T-706-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-706/15
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
SOCIALES EN MATERIA PENSIONAL-Procedencia
excepcional
La Corte Constitucional
ha indicado que por regla general la acción de tutela resulta improcedente
frente al reconocimiento o reliquidación de derechos de naturaleza pensional.
Lo anterior por cuanto se espera que el interesado formule su pretensión en los
escenarios procesales especialmente diseñados por el legislador para dirimir
las controversias de esa naturaleza, es decir, ante la jurisdicción ordinaria
laboral o contenciosa administrativa, según el caso. No obstante, con el objeto
de armonizar el alcance de los principios de subsidiariedad de la acción de
tutela, y efectividad de los derechos fundamentales, la Corporación ha
precisado que en determinados eventos el recurso de amparo procede con el
puntual fin de salvaguardar bienes iusfundamentales cuya protección resulta
impostergable.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
PENSIONALES-Procedencia
excepcional por ser sujetos de especial protección
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION
PENSIONAL-Naturaleza jurídica
y función
La sustitución
pensional y la pensión de sobrevivientes cumplen la misma función. Su
aspiración es la de proteger a la
familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas
que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades
de subsistencia sin que vean alterada la situación social y económica con que
contaban en vida del pensionado o del afiliado que ha fallecido.
SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Beneficiarios
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Controversias sobre el reconocimiento entre
cónyuge supérstite y compañero(a) permanente o varios compañeros(as)
permanentes
Con
respecto al cónyuge y al compañero o compañera permanente, el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003 indicó, primero, que pueden acceder a la pensión de
sobrevivientes o la sustitución pensional, según corresponda, en forma
vitalicia o temporal. La prestación se concede en forma vitalicia a quienes
tienen 30 años de edad o más a la fecha del fallecimiento del causante y a
quienes, teniendo menos edad, procrearon hijos con este. A los primeros, sin
embargo, se les exige un requisito adicional cuando aspiran a la sustitución
pensional (es decir, cuando el causante de la prestación ya tenía el status de
pensionado). Para ser beneficiario de la sustitución, el cónyuge o el compañero
o compañera permanente que contaba con 30 años de edad o más al momento del
fallecimiento del pensionado debe demostrar que hizo vida marital con él hasta
su muerte y que convivió al menos de cinco años continuos antes de que
falleciera. Quienes, en contraste, aspiran a una pensión de sobreviviente no
tienen que acreditar ese requisito de convivencia. Finalmente, la norma
contempla que la prestación se concede en forma temporal a quienes no
procrearon hijos con el causante. En ese caso, la pensión se reconoce durante
veinte años, lo cual exige a su beneficiario cotizar al sistema para obtener,
después, su propia pensión.
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Cónyuge y compañera permanente en proporción al
tiempo de convivencia
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Beneficiarios en caso de convivencia simultánea de
causante con cónyuge y compañero(a) permanente en los últimos cinco años
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA EL
CONYUGE SUPERSTITE SEPARADO DE HECHO QUE CONSERVE VIGENTE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Proporcional al tiempo de convivencia
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MINIMO VITAL-Orden a UGPP reconocer y pagar 50% de la pensión de sobrevivientes como mecanismo transitorio hasta que la
justicia ordinaria resuelva controversia entre esposa y compañera permanente
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Colpensiones reconoció porcentaje de pensión de
sobrevivientes
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MINIMO VITAL-Orden a Porvenir reconocer y pagar 33% de la pensión de sobrevivientes como mecanismo transitorio
hasta que la justicia ordinaria resuelva controversia entre esposa y compañera
permanente
Referencia: expedientes acumulados T-5076936 y
T-5082005.
Acciones de tutela instauradas de forma
separada por Gloria Rangel de Rodríguez contra la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones (Caprecom) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y por Elda
Marina Lizarazo de Correa contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) y Positiva Compañía de Seguros S.A.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA.
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil
quince (2015)
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por las Magistradas María Victoria Calle
Correa y Myriam Ávila Roldán y el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados
dentro de los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-5076936
Primera Instancia: sentencia del 02 de marzo de 2015, proferida por el
Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco.
Segunda Instancia: sentencia del 28 de abril de 2015, proferida por la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta.
T-5082005
Primera Instancia: sentencia del 07 de mayo de 2015, proferida por el
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil.
Segunda Instancia: sentencia del 04 de junio de 2015, proferida por la
Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de San Gil.
I. ANTECEDENTES.
1. Acumulación de procesos.
La Corte Constitucional acumuló entre sí los
expedientes T-5076936 y T-5082005, para que fueran fallados en una sola
sentencia, tras considerar que presentan unidad de materia.
1.1.
Expediente T-5076936
Acción de tutela instaurada por Gloria Rangel de
Rodríguez contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
1.1.1.  De los hechos y la demanda.
Gloria Rangel de Rodríguez promovió acción de tutela contra la Caja de Previsión Social
de Comunicaciones (Caprecom) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la dignidad humana, a la protección especial por ser persona de la tercera edad
y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por estas entidades, al
negarse a reconocerle la pensión sustitutiva reclamada, con ocasión del
fallecimiento de su esposo en el año 2014. A continuación se
sintetizan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda:
Manifiesta la accionante que cuenta con 72 años de edad y
que contrajo matrimonio católico con el señor Jesús Rodríguez Eljadue en 1959, en
cuya convivencia, que se extendió por más de 30 años, procrearon siete hijos, hasta
el momento en que su esposo abandonó el hogar, sin que haya habido disolución
del vínculo conyugal.
Asegura que el señor Rodríguez Eljadue, desde el día que
contrajeron nupcias “hasta el día que tomó la decisión de irse del hogar,
inclusive después de haberse ido y estando pensionado, era él quien
suministraba la ayuda económica para el sostenimiento de su cónyuge y la de su
familia”, dedicándose ella al cuidado de los hijos y a las múltiples tareas
del hogar como ama de casa.
Indica que el señor Rodríguez Eljadue, bajo la figura de
la unión marital de hecho, conformó otro hogar en el municipio de la Gloria
(Cesar), con la señora Alcira López Cervantes, con quien convivió sin procrear por
más de 20 años.
Señala que el señor Jesús Rodríguez Eljadue falleció el 10
de mayo de 2014, gozando en ese momento de una pensión de vejez reconocida en 1980
por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom-, entidad que tenía
a cargo el pago de las pensiones de los trabajadores de la extinta Telecom.
Menciona que en cumplimiento del deseo de su esposo, quien
no quería que tanto ella como su compañera permanente quedaran desprotegidas
económicamente, celebró con la señora López Cervantes una conciliación ante la
Cámara de Comercio del Municipio de Aguachica (Cesar), el día 25 de junio de
2014, donde acordaron compartir por partes iguales la pensión.
Refiere que junto con la señora López Cervantes radicaron
ante Caprecom en la ciudad de Bogotá, toda la documentación necesaria para que
les fuera reconocida y pagada la sustitución pensional en proporciones iguales.
Sin embargo, el día 07 de noviembre de 2014, Caprecom, a través de resolución
Nº 001263, les niega el reconocimiento, arguyendo, para su caso, “que no
demostró la convivencia de mínimo 5 años contados hacia atrás, tomando como
extremo la fecha de la muerte del pensionado; así mismo por que (sic) no se
demostró convivencia simultánea y por último por que (sic) la conciliación que
se celebró en la cámara de comercio y que disponía que la pensión de
sobreviviente se dividiera de mutuo acuerdo entre las beneficiarias en partes
iguales, no es viable por no ser susceptible de acuerdo de conciliación”.
Considera que Caprecom desconoció el precedente
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional
en materia de la convivencia durante 5 años, de la convivencia simultánea y de
la validez del acuerdo conciliatorio en tema pensional. En este sentido, asegura
que, “la cónyuge separada de hecho debe demostrar que hizo vida en común con
el causante por lo menos cinco (5) años pero en cualquier tiempo”, sin acreditar
necesariamente haber hecho vida marital hasta su muerte y haber convivido no
menos de 5 años continuos con anterioridad al deceso. Asimismo, indica que en
la sentencia T-404 de 2009, la Corte Constitucional ha otorgado eficacia a los
acuerdos conciliatorios entre cónyuge y compañera permanente, donde se acuerda
compartir la pensión de sobreviviente.
Informa que es una persona de la tercera edad con graves
quebrantos de salud, pues además de padecer de diabetes, le fue extraído su
riñón derecho por un tumor maligno, requiriendo de una alimentación especial,
de realizar viajes constantes de control a la ciudad de Cartagena, de hacerse
numerosos exámenes y de cancelar los correspondientes copagos, lo cual no puede
asumir actualmente por no contar con la ayuda económica que le brindaba su
fallecido cónyuge.
Destaca que el tener que acudir a la vía ordinaria laboral
para poder acceder al 50% de la cuota pensional que concilió con la compañera
permanente de su fallecido esposo, “sería condenarla a que nunca pueda
disfrutar de ese porcentaje de la pensión, toda vez que un proceso ordinario se
estaría tardando, incluyendo el grado de consulta o apelación ante el Tribunal,
alrededor de 3 o 4 años”, exponiéndola a un perjuicio irremediable. Agrega
que la demanda debería presentarla en la ciudad de Bogotá D.C., donde tienen
domicilio las accionadas, debiéndose trasladar desde el municipio de El Banco hasta
la capital para acudir a las audiencias, lo cual le resultaría engorroso por su
avanzada edad, su estado de salud y los gastos que esto conlleva.
1.1.2.  La solicitud de
amparo.
De conformidad con lo expuesto, la señora Gloria Rangel de
Rodríguez solicita se amparen sus derechos al mínimo vital, a
la dignidad humana y a la seguridad social, ordenándose a Caprecom o, en
su defecto, a la UGPP, reconocerla como beneficiaria de la pensión sustitutiva,
en calidad de cónyuge supérstite del señor Jesús Rodríguez Eljadue, y pagarle
la mesada en cuantía del 50%, a partir del mes de mayo de 2014, fecha en que
falleció el causante.
1.1.3. Trámite constitucional de primera instancia y
respuesta de las entidades accionadas.
1.1.3.1. El Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco
(Magdalena) admitió la demanda mediante providencia de febrero 17 de 2015,
ordenando correr traslado de la misma a la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones -Caprecom- y a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, para que se
pronunciaran respecto de los hechos y pretensiones. En la misma decisión, para
mejor proveer, decretó la práctica de pruebas, citando a la accionante y a la
señora Rosmery Cecilia Paba Peinado, para que bajo la gravedad de juramento
rindieran interrogatorio de parte y declaración sobre los hechos objeto de la
demanda.
Asimismo, mediante auto de febrero 23 de 2015, se ordenó
vincular a la señora Alcira López Cervantes, por cuanto sus intereses podrían
resultar afectados con la decisión que finalmente se adopte, para que se
pronunciara respecto de los hechos y pretensiones de la demanda.
1.1.3.2. La UGPP, a través de su Directora Jurídica, dio
respuesta a la demanda, solicitando su desvinculación del trámite tutelar, en
tanto carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que “… a la
fecha de contestación de la presente acción de tutela… no ha asumido la función
pensional de le Empresa Nacional de Comunicaciones –TELECOM…”. No obstante,
alega que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela resulta
improcedente para buscar el reconocimiento de prestaciones pensionales, más aún
cuando no se evidencia la posible estructuración de un perjuicio irremediable,
disponiendo la accionante de otros mecanismos de defensa judicial para reclamar
la prestación solicitada.
1.1.3.3. Por su parte, la Subdirectora de Prestaciones
Económicas de Caprecom, dio respuesta extemporánea a la acción de tutela, aduciendo
que la negativa de reconocimiento de la sustitución pensional a la señora
Rangel de Rodríguez, obedece a que no se pudo comprobar la convivencia durante
los últimos 5 años continuos con anterioridad a la muerte del causante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003.
La señora Alcira López Cervantes no
descorrió el traslado de la demanda, guardando silencio.
1.1.4.
Pruebas relevantes aportadas al proceso.
1.1.4.1. Declaración extraprocesal
rendida bajo la gravedad del juramento ante la Notaría Única del Círculo de El
Banco, por las señoras Fanny Mozo Zambrano y Eudocia Cerpa Arce, donde
manifiestan tener conocimiento acerca de la convivencia y dependencia económica
entre el fallecido señor Rodríguez Eljadue y la accionante (Folio 12, cuaderno
de primera instancia).
1.1.4.2. Declaración extraprocesal
rendida bajo la gravedad del juramento ante la Notaría Única del Círculo de El
Banco, por la señora Gloria Rangel de Rodríguez, donde manifiesta acerca de su
convivencia y dependencia económica con el fallecido señor Rodríguez Eljadue (Folio
13, cuaderno de primera instancia).
1.1.4.3. Copia de certificado expedido
el 16 de mayo de 2014 por la EPS Sanitas, donde se indica que la accionante se
encuentra afiliada desde diciembre de 2001 en calidad de Beneficiaria Amparada
(Folio 14, cuaderno de primera instancia).
1.1.4.4. Copia de la resolución Nº 001263
de noviembre 07 de 2014, proferida por la Subdirectora de Prestaciones
Económicas de Caprecom, “Por la cual se niega unas peticiones de pensión de
sobreviviente”, a las señoras Gloria Rangel de Rodríguez y Alcira López
Cervantes (Folios 18 a 23, cuaderno de primera instancia).
1.1.4.5. Copia autenticada del Registro
Civil de Matrimonio (serial 1976869) del señor Jesús Rodríguez Eljadue y la
señora Gloria Rangel Fuentes. No contiene nota marginal de divorcio ni de
liquidación de la sociedad conyugal (Folio 24, cuaderno de primera instancia).
1.1.4.6. Copia autenticada del
Registro Civil de Defunción (serial 04440484) del señor Jesús Rodríguez Eljadue
(Folio 28, cuaderno de primera instancia).
1.1.4.7. Copia de la Historia Clínica
(Profamilia), resultados de exámenes de laboratorio (Clínica Colsanitas S.A.), exámenes
de nefrología y órdenes para exámenes (Clínica Madre Bernarda), reporte de
patología (Clínica UPC) de la señora Gloria Rangel de Rodríguez (Folios 29 a
61, cuaderno de primera instancia).
1.1.4.8. Copia autenticada del Acta de
conciliación Nº 02162 de junio 25 de 2014, realizada en la Cámara de Comercio
del Municipio de Aguachica (Cesar), donde las señoras Gloria Rangel de
Rodríguez y Alcira López Cervantes acuerdan compartir en proporciones iguales
la pensión del fallecido señor Rodríguez Eljadue  (Folios 62 a 64, cuaderno de
primera instancia).
1.1.4.9. Declaración jurada rendida
por la señora Rosmery Cecilia Paba Peinado ante el Juzgado Único de Civil del
Circuito de El Banco, el día 23 de febrero de 2015, donde manifiesta tener conocimiento
acerca de la convivencia y dependencia económica entre el fallecido señor
Rodríguez Eljadue y la accionante, así como el estado de salud de esta última (Folio
73, cuaderno de primera instancia).
1.1.4.10. Declaración jurada rendida
por la señora Gloria Rangel de Rodríguez ante el Juzgado Único de Civil del
Circuito de El Banco, el día 23 de febrero de 2015, donde manifiesta acerca de
su convivencia y dependencia económica con el fallecido señor Rodríguez Eljadue
(Folio 74, cuaderno de primera instancia).
1.1.5.  Del fallo de primera
instancia.
El Juzgado Único Civil del Circuito de El Banco
(Magdalena), mediante sentencia de marzo 02 de 2015, concedió el amparo de los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la protección
especial de las personas de la tercera edad, a la vida digna y de petición de
la accionante, ordenando a Caprecom y a la UGPP “para que en el término de
treinta días calendario, a partir de la notificación de la presente sentencia,
se adopten todas las medidas necesarias para reconocer y hacer efectivo el
derecho de la señora Gloria Rangel de Rodríguez, a recibir la pensión de
sobreviviente en el porcentaje que le corresponda de la pensión de jubilación
del señor Jesús Rodríguez Eljadue, q.e.p.d.”.
Consideró el a-quo de manera preliminar, que pese a
la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, la tutela era procedente
en el caso concreto, dada la especial condición de la accionante, al ser una
persona de la tercera edad y padecer de graves afectaciones en su salud, que
harían inicuo “obligarla a acudir a la acción ordinaria o administrativa
como mecanismo legal para dilucidar a lo que tiene derecho, la sometería a una
espera injustificada en el tiempo perpetuándose la violación de sus derechos,
que al salir avante en su pretensión no podría disfrutar de ese beneficio de
carácter económico laboral”. Igualmente, advirtió que tendría por ciertos
los hechos de la demanda, en aplicación de los artículos 19 y 20 del Decreto
2591 de 1991, por cuanto Caprecom no descorrió el traslado de la misma.
Al abordar el fondo del asunto, estimó que Caprecom al
examinar el cumplimiento de los requisitos para que a la accionante se le
reconociera como beneficiaria de la pensión sustitutiva, interpretó
indebidamente el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos
47 y 74 de la Ley 100 de 1993, al exigir la convivencia marital durante los
últimos 5 años entre el fallecido pensionado y la señora Rangel de Rodríguez. A
su juicio, Caprecom al negar el reconocimiento de la pensión sustitutiva “va
en contravía de la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia,
Sala Laboral y de la Honorable Corte Constitucional, las cuales han sido
enfáticas en señalar que los cinco años que se le exigen a la cónyuge como
término de convivencia para poder acceder a la sustitución pensional, es en
cualquier tiempo y no dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento del
jubilado”.
Finalmente, destacó que Caprecom al no dar validez a la conciliación
suscrita entre la accionante y la compañera permanente del fallecido
pensionado, desconoce la jurisprudencia constitucional que, en casos similares,
ha reconocido eficacia jurídica a dichos acuerdos para repartir la pensión de
sobreviviente en porcentajes iguales.
1.1.6.  Impugnación.
La Directora Jurídica de la UGPP impugnó el fallo de
primera instancia, porque, en su criterio, se desconoció el principio de
subsidiariedad que imprime la acción de tutela, pues la accionante contaba con
otros medios de defensa para resolver de manera definitiva la controversia
suscitada por la decisión de Caprecom, con relación al reconocimiento
pensional. En ese sentido, adujo que es  ante el juez natural “en donde no
solo se dirimiría el conflicto para la señora Gloria Rangel de Rodríguez, si no
que se determinaría si le asiste el derecho y en qué proporción al igual que se
resolvería de fondo la situación de la señora Alcira López Cervantes, en
calidad de compañera permanente”.
Asimismo, precisó que la UGPP no ha asumido la función de reconocimiento
pensional de la Empresa Nacional de Comunicaciones –TELECOM, toda vez que la
misma, mediante Decreto 1440 de 2014, se prorrogó hasta el 31 de mayo de 2015, por
lo que no está legitimada en la causa por pasiva para hacer parte en el trámite
de la acción, más aún cuando la entidad que representa no fue el órgano que
presuntamente amenazó los derechos fundamentales de la accionante ni tiene aún
competencia para resolver el objeto de la demanda.
1.1.7.  Del fallo de segunda
instancia.
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa
Marta, mediante sentencia de abril 28 de 2015, revocó el fallo de primer grado,
denegando el amparo solicitado, al considerar que la accionante cuenta “con
la posibilidad de interponer ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y en este
ambiente, que viene a ser el natural para este tipo de controversias, exponer
las razones que generan su disenso, contando inclusive con la potestad de
reclamar la suspensión provisional de la determinación que le causa desazón”.
Para descartar la posible estructuración de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente de manera transitoria la acción, estimó el ad-quem
que del expediente no se infiere que la accionante dependiera exclusivamente de
la ayuda económica que le suministraba su fallecido esposo y, que ante la
ausencia de este, su situación se tornara precaria. Igualmente, señaló que en
la declaración rendida por la señora Rangel de Rodríguez ante el a-quo,
esta manifestó que con posterioridad a la muerte del señor Rodríguez Eljadue,
sus hijos la ayudaban y estaban pendientes de lo que necesitara. Finalmente,
agregó que la accionante se encuentra afiliada al régimen contributivo,
contando con los servicios de salud propios de ese plan de beneficios.
1.2.
Expediente T- 5082005
Acción de tutela instaurada por Elda Marina Lizarazo
de Correa contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y
Positiva Compañía de Seguros S.A.
1.2.1. De los hechos y la demanda.
Elda Marina Lizarazo de Correa interpuso acción de tutela contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y Positiva Compañía de Seguros S.A., con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la salud, a la protección especial por
ser persona de la tercera edad, presuntamente vulnerados por estas entidades,
al negarse a reconocerle la pensión sustitutiva reclamada con ocasión del
fallecimiento de su esposo en el año 2013. A continuación se sintetizan los
fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda:
Manifiesta la accionante que cuenta con 64 años de edad y
que contrajo matrimonio católico con el señor Alfonso Correa Ayala en 1966, en
cuya unión, que se extendió por más de 32 años, procrearon cinco hijos, todos
mayores de edad en la actualidad, sin que haya habido disolución del vínculo
conyugal.
Asegura que el señor Correa Ayala se jubiló (régimen de
transición) de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB y, por convención
colectiva, su mesada pensional era compartida y pagada por dos entidades: la
primera, Positiva Compañía de Seguros S.A., entidad que asumió el aspecto
pensional por fideicomiso de la ETB y, la segunda, Colpensiones, que asumió lo
administrado por el Seguro Social, “entidad de la que mi esposo recibía
pensión de vejez, según Resolución Nº 005054 de 2005 de fecha 18 de febrero de
2005”.
Señala que el señor Alfonso Correa Ayala falleció el 23 de
octubre de 2013, gozando en ese momento de la pensión de vejez reconocida en el
año 2005 por las entidades mencionadas.
Indica que desde los 17 años de edad, cuando contrajo
matrimonio con el señor Correa Ayala y hasta su fallecimiento, dependió
económicamente de él, dedicándose exclusivamente a las labores del hogar. Del
mismo modo, aclara que a partir del momento en que se interrumpió el pago de la
mesada pensional con ocasión del deceso de su cónyuge, dejó de recibir la cuota
alimentaria con él convenida en audiencia de conciliación en el año 2001, ante
el Juzgado 14 de Familia de Bogotá. En dicha conciliación, relata, su esposo se
comprometió a pagar como cuota alimentaria ordinaria a su favor, la suma de
$228.620 y, una cuota extraordinaria por el mismo monto para los meses de junio
y diciembre, con los respectivos incrementos anuales. Agrega que en virtud al
incremento y a la voluntad de su esposo, “la suma mensual que estaba
recibiendo como cuota alimentaria era de $1.000.000 que eran divididos y
distribuidos quincenalmente, además de los pagos de servicios públicos de la
vivienda donde vivía y los descuentos por seguridad social en salud que él permitía
y asumía con cargo a su nómina de pensionado, cuando por mi estado de salud
debía recurrir a los mismos”.
Menciona que radicó ante Positiva Compañía de Seguros S.A.
y Colpensiones, solicitudes de reconocimiento de sustitución pensional,
acompañadas de toda la documentación requerida al efecto por cada entidad.
Refiere que Positiva Compañía de Seguros S.A., mediante
comunicación de diciembre 23 de 2013, le informó que la señora Lilia Elizabeth
Díaz Morales, había presentado ante esa entidad solicitud para reconocimiento
de la pensión sustitutiva como compañera permanente del señor Correa Ayala y
representante legal del menor Juan Sebastián Correa Díaz, hijo extramatrimonial
de aquél. Comenta que en la misma comunicación se le informa que “al existir
documentos por parte de la compañera permanente y de la cónyuge que dan cuenta
de la relación de convivencia con el causante, dirigidos a obtener el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la compañía de seguros Positiva
como no tiene competencia para establecer el mejor derecho que pudiera existir
entre las dos, requiere que la justicia ordinaria determine en qué porcentaje
le corresponde la pensión a cada una, pero, en lo relacionado con el menor Juan
Sebastián Correa Díaz, hijo extramatrimonial de mi esposo y menor de edad, si
se atrevió a designar en su favor el 50% del valor de la pensión compartida”.
Expone que Colpensiones, por su parte, a través de la
resolución Nº GNR200107 de junio 04 de 2014, reconoció y ordenó pagar al menor
Juan Sebastián Correa Díaz un porcentaje del 50% del valor de la pensión y dejó
en suspenso el reconocimiento del otro 50%, dada la solicitud que en el mismo
sentido elevara la señora Lilia Elizabeth Díaz. Indica que frente a esta
decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero
del cual, luego de un trasegar de actos dilatorios e injustificados por parte
de la entidad, fue resuelto desfavorablemente mediante resolución Nº 83425 del
20 de marzo de 2015, debiendo “esperar mínimo otros 5 meses para que el
superior jerárquico resuelva el recurso de apelación”.
Destaca que es una persona de la tercera edad con graves
quebrantos de salud, pues fue intervenida quirúrgicamente en la columna vertebral
y padece de hipotiroidismo y osteopenia, requiriendo de medicamentos costosos y
controles permanentes ante especialistas en endocrinología, reumatología y fisiatría
en la ciudad de Bucaramanga, a donde no tiene como desplazarse por su falta de
recursos. Comenta que “en la actualidad tal ha sido mi mengua económica que
debe tomarse como indicador el hecho de que me he visto obligada por ausencia
de recursos a afiliarme al SISBEN [nivel 1], no porque sea una opción de la que
denigrar, sino por significar la magnitud de la violación a mi mínimo vital,
punto de partida del que se presume mi precariedad”.
Relata que no tiene ninguna fuente de ingreso económico y
ha sobrevivido gracias a la caridad y colaboración de terceros. Indica que cuatro
de sus cinco hijos se encuentran cesantes laboralmente y tienen sus propias
familias, viviendo ella con una de sus hijas y sus dos nietos, no pudiendo el
solo hijo que trabaja, suplir las necesidades de todos. Asimismo, informa que
no posee bienes muebles ni inmuebles y no tiene “como pagar servicios
públicos, mercado, alimentación, medicinas (Sisben no cubre medicamentos),
tratamientos, pensiones, salario, negocios, no tengo como cubrir mis
necesidades básicas y mucho menos las de las personas que ahora están a mi
cargo”.
Finalmente, con el ánimo de descartar cualquier actuación
temeraria, pone de presente que en el año 2014 interpuso acción de tutela
contra ambas entidades, pero por desconocimiento del derecho de petición, por
cuanto en ese entonces no se había resuelto su solicitud de pensión sustitutiva,
siendo fallada desfavorablemente.
1.2.2. La solicitud de amparo.
De conformidad con lo expuesto, la señora Elda Marina
Lizarazo de Correa solicita se amparen sus derechos al mínimo vital, a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la salud, a la protección especial
por ser persona de la tercera edad, concediéndose la tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En consecuencia, solicita se ordene a las entidades
accionadas reconocer a su favor la sustitución pensional, pagándole “la
mesada sustitutiva a que tengo derecho en el porcentaje que establezca la
justicia, la equidad, la jurisprudencia y la ley que rige la materia, desde el
23 de octubre de 2013, fecha en la que falleció mi esposo”. Subsidiariamente,
pide que se ordene a las demandadas el pago provisional del 66% del 50% de la
pensión que recibía el señor Correa Ayala, atendiendo la proporción de tiempo
de convivencia con el mismo.
1.2.3. Trámite constitucional de primera instancia y
respuesta de las entidades accionadas.
1.2.3.1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sal
Gil (Santander) admitió la demanda mediante providencia de abril 23 de 2015,
ordenando correr traslado de la misma a la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones- y a Positiva Compañía de Seguros S.A., para que se
pronunciaran respecto de los hechos y pretensiones expuestos. Igualmente, ordenó
vincular a la Defensora de Familia y a la Procuradora Provincial en Asuntos de
Familia, así como a la señora Lilia Elizabeth Díaz Morales, en su condición de
madre del menor Juan Sebastián Correa Díaz y compañera permanente del señor
Alfonso Correa Ayala, corriéndoles también traslado para que se pronunciaran sobre
los hechos y pretensiones de la demanda.
1.2.3.2. Positiva Compañía de Seguros S.A., a través de apoderada,
dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de la misma. Argumentó
que tanto la accionante como la señora Lilia Elizabeth Díaz Morales presentaron
documentos que dan cuenta de la relación de convivencia con el causante, dirigidas
a radicar en cabeza de las mismas la calidad de beneficiarias de la prestación,
sin embargo, “como quiera que esta Compañía no tiene competencia para establecer
el mejor derecho que pudiera existir entre las dos, se requiere que la justicia
ordinaria determine quién y en qué porcentaje le corresponde la prestación”.
1.2.3.3. La Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal San
Gil, descorrió el traslado otorgado, solicitando la garantía de los derechos
fundamentales dentro del proceso, respecto del menor Juan Sebastián Correa Díaz.
Destacó que “la accionante dentro de la presente acción de tutela enuncia
que este ya está reconocido como beneficiario del 50% por ser menor de edad
hijo del de cujus; así las cosas y con fundamento en el interés superior del
niño dentro del presente tramite, solicita esta Defensoría de Familia se tenga
en cuenta en garantía de sus derechos en los términos y fundamentos que la ley
determine para su reconocimiento”.
1.2.3.4. La señora Lilia Elizabeth Díaz
Morales se pronunció extemporáneamente sobre los hechos y pretensiones de la
demanda, señalando que la accionante no puede legalmente acceder a la pensión sustitutiva
por no reunir los requisitos del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de
1993 y el Decreto Reglamentario 1889 de 1994. Adujo que el señor Correa Ayala
convivió con ella por 17 años hasta su deceso. Igualmente, advirtió que
adelanta un proceso ordinario de declaración de existencia de la unión marital
de hecho, sociedad patrimonial de hecho y liquidación, de conocimiento del
Juzgado 10 de Familia de Bogotá, en donde se demandó a los herederos
determinados e indeterminados del señor Correa Ayala, presentándose una
prejudicialidad civil.
Colpensiones como la Procuradora
Provincial en Asuntos de Familia no descorrieron el traslado de la demanda,
guardando silencio.
1.2.4. Pruebas
relevantes aportadas al proceso.
1.2.4.1. Copia del Acta de Matrimonio
Eclesiástico de junio 25 de 1966, respecto del señor Alfonso Correa y la señora
Elda Marina Lizarazo (Folio 40, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.2. Copia del Registro Civil de
Matrimonio Católico de la señora Elda Lizarazo y el señor Correa Ayala, del
junio 25 de 1966 (Folio 41, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.3. Copia de comprobante de
nómina de pensionado de Colpensiones del señor Correa Ayala (Folio 51, cuaderno
de primera instancia).
1.2.4.4. Copia del Registro Civil de
Defunción (Serial 08600122) del señor Correa Ayala (Folio 52, cuaderno de
primera instancia).
1.2.4.5. Copia de acuerdo
conciliatorio ante el Juzgado 14 de Familia de Bogotá, de febrero 19 de 2001,
donde el señor Correa Ayala se compromete a cancelar una cuota alimentaria
ordinaria y extraordinaria a favor de la señora Lizarazo (Folios 53 a 56,
cuaderno de primera instancia).
1.2.4.6. Copia de declaración
extraprocesal del 27 de noviembre de 2013, rendida ante la Notaría 14 del Círculo
de Bogotá, por los señores Antonio María Cobos Navarrete y la señora Mariela
Cruz de Cobos, donde manifiestan tener conocimiento acerca de la convivencia y
dependencia económica entre el fallecido señor Correa Ayala y la accionante (Folios
62 y 63, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.7. Declaración extraprocesal
rendida ante la Notaría Primera del Círculo de San Gil, por la señora Elda
Marina Lizarazo de Correa, donde manifiesta acerca de su convivencia y
dependencia económica con el fallecido señor Correa Ayala (Folio 64, cuaderno
de primera instancia).
1.2.4.8. Copia de solicitud de
reconocimiento pensional de la accionante ante Positiva S.A. y respuesta de la
entidad, de fecha 23 de diciembre de 2013, negando la misma (Folios 66 a 71,
cuaderno de primera instancia).
1.2.4.9. Copia de la resolución Nº GNR
200104 de junio 04 de 2014, proferida por la Gerente Nacional de Reconocimiento
de Colpensiones, donde se deja “en suspenso el posible derecho y en un
porcentaje del 50% que le pudiera corresponder respecto de la pensión del señor
Correa Ayala Alfonso”, a la accionante y a la señora Lilia Díaz (Folios 72
a 80, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.10. Copia del recurso de
reposición y en subsidio de apelación del 19 de septiembre de 2014, interpuesto
por la accionante contra la resolución Nº GNR 200104 de junio 04 de 2014,
proferida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones (Folios 81
a 93, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.11. Copia de la resolución Nº
GNR 83425 de marzo 20 de 2015, proferida por la Gerente Nacional de
Reconocimiento de Colpensiones, por la cual resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución Nº GNR 200104 de junio 04 de 2014 (Folios 104
a 109, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.12. Copia de la Historia Clínica
de la señora Lizarazo de Correa de enero 26 de 2015 (Folio 110, cuaderno de
primera instancia).
1.2.4.13. Copia del carné de
afiliación al servicio médico de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB
y Nueva EPS, de la señora Lizarazo de Correa (Folio112, cuaderno de primera
instancia).
1.2.4.14. Copia de formato de
estandarización de contrarreferencia de pacientes del Ministerio de Protección
Social de octubre 09 de 2013, donde figura como entidad responsable del
servicio médico de la accionante, la ETB (Folio 113, cuaderno de primera
instancia).
1.2.4.15. Copia de fallo de tutela de
febrero 07 de 2014, proferido por el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá,
impugnación y telegrama de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
(Folios 115 a 128, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.16. Copia de consulta afiliados
compensado del FOSYGA, donde figuran los periodos compensados de la afiliada
como beneficiaria señora Lizarazo de Correa, desde diciembre de 2000 a
noviembre de 2013 (Folios 129 y 130, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.17. Copia del resultado de
Consulta de Puntaje del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales – SISBEN (Base Certificada Nacional – Corte: 13 de marzo
de 2015), correspondiente a la señora Elda Marina Lizarazo de Correa, cuyo
puntaje es 27,91 (Folio 131, cuaderno de primera instancia).
1.2.4.18. Copia de la resolución Nº
VBP 59538 de septiembre 02 de 2015, proferida por la Vicepresidente de Beneficios
y Prestaciones de Colpensiones,  por la cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra la resolución Nº GNR 200104 de junio 04 de 2014 (Folios 17 a
27, cuaderno de revisión).
1.2.4.19. Copia del derecho de
petición de septiembre 25 de 2015, elevado por la accionante a Positiva S.A., donde
informa sobre el reconocimiento que le hiciera Colpensiones de la pensión sustitutiva
en un porcentaje del 33%, solicitando que le sea reconocida por dicha entidad
en los mismos términos (Folio 29, cuaderno de revisión).
1.2.4.20. Copia de la comunicación de
octubre 07 de 2015, suscrita por la Gerente de Indemnizaciones de Positiva
Compañía de Seguros S.A., en la que responde a la accionante el derecho de
petición, negando el reconocimiento solicitado, hasta tanto no se aporte
sentencia en la que se indique quien tiene el derecho (Folio 30 a 32, cuaderno
de revisión).
1.2.5. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil
(Santander), mediante sentencia de mayo 07 de 2015, declaró improcedente la
acción de tutela, considerando que este mecanismo constitucional no fue
diseñado para el reconocimiento de derechos pensionales, dado su carácter
residual y subsidiario. Señaló que en el presente asunto existe controversia
respecto a la convivencia efectiva entre el fallecido pensionado, la cónyuge y
la compañera permanente, lo cual debe ser dilucidado para el reconocimiento de
la pensión sustitutiva, siendo esto de competencia de la justicia ordinaria.
A su juicio, “la pensión percibida por Alfonso Correa
Ayala, no está nada claro que fuera el sustento de Elda Marina Lizarazo de
Correa, en razón de que según los hechos de la tutela, ésta no convivió al
menos en los últimos diez años de vida de Alfonso Correa Ayala, que lo que
existía era una obligación de cuota alimentaria impuesta por un Juzgado de
Familia y ante eso se hace necesario a juicio de este fallador de instancia,
que en justicia ordinaria se debata si efectivamente Elda Marina tiene derecho
a la sustitución pensional y en qué porcentaje y es en ese estadio procesal
donde se debe debatir la existencia o no de ese derecho y no ante este
escenario de la acción de tutela”.
No obstante todo lo anterior, el a-quo advirtió que
Colpensiones sí desconoció el derecho fundamental de petición de la accionante,
al no desatar oportunamente el recurso de apelación interpuesto contra la
resolución que dejó en suspenso el reconocimiento de sustitución pensional. En
consecuencia, ordenó a Colpensiones, en el término de 48 horas, resolver de
fondo el recurso de apelación.
1.2.6. Impugnación.
La accionante impugnó el fallo de primera instancia, reiterando
los argumentos de la demanda y centrando su inconformismo en la ausencia de
análisis juicioso por parte del a-quo, respecto de su situación de
debilidad manifiesta y la procedibilidad de la acción como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, con apoyo en la
jurisprudencia constitucional.
Adujo que las pruebas aportadas fueron desdibujadas por el
Juez de instancia, pues estas demostraban claramente los 32 años de convivencia
con el señor Correa Ayala, la dependencia económica que tenía de este, la
desvinculación al sistema de salud con ocasión de su fallecimiento y el derecho
que ostenta como cónyuge sobreviviente, a la pensión o a una porción de la
misma, de acuerdo al tiempo de convivencia. En este sentido, recordó que en su
caso el tiempo de convivencia exigido por la ley y la jurisprudencia, debe ser
superior a cinco años en cualquier tiempo, lo cual cumple con creces.
Para evidenciar la procedencia de la demanda, resaltó su
delicado estado de salud, el hecho de pertenecer a la tercera edad y no contar
con ningún recurso económico que garantice su mínimo vital. Asimismo, puso de
presente que no puede sufragar los servicios de un abogado para acudir ante la
justicia laboral o administrativa, destacando que de hacerlo, la demora del
trámite judicial haría inocuo su derecho.
1.2.7. Del fallo de segunda instancia.
La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de San
Gil, mediante sentencia de junio 04 de 2015, confirmó el fallo de primera instancia,
tras estimar que luego de revisados “los presupuestos generales de la acción
de tutela, con la situación fáctica concreta se constata que la vía gubernativa
ejercida por la actora no ha sido agotada, respecto de los derechos que se aducen
vulnerados. Por consiguiente, se hacen evidentes los principios de
subsidiariedad y residualidad que orientan esta clase de acciones para su
procedencia”. De igual manera, agregó que dada la controversia entre esposa
y compañera permanente respecto de si se tiene derecho y en qué porcentaje a la
sustitución pensional, debe ser el juez ordinario quien dirima la misma,
careciendo de competencia para este propósito el juez de tutela.
II. FUNDAMENTOS DE LA
DECISIÓN
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer de los
fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento
del auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de esta
corporación, el veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015).
2.
Presentación del
caso y planteamiento del problema jurídico.
2.1. Las accionantes interpusieron acción
de tutela contra las entidades demandadas en cada uno de los casos, al estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a
la seguridad social, a la salud y a la protección especial de las persona de la
tercera edad, por decidir negar el reconocimiento de la sustitución pensional, a
la que alegan tienen derecho en calidad de cónyuges supérstites. Las entidades
para no acceder al reconocimiento de la pensión solicitada por las tutelantes, adujeron
que similar reclamación habían elevado las compañeras permanentes de los
causantes, generándose controversia respecto al tiempo de convivencia y lo que
ello implica, asunto que debía definir la jurisdicción correspondiente.
Las solicitudes de amparo fueron declaradas
improcedentes por los jueces de instancia, quienes consideraron que las
pretensiones de las accionantes debían ser examinadas en el marco de un proceso
ordinario, sin que se evidenciara la inminencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente la acción como mecanismo transitorio.
2.2. De
acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas por los
jueces de instancia, corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar
(i) si las presentes acciones de tutela son formalmente procedentes para
enjuiciar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados. En ese sentido, la Corte deberá establecer si en los
casos concretos los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y
eficaces para estudiar la protección constitucional solicitada, o si se
advierte la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable. De encontrar
procedente cada acción, la Sala deberá establecer (ii) si las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de las demandantes, al negar el reconocimiento del derecho a la
sustitución pensional que reclaman en condición de cónyuges supérstites, aduciendo
que se suscita controversia en la definición del derecho entre las posibles
beneficiarias, por existir en cada caso una compañera permanente que reclama la
misma prestación, sin existir claridad sobre el tiempo de convivencia o si este
fue durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante.
2.3. Para dar solución al problema
jurídico planteado, la Sala Novena de Revisión reiterará su jurisprudencia
sobre (i) la procedibilidad formal de la acción de tutela para reclamar el pago
de prestaciones sociales, como la pensión que en esta ocasión solicitan las
accionantes y, (ii) hará referencia a la naturaleza jurídica
del derecho a la sustitución pensional y las reglas para su
reconocimiento, cuando existe controversia entre la cónyuge y la compañera
permanente relacionada con el cumplimiento del requisito de convivencia durante
los cinco años anteriores a la muerte del causante. Una vez precisados estos
aspectos, iii) abordará el estudio de los casos concretos.
3.
Solución del
problema jurídico.
3.1. Los presupuestos procesales y sustanciales de la
acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones. Reiteración de
jurisprudencia[1].
La Corte Constitucional ha indicado que por regla
general la acción de tutela resulta improcedente frente al reconocimiento o
reliquidación de derechos de naturaleza pensional. Lo anterior por cuanto se
espera que el interesado formule su pretensión en los escenarios procesales
especialmente diseñados por el legislador para dirimir las controversias de esa
naturaleza, es decir, ante la jurisdicción ordinaria laboral o contenciosa
administrativa, según el caso. No obstante, con el objeto de armonizar el
alcance de los principios de subsidiariedad de la acción de tutela, y
efectividad de los derechos fundamentales, la Corporación ha precisado que en
determinados eventos el recurso de amparo procede con el puntual fin de
salvaguardar bienes iusfundamentales cuya protección resulta impostergable.
Para este propósito, el Tribunal Constitucional ha
estudiado dos situaciones distintas de procedibilidad: cuando la acción de
tutela (i) se interpone como mecanismo principal o; (ii) se ejercita como medio
de defensa transitorio, a efecto de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable. Al respecto, en sentencia T-235 de 2010[2] la Corte señaló que
para que la acción proceda como mecanismo principal y definitivo, el demandante
debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa
judicial, o teniéndolos, estos no resultan idóneos y eficaces para lograr la
protección de los derechos presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio
del amparo constitucional como mecanismo transitorio implica que, aun
existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la
necesidad de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, pueden ser
desplazados por la vía de tutela[3].
En este último caso, esa comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la
acción proceda en forma provisional, hasta tanto la jurisdicción competente
resuelva el litigio de manera definitiva.
Esta Corporación en sentencia T-721 de 2012[4] insistió en que la
aptitud de los instrumentos judiciales ordinarios para resolver de manera
efectiva los problemas jurídicos relativos al reconocimiento y pago de derechos
pensionales debe establecerse a partir de una evaluación exhaustiva del
panorama fáctico y jurídico que sustenta la pretensión de amparo. Por eso, ha
supeditado la aplicación del requisito de subsidiariedad al examen de las
circunstancias particulares del accionante. En esa dirección, el tiempo de
espera desde la primera solicitud pensional a la entidad de seguridad social
(procedimiento administrativo), la edad (personas de la tercera edad), la
composición del núcleo familiar (cabeza de familia, número de personas a
cargo), el estado de salud (condición de discapacidad, padecimiento de
enfermedades importantes), las condiciones socioculturales (grado de formación
escolar y potencial conocimiento sobre sus derechos y los medios para hacerlos
valer) y las circunstancias económicas (promedio de ingresos y gastos, estrato
socioeconómico, calidad de desempleo) de quien reclama el amparo
constitucional, son algunos de los aspectos que deben valorarse para establecer
si la pretensión puede ser resuelta eficazmente a través de los mecanismos
ordinarios, o si, por el contrario, las dilaciones y complejidades que
caracterizan esos procesos judiciales podrían conducir a que la amenaza o la
vulneración iusfundamental denunciada se prolongue de manera injustificada.
En sentido similar, el Tribunal Constitucional ha
puntualizado que si bien el derecho fundamental a la acción de tutela es
predicable de todas las personas (Art. 86
C.P.), en aplicación del artículo 13 superior se debe tener en cuenta que si
se trata de sujetos de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, en condición de diversidad funcional, cabeza de familia, en
situación de pobreza, etc.) o de individuos que se encuentran en posiciones de
debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad formal se flexibiliza
ostensiblemente, haciéndose menos exigente en razón de la tutela reforzada
predicable de estos colectivos. Así, en sentencia T-1093 de 2012[5] la Sala Novena de
Revisión señaló que “el análisis formal de procedibilidad,
independientemente del escenario en que se ejercite la acción de tutela, debe
efectuarse en arreglo a las particularidades fácticas y normativas que rodean
el asunto iusfundamental concreto. Asimismo, la Sala estima imprescindible
tomar en consideración que el artículo 1 de la Constitución Política identifica
al Estado colombiano como Social de Derecho. Este principio se proyecta de
forma inmediata en los incisos 2 y 3 del artículo 13 superior, los cuales
ordenan la superación de las desigualdades materiales existentes, la promoción
de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, la adopción de
medidas positivas en favor de grupos discriminados o marginados, y la
salvaguarda reforzada de aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Adicionalmente, el artículo 229 superior garantiza el derecho de toda persona a
acceder en igualdad de condiciones a la administración de justicia. Debido a lo
anotado en precedencia, cuando la acción de tutela es presentada por personas
de especial protección constitucional, el juez debe: (i) efectuar el análisis
de procedibilidad formal bajo criterios amplios o flexibles dada la tutela
reforzada que la Carta concede en favor de estos colectivos y, (ii) tomar en
cuenta que aún dentro de la categoría de personas de especial protección
constitucional existen diferencias materiales relevantes que rompen su
horizontalidad y los sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que
merecen distintos grados de protección”.
Esta
consideración resulta de la mayor relevancia en el escenario de la acción de
tutela contra decisiones que han negado una garantía pensional, ya que los
beneficiarios de este tipo de prestaciones son por regla general personas con
determinados grados de vulnerabilidad en razón de su pérdida de capacidad
laboral y el deterioro de sus condiciones de salud producto de los quebrantos
propios de la tercera edad o de las enfermedades o accidentes sufridos, lo cual
les impide realizar actividades económicas que reviertan en la posibilidad de
asegurar los medios necesarios para la satisfacción de sus derechos
fundamentales. En ese contexto, entonces, exigir idénticas cargas procesales a
personas que  soportan diferencias materiales relevantes, frente a quienes no
se encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar
discriminatorio y comportar una infracción constitucional al acceso a la
administración de justicia en igualdad de condiciones.
Por último, en el escenario de la acción de tutela
contra decisiones de una entidad administradora de pensiones de cualquiera de
los regímenes de seguridad social (o de los ex empleadores encargados de la
satisfacción de esta categoría de prestaciones), la Corte ha estimado necesaria
la comprobación de un grado mínimo de diligencia al momento de buscar la
salvaguarda del derecho invocado por parte del actor, y la afectación del
mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho pensional. A su
turno, para la prosperidad material de la acción (presupuesto de fondo), la
Corporación ha exigido que se presente un adecuado nivel de convicción sobre la
existencia y titularidad del derecho reclamado.
Todo esto permite concluir que, enfrentado
a un debate sobre el reconocimiento o el pago de una pensión, el juez de tutela
debe indagar por las circunstancias personales y familiares del promotor del
amparo, en lugar de descartar, de plano, la procedibilidad de su solicitud,
sobre la base de la disponibilidad de unos instrumentos alternativos de
defensa. Su tarea, en esos casos, consiste en verificar que las herramientas
judiciales contempladas por el legislador para debatir el derecho a esas prestaciones
sociales sean idóneas y efectivas para proteger al accionante.
Si no lo son, en razón de su situación de
vulnerabilidad o porque lo exponen a un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá, para remover los
obstáculos que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad
manifiesta, reivindicar su
derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas
contingencias y materializar los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad intrínsecos a la garantía del derecho fundamental a la seguridad
social, dentro del cual se inscribe el derecho a recibir oportunamente las
mesadas pensionales.
3.2. El derecho a la sustitución pensional.
Reglas para su reconocimiento en caso de controversia entre la cónyuge y la compañera
permanente supérstite. Reiteración de jurisprudencia[6].
El artículo 48 de la Constitución define la seguridad
social como un servicio público de carácter obligatorio que debe prestarse bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios
de eficiencia, solidaridad y universalidad, en los términos que prevea la ley.
En cumplimiento de ese mandato, el legislador diseñó un sistema general de
seguridad social integral que compromete al Estado con el reconocimiento
oportuno y eficiente de las prestaciones económicas, de salud y de los servicios
sociales complementarios que allí se prevén, en aras de asegurar que la
población sea efectivamente protegida frente a los riesgos amparados por los
regímenes de pensiones, salud, riesgos profesionales y de servicios sociales
complementarios a los que alude el sistema.
El régimen de pensiones persigue el propósito específico
de asegurar el amparo de los afiliados frente a las contingencias derivadas de
la vejez, la invalidez y la muerte[7].
Con ese objeto, el sistema contempla una serie de prestaciones sociales, entre
las que se cuentan las pensiones de vejez, invalidez, la indemnización
sustitutiva, la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes.
La sustitución pensional, sobre la que aquí se debate, y
la pensión de sobrevivientes cumplen la misma función. Su aspiración es la de “proteger
a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o del afiliado que ha
fallecido”.[8]
Lo que ocurre es que, mientras la primera permite que una
o varias personas gocen de los beneficios de una prestación económica que ya
había sido percibida por otra[9],
la segunda, la pensión de sobrevivientes, es la prestación a la que tiene
derecho el grupo familiar del afiliado que aún no había accedido a una pensión,
cuando este fallece.
Más allá de esa diferencia, lo cierto es que la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional persiguen el propósito de asegurar
que el apoyo económico y la seguridad social que el afiliado o el pensionado
venía brindándole a su grupo familiar no se vean abruptamente suspendidos tras
su muerte. De lo que se trata, en otras palabras, es de evitar que el fallecimiento
del causante altere sustancialmente las condiciones mínimas de subsistencia de
sus allegados, comprometiendo su mínimo vital y el ejercicio de sus demás
derechos fundamentales, los cuales podrían verse amenazados por cuenta de la
imposibilidad de acceder a los recursos que les permitían, en vida del
causante, atender sus necesidades básicas.
La Ley 100 de 1993 contempló, en sus artículos 47 y 74,
quiénes pueden ser beneficiarios de la sustitución pensional y de la pensión de
sobrevivientes y los requisitos que deben satisfacer para que se les reconozca
tal condición. Tales disposiciones fueron modificadas por la Ley 797 de 2003,
cuyo artículo 13 identificó como beneficiarios de esas prestaciones, en forma
excluyente i) al cónyuge o al compañero o compañera permanente supérstite y a
los hijos menores de 18 años y mayores de 18, hasta los 25 años, que estuvieran
estudiando y dependieran del causante al momento de su muerte; ii) a los padres
del causante y iii) a sus hermanos inválidos, si dependían de él.
Con respecto al cónyuge y al compañero o compañera
permanente, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 indicó, primero, que pueden
acceder a la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, según
corresponda, en forma vitalicia o temporal.
La prestación se concede en forma vitalicia a quienes
tienen 30 años de edad o más a la fecha del fallecimiento del causante y a
quienes, teniendo menos edad, procrearon hijos con este. A los primeros, sin
embargo, se les exige un requisito adicional cuando aspiran a la sustitución
pensional (es decir, cuando el causante de la prestación ya tenía el status de
pensionado). Para ser beneficiario de la sustitución, el cónyuge o el compañero
o compañera permanente que contaba con 30 años de edad o más al momento del
fallecimiento del pensionado debe demostrar que hizo vida marital con él hasta
su muerte y que convivió al menos de cinco años continuos antes de que
falleciera. Quienes, en contraste, aspiran a una pensión de sobreviviente no
tienen que acreditar ese requisito de convivencia.[10]
Finalmente, la norma contempla que la prestación se
concede en forma temporal a quienes no procrearon hijos con el causante. En ese
caso, la pensión se reconoce durante veinte años, lo cual exige a su
beneficiario cotizar al sistema para obtener, después, su propia pensión.
Tales son las exigencias que determinan el reconocimiento
de la sustitución pensional y de la pensión de sobreviviente cuando al causante
le sobrevive su cónyuge o su compañero o compañera permanente. No obstante, la
Ley 797 de 2003 previó también la posibilidad de que el causante hubiera hecho
vida en común con varias personas que pudieran considerarse beneficiarias del
respectivo derecho pensional. El artículo 13 contempló las reglas para
identificar al titular de la prestación en esos eventos.
La norma contempla tres hipótesis distintas. La primera (i)
se presenta cuando respecto del pensionado existe un compañero o compañera
permanente y una sociedad conyugal anterior que no fue disuelta. En este caso,
la pensión de sobrevivientes se divide entre el cónyuge y el compañero o
compañera en proporción al tiempo en que convivieron con el causante.[11]
La segunda es la que tiene lugar (ii) cuando el
causante de la prestación -afiliado o pensionado- convivió simultáneamente con
su cónyuge y con su compañero o compañera permanente durante los cinco años
anteriores a su muerte. Según la Ley 797, en tal hipótesis, la pensión debía
reconocérsele a la esposa o al esposo del causante.[12]
El último caso al que remite la norma es a aquel en el que
(iii) el causante de la pensión de sobreviviente o de la sustitución
pensional tenía un compañero o compañera permanente al momento de su muerte y
una unión conyugal vigente, estando, no obstante, separado de hecho de su
cónyuge.  De acuerdo con la Ley 797 de 2003, tal situación permite que la
compañera o el compañero permanente reclamen una cuota parte de la prestación
correspondiente, en forma vitalicia, en un porcentaje proporcional al tiempo
que convivieron con el causante, siempre que haya sido superior a los últimos
cinco años antes de su fallecimiento. La otra cuota parte le corresponderá al
cónyuge supérstite del afiliado o pensionado.[13]
Esta corporación ha interpretado dichas pautas normativas
en distintos escenarios. En sede de control de constitucionalidad, por ejemplo,
la Sentencia C-1035 de 2008[14]
examinó la expresión “en caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o
el esposo”, contenida en el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, y la declaró exequible, en el entendido de que también serían
beneficiarios de la pensión la compañera o compañero permanente, y de que la
pensión se dividiría entre ellos
(as) –el cónyuge y el compañero permanente -en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido.[15]
El fallo advirtió que preferir al esposo o a la esposa
para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional o de la pensión de
sobrevivientes resultaba discriminatorio e irrazonable, pues no había motivos
para privilegiar a la pareja conformada por un vínculo matrimonial sobre
aquella conformada por un vínculo natural en los casos de convivencia
simultánea. La naturaleza del vínculo familiar no podía
constituir un criterio para establecer tratamientos diferenciales que, como el
aplicado por la norma acusada, desconocían la finalidad legal y constitucional
de la pensión de sobrevivientes, dijo la Corte.
Sobre esos supuestos, esta corporación ha insistido en la
importancia de que los conflictos que se presenten entre el cónyuge y el
compañero o compañera permanente por cuenta de su derecho a ser reconocidos
como beneficiarios de la sustitución pensional o de la pensión de
sobrevivientes se resuelvan considerando el contenido garantista de la Carta de
1991, que protege, en condiciones de igualdad, a las familias que el causante
constituyó con su esposo o esposa y con su compañero o compañera permanente.[16]
Tal es el fundamento de los fallos de revisión de tutela que han ordenado
reconocer tales prestaciones de forma proporcional al tiempo de convivencia con
el causante, en aquellos casos en los que este compartió los últimos cinco años
de su vida con su cónyuge y su compañero o compañera permanente, o incluso con
varios compañeros permanentes.
De manera más reciente, la Sentencia C-336 de 2014[17]
estudió la constitucionalidad del aparte del
inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en virtud
del cual se permite que el cónyuge separado de hecho obtenga una cuota parte de
la pensión de sobreviviente o de la sustitución pensional proporcional al
tiempo en el que convivió con el causante. La norma fue demandada sobre el
supuesto de que relevar al cónyuge de demostrar la convivencia efectiva con el
causante durante los últimos años de su vida resultaba discriminatorio frente
al compañero o compañera permanente supérstite, quien, en contraste, sí debía
demostrar tal convivencia.
La regla que en ese sentido
contemplaba la Ley 797 de 2003 había sido, en efecto, de difícil interpretación
para la justicia constitucional y para la justicia ordinaria. De hecho, fue la
Corte Suprema de Justicia la que, en decisión de 2011, dio cuenta de que el
legislador había previsto dicha posibilidad –la de que el cónyuge separado de
hecho accediera a la prestación demostrando una convivencia de cinco años en
cualquier tiempo- en ejercicio de su libertad de configuración en materia
pensional.[18]
Siguiendo tal
interpretación, esta corporación ha reconocido, en sede de tutela, el derecho a
la pensión de sobrevivientes de quienes, al momento de la muerte del causante,
mantenían vigente su sociedad conyugal con este, si además convivieron con él
durante al menos cinco años en cualquier tiempo.[19]
La Sentencia C-336 de 2014 ratificó dicho criterio
jurisprudencial al declarar exequible la expresión “la otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de Ley 797
de 2003. El fallo aclaró que permitir que el cónyuge separado de hecho obtenga
una cuota de la pensión de sobrevivientes aunque no haya convivido durante los
últimos años de su vida con el causante no equivale a discriminar al compañero
permanente supérstite. Tal posibilidad, por el contrario, busca equilibrar la
tensión surgida entre el último compañero permanente del causante y su cónyuge,
con quien subsisten los vínculos jurídicos, aunque no la convivencia.
En virtud de lo expuesto es
posible concluir, entonces, que las disputas que puedan presentarse entre el
cónyuge y el compañero o la compañera permanente supérstite en torno al derecho
a la sustitución pensional pueden ocurrir, o bien porque este convivió
simultáneamente con su cónyuge y su compañera o compañero permanente, o bien
porque, al momento de su muerte, tenía un compañero permanente y una sociedad
conyugal anterior que no fue disuelta, o un compañero o compañera permanente y
una unión conyugal vigente, con separación de hecho. En este último evento, no
hace falta que el cónyuge supérstite demuestre que convivió con el causante
durante los últimos cinco años de su vida, sino, solamente, que convivió con él
o ella más de cinco años en cualquier tiempo.
Asimismo, es importante
precisar que el concepto de convivencia no supone, necesariamente, habitación
bajo el mismo techo. La convivencia que exige la Ley 797 de 2003, más
allá de la cohabitación, supone la existencia de lazos propios de la vida en
pareja, como el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el
acompañamiento espiritual. Por eso, aplicando también en este punto la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, este alto
tribunal ha considerado que la ausencia de cohabitación no descarta la
convivencia, cuando se fundamenta en causas justificadas, relacionadas, por
ejemplo, con cuestiones de salud, obligaciones u oportunidades legales,
imperativos legales u económicos, entre otros.[20]
La multiplicidad de factores que pueden incidir en la
acreditación del requisito de convivencia demanda, en fin, una exigente labor
de valoración probatoria. De ahí que el legislador haya previsto que las
controversias entre el cónyuge y el compañero o compañera permanente
supérstites por el derecho a la sustitución pensional deban ser resueltos por
la jurisdicción correspondiente. La Ley 1204 de 2008 señala que, mientras se
define en sede judicial quién es el beneficiario de la sustitución y en qué
proporción, la prestación quedará en suspenso.[21]
3.3. Los casos concretos.
Para la resolución de cada uno de los casos concretos
se analizará la procedibilidad formal de la acción de tutela y, seguidamente, abordándose
el fondo del asunto, se verificará el cumplimiento de los requisitos previstos
para el reconocimiento de la pensión sustitutiva, a la luz de la normatividad
aplicable y las reglas sentadas por la jurisprudencia constitucional.
3.3.1. Expediente T-5076936 (Gloria Rangel de
Rodríguez contra Caprecom y la UGPP)
3.3.1.2. Procedibilidad formal de la acción de tutela.
En el presente caso la acción de tutela resulta
formalmente procedente atendiendo la situación de vulnerabilidad a la que se
encuentra expuesta la señora Rangel de Rodríguez, sujeto de especial protección
constitucional, al verse desprovista de los recursos que, en vida de su esposo,
le permitían procurarse unas condiciones dignas de subsistencia.
En efecto, la Sala advierte que la peticionaria es una persona
de la tercera edad al contar a la fecha con 73 años y que dependió
económicamente de su cónyuge desde que contrajeron matrimonio en 1959. De las
manifestaciones de la señora Rangel en el escrito de tutela, de las
declaraciones extraprocesales aportadas a la demanda y de las declaraciones
juramentadas efectuadas ante el a-quo, las cuales no fueron
controvertidas por las entidades demandadas, se tiene que la accionante durante
los 30 años de convivencia con el señor Jesús Rodríguez Eljadue, dependió
económicamente de este, dedicándose exclusivamente al cuidado del hogar, siendo
“la encargada de lidiar a sus siete hijos y tenerle todas las cosas en
orden, las comidas preparadas y atender a su cónyuge, cuando éste llegaba de
laborar”[22].
Luego de que el señor Rodríguez abandonara el hogar, éste continuó siendo el
soporte económico de la señora Rangel, pues la ayudaba “todos los
meses con dinero, a veces me daba $500.000,oo o a veces $600.000,oo para poder
sobrevivir o subsistir (…) hasta el día que murió, eso fue en mayo de 2014”[23].
Lo anterior denota que tras la muerte del señor Rodríguez
Eljadue, la actora ha quedado en un estado de desprotección económica, pudiendo
subsistir  gracias a la ayuda de sus hijos, quienes han asumido su manutención.
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta, al pronunciarse en segunda instancia, consideró que no
se vislumbraba un perjuicio irremediable, en la medida de que los hijos de la accionante
velaban por su sostenimiento. Sin embargo, para la Sala no es de recibo este
argumento, pues la pensión sustitutiva a la que pretende acceder la actora es
un derecho irrenunciable e independiente de la obligación alimentaria que
tienen los hijos para con sus padres, la cual propende justamente por
garantizar una subsistencia autónoma a sus beneficiarios.
De otra parte, examinada la historia clínica y las órdenes
médicas aportadas en la demanda[24],
se verifica que la señora Rangel padece de delicadas afectaciones en su salud, pues
a causa de un carcinoma renal le fue extraído el riñón derecho y padece de
diabetes, requiriendo de constantes controles médicos y del cuidado especial
que demanda este tipo de dolencias, agudizadas por su avanzada edad.
En esas circunstancias, los mecanismos judiciales con que
contaba la actora para perseguir el reconocimiento de la sustitución pensional
no podían resultar idóneos ni eficaces para procurar la protección que reclamó
por esta vía. Para la Sala es claro que supeditar la pretensión de amparo que
la señora Rangel formuló en este escenario a que agotara un proceso ordinario
resultaba desproporcionado, considerando el tiempo que conlleva ese tipo de
trámites y, sobre todo, el hecho de que la peticionaria  no cuente actualmente
con ninguna fuente de ingresos que le permita procurarse de manera autónoma su
sustento mientras las autoridades del caso definen la controversia pensional.
Pretender que la señora Rangel en las condiciones
descritas, acuda ante la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo trámite
suele estar sujeto a una serie de dilaciones y vicisitudes que complejizan su
solución, equivaldría a postergar irrazonablemente la incertidumbre de la accionante
sobre la posibilidad de acceder a los recursos que le permitirían vivir
dignamente y que, evidentemente, requiere con premura, dada su edad y su delicado
estado de salud. Todas estas circunstancias llevan a la Corte a la convicción
de que en este asunto procede la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
Por último, la Sala debe precisar al ad-quem
que la falta de interposición del recurso de reposición contra la resolución
controvertida no hace improcedente la acción de tutela, puesto que el Decreto
2591 de 1991[25]
dispuso que la interposición de los recursos administrativos no es requisito de
procedibilidad para la presentación de la acción. Asimismo, no se comparte la
apreciación del Tribunal cuando aduce que la accionante puede solicitar ante el
juez administrativo la suspensión provisional “de la determinación que le
causa desazón”, pues la misma sería inocua por cuanto nada obtendría la interesada
logrando dicha medida cautelar, dado que la resolución negó el reconocimiento de
la prestación reclamada.
3.3.1.3. Procedibilidad material de la acción de tutela.
Corresponde ahora a la Sala establecer si Caprecom y la
UGPP vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad
social, a la protección especial de las personas de la tercera edad y a la
dignidad humana de la señora Gloria Rangel, al negar el reconocimiento de la
pensión sustitutiva a la que aduce tiene derecho en calidad de cónyuge
supérstite del señor Jesús Rodríguez Eljadue, sobre el supuesto de que no fue
posible establecer si convivió con él durante los cinco años anteriores a la
fecha de su deceso.
Para abordar el fondo del asunto, hace falta considerar,
primero, que la decisión adoptada por Caprecom tuvo que ver con el hecho de que
la señora Alcira López Cervantes también haya solicitado el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional en su condición de compañera permanente del
causante. También, que las dos interesadas en el reconocimiento de la
prestación, habían celebrado previamente una conciliación ante la Cámara de
Comercio, donde acordaron compartir la pensión en proporciones iguales, lo cual
no vio viable Caprecom, considerando que los derechos pensionales no son susceptibles
de dichos acuerdos.
Con el fin de brindar una mayor comprensión del caso, la
Sala ve pertinente transcribir los apartes correspondientes de la resolución Nº
001263 de noviembre 07 de 2014, a través de la cual Caprecom negó el
reconocimiento de la sustitución pensional a la accionante, así:
“Del estudio de la
documentación aportada por la señor GLORIA RANGEL DE RODRÍGUEZ, se concluye:
1.- El 25 de noviembre de
2011 en actualización de datos el señor Jesús nombra a la señora Gloria como su
cónyuge.
2.- El registro civil de
matrimonio certifica que el señor Jesús y la señora Gloria se encontraban
casados desde el 27 de diciembre de 1959, no contiene nota marginal de divorcio
ni de liquidación de la sociedad conyugal.
3.- La EPS Sanitas certifica
que la señora Gloria se encontraba afiliada como beneficiaria amparada desde el
1 de diciembre de 2001 pero no indica de quien.
4.- El 25 de junio de 2014
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Aguachica Cesar, la señora Alcira y la señora Gloria conciliaron compartir la
pensión de sobreviviente un 50/50%. La señora Gloria en esta conciliación
manifestó que se encontraba casada con el señor Jesús y reconoce que él
convivió con la señora Alcira los últimos años.
De donde se concluye que
GLORIA RANGEL DE RODRIGUEZ (…) no reúne los requisitos exigidos por la ley
toda vez que no demostró la convivencia marital durante los últimos 5 años
con el señor JESÚS RODRÍGUEZ ELJADUE (…).
Que es preciso señalar que
la norma exige una convivencia de mínimo 5 años, contados hacia atrás, tomando
como extremo, la fecha de la muerte. Que esta administradora no encuentra
demostrado en cabeza de ninguna de las dos solicitantes, lo que impide la
aplicación del párrafo 3 del literal b del art. 13 de la ley 797 de 2003.
Por otra parte, frente a la
conciliación allegada, es preciso señalar que esta administradora considera que
los derechos pensionales no son susceptibles de acuerdo de conciliación, sino
que por el contrario su acceso obedece al cumplimiento de los presupuestos que
la ley establece”.[26]
(Negrilla fuera de texto).
De la lectura de los anteriores apartes se advierte que
Caprecom niega el reconocimiento de la prestación, al aducir que de la
documentación aportada al trámite administrativo no se desprende que la
accionante haya convivido con su esposo en los cinco años previos a su deceso. Básicamente
soporta su decisión en la manifestación que la señora Rangel hiciera en la
conciliación celebrada con la compañera permanente del señor Rodríguez Eljadue,
donde “reconoce que la señora ALCIRA LÓPEZ CERVANTES, convivió con el señor
JESÚS durante varios años hasta el día de su muerte”[27],
encontrando así incumplido el requisito de convivencia mínima durante los últimos
cinco años con el causante.
En esta oportunidad la Sala comparte las apreciaciones del
a-quo, en la medida que Caprecom desconoció el alcance de la normativa que
rige la materia, tornando inconducente la realidad fáctica acreditada en el
expediente. Ciertamente, la entidad accionada asume erradamente que la señora Rangel,
para acceder a la prestación, ha debido demostrar la convivencia con su
fallecido esposo durante los últimos cinco años previos a su muerte, pese a que
en su caso particular, lo que exige el inciso final del literal  b) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, conforme a lo precisado en la parte dogmática
de esta providencia, es que haya convivido al
menos cinco años en cualquier tiempo.
Debe tenerse presente que la
accionante no adujo haber convivido con el señor Rodríguez durante los últimos
años de vida de este, por el contrario, reconoció que quien sí lo había hecho
era la señora López Cervantes. En ese orden, resultaba un contrasentido que
Caprecom exigiera a la accionante acreditar un requisito que no aplicaba a su
caso y que evidentemente no tenía como hacerlo sin faltar a la verdad.
Para la Corte lo que sí se
encuentra suficientemente demostrado, de acuerdo a lo manifestado por la
accionante en la demanda, al registro civil de matrimonio, al acta de
conciliación, a las declaraciones extraproceso y a las declaraciones
juramentadas ante el juez de primera instancia, aportadas al proceso, es que la
señora Gloria Rangel contrajo nupcias con el señor Jesús Rodríguez Eljadue el
27 de diciembre de 1959 y desde ese día convivió con él durante treinta años, hasta
comienzos de la década de 1990, sin que haya habido divorcio ni liquidación de
la sociedad conyugal[28].
Mediante las declaraciones extrajuicio
realizadas ante notario, las señoras Fanny Mozo Zambrano y Eudocia Cerpa Arce, coinciden en manifestar que conocen desde hace 37 años, de vista,
trato y comunicación, a su vecina Gloria Rangel. Que en razón de tal
conocimiento, saben y les consta que convivió con su esposo, señor Jesús
Rodríguez Eljadue, “alrededor
de 30 años desde la fecha en que se casaron en el año 1959 hasta su separación
que fue a principios de los 90, nos consta de que ella dependía económicamente
de su cónyuge, porque ella siempre se dedicó al hogar con la crianza, cuidado
de sus hijos y de la atención de su cónyuge”.[29]
Asimismo, bajo la gravedad de juramento ante
notario, la accionante declaró en los siguientes términos: “conviví con mi cónyuge Jesús Rodríguez Eljadue
(q.e.p.d.) desde el día que contraje nupcias esto es desde el año 1959 hasta
comienzos de los 90, bajo el mismo techo en el Municipio de El Banco Magdalena,
(…) hasta que él, decidió irse y conformar un nuevo hogar con la señora Alcira
López Cervantes, en el Municipio de La Gloria Cesar. Que el finado Jesús Rodríguez
Eljadue, era la persona que suministraba la ayuda económica para el
sostenimiento de mi hogar, también declaro que de esa unión procreamos siete
(7) hijos, tres (3) mujeres y cuatro (4) varones, y que yo siempre dependí de
él hasta el día de su fallecimiento ya que era él quien laboraba y yo me
dedicaba a la crianza de mis hijos y a las labores del hogar, y que durante la
convivencia entre nosotros duró 30 años y existió ayuda mutua, no sola
económica sino también espiritual y en la formación de valores a nuestros
hijos”.[30]
Como se desprende de las pruebas
precedentes y de lo manifestado en la demanda, para la Sala resulta claro que en esta ocasión no se está frente a
la figura de una convivencia simultánea, como tampoco que la señora Rangel haya
convivido con el causante hasta el día de su fallecimiento, pues todo apunta a
que luego de la separación de hecho, el señor Rodríguez Eljadue conformó otro
hogar en el Municipio de La Gloria (Cesar) con la señora Alcira López
Cervantes, quien lo acompañó hasta el día de su muerte.
Así las cosas, en los términos del
inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, corresponde
a la cónyuge supérstite, en este caso a la señora Rangel de Rodríguez, una
cuota parte de la pensión sustitutiva, en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante, en la medida de que durante el tiempo en que el señor Rodríguez Eljadue formó otro hogar
con su compañera permanente, se encontraba vigente la unión conyugal con la accionante,
de quien se había separado de hecho.
En ese orden, la negativa de Caprecom de
reconocer a la señora Gloria Rangel la sustitución pensional, pese a cumplir
con los requisitos legales y jurisprudenciales para ello, comporta una
infracción a los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital,
a la protección especial de las personas de la tercera edad y a la dignidad
humana, en cabeza de la misma.
Recuérdese que la señora Rangel de Rodríguez,
tal y como se precisó en el estudio sobre la procedibilidad formal de la
tutela, requiere con urgencia los recursos de la mesada pensional que le
corresponden, para procurar su sustento y tener garantizada una subsistencia
autónoma digna, en consideración a su avanzada edad y delicado estado de salud.
En este sentido, pretender que la accionante agote los mecanismos
jurisdiccionales para acceder a una prestación a la que claramente tiene
derecho, la expondría a la estructuración de un perjuicio irremediable que debe
ser conjurado por esta vía.
En consecuencia, la Sala amparará transitoriamente los
derechos fundamentales de la accionante, para asegurar que cuente con los
ingresos que le permitan mantener unas condiciones dignas de subsistencia,
mientras la autoridad competente resuelve de forma definitiva sobre su
condición de beneficiaria de la sustitución pensional como la proporción de la
mesada que le correspondería en ese evento.
La decisión de conceder el amparo de
manera transitoria, y no definitiva, tiene que ver con la imposibilidad de
establecer, por esta vía excepcional, los extremos temporales de convivencia
del señor Rodríguez Eljadue con su compañera permanente, señora López
Cervantes, para de esta manera poder determinar acertadamente la proporción del
derecho a la mesada pensional que le concerniría a la accionante, de acuerdo al
tiempo de convivencia con el causante.
Ante esa falta de certeza, secundada
por el silencio guardado por la señora López Cervantes durante el trámite de la
acción de tutela, la discusión debe ser abordada en el
marco de la instancia judicial que el legislador diseñó para el efecto, con el
objeto de que, en ese marco, se establezca el derecho que corresponde a cada
una de las beneficiarias a la pensión sustitutiva, en particular sobre el
porcentaje proporcional al tiempo convivido con el señor Rodríguez Eljadue.
De todas maneras, la protección transitoria que en esta
oportunidad se concederá exige establecer qué porcentaje de la sustitución
pensional deberá reconocérsele y pagársele a la señora Rangel de Rodríguez de
forma provisional, mientras la autoridad judicial competente resuelve
definitivamente al respecto.
Para el efecto, la Sala recuerda que la señora Gloria
Rangel contrajo matrimonio con el señor Jesús Rodríguez en 1959 y desde
entonces convivieron por 30 años, procreando 7 hijos y cuya sociedad conyugal está
vigente. Asimismo, la accionante aseguró depender económicamente del señor Rodríguez,
quien le suministraba mensualmente los recursos necesarios para su subsistencia.
Igualmente, la Corte toma en consideración las declaraciones extrajudiciales y
las rendidas ante el a-quo, que dan cuenta de todo lo anterior.
Tales elementos de juicio, demuestran una convivencia
constante durante 30 años que, a juicio de la Sala, justifican reconocer
provisionalmente a la señora Gloria Rangel un porcentaje del 50% de la pensión
que en vida era recibida por el señor Rodríguez Eljadue.
No sobra destacar que el porcentaje reconocido de manera
provisional, coincide con el conciliado por las señoras Gloria Rangel y Alcira
López, ante la Cámara de Comercio del Municipio de Aguachica (Cesar), donde
acordaron “compartir la pensión de vejez del señor Jesús Rodríguez Eljadue,
en un cincuenta por ciento (50%), para cada una”[31].
Respecto de este acuerdo, Caprecom no dio validez al mismo tras considerar
que los derechos pensionales no son susceptibles de conciliación.
Sobre este particular es pertinente recordar que esta
corporación, en una situación similar, en sentencia T-404 de 2009[32], consideró que “para casos en donde se han demostrado
plenamente los supuestos fácticos alegados por la actora, la regulación
existente aporta una solución que en su filosofía no es contraria a la prevista
en el acuerdo conciliatorio, por cuanto establece que la mesada pensional de
sobreviviente se repartirá entre la cónyuge separada de hecho y la compañera
permanente en partes proporcionales, de manera que, en principio, dicho acuerdo
entre particulares, si bien puede que no sea igual a la solución a la que
llegue la autoridad judicial, no vulneraría el contenido esencial del derecho a
la seguridad social manifestado en la posibilidad de disfrute de la pensión de
sobreviviente”.
Las anteriores consideraciones cobran total vigencia
para el presente asunto, pues se advierte que el acuerdo conciliatorio celebrado
entre las señoras Gloria Rangel y Alcira López, no desconoce el núcleo esencial
del derecho fundamental a la seguridad social, manifestado en la sustitución
pensional. Ciertamente, los supuestos fácticos alegados por la actora para
acceder a la prestación se encuentran demostrados. Igualmente, dicho acuerdo no
priva a ninguno de los posibles beneficiarios del disfrute de dicha pensión,
como tampoco anula ni limita en exceso el derecho a la seguridad social. Por el
contrario, la conciliación en el caso concreto propende por garantizar el
mínimo vital y las condiciones de subsistencia digna de la accionante, sujeto
de especial protección constitucional.
Por todo lo anterior, la Sala dejará sin efectos la
resolución Nº 001263 de noviembre 07 de 2014, en tanto negó la “pensión de
sobrevivientes” que reclamó la señora Gloria Rangel de Rodríguez en su
condición de cónyuge supérstite del señor Jesús Rodríguez Eljadue, para que, en
su lugar, se reconozca y pague a la accionante el
50% de la prestación económica que devengaba el señor Rodríguez Eljadue, como
mecanismo transitorio, mientras se define lo pertinente en las instancias
judiciales del caso. Con relación al porcentaje que eventualmente podría
corresponder a la compañera permanente del señor Rodríguez, la Sala no emitirá
pronunciamiento al respecto, pues sus derechos no son objeto de debate en la
presente acción, siendo la autoridad judicial competente la que decida sobre
el particular.
El amparo transitorio que aquí se concede
producirá efectos hasta que el juez competente defina lo atinente al reconocimiento
y pago de la sustitución pensional del señor Jesús Rodríguez Eljadue en forma
definitiva. Para ello, la accionante deberá formular la demanda correspondiente, si aún no lo ha hecho,
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que sea notificada de esta
providencia. Si no lo hace, los efectos de esta decisión expirarán una vez
vencido dicho plazo.
Finalmente, a efectos de la
orden a impartir, la Sala pone de presente el surgimiento de un problema
práctico, de acuerdo a las intervenciones presentadas por la UGPP en el curso
del proceso, donde alegó no estar legitimada por pasiva y estar imposibilitada
para cumplir con las decisiones judiciales que al efecto se adopten en el
presente caso, dado que aún no le había sido trasladada la función pensional de
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM-, administrada por CAPRECOM.
Al respecto, la Sala debe precisar que quien desconoció directamente los
derechos fundamentales de la accionante fue esta última, sin embargo, con el
fin de garantizar el cumplimiento de la presente decisión, la orden será
impartida a la UGPP, quien a partir del 31 de mayo de 2015, asumió la función
pensional de TELECOM, en virtud del artículo 1º Decreto 2408 de 2014. Lo
anterior se corrobora una vez consultada la página web de la UGPP[33], donde se indica que entre las
entidades recibidas por dicha Unidad a septiembre de 2015, se encuentra
Caprecom, como entidad administradora de Telecom, con fecha de recepción 31 de
mayo de 2015.
3.3.2. Expediente T-5082005 (Elda Marina Lizarazo de
Correa contra Colpensiones y Positiva Compañía de Seguros S.A.)
3.3.2.1. Procedibilidad formal de la acción de tutela.
Al igual que en el caso anterior, en este asunto estamos
frente a un sujeto de especial protección constitucional, que por las
particulares condiciones en que se encuentra, hace formalmente procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Ciertamente, la señora Lizarazo de Correa es una persona
de la tercera edad, que actualmente cuenta con 66 años[34]
y que dependió económicamente de su esposo Alfonso Correa Ayala, desde que
contrajeron nupcias en el año 1966 hasta la fecha de su deceso en 2013.
De acuerdo a lo expresado en la demanda y a las declaraciones
extraproceso  obrantes en el expediente[35],
sobre las cuales no hubo controversia, se puede corroborar que “la señora
Elda Marina Lizarazo de Correa dependía económicamente de su esposo, era su
beneficiaria en el sistema de salud, gracias a lo cual podía tratar la
enfermedad de tiroides, entre otras, que padece, y que, una vez fallecido su
esposo, su situación económica se vio seriamente afectada porque no contaba y
no cuenta con ingresos para solventar sus gastos de subsistencia, ya que al
unísono dejó de percibir la cuota alimentaria asignada por Despacho Judicial y
mejorada a voluntad por el causante que servía como sustento (…) que, a raíz
del deceso del causante, fue desafiliada del sistema general de seguridad
social en salud (Servicio Médico de la Empresa de Telecomunicaciones de la ETB
y Seguro Social-Nueva EPS), donde llevaba de manera controlada su tratamiento médico,
y que ante el fallecimiento de su esposo, se vio obligada a recurrir a los
servicios de Sisben”.[36]
La Sala constata las afirmaciones de la actora, con
relación a la cuota alimentaria que recibía del señor Correa Ayala, de acuerdo
con la conciliación efectuada ante el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá en
el año 2001.[37]
Cuota que al momento del deceso de su esposo ascendía a la suma de $1.000.000 y
que evidentemente dejó de percibir a partir de dicho suceso, no pudiendo en
adelante solventar las obligaciones y cubrir sus necesidades básicas a las
cuales destinaba tales recursos.
De acuerdo con lo manifestado por la accionante, solo uno
de sus cinco hijos labora y es este quien con sus escasos ingresos cubre
parcialmente sus necesidades básicas, como las de algunos de sus hermanos y la
de su propio núcleo familiar, tornándose insostenible tal situación. Estas
circunstancias  no permiten concluir que el mínimo vital de la señora Lizarazo se
encuentre asegurado y que en tales condiciones pueda asumir por varios años un
proceso judicial para la definición de su derecho sobre la pensión del señor
Correa Ayala.
La Sala destaca que la accionante actualmente se encuentra
clasificada en el nivel 1 del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales –Sisben-, con un puntaje de 27,91, de
acuerdo a la Base Certificada Nacional con corte a marzo 13 de 2015, lo cual
evidencia su precaria situación socio-económica y estado de vulnerabilidad.[38]
Asimismo, verificada la historia clínica aportada en la
demanda[39],
se advierte que la señora Lizarazo, aunado a su avanzada edad, padece de hipotiroidismo,
osteopenia y fue intervenida quirúrgicamente en la columna vertebral, lo cual demanda
de medicinas, tratamiento y cuidados especiales, que el régimen subsidiado no
le proporciona en debida forma.
Las anteriores circunstancias son suficientes para
concluir que los mecanismos judiciales ordinarios a disposición de la
accionante para lograr el reconocimiento de la pensión sustitutiva, no resultarían
oportunos y eficaces  para alcanzar el amparo de sus derechos fundamentales. En
esa medida, sería excesivo pretender que la señora Lizarazo deba esperar durante
años que la justicia ordinaria defina su derecho sobre la pensión de su difunto
esposo, lo cual podría superar sus expectativas de vida, mientras que sus
necesidades básicas no son satisfechas, afectándose su mínimo vital.[40]
En este orden, el importante papel que cumple la
sustitución pensional como garantía de los derechos a la seguridad social, a la
dignidad humana y a la salud de personas que suelen carecer de capacidad
laboral y que, en ese sentido, se encuentran en una situación de indefensión,
hace presumir que la falta de pago de las mesadas los enfrenta a un perjuicio
irremediable que justifica la procedibilidad de la acción de tutela.
3.3.2.2. Procedibilidad material de la acción de tutela.
Previo a abordar el fondo del asunto, la Corte advierte
que durante el trámite de revisión, la accionante puso en conocimiento de la
Sala que Colpensiones, mediante Resolución Nº VPB 59538 (201477953182) de
septiembre 02 de 2015, desató el recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución Nº 200104 de junio 04 de 2014, que había dejado en suspenso el
reconocimiento de la prestación reclamada, resolviendo en esta oportunidad “reliquidar
y ordenar el pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento de CORREA AYALA ALFONSO, a partir de 23 de octubre de 2013 en los
siguientes términos y cuantías: (…) LIZARAZO DE CORREA ELDA MARINA ya
identificada, en calidad de esposa con un porcentaje de 33.00%. La pensión
reconocida es de carácter vitalicio, en los siguientes términos y cuantías (…)
A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se harán los
respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en NUEVA EPS”.[41]
De la lectura del acto administrativo aportado en sede
de revisión por la señora Lizarazo de Correa, se tiene que Colpensiones reconoció
a la misma la sustitución pensional de carácter vitalicio, en un porcentaje del
33% del monto que era percibida por su fallecido esposo, habida consideración de
la proporción de tiempo con él convivido. Igualmente, se advierte que el 50% del
monto de la pensión del señor Correa Ayala fue reconocido a Juan Sebastián
Correa Díaz, en calidad de hijo menor del causante, y el otro 17% a la señora
Lilia Elizabeth Díaz, como compañera permanente.
Así las cosas, comoquiera que en el presente caso se está frente a un
hecho superado, puesto que la situación que originó la acción de tutela ya
desapareció, esta Sala de Revisión declarará la carencia actual de objeto, en
aplicación del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. En efecto, la Sala
constata que en el asunto estudiado, respecto a Colpensiones, ha cesado la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y a la dignidad humana, y por lo tanto, la acción de tutela carece
de objeto, en la medida en que bajo estas nuevas condiciones no existe una
orden a impartir ni un perjuicio que evitar frente a dicha administradora de
pensiones.
Al respecto es preciso recordar que esta corporación ha
considerado que el hecho superado “se presenta cuando
por la acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del derecho cuya
protección se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento
del juez constitucional”[42].
Asimismo, cuando hay
carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el  juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado.
En consecuencia, en la parte resolutiva de la presente
decisión, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
respecto del amparo invocado contra Colpensiones.
Ahora bien, dado que la pensión que percibía el señor
Correa Ayala era compartida entre Colpensiones y Positiva Compañía de Seguros S.A.,
la Sala continuará el examen respecto a la eventual vulneración de los derechos
fundamentales de la señora Lizarazo por parte de esta última, quien le negó el
reconocimiento de la sustitución pensional, bajo el argumento de no existir
claridad sobre el periodo de convivencia y su calidad de beneficiaria, careciendo
de competencia para establecer cuál de las interesadas tiene mejor derecho sobre
la pensión, a propósito de la reclamación que en similar sentido hiciera la compañera
permanente del causante.
De las pruebas aportadas al expediente, se tiene que la
Gerente de Indemnizaciones de Positiva Compañía de Seguros S.A., en respuesta a
la solicitud de reconocimiento de sustitución pensional que elevara la
accionante, mediante comunicación Nº 14200 de diciembre 23 de 2013, señaló:
“Así las cosas, se verifica
que existen documentos por parte de las señoras Lilia Elizabeth Díaz Morales y
Elda Marina Lizarazo de Correa que dan cuenta de la relación de convivencia con
el causante, dirigidas a radicar en cabeza de las mismas la calidad de
beneficiarias de la prestación, sin embargo como quiera que esta Compañía no
tiene competencia para establecer el mejor derecho que pudiera existir entre
las dos, se requiere que la justicia ordinaria determine quién y en qué
porcentaje le corresponde la prestación.
Por tanto, al no estar
claros los periodos de convivencia y la calidad de las beneficiarias, no puede
esta dependencia extender los efectos jurídicos de la prestación a ninguna de
las dos, ya que deberán acudir a la Justicia Ordinaria con el fin de que sea un
Juez de la República, quien determine, analizando los términos de convivencia y
las pruebas, quien tiene vocación y en qué proporción para ser beneficiaria de
la prestación, ya que esta Gerencia de Indemnizaciones no goza de jurisdicción
ni competencia para determinar a cuál de las compañeras le corresponde de
manera definitiva la prestación.
(…)
Que de acuerdo con la normatividad, el menor solicitante hijo del causante
tiene derecho al reconocimiento de la Pensión de Sustitución, en un monto
equivalente al 50% del valor de la mesada pensional que recibía el pensionado y
que para el 2013 es de $361.826, a partir del día siguiente al fallecimiento
que para el caso que nos ocupa es el 24/10/2013 y con retroactivo hasta el
30/12/2013, para ingreso a la nómina de enero de 2014”.[43]
Como se advierte de la lectura de la comunicación
transcrita, Positiva Compañía de Seguros S.A. para negar el reconocimiento de
la prestación, simplemente se limitó a asegurar que no están claros los
periodos de convivencia ni la calidad de beneficiaria, sin siquiera hacer
referencia a los extremos temporales que le generan duda ni las razones por las
cuales considera que la señora Lizarazo no tiene la calidad de beneficiaria.
La Sala recuerda que la accionante para acceder al
reconocimiento de la pensión sustitutiva en calidad de cónyuge supérstite,
existiendo una compañera permanente, requería, conforme al inciso final del
literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, demostrar la convivencia con
su fallecido esposo durante al menos cinco años en cualquier tiempo, tal y como
se estudió en la parte dogmática de la presente decisión.
En esta oportunidad, la Sala constata que contrario a la
lacónica respuesta de la entidad accionada, de la documentación aportada al
expediente, misma que fue presentada ante Positiva Compañía de Seguros S.A., se
encuentra acreditado el tiempo de convivencia con el causante y la calidad de
beneficiaria en cabeza de la señora Lizarazo de Correa.
En efecto, examinado el registro civil de matrimonio junto
a las declaraciones extrajuicio, se advierte que la señora Elda Lizarazo
contrajo matrimonio con el señor Alfonso Correa el 25 de junio de 1966 y desde
ese día convivió con su esposo hasta el mes de junio de 1998, cuando decidieron
separarse de hecho, sin que haya habido divorcio ni liquidación de la sociedad
conyugal.
Mediante las declaraciones extrajuicio realizadas ante
notario, los señores Antonio María Cobos Navarrete y Mariela Cruz de Cobos,
coinciden en manifestar que conocen desde hace 42 años, de
vista, trato y comunicación, a su vecina Elda Marina Lizarazo. Asimismo,
aseguran que en razón de tal conocimiento, saben y les consta que el señor
Correa Ayala y la señora Lizarazo de Correa “estuvieron casados, conviviendo
desde el día de su matrimonio el 25 de junio del año 1966 hasta el año de 1998,
tiempo en que compartieron techo, lecho y mesa, de forma continua e
ininterrumpida, hasta la fecha de su separación en el año de 1998 (…) De su
matrimonio tuvieron cinco hijos hoy en día todos mayores de edad”.
Por su parte, la accionante declaró bajo
la gravedad de juramento ante notario, en los siguientes términos: “conviví en unión matrimonial en una misma residencia
de manera continua e ininterrumpida, con mi esposo Alfonso Correa Ayala, quien
se identificó con la cédula de ciudadanía (…) desde nuestro matrimonio
celebrado por los ritos de la iglesia católica, el 25 de junio de 1966, hasta
el mes de junio de 1998, fecha en la cual nos separamos de hecho y que de esta
unión procreamos cinco hijos de nombres: Nubia Esperanza, Oscar, Carlos
Alberto, Leydi Viviana y Nelsy Alejandra Correa Lizarazo, quienes son mayores
de edad (…) Que no percibo rentas, salarios ni pensiones por parte de entidad
alguna, dependía económicamente de mi fallecido esposo” .[44]
Como se desprende de las pruebas
precedentes y de lo manifestado en la demanda, para la Sala resulta claro que la accionante, en los términos del
inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, le corresponde
en calidad de cónyuge supérstite, una cuota parte de la pensión sustitutiva, en
un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante, en la medida de
que durante el tiempo en que el señor Correa Ayala convivió con su
compañera permanente, se encontraba vigente la unión conyugal con la señora
Lizarazo, de quien sólo se había separado de hecho.
Así las cosas, la negativa de Positiva
Compañía de Seguros S.A. de reconocer a la accionante la sustitución pensional,
pese a cumplir con los requisitos legales y jurisprudenciales para ello, supone
una infracción a los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, a la protección especial de las personas de la tercera edad y a la
dignidad humana, en cabeza de la misma.
No debe olvidarse que la actora, como se
precisó en el análisis sobre la procedibilidad formal de la acción, demanda con
apremio los recursos de la mesada pensional que le corresponden, para procurar
su sustento y tener garantizada una subsistencia autónoma digna, habida
consideración de su avanzada edad y las graves afectaciones en su salud. Debe
una vez más destacarse que la señora Lizarazo se encuentra clasificada en el nivel 1 del Sisben, evidenciándose
su precaria situación socio-económica y estado de vulnerabilidad.
En este orden, resultaría irrazonable pretender
que la accionante acuda ante la jurisdicción ordinaria en busca del
reconocimiento de la sustitución pensional a la que tiene derecho, exponiéndola
mientras tanto a la configuración de un perjuicio irremediable, el cual debe
ser prevenido a través de la acción de tutela.
De
esta manera, no resulta admisible que la señora Lizarazo de Correa esté
limitada para disfrutar del porcentaje de la prestación económica que le concierne,
que de ser percibida periódicamente, le permitiría sin duda alguna acceder a
los bienes y servicios mínimos que requiera para garantizar su procura
existencial, mientras la autoridad competente resuelve de forma definitiva
sobre su condición de beneficiaria de la sustitución pensional del señor Alfonso
Correa Ayala y la proporción de la mesada que le corresponde.
El amparo transitorio y no definitivo, obedece
a la dificultad de establecer mediante este procedimiento expedito y sumario,
los extremos temporales de convivencia del señor Correa Ayala con su compañera
permanente, señora Lilia Elizabeth Díaz, para así establecer con certeza la proporción
del derecho a la mesada pensional que le correspondería a la actora, conforme
al tiempo de convivencia con el causante, lo cual debe definir el juez
competente.
Al respecto, la Sala
advierte que la señora Lilia Elizabeth Díaz, al descorrer el traslado que se le
hiciera de la acción, informó al a-quo que actualmente adelanta “un
proceso ordinario de declaración de existencia de la unión marital de hecho,
sociedad patrimonial de hecho y su posterior liquidación, cuyo conocimiento se encuentra
radicado en el Juzgado 10 de Familia de Bogotá D.C., bajo el Nº 2014-00251”,
teniendo “como partes demandadas los herederos determinados e indeterminados
de Alfonso Correa Ayala”, donde supuestamente también se ventila el derecho
al reconocimiento de la sustitución pensional.[45]
Por su parte, en sede de
revisión, la accionante manifestó a la Sala “en cuanto a la demanda
administrativa impetrada [nulidad y restablecimiento del derecho] en contra de
Colpensiones y Positiva S.A., me permito informar que mediante proveído del 15
de septiembre de 2015, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión Mixto
del Circuito Judicial de San Gil, la remitió por competencia por factor
territorial a los Juzgados Administrativos Orales de la ciudad de Bogotá”,
anexando copia del auto mencionado.[46]
Así entonces, se evidencia
que tanto la señora Lizarazo como la señora Díaz ya pusieron en movimiento algunos
de los mecanismos ordinarios procedentes para definir lo que en derecho
corresponda respecto del reconocimiento de la sustitución pensional a la cual
aspiran, en particular sobre el porcentaje proporcional
al tiempo convivido con el señor Correa Ayala.
En todo caso, la protección transitoria que en esta
oportunidad se concederá exige establecer el porcentaje de la sustitución
pensional que deberá reconocérsele y pagársele a la señora Lizarazo de Correa
de forma provisional, hasta tanto las autoridades judiciales que conocen de las
respectivas demandas se pronuncien definitivamente al respecto.
Con este propósito, de acuerdo a lo corroborado en el
expediente, la Sala recuerda que la señora Elda Lizarazo contrajo matrimonio
con el señor Alfonso Correa en 1966 y desde entonces convivieron por espacio de
32 años, procreando 5 hijos y cuya sociedad conyugal está vigente. Igualmente,
la accionante aseguró depender económicamente del señor Correa, quien le
suministraba hasta el día de su muerte los recursos necesarios para su
subsistencia.
Las anteriores circunstancias demuestran una convivencia
constante durante 32 años que, a juicio de la Sala, justifican reconocer
provisionalmente a la señora Lizarazo un porcentaje del 33% de la pensión que
en vida era recibida por el señor Correa Ayala, teniendo en cuenta que Positiva
Compañía de Seguros S.A., reconoció al menor hijo del causante el 50% del monto
de la pensión, sobre la cual no existió reparo alguno. No sobra destacar que el
porcentaje ahora otorgado de manera provisional, por basarse integralmente en
los mismos presupuestos fácticos y jurídicos, coincide con el reconocido recientemente
a la accionante por Colpensiones en la Resolución Nº VPB 59538 de septiembre 02
de 2015.[47]
Por todo lo anterior, la Sala ordenará a Positiva
Compañía de Seguros S.A., reconocer y pagar a la accionante el 33% de la prestación económica que devengaba el
señor Correa Ayala, como mecanismo transitorio, mientras se define lo
pertinente en las instancias judiciales del caso. Con relación al porcentaje
que eventualmente podría corresponder a la compañera permanente del señor Correa,
la Sala no emitirá pronunciamiento al respecto, pues sus derechos no son objeto
de debate en la presente acción, siendo la autoridad judicial competente
la que decida sobre el particular.
El amparo transitorio que aquí se concede producirá
efectos hasta que el juez competente defina la controversia sobre el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional del señor Alfonso Correa
Ayala en forma definitiva.  Para ello, la accionante deberá formular la demanda correspondiente contra Positiva Compañía de
Seguros S.A., si aún no lo ha hecho, dentro de los cuatro meses siguientes a la
fecha en que sea notificada de esta providencia, independientemente del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que interpusiera ante el
juez administrativo. Si no lo hace, los efectos de esta decisión expirarán una
vez vencido dicho plazo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de abril de
dos mil quince (2015) por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa
Marta y, en su lugar, CONFIRMAR la sentencia dictada el dos (02) de
marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Único Civil del Circuito de El
Banco, en tanto concedió la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad
social, a la dignidad humana y al mínimo vital de las personas de la tercera
edad, de la señora Gloria Rangel de Rodríguez (T-5076936), de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Nº 001263 de noviembre 07 de 2014, proferida por la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones -Caprecom-, en tanto negó la pensión
sustitutiva que reclamó la señora Gloria Rangel de Rodríguez. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales -UGPP-, por asumir la función pensional de Telecom,
administrada por Caprecom, reconocer y pagar a la señora Gloria Rangel de
Rodríguez, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, el 50% de la prestación económica que devengaba el señor Jesús Rodríguez
Eljadue, como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente define
la controversia sobre el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional en forma definitiva.
Tercero.- ADVERTIR a la señora Gloria Rangel de Rodríguez que los efectos
de esta sentencia se mantendrán únicamente mientras las autoridades judiciales
competentes deciden en forma definitiva sobre su solicitud, por lo cual debe
interponer la demanda correspondiente, si no lo ha hecho todavía, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que sea notificada de esta
providencia. Si vence este plazo sin que se promueva la acción judicial
correspondiente, expirarán los efectos de esta decisión.
Cuarto.- REVOCAR las sentencias proferidas
el siete (07) de mayo de dos mil quince (2015), por el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de San Gil, en primera instancia, y el cuatro (04) de
junio de dos mil quince (2015), por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior de San Gil, en segunda instancia, en tanto declararon improcedente la acción de tutela
formulada por la señora Elda Marina Lizarazo de Correa (T-5082005).
Quinto.- DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la
Administradora Nacional de Pensiones –Colpensiones-, conforme a la parte motiva
de esta providencia.
Sexto.- CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital de las personas de la tercera edad y a la
dignidad humana de la señora Elda Marina Lizarazo de Correa (T-5082005), respecto de Positiva Compañía de
Seguros S.A., de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
Séptimo.- ORDENAR a Positiva Compañía de Seguros S.A., reconocer y pagar a la señora Elda Marina
Lizarazo de Correa, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, el
33% de la prestación económica que devengaba el señor Alfonso Correa Ayala,
como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente define la controversia sobre el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional en forma definitiva.
Octavo.- ADVERTIR a la señora Elda Marina Lizarazo de Correa que los
efectos de esta sentencia se mantendrán únicamente mientras las autoridades
judiciales competentes deciden en forma definitiva sobre su solicitud, por lo
cual debe interponer la demanda correspondiente contra Positiva Compañía de
Seguros S.A., si no lo ha hecho todavía, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha en que sea notificada de esta providencia,
independientemente del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que cursa ante el juez administrativo. Si no lo hace, los efectos de
esta decisión expirarán una vez vencido dicho plazo.
Noveno.-
Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (e)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1]
Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, en este aparte la Sala
reproducirá la jurisprudencia sobre la materia, trazada en sentencia T-142/13
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[2]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[3] Sobre la figura del perjuicio irremediable
y sus características, la Corte, en sentencia T-786/08 (M.P. Manuel José
Cepeda) expresó: “Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia,
por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza
que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.”. En un sentido semejante pueden
consultarse las sentencias T-225/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-544/01
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1316/01 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes),
T-983/01 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
[4]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[5]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[6]
Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, en este aparte la Sala
reproducirá la jurisprudencia sobre la materia, trazada en sentencia T-875/14
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[7] Ley
100 de 1993, artículo 10.
[8] Cfr.
Sentencias C-1176/01 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y C-1094/03
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[9] Cfr. Sentencia
T-868/11 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[10] El
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en efecto, solo exige al cónyuge o compañera o compañero permanente supérstite acreditar su
convivencia con el causante en aquellos casos en que “la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado”. Tal exigencia no opera,
por lo tanto, cuando el causante de la prestación era un afiliado al sistema.
[11] “Si respecto de un pensionado hubiese un compañero
o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal
no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos
(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.
[12] “En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”. La Sentencia C-1035 de 2008 condicionó tal
disposición a que se entendiera que, en caso de convivencia simultánea, la
pensión se dividiría entre el cónyuge y el compañero permanente, de forma
proporcional al tiempo en que cada uno convivió con el causante.
[13] “Si no existe convivencia simultánea y se
mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte
de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
[14] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[15] El
Consejo de Estado ya había cuestionado, en 2007, que los casos de convivencia
simultánea del causante con su cónyuge y su compañero o compañera permanente
dentro de los cinco años anteriores a la muerte del primero debieran resolverse
a favor del esposo o la esposa del afiliado. Así, aplicando criterios de
justicia y equidad, ordenó distribuir en partes iguales una pensión de
sobrevivientes entre la esposa y la compañera permanente de un pensionado de la
Policía Nacional que había convivido con ellas simultáneamente durante los
cinco años anteriores a su muerte.
[16]
Los conflictos pensionales que se presenten entre el cónyuge y el compañero
permanente de pensionados
fallecidos antes del 7 de julio de 1991 cuyas sustituciones pensionales se
rigieran por normas dictadas en vigencia de la Constitución de 1886
deben resolverse bajo esa misma perspectiva. La Sentencia
T-110 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) advirtió que, en esos casos, la
Carta de 1991 se aplica retrospectivamente, para asegurar que los compañeros permanentes se beneficien de la
igualdad de trato que el nuevo marco constitucional les confiere a las familias
constituidas por vínculos naturales o jurídicos.
[17]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[18] La Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia rectificó
su jurisprudencia sobre la materia en los siguientes términos: “Es indudable que el
precepto en cuestión establece como condición que la convivencia «haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”; pero
un análisis de esa disposición legal, en su contexto, permite concluir que, de
la forma como está redactada, ese requisito se predica respecto de la compañera
o del compañero permanente, mas no del cónyuge porque, con claridad, no se
refiere a éste sino a aquéllos, ya que está escrita, en la parte que interesa,
en los siguientes términos: “…la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”. Para
la Corte no tendría ningún sentido y, por el contrario, seria carente de toda
lógica, que al tiempo que el legislador consagra un derecho para quien
“mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho”, se le exigiera
a esa misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del
causante; porque es apenas obvio que, cuando se alude a la separación de hecho,
sin lugar a hesitación se parte del supuesto de que no hay convivencia, ya que
en eso consiste la separación de hecho: en la ruptura de la convivencia, de la
vida en común entre los cónyuges. Sin embargo, debe la Corte precisar
que, siendo la convivencia el fundamento esencial del derecho a la
prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida en común
con el causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues
de no entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del derecho
que, se insiste, es la comunidad de vida; al paso que se establecería una
discriminación en el trato dado a los beneficiarios, sin ninguna razón objetiva
que la justifique, pues, como se ha visto, al compañero o a la compañera
permanente se le exige ese término de convivencia, que es el que el legislador,
dentro del poder que tiene de configuración del derecho prestacional, ha
considerado que es el demostrativo de que la convivencia de la pareja es sólida
y tiene vocación de permanencia, de tal suerte que da origen a la protección
del Sistema de Seguridad Social.” (Radicado 40055, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza,
29 de noviembre de 2011).
[19]
Sobre el particular pueden revisarse las sentencias T-217 de 2012 (M.P. Nilson
Pinilla); T-278 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T-641 de 2014 (M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez).
[20] Al respecto puede revisarse, por ejemplo, la
sentencia T-197 de 2010 (M.P. María Victoria Calle).
[21] Ley 1204 de 2008, artículo 6°. “En caso de
controversia suscitada entre los beneficiarios por el derecho a acceder a la
pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera: Si la controversia
radica entre cónyuges y compañera (o) permanente, y no versa sobre los hijos,
se procederá reconociéndole a estos el 50% del valor de la pensión, dividido
por partes iguales entre el número de hijos comprendidos. El 50% restante,
quedará pendiente de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción
correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea
cónyuge o compañero (a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de
convivencia ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan.
Si no existieren hijos, el total de la pensión quedará en suspenso hasta que la
jurisdicción correspondiente dirima el conflicto. (…)”.
[22] Folio
3 del cuaderno de primera instancia.
[23] Folio
74 del cuaderno de primera instancia.
[24] Folios
29 a 61 del cuaderno de primera instancia.
[25]
Artículo 9: “No será necesario interponer previamente la reposición u otro
recurso administrativo para presentar la solicitud de tutela. El interesado
podrá interponer los recursos administrativos, sin perjuicio de que ejerza
directamente en cualquier momento la acción de tutela.
El ejercicio de
la acción de tutela no exime de la obligación de agotar la vía gubernativa para
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”
[26] Folios
20 y 21 del cuaderno de primera instancia.
[27] Folio
62 del cuaderno de primera instancia.
[28]
Folio 24 del cuaderno de primera instancia.
[29] Folio
12 del cuaderno de primera instancia.
[30] Folio
13 del cuaderno de primera instancia.
[31] Folios
62 a 64 del cuaderno de primera instancia.
[32] M.P.
Humberto Sierra Porto.
[33]
http://www.ugpp.gov.co/pensiones/resumen-de-entidades-recibidas.html
[34] Los adultos mayores o personas de la
tercera edad son aquellas que cuentan con más de 60 años, de acuerdo con el
art. 2º de la ley 1251 de 2008 y el artículo 7° de la ley 1276 de 2009.
[35] Folio
62 del cuaderno de primera instancia.
[36] Folio
28 del cuaderno de primera instancia.
[37] Folios
53 a 56 del cuaderno de primera instancia.
[38] Folio
131 del cuaderno de primera instancia.
[39] Folio
110 del cuaderno de primera instancia.
[40] Ante la avanzada edad de la accionante, su
disminuida condición física propia de la edad y su precaria condición
económica, no se puede reclamar de ella la misma diligencia que se exige de
sujetos que no se encuentran en esa situación, por lo que no podría evaluarse
con la misma rigurosidad la necesidad del agotamiento de la vía dispuesta por
la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa para que materialicen
sus reclamos.
[41] Folios
13 a 27 del cuaderno de revisión.
[42]
Sentencia T- 957 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[43] Folios
67 a 71 del cuaderno de primera instancia.
[44] Folio
64 y 99 del cuaderno de primera instancia.
[45] Folio
202 del cuaderno de primera instancia.
[46] Folios
14, 33, 34 y 33 del cuaderno de revisión.
[47] Teniendo
en cuenta el carácter de pensión compartida entre Colpensiones y Positiva S.A.,
la accionante, alentada por el reciente reconocimiento que finalmente le
hiciera la primera, nuevamente elevó petición a Positiva Compañía de Seguros
S.A., con el fin de que se reconociera la sustitución pensional, en los mismos
términos en que lo hiciera Colpensiones, quien si encontró acreditados los
requisitos legales. No obstante, la Gerente de Indemnizaciones de Positiva
S.A., a través de comunicación Nº 14200 de octubre 07 de 2015, persistió en
negar el reconocimiento, aduciendo que “Positiva Compañía de Seguros S.A.,
es una entidad diferente a Colpensiones para lo cual no es obligante adoptar el
criterio emitido por Colpensiones en sus actos administrativos, para el caso
que nos aplica la Resolución VPB-59538 de septiembre 2 de 2015” (Folios
30 a 32 del cuaderno de revisión).