T-560-11
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia T-560/11
Referencia: expediente T-2998762.
Acción de tutela instaurada por la señora María del
Socorro Vallejo Calvo, en representación de su hijo Cristian Mauricio Mora
Vallejo, contra la Policía Nacional, Dirección de Sanidad.
Procedencia: Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Villavicencio.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA.
Bogotá, D. C,
catorce (14) de julio dos mil once (2011).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra
Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En
la revisión del fallo no recurrido, dictado en única instancia por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Villavicencio, dentro de la acción de tutela
instaurada por la señora María del Socorro Vallejo Calvo, a nombre de su hijo
Cristian Mauricio Mora Vallejo, nacido en junio 10 de 1991 (f. 7 cd. inicial), contra
la Policía Nacional, Dirección de Sanidad.
El
asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado Juzgado,
en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991; la Sala
de Selección Nº 3 de la Corte, en marzo 31 de 2011, lo eligió para su revisión.
I.
ANTECEDENTES.
La demandante,
que manifiesta actuar en representación de su hijo Cristian Mauricio Mora
Vallejo, quien también suscribe la demanda, interpuso el 14 de febrero de 2011
acción de tutela contra la Policía Nacional, Dirección de Sanidad, por
considerar que esa entidad ha vulnerado sus derechos fundamentales “a la
vida en conexidad con la salud”,  por los hechos que a continuación son
resumidos.
A.
Hechos y relato efectuado por la parte demandante.
1.
En la demanda se afirma que Cristian Mauricio Mora Vallejo ingresó a la Escuela
de Policía Eduardo Cuevas de Villavicencio, a prestar el servicio militar
obligatorio en agosto 15 de 2009 (f. 1 cd. inicial).
2.
En noviembre del mismo año, fue destinado “al Departamento de Policía  Vaupés,
a la Estación de Policía Carurú”, y a partir del 2 de abril de 2010 comenzó
a tener trastornos psicológicos.
3.
Indica que los médicos especialista y general que lo han venido tratando, le
diagnosticaron “trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave”.
4.
Precisa que el 17 de abril de 2010, a pesar que el superior inmediato de su
hijo advirtió al “comandante de la Estación de Policía Carurú” sobre los
trastornos que él presentaba, no se tomaron las medidas necesarias y el joven “en
medio de una crisis nerviosa o psicológica por el maltrato físico y psicológico
que recibía en la estación atentó contra su vida” (ib.).
5.
La Policía Nacional otorgó el tratamiento médico psiquiátrico necesario y le
reconocieron varias incapacidades. El 25 de agosto de 2010 lo citaron a medicina
laboral del Departamento de Policía Meta, donde fijaron “cero (0)
incapacidad”, pero agregando “no apto y no reubicación laboral y una
disminución de la capacidad laboral de cero (0)” (ib.).
En
diciembre 28 de 2010, el Comando del Departamento de Policía, Meta, mediante
resolución de la misma fecha, notificó al joven Cristian  Mauricio la
desvinculación de la prestación del servicio militar obligatorio por sanidad,
en cumplimiento a lo establecido en acta de la Junta Médico Laboral N° 3228 del
25 de agosto de 2010. A partir de esa fecha, a su hijo no se le volvió a suministrar
servicio médico.
6.
Se asevera en la demanda que cuando Cristian Mauricio Mora Vallejo ingresó a la
Escuela Eduardo Cuevas de la Policía Nacional “estaba en perfectas condiciones
físicas, psicológicas, anímicas y morales”, y entregan “un muchacho muy
enfermo”.
B.
Pretensión.
En
la demanda se pide conceder la tutela a favor de Cristian Mauricio Mora Vallejo
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y en
consecuencia, “se ordene la cesación de los efectos del acto administrativo
de fecha 28 de diciembre de 2010, por medio de la cual el Comandante del
Departamento de Policía Meta, ordenó la desvinculación del servicio militar
obligatorio”, solicitando ordenar a la Policía Nacional que le sean
prestados los servicios médicos hospitalarios y los medicamentos que requiere
para lograr su total recuperación (f. 2 ib.).
C. Actuación procesal.
Mediante auto de febrero 14 de 2010, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Villavicencio admitió la acción de tutela y
ofició al Director General de la Policía Nacional para que, en el término de 2
días, se pronunciara sobre los hechos materia de la acción y ejerza sus derechos
de defensa y contradicción, y remitiera copias auténticas de la resolución de diciembre
28 de 2010, de la historia clínica, de la Junta Médico Laboral y de la hoja de
vida de Cristian Mauricio Mora Vallejo.
Pidió información sobre el trámite previsto para la
impugnación de los pronunciamientos de la Junta Médico Laboral y cuál es el que
corresponde adelantar cuando se desvincula del servicio militar obligatorio a
un auxiliar de Policía, a partir de la decisión asumida por la mencionada Junta.
D.
Respuesta de la entidad demandada.
La
Jefe de Sanidad Seccional Meta, mediante escrito recibido en febrero 17 de
2011, afirmó:
“En el presente caso según se desprende del escrito de
tutela, se advierte que la misma no está llamada a prosperar por cuanto el
accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para el amparo de los derechos
supuestamente vulnerados, esto es demandar ante la Justicia Contenciosa
Administrativa, ya que está plenamente probado que se encuentra agotada la vía
gubernativa y que sobre las decisiones del Tribunal Médico Laboral sólo son
procedentes las Acciones Jurisdiccionales y no la acción de tutela por cuanto
esta no es un mecanismo paralelo a los procesos ordinarios o especiales
previstos por el legislador, como así lo ha sostenido la Honorable Corte
Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia de 2 de agosto de 1996…” (f. 52 ib.).
Por tanto, solicitó negar la petición elevada, al
estimar probado que el padecimiento del señor Mora Vallejo “es un trastorno
de personalidad, el cual le impide adaptarse al medio policial, además que este
trastorno no fue adquirido por la presión de la actividad  policial toda vez
que esta patología es una preexistencia, es un rasgo de la personalidad, el
diagnóstico, tratamiento y conducta a seguir específica, sin secuelas, no
requiere más controles, razón por la cual la junta médico laboral lo declara no
apto para la actividad policial, sin disminución de la capacidad laboral”.
E. Sentencia única de instancia.
Mediante
fallo de febrero 25 de 2011, el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio negó
el amparo de los derechos invocados, al estimar que Cristian Mauricio Mora
Vallejo, desde octubre de 2009, “recibió atención médica por parte de la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional, siéndole diagnosticado tiempo después
‘trastornos de adaptación’ y ‘trastornos de habla y de lenguaje’ (fls. 62
anverso y 63) frente a los cuales, conforme a las terapias, la atención médica
familiar, evolucionó satisfactoriamente” (f. 81 ib.).
Igualmente,
afirma que la demandante no acredita que su hijo esté actualmente desprovisto
de algún tipo de cobertura en seguridad social, ni tampoco que efectivamente
hubiere sufrido una recaída, de manera que no se configura en el presente caso
un perjuicio irremediable o inminente peligro, requerido en la ley para la
procedencia de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en
Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de la acción de tutela en
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se debate.
Debe esta Sala de Revisión determinar si es
procedente la tutela solicitada, en cuanto los derechos a la vida digna, a la
salud y a la seguridad social del joven Cristian Mauricio Mora Vallejo, quien mediante resolución de diciembre 28 de 2010,
fue desvinculado de la prestación del servicio militar obligatorio, sin
consideración a su estado de salud.
En consecuencia, reiterando
pronunciamientos anteriores[1], esta Sala de Revisión abordará
el análisis de (i) la legitimación por activa y por pasiva; ii) el marco
jurídico aplicable; iii) la línea jurisprudencial en relación con este tipo de
situaciones y, iv) se resolverá el caso concreto.
Tercera. Legitimación por activa y por pasiva.
Según se deduce
del contenido de la demanda, María del Socorro Vallejo Calvo actúa en
representación de su hijo Cristian Mauricio Mora Vallejo, de 20 años de edad
(19 al momento de ser presentada la demanda), quien, por ende, es mayor de edad
y, en principio, capaz de determinarse por sí mismo lo que, sin embargo, ameritaría
otro enfoque por la condición psicológica que aqueja al joven, en cuanto a si estaría
en posición de promover la defensa de sus derechos.
Con todo, cualquier hesitación sobre la legitimación
por activa de esta acción, queda superada por la realidad de que, aunque la
redacción implica que es la señora María del Socorro quien acude a la
jurisdicción constitucional “en mi calidad de madre”, la demanda también
está suscrita por Cristian Mauricio Mora Vallejo y en su texto se lee, por
ejemplo: “Solicito al señor Juez de tutela, ordene que al suscrito se le
practique dictamen pericial…” (f. 6 ib).
Por ello, está suficientemente acreditada tal
legitimación, al igual que la pasiva, por la evidencia de estar dirigida la
demanda contra una entidad pública, como ciertamente lo es la Policía Nacional.
Cuarta. Marco jurídico aplicable.
Los temas relacionados con la evaluación de la
capacidad sicofísica de los miembros de la Policía Nacional y sus
correspondientes incapacidades, indemnizaciones y pensiones de invalidez, se
encuentran regulados por los  Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000, expedidos
por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias
conferidas al efecto por la Rama Legislativa.
Los artículos 2° y 3° del Decreto 094 de 1989 definen
la capacidad sicofísica y establecen la necesidad de que el personal al que
dicha preceptiva se aplica reúna las condiciones para ingreso y permanencia en
el servicio. Los Títulos III y IV regulan lo relacionado con las incapacidades
e invalidez, y la composición y funciones de los organismos médico-laborales
militares y de policía, respectivamente. Este último tema es tratado de manera
análoga en el Título III del también citado Decreto 1796 de 2000.
Por su parte, los Títulos VII y XIX del referido
Decreto 094 contienen, respectivamente, los listados de las lesiones y
afecciones que alteran la aptitud y la capacidad, estableciendo las reglas
aplicables para cada caso.
Dentro del Título IX, el artículo 79 desarrolla lo
atinente a las enfermedades mentales, en relación con las cuales se advierte
que la evaluación definitiva sólo operará después de “un largo período de
observación”, con revisiones periódicas posteriores y la realización de
exámenes de control.
De manera concordante, los artículos 89 y 90 del
Decreto 094 de 1989 y 38 y 39 del Decreto 1796 de 2000, señalan que sólo habrá
derecho a pensión de invalidez para los miembros de la Policía Nacional en los
eventos en que se haya determinado una disminución de la capacidad laboral
igual o superior al 75%, norma que sólo resulta aplicable a “hechos
ocurridos en misión del servicio o en simple actividad desde el 7 de agosto de 2002”, límite temporal que fue declarado exequible por esta corporación[2].
Por su parte, tanto la Ley 352 de 1997 (art. 19) como
el Decreto Ley 1795 de 2000 (art. 23), indican que son afiliados al Sistema de
Salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, y por ende tienen derecho
a recibir los respectivos servicios, los miembros de tales instituciones que se
encuentren en servicio activo o que hayan sido dados de baja con asignación de
retiro o pensión, entre otros. Contrario sensu, quienes dejen de ser parte del
servicio activo, pero no se hagan acreedores a pensión o asignación de retiro,
pierden la calidad de afiliados y, en consecuencia, el acceso a los
correspondientes servicios de salud.
Quinta. La situación de los miembros de la Fuerza
Pública que sufren detrimento en su estado de salud durante la prestación del
servicio.  Reiteración de jurisprudencia.
En múltiples ocasiones[3],
esta corporación ha analizado la situación de miembros de la Fuerza Pública que
durante el tiempo de prestación de sus servicios contrajeron enfermedades,
sufrieron accidentes, fueron víctimas de acciones bélicas o, en general,
afrontaron situaciones que afectaron su estado de salud, quedaron con secuelas
y limitaciones irreversibles.
En todos estos casos la Corte ha señalado de manera
general y reiterada, que existen en cabeza del Estado especiales deberes de
solidaridad y protección a la salud de aquellos ciudadanos que habiendo
ingresado al servicio de la fuerza pública en óptimas condiciones, presentan al
momento de su retiro un serio detrimento de su estado de salud, que limita de
manera considerable sus condiciones de vida y su capacidad para procurarse el
propio sustento y el de sus familias, como consecuencia de hechos acaecidos
durante o con ocasión del servicio patriótico que han desempeñado.
Esta Corte, en distintas Salas de Revisión, ha
señalado que tratándose de miembros de la Fuerza Pública, los derechos a la
salud, a la integridad personal y a la vida digna tienen un plus de protección
constitucional que, entre otras consecuencias, permite la protección inmediata
y prioritaria de tales derechos mediante la acción de tutela[4].
Esas reglas jurisprudenciales resultan de la
aplicación conjunta de varios postulados constitucionales, enmarcados dentro
del Estado social de derecho y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia,
como: i) la posibilidad de proteger mediante tutela el derecho a la salud de
cualquier persona residente en Colombia, como en aquellos casos en que resulte
indispensable hacer efectivo el derecho a vivir en condiciones de dignidad; ii)
las especiales obligaciones del Estado, para lograr que la igualdad sea real y efectiva,
protegiendo a aquellas personas que debido a su condición física o mental se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, con el deber de adelantar
acciones en beneficio de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos
(arts. 13 y 47 Const.), y iii) la especial misión a favor de la comunidad que
cumplen los miembros de la Fuerza Pública y el riesgo permanente que ellos
enfrentan en el cumplimiento de dicha misión.
El primero de los referidos criterios ha sido
desarrollado por esta corporación de manera constante en múltiples sentencias,
en las que ha insistido que el derecho a la vida no se reduce a evitar la muerte,
sino que incluye el disfrute más amplio posible de las alternativas vitales que
implica la existencia del ser humano, lo que ha conducido, también en múltiples
ocasiones, a tutelar del derecho a la salud, pese a que la Constitución no lo
incluyera en el capítulo de los derechos fundamentales[5].
En relación con los derechos a la salud y a la vida
digna, una consideración cardinal es la importancia de asegurar la continuidad
de su prestación, siempre que para garantizar la dignidad de la subsistencia
exista necesidad de atención en salud, aspectos que dependen directamente de la
naturaleza y evolución de las enfermedades padecidas. Sobre esos criterios esta
corporación ha discurrido ampliamente, tanto en relación con la
situación de miembros de la fuerza pública, como en otros ámbitos[6].
Por su parte, el deber estatal de especial protección a
las personas con limitaciones de carácter físico y/o mental se desprende, como
ya se dijo, del contenido de los artículos 13 y 47 superiores, y se materializa
de manera evidente frente a la situación de aquellos ciudadanos que al terminar
su tiempo de servicio como miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía
Nacional, egresan con graves limitaciones de carácter permanente en su estado
de salud (como mutilaciones corporales o trastornos mentales).
En estas circunstancias, tal como se ha resaltado
jurisprudencialmente, se trata de ciudadanos necesitados y merecedores de
especiales medidas que posibiliten su recuperación y faciliten la reintegración
a la sociedad, las cuales debe adoptar el Estado tanto a nivel general, a
través de preceptos abstractos encaminados a ordenar y realizar tales acciones,
como a nivel individual, por los encargados de la provisión de servicios sociales
o de adoptar decisiones que incidan en el efectivo goce de estos derechos.
Finalmente, existe una especial consideración debida
al trabajo y la misión que desempeñan los miembros de la Fuerza Pública de
Colombia, a quienes la Constitución Política (arts. 216 a 218) asigna tareas
esenciales para la preservación de la democracia y el funcionamiento del Estado,
defendiendo la soberanía nacional, la independencia y la integridad del
territorio y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y las libertades públicas. Ello por cuanto, como antes se
indicó, no sólo se trata de trascendentales funciones cuya ejecución beneficia
a toda la población, sino que, además, su cumplimiento implica serio y permanente
riesgo para la vida y la integridad de quienes las desarrollan.
Precisamente en consideración a la particular
finalidad de beneficio colectivo que inspira el trabajo de quienes integran las
Fuerzas Armadas, y en virtud del principio de solidaridad, ha establecido la
Constitución (art. 216) que todos los colombianos tienen la obligación de
participar en el cumplimiento de esta misión cuando las necesidades públicas lo
exijan; pero paralelamente, y en atención al mismo principio, existen
especiales deberes de atención hacia aquellas personas que, en provecho de toda
la comunidad, cumplen estos importantes encargos.
Todas las anteriores consideraciones explican y nutren
la línea jurisprudencial de esta corporación en relación con estas materias.
Por ejemplo, en la sentencia T-534 de septiembre 24 de 1992 (M. P. Ciro
Angarita Barón), sostuvo la Corte:
“Como seres humanos dignos que prestan un servicio a la patria, los
soldados de Colombia tienen derecho a esperar que el Estado les depare una
atención médica oportuna y adecuada, sin eludir responsabilidades mediante
consideraciones que ponen en tela de juicio la buena fe del ciudadano que la
Constitución presume.”
Más adelante, en la misma providencia se lee:
“El soldado colombiano tiene como ciudadano y como servidor de la patria
títulos suficientes para que en todo caso, pero particularmente cuando su salud
se resienta por actos u omisiones del Estado, se le respete su derecho a que el
gobierno le suministre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y los
servicios odontológicos y farmacéuticos en los lugares y condiciones
científicas que su caso exija.”
En sentencia T-107 de febrero 8 de 2000 (M. P. Antonio
Barrera Carbonell), ampliamente citada y reiterada en relación con estos temas,
se indicó:
“… no es justo que el Estado, a través de las Fuerzas Militares, se
niegue a prestarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos
a quien al ingresar a prestar sus servicios a la patria, ostentaba unas óptimas
condiciones de salud y a su desacuartelamiento le persisten unas lesiones
ocasionadas por causa y razón de la prestación del servicio militar.”
Estas reflexiones han llevado también a la Corte a considerar
que las normas que rigen las prestaciones y servicios a que tienen derecho los
miembros de la fuerza pública, deben ser interpretadas de manera tal que se
acompasen plenamente con los mandatos constitucionales relativos a la especial
protección que les es debida. En este sentido, se ha señalado:
“… las
normas legales y reglamentarias que regulan la asistencia médica que las
fuerzas militares están obligadas a dispensar a quienes prestan el servicio
militar obligatorio, deben ser interpretadas en consonancia con los principios,
valores y derechos constitucionales y, en particular, con el derecho a la vida,
el principio de igualdad material y la vigencia de un orden social justo.”[7]
En esa línea, expresó también la Corte en la misma
providencia:
“... de los
riesgos físicos y psíquicos que entraña la prestación del servicio militar
obligatorio se desprende el derecho de los soldados que resulten lesionados o que
adquieran alguna enfermedad a ‘reclamar a los organismos de sanidad de las
Fuerzas Militares - quienes tienen atribuidas las funciones de prevención,
protección y rehabilitación en beneficio de su personal - la atención médica,
quirúrgica, servicios hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios,
al igual que elementos de prótesis cuando sean indispensables, por el tiempo
necesario para definir su situación y sin perjuicio del reconocimiento de las
prestaciones económicas a que haya lugar...’.”
Después se realizó esta precisa síntesis sobre los
aspectos que se comentan[8]:
“(i) De
las disposiciones legales y reglamentarias que establecen las obligaciones de
la Policía y el Ejército Nacional frente a las personas que prestan el servicio
militar obligatorio, se derivan, entre otras, aquella relativa a la atención en
salud a partir de la incorporación y hasta el desacuartelamiento o
licenciamiento.
(ii) No
obstante lo anterior, el término de cobertura del servicio de salud por parte
de los Subsistemas de Salud de la Policía y el Ejército Nacional debe ser
ampliado en casos en que quien haya prestado el servicio militar padezca
quebrantos de salud física o mental, obligación que se ve reforzada cuando
éstos han sido contraídos durante la prestación del servicio militar y con
ocasión de actividades propias del mismo.
(iii) La
Corte ha establecido dos reglas de procedencia de la ampliación del término
referido, según las cuales cuando se ‘(i) padece una dolencia que pone en
riesgo cierto y evidente [el] derecho fundamental a la vida en condiciones
dignas; y (ii) esta dolencia encuentra relación de causalidad con la prestación
de las labores propias del servicio militar obligatorio’[9], es imperioso que el Estado, a través de las instituciones de la
Fuerza Pública continúe prestando la atención que el caso demande hasta tanto
la salud de quien sufrió una lesión o adquirió una enfermedad, se recupere.
(iv) El
derecho fundamental a la salud de las personas que han sufrido una pérdida
importante de la capacidad física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades
esenciales de la vida diaria[10] no puede verse afectado, en ningún caso, por las
instituciones del Estado sobre las cuales recae la obligación de protegerlo y
darle plena vigencia.”
Recapitulando, la jurisprudencia ha asumido y ahora
reitera, que los miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional,
que durante la prestación del servicio o con ocasión de él hayan sufrido un
menoscabo importante en su estado de salud, que de lugar a desvinculación
definitiva del servicio activo y que se proyecta hacia el futuro limitando
sensiblemente o de manera absoluta sus posibilidades de procurarse el propio
sustento y de gozar de una adecuada calidad de vida, tienen derecho a que la correspondiente
institución continúe suministrándoles, más allá de la fecha de su retiro, los
servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, terapéuticos y los demás que
resulten necesarios para hacer posible su plena recuperación o, según el caso,
aliviar el sufrimiento, controlar los síntomas o manifestaciones de la
enfermedad y si fuere posible, retardar su avance.
Como consecuencia de lo anterior, se ha considerado
que en las circunstancias antes descritas la inmediata terminación de los
servicios de salud a partir de la fecha en que se hace efectivo el retiro,
resulta vulneratoria de tal derecho. Por ello, en varios de esos eventos se ha
ordenado a las respectivas entidades demandadas reanudar o mantener, según el
caso, la prestación de los servicios médicos requeridos para superar las
afecciones que padezcan los demandantes[11].
Debe advertirse también que la Corte ha aplicado estas
reglas jurisprudenciales de manera uniforme, tanto a personas que al sufrir el
accidente o enfermedad en cuestión se encontraban prestando el servicio militar
obligatorio, como a quienes, más allá del cumplimiento de este deber ciudadano,
hacían parte de la Fuerza Pública de manera permanente, ya que los enfoques relacionados
con el altruismo y el servicio a la comunidad que caracterizan esta misión, así
como los riesgos que le son inherentes, se encuentran igualmente presentes en
ambas circunstancias[12].
De otra parte, bajo similares consideraciones, la
Corte ha encontrado que, en algunos casos, las evaluaciones realizadas por los
órganos médico-laborales competentes sobre el estado de salud del demandante, a
efectos de fijar el índice de disminución de su capacidad psicofísica, no
reflejan de manera justa y adecuada la magnitud de las limitaciones laborales
que le aquejan.
Teniendo en cuenta que del referido índice depende el
logro de la pensión de invalidez y, con ello, la posibilidad de proteger la
calidad de vida y cuidar de manera adecuada la propia salud, en tales casos se
justifica ordenar a las autoridades competentes realizar una nueva y completa
evaluación del paciente, que tome en cuenta la realidad de sus afecciones.
En todo caso, en estas mismas sentencias esta
corporación ha precisado que no le corresponde al juez de tutela decidir el
otorgamiento o no de dicha prestación social, asunto que debe ser determinado
por las autoridades competentes y con sujeción a las normas que regulan la
materia.
Para concluir este análisis, se reitera que, conforme
se expuso desde la citada sentencia T-534 de 1992, los ciudadanos que sean o
hayan sido miembros de la Fuerza Pública tienen derecho a que el Estado les
suministre la atención médica, psiquiátrica, quirúrgica y hospitalaria que
resulte necesaria, cuando quiera que su salud resulte afectada a raíz de su
vinculación al servicio público que cumplen las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional.
Sexta. Análisis del caso concreto.
6.1. En el presente caso, en la demanda se afirma que Cristian
Mauricio Mora Vallejo ingresó en agosto 15 de 2009 a la Policía Nacional, a prestar
el servicio militar obligatorio sin observaciones de salud[13],
pero en abril de 2010 presentó “accidente por arma de fuego en hombro
derecho” y el 27 del mismo mes “intento de suicidio, manifiesta ‘estaba
aburrido por el mal trato que recibía del Comandante’” (f. 61 cd. inicial).
La entidad accionada decidió desvincularlo al acabar el
servicio obligatorio, observando que la Junta Médico Laboral “no amerita
incapacidad” y evaluó la disminución de su capacidad laboral en “0.00%”
(f. 71 ib).
6.2. De conformidad con los derroteros jurisprudenciales
antes referidos, corresponde establecer si en el presente caso podía la Policía
Nacional terminar la vinculación del joven Cristian Mauricio Mora Vallejo,
dejándolo sin ningún tipo de asistencia médica.
Inicialmente, esa institución le suministró atención, pero
después de que fuera evaluado por la Junta Médico Laboral, fue desvinculado “de
la prestación del servicio Militar Obligatorio por sanidad” (Resolución N°
718 de diciembre 28 de 2010, fs. 47, 48, 56 y 57 ib.), lo que trajo consigo la terminación
de la asistencia en salud de que disfrutaba.
6.3. Según se refiere en la demanda, Cristian Mauricio Mora Vallejo “se encuentra trastornado mentalmente” y, por
ser su familia de escasos recursos económicos, reclama prestarle “los
servicios médicos hospitalarios y los medicamentos” requeridos para su
recuperación (f. 3 ib.)
Por lo anterior, se debe acudir de nuevo a los
fundamentos constitucionales, observados en la amplia jurisprudencia reiterada,
y a lo que se entiende en el artículo 79 del Decreto 094 de 1989, acápite de
enfermedades mentales, según el cual la evaluación definitiva de las “lesiones
comprendidas en este artículo, tan sólo deberá (sic) después de un largo
período de observación”, medida comprensible pues este tipo de enfermedades
se caracteriza por su incierta evolución, e incluso por su posible aparición
tardía, consideraciones que refuerzan la necesidad de hacer varias evaluaciones
del paciente, antes de resolver de manera definitiva.
6.4. Por consiguiente, teniendo en cuenta que persisten
los problemas de salud de Cristian
Mauricio Mora Vallejo, es imperioso brindarle
protección, de forma similar a como fue decidido, entre otras, en la sentencia T-411 de mayo 22 de 2006, con
ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, donde se consideró que el Ejército
había vulnerado el derecho a la salud de un soldado, retirado del servicio por
problemas psicológicos que le afectaron gravemente durante la prestación del
servicio militar obligatorio, por lo cual debía continuársele prestando la
atención médica integral que necesitara.
Por ende, será revocado el fallo proferido en febrero
25 de 2011, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio
negó el amparo de los derechos invocados, el cual se concederá en defensa de los
derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la vida digna de
Cristian Mauricio Mora Vallejo.
En consecuencia, se ordenará a la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional, por intermedio de su Director o quien haga sus veces,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia, si aún no lo ha efectuado, disponga reanudar y
mantener por el tiempo que resulte científicamente indicado, el suministro de
toda la atención médica, hospitalaria, farmacéutica y psicológica que requiera
el mencionado joven, ordenando realizar, con la debida periodicidad, las
adecuadas evaluaciones sobre la realidad, magnitud y evolución de los problemas
psíquicos que presenta.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato  de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCAR el fallo proferido en febrero 25
de 2011, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio. En su lugar, se
dispone TUTELAR los derechos fundamentales a
la salud, a la seguridad social y a la vida
digna de Cristian Mauricio Mora Vallejo.
Segundo: ORDENAR
a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por intermedio de su Director
o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha
efectuado, disponga reanudar y mantener por el tiempo que resulte
científicamente indicado, el suministro de toda la atención médica,
hospitalaria, farmacéutica y psicológica que requiera Cristian Mauricio Mora
Vallejo, ordenando realizar con la periodicidad apropiada, las adecuadas
evaluaciones sobre la realidad, magnitud y evolución de los problemas psíquicos
que presenta.
Tercero: Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la
Corte Constitucional y Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cfr., entre otras, T-279
de abril 20 de 2009, con ponencia de quien ahora cumple igual función
[2] C-924
de septiembre 6 de 2005 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
[3]
Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-534 de septiembre 24 de 1992 (M. P.
Ciro Angarita Barón); T-394 de septiembre 16 de 1993 (M. P. Antonio Barrera
Carbonell); T-376 de agosto 15 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-393
de marzo 27 de1999 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-107 de febrero 8 de 2000
(M. P. Antonio Barrera Carbonell); T-761 de febrero 19 de 2001 (M. P. Clara
Inés Vargas Hernández); T-824 de octubre 4 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-643 de agosto 1 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil); T-810 de  agosto
4 de 2004 (M. P. Jaime Córdoba Triviño); T-1115 de  octubre 28 de 2005 (M. P.
Jaime Córdoba Triviño); T-841 de octubre 12 de 2006 (M. P. Clara Inés Vargas
Hernández); T-063 febrero 1° de 2007 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y
T-568 de mayo 29 de 2008 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).
[4]
Cfr. T-643 de agosto 1° de 2003 y T-493 de mayo 20 de 2004 (M. P. Rodrigo
Escobar Gil); T-1115 de octubre 28 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño); y
T-366 de mayo 10 de 2007 (M. P. Jaime Araujo Rentería).
[5]
Entre los múltiples pronunciamientos, recuérdese lo reiterado durante el 2008,
en los fallos T-023 de enero 22 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla), T-102 de
febrero 8 (M. P. Jaime Córdoba Triviño)  y T-280 de marzo 14 de 2008 (M. P.
Jaime Córdoba Triviño).
[6]
Cfr. T-601 de junio 9 de 2005 (M. P. Álvaro Tafur Galvis); T-654 de agosto 9 de
2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-011 de enero 17 de  2008 (M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[7]
T-376 de agosto 15 de 1997 (M. P. Hernando Herrera Vergara), citada y
reiterada, entre otras, en las sentencias T-761 de julio 19 de 2001 (M. P.
Clara Inés Vargas Hernández) y T-411 de mayo 22 de  2006 (M. P. Rodrigo Escobar
Gil).
[8] T-063 de
febrero 1° de 2007 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[9]
“Tomado de la sentencia T-810 de 2004 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).”
[10]“Esta
es la definición del término discapacidad empleada en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad.”
[11]
Cfr., entre otras, T-534 de septiembre 24 de 1992 (M. P. Ciro Angarita Barón);
T-107 de febrero 8 de 2000 (M. P. Antonio Barrera Carbonell); y T-1115 de
octubre 28 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12]
En esta línea, esta Corte ha protegido los derechos fundamentales de militares y
policiales en casos análogos al presente, aunque no relacionados con el
servicio militar obligatorio. Cfr., entre otras, T-761 de julio 19 de 2001
(Clara Inés Vargas Hernández); T-643 de agosto 1°de 2003 (Rodrigo Escobar Gil);
y T-020 de enero 22 de 2008 (Jaime Araujo Rentería).
[13]
Cfr. historia clínica (fs. 59 a 69 cd. inicial) y texto de la demanda (“estaba en perfectas condiciones físicas,
psicológicas, anímicas y morales”, f. 2 ib.).