SU086-99
Sentencia SU-086/99
Sentencia
SU-086/99
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Procedencia
de tutela aunque exista mecanismo de defensa judicial
La Corte
Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución, ha sostenido que si el accionante tiene a su alcance otro medio
judicial para la defensa de sus derechos no cabe la acción de tutela, a menos
que se encuentre ante la inminente presencia de un perjuicio irremediable.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Establecimiento
de eficacia por juez de tutela en cada caso
Ha sido clara
esta Corporación al señalar, fundada en la prevalencia del derecho sustancial y
en la necesidad, impuesta por la Carta, de dar efectividad a los derechos
fundamentales, que en cada caso concreto el juez de tutela debe establecer la
eficacia del medio judicial que formalmente se muestra como alternativo, para
establecer si en realidad, consideradas las circunstancias del solicitante, se
está ante un instrumento que sirva a la finalidad específica de garantizar
materialmente y con prontitud el pleno disfrute de los derechos conculcados o
sujetos a amenaza. El medio alternativo de defensa judicial debe ser evaluado y
calificado por el juez de tutela respecto de la situación concreta que se pone
en su conocimiento.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL ALTERNATIVO-Apreciación
en relación con los derechos fundamentales
Ha sido constante
la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que, frente al objetivo
prevalente de asegurar el respeto a los derechos fundamentales por la vía
judicial, no es lo mismo cotejar una determinada situación con preceptos de
orden legal que compararla con  los postulados de la Constitución, pues la
materia objeto de examen puede no estar comprendida dentro del ámbito de aquél,
ni ofrecer la ley una solución adecuada o una efectiva protección a la persona
en la circunstancia que la mueve a solicitar el amparo, encajando la hipótesis,
en cambio, en una directa y clara vulneración de disposiciones constitucionales.
La Corte recalcó esa diferencia, respecto de la magnitud del objeto de los
procesos, haciendo ver que una es la dimensión de los ordinarios y otra la
específica del juicio de protección constitucional en situaciones no cobijadas
por aquéllos.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL INEFICAZ E INIDONEO-Nombramiento
de quien obtuvo primer puesto en concurso para carrera
SISTEMA DE
CARRERA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL-Mérito como elemento esencial
La Constitución
de 1991 exaltó el mérito como criterio predominante, que no puede ser evadido
ni desconocido por los nominadores, cuando se trata de seleccionar o ascender a
quienes hayan de ocupar los cargos al servicio del Estado. Entendido como
factor determinante de la designación y de la promoción de los servidores públicos,
con las excepciones que la Constitución contempla, tal criterio no podría
tomarse como exclusivamente reservado para la provisión de empleos en la Rama
Administrativa del Poder Público, sino que, por el contrario, es, para todos
los órganos y entidades del Estado, regla general obligatoria cuya
inobservancia implica vulneración de las normas constitucionales y violación de
derechos fundamentales.
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Criterio de
excelencia en la administración pública/CARRERA ADMINSITRATIVA EN EL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Eficiencia y eficacia de la gestión pública/FUNCION
PUBLICA-Eficiencia y eficacia
SISTEMA DE
CARRERA-Finalidad esencial
CARRERA JUDICIAL-Mérito como elemento esencial
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Carácter
vinculante
SISTEMA DE
CARRERA-Principio general
para los empleos en órganos y entidades del Estado
El artículo 125
de la Constitución Política establece el principio general bajo cuyo imperio
"los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera".
El carácter imperativo de este precepto es indudable y también su generalidad.
Mientras no exista una excepción expresa, que encaje en los presupuestos
constitucionales, ninguna autoridad dentro del Estado puede ignorar su vigencia
o eludir las consecuencias que tiene el alcance del concepto de
"carrera", acudiendo a interpretaciones más o menos ingeniosas de las
normas constitucionales específicas para determinadas ramas u órganos
estatales.
SISTEMA DE
CARRERA-Incluye a la Rama
Judicial/CARRERA JUDICIAL-Inexistencia de distinciones para efectos del
nombramiento entre funcionarios y empleados
CARRERA JUDICIAL-Inexistencia de distinciones entre lista
de elegibles y lista de candidatos/CARRERA JUDICIAL-Nombramiento de
funcionarios y empleados que obtuvieron el primer puesto
La Corte, al
examinar el contenido de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
no distinguió entre los conceptos de lista de elegibles y lista de candidatos.
Y no lo hizo por cuanto entendió, y ahora lo ratifica de modo contundente, que
las dos expresiones corresponden al mismo concepto -número plural de personas
entre las que debe escogerse para el nombramiento o elección- ya que ni la
Constitución ni la Ley Estatutaria introducen distinción entre tales vocablos
para darles efectos diversos según el tipo de función pública que haya de
desempeñarse. La única norma que podría dar lugar al equívoco, la del artículo
162 de dicha Ley, no les otorga contenido ni efectos jurídicos ni
administrativos diferentes. A ninguno de esos conceptos excluye del concurso ni
de la carrera y, por tanto,  interpretando tal disposición en armonía con las
de los artículos 165, 166 y 167 Ibídem, se tiene que, tanto en lo que
respecta a empleados como en lo que toca con funcionarios de la Rama Judicial,
"el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que
encabece la lista de elegibles, esto es, el que haya obtenido la mayor
puntuación".
SISTEMA DE
CARRERA-Objetividad/PRINCIPIO
DE LA BUENA FE EN CONCURSO DE MERITOS-Nombramiento de quien obtuvo el
primer puesto
Por su misma
definición, el concurso debe ser objetivo y que, por tanto, las razones
subjetivas de los nominadores no pueden prevalecer sobre sus resultados al
momento de hacer la designación. Ello significaría no sólo un inadmisible quebranto
del artículo 125 de la Constitución y el abuso de las  atribuciones de
nominación sino la evidente vulneración de los derechos fundamentales de
quienes, por motivos ajenos a la consideración y evaluación de sus méritos,
resultan vetados o descalificados para ejercer los cargos que se ganaron
mediante concurso. Y, obviamente, sería palmaria la transgresión al principio
constitucional de la buena fe, ya que, confiados en la lealtad de los entes
nominadores, aquéllos habrían participado en el proceso de selección sobre el
supuesto de que su triunfo en el concurso equivaldría a la elección o
nombramiento. Para la Corte, en acatamiento a la cosa juzgada constitucional,
quien ha ocupado el primer lugar en el concurso adelantado para llenar una
determinada plaza de juez o magistrado, como acontece también con los empleados
de la Rama Judicial, tiene un derecho de rango constitucional a ser nombrado,
sin que por tanto sea legítima la decisión del nominador en el sentido de
escoger, por encima del ganador del concurso, a participantes calificados con
puntajes inferiores.
SISTEMA DE
CARRERA-Regla general de
nombramiento a quien obtuvo primer puesto/SISTEMA DE CARRERA-Sólo
razones objetivas, sólidas y explícitas permiten al nominador la no designación
de quien obtuvo el primer puesto
Las corporaciones
nominadoras gozan de un margen razonable en la selección, una vez elaborada
-con base en los resultados del concurso- la lista de elegibles o candidatos.
Tal margen lo tienen, no para nombrar o elegir de manera caprichosa o
arbitraria, desconociendo el concurso o ignorando el orden de las
calificaciones obtenidas, sino para excluir motivadamente  y con apoyo en
argumentos específicos y expresos, a quien no ofrezca garantías de idoneidad
para ejercer la función a la que aspira. Tales razones deben ser objetivas,
sólidas y explícitas y han de ser de tal magnitud que, de modo evidente,
desaconsejen la designación  del candidato por resultar claro que sus
antecedentes penales, disciplinarios o de comportamiento laboral o profesional,
pese a los resultados del concurso, lo muestran como indigno de obtener,
conservar o recuperar la investidura judicial, o acusen, fuera de toda duda,
que antes incumplió sus deberes y funciones o que desempeñó un cargo sin el
decoro y la respetabilidad debidos. El aspirante que tiene a su favor el mejor
resultado en el concurso sólo puede perder su derecho al nombramiento -caso en
el cual debe ser nombrado el segundo de los participantes, en estricto orden de
resultados- sobre la base sine qua non de que la Corporación nominadora esté en
condiciones de descalificarlo, por mayoría de votos, por causas objetivas,
poderosas, con las cuales se motive la providencia que lo excluye. La regla
general es el nombramiento. La excepción, el descarte fundamentado y expreso.
La Corte no admite las consideraciones subjetivas ni los motivos secretos,
reservados u ocultos para descalificar a un concursante.
CARRERA JUDICIAL-Rechazo de la reserva moral
La reserva moral,
que fue relevante y muchas veces decisiva en el pasado, no cabe hoy según los
principios y mandatos constitucionales. La objeción respecto al nombre de un
candidato o funcionario judicial, en cualquier nivel y para cualquier destino,
no puede provenir de razones in pectore, guardadas en el fuero interno de uno o
varios de los integrantes de la Corporación nominadora. Tiene que proceder de
hechos contundentes y efectivos, que puedan sostenerse ante el afectado, quien
obviamente, en guarda de sus derechos a la honra y al buen nombre, al debido
proceso y a la rectificación de informaciones, al trabajo y al desempeño de
cargos públicos, debe poder defenderse.
CARRERA JUDICIAL-Motivación del acto mediante el cual se
descarta un candidato con puntaje superior
CARRERA JUDICIAL-Inconstitucionalidad de nombramientos por
preferencia o animadversión, filiación partidista, recomendaciones, amistades o
criterios subjetivos/CARRERA JUDICIAL-Antecedentes penales y
disciplinarios
No pueden
aceptarse como elementos que definan si una persona debe o no ser nombrada en
un cargo de la Rama Judicial, los relativos al sexo, el nivel económico o
social, la confesión religiosa que se profesa, la ideología, o la región de la
cual se procede, o el partido político al que se pertenece. A partir de la
Constitución de 1991, ninguna trascendencia puede tener, para el desempeño de
cargos en la Administración de justicia, la filiación partidista, por lo cual,
el mérito define el derecho de acceder a ella, pertenézcase o no a un partido o
movimiento político y se tenga o no respaldo de tal índole. Mejor, inclusive,
que se carezca de éste, en guarda de la imparcialidad e independencia del juez
o magistrado, o del empleado judicial. La nacionalidad, en cambio, que no
resulta decisiva en otros aspectos, tiene aquí importancia, ya que es la propia
Constitución la que reserva a los nacionales colombianos el ejercicio de
derechos políticos, entre ellos el de acceso a cargos públicos que lleven anexa
autoridad o jurisdicción. Los antecedentes penales y disciplinarios
constituyen, por su parte, factores de primer orden en la consideración que han
de tener en cuenta los nominadores, motivo por el cual en ellos puede fundarse
válidamente la descalificación de un aspirante, aunque haya obtenido una alta
nota en conocimientos y experiencia dentro del concurso.
Referencia:
Expedientes T-173401, T-176185, T-177227, T-175208, T-183165, T-186366,
T-176167, T-175307, T-183173, T-149308, T-176368 y T-179877
Acciones de tutela
incoadas por Jeanneth Naranjo Martínez y Otros.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de
mil novecientos noventa y nueve (1999).
Se revisan los
fallos proferidos por distintos jueces de la República al resolver sobre
demandas acumuladas de tutela en los procesos de la referencia.
I. INFORMACION PRELIMINAR
Los hechos que
generaron la proposición de las acciones de tutela en mención pueden resumirse
de la siguiente forma:
Expediente
T-173401
JEANNETH NARANJO MARTINEZ
dirigió la acción de tutela contra la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, con el fin de obtener la protección de sus derechos al
trabajo, a la igualdad, al debido proceso y de acceso a cargos y funciones
públicas.
Aseveró la
accionante que participó en el concurso de méritos para acceder al cargo de
magistrado de las salas administrativas de los consejos seccionales de la
Judicatura, y que obtuvo una calificación de 764.28 puntos.
La peticionaria
escogió las seccionales de Cundinamarca y Antioquia. Afirmó que para la primera
de ellas obtuvo el segundo lugar, después de ROSA EMILIA MONTAÑEZ DE TORRES,
quien efectivamente fue nombrada, pero que también fueron nombrados MARTHA
ESPERANZA RUEDA MERCHAN y JULIO ALBERTO VILLAMIZAR GOMEZ, personas que habían
ocupado los puestos 19 y 8, respectivamente.
Con fundamento en lo
anterior solicitó al juez que ordenara al Consejo Superior de la Judicatura que
procediera a nombrarla en propiedad en el cargo de Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Material
probatorio
Entre otras pruebas,
obran en el expediente las que a continuación se relacionan:
-Resultados
definitivos de la etapa clasificatoria en el concurso de méritos de los
aspirantes al cargo de Magistrado de Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura. La accionante obtuvo el lugar número 13, mientras que
VILLAMIZAR GOMEZ y RUEDA MERCHAN ocuparon los puestos 43 y 82, respectivamente
(fls. 207 a 210).
-Registro de
Elegibles aspirantes a Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de Cundinamarca -de fecha marzo 18 de 1998-, en el cual se puede
apreciar que la demandante ocupó el segundo lugar con un puntaje de 764.28, y
que JULIO ALBERTO VILLAMIZAR y MARTHA ESPERANZA RUEDA MERCHAN clasificaron en
los puestos 8 y 19, con calificaciones de 714.20 y 642.77 puntos,
respectivamente (fl. 11).
-Resoluciones de
nombramiento y confirmación, y actas de posesión de ROSA EMILIA MONTAÑEZ DE
TORRES, JULIO ALBERTO VILLAMIZAR y MARTHA ESPERANZA RUEDA MERCHAN, en los
cargos de magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca (fls. 20 a 22 y 156 a 169).
Expediente
T-176185
CECILIA MARGARITA
DURAN UJUETA incoó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, por violación de los derechos a la igualdad,
al trabajo, al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos.
Dijo que en el año
de 1997 concursó para el cargo de Magistrado de las salas administrativas de
los consejos seccionales de la Judicatura, y que en las correspondientes
pruebas obtuvo un puntaje total de 640.98.
Al pedírsele que
escogiera sede, DURAN UJUETA optó por las seccionales de Magdalena y Cesar. Se
enteró posteriormente de que para el Cesar había sido escogido el doctor
HUMBERTO ROIS FERNANDEZ, quien había sido calificado muy por debajo de ella en
el registro de elegibles.
Manifestó que para
la Seccional del Cesar se hallaban en orden descendente las siguientes
personas:
BENAVIDES ROJAS
HILDA ISABEL                      732.62
GARCIA CHAID JAIME                                            700.71
DURAN UJUETA CECILIA                              640.98
PACHECO HERNANDEZ
OSCAR                           617.02
ROIS FERNANDEZ
HUMBERTO                    505.40
GALINDO NIEVES PABLO
SEGUNDO          499.07
La peticionaria
considera que al ser designados los dos primeros como magistrados de consejos
seccionales, ella pasaría a ocupar el primer puesto en dicho registro por
sustracción, debiendo haber sido nombrada entonces para el cargo al cual
aspiraba.
Material
probatorio
A folio 112 del
expediente se encuentran los resultados definitivos del concurso de méritos
para aspirantes al cargo de Magistrado de Sala Administrativa de los consejos
seccionales de la Judicatura, convocado mediante acuerdos 159 y 263 de 1996,
proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-,
cuyos resultados definitivos fueron publicados con fecha julio 9 de 1998. Según
ellos, la peticionaria, CECILIA MARGARITA DURAN UJUETA, ocupó el puesto número
86 con 640.98 puntos, mientras que el designado para el cargo, doctor HUMBERTO
ROIS FERNANDEZ, ocupó el número 129 con 505.40 puntos.
Expediente
T-177227
El doctor JAIME
ZULUAGA JARAMILLO instauró acción de tutela contra la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura por violación de sus derechos fundamentales a
la igualdad, al trabajo y al debido proceso, al no respetársele el primer lugar
que, según él, ocupó para el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa de
la Seccional del Quindío. Informó que en el concurso de méritos efectuado por
el Consejo Superior de la Judicatura en el año de 1997, obtuvo una puntuación
definitiva de 777.01, que lo ubicó en el puesto 7 a nivel nacional, optando
para el cargo en las seccionales de Quindío y Risaralda.
No obstante su
puntaje, que lo situó en primer lugar para las seccionales de Quindío y
Risaralda, en el Quindío fueron designados los doctores ORLANDO DE JESUS
GIRALDO ZULUAGA y MARIA EUGENIA LOPEZ BEDOYA, quienes habían obtenido 725.95 y
721.16 puntos, respectivamente, es decir, varios puntos menos del obtenido por
el peticionario, mientras que en la Seccional de Risaralda fueron nombrados
quienes ocuparon el segundo y tercer puesto en el listado de elegibles.
Solicitó al juez de
tutela que ordenara a la Sala demandada nombrarlo como Magistrado en alguna de
las seccionales referidas, a su elección.
Material
probatorio
A folios 139 y 140
se encuentran las listas de elegibles para los consejos seccionales de Quindío
y Risaralda, los cuales en efecto, encabeza el peticionario, JAIME ZULUAGA
JARAMILLO, con 777.01 puntos. Efectivamente se comprueba que, para la Seccional
de Risaralda fueron nombrados quienes ocuparon el segundo y tercer lugar,
mientras que en el Quindío se designaron los del cuarto y quinto.
Expediente
T-175208
MARCIA ROSA FLOREZ
DE LOZANO interpuso acción de tutela contra la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura para que se le garantizaran los derechos a la
igualdad, trabajo, debido proceso y acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos, con base en los siguientes hechos:
La peticionaria se
inscribió ante el Tribunal de Montería para el cargo de Magistrada de los
consejos seccionales de la judicatura, con el lleno de todos los requisitos
exigidos. Mediante Acuerdo número 52 de 1993, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, la designó como Magistrada de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de Córdoba, tomando posesión de su cargo
el 2 de noviembre del mismo año. Su vinculación a la Rama Judicial fue en
carrera, ya que superó todas las etapas del concurso de méritos, según afirmó
en su escrito.
Desempeñó sus
funciones en forma continua desde el 2 de noviembre de 1993  hasta el 2 de
junio de 1998, fecha en la cual, sin reconocer su vinculación continua en
carrera, fue posesionada en el mismo cargo la doctora PAMELA GANEM BUELVAS, sin
que previamente se le comunicara sobre el particular. Considera entonces
vulnerados los anotados derechos, pues, además, había superado su segundo
concurso de méritos convocado por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura en el mes de julio de 1997 en el cual ocupó el noveno puesto a
nivel nacional y el primero y segundo lugar, respectivamente, en sus opciones
de sede en Bolívar y Córdoba. Su puntaje total fue de 767.52.
La accionante
presentó el formato de opción de sede en la Sala Administrativa del Consejo
Seccional para los departamentos de Bolívar y Córdoba. Pocos días después se
enteró de que habían sido nombrados, para la Seccional Bolívar, DIONISIO ELOY
OSORIO con 692.83 puntos y LETICIA MARGARITA GOMEZ con 660.62 puntos, mientras
que en la Seccional de Córdoba se nombró a ALVARO DIAZ BRIESCA con 780.12
puntos y a PAMELA GANEM BUELVAS quien obtuvo 622.82 puntos y ocupó el puesto 94
en orden descendente de puntaje a nivel nacional.
Afirmó que si bien
es cierto la Ley 270 de 1996, promulgada posteriormente a una sanción
disciplinaria que le fue impuesta, establece como requisito el no tener
antecedentes disciplinarios, es de anotar que cuando ingresó al cargo, en
noviembre de 1993, no tenía ninguna clase de antecedentes disciplinarios ya que
su sanción leve, le fue impuesta en marzo de 1995. Además, la Corte
Constitucional ha dicho que la única sanción que inhabilita para ejercer cargos
públicos es la de destitución.
La peticionaria
supone que esta fue la razón para que no se la nombrara, aunque oficialmente la
Sala Administrativa no le ha hecho saber nada. Se preguntó la actora cómo
explicaba la Sala Administrativa que la ratificaran en el cargo con base en el
primer concurso de méritos realizado en 1993 y que no la hubieran nombrado con
base en el concurso de 1997, superado por ella, ocupando el primer puesto en
los departamentos opcionados.
Material
probatorio
Corrobora lo
afirmado por la accionante respecto al concurso y así mismo la existencia
previa de una sanción disciplinaria en su contra, según certificado expedido
por la Procuraduría General de la Nación.
Expediente
T-183165
El doctor AUGUSTO
OSCAR TRUJILLO BRAVO dirigió la acción de tutela contra la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura por violación de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el de ejercer
cargos y funciones públicas.
Manifiesta que
participó en el concurso convocado por el Consejo Superior de la Judicatura
para proveer los cargos de magistrados de la Sala Administrativa de los
consejos seccionales, obteniendo un puntaje definitivo de 705.26 puntos. El
aspirante optó por las sedes de Armenia y Cali.
Ha tenido
conocimiento de que las tres plazas existentes en el Consejo  Seccional del
Valle fueron provistas con los nombres de los doctores OLMER EYBEL GARCÍA
RODRIGUEZ quien obtuvo 789.75 puntos, MARIA EUGENIA LOZANO ANGEL, con 650.62
puntos y CARLOS HUMBERTO TRUJILLO MORENO, con 619.27 puntos.
En ejercicio del
derecho de petición, se dirigió al Consejo Superior de la Judicatura para que
le indicaran el orden de los aspirantes en la sede Cali encontrándose que el
peticionario ocupaba el puesto 4, al tiempo que los nombrados estaban en los
puestos 2, 6 y 10.
Solicitó al juez de
tutela que ordenara a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura que dispusiera su nombramiento en el cargo de Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judictura del Valle del Cauca.
Material
probatorio
A folios 69 y
siguientes del cuaderno principal se encuentran los resultados definitivos, en
orden descendente, del concurso de méritos de aspirantes al cargo de Magistrado
de la Sala Administrativa de los consejos seccionales de la Judicatura, según
el cual los doctores MARIA EUGENIA LOZANO ANGEL y CARLOS HUMBERTO TRUJILLO
MORENO obtuvieron los puestos 79 y 97, con 650.62 y 619.27 puntos,
respectivamente, mientras que el accionante ocupó el puesto 50 con 705.26
puntos.
Expediente
T-186366
El doctor GILBERTO
GONZALEZ ARANGO interpuso acción de tutela contra la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, por violación de sus derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso y acceso al desempeño de funciones públicas, al
no haber sido designado para el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, después de haber concursado
y obtenido un puntaje total de 742.23 puntos, que lo colocó en el puesto número
20 a nivel nacional.
El optó por las
Seccionales de Antioquia y Quindío. Se enteró de que para la Seccional del
Quindío habían sido designados los doctores ORLANDO DE JESUS ZULUAGA GIRALDO,
quien obtuvo 705.62 puntos y MARIA EUGENIA LOPEZ BEDOYA con 721.16 puntos,
ambos puntajes inferiores a los del peticionario, ante lo cual consideró
vulnerados los derechos fundamentales indicados.
Solicitó al juez de
tutela que ordenara a la autoridad demandada nombrarlo en el cargo de
Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del
Quindio.
Material
probatorio
A folio 111 del
cuaderno número 1 se encuentran los resultados definitivos del concurso de
méritos de aspirantes al cargo de Magistrado de la Sala Administrativa de los
consejos seccionales de la judicatura, según los cuales el doctor TIBERIO
GILBERTO GONZALEZ ARANGO, obtuvo el puesto 20 con un puntaje total de 742.23,
al tiempo que ORLANDO DE JESUS ZULUAGA GIRALDO -nombrado- alcanzó el puesto 31
con  725.57 puntos y MARIA EUGENIA LOPEZ BEDOYA -también designada- sacó el 37
con 721.16 puntos.
Expediente
T-176167
La doctora FLOR
EUCARIS DIAZ BUITRAGO presentó acción de tutela contra la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura por considerar violados sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y de acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos.
Afirmó que, mediante
acuerdos 159 de junio 27 y 263 de octubre 8, ambos de 1996, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de
méritos para proveer los cargos de Magistrado de Sala Administrativa de los
consejos seccionales de la judicatura.
Sostuvo que de 307
concursantes inscritos, sólo 135 –incluyendo a la accionante- superaron la
etapa de selección y que en la etapa de clasificación obtuvo un puntaje total
de 721.16, por lo cual su nombre se agregó al listado de elegibles para la
provisión del cargo de Magistrada en el Departamento de Caldas, en el que ocupó
el segundo lugar.
Mencionó que de los
aspirantes que conformaban el listado de elegibles para el Departamento de
Caldas, fueron nombrados los doctores ROBLEDO TORO JAIME (quien ocupó el primer
lugar con 728.00) en la Seccional Risaralda, y LOPEZ BEDOYA MARIA E. (con un
puntaje de 721.16 quien ocupó el segundo lugar) en la Seccional Quindío.
Por tal razón -a
juicio de la petente-, quedó en el primer lugar en el listado de elegibles para
proveer alguno de los dos cargos de Magistrado de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Caldas.
Manifestó que, con
violación al derecho que le asiste, en la Seccional Caldas fueron designados
los doctores PAZ QUINTERO JOSE FERNEY (quien obtuvo una calificación de 698.21)
y CHAVES ECHEVERRY ROBERTO (con 571.11 puntos).
Finalmente, para la
accionante el hecho de lograr un mayor puntaje conduce a que tenga mérito
suficiente para ocupar el cargo al cual aspiró, y que las designaciones
efectuadas desconocen y violan los preceptos establecidos por el Constituyente.
Material
probatorio
Con base en los
resultados definitivos publicados por el Consejo Superior de la Judicatura,
para la Seccional Caldas, en orden descendente de puntaje total, se observa que
la accionante ocupó el segundo lugar con un puntaje de 721.164 y que los
doctores PAZ QUINTERO JOSE FERNEY y ROBERTO CHAVES ECHEVERRY, con una
calificación de 698.21 y 571.11, ocuparon el cuarto y undécimo lugar,
respectivamente.
En igual sentido,
una vez verificada la documentación que obra en el expediente, se observa que,
mediante Resolución 236 de abril 27 de 1998, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura nombró en propiedad al doctor JOSE FERNEY PAZ
QUINTERO en la Seccional Caldas y mediante Resolución 278 de mayo 11 de 1998 al
doctor ROBERTO CHAVES ECHEVERRY, para la misma Seccional.
Expediente
T-175307
El doctor JOSE
ANTONIO FIGUEROA BURBANO presentó demanda de tutela contra el Consejo Superior
de la Judicatura -Sala Administrativa-, por violación de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la conformación,
ejercicio y control del poder político.
Fundamentó la acción
en los siguientes hechos:
-El Consejo Superior
de la Judicatura, mediante acuerdos 159 y 263 de 1996, convocó a concurso de
méritos a los aspirantes al cargo de Magistrado de las salas administrativas de
los consejos seccionales de  la Judicatura, con el fin de conformar el registro
nacional de elegibles.
-El peticionario se
sometió a las respectivas pruebas de conocimiento y entrevista personal, en las
cuales obtuvo un total de 744.67 puntos sobre 1000. Como resultado de lo
anterior, el concursante afirmó que ocupó el séptimo lugar en orden descendente
a nivel nacional.
-El solicitante
escogió como sedes la Seccional Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca y la Seccional
de Nariño con sede en Pasto, en las cuales, de acuerdo con las publicaciones
oficiales, ocuparía el cuarto y tercer lugar respectivamente.
-Afirmó el actor que
la  doctora EMMA CECILIA FARIAS CORTES, quien ocupara el tercer lugar en la
lista de elegibles para Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de Cundinamarca, fue nombrada en el Consejo Seccional de Tunja.
-Al presentarse la
anterior situación, el peticionario expresó que en el orden descendente de la
lista de elegibles para magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá y Cundinamarca -Sala Administrativa-, ocupó el tercer lugar, con 744.67
puntos.
-No obstante lo ya
mencionado, la Sala Administrativa nombró a los doctores JULIO ALBERTO
VILLAMIZAR GOMEZ (quien obtuvo 714.20 puntos) y MARTHA ESPERANZA RUEDA MERCHAN
(con una calificación de 642.77 puntos), quienes -según dijo el demandante-,
tienen un orden de prelación en la lista de elegibles, inferior al suyo.
-En el Consejo
Seccional de la Judicatura -Sala Administrativa- del Departamento de Nariño, es
decir la otra sede escogida por el actor, fueron nombrados los doctores ALVARO
PIO GUERRERO (con 799.36 puntos) y JORGE EFRAIN ORDOÑEZ, el segundo de los
cuales obtuvo un puntaje inferior al del peticionario (628.88 puntos).
Por último
manifiesta el impugnante que, de acuerdo con los hechos mencionados, en las
sedes escogidas para ocupar el cargo de Magistrado en la Sala Administrativa,
fueron designados funcionarios con violación del orden de preferencia previsto
por la Constitución y la ley, vulnerándose de esta manera sus derechos
fundamentales invocados.
Solicitó el actor que el juez de tutela
ordenara a la demandada nombrarlo en el cargo de Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y que,
de no ser posible ello, dispusiera su nombramiento para el Consejo Seccional de
la Judicatura de Nariño.
Material
probatorio
Mediante Resolución
302 de mayo 14 de 1998, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura nombró en propiedad a la doctora MARTHA ESPERANZA RUEDA MERCHAN, en
el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca.
Así mismo, mediante
Resolución 303 del 14 de mayo de 1998, se nombró en propiedad al doctor JULIO
ALBERTO VILLAMIZAR GOMEZ, en el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Por su parte, en la
Seccional Nariño, el Consejo Superior de la Judicatura nombró como Magistrado
de la Sala Administrativa al doctor JORGE EFRAIN ORDOÑEZ ORDOÑEZ, mediante
Resolución 256 del 28 de abril de 1998.
Aparece en el
expediente la publicación del 22 de mayo de 1998 del Consejo Superior de la
Judicatura, en la cual constan los resultados definitivos, etapa clasificatoria
a nivel nacional, que ubican al accionante en el puesto 18.
Verificado el
registro de elegibles en orden descendente de puntaje total para la Seccional
Cundinamarca, se desprende que el accionante ocupó el cuarto lugar con un
puntaje de 744.67; y que los doctores JULIO ALBERTO VILLAMIZAR GOMEZ y MARTHA
ESPERANZA RUEDA MERCHAN obtuvieron puntajes de 714.20 (noveno lugar) y 642.77
puntos, para el puesto número veinte, respectivamente.
Expediente
T-183173
La
accionante, GLORIA STELLA CANAVAL ERAZO, demandó al Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Administrativa- por considerar violados sus derechos a la
dignidad humana, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos.
Afirmó
que obtuvo una calificación total de 722.70 puntos, con lo cual ocupó el puesto
número 31 a nivel nacional entre un total de 135 clasificados y el segundo
lugar a nivel regional (Departamento del Valle del Cauca) entre 10
participantes clasificados.
Manifestó
que escogió como sedes las seccionales de los departamentos del Valle y del
Cauca.
Aseveró
que tuvo conocimiento de que la entidad accionada nombró a los doctores OLMER
EYBEL GARCIA RODRIGUEZ (con 789.75 puntos), MARIA EUGENIA LOZANO ANGEL (con un
puntaje de 650.62) y CARLOS HUMBERTO TRUJILLO MORENO (con 619.27 puntos), en el
cargo de magistrados para la Sala Administrativa del Consejo Seccional del
Valle.
Con
base en los anteriores puntajes, la demandante presentó la siguiente ubicación
en orden descendente dentro del Registro Nacional de Elegibles:
GLORIA
STELLA CANAVAL ERAZO, puesto 31 a nivel nacional y 2 en el regional
MARIA
EUGENIA LOZANO ANGEL, puesto 81 a nivel nacional y 6 en el regional
CARLOS
HUMBERTO TRUJILLO MORENO, puesto 95 a nivel nacional y 9 en el regional
La
demandante alegó que no se hicieron los nombramientos en estricto orden
descendente de méritos.
Material
probatorio
Obra en el
expediente la publicación del Consejo Superior de la Judicatura en la cual
consta, en orden descendente, el puntaje total del registro de elegibles,
aspirantes al cargo de Magistrado de la Sala Administrativa, Seccional Valle,
según la cual la accionante ocupó el tercer lugar con un puntaje de 722.78, y
que los nombrados, doctores MARIA EUGENIA LOZANO ANGEL y CARLOS HUMBERTO
TRUJILLO MORENO, con 650.22 y 619.27 puntos, se ubicaron en el sexto y décimo
lugar, respectivamente.
A nivel nacional, y
con base en la publicación de los resultados definitivos, etapa clasificatoria,
de fecha 22 de mayo de 1998, aparece la petente ubicada en el lugar número 35 y
los doctores MARIA EUGENIA LOZANO ANGEL y CARLOS HUMBERTO TRUJILLO MORENO en los
puestos 79 y 97, respectivamente.
A
solicitud de los tribunales de conocimiento, la accionada adjuntó fotocopia de
las resoluciones mediante las cuales se confirma la exclusión del nombramiento
de la accionante y por el contrario la designación de los magistrados que
obtuvieron puntaje inferior.
Expediente T-149308
LUIS ANGEL TORO RUIZ
instauró acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Fe de Bogotá por estimar violados sus derechos a la igualdad y al
trabajo.
Relató el actor que
se presentó para la convocatoria de 1994, y que pasó todas las pruebas del
concurso para aspirar al cargo de Juez Penal Municipal del Distrito Judicial de
Santa Fe de Bogotá, habiendo obtenido el segundo puesto en la lista de
elegibles. En marzo de 1997 el Consejo Seccional de la Judicatura le comunicó
que su nombre había sido incluido en la lista de candidatos para proveer los
cargos de jueces 4, 11, 12, 65, 74, 76, 80 y 87 penales municipales de Santa Fe
de Bogotá. Sin embargo, no fue nombrado para ocupar las mencionadas vacantes.
Alegó el demandante
que el Tribunal contra el cual se dirige la acción desconoció el artículo 125
de la Carta Política y los criterios señalados por la Corte Constitucional, en
especial aquellos contenidos en la Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual se
ejerció el control previo de constitucionalidad sobre el proyecto de Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia.
En consecuencia, el
actor solicitó al juez de tutela que ordenara lo siguiente:
"1.- De ser
posible, la revocatoria de todos los nombramientos hechos con violación de las
normas y pronunciamientos sobre el concurso de méritos.
2.- Al Honorable
Tribunal Superior de Bogotá que solicite las listas para todos los cargos de
Juez Penal Municipal que en la actualidad se encuentren en provisionalidad.
3.- Al Honorable
Tribunal Superior de Bogotá que me nombre en la primera  oportunidad que se
presente en el cargo de Juez Penal Municipal.
4.- Al Consejo
Superior de la Judicatura de Bogotá-Cundinamarca, para que me siga enviando en
lista de elegibles hasta tanto se produzca el nombramiento solicitado.
5.- En caso de estar
en trámite algún nombramiento, ordenar al Honorable Tribunal Superior de
Bogotá, proceda de conformidad, nombrándome en ese Juzgado.
6.- Los demás
pronunciamientos que el Honorable Tribunal Administrativo considere prudentes y
necesarios".
Material
probatorio
Entre otras pruebas,
aparecen las siguientes en el expediente:
-Certificación
suscrita por la Secretaría de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual afirma que LUIS ANGEL TORO RUIZ
obtuvo un puntaje de 659.97 y que ocupó los siguientes lugares:
Municipio           Puesto                           Municipio                     Puesto
Bogotá                          2                          Facatativá                     1
Fusagasugá          1                          La
Mesa                        1
Soacha                          1                          Ubaté                                      1
Zipaquirá             1
Además, en dicha
certificación se expresa que el actor ha sido incluido en listas para proveer
los siguientes cargos de Juez: 4, 12, 65, 74, 76, 80, 87 y 26 Penal Municipal
de Bogotá, 1 Penal Municipal de Zipaquirá y 3 Penal Municipal de Soacha, de
conformidad con los acuerdos 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 139, 42 y 40 de 1997,
que también se anexan (fls. 93 y siguientes).
-Registro de
elegibles del concurso de méritos de aspirantes a jueces de la República,
convocatoria de 1994, Distrito de Santa Fe de Bogotá, en el que el peticionario
aparece ocupando el segundo lugar, con un puntaje total de 659.97 (fls. 118 y
119).
-Certificación
suscrita por la Secretaría General de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de Cundinamarca, mediante la cual se hace constar que el peticionario
estuvo inscrito en el registro nacional de elegibles para proveer el cargo de
Juez Promiscuo Municipal en varias sedes territoriales del Departamento de
Cundinamarca, entre ellos la de San Cayetano (folio 188).
-A folios 203 y 204
aparece el acta de posesión del accionante en el cargo de Juez Promiscuo
Municipal de San Cayetano (Cundinamarca), de fecha 31 de enero de 1998 y la
Resolución 030 del 5 de marzo del mismo año, por medio de la cual se le
inscribe en el Escalafón de la carrera judicial en ese cargo.
-Acuerdo 031 del 24
de abril de 1998 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, por medio del cual se formuló ante el Tribunal Superior de
Cundinamarca la lista de candidatos para proveer el cargo de Juez Primero Penal
Municipal de Zipaquirá, y en la que se incluyó el nombre del accionante.
-Certificado expedido
por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura de Cundinamarca, en el cual consta que el actor fue nombrado como
Juez Penal Municipal de Zipaquirá, y que se encuentra pendiente la respectiva
confirmación. (Fls. 386 y 388).
Expediente
T-176368
LINA B. CABRALES
MARRUGO instauró acción de tutela contra la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, por estimar violados sus derechos a la igualdad, al
trabajo, al debido proceso y el derecho de acceder al desempeño de funciones y
cargos públicos.
Afirmó la
peticionaria que concursó para aspirar al cargo de Magistrado de Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, y que después de haberse
sometido a todas las pruebas obtuvo un puntaje total de 715.26.
Agregó que escogió
las sedes territoriales de Atlántico y Sucre, y que en el registro de elegibles
correspondiente al Consejo Seccional de Sucre ella ocupó el primer lugar. No
obstante, la autoridad demandada designó a TULIA ISABEL JARAVA CARDENAS y JAIME
GARCIA CHADID, quienes habían ocupado el segundo y tercer puesto (con 705.86 y
700.71 puntos), respectivamente. La demandante señaló que en el Registro
Nacional de Elegibles ella estaba en el puesto 41, en tanto que las personas
nombradas ocuparon el 49 y el 55.
En consecuencia,
solicitó al juez de tutela que ordenara al Consejo Superior de la Judicatura
que procediera a nombrarla en propiedad como Magistrada de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, en lugar de quienes,
a su juicio, fueron indebidamente nombrados.
Material
probatorio
Entre otras pruebas,
se anexaron al expediente las siguientes:
-Resolución 71 del 19 de febrero de 1998,
mediante la cual se publicaron los puntajes obtenidos en la etapa clasificatoria
por los integrantes del Registro Nacional de Elegibles (fls. 29 a 33), en la
que consta que la accionante obtuvo una calificación de 715.26 puntos, y que
las personas nombradas obtuvieron puntajes inferiores.
-Registro de
elegibles de aspirantes a Magistrado de Sala Administrativa del Consejo
Seccional de Sucre, en el cual se observa que LINA B. CABRALES MARRUGO ocupó el
primer lugar (ver fl. 27 del expediente) y los doctores TULIA ISABEL JARAVA
CARDENAS y JAIME GARCIA CHADID ocuparon el segundo y tercer lugar,
respectivamente.
-Resoluciones 241 y
242 de 1998, expedidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, mediante las cuales fueron nombrados en propiedad TULIA ISABEL
JARAVA CARDENAS y JAIME GARCIA CHADID, respectivamente, como magistrados de la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre
(fls.158-159), y la Resolución 391 de 1998, mediante la cual se inscribieron en
el Registro Nacional de Escalafón de la Carrera Judicial en los aludidos cargos
(fl. 162 a 166).
Expediente
T-179877
ELPIDIO CEBALLOS
MAYA incoó acción de tutela contra la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, por cuanto estimó violados sus derechos a la igualdad, al
trabajo, al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos.
Afirmó el demandante
que presentó y aprobó todas las pruebas para acceder al cargo de Magistrado de
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, habiendo
obtenido 810.73 puntos, con lo cual clasificó en el segundo puesto a nivel
nacional. El peticionario escogió la Seccional de Antioquia, con sede en
Medellín, para la cual se ubicó en el primer lugar en la lista de candidatos.
Sin embargo, fueron nombrados en dicha sede ALBERTO ANTONIO CEBALLOS VELASQUEZ,
JESUS MARIA HURTADO GALLEGO y OSCAR GIRALDO JIMENEZ, quienes habían obtenido
709.42, 628.71 y 580.17 puntos y una clasificación dentro del registro nacional
en los puestos 44, 91 y 105, respectivamente.
Por tal motivo
solicitó al juez de tutela que ordenara a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura que respetara el registro de elegibles en estricto orden
descendente de puntajes al proferir actos administrativos de nombramiento y
que, por tanto, dispusiera su designación en propiedad como Magistrado de la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Material
probatorio
Aparecen en el
expediente, entre otros documentos, los siguientes:
-Resolución 071 de
1998 del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, en la cual
consta que dentro del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
cargos de magistrados de las salas administrativas de los consejos seccionales
de la judicatura, ELPIDIO CEBALLOS MAYA obtuvo un puntaje de 810.73, y que
efectivamente quienes fueron nombrados en los cargos, tuvieron menores puntajes
(fls. 182 a 186 del cuaderno 2).
-Resoluciones de
nombramiento de CEBALLOS VELASQUEZ, HURTADO GALLEGO y GIRALDO JIMENEZ (fls. 44
a 46 del cuaderno 2) y la Resolución 391, por la cual se inscribieron en el
Registro Nacional de Escalafón de Carrera Judicial, en los cargos de
magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, a CEBALLOS VELASQUEZ y a GIRALDO JIMENEZ (fls. 249 a 253 del
cuaderno 3), así como el Acta de posesión de éstos dos (fl. 103).
II. DECISIONES
JUDICIALES MATERIA DE EXAMEN
Expediente
T-173401
La Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante
providencia  del  2  de  julio de 1998, negó la tutela porque -según su
criterio- la peticionaria podía ejercer la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho -con posibilidad de pedir la suspensión provisional de los actos en
cuestión-, y en desarrollo de la cual los posibles afectados gozarían de todas
las garantías para ejercer su defensa. El Tribunal agregó que tampoco se estaba
en presencia de un perjuicio irremediable, situación que descartaba el amparo
transitorio.
Las partes no
impugnaron la decisión.
Expediente
T-176185
La Sala de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, en sentencia
del 16 de julio de 1998, resolvió negar la tutela impetrada por la doctora
CECILIA MARGARITA DURAN UJUETA, en razón a que, según los documentos allegados
al expediente, se concluyó que la tutelante no fue la ganadora del concurso ya
que ocupó el puesto 86.
Consideró igualmente
el Tribunal que las decisiones mediante las cuales se eligen a los magistrados
de los consejos seccionales de la Judicatura son actos administrativos, y como
tales, amparados bajo la presunción de legalidad, susceptibles de ser
demandados ante la justicia contencioso administrativa, existiendo por ende,
otro medio de defensa judicial que hace improcedente la tutela.
Además, expuso el Tribunal
que la peticionaria no ocupó el tercer puesto que aseguró tener en el listado,
pues el Consejo Superior de la Judicatura elabora un Registro Nacional de
elegibles, lo cual excluye la existencia de listados seccionales a que alude la
demandante. No existen por tanto, los registros seccionales que no están
previstos en la ley ni en reglamento alguno.
Expediente T-177227
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en fallo del 9
de junio de 1998, resolvió negar la tutela, al considerar que no existe
disposición alguna que establezca que debe designarse a la persona que obtuvo
el mayor puntaje. La Constitución es ajena a esa clase de disposiciones y
remite a la ley, de lo cual se deduce que, tanto el acceso a la carrera como
los derechos que de ella se derivan, son derechos regulados en normas legales,
no de estirpe constitucional, por lo que al tenor del artículo 2 del Decreto
306 de 1992, no resultan ser derechos de protección inmediata y existen además
recursos y acciones judiciales ordinarias, distintas a la acción de tutela, a
través de las cuales la persona puede procurar el respeto o restablecimiento de
sus derechos.
De otro lado -agregó
el Tribunal- se tiene que las decisiones de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura son actos administrativos, amparados por la
presunción de legalidad, mientras no sean anulados o suspendidos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las controversias que se
susciten respecto de la legalidad de la actuación administrativa, por no ser de
estirpe constitucional, no pueden ser decididas a través de la acción de
tutela, sino de las acciones judiciales ordinarias.
El anterior fallo
fue impugnado por el interesado con el argumento de que los nombramientos debieron
hacerse sobre los listados elaborados para cada seccional y no sobre el listado
general con todos los elegibles del país.
Correspondió la
decisión en segunda instancia al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, Corporación que, mediante sentencia del 16 de julio de 1998, confirmó la
providencia inicial al considerar que el actor dispone de otro medio de defensa
judicial, ya que las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, por
medio de las cuales se hicieron los nombramientos de los magistrados de la Sala
Administrativa de los consejos seccionales de la judicatura del Quindío y
Risaralda, son actos administrativos contra los cuales procede la acción
contencioso administrativa, e inclusive si el actor considera que se reúnen los
presupuestos legales, puede impetrar la suspensión provisional en los términos
del artículo 152 del C.C.A.
Expediente T-175208
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante
providencia del 13 de julio de 1998, resolvió negar la tutela, por las razones
que se señalan a continuación:
-Del material
probatorio se infiere que el concurso realizado tuvo carácter nacional y que
los aspirantes concursaron en el entendimiento de que podrían ser elegidos en
cualquiera de las salas administrativas de los consejos seccionales de la
judicatura del país, aunque luego se les dio la oportunidad de escoger dos
opciones de sitio.
-Observados los
puntajes finales, sostuvo la Sala que dentro del concurso quienes obtuvieron
los más altos puntajes fueron otras personas, según informe de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, ya que la aspirante ocupó el puesto 11
con 762.57 puntos.
-Encontró el
Tribunal que examinados los preceptos constitucionales consagratorios de la
carrera administrativa, y en especial los de la carrera judicial, no existe
ninguna norma que establezca que la provisión deba ser hecha siguiendo en forma
rigurosa el orden descendente del concurso de méritos o que deban llenarse
según el orden riguroso de los puntajes o resultados finales del concurso.
-Expresó también que
los nombramientos se hacen mediante decisiones del Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, las cuales constituyen actos administrativos
que se encuentran amparados por la presunción de legalidad, de tal suerte que
para que sean suspendidos debe recurrirse a la jurisdicción contencioso
administrativa. Agregó, que las personas tienen a su disposición la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de la cual pueden demandarse
estos actos administrativos pudiendo obtenerse la protección de los derechos
-Como quiera que la
Constitución de 1991 remite a la ley para efectos de los requisitos y
condiciones de acceso a los empleos, sería necesario un análisis detallado de
las normas legales que rigen los concursos de méritos para el acceso a la
carrera judicial, a fin de verificar si se infringió o no alguna disposición
por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, lo
cual implicaría un debate de orden legal, aspecto que a las luces del Decreto
306 de 1992 es extraño a la acción de tutela.
Expediente
T-183165
La Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 8
de julio de 1998, resolvió conceder la tutela impetrada, por violación de los
derechos invocados, y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, designar en propiedad al doctor AUGUSTO OSCAR TRUJILLO BRAVO
como Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca y tener el nombre de la doctora MARIA EUGENIA
LOZANO ANGEL, para futuros nombramientos.
Consideró la Sala
que de la disposición contenida en el artículo 256, inciso 2 de la
Constitución, deben distinguirse dos situaciones: que existe un listado de
aspirantes remitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, para cargos de
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, el cual no está sujeto al
sistema de carrera o concurso, y otra situación para funcionarios y empleados
judiciales, que sí están sujetos al sistema de carrera y concurso, según la Ley
270 de 1996. Se apoyó el Tribunal en sentencias de la Corte Constitucional de
las cuales cabe destacar la SU-133 de 1998, según la cual el nominador está obligado
a nombrar al concursante que obtuvo el primer puesto en la lista de elegibles,
reservando a los siguientes para posteriores nombramientos, también en orden
descendente.
Señaló el Tribunal
que el peticionario AUGUSTO OSCAR TRUJILLO BRAVO ocupó el cuarto puesto a nivel
regional en el registro de elegibles y el primero después de ocurrido el
nombramiento de quienes le antecedían, y que al nombrarse a la doctora MARIA
EUGENIA LOZANO ANGEL, con un puntaje muy inferior al suyo, indiscutiblemente se
violaron las reglas del concurso, razón por la cual se impone su nombramiento
como Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca.
La anterior
sentencia fue impugnada por la doctora MARIA EUGENIA LOZANO ANGEL, por la
Directora Ejecutiva de Administración Judicial y representante legal del
Consejo Superior de la Judicatura y por el doctor Julio Cesar Ortiz, en nombre
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 4 de agosto de 1998,
decretó la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior de Cali y remitió las
diligencias al Tribunal Superior de Bogotá, en razón a que la Sala
Administrativa demandada tiene su sede en esta ciudad.
La Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, en providencia
del 9 de septiembre de 1998, resolvió rechazar por improcedente la tutela
impetrada por el doctor AUGUSTO OSCAR TRUJILLO BRAVO. Afirmó el Tribunal  que
el conflicto surgido entre el accionante y el Consejo Superior de la Judicatura
radica en las interpretaciones sobre las normas que regulan la carrera judicial
y el nombramiento o elección de funcionarios judiciales. Tales discrepancias
interpretativas frente a los textos legales deben  analizarse y fallarse dentro
de un proceso ordinario y no en un proceso breve y sumario como es el de
tutela.
Expediente T-186366
La Sala Penal del
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia del 24 de
septiembre de 1998, resolvió denegar por improcedente la tutela, al afirmar que
esta acción es de naturaleza residual y que no es posible, mediante ella,
desconocer los derechos adquiridos en cuanto a la estabilidad laboral de
quienes vienen desempeñando los cargos de magistrados de los consejos
seccionales de la judicatura. Aseguró que el accionante tiene la posibilidad de
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar la protección
del derecho que considera vulnerado.
Expediente T-176167
La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá,
mediante providencia del 22 de julio de 1998, denegó la tutela.
Adujo el Tribunal
que de acuerdo con el material probatorio no se violaron los derechos
fundamentales alegados por la peticionaria, en la medida en que las vacantes
fueron llenadas siguiendo el trámite correspondiente.
Expediente T-175307
La Sala Civil del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante
sentencia del 10 de julio de 1998, resolvió denegar la acción de tutela.
Afirmó el Tribunal
que la situación cuestionada por el peticionario no es otra que la de
controvertir  la legalidad de la actuación administrativa, proferida por la
entidad pública accionada, con ocasión del nombramiento de otros magistrados en
la Sala Administrativa de los consejos seccionales de la Judicatura de
Cundinamarca y Nariño, toda vez que aquél afirma tener un mejor derecho.
En últimas,
consideró el Tribunal que el peticionario pretende que el juez de tutela anule
dicha actuación, o por lo menos parte de ella, y se disponga su nombramiento en
uno de estos cargos, por haber obtenido un puntaje superior al de los
nombrados.
Por esta razón,
manifiesta que no existe vulneración a los derechos fundamentales incoados por
el actor, sino que se trata de la protección de otros derechos cuyo amparo y
garantía corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Destaca finalmente
el Tribunal, que los funcionarios nombrados, conforme al procedimiento
dispuesto por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ingresaron a
la Carrera Judicial y que en virtud de ello, para poder ser retirados del
servicio, existen causales taxativas consagradas en la propia ley y que ninguna
de ellas determina la situación alegada por el tutelante.
Expediente T-183173
La
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali,
mediante fallo del 25 de junio de 1998, concedió la protección de los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela y ordenó a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de 48
horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a designar en propiedad a
la doctora GLORIA STELLA CANAVAL ERAZO, en el cargo de Magistrada de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca,
desplazando así al doctor CARLOS HUMBERTO TRUJILLO MORENO, profesional que
deberá ser tenido en cuenta para futuros nombramientos, según el puesto que le
corresponda en la lista de elegibles.
Impugnado
el fallo, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia, Corporación que,
mediante providencia del 4 de agosto de 1998, proferida por la Sala de Casación
Penal, decretó la nulidad de lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, preservando la validez de las pruebas allegadas.
Consideró
que la autoridad demandada, Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura tiene su sede en la ciudad de Bogotá y que la conducta objeto de
juicio no tuvo ocurrencia en la ciudad de Cali. Por tanto, remitió la actuación
a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, corporación que en
sentencia del 9 de septiembre de 1998 decidió denegar el amparo impetrado.
El Tribunal
consideró que resultaba improcedente la viabilidad de la tutela, ya que se
trataba de actos administrativos que alcanzaron su perfección y que para lograr
su nulidad debe acudirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Expediente
T-149308
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda, Subsección C-, mediante
providencia del 4 de junio de 1998, negó la protección solicitada ya que, a su
juicio, existía otro medio de defensa judicial, en la medida en que los
nombramientos de los jueces penales municipales -concretados en actos
administrativos y amparados por la presunción de legalidad- podían ser atacados
a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por otra parte
-agregó el Tribunal-, al concurso de méritos de 1994 no se le podía aplicar la
Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, puesto que ésta
entró a regir después.
Afirmó el a-quo
que como el artículo 125 de la Constitución Política establece que el ingreso a
los cargos de carrera se hará previo el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes, el caso en estudio envuelve un debate estrictamente legal y, por
tanto, ajeno al ámbito de la tutela. Agregó que "el hecho comprobado en el
sub-lite, de la ubicación destacada del actor en las listas de elegibles
que ha remitido el Consejo Seccional de la Judicatura al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá D.C., no demuestra por sí mismo como
pretende el actor cuando solicita la revocatoria de los nombramientos hechos y
recaidos en personas elegibles de las mismas listas de las cuales ha hecho
parte, que esos nombramientos hayan sido inconstitucionales y por lo tanto hayan
violado el derecho a la igualdad o el acceso al trabajo, pues se trataba de
personas con opción de ser elegidas, tanto como el petente" (fl. 312).
Según el tribunal de
instancia, para el acceso a los cargos de carrera no existe norma
constitucional que ordene elegir a la persona con mayor puntaje, pues la Carta
delega en la ley la regulación de condiciones y requisitos que deben cumplir
los aspirantes, de modo que la controversia -reiteró- desciende al campo de lo
puramente legal.
Consideró que los nombramientos
de jueces no se podían revocar mediante un fallo de tutela, pues en el proceso
de amparo los terceros citados no gozan de todas las garantías para ejercitar
plenamente su derecho de defensa.
En relación con la
pretensión del actor, consistente en ser nombrado en el cargo de juez penal
municipal en la próxima oportunidad, el Tribunal consideró que aquélla no podía
prosperar, porque, si bien conocía los criterios expuestos recientemente por la
Corte Constitucional (Sentencia SU-133 de 1998) sobre nombramientos en la Rama
Judicial, no podía aplicarlos al caso bajo estudio por las siguientes razones:
"...el
accionante (...) a la fecha ya se encuentra nombrado, confirmado y posesionado
en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de San Cayetano (Cundinamarca), e
inscrito en el escalafón o Registro Nacional de Carrera Judicial. Lo anterior
porque el citado doctor Toro Ruiz atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo 085 del
17 de junio de 1997, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, por medio del cual se homologan los registros nacionales de
elegibles para los cargos de jueces penales y civiles municipales con el
correspondiente a los cargos de jueces promiscuos municipales voluntariamente
solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca -Sala
Administrativa-, su respectiva homologación, la cual fue aceptada y tramitada
por el Consejo Superior de la Judicatura  en cumplimiento a lo previsto en el
artículo 3 del Acuerdo precitado sobre homologación.
En virtud de lo
anterior, el doctor Toro quedó inscrito en el Registro de Elegibles para el
cargo de Juez Promiscuo Municipal.
(...)
"...al ser
incluido en primer lugar en la lista de elegibles para el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Cayetano, el Tribunal Superior (...) lo eligió mediante
Acuerdo 45 del 19 de noviembre de 1997 como Juez del antes citado Municipio,
cargo del cual tomó posesión el día 31 de enero del año en curso y respecto del
cual ya se encuentra confirmado mediante Acuerdo 02 del 27 de enero de este
año, emanado del Tribunal nominador.
"Legalmente
(...) ha dejado de pertenecer a las listas de elegibles, pues ya se cumplió con
el cometido del registro de elegibles..." (fl. 316).
Con base en lo
anterior, estimó el tribunal que existía sustracción de materia y que, por
tanto, no podía acceder a las pretensiones del actor. Por último, llamó la
atención acerca de que el demandante no hubiera informado desde un principio a
los despachos judiciales sobre su nombramiento como Juez de la República, pues
ello definitivamente habría tenido incidencia en la resolución del conflicto.
El fallo de primera
instancia fue impugnado por el actor, quien aclaró que en efecto él había
solicitado la homologación debido a que se dio por vencido cuando le
comunicaron que el proceso de tutela no había sido seleccionado para revisión
por parte de la Corte Constitucional. Afirmó que a pesar de estar nombrado como
Juez Promiscuo Municipal de San Cayetano, aún aspira al cargo de Juez Penal
Municipal de Santa Fe de Bogotá.
En segunda instancia
la Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda, Subsección A- del
Consejo de Estado, mediante providencia del 16 de julio de 1998, estimó que la
tutela era improcedente, ya que el demandante podía instaurar la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante esa jurisdicción.
Consideró dicha
Corporación que sí había operado la sustracción de materia al ser nombrado el
demandante como Juez Promiscuo Municipal de San Cayetano, pues aquél
voluntariamente pidió la homologación, siendo así su pretensión satisfecha.
Aseveró el Consejo
de Estado que con base en lo señalado por la Corte Constitucional, al analizar
el artículo 166 del proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, que en una designación por concurso pesan elementos objetivos que son
los que determinan el puntaje en la selección de elegibles, "y los
subjetivos del nominador, que difícilmente pueden ser examinados por una
persona distinta a quien con su voto contribuye al nombramiento por elección".
Agregó que "la abstracción de esa subjetividad del nominador, llevaría a
negar la competencia que le da la ley y sería asignarla a otro, pues quien en
realidad elegiría no sería la corporación, sino el calificador del
concurso". Y señaló que el elemento subjetivo no suponía necesariamente la
arbitrariedad, y que en cuanto ésta se presentara, el respectivo nombramiento
podría ser atacado por esa razón, pero ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Expediente
T-176368
Mediante fallo del
22 de julio de 1998, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá negó la protección solicitada, ya que -a su
juicio- la demandante podía intentar la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y además no
se vislumbraba la ocurrencia de un perjuicio irremediable, motivo por el cual
tampoco podía accederse al amparo transitorio.
Agregó el Tribunal
que, independientemente de lo anterior, tampoco procedía la tutela en el caso
específico, por cuanto la peticionaria no ocupó el primer lugar en el registro
de elegibles, sino que obtuvo el número 41. Explicó el Tribunal de instancia
que los puntajes no podían ser tenidos en consideración sólo en relación con
los concursantes para cada sede territorial -en este caso la de Sucre-, sino
que era necesario tener en cuenta el lugar que ocupó la demandante en el
Registro de Elegibles a nivel Nacional, con el fin de no desconocer los
derechos y aspiraciones de quienes obtuvieron un mejor puntaje en el resultado
final pero no optaron por una determinada sede territorial.
El anterior fallo no
fue objeto de impugnación.
Expediente
T-179877
La Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante providencia del 10 de junio
de 1998, concedió la tutela de los derechos invocados y, en consecuencia,
ordenó a la autoridad contra la cual se dirigió la acción que nombrara en
propiedad a ELPIDIO CEBALLOS MAYA en el cargo al cual éste había aspirado,
desplazando al doctor OSCAR GIRALDO JIMENEZ.
El fallo fue
impugnado por el Consejo Superior de la Judicatura y por el tercero
directamente afectado con la decisión. Por su parte, la Directora Ejecutiva de
la Administración Judicial solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declarara
la nulidad de lo actuado desde el auto que admitió la demanda de tutela, ya que
a dicha funcionaria, como representante de la Nación-Rama Judicial, no le fue
notificada la iniciación del proceso.
En segunda
instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia del 22 de julio de 1998, negó la petición de la Directora Ejecutiva
de la Administración Judicial. No obstante, sí decretó la nulidad de todo lo
actuado porque -a su juicio- el Tribunal Superior de Medellín carecía de
competencia por factor territorial para desatar el litigio, toda vez que la
conducta acusada ocurrió en la capital de la República, lugar donde tiene su
sede la autoridad demandada.
Una vez recibidas
las diligencias, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Fe de Bogotá, en sentencia del 20 de agosto de 1998, negó la tutela,
puesto que, según su criterio, el demandante podía impugnar ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo las resoluciones de nombramiento,
y manifestó que no le era permitido al juez constitucional desconocer los
derechos de quienes venían ocupando los cargos.
El fallo no fue
objeto de recursos.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es
competente para revisar los fallos de tutela que anteceden, según lo disponen
los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991.
Aunque los
expedientes fueron repartidos a distintas salas de revisión, la Sala Plena de
la Corte, en desarrollo de lo previsto por el artículo  53 del Reglamento de la
Corporación, asumió el conocimiento del asunto y resolvió acumular los
expedientes, dada la unidad de materia.
2. Ineficacia del
otro medio de defensa judicial
La Corte
Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución, ha sostenido que si el accionante tiene a su alcance otro medio
judicial para la defensa de sus derechos no cabe la acción de tutela, a menos
que se encuentre ante la inminente presencia de un perjuicio irremediable (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-01 del 3 de abril
de 1992 y Sala Plena, Sentencia C-543 del 1 de octubre del mismo año).
Pero también ha sido
clara esta Corporación al señalar, fundada en la prevalencia del derecho
sustancial (art. 228 C.P.) y en la necesidad, impuesta por la Carta, de dar
efectividad a los derechos fundamentales (arts. 2, 5 y 86 C.P.), que en cada
caso concreto el juez de tutela debe establecer la eficacia del medio judicial
que formalmente se muestra como alternativo, para establecer si en realidad,
consideradas las circunstancias del solicitante, se está ante un instrumento
que sirva a la finalidad específica de garantizar materialmente y con prontitud
el pleno disfrute de los derechos conculcados o sujetos a amenaza.
En otros términos,
el medio alternativo de defensa judicial debe ser evaluado y calificado por el
juez de tutela respecto de la situación concreta que se pone en su
conocimiento.
De allí que disponga
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 que "la existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante".
A ese respecto,
conviene citar la Sentencia T-03 del 11 de mayo de 1992, en la que expresó la
Sala Tercera de Revisión de la Corte:
"Considera esta
Corporación que, cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se
refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ..."
como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe
entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se
restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es
decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa
judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser
idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la
Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de
medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales
efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción
de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una
utopía".
También ha sido
constante la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que, frente al
objetivo prevalente de asegurar el respeto a los derechos fundamentales por la
vía judicial, no es lo mismo cotejar una determinada situación con preceptos de
orden legal que compararla con  los postulados de la Constitución, pues la
materia objeto de examen puede no estar comprendida dentro del ámbito de aquél,
ni ofrecer la ley una solución adecuada o una efectiva protección a la persona
en la circunstancia que la mueve a solicitar el amparo, encajando la hipótesis,
en cambio, en una directa y clara vulneración de disposiciones
constitucionales.
La Corte recalcó esa
diferencia, respecto de la magnitud del objeto de los procesos, haciendo ver
que una es la dimensión de los ordinarios y otra la específica del juicio de
protección constitucional en situaciones no cobijadas por aquéllos:
"...la
existencia del medio judicial alternativo, suficiente para que no quepa la
acción de tutela, debe apreciarse en relación con el derecho fundamental
de que se trata, no respecto de otros.
Esto significa que
un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto
y con suficiente aptitud a la salvaguarda del derecho fundamental invocado. En
consecuencia, si dicho medio protege derechos distintos, es viable la acción de
tutela en lo que concierne al derecho que el señalado medio no protege, pues
para la protección de aquel se entiende que no hay otro procedimiento de
defensa que pueda intentarse ante los jueces.
Desde este punto de
vista, es necesario que el juez de tutela identifique con absoluta precisión en
el caso concreto cuál es el derecho fundamental sujeto a violación o amenaza,
para evitar atribuirle equivocadamente una vía de solución legal que no se ajusta,
como debería ocurrir, al objetivo constitucional de protección cierta y
efectiva (artículos 2, 5 y 86 de la Constitución)". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-441 del 12 de octubre de
1993. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
La misma razón
sirvió de fundamento a la Corte para proferir la Sentencia SU-342 del 2 de
agosto de 1995 en el caso Leonisa (M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Los hechos que
exponen los demandantes en los distintos procesos de tutela que ahora se
examinan guardan relación con actos administrativos proferidos como culminación
de procesos de concurso para proveer cargos de funcionarios en la Rama
Judicial.
Es indudable que en
todos ellos se hallan en juego derechos constitucionales fundamentales -el
trabajo, la posibilidad de acceder a cargos y funciones públicas, el debido
proceso y la igualdad-, puesto que el motivo de las demandas reside en el hecho
de que los nominadores han ignorado los resultados del concurso y han llenado
las vacantes con nombres de personas calificadas con puntajes inferiores a los
de quienes ahora piden protección constitucional.
Por otra parte, está
en tela de juicio un problema mucho más amplio, que repercute en los derechos
de los actores, cual es el de la inaplicación del artículo 125 de la Carta
sobre carrera, que es del resorte del juez encargado de velar por la eficacia y
certidumbre de los derechos fundamentales.
Para los propósitos
de hacer efectivos los enunciados derechos fundamentales de manera oportuna y
cierta, y para asegurar la correcta aplicación del artículo 125 de la
Constitución, no es la acción electoral -que puede intentarse ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo- el medio judicial idóneo con
efectividad suficiente para desplazar a la acción de tutela. Se trata, desde
luego, de una acción pública que puede ser intentada por cualquier ciudadano,
pero que no tiende a reparar de manera directa y con la oportunidad necesaria
los derechos fundamentales de quienes han participado en el concurso.
Tampoco es idónea la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo objeto difiere
claramente del que arriba se expone.
Sobre el tema, la
Sala Plena de la Corte reitera lo expuesto en ocasiones anteriores:
"El
procedimiento administrativo complejo a que da lugar el concurso, comprende una
serie de etapas (convocatoria, reclutamiento, aplicación de pruebas o
instrumentos de selección), conformadas por actos jurídicos y materiales que
tienden a una finalidad, como es la conformación de una lista de elegibles, con
base en la cual se produce el nombramiento en período de prueba.
El acto de la
administración que establece la lista de elegibles constituye un acto
administrativo, porque la administración, hace una evaluación fáctica y jurídica,
emite un juicio y produce consecuencialmente una decisión, la cual es
generadora de derechos y creadora de una situación jurídica particular, en el
sentido de que las personas incluidas en dicha lista tienen una expectativa
real de ser nombradas en el correspondiente empleo. Indudablemente, la
elaboración de dicha lista constituye un acto preparatorio de otro, como es el
nombramiento en período de prueba de la persona seleccionada, pero ello no le
resta a aquél su entidad jurídica propia e independiente de éste.
Con respecto a las
personas no incluidas en la lista por no haber obtenido el puntaje
correspondiente a juicio de la administración, según las bases del concurso, se
genera igualmente una situación jurídica particular y concreta aunque negativa,
en el sentido de que la determinación de la lista de elegibles conlleva la
decisión desfavorable a ser tenidas en cuenta para la provisión del empleo; a
las personas que han sido ubicadas en dicha lista en un lugar que no
corresponde, conforme a los resultados reales y atendidas las bases del
concurso, también se les crea una situación jurídica de la misma índole, porque
se les limita, restringe o se les anula la posibilidad de ser nombradas en el
empleo que debe ser provisto.
Desde un punto de
vista meramente formal, es obvio que contra el acto en cuestión los afectados
pueden intentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; pero a
juicio de la Sala este medio alternativo de defensa judicial no es idóneo y
eficaz, por las siguientes razones:
- La no inclusión de
una persona en la lista de elegibles o la figuración de ésta en un lugar que no
corresponde, según las consideraciones precedentes, puede implicar la violación
de derechos fundamentales, entre otros, a la igualdad, al debido proceso y al
trabajo.
- La acción
contenciosa administrativa mencionada, en caso de prosperar, tendría como
resultado la anulación del acto administrativo en referencia, esto es la lista
de elegibles e igualmente el restablecimiento de derecho.
Sin embargo, cabría
preguntarse, en qué consistiría dicho restablecimiento?.
Hipotéticamente
podría pensarse que el restablecimiento del derecho lesionado se lograría de
dos maneras: 1) reconociendo al afectado el pago de una presunta indemnización.
2) Emitiendo la orden a la administración para que rehaga la lista de elegibles
e incluya a quien resultó favorecido con la acción dentro de dicha lista en el
lugar que corresponda, según el puntaje real obtenido.
En cuanto al pago de
la indemnización, estima la Sala que existen dificultades jurídicas y prácticas
para tasarlas, pues los perjuicios morales difícilmente podrían reconocerse,
por no darse los supuestos jurídicos y fácticos que para ello se requiere; en
cuanto a los perjuicios materiales, realmente no existirían unos parámetros
ciertos con base en los cuales pudieran ser no sólo reconocidos, sino
liquidados, pues cabría preguntarse, ¿en qué forma se evaluaría el perjuicio
consistente en no ser incluido en una lista de elegibles, o en ser ubicado en
ésta en un lugar que no corresponda al puntaje obtenido por el interesado?, si
se tiene en cuenta que la colocación en dicha lista es apenas un acto
preparatorio del nombramiento y, por lo tanto, tan sólo crea una expectativa
para ser designado en el empleo.
Además, el
reconocimiento de la indemnización, no puede actuar como un equivalente o
compensación de la violación del derecho fundamental, pues lo que el
ordenamiento constitucional postula es su vigencia, goce y efectividad en
cabeza de su titular; dicho de otra manera, la indemnización que se reconocería
no sería idónea para obtener la protección del derecho fundamental que ha sido
conculcado por la actuación de la administración.
La orden a la
administración para que reelabore la lista de elegibles, con la inclusión en
ella del demandante en el proceso contencioso administrativo, carece de objeto
y de un efecto práctico, porque dicha lista tiene como finalidad hacer posible
la oportuna provisión del cargo o de los cargos correspondientes y para la
época en que se dictaría la sentencia, ya la administración habría realizado
los nombramientos y las personas designadas han adquirido la estabilidad en el
cargo que da su escalafonamiento en la carrera administrativa, estabilidad que
no se puede desconocer porque su nombramiento se realizó en forma legítima y
con base en un acto que era válido -la lista de elegibles- para la época en que
se hizo la designación, y obviamente el escalafonamiento en carrera luego de
superado el período de prueba también es legítimo. Es decir, que el resultado
del proceso contencioso administrativo no tiene por qué afectar las situaciones
jurídicas válidas que quedaron consolidadas, con fundamento en el concurso, en
favor de quienes fueron incluidos en la lista de elegibles y fueron designados
para los respectivos cargos. Por consiguiente, quien triunfó en el proceso
contencioso administrativo no obtiene con su acción el resultado deseado, cual
es el de ser nombrado en el cargo correspondiente. Ello es así, porque el restablecimiento
del derecho, a juicio de la Sala, no puede ser ordenado en el sentido de que se
nombre al citado en el empleo al cual aspira pues semejante obligación no se le
puede imponer a la administración, ya que para ser nombrado, previamente debe estar
incluido en la lista de elegibles.
Es más, la orden de
reelaborar la lista no tiene un sustento jurídico serio, pues a la
administración se le conminaría a que modifique un acto administrativo que ya
se encuentra extinguido por el agotamiento de su contenido, lo cual, además,
como se dijo antes no tiene un efecto práctico.
La provisión de
empleos públicos a través de la figura del concurso, obedece a la satisfacción
de los altos intereses públicos y sociales del Estado, en cuanto garantiza un
derecho fundamental como es el acceso a la función pública, realiza el
principio de igualdad de tratamiento y de oportunidades de quienes aspiran a
los cargos públicos en razón del mérito y la calidad y constituye un factor de
moralidad, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de la función
administrativa. Por lo tanto, la oportuna provisión de los empleos, con arreglo
al cumplimiento estricto de las reglas del concurso y el reconocimiento
efectivo de las calidades y el mérito de los concursantes asegura el buen
servicio administrativo y demanda, cuando se presenten controversias entre la
administración y los participantes en el concurso, de decisiones rápidas que
garanticen en forma oportuna la efectividad de sus derechos, mas aún cuando se
trata de amparar los que tienen el carácter de fundamentales". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-256 del 6 de junio de
1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Por lo tanto, no se
aceptan los argumentos expuestos por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura sobre una posible improcedencia de la acción de
tutela, que, por el contrario, se estima el único mecanismo idóneo para
restaurar eficaz y oportunamente los derechos fundamentales violados.
3. Reiteración de la doctrina
constitucional. Aplicabilidad de las normas constitucionales sobre carrera a la
provisión de cargos de funcionarios y empleados de la Rama Judicial. El derecho
del concursante con mayor puntaje, quien debe ser nombrado, salvo razones
objetivas en las que pueda fundarse el nominador para motivar su
descalificación. Rechazo de la reserva moral. Inconstitucionalidad de los
nombramientos por preferencia o animadversión personal, filiación partidista,
recomendaciones, amistades o criterios subjetivos. Indispensable motivación de
los actos mediante los cuales se descarta a un candidato con puntaje superior
al obtenido por la persona nombrada
Los casos objeto de
examen constituyen nueva oportunidad para que la Corte reafirme su conocida
doctrina acerca de las normas constitucionales sobre concurso y carrera,
aplicables también en la Rama Judicial.
La Constitución de
1991 exaltó el mérito como criterio predominante, que no puede ser evadido ni
desconocido por los nominadores, cuando se trata de seleccionar o ascender a
quienes hayan de ocupar los cargos al servicio del Estado. Entendido como
factor determinante de la designación y de la promoción de los servidores
públicos, con las excepciones que la Constitución contempla (art. 125 C.P.),
tal criterio no podría tomarse como exclusivamente reservado para la provisión
de empleos en la Rama Administrativa del Poder Público, sino que, por el
contrario, es, para todos los órganos y entidades del Estado, regla general
obligatoria cuya inobservancia implica vulneración de las normas
constitucionales y violación de derechos fundamentales.
Reafirma la Corte lo
expuesto en su Sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992 (Ms.Ps.: Drs. José
Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero):
"La declaración
expresa formulada por la nueva Constitución Política (artículo 1º) en el
sentido de que Colombia es un Estado Social de Derecho, corresponde a una
definición ontológica del Estado, que alude a un elemento esencial de su
estructura.  Se trata de un concepto que, sin desconocer los postulados sobre
los que se sostiene el Estado de Derecho, subraya el fundamento que el interés
común confiere a la actividad del Estado y a la responsabilidad de las
autoridades públicas, llamadas a intervenir, dentro de los marcos
constitucionales, para asegurar a los gobernados unas condiciones mínimas de
convivencia, las cuales no son dádiva o merced que dispense el gobernante, sino
verdadero derecho tutelado por la Carta Fundamental.
Siendo parte de la
definición del Estado, el término  "social" no puede ser visto como
algo intrascendente o residual, sino como un concepto cuyo contenido debe
reflejarse en la actuación de los poderes públicos y muy especialmente en las
previsiones del legislador en materias que, como el trabajo, tienen hondas
repercusiones en el desenvolvimiento de la vida comunitaria.
El carácter del
Estado de Derecho, sin embargo, no desaparece sino que viene a armonizarse con
la condición social del mismo, al encontrar en la dignidad de la persona y en
el interés colectivo los puntos de fusión. Así, a la seguridad jurídica que
proporciona la legalidad se le suma la efectividad de los derechos humanos y la
justicia social como elementos que cohesionan y orientan la acción del Estado.
Si bien la noción
del Estado Social de Derecho gobierna la actuación de todos los operadores
jurídicos, en el caso que nos ocupa ella está dirigida muy específicamente a la
relación del Estado con sus servidores; dentro de él, el poder público está
sujeto a un marco axiológico completo, establecido por la Constitución, cuyo
fundamento es la persona humana.
El respeto por los
derechos  humanos, de un lado, y el acatamiento de unos principios rectores de
la actuación estatal, por otro, constituyen las consecuencias prácticas de esa
filosofía.
En este sentido, se
encuentra la Corte ante un asunto de constitucionalidad en el cual están en
juego principios y directrices de la gestión pública en su conjunto, como son
la eficacia de su actividad y la eficiencia de quienes la tienen
a cargo.
La eficacia
está contenida en varios preceptos constitucionales como perentoria exigencia
de la actividad pública: en el artículo 2º, al prever como uno de los fines
esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios,
deberes y derechos consagrados en la Constitución; en el 209 como principio de
obligatorio acatamiento por quienes ejercen la función administrativa; en el
365 como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; en
los artículos 256 numeral 4o., 268 numeral 2º, 277 numeral 5º y 343, relativos
al control de gestión y resultados.
La eficacia es, en
palabras de Luciano Parejo Alfonso, "una cualidad de la acción
administrativa... en la que se expresa la vigencia del estado social en el
ámbito jurídico-administrativo".  El mismo autor añade que "en
definitiva, la eficacia es la traducción (...) de los deberes constitucionales
positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado
directamente de la nota o atributo de   `socialidad´ del Estado".
Según el autor
citado, este criterio conduce a la conclusión de que la Administración sólo
puede ser eficaz cuando satisfaga su fin: el interés general, y adicionalmente
a que el valor eficacia implique una condición de calidad, en el sentido de agilidad,
economía, utilidad y, en suma, de bondad de la actuación estatal en su
resultado".  Obsérvese al respecto que es justamente el principio de
la eficacia el que permite valorar el uso que el agente le ha dado a una
facultad discrecional.
En efecto, dentro
del esquema trazado por la Constitución, las normas confieren a las autoridades
un poder reglado, de acuerdo con postulados característicos del Estado de
Derecho (artículos 3º, 6º, 121, 122 y 123, inciso 2º, de la Constitución
colombiana), pero en ciertas materias, como las relativas a la gestión
económica y social, se deja un margen de discrecionalidad para que el Estado,
en forma eficaz, procure la satisfacción del interés colectivo -carácter social
del Estado de Derecho, artículos 1º, 2º y 209 de la Carta-.
Como forma de medir
y evaluar la eficacia del Estado, el Constituyente introdujo el control de
gestión y de resultados, en los artículos 256, numeral 4, 264, 267, 268,
numeral 2, 277, numeral 5, y 343 constitucionales, entre otros, pues la prestación
satisfactoria de los servicios a cargo del Estado y el rendimiento de los
recursos que administra no pueden escapar al sistema de controles que el
ordenamiento jurídico introduce como elementos que salvaguardan el interés
general.
Pero la Constitución
no menciona únicamente la eficacia, sino que incorpora en varias de sus
disposiciones el concepto de eficiencia, que en términos económicos se
traduce en el logro del máximo rendimiento con los menores costos, y que,
aplicado a la gestión estatal, significa la adecuada gestión de los asuntos
objeto de ella partiendo del supuesto de los recursos financieros -casi siempre
limitados- de los que dispone la hacienda pública.  En otros términos, el
Estado, por razones de interés general, está obligado a efectuar una adecuada
planeación del gasto de modo tal que se oriente con certeza a la satisfacción
de las necesidades prioritarias para la comunidad sin despilfarro ni
erogaciones innecesarias.
A la eficiencia,
como principio rector de la gestión pública, aluden preceptos constitucionales
como las contenidas en los artículos 48, 49 y 268, numerales 2 y 6, de la
Constitución Política.
En el terreno de las
relaciones que los entes públicos establecen con sus servidores, se refleja
necesariamente esta tendencia a la operación eficiente de la actividad
estatal, que -se repite- es hoy principio constitucional de ineludible
acatamiento, pero, no tratándose ya de "un recurso más", sino de la
incorporación de la persona humana al desarrollo de las tareas que le
corresponden, también la Constitución obliga al Estado a actuar dentro de
criterios que respeten su dignidad (artículo 6º) y sus derechos (Preámbulo y
artículos 1º, 2º y Título II de la Carta), como se verá más adelante.
En este aspecto, la
armonización de los dos principios analizados -la eficiencia y la eficacia de
la función pública- con la protección de los derechos que corresponden a los
servidores estatales resulta de una carrera administrativa diseñada y
aplicada técnica y jurídicamente, en la cual se contemplen los criterios con
arreglo a los cuales sea precisamente el rendimiento en el desempeño del cargo
de cada trabajador (el cual garantiza eficiencia y eficacia del conjunto) el
que determine el ingreso, la estabilidad en el empleo, el ascenso y el retiro
del servicio, tal como lo dispone el artículo 125 de la Constitución.  Estos
aspectos, en una auténtica carrera administrativa, deben guardar siempre
directa proporción con el mérito demostrado objetiva y justamente.
En este sentido se
busca que la carrera administrativa permita al Estado contar con servidores
cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores
índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas
responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según
el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de
excelencia en la administración pública.
Ello conduce a la
instauración de la carrera administrativa como sistema propicio a la obtención
de eficiencia y eficacia y, por tanto, como técnica al servicio de los fines
primordiales del Estado Social de Derecho.
En ese orden de
ideas, los fines propios de la carrera resultan estropeados cuando el
ordenamiento jurídico que la estructura pierde de vista el mérito como
criterio de selección y sostén del empleo, o cuando ignora la estabilidad
de éste como presupuesto indispensable para que el sistema opere".
En relación con la
carrera y los principios constitucionales que la rigen, esta Corte ha trazado
criterios que deben ahora resaltarse y repetirse, para evitar que en el futuro
se presenten situaciones como las que han mostrado las acciones de tutela
materia de análisis:
"La
Constitución, por otra parte, busca preservar la eficiencia y la eficacia de la
función pública, de tal manera que quienes prestan sus servicios al Estado lo
hagan sobre el doble supuesto de la garantía de sus derechos mínimos -entre
ellos la estabilidad y las posibilidades de promoción- y la rigurosa exigencia
del cumplimiento de sus deberes, merced al permanente control y evaluación de
su rendimiento.
Por
ello, conjugando los expresados postulados, el artículo 125 de la Constitución
estableció la regla general de que los empleos en los órganos y entidades del
Estado son de carrera, advirtiendo que el ingreso a los mismos y los ascensos
se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley
para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, a la vez que el
retiro se producirá únicamente por calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley.
(...)
Es
claro que el legislador, por expresa competencia derivada del mismo artículo,
puede determinar aquellos empleos que, junto con los de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción y los de trabajadores oficiales, se exceptúen
del principio general plasmado en la Constitución, que no es otro que el de la
pertenencia a la carrera.
Interpretada
la Constitución de manera sistemática, resulta incontrastable que el
legislador, en uso de la referida facultad, si bien tiene las posibilidades de
excluir ciertos cargos del régimen de carrera, no puede introducir excepciones
en cuya virtud establezca, entre los trabajadores, discriminaciones
injustificadas o carentes de razonabilidad.
En
otros términos, cabe la exclusión de la carrera por vía legal, siempre que
existan motivos fundados para consagrar distinciones entre los servidores del
Estado. De lo contrario, se quebranta el principio de igualdad plasmado en el
artículo 13 de la Carta y, por consiguiente, la norma respectiva deviene
necesariamente en inexequible". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-514 del 16 de noviembre de 1994. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
"El sistema de
carrera tiene como finalidad esencial, garantizar la estabilidad de los
empleados en los cargos públicos del Estado y el acceso de los ciudadanos a la
administración pública de acuerdo a los méritos y capacidades de los aspirantes
para el efectivo cumplimiento de la función pública en beneficio de la
colectividad en general. Así mismo, constituye plena garantía que desarrolla el
principio a la igualdad, en la medida en que contribuye a depurar las prácticas
clientelistas o políticas en cuanto hace al nombramiento de los servidores
públicos o cuando fuese necesario el ascenso o remoción de los mismos, lo que
les permite brindarles protección y trato sin discriminación de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
La carrera
administrativa es un instrumento que responde a los criterios que garantizan el
desarrollo de los objetivos y programas en la organización del Estado y se
constituye en un sistema que contribuye al aumento de la eficacia de la función
pública. Entre los objetivos que pretende alcanzar, está el de que los
servidores públicos, sobre la base de la experiencia, el conocimiento y la
moralidad, obtengan los mejores resultados en el desarrollo de las tareas que
les competen.
De esta manera y
como se ha expuesto, la carrera administrativa como sistema paralelo a los
principios de igualdad, moralidad, celeridad, eficacia, eficiencia y
estabilidad asegura además la estabilidad en el empleo, la necesaria
observancia de los requisitos y condiciones señalados por la ley, a fin de
determinar los méritos y calidades de los candidatos que aspiran a ingresar a
la misma y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-387 del 22 de agosto de 1996.
M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara).
El mérito, pues,
resulta esencial a la carrera y no puede ser sustituido sino en los casos que
contempla expresamente la Constitución (art. 125) por la libre voluntad del
nominador.
Ese elemento, que
supone la eliminación de los criterios subjetivos como determinantes de los
procesos de selección de personal, fue desarrollado por el legislador, para el
caso de la Administración de Justicia, por la Ley Estatutaria 270 de 1996, cuya
exequibilidad fue declarada mediante Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996
(M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Al respecto,
conviene insistir en que por vía de tutela, aun en sede de revisión, no podría
ningún juez, ni siquiera esta Corte, desconocer lo ya resuelto por la Sala
Plena mediante fallo dictado en ejercicio de las funciones de control de
constitucionalidad, menos todavía cuando se trata de decisiones que han hecho
tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.).
La Corte, en
anterior sentencia de unificación jurisprudencial, hizo énfasis en el carácter
vinculante de la cosa juzgada constitucional y demostró a cabalidad la
existencia de ese fenómeno en el punto objeto de la presente controversia:
"En particular,
en lo que toca con la Rama Judicial, no podía haber sido más explícito el
artículo 156 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de
Justicia), al declarar que "la carrera judicial se basa en el carácter profesional
de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de
igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos
aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal
para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio".
(Subraya la Corte).
El artículo 157 de
ese mismo estatuto ordena que la administración de la carrera judicial se
oriente a atraer y retener a los servidores más idóneos, para así asegurar la
calidad de la función judicial y del servicio. Por eso, para ejercer cargos y
escalar posiciones dentro de la carrera judicial se requiere, además de los
requisitos exigidos en disposiciones generales (calidades mínimas dispuestas
por la Constitución o por la ley para cada empleo), haber superado
satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones
consiguientes, que deben realizarse de conformidad con los reglamentos que
expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sobre la base
de definir en cada prueba la idoneidad del aspirante sin más consideraciones
que los resultados que obtenga. Estos lo califican o lo descalifican para
acceder al cargo.
A dicha Sala y a las
respectivas de los consejos seccionales corresponde por mandato del artículo
256 de la Constitución y de acuerdo con la ley, las atribuciones de administrar
la carrera judicial y elaborar las listas de candidatos para la designación de
funcionarios judiciales y enviarlos a la entidad que deba hacerla.
El artículo 162 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala como etapas del
proceso de selección para el ingreso a los cargos de la carrera judicial, las
siguientes:
"Para
funcionarios, concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de
Elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.
Para empleados,
concurso de méritos, conformación del Registro Seccional de Elegibles, remisión
de listas de elegibles y  nombramiento.
Parágrafo. La Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo dispuesto
en la presente Ley, reglamentará la forma, clase, contenido, alcances y los
demás aspectos de cada una de las etapas. Los reglamentos respectivos deberán
garantizar la publicidad y contradicción de las decisiones".
El concurso de
méritos, de conformidad con el artículo 164 ibídem, "es el proceso
mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas,
aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los
aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en
el Registro de Elegibles y se fija su ubicación en el mismo".
El parágrafo primero
de este artículo establece que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, deberá reglamentar de manera general el contenido y los
procedimientos de cada una de las etapas y señalar los puntajes
correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera.
Con quienes hayan
superado las diferentes etapas se conformará el Registro de Elegibles,
inscripción que se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes
que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento.
Dice así el artículo
166 de la Ley Estatutaria:
"La provisión
de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción
vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las Salas
Administrativas del Consejo Superior o seccionales de la judicatura".
Este artículo fue
declarado exequible por la Corte Constitucional, que sobre su alcance expresó:
"De acuerdo con
lo expuesto, debe señalarse que la norma bajo examen, por el simple hecho de
establecer que la lista de elegibles estará conformada por cinco candidatos, no
vulnera la Constitución Política, pues dentro de dicha lista naturalmente
estará incluido quien haya obtenido el mejor puntaje y, consecuentemente, ocupe
el primer lugar en la clasificación final. Sin embargo, como se señalará en
torno al artículo siguiente, el nombramiento que se efectúe con base en la
lista de elegibles deberá recaer sobre el candidato al que se ha hecho
referencia. En estos términos, el artículo será declarado exequible".
(Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-37 del 5 de febrero de 1996. M.P. Dr.
Vladimiro Naranjo).
El artículo 167 de
la Ley Estatutaria dispone:
"ART. 167.
Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la
entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días
siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o
Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos,
procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.
Tratándose de
vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días
siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o
Seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará
con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de
elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista
dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar
dentro de los diez (10) días siguientes".
La Corte, al
estudiar su constitucionalidad, se refirió a dicha norma en los siguientes
términos:
"La
constitucionalidad de esta norma se debe a que ella es corolario de las
anteriores, pues se limita a regular aspectos procedimentales relacionados con
el nombramiento de los funcionarios y empleados cada vez que resulte una
vacante dentro de la rama judicial. Con todo, deberá advertirse, tal como se
determinó en el artículo precedente, que el nombramiento que se realice deberá
recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que
ha obtenido la mayor puntuación.
Bajo estos
parámetros, la disposición se declarará exequible".
La Corte condicionó
entonces la exequibilidad que declaraba (numeral 3 de la parte resolutiva de la
Sentencia C-037 de 1996) y, en consecuencia, lo dicho por ella sobre el punto
en cuestión resulta obligatorio, ya que solamente bajo el sentido expuesto se
encontró conformidad entre el precepto examinado y la Constitución. Otra
interpretación de aquél se reputa inconstitucional y, por ende, resulta
inexequible, a partir de la aludida Sentencia.
Esa decisión hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional y obliga a todas las autoridades,
principiando por las corporaciones nominadoras dentro de la Rama Judicial, que
deben cumplir la norma, así entendida, de manera integral y exacta.
Por ello no es
admisible la posición del Tribunal Administrativo de Santander cuando expresó:
"Ninguna
disposición de la Ley 270 de 1996 exige y ordena que de una lista de elegibles
elaborada por un Consejo Seccional de la Judicatura y enviada a un Tribunal de
Distrito como el demandado, deba procederse a designar exactamente el que se
encuentre en el primer lugar de ese documento".
Tal aseveración es
violatoria del mandato legal, que debe entenderse con el alcance fijado por la
Corte, y contradice la cosa juzgada constitucional.
El candidato al que
hace referencia el citado fallo de esta Corte no es otro que el que ocupe el
primer lugar. Así lo era también con anterioridad a la Ley Estatutaria, de acuerdo
con la Sentencia C-040 del 9 de febrero de 1995 (M. P.: Dr. Carlos Gaviria
Díaz), que aparece como fundamento de la declaración de exequibilidad del
artículo 166 antes citado, en la cual se sostuvo:
"Por tanto,
quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el
ganador y excluirá a los demás en orden descendente. Si se procede de otro
modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, para qué el concurso
de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus
preferencias ? De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad y,
justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso. En él, por tanto, se
ha de calificar no sólo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino
también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo
con la categoría del empleo y las necesidades del servicio. Hay que hacer de la
carrera administrativa el instrumento eficaz para lograr una administración
pública en la que se garantice la eficiente prestación del servicio público, la
idoneidad y moralidad de sus funcionarios y la prevalencia del interés general
sobre el particular".
En otro aparte de la
misma providencia se lee:
"Pero sea cual
fuere el método o sistema elegido, éste debe contener criterios específicos y
concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como valores
dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus calidades
personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo y las
necesidades del servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador una
libertad absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento siempre
tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor número de puntos".
Esta doctrina de la
Corte sustituyó la menos rigurosa que se había aceptado con anterioridad, en lo
relativo al tema (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-458 del
22 de octubre de 1993. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), en fallo que, debe
advertirse, se profirió antes de la vigencia de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), y con arreglo a la normatividad
que regía entonces (Decreto 052 de 1987, algunas de cuyas normas habían sido
parcialmente declaradas inexequibles, en su momento, por la Corte Suprema de
Justicia).
Tal normatividad
quedó reemplazada íntegramente, en lo que a este asunto concierne, por la Ley
270 de 1996, cuyos términos deben entenderse y aplicarse a la manera como lo
dispuso esta Corte al efectuar la revisión.
La doctrina de esta Corporación
al respecto es la que en este fallo de unificación se deja consignada, y no
puede ser otra, por razón de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.).
Por ello, la Sala
Plena debe insistir en la presente oportunidad, que es de unificación y
corrección de jurisprudencia, en que, para no vulnerar la Constitución Política
ni atropellar los derechos fundamentales de los aspirantes que concursan para
desempeñar cargos dentro de la Rama Judicial, producida una vacante, el
nominador está obligado a nombrar al concursante que obtuvo el primer puesto en
la lista de elegibles, reservando a los siguientes para posteriores
nombramientos, también en orden descendente, mientras no se reciba nueva lista
del Consejo de la Judicatura". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia SU-133 del 2 de abril de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
Ha de repetir esta
Corporación lo así expuesto, con el objeto de respaldar a los accionantes que
con justa razón reclaman el acatamiento a los mandatos de la Constitución
Política y de la Ley Estatutaria por parte de las corporaciones nominadoras.
El artículo 125 de
la Constitución Política establece el principio general bajo cuyo imperio
"los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera".
El carácter
imperativo de este precepto es indudable y también su generalidad. Mientras no
exista una excepción expresa, que encaje en los presupuestos constitucionales,
ninguna autoridad dentro del Estado puede ignorar su vigencia o eludir las
consecuencias que tiene el alcance del concepto de "carrera",
acudiendo a interpretaciones más o menos ingeniosas de las normas
constitucionales específicas para determinadas ramas u órganos estatales.
Allí mismo se
establece, con toda claridad, que "el ingreso a los cargos de carrera y el
ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de
los aspirantes", haciendo explícito, de modo que no deja lugar a dudas,
que "los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido
determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso
público" (subraya la Corte).
No se requiere un
profundo análisis de los términos usados por el Constituyente para concluir,
entonces, que, salvo los casos expresamente definidos por el legislador o por
la propia Carta, cuando alguien aspire a desempeñar un cargo al servicio del
Estado, debe concursar; que los resultados del concurso son determinantes para
los fines del nombramiento; que, por supuesto, la calificación obtenida dentro
de aquél obliga al nominador, quien no podrá desatenderla para dar un trato
inmerecido -a favor o en contra- a quienes han participado en el proceso de
selección; y que, correlativamente, esos resultados generan derechos en cabeza
de los concursantes que obtienen los más altos puntajes.
Obsérvese que la
norma no excluye a la Rama Judicial del Poder Público, y véase también que, en
el interior de ella, no se crean distinciones, para efectos del nombramiento por
concurso, entre funcionarios y empleados judiciales.
La Corte, al
examinar el contenido de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
(Ley 270 de 1996), no distinguió entre los conceptos de lista de elegibles y
lista de candidatos, que, de acuerdo con el alegato presentado en los
procesos por el Consejo Superior de la Judicatura, son diferentes, según que se
trate de funcionarios o empleados judiciales. Y no lo hizo por cuanto entendió,
y ahora lo ratifica de modo contundente, que las dos expresiones corresponden
al mismo concepto -número plural de personas entre las que debe escogerse para
el nombramiento o elección- ya que ni la Constitución ni la Ley Estatutaria
introducen distinción entre tales vocablos para darles efectos diversos según el
tipo de función pública que haya de desempeñarse.
La única norma que
podría dar lugar al equívoco, la del artículo 162 de dicha Ley -que utiliza las
dos expresiones, para funcionarios y empleados respectivamente-, no les otorga
contenido ni efectos jurídicos ni administrativos diferentes. A ninguno de esos
conceptos excluye del concurso ni de la carrera y, por tanto,  interpretando
tal disposición en armonía con las de los artículos 165, 166 y 167 Ibídem,
se tiene que, tanto en lo que respecta a empleados como en lo que toca con
funcionarios de la Rama Judicial, "el nombramiento que se realice deberá
recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que
haya obtenido la mayor puntuación", tal como lo dijo esta Corte en la
Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa),
justamente al declarar la exequibilidad del artículo 167 de la Ley Estatutaria,
referente a la designación de una y otra categoría de servidores de la Rama
Judicial.
También es claro
que, por su misma definición, el concurso debe ser objetivo y que, por
tanto, las razones subjetivas de los nominadores no pueden prevalecer
sobre sus resultados al momento de hacer la designación. Ello significaría no
sólo un inadmisible quebranto del artículo 125 de la Constitución y el abuso de
las  atribuciones de nominación sino la evidente vulneración de los derechos
fundamentales de quienes, por motivos ajenos a la consideración y evaluación de
sus méritos, resultan vetados o descalificados para ejercer los cargos que se
ganaron mediante concurso. Y, obviamente, sería palmaria la transgresión al
principio constitucional de la buena fe, ya que, confiados en la lealtad de los
entes nominadores, aquéllos habrían participado en el proceso de selección sobre
el supuesto de que su triunfo en el concurso equivaldría a la elección o
nombramiento.
Para la Corte, y no
a título de concepto u opinión, ni como obiter dictum, sino en
acatamiento a la cosa juzgada constitucional, según lo dicho, quien ha
ocupado el primer lugar en el concurso adelantado para llenar una determinada
plaza de juez o magistrado, como acontece también con los empleados de la Rama
Judicial, tiene un derecho de rango constitucional a ser nombrado, sin que por
tanto sea legítima la decisión del nominador en el sentido de escoger, por
encima del ganador del concurso, a participantes calificados con puntajes
inferiores.
Desde luego, no se
trata de forzar la designación de quien, por sus conductas anteriores, no
merece acceder al empleo materia del proceso cumplido, pues ello implicaría
también desconocer el mérito, que se repite constituye factor decisivo de la
carrera. Por eso, la Corte Constitucional afirma que las corporaciones
nominadoras gozan de un margen razonable en la selección, una vez elaborada
–con base en los resultados del concurso- la lista de elegibles o candidatos.
Tal margen lo tienen, no para nombrar o elegir de manera caprichosa o
arbitraria, desconociendo el concurso o ignorando el orden de las
calificaciones obtenidas, sino para excluir motivadamente  y con apoyo en
argumentos específicos y expresos, a quien no ofrezca garantías de idoneidad
para ejercer la función a la que aspira.
Tales razones -se
insiste- deben ser objetivas, sólidas y explícitas y han
de ser de tal magnitud que, de modo evidente, desaconsejen la designación  del
candidato por resultar claro que sus antecedentes penales, disciplinarios o de
comportamiento laboral o profesional, pese a los resultados del concurso, lo
muestran como indigno de obtener, conservar o recuperar la investidura
judicial, o acusen, fuera de toda duda, que antes incumplió sus deberes y
funciones o que desempeñó un cargo sin el decoro y la respetabilidad debidos.
En otros términos,
el aspirante que tiene a su favor el mejor resultado en el concurso sólo puede
perder su derecho al nombramiento -caso en el cual debe ser nombrado el segundo
de los participantes, en estricto orden de resultados- sobre la base sine
qua non de que la Corporación nominadora esté en condiciones de
descalificarlo, por mayoría de votos, por causas objetivas, poderosas,
con las cuales se motive la providencia que lo excluye. La regla general es el
nombramiento. La excepción, el descarte fundamentado y expreso.
La Corte no admite
las consideraciones subjetivas ni los motivos secretos, reservados u ocultos
para descalificar a un concursante.
La reserva moral,
que fue relevante y muchas veces decisiva en el pasado, no cabe hoy según los
principios y mandatos constitucionales. La objeción respecto al nombre de un
candidato o funcionario judicial, en cualquier nivel y para cualquier destino,
no puede provenir de razones in pectore, guardadas en el fuero interno
de uno o varios de los integrantes de la Corporación nominadora. Tiene que
proceder de hechos contundentes y efectivos, que puedan sostenerse ante el
afectado, quien obviamente, en guarda de sus derechos a la honra y al buen
nombre (art. 15 C.P.), al debido proceso (art. 29 C.P.) y a la rectificación de
informaciones (arts. 15 a 20 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.) y al desempeño de
cargos públicos (art. 40 C.P.), debe poder defenderse.
Al respecto, la
Corte reitera su consolidada jurisprudencia:
"La
circunstancia de cumplir los requisitos legales exigidos para ser nombrado en
propiedad como Magistrado por haber obtenido calificaciones satisfactorias de
sus servicios por su rendimiento, calidad e interés en el trabajo, y sin
embargo, no ser nombrado por la entidad nominadora, es factor suficiente para presumir
en principio un trato diferente y discriminatorio en contra de la persona
afectada por la medida. Si se demuestra que dicho trato diferente no está
razonablemente justificado, la respectiva actuación deberá ser excluida del
ordenamiento por violar el principio de la igualdad.
(...)
Existen diversas
modalidades de empleos en los órganos y las entidades del Estado. Unos son de
carrera, otros de libre nombramiento y remoción, y otros son nombrados por
concurso público. Independientemente de los efectos jurídicos de cada forma de
vinculación al Estado, todos los empleos públicos tienen como objetivo común
el mejor desempeño de sus funciones para la consecución de los fines del
Estado. El ingreso y ascenso en los cargos de carrera se realiza por el
sistema de méritos y cualidades de los aspirantes; igualmente, la permanencia o
desvinculación de una persona de libre nombramiento y remoción obedece a
razones de buen servicio, eficiencia o confianza, sin que la discrecionalidad
de la administración se torne en arbitraria; finalmente, en cuanto a los
concursos públicos como sistema para acceder a un cargo, serán los méritos
personales los que determinen quien es el mas opcionado para ejercer las
funciones públicas.
(...)
La legislación quiso
al establecer esta causal de inhabilidad, que el funcionario judicial dentro de
su tarea de impartir justicia y contribuir a la seguridad y estabilidad del
orden jurídico y social  se encontrara libre de cualquier situación que pudiese
incidir en la credibilidad de su rectitud moral y que exhibiese una excelente
moralidad y un comportamiento público y privado compatible con la dignidad de
su cargo.
Conforme a esta
causal de inhabilidad, se tiene que cuando el nominador, según los hechos de
que tiene conocimiento llega al convencimiento en la órbita de la moral,
que la conducta, bien sea pública o privada, de quien aspira a ser designado en
un cargo por reunir los requisitos para ello señalados, riñe con la dignidad
del empleo, y por tanto su conciencia lo hace inclinar en el nombramiento por
una decisión negativa, su juzgamiento según lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, resulta casi imposible.
(...)
La convicción moral
a que se ha hecho referencia en esta providencia no equivale a una pura y
simple reserva mental, pues de ser así carecería de asidero constitucional y
vulneraría, entre otros principios, la presunción de inocencia, el debido
proceso y la misma dignidad humana. El margen de razonable apreciación,
inherente al juicio moral, debe basarse en hechos comprobables que validen la
inferencia que se hace y que, como tales, puedan ser en todo momento conocidos
y controvertidos por la persona afectada. Por ello, el aplazamiento de la
decisión debe ser eminentemente temporal y con prontitud ha de entrarse a
resolver sobre la existencia de los hechos y su precisa entidad, luego de
agotar las diligencias y esfuerzos para recabar elementos y presupuestos de
hecho y de derecho que garanticen la objetividad del juicio moral". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-591 del 4 de
diciembre de 1992. M.P.: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).
"Por otra parte
cabe observar que la convicción moral de la inobservancia de una vida
pública o privada compatible con la dignidad del empleo a que hace
referencia el literal h) del artículo 3o. del Decreto1888 de 1899,  es otro más
de los conceptos indeterminados a priori que, junto a los de Orden
Público, Interés General o Necesidades Públicas entre otros
varios que incorporan tanto la Constitución  como las leyes,  y que sirven al
ordenamiento jurídico  como herramientas técnicas de carácter normativo y
como cláusulas abiertas  permiten al Constituyente y al Legislador remitirse a
la administración o a los jueces para efectos de encontrar y adoptar las
soluciones que sean conformes con los postulados sobre los que se erige el
Estado.
(...)
En verdad aquella
fórmula parte de la necesidad de establecer determinados grados de
discrecionalidad en el ejercicio de ciertas funciones de la administración, que
igualmente comprende, apenas como elemento excepcional, a una parte de la
organización y el funcionamiento de la Carrera Judicial por las razones y
argumentos planteados más arriba; empero, esta noción no puede confundirse ni
catalogarse dentro de los cuestionables vicios que patrocina la arbitrariedad
de los poderes públicos, sancionada y proscrita por el régimen de control
jurisdiccional de los actos de los funcionarios en cuya cabeza se radica.
En efecto, el
establecimiento y el ejercicio de este tipo de competencias no puede obedecer
al mero y simple capricho de los titulares de la función nominadora, quienes no
se encuentran en libertad de disponer sobre lo de su función en absoluta
libertad, ya que como lo sostiene la doctrina del derecho administrativo, se
debe partir del postulado según el cual la discrecionalidad no es ni patrocina
la arbitrariedad, pues, dichos actos deben ser objeto del control contencioso
administrativo principalmente en lo que hace a los motivos o razones
externas que fundamentan la decisión y también sobre el uso
proporcionado y racional  de la competencia.
Así las cosas, es
claro que los términos de la definición legal de la competencia de que se trata
en este caso, no elimina el deber jurídico general que impone  la motivación
del acto; lo que ocurre es que por la naturaleza del asunto de que se ocupa la
misma, bien basta que aquella sea sucinta o escueta,  siempre que sea lo
bastante indicativa del fundamento legal que se invoca como motivo  de su
ejercicio. Estas características autorizadas por la definición que incorpora la
ley, no acarrean por sí mismas la nulidad del acto en concreto, ni la
inconstitucionalidad de la ley en general; por lo contrario, la naturaleza del
asunto, las concretas circunstancias que rodean el mismo y la estructura del
ordenamiento jurídico al que pertenece la disposición que autoriza el
expediente del convencimiento moral del tribunal nominador sobre la conducta
inadecuada del candidato, señalan que dicha motivación puede ser sucinta, breve
o escueta siempre que sea indicativa de dicho fundamento. Obsérvese que todo lo
anterior tiene como finalidad el aseguramiento de los derechos de las personas
y la garantía del control jurisdiccional de las actuaciones de la
administración, por virtud del ejercicio de las correspondientes acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho, que comportan la posibilidad del
reclamo de las reparaciones correspondientes y la efectiva protección del
derecho violado". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-602 del 11 de diciembre de 1992. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
"No acontece lo
mismo respecto de la vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre
del petente. Los perjuicios derivados de la decisión inmotivada se prolongan
hasta el presente y tienen el carácter de irremediables, siendo procedente la
intervención judicial para proteger inmediatamente sus derechos fundamentales,
así sea en forma temporal. La vulneración de los mencionados derechos
fundamentales en esta caso se origina en la ausencia de motivación de la
decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que ha impedido al petente conocer
y controvertir su verdad y validez. Dicho silencio oficial como presupuesto de
la reserva moral, tiene para el sujeto un efecto deletéreo de su honra y buen
nombre, y mientras se mantenga autoriza a la sociedad y a sus miembros la
elaboración de todo tipo de juicios acerca de la presunta conducta que la
motivó. De ahí la urgencia de generar transparencia y evitar que se prolongue
una secuencia de discriminación (CP art. 13) alrededor de la persona que sufre
semejante descalificación". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de
Revisión. Sentencia T-047 del 15 de febrero de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
"Estima la
Corte que en todo caso la resolución en la que el funcionario nominador se
abstiene de decretar el nombramiento para acceder al servicio en la Rama
Judicial de una persona que ha vencido en una prueba de méritos debe ser
escrita y motivada...". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión.
Sentencia T-379 del 31 de agosto de 1994. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz).
En la Sentencia
C-558 de 1994, al analizar la constitucionalidad del literal i) del artículo
136 del Decreto 2699 de 1991, la Corte sostuvo:
"...las
objeciones morales que se endilguen a una determinada persona, deben basarse en
hechos comprobables, de manera que el afectado pueda conocer y controvertir las
pruebas que obran en su contra; además, que el acto por medio del cual se
impone la inhabilidad debe ser motivado, para que el perjudicado con la
decisión pueda ejercer su defensa y, en caso de inconformidad, acudir ante la
jurisdicción contencioso administrativa a demandarlo. De no ser así, se
vulneraría, como ya se ha expresado, el debido proceso, el derecho de defensa,
y el derecho que tiene toda persona de acceder a cargos públicos.
Para la Corte es
razonable que se exija probidad moral a las personas que detenten cargos en la
Fiscalía General de la Nación o que estén interesados en acceder a ellos, pues
considera que la naturaleza de la función pública que cumplen, y la dignidad de
su investidura derivada de ser representantes de la sociedad y administradores
de justicia, además del deber que tienen de garantizar derechos fundamentales
de los procesados y de todos los ciudadanos, son de interés general.
De otro lado,
considera la Corporación que los hechos privados a los cuales se refiere la
norma impugnada, deben ser aquellos que, como su nombre lo indica, pertenecen a
la vida privada de las personas, pero que han trascendido el recinto íntimo, es
decir, que a pesar de ser privados se han hecho públicos en detrimento de la
imagen del cargo que ocupa u ocupará el afectado; pues como en la misma norma
se expresa, se trata de los  "incompatibles con la dignidad del empleo".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-558 del 6 de diciembre de
1994. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Sobre el tema
también cabe consultar, entre otras, las sentencias T-319 del 6 de agosto de
1993 y T-295 del 10 de junio de 1998 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Desde luego, tampoco
pueden aceptarse como elementos que definan si una persona debe o no ser
nombrada en un cargo de la Rama Judicial, los relativos al sexo, el nivel
económico o social, la confesión religiosa que se profesa, la ideología, o la
región de la cual se procede, o el partido político al que se pertenece. En
esta última materia debe hacerse énfasis en que, a partir de la Constitución de
1991, ninguna trascendencia puede tener, para el desempeño de cargos en la
Administración de justicia, la filiación partidista, por lo cual, el mérito
define el derecho de acceder a ella, pertenézcase o no a un partido o
movimiento político y se tenga o no respaldo de tal índole. Mejor, inclusive,
que se carezca de éste, en guarda de la imparcialidad e independencia del juez
o magistrado, o del empleado judicial. No en vano el artículo 127 de la
Constitución excluye a todo servidor público integrante de la Rama Judicial de
la posibilidad de ejercer actividades políticas, a diferencia de lo que ocurre
con otros servidores del Estado. En esta actividad, en la que se contraen
compromisos con la justicia, la Constitución y los derechos de los asociados,
no puede haber voceros de corrientes o partidos.
La nacionalidad, en
cambio, que no resulta decisiva en otros aspectos, tiene aquí importancia, ya
que es la propia Constitución (art. 99) la que reserva a los nacionales
colombianos el ejercicio de derechos políticos, entre ellos el de acceso a
cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.
Los antecedentes
penales y disciplinarios constituyen, por su parte, factores de primer orden en
la consideración que han de tener en cuenta los nominadores, motivo por el cual
en ellos puede fundarse válidamente la descalificación de un aspirante, aunque
haya obtenido una alta nota en conocimientos y experiencia dentro del concurso.
4. Los casos
objeto de examen
La Corte, analizado
el material probatorio al cual ya se ha hecho referencia, y a la luz de los
expuestos criterios constitucionales, ha deducido que, en efecto, excepción
hecha de la accionante MARCIA ROSA FLOREZ DE LOZANO, en cuya hoja de vida
aparece una reciente sanción disciplinaria -lo que exigía la aplicación del
artículo 84 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 270 de 1996-,
en todos los demás objeto de estudio es claro que les fueron vulnerados sus
derechos constitucionales fundamentales, en cuanto, sin razones objetivas o
plausibles y sin motivación explícita, se los descartó para el ejercicio de los
cargos a los cuales aspiraban y a los que tenían derecho, habida cuenta de los
resultados del concurso.
Se les concederá la
tutela y se ordenará su nombramiento inmediato, en propiedad.
Estímase necesario
expresar, en torno al caso de la doctora FLOREZ DE LOZANO, que ella habría
tenido la primera opción de nombramiento en Bolívar y Córdoba, dados los altos
puntajes que alcanzó en el concurso y su trayectoria en la Rama Judicial, pero
es lo cierto que el Consejo Superior de la Judicatura no podía nombrarla, toda
vez que el artículo 84 de la Ley Estatutaria sobre Administración de Justicia
(Ley 270 de 1996) incluyó, como requisito para desempeñarse como Magistrado de
las salas administrativas de los consejos seccionales, el de no tener
antecedentes disciplinarios.
Había, entonces, una
razón objetiva y definida para descalificar a la candidata, tal como lo hizo el
Consejo, por mandato legal expreso.
El hecho de que la
sanción se hubiese impuesto a la doctora FLOREZ DE LOZANO en 1995 no impedía la
aplicación de la norma estatutaria, ya que ésta se refiere a los antecedentes
de la aspirante, y lo que con el precepto se busca es garantizar que quien
ejerza el cargo no haya sido antes sancionado por faltas disciplinarias; de
ninguna manera castigar de nuevo la conducta del ya sancionado, como lo estimó
la accionante al asegurar que la disposición en referencia se le aplicaba
retroactivamente. No era así, por cuanto tal norma regía el nombramiento,
que se producía en 1998, ya en plena vigencia la Ley Estatutaria, y no la
aplicación de la sanción, que ya había tenido lugar en 1995 y era tan sólo un
dato en la hoja de vida de la concursante, que debía verse por la Corporación
nominadora con miras a verificar el cumplimiento de requisitos, uno de los
cuales era justamente el señalado en el artículo 84 de la Ley 270 de 1996.
Así, pues, en este
caso no se concederá la protección judicial, como sí se hará con los demás
accionantes.
La Corte debe
advertir que las personas que fueron nombradas dentro de los procesos de
selección objeto de análisis y que ahora deben ser desplazadas por los
accionantes, quienes tienen derecho a ser nombrados de manera inmediata, quedan
inscritos en la correspondiente lista de candidatos o elegibles, que permanece
vigente, por lo cual las corporaciones nominadoras están obligadas a tener en
cuenta sus nombres para la asignación de futuras plazas vacantes, desde luego
con  estricta sujeción al orden de resultados del concurso correspondiente, de
conformidad con el criterio constitucional del mérito.
Claro está, si la
pauta que debe y ha debido seguirse al adoptar las decisiones sobre
nombramiento no podía ser otra que la relacionada con el mérito de los
aspirantes, evaluado, calificado y clasificado según los resultados del
concurso, y puesto que se concederá la tutela a quienes fueron excluidos pese a
sus puntajes superiores y sin habérseles opuesto razones objetivas y valederas,
es lo natural, por ajustarse a la Constitución y a la doctrina que sostiene la
Corte, que quienes resulten desplazados de los cargos que actualmente
desempeñan sean aquellos funcionarios que, dentro del mismo concurso en el cual
participaron los actores, obtuvieron los más bajos puntajes. No sería justa, ni
consultaría los postulados que en este Fallo se defienden, una decisión
administrativa que, para incorporar a los abogados respecto de quienes prosperó
el amparo, fueran sacados de sus puestos funcionarios que en el mismo concurso
obtuvieron puntajes superiores, dejando en posesión de los mismos a los que
consiguieron resultados menos satisfactorios. Estos últimos deben salir y,
desde luego, permanecer en la correspondiente lista de elegibles o candidatos
con miras a cubrir futuras vacantes, pero únicamente en la medida en que se lo
permita el nivel de mérito que ha sido objeto de medición en el concurso.
En cuanto al doctor
LUIS ANGEL TORO RUIZ, quien participó en la convocatoria de 1994 para acceder
al cargo del Juez Penal Municipal de Bogotá, advierte la Corte que a pesar de
que obtuvo el segundo puesto en la lista de elegibles, no fue nombrado en
ninguno de los juzgados de esta ciudad. Pero no obstante lo anterior, sí fue
nombrado en el Juzgado de San Cayetano (Cundinamarca), tal como aparece en el
expediente.
Como el actor aspiró
a una plaza en Santa Fe de Bogotá y en el concurso para ella obtuvo el segundo
puesto, debe concedérsele el amparo y ha de disponerse, por tanto, que sea
nombrado en una de las plazas para las que concursó.
DECISION
Con fundamento en
las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMASE el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, el 13 de julio de 1998, que negó la tutela incoada por MARCIA
ROSA FLOREZ DE LOZANO (Expediente T-175208).
Segundo.- REVOCANSE los fallos
proferidos en el asunto de la referencia por las siguientes corporaciones
judiciales:
-El dictado por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 2 de julio de 1998,
mediante el cual se denegó la tutela presentada por JEANNETH NARANJO MARTINEZ
contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Expediente
T-173401)
-El dictado por la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 16 de julio de
1998, mediante el cual se negó la tutela incoada por CECILIA MARGARITA DURAN
UJUETA contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
(Expediente T-176185).
-Los dictados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 9 de junio y 16 de julio de 1998,
respectivamente, mediante los cuales se negó la tutela incoada por JAIME
ZULUAGA JARAMILLO contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
(Expediente T-177227).
-El dictado por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 9 de septiembre de
1998, mediante el cual se rechazó la acción de tutela incoada por AUGUSTO OSCAR
TRUJILLO BRAVO contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura (Expediente T-183165).
-El proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá el 24 de septiembre de 1998, mediante
el cual se negó la tutela incoada por GILBERTO GONZALEZ ARANGO contra la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Expediente T-186366).
-El proferido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 22 de julio de
1998, mediante el cual se denegó la tutela incoada por FLOR EUCARIS DIAZ
BUITRAGO contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
(Expediente T-176167).
-El proferido por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 10 de julio de
1998, por medio del cual se negó la tutela instaurada por JOSE ANTONIO FIGUEROA
BURBANO contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
(Expediente T-175307).
-El dictado por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 9 de septiembre de
1998, mediante el cual negó la tutela incoada por GLORIA STELLA CANAVAL ERAZO
contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Expediente
T-183173).
-El dictado por la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 22 de julio de
1998, mediante el cual se negó la tutela incoada por LINA B. CABRALES MARRUGO
contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Expediente
T-176368).
-El dictado por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 20 de agosto de 1998,
mediante el cual negó la tutela incoada por ELPIDIO CEBALLOS MAYA contra la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Expediente T-179877).
-Los dictados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el 4 de junio y 16 de julio de 1998,
respectivamente, mediante los cuales se negó  la  tutela  instaurada  por  LUIS
ANGEL TORO RUIZ contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe
de Bogotá (Expediente T-149308).
Tercero.- CONCEDESE la protección
judicial a los afectados, por cuanto las corporaciones nominadoras, al
desconocer los resultados del concurso efectuado, violaron sus derechos al
trabajo, al debido proceso, al ejercicio de funciones y cargos públicos y a la
igualdad, así como el principio constitucional de la buena fe.
Se TUTELAN, en consecuencia, los
derechos fundamentales de: JEANNETH NARANJO MARTINEZ, CECILIA MARGARITA DURAN
UJUETA, JAIME ZULUAGA JARAMILLO, AUGUSTO OSCAR TRUJILLO BRAVO, GILBERTO
GONZALEZ ARANGO, FLOR EUCARIS DIAZ BUITRAGO, JOSE ANTONIO FIGUEROA BURBANO,
GLORIA STELLA CANAVAL ERAZO, LINA B. CABRALES MARRUGO, ELPIDIO CEBALLOS MAYA y
LUIS ANGEL TORO RUIZ.
Cuarto.- ORDENAR a las corporaciones
nominadoras enunciadas a continuación que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, procedan a
designar en propiedad a los solicitantes, en los siguientes cargos:
a) El Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa
-A JEANNETH NARANJO MARTINEZ en el cargo de
Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca; a CECILIA MARGARITA DURAN UJUETA en el cargo de Magistrado de la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar; a JAIME
ZULUAGA JARAMILLO en el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío o en el de Risaralda; a AUGUSTO
OSCAR TRUJILLO BRAVO en el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca; a GILBERTO GONZALEZ
ARANGO en el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Quindío; a FLOR EUCARIS DIAZ BUITRAGO en el cargo
de Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
de Caldas; a JOSE ANTONIO FIGUEROA BURBANO en el cargo de Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca o en el
de Nariño; a GLORIA STELLA CANAVAL ERAZO en el cargo de Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca; a
LINA B CABRALES MARRUGO en el cargo de Magistrado de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre y a ELPIDIO CEBALLOS MAYA en el
cargo de Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia.
b) El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá
-A LUIS ANGEL TORO RUIZ en el cargo de Juez
Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá.
Quinto.- Las corporaciones
nominadoras tendrán presentes los nombres de los funcionarios que actualmente
ocupan los aludidos cargos, y que son desplazados de ellos como consecuencia de
esta decisión, para futuros nombramientos, según el puesto que les corresponda,
y con sujeción a las calificaciones obtenidas en el concurso.
Sexto.- PREVIENESE a las
corporaciones nominadoras contra las cuales han prosperado las acciones de
tutela, en el sentido de que no pueden seguir violando los derechos
fundamentales de los aspirantes a cargos de funcionarios o empleados de la Rama
Judicial. En el futuro, para tales efectos, deberán abstenerse de incurrir en
conductas como las reprochadas por este fallo, y respetar el estricto orden de
los resultados de los concursos que se adelanten, a menos que respecto de
quienes obtengan en ellos los más altos puntajes existan razones objetivas,
fundadas y contundentes que les permitan motivar la decisión de descartarlos.
En tales hipótesis, deberán designar, en estricto orden de resultados, a los
concursantes que obtuvieren los puntajes siguientes.
Séptimo.- El desacato a lo ordenado
en esta providencia se sancionará en la forma que contemplan los artículos 52 y
53 del Decreto 2591 de 1991.
Octavo.- DESE cumplimiento a
lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL                         ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                                       CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado                                                                         Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                    FABIO MORON DIAZ
Magistrado                                                                       Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General
Salvamento de
voto a la Sentencia SU-086/99
CARRERA JUDICIAL-Nombramiento de funcionarios no
necesariamente debe recaer en quien ocupe el primer puesto (Salvamento de voto)
A diferencia de
lo que ocurre con la designación para proveer los cargos de empleados, el
nombramiento de funcionarios no necesariamente debe recaer en quien ocupe el
primer lugar en la lista de candidatos, ni en quienes le siguen. La provisión
de vacantes en la Rama Judicial se lleva a cabo por un procedimiento que es
distinto según que se trate de funcionarios o de empleados. Pretender que la designación
de funcionarios deba recaer necesariamente en el candidato que ocupe el primer
lugar según la calificación obtenida en el concurso de méritos, deja sin
sentido las etapas de conformación de listas de candidatos y la facultad
nominadora de entidades a quienes compete finalmente la designación. La
diferencia establecida respecto del sistema de designación para el caso de los
empleados, obedece, como es natural, al ejercicio de la jurisdicción que es
propio de los cargos de funcionarios en la Rama Judicial, esto es de los
magistrados y los jueces. Al resolver sobre la exequibilidad del artículo 167,
referente a la provisión de vacantes para los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, la Corte reiteró que el nombramiento de empleados debía recaer en
quien ocupara el primer lugar en la lista de elegibles, pero no expresó el
mismo condicionamiento en torno de la elección llevada a cabo con base en
listas de candidatos para la provisión de cargos de funcionarios.
Referencia:
Expedientes T-173.401, T-175.208, T-175.307, T-176.167, T-176.185, T-176.368,
T-177.227, T-179.877, T-183.165, T-183.173, T-186.366, y T-149.308.
Peticionarios:
Jeanneth Naranjo Martínez y otros
Procedencia:
Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal.
Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Con
el debido respeto, me permito salvar parcialmente mi voto en torno a la
decisión adoptada en el asunto de la referencia, con base en los siguientes
criterios expuestos en el proyecto inicial del cual fui ponente, y en las
acotaciones planteadas finalmente por el suscrito magistrado durante las
discusiones ordinarias  de la Sentencia.
La discrepancia se
refiere al tema de la capacidad de los entes nominadores de funcionarios de la
Rama Judicial para escoger entre los integrantes de la lista de candidatos que
les es presentada. Para el suscrito, a diferencia de lo que ocurre con la
designación para proveer los cargos de empleados, el nombramiento de funcionarios
no necesariamente debe recaer en quien ocupe el primer lugar en la lista de
candidatos, ni en quienes le siguen. A esta conclusión se llega a partir de las
siguientes consideraciones :
1. Tal y como lo
define el artículo 125 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, los
cargos en la Rama Judicial pueden ser de empleados o de funcionarios. Son
funcionarios aquellos servidores públicos encargados de administrar justicia;
por el contrario se consideran empleados todos los demás que ocupan diversos
cargos, de carácter principalmente administrativo.[1] De esta manera,
conforme al tenor literal de la referida norma, “Tienen la calidad de
funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la
República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en
las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades
administrativas de la Rama Judicial.”
2. Esta
diferenciación entre funcionarios y empleados de la Rama Judicial, tiene
importantes efectos en el diferente proceso de selección que se debe surtir en uno
y otro caso. Una vez llevado a cabo el concurso público que ordena la ley, la
conformación del registro de elegibles para los cargos de funcionarios y de
empleados de la Rama judicial, es llevada a cabo por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura o por los consejos seccionales, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley Estatutaria de
Administración Judicial, cuyo tenor literal es el siguiente :
“ARTICULO 165.
REGISTRO DE ELEGIBLES.
La Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura
conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente
Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la
Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los
siguientes principios:
“La inscripción
en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes
que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento.
(...)
“Cuando se trate
de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales
nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha
función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de
la Judicatura.
(...)
Si bien , tanto para
la provisión de los cargos de empleados, como para la provisión de los cargos
de funcionarios, el proceso comprende inicialmente las etapas de concurso de
méritos y de conformación del registro de elegibles, las siguientes etapas del
proceso de selección difieren en uno y otro caso. En efecto el artículo 162 de
la Ley Estatutaria tantas veces mencionada, distingue las siguientes etapas que
han de agotarse en cada caso, así :
“ARTICULO 162.
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION. El sistema de ingreso a los cargos de Carrera
Judicial comprende las siguientes etapas:
Para
funcionarios, concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de
Elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.
Para empleados,
concurso de méritos, conformación del Registro Seccional de Elegibles, remisión
de listas de elegibles y nombramiento.”
De esta manera,
la provisión de vacantes en la Rama Judicial se lleva a cabo por un
procedimiento que es distinto según que se trate de funcionarios o de
empleados. En el primer caso, con fundamento en el concurso de méritos se
conforma un registro nacional de elegibles.  Al presentarse una vacante,
siguiendo el mandato constitucional contenido en el artículo 256 numeral 2° de
la Carta, el Consejo Superior de la Judicatura, o los consejos seccionales
según el caso, elaboran la lista de candidatos para la designación del
funcionario judicial de que se trate, y la  envían a la entidad que deba hacer
la nominación.
Tratándose de
empleados de la Rama, el procedimiento no incluye la elaboración de listas de
candidatos. Simplemente, como lo dice la norma transcrita, a la entidad
nominadora se le remiten listas de elegibles, conformadas con aquellos
aspirantes que ocupan los cinco primeros lugares según la calificación con la
cual figuran en el registro nacional de elegibles. A esto se refiere el
parágrafo segundo del artículo 167 de la Ley Estatutaria de Administración
Judicial, cuando expresa  que la Sala Administrativa del Consejo Superior
o seccional que corresponda, enviará a la entidad nominadora la lista de
elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el
correspondiente registro de elegibles.
3. Para el
nombramiento de funcionarios, la Constitución Política estructuró un
procedimiento complejo, en el cual participan diversos órganos. La conformación
del registro de elegibles, y  posteriormente de la lista de
candidatos, es llevada a cabo por la sala administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, o por la correspondiente sala administrativa de los
consejos seccionales, según el caso, pero el nombramiento de los funcionarios
corresponde a las corporaciones nominadoras de la justicia ordinaria, de la
contencioso administrativa o al Consejo Superior de la Judicatura. Esta
intervención de las distintas jurisdicciones en la provisión de los cargos, es
determinada directamente por el constituyente, pues de lo contrario no tendría
sentido la clara redacción del artículo 256 de la Constitución, cuyo tenor
literal es el siguiente : “Corresponden al Consejo Superior de la
Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso...  elaborar las
listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas
a la entidad que deba hacerla.”
4. Pretender que la
designación de funcionarios deba recaer necesariamente en el candidato que
ocupe el primer lugar según la calificación obtenida en el concurso de méritos,
deja sin sentido las etapas de conformación de listas de candidatos y la
facultad nominadora de entidades a quienes compete finalmente la designación.
En efecto, si quien ocupa el primer lugar es quien necesariamente debe ser
elegido, ¿para qué debe conformarse una lista de candidatos, y qué sentido
tiene la facultad de designación atribuida a estas otras entidades? No debe
olvidarse que, de acuerdo con la norma superior que acaba de transcribirse, las
etapas de conformación de la referida lista y de designación por las entidades
nominadoras, tienen categoría constitucional,  por lo que  no pueden ser
desconocidas por la ley ni por el juez constitucional.
5. Determinar que el
nominado tiene que ser necesariamente quien obtiene el primer lugar en el
concurso de méritos, equivale, por lo tanto, a interpretar la norma superior
que se acaba de transcribir de forma tal que no produce en la práctica ningún
efecto, fuera del de desconocer el principio de economía procesal, pues se
limitaría a ordenar el agotamiento de etapas y procedimiento absolutamente
innecesarios.
6. Debe entenderse
que la facultad nominadora tiene un contenido u objeto. Dicho contenido debe
ser, necesariamente, la posibilidad de escogencia entre varios posibles
candidatos, lo cual supone, de suyo, un cierto margen de discrecionalidad. Ello
no implica una desnaturalización del sistema de concurso, toda vez que se sigue
partiendo de una lista de ganadores ordenada de conformidad con el puntaje
obtenido por los concursantes. De esta forma, se tienen en cuenta las
calificaciones y méritos de los concursantes, no pudiéndose desbordar la lista,
como también  el criterio del nominador, el cual encuentra soporte en la
facultad de nombrar atribuida a ciertos órganos, que, como se ha señalado, es
de rango constitucional.
7. La diferencia establecida respecto del sistema de designación para el caso
de los empleados, obedece, como es natural, al ejercicio de la jurisdicción que
es propio de los cargos de funcionarios en la Rama Judicial, esto es de los
magistrados y los jueces. La toma de decisiones sobre los derechos de terceros,
reviste tal trascendencia dentro de la sociedad, que impone que la escogencia
de las personas que llevarán a cabo esta delicada y compleja función, sea más
libre, de manera que los aspectos subjetivos y de adecuación del cargo al perfil
humano de quien aspire a ejercerlo, tengan posibilidad de ser evaluados con
menos restricción por parte de funcionarios de tan elevada categoría como son
los magistrados de las altas Cortes o de los Tribunales Superiores.
8. La jurisprudencia
sentada por esta Corporación al definir la exequibilidad de los artículos 165 a
167 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, con
ponencia del suscrito, ratificó como ajustado a la Constitución el
procedimiento de elaboración del registro de elegibles para los cargos de
funcionarios y de empleados en la rama judicial, según el cual en este registro
se debe respetar el orden descendente de los puntajes obtenidos en el concurso
de méritos. En este sentido expresó lo siguiente al referirse, concretamente, a
la exequibilidad del artículo 165:
“Este artículo, al ser consecuencia del anterior, no
contraviene postulado constitucional alguno. Al contrario, nótese que al
ordenar que la lista de candidatos se realice en orden descendente y al permitir
que todos los interesados puedan actualizar los datos que allí se encuentran,
se está garantizando el pleno ejercicio del derecho fundamental a la igualdad
...”
Así mismo, en la
citada Sentencia, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del
artículo 166 del la Ley 270 de 1996, referente a la manera como se deben
conformar las listas de elegibles para la provisión de los cargos de empleados
de la rama judicial. La Corte encontró respecto de esta norma, que ella “por
el simple hecho de establecer que la lista de elegibles estará conformada por
cinco candidatos, no vulnera la Constitución Política,” pero condicionó tal
exequibilidad a que dentro de los cinco candidatos figure quien haya ocupado el
primer lugar en el concurso de méritos y a que sobre él recaiga la designación.
En este sentido la precitada Sentencia expresó lo siguiente : “dentro
de dicha lista naturalmente estará incluido quien haya obtenido el mejor
puntaje y, consecuentemente, ocupe el primer lugar en la clasificación final...
el nombramiento que se efectúe con base en la lista de elegibles deberá recaer
sobre el candidato al que se ha hecho referencia.”
Ahora bien, al
resolver sobre la exequibilidad del artículo 167, referente a la provisión de
vacantes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, la Corte reiteró
que el nombramiento de empleados debía recaer en quien ocupara el primer lugar
en la lista de elegibles, pero no expresó el mismo condicionamiento en torno de
la elección llevada a cabo con base en listas de candidatos para la provisión
de cargos de funcionarios. Es ese sentido manifestó lo siguiente : “Con
todo, deberá advertirse, tal como se determinó en el artículo precedente, que
el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que encabece la
lista de elegibles, esto es, el que ha obtenido la mayor puntuación”. (Subrayas
fuera del texto original). Como puede verse, la Corte se refirió tan solo a
listas de elegibles, que se elaboran para la provisión de cargos de empleados,
pero guardó silencio respecto de la necesidad de designar a quien ocupe el
primer lugar en las listas de candidatos, las cuales se elaboran para el
nombramiento de cargos de funcionarios. (Art. 256 C.P.)
9. En el caso
particular de la designación de magistrados de las salas administrativas de los
consejos seccionales de la judicatura, concurren circunstancias especiales. En
primer lugar, en este evento la misma entidad que con base en el concurso de
méritos elabora el registro de elegibles, es la que debe producir el nombramiento.
Adicionalmente, se trata de cargos que no conllevan propiamente el ejercicio de
jurisdicción. Por tales razones, debe concluirse que no es necesario el
agotamiento de la etapa de conformación de la lista de candidatos, sino que la
designación se debe llevar a cabo escogiendo directamente de la lista de
elegibles, respetando el orden descendente de los puntajes. En tal virtud, el
suscrito comparte, en lo pertinente, las órdenes impartidas en la presente
Sentencia, respecto de la cual, por las razonesexpuestas,  salva parcialmente
el voto.
Fecha ut supra,
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia SU-086/99
CARRERA JUDICIAL-Distinciones entre funcionarios y
empleados judiciales para el ingreso (Salvamento de voto)
CARRERA JUDICIAL-Igualdad de condiciones de funcionarios
que conforman la lista de candidatos (Salvamento de voto)
El nombramiento de funcionarios judiciales
-Jueces y Magistrados de Tribunales en este caso-, es un acto jurídico
complejo, que se cumple en distintas etapas de orden sucesivo, ninguna de las
cuales puede omitirse sin que se produzca el quebrantamiento grave de la ley
que regula el ingreso a la carrera de tales funcionarios. Así, elaboradas las
"listas de candidatos", quienes la conforman llegan al nominador en
igualdad de condiciones para ser elegidos como Magistrados de Tribunales o como
Jueces, según fuere el caso, sin que ello pueda constituir un desconocimiento a
los méritos individuales de ninguno de los candidatos.
Con profundo respeto por la decisión
contenida en la sentencia SU-086 de 17 de febrero de 1999, los suscritos
magistrados manifestamos las razones que nos llevan a salvar el voto en
relación con la misma.  Ellas son:
1.      Si bien es verdad que conforme a lo
preceptuado por el artículo 125 de la Constitución Nacional, "los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera" y que, precisamente
para garantizar la efectividad de ese principio en la misma norma constitucional
se establece que el nombramiento de funcionarios que no haya sido expresamente
determinado por la Constitución o por la ley bajo un sistema diferente, habrá
de hacerse "por concurso público", no es menos cierto que, cuando se
trata de los funcionarios y empleados judiciales, ha de darse aplicación a las
reglas específicas que sobre el particular establecen la Constitución Política
y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
2.      En ese orden de ideas, se observa por los
suscritos magistrados que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 256 de la
Carta Política, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a las
Consejos Seccionales la administración de la carrera judicial, conforme a la
ley, "elaborar las listas de candidatos para la designación de
funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla",
atribución que no puede ser ejercida en forma arbitraria, sino en atención al
buen servicio, que es la finalidad última que se persigue con el
establecimiento de la carrera judicial.
3.      La Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia  (Ley 270 de 1996), al regular lo atinente al ingreso a los cargos de
carrera judicial, señaló en su artículo 162, de manera específica, las etapas
que el proceso respectivo comprende, tanto cuando se trata de funcionarios
judiciales, es decir, de quienes se encuentran investidos de jurisdicción, como
cuando se trata de empleados, o sea de quienes conforman el equipo auxiliar y
operativo de los despachos judiciales a cargo de los primeros, norma esta que
fue declarada exequible por la Corte Constitucional sin condicionamiento
alguno.
Por lo que hace al ingreso a la carrera
para los funcionarios judiciales, tales etapas son cinco (5), a saber:
"concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de Elegibles,
elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación". Y, en
cuanto se refiere al ingreso a la carrera para empleados, dichas etapas
conforme a la norma citada son cuatro (4): "concurso de méritos, conformación
del Registro Seccional de Elegibles, remisión de listas de elegibles y
nombramiento".
4.      Así las cosas, es claro que el citado
artículo 162 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establece
una distinción entre funcionarios y empleados judiciales para regular de
distinta manera el proceso que ha de cumplirse para el ingreso a la carrera
judicial de unos y de otros.
Respecto de los funcionarios judiciales, se
da inicio al procedimiento de selección mediante la realización de un
"concurso de méritos" de carácter abierto en el que pueden participar
todos aquellos que consideren reunir los requisitos de orden legal para ello;
una vez realizado ese concurso público, con quienes lo hayan superado en forma
satisfactoria, se elabora entonces el "Registro Nacional de
Elegibles".  De éste, con posterioridad y cuando sea necesario la
provisión de cargos vacantes, habrá entonces necesidad de pasar a la etapa
siguiente, que lo es la "elaboración de listas de candidatos", de la
cual, finalmente se hará el "nombramiento", sujeto conforme a la ley
a la "confirmación".
En cuanto hace a la vinculación de
empleados a la carrera judicial, no existe ni elaboración de listas de
candidatos, ni confirmación, sino que una vez realizado el concurso de méritos
se conforma el registro de elegibles y se remiten las listas respectivas para
que de ellas se haga el nombramiento respectivo.
5.  Como puede observarse el referido
artículo 162 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia guarda
estricta correspondencia y armonía con el artículo 256 de la Constitución
Política, norma en la cual, de manera categórica e inequívoca se asigna
"al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales",
la muy delicada función de "elaborar las listas de candidatos para la
designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba
hacerla".
De esta suerte, tales "listas de
candidatos", serán enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura a la
Corte Suprema de Justicia para el nombramiento de Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, o, en su caso, al Consejo de Estado para el
nombramiento de Magistrados de los Tribunales Administrativos.
De la misma manera, si se trata del
nombramiento de Jueces de cualquier categoría, las "listas de
candidatos", serán enviadas a los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, o cuando los Jueces Administrativos entren en funcionamiento, a los
Tribunales Administrativos.
6. Como sin ninguna dificultad se advierte
del análisis de las normas anteriores, el nombramiento de funcionarios
judiciales -Jueces y Magistrados de Tribunales en este caso-, es un acto
jurídico complejo, que se cumple en distintas etapas de orden sucesivo, ninguna
de las cuales puede omitirse sin que se produzca el quebrantamiento grave de la
ley que regula el ingreso a la carrera de tales funcionarios.
7.  Así, elaboradas las "listas de
candidatos", quienes la conforman llegan al nominador en igualdad de
condiciones para ser elegidos como Magistrados de Tribunales o como Jueces,
según fuere el caso, sin que ello pueda constituir un desconocimiento a los
méritos individuales de ninguno de los candidatos. Ocurre aquí, lo mismo que
cuando de acuerdo con la Constitución se conforman ternas para la designación
de algunos funcionarios del Estado, cual sucede, por ejemplo, para el
nombramiento del Procurador General de la Nación por el Senado de terna
conformada por candidatos propuestos por el  Presidente de la República, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, o para el nombramiento del
Fiscal General de la Nación por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada
por el Presidente de la República; o, en el nombramiento del Contralor General
de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno
por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, e igual que acontece con el nombramiento del Auditor para la vigilancia
de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, Auditor cuyo
nombramiento se realiza por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte
Suprema de Justicia; y, como sucede, también, con el nombramiento de
Magistrados de la Corte Constitucional de tres ternas enviadas tres por el
Presidente de la República, tres por el Consejo de Estado y tres por la Corte
Suprema de Justicia.
Del mismo modo, también el sistema de
"listas de candidatos"  opera, por ministerio de la Constitución,
para la designación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado, corporaciones estas a las cuales quienes llegan en tales
listas para la provisión de las vacantes respectivas, lo hacen en igualdad de
condiciones para poder ser elegidos si esa es la voluntad de los electores.
8. Si el nombramiento de los Magistrados de
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el de Magistrados de los
Tribunales Administrativos ha de hacerse por la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado, respectivamente, así como el de Jueces por los respectivos
Tribunales, teniendo en cuenta para el efecto las "listas de
candidatos", es evidente que como se trata de nombramientos que realiza,
en todos los casos, una corporación judicial, la única manera como ese acto
administrativo puede realizarse es mediante una elección.  Esta, de suyo,
implica una escogencia entre los varios candidatos que conforman la lista.  Y,
siendo ello así, aparece abiertamente contrario al carácter mismo de tal
elección que por anticipado se le indique a los magistrados que actúan como
electores, quién debe ser el elegido, imponiéndoles de antemano la designación
de uno de los nombres, así sea el de aquel que ocupa el primer lugar en esa
lista, pues, se repite, no puede existir elección entre varios candidatos
cuando se determina con antelación quién ha de ser el ungido con el voto de los
magistrados electores.
9. Por otra parte, resulta inadmisible la
suposición de que la función nominadora atribuida por la normatividad vigente a
la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para la elección de
Magistrados de Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales
Administrativos, en su orden, al igual que la función de elegir Jueces de las
distintas categorías por los Tribunales, será ejercida de manera contraria a la
ley para el favorecimiento individual y sin razón que lo justifique de alguno
de los candidatos en detrimento de otro u otros con mayores merecimientos. No.
De donde necesariamente hay que partir, es del supuesto contrario, a saber,
que  las corporaciones judiciales a quienes se confía por la ley la designación
de funcionarios de ese orden, tienen como límite necesario el acertar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia, lo que implica que los
nombramientos respectivos se hagan dentro de un margen indispensable de
discrecionalidad para el elector, que no podrá, en ningún caso, abusar de ella
para entronizar la arbitrariedad o el capricho como criterios rectores, que, de
presentarse, podrían ser objeto de discusión ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
10. Conforme a lo expuesto, es claro
entonces que la sentencia de la cual discrepamos con todo respeto, sustituye, a
pretexto de prolijas consideraciones sobre el presunto quebrantamiento de la
igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos públicos, los expresos
mandatos de la Constitución y de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia respecto del nombramiento de Magistrados de los Tribunales y Jueces de
la República, por lo que, a nuestro juicio, se impone, en guarda de la
normatividad constitucional, nuestro salvamento de voto, bajo el criterio de
que los mandatos contenidos en la Carta Política no pueden ser de índole
puramente retórica, sino que a ellos ha de dárseles plena vigencia y cumplido
acatamiento.
Fecha ut supra.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA                        FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado                                                       Magistrado
[1] Cf. Sentencia C-037 de 1996, M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa,
consideraciones en torno de la constitucionalidad del artículo 125 del proyecto
de Ley bajo examen.