T-123-16
Sentencia T-123/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO LABORAL DE
FUERO SINDICAL-Casos en que los trabajadores fueron despedidos sin que se iniciara la
acción de levantamiento de fuero sindical
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Buscan evitar la presentación
sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Configuración
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-No son figuras idénticas
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
DESVINCULACION DE AFORADOS SINDICALES EN PROCESOS DE LIQUIDACION DE
ENTIDADES-Marco
normativo
MARCO NORMATIVO SOBRE LA DESVINCULACION DE AFORADOS EN EL CONTEXTO DE LA
LIQUIDACION DE TELECOM-Sentencia SU-377 de 2014
En la sentencia SU-377 de 2014, la
Sala Plena de la Corte Constitucional unificó los criterios de procedencia
formal y material que deben tener en cuenta los jueces al resolver posibles
vulneraciones de derechos fundamentales en el desarrollo de procesos de
liquidación de entidades públicas. Su carácter de unificación, significa que
buena parte de estas reglas se habían establecido antes de esta sentencia por
parte de las Salas de Revisión, y que desde entonces formaban parte del
precedente jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para la comprensión de
las normas laborales y de los derechos de los trabajadores. En lo que tiene que ver con el proceso de liquidación de TELECOM,
los criterios de unificación giraron en torno a tres asuntos: el plan de
pensión anticipada, el retén social y el fuero sindical.
AFORADOS SINDICALES EN PROCESOS DE LIQUIDACION DE ENTIDADES-Garantía derivada del fuero
sindical no desaparece durante el proceso de liquidación de TELECOM
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO LABORAL DE
FUERO SINDICAL-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
LEGITIMACION POR PASIVA DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR
DE TELECOM-Puede ser sujeto pasivo de acción de tutela e
incluso responder por obligaciones de una entidad ya liquidada
MARCO NORMATIVO SOBRE LA DESVINCULACION DE AFORADOS EN CONTEXTO DE
LIQUIDACION DE TELECOM-Reiteración de sentencia SU-377/14
La sentencia SU-377 de 2014 resaltó que tanto la garantía constitucional
del fuero sindical como sus consecuencias legales, aplican plenamente en los
procesos administrativos y judiciales relativos a la liquidación de entidades
públicas.
DESVINCULACION DE AFORADOS SINDICALES EN PROCESOS DE LIQUIDACION DE
ENTIDADES-Improcedencia
por no reunir el
requisito de subsidiariedad y no estar en presencia de un perjuicio grave e inminente
La accionante no agotó los mecanismos de defensa judicial que
tenía a su disposición para alegar la condición de aforada sindical, omitiendo
el ejercicio de la acción de reintegro, medio idóneo que debió agotar ante la
jurisdicción laboral, con el fin de que se estableciera si en su caso se debía
o no solicitar el levantamiento del fuero que ahora alega poseía. En
consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente por no reunir el
requisito de subsidiariedad.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO LABORAL DE FUERO SINDICAL-Casos en que
los procesos de levantamiento de fuero sindical fueron declarados nulos y se
procedió al despido de los trabajadores
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por incurrir en una
violación directa de la Constitución, afectando el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia contenida en los artículos 29 y 229 de
la Carta
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por cuanto se incurrió en un defecto sustantivo al omitir dar aplicación al
artículo 83 del Código de Procedimiento Civil
DESVINCULACION DE AFORADOS SINDICALES
EN PROCESOS DE LIQUIDACION DE ENTIDADES-Casos en que
los procesos de levantamiento de fuero sindical fueron declarados nulos y se
procedió al despido de los trabajadores
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Casos
en los que se procedió al despido de los trabajadores sin que la autorización
judicial de levantamiento del fuero sindical estuviera en firme
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
por cuanto los accionantes ya habían interpuesto similar demanda, bajo los
mismos presupuestos fácticos y jurídicos, estructurándose el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional
Referencia:
expediente T-4829849, y acumulados, T-4829865, T-4835242, T-4838118, T-4840447,
T-4840618, T-4840633, T-4840967, T-4842975, T-4845689, T-4846065, T-4848215, T-4853814,
T-4856628, T-4857219, T-4873744, T-4875783, T-4877414 y T-4880935.
Acción de tutela instaurada por Ariel de Jesús Carmona
Carazo contra la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior de
Montería y Juzgado Civil del Circuito de Lorica, y acciones de tutela
acumuladas contra decisiones judiciales proferidas en la jurisdicción laboral a
propósito del despido de trabajadores de TELECOM y Telebuenaventura, en los
expedientes de la referencia.
Magistrado ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y
los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política
y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de las decisiones judiciales dictadas en los asuntos de tutela de la referencia,
escogidos por la Sala Cuarta de Selección de esta Corporación.
I.
ANTECEDENTES
Diecinueve ex trabajadores de la extinta TELECOM y de su empresa
asociada Telebuenaventura, manifestaron estar legitimados para presentar acción
de tutela con fundamento en la orden trigésimo tercera de la sentencia SU-377
de 2014, según la cual “las personas
que hubieren tenido fuero sindical al momento de ser desvinculadas de TELECOM
en su proceso de liquidación definitiva, y que cuenten con providencias
ejecutoriadas que pongan fin a procesos de levantamiento de fuero o de
reintegro sindical, si no han instaurado acciones de tutela contra las mismas,
podrán interponer sólo una acción de tutela contra esa providencia, en caso de
que se den las condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela contra
sentencias”.
Las consideraciones que las autoridades de la jurisdicción laboral hicieron
respecto de la garantía y alcance del fuero sindical, así como las consecuencias
que tuvo el despido de TELECOM y sus empresas asociadas para cada ex trabajador
varía entre los casos, dependiendo principalmente de la situación en que se
encontraba el trámite de levantamiento del fuero sindical al momento del
despido o del cierre definitivo de TELECOM y teleasociadas.
Por eso, a continuación se presentarán los hechos y decisiones
judiciales sometidos en esta oportunidad a la revisión de la Corte, agrupados de
acuerdo a este criterio, de la siguiente manera: (i) casos en los que
los trabajadores fueron despedidos sin que se iniciara la acción de levantamiento
de fuero sindical; (ii) casos en los que los procesos de levantamiento
de fuero sindical fueron declarados nulos y se procedió al despido de los
trabajadores; (iii) casos en los que se procedió al despido de los
trabajadores sin que la autorización judicial de levantamiento del fuero
sindical estuviera en firme; (iv) casos en los que se procedió al
despido de los trabajadores pese a que la sentencia de primera instancia no
autorizaba el levantamiento del fuero sindical; y (v) casos en los que
el despido ocurrió después de tener una autorización judicial en firme para
levantar el fuero sindical.
Casos en los que los trabajadores fueron despedidos
sin que se iniciara la acción de levantamiento de fuero sindical (Exp.
T-4873744 y T-4877414)
Hechos relevantes y sentencias proferidas en la
jurisdicción laboral
1. María Esmeralda Manrique Olivera (T-4873744) y Cilia Baza Guerrero
(T-4877414) manifestaron que la Fiduciaria
la Previsora S.A., TELECOM en liquidación, y el Patrimonio Autónomo de Remanentes
de Telecom y Teleasociadas (en adelante, PAR) desconocieron las garantías propias del fuero sindical,
así como sus derechos a la igualdad, al debido proceso y a la defensa. Por esta
razón, considerando que sus casos encuadran en el supuesto previsto en el
sentencia SU-377 de 2014, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
como trabajadoras y pidieron al juez de tutela el pago de la reliquidación de
sus indemnizaciones por despido injusto e ilegal; el pago de los salarios
dejados de percibir, y las prestaciones sociales hasta que se disponga
jurídicamente la terminación efectiva del vínculo laboral de las accionantes, o
hasta la liquidación definitiva de la organización sindical.
2. Las accionantes eran trabajadoras de la extinta TELECOM y afirman
haber estado afiliadas al sindicato de primer grado Unión Sindical de
Trabajadores de las Comunicaciones (en adelante, USTC) en cargos directivos de
la Junta Directiva del Comité de Leticia (Amazonas) y de la seccional
Barrancabermeja (Santander), respectivamente. Sin consideración de esto, según
ellas, TELECOM en liquidación terminó sus contratos de trabajo de forma
unilateral, el 25 de julio de 2003, en el caso de la señora Manrique Olivera, y
el 31 de enero de 2006, en el caso de la señora Baza Guerrero, sin que mediara
autorización judicial que avalara el levantamiento del fuero sindical y el
despido.
3. Como se desprende del expediente, la señora Manrique Olivera inició
demanda ordinaria laboral contra TELECOM en liquidación ante el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Bogotá, solicitando el reintegro por despido sin justa
causa, así como el pago de salarios y prestaciones sociales. Pretendió
subsidiariamente que se ordenara la pensión especial de jubilación.
3.1. En sentencia del 10 de marzo de 2008, el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a Telecom en liquidación
de todas las pretensiones de la demandante y la condenó en costas, aduciendo
que si bien se acreditó que no medió justa causa en la terminación del
contrato, no es posible jurídica ni físicamente exigirle a la entidad demandada
que reintegre a la accionante al cargo que ocupaba puesto que se probó que éste
fue suprimido, siendo procedente el reconocimiento de una indemnización, la
cual le fue pagada a la actora por la suma de $48.334.629. Este monto no fue
discutido por las partes en el proceso; por lo tanto, concluyó que debía
absolverse a la demandada. Esta decisión no fue objeto de impugnación ni de
consulta.
4. La señora Baza Guerrero no manifiesta haber
instaurado demanda alguna para solicitar el reintegro por fuero sindical.
Respuesta del Patrimonio Autónomo de Remanentes
5. Hilda Terán Calvache, apoderada general de Fiduagraria S.A y
Fiduciar S.A, integrantes del consorcio de remanentes de TELECOM respondió a
las dos acciones de tutela, presentando los siguientes argumentos en común:
5.1. En primer lugar, dijo que la sentencia SU-377 de 2014 no se
encuentra en firme porque el PAR y Ministerio de Telecomunicaciones (en
adelante, MinTIC) presentaron dos incidentes de nulidad y, en subsidio,
incidentes de impacto fiscal y aclaración y adición al fallo judicial. A su
juicio, estos impiden la ejecutoriedad del fallo.
Sin perjuicio de lo anterior, en segundo lugar sostuvo que la sentencia
SU- 377 de 2014 ordenó que, en caso de no haber instaurado acciones de tutela
contra los procesos que pusieran fin al levantamiento de fuero sindical o al
reintegro por fuero sindical, los ex trabajadores podían presentar tutela, pero
siempre y cuando se dieran las condiciones que justifiquen la tutela contra
sentencias. En este caso, las accionantes no cumplieron con la carga mínima de señalar
cuáles son las razones que permiten concluir que las providencias adoptadas en
los procesos laborales violaron sus derechos fundamentales. Por eso, según la
apoderada general, lo que ellas pretenden es reconocimientos de naturaleza
económica y el reavivamiento de términos legales, pese a que en su momento no
cumplieron con la carga de acreditar su calidad de aforadas al momento del
despido y del cierre definitivo de Telecom en liquidación.
En tercer lugar, dijo que las entidades que representa no vulneraron
los derechos invocados por las accionantes. Señala que el derecho a la defensa,
igualdad laboral y procesal cuya protección se invoca, no se sustenta en la
demanda. Además, no se viola el derecho a la asociación sindical porque no
puede atribuírsele al PAR de TELECOM una conducta antisindical, ya que la
terminación de la relación laboral se dio por el cierre de la empresa.
5.2. Sobre los casos en particular, la apoderada del PAR de TELECOM
señaló lo siguiente:
5.2.1. No se desconoció el fuero sindical de la señora Manrique
Olivera. De acuerdo con la abogada, ella no era aforada y no alegó esa calidad
ni al momento de su desvinculación de la entidad, el 25 de julio de 2003, ni en
la demanda ordinaria laboral. Justamente por esta razón, dice la apoderada, es
que sus pretensiones fueron desestimadas. Así las cosas, solicitó que la tutela
sea declarada improcedente puesto que el fallo del Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bogotá hizo tránsito a cosa juzgada y la presente acción de tutela
versa sobre las mismas partes, fundamentos y pretensiones.
5.2.2. Tampoco se desconocieron los derechos fundamentales de la señora
Baza Guerrero. Por un lado, ella no acreditó su calidad de aforada ni alegó
oportunamente esa condición ante la jurisdicción ordinaria laboral. A juicio de
la apoderada, ella debió iniciar un proceso ordinario laboral para obtener el
pago de la indemnización correspondiente ante la inminente imposibilidad de
reintegro. Pero no lo hizo. Su única actuación judicial, fue la demanda
ordinaria laboral que inició contra TELECOM en liquidación, para que se le
aplicara  la sentencia SU-388 de 2005. Como resultado de esta acción judicial,
cuyos datos y providencias no aparecen en el expediente, la accionante obtuvo
el reintegro por su condición de madre de cabeza de familia hasta el cierre
definitivo de la empresa. Además, dijo la apoderada que la señora Cilia Baza
Guerrero se encuentra vinculada al sistema general de seguridad social
devengando 1 S.M.M.L.V.
Decisiones de tutela objeto de revisión
6. Expediente T-4873744
6.1. El 23 de octubre de 2014, el Juzgado Segundo Promiscuo del
Circuito de Leticia – Amazonas, negó el amparo constitucional solicitado por la
señora Manrique Olivera.  El Juzgado concluyó que la accionante está sometiendo
a la jurisdicción constitucional un asunto que ya fue resuelto por una
providencia en firme emanada de la justicia ordinaria laboral. A ello añadió
que la accionante no se encuentra en el supuesto previsto en la sentencia
SU-377 de 2014 porque no demandó específicamente la providencia de la
jurisdicción laboral ordinaria sino que volvió a plantear el asunto de fondo
que ellas resolvieron. Por lo tanto, determinó que la acción de tutela es
improcedente.
La actora impugnó la decisión. Señaló que la acción de levantamiento de
fuero sindical estaba prescrita (a pesar de que en los hechos indicaba que no
se había iniciado esta acción) y que el fallador de primera instancia no
atendió adecuadamente las consideraciones de la sentencia SU-377 de 2014.
6.2. En sentencia del 19 de febrero de 2015, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito de Cundinamarca confirmó el fallo impugnado. Indicó que la
tutela es improcedente en la medida que la accionante, sin justificación alguna,
dejó transcurrir más de 11 años para alegar la condición de aforada al momento
de su despido, sin haber ejercido ningún recurso en la jurisdicción ordinaria
laboral de forma oportuna.
7. Expediente T-4877414
7.1. El 24 de octubre de 2014, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia
de Barrancabermeja declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Baza Guerrero. Argumentó que la accionante no alegó la calidad de aforada al
momento de la desvinculación por parte de la empresa, ni hizo uso de la acción
de reintegro por fuero sindical en el término establecido para ello. Tampoco
observó ninguna justificación que explicara esta ausencia de actividad de la
demandante. Por tanto, concluyó que esta acción de tutela no cumple con los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
La actora impugnó la decisión oportunamente. Insistió en que los
trabajadores aforados tienen derecho a no ser desvinculados sin que medie una
orden judicial que lo autorice previamente. Si esto no ocurre, tienen derecho a
una indemnización.
del 04 de diciembre de 2014, la Sala de Decisión Civil y Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la  sentencia
impugnada. Ratificó el argumento relativo a la ausencia de inmediatez, estimando
que no podía aplicársele el término de oportunidad previsto en la sentencia
SU-377 de 2014, por cuanto la accionante no probó la existencia de una
providencia ejecutoriada que hubiese puesto fin a un proceso de reintegro
sindical o levantamiento de fuero sindical fallado en su contra.
Pruebas relevantes aportadas al proceso
8. Expediente
T-4873744
-
Declaración rendida
ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Leticia, por la señora María
Esmeralda Manrique Olivera, el 23 de octubre de 2014, dentro de la presente
acción de tutela.
-
Copia del acta de
posesión 254500-015 de la señora María Esmeralda Manrique Olivera en el cargo Oficinista
III de TELECOM Leticia, a partir del 9 de julio de 1987.
-
Copia de la liquidación
de prestaciones definitivas e indemnización a favor de la actora, por
$59.462.944. De este monto, TELECOM en liquidación ordenó el pago de
$94.241.037, de los cuales se descontaron por pagos a terceros $59.462.944.
-
Copia del oficio
expedido el 31 de julio de 2003 mediante el cual se da por terminado el
contrato de trabajo por supresión del cargo dirigido a la señora María
Esmeralda Manrique Olivera.
-
Copia de certificación
expedida por la coordinadora del grupo de archivo sindical del Ministerio de la
Protección Social de fecha 28 de abril de 2011, donde señala el último comité
inscrito en la Subdirectiva Leticia, y en la que la actora aparece ocupando el
cargo de fiscal.
9. Expediente
T-4877414
-
Copia de la Resolución
00850000 – 6958 del 25 de septiembre de 1992 en la que se nombra a Celia Baza Guerrero
en el cargo de Técnico I, y acta de posesión en el cargo.
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo, apoderado general de
Telecom en Liquidación, el 31 de enero de 2006 dio por finalizado el contrato
de trabajo de la accionante, con base en la supresión de cargos ordenada en el
artículo 1 del Decreto 4781 de 2005.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedida por la Unidad de Personal
del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR. El valor total de la liquidación por
prestaciones definitivas e indemnización fue de $90’147.210.
-
Copia de la certificación expedida
el 29 de septiembre de 2014 por el Ministerio de la Protección Social, en la
que consta la inscripción de la Junta Directiva Seccional Barrancabermeja de la
USTC mediante Resolución 00011 del 28 de abril de 2003, en la que la accionante
aparece inscrita en el cargo de Secretaria de Integración Comunitaria, luego de
la modificación introducida por Resolución número 003 del 12 de febrero de 2004.
-
Coadyuvancia de Carlos
Mauricio Osorio Ruiz, vicepresidente de la USTC, solicitando el amparo de los
derechos de la actora.
-
Casos en los que se procedió al despido de los
trabajadores pese a que los procesos de levantamiento de fuero sindical fueron
declarados nulos (Exp. T-4829865, T-4835242 y T-4840447)
Hechos relevantes y sentencias demandadas
1. Edith María González Ramírez (T-4829865), Julio Orlando Patiño
Cutiva (T-4835242) y Carlos Alfonso Restrepo Lozano (T-4840447) instauraron, de
forma independiente, acción de tutela contra el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de La Dorada; el Juzgado Décimo Laboral de Circuito de Bogotá; la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Los accionantes afirman que estos despachos judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al fuero sindical, a la igualdad y al debido proceso
porque les fue negado el reintegro y una eventual indemnización, a pesar de haber
demostrado que la terminación de contrato laboral ocurrió sin justa causa y sin
autorización legal para el levantamiento del fuero. A juicio de los accionantes
esto constituye una “vía de hecho” porque desconoce las garantías propias del
fuero sindical y el principio de favorabilidad laboral. En consecuencia, solicitan
que se declaren nulas las sentencias que les son desfavorables, y que se
proceda al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
hasta cuando se disponga la terminación efectiva del vínculo laboral o la
liquidación definitiva de la organización sindical.
2. Los tres accionantes eran trabajadores de TELECOM y al momento de su
despido ocupaban los cargos directivos de tesorera, secretario de investigación
e industria y secretario de integración comunitaria y servicio, en la Junta
Directiva Sub-Directiva de La Dorada (Caldas) de la USTC.
3. En septiembre de 2003, TELECOM en liquidación inició el
procedimiento especial de levantamiento de fuero sindical para obtener
autorización del despido de los accionantes. Sin embargo, mediante auto del 3
de marzo de 2004, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la Dorada (Caldas) declaró
la existencia de una causal de nulidad saneable en el proceso, por no existir
suficiente identificación de las partes. Como sustento de esta afirmación, mostró
que el nombre de uno de los aforados aparecía escrito de diferentes maneras en los
diferentes documentos contentivos de la demanda. El Juzgado dispuso el traslado
de esta nulidad a la parte demandante, y como no se produjo ninguna corrección,
el 26 de marzo de 2004 ordenó la nulidad de todo lo actuado y el archivo de la
diligencia.
4. El apoderado del PAR impugnó la decisión solicitando la nulidad a
partir del momento previo al evento procesal que dio por sentada la ejecutoria
del auto interlocutorio proferido el 3 de marzo de 2004. Sin embargo, el 7 de
mayo de 2004 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada (Caldas)
confirmó la decisión porque consideró que dicho auto no adolecía de nulidad y
que no había sido recurrido oportunamente.
5. Contra esta decisión que negaba la nulidad del auto del 26 de marzo
de 2004, se interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación. Sin
embargo, el 25 de mayo de 2004, en sede de reposición se confirmó el auto; y el
Tribunal Superior de Manizales, mediante providencia del 8 de julio de 2004, ratificó
la decisión.
6. Pese a ello, el 31 de enero de 2006, TELECOM terminó unilateralmente
sus contratos de trabajo sin que mediara autorización judicial que avalara el
levantamiento del fuero sindical y el despido.
7. Los accionantes manifiestan haber iniciado en tiempo reclamación
administrativa.
8. Como consecuencia del despido, los accionantes iniciaron el 14 de
agosto de 2006, demanda especial de reintegro por fuero sindical contra el
Consorcio de Remanentes de TELECOM. De esta demanda conoció el Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Bogotá, quien en fallo del 9 de julio de 2007 se declaró
inhibido por ausencia de legitimidad por pasiva. Señaló que el Consorcio de
Remanentes no tiene personería jurídica ni capacidad para ser parte, de modo
que la demanda debía elevarse contra las sociedades que lo conforman. Es decir,
contra Fiduagraria S.A y Fidupopular S.A.
9. Esta decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, quien decidió absolver a las demandadas mediante fallo del
11 de julio de 2008, por considerar que los patrimonios autónomos carecen de
capacidad para ser parte y que correspondía al juez laboral señalarlo, a fin de
no permitir la expedición de fallos nulos o absolutamente ineficaces.
10. Adicionalmente, en noviembre de 2009 los accionantes presentaron
acción de tutela contra el PAR de TELECOM, solicitando que se le ordenara pagar
los salarios, prestaciones sociales y prestaciones convencionales dejadas de
percibir desde la ocurrencia del despido.
11. El 10 de noviembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Arboletes (Antioquia), quien resolvió la tutela en primera instancia, encontró demostrado
que los accionantes eran aforados sindicales, y que TELECOM en liquidación los
despidió ilegalmente. Por esta razón, concedió el amparo como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable y ordenó el pago de las
indemnizaciones.
12. En sentencia del 1º de febrero de 2010, el Juzgado Civil del
Circuito de Turbo (Antioquia) revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, declaró improcedente la acción de tutela. Sostuvo que los accionantes
dejaron de impulsar de forma efectiva la acción de reintegro en los dos meses
siguientes a la terminación de la relación laboral, y que también dejaron
vencer el término establecido para poder instaurar la acción ordinaria laboral.
Esta acción fue excluida de revisión por parte de la Corte Constitucional (Exp
T-2579991).
Intervención
de las autoridades judiciales accionadas, vinculados y coadyuvancia
13.
En el trámite de estas acciones de tutela, las autoridades judiciales
accionadas guardaron silencio, con excepción de los Juzgados Décimo Laboral del
Circuito de Bogotá y Segundo Civil del Circuito de La Dorada. El primero de
estos intervino para indicar que no se encontraron registros de los expedientes
de que tratan las acciones de tutela. El segundo intervino para señalar que en
el proceso especial de fuero sindical (levantamiento de fuero), “no se
profirió sentencia alguna ni en primera ni en segunda instancia, pues obra en
el expediente que a través de auto del 26 de marzo de 2004 se declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió la demanda y el
archivo de las diligencias”.
14. El Patrimonio Autónomo de Remanentes, a través de la doctora Hilda
Terán Calvache, apoderada general de Fiduagraria S.A y Fiduciar S.A,
integrantes del consorcio de remanentes de TELECOM respondió a las tres
acciones de tutela, presentando los siguientes argumentos en común:
14.1. En primer lugar, dijo que la sentencia SU-377 de 2014 no se
encuentra en firme porque el PAR y MinTIC presentaron dos incidentes de nulidad
y, en subsidio, incidentes de impacto fiscal y aclaración y adición al fallo
judicial, que restan ejecutoriedad al fallo.
14.2. En segundo lugar, sostuvo que la sentencia SU- 377 de 2014 ordenó
que en caso de no haber instaurado previamente acciones de tutela contra los
procesos que pusieran fin al levantamiento de fuero sindical o al reintegro por
fuero sindical, los ex trabajadores podían presentar acción de tutela, pero
siempre que se dieran las condiciones que justifican la tutela contra
sentencias. En este caso, sin embargo, los accionantes no señalaron de forma
clara cuáles son las razones que permiten concluir que las providencias
adoptadas en los procesos laborales violaron sus derechos fundamentales. Por lo
tanto, la tutela debe ser declarada improcedente.
14.3. En tercer lugar, dijo que las entidades que representa no
vulneraron los derechos invocados, puesto que el PAR de TELECOM no ha tenido
ninguna conducta antisindical, y tampoco ha violado sus derechos a la defensa y
a la igualdad laboral.
14.4. Por último, sobre el caso de estos accionantes advirtió que debía
declararse la existencia de cosa juzgada y de temeridad, comoquiera que los mismos
ya habían intentado una acción de tutela por hechos similares.
15. Carlos Mauricio Osorio Ruíz, en calidad de Vicepresidente Nacional de
la USTC, interviene para coadyuvar en las acciones de tutela, reiterando las
consideraciones generales incorporadas en las demandas.
Decisiones de tutela objeto de revisión
16. Expediente T-4829865
16.1. El 22 de octubre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia negó la solicitud de acción de tutela instaurada por la
señora González Ramírez. Argumentó que no está acreditada la existencia de una
causal específica que haga procedente la tutela, y que las providencias objeto
no fueron aportadas al proceso por la demandante. Por lo tanto, no encontró
razones para estudiar de fondo las decisiones cuestionadas.
La actora impugnó oportunamente la decisión para señalar que ella se
encontraba dentro de los supuestos previstos en la sentencia SU-377 de 2014, y
que fue despedida sin que se levantara su fuero sindical.
16.2. En sentencia del 19 de febrero de 2015, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar el fallo impugnado. Indicó
que la tutela no es una instancia procesal adicional, y que los fallos
laborales impugnados no contenían ninguna arbitrariedad manifiesta.
17. Expediente T-4835242
17.1. El 31 de octubre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo solicitado por Julio Orlando Patiño Cutiva. Sostuvo
que, aun estando dentro de lo señalado por la sentencia SU 377 de 2014, las
tutelas contra providencias judiciales requieren el lleno de todas las causales
genéricas de procedibilidad y al menos una causal específica; requisitos que no
se cumplieron en la demanda estudiada.
El accionante impugnó la decisión. Manifestó que hay discriminación
antisindical y que no pude invocarse la cosa juzgada ya que la misma Corte
Constitucional fue quien habilitó la posibilidad de la acción de tutela al
advertir la violación del debido proceso. Añadió que la tutela no es congruente
porque los trabajadores aforados tienen derecho a no ser desvinculados sin que
medie una orden judicial que lo autorice previamente.
17.2. En sentencia del 12 de febrero de 2015, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas No. 1, confirmó el
fallo impugnado pues, revisando las pruebas obrantes en el proceso, no encontró
comprometido ningún derecho fundamental.
18. Expediente T-4840447
18.1. Mediante providencia del 31 de octubre de 2014, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió negar el amparo
solicitado por Carlos Alfonso Restrepo Lozano, al considerar que el actor no
indicó, ni siquiera en forma breve, en qué consistió la violación de sus
derechos fundamentales en los fallos judiciales acusados.
El actor impugnó la decisión, y recordó que la empresa inició el
proceso para solicitar el levantamiento de fuero – permiso para despedir, sin
que se hubiera configurado la justa causa. En efecto, señaló que la justa causa
de cierre de la empresa solo ocurrió el 31 de enero de 2006, y que TELECOM en
liquidación inició el proceso de levantamiento del fuero en el 2003, cuando la
solicitud no era procedente. Además, insistió en que las sentencias impugnadas
no son congruentes pues desconocen las consecuencias del fuero sindical.
18.2. A través de sentencia del 12 de febrero de 2015, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera
instancia. Para empezar, señaló que la demanda cumplía con el requisito de
inmediatez conforme a lo ordenado en la SU-377 de 2014 en los numerales
trigésimo tercero y trigésimo cuarto de la parte resolutiva. Sin embargo, sobre
las decisiones de levantamiento de fuero sindical, concluyó que se trataba de
sentencias que no desfavorecían al actor puesto que no ordenaron el
levantamiento del fuero; y respecto de las sentencias proferidas en la acción
de reintegro, encontró que el accionante instauró la acción de forma
extemporánea, de modo que ninguna de ellas desconoció sus derechos
fundamentales.
Pruebas relevantes aportadas al proceso.
19. Expediente T-4829865
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización de la actora. De acuerdo con el
contenido de la liquidación, se le pagó $68.318.223, de los cuales $60.976.782
corresponden a una indemnización.
-
Carta de finalización del
contrato de trabajo, del 31 de enero de 2006.
-
Certificaciones y
resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que demuestran la
existencia del sindicato USTC, y la certificación en la que consta que para el
momento del despido la accionante hacia parte de la Junta Directiva -
Subdirectiva la Dorada (Caldas) como tesorera.
-
Coadyuvancia del
vicepresidente Nacional de la USTC, Carlos Mauricio Osorio Ortiz, para
solicitar la revisión del caso de la accionante.
20.  Expediente T-4835242
-
Copia de los documentos de
nombramiento del actor, según los cuales el ingresó a TELECOM en julio 15 de
1991.
-
Copia de la liquidación de
las prestaciones definitivas e indemnización según la cual se pagaron al final
de la relación laboral, después de hacer los descuentos, $30.873.442. Del valor
total, $6.053.079 corresponden a prestaciones y $32.781.350 a indemnización.
-
Copia de la carta de la
terminación del contrato laboral a partir del 31 de enero de 2006, por cierre y
finalización de la existencia jurídica de la entidad.
-
Copia de la Resolución
2040 de 2005 en la que se ordena la inscripción de la Junta Directiva Central
de la USTC.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de la Protección Social el 28 de abril de 2011, en
la que consta que por medio de la Resolución 030 de 19 de junio de 2001, se
inscribió la Junta Directiva Sub-directiva de La Dorada, en la que aparece el
accionante como “sec. de invest. e indust”.
-
Intervención del señor
Carlos Mauricio Osorio Ruiz, vicepresidente nacional de la USTC, en la que
coadyuva las pretensiones del accionante, radicada el 27 de octubre de 2014.
21. Expediente T-4840447
-
Copia del nombramiento de
Carlos Alfonso Restrepo Lozano como Mensajero II en TELECOM, el 8 de junio de
1987.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización del actor. Consta en este documento
que, por concepto de indemnización y prestaciones debían pagarse al accionante
$50.228.288, de los cuales el  valor de la indemnización fue de $47.541.814. Después
de descuentos de terceros este valor se redujo a $48.934.481.
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo dio por finalizado el
contrato de trabajo por cierre y finalización de la existencia jurídica de la
entidad, el 31 de enero de 2006.
-
Copia de la Resolución
Número 2040 de 14 de julio de 2005 en el que se inscribió la Junta directiva de
la Unión Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones USTC.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de Protección Social el 28 de abril de 2011, en el
que consta que Carlos Alfonso Restrepo Lozano fue inscrito como “sec.de.int.com
y serv” en la Junta Directiva Subdirectiva de La Dorada de la USTC.
-
Coadyuvancia de Carlos
Alfonso Restrepo Lozano, Vicepresidente Nacional de la USTC.
Casos en los que se procedió al despido de los
trabajadores sin que la autorización judicial de levantamiento del fuero
sindical estuviera en firme (Exp. T-4838118, T-4840618, T-4840633, T-4845689,
T-4848215, T-4856628 y T-4880935)
Hechos relevantes y sentencias demandadas
1. Mario Lasso Gómez (T-4838118), Martha Camacho Esteban (T-4845689),
Elizabeth Navas Velandia (T-4856628) y Diana Milena Duarte Quintero
(T-4880935), instauraron acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Bucaramanga y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga.
Elizabeth Navas también demandó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la
misma ciudad, y en el proceso de Diana Milena Duarte se demandó igualmente a la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y al Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de la misma ciudad. Por su parte, Norma Constanza Díaz García
(T-4840633) elevó acción de tutela contra el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Ibagué, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Finalmente, Gloria Elena Giraldo
(T-4840618) y Edgar Mosquera Palacios (T-4848215), instauraron acción de tutela
contra el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el Juzgado Dieciséis
Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad.
Los accionantes manifestaron, en tutelas presentadas de forma
independiente, que las decisiones adoptadas por los despachos judiciales demandados
desconocieron las normas sobre garantías del fuero sindical, así como sus
derechos a la igualdad y al debido proceso, puesto que a pesar de que los
jueces laborales autorizaron en primera instancia el levantamiento del fuero
sindical, el despido ocurrió cuando la apelación de esos fallos no estaba
resuelta. Además, señalaron que frente a la imposibilidad de reintegro, los
jueces laborales debieron ordenar el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejadas de percibir, debidamente indexados. Por eso, solicitaron que
se declaren nulos los fallos proferidos en su contra hasta que se disponga
jurídicamente la terminación efectiva del vínculo laboral o la liquidación
efectiva de la organización sindical, y que se ordene el pago de la
reliquidación por efecto del despido injusto e ilegal.
2. Los accionantes eran trabajadores de TELECOM y ocupaban cargos
directivos en dos sindicatos de la industria de las comunicaciones. Así,
pertenecían a la Asociación Nacional de Profesionales de las Telecomunicaciones
(en adelante, ASITEL) Subdirectiva de la Seccional de Bucaramanga, Mario Lasso
Gómez, en el cargo de secretario; Martha Camacho  Esteban, tesorera; Elizabeth
Navas Velandia, secretaria principal, Diana Milena Duarte, vicepresidente y
Norma Constanza Díaz García, en el cargo de presidenta de la Subdirectiva
Seccional de Ibagué.  A la USTC pertenecían Gloria Elena Giraldo Arias en el
cargo de “Secretaria de Bienestar Social y Fin.” y Edgar Mosquera Palacios en
el cargo de Secretario de Salud y Pensiones de la Subdirectiva de Medellín.
3. Entre 2003 y 2005, TELECOM en liquidación solicitó ante los jueces
laborales correspondientes el levantamiento del fuero sindical y la autorización
para despedir a estos trabajadores. Estas solicitudes fueron resueltas
favorablemente para el empleador en primera instancia en todos los casos, del
siguiente modo:
3.1. En sentencia proferida el 31 de mayo de 2005 por el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Bucaramanga, se autorizó para despedir a Mario Lasso
Gómez, Elizabeth Navas Velandia, Martha Camacho Esteban y Diana Milena Duarte
Quintero, entre otros[1].
Para ello, el Juzgado consideró que la liquidación de la empresa constituye
justa causa para el despido.
3.2. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, mediante
sentencia del 16 de noviembre de 2005, resolvió levantar la garantía de fuero
sindical de la señora Norma Constanza Díaz García y otros trabajadores
vinculados al fallo[2]
considerando que la liquidación de la empresa es causal justa para la
terminación del contrato laboral.
3.3. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en fallo del 2
de agosto de 2005, concedió la autorización a TELECOM en liquidación para dar
por terminado el contrato de trabajo de Gloria Elena Giraldo y Edgar Mosquera
Palacios, entre otros[3],
pues encontró configurada una justa causal del despido.
4. En todos los casos, los accionantes interpusieron recurso de
apelación. Sin embargo, antes de obtener la decisión de los jueces laborales de
segunda instancia, los contratos de trabajo de los actores fueron dados por
terminados el 31 de enero de 2006, cuando se dio el cierre definitivo de la
empresa.
5. Posteriormente, los jueces laborales resolvieron del siguiente modo
los recursos elevados contra las autorizaciones de despido:
5.1. El Tribunal Superior de Bucaramanga, en fallo proferido el 7 de
junio de 2006, confirmó la decisión del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la
misma ciudad, adoptada, en particular, en relación con los sindicalistas
aforados de la seccional de esta ciudad. Constató que el Decreto 1615 de 2003
ordenó la supresión de los empleos como consecuencia de la supresión de la
empresa, de modo que a partir de su expedición se configuró la justa causa del
despido. A su juicio, el Decreto subsiguiente, solamente ordenó algunas
modificaciones tendientes a ejecutar lo dispuesto en el Decreto 1615. Además,
dijo que ese mismo decreto otorgó 6 meses al liquidador para iniciar las
acciones de fuero, de modo que las acciones presentadas hasta el 12 de
diciembre de 2003 estaban dentro del término legalmente establecido.
5.2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, mediante
providencia adoptada el 8 de marzo de 2006, revocó la decisión de primera
instancia, y en su lugar negó el permiso para despedir a Norma Constanza Díaz
García y los demás ex trabajadores vinculados al fallo “porque no estaban
aforados”[4].
Señaló que el artículo 55 de la Ley 50 de 1990 permite la creación de
subdirectivas seccionales en municipios pero no en departamentos. En este caso,
encontró que la Resolución 236 de 2002 que se adjuntó como prueba del fuero se
refería a la Subdirectiva Seccional Tolima y no a la de Ibagué, de suerte que
esos funcionarios no podían considerarse aforados.
5.3. El 29 de marzo de 2006, el Tribunal Superior de Medellín confirmó
la sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de la misma ciudad, que
concedía la autorización para el despido de los señores Giraldo Arias y
Mosquera Palacios. Consideró que el despido era totalmente procedente porque es
consecuencia de la supresión y liquidación de la entidad empleadora. Según la
Sala, no existiendo el empleador, no hay lugar a que las relaciones laborales
permanezcan vigentes.
6. Frente a estas decisiones, los accionantes iniciaron las siguientes
acciones judiciales:
6.1. Mario Lasso Gómez presentó acción
de reintegro y demanda ordinaria laboral contra Fiduciar S.A y Fidupopular S.A,
como partes del Consorcio de Remanentes de TELECOM.
6.1.1.
En sentencia del 28 de noviembre
de 2007, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito negó las pretensiones elevadas
en la acción de reintegro. Indicó que el reintegro no estaba llamado a
prosperar por las siguientes razones: (i) no hubo violación del debido proceso,
pues para la fecha del despido el empleador había cumplido con la obligación de
solicitar autorización de levantamiento de fuero sindical y, sabiendo que la
sentencia no se encontraba en firme, decidió pagar la correspondiente
indemnización. (ii) No se violó el derecho a la asociación sindical pues la
supresión de cargos obedeció a la liquidación total de la empresa estatal, lo cual
atendió al interés general. Y, finalmente, (iii) porque no existe sustitución
patronal entre la extinta TELECOM y el Consorcio de Remanentes, puesto que su
mandato no incluye el de subrogar las responsabilidades patronales de TELECOM
en liquidación.
6.1.2. En grado jurisdiccional de consulta, el 14 de mayo de 2008, la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, ordenó
revocar el numeral primero y segundo de la sentencia de primera instancia, en
la que se declaraban probadas las excepciones perentorias y no se ordenaba el
reintegro del accionante; en su lugar, declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva. En lo demás, confirmó la decisión consultada.
6.1.3. El Juzgado Adjunto Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga,
mediante providencia del 30 de septiembre de 2011, negó las pretensiones
elevadas por el actor en la acción ordinaria laboral por despido sin justa
causa. Consideró probada la excepción de inexistencia de la obligación,
argumentando que frente al despido de un aforado sindical no está contemplado
el evento del reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido hasta la fecha en que quedó en firme la sentencia judicial
que ordenó el levantamiento del fuero sindical.
6.1.4. En segunda instancia, a través del fallo proferido el 4 de
Octubre de 2012, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, desestimó las pretensiones del actor y resolvió confirmar
íntegramente la providencia apelada.
6.2. La señora Martha Camacho Esteban, inició acción de reintegro contra
el Consorcio de Remanentes de TELECOM, conformado por Fiduagraria S.A y
Fidupopular S.A – PAR.
6.2.1. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, en
sentencia del 18 de mayo de 2007, se inhibió para resolver esta demanda al
estimar que el Consorcio conformado por Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A. no
tenía aptitud para convertirse en parte dentro del proceso.
6.2.2. En sede de apelación, el 2 de noviembre de 2007, la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, decidió absolver en
todo a las empresas demandadas, por cuanto encontró probadas las excepciones de
inexistencia de sustitución patronal y falta de legitimación en la causa por
pasiva. A su juicio, si la pretensión de la actora era principalmente el
reintegro, esto solo podía ocurrir en TELECOM. Pero como la empresa ya no
existe y no hubo sustitución patronal, entonces las entidades demandadas no
estaban legitimadas para recibir una orden de tal entidad.
6.3. La señora Elizabeth Navas Velandia presentó acción de reintegro
contra el Consorcio de Remanentes de Telecom.
6.3.1. En fallo del 15 de febrero de 2008, el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de la accionante, condenándola
en costas. Motivó su decisión aduciendo que la finalidad del fuero sindical es
proteger el derecho a la asociación sindical y no el derecho a la estabilidad
laboral reforzada del trabajador aforado. Encontró que en el caso de la actora
no se vulneró el derecho al debido proceso pues la empresa obtuvo ante la
justicia ordinaria el permiso para despedirla; y reiteró que no existe
sustitución patronal puesto que la demandante es una entidad jurídicamente
diferente a la extinta TELECOM.
6.3.2. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga el 10 de abril de 2008, al resolver el grado
de consulta. El Tribunal declaró probada la falta de legitimación por pasiva del
PAR de Telecom puesto que las pretensiones de la demandante se encaminan
principalmente a obtener el reintegro a su puesto de trabajo, pero no existe
ningún vínculo contractual con este.
6.4. La señora Diana Milena Duarte Quintero afirma haber presentado acción
de reintegro contra el Consorcio de Remanentes de Telecom.
6.4.1. De acuerdo a las pruebas allegadas al expediente en sede de
revisión, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante decisión
de junio 29 de 2007, absolvió la parte demandada al estimar que no existió una
sustitución patronal ni una subrogación de las obligaciones de Telecom con el
Consorcio de Remanentes, dado el objeto específico para el cual este último fue
conformado, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato de fiducia.
6.4.2. La anterior decisión fue confirmada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, a través de sentencia de abril 11 de 2008, tras
considerar que por la liquidación de la entidad había una justa causa de
terminación del contrato y que a la accionante se le efectuó el pago total de
las obligaciones. Aclaró que es un deber contractual del Consorcio de
Remanentes asumir el pago de salarios en aquellos casos en los que se
desconozcan, con cargo al PAR.
6.5. La señora Norma Constanza Díaz García afirma haber presentado demanda
para exigir el reintegro y acción de tutela, junto con otros ex trabajadores,
contra el PAR de TELECOM.
6.5.1. Según ella, la demanda ordinaria fue fallada de forma
desfavorable a sus intereses el 2 de noviembre de 2006 por el Juzgado Dieciocho
Laboral del Circuito de Bogotá, y sostiene que la decisión fue confirmada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia
del 31 de enero de 2008.
6.5.2. La solicitud de tutela fue declarada improcedente en primera
instancia, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún (Córdoba) el 1º
de septiembre de 2009, por considerar que era improcedente. La decisión fue
confirmada parcialmente en lo que respecta a la accionante, por el Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún, Córdoba, el 24 de septiembre de 2009.
6.5.3. Esta acción de tutela fue seleccionada por la Corte
Constitucional para su revisión (Exp. T-2471346) y fue resuelta en la sentencia
SU-377 de 2014. La Corte constató que en casos como el de la señora Díaz García
no era posible conceder el amparo, “pues en ninguno se dan las condiciones
para emitir un pronunciamiento de fondo” sobre el asunto. Por esta razón,
confirmó las decisiones de instancia[5].
6.6. La señora Gloria Elena Giraldo Arias y el señor Edgar Mosquera
Palacios iniciaron acción de reintegro contra Colombia Telecomunicaciones S.A
ESP y el PAR de TELECOM, y luego intentaron una acción de tutela contra el PAR
de TELECOM.
6.6.1. La acción de reintegro fue negada por el Juzgado Dieciséis
Laboral del Circuito de Medellín en sentencia del 31 de julio 2007. El Juzgado
argumentó que los demandantes no acreditaron que hubiera operado la figura de
la sustitución patronal con las entidades demandadas, ni que continuaran siendo
trabajadores para el momento de la demanda. Por lo tanto, el Juzgado absolvió a
las empresas demandadas.
6.6.2. Esta sentencia fue confirmada mediante fallo del 31 de agosto de
2007 por la Sala Décimo Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín. Consideró el Tribunal que no existía en el expediente prueba del
nombramiento de la junta directiva de Medellín, y que faltaba uno de los
elementos esenciales de la sustitución patronal que era la prueba de haber
continuado laborando para la nueva empresa.
6.6.3. Los accionantes presentaron acción de tutela contra el Juzgado
16 Laboral del Circuito de Medellín y la Sala decimotercera de decisión laboral
del Tribunal Superior de Medellín, controvirtiendo las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas dentro de la acción de reintegro, las cuales no
accedieron a sus pretensiones.
6.6.4. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante fallo de febrero 03 de 2009, confirmó la decisión proferida por la
Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de noviembre 11 de 2008, mediante
la cual se negó la tutela. Estas decisiones no fueron seleccionadas para
revisión en la Corte Constitucional.
6.6.5. Asimismo, los accionantes instauraron acción de tutela contra el
PAR de TELECOM, solicitando el pago de las indemnizaciones por haber sido
despedidos sin el respeto de sus garantías sindicales.
6.6.6. Esta sentencia fue decidida 18 de diciembre de 2008 por el Juez
Primero Promiscuo Municipal de Cereté (Córdoba), quien tuteló los derechos
fundamentales de los accionantes y, en consecuencia, ordenó al ente accionado
pagar los salarios, reajustes y prestaciones dejados de percibir durante el
lapso en el que han estado cesantes, en el monto que determine otro juez en un
incidente de liquidación de las acreencias laborales a favor de los
demandantes.
6.6.7.  La decisión fue confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de
Cereté (Córdoba), quien el 17 de febrero de 2009, señaló que para la Corte
Constitucional era claro que debía respetarse el fuero sindical incluso si la
empresa había sido liquidada. Por eso, consideró acertado que el juez de
primera instancia ordenara el pago de los salarios y prestaciones sociales
correspondientes al tiempo en el que se mantuvieron injustamente desvinculados,
debido al despido.
6.6.8. Estas sentencias fueron seleccionadas para revisión por parte de
la Corte Constitucional (Exp. T-2303455). La Sala Tercera de Revisión, mediante
Auto 280 A de septiembre 24 de 2009, decidió declarar la nulidad de todo lo
actuado desde el auto admisorio de la demanda, luego de que encontrara que no
era posible sanear en sede de revisión la nulidad propuesta por el PAR, según
el cual el juez que conoció del caso carecía de competencia territorial para
hacerlo.
Intervención
de las autoridades judiciales accionadas, vinculados y coadyuvancia
7.
En el trámite de estas acciones de tutela, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, intervino para aportar las decisiones judiciales
atacadas y señalar que la evidencia procesal permitió concluir que los actores
no sostuvieron vínculo laboral alguno con la demandada, como para deducir del
mismo un eventual derecho a ser reintegrados al cargo que desempeñaron a
órdenes de la extinta Telecom. Igualmente, indicó que no podía predicarse una
sustitución patronal entre la empresa liquidada y las convocadas al proceso
porque ninguno de los elementos de éste instituto se acreditó en los casos,
bajo los parámetros que reglan los artículos 67 y 70 del CST. Concluye
afirmando que “la decisión no pudo constituirse en una vía de hecho, porque
no se actuó en forma caprichosa, arbitraria, ni en absoluta desconexión con la
voluntad del ordenamiento jurídico, y no estructuró una vía de hecho, que
vulnerara o amenazara derechos fundamentales del promotor del proceso, que
pueda alegarse  por vía de tutela”.
8.
Por su parte, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, intervino
para señalar que en la acción de reintegro adelantada por la señora Norma
Constanza Díaz García, “las decisiones tomadas al interior del proceso de
fuero sindical corresponden a razonamientos fundados tanto en la legislación, a
la jurisprudencia, así como en las pruebas allegadas al proceso por las partes,
que al hacer la respectiva valoración de las mismas conllevó al fallador de
primera instancia a tomar la respectiva decisión; garantizando en todo momento
el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa a las partes en litigio,
sin que se presentara vulneración alguna a los derechos fundamentales de los
mismos”.
9.
En el caso de la señora Gloria Elena Giraldo Arias, el Tribunal Superior de
Medellín intervino para aportar la decisión adoptada en el caso. Asimismo, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, interviene para aportar
el fallo de tutela proferido por la misma corporación en febrero de 2009, donde
la accionante presenta acción de tutela contra las autoridades judiciales ahora
accionadas.
10.
En el asunto del señor Edgar Mosquera Palacio, las autoridades judiciales
accionadas guardaron silencio.
11. El Patrimonio Autónomo de Remanentes, a través de la doctora Hilda
Terán Calvache, apoderada general de Fiduagraria S.A y Fiduciar S.A,
integrantes del consorcio de remanentes de TELECOM, respondió a las acciones de
tutela, reiterando los argumentos comunes a todas las tutelas, en lo que se
refiere al hecho de que la sentencia SU-377 de 2014 no estaba en firme por los
incidentes de nulidad, aclaración y adición iniciados por la entidad, y a la
ausencia de una conducta antisindical y violatoria de los derechos laborales
por parte de las entidades que representa.
11.1. A estos argumentos añadió que, en su concepto, la sentencia SU-377
de 2014 estableció que el término de prescripción de la acción de levantamiento
del fuero sindical en entidades públicas debe contabilizarse a partir del día
siguiente a la publicación del acto que ordena la supresión del cargo, en este
caso el día siguiente a la expedición del Decreto 2160 de 2004, y no a partir
del Decreto 1615 de 2005 o de la fecha de liquidación de la entidad, como
sostienen los demandantes.
11.2. Dijo además que, en su concepto, cuando la acción de
levantamiento de fuero se interpone en tiempo pero se decide con posterioridad
a la liquidación de la entidad, el juez debe limitarse a ordenar una
indemnización integral y abstenerse de decretar el reintegro.
11.3. Aseveró que las tutelas instauradas no cumplen los requisitos de
la acción de tutela contra providencias judiciales porque no se argumentan
cuáles fueron las causales específicas derivadas de las decisiones judiciales.
Aduce que lo que intentan los actores es revivir términos procesales y
cuestionar de fondo las decisiones adoptadas. En efecto, dijo que en algunos
casos ni siquiera existía claridad sobre la condición de aforados de los
trabajadores y, sin embargo, esto no había sido alegado oportunamente dentro
del proceso.
12. Alonso Quintero Pérez, en calidad de Secretario de Asuntos
Gremiales y Laborales de ASITEL, interviene para coadyuvar en las acciones de
tutela, reiterando las consideraciones generales incorporadas en las demandas.
Decisiones de tutela objeto de revisión
13. Expediente T-4838118
13.1. Mediante fallo del 29 de octubre de 2014, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela de los derechos
invocados por el señor Mario Lasso Gómez. Concluyó que las decisiones
censuradas no aparecen caprichosas, ni carentes de base jurídica y fáctica, sino
que por el contrario resultan razonables. En cuanto a la indemnización especial
a la que se refiere la Corte Constitucional en la sentencia SU-377 de 2014,
señaló la Corte Suprema que se trata de un precepto legal que no está vigente
por disposición del artículo 15 del Decreto 616 de 1954. Según la Corte Suprema
de Justicia, la disposición aplicable hoy es el artículo 408 CST, modificado
por el Decreto 204 de 1957.
13.2. El accionante apeló oportunamente esta decisión argumentando que
si bien es cierto que el proceso de levantamiento de fuero sindical ocurrió en
septiembre de 2003, esta acción no era procedente porque la empresa no desapareció
definitivamente sino hasta el 31 de enero de 2006. De hecho, a su juicio, el
Decreto 2062 de 24 de julio de 2003 no suprimió los cargos desempeñados por los
trabajadores amparados por el fuero sindical sino que solo hizo referencia a la
forma como se suprimirían los mismos una vez se diera el trámite legal respectivo.
13.3. En providencia del 29 de enero de 2015 la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado. Señaló que el
actor no identifica por qué razón las decisiones judiciales que cuestiona
carecen de un fundamento objetivo que las haga configurar alguna causal de
procedibilidad, y dijo que la sola inconformidad con decisiones judiciales que
le son adversas no hacen procedente la tutela.
14. Expediente T-4845689
14.1. El 12 de noviembre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, negó el amparo de los derechos invocados por la
señora Martha Camacho. La Sala no encontró que las decisiones judiciales
cuestionadas hubieran desconocido las normas aplicables al asunto sometido a su
conocimiento. Por el contrario, encuentran en las decisiones un análisis
razonable de la normatividad y de los hechos.
14.2. La accionante impugnó la decisión dentro de la oportunidad
procesal. Reiteró que el levantamiento del fuero sindical fue solicitado de
forma extemporánea, razón por la cual debió declararse probada la excepción de
prescripción de la acción. Además, insistió en que no se violaba el principio
de congruencia de la sentencia proferida dentro de la acción de reintegro
porque absolvió a las demandadas a pesar de constatar el despido sin
autorización judicial. Finalmente, volvió a señalar que este tipo de fallos
desconocen el derecho a la igualdad, pues en otros fallos sí se había
favorecido a ex trabajadores de TELECOM.
14.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
confirmó la decisión del a quo mediante fallo del 26 de febrero de 2015.
Insistió en que la acción de tutela no es procedente para cuestionar fallos
adversos a los intereses del accionante, y que los fallos sometidos en este
caso a su conocimiento se encuentran debidamente fundamentados.
15. Expediente T-4856628
15.1. El 12 de noviembre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, negó el amparo solicitado por la señora Elizabeth
Navas Velandia. Luego de advertir que la actora no atendió las exigencias que
la jurisprudencia ha desarrollado en torno a la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, señaló que las sentencias cuestionadas no son
arbitrarias ni infundadas, pues exhiben suficientes razonamientos sobre el
ordenamiento aplicable y el caso concreto.
15.2. La actora impugnó la decisión, señalando que la acción de
levantamiento de fuero sindical estaba prescrita.
15.3. En sentencia del 19 de febrero de 2015, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado. Indicó que la
actora no plantea ningún cargo constitucional que sea suficiente para enjuiciar
las decisiones judiciales en este caso.
16. Expediente T-4880935
16.1. El 5 de noviembre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia profirió sentencia de primera instancia negando la
tutela iniciada por la señora Diana Milena Duarte Quintero.  Sin embargo,
mediante providencia del 27 de enero de 2015, en sede de impugnación, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia de
primera instancia porque no vinculó al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bogotá.
16.2. Saneado el proceso, el 4 de marzo de 2015 la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela. Argumentó que
la sentencia de primera y segunda instancia de fuero sindical se sustentan de
manera razonable en el ordenamiento jurídico y en el material probatorio
disponible en el proceso. Advirtió que no se allegaron copias de la acción de
reintegro y, por tanto, no podía entrar el juez a examinarlas.
16.3. La actora no impugnó esta decisión.
17. Expediente T-4840633
17.1. A través de la sentencia del 31 de octubre de 2014, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió negar el amparo
solicitado por la señora Norma Díaz García. Para llegar a esta decisión, la
Corte constató que la accionante no plantea ningún cargo contra las decisiones
judiciales, que tenga la entidad requerida para que proceda la tutela contra
providencias. Advirtió que no hay pruebas suficientes para establecer si la
accionante instauró una acción de reintegro.
17.2. La accionante impugnó el fallo. Señaló que desconoce su derecho a
la igualdad pues existen fallos a favor de extrabajadores en idénticas
circunstancias de reclamación.
17.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia
proferida el 29 de enero de 2015, confirmó la decisión. Estimó que la conducta
de la accionante era temeraria, puesto que ya la Sala Plena de la Corte
Constitucional se había pronunciado sobre los mismos hechos, con idénticos
argumentos jurídicos. Además, la Corte Constitucional se pronunció
detalladamente sobre su caso.
18. Expediente T-4840618
18.1. Mediante fallo del 5 de noviembre de 2014 la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela de la señora Gloria
Elena Giraldo Arias. Adujo que en sentencia del 11 de noviembre de 2008, esa
misma corporación ya había analizado las decisiones censuradas, de modo que
operó la cosa juzgada constitucional y frente a ella la tutela resulta
improcedente.
18.2. La accionante impugnó oportunamente la decisión. Aseguró que no
podía invocarse la cosa juzgada puesto que fue la misma sentencia SU-377 de
2014 la que concedió una oportunidad para interponer una acción de tutela
debido a la violación del debido proceso en el levantamiento del fuero. Además,
dijo que la vulneración de su derecho a la asociación sindical era permanente.
18.3. En sentencia del 29 de enero de 2015, la Sala de Casación Penal
confirmó la decisión de primera instancia. Constató que, de acuerdo con los
elementos de prueba contenidos en la demanda, la acción de tutela era
improcedente por haber operado la figura de la cosa juzgada constitucional.
19. Expediente T-4848215
19.1. En sentencia proferida el 29 de octubre de 2014, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la protección pedida por el
señor Edgar Mosquera Palacios, porque consideró que la tutela carecía de
inmediatez. Señaló que entre el momento en que se produjo el fallo de segunda
instancia adoptado en el trámite de la acción de reintegro y la instauración de
la tutela habían transcurrido más de cinco años.
19.2. El actor impugnó la decisión, alegando que la inmediatez debía
ser contada conforme lo dispuesto en la sentencia SU-377 de 2014. Además, alegó
la existencia de una conducta antisindical y la prescripción de la acción de
levantamiento de fuero sindical.
19.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia del 24 de febrero de 2015, decidió confirmar el fallo impugnado por
cuanto consideró que el actor no discute ningún asunto de verdadera relevancia
constitucional, sino que lo que pretende es que el juez de tutela entre a
valorar los argumentos que los jueces ordinarios adoptaron en virtud de su
autonomía judicial y su función.
Pruebas relevantes aportadas al proceso
20. Expediente T-4838118
-
Contrato de trabajo a
término indefinido con TELECOM, en el cual el trabajador se obligó a prestar
sus servicios en el cargo de Profesional IV en la Vicepresidencia de Mercadeo,
División Investigación de Mercado y Publicidad.
-
Liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, en la que consta que le pagaron,
después de los descuentos de ley y los descuentos de terceros, $46.289.933. Por
concepto de indemnización, le fueron cancelados $36.978.055.
-
Carta de finalización
del contrato de trabajo por liquidación de TELECOM, el 31 de enero de 2006.
-
Certificación expedida
por el Ministerio de Protección Social, del 4 de agosto de 2003, en la que se
acredita que la organización sindical ASITEL tiene personería jurídica vigente
desde el 18 de febrero de 1997.
-
Certificación expedida
el 19 de octubre de 2009 por el Ministerio de la Protección Social, en la que
consta que mediante Resolución Número G-019 de 21 de febrero de 2002, se
inscribió la elección de Mario Lasso Gómez quien fue elegido secretario de la
Junta Directiva, Subdirectiva Bucaramanga del sindicato ASITEL.
-
Coadyuvancia del señor
Alonso Quintero Pérez, secretario de asuntos gremiales y laborales de ASITEL.
21. Expediente T-4845689
-
Resolución No. 2293 del 11
de junio de 1982, en la que se nombra en propiedad a Martha Camacho Esteban
como Mecanotaquígrafa en TELECOM Bucaramanga.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal
del PAR de Telecom. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $102.383.080 de los cuales $77.409.872 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró a la
actora fue de $99.232.969
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo dio por finalizado el
contrato de trabajo por cierre y finalización de la existencia jurídica de la
entidad, el 31 de enero de 2006.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de Protección Social el 19 de abril de 2009, en el
que consta que en la Resolución G-019 del 21 de febrero de 2002, la Junta
Directiva Sub-Directiva Bucaramanga de ASITEL, está conformada, entre otros,
por Martha Camacho Esteban, quien ocupa el cargo de tesorera.
-
Coadyuvancia del señor
Alonso Quintero Pérez, secretario de asuntos gremiales y laborales de ASITEL.
22. Expediente T-4856628
-
Copia de la Resolución
301000-04499 del 1º de septiembre de 1981 en la que se nombra, entre otros, a
Elizabeth Navas Velandia en el cargo de Mecanotaquígrafa.
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo, apoderado general de
Telecom en Liquidación, el 31 de enero de 2006 dio por finalizado el contrato
de trabajo de la actora, con base en la supresión de cargos ordenada en el
artículo 1º del Decreto 4781 de 2005.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal de
Telecom en Liquidación. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $174.710.454 de los cuales $164.599.095 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró a la
actora fue de $167.481.889
-
Copia de la Resolución
Número G-019 de 2002 en la que se inscribió la Junta Directiva de ASITEL
Subdirectiva Bucaramanga, a Elizabeth Navas Velandia como secretaria.
-
Coadyuvancia del señor
Alonso Quintero Pérez, secretario de asuntos gremiales y laborales de ASITEL.
23. Expediente T-4880935
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo, apoderado general de
Telecom en Liquidación, el 31 de enero de 2006 dio por finalizado el contrato
de trabajo de la accionante, con base en la supresión de cargos ordenada en el
artículo 1º del Decreto 4781 de 2005.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal de
Telecom en Liquidación. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $20.347.637 de los cuales $13.780.427 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró a la
actora fue de $261.387.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de la Protección Social el 19 de octubre de 2009 en
la que consta la inscripción de la resolución N G019 del 21 de febrero de 2002,
según la cual la última junta directiva subdirectiva Bucaramanga está integrada
entre otras por Diana Milena Duarte Quintero en calidad de vicepresidente.
-
Coadyuvancia del señor
Alonso Quintero Pérez, secretario de asuntos gremiales y laborales de ASITEL.
24. Expediente T-4840633
-
Copia del nombramiento de
Norma Díaz García como telefonista nacional, expedida el 13 de junio de 1989
por el jefe de División de Personal, Edgar F. Calderón Quintero.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal
del PAR de Telecom. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $48.876.634, de los cuales $46.673.895 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró a la
actora fue de $39.052.016.
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo dio por finalizado el
contrato de trabajo por cierre y finalización de la existencia jurídica de la
entidad, el 31 de enero de 2006.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de Protección Social el 11 de noviembre de 2003, en
el que consta que en la Resolución 236 del 12 de agosto de 2002, se inscribió
la última Junta Directiva Subdirectiva Seccional Ibagué, en la que Norma
Constanza Díaz García aparece como presidente.
-
Coadyuvancia de Alonso
Quintero Pérez, Secretario de Asuntos Gremiales y Laborales de ASITEL.
25. Expediente T-4840618
-
Fallo de tutela proferido
el 03 de febrero de 2009, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, dentro del proceso de la señora Gloria Elena Giraldo Arias y otros
contra las autoridades judiciales ahora accionadas.
-
Copia del nombramiento de
Gloria Elena Giraldo Arias como telefonista nacional en la Gerencia Regional de
Medellín. Expedida el 13 de diciembre d 1985 por el jefe de División de
Personal, Jorge Iván González Gil.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal
del PAR de Telecom. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $55.578.469, de los cuales $51.558.182 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró a la
actora fue de $44.465.541.
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo dio por finalizado el
contrato de trabajo por cierre y finalización de la existencia jurídica de la
entidad, el 31 de enero de 2006.
-
Copia de la Resolución
Número 2040 de 14 de julio de 2005 en el que se inscribió la Junta directiva de
la Unión Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones USTC.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de Protección Social el 28 de abril de 2011, en el
que consta que en la Resolución 01753 de 14 de agosto de 2002, la actora fue
inscrita como “sec. de bienestar social y fin”.
-
Coadyuvancia de Carlos
Alfonso Restrepo Lozano, Vicepresidente Nacional de la USTC.
26. Expediente T-4848215
-
Copia del certificado de
vinculaciones laborales de Edgar Mosquera Palacios en la extinta TELECOM, en la
que consta que su último cargo fue el de chofer mecánico.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de Protección Social el 28 de abril de 2011, en el
que consta que en la Resolución 01752 del 14 de agosto de 2002, la Junta
Directiva Subdirectiva Seccional Medellín de la USTC está conformada, entre
otros, por Edgar Palacio Mosquera, quien ocupa el cargo de Sec. de Salud y
Pensiones.
Casos en los que se procedió al despido de los
trabajadores pese a que la sentencia de primera instancia no autorizaba el
levantamiento del fuero sindical (Exp. T-4829849, T-4840967, T-4842975,
T-4857219)
Hechos relevantes y sentencias proferidas en la
jurisdicción laboral
1. Ariel de Jesús Carmona Carazo (T-4829849) y Benjamín José Corrales
Benítez (T-4840967) instauraron acción de tutela contra el Juzgado Civil del
Circuito de Lorica y a la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería (Córdoba). Jorge Luis Valdés Orozco
(T-4842975) elevó tutela contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Manizales y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad; y Aida
Luz Pachón Olarte (T-4857219) demandó al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito
de Bogotá, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad y a la Sala
de Casación Penal (Sala de Decisión de Tutelas) de la Corte Suprema de
Justicia.
2. Consideraron que las decisiones proferidas por dichas autoridades
judiciales, desconocieron el fuero sindical tal como está contemplado en las
normas nacionales y en los convenios de la OIT; el derecho al debido proceso y
el derecho a la igualdad, reafirmados en la sentencia SU-377 de 2014. Por eso,
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales como trabajadores y
pidieron al juez de tutela el pago de la reliquidación de las indemnizaciones
por despido injusto e ilegal; el pago de los salarios dejados de percibir y las
prestaciones sociales hasta que se disponga jurídicamente la terminación
efectiva del vínculo laboral de las accionantes, o hasta la liquidación
definitiva de la organización sindical.
3. Los accionantes manifestaron ser ex trabajadores de la extinta
TELECOM y afirmaron estar afiliados a la USTC, en cargos directivos de la Junta
Directiva, Sub-Directiva de Lorica (Córdoba), Manizales (Caldas) y Chía
(Cundinamarca). Afirmaron que TELECOM en liquidación inició el proceso de
levantamiento de fuero sindical, pero que al momento de la terminación del
contrato, que ocurrió de forma unilateral el 31 de enero de 2006, no mediaba
autorización judicial que avalara el levantamiento del fuero sindical y el
despido.
4. El 22 de septiembre de 2003, TELECOM en liquidación solicitó el
levantamiento del fuero sindical de Ariel de Jesús Carmona Carazo y Benjamín
José Corrales Benítez, entre otros trabajadores. Sin embargo, en auto del 16 de
junio de 2004, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba) declaró la
excepción de prescripción propuesta por los trabajadores. Consideró que el
empleador conocía de la causa del levantamiento del fuero desde la expedición
del Decreto 1615 del 12 de junio de 2003 y solo instauró la demanda hasta el 22
de septiembre de 2003; es decir, pasados los dos meses que establece el
artículo 118 CPT.
5. Igualmente, la empresa solicitó ante el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Manizales el levantamiento del fuero sindical de Jorge Luis Valdés
Orozco y otros trabajadores[6].
Sin embargo, en sentencia del 7 de febrero de 2006, el Juzgado declaró probada
la excepción de prescripción, pues, a su juicio, el término máximo para
impetrar la acción era el 12 de agosto de 2003 y la acción se inició el 24 de
septiembre de ese mismo año. En consecuencia, absolvió a  los demandados de la
totalidad de las pretensiones.
6. Del mismo modo, la señora Aida Luz Pachón Olarte sostiene que el
Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá declaró probada la excepción previa
de prescripción en el proceso laboral de levantamiento de fuero sindical –
permiso para despedir. Esta decisión no fue controvertida por la actora en la
acción de tutela.
7. Pese a ello, el 31 de enero de 2006, todos los accionantes fueron
despedidos de TELECOM en liquidación, al cierre de la empresa.
8. La decisión de negar el levantamiento de fuero sindical y permiso
para despedir de los señores Carmona Carazo y Corrales Benítez, fue confirmada
por el Tribunal Superior de Montería, en sentencia proferida el 11 de octubre
de 2004.
9. En sentido contrario, en sentencia del 24 de abril de 2006 el
Tribunal Superior de Manizales revocó la decisión adoptada en relación con el
señor Valdés Orozco. En su lugar, decidió levantar el fuero sindical del actor
y los demás trabajadores, y autorizar a TELECOM en liquidación dar por
terminado su contrato de trabajo. Dijo que el Decreto que debe tenerse en cuenta
para contabilizar la prescripción es el Decreto 2062 del 24 de julio de 2003 y
no el Decreto 1615, puesto que es aquel con el que se adquirió certeza sobre la
supresión de los cargos al interior de la empresa. El Tribunal constató luego
que efectivamente procedería la liquidación efectiva de la empresa y que eso
constituye justa causa.
10. Frente a estas decisiones, los accionantes iniciaron las siguientes
acciones judiciales:
11. Ariel de Jesús Carmona Carazo instauró dos acciones de tutela
contra el PAR de TELECOM.
11.1. En la primera tutela, el actor y otros ex trabajadores
solicitaron que se ampararan sus derechos vulnerados por el PAR de TELECOM al
despedirlos sin observancia de las garantías del fuero sindical. Pedían que se
les pagara los salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar desde la
ocurrencia del despido injusto, los intereses moratorios desde que se hizo
exigible la obligación hasta el pago total de lo debido y la cancelación de
sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social hasta que por la
vía ordinaria laboral el juez decidiera levantar el fuero sindical.
11.2. Esta acción de tutela fue resuelta a favor de los actores, en
primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté bajo el
radicado No.2008-00103; el cual fue confirmado por el Juzgado Penal del
Circuito de Cereté (Córdoba) el 4 de noviembre de 2008. La acción de tutela no
fue seleccionada para revisión.
11.3. El 27 de febrero de 2009, el actor y otros ex trabajadores
volvieron a elevar las mismas solicitudes contra el PAR de TELECOM. En
sentencia del 14 de mayo de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Montería negó el amparo constitucional porque los peticionarios no acreditaron
perjuicio irremediable. Sin embargo, en sentencia del 16 de julio de 2009, la
Sala Penal Constitucional Ad-Hoc del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería revocó el fallo de primera instancia y ordenó al PAR reconocerles y
pagarles a los actores los salarios y prestaciones sociales y convencionales a
su juicio debidas, además de los aportes a la seguridad social dejados de
percibir por causa del despido, con incremento desde el 1 de febrero de 2006,
hasta la fecha en que quedara en firme la sentencia que ordenara el
levantamiento del fuero sindical.
11.4. Esta acción de tutela fue revisada por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-377 de 2014. La Corte consideró que esta segunda tutela era
improcedente porque ya existía una decisión previa de tutela sobre los mismos
hechos y pretensiones, que hizo tránsito a cosa juzgada. Por esta razón, revocó
la decisión de segunda instancia[7].
12. El señor Benjamín José Corrales Benítez instauró dos acciones de
tutela contra el PAR de TELECOM.
12.1. Los accionantes instauraron una primera acción de tutela contra
el PAR de TELECOM, solicitando el pago de las indemnizaciones por haber sido
despedidos sin el  respeto de sus garantías sindicales.
12.2. La tutela fue decidida el 18 de diciembre de 2008 por el Juez
Primero Promiscuo Municipal de Cereté (Córdoba), quien tuteló los derechos
fundamentales de los accionantes y, en consecuencia, ordenó al ente accionado
pagar los salarios, reajustes y prestaciones dejados de percibir durante el
lapso en el que han estado cesantes, en el monto que determine otro juez en un
incidente de liquidación de las acreencias laborales a favor de los
demandantes.
12.3. Esta decisión fue confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de
Cereté (Córdoba), quien en sentencia del 17 de febrero de 2009, señaló que para
la Corte Constitucional era claro que debía respetarse el fuero sindical
incluso si la empresa había sido liquidada. Por eso, consideró acertado que el
juez de primera instancia ordenara el pago de los salarios y prestaciones
sociales correspondientes al tiempo en el que se mantuvieron injustamente
desvinculados, debido al despido.
12.4. Estas sentencias fueron seleccionadas para revisión por parte de
la Corte Constitucional (Exp. T-2303455). Sin embargo, la Sala Tercera de
Revisión, mediante Auto 280 A de 2009, decidió declarar la nulidad de todo lo
actuado desde el auto admisorio de la demanda, luego de que encontrara que no
era posible sanear en sede de revisión la nulidad propuesta por el PAR, según
el cual el juez que conoció del caso carecía absolutamente de competencia
territorial.
12.5. El actor instauró otra acción de tutela contra el PAR de TELECOM,
junto con un grupo de trabajadores. Insistió en que había sido despedido a
pesar de que en las dos instancias del proceso de levantamiento de fuero
sindical, se había negado el permiso para el despido.
12.6. La primera instancia de este proceso fue decidida de forma
negativa por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, el 14 de mayo
de 2009, al considerar que los peticionarios no acreditaron perjuicio
irremediable, ya que cuando fueron desvinculados de sus cargos, la
administración departamental les reconoció y pagó las prestaciones sociales
debidas conforme a la ley, así como la indemnización a que tenían derecho.
12.7. En sentencia del 16 de julio de 2009, la Sala Penal
Constitucional Ad-Hoc del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería,
revocó el fallo de primera instancia y ordenó al PAR reconocer y pagar a los
actores los salarios y prestaciones sociales y convencionales a su juicio
debidas, además de los aportes a la seguridad social dejados de percibir por
causa del despido, con incremento desde el 1º de febrero de 2006, hasta la
fecha en que quedara en firme la sentencia que ordenara el levantamiento del
fuero sindical. Estos pagos serían a título de indemnización, y se dispuso que
debían ser indexados.
12.8. Este proceso fue seleccionado para su revisión por parte de la
Corte Constitucional (T-2471216), y fue resuelto en la sentencia SU-377 de
2014. La Corte encontró que el actor tenía fuero sindical y que fue despedido a
pesar de que los jueces laborales no concedieron el permiso para ello. Por
esta  razón, concedió la tutela y, frente a la imposibilidad de un reintegro,
ordenó el pago de una indemnización equivalente a 6 meses del salario que
devengaban cuando se les dio por terminado su vínculo[8].
13. El señor Jorge Luis Valdés Orozco inició demanda especial de
reintegro de directivo sindical aforado ante el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Manizales, en contra de TELECOM en Liquidación y el Consorcio de
Remanentes de Telecom integrado por Fiduagraria S.A y Fiduciaria Popular S.A[9].
13.1. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, en sentencia
del 2 de marzo de 2007, absolvió a las demandadas en la acción de reintegro. El
Juez declaró que el contrato del actor finalizó por justa causa y de manera
legal, ya que obedeció al mandato legal del Decreto 1615 de 2003, y luego se
dio la justa causa, con el cierre definitivo de la empresa el 31 de enero de
2006. Para el juez, no se requería de calificación judicial para el despido
porque ésta fue una restructuración de entidad pública nacional que no se
encuentra dentro de las causales en las cuales debe pedirse autorización de
levantamiento del fuero. Sobre la solicitud de reintegro, consideró que era
jurídicamente imposible proferir una orden de este tipo pues se dirigía a una
persona jurídica inexistente.
13.2. La decisión fue confirmada en segunda
instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Manizales,
en sentencia del 30 de abril de 2007.  Aunque criticó el argumento según el
cual la supresión o liquidación de entidades oficiales no requiere autorización
judicial para levantar el fuero sindical, señaló que existe prueba suficiente
sobre la extinción de TELECOM y eso hace que la pretensión de reintegro carezca
de cualquier efecto. Además, no ordenó indemnización pues ello generaría un
fallo incongruente o carente de consonancia en un proceso de reintegro por
fuero sindical.
14. La señora Aida Luz Pachón Olarte manifiesta haber presentado acción
de reintegro contra el Consorcio de Remanentes TELECOM, conformada por
Fiduagraria S.A y Fidupopular S.A, y acción de tutela, junto con otros
trabajadores[10],
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Bogotá, con ocasión de la decisión adoptada en la
acción de reintegro.
14.1. En lo que tiene que ver con la solicitud de reintegro, la
accionante afirma que el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá
desestimó sus  pretensiones, mediante sentencia proferida el 18 de noviembre de
2008, pues consideró que la acción había sido presentada de forma extemporánea.
Señala también que esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá
el 31 de marzo de 2009.
14.2. La acción de tutela instaurada contra las decisiones proferidas
en el proceso de reintegro fue negada, en primer lugar, por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de septiembre de 2009.  Estimó la
Corte en esa ocasión que no observaba que las sentencias cuestionadas se
apartaran del análisis razonable de la realidad legal y fáctica del caso.
14.3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del
19 de enero de 2010, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
acogió las pretensiones de los demandantes pues consideró que el Tribunal
Superior de Bogotá aplicó el inciso primero del artículo 118 CPT, relativo a la
prescripción de las acciones emanadas del fuero sindical, el artículo 6 CPT
sobre la reclamación administrativa, de manera errónea. Consideró que no puede
sostenerse, como lo hizo el Tribunal, que la prescripción se suspendiera para
los trabajadores solo hasta un mes después de que se hiciera la reclamación
administrativa, pues la Corte Constitucional dijo sobre esta reclamación, que
el término de prescripción no podía contabilizarse o reanudarse hasta tanto no
fuera contestada la reclamación[11].
En consecuencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, anuló
parcialmente la providencia del 31 de marzo de 2009, exclusivamente en lo que
concierne a los accionantes, y ordenó a la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá, resolver nuevamente la apelación, teniendo en cuenta las
consideraciones de este fallo.
La sentencia no fue objeto de revisión por la Corte Constitucional
(Exp. T-2548324).
Intervención
de las autoridades judiciales accionadas, vinculados y coadyuvancia
15.
En el trámite de estas acciones de tutela, intervino la Jueza Civil del
Circuito de Lorica, particularmente para los casos de los señores Ariel de
Jesús Carmona Carazo y Benjamín José Corrales Benítez, señalando que no le
constan ninguno de los hechos de la demanda, habida cuenta que se encuentra
encargada del despacho desde el 1º de diciembre de 2014. Asimismo, sobre estos
casos se pronunció el Presidente de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior de Montería, para indicar que “no se encontró información alguna
del proceso que se promovió contra el accionante, de modo que no fue posible
determinar el Magistrado que lo sustanció”.
16.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, intervino para aportar la
sentencia proferida en el caso del señor José Luis Valdés Orozco, señalado que
en el proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro), “se observó
el debido proceso y el derecho de defensa, sin que se vislumbre la vulneración
de estos por parte del despacho, puesto que cada providencia fue debidamente
notificada y la parte demandada siempre tuvo la oportunidad de controvertir las
decisiones tomadas en el mismo”.
17.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, intervino para
señalar que en el caso de la señora Aida Luz Pachón Olarte, la misma Sala
conoció de la acción de tutela promovida por la accionante y otros, contra las
autoridades judiciales ahora accionadas, cuyo fallo negando el amparo, fue
proferido el 29 de septiembre de 2009, aportándolo al proceso. En el mismo
sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, intervino
con el fin de aportar el fallo de segunda instancia en la mencionada acción de
tutela, proferido el 19 de enero de 2010.
18. Hilda Terán Calvache, apoderada general de Fiduagraria S.A. y
Fiduciar S.A., integrantes del consorcio de remanentes de TELECOM respondió a
las acciones de tutela, presentando los siguientes argumentos en común:
18.1. En primer lugar, insistió que la sentencia SU-377 de 2014 no se
encuentra en firme; y que aunque la providencia de la Corte habilitaba a un
grupo de ex trabajadores para presentar acción de tutela, les exigía demostrar
el cumplimiento de las condiciones que justifican la tutela contra sentencias,
lo cual no se cumple en este caso. Igualmente, reiteró que las entidades que
representa no vulneraron los derechos invocados por los accionantes.
18.2. Sobre los casos en particular, la apoderada del PAR de TELECOM se
pronunció así:
18.2.1. Dijo la apoderada que el señor Ariel de Jesús Carmona Carazo
pretende solicitar el pago de emolumentos adicionales, excediendo el alcance de
la sentencia SU-377 de 2014. Indica que al actor le fue pagada una
indemnización integral, según el PAR al accionante le fueron cancelados
$163.815.738. Finalmente, señala que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de
Bogotá, el 23 de febrero de 2007, inadmitió el proceso especial de reintegro (Proceso
No. 2007-00153-00) y que este no fue subsanado por el actor.
18.2.2. Manifestó que el PAR de TELECOM se comunicó con el señor Benjamín
José Corrales Benítez, con el fin de cumplir con la orden de la SU- 377 de 2014
a su favor. Según la Corte, debía pagarse al actor una suma de dinero
equivalente a seis (6) meses de salario que devengaba cuando se dio por
terminado su vínculo con TELECOM. De acuerdo con esto, al accionante se le
adeudan $165.097.545 que estaban en trámite de pago.
18.2.3 Solicitó que se declare la temeridad en el caso del señor Jorge
Luis Valdés Orozco, pues la misma sentencia SU-377 de 2014 le negó el amparo,
así como le fueron negadas las acciones de reintegro.
19. Carlos Mauricio Osorio Ruíz, en calidad de Vicepresidente Nacional
de la USTC, interviene para coadyuvar en las acciones de tutela, reiterando las
consideraciones generales incorporadas en las demandas.
Decisiones de tutela objeto de revisión
20. Expediente T-4829849
20.1. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del 10 de diciembre de 2014, negó el amparo de los derechos invocados
por el señor Carmona Carazo, por cuanto en la sentencia SU-377 de 2014 la Corte
ya había decidido declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el
actor, respecto de los mismos hechos que se presentan en esta tutela.
20.2. El actor cuestionó esta decisión, aduciendo que no se ajusta a
los hechos y antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, y
que se desconocen sus derechos fundamentales. También alegó que la acción de
levantamiento de fuero estaba prescrita porque el término de dos meses para
demandar este permiso, no era el Decreto 2062 de 2003, pues la empresa tuvo
conocimiento de la causal desde la expedición del Decreto 1615 del 12 de junio
de 2003.
20.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo
proferido el 19 de febrero de 2015, confirmó la anterior decisión. Señaló que
esta acción de tutela no está llamada a prosperar por cuanto no reúne los
requisitos básicos de la tutela contra providencias judiciales. En todo caso,
recordó que si la queja del actor se dirige contra el acto del despido, la
tutela es temeraria por cuanto este punto fue decidido en la sentencia SU-377
de 2014.
21. Expediente T-4840967
21.1. El 10 de diciembre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia negó por improcedente la acción de tutela impetrada
por Benjamín José Corrales Benítez. Señaló que el actor no cumplió con la carga
procesal de aportar las decisiones que controvierte. De todos modos, estimó que
el asunto sometido a consideración de la Sala ya había sido decidido por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-377 de 2014. De modo que respecto de
estos hechos operó la cosa juzgada.
21.2. El actor impugnó la decisión, pues dijo que el fallador de
primera instancia no había tenido en cuenta sus argumentos. Según él, lo que
alega es que hasta el momento no se ha realizado el levantamiento efectivo del
fuero sindical, por lo que jurídicamente la relación laboral no ha finalizado.
21.3. En providencia del 26 de febrero de 2015, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado pues, a su
juicio, es evidente que con el pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional
en la sentencia SU-377 de 2014 sobre el caso del accionante, operó la cosa
juzgada.
22. Expediente T-4842975
22.1. En sentencia del 22 de octubre de 2014, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó las pretensiones del señor Jorge
Luis Valdés Orozco. Consideró que la Corte Constitucional en la sentencia
SU-377 de 2014 permitió la instauración de una tutela en algunos casos de fuero
sindical, pero aclaró que esta sería procedente solo “en caso de que se den
las condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela contra sentencias”.
En este caso, dichas condiciones no se cumplieron.
22.2. El actor impugnó la decisión aduciendo que no se ajusta a los
hechos y antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, y que se
desconocen sus derechos fundamentales. También alegó que la acción de
levantamiento de fuero estaba prescrita porque el término de dos meses para
demandar este permiso, no era el Decreto 2062 de 2003, pues la empresa tuvo
conocimiento de la causal desde la expedición del Decreto 1615 del 12 de junio
de 2003.
22.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
providencia del 12 de febrero de 2015, confirmó el fallo impugnado porque
encontró que los fallos fueron razonables.
23. Expediente T-4857219
23.1. El 30 de  octubre de 2014, la Sala de Casación Civil  de la Corte
Suprema de Justicia negó la tutela promovida por Aida Luz Pachón Olarte. Concluyó
que la accionante ya había acudido previamente a la acción de tutela, alegando
circunstancias similares y con idénticas pretensiones. A ello añadió que para
lograr el cumplimiento de esa sentencia de tutela podía acudir al trámite de
desacato.
23.2. La actora impugnó la decisión, con los mismos argumentos de los
demás demandantes, e insistió que la acción de levantamiento de fuero sindical
estaba prescrita.
23.3. En sentencia del 25  de febrero de 2015, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado, pues no
encontró diferencias sustanciales con la acción de tutela promovida
anteriormente. A ello añadió que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad indispensable para la procedencia de la acción toda vez que la
accionada cuenta con otros recursos, como el incidente de desacato, si
considera que el Tribunal Superior de Bogotá no cumplió con las órdenes de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en la demanda de
tutela anterior había concedido el amparo de sus derechos.
Pruebas relevantes aportadas al proceso
24. Expediente T-4829849
-
Copia del acta de nombramiento en TELECOM
del señor Ariel de Jesús Carmona Carazo, del 30 de diciembre de 1981.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, según la cual, al final de la
relación laboral se pagó al actor $67.676.522.
-
Copia de la certificación de la
existencia del sindicato Unión Sindical de Trabajadores de las
Telecomunicaciones, USTC.
-
Copia de la certificación expedida
por el Ministerio del Trabajo sobre la conformación de la Junta directiva
Subdirectiva de Lorica, inscrita mediante Resolución 014 del 25 de octubre de
2002, en la que el actor aparece inscrito como vicepresidente.
-
La abogada adjunta copia
del registro del trámite del proceso de reintegro, en el que consta la
inadmisión de la demanda el 23 de febrero de 2007. No aparece registro de que
se haya subsanado.
-
Copia del reporte del
FOSYGA, según el cual el 12 de marzo de 2014, el actor estaba afiliado al
régimen contributivo en la E.P.S Sanitas.
-
Copia de la certificación
de la Jefa del Departamento de Registro y Nómina de Pensiones de CAPRECOM, del
3 de diciembre de 2014, en la que indica que el actor tiene una pensión
convencional reconocida por Resolución 1444 del 27 de junio de 2006, por el
valor de $1.703.686.
-
Certificación expedida por
el PAR el 3 de diciembre de 2014, en la que indica que, en virtud del embargo
realizado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté, se pagó a favor
de los accionantes dentro de la acción de tutela Nº 2008-00082, el valor de
$2.606.628.280; y que, el Juzgado le pagó efectivamente al actor la suma de
$163’815.738.
25. Expediente T-4840967
-
Copia de la relación de
vinculaciones del señor Corrales Benítez con TELECOM, en los cargos de
telefonista nacional y mensajero.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal
del PAR de Telecom. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $103.433.019, de los cuales $92.856.694 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró a la
actora fue de $94.934.189.
-
Copia de la Resolución 014
del 25 de octubre de 2002 en la que se indica que se inscribió como fiscal de
la organización sindical USTC al accionante.
26.
Expediente T-4842975
-
Copia del nombramiento del
señor Valdés Orozco en el cargo de Mensajero II, de agosto 9 de 1984.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal
del PAR de Telecom. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $78.803.834, de los cuales $70.634.860 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró a la
actora fue de $57.264.380.
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo dio por finalizado el
contrato de trabajo por cierre y finalización de la existencia jurídica de la
entidad, el 31 de enero de 2006.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de Protección Social el 28 de abril de 2011, en el
que consta que en la Resolución 121 del 30 de septiembre de 2002, se inscribió
la Junta Directiva Seccional Manizales de la USTC, en la que Jorge Luis Valdés
aparece como secretario de relaciones intersindicales.
27.
Expediente T-4857219
-
Coadyuvancia del señor Carlos
Mauricio Osorio Ruiz como vicepresidente nacional de la Unión Sindical de
Trabajadores de las Comunicaciones USTC de fecha 30 de octubre de 2014.
Casos en los que el despido ocurrió después de tener
una autorización judicial en firme para levantar el fuero sindical (T-4846065,
T-4853814 y T-4875783)
Hechos relevantes y sentencias proferidas en la
jurisdicción laboral
1. Los señores César Humberto Triana García (T-4846065) y Jaime Herrera
Ortiz (T-4853814) instauraron acción de tutela, de manera independiente, contra
el Juzgado Laboral del Circuito de Yopal (Meta), la Sala Única del Tribunal
Superior de Yopal y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por su
parte, el señor Emilio Valencia Ramos (T-4875783) demandó al Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Buenaventura, y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga.
2. Los señores Triana García y Herrera Ortiz eran ex
trabajadores de TELECOM y ocupaban los cargos de fiscal y vicepresidente en la
Junta Directiva, Sub-directiva de la seccional Yopal (Casanare) de la USTC. Del
mismo modo, el señor Valencia Ramos trabajaba en Telebuenaventura, y ocupaba el
cargo de secretario de la USTC en la seccional Buenaventura.  Los tres
trabajadores fueron despedidos aduciendo como causa la supresión de sus cargos
y el cierre de las empresas. El primero, el 23 de junio de 2004, y los otros
dos, el 31 de enero de 2006, en el momento de la liquidación total de la
extinta TELECOM y su asociada Telebuenaventura. Para los actores, las
decisiones judiciales que avalaron este despido vulneran sus derechos a las
garantías sindicales, al debido proceso y a la igualdad.
3. Las extintas empresas TELECOM y Telebuenaventura,
obtuvieron permiso para levantar el fuero sindical de estos trabajadores y para
despedirlos, por medio de las siguientes decisiones judiciales:
3.1. Mediante sentencia del 3 de marzo
de 2004, el Juzgado Laboral del Circuito de Yopal autorizó el levantamiento del
fuero sindical y el despido de los señores Triana García y Herrera Ortiz, junto
con otros aforados sindicales de la misma sub-directiva[12], por considerar que se
configuró la justa causa de liquidación o clausura definitiva de la empresa.
3.2. Esta decisión fue confirmada
íntegramente por la Sala Única de decisión del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Yopal en sentencia del 13 de abril de 2004. El Tribunal sostuvo que
el juez de primera instancia calculó de manera errónea el término de la
prescripción. Sin embargo, aseguró que no operó la prescripción pues la demanda
fue presentada el 24 de septiembre de 2003, y el término para el fenecimiento
de la acción debía contarse desde el 24 de junio, fecha en la que se expidió el
Decreto 2062 de 2003. Como los apelantes no discutieron sobre la legalidad de
la causa, el Tribunal no se pronunció sobre el tema.
3.3. El 13 de octubre de 2005, el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura concedió a la Empresa
Telebuenaventura el permiso para despedir al señor Valencia Ramos, por
encontrar justificado el despido.
3.4. Esta decisión fue confirmada
mediante sentencia del 20 de junio de 2006 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga (Valle), quien conoció de este proceso
en sede de consulta. El Tribunal admitió que la supresión de cargos por cierre
de la empresa constituye justa causa para el despido.
4. Frente al despido, los actores
iniciaron las siguientes actuaciones judiciales:
4.1. Los señores Triana García y Herrera
Ortiz iniciaron acción de tutela contra las providencias judiciales adoptadas
en el proceso especial de fuero sindical, así como acción laboral ordinaria
contra la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de liquidador de Telecom y
el Consorcio de Remanentes Telecom constituido por Fiduagraria S.A. y
Fidupopular S.A.
4.2. En fallo del 12 de mayo de 2004, la
Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
solicitado por los accionantes porque entendía entonces que la tutela no
procedía para dejar sin efectos sentencias judiciales. Tales argumentos fueron
ratificados en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la misma
corporación, mediante fallo de junio 24 de 2004. El asunto no fue seleccionado
para revisión por la Corte Constitucional (expediente T-0947812).
4.3. En la acción laboral ordinaria
contra la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de liquidador de Telecom y
el Consorcio de Remanentes Telecom constituido por Fiduagraria S.A. y
Fidupopular S.A., los accionantes solicitaron ser considerados partes del retén
social, por ser padres cabeza de familia.
4.4. Mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2009, el Juzgado 9 Laboral del Circuito de Descongestión de
Bogotá negó sus pretensiones por no encontrar prueba de su situación. Esta
decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el
21 de abril de 2010.
4.5. El señor Emilio Valencia Ramos
inició un proceso especial de reintegro por violación de fuero sindical.
4.6. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Buenaventura (Valle), mediante sentencia del 12 de octubre de 2007, absolvió
a Telebuenaventura S.A., pues consideró que el levantamiento del fuero sindical
había cumplido con todas las formalidades legales y que, en estas
circunstancias, el reintegro perdía todo sustento ya que los trabajadores no
permanecían amparados por el fuero sindical. La decisión no fue objeto de
impugnación ni de consulta.
Intervención
de las autoridades judiciales accionadas, vinculados y coadyuvancia
5.
En el trámite de estas acciones de tutela, intervino el Presidente de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para indicar que dicha
Sala ya había conocido de una acción de tutela promovida por el señor César
Humberto Triana García y otros, contra las autoridades judiciales ahora
accionadas, aportando el respectivo fallo de mayo 12 de 2004.
6.
El Juez Laboral del Circuito de Yopal, intervino para aportar las sentencias de
primera y segunda instancia dentro del proceso especial de fuero sindical
(levantamiento de fuero sindical y permiso para despedir) promovido contra el
señor Jaime Herrera Ortiz y otros, señalando que no le constan ninguno de los
hechos expuesto por el actor, agregando que en el caso concreto la acción de
tutela es improcedente, pues “el accionante ha dejado pasar más de diez años
contados desde el momento en que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda
instancia, con lo cual no se cumple con el requisito de inmediatez”.
7.
En el caso del señor Emilio Valencia Ramos, las autoridades judiciales
accionadas y vinculadas guardaron silencio.
8. Hilda Terán Calvache, apoderada general de Fiduagraria S.A. y
Fiduciar S.A., integrantes del consorcio de remanentes de TELECOM respondió a
las acciones de tutela, presentando los siguientes argumentos en común:
8.1. Insistió en la falta de firmeza y ejecutoriedad de la sentencia
SU-377 de 2014; reiteró que aunque la providencia de la Corte habilitaba a un
grupo de ex trabajadores para presentar acción de tutela, les exigía demostrar
el cumplimiento de las condiciones que justifican la tutela contra sentencias,
lo cual no se cumple en este caso. También dijo que las entidades que
representa no vulneraron los derechos invocados por los accionantes. Por lo tanto,
solicitó que se declare improcedente la tutela.
8.2. Sobre los casos en particular, la apoderada del PAR de TELECOM se
pronunció así:
8.2.1. En los casos de los ex trabajadores de Yopal, la apoderada
señaló que la intención de los accionantes era obtener una reliquidación de sus
indemnizaciones vía tutela, puesto que los actores ya solicitaron el pago de
sus salarios y demás emolumentos al cierre del proceso de liquidación.
8.2.2. En el caso del señor Valencia Ramos, la apoderada adjuntó copias
de todo el proceso judicial de levantamiento del fuero sindical y de reintegro,
mostrando que Telebuenaventura había cumplido con sus obligaciones a cabalidad[13].
9. Carlos Mauricio Osorio Ruíz, en calidad de Vicepresidente Nacional
de la USTC, interviene para coadyuvar en las acciones de tutela, reiterando las
consideraciones generales incorporadas en las demandas.
Decisiones de tutela objeto de revisión
10. Expediente T-4846065
10.1. En fallo adoptado el 28 de octubre de
2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el
amparo del señor Triana García. Manifestó que en los dos casos ya la Corte
Suprema había adoptado una decisión sobre estos mismos hechos en el 2004.
10.2. César Humberto Triana García
impugnó la decisión. No obstante, en providencia del 27 de noviembre de 2014,
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia constató que se había
configurado una causal de nulidad por cuanto la demanda de tutela se elevó
contra varios fallos judiciales, entre ellos, el que profirió la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 12 de mayo de 2004; de modo
que no podía esa misma Sala tomar una decisión sobre el caso. En consecuencia,
la Sala Civil anuló todo lo actuado desde el auto de admisión y ordenó la
remisión del expediente del señor Triana García a la Presidencia de la Corte
Suprema de Justicia para que efectuara el reparto correspondiente.
10.3. Se procedió de conformidad, y la
decisión de primera instancia fue adoptada por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, quien  en sentencia del 16 de enero de 2015,
declaró improcedente la tutela por existir cosa juzgada constitucional. La
tutela no fue objeto de impugnación.
11. Expediente T-4853814
11.1. En sentencia del 31 de octubre de
2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el
amparo del señor Jaime Herrera Ortiz. Consideró que la sentencia SU-377 de 2014
no exime a los ciudadanos de cumplir con los requisitos de la tutela contra
providencias judiciales, cosa que no se cumple en este caso donde el accionante
ni siquiera se refiere a los argumentos de los fallos que cuestiona.
11.2. El actor impugnó la decisión.
Señaló que la empresa no realizó adecuadamente el proceso de levantamiento del
fuero sindical, puesto que inició el procedimiento cuando la empresa no había
sido liquidada efectivamente. Además, señala que el Decreto 2062 de 24 de julio
de 2003, no suprimió los cargos desempeñados por trabajadores amparados por el
fuero sindical, sino que solo hizo referencia a la forma como se suprimirían
los mismos una vez se diera el trámite legal respectivo. Finalmente, aduce que
la Corte Suprema de Justicia no examinó los argumentos acerca de la conducta
omisiva de Telecom en liquidación, en lo que tiene que ver con el pago de sus
prestaciones e indemnizaciones.
11.3. La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia decidió confirmar el fallo impugnado en sentencia del
10 de febrero de 2015. Después de recordar los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa que el
actor se limita a insistir puntos que fueron resueltos de fondo por los jueces
naturales de este tipo de procesos laborales, pero que no eleva ningún cargo de
suficiente entidad para que la decisión autónoma del juez sea revisada en sede
de tutela.
12. Expediente T-4875783
12.1. En sentencia del 18 de diciembre de
2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el
amparo del señor Emilio Valencia Ramos. Estimó que la tutela resultaba
improcedente en la medida que el actor omitió interponer el recurso de
apelación contra el fallo de octubre 12 de 2007, proferido por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, que absolvió a Telebuenaventura
S.A. E.S.P. y el PAR de TELECOM, de las pretensiones elevadas en la acción
especial de reintegro. En ese orden, consideró que la tutela no puede servir
para remediar este tipo de yerros, dado su carácter excepcional, debiéndose
agotar los mecanismos ordinarios puestos a disposición.
12.2. El actor presentó escrito de
impugnación, el cual, pese a ser concedido por el a-quo, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de marzo
25 de 2015, resolvió abstenerse de pronunciarse respecto de la misma, al
estimar que había sido presentada por fuera del término establecido en el Decreto
2591 de 1991, enviando el expedienté a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Pruebas relevantes aportadas al proceso
13. Expediente T-4846065
-
Copia de la carta de
nombramiento de César Humberto Triana García para desempeñar el cargo de
Técnico I en la Gerencia Zonal Tunja Casanare, el 29 de mayo de 1991.
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo, apoderado general de
Telecom en Liquidación, el 23 de junio de 2004 dio por finalizado el contrato
de trabajo del actor, con base en la supresión de cargos ordenada en el
artículo 5 transitorio del Decreto 2062 de 24 de julio de 2003.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal de
Telecom en Liquidación. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $91.571.656 de los cuales $83.509.202 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró al
actor fue de $91.039.535.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de Protección Social el 28 de abril de 2011, en la que
consta que en la Resolución 0043 del 6 de diciembre de 2002, la Junta Directiva
Seccional Yopal de la USTC está conformada, entre otros, por César Triana,
quien ocupa el cargo de fiscal.
-
Coadyuvancia del señor Carlos
Mauricio Osorio Ruiz, Vicepresidente nacional de la USTC.
14. Expediente T-4853814
-
Copia de la carta de
nombramiento de Jaime Herrera Ortiz para desempeñar el cargo de Mensajero II,
el 12 de agosto de 1986.
-
Copia de la carta por
medio de la cual el señor Javier Alonso Lastra Fuscaldo, apoderado general de
Telecom en Liquidación, el 31 de enero de 2006 dio por finalizado el contrato
de trabajo del actor, con base en la supresión de cargos ordenada en el
artículo 1º del Decreto 4781 de 2005.
-
Copia de la liquidación de
prestaciones definitivas e indemnización, expedido por la Unidad de Personal de
Telecom en Liquidación. El valor total de la liquidación por prestaciones e
indemnización fue de $85.329.483 de los cuales $72.515.364 corresponden a la
indemnización. Una vez aplicados los descuentos, el valor neto que se giró al
actor fue de $30.283.291.
-
Copia de la certificación
expedida por el Ministerio de Protección Social el 28 de abril de 2011, en la que
consta que en la Resolución 0043 del 6 de diciembre de 2002, la Junta Directiva
Seccional Yopal de la USTC está conformada, entre otros, por Jaime Herrera
Ortiz, quien ocupa el cargo de vicepresidente.
-
Coadyuvancia del señor
Carlos Mauricio Osorio Ruiz, Vicepresidente nacional de la USTC.
15. Expediente T-4875783
-
Copia de contrato de trabajo a
término definido entre Telebuenaventura S.A. y el señor Emilio Valencia Ramos
para ocupar el cargo de instalador.
-
Copia de consignación de pago en
depósito judicial por parte de PAR Telecom y Teleasociadas a nombre del señor
Emilio Valencia Ramos por valor de $4’148.209.
-
Copia de la comunicación de parte
de Teleasociadas en liquidación donde le informa al accionante la declaración
de terminación del proceso liquidatorio y en consecuencia la terminación del
contrato de trabajo al 31 de enero de 2006.
-
Copia de la certificación del
Ministerio de la Protección Social de la inscripción y vigencia de la Unión
Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones.
-
Copia de la certificación del Ministerio
de la Protección Social respecto de la Junta Directiva Principal de la Unión
Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones.
-
Copia de la certificación del
Ministerio de la Protección Social respecto de la Junta Directiva Seccional
Buenaventura de la Unión Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones.
Actuaciones adelantadas en sede de
revisión constitucional
1. Durante el trámite adelantado en esta
sede, la Sala de Revisión advirtió que para mejor proveer, era necesario
ordenar la práctica de pruebas, debido a que en algunos de los expedientes
acumulados, no obraba la documentación requerida para establecer la
procedibilidad formal y material de las demandas. En ese sentido, mediante Auto
de agosto 03 de 2015[14],
se dispuso la práctica de pruebas y la suspensión de términos para fallar, así:
“PRIMERO: ORDENAR a la Secretaría General de la Corte, que
con base en el artículo 174 del Código General del Proceso, realice el traslado
de las pruebas documentales que obran a folios 37 a 51 – cuaderno 3 del
expediente T-4829865, para que sean incluidas en copias a los expedientes
T-4835242 y T-4840447, cuyos accionantes son Julio Orlando Patiño y Carlos
Alfonso Restrepo Lozano respectivamente, de acuerdo a lo consignado en la parte
motiva de este proveído.
SEGUNDO: OFICIAR por intermedio de la Secretaría General de
la Corte, al Juzgado 2º Laboral del Circuito de Bogotá y a la Sala Laboral del
Tribunal Superior de esa misma ciudad, para que en el término de ocho (08) días
hábiles siguientes a la notificación de este proveído, remitan con destino al
expediente T-4880935, las sentencias que profirieron dentro de la acción
especial de reintegro por fuero sindical que instauró Diana Milena Duarte
Quintero contra Telecom. Infórmesele al Tribunal en comento que la sentencia
que se solicita fue expedida el 11 de abril de 2008.
TERCERO: OFICIAR por intermedio de la Secretaría General de
la Corte, al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín y a la Sala Laboral
del Tribunal Superior de esa misma ciudad, para que en el término de ocho (08)
días hábiles siguientes a la notificación de este proveído, remitan con destino
al expediente T-4840633, las sentencias que profirieron dentro de la acción
especial de reintegro por fuero sindical que instauró la señora Norma Constanza
Díaz García contra Telecom. De acuerdo a la respuesta que dio en su oportunidad
el mencionado juzgado, infórmeseles que el proceso es el No. 2006-453 y las
sentencias fueron dictadas el 2 de noviembre de 2006 (1ª instancia) y el 31 de
enero de 2008 (2ª instancia).
CUARTO: OFICIAR por intermedio de la Secretaría General de
la Corte, al Ministerio de Salud y Protección Social, para que en el término de
tres (03) días hábiles siguientes a la notificación de este proveído, remita
con destino a los expedientes T-4840618 y T-4848215, certificación en la cual
indique si los señores Gloria Elena Giraldo Arias y Edgar José Mosquera
Palacios, respectivamente, tenían la condición de aforados al 31 de enero de
2006, por hacer parte de la Junta Subdirectiva Seccional Medellín de la Unión
de Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones USTC.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría General de la Corte, que
con base en el artículo 174 del Código General del Proceso, realice el traslado
de las pruebas documentales que obran a folios 187 a 191 – cuaderno 1 del
expediente T-4846065, al expediente T-4853814 donde deberán ser incorporadas
las copias respectivas de acuerdo a lo consignado en la parte motiva de este
proveído.
SEXTO: DISPONER que una vez las pruebas documentales sean
trasladadas, el Ministerio de Salud y Protección Social allegue las
certificaciones que se le piden, y las providencias judiciales que se solicitan
a diferentes autoridades judicial sean allegadas a los expedientes respectivos,
la Secretaria General de la Corte deje tales pruebas recaudadas a disposición
de las partes y de los terceros con interés legítimo, por el término de tres (03)
días hábiles, para que puedan emitir pronunciamiento en caso de estimarlo
necesario y se garantice el derecho de contradicción en materia probatoria
(art. 57 del Reglamento Interno de la Corte, modificado por el Acuerdo 01 de
2015).
SÉPTIMO: De acuerdo con la competencia prevista en el
inciso segundo del artículo 57 de Acuerdo 05 de 1992, modificado por el Acuerdo
01 de 2015 – Reglamento de la Corte Constitucional, SUSPENDER los términos para fallo en el proceso
acumulado de la referencia, hasta tanto las pruebas decretadas en este proveído
sea debidamente recaudadas y evaluadas por la Magistrada Sustanciadora (e)”.
2. Mediante informe de octubre 08 de 2015[15], la Secretaría General
de esta corporación dio cuenta del cumplimiento de lo ordenado en el auto
anterior, relacionando cada una de las comunicaciones recibidas con destino al
proceso, suscritas por algunos de los accionantes, de las autoridades
judiciales accionadas y por los vinculados al trámite. Del mismo modo, la
Secretaría dejó constancia en cada uno de los expedientes, del traslado de las
pruebas documentales ordenadas. Todas las pruebas trasladadas y recaudadas fueron
puestas a disposición de las partes y terceros interesados, conforme a lo
dispuesto en el auto mencionado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
1. Esta Corte es competente
para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en
cumplimiento de los autos proferidos por la Sala de Selección de Tutelas Número
Cuatro de esta corporación, el dieciséis  (16) y veintiocho (28) de abril de
dos mil quince (2015).
Problemas jurídicos
2. El problema central que corresponde resolver a esta Sala consiste en
determinar si las decisiones judiciales adoptadas en los procesos especiales de
fuero sindical de los ex trabajadores de TELECOM y teleasociadas que convergen en
este caso, incurrieron en alguna causal que haga procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales.
En este orden, la Sala debe decidir (i) si las solicitudes reúnen
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra sentencias. En caso
afirmativo, debe establecer si las decisiones judiciales cuestionadas
desconocieron el alcance que, conforme a la Constitución, debe dársele a (ii)
las garantías procedimentales en el trámite especial de fuero sindical adelantado
contra empresas públicas sometidas a liquidación y los patrimonios autónomos
remanentes constituidos de forma posterior; (iii) a la protección de los
aforados sindicales en los procesos de liquidación de las entidades públicas y (iv)
a la indemnización a que tienen derecho los trabajadores aforados cuando son
despedidos ilegalmente o sin justa causa.
3. Con el propósito de resolver estos interrogantes, la Sala procederá
del siguiente modo. En primer lugar, la Sala reiterará su jurisprudencia en
relación las causales generales y específicas de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, caracterizando de manera específica los defectos
sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente constitucional y de
violación directa de la Constitución. En segundo lugar, se referirá al marco
normativo sobre la desvinculación de aforados en el contexto de la liquidación
de Telecom, de acuerdo a las reglas reiteradas e introducidas en la sentencia
SU-377 de 2014. En tercer lugar, se ocupará de los casos en concreto.
4.
Antes de abordar los puntos señalados en el párrafo anterior, la Sala
encuentra pertinente hacer breve mención a los temas de la cosa juzgada y la
temeridad en la presentación de las acciones de tutela, dado que en algunos
casos los jueces de instancia hicieron referencia a los mismos, encontrando estructurado
el fenómeno de la cosa juzgada en varios asuntos.
Cosa
juzgada y temeridad en la presentación de acciones de tutela. Reiteración de
jurisprudencia[16]
5.
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que “cuando sin motivo expresamente
justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas la solicitudes. El abogado que promoviere la
presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y
derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesionales, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
6.
Para la Corte, esta disposición limita la libertad de acudir sucesiva e indefinidamente ante los jueces de
tutela para promover reclamos por los mismos hechos y basándose en los mismos
derechos, cuando ya han obtenido un pronunciamiento definitivo por la justicia
constitucional. Esto parte de la
necesidad de preservar la seguridad jurídica requerida para el buen
funcionamiento de la administración de justicia y el tráfico de las relaciones
jurídicas; pretende salvaguardar el carácter subsidiario de la acción de
tutela, y se orienta a garantizar la eficacia de las decisiones judiciales
adoptadas en sede jurisdiccional, todo lo cual se eliminaría si los debates
sobre los derechos fundamentales de una persona pudieran permanecer abiertos
indefinidamente.
7.
En este contexto, la Corte ha reiterado que cuando el juez constitucional ya se
pronunció sobre un asunto iusfundamental, y ya se surtió todo el trámite de la
acción de tutela, incluyendo una decisión sobre la eventual revisión de la Corte
–y en caso de que la Corte haya decidido revisarlo, que ya se haya proferido la
sentencia de tutela correspondiente- este pronunciamiento hace tránsito a cosa
juzgada.
En
tal virtud, si una persona instaura una o varias acciones tutela sobre un
asunto sobre el que pesa la cosa juzgada constitucional, el juez debe declarar
improcedentes estas acciones posteriores al primer fallo definitivo. Y solo si se desvirtúa debidamente la presunción de
buena fe del actor (CP art. 83), puede declararse la temeridad de que trata el
segundo inciso del artículo 38 del Decreto 2591, e imponer entonces las
consecuencias establecidas en la ley.
8. Para llegar a la conclusión de que una misma demanda de tutela se ha
instaurado varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 o con desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional, es indispensable acreditar que en la tutela concurren: (i) identidad
de partes; (ii) identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el
ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos
hechos que le sirvan de causa; e (iii) identidad de objeto, esto es, que las
demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de
un mismo derecho fundamental.
9. Adicionalmente, es necesario verificar que no existe una razón
válida que justifique un nuevo pronunciamiento por parte de la jurisdicción
constitucional en relación con los mismos hechos, porque por ejemplo surgieron
nuevas pruebas que antes era imposible haber allegado al proceso.  Así, la
sentencia T-185 de 2013 señaló que existen varios eventos en los que queda
desvirtuada la cosa juzgada entre acciones de tutela, como son “i) una nueva
solicitud de amparo que se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido
tenidos en cuenta con anterioridad por el juez; y ii) alegar nuevos elementos
fácticos o jurídicos  que fundan la solicitud, los cuales fueron desconocidos
por el actor y no tenía manera de haberlos conocido en la interposición de la
primera acción de tutela”.
Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
10. La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida jurisprudencia
en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De forma excepcional, es posible instaurar acciones de tutela
contra sentencias pues si bien los pronunciamientos de los jueces están
amparados por los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia
judicial, es imperativo armonizar la actuación de estas autoridades judiciales
con la garantía efectiva de la prevalencia y efectividad de los derechos
fundamentales[17].
Para salvaguardar el carácter excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, la Corte ha dicho que la tutela solo es procedente
cuando se verifican de manera estricta una serie de supuestos que la Corte ha
denominado causales o requisitos generales y específicos de procedencia. Así,
la procedencia de la tutela contra sentencias depende de (i) que se cumplan
todos los requisitos formales de procedibilidad, y (ii) que se demuestre la
existencia de al menos una causal que haga procedente el amparo material[18].
11. Las acciones de tutela presentadas por ex trabajadores de TELECOM
al amparo de la orden trigésimo tercera de la sentencia SU-377 de 2014 no son
la excepción a los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela
contra sentencias. Por el contrario, justamente porque la orden de la Corte se
limitó a la posibilidad de instaurar acciones de tutela contra providencias
judiciales proferidas en procesos de reintegro u ordinarios laborales por el
despido sin en levantamiento del fuero sindical, a ellas se aplican plenamente
y sin excepción todas las exigencias propias de este tipo de procedimiento. De
este modo se garantiza que también en el caso de los fallos sobre fuero
sindical en las entidades públicas en liquidación, exista equilibrio entre el
respeto por la autonomía judicial y la garantía de los derechos fundamentales.
12. Así, los requisitos formales de procedencia de la acción son los
siguientes:
(i)   Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela
tenga relevancia constitucional[19].
(ii) Que el actor haya agotado los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[20].
(iii)
Que la petición cumpla con
el requisito de inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[21].
(iv)
En caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales[22].
(v) Que el actor identifique, de forma razonable,
los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior
del proceso judicial, en caso de haber sido posible.
(vi)
Que el fallo impugnado no
sea de tutela[23].
Frente a los anteriores requisitos formales, la Sala hace especial
énfasis en dos de ellos, dada la aplicación que sobre estos hicieron los jueces
de instancia y la pertinencia para abordar el estudio de los casos en concreto.
12.1.
Por un lado, en lo que atañe al
segundo requisito, el carácter
subsidiario y residual de la acción de tutela, indicado en el artículo 86 de la
Constitución Política, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido
dentro de las condiciones para que proceda la acción de tutela contra sentencias,
que el accionante haya agotado previamente los mecanismos de defensa judicial procedentes contra
la decisión que se controvierte. Esta exigencia responde a que la acción de
tutela no se puede configurar como un mecanismo alternativo a las vías
ordinarias establecidas por la ley, ya que el juez constitucional no debe
sustituir el juez natural para el conocimiento de controversias jurídicas.
Asimismo, el mecanismo de amparo no puede
subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer uso de las figuras
procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, de la manera y
dentro de los términos previstos legalmente para ello. En efecto, al respecto
ha establecido la Corte:
“La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y
no fue instaurada para remediar los errores en que incurren los ciudadanos en
lo relacionado con la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la
posición contraria, pasaría la tutela a sustituir todos los demás medios
judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir responsabilidades
que no le corresponden, todo ello en detrimento de los demás órganos
judiciales.
(…)
si existiendo el medio judicial, el interesado deja de
acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no
podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o
respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría
hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se
subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de
manera definitiva el agravio o lesión constitucional”.[24]
En este orden, si la parte afectada no ejerce las
acciones o utiliza los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para
salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, éste mecanismo de amparo no
tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos, ni se convierte en un
recurso opcional de las instancias previstas en cada jurisdicción.
12.2. De otra parte, en lo que
respecta al quinto requisito de procedibilidad, salvo que los hechos
constitutivos de la vulneración sean evidentes, se exige que los mismos sean
expuestos con suficiencia y precisión por el actor. Tal condición no contradice
el carácter informal de la acción constitucional, pues respecto de la tutela contra
sentencias, el ordenamiento
constitucional también salvaguarda la seguridad jurídica, la autonomía  e
independencia de los jueces, evitándose así que la intervención del juez de
tutela invada  injustificadamente el ámbito de competencia del juez natural.
Frente a este requisito, en sentencia T-1222 de 2005[25], la Corte
Constitucional  señaló:
“Cuando se trata de la interposición de una tutela contra una
decisión judicial, corresponde al actor una carga especial que no le
corresponde a quien por otras razones acude a este mecanismo de protección de sus derechos fundamentales. En efecto, en estos casos el
actor debe señalar claramente los hechos en los cuales se fundamenta su petición
y los derechos fundamentales que considera violados. Si no lo hace y la
violación no aparece de manera evidente o manifiesta, el juez queda relevado de
estudiar en detalle el expediente judicial y puede proceder a declarar la
improcedencia de la acción. Así mismo, cuando el actor reduce el cargo a un
tipo de violación – por ejemplo  violación de la Constitución por tratarse
de una vía de hecho material – el juez, salvo evidencia en otro sentido, puede
contraer su estudio a dicho cargo, sin que resulte necesario que verifique en
detalle si no existe en el expediente respectivo algún otro vicio o defecto que
pueda comprometer la decisión judicial” (destaca la Sala).
En el mismo sentido, de forma más reciente, en
sentencia T-265 de 2014[26],
esta Corporación sostuvo:
“2.3.5.2.
La identificación por parte del demandante de los hechos constitutivos de la
vulneración, en criterio de la Corte, adquiere una especial relevancia en sede
de amparo constitucional. En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no
es un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las
personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la
resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las
personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo
controversia, sus derechos fundamentales están siendo trasgredidos. Igualmente,
deben demostrar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa,
o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.
En
este sentido, si lo que se está cuestionando es que la autoridad judicial
cometió un vicio que conlleva la vulneración de derechos fundamentales mediante
su providencia, ya sea por una indebida justificación que transgrede el orden
constitucional, por la ausencia de motivación o por una deficiente apreciación
de los medios probatorios, es menester alegar –precisamente– cómo se
materializa tal defecto y en qué incide en la situación que se plantea como
vulneradora de los derechos fundamentales” (destaca la Sala).
La Corte no exige el uso de fórmulas
sacramentales ni espera que en las peticiones de amparo se enuncien usando
exactamente las mismas expresiones empleadas por la Corte. Sin embargo,
considera que es indispensable que en la tutela contra providencias judiciales se
demuestre de forma suficiente en qué erró el fallador de instancia y como ello
incidió en el desmedro de sus derechos fundamentales. De lo contrario “resultaría
desproporcionado exigirle al juez constitucional que revisara nuevamente un
proceso, con el fin de descubrir si, por alguna circunstancia, se conculcó un
derecho fundamental del demandante, ya que, en dicho caso, la acción de amparo
constitucional desconocería su naturaleza de ser un mecanismo subsidiario de
defensa judicial”[27].
13. Una vez verificados estos requisitos, para que proceda
materialmente el amparo, debe configurarse al menos uno de las siguientes
violaciones materiales de los derechos fundamentales en las providencias
judiciales, que la Corte ha denominado “defectos”:
(i)   Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
(ii) Sustantivo, cuando se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales, se inobservan o inaplican normas pertinentes,
o en los fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
(iii)
Procedimental que, de
manera general, se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido[28].
(iv)
Fáctico, que surge por la
carencia de razonabilidad en la producción, validez o apreciación del material
probatorio[29].
(v) Error inducido[30],
también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público
(vi)
Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional[31].
(vii)
Desconocimiento del
precedente constitucional, que se presenta cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance[32].
(viii)      Violación directa a la Constitución, que
acontece cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente
contrario a la constitución[33],
o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[34].
14. La Corte ha dicho que no existe un límite indivisible entre estas
causales, de suerte que una misma situación dentro del proceso judicial puede
derivar en varios defectos. Por ejemplo, el irrespeto por los procedimientos
legales y, de forma simultánea, vulnerar directamente la Constitución o impedir
una correcta apreciación de las pruebas[35].
Breve caracterización del defecto sustantivo
15.  De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, el defecto sustantivo es el yerro que se origina en una
providencia judicial en el proceso de interpretación y aplicación de las normas
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de gran trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales[36].
16. En la sentencia SU-515 de 2013, la Sala Plena de la Corte
sintetizó los eventos en los cuales se configura este tipo de defecto material,
incluyendo entre ellos los siguientes:
(i) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable, ya que: (a) no es pertinente , (b) ha perdido su vigencia por haber
sido derogada, (c) es inexistente , (d) ha sido declarada contraria a la
Constitución , (e) o a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto
de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los
señalados por el legislador.
(ii) La interpretación de la norma al caso concreto no se
encuentra dentro de un margen razonable  o el funcionario judicial hace una
aplicación inaceptable de la disposición, al adaptarla de forma contraevidente
-interpretación contra legem- o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes.
(iii) No se tienen en cuenta sentencias con efectos erga omnes
para la interpretación y la aplicación de las normas que fundamentan la
decisión.
(iv) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución, y no se hace uso de la
excepción de inconstitucionalidad.
(v) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no
previsto en la disposición.
(vi) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del
derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso, esto
es, cuando la
norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada[37].
17. El defecto sustantivo parte del reconocimiento de que las
autoridades judiciales son autónomas para establecer cuál es la norma que
fundamenta la solución del caso puesto bajo su conocimiento, del mismo modo que
les corresponde interpretar y aplicar las disposiciones normativas con
autonomía e independencia. Pero admite que estos principios que amparan la
actividad del juez no son absolutos y, por eso, excepcionalmente el juez de
tutela debe intervenir para garantizar la vigencia de los derechos
fundamentales y de la Constitución. Por esa razón, para que se configure un
defecto sustantivo en cualquiera de los eventos mencionados, debe demostrarse
que la decisión del juez respecto del fundamento normativo es evidentemente
irrazonable. De lo contrario, no es procedente la acción de tutela por este
defecto.
Breve caracterización del defecto procedimental
18. El defecto procedimental se soporta en los artículos 29 y 228 de la
Constitución Política, lo cual significa su íntima relación a los derechos al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia
del derecho sustancial en las actuaciones de la judicatura.
Se configura este defecto cuando en ejercicio de la actividad
jurisdiccional el operador judicial se aparta de forma manifiesta de las
disposiciones procedimentales aplicables al caso sometido a su conocimiento. Al
pretermitir el procedimiento establecido por el legislador, la autoridad
judicial produce una decisión arbitraria en detrimento de las garantías ius
fundamentales de los ciudadanos.[38]
Asimismo se ha admitido que, en
forma excepcional, éste puede estructurarse debido a un exceso ritual
manifiesto, a consecuencia del cual el operador judicial resta o
anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos  excesivamente
formales. Esto es, el funcionario arguye razones formales a manera de un
impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.[39]
Igualmente, se ha reconocido el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el operador judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido para el trámite de
un caso concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al
pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto[40], u ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso[41].
El desconocimiento del procedimiento debe contar además con unas
características adicionales para configurar este defecto: a) debe ser un yerro
importante que lesione de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga
una consecuencia directa en la decisión de fondo proferida y, b) debe ser una
deficiencia no atribuible a la parte afectada.
Breve caracterización del defecto por desconocimiento
del precedente constitucional.
19. Este defecto es una causal autónoma de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se predica únicamente respecto del
desconocimiento hecho por los operadores judiciales del precedente
jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional[42].
En la medida que la Corte es la guardiana de la supremacía de la
Constitución Política, en los términos del artículo 241 de la misma[43],
las decisiones adoptadas por esta corporación, en cuanto precise el alcance de
los derechos fundamentales o determine la hermenéutica constitucionalmente admisible
de un precepto legal, son obligatorias o vinculantes para los operadores
judiciales al momento de resolver los asuntos sometidos a su consideración.
Esta obligatoriedad se predica tanto de la parte considerativa como de la
resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional.
No obstante, la
configuración de este defecto no es automática, pues está condicionada a la concurrencia
de los requisitos específicos, esto es, la existencia previa al asunto en examen,
de una sentencia de control abstracto de constitucionalidad o varias de revisión
de tutelas, que contengan en su ratio decidendi reglas jurisprudenciales
aplicables a los casos a decidir, dada la semejanza en sus presupuestos
fácticos y normativos.[44]
En ese orden, cuando una autoridad judicial (incluyendo los altos
tribunales de cierre de la demás jurisdicciones) se aparta del precedente
establecido por la jurisprudencia de la Corte[45],
restringiendo el alcance dado a una garantía iusfundamental o desconoce la
interpretación constitucional de determinada norma, incurre en una violación al
debido proceso susceptible de ser remediado por vía de la acción de tutela[46].
Breve caracterización del defecto por violación
directa de la Constitución
20. En la medida que la Constitución
Política, en los términos de su artículo 4º es norma de normas, y que “En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales”, las
autoridades, tanto administrativas como judiciales, están en la obligación de
velar por su cumplimiento.
Respecto de este defecto, la
jurisprudencia constitucional[47]
ha estimado que se estructura ante decisiones ilegítimas que lesionan los
derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que necesariamente sea un desconocimiento
grosero de la Constitución.
Desde la sentencia C-590 de 2005, esta
corporación incluyó este defecto como una causal autónoma de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales. En este sentido, la Corte sostuvo que: “(…)
la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando se deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto, dos (ii), al aplicar la ley al margen de los
dictados de la Constitución”.
Del mismo modo, en la sentencia T-555 de 2009[48],
la Sala Tercera de Revisión, consideró que esta
causal de procedencia de la acción de tutela se estructura “cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de
la Carta Política.  A este respecto, debe insistirse en que el actual
modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
Igualmente, en la sentencia T-809
de 2010[49], la Corte ha señalado que esta causal procede
cuando: “(a) en la solución del caso
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En
el segundo caso, el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el
artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en
que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible
con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad”.
De esta manera, en virtud de la
superioridad de la Constitución, la
aplicación directa de sus mandatos y prohibiciones vinculan a los operadores
judiciales en la resolución de los asuntos sometidos a su consideración. Ante
su desconocimiento, la acción de tutela resulta procedente en garantía de los
derechos fundamentales que resulten afectados.
Marco normativo sobre la desvinculación de aforados en
el contexto de la liquidación de Telecom. La sentencia SU-377 de 2014
21. En la sentencia SU-377 de 2014, la Sala Plena de la Corte
Constitucional unificó los criterios de procedencia formal y material que deben
tener en cuenta los jueces al resolver posibles vulneraciones de derechos
fundamentales en el desarrollo de procesos de liquidación de entidades públicas[50]. Su carácter de
unificación, significa que buena parte de estas reglas se habían establecido
antes de esta sentencia por parte de las Salas de Revisión, y que desde
entonces formaban parte del precedente jurisprudencial de obligatorio
cumplimiento para la comprensión de las normas laborales y de los derechos de
los trabajadores[51].
22. En lo que tiene que ver con el proceso de liquidación de TELECOM, los
criterios de unificación giraron en torno a tres asuntos: el plan de pensión
anticipada[52],
el retén social y el fuero sindical. Teniendo en cuenta que todos los
accionantes reclaman la aplicación de la sentencia de unificación sobre este
último punto, a continuación la Sala sintetizará las reglas reunidas en este
fallo sobre las garantías sindicales.
Alcance del fuero sindical en los procesos de
liquidación de entidades públicas
23. La sentencia reitera la extensa jurisprudencia de la Corte según la
cual el fuero sindical es una garantía de rango constitucional[53]. En efecto, el
artículo 39 de la Constitución prevé el derecho de los trabajadores y
empleadores a constituir sindicatos y asociaciones sin intervención del Estado,
y reconoce a los representantes sindicales “el fuero y las demás garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión”. Esta garantía también está
contemplada en los Convenios 87[54]
y 98[55]
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fueron ratificados por
Colombia mediante las Leyes 26 de 1976 y 50 de 1990.
En concordancia con estas disposiciones, y siguiendo la definición de
fuero sindical prevista en el artículo 406 y siguientes el Código Sustantivo
del Trabajo (en adelante, CST), la sentencia recuerda que las garantías de éste
fuero son prerrogativas de las que gozan ciertos trabajadores definidos por la
ley laboral, que consisten en no ser desmejorados en sus condiciones de
trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto. Pero, sobre todo, la garantía del fuero sindical consiste
en el derecho que tienen los aforados a no ser despedidos sin una justa causa
previamente calificada por el juez de trabajo[56].
24. En este contexto, la sentencia SU-377 de 2014 reitera que las
garantías emanadas del fuero sindical tienen plena vigencia durante los
procesos de liquidación[57].
A partir de este postulado, la sentencia reitera y precisa la jurisprudencia de
la Corte, señalando que para los procedimientos liquidatarios de una entidad
pública la garantía del fuero sindical tiene por lo menos tres consecuencias[58]:
24.1. Primero, debe entenderse que los trabajadores amparados por el
fuero sindical no pueden ser despedidos alegando la liquidación de la empresa,
sin que el carácter justo de esta causa y la legalidad de la terminación del
contrato sea calificado por el juez laboral. Esta regla se extiende a aquellos
eventos en los que el despido ocurre al final de la liquidación de la empresa.
Ni siquiera cuando la terminación del vínculo laboral se da de forma simultánea
al cierre definitivo de la empresa, esta se exime de solicitar una autorización
judicial para el despido de los trabajadores aforados.
Sobre este tema y en particular respecto de la
liquidación de Telecom, debe recordarse que el artículo 405 del Código
Sustantivo del Trabajo, define el fuero sindical como “la garantía de que
gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma
empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada
por el juez del trabajo”. De igual forma, el artículo 17 del Decreto
1615 de 2003[59],
establece: “Para efectos de la desvinculación del personal que goza de la
garantía de fuero sindical, el Liquidador adelantará los procesos de
levantamiento del fuero sindical. Será responsabilidad del Liquidador iniciar
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de este Decreto los
respectivos procesos de levantamiento del fuero sindical. Una vez obtenidos
los pronunciamientos correspondientes en los mencionados procesos, se terminará
la relación laboral”. Por su parte, el artículo 5º transitorio del
Decreto 2062 de 2003[60],
dispone: “Supresión de cargos de trabajadores oficiales amparados por fuero
sindical. A partir de la ejecutoria de la sentencia que autorice el
levantamiento del fuero sindical o el vencimiento del término de este fuero
contemplado en la Ley o en los estatutos sociales, quedarán automáticamente
suprimidos los cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero
sindical. // Parágrafo. En defensa de la garantía constituida por el fuero
sindical los anteriores cargos se mantendrán temporalmente vigentes hasta el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo”.
De las normas transcritas,
claramente se advierte que para poder despedir a los trabajadores aforados de
Telecom, se requiere de una decisión judicial ejecutoriada que califique la
justa causa, autorizando el levantamiento del fuero y el permiso para despedir.
Recuérdese que en tratándose de procesos especiales de fuero sindical, la
decisión de primera instancia es apelable en el efecto suspensivo (art. 117
CPT). Para la Corte, este requisito de obtener autorización previa por parte
del juez, no se cumple con el sólo hecho de iniciar el proceso especial de
fuero sindical, sino con el pronunciamiento judicial en firme.
24.2. Segundo, debe entenderse que en los procesos de liquidación de
las entidades públicas opera la regla del artículo 118-A del Código Procesal
del Trabajo[61]
(en adelante, CPT), según la cual las acciones que emanan del fuero sindical
prescriben en dos meses[62].
24.2.1. Es cierto que el Decreto 2160 de 2004, que reglamenta la
liquidación de entidades públicas, señala que el término de prescripción de la acción de levantamiento de fuero “empezará
a correr a partir del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la
supresión del cargo”. Sin embargo, la Corte Constitucional siguiendo la
jurisprudencia del Consejo de Estado, entendió que esta disposición solo afecta
el momento en que se empieza a computar el término de prescripción, y no el
tiempo con el que cuenta la entidad pública para instaurar la solicitud de
levantamiento del fuero. Es decir, que en el caso de la liquidación de
entidades públicas, las acciones que emanan del fuero sindical prescriben, para
el empleador, en los dos meses siguientes contados a partir del momento en el
que se tenga certeza sobre la supresión de los cargos.
24.2.2.
En la demanda de reintegro emanada del fuero sindical, la regla que opera para
los trabajadores de las empresas públicas es también la prevista en el artículo
118-A CPT, según la cual el término de prescripción debe contarse desde la
fecha de despido, traslado o desmejora, y se suspende durante el trámite de la
reclamación administrativa. Esta acción no tiene ninguna modificación cuando el
despido ocurre al tiempo que se suprimen los cargos por la liquidación de la
empresa.
24.3.
Tercero, esta sentencia de unificación señaló que las decisiones que puede
tomar el juez laboral en la acción de reintegro por fuero sindical, y el tipo
de indemnización a que tienen derecho los trabajadores despedidos sin justa
causa o de forma ilegal, cambian según la fase en la que se encuentre el
proceso liquidatario de la entidad pública.
De
acuerdo con la sentencia, en las decisiones sobre el reintegro de trabajadores
aforados en entidades públicas en liquidación, deben observarse las siguientes
reglas:
24.3.1.
Cuando la acción de reintegro se
instaura oportunamente, pero se decide una vez concluida la liquidación, “y
entonces deviene física y jurídicamente imposible un reintegro, el juez debe
limitarse a ordenar una indemnización integral y abstenerse de decretar el
reintegro”.[63]
24.3.2.  Si el juez que conoce de la acción de reintegro ordena el
reintegro del trabajador aforado sin tener en cuenta que ya acaeció el fin de
la liquidación de la entidad pública, “el ente condenado o el encargado de
adelantar la liquidación deben iniciar un proceso judicial con el fin de que en
este se declare si el reintegro es posible”. De acuerdo con esto, la
entidad condenada al reintegro no puede decidir motu proprio si es
posible cumplir la orden[64],
y tampoco puede hacerlo un juez laboral en un proceso ejecutivo iniciado por
los trabajadores.
24.4. Por su parte, la sentencia SU-377 de 2014 introdujo la regla según la cual el tipo de indemnización a que tienen derecho los
aforados que son despedidos sin autorización judicial en el contexto de la
liquidación de la entidad, y que debe ser ordenado por el juez laboral que
conoce de la acción de reintegro por fuero sindical, cambia según el momento de
la desvinculación del trabajador, así:
24.4.1. Cuando se le haya desvinculado antes de la clausura definitiva,
y en la medida en que sea la decisión más favorable, procede ordenar una
indemnización que comprenda “los salarios,
con sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como
convencionales, a partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la
existencia jurídica de la [entidad]”.
24.4.2. Cuando la terminación del vínculo ocurra con
el cierre definitivo de la compañía (o después), lo procedente es ordenar una
indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio
de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116)”[65]. Esta indemnización
especial tiene una fuente jurídica diferente a la que reconoce el patrono al
momento de la terminación de la relación laboral de los trabajadores por la
supresión de Telecom[66].
Sobre
la vigencia del artículo 116 del CPT
25.
Se hace pertinente, respecto de este punto, transcribir in extenso las
consideraciones de la sentencia T-434 de 2015[67],
en la cual se estudió la vigencia del artículo 116 del CPT, cuya disposición
fue aplicada por la Sala Plena de esta corporación en la sentencia SU-377 de
2014. Así:
“11.8.1. El artículo 116 del CPT fue
introducido al ordenamiento jurídico por el Decreto 2158 de 1948, mediante el
cual se adoptó el Código Procesal del Trabajo, que al mismo tiempo fue asumido
como ley mediante el Decreto Ley 4133 de 1948.[68] Luego, el Decreto 616 de 1954,[69] emitido en el contexto del estado de sitio, modificó
expresamente el contenido de varias normas de los Códigos Sustantivo y Procesal
del Trabajo que regulaban las garantías del fuero sindical,[70] para trasladar la calificación de la justa causa en
el despido de un trabajador aforado de la administración de justicia al
Ministerio del Trabajo,[71] y en el artículo 15 dispuso además que quedaban “[…] suspendidas todas las disposiciones contrarias
al presente Decreto.” Posteriormente, el Decreto 204 de 1957,[72]
proferido también en uso de facultades extraordinarias del estado de sitio,
restableció la facultad de calificar la causa del despido de los trabajadores
aforados a la administración de justicia.[73]
Para ello, derogó expresamente la mayoría del articulado del Decreto 616 de
1954[74]
y modificó algunas normas de los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo,[75]
sin que se dispusiera expresamente algo sobre el artículo 116 del CPT.[76]
11.8.2. El Decreto 616 de 1954 no
modificó ni derogó entonces, expresamente, el artículo 116 del CPT. Simplemente
estableció de manera general en el artículo 15 que quedaban “[…] suspendidas todas las disposiciones contrarias
al presente Decreto.” El artículo 116 del CPT no era sin embargo contrario a
las disposiciones del Decreto 616 de 1954, y por tanto no podía entenderse
suspendido en virtud suya. En efecto, como se infiere del texto del Decreto
616,  las reglas procedimentales que allí se introdujeron hacían referencia al
trámite que debía surtirse ante el Ministerio del Trabajo para despedir a un
trabajador aforado, pero no se prescribió algo sobre el contenido de la
decisión y la indemnización cuando la misma fuere contraria al empleador, que
es precisamente la materia del artículo 116 del CPT.
El Decreto 616 de 1954 reguló
específicamente: (i) la facultad para calificar la justa causa del despido de
un aforado en cabeza del Ministerio del Trabajo;[77] (ii) el
procedimiento para el trámite de las pruebas, la conciliación y la decisión
ante el respectivo inspector del trabajo;[78]
(iii) los recursos procedentes para impugnar la determinación de la autoridad
administrativa;[79]
(iv) las sanciones frente a la inobservancia de las normas procedimentales por
parte del funcionario responsable del trámite;[80]
(v) las justas causas para que el Ministerio del Trabajo autorice el despido de
un empleado aforado;[81]
(vi) los eventos en los cuales se puede terminar o suspender el contrato de
trabajo de un aforado sin previa calificación judicial;[82] (vii)
disposiciones transitorias para los casos especiales de fuero que ya habían
comenzado en la jurisdicción del trabajo;[83]
(viii) sobre el trámite de las denuncias de las convenciones colectivas del
trabajo;[84]
y (ix) finalmente las derogatorias y vigencias ocurridas a raíz de la emisión
del Decreto.[85]
En ningún aparte se dijo algo en torno a la indemnización especial cuando la
decisión del reintegro es contraria a los intereses del trabajador, o cuando se
verificara que el despido se realizó sin previa autorización de la autoridad
competente.
El hecho de que no se haya
abordado ese tema en el Decreto 616 de 1954 confirma la tesis de que ese cuerpo
normativo no suspendió el artículo 116 del CPT.
11.8.3. Tampoco puede
asegurarse que el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado
por el Decreto 204 de 1957, derogó el artículo 116 del Código Procesal del
Trabajo al disponer en el inciso segundo que si “[…] se comprobare que el trabajador fue
despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, […] se
condenará al patrono a pagarle, a título de indemnización, los salarios
dejados de percibir por causa del despido”.[86] Como se explicó en
la sentencia SU-377 de 2014, en contextos de liquidación, la indemnización de
que trata el artículo 408 del CST opera cuando al trabajador aforado se lo haya desvinculado antes
de la clausura definitiva sin previa autorización judicial (y en la medida en
que sea la decisión más favorable), y la indemnización del artículo 116 del CPT
entra a regir cuando la terminación del vínculo ocurra con el cierre definitivo
de la compañía (o después). Así, las situaciones fácticas que regulan los
artículos mencionados son diferentes, y no puede interpretarse entonces que la
vigencia de la norma posterior afecta la de la anterior. Si fuera así, en
eventos cuando a un aforado lo despiden sin autorización judicial al momento
del cierre definitivo de la entidad, esta última quedaría sin sanción, pues al
aplicar la fórmula del artículo 408 del CST termina liquidándose un valor de
cero (0).[87]
11.8.4. Pero además de lo anterior,
diversas sentencias de la Corte Constitucional hacen referencia a los artículos
113 al 118A del Código Procesal del Trabajo como aquellas normas que regulan el
procedimiento para la protección de la garantía del fuero sindical, sin que
expresamente se diga que el artículo 116 del CPT se encuentra derogado. Así por
ejemplo, en la sentencia SU-036 de 1999[88] se dijo que, a raíz de un cambio legislativo, el
despido, desmejora o traslado de un servidor público amparado por fuero
sindical deberá contar con previa calificación judicial, para lo cual “[…] será menester agotar el
trámite establecido en los artículos 113 a 117 del Código Procesal del Trabajo,
que regulan todo lo referente a esta autorización”. Asimismo, en la sentencia C-1232 de 2005[89] se indicó que “[…] el procedimiento para el
levantamiento del fuero sindical, así como el trámite de la demanda del
empleado a quien no se ha respetado dicho fuero lo regula por su parte el
Código Procesal del Trabajo en los artículos 113 a 118 A”. En la sentencia
T-424 de 2010[90] se sostuvo que “[…] el
procedimiento que se debe seguir para el levantamiento del fuero sindical [de
un servidor público] es el establecido en los artículos 113 a 118B del Código
Procesal del Trabajo”. Incluso, allí mismo se citó el texto del artículo 116
del CPT.
Finalmente,
en la sentencia SU-377 de 2014,[91] la Sala Plena aplicó
expresamente el artículo 116 del CPT como fuente normativa para otorgar a dos
ex trabajadores de TELECOM aforados una indemnización especial por despido sin
previa autorización judicial.[92]  Ese pronunciamiento hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional (CP art 243), y en tal virtud lo allí
resuelto debe respetarse.
11.8.5. Por último, cabe agregar que,
en cualquier caso, el Decreto 204 de 1957 en su artículo 6º modificó el 118 del
CPT, y dispuso que la
demanda del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido
despedido sin permiso del Juez del Trabajo “[…] se tramitará conforme al
procedimiento señalado en los artículos 114 y siguientes de este
Código”, sin excluir expresa o
tácitamente su remisión al artículo 116 CPT. La norma encargada de devolver la
competencia de los procesos especiales de fuero sindical a las autoridades
judiciales, estableció expresamente que los trámites se seguirían por las
reglas contenidas en el Código Procesal del Trabajo, integrando en ese grupo al
artículo 116. Allí bien podría haberse dicho que se excluía de su aplicación el
supuestamente derogado artículo 116, pero no ocurrió así[93]”.
De
esta manera, el artículo 116 del CPT se encuentra vigente y procede su
aplicación en los procesos especiales de fuero sindical, y sobre todo a los
casos en que la sentencia SU-377 de 2014, le imprimió efectividad.
Procedencia de la tutela para solicitar la protección
del fuero sindical
26. Ahora bien, aunque el escenario en el que deben discutirse estos
asuntos relativos al fuero sindical y ordenarse el pago de ese tipo de
indemnizaciones es el de la jurisdicción laboral, la sentencia de unificación
reitera y precisa las reglas sobre la procedencia formal de la acción de tutela
para amparar los derechos de los trabajadores que consideran que sus garantías
sindicales han sido conculcadas, bien sea frente a sus empleadores o frente a
sentencias judiciales relacionadas con el despido.
26.1. Frente a las posibles vulneraciones originadas en la decisión de
despido sin autorización judicial de un trabajador que se considere amparado
por el fuero sindical[94],
la Corte recuerda que la regla general es que, en principio, la acción de
tutela es improcedente, ya que lo que procede es la acción de reintegro
prevista en el artículo 118 CPT. Sin embargo, existen tres eventos en los que
esta regla admite excepciones[95]:
26.1.1.   “Cuando se plantea la
vulneración del derecho de asociación sindical por la irregular terminación del
contrato de trabajo de un cierto número de trabajadores sindicalizados, y
además se prueba una conducta antisindical por parte del empleador”[96].
26.1.2. “Cuando media la vulneración grave de otros derechos
fundamentales que no pueden ser protegidos a través de la acción de reintegro,
situación que supone la existencia de un perjuicio irremediable concreto y
plenamente probado[97]”.
26.1.3. Cuando la vulneración del derecho sindical se alega frente a un
patrimonio autónomo de remanentes o una entidad que está próxima a extinguirse.
En este evento la eficacia de las acciones judiciales ordinarias se ve
disminuida por el hecho de que no podrán ser resueltas antes de la extinción de
las entidades demandadas.
26.2.  Frente a las posibles vulneraciones de derechos fundamentales
originadas en las decisiones judiciales proferidas dentro de la acción de
reintegro de trabajadores o la acción laboral ordinaria por despido sin justa
causa que instauran quienes alegan haber sido despedidos con desconocimiento de
su calidad de aforados, la sentencia de unificación distinguió tres hipótesis que
aplican a todas las entidades, inclusive entidades públicas sometidas a
liquidación[98]:
26.2.1. Si está en curso la
acción de reintegro en el procedimiento especial de fuero sindical, y la
decisión en ese proceso no ha hecho tránsito a cosa juzgada, la tutela es
improcedente, salvo que se instaure como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[99].
26.2.2.
Es procedente la acción de tutela orientada a exigir el cumplimiento de las
órdenes de reintegro o indemnización de los ex trabajadores aforados.  Aunque
la sentencia no lo menciona, esta regla debe entenderse en armonía con el
precedente más reciente de la Corte según el cual, no obstante la acción de
tutela es un mecanismo residual y subsidiario, es procedente para hacer cumplir
un fallo judicial del que se desprendan obligaciones de hacer (como el
reintegro), y solo excepcionalmente cuando de él se derivan obligaciones de dar
(con en el caso de las órdenes de indemnización), siempre que con su
inobservancia se evidencie una clara afectación de derechos fundamentales y los
mecanismos judiciales alternativos no sean suficientemente eficaces para la
protección de los derechos fundamentales vulnerados[100].
26.2.3.
La acción de tutela contra las decisiones judiciales proferidas en el trámite
de la acción de reintegro por fuero sindical, es procedente solo en caso de que
se reúnan los requisitos generales y se verifique al menos una causal de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Legitimación por pasiva del patrimonio autónomo de
remanentes de una entidad liquidada
27. Para empezar, la Corte Constitucional se ha preguntado si el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR) tiene capacidad jurídica
para ser demandado y en qué casos. Al respecto, la Corte tuvo en cuenta que la
legitimidad por pasiva en la acción de tutela se rige, de manera general, por
las reglas previstas para los demás procesos judiciales. Así, siguiendo la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, recordó que Telecom se liquidó
definitivamente el 31 de enero de 2006, luego de que en virtud del Decreto 1615
del 12 de junio de 2003 se dispusiera la supresión de Telecom  y se ordenara la
creación de un patrimonio autónomo de remanentes.
El PAR es fruto de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre Telecom
en liquidación, quien obró por intermedio de su liquidador como fiduciante (la
Fiduciaria La Previsora S.A.), y el Consorcio de Remanentes de Telecom,
conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A, quien se constituyó
en fiduciario, el 30 de diciembre de 2005. Debido a esto, en la sentencia
SU-377 de 2014 se indicó que cuando en el proceso de tutela el PAR es
demandado, debe entenderse que se está instaurando una pretensión contra el
Consorcio de Remanentes de Telecom, integrado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria
Popular S.A.
28. La Corte reiteró las sentencias de tutela en las cuales se llegó a
la conclusión de que es razonable asumir que los patrimonios autónomos de
remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones de tutela, e incluso
responder por obligaciones de una entidad ya liquidada, en los casos en que así
lo dispongan las normas que regulen la liquidación de la entidad y la
liquidación y administración de remanentes. En este caso, dijo la Corte “que el
Decreto 4781 de 2005, que reglamenta en
parte la liquidación de Telecom y lo atinente a sus remanentes, estableció en
el artículo 3° que el contrato de fiducia, por medio del cual debía
constituirse el PAR, tenía entre otros fines el de atender “las obligaciones
remanentes y contingentes, así como [l]os procesos judiciales o
reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio”.
Teniendo esto en cuenta, estableció que el PAR está legitimado por pasiva para
responder a quienes tenían reclamaciones en curso al momento de liquidarse
definitivamente Telecom.
Pero,
además, está legitimado por pasiva en los casos de quienes, al término de la
liquidación de Telecom reclamen prestaciones de orden laboral o pensional, “en
la medida en que ello sea preciso para establecer si tiene para con estos
obligaciones remanentes o contingentes”. En efecto, el Decreto 4781 de 2005
dispone que el PAR está legitimado por pasiva con el fin de determinar dentro
del proceso si le corresponde en esos casos atender –como lo dispone - “las
obligaciones remanentes y contingentes” de Telecom.
Así
lo dispone el artículo tercero de este decreto al indicar que la fiducia
mercantil para la constitución del PAR, tiene como finalidades: “la
administración, enajenación y saneamiento de los activos no afectos al
servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los
archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así
como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la
terminación del proceso liquidatorio y el cumplimiento de las demás
actividades, obligaciones o fines que se indican en el presente decreto o que
de conformidad con la ley correspondan a las sociedades Fiduciarias”
(negrillas fuera del texto).  En este mismo sentido, entre los objetivos
estratégicos del PAR, se encuentra el de “Asumir y ejecutar las demás obligaciones remanentes a
cargo de Telecom y las Teleasociadas en Liquidación posteriores al cierre de
los procesos liquidatorios”.[101]
29.
Por último, y no menos importante, debe señalarse que los procesos judiciales
que adelanten los ex trabajadores de Telecom luego de la liquidación de la misma,
de la que se puedan derivar obligaciones remanentes o contingentes, deben tener
como parte pasiva al PAR, pues constitucionalmente no sería admisible que el
derecho de los ex trabajadores a acceder a una administración de justicia
efectiva[102],
se vea soslayado por el hecho de la desaparición de la entidad, sin que nadie
responda por el desconocimiento de los derechos laborales. Así, “en este tipo de asuntos el
PAR y las entidades que lo constituyen están habilitadas para responder por
prestaciones de orden laboral de TELECOM en liquidación, por cuanto así lo
dispuso específicamente la regulación del proceso liquidatorio, y porque la
Constitución garantiza a todos los ciudadanos acceder a la administración de
justicia para la defensa de sus derechos”.[103] En este orden, para que sea realizable el derecho a la tutela
judicial efectiva en los procesos especiales de fuero sindical, “es preciso
interpretar las normas que condicionan la legitimación por pasiva de quienes
responden por entidades liquidadas en el sentido que mejor garantice una
responsabilidad por la cancelación de los derechos invocados”, conforme a
lo señalado, mutatis mutandi, en la sentencia SU-377 de 2014, respecto a
la legitimidad por pasiva en las acciones de tutela. Por tanto, para la Corte
el PAR se encuentra legitimado en la causa por pasiva en los procesos laborales
iniciados incluso con posterioridad a la liquidación de Telecom.
La
posibilidad de instaurar nuevamente una acción de tutela. Orden trigésima
tercera de la sentencia
30.
Por último, solo para el caso de la liquidación de Telecom, la sentencia SU-377
de 2014 en su orden trigésimo tercera habilitó a los ex trabajadores a
presentar acción de tutela, por una única vez, en el evento en el que concurran
los siguientes supuestos[104]:
30.1.
Que el ex trabajador de Telecom cuente con una providencia laboral  dictada en
un proceso de levantamiento de fuero sindical o de reintegro.
30.2.
Que la providencia laboral esté en firme.
30.3.
Que el ex trabajador no haya instaurado previamente otras tutelas contra las
mismas decisiones judiciales de fuero sindical o reintegro. Esto obedece a las
reglas generales relativas a la cosa juzgada constitucional.
30.4. Que se cumplan los requisitos de la acción de tutela contra
providencias judiciales, teniendo en cuenta que los jueces deben contar la
inmediatez desde la publicación de la sentencia SU-377 de 2014, esto es, desde el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce
(2014)[105].
Esto significa que las reglas sobre la procedencia de la tutela contra
sentencias deben cumplirse a cabalidad y sin excepción en los casos
excepcionales previstos en esta orden. La única modificación que se introdujo
en la orden trigésimo cuarta de la sentencia de unificación, fue el término a
partir del cual debe examinarse el requisito de inmediatez[106].
31.
La Sala Plena creó la posibilidad excepcional de presentar una acción de tutela
en estos eventos, después de observar algunos asuntos que no fueron demandados
mediante acciones de tutela, pero que representan un posible “tratamiento desigual en las distintas decisiones
ordinarias sobre reintegro sindical, de casos que sin embargo guardan
similitudes relevantes” y que en principio “podrían llegar a ser
consideradas contrarias al entendimiento que les ha dado la jurisprudencia
constitucional”[107].
Una
orden de este tipo puede reabrir la oportunidad procesal de instaurar una
acción de tutela a ex trabajadores para quienes ya había fenecido esta
posibilidad. Sin embargo, como una excepción, solo para el caso de los ex
trabajadores de Telecom que se encuentren en los supuestos señalados en el
numeral anterior, la Corte encontró justificada esta posibilidad de instaurar
una tutela. De acuerdo con la sentencia SU-377 de 2014, esto se explica por dos
motivos. Por un lado, porque la complejidad de los problemas singulares
derivados del proceso administrativo de liquidación de Telecom han llevado a la
Corte a adaptar su jurisprudencia para garantizar los derechos fundamentales de
los ex trabajadores de Telecom. Por otro lado, porque la Corte debe encontrar
el mejor escenario para dar respuesta a esos problemas singulares. En este
caso, la Sala Plena encontró que “los derechos posiblemente desconocidos en
las sentencias laborales ordinarias, se podrían proteger mejor en un proceso
específico destinado a cuestionarlas” [108].
32.
En síntesis, la sentencia SU-377 de 2014 resaltó que tanto la garantía
constitucional del fuero sindical como sus consecuencias legales, aplican plenamente
en los procesos administrativos y judiciales relativos a la liquidación de entidades
públicas.
Cuestión
preliminar sobre la ejecutoria de la sentencia SU-377 de 2014
33. En las respuestas al traslado efectuado en cada
una de las acciones de tutela que ahora surten trámite en sede de revisión, el
Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom alegó que la sentencia SU-377 de
2014 era inaplicable por falta de ejecutoria, en razón a que sobre la misma se
había elevado solicitud de adición y aclaración, como incidente de impacto
fiscal, las cuales no se habían resuelto. Asimismo, puso de presente que
también se presentó incidente de nulidad, pero que respecto de este la
ejecutoria de la providencia no se afectaba, al reconocer que “la jurisprudencia ha determinado que las nulidades en sede de tutela y
su eventual revisión no tienen la entidad para suspender las decisiones
judiciales, por cuanto el precepto del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991
impone el cumplimiento inmediato de las decisiones judiciales, y, en razón a
que la nulidad tiene un trámite incidental paralelo al objetivo del amparo”.
Al respecto, la Sala trae a
colación lo ya considerado sobre similar planteamiento, en la sentencia T-434
de 2015, donde la Sala Primera de Revisión de esta Corporación, consideró:
“8.1.1. El artículo 86 de la Constitución Política
dispone que cualquier persona puede acudir a la acción de tutela procurando “la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Y basándose
en el carácter urgente que les atribuye a las decisiones de amparo, la Corte
Constitucional ha interpretado que la presentación de solicitudes de
aclaración, adición o nulidad no suspenden la ejecutoria de sus sentencias
luego de notificadas, porque no son un recurso contra las mismas ni tienen la
virtualidad de menguar la fuerza de la cosa juzgada constitucional.[109]
Como el juez de tutela interviene para evitar una inminente violación a los
derechos fundamentales de los ciudadanos, es necesario que el procedimiento
para resolver las pretensiones sea expedito y sus decisiones cobren vigencia lo
más pronto posible, pues de lo contrario perdería su naturaleza de mecanismo de
urgencia y no evitaría que se consumaran daños irreparables.
Si bien en la generalidad de los procesos ordinarios
es razonable que se suspenda la ejecutoria de la sentencia hasta tanto se
resuelvan las solicitudes de aclaración o complementación presentadas contra
ella, en las circunstancias especiales de un trámite de tutela no es así,
porque por mandato constitucional la defensa de los derechos fundamentales es
una misión imperiosa del Estado de Derecho, y cualquier dilación que evite
injustificadamente el goce efectivo de los mismos debe ser inaplicada.
8.1.2. Adicional a lo anterior, la Sala observa de
todas formas que ninguna de las solicitudes de aclaración, adición y nulidad
presentadas contra la sentencia SU-377 de 2014 versa sobre las órdenes emitidas
en los numerales trigésimo tercero o trigésimo cuarto de la parte resolutiva,
los cuales sirvieron de fundamento a los accionantes para presentar sus amparos
en esta oportunidad. En efecto, conforme a los escritos aportados al proceso de
tutela, se puede observar que (i) la solicitud de aclaración se refiere a los
numerales vigésimo séptimo, vigésimo octavo y trigésimo de la parte resolutiva;
(ii) la solicitud de adición es sobre los efectos de la sentencia en mención sobre otros
procesos de tutela que no fueron seleccionados y la
restitución de los montos pagados con ocasión del cumplimiento de los fallos de
instancia; y (iii) la solicitud de nulidad es relativa a los numerales
trigésimo y décimo noveno. Por
tanto, no existe duda sobre la vigencia, claridad e intelección de las órdenes
trigésimo tercera y trigésimo cuarta de la sentencia SU-377 de 2014, y
perfectamente los interesados pueden remitirse a ellas para la defensa de sus
derechos”.
Adicionalmente, debe señalarse que el PAR presentó solicitud
de adición y aclaración a la sentencia SU-377 de 2014, porque, a su juicio,
existían apartes de su motivación y resolución que ofrecían razones objetivas
de duda, además de que, en su concepto, la Sala Plena omitió decidir sobre
problemas jurídicos relevantes que presentaban las partes. Sobre esta solicitud,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante auto 503 de octubre 22 de
2015, se pronunció al respecto, accediendo parcialmente a las mismas,
resolviendo:
“Primero-. ACLARAR la sentencia SU-377
de 2014, en el sentido de que en el numeral vigésimo octavo de la parte
resolutiva, en lo que atañe a los fallos de instancia, (i) no se revocó la protección otorgada a los señores Wilson José Daza
Daza y Antonio Javier Espinosa, (ii) pero sí las órdenes a propósito de la
forma como debía realizarse la liquidación de las indemnizaciones
correspondientes. Para salvaguardar los derechos fundamentales de los
señores Daza y Espinosa, la Sala emitió dos órdenes diferentes en los numerales
vigésimo noveno y trigésimo de la parte resolutiva. (iii) Con respecto a los
demás accionantes, en la sentencia SU-377 de 2014 se revocaron las sentencias
de instancia, no solo frente a la protección otorgada, sino también en lo
relativo a las órdenes.
Segundo.- CORREGIR el error mecanográfico que se presentó en el
párrafo 184.25 de la parte motiva de la sentencia SU-377 de 2014, consistente
en que en él se incluyó a Flor María Vásquez en el grupo de personas a quienes
se les tuteló los derechos fundamentales, cuando ciertamente a ella se le había
denegado el amparo constitucional, conforme a lo expuesto en el considerando
173.7  y la decisión adoptada en el numeral vigésimo séptimo de la decisión.
Ese apartado quedará corregido entonces así:
(…)
Tercero.- ORDENAR a la Secretaría
General y la Relatoría de la Corte Constitucional que modifiquen el párrafo
184.25 de la parte motiva de la sentencia SU-377 de 2014, conforme a la
corrección dispuesta en el numeral anterior.
Cuarto.- NEGAR las demás solicitudes de aclaración y adición de la
sentencia SU-377 de 2014 presentadas por la apoderada del PAR de TELECOM, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Quinto.- COMUNÍQUESE esta providencia a los interesados, incluyendo
a los jueces de primera instancia de los respectivos procesos que se revisaron
en la sentencia SU-377 de 2014, para efectos de su cumplimiento”.
Finalmente, la Sala precisa en cuanto al incidente de
impacto fiscal, que este no tiene la virtualidad de suspender la vigencia de
las órdenes de amparo, precisamente por la imperiosa necesidad de proteger de
forma inmediata los derechos fundamentales. Igualmente, debe recordarse que esta
Corporación, en sentencia C-870 de 2014, declaró la inexequibilidad de algunos
apartes de la Ley 1695 de 2013, que establecían los parámetros para el trámite
de dicho incidente en el caso de las sentencias de tutela, al considerar que el
legislador desconoció el principio de reserva de ley estatutaria[110]. Así las cosas, en el trámite de las acciones de
tutela actualmente no aplica el incidente de impacto fiscal, por lo que su
interposición no afecta el curso de los asuntos sub examine.
Por todo lo anterior, para la
Sala no ofrece en esta oportunidad duda alguna que la sentencia SU-377 de 2014
se encuentra ejecutoriada, por lo que sus efectos son indiscutiblemente
aplicables en los asuntos ahora objeto de revisión.
Los casos en concreto
34. En los expedientes acumulados, se identifican cinco tipos de
situaciones: (i) casos en los que los trabajadores fueron despedidos sin que se
iniciara la acción de levantamiento de fuero sindical; (ii) casos en los que
los procesos de levantamiento de fuero sindical fueron declarados nulos y se
procedió al despido de los trabajadores; (iii) casos en los que se procedió al
despido de los trabajadores sin que la autorización judicial de levantamiento
del fuero sindical estuviera en firme; (iv) casos en los que se procedió al
despido de los trabajadores pese a que la sentencia de primera instancia no
autorizaba el levantamiento del fuero sindical  y (v) casos en los que el
despido ocurrió después de tener una autorización judicial en firme para
levantar el fuero sindical.
Por razones metodológicas, la Sala abordara el estudio de los asuntos
en orden a la tipología señalada, analizando caso a caso la procedencia formal
y, sólo de superarse esta, la procedencia material de cada una de las demandas.
Previo a abordar el estudio de los casos concretos, la
Sala debe referirse a lo lamentable que resulta que en todos los expedientes
acumulados, los accionantes hayan utilizado el mismo formato de tutela, en el
cual sólo cambiaron los nombres, el cargo que ocupaban en el sindicato, las
fechas de las sentencias laborales y las autoridades judiciales que las
profirieron, descuidando hacer en la mayoría de casos un verdadero análisis al
contenido argumentativo particular de cada una de las providencias que atacan, como
explicar puntualmente en donde se apartó el juez de la Constitución y la Ley, pues
no todas las decisiones fueron proferidas en el mismo sentido ni bajo las
mismas consideraciones. Todas las demandas cuentan con el mismo recuento dogmático
sobre el fuero sindical, la normatividad y la jurisprudencia que posiblemente
se aplique al caso, pero con referencia tangencial a los fallos atacados. En casi
todas las demandas los accionantes no aportaron las providencias judiciales que
censuran, incluso no las allegaron luego de ser requeridos por los jueces
constitucionales, lo que deja entrever que fueron elaboradas en su mayoría al
margen y en desconocimiento de su real contenido. Asimismo, la mayoría de los escritos de impugnación a los fallos de tutela
obedecen a un formato en que no se controvierten las consideraciones del a-quo,
sino que se reiteran los alegatos estándar de la misma demanda respecto a los derechos
que otorga el fuero sindical. Finalmente, la utilización de formato va incluso
hasta los escritos de coadyuvancia presentados por los sindicatos, que solo
recalcan lo ya plasmado en las demandas de tutela.
(i) Casos en los que los trabajadores fueron
despedidos sin que se iniciara la acción de levantamiento de fuero sindical
35. El patrón común de las acciones de tutela acumuladas versa sobre el
presunto desconocimiento de los derechos fundamentales de los accionantes con
ocasión de las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas,
sin embargo, la Sala advierte que en dos de los casos las demandas de amparo no
están dirigidas a controvertir decisiones de la justicia ordinaria laboral,
como lo autoriza la sentencia SU-377 de 2014, sino que están encaminadas a
enjuiciar las actuaciones de la Fiduciaria
la Previsora S.A., de TELECOM en liquidación y del PAR de Telecom y Teleasociadas,
por desconocer las garantías
propias del fuero sindical.
Así entonces, la Corte de manera preliminar procederá a examinar la
procedibilidad formal de estos dos asuntos y, si es del caso, abordará el
estudio de fondo de los mismos.
Expediente T-4873744
Procedibilidad formal de la acción de tutela
36. En el expediente T-4873744, la señora María
Esmeralda Manrique Olivera presenta acción de tutela sobre la base de que
era trabajadora de TELECOM y estaba afiliada al sindicato de primer grado USTC,
ocupando un cargo en la Junta Directiva del Comité de Leticia (Amazonas).
Asegura que pese a estar aforada,  TELECOM en liquidación la desvinculó el día
25 de julio de 2003, sin que mediara autorización judicial que avalara el
levantamiento del fuero sindical. En consecuencia, solicita a través de este
mecanismo de amparo, se ordene “obtener el pago de la reliquidación de las
indemnizaciones por efecto del despido injusto e ilegal (…), se proceda al pago
de los salarios dejados de percibir”, se levante su fuero en debida forma
ante el juez competente y se le pague “a título de indemnización los
salarios y prestaciones sociales, incluyendo las convencionales”, desde el
día en que se ordenó su despido hasta la fecha en que efectivamente se realice
el pago.
De las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte que la señora
Manrique Olivera, al momento de ser desvinculada de TELECOM en liquidación,
nunca alegó tener la condición de aforada sindical y tampoco inició el proceso
especial de fuero sindical (acción de reintegro) puesto a su disposición, con
el fin de controvertir la determinación que ahora acusa de desconocer sus
derechos fundamentales.
Lo anterior se corrobora en la propia declaración rendida bajo
juramento por la accionante ante el a-quo, donde se le preguntó: “Diga
al despacho, si usted inició algún tipo de demanda laboral por los hechos
mencionados y ante qué Juzgado. CONTESTÓ: En un comienzo la empresa me había
dejado como madre cabeza de familia, pero en el momento de presentar la
documentación no lo hice, lo hice después de unos años en Bogotá, no recuerdo
que juzgado, en donde me negaron el derecho, fue lo único que hice. Y lo del
fuero sindical apenas lo hago ahora con esta tutela. (…) PREGUNTADO: Usted
menciona que hizo una demanda laboral en Bogotá, dígale al Despacho, si con
ocasión de la sentencia SU 377 de 2014 usted demandó en acción de tutela las
resultas del mencionado proceso. CONTESTÓ: No porque esa yo la hice cuando
recién salí, pero no porque yo presenté como madre cabeza de familia, pero
no por fuero sindical” (se destaca).[111]
37. Si bien en el escrito de tutela la accionante no mencionó que había
adelantado un proceso ordinario declarativo ante el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bogotá D.C. (radicado Nº 2004-00275), el PAR de TELECOM en la
contestación a la demanda si puso de presente dicha situación y anexó copia del
fallo correspondiente. De la lectura de dicha decisión, se advierte que la
señora Manrique Olivera pretendió se condenara a TELECOM en liquidación al “reintegro
de la actora al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría,
por cuanto fue despedido sin justa causa con más de 10 años de servicio, que
por lo anterior se condene al pago de salarios y las prestaciones sociales,
incluyendo los incrementos salariales y las prestaciones sociales de orden
convencional y legal causadas en dicho lapso; se decrete que como consecuencia
del reintegro no ha existido solución de continuidad en el desempeño del cargo”.
Además, en parte alguna se aprecia que la accionante para llegar a estas
pretensiones haya alegado la condición de aforada sindical, pues el argumento
central de la demanda fue el hecho de que “TELECOM no solicitó el
correspondiente permiso al Ministerio de la Protección Social, para el despido
masivo de sus empleados (…) y haber vulnerado en forma flagrante la convención
colectiva de trabajo”[112].
A pesar de que dicha sentencia fue desfavorable a la señora Manrique Olivera, absolviéndose
a TELECOM en liquidación “de todas y cada una de las pretensiones incoadas
en su contra”, la misma no fue apelada.
En este orden, destaca la Sala que en este caso no se está frente a la
hipótesis establecida en el numeral 33 de la parte resolutiva de la sentencia
SU-377 de 2014, pues allí se indica, valga recordarlo, que “las personas que hubieren tenido fuero sindical al momento
de ser desvinculadas de TELECOM en su proceso de liquidación definitiva, y que
cuenten con providencias ejecutoriadas que pongan fin a procesos de
levantamiento de fuero o de reintegro sindical, si no han instaurado acciones
de tutela contra las mismas, podrán interponer sólo una acción de tutela contra
esa providencia, en caso de que se den las condiciones jurisprudenciales que
justifican la tutela contra sentencias”.
Contrastado
lo anterior con la situación fáctica de la tutela sub examine,
claramente se advierte que la señora Manrique Olivera no cuenta con un fallo
ejecutoriado que ponga término a un proceso de levantamiento de fuero sindical
o de reintegro sindical, lo cual justifica el por qué en esta ocasión no se
haya demandada ninguna autoridad judicial, como lo autoriza la sentencia de
unificación aludida.
38. De acuerdo a lo anterior, tal y como lo advirtió el ad-quem,
en esta oportunidad la accionante no agotó los mecanismos de defensa judicial
que tenía a su disposición para alegar la condición de aforada sindical,
omitiendo el ejercicio de la acción de reintegro, medio idóneo que debió agotar
ante la jurisdicción laboral, con el fin de que se estableciera si en su caso
se debía o no solicitar el levantamiento del fuero que ahora alega poseía. En
consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente por no reunir el
requisito de subsidiariedad.
39.
Finalmente, ante la falta de agotamiento de las acciones judiciales ordinarias
laborales, la Sala tampoco ve procedente la tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, pues la accionante no lo invoca y en ese
orden no aporta elementos de juicio que así pudieran establecerlo, igualmente
no informa las razones por las cuales no agotó dichos mecanismos, los cuales a
la fecha se encuentran prescritos. Adicionalmente, como se desprende de la
declaración de la señora Manrique Olivera ante el a-quo, ella es una
persona de 49 años de edad, de profesión administradora pública y que
actualmente trabaja en la Gobernación del Amazonas. Esta situación, aunada a la
falta de inmediatez en la interposición de la acción[113],
dado que transcurrieron 11 años entre la desvinculación de la accionante y la
interposición de la tutela, permiten a la Sala concluir que no se está en
presencia de un perjuicio grave e inminente, que exija actuaciones judiciales
urgentes e improrrogables, por lo que declarará improcedente la tutela.
40. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, de febrero 19 de 2015, que a
su vez confirmó el fallo dictado por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito
de Leticia, de octubre 23 de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora
Esmeralda Manrique Olivera, por las razones expuestas en esta providencia.
Expediente T-4877414
Procedibilidad formal de la acción de tutela
41. Por su parte, utilizando el mismo formato de demanda de tutela
estudiada en precedencia, en el expediente T-4877414, la señora Cilia
Baza Guerrero interpone la acción en el entendido de que era trabajadora de
TELECOM y estaba afiliada al sindicato de primer grado USTC, ocupando un cargo
en la Junta Directiva del Comité de Barrancabermeja (Santander). Asegura que
pese a estar aforada,  TELECOM en liquidación la desvinculó el día 31 de enero
de 2006, sin que mediara autorización judicial que avalara el levantamiento del
fuero sindical. En consecuencia, solicita a través de este mecanismo de amparo,
se ordene “obtener el pago de la reliquidación de las indemnizaciones por
efecto del despido injusto e ilegal (…), se proceda al pago de los salarios
dejados de percibir”, se levante su fuero en debida forma ante el juez
competente y se le pague “a título de indemnización los salarios y
prestaciones sociales, incluyendo las convencionales”, desde el día en que
se ordenó su despido hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago.
42. De la lectura de la demanda, la Sala advierte que la accionante no
informa haber alegado ante TELECOM en liquidación su condición de aforada
sindical al momento de ser desvinculada de la entidad, como tampoco haber hecho
ejercicio de la acción de reintegro que tenía a su disposición, con el fin de
controvertir la determinación que ahora acusa de desconocer sus derechos
fundamentales. Aunado a esto, de las pruebas aportadas al expediente, no se
evidencia que la señora Baza Guerrero haya acudido ante la jurisdicción
ordinaria laboral en busca del reconocimiento de las garantías propias del
fuero sindical frente a la desvinculación de que fue objeto.
En esta medida, al no controvertirse por esta vía ninguna decisión
judicial, para la Sala resulta claro que el presente asunto tampoco se enmarca
en la hipótesis que esta corporación contempló en el numeral 33 de la parte
resolutiva de la sentencia SU-377 de 2014, pues la señora Baza Guerrero no cuenta con un fallo ejecutoriado que ponga
término a un proceso de levantamiento de fuero sindical o de reintegro sindical,
que sea susceptible de examen excepcional ante el juez constitucional.
Como consecuencia natural de lo anterior, resulta palmario que la
accionante acudió a la acción de tutela sin agotar los mecanismos de defensa
judicial que la ley ponía a su disposición para alegar la condición de aforada
sindical, omitiendo el ejercicio de la acción de reintegro, mecanismo idóneo
que debió agotar ante la jurisdicción laboral, con el fin de que se
estableciera si en su caso se debía o no solicitar el levantamiento del fuero
que ahora aduce le era propio.
43.
Visto que en esta ocasión no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dada
la naturaleza residual de la acción de tutela, la Sala descarta también la
procedencia eventual de la misma como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, pues la señora Baza Guerrero no expone las
circunstancia que así la puedan catalogar y en ese orden tampoco aporta elementos
de juicio en dicha dirección. Por el contrario, la Sala advierte del expediente
que la accionante cuenta actualmente con 44 años de edad y se encuentra
afiliada al Régimen de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante, de
acuerdo a la consulta de afiliados compensados del FOSYGA[114].
Esta situación, aunada a la falta de inmediatez[115]
en la interposición de la acción, pues transcurrieron 8 años entre la
desvinculación de la accionante en 2006 y la demanda de amparo, permiten a la
Sala concluir que no se está en presencia de un perjuicio grave e inminente,
que exija actuaciones judiciales urgentes e improrrogables, por lo que
declarará improcedente la tutela.
44. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por la
Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, de
diciembre 04  de 2014, que a su vez confirmó el fallo dictado por el Juzgado
Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, de octubre 24 de 2014, que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Cilia Baza Guerrero,
por las razones expuestas en esta providencia.
(ii) Casos en los que los procesos de levantamiento de
fuero sindical fueron declarados nulos y se procedió al despido de los
trabajadores
Expedientes T-4829865, T-4835242 y T-4840447.
45. En consonancia con lo descrito en los hechos, los señores Edith
María González Ramírez (T-4829865), Julio Orlando Patiño Cutiva
(T-4835242) y Carlos Alfonso Restrepo Lozano (T-4840447)
instauraron, de forma separada, acción de tutela contra el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de La Dorada; el Juzgado Décimo Laboral de Circuito de
Bogotá; la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Los accionantes trabajaban para Telecom y al momento de la terminación
de la relación laboral, ocupaban los cargos directivos de tesorera, secretario
de investigación e industria y secretario de integración comunitaria y
servicios, respectivamente, en la Junta Directiva Sub-Directiva de La Dorada
(Caldas) de la USTC.
Mencionan que con ocasión de la liquidación de la entidad, en
septiembre de 2003, Telecom inició el procedimiento especial de levantamiento
de fuero sindical para obtener autorización del despido de los actores y otras
personas. No obstante, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada, en
razón a una irregularidad que no fue saneada, declaró el 26 de marzo de 2004,
la nulidad de todo lo actuado en el proceso y el archivo de las diligencias.
Esta determinación, que no fue impugnada, fue objeto a su vez de solicitud de
nulidad por parte del apoderado de Telecom, la cual no prosperó.
Señalan que a pesar de que no hubo sentencia en el proceso de
levantamiento de fuero sindical,  sus contratos de trabajo
fueron terminados el 31 de enero de 2006, cuando se dio el cierre definitivo de
la empresa.
Dicen que presentaron acción de reintegro contra el Consorcio de
Remanentes  ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, quien en
fallo del 9 de julio de 2007 se declaró inhibido por ausencia de legitimidad en
la causa por pasiva. El Juzgado estimó que el Consorcio de Remanentes no tiene
personería jurídica ni capacidad para ser parte, de modo que la demanda debía
elevarse contra las sociedades que lo conforman. Es decir, contra Fiduagraria
S.A y Fidupopular S.A. Esta decisión fue confirmada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 11 de julio de 2008, tras
compartir los argumentos de la primera instancia.
Afirman que estos despachos judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales porque les fue negado el reintegro y una eventual indemnización,
a pesar de haber demostrado que la terminación de contrato laboral ocurrió sin
justa causa y sin autorización judicial para el levantamiento del fuero, dada
la nulidad decretada en dicho proceso. A juicio de los accionantes esto
constituye una “vía de hecho” porque desconoce las garantías propias del fuero
sindical y el principio de favorabilidad laboral. En consecuencia, solicitan
que se declaren nulas las sentencias que les son desfavorables, y que se
proceda al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
hasta cuando se disponga la terminación efectiva del vínculo laboral o la
liquidación definitiva de la organización sindical.
Procedibilidad formal de las acciones de tutela
46. Sea lo primero advertir, que si bien en la referencia de las
tutelas los accionantes señalan que las mismas se interponen contra cuatro
autoridades judiciales, entre ellas el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
La Dorada y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, en todo el cuerpo de las demandas, de manera alguna se controvierten
las decisiones proferidas por dichas autoridades. Esto obedece obviamente a que
las providencias proferidas por las mencionadas autoridades, dentro del proceso
especial de fuero sindical (levantamiento de fuero), les fue favorable, ya que
como ellos mismos lo relatan, el Juzgado decretó la nulidad de todo lo actuado
en dicho proceso y dispuso el archivo de las diligencias[116]. Esta información se
corrobora con el informe rendido al juez constitucional por el mismo despacho
judicial, donde indica que “en el asunto de la referencia, valga aclarar que
no se profirió sentencia alguna ni en primera ni en segunda instancia, pues
obra en el expediente que a través de auto del 26 de marzo de 2004 se declaró
la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió la demanda y el
archivo de las diligencias”[117].
Igualmente, en los expedientes de tutela obran las copias de los autos que dan
cuenta de lo anterior[118].
Así las cosas, en dicho proceso no se dictó fallo ni decisión alguna que afecte
los intereses de los accionantes en el marco del proceso de levantamiento de
fuero sindical, que deba ser objeto de estudio por parte de esta Corporación[119].
En este orden, para la Corte es claro que en esta ocasión las acciones
de tutela se encaminan únicamente contra las decisiones adoptadas por el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, el 09 de julio de 2007, en
primera instancia, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad,
el 11 de julio de 2008, en segunda instancia, de la acción de reintegro
promovida por los accionantes, cuyas decisiones en dicho proceso les fueron
adversas.
47. Frente a dichas providencias, la Sala encuentra procedente
formalmente la tutela, por las siguientes razones:
47.1. En primer término, debe señalarse que los señores González,
Patiño y Restrepo, utilizan un formato de acción de tutela inapropiado para la
situación fáctica que les es propia[120],
en el que se transcribe normatividad y jurisprudencia relacionada con el fuero
sindical, reprochan la conducta de Telecom por su despido ante la ausencia de
una decisión judicial que les retirara su fuero, atacando de forma tangencial las
consideraciones de los fallos proferidos por las autoridades judiciales
accionadas, respecto a la decisión inhibitoria adoptada en la acción de
reintegro. Sin embargo, aun cuando los accionantes no desarrollan adecuadamente
los argumentos con los que pretenden censurar las decisiones judiciales a las
que acusan de desconocer sus derechos fundamentales, lo cierto es que la Sala,
de la lectura de las providencias, advierte de forma manifiesta la
inconsistencia en que incurrió el Juzgado y el Tribunal accionados, respecto a
la ausencia de legitimación en la causa por pasiva del Consorcio de Remanentes,
integrado por las fiduciarias Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A., tal y como
se explicará en el siguiente acápite.
47.2. En segundo lugar, la cuestión que
se discute es de relevancia constitucional, pues se pretende con esta acción de
tutela el amparo de los derechos a la asociación sindical (artículo 39 de la
C.P) y al debido proceso (artículo 29 de la C.P.), los cuales han sido
reconocidos como fundamentales en el ordenamiento jurídico.
47.3. En tercer lugar, en la acción de reintegro se surtieron las
instancias legales previstas en el ordenamiento. Ciertamente, el Tribunal
accionado se pronunció en sede de apelación, no siendo procedente el recurso
extraordinario de casación, en los términos del inciso 2º del artículo 117 del
Código Procesal del Trabajo.
47.4. De otra parte, en cuanto al requisito de la
inmediatez, se tiene este por cumplido en la medida de que las acciones de
tutela fueron presentadas (07 de octubre de 2014) transcurridos cuatro meses
después de proferida la sentencia SU-377 de 2014  (12 de junio de 2014) y
dos semanas luego de publicada la misma[121], que habilitó la interposición
de la acción en casos como el presente.
47.5. Finalmente, no se advierte que los señores González, Patiño y
Restrepo, hayan interpuesto previamente acción de tutela contra las sentencias
que ahora se controvierten, descartándose en consecuencia la cosa juzgada y la
duplicidad en el ejercicio de la acción constitucional. No sobra destacar, en
atención a lo alegado por el PAR, que los accionantes en 2009 interpusieron
acción de tutela contra el ente, solicitando que se le ordenara pagar los
salarios, prestaciones sociales y convencionales dejadas de percibir desde la
ocurrencia del despido. Dicha demanda fue declarada improcedente en segunda
instancia por el Juzgado Civil del Circuito de Turbo (Antioquia), el 1º de
febrero de 2010[122].
Remitida a la Corte Constitucional, esta acción fue excluida de revisión
(Expediente T-2579991). Esto para señalar, que en esta oportunidad no se
configura el fenómeno de cosa juzgada ni duplicidad en el ejercicio de la
acción, puesto que la tutela referenciada, fue interpuesta directamente contra
el PAR y no contra las autoridades judiciales ahora accionadas, diferenciándose
también en la causa petendi, pues ahora busca, entre otras, “se
anulen” los fallos adversos.
Procedibilidad material de las acciones de tutela
48. En el presente asunto se trata de establecer si se incurrió o no
por parte del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral
del Tribunal Superior de la misma ciudad, en una de las causales de
procedibilidad de la tutela contra sentencias, particularmente en los fallos
proferidos el 09 de julio de 2007 y el 11 de julio de 2008, respectivamente, en
el marco de la acción de reintegro adelantada por los accionantes.
Como se desprende de los expedientes, en dicho proceso los demandantes
pretendieron que se declarara que al momento de su despido se encontraban
amparados por la garantía foral, al ser despedidos sin previa autorización
judicial y se ordenara su reintegro, con el reconocimiento indexado de los
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.
Como sustento de su acción de reintegro, los actores expusieron que
mediante decreto 1615 de junio 12 de 2003, el gobierno nacional ordenó la
supresión y liquidación de Telecom, razón por la cual la entidad presentó
acción de levantamiento del fuero y permiso para despedir. Dicho proceso no
alcanzó su fin, pues se declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso y
el archivo de las diligencias, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La
Dorada, en decisión del 26 de marzo de 2004. Así, a juicio de los accionantes,
al momento de su despido, que fue realizado el 31 de enero de 2006, conservaban
la garantía foral, al no haberse proferido fallo en el proceso de levantamiento
de fuero y permiso para despedir.
49. De la lectura de las providencias proferidas en la acción de
reintegro, se advierte que el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá,
mediante decisión del 09 julio de 2007, se declaró inhibido para pronunciarse.
Señaló que el Consorcio de Remanentes no tiene personería jurídica ni capacidad
para ser parte, de modo que la demanda debía elevarse contra las sociedades que
lo conforman. Estimó el Juzgado:
“En el presente asunto los señores (…),
confirieron poder judicial para que se formulara demanda contra “El Consorcio Remanentes
Telecom conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. para la
constitución del patrimonio autónomo de remanentes Telecom y Teleasociadas en
liquidación –PAR-, repreentada legalmente por María del Pilar Pérez Castro.
El apoderado judicial de los señores
mencionados presentó demanda contra el referido consorcio (fl. 148 a 158) y en
ella como primera pretensión, solicitó:
“Que existe con la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones Telecom en Liquidación, hoy con el Consorcio de Remanentes
Telecom Conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A., para la
constitución del patrimonio autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en
liquidación, PAR o por quien haga sus veces en la actualidad y mis
poderdantes, contratos de trabajo a término indefinido”.
Mediante providencia del 14 de agosto de 2006,
se admitió la demanda de los actores contra “el Consorcio de Remanentes de
Telecom” (fl. 167) y la notificación se surtió a la representante de dicho
consorcio (fl. 168).
De todo lo antes anotado, se concluye que la
demanda fue presentada y admitida contra el Consorcio de Remanentes de Telecom,
el cual si bien está conformado por las sociedades fiduciarias Fiduagraria S.A.
y Fidupopular S.A., no constituye una persona jurídica diferente de tales
miembros y por ende no es persona jurídica, por lo que no tiene capacidad para
ser parte y, en consecuencia, el representante del Consorcio no tiene capacidad
para comparecer al proceso judicial en nombre y representación de cada uno de
los entes que lo conforman, salvo que así se hubiere acordado expresamente por
aquellas”[123].
Esta determinación fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, mediante fallo del 11 de julio de 2008, tras compartir los
argumentos de la primera instancia. Al respecto estimó:
“Ahora bien, tal como lo anotó la juez de
primer grado, los consorcios carecen de personería jurídica y sólo pueden ser
demandadas las personas naturales o jurídicas que lo formen. En consecuencia,
la demanda que se dirija contra un consorcio debe rechazarse oportunamente. Si
no se rechaza la demanda y el proceso continúa y llega hasta el estado de
fallo. Necesariamente debe proferirse un fallo inhibitorio por cuanto el
demandado carece de capacidad para ser parte.
(…) estima la Sala que para demandar al PAR,
es preciso hacerlo a través de las Sociedades Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. –Fiduagraria S.A. y la Sociedad Fiduciaria Popular S.A.
–Fidupopular S.A., quienes, en virtud del contrato de fiducia mercantil
celebrado con la Fiduciaria la Previsora S.A., tienen a su cargo la
administración de dicho Patrimonio Autónomo.
Al observarse el escrito de demanda, se
encuentra que la misma se dirigió directamente contra “la persona jurídica
denominada CONSORCIO…”, y no por las personas jurídicas que lo componen.
Tampoco se demandó al Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR- a través de las
fiduciarias que lo administran. En efecto, ninguna de las sociedades
fiduciarias que constituyen el consorcio demandado fue convocada al presente
proceso, lo cual implica que la demandada no tiene capacidad para ser parte”[124].
Como se advierte de las anteriores providencias, cuyos elementos
esenciales se han trascrito, las autoridades judiciales accionadas cerraron
toda posibilidad a los actores para la prosperidad de la acción de reintegro,
al considerar categóricamente que el consorcio no tiene capacidad para ser
parte, debiéndose demandar a las fiduciarias que lo conforman.
50. Sin embargo, para la Sala el consorcio de remanentes podía por sí
mismo comparecer al proceso. Ciertamente, el artículo 6º de la Ley 80 de 1993
le otorgó capacidad para contratar con el Estado a las uniones temporales y a
los consorcios, por lo que dichas figuras asociativas son sujetos habilitados
para adquirir derechos y contraer obligaciones en el marco de la negociación
estatal, por lo que no ve la Sala razón alguna para negarle la capacidad
procesal exigida a través de su representante legal. Si bien es cierto que
tales formas de asociación no constituyen una persona jurídica autónoma y por
ende no tiene personería jurídica, nada impide para que el derecho de acción se
direccione contra ella y las personas naturales o jurídicas que la conforman,
más aun cuando doctrinaria y jurisprudencialmente se ha aceptado como sujetos
procesales con capacidad para comparecer en una causa judicial, bien en calidad
de demandantes o demandados, a los denominados patrimonios autónomos que tampoco
son personas en estricto rigor jurídico, ya que son una masa de bienes que por
una ficción jurídica tienen un representante legal.
De esta manera, para la Sala desde el punto de vista lógico y práctico,
no resulta consecuente afirmar que una forma asociativa determinada como es el
caso de los consorcios, tenga capacidad para intervenir en el tráfico jurídico
como si se tratara de una persona jurídica, en la medida que por disposición de
la misma ley tiene capacidad para contratar, pero no se predique lo propio para
intervenir en un proceso como parte demandante o demandada[125]. Admitir lo contrario
sería tanto como desconocer, esa misma habilitación que le otorga el
ordenamiento jurídico vigente para ser sujeto de derechos y obligaciones, más
aun cuando el inciso primero del parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 80 de
1993, establece la obligación de que “los miembros del consorcio y de la
unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos
representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas
que reglen las relaciones entre ellos y su responsabilidad”.
51. En este mismo orden, como se señaló en la parte dogmática de esta
providencia, acápite sobre la  legitimación por pasiva del patrimonio
autónomo de remanentes de una entidad liquidada, fundamentos 27 a 29
(páginas 63 y 64), a cuyo aparte en este momento se remite la Sala, el
Consorcio de Remanentes o actualmente el PAR, se encuentra legitimado por
pasiva en los procesos laborales, tanto anteriores como posteriores a la
liquidación de Telecom, “en la medida
en que ello sea preciso para establecer si tiene para con estos obligaciones
remanentes o contingentes”.
Como los accionantes fueron despedidos al
término del proceso liquidatorio, naturalmente la acción de reintegro debía ser
posterior a este, no obstante, de dicha acción resultarían obviamente
eventuales obligaciones contingentes que deberían ser asumidas por alguien,
esto es, el PAR de Telecom, de acuerdo a sus compromisos contractuales y a la
interpretación favorable que se hace del artículo 3º del Decreto 4781 de 2005[126],
que reglamenta en parte la liquidación de Telecom. Así lo ha entendido incluso
el mismo PAR, pues actualmente en la práctica, en un sinnúmero de demandas
ordinarias laborales y acciones constitucionales, con ocasión de la liquidación
de Telecom, sale en defensa de sus intereses, teniendo como uno de sus
objetivos estratégicos ““Asumir
y ejecutar las demás obligaciones remanentes a cargo de Telecom y las
Teleasociadas en Liquidación posteriores al cierre de los procesos
liquidatorios”.
52. Así las cosas, para la Sala de
Revisión el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo al desconocer
el artículo 3º del Decreto 4781 de 2005, que abría la posibilidad de que el PAR
tuviera legitimación en la causa por pasiva en la acción de reintegro, ante la
eventualidad de atender las obligaciones remanentes o contingentes que se
derivaran del mismo.
53. Adicionalmente, en garantía del
derecho fundamental a acceder a una administración de justicia efectiva, el
cual es de aplicación inmediata y que forma parte del núcleo esencial del
debido proceso, y de que naturalmente gozan los ex trabajadores de Telecom, las
autoridades judiciales accionadas han debido admitir la legitimación en la
causa por pasiva del Consorcio de Remanentes, garantizando que los demandantes
pudieran propugnar por la debida protección o restablecimiento de sus derechos,
evitando dejarlos en estado de indefensión, al sustraerle la posibilidad de
tener a quien dirigir la acción de reintegro que le otorga la legislación
laboral. Como ya
lo ha señalado esta Corporación, “en este tipo de asuntos el PAR y las
entidades que lo constituyen están habilitadas para responder por prestaciones
de orden laboral de TELECOM en liquidación, por cuanto así lo dispuso
específicamente la regulación del proceso liquidatorio, y porque la
Constitución garantiza a todos los ciudadanos acceder a la administración de
justicia para la defensa de sus derechos”.[127]
En efecto, de acuerdo con el artículo 118
del Código de Procedimiento Laboral, el trabajador amparado por el fuero
sindical que hubiere sido despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo
o trasladado sin justa causa previamente calificada por el juez laboral, puede
demandar a su empleador solicitando su reintegro al cargo que venía
desempeñando o a otro similar. En esta oportunidad, los accionantes al
considerar que fueron despedidos sin autorización del juez laboral, tenían a su
disposición la acción de reintegro, la cual ejercitaron. Sin embargo, al
considerarse que el consorcio no tenía capacidad para ser parte, pese a que en
dicho proceso se pudieran establecer obligaciones remanentes o contingentes de
la extinta Telecom, sobre las que eventualmente debía responder el PAR, de
acuerdo a sus compromisos contractuales, limitó sustancialmente el derecho
fundamental de los actores al acceso a una tutela judicial efectiva[128],
haciendo ilusoria la acción de reintegro que la Ley puso a su disposición.
54. Así entonces, los operadores
judiciales accionados incurrieron también en una violación directa de la
Constitución, en los términos definidos en la parte dogmática de esta
sentencia, al adoptar decisiones que en el marco del proceso especial de fuero
sindical afectaron el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en cabeza de los actores, contenida en los artículos 29 y 229 de la
Carta.
55. Ahora bien, las autoridades judiciales accionadas consideraron que
ha debido demandarse directamente a las entidades fiduciarias que conforman el
Consorcio de Remanentes. Sin embargo, sobre este aspecto cobra vigencia la
figura jurídica de la integración del contradictorio, a que alude el artículo
83 del Código de Procedimiento Civil (vigente para la época), aplicable al
campo laboral en virtud del principio de la integración normativa que permite
el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social,
cuyo mandato inclusive le impone al juez el deber de integrarlo ante la
pasividad de la parte demandante, siempre y cuando no se haya dictado
sentencia, precisamente para evitar una eventual providencia inhibitoria.
Disponía la norma adjetiva:
“Artículo 83. Litisconsorcio necesario e
integración del contradictorio. Cuando
el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por
su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin
la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o
dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la
demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el
contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para
el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el
juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición
de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá
a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá
durante el término para comparecer los citados.
Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de
intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para
practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o
señalará día y hora para audiencia, según el caso.
Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure
en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la prueba de dicho
litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al proceso”.
Así las cosas, los operadores jurídicos accionados han debido integrar,
si estimaban que el consorcio de remanentes no podía comparecer al proceso,
integrar el contradictorio, convocando a las fiduciarias que lo conforman,
mismas que constituyen el PAR de Telecom. Y es que incluso, no puede siquiera
afirmarse que los demandantes omitieron aludir a las entidades fiduaciarias o
al mismo PAR, pues como se lee en la providencia de julio 07 de 2007, proferida
por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, los accionantes otorgaron poder para que se formulara
demanda contra “El Consorcio
Remanentes Telecom conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.
para la constitución del patrimonio autónomo de remanentes Telecom y
Teleasociadas en liquidación –PAR-”. Asimismo, en las pretensiones de la demanda se
solicitó “Que existe con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom
en Liquidación, hoy con el Consorcio de Remanentes Telecom Conformado por
Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A., para la constitución del
patrimonio autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en liquidación, PAR
o por quien haga sus veces en la actualidad y mis poderdantes, contratos de
trabajo a término indefinido” (destaca la Sala). De esta manera, tanto del
poder como de las pretensiones de la acción de reintegro se infiere sin mayores
elucubraciones, que se demanda al Consorcio de Remanentes, a las fiduciarias
que lo conforman y al PAR, o quien haga sus veces, sin limitarla a solo una de
ellas o descartando las otras.
56. En este orden, además de los defectos ya encontrados, para la Sala
las autoridades judiciales accionadas omitieron dar aplicación al artículo 83
del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en consecuencia en un defecto
sustantivo que desembocó a su vez en uno procedimental, al omitir integrar el
contradictorio, cuya falta no puede atribuírsele a los afectados.
57. Por todo lo anterior, la Sala revocará las
sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, de febrero 12 y 19 de 2015, que a su vez confirmaron los fallos de la
Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de octubre 22 y 31 de 2014, que
negaron el amparo solicitado por los señores Edith María González Ramírez,
Julio Orlando Patiño Cutiva y Carlos Alfonso Restrepo Lozano, por las razones
expuestas en esta providencia.
58. En
consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y
de asociación sindical de los actores, dejando sin efectos, en lo que
corresponde a los accionantes, las sentencias proferidas por el Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Bogotá, el 09 de julio de 2007, en primera instancia, y
la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 11 de julio de
2008, en segunda instancia, en el marco del proceso especial de fuero sindical
(acción de reintegro). Igualmente, se
ordenará al juez del reintegro de primera instancia, proferir un nuevo fallo en
el cual se abstenga de incurrir en los defectos señalados.
(iii) Casos en los que se procedió al despido de los
trabajadores sin que la autorización judicial de levantamiento del fuero
sindical estuviera en firme
Expedientes T-4840618 y T-4848215.
59. Tal y como se reseñó en el acápite de los hechos, los señores Gloria
Elena Giraldo Arias (T-4840618) y Edgar Mosquera Palacios (T-4848215)
interpusieron de forma separada acción de tutela, contra el Juzgado Once Laboral
del Circuito de Medellín, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín
y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de la misma ciudad.
Los accionantes afirman que trabajaron para TELECOM y
ocupaban los cargos de Secretaria de Bienestar Social y Secretario de Salud y
Pensiones de la Subdirectiva de Medellín de la USTC, respectivamente. Aseguran
que sus contratos de trabajo
fueron terminados el 31 de enero de 2006, cuando se dio el cierre definitivo de
la empresa.
Aducen que el 23 de agosto de 2003, TELECOM en liquidación, con
fundamento en el Decreto 1615 de 2003, que ordenó la supresión y liquidación de
la entidad, promovió proceso especial de fuero sindical en su contra y de otros
aforados (permiso para despedir). Dicho proceso lo conoció el Juzgado Once
Laboral del Circuito de Medellín, despacho que a través de providencia de
agosto 02 de 2005, concedió autorización a la entidad demandante para dar por
terminados los contratos de trabajo. Luego de apelada esta decisión por los trabajadores
demandados, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, mediante fallo de marzo 29 de 2006, confirmó la misma.
En consecuencia, mencionan que presentaron acción de reintegro ante el
Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el cual, mediante fallo de
julio 31 de 2007, resolvió absolver a las entidades demandadas. Esta decisión
fue confirmada el 31 de agosto de 2007, por la Sala Décimo Tercera de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín.
Estiman en sus demandas de tutela, que “el Honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala Décimo Tercera de Decisión
Laboral, que conoció en segunda instancia el proceso, incurrió en una vía de
hecho en detrimento de mis intereses. Olvidando los derechos fundamentales y
constitucionales que me asisten. Igualmente no tuvo en cuenta los acuerdos y
convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por Colombia, según las Leyes 26 y 27
de 1976”.
En consecuencia, solicitan se ordene el pago de la
reliquidación de las indemnizaciones por despido injusto e ilegal, se declaren
nulas las sentencias censuradas, se proceda al pago de salarios y prestaciones
sociales “hasta cuando jurídicamente se disponga la terminación efectiva del
vínculo laboral o la liquidación definitiva de la organización sindical” y
se levante en debida forma el fuero sindical que aseguran poseen.
Procedibilidad formal de las acciones de tutela
60. Encuentra la Sala, que si bien en la referencia de la tutela los
accionantes señalan que la misma se interpone contra varias autoridades
judiciales, entre ellas el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín y la
Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, en el
cuerpo de la demanda sólo hacen referencia tangencial a las decisiones
adoptadas por estas autoridades en el proceso de levantamiento de fuero
sindical, para explicar una de las razones por las cuales sus contratos
laborales fueron terminados, sin que en los hechos y fundamentos de la tutela
se señalen defectos sobre las mismas, o se cuestionen tales decisiones.
Ciertamente, los accionantes en el mencionado formato de acción de tutela, en el
que sólo se transcribe normatividad y jurisprudencia relacionada con el fuero
sindical, no contrastan el contenido y la argumentación de las decisiones
proferidas por las referidas autoridades judiciales de donde se pueda derivar
algún desconocimiento. Como se advierte de la lectura de la demanda, los
actores se limitan a realizar exposiciones y afirmaciones aisladas, pero en
contra de la determinación de Telecom de dar por terminado sus contratos de
trabajo, sin cuestionar en concreto ninguna de las consideraciones empleadas
por los operadores judiciales que conocieron del proceso de levantamiento del
fuero sindical, al punto que ni siquiera citan un solo fragmento de la parte
considerativa de tales decisiones, las cuales, valga decirlo, tampoco aportan
en la demanda de tutela.
61. Claramente se advierte que los accionantes sólo dirigen su reproche
contra las sentencias proferidas por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito
de Medellín y la Sala Décimo Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior
de la misma ciudad, en el marco del proceso especial de fuero sindical (acción
de reintegro) adelantada por ellos. En efecto, como se desprende de los
escritos de tutela, los demandantes al pronunciarse sobre el cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad de la tutela, manifiestan que agotaron los
medios ordinarios y extraordinarios establecidos en el ordenamiento,
refiriéndose únicamente a la acción de reintegro promovida. Al efecto aducen,
que “como se puede observar en las pruebas aportadas, se agotaron todas las
instancias dispuestas en las normas procesales laborales, pues se apeló el reintegro
por el despido, se surtió ante la Sala Décimo Tercera de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, el recurso de apelación contra la sentencia, en
la que se confirmó la providencia de fecha 31 de julio de 2007, proferida por
el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín”.
Asimismo, en los escritos de tutela se advierte que los accionantes
reprochan que en el proceso especial les fue negado el reintegro como la
indemnización. En este sentido, aseguran: “En el presente caso, el actor, en
calidad de demandante dentro de un proceso especial de fuero sindical, le fue
negado por los jueces de instancia el reintegro por imposibilidad de acceder a
ello, pero también le fue negada la indemnización, a pesar de que en el trámite
procesal se acreditó que el actor le fue terminado el contrato laboral, sin
mediar legalmente una justa causa legal y obtener la autorización legal
judicial respectiva…”.[129]
62. Así entonces, para la Corte es claro que en esta ocasión las
acciones de tutela se encaminan únicamente contra el Juzgado Dieciséis Laboral
del Circuito de Medellín y la Sala Décimo Tercera de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de la misma ciudad, quienes conocieron de la acción de
reintegro entablada, entre otros, por la señora Gloria Elena Giraldo Arias y el
señor Edgar Mosquera Palacios, cuyas decisiones adoptadas en dicho proceso
ocasionan su descontento.
63. No obstante, la acción de tutela en estos dos asuntos resulta
formalmente improcedente, en la medida de que los accionantes ya había
interpuesto similar demanda contra las autoridades judiciales referidas en el
párrafo anterior, bajo los mismos presupuestos fácticos y jurídicos,
estructurándose el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Ciertamente, ante la omisión de los actores de informar de tal
circunstancia a los jueces constitucionales, fue la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, quien puso en conocimiento la existencia de una
acción de tutela anterior, constatándose que similar planteamiento ya había
sido debatido y decidido por la Sala de Casación Laboral, en sentencia de
noviembre 11 de 2008 (Rad: 19116). En dicha ocasión, los ahora accionantes
controvirtieron igualmente las decisiones de primera y segunda instancia
dictadas en el proceso especial de reintegro por fuero sindical, con base en
los mismos argumentos que actualmente exponen y que en su momento fueron
desestimados, bajo las siguientes consideraciones:
“Observa la Sala que la
decisiones proferidas por los despachos judiciales accionados, que por demás
gozan de presunción de legalidad, no evidencian la violación de ninguno de los derechos
fundamentales invocados, al tener como base el análisis fáctico y la labor
interpretativa propia de los jueces, actuando dentro del ámbito de autonomía y
competencia otorgados por la Constitución y la ley. Lo anterior, toda vez que,
el Tribunal señala luego de exponer en la providencia proferida el alcance del
fuero sindical, del debido proceso y de la carga de la prueba en cabeza del
trabajador que invoca la protección, llega a la conclusión al igual que el
fallador de primera instancia, que “se constata que no reposa en el expediente,
el acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Protección Social
hubiere inscrito su nombramiento como miembros de la Junta Directiva y que
estuvieren ostentando tal calidad para el 31 de enero de 2006, fecha en la que
fueron despedidos. A juicio de la Sala, esta sola situación y que por demás, no
mereció pronunciamiento alguno en el recurso, conlleva a que las pretensiones
de la demanda no pudieren prosperar”.
Así las cosas, no puede el
juez de tutela interferir en la decisión tomada por el juez natural, so
pretexto de tener una nueva o mejor interpretación del asunto sometido a su
consideración, máxime cuando se advierte que aquella consultó en todo caso con
reglas mínimas de razonabilidad jurídica, pues se apoyó en una interpretación
de las disposiciones que rigen la materia, basado en un análisis
jurisprudencial y probatorio, en aplicación al principio de la sana crítica.
De otra parte, atendiendo a
lo pedido en el escrito de tutela, la Sala entra a pronunciarse sobre la
posible vulneración al derecho a la igualdad invocado por los accionantes, toda
vez, que existen dos procesos similares, en los cuales se falló favorablemente
a los demandantes. Ante esto, se considera que dada la autonomía que enviste a
los jueces es válido y razonable que las autoridades judiciales accionadas
hayan  resuelto de forma diferente.
Es deber del juez
constitucional, no sólo velar por la autonomía judicial con la cual están
constitucionalmente investidos los falladores para decidir los pleitos
asignados a su conocimiento, sino respetar el debido proceso, que en este caso
se traduce en la necesidad de que los administrados acepten las decisiones que
a juicio del juzgador natural, a quien por reglas de competencia y reparto correspondió
el conocimiento y decisión de su conflicto, tuvo a suerte obtener, sin que
quepa entonces predicar la existencia de una violación al derecho fundamental a
la igualdad, máxime si se tiene en cuenta que las decisiones que se comparan y
se acusan, fueron proyectadas por el juez natural de conformidad con las reglas
de reparto que deben ser respetadas en el debido proceso”.
64. Los anteriores argumentos fueron confirmados en segunda instancia
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo
de febrero 03 de 2009 (Rad: 40041)[130].
El expediente de la mencionada acción de tutela fue remitido a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, la cual, mediante auto de marzo 19 de 2009, de la
Sala de Selección número tres, fue excluido de revisión (expediente T-2212124), haciendo tránsito a cosa juzgada constitucional.
De esta manera, debe recordarse que en la orden trigésimo tercera de la
sentencia SU-377 de 2014, se abrió la posibilidad a los interesados de
interponer acción de tutela contra las providencias laborales de levantamiento
de fuero o de reintegro sindical, “si no han instaurado acciones de tutela contra las mismas”. En los asuntos sub examine, la situación de los
accionantes no se encuadra en lo previsto en la orden mencionada de la
sentencia de unificación, ante la duplicidad en el ejercicio de la acción de
tutela.
Pese a configurarse el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, la Sala debe señalar que no se advierte que en su conducta los
accionantes hayan incurrido en temeridad. En efecto, partiendo de la presunción
de buena fe de los actores (CP art. 83), se observa que la primera acción de
tutela fue interpuesta en el mes de octubre del año 2008, es decir, hace más de
7 años. Asimismo, no hay información alguna en la que se indique que hayan
interpuesto una tercera acción de tutela con la misma controversia. Igualmente,
los accionantes obraron a nombre propio, esto es, sin la representación de un
profesional del derecho. Finalmente, en virtud de la orden trigésimo tercera de
la sentencia SU-377 de 2014, es plausible que hayan podido considerar que se
encontraban autorizados a interponer una nueva tutela o por lo menos entender
que se trataba de un hecho nuevo que haría procedente la misma. Todo esto
indica que no hay una evidencia
de clara y ostensible de un actuar de mala fe, de deslealtad procesal o de
abuso del derecho por parte de los actores, que busque afectar el buen
funcionamiento de la administración justicia.
65. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de enero 29 de 2015,
que a su vez confirmó el fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma
corporación, de noviembre 05 de 2014, que negó el amparo solicitado por la
señora Gloria Elena Giraldo Arias, por las razones expuestas en esta
providencia.
De la misma forma, se confirmará la sentencia dictada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Decisión de Tutelas Nº
3), de febrero 24 de 2015, que a su vez confirmó el fallo de la Sala de
Casación Laboral de la misma corporación, de octubre 29 de 2014, que negó el
amparo solicitado por el señor Edgar Mosquera Palacios, por las razones
expuestas en esta providencia.
Expedientes T-4838118, T-4880935, T-4845689 y T-4856628.
66. De acuerdo a lo anotado en el acápite de los hechos, los señores Mario
Lasso Gómez (T-4838118), Martha Camacho Esteban (T-4845689),
Elizabeth Navas Velandia (T-4856628) y Diana Milena Duarte Quintero
(T-4880935), instauraron, de forma separada, acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bucaramanga. Elizabeth Navas también demandó al Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, y Diana Milena Duarte demandó
igualmente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Los accionantes trabajaban para Telecom y al momento de la terminación
de su relación laboral, ocupaban cargos directivos en ASITEL, Subdirectiva de
la Seccional de Bucaramanga. Mario Lasso Gómez, en el cargo de secretario;
Martha Camacho Esteban, en el de tesorera; Elizabeth Navas Velandia, en el de
secretaria principal; y Diana Milena Duarte, en el de vicepresidente. Aseguran que sus contratos de trabajo fueron terminados el 31 de enero
de 2006, cuando se dio el cierre definitivo de la empresa.
67. Aducen que “desde finales de septiembre del año 2003”,
Telecom en liquidación, con fundamento en el Decreto 1615 de 2003, que ordenó
la supresión y liquidación de la entidad, promovió proceso especial de fuero
sindical en su contra (permiso para despedir). Dicho proceso lo conoció el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, despacho que a través de
providencia del 31 de mayo de 2005, concedió autorización a la entidad
demandante para dar por terminado los contratos de trabajo.
Apelada la anterior determinación, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, mediante providencia del 7 de junio de 2006, confirmó
la decisión del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga. Antes de
ser proferida esta decisión, Telecom ya había  terminado la relación laboral
con los actores.
68. En consecuencia, los accionantes presentaron de forma separada
acción de reintegro, así:
68.1. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga conoció de la
demanda del señor Mario Lasso, negando las pretensiones elevadas, a través de
sentencia del 28 de noviembre de 2007. En grado jurisdiccional de consulta, el
14 de mayo de 2008, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, revocó parcialmente la decisión consultada, al advertir la
falta de legitimación en la causa por pasiva, confirmando la absolución de las
entidades demandadas.
68.2. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga conoció de
la demanda de la señora Martha Camacho Esteban, procediendo a inhibirse
mediante sentencia de mayo 18 de 2007. En sede de apelación, el 2 de noviembre
de 2007, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, absolvió a las
entidades demandas al encontrar probadas las excepciones de inexistencia de
sustitución patronal y falta de legitimación en la causa por pasiva.
68.3. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga conoció de
la demanda de la señora Elizabeth Navas, negando las pretensiones a través de
fallo del 15 de febrero de 2008. En grado jurisdiccional de consulta, el 10 de
abril de 2008, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, declaró
probada la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no encontrar
vínculo contractual de la demandante con las entidades demandadas.
68.4. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá conoció de la
demanda de la señora Diana Milena Duarte, absolviendo a la parte demandada
mediante sentencia del 29 de junio de 2007. En apelación, el 11 de abril de
2008, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la anterior
determinación.
69. Afirman que estos despachos judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales porque les fue negado el reintegro y una eventual indemnización,
a pesar de haber demostrado que la terminación de los contratos laborales
ocurrió sin justa causa y sin autorización judicial para el levantamiento del
fuero, dado que el fallo que lo autorizó no se encontraba en firme al momento
de su despido. A juicio de los accionantes, esto constituye una “vía de hecho”
porque desconoce las garantías propias del fuero sindical y el principio de
favorabilidad laboral. En consecuencia, solicitan que se declaren nulas las
sentencias que les son desfavorables, y que se proceda al pago de los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir hasta cuando se disponga la
terminación efectiva del vínculo laboral o la liquidación definitiva de la
organización sindical.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
70. De acuerdo con la sentencia SU-377 de 2014, las acciones de tutela
contra las providencias laborales de levantamiento de fuero o de reintegro
sindical, son procedentes en los eventos en que se reúnan las condiciones
jurisprudenciales establecidas para las tutelas contra sentencias.
Dentro de las condiciones para que sea procedente el amparo
constitucional contra providencias judiciales, de acuerdo a lo reseñado en la
parte dogmática de esta sentencia, es necesario que el actor identifique, de
forma razonable, los hechos que generan la violación y como estos inciden en la
situación que se plantea como vulneradora de los derechos fundamentales.
Así, incumbe al accionante, como carga especial, no sólo conformarse
con realizar exposiciones aisladas de argumentos que cuestionen la validez de
las providencias, sino también demostrar de forma suficiente que las mismas
sólo están envueltas en un manto de legalidad, más en el fondo no son otra cosa
que la expresión grosera o ilegal de la judicatura, disfrazada de declaración
de justicia. Por tanto, en este tipo de asuntos, es necesario que quien
solicite el amparo exprese de forma clara y completa de qué manera los fallos
producidos en su caso desconocen la normatividad sobre la garantía del fuero
sindical en el marco de la liquidación de entidades públicas, y en qué medida
ello configura alguna de las causales específicas de la tutela contra
providencias judiciales.
71. En esta ocasión, frente a las sentencias laborales relacionadas con
el proceso especial de fuero sindical (levantamiento de fuero y permiso para
despedir), los accionantes (utilizando el mismo formato de tutela), si bien
hicieron referencia tangencial a las mismas, para explicar una de las razones
por las cuales Telecom dio por terminado sus contratos laborales, no presentaron
acusación alguna contra estas, ni argumentos cuestionando su validez, que el
juez constitucional pueda encajar de forma manifiesta en alguno de los defectos
que hacen procedente la tutela contra sentencias. Así como lo señalan los
jueces de instancia en el proceso de tutela, “ni siquiera rebat[ieron] los
fundamentos de la providencia del Tribunal en el proceso de levantamiento de
fuero, de cara a la Carta de Derechos”[131].
Refieren es enfáticamente a que Telecom los despidió sin que el juez
laboral se haya pronunciado en segunda instancia respecto del levantamiento de
su fuero, por lo que estiman que al momento de la terminación de su relación
laboral, aún se encontraban aforados.
72. De la lectura de las demandas, para la Sala el señor Lasso y las
señoras Camacho, Navas y Duarte, centran su reproche es contra las sentencias
proferidas dentro del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) por
ellos adelantada. En efecto, como se desprende de los escritos de tutela, los accionantes
al pronunciarse en el aparte que denominan “caso concreto”, señalan: “En
el presente caso, el actor, en calidad de demandante dentro de un proceso
especial de fuero sindical, le fue negado por los jueces de la 2ª instancia
el reintegro por imposibilidad de acceder a ello, pero también le fue negada la
indemnización, a pesar que en el trámite procesal se acreditó que el actor
le fue terminado el contrato laboral, sin mediar legalmente una Justa Causa y
obtener la autorización legal judicial respectiva”. Asimismo, menciona que “en
el presente caso, las decisiones adoptadas por los jueces de 2ª instancia, en
sentencias que confirmaron el fallo impugnado, y en su lugar absolvieron a la
demandada las pretensiones incoadas (sic), específicamente, al negar el
reintegro y la indemnización correspondiente, soslaya el principio de
favorabilidad en la interpretación de normas aplicables a situaciones
laborales, principio de obligatorio cumplimiento, cuya omisión genera vías de
hecho” (destaca la Sala).[132]
Así entonces, para la Corte es claro que en esta ocasión las acciones
de tutela se encaminan únicamente contra las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales accionadas que conocieron en primera y segunda instancia
como en grado jurisdiccional de consulta, de las acciones de reintegro
promovidas por los actores, cuyas decisiones en dichos procesos les fueron
adversas.
73. Frente a estas providencias, la Sala encuentra formalmente procedente
las tutelas, por las siguientes razones:
73.1. En primer término, debe señalarse que el señor Lasso como las
señoras Camacho, Navas y Duarte utilizan un formato de acción de tutela inapropiado
para la situación fáctica que les es propia[133],
en el que se transcribe normatividad y jurisprudencia relacionada con el fuero
sindical, reprochan la conducta de Telecom por su despido ante la ausencia de
una decisión judicial que les retirara su fuero, atacando de forma tangencial
las consideraciones de los fallos proferidos por las autoridades judiciales
accionadas. Sin embargo, aun cuando los accionantes no desarrollan
adecuadamente los argumentos con los que pretenden censurar las decisiones judiciales
a las que acusan de desconocer sus derechos fundamentales, lo cierto es que la
Sala, de la lectura de las providencias, advierte de forma manifiesta la
inconsistencia en que se incurrió,
cuando las autoridades judiciales accionadas no acceden a las
pretensiones de las demandas bajo el argumento de la inexistencia de
sustitución patronal, de donde derivan la ausencia de legitimación en la causa
por pasiva del Consorcio de Remanentes, integrado por las fiduciarias
Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A., tal y como se explicará en el siguiente
acápite.
73.2. Asimismo, la cuestión que se
discute es de relevancia constitucional, pues se pretende con esta acción de
tutela el amparo de los derechos a la asociación sindical (artículo 39 de la
C.P) y al debido proceso (artículo 29 de la C.P.), los cuales han sido
reconocidos como fundamentales en el ordenamiento jurídico.
73.3. De otra parte, en la acción de reintegro se surtieron las
instancias legales previstas en el ordenamiento. Ciertamente, la Sala Laboral
de los Tribunales Superiores de Bucaramanga y Bogotá, se pronunciaron en sede
de apelación (en los casos de las señoras Camacho y Duarte) y en consulta[134]
(en los casos de los señores Lasso y Navas), no siendo procedente el recurso
extraordinario de casación, en los términos del inciso 2º del artículo 117 del
Código Procesal del Trabajo.
73.4. Igualmente, en cuanto al requisito de la
inmediatez, se tiene este por cumplido en la medida de que las acciones de
tutela fueron presentadas en el mes de octubre de 2014, transcurridos cuatro
(4) meses luego de proferida la sentencia SU-377 de 2014  (12 de junio de
2014) y un mes luego de publicada la misma[135], que habilitó la interposición
de la acción en casos como los presentes.
73.5. Del mismo modo, no se advierte que el señor Lasso como las señoras
Camacho, Navas y Duarte, hayan interpuesto previamente acción de tutela contra
las sentencias que ahora se controvierten, descartándose en consecuencia la cosa
juzgada o la duplicidad en el ejercicio de la acción constitucional.
73.6. Finalmente, la Sala encuentra oportuno aclarar, que si bien el señor
Lasso Gómez no mencionó en la tutela que había adelantado proceso ordinario
laboral contra el PAR de Telecom, lo cual puso de presente al juez
constitucional el mismo PAR, las providencias adoptadas en dicho juicio por el
Juzgado Ajunto Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior
de la misma ciudad, no son objeto ahora de reproche. Adicionalmente, luego que
el despacho del Magistrado sustanciador verificara en el Sistema de Consulta de
Procesos de la Rama Judicial, se advierte que dicho proceso surte actualmente
el recurso de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
(Rad: 2009-00092-01). Por lo demás, dicho proceso ordinario no tiene la
virtualidad de generar cosa juzgada ordinaria a decisiones adoptadas en el
marco de un procedo especial de fuero sindical[136].
Procedibilidad material de las acciones de tutela
74. En los asuntos ahora objeto de análisis, se trata de establecer si
se incurrió o no por parte de los Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto Laborales
del Circuito de Bucaramanga y Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, como por
la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Bucaramanga y Bogotá, en una de
las causales de procedibilidad de la tutela contra sentencias, en las
providencias judiciales proferidas en el marco de las acciones de reintegro
adelantadas por el señor Lasso y las señoras Camacho, Navas y Duarte.
Como se desprende de los expedientes, en dichos procesos los
demandantes pretendieron que se declarara que al momento de su despido se encontraban
amparados por la garantía foral, al ser despedidos sin previa autorización
judicial y se ordenara su reintegro, con el reconocimiento indexado de los
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.
Como sustento de sus demandas, los actores expusieron de manera
uniforme que mediante decreto 1615 de junio 12 de 2003, el gobierno nacional
ordenó la supresión y liquidación de Telecom, razón por la cual la entidad
presentó acción de levantamiento del fuero y permiso para despedir, lo que obtuvo
a través del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Bucaramanga el 31 de mayo de 2005. Esta decisión surtió el grado jurisdiccional
de consulta ante la Sala Laboral del Tribunal Superior, quien con fallo del 07
de junio de 2006, confirmó la anterior determinación. A juicio de los
accionantes, al momento de su despido, que fue realizado el 31 de enero de
2006, aún conservaban la garantía foral, pues el Tribunal aún no se había
pronunciado en sede de consulta, es decir, no se encontraba en firme la
autorización judicial requerida.
75. De la lectura de las providencias proferidas en las acciones de
reintegro, se destaca en cada caso lo siguiente:
75.1. En el asunto del señor Lasso Gómez, el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Bucaramanga, en primera instancia, declaró probadas las excepciones
perentorias de inexistencia de sustitución patronal, inexistencia de la
obligación e imposibilidad jurídica y de hecho para proceder al reintegro,
propuestas por las sociedades que integran el Consorcio de Remanentes de
Telecom. En ese orden, el Juzgado se abstuvo de ordenar el reintegro del señor
Lasso Gómez, absolviendo a las entidades demandadas de todas las pretensiones
formuladas en su contra. Adujo que no se desconoció el debido proceso, “pues,
la entidad patronal ya había cumplido con su obligación legal de solicitar la
autorización judicial de despido y como no se contaba con la decisión judicial
en firme, canceló al actor la correspondiente indemnización”[137]. Señaló que
frente a Fiduciar S.A. y Fidupopular S.A. -PAR, quienes conforman el Consorcio
de Remanentes de Telecom, no se puede predicar sustitución patronal, “pues
de acuerdo con la documental que obra en el proceso, una vez finalizó el
proceso liquidatorio de Telecom, éstas se constituyeron mediante contrato de
fiducia mercantil con la finalidad de administrar, sanear y enajenar los
activos no afectados a la prestación del servicio; administrar, conservar,
custodiar y transferir al organismo competente los archivos de la entidad, una
vez estén adecuadamente organizados; atender las obligaciones remanentes y
contingentes, así como los procesos judiciales o reclamaciones en curso, más no
para subrogar las responsabilidades patronales de Telecom en Liquidación. Lo
anterior hace que en el evento en que hubiera lugar al reintegro del
trabajador, resulta materialmente imposible por cuanto no existe empleador”
(Destaca la Sala)[138].
Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, en
grado jurisdiccional de consulta, revocó parcialmente la anterior decisión, en
cuanto declaró probadas les excepciones perentorias propuestas por las
entidades demandadas y no se ordenó el reintegro, pues encontró que las
entidades demandadas no se encontraban legitimadas en la causa por pasiva. Sólo
confirmó la decisión del Juzgado, en la medida que absolvió a las entidades
demandadas de todas las pretensiones. A juicio del Tribunal, el actor no
sostuvo vínculo laboral con las demandadas “como para deducir del mismo un
eventual derecho a ser reintegrado al cargo que desempeñó a órdenes de la
extinta Telecom; de otra parte, tampoco puede predicarse una sustitución
patronal entre la empresa liquidada y las convocadas al proceso porque ninguno
de los elementos de éste instituto se acredita en el caso en estudio bajo los
parámetros que regulan los artículos 67 a 70 del CST.”. Además, adujo que
en virtud del Decreto 1615 de 2003, se ordenó la supresión y liquidación de
Telecom, “por manera que la extinción de la empresa de comunicaciones en la
forma como se consagró, impide materializar la sustitución patronal frente a
las accionadas”. Finalmente, estimó que “La legitimación en la casusa
por pasiva exige identidad jurídica entre el demandado en la relación jurídica
procesal, y el sujeto pasivo del derecho que se discute o de la prestación que
reclama la demanda; y en este caso, como se concluye del antelado estudio, la
mentada identidad es inexistente respecto de la parte llamada a responder en
éste juicio”[139].
75.2. En el caso de la señora Camacho Esteban, el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bucaramanga, consideró que de acuerdo a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, si un consorcio se ve obligado a
comparecer a un proceso, cada uno de los integrantes del mismo debe comparecer
en forma individual, ya que carece de personería jurídica, por tanto se inhibió
“de dictar sentencia contra Consorcio Remanentes Telecom conformado por
Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A., en virtud de que la capacidad para ser
parte es un presupuesto procesal y es sabido que la falta de uno de ellos
conduce indefectiblemente al juzgador a dictar sentencia inhibitoria”.[140]
En sede de apelación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bucaramanga, absolvió a las entidades demandas, al encontrar probadas las
excepciones de inexistencia de sustitución patronal, por cuanto el contrato de
trabajo existió fue directamente con Telecom; y falta de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida que el PAR no podía estar legitimado “y menos
obligado a cumplir con la carga laboral reclamada por la demandante (…) ya que
las obligaciones del consorcio ya antes mencionado se limitan a todas aquellas
establecidas en el contrato de Fiducia Mercantil celebrado entre éste y
Fiduprevisora S.A., (…) obligaciones que no concuerdan con las pretensiones
aquí reclamadas por la demandante y que por consiguiente, carecen de fundamento
fáctico y jurídico”[141].
75.3. En el asunto de la señora Navas Velandia, el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga, empleando las mismas consideraciones del
Juzgado Cuarto Laboral en el caso del señor Lasso Gómez, absolvió a las
entidades demandadas, declarando probadas las excepciones perentorias por ellas
propuestas, de inexistencia de sustitución patronal, inexistencia de la
obligación e imposibilidad jurídica y de hecho para proceder al reintegro[142].
En grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, confirmó la anterior decisión, declarando además
probada la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no encontrar
vínculo contractual de la demandante con las entidades demandadas, en la medida
que el vínculo que existió fue con Telecom[143].
75.4. En el caso de la señora Duarte Quintero, el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió a la parte demandada al encontrar que
no existió sustitución patronal ni subrogación de las obligaciones de Telecom
con el Consorcio de Remanentes, pues “no se verificó ninguna relación de
trabajo entre las partes, y el demandado no es de ninguna forma la continuación
de la existencia jurídica de Telecom como empleadora”[144].
En apelación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó
la anterior determinación, al considerar que la liquidación de Telecom se dio
el 31 de enero de 2006, “fecha en la que igualmente se dio por terminado el
vínculo laboral con la demandante, lo que hace imposible tanto jurídica como
materialmente, el reintegro al cargo ejercido por la demandante, por lo que ni
siquiera habría lugar a ordenar el pago de salarios ya que fueron cancelados
hasta la fecha de liquidación de la entidad como figura en la liquidación de
prestaciones definitivas que obra a folio 209”[145].
76. Si bien los accionantes hacen acusaciones generales frente a las
anteriores providencias, de la lectura de estas decisiones, la Sala sin mayores
esfuerzos evidencia los hechos que generan violación a los derechos
fundamentales de los actores. El argumento común de estas providencias se
circunscribe a la falta de capacidad para ser parte en los procesos judiciales
del Consorcio de Remanentes, la cual si tiene las fiduciarias que lo conforman,
así como a la ausencia de sustitución patronal entre Telecom en liquidación y dicho
consorcio. De estas dos situaciones las autoridades judiciales han derivado una
ausencia de legitimación en la causa por pasiva, cerrando toda posibilidad a la
prosperidad de las pretensiones de reintegro.
77. Sobre este aspecto, la Sala advierte una ostensible confusión de
los operadores judiciales accionados respecto al tema de la legitimación en la
causa y la legitimación procesal. En efecto, la legitimación procesal es un
elemento de la acción y por ende se torna en una condición indispensable para
resolver sobre el fondo de la cuestión litigiosa, al punto de que su
inobservancia como presupuesto procesal conduce a una sentencia inhibitoria
(legitimatio ad processum). Por su parte, la legitimación en la causa, si bien
no compromete la acción sino la pretensión, se constituye en una condición
necesaria para que el operador jurídico pueda proferir una sentencia favorable,
en cuanto que la persona convocada al proceso sea la llamada a responder por
las distintas reclamaciones incoadas (legitimatio ad causam).
La Corte alude a lo anterior, por cuanto la capacidad para ser parte en
un juicio, a que alude el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil
(aplicable para la época de los hechos), en cuanto prevé que toda persona
natural o jurídica puede ser parte en un proceso, corresponde a la legitimación
procesal y no a la legitimación en la causa, ya que ésta es un presupuesto
material de las pretensiones de la demanda, en la medida en que por el aspecto
pasivo, se refiere a la identidad de la persona llamada a responder frente a la
ley por las obligaciones impetradas.
Hecha la anterior aclaración, la Sala verificará si en efecto quien se
convocó al proceso en calidad de contradictor, ostenta la capacidad procesal a
que alude la norma instrumental referida, en la medida en que las demandas en
las acciones de reintegro se dirigen contra el Consorcio de Remanentes de Telecom,
conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A., para la construcción
del patrimonio autónomo de remanentes Telecom y Teleasociadas en liquidación
–PAR-.
78. Para la Corte, como ya se señaló en otro de los casos ya
analizados, el consorcio de remanentes podía por sí mismo comparecer al proceso,
incluso de forma concomitante con las entidades fiduciarias que lo conforman.
Ciertamente, el artículo 6º de la Ley 80 de 1993 otorgó capacidad para
contratar con el Estado a las uniones temporales y a los consorcios, por lo que
dichas figuras asociativas son sujetos habilitados para adquirir derechos y
contraer obligaciones en el marco de la negociación estatal, por lo que no ve
la Sala razón alguna para negarle la capacidad procesal exigida a través de su
representante legal. Si bien es cierto que tales formas de asociación no
constituyen una persona jurídica autónoma y por ende no tiene personería
jurídica, nada impide para que el derecho de acción se direccione contra ella y
las personas naturales o jurídicas que la conforman, más aun cuando doctrinaria
y jurisprudencialmente se ha aceptado como sujetos procesales, con capacidad
para comparecer en una causa judicial, bien en calidad de demandantes o
demandados, a los patrimonios autónomos, que tampoco son personas en estricto
rigor jurídico, ya que son una masa de bienes que por una ficción jurídica
tienen un representante legal.
De esta manera, para la Sala desde el punto de vista lógico y práctico,
no resulta consecuente afirmar que una forma asociativa determinada, como es el
caso de los consorcios, tenga capacidad para intervenir en el tráfico jurídico
como si se tratara de una persona jurídica, en la medida que por disposición de
la misma ley tiene capacidad para contratar, pero no se predique lo propio para
intervenir en un proceso como parte demandante o demandada[146]. Admitir lo contrario
sería tanto como desconocer esa misma habilitación que le otorga el
ordenamiento jurídico vigente para ser sujeto de derechos y obligaciones, más
aun cuando el inciso primero del parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 80 de
1993, establece la obligación de que “los miembros del consorcio y de la
unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos
representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas
que reglen las relaciones entre ellos y su responsabilidad”.
79. Aclarado que el consorcio cuenta con capacidad procesal, la Sala insiste
en que éste a su vez ostenta legitimación en la causa por pasiva en los
procesos laborales, tanto anteriores como posteriores a la liquidación de
Telecom, “en la medida en que ello sea
preciso para establecer si tiene para con estos obligaciones remanentes o
contingentes”, tal y como se señaló en la parte dogmática de esta
providencia, acápite sobre la  legitimación por pasiva del patrimonio
autónomo de remanentes de una entidad liquidada, fundamentos 27 a 29
(páginas 63 y 64),a cuyo aparte en este momento se remite la Sala.
Como los accionantes fueron despedidos al
término del proceso liquidatorio, naturalmente la acción de reintegro debía ser
posterior a este, no obstante, de dicha acción resultarían obviamente
eventuales obligaciones contingentes que deberían ser asumidas por alguien,
esto es, el PAR de Telecom, de acuerdo a sus compromisos contractuales y a la interpretación
favorable que se hace del artículo 3º del Decreto 4781 de 2005[147],
que reglamenta en parte la liquidación de Telecom. Así lo ha entendido incluso
el mismo PAR, pues actualmente en la práctica, en un sinnúmero de demandas
ordinarias laborales y acciones constitucionales, con ocasión de la liquidación
de Telecom, sale en defensa de sus intereses, teniendo como uno de sus
objetivos estratégicos “Asumir
y ejecutar las demás obligaciones remanentes a cargo de Telecom y las
Teleasociadas en Liquidación posteriores al cierre de los procesos
liquidatorios”.
80. En este orden de ideas, para la Sala
de Revisión el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo al
desconocer el artículo 3º del Decreto 4781 de 2005, que abría la posibilidad de
que el PAR tuviera legitimación en la causa por pasiva en la acción de
reintegro, ante la eventualidad de atender las obligaciones remanentes o
contingentes que se derivaran del mismo.
81. Adicionalmente, en garantía del
derecho fundamental a acceder a una administración de justicia efectiva, el
cual es de aplicación inmediata y que forma parte del núcleo esencial del
debido proceso, del cual naturalmente gozan los ex trabajadores de Telecom, las
autoridades judiciales accionadas han debido admitir la legitimación en la causa
por pasiva del Consorcio de Remanentes, garantizando que los demandantes
pudieran propugnar por la debida protección o restablecimiento de sus derechos,
evitando dejarlos en estado de indefensión, al sustraerle la posibilidad de
tener a quien dirigir la acción de reintegro que le otorga la legislación
laboral. Como ya
lo ha señalado esta Corporación, “en este tipo de asuntos el PAR y las
entidades que lo constituyen están habilitadas para responder por prestaciones
de orden laboral de TELECOM en liquidación, por cuanto así lo dispuso
específicamente la regulación del proceso liquidatorio, y porque la
Constitución garantiza a todos los ciudadanos acceder a la administración de
justicia para la defensa de sus derechos”.[148]
En efecto, de acuerdo con el artículo 118
del Código de Procedimiento Laboral, el trabajador amparado por el fuero
sindical que hubiere sido despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo
o trasladado sin justa causa previamente calificada por el juez laboral, puede
demandar a su empleador solicitando su reintegro al cargo que venía
desempeñando o a otro similar. En esta oportunidad, los accionantes al
considerar que fueron despedidos sin autorización del juez laboral, tenían a su
disposición la acción de reintegro, la cual ejercitaron. Sin embargo, al considerarse
que las entidades demandadas no tenían legitimación en la causa por pasiva,
pese a que en dicho proceso se pudieran establecer obligaciones remanentes o
contingentes de la extinta Telecom, sobre las que eventualmente debía responder
el PAR, de acuerdo a sus compromisos contractuales, limitó sustancialmente el
derecho fundamental de los actores al acceso a una tutela judicial efectiva[149],
haciendo ilusoria la acción de reintegro que la Ley puso a su disposición.
82. Así entonces, los operadores
judiciales accionados incurrieron también en una violación directa de la
Constitución, en los términos definidos en la parte dogmática de esta
sentencia, al adoptar decisiones que en el marco del proceso especial de fuero
sindical afectaron el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia en cabeza de los actores, contenida en los artículos 29 y 229 de la
Carta.
83. Ahora bien, si lo que echaban de menos las autoridades judiciales
accionadas, era el no haberse demandado directamente a las entidades
fiduciarias que conforman el Consorcio de Remanentes, la Sala trae nuevamente a
colación la necesaria utilización de la figura jurídica de la integración del
contradictorio, a que refiere el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil[150] (vigente para la
época de los hechos), aplicable al campo laboral en virtud del principio de la
integración normativa, cuyo mandato inclusive le impone a los jueces el deber
de integrar el contradictorio ante la pasividad de la parte demandante, siempre
y cuando no se haya dictado sentencia, precisamente para evitar una eventual
providencia inhibitoria.
De esta manera, los operadores jurídicos accionados han debido, si
estimaban que el consorcio de remanentes no podía comparecer al proceso,
integrar el contradictorio, convocando a las fiduciarias que lo conforman,
mismas que constituyen el PAR de Telecom. En este orden, además de los defectos
ya advertidos, para la Sala las autoridades judiciales accionadas omitieron dar
aplicación al artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en
consecuencia en un defecto sustantivo que desembocó a su vez en uno
procedimental, al omitir integrar el contradictorio, cuya falta no puede
atribuírsele a los afectados.
84. Para concluir, en cuanto a las excepciones
de inexistencia de sustitución patronal, inexistencia de la obligación e
imposibilidad jurídica y de hecho para proceder al reintegro, que los
operadores judiciales encontraron probadas, basta con que la Sala se remita a
lo señalado en precedencia, de donde se desprende que si bien frente al PAR no
se puede predicar una sustitución patronal, pues no es la continuación de
Telecom, ni el reintegro frente a ella puede ser ordenado por la misma razón,
si debe responder por las obligaciones remanentes y contingentes que surjan de
este tipo de procesos especiales de fuero sindical.
85. Como corolario de todo lo anterior, sin que sean necesarias
disertaciones adicionales, la Sala revocará la sentencia proferida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de enero 29 de 2015, que a
su vez confirmó el fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma
corporación, de octubre 29 de 2014, que negó el amparo solicitado por el señor
Mario Lasso Gómez, por las razones expuestas en esta providencia.
En el mismo sentido, se revocará la sentencia dictada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de febrero 26 de 2015, que a su
vez confirmó el fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación,
de noviembre 12 de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora Martha
Camacho Esteban, por las razones expuestas en esta providencia.
Asimismo, se revocará la sentencia dictada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, de febrero 19 de 2015, que a su vez
confirmó el fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de
noviembre 12 de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora Elizabeth
Navas Velandia, por las razones expuestas en esta providencia.
Por tanto, se revocará la sentencia dictada por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de marzo 04 de 2015, que negó el
amparo solicitado por la señora Diana Milena Duarte Quintero, por las razones
expuestas en esta providencia.
86. En consecuencia, la Sala
amparará los derechos fundamentales al debido proceso y a la asociación
sindical de los actores, dejando sin efectos las providencias del 28 de
noviembre de 2007, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Bucaramanga y del 14 de mayo de 2008, proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bucaramanga, dentro del proceso especial de fuero sindical
(acción de reintegro) promovido por el señor Mario Lasso Gómez. Igualmente, se
dejará sin efectos las providencias del 18 de mayo de 2007, proferida por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga y del 02 de noviembre de
2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga,
dentro del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) promovido
por la señora Martha Camacho Esteban. También, se dejará sin efectos las
providencias del 15 de febrero de 2008, proferida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga y del 10 de abril de 2008, proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, dentro del proceso especial
de fuero sindical (acción de reintegro) promovido por la señora Elizabeth Navas
Velandia. Finalmente, se dejará sin efectos las providencias del 29 de junio de
2007, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y del 11
de abril de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
dentro del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) promovido
por la señora Diana Milena Duarte Quintero.
87. Finalmente, se
ordenará al juez del reintegro de primera instancia en cada uno de los casos, proferir
un nuevo fallo en el cual se abstenga de incurrir en los defectos señalados.
Expediente T-4840633.
88. Acorde a lo relatado en los hechos, la señora Norma Constanza
Díaz García (T-4840633), instauró acción de tutela contra el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Ibagué, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Ibagué, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de la misma ciudad.
La accionante aduce que trabajaba para Telecom y al momento de la
terminación de su relación laboral, ocupaba el cargo de Presidenta de la
Subdirectiva Seccional de Ibagué, de ASITEL. Señala que su contrato de trabajo fue terminado el 31 de enero de 2006, cuando se
dio el cierre definitivo de la empresa.
Indica que “desde finales de septiembre del año 2003”, Telecom
en liquidación, con fundamento en el Decreto 1615 de 2003, que ordenó la
supresión y liquidación de la entidad, promovió proceso especial de fuero
sindical en su contra (permiso para despedir). Dicho proceso lo conoció el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, despacho que a través de
providencia del 16 de noviembre de 2005, resolvió levantar la garantía de fuero
sindical, concediendo autorización a la entidad demandante para dar por
terminado su contrato de trabajo.
Apelada la anterior determinación, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Ibagué, mediante providencia del 8 de marzo de 2006, revocó la
decisión de primera instancia, y en su lugar negó el permiso para despedir, por
cuanto la accionante no se encontraba aforada. Antes de ser proferida esta
decisión, Telecom ya había  terminado la relación laboral con la actora.
89. En consecuencia, la señora Díaz García presentó acción de
reintegro, del cual conoció en primera instancia el Juzgado Dieciocho Laboral
del Circuito de Bogotá, quien en decisión de noviembre 02 de 2006, absolvió a
la entidad demandada ante la ausencia de legitimación en la causa por pasiva. Apelada
la anterior determinación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante
providencia de enero 31 de 2008, confirmó la misma, pero por encontrar que la
accionante no se encontraba aforada al momento de su despido.
90. Afirma, refiriéndose al proceso de levantamiento de fuero sindical,
que “el Juez de conocimiento al resolver las excepciones previas, desconoció
que la acción se encontraba prescrita porque esta fue instaurada el día 22 de
septiembre de 2003, cuando ya habían transcurrido más de dos (2) meses, desde
que se expidió el decreto 1615 del 12 de junio de 2003 y el artículo 118A del
CPTSS así lo estatuye”[151].
Del mismo modo, asegura que “apelada la sentencia en mención, el Tribunal
Superior de Ibagué, avocó conocimiento y el 8 de marzo de 2006, falla: Revocar
la sentencia del 6 de noviembre de 2005 proferida por el Juzgado Quinto Laboral
del Circuito de Ibagué, y en su lugar niega el permiso para despedir a los
demandados, porque supuestamente no estaban aforados, violando con ello la
Constitución y todos los preceptos legales estatuidos en la Ley, el Código
Sustantivo del Trabajo, Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social,
decretos y jurisprudencia de las altas Cortes en cuanto a procesos de levantamiento
de fuero de trabajadores de empresas en proceso de liquidación”[152].
91. En cuanto a la acción de reintegro, estima que el Tribunal olvidó
que para la fecha de retiro, había una Convención Colectiva de trabajo que permitía
a la última Junta Directiva de Asitel continuar aún después del cierre de
Telecom.
92. En este orden, considera que los despachos judiciales accionados
vulneraron sus derechos fundamentales porque le fue negada su calidad de
aforada, así como el reintegro y una eventual indemnización, a pesar de haber
demostrado que la terminación del contrato laboral ocurrió sin justa causa y
sin autorización judicial para el levantamiento del fuero. A juicio de la
accionante, esto constituye una “vía de hecho” porque desconoce las garantías
propias del fuero sindical y el principio de favorabilidad laboral. En
consecuencia, solicita que se declaren nulas las sentencias que les son
desfavorables, y que se proceda al pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir hasta cuando se disponga la terminación efectiva del
vínculo laboral o la liquidación definitiva de la organización sindical.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
93. A diferencia de las demás acciones de tutela ya examinadas en
esta sentencia, en el presente asunto la accionante pese a utilizar el
concebido formato de demanda, al menos lo complementó dirigiendo acusaciones
directas contra los fallos censurados. Teniendo en cuenta lo anterior, como la
concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la  tutela contra
providencias judiciales, para la Sala la acción resulta formalmente procedente.
Veamos:
93.1. En primer término, la cuestión que
se discute es de relevancia constitucional, pues se pretende con esta acción de
tutela el amparo de los derechos a la asociación sindical (artículo 39 de la
C.P) y al debido proceso (artículo 29 de la C.P.), los cuales han sido
reconocidos como fundamentales en el ordenamiento jurídico. Además, las decisiones judiciales cuestionadas refieren a la
desvinculación de una eventual aforada sindical sin autorización judicial,
sobre quien los operadores judiciales encontraron que carecía de fuero.
93.2. De otra parte, en el proceso de levantamiento de fuero sindical
como en la acción de reintegro se surtieron las instancias legales previstas en
el ordenamiento. Ciertamente, la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de
Ibagué y Bogotá, se pronunciaron en sede de apelación en los procesos de levantamiento
de fuero y de reintegro, respectivamente, no siendo procedente el recurso
extraordinario de casación en ninguno de los dos asuntos, en los términos del
inciso 2º del artículo 117 del Código Procesal del Trabajo.
93.3. Igualmente, en cuanto al requisito de la
inmediatez, se tiene este por cumplido en la medida de que la acción de tutela
fue presentada en el mes de octubre de 2014, transcurridos cuatro (4) meses
luego de proferida la sentencia SU-377 de 2014  (12 de junio de 2014) y un
mes luego de publicada la misma[153],
que habilitó la interposición de la acción en casos como el presente.
93.4. Del mismo
modo, la Sala observa que la accionante no alega una
irregularidad procesal como fundamento de su solicitud, sino que las sentencias cuestionadas incurrieron en una “vía de hecho”
al no reconocerse la condición de aforada.
93.5. Finalmente, no se advierte que la señora Díaz García haya
interpuesto previamente acción de tutela contra las sentencias que ahora se
controvierten, descartándose en consecuencia la cosa juzgada o la duplicidad en
el ejercicio de la acción constitucional. Al respecto, la Sala encuentra
oportuno aclarar, que si bien la accionante no mencionó en la demanda que había
adelantado acción de tutela contra el PAR de Telecom, lo cual puso de presente
al juez constitucional el mismo PAR, en esta ocasión no se configura una
conducta temeraria ni se estructura el fenómeno de cosa juzgada, pues ahora las
accionadas son las autoridades judiciales que se pronunciaron en los procesos
especiales de fuero sindical y no el PAR, y naturalmente bajo unos presupuestos
fácticos y pretensiones diferentes (ahora se busca “la anulación” de
providencias judiciales laborales). Ciertamente, la señora Díaz García inició
tutela contra el PAR, en busca de resarcir el presunto despido ilegal, siendo
finalmente resuelta su situación en la pluricitada sentencia SU-377 de 2014,
que en el numeral vigésimo de la parte resolutiva, decidió negar el amparo
solicitado, pues no se daban “las condiciones para emitir un pronunciamiento
de fondo” sobre el asunto[154].
Procedibilidad material de la acción de tutela
94. En el asunto ahora objeto de análisis, se trata de establecer si
las autoridades judiciales accionadas incurrieron o no, en ambos procesos especiales
de fuero sindical, en una de las causales de procedibilidad de la tutela contra
sentencias.
95. Antes definir si la demanda de levantamiento de fuero sindical fue
interpuesta en oportunidad, tal como lo cuestiona la demandante, o si en la
acción de reintegro el Consorcio de Remanentes no tenía legitimación en la
causa por pasiva, como lo estimó el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de
Bogotá, la Sala ve necesario establecer previamente, como presupuesto
indispensable para abordar los aspectos mencionados, si la señora Díaz García contaba
con la condición de ser aforada sindical al momento de su despido, pues esta
situación fue la que dio lugar a que en uno y otro proceso, la Sala Laboral de
los Tribunales Superiores de Ibagué y Bogotá, resolvieran de forma adversa a
los intereses de la actora, al encontrar que la misma carecía del susodicho
fuero. De confirmarse que la señora Díaz García efectivamente no contaba con
fuero sindical para el día 31 de enero de 2006 (no en virtud de una sentencia judicial
sino por su situación objetiva), cuando su relación laboral con Telecom fue finiquitada,
por sustracción de materia no se estudiarían las demás posibles irregularidades
en las decisiones judiciales censuradas, pues es presupuesto necesario para adelantar
los procesos especiales de fuero sindical, justamente que exista un trabajador a
quien se le pueda atribuir dicho fuero.
96. Como se desprende del expediente del proceso especial de fuero
sindical (levantamiento de fuero y permiso para despedir), prestado a la Corte
por el juez de primera instancia en dicho asunto, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Ibagué, en decisión de marzo 08 de 2006, encontró que la accionante
no ostentaba la calidad de aforada, “por lo que el empleador no requería de
autorización judicial para su desvinculación”. Al respecto se transcribirá in
extenso lo considerado por el Tribunal:
“Obra en el plenario la resolución 236 del 12
de agosto de 2002 (fl. 186 y 187), a través del cual la Inspección Tercera del
Trabajo y Seguridad Social de esta ciudad inscribió la junta directiva de la
organización sindical denominada Asociación Nacional de Profesionales de las
Telecomunicaciones, donde efectivamente aparecen los actuales demandados como
miembros de la junta directiva.
A folio 188 del expediente aparece la
certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical del
Ministerio de la Protección Social, por medio de la cual da fe de la existencia
de la Asociación Nacional de Profesionales de las Telecomunicaciones “Asitel”,
organización sindical de primer grado y de gremio, con personería jurídica 266
del 18 de febrero de 1997, con domicilio en Bogotá D.C.; de igual forma
certificó que aparecen inscritas las siguientes subdirectivas:
“Seccional Tolima, resolución 236 del
12 de agosto de 2001”.
La misma funcionaria certificó (fl. 193) que
“la última subdirectiva seccional Tolima, de la citada organización sindical
que aparece en el expediente es la inscrita mediante resolución número 236 del
12 de agosto de 2002, emanada de la Inspección Tercera de Trabajo y Seguridad
Social de Ibagué, la cual quedó integrada así: …”
Significa lo anterior, que a través de la
resolución 236 ya referida no se inscribió la junta directiva de la organización
sindical en sí, sino de la subdirectiva de la Seccional Tolima.
Sin perder de vista tales documentos, se
establecerá si los demandados están amparados por fuero sindical, para lo cual
se tiene lo siguiente:
Enseña el Art. 406 del C.S.T. modificado por
el Art. 12 de la Ley 584 de 2000 que están amparados por fuero sindical, entre
otros:
“Los miembros de la junta directiva y
subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, si
pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los
comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente…”.
En cuanto a la creación y existencia de
Subdirectivas y comités, el Art. 55 de la ley 50/90 enseña:
“Todo sindicato
podrá prever en sus estatutos la creación de Subdirectivas Seccionales, en
aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un
número no inferior a veinticinco (25) miembros. Igualmente se podrá prever la
creación de Comités Seccionales en aquellos municipios distintos al del
domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un
número de afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una
subdirectiva o comité por municipio”.
La disposición trascrita al referirse a
organizaciones sindicales de primer grado prevé la creación de subdirectivas
seccionales en municipios distintos del domicilio principal, por lo que no es
de recibo la conformación de ellas a nivel departamental, tema abordado por el
Consejo de Estado, que expresó:
“A juicio de la Sala le asiste
razón al demandante, ya que, como bien lo afirmó el Procurador Delegado ante
esta Corporación, si bien el artículo 39 de la Constitución Política prescribe
que los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin
intervención del Estado, también lo es que el mismo canon defirió la regulación
de su  estructura interna  y funcionamiento a la ley, que, para el caso, es el
artículo 55 de la Ley 50 de 1990, el cual, como ya se vio,  permite la creación
de subdirectivas seccionales municipales, más no departamentales.
De otra parte,  esta
Corporación observa que de permitirse la creación de las subdirectivas
departamentales ello traería como consecuencia que en un municipio hubiera más
de una subdirectiva, pues lo cierto es que la subdirectiva departamental tiene
que constituirse con afiliados de los diferentes municipios que componen el
respectivo departamento, lo cual, en la práctica, hace que en cada municipio
exista más de una subdirectiva, situación que no es posible a luz del inciso
final del artículo 55 de la Ley 55 de 1990”[155].
Como quedó plasmado en esta
sentencia, de acuerdo con la certificación que obra a folio 188 del expediente,
la Asociación Nacional de Profesionales de las Telecomunicaciones “Asitel”, es
una organización sindical de primer grado y de gremio, con domicilio en Bogotá
D.C., y la subdirectiva de la cual hacen parte de la junta directiva los
demandados, es del orden Departamental y no Municipal, como lo permite la
norma.
Significa lo anterior, que
aunque la organización cuente con personería jurídica y el acto administrativo
que la reconoció esté en firme, él contraría el mandato Legal, por lo que no
hay lugar a tener como aforados a los demandados.
Se advierte que el derecho a la
libre asociación sindical y la protección foral emanan de la Constitución y la
Ley; por su parte el fuero se materializa a través de la elección, la cual requiere
de la inscripción en el Registro Sindical que para el efecto lleva el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy de la Protección Social, quien
para ello está en la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos
legales; a pesar de lo anterior, es deber del Juzgador establecer si quien
demanda esa calidad cumple con los requisitos exigidos por la normatividad, y
en este caso los demandados aunque hayan sido inscritos en el registro sindical
como integrantes de la junta directiva de la subdirectiva Departamental, no
ostentan fuero sindical, por lo que el empleador no requería autorización
judicial para su desvinculación”.[156]
Por su parte, conforme a lo plasmado en el expediente del proceso especial
de fuero sindical (acción de reintegro), igualmente prestado a esta corporación
por el juzgado de primera instancia en el aludido juicio, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, en decisión de enero 31 de 2008, advirtió que la
accionante no tenía fuero sindical al momento de su despido, pues su periodo
como directiva sindical había terminado tiempo atrás. Al respecto estimó
brevemente:
“(…) esta Sala debe analizar si los
demandantes tenían o no fuero sindical al momento de ser despedidos, lo cual se
demuestra con la certificación que obra a folio 30, en la cual consta que los
demandantes hacían parte de la Junta Directiva Subdirectiva de Ibagué, inscrita
mediante Resolución Nº 236 del 12 de agosto de 2002 emanada de la Inspectora Tercera
de Trabajo y Seguridad Social de Ibagué, por un periodo de dos años, de acuerdo
con el artículo 40 numeral 2º de los Estatutos de ASITEL, es decir, para el
periodo 2002-2004; ello indica, que para la época en que fueron despedidos,
esto es, el 31 de enero de 2006, no contaban con la protección del fuero
sindical (…)”.[157]
Sobre esta situación, la accionante estima que “el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral, en su fallo afirma que el
periodo de la Junta Directiva se encontraba vencido ya que se había elegido
para el periodo 2002-2004, suponiendo que a la fecha del retiro esta
Subdirectiva Sindical no existía, desconociendo las normas legales que para
estos efectos rigen en los sindicatos y estatutos sociales y sobre la
irregularidad de cierre de la empresa de manera intempestiva y por lo demás
crítica. De igual manera olvidó que para esa fecha la Convención Colectiva de
trabajo existía y que la última Junta Directiva de ASITEL debía continuar aún
después del cierre de Telecom y que para poder realizar una asamblea para
cambiar a los dignatarios se necesitaba tener los afiliados, los cuales al
momento no había en número para realizarla”[158].
97. Pues bien, la Corte advierte que la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Ibagué, en su análisis encuadró la discusión dentro del marco
normativo aplicable, esto es, el artículo 55 de la Ley 50 de 1990[159], de donde encontró
que a las organizaciones sindicales de primer grado les es permitida la
creación de subdirectivas seccionales en municipios diferentes al del domicilio
principal, no siendo permitida por la ley la conformación de subdirectivas a
nivel departamental. En esa lógica, concluyó que como el domicilio de Asitel
era Bogotá y la subdirectiva de cuya junta directiva hacía parte la señora Díaz
García, era de orden departamental y no municipal, no podía tenerse como
aforada a la accionante, incluso aún si la organización contaba con personería
jurídica y acto de reconocimiento en firme.
98. En esta ocasión, si bien la Sala comparte la interpretación
efectuada por el Tribunal al artículo 55 de la Ley 50 de 1990, en la medida que
la Ley no autoriza la creación de Subdirectivas sindicales del nivel
departamental[160],
lo cierto es que en el caso concreto la resolución Nº 236 del 12 de agosto de
2002, emanada de la Inspección Tercera de Trabajo y Seguridad Social de Ibagué,
“Por medio de la cual se ordena el registro e inscripción de los integrantes
de la junta directiva de una organización sindical”[161], no se
advierte en el expediente que la misma haya sido tachada ni redargüida de falsa
como tampoco que haya sido anulada por la autoridad competente.
En este punto la Sala debe recordar que los actos administrativos se
encuentran amparados por la presunción de legalidad y acierto, debiendo
considerarse válidos mientras no hayan sido anulados mediante un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo
que efectivamente ocurre con la resolución Nº 236 de 2002 que ordenó la
inscripción en el Registro Sindical de la elección y designación de algunos
directivos sindicales en cargos de la Junta Directiva de Asitel, sobre la que
no se advierta haya sido declarada su nulidad.
99. Así entonces, con independencia del contenido del artículo 55 de la
Ley 50 de 1990, y sin que sea necesario entrar a discutir la existencia o inexistencia
de la prohibición de creación de las Subdirectivas Departamentales de un sindicato,
lo cierto es que la resolución Nº 236 de 2002 se presumía legal, debiendo la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, ajustarse a la misma y reconocer
la legalidad del registro e inscripción de la junta directiva de la
subdirectiva departamental Tolima de Asitel.
100. Ahora bien, cosa distinta es que la Junta Directiva de la
Subdirectiva de Asitel a la que pertenece la señora Díaz García, no estuviera
amparada por el fuero sindical para el 31 de enero de 2006, fecha en la cual se
dio por terminada la relación laboral con la actora. En efecto, tal y como lo
advirtió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de la
acción de reintegro, la Junta Directiva de la Subdirectiva, de acuerdo a los
Estatutos de Asitel, era por un periodo de dos años.
Ciertamente, el numeral 1º del artículo 40 de los Estatutos de Asitel, establece
entre las funciones de la Asamblea Seccional: “1) Elegir la Junta Directiva
de la Subdirectiva o Comité Seccional, para un periodo de dos (2) años”.[162] Esto
significa que la Junta Directiva inscrita mediante resolución Nº 236 de agosto
12 de 2002, de la que hace parte la accionante y que aún aparece en el kardex
de Archivo Sindical del Grupo que lo administra en el Ministerio del Trabajo,
era por un periodo de dos años, es decir, para el periodo 2002-2004.
Sobre este punto debe aclararse, que con independencia a que las  certificaciones
expedidas por la Coordinación del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio del
Trabajo indiquen los integrantes de la última junta directiva inscrita de
determinado sindicato, esto no significa per se que las personas allí
relacionadas estén aforadas ni que por aparecer allí indefinidamente (bien
porque la información no se ha actualizado, porque el sindicato no se ha
reunido para renovar la junta directiva o por cualquier otra causa), el fuero se
conserve de forma perpetua. Esto por cuanto el literal c) del artículo 406 del
CST establece que los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo
sindicato, tienen fuero “por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses
más”.
101. Como se estableció en el caso de la señora Díaz García, conforme a
los Estatutos de Asitel, su mandato era por un término de dos años, más seis
meses más, de acuerdo al CST, es decir, que al ser inscrita la Junta Directiva
de la Subdirectiva Ibagué, mediante la resolución 236 del 12 de agosto de 2002,
el fuero sindical se extendía hasta el 12 de febrero de 2005. Esto significa
que para el 31 de enero de 2006, fecha en la cual Telecom en liquidación dio
por terminada la relación laboral con la actora, ésta no se encontraba amparada
por la garantía foral.
La accionante en el escrito de tutela alega que el Tribunal “olvidó
que para esa fecha la Convención Colectiva de trabajo existía y que la última
Junta Directiva de ASITEL debía continuar aún después del cierre de Telecom y
que para poder realizar una asamblea para cambiar a los dignatarios se
necesitaba tener los afiliados, los cuales al momento no había en número para
realizarla”[163].
Sin embargo, la actora pretende en este momento y por esta vía, sin haberlo
puesto en consideración del juez natural de la causa, esgrimir nuevos
argumentos a los expuestos en el proceso especial de fuero sindical[164], pues examinados
detenidamente los expedientes del proceso de levantamiento de fuero como de la
acción de reintegro y de la acción de tutela, en parte alguna se advierte que
este argumento haya sido presentado a los jueces laborales, ni se mencionan
razones que hayan impedido hacerlo, como tampoco reposa folio alguno que dé
cuenta de la supuesta Convención Colectiva (acuerdo de voluntades que de todos
modos no puede primar sobre la ley).
102. Por todo lo anterior, al encontrar la Sala que la accionante no
ostentaba la condición de aforada sindical al momento de la terminación de su
relación laboral con Telecom en liquidación, natural era que las decisiones
adoptadas tanto en el proceso de levantamiento de fuero sindical como en el de
la acción de reintegro, fueran adversas a sus intereses. En esta medida, sin
que sean necesarias disertaciones adicionales, la Sala confirmará la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sala
de decisión de tutelas Nº 2), de enero 29 de 2015, que a su vez confirmó la
sentencia de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de octubre 31
de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora Norma Constanza Díaz
García, pero por las razones expuestas en esta providencia.
(iv) Casos en los que se procedió al despido de los
trabajadores pese a que la sentencia de primera instancia no autorizaba el
levantamiento del fuero sindical
Expedientes T-4829849 y T-4840967.
103. Los señores Ariel de Jesús Carmona Carazo (T-4829849) y Benjamín
José Corrales Benítez (T-4840967) interpusieron de forma separada acción de
tutela, contra el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba) y la Sala de
Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Montería.
De acuerdo a lo informado en las demandas y de las pruebas obrantes en los
expedientes, los señores Carmona Carazo y Corrales Benítez, trabajaban
para TELECOM,  integrando la Junta Directiva de la Unión Sindical de
Trabajadores de las Comunicaciones -USTC-, seccional Lorica, Córdoba, en los
cargos de vicepresidente y fiscal, respectivamente.
Aducen que el 23 de agosto de 2003, TELECOM en liquidación, con
fundamento en el Decreto 1615 de 2003, que ordenó la supresión y liquidación de
la entidad, promovió proceso especial de fuero sindical en su contra y de otros
aforados (permiso para despedir). Dicho proceso lo conoció el Juzgado Civil del
Circuito de Lorica, despacho que a través de auto de junio 16 de 2004, declaró
la excepción de prescripción propuesta por los trabajadores, pues la demanda
fue interpuesta luego de los dos meses establecidos por la ley para ello. Esta
decisión fue confirmada por la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior de Montería, mediante proveído de octubre 11 de 2004.
Pese a que las autoridades judiciales accionadas no concedieron el
permiso para despedir, el Apoderado General de TELECOM en liquidación, al
terminar el proceso liquidatario, el 31 de enero de 2006 dio por finalizado los
contratos de trabajo que tenían los accionantes, al culminar la existencia
jurídica de la entidad.
Consideran que “dentro de la decisión del Patrón de no cumplir lo
ordenado por la Sala de decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería, que confirmó la decisión del Juzgado Civil
del Circuito de Lorica, se omitió atender lo dispuesto por el artículo 39 de la
Constitución Nacional y las Convenciones 87 y 98 de la OIT que advierten sobre
los derechos sindicales y de negociación”.
Demandan el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, “igualdad laboral y procesal, estabilidad laboral, derecho
constitucional de asociación, fuero sindical, reintegro o en su defecto
indemnización, estabilidad familiar, remuneración mínima vital y móvil”. En
consecuencia, solicitan se “proceda al pago de los salarios dejados de
percibir y sus correspondientes prestaciones sociales hasta cuando
jurídicamente se disponga la terminación efectiva del vínculo laboral o la
liquidación definitiva de la organización sindical”. Igualmente, piden que
su fuero sindical le sea levantado “por medio de un proceso ordinario legal
de levantamiento de fuero sindical, colocado ante el juez de instancia
respectiva”. Finalmente, demandan a título de indemnización, “los
salarios y prestaciones sociales, incluyendo convencionales, así como los
abonos respectivos a la seguridad social y la indemnización desde el día que se
ordenó el despido”, debidamente indexados.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
104. Como se ha señalado en páginas precedentes, la orden trigésimo
tercera de la sentencia SU-377 de 2014, autoriza a los interesados a interponer
acción de tutela contra las providencias laborales de levantamiento de fuero o
de reintegro sindical, “en caso
de que se den las condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela contra
sentencias”.
Dentro de las condiciones para que sea procedente el amparo
constitucional contra providencias judiciales, de acuerdo a lo reseñado en la
parte dogmática de esta sentencia, es necesario que el actor identifique, de
forma razonable, los hechos que generan la violación.
105. En esta ocasión, los accionantes presentan por separado una
confusa demanda, propiciada por la utilización del formato que se utilizó para
las demás tutelas sub examine, pero en una situación fáctica que no se
ajusta al patrón para el cual fue inicialmente elaborado. En efecto, los
señores Carmona Carazo y Correa Benítez, si bien en la referencia de las
tutelas señalan que la misma se interpone contra el Juzgado Civil del Circuito
de Lorica y la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Montería, en
el cuerpo de la demanda como en las pretensiones, de manera alguna se atacan o
se controvierten las decisiones proferidas por estas autoridades judiciales,
sino que la misma se dirige a la actuación del PAR de Telecom, al
desvincularlos sin obtener la autorización judicial al efecto.
En este sentido, los actores faltaron a su deber de identificar de
manera razonable los hechos que generan la violación de sus derechos
fundamentales, por parte de las autoridades judiciales accionadas. Y es que
difícilmente los accionantes, sin incurrir en un contrasentido, podrían
cuestionar las providencias que le fueron favorables[165] en el proceso
especial de fuero sindical (levantamiento de fuero), pues como ellos mismos lo
relatan, declararon la excepción de prescripción de la demanda, ya que el
empleador conocía de la causa del levantamiento del fuero desde la expedición
del Decreto 1615 del 12 de junio de 2003, y solo instauró la demanda hasta el
22 de septiembre de 2003, es decir, pasados los dos meses que establece el
artículo 118 CPT. Así, la Sala comparte la apreciación del ad-quem en el
expediente T-4829849, al considerar que “no puede aducirse con grado de
acierto la existencia de algún defecto capaz de configurar una causal de procedibilidad
del amparo, habida cuenta que la Corporación accionada se ocupó de los
argumentos planteados en la demanda y la contestación, con resultados
favorables a la parte demandada”.
Es por esta misma razón que los actores en las pretensiones no hace referencia
alguna a las decisiones judiciales ni buscan que estas sean dejadas sin
efectos, lo cual sería un despropósito, sino que las mismas van orientadas
fundamentalmente a que el PAR de Telecom les pague los salarios dejados de
percibir hasta que les sea levantado el fuero y les sea reconocida una
indemnización debidamente indexada.
106. Así las cosas, lo que los accionantes realmente controvierten en
esta ocasión, pese a demandar al Juzgado Civil del Circuito de Lorica y la Sala
Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Montería, es la actuación del
PAR de Telecom, por desvincularlos sin tener decisión favorable de
levantamiento del fuero sindical[166].
107. Adicionalmente, para el caso del señor Carmona Carazo, como lo
advirtieron los jueces de instancia en el expediente T-4829849, frente a la
actuación del PAR de Telecom, el actor ya había interpuesto varias acciones de
tutela[167],
siendo la última negada por improcedente en la propia sentencia SU-377 de 2014[168], proferida por la
Corte Constitucional (expediente T-2471226)[169].
108. Igualmente, advierte la Sala que el actor omitió poner en
conocimiento al juez constitucional que había intentado contra Telecom en
liquidación, un proceso especial de reintegro ante el Juez Civil del Circuito
de Lorica, siendo el PAR de Telecom quien informara al respecto. Dicho proceso
fue remitido y repartido por competencia al Juzgado 14 Laboral del Circuito de
Bogotá, con radicado Nº 2007-00153-00, quien mediante auto de febrero 23 de
2007, inadmitió la demanda, concediendo término para subsanarla, lo cual no
aconteció, tal y como se desprende del reporte de la consulta al sistema de información
de procesos “Justicia Siglo XXI” de la Rama Judicial[170].
En ese orden, ante a la inconformidad del accionante frente a la
actuación del PAR de Telecom, al estimar que fue despedido sin justa causa por
no contar el empleador con la autorización judicial requerida, tenía a su
disposición un mecanismo de defensa judicial para debatir lo propio, el cual
dejó fenecer por no subsanar la demanda, no pudiendo ahora, mediante esta vía
subsidiaria y residual, remediar su yerro.
109. Por su parte, en el caso del señor Corrales Benítez, tal como se
desprende del expediente T-4840967, éste no informa en la demanda haber
iniciado acción de reintegro ni el resultado de la misma, no obstante, ante la
actuación del PAR de Telecom, ya había interpuesto en dos ocasiones acción de
tutela[171],
siendo la última concedida por esta Corporación, en la sentencia SU-377 de 2014[172] (expediente
T-2471216), donde se señaló:
“167. Tras considerar el caso de los señores
Remberto Ballestas Mendoza y Benjamín José Corrales Benítez (T-2471216),
la Corte estima que se les violaron sus garantías sindicales.  En efecto, ambos
tenían fuero sindical, pues así lo reconocieron tanto el Juzgado Civil del
Circuito de Lorica, Córdoba, como la Sala de Decisión Civil- Familia- Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en providencias del
dieciséis (16) de junio y el once (11) de octubre de dos mil cuatro (2004),
respectivamente.[173]
En estas decisiones las autoridades judiciales reconocieron que la acción de
levantamiento de fuero intentada en contra de ambos, por parte de TELECOM -en
liquidación-, por tener la condición de aforados sindicales, estaba prescrita,
razón por la cual quedaba desautorizada la desvinculación de los actores, que
requería por su calidad autorización judicial.  La Sala Plena de la Corte
constata, además, que al término de su relación laboral no hubo previamente un
fallo judicial que diera la autorización para ello.  La demanda de tutela no
sólo es entonces procedente, como atrás se dijo, sino que tiene las condiciones
necesarias y suficientes para prosperar, pues conforme a lo dicho en esta
providencia los aforados sindicales tienen derecho, incluso en contextos de
liquidación, a no ser desvinculados sin autorización del juez laboral.  Cuando
se les desconoce esa garantía tienen derecho al reintegro o, cuando
este deviene física y jurídicamente imposible por la liquidación definitiva, a
una indemnización según la ley.  Esta indemnización es la que fija el
artículo 116 del Código Sustantivo del Trabajo, en el Título II sobre ‘Fuero
Sindical’, del Capítulo XVI sobre ‘Procedimientos Especiales’, y asciende a
“seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones
legales” (CPT art. 116).[174]
Por lo mismo, en la parte resolutiva, se concederá la tutela, y se ordenará
el pago de una indemnización equivalente a seis (6) meses del salario que
devengaban cuando se les dio por terminado su vínculo” (destaca la Sala).
110. Por todo lo anterior, para la Sala no resultan formalmente procedentes
las acciones de tutela, pues los accionantes, bajo el pretexto de controvertir
las providencias judiciales que le fueron favorables en la acción especial de
fuero sindical (levantamiento de fuero) adelantado en su contra, sobre las
cuales no señalan ningún defecto, exponen los mismos hechos y las mismas
pretensiones presentadas en acciones de tutela anteriores contra el PAR de
Telecom.
111. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sala de decisión de
tutelas Nº 2), de febrero 19 de 2015, que a su vez confirmó la sentencia de la
Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de diciembre 10 de 2014, que
negó el amparo solicitado por el señor Ariel de Jesús Carmona Carazo, por las
razones expuestas en esta providencia.
Asimismo, se confirmará la sentencia proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sala de decisión de tutelas Nº 1), de
febrero 26 de 2015, que a su vez confirmó la sentencia de la Sala de Casación
Laboral de la misma corporación, de diciembre 10 de 2014, que negó el amparo
solicitado por el señor Benjamín José Corrales Benítez, por las razones
expuestas en esta providencia.
Expediente T-4842975.
112. De acuerdo a lo relatado en el acápite de los hechos, el señor Jorge
Luís Valdés Orozco (T-4842975) interpuso acción de tutela, contra el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales y la Sala Laboral del
Tribunal de la misma ciudad.
El accionante asegura que se encuentra afiliado a la USTC, siendo
miembro de la Junta Directiva –Subdirectiva de la Seccional Manizales, ocupando
el cargo de Secretario de Relaciones Intersindicales. Sostiene que Telecom en
liquidación inició el proceso de levantamiento de fuero sindical, no obstante,
al momento de la terminación del contrato, que ocurrió de forma unilateral el
31 de enero de 2006, no mediaba autorización judicial que avalara el
levantamiento del fuero sindical y el despido.
Al respecto informa que TELECOM inició ante el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Manizales, proceso especial con el fin de levantar el fuero
sindical de algunos trabajadores, incluyéndolo a él, y obtener la autorización
para despedir. Sin embargo, la autoridad judicial, mediante providencia de
febrero 07 de 2006, declaró probada la excepción previa de prescripción “en
cumplimiento del artículo 118A del C.S.T y  Ley 712/01”, absolviendo a los
demandados de todas las pretensiones. Esta decisión fue revocada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Manizales, el 24 de abril de 2006, al
encontrar que la acción no había prescrito, decidiendo levantar el fuero a los
trabajadores demandados y autorizando su despido.
En consecuencia, menciona que presentó demanda especial de reintegro
ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, en contra de TELECOM
en Liquidación y el Consorcio de Remanentes de Telecom integrado por
Fiduagraria S.A y Fiduciaria Popular S.A. La autoridad judicial absolvió a las
demandadas en decisión de marzo 02 de 2007, declarando que el contrato del
actor finalizó por justa causa y de manera legal, no requiriéndose de
calificación judicial para el despido al tratarse de una restructuración de
entidad pública nacional que no se encuentra dentro de las causales en las
cuales debe pedirse autorización. Respecto al reintegro, estimó que era
jurídicamente imposible ordenarlo, pues se dirigía a una persona jurídica
inexistente. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Manizales, el 30 de abril de 2007, quien si
bien no compartió el argumento de que no se requiere autorización judicial para
levantar el fuero sindical, señaló que existía prueba suficiente sobre la
extinción de Telecom y eso hacía que la pretensión de reintegro careciera de
cualquier efecto, incluso la de otorgar una indemnización.
De esta manera, el actor asegura que “el Honorable Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales – Sala Laboral, que conoció en segunda
instancia el proceso de acción de reintegro, incurrió en una vía de hecho en
detrimento de mis intereses”, desconociendo el fuero sindical tal como está
contemplado en las normas nacionales y en los convenios de la OIT.
Por lo tanto, solicita
se ordene el pago de la reliquidación de las indemnizaciones por despido
injusto e ilegal, se declaren nulas las sentencias censuradas, se proceda al
pago de salarios y prestaciones sociales “hasta cuando jurídicamente se
disponga la terminación efectiva del vínculo laboral o la liquidación
definitiva de la organización sindical” y se levante en debida forma el
fuero sindical que asegura le es propio.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
113. Como se ha venido insistiendo, de acuerdo con la sentencia SU-377
de 2014, las acciones de tutela contra las providencias laborales de
levantamiento de fuero o de reintegro sindical, son procedentes en los eventos
en que se reúnan las condiciones jurisprudenciales establecidas para las tutelas
contra sentencias.
Dentro de las condiciones para que sea procedente el amparo
constitucional contra providencias judiciales, de acuerdo a lo reseñado en la
parte dogmática de esta sentencia, es necesario que el actor identifique, de
forma razonable, los hechos que generan la violación y como estos inciden en la
situación que se plantea como vulneradora de los derechos fundamentales.
Así, incumbe al accionante, como carga especial, no sólo conformarse
con realizar exposiciones aisladas de argumentos que cuestionen la validez de
las providencias, sino también demostrar de forma suficiente que las mismas
sólo están envueltas en un manto de legalidad, más en el fondo no son otra cosa
que la expresión grosera o ilegal de la judicatura, disfrazada de declaración
de justicia. Por tanto, en este tipo de asuntos, es necesario que quien
solicite el amparo exprese de forma clara y completa de qué manera los fallos
producidos en su caso desconocen la normatividad sobre la garantía del fuero
sindical en el marco de la liquidación de entidades públicas, y en qué medida
ello configura alguna de las causales específicas de la tutela contra
providencias judiciales.
114. En esta ocasión, frente a las sentencias laborales relacionadas
con el proceso especial de fuero sindical (levantamiento de fuero y permiso
para despedir), el accionante, si bien hace alusión tangencial a las mismas,
para demostrar la irregularidad que envolvió su despido, no presentó acusación
alguna contra estas, ni argumentos cuestionando su validez, que el juez
constitucional pueda encajar en alguno de los defectos que hacen procedente la
tutela contra sentencias. Incluso, el actor no se tomó siquiera la molestia de
aportar los fallos a la demanda. Así, tal y como lo advierte el a-quo en
el proceso de tutela, “si bien el actor indicó que se habían tramitado
sendos procesos, tanto de levantamiento de fuero sindical, como la acción
especial de reintegro, sentencias de las que se duele haber sido adversas a sus
intereses, en modo alguno ilustró en qué consistió la agresión a sus derechos
fundamentales; le resultó suficiente con la mención de que fue despedido sin
haberse levantado por parte de la obligada el fuero sindical y que con
posterioridad no se accedió al reintegro”.[175]
De esta manera, refiere es enfáticamente a que Telecom lo despidió sin que
el juez laboral se haya pronunciado respecto del levantamiento de su fuero, por
lo que estima que al momento de la terminación de su relación laboral, aún se
encontraba aforado.
115. De la lectura de la demanda, para la Sala el señor Valdés Orozco
se duele es de las sentencias proferidas dentro del proceso especial de fuero
sindical (acción de reintegro) por él adelantado. En efecto, como se desprende
del escrito de tutela, el accionante en el hecho 14 señala: “Así se puede
concluir que el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales
– Sala Laboral, que conoció en segunda instancia el proceso de acción de
reintegro, incurrió en una vía de hecho en detrimento de mis intereses”.
Igualmente, al pronunciarse en el aparte que denomina “caso concreto”,
señala: “En el presente caso, el actor, en calidad de demandante dentro de
un proceso especial de fuero sindical, le fue negado por los jueces de la 2ª
instancia el reintegro por imposibilidad de acceder a ello, pero también le fue
negada la indemnización, a pesar que en el trámite procesal se acreditó que
el actor le fue terminado el contrato laboral, sin mediar legalmente una Justa
Causa y obtener la autorización legal judicial respectiva”. También,
menciona que “en el presente caso, las decisiones adoptadas por los jueces
de 2ª instancia, en sentencias que confirmaron el fallo impugnado, y en su
lugar absolvieron a la demandada las pretensiones incoadas (sic),
específicamente, al negar el reintegro y la indemnización correspondiente,
soslaya el principio de favorabilidad en la interpretación de normas aplicables
a situaciones laborales, principio de obligatorio cumplimiento, cuya omisión
genera vías de hecho” (destaca la Sala).[176] Finalmente, el
demandante al pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la tutela, manifiesta que agotó los medios ordinarios y
extraordinarios establecidos en el ordenamiento, refiriéndose únicamente a la
acción de reintegro por él adelantada. Al respecto aduce, que “como se puede
observar en las pruebas aportadas, se agotaron todas las instancias dispuestas
en las normas procesales laborales, pues se inició de mi parte la acción
especial de reintegro por despido, se surtió ante la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales el recurso de apelación contra la sentencia, en que
confirmó la providencia de fecha 2 de marzo de 2007, proferida por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Manizales, en la conformación de la Acción de
Reintegro”[177].
116. Así entonces, para la Corte es claro que en esta ocasión la acción
de tutela se encamina únicamente contra las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales accionadas que conocieron en primera y segunda
instancia, de la acción de reintegro promovida por el actor, cuyas decisiones
en dicho proceso le fueron adversas.
117. Frente a estas providencias, la Sala encuentra formalmente
procedente la tutela, por las siguientes razones:
117.1. En primer término, debe señalarse, como en otros casos ya
analizados, que el accionante utilizó un formato deficiente de acción de tutela
que no encuadra en las particularidades de su caso[178], careciendo de una
identificación detallada de los presupuestos fácticos a los que se endilga la
vulneración de sus derechos como de un análisis en el que se controviertan en
concreto las consideraciones de las providencias judiciales. Sin embargo, aun
cuando el accionante no identifica de manera razonable los hechos que generan
el desconocimiento de sus derechos fundamentales, lo cierto es que de la
lectura de las providencias, la Sala advierte de forma manifiesta la violación,
cuando las autoridades judiciales accionadas no acceden a las pretensiones de
las demandas bajo el argumento de que el contrato del actor finalizó por justa
causa y de manera legal, ya que obedeció al mandato legal del Decreto 1615 de
2003, con el cierre definitivo de la empresa el 31 de enero de 2006, no
requiriéndose de autorización judicial. Adicionalmente, se consideró que con la
extinción de Telecom la pretensión de reintegro carece de cualquier efecto,
negándose incluso la indemnización especial.
117.2. Asimismo, la cuestión que se
discute es de relevancia constitucional, pues se pretende con esta acción de
tutela el amparo de los derechos a la asociación sindical (artículo 39 de la
C.P) y al debido proceso (artículo 29 de la C.P.), los cuales han sido
reconocidos como fundamentales en el ordenamiento jurídico. Además, las decisiones judiciales cuestionadas refieren a la
desvinculación de un aforado sindical sin autorización judicial, sobre lo que
los operadores judiciales no le atribuyen consecuencia alguna a favor del
afectado.
117.3. De otra parte, en la acción de reintegro se surtieron las
instancias legales previstas en el ordenamiento. Ciertamente, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Manizales, se pronunció en sede de apelación, no
siendo procedente el recurso extraordinario de casación, en los términos del
inciso 2º del artículo 117 del Código Procesal del Trabajo.
117.4. Igualmente, en cuanto al requisito de la
inmediatez, se tiene este por cumplido en la medida de que las acciones de
tutela fueron presentadas en el mes de octubre de 2014, transcurridos cuatro
(4) meses luego de proferida la sentencia SU-377 de 2014  (12 de junio de
2014) y un mes luego de publicada la misma[179], que habilitó la interposición
de la acción en casos como el presente.
117.5. Del mismo modo, no se advierte que el señor Valdés Orozco haya
interpuesto previamente acción de tutela contra la sentencia que ahora se
controvierten, descartándose en consecuencia la cosa juzgada o la duplicidad en
el ejercicio de la acción constitucional. Al respecto, la Sala encuentra
oportuno aclarar, que si bien el señor Valdés Orozco no mencionó en la demanda
que había adelantado acción de tutela contra el PAR de Telecom, lo cual puso de
presente al juez constitucional el mismo PAR, en esta ocasión no se configura
una conducta temeraria ni se estructura el fenómeno de cosa juzgada, pues ahora
las accionadas son las autoridades judiciales que se pronunciaron en los
procesos especiales de fuero sindical y no el PAR, y naturalmente bajo unos
presupuestos fácticos diferentes. Ciertamente, el actor inició tutela contra el
PAR para solicitar su inclusión al plan de pensión anticipada, siendo
finalmente resuelta su situación en la sentencia SU-377 de 2014, que en el
numeral décimo séptimo de la parte resolutiva, decidió negar el amparo
solicitado aduciendo ausencia de legitimidad por activa.
117.6. Finalmente, el PAR pone de presente que el actor también
solicitó, mediante acción ordinaria ante el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Manizales, el reconocimiento y pago de salarios desde febrero hasta
junio de 2006, a título de indemnización por despido sin justa causa al no
haber autorización judicial de levantamiento de fuero sindical. En dicho
proceso, aduce, se dictó sentencia absolutoria en primera instancia el 26 de
marzo de 2010, siendo confirmada el 21 de julio del mismo año, por lo que
estima existe cosa juzgada ordinaria. Sin embargo, pese a que no se aportan los
fallos mencionados, para la Sala no se estructura el fenómeno de cosa juzgada,
pues el proceso a que hace referencia la vinculada, es un ordinario laboral,
diferente al proceso especial de fuero sindical[180], el cual surtió las
instancias legales ante las autoridades judiciales accionadas, lo cual no
afecta la procedibilidad formal de la acción de tutela.
Procedibilidad material de la acción de tutela
118. En el asunto ahora objeto de análisis, se trata de establecer si
se incurrió o no por parte del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Manizales como por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, en
una de las causales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
Como se desprende del expediente, en la acción de reintegro el
demandante pretendió que se declarara que al momento de su despido se
encontraba amparado por la garantía foral, al ser despedido sin previa
autorización judicial y se ordenara su reintegro, con el reconocimiento
indexado de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. Solicitó
además, en caso de no ser viable el reintegro, se le cancelara la indemnización
establecida en la Convención Colectiva de Trabajo.
La demanda se sustentó en que mediante decreto 1615 de junio 12 de
2003, el gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación de Telecom, razón
por la cual la entidad presentó acción de levantamiento del fuero sindical y
permiso para despedir, pero sin resultado favorable, pues el mismo Juzgado
Tercero Laboral, mediante providencia de febrero 07 de 2006, declaró probada la
excepción previa de prescripción, absolviendo a la parte pasiva de todas las
pretensiones[181].
Esta decisión, ya en el curso de la acción de reintegro, fue revocada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, el 24 de abril de 2006, al
encontrar que la acción no había prescrito, disponiendo levantar el fuero a los
trabajadores demandados y autorizando su despido[182]. Así, a juicio del
actor, al momento de su despido, que fue realizado el 31 de enero de 2006, aún
conservaba la garantía foral, pues ni el Juzgado ni el Tribunal se habían
pronunciado, es decir, no existía una decisión judicial en firme que levantara
su fuero y autorizara su despido.
119. De la lectura de las providencias proferidas en la acción de
reintegro, se destaca lo siguiente:
119.1. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, en primera
instancia, absolvió a Telecom en liquidación y al PAR de todas las
pretensiones, al declarar que el contrato del actor finalizó por justa causa y
de manera legal. Al respecto adujo: “Implica lo anterior que a partir del 31
de enero de 2006, con la culminación del proceso de liquidación de Telecom,
esta entidad ya no tiene existencia jurídica, lo que conlleva a que en el sub
lite se haya configurado la causal prevista en el literal a) del artículo 410
del Código Sustantivo del Trabajo, esto es “a) La liquidación o clausura
definitiva de la empresa o establecimiento y la supresión total o parcial de
actividades por parte del patrono durante más de ciento veinte (120) días”[183]. Del mismo
modo, en apoyo de un concepto de la Consejería Presidencial para Modernización
del Estado, estimó que no se requiere de calificación judicial para el despido
al tratarse de una restructuración de entidad pública nacional que no se
encuentra dentro de las causales en las cuales debe pedirse autorización: “Los
decretos dictados por el Gobierno en desarrollo del artículo 20 transitorio de
la Carta consagran una causal legal de terminación del vínculo laboral, en
cumplimiento del mandato constitucional para suprimir, fusionar o reestructurar
entidades públicas nacionales, que no está entre las causales por las cuales se
debe pedir autorización al juez del Trabajo en el caso de los aforados
sindicales”[184].
Respecto al reintegro, estimó que era jurídicamente imposible ordenarlo, pues
se dirigía a una persona jurídica inexistente: “no es viable ni posible
proferir una orden de reintegro frente a una persona jurídica que ahora carece
de existencia, en razón a que se ha cumplido el término límite para la
protección de los ex trabajadores de Telecom amparados por las previsiones del
artículo 3º del Decreto 2062 de julio 24 de 2003, de manera tal que el despido
de los demandantes no se traduce en un acto inválido que genere el reintegro
deprecado”[185].
Frente a que esta obligación la asumiera el PAR, consideró que “no se puede
imponer a estos patrimonios autónomos el reconocimiento o cumplimiento de
obligaciones que son totalmente ajenas al contrato de fiducia mercantil, más aún
si las mismas se originaron con posterioridad al cierre de los procesos
liquidatorios”[186].
Finalmente, consideró que “no hay lugar a ordenar el pago de ninguna
indemnización”[187],
por cuanto el despido obedeció a una justa causa y no se requería de previa
calificación judicial.
119.2. Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales, al resolver la apelación, confirmó la anterior decisión.
En primer término, no compartió el argumento según el cual la supresión o
liquidación de entidades oficiales no requiere autorización judicial para
levantar el fuero sindical, pues así lo exigía la normativa que reguló la
liquidación de Telecom. Consideró:
“A
juicio de la Corporación tal tesis que acoge la jueza carece de asidero, habida
cuenta que el artículo 17 del Decreto 1615 de 2003, normativa que regula la
liquidación de la entidad demandada, preceptúa inequívocamente que el
liquidador de la empresa tiene la responsabilidad de adelantar los procesos de
levantamiento del fuero sindical del personal que goza de esa garantía.
Tanto
es así que al final de la norma en comento, se expresa de manera perentoria lo
siguiente:
“Una
vez obtenidos los pronunciamientos correspondientes en los mencionados procesos
se terminará la relación laboral”.
De
tal forma, infiere la Colegiatura, que desde la misma legislación que gobernó
la liquidación de la entidad pública demandada, es pacífico que la
desvinculación del personal cobijado por el amparo constitucional y legal del
fuero sindical, debe ser previamente autorizada por el juez laboral, que es al
que corresponde hacer el pronunciamiento a que se refiere la parte final de la
norma recién citada, obviamente en consonancia con lo que dispone el numeral 2º
de la Ley 712 de 2001, modificatorio del artículo 2º del Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en concordancia, a su vez, con
lo que establece el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado
por el artículo 1º del Decreto 204 de 1957” [188].
Igualmente, señaló que existe prueba suficiente
sobre la extinción de Telecom y eso hace que la pretensión de reintegro carezca
de cualquier efecto. Finalmente, no accedió a que el PAR asumiera el
reconocimiento de las obligaciones que quedaron pendientes de Telecom, en la
medida que eso no fue pretendido en la demanda, lo que generaría un fallo
incongruente o carente de consonancia en un proceso de reintegro por fuero
sindical. En esa medida no ordenó indemnización alguna.
120. Si bien el accionante no señaló de forma razonable en qué las
anteriores providencias desconocieron sus derechos fundamentales ni controvirtieron
en concreto alguna de las consideraciones de los operadores judiciales
accionados, de la lectura de estas decisiones, la Sala identifica de forma
manifiesta los hechos que generan violación a los derechos fundamentales del
señor Valdés Orozco[189].
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito consideró que no se requería de
autorización judicial para despedir, que el reintegro no se podía ordenar a
Telecom por no existir, ni al PAR por no ser su obligación contractual y, por
tanto, tampoco había lugar a ordenar indemnización alguna. La Sala Laboral del
Tribunal, no le encontró vocación al PAR para asumir las obligaciones
pendientes de Telecom, sin ordenar a su cargo ninguna indemnización.
121. Al respecto, sea lo primero destacar, de acuerdo a lo señalado en
la parte dogmática de esta providencia, que de conformidad con la definición de
fuero sindical prevista en el artículo 405 y siguientes del CST, las garantías
del fuero sindical exigen que los trabajadores aforados tienen el derecho a no
ser despedidos sin una justa causa previamente calificada por el juez de
trabajo.
Sobre lo mismo, esta Corporación en la sentencia T-1079 de 2004,
ha reconocido que: “en los casos de liquidaciones o de
reestructuraciones administrativas de entidades públicas, se debe acudir de
manera previa ante el Juez Laboral para que éste determine si tales procesos
pueden ser considerados como una justa causa para despedir, trasladar o
desmejorar a un trabajador amparado por la garantía del fuero sindical, y, en
consecuencia, conceda o no el permiso correspondiente.  Por tanto, el
despido, el traslado o la desmejora en esos casos sin obtener dicho permiso,
constituye una omisión de la Administración que vulnera los derechos al debido
proceso y de libertad y asociación sindical” (destaca la Sala).[190]
En este sentido, la sentencia SU-377 de 2014 reiteró que las garantías
emanadas del fuero sindical tienen plena vigencia durante los procesos de
liquidación[191],
por lo que no pueden ser despedidos alegando la liquidación de la empresa, sin
que el carácter justo de esta causa y la legalidad de la terminación del
contrato sea calificado por el juez laboral. Esta regla se extiende a aquellos
eventos en los que el despido ocurre al final de la liquidación de la entidad o
de forma simultánea a su cierre definitivo.
122. Para el caso de la liquidación de Telecom, la normatividad
especial expedida al efecto, estableció la necesidad de un pronunciamiento
previo del Juez laboral para el caso de los trabajadores aforados. Veamos:
El artículo 17 del Decreto 1615 de
2003[192],
establece: “Para efectos de la desvinculación del personal que goza de la
garantía de fuero sindical, el Liquidador adelantará los procesos de
levantamiento del fuero sindical. Será responsabilidad del Liquidador iniciar
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de este Decreto los
respectivos procesos de levantamiento del fuero sindical. Una vez obtenidos
los pronunciamientos correspondientes en los mencionados procesos, se terminará
la relación laboral”.
Por su parte, el artículo 5º
transitorio del Decreto 2062 de 2003[193],
disponía: “Supresión de cargos de trabajadores oficiales amparados por fuero
sindical. A partir de la ejecutoria de la sentencia que autorice el
levantamiento del fuero sindical o el vencimiento del término de este fuero
contemplado en la Ley o en los estatutos sociales, quedarán automáticamente
suprimidos los cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero
sindical. // Parágrafo. En defensa de la garantía constituida por el fuero
sindical los anteriores cargos se mantendrán temporalmente vigentes hasta el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo”.
123. Así, en el caso del señor
Valdés Orozco, este fue despedido el 31 de enero de 2006, sin que el mismo
Juzgado accionado se haya pronunciado en el proceso de levantamiento de fuero
sindical adelantado por Telecom en liquidación, pues el auto interlocutorio que
declaró probada la excepción de prescripción de la acción fue de febrero 07 de
2006, el cual al ser apelado, fue revocado por el Tribunal, en abril 24 del mismo
año, esto es, con posterioridad a la terminación de la relación laboral, por lo
que no puede predicarse que la entidad contaba con la autorización exigida por
la Ley[194].
124. Así las cosas, independientemente de si el despido era o no con
justa causa, lo cierto es que al considerar el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Manizales, que en este caso era innecesaria la calificación previa
por parte del juez del trabajo, incurrió en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente constitucional, al no dar aplicación al artículo
405 del CST, como desconocer los artículos 17 del Decreto 1615 de 2003 y 5º
transitorio del Decreto 2062 de 2003, como de la jurisprudencia constitucional
reseñada, cuyas decisiones ya habían sido proferidas por esta Corporación al
momento de pronunciarse el juzgado en primera instancia en la acción de
reintegro.
125. Ahora bien, en cuanto a las consideraciones del
Juzgado como de la Sala Laboral del Tribunal, respecto a la imposibilidad de
impartir orden alguna de reintegro a Telecom al ya ser una persona jurídica
inexistente, así como que el PAR tampoco podría asumir obligaciones derivadas
de esta relación laboral por no estar dentro de sus obligaciones contractuales,
la Corte debe recordar que si bien Telecom ya no existe, perviven obligaciones
remanentes y contingentes, derivadas incluso de procesos judiciales como el de
la acción de reintegro adelantada por el actor, a cargo del PAR.
Ciertamente, como se indicó en la parte dogmática de
esta decisión, el PAR se encuentra habilitado para hacer parte en los procesos
laborales, tanto anteriores como posteriores a la liquidación de Telecom, “en la medida en
que ello sea preciso para establecer si tiene para con estos obligaciones
remanentes o contingentes”. Como el accionante fue despedido al
término del proceso liquidatorio, naturalmente la acción de reintegro debía ser
posterior a este, no obstante, de dicha acción resultarían obviamente
eventuales obligaciones contingentes que deberían ser asumidas por alguien,
esto es, el PAR de Telecom, de acuerdo a sus compromisos contractuales y a la
interpretación favorable que se hace del artículo 3º del Decreto 4781 de 2005[195],
que reglamenta en parte la liquidación de Telecom. En esta medida, las
pretensiones dirigidas contra Telecom en liquidación, se entienden que son
dirigidas también al PAR, descartándose así cualquier tipo de incongruencia al
respecto.
126. Como ya lo
ha señalado esta Corporación, “en este tipo de asuntos el PAR y las
entidades que lo constituyen están habilitadas para responder por prestaciones
de orden laboral de TELECOM en liquidación, por cuanto así lo dispuso
específicamente la regulación del proceso liquidatorio, y porque la Constitución
garantiza a todos los ciudadanos acceder a la administración de justicia para
la defensa de sus derechos”.[196]
Asumir lo contrario sería dejar al
actor en estado de indefensión, al no tener quien responda ante una eventual
decisión favorable en el marco de la acción de reintegro.
127. En este orden de ideas, para la Sala
de Revisión tanto el Juzgado como el Tribunal accionados incurrieron en un
defecto sustantivo al desconocer el artículo 3º del Decreto 4781 de 2005, que
encarga de las obligaciones remanentes y contingentes al PAR, de los procesos
judiciales anteriores como posteriores a su liquidación.
128. Finalmente, en el caso del señor Valdés Orozco,
la Corte encuentra que las autoridades judiciales que examinaron su pretensión
de reintegro dentro del proceso especial de fuero sindical, vulneraron su
derecho fundamental al debido proceso al negarle el pago de una indemnización
especial bajo el argumento de que era imposible dicha obligación debido a la
finalización del proceso liquidatorio, a pesar de estar demostrado que lo
despidieron sin previa autorización judicial.
129. Como se reseñó
páginas atrás, la sentencia SU-377 de 2014, precisó que si en los procesos de
liquidación de entidades se suprimen todos los cargos, sin que a los
trabajadores aforados les hubieran levantado su protección, en la acción de
reintegro debe reconocerse que ante la imposibilidad física y jurídica de
ordenarse una reincorporación, lo procedente es ordenar a favor del accionante
el pago de la indemnización especial[197] que fija el artículo 116 del Código Procesal del
Trabajo, en el Título II sobre ‘Fuero Sindical’, del Capítulo XVI sobre
‘Procedimientos Especiales’, la cual asciende a “seis meses de salarios, sin
perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).[198]
Esta indemnización especial tiene una fuente jurídica diferente a la que
reconoce el patrono al momento de la terminación de la relación laboral de los
trabajadores por la supresión de Telecom[199].
En el
presente asunto, no existía duda de la condición de aforado que ostentaba el
señor Valdés Orozco, tal y como lo reconocieron las mismas autoridades
judiciales accionadas. También, está demostrado que al accionante lo
despidieron el 31 de enero de 2006 y las providencias judiciales proferidas en
el proceso de levantamiento del fuero sindical, datan del 07 de febrero y 24 de
abril de 2006, en primera y segunda instancia respectivamente, es decir, son
posteriores al despido.
130. De esta
manera, nuevamente incurren las accionadas en un defecto sustantivo, conforme a
la definición jurisprudencial reseñada en la parte dogmática de esta decisión,
por cuanto era obligación del juez del reintegro
declarar irregular el despido del actor, e indicar que aun cuando era fáctica y
jurídicamente imposible su reincorporación al puesto de trabajo en razón al
cierre definitivo de Telecom, sí era procedente la indemnización especial de
que trata el artículo 116 del CPT, por no contar con una decisión judicial que
autorizara el despido[200],
sin importar que la desvinculación coincidiera con el cierre definitivo de
Telecom. Respecto a la
vigencia del artículo 116 del CPT, la Sala se remite a lo expuesto en el
acápite correspondiente (fundamento 25, página 58) de la parte dogmática de
esta decisión, donde se explican las razones por las cuales debe admitirse su
plena aplicabilidad para casos como el analizado.
131. Por todo lo anterior, la Sala
revocará la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, de febrero 12 de 2015, que a su vez confirmó el
fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de octubre 22 de
2014, que negó el amparo solicitado por el señor Jorge Luis Valdés Orozco, por
las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, amparará los
derechos fundamentales al debido proceso y de asociación sindical en cabeza del
actor, dejando sin efectos, en lo que respecta al señor Valdés Orozco, las
sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales
y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, proferidas el
02 de marzo y el 30 de abril de 2007,
respectivamente, en el marco de
la acción de reintegro adelantada por el accionante.
132. Finalmente, se ordenará al juez del reintegro de
primera instancia (Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Manizales),
en lo que respecta al accionante, proferir un nuevo fallo en el cual se
abstenga de incurrir en los defectos señalados.
Expediente T-4857219.
133. La señora Aida Luz Pachón Olarte (T-4857219) interpuso
acción de tutela, contra el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, el
Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, la Sala Laboral del Tribunal de
Bogotá y a la Sala de Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas de la Corte
Suprema de Justicia.
La accionante asegura que se encuentra afiliada a la USTC, siendo
miembro de la Junta Directiva –Subdirectiva de la Seccional Chía
(Cundinamarca), ocupando el cargo de Tesorera. Sostiene que TELECOM en
liquidación inició el proceso de levantamiento de fuero sindical, no obstante,
al momento de la terminación del contrato, que ocurrió de forma unilateral el
31 de enero de 2006, no mediaba autorización judicial que avalara el
levantamiento del fuero sindical y el despido.
Al respecto informa que TELECOM inició ante el Juzgado Laboral del
Circuito de Zipaquirá, proceso especial con el fin de levantar el fuero
sindical de algunos trabajadores, incluyéndola a ella, y obtener la
autorización para despedir. Sin embargo, la autoridad judicial declaró probada
la excepción previa de prescripción, “en cumplimiento del artículo 118 A del
C.P.T. y Ley 712/01”.
En consecuencia, menciona que presentó “demanda especial de
reintegro de Directivo Sindical Aforado ante el Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Bogotá”, el cual, mediante fallo de noviembre 18 de 2008,
resolvió “ABSOLVER a las demandadas… de todas y cada una de las pretensiones
incoadas en su contra por AIDA LUZ PACHÓN OLARTE”. Esta decisión fue
confirmada el 31 de marzo de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, quien acogió la excepción de prescripción propuesta por el Consorcio de
Remanentes de Telecom.
Asegura que el Tribunal Superior “estableció que la presentación de la
demanda para quienes supuestamente operó el fenómeno de la prescripción, se
cumplía el día 1 y 2 de mayo de 2006, sin que hubiese examinado según ellos
porque (sic) no tenía injerencia el paro judicial que se había llevado a cabo y
que trasladó los días de juzgado hábil (sic), pues aduce que el término ya se
encontraba vencido”. Así, estima que el Tribunal “incurrió en una vía de
hecho en detrimento de mis intereses”, desconociendo el fuero sindical tal
como está contemplado en las normas nacionales y en los convenios de la OIT.
Por lo tanto, solicita
se ordene el pago de la reliquidación de las indemnizaciones por despido
injusto e ilegal, se declaren nulas las sentencias censuradas, se proceda al
pago de salarios y prestaciones sociales “hasta cuando jurídicamente se
disponga la terminación efectiva del vínculo laboral o la liquidación
definitiva de la organización sindical” y se levante en debida forma el
fuero sindical que asegura le es propio.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
134. Advierte la Sala, que si bien en la referencia de la tutela la
accionante señala que la misma se interpone contra varias autoridades
judiciales, entre ellas el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá y la Sala
de Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia,
en los hechos de la demanda como en las pretensiones, de manera alguna se
atacan o se controvierten las decisiones proferidas por dichas autoridades.
Esto resulta apenas lógico, pues la decisión proferida por el mencionado Juzgado
Laboral, dentro del proceso especial de fuero sindical (levantamiento de
fuero), le fue favorable[201],
ya que como ella misma lo relata, declaró probada la excepción de prescripción
de la demanda, en los términos del artículo 118 CPT. Asimismo, sin que en la
demanda se hiciera referencia a ello, la Sala de Casación Penal profirió
sentencia de segunda instancia en el marco de una acción de tutela interpuesta
por la señora Pachón Olarte y otras personas en el año 2009, contra el Juzgado
Séptimo Laboral de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad,
a propósito del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) que
adelantara la accionante, donde se ampararon los derechos fundamentales
invocados.
135. Así entonces, en esta ocasión, para la Corte la acción de tutela
esta fundamentalmente dirigida contra el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito
de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, quienes
conocieron de la acción de reintegro promovida por la señora Aida Luz Pachón y
cuyas decisiones adoptadas en dicho proceso ocasionan su inconformidad.
136. Sin embargo, el asunto sub examine no resulta formalmente
procedente, en la medida de que la accionante ya había interpuesto similar
acción de tutela contra las autoridades judiciales referidas en el párrafo
anterior, bajo los mismos presupuestos fácticos y jurídicos, estructurándose el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
En efecto, tal como lo informaron al a-quo las Salas de Casación
Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia[202], la accionante junto
con otras personas, habían interpuesto acción de tutela con ocasión de las
providencias dictadas en el proceso especial de fuero sindical (acción de
reintegro) que les fue resuelto desfavorablemente.
Dicha acción de tutela fue conocida en primera instancia por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Rad: 21380), quien en fallo
de septiembre 29 de 2009[203],
denegó el amparo solicitado, tras evidenciar que las sentencias atacadas
reflejan “un análisis razonable de la realidad legal y fáctica del mismo,
con premisas que desde ningún punto de vista lucen antojadizas según el
criterio de esta Corporación”. Esta decisión fue revocada por la Sala de
Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas (Rad: 45543), mediante sentencia de
enero 19 de 2010[204],
la cual decidió anular parcialmente la providencia proferida el 31 de marzo de
2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, ordenando a dicha
autoridad judicial, “resolver la apelación promovida por Carlos Alberto
Robles, Leonel Mauricio Rojas Clavijo, María Virginia Delgado Donoso y Aida
Luz Pachón Olarte, contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2008
por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, teniendo presente la
parte motiva de esta sentencia”.
Para otorgar el amparo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, consideró:
“(…) [E]n el caso sub examine, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, aplicó el inciso primero del artículo 118 A
del Código Procesal del Trabajo, con el cual fue resuelto con un alcance
diferente al acogido en primera instancia, la excepción de prescripción
propuesta por el Consorcio de Remanentes de Telecom.
Consideró el Tribunal, que “para los
demandantes María Virginia Delgado, Aida Luz Pachón, Leonel Mauricio Rojas,
Jorge Iván Padilla y Carlos Alberto Robles, quienes presentaron la reclamación
administrativa el 2 de marzo de 2006, les operó la suspensión de la
prescripción durante un mes, pues es el término que la administración tiene
para contestar en forma positiva la reclamación, pues si esta supera el mes, se
entiende negativa, y teniendo en cuenta que ya se había empezado a contabilizar
el término por un mes (febrero), se observa que para estas personas el término
para presentar la demanda vencía el 1 de mayo de 2006, configurándose entonces
la prescripción”.
Ahora, este argumento no podría ser removido
en sede de tutela, si no fuera porque con el mismo las autoridades accionadas
acogieron un sentido inconstitucional del artículo 6º del Código Procesal del
Trabajo –modificado por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001-, pues esta
disposición, según la cual la reclamación administrativa “consiste en el simple
reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que
pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde
su presentación no ha sido resuelta”, fue declarada exequible mediante
sentencia C-792 de 2006, con la aclaración vinculante de que el término de
prescripción no debía contabilizarse o reanudarse hasta tanto no fuera
contestada la reclamación administrativa”.
El expediente de la mencionada acción de tutela fue remitido a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, la cual, mediante auto de febrero 26
de 2010, de la Sala de Selección número dos, fue excluido de revisión
(expediente T-2548324), haciendo tránsito a cosa juzgada constitucional.
137. De esta manera, se insiste una vez más, que en la orden trigésimo
tercera de la sentencia SU-377 de 2014, se abrió la posibilidad a los
interesados de interponer acción de tutela contra las providencias laborales de
levantamiento de fuero o de reintegro sindical, “si no han instaurado acciones de tutela contra las
mismas”. En el presente asunto, la
situación de la accionante no encaja en lo previsto en la orden trigésimo
tercera de la sentencia de unificación, al haber interpuesto con anterioridad
una acción de tutela contra las mismas decisiones judiciales, con identidad de
partes, hechos y pretensiones, la cual, como ya se indicó, le fue fallada a
favor en segunda instancia.
En ese orden, la Sala comparte la apreciación de los
jueces de instancia, al considerar que si la actora estimaba que la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, no acató la
orden en los términos previstos en el fallo de tutela proferido por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, debió solicitar el cumplimiento
o promover el incidente de desacato (artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de
1991), para ventilar dicha irregularidad, no pudiendo ser subsanada tal omisión
con la interposición de una nueva acción de tutela.
Aun cuando se configura el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, la Sala debe señalar que no se advierte que en su conducta la
accionante haya incurrido en temeridad. Ciertamente, partiendo de la presunción
de buena fe de la actora (CP art. 83), se observa que la primera acción de
tutela fue interpuesta en el mes de septiembre del año 2009, es decir, hace más
de 6 años. Del mismo modo, no hay información alguna en la que se indique que
haya interpuesto una tercera acción de tutela con la misma controversia. Igualmente,
la accionante obró a nombre propio, esto es, sin la representación de un
profesional del derecho. Por último, en virtud de la orden trigésimo tercera de
la sentencia SU-377 de 2014, es plausible que haya podido considerar que se
encontraban autorizada a interponer una nueva tutela o por lo menos entender
que se trataba de un hecho nuevo que haría procedente la misma. Todo esto
indica que no hay una evidencia
de clara y ostensible de un actuar de mala fe, de deslealtad procesal o de
abuso del derecho por parte de la señora Aida Pachón, que busque afectar el
buen funcionamiento de la administración justicia.
138. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de febrero 25 de
2015, que a su vez confirmó el fallo de la Sala de Casación Civil de la misma
corporación, de octubre 30 de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora
Aida Luz Pachón Olarte, por las razones expuestas en esta providencia.
(v) Casos en los que el despido ocurrió después de
tener una autorización judicial en firme para levantar el fuero sindical.
Expedientes T-4846065 y T-4853814.
139. Tal y como se reseñó en el acápite de los hechos, los señores César
Humberto Triana García (T-4846065) y Jaime Herrera Ortiz (T-4853814)
interpusieron de forma separada acción de tutela, contra el Juzgado Laboral del
Circuito de Yopal (Meta), la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal y la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Los accionantes afirman que trabajaron para TELECOM y
ocupaban los cargos de fiscal y vicepresidente en la Junta Directiva,
Sub-directiva de la seccional Yopal (Casanare) de la USTC. Aseguran que su
empleador los despidió  aduciendo como causa la supresión de sus cargos y el
cierre de las empresas. El señor Triana García fue desvinculado el 23 de junio
de 2004 y  el señor Herrera Ortiz el 31 de enero de 2006, en el momento de la
liquidación TELECOM y su asociada Telebuenaventura.
Para proceder al despido de los accionantes y otros
aforados, TELECOM y Telebuenaventura obtuvieron permiso para levantar el fuero
sindical de los mismos, mediante sentencia del 3 de marzo de 2004, del Juzgado
Laboral del Circuito de Yopal, por considerar que se configuró la justa causa
de liquidación o clausura definitiva de la empresa. Esta sentencia fue
confirmada íntegramente por la Sala Única de decisión del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Yopal, en fallo del 13 de abril de 2004.
Los accionantes estiman que sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y a la libre asociación fueron violentados,
pues las referidas providencias son contrarias a derecho por desconocimiento de
la garantía de fuero sindical establecida en el artículo 1º del Decreto 204 de
1957, el artículo 39 de la Constitución Política y las Convenciones 87 y 98 de
la OIT, por lo cual se erigen en vías de hecho susceptibles de corrección por vía
constitucional.
En consecuencia, solicitan se ordene el pago de la
reliquidación de las indemnizaciones por despido injusto e ilegal, se declaren
nulas las sentencias censuradas, se proceda al pago de salarios y prestaciones
sociales “hasta cuando jurídicamente se disponga la terminación efectiva del
vínculo laboral o la liquidación definitiva de la organización sindical” y
se levante en debida forma el fuero sindical que aseguran le es propio.
Procedibilidad formal de las acciones de tutela
140. En la sentencia SU-377 de 2014, esta corporación recordó que si
una acción de tutela “es resuelta en sentido desfavorable al peticionario, y
los fallos que decidan la solicitud no son seleccionados para revisión por esta
Corte, debe considerarse que la providencia de última instancia adoptada en ese
proceso queda ejecutoriada y que hace tránsito a cosa juzgada.  Lo decidido en
ella no puede entonces volverse a juzgar en el contexto de otra acción de
tutela”.
Consecuente con al anterior razonamiento, la orden trigésimo tercera de
la sentencia de unificación mencionada, autoriza a los interesados a interponer
acción de tutela contra las providencias laborales de levantamiento de fuero o
de reintegro sindical, “si no
han instaurado acciones de tutela contra las mismas”.
141. En los casos que ahora se someten a examen, la Sala considera que las
acciones de tutela resultaban improcedentes ante la estructuración del fenómeno
de la cosa juzgada constitucional, en la medida que los accionantes ya habían
interpuesto acción de tutela contra las mismas autoridades judiciales, atacando
las providencias judiciales por ellas proferidas, bajo los mismos presupuestos fácticos
y con similares pretensiones.
En efecto, examinadas las pruebas obrantes en los expedientes, se
advierte que los señores Cesar Humberto Triana García y Jaime Herrera Ortiz, junto
con otras personas, habían interpuesto acción de tutela contra el Juzgado
Laboral del Circuito de Yopal y la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal,
con ocasión de las providencias dictadas en el proceso especial de fuero
sindical (levantamiento de fuero y permiso para despedir) promovido por TELECOM
en liquidación, que levantaron el fuero sindical y otorgaron el permiso para
despedir a los demandados.
Dicha acción de tutela fue conocida en primera instancia por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Rad: 10434), quien en fallo
de mayo 12 de 2004[205],
denegó el amparo solicitado, tras estimar que la tutela resultaba improcedente
contra providencias judiciales. Esta decisión fue confirmada por la Sala de
Casación Penal de la misma corporación, mediante sentencia de junio 24 de 2004.
Igualmente, la Corte Constitucional, mediante auto de julio 30 de 2004, de la Sala de selección número
siete, excluyó de revisión ese
asunto (expediente T-947812),
haciendo tránsito a cosa juzgada constitucional.
Como se evidencia de la lectura del fallo de tutela de
mayo 12 de 2004, los hechos, pretensiones y partes son las mismas que ahora se
debaten en las tutelas objeto de revisión. Ciertamente, en dicha providencia se
indica:
“Los accionantes, mediante apoderado,
instauraron la acción de tutela por considerar que con las sentencias del 3 de
marzo de 2004 y 13 de abril de 2004, proferidas dentro del proceso especial de
fuero sindical (levantamiento de fuero sindical y permiso para despedir),
contra ellos promovido por Fiduciaria La Previsora S.A. “Fiduprevisora”
(liquidadora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –Telecom en
liquidación-), los funcionarios judiciales accionados les han conculcado los
derechos fundamentales de que tratan los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 86, 95,
122, 228, 230 y 254 de la Constitución Política.
En sustento de sus pretensiones adujeron
como hechos, entre otros, que según la Ley 254 de 2000 y el Decreto 1615 de
2003, se ordenó la supresión y liquidación de Telecom; que el artículo 17 del
Decreto 1615 de 2003 dispuso que se debían instaurar los procesos ante la
jurisdicción laboral para obtener los levantamientos de los fueros sindicales y
los permisos para despedir a los trabajadores aforados; que ellos hacen parte
de la organización sindical Unión Sindical Trabajadores de las Comunicaciones
USTC Seccional Yopal y, por tanto, están amparados por la garantía foral; que
Telecom presentó demanda especial de acción de levantamiento de fuero sindical
y permiso para despedir el 24 de septiembre de 2003, la que correspondió en
reparto al Juzgado Laboral del Circuito de Yopal, que en sentencia del 3 de
marzo de 2004 el Juzgado autorizó el levantamiento del fuero sindical y, por
ende, concedió el permiso para despedir a los trabajadores; que interpusieron
recurso de apelación y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal,
Sala Única de Decisión, en sentencia del 13 de abril de 2004, confirmó la
providencia del Juzgado.
Se pretende con esta acción, que se
revoquen las sentencias del Juzgado Laboral del Circuito de Yopal, del 3 de
marzo de 2004, y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, del 13
de abril de 2004, y se conceda la tutela en favor de los accionantes; que se
descalifiquen los actos judiciales contenidos en las referidas providencias,
por ser contrarias a derecho, constituyéndose en vías de hecho; que se ordene
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal que dicte nueva sentencia,
constitucional, legal y congruente, dentro del término de 48 horas”.
El hecho de que en esta ocasión se haga referencia en
las demandas a la sentencia SU-377 de 2014, no significa que hayan surgido
supuestos jurídicos sobrevinientes que provoquen una diferencia sustancial con
la tutela fallada en el año 2004, pues los fundamentos siguen siendo los mismos.
142. Así las cosas, en esta oportunidad las acciones
de tutela interpuestas por los señores Triana García y Herrera Ortiz, resultan
improcedentes al establecerse la existencia de la cosa juzgada constitucional.
Sin embargo, la Sala debe señalar que no se advierte que en su conducta los
accionantes hayan incurrido en temeridad. En efecto, partiendo de la presunción
de buena fe de los actores (CP art. 83), se observa que la primera acción de
tutela fue interpuesta en el mes de abril del año 2004, es decir, hace más de
11 años. Asimismo, no hay información alguna en la que se indique que hayan
interpuesto una tercera acción de tutela con la misma controversia. Igualmente,
los accionantes obraron a nombre propio, esto es, sin la representación de un
profesional del derecho. Finalmente, en virtud de la orden trigésimo tercera de
la sentencia SU-377 de 2014, es plausible que hayan podido considerar que se
encontraban autorizados a interponer una nueva tutela o por lo menos entender
que se trataba de un hecho nuevo que haría procedente la misma. Todo esto
indica que no hay una evidencia
de clara y ostensible de un actuar de mala fe, de deslealtad procesal o de
abuso del derecho por parte de los actores, que busque afectar el buen
funcionamiento de la administración justicia.
143. Lo anterior es suficiente para confirmar las
decisiones de instancia que negaron el amparo, sin embargo, no sobra destacar,
como argumento adicional, que los accionantes solo cuestionan las sentencias
proferidas dentro del proceso especial de fuero sindical (levantamiento de
fuero y permiso para despedir), pues de los hechos narrados en las demandas y
de las pruebas obrantes en los expedientes, no se advierte que hayan
interpuesto la acción de reintegro, mecanismo idóneo para establecer si en sus
casos se requería o no de autorización judicial para desvincularlos. Así, las
acciones de tutela tampoco tendrían vocación de prosperidad, pues no pueden
entrar a suplir, dado su carácter subsidiario y residual, los mecanismos
judiciales principales establecidos por el legislador para la protección de los
derechos ahora invocados.
144. Por último, no sobra poner de presente, que el
señor Triana García inició un proceso ordinario laboral contra Telecom en
liquidación, pretendiendo le sea reconocida su condición de padre cabeza de
familia y le sean pagados los salarios y demás prestaciones dejados de
percibir. Mediante fallo de septiembre 30 de 2009, el Juzgado Noveno Laboral
del Circuito de Descongestión de Bogotá, absolvió a la demandada de las
pretensiones elevadas. Esta decisión fue a su vez confirmada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia de abril 21 de 2010[206].
Las anteriores providencias judiciales no son objeto
de revisión en esta ocasión, pues no se relacionan con el presupuesto
establecido en la sentencia SU-377 de 2014, esto es, no refiere a la condición
de aforado sindical del señor Triana García, sino a beneficios del retén social
por considerarse padre cabeza de familia. Asimismo, en la demanda de tutela,
tales providencias y autoridades judiciales no son cuestionadas.
145. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de enero 15 de 2015,
que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor César
Humberto Triana García, por las razones expuestas en esta providencia. Del
mismo modo, se confirmará la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia (Sala de Decisión de tutelas), de febrero 10 de
2015, que a su vez confirmó el fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma
corporación, de octubre 31 de 2014, que negó el amparo solicitado por el señor
Jaime Herrera Ortiz, por las razones expuestas en esta providencia.
Expediente T-4875783.
146. Como queda referido en el acápite de los hechos, en el expediente T-4875783,
el señor Emilio Valencia Ramos trabajaba en Telebuenaventura e
integraba la Junta Directiva, Seccional Buenaventura, de la Unión Sindical de
Trabajadores de las Comunicaciones -USTC-, en el cargo de “Secretario ante
Telecom”, al momento de la liquidación definitiva de la entidad el 31 de enero
de 2006. Asegura que su contrato fue terminado en la fecha mencionada, sin
haberse obtenido previamente la autorización judicial para el despido que exige
la ley.
Informa que Telebuenaventura inició proceso especial
de fuero sindical (levantamiento de fuero), con el fin de obtener permiso para
despedir algunos trabajadores, entre los cuales se incluye. El Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Buenaventura, mediante sentencia de octubre 13 de 2005,
concedió el permiso a la Empresa para levantar su fuero sindical y proceder a
su despido. Asegura que el Juzgado accedió a lo pretendido “sin el cumplimiento
del artículo 118A del C.S.T. (sic) y la Ley 712/01”, sin percatarse que la
excepción de prescripción estaba configurada. Esta decisión fue confirmada en
grado jurisdiccional de consulta, al no ser apelada, por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Buga, mediante decisión del junio 20 de 2006. El
Tribunal admitió que la supresión de cargos por cierre de la empresa constituye
justa causa para el despido.
Asegura que estas autoridades judiciales incurrieron “en vía de
hecho en detrimento de mis intereses, olvidando los derechos fundamentales y
constitucionales que me asisten”, e ignorándose que en casos
iguales, se ha dispuesto “el pago de los dineros dejados de percibir, desde
el momento del despido hasta la ejecutoria del fallo que ordenó el pago de la
indemnización, mas no el reintegro por encontrarse liquidada la empresa”.
Del expediente se advierte que inició proceso especial de reintegro
ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, con el fin de
obtener los salarios, prestaciones legales y extralegales causadas del 1º de
febrero de 2006 hasta la fecha en que se produzca su incorporación. No
obstante, el Juzgado mediante sentencia de octubre 12 de 2007, absolvió a
Telebuenaventura y a la PAR de todas las pretensiones incoadas, al considerar
que se cumplieron las prerrogativas exigidas en el artículo 406 y siguientes
del Código Sustantivo del Trabajo. La decisión no fue objeto de impugnación ni de consulta.
En consecuencia, solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, igualdad laboral, asociación, libertad sindical y mínimo
vital, ordenándose el pago de la reliquidación de las indemnizaciones por el
despido injusto e ilegal. En ese sentido, solicita se declararan nulas las
sentencias que le fueron adversas “y se proceda al pago de los salarios
dejados de percibir y sus correspondientes prestaciones sociales hasta cuando
jurídicamente se disponga la terminación efectiva del vínculo laboral o la
liquidación definitiva de la organización sindical”. Igualmente, pide que
su fuero sindical le sea levantado “por medio de un proceso ordinario legal
de levantamiento de fuero sindical, colocado ante el juez de instancia
respectiva”. Finalmente, demanda a título de indemnización, “los
salarios y prestaciones sociales, incluyendo convencionales, así como los
abonos respectivos a la seguridad social y la indemnización desde el día que se
ordenó el despido”, debidamente indexados.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
147. Para examinar la procedibilidad formal del presente asunto, la
Sala recuerda por última vez que la orden trigésimo tercera de la sentencia
SU-377 de 2014, autoriza a los interesados a interponer acción de tutela contra
las providencias laborales de levantamiento de fuero o de reintegro sindical, “en caso de que se den las condiciones
jurisprudenciales que justifican la tutela contra sentencias”.
Como se señaló en páginas precedentes, una de las condiciones para que
sea procedente la acción de tutela contra decisiones judiciales, es que se
hayan agotado previamente los mecanismos de defensa judicial procedentes contra
las decisiones que se controvierten, en aplicación del principio de
subsidiariedad.
Tratándose de los procesos
especiales de fuero sindical[207],
la Corte Constitucional ha señalado que “por disposición del legislador, en
esos procedimientos la decisión de primera instancia es apelable en el efecto
suspensivo, pero contra la decisión del tribunal “no cabe recurso alguno” (art.
117 inc. 2° CPT). Por ende, no se puede optar por interponer el recurso
extraordinario de casación”[208].
148. En esta ocasión, la Sala advierte que durante el trámite de la
acción, el a-quo vinculó al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Buenaventura[209],
en la medida de que si bien no fue demandado en la tutela, el PAR de Telecom
puso de presente que dicha autoridad judicial había proferido sentencia el 12
de octubre de 2007, en el marco de la acción de reintegro adelantada por el
señor Valencia Ramos contra Telebuenaventura S.A.[210]
149. De la lectura de la demanda, se evidencia que el accionante omitió
informar al juez constitucional sobre el proceso de fuero sindical (acción de
reintegro) que inició ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Buenaventura y, en esa medida, no existe reproche alguno contra la sentencia
allí adoptada. Una vez aportada por el PAR la sentencia proferida en dicho
proceso, se advierte que a pesar de haber sido adversa a los intereses del
señor Valencia Ramos, este no interpuso el recurso de apelación procedente
contra la misma. Al respecto, consultado el sistema de información de procesos
“Justicia Siglo XXI” de la  Rama Judicial[211],
no se registra reporte alguno de que dicho asunto haya sido tramitado en el
Tribunal Superior de Buga, ni en grado jurisdiccional de consulta.
150. Así las cosas, para la Sala no resulta formalmente procedente la
tutela respecto de la sentencia dictada el 12 de octubre de 2007, por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, en la medida que contra
la misma no se agotaron los mecanismos de defensa judicial procedentes. En ese
orden, la Corte comparte las apreciaciones del a-quo, pues al omitir el
actor impugnar la sentencia laboral, no le está permitido ahora al juez
constitucional remediar ese yerro, subsanando la incuria del interesado en hacer uso de la figura procesal destinada a obtener la
satisfacción de sus derechos, sin desconocer a su paso la naturaleza
subsidiaria y residual de la acción de tutela. Adicionalmente, como el
accionante en su demanda no informa la existencia de dicho proceso como tampoco
hace referencia a providencia judicial alguna adoptada al interior del mismo, esta
Corporación no podría motu proprio abordar el estudio material de una
sentencia que no ha sido cuestionada por el actor.
151.
Asimismo, encuentra la Sala formalmente improcedente la acción de tutela contra
las decisiones judiciales
adoptadas dentro del proceso de levantamiento de fuero sindical, proferidas por
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, el 13 de octubre de 2005,
en primera instancia, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, el 20 de
junio de 2006, en grado jurisdiccional de consulta.
Para llegar a esta conclusión la Sala insiste que dentro de las
condiciones jurisprudenciales para que proceda la acción de tutela contra
sentencias, de acuerdo a lo reseñado en la parte dogmática de esta providencia,
se requiere que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que
generan la violación[212].
Este requisito cobra fundamental importancia en este tipo de asuntos, donde
quien demande el amparo debe señalar de forma comprensible de qué manera los
fallos producidos en su caso desconocen la normatividad sobre la garantía del
fuero sindical en el marco de la liquidación de entidades públicas, y en qué
medida ello configura alguna de las causales específicas de la tutela contra
providencias judiciales.
152. En esta oportunidad, el señor Valencia Ramos, al utilizar el susodicho
formato de acción de tutela, en el que sólo se transcribe normatividad y
jurisprudencia relacionada con el fuero sindical, pero que de manera alguna las
relaciona o contrasta con el contenido y la argumentación de las decisiones
proferidas por las autoridades judiciales accionadas de donde se pueda derivar
algún desconocimiento. Como se advierte de la lectura de la demanda, el actor
se limita a realizar exposiciones y afirmaciones aisladas, pero en contra de la
determinación de Telebuenaventura de dar por terminado su contrato de trabajo,
sin cuestionar en concreto ninguna de las consideraciones empleadas por las
autoridades judiciales enjuiciadas, al punto que ni siquiera cita un solo
fragmento de la parte considerativa de tales decisiones, las cuales, valga
decirlo, tampoco aporta en la demanda de tutela.
De esta manera, no puede la Corte entrar a indagar oficiosamente las
decisiones judiciales en busca de un error o de algún defecto, más aún cuando
no es evidente o manifiesto, sin que el mismo accionante los haya identificado
o señalado al juez constitucional, ya que no basta la simple afirmación de que
se incurrió en una vía de hecho para que esta se evidencie.
153. Pese a ello, en gracia de discusión, el numeral trigésimo tercero
de la parte resolutiva de la sentencia SU-377 de 2014, habilitó a los ex
trabajadores de Telecom “para promover tutelas contra “providencias ejecutoriadas que pongan fin a procesos de
levantamiento de fuero”, lo cual indica que también pueden invocar la sentencia SU-377 de
2014 quienes fueron desvinculados en virtud de un levantamiento de fuero,
aunque en este evento solo por la violación de las reglas
atinentes a la prescripción de la acción correspondiente”[213].
En el caso del señor Valencia Ramos, advierte
la Sala que “Por medio de auto 0249 de fecha 19 de agosto de 2003, el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, admitió la demanda y
ordenó la notificación a los demandados y a la organización sindical a la que
pertenecen (fls. 263 y 264)”[214]. Así las cosas, las reglas
atinentes a la prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical
fueron respetadas, por cuanto la misma fue interpuesta en oportunidad.
Ciertamente, “[E]n relación a la prescripción de la acción de
levantamiento de fuero sindical (solicitud de permiso para despedir), el
artículo 118A del CPT establece que la misma prescribe a los dos (2) meses
contados “[…] desde la fecha en
que [el empleador] tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o
desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario
correspondiente, según el caso.” Y cuando se trata de procesos de liquidación
de entidades públicas, según
la reglamentación sobre la materia, estos dos (2) meses empiezan a contarse “a partir del día siguiente al
de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo” (Decreto 2160 de 2004 art. 1).[215]”.[216]
154. En este
asunto, se tiene que la acción de levantamiento de fuero sindical fue admitida
el 19 de agosto de 2003, esto es, veintiséis (26) días después de la entrada en
vigor del Decreto 2062 del 24 de julio de
2003, por el cual se suprimieron
los cargos oficiales de la compañía[217].
Pese a todo, como
se desprende del expediente, en el proceso de levantamiento de fuero sindical
no fue siquiera interpuesta una excepción en ese sentido. De esta manera, si el
actor o su apoderado eventualmente consideraron que la acción estaba prescrita
y que el Juzgado no lo advirtió, pudieron incluso excepcionalmente haber
apelado la sentencia destacando tal situación, lo cual ni siquiera se hizo. Al
respecto, basta con
advertir que la acción constitucional no constituye una herramienta adicional a
la cual pueden acudir las partes, cuando quiera que por su desidia o
negligencia, no se acudió a los mecanismos ordinarios de defensa a su
disposición.
155. Como corolario de todo lo anterior, sin que sean necesarias
consideraciones adicionales, para la Sala no resulta formalmente procedente la
acción de tutela, por lo que confirmará la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de diciembre 18 de 2014, que
negó el amparo solicitado por el señor Emilio Valencia Ramos, por las razones
expuestas en esta providencia.
Conclusiones
(i). Casos en los
que los trabajadores fueron despedidos sin que se iniciara la acción de
levantamiento de fuero sindical.
156.
Expedientes T-4873744 y
T-4877414. Las acciones de
tutela de las señoras María Esmeralda Manrique Olivera y Cilia Baza
Guerrero, no están dirigidas contra ninguna autoridad judicial y, por
tanto, no se controvierten decisiones de la justicia ordinaria laboral, como lo
autoriza la sentencia SU-377 de 2014. Las demandas están encaminadas a
enjuiciar las actuaciones de la Fiduciaria La Previsora S.A., de Telecom en
liquidación y del PAR de Telecom y Teleasociadas, por desconocer las garantías
propias del fuero sindical. En estos casos la Sala encontró que las accionantes
no cuentan con ningún fallo ejecutoriado que haya puesto término a un proceso
especial de fuero sindical y omitieron interponer la acción de reintegro (la
cual se encuentra prescrita), haciendo improcedente la tutela ante su carácter
subsidiario y residual. Adicionalmente, las demandas no cumplen con el
requisito de inmediatez[218]
y no se evidenció la posible estructuración de un perjuicio irremediable.
(ii) Casos en los que los procesos de levantamiento de
fuero sindical fueron declarados nulos y se procedió al despido de los
trabajadores.
157. Expedientes T-4829865, T-4835242 y T-4840447. En los casos
de los señores Edith María González Ramírez, Julio Orlando Patiño
Cutiva y Carlos Alfonso Restrepo Lozano, las providencias
dictadas en el marco del proceso de fuero sindical (acción de reintegro), que
no acordaron capacidad para ser parte al consorcio de remanentes que administra
el PAR, incurrieron en un defecto sustantivo al desconocer el artículo 3º del
Decreto 4781 de 2005, que posibilitaba a este ser sujeto procesal y tener
legitimación en la causa por pasiva, ante la eventualidad de atender las
obligaciones remanentes y contingentes que se derivaran del proceso. Lo
anterior conllevó también a que se incurriera en una violación directa de la
Constitución, al desconocerse el acceso a la administración de justicia,
contenida en los artículos 29 y 229 de la Carta. Asimismo, las autoridades
judiciales accionadas, al considerar que los accionantes han debido demandar a
las entidades fiduciarias que integran el consorcio de remanentes que
administra el PAR, han debido integrar el contradictorio, conforme lo establece
el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil (vigente parta la época),
aplicable al campo laboral en virtud del principio de integración normativa,
incurriendo una vez más en un defecto sustantivo que desembocó en uno
procedimental. En consecuencia, se
ordenará al juez del reintegro de primera instancia, en lo que corresponde a
los accionantes, proferir un nuevo fallo en el cual se abstenga de incurrir en
los defectos señalados en la parte considerativa de esta sentencia.
(iii) Casos en los que se procedió al despido de los
trabajadores sin que la autorización judicial de levantamiento del fuero
sindical estuviera en firme
158. Expedientes T-4840618 y T-4848215. En los casos de los
señores Gloria Elena Giraldo Arias y Edgar Mosquera Palacios, las
acciones de tutela resultan improcedentes, pues los actores ya habían
interpuesto similar demanda contra las decisiones proferidas en el marco del
proceso de fuero sindical (acción de reintegro), estructurándose el fenómeno de
la cosa juzgada constitucional.
159.
Expedientes T-4838118,
T-4880935, T-4845689 y T-4856628. En los asuntos de los señores Mario Lasso Gómez, Martha
Camacho, Elizabeth Navas Velandia y Diana Milena Duarte Quintero,
las providencias dictadas en el marco del proceso de fuero sindical (acción de
reintegro), por las distintas autoridades judiciales accionadas, que no
acordaron capacidad para ser parte al consorcio de remanentes que administra el
PAR ni mucho menos legitimación en la causa por pasiva, incurrieron en un
defecto sustantivo al desconocer el artículo 3º del Decreto 4781 de 2005, que
posibilitaba a este ser sujeto procesal y tener legitimación en la causa por
pasiva, ante la eventualidad de atender las obligaciones remanentes y
contingentes que se derivaran del proceso. Lo anterior conllevó también a que
se incurriera en una violación directa de la Constitución, al desconocerse el
acceso a la administración de justicia, contenida en los artículos 29 y 229 de
la Carta. También, las autoridades judiciales accionadas, al considerar que los
accionantes han debido demandar a las entidades fiduciarias que integran el
consorcio de remanentes que administra el PAR, han debido integrar el
contradictorio, conforme lo establece el artículo 83 del Código de
Procedimiento Civil (vigente parta la época), aplicable al campo laboral en
virtud del principio de integración normativa, incurriendo una vez más en un
defecto sustantivo que desembocó en uno procedimental. En consecuencia, se ordenará a los jueces del
reintegro de primera instancia, en cada uno de los procesos y en lo que
corresponde a los accionantes, proferir un nuevo fallo en el cual se abstenga
de incurrir en los defectos señalados en la parte considerativa de esta
sentencia.
160. Expediente T-4840633. En el caso de la señora Norma Constanza
Díaz García, donde las autoridades judiciales accionadas encontraron que la
accionante no contaba con fuero sindical para el momento en que fue dada por
terminada su relación laboral con Telecom, la Sala encontró que efectivamente
la garantía foral había desaparecido varios meses antes, pues conforme a los
Estatutos del sindicato, la junta directiva es elegida por un periodo de dos
años y la protección establecida por el artículo 406 del CST la amplía por el
tiempo de dicho mandato y seis meses más, el cual ya había transcurrido para la
fecha de su despido. En consecuencia, la tutela no prospera ante la ausencia de
la calidad de aforada de la actora.
(iv) Casos en los que se procedió al despido de los
trabajadores pese a que la sentencia de primera instancia no autorizaba el
levantamiento del fuero sindical
161. Expedientes T-4829849 y T-4840967. En los asuntos de los
señores Ariel de Jesús Carmona Carazo y Benjamín José Corrales
Benítez, la Sala encontró que estos sólo demandaron la decisión proferida
en el proceso de levantamiento de fuero sindical, la cual les fue favorable a
sus intereses, pues no concedieron a Telecom en liquidación el permiso para
despedir a los actores ante la prosperidad de la excepción de prescripción de
la acción.
162.
Expediente T-4842975. En el caso del señor Jorge Luís Valdés Orozco,
la Sala encontró que el juez del reintegro en primera instancia, al considerar
que no se requería de calificación previa para despedir al accionante, incurrió
en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente constitucional,
al no dar aplicación al artículo 405 del CST, como desconocer los artículos 17
del Decreto 1615 de 2003 y 5º transitorio del Decreto 2062 de 2003, como la
jurisprudencia constitucional (sentencias T-1079 de 2004 y T-323 de 2005), que
exigen de una calificación previa por parte del juez laboral para despedir a un
trabajador aforado. Asimismo, las autoridades judiciales accionadas, al estimar
que el PAR no podía asumir las obligaciones derivadas de la relación laboral
del actor con Telecom, incurrieron en un defecto sustantivo al desconocer el
artículo 3º del Decreto 4781 de 2005, que encarga de las obligaciones
remanentes y contingentes al PAR, de los procesos judiciales anteriores como
posteriores a su liquidación. Del mismo modo, las autoridades accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo por cuanto era obligación del juez del reintegro declarar irregular el despido del
actor, e indicar que aun cuando era fáctica y jurídicamente imposible su
reincorporación al puesto de trabajo en razón al cierre definitivo de Telecom,
sí era procedente la indemnización especial de que trata el artículo 116 del
CPT, por no contar con una decisión judicial que autorizara el despido, sin
importar que la desvinculación coincidiera con el cierre definitivo de Telecom.
En consecuencia, se ordenará al
juez del reintegro de primera instancia, en lo que respecta al actor, que
expida un nuevo fallo en el cual se abstenga de incurrir en los defectos
señalados en la parte considerativa de esta sentencia.
163. Expediente
T-4857219. En el caso de la
señora Aida Luz Pachón Olarte, no se controvierten las decisiones
adoptadas en el marco del proceso especial de fuero sindical (levantamiento del
fuero y permiso para despedir), por cuanto las mismas fueron favorables a sus
intereses, en la medida que se declaró probada la excepción de prescripción  de
la demanda. En cuanto a las decisiones adoptadas en la acción de reintegro, la
Sala encontró improcedente la acción de tutela, en la medida que la actora ya
había interpuesto similar demanda contra las autoridades judiciales accionadas,
estructurándose el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
(v) Casos en los que el despido ocurrió después de
tener una autorización judicial en firme para levantar el fuero sindical.
164. Expedientes T-4846065 y T-4853814. En los asuntos de los
señores César Humberto Triana García y Jaime Herrera Ortiz, las
acciones de tutela sólo censuran las decisiones judiciales adoptadas en el
marco del proceso especial de fuero sindical (levantamiento de fuero y permiso
para despedir), pues los accionantes no informan haber interpuesto la acción de
reintegro. Sin embargo, sobre tales decisiones la tutela resulta improcedente,
pues los accionantes ya habían presentado similar acción de tutela contra
dichas providencias judiciales, configurándose el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional.
165. Expediente T-4875783. En el caso del señor Emilio
Valencia Ramos, éste omitió informar al juez constitucional sobre el
proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) y en esa medida no
presentó censura alguna contra las decisiones proferidas en el mismo. En cuanto
a las decisiones adoptadas en el proceso especial de levantamiento de fuero y
permiso para despedir, la acción de tutela es improcedente, pues el actor no
identifica de forma razonable los hechos que generan la violación de sus
derechos fundamentales y la Corte no las advierte de forma manifiesta o
evidente. Sin embargo, la Sala analizó si las reglas atinentes a la
prescripción de la acción habían sido respetadas, encontrando que la demanda había
sido interpuesta en oportunidad, al contabilizar el término de prescripción de que trata el artículo 118A del CPT desde
la vigencia del Decreto 2062 de 2003, por el cual se ordenó la supresión de los
cargos oficiales de la empresa.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante auto de agosto 03 de 2015 en el proceso de la referencia.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Cundinamarca, de febrero 19 de 2015, que a su vez confirmó el fallo
dictado por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Leticia, de octubre 23
de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora Esmeralda Manrique
Olivera, por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión
Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, de diciembre 04  de 2014,
que a su vez confirmó el fallo dictado por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Barrancabermeja, de octubre 24 de 2014, que declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por la señora Cilia Baza Guerrero, por las razones
expuestas en esta providencia.
Cuarto.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de febrero 12 y 19 de 2015, que
a su vez confirmaron los fallos de la Sala de Casación Laboral de la misma
corporación, de octubre 22 y 31 de 2014, que negaron el amparo solicitado por
los señores Edith María González Ramírez, Julio Orlando Patiño Cutiva
y Carlos Alfonso Restrepo Lozano, por las razones expuestas en esta
providencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la asociación sindical de los accionantes.
Quinto.- DEJAR SIN EFECTOS, en lo que corresponde a los accionantes, las
sentencias proferidas por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, el
09 de julio de 2007, en primera instancia, y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad, el 11 de julio de 2008, en segunda instancia, en
el marco del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) promovido
por los señores Edith María González Ramírez, Julio Orlando Patiño
Cutiva y Carlos Alfonso Restrepo Lozano. En consecuencia, ORDENAR
al Juzgado Décimo Laboral del
Circuito de Bogotá, que en el término de los dos (2) meses siguientes a la
notificación de esta providencia, expida un nuevo fallo en el cual se abstenga
de incurrir en los defectos señalados en la parte considerativa de esta
sentencia.
Sexto.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, de enero 29 de 2015, que a su vez confirmó
el fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de noviembre
05 de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora Gloria Elena Giraldo
Arias, por las razones expuestas en esta providencia.
Séptimo.- CONFIRMAR la sentencia dictada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Decisión de Tutelas Nº 3), de
febrero 24 de 2015, que a su vez confirmó el fallo de la Sala de Casación
Laboral de la misma corporación, de octubre 29 de 2014, que negó el amparo
solicitado por el señor Edgar Mosquera Palacios, por las razones
expuestas en esta providencia.
Octavo.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, de enero 29 de 2015, que a su vez confirmó el
fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de octubre 29 de
2014, que negó el amparo solicitado por el señor Mario Lasso Gómez, por
las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la asociación
sindical del accionante.
Noveno.- DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias
proferidas por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 28 de
noviembre de 2007, en primera instancia, y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad, el 14 de mayo de 2008, en grado jurisdiccional de
consulta, en el marco del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro)
promovido por el señor Mario Lasso Gómez. En consecuencia, ORDENAR al
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, que en el término de los dos (2) meses siguientes a
la notificación de esta providencia, expida un nuevo fallo en el cual se
abstenga de incurrir en los defectos señalados en la parte considerativa de
esta sentencia.
Décimo.- REVOCAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, de febrero 26 de 2015, que a su vez confirmó el
fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de noviembre 12
de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora Martha Camacho Esteban,
por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la asociación
sindical de la accionante.
Undécimo.- DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias proferidas por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 18 de mayo de 2007, en primera
instancia, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 02 de
noviembre de 2007, en segunda instancia, en el marco del proceso especial de
fuero sindical (acción de reintegro) promovido por la señora Martha Camacho
Esteban. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bucaramanga,
que en el término de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, expida un nuevo fallo en el cual se abstenga de incurrir en los
defectos señalados en la parte considerativa de esta sentencia.
Duodécimo.- REVOCAR la sentencia dictada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, de febrero 19 de 2015, que a su vez
confirmó el fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de
noviembre 12 de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora Elizabeth
Navas Velandia, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar,
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a
la asociación sindical de la accionante.
Décimo tercero.- DEJAR SIN
EFECTOS, las sentencias
proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 15 de
febrero de 2008, en primera instancia, y la Sala Laboral del Tribunal Superior
de la misma ciudad, el 10 de abril de 2008, en grado jurisdiccional de
consulta, en el marco del proceso especial de fuero sindical (acción de
reintegro) promovido por la señora Elizabeth Navas Velandia. En
consecuencia, ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga, que en el término de los dos
(2) meses siguientes a la notificación de esta providencia, expida un nuevo
fallo en el cual se abstenga de incurrir en los defectos señalados en la parte
considerativa de esta sentencia.
Décimo cuarto.- REVOCAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, de marzo 04 de 2015, que negó el amparo
solicitado por la señora Diana Milena Duarte Quintero, por las razones
expuestas en esta providencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la asociación sindical de la
accionante.
Décimo quinto.- DEJAR SIN
EFECTOS, las sentencias
proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, el 29 de
junio de 2007, en primera instancia, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de
la misma ciudad, el 11 de abril de 2008, en segunda instancia, en el marco del
proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) promovido por la
señora Diana Milena Duarte Quintero. En consecuencia, ORDENAR al
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, que en el término de los dos (2) meses siguientes a la notificación de
esta providencia, expida un nuevo fallo en el cual se abstenga de incurrir en
los defectos señalados en la parte considerativa de esta sentencia.
Décimo sexto.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia (Sala de decisión de tutelas Nº 2), de enero 29
de 2015, que a su vez confirmó la sentencia de la Sala de Casación Laboral de
la misma corporación, de octubre 31 de 2014, que negó el amparo solicitado por
la señora Norma Constanza Díaz García, pero por las razones expuestas en
esta providencia.
Décimo séptimo.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sala de decisión de tutelas Nº 2), de
febrero 19 de 2015, que a su vez confirmó la sentencia de la Sala de Casación
Laboral de la misma corporación, de diciembre 10 de 2014, que negó el amparo
solicitado por el señor Ariel de Jesús Carmona Carazo, por las razones
expuestas en esta providencia.
Décimo octavo.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia (Sala de decisión de tutelas Nº 1), de febrero
26 de 2015, que a su vez confirmó la sentencia de la Sala de Casación Laboral
de la misma corporación, de diciembre 10 de 2014, que negó el amparo solicitado
por el señor Benjamín José Corrales Benítez, por las razones expuestas
en esta providencia.
Décimo noveno.- REVOCAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, de febrero 12 de 2015, que a su vez confirmó el
fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación, de octubre 22 de
2014, que negó el amparo solicitado por el señor Jorge Luis Valdés Orozco,
por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la asociación
sindical del accionante.
Vigésimo.- DEJAR SIN EFECTOS, en lo que
corresponde al accionante, las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Manizales, el 02 de marzo de 2007, en primera
instancia, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 30 de
abril de 2007, en segunda instancia, en el marco del proceso especial de fuero
sindical (acción de reintegro) promovido por el señor Jorge Luis Valdés
Orozco. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Manizales, que en el
término de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia,
expida un nuevo fallo en el cual se abstenga de incurrir en los defectos
señalados en la parte considerativa de esta sentencia.
Vigésimo primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de febrero 25 de 2015, que a su vez
confirmó el fallo de la Sala de Casación Civil de la misma corporación, de
octubre 30 de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora Aida Luz
Pachón Olarte, por las razones expuestas en esta providencia.
Vigésimo segundo.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de enero 15 de 2015, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor César Humberto
Triana García, por las razones expuestas en esta providencia.
Vigésimo tercero.- CONFIRMAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia (Sala de Decisión de tutelas), de febrero 10 de
2015, que a su vez confirmó el fallo de la Sala de Casación Laboral de la misma
corporación, de octubre 31 de 2014, que negó el amparo solicitado por el señor Jaime
Herrera Ortiz, por las razones expuestas en esta providencia.
Vigésimo cuarto.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de diciembre 18 de 2014, que negó el
amparo solicitado por el señor Emilio Valencia Ramos, por las razones
expuestas en esta providencia.
Vigésimo quinto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
A LA SENTENCIA T-123/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
por cuanto no se observa un desconocimiento del derecho a la administración de
justicia puesto que el juez laboral realizó un examen que se ajustó a las
circunstancias fácticas y a las exigencias constitucionales y legales alrededor
del fuero sindical (Salvamento parcial de voto)
En el proceso ordinario objeto de tutela, el juez laboral
realizó un examen que se ajustó a las circunstancias fácticas y a las
exigencias constitucionales y legales alrededor del fuero sindical, de modo que
no se observa un desconocimiento del derecho a la administración de justicia en
este caso, pues, a diferencia de los otros decididos en el mismo acápite por la
Sentencia T-123 de 2016, no resultaba procedente la reclamación de estabilidad
laboral ante la inexistencia de la empleadora.
Referencia: Sentencia T-123 de 2016.
Magistrado
Sustanciador:
Luis
Ernesto Vargas Silva
1.  Con el
acostumbrado respeto, me permito exponer las razones de mi
disentimiento parcial con la decisión mayoritaria, en el asunto de la
referencia.
2.  Inicialmente, es
preciso recordar que la decisión adoptada por la Sala Novena de Revisión se
profirió para resolver las acciones de tutela que interpusieron diecinueve
ex-trabajadores de la extinta empresa TELECOM con fundamento en el numeral
trigésimo tercero de la parte resolutiva de la Sentencia SU-377 de 2014, que
dispuso: "(...) Las personas que hubieren tenido fuero
sindical al momento de ser desvinculadas de TELECOM en su proceso de
liquidación definitiva, y que cuenten con providencias ejecutoriadas que pongan
fin a procesos de levantamiento de fuero o de reintegro sindical, si no han
instaurado acciones de tutela contra las mismas, podrán interponer sólo una
acción de tutela contra esa providencia, en caso de que se den las condiciones jurisprudenciales
que justifican la tutela contra sentencias'".
Para efectos de resolver los procesos de
tutela, la Sentencia T-123 de 2016 clasificó los casos según el momento en que
la empresa realizó el acto de despido, en relación con el respectivo proceso de
levantamiento del fuero sindical. En consecuencia, se fijaron cinco categorías
a saber: (i) casos en los que
los contratos de trabajo fueron terminados sin que se iniciara la acción de
levantamiento de fuero sindical; (ü) casos en los que los procesos de
levantamiento de fuero sindical fueron declarados nulos y se procedió a la
terminación de los contratos de trabajo; (iii) casos en los que
se procedió a la terminación de los contratos de trabajo sin que la
autorización judicial de levantamiento del fuero sindical estuviera en firme; (iv)
casos en los que se procedió a la terminación de los contratos de trabajo pese
a que la sentencia de primera instancia no autorizaba el levantamiento del
fuero sindical; y (v) casos en los que la terminación del contrato
ocurrió después de tener una autorización judicial en firme para levantar el
fuero sindical.
A partir de lo anterior, la providencia
de la que me aparto parcialmente, procedió a proteger el derecho al debido
proceso y a la asociación sindical en aquellos casos en que, en primer lugar,
se ajustaran a la condición prevista en la Sentencia SU-377 de 2014, que se
citó anteriormente, y cumplieran con los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales que
resolvieron en la jurisdicción ordinaria sobre la estabilidad laboral de los
accionantes.
3.   En estos
términos, si bien comparto la mayoría de las decisiones tomadas en la sentencia
T-123 de 2016, me aparto de una de las aproximaciones y la decisión adoptada
dentro de los "(iii) casos en los que se procedió al despido de
los trabajadores sin que la autorización judicial de levantamiento del fuero
sindical estuviera en firme". Esto, por cuanto no se tuvo en cuenta que
dentro de los supuestos incluidos en dicho acápite, había circunstancias de
hecho que debían tenerse en cuenta y diferenciarse con el objetivo de que la
protección al fuero sindical no se convierta en una garantía desmedida.
En el apartado de las consideraciones en
que aborda estos casos, la Sala concluye que los jueces laborales habían errado
al considerar que, ante la finalización del proceso liquidatorio no existía un
sujeto obligado con las prestaciones laborales y, por lo tanto, no se había
cumplido el requisito de la legitimación por pasiva. Ello, porque, en el
entender de la mayoría de la Sala, en estos escenarios es posible exigir
derechos laborales a las personas jurídicas o naturales que asuman las obligaciones
luego de finalizado un proceso liquidatorio. En tales términos, la Sala de
Revisión concluyó que se había desconocido el derecho al acceso a la
administración de justicia de los accionantes, toda vez que la declaratoria de
falta de legitimación por pasiva les impidió reclamar el derecho a la
estabilidad laboral reforzada.
4.   Frente a lo
anterior, considero que la Sala pasó por alto que, como en el caso del
expediente de tutela T-4838118, se presentan circunstancias en las que la
inexistencia definitiva del sujeto empleador por la terminación del proceso
liquidatorio, y ante la verificación de que aquel haya agotado las vías
exigidas por la ley para poder terminar la relación laboral, se hace
improcedente una reclamación indefinida de la estabilidad laboral reforzada.
En efecto, en el expediente de tutela
citado, se observa que en el proceso laboral se estableció que la empresa había
iniciado la acción de levantamiento del fuero sindical, sin embargo, antes de
que esta fuera resuelta, y ante el cierre del proceso liquidatorio y la
consecuente extinción de la persona jurídica que fungía como empleadora, se dio
por terminada la relación laboral realizando el respectivo pago indemnizatorio
que ello supone.
5.   Lo anterior
permite observar que el proceder de la empresa se ajustó a las exigencias
constitucionales y legales de respetar el fuero sindical, pues solicitó el
levantamiento del mismo a la autoridad competente,
sólo que, ante la situación fáctica de la terminación del proceso liquidatorio,
y la consecuente extinción de la empleadora, la liquidación procedió a dar por
terminado el contrato en cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias
ordenadas por la ley.  En este contexto, no cabía una exigencia adicional en
relación con la estabilidad laboral en una empresa extinta y, sobre todo,
teniendo en cuenta que no se observa una actuación de la
empleadora destinada a desconocer las garantías y procedimientos exigidos por
el fuero sindical.
6.   Así las cosas, la
Sala pasó por alto que la terminación del proceso liquidatorio tiene distintas
consecuencias en los derechos laborales, de manera que, si bien pueden existir
prestaciones que su exigibilidad se prolonga más allá de la existencia de la
empleadora -en especial cuando se trata de obligaciones dinerarias pendientes-,
no sucede lo propio con la garantía de la estabilidad reforzada, en este caso,
en razón del fuero sindical. Lo anterior, justamente porque su objeto es
proteger el derecho a la asociación sindical, impidiendo que el sujeto
empleador afecte este derecho a partir de la discrecionalidad en la terminación
de los contratos laborales de empleados que son determinantes para la
existencia de una organización sindical. De manera que, ante la extinción de la
empresa, desaparece el posible riesgo del derecho a la asociación sindical y,
con ello, mantener su garantía a través de la estabilidad laboral pierde
también cualquier sustento fáctico y jurídico.
7.   Corolario lo
anterior, me aparto de lo decidido por la Sala de Revisión en el caso del
expediente T-4838118, pues considero que en el proceso ordinario objeto de
tutela, el juez laboral realizó un examen que se ajustó a las circunstancias
fácticas y a las exigencias constitucionales y legales alrededor del fuero sindical,
de modo que no se observa un desconocimiento del derecho a la administración de
justicia en este caso, pues, a diferencia de los otros decididos en el mismo
acápite por la Sentencia T-123 de 2016, no resultaba procedente la reclamación
de estabilidad laboral ante la inexistencia de la empleadora.
En estos términos, debe tenerse en cuenta
que la misma finalidad que persigue la figura de la estabilidad laboral
reforzada, por causa del fuero sindical, determina su ámbito de aplicación. Y
ello se hace evidente en casos como el presente, en que la protección del
derecho a la asociación sindical, dentro de una empresa, pierde todo objeto
cuando ha dejado de existir el sujeto empleador a quien se le prohíbe que
termine los contratos de trabajo a ciertas personas con fuero sin la respectiva
autorización judicial. Así pues, no cabe extender la estabilidad reforzada en
tanto que no está en riesgo el derecho fundamental en mención.
Fecha ut supra,
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
[1] Se
solicitaba también el levantamiento del fuero sindical de Carlos Arturo Soler
Romero.
[2] Héctor
Arciniégas Robayo y Fernando Aguirre López.
[3] Román
Humbeiro Hernández Simbaqueva, Rosa Angélica Quiroz Goez, Rodrigo Antonio
Botero Cano, María Sussan Pérez Quintero, Nancy del Socorro Arango Hurtado,
Oscar Danilo Machado Santa Colomba, Elkin Paniagua Agudelo y Vidal Mauricio
López Duque.
[4] Fl. 350 demanda de tutela.
[5] Fundamentos 130 y 184.18; punto vigésimo de la parte resolutiva de la
sentencia SU-377 de 2014.
[6]
Entre ellos se encontraban Darío Eccehomo Díaz, Claudia Rojas Marín, Diego Quintero
Osorio, Álvaro Hernán Osorio Zuluaga, Dorance Granada Giraldo, Teresa de Jesús
Hernández, y Jorge Luis Valdés Orozco.
[7]
Fundamentos 144, 147 y 184.17; orden décima novena de la parte resolutiva de la
sentencia SU-377 de 2014.
[8]
Indemnización contemplada en el artículo 116 CPT.
[9] El
actor también inició tutela contra el PAR de TELECOM para solicitar su
inclusión al plan de pensión anticipada. Su situación fue resuelta en la
sentencia SU-377 de 2014, que en el numeral décimo séptimo de la parte
resolutiva, decidió negar el amparo solicitado aduciendo ausencia de
legitimidad por activa.
[10] Carlos
Alberto Robles, Leonel Mauricio Rojas Clavijo, María Virginia Delgado Donoso y
Aida Luz Pachón Olarte.
[11] Sentencia C-792 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[12] Fabiola Martínez Cala, Claudia Patricia Flórez Bayona, Nelva Edilsa
Benítez Ortiz, Luis Néstor Barreto Sarmiento, Rafael Ernesto Torres Pérez,
Antonio María Obando Teatín y Jaime Herrera Ortiz.
[13]
El Consorcio de Remanentes de TELECOM PAR, también se encuentra a cargo de la
liquidación de la empresa asociada Telebuenaventura, asociada de TELECOM.
[14] Auto
a folios 15 a 18 del cuaderno de revisión del expediente principal T-4829849.
[15] Informe
a folios 24 a 27 del cuaderno de revisión del expediente principal T-4829849.
[16]
En esta parte se sigue principalmente lo expuesto en las sentencias de
unificación SU-713 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil y SU-377 de 2014, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[17]
Ver sentencia T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencias
T-006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-543 de 1992, T-079 de
1993 T-231 de 1994 relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente,
las sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho por consecuencia o error inducido)
y T-1180 de 2001 (desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la
posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y
caprichosos llevaran a la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la
doctrina de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos
T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 de ­2003, T-701 de 2004,
doctrina que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005,
que en esta ocasión se reitera.
[18]
Ver sentencias T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-590 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-701 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[19]
Ver sentencia C-590 de 2005, y también las sentencias T-882 de 2012, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, T-586 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-061 de 2007, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, entre muchas otras.
[20]
Ver, entre otras, las sentencias T-574 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, T-882
de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[21] Ver,
entre otras, las sentencias T-047 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T-581 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-142 de 2012, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[22]
Ver sentencias C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-008 de 1998 y
SU-159 de 2000, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
[23]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra
amparada por la cosa juzgada constitucional. Ver sentencia C-590 de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[24] Sentencia
SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[26] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[27] Sentencia
T-265 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[28]
Al respecto, ver sentencias T-363 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
T-196 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-996 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández y SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.
[29]
Ver, entre otras, las sentencias T-707 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y T-637 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30]
Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez, T-1180 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y SU-846 de 2000, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra. Ver también, T-177 de 2012, M.P. María Victoria Calle
Correa, T-105 de 2010 y M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[31]
Ver sentencias T-410 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-114 de 2002,
M.P. Eduardo Montealegre.
[32]
Ver sentencias SU-424 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-640 de
1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-168 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[33] Ver
sentencias T-220 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, T-1216 de 2005,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-1184 de 2001 y M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[34]
Ver sentencias SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-1625 de 2000,
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, y T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[35] Ver Sentencia
T-120 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, T-214 de 2012, M.P. Luis
Ernesto Vargas.
[36] Ver
sentencia T-210 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[37]  Sentencia T-056 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[38] Al respecto la Corte ha señalado: “(...)
cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para
dar trámite a determinadas cuestiones, está actuando “en forma arbitraria y con
fundamento en su sola voluntad”. Corte Constitucional. Sentencia T-1180 de
2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[39] Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[40] Sentencia T-996 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[41] Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] Ver sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-292
de 2006 M.P. Manuel José Cepeda E., T-230 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto y T-446 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43] Ver sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44]
Estos requisitos fueron reiterados por esta corporación en la sentencia SU-242
de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, así: “i)
que exista un conjunto de sentencias (constitucionalidad o varias de tutela)
previas al caso que habrá de resolver, que contengan claras reglas
jurisprudenciales sobre las que descanse la ratio decidendi; ii) el precedente
debe tener un problema jurídico semejante al caso concreto que se busca resolver;
y iii) debe existir semejanza entre sus aspectos fácticos y normativos”.
[45]
Cuando se desconoce la jurisprudencia constitucional vinculante, se “genera
en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia  y
de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en
contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta,  que
dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad
jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en
su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de
las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene
una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual
organización jurídica.” Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[46] Ver sentencia T-123 de 2010 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[47] Sentencia C-590 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
[48] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] MP Juan Carlos Henao Pérez.
[50]
Fundamento No. 2 de la sentencia SU-377 de 2014. En esta sección, cada vez que
se haga referencia a los “fundamentos”, la Corte se refiere a las
consideraciones de la sentencia SU-377 de 2014.
[51]
Sobre el precedente constitucional ver la sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[52]
La Corte resolvió casos relativos al reconocimiento de la pensión; al
pago retroactivo de mesadas pensionales dejadas de percibir; a la reliquidación
de las mesadas pensionales con el pago de intereses moratorios, y al pago de
mesadas de percibir luego de la suspensión unilateral de la pensión.
[53]
Fundamento 18 y ss.
[54]
El artículo 11 de este convenio relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación, dispone que “[t]odo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual
esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas
necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores
el libre ejercicio del derecho de sindicación”.
[55]
Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación
y de negociación colectiva. El primer artículo exige a los Estados brindar a
los trabajadores protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su
empleo. En especial, en el numeral 2 prevé que dicha protección deberá
ejercerse contra todo acto que tenga por objeto “(…) (b) despedir a un
trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación
sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de
trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.
[56] Conviene
diferenciar entre el despido injusto y el despido ilegal de los trabajadores
aforados. Por despido injusto debe entenderse la terminación unilateral del
contrato de trabajo sin que medie como justificación alguna de las causas
previstas en el artículo 62 CST. Por despido ilegal debe entenderse la
terminación unilateral del contrato de trabajo sin la autorización del juez del
trabajo, sin importar cuál es la causa del despido. De este modo, incluso
existiendo justa causa en la terminación del contrato de trabajo, si no se
solicita el levantamiento del fuero sindical al juez de trabajo de un
trabajador aforado, su despido puede ser declarado ilegal.
[57] Al
respecto, ver las sentencias T-220 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo,
T-424 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-043 de 2010, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla y T-249 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[58] Fundamento
19 y ss.
[59] “Por el cual se suprime la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - Telecom y se ordena su liquidación”.
[60] “Por
el cual se modifica la planta de personal de Telecom en liquidación”.
[61]
ARTÍCULO 118-A. PRESCRIPCIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 49 de la
Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las acciones que emanan
del fuero sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término
se contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora. Para el empleador
desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa
causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario
correspondiente, según el caso. // Durante el trámite de la reclamación
administrativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales, se suspende
el término prescriptivo. // Culminado este trámite, o presentada la reclamación
escrita en el caso de los trabajadores particulares, comenzará a contarse
nuevamente el término, de dos (2) meses.
[62]
Del fuero sindical emanan dos acciones judiciales que el CPT ha incluido dentro
del capítulo de los procedimientos especiales. La acción del artículo 113 CPT,
modificado por la Ley 712 de 2001, de levantamiento del fuero sindical, consiste
en el proceso para que el empleador solicite al juez laboral permiso para
despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical o para desmejorarlo en
sus condiciones de trabajo, o para trasladarlo a otro establecimiento de la
misma empresa, o a un municipio distinto. De acuerdo con la norma, el empleador
deberá expresar la justa causa invocada y contener una relación pormenorizada
de las pruebas que la demuestren. Además, siguiendo la sentencia C-381 de 2000,
para hacer uso del procedimiento especial de levantamiento del fuero sindical,
el empleador deberá presentar la solicitud inmediatamente ocurra la justa causa
requerida para solicitar la autorización de despido, traslado o desmejoramiento
del trabajador aforado. Por su parte, el artículo 118 CPT, también modificado
por la Ley 712 de 2001, prevé la acción de reintegro que puede iniciar
el trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido despedido sin
permiso del juez del trabajo.
[63] Fundamento
22.
[64] La
Corte Constitucional había emitido hasta el 2006 una jurisprudencia
inconsistente en relación con este punto, pues en algunos fallos como el T-731
de 2001 se indicaba que mediante un acto administrativo razonado la entidad
pública podía presentar las razones que imposibilitaban el reintegro. Sin
embargo, desde la sentencia T-732 de 2006 esta regla se modificó y, desde
entonces, la Corte ha sido consistente en seguir este precedente.
[65] Código
Procesal del Trabajo: “[a]rtículo 116. Contenido de la
sentencia. Cuando la
sentencia fuere adversa al patrono, deberá contener a cargo de éste la
obligación alternativa de conservar al trabajador o de prescindir de sus
servicios mediante el pago, a título de indemnización especial, de una cantidad
líquida de dinero equivalente a seis meses de salarios, sin perjuicio de sus
demás derechos y prestaciones legales”.
[66] Conforme
al artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, “A los trabajadores oficiales a
quienes se les termine el contrato de trabajo como consecuencia de la supresión
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom- se les reconocerá y
pagará una indemnización, de conformidad con lo previsto en la tabla contenida
en el artículo 5 de la Convención Colectiva suscrita entre la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones Telecom y sus trabajadores el día 18 de febrero de 1994.
Dicha indemnización será cancelada en el término máximo establecido en el
Decreto 797 de 1949 (…)”.
[67] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[68] Decreto Ley 4133 de 1948, “Por el cual se adoptan como normas
legales unas disposiciones”, artículo 1º: “Adóptense, a fin de que continúen rigiendo
como normas legales, las disposiciones contenidas en los siguientes Decretos
extraordinarios, dictados por el Gobierno en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 121 de la Constitución Nacional: […] el Decreto 2158
de 1948, "sobre procedimiento en los juicios del
trabajo".”
[69] “Por el cual se modifican los Códigos Sustantivo y Procesal del
Trabajo”.
[70] En concreto, el Código Sustantivo del Trabajo fue modificado
por el Decreto 616 de 1954 en sus artículos 48, 405, 408, 410, 411, 412 y 479.
Sin embargo, ninguna de las normas del Código Procesal del Trabajo fue
modificada expresamente, pero se supone que son aquellas que consagraban los
procedimientos especiales de fuero sindical en las autoridades judiciales.
[71] Ciertamente, la mayoría de modificaciones adoptadas por el Decreto 616
de 1954 consistían en trasladar la facultad de calificar la justa causa en el
despido de trabajadores aforados al Ministerio del Trabajo. Así por ejemplo, en
el artículo 2º se estableció que el artículo 405 del Código Sustantivo del
Trabajo, que define la garantía del fuero sindical, quedaba de la siguiente
forma: “Se denomina "fuero sindical", la garantía de que gozan
algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones
de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el Ministerio
del Trabajo.” Sobre este traslado de competencias, Guillermo González
Charry expresó: “[…] la competencia fue quitada a los Jueces del Trabajo,
para pasarla a los Inspectores del Trabajo, funcionarios dependientes del
Ministerio del Ramo. Este cambio de competencias fue inexplicable, pues no se
habían advertido fallas en el manejo de tales asuntos por parte de la
Jurisdicción Especial. Parece que tuvo por objeto ejercer un control político
sobre la institución del Fuero, pues durante el citado lapso [entre 1951 y
1957] se habló de muchas arbitrariedades cometidas en este campo a través de
providencias administrativas.” Guillermo González Charry, en “Derecho
Colectivo del Trabajo, Antecedentes Históricos y Formación de Sindicatos”, Tomo
I, 3ª edición, 1990.
[72] “Por el cual se dictan normas sobre fuero sindical”.
[73] Ob. Cit. Guillermo González Charry, en “Derecho Colectivo del Trabajo,
Antecedentes Históricos y Formación de Sindicatos”, Tomo I, 3ª edición, 1990.
Allí se dijo: “[e]n el año 1957, un Decreto Extraordinario de la Junta
Militar, posteriormente ratificado por el Congreso, devolvió a los Jueces del
Trabajo la competencia para conocer de estos asuntos [de fuero sindical], y así
se ha mantenido hasta la actualidad […]”
[74] Decreto 204 de 1957, “por el cual se dictan normas sobre fuero
sindical”, artículo 11: “Deróganse los artículos 2 a 12
inclusive del Decreto
número 616 de 1954.” El Decreto 616 de 1954 contaba
originalmente con 16 artículos.
[75] Específicamente, se modificaron los siguientes artículos del Código
Sustantivo del Trabajo: 405, 408, 410, 411, 412. Y del Código Procesal del
Trabajo se modificaron los artículos: 113, 114, 115, 117, 118. Nótese que las
modificaciones realizadas el CST corresponden a las mismas normas que
previamente habían sido modificadas por el Decreto 616 de 1954, y que en
relación al CPT se modificaron las disposiciones que regulan los procesos
especiales de fuero sindical, a excepción del artículo 116.
[76] Sobre la evolución normativa del fuero sindical en Colombia puede
verse la aclaración de voto del Magistrado Alejandro Martínez Caballero a la
sentencia T-728 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara), en la cual se expuso
detenidamente la historia de ese derecho desde el año mil novecientos cuarenta
y cuatro (1994) hasta el día de la publicación de dicha providencia. Así mismo,
obsérvese la sentencia C-381 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[77] Artículo 2º del Decreto 616 de 1954.
[78] Artículos 3, 4 y 5 del Decreto 616 de 1954.
[79] Artículos 6, 7 y 8 del Decreto 616 de 1954.
[80] Artículo 9º del Decreto 616 de 1954.
[81] Artículo 10º del Decreto 616 de 1954.
[82] Artículos 11 y 12 del Decreto 616 de 1954.
[83] Artículo 13 del Decreto 616 de 1954.
[84] Artículo 14 del decreto 616 de 1954.
[85] Artículo 15 y 16 del Decreto 616 de 1954.
[86] La expresión “a título de indemnización” contenida en el
inciso segundo del artículo 408 del CST, modificado por el artículo 7 del
Decreto 204 de 1957, fue declarada exequible condicionalmente por la Corte
Constitucional en sentencia C-201 de 2002 (MP. Jaime Araujo Rentería), bajo el
entendido de que “[…] la
indemnización a que tiene derecho el trabajador aforado despedido ilegalmente,
según sentencia judicial, debe ser integral, conforme a lo expresado en las
consideraciones de esta providencia.” La Sala Plena argumentó que el “[…] daño sufrido por el trabajador
aforado, provocado por el despido sin justa causa declarada mediante sentencia
judicial, debe ser reparado de manera integral, esto es, de acuerdo con lo que
se logre probar en cada caso, lo cual incluye, además del pago de los salarios
no devengados, con sus reajustes y prestaciones, cualquier otro valor dejado de
percibir o pagado por el trabajador, como consecuencia directa del despido
injusto. Siendo entendido, además, que la reparación integral incorpora la
correspondiente indexación.”
[87] Así lo explicó la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga al
indicar en segunda instancia del proceso de reintegro que el actor no tenía
derecho a indemnización alguna. En concreto, dijo que no había lugar al
reconocimiento de la indemnización de que trata el artículo 408 del CST, “porque
no existe lapso sobre el cual disponer el pago de tal emolumento, en razón a
que el despido coincidió con la fecha de la liquidación definitiva de TELECOM
(31 de enero de 2006), y la indemnización se contrae a los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta el momento de reinstalación del
trabajador aforado en el empleo.”
[88] MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[89] MP Alfredo Beltrán Sierra.
[90] MP Juan Carlos Henao Pérez.
[91] MP María Victoria Calle Correa, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[92] Igualmente, el
editor más autorizado en materia legislativa, que es la Secretaría General del
Senado de la República trascribe el artículo 116 del CPT en su versión original
como una norma vigente, que no ha sido entonces derogada. Al respecto véase el
siguiente enlace:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimental_laboral_pr002.html#116
[93] Hoy en día el artículo 118 del CPT contiene la modificación hecha por
el artículo 48 de la Ley 712 de 2001, el cual dispone: “La demanda del
trabajador amparado por el fuero sindical, que hubiere sido despedido o
desmejorado en sus condiciones de trabajo o trasladado sin justa causa
previamente calificada por el juez laboral, se tramitará conforme al
procedimiento señalado en los artículos 113 y siguientes.” Como se puede
ver, esta norma tampoco excluyó del procedimiento especial de fuero sindical el
artículo 116 del CPT.
[94] Fundamento
81 y ss.
[95]
Las reglas 8.1.1 y 8.1.2 habían sido ampliamente reiteradas por la Corte (ver
fundamento 81, sentencia SU-377 de 2014). La regla 8.1.3 es una precisión de
las reglas existentes sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de
la acción de tutela para los casos en los que se demanda a entidades en
liquidación y patrimonios autónomos de remanentes, a la luz del precedente
sentado en la sentencia SU-388 de 2005 (ver fundamento 88, sentencia SU-377 de
2014).
[96] Ver,
por ejemplo, la sentencia T-764 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[97]
Ver, entre otras, la sentencia T-845 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[98] Fundamento
82 y siguientes
[99] Ver
sentencia T-326 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
[100]
Ver al respecto las sentencias T-628 de 2014, T-151 de 2007, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa y T-631 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[101]
http://www.par.com.co/par/index.html
[102] Al respecto, en sentencia C-279 de 2013, la Corte
Constitucional señaló: “El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela
judicial efectiva se ha definido como “la posibilidad reconocida a todas las
personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante
los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden
jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e
intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en las leyes”. Este derecho constituye un pilar
fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación
inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso”.
[103] Sentencia T-434 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[104] Fundamento
137 y ss., y orden trigésimo tercera de la parte resolutiva de la sentencia
SU-377 de 2014.
[105] Fecha
en la cual fue publicada la providencia en el
portal de internet de la Corte Constitucional.
[106]
“PREVENIR a todos los jueces de la República, para que en los procesos
instaurados de conformidad con la resolución Trigésimo tercera de la parte
dispositiva de esta sentencia, cuenten la inmediatez desde la publicación de la
presente providencia, y no desde antes.  Esta decisión tendrá efectos inter
comunis, y ha de aplicarse a todos los que se encuentren en las condiciones
previstas en la resolución Trigésimo tercera de la parte dispositiva de esta
sentencia, y no sólo a los accionantes de este proceso”.
[107]
Fundamento 134.
[108]
Fundamento 137.
[109] Así por ejemplo, en el auto A-032 de 2006
(MP Rodrigo Escobar Gil), la Corte sostuvo que “[…] si bien la jurisprudencia constitucional admite
que se formulen solicitudes de aclaración respecto de sentencias de tutela, tal
circunstancia no altera la regla conforme a la cual estas sentencias cobran
ejecutoria desde el momento mismo en que son proferidas, como quiera que contra
las mismas no procede recurso alguno  y lo dispuesto en ellas es de
cumplimiento inmediato (Decreto 2067 de 1991 art. 49). De esta manera, la
referencia al término de ejecutoria que hace el artículo 309 del Código de
Procedimiento Civil, tratándose de sentencias de revisión, no tiene el alcance
de dejar en suspenso la ejecutoria de estas providencias, pues sólo constituye
un referente a fin de determinar la oportunidad en que se puede, de manera
excepcional y restrictiva, formular solicitudes de aclaración contra las
sentencias de la Corte.” De
igual forma, en la sentencia T-627 de 2012 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), la Sala Octava de Revisión advirtió al final de
la parte considerativa “[…] que la presente
providencia surte efectos de manera inmediata, una vez cobre ejecutoria luego
de su notificación, por manera que una eventual solicitud de nulidad de la
decisión no tendrá ninguna incidencia en el cumplimiento de lo que aquí se
ordene, pues la nulidad no es un recurso contra la decisión ni tiene un efecto
suspensivo sobre la misma.”
[110] En Auto 174 de
2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Sala Plena de esta Corporación
estimó que “la
Corte Constitucional no sólo no es
competente para conocer de los incidentes de impacto fiscal presentados contra
decisiones de tutela, sino que este
incidente no es procedente respecto de decisiones de tutela. En la ratio
decidendi de la parte motiva de la Sentencia que analizó la
inconstitucionalidad del incidente de impacto fiscal respecto de las órdenes
impartidas en sentencias de las altas cortes en relación con acciones de
tutela, la Corte Constitucional sostuvo: “…esta Corporación
encuentra que los preceptos demandados sí están sujetos a la reserva de
ley estatutaria, en la medida en que respecto de ellos se predican los
criterios (iii) y (iv) identificados por la jurisprudencia de la Corte, para
exigir excepcionalmente el uso de esta tipología especial de ley. En efecto,
por una parte, se observa que los preceptos demandados de la Ley 1695 de 2013
constituyen un desarrollo legal que impacta
de manera directa en la acción de tutela como mecanismo de protección y defensa
de los derechos fundamentales; y por la otra, que pese a consagrar
aspectos procesales del IIF, su alcance tiene la potencialidad de incidir en elementos básicos del funcionamiento y estructura del juicio de amparo, en particular en lo que refiere
al régimen de producción de efectos.”
[111] Folios
133 y 134 del cuaderno de primera instancia.
[112] Folios
119 a 128 del cuaderno de primera instancia.
[113] Al
no encuadrarse en las hipótesis de la sentencia SU-377 de 2014, la inmediatez
no se contabiliza a partir de dicha decisión.
[114] Folios 98 a 101 del cuaderno de primera instancia.
[115] Al
no encuadrarse en las hipótesis de la sentencia SU-377 de 2014, la inmediatez
no se contabiliza a partir de dicha decisión.
[116] Mediante auto del 3 de marzo de 2004, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada declaró la existencia de una
causal de nulidad saneable en el proceso, por no existir suficiente identificación
de las partes. Como sustento de esta afirmación, mostró que el nombre del
aforado Kemer Elías Rincón Ortiz aparecía escrito de diferentes maneras en los
diferentes documentos contentivos de la demanda. El Juzgado dispuso el traslado
de esta nulidad a la parte demandada, y como no se produjo ninguna corrección,
el 26 de marzo de 2004 ordenó la nulidad de todo lo actuado y el archivo de la
diligencia. El apoderado del PAR impugnó la decisión solicitando la nulidad a
partir del momento previo al evento procesal que dio por sentada la ejecutoria
del auto interlocutorio proferido el 3 de marzo de 2004. Sin embargo, el 7 de
mayo de 2004 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada confirmó la decisión
porque consideró que dicho auto no adolecía de nulidad y que no había sido
recurrido oportunamente. Contra esta decisión que negaba la nulidad del auto
del 26 de marzo de 2004, se interpuso recurso de reposición y, en subsidio de
apelación. Sin embargo, el 25 de mayo de 2004, en sede de reposición se ratificó
el auto; y el Tribunal Superior de Manizales, mediante providencia del 8 de
julio de 2004´, confirmó la decisión.
[117] Folio
106 del expediente T-4829865.
[118]
Folios 123 a 125 y 166 a 173 del cuaderno de primera instancia (expediente
T-4829865), folios 163 y 209 del cuaderno de primera instancia (expediente
T-4835242) y folios 116 y 162 del cuaderno de primera instancia (expediente T-
4840447).
[119]
La sentencia SU-377 de 2014, fue clara al señalar “el derecho
a interponer una acción de tutela contra la providencia que hubiera puesto fin
al proceso laboral que les fue adverso”.
[120] Incluso
los escritos de impugnación a los fallos de tutela obedecen a un formato en que
no se controvierten las consideraciones del a-quo, sino que de manera
estándar alegan los derechos que otorga el fuero sindical.
[121] Esta providencia fue publicada en el portal de
internet de la Corporación el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce
(2014).
[122]
Folios 122 a 131 del cuaderno de primera instancia del expediente T-4835242.
[123] Folios 37 a 44 del cuaderno de segunda instancia del expediente
T-4829865 (prueba trasladada a los otros dos expedientes mediante auto del 03
de agosto de 2015).
[124] Folio 45 a 51 del cuaderno de segunda instancia expediente T- 4829865
(prueba trasladada a los otros dos expedientes mediante auto del 03 de agosto
de 2015).
[125] Esta posición ha sido aceptada actualmente
por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación de jurisprudencia del 25 de septiembre de 2013, exp. 19933, actor: Consorcio Glonmarex.
[126] “Artículo 3°.
Modifícanse los numerales 12.1, 12.2 y 12.4; y adiciónanse los numerales 12.28
y 12.29 al artículo 12 del Decreto 1615 de 2003, los cuales quedarán así: (…) “Artículo
12. Funciones del liquidador. El Liquidador actuará como representante legal de
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en Liquidación y adelantará
el proceso de liquidación de la Empresa dentro del marco de las disposiciones
del Decreto-ley 254 de 2000, de las atribuciones señaladas en el presente
decreto y de las demás normas aplicables. En particular ejercerá las siguientes
funciones: (…) 12.29. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la
constitución del PAR, cuya finalidad será la administración, enajenación y
saneamiento de los activos no afectos al servicio; la administración,
conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las
obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos
judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso
liquidatorio y el cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines
que se indican en el presente decreto o que de conformidad con la ley correspondan
a las sociedades Fiduciarias” (destaca
la Sala).
[127] Sentencia T-434 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[128] Al respecto
esta Corporación, en sentencia
C-037 de 1996, ha precisado que “el acceso a la administración de justicia
implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los
jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que
consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se
entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las
pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el
contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual
se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley,
el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un
libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso,
proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados.
Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar
al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los
artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos
fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de
mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior”.
[129] Folio 14 del cuaderno de la demanda
(Expediente T-4840618) y folio 8 del cuaderno de la demanda (Expediente
T-4848215).
[130] Sentencias
a folios 45 a 53 del cuaderno de primera instancia (expediente T-4840618).
[131]
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, folio 190 del
cuaderno de primera instancia, expediente T-4856628.
[132] Folios
14 y 15 del cuaderno de la demanda, expediente T-4838118. Folios 14 y 15 del
cuaderno de la demanda, expediente T-4845689. Folio 14 del cuaderno de la
demanda, expediente T-4856628. Folios 17 y 18 del cuaderno de la demanda,
expediente T-4880935.
[133] Incluso
los escritos de impugnación a los fallos de tutela obedecen a un formato en que
no se controvierten las consideraciones del a-quo, sino que de manera
estándar alegan los derechos que otorga el fuero sindical.
[134]
Al respecto, la Corte en la sentencia T-1029 de 2012, estimó: “las demandas de tutela que se dirigen contra los
fallos expedidos en consulta en materia laboral satisfacen el principio de
subsidiariedad, así no se hubiese promovido el recurso de apelación, porque es
una forma de agotar el proceso ordinario y una estrategia legitima de litigio
de la parte, que no puede considerarse como negligencia”.
[135] Esta providencia fue publicada en el portal de
internet de la Corporación el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce
(2014).
[136] En
sentencia T-434 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa,  la Corte
Constitucional aclaró que: “Las acciones ordinarias, a
diferencia de la tutela contra providencias, no son mecanismos mediante los
cuales los ciudadanos puedan cuestionar decisiones tomadas en el marco de un
trámite judicial”.
[137] Folio 147 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-4838118.
[138] Folio 150 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-4838118.
[139] Folio 135 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-4838118.
[140] Folio 71 del cuaderno de primera instancia, expediente T-4845689.
[141] Folios 78 a 81 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-4885689.
[142] Folios 154 a 158 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-4856628.
[143] Folios 166 a 174 del cuaderno de primera instancia, expediente
T-4856628.
[144] Folios 319 a 322 del expediente laboral allegado por el
Juzgado, expediente T-4880935.
[145] Folio 400 del expediente proceso laboral allegado por el
Juzgado, expediente T-4880935.
[146] Esta posición ha sido aceptada actualmente
por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación de jurisprudencia del 25 de septiembre de 2013, exp. 19933, actor: Consorcio Glonmarex.
[147] “Artículo 3°. Modifícanse los numerales
12.1, 12.2 y 12.4; y adiciónanse los numerales 12.28 y 12.29 al artículo 12 del
Decreto 1615 de 2003, los cuales quedarán así: (…) “Artículo 12. Funciones del
liquidador. El Liquidador actuará como representante legal de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones Telecom en Liquidación y adelantará el proceso
de liquidación de la Empresa dentro del marco de las disposiciones del
Decreto-ley 254 de 2000, de las atribuciones señaladas en el presente decreto y
de las demás normas aplicables. En particular ejercerá las siguientes
funciones: (…) 12.29. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la
constitución del PAR, cuya finalidad será la administración, enajenación y
saneamiento de los activos no afectos al servicio; la administración,
conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las
obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos
judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso
liquidatorio y el cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines
que se indican en el presente decreto o que de conformidad con la ley
correspondan a las sociedades Fiduciarias” (destaca la Sala).
[148] Sentencia T-434 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[149] Al respecto
esta Corporación, en sentencia
C-037 de 1996, ha precisado que “el acceso a la administración de justicia
implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los
jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que
consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se
entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las
pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el
contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual
se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley,
el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un
libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso,
proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados.
Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar
al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los
artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos
fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de
mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior”.
[150] Disponía el C.P.C.: “Artículo 83. Litisconsorcio
necesario e integración del contradictorio. Cuando
el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por
su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin
la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o
dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la
demanda ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el
contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para
el demandado. // En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la
demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o
a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera
instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El
proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados. // Si
alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez
resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término
que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para
audiencia, según el caso.// Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del
demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la
prueba de dicho litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al
proceso”.
[151] Folio
9 del cuaderno de la demanda.
[152] Folio
10 del cuaderno de la demanda.
[153]Esta providencia fue publicada en el portal de
internet de la Corporación el veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce
(2014).
[154]
Justamente, la Corte encontró que la accionante contaba con providencias
judiciales laborales que no habían sido controvertidas mediante acción de
tutela. Fundamentos 130 y 184.18; punto vigésimo de la parte resolutiva de la
sentencia SU-377 de 2014.
[155] C.E.,
Sección Primera Sent. 7833, mayo 17/2002. M.P. Manuel S. Urueta Oyola.
[156] Folios
16 a 20 del cuaderno de segunda instancia del proceso especial de fuero
sindical.
[157] Folio 254 del cuaderno único del expediente de la acción de
reintegro.
[158] Folios
5 y 6 del cuaderno de la demanda.
[159] Artículo 55, Ley 50
de 1990 “Todo sindicato podrá prever
en sus estatutos la creación de Subdirectivas Seccionales, en aquellos
municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número
no inferior a veinticinco (25) miembros. Igualmente se podrá prever la creación
de Comités Seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio
principal o el domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un número de
afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una
subdirectiva o comité por municipio”.
[160]
De acuerdo a las apreciaciones de la Sección Primera del Consejo de Estado, en
la decisión de mayo 17 de 2002 (Rad: 11001-03-25-000-1998-0200-01(7833),
M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola, citadas por el mismo Tribunal Superior del
Tolima. Asimismo, por las consideraciones de la Corte Constitucional, en
sentencia C-043 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, donde se estimó:  “Además, en cuanto a que no pueda existir más de una subdirectiva o
comité por municipio, debe señalarse que el derecho de participación
democrática en las organizaciones sindicales no puede soportarse en la simple
existencia de un gran número de directivas o comités seccionales en un mismo
municipio, lo que podría entorpecer su normal funcionamiento, sino en
garantizar la real y efectiva participación de todos los trabajadores en las
decisiones que los afectan y en la defensa de sus intereses comunes, lo que se
logra con la posibilidad de crear una subdirectiva o comité por municipio y en
un lugar distinto al del domicilio principal del sindicato”.
[161] A
Folios 186 y 187 del cuaderno de primera instancia del proceso especial de
fuero sindical.
[162] Folio
41 del cuaderno único del expediente del proceso especial de fuero sindical –
acción de reintegro.
[163] Folios
5 y 6 del cuaderno de la demanda.
[164] Recuérdese que “la acción de tutela no es un medio
alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la
resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las
personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo
controversia, sus derechos fundamentales están siendo trasgredidos. Igualmente,
deben demostrar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la
causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su
voluntad” (destaca la Sala). Sentencia T-265 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[165] La
sentencia SU-377 de 2014, fue clara al señalar “el derecho a
interponer una acción de tutela contra la providencia que hubiera puesto fin al
proceso laboral que les fue adverso”.
[166] Incluso en la impugnación al fallo de tutela
de primera instancia, el señor Corrales Benítez señala: “Debo presumir, con
contrariedad, que el señor Magistrado no examinó mis argumentos acerca de la
conducta omisiva por parte de Telecom en liquidación, como entidad accionada y
representada en su momento por la Gerente Liquidador Dra. Catalina Flaquez
Martínez.// Queda claro que mi despido se realizó por parte de Telecom en
Liquidación, sin atención a la decisión del juzgado laboral del circuito de
Lorica-Córdoba, el cual a la fecha se encuentra ejecutoriado. Y por el
cual no se ha realizado el efectivo levantamiento del fuero sindical – ni el
permiso para despedir. Además de no haberse tenido en cuenta el FALLO que
declaró probada la excepción de PRESCRIPCIÓN, en cumplimiento del artículo 118
A del C.S.T. (sic) y Ley 712/01” (negrilla en texto original). Folio
136 del cuaderno de primera instancia.
[167] La
presente acción de tutela no da lugar a la estructuración de una conducta
temeraria por cuanto no hay identidad de partes.
[168]
Fundamentos 144, 147 y 184.17; orden décima novena de la parte resolutiva de la
sentencia SU-377 de 2014.
[169] En la
sentencia SU-377 de 2014, la Corte Constitucional al referirse al caso de Ariel
de Jesús Carmona Carazo y otro accionantes, consideró “que antes de esta tutela los accionantes
referidos habían interpuesto otra, fundándose también en su condición de aforados
sindicales, y en que su fuero se les había desconocido al momento de
desvincularlos de la compañía. Pedían principalmente que se les pagara los
salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar desde la ocurrencia del
despido injusto, los intereses moratorios desde que se hizo exigible la
obligación hasta el pago total de lo debido y la cancelación de sueldos,
prestaciones sociales y aportes a la seguridad social hasta que por la vía
ordinaria laboral el juez decidiera levantar el fuero sindical.  Hay, como se
ve, entre ambos procesos identidad de partes, de fundamentos y de peticiones.
Esta primera solicitud se resolvió mediante providencia de segunda instancia
el  cuatro (4) de noviembre de dos mil ocho (2008), expedida por el Juzgado
Penal del Circuito de Cereté, Córdoba.  En vista de que el fallo con el cual
concluyó esta controversia hizo tránsito a cosa juzgada, la Sala Plena se
atendrá a ella”.
[170] Reporte
a folio 98 del cuaderno de primera instancia.
[171] La
presente acción de tutela no da lugar a la estructuración de una conducta
temeraria por cuanto no hay identidad de partes.
[172]
Fundamentos 158.5.2., 165 a 167 y orden décima novena de la parte resolutiva de
la sentencia SU-377/14.
[173] Folios 417-428,  Cuaderno de pruebas  No. 8.
[174] Código Procesal del Trabajo: “[a]rtículo 116.
Contenido de la sentencia. Cuando
la sentencia fuere adversa al patrono, deberá contener a cargo de éste la
obligación alternativa de conservar al trabajador o de prescindir de sus
servicios mediante el pago, a título de indemnización especial, de una cantidad
líquida de dinero equivalente a seis meses de salarios, sin perjuicio de sus
demás derechos y prestaciones legales”.
[175] Folio 165 del
cuaderno de primera instancia.
[176] Folios 11 y 12
del cuaderno de la demanda.
[177] Folio 16 del
cuaderno de la demanda.
[178] Incluso el
escrito de impugnación al fallo de tutela responde al mismo formato utilizado
por los demás actores, en que no se controvierten las consideraciones del a-quo,
sino que de manera estándar alegan los derechos que otorga el fuero sindical.
[179] Esta
providencia fue publicada en el portal de internet de la Corporación el
veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014).
[180] En sentencia T-434 de 2015, M.P. María Victoria Calle
Correa,  la Corte Constitucional aclaró que: “Las acciones ordinarias, a diferencia de la tutela
contra providencias, no son mecanismos mediante los cuales los ciudadanos
puedan cuestionar decisiones tomadas en el marco de un trámite judicial”. Con todo, en el caso del señor Valdés Orozco, de
acuerdo a lo mencionado por el PAR, entre el proceso ordinario y la acción de
tutela, no hay identidad de partes, pues en el primero se demanda es al PAR de
Telecom, y en el segundo a las autoridades judiciales que conocieron de la
acción de reintegro. Además, conforme lo narra el PAR, los hechos que motivaron
las acciones judiciales son diferentes, ya que la causa de la demanda laboral
fue la creencia de un despido ilegal y el no pago de los salarios dejados de
percibir a raíz del despido injusto, y el móvil de la tutela es la negativa de
las autoridades judiciales que examinaron el proceso especial de reintegro de
proteger las garantías sindicales del actor. Finalmente, las demandas no tienen
identidad de pretensiones, pues en la ordinaria se pedía a título de
indemnización el pago de los salarios dejados de percibir entre febrero y junio
de 2006, y ahora en tutela se pretende el amparo de sus derechos fundamentales
y el pago de una indemnización en los términos de la sentencia SU-377 de 2014.
[181] Folios
37 a 49 del cuaderno de segunda instancia.
[182] Folios
22 a 34 del cuaderno de segunda instancia.
[183]
Folio 122 del cuaderno de segunda instancia.
[184]
Folio 126 del cuaderno de segunda instancia.
[185]
Folio 128 del cuaderno de primera instancia.
[186]
Folio 130 del cuaderno de primera instancia.
[187]
Folio 133 del cuaderno de primera instancia.
[188]
Folio 144 del cuaderno de primera instancia.
[189]
En esta ocasión las autoridades judiciales no pusieron en entredicho la
legitimación en la causa por pasiva del PAR o su capacidad para concurrir al
proceso.
[190] Esta posición se ve confirmada por dos sentencias subsiguientes: En
la sentencia T-323 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, le correspondió
a la Corte, entre otras, establecer si las entidades en procesos de liquidación
se encuentran eximidas de solicitar el permiso judicial previo para despedir,
por supresión de sus cargos, a aquellos trabajadores amparados por la garantía
de fuero sindical. La Corte concluyó, muy en la orientación adoptada por la
sentencia T-029 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, que con independencia de si
la entidad se encuentra o no en proceso de liquidación o de reestructuración
administrativa, el empleador que despide a un trabajador aforado no se
encuentra eximido del cumplimiento de la obligación de solicitar permiso
judicial previo. En ese mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia
T-330 de 2005. Allí aprovechó la Corte para destacar la importancia de la
garantía foral y dio cuenta de las varias ocasiones en que la Corte ha
reiterado su significado y alcances, así como la especial protección que se
deriva de tal garantía.
[191]Al respecto, ver las sentencias T-220 de 2012,
M.P. Mauricio González Cuervo, T-424 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez,
T-043 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-249 de 2008, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-285 de 2006, M.P. Alvaro Tafur Galvis y C-1235 de 2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[192]
“Por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y
se ordena su liquidación”.
[193] “Por el cual
se modifica la planta de personal de Telecom en liquidación”.
[194] Providencias
judiciales a folios 22 a 34 y 37 a 49 del cuaderno de segunda instancia.
[195] “Artículo 3°.
Modifícanse los numerales 12.1, 12.2 y 12.4; y adiciónanse los numerales 12.28
y 12.29 al artículo 12 del Decreto 1615 de 2003, los cuales quedarán
así:(…)“Artículo 12. Funciones del liquidador. El Liquidador actuará como
representante legal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en
Liquidación y adelantará el proceso de liquidación de la Empresa dentro del
marco de las disposiciones del Decreto-ley 254 de 2000, de las atribuciones
señaladas en el presente decreto y de las demás normas aplicables. En
particular ejercerá las siguientes funciones:(…)12.29. Celebrar un contrato de
fiducia mercantil para la constitución del PAR, cuya finalidad será la
administración, enajenación y saneamiento de los activos no afectos al
servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los
archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así
como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la
terminación del proceso liquidatorio y el cumplimiento de las demás
actividades, obligaciones o fines que se indican en el presente decreto o que
de conformidad con la ley correspondan a las sociedades Fiduciarias” (destaca la Sala).
[196]Sentencia T-434
de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[197]Similar orden
impartió la sentencia SU-377 de 2014, respecto del señor Benjamín Corrales
Benítez (orden décimo novena), al encontrarse que fue despedido sin que mediara
la autorización del juez laboral.
[198] Código Procesal del Trabajo: “[a]rtículo116.
Contenido de la sentencia. Cuando
la sentencia fuere adversa al patrono, deberá contener a cargo de éste la
obligación alternativa de conservar al trabajador o de prescindir de sus
servicios mediante el pago, a título de indemnización especial, de una cantidad
líquida de dinero equivalente a seis meses de salarios, sin perjuicio de sus
demás derechos y prestaciones legales”.
[199] Conforme
al artículo 24 del Decreto 1615 de 2003, “A los trabajadores oficiales a
quienes se les termine el contrato de trabajo como consecuencia de la supresión
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom- se les reconocerá y
pagará una indemnización, de conformidad con lo previsto en la tabla contenida
en el artículo 5 de la Convención Colectiva suscrita entre la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones Telecom y sus trabajadores el día 18 de febrero de 1994.
Dicha indemnización será cancelada en el término máximo establecido en el
Decreto 797 de 1949 (…)”.
[200] “No
es viable sostener que un aforado sindical no puede ser desvinculado sino en
virtud de autorización del juez competente, pero al mismo tiempo que la
violación de esa garantía en los casos de cierre definitivo de una empresa no
acarrea consecuencias debido a la imposibilidad de reintegro. Dicho
razonamiento echa al traste las garantías sindicales de libre asociación, en
tanto abre un espacio para desarrollar conductas antisindicales sin la
posibilidad de que las mismas sean sancionadas. Esto no es aceptable
constitucionalmente, porque la Carta Política protege el derecho fundamental de
los trabajadores a constituir sindicatos o asociaciones (art. 39, CP), y esto
implica la existencia de mecanismos eficaces para evitar actuaciones que
interfieran el normal ejercicio de dicha facultad”. Sentencia T-434 de 2015, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[201] La
sentencia SU-377 de 2014, fue clara al señalar “el derecho a
interponer una acción de tutela contra la providencia que hubiera puesto fin al
proceso laboral que les fue adverso”.
[202] Folios 18 a 51 del cuaderno de primera instancia.
[203] Sentencia
a folios 20 a 29 del cuaderno de primera instancia.
[204] Sentencia a folios 34 a 51 del cuaderno de primera instancia.
[205] Sentencia
a folio 187 del cuaderno de primera instancia (expediente T-4846065). Esta
misma providencia fue traslada al expediente T-4853814, mediante auto de agosto
03 de 2015 proferida por la Sala de Revisión.
[206] Sentencias
a folios 120 a 150 del cuaderno de primera instancia (expediente T-4846065).
[207]
Reglamentados, entre otras disposiciones, por los artículos 405 a 413 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 113 a 118B del Código Procesal del Trabajo.
[208] Sentencia
T-028 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[209] Auto
de diciembre 09 de 2014, a folio 134 del cuaderno de primera instancia.
[210] Sentencia
a folios 76 a 94 del cuaderno de primera instancia.
[211] http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/
[212]
En sentencia T-1222 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte
Constitucional señaló: “Cuando se trata de la interposición de una tutela
contra una decisión judicial, corresponde al actor una carga especial que no le
corresponde a quien por otras razones acude a este mecanismo de protección de
sus derechos fundamentales. En efecto, en estos casos el actor debe señalar
claramente los hechos en los cuales se fundamenta su petición y los derechos
fundamentales que considera violados. Si no lo hace y la violación no
aparece de manera evidente o manifiesta, el juez queda relevado de estudiar en
detalle el expediente judicial y puede proceder a declarar la improcedencia de
la acción. Así mismo, cuando el actor reduce el cargo a un tipo de
violación – por ejemplo  violación de la Constitución por tratarse de una
vía de hecho material – el juez, salvo evidencia en otro sentido, puede
contraer su estudio a dicho cargo, sin que resulte necesario que verifique en
detalle si no existe en el expediente respectivo algún otro vicio o defecto que
pueda comprometer la decisión judicial”.
[213] Sentencia
T-434 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[214] Folio
62 del cuaderno de primera instancia.
[215] El artículo 1 del
Decreto 2160 del 2004, “por el cual se reglamenta el artículo 8 del Decreto-Ley 254 de
2000”, dispuso: “Dispuesta la supresión de cargos de la entidad en liquidación
conforme lo prevé el artículo 8º del Decreto-Ley 254 de 2000, el liquidador
procederá a solicitar permiso al juez laboral, para retirar a los servidores
amparados por fuero sindical. El término de prescripción de la respectiva
acción empezará a correr a partir del día siguiente al de la publicación del
acto que ordena la supresión del cargo”. Esta norma fue demandada
por simple nulidad ante el Consejo de Estado, por supuestamente transgredir el
artículo 118A del CPT. En sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006), la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación No.
110010322500020050020050000100 (CP. Alejandro Ordóñez Maldonado), se negó la
nulidad y se dijo: “[…] Obsérvese que la norma trascrita señala la regla
general según la cual las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en
dos meses, plazo que para el empleador se cuenta desde la fecha en que tuvo
conocimiento del hecho que se invoca como justa causa, el cual, para el caso de
liquidación de entidades públicas del orden nacional empieza a correr a partir
del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión. No
altera el contenido de las normas generales que regulan la materia, menos
revive el término que insinúa el demandante”. Así mismo, frente a una
demanda por supuesta violación de los artículos 13 y 39 constitucionales, el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, dijo
en sentencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil ocho (2008), radicación
nro. 11001-03-25-000-2005-00100-00(4276-05) (CP. Gerardo Arenas Monsalve), que
la contabilización del término de prescripción desde la supresión de los
cargos, y no desde antes, era una medida razonable que se adecuaba al contexto
de la liquidación de las empresas.
[216] Sentencia T-434 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[217] En sentencia T-434 de 2015, al estudiarse esta misma
situación, se consideró: “La Sala observa que las autoridades judiciales
demandadas no vulneraron derecho fundamental alguno al declarar oportuna la
acción de levantamiento del fuero sindical. De acuerdo a lo explicado atrás, el
término de dos (2) meses para solicitar el permiso de despido de un trabajador
aforado en procesos de liquidación de entidades públicas, se contabiliza “a partir del día siguiente al
de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo”. En el caso específico de
TELECOM en liquidación, el término de prescripción se computa, entonces, desde
el día siguiente de la publicación del Decreto 2062 de 2003, mediante el cual
se ordenó la supresión de los cargos oficiales.[217] Por este motivo, no hay ningún
defecto en indicar que la acción de levantamiento del fuero presentada
veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003) contra el peticionario era
oportuna, pues se interpuso antes de que se venciera el término de dos (2)
meses contados desde la vigencia del Decreto 2062 de 2003 (24 de julio de
2003)”.
[218] Al
no encuadrarse en las hipótesis de la sentencia SU-377 de 2014, la inmediatez
no se contabiliza a partir de dicha decisión.