos de los numerales (i), (ii) y (iii). El Código General
del Proceso, en su artículo 331, prevé el recurso de súplica, en contra
de autos que por su naturaleza serían apelables, dictados en segunda o única
instancia o en el trámite de la apelación de un auto, o contra el auto que
resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación y contra los
autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión
profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido
susceptibles de apelación.
[118] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[119] Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016. En ese mismo
sentido, Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999.
[120] Corte Constitucional, Sentencia T-265 de 2015.
[121] Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
[122] Corte Constitucional, Sentencia T-323 de 2012.
[123] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[124] Cno. 1, fl. 1.
[125] Vale la pena anotar que la jurisprudencia constitucional
también ha considerado improcedente la acción de tutela contra las sentencias
en las que se realiza un control abstracto de constitucionalidad, por dos
razones: (i) como estas sentencias tienen efectos erga omnes, encuadran
en la causal según la cual la tutela no procede “cuando se trate de actos de
carácter general, impersonal y abstracto”, y (ii) una vez proferidos, tales
fallos hacen tránsito a cosa juzgada y son inmodificables. Véanse, al respecto,
las sentencias T-282 de 1996 y SU-391 de 2016 (en esta última sentencia, la
Corte Constitucional precisó que la tutela tampoco procede contra las
decisiones del Consejo de Estado que resuelven acciones de nulidad por
inconstitucionalidad).
[126] Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001.
[127] Cno. 1, fl. 6.
[128] Cno. 2, fl. 76 vto.
[129] Cno. 2, fl. 76 vto.
[130] Cno. 3, fl. 9.
[131] Cno. 3, fls. 9 al 10.
[132] Corte Constitucional,
Sentencia T-075A de 2011.
[133] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 19 de mayo de 2005, Radicado
23508.
[134] Código Sustantivo del
Trabajo, artículo 115. Procedimiento para
sanciones: “Antes de aplicarse una
sanción disciplinaria al <sic> {empleador}, debe dar oportunidad de ser
oídos tanto al trabajador inculpado como a dos representantes del sindicato a
que este pertenezca. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se
imponga pretermitiendo este trámite”.
[135] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 55, d): “Los
trabajadores tienen como deberes generales, los siguientes: (…) d) guardar
buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el
orden moral y disciplina general del Banco”.
[136] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 55, e): “Los
trabajadores tienen como deberes generales, los siguientes: (…) e) ejecutar el
trabajo que se le confíe con honradez, compromiso, eficiencia, y de la mejor
manera posible”.
[137] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 55, i): “Los
trabajadores tienen como deberes generales, los siguientes: (…) i) observar
rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para
el manejo de los equipos o instrumentos de trabajo”.
[138] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 60 (1): “Son
obligaciones especiales del trabajador: (…) 1. Realizar personalmente la labor,
en los términos estipulados; observar los preceptos de este Reglamento y acatar
y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta el
Banco o sus representantes, según el orden jerárquico establecido”.
[139] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 60 (5): “Son
obligaciones especiales del trabajador: (…) 5. Comunicar oportunamente al Banco
las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios”.
[140] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 60 (11): “Son
obligaciones especiales del trabajador: (…) 11. Utilizar en forma racional y sensata
los elementos, herramientas o equipos de trabajo y demás recursos que el Banco
ponga a su disposición para el cumplimiento de las labores”.
[141] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 67, c): “Se
califican como graves y da, por tanto, lugar a la terminación del contrato por
decisión unilateral del Banco, por justa causa, además de las establecidas en
el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo o en el contrato de trabajo,
las siguientes faltas: (…) c) Poner en peligro, por actos u omisiones, la
seguridad de las personas o de los bienes del Banco o de los bienes de terceros
confiados al mismo”.
[142] Reglamento interno de Bancolombia, artículo 67, d): “Se
califican como graves y da, por tanto, lugar a la terminación del contrato por
decisión unilateral del Banco, por justa causa, además de las establecidas en
el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo o en el contrato de trabajo,
las siguientes faltas: (…) d) No cumplir oportunamente las prescripciones que
para la seguridad de los locales, los equipos, las operaciones o los dineros
y/o valores de la empresa o que en ella se manejan, impartan las autoridades
del Banco”.
[143] Cno. 1, Fls. 31 a 33.
[144] Cno. 1, Fls. 31 al 33.
[145] Cno. proceso laboral 2, fls. 453 al 454.
[146] Cno. 5. Fls. 480 a 489.
En la sentencia sub examine expresamente se aludió a que, según la normativa
interna del Banco, “Se califican como graves y dan, por tanto, lugar a la
terminación del contrato por decisión unilateral del banco, por justa causa,
además de las establecidas en el artículo 62 del CST, en el contrato de
trabajo, las siguientes faltas: c) Poner en peligro por actos y omisiones la
seguridad de las personas o de los bienes del banco o de los bienes de
terceros, confiados al mismo; d) no cumplir oportunamente las prescripciones
que para la seguridad de los locales, los equipos, las operaciones, los dineros
y/o valores de la empresa o que en ella se manejan, impartan las autoridades
del Banco”.
[147] Cno. 1, fl. 1.
[148] Cno. 3, fl. 10.