SU490-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU490/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
PRINCIPIO
DE IMPARCIALIDAD-Elemento esencial del debido proceso y la recta
administración de justicia
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia al no configurarse
violación directa de la Constitución, por cuanto la Corte Suprema de Justicia
no incurrió en falta de imparcialidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no configurarse
defecto fáctico, por cuanto la admisión o no de distintos medios de prueba, y
la valoración de las pruebas realizada por la Corte Suprema no aparece
arbitraria, irracional o carente de sustento
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no incurrirse en
defecto sustantivo, por cuanto la decisión proferida por la Corte Suprema no
incurrió en error alguno en el encuadramiento de la conducta cometida por los
tres procesados en la norma penal sustantiva con base en la cual fueron
sancionados
Referencia:
Expediente T-5.414.020
Demandante:
Diego Palacio Betancourt
Demandado: Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., trece (13) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo dictado
el 27 de enero de 2016 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que confirmó el dictado en primera instancia por la Sala de Casación
Civil de la misma corporación el 15 de diciembre de 2015, por el cual se negó
el amparo solicitado por el señor Diego Palacio Betancourt contra la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El presente expediente fue
escogido para revisión por la Sala de Selección número Tres, por medio de auto
de 31 de marzo de 2016, siendo entonces repartido a la Sala Tercera de
Revisión.
Posteriormente, durante la sesión
del día 8 de junio de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió
asumir el conocimiento de este caso, previo informe presentado por el entonces
Magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 61 de su Reglamento Interno. Por esta razón, por auto
de la misma fecha, se ordenó también suspender los términos hasta que se
profiriera por aquélla la correspondiente decisión.
Finalmente, teniendo en cuenta
que la Sala Plena no aprobó el proyecto de sentencia que en su momento presentó
el Magistrado Guerrero Pérez, la ponencia fue asignada al Magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
I.    ANTECEDENTES
El señor Diego Palacio
Betancourt, obrando en su propio nombre, presentó el 15 de octubre de 2015
acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso,
que según alegó, fue vulnerado por aquélla en varias de sus distintas facetas,
entre ellas: i) la relativa a la observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio; ii) la de ser juzgado por un juez competente,
independiente e imparcial y con arreglo a las normas vigentes al momento de
cometerse el acto imputado; iii) la relacionada con el derecho a presentar
pruebas y a debatir las que se alleguen en su contra; iv) la que establece el
derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas; v) la referente a la
presunción de inocencia; vi) la que establece la invalidez de pruebas
recaudadas con violación del debido proceso; vii) la atinente al derecho a
impugnar el fallo condenatorio, y viii) el principio de favorabilidad en la
aplicación de la ley penal. Lo anterior, a partir de los hechos que, conforme a
su narración, pueden ser resumidos como sigue:
1.  El actor Diego Palacio
Betancourt fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia de única instancia, dictada el 15 de abril de
2015, a la pena principal de 80 meses de prisión, y a las accesorias de multa e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso
de 112 meses, como coautor responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer,
en concurso material homogéneo, fallo en el que también fueron condenados los
señores Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez Echeverri (quienes en
adelante y cuando se aluda conjuntamente a ellos se denominarán simplemente los
tres procesados). La razón de la competencia de la Corte Suprema de
Justicia en este caso fue el carácter de Ministro de la Protección Social que
el actor tenía al momento de la comisión del hecho punible que le fue imputado,
y el de Ministro y Director de Departamento Administrativo, respectivamente,
que para la misma época, ostentaban los otros dos procesados.
2. Como antecedentes del proceso
penal que concluyó con esta decisión, refirió los siguientes hechos:
2.1. En junio de 2004 la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes aprobó por 18 votos favorables contra 16
negativos el proyecto de reforma constitucional, posteriormente identificado
como Acto Legislativo 02 de 2004, por el cual se introdujo nuevamente en
Colombia la reelección presidencial, que había sido prohibida por la original
Constitución de 1991.
2.2. Días después, la entonces
Representante Yidis Medina Padilla, quien votó en forma positiva este proyecto,
fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por el también Representante
Germán Navas Talero, por el presunto delito de cohecho, lo que dio inicio a la
actuación que terminó con auto inhibitorio en febrero de 2005. A partir de los
mismos hechos, la referida congresista afrontó también un proceso de pérdida de
investidura ante el Consejo de Estado y una investigación disciplinaria por
parte de la Procuraduría General de la Nación, los cuales concluyeron, también
con decisiones favorables a Medina Padilla, en noviembre de 2004 y febrero de
2007, respectivamente.
2.3. En abril de 2008, y a partir
de la aparición de dos artículos periodísticos y un video, la Sala de Casación
Penal ordenó reanudar la investigación adelantada contra Medina Padilla, que en
febrero de 2005 había sido cerrada mediante auto inhibitorio. En las siguientes
semanas, la referida Sala envió a la Fiscalía General de la Nación copia de
esta declaración, dado que en ella se involucraba a varios altos funcionarios
del Gobierno de entonces. Más adelante, la ex congresista Medina Padilla rindió
indagatoria por estos hechos, fue afectada con medida de aseguramiento, y
solicitó acogerse a sentencia anticipada.
2.4. El 26 de junio de 2008, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia
condenatoria anticipada en contra de la ex congresista Yidis Medina Padilla por
el delito de cohecho propio, ocurrido en junio de 2004, y le impuso las penas
de 47 meses y 26 días de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas durante el mismo término y multa de 48,13 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para el momento de la comisión del hecho, a favor
del Tesoro Nacional.
Esta decisión tuvo como principal
fundamento la confesión de la misma Yidis Medina Padilla en su indagatoria, la
que en su momento le permitió a la Corte Suprema de Justicia encontrar “demostrado
de manera inconcusa e inobjetable que: i) la Congresista acusada apoyó
decididamente el proyecto de reforma constitucional (Acto Legislativo No. 02 de
2004); ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de
su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino
gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces,
deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada.”
2.5. Posteriormente, el 19 de
agosto de 2008, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de
investigación en contra del entonces Ministro de la Protección Social, Diego
Palacio Betancourt, por la posible comisión del delito de cohecho por dar u
ofrecer, a partir de las promesas y ofrecimientos que él habría formulado los
días 2 y 3 de junio de 2004 a los entonces congresistas Yidis Medina Padilla y
Teodolindo Avendaño Castellanos, durante el trámite del proyecto de acto
legislativo que posibilitaría la reelección presidencial[1].
3. El 6 de marzo de 2012, el
Fiscal Sexto Delegado, en ejercicio de la delegación efectuada por la entonces
Fiscal General[2],
calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación
en contra de Diego Palacio Betancourt[3],
en calidad de coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso
material y homogéneo, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en
los numerales 9° y 10 del artículo 58 del Condigo Penal, y la de menor
punibilidad contemplada en el numeral 1° del artículo 55 de la citada
codificación.
4. Finalizada la fase de
instrucción y de calificación, el proceso se remitió a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia para el trámite del juicio, la cual
mediante proveído del 28 de agosto de 2012, resolvió unificar el asunto en
mención con los procesos que paralelamente se adelantaban contra Alberto
Velásquez Echeverri y Sabas Eduardo Pretelt de la Vega[4], también por el delito de
cohecho por dar u ofrecer, con lo cual la etapa de juicio se surtió en un solo
trámite.
5. Dentro del traslado de que
trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, los sujetos procesales presentaron
varias solicitudes de nulidad y de pruebas. Concretamente, Diego Palacio
Betancourt pretendió:
(i) La nulidad de lo actuado,
argumentando: (a) que el Fiscal Sexto Delegado no tenía competencia para
adelantar la fase de instrucción y calificación, pues ello desconocía su fuero
constitucional que le otorgaba la garantía de ser juzgado por el Fiscal General
de la Nación, y (b) que si se aceptaba la delegación, debía permitírsele apelar
la resolución de acusación.
(ii) El decreto y práctica de un
conjunto de pruebas testimoniales, el desarrollo de una inspección judicial al
proceso que para entonces cursaba contra Yidis Medina por el delito de
secuestro; y (c) el anexo al proceso de la copia de los registros de las
llamadas entrantes y salientes, por el periodo comprendido entre el 1 y el 30
de junio de 2004, de los teléfonos que en esas fechas utilizaban Yidis Medina
Padilla, Jorge Enrique Morelli Santaella y Carlos Correa Mosquera, y de las
certificaciones expedidas por el Congreso de la Republica sobre los proyectos
de ley entonces en trámite, relacionados con la cartera de la Protección Social
para los días 2 y 3 de junio de 2004, así como de las citaciones que, para esos
días, se le hicieron en su calidad de Ministro.
6. El 29 de noviembre de 2012, la
Sala de Casación Penal se pronunció sobre las solicitudes del actor,
resolviendo: i) denegar la petición de nulidad, argumentando que no se incurrió
en yerro alguno en la fase de instrucción, puesto que: a) el Acto Legislativo
06 de 2011 reguló la aplicación del fuero constitucional de los altos funcionarios
del ejecutivo, permitiendo que el Fiscal General pudiera delegar sus funciones
de investigación y acusación, y porque b) cuando en desarrollo de esta norma,
el Fiscal General delega en un Fiscal Delegado ante la Corte, la función de
investigar y acusar a un funcionario con fuero constitucional, el segundo no se
convierte en inferior funcional del primero, ni el procedimiento deja de ser
única instancia para convertirse en uno de doble instancia; ii) decretar la
ampliación del testimonio de Yidis Medina según lo solicitó el actor, y iii)
denegar las demás pruebas pedidas, al considerarse que no eran pertinentes,
conducentes y útiles para esclarecer la existencia de responsabilidad penal.
7. Diego Palacio Betancourt
propuso reposición contra esa decisión, tanto en lo referente a la solicitud de
nulidad, como en lo relacionado con las pruebas cuya práctica había sido
negada, ante lo cual el 19 de abril de 2013 la Sala de Casación Penal decidió:
i) no reponer el auto en lo que tiene que ver con la negativa de las nulidades
pedidas; ii) reponerlo solo en lo relativo a la recepción del testimonio de
Carlos Gaviria Díaz y el anexo al proceso de la copia de los registros de las
llamadas entrantes y salientes de los teléfonos que para entonces usaban Yidis
Medina Padilla, Jorge Enrique Morelli Santaella y Carlos Morelli[5], y a la decisión de
allegar las certificaciones expedidas por el Congreso de la Republica
solicitadas.
8. Surtida la audiencia de
juicio, el 15 de abril de 2015 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia profirió sentencia condenatoria[6]
en contra de los tres procesados,  es decir, Alberto Velásquez
Echeverri, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt por el
delito de cohecho por dar y ofrecer, imponiéndole a este último las penas
principales de ochenta (80) meses de prisión, multa de ciento sesenta y siete
(167) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2004 e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ciento
doce (112) meses. Asimismo, en el fallo se dispuso que los sentenciados no se
hacían acreedores a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a
la prisión domiciliaria. Para adoptar dicha decisión, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia encontró demostrado que:
(i) El 2 de junio de 2004, el
gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez estimó que requería de los
votos de Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño para lograr la aprobación,
en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, del proyecto de Acto
Legislativo que permitiría la relección presidencial.
(ii) Los días 3 y 4 de junio de
2004, los señores Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, Alberto Velásquez Echeverri
y Diego Palacio Betancourt, luego de un acuerdo previo, efectuaron
ofrecimientos a Yidis Medina Padilla y a Teodolindo Avendaño, para que la
primera apoyara con su voto el proyecto de reelección y, el segundo omitiera
votar en contra, para lo cual se ausentó del recinto del Congreso.
(iii) En el caso de Diego Palacio
Betancourt se explicó que le ofreció a Yidis Medina la dirección de la Clínica
Primero de Mayo de Barrancabermeja y a Teodolindo Avendaño una notaría en
Bogotá, así como contratos de prestación de servicios en favor de su nuera, la
señora Vania Constanza Castro Barona.
1.2. Sustentación de los
defectos alegados
Para sustentar su petición de
amparo, el actor Palacio Betancourt explicó, en primer término, el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de protección
constitucional contra providencias judiciales y, luego, desarrolló los defectos
específicos en los que, según afirmó, incurrió la autoridad demandada.
1.2.1. En efecto, para empezar,
en relación con la satisfacción de los requisitos generales de
procedencia, el accionante indicó que:
(i) El asunto es de
relevancia constitucional, pues se debate sobre la posible vulneración de sus
derechos fundamentales y el desconocimiento de principios superiores dentro del
proceso penal adelantado en su contra.
(ii) En relación con los
yerros que surgieron en la sentencia no procede recurso alguno. De otro lado,
señaló que frente a los demás defectos planteados agotó los medios judiciales
de defensa judicial que tuvo a su alcance dentro del proceso cuestionado, entre
ellos los recursos de reposición y queja y la solicitud de nulidad de diversas
actuaciones, alegando, en la medida de lo posible, a través de dichos
instrumentos, los reproches que ahora pone de presente en la acción de tutela.
(iii) El recurso de amparo
se interpone 6 meses después de proferida la última decisión cuestionada, con
lo cual se satisface el presupuesto de inmediatez.
(iv) Las irregularidades
procesales que se alegan tienen trascendencia en la decisión, pues de acogerse
conllevarían a declarar la nulidad de lo actuado, puesto que se pone de
presente la falta de competencia e imparcialidad de la corporación  accionada
para juzgarlo.
(v) Se identifican y
demuestran con claridad los cinco defectos en los que incurrió la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y se adjuntan las pruebas
respectivas.
(vi) No se controvierte un
fallo de tutela.
1.2.2. Posteriormente, el actor
planteó la existencia de cinco causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber:
(i) Defecto orgánico:
El demandante afirma que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia no tenía competencia para proferir sentencia en su contra, pues el 7
de agosto de 2010 cesó en el ejercicio del cargo de Ministro de Protección
Social, y de conformidad con el artículo 235 de la Constitución el conocimiento
del asunto por parte de dicha corporación judicial “solo se mantendrá para
las conductas punibles que tengan relación directa con las funciones
desempeñadas”, lo que no ocurre en su caso, ya que “el Acto Legislativo
de reelección presidencial no tenía relación con mis funciones, como tampoco el
nombramiento de notarios, ni del nombramiento de director de una clínica - que
correspondía a su Junta Directiva-, ni de la contratación de una abogada que
hizo el Secretario General del Ministerio de la Protección Social”.
Asimismo, sostuvo que la
instrucción, calificación y acusación de su caso debió ser adelantada por el
Fiscal General de la Nación y no por su delegado de conformidad con el artículo
235 original, pues en atención al principio de favorabilidad, no debió
aceptarse la aplicación del Acto Legislativo 06 de 2011.
(ii) Defecto procedimental[7]:
El actor estimó que en el transcurso del proceso penal adelantado en su
contra, las autoridades judiciales intervinientes incurrieron en varios
defectos procedimentales, ya que: a) si se estimó que era válida la delegación
efectuada por la Fiscal General de la Nación para la etapa de indagación e
instrucción, debió otorgársele la posibilidad de apelar la resolución de
acusación; (b) el Fiscal Sexto Delegado procedió a la calificación del sumario
sin analizar previamente la petición de nulidad presentada el 3 de abril de
2012, en la que se alegaba la violación del derecho de defensa debido a la
valoración de pruebas que debieron ser desechadas de plano por falta de
fiabilidad; (c) no se le permitió impugnar la sentencia condenatoria, como
tenía derecho a hacerlo, según lo establecido por la Corte Constitucional en el
fallo C-792 de 2014.
(iii) Violación directa de
la Constitución: El accionante alegó que las autoridades judiciales que
intervinieron en el proceso penal adelantado en su contra no fueron imparciales
ni independientes, toda vez que: (a) el Fiscal Delegado que adelantó la
instrucción y calificación, actuó luego, en la etapa de juicio, como Magistrado
Auxiliar de uno de los togados que adoptó el fallo de condena; (b) existen
denuncias penales reciprocas entre la Corte Suprema y los procesados; (c) la
conformación del tribunal de juzgamiento por Magistrados y conjueces se produjo
en un escenario de “claro y abierto enfrentamiento” entre los
integrantes de la jurisdicción ordinaria y el Gobierno Nacional, que les
impedía a aquéllos adoptar una decisión que afectara a sus colegas que eran
parte de la “contienda” y, con ello, actuar en contravía de la Corte
Suprema como institución, lo cual puede evidenciarse en las grabaciones
difundidas por los medios de comunicación con posterioridad al fallo
condenatorio, en las que Magistrados de la corporación accionada advierten que
deben actuar en “legítima defensa” adelantando un juicio y profiriendo
un fallo con “motivación política”; (d) Los Magistrados que participaron
en su juzgamiento fueron elegidos por aquellos que se pronunciaron de fondo
sobre su caso en otras providencias relacionadas con la “Yidispolítica”; (e) El
conjuez William Monroy Victoria debió declarase impedido, puesto que es
apoderado de Daniel Coronell, quien dirigió la investigación periodística que
originó la apertura de su investigación, así como porque en su calidad de
litigante tiene varios procesos en el despacho del magistrado sustanciador de
la causa.
(iv) Defecto fáctico[8]
El accionante argumenta que en el
transcurso del proceso se incurrió en varios defectos fácticos, comoquiera que:
(a) La investigación adelantada
en su contra tuvo su origen en dos notas periodísticas tituladas “Confesiones
de una ex congresista. Votar la reelección me mató” y “La Historia no
contada”, las cuales no cumplen con los requisitos necesarios para
constituirse como una prueba válida y por ello no debieron tenerse como
fundamento para iniciar las indagaciones, viciándose así las diligencias
adelantadas con posterioridad.
(b) La Sala accionada se abstuvo
de decretar la mayoría de las pruebas solicitadas en la audiencia preparatoria,
las cuales eran necesarias para demostrar su inocencia. Señaló que pidió “14
pruebas testimoniales de las cuales solo 2 fueron decretadas por la Sala Penal.
Igualmente solicité 13 pruebas documentales de las cuales solamente 2 fueron
decretadas por la Sala Penal”.
(c) Las pruebas recaudadas por el
Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema son ilícitas por incompetencia del
funcionario para adelantar la investigación de su caso.
(d) La sentencia condenatoria se
sustentó principalmente en el testimonio de Yidis Medina Padilla, cuyas
afirmaciones se tuvieron por ciertas por proceder de un proceso anterior en el
cual se declaró culpable, sin aceptarse los argumentos presentados para
desvirtuar su credibilidad y sus verdaderas intenciones para auto-incriminarse.
Sobre el particular, se señala
que lo anterior se propició como efecto de “la llamada justicia negociada
que desbanca todos los postulados propios de la democracia, entre ellos el
debido proceso como aquí ha sucedido; en un verdadero Estado de Derecho se ha
debido juzgar a todos los involucrados en el cohecho (por activa y por pasiva)
en una misma actuación”. En ese sentido, se advierte que “los procesados
ya estaban sentenciados desde que YIDIS MEDINA PADILLA los incriminó (¡por
eso no son de extrañar las afirmaciones que en contra de ellos se hacen en la
sentencia que la condenó!)”.
De igual manera, se sostiene que
con base en la confesión se prescindió de investigar tanto lo favorable como lo
desfavorable, lo cual se reflejó en que se denegaran la mayoría de las pruebas
pedidas, pervirtiéndose el sistema penal, al variarse la naturaleza del
interrogatorio que se convierte en una “relación coactiva entre investigador
e investigado”. En efecto, es lo que:
“(…) ha
sucedido con la utilización por parte de la Señora MEDINA PADILLA del mecanismo
de la sentencia anticipada, gracias al cual aceptó la imputación por cohecho
propio y, de paso, endilgó cargos a los terceros que –según ella– le dieron las
dádivas que aceptó recibir con lo cual incurrieron en un cohecho por dar u
ofrecer que luego se les imputó; a cambio, se le concedió una generosa rebaja
punitiva y se le benefició con la prisión domiciliaria, la misma que aquí se
negó a los tres condenados. Operó, pues, la llamada justicia premial.
Como se
desprende de lo anterior, la utilización de un dispositivo como la sentencia
anticipada supone que en el caso concreto se renunció al ejercicio del derecho
de defensa, al debate procesal y, lo que es más importante, al derecho a
controvertir las pruebas que se enarbolan en contra del imputado o acusado. El
sistema penal, pues, se volvió un escudo contra el adversario a quien, a toda
costa, se busca criminalizar; en otras palabras, no interesa que el proceso penal
establezca la verdad sino que él se convierta en un arma al servicio de ciertos
intereses.”
(e) La Sala de Casación Penal
fundó la condena en la presunta existencia de una actuación mancomunada entre
Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, Alberto Velázquez Echeverri y Diego Palacio
Betancourt producto de un acuerdo previo, sin detenerse a examinar si existía
una prueba fehaciente que permitiera demostrar la existencia de coautoría en la
comisión del delito de cohecho, puesto que para que se configure la misma debió
probarse un acuerdo común en el plan criminal y la repartición de tareas para
conseguir el fin propuesto.
Al respecto, se resalta que si la
teoría de la Corte Suprema se basó en el hecho de que el gobierno el 2 de junio
de 2004 consideró que necesitaba de los votos de los congresistas Yidis Medina
Padilla y Teodolindo Avendaño para aprobar el proyecto de Acto Legislativo que
permitió la reelección presidencial, no resulta acertado establecer la
coautoría sin demostrar que hubo una reunión o comunicación de los tres
coautores entre dicha fecha y el momento en el que se efectuó la votación en el
Congreso.
(f) El fallo condenatorio
preferido en su contra se fundamentó en inferencias e indicios, pues si bien
están sumariamente probados momentos en los cuales tuvo comunicaciones o
encuentros con los congresistas involucrados en el presunto delito, no está
demostrado el contenido de las conversaciones en las que, al parecer, se
efectuaron los ofrecimientos de las prebendas.
(v) Defecto sustantivo[9]
El peticionario considera que la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en dos defectos
sustantivos, pues:
(a) No analizó adecuadamente la
atipicidad y antijuridicidad de la conducta reprochada según lo dispuesto en
los artículos 9, 10, 405, 406 y 407 del Código Penal, porque ninguno de los
implicados efectuó una negociación de la función pública, toda vez que “votar
un proyecto de ley en uno o en otro sentido (así YIDIS MEDINA PADILLA) o
abstenerse de hacerlo (así TEODOLINDO AVENDAÑO CASTELLANOS), no es un
deber funcional en la medida en que se trata de una mera facultad
que –en el seno de una democracia representativa tienen quienes integran el
órgano legislativo– se corresponde con el ejercicio de una libertad política.
Los congresistas, no se olvide, son inviolables por las opiniones y los votos
que emitan en ejercicio del cargo (Artículo 185 de la Constitución)”.
(b) No tuvo en cuenta los
principios de proporcionalidad y equidad, el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014
y la reiterada jurisprudencia de la propia Sala de Casación Penal, para
determinar el monto de la pena y para negarle la prisión domiciliaria.
1.3.
Pretensiones
Con base en lo anterior, el
ciudadano Diego Palacio Betancourt solicitó:
1.3.1. Que se tutelen sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
1.3.2. Que se declare la nulidad
de todo lo actuado dentro del proceso penal desde la apertura de investigación,
se deje sin efectos la sentencia condenatoria proferida en su contra por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 15 de abril de 2015,
y se disponga su libertad inmediata e incondicional.
1.3.3. Como pretensión
subsidiaria, que se sustituya la pena de prisión por prisión domiciliaria, y se
le autorice para trabajar en su residencia con el fin de generar los ingresos
necesarios para asegurar la subsistencia de sus dos hijos menores de edad.
1.4. Pruebas que obran en el
expediente
Además de seis anexos
explicativos, en los que desarrolla con mayor amplitud los defectos aducidos
contra la sentencia atacada, se allegaron junto con la demanda de tutela, un
total de 56 anexos consistentes en copias simples de varios documentos
considerados relevantes frente a los hechos relatados, de los cuales se listan
a continuación los más pertinentes[10]:
1. Documentos relacionados con la
tutela interpuesta por Diego Palacio Betancourt contra la Sala Penal de la
Corte Suprema en julio de 2008, como consecuencia de las referencias que ésta
hizo en la sentencia de condena de Yidis Medina, sobre la participación del
ministro en los hechos por los cuales aquélla fue condenada.
2. Resolución de acusación
dictada por el Fiscal 6° Delegado ante la Corte Suprema de Justicia contra los
tres procesados, fechada el 6 de marzo de 2012.
3. Auto dictado el 28 de agosto
de 2012 por el cual se unifica el trámite que para entonces se seguía de manera
separada en contra de los tres procesados.
4. Solicitud de pruebas formulada
por la defensa del actor durante el traslado previsto en el artículo 400 del
Código de Procedimiento Penal.
5. Relación de pruebas
testimoniales negadas a Diego Palacio Betancourt y tenidas en cuenta por la
Sala accionada en su decisión, y pruebas no solicitadas por el actor, pero
tenidas en cuenta por la Sala de Casación Penal en la sentencia atacada.
6. Actas de diversas reuniones de
la Sala de Casación Penal y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia,
así como de votaciones adelantadas durante el desarrollo de los procesos
adelantados contra los congresistas Medina Padilla y Avendaño Castellanos y
contra los tres procesados.
7.  Varios impedimentos
presentados durante este proceso por algunos de los integrantes de la Sala de
Casación Penal y/o por los entonces Fiscal y Vicefiscal General de la Nación, y
decisiones de la misma Sala en torno a estos impedimentos.
8.  Decisiones varias de la
Procuraduría General de la Nación y del Consejo de Estado dictadas dentro de
los distintos procesos adelantados contra los referidos congresistas y/o contra
los tres procesados.
9. Denuncias penales formuladas
por Diego Palacio Betancourt contra los integrantes de la Sala de Casación
Penal y viceversa.
10. Documentos varios que
demostrarían la enemistad y animadversión existentes entre el Gobierno Nacional
y la Corte Suprema de Justicia, durante el tiempo en que se inició el proceso
penal, cuyo fallo se impugna.
11. Sentencia de condena dictada
por la Sala accionada contra los tres procesados el 15 de abril de 2015.
12. Certificaciones y constancias
varias sobre el tiempo de ejercicio de los conjueces que intervinieron en esta
sentencia, sobre el pasado desempeño de los entonces Magistrados como
Magistrados Auxiliares, y sobre el nombramiento en esta última calidad, del
Fiscal Delegado que dictó la acusación en este proceso.
1.5.  Actuación procesal
Después de diversas actuaciones
generadas por los impedimentos manifestados por varios de los integrantes de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 30 de
noviembre de 2015 el Magistrado ponente, Luis Armando Tolosa Villabona, admitió
a trámite esta acción de tutela y ordenó notificar a la Sala accionada y a
todos los sujetos procesales que intervinieron en el proceso penal fallado
mediante la sentencia atacada, para que se pronunciaran sobre los hechos y
pretensiones aducidas y ejercieran su defensa.
1.5.1. Respuesta de la Sala de
Casación Penal
Mediante escrito fechado el 2 de
diciembre de 2015, el Magistrado Jorge Luis Barceló Camacho, Presidente de la
Sala accionada y ponente de la sentencia atacada, respondió a esta acción de
tutela[11],
con la solicitud de que se denegara por improcedente el amparo deprecado, al
considerar que el actor pretende reabrir el debate jurídico y probatorio
resuelto por el juez de la causa. En efecto, la accionada señaló que el
peticionario insiste en los argumentos que planteó dentro del proceso, pues “los
temas alusivos a la vulneración al debido proceso y al juez natural fueron
objeto de pedimento de nulidad”, y la censura relativa a la labor
apreciativa de la prueba es “igualmente la reiteración de los argumentos
expuestos a lo largo de la investigación y del juicio, circunstancia que denota
que el actor estima lesivo de sus derechos el que no se le haya otorgado la
razón en unos planteamientos, que obviamente desde su punto de vista, le
deberían resultar favorable”.
Así mismo, la Sala accionada
sostuvo que el accionante propone una serie de tesis alternativas sobre el
análisis jurídico efectuado por la Sala de Casación Penal, las cuales no fueron
alegadas dentro del proceso penal, desconociendo así los fines y alcances de la
acción de tutela como mecanismo residual. En ese sentido, la Sala accionada
resaltó que el sinnúmero de hipótesis planteadas por el actor, son
contradictorias e ignoran el funcionamiento de los despachos judiciales.
En concreto, la demandada afirmó,
por ejemplo, que envolvía un contrasentido el hecho de que el actor alegara,
por una parte, que la Corte Suprema asumió sin competencia el conocimiento de
su caso pese a que los delitos imputados no tenían relación funcional con el cargo
de Ministro de la Protección Social, y que, por otro lado, sostuviera que en
atención a la dignidad que ocupaba, su caso debió ser asumido por el Fiscal
General de la Nación y no por su delegado.
De igual manera, la accionada
indicó que los reproches dirigidos a cuestionar la integración del tribunal de
juzgamiento y su imparcialidad “solo pueden entenderse como producto del
desconocimiento del actor acerca de temas procedimentales y constitucionales,
sino de la forma como operan los despachos al interior de la Sala Penal y
obviamente como especulaciones sin sentido ni fundamento, fruto quizá de la
frustración de no hallar elementos de crítica diferentes a aquellos que su
imaginación le ofrece en momentos de divagación”.
Por lo demás, frente a los cuestionamientos
en torno a la reapertura de la investigación después del auto inhibitorio
dictado en 2005, la Sala de Casación Penal advirtió que dicha decisión obedeció
a lo manifestado por Yidis Medina en la diligencia de indagatoria y a otras
pruebas practicadas por la Corte, por lo que no corresponde a la realidad
señalar que tuvo su origen en recortes de prensa.
Igualmente, frente a la negativa
de decretar y practicar las pruebas solicitadas, la Sala Penal resaltó que en
la audiencia preparatoria se manifestaron las razones para adoptar dicha
decisión, algunas de las cuales fueron revaluadas y se accedió a algunas de las
suplicas del peticionario al resolverse su recurso de reposición.
1.5.2.  Intervención de la Fiscal
6ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
La entonces titular de ese
despacho intervino para destacar el carácter excepcional de la tutela contra
decisiones judiciales y para señalar que, en su criterio, no se cumplen en este
caso tales supuestos. Señaló que la investigación penal contra el señor Palacio
Betancourt se adelantó en estricto cumplimiento del procedimiento penal, y que
en el mismo no existió vulneración de ningún derecho fundamental.
Anotó, además, que los distintos
aspectos que llegaren a aducirse en este excepcional escenario deben haber sido
oportunamente puestos en conocimiento del juez que en su momento conduce el
proceso, lo que no ocurrió en este caso, particularmente en lo relacionado con
la supuesta falta de imparcialidad de varios de los integrantes de la Sala
accionada. Señaló también que las apreciaciones sobre la supuesta falta de
imparcialidad de los Magistrados y conjueces que adoptaron el fallo, no pasan
de ser conjeturas o suposiciones, carentes por entero de pruebas.
Por estas razones, concluyó
solicitando al juez constitucional, negar esta tutela.
1.5.3. Intervención del
apoderado del señor Sabas Pretelt de la Vega
Al ser notificado de esta acción
de tutela, este representante intervino para prevenir al juez constitucional
sobre el hecho de que también su poderdante presentó acción de tutela contra la
sentencia condenatoria de abril 15 de 2015, así como para destacar el sustento
parcialmente coincidente de esas acciones de amparo, particularmente en lo
atinente a la presunta falta de imparcialidad de los Magistrados y conjueces
que integraron la Sala. En tal medida, expresó su respaldo a la solicitud de
tutela presentada por el señor Palacio Betancourt.
Respaldó, además, las críticas
planteadas por el actor en lo atinente a la supuesta falta de imparcialidad de
la Sala que emitió el fallo de condena, respecto de lo cual aludió a las
grabaciones arrimadas al expediente, que pese a su posible ilegalidad, deberían
ser valoradas por el juez de tutela a efectos de apreciar esa grave situación,
y su incidencia en el sentido de la sentencia cuestionada. Así mismo, se dolió
también de las pruebas solicitadas por los tres procesados, con miras a la
demostración de su inocencia, que la Sala accionada se abstuvo de decretar.
1.5.4. Intervención del señor
Sabas Pretelt de la Vega
Este ciudadano, condenado en la
misma sentencia contra la cual se solicita el amparo, intervino para expresar
su respaldo a la solicitud de tutela presentada por Diego Palacio Betancourt,
al encontrarse en similar situación, y compartir plenamente las razones por las
que este último solicitó protección constitucional.
II.  DECISIONES JUDICIALES QUE
SE REVISAN
2.1. Sentencia de primera
instancia
Después de resolver otras
manifestaciones de impedimento, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2015,
con ponencia del Magistrado Tolosa Villabona, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia denegó el amparo deprecado, al señalar que del examen
del fallo cuestionado “no se observa irregularidad constitutiva de vía de
hecho que imponga la intervención” del juez constitucional.
En efecto, después de incorporar
largas transcripciones de los razonamientos con base en los cuales la Sala
accionada sustentó su decisión condenatoria, se indicó que no se hallaba en su
proceder ninguna irregularidad manifiesta, constitutiva de “vía de hecho”,
en tanto se observó que tal decisión se apoyó en un análisis ponderado del
material probatorio recaudado, con el cual no sólo se acreditaron los
ofrecimientos efectuados a Yidis Medina, sino también los realizados a
Teodolindo Avendaño, en ambos casos para garantizar la aprobación del proyecto
de Acto Legislativo que permitiría la reelección presidencial.
En ese sentido, el juez de tutela
señaló que los criterios desarrollados por la Sala de Casación Penal no fueron
arbitrarios o caprichosos y que las meras inconformidades del solicitante con
el fallo no permiten reabrir el debate, pues “la sola divergencia conceptual
no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no
es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de
subsunción legal es válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los
elementos fácticos es el más acertado o el más correcto para dar lugar a la
intervención del juez constitucional”.
De otra parte, en torno a los
argumentos relacionados con la imparcialidad de los Magistrados y conjueces que
adoptaron la decisión, se destacó que el actor omitió formular la recusación
correspondiente, por lo que no se satisfizo el criterio de subsidiariedad,
implícito a la acción de amparo. Igualmente, se estimó que los reproches
referentes a irregularidades en la etapa de instrucción y en las audiencias
preparatorias tampoco eran viables, por no cumplir con el presupuesto de
inmediatez de la acción de tutela, pues para la fecha de interposición de la
misma ya habían trascurrido más de seis meses desde el momento en el que
presuntamente se configuraron dichos yerros.
Finalmente, la Sala de Casación Civil
advirtió que el hecho de que el demandante acudiera en calidad de aforado al
juicio reprochado de conformidad con el artículo 235 de la Carta Política,
impedía una doble instancia para su causa, así como la posibilidad de impugnar
el fallo condenatorio, lo cual se justifica con la prerrogativa “de ser
investigado y juzgado por órganos calificados que están a la cabeza de la
jurisdicción, y que tienen un carácter colegiado”.
2.2. Impugnación
El ciudadano Diego Palacio
Betancourt impugnó la decisión de primer grado, y sustentó ante la Sala de
Casación Laboral, juez de segunda instancia, las razones de su desacuerdo.
Entre ellas, retomó varios de los reproches formulados en la acción de tutela e
insistió en la necesidad de valorar las grabaciones publicadas en los medios de
comunicación, en las que se escucha a los entonces Magistrados de la Corte
Suprema pronunciándose sobre su caso, y de las cuales se advierte que existió
prejuzgamiento, así como que no se actuó con imparcialidad. Según afirmó, si estas
pruebas se analizan en contexto, resulta claro que “la Sala Penal tomó las
decisiones en Sala Plena frente a los temas relacionados con los funcionarios
del gobierno Uribe”, actuando en “legítima defensa” y adelantando en
su contra un juicio con “motivación política”.
De otro lado, insistió además en
la necesidad de garantizar el derecho a la doble instancia que, según adujo,
resulta aplicable a su caso, dentro del marco de lo dispuesto por la sentencia
C-792 de 2014, dictada por este tribunal. Así mismo, llamó la atención sobre la
necesidad de analizar la existencia de eventuales impedimentos en los entonces
integrantes de la Sala de Casación Laboral, órgano encargado de decidir sobre
el recurso entonces interpuesto.
De igual manera, el ciudadano
Sabas Pretelt de la Vega también cuestionó la decisión de primera instancia y
reiteró los argumentos expuestos en su intervención ante el a quo,
reclamando además su derecho a ser escuchado dentro de este trámite, en razón a
su calidad de también condenado, por la misma sentencia que a través de este
amparo constitucional se cuestiona.
2.3. Decisión de segunda
instancia
A través de sentencia del 27 de
enero de 2016, de la que fue ponente el Magistrado Luis Gabriel Miranda
Buelvas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó
el fallo apelado. En sustento de su decisión, después de reiterar el carácter
altamente excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, reafirmó que
no queda duda que la sentencia de condena tuvo sustento en el abundante acervo
probatorio que obraba en el plenario, el cual permitió a la Sala accionada
obtener un convencimiento razonable sobre el interés del actor en la
prosperidad de la reforma constitucional para entonces en estudio, así como
sobre las acciones que realizó para concretar tal fin.
Por lo demás, frente a los
cuestionamientos relacionados con la imparcialidad de los Magistrados y
conjueces que actuaron en ese proceso, el ad quem sostuvo que dichos
reproches debieron plantearse en la oportunidad correspondiente, además de lo
cual, “no se advierte subjetividad alguna en la decisión cuestionada”.
III.  ACTUACIONES CUMPLIDAS EN
SEDE DE REVISIÓN
El 28 de abril de 2016, el
ciudadano Diego Palacio Betancourt intervino reiterando los argumentos alegados
en la acción de tutela y solicitando que se revoquen las decisiones de
instancia. En concreto, presentó el siguiente cuadro donde resume los
principales cuestionamientos frente al fallo condenatorio:
ERRORES IN
PROCEDENDO
Fiscalía General
de la Nación
Sala de Casación
Penal de la CSJ
Incompetencia para adelantar la
fase de instrucción.
Incompetencia para adelantar la
fase de juzgamiento.
Recaudo probatorio irregular
por carecer de competencia.
Falta de imparcialidad e independencia
de los juzgadores.
Trasgresión de la publicidad
del proceso ante la ausencia de notificación del acto de delegación
[Resolución No. 023 (07-02-12)], dentro de un proceso que, en principio, era
indelegable.
Valoración irregular del acervo
probatorio.
Imposibilidad de ejercer el
derecho de contradicción respecto al trámite probatorio.
Violación del principio in
dubio pro reo.
Ausencia de trámite de
nulidades insubsanables, relacionadas con la garantía al juez natural y
violación al derecho de defensa.
Ratificación de las
irregularidades acontecidas en la fase de instrucción a pesar de la solicitud
realizada dentro del traslado establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de
2000.
Vulneración del derecho
constitucional de impugnación contra la resolución de acusación.
Vulneración del derecho
constitucional de impugnación de la sentencia condenatoria.
El 28 de junio de 2016, el
ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega solicitó que (i) se seleccionen para
revisión los fallos proferidos dentro del proceso de amparo que él inició para
cuestionar las mismas providencias que se controvierten en el presente trámite[12], y que (ii)
se convoque a una audiencia pública dada la trascendencia nacional del caso.
Mediante auto del 2 de agosto de
2016, el entonces Magistrado sustanciador denegó lo pedido por Sabas Pretelt de
la Vega, al considerar que (i) era extemporánea su solicitud de selección, así
como que (ii) de conformidad con los artículos 12 del Decreto 2067 de 1991 y 67
del Acuerdo 02 de 2015, no están dadas las condiciones para realizar una
audiencia, pues aun cuando el debate sometido a decisión es un asunto de
especial relevancia, en principio, los elementos de juicio necesarios para
adoptar una decisión ya reposaban en el expediente.
IV. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
A través de su Sala Plena, la
Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas
dentro del proceso de la referencia, con base en lo dispuesto por los artículos
86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas jurídicos
A partir de los planteamientos y
pretensiones formuladas en el escrito de tutela del actor Diego Palacio
Betancourt, corresponde a esta Sala determinar, si al dictar la sentencia de
condena en su contra, fechada el 15 de abril de 2015, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia incurrió en los defectos orgánicos,
procedimentales, fácticos, sustantivos y de violación directa de la
Constitución que en su propio nombre alega, en sustento del amparo solicitado,
a partir del cual, busca que se deje sin efectos la aludida providencia, en lo
que a él respecta.
Para resolver sobre lo planteado,
la Sala comenzará por rememorar los excepcionales eventos en los cuales resulta
procedente la acción de tutela frente a providencias judiciales en firme, a
partir de lo cual, revisará si tales circunstancias concurren frente al caso
concreto, de lo cual dependerá entonces la posible prosperidad del amparo
impetrado.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.1. Conforme
al precepto contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado, desde sus inicios, una amplia doctrina acerca
de la procedencia de la acción de tutela contra las providencias expedidas por
las autoridades judiciales.
En un
comienzo, esa atribución encontró fundamento en los artículos 11 y 40 del
Decreto 2591 de 1991. No obstante, aunque dichas disposiciones fueron
declaradas inexequibles mediante sentencia C-543 de 1992, al considerar que
valores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada eran relevantes en nuestro
sistema normativo, en tanto justificaban la intangibilidad de las decisiones
judiciales, esta Corte advirtió que ciertos actos no gozaban de tales
cualidades y que, por tanto, frente a actuaciones de hecho, la
acción de tutela sí resultaba procedente para proteger los derechos
fundamentales. La Corte afirmó en ese entonces:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda
dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por
la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan
o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado
alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de
hacer realidad los fines que persigue la justicia”.
3.2. El caso ahora traído a consideración de la Corte plantea un
asunto que ha sido abordado profusa y reiteradamente por la jurisprudencia
constitucional, en la que ésta ha sido positiva en afirmar que la acción de
tutela procede, a pesar de su carácter subsidiario, contra providencias
judiciales en las que se vislumbre vulneración a los derechos fundamentales. En
esa perspectiva, la Corte ha registrado una importante evolución de su
jurisprudencia sobre el particular, que se inicia con la citada sentencia C-543
de 1992, después de lo cual, fallos como el T-079 de 1993 y el T-158 de
1993, precisaron un conjunto de defectos que podrían llegar a justificar el
amparo de derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que acuden a la
administración de justicia para la solución de sus conflictos, como la ausencia
de fundamento objetivo de la decisión judicial o que el juez profiriera la
providencia arrogándose prerrogativas no previstas en la ley.
En la misma
dirección, la sentencia T-231 de 1994 trazó pautas orientadas a delimitar el
enunciado “vía de hecho” respecto de providencias judiciales, para lo
cual señaló los vicios que harían viable la acción de tutela contra aquellas, a
saber: (i) defecto sustantivo; (ii) defecto fáctico; (iii) defecto orgánico; o
(iv) defecto procedimental. Esta doctrina constitucional fue luego precisada y
reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de
la Corte Constitucional en los años subsiguientes, entre las cuales se
encuentran los fallos SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Esa misma
evolución jurisprudencial propició que, años más adelante, la Corte revaluara
el concepto de vía de hecho, entendido como el acto absolutamente
caprichoso y arbitrario[13] que interesa al juez constitucional y, en su lugar,
prefiriera el enunciado de “causales genéricas de procedibilidad de la
acción[14]. Al respecto, en la sentencia
T-949 de 2003, la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el
concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del
principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una
interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts.
1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión ‘vía
de hecho’ por la de ‘causales genéricas de procedibilidad’. Lo anterior ha sido
inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de
tutela con tal de que permita ‘armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y
la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado’ ( Sentencia T-462 de 2003 )”.
3.3. Cuota importante en esta evolución
jurisprudencial aportó la sentencia C–590 de 2005, por la cual se fortalecieron
los precedentes jurisprudenciales enunciados hasta esa fecha, por tratarse de
un fallo de constitucionalidad con efectos erga omnes, en el cual a propósito de la Ley 906
de 2004 -Código de Procedimiento Penal-, la Corte estableció que una cosa es
que el legislador no permita la utilización de recursos contra los fallos que
resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo
de su libertad de configuración y, otra muy distinta, que por esa razón se
excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86
constitucional para la protección de los derechos fundamentales contra toda
acción u omisión de cualquier autoridad pública.
En esta sentencia, se advirtió expresamente que
la acción
de tutela contra fallos judiciales sólo tendría vocación de prosperidad cuando
se cumpliera con ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de
estos, distinguió unos de carácter general, que habilitaban la interposición de
la tutela y, otros de carácter específico, que tocan la procedencia misma del
amparo, una vez interpuesto. Entre los
requisitos generales, la sentencia acopió y definió los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional[15].
(…)’.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[16].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[17].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[18]. No obstante, de
acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible[19].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[20]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
De la misma forma, ese trascendente fallo enlistó varias causales
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, entre ellas:
“25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido,
como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia
se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[21] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[22].
“i. Violación directa de la Constitución.
“Estos eventos en que procede la acción de tutela contra
decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y
la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si
bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.” (Resaltado fuera de
texto).
4. Análisis sobre la
concurrencia de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
decisiones judiciales
4.1.
Relevancia constitucional. En el proceso objeto de
estudio, el peticionario fue condenado a las penas de 80 meses de prisión,
multa de 167 salarios mínimos legales mensuales y 112 meses de inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en su calidad de coautor
del delito de cohecho por dar u ofrecer, a partir de los ofrecimientos que,
junto con otros altos funcionarios del Gobierno de la época (junio de 2004),
habría presentado a dos integrantes de la Cámara de Representantes, para
asegurar que una de ellos votara en un determinado sentido y otro se abstuviera
de hacerlo, dentro del trámite de un Acto Legislativo sobre reelección
presidencial, en el que el Gobierno Nacional tenía evidente interés.
Los cargos que
el actor formula contra el fallo condenatorio radican en la supuesta ocurrencia
de múltiples defectos orgánicos, procedimentales, fácticos, sustantivos
y de violación directa de la Constitución, en relación con
diversos aspectos relevantes, entre ellos la posible incompetencia del
investigador y de la Sala que profirió la sentencia de condena, la existencia
de importantes circunstancias que habrían afectado la necesaria imparcialidad
del fallador, las características de la valoración probatoria realizada, y la
posible existencia de defectos sustantivos en la aplicación de la ley penal, en
la fijación de la pena imponible y en la negación de beneficios penales al
condenado, que para el caso resultarían procedentes.
En este
escenario, es claro que en caso de hallarse fundados uno o más de tales cargos,
se demostraría que la condena impuesta incidiría, no solo negativamente, sino
también de manera injustificada y contraria a la Constitución, en los derechos
fundamentales del actor a la libertad personal, al trabajo y al mínimo vital,
además de lo cual, se habría atentado contra los principios superiores que
orientan el ejercicio del poder punitivo del Estado, como son los ya referidos
de presunción de inocencia, imparcialidad del juez y derecho de defensa,
componentes esenciales del debido proceso.
No menos
importantes, desde el punto de vista constitucional, son los asuntos debatidos
a través de la acción, entre ellos, la posibilidad de que se hubiera incurrido
en un defectuoso manejo probatorio, en perjuicio del inculpado, o que en su
juzgamiento no hubiere habido las debidas garantías de imparcialidad.
En tal medida,
estima la Sala Plena que los asuntos planteados presentan una clara y evidente
relevancia constitucional, con lo que este requisito aparece cumplido.
4.2. Subsidiariedad. Contra
el fallo que en este caso es objeto de controversia constitucional no proceden
recursos ordinarios, por cuanto se trata de una decisión de única instancia,
emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
cuanto los procesados eran servidores públicos amparados por el fuero
constitucional previsto en el numeral 4° del artículo 235 superior. En tal
medida, se cumple la exigencia del artículo 86 constitucional, en el sentido de
que frente a la situación controvertida no exista ningún otro medio de defensa
judicial.
En todo caso, podría argüirse que
contra esa providencia procedería, al menos, la acción de revisión, que
en tal supuesto se erigiría en un mecanismo judicial orientado a atacar
el fallo ejecutoriado de la Sala de Casación Penal. Sin embargo, debe anotarse
que en cuanto recurso extraordinario, la acción de revisión contra decisiones
ya en firme, depende para su viabilidad de unas taxativas causales de
procedencia, encaminadas a infirmar la supuesta corrección de sentencias que
han hecho tránsito a cosa juzgada, principalmente, cuando ocurren hechos o
surgen situaciones sobrevinientes que hacen necesario modificar la decisión.
Empero, en este caso, ninguno de
los cuestionamientos que el actor dirige contra la decisión de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, en el sentido de condenarlo por el delito
de cohecho por dar u ofrecer, podría subsumirse en las causales de procedencia
de la acción de revisión[23]
y, por lo tanto, no sería dable exigirle al peticionario la necesidad de agotar
una acción que no está diseñada para soportar la controversia constitucional
planteada en esta oportunidad.
4.3.
Inmediatez. La sentencia que el actor considera violatoria de sus
derechos fundamentales fue proferida por la Sala de Casación Penal el 15 de
abril de 2015, fecha desde la cual ha de contarse el término de presentación de
la acción, pues a partir de ese día el actor conoció el sentido y contenido de
tal decisión. Por su parte, la demanda de tutela se radicó ante la Sala de
Casación Civil de la misma corporación, el día 15 de octubre de 2015, esto es,
solo seis meses después de proferido el fallo atacado. Por esta razón, observa
la Sala que, al menos en esta perspectiva global, la acción se interpuso dentro
de un término razonable, lo que permite el estudio de fondo por parte del juez
constitucional, del amparo impetrado en el presente caso, contra la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal.
Con todo, no ocurre lo mismo
respecto de los defectos particulares que habrían acaecido durante el
desarrollo del proceso judicial, que según alega el actor, afectarían también
la validez de la sentencia condenatoria que puso término a aquél, puesto que se
trata de situaciones consolidadas de tiempo atrás, de hecho con considerable
antelación a la fecha de emisión de esa decisión judicial. Este es el caso,
entre otros, de los supuestos defectos orgánicos y/o procedimentales que en
sede de tutela se invocaron respecto de la actuación del Fiscal 6º Delegado
ante la Corte Suprema de Justicia, como representante de la entonces Fiscal
General de la Nación, frente a las pruebas decretadas por el aludido
funcionario, o respecto de la supuesta incompetencia de la Sala de Casación
Penal, al haber cesado el señor Palacio Betancourt en su entonces cargo de
Ministro de Estado desde el mes de agosto de 2010, o por cuanto la reforma
constitucional para habilitar la reelección presidencial era un tema ajeno a
sus funciones ante la cartera de Protección Social. Como es evidente, en vista
del tiempo transcurrido entre la ocurrencia de esos alegados defectos y la
presentación de la acción de amparo, aparece ausente, frente a todos ellos, el
criterio de inmediatez.
De manera semejante, devienen
también extemporáneas las quejas relacionadas con la no tramitación de
nulidades solicitadas durante la fase de investigación, o con la negación del
recurso de apelación propuesto contra la resolución de acusación emitida al
concluir aquélla, situaciones frente a las cuales no se impetró, en su momento,
la acción de amparo constitucional.
Así las cosas, al hallarse
ausente en esos casos este elemento de procedibilidad de la tutela, la Sala
Plena se abstendrá de considerar esas glosas en su decisión.
4.4. Que, de
ser posible, el peticionario haya sostenido en el trámite ordinario los
argumentos sobre los que construye la petición de amparo
En el presente
caso, este requisito se encuentra parcialmente satisfecho, en cuanto, según se
refleja en las decisiones adoptadas durante el transcurso del proceso penal
antecedente, la defensa controvirtió, con todos los mecanismos disponibles, las
decisiones relacionadas con la negación de pruebas solicitadas por el actor o
con el uso de pruebas trasladadas de otros procesos. Así, aun cuando ninguna de
estas decisiones fue revertida, en atención a su oportuna discusión durante el
proceso, este requisito también se considerará cumplido, en lo atinente a estas
glosas.
Sin embargo, no
ocurre lo mismo frente a otros defectos, entre ellos, todos aquellos que, por
encuadrar en causales de impedimento o recusación previstas por la ley, podían,
y a juicio de la Sala, debían, ser invocadas durante el desarrollo del proceso,
a medida que se advirtieran los hechos que las configuran, lo que, según
comprueba la Sala, no ocurrió en este caso. Esta actitud pasiva por parte del actor
compromete entonces la procedencia de varias de sus denuncias, las relacionadas
con la supuesta falta de imparcialidad de la Sala accionada, resultante de
circunstancias tales como: i) la alegada intervención durante la fase de juicio
de quien en la etapa investigativa, y conforme a lo previsto en el Acto
Legislativo 06 de 2011, fungió como Fiscal a cargo, por delegación de la
entonces Fiscal General de la Nación; ii) la formulación de denuncias penales
recíprocas entre la Sala de Casación Penal y el otrora Ministro Palacio
Betancourt; iii) la existencia de un serio enfrentamiento, asimilable a una
grave enemistad, entre, de un lado, los tres procesados y el Gobierno del que
ellos hicieron parte, y del otro, la Sala accionada, a la que correspondía su juzgamiento;
iv) la participación, como integrantes de la misma Sala, de Magistrados que, en
su momento, fueron elegidos con intervención de sus antecesores que participaron
en la sentencia anticipada de condena contra Yidis Medina, y en otras
decisiones relevantes; v) la participación dentro de esta misma Sala de un conjuez
que simultáneamente era apoderado de un periodista investigador especialmente
activo durante el desarrollo de este caso.
Según puede
observarse, aunque estas situaciones, de tiempo atrás eran conocidas por el
actor, ninguna de ellas fue planteada ni cuestionada, mediante la formulación
de las respectivas recusaciones, a partir del momento en que se advirtió la
eventual falta de imparcialidad que podrían generar, ni durante el resto del trámite
que antecedió a la decisión. Fue solo después de conocido el fallo, cuando se
cuestionaron esas circunstancias relativas a la integración de la Sala que
profirió aquel, lo que no resulta de recibo.
En vista de esa
ausencia de protesta oportuna, y tal como lo hicieron los jueces de instancia,
desde ahora anuncia la Sala que ninguno de estos supuestos defectos será
analizado, al no concurrir, en debida forma, el cumplimiento de este requisito.
4.5. Finalmente, ha de precisarse que las demás condiciones
formales de procedibilidad de la acción se satisfacen en este asunto, pues, de
una parte, (i) entre los defectos cuyo análisis avocará la Sala no se discuten
irregularidades procesales que afecten directamente la sentencia controvertida,
y de otra, (ii) el accionante no pretende cuestionar una decisión de tutela.
En suma, a partir de lo anterior,
concluye la Sala que, con las salvedades antes anotadas en lo relacionado con
la ausencia de inmediatez frente a algunos de los defectos aducidos, o con la
falta de previa alegación de otros de ellos, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de amparo. En consecuencia, se pasará a
examinar la posible configuración de los restantes defectos aducidos frente al
caso concreto.
5. Análisis sobre la presencia
de causales específicas de procedibilidad de la tutela contra decisiones
judiciales
Tomando en cuenta la extensa
lista de los defectos alegados en este caso, a partir de los cuales se pretende
que se deje sin efectos el fallo cuestionado, en lo relativo al actor Palacio
Betancourt, y una vez excluidos todos aquellos que por falta de inmediatez y/o
por ausencia de alegación previa no podrán ser analizados, observa la Sala que,
conforme a la clasificación propuesta por el actor, ellos encajarían en cuatro
de las categorías que, según atrás quedó expuesto, recogen las posibles
situaciones que podrían dar lugar a la prosperidad del amparo constitucional
contra una sentencia ejecutoriada. Aparecen, en su orden, el defecto
procedimental (que en este caso se habría generado en una circunstancia
posterior a la sentencia), la violación directa de la Constitución, el defecto
fáctico y el defecto sustantivo.
Ahora bien, la misma amplitud y
diversidad de los posibles vicios alegados contra la sentencia condenatoria
confutada lleva a la Sala Plena a advertir que, según se observa, en realidad
se pretende cuestionar ésta en su integridad, a la manera de un recurso
ordinario, como sería especialmente el de apelación, que por su naturaleza abre
paso a una instancia adicional, intentando así convertir la acción de tutela en
una nueva e integral oportunidad de revisión del fallo y sus fundamentos, lo
que naturalmente excede su intención y propósito, conforme a la Constitución.
Ello por cuanto, tal como páginas atrás se reiteró, la procedencia de la tutela
contra decisiones judiciales es altamente excepcional, y solo aparece viable en
cuanto las circunstancias alegadas se encuadren claramente en una o más de las
causales que al efecto ha desarrollado la jurisprudencia de este tribunal, lo
que, a simple vista, no ocurre en este caso, en el que varias de las
alegaciones del actor, en realidad, exceden o pretenden desfigurar la esencia
de tales causales de procedencia.
Pese a ello, la Sala adelantará
una breve pero razonable consideración de los distintos problemas planteados,
en la perspectiva de las causales en las que el actor ha pretendido clasificarlos,
para lo cual procederá primero, en cuanto aparezca necesario, a realizar una
breve contextualización adicional sobre los alcances de cada uno de los
aludidos defectos, a partir de lo cual podrá verificarse, con la claridad
requerida, si en verdad concurre una o más de tales situaciones, único
escenario que en este caso podría conducir a la prosperidad del amparo
solicitado.
5.1. Sobre el defecto
procedimental. Reiteración de jurisprudencia
Conforme a la jurisprudencia de
este tribunal, el defecto procedimental alude a todos aquellos eventos en los
que el juez accionado, al momento de dictar su decisión, o durante los actos o
diligencias previas conducentes a ella, desatiende o deja de aplicar las reglas
procesales que según el caso resultan pertinentes, defraudando así la confianza
legítima de las partes involucradas, quienes, naturalmente, esperan que el trámite
se conduzca dentro del marco de las normas procesales aplicables. Este solo
hecho implica un desconocimiento del derecho de acceder a la justicia, que
garantiza el artículo 229 de la Constitución.
Sin embargo, es claro que no cualquier
apartamiento de las reglas procesales sería suficiente para que pueda
concederse tutela contra el juez que lo hubiere cometido. Es por ello que la
jurisprudencia habitualmente exige que se trate de un defecto procedimental
absoluto, entendiendo por tal el que tiene lugar cuando se da un desconocimiento
protuberante de las formas del juicio de que se trata, bien porque el
funcionario judicial sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía
el cauce del asunto), bien cuando se pretermiten
etapas o eventos sustanciales del procedimiento legalmente establecido,
afectando así el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso[24].
En todo caso, existe gran
diversidad de situaciones en las que este defecto absoluto puede presentarse,
dependiendo de las circunstancias particulares de las distintas reglas
aplicables a cada tipo de procesos, que eventualmente serían desatendidas. Como
ejemplos frecuentes de ellos la Corte ha señalado, entre otros, los siguientes:
(i)
cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte
pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin
embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o
si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente
un efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de
conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe
una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el
cumplimiento de las mismas por parte del juez; (iii) cuando la autoridad
judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica
previamente había sido ordenada; y (iv) cuando resulta evidente que una
decisión condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara
deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado[25].
Otra ocurrencia frecuente,
encuadrable como una especie de este defecto, es el llamado exceso ritual
manifiesto, que se presenta cuando la observancia de las normas
procesales por parte del juez va acompañada de tal rigor, que se olvida su
finalidad y se termina sacrificando el derecho sustancial cuya protección
persigue el proceso, en contravía de lo previsto en el artículo 228 superior[26].
La Corte ha señalado además que
la procedencia de la tutela por defecto procedimental está sujeta a que
concurran los siguientes elementos: (i) Que no haya posibilidad de
corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada dentro del proceso
ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias
del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente
una vulneración a los derechos fundamentales[27].
Es importante advertir que el
solo hecho de apartarse, de manera notoria y determinante, de las reglas
procesales aplicables, es en sí mismo censurable, por lo que usualmente, puede
ser corregido mediante la acción de tutela. Pero más allá de ello, es evidente
que el error o desviación en materia de procedimiento puede además, según las
circunstancias, dar lugar a una decisión contraria a derecho, distinta a la que
naturalmente correspondería, circunstancia que, sin duda, añade adicional
gravedad a este defecto.
5.2 Sobre la violación directa
de la Constitución
Recogiendo la jurisprudencia
consolidada durante los años precedentes, la clasificación de las causales
especiales de procedibilidad contenida en la sentencia C-590 de 2005 reconoció
la violación directa de la Constitución como un defecto autónomo y
diferente de los demás. Esta categoría tiene entonces una función residual, en
cuanto habilita la prosperidad de la acción de tutela en aquellos casos en los
que, existiendo una evidente contradicción entre el contenido de la decisión
judicial disputada y los mandatos superiores, no sea posible su encuadramiento
en alguna de las otras causales especiales, previamente identificadas por la
jurisprudencia.
Fueron la caracterización de la Constitución
como norma de normas (art. 4°) y el mandato de aplicarla en todo caso de
incompatibilidad entre sus disposiciones y las de la ley u otra norma jurídica,
las razones que, al menos desde los primeros años del presente siglo,
impulsaron la tesis jurisprudencial que consideró la vulneración directa de la
carta política como una causal de procedencia de la tutela contra sentencias,
distinta de la que se enmarca en las condiciones del defecto sustantivo.
En atención a esas consideraciones, la Corte ha
entendido que dicho defecto se estructura cuando una providencia judicial
desconoce determinados postulados del texto superior, bien sea porque los omite
por completo, los  contradice, o les atribuye un alcance insuficiente. En
efecto, la forma más clara y evidente de desconocer la Constitución es “desatender
completamente lo que ella dispone, al punto de ni siquiera tener en cuenta sus
prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico”. Ese
desconocimiento puede ocurrir, también, cuando sus disposiciones no se aplican
en el nivel de cumplimiento más alto posible, de manera que, frente a varios
principios en disputa, uno de ellos resulta sacrificado más allá de lo que era
necesario[28].
Como situaciones en las que
concurre este defecto, la Corte ha identificado también aquellas en las que i)
en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional; ii) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; iii) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme
con la Constitución, o iv) el funcionario aprueba un acuerdo conciliatorio que
implica desconocimiento de los derechos fundamentales de una de las partes[29].
Así las cosas, dentro del marco
de esta causal especial de procedibilidad es viable la tutela contra decisiones
judiciales cuyo contenido implique desconocimiento a los contenidos del texto
superior, aplicación de la ley al margen de la interpretación conforme a la
Constitución, o efectividad de los derechos fundamentales en medida inferior a
la resultante de los dictados constitucionales.
5.3. Sobre el defecto fáctico.
Reiteración de jurisprudencia
Bajo esta denominación, la
jurisprudencia ha agrupado todas aquellas situaciones en las que existen
deficiencias en la valoración probatoria, por ejemplo, al dar por demostrados
hechos que no lo están, o por el contrario, al dejar de apreciar aspectos
relevantes que en realidad se encuentran debidamente acreditados, errores todos
que dan lugar a una inadecuada resolución de la situación fáctica observada,
decisión que por lo mismo, es contraria a derecho. Desde sus primeros fallos
sobre el particular, este tribunal ha reconocido que este escenario constituye
un grave defecto de las decisiones judiciales, y por ello, una hipótesis en la
cual, resulta excepcionalmente procedente el amparo constitucional contra tales
resoluciones.
El defecto fáctico es, entonces,
una de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales. Con todo, para que se configure este vicio es
necesario que el operador judicial profiera una decisión sin contar con el
necesario y adecuado respaldo probatorio, lo que trae como directa consecuencia
una distorsión entre la verdad jurídica o procesal y la material, situación en
la que, sin duda, no se realiza el inexorable deber atribuido a los jueces de
impartir justicia.
De lo anterior se desprende que la amplia discrecionalidad con que
éstos cuentan para asignar valor a cada prueba –según las reglas de la sana
crítica– no implica una potestad absoluta, cuyo ejercicio pueda desbordar los
límites que impone el ordenamiento constitucional.
Al mismo tiempo, es importante recordar que esta
corporación ha sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e
independencia judicial, en el cual se incluye el amplio margen de apreciación
que recae sobre los operadores judiciales para valorar, conforme a las reglas
de la sana crítica, las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Con
todo, la sentencia SU-159 de 2002, advirtió que dicha independencia y autonomía
“jamás puede ejercerse de
manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente,
la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez,
racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las
pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”[30].
Bajo ese entendido, se configura un defecto fáctico cuando
quiera que la providencia judicial ha sido el resultado de un proceso en el que
dejaron de practicarse pruebas necesarias para dirimir el conflicto (omisión
judicial), pero también cuando aquellas, habiendo sido decretadas y
practicadas, no son apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y
racional, pues ello se opone al debido proceso, al punto de generar
arbitrariedad. Lo mismo ocurre con las que carecen de aptitud o de legalidad,
bien sea por su inconducencia, o porque fueron recaudadas de forma inapropiada,
caso último en el que deben ser consideradas como pruebas nulas de pleno
derecho (art. 29 C. P.).
Esta Corte ha precisado también que el denominado defecto
fáctico tiene dos dimensiones paralelas, una positiva y una negativa.
Mientras la primera hace referencia a circunstancias en las que se valoran
pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la segunda se
relaciona con situaciones omisivas en la valoración probatoria que pueden
resultar determinantes para el caso concreto. Esta omisión debe caracterizarse
por ser arbitraria, irracional y/o caprichosa[31].
Sin embargo, la Corte ha destacado que este juicio no puede resultar
de una proyección automática, pues la valoración probatoria del juez natural
es, al menos en principio, resultado de su apreciación libre y autónoma, aunque
sin duda, no arbitraria, la que no puede, sin más, ser desplazada e invalidada,
por un criterio simplemente diferente, dado por el juez de tutela. Así, si bien
este defecto puede en realidad presentarse, y las personas o ciudadanos
afectados deben ser protegidos ante tal eventualidad, el juez constitucional ha
de ser extremadamente prudente y cauteloso, para no afectar con su decisión,
ese legítimo espacio de autonomía del juez natural. Para ello deberá realizar
una cuidadosa ponderación de cada caso en particular, atendiendo a los
parámetros decantados por la jurisprudencia de la Corte, en los siguientes términos:
“La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto
por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden
que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material
probatorio.
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación
de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El
juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que
sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le
impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos
que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por
aquél es razonable y legítima. [32]”
En otras decisiones más recientes, pero en la misma línea, esta Sala ha
indicado también[33]
que “…entendiendo que la autonomía judicial alcanza su máxima expresión en
el análisis probatorio, el defecto fáctico debe
satisfacer los requisitos de irrazonabilidad y trascendencia: (i) El error
denunciado debe ser ‘ostensible, flagrante y manifiesto’, y (ii) debe tener
‘incidencia directa’, ‘transcendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’
en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse
presentado, la decisión hubiera sido distinta”.
En suma, se
requiere entonces que el supuesto error o defecto fáctico posea unas
características claramente estructuradas, que superen la prevalencia de
aquellos principios orientados por la inmutabilidad de las decisiones que ponen
fin a un proceso, como son, entre otros, los de cosa juzgada, estructura
autónoma y funcional de la administración de justicia y seguridad jurídica.
5.4. Sobre el defecto
sustantivo. Reiteración de jurisprudencia
Según lo ha establecido esta
Corte de manera reiterada, este tipo de defecto se presenta cuando
la decisión judicial adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen, al sustentarse en disposiciones claramente
inaplicables al caso concreto. Sobre el particular, este tribunal ha sostenido,
que cuando una decisión judicial se soporta en una norma jurídica
manifiestamente equivocada, que la excluye del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica, aquella pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad, que
debe dejarse sin efectos, para lo cual la acción de tutela pasa a ser el
mecanismo idóneo y apropiado.
Al
respecto, se ha explicado que tal situación de arbitrariedad se presenta cuando
se aplica una norma:
(i) que es inexistente; (ii) que ha sido derogada o declarada
inexequible; (iii) que estando vigente, resulta inconstitucional frente al caso
concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad; (iv) que estando vigente y siendo constitucional, es
incompatible con la materia objeto de definición judicial[34].
Aun cuando todavía en ocasiones
algunos operadores jurídicos encuadran bajo este concepto situaciones
actualmente diferenciadas, como el desconocimiento del precedente o la
violación directa de la Constitución, el defecto sustantivo se circunscribe en
general a aquellos casos en los que la actuación controvertida se funda en una
norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque i) la norma  perdió vigencia
por cualquiera de las razones de ley (derogación o declaración de
inexequibilidad, ii) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad
material con los presupuestos del caso.
Según lo precisó la reciente
sentencia T-123 de 2016 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), el defecto sustantivo “parte del
reconocimiento de que las autoridades judiciales son autónomas para establecer
cuál es la norma que fundamenta la solución del caso puesto bajo su
conocimiento, del mismo modo que les corresponde interpretar y aplicar las
disposiciones normativas con autonomía e independencia. Pero admite que estos
principios que amparan la actividad del juez no son absolutos y, por eso, excepcionalmente
el juez de tutela debe intervenir para garantizar la vigencia de los derechos
fundamentales y de la Constitución. Por esa razón, para que se configure un
defecto sustantivo en cualquiera de los eventos mencionados, debe demostrarse
que la decisión del juez respecto del fundamento normativo es evidentemente
irrazonable. De lo contrario, no es procedente la acción de tutela por este
defecto.”
6. Caso concreto. Análisis de
las causales de procedibilidad aducidas
La Sala aborda a continuación el
análisis detallado de aquellos defectos que el mismo actor encuadró en alguna
de las causales especiales de procedibilidad a las que anteriormente se hizo
referencia, que no fueron previamente excluidos en razón a la no concurrencia
de alguno de los requisitos generales de procedibilidad.
6.1. Sobre la supuesta
existencia de un defecto procedimental
Según se sostuvo en la demanda de
tutela, y también al presentar impugnación contra el fallo de primera
instancia, la Sala de Casación Penal habría incurrido, con posterioridad a la
expedición del fallo aquí cuestionado, en un error procedimental, al no
permitir el trámite de la segunda instancia contra aquél, como hace poco lo
habría establecido la sentencia C-792 de 29 de octubre 2014, de este tribunal.
Sin embargo, de conformidad con
el concepto de defecto procedimental que páginas atrás reiteró la Corte,
no encuentra la Sala que en este caso se haya presentado un problema de esa
naturaleza, por cuanto la normativa aplicable a este trámite, en modo alguno
contempla la existencia de tal posibilidad, razón por la cual, la Sala
accionada no incurrió en este defecto al no admitir su ejercicio.
Ahora bien, no ignora la Sala el
sentido de las resoluciones contenidas en el antes referido fallo C-792 de
2014, decisión que incluyó la inexequibilidad diferida de varias disposiciones
de la Ley 906 de 2004, el exhorto al Congreso para legislar prontamente sobre
la materia, y la advertencia sobre la posible futura efectividad directa del
derecho a impugnar toda sentencia condenatoria originalmente no pasible de otro
recurso, en caso de que el órgano legislativo se abstuviere de regular el tema
dentro del término señalado para el efecto.
Sin embargo, es claro que aún
bajo estos supuestos, es cierto que para la época en que se produjo la decisión
que por esta acción de tutela se cuestiona (15 de abril de 2015), no existía
aún tal opción, pues todavía no había transcurrido el plazo concedido al
legislador para expedir la regulación de este tema, razón por la cual, tampoco
operaba aún la última previsión de ese fallo de constitucionalidad, esto es,
aquella según la cual “a partir del vencimiento de este término, se
entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante
el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”. Así lo
reiteró esta Corte en la reciente sentencia SU-215 de 2016 (M. P. María
Victoria Calle Correa), en la que esta posibilidad fue descartada frente a una
situación análoga, relacionada con la pretensión de impugnar una sentencia
condenatoria, distinta a la de primera instancia, emitida con anterioridad al
vencimiento de tal plazo.
Por consiguiente, no existe en el
caso de autos el defecto procedimental que en este sentido invocó el actor, por
cuanto es claro que para la época en que se emitió el fallo confutado, la
normativa adjetiva vigente y aplicable no preveía en modo alguno la posibilidad
de tal impugnación.
6.2. Sobre la posible
violación directa de la Constitución
En relación con este posible
defecto, el actor adujo, entre otras, dos situaciones específicas, que en su
criterio se encuadran dentro de este tipo de defecto, a saber: i) la existencia
de un grave enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno
Nacional del que él formaba parte, para la época en que se inició la
investigación que dio lugar a este proceso, punto cuya procedencia fue ya
descartada, en vista de la no invocación oportuna de las correspondientes
causales de recusación, y ii) el hecho de que, antes de decidir sobre su caso,
la Sala accionada había emitido ya otra decisión que sin duda marcaría el rumbo
de ésta, como fue la sentencia anticipada contra la otrora Representante a la
Cámara, Yidis Medina Padilla, quien fue condenada por el delito de cohecho
propio, y durante cuyo proceso se ordenó compulsar copias con destino a la
Fiscalía General de la Nación para investigar a los tres procesados respecto de
su posible participación en los mismos hechos. Según explicó, estas
circunstancias determinaron que no existiera en cabeza de la Sala de Casación
accionada la debida imparcialidad, necesaria para resolver sobre su eventual
responsabilidad penal por estos hechos, lo que a su turno habría generado la ya
referida violación directa de la Constitución.
En este punto, el eje de los
cuestionamientos del actor es entonces, la supuesta vulneración del principio
de imparcialidad, sin duda, elemento sustancial del debido proceso, conforme a
lo previsto en el artículo 29 superior. Para valorar en qué medida las
circunstancias aducidas ciertamente implican afectación a esta importante
garantía, la Sala comenzará por rememorar el entendimiento que ella misma ha
tenido del concepto de imparcialidad judicial, después de lo cual efectuará
algunas consideraciones particulares, sobre las situaciones que, según alega el
actor, habrían afectado tal principio en este caso, por cierto, de desigual
extensión, en vista de la antes establecida improcedencia de la primera de
ellas. Con estos elementos, podrá entonces la Sala descender a verificar si, en
efecto, se presenta en el caso de autos una efectiva afectación a este
principio, que haya de considerarse como violación directa de la Constitución,
y por ende, causal específica de procedencia de la acción de tutela, contra la
decisión judicial que en este caso se cuestiona.
6.2.1. La imparcialidad como componente del debido proceso
El principio de imparcialidad constituye un aspecto medular en las
actuaciones judiciales, y se erige como un deber ineludible para el funcionario
judicial, quien está en la obligación de fortalecer la confianza, seguridad y
la credibilidad social en cuanto a que sus decisiones tienen como único
referente la Ley.
Entre
los principales instrumentos internacionales relevantes con respecto a este
tema se destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos[35], que en su artículo 8.1,
reconoce que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter.” Del mismo modo, el más reciente, y
también pertinente Estatuto de Roma[36]
incorpora dentro de los derechos del acusado el de tener “una audiencia
justa e imparcial”, principio que es reiterado en el apartado 20.1 de las
Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional.
En el ámbito interno, la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia (Ley 270 de 1996) en su artículo 5º, señala que la rama judicial es
independiente y autónoma, y al respecto precisa que ningún superior jerárquico
en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar
o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o
criterios que deba adoptar en sus providencias. Así mismo, el artículo 153 de
la misma Ley establece los deberes de los jueces, Magistrados y empleados de la
rama judicial, entre los cuales destaca la Sala el previsto en su numeral 3º,
que ordena “desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad,
eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.
Por su parte, la Ley 600 de 2000, norma aplicable a la actuación que
dio origen a la presente acción de tutela, en su artículo 234, consagra dentro
de sus principios rectores la imparcialidad, aspecto insustituible dentro de la
actividad judicial. Así pues, resulta entonces imperativo para el juez ejercer
sus funciones, realizar sus actuaciones y proferir sus decisiones libre de toda
circunstancia, factor, injerencia o presión. El Ejercicio judicial lleva
implícitas las características de neutralidad y objetividad, presupuesto
inicial del debido proceso[37].
La independencia de un juez, uno de los principales elementos que
determinan su actuación imparcial, hace referencia, especialmente, a la ausencia
en el ejercicio de su función judicial, de todo vínculo de subordinación
jerárquica, tanto dentro como hacia afuera de la Rama Judicial. Conforme a
ella, cuando decide, el funcionario, no tiene sobre sí superiores jerárquicos
de los cuales pueda recibir órdenes o instrucciones, ni le es dable tampoco
ocultarse bajo la autoridad de aquéllos para atenuar su responsabilidad, pues
depende exclusivamente de la ley[38].
En sentencia C- 095 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), esta Corte
precisó que “La garantía de la imparcialidad, constituye no solo un
principio constitucional sino un derecho fundamental conexo con el derecho al
debido proceso. Ello porque en un Estado social de derecho la
imparcialidad se convierte en la forma objetiva y neutral de obediencia del
ordenamiento jurídico. En efecto, el derecho de los ciudadanos de ser
juzgados conforme al derecho, es decir, libre e independiente de cualquier
circunstancia que pueda constituir una vía de hecho (C.P. artículos 29 y 230),
exige de forma correlativa el deber de imparcialidad de los jueces (C.P.
artículos 209 y 230), ya que solamente aquél que juzga en derecho o en
acatamiento pleno del ordenamiento jurídico, puede llegar a considerarse un
juez en un Estado Social de Derecho”. En el mismo sentido, este proveído
señaló que:
“A partir de las citadas consideraciones, la
doctrina procesal ha concluido que la imparcialidad requiere de la presencia de
dos elementos. Un criterio subjetivo y otro objetivo. El componente
subjetivo, alude al estado mental del juez, es decir, a la ausencia de
cualquier preferencia, afecto o animadversión con las partes del proceso, sus
representantes o apoderados. El elemento objetivo, por su parte, se
refiere al vínculo que puede existir entre el juez y las partes o entre aquél y
el asunto objeto de controversia - de forma tal - que se altere la confianza en
su decisión, ya sea por la demostración de un marcado interés o por su previo
conocimiento del asunto en conflicto que impida una visión neutral de la litis[39].
(….)                  (….)                     (….)                     (….)
En consecuencia, la garantía de la
imparcialidad se convierte no sólo en un elemento esencial para preservar el
derecho al debido proceso, sino también en una herramienta idónea para
salvaguardar la confianza en el Estado de Derecho, a través de decisiones que
gocen de credibilidad social y legitimidad democrática” (Negrillas no son
del texto original).
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
decisión del caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela (Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo), en sentencia de 5 de agosto de 2008, frente al
tema, señaló:
“La imparcialidad exige que el juez que interviene
en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de
manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías
suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el
justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de
imparcialidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la
imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en
contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar
si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar
temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello
puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia,
aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y
exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho.”
El juez verdaderamente imparcial debe, entonces, estar desprovisto de
interés o preferencia por una de las partes. Los actos y las decisiones
imparciales son, en principio, neutrales, en la medida en que toman en
consideración, de manera equitativa, todos los puntos de vista involucrados en
un conflicto. El juez actúa de manera imparcial cuando brinda la debida
consideración a todas las partes, se ocupa de dar respuesta motivada a las
peticiones que le sean formuladas, expone argumentos que sean pertinentes y se
encuentra en la disposición tanto de escuchar, como de tratar a los litigantes
con respeto y sin discriminaciones.
En razón a todo lo expuesto, la imparcialidad del funcionario
judicial constituye un atributo inescindible de la actividad judicial,
representa la autonomía e independencia en las decisiones judiciales, y se
encuentra contenido en los principios que orientan un debido proceso[40].
Como instituciones claramente enderezadas a garantizar la
imparcialidad e independencia del juzgador, los códigos de procedimiento suelen
contemplar las causales de impedimento y/o de recusación, a las que antes se
hizo referencia, un listado de hechos[41]
que, conforme enseña la experiencia, podrían llevar al juez, aun
involuntariamente, a alterar su criterio, y en consecuencia, a faltar a tales
deberes en relación con un caso específico, razón por la cual resulta
desaconsejable su intervención en el mismo.
En estos casos, aun cuando lo deseable es que sea el mismo
funcionario judicial quien advierta y ponga en conocimiento los hechos que
generarían tal situación, las normas procesales suelen prever también la
posibilidad de que sea alguno otro de los sujetos procesales quien lo haga, a
través de la recusación, bien cuando el juez ignora tales hechos, o bien cuando,
conociéndolos, omite manifestarlos. En el evento de ser aceptado el impedimento
o la recusación, el fallador quedará separado del conocimiento del asunto de
que se tratare, el cual deberá asignarse a otro funcionario de su mismo nivel y
especialidad, y, de ser necesario, a un conjuez.
Ahora bien, aunque las referidas causales de impedimento y/o
recusación abarcan la totalidad de las situaciones que, en criterio del
legislador, podrían crear interferencia a la imparcialidad del juez, las que en
consecuencia deben ser materia de interpretación restrictiva, es pertinente
anotar que este deber no se reduce a la obligación de declarar, y en cualquier
circunstancia evitar, todas las situaciones allí listadas. Los deberes de
independencia e imparcialidad van más allá de estas reglas taxativas, pues
constituyen un imperativo aplicable en todos los casos, que debe necesariamente
ser cumplido. Sin embargo, es claro que las posibles razones de falta de
imparcialidad judicial deberán, al menos en principio, mirarse a partir de su subsunción
en alguna de las causales de impedimento previstas en la ley, y tramitarse
conforme a las reglas aplicables en cada ámbito procesal.
6.2.2. Circunstancias del caso
concreto supuestamente contrarias al principio de imparcialidad judicial
Entre las razones a partir de las
cuales sustentó el señor Palacio Betancourt la alegada falta de imparcialidad
del juzgador dentro del trámite que condujo al fallo condenatorio en su contra,
mencionó la existencia de un grave enfrentamiento que, según relató, enturbiaba
las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional del
que él formaba parte, y el hecho de que, previamente a la decisión de su caso,
la Sala accionada había emitido otra decisión que sin duda marcaba el rumbo de
ésta, como fue la sentencia anticipada contra la entonces Representante Yidis
Medina Padilla, quien reconoció su responsabilidad, y en tal medida fue
condenada por el delito de cohecho propio, a partir de hechos en los que, según
fácilmente se dedujo, también los tres procesados habrían participado.
La Sala se referirá entonces, de
manera separada, y en ese mismo orden, a lo posibilidad de que estas
circunstancias hubieren afectado la imparcialidad que debía observar la Sala
accionada en el juzgamiento de estos altos funcionarios.
6.2.2.1. Sobre la existencia del
aludido grave enfrentamiento entre la Sala de Casación Penal y el otrora
Gobierno Nacional[42],
la Sala reiterará la imposibilidad de analizar este punto, al no haber sido
oportunamente alegado mediante el uso de la pertinente causal de recusación,
más aun existiendo una específica, la relativa a la enemistad grave entre
alguno de los sujetos procesales y el funcionario judicial, en la cual podría
fácilmente encuadrarse la situación alegada[43].
Pese a esta circunstancia,
destaca además esta corporación que ninguno de los cuatro Magistrados que participó
en la expedición de la sentencia cuestionada, actuó en esa misma calidad para
la fecha en que la Sala de Casación Penal profirió sentencia anticipada de
condena contra Yidis Medina Padilla (junio 2008), pues aún no eran integrantes
de esa corporación. Simultáneamente, ninguno de los nueve Magistrados que para
entonces integraban la Sala, que es con quienes se habría originado el ya
referido enfrentamiento, continuaban en sus cargos para abril de 2015, anotando
además que, en su momento, cuando aún hacían parte de esa Sala, cada uno de
ellos manifestó y le fue aceptado impedimento, precisamente en vista de su
pasada intervención en el juzgamiento de los entonces Representantes Medina y
Avendaño. Así las cosas, la reiterada alegación de enemistad entre la Sala que
dictó su sentencia y el Gobierno Nacional del que el actor formó parte, resulta
aún más remota e infundada, en razón al tiempo transcurrido y a la ya referida
total renovación de la Sala a lo largo de esos años.
Más allá de estos hechos, no
puede la Sala Plena dejar de pronunciarse sobre los medios de prueba con base
en los cuales procuró el actor sustentar su aserto, pues aun cuando conociendo
desde el año 2008 el alegado enfrentamiento (muchos de los hechos que así lo
probarían, entre ellos las referencias a la actuación del Ministro Palacio
Betancourt dentro de la sentencia de Yidis Medina, ocurrieron desde esa época)
y habiéndose abstenido de alegarlos como posible causal de recusación, pretendió
probarlos a partir de las escuchas ilegales recaudadas por terceras personas
desde esa época, y hechas públicas recientemente, incluso con posterioridad al
fallo judicial que mediante esta acción de tutela se cuestiona.
Como es natural, no podría el juez
constitucional aceptar la extemporánea alegación de esta situación cuando su
supuesta prueba proviene de medios de convicción recaudados en abierta
violación del debido proceso, como, sin duda, acontece en el caso de las
referidas grabaciones, de lo que, amparados en válida y legal reserva, ocurría
al interior de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Así, al concurrir además ese
grave defecto probatorio respecto de las circunstancias a partir de las cuales
se intentó demostrar la aducida falta de imparcialidad de la Sala accionada al
proferir la sentencia cuestionada, resulta imposible para la Corte atender este
aspecto de la alegación del actor.
6.2.2.2. En lo que respecta a la
posible ausencia de imparcialidad resultante de la previa expedición de la
sentencia anticipada contra la entonces Representante Yidis Medina Padilla, así
como del precedente envío de copias con destino a la Fiscalía General de la
Nación, lo que más adelante dio origen al proceso y posterior condena contra
los tres procesados, debe esta Sala Plena hacer las siguientes consideraciones:
El actor se duele de la situación
desventajosa que en su caso habría representado la previa condena de Yidis
Medina en cuanto, más allá de los ya referidos cambios registrados en casi siete
años respecto de la composición de la Sala accionada, y en vista de la
presumible intención de sus integrantes de no entrar en contradicción con ese
primer fallo, ni tampoco causar disgusto o desavenencia a sus autores, o a la
Sala de Casación Penal como máxima instancia de la justicia criminal en el
país, existía la necesidad de proferir en su contra fallo condenatorio, muy a
pesar de la ausencia de evidencia suficiente que, según también alegó, había en
el expediente.
A propósito de este aspecto, el
actor hace también sensibles cuestionamientos a las implicaciones de la llamada
justicia premial, o justicia negociada que en esta oportunidad se habría
aplicado, insistiendo en que resulta injusta la falta de imparcialidad con que
obra el juez penal cuando, como habría ocurrido en este evento, se toma una
decisión sin fundamento suficiente, por el solo hecho de haber precedido la
confesión de otra persona, frente a la cual el acusado en el segundo proceso no
tuvo ocasión de contradecir o interrogar, pese a lo cual, esa prueba y la
correspondiente sentencia, resultaron significativos para la decisión de su
caso. Así las cosas, insiste en que en este asunto su suerte estuvo
indebidamente determinada por la condena primeramente proferida contra la
confesa y convicta Yidis Medina, hecho que en su parecer implicó falta de
imparcialidad en cabeza de la Sala accionada, así como violación de su derecho
al debido proceso.
Sin embargo, y precisamente a
propósito de las críticas que el actor hace de la llamada justicia negociada,
aparece claro el manifiesto desenfoque de su alegato contra esta situación,
pues el mismo envuelve un cuestionamiento de fondo a las instituciones que
caracterizan el sistema penal acusatorio, las que, por el contrario, tienen
claro fundamento constitucional, especialmente con posterioridad al Acto
Legislativo 03 de 2002, y por ello, han sido repetidamente consideradas
exequibles por este tribunal[44].
En efecto, muchas de las reglas procesales aplicadas en estos dos procesos han
sido estudiadas por esta corporación, a partir de la presentación de distintas
demandas ciudadanas, encontrando que son enteramente acordes con el texto
superior. Así las cosas, y tal como en casos análogos lo ha reconocido la Corte[45], no resulta
posible predicar la vulneración de derechos fundamentales, cuando la autoridad
accionada se ha limitado a aplicar reglas legales que el máximo órgano de
control constitucional ha dictaminado como claramente exequibles.
Ahora bien, el sistema
acusatorio, tanto el planteado en la original Constitución de 1991, luego
desarrollado por la Ley 600 de 2000, como el más recientemente implementado a
partir del Acto Legislativo 03 de 2002 y el posterior Código de Procedimiento
Penal contenido en la Ley 906 de 2004, tiene como uno de sus principales supuestos,
la posibilidad de que el Estado ofrezca y negocie con el procesado la concesión
de ciertos beneficios por colaboración con la justicia, colaboración que puede
manifestarse, bien en el mismo proceso que se sigue contra quien la provee,
principalmente a partir del reconocimiento de la propia responsabilidad, bien
en relación con la acción penal que el Estado ejerce contra terceras personas.
En todos los casos, los referidos
beneficios, entre ellos la posible rebaja de la pena aplicable, e incluso en
algunas ocasiones su total desaparición, se ofrecen y se otorgan como
contrapartida y en atención a la ayuda que el procesado pueda brindar para el
efectivo ejercicio de la acción penal, y el esclarecimiento de la verdad, que
sin duda se facilitan cuando una o más de las personas que cometieron el delito
o tuvieron directo conocimiento de él, suministran información relevante. Así,
si bien esta práctica implica excepciones a la aplicación del principio de
legalidad, que se manifestaría en la efectiva imposición de la pena anunciada
por la ley sustantiva, ella se entiende justificada por el beneficio global que
el Estado reporta en cuanto a la posibilidad de perseguir el delito de manera
más eficiente, pues tal objetivo sin duda se dificulta cuando aquél debe investigar
la totalidad de los delitos que afectan a la sociedad, enfrentando la
resistencia y la absoluta ausencia de información de parte de los involucrados.
En suma, es de la esencia del sistema penal acusatorio, la posibilidad de
otorgar estos beneficios, a los procesados que hubieren prestado colaboración
efectiva, bajo los parámetros previstos en la ley.
De otra parte, uno de los
principales propósitos que, sin duda, persigue la implementación del sistema
acusatorio, es la desarticulación de las organizaciones criminales,
aprovechando para ello los vínculos que pudieran existir entre sus distintos
integrantes. Una de las formas válidas de lograr ese cometido consiste,
precisamente, en la posibilidad de que, atraídos por la opción de recibir
beneficios que reduzcan el carácter aflictivo de las penas, uno o más de los
miembros de aquellas organizaciones, decidan contribuir a su desintegración,
suministrando información que pudiera contribuir a la identificación,
localización, captura y judicialización de los demás responsables.
A su turno, esto implicará que,
como ha ocurrido en este caso, en determinados procesos penales, el material
probatorio relevante provenga, al menos parcialmente, del recaudado en otras
actuaciones, seguidas contra personas relacionadas con aquella que en el nuevo
proceso es sujeto pasivo de la acción penal, siempre con respeto a las reglas
sobre pruebas trasladadas, y/o que la acusación y condena de estos últimos se
facilite o simplifique, por cuenta de lo esclarecido en procesos anteriores,
situación que, según lo ha reconocido esta Corte, no conlleva, en sí misma,
ninguna lesión a los derechos fundamentales de tales personas.
En la misma línea, el hecho de
que el rumbo de una determinada acción penal resulte parcialmente influido por
el desarrollo de otros procesos del mismo carácter contra terceras personas, y
el que en tales casos se tenga en cuenta el principio de no contradicción, no
podrá asumirse como el resultado de una actuación parcializada o poco transparente,
en la que el funcionario judicial se aparte de los principios de justicia,
independencia y rectitud que debe orientar su desempeño. Por el contrario, es
claro que ignorar o desatender la evidencia previa y válidamente establecida,
sí podría, en cambio, ser tomado como el producto de una actuación
deliberadamente direccionada a una decisión específica, y por lo tanto
contraria al principio de imparcialidad, conforme al cual al funcionario
judicial deberá reconocer y aceptar la realidad procesal que espontáneamente
resulte del análisis crítico de las probanzas disponibles.
A partir de estas reflexiones, es
visible para la Sala que la relación existente entre el proceso adelantado
contra la ex congresista Yidis Medina y el posteriormente instruido contra los
tres procesados, o el hecho de que el segundo se hubiere originado en
consideraciones vertidas en la sentencia que puso fin al primero, o en la
compulsa de copias previamente ordenada al definir la situación jurídica de aquélla,
es apenas válido resultado del propósito de abarcar a todos los participantes
en la acción primeramente sancionada, y en tal medida no implica, en modo
alguno, falta de imparcialidad de parte de la Sala accionada.
En otro ámbito, igualmente
incidente sobre el defecto alegado, debe tenerse en cuenta que cuando la
infracción de la ley penal es resultado de una sola acción simultáneamente
ejecutada por varias personas, lo procedente es adelantar un solo proceso
penal, no solo por razones de economía procesal, y ante la posibilidad de
servirse de las mismas pruebas, sino también, precisamente, para evitar el
peligro de que se produzcan decisiones contradictorias, como bien podría
ocurrir si cada uno de los posibles infractores fuera objeto de una actuación
penal independiente, distinta a la que se sigue contra sus copartícipes, riesgo
que se acentúa aún más cuando tales procesos son adelantados bajo la dirección
de diversos jueces.
Por estas razones, más allá del
sentido común, la unidad procesal es la regla que, de manera concordante,
acogen para estos casos los dos últimos códigos de procedimiento penal, tanto
la Ley 600 de 2000, en sus artículos 89 a 92, como la más reciente Ley 906 de
2004, en sus artículos 50 a 53. Estas normas contemplan además, la posibilidad
de acumular los procesos que, pese a cumplirse los supuestos de la unidad
procesal, se hubieren iniciado separadamente, como también la de que, por
excepción, se produzca la ruptura de aquélla, en cuanto concurra una de las
situaciones expresamente previstas por la ley, único escenario en el que
deberán conducirse varias distintas investigaciones separadas, frente a un
mismo hecho cometido por una pluralidad de personas. Por cierto, una de las
situaciones que podrían generar esta necesidad sería, precisamente, el hecho de
que uno de los implicados esté amparado por un específico fuero constitucional,
que no se extienda a los demás, supuesto en el cual, será necesario adelantar
procesos separados ante los distintos funcionarios judiciales competentes.
En el presente caso, se trató de
la comisión de un mismo y único hecho punible, en el que intervinieron varios
servidores públicos, dos Ministros y un Director de Departamento
Administrativo, que, de común acuerdo, habrían ofrecido ciertos beneficios a
dos congresistas (cohecho por dar u ofrecer), para que actuaran de una manera
determinada frente a una iniciativa legislativa para entonces en curso, a
partir de lo cual éstos aceptaron los ofrecimientos y adecuaron su conducta en
la forma sugerida por los representantes del Ejecutivo (cohecho propio).
Así las cosas, dado que se
trataba de conductas punibles conexas, en principio debía seguirse un único
proceso penal. No ocurrió así, primero, por cuanto el proceso contra la otrora
congresista Medina Padilla comenzó primero y concluyó, y fue apenas una vez avanzado
éste, y en vista de la inescindibilidad observada entre su conducta y la de los
funcionarios que hicieron los ofrecimientos, que se resolvió compulsar copias
para adelantar investigación contra estos últimos.           Y, segundo, por
cuanto, tanto los congresistas como los tres procesados, eran titulares de un
distinto fuero constitucional, lo que de suyo hacía imposible que sus conductas
fueran investigadas en una misma actuación[46].
A partir de lo anterior, y de
cara al reproche que en este punto ha planteado el actor, en cuanto la suerte
del proceso en su contra habría resultado influida por el previo
pronunciamiento condenatorio emitido por la misma Sala accionada contra la
entonces Representante Medina Padilla, la Corte llama la atención en el sentido
de que, a no ser por la existencia de distintos fueros constitucionales, que
como se indicó, explicaron la ruptura de la unidad procesal en este asunto,
hubiera debido seguirse un único proceso, con lo que la comunidad de prueba, y
más que ello la concordancia entre las decisiones atinentes a los distintas
procesados, habría sido aún más evidente.
Por consiguiente, no es una
circunstancia extraña ni excepcional, la que se presentó en este caso, en el
que una primera determinación de culpabilidad tuvo efectos relevantes para la
adopción de la segunda, sino, por el contrario, una ocurrencia plenamente
común, y por lo demás, claramente ajustada al lógico desarrollo de situaciones
como la examinada, en vista de la íntima conexidad existente entre los
distintos comportamientos investigados, y a la postre sancionados. De esta
forma, reafirma la Sala, que no hubo en estos hechos ningún aspecto relevante
que pueda ser visto como indicativo de falta de imparcialidad por parte de la
Sala accionada.
6.2.2.3. A partir de lo expuesto,
concluye esta Sala Plena que no pueden abrirse paso los reproches que el actor
invoca como violación directa del texto superior. a partir de la posible falta
de imparcialidad en que habría incurrido la Sala accionada.
6.3. Sobre la supuesta
ocurrencia de un defecto fáctico[47]
Los múltiples defectos que el
actor aduce contra la sentencia de condena emitida en su contra por la Sala
accionada pueden resumirse en cinco aspectos principales, algunos de ellos
íntimamente relacionados entre sí, a saber: i) el hecho de que la investigación
precedente se hubiere reactivado con base en notas de prensa; ii) el injusto
rechazo de la mayoría de las pruebas solicitadas, durante el proceso, por la
defensa de Palacio Betancourt; iii) la falta de prueba sobre el acuerdo que,
según la sentencia condenatoria, existió entre los tres procesados, para lograr
el necesario cambio en la conducta de los entonces Representantes Medina y
Avendaño, respecto del proyecto de acto legislativo sobre reelección
presidencial; iv) la falta de credibilidad que el actor atribuye al dicho de la
ex Representante Medina Padilla, que, según sostiene, habría sido la única
prueba relevante en la que el máximo tribunal en lo penal, fundó su decisión;
v) la ausencia de otras pruebas que permitieran contrastar y mejor valorar la
versión de la entonces congresista, todo lo cual se resume, entonces, en la
supuesta carencia de pruebas suficientes para respaldar tal decisión,
desfavorable al actor. Según afirma, esas circunstancias habrían dado lugar a
la ocurrencia de un defecto fáctico que, en doble sentido, afectaría la validez
de la sentencia atacada, la primera, en la perspectiva que la jurisprudencia ha
denominado dimensión negativa (ausencia probatoria), y, la segunda, en su
dimensión positiva (incorrecta valoración de la prueba disponible).
Sin embargo, del análisis de la
sentencia cuestionada no resulta, en criterio de esta Sala, ninguno de los
referidos defectos fácticos, pues, por el contrario, los razonamientos del
juzgador no parecen infundados, irracionales, ni caprichosos, sino
adecuadamente soportados en el acervo probatorio disponible. En efecto, según
se observa, la Sala de Casación Penal hizo un análisis serio, juicioso y
razonable de las pruebas arrimadas al proceso, cuyas conclusiones, no resultan
manifiestamente desenfocadas, como se requeriría para la prosperidad del
defecto aducido, máxime en circunstancias tan particularmente exigentes como
las que, según se explicó, rodean el denominado defecto fáctico en sede de
tutela.
6.3.1. Como primera medida, no
existe defecto fáctico alguno en el hecho de que la investigación previa a este
proceso se hubiere reactivado con base en notas o documentos tomados de los
medios de comunicación. No puede, en ningún sentido, afirmarse que estos
elementos de juicio carezcan de suficiente poder suasorio, o que estén sujetos
a formalidades especiales, pues el ejercicio de la acción penal es sin duda
público y oficioso, cualquiera que sea la forma en que los hechos posiblemente
constitutivos de delito lleguen a conocimiento de la autoridad que debe iniciar
la investigación, salvo apenas en los eventos en que se requiera querella o
petición especial, lo que claramente no ocurre en este caso[48].
Cosa distinta es que el posterior
avance del proceso investigativo esté sujeto a un progresivo fortalecimiento de
la prueba acopiada[49],
y contrario sensu, éste pueda detenerse, aún sin haber agotado todas sus
etapas, e incluso terminar de manera definitiva, en caso de que la evidencia
disponible resulte claramente insuficiente para justificar su avance y
continuidad. Naturalmente, la posibilidad de formular acusación en el momento
procesal oportuno, está sujeta a que, como resultado de la investigación, se
reúnan suficientes elementos de prueba que así lo justifiquen, a partir de lo
cual, es factible que si para ese momento solo existen apenas aquellos que, en
su momento, dieron lugar a la apertura de la investigación, no haya lugar a la
acusación. Sin embargo, este mismo carácter progresivo del proceso
investigativo, avala la posibilidad de que su inicio se produzca válidamente a
partir de noticias o documentos que posteriormente se estimen insuficientes,
como, apenas en gracia de discusión, podría estimarse que ocurrió en este caso.
Así las cosas, no existe en estos
hechos ninguna circunstancia constitutiva de defecto fáctico, que amerite la
concesión de la tutela impetrada.
6.3.2. Como segundo aspecto
relevante, con respecto a la supuesta ausencia de prueba sobre el acuerdo
existente entre los tres procesados para realizar los ofrecimientos a que se ha
hecho referencia, y a partir de ellos obtener de los congresistas concernidos
la colaboración necesaria para el exitoso tránsito de este proyecto en la
comisión legislativa de la que ellos eran miembros, cabe anotar que si bien no
se hizo referencia a la existencia de un encuentro o reunión específica en que
tal acuerdo se hubiera alcanzado, ello no implica que éste no hubiera existido,
ni que no haya prueba de ello.
En efecto, la sentencia
cuestionada por vía de tutela contiene repetidas referencias a las
circunstancias a partir de las cuales puede deducirse la existencia de un tal
acuerdo entre los tres procesados, aun cuando, se repite, no se haya aludido a
la realización de una específica reunión en tal sentido. Sin embargo, entendió
la Sala accionada, y esta Corte lo encuentra razonable, que la alta posición,
por lo demás, relativamente equivalente, que cada uno de ellos ocupaba en el
Gobierno Nacional, así como el hecho de ser todos directos subalternos del
Presidente de la República, y de tener así acceso permanente a éste,
demostraban suficientemente la unidad de propósito que animó su actuación, lo
mismo que la distribución funcional asumida, al punto de ser considerados
coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer, que les fue imputado, sin
ser indispensable que se hubiera probado la existencia de un específico acuerdo
o reunión en tal sentido, pues tal arreglo bien pudo haberse originado en
instrucciones que todos recibieron, favorecidas por la cercanía existente entre
ellos, y por otras circunstancias propias de la forma en que cada uno cumplía
sus funciones.
Por lo expuesto, el solo hecho de
que no se haya aludido directamente a una prueba demostrativa de la existencia
de este acuerdo, subyacente a la coautoría del delito que a los tres procesados
se atribuyó, no configura un defecto fáctico, capaz de justificar la
prosperidad de la acción de tutela que ahora se resuelve.
6.3.3. De otra parte, la Sala
resalta que no es cierto que el testimonio de la entonces Representante Medina
Padilla haya sido la única prueba conducente a la condena del accionante. Por
el contrario, y según puede apreciarse, la Sala tuvo en cuenta muchas otras
probanzas, particularmente testimonios de los demás involucrados en los hechos,
a partir de cuyo análisis conjunto y sistemático, llegó a las ya conocidas
conclusiones sobre la responsabilidad del actor, en relación con los
ofrecimientos que se habrían hecho a los congresistas Medina y Avendaño.
Entre tales testimonios se
cuentan los de los otros dos procesados[50],
los de varios integrantes de la Comisión Primera de la Cámara, quienes
informaron sobre la activa participación del Ministro Palacio Betancourt en el
trámite de este proyecto de acto legislativo y sobre el encuentro sostenido
entre éste y el Representante Teodolindo Avendaño[51], varias de las personas
que habrían resultado beneficiadas por los nombramientos ofrecidos por el actor[52], y los del
representante legal y otros funcionarios de la ESE Francisco de Paula
Santander, de la cual dependía la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja.
Así, tal como puede constatarse
con la lectura de la sentencia cuestionada, no fue un único testimonio el que
condujo a la Sala a la certeza suficiente para basar su decisión condenatoria
contra Palacio Betancourt, sino la percepción derivada de la valoración global
y razonada de tales medios de prueba, cuyas conclusiones, si bien ciertamente
no serían las únicas posibles, en nada resultan caprichosas o inverosímiles,
sino, por el contrario, totalmente plausibles y legítimas. Como es sabido, una
posible percepción diferente, de ninguna forma invalida esas conclusiones, pues
las observaciones del juzgador son producto del legítimo ejercicio de su
autonomía, y en tal medida, la existencia de tales posibles desacuerdos es una
circunstancia inherente al trabajo que desarrollan los jueces.
6.3.4. De otra parte, acerca de
la credibilidad que pueda atribuirse al testimonio de la señora Yidis Medina,
una de las destinatarias de las promesas y ofrecimientos atribuidos a Palacio
Betancourt, la Sala accionada justificó suficientemente el mérito que a ella le
asignó, para lo cual, analizó con detalle circunstancias como el cambio
sustancial existente entre las declaraciones rendidas en el año 2004, a pocos
meses de los hechos controvertidos, y las que diera en el año 2008, que a la
postre llevaron a la reapertura del proceso en su contra, y al inicio de las
investigaciones contra los presuntos autores de los ofrecimientos.
La Sala exploró, con detalle, las
posibles razones de este cambio de postura, y tuvo en cuenta las condiciones en
las que comúnmente se generan estas situaciones dentro del curso de las
investigaciones penales, además de lo cual, analizó con cuidado cuál de las dos
versiones merecería mayor credibilidad. A partir de ello, llegó a la conclusión
de que esta retractación obedeció a circunstancias razonables, ante lo cual,
aceptó su más reciente versión, según la cual, sí hubo ofrecimiento de
beneficios por parte del Gobierno, razón que la condujo a cambiar su decisión
sobre el posible apoyo al Acto Legislativo sobre reelección presidencial que
entonces se tramitaba.
También debe anotarse, que más
allá de este aspecto, la Sala accionada no acogió sin reflexión la versión de
la también condenada Medina Padilla, sino que se esforzó en validar su dicho a
partir de su confrontación con las demás pruebas disponibles, luego de lo cual,
su final percepción se inclinó por aceptar el punto relacionado con la
existencia de ofrecimientos, así como la participación que en ellos tuvo
Palacio Betancourt, según se habría acordado, entre otros espacios, en las
conversaciones telefónicas sostenidas entre ellos dos el día 2 de junio de
2004, así como a partir del importante poder e influencia que en su calidad de
Ministro de la Protección Social podría ejercer sobre el funcionario competente
para realizar el nombramiento en la Clínica Primero de Mayo, así como la
posibilidad que tuvo de tener contacto con él para la fecha de los hechos.
6.3.5. Ahora bien, una importante
razón adicional que explica las características del análisis probatorio
realizado por la Sala accionada en la sentencia atacada tiene que ver con la
forma en que razonablemente puede evaluarse la participación y la
responsabilidad de los implicados frente a un delito como el que dio lugar a
este proceso. Lo anterior por cuanto, es sabido que, a diferencia de lo que
ocurre frente a otro tipo de hechos punibles, los actos consumativos de un
delito como el cohecho, que son instantáneos, pues aquél no puede ser objeto de
tentativa, en la generalidad de los casos suelen suceder de manera oculta y
clandestina, sin presencia de testigos directos, más allá de quienes concluyen
el acuerdo delictuoso para que el servidor público concernido actúe alterando
su línea de conducta originalmente prevista. Por esta razón, rara vez podría
obtenerse una prueba directa de tal acuerdo y sus detalles esenciales, ante lo cual
resulta válido acudir a los medios de prueba indirectos, como son, por ejemplo,
los indicios[53],
los que, a su vez, tendrán mayor valor probatorio en cuanto aparezcan
respaldados por testimonios coherentes, atinentes a hechos aledaños al
investigado, puesto que, según lo explicado, éste no suele poder ser validado
directamente.
Naturalmente, este razonamiento
no implica sugerir, ni menos afirmar, que en estos casos resulte procedente
condenar sin la existencia de prueba suficiente, ni tampoco aceptar que se
abandone la aplicación de principios cardinales como la presunción de inocencia
o el in dubio pro reo. Se trata, apenas, de una prevención frente a
posibles planteamientos según los cuales, solo mediante prueba directa es
admisible tener por demostrados estos hechos, pues una postura extremadamente
exigente en este sentido, sin duda, conduciría a la imposibilidad de sancionar
ese tipo de situaciones, que de tiempo atrás han sido definidas por el
legislador como gravemente reprobables, y por lo mismo punibles.
De igual manera, ha de tenerse en
cuenta que la frecuente referencia a los actos que constituirían cumplimiento
de los ofrecimientos hechos, aun aceptando que en ninguno de ellos hubiere
participado el actor, no pretende que ellos sirvan como prueba directa del
hecho punible que se le imputa, pues, como es bien sabido, éste se consuma por
el solo acto de dar u ofrecer, independientemente de que, en el segundo caso,
tales compromisos sean luego honrados o no. Empero, no es menos cierto, y así
lo entiende la Sala, que la ocurrencia de los actos que podrían catalogarse
como de eventual ejecución de lo prometido, pueden, dependiendo de las
circunstancias, reforzar la convicción de que, en efecto, tales decisiones
favorables estuvieron precedidas de su ofrecimiento a quien finalmente resulta
beneficiario de ellas, especialmente cuando, después de ello, tal persona
altera su línea de conducta, sin ninguna otra explicación aparente.
Ahora bien, del examen cuidadoso
de la sentencia atacada, la Corte considera que en el presente caso, la Sala
accionada realizó un análisis juicioso y adecuado del acervo probatorio
disponible. En primer término, la Sala de Casación Penal justificó, en cada ocasión,
su negativa a admitir las pruebas cuyo no decreto aún controvierte el actor,
decisiones que sin duda caben dentro del ámbito de libertad probatoria del que
goza el juez penal, quien no está obligado a admitir todas las pruebas
solicitadas por los sujetos procesales, aunque sí a explicar su decisión
contraria, lo que la demandada cumplió a cabalidad.
De otra parte, la Sala estima
infundada la alegación según la cual no se aplicó en este caso el principio
in dubio pro reo, pues en realidad no existieron tales dudas, ya que la
apreciación conjunta de las pruebas disponibles, conforme a las reglas de la
sana crítica, condujo a una conclusión positiva, en grado de certeza, sobre la
responsabilidad del acusado frente al delito de cohecho por dar u ofrecer, que
en su momento se le imputó. Así las cosas, tampoco es de recibo la afirmación
de que no se desvirtuó correctamente la presunción de inocencia, pues, por el
contrario, tal determinación encuentra adecuado sustento en la presencia de los
elementos probatorios disponibles y en el juicioso análisis que, en legítimo
ejercicio de su autonomía, hizo la Sala accionada.
6.3.6. A partir de lo anterior,
concluye la Sala que en esta oportunidad no existió situación alguna
constitutiva de defecto fáctico, como se alegó, pues las circunstancias que se
pretende presentar bajo este criterio, no configuran en realidad error alguno,
sino, por el contrario, son resultado del válido ejercicio de la autonomía
judicial, una de cuyas principales manifestaciones es la libertad, siempre
razonada, de apreciación probatoria. Para la Corte, la forma en que la Sala
accionada condujo y concluyó la apreciación de las pruebas arrimadas al proceso
no presenta ninguna connotación negativa, de arbitrariedad o irrazonabilidad,
que desborde el alcance de sus facultades, menos una con las características de
ostensible, flagrante y manifiesta, y con repercusión
sustancial sobre el sentido de la decisión, como, según se indicó, lo exige la jurisprudencia
constitucional.
Como consecuencia de estas
reflexiones, tampoco aparece probado este defecto, razón por la cual, no tiene
vocación de prosperidad la tutela impetrada.
6.4.
Sobre la eventual presencia de defectos sustantivos
Finalmente,
el actor adujo la supuesta ocurrencia de al menos dos defectos sustantivos en
la sentencia condenatoria contra los tres procesados, el primero, relacionado
con la supuesta atipicidad de la conducta cometida o con la ausencia de
antijuridicidad, al no haber existido en su actuación una negociación de la
función pública, y, el segundo, en cuanto al carácter posiblemente
desproporcionado de la condena impuesta y la negación del beneficio de la
prisión domiciliaria.
Frente
a estos dos motivos de queja, la Sala Plena encuentra necesario hacer las
siguientes consideraciones:
El
actor alegó que, aún en el evento de que los entonces Representantes Medina y
Avendaño hubieran cambiado su decisión en cuanto a la forma en que votarían el
proyecto de acto legislativo sobre reelección presidencial, como resultado de
los acercamientos sostenidos con él y con los otros dos altos funcionarios del
Gobierno, tal conducta resultaba atípica frente al tipo penal de cohecho por
dar u ofrecer[54],
por cuanto la posibilidad de votar un proyecto de ley y la decisión de hacerlo
en uno u otro sentido, no constituye un deber funcional, sino una mera
facultad. Según afirmó, ello impedía que pudiera considerarse tipificado este
delito a partir de los hechos por los que fueron acusados.
Sin
embargo, esta Sala no puede acoger ni compartir semejante afirmación, por
cuanto, aunque ciertamente cada congresista es enteramente libre para decidir
el sentido de su voto frente a cada proyecto o proposición que durante su
ejercicio legislativo se someta a votación, no resulta acertado considerar que
la posibilidad de participar y votar son meras opciones, a las que por tanto se
puede renunciar, ni tampoco que las sugerencias o insinuaciones que sobre el
sentido del voto llegaren a hacer otras personas, más aún si van acompañados de
promesas u ofrecimientos, puedan considerarse acciones inofensivas o
indiferentes para la sociedad.
En
primer lugar, el derecho y la posibilidad que todo congresista tiene de emitir
su voto dentro del trámite de las actuaciones parlamentarias es también un
deber. Conforme a lo previsto en el artículo 133 superior, los congresistas
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
Añade la misma norma que “el elegido es responsable políticamente ante la
sociedad y frente a sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias
de su investidura”. Así, cada uno de los miembros del Congreso concurre en
representación de un importante número de ciudadanos, y representa por ende, la
voz de todos ellos en los proyectos, las propuestas, los debates, y por
supuesto las votaciones. Por lo mismo, un congresista no podría considerar que
el derecho de emitir su voto sea renunciable, pues en caso de así proceder,
dejaría sin voz ni participación a todos aquellos ciudadanos cuyos intereses
está llamado a representar.
Ahora
bien, por si lo anterior no fuera claro, el Reglamento del Congreso[55] es
absolutamente explícito en cuanto al carácter de deber, que tiene el voto de
cada uno de sus integrantes. Los artículos 122 a 127 de esa normativa contienen
varias reglas que reafirman ese sentido obligatorio, entre ellas la contenida
en el numeral 4° del artículo 123 (El número de votos, en toda votación,
debe ser igual al número de Congresistas presentes en la respectiva corporación
al momento de votar, con derecho a votar), el 124 que de manera taxativa
prevé las únicas excusas válidas para abstenerse de votar, el 126 que prohíbe a
los Senadores o Representantes ausentarse del recinto legislativo al momento en
que hubiere de procederse a la votación, o el 127 que establece que cada
congresista que se encuentre presente deberá votar, afirmativa o negativamente
a lo que se propone[56].
Adicionalmente,
si lo anterior dejare lugar a dudas, por cuanto en estas normas el deber de
votar se predica solo de los miembros del Congreso que se encuentren presentes
en la respectiva sesión, ha de recordarse también que la asistencia a cada
sesión es así mismo un derecho y un deber, según lo precisan, entre otros, los
artículos 90, 92 y 268 de la misma norma, y ha sido ampliamente reiterado por
esta Corte[57],
al recordar cómo las sesiones legislativas y la participación en las decisiones
que allí se toman son los principales espacios a través de los cuales los
congresistas cumplen su función de representación de la sociedad y los
electores.
Así
las cosas, es claro que la posibilidad de votar frente a los proyectos o
propuestas que se planteen en el seno de las comisiones y/o plenarias del
Congreso de la República es un verdadero deber funcional, y no una simple
opción o facultad de sus miembros, por lo cual tal diligencia se encuadra
perfectamente en los conceptos de “un acto propio de su cargo” o un “acto
que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones”[58], razón por la cual,
claramente incurre en cohecho por dar u ofrecer la persona que dé u ofrezca
dinero u otra utilidad a los congresistas, para lograr que frente a una determinada
proposición, voten si éstos pretenden no hacerlo, se abstengan de votar en el
caso contrario, o lo hagan en un determinado sentido.
De
otro lado, si bien indudablemente los congresistas son enteramente libres para
determinar el sentido de su voto en cada ocasión que ejerzan tal función, a tal
punto que la Constitución los declara inviolables por tal concepto[59],
precisamente para proteger tal autonomía, e incluso al margen de la actual
tipificación de los antes referidos delitos, se consideraría completamente
impropio que cualquier persona pretenda influir en la decisión de un
congresista sobre su apoyo o rechazo a una determinada iniciativa legislativa o
de otro tipo, salvo únicamente en el caso en que se tomen decisiones de
bancada, de conformidad con los reglas pertinentes[60].
En
tal medida, el sentido del voto de cada congresista, y la voluntad en él
expresada, debe ser producto de su libre y autónoma reflexión, sobre la mejor
forma de incorporar a la decisión de que se trata los criterios de justicia y
bien común a que se refiere el texto superior[61].
Y aunque es factible, incluso, que el interesado decida modificar su decisión
durante el curso del debate, siempre y cuando ello ocurra antes de
oficializarse el cierre de la votación[62],
ello solo es posible siempre y cuando sea el resultado de un nuevo acto de
voluntad igualmente libre, en las mismas condiciones de amplitud que el
primero. Es este, justamente, el sentido que se atribuye a la inviolabilidad de
su voto.
Por
estas razones, es claro que cualquier insinuación, propuesta o solicitud que se
dirija a un congresista en procura de influir sobre el sentido de sus votos,
aún si no va acompañada de ofrecimientos específicos, es contraria a la ley, y
es a partir de esta consideración que, en el caso de producirse alguna de estas
actuaciones, tal conducta, sin duda, se subsumiría en el tipo penal contenido
en el artículo 407 del correspondiente código.
Así
las cosas, reafirma esta Corte que la Sala accionada no incurrió en defecto
sustantivo al concluir que el comportamiento del actor se enmarcaba en esa
norma.
De
otra parte, en lo relativo a la supuesta ausencia de prueba sobre la
antijuridicidad de la conducta cometida por los tres procesados, es claro que
aun si la decisión atacada no contiene un aparte específico que se refiera a
este aspecto, ello no implica que no exista prueba de ello. En primer lugar,
porque el solo hecho de realizarse una conducta típica, de manera idéntica a la
descrita en la ley penal, es un importante indicio de antijuridicidad, pues no
es frecuente ni parece lógico que se tipifiquen penalmente conductas que no
causan daño a la sociedad. Pero además de ello, porque las consideraciones de
esta sentencia dejan en claro que, en efecto, la conducta de los tres procesados
fue contraria a derecho, en cuanto se vulneró en este caso el bien jurídico de
la recta administración pública, pues no solo no existió en su favor causal
alguna de justificación, sino que además se lesionó el interés jurídico
protegido por la ley, consistente en que los congresistas ejerzan su función de
manera libre y autónoma, y sin interferencias indebidas. Así las cosas, tampoco
en cuanto a este aspecto aparece probado el defecto sustantivo alegado por el
actor.
Por
último, tampoco incurrió la Sala Penal en un defecto sustantivo al momento de
individualizar la pena y negar al sentenciado el beneficio de la prisión
domiciliaria, por cuanto en ambos casos se trata de decisiones que caben dentro
de un bien entendido ámbito de discrecionalidad del juzgador, siempre que para
hacerlo se sitúe dentro de los límites y supuestos permitidos por la ley, como
en efecto ocurrió, respecto de ambas decisiones, las que, por cierto, fueron
extensa y debidamente sustentadas en las páginas finales de la sentencia
atacada.
Por
lo demás, y a partir de lo brevemente expuesto, es claro que en caso de que el
juez de tutela entrara a controvertir o cuestionar el monto de las penas
impuestas por el juez natural, o el mayor o menor acierto de éste al conceder o
negar las medidas sustitutivas de la pena, ello implicaría una visible e
indebida intromisión en el ámbito reservado de sus decisiones propias, y un
exceso en el ejercicio de los poderes propios del juez constitucional. Por
estas razones, considera la Sala que, por definición, no puede hablarse
siquiera, de la posible comisión de un defecto sustantivo en este terreno.
7.
Conclusión
Analizados
en su totalidad los extensos planteamientos contenidos en la demanda de tutela,
en particular los posibles aspectos que ameritarían invalidar la sentencia de
condena dictada el 15 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en contra del actor Diego Palacio Betancourt, la Sala
Plena encontró que los defectos aducidos por éste resultan infundados.
Después
de descartar la procedencia de varios de ellos por razones de inmediatez y/o
falta de alegación oportuna, la Corte Constitucional analizó los restantes
defectos aducidos, encontrando, en primer término, que no se presentó en este
caso el alegado error procedimental, pues al momento de proferirse el fallo
cuestionado no existía aún la posibilidad de impugnarlo dentro del marco de lo
previsto en la sentencia C-792 de 2014, de este tribunal.
Con
respecto a las razones que demostrarían la presunta falta de imparcialidad de
la Sala accionada, y con ello, la alegada violación directa de la Constitución
en la emisión de la sentencia confutada, concluyó esta Sala Plena que no eran
de recibo las razones expuestas, especialmente las relacionadas con la previa
emisión de otra sentencia de condena contra la congresista que habría recibido
varios de los beneficios que en su momento ofrecieron los tres procesados, con
el fin de garantizar los votos necesarios para la aprobación del proyecto de
acto legislativo del interés del Gobierno Nacional, por cuanto ello ocurrió
dentro del marco de las disposiciones legales que rigen la materia, que no son
opuestas a la Constitución, y que, por el contrario, tienen un sólido y explícito
soporte normativo en el texto superior. Así las cosas, tampoco se entendió
demostrado este defecto.
De
igual manera, concluyó la Corte que no se presentaron en este caso situaciones
constitutivas de defecto fáctico, pues la admisión o no de distintos medios de
prueba, y la valoración de las probanzas disponibles realizada por la Sala
accionada no aparece arbitraria, irracional o carente de sustento, sino, por el
contrario, plausible y coherente, y se efectuó dentro del marco legítimo de la
autonomía judicial, razón por la cual, no existe fundamento para dejar sin
efectos la sentencia cuestionada por vía de tutela, como lo pidió el tutelante.
Por
último, no se acreditó tampoco la existencia de los defectos sustantivos
alegados, pues las consideraciones vertidas en la sentencia de condena
demostraron plenamente los elementos constitutivos del delito, tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad, razón por la cual, no hubo error alguno en el
encuadramiento de la conducta cometida por los tres procesados en la norma
penal sustantiva con base en la cual fueron sancionados.
En
consecuencia, esta Sala Plena confirmará las decisiones de instancia adoptadas
por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
el sentido de denegar el amparo solicitado.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la
suspensión de términos ordenada dentro de este proceso mediante auto de junio 9
de 2016.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el 27 de enero de 2016, que confirmó la inicialmente
dictada el 15 de diciembre de 2015 por la Sala de Casación Civil, en el sentido
de DENEGAR la tutela solicitada por Diego Palacio Betancourt contra la
Sala de Casación Penal de la misma corporación
TERCERO.- Por Secretaría,
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidente
Con aclaración de
voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ      ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado                                          Magistrado
Con salvamento de voto
Con salvamento de voto
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO          JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO     AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ
Magistrada                                                     Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS                    LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Ausente con
impedimento
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A
LA SENTENCIA SU490/16
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-El argumento de la
sentencia C-792 de 2014 no es aplicable toda vez que los supuestos de hecho y
la ratio decidendi son sustancialmente diferentes al caso presente/JURISPRUDENCIA-Fuerza
vinculante de ratio decidendi (Aclaración de voto)
En este asunto no cabía, siquiera en gracia
de discusión, invocar lo resuelto en la sentencia C-792 de 2014, pues la misma
versó sobre supuestos sustancialmente distintos del examinado en este caso.
PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL-En la sentencia SU-215 de 2016 no se resolvió una situación
análoga a la decidida en esta oportunidad (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-5.414.020
Demandante: Diego Palacio Betancourt.
Demandado: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Comparto esta decisión, pero
aclaro el voto con el debido respeto para precisar el alcance que debe tener
una frase, contenida en el fundamento 6.1 de las consideraciones de la
sentencia SU-490 de 2016.
1. En la acción de tutela, el
demandante sostuvo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia incurrió en defecto procedimental, con posterioridad al fallo
condenatorio, por cuanto no dio trámite a una impugnación ordinaria instaurada
en su contra. La sentencia SU-490 de 2016 dice, por el contrario, que no hubo
tal defecto, ya que la normatividad aplicable a este trámite “en modo alguno
contempla la existencia de tal posibilidad” de impugnar las condenas contra
personas con fuero penal. Esa posición la comparto íntegramente. Sin embargo,
la sentencia luego añade una precisión de la cual discrepo, acerca de la
aplicabilidad de un fallo de esta Corte para casos como este.
2. Se pregunta el presente fallo
si el actor no tendría derecho a impugnar su condena en virtud de lo dispuesto
en la sentencia C-792 de 2014. En esa decisión, agrega, se le confirió al
legislador un plazo para regular la impugnación –dice - de “toda sentencia
condenatoria originalmente no pasible de otro recurso”, y si no lo hacía
dentro de ese término este derecho era susceptible de ejercerse por ministerio
de la Constitución. Señala entonces que ese término ya expiró sin regulación,
pero añade que ni siquiera bajo esa hipótesis tendría el actor derecho a
impugnar su condena, pues esta última se expidió en abril de 2015, cuando aún
no había vencido el plazo para impugnar directamente las condenas. Y
manifiesta: “[a]sí lo reiteró esta Corte en la reciente sentencia SU-215 de
2016 (M.P. María Victoria Calle Correa), en la que esta posibilidad fue
descartada frente a una situación análoga, relacionada con la pretensión de
impugnar una sentencia condenatoria, distinta a la de primera instancia,
emitida con anterioridad al vencimiento del plazo”. Como se observa, parece
insinuarse que la sentencia C-792 de 2014 no le era aplicable a la situación
del tutelante, solo por un problema cronológico.
3. Discrepo, sin embargo, de esta
forma de abordar el presunto defecto. Aunque coincido en que no hubo violación
alguna de derechos fundamentales al actor, debe quedar claro que la sentencia
C-792 de 2014 no le es aplicable a una situación como la examinada en este
proceso, no por la fecha de la condena, sino porque la sentencia C-792 de 2014
no versa sobre la posibilidad de impugnar condenas a aforados penales, por las
razones que expongo enseguida:
3.1. En primer lugar, considero
que en este asunto no cabía, siquiera en gracia de discusión, invocar lo
resuelto en la sentencia C-792 de 2014, pues la misma versó sobre supuestos
sustancialmente distintos del examinado en este caso. Como se sabe, para
determinar la ratio decidendi de una sentencia es preciso definir el
modo esta ha sido interpretada por la jurisprudencia posterior. En efecto, los
jueces que deben interpretar la jurisprudencia antecedente están facultados, en
ejercicio de su autonomía, para restringir o ampliar su ámbito de aplicación.[63]
Es por esto que en la sentencia SU-047 de 1999 la Corte señaló que “son los jueces posteriores, o el
mismo juez en casos ulteriores, quienes precisan el verdadero alcance de la ratio
decidendi de un asunto”. Pues bien, en la sentencia
SU-215 de 2016, esta Corporación interpretó la sentencia C-792 de 2014, y
estableció que en ella no se reconoció un derecho general a la impugnación de
toda sentencia condenatoria. Por su contexto, era claro que en la sentencia
C-792 de 2014 se consideró inconstitucional omitir la previsión de un medio de
impugnación integral contra las condenas emitidas por primera vez en segunda
instancia. Sin embargo, allí se descartó entonces que dicha providencia
cubriera las hipótesis de condenas dictadas por primera vez en casación o en
única instancia (para aforados, en particular). Dijo la Corte:
“esta Sala concluye que en la sentencia C-792 de 2014
esta Corte, si bien emitió un exhorto general, solo tomó una decisión aplicable
a los casos en que una persona es condenada por primera vez en segunda
instancia, en un proceso penal, y esto supone que el derecho a impugnar las
sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional, que se activa
cuando venza el plazo del exhorto sin legislación, solo aplica a las condenas
impuestas por primera vez en segunda instancia. A esta conclusión se llega
entonces porque en el contexto del caso entonces sujeto a consideración de la
Corte se observa que (i) no se demandaron las normas sobre competencias de la
Corte Suprema de Justicia en casación, (ii) solo se cuestionaron normas
referentes a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto obra
como autoridad judicial de segunda instancia en los procesos penales, (iii) los
cargos ciudadanos cuestionaban las disposiciones legales, estrictamente, porque
desconocían el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia,
(iv) y la Corte Constitucional, de forma explícita y clara, al delimitar los
problemas jurídicos, circunscribió el primero de ellos a la pregunta de si la
normatividad acusada vulneraba la Carta, en tanto no contemplaba medios de
impugnación contra las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.
En este contexto, no puede decirse que la sentencia C-792 de 2014 haya
resuelto, con fuerza normativa vinculante y definitiva, el problema de la
posibilidad de impugnar las condenas penales impuestas por primera vez en
casación”.[64]
3.2. En la
sentencia SU-215 de 2016, por lo demás, no se resolvió como dice el fallo que
suscita esta aclaración, “una situación análoga” a la decidida en esta
oportunidad. En aquella ocasión, la tutela se dirigía contra una condena penal
impuesta por primera vez en casación, luego de dos instancias ordinarias
absolutorias, mientras en el presente proceso se cuestiona un fallo de única
instancia, instaurado contra una persona con fuero penal. Se trata de hipótesis
objetivamente diferentes, y la Corte no puede tomar las reglas aplicables a los
procesos penales ordinarios para extenderlas mecánicamente a los de aforados
penales, por cuanto en estos hay un delicado diseño institucional, que obedece
a un balance particular de principios constitucionales. Es entonces preciso un examen
profundo y suficiente de los fundamentos del fuero penal, antes de definir si a
quienes son sus titulares les asiste el derecho a impugnar las condenas de
única instancia. Eso no se hizo en la presente ocasión y, por lo mismo, además
de las razones antes indicadas, esta decisión no supone reconocimiento alguno,
en beneficio de los aforados penales ante la Corte Suprema de Justicia, del
derecho a impugnar sus condenas por medios no previstos expresamente en la
legislación procesal pertinente.
Por esta discrepancia,
decidí aclarar el voto.
Fecha ut supra,
María Victoria Calle Correa
Magistrada
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
A LA SENTENCIA SU490/16
Referencia:
Expediente
T-5.414.020
Accionante:
Diego
Palacio Betancourt
Accionado:
Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo
Con profundo respeto por las decisiones
adoptadas por la mayoría, he decidido salvar el voto frente a la sentencia de
unificación SU-490 de 2016 aprobada por la Sala Plena de esta Corporación, en
sesión del trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
Las razones por
las cuales me aparto de lo decidido por la Sala Plena de esta Corte en la
sentencia SU-490 de 2016, corresponden a las que expuse en detalle en el
salvamento de voto que presenté a la sentencia SU-489 de 2016. Ello, debido a
que los fundamentos por los cuales me aparté de esta última, son los mismos que
aplicó la Sala Plena, en la sentencia SU-490, para negar la acción de tutela
promovida por el ciudadano Diego Palacio Betancourt.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
[1]
Según se indica en los antecedentes de la resolución de acusación fechada el 6
de marzo de 2012 visible en los folios 653 a 787 del cuaderno principal. Para
este caso, en adelante, cuando se haga referencia a un folio, se entenderá que
hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[2]
Resolución 203 de 2012, ver folio 651.
[3]
Folios 653 a 787 ibídem.
[4]
Folios 866 a 882 ibídem.
[5]
Aunque la referida providencia cita este nombre, es posible que ello obedezca a
un lapsus, y que se refiriera en realidad a Carlos Correa Mosquera, quien fue
nombrado Gerente de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja el 3 de junio
de 2004.
[6]
Folios 884 a 1204.
[7]
Ver sobre este tema el anexo B de la demandada de tutela (Folios 22 a 61).
[8]
Ver el anexo A, C, D y E de la demandada de tutela (Folios 2 a 20, y 62 a 112),
así como el concepto allegado como parte de la tutela visible en el anexo 4.
[9]
Ver el anexo F de la demandada de tutela (Folios 114 a 116), así como el
concepto allegado como parte de la tutela visible en el anexo 4.
[10] Se advierte que los números
de este listado no corresponden a los asignados por el actor a los distintos
anexos en su demanda de tutela, en la medida en que no todos ellos son
expresamente mencionados en esta providencia.
[11]
Folios 1919 a 1922.
[12] La tutela promovida por
el ciudadano Pretelt de la Vega contra la sentencia condenatoria emitida en su
contra por la Corte Suprema de Justicia fue radicada en este tribunal bajo el
número T-5.281.999, y fue no seleccionada por la Sala Doce de Selección el día
10 de diciembre de 2015.
[13]  Sentencia T-008 de 1998.
[14] Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-949 de
2003 y T-774 de 2004.
[15]
“Sentencia T-173 de 1993”.
[16]
“Sentencia T-504 de 2000”.
[17] “Ver entre otras la reciente
Sentencia T-315/05”
[18] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000”
[19] “Sentencia T-658-98”
[20] “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”
[21] “Sentencia T-522/01.”
[22] “Sentencias T-462/03, SU-1184/01, T-1625/00 y
T-1031/01.”
[23] Ver las causales contenidas en el
artículo 220 de la Ley 600 de 2000, estatuto aplicable a todos los hechos
punibles cometidos antes del 1° de enero de 2005, fecha en que empezó a regir
la Ley 906 de 2004, ninguna de las cuales permitiría la impugnación de una
sentencia afectada por los defectos alegados por el actor en tutela.
[24] Cfr. entre otras, las
sentencias T-531 de 2010 y SU-173 de 2015 (en ambas M. P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-1049 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), SU-636 de
2015 (M. P. María Victoria Calle Correa).
[25] Cfr. las sentencias
T-419 de 2011 y SU-424 de 2012 (en ambas M. P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[26] Ver sobre este aspecto,
entre otras, las sentencias SU-774 de 2014 (M. P. Mauricio González Cuervo),
T-473 de 2014 y T-429 de 2016 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-201 de
2015 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-339 de 2015 (M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio), SU-636 de 2015 (M. P. María Victoria Calle Correa).
[27]
Cfr. entre otras las ya citadas sentencias T-737 de 2007, T-1049 de 2012,
SU-173 y SU-636, ambas de 2015.
[28] Cfr. entre otras, las
sentencias T-084 de 2010 (M. P. María Victoria Calle Correa) y T-553 de 2013
(M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[29] Cfr. entre otras, T-747
de 2009 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-809 de 2010 (M. P. Juan
Carlos Henao Pérez), T-071 de 2016 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-252
de 2016 (M. P. Alberto Rojas Ríos).
[30] Cfr. sentencia SU-159 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa), ampliamente reiterada, entre otras ocasiones, por el fallo SU-074 de
2014 (M. P. Mauricio González Cuervo).
[31] Ver, entre muchas otras, la sentencia SU-447 de 2011 (M. P.
Mauricio González Cuervo).
[32] Cfr. T-214 de 2012 (M.
P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-314 de 2013 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[33] Cfr. sentencia SU-768 de
2014 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio), decisión que a su vez cita los fallos
T-009 de 2010, T- 064 de 2010, T-456 de 2010, T-505 de 2010, T-014 de 2011, T-
060 de 2012 y T-466 de 2012.
[34]
Cfr. entre otras las recientes sentencias T-739 de 2014,
SU-625 de 2015 y T-121 de 2016.
[35]
Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 16 de
1972.
[36]
Incorporado al derecho interno colombiano mediante Ley 742 de
2002, ver artículo 67.
[37] Conforme
a este texto “El funcionario judicial buscará la determinación de la verdad
real. Para ello debe averiguar, con igual celo, las circunstancias que
demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o
exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su
inocencia”.
[38]
CALAMANDREI, Piero. “Proceso y democracia”.
[39] Este
concepto ha sido ampliamente reiterado, entre muchas otras decisiones, en las
sentencias T-1034 de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-545 de 2008
(M. P. Nilson Pinilla Pinilla), C-762 de 2009 (M. P. Juan Carlos Henao Pérez),
T-319A de 2012 y C-538 de 2016 (en ambas M. P. Luis Ernesto Vargas Silva),
T-439 de 2014 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-450 de 2015 (M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), relativas a distintos aspectos de la actividad
judicial.
[40]
Cfr. sentencia C-881 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[41]
Cfr. artículos 99 a 111 de la Ley 600 de 2000, código
aplicable a esta actuación.
[42] El actor se refiere al
Gobierno del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez y sus inmediatos colaboradores,
dentro del cual se desempeñó como Ministro de la Protección Social el actor
Diego Palacio Betancourt.
[43]
Cfr. numeral 5º del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal aplicable
(Ley 600 de 2000).
[44] Ver, entre muchas otras:
Sobre las características generales del sistema acusatorio, C-873 de 2003 (M.
P. Manuel José Cepeda Espinosa). Sobre algunas de sus instituciones más
típicas, entre ellas, los preacuerdos, ver las sentencias C-516 de 2007 (M. P.
Jaime Córdoba Triviño), C-059 de 2010 (M. P. Humberto Sierra Porto), C-645 de
2012        (M. P. Nilson Pinilla Pinilla) y C-372 de 2016 (M. P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez); sobre la sentencia anticipada, ver las sentencias
C-425 de 1996 (M. P. Carlos Gaviria Díaz) y C-1260 de 2005 (M. P. Clara Inés
Vargas Hernández), y sobre el principio de oportunidad, ver entre otras las
sentencias C-979 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño),  C-988 de 2006 (M. P.
Álvaro Tafur Galvis), C-095 de 2007 (M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra),             C-936 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-387 de
2014 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio), C-259 de 2016 (M. P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez) y C-326 de 2016 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[45] Cfr. por ejemplo el caso
resuelto mediante sentencia T-001 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla), sobre
la aplicación de normas sobre extinción de dominio, previamente declaradas
exequibles por esta Corte.
[46] Aun cuando esta situación
difiere de la coautoría, en la que la unidad procesal es aún más clara, resulta
bastante frecuente que sucedan casos en los que existe íntima conexidad entre
el delito de cohecho por dar u ofrecer que comete una persona, que puede ser o
no servidor público (artículo 407 del Código Penal), y el cohecho propio o
impropio que comete un servidor público, que recibe o acepta lo que el otro da
u ofrece para dejar de cumplir una función inherente a su cargo, o como pago
por cumplirla (artículos 405 y 406 del Código Penal). En todos estos casos, y
salvo que concurra un hecho que origine la ruptura de la unidad procesal, lo
procedente es adelantar un solo proceso en el que se investigue, y si es del
caso se juzgue, de manera simultánea, a los distintos autores de todas estas
conductas. Ver en este sentido, entre otras, las siguientes decisiones de la
Sala de Casación Penal: 1) sentencia de 20 de mayo de 2014 (radicación 41.230)
que resolvió sobre la acción de revisión promovida por una persona condenada
por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en cuyo relato puede constatarse
que en el mismo proceso fueron investigadas y sentenciadas las personas que a
partir de los mismos hechos fueron acusadas por el delito de cohecho impropio,
y 2) sentencia de 27 de octubre de 2014 (radicación 34.282) contra un
congresista que fue inicialmente acusado por el delito de cohecho propio, en
cuyo relato puede constatarse que fue en razón del fuero constitucional que le
amparaba, que no se investigó dentro de la misma actuación, sino en proceso
separado, la conducta de los particulares que paralelamente fueron acusados por
el delito de cohecho por dar u ofrecer.
[47]  En razón a tratarse de
cuestionamientos similares frente a una misma y única sentencia, la valoración
de este defecto por parte de la Sala sigue una ruta cercana a la observada en
la sentencia SU-489 de 2016 de la misma fecha, por la cual se resolvió la acción
de tutela que, en relación con los mismos hechos, presentó el señor Alberto
Velásquez Echeverri contra la Sala de Casación Penal.
[48]  Los delitos cuya
investigación está sujeta a la previa presentación de querella o petición
especial se encuentran listados en los artículos 35 y 36 de la Ley 600 de 2000,
y entre ellos no aparece el cohecho por dar u ofrecer, delito por el cual se
adelantó esta investigación.
[49]  Así por ejemplo, en los
casos en que exista incertidumbre sobre la ocurrencia de la conducta punible,
sobre su adecuación típica, o sobre la posible existencia de eximentes de responsabilidad,
entre otros casos, resulta posible adelantar la llamada investigación previa,
regulada por los artículos 322 a 328 de la Ley 600 de 2000, antes de iniciar
formalmente la instrucción.
[50] El entonces Ministro del
Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega y el Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez Echeverri.
[51] Entre los primeros se
encuentra el entonces representante Dixon Ferney Tapasco, y entre los segundos
los también congresistas Germán Navas Talero y Luis Fernando Velasco Chávez.
[52] Entre ellos Carlos
Correa Mosquera, quien por esos días fue nombrado Gerente de la Clínica Primero
de Mayo de Barrancabermeja y Vania Constanza Castro Barona, quien meses después
celebró contratos con el Ministerio de Protección Social para apoyar a esa
entidad en la atención del tema FONCOLPUERTOS.
[53] Expresamente admitidos
como medio de prueba por los artículos 233 y 284 a 287 del código procesal
aplicable (Ley 600 de 2000). Sobre la necesidad, utilidad y procedencia del uso
de los indicios en materia penal ver PARRA QUIJANO, Jairo, “Algunos apuntes
de la prueba indiciaria”, ponencia presentada en abril 2015 para el
Instituto Chileno de Derecho Procesal, tomada de www.ichdp.cl (consultada
el 11 de agosto de 2016), autor que a su turno cita abundante jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia y doctrina penal extranjera, entre la cual se
destacan el alemán C. J. A. MITTERMAIER y el italiano Nicola FRAMARINO DEI
MALATESTA.
[54]
Artículo 407 del Código Penal (Ley 599 de 2000).
[55]
Contenido en la Ley Orgánica 5ª de 1992, con algunas reformas
posteriores.
[56] Al comentar estas
disposiciones, la Corte ha reiterado que el voto es un deber de los
congresistas. Ver, entre otras, las sentencias C-543 de 1998 (M. P. Carlos
Gaviria Díaz), C-1040 de 2005 (varios ponentes) y C-1017 de 2012   (M. P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[57] Cfr. especialmente la
sentencia C-740 de 2013 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[58]
Ver artículos 405, 506 y 407 del Código Penal.
[59]
Artículo 185 de la Constitución Política.
[60]
Actualmente la Ley 974 de 2005.
[61]
Artículo 133, antes citado.
[62]
Ver en este sentido la citada sentencia C-543 de 1998 (M. P.
Carlos Gaviria Díaz).
[63]
Puede verse, por ejemplo, Llewellyn, Karl. The Bramble
Bush. Oxford University
Press. 1996, pp. 50 y ss.
[64]
Sentencia SU-215 de 2016 (MP. María Victoria Calle Correa. AV. María Victoria
Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Jorge Iván Palacio Palacio. SPV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis Ernesto
Vargas Silva. SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos).