T-006-92
Sentencia No
Sentencia No. T-006/92
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS
Excluir la acción de tutela respecto de
sentencias de una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia significa que,
en este campo de la actuación pública, de tan estrecha relación con la
protección de los derechos fundamentales,  no existe ningún medio de control de
su comportamiento constitucional.
La tesis de la Corte Suprema de Justicia,
según la cual ciertos actos jurisdiccionales escapan al control de
constitucionalidad pese a ser violatorios del sistema constitucional de
derechos, garantías y deberes, no se compadece con la idea de estado social de derecho.
La sentencia que se produzca con violación
o desconocimiento de los derechos fundamentales, tanto de orden sustantivo como
procesal, por no incorporar el mínimo de justicia material exigido por el
ordenamiento constitucional, no puede pretender hacer tránsito a cosa juzgada.
Sólo la cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de justicia puede
aspirar a conservar su carácter.
CONSTITUCION POLITICA/PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
Las normas de la Constitución son
fundamentales en cuanto ellas expresan un mínimo de principios incuestionables
e incontrovertibles que por su estabilidad y permanencia sirven de sustento a
la comunidad. Esos principios son unos de naturaleza orgánica y procedimental y
otros de contenido material. Los primeros señalan las tareas que el Estado debe
cumplir, configuran las competencias e instituyen los órganos que las realiza;
gracias a ellos se regulan los procesos de creación y aplicación de normas y
solución de conflictos, estableciendo entre los órganos, mecanismos de coordinación
y control a los abusos del poder. Los segundos consagran las metas del Estado,
los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertad y
derechos de los individuos y grupos.
SOBERANIA DEL
PUEBLO-Autodeterminación
El principio de autodeterminación del
pueblo refiere a éste el origen del poder público y de las principales
decisiones políticas que configuran y unifican la comunidad. La tesis de la
inimpugnabilidad judicial de las sentencias contrarias a los derechos fundamentales
representa el más sutil traslado de la soberanía del pueblo a los jueces por
ella instituidos,  que así quedan  libres de toda atadura constitucional para
coartar la democracia y los procesos sociales a través de los cuales germina y
se expresa la voluntad popular. No hay democracia sin autodeterminación del
pueblo; ni autodeterminación del pueblo sin respeto hacia el ejercicio efectivo
de los derechos fundamentales; ni respecto a los derechos fundamentales si su
violación no puede controlarse, verificarse y sancionarse.
JURISDICCION
CONSTITUCIONAL/COMPETENCIA ESPECIAL
La jurisdicción constitucional se ha
establecido por la  Constitución como función pública asignada a ciertos
órganos dotados de competencias judiciales especiales cuyo cometido consiste en
asegurar la integridad y primacía de la Carta. Es la garantía básica del Estado
constitucional de derecho.  Asegura que efectivamente todos los poderes
públicos sujeten sus actos (aquí quedan comprendidos entre otros las leyes, las
sentencias y los actos administrativos) a las normas, valores y principios
constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales sea el
correcto y legítimo ejercicio de una función constitucional. Esta jurisdicción
asume como competencia especialísima la guarda de los derechos fundamentales
buscando, conforme a la expresa y reiterada intención de todos los
constituyentes, la efectividad de los mismos y su oponibilidad frente a todos
los órganos del poder público.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIAS/FALLO DE TUTELA-Alcance
La acción de tutela puede recaer sobre
sentencias y demás providencias que pongan término a un proceso, proferidas por
los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, cuando
éstos a través de las mismas vulneren o amenacen por acción u omisión cualquier
derecho constitucional fundamental. En este evento, la actuación del juez de
conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional
con prescindencia de todo aquello que no tenga que ver con la vulneración o
amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental. La acción de
tutela no representa frente a los respectivos procesos judiciales, instancia ni
recurso alguno.
COMPETENCIA DE TUTELA/CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA/PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE SALAS
La asignación de competencias en materia de
tutela a las Salas de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte en pleno, la
erige a ella y a sus Salas en órganos a través de los cuales se ejerce en
Colombia la Jurisdicción Constitucional.
La tesis de la diversidad y especialización
de las Salas, que se esgrime contra la posibilidad de que una de ellas conozca
en sede de tutela la sentencia proferida por otra, desconoce que es la materia
constitucional exclusivamente la que suscita la acción de tutela y su
definición e impugnación. No se trata de entrar a conocer del proceso fallado
por otra Sala, sino que el Juez Constitucional examina la conformidad de la
sentencia con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIAS/PRINCIPIO DE
JERARQUIA/CONSTITUCION
POLITICA-Primacía
Si se admitiera que la acción de tutela
sobre sentencias de la Corte Suprema de Justicia, plantea un problema de
jerarquía, de todas maneras tal acción y eventual revocatoria de las sentencias
inconstitucionales serían procedentes. Las exigencias vinculadas a la primacía
de la Constitución se imponen sobre las derivadas de cualquier principio
jerárquico.
REVISION FALLO DE TUTELA-Objeto/ REVISION FALLO DE TUTELA-Efectos/JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL/CORTE CONSTITUCIONAL
La competencia de la Corte Constitucional
para revisar sentencias de tutela es una manifestación de su posición como
máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional y obedece a la necesidad de
unificar la jurisprudencia nacional sobre derechos fundamentales. La actuación
de ésta permite darle cohesión e integrar en sentido sustancial la aplicación e
interpretación de la Constitución en las restantes jurisdicciones. La
jurisprudencia Constitucional de la Corte Constitucional aparte de los efectos
de cosa juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia
irradiadora importante en los casos de aplicación preferente de la Constitución
frente a otras normas.
DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA/DERECHO DE DEFENSA
El derecho fundamental de acceso efectivo a
la administración de justicia impone a los jueces el deber de actuar como
celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al
proceso. La notificación, presupuesto esencial para que una parte pueda
ejercitar su derecho de defensa, no puede ser reducido a mero requisito de
forma y sobre el juez recae la obligación de garantizar el derecho fundamental a
ser notificado de conformidad con la ley de manera efectiva y real.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIAS/COSA JUZGADA
La cosa juzgada, como límite de lo
inimpugnable e inmutable, puede ser objeto de mudanza por la ley al adicionar o
cercenar posibilidades de impugnación, en cuyo caso la cosa juzgada avanza o
retrocede pero no se elimina en cuanto que siempre habrá un límite y en
realidad lo que le importa a la sociedad es que los litigios y causas tengan un
fin y "se pronuncie la última palabra".
Si la ley puede producir el anotado
desplazamiento de la cosa juzgada, lo que no equivale a su eliminación, con
mayor razón lo puede hacer el constituyente al incluír una acción -en este caso
la acción de tutela como mecanismo idóneo- contra las sentencias que violen los
derechos fundamentales. En este caso el límite de la cosa juzgada se desplaza
hacia adelante y sólo luego de la decisión que desate el procedimiento que se
instaura con ocasión de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor
de cosa juzgada.
SENTENCIA DE MAYO 12 DE 1992
REF.: Expediente
T-221
Actores:     JULIAN
PELAEZ CANO y
LUIS
ARIAS CASTAÑO
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Segunda de
Revisión  de la Corte Constitucional, integrada por los doctores Eduardo
Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero
ha pronunciado
EN NOMBRE  DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION
la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
acción de tutela promovido por los señores  JULIAN PELAEZ CANO y LUIS FELIPE
ARIAS CASTAÑO contra las sentencias  condenatorias proferidas en su contra por
el Juez Trece (13) Superior de Medellín en primera instancia, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad en segunda instancia y por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema  de Justicia en casación.
A N T E C E D E N T E S
1. El día 13 de
noviembre de 1991, los señores JULIAN PELAEZ CANO y LUIS FELIPE ARIAS CASTAÑO
interpusieron  acción de tutela contra la sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLIN de agosto de 1991 que, en lo fundamental, confirmó la sentencia
dictada por el Juez Trece (13) Superior de la misma ciudad, por la cual se los
condenó a penas principales de cuarenta y ocho (48) meses y diez (10) días y
sesenta (60) meses de prisión respectivamente, como responsables de los
delitos de ESTAFA AGRAVADA EN DOCUMENTO PUBLICO. La acción de tutela cobija igualmente
a la sentencia de casación  de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de
fecha septiembre 13 de 1991 que se abstuvo de CASAR la sentencia del Tribunal
Superior de Medellín.
2. Los accionantes
aducen el desconocimiento de "los derechos fundamentales consagrados en la
Carta en sus artículos   14, 21, 28 inciso 2 y 29, durante la tramitación del
proceso penal que conoció en primera instancia el señor Juez Trece (13)
Superior de Medellín, en segunda el Tribunal de ese Distrito y posteriormente esa
honorable Corporación (Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia)
en  recurso de casación  rechazado sin fundamentación de mérito alguno".
3. Como fundamento
de la petición de no dar cumplimiento al "fallo inconstitucional
contenido en la sentencia  condenatoria", los petentes sostienen que
"tratándose de obligaciones civiles se ha procedido penalmente  con
violación expresa de lo dispuesto en el artículo 28 inciso 2". Igualmente,
advierten que durante el trámite del proceso se les desconoció todo derecho a
pedir  pruebas, revisar dictámenes periciales practicados secretamente,
provocar incidentes de cualquier naturaleza y conocer los autos del proceso
para determinar en que pruebas se fundamentaban  las acusaciones. En fin,
aseveran que los memoriales de petición de pruebas eran resueltos por el juez
mediante autos de "cúmplase", luego de calificarlas como dilatorias
o improcedentes.
4. Según lo
expresado por el señor LUIS FELIPE ARIAS CASTAÑO se violó flagrantemente su
derecho a la honra, consagrado en el artículo 21 de la Constitución, por
desconocer que su padre legítimo era el señor LUIS FELIPE ARIAS CARVAJAL y no
LUIS FELIPE ARIAS GOMEZ, ignorándose así su filiación legítima y estado civil.
5. Finalmente, los
señores CANO y ARIAS atacan la sentencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia por haber fundado su decisión en un argumento
abiertamente inconstitucional como sería el siguiente: "las formas del
proceso de cuya  plenitud trata el artículo 29 de la Constitución  no son las
formalidades legales del procedimiento", con  lo cual se estaría ignorando
el artículo mencionado.
6. La anterior
acción de tutela fue presentada ante la Sala Penal de la Honorable Corte
Suprema de Justicia la cual, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3o.
del artículo 40  del Decreto 2591 de 1991, dispuso su traslado al Presidente de
la Sala Civil de la misma Corporación.
7. La Corte Suprema
de Justicia,  Sala de Casación Civil, en sentencia del 9 de Diciembre de 1991,
materia de revisión por esta Corte Constitucional, resolvió denegar las
solicitudes de tutela formuladas en relación con la sentencia de la Sala Penal
de la misma Corporación y el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Medellín.
El primer argumento
que desarrolla la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, tiene por objeto
verificar su competencia para conocer de las acciones de tutela que se formulen
contra sentencias de otras Salas de la misma Corporación.
Parte la Sala de la
premisa de la división del poder público en ramas cuyos órganos tienen
funciones separadas y bien definidas sus atribuciones los servidores públicos
que las realizan (CP arts. 113 y 6). Esas mismas notas de separación y de
precisión propias de la estructura del Estado, se predican, a juicio de la
Sala, de la conformación y funcionamiento de la rama judicial.
Basta observar,
agrega,  en lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal
de la Jurisdicción ordinaria, que su actividad se desarrolla a través de salas
separadas - Sala Plena y salas especializadas - que conocen privativamente de
los asuntos que la Constitución y la ley les asignen (CP arts. 234 y 235).
Las salas de la
Corte Suprema de Justicia, se advierte, están sujetas al principio de la
"diversidad igualitaria". Cada sala es separada. Esto es,
independiente de las restantes. Los asuntos encomendados a cada una de las
salas son diferentes de los asignados a las demás y consultan su propia
especialidad. La calidad de máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria que
corresponde a la Corte Suprema de Justicia se comunica a cada una de sus salas,
pues es a través de ellas que se ejerce tal jurisdicción. Ninguna sala, ni
siquiera la Sala Plena, en consecuencia, detenta respecto de otra, jerarquía o
precedencia alguna, ni puede interferir en su autonomía.
El principio
mencionado de la "diversidad igualitaria" sería desatendido si,
afirma la sala, una de ellas pudiese conocer lo que precedentemente ha sido
conocido por otra y, peormente conculcado, caso de que revocase su decisión.
Una Sala especializada no puede por ello conocer de acciones de tutela contra
decisiones judiciales de otra de las salas. La Corte Suprema de Justicia sólo
como superior jerárquico de los Tribunales puede ser competente para conocer de
acciones de tutela. Internamente, en razón del principio de diversidad
igualitaria, ni siquiera en su Sala Plena, podría conocer de una acción de esta
naturaleza contra una sentencia de una de las salas especializadas.
De otro lado, la
Corte Suprema de Justicia como organismo autónomo y máximo en su jurisdicción,
carece de organismo externo superior, en el sentido orgánico y funcional
mencionado, sin perjuicio de las separadas y eventuales revisiones de la Corte
Constitucional que establezca la ley.
Con base en las
anteriores consideraciones, la Sala encuentra que las normas constitucionales
citadas que plasman el principio de "diversidad igualitaria" y
otorgan autonomía y superioridad a la Corte Suprema de Justicia, son
incompatibles con la disposición del artículo 40 del Decreto 2591 de 1990 que
concede competencia a la sala que le sigue en orden para conocer de la acción
de tutela contra sentencias de las otras salas o secciones de la Corte Suprema
de Justicia.
8. A continuación la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se ocupa de la acción de tutela
interpuesta contra el fallo del Tribunal Superior. Su principal argumento para
denegar la solicitud se basa en la supuesta improcedencia de la acción de
tutela, dadas sus características, respecto de sentencias ejecutoriadas.
Sostiene la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que la acción de tutela
estatuida en el artículo 86 de la Constitución se caracteriza por su naturaleza
judicial, su objeto protector inmediato o cautelar, su función policiva y su
carácter subsidiario y eventualmente accesorio.
En concepto de la
Sala Civil, el objeto de la acción de tutela es proteger de manera inmediata
los derechos fundamentales. De allí su característica cautelar y su función
puramente policiva, sin implicar juzgamiento del derecho en sí mismo
controvertido. Sólo de esta forma, se evitaría que la acción de tutela se
convirtiera en una tercera instancia o revisión adicional, quedando a salvo la
competencia de los jueces ordinarios para resolver sobre el derecho
controvertido.
El carácter  de la
acción de tutela es, por tanto,  subsidiario y sólo eventualmente accesorio.
Argumenta la Corte que al condicionar el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución, la procedencia de la acción de tutela a que "el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial", se otorga un carácter
supletorio y excepcional a dicha acción. De modo que únicamente cuando no
existan medios de defensa judicial ordinaria contra la acción u omisión de
cualquier autoridad pública habrá lugar a interponer este excepcional mecanismo
de protección constitucional. Según lo anterior, la acción de tutela tampoco
sería procedente cuando se hubiesen agotado los medios de defensa judicial
existentes o cuando habiéndose ejercido todavía se encuentren pendientes de
definición. En caso contrario, según la Sala Civil, perdería su carácter
subsidiario y residual para convertirse en un instrumento sustituto o adicional
de la jurisdicción ordinaria, con los graves efectos  que ello traería para la
paz, la correcta administración de justicia,  el sometimiento de los jueces
"sólo" al imperio de la ley, y el principio universal, no escrito, de
la cosa juzgada, respaldado en el artículo 94 de Constitución Nacional. De otra
parte, añade la Sala, las sentencias ejecutoriadas no pueden  ser objeto de
acción de tutela y el Procurador debe velar por su cumplimiento. Para sustentar
su aserto, se cita el informe-ponencia presentado para primer debate por la
Comisión I a la Asamblea Nacional Constituyente que afirma: "con el
criterio de simplificar el artículo se suprimieron ciertos aspectos ...; tal es
el caso de la no procedencia de la acción frente a situaciones consumadas o
frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada".
La Corte Suprema de
Justicia reconoce el carácter  eventualmente accesorio de la acción de tutela
en las circunstancias previstas por el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución, esto es,  cuando a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial dicha acción "se utilice  como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable". En este único caso la acción de tutela
es adicional y concurrente, pero dado su carácter transitorio y cautelar,
solamente es posible ejercerla en forma accesoria al medio judicial ordinario o
extraordinario que se tenga y ante el mismo órgano con el fin de que éste
decida preventivamente sobre la tutela solicitada mientras se adopta la
decisión  final sobre la defensa principal alegada. En consecuencia, tales
características impiden  el ejercicio autónomo de la acción de tutela como lo
establece para la jurisdicción ordinaria el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991
o la procedencia de la misma  una vez termine el proceso con sentencia
definitiva.
Por último, a juicio
de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, los artículos 11 y 40 del
Decreto 2591 de 1991 infringen el mandato constitucional de la no tutelabilidad
de las sentencias y demás providencias judiciales que pongan fin al proceso ya
ejecutoriadas, las cuales están excluidas en el artículo 86 de la C.N., por lo
que decide inaplicar los mencionados artículos.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. No puede
calificarse el acierto de una solución jurídica sin precisar el problema que
pretenda resolver. La Corte Suprema de Justicia, luego de un extenso
raciocinio, concluye que su Sala Civil no puede conocer de las acciones de
tutela interpuestas contra sentencias de su Sala Penal. La respuesta de la
Corte Suprema de Justicia es de índole procesal. A eso equivale declararse
incompetente en el caso examinado.
2. El primer
indicio, que puede deducirse a partir de la respuesta dada por la Corte Suprema
de Justicia, lleva a concluir que el problema enfrentado por ella era de
derecho sustantivo. El cuestionamiento procesal planteado - incompetencia- se
formula respecto de la acción a través de la cual se buscaba el reconocimiento
de pretensiones que los demandantes vinculan a derechos reconocidos por el
ordenamiento.
3. La Corte Suprema
de Justicia no desconoce que las acciones de tutela contra sentencias de los
jueces, incluidas las pronunciadas por otras salas de la misma Corporación,
siempre se originan en una pretendida o eventual violación de un derecho
fundamental. ¿La supuesta violación de un derecho constitucional fundamental
por una Sala de la Corte Suprema de Justicia con ocasión del ejercicio de la
función jurisdiccional, puede ser objeto de acción de tutela ante otra Sala de
la misma, según el procedimiento previsto en el artículo 40 del Decreto 2591 de
1990? A este y no a otro interrogante responde la Corte Suprema de Justicia.
Sin duda es a una
cuestión de fondo, de derecho sustancial -violación de un derecho
constitucional fundamental- a la que debe responder la solución dada por la
Corte Suprema de Justicia. Por ello, la justicia y consistencia de la solución,
deberá confrontarse  vis a vis con el problema planteado para poder
apreciar su bondad o desacierto.
4. El examen de
cualquier acto jurisdiccional no debe ignorar que privilegiar el derecho
sustancial constituye  el fin principal de la administración de justicia (art.
228 CN). La validez de una decisión judicial de carácter procesal debe
necesariamente juzgarse a partir del problema de fondo de derecho sustantivo a
cuya resolución ella se enderece. En el presente caso, la Corte Constitucional
determinará si la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararse
incompetente -acto jurisdiccional de carácter procesal- resolvía adecuadamente
el problema de fondo: la presunta violación de un derecho fundamental en que
pudo incurrir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al decidir el
recurso de casación interpuesto por los señores JULIAN PELAEZ CANO y LUIS ARIAS
CASTAÑO.
5. Si una sentencia
de la Corte Suprema de Justicia proferida por una de sus salas no puede ser
impugnada ante la sala siguiente ni ante la Sala Plena, ni ante un órgano
jurisdiccional externo a la Corte, en razón del principio de "diversidad
igualitaria" y "autonomía", ella carecerá por completo de
contención y devendrá inimpugnable. A lo sumo, con independencia de la
ejecutoria de la sentencia, cabría la posibilidad teórica que el debate sobre
la constitucionalidad de la actuación de la sala se ventilará en su interior y
por ella misma.
6. Sin embargo,
tratándose de acciones de tutela, la pretensión de defensa relativa al derecho
fundamental violado o amenazado debe plantearse ante una instancia  distinta de
la presuntamente infractora y el fallo que se produzca podrá impugnarse ante el
juez competente. La Constitución edifica  una múltiple  garantía de protección
en favor de la víctima  de la violación  de un derecho fundamental: la acción
de tutela ante el juez  competente, la impugnación  del fallo de tutela y su
eventual revisión  por la Corte Constitucional. Se  consagra así, por voluntad
del propio constituyente, para las controversias sobre violación de derechos
fundamentales por autoridades públicas, el principio de la doble instancia
judicial, a lo cual,  se agrega la eventual revisión del fallo de tutela por
parte de la Corte Constitucional. Este conjunto de garantías, que configuran un
verdadero derecho constitucional para reclamar de las autoridades una conducta
de obediencia estricta a los derechos fundamentales de los ciudadanos,  sería
nugatorio si sólo pudiere ejecutarse ante las mismas autoridades públicas que
las vulneren.
7. La respuesta dada
por la Corte Suprema de Justicia al problema planteado  de la violación de derechos
fundamentales por una de sus salas, conduce directamente a la inimpugnabilidad
de sus decisiones, pese a la eventual inconstitucionalidad del proceder  de la
correspondiente sala. Esto quiere decir que la tesis de la incompetencia,
prohijada por la Corte Suprema de Justicia,  es una solución procesal que de
ninguna manera satisface el problema de derecho sustancial y de carácter
constitucional  sometido a su consideración.
8. La única
posibilidad de que la tesis de la Corte Suprema de Justicia pudiera todavía
tener sustento sería aceptar que las decisiones de una de sus salas, no
obstante su eventual inconstitucionalidad, no pueden, en verdad, ser
impugnadas. Pero, el artículo 86 de la Constitución Política no exceptúa a
ninguna autoridad pública, de la posibilidad de que en su contra se ejerza por
parte de un interesado  una acción  de tutela con el fin de proteger de manera
inmediata sus derechos fundamentales.
En el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que
buscaba circunscribir la expresión "autoridades públicas", que
aparece en el texto del artículo 86 de la Constitución, de manera que sólo
cobijara a las "autoridades administrativas". En el proyecto de
articulado presentado por la Comisión I a la Plenaria no se acogió la
pretendida limitación del alcance del derecho de amparo o de la acción de
tutela a las autoridades administrativas (Proyecto No. 67, artículo 62 Misael
Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes
Alzate y Mariano Ospina Hernández. Gaceta Constitucional No. 23) y, por el
contrario, adoptó la fórmula  amplia de incluir como sujeto pasivo de dicha
acción a cualquier autoridad pública. Igualmente, en el curso del segundo
debate en Plenaria, se presentó una propuesta sustitutiva en el sentido de
restringir a las acciones u omisiones de las autoridades administrativas
la interposición de la acción de tutela cuando éstas vulneren o amenacen
vulnerar los derechos fundamentales, la cual fue nuevamente  derrotada al
aprobarse  definitivamente  el actual artículo 86 de la Constitución Política.
(Propuesta sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando
Yepes Arcila, Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina
Hernández y María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.18).
9. La Corte Suprema
de Justicia y cada una de sus salas, constituyen autoridad pública para los
efectos del artículo 86 de la C.P., en cuanto ejercen  jurisdicción y para el
efecto están  investidas de poder público. Sus actuaciones como emanación  del
poder  público se imputan a una peculiar actuación  del estado y están
revestidas de autoridad.
10. La
configuración  de la acción de tutela contra acciones u omisiones  de las
autoridades que violen o pongan en peligro derechos fundamentales de los
ciudadanos,  indica que no existe en Colombia una presunción  de derecho que
ampare la constitucionalidad de la actuación  de los poderes públicos.  Todas
las autoridades  deben respetar en sus actuaciones las normas de la
Constitución y, en especial, las que consagran los derechos fundamentales de
las personas. La Constitución contempla  sanciones  y prevé acciones -la tutela
es una de ellas- para el caso de que las autoridades se aparten  del cumplimiento
de sus obligaciones y deberes constitucionales. No cabe, pues, aceptar,  que la
Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, o a través de una de sus salas
especializadas, no pueda en ningún caso violar con sus acciones u omisiones la
carta fundamental.
Si contra tales
acciones u omisiones violatorias de derechos fundamentales, imputables a la
Corte Suprema de Justicia o a una de sus salas,  no existiera acción o recurso
alguno, ello sería la comprobación  que aquéllas son entes supremos no
vinculados por la Constitución Política. La observancia  de la Constitución
Política por la Corte sólo  tendría una explicación moral y no sería la
consecuencia  de un deber positivo impuesto a su cargo.
11. La tesis
sostenida por la Corte, que por fuerza de las cosas desemboca en la no
cuestionabilidad  constitucional de la sentencia  de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, parte de la premisa equivocada de que cada compartimento
del poder público, quizá en razón de un entendimiento rígido del principio de
separación de poderes, tiene la competencia y el derecho para decidir por sí y
ante sí,  de manera definitiva, el significado de la Constitución. El sistema
de control constitucional más difuso, no autorizaría un ejercicio tan laxo de
la jurisdicción. Menos todavía puede dicha tesis prosperar a la luz de las
garantías  constitucionales que para la protección  y aplicación de los
derechos fundamentales consagró el Constituyente y en cuya virtud la persona
que estime que un derecho fundamental ha sido vulnerado  o puede resultar
lesionado por la acción  u omisión  de cualquier autoridad  pública -
incluídas  las judiciales - tiene acción judicial para reclamar la protección
debida que, en este caso, será necesariamente ante una autoridad judicial
diferente  de la presunta causante  de la infracción.
12. Si bien la Corte
Suprema de Justicia sustenta la tesis de la no cuestionabilidad constitucional
de la sentencia de la Sala Penal, en el sistema de división de poderes y
precisas limitaciones que para el ejercicio del poder público  se contempla en
la Constitución Política, la consecuencia de su proveído no es otra que la de
otorgarle  a la Sala Penal y consiguientemente  a las restantes salas y a la
Corte en pleno, un poder impreciso e ilimitado que no se concilia con el
pregonado estado de derecho. Ese poder es el  poder jurídico  de violar en sus
sentencias  la Constitución Política. Tanto vale que una de las salas de la
Corte Suprema de Justicia  viole en sus sentencias la Constitución Política
como que la observe,  de todas maneras, de acuerdo con la tesis sostenida,
éllas una vez pronunciadas no pueden ser cuestionadas judicialmente. No será
fácil convencer a las víctimas  de un desafuero constitucional que sus derechos
fundamentales no han sido violados porque en el mundo jurídico  el acto o la
omisión que pudo vulnerarlos goza de una presunción de constitucionalidad que
bajo ninguna circunstancia podrá ser atacada. No. La Constitución ha construído
un sistema absolutamente contrario al descrito. Un estado social de derecho,
democrático, cuya finalidad es asegurar la convivencia  pacífica y la vigencia
de un orden justo, no tolera un poder público  como el que podría tener acomodo
en la Corte Suprema de Justicia si sus sentencias  estuvieran  revestidas de
inmunidad constitucional. El artículo 86 no exonera  de la acción de tutela a
los actos u omisiones de la Corte Suprema de Justicia. El precepto autoriza que
la acción se dirija "contra cualquier autoridad  pública".
13. No es
indiferente para un estado de derecho que las autoridades públicas - incluidas
las judiciales - tengan poderes limitados  o ilimitados. No existe estado de
derecho si las autoridades disponen de poderes ilimitados. Tampoco existe si
los límites  impuestos a las autoridades carecen de virtualidad para acotar el
campo de su actuación válida. Ese límite es la Constitución. Allí donde una
autoridad pública pueda traspasar el límite fijado por la Constitución y sus
actos u omisiones sigan no obstante teniendo valor jurídico, no sirve tener
Constitución  o ésta es apenas un pedazo de papel que dará a lo sumo ocasión
para el ejercicio de un fetichismo vacío.
Si en verdad la
Constitución se tiene como norma fundamental, sobre ella no pueden prevalecer
ninguno de los actos ni de las abstenciones de los órganos  que integran  las
ramas del poder público. Actos del Congreso o del ejecutivo que violen esa
norma superior están llamados a ser excluídos del ordenamiento jurídico
mediante las correspondientes acciones de inconstitucionalidad y nulidad. Lo contrario
equivaldría a permitir que mediante actos y medios ordinarios se alterara el
texto constitucional, convertido  así en pieza secundaria, moldeable a voluntad
de los poderes constituídos y expuesto a ceder ante las vicisitudes de cada
momento histórico. En este estado de cosas, es indudable que se perdería el
sentido de una Constitución escrita y rígida como la nuestra y que los poderes
públicos, en lugar de tener atribuciones  y cometidos limitados, se tornarían
en fuerzas incontrolables.
Lo dicho de la rama
legislativa y ejecutiva  y de sus actos con mayor énfasis debe predicarse de
los órganos y autoridades públicas que, como la Corte Suprema de Justicia,
conforman la rama judicial. La vinculación de la Corte Suprema de Justicia a la
Constitución, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, sobra en todo
caso reiterarse. Ello es así y así debe ser. Esa, por lo demás, ha sido su
norma de conducta y  gracias a  ella el país ha contado, aún en momentos de
adversidad institucional, con un sólido baluarte de justicia y orden.
Los actos del juez -
y la Corte Suprema de Justicia lo es y en grado sumo - en la aplicación  del
derecho al caso concreto no pueden  desconocer los dictados de la Constitución,
norma superior del ordenamiento.  Excluir la acción de tutela respecto de
sentencias de una de las salas de la Corte Suprema de Justicia significa que,
en este campo de la actuación pública, de tan estrecha relación  con la
protección de los derechos fundamentales, no existe ningún medio de control de
su comportamiento constitucional.
La tesis de la no
cuestionabilidad  constitucional de las sentencias de cualquiera de las salas
de la Corte Suprema de Justicia, permite que tales sentencias puedan convertirse
en vehículos de reforma material de la Constitución. Si una sentencia puede
violar los límites de la Constitución - el respeto a los derechos fundamentales
es uno de los más importantes límites que la carta impone a los poderes
públicos - sin perder ni arriesgar por ello su validez y eficacia, allí
tendremos un medio ordinario con capacidad para alterar el contenido y alcance
de la Constitución,  en el momento más decisivo para ésta que es el de su
consagración  en la vida real.
El control
constitucional de las leyes, actos administrativos y sentencias, persigue que
ninguna de las tres ramas del poder público, mediante actos ordinarios puedan
modificar la Constitución Política, marco básico de la convivencia pacífica y
límite infranqueable a la acción de las autoridades públicas instituídas para
llevar adelante los fines del estado.
Si la Constitución
hubiera confiado únicamente al celo de cada autoridad el mantenimiento y fiel
acatamiento de sus normas, lo que se da por descontado y corresponde no a una
actitud graciosa sino a su deber mínimo y primero, no se habría tomado la
molestia de instaurar un sistema integral de control de constitucionalidad,
general y específico, de los actos de los diferentes órganos que integran cada
una de las ramas  del poder público. Igualmente, en esta hipótesis habría sido
tarea ociosa  el establecimiento de un procedimiento especial para la reforma
de la Constitución.
No es ese el sistema
acogido en Colombia. Nuestra Constitución  establece límites a las autoridades y
pretende que estos se cumplan y la reforma de su texto escrito se surte a
través de un procedimiento especial. La consagración  de deberes a cargo de las
autoridades reposa en la confianza de que éstas, conscientes de su misión,
devotamente los cumplirán. Si no lo hacen, los ciudadanos y las víctimas de sus
actuaciones  u omisiones  no pueden quedar inermes, pues la concesión  de
autoridad  a los servidores del Estado no supone que se abjure de su control. A
través de las acciones contempladas en la Constitución puede determinarse el
grado de cumplimiento que las autoridades han dado a su deber de sujetar su
conducta a la norma fundamental. Si no se abre la posibilidad de control, no es
posible determinar si la autoridad ha cumplido o no con este sagrado deber y,
si ello es así, esa autoridad carece de límites constitucionales, la
Constitución pierde todo su sentido y debe abdicar de su función como
ordenadora suprema de la sociedad.
No puede dársele a
la traición del deber de obedecer la Constitución más fuerza que a ésta, lo
cual se logra si se arrebata a la sociedad que ha depositado su confianza en
las autoridades públicas la garantía inteligente de que mediante las acciones
correspondientes - la acción de tutela es una de ellas - pueda controlar la fidelidad
con que aquéllas han cumplido el juramento empeñado de sujetarse a  la
Constitución.
De la misma manera
como una ley del Congreso puede, en la realidad, violar la Constitución, por
ser incompatible con una disposición de ésta última, de idéntica  manera, una
sentencia de una de las salas de la Corte Suprema de Justicia, puede, en la
realidad, violar un derecho fundamental consagrado en una disposición de la
carta. En el primer caso, la existencia de la acción de inconstitucionalidad en
caso de que se  acredite la violación debería conducir a la exclusión de la ley
acusada del ordenamiento. De no haberse consagrado  la acción pública o de
impedirse su ejercicio, la ley en la práctica, pese a violar la Constitución,
se impondría sobre ésta. Ello no ocurre y, por eso, la Constitución frente a la
ley mantiene su prevalencia y es norma de normas. En el segundo caso, de
negarse  la acción de tutela, el comportamiento inconstitucional, no obstante
que pudiere existir   y comprobarse, no podría ser objeto de acción judicial
alguna y, en la realidad, la sentencia prevalecería sobre la Constitución  no
obstante su incompatibilidad. En este evento, la Constitución no sería, como lo
señala el artículo 4o. de la carta, norma de normas. A esta consecuencia
conduce la tesis de la Corte Suprema de Justicia de la no cuestionabilidad
constitucional de las sentencias de la Sala Penal, y de nada vale que se
invoque expresamente como título de inspiración el principio constitucional  de
la separación y límites de los poderes públicos. La Constitución, límite
supremo, frente a las sentencias, dejaría  de ser norma de normas. Las
sentencias y sus autores, los jueces, no tendrían límites.
14. La tesis de la
no cuestionabilidad constitucional de las sentencias de las salas  de la Corte
Suprema de Justicia, aparte de transformar a la Corte de órgano con
"poderes limitados" en órgano con "poderes ilimitados",
desconoce la estricta sujeción que ella debe a la Constitución como norma de
normas.
La inmunidad
judicial que la aplicación práctica de esta tesis otorga a eventuales
violaciones de preceptos  constitucionales  por parte de las sentencias de la
Corte Suprema de Justicia, como se examinó en el punto anterior, coloca a las
sentencias en un plano superior respecto de las normas constitucionales
vulneradas.
La tesis analizada,
por entrañar semejante secuela práctica, desconoce el valor normativo de la
Constitución expresado en su artículo 4o. con las palabras siguientes: "La
Constitución es norma de normas". Conviene, pues, precisar, para los
presentes efectos, el alcance de este principio.
La posición de
supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el
orden jurídico, estriba en que aquélla determina la estructura básica del
estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad
pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir
conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten  en la sociedad,
y al efectuar todo esto funda el orden jurídico mismo del estado. La
Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la
pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o
decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados. El
conjunto  de los actos de los órganos constituidos - Congreso, ejecutivo y
jueces - se identifica con referencia a la Constitución y no se reconoce como
derecho si desconoce sus criterios de validez. La Constitución como lex
superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas
que integran el ordenamiento y es por ello "fuente de fuentes", norma
normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla
de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución, se
expresan inequívocamente  en el texto del artículo 4o. citado: "En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución  y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones  constitucionales".
15. El valor
normativo de la Constitución  no se limita a que el Congreso, el ejecutivo
y los jueces al ejercer sus funciones y expedir leyes y decretos y proferir
sentencias, observen la Constitución. El valor normativo de la
Constitución explica que a ella igualmente queden sometidos los nacionales y
extranjeros y que sea un deber y una obligación suyas acatar la
Constitución (CP arts. 4o. y 95) so pena de responder por su infracción
(CP art 6).
A diferencia de
antiguas constituciones o cartas, la Colombiana no consagra privilegios y su
papel plenamente normativo se ratifica en el hecho de que vincula por igual a
los ciudadanos y a las autoridades. En los dos casos, el desacato de las
normas  constitucionales compromete la responsabilidad  de los infractores  (CP
arts. 6 y 90). La responsabilidad que puede deducirse contra los autores de las
infracciones constitucionales refuerza su carácter normativo. Tratándose  de
autoridades públicas, dado que no existe conducta más antijurídica que la
violación  de la Constitución, aparte  de la responsabilidad patrimonial del
estado por los daños que se sigan a la infracción, deberá éste repetir contra
los primeros (CP art. 90). El cumplimiento que impone la Constitución, derivado
de su carácter normativo y general, no es compatible con la
existencia de zonas de inmunidad o  impunidad constitucional, menos  todavía
cuando la excepción a la observancia  estricta a la Constitución  pretenda
cobijar a un órgano de la rama judicial.
16. Para que un
ordenamiento jurídico exista  basta que su población  amolde generalmente
su conducta a las normas válidas que lo conforman. Pero, es decisivo,  en todo
caso, que las autoridades, como conducta pública y uniforme, acepten las normas
que la Constitución establece como criterios de validez para determinar la
regularidad de la producción de las restantes normas del ordenamiento y de los
mecanismos de solución de las controversias relativas a su aplicación. En caso
contrario, si no existe un criterio oficial común y público, compartido por las
diferentes instancias de producción y aplicación del derecho y si la aceptación
de los supremos criterios de validez jurídica a los cuales deben adecuarse
dichos procesos y los correspondientes órganos establecidos por la
Constitución, se deja a su libre opción, se pone en serio peligro la unidad y
continuidad del mismo orden jurídico y se allana el camino a su disolución.
La patología de un
orden jurídico puede obedecer a causas externas a él y así acaece  cuando  sus
normas comienzan a perder eficacia por razones que tienen que ver con su
entorno social, político o económico, y de este modo se resiente
paulatinamente  el respeto generalizado a las normas por parte de la población.
No es infrecuente, sin embargo, el caso de que la quiebra del orden jurídico
obedezca a una causa interna y que ésta se atribuya al desconocimiento de la
Constitución por uno de los poderes públicos. De ahí la imperiosa necesidad
institucional de impedir en este caso que las altas autoridades del estado se
aparten, en el ejercicio de su funciones, de las normas constitucionales.
17. El valor
normativo de la Constitución  adquiere  mayor relieve cuando en ella se
introducen contenidos materiales nuevos destinados a informar en profundidad
todo el ordenamiento, a caracterizar la misión misma del estado y sus
autoridades y a servir de marco de la convivencia ciudadana. La Constitución
Política Colombiana  no se ha limitado a regular  la estructura y conformación
del poder público. Adicionalmente a las normas de "tipo orgánico", se
encuentran otras  que utilizando una licencia verbal se podrían denominar de
"tipo material" y que definen y desarrollan las características del
estado colombiano (social de derecho, unitario, descentralizado, con autonomía
de sus entidades descentralizadas, democrático, participativo, pluralista,
fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad  de
las personas y en la prevalencia del interés general), consagran los fines
esenciales del estado y los valores y principios que inspiran el ordenamiento
constitucional (servicio a la comunidad, promoción de la prosperidad  general,
garantía y efectividad de los derechos y deberes fundamentales, participación
en la vida política, defensa de la independencia nacional y de la integridad
territorial, convivencia pacífica, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y
paz) y establecen los derechos, las garantías y los deberes.
Tanto el contenido
"orgánico" como el nuevo contenido "material" de la
Constitución,  tienen valor normativo. La Constitución en esta parte no
pretende tener sentido puramente exhortatorio o de proclama. Su pretensión es
eminentemente preceptiva. Y esto es lo que se afirma de manera rotunda y sin
esguinces en el artículo 4o.: "la Constitución -toda, sin distinguir entre
su parte "orgánica" y su parte "material", agrega la Corte
Constitucional- es norma de normas" y a la misma, en su integridad, deben
acomodar sus conductas los servidores públicos -sin excepción- y los
particulares.
Tratándose de los
derechos y de las garantías  de los ciudadanos, la Constitución no sólo ha
querido concederles a las disposiciones que los consagran pleno valor
normativo, sino que ha buscado a través de distintos mecanismos y
garantías, otorgarles  efectividad. En este orden de ideas, la
Constitución define directamente  los diferentes derechos, de suerte que su contenido
esencial sea en todo caso respetado y quede sustraído al juego de las
mayorías políticas, gozando así de la inmutabilidad  y perdurabilidad propias
de la norma constitucional; ciertos derechos son de aplicación inmediata (los
consagrados en los arts. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 39, 31, 33, 34, 37 y 40); a través de un procedimiento
preferente y sumario, toda persona dispone de una acción de tutela para
reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
(CP art. 86); la Constitución ordena a la ley regular las acciones populares
para la protección de los derechos e intereses colectivos y para el resarcimiento
de los daños que se ocasionen a un número plural  de personas (CP art 88); la
violación de los derechos y garantías  por las autoridades públicas compromete
la responsabilidad patrimonial del estado y de sus agentes (CP art.90); en fin,
además de los recursos que para la defensa de los derechos contempla la
Constitución, se ordena a la ley reforzar las acciones y los procedimientos
para que se pueda propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la
acción u omisión de las autoridades  públicas.
La gran mayoría de
las propuestas presentadas por todos los sectores políticos  a la Asamblea
Nacional Constituyente refleja el consenso general de los constituyentes de
1991 en torno a la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos y
libertades fundamentales.
"En el
articulado se intento hacer una sinopsis de los derechos fundamentales de la
persona humana... Como consecuencia, no podía dejar de consagrarse  también un
procedimiento de garantía efectiva de estos derechos, permitiéndole a quien ha
sido privado de su libertad recurrir a cualquier autoridad para su liberación
inmediata y respecto de los demás derechos, otras garantías similares".
(Aida Abella, Raimundo Emiliani Román, Germán Toro, Diego Uribe Vargas, María
Mercedes Carranza. Informe - Ponencia para primer debate en Plenaria sobre
Nueva Carta de Derechos, Deberes, Garantías y libertades G.C. No. 51 p.19).
" (...) Creo
que además de esos derechos fundamentales existe lo que nosotros hemos
denominado la necesidad  de no  quedarnos en el enunciado, porque nosotros
podemos ser muy elocuentes en el esfuerzo de síntesis y en la presentación de
todo lo que resultará nuestro catálogo, nuestro decálogo o nuestros 14 puntos;
pero la sustancia de todo el esfuerzo tiene que estar concentrada en cómo es
que eso se va a cumplir y de qué manera el Estado colombiano puede realmente
apersonarse de una manera tal y el  ciudadano estar cubierto para efectos de
que no sea letra muerta nuestra Constitución. De ahí que nosotros hemos dicho
que los derechos humanos necesitan dientes, ahora se diría muelas en la
Constituyente, pero necesitan dientes y muelas que coman para efectos de
garantizar que pueda realmente aplicarse lo que establecemos". (Augusto
Ramírez Ocampo. Intervención en la Comisión I de la Asamblea Nacional
Constituyente. G.C. 104 p.11).
No cabe duda del valor
normativo acentuado que la Constitución le asigna a las normas sobre
derechos, garantías y deberes. Valor  normativo que se acompaña con el principio
de efectividad que se eleva a fin esencial del estado  y a compromiso
ineludible de todas las autoridades públicas: "son fines esenciales del
estado:...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados  en la Constitución"
(CP art. 2). La
misión  de las autoridades de la República - los jueces no pueden
escapar a este mandato cuando ella es, por el contrario, su misión por
excelencia - es la de "proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los
particulares" (CP art. 2o.).
El principio de
efectividad  de los derechos y garantías es consustancial  al concepto
mismo de estado social de derecho que se propone como misión de
estado y justificación de la autoridad pública convertir los derechos
formales en derechos reales. Entre las varias proyecciones de este principio,
especialmente aplicables a la función de la Corte Suprema de Justicia y de
todos los jueces en su función de amparar los derechos de los ciudadanos, cabe
destacar lo señalado en el art. 13 de la Constitución Política: "El estado
- la Corte Suprema de Justicia y los jueces son órganos de una rama del estado
- promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados". De esta forma han
quedado plasmados en la Constitución los anhelos de amplios sectores de la población
y que en su momento tuvieron expresión en la Comisión V de la Asamblea Nacional
Constituyente cuando se afirmó: "Un principio fundamental orienta esta
exposición: la concepción de los ciudadanos  como iguales ante la vida y no
únicamente ante la ley.
Hemos dicho que la
Asamblea  ha sido  convocada  en la búsqueda  de una salida democrática a la
crisis política, social y moral del país y que la comisión  quinta se creó con
la firme intención de ir  más allá del necesario rediseño  de nuestra estructura
institucional y consagrar en la Carta unas normas que de alguna forma impacten
la cotidianidad angustiosa  de muchos compatriotas.
Con este propósito
estaremos vigilantes  para que en la Constitución no queden solamente
enunciados múltiples derechos que, de suyo, no garantizan unas condiciones de
vida dignas y decorosas y abogaremos por unas fórmulas  constitucionales con
capacidad suficiente  para normar y transformar la realidad social".
(Jaime Benitez Tobón, Tulio Cuevas Romero, Angelino Garzón, Guillermo Guerrero
Figueroa, Iván Marulanda Gómez, Guillermo Perry Rubio, Oscar Hoyos Naranjo,
Carlos Lemos Simmonds, Rodrigo Lloreda Caicedo, Ignacio Molina Giraldo, Carlos
Ossa Escobar, Miguel Antonio Yepes Parra. Informe - Ponencia para primer debate
en Plenaria sobre Finalidad Social del Estado y la Seguridad Social, G.C. No.
78 p.2)
Una jurisprudencia
evolutiva, abierta al conocimiento de las condiciones sociales, económicas y
políticas  del país  y consciente  de la necesidad  de estimular la progresiva
y firme  instauración de un orden justo,  asentado  en el respeto y efectividad
de los derechos y garantías de los ciudadanos, es la única que se concilia
con el estado social de derecho. Como corolario del principio de
efectividad, elemento esencial del estado social de derecho, el
artículo 228 de la Constitución Política, ordena que en las decisiones
judiciales prevalecerá el derecho sustancial. No existe derecho más
sustancial  que el consagrado en la propia Constitución cuando se ocupa de
definir los diferentes derechos.  Esa disposición debe por ello interpretarse
como una de las más preciosas garantías de la protección de los derechos y
brinda la prueba inconcusa  de su pleno valor normativo.
Ninguna autoridad
pública puede desconocer el valor normativo  y la efectividad  de
los derechos y garantías que la Constitución  consagra en favor de las
personas. Todas  las autoridades, sin excepción,  deben proteger y promover su
cumplimiento y respeto. Si la Corte Suprema de Justicia o cualquier juez viola
o pone en peligro un derecho reconocido en la Constitución a una persona,
desconoce  el valor normativo  y el principio de efectividad  que
ella reconoce a las disposiciones que lo consagran y su actuación no goza de
inmunidad  o privilegio alguno que la haga incuestionable. Ante ninguna
autoridad, por alta que sea, la Constitución  abdica su valor  normativo  ni
el estado social de derecho presta legitimidad a actuaciones suyas que
no sean las de servir a la comunidad y respetar y promover los derechos de sus
miembros.
18. La consagración
en el texto constitucional de principios generales, valores y derechos en favor
de las personas, ha enriquecido indudablemente  su contenido material.
Esto tiene repercusiones de la mayor trascendencia respecto de los actos que
realizan los órganos constituidos - Congreso, ejecutivo y jueces - y sus
agentes. La Constitución, en efecto, ya no agota  su regulación  en el sólo
diseño de los órganos del estado y en la determinación del método y
procedimiento para la creación y aplicación del derecho por parte de éstos. A
los criterios de validez y de reconocimiento del derecho como derecho estatal,
cometido específico de la norma constitucional, se agrega el respeto a los
principios, valores y derechos consagrados expresamente por la Constitución. El
contenido material  de la Constitución se erige en criterio de validez
del entero  ordenamiento jurídico y del universo de las actuaciones de los
poderes constituídos, cuya regularidad y pertenencia al derecho  estatal no se
cumple solamente satisfaciendo criterios orgánicos y formales. Así
las leyes del Congreso, los Decretos del Presidente, las sentencias de la Corte
Suprema de Justicia y de los demás  jueces, entre otros actos del estado, sólo
se reconocen como derecho válido del estado si además de reunir los
requisitos para su producción y emanación, según criterios formales y
orgánicos, respetan y se inspiran en el contenido material de la
Constitución que suministra criterios de fondo para calificar  desde este punto
de vista la validez de los actos y abstenciones  del estado llevadas a cabo por
sus órganos y agentes en todos los órdenes y en sus diversas manifestaciones.
Consiguientemente,
las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que violen derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución  a las personas, por no
conciliarse con su contenido material deberán excluirse a través  del
procedimiento correspondiente del derecho estatal.
19. La violación de
la Constitución por uno de los órganos que integran cualquiera de las ramas del
poder público o sus agentes, siempre supone un grave desajuste institucional
que precisa  ser corregido de manera inmediata a través de los procedimientos
de depuración constitucional que ella misma contempla. No se compadece con la
Constitución que los órganos por ésta creados, por definición sujetos a su
control, se conviertan  en factores de desestabilización  institucional. Es
comprensible que el ordenamiento reaccione con mayor energía ante este tipo de
incumplimientos dado su mismo origen y que ponga en acción una serie de
mecanismos correctores. Ninguna esfera del estado - así pertenezca a la rama
judicial - puede considerarse inmune a esta reacción de defensa del
ordenamiento estatal.
Las altas
jerarquías  del estado de los órdenes legislativo, ejecutivo y judicial, no son
titulares de fracciones de poder sino instrumentos para la realización de las
tareas estatales. La comunidad reclama de los órganos superiores del estado un
claro, inequívoco y militante compromiso de ceñir su conducta a lo preceptuado
por la Constitución. De otra manera, la Constitución se expone a ver
erosionada  su eficacia, su fuerza y su prestigio. No se puede exigir a la
población el cumplimiento  de una Constitución cuando sus altas jerarquías
hacen caso omiso de sus mandatos  e imponen sobre ella su nuda voluntad de
poder.
20. Si bien la
Constitución es norma normarum,  fundamento de todo el ordenamiento estatal,
ello paradójicamente la hace más frágil. La norma constitucional no tiene
existencia propia fuera de la realidad. Dado que su validez no puede ser
auto-referencial, su único sentido se concreta en llevar a la realidad lo
estatuído  por ella. El valor normativo de la Constitución no significa por sí
mismo la actualización del querer constituyente. Esa pretensión de vigencia a
la que se contrae  esencialmente su valor normativo precisa tanto su
aceptación  como su efectiva realización mediante actos humanos de voluntad y
hechos concretos de ordenación de la realidad política y social según sus
dictados.
Es cierto que la
pretensión de ordenar la realidad social y política - mundo de lo fáctico -
propia de la Constitución, puede malograrse si sus autores han desatendido
condicionantes insalvables de orden cultural, económico, técnico, geográfico o
de cualquier naturaleza que impidan e interfieran de manera irresistible el
proyecto constitucional. Obrando estas circunstancias, la pretensión de
vigencia de la Constitución y su valor normativo no pueden sino sucumbir ante
la tozudez  de la realidad.
Así no operen estas
causas objetivas de ineficacia de la Constitución, ella tampoco podrá realizar
su cometido si las altas jerarquías  del estado como poderes establecidos por
la Constitución no toman plena conciencia de su improrrogable compromiso de
adecuar  su conducta a la Constitución y promover activamente su cumplimiento.
Las personas que
ocasionalmente fungen como agentes  del poder público deben adquirir conciencia
de los fines del estado como que en su realización se cifra  la existencia
misma de la Constitución. No es posible que una rama del poder público -
legislativa, ejecutiva o judicial - cumpla idónea y responsablemente  su
función si no tiene conciencia de los fines del estado. Ese
desconocimiento convierte  las competencias en  feudos de poder; el
agenciamiento, puramente instrumental de una tarea estatal, en fin del estado
mismo; las técnicas organizativas  de la separación de funciones, de simple
mecanismo  de racionalización del manejo de la cosa pública,  en pretexto para
fundar dentro del estado "pequeñas repúblicas independientes",
soberanas e imbuidas  de sus propios fines.
En Colombia todas
las autoridades públicas están obligadas - la  Corte Suprema de Justicia y los
demás jueces no están exceptuados de este deber - a ejercer  responsablemente
las atribuciones que les han sido conferidas para realizar las diferentes
tareas estatales. Ese ejercicio responsable del poder público supone tener  conciencia
de los fines del estado, pues el propósito único de cada competencia
asignada a la autoridad pública es justamente la de realizar dichos fines. Se
comprende que si se carece de conciencia de los fines del estado no se
podrá cumplir el encargo que la sociedad hace a cada funcionario del estado.
La actuación de los
poderes públicos debe imperativamente  estar caracterizada  por una clara conciencia
de los fines del estado. Así lo ordena el artículo 113 de la Constitución:
"Los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas pero
colaboran armónicamente para la realización de sus fines".
Esta conciencia es
inseparable de la voluntad  de la cual debe ser portador todo servidor público
consistente en acomodar su conducta al precepto constitucional y contribuir
eficazmente  a que su valor normativo y su pretensión de vigencia
se cumplan de modo que el proyecto de vida del constituyente se proyecte en la
realidad y la  regule conforme a sus previsiones.
No se puede tener conciencia
de los fines del estado si se parte de una consideración abstracta  y
estática del estado como sujeto preexistente colocado fuera de la historia. El
estado más que un sujeto es un proceso histórico  continuo  mediante el cual se
pretende, en la realidad, reducir a unidad la diversidad y heterogeneidad de
las conductas e intereses que se manifiestan en la vida humana muchas veces de
manera caótica y desordenada. Se tratará siempre de la obtención de mínimos de
consenso que garanticen la unidad política del estado sin la cual no podrá
dentro del territorio disponerse de un orden jurídico que regule la convivencia
social. Los órganos del estado se asientan  sobre esa unidad política que en
ningún caso puede darse por dada y de cuya conservación y afianzamiento depende
la existencia misma del estado. Tener presente y colaborar en la construcción
histórica de esa unidad global es lo que ordena el artículo 113 citado al
imponer a los servidores públicos el deber de colaborar  para la realización de
los fines del estado. Los órganos superiores  del estado están obligados
constitucionalmente a tener esta visión unificada y global alrededor de los
fines que lo caracterizan  y que la Constitución pretende cimentar en la
realidad de la vida social apelando primariamente a su concurso y actividad.
Plantear la
separación de funciones, orgánica o intraorgánica, de manera absoluta, supone
convertir una herramienta del aparato estatal en fin del estado mismo.
Anteponer un pretendido principio de jerarquía como muralla al control
constitucional del respeto de los derechos fundamentales por parte de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, equivale  a excluir de una esfera
importante de la vida del estado la realización de uno de sus fines más
preciados. Asumir como verdaderas estas tesis  no se concilia con la conciencia
de los fines del estado  que debe distinguir  la actuación de sus órganos
superiores.
La conciencia de
los fines del estado debe forzar a mantener  un comportamiento oficial coherente.
No se puede predicar frente  a otros  respeto a los derechos fundamentales  y
sancionar sus violaciones y, simultáneamente,  negar ese escrutinio respecto de
sus propios actos. La comunidad perdería toda fe en la Constitución.
21. La conciencia
de los fines del estado se alimenta de la convicción acerca de la necesidad
de que la Constitución sea inviolable, dentro y fuera del aparato estatal,
como garantía de que la comunidad pueda tener en la unidad del ordenamiento
jurídico un sólido cimiento que le permita desenvolverse de  manera ordenada y
no de modo caótico o informe. La Constitución abriga la pretensión  de ser la
piedra angular  de la vida comunitaria. Sus normas son fundamentales en
cuanto ellas  expresan un mínimo de principios incuestionables e incontrovertibles
que por su estabilidad  y permanencia sirven de sustento a la comunidad. Esos
principios son unos de naturaleza orgánica y procedimental y otros de contenido
material. Los primeros señalan las tareas que el estado debe cumplir,
configuran las competencias e instituyen  los órganos que las realiza; gracias
a ellos se regulan los procesos de creación y aplicación de normas y solución
de conflictos, estableciendo entre los órganos mecanismos de coordinación y
control a los abusos del poder. Los segundos consagran las metas del estado,
los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertad y
derechos de los individuos  y grupos.
Ambos conjuntos de
normas, materiales y orgánicas, persiguen conferirle unidad  a la acción del
estado y concretar en la comunidad un determinado proyecto de vida. La
inviolabilidad de la Constitución, comprendiendo  cabalmente su cometido, es
condición esencial para ordenar la lucha política dentro de la sociedad,
establecer y racionalizar el poder público y evitar su abuso y preservar los
derechos y garantías de sus miembros.
La tesis que impide
el control constitucional de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia
cuando éstas se acusan de violar los derechos  fundamentales, desconoce tanto
los principios orgánicos de la Constitución  que favorecen el control de los
órganos estatales a fin de evitar el abuso del poder, como los principios y
valores materiales que pretenden asegurar el respeto a los derechos y libertad
de los ciudadanos.
22.
La conciencia  de los fines
del estado no ignora que la Constitución es un orden histórico que puede
quedar inactuado si los órganos del poder público no se empeñan deliberadamente
en cumplirla. La legitimación de la Constitución debe ser tarea constante de
las autoridades públicas. Compromiso que es mayor tratándose de una
Constitución nueva cuyo arraigo en la conciencia popular debe todavía esperar a
que el tiempo y el ejemplo y uniformidad de la conducta oficial produzcan su
fruto.
Someter las sentencias
de la Corte Suprema de Justicia al escrutinio y examen de constitucionalidad
refuerza el respeto a la Constitución y estimula su obediencia. No hacerlo es
un precedente que la deslegitimiza.
23. La conciencia
de los fines del estado lleva a  comprender que la Constitución es en
cierto sentido un orden  a alcanzar. Pretende esculpir en la realidad un
proyecto de vida comunitaria. Parte del presupuesto y de la fe que el derecho,
si cuenta con el auxilio de la voluntad de los hombres, puede tener algún poder
de conformación de la  realidad y que éstos  no siempre estarán expuestos a
circunstancias ingobernables. La Constitución puede ser frágil como se
ha dicho. Pero si a ella  la sustenta una firme e indeclinable voluntad, puede
transformar la realidad.
24. Como se ha
anotado, la Constitución no circunscribe su  pretensión normativa al
establecimiento de órganos del poder público y a la asignación  de sus
atribuciones, de modo que su  actuación configure - a partir de la norma
fundamental - el ordenamiento jurídico  en sus diferentes niveles y facetas.
Esta misión de la Constitución se puede denominar orgánica.
Adicionalmente, la
Constitución determina las reglas o pautas mínimas de convivencia social y de
ejercicio de la autoridad pública. La vida de relación, en sus múltiples
manifestaciones privadas y públicas y en la necesaria interacción de los
ciudadanos y las autoridades, debe discurrir de conformidad con los principios
y valores expresamente consagrados en la Constitución  y con estricto respeto a
los derechos allí plasmados, los cuales a su turno por representar los más
altos valores humanos se erigen en el núcleo esencial de la
Constitución. La Constitución cumple aquí una tarea que se puede denominar su
misión material.
25. El título II de
la Constitución que se ocupa de los Derechos, las garantías y  los Deberes, constituye
la proyección en el articulado de la misma de la primera y más radical
afirmación con la cual se inicia su texto: "Colombia es un estado
social de derecho...".
El estado de derecho
se define materialmente como aquél que consagra, protege y hace efectivos los
derechos de las personas, sus garantías y deberes. La protección de los
derechos se integra como elemento definitorio del estado social de derecho. No
hay estado de derecho sin garantía efectiva de los derechos de las personas ni
éstos pueden realizarse por fuera del estado de derecho. El respeto a la
dignidad humana, al trabajo, y a la solidaridad de las personas
que integran la nación le dan,  en su conjunto, un contenido material y
no simplemente formal al estado de derecho, el cual ya no puede
definirse a secas como el "mero imperio de las leyes".
En este sentido, el
constituyente encargado de redactar los artículos sobre Preámbulo y Principios,
en ponencia para primer debate ante la Plenaria de la Asamblea Nacional
Constituyente, afirmaba: "Al respetar la dignidad humana estamos
respetando todos los derechos de la persona y otorgamos preeminencia a la
libertad y la justicia... Hemos tenido muy en cuenta, además, el abrumador
plebiscito con que todos los proyectos y propuestas (más de quinientas)
proclaman la primacía de los derechos de la persona, así como la protección de
la familia, institución básica de la sociedad". (Alberto Zalamea Costa -
Ponencia para primer debate en Plenaria sobre Preámbulo y Principios G.C. No.
36 p. 28).
La consideración de
la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el elemento central del
nuevo estado de derecho, razón por la cual el sistema constitucional de
derechos y garantías - máxima expresión jurídica de la dignidad de la persona
humana - contribuye a darle contenido, sentido y fin a esta modalidad histórica
de estado.
La persona humana en
su manifestación  individual y colectiva es contemplada en la Constitución como
fuente suprema y última de toda autoridad y titular de derechos inalienables
para cuya  protección se crea el estado y se otorgan competencias a sus
agentes. En efecto: la soberanía reside  exclusivamente en el pueblo y
de él emana el poder público (CP art 3); el pueblo lo constituyen  las
personas en ejercicio de sus derechos políticos.
El Estado reconoce
la primacía de los derechos inalienables de la persona humana (CP art.
5). Las autoridades de la República están instituídas - tal es la razón del estado
- - para  proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra y bienes y demás derechos y libertades y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares (CP art
2).
Los derechos y
garantías de las personas consagradas en la Constitución, inspirados en el
respeto  y promoción de la persona humana, satisfacen necesidades subjetivas de
los individuos y grupos  sociales frente al estado y entre sí (función
subjetiva), y, de otra parte, integran de manera  objetiva el estado de derecho
(función objetiva).
En un plano
subjetivo, los derechos y garantías constitucionalmente proclamados, tienen la
virtualidad de reconocer al individuo y a los grupos sociales el poder efectivo
de establecer, en unos casos, un límite a la acción del estado y por tanto
reivindicar con éxito frente a sus invasiones una esfera de actuación libre de
interferencias e intromisiones (libertad negativa); en otros, el de ejercer
libremente una determinada actividad, que implica acotar un campo específico y
propio para el libre desarrollo de la personalidad, en sus  proyecciones
individuales y sociales (libertad positiva); y, finalmente, el de obtener del
estado la realización de ciertas  prestaciones que correlativamente se tornan
deberes sociales del  estado y que, en línea de principio, corresponden a los
derechos económicos, sociales y culturales. En el plano subjetivo, de otra
parte, repercuten en últimas aquellos derechos que tutelan bienes  e intereses
públicos y cuya titularidad se ubica, por estas circunstancias, en la misma
colectividad (derechos colectivos y del ambiente).
El catálogo de
derechos nos expone una variedad de situaciones. En primer término, poderes de
libre determinación e iniciativa del individuo que le otorgan un verdadero
status frente al estado y las demás personas y grupos, ante quienes los puede
reivindicar como derechos subjetivos públicos. Es el campo de la libertad  y de
la autodeterminación de la persona con referencia a sí misma en pos de la
actualización de todas las potencialidades de su ser, para lo cual es
indispensable la ausencia de interferencias. En segundo término, la
Constitución reconoce que los derechos y libertades individuales corresponden a
las oportunidades realmente existentes en la sociedad para satisfacer las
necesidades esenciales de cada individuo y cuya realización  es indispensable
para su dignidad y desarrollo. La realidad empírica muestra que el  hombre está
supeditado a las condiciones históricas de orden  económico, social y cultural
propias de su entorno. Con el objeto de crear oportunidades reales para el
ejercicio de los derechos por parte de todos los miembros de la comunidad, la
Constitución impone al estado objetivos, metas y programas de acción que pueden
eventualmente traducirse en derechos a diferentes prestaciones de orden
económico, social y cultural. Con la consagración de este tipo de derechos y de
intereses legítimos que representan para el estado obligaciones  positivas, se
pretende conseguir la igualdad social de suerte que la libertad y el pleno
desarrollo vital no sólo esté al alcance de una fracción  pequeña de la
población.
El sistema de
derechos y garantías tiene además una importante dimensión objetiva, como
elemento integrante del estado de derecho. Los derechos y garantías representan
el repertorio de valores básicos prohijado por la Constitución como base del
consenso social cuyo acatamiento legitima la actuación estatal y cuyo
incumplimiento franquea el ejercicio del derecho de resistencia contra el
mismo  estado y sus agentes. Los derechos y garantías, de otro lado,
contribuyen a asignar los cometidos estatales primarios que se sintetizan en la
protección de la libertad - actuando en unos  casos y debiendo abstenerse en
otros -  y en la promoción  activa de las  condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva (CP art 13).
Para medir la
incidencia objetiva del sistema de derechos y garantías y el significado
dominante que tiene en la Constitución, basta detenerse en las siguientes
consideraciones. El Estado-aparato, correspondiente al momento orgánico de la
Constitución,  se califica y define en función  de su capacidad constitutiva
para proteger la libertad y promover la igualdad y efectiva realización y
ejercicio de los derechos por parte de todos los  miembros de la comunidad.
Dado que el Estado sólo se crea y justifica con esa  pretensión, él se
califica como estado social de derecho. El sistema de derechos y
garantías no se limita a funcionalizar el estado en la dirección de su efectiva
realización, sino que se constituye además en el máximo criterio para calificar
el desempeño del mismo ordenamiento jurídico, el cual sólo puede  representar
la vigencia de un orden justo cuando la proclamación  constitucional de
los derechos, garantías y deberes se proyecte en la realidad concreta. Ese es
el fin esencial del estado (CP art. 2).
Cabe finalmente
destacar la posibilidad de que la reforma constitucional que recaiga sobre los
derechos reconocidos en el capítulo I del título II y sus garantías, se torne
más rígida que el procedimiento normal de reforma, si  así lo solicita el 5% de
los ciudadanos que  integran el censo electoral (CP art. 377). En este último
caso, la necesidad de someter a referendo las reformas constitucionales
aprobadas por el Congreso, pone de presente el peso significativo que la
Constitución le asigna al sistema de derechos y garantías.
El estado social de
derecho es la fórmula constitucional que articula de manera armoniosa la
Constitución orgánica y la Constitución material y que demuestra la primacía
del elemento material. El Estado-aparato es el medio para garantizar y hacer
efectivos los derechos y garantías y deberes sociales. La relación de Estado y
sistema de derechos y garantías es una relación de medio a fin. El Estado se
configura genéticamente para servir como instrumento a la garantía y
realización de los derechos. Esta es la esencia del estado social de derecho.
Como lo dijera un
ilustre ex-presidente ante la Comisión I de la Asamblea Nacional Constituyente,
"El tema de los derechos humanos, no es un tema cualquiera, yo estoy
absolutamente  seguro de que sí somos capaces de acordar  aquí, y luego pasarlo
a la Asamblea y allí defenderlo, un repertorio ordenado y al mismo tiempo
garantizado que serían los derechos humanos en la nueva Carta Política, le
hemos ofrecido a Colombia la paz, porque la verdad es que la paz reposa en eso,
en que los gobiernos garanticen los derechos de los seres humanos, que cada
ciudadano garantice los derechos de otro ciudadano y que los gobiernos sean
capaces de consagrar y exigir que los derechos humanos  sean eso que
pudiéramos  llamar la columna vertebral de nuestra democracia". (Misael
Pastrana Borrero. Intervención en la Comisión I de la Asamblea Nacional
Constituyente. G.C. 108 p.4).
A la luz de las
anteriores consideraciones, la tesis de la Corte Suprema de Justicia según la
cual ciertos actos jurisdiccionales escapan al control de constitucionalidad,
pese a ser violatorios del sistema constitucional de derecho, garantías y deberes,
no se compadece con la idea de estado social de derecho.
El estado social de
derecho se construye  bajo el designio de proteger y respetar a la persona
humana. La violación de sus derechos y garantías, representa una afrenta a la
persona y a su dignidad. El estado social de derecho se expondría a ver
desvirtuada su naturaleza si prestara su "razón social" para mantener
la vigencia y eficacia de actos jurisdiccionales lesivos de los derechos y
garantías de las personas constitucionalmente establecidos.
El estado social de
derecho sólo puede reclamar obediencia si su actuación es legítima y para serlo
no puede, mediante sus actos o sus abstenciones, violar el sistema
constitucional de derechos y garantías de las personas. Los actos
jurisdiccionales violatorios de los derechos constitucionales de las personas,
carecen de legitimidad y no pueden merecer acatamiento.
Los actos
jurisdiccionales violatorios de los derechos desconocen el concepto mismo que
los anima, y que apuntan a mantener  frente al Estado, sea este el
estado-legislador, el estado-administrador o el estado-juez, - una esfera de
interés privado libre de interferencias .
En estas
situaciones, la tesis de la inimpugnabilidad de los actos jurisdiccionales
violatorios de derechos fundamentales, recorta el concepto mismo de derecho
fundamental. No es posible aceptar que el ámbito de la vida personal o social
que el constituyente privilegia contra las intromisiones estatales se
reivindique y se imponga contra el legislador y la administración  y no lo
pueda hacer frente al estado-juez.
Cuando el sistema
constitucional de derechos y garantías impone al estado obligaciones positivas
de actuación, como desarrollo del programa perenne que asume el estado social
de derecho con miras a afianzar la igualdad, la función del juez no puede ser
ajena a la consolidación  y promoción  de los nuevos horizontes emancipatorios
que se abren a las personas y a los grupos sociales. El estado-juez en la tarea
de aplicación del derecho al caso concreto debe otorgar prioridad al derecho
sustancial y mediante la interpretación privilegiar la solución que promueva en
un mayor grado la igualdad real y efectiva. Estos mandatos específicos
contenidos en los artículos  13 y 228 de la Constitución enmarcan el decisivo
papel que el juez debe cumplir en el estado social de derecho. El
estado-aparato debe estar al servicio activo del sistema  constitucional de
derechos y garantías de las personas. El juez como defensor y promotor de los
derechos reniega de su función en el estado social de derecho cuando a través
de sus actos o  abstenciones, lejos de ser el artífice y constructor de un
orden justo, lesiona los derechos que debería tutelar.
El estado social de
derecho busca la máxima aplicación y ejercicio de los derechos constitucionalmente
protegidos. Su vigencia, por lo tanto, no se circunscribe  a las relaciones
entre los particulares y el estado. La primacía de la Constitución -
autopostulada en su artículo 4o. -, unido al deber de nacionales y extranjeros
de acatar la Constitución (orgánica y material) y al deber específico de toda
persona y ciudadano de respetar los derechos  ajenos, de no abusar de los
propios y de defender y difundir  los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica (CP art 95), le otorga títulos más que suficientes al
sistema de derechos y garantías constitucionales para gobernar  las relaciones
de los particulares entre sí. El juez está llamado a ser garante y promotor de
la convivencia pacífica, la cual se quebranta cuando en la vida  de relación
las personas desconocen y vulneran sus derechos y garantías constitucionales,
que en Colombia constituyen parte esencial del ordenamiento jurídico, con
fuerza vinculante  inmediata respecto de las relaciones privadas. Es claro que
si las violaciones privadas a los derechos constitucionales no son sancionadas
por el juez a quien se acude para su tutela, éste incumple en el Estado Social
de Derecho su misión constitucional como garante y promotor de la convivencia
pacífica. En este caso, la sentencia contribuye a consumar la violación o
desconocimiento de un derecho o garantía constitucional y se suma por lo tanto
a la infracción constitucional materia del proceso, máxime si se considera que
la indefensión estaría patrocinada por el mismo agente público que debería
rechazarla. Pretender que estas sentencias no se sujeten al control
constitucional no es solamente librar la vida comunitaria al arbitrio de los
sujetos privados más poderosos, sino renunciar a la misión  que el estado
social de derecho reserva a los jueces: ser los principales  defensores y
promotores de los derechos de las personas, lo que equivale a convertirse en
los más activos garantes de la convivencia pacífica.
El sistema
constitucional de derechos y garantías constitucionales se incorpora como
elemento objetivo y material del estado de derecho e integra con sus reglas,
principios y valores el ordenamiento jurídico que deben aplicar los jueces. La
función jurisdiccional del estado está, pues, consustancialmente ligada al
efectivo cumplimiento  de esta parte fundamental del ordenamiento.
La primacía de la
Constitución  además de concebirse  como poder vinculante respecto de los
sujetos públicos y privados, debe entenderse como pretensión moldeadora e
informativa de todo el andamiaje jurídico. No en vano la Constitución
reivindica  su naturaleza normativa. Los jueces deben apreciar, interpretar y
aplicar las leyes y demás normas, conforme a los dictados de las reglas y
principios consagrados  en la Constitución. En este sentido se dejarán de
aplicar normas incompatibles con la Constitución y entre las modalidades de su
aplicación e interpretación  se escogerá la que más se ajuste al espíritu y
texto de la carta. La nueva hermenéutica que impone la Constitución  se inspira
en el propósito de incorporar a todas las zonas de la normatividad  los
postulados del estado social de derecho y el instrumento  para alcanzar este
objetivo no puede ser sino el juez. La tesis de la inimpugnabilidad
constitucional de las sentencias, acogida por la Corte Suprema de Justicia,
impide  rectificar el curso desviado de la función jurisdiccional cuando ésta,
en lugar de afianzar el estado social de derecho, directamente lo vulnere.  Sin
control constitucional sobre las sentencias, se sustituye el necesario proceso
institucional y ordenado de afianzamiento de la primacía de la Constitución
respecto de las restantes normas del ordenamiento, por una actitud puramente
discrecional y volitiva de los jueces como si la efectividad del estado social
de derecho fuese algo  de tan poca monta que un órgano del poder público
pudiese, sin consecuencias, dejar de cumplirla.
26. El Estado
Colombiano se define como democrático y participativo (CP art 1).
El proceso político y la articulación  del estado-aparato, se llevan a cabo a
partir de la idea de "autodeterminación del pueblo", diáfanamente
expresada en el artículo 3o. de la carta: "La soberanía reside
exclusivamente  en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce
en forma directa o por medio de sus representantes, en los  términos que la
Constitución establece".
27. La autodeterminación
del pueblo puede ser estimulada por grupos  y entes especialmente diseñados
para canalizar la participación ciudadana, pero ella en últimas se ejerce a
través de cada individuo. Los mecanismos de participación del pueblo - el voto,
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato - se orientan a la
participación libre e igualitaria de cada miembro de la comunidad política.
28. El principio
de autodeterminación  del pueblo refiere a éste el origen del poder público
y de las principales decisiones políticas que configuran y unifican la
comunidad. Para que las supremas decisiones y orientaciones políticas y la
articulación del poder público, no se imputen al pueblo estableciendo
con este  un nexo puramente formal y teórico, incapaz de ganar legitimación
para la autoridad establecida y el proceso de toma de decisiones, se hace
necesario que las personas y ciudadanos que integran el pueblo
cumplan en verdad con su deber constitucional de participar en la vida
política, cívica y comunitaria del país (CP art 95-5).
29. Para que se
cumpla la aspiración  propia del estado social de derecho y el poder y su
aparato se construya a partir de la sociedad misma, cuya participación  por
esta razón resulta decisiva, debe brindarse a los miembros de la comunidad
posibilidades reales e iguales de participación en un proceso político abierto,
libre, transparente y pluralista.
30. Los derechos de
participación política junto a los restantes  derechos y garantías previstos en
la Constitución, entre los que cabe mencionar la libertad de conciencia,
expresión, reunión, entre otros, tienen una clara incidencia en el proceso
político que, si se pretende democrático y legitimador, debe asegurar a los
miembros de la comunidad el mayor nivel de participación, el cual no se logra
sino en condiciones de libertad e igualdad reales.
31.  La consagración
del sistema de derechos y garantías y su efectivo cumplimiento, resulta
esencial para el régimen democrático y en su ausencia no es posible apelar al
principio de autodeterminación del pueblo como origen del poder público
y sustento de la voluntad política.
32. Dado que el
poder judicial se origina  - como todo el estado - en el pueblo y que el
derecho se vincula a su voluntad política expresada en forma directa  o por
medio de sus representantes, las sentencias que violen derechos
fundamentales de las personas  ligados a la garantía de un proceso político
libre y abierto a través del cual se forma - de manera rica y variada - esa
voluntad popular, vulneran el principio democrático, causa última  de su
autoridad y del derecho que aplica.
33. La tesis de la
inimpugnabilidad judicial de las sentencias  contrarias a los derechos
fundamentales, representa el más sutil traslado de la soberanía del pueblo a
los jueces por ella instituidos, que así quedan libres  de toda atadura constitucional
para coartar la democracia y los procesos sociales a través  de los cuales
germina y se expresa la voluntad popular. Y es que no hay democracia sin
autodeterminación del pueblo; ni autodeterminación del pueblo sin respeto hacía
el ejercicio  efectivo de los derechos fundamentales; ni respecto a los
derechos fundamentales si su violación no puede controlarse, verificarse y
sancionarse.
34. La Constitución
realiza su objetivo cuando el discurrir comunitario y estatal se conforma a sus
dictados y acredita su primacía en cuanto sea capaz de imponerse sobre las
conductas que contradigan o ataquen el orden que pretende establecer. La idea
de Constitución es inseparable del atributo de prevalencia con el que enfrenta
las manifestaciones de la vida estatal o comunitaria que la nieguen.
La existencia de la
Constitución, como sistema o conjunto de normas, no es independiente de su
efectiva aplicación a la realidad concreta que pretende modelar. La deliberada
configuración normativa de la Constitución - norma de normas - exige la
institucionalización  de una eficiente y organizada reacción contra su
incumplimiento. Como lo expresaran los constituyentes ponentes del tema sobre
Control de Constitucionalidad "el corolario lógico de la jerarquía  de
normas en cuya cima se encuentra la Constitución, es la necesidad de un control
de constitucionalidad que vuelva eficaz el principio de la superioridad  de las
normas  constitucionales. Así en caso de contradicción entre la ley inferior y
la ley superior, es esta última la que deben aplicar los tribunales, los cuales
rehusarán aplicar la ley inferior o bien declararán su inconformidad con la
Constitución". (Ponencia sobre Control de Constitucionalidad, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado. María Teresa Garcés Lloreda y José
María Velasco Guerrero. Gaceta Constitucional No. 36 p.2).
La Jurisdicción
Constitucional se ha establecido por la misma Constitución como función
pública asignada a ciertos órganos  dotados de competencias judiciales
especiales cuyo cometido  consiste en asegurar la integridad y primacía de la
Constitución.
El ejercicio de la
función de defensa del orden constitucional  confiada a la Jurisdicción
Constitucional contribuye de manera eficaz a configurar la realidad
constitucional, como quiera que su misión es la de que la Constitución
trascienda su expresión formal y se convierta en Constitución  en sentido
material.
Sin ella la
Constitución no sería norma de normas y carecería de carácter coercitivo. Este
carácter  que puede en ciertos eventos evidenciarse a través del uso de la
fuerza, en materia constitucional generalmente se hace visible con ocasión del
ejercicio de la Jurisdicción Constitucional que excluye del mundo
jurídico o impone la inaplicación de las normas contrarias a la Constitución y
sujeta a sus dictados las conductas transgresoras.
La Jurisdicción
Constitucional se pone en movimiento en los eventos previstos en la
Constitución. En algunos de ellos sólo se requiere de una iniciativa ciudadana
- acción de inexequibilidad - o de la petición de la persona agraviada - acción
de tutela.
Con lo anterior
quiere destacarse que la integridad y primacía de la Constitución, consagrada
por virtud del querer soberano del pueblo, es un derecho fundamental de las
personas que bajo distintas formas -acción de inexequibilidad, acción de
nulidad,  excepción de constitucionalidad, acción de tutela etc.- se concede a
ellas por la Constitución con miras a vigilar su cumplimiento y obtener, cuando
no sea así, que los poderes  públicos ejerzan sus competencias dentro de los
límites de la Constitución, se inspiren en sus valores y principios y respeten,
en todas las circunstancias, los derechos y garantías  de las personas.
Con independencia de
la necesidad institucional de la Jurisdicción Constitucional, inherente
a la condición normativa de la Constitución, ésta se instituye con el objeto de
hacer posible  el ejercicio del derecho fundamental de todas las personas a
la integridad y primacía de la Constitución. No sobra relievar la
naturaleza  fundamental de este derecho. En la Constitución se consagran las
reglas básicas de la convivencia pacífica y de la organización y ejercicio de
los poderes públicos. A través de la Jurisdicción Constitucional se
asegura su respeto.
35. La Jurisdicción
Constitucional, bien comprendido su objeto, debe entenderse en sentido
material, máxime si se tiene en cuenta  que las competencias específicas sobre
el particular no se radican en un único órgano judicial. De otra parte, sólo el
conjunto de las competencias en punto de control  constitucional, permite
extraer las características  y finalidades propias de la Jurisdicción
Constitucional, las cuales brevemente esbozamos a continuación.
36. Las principales
competencias en materia constitucional son  conferidas a los diferentes órganos
judiciales de manera directa por la Constitución.
El artículo 241 de
la Constitución Política confía a la Corte Constitucional la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución y enumera los asuntos  de
constitucionalidad sobre los cuales debe pronunciarse.
El artículo 237 de
la Constitución Política atribuye al Consejo de Estado el conocimiento de las
acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el
Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
De otra parte, según la misma norma, como Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley, le corresponde
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la actuación administrativa.
De conformidad con
el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tendrá acción para
reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales.
Con base en lo
previsto en el artículo 4 de la Constitución Política, en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, los
jueces deberán aplicar las disposiciones  constitucionales.
La configuración de
la Jurisdicción Constitucional es una tarea que acomete  directamente la
Constitución y lo hace con base  en criterios materiales. Todas las
competencias de la Corte Constitucional integran la Jurisdicción
Constitucional, pero no todos los asuntos que pertenecen a ésta última se han
adscrito a su conocimiento. En todo caso, el ejercicio de las competencias en
materia de control constitucional, independientemente del órgano judicial que
las ejerza, se proponen de manera inmediata asegurar la primacía e integridad
de la Constitución y conforman por ello la Jurisdicción Constitucional. Correlativamente,
la Jurisdicción Constitucional sólo  establecida del modo indicado, o
sea en términos materiales, corresponde a la extensión  del derecho
fundamental de toda persona a la integridad y primacía de la Constitución,  que
exige que en los distintos ámbitos de la vida pública y privada la Constitución
pueda desplegar en concreto su máxima eficacia ordenadora como suprema
condición de la paz social y pueda convertirse así en Constitución material,
con lo cual satisface su objetivo esta jurisdicción.
37. El derecho
fundamental a la integridad y primacía de la Constitución y las normas que
articulan la Jurisdicción Constitucional, deben interpretarse de manera
que potencien  al máximo la defensa y cumplimiento de la Constitución. Basta
observar que la Jurisdicción Constitucional  tiene una significación esencial
para el perfeccionamiento y vigencia del estado constitucional de derecho, la
división y equilibrio de las ramas del poder público, la distinción entre poder
constituyente y poderes constituidos, la división vertical del poder del estado
y el respeto de los derechos fundamentales.
38. La Jurisdicción
Constitucional es la garantía básica del Estado constitucional de derecho.
El poder público en todas sus manifestaciones - estado-legislador,
estado-administrador y estado-juez - se origina en el pueblo y se ejerce en
los términos que la Constitución establece (CP art. 3o.). La Jurisdicción
Constitucional asegura que efectivamente todos los poderes  públicos sujeten
sus actos (aquí quedan comprendidos entre otros las leyes, las sentencias y los
actos administrativos) a las normas, valores y principios constitucionales, de
modo que cada una de las funciones estatales sea el correcto  y legítimo
ejercicio de una función constitucional.
El ejercicio de la Jurisdicción
Constitucional, indispensable en el estado de derecho, es hoy además
crucial a fin de mantener un adecuado equilibrio de poderes y salvaguardar la
esfera de la libertad y los derechos de grupos y minorías carentes de
influencia real en el proceso de toma de decisiones. La intervención creciente
del estado en sectores de la vida económica y social, antes alejados de su
interferencia, ha multiplicado el tamaño  y poder de la administración y
modificado el papel de la ley y la función  del Congreso. A lo anterior se suma
el grado variable de incidencia de los grupos privados organizados sobre las
dos ramas que concentran los más importantes recursos de poder en la sociedad.
La rama judicial, a través de la Jurisdicción Constitucional, está
llamada a contrapesar  inteligente y responsablemente  el crecimiento del
legislativo y del ejecutivo modernos. El estado de derecho requiere del igual
fortalecimiento de las tres ramas del poder público.
39. La  Jurisdicción
Constitucional,  y el derecho fundamental a la integridad y primacía de
la Constitución, se orientan a preservar la división, que nunca debe
soslayarse, entre poder constituyente y poderes constituidos. Esta función
esencial se cumple por la Jurisdicción Constitucional, al impedir que
los poderes  constituidos (ramas legislativa, ejecutiva y judicial) se aparten
de los mandatos y cauces de actuación establecidos en la Constitución. La
ausencia de control, tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia en
relación con las sentencias, lleva a que se esfumen los contornos de esta
división sobre la cual se asienta la existencia de la Constitución.
40. La Jurisdicción
Constitucional garantiza el respeto y adecuada distribución de competencias
entre la administración central del estado y las entidades territoriales de
modo que no se lesione su autonomía. Leyes y actos administrativos que
desconozcan el grado de autonomía constitucionalmente reconocido a las
entidades  territoriales, que expresan una forma de división vertical del poder
del estado, se exponen a ser proscritos del ordenamiento al ponerse en marcha
variados mecanismos de control constitucional.
41. La Jurisdicción
Constitucional está llamada a asegurar la primacía del núcleo esencial de
la Constitución que corresponde a la consagración  de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas. La enunciación de derechos
fundamentales sería proclama vacía si no se hubieren contemplado vigorosos
mecanismos  de defensa  constitucional de tales derechos. La Jurisdicción
Constitucional asume como competencia  especialísima  la guarda  de los
derechos fundamentales buscando, conforme a la expresa y reiterada intención de
todos los constituyentes, la efectividad de los mismos y su oponibilidad
frente a todos los órganos del poder público.
La defensa
constitucional de los derechos puede plantearse por vía general a través de las
acciones de inexequibilidad o nulidad, dependiendo de si la ofensa a los
derechos se origina en una ley o en un acto de la administración,
respectivamente. Ante violaciones  concretas  de derechos fundamentales
producidas por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, la persona
agraviada tiene la acción de tutela, a la cual se refiere  el artículo 86 de la
Carta Política.
42. En los
considerandos anteriores se ha demostrado extensamente  que la tesis sostenida
por la Corte Suprema de Justicia, desconoce el texto de la Constitución y los
principios fundamentales del ordenamiento constitucional que tienen  que ver
con la separación de los poderes, la preferencia por el derecho sustancial, el
valor normativo de la Constitución, la efectividad de los derechos, la
intangibilidad del contenido material de la Constitución, la conciencia  de los
fines del estado y la pretensión de vigencia de la Constitución.
Sólo resta hacer
referencia a los argumentos de la Corte Suprema de Justicia que se esgrimen
contra la sujeción de las sentencias a la acción de tutela: el alcance de esta
acción dadas sus características y el valor de la cosa juzgada.
43. La acción de
tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias  que pongan término a
un proceso, proferidas por los Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y
Consejo  de Estado, cuando éstos a través de las mismas vulneren o amenacen
por acción u omisión cualquier  derecho constitucional fundamental.
44. La asignación de
competencias al pleno de la Corte Suprema de Justicia y a sus salas, en materia
de tutela, no viola el artículo 234 de la Constitución Política. La norma que
lleva a cabo la distribución de competencias tiene fuerza de ley. De otra
parte, el criterio de separación se mantiene. En efecto, el conocimiento
de la acción de tutela  dirigida contra la sentencia de una sala, compete a la
sala que le sigue en orden; la impugnación contra la sentencia de tutela de
ésta última, se atribuye a la Sala Plena. El conocimiento de la acción de
tutela y la impugnación se adscriben como competencias separadas a la
Corte en pleno y a las salas respectivas.
45. La ley puede, en
el marco de la Constitución, adicionar las atribuciones de la Corte Suprema de
Justicia (CP art. 235-7) y determinar su distribución  entre la Corte en pleno
y sus salas (CP art. 234).
Dado que las
sentencias de la Corte Suprema de Justicia pueden ser objeto de la acción de
tutela, se hacía necesario que la norma reglamentaria  de esta acción asignara
nuevas competencias a la Corte Suprema de Justicia y articulara un sistema
separado de conocimiento de la acción e impugnación del fallo de tutela.
La Corte Suprema de
Justicia en su carácter  de Juez Colegiado  no podía sustraerse del
conocimiento de las acciones de tutela. El artículo 86 de la Constitución
Política compromete a todos los Jueces en la defensa de los derechos
fundamentales. La nueva atribución  que adiciona las competencias de la
Corte Suprema de Justicia, no es sino la refrendación de un mandato
organizativo de la Constitución.
Corresponde al
legislador, en desarrollo del artículo 86 de la Constitución, perfeccionar  el
mecanismo procesal más adecuado para que las personas  agraviadas puedan
obtener la protección de sus derechos fundamentales. Entre las distintas
alternativas posibles de regulación, el Legislador histórico optó por una que a
juicio de esta Corte consulta la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y
de los otros altos  cuerpos colegiados de la Justicia y que conjuga a su vez,
dentro de los límites de la Constitución y el prioritario respeto que merecen
los derechos fundamentales, la debida consideración a su rango e independencia.
En efecto, otras fórmulas en materia de tutela cuyo objeto fuesen sentencias de
la Corte Suprema de Justicia acusadas de violar derechos fundamentales, habrían
podido concluir en la institucionalización de controles judiciales  externos a
dicha Corte para asumir la doble función - ordenada en la Constitución - de
conocimiento de la acción de tutela e impugnación del respectivo fallo.
46. La asignación de
competencias  en materia de acción de tutela a las salas de la Corte Suprema de
Justicia y a la Corte en pleno, la erige a ella y a sus salas en órganos a
través de los cuales se ejerce en Colombia  la Jurisdicción Constitucional.
La tesis de la
diversidad y especialización de las salas, que se esgrime contra la posibilidad
de que una de ellas conozca en sede de tutela la sentencia proferida por otra,
desconoce que es la materia constitucional exclusivamente  la que
suscita la acción de tutela y su definición e impugnación. No se trata por
tanto de entrar a conocer del proceso tallado por otra Sala, sino que el juez
constitucional examina la conformidad de la sentencia con los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.
La violación actual
o potencial  de un derecho constitucional fundamental es primariamente un
asunto constitucional y el ejercicio de la acción de tutela se convierte en
el presupuesto para que su resolución corresponda a la Jurisdicción
Constitucional. Los momentos de ejercicio de la acción, impugnación del
fallo de tutela y eventual revisión de éste último, son tramos de la indicada
jurisdicción y los órganos judiciales encargados de cada momento pertenecen
materialmente a la Jurisdicción Constitucional y aplican Justicia
Constitucional.
Los distintos
planteamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre diversidad,
especialización, igualdad, autonomía e independencia de las salas, desconocen
su importante ubicación en la Jurisdicción Constitucional  y la forma
particular de estructuración de esta Jurisdicción en el país, que se sirve,
como se ha visto, del aparato judicial ordinario para el cumplimiento de su
alta misión, lo cual debe llevar a distinguir  respecto de cada órgano judicial
los asuntos que se incluyen en la esfera de su respectiva jurisdicción y los
que pertenecen a la esfera de la Jurisdicción Constitucional. Nada más
alejado del querer constituyente, que un órgano judicial ordinario reniegue de
su función como Organo de la Jurisdicción Constitucional anteponiendo
criterios de especialidad, diversidad, igualdad y autonomía, propios y
exclusivos de su esfera ordinaria de actuación.
En fin, teniendo
entidad propia y diferenciada la materia constitucional, la Jurisdicción
Constitucional y la Justicia Constitucional, el argumento de la diversidad
igualitaria de las salas no puede prosperar. Queda claro que en el orden
constitucional, un órgano puede cumplir distintas funciones y una misma función
puede ser ejercida por distintos órganos, en cuyo caso una interdependencia
organizativa y sistemática de los órganos entre sí no es incompatible con la
normal independencia jurídica con la que uno de tales órganos en particular
realiza sus funciones ordinarias.
47. Tampoco están
destinados a prosperar los múltiples argumentos  de la Corte Suprema de
Justicia que tienen su raíz en un supuesto principio jerárquico que se
desvirtuaría de permitirse la acción de tutela contra sentencias de la Corte
Suprema de Justicia, así como por librarse su decisión a la sala que le siga en
orden, asignarse la definición  de su impugnación  a la Sala Plena y mantenerse
la revisión del fallo de tutela por la Corte Constitucional.
La acción de tutela,
la impugnación y revisión consiguientes, se inspiran  en la configuración de un
eficaz sistema de defensa de los derechos fundamentales que trasciende la mera
satisfacción de los intereses concretos en juego y se constituye en un control
objetivo de constitucionalidad. En consecuencia, los diferentes jueces que
intervienen en las sucesivas fases judiciales de la tutela no ejercen entre sí
una suerte de control jerárquico. El fallo de tutela no expresa la voluntad del
juez que lo emite ni su propósito de dirigir y coordinar la actuación del juez
(o sala) que profirió la sentencia objeto de la tutela, del mismo modo como se
desata un recurso jerárquico. Por el contrario, este fallo - y lo mismo puede
predicarse del que define su impugnación  y el de revisión - se pronuncia en
condiciones de independencia para la realización  y garantía del derecho
constitucional objetivo y por conducto de un órgano judicial que en cada caso
representa la soberanía  del estado aplicada a la función de administrar
Justicia Constitucional. La independencia  en este caso está
completamente desligada de la jerarquía y quiere decir que el juez, en
materia de tutela, sólo depende de la norma constitucional y circunscribe su
función, no a la realización de un control jerárquico, sino a la protección de
los derechos fundamentales. La revocatoria  de una sentencia de una sala de la
Corte Suprema de Justicia producida por otra en ejercicio de la acción de
tutela, no es la señal de un control jerárquico, a todas luces inexistente,
sino la prueba y consecuencia de su patente  inconstitucionalidad.
Pero, si en gracia
de discusión, se admitiera que la acción de tutela sobre sentencias de la Corte
Suprema de Justicia, plantea un problema de jerarquía, de todas maneras, tal
acción y eventual revocatoria de las sentencias inconstitucionales serían
procedentes. Las exigencias vinculadas a la primacía de la Constitución se
imponen  sobre las derivadas de cualquier principio jerárquico. Si se lleva el
conflicto hasta sus últimas consecuencias  y se plantea la no coexistencia  en
dado caso de estos dos extremos, el criterio  jerárquico sucumbe ante la
necesidad  de salvaguardar la primacía de la Constitución. Este conflicto,
primacía de la Constitución - jerarquía, ya ha sido resuelto en favor de la
primera por la misma Constitución en su artículo 91: "En caso de
infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna
persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo
ejecuta". Por lo demás, el texto del artículo 4o.  de la Constitución
Política, tantas veces citado, impone la supremacía  de la Constitución por
encima de cualquier acto de las autoridades públicas.
48. La revisión de
las sentencias de tutela originadas en la Corte Suprema de Justicia por parte
de la Corte Constitucional no va en detrimento de la condición de la Corte
Suprema de Justicia como máximo Tribunal de la Jurisdicción  Ordinaria y, en su
caso, del Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo.
Se trata, en primer
término, de una competencia  expresamente  asignada a la Corte Constitucional
por la misma Constitución (CP arts 86 y 241-9). De otra parte, la paridad
jurídica de los máximos tribunales es compatible con el predominio de uno de
ellos en el ejercicio de las funciones que tengan relación más directa e
inmediata con sus competencias ordinarias. A diferencia de los otros altos
tribunales, la Jurisdicción Constitucional es para la Corte Constitucional su
competencia única. De idéntica manera, como acontece con las otras
jurisdicciones, la Constitución señala para la Jurisdicción Constitucional
a la Corte Constitucional como máximo  tribunal en esa materia, al confiarle de
manera expresa "la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución" (CP art 241).
La competencia  de
la Corte para revisar  sentencias de tutela es una manifestación  de su
posición  como máximo tribunal de la Jurisdicción Constitucional y obedece a la
necesidad de unificar la jurisprudencia nacional sobre derechos fundamentales.
La circunstancia de que todos los jueces, independientemente de la jurisdicción
a que pertenezcan, son para estos efectos jueces constitucionales - con
lo que se ha querido ampliar la Jurisdicción Constitucional  a fin de
otorgar la máxima protección a los derechos fundamentales - torna más necesaria
aún la unificación de la Jurisdicción Constitucional.
Por lo demás, la
actuación de la Corte Constitucional como máximo Tribunal de la Jurisdicción
Constitucional, permite darle cohesión e integrar en sentido sustancial la
aplicación e interpretación de la Constitución en las restantes jurisdicciones.
La Jurisprudencia  Constitucional de la Corte Constitucional, aparte de los
efectos de cosa juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia
irradiadora importante en los casos de aplicación preferente de la Constitución
frente a otras normas. Igualmente, la Corte Constitucional como juez de la
constitucionalidad de las leyes y de las normas con fuerza de ley, provee a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la ordinaria la base legal
depurada conforme a la cual se juzgará la actuación administrativa y la
aplicación de la ley a los casos concretos, respectivamente.
49. El derecho
fundamental a la integridad y supremacía de la Constitución se traduce en
materia de derechos fundamentales en el derecho fundamental a la protección
inmediata de los derechos fundamentales. De conformidad con lo estipulado
en el artículo 228 de la Constitución, los mecanismos procesales ideados por el
constituyente y por el legislador deben interpretarse de manera que prevalezca
el derecho sustancial. La acción de tutela - al igual que los restantes
mecanismos y procedimientos legales de protección de los derechos fundamentales
- deben interpretarse, en consecuencia, buscando el máximo grado de
cumplimiento y eficacia de la Constitución que, en este caso, equivale a la
mayor  efectividad  del derecho fundamental a la protección inmediata de los
derechos fundamentales.  La Corte Suprema de Justicia, por el contrario,
interpreta la acción de tutela, con una visión tan restrictiva que frusta su
naturaleza, finalidad y sentido y desconoce la materialidad del derecho
sustancial que dicha acción pretende amparar.
50. El derecho
fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales entraña
un mandato perentorio al legislador para que adopte los procedimientos
necesarios y ágiles para la protección de los derechos individuales, de grupo o
colectivos (CP arts. 86, 98 y 152-a).
La acción de tutela
es uno de los medios a través de los cuales se pretende satisfacer el
mencionado derecho fundamental, pero su utilización se subordina, en primer
término, a la condición de que el afectado "no disponga de otro medio de
defensa judicial".
Para determinar si
se dispone de "otro medio de defensa judicial", no se debe verificar únicamente,
como lo sugiere la Corte Suprema de Justicia, si el ordenamiento contempla
expresamente una posibilidad legal de acción. No se trata de garantizar
simplemente el "derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia" (CP art. 229), sino el derecho
fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. En
consecuencia, debe determinarse, adicionalmente, si la acción legal
alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de
los derechos vulnerados o amenazados.
Esta interpretación
consulta, de otra parte, la Convención  Americana de Derechos Humanos, suscrita
por Colombia, que en su artículo 25 ordena: "Toda persona tiene derecho a
un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
convención,  aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales".
Y no de otra manera
podría ser ya que como lo expresara el legislador  especial - Comisión Especial
Legislativa -  en su momento "la real existencia de medios judiciales de
defensa no se suple con una existencia formal o de mero papel. Para que ésta
pueda predicarse requiere que los medios sean eficaces y aptos para remediar la
vulneración o eliminar la amenaza. Si el medio existe, pero es tardío, lo que
lo hace ineficaz, determina la procedencia de la acción" (Informe Ponencia
para Debate en Plenaria. Informe de Mayoría. Ponentes Germán Sarmiento Palacio,
Hidela Avila de Zuluaga, Armando Novoa García. Comisión Especial Legislativa,
Gaceta Legislativa No. 18 p. 5).
Es imperioso, a
voces del artículo 93 de la Constitución, interpretar los derechos y deberes
constitucionales de conformidad  con los tratados internacionales  sobre
derechos humanos ratificados por Colombia. En este orden de ideas, es
importante destacar que las notas de "sencillez", "rapidez"
y "efectividad", son  determinantes para establecer si un
procedimiento legal,  diferente a la acción de tutela, tiene aptitud para
brindar a los afectados la protección inmediata de sus derechos
constitucionales vulnerados o amenazados.
No es lógico ni
jurídico que Colombia sólo cumpla la Convención  Americana de los Derechos
Humanos, cuando no exista en la ley medio judicial alguno de protección de los
derechos, en cuyo caso sería procedente la acción de tutela - que sí reune las
mencionadas notas de aptitud para brindar la protección inmediata - y deje de
cumplirla en los demás casos en los cuales no sería procedente la acción de
tutela por existir un medio judicial ordinario, pese a que este no reuna las
indicadas características.
La
"sencillez" del medio judicial se determina según la mayor o menor
complejidad del procedimiento y las limitaciones  de orden práctico que ello
suponga para que el afectado pueda tener posibilidades reales de iniciar y
mantener la correspondiente acción, atendidas sus condiciones socio-económicas,
culturales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encuentre. Las
peticiones que a este respecto formulen las personas pertenecientes a los
grupos discriminados o marginados deben merecer especial consideración, pues la
acción de tutela puede ser una medida de favor que mitigue en algo la
desigualdad que tradicionalmente ha acompañado a estos grupos (C.P. art. 13).
La
"rapidez" del medio judicial está relacionada con la mayor o menor
duración del proceso y el efecto que el tiempo pueda tener  sobre la
actualización de la amenaza de violación del derecho o las consecuencias y
perjuicios derivados de su vulneración, para lo cual  deberán examinarse las
circunstancias del caso.
La
"efectividad" del medio judicial es una combinación de las dos notas
anteriores, pero se orienta más al resultado del proceso y por ello se relaciona
con la medida de protección ofrecida al afectado durante el proceso y a su
culminación. Aquí el juez debe analizar a la luz de los procedimientos
alternativos, cuál puede satisfacer  en mayor grado el interés concreto del
afectado,  lo cual en modo alguno implica anticipar su resultado sino
establecer frente a la situación concreta, el tipo de violación del derecho o
de amenaza, la complejidad probatoria, las características del daño o perjuicio
y las condiciones del afectado, entre otros factores, lo adecuado o
inadecuado que puedan ser los medios judiciales ordinarios con miras a la
eficaz protección de los derechos lesionados.
51. Es evidente que
si el afectado ha hecho uso de los medios de defensa judiciales ordinarios
hasta agotarlos, sin obtener efectiva protección de sus derechos
constitucionales amenazados o vulnerados, a su término no dispondrá "de
otro medio de defensa judicial" y podrá perseguir esa protección a través
de la acción de tutela. En este caso,  es necesario que la protección de los
derechos se haya planteado de manera expresa ante las diferentes  instancias
judiciales. La acción de tutela se concibe  como medio último y extraordinario
de protección al cual se puede recurrir  sólo en ausencia efectiva de un medio
judicial ordinario capaz de brindarla. Con mayor razón, se abre la vía de la
tutela a los afectados que han agotado en vano los medios judiciales ordinarios
sin encontrar protección efectiva a sus derechos constitucionales conculcados.
Consideraciones de equidad (CP art. 230), que se encuentran en la base de la
acción de tutela, militan igualmente en favor de su concesión  en esta
situación extrema, de modo que al término de la vía judicial ordinaria se abra
la vía de la Jurisdicción Constitucional. No puede ser de otra manera
cuando la Constitución ve en el respeto a la dignidad  humana y la consiguiente
efectividad de los derechos fundamentales  el valor fundante y el fin esencial
del estado.
52. La lesión de los
derechos constitucionales  fundamentales puede producirse en el curso de
cualquier  proceso judicial o a su término, sin que necesariamente el mismo se
haya instaurado con miras a la protección de un derecho de esta naturaleza. En
estos casos, el autor de la vulneración de un derecho o de su amenaza es el
juez. Las providencias judiciales respectivas pueden en estas condiciones ser
objeto de acción de tutela si no existe otro medio judicial idóneo para
proteger el derecho conculcado. De persistir la violación, pese a la
interposición de los recursos correspondientes, el agotamiento de la vía
judicial ordinaria,  permitirá al afectado acceder a la Jurisdicción
Constitucional.
53. Cuando la acción
de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez del conocimiento se
circunscribe  al examen  y decisión de la materia constitucional con
prescindencia  de todo aquello que no  tenga que ver con la vulneración o
amenaza de vulneración  del derecho constitucional fundamental. La acción de
tutela no representa frente a los respectivos  procesos judiciales instancia ni
recurso alguno. Cuando la vulneración del derecho constitucional se estudia con
ocasión del trámite  de la acción de tutela, no se avoca el conocimiento y
desarrollo de la litis, lo que bajo ninguna circunstancia es de la incumbencia
de la Jurisdicción Constitucional, sino única y exclusivamente  la
conducta del juez reflejada en su providencia y en cuanto  ésta haya violado un
derecho fundamental o amenace con hacerlo. Este es el único asunto que tiene
relevancia constitucional. Ir más allá quebranta el principio de independencia
(CP art 228) indispensable para la administración de justicia y subvierte
los límites entre las diferentes jurisdicciones.
54. La acción de
tutela da lugar a un verdadero proceso judicial,  es decir, formulada la
petición de protección, se requiere de una serie de actos coordinados  y
regulados por el derecho cuyo  cumplimiento es necesario  para la declaración o
ejecución del  derecho. La Constitución señala que ese medio a través del cual
se persigue la efectividad de la pretensión  - en este caso la declaración  y
protección de un derecho fundamental - tenga las características de un procedimiento
preferente y sumario.
La intervención de
los jueces para la definición de la acción de tutela y de su impugnación,
aunada a la revisión eventual de la Corte Constitucional y a que todas las
actuaciones anteriores  rematan  en sentencias, le resta toda
verosimilitud a la tesis de la Corte Suprema de Justicia que pretende asimilar
la acción de tutela y su resultado a un simple trámite policivo que arroja
medidas a lo sumo precautelativas. Desconoce, de otra parte, la Corte Suprema
de Justicia que la Constitución en el mismo artículo 86 está sujetando a la
competencia judicial y no administrativa la definición de
controversias sobre la vulneración o amenaza de derechos constitucionales
fundamentales. Después de que el constituyente consagrara una reserva
judicial en esta materia, precisamente para asegurar y fortalecer la
defensa de los derechos, núcleo esencial de la carta, no es posible reducir la
actuación judicial y su resultado -  que se expresa en sentencias y en un
procedimiento  de doble instancia - a un asunto puramente policivo.
La acción de tutela
busca la efectividad de la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado
y como medio de protección debe interpretarse atendiendo el cumplimiento de su
finalidad. Corresponde a la regulación y a los jueces, considerando las
circunstancias del caso, graduar los efectos de las sentencias que pueden ser
definitivos (generalmente en los casos en los cuales no haya otro medio
judicial), temporales, suspensivos o transitorios (cuando se utilice como
mecanismo transitorio).
La variabilidad de
los efectos de las sentencias de tutela y la naturaleza preferente y sumaria de
su procedimiento,  no desvirtúa su carácter judicial - que es la razón  de ser
de su garantía - sino que responde a la exigencia de asegurar la efectividad
de los derechos constitucionales fundamentales de manera que se haga
justicia al caso concreto y ésta sea cumplida y pronta.
55. Resta una
mención expresa al valor del principio de la cosa juzgada esgrimido por la
Corte Suprema de Justicia para negar que la acción de tutela pueda dirigirse
contra sentencias. El primer argumento, apenas esbozado por la Corte, se
relaciona con la intangibilidad de la cosa juzgada que sufriría  quebranto de
aceptarse su procedencia.
56.
Según la Corte Suprema de
Justicia la cosa juzgada responde a un  principio no escrito de valor
universal, cuyo apoyo constitucional lo ofrecería el artículo 94 de la Carta
Política. Este precepto constitucional afirma la vigencia en el  ordenamiento
de los derechos y garantías  que, siendo inherentes a la persona humana, no
figuren expresamente en el texto de la Constitución  y en los convenios
internacionales suscritos por Colombia.
57. Como derecho
o garantía inherente a la persona humana la cosa juzgada, de acuerdo con
esta postura,  adquiriría una fuerza supraconstitucional. En efecto, cerrar la
vía a la acción de  tutela contra sentencias cuando éstas violen derechos
fundamentales expresos,  equivale a eludir  toda confrontación entre aquél derecho
o garantía inherente a la persona humana y  los mencionados derechos
fundamentales expresos,  para de esta manera mantener la intangibilidad de
la cosa juzgada que asumiría una posición de primacía constitucional, hasta el
punto  de clausurar ab initio  el debate sobre la eventual vulneración
de  tales derechos por parte de la sentencia.
58. Si el principio
de la cosa juzgada tiene el alcance que sostiene la Corte Suprema de Justicia,
debe averiguarse su naturaleza y determinarse si él corresponde a una emanación
de la personalidad humana y si como tal se impone a  los derechos
constitucionales expresos  pese a que frente a éstos sólo exhiba el
carácter de un derecho o garantía constitucional implícita.
59.
Se dice que una sentencia
tiene fuerza de cosa juzgada cuando ella se torna  inmutable y definitiva  y no
puede ser modificada o revocada por ningún  medio jurídico, ordinario o
extraordinario, dentro o fuera del proceso  en que se produjo.
Las diversas teorías
que se han expuesto sobre la naturaleza y fundamento de la cosa juzgada no la
hacen depender de un supuesto  derecho o garantía a la persona humana,  como
afirma la Corte Suprema de Justicia. Un rápido repaso y comentario a las
principales  teorías sobre la materia,  desde las clásicas hasta las modernas,
sirve  para confirmar el aserto.
En el Derecho Romano
primitivo, dada su influencia religiosa se imputaba a la divinidad el poder de
hacer las leyes y decidir  los litigios. "Una disputa surgia entre dos
ciudadanos:  solamente la divinidad, por intermedio de sus ministros , los
Pontífices, podía ponerle fin. Pero para obtener el juicio divino era aún
necesario utilizar ciertas formas, hacer ciertos gestos. Si las formas
exigidas  habían  sido regularmente  cumplidas, los Pontífices no tardaban  en
expresar la voluntad divina. Si, por el contrario, las formas se habían
cumplido imperfectamente, la voluntad de los dioses no se revelaba. Pero en
todos los casos  estaba prohibido renovar  el procedimiento. Quién hubiera
osado  ofender  a los Dioses, formulando dos veces la misma cuestión?" (Jean
Dumitresco, L'autorité de la chose jugée et ses applications en matiére des
personnes physiques, citado por Esteban Ymaz, en "La esencia  de la
cosa juzgada y otros  ensayos",  ed Arayú, Buenos Aires, p. 7). La cosa
juzgada tiene aquí una  explicación mágico-religiosa  y en ella está ausente
toda consideración a su origen humano. El mismo Derecho Romano, en su
evolución  posterior, superó esta primera visión y redujo la pretensión de la
cosa juzgada  a la de una presunción  de verdad condensada  en la conocida
fórmula "res iudicata pro veritate accipitur" (la cosa juzgada es
admitida como verdad). El fundamento mítico fue sustituido por otro de orden
mundano y de carácter acendradamente  práctico,  desde entonces  alegado como
cimiento de la cosa juzgada: la necesidad de darle certeza al  derecho y
mantener la paz social de suyo inconciliable con las múltiples  sentencias
contradictorias y la indefinida prolongación  de los procesos. Tampoco esta
justificación  tiene filiación  con un pretendido derecho inherente a la
persona humana sino que obedece  sencillamente  a un criterio práctico de
conveniencia  general.
El código de
Napoleón, como es suficientemente sabido, consagró  legalmente la concepción
de la cosa juzgada proveniente del  Derecho Romano (CC arts 1350-1352)
confiriéndole  el carácter de una presunción  iuris et de iure, o sea
sin dar lugar a admitir  prueba alguna contra lo decidido en ella. En este
orden de ideas, la sentencia mantiene  su status de verdad legal pese a que en
muchos casos contraríe la realidad o el juez haya incurrido en  error de
derecho. No se descubre en esta concepción legal una  explicación diferente a
la ya mencionada del Derecho Romano. Cabe resaltar que ahora el principio de la
cosa juzgada se convierte en derecho positivo y que es el estado, a través de
su  instrumento natural, la ley, el que otorga a ciertas sentencias  el valor
de presunción de derecho y el que niega a otras esta  autoridad y, finalmente,
será también el Estado el llamado a consagrar excepciones  a dicha presunción.
No subyace a esta  manifestación del derecho estatal, ningún  ligamen con un
supuesto derecho inherente a la persona humana. Por el contrario,  antes
que reafirmar un derecho de la personalidad,  la cosa juzgada  consagrada en la
ley reivindica el poder de jurisdicción  del estado que se ejerce a través de
los jueces. La cosa juzgada se  trata no como derecho de los individuos sino
como algo que por  antonomasia pertenece al derecho público y donde campea una
voluntad  supraindividual que como acto de imperio otorga  y despoja, a su
arbitrio, contenido  de verdad  a sus  manifestaciones, de suerte que cuando
decide que ciertas decisiones de los jueces son definitivas e inmutables,
ellas  valen como verdad, lo que representa simplemente  un llamado a
su  acatamiento y una técnica persuasiva o un excesivo recurso de legitimación
que puede tal vez ser eficaz. Detrás de la presunción puede que sólo haya
metáfora  y metalenguaje, pero en últimas siempre  será posible exigir el
cumplimiento  de las sentencias no porque  éstas sean la verdad  sino
porque provienen de uno de los poderes  públicos, o sea están dotadas de autoridad.
En el Código Civil Francés, y en los Códigos inspirados en él, el aspecto
de autoridad propio de una decisión judicial definitiva e inmutable,
quiso ser asociado con la noción de verdad, pretensión  que refleja el
deseo del estado no de consagrar un derecho inherente a la persona humana sino
de reclamar  para una de sus  manifestaciones existenciales- las decisiones de
sus jueces - el  mayor y máximo respeto y observancia, toda vez que ellas  -
aquí  estriba su pretensión - no pueden ser miradas solamente como  meras
manifestaciones de su autoridad sino como muestras absolutas de verdad.  Si
ante  un fallo con autoridad de cosa juzgada, no vale implorar derechos de la
persona por el cercenados, pues sobre ellos el Estado  reclama   para las
decisiones  de los jueces  incondicional  obedecimiento como mandatos  que
reúnen auctoritas y veritas, ¿cómo puede sostenerse que estas
cualidades  de las sentencias se deriven de un supuesto  derecho  inherente
a la persona humana?.
Adoptando una
perspectiva diversa, algunos doctrinantes  han preferido explicar el fenómeno
de la cosa juzgada recurriendo a la figura de la ficción como más
apropiada que la de la presunción de derecho. El estado simplemente supone
(de ahí la idea de la ficción) que el contenido de la sentencia
corresponde  a la verdad, independientemente que ello sea o no cierto. La
teoría de la ficción,  que no entra esta Corte a criticar o avalar,  no sugiere
que la cosa juzgada sea la proyección de un derecho inherente a la persona
humana. Al igual que las restantes teorías su función es explicar y
justificar el carácter definitivo e inmutable que la ley otorga a ciertas
decisiones judiciales.  En todo caso, nada estará más alejado de un derecho
inherente a la persona humana que "una ficción de verdad". Los
derechos fundamentales no pueden construirse a partir de este tipo de
ficciones. Menos todavía cuando ellas pretenden dar una base de legitimidad
social a dictados provenientes del  imperio del estado. Solamente a partir de
un completo sojuzgamiento del individuo por el estado - alienación total -, es
dable construir la categoría  de los derechos fundamentales de la persona
humana sobre la apropiación e internalización  en la órbita de esta última de
todas aquellas necesidades  funcionales y existenciales  del aparato estatal,
como lo es la necesidad que llegue un momento en que los jueces del estado
deban pronunciar, en los  asuntos que se les sometan, la última palabra.
Una concepción
diferente vincula la cosa juzgada a los efectos de la sentencia  de modo que
aquella se la hace residir en la fuerza  vinculante de la declaración de
certeza que ésta contiene, la cual es especialmente  obligatoria para los
jueces que deben  sujetarse a ella en cualquier debate posterior sobre el mismo
asunto decidido.
Otra teoría postula
que las sentencias irrevisables  no se limitan  a declarar el derecho objetivo
sino que tienen  virtualidad configuradora y transformadora de las relaciones
jurídicas debatidas.
Ambas teorías
vinculan la cosa juzgada a la declaración  de certeza realizada por el juez, la
primera de ellas circunscribiendo su eficacia en términos puramente procesales
y la segunda otorgándole efectos sustantivos en lo que hace al reconocimiento y
extinción  de relaciones jurídicas. En últimas, la cosa juzgada se conecta  con
el efecto de la sentencia que genera una indiscutible  declaración de certeza
ya sea que ésta tenga  una vigencia reducida  al plano procesal o se predique
del ámbito de los derechos que reconoce  o extingue.  En ninguno de los casos
la cosa juzgada se entiende como emanación  de un derecho inherente a la
persona humana. Por el contrario,  el fundamento de la cosa juzgada se
reivindica como campo  particular del derecho  procesal del estado, según  la
primera de las teorías estudiadas. Y, de acuerdo con la última, la cosa juzgada
se manifiesta en la configuración  directa por la sentencia de relaciones
jurídicas  sin ser ella misma, aparte de forjadora de relaciones  jurídicas,
derivada de un supuesto derecho inherente a la persona humana.
Finalmente, a partir
de una concepción puramente normativa, la sentencia se contempla como norma
individual y el problema de la cosa juzgada se plantea en términos de su
vigencia en el tiempo,  concretándose  en la prohibición  existente para
ciertos casos de la derogación de esta especie de norma individual judicial por
otras normas posteriores, con el objetivo de garantizar la  estabilidad
jurídica del sistema. La prohibición aquí tampoco obedece a un pretendido derecho
inherente a la persona  sino a  una norma positiva que establece la
prohibición derogatoria y de esta manera fundamenta la cosa juzgada.
60. El recuento de
algunas de la principales teorías  acerca del fundamento de la cosa juzgada
demuestra que no deriva este principio de un pretendido derecho inherente a
la persona humana. Las teorías  modernas se ocupan de justificar la figura
a partir de su expresa consagración  legal y de criterios prácticos de
conveniencia general inspirados en la necesidad de mantener los valores de
certeza jurídica y paz social.
Los diferentes
códigos de procedimiento han consagrado  expresamente la figura de la cosa
juzgada. En los indicados  códigos se regula el ejercicio de la jurisdicción
por parte del estado y de manera especial el efecto de las sentencias,
principal acto a través del cual el órgano jurisdiccional cumple  la obligación
correlativa al derecho de acción y ésta a su vez  realiza su objeto y
simultáneamente se da cabida y responde  al derecho de contradicción.
En Colombia no se
hace necesario recurrir a principios universales o a tratados internacionales
para descubrir la figura  de la cosa juzgada. El Congreso, en ejercicio de su
atribución  constitucional de dictar las leyes y, particularmente, de su
función de "expedir códigos en todos los ramos de la legislación y
reformar sus disposiciones" (CP art. 150, numerales 1 y 2),  ha consagrado
y precisado  los contornos de esta figura.
Entre otras normas
legales que regulan la cosa juzgada basta citar las siguientes : artículos 9 y
16 del Código Penal; artículo 17 del Código de Procedimiento Penal;  artículos
332 y 333 del Código de Procedimiento Civil; artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo.
La definición de la
cosa juzgada  en los diferentes procesos  y sus efectos, la determinación  de
sus requisitos, el señalamiento de las sentencias que constituyen  y no
constituyen  cosa juzgada, y sus excepciones, son aspectos que integran una
materia que, en nuestro ordenamiento, es de orden legal y carece de jerarquía
constitucional. Entre otras razones, la rigidez propia del texto constitucional
no aconseja someter una  materia tan dinámica a la normativa constitucional.
Por eso el Constituyente abandonó su tratamiento concreto a la ley y no es
difícil verificar que su regulación se aloja en los códigos de  procedimiento.
61. Las leyes que
consagran y regulan la cosa juzgada deben respetar la Constitución. La
regulación legal de la cosa juzgada no tiene una jerarquía o status superior a
la Constitución  y su interpretación  debe hacerse según  el sentido que mejor
armonice con sus principios y preceptos.
Parecería  la
aclaración anterior una ociosa reiteración del  principio de supremacía de la
Constitución sobre las leyes. Se impone hacerla sin embargo por la persistencia
del arraigo mítico que la cosa juzgada todavía  suscita en la jurisprudencia
nacional y que recuerda esa fase del Derecho Romano primitivo brevemente
reseñada en esta sentencia.  De hecho el intento que se ha  demostrado fallido
de sustentar la cosa juzgada en el artículo 94 de la Constitución Política como
derecho inherente a la persona humana expresa una  creencia en un
equivocado y distante valor supranormativo y supraconstitucional de dicha
figura.
De otra parte, la
aclaración pretende dejar  bien establecido que  los linderos entre Constitución
y ley no se suprimen ni se extinguen por confusión cuando esta última refleja
y desarrolla valores y principios constitucionales. Los valores y principios
constitucionales - como los de paz, prevalencia del interés  general y vigencia
de un orden justo - están llamados a inspirar y permear todo el ordenamiento
jurídico, sin que por ello las leyes que sirvan de vehículo para su realización
práctica adquieran rango constitucional. Aún más, en caso de conflicto entre
dichos valores y la eficacia de los derechos fundamentales  el constituyente ha
optado por la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5).
La regulación de la
cosa juzgada por la ley puede justificarse en criterios de interés
general y de conservación  de la paz social. De allí no se sigue que esa ley
y la materia regulada, la cosa juzgada, adquieran status
constitucional. Hacer caso omiso de la posible violación  de los derechos
constitucionales fundamentales a fin de mantener la intangibilidad de las cosa
juzgada es  supeditar la Constitución a la ley e invertir la pirámide
normativa. El raciocinio de la Corte Suprema de Justicia obra en la ley una
extraña metamorfosis pues la convierte en principio supranormativo y como  tal
condicionante y subordinante  de la Constitución, para lo cual apela a la idea
de la cosa juzgada como derecho inherente a la persona humana, extremo
que ha resultado carecer de todo fundamento.
El camino lógico que
debe transitarse es el de entender cabalmente el contenido y alcance legal de
la cosa juzgada y dar una interpretación de la misma conforme a la
Constitución. De este modo se podrá determinar si la institución de la cosa
juzgada  puede conciliarse - y de qué manera - con el respeto a  los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución y cuyo  cumplimiento coactivo
puede surtirse a través de la acción de tutela.
62. En este orden de
ideas, la exacta delimitación del problema  constitucional que suscita la
regulación legal de la cosa juzgada, exige detenerse a examinar la tensión que subyace
a esta figura así como a la dinámica de sus elementos.
Los litigios y
controversias cuya resolución pacífica se somete  a la decisión de los jueces,
deben tener un fin y reclaman una  pronta composición por parte del estado. Así
se satisfacen  los deberes del estado frente a las demandas de estabilidad
jurídica y paz social. Llega un momento en que las sentencias deben  adquirir
irrevocabilidad e inmutabilidad, para no poner en peligro la estabilidad
jurídica. De otra parte, para asegurar la agilidad que debe caracterizar  al
estado en la definición de los procesos, la Constitución Política ordena a los
jueces cumplir diligentemente los términos procesales (CP art. 228), pues de lo
contrario no solamente se pierde la utilidad y la oportunidad de la justicia
sino se incuba un germen de desorganización social que puede quebrantar la paz.
Pero la paz también  exige que la decisión  de los jueces sea justa como quiera
que la injusticia es la mayor  causa de congoja e insatisfacción  que puede
soportar un pueblo.
Definir el problema
planteado supone tener en cuenta los elementos mencionados sobre los cuales la
Constitución se pronuncia de manera expresa. Se garantiza  el derecho de toda
persona para solicitar la tutela de la justicia (CP art. 229). La Administración
de Justicia debe tomar decisiones sobre los asuntos que se someten a su
consideración y hacerlo de manera imparcial (CP art. 228). Los jueces
deben actuar con prontitud y diligencia (CP art. 228). Las
sentencias de los jueces deben ser justas  dado que ellos son uno de los
principales instrumentos del estado para asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo (CP art. 2).
De ahí que el
verdadero problema constitucional que plantea la cosa juzgada no sea el
vislumbrado por la Corte Suprema de Justicia  pues es evidente  que la
regulación legal de la misma debe someterse a la Constitución y por ende
respetar los derechos fundamentales y ser objeto de escrutinio especial para
tal efecto, sino el de la compatibilidad de dicha regulación legal de la cosa
juzgada  con la exigencia que impone la Constitución a los jueces: que sus
sentencias aseguren la convivencia pacífica  y la vigencia de un orden justo.
63. El fin del
proceso debe ser la sentencia justa (CP art. 2): No la cosa juzgada a
secas.
Se admite sin
embargo que entre ese fin y su resultado concreto siempre existirá un margen de
diferencia atribuible a la falibilidad  del juicio humano y a las limitaciones
de orden  técnico y probatorio inherentes al instrumental del cual se sirve  el
juez  y que en cierto modo se tornan muchas veces insuperables.
Repárese solamente
en las variadas limitaciones intrínsecas y circunstanciales que exhiben los
diferentes medios de prueba (testimoniales, documentales etc.) para apreciar la
dificultad que enfrenta el juez que sólo por su conducto puede acceder al
conocimiento de los hechos que sustentan las pretensiones de las  partes o
conforman la base real e histórica de las causas sobre las cuales debe decidir.
Añádase a lo
anterior, el deber  imperioso de fallar que pesa  sobre el juez, so pena  de
incurrir en caso contrario en denegación de justicia (Ley 153 de 1887, art. 48;
artículo 150 del Código Penal),  independientemente de la deficiencia del
material probatorio y del silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley a
aplicar.
La búsqueda de la
justicia y la verdad podría no tener término. Razones prácticas ya mencionadas
llevan a la necesidad de clausurar en un momento dado las controversias y a que
sobre  ellas se pronuncie la última palabra por parte del juez, no obstante las
deficiencias e inseguridades anotadas. La cosa juzgada  precisamente se edifica
sobre la precariedad objetiva y subjetiva de la tarea secular de administrar justicia
y se hace  cargo de tal precariedad, inmunizando las decisiones  judiciales
que la ley determina, contra los ataques e impugnaciones  posteriores que
contra ellas se dirijan.  Esas decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada,
pese a su no-verdad o no completa verdad, valen como verdad y deben cumplirse.
Lo que se expresa en la conocida expresión res iudicata pro veritate
habetur.
La cosa juzgada es
en últimas una fórmula de compromiso, quizá imperfecta pero en todo caso
práctica,  entre las exigencias  de justicia y paz, y la certeza jurídica y
agilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. La cuestión que tiene
directa relevancia  constitucional es la de determinar cuánta justicia y cuánta
paz deben sacrificarse  en aras de la certeza  jurídica y de la agilidad de la
función jurisdiccional. Esta pregunta es forzosa  en el nuevo marco
constitucional que asigna a los jueces la  misión de administrar justicia y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P. art.
2o).
64. El sentido de la
entera obra del Constituyente  se orienta al  establecimiento de un orden
social justo. Por consiguiente entre las alternativas de solución de un
caso, el Juez debe  inclinarse  por la que produzca el resultado más justo y
resuelva de fondo la controversia dando prevalencia al derecho sustancial (CP
Preámbulo, arts. 2 y 228). No cabe duda que a la luz de la Constitución  debe
afirmarse como valor orientador de la actividad judicial el favorecimiento de
la justicia material que se condensa en la consigna pro iustitia.
En razón del
principio pro iustitia la regulación legal de la cosa juzgada debe en
aras de la seguridad jurídica sacrificar lo menos posible la justicia. El juez
como instrumento de la justicia y de la paz y no solamente de la ley positiva
tiene, en la nueva Constitución, la delicada y excelsa misión de ser con
ocasión de cada caso concreto sometido a su decisión, el artífice de ese orden
social justo. Lo que cubre la cosa juzgada con su firmeza debe en su mayor
extensión  responder a un contenido de justicia material. El mero
"decisionismo", no corresponde  a la filosofía que anima la
Constitución.
Frente al problema
planteado conviene avanzar en un doble sentido. Primero, determinando unos
criterios generales que apunten a la progresiva construcción  de la justicia
material, de modo que la cosa juzgada sea más el escudo de una decisión justa
que la mera inmunidad que protege una decisión de estado. Y es que la cosa
juzgada,  en el nuevo ordenamiento constitucional, vale no  como  razón de
estado sino como expresión de justicia. Segundo, señalando  específicamente lo
que en ningún caso puede  ser sacrificado en función de la certeza o seguridad
jurídica y que corresponde al "mínimo de justicia material"
que debe contener una sentencia. Sólo de esta manera se puede delimitar el
ámbito de seguridad jurídica que permite sustraer a una decisión  judicial
cubierta por la cosa juzgada de los ataques  e impugnaciones  de que puede ser
objeto por su ilegalidad o injusticia.
65. La progresiva
construcción de justicia  por los jueces enriquece la cosa juzgada pues sus
fallos tendrán más valor en términos de justicia y verdad. Los criterios
generales de justicia material, cuya elaboración debe hacerse a partir de la
Constitución, están llamados a consagrarse  en el curso de una  evolución
histórica que tenga siempre presente la realidad del país. Sin embargo, desde
ahora pueden esbozarse algunas pautas de justicia que surgen  directamente del
texto constitucional y cuya incorporación  a la faena judicial no hará sino,
como acaba  de decirse, enriquecer la cosa juzgada.
Los artículos 228 y
229 de la Constitución Política atribuyen a las personas el  derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración justicia. Por esta
vía los particulares solicitan a los jueces la protección de sus derechos tanto
de los consagrados en la Constitución como en otras normas. Este derecho se
asienta sobre  la concepción de un Estado material de derecho que por
definición no agota su pretensión  ordenadora en la proclamación formal de los
derechos de las personas sino que se configura a partir de su efectiva
realización.
El derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia  comprende
en su ámbito las sucesivas  fases de tramitación  de las peticiones  de
actuación  que se formulan al órgano de justicia y la respuesta que éste en
cada caso dé a las mismas. Por fuerza de las cosas el mencionado derecho cubre
los dos "tramos" que corresponden respectivamente a los momentos de
tramitación y resolución de peticiones.
En lo que respecta
al primer momento, debe comenzarse por afirmar que en virtud de lo establecido
en el artículo 228 de la Constitución Política, se ha constitucionalizado el
principio de interpretación según el  cual la ley procesal debe
interpretarse teniendo en cuenta  que el objeto de los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Con
esta idea en mente pueden destacarse  otros principios con efectos inmediatos
en el desenvolvimiento  del proceso.
Las dilaciones
indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirtúan la eficacia de la
justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el artículo
228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las
personas  dentro de unos plazos razonables. Sopesando   factores inherentes a
la Administración de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento  de
las peticiones  y que están vinculados con un sano criterio de seguridad
jurídica, conjuntamente  con otros de orden externo propios del medio y de las
condiciones materiales de funcionamiento del respectivo Despacho judicial,
pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del
rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho
fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos.
El derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia impone a
los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial
de las partes vinculadas al proceso. La notificación, presupuesto esencial para
que una parte  pueda ejercitar su derecho de defensa, no puede ser reducido a
mero requisito de forma y sobre el juez recae la obligación de garantizar el derecho
fundamental a ser notificado de conformidad  con la ley de manera efectiva y
real.
La igualdad
sustancial  de las partes y el respeto a sus derechos fundamentales obliga al
juez a abstenerse de decretar y prácticar ciertas pruebas que resulten
incompatibles con el ordenamiento constitucional. Pero, sin perjuicio de lo
anterior, el juez en términos  generales tiene la obligación positiva de
decretar y prácticar las pruebas que sean necesarias para determinar la verdad
material, pues esta es la única manera para llegar a una  decisión de fondo que
resuelva la controversia planteada y en la que prime el derecho sustancial y el
valor justicia, como lo ordena el artículo 228 de la Constitución
Política. En este sentido, debe  reinterpretarse a la luz de la Constitución,
el alcance de la carga de la prueba regulada por algunos códigos de
procedimiento.
Independientemente
de la aplicación general del indicado principio probatorio, en algunos casos el
Juez en atención a la necesidad  de promover la efectividad de los derechos
fundamentales y en razón del principio pro iustitia podrá disponer que
la prueba de un hecho, dadas las circunstancias  concretas y excepcionales de
la causa, no recaiga sobre quien lo alega sino sobre la parte que esté en
mejores condiciones  o posibilidades de probarlo.
En lo que respecta
al segundo momento, o sea el de la resolución de las controversias, debe
tenerse en cuenta que la aplicación  e interpretación del derecho debe hacerse
conforme a la Constitución. La norma que primero y en grado mayor obliga al
juez es la Constitución. Si bien los jueces en sus providencias  sólo están
sometidos al imperio de la ley (CP art. 230), en todo caso de
incompatibilidad  entre la Constitución y la ley  u otra norma jurídica,
se aplicarán sus disposiciones (CP art. 4). Las normas constitucionales
están llamadas a ser aplicadas directamente a las controversias  y para ello,
por regla general, no requieren de la mediación  de la ley por cuanto tienen
un contenido normativo propio y autosuficiente. Las leyes y demás normas del
ordenamiento no deben aplicarse si resultan  incompatibles con el sentido de la
Constitución y, en todo caso,  deberán interpretarse del modo que más armonicen
con el texto constitucional. La Constitución aspira a tener una plenitud de
sentido y a permear con sus principios y valores el entero  ordenamiento.
Cualquier pieza normativa del ordenamiento, por ende, para subsistir en él y
reclamar obediencia debe  conciliarse con la letra y el espíritu de la
Constitución. Esa decisiva  verificación  es una de las tareas más delicadas
que el Estado confía al poder judicial, en el momento en que éste procede a
decidir los asuntos que se someten a su consideración.
No se trata de una
mecánica y formal aplicación del derecho a los hechos. La Constitución pretende
que el juez - obligado portador de los principios y valores incorporados
positivamente al texto constitucional - al decidir la controversia busque
materializar en el mayor grado posible tales principios y valores de modo que
su sentencia asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
En la sociedad democrática que establece la Constitución la misión del juez se
concreta en la de ser un instrumento eficaz de justicia material.
66. De lo dicho
puede colegirse que la regulación legal de la cosa juzgada sólo puede
mantenerse en la sociedad democrática y justa diseñada por el Constituyente
bajo la condición de que como fórmula histórica y evolutiva de compromiso
sacrifique cada vez menos justicia en aras de la consecución de la necesaria
estabilidad jurídica. En otras palabras, en cada momento histórico habrá un
"precio" límite en términos de justicia sacrificada a partir del cual
no se podrá ofrecer nada más a fin de garantizar la necesaria seguridad
jurídica.
Los criterios de
justicia material extraídos de la Constitución, llamados a gobernar el proceso
y su resolución - o sea, los momentos de tramitación de los pedidos de justicia
y de decisión de las controversias - están destinados a ganar para la justicia
material un mayor espacio. El acatamiento de las indicadas pautas de justicia
hará que las sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada tengan un mayor
contenido intrínseco de justicia.
Aparte de los
criterios constitucionales aplicables a la tramitación y decisión de los
procesos, cuya finalidad es incorporar a la sentencia el máximo contenido de
justicia, la Constitución determina un ámbito que representa el mínimo de
justicia material que ella debe contener y que en ningún caso puede
sacrificarse en aras de la seguridad jurídica. Ese ámbito merecedor de tan
especial protección corresponde a los derechos fundamentales cuya efectividad
se eleva a fin esencial del estado y a razón de ser de sus autoridades (CP
arts. 1 y 2).
Los derechos
fundamentales previstos en la Constitución abarcan igualmente los momentos de
trámite de los procesos - garantía del debido proceso - así como de decisión de
la controversia que deben enderezarse hacia la efectividad de los mismos.
La sentencia que se
produzca con violación o desconocimiento de los derechos fundamentales - tanto
de orden sustantivo como procesal -, por no incorporar el mínimo  de
justicia material exigido por  el ordenamiento constitucional, no puede
pretender hacer tránsito a cosa juzgada. Sólo la cosa juzgada que incorpore por
lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter.
La violación o
desconocimiento de los derechos fundamentales, base de la convivencia,
quebranta la paz social. La  violación o desconocimiento de los derechos
fundamentales se opone a la vigencia de un orden justo. La seguridad
jurídica no se puede construir ni mantener a costa de la violación o
desconocimiento de los derechos fundamentales y la que se consiga de esa manera
será siempre frágil. El juez que profiere una sentencia que desconozca o viole
los derechos fundamentales obra por fuera de sus competencias e incurre en
arbitrariedad. La jurisdicción del estado como todo poder público se origina en
la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo  y no puede ejercerse para
desconocer o violar sus derechos fundamentales. Todo lo anterior explica
suficientemente porqué se desintegra la cosa juzgada cuando ella afecta el mínimo
de justicia material dado por los derechos fundamentales. Ninguno de los
elementos cuyo equilibrio conforma y regula la cosa juzgada -paz social,
justicia, seguridad jurídica,  autoridad judicial- se mantiene en pie cuando la
sentencia vulnera o desconoce los derechos fundamentales.
67. La Constitución
y la ley promueven a través de la consagración de diversos recursos la
consecución de un resultado justo como desarrollo de la actividad judicial. El
ordenamiento, a través de la organización de recursos, pretende
"maximizar" las posibilidades de arribar a una decisión justa. Se
quiere que la cosa juzgada, pese a las dificultades objetivas y subjetivas de
todo orden, exprese el mayor contenido posible de justicia.
La nueva
Constitución asigna a los recursos ordinarios y extraordinarios que puedan
proponerse contra las providencias judiciales una importancia decisiva como
mecanismos que permiten al aparato judicial depurar los contenidos de
injusticia de sus proveídos. De ahí que el artículo 31 de la Constitución
Política establezca que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada,
salvo las excepciones que consagre la ley. La impugnación y la consulta son la
regla general con el fin de asegurar - con las limitaciones propias de lo
humano - la justicia y ponderación de las decisiones finales de los jueces.
Apuntando los recursos a la  obtención  de justicia  material y teniendo
prioridad la  efectividad de los derechos y la aplicación del derecho
sustancial, la concesión de los recursos no debe supeditarse a un excesivo
ritualismo y sobrecarga de requisitos formales, como  ocurre con el recurso de
casación. Por el contrario, existe una clara correlación entre la concesión  de
derechos por la  Constitución  y la ley y la entrega a las personas de recursos
y  medios procesales para hacerlos valer.
En este contexto la
acción de tutela prevista en el artículo  86  de la Constitución Política es un
medio procesal especial que complementa  el derecho sustantivo constitucional,
mediante la concesión de un arma  poderosa a las personas que vean sus derechos
fundamentales violados o desconocidos. Tratándose de sentencias que vulneren
estos derechos, la acción de tutela, es un medio idóneo para depurar el
eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada y evita que ésta se
torne inimpugnable e  irrevocable  no obstante el flagrante desconocimiento del
mínimo de justicia material  que debe expresar toda sentencia y que sólo
se da cuando se respetan y se hacen efectivos  los derechos fundamentales.
68. El análisis
anterior permite acotar un terreno en el cual no son inconciliables  las
instituciones de los derechos fundamentales - la acción de tutela que es el
instrumento especial de su defensa es a su turno  y por esta razón  un derecho
fundamental - y la cosa juzgada. Hemos visto que encontrarlo es indispensable
para la sobrevivencia constitucional de la cosa juzgada que debe interpretarse
siempre de conformidad con la Constitución.
La cosa juzgada
marca el límite que la ley establece a las impugnaciones y mutaciones de que
puede ser objeto una sentencia  judicial. Hay sentencias que están expuestas  a
cambios  y modificaciones y no hacen tránsito  a cosa juzgada. Existen otras
que  no pueden luego de ejecutoriadas ser objeto de recurso alguno, pero que
admiten su revisión extraordinaria como es el caso de los recursos
extraordinarios de revisión y anulación. Cuando  ya no cabe recurso alguno,
dentro ni fuera del proceso, se habla en estricto rigor de cosa juzgada. La cosa
juzgada, como límite de lo  inimpugnable e inmutable, puede  ser objeto de
mudanza  por la ley  al adicionar o cercenar posibilidades de impugnación, en
cuyo  caso la cosa juzgada avanza o retrocede pero no se elimina en cuanto que
siempre habrá un límite y en realidad lo que le importa a la sociedad es que
los litigios  y causas tengan un fin  y "se pronuncie la última
palabra".
Si la ley puede
producir el anotado desplazamiento  - en  cualquiera de los sentidos - de la
cosa juzgada, lo que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede
hacer el constituyente al incluir una acción - en este caso la acción de tutela
como mecanismo idóneo - contra las sentencias que violen los derechos
fundamentales. En este caso el límite  de la cosa juzgada se desplaza hacia
adelante y sólo luego  de la decisión que desate el procedimiento  que se
instaura con ocasión  de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor
de cosa juzgada.
De la manera
señalada, la cosa juzgada no se elimina y por el contrario se enriquece  pues
si prospera la acción de tutela y por ende se modifica la sentencia judicial,
ésta incorporará ese mínimo de justicia material sin el cual la cosa
juzgada por sí sola no se sostiene frente  a la nueva Constitución.
Finalmente, es
importante destacar que la acción de tutela no se superpone  a la cosa juzgada,
en cuanto el objeto de la primera es la acción o abstención del juez que en el
sentir del actor viola sus derechos fundamentales y así mismo el sujeto
frente  al cual  ella se dirige es el mismo juez a quien se imputa tal acción
o abstención. Lo que ocurre es que el contencioso constitucional  a que da
lugar  la acción de tutela - la conducta  inconstitucional  del juez -
necesariamente se refleja en la sentencia y por esta  razón, de prosperar,
acarrea su revocatoria y el consiguiente  desplazamiento de la cosa juzgada.
69. Finalmente, no
comparte esta Corte Constitucional los criterios generales de interpretación
constitucional utilizados por la Corte Suprema de Justicia.
Las normas
constitucionales,  sus partes (orgánica y material), sus valores y principios,
mantienen  entre sí una estrecha  relación e interdependencia, que le dan al
conjunto unidad y coherencia, la cual se sacrifica cuando se toma
aisladamente  una norma y se le pretende dar efectos que no armonizan con el
conjunto. En contradicción con este criterio interpretativo, la Corte Suprema
de Justicia se apoya en el artículo 234 de Constitución Política, norma que
faculta a la ley para dividir a la Corte Suprema de Justicia en salas y
asignarles los asuntos que deban conocer separadamente, con el objeto de negar
la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de cualquiera de las
salas. Si ya el sólo texto no sustenta esta interpretación, considerado en el
conjunto como se tuvo oportunidad de demostrar, pierde ella todo asidero pues
la norma así entendida y tomada aisladamente, resulta incompatible con los
principios esenciales de la misma Constitución.
Los bienes
tutelados  por la Constitución no deben ser  sacrificados en la interpretación.
Debe imponerse una interpretación que gracias al establecimiento de límites
justos  y proporcionales, entre los diferentes bienes protegidos, se oriente
por su coexistencia, en un nivel que, atendidos los respectivos bienes
jurídicos y sus limitaciones, resulte óptimo.
La Corte Suprema de
Justicia eleva la cosa juzgada al plano de lo absoluto e intemporal, con la
consecuencia que la seguridad jurídica - concediendo sólo en gracia de
discusión que aquélla goce  de protección constitucional -, sacrifica  el valor
de la justicia, los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución.
La interpretación no
debe modificar la estructura y distribución  de las funciones estatales
establecida por la Constitución. La interpretación que la Corte Suprema de
Justicia hace de la tutela sobre sentencias, conduce a la transformación de la
función judicial que ejerce en función constituyente, como quiera que órganos
públicos exonerados de control constitucional pueden modificar a su antojo el
contenido y alcance de la Constitución. De otra parte, la misma interpretación
sustrae de hecho a la Corte Suprema de Justicia su función  como órgano de la Jurisdicción
Constitucional para los efectos  de la protección de los derechos
fundamentales.
La interpretación
constitucional debe enderezarse a la conservación y promoción de la unidad
política, cometido  esencial de la Constitución. La solución que la Corte
Suprema de Justicia le da en su sentencia al problema planteado, la aparta del
cumplimiento efectivo de la Constitución y la convierte en patrocinadora de una
tesis que desconoce  el estado social de derecho y el principio democrático,
bases insustituibles  de la unidad política a cuya consagración  apunta
decididamente la carta.
El valor normativo
de la Constitución y su pretensión normativa, reclaman una interpretación que
propenda  por la eficacia y actualización de sus disposiciones, de modo que la
Constitución formal se convierta en Constitución  real  y vaya adaptándose a
las cambiantes condiciones de la vida social. La tesis de la inimpugnabilidad
constitucional de las sentencias, deja sin aplicación en un importante ámbito
de la realidad nacional, las normas constitucionales sobre protección de
derechos fundamentales. Así mismo, la interpretación radicalmente restrictiva
y reduccionista  de la tutela, la despoja de eficacia real.
La interpretación
constitucional debe buscar la prevalencia del derecho sustancial. Exigencia que
se plantea aún con más énfasis en el campo de la protección de los derechos
fundamentales. La Corte Suprema de Justicia equivocadamente antepone a la
prevalencia  del derecho sustancial criterios formales y principios
organizativos secundarios.
Por último, la
interpretación de la Constitución  debe inspirarse en su preámbulo en el cual
aparece expresado de manera vinculante el designio del Constituyente  y en los principios
fundamentales consagrados en su título I.  Valores y principios  como el de
justicia, igualdad y  efectividad de los derechos fundamentales, entre otros,
se han incorporado con plena fuerza positiva en el ordenamiento  constitucional
que exige una hermeneútica que promueva  su acatamiento y los integre a la
conciencia nacional.
70. La acción de
tutela interpuesta por los señores JULIAN PELAEZ CANO y LUIS ARIAS CASTAÑO
exige un pronunciamiento de mérito sobre la pretendida violación de sus
derechos fundamentales, según lo expuesto en los antecedentes 2 a 5 de este
proveído. En consecuencia, la Corte Constitucional procederá a revocar la
sentencia de tutela objeto de revisión para que la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en el plazo establecido por el artículo 86 de la
Constitución, proceda a fallar de fondo.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
R
E S U E L V E
PRIMERO.- REVOCAR la decisión de tutela
proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha diciembre
nueve (9) de mil novecientos noventa y uno (1991).
SEGUNDO.- LIBRESE
por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
-Salvamento de voto-
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
(Sentencia aprobada
por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., a los
doce (12) días del mes de mayo de 1992).
Salvamento de
voto del Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ a la Sentencia No. T-06, Exp. T-221:
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia/COSA JUZGADA/PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA/PRINCIPIO DE CERTEZA JURIDICA/DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA (Salvamento de voto)
Para verificar si en cada caso se alcanzó
ese mínimo de justicia material exigido por esta Sala para reconocer a la cosa
juzgada su verdadera fuerza, sería preciso revisar la sentencia correspondiente
y ello implica, desde luego, que la materia presuntamente definida vuelva a
quedar sub judice. Y, como no estamos seguros de que en todos los casos ese
mínimo de justicia material haya sido alcanzado, la aceptación de este
argumento representa, por necesaria consecuencia, la pérdida del status de cosa
juzgada para todas las sentencias que suponíamos lo habían alcanzado.
"Desplazamiento" hacia una nueva instancia que en el fondo representa
vocación de reapertura de todo proceso judicial y, por ende, ruptura de la
certeza jurídica. Si de lo que se trata, como predica la sentencia, es de
asegurar la prevalencia efectiva de los principios constitucionales, ello no se
logra sembrando el germen de la inestabilidad ni creando un clima propicio a la
ruptura de la seguridad jurídica. El acceso a la administración de justicia
requiere, para que en efecto tenga utilidad, de un sistema jurídico que
contemple un momento procesal definitivo en el que, con certeza, las
resoluciones que se profieran sean aptas para la concreción de los derechos.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIAS/PERJUICIO IRREMEDIABLE/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA (Salvamento
de voto)
Del artículo 86 de la Carta Política surge
sin lugar a dudas la consecuencia de que también los jueces como autoridades
públicas, pueden vulnerar o amenazar los derechos fundamentales por su acción u
omisión. Ante tal posibilidad el mismo ordenamiento jurídico ha consagrado
medios procesales idóneos para contrarrestar los efectos de tales actos u
omisiones inconstitucionales. Pero, en el caso concreto, habida consideración
de las circunstancias en que se halla la persona y, mirada la efectividad del
derecho que se le conculca, puede también realizarse la hipótesis de que no
cuente para su defensa con un medio judicial adecuado a la certidumbre del derecho
o la circunstancia de que, aún existiendo alguno, sea inminente un perjuicio
irremediable que exige inmediata protección siquiera a modo preventivo. En
tales condiciones no puede negarse que procede la acción de tutela en guarda
del eficaz imperio de las garantías constitucionales. Pero habiéndose llegado a
la decisión final, la sola duda sobre si en el último fallo pudo haberse
desconocido un derecho fundamental no puede dar lugar a nuevas opciones de
revisión del proceso, porque allí surge el conflicto con el interés general
representado en la necesaria certidumbre de las definiciones judiciales.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIAS/CORTE          CONSTITUCIONAL/REVISION DE TUTELA-    Efectos/PRINCIPIO
DE CELERIDAD (Salvamento de voto)
Si se aceptara en gracia de discusión que
cabe ejercer acciones de tutela contra fallos que participan de la
inapelabilidad de la cosa juzgada, ha debido entrar esta Corte -para cumplir
con su función- en el estudio de si en realidad fue vulnerado o amenazado el
derecho fundamental que se alega, para que, comunicada la correspondiente
decisión al juez o Tribunal competente de primera instancia, se adoptaran allí
las medidas necesarias tendientes a adecuar su fallo a lo dispuesto por la
Corte Constitucional. En esta ocasión el examen de la Corte Constitucional ha
sido apenas preliminar, lo que a mi juicio riñe con el propósito que busca el
artículo 86 de la Constitución sobre especialísima celeridad en la protección
concreta del derecho supuestamente conculcado.
El suscrito Magistrado,
en el proceso de la referencia, se permite consignar las razones fundamentales
de su discrepancia con la tesis acogida por la Sala de Revisión No. 2, en fallo
de esta misma fecha, por medio del cual se resolvió revocar la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fechada
el 9 de diciembre de 1991, providencia ésta que, a su vez, denegó las
solicitudes de una acción de tutela instaurada contra sentencia de la Sala de
Casación Penal de la misma Corporación:
1. El punto crucial
de la controversia adelantada en el seno de la Sala para decidir sobre el caso
planteado radica en resolver, en lo inmediato, si las sentencias definitivas
que han hecho tránsito a cosa juzgada según lo que disponen las leyes
colombianas para que una providencia judicial alcance esa categoría -inclusive
las que profieran las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y, en
el ámbito de su competencia, el Consejo de Estado- están sujetas por mandato
del artículo 86 de la Constitución a la posibilidad de nuevos pronunciamientos,
también judiciales, como consecuencia del ejercicio de acciones de tutela.
Pero mucho más en el
fondo, se trata de definir si, a juicio de la Corte Constitucional, los valores
de la seguridad jurídica y la certeza del Derecho -los cuales interesan a toda
la sociedad y se hacen indispensables para la pacífica convivencia dentro de
ella- deben sacrificarse íntegramente en búsqueda de una nueva opción procesal
para casos individuales ya suficientemente debatidos en distintas instancias de
la Rama Judicial, o si, por el contrario, la Carta Política, al ampliar el
espectro de los derechos fundamentales y los mecanismos de su efectiva
protección, dotó al sistema de nuevos elementos que están destinados a
fortalecer, más bien que a debilitar el Estado de Derecho y los valores
jurídicos esenciales que lo inspiran.
2. No encuentro que
por haberse plasmado la acción de tutela como mecanismo de inmediata aplicación
para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, se haya puesto
fin a la vigencia de los postulados básicos en los cuales ha sido fundada y
desarrollada nuestra civilización jurídica, pues esa acción no es en sí misma
ni puede interpretarse como su negación o como la derogatoria de los
presupuestos con apoyo en los cuales la administración de justicia cumple la
primordial tarea que le atañe en el contexto de nuestra democracia.
3. Es cierto que,
como lo expresa la sentencia de la cual discrepo, tanto el Constituyente como
el legislador promueve, mediante el establecimiento de acciones y recursos, la
obtención de un resultado justo que la preceptiva constitucional ha vinculado
estrechamente a los fines del Estado y de manera muy particular a la
realización concreta de los derechos inalienables de la persona, a cuyo
servicio ha sido concebida -al igual que otras figuras dentro del ordenamiento
superior- la acción prevista en el artículo 86.
También es innegable
que la Constitución, en su artículo 228, señala la prevalencia del derecho
sustancial como principio de ineludible acatamiento por los jueces al adoptar
sus decisiones.
Pero de lo dicho no
se sigue, ni en lógica, ni en derecho, que la Constitución haya venido a
desvirtuar por esta vía uno de los principios esenciales al orden jurídico que
en la misma Constitución se funda, cual es el de la cosa juzgada.
Así, la obtención
del resultado justo constituye el ideal que, por definición, persigue el
Derecho y el objetivo al cual apunta, según su misma esencia, toda institución
judicial. Diríase que la historia de la administración de justicia es, en el
mundo entero, la historia de un portentoso esfuerzo colectivo por alcanzar ese
ideal, claro está que dentro de las limitaciones implícitas en la naturaleza
humana, falible, de los jueces.
Es precisamente la
falibilidad del juez la que hace posible su apreciación errónea de los hechos
tanto como su interpretación equivocada de las leyes o la parcialidad de sus
juicios. El reconocimiento de estas posibilidades es lo que simultáneamente
explica que se hayan concebido los recursos judiciales, los impedimentos, las
recusaciones, la vigilancia fiscal, las nulidades, el régimen jurídico de la
prueba y su contradicción, entre otras fórmulas que pretenden eliminar o,
cuando menos hacer inferiores los márgenes de error o de injusticia en los
procesos, garantizar los derechos de las partes y, digámoslo de una vez,
conseguir -sin detrimento de lo anterior- la certeza y la firmeza de las
definiciones judiciales.
Sería torpe
desconocer el error judicial como fuente de injusticias y, por supuesto,
también lo sería negar que, de hecho, se puedan conculcar los derechos
inalienables del individuo involucrado en el proceso, ya en su calidad de
actor, ora como demandado, ya como tercero. Tanto una como otra posibilidad
vienen a ser consustanciales a la idea misma de la administración de justicia.
Pero no es lícito
convertir el error del juez, la injusticia o la violación judicial de los
derechos en la regla general, ni tampoco deducir de esa hipótesis un principio
de inestabilidad de cuanto fallo definitivo se haya pronunciado.
4. No puede haber
verdadera justicia sino dentro de un orden que garantice a la sociedad el
principio de certeza de las decisiones judiciales, es decir, la convicción
general en torno a que los juicios llegan a su fin mediante resoluciones firmes
que definan el Derecho. La acción de la justicia no puede moverse eternamente
en el terreno de lo provisional. El punto final, la última palabra, después de
agotadas todas las instancias, se erigen en factores insustituíbles para que,
haciéndose efectiva, se consolide la idea de lo justo.
Una sentencia que en
su contenido desarrolle el ideal de la justicia pero que nunca llegue al nivel
de lo definitivo, deviene en injusta en cuanto torna ilusoria su realización.
Unicamente la
seguridad jurídica permite la vigencia del orden justo al que aspira nuestra
Carta Política, tanto en su Preámbulo como en su artículo 2o., cuyo logro exige
momentos de definición judicial que otorguen a todas las personas la confianza
en lo resuelto, sin el albur de nuevas y siempre posibles acciones que
provoquen la indefinida reanudación de los procesos.
La certeza, según lo
recuerdan LOPEZ DE OÑATE y LORCA NAVARRETE1, ha sido
tradicionalmente reconocida como función que ha de cumplir el Derecho para que
el ente social ascienda hacia una concepción plena de la juridicidad.
5. El fallo en
referencia pone en tela de juicio la validez del principio de la cosa juzgada
cuando en la sentencia cobijada por él no se incorpore un mínimo de justicial material,
caso en el cual dicho principio "se desintegra", ya que "sólo la
cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a
conservar su carácter".2
Esta aseveración
implica en realidad la eliminación de la cosa juzgada, aún a pesar de las
advertencias que se hacen en el mismo fallo en el sentido de que su propósito
no es la destrucción sino el desplazamiento de aquélla.
En efecto, para
verificar si en cada caso se alcanzó ese mínimo de justicia material exigido
por esta Sala para reconocer a la cosa juzgada su verdadera fuerza, sería
preciso revisar la sentencia correspondiente y ello implica, desde luego, que
la materia presuntamente definida vuelva a quedar sub judice. Y, como no
estamos seguros de que en todos los casos ese mínimo de justicia material haya
sido alcanzado, la aceptación de este argumento representa, por necesaria
consecuencia, la pérdida del estatus de cosa juzgada para todas las sentencias
que suponíamos lo habían alcanzado. "Desplazamiento" hacia una nueva
instancia que en el fondo representa vocación de reapertura de todo proceso
judicial y, por ende, ruptura de la certeza jurídica.
Habría que preguntar
en dónde reside, en esta hipótesis, el daño de mayor gravedad: si en el posible
desconocimiento de un derecho fundamental en un caso concreto, como el que
constituye materia del presente proceso, que ha pasado por el tamiz de dos
instancias judiciales y un recurso extraordinario de casación, o en la
desestabilización de todo el aparato judicial colombiano como consecuencia del
indiscriminado ejercicio de acciones de tutela que, muy probablemente, habrán
de instaurarse con ese pretexto para añadir una instancia a las ya tramitadas.
ANTONIO FERNANDEZ
GALIANO, en su
Introducción a la Filosofía del Derecho, expresa a este respecto:
"Específicamente,
la seguridad jurídica se refiere a las situaciones concretas de los
particulares dentro del orden del Derecho. Este debe proporcionar seguridad al
individuo en el sentido de que en todo momento sepa con claridad hasta dónde
llega su esfera de actuación jurídica y dónde empieza la de los demás; que
conozca con plena certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad y,
en general, las consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en
la órbita del Derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados
de la aplicación de una norma; en fin, que en todo instante pueda contemplar,
deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos. Por
supuesto que el descrito es un ideal utópico para cuya efectividad se
requeriría un ordenamiento de una perfección técnica incompatible con la
falibilidad de toda obra humana: es evidente que en todo Derecho existen
imperfecciones, imprevisiones del legislador, lagunas y contradicciones.  Pero
también hay normas que no realizan con plenitud los debidos ideales de justicia
y no por eso debe condenarse el ordenamiento en su conjunto como incapaz de
realizar aquel valor.
Lo que interesa es
que el Derecho, aparte sus inevitables fallos, tienda a la creación de una
seguridad para el particular que se acoja a sus normas, de manera que nunca
pueda ser sorprendido por un resultado imprevisible con arreglo al propio
ordenamiento.  Finalidad del Derecho tiene que ser la supresión de toda
situación dudosa o imprecisa y su sustitución por situaciones netas y
definidas. A procurarlas en casos concretos irán dirigidas normas determinadas,
pero la finalidad de creación de seguridad jurídica para el particular está
representada por una porción de principios de carácter general existentes en
todos los ordenamientos: tales son, entre otros, el de la inexcusabilidad del
cumplimiento de la ley independientemente de su conocimiento, el de la fuerza
de la cosa juzgada, el de la protección posesoria y el que inspira la
institución de la usucapión (...)"3
JORGE HÜBNER GALLO,
en la misma perspectiva,
señala:
"Se puede
concebir que, en un Estado de Derecho, la aplicación indiscriminada de
la ley, como exigencia del Bien Común - el "dura lex, sed lex" de los
viejos romanos provoque situaciones individuales de injusticia, que no sería
fácil evitar, sin cambiar a la vez todo el sistema de la legislación.  No es
necesario evocar a este respecto la muerte heróica de Sócrates, que se inmoló
sacrificando la Justicia, que debía absolverlo, en aras del Bien Común, que
exigía el respeto a la ley y a la sentencia. Piénsese solamente en el caso, tan
común en la vida profesional, del individuo que pierde un litigio, a pesar de
haber adquirido el juez la convicción de que está en la razón, por no poder dar
testimonio objetivo de su derecho de acuerdo con las normas reguladoras de la
prueba"4
LUIS LEGAZ Y
LACAMBRA expone con
brillante lucidez:
"El problema de
la fuerza jurídica de la cosa juzgada ha surgido principalmente en el ámbito
del Derecho procesal. De antiguo se distingue entre la cosa juzgada en sentido
material y en sentido formal. Los romanos establecían la distinción en los
siguientes términos: res judicata jus facit inter omnes; res judicata jus
facit inter partes. Esto quiere decir lo siguiente: fuerza de cosa juzgada
en sentido formal significa la imposibilidad de anular la sentencia por medio
de los recursos, ya porque la última instancia ha dicho la última palabra, ya
porque ha transcurrido el tiempo para interponerlos o porque se ha desistido o
renunciado a ellos. La fuerza de cosa juzgada en sentido material significa que
"el fallo contenido en la sentencia es de tal suerte decisivo, que excluye
totalmente cualquier nuevo examen del negocio y cualquier resolución nueva
distinta sobre la misma relación jurídica, frente a los que han sido partes,
sea por el mismo tribunal que dictó la primera, o sea por otra diferente".
De suerte que el fallo recaído no puede ser examinado en su exactitud de fondo
por otro tribunal; y si alguien, cuya demanda no ha sido estimada por
infundada, vuelve a presentarla de nuevo, es absuelto en ella apenas el
tribunal tenga conocimiento de la sentencia anterior, sin que se pueda entrar
en el fondo de la misma. Además, lo decidido con fuerza de cosa juzgada en la
sentencia firme, es un título que la parte a quien favorece puede hacer
valer en cualquier proceso posterior; la cosa juzgada funda una situación
jurídica que puede alegarse como título de la acción judicial emprendida
contra quien se obstina en desconocerla (He subrayado).
Sólo motivos de
seguridad sirven de base a esta institución; motivos de seguridad y no
directamente de justicia, aunque nada tienen de opuestos a la justicia
(subrayo). Naturalmente, puede darse el caso de que la sentencia sea
materialmente injusta, que la sentencia firme declare que yo soy el legítimo
propietario de tal trozo de terreno y no de mi vecino que me lo disputa, aunque
la razón esté de parte de mi vecino. Pero el juez tiene que proceder conforme a
lo alegado y probado y por eso puede decirse que es siempre más justo que el
legislador, porque aprecia mejor la individualidad del caso. Como obra humana,
su sentencia está sujeta a error; pero las posibilidades de injusticia material
están reducidas al extremo límite por la segunda instancia y la casación, y por
otra parte, sería mucho mayor la dosis de injusticia que significaría
atentar contra la seguridad, permitiendo la posibilidad de procesos continuos y
de fallos contradictorios sobre un mismo negocio mil veces resuelto. Aquí, la
injusticia material de unos cuantos casos representa -frente a la seguridad- lo
que el interés particular, que debe ceder ante el interés general precisamente
por exigencia de la justicia"5 (He subrayado).
6. Si de lo que se
trata, como predica la Sentencia, es de asegurar la prevalencia efectiva de los
principios constitucionales, ello no se logra sembrando el germen de la
inestabilidad ni creando un clima propicio a la ruptura de la seguridad
jurídica.
- El Preámbulo de la
Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta el
pueblo de Colombia, el de "asegurar a sus integrantes (...) la
justicia, (...) dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden (...) justo ...".
En mi concepto, mal
se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo dentro de un marco
jurídico que fundamente el concepto de justicia sobre la base de la
incertidumbre.
- El artículo 1o. de
la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho
los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general.
No considero que el
"Mito de Sísifo" en que se pretende convertir por vía interpretativa
la acción de tutela, resulte acorde con la dignidad humana de quienes
obtuvieron fallo favorable a sus pretensiones, habiéndose sujetado a los
trámites de suyo difíciles y engorrosos de un proceso judicial que ha culminado
en sentencia definitiva avalada por el sello de la cosa juzgada y que ahora,
por virtud de tal acción, están a punto de comenzar de nuevo.
Tampoco hallo
realizado el principio de prevalencia del interés general en la tesis de
la cual me aparto, por cuanto estimo que sirve mucho más al beneficio colectivo
la conciencia cierta sobre la realidad de la justicia en firme que la
inestabilidad general provocada por el desconocimiento de la seguridad
jurídica.
- La efectividad
de los derechos consagrados en la Constitución (artículos 2o., 86, 88, 89, 91,
93, 94, entre otros) tiene su mejor prenda en la definición de las
controversias sobre la base de una verdad deducida en juicio. Por el contrario,
resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con
certidumbre.
- El acceso a
la administración de justicia (artículo 229 de la Constitución) requiere, para
que en efecto tenga utilidad, de un sistema jurídico que contemple un momento
procesal definitivo en el que, con certeza, las resoluciones que se profieran
sean aptas para la concreción de los derechos.
7. No es cierto,
como lo afirma la sentencia, que la cosa juzgada carezca de sustento en la
Constitución y se soporte simplemente en mandatos de jerarquía legislativa,
pues si bien no hay en la Carta Política de 1991 (como tampoco había en la de
1886) un texto expreso que la plasme para todas las ramas del Derecho como letra
constitucional, aunque sí lo hace el artículo 241, Parágrafo, para los
fallos de esta Corte, ella se deduce inequívocamente de los principios
enunciados y surge como realización concreta de la seguridad jurídica que, más
allá de la Constitución, está anclada en el concepto mismo de Derecho.
Es la seguridad
jurídica un principio de naturaleza supraconstitucional ligado tan íntimamente
a la justicia que no es concebible la una sin la otra.
8. El artículo 86 de
la Constitución dispone que "toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces (...) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública y agrega que "esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable"(Subrayo).
Del precepto constitucional
surge sin lugar a dudas la consecuencia de que también los jueces, como
autoridades públicas, pueden vulnerar o amenazar los derechos fundamentales por
su acción o su omisión. En tal sentido, hallo coincidencia entre mi criterio y
el contenido en el fallo, pues debe reconocerse que un juez, individual o
colegiado, está en capacidad efectiva de ejecutar actos o de incurrir en
abstenciones que impliquen la transgresión de los preceptos constitucionales
que garantizan derechos inherentes a la persona. Así, por ejemplo, puede
impartir a sus subalternos órdenes en cuyo desarrollo se impida, de hecho, el
acceso a la justicia, al derecho de defensa o a las prerrogativas propias del
debido proceso; o le es factible proferir, por fuera de sus competencias,
providencias de sustanciación o interlocutorias cuyo contenido infrinja los
derechos; inclusive en las sentencias pueden encontrarse interpretaciones o
resoluciones contrarias a la Constitución o lesivas de los derechos en ella
consagrados.
Ante esas
posibilidades, el mismo ordenamiento jurídico ha consagrado medios procesales
idóneos para contrarrestar los efectos de tales actos u omisiones
inconstitucionales, según ya se expresó. Pero, en el caso concreto, habida
consideración de las circunstancias en que se halla la persona y mirada la
efectividad del derecho que se le conculca, puede también realizarse la
hipótesis de que no cuente para su defensa con un medio judicial adecuado a la
certidumbre del derecho o la circunstancia de que, aún existiendo alguno, sea
inminente un perjuicio irremediable que exige inmediata protección siquiera a
modo preventivo.
En tales
condiciones, no puede negarse que procede la acción de tutela en guarda del
eficaz imperio de las garantías constitucionales, como ya lo tiene dicho la
jurisprudencia de esta Corte al revisar fallos de tutela6 .
Pero habiéndose
llegado a la decisión final -que supone agotados todos los momentos de
verificación jurídica sobre lo actuado, por regla general a cargo de varios
jueces o tribunales, y terminadas todas las instancias concebidas por el
ordenamiento jurídico precisamente para garantizar que prevalezca el Derecho-
la sola duda sobre si en el último fallo pudo haberse desconocido un derecho
fundamental no puede dar lugar a nuevas opciones de revisión del proceso,
porque allí surge el conflicto con el interés general representado en la
necesaria certidumbre de las definiciones judiciales.
Dice al respecto el
ya citado profesor FERNANDEZ-GALIANO:
"La posibilidad
de error -y aún de prevaricación- en los jueces ha sido prevista en los
ordenamientos procesales mediante el establecimiento de sucesivas instancias
ante las que pueda acudir quien no haya tenido éxito en las inferiores; pero
con el límite de una última instancia más allá de la cual no cabe nueva
apelación y cuyo fallo es, por tanto, firme. Claro está que también en esa
instancia suprema ha podido haber error y producirse una sentencia injusta,
pero una reiteración indefinida de recursos procesales conduciría a una
situación de absoluta inseguridad, pues mientras estuviera el asunto sub
judice
-y sin posibilidad
de prever el fin del estado litigioso- ninguno de los litigantes podría estar
seguro de sus derechos. No hay más remedio, por tanto, que dar por terminada la
cuestión mediante un fallo definitivo e inapelable. Y si con ello -repetimos-
puede sancionarse alguna injusticia en casos concretos (que, por lo demás,
serán escasos dadas las garantías que se han puesto en juego hasta llegar a la
sentencia firme), es preferible eso a la permanente inseguridad que existiría
de no regir el principio de la santidad de la res iudicata"7
9. Por otra parte,
aún en el supuesto de aceptar la tutela para sentencias del nivel aquí tratado,
nadie garantiza que un estudio preferente y sumario, que debe efectuarse
en el perentorio término de diez (10) días, permita hacer realidad la plena
certeza de la total justicia en todo un proceso de doble instancia y casación,
menos aún si la Sala encargada de verificar la sujeción del fallo a derecho es
de una especialidad distinta, como ocurre en el presente caso.
10. No entro en el
estudio de los argumentos expuestos por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia sobre inaplicabilidad de la competencia especial prevista en el
artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, ni particularmente sobre la relativa al
establecimiento de posibles jerarquías entre las salas de esa Corporación para
la tramitación de acciones de tutela contra sentencias definitivas por ellas
proferidas, por cuanto estimo que las razones atrás consignadas en torno a la
improcedencia de esta acción respecto de fallos que han hecho tránsito a la
autoridad de la cosa juzgada hacen del todo inoficioso cualquier
análisis sobre los mecanismos tendientes a realizar un fin que contraría ese
postulado.
Pero, además, en
torno a la constitucionalidad del mencionado artículo, la cual ha sido
cuestionada ante esta Corte en ejercicio de acción pública, prefiero esperar el
momento procesal adecuado para exteriorizar mis opiniones al respecto.
11. En cambio, sí me
parece indispensable manifestar que disiento de la interpretación acogida en la
sentencia de esta Sala en cuanto a los efectos de la revisión a cargo de la
Corte Constitucional.
Sobre el particular,
si se aceptara en gracia de la discusión que cabe ejercer acciones de tutela
contra fallos que participan de la inapelabilidad de la cosa juzgada, ha debido
entrar esta Corte -para cumplir con su función- en el estudio de si en realidad
fue vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se alega, para que,
comunicada la correspondiente decisión al juez o tribunal competente de primera
instancia (en este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia), se
adoptaran allí las medidas necesarias tendientes a adecuar su fallo a lo
dispuesto por la Corte Constitucional (artículo 36 del Decreto 2591 de 1991).
En esta ocasión,
pese al interesante estudio efectuado en la Sentencia, el examen de la Corte
Constitucional ha sido apenas preliminar, lo que a mi juicio riñe con el
propósito que busca el artículo 86 de la Constitución sobre especialísima
celeridad en la protección concreta del derecho supuestamente conculcado.
Si la Sala se
hubiese introducido en ese análisis de fondo, sobre el derecho invocado por el
actor, quizá hubiera podido responder a la pregunta que tuve ocasión de
formular en el curso de las deliberaciones: dado que la protección en que
consiste la tutela se concreta en una orden para que aquél respecto de quien se
solicita actúe o se abstenga de hacerlo (artículo 86 de la Constitución)...
Cuál sería la orden, de inmediato cumplimiento, que debería impartir el
juez de tutela en relación con sentencias que han surtido la integridad del
trámite procesal y han alcanzado la cúspide de la cosa juzgada? ...
Acaso la reiniciación del proceso? Desde cuál de sus etapas? O la modificación
de la sentencia? O la nulidad de lo actuado?
Lo anterior suscita,
a su vez, un nuevo interrogante: Cómo se procedería en caso de impugnación del
fallo de tutela si ya la orden -cualquiera de las indicadas u otra- está en
ejecución?
Y uno adicional:
Cuál sería el papel de la seguridad jurídica como valor del Derecho que el
Estado debe realizar, en un contexto tan inestable e inseguro como el
planteado?
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia No.
T-06 ADICION
Ref.:
Proceso de Tutela T-221
Actores:
JULIAN PELAEZ CANO Y
LUIS
ARIAS CASTAÑO
SALA
SEGUNDA DE REVISION
Santafé de
Bogotá,D.C. junio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992).
Antecedentes
1. La Corte
Constitucional, Sala de Revisión, mediante sentencia del 12 de mayo del
presente año, resolvió revocar la decisión de tutela proferida por la Sala
civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de diciembre de 1991. En esta
providencia para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, se
señaló: "La acción de tutela interpuesta por los señores JULIAN PELAEZ
CANO y LUIS ARIAS CASTAÑO exige un pronunciamiento de mérito sobre la
pretendida violación de sus derechos fundamentales, según lo expuesto en los
antecedentes 2 a 5 de este proveído. En consecuencia, la Corte Constitucional
procederá a revocar la sentencia de tutela objeto de revisión para que la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el plazo establecido por el artículo 86
de la Constitución, proceda a fallar de fondo".
2. La Corte Suprema
de Justicia en providencia del 2 de junio de 1992 se abstuvo de dictar el fallo
de fondo a que hacía referencia en su sentencia la Corte Constitucional y, en
su lugar, resolvió "Ordenar la remisión del expediente a dicho organismo
(Corte Constitucional) para lo de su competencia".
3. Es esencial e
inapreciable la participación de la Corte Suprema de Justicia en el trámite y
decisión de fondo de las acciones de tutela. En la sentencia de la Corte
Constitucional citada se dan pautas que requieren ser aplicadas a la concreta
situación materia de la tutela y para ello es decisivo el aporte de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Civil que para el efecto es juez de tutela.
4. Entiende la Corte
Constitucional que la Constitución brinda un espacio de colaboración en el
ejercicio de la función jurisdiccional constitucional, referida a la protección
de los derechos fundamentales, según lo cual, a la Corte Suprema de Justicia
compete dictar fallos de tutela y a la Corte Constitucional asumir su eventual
revisión.
5. Con el objeto de
poder cabalmente cumplir con la función de revisión y dado que, en el
expediente remitido no se incluye un pronunciamiento del juez de tutela sobre
el derecho fundamental cuya violación se alega, la Corte Constitucional,
conforme lo establecido en sentencia del 12 de mayo de 1992, requiere dicho
pronunciamiento.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
REMITIR el
expediente respectivo a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, a fin de que
dicho organismo proceda a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte
Constitucional, Sala Segunda de Revisión del 12 de mayo de 1992.
Comuníquese y
cúmplase.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
-Aclaración de voto-
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Ref.:
Proceso de Tutela T-221
Actores:
JULIAN PELAEZ CANO y LUIS                                ARIAS CASTAÑO
Sala
Segunda de Revisión
Magistrado
Ponente:
Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz
Santafé de
Bogotá,D.C. junio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992).
Pese a la
discrepancia que mantengo con la mayoría de esta Sala en torno al sentido del
fallo de revisión de fecha 12 de mayo de 1992, por cuanto estimo que a la luz
de la Constitución no cabe acción de tutela contra sentencias que han hecho
tránsito a cosa juzgada, he votado afirmativamente la providencia que
hoy profiere la misma Sala ordenando remitir el expediente a la Honorable Corte
Suprema de Justicia, Sala Civil, para que proceda a dar cumplimiento a lo que
se dispone en aquella, por las siguientes razones:
1. Resulta esencial
a la realización de los fines propios del Estado de Derecho que los distintos
organismos y funcionarios encargados de ejercer el poder público reconozcamos y
acatemos la distribución de competencias establecidas por el ordenamiento
jurídico, así como las reglas de juego dentro de las cuales se producen
las actuaciones que a unos y a otros toca cumplir.
2. En este orden de
ideas, por cuanto se refiere a los jueces, la Constitución de 1991 ha
contemplado, para las distintas jurisdicciones, órbitas bien definidas dentro
de las cuales obra cada una sin detrimento ni invasión del campo reservado a
las demás. Así, uno es el ámbito de la Jurisdicción Ordinaria, en cuyo
nivel superior se encuentra la H. Corte Suprema de Justicia; otro el de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo máximo organismo es el H. Consejo
de Estado; y otro el de la Jurisdicción Constitucional, a cuya cabeza está la
Corte Constitucional.
En lo concerniente a
la Jurisdicción Constitucional, además de la tradicional función de control
prevista en el artículo 241 de la Carta Política, se ha introducido la Tutela
como mecanismo enderezado a la defensa de los derechos fundamentales,
atribuyéndose a todos los jueces (incluídos la Cortes Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado) la decisión concreta sobre las acciones que se instauren a
su amparo.
La propia
Constitución ha ordenado que la totalidad de las sentencias proferidas en esta
materia pasen a la eventual revisión de la Corte Constitucional en los términos
que señale la ley. De tal manera que, cuando la Corporación, en ejercicio de
esa competencia constitucional y según las reglas del Decreto 2591 de 1991,
asume la revisión de un determinado fallo y, en desarrollo de su función, lo
confirma o revoca, la sentencia de revisión se constituye en la resolución
final del caso controvertido, siendo vinculantes para los jueces de tutela
correspondientes las determinaciones en ella contenidas.
3. En concordancia
con las razones que me permití exponer en su momento sobre la necesidad de
hacer prevalecer los valores de la seguridad jurídica y la certeza del Derecho,
con apoyo en las cuales me aparté de la sentencia de revisión que admitió la
acción de tutela contra sentencias ejecutoriadas, debo ahora sostener, en aras
de los mismos principios, mi apoyo a la tesis de que ese fallo de revisión, con
absoluta independencia de su contenido -del cual he discrepado- debe ser
acatado en cuanto se trata de un sentencia que, dentro del campo de la
jurisdicción constitucional, no admite apelaciones.
Otra cosa es que el
desenvolvimiento futuro de la misma actividad de revisión constitucional lleve
a la Corte en Sala Plena, si se presenta el caso en el cual se susciten
propuestas de cambio jurisprudencial, a adoptar decisiones contrarias. Entre
tanto, aún para quienes no compartimos el sentido de la doctrina vigente, el
fallo de la Corte Constitucional es obligatorio.
4. Comparto, pues,
la apreciación de la mayoría de la Sala en el sentido de que resulta inapreciable
y esencial la participación de la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de
los preceptos constitucionales que rigen esta materia.
Como lo expresé en
mi salvamento de voto en relación con la sentencia de mayo 12, sigo creyendo
que la Corte Constitucional ha debido entrar en el fondo del asunto planteado
por los accionantes si creía que era procedente la tutela contra sentencias
amparadas por el principio de la cosa juzgada, pero ya que no lo hizo, su fallo
debe cumplirse. En este sentido, coincido plenamente con las razones expuestas
por los H. Magistrados Alberto Ospina Botero y Eduardo García Sarmiento,
miembros de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su
salvamento de voto referente a la providencia de dicha Corporación de fecha 2
de junio.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
1 LOPEZ DE OÑATE, F.: La certeza del Derecho. Buenos Aires.
Ed. Jurídicas Europa-América. 1953. LORCA NAVARRETE, J.F. : El Derecho
natural, hoy. Madrid. Ediciones Pirámide, S.A. 1978, pág. 67
2 Ponencia. Versión estudiada en Sala. pág. 89
3 FERNANDEZ GALIANO, Antonio: Introducción a la Filosofía del
Derecho. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1964. Pág. 139 y
siguientes
4 HÜBNER GALLO, Jorge. Manuel de Filosofía del Derecho.
Santiago. Editorial Jurídica de Chile. 1963. pág. 209
5 LEGAZ y LACAMBRA, Luis: Filosofía del Derecho. Barcelona.
Bosch, Casa Editorial. Quinta edición. 1979. Pág. 620
6 Ver, por ejemplo, Sentencia No. 1. Sala de Revisión No. 3. Abril
3 de 1992; sentencia No. 3 de la misma Sala, mayo 11 de 1992.
7 FERNANDEZ-GALIANO, Antonio: Op. Cit.