T-054-14
Sentencia T-
Sentencia T-054/14
ACCESO A SERVICIOS
MEDICOS NO CONTEMPLADOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Casos en que EPS niegan
insumos, medicamentos y procedimientos bajo el argumento de que no se
encuentran incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud
LEGITIMACION PARA ACTUAR
COMO AGENTE OFICIOSO O REPRESENTANTE-Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo a la normatividad y a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la legitimación en la causa por
activa se configura a partir del ejercicio directo de la acción, de la
representación legal, (como en el caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), por apoderado judicial,
(caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y
al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su
defecto el poder general respectivo); o por medio de agente oficioso. No
obstante, esta figura no procede directamente, pues es necesario que el agente
oficioso afirme que actúa como tal y además demuestre que el agenciado no se
encuentra posibilitado para promover su propia defensa.
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTONOMO-Reiteración de jurisprudencia
Todas
las personas pueden acudir a la acción de tutela para lograr la protección del
derecho fundamental a la salud, pues no solamente es un derecho autónomo sino
que también comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la vida y
el de la dignidad, derechos que deben ser garantizados por el Estado Colombiano
de acuerdo a los mandatos internacionales, Constitucionales y jurisprudenciales.
Sin dejar a un lado que, el derecho a la salud no es absoluto, pues se puede
limitar conforme a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que ha
fijado la jurisprudencia de este Tribunal.
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Requisitos
La
Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar que, en ciertos
eventos se pueden amparar prestaciones no incluidas en el Plan de Beneficios,
con el fin de atender los mandatos de orden constitucional.
COMITE TECNICO CIENTIFICO DE ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD-Criterios que se deben tener en
cuenta para autorizar medicamentos no incluidos en el POS
La
Corte Constitucional ha sido reiterativa en manifestar que el concepto de
Comité Técnico Científico, no puede convertirse en una instancia más entre los
usuarios y las Entidades Promotoras de Salud.  Máxime cuando  “el
tiempo de espera fijado por la normativa resulta entonces desproporcionado
frente a la necesidad de garantizar el goce efectivo y oportuno del derecho
[fundamental] a la salud”.
JUEZ DE TUTELA-Criterios
de valoración probatoria de la incapacidad económica en materia de salud
En
desarrollo de la jurisprudencia este tribunal ha decantado una serie de reglas
en materia probatoria que el juez de tutela debe aplicar, conforme a la
obligación de salvaguardar a todas las personas respecto de cualquier acción u
omisión que vulnere o ponga en peligro sus derechos fundamentales.
INCAPACIDAD ECONOMICA EN MATERIA DE SALUD-Reglas jurisprudenciales sobre la prueba
PLAN DE BENEFICIOS DE REGIMEN SUBSIDIADO-Subreglas de inaplicación
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE SALUD-Reiteración de
jurisprudencia
Esta
Corte ha desarrollado toda una línea jurisprudencial para darle plena
aplicación al principio de integralidad y de esa manera garantizar plenamente
el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos. Por ello, ha
dispuesto que la atención en salud debe ser integral y comprender el cuidado,
el suministro de medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, las prácticas de
rehabilitación, la realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento, así
como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el
restablecimiento de la salud del paciente.
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Orden a EPS suministro de pañales desechables y
suplemento alimenticio ensure, podrá repetir ante el Fosyga
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS O
PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Orden
a EPS suministrar pañales desechables cobrándole únicamente el 50% de su costo
Referencia:
Expedientes
T-4053884, T-4054718, T-4058583, T-4062223, T-4065862, T-4066583, T-4072772,
Acciones de tutela presentadas por Yulis
Elena Navarro Jaramillo, Zoila Polo de González, Mariela Castaño Valencia,
Mario Alonso Cañas Arias, Mercedes Helena Castillejo de Daza, Elvina Chaverra,
Luis Jiménez González.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos
mil catorce (2014)
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva
y Alberto Rojas Ríos, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En los
procesos radicados con las referencias T-4053884, T-4054718, T-4058583,
T-4062223, T-4065862, T-4066583, T-4072772, que fueron seleccionados y
acumulados por presentar unidad de materia en el Auto de la
Sala de Selección número nueve de la
Corte Constitucional del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece
(2013), notificado el once  (11) de octubre de dos mil trece (2013), para ser
fallados en una sola sentencia.
En consecuencia, la
Sala procede a exponer los antecedentes, las pruebas y la decisión judicial de
cada uno de los expedientes:
I.
ANTECEDENTES
1.
EXPEDIENTE T-4053884
La señora Yulis Elena Camargo, agente oficiosa  de su progenitora Ana Sofía
Jaramillo Noriega, presentó acción de
tutela contra la Secretaría de Salud y Caprecom por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la salud, seguridad social, igualdad y dignidad
humana, con base en los siguientes:
1.2 Hechos y razones de la acción de tutela
La accionante, afirma que la  agenciada Ana Sofía
Jaramillo Noriega está
afiliada a Caprecom, tiene 52 años de edad y padece cáncer de cuello uterino
que le impide valerse por sí misma y requiere atención en casa. Debido a su
delicado estado de salud no controla esfínteres por lo que requiere el uso
diario de pañales desechables y utensilios de aseo en general.
Indicó, la agente oficiosa  que no cuenta
con los recursos para asumir el costo de los útiles de aseo y del suplemento
alimenticio Ensure, requeridos por su progenitora quien presenta un precario
estado de salud.
Concretó como pretensión que la
Entidad Promotora de Salud Caprecom y la
Secretaria de Salud suministren a su progenitora de forma permanente los
implementos de aseo, pañales desechables, crema antipañalitis, jabón
antibacterial, shampoo, crema para el cuerpo, el homecare, el suplemento
alimenticio ya mencionado y el suministro de todos los tratamientos médicos
necesarios para la salud de su progenitora.
1.3. Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado primero (1º) Laboral del
Circuito del Distrito Judicial de Valledupar admitió la demanda y corrió
traslado a la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar y a la
E.P.S. Caprecom, por el término de tres días para que se pronunciaran en
relación con la demanda.
Caprecom E.P.S. expresó que, si bien la
progenitora de la accionante está afiliada al régimen subsidiado en el
municipio de Valledupar no ha negado ningún servicio, sin embargo, no podría
acceder al homecare o cuidado domiciliario, porque no hay orden de especialista
que así lo prescriba.
En cuanto a los implementos de aseo,
adujo que se trata de una prestación excluida del Plan Obligatorio de Salud
Subsidiado POS-S y, por esta razón, el principio de solidaridad impone a cada
miembro de la sociedad la obligación de ayudar a sus familiares.
1.4. Pruebas documentales
A continuación se relacionan las pruebas
documentales que obran en el expediente:
- Copia de la historia clínica de Ana Sofía Jaramillo -folios 14-34.
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ana Sofía Jaramillo
Noriega-folio 35.
- Copia de la cédula de ciudadanía de Yulis Elena Navarro Jaramillo en
calidad de agente oficiosa de su progenitora Ana Sofía Jaramillo Noriega-folio
36.
- Comunicación de la
Empresa Promotora de Salud Caprecom, por medio de la cual comunica que la
solicitud de implementos de aseo y homecare no fue aprobada-folios 41-48.
Decisiones judiciales
Sentencia de Única Instancia
Mediante fallo del 8 de agosto de 2013, el
Juzgado Primero (1º ) Laboral del  Circuito, negó el amparo solicitado al
considerar que la progenitora de la accionante, Ana Sofía Jaramillo Noriega, no
presentó ninguna prescripción médica que ordenara lo solicitado en la acción de
tutela, consistente en los implementos de aseo, homecare, y el suplemento
alimenticio-folios 49-52.
2.
EXPEDIENTE T-4054718
La señora Zoila Polo de González, presentó acción de tutela contra Coomeva E.P.S.
invocando la protección de sus derechos fundamentales a la
Salud en conexidad con el derecho a la vida, a la seguridad social y a la
dignidad humana, los cuales consideró vulnerados por la entidad demandada al no
autorizarle, los  pañales desechables que requiere, con base en los
siguientes:
2.1. Hechos y razones de la acción de tutela
La accionante manifestó que está vinculada
a Coomeva E.P.S. y padece demencia senil, con pérdida de control de esfínteres.
Por este motivo, el neurólogo José E Vargas Manotas le ordenó el uso de pañales
desechables por un término de tres meses.
Aseguró que en el mes de febrero de 2013,
presentó la solicitud para le entrega de los pañales ordenados por el neurólogo
tratante, petición negada por Coomeva E.P.S con el criterio de que constituye
una exclusión específica del plan de beneficios legalmente aplicable al POS.
Adujo como pretensión de la demanda ordenar
a Coomeva E.P.S. la entrega de los pañales desechables prescritos por el médico
tratante y la atención domiciliaria por las dificultades que implican sus
desplazamientos.
2.2. Traslado y contestación de la demanda
Mediante Auto del 15 de abril de 2013,
el Juzgado octavo (8º) Civil Municipal de Barranquilla admitió la demanda y
corrió traslado a Coomeva E.P.S,  por el término de veinticuatro (24) horas para
pronunciarse en relación con la demanda.
Coomeva E.P.S. se pronunció en relación
con la acción de tutela presentada por la demandante explicando que los insumos
de aseo no están cubiertos por el Plan Obligatorio en Salud POS y además la
paciente no acreditó la pertinencia médica requerida para otorgar esta
prestación.
De otra parte, expresó que la atención
médica domiciliaria es una prestación  supeditada a la pertinencia médica,
elegida por el criterio científico del médico tratante y en relación con  la
patología que padezca la paciente.
2.3. Pruebas documentales
A continuación se relacionan las pruebas
documentales que obran en el expediente:
-  Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Zoila Polo de González
–folio 5.
- Copia de la orden médica, suscrita por el
neurólogo José E Vargas Manotas en la cual prescribe los pañales desechables
talla L en cantidad de tres diarios –folio 6.
- Copia de la respuesta otorgada por Coomeva E.P.S. el 27-02-2013,
a la accionante, con base en  la cual le comunicó que no aprobó la prestación
de pañales por tratarse de una exclusión específica del Plan Obligatorio de
Salud-folio 7.
Decisiones judiciales
Sentencia de Primera Instancia
Mediante fallo del 26  de abril  de 2013, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Barranquilla no concedió el amparo constitucional,
porque la accionante recibe una pensión que asciende a la suma de ochocientos
cincuenta y ocho mil trescientos veintiuno con cincuenta y un pesos ($ 858.321,
51), suma que consideró suficiente para sufragar sus gastos y el costo de los
pañales que requiere. No demostró que tiene personas a cargo.
En el mismo sentido, el juzgado adujo que
si los recursos que recibe la accionante con base en la pensión son
insuficientes les corresponde a los familiares contribuir económicamente para
cubrir esta prestación-folio 36.
Impugnación
La accionante apeló la decisión por
considerar inapropiada la determinación del  juzgado de primera instancia porque,
si bien recibe una pensión, no valoró que luego de descontar los gastos de
manutención y el gasto de pañales le quedaría la irrisoria cifra de cien mil
pesos  $100.000 para subsistir.
Sentencia de Segunda Instancia
El Juzgado Doce Civil del Circuito de
Barranquilla, profirió sentencia de segunda instancia el 20 de junio  de 2013,
confirmando integralmente la emitida por el juez de primera instancia,
reiterando que la accionante es pensionada y no demostró su incapacidad
económica para asumir el costo de los pañales y de la atención domiciliaria que
solicita-folios 6-11.
3. EXPEDIENTE  T-4058583
La señora Lilian García Castaño, en calidad de  agente
oficiosa de su progenitora Mariela Castaño Valencia, presentó acción
de tutela contra la Nueva E.P.S, invocando la protección de sus derechos
fundamentales a la  salud y a la vida digna.
3.1 Hechos y razones de la tutela
Manifestó que su progenitora tiene en la
actualidad 73 años de edad, pensionada con el salario mínimo y afiliada a la
Nueva E.P.S.
Explicó que la agenciada sufre múltiples
patologías, consistentes en tromboembolismo pulmonar, cardiomiopatía,
hipertensión arterial crónica, EPOC, adicionalmente, ha padecido tres derrames
cerebrales con secuelas cognitivas y motoras, postrándola en cama, con pérdida
total de la movilidad.
La accionante, adujo que su progenitora
estuvo hospitalizada quince días y al darle de alta le ordenaron controles
ambulatorios por medicina interna. A pesar de la orden, explica, que no ha
tenido acceso a la atención por la dificultad para asignación de citas y  el
traslado al consultorio médico.
Expresó que los pañales que requiere su
progenitora tienen un costo mensual aproximado de $ 240.000, insumo del cual
depende la calidad de vida de la agenciada y a pesar de los requerimientos que
han presentado para adquirirlos por la E.P.S, esta entidad los ha negado.
Aseguró que la pensión de su progenitora permite un
precario sustento del hogar, sin que tenga ingresos adicionales, lo que indicaría
su falta de recursos para adquirirlos de su peculio.
Concretó, como objeto de la acción de tutela, el
suministro periódico de pañales en cantidad de veintiocho (28) semanales, las
visitas de control domiciliario por parte del médico internista en
consideración a las limitaciones de movilidad que presenta su progenitora y el
tratamiento integral de salud.
3.2. Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Manizales Caldas, por auto
del ocho (8) de julio de 2013, admitió la
demanda y corrió traslado, por el término de dos (2) días hábiles, a la Nueva
E.P.S. para pronunciarse en relación con la demanda presentada. – folio 18.
Así, el 19 de julio de 2013, Belman
Lucila Cárdenas Kraft en calidad de representante de la Nueva E.P.S. S.A.
solicitó no acceder al amparo demandado, porque los pañales corresponden a un
insumo de aseo excluido del POS, y tal insumo así como la necesidad de la
atención domiciliaria no acarrean un perjuicio irremediable y, por el contario,
constituyen prestaciones que corresponden a los familiares del paciente
agenciado con base en el principio de solidaridad previsto por el numeral 2º
del artículo 95 de la Constitución Política-folios 26-31.
Expresó en cuanto al principio de
atención integral, de conformidad con la  jurisprudencia de esta corporación,
que debe ser direccionado por el médico tratante porque no se puede concebir
como una especie de “cheque en blanco”-folio 32.
3.3. Pruebas documentales
A continuación se relacionan las pruebas
documentales que obran en el expediente:
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Mariela Castaño
Valencia –folio 2.
-. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Lilian García Castaño
en su condición de agente oficiosa e hija de Mariela Castaño Valencia-folio 3.
-. Copia de la epicrisis a nombre de la señora Mariela Castaño Valencia
-folios 4-11.
Decisiones judiciales
Sentencia de única  instancia
Mediante fallo del diecisiete (17) de julio
de 2013, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales Caldas, declaró
improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados en la demanda,
porque la accionante no demostró los presupuestos que permitirían la
procedencia del amparo constitucional-folio 21
En consideración a lo anterior, explicó que
la función del juez constitucional no es ordenar prestaciones o servicios de
salud sin la respectiva orden del médico tratante adscrito a la entidad encargada
de garantizar su prestación. En consecuencia la visita médica domiciliaria y la
orden para el suministro de pañales conciernen al criterio científico  del
médico tratante y no al querer del agente oficioso-folio 23.
4. EXPEDIENTE  T-4062223
El señor Mario Alberto Cañas, actuando en calidad de
agente oficioso de su progenitor Mario Cañas Arias, presentó acción de tutela
contra la E.P.S. Sura, invocando la protección de los derechos fundamentales a
la Salud, atención integral, vida digna y a la “protección de las personas en
debilidad manifiesta”.
4.1. Hechos y razones de la tutela
Expresó el accionante que su progenitor,
agenciado en la demanda, hace aproximadamente nueve años sufrió un accidente
cerebrovascular isquémico que le ocasionó limitaciones del movimiento en el
lado izquierdo, específicamente en la extremidad superior e inferior allí
ubicadas.
Adujo que sufre hemiparesia izquierda de
predominio braquial con hiperreflexia y alta espasticidad y retracciones que le
producen limitación severa para el desempeño de sus actividades cotidianas, sin
movilidad bípeda  y total postración.
Aseguró que debido a la carencia de ayuda
profesional, el 22 de febrero de 2013, su progenitor sufrió una fuerte caída en
el baño que le causó un trauma craneoencefálico severo con hematoma subdural
agudo frontal –parietal-temporal izquierdo por lo que requirió intervención
quirúrgica para drenaje de la lesión-folio 1.
Debido al delicado accidente que sufrió el
agenciado presenta un marcado deterioro neurológico, sin respuesta de ningún
tipo, sólo reacciona al estimulo de dolor con gestos faciales
Expresó que el agenciado se encuentra en
casa respirando a través de una traqueotomía, y alimentándose por medio de una
gastrostomía con el suplemento alimenticio Glucerna que le suministra la E.P.S.
A la fecha el agenciado, en estado
vegetativo, no cuenta con una enfermera permanente las 24 horas del día por
carecer de los medios económicos necesarios para contratarla.
Explicó que su progenitor requiere pañales
permanentes y la crema anti escaras Desitín recomendada por el médico tratante.
A pesar de que presentó la solicitud ante
la E.P.S para el suministro de las prestaciones mencionadas no recibió ninguna
solución por parte de la entidad accionada.
4.2. Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado 18 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías en auto del 10 de julio de 2013, admitió la demanda y corrió traslado por el término de
dos (2) días hábiles a la E.P.S. Sura para que se pronunciara en relación con
demanda – folio 35.
El 15 de julio de 2013, la representante
legal de la E.P.S. y Medicina  Prepagada Suramericana contestó la demanda,
solicitando la improcedencia del amparo demandado. Expresó que el accidente
sufrido por el agenciado no obedeció a la falta de una enfermera, porque la
actividad que tiene que ver con  su cuidado corresponde a cuidador primario,
que puede tratarse de un familiar. Además, no acreditó orden médica que
prescribiera los pañales y la crema antiescaras, requisito indispensable porque
se trata de prestaciones excluidas del Plan Obligatorio de Salud-folios 39-47.
4.3. Pruebas documentales
A continuación se relacionan las pruebas
documentales que obran en el expediente:
- Copia de la cédula de ciudadanía del señor Mario Alfonso Cañas Arias,
agenciado en la demanda de tutela-folio 12.
- Copia  de la cédula de ciudadanía del señor Mario Alberto Cañas
Grillo en calidad de agente oficioso de su progenitor-folio 14.
- Copia de la prescripción médica del 28-3-2013, suscrita por el doctor
Mullet-folio 15.
- Copia del plan de cuidados del 2-4-13 de la Clínica del Caribe S.A. a
nombre del señor Mario Cañas-folio 16.
- Copia de la prescripción médica del medicamento Glucerna de la
Clínica del Caribe, suscrita por María Margarita Sánchez-folio 17.
- Copia de las guías de atención y diario clínico de la Clínica del
Caribe  S.A. correspondiente al señor Mario Cañas-folios 18-22.
- Copia del derecho de petición presentado al Gerente General de la E.P.S.
Sura el 20 de mayo de 2013, por el señor Mario Alberto Cañas Grillo en calidad
de agente oficioso del señor Mario Cañas Arias-folios 23-32.
- Respuesta del 22 de mayo de 2013, suscrita por el Director de Salud
Regional de la E.P.S. Sura y medicina prepagada S.A, dirigida al señor Mario
Alberto Cañas en la cual explica que el servicio de enfermería 24 horas se
brinda con fundamento en las órdenes emitidas por el médico tratante, de
conformidad con el estado de salud del usuario.
- Los pañales y cremas antiescaras constituyen utensilios de aseo
excluidos del POS, sin que sean susceptibles de pronunciamiento por parte del
comité técnico científico-folio 33.
Decisiones judiciales
Sentencia de Única Instancia
Mediante sentencia del 23 de julio de 2013,
el Juzgado 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, expresó que
el objeto de la petición consiste en la aprobación de una enfermera las 24
horas del día, el suministro de pañales y de la crema antiescaras.
Adujo que el accionante no acreditó que la
ausencia de enfermera en casa y la atención médica domiciliaria pongan en
peligro la vida del actor, y no obra orden médica que los prescriba.
Respecto a los pañales y la crema anti
escaras, el fallo consideró que si bien existe una solicitud por parte del
agente oficioso no obra en el expediente orden del médico tratante adscrito a
la E.P.S-folio 75.
Por las anteriores consideraciones, el
juzgado negó el amparo constitucional solicitado por el agente oficioso.
5. EXPEDIENTE T-4065862
Yenis Daza Castillejo en calidad de agente oficiosa de
su progenitora Mercedes Elena Castillejo de Daza, instauró acción
de tutela contra el Establecimiento de Sanidad Militar 1009 Valledupar
invocando la protección de sus derechos fundamentales a la salud, la vida, a la
dignidad y la seguridad social los cuales estima vulnerados, con base en los
siguientes:
5.1. Hechos y razones de la tutela
Manifestó la accionante que su progenitora
Mercedes Elena Castillejo de Daza está afiliada en calidad de beneficiaria a la
entidad Establecimiento de Sanidad Militar 1009 Valledupar.
Expresó que el 22 de enero de 2013, la
agenciada presentó cuadro de aneurisma cerebral y debió ser internada de
urgencia en la clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, permaneciendo
en estado de coma inducido por un lapso de tres (3)  semanas.
Adujo que le fue practicada una
intervención quirúrgica en la cual se le implantó una válvula en el cerebro,
por lo que presentó una leve mejoría y decidieron enviarla a casa con el
programa de homecare.
Transcurrido aproximadamente un mes
presentó convulsiones y debió ser trasladada de urgencia nuevamente a la
clínica Laura Daniela con episodio de convulsión.
Posteriormente, es estabilizada y remitida
a la casa con una enfermera las 24 horas, remplazada por un turno de 12 horas,
sin que la haya examinado un neurólogo y el médico internista sólo lo hizo una
vez.
Expresó que la agenciada ha sufrido varias
recaídas por su estado de salud sin que haya recibido la atención que requiere
por parte del Establecimiento de Sanidad Militar que le provee el servicio de
salud.
La accionante pretendió el tratamiento
completo homecare con enfermera permanente las 24 horas, ya  que, si bien tiene
este servicio,  su prestación ha sido muy precaria. De la misma manera,
solicita las prestaciones de especialista (neurólogo, psicólogo,
fisioterapista, médico internista entre otros), cama hospitalaria, silla de
ruedas, pañales desechables, pañitos húmedos, cremas antipañalitis y los demás
medicamentos necesarios así no estén incluidos en el POS.
5.2. Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Valledupar Cesar, por auto del
dos (2) de julio de 2013, admitió la
demanda y corrió traslado por el término de 24 horas a la entidad demandada
para que se pronunciara respecto a la acción presentada – folio-10.
El 10 de julio de 2013, el Director del
Establecimiento de Sanidad Militar 1009 Valledupar, explicó que no se ha negado
a la progenitora de la accionante ningún servicio incluido en el POS.
Respecto a la cama hospitalaria, silla
de ruedas, pañales desechables, pañitos húmedos y cremas antipañalitis,
pretendidos por la accionante, explicó que son insumos no incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud, no contribuyen a la rehabilitación  o al mejoramiento de
la salud del paciente y no acreditó los presupuestos jurisprudenciales para
otorgarlos, esto es, no existe orden médica que los prescriba-folio 21.
5.3. Pruebas documentales
A continuación se relacionan las pruebas
documentales que obran en el expediente:
-. Copia de la epicrisis de la atención recibida en la Clínica Laura
Alejandra de Valledupar por la señora Mercedes Elena Castillejo de Daza,
agenciada y progenitora de la accionante -folios 4-13.
-. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Mercedes Elena
Castillejo de Daza, agenciada en la demanda de tutela-folio 14.
-. Copia de la cédula de ciudadanía de Yenis Daza Castillejo, hija y
agente oficiosa en la demanda de tutela presentada-folio 15.
-. Copia de las guías de atención y evolución de Coonsocial C.T.A,
medicina domiciliaria a nombre de la agenciada-folios 22-50.
Decisiones judiciales
Sentencia de Única  Instancia
Mediante sentencia del 17 de julio de 2013,
el Juzgado Quinto Civil del Circuito, negó el amparo solicitado al considerar
que de acuerdo con las orientaciones de esta Corporación la accionante
reconoció en la demanda de tutela que la entidad accionada no ha incumplido con
la prestación del servicio integral homecare, porque se demostró la prestación
del servicio, con base en  la historia clínica aportada por la entidad
demandada-folio 56.
6. EXPEDIENTE T-4066583
El señor Orlando Chaverra, actuando como agente
oficioso de su  progenitora Elvina Chaverra, presentó  acción de tutela contra
la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle del Cauca, invocando el
amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social,  a la salud y vida
digna  los cuales estimó vulnerados, con base en los siguientes:
6.1. Hechos y razones de la tutela
La señora Elvina Chaverra, tiene en la
actualidad 77 años de edad aproximadamente y está afiliada en calidad de beneficiaria
a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco-Valle del Cauca.
La agenciada se encuentra postrada en cama
porque presenta dificultades para movilizarse por sí misma, aspecto que
dificulta la ejecución de sus funciones vitales básicas.
Adujo que la accionada ha sufrido un grave
deterioro en su calidad de vida, porque necesita tratamientos médicos
especiales ambulatorios, tales como visitas médicas de especialistas,  e
insumos para mejorar su calidad de vida.
Explicó que la entidad accionada ha negado
los implementos requeridos por su progenitora, así mismo los medicamentos como
la lovastatina porque no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud
(P.O.S).
Como pretensión de la demanda de tutela
solicitó una camilla y silla de ruedas porque la agenciada no se puede
trasladar por sí misma, pañales desechables en promedio de cuatro (4) diarios,
crema antipañalitis en promedio una cada cuatro días, enfermera en el turno del
día, crema hidratante lubriderm en cantidad de un tarro semanal, paños húmedos
para el aseo personal, guantes para la manipulación de personas en cantidad de
10 pares diarios, jabón o shampoo íntimo porque la agenciada sufre de
quemaduras y alergias, suplemento vitamínico ensure, en proporción de uno
diario, visitas médicas domiciliarias, tanque de oxigeno, transporte en
ambulancia para exámenes y chequeos médicos. Finalmente, el cumplimiento de la
atención integral y permanente que requiere la agenciada de acuerdo con lo
ordenado por el médico tratante-folio 4.
6.2. Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado Trece (13) Civil
Municipal de Cali -Valle,  por auto del 25 de junio  de  2013, admitió la demanda y corrió  traslado, por el término
de dos (2) días hábiles, a Comfenalco para que se pronunciara en relación con
la acción de tutela presentada, así mismo, vinculó al Ministerio de Salud y
Protección Social – folio 95.
La entidad accionada expresó que las
pretensiones presentadas por el accionante son infundadas y no tienen soporte
en la prescripción médica expedida por el galeno que atiende a la agenciada,
requisito indispensable para autorizar los servicios que requiera el paciente,
porque es aquél quien puede acreditar la necesidad de los mismos por parte de
la agenciada-folio 100.
6.3. Pruebas
A continuación se relacionan las pruebas
documentales que obran en el expediente:
- Copia del carné de afiliación de la agenciada Elvina Chaverra a
ComfenalcoValle del Cauca-folio 6.
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Elvina Chaverra,
agenciada en la demanda de tutela presentada-folio 7.
- Copia del Carné de afiliación a Comfenalco, Valle del Cauca a nombre
del señor Orlando Chaverra, en calidad de cotizante y quien actúa como agente
oficioso de su progenitora Elvina Chaverra en la demanda de tutela-folio 8.
- Copia de la cédula de ciudadanía de Orlando Chaverra, agente oficioso
en la acción de tutela instaurada-folio 9.
- Copia de la historia clínica de Comfenalco Valle a nombre de Elvina
Chaverra-folios 11-93.
Decisiones judiciales
Sentencia de Única Instancia
El Juzgado Trece (13) Civil Municipal
concedió el amparo constitucional y explicó que las partes reconocieron que los
insumos solicitados motivo de la acción de tutela están excluidos del POS. En
relación con lo que consideró un segundo requisito indispensable para conceder
el amparo, adujo que no acreditó el accionante la prescripción médica de un
profesional adscrito a la E.P.S. Comfenalco.
De otra parte, la falta de recursos alegada
por el agente oficioso en favor de la agenciada se convierte en una afirmación
indefinida que invierte la carga de la prueba, sin que haya sido desvirtuada
por la parte accionada-folio 116.
Manifestó que si bien no se cumple los
presupuestos para el amparo solicitado por la falta de prescripción de medico
adscrito a Comfenalco E.P.S. reconoce que el asunto objeto de revisión está
relacionado con la condición de género de la accionante y es por este motivo
que concede el amparo constitucional del derecho a la salud y ordenó lo
pretendido por el agente oficioso-folios 108-118.
7. EXPEDIENTE T-4072772
La  señora Margoth Rodríguez Polo, actuando como
agente oficiosa de su cónyuge Luis Jiménez González, presentó acción de tutela,
invocando la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a
la dignidad y a la seguridad social contra la Nueva E.P.S, los cuales estima
vulnerados, con base en los siguientes:
7.1. Hechos y razones de la tutela
Manifestó la accionante que el señor Luis
Jiménez  González tiene 84 años de edad y es afiliado a la Nueva E.P.S. de la
ciudad de Barranquilla.
Adujo que el agenciado es una persona que
presenta un precario estado de salud ya que fue sometido a un proceso de
revascularización, aproximadamente hace nueve años, es hipertenso, y presenta
secuelas de enfermedad cerebro vascular, isquemia, limitación funcional,
hemiplejia derecha con dificultad para caminar y realizar actividades de forma
cotidiana e individual-folio 1.
Explicó que el médico tratante, Edison de
Arco Rudas, recomendó para su cónyuge agenciado atención domiciliaria, sin que
se trate de una solicitud infundada, porque la requiere  debido al síndrome de
movilidad que presenta-folio 2.
Expresó que la necesidad de la atención
domiciliaria y la enfermera 24 horas, así como el transporte en ambulancia no
corresponden a un capricho, sino a una necesidad que se puede acreditar con la
visita practicada al paciente para determinar su estado de dependencia.
Manifestó la agente oficiosa que su cónyuge
requiere ayuda para la administración de supositorios, sufre episodios diarios
de incontinencia, necesita ayuda para el cuidado de la sonda que debe utilizar
y, por ende, pañales para su cuidado.
La agente oficiosa, también es una persona
de la tercera edad, porque tiene en la actualidad 76 años de edad y no posee
recursos económicos para sufragar los gastos que su cónyuge requiere.
Reiteró que  la E.P.S. ha negado el
suministro y entrega permanente de pañales desechables, paños húmedos, crema
antipañalitis, implementos requeridos por el accionante en la cantidad y
periodicidad ordenada por el médico tratante.
7.2. Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado Décimo Administrativo Oral de
Barranquilla, en auto del 11
de julio de 2013, admitió la demanda y
corrió traslado por el término de cuarenta y ocho horas  a la NUEVA E.P.S. para
que se pronunciara en relación con la acción presentada – folio-62.
El 16 de julio de 2013, el apoderado de
la Nueva E.P.S. contestó la demanda de tutela y solicitó declararla
improcedente, porque la entidad accionada no vulneró ningún derecho
fundamental. En este sentido, advirtió que los pañales desechables  e
implementos de aseo son insumos excluidos del P.O.S.
7.3. Pruebas documentales
A continuación se relacionan las pruebas
documentales que obran en el expediente:
- Declaración extrajuicio ante la Notaría Única de Baraona en la cual
manifiesta la accionante que carece de recursos económicos debido a su estado
pobreza –folio 7.
- Orden de consulta domiciliaria a nombre del agenciado señor Luis
Jiménez González, suscrita por el doctor Tommys  Morales Abdo, médico adscrito
a la Nueva E.P.S. -folio 8.
- Copia del índice de Barthel, realizado por el medico cirujano Tommy
Yesid morales de la Nueva E.P.S., el cual describe un puntaje de dependencia
considerado como grave –folios 9-11.
- Copia de la historia clínica suscrita por el doctor Tommys Yesid
Morales a nombre del señor Luis Jiménez González-folios 16-29.
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Margoth Rodríguez de
Polo  agente oficiosa   en la demanda de tutela-folio 10.
- Copia de la cédula de ciudadanía del señor Luis Jiménez González,
agenciado  en la demanda-folio 33.
- Copia de
la historia clínica a nombre del agenciado Luis Jiménez González suscrita por
el doctor Eduardo Cormane, médico general –folios 36-37.
- Copia de un segundo índice de Barthel practicado al
agenciado, en el cual se establece su total dependencia-folios 39-40
- Contestación a la acción de tutela, suscrita por el
apoderado de la Nueva E.P.S. en la cual pidió declarar la improcedencia del
amparo constitucional solicitado por la agente oficiosa-folio 66-73
Decisiones judiciales
Sentencia de Única Instancia
El Juzgado Décimo Administrativo Oral de
Barranquilla, mediante sentencia del 25 de julio de 2013, profirió sentencia y
amparó los derechos fundamentales a la vida y la salud del agenciado. Dispuso
que en el término de 72 horas, siguientes a la notificación de la decisión, el
agenciado debía someterse a revisión clínica para determinar si requería de
este servicio. Así mismo, negó los suministros de pañales, crema antipañalitis
y pañitos húmedos por carencia probatoria en el expediente que acreditara la
necesidad de estos insumos. De otra parte, no autorizó el servicio de
enfermería las 24 horas.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar las decisiones proferidas en las acciones de tutela
de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Presentación
del caso y planteamiento del asunto objeto de revisión
En atención a lo expuesto, esta Sala de
Revisión deberá determinar si las distintas Empresas Promotoras de Salud
vulneran los derechos fundamentales a la
salud, integridad personal, vida digna, mínimo vital y seguridad social de
los/las accionantes al negarles los insumos, medicamentos y procedimientos, en
especial el de pañales, bajo el argumento de que no se encuentran incluidos
dentro del Plan Obligatorio de Salud, tratándose del Plan Obligatorio de
Salud.
A fin de resolver los casos, la Sala
reiterará lo que la Corte Constitucional ha sostenido sobre: (i) la legitimación para actuar como agente oficioso o
representante; (ii) el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
que permita vivir dignamente; (iii) el suministro de insumos, medicamentos y servicios excluidos del Plan
de Beneficios; (iv) el principio de
integralidad en la prestación del servicio de salud, para finalmente proceder
al (v) análisis de los casos concretos.
La legitimación para actuar como agente oficioso o
representante. Reiteración de jurisprudencia.
A pesar de la informalidad que caracteriza la acción
de tutela, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido unos requisitos
mínimos de procedibilidad, encontrándose dentro de ellos la legitimación en la causa
por activa.[1]
De acuerdo a la normatividad y a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, la legitimación en la causa por activa se configura a
partir del ejercicio directo
de la acción, de la representación legal, (como en el caso de los menores de
edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), por
apoderado judicial, (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para
el caso o en su defecto el poder general respectivo); o por medio de agente
oficioso.
La figura de la agencia oficiosa, encuentra su
sustento legal a partir del artículo 86 Superior que consagra: “toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
(…) por sí misma o  por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales.” (Negrillas
fuera del texto original)
Asimismo, el Decreto 2591 de 1991, que reglamentó la
acción de tutela, plasma en su artículo 10º que la “La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. (…) También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa”.
(Negrillas fuera del texto original)
Esta Corporación en su jurisprudencia, fundamenta la
validez de la agencia oficiosa a partir de tres principios constitucionales:
(i) el principio de la eficacia de los derechos fundamentales, que impone a la
administración la ampliación de mecanismos institucionales, con el fin de
realizar efectivamente este tipo de derechos; (ii) el principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal; que impide, que por circunstancias
meramente procedimentales, se vulnere los derechos fundamentales; y finalmente,
(iii) el principio de solidaridad, que obliga a la sociedad colombiana a velar
por la defensa de los derechos ajenos, cuando ellos por sí mismos no pueden
promover su defensa[2].
No obstante, esta figura no procede directamente, pues
es necesario que el agente oficioso afirme que actúa como tal y además
demuestre que el agenciado no se encuentra posibilitado para promover su propia
defensa.
El derecho fundamental a la salud. Reiteración
jurisprudencial.
El artículo 49 de la Constitución Política
de Colombia, indica que el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las
personas la atención en salud, estableciendo políticas para la prestación del
servicio y ejerciendo una vigilancia y control de las mismas. De ahí que el
derecho a la salud tenga una doble connotación: por un lado se constituye en un
derecho fundamental y por otro, en un servicio público de carácter esencial.
El carácter fundamental de los derechos constitucionales,
actualmente ya no se estructura a partir de la distinción de los derechos de
primera o segunda generación, ni tampoco porque tenga alguna relación directa
con otros derechos fundamentales –tesis de conexidad-, pues la Corte entiende
que son fundamentales todos aquellos derechos constitucionales que
funcionalmente estén dirigidos a logar la “dignidad humana” de las
personas, y además que sea entendido como subjetivo[3]. Bajo
estos supuestos es que la Corte Constitucional, entendió que el derecho a la
salud era fundamental. En ese sentido la Corte Constitucional en Sentencia
T-736 de 2004 precisó que:
“(…) la jurisprudencia Constitucional  ha dejado
de decir que tutela el derecho a la salud “en conexidad con el derecho a la
vida y a la integridad personal” para pasar a proteger el derecho fundamental
autónomo a la salud”. Igualmente indica que  “(...) no brindar
los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o
no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye
una vulneración al derecho fundamental a la salud.”
Ahora bien, la génesis del estatus fundamental del
derecho a la salud, coincidió con la evolución de la protección de este derecho
en el ámbito internacional, específicamente en la Observación N° 14 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la cual se señaló:
“La salud es un derecho humano fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser
humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le
permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede
alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación
de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud
elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de
instrumentos jurídicos concretos”. (Negrillas
fuera del texto original)
En este mismo sentido, el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su párrafo 1º que ‘toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios’.
De igual manera, el artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales contiene una de las
disposiciones más completas y exhaustivas sobre el derecho a la salud. En su
párrafo 1º determina que los Estados partes reconocen “el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental’,
mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo,
diversas ‘medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la
plena efectividad de este derecho.”
Con todo, la garantía del derecho
fundamental a la salud, está funcionalmente dirigida a mantener la integridad
personal y una vida en condiciones dignas y justa. Debido a esto, la
jurisprudencia de esta Corporación manifestó, que existen circunstancias que
necesariamente ameritan el suministro de insumos, medicamentos e
intervenciones, que a pesar de no estar contemplados en el Plan de Beneficios
necesitan ser prestados por las EPS, pues de lo contrario, se vulneraría el
derecho fundamental a la salud. Verbigratia, los casos en donde las EPS
niegan el suministro de pañales a las personas que no pueden controlar sus
esfínteres, bajo el argumento que no se encuentran incluidos en el POS. Al
respecto este Tribunal indicó:
“(…)
cuando por el acatamiento  de lo descrito en el Plan Obligatorio de Salud,
se causa un perjuicio a derechos fundamentales como la vida,  la
integridad personal o la dignidad de la persona que requiere de los servicios
por ellas excluidos, tal reglamentación debe inaplicarse y se debe ordenar su
suministro, para garantizar el goce efectivo de los derechos y garantías
constitucionales. Así, cada situación concreta deberá ser evaluada, pues en
casos de enfermedad manifiesta y ante la urgencia comprobada de la necesidad de
esos servicios, no existe norma legal que ampare la negativa de prestarlos ya
que por encima de la legalidad y normatividad, está la vida, como fundamento de
todo el sistema[4].”
En síntesis, todas las personas pueden
acudir a la acción de tutela para lograr la protección del derecho fundamental
a la salud, pues no solamente es un derecho autónomo sino que también comporta
el goce de distintos derechos, en especial el de la vida y el de la dignidad,
derechos que deben ser garantizados por el Estado Colombiano de acuerdo a los
mandatos internacionales, Constitucionales y jurisprudenciales[5]. Sin dejar a un lado que,
el derecho a la salud no es absoluto, pues se puede limitar conforme a los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad que ha fijado la jurisprudencia
de este Tribunal.
El suministro de medicamentos y procedimientos
excluidos del Plan de Beneficios. Reiteración Jurisprudencial
En principio, el derecho fundamental a la
salud es exigible por vía de tutela solamente respecto a los contenidos del
Plan de Beneficios. Empero dicha regla no es absoluta, pues jurisprudencíalmente
la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar que, en
ciertos eventos se pueden amparar prestaciones no incluidas en el Plan de
Beneficios, con el fin de atender los mandatos de orden constitucional.
“[L]a exclusión de
ciertos tratamientos y medicamentos de la cobertura del Plan Obligatorio de
Salud, no puede ser examinada por el juez de tutela, simplemente desde la
perspectiva de lo que dice la normatividad, y, en virtud de ello, aceptar la
negativa, por no violar las disposiciones respectivas. Se ha reiterado, una y
otra vez, que corresponde al juez Constitucional  examinar el caso concreto, y,
de acuerdo con el examen al que llegue, estimará si la negativa de la entidad
pone o no en peligro el derecho fundamental a la salud o a la vida del
interesado, o algún otro derecho fundamental, que tenga relación con ellos”[6].
Esta posición, ha servido como base para que esta
Corporación en reiteradas ocasiones tutele los derechos fundamentales a la salud y a la vida en
condiciones dignas, frente a la negativa de las Entidades Promotoras de Salud
-E.P.S- de conceder pañales a sus pacientes por no estar incluidos dentro del
Plan de Beneficios.
De ahí que la Corte en sentencia T-099 de 1999[7], haya
tutelado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de una persona
perteneciente a la tercera edad (80 años), con bajos recursos económicos, que
sufría de incontinencia urinaria, al considerar que la negación de los insumos
y/o medicamentos por parte de la Entidad Promotora de Salud, tornaba indigna la
existencia del paciente, debido a que no le permitía el goce de una óptima
calidad de vida, impidiéndole desarrollarse plenamente. Asimismo señaló que
frente a las personas de la tercera edad “el derecho a la seguridad social
se erige en fundamental y su protección se torna insoslayable”.
En un caso similar, la sentencia T-565 de
1999[8],
señaló: “que corresponde al juez Constitucional  examinar el caso concreto,
y, de acuerdo con el examen al que llegue, estimará si la negativa de la
entidad pone o no en peligro el derecho fundamental a la salud o a la vida del
interesado, o algún otro derecho fundamental, que tenga relación con ellos. Agregó
de igual manera, “que la negativa de la entidad, sí afecta la dignidad de la
persona, en uno de sus aspectos más íntimos y privados, y que impide la convivencia
normal con sus congéneres. En este caso, la negativa de la entidad conduce a
menoscabarle la dignidad de persona y la puede llevar al aislamiento, producto,
se repite, de la enfermedad que sufre”.
Con los mismos argumentos la Corte en
sentencia T-899 de 2002[9],
tuteló el amparo del derecho a la salud y a la vida digna de una persona que
padecía de incontinencia urinaria originada por una cirugía de próstata que le
había sido practicada. La Sala en esa ocasión, ordenó a la EPS demandada la
entrega de pañales, inclusive sin ser manifiesta la formulación del médico
tratante adscrito a esa entidad. A juicio de esta Corporación, la enfermedad
que padecía el paciente, si bien no comprometía su derecho a la vida, sí le
impedía llevar una vida en condiciones dignas[10].
Resulta evidente para esta Sala, que cuando una
persona de la tercera edad requiere el suministro de pañales desechables, la
Entidad Promotora de Salud debe suministrarlos, con la finalidad de
salvaguardar los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones
de dignidad, sin perjuicio de que la E.P.S. recobre los insumos suministrados
por medio de la acción de repetición contra el Estado[11].
Ahora bien, el derecho a la vida implica la
salvaguarda de unas condiciones que permitan la existencia de las personas con
dignidad.  Es así como  toda situación que haga indigna la existencia y
dificulte una buena calidad de vida, es merecedora de protección
constitucional, tal como ocurre cuando
una persona que sufre una seria discapacidad física, no puede controlar sus
esfínteres y necesita de pañales desechables para vivir de manera digna[12]. De ahí que
la acción de tutela sea el
medio judicial más idóneo para defender el derecho fundamental a la salud.[13]
Trámite ante el Comité Técnico Científico para solicitar
prestaciones excluidas del Plan de Beneficios.
Si bien es cierto y razonable, que el
servicio médico requerido pase por determinados trámites administrativos,
también es necesario que dichos trámites no sean excesivos e impongan a las
personas una carga que no les corresponde asumir, pues de lo contrario
vulneraría el derecho fundamental a la salud. Por esta razón la jurisprudencia
constitucional en sentencia T-1016 de
2006 señaló que se “irrespeta
el derecho a la salud de los pacientes cuando se les niega el acceso a un
servicio por no haber realizado un trámite interno que corresponde a la propia
entidad, como por ejemplo, ‘la solicitud de la autorización de un servicio de
salud no incluido dentro del POS al Comité Técnico Científico.”[14]
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en manifestar que el concepto de Comité Técnico Científico, no
puede convertirse en una instancia más entre los usuarios y las Entidades
Promotoras de Salud.  Máxime cuando  “el tiempo de espera fijado por la
normativa resulta entonces desproporcionado frente a la necesidad de garantizar
el goce efectivo y oportuno del derecho [ fundamental] a la salud”[15].
De conformidad con la regulación vigente, por regla general en el régimen
subsidiado, los medicamentos y procedimientos no contemplados en el Plan de
Beneficios, deben ser asumidos por las entidades territoriales con cargo a los
recursos del régimen de transferencias y los subsidios a la oferta, recursos
que deben ser administrados por las Secretarías Departamentales de Salud, para
hacer efectiva la prestación de los servicios solicitados por los afiliados.
Sin embargo la Corte aclaró que de manera excepcional las Entidades
Promotoras de Salud deben prestar el servicio excluido del P.O.S, con cargo a
sus recursos, no solamente cuando el servicio de salud sea urgente sino también
cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional[16],
sin perjuicio de que posteriormente solicite el recobro de los insumos o
tratamientos ante el Fondo de Solidaridad y
Garantías.
En fin, muchas veces el acatamiento
estricto del Plan de Beneficios conlleva a la vulneración de derechos
fundamentales, tales como, el derecho a la vida digna y a la integridad
personal. Razón suficiente, por la cual esta Corporación ha obligado a las
Entidades Promotoras de Salud a suministrar los servicios que se encuentran
excluidos del Plan de Beneficios, sin que se tenga que recurrir a trámites
administrativos engorrosos, que no deben soportar. Por consiguiente la Corte
creó una serie de condiciones o subreglas  que permiten, de una u otra forma,
evidenciar en que casos o bajo que criterios, se puede inaplicar el Plan de
Beneficios.
La incapacidad económica valorada  por
el juez de tutela. Reiteración Jurisprudencial
Para dirimir  un conflicto, lo primero que
debe hacer el juez consiste en precisar cuál es el asunto por decidir, esto es,
acreditar los hechos que lo causaron. Ello se hace realidad a partir de la
actividad dispositiva en la cual a cada parte le corresponde, en un estado
ideal, probar los hechos que alega como fundamento de sus pretensiones.
Lo anterior significa que al  actor le
incumbe  probar los hechos en que funda su acción y al accionado, cuando
excepciona, le corresponde, probar los hechos en que se sustenta su actividad
defensiva”[17].
Sin embargo, con fundamento en la
jurisprudencia constitucional plasmada en la Sentencia T-600 de 2009, deben ser
aplicados con  menor rigor las ritualidades procesales cuando se decide una
acción de  tutela e interpretadas teniendo en cuenta la situación de debilidad
o subordinación en que se encuentre el accionante para acceder a la evidencia o
prueba; lo que a su vez, reafirma la obligación del juez de tutela de cumplir
con la actividad oficiosa y esclarecer los hechos componentes de la acción[18].
En este sentido debe señalarse que en
desarrollo de la jurisprudencia este tribunal ha decantado una serie de reglas
en materia probatoria que el juez de tutela debe aplicar, conforme a la
obligación de salvaguardar a todas las personas respecto de cualquier acción u
omisión que vulnere o ponga en peligro sus derechos fundamentales[19].
Entre estas se destacan las siguientes:
(i) “la carga probatoria en el trámite de la acción de tutela, es
más exigente para los demandados que para los accionantes, en virtud de la
naturaleza especial de esta. Este principio, alivia la carga de los
accionantes, quienes usualmente son personas que carecen de los medios para
probar todos y cada uno de los hechos por ellos relatados[20]”.
(ii) “la
función del juez constitucional es privilegiar la protección de los derechos
fundamentales que se enuncian como vulnerados. So pretexto de no cumplir con
requisitos procesales, no puede olvidar el espíritu garantista que ilumina la
acción de tutela”[21].
(iii) “en el trámite de la acción de
tutela, se aplica el principio de la carga dinámica de la prueba según el cual
- corresponde probar un hecho determinado, a quien se encuentre en mejores
condiciones para hacerlo-[22]”.
(iv) “cuando el juez de instancia
solicita a los demandados rendir el informe de que trata el artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991[23],
en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de ese mismo decreto[24],
si éste no es rendido dentro del plazo correspondiente - se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa-[25]”.
(v) “el tutelante en una acción de amparo se le exige que
relaten de manera clara los hechos generadores de la vulneración de los
derechos fundamentales, y de ser posible, que aporte las pruebas que tenga a su
disposición. Es a los demandados a quienes les corresponde, en los informes que
les pide el juez, desvirtuar la veracidad de los hechos alegados por los
accionantes, llegando al punto de que si no se pronuncian sobre éstos, se
presumirán ciertos”[26].
Siguiendo esa misma línea jurisprudencial
también deben aplicarse las siguientes pautas en materia probatoria a los
trámites de tutela en los que se debata la capacidad económica de quienes
requieren servicios que se encuentran excluidos del Plan Obligatorio de Salud.
Estas reglas fueron sintetizadas en la sentencia T-683 de 2003[27],
de la siguiente manera:
formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios,
declaración de renta, balances contables, “ (i) ante la afirmación de ausencia
de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte
la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada
demostrar lo contrario; (ii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia
de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones
indefinidas, certificados de ingresos, testimonios, indicios o cualquier otro
medio de prueba; (iii) corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus
poderes inquisitivos en materia probatoria, con el fin de establecer la verdad
real en cada caso, proteger los derechos fundamentales de las personas y
garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad
social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el
peticionario cuenta con recursos económicos que le permitan sufragar el costo
de las intervenciones, procedimientos o medicamentos excluidos del POS; (iv) en
el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la ausencia de
recursos económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en
los términos del artículo 83 de la Constitución, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a establecer que tal
afirmación es falsa o contraria a la realidad”.
Así las cosas, la jurisprudencia de esta corporación en sede de
tutela ha permitido en situaciones muy
particulares que se flexibilice la carga de la prueba a favor de un
peticionario, conforme al reconocimiento de la primacía de los derechos
inalienables de la persona (art. 5 C.P.), y en el establecimiento de mecanismos
efectivos para su protección y aplicación (capítulo 4o. del título II de la
Carta Política)[28].
Para esta Sala es indispensable que la solución final
que adopte el juez en el trámite de la tutela, sea ante todo consecuencia de un
ejercicio analítico de los elementos probatorios aportados en el marco del
proceso. En caso de que  se  evidencie la falta de elementos probatorios el
funcionario judicial deberá aplicar alguna de las siguientes fórmulas: (i)
emplear sus poderes oficiosos con el fin de obtener la información necesaria para resolver la cuestión, (ii)
recurrir a la carga dinámica de la prueba, (iii) en situaciones
específicas, usar los criterios de flexibilización probatoria que la
jurisprudencia constitucional autoriza y (iv) aplicar la lógica de lo
razonable de conformidad con la experiencia y la sana crítica, para lograr que
la solución final que adopte, cumpla con la finalidad de  proteger el derecho
invocado.
En estos casos, se aplicará el criterio de
flexibilización probatoria en la medida en que respecto a las afirmaciones de
los accionantes, en cuanto a su incapacidad económica, las entidades demandadas
no desvirtuaron sus afirmaciones.
Subreglas que ha establecido la jurisprudencia
Constitucional  para inaplicar el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado.
La jurisprudencia de esta Corporación, ha determinado
las siguientes condiciones fácticas que deben concurrir en cada caso concreto
para inaplicar las normas del Plan de Beneficios que excluyen determinados
medicamentos o procedimientos médicos:
1.
Que la ausencia del
fármaco o procedimiento médico lleve a la amenaza o vulneración de los derechos
a la vida o la integridad física del paciente, bien sea porque se pone en
riesgo su existencia o se ocasione un deterioro del estado de salud que impida
que ésta se desarrolle en condiciones dignas.
2.
Que no exista dentro del
plan obligatorio de salud otro medicamento o tratamiento que supla al excluido
con el mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del afiliado
o beneficiario.
3.
Que el paciente carezca de
los recursos económicos suficientes para sufragar el costo del fármaco o
procedimiento y carezca de posibilidad alguna de lograr su suministro a través
de planes complementarios de salud, medicina prepagada o programas de atención
suministrados por algunos empleadores.
4.
Que el medicamento o
tratamiento excluido del plan obligatorio haya sido ordenado por el médico
tratante del afiliado o beneficiario, profesional que debe estar adscrito a la
entidad prestadora de salud a la que se solicita el suministro.”[29]
5.      Que el Acuerdo 029 de
2012, proferido por la Comisión de Regulación en Salud (CRES), precisa el
conjunto de tecnologías en salud que tienen derecho a recibir los afiliados de
parte de sus Entidades Promotoras de Salud (EPS). En este sentido, los Acuerdos
027 de 2011 y 032 de 2012[30], señalan que dichos servicios
deben ser suministrados sin importar que la afiliación de las personas al SGSSS
sea a través del régimen subsidiado o contributivo[31].
El principio de integralidad en la prestación del servicio de
salud. Reiteración de jurisprudencia.
Un componente determinante de la calidad en la prestación del
servicio público de salud es el principio de integridad (principio de
integralidad), el cual ha sido destacado de manera importante por el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las regulaciones en materia de
salud y la jurisprudencia constitucional colombianas.
En efecto, la Ley 100 numeral 3° del artículo 153 propone el
principio de protección integral, así: “El sistema general de seguridad
social en salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases
de educación, información y fomento de la salud y la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y
eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del
plan obligatorio de salud”.
Con base en ello, esta Corte ha desarrollado toda una línea
jurisprudencial para darle plena aplicación al principio de integralidad y de
esa manera garantizar plenamente el derecho fundamental a la salud de todos los
ciudadanos. Por ello, ha dispuesto que la atención en salud debe ser integral y
comprender el cuidado, el suministro de medicamentos, las intervenciones
quirúrgicas, las prácticas de rehabilitación, la realización de exámenes de
diagnóstico y seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante
valore como necesario para el restablecimiento de la salud del paciente[32].
Ahora bien, es importante precisar que cuando las Entidades
Prestadoras del Servicio de Salud reconocen insumos o medicamentos incluidos en
el Plan de Beneficios pero su prestación no es garantizada oportunamente,
amenazan gravemente el derecho fundamental a la salud del paciente. Sobre esta
hipótesis la Corte ha dispuesto que la prestación de los servicios debe ser oportuna, eficiente y de calidad a
fin de garantizar la efectiva e integral prestación del servicio y respetar el
derecho a la salud del usuario.[33]
Por otro lado, en los supuestos en los
que el conjunto de prestaciones que conforman la garantía integral del
derecho a la salud no estén necesariamente establecidos a priori de manera
concreta por el médico tratante, la protección de este derecho implicaría que
el juez constitucional hiciera determinable la orden en el evento de conceder
el amparo, por ejemplo, “(i) mediante la descripción clara de una
determinada patología o condición de salud diagnosticada por el médico
tratante, (ii) por el reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias
dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o (iii) por cualquier otro
criterio razonable”.[34]
En definitiva, el reconocimiento de la prestación integral del
servicio de salud debe ir acompañada de indicaciones precisas que hagan
determinable la orden del juez de tutela, la cual bajo ningún supuesto puede
recaer sobre cosas futuras. En concreto, este Tribunal ha entendido que el
principio de integralidad no puede entenderse de manera abstracta, es decir,
una orden de tutela que reconozca la atención integral en salud se encontrará
sujeta a los conceptos que emita el personal médico, y no, por ejemplo, a lo
que estime el paciente.
Así, la sentencia T-398 de 2008 dispuso acertadamente que las
órdenes indeterminadas de los/las jueces/zas de tutela dirigidas a prestar
atención integral a un paciente respecto del cual (i) no existe claridad médica
sobre su patología o condición de salud, o del cual (ii) no se conocen las
prestaciones que requiere para mejorar su estado de salud, pueden resultar
problemáticas a la hora de pretender su cumplimiento y no se compadecen de los
recursos del Estado.
En este aparte, la Sala analizará los casos de  personas de la
tercera edad y personas en estado de incapacidad que debido a su especial
situación de indefensión y a sus delicadas condiciones de salud, son
considerados como sujetos de especial protección constitucional. Esta
situación permite deducir que en estos casos, como ya se dijo, el derecho a la
salud tiene el carácter de autónomo y prevalente y que su protección puede ser
exigida de forma directa por la vía de la acción de tutela.
Evidencia esta Sala que los accionantes se encuentran legitimados/as  para actuar como agentes
oficiosos, donde solicitan el amparo de los derechos de los pacientes, pues se
constató el cumplimiento de las exigencias del artículo 10° del Decreto 2591 de
1991 y de la jurisprudencia constitucional: (i) que el titular derecho se
encuentre en imposibilidad para promover su propia defensa, y (ii) que quien
actúa en calidad de agente oficioso, lo manifieste de forma expresa.
Así, esta Sala puede concluir que en todos los casos la acción
impetrada resulta procedente por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional y por encontrarse acreditados los requisitos de la agencia
oficiosa.
En los casos que se examinan, las entidades accionadas negaron el
suministro de los insumos, medicamentos y procedimientos que solicitaron
los/las accionantes aduciendo que los mismos no se encuentran incluidos en el
plan obligatorio Salud y no cuentan con la autorización del Comité Técnico
Científico. Razones que la Corte ha valorado como vulneradoras del derecho a la
salud en los casos en que se logren verificar los cuatro requisitos que fueron
señalados en la jurisprudencia de esta Corporación, por los cuales se puede
inaplicar el Plan de Beneficios.
Ahora bien, una vez establecida la procedencia del amparo, la Sala
entrará a resolver si las Empresas Promotoras de Salud, vulneraron los derechos
fundamentales a la salud, integridad personal, vida digna, mínimo vital y
seguridad social de los/las accionantes, al negar los insumos, medicamentos y
procedimientos que demandan.
La Sala reiterará, por la similitud de los casos, los argumentos que
permiten la procedencia de la acción de tutela, de conformidad con los insumos
o prestaciones médicas solicitadas por los agentes oficiosos en cada una de las
acciones incoadas.
Análisis de los casos concretos
1.
EXPEDIENTE  T-4053884
La señora Ana Sofía Jaramillo Noriega está afiliada a Coomeva E.P.S, tiene 52
años de edad padece en la actualidad cáncer de cuello uterino[35] terminal e
insuficiencia renal crónica y antecedente de nofrostomia izquierda;
padecimientos que le impiden valerse por sí misma. De conformidad con el
criterio del oncólogo tratante, por lo avanzado de la enfermedad, requiere
únicamente  tratamiento paliativo:
“Paciente en estado terminal de ca (sic) de
cérvix actualmente se considera salida y cita por consulta externa de oncología
clínica para tratamiento paliativo”[36]
La agenciada, debido a su delicado estado
de salud no puede valerse por sí misma, sin controlar esfínteres, padecimiento
que le exige el uso diario de pañales desechables.
La agente oficiosa solicitó que la Entidad
Promotora de Salud Caprecom y la Secretaria de Salud suministren a su
progenitora de forma permanente los pañales desechables, crema antipañalitis,
el homcare y el suplemento alimenticio ensure, los cuales hasta este momento no
ha recibido por tratarse de elementos excluidos del Plan Obligatorio de
Salud-folios 1-11.
Si bien la agenciada, vive con su hija,
agente oficiosa en esta demanda de tutela, aquella no cuenta con recursos
económicos que le permitan sufragar los gastos de la atención médica,
afirmación no controvertida por Caprecom E.P.S.
Adujo que con la negativa de la E.P.S. de
proveer los útiles de aseo y los demás insumos se vulneran los derechos
fundamentales de su progenitora a la salud en conexidad con la vida, a la vida
digna y, sobre todo, a morir dignamente.
La E.P.S. Caprecom en el traslado de la
demanda de tutela frente a los insumos de aseo expresó que están excluidos del
Plan de Beneficios. Estimó que su obligación es prestar la atención cubierta
por el Plan Obligatorio de Salud.
Frente a estas pretensiones, la Sala
entrará a determinar si se cumplen los requisitos establecidos por la
jurisprudencia de esta Corporación, respecto al suministro de medicamentos,
insumos o tratamientos que se encuentran excluidos del Plan de Beneficios, por
tratarse de elementos destinados a la higiene y cuidado personal:
1) Esta
Corporación evidencia que la negativa del suministro de pañales desechables,
vulnera los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la salud
de Ana Sofía Jaramillo Noriega pues de sus patologías, cáncer de cuello uterino
e insuficiencia renal crónica, con diagnóstico terminal se desprende un grado
de dependencia máxima y requiere atención total de su   hija y agente oficiosa
en la demanda  lo que no le permite valerse por sí misma para realizar sus
necesidades primarias. Estado que origina una afectación no sólo en su higiene
y sanidad, sino que también le impiden una óptima calidad de vida, el pleno desarrollo de la misma y
una convivencia normal con sus familiares
y demás personas.
2) Es claro para la jurisprudencia de esta
Corporación que los pañales desechables no cuentan con un insumo sustituto en
el  Plan de Beneficios.
3) Debido a que Caprecom E.P.S. no controvirtió las
afirmaciones presentadas por la accionante en la demanda, esta Sala en
aplicación de los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991, tendrá por cierto
el hecho de que no le son suficientes los recursos económicos que recibe para
sufragar el gasto de los pañales y demás insumos requeridos por la progenitora
de la accionante.
Si bien no existe orden médica está
demostrado con la historia clínica allegada al proceso el penoso estado de
salud de la accionada que le impide controlar esfínteres, padecimiento que le
exige el uso continuo de pañales desechables y complementariamente la crema
antipañalitis, todo ello con el fin de hacer más llevaderas sus enfermedades;
cáncer de cuello uterino en estado terminal e insuficiencia renal crónica.
La Sala tendrá en cuenta, en este mismo sentido,
el soporte nutricional de la paciente que se deduce de la gravedad de las
enfermedades que padece, lo que permite inferir que necesita el suplemento
Ensure, reitera la sala, para aliviar su estado de salud.
En cuanto a la visita médica de especialista
y el denominado homecare, este tribunal ordenará que en el término de 24 horas
contadas a partir de la notificación de esta decisión Caprecom E.P.S. provea la
visita domiciliaria de especialista o transporte a la agenciada en las
condiciones apropiadas para su  estado de salud, con el propósito de  que los
profesionales adscritos a esa institución oncólogo y demás especialistas
diagnostiquen de manera clara el estado de salud actual de la señora Ana Sofía
Jaramillo Noriega y ordenen los exámenes o medicamentos sin ninguna dilación.
Adicionalmente, la entidad accionada no desvirtuó o aportó elementos de juicio
que indicaran la capacidad económica de la agenciada o su posibilidad de
costear, por sí misma, la atención que requiere.
Por consiguiente se concederá
el amparo constitucional y en consecuencia
este Tribunal ordenará el suministro de pañales desechables, esto es, Tena 6 en
cantidad de tres (3) paquetes mensuales con el fin de que la agenciada se
mantenga en condiciones higiénicas aceptables, que le permitan relacionarse y
vivir dignamente. Del mismo modo, ordenará el suplemento alimenticio Ensure en
la cantidad mensual que el médico tratante autorice debido a su condición
nutricional y, así mismo, ordenará que la E.P.S. CAPRECOM realice la visita
médica de especialista en casa o la traslade en las condiciones que requiere su
estado de salud para que sea atendida por los especialistas apropiados a las
enfermedades que presenta y con el propósito de que establezcan su estado de salud,
medicación actual y si requiere el servicio homcare.
2.
EXPEDIENTE T-4054718
La señora Zoila Polo de González, presentó acción de tutela contra Coomeva E.P.S.
invocando  la protección de sus derechos fundamentales a la Salud en conexidad
con el derecho a la vida, a la seguridad social y a la dignidad humana los
cuales consideró vulnerados por la entidad demandada al no autorizarle los
insumos de aseo consistentes en pañales desechables.
La accionante manifestó que es pensionada
del magisterio y está vinculada a Coomeva E.P.S., padece  demencia senil, sin
control de esfínteres. Por este motivo, el neurólogo José E Vargas Manotas le
ordenó pañales desechables por un término de tres meses en cantidad de uno
diario con provisión trimestral.
Solicitó el suministro de los pañales
ordenados por el neurólogo tratante, pero COOMEVA E.P.S. le negó esta
prestación por tratarse de una exclusión específica del plan  de beneficios del
POS.
Como pretensión del amparo solicitó de
Coomeva E.P.S. la entrega de los pañales desechables ordenados por el médico
tratante y la atención domiciliaria por las dificultades que implica sus
desplazamientos.
Coomeva E.P.S. se pronunció, en relación
con la demanda de tutela explicando que los insumos de aseo no están cubiertos
por el Plan Obligatorio en Salud POS y la paciente no acreditó la pertinencia
médica exigida para otorgar esta prestación. En el mismo sentido, se pronunció
acerca de la atención domiciliaria, supeditada a la pertinencia médica
acreditada por el médico tratante, con base en la patología que padezca la
paciente. Se opuso a lo pretendido en  la acción de tutela, porque los pañales
desechables no son  medicamentos ni insumos de salud y no intervienen en la
patología del paciente.
El Juzgado Octavo (8º) Civil Municipal
de Barranquilla no concedió el amparo constitucional alegado por la accionante,
habida consideración de que es pensionada del magisterio y recibe una mesada de
$ 858.321, sin que haya probado en el proceso, otros gastos distintos a su
propia manutención, y consideró este ingreso como suficiente para que adquiera
por su cuenta los pañales que necesita. Impugnada la decisión, el Juzgado Doce
(12) Civil del Circuito de Barranquilla confirmó integralmente la sentencia de
primera instancia.
En primer lugar la Sala entra a demostrar
si la accionante cumple con los requisitos que ha previsto la jurisprudencia de
la Corte Constitucional para inaplicar el Plan de Beneficios y conceder tanto los
pañales como el suplemento alimenticio ensure.
1)  Es indudable que la Demencia Senil,
impide que la señora Zoila Polo de González pueda valerse por sí misma y
controle sus esfínteres, lo que le exige el uso de pañales desechables.
Claramente, el no suministro de dichos insumos, conlleva no sólo un deterioro
en su salud y su higiene, sino también de su vida en condiciones dignas y al
desarrollo de la misma, pues no le permite relacionarse con otras personas de
manera natural.
2) Como ya se manifestó, los pañales
desechables no cuentan con un insumo sustituto dentro del Plan de Beneficios.
3) La Sala avizora conforme a las pruebas
aportadas al proceso[37],
que la mesada pensional que recibe mensualmente la señora Zoila Polo de González,
efectivamente es de $ 858.321 y que el costo de los pañales desechables
permite que asuma, en compañía de sus familiares, parte de los costos.
Bajo estas circunstancias
fácticas, la Sala considera que no es posible imponer al Estado la carga de sufragar el ciento por
ciento (100%) de los insumos solicitados en el caso sub examine, así como
tampoco acreditar que  la mesada pensional  que recibe la señora Zoila Polo de
González como ingresos mensuales, son suficientes para considerar que ostenta
la capacidad suficiente para sufragar los gastos de su hogar y los que requiere
por su estado patológico. Pues  sufragar continuamente el pago de los pañales,
puede afectar el mínimo vital[38]
de la accionante y el de su familia. Valga recordar que “la incapacidad económica para asumir un costo derivado
de un servicio de salud excluido del POS o Plan de Beneficios y Coberturas,
según sea el caso, se califica a la luz de las otras necesidades de las personas,
pues de lo contrario se les pondría en riesgo la materialización de una vida en
condiciones de dignidad”[39].
Recientemente esta Corporación en Sentencia T-834 de 2011,
resolvió un caso donde se le niega por parte de Cosmitet Ltda., el tratamiento
a un menor que sufría de unas alergias constantes. En este caso se constató que
el padre del menor tenía unos ingresos de dos millones trescientos mil pesos
($2.300.000) con los cuales sufragaba los gastos y las necesidades de su hogar
compuesto por su hijo, su esposa y  la madre de su esposa que es una persona de
la tercera edad. Bajo estas circunstancias la corte entendió que “los
ingresos mensuales del actor, [suponían] una cierta capacidad de pago, sin
embargo no la suficiente como para asumir periódicamente el costo total del
tratamiento que requiere su hijo, [40] lo
que significa que imponerle al actor el pago del cien por ciento (100%), del
mismo, no seria para el accionante un gasto soportable”.   Finalmente, ordenó que el pago del tratamiento debía ser
compartido por partes iguales, con el fin de no afectar los derechos
fundamentales, como tampoco el deber de financiar el SGSSS por parte del
accionante.
De acuerdo a lo anterior, la Sala cree conveniente
ordenar que el pago de los pañales solicitados en la acción de tutela, sea
compartido por partes iguales entre Coomeva E.P.S. y la señora Zoila Polo de
González con el fin de contribuir no solo con el equilibrio
financiero y la sostenibilidad del sistema de salud, sino también evitar la vulneración
de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de
la paciente.
4)
Existe una prescripción médica que autoriza expresamente el suministro de
pañales desechables por parte de un médico del Instituto Neurológico de
Colombia y es notoria la necesidad que tiene la señora Zoila Polo de González
del suministro de los mismos, en tanto que su estado patológico no le permite
controlar sus esfínteres[41].
Del análisis anterior, queda
demostrada la vulneración alegada por la
accionante, por lo tanto la Sala revocará la sentencia de segunda instancia
proferida por el Juzgado Doce (12) Civil del Circuito de Barranquilla, del 20
de junio de 2013, revocará la sentencia respecto a la negación del suministro
de los  pañales  para en su lugar, disponer que  Coomeva E.P.S, dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta decisión, autorice el suministro de
pañales desechables  dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes por el
tiempo que sea necesario cobrando a la agenciada únicamente el 50%  de los
gastos ocasionados por estos insumos.
Como la accionante solicitó la atención integral por
parte de Coomeva E.P.S. la Sala hará las siguientes presiones:
a.-La Corte ha
enfatizado el papel que desempeña el principio de integridad o de integralidad
y ha destacado, especialmente, la forma como este principio ha sido delineado
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del mismo modo que
por las regulaciones en materia de salud y por la jurisprudencia constitucional
colombiana. En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha manifestado en
múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello,
comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas,
prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los
tratamientos iniciados así como todo componente que los médicos valoren como
necesario para el restablecimiento de la salud del  paciente[42].
b.- El principio de
integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte Constitucional
para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho constitucional
a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan en el Sistema
de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a
sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que
ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico. Por eso,
los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos
que sean necesarios para concluir un tratamiento[43].
c.-En este orden de ideas, se
distinguen dos perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha
desarrollado el principio de integridad de la garantía del derecho a la salud.
Una, relativa a la integralidad del concepto mismo de salud, que llama la
atención sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las
personas en materia de salud, valga decir, requerimientos de orden preventivo,
educativo, informativo, fisiológico, psicológico, emocional, social, para
nombrar sólo algunos aspectos.[44]
La otra perspectiva, se encamina a destacar la necesidad de proteger el derecho
constitucional a la salud de manera tal que todas las prestaciones requeridas
por una persona en determinada condición de salud, sean garantizadas de modo
efectivo. Esto es, el compendio de prestaciones orientadas a asegurar que la
protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para
conjurar la situación de enfermedad particular de un(a) paciente.
d.- Debido a las  condiciones de Salud que presenta la
señora Zoila Polo de González, por tratarse de una persona de la tercera edad,
sujeto de especial protección constitucional por su condición de debilidad
manifiesta con el propósito de proteger su derecho a la prestación del servicio
de salud de forma integral, la Sala ordenará que la entidad accionada la remita
al establecimiento médico que le esté prestando el tratamiento para que evalúe
su condición actual y establezca los procedimientos médicos a seguir, en la
atención, asegurando su traslado y transporte en las condiciones que requiere
al sitio de atención o mediante visita domiciliaria con el especialista que
requiera, opción idónea para facilitarle la prestación del servicio, sujeta a
la disponibilidad de la entidad y criterio del médico tratante. Si bien, el
transporte no fue objeto de solicitud por la accionante, es claro para la Sala
como juez constitucional la viabilidad de esta prestación con el fin de que la
entidad accionada le proporcione la atención necesaria y, de esta forma,
proteger su derecho a la salud.
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Sala revocará la
sentencia de tutela  proferida por el Juzgado 12 Civil del Circuito de
Barranquilla y concederá el amparo de los derechos a la salud y a la seguridad
social.
En consecuencia, ordenará a Coomeva E.P.S. que
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, autorice la remisión de la accionante al establecimiento
que le esté prestando el servicio de salud para que evalúe su condición actual,
en virtud de la integralidad del servicio de salud y establezca el tratamiento
a seguir, sin trabas o demoras administrativas. Del mismo modo, evaluará la
conveniencia de una visita médica domiciliaria con especialista, por cuanto la
accionante manifiesta que vive en un tercer piso y presenta imposibilidad para
movilizarse; órdenes de las cuales será garante el Juzgado de Primera Instancia
que deberá velar por su estricto cumplimiento. En el mismo término, la entidad
accionada ordenará que dentro de los cinco (5)
primeros días de cada mes, se le suministre, a la accionante los pañales
desechables en la talla y cantidad requeridas.
3. EXPEDIENTE  T-4058583
La señora Lilian García Castaño en calidad de  agente
oficiosa de su progenitora Mariela Castaño Valencia, presentó acción
de tutela contra la Nueva E.P.S., invocando la protección de sus derechos
fundamentales a la  salud y a la vida digna.
Manifestó que su progenitora tiene en la
actualidad 73 años de edad es pensionada con el salario mínimo y afiliada a la
Nueva E.P.S, además sufre múltiples patologías, como tromboembolismo pulmonar,
cardiomiopatía, hipertensión arterial crónica, EPOC y  ha sufrido tres derrames
cerebrales con secuelas cognitivas y motoras, postrándola en cama, sin poder
caminar y cumplir sus funciones vitales básicas.
Expresó que su progenitora requiere pañales
que tienen un costo mensual aproximado de $ 240.000, insumo del cual depende la
calidad de vida de la agenciada y a pesar de los requerimientos que han
presentado para adquirirlos por la E.P.S, no ha  recibido respuesta favorable
de esta entidad.Aseguró que la pensión de
su progenitora les asegura un precario sustento del hogar, sin que tengan
ingresos para adquirir los pañales con sus propios recursos.
Concretó, como objeto de la acción de tutela, el
suministro  periódico de pañales en cantidad de 28 semanales, las visitas de
control domiciliario por parte del médico internista en consideración a las
limitaciones de movilidad que presenta su progenitora y la prestación del
servicio de salud de manera integral.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Manizales Caldas, en fallo de única instancia declaró improcedente el amparo de
los derechos fundamentales invocados en la demanda, porque  la accionante no
demostró los presupuestos que permitirían la protección de los derechos
fundamentales alegados.
1) La Sala considera que las graves
patologías  que padece la señora Mariela Castaño Valencia, conforme a la
historia clínica allegada al proceso[45],
entre ellas el síndrome de inmovilidad, atrofia cortical y pérdida de la
capacidad cognitiva  le impiden, no solamente un adecuado manejo de sus
esfínteres, sino  valerse por sí misma.  Por este motivo, el uso de pañales, en
su caso, trasciende la órbita de las necesidades higiénicas convirtiéndose en
una necesidad de primer orden desde el punto de vista de la dignidad humana.
2) Es claro médicamente que los pañales
desechables no cuentan con un insumo sustituto dentro del Plan de Beneficios.
3) El solo hecho de que  la Nueva E.P.S. no
se haya pronunciado respecto a la situación económica actual del accionante,
permite a la Sala presumir como cierto el hecho de que la agenciada y su núcleo
familiar no cuentan con la capacidad económica suficiente para sufragar los
gastos que demanda la compra de pañales.
4) Por último, la Sala advierte que la acción de
tutela no está sometida a rigorismos propios de los procedimientos, sino  a la
protección de los derechos fundamentales, más aún, tratándose como en este caso
de una persona de la tercera edad en condiciones de debilidad, sujeto de
especial protección constitucional, de quien se predica la prevalencia de sus
derechos y debe gozar de una atención integral por parte del Estado.
En la acción de tutela presentada, la agente oficiosa,
también solicitó visitas de control domiciliario por parte del médico
internista debido a las limitaciones de movilidad que presenta su progenitora
En este caso, el grave estado
de salud, que presenta Mariela Castaño  Valencia amerita que la entidad
demandada en aplicación del principio de integralidad de la atención la remita
al sitio que le preste el servicio de salud  garantizando su transporte en las
condiciones apropiadas, se actualice el diagnóstico y las alternativas de
tratamiento para sus enfermedades. En el mismo sentido la Nueva E.P.S. deberá
prestar la atención médica domiciliaria necesaria para la agenciada quien
padece síndrome de inmovilidad como está descrito en la historia clínica.
La Sala concederá el amparo del derecho a la salud  y
a la vida en condiciones dignas de la señora Mariela Castaño Valencia. En consecuencia, ordenará a la Nueva
E.P.S. que dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión,
autorice la remisión de la  agenciada al establecimiento que le esté prestando
el servicio de salud, para que evalúe su condición actual y establezca el
tratamiento a seguir, sin trabas o demoras administrativas. Dispondrá lo
necesario para las visitas médicas domiciliaras a la agenciada, de conformidad
con su necesidad y en atención al síndrome de inmovilidad que presenta; órdenes
de las cuales será garante el Juzgado de Primera Instancia que deberá velar por
su estricto cumplimiento. En el mismo término, la entidad accionada ordenará
que dentro de los cinco (5) primeros días de cada
mes, se le suministre, a la agenciada  los pañales en la cantidad necesaria
para  cubrir sus requerimientos mínimos diarios.
4. EXPEDIENTE  T-4062223
Mario Alberto Cañas, actuando en calidad de agente
oficioso de su progenitor Mario Cañas Arias, presentó acción de tutela contra
la E.P.S. Sura, invocando la protección de los derechos fundamentales a la
Salud, atención integral, vida digna, y a lo que denominó “protección de las
personas en debilidad manifiesta”. Su progenitor agenciado en la demanda de tutela hace aproximadamente
nueve años sufrió un accidente cerebrovascular- isquémico que le ocasionó
limitaciones del movimiento en el lado izquierdo, de la extremidad superior e
inferior allí ubicadas. Sufre hemiparesia izquierda de predominio braquial con
hiperreflexia y alta espasticidad, así como  retracciones que le producen
limitación severa para el desempeño de sus actividades cotidianas, sin
movilidad bípeda con total postración. Adicionalmente, el 22 de febrero de
2013, sufrió una fuerte caída en el baño que le causó un trauma
craneoencefálico severo con hematoma subdural  agudo frontal –parietal-temporal
izquierdo por lo que requirió intervención quirúrgica para drenaje del
mencionado hematoma-folio -1
El agenciado presenta un marcado deterioro
neurológico, sin respuesta de ningún tipo, solo responde al estimulo de dolor
con gestos faciales, además el agenciado se encuentra en casa respirando a
través de una traqueostomia y alimentándose por medio de una grastrostomia con
Glucerna que le suministra la E.P.S. A la fecha el agenciado, en estado
vegetativo no cuenta con una enfermera permanente las 24 horas del día por
carecer de los medios económicos necesarios para contratarla. Requiere pañales
permanentes y la crema anti escaras Desitín, insumos recomendados  por el
médico tratante.
Respecto a la autorización de suministro de
pañales desechables, la Sala analizará los requisitos que se han establecido
jurisprudencialmente para inaplicar el Plan de Beneficios:
1) Esta Sala considera que el deterioro
neurológico que padece el señor Mario Cañas Arias, agenciado en la demanda de
tutela le impiden no solamente un adecuado manejo de sus esfínteres, sino que
además le imposibilitan movilizarse.  Por este motivo, el uso de pañales, en su
caso, trasciende la órbita de las necesidades higiénicas convirtiéndose en una
necesidad de primer orden desde el punto de vista de la dignidad humana.[46]
2) Es claro médicamente que los pañales
desechables no cuentan con un insumo sustituto dentro del Plan de Beneficios.
3) El solo hecho de que la E.P.S. Sura  no
se haya pronunciado respecto a la situación económica actual del accionante en
el escrito de tutela, permite a la Sala presumir como cierto el hecho de que el
agenciado y su núcleo familiar   no cuentan con la capacidad económica
suficiente para sufragar los gastos que demanda la compra de pañales.
4) Por último, si bien no obra en el expediente
prescripción médica y teniendo en cuenta que en decisiones anteriores se ha
ordenado el suministro de los pañales sin orden médica previa por estar
demostradas la incontinencia urinaria y fecal como en este caso debido al
padecimiento del paciente que se acredita con base en la epicrisis del Caribe
S.A.  de la cual se pueden deducir sus limitaciones[47]. La Sala ordenará a la
E.P.S. Sura que autorice al  paciente el suministro de los pañales desechables
que requiera, para que pueda sobrellevar una vida digna, más aún, tratándose
como en este caso de una persona de la tercera edad en condiciones de
debilidad, sujeto de especial protección constitucional, de quien se predica la
prevalencia de sus derechos y debe gozar de atención integral por parte del
Estado.
De otra parte, como el señor Mario Alberto Cañas debe
permanecer en cama debido a su deteriorado estado neurológico puede deducirse
que tal estado, sin movimiento propicia la aparición de escaras, motivo por el
cual se ordenará a la E.P.S. Sura que provea al agenciado la crema antiescaras
Desitín y de esta forma aliviar en algo su precaria situación de salud.
Adicionalmente, en cuanto a la solicitud de la
enfermera domiciliaria la Sala ordenará esta atención en un turno de 24 horas y
en la medida en que la entidad accionada no desvirtuó la incapacidad económica
de la agenciada para asumir el costo de este servicio. La asignación de la
enfermera se hará  previa verificación de los requerimientos de la misma, y de
acuerdo a los criterios que establezca el médico tratante del señor Mario Cañas
Árias, con el fin de que se mantenga en condiciones higiénicas aceptables,
vivir dignamente y sobrellevar su delicado estado de salud.
En cuanto a la atención médica domiciliaria, para la
Sala es claro que el agenciado no puede moverse, por su delicado estado
neurológico lo que dificulta, por simple lógica, sus desplazamientos y permite
apreciar a su favor la opción de la atención domiciliaria que deberá proveer la
E.P.S. Sura, de conformidad con el criterio de su médico tratante.
A la luz de las anteriores consideraciones, la Sala
revocará la sentencia de única instancia y concederá el amparo del derecho a la
salud y a la vida en condiciones dignas del señor Mario Cañas Arias.
En consecuencia, ordenará a la Nueva E.P.S. que
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, autorice que dentro de
los cinco (5) primeros días de cada mes, se le suministre los pañales, la crema
antiescaras desitin para cubrir sus requerimientos diarios. Así mismo, y
durante el mismo término, la E.P.S. Sura deberá  proveer lo necesario para la
asignación de enfermera en turno de 24 horas y la atención domiciliaria,
apropiadas por el agenciado con fundamento en las directrices de su médico
tratante, advirtiendo a la E.P.S. Sura que no podrá incurrir en trabas
administrativas que agraven más la situación del paciente.
5. EXPEDIENTE T-4065862
En este caso la señora Yenis Daza Castillejo en
calidad de agente oficiosa de su progenitora Mercedes Elena Castillejo de Daza,
instauró acción de tutela contra el Establecimiento de Sanidad
Militar 1009 Valledupar invocando la protección de sus derechos fundamentales a
la salud, la vida, a la dignidad y la seguridad social.
Manifestó que su progenitora Mercedes Elena
Castillejo de Daza está afiliada en calidad de beneficiaria a la entidad
Establecimiento de Sanidad Militar 1009 Valledupar.
Sufrió aneurisma cerebral y debió ser
internada de urgencia en la clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar;
presentó estado de coma inducido por un lapso de tres (3) semanas.
La accionante pidió al establecimiento de
Sanidad Militar 0009 el tratamiento completo de homecare con enfermera
permanente las 24 horas, visita de especialista (neurólogo, psicólogo,
fisioterapista, médico internista entre otros), cama hospitalaria, silla de
ruedas, pañales desechables, pañitos húmedos, cremas antipañalitis y los demás medicamentos
que necesite para su recuperación así no estén incluidos en el POS.
1) Esta Sala considera que las patologías[48]
que padece la señora Mercedes Elena Castillejo de Daza consistentes en
hemorragia subaracnoidea, diabetes mellitus, e hidrocefalia, además de un
aneurisma que la condujo a un coma inducido le impiden no solamente un adecuado
manejo de sus esfínteres, sino movilizarse. En estas condiciones, el uso de
pañales trasciende la órbita de las necesidades higiénicas convirtiéndose en
una necesidad de primer orden desde el punto de vista de la dignidad humana.[49]
2) Es claro médicamente que los pañales
desechables no cuentan con un insumo sustituto dentro del Plan de Beneficios.
3) El solo hecho de que  no  se haya
pronunciado el Establecimiento de Sanidad Militar 009 respecto a la situación
económica del accionante en la contestación de la demanda de tutela,  permite a
la Sala presumir como cierto el hecho de que el agenciado y su núcleo familiar
no cuentan con la capacidad económica suficiente para sufragar los gastos que
demanda la compra de pañales.
4) Por último, si bien no obra en el expediente
prescripción médica y teniendo en cuenta que en sentencias anteriores se han otorgado
insumos, sin orden médica previa por estar demostradas la incontinencia
urinaria y fecal, debido a los padecimientos del paciente que se acreditan con
base en la epicrisis de la Clínica del Caribe S.A. de la cual se pueden
deducir  las limitaciones físicas y de locomoción. La Sala ordenará que el
Establecimiento de Sanidad Militar 1009 Valledupar autorice al paciente el
suministro de los pañales desechables que requiera para vivir una vida digna,
así mismo, los pañitos húmedos y las cremas antipañalitis.
En segundo lugar, se encuentra demostrado que la señora Mercedes Elena
Castillejo de Daza, al padecer las enfermedades mencionadas y
debido a su grave estado de salud, descrito en la historia clínica debe
permanecer en cama, y requiere de este implemento especializado para evitar el
surgimiento de escaras y de esta forma proveerle mayor comodidad y respeto a su
vida digna.
Este Tribunal ha considerado que las personas de la
tercera edad integran  un grupo de especial protección constitucional, que
requieren atención preferente en vista de las especiales condiciones en que se
encuentran “en el entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe
procurarse un urgente cuidado médico en razón de las dolencias que son
connaturales a la etapa del desarrollo en que se encuentran”[50].
Para la Sala es evidente que el
suministro de una cama hospitalaria que cumpla con condiciones especiales para
la paciente, es vital para el tratamiento de las enfermedades  de la agenciada,
y considera que al no autorizarse su entrega, se están vulnerando los derechos
fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de la señora
Mercedes Elena Castillejo de Daza, toda vez que repercute directamente en el
deterioro de su salud. Bajo el mismo criterio, aprecia la Sala que las
dificultades de movilidad que presenta la paciente debido a su dramático estado
de salud involucra la necesidad adicional de una silla de ruedas para proveerle
la comodidad y consideración que requiere su estado.
Respecto a la solicitud de la enfermera domiciliaria
la Sala ordenará esta atención en un turno de 24  horas en la medida en que la
entidad no desvirtuó la precaria situación económica alegada por el accionante
que le permitiera costear este servicio. La asignación de la enfermera se hará
de acuerdo a los criterios que establezca el médico tratante de la señora
Mercedes Elena Castillejo de Daza, suministrado por el Establecimiento de
Sanidad Militar 1009 Valledupar.
En cuanto a la atención médica domiciliaria, para la
Sala es claro que la agenciada no puede moverse, por su delicado estado
neurológico lo que dificulta, por simple lógica, sus desplazamientos y permite
apreciar a su favor esta  opción de atención que deberá proveer la entidad
demandada de conformidad con el criterio de su médico tratante.
Como de la historia clínica allegada al expediente y
del escrito de tutela se deduce que la agenciada podría requerir atención
médica adicional por parte de la entidad demandada, la Sala reiterará las
siguientes precisiones:
a) La Corte ha
enfatizado el papel que desempeña el principio de integridad o de integralidad
y ha destacado, especialmente, la forma como este principio ha sido delineado
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del mismo modo que
por las regulaciones en materia de salud y por la jurisprudencia constitucional
colombiana. En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha manifestado en
múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello,
comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas,
prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los
tratamientos iniciados así como todo componente que los médicos valoren como
necesario para el restablecimiento de la salud del  paciente[51].
b) El principio de integralidad
es así uno de los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir
sobre asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a la salud.
De conformidad con él, las entidades que participan en el Sistema de Seguridad
Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a sus
pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen
de manera concreta la prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces
de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean
necesarios para concluir un tratamiento[52].”[53]
c) En este orden de ideas, se
distinguen dos perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha
desarrollado el principio de integridad de la garantía del derecho a la salud.
Una, relativa a la integralidad del concepto mismo de salud, que llama la
atención sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las
personas en materia de salud, valga decir, requerimientos de orden preventivo,
educativo, informativo, fisiológico, psicológico, emocional, social, para
nombrar sólo algunos aspectos.[54]
La otra perspectiva, se encamina a destacar la necesidad de proteger el derecho
constitucional a la salud de manera tal que todas las prestaciones requeridas
por una persona en determinada condición de salud, sean garantizadas de modo
efectivo. Esto es, el compendio de prestaciones orientadas a asegurar que la
protección sea integral en relación con todo aquello que sea necesario para
conjurar la situación de enfermedad particular de un(a) paciente.
d) Debido a las condiciones de Salud que presenta la
señora Mercedes Elena Castillejo de Daza con el propósito de proteger su
derecho a la prestación del servicio de salud de forma integral, la Sala
ordenará que la entidad accionada la remita al establecimiento médico que le
esté prestando el tratamiento para que evalúe su condición actual y establezca
los procedimientos médicos especializados a seguir, en la atención,
asegurando,  su traslado y transporte en las condiciones que requiera al sitio
de atención, sin esgrimir trabas administrativas o procedimientos engorrosos
para que evalúe y provea la atención medica especializada que requiera,
reitera la Sala por tratarse de un sujeto de especial protección por parte del
Estado.
A la luz de las anteriores consideraciones, la Sala
revocará la sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Quinto (5º)
Civil  del Circuito de Valledupar –Cesar 17 de julio de 2013, y tutelará los
derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de la  agenciada.
En consecuencia, ordenará al Establecimiento de sanidad
Militar 1009 Valledupar que dentro del término de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, autorice, la silla de
ruedas, la cama hospitalaria, el servicio de enfermería domiciliara en turno de
24 horas, la atención domiciliaria con el profesional médico que requiera  y la
remita a la institución que le provea la atención para que, de conformidad con
el principio de integralidad del derecho a la salud se evalúe que profesionales
deben atenderla y del mismo modo autorice que dentro
de los cinco (5) primeros días de cada mes, se le suministre los pañales, los
pañitos húmedos y la crema antipañalitis en la cantidad que diariamente
requiera.
6. EXPEDIENTE T-4066583
En este caso, el señor Orlando Chaverra, actuando como
agente oficioso de su progenitora Elvina Chaverra, presentó acción de tutela
contra  la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle del Cauca, invocando
el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y
vida digna los cuales estima vulnerados.
La señora Elvina Chaverra, tiene en la
actualidad 77 años de edad, aproximadamente, y está afiliada en calidad de
beneficiaria a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco-Valle del Cauca. Se
encuentra postrada en cama y presenta dificultades para movilizarse por sí
misma, aspecto que dificulta la ejecución de sus funciones vitales básicas.
Adujo el agente oficioso que la accionada
ha sufrido un grave deterioro en su calidad de vida, porque necesita
tratamientos médicos especiales ambulatorios, tales como visitas médicas de
especialistas, e insumos para mejorar su calidad de vida.
Como pretensión de la demanda de tutela
solicitó una camilla y silla de ruedas porque la agenciada no se puede
trasladar por sí misma, pañales desechables en promedio de cuatro (4) diarios,
crema antipañalitis, enfermera, crema hidratante Lubriderm, paños húmedos para
el aseo personal, guantes para la manipulación de personas en cantidad de 10
pares diarios, jabón o shampoo íntimo porque la agenciada sufre de quemaduras y
alergias, suplemento vitamínico Ensure, en proporción de uno diario, visitas
médicas domiciliarias, tanque de oxigeno, transporte en ambulancia para
exámenes y chequeos médicos, así como los medicamentos que sean recetados por
los galenos en cumplimiento de la atención integral y permanente que requiere
la agenciada-folio 4.
El Juzgado 13 Civil Municipal de Cali valle, concedió
el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante y en
consecuencia ordenó a Comfenalco E.P.S. la valoración del estado actual de la
agenciada con el fin de verificar, de manera estricta si requiere el servicio
de enfermería, la camilla y la silla de ruedas y se proceda, si es necesario, a
cumplir con estos requerimientos en el término que establezca el médico
tratante. Adicionalmente, ordenó a la demandada garantizar a la agenciada la
prestación de los servicios de salud, incluyendo elementos, hospitalizaciones,
traslados, medicamentos, procedimientos, cirugías, exámenes y los demás que su
estado requiera. Sin embargo, negó los pañales, pañitos húmedos, jabón shampoo
y crema hidratante, por considerarlos elementos de carácter cosmético que hacen
parte de la obligación que le asiste al grupo familiar.
En relación con el suministro mensual de pañales desechables, una camilla  adecuada para su condición,
una silla de ruedas y transporte en ambulancia no
cabe duda de que aquellos no pudieran considerarse como servicios médicos strictu
sensu, sinembargo, la Corporación observa que dichos elementos y servicios
inciden propia y directamente en la salud y la vida digna de la agenciada.
En el caso sub examine, considera
la Sala que se configuran los elementos necesarios para que se conceda la
presente acción de tutela y se protejan los derechos a la salud y a la vida en
condiciones dignas de la agenciada, por los siguientes motivos:
Está demostrado que la persona en favor de
quien se interpone la acción de tutela: (i) tiene setenta y seis (76) años de
edad y pertenece a la población de adultos mayores[55], es decir,
es sujeto de especial protección constitucional; (ii) padece varias
enfermedades que le impiden movilizarse y valerse por sí misma y (iii) carece
de recursos económicos para sufragar el costo de los elementos requeridos para
su patología.
En efecto, la señora Elvina
Chaverra  pertenece a la
tercera edad, está postrada en cama, cumple sus necesidades vitales con
dificultad, requiere de apoyo para consumir sus alimentos, no puede valerse por
sí misma, todo ello como consecuencia de un accidente vascular encefálico agudo
no especificado, sufre además de incontinencia, que requiere uso continuo de
pañal  como se puede comprobar con la epicrisis de Comfenalco que se aportó al
proceso.[56]
Esta Corporación se ha pronunciado sobre el
tema relacionado con la protección del derecho a la vida digna, cuando el
paciente requiere insumos excluidos del POS en especial en la Sentencia T-099 de 1999:
“En este caso específico, es claro que  la omisión de
Capresub en otorgar los pañales a la actora, vuelve indigna su existencia, puesto que no le permite gozar
de la óptima calidad de vida que merece, y por consiguiente, le impide
desarrollarse plenamente. La inhabilidad para controlar los esfínteres, su
avanzada edad (80 años), la situación económica que no le permite acudir a métodos
más sofisticados para la solución de su problema, la disfunción cerebral que
originó dicha anomalía y el riesgo de infecciones en la zona (heridas, llagas,
hongos) no le permiten una vida normal, ni llevar a buen término sus
actividades diarias, a menos que se le proporcionen en alguna medida, las
condiciones que le faciliten vivir con la dignidad que demanda la existencia.
Recuérdese además que en tratándose de personas de la tercera edad el derecho a
la seguridad social se erige en fundamental y su protección se torna
insoslayable en casos como el presente”.
De esta manera, al no poder
valerse por sí misma para controlar sus necesidades primarias, el pañal
desechable se convierte para la agenciada en algo esencial para  sobrellevar su
enfermedad, si bien no compromete su derecho a la vida, si es un obstáculo para
desarrollar una vida en condiciones dignas[57].  En esas circunstancias,
resulta claro que la negativa de Comfenalco E.P.S. de suministrar los pañales
que requiere, vulnera sus derechos fundamentales.
En segundo lugar, se encuentra demostrado que la señora Elvina Chaverra, al padecer
las enfermedades mencionadas y debido a su grave estado de salud, no puede
transportarse por sí misma, lo que requeriría el uso de una silla de ruedas con
el fin de aliviar en algo su estado de postración actual.
Este Tribunal ha considerado que las personas de la
tercera edad integran  un grupo de especial protección constitucional, que
requieren atención preferente en vista de las especiales condiciones en que se
encuentran “en el entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe
procurarse un urgente cuidado médico en razón de las dolencias que son
connaturales a la etapa del desarrollo en que se encuentran”[58].
En cuanto al transporte solicitado en la demanda la
Corte Constitucional, ha reiterado que cuando el paciente no cuenta con los
recursos para sufragar los gastos que le genera el desplazamiento, debe el juez
constitucional verificar si se acredita que “(i) ni el paciente ni sus
familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el
valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la
vida, la integridad física o el estado de salud del usuario”.[59]
De otro lado, la jurisprudencia
constitucional permite la viabilidad del servicio de transporte por fuera del
lugar de la residencia del solicitante, y excepcionalmente, dentro del ámbito
residencial, cuando se ha probado que ni
el paciente ni su núcleo familiar tienen los recursos económicos suficientes
para pagar el traslado y, de no
efectuarse la remisión, se pone en riesgo la vida, la integridad física o el
estado de salud del usuario.
La dimensión de los gastos de traslado llega a
desbordar la capacidad económica del paciente y de su familia, en cuyo caso se
advierte la existencia de una barrera informal al acceso del servicio de salud
que debe ser eliminada, según lo ordena el criterio de accesibilidad, pues en
estos casos el disfrute material del derecho a la salud del individuo resulta
entorpecido por un elemento –capacidad económica- que en ningún caso puede
restringir su plena satisfacción.
Ahora bien, como fue señalado en sentencia T-295 de
2003, en aquellos eventos en los cuales el procedimiento médico sea practicado
a un menor de edad, a un discapacitado o a una persona de la tercera edad, se
hace indispensable, adicionalmente, cubrir los gastos de desplazamiento de un
acompañante, dado el estado de indefensión y el grado de dependencia  en que
pueden encontrarse.
Con posterioridad en sentencia T-760 de 2008[60], la Corte
precisó que el transporte es un medio para acceder al servicio de salud[61], y si bien,
no es una prestación médica como tal, en ocasiones se convierte en una
limitante para lograr su materialización, especialmente cuando las personas
carecen de los recursos económicos para sufragarlo. En
estos eventos, ha dicho la Corte Constitucional[62] “… que
los gastos de transporte adquieren el carácter de fundamental y deben ser
amparados por este mecanismo constitucional”.
La Sala observa que el accionante y su progenitora
Elvina Chaverra no cuentan con los recursos económicos, aspecto frente al cual
no se pronunció Comfenalco E.P.S, lo que permite afirmar su precaria situación
económica para asumir los traslados que requiera la agenciada, que al no ser
autorizados por la E.P.S. estaría vulnerando los derechos fundamentales a la
salud y a la vida en condiciones dignas de la agenciada. Por este motivo, se
ordenará esta prestación.
Respecto a la solicitud de la enfermera domiciliaria
la Sala, en consideración al precario estado de salud de la agenciada, ordenará
esta atención en un turno de 24 horas. La asignación de la enfermera se hará
previa verificación de los requerimientos de la misma, y de acuerdo a los
criterios que establezca el médico tratante de la  señora Elvina Chaverra.
Por otro lado, la inmovilidad que presenta la agenciada
hace presumir que requiere las cremas hidrantes y antiescaras, así como los
paños húmedos, debido a que la permanencia constante en cama causa dolencias y
escaras. Estos insumos le ayudan a aliviar en algo su padecimiento. La Sala
accederá a esta pretensión.
Verificada la historia clínica de la paciente[63],
son apreciables sus síntomas de disnea[64], acompañada de fibrilación[65]
y aleteo auricular[66],
dificultades que permiten deducir su necesidad de oxigeno. Por esta razón, la
Sala concederá esta prestación advirtiendo a la E.P.S. accionada que debe
proporcionar este insumo en la cantidad y periodicidad indicada por el médico
tratante.
En relación con las visitas médicas domiciliarias,
solicitadas en la demanda de tutela, la Sala  reitera que la agenciada presenta
un precario estado de salud, que le impide movilizarse, situación aunada a la
falta de recursos y a su avanzada edad, lo que prueba la necesidad de estas
visitas médicas que serán ordenadas por el galeno tratante, de conformidad con
la necesidad de la paciente, advirtiendo que no podrá la E.P.S. propiciar
obstáculos para el cumplimiento de esta determinación.
En cuanto al suplemento alimenticio Ensure, esta prestación
fue aprobada por el Comité Técnico Científico, de acuerdo a la indicación
médica, por este motivo es una prestación que considera la Sala cumplida por la
entidad accionada-folio 102.
De otra parte, en el expediente de tutela se acreditó que
la E.P.S. accionada ha proporcionado a la agenciada medicamentos no POS, entre
ellos la Lovastatina, los cuales corresponden en su integridad a los reseñados
en la historia clínica de la paciente. Esto quiere decir que la Sala no
encuentra vulneración de algún derecho fundamental que amerite el amparo
constitucional relacionado con el suministro de medicamentos no POS  folios-
12-102.
A la luz de las anteriores consideraciones, la Sala
modificará el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Trece (13)
Civil Municipal de Cali en el sentido de ordenar a Comfenalco EPS, que
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, autorice la silla de ruedas, y la enfermera en turno de 24 horas. De igual forma, dentro
de los cinco (5) primeros días de cada mes, y por el tiempo requerido se le
suministre los pañales desechables, crema antipañalitis, paños húmedos y crema
hidratante lubriderm, en las cantidades que su estado requiera; así mismo, y dentro
del mismo término se le autorice el transporte con acompañante para atender los
traslados y atenciones médicas que necesite en las condiciones más apropiadas
para su grave estado de salud. Igualmente concederá la prestación relacionada
con el oxigeno y las visitas médicas domiciliarias.
EXPEDIENTE T-4072772
En este caso la señora Margoth Rodríguez Polo,
actuando como agente oficiosa de su cónyuge Luis Jiménez González, presentó
acción de tutela, invocando la protección de los derechos fundamentales a la
vida, a la salud, a la dignidad y a la seguridad social contra  la  Nueva
E.P.S.
El señor Luis Jiménez González tiene 84
años de edad y es afiliado a la Nueva E.P.S. de la ciudad de Barranquilla y
presenta un precario estado de salud ya que fue sometido a un proceso de
revascularización aproximadamente hace nueve años, es hipertenso, y presenta
secuelas de enfermedad cerebro vascular, isquemia, limitación funcional,
hemiplejia derecha con dificultad para caminar y realizar actividades de forma
cotidiana e individual-folio 1.
La accionante solicita para su cónyuge la
atención domiciliaria y enfermera 24 horas, así como el transporte en
ambulancia para acudir a las cita con los médicos tratantes. También, para la
administración de supositorios, sufre episodios diarios de incontinencia,
necesita ayuda en el mantenimiento de una sonda.
La agente oficiosa es una persona, también
de la tercera edad, quien tiene en la actualidad 76 años de edad y no posee
recursos económicos para sufragar los gastos que su cónyuge requiere.
El Juzgado 10º Oral de Barranquilla en sentencia del
25 de julio de 2013, tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la salud
del agenciado, ordenó la atención médica domiciliaria, del mismo modo el
transporte en ambulancia para los traslados que requiera para la atención con
su médico tratante. No accedió a la solicitud de la enfermera 24 horas,  ni al
suministro de pañales, pañitos húmedos y la crema antipañalitis
En el caso sub examine, considera
la Sala que se configuran los elementos necesarios para que se conceda la
presente acción de tutela y se protejan los derechos a la salud y a la vida en
condiciones dignas del agenciado, por los siguientes motivos:
Está acreditado que el agenciado en la acción
de tutela: (i) tiene ochenta y cuatro (84) años de edad y pertenece a la
población de adultos mayores[67],
es decir, es sujeto de especial protección constitucional; (ii) padece varias
enfermedades, entre ellas secuelas de accidente cerebrovascular, hipertensión y
debió someterse a una revascularización hace nueve años, estos padecimientos le
impiden movilizarse, valerse por sí mismo, y cumplir sus necesidades primarias,
sin poder controlar esfínteres y (iii) carece de recursos económicos para
sufragar el costo de los elementos requeridos para su patología.
Esta Corporación se ha pronunciado sobre el
tema relacionado con la protección del derecho a la vida digna, cuando el
paciente requiere insumos excluidos del POS o del POS-S en especial en la Sentencia T-099 de 1999:
“En este caso específico, es claro que  la omisión de
Capresub en otorgar los pañales a la actora, vuelve indigna su existencia, puesto que no le permite gozar
de la óptima calidad de vida que merece, y por consiguiente, le impide
desarrollarse plenamente. La inhabilidad para controlar los esfínteres, su
avanzada edad (80 años), la situación económica que no le permite acudir a
métodos más sofisticados para la solución de su problema, la disfunción
cerebral que originó dicha anomalía y el riesgo de infecciones en la zona
(heridas, llagas, hongos) no le permiten una vida normal, ni llevar a buen
término sus actividades diarias, a menos que se le proporcionen en alguna medida,
las condiciones que le faciliten vivir con la dignidad que demanda la
existencia. Recuérdese además que en tratándose de personas de la tercera edad
el derecho a la seguridad social se erige en fundamental y su protección se
torna insoslayable en casos como el presente”.
De esta manera, al no poder
valerse por sí mismo el agenciado para controlar sus necesidades primarias, el
pañal desechable se convierte en algo esencial para  sobrellevar su enfermedad,
si bien no compromete su derecho a la vida, si es un obstáculo para desarrollar
una vida en condiciones dignas[68]. En esas circunstancias, resulta
claro que la negativa de la Nueva E.P.S de suministrar los pañales que
requiere, vulnera sus derechos fundamentales. En el mismo sentido, el agenciado
requiere de crema antipañalitis y pañitos húmedos para aseo, habida cuenta que
es evidente que el uso continuo de pañales genera pañalitis, aspecto que sumado
a la pérdida de la movilidad dificultan la actividad de aseo y estos
implementos le ayudan y alivian en algo su situación.
Este Tribunal ha considerado que las personas de la
tercera edad integran un grupo de especial protección constitucional, que
requiere atención preferente en vista de las especiales condiciones en que se
encuentran “en el entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe
procurarse un urgente cuidado médico en razón de las dolencias que son
connaturales a la etapa del desarrollo en que se encuentran”[69].
Respecto a la solicitud de enfermera las 24 horas,
obra en el expediente el índice de Barthel que mide los grados de incapacidad
en el paciente para realizar sus actividades básicas de la vida diaria en el
cual se identifica un porcentaje de dependencia grave[70], lo que permite presumir
que requiere atención constante. En consideración al precario estado de salud
del  agenciado ordenará esta atención las  24 horas. La asignación de la
enfermera se hará previa verificación de los requerimientos de la misma, y de
acuerdo a los criterios que establezca el médico tratante del  señor Luis
Jiménez González.
A la luz de las anteriores consideraciones la Sala,
modificará los numerales cuarto y quinto de la sentencia de tutela, objeto de
revisión y en su lugar ordenará a la Nueva E.P.S que dentro del término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
decisión, autorice que dentro de los cinco (5)
primeros días de cada mes, y por el tiempo requerido se le suministre al señor
Luis Jiménez González los implementos de aseo consistentes en pañales
desechables, crema antipañalitis, y los pañitos húmedos de acuerdo con sus
necesidades diarias;  dentro del mismo término, con la misma consideración,
deberá proveer al agenciado una enfermera en turno de 24 horas de acuerdo con
las indicaciones del médico tratante del agenciado, de conformidad con lo ya
expuesto. La Sala confirmará en todo lo demás la sentencia de tutela revisada.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de
Valledupar en única instancia el ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013),
dentro del proceso de tutela de Yulis Elena Navarro como agente oficiosa de Ana
Sofía Jaramillo Noriega contra Caprecom y en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna
de la accionante. En consecuencia, ORDENAR a la E.P.S. Caprecom para que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta decisión, suministre el suplemento alimenticio Ensure en la
cantidad y periodicidad que determine el médico tratante debido a su condición
nutricional. Así mismo, ordena a la E.P.S. Caprecom que en el mismo término
realice la visita médica de especialista en casa o  traslade a la paciente en
las condiciones que requiere su estado de salud para que sea atendida por los
especialistas apropiados a las enfermedades que presenta, valorando la mejor
opción de atención; órdenes de las cuales será garante el Juzgado de Primera
Instancia que deberá velar por su estricto cumplimiento. En el mismo término,
la entidad accionada ordenará que dentro de los cinco
(5) primeros días de cada mes, se le suministre, a la accionante los pañales
desechables en la talla y cantidad requeridas por su actual condición.
Segundo.-
REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado 8º Civil Municipal el 26
de abril de dos mil trece (2013) en primera instancia y la de segunda instancia
proferida por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Barranquilla, respectivamente
dentro del proceso de tutela de Zoila Polo de González contra Coomeva E.P.S. y
en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna de la accionante. En consecuencia, ORDENAR
a Coomeva E.P.S. que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta decisión, autorice la remisión de la
accionante al establecimiento que le esté prestando el servicio de salud, para
que evalúe su condición actual y establezca el tratamiento a seguir, sin trabas
o demoras administrativas. Del mismo modo, evaluará la posibilidad de una
visita domiciliaria con especialista, órdenes de las cuales será garante el
Juzgado de Primera Instancia que deberá velar por su estricto cumplimiento. En
el mismo término, la entidad accionada autorizará que dentro
de los cinco (5) primeros días de cada mes, se le suministre, a la accionante
los pañales desechables en la talla y cantidad requeridas por su actual
condición  cobrándole únicamente el 50% de su costo.
Tercero.-
REVOCAR la sentencia de
tutela proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales Caldas
del 17 de julio de 2013, dentro del proceso de tutela de Lilian García Castaño
como agente oficiosa de su progenitora Mariela Castaño Valencia y, en su lugar,
TUTELAR los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de la
agenciada Mariela Castaño Valencia. En consecuencia, ORDENAR
a Caprecom E.P.S. que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta decisión, autorice la remisión de
la  agenciada al establecimiento que le esté prestando el servicio de salud
para que evalúe su condición actual y establezca el tratamiento a seguir, sin
trabas o demoras administrativas. En el mismo sentido, dispondrá lo necesario
para las visitas médicas domiciliaras a la agenciada, de conformidad con su
necesidad y en atención al síndrome de inmovilidad que presenta, descrito por
la historia clínica que obra en el expediente; órdenes de las cuales será
garante el Juzgado de Primera Instancia que deberá velar por su estricto
cumplimiento. En el mismo término, la entidad accionada ordenará que dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, se le
suministre, a la agenciada  los pañales en la cantidad necesaria para  cubrir
sus requerimientos diarios.
Cuarto.- REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Dieciocho
Penal  Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla el día
23 de julio de 2013, y en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a
la salud y a la vida en condiciones dignas del señor Mario Cañas Arias, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia ORDENAR a la E.P.S. Sura que
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, autorice que dentro de
los cinco (5) primeros días de cada mes, se le suministre los pañales, la crema
anti escaras Desitín para cubrir sus requerimientos diarios. Así mismo, y
durante el mismo término, la E.P.S. Sura deberá proveer lo necesario para la
asignación de enfermera en turno de 24 horas y la atención médica domiciliaria,
requeridas por el agenciado con fundamento en las directrices de su médico
tratante, advirtiendo a la E.P.S. Sura que no podrá incurrir en trabas
administrativas que agraven más la situación del paciente; órdenes de
las cuales será garante el juzgado de instancia que deberá velar por su
estricto cumplimiento.
Quinto.-
REVOCAR la sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Quinto
(5º) Civil del Circuito de Valledupar el 17 de julio de 2013, dentro del
proceso de tutela de Yenis Daza Castillejo como agente oficiosa de Mercedes
Elena Castillejo de Daza contra el Establecimiento de Sanidad Militar 1009 de
Valledupar, en consecuencia, TUTELAR
los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de la
señora Mercedes Elena Castillejo de Daza, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia ORDENAR al Establecimiento de sanidad Militar 1009 Valledupar que
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, autorice, la silla de ruedas, la cama
hospitalaria, el servicio de enfermería domiciliara en turno de 24 horas, la
atención domiciliaria con el profesional médico que requiera y la remita a la
institución que le provea la atención para que, de conformidad con el principio
de integralidad del derecho a la salud se evalúe cuáles profesionales deben
atenderla y del mismo modo autorice que dentro de los
cinco (5) primeros días de cada mes, se le suministre los pañales, los pañitos
húmedos y la crema antipañalitis en la cantidad que requiera; órdenes de
las cuales será garante el Juzgado de Instancia que deberá velar por su
estricto cumplimiento.
Sexto.- REVOCAR
el numeral segundo del fallo de única instancia proferido por el Juzgado Trece
Civil Municipal el 20 de julio de 2013, dentro del proceso de tutela de Orlando
Chaverra como agente oficioso de Elvina Chaverra y en consecuencia, ORDENAR
a Comfenalco EPS, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta decisión, autorice la silla de
ruedas  y la enfermera en turno de 24 horas, con
fundamento en las recomendaciones del médico tratante. De igual forma, dentro
de los cinco (5) primeros días de cada mes, y por el tiempo requerido se le
suministre los pañales desechables, crema antipañalitis, paños húmedos, crema
hidratante Lubriderm y el oxigeno, en las cantidades que su estado requiera;
así mismo, y dentro del mismo término se le autorice el transporte con
acompañante para atender los traslados y atenciones médicas que necesite en las
condiciones más apropiadas para su grave estado de salud o las visitas médicas
domiciliarias que cumplan con el mismo propósito. De otra parte, la entidad
autorizará, sin trabas administrativas los medicamentos que requiera, recetados
por los médicos tratantes; órdenes de las cuales será garante el Juzgado
de Instancia que deberá velar por su estricto cumplimiento.
Séptimo.-
REVOCAR los numerales 4º y 5º del fallo único de instancia,
proferido por el Juzgado Décimo (10) Administrativo Oral de Barranquilla del 26
de julio de 2013, en el proceso de tutela de Margoth Rodríguez Polo como agente
oficiosa de Luis Jiménez González. En consecuencia, ORDENAR
a la Nueva E.P.S. que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta decisión, autorice que dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, se le
suministre los pañales y la crema antiescaras Desitín para cubrir sus
requerimientos diarios. Así mismo, durante el mismo término, la Nueva E.P.S.
proveerá lo necesario para la asignación de enfermera en turno de 24 horas y la
atención médica domiciliaria, requeridas por el agenciado con fundamento en las
directrices de su médico tratante, advirtiendo a la E.P.S. que no podrá
incurrir entrabas administrativas que agraven más la situación del paciente;
órdenes de las cuales será garante el Juzgado de  Instancia que deberá velar
por su estricto cumplimiento.
Por Secretaría líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
T-054/14
INCAPACIDAD ECONOMICA EN MATERIA DE SALUD-No se observan las reglas probatorias (Salvamento Parcial de Voto)
Considero
que en la sentencia no se emplearon las reglas probatorias desarrolladas por
esta Corporación para verificar la incapacidad económica del paciente para
acceder a un servicio de salud excluido del plan de beneficios.
JUEZ DE TUTELA-Criterios de valoración
probatoria de la incapacidad económica en materia de salud (Salvamento Parcial
de Voto)
Es pertinente precisar que el análisis de la capacidad
económica obedece a criterios cualitativos y no cuantitativos, por lo tanto el
juez constitucional debe constatar en cada caso, la manera como  puede
verse afectada la condición de vida del solicitante al asumir el costo del
servicio de salud que requiere. Emplear las reglas jurisprudenciales relativas
a la capacidad económica para asumir el costo de un servicio de salud excluido
del POS,  hubiera permitido a la Corte Constitucional concluir que la accionante
no recibe los ingresos económicos suficientes que le permitan asumir el costo
total o parcial de los pañales desechables que requiere y en consecuencia, se
hubiera ordenado a la EPS accionada asumir el 100% de esta prestación
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, en esta oportunidad me permito exponer las razones por
las que consideré necesario apartarme de la decisión mayoritaria adoptada en la
sentencia de la referencia, concretamente en lo relativo al expediente
T-4054718.
En este caso, la Corte amparó el
derecho fundamental a la salud de la señora Zoila Polo de González, y en
consecuencia, ordenó a Coomeva EPS suministrar los pañales desechables que
requiere para el manejo de la patología “demencia senil sin control de esfínteres”
que presenta. Sin embargo, se estableció que la paciente deberá asumir
el 50% del costo de estos implementos de aseo, en razón a que percibe una
mesada pensional equivalente a $858.321.
Al respecto, considero que en la
sentencia no se emplearon las reglas probatorias desarrolladas por esta
Corporación para verificar la incapacidad económica del paciente para acceder a
un servicio de salud excluido del plan de beneficios[71].
En relación con este aspecto, es pertinente precisar que el
análisis de la capacidad económica obedece a criterios cualitativos y no
cuantitativos, por lo tanto el juez constitucional debe constatar en cada caso,
la manera como  puede verse afectada la condición de vida del solicitante al
asumir el costo del servicio de salud que requiere[72].
Bajo
este escenario, lo manifestado por la demandante en lo pertinente a su
incapacidad económica era un aspecto determinante en la decisión de la Corte,
máxime si dentro de los hechos narrados en la impugnación del fallo de primera
instancia, la señora Zoila Polo sostuvo que al descontar de su ingreso total
$858.321, los gastos de manutención y el costo de los pañales desechables “le
quedaría la irrisoria cifra de cien mil pesos $100.000”.
En
la sentencia se determinó que la paciente puede asumir el 50% del costo de los
pañales “en compañía de sus familiares”, sin embargo esta apreciación no
tiene un sustento fáctico pues en la sentencia no se determinó cómo se
encuentra conformado su núcleo familiar ni los ingresos económicos que percibe.
Por lo tanto, no puede la Corte presumir que la señora Zoila Polo y sus
familiares cuentan con un ingreso económico suficiente que le permita sufragar
el 50% de los pañales desechables.
Emplear
las reglas jurisprudenciales relativas a la capacidad económica para asumir el
costo de un servicio de salud excluido del POS,  hubiera permitido a la Corte
Constitucional concluir que la señora Zoila Polo no recibe los ingresos
económicos suficientes que le permitan asumir el costo total o parcial de los
pañales desechables que requiere y en consecuencia, se hubiera ordenado a la
EPS accionada asumir el 100% de esta prestación.
De otra parte, dentro de las
consideraciones que se desarrollaron en la sentencia, se incluyó la siguiente
afirmación: “subreglas que ha establecido la jurisprudencia constitucional
para inaplicar el Plan de beneficios del Régimen Subsidiado”. En relación
con este aspecto me permito aclarar que teniendo en cuenta que el Acuerdo 032
de 2013 expedido por la CRES unificó los planes obligatorios de salud, las
reglas desarrolladas en este capitulo son aplicables tanto al régimen
contributivo como al régimen subsidiado de salud.
En
estos términos, dejo consignado mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Ver Sentencia T-724
de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[2] Corte Constitucional,
Sentencia T-531 de 2002.
[3] Corte Constitucional.
Sentencia T-227 de 2003.
[4] Corte Constitucional.
Sentencias T-223 de 2006, T-933 de
2009, T-126 de 2010 y T-786 de 2010.
[5] Corte Constitucional. Sentencia T-144 de
2008.
[6] Corte Constitucional.
Sentencia T-595 de 1999
[7] Corte Constitucional.
Sentencia T-099 de 1999.
[8] Corte Constitucional.
Sentencia T-565 de 1999.
[9] Corte Constitucional.
Sentencia T-899 de 2002.
[10] Corte Constitucional.
Sentencias  T-1219 de 2011 y T-202 del 28 de 2008.
[11] Corte Constitucional.
Sentencias T-760 de 2008, T-223
de 2006, T-933 de 2009, T-126 de 2010 y T-786 de 2010.
[12] Corte Constitucional.
Sentencias T-899 de 2002, T-1219 de 2003, T-829 de 2006, T-155 de 2006, T-965
de 2007, T-143 de 2009, T-293 de 2009 y T-352 de 2010, entre otras.
[13]  Incluso en aquellos
casos en los que la afección a la salud fue causada por la ineficiencia del
Estado, y se cuenta con acciones contencioso administrativas para reclamar el
resarcimiento de los perjuicios causados, la tutela es el medio idóneo para
proteger el derecho a la salud de la persona, en especial, cuando se trata de
garantizar el acceso al servicio de salud que se requiera con necesidad.  Corte
Constitucional, sentencia T-328 de 1993, en este caso la Corte consideró que
“[la] atención médica inmediata a la víctima de un accidente causado en
virtud de la objetiva ineficiencia de la administración en la prestación de un
servicio público, en la sentencia con la cual se pone término a una acción de
reparación directa, tiene únicamente carácter resarcitorio de los gastos
incurridos por ese concepto y es necesariamente posterior a la misma.  ||  Si
la condición económica de la víctima y la naturaleza de la lesión sufrida son
tales que, sin apoyo externo, no es posible recibir el tratamiento médico o
quirúrgico necesario, como ocurre en el presente caso, cabe preguntarse si la
pretensión de obtener dicha prestación hace parte del derecho a la salud y debe
ser suministrada por la entidad pública cuya acción u omisión que traducen un
grado objetivo de ineficiencia fueron causa determinante del accidente.”
[14] En este mismo
se ha pronunciado la Corte Constitucional en otras ocasiones, entre ellas en la
sentencia T-1016 de 2006.
[15] Corte Constitucional.
Sentencia C-934 de 2011. por medio del cual se declaró exequible condicionalmente
el artículo 27 de la Ley 1438 de 2011.
[16] Corte Constitucional.
Sentencia T-1089 de 2007.
[17] Cfr.
sentencia T-600 de 2009.
[18]Ibídem.
[19] Sentencia
T-174 de 2013.
[20]
Sentencia T-
596 de 2004.
[21]
Sentencia T -638 de 2011.
[22] Sentencia  T-590 de 2009.
[23] ARTICULO
19. INFORMES. El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad
contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo
o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La omisión
injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad. El
plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sea la índole
del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.
Los informes se
considerarán rendidos bajo juramento.
[24] ARTICULO
20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
[25]
Sentencia T 596 de 2004.
[26]
Ibídem..
[27]
Sentencia T-683 de 2003, se abordó el caso de un acciónate que aducía ausencia
de capacidad económica para costear un tratamiento no incluido en el POS.
[28] Cfr. sentencia
T-042 de 1996.
[29] Corte Constitucional.
Sentencia SU-480 de 1997, Sentencia SU-819 de 1999, Sentencia T-237/03,
T-324-08.
[30] El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 dispone que hay dos tipos de
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): los
afiliados mediante el régimen contributivo que son: “las personas vinculadas
a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y
jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago (…), y
los que se afilian al Sistema mediante el régimen subsidiado, estos son: “las
personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización.
Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la población
más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular
importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el
embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres comunitarias,
las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en
situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años,
los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores
y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus
subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción,
albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad
de pago”.
[31] Sentencia T-500 de 2013. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[32] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-518 de 2006
[33] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T- 760 de 2008.
[34] Sentencia T-053 de
2009.
[35] Carcinoma in situ del
exocervix-folio 29.
[36] Folio 33 epicrisis.
[37] Folios 22-24.
[38] Corte Constitucional.
Sentencia  SU-819 de 1999.
[39] Corte Constitucional,
Sentencia T-834 de 2011.
[40] Ibíd.
[41] Ver folio 7 del
primer cuaderno.
[42] Consultar Sentencia
T-518 de 2006.
[43] Esta posición
jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los cuales
pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de
2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000.
[44] Sobre el particular
se puede consultar las sentencias T-307 de 2007, T-016 de 2007 y T-926 de 1999,
entre otras.
[45] Folios 4-11.
[46] Ver folios 1-5 del
primer cuaderno.
[47] Ver folios 16-20 La
historia clínica de la Clínica del Caribe S.A la imposibilidad de movimiento y
de reacción del paciente.
[48] Ver folio 8 de la
Epicrisis de la Clínica Laura Daniela de la Unidad de Cuidados Intensivos
correspondiente al 13-02-2013 en la cual se describe “se indica asegurar (sic)
vía aérea y conexión a VM. Se informa a familiares presentes sobre grave
pronostico de vida para este paciente”.
[49] Ver folios 1-5 del
primer cuaderno.
[50] Sentencia T-540 de
2002 MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[51] Consultar Sentencia
T-518 de 2006.
[52] Esta posición
jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos, dentro de los cuales
pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830 de 2006, T-136 de
2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de 2000.
[53] En el mismo sentido
ver las sentencias T-053 de 2009, T-760 de 2008, T-1059 de 2006, T-062 de 2006,
entre otras.
[54] Sobre el particular
se puede consultar las sentencias T-307 de 2007, T-016 de 2007 y T-926 de 1999,
entre otras.
[55] Artículos 5 y 7 de la
Ley 1276 de 2009.
[56] Ver folio 43
[57] Ver sentencias T-1219 de 2003 y T-202 de 2008, T-111
de 2013.
[58] Sentencia T-540 de
2002 MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[59] Sentencias T-900 de 2000;  T-1079 de 2001; T-1158 de
2001;  T- 962 de 2005; T-493 de 2006; T-057 de 2009; T-346 de 2009 y T-550 de
2009.
[60] MP. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[61] MP. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[62] Sentencia 352 de 2010
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[63]
Folios 11-93
[64] La disnea es una dificultad
respiratoria que se suele traducir en falta de aire. Deriva en una sensación
subjetiva de malestar que suele originarse en una respiración deficiente,
englobando sensaciones cualitativas distintas variables en intensidad. ...
http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea.
[65] La fibrilación es un término que se emplea en medicina para referirse a uno de los trastornos del ritmo cardíaco en la que una de las cámaras del corazón desarrolla múltiples circuitos de
re-entrada, haciendo que los impulsos se vuelvan caóticos y las contracciones se vuelvan arrítmicas. La fibrilación puede
afectar a los atrios en la fibrilación atrial o a los ventrículos, en la fibrilación ventricular
[66] En cardiología, el aleteo
auricular o, del inglés atrial flutter, es uno de los trastornos del ritmo cardíaco caracterizado por un ritmo cardíaco anormal que ocurre en la aurícula cardíaca
[67] Artículos 5 y 7 de la
Ley 1276 de 2009.
[68] Ver sentencias T-1219 de 2003 y T-202 de 2008, T-111
de 2013.
[69] Sentencia T-540 de
2002 MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[70] Ver folio 15 del expediente.
[71] Al
respecto consultar las sentencias T-714 de 2004 MP (e) Rodrigo Uprimny T-306 de 2005 MP Clara Ines Vargas Hernandez, T-206
de 2008 MP Clara Inés Vargas Hernández, T-551 de 2008 MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-760 de 2008 MP Manuel José Cepeda, T-613 de 2012 MP María Victoria
Calle Correa, T-496 de 2011 MP Juan Carlos Henao. Entre muchas otras.
[72] T-654
de 2003 MP Eduardo Montealegre Lynet