T-087-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-087/08
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA-Suministro
de medicamento excluido del POS y práctica de examen
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA-Requisitos
para ordenar tratamientos o medicamentos excluidos del POS
Sobre el
reclamo de los medicamentos y la atención general en salud pretendidos por la
parte actora, resulta condición inexorable para el efecto, la demostración de
que se hallen cumplidas facticamente las condiciones exigidas por la Corte
Constitucional y que se refieren, repite la Sala, a: i) la falta del
tratamiento vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad física
de quien lo requiere; ii) ese tratamiento no puede ser sustituido por otro que
se encuentre incluido en el POS; iii) el tratamiento o medicamento ha sido
prescrito por un médico adscrito a la E.P.S. a la cual se está solicitando el
tratamiento; y iv) el interesado no puede directamente costear el tratamiento y
no puede acceder a éste por otro plan distinto que lo beneficie. En relación al
análisis que en sede de revisión merece la solicitud del señor, en el sentido
de que se le ordene a la entidad enjuiciada la atención más especializada y el
suministro de drogas, fisioterápias, y todo lo relacionado con su salud y
recuperación integral en forma gratuita, resulta condición inexorable la
satisfacción de los presupuestos arriba relacionados, no sin antes precisar,
para destacar, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el juez de
tutela no puede ordenar a una EPS del régimen contributivo o subsidiado, la
autorización, práctica o suministro de un servicio médico a partir de simples
suposiciones sobre hechos indeterminados o con el fin de prevenir hipotéticas
vulneraciones de derechos fundamentales. Por tanto, y de haber lugar a ello, se
limitará la Corte a realizar las ordenaciones pertinentes, pero siempre,
teniendo en consideración las prescripciones del médico tratante.
INCAPACIDAD ECONOMICA EN MATERIA DE SALUD-Afirmación en cuanto a no poder sufragar costo de medicamento
En lo relativo al requisito de la prueba de la incapacidad
económica, en verdad, también se halla colmado. En efecto, es clara la
manifestación que se hace a la solicitud de que el tratamiento y medicamentos
requeridos, se suministren de FORMA GRATUITA, lo que denota la carencia o
insuficiencia de recursos para asumir los costos correspondientes. Dicha indicación supone, una negación indefinida, la cual está exenta de
prueba de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
Referencia: expediente T-1741629
Acción de tutela interpuesta por Jorge Esteban Vivas Navarro contra
Coomeva EPS.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil ocho (2008)
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME
ARAÚJO RENTERÍA, MANUEL JOSÉ CEPEDA y JAIME CORDOBA TRIVIÑO, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
que pone fin al
trámite de revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Cali de 28 de mayo de 2007, dentro de la Acción de Tutela
seguida por Jorge Esteban Vivas Navarro  contra Coomeva EPS
I. LOS
ANTECEDENTES.
Funda la parte
actora, el petitum de su escrito tutelar en los hechos que a continuación se
sintetizan:
1. Los
hechos.
Informa el
accionante que cuenta con 58 años de edad y que se encuentra afiliado hace
varios años al sistema de seguridad social en salud a través de la EPS Coomeva.
Indica que
actualmente sufre de varias enfermedades, entre ellas: DIABETES, INSUFICIENCIA
RENAL CRONICA, LESION EN RODILLA DERECHA, ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA Y
DEBILITAMIENTO DEL CORAZÓN, RETINOPATÍA DIABÉTICA EN AMBOS OJOS Y HEPATITIS
“C”.
Por tal razón,
en febrero de 2007 le ordenó la EPS demandada un examen para la HEPATITIS “C”
llamado Carga Viral, pero ha habido una negativa de la entidad a realizar dicho
examen, en consideración a que no figura dentro del POS.
2. Las
pretensiones.
El actor presentó recurso de amparo
solicitando la protección de su derecho fundamental a la salud, conexo con la
vida. Así mismo y como corolario de lo anterior requiere que se conmine a Coomeva
EPS, para que ordene la atención más especializada y el suministro de drogas,
fisioterápias, y todo lo relacionado con su salud y recuperación integral en forma
gratuita y poder hacerle frente a las enfermedades que arriba se relacionan. Lo
anterior, sin perjuicio de que Coomeva EPS repita contra el Fosyga.
3. La
intervención de la entidad accionada.
En respuesta a
lo ordenado por el Juzgado de la Causa, luego de admitir la acción de tutela de
la referencia mediante proveído de mayo 28 de 2007 de 2.005, Coomeva EPS, por
intermedio de la Analista Regional Sur-Occidente, descorrió el traslado argumentando
que, de acuerdo con lo señalado por el área de autorizaciones médicas y
teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley 100 de 1993 y el decreto 806 de 1998,
la carga viral para la hepatitis C que requiere el accionante no puede ser
autorizado por cuanto no se encuentra en el Manual de actividades,
procedimientos e intervenciones del Plan Obligatorio de Salud, de suerte que es
directamente al usuario a quien le corresponde asumir los costos.
Respecto al
medio de contraste que se debe utilizar para la práctica del examen de
GAMOGRAFIA, afirma que este se autorizará al usuario siempre y cuando se
encuentre incluido en el Acuerdo 228 de 2002.
En todo caso,
solicita dicha entidad que en caso de proferirse una sentencia desfavorable a
los argumentos de su defensa, autorice a Coomeva realizar el respectivo recobro
para que el Fondo de Solidaridad y Garantía cancele a Coomeva EPS el costo del
100% de la carga viral para Hepatitis C excluido del POS.
4. Intervención
de las entidades vinculadas.
En el auto que
avocó conocimiento del caso, se dispuso la citación oficiosa del Fondo de
Solidaridad y Garantía (FOSYGA) y del Ministerio de la Protección Social.
Solamente, descorrió traslado el Ministerio, por intermedio de la Jefe de la
Oficina Jurídica.
Manifestó en el
escrito de defensa que el examen de CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C, no está
descrito en la clasificación de procedimientos en salud, por lo que debe darse
aplicación a lo que al respecto dispone el artículo 28 del Decreto 806 de 1988.
Por
consiguiente, solamente está obligado el afiliado a asumir el costo del
tratamiento no incluido en el POS y según su capacidad de pago.
Informa,
también, que según la normativa consagrada en la ley 715 de 2001, corresponde
al Departamento financiar con recursos propios la prestación de servicios de
salud para la población pobre en lo no cubierto con subsidios y que además es
ese ente territorial el responsable de organizar, dirigir, coordinar y
administrar la red de instituciones prestadoras de servicios de Salud Pública
en el Departamento.
Finalmente y con
relación al tratamiento integral que reclama la accionante, señala el
Ministerio que se hace necesario que el médico tratante precise lo requerido
por el paciente para que, con base en eso determinar si se encuentra o no
incluido dentro del POS.
Por su parte, el
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) nada dijo para oponerse o allanarse a
las súplicas del escrito tutelar.
II. DECISION
JUDICIAL QUE SE REVISA.
1.- El Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali, mediante sentencia de 28
de mayo de 2007, resolvió TUTELAR los derechos esgrimidos como violados por el
señor Vivas Navarro, disponiéndose la entrega del medicamento ordenado por el
médico tratante denominado DIOVAN X 320 MG 100 MG y la consiguiente
autorización a la EPS para repetir contra el FOSYGA.
Fundamentó el
Órgano Judicial de instancia su decisión, luego de hacer un análisis sobre la
naturaleza constitucional del derecho a la salud y de realizar la verificación
relativa a que el medicamento reclamado fue ordenado por el médico tratante.
Igualmente,
consideró el Juzgado de Conocimiento que, según la evaluación de la situación económica
del afiliado, este no cuenta con los medios suficientes para sufragar el costo
de la droga por esta vía reclamada.
III. LAS
PRUEBAS RELEVANTES QUE SE ARRIMARON A LA ACTUACIÓN.
Se tuvieron como tales las siguientes:
a.)  Copia de la cédula de ciudadanía y del documento de afiliación a
Coomeva EPS. (folio 8).
b.)  Copia de la historia clínica (folio 9-21).
c.)
Copia de la orden para la realización del examen
de CARGA VIRAL HEPATITIS C. (Folio 9).
d.)  Copia de la solicitud del servicio para el examen de CARGA VIRAL
(Folio 10).
IV. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. La
competencia.
De conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales mencionadas en precedencia.
2. El asunto
bajo revisión.
En el caso sub lite, el señor
Jorge Esteban Vivas Navarro, presentó recurso de amparo solicitando la
protección de su derecho fundamental a la salud, conexo con la vida. Así mismo
y como corolario de lo anterior requiere que se conmine a Coomeva EPS, para que
ordene la atención más especializada y el suministro de drogas, fisioterápias,
y todo lo relacionado con su salud y recuperación integral en forma gratuita y
poder hacerle frente a las enfermedades que arriba se relacionan. Lo anterior,
sin perjuicio de que Coomeva EPS repita contra el Fosyga.
Habida cuenta de
lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala expondrá:
(i) la naturaleza del derecho a la salud y su protección constitucional; (ii)
las condiciones para exigir el suministro de medicamentos por fuera del Plan
Obligatorio de Salud (POS). Reiteración de Jurisprudencia. (iii) Por último se
referirá la Corte al caso concreto y determinará así, si existió o no violación
de alguna de las garantías fundamentales alegadas por el accionante.
3. Naturaleza
del derecho a la salud y su protección constitucional.
En principio, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad
social son derechos prestacionales propiamente dichos, que para su efectividad
requieren normas presupuestales, procedimiento y organización, que viabilizan y
optimizan la eficacia del servicio público y que sirven además para mantener el
equilibrio del sistema. Son protegidos, -debe insistirse-, como derechos
fundamentales, o cuando como consecuencia de su vulneración se atenten contra
derechos que sí tengan la categoría de tales.
En efecto, con relación a las mencionadas garantías, ambas de la
llamada segunda generación de los derechos humanos, ha dicho esta Corporación:
“El derecho social a la salud y a la
seguridad social, lo mismo que los demás derechos sociales, económicos y
culturales, se traducen en prestaciones a cargo del Estado, que asume como
función suya el encargo de procurar las condiciones materiales sin las cuales
el disfrute real tanto de la vida como de la libertad resultan utópicos o su
consagración puramente retórica. No obstante la afinidad sustancial y
teleológica que estos derechos mantienen con la vida y la libertad - como que a
través suyo la Constitución apoya, complementa y prosigue su función de
salvaguardar en el máximo grado tales valores superiores -, las exigencias que
de ellos surgen no pueden cumplirse al margen del proceso democrático y económico.[1]”
Recordemos que esta Corporación,[2] ha sido
reiterativa al afirmar que el ser humano necesita mantener ciertos niveles de
salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que cuando la presencia de
ciertas anomalías -aun cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos
niveles, se pone en peligro la dignidad personal, resulta válido pensar que el
paciente tiene derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio
a sus dolencias y buscar la posibilidad de una vida que  pueda llevarse con
dignidad.[3]
En desarrollo de lo arriba señalado, el numeral tercero del artículo
153 de la Ley 100 de 1993, consagra la protección integral en salud al
disponer:: “El sistema general de seguridad social en salud brindará
atención en salud integral a la población en sus fases de educación,
información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”.
A su vez, el
literal c) del artículo 156 ibídem señala que “Todos los afiliados al
sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan integral de
protección de la salud, con atención preventiva, médico quirúrgica y
medicamentos esenciales, que será denominado el plan obligatorio de salud.”
En este sentido,
el derecho a la salud y el derecho a la vida deben enmarcarse dentro del
contexto de dignidad humana que irradia todo el ordenamiento  constitucional,
por lo cual los riesgos contra la vida no pueden entenderse exclusivamente en
un estricto sentido formal. La jurisprudencia constitucional sobre este aspecto
ha determinado que la protección de la vida no responde a una definición
limitada a la idea restrictiva de peligro de muerte, que daría lugar al amparo
únicamente en el evento de encontrarse el individuo a punto de fenecer o de
perder una función orgánica de manera definitiva. Así, el concepto de vida
obedece a una idea más amplia que desborda la noción llana y limitada de la
simple existencia.
4.
Condiciones para exigir el tratamiento por fuera del Plan Obligatorio de Salud.
Reiteración de Jurisprudencia.
El Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud a través del Plan Obligatorio de Salud ha
establecido cuáles son los servicios de salud que deben prestar las Empresas
Promotoras de Salud (E.P.S.) a los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud por el Régimen Contributivo[4].
Así, en tanto
existen unos servicios a prestar, aparecen igualmente unas exclusiones y
limitaciones en la prestación de servicios médicos, las cuales por lo general
corresponden a “las actividades, procedimientos, intervenciones,
medicamentos y guías de atención integral que expresamente defina el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud, que no tengan por objeto contribuir al
diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; aquellos que sean
considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, o sean el resultado de
complicaciones de estos tratamientos o procedimientos”[5].
Sin embargo,
luego de advertirse la supremacía de la Constitución respecto de las demás
fuentes formales del derecho, se ha considerado la necesidad de aplicar
preferentemente las disposiciones superiores frente a la reglamentación que
excluye el tratamiento o medicamento requerido por el particular, para ordenar
que el mismo sea suministrado y evitar de ese modo que normas de naturaleza
legal o reglamentaria impidan el goce efectivo de garantías constitucionales y
de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad de las personas.
En tales
eventos, es preciso verificar que el medicamento o tratamiento excluido por la
reglamentación legal o administrativa, efectivamente amenace o vulnere los
derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad
personal del interesado[6], pues de todos modos no
se puede obligar a las Entidades Promotoras de Salud a asumir el costo de los
medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales
derechos[7].
Sobre esta base,
la jurisprudencia constitucional[8]ha exigido que se
configuren algunos presupuestos para proceder a la ordenación de drogas o
tratamientos excluidos del P.O.S. Tales requisitos son, al decir de la doctrina
de la Corte los siguientes:
“a. Que la falta del medicamento o
tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los
derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal
del interesado[9], pues no
se puede obligar a las Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto costo de
los medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales
derechos;
b. Que se trate de un medicamento o
tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan
Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el
mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel
de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente;
c. Que el paciente realmente no pueda
sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda
acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus
trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados, etc.).
d. Y, finalmente, que el medicamento o
tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora
de Salud a la cual se halle afiliado el demandante.[10]”.
5. Del caso
concreto.
5.1 En la materia que ocupa el análisis de la Sala, El actor presentó
acción de tutela solicitando la protección de su derecho fundamental a la
salud, conexo con la vida. Del mismo modo y como consecuencia de lo anterior
requiere que se conmine a Coomeva EPS, para que ordene la atención más
especializada y el suministro de drogas, fisioterápias, y todo lo relacionado
con su salud y recuperación integral en forma gratuita y poder hacerle frente a
las enfermedades que hoy padece como son: DIABETES, INSUFICIENCIA RENAL
CRONICA, LESION EN RODILLA DERECHA, ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA Y
DEBILITAMIENTO DEL CORAZÓN, RETINOPATÍA DIABÉTICA EN AMBOS OJOS Y HEPATITIS
“C”.
Frente a la
tutela por esas razones pretendida, el Juez de primera instancia concedió el
amparo deprecado disponiéndose exclusivamente la entrega del medicamento
ordenado por el médico tratante denominado DIOVAN X 320 MG 100 MG.
5.2 Pues bien, sobre el reclamo de los medicamentos y la atención
general en salud pretendidos por la parte actora, resulta condición inexorable
para el efecto, la demostración de que se hallen cumplidas facticamente las
condiciones exigidas por la Corte Constitucional y que se refieren, repite la
Sala, a: i) la falta del tratamiento vulnera o amenaza los derechos a la
vida y a la integridad física de quien lo requiere; ii) ese tratamiento
no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el POS; iii) el
tratamiento o medicamento ha sido prescrito por un médico adscrito a la E.P.S.
a la cual se está solicitando el tratamiento; y iv) el interesado no puede
directamente costear el tratamiento y no puede acceder a éste por otro plan
distinto que lo beneficie.
5.3 En relación al análisis que en sede de revisión merece la solicitud
del señor Jorge Esteban Vivas, en el sentido de que se le ordene a la entidad
enjuiciada  la atención más especializada y el suministro de drogas,
fisioterápias, y todo lo relacionado con su salud y recuperación integral en
forma gratuita, resulta condición inexorable la satisfacción de los
presupuestos arriba relacionados, no sin antes precisar, para destacar, que  de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela no puede
ordenar a una EPS del régimen contributivo o subsidiado, la autorización,
práctica o suministro de un servicio médico a partir de simples suposiciones
sobre hechos indeterminados o con el fin de prevenir hipotéticas vulneraciones
de derechos fundamentales. Por tanto, y de haber lugar a ello, se limitará la
Corte a realizar las ordenaciones pertinentes, pero siempre, teniendo en
consideración las prescripciones del médico tratante.
Veamos:
De los primeros
dos requisitos, en verdad es evidente, el deplorable estado de salud en que se
halla el actor, para lo cual basta ver su cuadro clínico, en donde, como se
dijo en líneas anteriores padece actualmente de: DIABETES, INSUFICIENCIA RENAL
CRONICA, LESION EN RODILLA DERECHA, ENFERMEDAD CORONARIA SEVERA Y
DEBILITAMIENTO DEL CORAZÓN, RETINOPATÍA DIABÉTICA EN AMBOS OJOS Y HEPATITIS
“C”.
La sumatoria de
todos estos padecimientos, ubica al señor Vivas Navarro en una condición médica
de alto riesgo que coloca sin asomo de dubitación en peligro los derechos del
actor a la salud, integridad física y vida, haciéndose perentorio el suministro
de las drogas exigidas en la acción de tutela y que además fueron ordenadas por
el facultativo adscrito a la EPS.
Del tercer requisito,
ha de decirse aquí que la ordenación prescrita por el médico tratante, resulta de
fundamental importancia pues la medicina prescrita por el galeno constituye la
herramienta adecuada para evitar una seria amenaza contra la vida, la salud  y
la integridad del enfermo; no de otra forma se explica la intervención del
galeno. Recordemos que para ello, el artículo 26 de la Carta estableció la
discrecionalidad del Legislador para exigir títulos de idoneidad, situación que
apenas brota como natural tratándose de los profesionales a quienes les
corresponde el cuidado de la salud y en general sobre quienes recae la
obligación de hacerles frente a las contingencias  respecto a la enfermedad, la
vejez y la muerte.
El literal 11
del artículo 4º del decreto 1938 de 1994, por virtud del cual se establecen los
lineamientos del Plan de Atención Básica en salud, define el tratamiento como
“todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a
modificar, aminorar o hacer desaparecer los efectos inmediatos o mediatos de la
enfermedad que alteran el normal funcionamiento laboral, familiar, individual y
social del individuo”.
Así, con
relación a la necesidad de que el tratamiento o en general cualquier asistencia
que requiera el paciente, la ordene el médico tratante adscrito a la EPS, por
ser el indicado y el legalmente legitimado para el efecto, ha sido ello un
punto pacífico en la jurisprudencia constitucional, como lo demuestra un
recorrido por los pronunciamientos de esta Corporación.
El médico tratante, ha entendido este Tribunal, es el
profesional vinculado a la respectiva EPS que examine como médico general o
como médico especialista al respectivo paciente. De no provenir la prescripción
del galeno que tenga esa calidad, el juez de tutela no puede dar órdenes a la
EPS encaminadas a la entrega de medicamentos o la realización de tratamientos
determinados por médicos particulares.[11]
En este caso,
fácilmente puede colegirse que el tratamiento implorado por el actor no
proviene de su capricho o de la prescripción de un profesional de la salud
distinto al adscrito a la EPS. La claridad que frente a este presupuesto indicó
el fallador de la instancia efectivamente se aviene a la realidad fáctica que
reposa en la actuación.
En efecto,  obra
nítidamente en el expediente el concepto favorable del médico tratante adscrito
a la EPS Coomeva (folios 9 y 11) ordenando la entrega de los medicamentos y la
práctica del examen carga viral requeridos por el accionante.
Finalmente, y en lo relativo al requisito de la prueba de la
incapacidad económica, en verdad, también se halla colmado. En efecto, es clara
la manifestación  que se hace a la solicitud de que el tratamiento y
medicamentos requeridos, se suministren de FORMA GRATUITA, lo que denota la
carencia o insuficiencia de recursos para asumir los costos correspondientes.
Dicha indicación supone,  una negación
indefinida, la cual está exenta de prueba de conformidad con el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil.
Bastaba entonces con dicha afirmación, pues como lo ha dicho esta
Corte "(…) la prueba de la incapacidad no es taxativa y puede darse
bajo la modalidad de declaración indefinida, pues de lo contrario tal prueba
podría convertirse en muchos casos, en una resurrección de la prueba diabólica,
negándole así el acceso a los interesados.”[12]
Aún más, no hay tampoco en el plenario oposición de ninguna clase a
dicha circunstancia (la prueba de la incapacidad económica), en pieza procesal
alguna, por cuanto, la entidad accionada nada dijo para controvertir su dicho.
Habida cuenta de lo anterior habrá de ratificarse el pronunciamiento
del fallo de instancia pero, con la adición que la orden que aquí concede la
acción de  de tutela, no se limita a la entrega del medicamento ordenado por el
médico tratante denominado DIOVAN X 320 MG 100 MG y la consiguiente
autorización de la EPS para repetir contra el FOSYGA. También se ordenará que
se practique al accionante el examen denominado “CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C”,
según se señaló en el concepto del médico tratante (folio 9).
5.4 En
virtud de lo hasta aquí dicho, dispondrá la Sala confirmar la sentencia de mayo
28 de 2007, dictada por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali y en la cual
se concedió el recurso de amparo formulado por Jorge Esteban Vivas Navarro contra
Coomeva EPS. No obstante, se adicionará el fallo en el numeral segundo para que
también se practique al señor Jorge Esteban Vivas Navarro el examen para “CARGA
VIRAL PARA HEPATITIS C”, y respecto del siguiente numeral igualmente se
adicionará señalando que Coomeva EPS, en el caso concreto, podrá repetir contra
el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) por las sumas de dinero que legal y
reglamentariamente no sean de su cargo.
V. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR
la sentencia de mayo 28 de 2007, proferida por el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Cali, con la ADICIÓN  de que se practique también al señor
Jorge Esteban Vivas Navarro el examen para “CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C”, según
se señaló en el concepto del médico tratante obrante a folio 9 del expediente.
Y respecto del siguiente numeral, igualmente se ADICIONARÁ señalando que
Coomeva EPS, en el caso concreto podrá repetir contra el Fondo de Solidaridad y
Garantía (Fosyga) por las sumas de dinero que legal y reglamentariamente no
sean de su cargo.
SEGUNDO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
SU- 111/97, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2]
Ver, sentencia T- 949 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[3]
Ver, sentencia T- 224 de 1997, M.P. Carlos Gaviria
Díaz, reiterada posteriormente en la sentencia T-722 de 2001, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[4] Ver, sentencia T-1120 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[5] Artículo 86 del Decreto 806 de 1998.
[6] Ver, sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[7] Ver, sentencia T-757/98, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[8] Ver, sentencia
T-1204/00, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[9]
Sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[10]    Sentencia T-406 de 2001.
[11]
Sentencia T-740 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[12] Sentencia T – 819 de 2003,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.