T-306-17
Sentencia T-306/17
DERECHO A LA EDUCACION Y AL DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL DE
NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS
LEGITIMACION POR ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN TUTELAS QUE
INVOCAN DERECHOS DE SUS HIJOS-Reiteración
de jurisprudencia
Las personas pueden presentar la acción de tutela para solicitar
la protección de los derechos fundamentales de sus hijos cuando consideren que
están siendo vulnerados por actuaciones de terceros. La presente acción de tutela es interpuesta por
personas naturales, padres de los niños internados en el centro educativo
demandado. Conforme al artículo 10 del Decreto 2591, los padres como acudientes
y representantes de sus hijos tienen legitimación para interponer la acción de
tutela cuando consideran que una actuación genera una amenaza o vulneración a
los derechos fundamentales de sus hijos.
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Autoridad
pública
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Entidad
de carácter particular que se ocupa de prestar el servicio público de educación
DERECHO A
LA EDUCACION-Procedencia de la acción de tutela para su protección
La jurisprudencia de la Corte ha establecido que la
acción de tutela es procedente tratándose de exigir la buena y adecuada
prestación del servicio público de educación.
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA FRENTE A PROCESOS PENALES Y
DISCIPLINARIOS
En el
presente caso, la Sala considera que frente a las acciones y omisiones
destacadas y, respecto a los derechos fundamentales invocados, ni el proceso
penal que se cursa, ni el disciplinario que se adelanta en contra del sacerdote
acusado de usar lenguaje discriminatorio e imponer castigos a los estudiantes,
son los recursos adecuados e idóneos para lograr la protección de los derechos
fundamentales de los niños y niñas del internado. Ambos procesos se concentran
en establecer la responsabilidad individual de la persona investigada, pero no
realizan un análisis de fondo de las presuntas violaciones a los derechos
humanos, por ejemplo, a la no discriminación, dignidad humana e integridad de
los niños. Son procesos que antes de evitar daños a los niños y niñas, buscan
determinar si estos dieron y, en tal caso, sancionar al responsable.
Adicionalmente, tampoco permiten tomar medidas inmediatas para mejorar el
ambiente escolar, el cual parece haber resultado afectado por los presuntos
malos tratos de los profesores a los alumnos. Con base en lo anterior, la
Sala encuentra procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo de protección
de los derechos fundamentales, por cuanto (a) se trata de una situación en la
que están en riesgo derechos de una población de especial protección
constitucional como son los niños y (b) los otros medios de defensa judicial,
como el proceso penal o disciplinario contra los docentes no son adecuados y
efectivos para lograr la protección constitucional integral de los derechos
fundamentales invocados en el escrito.
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS-Reiteración
de jurisprudencia
El derecho a la educación de los niños indígenas se
deriva del texto constitucional que reconoce la protección y la prevalencia de
los derechos de los niños. Adicionalmente, la constitución establece que el
derecho a la educación de comunidades étnicas debe considerar las tradiciones
lingüísticas propias y fomentar el respeto y el desarrollo de la identidad
cultural. Por su parte, los instrumentos internacionales y la legislación
colombiana disponen que la etnoeducación debe partir del respeto por la tradición,
la historia, la cosmovisión, el lenguaje y la cultura de las comunidades, que
deben participar en el desarrollo de las políticas y de los sistemas educativos
que sean aplicados en sus comunidades o territorios. La jurisprudencia
constitucional en tal sentido, y siguiendo estos parámetros normativos, ha sido
enfática al indicar que el derecho a la educación especial de los grupos
étnicos es fundamental y que su garantía está encaminada a preservar la riqueza
cultural. En conclusión, el derecho fundamental a la educación para los niños
indígenas surge de la especial protección a la multiplicidad de formas de
pensamiento y por la obligación del Estado de preservar la identidad y los
valores culturales de los grupos humanos que integran nuestro territorio. La Constitución
Política contiene el mandato claro de generar espacios de concertación, respeto
e integración, de manera que en la diversidad se fortalezca la unidad y se
garantice la participación de todos en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación.
DERECHOS DE
LOS NIÑOS-Carácter prevalente/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Prevalencia de los derechos de los niños
INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Deber de la familia, la sociedad y el Estado de
brindar especial protección a los niños
EDUCACION-Derecho y
servicio público con función social
El artículo 67 de la Constitución define a la
educación como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
ETNOEDUCACION-Definición
legal
Se entiende por educación para grupos étnicos la que
se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una
cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta
educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso
social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”.
ETNOEDUCACION-Fines y
principios
La Ley 115 de 1994 dispuso como principios y fines de la educación de
grupos étnicos la integralidad, interculturalidad, diversidad
lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad.
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS-Consagración
en instrumentos internacionales
DERECHO A LA IGUALDAD Y PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Prohíbe
cualquier diferenciación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica, entre otras
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Protección en el ámbito
interno e internacional
DERECHO A LA IGUALDAD-Dimensiones
ACTO DISCRIMINATORIO-Alcance
ACTOS DISCRIMINATORIOS-Pueden ser de
diversos tipos y clases
ESCENARIOS DE DISCRIMINACION EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reglas
jurisprudenciales
La Corte estableció
las siguientes reglas jurisprudenciales que son aplicables al caso que se
analiza: “(i) cuando se usa en clase, por parte de un docente, una expresión
que mantiene y preserva estereotipos racistas y esclavistas en las estructuras
lingüísticas, se promueve un trato excluyente, que margina a las personas
consideradas como parte de una determinada ‘raza’. Promover, justificar o preservar el uso de
expresiones racistas en el ámbito de la educación, así como invisibilizar su
contenido discriminatorio, desconoce los derechos a la igualdad y la no
discriminación, a la vez que supone un trato cruel y degradante. Por
tanto (ii) una persona, en calidad de profesor viola los derechos a la
educación y a la igualdad (en especial, el derecho a no ser discriminado),
cuando emplea durante una sesión de clase una expresión claramente
racista para presentar un ejemplo, en especial si fácilmente se ha
podido remplazar por otro. Tal acto discriminatorio ocurre así la palabra ‘haya
sido retirada’ y lamentada por el propio profesor. // (iii) emplear un
medio prohibido constitucionalmente, como lo es usar expresiones
discriminatorias que promuevan, preserven o difundan estereotipos racistas,
para alcanzar un fin imperioso, viola los derechos a la igualdad y a no ser discriminado,
en especial cuando este puede ser obtenido empleando infinidad de medios
alternativos que no implican una carga adicional y que son evidentemente menos
lesivos para los derechos a la igualdad y a no ser discriminado.  En
consecuencia, (iv) toda persona tiene el derecho constitucional, en defensa de
su dignidad, a no soportar en silencio un escenario de discriminación; al igual
que toda persona tiene el derecho constitucional a no permanecer en ese
escenario, tiene derecho a abandonarlo. // (v) Si un docente,
accidentalmente, utiliza expresiones de uso común y corriente, que generan un
escenario de discriminación en el que se preserva, se promueve o se difunde
estereotipos racistas, discrimina cuando no emplea el mismo espacio de clase,
en el momento y del modo en que considere adecuado, para poner en evidencia la
expresión con contenido discriminatorio y resaltar su carácter racista. Es deber del docente utilizar
el diálogo y la participación para visibilizar los elementos racistas que,
lamentablemente, todavía se esconden en nuestras prácticas lingüísticas.”
FORMAS DE CASTIGO IMPUESTAS A LOS
NIÑOS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROSCRITAS POR EL ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL DEL
NIÑO-Alcance
Sobre el principio de desarrollo armónico e integral,
la Corte ha establecido que la protección integral y el interés superior de las
personas menores de edad son consecuencias jurídicas de su calidad como sujetos
de especial protección constitucional. En palabras de la Corte, tal
reconocimiento “(…)
significa que la satisfacción de sus derechos e intereses, debe constituir el
objetivo primario de toda actuación (oficial o privada) que les concierna”. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el
desarrollo armónico e integral consiste en el reconocimiento de una “caracterización jurídica
específica” para el niño, basada en la naturaleza prevaleciente de
sus intereses y derechos, que impone a la familia, la sociedad y el Estado la
obligación de darle un trato acorde a esa prevalencia “que lo proteja de manera
especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el
desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico,
psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad”. Tanto la prevalencia de los derechos de los niños y
niñas como su desarrollo armónico e integral “propenden por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado,
en consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las condiciones
especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el propósito de
garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado”. Con base en el mandato constitucional de garantizar
el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas, debe considerarse que
todos los derechos contemplados en el artículo 44 de la Constitución Política
se deben garantizar conjuntamente y de forma interrelacionada, puesto que es a
través del ejercicio y goce efectivo de los derechos fundamentales que se logra
alcanzar el crecimiento más óptimo de las personas menores de edad. En ese
mismo sentido, este derecho del desarrollo armónico e integral del menor, debe
leerse en conjunto con el deber de proteger a los niños contra toda forma de
violencia física o moral, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos
(que lo establece el mismo artículo 44 CP). Igualmente esta disposición se
desarrolla a la luz del artículo 12 de la misma Carta que establece que nadie
puede ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
FORMAS DE CASTIGO IMPUESTAS A LOS NIÑOS POR INSTITUCIONES
EDUCATIVAS-Prohibición de castigos o sanciones que impliquen afectación
física o psicológica
PROHIBICION DE CASTIGOS Y SANCIONES QUE IMPLIQUEN AFECTACION
FISICA O PSICOLOGICA DE LOS NIÑOS-Mecanismos internacionales de protección
DERECHO A LA EDUCACION Y AL
DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS-Vulneración por
actuaciones discriminatorias y castigos desproporcionados impuestos por
docentes de centro educativo
Referencia:
Expediente T- 5.933.446
Acción
de tutela interpuesta por los padres de los menores Yɨredo, Turé,
Hahɨo, Mapi´koro,
Koenomu, Borikako, Bedebukɨko, Hɨrɨko, Hehenako,
Bɨye y Ñarebo[1]
contra el Ministerio de Educación Nacional,
la Secretaría de Educación del Meta, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar –ICBF- y Pastoral Social Villavicencio.
Magistrado
Ponente:
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ (e)
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
magistrados Alberto Rojas Ríos, José Antonio Cepeda Amarís y Aquiles Arrieta
Gómez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de
la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo del 8 de noviembre de
2016, proferido por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López
(Meta). El expediente de la
referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Uno,
mediante auto del 27 de enero de 2017.[2]
I.
ANTECEDENTES
Los padres de los menores Yɨredo, Turé, Hahɨo,
Mapi´koro, Koenomu, Borikako, Bedebukɨko,
Hɨrɨko, Hehenako, Bɨye y Ñarebo, presentaron acción de tutela para solicitar la protección
de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la
alimentación y la educación de sus hijos, presuntamente vulnerados por el
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Meta, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y la Pastoral Social
Villavicencio, debido a los aparentes maltratos que sufrieron los menores al
interior del Centro Educativo Eustasio, en la sede que funciona como semi-internado.
A continuación, se exponen los hechos en los que se funda la acción de tutela y
la solicitud planteada:
1.       Hechos y solicitud[3]
1.1.
Los padres afirman que
hacen parte de una comunidad indígena ancestral Cubeo-Sikuani y sus hijos van a
un colegio semi internado cerca de su asentamiento en el caserío “El Porvenir”
del municipio Puerto Gaitán. Los padres dicen que al colegio donde asisten los
niños y niñas hay dos profesores que los maltratan por su origen étnico. Al
respecto, dicen que el sacerdote Amaurys Antonio Aviléz Otero, el seminarista
Edinson Salas y la profesora Julia Cárdenas Vega, quienes hacen parte del
centro educativo, les imponen castigos que atentan contra la dignidad humana.
1.2.
Cuentan que tanto el
sacerdote como el seminarista han amenazado constantemente a los niños y niñas
diciéndoles que van a desnudarlos y amarrarlos si desobedecen las órdenes que
les imparten.[4] Igualmente el sacerdote ha discriminado
a los niños a quienes no se les suministra comida porque no aportan dinero y
por ser “guahibos”, término que utiliza de manera “denigrante y despectiva” para
referirse a los indígenas.[5]
1.3.
Según la joven Hehenako, ella y otros
niños han sido castigados de las siguientes formas: (i) “como represalia por
no aprender o no atender la 'lección’” son encerrados en una habitación
desde las 5 pm y (ii) por no realizar alguna actividad de mantenimiento son
obligados a realizar labores de aseo o huerta.[6] Los niños cuentan que en diversas
ocasiones se ha ordenado el cierre del internado y los baños para que los niños
indígenas no utilicen los servicios sanitarios en la noche.[7] Sobre
esto el sacerdote dice que esas órdenes se dan para ahorrar agua y ante la
falta de gasolina para operar la bomba que permite el suministro del líquido.
1.4.
Los niños mencionan que no
reciben una buena alimentación pues “el Padre y la profesora toman más de la
mitad del mercado”, que la repartición de las comidas se hace de manera
desigual entre los niños indígenas y mestizos e incluso algunos domingos no
reciben la ración.[8] Los niños indígenas son obligados a
hacer oficio y son amenazados con no recibir alimentos, mencionan los padres.
1.5.
También los mismos niños
han contado a sus padres que el sacerdote los golpeó y que uno de ellos fue
agredido con la varilla de hierro utilizada para izar la bandera.[9]
Afirmaron que el profesor les exigió llevar un trapero y una escoba y que ante
el incumplimiento de la orden fueron expulsados del internado los menores Koenomu y Ñarebo,
mientras que la sanción de Hɨrɨko solo fue por una semana. Finalmente, acusan al
profesor y sacerdote de castigar a la menor Hehenako forzándola a meter las
manos en el sanitario y pasarlas por su cara.[10] Otra alumna también relató que fue
obligada a “tragarse la hoja de un cuaderno” por no saberse las tablas
de multiplicar.[11]
1.6.
Solicitan que se tutelen
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y su desarrollo
armónico e integral, establecidos en el artículo 44 de la Constitución, el
derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 13 y el
libre desarrollo de la personalidad, dispuesto en el artículo 16. Establecen
que el desconocimiento de estos derechos genera una vulneración adicional de
otros derechos como a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación
y la educación de los niños, por tanto, solicitan se restituya el derecho a la
educación de los estudiantes expulsados, remplacen al sacerdote Amaurys Antonio
Aviléz Otero, al seminarista Edinson Salas y a la profesora Julia Cárdenas Vega
del centro educativo por personas capacitadas para trabajar con estudiantes
indígenas. Adicionalmente, piden que se garantice una alimentación balanceada y
de calidad a los estudiantes, que la institución cuente con una planta de
docentes suficientes y que se “habilite transporte diario y cada semana para
trasladar a los estudiantes desde el Asentamiento hasta el Colegio y
viceversa”.
2.  Contestación de la demanda[12]
2.1.    Respuesta de la docente Julia Cárdenas Vega
2.1.1. La docente Julia Cárdenas Vega indicó que la persona que
aparece como accionada es Julia Castro Cárdenas y su nombre es Julia Cárdenas
Vega. Adujo que en su labor como docente lucha por la igualdad, por lo que no
realiza actos de discriminación y que el sacerdote Amaurys Aviléz “es una gran persona con muchos valores y no un ogro como
lo describen”. Precisa que son otras
las personas encargadas de la recepción de los víveres y del suministro de la
comida a los estudiantes y que, contrario a lo señalado en la acción de tutela,
ella ha puesto dinero para adquirir alimentos y para comprar el combustible
necesario para el bombeo de agua.[13]
2.1.2. Posteriormente, la docente allegó un nuevo
documento al juzgado en el que aseguró que no es cierto que acuse
sistemáticamente a los niños indígenas con el sacerdote Amaurys Antonio Aviléz Otero. En esta
oportunidad, la profesora aclaró que el contrato del restaurante del internado
es manejado por la empresa FUNDACIÓN VIVE COLOMBIA por lo que no existe
injerencia en el suministro, preparación y manipulación de alimentos por parte
de los maestros.[14]
2.2.
Respuesta del
Ministerio de Educación
La Oficina Asesora
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional dio contestación a la acción de
tutela y señaló que no podía ser demandada por acción de tutela (legitimación
por pasiva), debido a la descentralización del servicio de educación ocurrida
con ocasión de la expedición de la Ley 60 de 1993. Añadió que, en virtud de la
Ley 715 de 2001, la competencia con respecto a administración del servicio de
educación se encuentra en cabeza de los entes territoriales, a través de las
Secretarías de Educación.
2.3.
Respuesta del
Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social Cáritas Villavicencio
El representante legal del Secretariado Arquidiocesano de
Pastoral Social Cáritas Villavicencio solicitó que se desestime la pretensión
de los accionantes ante la existencia de un hecho superado.[15]
Indicó que sólo tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en la institución
educativa por la notificación de la acción de tutela. Sin embargo, pone de
presente que Amaurys Antonio Aviléz
Otero fue apartado del cargo, citado para rendir descargos y que luego de dicha
audiencia presentó renuncia para no entorpecer la investigación y esperar la
resolución de la misma.[16] Por tanto, advierte que Luis Fernando
Valencia Roa fue nombrado como tutor para garantizar la prestación del servicio
de internado[17] y  aunque no está dentro de sus
funciones, Pastoral Social remitió solicitud para el reintegro de los menores
expulsados del centro educativo. Pidió al juez que se oficie al ICBF para que
verifique la situación de los niños y resaltó que el servicio de alimentación
corresponde a una empresa contratista.
2.4.
Respuesta de Amaurys
Antonio Aviléz Otero
2.4.1.
El señor Amaurys Antonio
Aviléz Otero contestó la acción de tutela el 25 de agosto de 2016.[18]
Manifestó que como líder de la comunidad, debe garantizar los derechos a la
educación y a la alimentación de los estudiantes del internado que pertenece a
la Institución Educativa Eustasio.
2.4.2.
Expuso que la profesora
Julia Cárdenas Vega le comenta cuáles niños no llevaron algún trabajo o taller.
La docente precisó, “se acerca a comunicar, cualquier falencia de los niños
(Indígenas y Mestizos) para así darles la oportunidad de que vuelvan a
corregirlo, no voy a decir, que no se utiliza la palabra castigo, sí lo hago
pero en buen término, no abusando de mi [investidura], sino con el fin
de que todos los niños, que tengo en mi cuidado se formen para bien”. Sobre
los castigos impuestos indicó lo siguiente:
“La tutora anterior era muy permisiva, y dejaba que los niños hicieran
de la disciplina, cualquier cosa, se les ha corregido pero se ha hecho con
amor, y los tales castigos, es lavar bien los baños, asear bien el comedor
donde ellos comen, asear bien sus habitaciones donde ellos descansan, quitar
con un rastrillo las hojas de los árboles y otras tareas, que se realizan para
un mejor ambiente del internado, ya que nosotros no contamos con algún
trabajador o aseadora para realizar estas tareas, que están dentro del manual
de convivencia de cualquier internado”.[19]
2.4.3.
Aseguró que no intimida a
los niños y que solo les informa las tareas que deben realizar. Que nunca ha
amenazado con “desnudar y amarrar” a los estudiantes. Se confirmó la
entrada de jóvenes externos en las horas de las noches a “acostarse en las
camas con las niñas”. En tal contexto utilizó el término “amarrar”
para referirse a qué hacer con los que ingresaban al internado de manera
clandestina, para poder entregarlos a la Policía.
2.4.4.
Señaló que nunca ha quitado
la comida ni utilizando términos peyorativos para referirse a los estudiantes
que hacen parte de comunidades indígenas. Aseveró que los niños no son “encerrados”
a las 5:00 pm, pues para ese momento del día se encuentran terminando
actividades académicas, esperando la hora de comida que es a las 5:30 pm y la
eucaristía a la que asisten de manera voluntaria a las 6 de la tarde. Aclaró
que antes de entrar a trabajar como tutor recibió dentro del inventario cadenas
y candados para cerrar las puertas, debido a que las cerraduras no sirven. Sobre
el problema de los baños, puntualmente aseveró lo siguiente:
“[E]n el internado hay un problema incontrolable de gente externa
metiéndose en las horas de la noche, al inicio de empezar a trabajar, todas las
mañanas se encontraban defecaciones en los baños de niñas y niños, por esta
razón tomé la decisión de cerrar con las cadenas y los candados los baños, para
que personas ajenas no entraran y los ensuciaran, y como cada habitación tiene
un baño en el pequeño cuarto del tutor, les dije que para no salir de la
habitación, podían utilizar esos baños, pero como el de la habitación de los hombres
no sirve, siempre se les dice que para que vayan antes al baño, porque son muy
miedosos y les da temor salir en las noches solos al baño de afuera. Voy a hacer
muy franco con esta niña, [Turé] es una niña con unos hábitos que dejan mucho
que decir, hace su necesidad en el baño y no le echa agua, el misionero y yo
hemos tenido que echarle el agua muchas veces a sus suciedades, y ella se ríe
de nosotros, tanto fue que en estos días hizo nuevamente esa gracia en el baño
del tutor que ellas utilizan en las noches, y [Bɨye] se levantó a orinar y
luego [Yɨredo] otra niña indígena, se levantó a orinar vio lo mismo, y
orino sobre esto, esto fue dicho por ellas mismas al siguiente día porque yo
les llamé la atención, se echaban las culpas unas a otras, como si nada, y
ellas mismas lo dijeron si lo vimos, pero eso no era de nosotras, esa fue la
respuesta”.[20]
2.4.5.
Adujo que la niña Turé escupió en el piso por lo que el castigo
fue que tomara el trapero y limpiara. Por otra parte, resaltó que nunca utilizó
métodos violentos para castigar a los estudiantes por no saber las tablas de
multiplicar, que no ha tomado alimentos del internado y que, por el contrario,
la parroquia subsidia la alimentación de los niños ya que las remesas que
envían vienen incompletas o dañadas.
2.4.6.
Con relación a otros casos
puntuales, manifestó que nunca golpeó al estudiante Koenomu. Que este fue expulsado por el rector del
centro educativo por salir de su habitación para ingresar en el cuarto de las
niñas a masturbarse, actuación que va en contra del manual de convivencia.
Indicó que el niño Mapi´koro es muy rebelde y dice mentiras, pero que no fue
agredido de ninguna manera. También, precisó que los niños “indígenas y
mestizos” hacen los mismos oficios en el horario de 2:00 a 2:30 pm y que la
estudiante Bɨye se cortó el pie con la “calavera de un becerro muerto”
mientras estaba corriendo con otro estudiante, por lo que se le prestaron los
primeros auxilios.
2.4.7.
Finalmente, explicó que las escobas
y traperos dejados al servicio de los niños del internado fueron dañados por
ellos mismos para no hacer aseo, por lo que el castigo “fue que ellos
trajeran su propia escoba y trapero para hacer su aseo”. Algunos estudiantes
lo hicieron y otros no. Sobre este punto sostuvo que nunca obligó a una niña
meter las manos en el sanitario y pasarlas por su cara ni les negó comida a los
niños indígenas por no aportar dinero.[21]
2.5.
Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF-
La Coordinadora del Grupo Jurídico de la Regional Meta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
contestó la acción de amparo y aseguró que no habían tenido conocimiento previo
de los hechos por lo que se corrió traslado a la Comisaría de Familia del
Municipio de Puerto Gaitán (Meta). Adicionalmente, expuso que pusieron en
conocimiento de la acción de tutela al Alcalde de Puerto Gaitán (Meta) quien
declaró que el municipio no hacía aporte alguno al internado.
2.6.
Respuesta de la
Secretaría de Educación del Meta
2.6.1. El Secretario de Educación Departamental[22]
respondió mediante escrito presentado el 30 de agosto de 2016 que “los
internados no tienen naturaleza jurídica per se, sino que es un servicio
adicional que se brinda a los estudiantes de las zonas distantes para que
puedan cumplir con su ciclo educativo”. Afirmó que en el caso del Centro Educativo
Eustasio en la sede respectiva, la institución depende del municipio
de Puerto Gaitán (Meta). Aseguró que, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley
115 de 1994, los establecimientos educativos son instituciones de carácter
estatal previstas para cumplir con el servicio público educativo y que el
servicio de alimentación es contratado por el Departamento por lo que los
dineros destinados son de carácter público.
2.6.2.
En documento presentado el 7
de septiembre de 2016 el Secretario puso de presente que la Fundación Vive
Colombia es operadora del contrato que tiene como objeto el suministro de
alimentos en el plantel educativo.
2.6.3.
Finalmente, en escrito
presentado el 26 de octubre de 2016 el Secretario aseguró que mediante contrato
No. 502 del 5 de julio de 2016 se pactó el suministro de las raciones para los
estudiantes internos y de la jornada única de los establecimientos educativos
oficiales del Departamento del Meta. Sostuvo que no se ha expulsado a ningún
estudiante ni se le ha negado el servicio de alimentación. Para demostrar la
última afirmación, resalta que se revisó el contrato en mención y el registro
de control diario de asistencia de la alimentación del internado, pruebas que
demuestran que todos los estudiantes que se mencionan en la acción de amparo
recibieron las 5 raciones diarias de complemento alimentario.[23]
2.7.
Respuesta del Alcalde
del municipio de Puerto Gaitán (Meta)
El Alcalde de Puerto Gaitán (Meta)[24]
presentó respuesta en la que expuso que el municipio carece de competencia en
el caso particular pues “el funcionamiento y operación de los internados e
instituciones educativas en la zona rural y urbana del Municipio de Puerto Gaitán,
se encuentran en cabeza de la Secretaría de Educación del Departamento del
Meta”.
2.8.
Respuesta de la
Personería municipal de Puerto Gaitán (Meta)
La Personera municipal de Puerto Gaitán (Meta) dio
contestación a la tutela el 27 de octubre de 2016 y señaló que no le constan
los hechos de la acción de amparo. Sin perjuicio de ello, la entidad adjuntó
con la respuesta dos documentos: (i) un escrito remitido por el Presidente de
la Junta de Acción Comunal de “El Porvenir” del municipio de Puerto Gaitán
(Meta) en el que asegura que los miembros de la comunidad respaldan las labores
adelantadas por el sacerdote Amaurys Antonio Aviléz Otero, el seminarista
Edinson Salas y la profesora Julia Cárdenas Vega, y rechazan las actitudes de irrespeto en contra de los
miembros de la comunidad educativa “por parte de algunas personas que no son
de esta región y que llegaron a crear conflictos hace poco desde Vichada y
otros lugares, posiblemente engañados con confusos intereses”.[25]
(ii) Un derecho de petición suscrito por el Presidente de la Junta de
Acción Comunal de “El Porvenir” del municipio de Puerto Gaitán (Meta) en el que
se indicó: “[a]gradecemos su Urgente intervención a raíz de un problema de
convivencia causado por algunos indígenas de la etnia CUBEOS, los cuales
llegaron desde hace cerca de 1 año desde Primavera VICHADA… a nuestra
inspección el porvenir, del Municipio de Puerto Gaitán- y que está vulnerando
los derechos humanos de la profesora Julia Cárdenas además del mismo EDISON
SALAS; y del Padre Amaurys Avilez”.
2.9.
Respuesta del
Director del Centro Educativo Eustasio
2.9.1.
El Director del Centro
Educativo Eustasio presentó escrito para contestar la acción
de amparo y señaló que la sede en la que ocurrieron los hechos queda a 70km de
la sede principal. Relató que el servicio de internado se presta a 23
estudiantes que cumplan con los requerimientos que para tal efecto estableció
el Ministerio de Educación Nacional, por lo que el beneficio se puede perder. El
cuaderno de anotaciones disciplinarias del internado  informó de las faltas
graves en contra del reglamento interno por parte de Mapi´koro, Koenomu y Ñarebo,
las cuales se hicieron saber a sus padres o acudientes. Los estudiantes no se
han dirigido a él para buscar soluciones a los problemas planteados ni para
informarle de malos tratos por parte del sacerdote Amaurys Antonio Aviléz Otero
o la profesora Julia Cárdenas Vega. Ninguno, añadió, ha sido expulsado de la institución.
Finalmente, sostuvo que “las acusaciones que hacen con respecto al servicio
educativo carecen de veracidad, debido a que actualmente los alumnos se
encuentran gozando del servicio educativo”.
2.10.
Respuesta de la
Fundación Vive Colombia
El representante legal de la Fundación Vive Colombia[26]
contestó la acción de tutela, manifestó que el contrato de alimentación que
tienen con el departamento del Meta – Secretaría de Educación comenzó a ser
ejecutado el 7 de julio de 2016 y que las raciones servidas a los estudiantes
se han entregado de manera completa. Advirtió que en la sede respectiva del
Centro Educativo Eustasio “desde el 7 de julio hasta el 5 de
agosto de 2016 se atendieron 24 titulares del derecho y a partir del 6 de
agosto se han atendido 22 beneficiarios”.[27]
2.11.
Intervención de la
Comisaría de Familia del municipio de Puerto Gaitán (Meta)
La Comisaria de Familia de Puerto Gaitán (Meta) señaló que la
profesional en psicología realizó una diligencia de verificación en el caserío “El
Porvenir” del municipio el 7 de septiembre de 2016. Dentro de la visita
realizada se llevó a cabo una intervención con los estudiantes de la comunidad
indígena para que relataran lo ocurrido dentro de la sede del Centro Educativo Eustasio.[28]
3.
Decisión que se
revisa
3.1.
El Juzgado Primero Promiscuo
del Circuito de Puerto López (Meta), profirió sentencia el 8 de noviembre de 2016.[29]
Resolvió denegar el amparo de tutela y remitió copia de la actuación a la
Fiscalía General de la Nación - Regional Meta para que adelantara las
investigaciones penales a las que hubiera lugar. El despacho aseguró que no
estaba probado que las lesiones a los menores fueran causadas por el sacerdote Amaurys
Antonio Aviléz Otero. Sobre el tema de la expulsión y falta de alimentación de
los estudiantes añadió lo siguiente:
“Que de las pruebas obrantes en el expediente se observa que en los
meses de julio y agosto los menores [Ñarebo], [Koenomu] y [Hɨrɨko] se encuentran
enunciados en las listas de reporte efectuadas por la Fundación Viva Colombia,
en donde se vislumbra que estos menores y los demás, recibieron el suministro
de ración alimentaria, lo que conlleva a concluir que para el momento de la
presentación de la presente acción constitucional, los menores enunciados no
habían sido expulsados, tal y como fue corroborado por el Secretario de Educación
del Departamento del Meta, y del Director del Centro Educativo Eustasio, y de otra
parte, que efectivamente sí se está cumpliendo con el suministro de alimentos al
interior del centro educativo, máxime cuando a la fecha, no existe prueba que
demuestre lo contrario, lo que conlleva inexorablemente a que las pretensiones
elevadas por los accionantes caigan en el vacío”.
3.2.
Finalmente, con respecto a
la remoción del tutor del internado decretó la carencia actual de objeto por
hecho superado debido a la renuncia voluntaria presentada por el señor Aviléz Otero.
4.       Actuaciones en sede de Revisión
Mediante auto de 17 de marzo de 2017, el
Despacho del Magistrado Sustanciador solicitó pruebas conforme al artículo 64
del Acuerdo 01 de 2015 de la Corte Constitucional.[30]
4.1.
Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar manifestó que las funciones de supervisión de
los establecimientos educativos, de conformidad con la Ley 115 de 1994 y el
Decreto 1860 de 1994, están en cabeza del Ministerio de Educación, de los
gobernadores y alcaldes a través de las Secretarías de Educación en su
jurisdicción. Señaló que, teniendo en cuenta el marco normativo descrito, en
los eventos en los que el ICBF tiene conocimiento de la comisión de una
presunta vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, procede a
activar la ruta de atención. Para el presente asunto, correspondió actuar al
Centro Zonal del municipio de Puerto López, que procedió a remitirlo a la
Comisaria de Familia de Puerto Gaitán (Meta).[31] Adicionalmente, describió las acciones que el
Instituto ha realizado en el caso y de las cuales ha tenido conocimiento, a
saber:
1.
Durante el mes de octubre de
2016, la Comisaria de familia delegada adscrita al Centro Zonal de Puerto López
realizó un proceso de acercamiento con los docentes y directivos del Centro
Educativo Eustasio, mediante la realización del taller sobre “Buen Trato” en
el que se abordaron temas de convivencia escolar y bullying.
2.
Solicitud a la Comisaria de
Familia de Puerto Gaitán para el inicio del proceso de restablecimiento de
derechos a favor de los niños, niños y adolescentes del Centro Educativo Eustasio, que
obedeció a factores de competencia.
3.
En marzo de 2017, la Coordinadora
del Centro Zonal de Puerto López del ICBF comisionó a la Defensora de familia y
a la psicóloga, con el fin de verificar las condiciones de los menores del centro
Educativo Eustasio en respectiva sede. Dentro de las
entrevistas realizadas a los niños, niñas y adolescentes se constató que las
condiciones actuales son adecuadas de manera general, ya que se garantizan los
derechos y bienestar integral. Frente al estado emocional, no se percibió
ninguna afectación, dado que no se evidencia dolor, llanto o estados
emocionales de frustración por los episodios vividos.
4.
Finalmente, se recomendó al
rector del Centro Educativo que adoptara las acciones pertinentes con relación
a la docente Julia Cárdenas Vega, debido a las manifestaciones realizadas
durante las entrevistas por parte de los estudiantes, quienes indicaron que
existió un trato discriminatorio hacia los niños indígenas quienes hacen parte
de la comunidad educativa.[32]
4.2.
Personería Municipal
de Puerto Gaitán (Meta)
La Personera del municipio de Puerto Gaitán (Meta) adujo
que inicialmente no tenía conocimiento de los hechos que dieron origen de la
acción de tutela, por lo que el 14 de septiembre de 2016, el despacho se
trasladó a la vereda “El Porvenir” con el objeto de realizar las
actuaciones pertinentes dentro del marco de su competencia. Manifestó que
durante esa actividad, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
“El Porvenir”, informó a los presentes sobre la existencia de dos
acciones de tutela a nombre de la comunidad contra el párroco, el misionero y
la docente y sobre las denuncias por discriminación realizadas por la docente
Julia Cárdenas, lo cual fue puesto en conocimiento de diferentes autoridades
mediante correo electrónico.[33]
4.3.
Secretaría de
Educación Departamental del Meta
El Secretario de
Educación del Departamento del Meta[34] manifestó que una vez tuvo conocimiento de los
presuntos abusos por parte del Padre Amaury Avilés, designó a Luis Fernando
Velandia como nuevo tutor en el Centro Educativo Eustasio en la sede
respectiva. Señaló que el departamento vela por la asistencia y permanencia de
los niños en el sistema educativo, por lo que se firmó un contrato de
suministro de raciones alimentarias diarias. Se están entregando 5 veces al día
con control de asistencia al internado, por lo que no han existido
interrupciones de los servicios de alimentación y educación de los niños.[35]
4.4.
Comisaría de Familia
de Puerto Gaitán
Mediante oficio del 1 de abril de 2017, la
Comisaria de Familia de Puerto Gaitán, Meta,[36] expuso que realizó una visita al Centro
Educativo en la que se llevó a cabo una entrevista con Luis Velandia, nuevo
coordinador de la institución, quien manifestó varios aspectos: (i) Procedió a
reintegrar a los niños que habían sido expulsados ya que no se constataron
razones para mantener dicha decisión. (ii) El comportamiento de los estudiantes
es bueno y especialmente el de los niños indígenas Y (iii) en aras de ser
imparcial, se debía preguntar directamente a los niños sobre al trato de la
maestra Julia Cárdenas con ellos.[37] La Comisaria de Familia resaltó que se llevaron
a cabo entrevistas con los niños sobre la situación de convivencia en el
internado luego de la llegada del nuevo coordinador. Adicionalmente, informó
que después de entablar comunicación con los estudiantes se impuso amonestación
a la maestra Julia Cárdenas, debido a que su actuar reincidente y persistente
generó la transgresión sistemática de los derechos fundamentales de niñas,
niños y adolescentes indígenas que asisten a esa institución. Finalmente,
expuso que se programaron actividades de promoción y prevención con los
maestros de la institución y el comandante de policía del área.
4.5.
Secretariado
Arquidiocesano de Pastoral Social Cáritas.
El director del Secretariado Arquidiocesano[38] informó que se inició un proceso disciplinario
sobre los hechos relatados en la acción de tutela que terminó con la renuncia
del Padre Amaury Avilez.[39]
4.6.
Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior
La asesora de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior,[40] mediante oficio de 28 de marzo de 2017, adjuntó
la información que reposa en base de datos sobre los resguardos y comunidades
indígenas registradas en jurisdicción del Departamento del Meta, municipio de
Puerto Gaitán, distinguiendo en columnas el nombre de resguardo, nombre de
comunidad, tipo, localización y pueblo o etnia, registrándose más de 180
resguardos.[41]
4.7.
Fiscalía y Seguridad
Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación.
El subdirector de Fiscalías y Seguridad Ciudadana[42] se pronunció con respecto a la solicitud de
información sobre la compulsa de copias que ordenó el juez de instancia dentro
de la acción de tutela de la referencia. Expresó que la asignación se encuentra
radicada bajo el número 500016000567201602455 por el delito de lesiones
personales para encontrar responsables y correspondió por reparto a la Fiscalía
Séptima Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Puerto Gaitán-Meta.
Recalcó que actualmente se encuentra activa, en etapa de indagación, con
programa metodológico con orden a Policía Judicial SIJIN y pendiente de que se
presente el informe ejecutivo, por lo que al momento no se cuenta con hechos
relevantes en el proceso. Adicionalmente, advirtió que también existe una
investigación[43] por el delito de calumnia, cuya
denúnciate es Julia Cárdenas Vega y se dirige contra los padres de los menores
de la acción de tutela de la referencia. Aseguró que la misma se encuentra en
estado activo, en etapa de indagación y correspondió por reparto a la Fiscalía
Séptima Local de Puerto Gaitán.[44]
4.8.
Alcaldía de Puerto
Gaitán, Meta
El alcalde encargado del municipio de Puerto Gaitán, Meta,[45] señaló que esa oficina carece de competencia
para adoptar las medidas necesarias frente a los hechos narrados por los
accionantes, debido a que los internados e instituciones educativas en zona
rural y urbana del municipio se encuentran a cargo de la Secretaria de Educación
del Departamento del Meta.[46]
II.     CONSIDERACIONES
1.       Competencia y procedibilidad
1.1.
Esta Sala de Revisión es
competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
1.2.
La Sala considera que la
acción de tutela estudiada es procedente y puede ser resuelta de fondo. Las
siguientes razones llevan a esta conclusión.
1.2.1. Las personas pueden presentar la acción de tutela para
solicitar la protección de los derechos fundamentales de sus hijos cuando
consideren que están siendo vulnerados por actuaciones de terceros. La presente acción de tutela es interpuesta por
personas naturales, padres de los niños internados en el centro educativo
demandado. Conforme al artículo 10 del Decreto 2591, los padres como acudientes
y representantes de sus hijos tienen legitimación para interponer la acción de
tutela cuando consideran que una actuación genera una amenaza o vulneración a
los derechos fundamentales de sus hijos.[47]
1.2.2. Las autoridades y los particulares involucrados pueden ser
demandados a través de la acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución, establece que la
acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión de autoridad pública
o de los particulares. En relación con el primer grupo, las entidades
demandadas son autoridades de naturaleza pública y por tanto son susceptibles
de ser demandadas a través de la acción de tutela por las funciones que
desempeñan. Frente al segundo grupo, es decir, los particulares como
demandados, procede la acción constitucional siempre que éstos estén encargados
de prestar un servicio público, actúen de manera que afecten grave y
directamente el interés colectivo o cuando existe una relación en que una
persona, frente al particular, se encuentra en un estado de subordinación o
indefensión.[48]
1.2.3. La acción de tutela es procedente cuando se exige la
adecuada prestación del servicio público de educación. En el presente caso, la controversia gira en
torno a la forma como se está prestando el servicio público de educación en el Centro
Educativo Eustasio, del municipio de Puerto Gaitán, a través de sus docentes
y las presuntas medidas que han dejado de tomar las autoridades estatales
competentes para proteger a los niños y niñas de tratos presuntamente
discriminatorios. Cabe resaltar que la jurisprudencia de la Corte ha
establecido que la acción de tutela es procedente tratándose de exigir la buena
y adecuada prestación del servicio público de educación. Por ejemplo, en la
sentencia T-743 de 2013,[49] la Corte revisó la acción de tutela
interpuesta por un estudiante de un Centro Educativo en el municipio de Colombia,
Departamento del Huila, que solicitaba que se le asignara a su colegio un
profesor de química. La Secretaría de Educación del Huila denegó la solicitud
por cuanto la institución no contaba con la cantidad de estudiantes suficiente
para asignar este docente. La Corte en esta providencia reiteró que la
educación tiene una doble dimensión que exige diferentes obligaciones para el
Estado:
“El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación
una doble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el
acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y
valores culturales. La relevancia de esa función social explica que la norma
superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una
corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya
comprometido a este último con tareas concretas que abarcan, desde la
regulación y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo,
hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación
moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicio
público, la educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas
con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes
del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad,
solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente
vulnerable. En su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter de
fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo
humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la
concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la
igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u
oficio y la participación política”.[50]
Conforme a ello, los docentes, al prestar un
servicio público como lo es el de educación, deben cumplir con unos estándares
de la prestación adecuados y en condiciones de equidad. Adicionalmente, los
docentes son particulares que ejercen una relación de
poder frente a los niños y niñas que tienen bajo su responsabilidad, y en
consecuencia, cuando sus actos vulneran derechos fundamentales pueden ser
susceptibles de ser amparados a través de la acción de tutela.[51] En ese
sentido, la jurisprudencia ha establecido que la relación entre profesores y
estudiantes es una hipótesis de indefensión, puesto que los niños dependen de
las órdenes y cuidados de sus profesores.[52]
1.2.4. No existe otro medio eficaz de defensa judicial (Subsidiariedad). Teniendo en cuenta que por los hechos de la
acción de tutela se adelanta una investigación penal en contra del padre
Amauris Avilez, es necesario realizar un análisis sobre la subsidiariedad de la
acción de tutela en relación con el proceso penal que cursa actualmente y el
disciplinario que se adelantó por Pastoral Social contra la misma persona.
1.2.4.1.   Por regla general la acción de tutela, conforme
al inciso 3º del artículo 86 de la Constitución y el numeral 1º del artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, tiene una naturaleza subsidiaria o residual frente a
los demás recursos judiciales que ofrece el ordenamiento jurídico. Estas
disposiciones establecen que la tutela procederá como recurso principal cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la tutela
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Sin embargo, la jurisprudencia ha señalado que la existencia de otras vías
judiciales debe ser analizada caso a caso para establecer la idoneidad y la
eficacia del recurso en relación con la situación de vulneración de derechos
que se plantea. De esa forma, los procesos penales o disciplinarios que se
adelantan contra una persona tienen un marco restrictivo acorde con los
principios de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, entre otros, que se
sustentan en la valoración probatoria de las conductas individuales
denunciadas. Conforme a esto, como lo ha reconocido esta Corte, “la vía
penal sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos
fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política depara a
los mismos es total. De allí que puedan existir violaciones al
derecho a la igualdad de las personas, que sin llegar a ser delitos, puedan
afectar estos derechos y, por ende, autorizar  su protección por vía de la
acción de tutela. La sanción penal únicamente opera cuando se ha realizado
la conducta sancionada por el ordenamiento jurídico.”[53]
1.2.4.2.   En el presente caso, la Sala considera que
frente a las acciones y omisiones destacadas y, respecto a los derechos
fundamentales invocados, ni el proceso penal que se cursa, ni el disciplinario que
se adelanta en contra del sacerdote acusado de usar lenguaje discriminatorio e
imponer castigos a los estudiantes, son los recursos adecuados e idóneos para lograr
la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas del internado.
Ambos procesos se concentran en establecer la responsabilidad individual de la
persona investigada, pero no realizan un análisis de fondo de las presuntas
violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, a la no discriminación,
dignidad humana e integridad de los niños. Son procesos que antes de evitar
daños a los niños y niñas, buscan determinar si estos dieron y, en tal caso,
sancionar al responsable. Adicionalmente, tampoco permiten tomar medidas
inmediatas para mejorar el ambiente escolar, el cual parece haber resultado afectado
por los presuntos malos tratos de los profesores a los alumnos.
Con base en lo anterior, la Sala encuentra procedente la
acción de tutela como mecanismo definitivo de protección de los derechos
fundamentales, por cuanto (a) se trata de una situación en la que están en
riesgo derechos de una población de especial protección constitucional como son
los niños y (b) los otros medios de defensa judicial, como el proceso penal o
disciplinario contra los docentes no son adecuados y efectivos para lograr la
protección constitucional integral de los derechos fundamentales invocados en
el escrito.
1.2.5. El reclamo de tutela debe darse ante la inminencia de la
violación o la amenaza (Inmediatez). La Sala considera que la acción de tutela se presentó en
un plazo razonable, pues los presuntos tratos discriminatorios y los castigos
impuestos por los docentes del plantel educativo se estaban presentando al
momento de interponerse la acción de tutela, y por tanto, la presunta amenaza y
violación a los derechos fundamentales de los niños era continua y permanente.
1.2.6. En conclusión, la acción de tutela presentada por tres padres, actuando en representación de
varios los menores de edad (Yɨredo, Turé, Hahɨo,
Mapi´koro, Koenomu, Borikako, Bedebukɨko, Hɨrɨko, Hehenako,
Bɨye y Ñarebo), es procedente
y puede ser conocida de fondo por la Sala.
2.  Problema jurídico
2.1.    Los accionantes invocan la vulneración de los
derechos fundamentales de los niños y niñas y su desarrollo armónico e integral
(art. 44, CP), el desconocimiento de la prohibición de ser objeto de tratos
crueles inhumanos y degradantes (art. 12, CP), el derecho a la igualdad y no
discriminación (Art. 13, CP) y el libre desarrollo de la personalidad (art. 16,
CP). El reclamo lo origina el lenguaje discriminatorio que usan los docentes
hacía los niños indígenas y los castigos presuntamente desproporcionados que se
les imponen ante las faltas que cometen. Los actores cuestionan la forma como se
está educando a los niños en el centro educativo. Por ejemplo, al afectarles el
derecho a la alimentación, pues presuntamente los niños son castigados por sus
docentes quitándoles una ración de comida del día.
2.2.    Así pues, los problemas jurídicos que debe
resolver la Sala de Revisión se dirigen a dos asuntos. El primero se refiere a
las conductas desplegadas por las autoridades del centro educativo en el
ejercicio de su deber de corrección de los alumnos. Frente a este último, la
Sala deberá analizar si las formas de castigo impuestas por los profesores del
plantel educativo a los niños, niñas y adolescentes[54]
vulneran sus derechos fundamentales al desarrollo amónico e integral, a la
integridad física, a la educación, a la igualdad y no discriminación y desconocen
la prohibición dispuesta en el artículo 12 de la Constitución.
2.3.    Ahora bien, la Sala deberá resolver si el primer
problema jurídico planteado se desvanece por el solo hecho de haber sido
retirados los profesores presuntamente responsables de las conductas alegadas
por los estudiantes. De esa forma, el segundo problema jurídico se refiere a la
declaratoria de la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que los
docentes involucrados en los hechos de la acción de tutela ya fueron retirados
del plantel educativo. Esto es si ¿se configura el fenómeno de carencia actual
de objeto por hecho superado en un caso en el que se solicita la protección de
los derechos fundamentales de varios niños, niñas y adolescentes indígenas por
supuestos actos de violencia y maltrato al interior de una institución
educativa (semi-internado) por el mero hecho de que los implicados en los actos
denunciados fueron retirados del colegio?
2.4.    Para resolver estos problemas jurídicos la Sala
procederá a desarrollar las siguientes temáticas, (i) consideraciones de la
jurisprudencia constitucional en relación con el derecho a la educación de los
niños y niñas indígenas, (ii) el concepto sobre los escenarios de
discriminación y (iii) formas de castigo impuesto a los niños por instituciones
educativas proscritas por el ordenamiento constitucional. Con base en estas
consideraciones, se analizarán los hechos que se relatan en la acción de tutela
sobre los tratos y expresiones realizados por el sacerdote y dos profesores a
los niños indígenas del Centro Educativo Internado Eustasio, ubicado
en la vereda El Provenir del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Finalmente, se
resolverán los problemas jurídicos planteados.
3.
El derecho a la
educación de los niños y niñas indígenas. Reiteración jurisprudencial.
3.1.
El desarrollo armónico e
integral de los niños y niñas indígenas exige la necesidad de que el Estado
garantice una educación inclusiva y respetuosa de su origen étnico. La Constitución Política
establece en su artículo 44 los derechos fundamentales de los niños, su
carácter prevalente y la protección de sus garantías fundamentales compete al
Estado, la sociedad y la familia.[55] Dentro del decálogo
que se encuentra en esta disposición están, entre otros, los derechos a la
salud, a la alimentación equilibrada, a la educación y la cultura.
3.2.    A su vez, el artículo 67 de la
Constitución define a la educación como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Por
otra parte, el artículo 10 del texto constitucional se refiere a la educación
de los grupos étnicos y considera el lenguaje como elemento a tener en cuenta
al momento de impartir la enseñanza en comunidades con tradiciones
lingüísticas propias.[56] Finalmente, el artículo 68
Superior recalca que “[l]os integrantes de los grupos étnicos tendrán
derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”.
3.3.    El desarrollo legislativo no ha
sido ajeno al tema del derecho a la educación para grupos étnicos. La Ley 115
de 1994, por la cual se expide la
ley general de educación, definió el concepto de
etnoeducación de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por
educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que
integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones
y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al
ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido
respeto de sus creencias y tradiciones”.[57]
A su vez, la Ley
115 de 1994 dispuso como principios y fines de la educación de grupos étnicos la
integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación
comunitaria, flexibilidad y progresividad (Artículo 56) y, de la misma manera, se ocupó de la instrucción o preparación
de docentes en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos
(Artículo 58).
3.4.    Asimismo, diferentes instrumentos internacionales
han delimitado el alcance y la protección del derecho a la educación y han
adoptado medidas para garantizar la efectividad de este derecho en los casos de
niños, niñas y adolescentes que hacen parte de comunidades indígenas.
Particularmente, la Observación General Nº 13 enumera cuatro características
que debe tener la educación en todas sus formas y niveles, a saber:
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.[58] Ahora bien, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) dispone en
el artículo 14 el derecho de las comunidades indígenas a desarrollar y
establecer el sistema educativo que respete su forma de vida, su cultura y su
idioma. Además, el numeral primero del artículo 15 sostiene que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a que la
dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones
queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública”.
3.5.    La jurisprudencia constitucional también se ha
referido a la protección constitucional de los niños, a su derecho a la
educación y a la garantía aplicable a los menores de edad que hacen parte de
comunidades indígenas.[59]
3.5.1. Por ejemplo, en la sentencia C-208 de 2007 se resolvió la demanda de
inconstitucionalidad contra el Decreto 1278 de 2002, “por el cual se expide el
Estatuto de Profesionalización Docente”.[60] La acción fue promovida por un
miembro del Resguardo Indígena Nasa “KWET WALA” que señaló que el
decreto demandado desconocía los artículos 7, 8, 10, 13, 44, 68 y 70 de la
Constitución Política. El actor estimó que el “concurso para ingreso al
servicio educativo estatal” permite que profesionales ajenos a los
resguardos impartan catedra sin que tengan conocimiento de la cultura,
cosmovisiones, usos, costumbres, creencias propias y la lengua de los pueblos
indígenas. La Corte declaró la exequibilidad condicionada del compendio
normativo y dentro de las consideraciones señaló que “el derecho a una
educación especial reconocido a las comunidades tradicionales es un derecho
fundamental de doble vía. Lo es, por tratarse de un derecho connatural a todos
los hombres entre los que se cuentan los indígenas, y también, por cuanto hace
parte integral del derecho a la identidad cultural que, como se ha dicho, tiene
dimensión ius
fundamental”.[61]
3.5.2. Luego, la sentencia T-379 de 2011 estudió dos
acciones de amparo referentes al derecho a la educación de niñas y niños de
pueblos indígenas. La primera fue interpuesta por el Gobernador del Resguardo Indígena
Quillasinga “Refugio del Sol”, ubicado en el municipio de Pasto, quien
manifestó que con posterioridad a la realización de un proceso para proveer los
empleos vacantes de docentes de instituciones educativas del municipio de San
Juan de Pasto, fueron desvinculados varios profesores pertenecientes a la
comunidad indígena que habían sido contratados en provisionalidad, actuación
que a su juicio vulneró los derechos fundamentales a la consulta previa y a la
educación de los miembros del resguardo.[62]
3.5.3. La segunda tutela analizada fue
interpuesta por una docente perteneciente a la comunidad indígena Papallaqta de la etnia
Yanacona que fue desvinculada de su cargo de docente en provisionalidad en la
Institución Educativa Agropecuaria Valencia debido al nombramiento de la
persona que ganó el concurso de méritos realizado para proveer dicho cargo. En
esta ocasión, la Sala expuso que “hace parte del contenido del derecho a una
educación que respete y desarrolle la identidad cultural de las comunidades
étnicas la existencia de un régimen especial para el ingreso, ascenso y retiro de docentes y
directivos docentes para tales grupos”.
3.5.4. Luego de referirse a la promoción
de profesores que dominan la cultura y la lengua de los grupos étnicos y a la
participación de los pueblos indígenas en la elaboración de los programas
educativos, la Corte decidió en el primer caso tutelar el derecho a la consulta previa de la
comunidad indígena Quillasinga. Ordenó la reubicación y el reintegro de varios docentes, y al Ministerio de Educación
Nacional, que emitiera una directiva para orientar a las entidades
territoriales al momento de reportar las vacantes en cargos de docentes o
directivos docentes en instituciones educativas oficiales que atiendan
población indígena. Indicó que, en estos eventos, los departamentos, municipios
y distritos deben iniciar un proceso de consulta previa con las comunidades y
determinar las vacantes deben ser excluidas de los concursos públicos de
méritos. Con respecto
al segundo caso, la Corte declaró la improcedencia de la tutela teniendo en
cuenta que la docente accionante tenía la posibilidad de acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa para resolver su controversia.
3.5.5. Con posterioridad, la sentencia T-557 de 2012 analizó la
acción de tutela presentada por dos accionantes quienes manifestaron que
derivado de la
Mesa de Concertación de Políticas y Acciones Educativas Indígenas se
establecieron 14 compromisos relacionados con temas de etnoeducación, cuyo
incumplimiento generó la vulneración del derecho fundamental a la educación
indígena.[63] La Sala expuso que
una educación que no incluya el componente propio de cada grupo étnico puede
significar la transformación de su identidad e incluso su destrucción y que el “reconocimiento
a la diversidad étnica y cultural implica aceptar la multiplicidad de formas de
vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes a la cultura occidental”.[64] No obstante,
se declaró la improcedencia de la acción de amparo ya que no se demostró la
vulneración o afectación de un derecho fundamental y, por el contrario, se
probó que las entidades demandadas estaban realizando actividades tendientes a
garantizar la educación especial para grupos étnicos.[65]
Finalmente, se emitió un exhorto para que Ministerio de Educación Nacional
avanzara en la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP y a
las demás entidades para que realizaran reuniones encaminadas a poner en
práctica el sistema de educación indígena.
3.5.6. En la sentencia T-049 de 2013 se
analizaron dos acciones de tutela en las que los actores solicitaron la
protección de sus derechos colectivos a la autonomía y libre determinación de
los pueblos indígenas; a la no intervención en la esfera del gobierno indígena;
al derecho a guiarse por sus usos y costumbres y a la protección de su identidad
cultural mediante una educación especial.[66] Los accionantes consideraron que la
vulneración de sus derechos se presentó debido a que las entidades accionadas
se negaron a realizar el nombramiento del grupo especial de docentes indígenas
que se encontraban prestando sus servicios en sus territorios ancestrales. La
Corte señaló que el derecho a la educación reviste el carácter de fundamental
con un enfoque diferencial tratándose de comunidades indígenas, garantiza la
efectividad de otros derechos fundamentales, “hace parte del contenido
normativo del derecho a la diversidad e identidad cultural que tiene igualmente
un estatus iusfundamental” y su garantía implica “la supervivencia y
preservación de la riqueza étnica y cultural de las comunidades indígenas”.[67] La Sala concedió el amparo de
los derechos fundamentales y ordenó que se adelantara un proceso de
concertación mediante consulta previa para el nombramiento en propiedad de los
etnoeducadores.
3.5.7. Por último, la sentencia T-524 de 2014 estudió la acción de
tutela interpuesta por el Gobernador del Cabildo Indígena Guambaino de La María
ubicado en Piendamó, Cauca, actuando en calidad de agente oficioso de 492
estudiantes matriculados en la Institución Educativa Agroindustrial “La María”, cuyos derechos
eran vulnerados por las entidades demandadas que no habían girado los recursos
de gratuidad correspondientes a los estudiantes comuneros indígenas [en el
marco de un contrato
interadministrativo celebrado para la administración de la prestación del
servicio educativo], hecho que impidió el correcto desarrollo del año
lectivo 2013.[68] La providencia declaró la carencia actual de objeto por daño consumado,
dado que se había liquidado el contrato interadministrativo. Sin
perjuicio de esto, reiteró que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección
constitucional y titulares de garantías  fundamentales, se refirió a la
educación y desarrolló un capítulo sobre la etnoeducación como derecho fundamental. Sobre
este punto, recalcó que “el derecho a la educación se predica de cada miembro de la
comunidad, individualmente considerado, y del conjunto, con miras a
salvaguardar la pervivencia del conjunto humano con sus características y
singularidades culturales, en el marco de un régimen democrático que pone en
plano de igualdad a los distintos conjuntos humanos y que está fundado en el
respeto por la pluralidad”.[69]
3.6.    En suma, el derecho a la
educación de los niños indígenas se deriva del texto constitucional que
reconoce la protección y la prevalencia de los derechos de los niños.
Adicionalmente, la constitución establece que el derecho a la educación de
comunidades étnicas debe considerar las tradiciones lingüísticas propias y
fomentar el respeto y el desarrollo de la identidad cultural. Por su parte, los
instrumentos internacionales y la legislación colombiana disponen que la
etnoeducación debe partir del respeto por la tradición, la historia, la
cosmovisión, el lenguaje y la cultura de las comunidades, que deben participar
en el desarrollo de las políticas y de los sistemas educativos que sean
aplicados en sus comunidades o territorios. La jurisprudencia constitucional en
tal sentido, y siguiendo estos parámetros normativos, ha sido enfática al
indicar que el derecho a la educación especial de los grupos étnicos es fundamental
y que su garantía está encaminada a preservar la riqueza cultural. En
conclusión, el derecho fundamental a la educación para los niños indígenas
surge de la especial protección a la multiplicidad de formas de pensamiento y
por la obligación del Estado de preservar la identidad y los valores culturales
de los grupos humanos que integran nuestro territorio. La Constitución Política
contiene el mandato claro de generar espacios de concertación, respeto e
integración, de manera que en la diversidad se fortalezca la unidad y se
garantice la participación de todos en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación.
4.       Los escenarios de discriminación en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en instituciones educativas.
4.1.    La acción de tutela que se estudia en esta ocasión alega que los
profesores utilizaron un lenguaje despectivo en contra de los niños indígenas
del internado. Los testimonios que se adjuntan al escrito de tutela, y que
luego son repetidos en las entrevistas realizadas por la Comisaría de Familia y
funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muestran que los
niños indígenas se sintieron discriminados en relación con los demás niños por
las manifestaciones y expresiones que realizaron los profesores sobre su origen
indígena.[70]
Estas situaciones obligan al juez de tutela, dada la importancia del principio
a la igualdad y no discriminación en contextos educativos, a considerar si en
este caso se desconoció el deber de prestar una educación que observe la dignidad
humana y esté libre de prejuicios y discriminaciones de cualquier tipo.
4.2.    El principio de igualdad y no discriminación es uno de los rectores
dentro del Estado Social de Derecho, y una de las garantías de protección de
los grupos tradicionalmente discriminados y marginados en la sociedad. En
virtud de este principio, a las autoridades estatales se les impone el deber de
abstenerse de incentivar o de realizar tratos discriminatorios, por una parte;
y por otra, el deber de intervenir, sobre el cual el Estado debe tomar las
medidas necesarias tendientes a superar las condiciones de desigualdad material
que enfrentan los grupos poblacionales discriminados.[71] En el mismo
sentido, en cabeza de las autoridades estatales se encuentra el deber especial
de protección, el cual implica la obligación de salvaguardar a los grupos
minoritarios –o tradicionalmente discriminados- de actuaciones o prácticas de
terceros que creen, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias.[72]
4.3.    Teniendo en cuenta que la Constitución ordena “interpretar”
los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política “de
conformidad con” el bloque de constitucionalidad (art. 93 CP), es
pertinente traer a colación lo establecido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre el principio de igualdad y no discriminación. En ese
orden de ideas, la Corte Interamericana ha declarado que dicho principio debe
considerarse como perteneciente al ius cogens internacional, ya que
sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público y es un
principio fundamental sobre el cual se basa todo ordenamiento de un Estado
democrático.[73]
Así mismo, la Corte Interamericana ha mencionado que hoy en día no pueden
admitirse actos o decisiones que entren en oposición con dicho principio, por
ende, no se admiten actos discriminatorios contra ninguna persona por razones
de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de
otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. En
cumplimiento de dicha obligación, los Estados deben: a) abstenerse de realizar
acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a
crear situaciones de discriminación de jure o de facto; b) adoptar
medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas; y
c) establecer distinciones objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con
el debido respeto a los derechos humanos y de conformidad con el principio de
la aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana.[74]
4.4.    Por su parte, la Corte Constitucional[75] en
desarrollo del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia ha anotado que
dicha disposición concreta tres tipos de reglas: (1) en el inciso 1º (art. 13
de la CP) se establece el principio de igualdad formal o igualdad ante la
ley, o en general ante el Derecho, el cual le es consustancial la prohibición
de discriminación que obliga evitar establecer un trato desigual frente a
algunos sujetos en razón de ciertos rasgos de su identidad, tales como la raza,
el sexo, la religión y la filiación política o ideológica; (2) en el inciso 2°
(art. 13 de la CP) se establece el deber del Estado de promover condiciones de
igualdad real para la protección de grupos discriminados o marginados, haciendo
referencia concreta a la igualdad material o igualdad de trato; y (3) en
el inciso 3° (art. 13 de la CP) se impone al Estado la obligación de proteger
especialmente a aquellas personas que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta y la responsabilidad de sancionar los abusos o maltratos
que se hagan contra estas personas. Los deberes antes mencionados imponen al
Estado “adoptar medidas positivas en favor de esos colectivos o personas,
que pueden consistir en una compensación transitoria para lograr la igualdad de
oportunidades, en la entrega de beneficios concretos, o en cambios
políticamente determinados en la distribución de recursos dentro de la
sociedad”.[76]
4.4.1. Para un
acto discriminatorio se requiere, además del trato desigual, el que dicho
acto sea injustificado; en otras palabras, que carezca de razonabilidad y
que se evidencie un prejuicio. Se debe generar un daño, crear una carga o
excluir a una persona del acceso a un bien o servicio de uso común o público,
retener o impedir un beneficio.[77]
De lo expuesto, se concluye que el derecho a la igualdad y no discriminación
implica, entre otras cosas, la obligación, tanto en cabeza del Estado como de
los particulares, de salvaguardar a los grupos minoritarios –o tradicionalmente
discriminados- de actuaciones o prácticas de terceros que creen, mantengan o
favorezcan situaciones discriminatorias.
Además, cuando se busque implementar alguna regulación que cause la
diferenciación de personas o de un grupo determinado de personas, la misma
debe ser razonable y obedecer a criterios de necesidad, idoneidad y
proporcionalidad, con el fin de que no resulte arbitraria.[78]
4.4.2. Ahora
bien, los actos de discriminación pueden generar impactos distintos según en el
contexto en el que tengan lugar. No puede verse de la misma forma un acto
discriminatorio que ocurre en un lugar privado con la sola presencia de quien
discrimina y quien es la víctima, a aquellos actos de discriminación que
ocurren en lugares públicos o con la presencia de más personas como
espectadores del comportamiento. La Corte Constitucional en sentencia T-691 de
2012[79]
revisó una acción de tutela interpuesta por un estudiante universitario que se
sintió discriminado por las expresiones realizadas por un profesor en plena
clase en relación con la raza negra.[80]
La Corte en este asunto tuvo la oportunidad de establecer la naturaleza y
alcance que pueden tener los actos discriminatorios, pues “no todos los
actos de discriminación son iguales. Existen sensibles diferencias entre unos y
otros. Pueden variar en función del tipo de persona que es discriminada, o de
la persona que ejerce el acto discriminatorio. Pueden variar en el grado de
afectación de los derechos vulnerados, así como en función del tipo de
derechos”.[81]
Para la jurisprudencia de la Corte un acto discriminatorio es “la
conducta, actitud o trato que pretende - consciente o inconscientemente -
anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia
apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como
resultado la violación de sus derechos fundamentales.”[82] Al respecto,
la Corte precisó que los actos de discriminación pueden provenir de un actuar
consciente o inconsciente, es decir, la persona puede tener la intención o no
de discriminar. Sin embargo, lo relevante a la luz del derecho a la igualdad y
no discriminación, es la existencia de un acto que afecta la dignidad humana
basado en prejuicios o criterios sospechosos de discriminación, más allá del
propósito que se tenga.
4.4.3. En
relación con las discriminaciones estructurales, la Corte recordó que
“[…] un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado que,
por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas
institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la
institucionalidad misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo
contrario a los valores constitucionales de la dignidad humana y la igualdad,
por imponer una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la persona.”[83]
Para la jurisprudencia constitucional, la ‘normalización’ o la ‘naturalización’
de un acto que es discriminatorio a la luz del orden jurídico establecido a
partir de la Constitución Política de 1991, no justifica actos
discriminatorios. De esa manera, cualquier expresión relativa al origen
étnico de una persona para mostrar que es inferior por la cultura en que se
nace o por prácticas sociales reproducidas, es considerada violatoria del
derecho a la igualdad y dignidad, y es deber del Estado eliminar estas
prácticas. Precisamente, los estereotipos, a pesar de ser parte de la
naturaleza humana, cobran relevancia constitucional, “cuando (…) sirven para
excluir y marginar a ciertas personas, para invisibilizarlas”.[84]
4.4.4. Bajo esa
lógica, en la sentencia T-691 de 2012,[85]
la Corte aclaró que un acto de discriminación conlleva una puesta en escena
cuando los hechos tienen lugar frente a varias personas que observan como
espectadores la situación. En otras palabras, “supone una situación en la cual la persona que está siendo
discriminada está expuesta a las miradas de los demás. Se siente observada,
juzgada, analizada”.[86] De allí surge el concepto de los “escenarios
de discriminación”, los cuales suponen una puesta en escena o escenificación,
en donde la persona que está siendo discriminada está siendo objeto de
observación de un público, lo que implica una afectación mayor para ella, pues
se puede sentir intimidada, reducida o sometida a sensaciones similares por la
exposición social. [87]
Le corresponde al juez de tutela valorar la situación y evidenciar la
afectación que alcanza el acto de discriminación sometido a un público, la
forma en la que se acentúan los sentimientos de deshonra o vergüenza para la
persona afectada. Al respecto, la Corte establece que
existen algunos aspectos mínimos que debe tener en cuenta el juez
constitucional para analizar y valorar el impacto de los derechos fundamentales
que puede tener determinado escenario de discriminación. El juez debe verificar
al menos los siguientes factores: (i) la relación de poder que existe entre la
persona discriminada y la persona discriminadora, (ii) la relación entre la
persona discriminada, la que discrimina y aquellas que hacen las veces de
público, (iii) el espacio o lugar en el que ocurre el escenario de
discriminación y (iv) la duración de la puesta en escena.
4.5.
Con base en lo anterior, la Corte estableció las
siguientes reglas jurisprudenciales que son aplicables al caso que se analiza:
“(i) cuando se
usa en clase, por parte de un docente, una expresión que mantiene y preserva
estereotipos racistas y esclavistas en las estructuras lingüísticas, se
promueve un trato excluyente, que margina a las personas consideradas como
parte de una determinada ‘raza’. Promover, justificar o
preservar el uso de expresiones racistas en el ámbito de la educación, así como
invisibilizar su contenido discriminatorio, desconoce los derechos a la
igualdad y la no discriminación, a la vez que supone un trato cruel y
degradante. Por tanto (ii) una persona, en calidad de profesor viola los
derechos a la educación y a la igualdad (en especial, el derecho a no ser
discriminado), cuando emplea durante una sesión de clase una expresión
claramente racista para presentar un ejemplo, en especial si fácilmente se
ha podido remplazar por otro. Tal acto discriminatorio ocurre así la palabra
‘haya sido retirada’ y lamentada por el propio profesor. // (iii) emplear
un medio prohibido constitucionalmente, como lo es usar expresiones
discriminatorias que promuevan, preserven o difundan estereotipos racistas,
para alcanzar un fin imperioso, viola los derechos a la igualdad y a no ser
discriminado, en especial cuando este puede ser obtenido empleando infinidad de
medios alternativos que no implican una carga adicional y que son evidentemente
menos lesivos para los derechos a la igualdad y a no ser discriminado.  En
consecuencia, (iv) toda persona tiene el derecho constitucional, en defensa de
su dignidad, a no soportar en silencio un escenario de discriminación; al igual
que toda persona tiene el derecho constitucional a no permanecer en ese
escenario, tiene derecho a abandonarlo. // (v) Si un docente,
accidentalmente, utiliza expresiones de uso común y corriente, que generan un
escenario de discriminación en el que se preserva, se promueve o se difunde
estereotipos racistas, discrimina cuando no emplea el mismo espacio de clase,
en el momento y del modo en que considere adecuado, para poner en evidencia la
expresión con contenido discriminatorio y resaltar su carácter racista. Es deber del docente utilizar el diálogo y la
participación para visibilizar los elementos racistas que, lamentablemente,
todavía se esconden en nuestras prácticas lingüísticas.”[88]
4.6.    El concepto sobre “escenarios de discriminación” ha sido usado en
varias sentencias. Entre otras, en las sentencias T-141 de 2015[89] y T-141 de
2017.[90]
En la primera mencionada, la Corte adicionó dos criterios que debe tener en
cuenta el juez constitucional para identificar un escenario de discriminación:
(i) “las alternativas de las que dispone la persona afectada
para afrontar la situación y las consecuencias que de ésta se derivan, al
interior del espacio” y (ii) “la adopción de medidas efectivas para
superar el perjuicio causado en virtud de la discriminación”.[91]
4.7.    Estas reglas son del todo pertinentes y aplicables a los niños,
niñas y adolescentes indígenas del Centro Educativo Eustasio, quienes, además de ser sujetos de especial protección
constitucional por su edad, tienen el derecho a la educación regido por el
principio del interés superior del menor y la garantía de un desarrollo
integral y armónico, lo que involucra también la dignidad humana y la igualdad
y no discriminación por su origen étnico.
5.
Formas de castigo impuestas a los niños
por instituciones educativas proscritas por el ordenamiento constitucional[92]
5.1.    Como fue mencionado en el capítulo tercero de esta providencia, según
el artículo 44 de la Constitución, “(…) el Estado [tiene] la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y
el ejercicio pleno de sus derechos (…) [l]os derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás”. Sobre el principio de desarrollo armónico
e integral, la Corte ha establecido que la protección integral y el interés
superior de las personas menores de edad son consecuencias jurídicas de su
calidad como sujetos de especial protección constitucional. En palabras de la
Corte, tal reconocimiento “(…) significa que la satisfacción de sus derechos
e intereses, debe constituir el objetivo primario de toda actuación (oficial o
privada) que les concierna”.[93]
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el desarrollo armónico
e integral consiste en el reconocimiento de una “caracterización jurídica
específica” para el niño, basada en la naturaleza prevaleciente de sus
intereses y derechos, que impone a la familia, la sociedad y el Estado la
obligación de darle un trato acorde a esa prevalencia “que lo proteja
de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice
el desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico,
psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad”.[94]
Tanto la prevalencia de los derechos de los niños y niñas como su
desarrollo armónico e integral “propenden por el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado, en consideración al grado de vulnerabilidad del menor y
a las condiciones especiales requeridas para su crecimiento y formación, y
tiene el propósito de garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo
grado”.[95]
5.2.    Con base en el mandato constitucional de garantizar el desarrollo
armónico e integral de los niños y niñas, debe considerarse que todos los
derechos contemplados en el artículo 44 de la Constitución Política se deben
garantizar conjuntamente y de forma interrelacionada, puesto que es
a través del ejercicio y goce efectivo de los derechos fundamentales que se
logra alcanzar el crecimiento más óptimo de las personas menores de edad. En
ese mismo sentido, este derecho del desarrollo armónico e integral del menor,
debe leerse en conjunto con el deber de proteger a los niños contra toda forma
de violencia física o moral, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos (que lo establece el mismo artículo 44 CP). Igualmente esta
disposición se desarrolla a la luz del artículo 12 de la misma Carta que
establece que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
5.3.    El Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) en su
artículo 43 dispone la “obligación ética fundamental de los establecimientos
educativos”, en la cual señala que “[l]as instituciones de educación
primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental
de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad,
vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal
efecto, deberán: (…) 2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes
contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación,
discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores”.
Asimismo, el artículo 45 establece la prohibición de sanciones crueles,
humillantes o degradantes, según la cual “Los directores y educadores de los
centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, no
podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los
estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su
dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en
los manuales de convivencia escolar”.
5.4.    El maltrato a niñas y niños es un medio proscrito en un Estado
Social y Democrático de Derecho como el colombiano, sin importar cuál sea el
fin buscado, sin importar qué tan grande sea. Es claro que bajo el orden
constitucional vigente, el maltrato infantil no es un medio al alcance de
persona o institución alguna para lograr algún objetivo por más justificado que
esté, por ejemplo ante la gravedad de una conducta de un niño en determinado
contexto. El castigo corporal como medida de corrección, en sí mismo, implica
una forma de violencia física en contra de los menores que desconoce el derecho
a la dignidad humana. De esa forma, la libertad de cátedra de los profesores
dentro de la cual se encuentra el deber de corrección, encuentra límites muy
precisos, como lo son los derechos fundamentales de los niños y niñas.
5.5.    La Corte Constitucional ha establecido desde muy temprano en su
jurisprudencia que las modalidades de imponer sanciones
o castigos deben observar el respeto de la dignidad humana y los derechos de
los niños y niñas. Una de sus primeras providencias en las que se refirió
brevemente sobre el tema fue la sentencia T-402 de 1992.[96] En esta
providencia, la Corte analizó la acción de tutela interpuesta por unos padres
contra la directora de un colegio, que alegaban que su hijo había sido víctima
de malos tratos. Uno de los actos que los padres ponían de presente era que en
una ocasión se le ordenó al niño pasar al frente de sus compañeros de clase y
se le tapó la boca con un esparadrapo para evitar que pudiera contestar a lo
que le preguntaban. Los padres afirmaron que este acto había convertido a su
hijo en objeto de burla para los demás compañeros de clase y esta situación
vulneraba sus derechos fundamentales. La Corte estableció que la modalidad de
castigo impuesto por la profesora había constituido una vulneración del
artículo 44 de la Constitución el cual garantiza a los niños protección contra
toda forma de violencia moral. Aclaró que “la ira del docente, lejos de
ser una causal exculpatoria de su conducta, es por sí misma contraria a las
ideas y valores que inspiran el derecho y el servicio público de la educación.”[97]
La Corte precisó que someter al niño a la burla de sus compañeros era una
violación clara de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad,
pues constituye un acto degradante conforme al artículo 12 de la Carta
Política:
“Una práctica
lesiva de la dignidad humana, con potencialidad de poner en peligro el
desarrollo mental del menor, es aquel castigo que por su gravedad degrada o
humilla a la persona y hace que ella pierda autoestima a los ojos de los demás
o a los suyos propios. En tal evento, nos encontramos ante una múltiple
violación de derechos fundamentales (CP art. 12, 16 y 44), que genera una falla
en el servicio público de la educación y puede dar lugar a sanciones y condenas
contra el Estado y el funcionario o particular encargado de la educación
(CP arts. 67 y 68). (…) // Los patrones culturales y los métodos educativos
tienen un papel decisivo en el proyecto de cambio hacia una sociedad pacífica,
democrática y participativa. La Constitución espera que los educadores, de
manera permanente, hagan propicio el proceso educativo para inculcar en los
educandos, un genuino sentimiento de respeto hacia los derechos humanos y que
los mismos se incorporen en dicho proceso y sean cumplidos por todos los
participantes, directivos, profesores y alumnos. Educar para la libertad y la
democracia es la consigna que debe guiar a los profesores en el ejercicio de
sus funciones.”[98]
Con base en lo anterior, esta Corporación señaló
que el Estado tenía la obligación de mantener un buen
nivel intelectual de los profesores, el cual se sustentara en la observancia de
valores y el respeto a los derechos humanos, “ligado a la idea de sumisión y
condición de inferioridad del niño, y remplazarlo por una nueva pedagogía para
el desarrollo integral y libre de la personalidad.”[99]
5.5.1. Posteriormente,
mediante sentencia C-371 de 1994,[100]
se estudió una demanda de constitucionalidad contra la expresión “sancionarlos
moderadamente” del artículo 262 del Código Civil.[101] En esta
providencia la Corte consideró que la norma no permitía
el ejercicio de violencia en contra de los menores como medida sancionatoria,
lo cual, precisó, está proscrito por nuestro ordenamiento, de modo que la
facultad para sancionar moderadamente con castigo físico o moral a un menor,
como medida de corrección, no está permitida. En esta sentencia este Tribunal estimó respecto a la facultad de
sancionar moderadamente a los menores que “(…) el concepto de sanción tiene un sentido jurídico
mucho más amplio que el alegado por el demandante y, por tanto, no se puede
confundir con el maltrato físico ni con el daño psicológico o moral del
sancionado. La sanción es un género que incluye las diversas formas de reproche
a una conducta; la violencia física o moral constituye apenas una de sus
especies, totalmente rechazada por nuestro Ordenamiento constitucional. Otras,
en cambio, en cuanto están enderezadas a la corrección de comportamientos y, en
el caso de los niños y jóvenes, a su sana formación, sin apelar a la tortura ni
a la violencia, se avienen a la preceptiva constitucional, pues no implican la
vulneración de los derechos fundamentales del sujeto pasivo del acto”.[102] Así, desde un inicio, la Corte ha
reconocido que se ha de propender por sanciones que formen ciudadanos
respetuosos de los derechos y la dignidad, favorables a la libertad y la
autonomía. Los maestros deben poder mostrar con el ejemplo las conductas más
acordes que formen armónicamente a una niña o niño. De esa forma, hay distintas
maneras de sanción, como, por ejemplo, el tener que enfrentar las consecuencias
de los actos propios.
En esa medida, consideró que “[p]ara reprender al niño no
es necesario causarle daño en su cuerpo o en su alma. Es suficiente muchas
veces asumir frente a él una actitud severa despojada de violencia;
reconvenirlo con prudente energía; privarlo temporalmente de cierta diversión;
abstenerse de otorgarle determinado premio o distinción; hacerle ver los
efectos negativos de la falta cometida. La eficacia de la sanción no estriba en
la mayor intensidad del dolor que pueda causar sino en la inteligencia y en la
firmeza con que se aplique, así como en la certidumbre que ofrezca sobre la
real transmisión del mensaje implícito en la reprensión. En tal sentido, no se
trata de ocasionar sufrimiento o de sacrificar al sujeto pasivo de la sanción
sino de reconvenirlo civilizadamente en aras de la adecuación de sus
posteriores respuestas a los estímulos educativos.”[103] El poder de un educador, como suele ocurrir con todo ejercicio de
poder en democracia, supone facultades, pero también funciones y deberes. El
propio ejemplo, el propio actuar es una manera de formar. Así, una persona que
educa sin violencia muestra de manera contundente, que sí es posible ser y
actuar en sociedad sin violencia. Por ello, para la Corte “[e]l uso de la fuerza bruta para sancionar a un niño constituye
grave atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y daño,
muchas veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el
menor reacciones sicológicas contra quien le aplica el castigo y contra la
sociedad. Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su espíritu,
la pérdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda -consciente o
inconsciente- de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará
víctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de
violencia que necesariamente altera la pacífica convivencia social”.[104]
5.5.2. Esta
Corporación encuentra, a propósito, que desde la filosofía de la educación o la
práctica misma de la docencia, voces autorizadas señalan la importancia del
respeto a la dignidad de toda persona siempre en un entorno de mutuo y
generalizado reconocimiento como medio para lograr el florecimiento de una
sociedad que garantice efectivamente a toda persona, a todo ser una vida en
dignidad.[105]
Así, las formas de imponer sanciones “de manera moderada”, aparte de prohibirse
cualquier medio violento, deben también considerar unas preferencias
constitucionales educativas establecidas en el artículo 67 de la Constitución:
educar para los derechos humanos, la paz y la democracia. Con base en
estas consideraciones, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión
demandada, pero condicionando la norma a que las sanciones que apliquen los
padres y las personas encargadas del cuidado personal de los hijos estará
excluida toda forma de violencia física o moral, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 12, 42 y 44 de la Constitución Política.[106]
5.5.3
En la sentencia C-442 de 2009, la Corte estudió una demanda de
inconstitucionalidad contra les expresiones “de parte de los demás compañeros o
profesores” de los artículos 18, 41, 43, 44, 47 del Código de Infancia y
Adolescencia.[107]
Las actoras argumentaron que los contenidos normativos configuraban una
limitación de la protección contra acciones de maltrato y abuso originadas en
el contexto escolar, pues solo preveían las actuaciones de los estudiantes y
profesores, pero no aquellas provenientes de funcionarios públicos o cargos
administrativos del mismo ambiente escolar. La Corte señaló que de conformidad
con el interés superior del menor de edad y su desarrollo armónico e integral,
el Estado tiene la obligación de protegerlo contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, venta o abuso sexual, entre otros, que menoscaben sus
derechos fundamentales.[108]
5.5.4
En la sentencia T-407 de 2012[109] se analizó
la acción de tutela interpuesta por los padres de unos estudiantes de la
Institución Educativa Amelia Perdomo García del municipio de Yaguará, quienes
alegaban que los derechos fundamentales a la intimidad y al libre desarrollo de
la personalidad de sus niños estaban siendo vulnerados por la instalación de
cámaras de seguridad en la institución en las aulas de clase desde el
grado sexto hasta el grado once. La entidad accionada en su defensa afirmó, que
la medida se había tomado para disuadir conductas de hurto que se estaban
presentando. La Corte amparó los derechos fundamentales de los hijos de los
accionantes, por cuanto consideró, que si bien la seguridad de las
instituciones educativas es un objetivo legítimo, las medidas de vigilancia en
el interior de las aulas de clase a través de las cámaras pueden representar
una violación de la intimidad y de las libertades individuales de los educandos
y de los docentes.[110]
5.6.    En esa oportunidad, la Corte evidenció la relación estrecha entre la
protección del derecho a un desarrollo armónico e integral, a la libertad, la
autonomía y la intimidad con el uso de los castigos fundados en violencia
física o psicológica. La Corte reiteró, que la Constitución busca garantizar
la intangibilidad mental, moral y espiritual de los mismos limitando el
ejercicio de las libertades de los terceros que puedan afectarlos. Afirmó que “los
castigos infringidos a un menor, pueden afectar su libre desarrollo de la
personalidad y tener consecuencias a nivel psicológico y emocional, por lo cual
desde la Asamblea Constituyente se estableció que la educación que se sustenta
en el empleo de castigos físicos y morales, que humillan al niño afectando su
autoestima, desconoce los derechos humanos y los principios pluralistas y democráticos
del Estado”.[111]
Así, la Corte recordó de manera enfática que la facultad de corrección de los
docentes no puede desconocer los principios y valores constitucionales, con las
siguientes palabras:
“La Corte siempre
ha reconocido la función correctiva de los docentes y directivos de las
instituciones educativas, pero también ha considerado que esa competencia no
puede desbordar la verdadera misión del educador contrariando los principios
constitucionales y desconociendo los derechos fundamentales de los
alumnos. Como lo establece la Ley general de educación en sus artículos 91
y 92, el educando es el centro del proceso educativo y su formación debe
promover el pleno desarrollo de su personalidad, no solamente a través del
acceso al conocimiento sino también mediante la educación en valores éticos,
morales y ciudadanos que contribuyan al desarrollo socio-económico del país.
Por su parte, los educadores son quienes orientan dicho proceso de formación,
enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, cuyo fin es
precisamente el de prestar el servicio público de educación.”[112]
En suma, para la Corte es claro que
cualquier sanción o castigo que vulnere la dignidad humana como la violencia
moderada o extrema, no son constitucionalmente admisibles.
5.5.5. Por último,
vale la pena hacer referencia a la sentencia C-368 de 2014, la cual reiteró, en
términos generales y de forma textual, lo establecido en la sentencia C-371 de
1994, antes descrita.[113]
En esta ocasión la Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 33 del Código Penal, el cual consagra el delito de violencia
intrafamiliar. El actor argumentaba, entre otros cargos, que el tipo penal
establece sanciones sin atender a la gravedad de las lesiones causadas a la
víctima. La Corte analizó cada una de las posibles formas de violencia que
pueden generarse en el ámbito familiar, entre estas, las formas
desproporcionadas que pueden presentarse al imponer castigos a los hijos. Luego
de reiterar las reglas de la providencia de 1994 antes referenciada, advirtió que
el principio de corresponsabilidad implica que toda persona tiene la obligación
de exigir el respeto de los derechos de los niños y niñas, de poner en
conocimiento a las autoridades competentes de cualquier situación que los
afecte y solicitar su sanción. En palabras de la Corporación:
“Existe consenso
en la legislación nacional e internacional en el sentido de brindar a los niños
de todas las garantías que se requieran para proteger su proceso de formación y
desarrollo, y establecer disposiciones que fijen un trato preferente en razón
de su condición de pronunciada vulnerabilidad por su natural sujeción frente a
los adultos con los cuales se relaciona. Por esto el artículo 44 de la
Constitución Política establece el principio de corresponsabilidad, en virtud
del cual cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el respeto
de sus derechos y la sanción de quienes los vulneren, lo cual debe llevar a la
familia y a la sociedad a solicitar la intervención de las autoridades cuando
en el ámbito público y privado, y dentro de éste, el doméstico, se adviertan
hechos o circunstancias que pongan en riesgo la vida e integridad de los
menores de edad, ya sea por acción o ante el desamparo”.[114]
5.6.    Con base en la jurisprudencia descrita, es
posible establecer que en el ordenamiento constitucional están prohibidos los
castigos o las sanciones que implican una afectación física o psicológica de las
personas menores de edad. Son un medio constitucionalmente prohibido. Es
irrazonable su uso, sin importar con qué fin. Así, se consideran un medio
excluido de deliberación democrática en un aula de clase. Los niños y niñas se
encuentran en una situación de sujeción frente a las personas que los cuidan, y
éstas deben observar los valores constitucionales al momento de ejercer su
deber de corrección. En ese orden de ideas, el desarrollo armónico e integral
implica garantizarles un crecimiento sano, digno y respetuoso de los derechos
humanos, esto es, lejos de la violencia física y moral.
5.7.
En línea con lo planteado por la Corte
Constitucional de Colombia, organismos internacionales se han pronunciado sobre
la prohibición del uso de la violencia para imponer castigos a los niños y
niñas. Para determinar los alcances de un derecho constitucional es preciso
tener en cuenta la carta internacional y regional de derechos, así como el
bloque de constitucionalidad, pues como ha dicho la Corte, estos hacen parte
del “código genético” del sistema jurídico.[115]
5.8.    Conforme al artículo 19 de la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989), el Estado tiene la obligación de “proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación (…), mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo”. Por su parte, en relación al derecho a la
educación concretamente, el párrafo 2 del artículo 28 de la Convención sobre
los Derechos del Niño (1989) establece: “2. Los Estados partes adoptarán
cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se
administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad
con la presente Convención”. El Comité de Derechos del Niño ha interpretado
estas disposiciones en dos Observaciones Generales, que se consideran
importantes en esta ocasión: la Observación General No. 8 (2006)[116]
y la No. 13 (2011).[117]
5.7.1. El Comité
prohíbe plenamente cualquier castigo corporal contra los niños, bien sea en el
ámbito familiar o escolar. En la Observación General No. 8 (2006), el Comité
estableció directrices muy claras sobre cuándo la forma de castigar a un niño,
en el marco de la enseñanza, podría ser calificada como un trato cruel,
inhumano o degradante. Señaló el organismo internacional que “la educación
debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca del niño y
se permita a éste expresar su opinión libremente”.[118] El Comité
en esta Observación definió el castigo “corporal” o “físico” y lo diferenció de
otros tipos de castigo que pueden ser considerados también degradantes y
contrarios a la dignidad humana:
“(…) como todo
castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar
cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve.  En la mayoría de los
casos se trata de pegar a los niños ("manotazos",
"bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún objeto ‑azote,
vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.  Pero también puede
consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños,
arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas,
obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos
a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca
con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes).  El Comité opina que
el castigo corporal es siempre degradante.  Además hay
otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y
degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención.  Entre éstas se
cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia, se humilla, se
denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se
ridiculiza al niño.”
5.7.2. Con base
en ello, afirmó que el desarrollo sano del niño depende de las directrices de
disciplina que se imponen por los padres o las instituciones escolares, las
cuales deben ser acordes con su capacidad y entendimiento. Al respecto el
Comité recomendó a los Estados adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas, penales y de cualquier otra índole, encaminadas a abolir y
prevenir castigos con actos de violencia a los niños. Incluso recomienda que en
los códigos de ética profesionales de los maestros, así como los reglamentos y
estatutos de las instituciones, se contemplen la ilegalidad de los castigos
corporales y de otras formas de castigo crueles o degradantes.[119] Finalmente,
el Comité destacó que una forma de castigo que usualmente se impone y que puede
constituir un trato degradante es el trabajo infantil. Sin embargo, según sea
el caso se establece que el castigo no puede nunca ser constitutivo de explotación económica y/o cualquier forma de trabajo que pueda ser
peligroso, obstaculice su educación o sea nocivo para su desarrollo.
5.7.3. El Comité
de Derechos del Niño, mediante la Observación General No. 13 (2011), relativa
al “derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”,[120]
precisó las formas de violencia que se pueden presentar contra los niños y las
obligaciones que tienen los Estados para protegerlos. Señaló que el concepto de
dignidad establecido en la Convención, “exige
que cada niño sea reconocido, respetado y protegido como titular de derechos y
como ser humano único y valioso con su personalidad propia, sus necesidades
específicas, sus intereses y su privacidad”.[121] A la luz de esto, debe ser analizado igualmente el principio del
interés del menor, el cual, según el Comité “no puede aducirse para justificar prácticas tales como castigos
corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes, que están reñidas
con la dignidad humana y el derecho a la integridad física del niño. Lo que a
juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la
obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención.
En particular, el Comité sostiene que la mejor forma de defender el interés
superior del niño es: (a) Prevenir todas las formas de violencia y promover la crianza
positiva de los niños, haciendo hincapié en la necesidad de centrar los marcos
nacionales de coordinación en la prevención primaria y (b) Invertir recursos
humanos, financieros y técnicos suficientes en la aplicación de un sistema
integrado de protección y atención del niño basado en los derechos”.[122]
Este documento contempla como formas de ejercer
violencia: (a) descuido o trato negligente, (b) violencia mental, (c) violencia
física, (d) castigos corporales, (e) abuso y explotación sexual y (f) tortura y
tratos o penas inhumanas o degradantes. Como violencia mental, se entiende
cualquier maltrato psicológico, agresión verbal o descuido emocional, el
insulto, la injuria, la humillación el menosprecio, el ridiculizarlo y herir
sus sentimientos; como violencia física se contemplan los castigos corporales;
y como tratos o penas inhumanos o degradantes, todo acto de violencia contra un
niño para “castigarlo extrajudicialmente por conductas ilícitas o indeseadas
u para obligarlo a realizar actividades contra su voluntad, cometido por lo
general por la policía y otros agentes del orden público, el personal de los
hogares y residencias y otras instituciones y las personas que tienen autoridad
sobre el niño (…)”.[123]
El Comité aclara, en relación con estos actos, que las víctimas son a
menudo niños marginados o desfavorecidos como los niños indígenas y de minorías
étnicas, a quienes les generan daños y secuelas de estrés social permanentes.[124]
5.7.4. Por su
parte, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en su Observación General No. 13, sobre el derecho a la educación,
establece en relación con la disciplina escolar, que los castigos físicos son
incompatibles con la dignidad humana, y precisa que es inadmisible también
cualquier tipo de disciplina que infrinja los derechos económicos, sociales y
culturales a favor de los niños, como por ejemplo el derecho a la alimentación.[125]
5.7.5. Los
sistemas regionales de protección de los derechos humanos también han
establecido que cualquier castigo físico o moral que implique humillaciones
contra el niño es contrario a la dignidad humana.[126] Tanto la
Comisión como la Corte Interamericana, han afirmado que “la obligación del
Estado de prohibir el uso del castigo corporal como método de disciplina de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la custodia y protección del
Estado en sus instituciones públicas, sean éstas centros de detención,
albergues, orfanatos, hospitales, escuelas, escuelas militares, entre otros, es
de carácter absoluto”.[127]
Igualmente, consideran que las prácticas como tortura, tratos inhumanos o
degradantes, maltrato, abuso sexual y el uso de castigos corporales como método
de disciplina, en su totalidad constituyen diferentes violaciones de los
derechos humanos de los niños.[128]
Al respecto, la CIDH establece que todas aquellas medidas disciplinarias que
impliquen trato cruel, inhumano y degradante, así como los castigos corporales,
como el aislamiento en un lugar oscuro, la reducción de alimentos, la
restricción de comunicaciones con la familia del niño, o cualquier medida que
ponga en peligro su salud física y mental, debe estar prohibida por ser
contraria a la Convención Americana.
5.7.6. Con base
en las anteriores consideraciones, es preciso afirmar que está proscrita por el
ordenamiento constitucional cualquier forma de castigo que implique maltrato
psicológico o físico porque desconoce un principio axial del Estado Social de
Derecho como lo es la dignidad humana. El desarrollo integral y armónico del
menor exige que los niños y niñas crezcan en ambientes libres de violencia, en
los que se les garanticen sus derechos fundamentales. La educación debe
encaminarse sobre los valores de un Estado democrático, en el que las
actuaciones que generan daños tienen consecuencias, pero éstas no son lesivas
para la humanidad del individuo. El caso que ahora se analiza, presenta además,
una circunstancia especial de sujeción de los niños y niñas, toda vez que se
trata de un internado, lugar que acentúa el estado de sujeción e indefensión de
los menores frente a quienes los educan.
6.  La vulneración de los derechos fundamentales de
los niños y niñas del Centro Educativo Eustasio por los castigos a los que fueron
sometidos por docentes del plantel
6.1.
Apartar a los docentes
del cargo puede ser una medida necesaria de protección, pero no es suficiente;
existe un deber especial del juez de tutela para proteger a los niños y las
niñas indígenas en un internado, los cuales se encuentran en una situación de
sujeción. Con base en ello, dejando de lado el debate acerca de la eventual responsabilidad
penal, civil o administrativa de los individuos involucrados, a la Sala le corresponde
analizar si existió una vulneración de los derechos fundamentales de los niños
y niñas del Centro Educativo Eustasio del municipio de
Puerto Gaitán (Meta) por las presuntas actuaciones discriminatorias y los
castigos desproporcionados impuestos por sus docentes y la omisión de las entidades
estatales relacionada con la ausencia de medidas encaminadas a la sanción,
reparación y la no repetición de los hechos.[129]
6.1.1.
Los accionantes invocan la vulneración de los
derechos fundamentales de los niños y niñas y su desarrollo armónico e integral
establecidos en el artículo 44 de la Constitución, el desconocimiento de la
prohibición de ser objeto de tratos crueles inhumanos y degradantes consagrada
en el artículo 12, el derecho a la igualdad y no discriminación establecido en
el artículo 13 y el libre desarrollo de la personalidad, dispuesto en el
artículo 16. Se evidencia en el relato de los hechos que la problemática gira
en torno al lenguaje discriminatorio que usan los docentes hacia los niños
indígenas y los presuntos castigos desproporcionados que se imponen a los
estudiantes ante las faltas que cometen, es decir, a la forma como se está
educando a los niños en el centro educativo.
6.1.2. El juez de
instancia denegó la protección de los derechos porque consideró que el retiro
del sacerdote y la docente del colegio era un hecho suficiente para determinar
que la amenaza a los derechos de los niños había cesado. Por eso, concluyó que
estaba ante una carencia actual de objeto por hecho superado, sin determinar y
tener en cuenta los efectos que eventualmente tuvieron los hechos alegados
sobre el desarrollo integral de los niños y niñas indígenas y sin analizar de
fondo las eventuales medidas de protección que debieron tomarse dadas las
circunstancias. Así pues, el problema jurídico que debe resolver la Sala de
Revisión, antes de analizar la naturaleza de los castigos impuestos, es ¿puede
un juez de tutela considerar que se ha presentado un hecho superado ante una
eventual violencia por maltrato docente a niñas y niños -además de su origen
étnico dentro de un semi internado-, porque los maestros acusados de realizar
el maltrato fueron retirados del colegio?
6.1.3. En los
hechos alegados en el presente caso, se encuentra demostrado, tanto por el juez
de instancia como por las pruebas allegadas en Sede de Revisión, que el sacerdote
y la profesora cuyas actuaciones se acusan, ya no trabajan como docentes en el
colegio, en razón a que, por la acción de tutela, se retiraron de su labor. En
el caso del sacerdote, le fue iniciado un proceso disciplinario por la Pastoral
Social con ocasión de las conductas manifestadas por los niños, y
posteriormente, renunció a su cargo. En el caso de la profesora, se le inició
un proceso de restablecimiento de derechos, conforme a la Ley 1098 de 2006 y también
dejó su labor como profesora en el Centro Educativo. Ante esta circunstancia,
el juez de instancia declaró la carencia actual de objeto por hecho superado,
pues la vulneración cesó. Los niños y niñas en las entrevistas recibidas por el
ICBF y la comisaría de familia municipal, manifestaron que el ambiente escolar
ha mejorado desde que el párroco y la profesora ya no están en la institución.[130]
6.1.4. La
pretensión principal de los padres de los niños en la acción de tutela que se
analiza es el retiro de los profesores involucrados en los hechos. Esta
petición se cumplió en el transcurso del trámite ordinario de la acción
constitucional. La Sala considera que en relación a esa esta solicitud de los
accionantes, dirigida a separar del cargo a los docentes, existe una carencia
actual de objeto por hecho superado, pues es una petición que ha sido concedida.
Sin embargo, a pesar de que la protección básica puede estar resuelta, el juez
de instancia no estableció si existieron violaciones de derechos y si estas, si
se dieron, fueron por razones que se superan al no estar los docentes
cuestionados. Dada la dimensión de la vulneración causada a los niños, niñas y
adolescentes, se torna necesario analizar la situación y verificar su deben
adoptarse medidas de reparación y no repetición de los hechos, con el fin de
proteger a los niños y niñas indígenas de la región que van al internado.
6.1.5. En efecto,
el solo hecho que los profesores acusados de las conductas fueran retirados de
la institución garantiza que se resolvió la presunta violación a los derechos
fundamentales. La situación de especial sujeción en la que se encuentran los
niños y niñas del internado, exige que se tomen medidas de protección a su
favor y garantías de no repetición en el ámbito escolar. Al respecto, es
preciso afirmar que el proceso disciplinario que se realizó al sacerdote no
constituyó por sí mismo un acto de reparación frente a los impactos que
generaron los castigos o lenguaje al que fueron sometidos los niños y niñas. El
proceso de restablecimiento de derechos, a pesar de que inició con la
realización de campañas de ambiente escolar y un seguimiento psicológico,
tampoco implementó garantías de no repetición de los hechos frente a futuras
amenazas. La ausencia de los profesores en cuestión no implica necesariamente
que el problema se superó. Podría ser necesario tomar esa medida, pero no es
claro para la Sala que ésta fuera suficiente.
6.1.6. Así, la
Sala declarará la existencia de un hecho superado en relación al retiro de los
profesores, para luego pasar a revisar la decisión de instancia y resolver el
problema jurídico sobre la existencia o no de una situación violatoria
de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del Centro
Educativo Eustasio.[131]
6.2.
Los límites constitucionales al castigo
6.2.1. Como fue
desarrollado a lo largo de esta providencia, el carácter fundamental del
derecho al acceso integral y efectivo de la educación de las personas menores
de edad exige que su prestación observe los principios y valores
constitucionales. En ese marco, la libertad de cátedra que disponen los
docentes en los centros de educación debe dirigirse a impartir conocimientos y
metodologías de pedagogía acordes con el respeto de los derechos fundamentales
de las personas que tienen a cargo. Los docentes tienen un papel trascendental
en el desarrollo de los estudiantes, pues representan una guía que imparte
conocimientos y diversas disciplinas, a través de metodologías didácticas que
deben observar principios y valores de la democracia, con el fin de formar
personas útiles para la sociedad. Así, los educadores deben ser personas
idóneas, contar con una preparación integral a nivel académico y ético-moral
que garantice una buena prestación del servicio de educación.[132]
6.2.2. La labor
de los profesores al educar en el ámbito escolar, conlleva su deber de corregir
a los estudiantes cuando estos realizan conductas contrarias a lo establecido
en los manuales de convivencia o comportamientos que generan algún daño a la
comunidad estudiantil. Este deber de corrección puede llevar al profesor a
reprender a sus alumnos e imponer sanciones, por medio de llamados de atención
con alguna energía y fuerza en las palabras, pero que nunca pueden implicar
castigos corporales o tratos humillantes y denigrantes para las personas. Como
se estableció antes, la sola amenaza de pegarle a un estudiante, quitarle la
comida o de humillarlo al frente de sus compañeros, como forma de castigo,
puede ser considerada como un trato denigrante y contrario de la dignidad
humana. Conforme a ello, no corresponde al juez de tutela valorar a las
personas en general, pero sí cuestionar e impedir que formas pedagógicas
violentas, ofensivas o indignantes, puedan ser usadas bajo el orden
constitucional vigente, en especial con niñas y niños. Así, es un deber del
sistema educativo “extirpar” prácticas tradicionales cuestionables, ejercidas
aún por profesores con virtudes y talentos, a pesar de eso.
6.2.3. La
jurisprudencia constitucional ha revisado en varias ocasiones asuntos en los
que se invoca la protección del derecho a la educación, entre otros, en razón
al uso del lenguaje discriminatorio, malos tratos perpetrados por los docentes
hacia los alumnos y la imposición de castigos que no son respetuosos del
ordenamiento constitucional. A pesar de que, como fue advertido, la Corte se ha
ocupado en gran parte sobre la facultad de los padres de castigar a sus hijos,
la Sala considera que es un estándar igualmente aplicable en el ámbito escolar.
Es decir, los castigos que impone un docente a sus alumnos no pueden implicar
nunca maltratos físicos o morales contra sus estudiantes, toda vez que son
contrarios a la dignidad humana y conllevan a la violación de derechos
fundamentales a la educación, igualdad y no discriminación y al libre
desarrollo de la personalidad, entre otros.
6.2.4. A la luz
de la Constitución, un profesor, en el ejercicio de su autoridad no debe
impartir el miedo como una forma de respeto, sino más bien construir vínculos
armónicos de pedagogía que permitan a sus alumnos un desarrollo integral. Como
lo expusieron cuatro de los Magistrados en 1994, cuando la jurisprudencia aún
no había avanzado hasta donde lo ha hecho;
“La tarea del
educador consiste, ante todo, en crear las condiciones propicias para que la
conciencia moral empiece a plasmarse y el sujeto ético a construirse, y nada de
ello es posible en un ambiente presidido por el miedo. Es el ejemplo, de
avasalladora evidencia (para un sujeto que tiene capacidad de ver), y no la
fuerza, generadora de temor, el que ha de indicar el camino que se juzga correcto.
Que la norma se obedezca porque se la capta como debida y no que se la
reconozca como debida porque hay que obedecerla, ha de ser el
fundamento inconfundible de la autoridad paterna, en una sociedad que ha hecho
de la dignidad humana y de la libertad dos de sus soportes básicos”.[133]
6.2.5. De esa
forma, la Sala aclara que sí pueden haber sanciones, sobre todo de hechos
graves que pongan en riesgo el desarrollo integral y armónico de otras niñas y
otros niños. Estas sanciones deben ser efectivas y pedagógicas, pero nunca
violentas e injustas. No pueden sembrar la rabia y la arbitrariedad en los
corazones de los estudiantes. Se debe propiciar en las personas que crecen y se
educan la capacidad de “darse cuenta”, lo cual se logra en libertad, no es
presión o coerción, por miedo o temor. En relación con el maltrato psicológico
–el uso del lenguaje- al que fueron sometidos los niños y niñas por el hecho de
ser indígenas, es relevante y aplicable el concepto de escenarios de
discriminación, desarrollado en las consideraciones previas de esta sentencia.
Como se estableció, al juez constitucional le corresponde valorar el impacto de
un acto discriminatorio teniendo en cuenta la puesta en escena en su
integridad. De esa forma, debe verificar al menos los siguientes factores: (i)
la relación de poder que existe entre la persona discriminada y la persona
discriminadora, (ii) la relación entre la persona discriminada, la que
discrimina y aquellas que hacen las veces de público, (iii) el espacio o lugar
que se convierte en escenario de discriminación, (iv) la duración de la puesta
en escena, (v) las alternativas que tiene la persona afectada para afrontar la
situación y (vi) la adopción de medidas efectivas para superar el perjuicio
causado por el acto de discriminación.
6.2.6. Igualmente,
se observa que utilizar la violencia física y moral para imponer castigos,
genera en los niños y niñas un daño psicológico que funda un sentimiento de “inferioridad”
y los invita a replicar estas conductas. Los maltratos no solo físicos, sino
aquellas amenazas y humillaciones a las que fueron sujetos, también representan
graves afectaciones a su desarrollo. En efecto, voces autorizadas han
evidenciado que el uso de la violencia como forma de castigo en ámbitos
escolares, repercute en el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas,
toda vez que genera una sensación de inferioridad que afecta su autoestima,
perpetúa ambientes de miedo y genera en el niño o niña la reproducción de
patrones violentos en su vida futura.[134]
6.2.7. En
conclusión, la corrección de los niños, niñas y adolescentes debe realizarse a
través de medidas pedagógicas que no contengan nunca actos violentos o al
margen de los valores constitucionales que conlleven a la persona menor de edad
a sentirse inferior. Por el contrario, las sanciones que se impongan deben
enaltecer al sujeto y desarrollar su capacidad de entendimiento.
6.3.
Preferencias constitucionales educativas
6.3.1. La
jurisprudencia constitucional ha evolucionado hacía una prohibición de ejercer
corrección de personas menores de edad a través de actos de violencia. La
imposición de castigos por medio de violencia psicológica o física a personas
menores de edad no puede ser nunca una forma de educar, pues es contraria a los
principios y valores de una democracia. En la sentencia C-371 de 1994 se dejó
un restringido espacio a castigos “moderados”. No obstante, aunque este es un
concepto jurídico indeterminado,[135]
referentes jurídicos posteriores como lo es la jurisprudencia constitucional
vigente, ha precisado qué es moderado. Por ejemplo, dentro de las preferencias constitucionales
educativas que enmarcan el margen de decisión que tienen los padres y
acudientes de los niños y niñas, está el observar y promover los valores y
principios de una democracia. Así, dentro de la amplia gama que se tiene para
castigar a una persona menor de edad, deben preferirse aquellos medios que no
infundan temor o miedo y que los expongan a una situación de indefensión y de anulación
de la persona; deben preferirse  aquellos medios que potencialicen su libre
autodeterminación, su autocrítica y libre corrección individual. Los medios de
sanción deben propender siempre por acentuar la formación del menor y tener un
fin pedagógico que fortalezca el desarrollo armónico e integral de la persona
menor de edad.
6.3.2. Al
respecto, el mismo artículo 67 de la Constitución Política muestra un marco de
preferencias constitucionales de educación. Establece que la educación es un
servicio público que contiene una función social y que “con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura”. Lo anterior implica que el servicio de educación es
inherente y esencial al ser humano y dignificador de la persona humana.
Igualmente consagra unas condiciones ineludibles para la formación de las
personas menores de edad, pues señala que “la educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente”. Estas
condiciones fijan el actuar del educador, pues en la enseñanza se debe reflejar
un ejemplo de estos valores constitucionales. El deber de corrección entonces
debe fijar un destino, las medidas correctivas que se impongan no pueden romper
con el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia. Por supuesto,
especial voz en estos asuntos, tienen maestros y pedagogos y demás personas con
capacidad probada de educar.
6.3.3. Finalmente
cabe resaltar que este artículo constitucional establece obligaciones para el
Estado, la sociedad y la familia como responsables inmediatos de impartir la
educación. El imponer sanciones a las personas menores de edad, en el marco de
la facultad de corrección, implica comprender que en el entorno escolar los
educadores tienen la misión de crear buenos ciudadanos a la luz de las
condiciones y preferencias constitucionales ya expuestas, pero a la vez, esto
deberá ser igualmente observado por los padres, quienes en el seno íntimo de la
familia también tienen que promulgar por los valores de una democracia y los
derechos humanos.
6.3.4. La Sala
subraya la necesidad de que ante la imposición de sanciones en escenarios
escolares se observen las garantías del debido proceso, dentro de las cuales,
en la lógica propia de un Estado Social de Derecho que propugna por el
desarrollo armónico e integral de las personas menores de edad, proscribe los
castigos que implican violencia física o psicológica. Un Estado no puede
pretender renunciar a la violencia y buscar una sociedad pacífica y respetuosa
de la dignidad de toda persona y, al mismo tiempo, permitir que se mantenga una
cultura educativa basada en la idea de que “la letra con sangre entra”.
Al imponer castigos por faltas establecidas dentro de los manuales de
convivencia, los niños y niñas deben ser informados y escuchados en su defensa.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que los manuales de convivencia
son una suerte de “Constitución” en el colegio y, en esa medida, deben
contemplar procedimientos respetuosos al debido proceso.[136] De esa
forma, al imponerse una sanción debe escucharse al estudiante reprendido y
asegurarle su derecho de defensa, así como permitirle la oportunidad de conocer
de manera comprensible las razones de su falta. Esta labor hace parte del
proceso educativo e incentiva espacios de diálogo y entendimiento entre alumnos
y profesores.[137]
6.3.5. De esa
manera, la Sala advierte que una forma de impedir que se produzcan castigos
lesivos a la integridad física y moral de los estudiantes es asegurar que las
sanciones se contemplen en el marco del debido proceso disciplinario. Como
puede advertirse, el sacerdote impuso castigos, pero obran testimonios de los
niños y del mismo tutor nuevo, sobre la inexistencia de anotaciones
disciplinarias sobre las actuaciones de los estudiantes que fueron causas de
amonestación o sanción.[138]
Lo anterior indica una ausencia de debido proceso al imponerse las sanciones a
los estudiantes, pues genera un indicio de arbitrariedad, hecho que debe ser
corregido por la institución educativa. Esta afectación a los derechos no
ocurrió únicamente por las acciones de los profesores separados de sus cargos,
sino también por omisiones de la institución educativa.
6.4.
Vulneración de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes del Centro Educativo Eustasio
Con base en las reglas antes descritas, la
Sala procederá a presentar los hechos del caso que se analiza y hará la
transcripción de los testimonios allegados al expediente, con el fin de
identificar cada una de las conductas a las que fueron sometidos los niños y
niñas indígenas del Centro Educativo Eustasio.
6.4.1.      El Centro Educativo Eustasio se encuentra
ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y fue creado según Resolución
2309 de 2014 de la Secretaría de Educación del Meta. Está conformado por 5
sedes o escuelas, entre las cuales se encuentra la ubicada en la vereda El
Porvenir. En esta sede, se le presta servicio de hospedaje, alimentación y
acompañamiento académico a 30 estudiantes (19 niñas y 11 niños) de los 94
matriculados.[139]
El 43% de los estudiantes es de comunidades indígenas.[140]
6.4.2. Observa la
Sala que el Manual de Convivencia del Centro Educativo establece como objetivo “reconocer
el respeto y la valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación
por razones de géneros, orientación o de identidad sexual, etnia o condición
física, social o cultural”. Contiene en su artículo 30 las prohibiciones a
los docentes, entre las cuales se encuentra, la prohibición expresa de la
aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos.[141] De la misma
forma, establece las conductas que se consideran como faltas y la forma de
imponer las sanciones en observancia al debido proceso. Por esto, la Sala
advierte que en el caso concreto el problema no es lo establecido en el manual
de convivencia del colegio, sino, la conducta de sus docentes en relación con
el manejo de sus estudiantes y los mecanismos de la institución escolar para
afrontar estas situaciones. Las situaciones que se evidencian en la acción de
tutela que se revisa, muestran que los docentes actuaban de forma contraria, no
solo a la Constitución, sino también a lo prescrito en el Manual de
Convivencia.
6.4.3. El Manual
de Convivencia del Centro Educativo Eustasio cuenta con
disposiciones sobre el Gobierno Escolar en su capítulo VI, el cual se encuentra
conformado por el Director, el Consejo Directivo, los diferentes comités (como
el de convivencia escolar), el personero, el Consejo Estudiantil y el Consejo
de Padres de Familia. Este organismo es “el instrumento y mecanismo para la
participación activa y democrática de todos los estamentos de la comunidad
educativa”.[142]
Concretamente, el organismo encargado de realizar seguimiento e intervención
ante situaciones de convivencia institucional, como los hechos que se presentan
en la acción de tutela, es el establecido en el artículo 28 que contempla el
Comité de Convivencia Escolar.[143]
Contiene sus funciones y las medidas que ha de tomar en casos, por ejemplo de
violencia escolar. A pesar de tener estas medidas contempladas en su Manual de
Convivencia, la Sala nota que en los hechos denunciados en la acción de tutela
brilla por su ausencia el uso de este mecanismo escolar. En ninguno de los
informes remitidos por la institución se evidenció la toma de medidas
adelantadas por el Comité de Convivencia Escolar. Por tanto, no basta que en el
Manual de un colegio se establezcan mecanismos de actuación si estos en la
realidad no tienen ninguna eficacia, pues dejan inanes las disposiciones de
protección de derechos. Además se envía el nefasto mensaje a los estudiantes de
que los derechos solo cuentan en el papel.
6.4.4. Ahora
bien, las narraciones de los niños y de las niñas en los testimonios allegados
al proceso evidencian, por un parte, el manejo del lenguaje discriminatorio en
razón a su origen étnico y, por otra parte, la imposición de castigos
desproporcionados y al margen de lo establecido en el Manual de Convivencia y
abiertamente contrarios a la Constitución y la Ley. La mera lectura de algunos
de los apartes de los testimonios de los niños, niñas y adolescentes en
relación con las conductas de sus profesores, así lo evidencian. A través de
estos, es posible identificar cuáles expresiones y situaciones constituyeron
una vulneración a sus derechos a la igualdad y no discriminación, a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación.
6.4.5. En la
acción de tutela interpuesta por algunos de los padres de los hijos
presuntamente maltratados, allegaron un video con testimonios de los niños y niñas
del internado. En él, niños, niñas y adolescentes entre 12 y 16 años alumnos
del internado cuentan sus percepciones sobre el comportamiento del sacerdote y
la profesora hacia ellos, los presuntos castigos impuestos y el lenguaje
utilizado:
“cuando nos manda
a hacer oficios nos manda a las patadas (…) nos empuja para hacer los oficios
(…) y nos dice que el que no termina de hacer el oficio pues no cena y se queda
encerrado en el dormitorio (…)”
“¿Qué oficios son
los que los ponen a hacer? Limpiar los baños (…) a limpiar la parte de atrás
del internado, ¿sólo a ustedes o a todos los niños? A algunos”
“a un compañero
(…) él estaba acostado y el padre se le paró casi encima y le dio una patada
para que se levantara, él no pudo decir nada”
“lo que a mí me
parece también del padre es que (…) si yo no me aprendía las tablas no me daba
la cena y me mandaba a rastrillar todo el internado (…) dice el nombre de uno
como indígena usted es cochina (…)”
“lo que no me
gustó del padre es que otras compañeras mías van al baño y dejan poposeado el
baño y el seminarista me echó la culpa y me tocó en la noche echarle agua al
baño”
“el padre nos
maltrata a todos y cuando es la hora de tarea si uno no llega rápido los deja
sin la cena y por no aprenderse las tablas me echó el papel a la boca”
“cuando uno no
hace tareas el padre no le deja desayuno y le tranca el dormitorio y le manda a
hacer aseo (…) y por lo menos cuando van pa´l baño y no le echa agua a la taza
lo agarra con la mano y le mete la mano a la taza y lo refriega a uno con
mierda, así hay un castigo (…) nos castiga y nos encierra en los dormitorios y
para no salir al baño (…) desde las 5 de la tarde, cuando tenemos que entrar
solo hasta las 7 (…)”
“y que cuando
estábamos haciendo el aseo encontramos una culebra él dijo que el que no haga
caso le voy a tirar la culebra”
“cuando nos dejó
solas en el internado, dijo sabe qué yo voy a dejar que todos chinos entren
porque ustedes son prostitutas y regaladas porque ustedes son indígenas (…) nos
trató de esa manera, y dijo ay! Ustedes son animales (…) nos vive tratando que
las indígenas no se dejan respetar (…)”
“El padre nos
discrimina por ser indígenas, nos manda para el internado y si no lo hacen lo
castigan y lo desnudan ahí y lo amarran ahí, ¿los ha amenazado con desnudarlos
o lo ha hecho con alguien? Nos ha amenazado, hasta el momento no lo ha hecho
(…) y también el padre lo maltrata a uno le da garrote a uno, tengo 16 años,
con un palo de escoba (…) ayer en la iglesia, al hacer una recocha el padre
dijo que yo me merecía una patada (…) y cinco jueteras pero con un hierro en la
cabeza (…)”
“el padre me pegó
con un hierro de usar banderas y me dio un varillazo acá y tengo hinchado (…)”
“allá en el
internado los profesores, la profesora Julia lleva todo el mercado para ella,
(…) y nos deja nada para nosotros, nos trata de guahibos (…) el padre nos dice
que somos burras (…)”[144]
6.4.6. Como juez
constitucional, los testimonios de los niños deben ser valorados como indicios
de la ocurrencia de la agresión y en virtud del principio pro infans.[145]
De esa forma, al ser las pruebas principales con que se cuenta los relatos de
los niños y niñas, la Sala los valora a la luz del principio pro infans
y teniendo en cuenta su situación de indefensión, al ser parte de un internado
del cual son dependientes y cuya relación con los profesores es de sujeción.
6.4.6.1.
La Sala observa que los testimonios recogidos
por los padres, evidencian que los niños, niñas y adolescentes estaban siendo
presuntamente castigados por su profesor a través de medidas nada pedagógicas y
respetuosas de los derechos fundamentales. El hecho de obligarlos a comerse el
papel del cuaderno ante una equivocación de una lección, amenazarlos con
pegarles, con amarrarlos, con desnudarlos o con quitarles la comida, reprenderlos
untándolos de su propio excremento por no soltar el baño y expresar lenguaje
despectivo y humillante en razón de su origen étnico, representa para la Sala
una metodología educativa nada pedagógica, pues es una forma de imponer
castigos, notoriamente contraria a la dignidad humana. Estos actos son
considerados como tratos crueles, inhumanos y denigrantes, que tiene como
consecuencia necesaria generar un daño en el desarrollo armónico e integral de
los niños y niñas del centro educativo. Sin duda, estos tratos no permiten
adelantar un proceso educativo armónico con la enseñanza del respeto de los
derechos fundamentales, y en cambio, conllevan a la tolerancia de actos de
violencia.
6.4.6.2.
Una de las sanciones que les imponían a los
adolescentes del internado era ponerlos hacer aseo y lavar los baños. La Sala
considera que en principio poner una sanción que implique la realización de una
actividad como el aseo no puede considerarse per se como contraria a la
dignidad humana ni ser considerada como humillante, en especial, si se pretende
enseñar algo valioso. En efecto, hace parte de la educación, por ejemplo, es
mostrarles a las personas menores de edad que todos los actos tienen
consecuencias. Si un niño ensucia un lugar, es razonable explicarle que por su
actuación alguien deberá limpiar, y por tanto, debe él hacerlo para resarcir el
hecho. Esto implica explicarle por qué la conducta es mala y cuáles son sus
consecuencias con un lenguaje entendible y, así garantizar que la medida sea
pedagógica. En un contexto escolar, los docentes tienen el deber constitucional
de explicar cuáles son las razones de las consecuencias de las acciones y de
imponer sanciones formativas pedagógicas.[146]
Ahora bien, ordenar a un joven
limpiar los baños podría convertirse en un castigo humillante, por ejemplo,
cuando existe un lenguaje discriminatorio para imponer el castigo o cuando el
profesor no tiene en cuenta las capacidades del menor para realizar el oficio
respectivo y esto le implica un esfuerzo físico que afecta su integridad. Igualmente,
si el docente no explica al alumno las razones por las cuales lo “obliga” a
realizar un oficio, pues el niño o niña no tienen por qué comprender la
relación entre la mala conducta y la realización del oficio. Esto también
afecta su desarrollo educativo, pues no entenderá la razón de sus actuaciones.
Con base en ello, la Sala observa
que en el caso de los niños del Centro Educativo Eustasio, los docentes impusieron estos castigos en un contexto de
discriminación que afectó el objeto pedagógico de la sanción. Los testimonios
de los estudiantes muestran que el trato hacía ellos era discriminatorio al
usarse un lenguaje despectivo en relación con su origen étnico. Al decirles que
eran “índios” y sancionarlos con oficios, el castigo no es comprendido como una
consecuencia de sus actuaciones, sino como un trato humillante por el hecho de
ser indígenas.
6.4.6.3.
La Sala nota que los testimonios de los niños,
niñas y adolescentes en relación con las presuntas conductas de sus docentes, son
narrativas coherentes y claras que, además, se relatan en un lenguaje acorde
con su edad, sin contradicciones relevantes y son respaldadas por los
compañeros como observadores. Estos testimonios se ven fortalecidos por la
investigación penal que se adelanta por la Fiscalía contra el sacerdote por el
delito de lesiones personales en etapa de indagación,[147] el proceso
disciplinario que adelantó Pastoral Social contra el sacerdote y profesor[148]
y el proceso de restablecimiento de derechos iniciado contra la profesora por
la Comisaría de Familia municipal.[149]
En las entrevistas realizadas por la Comisaría, en virtud de las pruebas
requeridas por la Corte, los niños aceptan que el ambiente ha mejorado con el
nuevo tutor y recuerdan algunos de los tratos que tenía el sacerdote con ellos:
“En
el internado la cosas han mejorado desde que llegó este coordinador, porque
cuando estaba Amaury nos discriminaba con palabra, nos apartaba de los niños
blancos, por ejemplo los correctivos eran más fuertes para nosotros. Con ellos
era diferente, a ellos los sacaba a la sala a ver televisión y a nosotros nos
dejaba en el dormitorio”[150]
“(…) con la
profesora Julia ella ha cambiado creo que es por todo este papeleo, ella antes
vivía ahí en el  internado con los hijos de ella (…) decía que como los indios
somos más fuertes nos ponía a  paliar en el sol y eso, pero ahora no me dice
india (…) lo otro es que el padre dice que por culpa de los Chipiaje lo sacaron
del internado que nosotros éramos la desgracia de la vida de él, eso lo dice en
público y la gente nos mira, él dice que nosotros los indios somos muy malos
que él como blanco no le gusta trabajar con indígenas, por eso el padre a la
mayoría de nosotros nos pegaba y nos maltrataba (..) Mis primos me dicen que
con este tutor todo ha cambiado y que no los trata mal”[151]
“(…) el año
pasado me suspendió el padre Amaury me tocó ir y venir en cicla que queda a una
hora de camino, el problema con el padre es que nos maltrataba siempre y
especial a los que éramos indígenas por ejemplo si hacíamos mal el aseo nos
dejaba sin desayuno. Ese día que me suspendió me parece injusto y pues las
llaves las manejada el hijo de la profe Julia y pues nos dejó encerrados, por
eso me dijo que no había más internado, desde un inicio de año me quería sacar,
él siempre nos discriminaba por ser indígenas a veces nos ponía a echar pala al
rayo del sol”[152]
“Cuando estaba le
padre Amaury un día  me intentó meterme una hoja de cuaderno así empañada la
boca porque perdí una evaluación, yo ese día quería llorar, pero nadie podía
decir nada porque ese señor era muy bravo, todos nos quedaban callados.  A
veces nos decía a nosotros lo indígenas que teníamos que lavar los baños sin
bolsa ni nada, que para que nos pusiéramos pilas (…)”.[153]
6.4.6.4.   La Sala estima de las pruebas allegadas al expediente que el maltrato
advertido en los testimonios de los niños es de doble vía. Por una parte, un
maltrato físico al imponerse sanciones que se acercan a tratos inhumanos y
degradantes, y por otra, un maltrato psicológico que se materializó en el uso
del lenguaje discriminatorio contra los niños indígenas en razón de su etnia y
origen social. En relación con el primero, como lo estableció esta providencia
en sus consideraciones, el juez constitucional debe, en principio, respetar la
autonomía de los docentes para fijar sanciones o correcciones pedagógicas. Pero
cuando advierta un ejercicio arbitrario de la misma o la violación flagrante de
garantías constitucionales, debe ordenar las medidas necesarias para resarcir
el daño o la amenaza generada.[154]
La autoridad que ejercen los profesores frente a sus alumnos debe estar
encaminada a buscar el bien para ellos y nunca en este camino puede utilizarse
medios violentos. Para la Corte, “la eficacia de la sanción no estriba en la
mayor intensidad del dolor que pueda causar sino en la inteligencia y en la
firmeza con que se aplique, así como en la certidumbre que ofrezca sobre la
real transmisión del mensaje implícito en la reprensión. En tal sentido, no se
trata de ocasionar sufrimiento o de sacrificar al sujeto pasivo de la sanción sino
de reconvenirlo civilizadamente en aras de la adecuación de sus posteriores
respuestas a los estímulos educativos”.[155] Así, el uso de
la fuerza “bruta” para sancionar a un niño o niña constituye una clara
violación de sus derechos fundamentales y un ataque en ocasiones irremediable a
su estabilidad emocional y afectiva.
6.4.7. Las
conductas que sufrieron los niños, niñas y adolescentes del internado
representaron actos que desconocieron los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la dignidad humana, a la integridad física y moral y a la
educación. Además, estas formas de represión generaron sentimientos de miedo
que fueron plasmados por los relatos de los niños, quienes se sintieron
humillados y avergonzados con los castigos impuestos.
6.4.8. Para la
Sala las conductas y formas de represión impuestas a los alumnos en el Centro
Educativo Eustasio, constituyeron actos degradantes
para su integridad física y moral. En el caso del Centro Educativo Eustasio, lo niños y niñas ponen de presente que, tanto el sacerdote como la
profesora, utilizaban lenguaje despectivo contra ellos en razón a su naturaleza
indígena. La Sala considera que este trato representa una humillación contra su
integridad étnica y cultural, perpetúa actos de discriminación contra una
población especialmente protegida por la Constitución y replica actos de
violencia contra la población indígena entre el alumnado. Los compañeros no
indígenas se sentirán “legitimados” de actuar igual frente a sus compañeros
indígenas, utilizando los mismos términos discriminatorios utilizados por sus
profesores.[156]
6.4.9.      La Sala advierte que en el caso se generó un escenario de
discriminación. Los niños, niñas y adolescentes del Centro Educativo Eustasio del municipio de Puerto López viven en una zona rural y de bajos recursos
que los ubica en una situación más vulnerable en comparación a un menor de edad
que asiste al colegio en un centro urbano y que cuenta con mayores recursos
económicos. Los niños y niñas que asisten al Centro Educativo Eustasio, además, dependen casi en su mayor parte del tiempo de sus
profesores y de las relaciones con sus compañeros de clase dada la calidad de
internado que tiene. Este contexto hace que los escenarios de discriminación
tengan un mayor impacto en el desarrollo armónico e integral de los niños y de
las niñas, ya que su bienestar social y académico depende diariamente del
entorno escolar donde se encuentran. No pueden al final del día, regresar a su
casa. El internado, en donde se les discrimina, era su casa temporal.
En ese orden de ideas, para el caso
concreto, la Sala observa que el lenguaje discriminatorio utilizado por los
profesores, representó un grave impacto para los niños y niñas indígenas. En
efecto, (i) existe una relación de poder entre los profesores y los estudiantes
que sitúa al niño, niña o adolescente en una situación clara de indefensión y
vulnerabilidad, más aún, cuando se encuentra en custodia permanente de sus
docentes por ser un internado. Es necesario resaltar que las personas menores
de edad del internado se encuentran en esta situación sujeta a múltiples
factores de discriminación asociados a su condición de niños y niñas indígenas
que habitan en una zona rural y lejos de sus familias.
(ii) El lenguaje discriminatorio
fue utilizado por quienes representan un ejemplo para los alumnos, situación
que hace más grave el acto. El sacerdote y la profesora, eran docentes
encargados de impartir conocimiento y valores a los niños y las niñas. Contrario
a ello, realizaban afirmaciones despectivas en relación con el origen étnico,
generando un ambiente de desprecio e inferioridad contra los niños y niñas
indígenas. De esa forma, es claro que una metodología pedagógica no puede ser
nunca discriminar en razón de la raza y la etnia, pues esto va en contra de los
valores democráticos y del mismo ejercicio de la pedagogía.
(iii) A pesar de que no hay
claridad sobre cuáles fueron los lugares y momentos exactos en los que se
hicieron los tratos discriminatorios, el hecho de que se hayan realizado en un
ambiente escolar, representa una gravedad relevante, por ser un lugar en el que
se imparte enseñanza y se pretende construir un desarrollo armónico e integral
de los niños y las niñas. De los relatos contados por los niños y las niñas, se
puede establecer, preliminarmente, que los maltratos tuvieron lugar en las
aulas de clase, en los dormitorios y en el patio del colegio. Cada uno de estos
lugares es susceptible de representar un escenario de discriminación, ya que
los niños y niñas están permanentemente expuestos a las miradas y opiniones de
sus compañeros, quienes, al ser parte del público, los observan, los juzgan y
reafirman el ejemplo de sus profesores.
(iv) En relación con la duración
de la “puesta en escena”, la Sala evidencia que el lenguaje discriminatorio de
los docentes hacía sus alumnos y alumnas indígenas se realizó en varias
ocasiones que generaron un ambiente permanente de segregación. No se trató de
un único acto que no volvió a ocurrir, sino de varios momentos y ocasiones, de
actos reiterados que sumados construyeron un entorno que legitimaba el trato
discriminatorio contra los niños y niñas indígenas. Los profesores, al ser los
guías de conocimiento de las personas menores de edad, deben ser supremamente
cuidadosos con el uso y manejo del lenguaje, porque su ejemplo es esencial para
formar personas tolerantes y respetuosas de los derechos fundamentales de los
demás. Esta situación vivida se agravaba, como se dijo, por ser un internado;
por tener que permanecer allí.
Finalmente, en relación con (v) las
alternativas que disponían los niños, niñas y adolescentes del plantel
educativo para afrontar la situación y (vi) si se tomaron medidas efectivas en
relación con el perjuicio, la Sala observa que tenían a su disposición la
activación de un Comité de Convivencia Escolar establecido dentro del Manual de
Convivencia. Sin embargo no existe evidencia sobre si este mecanismo se activó
antes o después del conocimiento de los hechos. Fue solo a través de la acción
de tutela que se tomaron decisiones como el retiro de los profesores, pero este
organismo escolar –Comité de Convivencia- no realizó ninguna gestión notable.
De esa forma, la Sala reitera que
“promover, justificar o preservar el uso de expresiones racistas en el
ámbito de la educación, así como invisibilizar su contenido discriminatorio,
desconoce los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la vez que
supone un trato cruel y degradante. Por tanto (…) una persona, en calidad
de profesor viola los derechos a la educación y a la igualdad (en especial, el
derecho a no ser discriminado), cuando emplea durante una sesión de clase una
expresión claramente racista (…)”.[157]
Como señala la Recomendación General No. 29 (2002); ‘Relativa
a la discriminación basada en la ascendencia’, del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, la educación debe realizarse al
margen de conceptos que mantengan estereotipos e incentiven tratos
discriminatorios en razón de la ascendencia.[158]
6.4.10. Con base
en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que las conductas de los
profesores del Centro Educativo Eustasio, violaron los
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes indígenas que asisten
a sus clases. A pesar de que el rector de la institución niega haber tenido
conocimiento de los hechos al momento en el que se presentaron, una vez se
interpuso la acción de tutela no existe pruebas que demuestren que se tomaron
medidas restaurativas o de no repetición frente a los actos de los docentes que
tenía bajo su control. De ese modo, actualmente es importante que, tanto las
autoridades estatales como el colegio, tomen medidas para establecer la verdad
de los hechos y se aseguren que hechos como los que se alegan en este caso no
vuelvan a suceder.
6.4.10.1.   En cuanto a los tratos humillantes que denuncian los niños por parte
de sus profesores, el Estado debe vigilar con cuidado estas denuncias, para
efectos de tomar medidas de protección y cesen las conductas que violan los
derechos a la dignidad humana e integridad física. Sin perjuicio de que estos
tratos aún se encuentren en investigación por las autoridades penales
competentes, en este tipo de escenarios debe primar la prevención, dado la
situación de indefensión en la que se encuentran los niños y niñas. Así, las autoridades públicas tienen la obligación de velar, dentro de sus
respectivas órbitas de competencia, para que los niños no sean objeto de la
brutalidad o arbitrariedad de sus profesores y deben evitar a toda costa que
sean aquellos quienes sufran. Si bien no existen
pruebas de las conductas de maltrato físico y psicológico, sí existen elementos
de juicio y evidencias –antes mencionadas-, que permiten determinar que los
niños y jóvenes se encontraban en una situación emocionalmente débil.
6.4.10.2.   La Sala observa que algunos de los niños mencionaron que la falta de
comida se debía a que la profesora se lo llevaba para su casa.[159] Este hecho
deberá ser investigado por las autoridades competentes, en razón a que no hay
pruebas suficientes para determinarlo.[160]
No obstante, es necesario resaltar que el convenio de alimentación se encuentra
vigente y los alimentos para cada una de las comidas del internado se está
cumpliendo a cabalidad como lo señalan los mismos niños en los testimonios
recogidos por la Comisaría de Familia Municipal y los documentos allegados por
la Secretaría de Educación Departamental.[161]
A su vez, la Sala estima que la solicitud de los padres de los niños, niñas y adolescentes indígenas respecto a
la prestación de “transporte diario y cada semana para trasladar a los
estudiantes desde el Asentamiento hasta el Colegio y viceversa” se limitó a
requerir dicho servicio sin que se presentaran hechos y elementos materiales
probatorios en los que se basa su pretensión por lo que su estudio no se puede
llevar a cabo por falta de caracterización.[162]
6.5.
Órdenes a impartir
6.5.1. Teniendo presente
el análisis del caso concreto la Sala tomará las siguientes decisiones. En
primer lugar, se declarará parcialmente la carencia actual de objeto por hecho
superado, en lo referente a la petición principal de los accionantes de retirar
del plantel a los docentes involucrados en los hechos. Sin embargo, dado que
permanece una situación que no fue atendida por las autoridades escolares y
estatales, en relación con las medidas de reparación y garantías de no
repetición, la Sala emitirá órdenes adicionales para asegurar el goce efectivo
de los derechos afectados.
6.5.2. En tal
razón, en segundo lugar, la Sala tutelará los derechos de todos los estudiantes
indígenas del plantel y no solo aquellos que actuaron como representados en
esta acción de tutela, toda vez que los tratos discriminatorios y los castigos
afectaron a toda la comunidad estudiantil en general.  Unos fueron los
ofendidos, pero a todos les fue impartida una forma de educación violenta y
denigrante, contraria a los valores y principios democráticos. Así, a pesar de
que los profesores involucrados de los hechos acusados ya no se encuentran en
el plantel, la Sala ordenará medidas en pro de establecer la verdad de lo que
sucedió, garantías de no repetición y formas de reparación.
6.5.2.1.
La Sala ordenará al Centro Educativo Eustasio tomar medidas que aseguren que las situaciones que dieron lugar a
la presente acción de tutela no se repitan. Para ello, como en otros casos,[163]
se ordenará realizar un acto simbólico con toda la comunidad académica en el
que se analice pedagógicamente qué pasó en los hechos del caso. Se deberá
aclarar, además, el tipo de sanciones que bajo el orden constitucional vigente,
se pueden imponer. Esto es relevante para que los niños, niñas y adolescentes
comprendan que la enseñanza debe ejercerse a la luz de los derechos humanos y
la democracia. Se debe concientizar – a través de jornadas o talleres-, sobre
las formas de amonestación que se pueden imponer a los niños a la luz del ordenamiento
constitucional, con miras a evitar que se repitan los hechos.
6.5.2.2.
Igualmente, en virtud de que el 43% de los
niños y niñas que van a este colegio provienen de grupos étnicos minoritarios,[164]
se ordenará a la Secretaría Departamental de Educación del Meta, que en
conjunto con las autoridades nacionales competentes, asegure la prestación del
servicio a la etnoeducación con observancia de la autonomía y la cultura de la
población indígena que asiste al centro educativo. Para el efecto se ordenará
realizar un espacio de concertación entre los padres de familia indígenas, los
niños, niñas y adolescentes y las autoridades mencionadas con el fin de
determinar la necesidad de asignar plazas para un docente de origen étnico
acorde con sus usos y costumbres, de acuerdo con las reglas y competencias
existentes. Adicionalmente, se ordenará a la Secretaría de Educación
Departamental, realizar un seguimiento constante a la educación impartida a los
niños y niñas en el Centro Educativo, dado que es la autoridad competente de
vigilancia y control.  Finalmente, a la Comisaría de Familia y al ICBF, que
conforme a las entrevistas y testimonios recogidos, tomen las medidas adecuadas
y necesarias para hacer un seguimiento continuo a la institución educativa y para
asegurar que se preste la atención psicológica que requieran los niños, niñas y
adolescentes que fueron afectados. Así mismo, para que se continúen con las
campañas de “buen trato” implementadas.
6.5.2.3.
En razón a que los hechos presentan violaciones
a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en una institución
de educación del Estado en el que se presentaron actos discriminatorios
reiterativos y quejas sobre castigos impuestos a los alumnos sin las debidas garantías
del debido proceso, la Sala considera relevante que autoridades de control
estén enteradas de lo ocurrido y así puedan tomar medidas preventivas en futuros
casos. En consecuencia, para su información y competencia, se remitirá copia
íntegra de esta sentencia a las autoridades de control como la Defensoría del
Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía Séptima Delegada
ante los Jueces Penales Municipales de Puerto Gaitán-Meta, entidad que
actualmente adelanta las investigaciones pertinentes.[165]
III.
DECISIÓN
Los derechos a la educación y a un
desarrollo armónico e integral de las niñas, niños y adolescentes, exigen,
entre otros aspectos: (i) personas docentes idóneas que respeten y promuevan
los derechos y valores constitucionales; y (ii) el uso de metodologías
pedagógicas acordes con la dignidad humana y que promuevan valores democráticos.
(iii) El uso de lenguaje discriminatorio por parte de los docentes que genera
escenarios de discriminación, es contrario a una enseñanza libre de prejuicios
y vulnera tanto a las personas discriminadas como a las personas menores de
edad que en calidad de espectadores, condiscípulos, la vivencian. Por último,
(iv) imponer castigos a los niños y niñas que implican violencia física o
humillaciones o amenazas son un medio prohibido por el orden constitucional
vigente.
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE
la sentencia proferida por el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta), el
8 de noviembre de 2016, en cuanto a la existencia de un hecho superado por el
retiro de los docentes del Centro Educativo Eustasio en la sede respectiva, por las
consideraciones de esta providencia.
Segundo.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López
(Meta), el 8 de noviembre de 2016, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
a la educación, a la igualdad y no discriminación, a la integridad, al libre
desarrollo de la personalidad y al debido proceso escolar de los niños, niñas y
adolescentes indígenas que asisten al Centro Educativo Internado Eustasio
en la sede ubicada en la vereda El Porvenir en el municipio de
Puerto Gaitán (Meta).
Tercero.- ORDENAR al Centro Educativo Internado Eustasio ubicado
en la vereda El Porvenir en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, que en el
término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, tome
las medidas adecuadas y necesarias para realizar un acto simbólico y con
presencia de toda la comunidad estudiantil en el que se informe a los
estudiantes que la conducta desplegada por ex miembros de la planta educativa está
siendo investigada por las autoridades competentes, los docentes se comprometan
a imponer sanciones a los alumnos acorde con el debido proceso y la dignidad
humana y se reconozca el derecho a la igualdad y no discriminación de la
población indígena. Igualmente, dentro de su autonomía, deberá realizar una
jornada escolar en la que se realice una campaña de concientización a los
miembros de la comunidad educativa compuesta por docentes, estudiantes, padres
de familia o sus acudientes sobre el buen trato de los estudiantes y se
instruya sobre los procesos que deben observarse al momento de imponer un
castigo acorde con el Manual de Convivencia. Para ello, debe tenerse en cuenta
como parámetro de enseñanza la jurisprudencia constitucional recogida en las consideraciones
de la presente sentencia.  La
institución escolar deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para
evitar que entre sus estudiantes, sus docentes y su personal administrativo de
cualquier nivel jerárquico, vuelvan a suscitarse escenarios de discriminación,
en general, y a causa del origen étnico en particular.
Cuarto.- ORDENAR a
la Secretaría de Educación Departamental que en conjunto con las autoridades
nacionales y locales competentes, dentro de los tres (3) meses a partir de la
notificación de la presente providencia, adelante medidas para asegurar la
prestación del servicio a la etnoeducación conforme lo requiera o no la
comunidad académica del Centro Educativo Internado Eustasio ubicado en la vereda El Porvenir del municipio de Puerto Gaitán,
Meta, conforme a la Ley
115 de 1994. Para el efecto, deberán adelantar espacios
de concertación con la población indígena y conceder participación a los
intereses de los niños y niñas que asisten al plantel.
Quinto.- ORDENAR a
la Secretaría de Educación departamental del Meta, que como entidad encargada
de velar por la prestación digna y efectiva del servicio a la educación,
realice un seguimiento permanente y continuo a la educación que se imparte y
las formas de imponer sanciones a los niños y niñas de los colegios de su
jurisdicción.
Sexto.- ADVERTIR al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal de Puerto López, y a
la Comisaría de Familia del municipio de Puerto López, mantener un seguimiento
continuo a la institución educativa y prestar la atención psicológica que
requieran los niños, niñas y adolescentes presuntamente afectados. Así mismo se
continúen con las campañas de “buen trato” implementadas.
Séptimo.- REMITIR, copia íntegra de la presente sentencia a la Defensoría Delegada para
la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia de la Procuraduría General de la Nación y a la
Fiscalía Séptima Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Puerto
Gaitán-Meta, para su información y competencia.
Octavo.- LIBRAR
las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así
como DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de
tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSE ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (e)
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1]
Con el objeto de proteger el derecho fundamental a la intimidad de los niños,
niñas y adolescentes, la Sala ha decidido reemplazar sus nombres por unos
ficticios, así como mantener en confidencialidad sus identificaciones.
[2]
Sala de Selección Número Uno de 2017, integrada por los magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio.
[3]
El escrito de tutela se complementa con un video en el que los niños prestan
testimonio sobre los hechos ocurridos en el plantel educativo.
[4]
Cuaderno principal del expediente, folio 3.
[5]
Cuaderno principal del expediente, folio 3.
[6]
Cuaderno principal del expediente, folio 3.
[7]
Cuaderno principal del expediente, folio 3.
[8]
Cuaderno principal del expediente, folio 3.
[9]
Cuaderno principal del expediente, folio 4.
[10]
Cuaderno principal del expediente, folio 4.
[11]
Cuaderno principal del expediente, folio 3.
[12] El Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Puerto López (Meta), mediante
auto del 24 de agosto de 2016, admitió la tutela y corrió traslado
al Ministerio de
Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Meta, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Pastoral Social de Villavicencio para que en el término de un
(1) día, contado a partir del recibo de la comunicación, ejercieran su derecho
a la defensa. Ordenó vincular al sacerdote Amaurys Antonio Aviléz Otero, al
seminarista Edinson Salas y a la docente Julia Cárdenas Vega para que en el término de un (1) día, rindieran informe detallado
sobre los hechos alegados y ejercieran su derecho a la defensa. A su vez,
ordenó la recepción de los testimonios de dos de los padres de los niños y de
la menor Turé. Finalmente, solicitó a la Secretaría de Educación del Meta que
informara la naturaleza jurídica del internado, Centro Educativo Eustasio y expusiera si el
mercado o los víveres que recibe la institución para las comidas de los
educandos son adquiridos con recursos públicos o privados. Con posterioridad,
el 30 de agosto de 2016 el juzgado profirió auto para integrar debidamente el contradictorio
y vinculó a la Alcaldía Municipal de Puerto López (Meta) y a la Secretaría de
Educación Municipal. El 7 de septiembre de 2016, ordenó vincular al Secretario
de Educación del Meta para que explicara de manera detallada el proceso de
contratación del servicio de alimentación para el internado. Finalmente, el 21
de octubre de 2016, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio declaró la nulidad de lo actuado y ordenó
que se vinculara al trámite de la acción al rector del Centro Educativo Eustasio, a la Fundación
Vive Colombia, al funcionario Juan Carlos Cruz de la Secretaria de Educación
Departamental del Meta, y la Personera Municipal de Puerto Gaitán (Meta), sin
que se afectaran las pruebas allegadas. En vista de lo anterior, mediante auto
del 25 de octubre de 2016, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta)
acató la orden del Tribunal y procedió a vincular a las partes.
[13]
La docente Julia Cárdenas Vega contestó la acción de tutela mediante documento
presentado ante el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Puerto López (Meta) el 25 de agosto de 2016.
Folio 30 del cuaderno principal del expediente.
[14]
La segunda respuesta fue remitida por la docente Julia Cárdenas Vega el 26 de
agosto de 2016. Folios 76-77 del cuaderno principal del expediente.
[15]
Carlos Alberto Ricardo Perdomo.
[16]
Como anexo a la contestación de la tutela el Secretariado Arquidiocesano de
Pastoral Social Cáritas Villavicencio adjuntó la copia de la renuncia
voluntaria de Amaurys Antonio Aviléz Otero al cargo de tutor
de estudiantes internos. Folio 45 del cuaderno principal del expediente.
[17]
Según consta en el documento expedido el 26 de agosto de 2016 por el Secretariado
Arquidiocesano de Pastoral Social Caritas Villavicencio, el señor Luis Fernando Valencia Roa fue nombrado a partir de esa fecha como
tutor de estudiantes internos del Centro Educativo Eustasio. Folio 44 del
cuaderno principal del expediente.
[18]
Expediente de primera instancia, folios 250 al 255.
[19]
Expediente de primera instancia, folios 250 y 251.
[20]
Expediente de primera instancia, folios 252.
[21]
Junto con la contestación de la acción de amparo, Amaurys
Antonio Aviléz Otero adjuntó documentos firmados por el presidente de la
Junta de Acción Comunal de la Inspección “El Porvenir” (Meta), y los siguientes
miembros de la comunidad: Nayive Rivas, Miriam Troncoso, Edilberto Estévez,
José Milton Riveros, Manuel Isaac Cujar Ávila. Asimismo, escritos de Lina Sofía
Riveros, Jorge Ernesto Montenegro, Diego Armando Alejo Cerquera, Gentil Gustavo
Castro Cárdenas, Ginneth Alexandra Salcedo Jiménez, Adriana Julieth Guzmán,
Jenny Karina Camargo y Liliana Marcela Guzmán, estudiantes del Centro Educativo Eustasio. En los documentos
los firmantes declaran que conocen al sacerdote, que ha sido una persona que
trabaja para la comunidad y que no son ciertas las acusaciones de los
estudiantes del internado que son indígenas. Folios 54-74 del cuaderno
principal del expediente.
[22]
Juan Diego Muñoz Cabrera.
[23]
Junto con el escrito presentado el 26 de octubre de 2016, el Secretario de Educación Departamental adjuntó las planillas de
alimentación de los estudiantes en las que consta que el servicio se está
prestando regularmente.
[24]
José Alexander Fierro Guayara.
[25]
El Presidente de la Junta de Acción Comunal de “El Porvenir” del municipio de Puerto Gaitán (Meta) anexó junto con
su documento las firmas de 60 habitantes del corregimiento en rechazo a la
tutela interpuesta en contra del el sacerdote Amaurys Antonio Aviléz Otero, el
seminarista Edinson Salas y la profesora Julia Cárdenas Vega. Folios 209-201
del cuaderno principal el expediente.
[26]
Germán Almanza Hernández.
[27]
Junto con la respuesta de la Fundación Vive Colombia, el representante
legal anexó copia del Contrato de suministro 502 de 2016 y el acta de prórroga
y modificación Nro1. celebrado con el departamento del Meta. Folios 267-276 del cuaderno principal del expediente.
[28]
Junto con la contestación de la tutela, la Comisaria de Familia de Puerto Gaitán (Meta) anexó copia del informe
elaborado luego de la diligencia de verificación adelantada con los estudiantes indígenas del Centro Educativo Eustasio en la sede respectiva. Folios 287-298 del cuaderno principal del
expediente.
[29]
Mediante sentencia del 7 de septiembre de 2016, a pesar de
considerar que se configuraba un hecho superado por haber sido retirado al
sacerdote acusado de realizar los malos tratos, resolvió amparar los derechos
fundamentales a la educación, la dignidad humana y la integridad física de los
menores de edad del centro escolar demandado. Impartió varias órdenes, a la
Secretaría de Educación Municipal de Puerto Gaitán, adoptar las medidas
necesarias para el restablecimiento del derecho a la educación de los niños. A
la Gobernación del Meta, verificar si se estaba haciendo la entrega de los
alimentos. Al ICBF, realizar un acompañamiento constante a los niños del Centro
Educativo Eustasio en la sede que ocurrieron los hechos,
y a la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones penales
correspondientes. La Secretaría de Educación Departamental y la Alcaldía de
Puerto Gaitán presentaron impugnación contra la decisión del juez de primera
instancia. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de
Villavicencio declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de
la acción de tutela, porque consideró que no se había vinculado a personas y
entidades interesadas en el asunto, tales como el rector del colegio y la
Personería Municipal de Puerto Gaitán. Cuaderno No. 3 en sede de instancia, folio 4.
[30]
El despacho decidió: “PRIMERO. Por intermedio de la Secretaría General de la
Corte Constitucional, ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF-, que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la
comunicación del presente auto, aclare y allegue lo pertinente sobre la
supervisión que ha realizado a la situación de los niños y niñas del Centro Educativo Eustasio [en la sede
respectiva], institución que se encuentra en el caserío “El Porvenir” del
municipio de Puerto Gaitán (Meta). // SEGUNDO. Por intermedio de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Personería
municipal del municipio de Puerto Gaitán, Meta, que dentro de los cinco
(5)  días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, aclare a este Despacho si tuvo conocimiento de los hechos relatados
en la acción de tutela, qué medidas tomó en el marco de sus competencias y si
ha realizado un seguimiento al Centro Educativo. // TERCERO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Secretaría de Educación del municipio de Puerto Gaitán, y a la
Secretaría de Educación de la Gobernación del Meta, que dentro de los
cinco (5)  días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, informe a este Despacho si tuvo conocimiento de los hechos
relatados en la acción te tutela, qué medidas tomó en el marco de sus
competencias y si se ha garantizado el modelo de etnoeducación a las comunidades
indígenas involucradas con docentes propios de sus culturas e informar cómo se
viene ejecutando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Centro
Educativo Eustasio [en la sede respectiva], institución
que se encuentra en el caserío “El Porvenir” del municipio de Puerto Gaitán. Del mismo modo, informar si se ha
contemplado algún plan de acción para mejorar las condiciones de
infraestructura del plantel educativo. // CUARTO. Por intermedio de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la
Comisaría de Familia del municipio de Puerto Gaitán, que dentro de los
cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, se solicitará que informe sobre las medidas que implementó respecto
al relato de los niños y niñas del Centro Educativo Eustasio [en la sede respectiva], así como, si ha tenido conocimiento de más
denuncias sobre hechos similares. Allegar la documentación pertinente. //
QUINTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, ORDENAR a Pastoral
Social, Cáritas Arquidiócesis Villavicencio, que dentro de los cinco (5)
días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, informe a este despacho si se iniciaron procesos disciplinarios
sobre los hechos relatados en la acción de tutela, aclare las medidas
implementadas y allegue la documentación pertinente. //
SEXTO. Por intermedio de la Secretaría General
de la Corte Constitucional, ORDENAR al Centro Educativo
Internado Eustasio [en la sede respectiva], que
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación del
presente auto, allegue a este despacho la información sobre la
cantidad de niñas, niños y adolescentes a su cargo, así como, toda la
información que estime pertinente en relación con las medidas que se
implementaron respecto de los presuntos maltratos y castigos alegados por los
accionantes y emita un concepto sobre los hechos que dieron lugar a la acción
de tutela; aclare cuáles son los criterios o requisitos para acceder al
internado o perder su acceso y allegue el manual de convivencia respectivo. Adicionalmente, dado que en el expediente se evidencia que
presuntamente existen deterioros en la infraestructura del plantel, se
solicitará información sobre (i) las condiciones de las habitaciones donde
duermen los niños, y particularmente, el acceso a éstas, y (ii) el estado de
los servicios sanitarios.// SÉPTIMO. Por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio
del Interior, que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de
la comunicación del presente auto, informe sobre las
comunidades indígenas que se encuentran asentadas en el departamento del Meta,
específicamente, en el municipio de Puerto Gaitán. // OCTAVO. Por intermedio
de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ORDENAR a
la Fiscalía General de la Nación, seccional Villavicencio, que dentro de
los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto,
informe qué diligencias se adelantaron en virtud de la compulsa de copias
ordenada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto
López, Meta, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2016, en relación con los
hechos que se exponen en el escrito de tutela. Informar el estado
actual de la investigación, las personas que han sido indiciadas/vinculadas y
los resultados relevantes de las actuaciones en el marco de sus competencias.” // A través de oficio remitido por la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 7 de abril del mismo año, se
informó al despacho que se recibieron respuestas de la Jefe de la Oficina
Jurídica del ICBF, la Personería Municipal de Puerto Gaitán, la Secretaría de
Educación Departamental del Meta, la Comisaria de Familia de Puerto Gaitán, el Representante
Legal del Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social Caritas,
Villavicencio, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del
Ministerio del Interior, el Subdirector de Fiscalía y Seguridad Ciudadana de la
Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta.
[31]
Cuaderno de Revisión del Expediente, folio 161
[32]
Informes de las acciones realizadas en el internado del Centro Educativo Eustasio
por el equipo interdisciplinario, visible a folios 164 al 188.
[33]
La Personera del municipio de Puerto Gaitán, Meta, se anexó,
junto con la respuesta, una carta firmada por el presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda, en la que muestra su total respaldo a los
accionados en este proceso, junto con un documento contentivo de más de 50
firmas de habitantes de la vereda rechazando las acciones de tutela
interpuestas. Cuaderno de Revisión del Expediente, folios 46,47 y 48.
[34]
Juan Diego Ávila.
[35]
El Secretario de Educación del Departamento del Meta anexó,
junto con su respuesta, un certificado del gerente de cobertura del Municipio,
que demuestra que al 24 de marzo de 2017 hay 92 estudiantes, de los cuales, 30
se encuentran internos en el Centro Educativo Eustasio. Cuaderno de Revisión del Expediente, folios
61 y 62
[36]
Aleida Rodríguez.
[37]
Cuaderno de Revisión del Expediente, folios 65 al 67,
[38]
Alberto Ricardo Perdomo.
[39]
Cuaderno de Revisión del Expediente, folios de 111 a 120.
[40]
Gloria Teresa Cifuentes.
[41]
Cuaderno de Revisión del Expediente, folio de 122 a 128.
[42]
Fernando Aya Galeano.
[43]
Con número de radicado 505686105635201680543.
[44]
Cuaderno de Revisión del Expediente, folio 129.
[45]
Dr. Leonardo Restrepo Terranova.
[46]
Cuaderno de Revisión del Expediente, folio 131.
[47]
En relación con la facultad de los padres para interponer acciones de tutela a
favor de los derechos fundamentales de sus hijos, puede verse la sentencia de
unificación más reciente que recoge la línea jurisprudencial en relación con el
asunto. En esta providencia la Corte reitera que “En aras de
proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas o adolescentes, sus
familiares, en especial sus padres, pueden interponer acciones de tutela para
asegurar el respeto de los mismos frente a las acciones de las autoridades”.
Corte Constitucional, sentencia SU-696 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[48]
El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en su numeral 9º, contempla la
viabilidad de la acción de tutela cuando la solicitud sea para obtener el
amparo de derechos fundamentales “de quien se encuentre en situación de subordinación
o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción”.
[49]
Corte Constitucional, sentencia T-743 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Mauricio González Cuervo).
[50]
Corte Constitucional, sentencia T-743 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SPV Mauricio González Cuervo).
[51]
Una de las hipótesis que la jurisprudencia ha tratado como situación de
indefensión son las relaciones de poder, para esto ver, Corte Constitucional,
sentencia T-909 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y sentencia T-478 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[52]
“(…) mientras la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica
de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus
patronos, la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también
implica la dependencia de una persona respecto de otra, no tiene un origen
contractual o normativo, sino que se gesta en situaciones de naturaleza fáctica
que hacen que la persona afectada carezca de un medio eficaz de defensa.” T-478
de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[53]
Corte Constitucional, entre otras, ver sentencias T-263 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz; SV José Gregorio Hernández Galindo) y T-478 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[54]
Cabe precisar que la jurisprudencia constitucional ha
interpretado el artículo 44 de la Constitución Política en el sentido de
afirmar que el vocablo “niños” es un concepto amplio donde se incluyen los
adolescentes “y por tanto gozan de protección especial por parte de la familia,
la sociedad y el Estado y son titulares de los derechos fundamentales en él
consagrados, que prevalecen sobre los derechos de los demás. En este sentido ha
señalado que la distinción constitucional entre niños y adolescentes no tiene
como finalidad otorgar a estos últimos distinta protección, sino otorgarles
participación en los organismos públicos y privados que adopten decisiones que
les conciernen, teniendo en cuenta su mayor grado de desarrollo respecto de los
primeros.” Corte Constitucional, sentencia T-740 de 2008 (MP Jaime Araujo
Rentería).
[55]
Constitución Política de Colombia. Artículo 44: “Son derechos fundamentales de
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación
y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
[56]
Constitución Política de Colombia. Artículo 10: “El castellano es el idioma
oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también
oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades
con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”.
[57]
La Ley 115 de 1994, Artículo 55. Parágrafo:
“En funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilarán a los
municipios para efectos de la prestación del servicio público educativo, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de
conformidad con lo que disponga la ley de ordenamiento territorial.”
[58]
Las características del derecho a la educación según Observación General Nº 13
son: “a. Disponibilidad.  Debe haber instituciones y programas de enseñanza en
cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte.  Las condiciones para que
funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, en el contexto de
desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas
probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones
sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios
competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además
bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc. || b.
Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser
accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte.  La
accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: No
discriminación.  La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los
grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de
los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no
discriminación); Accesibilidad material.  La educación ha de ser asequible
materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por
ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el
acceso a programas de educación a distancia); Accesibilidad económica.  La
educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad
está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo
13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la
enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes
que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.
|| c) Aceptabilidad.  La forma y el fondo de la educación, comprendidos
los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por
ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los
estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los
objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las
normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los
párrafos 3 y 4 del artículo 13). || d) Adaptabilidad.  La educación ha de
tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades
y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en
contextos culturales y sociales variados.” Observación General No. 13. Comité
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[59] Con anterioridad al año 2007 existen
sentencias de la Corte Constitucional que revisaron acciones de tutela en
materia de etnoeducación. En la sentencia T-1214 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis) se estudió la tutela
interpuesta por el gobernador del Cabildo
Indígena de Santa Rita por el supuesto cierre de una escuela en la que recibían
clases niños indígenas. En esta oportunidad, la Sala Novena de Revisión negó el
amparo de los derechos pues se demostró que “la violación del derecho a la
educación invocado por el peticionario no se ha presentado y, al contrario, ese
derecho se encuentra garantizado”. De la misma manera, en la sentencia T-524 de
2006 (MP Jaime Araujo Rentería) se revisó la acción de amparo interpuesta por
el gobernador del Resguardo Indígena Niaza Nacequia, contra el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Valle del
Cauca. El actor señaló que las entidades demandadas omitieron la aplicación de los artículos 11 y 12
del Decreto 804 de 1995 en los que se impone la obligación de consultar a las
comunidades indígenas a la hora de determinar los docentes que presten sus
servicios en instituciones con estudiantes indígenas. En el caso analizado, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional determinó que la tutela era
“improcedente para cuestionar la constitucionalidad de actos de carácter general” y, de esta manera, confirmó el fallo adoptado en
segunda instancia.
[60]
Corte Constitucional, sentencia C-208 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[61]
Corte Constitucional, sentencia C-208 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil). En esta
oportunidad la Corte concluyó que existió una omisión legislativa relativa, por lo que declaró
exequible el Decreto-Ley 1278 de 2002 “siempre y
cuando se entienda que el mismo no es aplicable a las situaciones
administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de
los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales
ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, con la
aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de
profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las
disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley
General de Educación y demás normas complementarias”.
[62]
Corte Constitucional, sentencia T-379 de 2011 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto).
[63]
Corte Constitucional, sentencia T-557 de 2012 (MP Adriana María Guillén Arango
(e); SV Jorge Iván Palacio Palacio).
[64]
Corte Constitucional, sentencia T-557 de 2012 (MP Adriana María Guillén Arango
(e); SV Jorge Iván Palacio Palacio).
[65]
La decisión de declarar la improcedencia de la acción de tutela se basó en la
falta de pruebas de la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes que, supuestamente, afectaba el derecho a la educación indígena.
Sobre el particular, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional
indicó que “el incumplimiento de un deber o de
un compromiso per se no implica la procedencia
de la acción de tutela y mucho menos la afectación de un derecho fundamental.
Si bien el derecho a la etnoeducación o a la educación indígena propia es
fundamental el hecho que se esté desarrollando una política pública para su
satisfacción no implica su vulneración, más cuando de lo que se deriva de las
respuestas de los organismos demandados se han adoptado acciones para satisfacerlo
independientemente de su grado de eficiencia. Con lo anterior no se quiere
decir que cuando se adopten cualquier tipo de acción en la esfera política
necesariamente se llegue a la conclusión de que no existe una afectación a un
derecho fundamental, la afectación puede ocurrir en ese contexto también, pero
en este caso lo anterior no se probó”.
[66]
Corte Constitucional, sentencia T-049 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-049 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[68]
Corte Constitucional, sentencia T-524 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[69]
Corte Constitucional, sentencia T-524 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
Adicionalmente, en la parte resolutiva de la providencia se previno  “a la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca
y al Ministerio de Educación Nacional para que, al pactar acuerdos inter
administrativos que involucren los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas, aseguren que no exista discriminación alguna entre la atención recibida
por los estudiantes que reciben el servicio por medio de entidades operadas por
contratistas, frente a los que acceden a través de instituciones estatales que
reciben directamente recursos de gratuidad del Ministerio de Educación
Nacional”.
[70]
En el expediente los testimonios de los niños narran que el
padre y profesora del colegio les decían que por ser indígenas no se dejaban
respetar, eran prostitutas o debían trabajar más que los demás niños: “cuando
nos dejó solas en el internado, dijo sabe qué yo voy a dejar que todos chinos
entren porque ustedes son prostitutas y regaladas porque ustedes son indígenas
(…) nos trató de esa manera, y dijo ay! Ustedes son animales (…) nos vive
tratando que las indígenas no se dejan respetar (…)”// “El padre nos discrimina
por ser indígenas, nos manda para el internado y si no lo hacen lo castigan y
lo desnudan ahí y lo amarran ahí, ¿los ha amenazado con desnudarlos o lo ha
hecho con alguien? Nos ha amenazado, hasta el momento no lo ha hecho (…) y
también el padre lo maltrata a uno le da garrote a uno, tengo 16 años, con un
palo de escoba (…) ayer en la iglesia, al hacer una recocha el padre dijo que
yo me merecía una patada (…) y cinco jueteras pero con un hierro en la cabeza
(…)”. En el análisis del caso concreto se hará la referencia literal de los
testimonios. Video adjunto a la acción de tutela interpuesta. Cuaderno
principal del expediente, folio 9.
[71]
Sobre el contenido del derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución
Política y el test de razonabilidad aplicado por la Corte pueden verse, entre
otras, Corte Constitucional, sentencias T-567 de 1992 (MP José Gregorio
Hernández), C-093 de 2001 (MP Alejandro Martínez Caballero) y T-629 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez) y C-043 de 2017 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SV
Luis Guillermo Guerrero). Estas providencias se refieren a poblaciones
históricamente discriminadas como los pueblos indígenas, las mujeres que se
dedican al trabajo sexual y las personas en condiciones de discapacidad. En
estos casos, la Corte ha reiterado que el Estado debe tomar medidas positivas
que aseguren la igualdad de condiciones de estas poblaciones vulnerables: “la
protección debida en esos casos tiene una doble dimensión, en la medida que
comporta, por un lado, un mandato de abstención o interdicción de tratos
discriminatorios y, por otro, un mandato de intervención, a través del cual el
Estado está obligado a realizar acciones tendientes a superar las condiciones
de desigualdad material que enfrentan dichos grupos”. C-043 de 2017 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio; SV Luis Guillermo Guerrero).
[72]
Los artículos 1º y 2º de la Constitución establecen los deberes de garantía,
respeto y protección de los derechos en el Estado Social de Derecho. A la luz
del bloque de constitucionalidad, lo establece la Convención Americana sobre
Derecho Humanos en su artículo 1.1., entre otros tratados ratificados por
Colombia. En el caso de los niños el artículo 44 de la Carta, establece la
obligación de “proteger al niños para garantizar su desarrollo armónico e
integral”. Órganos internacionales han desarrollado el deber de protección en
los siguientes términos: “El deber de protección se expresa en diferentes
conductas. En cumplimiento de su deber protector el Estado no sólo tiene la
obligación de abstenerse de vulnerar o amenazar, a través de sus agentes, los
derechos reconocidos por las normas internas y por las normas internacionales.
También se halla obligado a tutelar y guardar la vida, la libertad, la honra,
la intimidad y las demás cosas justas de las cuales son titulares las personas
sujetas a su jurisdicción. Para ello, por medio de los hombres y mujeres que
ejercen su autoridad, dicta leyes, profiere actos administrativos y desempeña
un enorme conjunto de actividades cuya realización permite a quienes en su
territorio habitan poner en práctica, dentro de condiciones de igualdad,
seguridad y libertad, los derechos a ellos reconocidos por el ordenamiento
jurídico”. Ponencia del señor Michael Frühling, Director de la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
15 de mayo de 2005 ante el Congreso de la República de Colombia. http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=19&cat=24
[73]
Esta misma perspectiva la establece el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Humanos en relación con el artículo 2.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Observación General No. 18.
[74] Corte IDH. “Condición jurídica y derechos de los
migrantes indocumentados”. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de
2003. Párr. 100 y 101; Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No.
218, párr. 152. El Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos ha establecido sobre el principio de no discriminación: “el Comité
considera que  el  término  "discriminación",  tal  como  se  emplea
en  el  Pacto,  debe  entenderse  referido  a  toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que se  basen  en  determinados  motivos,  como  la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o
cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.”
Observación General No. 18.
[75]
Corte Constitucional sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[76] Al respecto, por ejemplo ver sentencias C-371 de 2000
(MP Carlos Gaviria Díaz; SPV Álvaro Tafur Galvis; SPV Alejandro Martínez
Caballero; AV Vladimiro Naranjo Mesa), SU-388 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández; SPV Jaime Araujo Rentería), SU-389 de 2005 (MP Jaime Araujo
Rentería; AV Jaime Araujo Rentería) y T-629 de 2010 (MP Juan Carlos Henao
Pérez).
[77]
Corte Constitucional, sentencia T-1042 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). En esta providencia se analizó la acción de tutela
interpuesta por una señora que se desempeñaba como empleada doméstica de un
Edificio y a quien el Gerente General del inmueble le prohibió usar uno de los
ascensores exclusivos para residentes y turistas, obligándola a subir varios
pisos a pie y sin consideración de su estado de salud (padecía cáncer). La Corte
afirmó que “para que exista un acto de discriminación se requiere además
del trato desigual el que dicho trato sea injustificado, esto es, carente de
razonabilidad y causante de un perjuicio, sea porque genere un daño, cree una
carga, excluya a alguien del acceso a un bien o servicio de uso común o
público, retenga o quite un beneficio.” Con base en eso encontró que no existía
justificación suficiente para el trato distinto que se le estaba imponiendo a
la accionante y decidió amparar los derechos fundamentales.
[78] Corte
Constitucional, sentencia T-1042 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[79]
Corte Constitucional, sentencia T-691 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa).
[80]
El estudiante narró en la acción de tutela lo siguiente: “El
profesor aparte de lo expuesto anteriormente añade: ‘lo cual sería un trato
negrero, lo tendrían trabajando como negro!’, mientras miraba con risa de
burla al único estudiante Negro que tiene en su clase (Heiler Ledezma), y
reitera ‘… eso es, un trato negrero, como un esclavo al que su amo debe
darle latigazos para que trabaje’, mientras tanto escenificaba (emulaba),
con su mano derecho los latigazos que recibiría un esclavo en tales condiciones
mientras decía: ‘¡Trabaje, trabaje, trabaje!’, sin quitar la expresión
de burla de mí, y no conforme resalta: ‘eso es un trato negrero’.”
[81]
Corte Constitucional, sentencia T-691 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa).
[82]
Corte Constitucional, Sentencia T-691 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa). Esta sentencia reitera el concepto establecido en las
sentencias T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-131 de 2006 (MP
Alfredo Beltrán Sierra).
[83]
Corte Constitucional, sentencia T-691 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa). La corte reitera la regla establecida en la sentencia
T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[84]
Dice la Corte: “La expresión estereotipo suele usarse
para hacer referencia a ‘una idea aceptada comúnmente por un grupo o
sociedad con carácter inmutable’, una forma de ser las cosas que se toma
por supuesta, como algo dado. Suele hablarse en este sentido, que estereotipar
es fijar un gesto, una frase, una fórmula artística o una forma de ver y
entender las cosas, por ejemplo, mediante su repetición frecuente. En
consecuencia, asignar estereotipos es algo típicamente humano. Es propio de
seres de la especie humana. El asunto adquiere relevancia constitucional,
cuando los estereotipos sirven para excluir y marginar a ciertas personas, para
invisibilizarlas. Como dicen dos académicas que se han ocupado de la discriminación
de la mujer, y en especial, de los ataques a la igualdad por medido de
estereotipos, al respecto, // “Asignar estereotipos hace parte de la naturaleza
humana. Es la forma en que categorizamos a las personas, con frecuencia
inconscientemente, en grupo o tipos particulares, en parte para simplificar el
mundo que nos rodea. Es el proceso de atribuirle a un individuo,
características o roles únicamente en razón de su aparente membrecía a un grupo
particular. La asignación de estereotipos produce generalizaciones o
preconcepciones concernientes a los atributos, características o roles de
quienes son miembros de un grupo social particular, lo que significa que se
hace innecesario considerar las habilidades, necesidades, deseos y
circunstancias individuales de cada miembro.” //  De forma similar a como
ocurre con el género, la idea de ‘raza’ es fuente de estereotipos perjudiciales
que marginan y excluyen. Ideas de cómo son las cosas, que imponen cargas
injustas y desproporcionadas a ciertas personas.”. Corte Constitucional,
sentencia T-691 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[85]
Corte Constitucional, sentencia T-691 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[86]
Corte Constitucional, sentencia T-691 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[87]
“Por escena, suele entenderse el sitio o la parte, usualmente
de un teatro, en el que se lleva a cabo un espectáculo teatral; el lugar de la
acción teatral que está a la vista de un público, de un conjunto de personas
que son espectadores. Con la expresión ‘puesta en escena’ se suele
resaltar el hecho de que lo que ocurre en el acto teatral, cinematográfico o
artístico, por ejemplo, es decisión del director. Es decir, de la persona
encargada de llevar a ‘escena’ un determinado acto (el director, el realizador
o la persona designada para ello), es quien tiene la voz cantante. Esto no
descarta, por supuesto, la posibilidad de que otras personas, incluso los
espectadores, participen espontáneamente en la puesta en escena y la alteren y
modifiquen. No obstante, todos esos actos subsiguientes, incluso ajenos al
director o realizador, no serían posibles si éste no hubiese decidido, en
primer lugar, haber hecho una puesta en escena.” Corte Constitucional,
sentencia T-691 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[88]
Corte Constitucional, sentencia T-691 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa). En esta providencia se estudió la acción de tutela de
un estudiante universitario que se sintió discriminado en razón de su raza por
afirmaciones realizadas por un profesor. El concepto de escenarios de
discriminación se reiteró más recientemente en la sentencia T-141 de 2017 (MP
María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esta ocasión
la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por un ciudadano que alegaba ser
víctima de agresiones verbales por parte de sus vecinos en el conjunto
residencial, en razón de su orientación sexual. El actor no solo había sido
atacado verbalmente sino físicamente con empujones y otros tratos, al entrar y
salir del conjunto residencial. La Corte analizó en el caso concreto cada uno
de los elementos de la existencia de un típico escenario de discriminación.
Concluyó que el accionante había sido sometido en innumerables ocasiones a
escenarios de discriminación en razón de su orientación sexual y no se habían
tomado medidas de protección a su favor.
[89]
Corte Constitucional, sentencia T-141 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esta providencia
se revisó la acción de tutela interpuesta por una persona homosexual y
afrodescendiente, que alegaba que la institución educativa donde cursaba
estudios universitarios había vulnerado sus derechos fundamentales al realizar
en su contra actos discriminatorios. Alegaba el accionante que había sido
tratado de forma despectiva y grosera en razón a su raza y orientación sexual,
entre otros tratos discriminatorios en su contra. La Corte amparó los derechos
fundamentales del estudiante y ordenó una serie de medidas para reparar los
escenarios de discriminación demostrados.
[90]
Corte Constitucional, sentencia T-141 de 2017 (MP María
Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esta sentencia la
Corte revisó la acción de tutela de un residente de un conjunto residencial que
alegaba que era sujeto de discriminación en razón de su orientación sexual. El
accionante alegó que era víctima de fuertes agresiones verbales y físicas que
provenían de sus vecinos. La Corte amparó los derechos fundamentales a la
igualdad y no discriminación, la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad. Ordenó a los vecinos abstenerse de realizar cualquier acto de
discriminación.
[91]
Corte Constitucional, sentencia T-141 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[92]
La Sala entiende por “castigo” lo dispuesto por el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española: “pena que se impone a quien ha
cometido un delito o falta”, “Enmienda, corrección de una obra o de un
escrito”, “Represión, aviso consejo, amonestación o corrección”. Igualmente, al
igual que en la sentencia C-371 de 1994, en esta providencia se utilizan como
sinónimos las palabras sanción y castigo.
[93]
Corte Constitucional, sentencias T-572 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y
T-068 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[94]
Corte Constitucional, sentencias T-518 de 1998 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), T-979 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-572 de 2010 (MP Juan
Carlos Henao Pérez).
[95]
Corte Constitucional, sentencia T-979 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[96]
Corte Constitucional, sentencia T-402 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[97]
Corte Constitucional, sentencia T-402 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[98]
Corte Constitucional, sentencia T-402 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[99]
Corte Constitucional, sentencia T-402 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[100]
Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo; SV Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero). Cuatro de los
Magistrados salvaron su voto por considerar que el castigo físico debía ser
totalmente proscrito, por moderado que fuera.
[101]
La norma completa es la siguiente: “Los padres o la persona encargada del
cuidado personal de los hijos, tendrán la facultad de vigilar su conducta,
corregirlos y sancionarlos moderadamente.” Artículo 262 del Código
Civil.
[102]
Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo; SV Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
[103]
Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo; SV Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
[104]
Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo; SV Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
[105]
Martha C. Nussbaum. “El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la
reforma en la educación liberal”. Harvard University Press (1997).
Por su parte, el específicamente en el ámbito de la
comunidad educativa, el artículo 68  de la Constitución establece que
esta “participará en la dirección de las instituciones de educación, así mismo,
el artículo 67 superior señala que la educación formará  a los
colombianos  en el respeto (…) a la democracia”. En la  Sentencia T-787 de
2006 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), se afirmó que La
educación, es también necesaria para garantizar el mínimo vital, la igualdad de
oportunidades en el trabajo, y la participación política, entre otros; por lo
tanto, debe estar encaminada al acceso a la cultura, a la formación en derechos
humanos, la paz y la democracia. Del mismo modo, la Corte ha indicado en
distintos pronunciamientos que “la educación (i) es una herramienta necesaria
para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto
potencia la igualdad de oportunidades; (ii) es un instrumento que permite la
proyección social del ser humano y la realización de otros de sus demás
derechos fundamentales; (iii) es un elemento dignificador de las personas; (iv)
es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico; (v) es un
instrumento para la construcción de equidad social, y (vi) es una herramienta
para el desarrollo de la comunidad, entre otras características”.
[106]
Las consideraciones de esta sentencia en relación a los castigos prohibidos por
el ordenamiento constitucional han sido posteriormente reiteradas, entre otras,
en las sentencias T-116 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y C-368 de
2014 (MP Alberto Rojas Ríos; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Nilson
Pinilla Pinilla; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En la primera sentencia, la
Corte analizó la acción de tutela interpuesta por una madre en nombre de su
hija contra el esposo y padre, toda vez que éste las había maltratado verbal y
físicamente en varias ocasiones. La Corte señaló adicionalmente: “cuando se trata
de establecer la metodología o los procedimientos que utilizan los padres para
la formación de sus hijos, respecto de los cuales no se justifican los medios
violentos, aparece como algo indubitable que la violencia de los padres no
amparada siquiera en la mínima explicación del quehacer educativo y dirigida de
modo indiscriminado contra quienes conforman el hogar, teniendo por únicas
causas la irascibilidad y la sinrazón, es del todo ilegítima y representa,
además de flagrante violación de los derechos fundamentales de los niños
(artículo 44 C.P.), hecho punible que debe ser sancionado como lo dispone la
normatividad.” En la segunda sentencia, la Corte estudió la demanda de
constitucionalidad contra el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007 sobre la
violencia intrafamiliar.
[107]
Corte Constitucional, sentencia C-442 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[108]
La Corte declaró la exequibilidad de las normas, “La Corte encuentra que los
cargos contra los apartes de los artículos 18, 43 y 44 del Código de la Infancia
y la Adolescencia están sustentados en lecturas aisladas e inadecuadas del
contenido de las disposiciones acusadas, toda vez que, en primer término,
de la lectura integral del artículo 18 se puede concluir, de un lado, que
el texto de su inciso segundo determina el maltrato infantil como toda conducta
que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad
física, psicológica o moral de los(as) menores de dieciocho (18) años por parte
de cualquier persona, y de otro, con el uso de la expresión en especial, no se
pretende excluir a nadie, sino que pretende dar cuenta de una realidad, cual es
que aquellos nombrados expresamente por ella como perpetradores de las
conductas de maltrato y abuso son quienes comúnmente incurren en ellas. De la
misma manera, en el ámbito escolar, la Sala encuentra que no se configura la
alegada limitación a la responsabilidad porque los apartes acusados de los
artículos 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, se refieren a los compañeros
escolares y a los profesores como posibles perpetradores de las conductas
descritas, lo que no indica en modo alguno que la protección no se extienda a
todos aquellos miembros de la comunidad académica que incurran en las mismas.”
Corte Constitucional, sentencia C-442 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[109]
Corte Constitucional, sentencia T-407 de 2012 (MP Mauricio González; SV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[110]
En palabras de la Corte: “La Corte siempre ha reconocido la función correctiva
de los docentes y directivos de las instituciones educativas, pero también ha
considerado que esa competencia no puede desbordar la verdadera misión del
educador contrariando los principios constitucionales y desconociendo los
derechos fundamentales de los alumnos. Como lo establece la Ley general de
educación en sus artículos 91 y 92, el educando es el centro del proceso
educativo y su formación debe promover el pleno desarrollo de su personalidad,
no solamente a través del acceso al conocimiento sino también mediante la
educación en valores éticos, morales y ciudadanos que contribuyan al desarrollo
socio-económico del país. Por su parte, los educadores son quienes orientan
dicho proceso de formación, enseñanza y aprendizaje en las instituciones
educativas, cuyo fin es precisamente el de prestar el servicio público de
educación (…)Por esta razón la Sala considera que, si bien la seguridad de las
instituciones educativas es un objetivo legítimo, las medidas de vigilancia en
el interior de las aulas de clase a través de las cámaras pueden representar
una violación de la intimidad y de las libertades individuales de los educandos
y de los docentes.” Corte Constitucional, sentencia T-407 de 2012 (MP Mauricio
González; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[111]
Corte Constitucional, sentencia T-407 de 2012 (MP Mauricio González; SV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[112]
Corte Constitucional, sentencia T-407 de 2012 (MP Mauricio González; SV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[113]
Corte Constitucional, sentencia C-368 de 2014 (MP
Alberto Rojas Ríos: SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Nilson Pinilla
Pinilla; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este caso se reitera, entre
otras, la sentencia C-371 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo; SV
Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
[114]
Corte Constitucional, sentencia C-368 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos: SV Luis
Guillermo Guerrero Pérez; SV Nilson Pinilla Pinilla; AV Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[115]
Corte Constitucional sentencia C-042 de 2017 (MP Aquiles
Arrieta Gómez; AV  Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo),
en la que esta Corporación señaló que “[e]s pues este doble carácter del cuerpo
jurídico internacional y regional de derechos humanos bajo el orden
constitucional vigente (su prevalencia y criterio constitucional de
interpretación de los derechos y deberes fundamentales), el que lo convierte en
parte integral del sistema jurídico Colombiano. En otras palabras, la Carta
internacional y regional de derechos humanos hace parte del ‘código genético’
del sistema jurídico nacional. No son criterios añadidos o alternativos a los
cuales haya que recurrir ocasional o excepcionalmente cuando el sistema
jurídico nacional no tiene una respuesta que dar a un caso. Como el artículo 93
constitucional claramente lo consagra, la carta internacional y regional de
derechos humanos ratificada por Colombia es parte integral, fundacional y
orientadora del orden jurídico vigente”.
[116]
ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 8 (2006), “El
derecho del niño a la protección contra los castigos personales y otras formas
de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y
artículo 37, entre otros).
[117]
ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 13 (2011),
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”.
[118]
ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 8 (2006), “El
derecho del niño a la protección contra los castigos personales y otras formas
de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y
artículo 37, entre otros).
[119]
ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 8 (2006), “El
derecho del niño a la protección contra los castigos personales y otras formas
de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y
artículo 37, entre otros).
[120]
ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 13 (2011),
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”.
[121]
ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 13 (2011),
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”.
[122]
ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 13 (2011),
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”.
[123]
ONU. Comité de los Derechos del Niño. Observación general No. 13 (2011),
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”.
[124]
La jurisprudencia constitucional de forma similar ha establecido que el interés
superior del menor es una norma “consistente en que al menor se le debe otorgar
un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de
especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y
armónico como miembro de la sociedad. El interés superior del menor no
constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta,
sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al
contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y
relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las
circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que
en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el
Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal”. Corte Constitucional,
sentencia T-510 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). También ver
sentencias más recientes como la T-260 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; AV Luis Ernesto Vargas Silva) y T-196 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[125] “En opinión del Comité, los castigos físicos son
incompatibles con el principio rector esencial de la legislación internacional
en materia de derechos humanos, consagrado en los Preámbulos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y de ambos Pactos: la dignidad humana.
Otros aspectos de la disciplina en la escuela también pueden ser incompatibles
con la dignidad humana, por ejemplo la humillación pública.  Tampoco es
admisible que ningún tipo de disciplina infrinja los derechos consagrados por
el Pacto, por ejemplo, el derecho a la alimentación.  Los Estados Partes
han de adoptar las medidas necesarias para que en ninguna institución de
enseñanza, pública o privada, en el ámbito de su jurisdicción, se apliquen
formas de disciplina incompatibles con el Pacto.  El Comité acoge con
satisfacción las iniciativas emprendidas por algunos Estados Partes que
alientan activamente a las escuelas a introducir métodos "positivos",
no violentos, de disciplina escolar.” ONU. Comité del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 13, el
derecho a la alimentación. (1999).
[126] La Corte Europea de Derechos Humanos en casos Tyrer c. el Reino Unido, 1978; Campbell y Cosans c. el Reino Unido, 1982; Costello‑Roberts
c. el Reino Unido, 1993; A. c. el Reino Unido, 1998. Por su parte, la Comisión Africana de Derechos Humanos
en el caso Curtis Francis Doebbler c.
el Sudán, comunicación Nº 236/2000
(2003); véase párr. 42.
[127]
OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el castigo
corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 5 de agosto
de 2009. Párr. 36. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del
Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Párr. 166-168.
[128]
OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el castigo
corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 5 de agosto
de 2009. Párr. 42. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del
Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Párr. 166-168.
[129]
En casos donde existen conductas penales de por medio, la Corte ha establecido
que le corresponde su investigación a la Fiscalía General de la Nación, pero el
juez constitucional puede evaluar en los hechos la vulneración de los derechos
fundamentales y las garantías constitucionales que se encuentran en riesgo.
Corte Constitucional, sentencia T-116 de 1995 (MP José Gregorio Hernández).
[130]
Expediente Cuaderno de Revisión, testimonio alumnos de grado noveno, respaldo
del folio 68 y folio 69. Refiriéndose al tutor que reemplazo al párroco afirma
que “(…) las cosas han sido diferentes desde que él llegó nos hace respetar y
entre todos compartimos”.
[131]
“En estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia
como en sede de Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos
invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente, debe
informar al demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas
de toda índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como
disponer la orden consistente en compulsar copias del expediente a las
autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados
cuya acción u omisión causó el mencionado daño”. Corte
Constitucional, sentencia T-612 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto). Igualmente, en sentencias T-512 de 2002 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-856 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-188 de 2010 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), T-064 de 2012 (MP Juan Carlos Henao Pérez; AV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-356 de 2015 (MP Luis Guillermo Pérez), la
Corte a pesar de declarar carencia actual de objeto, concedió la protección de
los derechos y revocó las decisiones de instancia que debían haber sido
favorables al tutelante.
[132]
Corte Constitucional, sentencia T-642 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño). En
esta providencia la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una niña
de 15 años quien alegaba la vulneración de su derecho a la educación por parte
de la profesora de inglés y la Secretaría Departamental de Educación del Meta.
Afirmaba que la profesora no les enseñaba bien el idioma inglés, les hacía
firmar compromisos con mentiras y las clases siempre repetían lo que ya se
había visto.
[133]
Corte Constitucional, Salvamento de voto a la sentencia T-371 de 1994
presentado por los Magistrados Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez
Caballero, Jorge Arango Mejía y Fabio Morón Díaz. Para el Magistrado Gaviria
Díaz, la decisión de la Corte en esta sentencia he debido ser más radical y
contundente de lo que se adoptó en su momento, como una manera de proteger más
y mejor las niñas y los niños.
[134]
Así, por ejemplo, lo ha establecido el Reporte Mundial sobre “Violencia contra
los niños” del Experto Independiente de la Secretaría General  las Naciones
Unidas sobre violencia contra niños, el profesor Paulo Sergio Pinheiro. Disponible
en: https://www.unicef.org/violencestudy/I.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf
Igualmente, puede verse el Informe del año 2008 sobre la campaña mundial para
terminar con la violencia en las escuelas de Plan, en cual identifica
consecuencias de los maltratos en el entorno escolar. Al respecto precisa que
el maltrato físico y/o psicológico incentiva la deserción escolar, la depresión
y la baja autoestima; desarrolla problemas de concentración y dificultades de
aprendizaje. Disponible en: http://www.ungei.org/Learn_Without_Fear_Spanish.pdf
“A una agresión puntual estamos todos expuestos, pero el
fenómeno de violencia interpersonal en el ámbito de la convivencia entre
escolares, transciende el hecho aislado y esporádico y se convierte en un
problema escolar de gran relevancia porque afecta a las estructuras sociales
sobre las que debe producirse la actividad educativa: la enseñanza y el
aprendizaje.” Ortega, R y Mora, J (1997) Agresividad y violencia. El problema
de la victimización entre escolares. Revista de Educación, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Español. (313) 7-27.
[135]
Cómo lo expresaron los Magistrados en el Salvamento de Voto de la sentencia
C-371 de 1994.
[136]
Corte Constitucional, sentencias T-266 de 2006 (MP Jaime Araújo Rentería),
T-390 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-713 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa). En estas sentencias la Corte realizó consideraciones
sobre cómo deben los manuales de convivencia contemplar normas respetuosas del
derecho al debido proceso para imponer sanciones.
[137] En cuanto al
debido proceso al interior de establecimientos educativos se ha especificado
que debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
(i) La comunicación formal
de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las
conductas objeto de sanción; (ii) La
formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y
cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas
disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas
reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las
conductas como faltas disciplinarias; (iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados; (iv) La
indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus
descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (v) El pronunciamiento
definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y
congruente; (vi) La imposición de una
sanción proporcional a los hechos que la motivaron; (vii) La posibilidad de que el
investigado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada
una de las decisiones de las autoridades competentes. De otra parte, para la Corte
es indispensable que en el proceso sancionatorio se tenga en cuenta: (a)  La edad del
infractor y por ende su grado de madurez psicológica; (b) El
contexto en el que se  cometió la presunta falta; (c) Las condiciones personales y familiares del alumno; (d)  La
existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (e)  Los efectos
prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su
futuro educativo; y (f) La obligación que
tiene el Estado de garantizar a las personas la permanencia en el sistema
educativo. Corte Constitucional, sentencia T-390 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio). Igualmente, estos criterios fueron establecidos con anterioridad en
la sentencia T-917 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En las dos
sentencias citadas la Corte analizó la forma como se había sancionado a un niño
por haber cometido una falta establecida en el manual de convivencia del
colegio respectivo.
[138]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 67, 68 y 71.
[139]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 204.
[140]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 204.
[141]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 224.
[142]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 216.
[143]
Dentro de sus funciones se encuentra la de “Identificar,
documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. //
Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia
(…) // Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de
los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente
(…)”.Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 219 al 220.
[144]
Expediente, cuaderno principal, CD allegado en el escrito de la acción de
tutela en el que se muestra un video sobre cada uno de los testimonios de los
niños.
[145]
Corte Constitucional, sentencia T-843 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva). En esta ocasión la Corte analizó la
acción de tutela interpuesta por la madre de una niña que había sido víctima de
violencia sexual por su padre. La Corte en esta sentencia realiza unas consideraciones
relevantes sobre cómo deben ser valorados los testimonios de los niños ante
actos de violencia contra ellos.
[146]
Como se estableció en las consideraciones de esta providencia
la sanción debe cumplir con los objetivos que se propone y para ello debe ser
justa, proporcional y oportuna.
[147]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 129. La Fiscalía General de la Nación
afirmó que por el momento no se cuenta con hechos relevantes en el proceso.
[148]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 115 al 117.
[149]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 67 y 67. La Comisaría dejó constancia
de los siguiente, “Es pertinente indicar, que pese a que las condiciones de
trato y cuidado han mejorado en las instalaciones del internado se subsanaron,
no ocurre lo mismo en la instalación educativa; pues la docente Julia Cárdenas
aun no asume papel como docente y no muestra su nivel de formación ante los
estudiantes, especialmente con los que tienen su condición de ser indígenas; de
acuerdo al relato de los estudiantes (…) En tal sentido, este despacho lo que
hará es citar a la docente Juliá Cárdenas a efectos de imponer amonestación, de
conformidad con lo ordenado en la Constitución Nacional, Ley 1098 de 2006 y
demás normas y tratados internacionales ratificados por Colombia”. El ICBF
Regional, también allegó entrevistas realizadas a los niños en compañía de una
psicóloga y estableció que “Teniendo en cuenta que la Docente Julia Cárdenas
quien presuntamente era una de las agresoras en la interacción verbal con uso
de términos discriminatorios, que aún persisten según lo reportado en una de
las entrevistas se debe realizar por parte de la Secretaría Departamental de
Educación las acciones pertinentes para la modulación y promoción del buen
trato hacía los estudiantes". Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 162
respaldo.
[150]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 68 respaldo.
[151]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 70.
[152]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 70.
[153]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 71.
[154]
Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería). En
este caso la Corte revisó una acción de tutela interpuesta por la madre de un
estudiante a quien lo obligaron a realizarse un examen de sangre en la
enfermería del colegio para verificar si había consumido marihuana en el
plantel. La Corte concluyó que era una práctica contraria a la dignidad humana.
[155]
Corte Constitucional, sentencia T-371 de 1994 (MP José Gregorio Hernández
Galindo; SV Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Jorge Arango
Mejía y Fabio Morón Díaz).
[156] En la sentencia T-856 de 2003 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), un estudiante instauró tutela contra el profesor de inglés,
porque dicho profesor lo había discriminado en razón de su condición de
indígena y de desplazado. Además, indicó que lo había insultado (comparándolo
con delincuentes), que no le permitió entrar a clase por no llevar el uniforme
y que dada su condición étnica no tenía la obligación de aprender otra lengua
que no fuera su lengua materna. La Corte recordó lo establecido en la sentencia
T-337 de 1995, en la cual se estableció que En el caso que analiza la Corte es
patente que los fines de la educación no se han cumplido. La menor estudiante
es víctima de una suerte de segregación sicológica por parte de sus
condiscípulos que amenaza con causar su deserción del sistema educativo. Las
explicaciones de la maestra, lejos de resolver el problema, parecen haber
contribuido a profundizarlo. De hecho, la estudiante ha sido etiquetada y
estigmatizada como "prostituta" o enferma de "sida", lo que
sin duda afecta su personalidad y autoestima.”
[157]
Corte Constitucional, sentencia T-691 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
El concepto de escenarios de discriminación se reitera más recientemente en la
sentencia T-141 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa).
[158] “Luchar
contra la discriminación por parte de los órganos públicos y privados, así como
contra todo hostigamiento de los alumnos que sean miembros de comunidades cuya
condición se basa en consideraciones de ascendencia;//Tomar las medidas
necesarias, en colaboración con la sociedad civil, para educar a toda la
población con arreglo a un espíritu de no discriminación y de respeto de las
comunidades que son objeto de discriminación basada en la ascendencia (…)”. Recomendación General No. 29 (2002); ‘Relativa a la
discriminación basada en la ascendencia’, del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de las Naciones Unidas.
[159]
Expediente, cuaderno principal, CD allegado en el escrito de la acción de
tutela en el que se muestra un video sobre cada uno de los testimonios de los
niños. Manifestaciones de los niños y niñas, cuaderno de revisión del
expediente
[160]
Incluso en el escrito de contestación allegado por la
profesora ella manifestó que este hecho no era cierto. Cuaderno de instancia
del expediente, folio 76.
[161]
Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 61 al 63.
[162]
Corte Constitucional, sentencia SU-995 de 1999 (MP Carlos Gaviria  Díaz; AV Eduardo Cifuentes Muñoz) en
la que la Corte señaló que “[l]a informalidad de la acción de tutela, y el
hecho de que la persona no tenga que probar que es titular de los derechos
fundamentales reconocidos por la Carta Política a todos o a los que se
encuentran en determinados supuestos normativos, no exoneran al actor de probar
los hechos en los que basa sus pretensiones; sin embargo, en esta clase de
procesos preferentes y sumarios, el régimen probatorio está orientado por las
facultades excepcionales que confiere el Decreto 2591 de 1991 al juez de
amparo, especialmente en los artículos 18, 20, 21 y 22”.
[163]
Por ejemplo en las sentencias T-478 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)  y T-141 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[164]
Respuesta allegada al Despacho del Magistrado Sustanciador por
el Centro Educativo Eustasio el 30 de abril de 2017
(Cuaderno de Revisión, folio 204). En esta respuesta también se aclara la
naturaleza pública del internado: “
[165]
El subdirector de Fiscalías y Seguridad Ciudadana se pronunció
con respecto a la solicitud de información requerida por el despacho
sustanciador relacionada con la compulsa de copias que ordenó el juez de
instancia dentro de la acción de tutela de la referencia. Expresó que la
asignación se encuentra radicada bajo el número 500016000567201602455 por el
delito de lesiones personales para encontrar responsables y correspondió por
reparto a la Fiscalía Séptima Delegada ante los Jueces Penales Municipales de
Puerto Gaitán-Meta.