T-220-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-220/12
Bogotá DC, marzo 20
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
sobre procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reglas de procedencia y
procedibilidad conforme a la sentencia C-590/05
FUERO
SINDICAL-Definición
El fuero
sindical es una garantía de rango constitucional que cobija a los trabajadores
y a los empleados públicos que hagan parte de las directivas de los sindicatos,
que sean sus miembros adherentes o fundadores de organizaciones sindicales,
para permitirles cumplir libremente sus funciones en defensa de los intereses
de la asociación, sin que por esto sean perseguidos o sean sujetos de
represalias por parte de los empleadores. En virtud del fuero sindical, los
empleadores que quieran despedir empleados aforados, deberán invocar una justa
causa previamente calificada por el juez laboral. Incluso en los procesos de
reestructuración, será necesario solicitar dicha autorización previa. Cuando se
despide al empleado aforado sin el permiso del juez, procede la acción especial
de reintegro por fuero sindical como se explicará a continuación.
FUERO SINDICAL-Alcance
GARANTIA DEL
FUERO SINDICAL EN EL CASO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS-No podrán ser
despedidos sin autorización judicial previa
PROCESO
ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACION Y REESTRUCTURACION-Necesidad de autorización
judicial para el despido de los empleados públicos con fuero sindical
PROCESO DE
LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL-Naturaleza
La jurisprudencia ha precisado que el objetivo del
proceso de levantamiento del fuero es (1) verificar la ocurrencia de la causa
que alega el empleador, y (2) el análisis de su legalidad o ilegalidad.  Es
importante anotar que según el artículo 410 del C.S.T., son justas causas para
el despido, 1) La liquidación o clausura definitiva de la empresa o
establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del
patrono durante más de ciento veinte (120) días, y 2) Las causales enumeradas
en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo para dar por
terminado el contrato.
ACCION ESPECIAL
DE REINTEGRO POR FUERO SINDICAL-Naturaleza
En la acción de reintegro, el
juez debe analizar (1) si el demandante estaba obligado a solicitar el permiso
judicial y, en caso afirmativo (2) verificar si cumplió dicho requisito. De
ninguna manera el juez podrá en este tipo de procesos pronunciarse sobre la
legalidad del despido, so pena de incurrir en una vía de hecho, ya que en
virtud del derecho al debido proceso nadie puede ser juzgado sino por el juez
competente, con las formas propias de cada juicio. Si surtido el proceso se
comprueba, que el trabajador fue despedido desconociendo las disposiciones en
esta materia, se ordenará su reintegro y se condenará a título de
indemnización, los salarios dejados de percibir.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia en acción especial de
reintegro por fuero sindical
Referencia:
expedientes T-3.259.562, T-.3.262.525 y T-3.262.555.
Accionante:
Municipio de Palmira
Accionados:
T-3.259.562 Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Buga, Magistrado Ponente, Donald José Dix Ponnefts; T-.3.262.525
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga,
Magistrada Ponente Maria Matilde Trejos Aguilar; T-3.262.555 Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Magistrado Ponente
Germán Varela Collazos.
Derechos
fundamentales invocados: debido proceso, igualdad y acceso a la justicia.
Conducta
que causa la vulneración: En el expediente T-3.259.562 la sentencia 101
del 4 de noviembre de 2010 proferida por el Tribunal, que confirmó la
sentencia 067 del 21 de mayo de 2010 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Palmira, ordenando al Municipio de Palmira el reintegro del señor Raúl
Alfredo Arboleda;  En el expediente T-3.262.525 la sentencia
137 del 16 de diciembre de 2010 proferida por el Tribunal, que confirmó la
sentencia 135 del 23 de agosto de 2010 del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Palmira, ordenando al Municipio de Palmira el reintegro de la
señora Maria Helena Escobar Rivera; En el expediente T-3.262.555 la sentencia
074 del 24 de marzo de 2011 proferida por el Tribunal, que confirmó la
sentencia 170 del 19 de octubre de 2010 del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Palmira, ordenando al Municipio de Palmira el reintegro del señor
Nelson Mendoza Rioja.
Pretensiones:
En el expediente T-3.259.562 preservar el derecho el debido proceso, la
igualdad y de acceso a la justicia revocando la sentencia 101 proferida por
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga y ordenándole que profiera
un nuevo fallo en el que se declaren probadas todas las excepciones
propuestas por el accionante; En el expediente T-.3.262.525 preservar el
derecho el debido proceso, la igualdad y de acceso a la justicia revocando la
sentencia 137 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga
y ordenándole que profiera un nuevo fallo en el que se declaren probadas
todas las excepciones propuestas por el accionante; En el expediente T-3.262.555525
preservar el derecho el debido proceso, la igualdad y de acceso a la justicia
revocando la sentencia 074 proferida por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Buga y ordenándole que profiera un nuevo fallo en el que se
declaren probadas todas las excepciones propuestas por el accionante
Fallos
de tutela objeto revisión: Expediente T-3.259.562: Sentencia del 5 de
octubre de 2011 proferida por la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la
Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia de primera instancia
proferida el 26 de julio de 2011 por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia; Expediente T-3.262.525: Sentencia del 5 de
octubre de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala
de Decisión de Tutelas No. 2, que confirmó sentencia de primera instancia
proferida el 26 de julio de 2011 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral; Expediente T-3.262.555: Sentencia proferida el 13 de
octubre de 2011 por la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que confirma la sentencia de primera instancia proferida el 2 de agosto
de 2011 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrados
de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao
Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado Ponente: MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
I. ANTECEDENTES
1. Vulneración del derecho fundamental
1.1. Demanda de los accionantes
1.1.1.
Expediente T-3.259.562
El
señor Raúl López Cardona formuló acción de reintegro por fuero laboral contra
el Municipio de Palmira esgrimiendo tener fuero sindical como miembro de la
junta directiva del “Sindicato de Empleados Públicos del Municipio de Palmira,
sus Entidades descentralizadas (IMDER y Hospitales San Vicente de Paul y Raúl
Orjuela Bueno), la Personería y la Contraloría” SINTRAEMPAL en calidad de
suplente, como vocal 5, el cual no habría sido  respetado por la entidad
territorial que lo retiró del servicio sin autorización judicial.
El
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira analizó en primera instancia el
proceso de reintegro por fuero sindical, el 21 de mayo de 2010, absolviendo al
Municipio al declarar probada la excepción de “inexistencia del fuero sindical
porque el cargo de vocal no existe estatutariamente y no hace parte de la junta
directiva según los estatutos de SINTRAEMPAL”. Dicha decisión fue revocada por
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga el
4 de noviembre de 2010, que con base en las pruebas aportadas al expediente,
concluyó que el demandante sí se encontraba cobijado con la garantía foral ya
que el despido ocurrió el 20 de enero de 2009, pero días antes, según consta en
el acta de la asamblea general del sindicato del 13 de enero de 2009, se varió
la composición de la Junta Directiva, y quedó nombrado como vocal 5, y por ende
como suplente, el señor Raúl López. De lo anterior se desprende que el
Municipio no podía despedirlo sin la autorización del juez laboral.
En
la acción de tutela, el Municipio de Palmira refiere que el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Buga incurrió en diferentes tipos de defectos al
analizar las excepciones propuestas por la entidad territorial en el proceso
especial de reintegro. 1) Con relación a la excepción por inexistencia del
sindicato, se acusa un (i) defecto procedimental por violación del debido
proceso y un defecto material por la aplicación indebida del artículo 118 del
Código Procesal del Trabajo debido a que el Tribunal  consideró que no
resulta apropiado en procesos de reintegro por fuero sindical, cuestionar la
existencia o inexistencia del sindicato. Por el contrario, el accionante alega
que sí es pertinente cuestionar la existencia del sindicato cuando con ello se
pretende demostrar la inexistencia del fuero sindical. (ii) Defecto por
desconocimiento del precedente horizontal y el superior por no tener en
cuenta la sentencia T-728 de 1998, y porque dos magistrados de la misma Sala
que tomó la decisión que se impugna, incluido el ponente, en un proceso de
acción de reintegro contra el mismo Municipio fallado prácticamente en la misma
fecha, consideraron que el presupuesto para el reintegro por parte de quien
aduce la calidad de aforado, es la verificación de que cumpla con los
requisitos que la ley le exige para poder ser protegido por dicha garantía y,
por ende, este tipo de acciones no se limitan exclusivamente a la verificación
de la obtención de permiso judicial para despedir. (iii) Defecto material
por aplicación indebida del artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo y un
defecto fáctico por omisión en la valoración de las pruebas, por considerar
el Tribunal que la inscripción de SINTRAEMPAL es prueba de su existencia y del
cumplimiento de los requisitos legales, aplicando indebidamente el artículo 356
del Código Sustantivo del Trabajo, y por omisión de la valoración de las pruebas
ya que no se revisaron ni analizaron debidamente los estatutos de la
organización SINTRAEMPAL al que pueden afiliarse empleados de entidades que no
ejercen actividades industriales ni económicas a pesar de que en los estatutos
sus actividades se definen como tales, lo cual refleja el incumplimiento de los
requisitos señalados en el art. 356 literal b) que obliga a que haya identidad
en la actividad a la que se dedican los afiliados. (iv) Defecto sustantivo
por desconocimiento de sentencia con efectos erga omnes, por
desconocimiento del precedente vertical porque la consideración del
Tribunal sobre el reconocimiento o declaratoria de legalidad de la organización
a partir de la sola inscripción, es contraria a la doctrina constitucional
contenida en las sentencias C-465 de 2008 y C-621 de 2008. 2) Con
respecto a la excepción de inexistencia del fuero por inexistencia del
sindicato por incumplimiento de los requisitos del artículo 361 del Código
Sustantivo del Trabajo, se alega, (i) un defecto sustantivo por
desconocimiento de norma legal y de sentencia con efecto erga omnes;
(ii) defecto fáctico por desconocimiento del precedente vertical; (iii) defecto
fáctico por omisión de valoración de pruebas, lo anterior porque la
sentencia del Tribunal omitió de manera absoluta y total todo análisis y
argumentación frente a este tema, entonces al no tratar este asunto, omite el
cumplimiento del artículo 361 del Código Sustantivo del Trabajo, analizado por
la sentencia C-621 de 2008, que establece los requisitos que deben cumplir
estas organizaciones para fundarse con sujeción a la ley. Agrega que la errónea
valoración de las pruebas, consistió en no apreciar en las actas imprecisiones
relativas al nombre del Sindicato, las fechas y el tipo de sindicato que se
quería constituir. 3) En relación con la excepción de inexistencia
del fuero derivado de la nulidad e inexistencia de la elección de la junta
directiva y comisión de reclamos. El demandante argumenta que revisada el
acta 001 del Sindicato en el que debía escogerse los miembros de la Junta
Directiva y de la Comisión de Reclamos, no existe ninguna anotación sobre la
elección de los mismos, ni hay evidencia sobre la aceptación del nombramiento
por parte de quienes hubiesen sido efectivamente elegidos, por lo cual el
accionante deduce que nunca hubo elección de Junta Directiva ni de Comisión de
Reclamos, y por consiguiente no hay fuero de sus miembros porque esta condición
se adquiere siempre que se cumplan los requisitos del artículo 391 del Código
Sustantivo del Trabajo. Al considerar no probada esta excepción, el Tribunal
incurrió en: (i) Un defecto sustantivo por desconocer el artículo 391 del
Código Sustantivo del Trabajo; (ii) Un defecto sustantivo por el
desconocimiento de la sentencia C-466 de 2008 que abordó el análisis
constitucional del art. 391 del Código Sustantivo del Trabajo; (iii) Un defecto
fáctico por la no valoración de las pruebas porque para efectos de resolver
esta excepción, el Tribunal no valoró los estatutos de SINTRAEMPAL obrantes
como prueba documental en el expediente. (4) En cuanto a la excepción de
inexistencia del fuero sindical porque el cargo de vocal no existe
estatutariamente y menos hace parte de la junta directiva según los estatutos
de SINTRAEMPAL se alega: (i) Defecto sustantivo por aplicación indebida
de los artículos 406 y 407 del Código Sustantivo del Trabajo porque la
norma es clara al establecer que quienes gozarán de fuero son los cinco
miembros principales y los cinco suplentes, pero que el cargo de vocal no
ostenta la calidad de suplente. Asimismo el art. 407 determina que gozaran de
fuero solo quienes “expresamente se indiquen como principales y como
suplentes”; (ii) Defecto fáctico por valoración indebida de las pruebas,
porque el operador jurídico no valoró apropiadamente los estatutos de
SINATREAEMPAL; (iii) Defecto por desconocimiento del precedente horizontal,
ya que en una sentencia fallada por el mismo Tribunal se valoró un caso en el
que se concluyó que el cargo de “secretario de asuntos estatales y derechos
humanos” no existe en los estatutos de esa organización, por lo que aquel no
hace parte de su junta directiva y carece de fuero sindical. Lo mismo ocurrió
con otra sentencia del Tribunal en el que se cuestionó el cargo de “secretario
de asuntos laborales y culturales recreativos”.
1.1.2.
Expediente T-3.262.525
La
señora Maria Helena Escobar Rivera inició proceso especial de fuero sindical en
acción de reintegro alegando que era miembro de la Comisión de Reclamos del “Sindicato
de Empleados Públicos del Municipio de Palmira, sus Entidades descentralizadas
(IMDER y Hospitales San Vicente de Paul y Raúl Orjuela Bueno), la Personería y la
Contraloría”, SINTRAEMPAL, y que fue retirada del servicio por la entidad
territorial sin que se levantara judicialmente el fuero sindical que la
accionante argumentaba tener.
En
la contestación de la demanda, el Municipio reconoció que no fue solicitado el
levantamiento del fuero sindical porque la demandante no estaba legalmente
cubierta por esta figura, advirtiendo que en este tipo de procesos se parte del
reconocimiento de la existencia del fuero por parte del empleador, mientras que
en la acción de reintegro el empleador puede discutir su existencia teniendo el
trabajador la carga de demostrar que su fuero sindical es cierto, existente,
vigente y adquirido legalmente.
Acorde
con lo anterior, el Municipio propuso las siguientes excepciones para
argumentar que el fuero de la demandante era inexistente: 1) Inexistencia de
fuero sindical por inexistencia del sindicato por incumplimiento de los
requisitos legales; 2) Inexistencia del fuero sindical por inexistencia del
sindicato a su vez causada por violación del artículo 361 del Código Sustantivo
del Trabajo; 3) No necesidad de levantar fuero al derivarse el retiro del
servicio de una reestructuración administrativa; 4) Inexistencia de fuero
derivada de la nulidad e inexistencia de la elección de la Junta Directiva y de
la Comisión de Reclamos; 5) Inexistencia del fuero sindical por la inexistencia
misma de la Junta Directiva que tiene la facultad de designar la Comisión de
Reclamos; 6) Error en la acción propuesta que no debió ser de reintegro por
fuero sindical sino la acción ordinaria laboral de indemnización plena; 7)
Inexistencia del fuero de la demandante por superar el límite de miembros en la
Comisiones de Reclamos de una empresa, señalado en el artículo 406 del Código
Sustantivo del Trabajo.
El
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira analizó en primera instancia el
proceso de reintegro por fuero sindical, el 19 de octubre de 2010, declarando
no probadas todas las excepciones propuestas por el demandando y ordenando el
reintegro de la parte actora. Dicha decisión fue confirmada por la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito de Buga, el 24 de marzo de
2011, considerando no probadas las excepciones propuestas por el demandado y
accediendo a las pretensiones de la demandante.
En
la acción de tutela, el Municipio de Palmira refiere que el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Buga incurrió en diferentes tipos de defectos al
analizar las excepciones propuestas por la entidad territorial en el proceso
especial de reintegro: 1) Con relación a la excepción por inexistencia del
sindicato, se acusa un (i) defecto procedimental por violación del
debido proceso y un defecto material por la aplicación indebida del artículo
118 del Código Procesal del Trabajo debido a que el Tribunal  consideró que
no resulta apropiado en procesos de reintegro por fuero sindical, cuestionar la
existencia o inexistencia del sindicato. Por el contrario, el accionante alega
que sí es pertinente cuestionar la existencia del sindicato cuando con ello
pretende demostrarse la inexistencia del fuero sindical. (ii) Defecto por
desconocimiento del precedente horizontal y el superior por no tener en
cuenta la sentencia T-728 de 1998 y porque dos magistrados de la misma Sala que
tomó la decisión que se impugna, incluido el ponente, en un proceso de acción
de reintegro contra el mismo Municipio fallado prácticamente en la misma fecha,
consideraron que el presupuesto para el reintegro por parte de quien aduce la
calidad de aforado, es la verificación de que cumpla con los requisitos que la
ley le exige para estar protegido por dicha garantía, y por ende, este tipo de
acciones no se limitan exclusivamente a la verificación de la obtención de
permiso judicial para despedir. (iii) Defecto material por aplicación
indebida del artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo y un defecto
fáctico por omisión en la valoración de las pruebas, por considerar el
Tribunal que la inscripción de SINTRAEMPAL es prueba de su existencia y del
cumplimiento de los requisitos legales, aplicando indebidamente el artículo 356
del Código Sustantivo del Trabajo, y por omisión de la valoración de las
pruebas ya que no se revisaron ni analizaron debidamente los estatutos de la
organización SINTRAEPAL al que pueden afiliarse empleados de entidades que no
ejercen actividades industriales ni económicas a pesar de que en los estatutos
sus actividades se definen como tales, lo cual refleja el incumplimiento de los
requisitos señalados en el art. 356 literal b) que obliga a que haya identidad
en la actividad a la que se dedican los afiliados. (iv) Defecto sustantivo
por desconocimiento de sentencia con efectos erga omnes, por
desconocimiento del precedente vertical y defecto por violación directa de la
Constitución porque la consideración del Tribunal sobre el reconocimiento o
declaratoria de legalidad de la organización a partir de la sola inscripción,
es contraria a la doctrina constitucional contenida en las sentencias C-465 de
2008 y C-621 de 2008. (v)  Defecto sustantivo por desconocimiento de
la norma legal y de sentencias con efectos erga omnes, defecto fáctico
por desconocimiento del precedente vertical y por omisión en la valoración de
las pruebas porque el Tribunal se niega a verificar la existencia del
sindicato y se desconoce el precedente de la sentencia C-621 de 2008, lo cual
lleva al defecto de omisión de valoración de las pruebas, que de haber sido
estimadas habrían llevado a la conclusión del incumplimiento del artículo 361
del Código Sustantivo del Trabajo. 2)  Con respecto a la excepción de “inexistencia
del fuero derivado de la nulidad e inexistencia de la elección de la junta
directiva y comisión de reclamos”. El demandante argumenta que revisada el
acta 001 del Sindicato en el que debía escogerse los miembros de la Junta
Directiva y de la Comisión de Reclamos, no existe ninguna anotación sobre la
elección de los mismos, ni hay evidencia sobre la aceptación del nombramiento
por parte de quienes hubiesen sido efectivamente elegidos, por lo cual el
accionante deduce que nunca hubo elección de Junta Directiva ni de Comisión de
Reclamos, y por consiguiente no hay fuero de sus miembros porque esta condición
se adquiere siempre que se cumplan los requisitos del artículo 391 del Código
Sustantivo del Trabajo. Al considerar no probada esta excepción, el Tribunal
incurrió en: (i) Un defecto sustantivo por desconocer el artículo 391 del
Código Sustantivo del Trabajo; (ii) Un defecto sustantivo por el
desconocimiento de la sentencia C-466 de 2008 que abordó el análisis
constitucional del art. 391 del Código Sustantivo del Trabajo; (iii) Un defecto
fáctico por la no valoración de las pruebas porque para efectos de resolver
esta excepción, el Tribunal no valoró los estatutos de SINTRAEMPAL obrantes
como prueba documental en el expediente.
1.1.3.
Expediente T-3.262.555
El
señor Nelson Méndez Rioja inició proceso especial de fuero sindical en acción
de reintegro alegando que era miembro principal de la Junta Directiva en su
condición de Fiscal del “Sindicato de Empleados Públicos del Municipio de
Palmira, sus Entidades descentralizadas (IMDER y Hospitales San Vicente de Paul
y Raúl Orjuela Bueno), la Personería y la Contraloría”, SINTRAEMPAL, y que fue retirado
del servicio sin justa causa y sin haberse previamente levantado el fuero
mediante sentencia judicial.
Acorde
con lo anterior, el Municipio propuso las siguientes excepciones para
argumentar que el fuero del demandante era inexistente: 1) Inexistencia de
fuero sindical por inexistencia del sindicato por incumplimiento de los
requisitos legales; 2) Inexistencia del fuero sindical por inexistencia del
sindicato a su vez causada por violación del artículo 361 del Código Sustantivo
del Trabajo; 3) No necesidad de levantar fuero al derivarse el retiro del
servicio de una reestructuración administrativa; 4) Error en la acción
propuesta que no debió ser la de reintegro por fuero sindical, sino la acción
ordinaria de indemnización plena.
El
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira analizó en primera instancia el
proceso de reintegro por fuero sindical, el 19 de octubre de 2010, declarando
no probadas todas las excepciones propuestas por el demandando y ordenando el
reintegro de la parte actora. Dicha decisión fue confirmada por la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito de Buga, el 24 de marzo de
2011, considerando no probadas las excepciones propuestas por el demandado y
accediendo a las pretensiones del demandante.
En
la acción de tutela, el Municipio de Palmira refiere que el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Buga incurrió en diferentes tipos de defectos al
analizar las excepciones propuestas por la entidad territorial en el proceso
especial de reintegro. 1) Con relación a la excepción por inexistencia del
sindicato, se acusa un (i) defecto procedimental por violación del
debido proceso y un defecto material por la aplicación indebida del artículo
118 del Código Procesal del Trabajo debido a que el Tribunal  consideró que
no resulta apropiado en procesos de reintegro por fuero sindical, cuestionar la
existencia o inexistencia del sindicato. Por el contrario, el accionante alega
que sí es pertinente cuestionar la existencia del sindicato cuando con ello
pretende demostrarse la inexistencia del fuero sindical. (ii) Defecto por
desconocimiento del precedente horizontal y el superior por no tener en
cuenta la sentencia T-728 de 1998 y porque dos magistrados de la misma Sala que
tomó la decisión que se impugna, incluido el ponente, en un proceso de acción
de reintegro contra el mismo Municipio fallado prácticamente en la misma fecha,
consideraron que el presupuesto para el reintegro por parte de quien aduce la
calidad de aforado, es la verificación de que cumpla con los requisitos que la
ley le exige para estar protegido por dicha garantía, y por ende, este tipo de
acciones no se limitan exclusivamente a la verificación de la obtención de
permiso judicial para despedir. (iii) Defecto material por aplicación
indebida del artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo y un defecto
fáctico por omisión en la valoración de las pruebas, por considerar el
Tribunal que la inscripción de SINTRAEMPAL es prueba de su existencia y del
cumplimiento de los requisitos legales, aplicando indebidamente el artículo 365
del Código Sustantivo del Trabajo, y por omisión de la valoración de las
pruebas ya que no se revisaron ni analizaron debidamente los estatutos de la
organización SINTRAEPAL al que pueden afiliarse empleados de entidades que no
ejercen actividades industriales ni económicas a pesar de que en los estatutos
sus actividades se definen como tales, lo cual refleja el incumplimiento de los
requisitos señalados en el art. 356 literal b) que obliga a que haya identidad
en la actividad a la que se dedican los afiliados. (iv) Defecto sustantivo
por desconocimiento de sentencia con efectos erga omnes, por
desconocimiento del precedente vertical y defecto por violación directa de la
Constitución porque la consideración del Tribunal sobre el reconocimiento o
declaratoria de legalidad de la organización a partir de la sola inscripción,
es contraria a la doctrina constitucional contenida en las sentencias C-465 de
2008 y C-621 de 2008. (v)  Defecto sustantivo por desconocimiento de
la norma legal y de sentencias con efectos erga omnes, defecto fáctico
por desconocimiento del precedente vertical y por omisión en la valoración de
las pruebas porque el Tribunal se niega a verificar la existencia del
sindicato y se desconoce el precedente de la sentencia C-621 de 2008, lo cual
lleva al defecto de omisión de valoración de las pruebas, que de haber sido
estimadas habrían llevado a la conclusión del incumplimiento del artículo 361
del Código Sustantivo del Trabajo. 2) Con respecto a la excepción de
inexistencia del fuero por inexistencia del sindicato por incumplimiento de los
requisitos del artículo 361 del Código Sustantivo del Trabajo, se
alega, (i) un defecto sustantivo por desconocimiento de norma legal y de
sentencia con efecto erga omnes; (ii) defecto fáctico por
desconocimiento del precedente vertical; (iii) defecto fáctico por
omisión de valoración de pruebas, lo anterior porque la sentencia del
Tribunal omitió de manera absoluta y total todo análisis y argumentación frente
a este tema, entonces al no tratar este asunto, omite el cumplimiento del
artículo 361 del Código Sustantivo del Trabajo, analizado por la sentencia
C-621 de 2008, que establece los requisitos que deben cumplir estas
organizaciones para fundarse con sujeción a la ley. 3) En relación con
la excepción de inexistencia del fuero derivado de la nulidad e inexistencia
de la elección de la junta directiva y comisión de reclamos. El demandante
argumenta que revisada el acta 001 del Sindicato en el que debía escogerse los
miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Reclamos, no existe ninguna
anotación sobre la elección de los mismos, ni hay evidencia sobre la aceptación
del nombramiento por parte de quienes hubiesen sido efectivamente elegidos, por
lo cual el accionante deduce que nunca hubo elección de Junta Directiva ni de
Comisión de Reclamos, y por consiguiente no hay fuero de sus miembros porque
esta condición se adquiere siempre que se cumplan los requisitos del artículo
391 del Código Sustantivo del Trabajo. Al considerar no probada esta excepción,
el Tribunal incurrió en: (i) Un defecto sustantivo por desconocer el artículo
391 del Código Sustantivo del Trabajo; (ii) Un defecto sustantivo por el
desconocimiento de la sentencia C-466 de 2008 que abordó el análisis
constitucional del art. 391 del Código Sustantivo del Trabajo; (iii) Un defecto
fáctico por la no valoración de las pruebas porque para efectos de resolver
esta excepción, el Tribunal no valoró los estatutos de SINTRAEMPAL obrantes
como prueba documental en el expediente.
2.
Decisiones judiciales objeto de revisión
2.1.
Expediente T-3.259.562
2.1.1.
Sentencia de primera instancia
El 26 de
julio de 2011, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, profirió
sentencia de tutela en primera instancia, en la que denegaron las pretensiones por
no constatarse que el despacho judicial en entredicho, haya actuado de manera arbitraria,
ya que valoró de manera razonable las pruebas allegadas al proceso, en el marco
de la autonomía y competencia que le es otorgada por la Constitución. Tampoco consideró
la Sala que se hubiese vulnerado el derecho a la igualdad del accionante por el
supuesto desconocimiento del precedente horizontal, ya que en el asunto
analizado, salvo el magistrado que en este caso fungió como ponente, no estuvo
integrada la Sala del Tribunal por los mismos miembros, “de ahí que no pueda
predicarse válidamente cercenamiento de tal derecho”.
2.1.2.
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del
5 de octubre de 2011, la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema
de Justicia, confirmó la sentencia de primera instancia al constatar que no se
ha vulnerado ningún derecho fundamental ya que el Tribunal analizó de manera
razonable y objetiva las pruebas aportadas al proceso explicando los motivos
que, de conformidad con las disposiciones aplicables al caso, le permitían
revocar el fallo de primera instancia. No fue arbitraria ni caprichosa la
decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, que cumplió con la
labor interpretativa que le es propia y valoró el material probatorio bajo los
postulados de la sana crítica. También descartó de plano el cargo por violación
del principio de igualdad en la medida en la que el accionante no acreditó a
qué otra persona que ostente la calidad de vocal de SINTRAEMPAL, los despachos
judiciales accionados le hayan avalado el despido si contar con el permiso de
la autoridad competente, recordando que de acuerdo con el artículo 13 superior,
esta garantía constitucional solo puede invocarse cuando exista identidad entre
los supuestos de hecho frente a los cuales se realiza la comparación, situación
que el demandante se abstuvo de demostrar.
2.2.
Expediente  3.262.525
2.2.1.
Sentencia de primera instancia
El
26 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
profirió fallo de primera instancia en la acción de tutela de la referencia. En
dicha providencia se negaron las pretensiones del accionante al considerar que
no se observó negligencia por parte del despacho judicial puesto en entredicho,
ni se constató que su decisión haya obviado el deber de análisis de las
realidades fácticas y judiciales sometidas a su criterio, ni las mínimas reglas
de razonabilidad jurídica, en el marco de la autonomía y competencia otorgadas
por la Constitución y resultantes de la labor hermenéutica propia del juez. Por
lo tanto, el accionante no podía acudir a la tutela como si se tratase de una
tercera instancia para debatir nuevamente sus tesis jurídicas y probatorias
sobre determinado asunto, sobretodo cuando las conclusiones a las que llegó el
Tribunal se basaron en el análisis de las pruebas aportadas al expediente. Con
relación al cargo por vulneración del derecho a la igualdad, en vista de que
existen otras decisiones proferidas por el mismo Tribunal contra el Municipio
de Palmira que fueron falladas de manera diferente, el a quo consideró,
remitiéndose a jurisprudencia de la misma Sala de Casación, que no podían proponerse
este tipo de alegatos si la Sala del Tribunal no había sido integrada por los
mismos miembros.
2.2.2
Sentencia de segunda instancia
En
sentencia del 5 de octubre de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas no 2, profirió sentencia
confirmando el fallo de primera instancia. El ad quem consideró que de
acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, las autoridades judiciales
accionadas actuaron de manera razonable señalando las razones fácticas y
normativas que sustentaron sus decisiones. Por lo anterior se desestimaron los
argumentos del accionante reiterando que “el principio de autonomía de la
función jurisdiccional impide al juez de tutela inmiscuirse en pronunciamientos
como los cuestionados, solo porque la parte actora no los comparte”. En efecto,
el Tribunal dejó demostrada en el proceso la existencia jurídica y el registro
de SINTRAEMPAL, así como la de su junta directiva y la comisión de reclamos, en
la cual consta que María Elena Escobar es miembro. Asimismo indicó que cuando
se presente una causa para despedir a un trabajador aforado, así sea por
razones de reestructuración de la planta de personal, la administración debe
solicitar permiso al juez el trabajo.
Se
advirtió que cuando un juez profiere una sentencia contraria a los intereses de
una parte, esta no puede alegar la violación de sus derechos fundamentales si
la providencia atacada cuenta con una motivación suficiente y razonable. Por
último fue desestimada la supuesta vulneración del derecho a la igualdad, por
los fallos proferidos con anterioridad por el Tribunal Superior de Buga en los
que negaba el reintegro de empleados asociados a SINTRAEMPAL.
2.3
Expediente T-3.262.555
2.3.1
Sentencia de primera instancia
La Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, profirió el 2 de agosto de 2011
sentencia de primera instancia negando las pretensiones del accionante,
argumentando que el Tribunal que falló la sentencia “se fundó en reflexiones y
consideraciones que consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica,
situación que impide al juez de tutela interferir, so pretexto de tener una
nueva o mejor interpretación, cuando éstas se apoyaron en las disposiciones que
rigen la materia y las pruebas allegadas al proceso”. En cuanto al cargo por
igualdad, se consideró que las decisiones fueron proferidas con relación a
distintos supuestos fácticos y jurídicos, ya que en las providencias que
utiliza el accionante para fundamentar su cargo, se discutió la calidad del
aforado mientras que en la del asunto de la referencia, se cuestionó la
existencia de la organización sindical. Por regla general, el juez de tutela no
puede interferir en asuntos de resorte de los jueces naturales para examinar
los juicios hermenéuticos que sobre las normas hagan los mismos y mucho menos
para acoger la más plausible entre diferentes interpretaciones posibles, ni
puede el juez constitucional convertirse en una tercera instancia de decisión.
Es improcedente entonces el amparo dirigido a controvertir la valoración
probatoria fundamento de la decisión de un juez en el marco de su autonomía.
2.3.2
Sentencia  de segunda instancia
La Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, profirió fallo de segunda
instancia el 13 de octubre de 2011, confirmando el fallo del a quo,
argumentando que quien administra justicia tiene autonomía para interpretar la
norma que más se ajuste al caso para valorar las pruebas y decidir el asunto
bajo estudio. Agregó que “en este caso no podría afirmarse que los motivos
expuestos por la parte demandante se configuren en una de las circunstancias a
la que alude la jurisprudencia, siendo que, la providencia censurada se
sustenta en motivos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad que
le haga perder legitimidad o su condición de verdadera decisión judicial”. En
este sentido, se advirtió que el accionante en su tutela se limitó a cuestionar
la interpretación del juez a partir de sus consideraciones personales sin que
se lograra plantear un asunto de estricto contenido constitucional. En cuanto
al desconocimiento del precedente jurisprudencial -tanto vertical como
horizontal-, consideró que para corroborar la configuración de esta
irregularidad, es necesario constatar la existencia de una línea
jurisprudencial, pero como sea, éste no puede ser un argumento expuesto de
manera aislada y debe contar con suficiente carga argumentativa en vista del
amplio margen de apreciación con el que cuentan los jueces, especialmente
tratándose de cargos por desconocimiento del principio de igualdad.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La
Sala es competente para la revisión de los presentes casos, con fundamento en
los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Nacional y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 15 de noviembre de 2011 de la Sala
de Selección de Tutelas Número Once de la Corte Constitucional que ordenó la
acumulación de los expedientes T-3.259.562, T-3.262.525 y T-262.555.
2.  Problema jurídico
En
el presente caso, la Sala tratará de establecer si las sentencias del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Buga en las que se falló a favor de tres
trabajadores pertenecientes al “Sindicato de Empleados Públicos del Municipio
de Palmira, sus Entidades descentralizadas (IMDER y Hospitales San Vicente de
Paul y Raúl Orjuela Bueno), la Personería y la Contraloría”, SINTRAEMPAL, en
una acción de reintegro por fuero sindical contra el Municipio de Palmira, la autoridad
judicial incurrió en una serie de defectos fácticos, sustantivos, de
desconocimiento del precedente horizontal y vertical, y desconocimiento de la
Constitución, según alega el accionante.
Para responder el problema
planteado, se analizarán los siguientes temas: (1) Procedencia de la Acción de
Tutela contra providencias judiciales; (2) La noción de fuero sindical; (3) El
proceso de levantamiento del fuero sindical y la acción especial de reintegro
por fuero sindical; (3) Análisis de los casos concretos.
3. Procedencia de la
Acción de Tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.1.
En reiterada jurisprudencia[1],
la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales  a pesar del carácter subsidiario de la
misma, cuando está de por medio la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales[2]
y asimismo ha venido afinando en sucesivas sentencias los criterios de
procedibilidad de la tutela en estos casos.
La
sentencia C-590 de 2005, recogiendo la jurisprudencia constitucional en esta
materia estableció, además de los requisitos genéricos[3] y concurrentes que deben
ser verificados en su conjunto para estudiar el fondo del asunto, una serie de
requisitos específicos cuyo fin es determinar la prosperidad de la acción.
Se estableció de esta manera que
la acción de tutela contra providencias judiciales, procede excepcionalmente si
se cumplen los siguientes requisitos generales:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].  De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[7].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8].  Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se
trate de sentencias de tutela[9].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[10].
3.2. En el presente caso,
esta Sala considera que la acción de tutela es procedente, por las siguientes
razones.
3.2.1.
En primer lugar, se trata de una cuestión de evidente relevancia
constitucional. Efectivamente, es un asunto relacionado con el fuero sindical
que constituye una garantía constitucional consagrada expresamente en el
artículo 39 de la Carta Política, y cuyo análisis no ha sido ajeno a las
sentencias de esta Corte.
3.2.2.
En segundo lugar, es claro que en los asuntos que se someten a consideración de
la Sala, se han agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial a disposición del actor. En efecto, el Municipio de Palmira a
través de apoderado judicial  interpuso las acciones de tutela que se analizan contra
los fallos de segunda instancia proferidos por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Buga, en el marco de acciones especiales de reintegro por fuero
sindical, que en dos casos confirmaron y en uno revocaron los fallos de primera
instancia, adoptando decisiones contrarias a las pretensiones del actor.
3.3.3.
Con relación al requisito de inmediatez, la Sala considera que se cumple en los
tres procesos: (1) En el expediente T-3.259.562
la tutela fue presentada el 28 de junio de 2011 contra la providencia fallada
por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, el 4 de noviembre de
2010, es decir aproximadamente siete meses después, siendo éste un término
razonable para impetrar esta acción; (2) En el expediente T-3.262.525 la tutela
fue presentada el 1 de julio de 2011 contra la providencia fallada por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, el 16 de diciembre de 2010, es
decir aproximadamente siete meses después, siendo éste un término razonable
para impetrar esta acción; (3) En el expediente T-3.262.555 la tutela fue
presentada el 13 de julio de 2011 contra la providencia fallada por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Buga, el 24 de marzo de 2011, es decir
aproximadamente cuatro meses después, siendo éste un término razonable para impetrar
esta acción.
3.3.4. De otro lado, los casos
que se analizan no tienen que ver con  irregularidades procesales por lo que no
es un punto que debe ser probado por el accionante.
3.3.5.
También se evidencia que la parte actora ha identificado de manera razonable en
cada uno de los asuntos que se someten a consideración de la Sala, tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados habiendo
alegado tal vulneración en el proceso judicial.
3.3.6.
Finalmente, resulta probado que las sentencias contra las que se dirigen las tres
acciones de tutela, son sentencias emitidas en el marco de procesos laborales de
reintegro por fuero sindical y no en fallos de tutela.
3.4.
Con relación a la prosperidad de la protección de derechos
fundamentales contra una providencia judicial, la jurisprudencia ha establecido
que  es necesario demostrar al menos uno de los siguientes vicios o
defectos que configuran causales específicas o especiales de procedibilidad[11]:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[12]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[13].
i.  Violación
directa de la Constitución”[14].
Con respecto al
requisito específico de desconocimiento del precedente, la sentencia T-838 de
2007 precisó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede ser
desconocida de cuatro formas: “(i) aplicando disposiciones legales que han sido
declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando
disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) contrariando el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corporación a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela.”
3.5. Determinada la procedencia de esta acción de tutela y
enunciadas los defectos que determinan la prosperidad del amparo contra una
decisión judicial, se analizará si los hechos que inspiraron la presente acción
de tutela configuran alguna de las causales que ameritan la protección de los derechos
fundamentales invocados.
4. La noción del fuero sindical
4.1. El artículo 39 de la Constitución Política consagra la garantía
fundamental del fuero sindical como expresión de la libertad de asociación
establecida en el artículo 38 superior, de la cual están investidos los
representantes de los sindicatos para el cumplimiento de su gestión[15]. Este
derecho también ha sido reconocido por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos y Sociales, y por los Convenios 87 y 98 de la OIT.
4.2. Asimismo el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo define
el fuero sindical como “la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser
despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a
otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa
causa, previamente calificada por el juez del trabajo”. De este modo, el
derecho al fuero sindical, para quienes se encuentran cobijados por esta
garantía en los términos del artículo 406 del C.S.T., supone una serie de
obligaciones correlativas para el empleador el cual deberá abstenerse de
despedir, o desmejorar de cualquier manera la situación del trabajador, a menos
de que medie una justa causa previamente autorizada por el juez laboral. Tal y
como lo ha expresado la Corte en varias oportunidades, estas disposiciones
obedecen a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo,
acorde con las cuales los países miembros de la misma, se comprometen a adoptar
medidas específicas de protección, contra todo acto que pretenda perjudicar a
los representantes sindicales, en razón de su gestión sindical, incluido el
despido[16].
Lo anterior no significa, como lo ha manifestado la Corte en otras ocasiones[17], que no sea
posible despedir al empleado, sino que en el evento en el que el patrono
despida al trabajador deberá demostrar la existencia de una justa causa para
hacerlo, y el juez deberá constatar la existencia o inexistencia de la misma
con el fin de autorizar el despido.
4.3. La jurisprudencia de la Corte ha analizado en numerosas
sentencias el alcance de la garantía foral. En este contexto, la sentencia
C-381 de 2000 señaló lo siguiente,
“La Carta de 1991
confiere una especial jerarquía a esta figura, que ya no es una institución
puramente legal, puesto que se ha convertido en un mecanismo de rango
constitucional para proteger la libertad sindical y el derecho de asociación de
los trabajadores. No es pues una casualidad que la misma disposición
constitucional que reconoce el derecho de sindicalización, a saber el artículo
39, prevea también el fuero para los representantes sindicales, a fin de que
éstos puedan cumplir sus gestiones. En efecto, sólo si los líderes de esas
asociaciones gozan de protecciones especiales a su estabilidad laboral, podrán
realizar libremente sus tareas en beneficio de los trabajadores, sin temor a
represalias patronales. Por ello, esta Corte ha resaltado, en numerosas
ocasiones, que la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el
traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el empleador pueda
perturbar indebidamente la acción legítima que la Carta reconoce a los
sindicatos[18].”
En una
reciente sentencia de tutela, se resaltó la relación entre el fuero sindical y
la libertad de asociación, y se señalaron las finalidades de esta garantía que
mediante la protección de las directivas, logra el amparo del grupo organizado,
“La garantía
constitucional de fuero a los representantes sindicales está estrechamente
ligada con la protección al ejercicio del derecho de asociación sindical, cuya
finalidad es procurar que los sindicatos, mediante sus representantes, puedan
ejercer la función para la cual fueron constituidos, esto es, la defensa de los
intereses económicos y sociales de sus afiliados[19]. La garantía foral va
dirigida a la protección del fin más alto que es el amparo del grupo organizado[20], mediante la
estabilidad de las directivas, lo cual redunda en la estabilidad de la
organización, como quiera que el representante está instituido para ejecutar la
voluntad colectiva.“[21]
4.4. La garantía del fuero sindical protege igualmente a los empleados
públicos a los cuales la Constitución reconoce el derecho de asociación
sindical[22]
a excepción de los miembros de la fuerza pública[23]. La sentencia C-593 de
1993 en la que se declaró la inexequibilidad del numeral 1º del artículo 409
del C.S.T. por desconocer el artículo 39 constitucional, expresó lo siguiente
en relación con el fuero sindical de este tipo de trabajadores,
“El
Constituyente de 1991 no excluyó del derecho de asociación sindical a los
empleados públicos, sino que le dio consagración constitucional al derecho que
les reconocían la ley y la jurisprudencia anterior y amplió las garantías para
su ejercicio, al no excluirlos del derecho al fuero sindical. Los empleados
públicos tienen el derecho de constituir sus sindicatos sin intervención del
Estado, de inscribir las correspondientes Actas de Constitución que les otorgan
reconocimiento jurídico y, en consecuencia, tendrán legalmente unos
representantes sindicales a los cuales no se puede negar que el Constituyente
de 1991 reconoció: "el fuero y las demás garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión."
La sentencia SU-036 de 1999, señaló que desde la vigencia de la
Constitución de 1991, tampoco los servidores públicos aforados serán despedidos
sin autorización judicial previa. Si bien durante algún tiempo se reconoció que
los despidos de empleados públicos cobijados por fuero sindical, exigían un
acto de motivación expresa sujeto al control de la jurisdicción contencioso
administrativa, luego de la entrada en vigencia de la Ley 362 de 1997 derogada
por la Ley 712 de 2002[24],
es claro que también este tipo de empleados aforados no podrán ser despedidos
sin autorización judicial previa[25],
y que podrán hacer uso de la acción de reintegro cuando hayan sido despedidos
sin la mencionada calificación,
“Así, con la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y la declaración de
inexequibilidad del artículo 409 del Código Sustantivo Trabajo, se entendía que
un servidor público no podía ser despedido ni desmejoradas sus condiciones
de trabajo ni trasladado, sin justa causa previamente calificada por el juez,
pues es ésta  la esencia del fuero sindical.
(…) La entrada en
vigencia de la mencionada ley -febrero 21 de 1997-, trajo dos
consecuencias trascendentales: la primera, que la administración para despedir,
desmejorar las condiciones laborales o trasladar a un servidor público amparado
por fuero sindical, deberá contar con la autorización del  juez laboral -calificación
judicial-. Para ello, será menester agotar el trámite establecido en
los artículos 113 a 117 del Código Procesal del Trabajo, que regulan todo lo
referente a esta autorización. La segunda, que el servidor
público podrá hacer uso de la acción de reintegro que consagra el
artículo 118 del mismo código, ante el juez ordinario laboral, cuando ha sido
despedido, sus condiciones laborales desmejoradas o trasladado sin la
mencionada calificación”.
4.5. Sin embargo, la garantía foral no es absoluta, y está sujeta a
restricciones, como en los procesos de reestructuración de las entidades
públicas, aspecto ampliamente estudiado por la jurisprudencia constitucional[26], la cual ha
reconocido que las limitaciones a los derechos sindicales que sean consecuencia
de procesos de esta naturaleza, deben ser razonables y proporcionados. En todo
caso se requerirá autorización previa del juez laboral[27]. En la sentencia T-203
de 2004, se reconstruye la línea jurisprudencial en esta materia en los
siguientes términos,
“El
interrogante que se plantea entonces consiste en determinar si en los casos de
supresión de cargos públicos, debido a la ejecución de un proceso de
reestructuración de pasivos, la entidad pública debe o no acudir previamente
ante el juez laboral con el propósito de que sea levantado el fuero sindical, es
decir, para que sea un funcionario judicial quien decida si tuvo o no
ocurrencia una justa causa. La Sala de Revisión, siguiendo la jurisprudencia
sentada por la Corte, considera que la respuesta es afirmativa, por las razones
que pasan a explicarse.
Con
posterioridad a la expedición de la Ley 362 de 1997, no existe duda alguna
sobre la necesidad de la autorización judicial para afectar el fuero sindical
de los empleados públicos.  Más recientemente, en sentencia T-731 de 2001, con
ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, esta Corporación consideró lo
siguiente:
“Al
respecto es necesario resaltar que la ley en ningún momento establece que el
permiso judicial previo para despedir trabajadores aforados no se aplique a los
casos de reestructuración de entidades administrativas. Por el
contrario, la garantía del fuero sindical, expresamente reconocida en el
artículo 39 de la Constitución, así como el derecho de asociación sindical son
aplicables también a los servidores públicos.  Al respecto, la Corte se
pronunció,  mediante la Sentencia C-593 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz ), en
la cual declaró inexequible el artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo,
en la medida en que dicha disposición restringía el fuero sindical para quienes
fueran empleados públicos.  En dicha oportunidad, la Corte puso de presente la
necesidad de un desarrollo legislativo que regulara lo referente al fuero
sindical de esta categoría de trabajadores.” (Subrayado fuera de texto)
En posteriores
fallos, la Corte ha mantenido esas mismas consideraciones, razón por la cual,
en la actualidad, existe una clara línea jurisprudencial en la materia”.
Entonces también en los casos de despido sin previa autorización
judicial de empleados públicos por procesos de reestructuración, el Juez deberá
ordenar el reintegro,
“Por ello
incurre en vía de hecho el juez laboral que, so pretexto de la liquidación o
reestructuración de una entidad pública, omite condenar a la misma al reintegro
de quienes fueron despedidos o desmejorados sin permiso del juez laboral,
porque lo que procede en este caso es ordenar el reintegro y trasladar a la
entidad -que haga las veces de la entidad extinta- la carga de demostrar la
imposibilidad de su cumplimiento, a fin de que si el trabajador afectado, así
lo considera, pueda contradecir la decisión”[28].
Inclusive cuando en el marco de un proceso de reestructuración el
Ministerio del Trabajo autoriza despidos colectivos, la Corte ha considerado
que la autorización previa del juez laboral garantiza el derecho de asociación
a través de la acción de levantamiento del fuero,
En otros
términos, es el juez laboral la autoridad llamada a garantizar en primera
instancia el derecho de asociación sindical en un proceso de levantamiento de
fuero sindical; a él le corresponde indagar la afectación del derecho de
asociación cuando está en curso un proceso de reestructuración en el cual el
Ministerio de la Protección Social autorizó un despido colectivo. En efecto
como ha quedado visto en el fundamento jurídico 23, hace parte de la
garantía foral que, un ente independiente, evalúe la justicia de la causa
aducida, esto es, que con su ejercicio no se vulnere el derecho a la asociación
sindical.
4.6. El fuero
sindical es entonces una garantía de rango constitucional que cobija a los
trabajadores y a los empleados públicos que hagan parte de las directivas de
los sindicatos, que sean sus miembros adherentes o fundadores de organizaciones
sindicales, para permitirles cumplir libremente sus funciones en defensa de los
intereses de la asociación, sin que por esto sean perseguidos o sean sujetos de
represalias por parte de los empleadores. En virtud del fuero sindical, los
empleadores que quieran despedir empleados aforados, deberán invocar una justa
causa previamente calificada por el juez laboral. Incluso en los procesos de
reestructuración, será necesario solicitar dicha autorización previa. Cuando se
despide al empleado aforado sin el permiso del juez, procede la acción especial
de reintegro por fuero sindical como se explicará a continuación.
5. El proceso de levantamiento del fuero sindical y la acción
especial de reintegro por fuero sindical
5.1. Tal y como se señaló anteriormente, el fuero sindical es un
derecho que cobija a las directivas sindicales para evitar despidos
injustificados, o modificaciones arbitrarias de las condiciones laborales, de
modo que se garantice la gestión de los intereses de los asociados.
5.2. Por regla general, el empleador no podrá despedir sin justa causa
y previa autorización judicial al empleado aforado. Será necesario un proceso
de levantamiento del fuero sindical iniciado por el patrono para que el juez
permita despedir o desmejorar las condiciones del empleado aforado, en los
términos de los artículos 113 a 117 del Código Procesal del Trabajo. En dichas
disposiciones, se señala que se presume la existencia del fuero sindical con la
sola certificación de la inscripción en el registro sindical o con la
comunicación del empleador de la inscripción, por consiguiente, en esos casos,
éste deberá interponer una demanda para obtener el permiso del juez, invocando
una justa causa. En este sentido, la sentencia T-029 de 2004, reiterando
jurisprudencia en la materia, precisó lo siguiente,
“A propósito
de las acciones en comento, conviene anotar que la demanda del empleador,
tendiente a levantar el fuero sindical, deberá presentarse “inmediatamente
al conocimiento de la ocurrencia de una causa justa para la autorización de
despido, traslado o desmejora del trabajador”[29],
habida cuenta que “el fundamento mismo para el ejercicio del mencionado
levantamiento, es necesariamente la existencia y conocimiento por parte del
empleador de una justa causa que justifique las pretensiones de levantar el
fuero al trabajador. Si esa justa causa  no se extiende en el tiempo y se
esgrime en momentos diversos a los que dieron origen a la eventual posibilidad
de levantamiento del fuero, lo que en realidad ocurre es que el fundamento
mismo o la causal que autorizaba legítimamente el levantamiento, desaparece y
en consecuencia se controvierte  la razón misma de su consagración”[30].
Acorde con lo anterior, la
jurisprudencia ha precisado que el objetivo del proceso de levantamiento del
fuero es (1) verificar la ocurrencia de la causa que alega el empleador, y (2)
el análisis de su legalidad o ilegalidad[31].
Es importante anotar que según el artículo 410 del C.S.T., son justas causas
para el despido, 1) La liquidación o clausura definitiva de la empresa o
establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del
patrono durante más de ciento veinte (120) días, y 2) Las causales enumeradas
en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo para dar por
terminado el contrato.
5.3. En este contexto, se entiende que el respeto al derecho de
asociación sindical incluye la garantía del debido proceso cuando son
despedidos trabajadores cobijados por el fuero sindical. Si el trabajador ha
sido despedido o desmejorado sin autorización judicial previa, cuenta con dos
meses, contados a partir de la actuación del empleador, para interponer una
acción especial de reintegro por fuero sindical tal y como lo consigna el
artículo 118A del Código de Procedimiento del Trabajo. En relación con la
obtención del permiso cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral,
conoce la  jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y seguridad
social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 712 de 2001[32], razón por
la cual es a la jurisdicción ordinaria laboral a quien compete conocer de los
conflictos de reintegro por fuero sindical de los trabajadores y empleados
públicos, a través de los procedimientos establecidos en el Código de
Procedimiento Laboral[33].
En la acción de reintegro, el
juez debe analizar (1) si el demandante estaba obligado a solicitar el permiso
judicial y, en caso afirmativo (2) verificar si cumplió dicho requisito. De
ninguna manera el juez podrá en este tipo de procesos pronunciarse sobre la
legalidad del despido, so pena de incurrir en una vía de hecho, ya que en
virtud del derecho al debido proceso nadie puede ser juzgado sino por el juez competente,
con las formas propias de cada juicio.
Si surtido el proceso se comprueba, que el trabajador fue despedido
desconociendo las disposiciones en esta materia, se ordenará su reintegro y se
condenará a título de indemnización, los salarios dejados de percibir[34].
5.4. La jurisprudencia ha sido enfática en distinguir entre el proceso
de levantamiento del fuero y la acción especial de reintegro por fuero
sindical, tal y como se señaló en la sentencia T-731 de 2001, y posteriormente
se reiteró en la sentencia T-1108 de 2005,
“Esta
distinción entre el objeto de cada uno de los dos procesos resulta fundamental,
pues si el juez que conoce la acción de reintegro por fuero sindical entra a
calificar directamente la legalidad del despido, o del retiro del servicio, y
no se pronuncia sobre el incumplimiento del requisito de la solicitud judicial
previa, dicha garantía no tendría ningún sentido.  En tal caso, el empleador
podría despedir o retirar del servicio libremente al trabajador aforado, sin
que ello comportara ilegalidad alguna.
En esa medida,
el desconocimiento del objeto de cada uno de los procedimientos implica una
vulneración del derecho al debido proceso.  En efecto, conforme lo establece el
artículo 29 de la Constitución, “[n]adie podrá ser juzgado sino ... con
observancia de las formalidades propias de cada juicio”  Así, si en la
sentencia que finaliza el procedimiento especial de acción de reintegro, el
juez se pronuncia acerca de la legalidad del despido o el retiro del servicio,
se produce un desfase entre la decisión adoptada y el procedimiento surtido.
Un ejemplo de dicha situación se ve claramente cuando el trabajador, a pesar de
creerlo, no está realmente cobijado por el fuero sindical, pero ha sido
despedido de manera ilegal.  Si el juez se pronuncia acerca de la legalidad del
despido en la acción de reintegro, estaría profiriendo una decisión que puede
desmejorar la situación procesal del demandante, en la medida en que el
demandado puede alegar la existencia de una cosa juzgada cuando intente
nuevamente la demanda para obtener un pronunciamiento sobre la ilegalidad del
despido. En ese caso, el procedimiento mediante el cual se debe establecer la
ilegalidad del despido o del retiro no es el procedimiento especial y expedito
de diez (10) días de la acción de reintegro, sino un proceso ordinario laboral
o, en otros casos, una acción ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Cada proceso
supone el seguimiento de una serie de etapas y la existencia de un conjunto de
garantías y facultades procesales determinadas y estructuradas de manera
razonable, para cumplir un determinado objetivo.”
Siendo así, la Corte ha
considerado que el juez laboral que se pronuncia sobre la legalidad del despido
o desmejora de las condiciones laborales, en el marco de una acción especial de
reintegro por fuero sindical, desconoce el artículo 29 de la Constitución, de
acuerdo con el cual nadie puede ser juzgado sino por juez competente, y con
observancia de las formas propias de cada juicio. Por consiguiente, las
acciones de permiso y reintegro reguladas en los artículos 113 y siguientes del
Código Procesal del Trabajo, dada su especialidad, no pueden ser utilizadas
sino conforme la finalidad indicada en la ley[35].
6. Análisis de los casos concretos
6.1. Los tres casos que se
someten en esta ocasión a la revisión de la Corte, se relacionan con acciones
de tutela interpuestas contra providencias judiciales, en procesos especiales
de reintegro por fuero sindical iniciados por empleados pertenecientes al “Sindicato
de Empleados Públicos del Municipio de Palmira, sus Entidades descentralizadas
(IMDER y Hospitales San Vicente de Paul y Raúl Orjuela Bueno), la Personería y la
Contraloría” SINTRAEMPAL, contra el Municipio de Palmira que los había
despedido sin solicitar previamente y por vía judicial el permiso para el levantamiento
del fuero.
6.2. Contra las sentencias del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que en los tres casos
anteriormente mencionados, accedió a las pretensiones de los demandantes
ordenando su reintegro, el Municipio de Palmira interpuso acciones de tutela en
las que planteó la existencia de una serie de vicios sustantivos, fácticos y de
desconocimiento del precedente.
6.3. En ninguno de los tres
procesos prosperó la acción de tutela, ni en primera ni en segunda instancia,
por considerar que el Tribunal falló de manera adecuada, teniendo en cuenta las
disposiciones vigentes y la jurisprudencia, valorando adecuadamente el material
probatorio, y por no haberse constatado ninguna irregularidad, ni arbitrariedad
en la decisión, así como violación alguna de las normas constitucionales.
6.4. Teniendo en cuenta las
consideraciones realizadas en el acápite anterior, referidas al fuero sindical,
a la naturaleza de las acciones de levantamiento del fuero y a la acción de
reintegro, la Sala considera que la acción de tutela no puede prosperar en
ninguno de los tres casos, ya que no se configura al menos una de las causales
específicas establecidas por la jurisprudencia.
6.5. Si bien con algunas
variaciones en cada caso, los vicios que acusa el actor, se resumen en el hecho
de que el Tribunal no tuvo en cuenta que los empleados despedidos, realmente no
gozaban de fuero, porque el sindicato, junto a su Junta Directiva y a la
Comisión de Reclamos, son según el Municipio, inexistentes. En vista de que en
los tres casos, las acciones de tutela interpuestas por el Municipio contra el
Tribunal Superior de Buga invocan fundamentos muy similares, a continuación se
expondrán las razones por las cuales los defectos alegados no pueden prosperar,
y posteriormente se hará una breve referencia a cada caso en particular.
6.6.
En este orden de ideas, la Sala considera que los vicios alegados con respecto
a la primera excepción, se sustentan en interpretaciones que el mismo accionante
hace de las normas que regulan la conformación de los sindicatos y de la
constitución del fuero sindical.
Con
relación al defecto procedimental alegado por violación del debido proceso y el
defecto material por la aplicación indebida del artículo 118 del Código
Procesal del Trabajo que, según el accionante, se produce debido a que el
Tribunal no consideró apropiado cuestionar la existencia o inexistencia del
sindicato en el proceso de reintegro por fuero sindical, no encuentra la Sala
que en realidad se verifique ninguno de los vicios aducidos por el Municipio,
ya que el objeto de la acción de reintegro se limita a establecer si debía o no
solicitarse el levantamiento del fuero antes de despedir a los empleados, y no
cuestiona la existencia o inexistencia del sindicato. Es importante tener en
cuenta que la libertad de asociación[36] es un derecho que faculta a los trabajadores
para que estructuren organizaciones de diferente orden con el objeto de asumir
su defensa frente a los conflictos obrero patronales, para lo cual la misma
Constitución establece un conjunto de garantías, tales como el reconocimiento
jurídico por la sola inscripción del acta de constitución, reserva judicial
para los casos de cancelación o suspensión, fuero sindical y el sometimiento de
su estructura interna y funcionamiento al orden legal y al principio
democrático[37].
En aras del respeto de dicha libertad de rango constitucional, el empleador no
puede desconocer el fuero de las directivas de los sindicatos alegando que
desconoce la existencia de dicha organización. En otras palabras, la existencia
de las asociaciones sindicales no depende de que el empleador las reconozca,
dado que de ser así, no tendría sentido la protección de la libertad de
asociación y autonomía sindical que protege la Constitución[38]. Menos sentido tiene que
el empleador alegue en la acción de reintegro que no solicitó el levantamiento
del fuero de sus empleados antes de despedirlos, porque no reconocía la
existencia del sindicato del cual el Municipio tenía conocimiento desde 2008,
tal y como consta en los expedientes. Por lo anterior, el Tribunal aplicó
adecuadamente el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo y lo
establecido en el artículo 118 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, siguiendo el procedimiento señalado en los artículos 113 y
siguientes, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 2º del mismo en el
sentido de  que “la certificación de inscripción en
el registro sindical o la comunicación al empleador de la elección, se presume
la existencia del fuero del demandante”.
Acorde con lo anterior, tampoco son válidos los argumentos que
pretenden sustentar un defecto por desconocimiento del precedente horizontal y
superior de acuerdo con la sentencia T-728 de 1998. En efecto, en la referida
sentencia, la Corte analizó el caso de unos empleados que habían sido despedidos
por la sociedad accionada, y que alegaban estar protegidos por el fuero
sindical, por lo que en esa ocasión, el problema consistía en determinar si el
juez de tutela tenía la facultad de decidir asuntos en los cuales se
controvierte si los accionantes se encontraban amparados por la referida
garantía, concluyendo que, con  fundamento en las normas legales y en la
jurisprudencia, la tutela era improcedente para obtener el reintegro y pago de
los salarios dejados de percibir, porque estas son pretensiones que deben
invocarse ante la jurisdicción especial del trabajo. En dicha sentencia se advirtió
que “de lo que se trata en este proceso, no es únicamente de definir si el
despido se hizo o no sin justa causa, o con desconocimiento del fuero sindical,
sino además que la controversia se plantea en torno a si los demandantes tienen
realmente o no la calidad de trabajadores amparados por el fuero sindical” pero
más adelante reconoció que no era esta una cuestión que el juez constitucional
podía definir. Es evidente que, en un proceso de reintegro, el juez laboral debe
en primer lugar verificar si los empleados tenían fuero para establecer si era
necesario solicitar el permiso para el despido, y esto fue precisamente lo que
analizó la sentencia del Tribunal. Pero eso no significa que en los casos que
se analizan,   el Tribunal pudiera cuestionar la existencia o inexistencia del
sindicato porque como se indicó anteriormente, SINTRAEMPAL estaba debidamente
registrado y su personería jurídica se encontraba vigente ya que no había sido
solicitada su suspensión o cancelación mediante sentencia judicial. Por
consiguiente el Tribunal actuó de acuerdo con las normas legales y la
jurisprudencia.
Con
respecto al supuesto vicio por desconocimiento del precedente horizontal, es
importante señalar que en los fallos del Tribunal sobre casos semejantes a los
que hace referencia el accionante, no se analizó la existencia o inexistencia
del sindicato, sino que se negó la acción de reintegro al comprobarse que los
empleados no tenían la calidad de aforados. En efecto, en el primer caso[39], el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Buga, para establecer si era necesario el
permiso judicial previo al despido, analizó si el demandante tenía fuero
sindical, concluyendo que, el “Secretario de asuntos estatales y derechos
humanos” de SINTRAEMPAL, no estaba protegido por dicha garantía dado que los
empleados aforados son solo quienes pertenecen a la Junta Directiva y éste
cargo no correspondía a ninguno de aquellos previstos en el artículo 406 del
Código Sustantivo del Trabajo, ni en el artículo 22 de los Estatutos del
Sindicato. En el segundo caso[40],
también se analizó la acción de reintegro de un empleado del Municipio de Palmira
que afirmaba gozar de fuero sindical por ser el “Secretario de asuntos
laborales, culturales y recreativos” de SINTRAEMPAL, cargo que de acuerdo con
el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 22 de los
Estatutos del Sindicato, no hacía parte de la junta directiva y por ende no
estaba cubierto por la garantía foral. Por lo anterior, es claro que, contrario
a lo que sostiene el accionante, el Tribunal no entró a cuestionar en estos
procesos la existencia o inexistencia del sindicato, sino que se limitó a
estudiar si el cargo de los empleados despedidos estaba o no protegido por el
fuero sindical con el fin de determinar si prosperaba la acción de reintegro.
En este orden de ideas, no se verifica desconocimiento alguno del precedente horizontal.
En
lo que tiene que ver con el alegado defecto material por la aplicación indebida
del artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo y al defecto fáctico por
omisión en la valoración de las pruebas, porque el Tribunal consideró
que la inscripción de SINTRAEMPAL es prueba de su existencia y del cumplimiento
de los requisitos legales, caben las mismas observaciones hechas en el punto
anterior. El Tribunal aplicó adecuadamente las normas legales y en especial el
artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo que dispone que toda organización sindical de trabajadores por el solo
hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza
de personería jurídica, citando incluso los Convenios internacionales de la OIT.
Debido a que, como se mencionó anteriormente, la existencia de un sindicato no
depende del reconocimiento del empleador, y como el proceso de reintegro se
limita a establecer si el empleado despedido gozaba o no de fuero sindical verificando
el cumplimiento de la ritualidad del permiso, el argumento del
accionante no tiene ningún sustento. El Municipio pudo haber alegado todas
estas excepciones en el marco de un proceso judicial diferente en el que el
demandante fuera la entidad territorial, y el demandado el Sindicato.
En
cuanto al supuesto defecto sustantivo por desconocimiento de sentencia con
efectos erga omnes, por desconocimiento del precedente vertical y
defecto por violación directa de la Constitución, en el que, según el
accionante, incurre el Tribunal por considerar la legalidad de la organización
a partir de la sola inscripción, apartándose de la doctrina constitucional
contenida en las sentencias C-465 de 2008 y C-621 de 2008, caben los mismos
argumentos expuestos anteriormente. El Tribunal no estaba obligado a realizar
un juicio sobre la existencia del sindicato, por lo que todas las excepciones
planteadas en este sentido, deberían haber sido presentadas en un juicio que
tuviera como fin cuestionar la existencia de la organización sindical.
6.7.
En relación con la excepción de inexistencia del fuero derivado de la nulidad e
inexistencia de la elección de la junta directiva y comisión de reclamos, se
alegan diferentes vicios por el hecho de que el Tribunal supuestamente no
revisó de manera adecuada las actas de elección de la junta y la comisión,
configurándose un defecto sustantivo por desconocer el artículo 391 del Código
Sustantivo del Trabajo, un defecto sustantivo por el desconocimiento de la
sentencia C-466 de 2008 y un defecto fáctico por no valoración de las pruebas
representadas por los estatutos de SINTRAEMPAL. También en este caso, se
considera que, si el Municipio creía que debían declararse nula la elección de
la junta y la comisión de reclamos, debió haberlo demandado en una acción
judicial diferente a la acción de reintegro. Se recuerda nuevamente que
SINTRAEMPAL existe como organización y prueba de ello es el registro sindical
que consta en la resolución No. 0046 AFP del 26 de marzo de 2008. El sindicato,
así como la junta y la comisión de reclamos, permanece vigente porque no hay
sentencia judicial que haya declarado su inexistencia o haya suspendido o
cancelado el registro sindical. Por lo anterior, no resultaba apropiado ni
conveniente, como justamente lo anotó el Tribunal, pronunciarse sobre la
nulidad de la junta y de la comisión de reclamos en el marco del proceso de
reintegro que debe limitarse a analizar la calidad de aforado del empleado
despedido.
6.8.
Habiendo analizado y desvirtuado los defectos alegados, la Sala considera
entonces que independientemente de las razones invocadas por el accionante para
considerar la existencia o inexistencia del sindicato, la junta directiva y la
comisión de reclamos, no es en el marco de un proceso de reintegro por fuero
sindical, ni mucho menos a través de una acción de tutela, que deben plantearse
este tipo de cuestionamientos. En aras del respeto al debido proceso y
atendiendo a las disposiciones que regulan el procedimiento laboral, es claro
que existen diferentes tipos de acciones y procesos de los cuales conoce la
jurisdicción ordinaria. Acorde con lo anterior, el Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social distingue entre las acciones de levantamiento del
fuero sindical, las acciones especiales de reintegro por fuero sindical, y los
procesos de suspensión, disolución, liquidación y cancelación del registro
sindical. Cada una de estas acciones tiene una razón de ser, y se plantea en
diferentes momentos y contextos. No puede entonces pretender el accionante que
en el marco de un proceso de reintegro se analice la existencia del sindicato,
porque para eso existe un procedimiento diferente, que es el de cancelación del
registro sindical. No hay que olvidar además que en el proceso de reintegro el
demandante es el empleado aforado, y en los procesos que cuestionan la
existencia del sindicato, es éste último el demandado.
No es de recibo el argumento
según el cual la acción pertinente no sería la de suspensión o cancelación del
registro sindical porque el empleador sencillamente no reconoce al sindicato
por lo que no podría solicitar la cancelación de algo que según él no existe, ya
que en aras del respeto a la libertad de asociación, garantía de orden
constitucional ampliamente reconocida por la jurisprudencia, el sindicato se
crea y adquiere personería jurídica independientemente de que el empleador lo
reconozca. El Tribunal no se pronunció sobre este aspecto sino que acatando las
normas pertinentes, se limitó a verificar si era necesario solicitar el permiso
judicial, no sin antes dejar clara la razón por la cual no se pronunciaría
sobre la existencia del sindicato. En efecto, el artículo 39 de la Constitución
dispone que el reconocimiento jurídico de los sindicatos se produce con la
simple inscripción del acta de constitución. Asimismo el Código Sustantivo del
Trabajo determina en su artículo 364 que “toda organización sindical de
trabajadores, por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la
asamblea constitutiva, goza de personería jurídica”. De otro lado, el Código
Procesal del Trabajo, establece en sus artículos 113 y 118, que con la sola
certificación en el registro sindical o la comunicación al empleador de la
elección, se presume la existencia del fuero sindical.    También la
jurisprudencia se ha pronunciado al respecto considerando que,
“Las organizaciones sindicales adquieren la personería
jurídica  a partir de la fecha de    la asamblea constitutiva, es decir, desde
su fundación.[41]
En consecuencia, esta disposición cumple con los presupuestos del artículo 39
de la Constitución Política, en cuanto los sindicatos y asociaciones sindicales
“se constituye por sí y ante sí, y únicamente por los trabajadores, sin intervención
del Estado, y con el solo hecho de su fundación, en la respectiva asamblea
constitutiva, en la que naturalmente quedará el acta de constitución.”[42]
6.9.
Finalmente, es importante recordar que la acción de tutela no es el mecanismo
adecuado para invocar este tipo de cuestiones, ni para atacar las decisiones
judiciales sobre la base de determinadas interpretaciones de las normas, ni
puede ser considerada una tercera instancia de decisión que reabra los debates
previamente zanjados ante las autoridades judiciales competentes.
Dicho
esto, pasa la Sala a hacer algunos breves comentarios finales para cada caso
particular.
6.
10. Expediente T- 3.259.565
6.10.
1. El accionante señala que en la acción de reintegro iniciada por el señor
Raúl López, vocal 5 de SINTRAEMPAL, contra el Municipio de Palmira, el Tribunal
incurrió en diferentes tipos de vicios fácticos y sustantivos asociados con las
cuatro excepciones presentadas por la referida entidad territorial: 1) inexistencia
del sindicato; 2) inexistencia del fuero por inexistencia del sindicato por
incumplimiento de los requisitos del artículo 361 del Código Sustantivo del
Trabajo; 3) inexistencia del fuero derivado de la nulidad e inexistencia de la
elección de la junta directiva y comisión de reclamos; 4) inexistencia del
fuero sindical porque el cargo de vocal no existe estatutariamente y menos hace
parte de la junta directiva según los estatutos de SINTRAEMPAL.
6.10.2.
Como se mencionó anteriormente, los defectos asociados a las excepciones
presentadas por el accionante, no pueden prosperar en la medida en la que éstas
giran en torno al no reconocimiento del sindicato, la junta directiva y la
comisión de reclamos, por parte del empleador, asunto que no afecta la
existencia del sindicato, y que no debe debatirse en el proceso especial de
reintegro por fuero sindical.
6.10.3.
Específicamente con relación a la excepción sobre inexistencia del fuero porque
el cargo de vocal 5, no existe estatutariamente ni hace parte de la Junta
Directiva de SINTRAEMPAL, el accionante había alegado un defecto sustantivo por
aplicación indebida de los artículos 406 y 407 del Código Sustantivo del
Trabajo, un defecto fáctico por valoración indebida de las pruebas y un defecto
por desconocimiento del precedente horizontal.
La
Sala considera que el Tribunal no incurrió en ninguno de estos defectos. De
hecho, la sentencia acusada se sustentó en la revisión de los estatutos de
SINTRAEMPAL, los cuales disponen en el artículo 22 que la Junta Directiva estará
constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Fiscal, un
Tesorero y cinco suplentes numéricos, que gozarán de fuero sindical. También consideró
la sentencia, el acta de constitución del sindicato del 11 de marzo de 2008,
advirtiendo que “dado el orden en que se conformó la junta directiva, debe
entenderse que los cinco primeros cargos tienen la calidad de principales y los
cinco restantes, dentro de los diez primeros, ostentan la condición de
suplentes, los cuales, gozan de la garantía foral, ya que si dicha garantía o
plus constitucional, a términos del artículo 406 de Código Sustantivo del
Trabajo, cobija a los cinco primeros principales y a los cinco primeros
suplentes, el fuero sindical debe otorgarse a quienes aparecen inscritos en la
junta dentro de los diez primeros escaños, en aquellos casos en que no se hayan
nominado como principales y suplentes, solución que brinda el mismo Código
Sustantivo del Trabajo en su artículo 407”. Teniendo en cuenta lo anterior, advirtió el Tribunal que la composición inicial de la junta directiva, varió en
decisión de la asamblea general reunida el 13 de enero de 2009, quedando
designado como vocal 5, el señor Raúl López, informando al Alcalde Municipal de
Palmira, mediante oficio del 16 de enero de 2009. Como el despido del señor
López ocurrió el 20 de enero de 2009, el Tribunal concluye que para ese momento
el empleado estaba cobijado por la garantía foral, situación que ya había sido
puesta en conocimiento del Municipio.
Acorde
con lo expuesto, la decisión del Tribunal acató las disposiciones legales,
especialmente las contenidas en los artículos 406 sobre trabajadores amparados
por el fuero sindical, y 407 referido a los miembros de la junta directiva, del
Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, la sentencia fundamentó su exposición
en la valoración de las pruebas y los estatutos aportados al expediente.
Contrariamente a lo expuesto por el accionante, el Tribunal no se apartó del
precedente horizontal, ya que los casos que el Municipio considera fueron
fallados de manera diferente, analizaron las acciones de reintegro de dos
miembros del Sindicato que de ninguna manera hacían parte de la junta directiva
del mismo.
6.10.4.
Por lo anterior, en este caso la Sala confirmará las decisiones de instancia
que negaron la tutela interpuesta por el Municipio de Palmira contra el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga que profirió la sentencia 101
del 4 de noviembre de 2010.
6.11.
Expediente T- 3.262.525
6.11.1.
El accionante señala que en la acción de reintegro iniciada por la señora  María
Helena Escobar Rivera, miembro de la Comisión de Reclamos de SINTRAEMPAL,
contra el Municipio de Palmira, el Tribunal incurrió en diferentes tipos de
vicios fácticos y sustantivos asociados con dos excepciones presentadas por la
referida entidad territorial: 1) inexistencia del sindicato; 2) inexistencia
del fuero derivado de la nulidad e inexistencia de la elección de la junta directiva
y comisión de reclamos.
6.11.2.
Como se mencionó anteriormente, los defectos asociados a las excepciones
presentadas por el accionante, no pueden prosperar en la medida en la que éstas
giran en torno al no reconocimiento del sindicato por parte del empleador,
asunto que no afecta la existencia del sindicato, y que no debe debatirse en el
proceso especial de reintegro por fuero sindical. También las excepciones por
inexistencia y nulidad de la junta directiva y de la comisión de reclamos,
deben ser planteadas y analizados en el marco de otro tipo de procesos.
6.11.3.
Por lo anterior, en este caso la Sala confirmará las decisiones de instancia
que negaron la tutela interpuesta por el Municipio de Palmira contra el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga que profirió la sentencia 137
del 26 de diciembre de 2010.
6.12.
Expediente T-3.262.555
6.12.1.
El accionante señala que en la acción de reintegro iniciada por el señor Nelson
Méndez, Fiscal de SINTRAEMPAL, contra el Municipio de Palmira, el Tribunal incurrió
en diferentes tipos de vicios fácticos y sustantivos asociados con tres
excepciones presentadas por la referida entidad territorial: 1) inexistencia
del sindicato; 2) inexistencia del fuero por inexistencia del sindicato por
incumplimiento de los requisitos del artículo 361 del Código Sustantivo del
Trabajo; 3) inexistencia del fuero derivado de la nulidad e inexistencia de la
elección de la junta directiva y comisión de reclamos.
6.12.2.
Como se mencionó anteriormente, los defectos asociados a las excepciones
presentadas por el accionante, no pueden prosperar en la medida en la que éstas
giran en torno al no reconocimiento del sindicato por parte del empleador,
asunto que no afecta la existencia del sindicato, y que no debe debatirse en el
proceso especial de reintegro por fuero sindical. También las excepciones por
inexistencia y nulidad de la junta directiva y de la comisión de reclamos,
deben ser planteadas y analizados en el marco de otro tipo de procesos.
6.12.3.
Por lo anterior, en este caso la Sala confirmará las decisiones de instancia
que negaron la tutela interpuesta por el Municipio de Palmira contra el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga que profirió la sentencia 074
del 26 del 24 de marzo de 2011.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la
sentencia del 5 de octubre de 2011 proferida por la Sala de Decisión Penal de
Tutelas de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia de primera
instancia proferida el 26 de julio de 2011 por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
Segundo.- CONFIRMAR la
sentencia del 5 de octubre de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas no 2, que confirmó sentencia de
primera instancia proferida el 26 de julio de 2011 por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral
Tercero.- CONFIRMAR la sentencia
proferida el 13 de octubre de 2011 por la  Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que confirma la sentencia de primera instancia proferida
el 2 de agosto de 2011 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
Por Secretaría General,
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver entre muchas otras, las sentencias C-543 de 1992,
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-231 de 1994, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002,
T-462 de 2003, T-949 de 2003, T-109 de 2009, T-186/09, T-396 de 2010.
[2] C-590
de 2005. “A pesar de que la Carta Política indica expresamente que la acción de tutela procede  “por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”  susceptible de vulnerar o amenazar
derechos fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su procedencia
contra sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces y
tribunales en tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque sumamente
excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o amenacen derechos
fundamentales”.
[3] T-462 de 2003. “En esta tarea se ha reemplazado el
uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de
procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una
comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita
"armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que
involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica,
sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las
puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse
afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”.
[4]  T-173/93.
[5] T-504/00.
[6]
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[7] T-008/98 y SU-159/2000
[8]
T-658-98
[9]
T-088-99 y SU-1219-01
[10] C-590
de 2005
[11]
C-590 de 2005
[12] Sentencia
T-522/01
[13] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[14] C-590
de 2005
[15] Sobre
la relación entre fuero sindical y libre asociación, la sentencia T-1108 de
2005 indicó: “En este orden ideas, el fuero sindical y la libre asociación
sindical son dos caras de la misma moneda y aun cuando ambos constituyen
expresión del derecho genérico a la libre asociación tienen unas
características específicas y reciben una especial protección desde el punto de
vista constitucional. Su garantía no solo se deriva de lo dispuesto en la Constitución sino que se desprende, así mismo, de las disposiciones contenidas en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos y Sociales y en los preceptos establecidos
en los Convenios 87 y 98 de la OIT”.
[16] T-029 de 2004, T-1108 de 2005 La Recomendación 143 de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, del 2 de junio de 1971, prevé i) que en todo despido
de los gestores sindicales se deben precisar los motivos, a fin de calificar su
justificación, ii) que deberá establecerse igualmente  el grado de consulta,
con un organismo independiente, quien deberá ser el que califique el despido,
iii) que esta consulta deberá surtirse antes de que el despido pueda ser definitivo,
y iv) que se deberá establecer un procedimiento especial y ágil para que los
trabajadores aforados puedan obtener su reintegro, en caso de haber sido
despedidos de modo injustificado.
Sobre
este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 2 de
febrero de 2001, caso Baena Ricardo y otros, sobre el derecho a la libertad
sindical y las medidas especiales proferidas para su protección, considerando
que “ (..) consta en el acervo probatorio del presente caso que al despedir
a los trabajadores estatales, se despidió a dirigentes sindicales que se
encontraban involucrados en una serie de reivindicaciones”, y que para el
efecto, “(..) se pretendió darle fundamento a la desvinculación laboral
masiva de dirigentes sindicales y de trabajadores del sector público, actuación
que sin duda limita las posibilidades de acción de las organizaciones
sindicales en el mencionado sector (..)” ordenó al Estado Parte su
reintegro y el pago de las indemnizaciones del caso, porque “ (..)
aquella ley estaba no sólo permitiendo la desvinculación laboral de los
dirigentes sindicales, sino abrogando los derechos que les otorgaban estas
últimas normas al regular el proceso de despido de los trabajadores que gozaban
de fuero sindical (..)”.
[17]
T-1108 de 2005, T-029 de 2004
[18] Ver, entre otras, las
sentencias T-326 de 1999, SU-036 de 1999, T-728 de 1998, T-297 de 1994, C-593
de 1993.
[19] T-809-05, T-326-99.
[20] En este sentido, esta Corporación al analizar la
facultad del trabajador aforado de conciliar en el proceso de fuero sindical,
señaló que “el derecho al fuero sindical reconocido por la propia
constitución (art. 39) se vincula íntimamente con el derecho fundamental de
asociación sindical, siendo por consiguiente un aspecto nuclear de éste. De
modo que, en principio, no parece procedente que se puede negociar o renunciar
un derecho que es esencial para la vigencia efectiva del derecho fundamental de
asociación, es más en este evento, por aparecer involucrado este derecho, el
asunto trasciende al simple interés personal del trabajador, de naturaleza
económica, para internarse en el ámbito de una cuestión vinculada a la vigencia
y realización efectiva de un derecho fundamental, el cual no es susceptible de
negociación(C-160-99). [Empero]…la corte admite ese acuerdo siempre y
cuando el sindicato afectado pueda participar en el proceso…”(C-381-00).
[21]
T-096 de 2010
[22] Asimismo el artículo
406, parágrafo 1º, C.S.T. establece: “Gozan de la garantía del fuero sindical,
en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos
servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de
dirección o administración”. Ver también C-377 de 1998, C-473 de 1994, C-450 de
1995, C-377 de 1998, T-502 de 1998, SU-036 de 1999, entre otras.
[23] Las situaciones en las que no es posible gozar del
fuero sindical se encuentran descritas en el parágrafo 1º del artículo 406 del
C.S.T. y corresponden a los empleados públicos que ejerzan jurisdicción, sean
autoridad civil o política, o tengan cargos de dirección o administración (más
no de quienes desempeñen puestos de dirección, confianza y manejo en los
términos de la sentencia C-593 de 1993).
[24] La Ley 712 de 2002, que derogó la Ley 362 de 1997, establece en el numeral 2, del artículo 2o “ARTÍCULO  2º. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así:
"ARTICULO 2º.
Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y
de seguridad social conoce de: 2. Las acciones sobre fuero sindical,
cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral”.
[25] La sentencia T-029 de 2004, recordando la
jurisprudencia en esta materia, indicó que la jurisprudencia: “ha sido enfática
en considerar que “(..) si bien toda causa legal de retiro del servicio de un
servidor público constituye una justa causa, esta no puede ser calificada motu
propio por la entidad estatal, sino que en virtud de la garantía constitucional
del fuero sindical, se debe solicitar la calificación judicial de esa justa
causa, al juez laboral a fin de que se pueda proceder a la desvinculación
del servidor público en forma legal” –se destaca-.”
[26] T-1108 de 2005, T-1189
de 2001, T-731 de 2001, SU-998 de 2000, T-362 de 1997, C-593 de 1993, entre
otras
[27] T-1108 de 2005, T-323 de
2005, T-330 de 2005, T-203 de 2004, T-029 de 2004, T-1061 de 2001, T-1189 de
2001, T-1134 de 2001, T-731 de 2001. Es importante aclarar en este punto, que
algunas sentencias anteriores se apartaron de la línea según la cual incluso en
procesos de reestructuración se requería la autorización judicial previa para
despedir a trabajadores aforados, en este sentido ver C-262 de 1995, T-512 de
2002, T-029 de 2004 y T-731 de 2001. Pero una línea más reciente en esta
materia, reconoce que si bien el fuero sindical no puede obstaculizar los
procesos de reestructuración y de cambio en las entidades, tampoco se puede con
ocasión de los mismos actuar de manera irrazonable y arbitraria desconociendo
los derechos de los trabajadores y de sus sindicatos.
[28]
T-029 de 2004
[29] Sentencia C-381 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esta oportunidad fueron declarados exequibles algunos
apartes de los artículos 113, 114 y 118 del Código Procesal del Trabajo, en los
términos de la misma decisión. Esta Corte resolvió: “Primero.- Declarar
EXEQUIBLES las expresiones del artículo 114 del Código Procesal del
Trabajo, tal y como fue modificado por el Decreto 204 de 1957, que fue adoptado
como legislación permanente mediante el artículo 1º  de la Ley 141 de 1961, las cuales señalan que se “ordenará correr traslado de ella al trabajador o
trabajadores indicados en la solicitud y citará a las partes para una
audiencia” y “se intentará en primer término la conciliación. Fracasada ésta,
en el mismo acto”, siempre y cuando se entienda que, en aplicación del artículo
39 de la Constitución, el sindicato, por medio de su junta directiva, debe ser
notificado y será parte en el juicio. Segundo: Declarar EXEQUIBLES los incisos
primero y tercero del artículo 118 del Código Procesal del Trabajo, tal y como
fueron modificados por el decreto 204 de 1957,  que fue adoptado como
legislación permanente mediante el artículo 1º de la Ley 141 de 1961, siempre y cuando se entienda que, en aplicación del artículo 39 de la Constitución, el sindicato, por medio de su junta directiva, podrá también interponer la
acción de reintegro prevista por primer inciso y de restitución prevista por el
tercer inciso. Tercero: Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del
artículo 118 del Código Procesal del Trabajo, tal y como fue modificado por el
decreto 204 de 1957, que fue adoptado como legislación permanente mediante el
artículo 1º  de la Ley 141 de 1961.
Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 113 del
Código Procesal del Trabajo, tal y como fue modificado por el decreto 204 de
1957, que fue adoptado como legislación permanente mediante el artículo 1º  de la Ley 141 de 1961, siempre y cuando se entienda que, en aplicación del artículo 13 inciso 2º,
25 y 39 de la Constitución y del Convenio 98 de la O.I.T., para hacer uso del procedimiento especial  de levantamiento del fuero sindical, el
empleador deberá presentar  la solicitud inmediatamente  ocurra la justa causa
requerida para solicitar la autorización de despido, traslado o desmejoramiento
del trabajador aforado, según se indicó en la parte motiva de este fallo”.
[30]
Idem.
[31]
T-029 de 2004, T-731 de 2001
[32] T-253 de 2005
[33]
C-1232 de 2005
[34] C-1232 de 2005, T-1189 de 2001. Al respecto, la
sentencia T-029 de 2004 establece lo siguiente: “En principio, quebrantan el
ordenamiento constitucional los jueces laborales que no ordenan el reintegro y
la indemnización consecuente de quien, estando protegido por fuero sindical fue
despedido sin permiso judicial”.
Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA.
[35]
Ibídem
[36] T-740 de 2009. En la
sentencia T-203 de 2004 se reiteró que: “La libertad sindical goza, de igual
manera, de unas garantías constitucionales como son, entre otras, que el
reconocimiento jurídico del sindicato se producirá con la simple inscripción
del acta de constitución; que la cancelación o la suspensión de la personaría
jurídica sólo procede por vía judicial y que los representantes del sindicato
gozarán de fuero y “las demás garantías necesarias para el cumplimiento de
su gestión”.
[37] El derecho de libre
asociación sindical también tiene consagración en instrumentos internacionales
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.23), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art.8), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.22), entre otros.
[38] Al
definir el alcance del artículo 39 de la Constitución Política, la sentencia T-1108 de 2005 señaló: “En el artículo 39 de la Constitución Nacional se garantiza el derecho a los trabajadores y empleadores para conformar
sindicatos o asociaciones sin que el Estado intervenga en ello. El
reconocimiento jurídico de los sindicatos y asociaciones constituidas
libremente por trabajadores y empleadores, se obtendrá mediante la simple
inscripción del acta de constitución. Tanto en lo que hace a su estructura interna,
como en lo que se relaciona con su funcionamiento, los sindicatos y
asociaciones deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley de conformidad con principios democráticos. Únicamente procederá la cancelación o la
suspensión de la personería jurídica otorgada a sindicatos y asociaciones,
cuando esta opera por la vía judicial”.
[39] Sentencia n. 076 del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga,. Sala integrada por Luis Felipe
Salcedo Wagner, María Matilde Trejos Aguilar y Germán Varela Collazos. Ver
folios 387 a 398 del Cuaderno # 1 del Expediente T-3.259.562
[40] Sentencia n. 078 del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga,. Sala integrada por Donald Jose
Dix Ponnez, María Matilde Trejos Aguilar y Germán Varela Collazos. Ver folios 403 a 422 del Cuaderno # 1 del Expediente T-3.259.562
[41] Artículo 364 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 44 de la Ley  50 de 1990: “Toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su
fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de
personería jurídica.” La Ley 50 de 1990 tuvo “como finalidad adecuar las disposiciones
del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la O.I.T, y en cuanto a la personería jurídica de las organizaciones sindicales, propuso
modificaciones sustanciales, tanto a nivel conceptual como procedimental, eliminando
trámites y requisitos innecesarios para  la constitución de sindicatos.”
(Exposición de motivos de la Ley 50 de 1990, citada en la Sentencia C- 567 de 2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra).
[42] Sentencia C- 567 de
2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra.