C-066-13
Sentencia C-_______
Sentencia C-066/13
NORMA SOBRE MECANISMOS DE INTEGRACION SOCIAL DE
PERSONAS CON LIMITACION-Contenido
NORMALIZACION SOCIAL PLENA E
INTEGRACION DE PERSONAS CON LIMITACION-Exequibilidad condicionada de la expresión “la normalización
social plena” contenida en el artículo 3 de la Ley 361 de 1997
La
Sala encuentra que es posible en el presente caso darle relevancia al principio
de conservación del derecho, a partir de la declaratoria de exequibilidad
condicionada de la expresión “normalización social y plena”, contenida en el
artículo 3° de la Ley 361/97, en el entendido que refiere únicamente y
exclusivamente a la obligación de eliminar las barreras del entorno físico y
social que concurren en la conformación de la discapacidad.  Por ende, se
desecha por inconstitucional la interpretación alternativa del precepto, que
comprende la normalización como una imposición de parámetros y óptimos
contrarios a la dignidad y la igualdad de las persona en situación de
discapacidad. Con base en esta conclusión, la Sala reafirma que el Estado y la
sociedad, en virtud de la norma legal así interpretada, tienen un deber
definido de remoción de las barreras físicas, sociales y jurídicas que impiden
la integración de las personas con discapacidad y que, a su vez, son causas eficientes
de la configuración de dicha particularidad del individuo.  Por ende, la
normalización social plena no es, en los términos explicados, la imposición de
un deber para el discapacitado, sino para la sociedad en su conjunto, que está
constitucionalmente llamada a modificar sus prácticas y elementos, a fin de
garantizar el reconocimiento de la persona con discapacidad en su diferencia y
en su innegable condición de individuo pleno y autónomo, titular de derechos
fundamentales de goce diferencial, merced de su condición de sujeto de especial
protección.
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Jurisprudencia
constitucional
PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Deber
del Estado de adelantar acciones dirigidas a lograr la satisfacción de sus
derechos, en el marco de igualdad de oportunidades y remoción de las barreras
de acceso a los bienes sociales
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Instrumentos
internacionales
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Propósitos
CONVENCION INTERAMERICANA PARA
ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Obligaciones de los Estados parte
DISCRIMINACION CONTRA PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Actos
no solo se reducen a actuaciones materiales, sino que también incorporan la
discriminación derivada por el tratamiento de normas jurídicas
Constituye
discriminación injustificada contra las personas en situación de discapacidad
todas aquellas acciones u omisiones que tengan como resultado imponer barreras
para el goce y ejercicio de los derechos de esta población, particularmente sus
derechos sociales.  Estos actos no solo se reducen a actuaciones materiales,
sino que también incorporan la discriminación derivada por el tratamiento que las
normas jurídicas irrogan a las personas con discapacidad.
DERECHO A LA IGUALDAD EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Trasciende
los imperativos clásicos de la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a
detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las personas y los
grupos de personas
DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LAS PERSONAS EN SITUACION
DE DISCAPACIDAD-Evolución normativa
DISCAPACIDAD-Concepto/MODELO
SOCIAL-Visión amplia/MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Concepto/MODELO
SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Si bien se mantiene el deber estatal de
rehabilitación y tratamiento, en modo alguno estos toman la forma de requisitos
para la inclusión social/MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Importancia/MODELO
SOCIAL-Propone la inclusión de las personas en situación de discapacidad a
través de la remoción de barreras, junto con la previsión de diseños
universales
Las
normas actuales sobre los derechos humanos de las personas en situación de
discapacidad, en especial las contenidas en la CDPD, modifican el paradigma
expuesto y adoptan el que se ha denominado como modelo social de la
discapacidad.  Esta concepción se basa en admitir que la discapacidad no es un
asunto que se derive exclusivamente de las particularidades físicas o mentales
del individuo, sino que también tiene un importante concurso en la misma las
barreras que impone el entorno, de diferente índole, las cuales impiden que la
persona con discapacidad pueda ejercer adecuadamente sus derechos y posiciones
jurídicas. El cambio de paradigma en este escenario está basado en considerar a
la persona en situación como discapacidad desde el reconocimiento y respeto de
su diferencia.  Si bien se mantiene en el modelo social el deber estatal de
rehabilitación y tratamiento de la discapacidad, en modo alguno estos toman la
forma de requisitos para la inclusión social.  En contrario, la mayoría de las
obligaciones del Estado frente a las personas con discapacidad se concentran en
la remoción de barreras que impidan su plena inclusión social, ámbito donde
cobran especial relevancia deberes de promoción del diseño universal y de
ajustes razonables, explicados en el fundamento jurídico 8 de esta sentencia.
Entonces, el modelo social se basa en que la discapacidad no debe comprenderse
como una condición anormal que debe superarse para el acceso a los derechos y
bienes sociales, sino como una particularidad del individuo, intensamente
mediada por las barreras físicas, sociológicas y jurídicas que impone el
entorno, generalmente construido sin considerar las exigencias de la población
con discapacidad.  De allí que la protección de estos derechos dependa de la
remoción de esas barreras, a través de diversos instrumentos, siendo el primero
de ellos la toma de conciencia sobre la discapacidad, que sustituye la
marginalización por el reconocimiento como sujetos de derecho. En este orden de
ideas, acerca de las ventajas que presenta el modelo social de la discapacidad,
en especial respecto de la eficacia de los derechos constitucionales de las
personas con discapacidad a la dignidad humana, la igualdad y la autonomía, la
Corte ha señalado que “…la protección de los derechos humanos de las personas
que se encuentran en alguna circunstancia de discapacidad se aborda en la
actualidad desde el modelo social, esto es, la discapacidad entendida como una
realidad, no como una enfermedad que requiere ser superada a toda costa, en
otras palabras, se asume desde el punto de vista de la diversidad, de aceptar
la diferencia. Este modelo tiene una visión amplia, pues (i) supera un primer
modelo centrado en la caridad y el asistencialismo y, (ii) además, parte de que
no sólo debe abordarse la discapacidad desde el punto de vista médico o de
rehabilitación sino que se centra en el aprovechamiento de todas las
potencialidades que tienen los seres humanos, independientemente del tipo de
discapacidades que tengan. Con la anterior perspectiva hay un cambio de
paradigma en la forma cómo debe abordarse la discapacidad, pues según esta
aproximación, la discapacidad surge principalmente del fracaso de la adaptación
del ambiente social a las necesidades y aspiraciones de las personas con
discapacidad, no de la incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente.
Bajo este modelo, la discapacidad es principalmente un problema de
discriminación y estigmatización. Además, las dificultades que enfrentan las
personas con discapacidad surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones.
(…) Por tanto, no puede desconocerse que el ambiente (físico, cultural, etc.)
puede tener un impacto positivo o negativo en la manera de asumir y entender la
discapacidad, pues “los efectos de la discapacidad sobre una persona dependen
de manera fundamental del entorno social, es decir, que la discapacidad no es
únicamente un problema individual. Esto significa que un medio social negativo
y poco auspiciador puede convertir la discapacidad en invalidez, y que, por el
contrario, un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera
decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con una
discapacidad”. En particular, una de las condiciones negativas que contribuyen
a la exclusión de las personas con discapacidades es la no adaptación del
ambiente físico a las necesidades de esta población, es decir, el entorno
físico está concebido para personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual
corresponde al imaginario social acerca la belleza, lo que brinda bienestar,
las potencialidades que cada uno debe tener, etc.
MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD-Reconocimiento
de participación de dicha población en el diseño e implementación de las
políticas públicas que le atañen
PARTICIPACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
DEFINICION DE SUS INTERESES, PRIORIDADES Y NECESIDADES DENTRO DE LA SOCIEDAD-Importancia en el modelo social/PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Sujetos libres y autónomos que deben estar
en posición de incidir sobre medidas estatales para su inclusión social,
tratamiento equitativo y equiparación en oportunidades de acceso a los derechos
y bienes jurídicos
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA-Factores de discriminación que las condenan al
paternalismo y marginalidad
DISCRIMINACION Y NECESIDAD DE PROTECCION DE LA
DIGNIDAD HUMANA POR PARTE DEL LENGUAJE JURIDICO-Jurisprudencia constitucional/LENGUAJE JURIDICO-Jurisprudencia
constitucional en torno a funciones y posibilidad que sus ámbitos
valorativos y de validación lleguen a vulnerar derechos y valores
constitucionales/CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad para analizar la
exequibilidad de expresiones que, al mostrarse incompatibles en su
significación con los postulados superiores, deben ser excluidas del
ordenamiento jurídico
Existe
una línea jurisprudencial consolidada por esta Corporación, relativa a las
funciones del lenguaje jurídico y la posibilidad que sus ámbitos valorativos y
de validación lleguen a vulnerar derechos y valores constitucionales, en
especial la igualdad y la dignidad humana de los sujetos destinatarios de las
prescripciones legales. Esta doctrina parte de advertir que el lenguaje
normativo no se reduce a describir hechos y consecuencias jurídicas, sino que
es posible adscribirle tres tipos de funciones definidas.  La primera, de
índole descriptiva en los términos mencionados.  La segunda, de tipo valorativo,
a través de la cual las normas, lejos de tener un carácter neutro, en realidad
categorizan, arbitran y definen  situaciones específicas, imponiéndoles
determinado criterios que las promueven, rechazan, discriminan o distinguen de
otras. La tercera, que puede definirse como de validación, refiere al papel que
cumple el derecho, en general, y las normas jurídicas en particular, en la
creación de realidades: las normas jurídicas tienen la función de constituir
estándares para la conducta, a través de la definición de aquellos
comportamientos permitidos y otros prohibidos.  Si esas normas tienen tal
estatus, sus expresiones validan como parámetro jurídico, y por ello coactivo,
lo que ellas expresen. Esto más aún si se tiene en cuenta que estos preceptos
son producto de procedimientos democráticos de formación, esto es, acuerdos
representativos sobre lo que se estima correcto, incorrecto, objeto de
afianzamiento o de rechazo.  Por lo tanto, ese precedente comparte identidad
teórica con las propuestas que desde la filosofía del lenguaje afirman que las
expresiones del lenguaje natural, código que comparte el Derecho, no solo son
descriptivas sino que construyen la realidad, en tanto califican y explican el
ámbito fáctico. Esta ha sido la posición de la Corte, al indicar que como
consecuencia de la comprobación de las mencionadas funciones del lenguaje
jurídico, el legislador debe mostrarse especialmente cuidadoso en la elección
de los términos que integrarán las expresiones normativas, pues los mismos
pueden llegar a legitimar opciones valorativas incompatibles con la
Constitución. De forma correlativa, a pesar que el control de
constitucionalidad se concentra primariamente en los enunciados normativos y no
en los textos legales considerados en su perspectiva formal, la Corte está
facultada para analizar la exequibilidad de expresiones que, al mostrarse
incompatibles en su significación con los postulados superiores, deben ser
excluidas del ordenamiento jurídico.
LENGUAJE DEL LEGISLADOR-Aplicación del principio democrático en control
constitucional y la necesidad de tener en cuenta los efectos normativos de la
disposición estudiada/PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Aplicación
La
Corte ha entendido que al estudiar la constitucionalidad del lenguaje del
legislador es necesario tener presente la importancia que la Carta asigna al
principio democrático – del cual se deriva el principio de conservación del
derecho - , así como el efecto normativo de la disposición estudiada. Por ello,
para que una disposición pueda ser parcial o integralmente expulsada del
ordenamiento jurídico en virtud del lenguaje legislativo, es necesario que las
expresiones utilizadas resulten claramente denigrantes u ofensivas, que
“despojen a los seres humanos de su dignidad”, que traduzcan al lenguaje
jurídico un prejuicio o una discriminación constitucionalmente inaceptable o
que produzcan o reproduzcan un efecto social o cultural indeseado o reprochable
desde una perspectiva constitucional. Como se verá adelante, para que la Corte
pueda expulsar del ordenamiento parcial o integralmente una norma en razón del
lenguaje en ella empleado, es necesario que no exista ninguna interpretación
constitucional de las expresiones utilizadas. Adicionalmente el juez debe
ponderar el efecto negativo del lenguaje – su poder simbólico -  respecto del
efecto jurídico de la norma demandada, a fin de adoptar una decisión que no
desproteja sectores particularmente protegidos o que no desconozca, en todo
caso, el principio democrático de conservación del derecho. Pasa la Corte a
recordar la doctrina constitucional vigente en la materia. (…) En aplicación de esta doctrina, ha declarado la
constitucionalidad condicionada o la inexequibilidad simple de numerosas
expresiones legales que no corresponden “al contenido axiológico del nuevo
ordenamiento constitucional”. Como ya se mencionó, la Corte ha entendido que en
virtud del principio de conservación del derecho, la declaratoria de
inexequibilidad simple sólo puede prosperar cuando la expresión legislativa es
absolutamente incompatible con la Carta y no existe ninguna interpretación de
la misma que pueda ajustarse a la Constitución. Adicionalmente, como se verá
adelante, la Corte ha encontrado que para efectos de adoptar la correspondiente
decisión es fundamental ponderar el efecto de la declaratoria de
inexequibilidad sobre los derechos de sujetos de especial protección a fin de
modular el sentido del fallo para no desproteger bienes constitucionalmente
protegidos.”
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Control de
Constitucionalidad de expresiones normativas que vulneran la dignidad humana o
igualdad
La
Corte ha admitido el control de constitucionalidad de expresiones normativas
que, al referirse a posiciones jurídicas predicables de las personas en
situación de discapacidad, vulneran su dignidad humana o su igualdad.  En la
mayoría de los casos analizados por la jurisprudencia, esa afectación tiene lugar
cuando dichas expresiones (i) incorporan tratos discriminatorios o peyorativos,
generalmente en razón de su anacronismo; (ii) imponen prohibiciones genéricas e
injustificadas para que las personas en situación de discapacidad ejerzan
derechos o facultades jurídicas de diversa naturaleza; o, lo que resulta
especialmente relevante para esta decisión (iii) invisibilizan y/o exotizan a
las personas con situación de discapacidad, contrastándolas con un pretendido
parámetro de “normalidad”, en contra del mandato de inclusión y reconocimiento
para esa población, que se derivan de las normas que, al declarar derechos
humanos, hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Referencia: expediente D-9201
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 3° y 36 (parciales) de la Ley 361 de
1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”
Actor: Carlos Alberto Parra Dussan
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá
D.C., once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución, el ciudadano Carlos Alberto Parra Dussan solicita a la Corte que
declare la inexequibilidad de una de las expresiones normativas contenidas en
los artículos 3° y 36 (parciales) de la Ley 361 de 1997 “por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se
dictan otras disposiciones.” Cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la
Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se
transcriben las normas demandadas, publicadas en el Diario Oficial 42.978 del
11 de febrero de 1997, y se subrayan los apartes acusados.
“Ley
361 de 1997
(febrero
7)
por
la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación
y se dictan otras disposiciones.
(…)
Artículo 3°. El Estado
Colombiano inspira esta ley para la normalización social plena y la
total integración de las personas con limitación y otras disposiciones legales
que se expidan sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos
proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración de los
Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971,
en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la
Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el
Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco
1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con
limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983.
(…)
Artículo 36. Los
servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo informar y capacitar a
las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de aquellos de
sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a lograr la normalización
de su entorno familiar como uno de los elementos preponderantes de su formación
integral.
III. LA DEMANDA
El actor considera que la expresión
acusada, según la cual el tratamiento de las personas en situación de
discapacidad debe estar dirigido, entre otros asuntos, hacia su normalización,
es contraria a los artículos 1°, 7°, 13, 47, 68 y 70 de la Constitución
Política, al igual que a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, instrumento internacional incorporado a la legislación interna
por la Ley 1346 de 2009, y a la Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
aprobada por Colombia mediante la Ley 762 de 2002, ambos tratados integrantes
del bloque de constitucionalidad.
3.1. El argumento central de la
demanda consiste en señalar que a partir de los más recientes compromisos de
derecho internacional que ha asumido el Estado colombiano en materia de
tratamiento de las personas en situación de discapacidad, la única perspectiva
de análisis admisible es el enfoque de derechos.  Esto involucra que las
personas en situación de discapacidad deben recibir por parte del Estado un
trato basado en la eficacia de sus derechos, dentro de un marco de inclusión y
reconocimiento de sus diferencias.  Por ende, toda visión fundada en la
protección mediante la normalización de esas personas, entendida como
equiparación a la población no discapacitada, implica un tratamiento
discriminatorio injustificado, al igual que el desconocimiento de los derechos
reconocidos en los mencionados instrumentos internacionales.
Para ello, parte de una
exposición sobre el contenido de las mencionadas Convenciones, así como de
otros documentos internacionales sobre la definición de la discapacidad, para
sostener que en esos instrumentos ha primado el modelo social, basado en
la superación de las barreras contra la población discapacitada y con ello
lograr su inclusión.  Esa perspectiva, a su juicio, es contraria a las normas
que al prever el modelo de la normalización, imponen esa carga a las personas
en situación de discapacidad.
3.2. De igual manera, el valor
semiótico del término normalización es contrario al pluralismo y el
reconocimiento a la diferencia que prescribe la Constitución.  Por esta razón,
resalta cómo la Corte ha adoptado distintas sentencias en donde ha declarado la
inexequibilidad de expresiones legales que, al tener esa carga de significado,
son contrarias a la Carta Política. Agrega, en este mismo sentido, que el
lenguaje jurídico tiene profunda incidencia en la eficacia de los derechos
constitucionales.  Por ende, el término normalización discrimina a la
población discapacitada, en tanto refuerza la invisibilización y exclusión a la
que cotidianamente es sometida.  De forma correlativa, una modificación del
lenguaje jurídico lleva, en criterio del actor, a un escenario proclive a la
superación de dicha exclusión, puesto que “… la mejor forma de expresar
nuestra concepción del mundo y de reflejar cómo es nuestra sociedad, es a
través del uso del lenguaje.  Éste puede ser un instrumento de cambio, de
transferencia de conocimiento y cultura, pero también puede ser una de las
expresiones más importantes de desigualdad, ya que manifiesta por medio de la
palabra la forma de pensar de la sociedad y cómo en ésta se invisibiliza, excluye
y se discrimina a la través de la “anormalidad”.”
3.3. En una segunda etapa de su
análisis, el actor contrasta el modelo social, en el que considera que
están insertas las normas constitucionales relativas a la discapacidad, y la
cultural de la normalidad.  Mientras el primero propugna por el reconocimiento
e inclusión de las personas en situación de discapacidad, a través de la
remoción de las barreras físicas, institucionales y jurídicas que impiden su
acceso a los distintos derechos y posiciones jurídicas, la segunda se
fundamenta en concebir a la discapacidad como una anomalía objeto de
intervención clínica, en aras de lograr la readaptación del discapacitado, a
partir de su incorporación al estándar de la población no discapacitada.  Así,
habida cuenta que tanto los instrumentos internacionales sobre discapacidad
como las reglas constitucionales de derecho interno se basan en el modelo
social, también denominado bio-psico-social, entonces el concepto jurídico normalización
deviene inexequible.
3.4.  En tercer lugar, el actor
explica cómo el concepto normalización contradice el carácter pluralista
y multicultural de la Constitución colombiana, que en su criterio no solo opera
como ámbito de protección de las expresiones culturales, sino también de las
personas en situación de discapacidad, en tanto población diferenciada que debe
ser promovida mediante la inclusión social.  En términos de la demanda, “[s]e
trata de visibilizar los grupos excluidos, luchar contra la discriminación,
empoderar los grupos socialmente excluidos y generar políticas sociales y
económicas inclusivas, que garanticen el fortalecimiento de la democracia, la
promoción de la solidaridad ciudadana y los derechos sociales. || La noción de
inclusión hace referencia a involucrar, implicar, hacer parte, pertenecer
conjuntamente a otros.  Estar socialmente incluido implica el reconocimiento de
sí, del otro, de su propia identidad, la libertad de participar en todos los
aspectos de la vida en comunidad, la capacidad de elección, deliberación y toma
de decisiones y la posibilidad de contar con diversas opciones y oportunidades
que ayuden a desarrollar los proyectos de vida. || La inclusión aparece,
entonces, como un proceso que garantiza que las personas en situación de riesgo
y exclusión social lleguen a tener las oportunidades y los recursos necesarios
para participar plenamente y en igualdad de derechos en la vida económica,
social y cultural, respetando su diversidad cultural e identidad.”
3.5. Por último, el actor
sostiene que los instrumentos internacionales en materia de discapacidad que ha
ratificado el Estado colombiano hacen parte del bloque de constitucionalidad,
pues cumplen con las condiciones exigidas por el artículo 93 C.P.  Ello debido a que (i) se trata de tratados que reconocen derechos humanos; (ii) los derechos
de las personas con discapacidad no pueden ser desconocidos durante los estados
de excepción, al estar relacionados con la cláusula general de libertad y la
dignidad, entre otros derechos intangibles; (iii) los tratados desarrollan
varios derechos fundamentales contenidos en la Constitución, en especial
aquellos particularmente reconocidos a las personas en situación de discapacidad;
y (iv) las Convenciones versan sobre derechos que hacen parte del ius cogens,
particularmente el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, como la libertad
y la prohibición de la esclavitud.
En consecuencia, estas normas
conforman el parámetro para la evaluación de la constitucionalidad de la
expresión acusada.  Así, como estas Convenciones adoptan el modelo social,
incompatible con la pretensión de normalización de la personas con
discapacidad, entonces el aparte acusado deviene inexequible.
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
4.1. Intervención del
Ministerio de Salud y Protección Social
A través de escrito formulado
por apoderada especial, el Ministerio de Salud y Protección Social solicita a la
Corte que adopte un fallo inhibitorio ante la ineptitud sustantiva de la
demandada o, de manera subsidiaria, declare la exequibilidad de las
disposiciones acusadas.
Para fundamentar el primer
aspecto, sostiene que el cargo se funda en una premisa discriminatoria que no
se evidencia del concepto normalización y, además, el actor no explicó
con suficiencia por qué dicho término desconoce la Constitución.  En contrario,
se limitó a “… afirmar que las normas impugnadas quebrantan los derechos de
las personas con discapacidad, pero no expone las razones fácticas o jurídicas
de estos supuestos (…) pues solo se limita a presentar un estudio
evolutivo del concepto de discapacidad, de terminología jurídica y una
enunciación de normatividad que no cuenta con ningún tipo de estudio donde se
señale de manera clara los puntos de vulneración a las personas con
discapacidades.”
En cuanto al segundo asunto, el
interviniente se apoya en algunos apartes de la doctrina especializada sobre la
discapacidad para concluir que, en contraposición a lo afirmado por el actor,
el concepto de normalización es compatible con los derechos de las personas en
situación de discapacidad, puesto que los promueve en un plano de satisfacción
del principio de igualdad y de inclusión social.  Al respecto, afirma que “[e]l
principio de normalización hace énfasis en la idea que para que pueda aplicarse
el derecho a la igualdad entre los seres humanos, estos colectivos con discapacidades,
han de recibir los apoyos necesarios para incrementar su desarrollo y aumentar
sus capacidades (sic). También en fomentar la inclusión social, es
decir, en la implantación de medidas sociales para que estas personas puedan
hacer uso de los servicios de la comunidad como cualquier otro ciudadano/a,
teniendo participación y presencia activa, en el marco de los derechos
ciudadanos. || El principio de normalización, da especial trascendencia a los
ámbitos familiar y comunitario, resaltando la importancia de éstos en el
desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad y destacando los
mismos factores protectores de exclusión y la desigualdad, lo que lleva a
mejorar su independencia, productividad, inclusión y calidad de vida, en el
marco de la ciudadanía.”
4.2. Intervención del
Ministerio de Educación Nacional
El Ministerio de Educación
Nacional, mediante apoderada judicial, interviene con el fin de solicitar a la
Corte que se inhiba de adoptar un pronunciamiento de fondo en razón de la
ineptitud sustantiva de la demanda o, en su lugar, que se declare la
exequibilidad de las expresiones objeto de acusación.
En cuanto a la solicitud de
inhibición, explica el interviniente que el actor hace una indebida interpretación
del concepto normalización, puesto que en el contexto de las normas
acusadas, no significa la pretensión de homogeneizar a la población
discapacitada, sino “… garantizar que los sujetos con discapacidad puedan
convivir en sociedad.”  Así, lo que se pretende con los preceptos acusados
es formular “… acciones afirmativas para un grupo poblacional que
tradicionalmente se ha encontrado en una situación de debilidad manifiesta,
originada en muchas ocasiones, por factores sociales y familiares.”
Ahora bien, respecto del segundo
asunto, el interviniente insiste en la incorrecta interpretación del actor,
para señalar que la normalización no se predica de la persona en
situación de discapacidad, sino de su entorno familiar y social. Esto con el
fin que las demás personas con quienes interactúa la persona discapacitada
cuenten con la información suficiente para garantizar la inclusión de aquel.
Por ende, la expresión acusada es compatible con la jurisprudencia
constitucional sobre la materia, que insiste en que (i) las personas en
situación de discapacidad son minorías tradicionalmente incluidas e
invisibilizadas; y (ii) que por esa circunstancia existe un mandato
constitucional de inclusión, dirigido a remover las barreras sociales que
impiden la eficacia de sus derechos fundamentales.
4.3. Secretaría Distrital de
Educación de Barranquilla
El Secretario Distrital de
Educación de Barranquilla presentó escrito justificativo de la inexequibilidad
de los apartes normativos demandados. Para ello, de manera análoga a como lo
presenta la demanda, indica que el concepto normalización, corresponde
al modelo médico de la discapacidad, incompatible con el modelo social que
propugnan los instrumentos de derecho internacional de derechos humanos que se
consideran vulnerados por las normas acusadas.
Insiste, con base en referencias
de distintos autores, en que el concepto normalización está fundado en
considerar a la discapacidad como un problema del individuo, quien debe
rehabilitarse en tanto paciente para lograr un estándar que lo incluya en la
vida social ordinaria.  Esta perspectiva excluye y discrimina a la persona en
situación de discapacidad, por lo que el modelo social se muestra válido desde la
Constitución, ya que propugna por la adecuación de la sociedad, para lograr la
inclusión del sujeto discapacitado, reconocido en su diferencia.  Esta
perspectiva, además, ha sido avalada por la jurisprudencia de esta Corte como
la adecuada para satisfacción de los derechos de las personas en situación de
discapacidad.  Con el fin de sustentar esta conclusión, refiere a las
sentencias T-533/11 y T-109/12.
En ese orden de ideas, como el
término normalización es incompatible con el modelo social, que adquiere
rango constitucional a partir de su consagración en tratados de derechos
humanos y su desarrollo jurisprudencial, entonces deviene inexequible.
4.4. Secretaría de Educación
de Medellín
A través de escrito suscrito por
la Líder del Programa Equipo de Apoyo Jurídico, la Secretaría de Educación de
Medellín defiende la exequibilidad condicionada de los preceptos acusados.
Para ello, expone similar argumento al planteado por otros intervinientes, en
el sentido que la interpretación sistemática del concepto normalización no
puede realizarse de forma separada a la protección de los derechos de las
personas en situación de discapacidad. En ese sentido, la pretendida
normalización no refiere al sujeto, sino a la sociedad y al entorno, con miras
a su inclusión.
Es por ello que una de las
normas acusadas refiere a la normalización social y familiar, lo que
necesariamente implica que “… la normalización, al presentarse como una
carga de la familia y la sociedad, no califica como tal al sujeto beneficiario
de las acciones tendientes sino a la acción misma que se lee como deber de los
grupos sociales.  Por ello, podría hablarse de la normalización de la
integración y del entorno no solo para las personas con discapacidad sino también
para los niños, adolescentes, afrodescendientes, enfermos, mujeres,
homosexuales y demás personas que por cualquier circunstancia social no
encuentra un entorno que le facilite su integración con el grupo y la sociedad
en general.”  En consecuencia, “… el concepto como tal no es
discriminatorio sino que se expresa como un verbo, como un adjetivo que implica
obligación de los demás frente a un sujeto tratado de manera discriminada.  Por
ello, más que ser términos inconstitucionales se constituyen en términos
reveladores de una realidad que necesita ser transformada y además son
conceptos vinculantes. (…) En este sentido, cuando se hace mención a la
normalización no restringe derechos fundamentales y no debe ser entendida como
un criterio diferenciador, sino por el contrario como criterio de inclusión en
la participación de la vida social y familiar en las mismas o similares
condiciones que lo hacen el resto de las personas, en la medida que lo permita
la discapacidad.”
4.5. Secretaría de Educación
del Distrito Capital de Bogotá
La Jefe de la Oficina Jurídica
de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, interviene en este proceso
con el fin de apoyar la exequibilidad de las disposiciones demandadas y la
inconstitucionalidad de otras respecto de las cuales solicita pronunciamiento
de la Corte.
Inicialmente, el interviniente
solicita a la Corte que declare la unidad normativa con la expresión normal,
contenida en los artículos 42 y 49 de la Ley 361/97, al considerar que formula
idéntico problema jurídico al objeto de análisis.
Luego de hacer varias
referencias a las reglas jurisprudenciales sobre la ausencia de neutralidad del
lenguaje jurídico y su vínculo con la vigencia de los derechos fundamentales,
indica que, para el caso particular del concepto normalización, la
Secretaría concuerda con los demás intervinientes respecto de su
constitucionalidad, a partir de una lectura sistemática de los preceptos de la
ley acusada.  Agrega que desde la misma Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, los tratamientos diferenciados para esa población no son
considerados modalidades de discriminación, a condición que esa preferencia no
limite en sí misma el goce de su derecho a la igualdad.
No sucedía lo mismo con la
expresión “sea esta normal o limitada”, referida a las obligaciones de la
Banca Central respecto de la diferenciación necesaria de las distintas
denominaciones de moneda.[1]
Esto debido a que equipara la discapacidad con la anormalidad, lo que es
en sí mismo un tratamiento discriminatorio y contrario a la dignidad humana.
Por ende, el interviniente concluye que debe ser declarada inexequible.
Intervenciones académicas e
institucionales
4.6. Intervención de la
Universidad Externado de Colombia
El profesor Mario Andrés Ospina
Ramírez, integrante del Departamento de Derecho Constitucional de la
Universidad Externado de Colombia, presentó documento que concluye la inexequibilidad
de los preceptos acusados.
Para sustentar esta conclusión, la
Universidad parte de la misma premisa del actor, consistente en que los
tratados en materia de discapacidad, y particularmente la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se insertan
en el modelo social, contrario a la consideración del discapacitado como un
enfermo que debe ser objeto de rehabilitación.  Así, para el interviniente es
evidente que la Ley 361/97 está inserta en el modelo médico – rehabilitador, lo
que explica la previsión de conceptos como el demandado, que se fundan en la
pretensión que la persona en situación de discapacidad supere su “dolencia”,
para que pueda incorporarse a un estándar de pretendida normalidad.
A partir de esta comprobación,
las expresiones acusadas son en criterio del interviniente inexequibles, en
tanto (i) parten del presupuesto erróneo de considerar la discapacidad como una
patología que afecta el desarrollo normal de las personas así como su
integración a la sociedad; (ii) se fundan en que las medidas ante la
discapacidad son esencialmente de rehabilitación, desconociéndose con ello el
papel que cumplen la sociedad y la familia en la inclusión de las personas en
situación de discapacidad; (iii) la distinción entre normalidad y anormalidad
es contraria a la vigencia del principio de dignidad humana, a la igualdad y a
la autonomía.
Por último, la Universidad
solicita a la Corte que extienda su decisión, a fin que se declare que la
expresión “personas con limitación”, que se repite reiteradamente en la Ley
361/97, también es contraria a la Constitución.  Esto con el fin de hacer
compatible esa regulación con los estándares internacionales de derechos
humanos, lo cual se logra con la asimilación de los términos “normales”,
“limitados” o “personas con limitación” al concepto “personas con
discapacidad”.
4.7. Intervención de la
Universidad del Rosario
La profesora Andrea Padilla
Muñoz, adscrita al Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, formula concepto en el sentido de
apoyar las pretensiones del demandante.
Con este fin y de manera similar
a los demás intervinientes, la Universidad parte de la distinción entre el
modelo médico rehabilitador y el modelo social, en lo que tiene que ver con la
atención de la discapacidad, para concluir que el concepto normalización pertenece
a aquel paradigma. Así, sostiene que la normatividad acusada se muestra
desactualizada frente a la actual vigencia del modelo social, en especial
respecto de las Convenciones adoptadas tanto en el sistema universal como en el
interamericano de derechos humanos.  Por lo tanto, requiere modificarse en
vista de tales modificaciones, con incidencia constitucional.
4.8. Intervención del
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS de la
Universidad de los Andes
La profesora Andrea Parra,
directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS
de la Facultad de Derecho del Universidad de los Andes, al igual que los
investigadores Juan Sebastián Rodríguez Alarcón, Natalia Acevedo y Matías
González Gil, intervienen en este proceso con el fin que la Corte declare la
inexequibilidad de las normas acusadas.
En primer lugar, los
intervinientes exponen que las normas de derechos humanos sobre discapacidad,
tanto en el sistema universal como interamericano, han tenido la unívoca
intención de modificar el lenguaje jurídico, a efectos de eliminar los
estereotipos discriminatorios contra las personas en situación de
discapacidad.  Enfatizan que, a partir de los preceptos contenidos en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente
su artículo 8° “… Colombia adquirió una obligación de carácter internacional
basada en asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna. Dentro de dicho compromiso, el Estado colombiano se
obligó a adoptar todo tipo de medidas legislativas, modificar o derogar Leyes y
prácticas existentes que constituyan una discriminación contra las personas con
discapacidad. (…) Las obligaciones de sensibilización y eliminación de
estereotipos necesariamente pasan por la eliminación de términos de connotación
peyorativa o discriminatoria en contra de las personas con discapacidad.”
Por su parte, sostienen que de
los instrumentos del sistema regional, que corresponden a la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad y el Protocolo de San Salvador, se colige que el “…Estado
colombiano adquiere la obligación de brindarle atención especial a toda persona
afectada por una disminución de sus capacidades físicas, con el fin de alcanzar
el máximo desarrollo de su personalidad. Por su parte, los instrumentos del
Sistema Interamericano obligan a los Estados, y en especial al Estado
Colombiano a eliminar las barreras legales que no tengan justificación,
promover y garantizar el ejercicio y goce de los derechos de toda la población.
Para esto, debe implementar medidas de protección reforzada para la población
con discapacidad; esto, para poder eliminar las barreras físicas,
comunicacionales tales como el lenguaje y de otro tipo, que puedan impedir el
goce de una vida plena de las personas con discapacidad. || Por todo lo
anterior, el Estado Colombiano al haber suscrito y ratificado los tratados
internacionales anteriormente mencionados, adquiere una serie de obligaciones
de carácter vinculante que obligan al mismo a tomar disposiciones que eviten
todo tipo de prácticas, incluida la producción de normas que sean contrarias a
las disposiciones pactadas conforme al principio de pacta sunt servanda,
en especial en lo que se refiere al principio de no discriminación.”
En segundo lugar, el Programa
PAIIS concuerda con los demás intervinientes en que (i) el concepto normalización
hace parte del modelo médico rehabilitador, que concibe la discapacidad
como una enfermedad que debe ser tratada con el fin de curarse; y (ii) que el
actual paradigma, contenido en los instrumentos internacionales reseñados,
obliga a los Estados a adoptar medidas que superen la visión médica y
asistencialista de la discapacidad, a través de la adopción de las categorías
propias del modelo social, de acuerdo con el cual el concepto de discapacidad
no es igual al diagnóstico médico sobre limitaciones funcionales de un
determinado individuo, sino que la discapacidad resulta de la interacción entre
dichas limitaciones funcionales y las barreras de todo tipo que existen en la
sociedad.   Con base en estas premisas, el interviniente concluye que el Estado
tiene un deber de remoción de dichas barreras, que también se relacionan con el
lenguaje jurídico incompatible con el modelo social.
Agrega, en tercer término que el
concepto de normalidad es en sí mismo opresivo y discriminador, puesto
que se basa en la idea de un “…de un cuerpo ideal o promedio deseable
socialmente y por tanto es incompatible con el modelo social porque es
precisamente a lo que dicho modelo se opone: a procesos de normalización
basados en unas definiciones de normalidad, anormalidad, capacidad y
discapacidad estáticas que no reconocen el carácter histórico y cambiante de
dichas identidades.”  En cambio, el modelo social propone una alternativa
que desecha por completo el concepto de normalidad y, en cambio,
reafirma que el cuerpo per se no tiene discapacidades, solamente cuando
se ubica dentro de un sistema con barreras de acceso a ciertos beneficios, es
que se identifica como tal.  Así, concluyen los intervinientes que la
discapacidad no se encuentra en el individuo sino en su relación con sistema
inaccesible a este.
Por último, en lo que respecta
específicamente a las expresiones acusadas, sostienen que “[l]a
palabra “normalidad” contiene per se una alta carga emotiva, con una intención
de estandarizar las características de las personas, que en términos culturales
tiene el alcance de imponer reglas sociales y patrones de conducta sobre el
comportamiento en una sociedad. (…) Cuando se habla de la “normalización
de las deficiencias” de las personas con discapacidad no se permite una
integración real de la persona en situación de discapacidad, no se ve a las
personas como sujetos de derechos, ni se aplica el modelo social en la medida que
estos deben ser considerados como cualquier ciudadano, con responsabilidades
sociales y políticas, los cuales hacen parte de la sociedad en todas sus
esferas y por tanto no requiere una “normalización” para ello. (…)  Si
bien los alegatos de la demanda no solo se dirigen a señalar el mal uso de la
hermenéutica utilizada en la norma, resulta necesario considerar que el
lenguaje que es usado en las leyes, en efecto, tiene la capacidad de excluir de
forma sistemática y  generalizada a determinada población, y en este caso, la
población con discapacidad. En consecuencia, el mal uso del lenguaje y el
desconocimiento de las prácticas propias de algunas poblaciones, provocan
serios problemas en la creación y desarrollo de políticas públicas por parte
del Estado y no permite su inclusión social plena. Este tipo de concepciones de
la discapacidad limita el acceso a políticas que ofrezcan protección eficaz a
una población minoritaria como lo es la población con discapacidad y por tanto,
deben ser declaradas inconstitucionales.”
Con base en lo anterior, el
Programa PAIIS solicita a la Corte que declare inconstitucional las expresiones
“normalización social plena” y “la total integración de las personas con
limitación”, y en su lugar las remplace por los términos “inclusión social
plena” y “persona con discapacidad”, respectivamente.  De igual forma,
solicitan que este Tribunal inste “… al Congreso y agencias del Estado a
armonizar el lenguaje referido a la discapacidad con el utilizado en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la
materialización del modelo social de discapacidad.”
4.9. Asociación Colombiana de
Síndrome de Down - Asdown Colombia
La Directora de Asdown Colombia
presenta escrito en el que defiende la inexequibilidad de las expresiones
demandadas. Para ello, sostiene su conformidad con los argumentos expresados en
la demandada y agrega, de manera consonante con otros intervinientes, que el
concepto normalización es propio del modelo médico de la discapacidad y,
por lo mismo, impide la inclusión de esa población.
En su criterio, “[l]os
niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual han sido medidos
desde una perspectiva clínica que los diagnostica como enfermos, trastornados y
por lo tanto anormales, impidiendo así su pleno desarrollo y promoviendo su
discriminación y segregación de la mayoría de espacios de la sociedad.  Desde
esta mirada se les ha ofrecido servicios más desde lo clínico, algo de salud y
rehabilitación, una forma de intentar normalizar, más no de reconocer su valor
de ser humano, en si mismo.”
Intervención ciudadana
4.10. El ciudadano Alirio Galvis
Padilla interviene en el asunto de la referencia, con el fin de sustentar la
inexequibilidad de los preceptos acusados.
Para ello, reitera el argumento
planteado por otros intervinientes, consistente en el nexo entre la
declaratoria de inconstitucionalidad de las expresiones demandadas y el logro
de mayor inclusión de las personas en situación de discapacidad, en especial
los niños y niñas
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante
escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad procesal
correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto
previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, en el que solicita
a la Corte que declare inexequibles las expresiones demandadas.  Con este fin,
plantea los siguientes argumentos:
5.1. El
Ministerio Público parte de señalar que al interpretar la cláusula de especial
protección, prevista en el artículo 13 Superior, en la sentencia C-824 de 2011,
la Corte precisa que de ella surge la obligación del Estado y de las
autoridades de adoptar medidas afirmativas, para evitar la discriminación y
garantizar la igualdad real y efectiva de estas personas. En este contexto, la
Corte reconoce que la igualdad de oportunidades y el trato más favorable a las
personas con discapacidad, son derechos fundamentales de aplicación inmediata,
que se pueden predicar tanto de los grupos discriminados o marginados como de
las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta.
Es en esta
lógica que se inscribe el artículo 47 C.P., el cual prevé que el Estado debe
adelantar una política de integración social para las personas con
discapacidad, lo cual se complementa con el artículo 54 C.P. que asigna al Estado la tarea de garantizar a estas personas el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud, y con el artículo 68 C.P., en el cual se establece que el Estado debe promover su educación.
5.2. Para la
Vista Fiscal, el discurso constitucional sobre las personas con discapacidad se
amplía y profundiza al considerar diversos tratados sobre derechos humanos, que
al tenor de lo dispuesto en el artículo 93 C.P., hacen parte del bloque de constitucionalidad. Tal es el caso de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante CDPD) y de la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad (en adelante CIEDPD)
La
finalidad de la CDPD  consiste en  “promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente”. Sus destinatarios son los seres humanos que “tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.  A su
vez, la CIEDPD define la discriminación contra personas con discapacidad como
toda “distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad,
antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción
de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas
con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. En
consecuencia, ordena a los Estados Partes adoptar las medidas necesarias no
solo para “eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad”
sino también para “propiciar su plena integración en la sociedad.”
Para la
Vista Fiscal, además de los fallos que adelantaron el control de
constitucionalidad de los instrumentos citados, es relevante considerar las
sentencias T-397 de 2004 y C-824 de 2011, en las cuales la Corte reconoce y
destaca de manera explícita una serie de obstáculos jurídicos, sociales, económicos,
políticos, culturales y físicos que impiden a las personas con discapacidad
integrarse a la sociedad. Así, este Tribunal ha señalado que estos obstáculos
se originan, entre otras causas, en un concepto erróneo de normalidad.
5.3.
Con base en estos argumentos y algunas consideraciones doctrinarias sobre la
materia, el Procurador General advierte que “tanto la dignidad de las
personas discapacitadas como su derecho a la igualdad, no permiten afirmar que
en razón de su diferencia y por el mero hecho de ella, se puedan calificar como
anormales. Si bien sus capacidades pueden ser diversas, de esta circunstancia
no puede seguirse que se trate de personas enfermas, defectuosas, incompletas,
anormales o de una carga social. Y no puede seguirse tales consecuencias,
porque son seres humanos dignos a los que su condición de diferentes, no los
hace ni menos ni más que a los otros. No es extraño encontrar personas
invidentes con mayores capacidades intelectuales que la mayoría vidente; o
personas con carencias físicas capaces de superar en pruebas físicas a la
mayoría de quienes no las tienen; o personas que a pesar de tener dificultades
para expresarse, son capaces de exponer teorías de vanguardia. De otra parte,
el no tener carencias físicas o dificultades mentales, no implica que la
persona no pueda tener otro tipo de discapacidades, como las derivadas de no
tener el talento, la disciplina o la destreza requeridas para una actividad.”
VI.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la
referencia, en los términos del artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra una Ley de la
República, que cuestiona su contenido material.
Problema
jurídico y metodología de la decisión
2.
El ciudadano Parra Dussan considera que tanto los términos “normalización
social y plena”, contenido en el artículo 3° de la Ley 361/97, como la
expresión “normalización” del artículo 36 ejusdem, son contrarios
a la Constitución, particularmente al principio de igualdad y a las normas del
bloque de constitucionalidad que reconocen los derechos de las personas en
situación de discapacidad.  Para ello, advierte que de esas normas se desprende
un mandato estatal particular de inclusión de esa población, a partir de las
condiciones fijadas por el modelo social, que se basa a su vez en considerar la
discapacidad desde la diferencia y la necesidad correlativa de adaptación del
entorno, en buena medida responsable de las dificultades para el acceso de la
persona con discapacidad.  Como el concepto de normalización no parte de
ese parámetro, sino de uno propio del modelo médico rehabilitador, que se
fundamenta en el imperativo de la “curación” de la persona con discapacidad,
entonces desconoce dichas reglas constitucionales.
Algunos
de los intervinientes, al igual que el Procurador General, apoyan  la
declaratoria de inexequibilidad, a partir del mismo argumento sobre el vínculo
entre el modelo social de la discapacidad y las normas del bloque de
constitucionalidad, tanto contenidas en el Texto Superior como en tratados de
derecho internacional de los derechos humanos.  Agregan que el concepto normalización,
aplicado a las personas en situación de discapacidad, se muestra especialmente
problemático respecto de la vigencia de los principios de dignidad humana y
autonomía, así como frente al deber estatal de inclusión social de dichas
personas, entendido como componente esencial de la vigencia del principio de
igualdad de oportunidades.
Otros
intervinientes concluyeron que el concepto normalización era compatible
con la Constitución, si se insertaba en una interpretación sistemática de las
normas contenidas en la Ley 361/97, que podían comprenderse como desarrollos
propios del modelo social de la discapacidad.  Con base en ese mismo argumento,
algunos intervinientes indicaron que el cargo planteado resultaba inepto, en
tanto desconocía el requisito de certeza previsto en la jurisprudencia
constitucional.
3.
De acuerdo con estos antecedentes, corresponde a la Corte resolver el siguiente
problema jurídico: ¿la previsión legal que dispone que (i) la Ley 361/97
inspira al Estado colombiano para la normalización social y plena de las
personas en situación de discapacidad; y (ii) uno de los objetivos de los
programas de orientación familiar es la normalización del entorno familiar de
la persona en situación de discapacidad, vulneran los derechos de dichas personas,
especialmente la dignidad humana, la autonomía y la igualdad?
Para
resolver esta controversia, la Sala adoptará la siguiente metodología.  En
primer lugar y a manera de asunto preliminar, determinará la existencia de
cargo de inconstitucionalidad, a fin de resolver el interrogante que sobre ese
aspecto plantean algunos intervinientes.  Superada esa etapa, la Corte hará una
exposición sobre su precedente que vincula la eficacia de los derechos de las
personas en situación de discapacidad con las premisas del modelo social
ofrecido por las normas pertinentes del derecho internacional de los derechos
humanos.  En tercer lugar, presentará las reglas jurisprudenciales acerca del
vínculo entre las expresiones del lenguaje jurídico y la garantía de la
dignidad humana y la igualdad, específicamente respecto de las regulaciones
referidas sujetos de especial protección constitucional.  Finalmente, con base
en las conclusiones de estos análisis, se resolverá el cargo propuesto.
Existencia
de cargo de inconstitucionalidad
4.
Como se indicó, varios intervinientes sostienen que el cargo es inepto, puesto
que el demandante interpreta de manera aislada el concepto normalización,
el cual visto de forma sistemática con el resto de la Ley 361/97, permite
concluir que no se opone a la inclusión de las personas en situación de
discapacidad.
La
Corte difiere de esta conclusión y antes bien, considera que dicho argumento
confunde el ámbito de admisibilidad de la acción pública de
inconstitucionalidad con la solución de fondo.  Precisamente, el cargo
planteado por el actor parte de la dicotomía entre modelos jurídicos de
comprensión de la discapacidad, que en su criterio ofrecen grados de protección
igualmente disímiles de los derechos constitucionales de estas minorías.  En
ese sentido, el centro de la acusación versa sobre la determinación acerca del
modelo que otorga mayor eficacia a dichos derechos y, por ende, que resulta más
compatible con las disposiciones del bloque de constitucional en materia de
discapacidad.   Es decir, el cargo está relacionado con la necesidad de
determinar en qué modelo se inscribe el concepto normalización y si ese
paradigma es compatible con la actual comprensión de los derechos de las
personas con discapacidad, especialmente a la luz de los tratados de derechos
humanos que regulan ese tópico.
Así,
concluir que la demanda incumple el requisito de certeza, partiría de
desconocer la complejidad de ese debate, el cual solo pude ser resuelto
mediante una sentencia de mérito, como lo proponen la mayoría de intervinientes
y el Procurador General.  Por ende, concurre en el presente escenario un
problema jurídico constitucional discernible, razón por la cual la Corte
adoptará decisión de fondo, conforme a los argumentos que se expresan a
continuación.
El
vínculo entre las normas del bloque de constitucional sobre discapacidad y el
modelo social
5.
El modelo constitucional actual significó una modificación radical en lo
atinente a la relación entre el individuo y el Estado. Bajo la Constitución
anterior, parcialmente fundada en los pilares del liberalismo clásico, la
persona era considerada de manera homogénea, en tanto sujeto libre y autónomo,
visión que negaba cualquier diferencia material con incidencia en el goce y
ejercicio de derechos y libertades.
En
cambio, la Carta Política vigente está basada en la dignidad humana, lo que
significa que deben ser tenidas en cuenta, desde el Estado y la sociedad, las
innatas diferencias de las personas, en especial aquellas que restringen su
acceso a las posiciones jurídicas necesarias para el acceso a las condiciones
materiales que preceden a la eficacia de los derechos fundamentales.  Esto bajo
el entendido que esos grupos poblacionales son titulares del derecho a la
igualdad de oportunidades.
Las
personas en situación de discapacidad son un caso particular de sujetos que, en
razón de sus condiciones particulares y especialmente las que le imponen el
entorno en que se desenvuelven, tienen dificultades para el acceso a dichas
condiciones materiales.  Es por ello que la Constitución, en desarrollo de la
cláusula de igualdad material y de oportunidades, impone al Estado el mandato
de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social
para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran (Art. 47 C.P.)
6.
Esta previsión constitucional significa, entonces, que las personas en
situación de discapacidad son reconocidas en su diferencia, lo que prescribe
hacia el Estado el deber de adelantar acciones dirigidas a lograr la
satisfacción de sus derechos, en un marco de igualdad de oportunidades y
remoción de las barreras de acceso a los bienes sociales.  Esta visión
contrasta con el tratamiento que tradicionalmente han recibido las personas con
discapacidad, basado en la marginalización a través de su invisibilización.
Sobre este particular, la Corte ha resaltado que “[t]al como ha
ocurrido con otros grupos sociales, los discapacitados han sido objeto
constante de marginación social a través de los siglos. La discriminación
contra los discapacitados presenta, sin embargo, características que le son
propias y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el sector de
los discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta o
invisible, en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas por
discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por fuera del
ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de los
discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones que
pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades. Y
finalmente, porque la discriminación contra los discapacitados frecuentemente
es ajena al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad que acompaña otras
formas de discriminación, tal como la que causa la segregación racial. En
efecto, en muchos casos la discriminación contra los discapacitados no tiene
origen en sentimientos de animadversión, y recibe una justificación con la
limitación física o mental que presenta la persona afectada - claro está,
haciendo caso omiso de las condiciones especiales de cada discapacidad y de los
diferentes grados de limitación que ellas pueden generar. De esta manera, la
marginación de los discapacitados frecuentemente no está acompañada de
hostilidad, sino que es más bien producto de ignorancia, de prejuicios, de
simple negligencia, de lástima, de vergüenza o de la incomodidad que genera el
encuentro con personas diferentes”.[2]
Desde
esa perspectiva, la protección de los derechos de las personas en situación de
discapacidad pasa por la eliminación de esas barreras, las cuales no son
únicamente de índole físico, sino también jurídico.  Las diferentes modalidades
de infraestructura, la conformación institucional y las reglas jurídicas deben,
en ese orden de ideas, adaptarse de modo tal que su configuración no imponga
limitaciones de acceso a las personas con discapacidad.  Así, como lo ha
señalado la Corte “… para el Constituyente, la igualdad real sólo se alcanza
si el Estado se quita el velo que le impide identificar las verdaderas
circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo favor se consagra
este derecho. Una vez revelado el panorama real, el Estado tiene la tarea de
diseñar políticas públicas que permitan la superación de las barreras
existentes para que las personas puedan incorporarse, en igualdad de condiciones,
a la vida social, política, económica o cultural... el derecho a la igualdad en
el Estado Social de Derecho, trasciende los imperativos clásicos de la igualdad
ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en las diferencias que de hecho
existen entre las personas y los grupos de personas. Justamente, en
consideración a las diferencias relevantes, deben diseñarse y ejecutarse
políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad.”[3]
7.
La regulación jurídica de los derechos de las personas con discapacidad ha sido
particularmente analizada por normas del derecho internacional de los derechos
humanos, que al tener ese carácter se comprenden incorporadas al bloque de
constitucionalidad.  En distintos instrumentos internacionales se han plasmado
los diferentes mecanismos de inclusión de dicha población, en los mismos
términos de garantía de igualdad de oportunidades, antes explicados. En este
apartado, la Corte hará referencia a varios de estos instrumentos,
específicamente aquellos de carácter convencional, ratificados por Colombia e
integrantes del parámetro de constitucionalidad, en los términos explicados.
7.1.
Existe una especial preocupación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales – PIDESC, al menos desde el punto de vista de su
interpretación ulterior, acerca de la eficacia de los derechos sociales en el
caso de las personas en situación de discapacidad.  A este respecto, el
intérprete autorizado de ese tratado ha señalado en la Observación General No.
5 “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que si bien no existe
en el PIDESC una norma con referencia explícita a los derechos de esta
población, en todo caso “…la Declaración Universal de Derechos Humanos
reconoce que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y
en derechos y, como las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos
los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad tienen claramente
derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto.  Además, en la
medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados Partes han de
adoptar medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos
disponibles, para lograr que dichas personas procuren superar los
inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en el
Pacto, derivados de su discapacidad.  Además, el requisito que se estipula
en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto que garantiza "el ejercicio de
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna" basada en
determinados motivos especificados "o cualquier otra condición
social" se aplica claramente a la discriminación basada en motivos de
discapacidad.”[4]
En
los términos de la misma Observación, constituye discriminación injustificada
contra las personas en situación de discapacidad todas aquellas acciones u
omisiones que tengan como resultado imponer barreras para el goce y ejercicio
de los derechos de esta población, particularmente sus derechos sociales.
Estos actos no solo se reducen a actuaciones materiales, sino que también
incorporan la discriminación derivada por el tratamiento que las normas jurídicas
irrogan a las personas con discapacidad.  Como lo señala el Comité DESC, “A fin
de remediar las discriminaciones pasadas y presentes, y para prevenir futuras
discriminaciones, parece indispensable adoptar en prácticamente todos los
Estados Partes una legislación amplia y antidiscriminatoria en relación con la
discapacidad.  Dicha legislación no solamente debería proporcionar a las
personas con discapacidad la posibilidad de recurso judicial en la medida de lo
posible y apropiado, sino que brindaría asimismo programas de política social
que permitirían que las personas con discapacidad pudieran llevar una vida
integrada, independiente y de libre determinación. ||  Las medidas contra
la discriminación deberían basarse en el principio de la igualdad de derechos
para las personas con discapacidad y para las personas que no tienen
discapacidad, que, según se dice en el Programa de Acción Mundial para los
Impedidos, "significa que las necesidades de todo individuo son de la
misma importancia, que estas necesidades deben constituir la base de la
planificación de las sociedades, y que todos los recursos deben emplearse de
tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación a cada
individuo.  Las políticas en materia de incapacidad deben asegurar el
acceso de los impedidos a todos los servicios de la comunidad".[5]
Como se observa, la eficacia del principio a la igualdad de las personas
con discapacidad pasa necesariamente por su inclusión social y el acceso
equitativo a los derechos, frente a los sujetos que no tienen esa condición
particular.
7.2.
En el ámbito regional debe resaltarse la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, adoptada por Colombia mediante la Ley 762/02 y objeto de control
de constitucionalidad en la sentencia C-401/03.  En dicho tratado, se puso de
presente cómo la discriminación contra las personas en situación de
discapacidad se comprobaba ante cualquier medida que distinguiera a esa
población, con el propósito de imponer barreras para el acceso al goce efectivo
de sus derechos humanos.  En los términos del artículo I.2.a. de la CIEDPD, el “…término
"discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.”
A
partir de esa consideración, el artículo III impone a los Estados parte de la
Convención las obligaciones de, entre otras, (i) adoptar las medidas de
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad; y (ii) trabajar
prioritariamente en la sensibilización de la población, a través de campañas de
educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que
atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta
forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.
De
nuevo, en este escenario la Sala encuentra que la perspectiva de protección de
los derechos de las personas con discapacidad se concentra en su inclusión a la
dinámica social, a través de la remoción de las barreras para el acceso a las
condiciones materiales necesarias para la eficacia de sus derechos humanos y
fundamentales.
7.3.
Con todo, para el caso analizado resultan especialmente pertinentes las reglas
jurídicas planteadas, esta vez en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, por
la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad –
CDPD.  Este tratado, incorporado a la legislación interna por la Ley 1346 de
2009 y objeto de control de constitucionalidad en la sentencia C-293/10,
configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las
personas en situación de discapacidad.
Como
lo resaltó la Corte en el ejercicio de dicho control de constitucionalidad, la
CDPD se inserta claramente en una perspectiva de inclusión de las personas en
situación de discapacidad, que parte del reconocimiento de su plena autonomía
como sujetos de derecho, que a su vez cobra eficacia mediante la eliminación de
las barreras para el acceso a las distintas posiciones jurídicas.  Sobre este
tópico, la sentencia C-293/10 indicó que, a partir del “análisis
constitucional de las cláusulas que conforman el articulado de esta Convención,
se observa que ellas reflejan un esfuerzo comprehensivo de protección a las
personas discapacitadas, ya que abordan y ofrecen correctivos, desde una
perspectiva moderna e inclusiva, frente a la mayor parte de los aspectos y
situaciones en las que puede apreciarse la condición de desigualdad y
vulnerabilidad que normalmente afecta a estas personas. (…) De otra
parte, la Corte destaca que uno de los principios inspiradores que subyacen
dentro del articulado de la Convención y los compromisos en él contenidos es el
reconocimiento y exaltación de la autonomía del individuo, y el propósito de
controlar, tanto como sea posible, el efecto de restricción de dicha autonomía
que normalmente resulta de las distintas discapacidades que las personas pueden
padecer. Así por ejemplo, la Convención plantea, entre otras garantías, que los
individuos con discapacidad tienen derecho a tener un trabajo que les permita
procurarse su propio sustento (art. 27), que están en capacidad de elegir cómo
y con quién vivir (art. 19), que pueden establecer relaciones familiares como
las de las demás personas a partir del libre consentimiento de los interesados
(art. 23), y que pueden ejercer el derecho al sufragio y los demás derechos de
participación política y social, en lo posible, sin la intervención de otras
personas (art. 29). La Corte considera que en cuanto estas circunstancias
buscan potenciar el ejercicio de la autonomía personal, y con ello el libre
desarrollo de la personalidad a que se refiere el artículo 16 superior, todas
estas disposiciones son válido desarrollo de importantes objetivos
constitucionales, y por lo mismo, plenamente exequibles.”
Ahora
bien, para lo que interesa a la presente decisión, debe resaltarse como el
propósito de la CDPD es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente. || Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás.”.
A
partir de este objetivo general, se imponen a los Estados parte deberes
específicos, entre otros los de (i) adoptar medidas para la toma de
conciencia respecto de las personas con discapacidad, así como (ii) la
eficacia del derecho de dichas personas a vivir en forma independiente y a ser
incluido en la comunidad; al igual que (iii) la habilitación y rehabilitación
de las personas con discapacidad.
7.3.1.
El artículo 8° CDPD determina que los Estados parte se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: (i) sensibilizar a la
sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de
las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la
dignidad de estas personas; (ii) luchar contra los estereotipos, los prejuicios
y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos
los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; y
(ii) promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones
de las personas con discapacidad.
7.3.2.
El artículo 19 CDPD dispone, a su vez, el reconocimiento por parte de los
Estados del derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás.
Por lo tanto, están compelidos a adoptar medidas efectivas y pertinentes para
facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su
plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:
(i) las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás,
y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
(ii) las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta; y (iii) las instalaciones y los servicios comunitarios para
la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
7.3.3.
Por último, el artículo 26 CDPD impone a los Estados el deber de adoptar
medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se
hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad
puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental,
social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos
de la vida. A tal fin, los Estados Partes están obligados a organizar,
intensificar y ampliar los servicios y programas generales de habilitación y
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:
(i) comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; y (ii) apoyen
la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la
sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
8.
De acuerdo con estas disposiciones, es evidente que los postulados contenidos
en la CDPD están basados en la inclusión social de las personas en situación de
discapacidad, a través del reconocimiento, aceptación y toma de conciencia de
sus innatas particularidades, aunado a la asunción de deberes dirigidos a la
remoción de barreras de acceso y adaptación del entorno con ese propósito, lo
que a su vez supone la prohibición de imposición de un modo de vida
particular.  En esa perspectiva, cobran especial relevancia medidas como el
diseño universal y los ajustes razonables, previstos en el mismo instrumento
internacional.  De acuerdo con el primero, la inclusión de las personas con
discapacidad se logra a través de la concepción del entorno de manera tal que
la infraestructura y los distintos instrumentos que hacen parte de la vida
cotidiana, puedan ser utilizados indistinta y equitativamente tanto por
personas con discapacidad como sin ella.  Los ajustes razonables, en cambio,
consisten en las adaptaciones y reformas a la infraestructura física, al igual
que al entorno social, dirigidas a permitir la accesibilidad de las personas
con discapacidad, sin que tengan que soportar cargas desproporcionadas.
9.
Esta perspectiva incluyente hacia las personas con discapacidad se deriva de la
evolución del tratamiento jurídico sobre esta materia, que la jurisprudencia
constitucional ha documentado con suficiencia, sintetizándose en esta
oportunidad sus aspectos esenciales, así:
9.1.
La jurisprudencia de la Corte ha resaltado cuatro etapas en el desarrollo
normativo respecto a los derechos y prerrogativas de las personas en situación
de discapacidad.  Estos estadios corresponden a los modelos de prescindencia,
marginación, rehabilitación y el modelo social.
El
modelo de la prescindencia se basaba en determinar que la discapacidad es una
circunstancia que obliga a separar al afectado de los demás miembros de la
sociedad que se consideran “normales”.  En ese sentido, los discapacitados
están sometidos a una condición particular, catastrófica y que los aleja de los
pretendidos estándares de la vida en sociedad.  Por esa razón, deben ser
excluidos del cuerpo social, al no cumplir con esas condiciones, que sí
acreditan las personas sin discapacidad.  Como lo ha señalado la Corte “[e]l
modelo de la prescindencia, descansa principalmente sobre la idea de que la
persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, que es un ser
improductivo y además una carga tanto para sus familiares cercanos como para la
comunidad.[6]
Bajo este modelo, la diversidad funcional de una persona es vista como una
desgracia -e incluso como castigo divino- que la inhabilita para cualquier
actividad en la sociedad. Bajo este modelo se da por supuesto que una persona
con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, ni puede vivir una
vida lo suficientemente digna.”[7]
9.2.
El modelo de la marginación está basado en la distinción discriminatoria entre
la normalidad y la anormalidad.  Según este criterio, las personas que no están
en situación de discapacidad son aptas y “normales”, de manera tal que pueden
interactuar adecuadamente en sociedad.  En contrario, las personas con
discapacidad son “anormales”, lo que justifica su segregación.  En ese
sentido,  pueden válidamente excluirse de esa interacción.  A este respecto, el
precedente en comento describe esa etapa como aquella en la cual “… las
personas con discapacidad son equiparadas a seres anormales, que dependen de
otros y por tanto son tratadas como objeto de caridad y sujetos de asistencia. No
sobra señalar que esta idea sobre la persona con discapacidad ha llevado a justificar
prácticas de marginación social, fundadas en que a las personas con
discapacidad se deben mantener aisladas de la vida social.”[8]
9.3.
La primera modalidad de atención a las personas con discapacidad, desde el
derecho internacional de los derechos humanos, se basó en el modelo médico o
rehabilitador.  La tesis central de esta perspectiva consistió en considerar a
la discapacidad como una dolencia física del individuo, que debía ser sometida
a intervención médica, con el fin de lograr su superación y, con ello,
rehabilitar al afectado con el fin que pudiera vincularse plenamente al
estándar social de las personas que no están sin situación de discapacidad.
En este escenario, la discapacidad era un asunto derivado exclusivamente de las
condiciones físicas y mentales del individuo, quien debía ser sujeto de
atención clínica, con el fin de llegar a un óptimo predefinido, esto es, la
situación de no discapacidad.
Sobre
esta visión, la Corte ha indicado que “[b]ajo este enfoque, la
diversidad funcional, será tratada no ya como un castigo divino, sino abordada
en términos de enfermedad. Es decir, se asume que la persona con discapacidad
es una enferma, y que su aporte a la sociedad estará signado por las
posibilidades de “cura”, rehabilitación o normalización. Esta perspectiva
médica, que ha sido prevalente durante buena parte del pasado y presente siglo
hasta la década de los años 90, concentra su atención en el déficit de la
persona o, en otras palabras en las actividades que no puede realizar. Como
señala Catherine Seelman,[9]
en el modelo médico, el llamado “problema” esta ubicado en el cuerpo del
individuo con discapacidad, el sesgo del modelo médico es la percepción
biológica y médica de normalidad.”[10]
Aunque
este modelo superaba el concepto de necesaria exclusión social de la persona
con discapacidad, ha sido criticado por dos motivos principales: (i) mantener
la distinción entre un estándar que se considera óptimo, correspondiente a la
ausencia de discapacidad, y la necesidad correlativa que las personas con
discapacidad sean rehabilitadas médicamente, hasta donde ello sea posible, como
requisito para su inclusión en la sociedad que comparte dicho óptimo; y (ii)
definir a la discapacidad con un asunto vinculado únicamente con las
condiciones físicas o mentales del individuo, las cuales son objeto de
rehabilitación médica, con las finalidades antes expresadas.
Como
se observa, estas características mantenían la exotización hacia la
discapacidad, igualmente verificable en los modelos previos.  Por ende, pese a
considerar la necesidad del tratamiento y la atención especializada a las
personas con discapacidad, el modelo médico rehabilitador se muestra
especialmente problemático en términos de eficacia de los derechos a la
igualdad, la dignidad humana y la autonomía de las personas en situación de
discapacidad.  Sobre este tópico, la Corte ha indicado que “[e]l
modelo rehabilitador tiene como eje la idea de que las causas de la
discapacidad se encuentran en diversas patologías, por lo que no se considera
que la persona sea prescindible, o inútil, y en consecuencia carente de valor y
dignidad, sino que el pleno goce y ejercicio de su dignidad se asocia al éxito
de un tratamiento curativo. Bajo un planteamiento un poco paradójico, el
discapacitado es una persona con dignidad, igualdad y derechos, siempre que
deje de ser discapacitado. La medida de respuesta estatal a la discapacidad se
encuentra, entonces, en el tratamiento médico, que puede derivar en la
internación del enfermo, pues se considera que esta permite adelantar la
terapia en condiciones óptimas.  [Así], las características centrales
del modelo son: (i) el origen científico (médico) de la discapacidad; (ii) la
existencia de un valor en el discapacitado, siempre que sea posible su
rehabilitación; (iii) la concepción de la persona con discapacidad como
inferior en destrezas y aptitudes; (iv) la adopción de medidas orientadas a la
normalización del discapacitado, dentro de un parámetro marcado por la idea de
un individuo estándar (o normal), lo que a su vez implica la adopción de
medidas como la educación especial o el trabajo vigilado o protegido. ||
Dentro
de las críticas que se han realizado al modelo, cabe destacar las siguientes:
(i) la imposición de una actitud paternalista hacia las personas con
discapacidad; (ii) la presencia del médico más allá del ámbito del ejercicio de
su labor terapéutica, adoptando decisiones sobre la libertad y modo de vida del
individuo; y (iii) el ocultamiento de la diferencia como condición para el
ejercicio de los derechos y el respeto por la dignidad del individuo.”[11]
(Negrillas originales).
9.4.
Las normas actuales sobre los derechos humanos de las personas en situación de
discapacidad, en especial las contenidas en la CDPD, modifican el paradigma
expuesto y adoptan el que se ha denominado como modelo social de la
discapacidad.  Esta concepción se basa en admitir que la discapacidad no es
un asunto que se derive exclusivamente de las particularidades físicas o
mentales del individuo, sino que también tiene un importante concurso en la
misma las barreras que impone el entorno, de diferente índole, las cuales
impiden que la persona con discapacidad pueda ejercer adecuadamente sus
derechos y posiciones jurídicas.
El
cambio de paradigma en este escenario está basado en considerar a la persona en
situación como discapacidad desde el reconocimiento y respeto de su
diferencia.  Si bien se mantiene en el modelo social el deber estatal de
rehabilitación y tratamiento de la discapacidad, en modo alguno estos toman la
forma de requisitos para la inclusión social.  En contrario, la mayoría de las
obligaciones del Estado frente a las personas con discapacidad se concentran en
la remoción de barreras que impidan su plena inclusión social, ámbito donde
cobran especial relevancia deberes de promoción del diseño universal y de
ajustes razonables, explicados en el fundamento jurídico 8 de esta sentencia.
Entonces, el modelo social se basa en que la discapacidad no debe comprenderse
como una condición anormal que debe superarse para el acceso a los derechos y
bienes sociales, sino como una particularidad del individuo, intensamente
mediada por las barreras físicas, sociológicas y jurídicas que impone el
entorno, generalmente construido sin considerar las exigencias de la población
con discapacidad.  De allí que la protección de estos derechos dependa de la
remoción de esas barreras, a través de diversos instrumentos, siendo el primero
de ellos la toma de conciencia sobre la discapacidad, que sustituye la
marginalización por el reconocimiento como sujetos de derecho.
En
este orden de ideas, acerca de las ventajas que presenta el modelo social de la
discapacidad, en especial respecto de la eficacia de los derechos
constitucionales de las personas con discapacidad a la dignidad humana, la
igualdad y la autonomía, la Corte ha señalado que “…la protección de los
derechos humanos de las personas que se encuentran en alguna circunstancia de
discapacidad se aborda en la actualidad desde el modelo social, esto es,
la discapacidad entendida como una realidad, no como una enfermedad que
requiere ser superada a toda costa, en otras palabras, se asume desde el punto
de vista de la diversidad, de aceptar la diferencia. Este modelo tiene una
visión amplia, pues (i) supera un primer modelo centrado en la caridad y
el asistencialismo y, (ii) además, parte de que no sólo debe abordarse la
discapacidad desde el punto de vista médico o de rehabilitación sino que
se centra en el aprovechamiento de todas las potencialidades que tienen los
seres humanos, independientemente del tipo de discapacidades que tengan. ||
Con
la anterior perspectiva hay un cambio de paradigma en la forma cómo debe
abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la discapacidad surge
principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente social a las
necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de la
incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este modelo,
la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y
estigmatización. Además, las dificultades que enfrentan las personas con
discapacidad surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones. (…) Por tanto, no puede desconocerse que el
ambiente (físico, cultural, etc.) puede tener un impacto positivo o negativo en
la manera de asumir y entender la discapacidad, pues “los efectos de la
discapacidad sobre una persona dependen de manera fundamental del entorno
social, es decir, que la discapacidad no es únicamente un problema individual.
Esto significa que un medio social negativo y poco auspiciador puede convertir
la discapacidad en invalidez, y que, por el contrario, un ambiente social
positivo e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar
la vida de las personas afectadas con una discapacidad”.[12]
|| En particular, una de las condiciones negativas que contribuyen a la
exclusión de las personas con discapacidades es la no adaptación del ambiente
físico[13]
a las necesidades de esta población, es decir, el entorno físico está concebido
para personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual corresponde al
imaginario social acerca la belleza, lo que brinda bienestar, las
potencialidades que cada uno debe tener[14], etc.”[15]
(Negrillas originales).
10.
La jurisprudencia constitucional, a partir de estas premisas, ha concluido que
el modelo social es el marco de referencia de las previsiones del bloque de
constitucionalidad contenidas en el CDPD.  Por lo tanto, como en esta sentencia
se ha señalado que ese instrumento de derechos humanos es el estándar más alto
de protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad,
conforma el parámetro de interpretación sobre el contenido y alcance de las
prerrogativas constitucionales a favor de esa población, de acuerdo con la
regla hermenéutica contenida en el inciso primero del artículo 93 C.P.
Sobre
el tópico, la Corte ha insistido en decisiones anteriores en que el modelo
social permite concebir a las personas en situación de discapacidad como individuos
que, en sí mismos y habida consideración de sus particularidades físicas y
mentales, son autónomos y dignos.  Por ende, no se exige de ellos una
habilitación particular o cualquier otra cualificación que los integre a la
vida social sino que, antes bien, es el entorno el que está obligado, a través
de la acción del Estado y de la sociedad, a eliminar las barreras que conforman
o acentúan la diferencia de acceso generada por la discapacidad.  Para
sustentar esta conclusión, esta Corporación ha previsto que “[l]os
últimos instrumentos de derechos humanos en relación con las personas con
discapacidad, como la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, muestran un alejamiento de las concepciones
anteriormente expuestas, para incorporar una comprensión más amplia de la
discapacidad, basada en lo que se denomina el modelo social.[16]
En esta misma vía también están los análisis más recientes de discapacidad que
se hacen desde el área de la salud.[17]
Bajo este modelo, la discapacidad no está signada tanto por la por la
deficiencia funcional, como por las  barreras del entorno -tanto físicas como
sociales -que pueda enfrentar una persona. En la medida en que una persona
tenga herramientas suficientes para enfrentar esas barreras, y en la medida en
que dichos obstáculos se disminuyan, una persona con alguna deficiencia, como
por ejemplo física, no necesariamente se encuentra en una condición de
discapacidad. En este sentido, un punto central del modelo social, por
oposición al modelo médico, es centrarse en el análisis de las capacidades de
las personas más que en la evaluación exclusiva de sus deficiencias, o en otros
términos, la mirada de la discapacidad debe superar el enfoque de enfermedad, y
ser abordada desde una perspectiva holística que considere no sólo la
deficiencia funcional sino su interacción con el entorno.”[18]
11.
De igual forma, debe tenerse en cuenta que el modelo social de la discapacidad
también se basa en el reconocimiento de la participación de dicha población en
el diseño e implementación de las políticas públicas que les atañen.  Esta
visión se opone radicalmente a la incorporada en el modelo médico –
rehabilitador, fundado en la concepción paternalista hacia la discapacidad.  En
cambio, supone que las personas en situación de discapacidad son sujetos libres
y autónomos y, en consecuencia, deben estar en posición de incidir sobre las
medidas estatales para su inclusión social,  tratamiento equitativo y
equiparación en las oportunidades de acceso a los derechos y bienes jurídicos.
Al respecto, la sentencia T-340/10 señaló lo siguiente:
“El surgimiento del modelo [social] marca una de sus
principales características: la participación de las personas con discapacidad
en la definición de sus intereses, prioridades y necesidades dentro de la
sociedad (nada sobre nosotros sin nosotros), así como su enfoque sobre
la discapacidad: la persona con discapacidad no se encuentra marginada o
discriminada por razón de una condición física, sensorial o psíquica
determinada, sino que las dificultades que enfrenta para su adecuada
integración se deben a la imposición de barreras por parte de una sociedad que
no está preparada para satisfacer las necesidades de todas las personas que la
componen[19].
Las causas de la discapacidad, si bien no exclusivamente, sí son
preponderantemente sociales.
Además, el modelo social afirma la dignidad de toda
vida humana -con lo que la discapacidad se convierte, automáticamente, en un
asunto de derechos humanos-; y estima que las personas con discapacidad pueden
aportar tanto como, o más que las personas sin discapacidad a la sociedad, y
por ello rechaza la idea de la rehabilitación como un proceso de normalización
del individuo. La terapia es admitida siempre que se dirija a la
satisfacción de objetivos previamente definidos por la persona.
Las medidas que persigue el modelo se dirigen a
garantizar el mayor nivel posible de autonomía del individuo (con lo que el
internamiento se considera una medida ajena al modelo), mediante los ajustes
requeridos por su condición, que no se concibe como limitación sino como diversidad
funcional. Así, por ejemplo, el enfoque social da prevalencia a la
educación ordinaria sobre la especializada, que se mantiene solo como última
medida; y estima que la subsistencia del individuo debe satisfacerse
mediante la creación de oportunidades laborales y la seguridad social, y la
búsqueda de nuevos escenarios de inclusión. El propósito más importante a
realizar es la igualdad de oportunidades, a través de la aplicación de
principios como la accesibilidad universal, el diseño para todos y todas, y
la transversalidad de las políticas[20].
66. En ese marco, la Convención Internacional sobre
Derechos de Personas con Discapacidad se acerca más a un enfoque social de
la discapacidad que a uno médico, lo que tiene como consecuencia la
prevalencia del propósito de disminución o erradicación de barreras sociales o
ambientales (o en términos más amplios del entorno), sobre la rehabilitación o
tratamiento de la discapacidad. Además, sin abandonar el propósito central de
eliminar la discriminación como paso indispensable para garantizar la igualdad
de oportunidades a las personas con discapacidad, la CDPCD establece unos
principios para la adopción de políticas públicas y la interpretación de las
normas legales, constitucionales y convencionales, que buscan el ejercicio de
todos los derechos humanos por parte de la población con discapacidad, antes
que el ocultamiento de las diferencias funcionales.”
12.
Por último, lo que resulta especialmente relevante para esta decisión, el
precedente analizado ha dispuesto que aquellas fórmulas jurídicas dirigidas a
la normalización de las personas en situación de discapacidad,
contrarían sus derechos fundamentales y por lo mismo, son incompatibles con la
Constitución.  Ello debido a que posturas de ese carácter imponen un
tratamiento discriminatorio contra dichas sujetos, puesto que no las reconocen
en su diferencia y la particular incidencia que tiene el entorno para su acceso
a los distintos derechos y posiciones jurídicas, sino que supeditan su
inclusión a la superación de la discapacidad, de la misma forma que lo
propugnaba el modelo médico – rehabilitador, actualmente superado por el
derecho internacional de los derechos humanos.
En
la sentencia C-804/09, la Corte se ocupó de analizar la constitucionalidad de
la condición de “idoneidad física” como uno de los requisitos impuestos
por el Código de la Infancia y la Adolescencia para la adopción. En dicho
fallo, se insistió en que esta expresión no podía comprenderse como una
exclusión genérica de las personas en situación de discapacidad de la
posibilidad de adoptar.  Para ello, puso de presente que esa idoneidad física
correspondía a criterios de índole subjetiva, lo que significa que debía ser
analizada en cada caso concreto, bajo el ineludible presupuesto de la
preservación del interés superior de los niños y niñas.  A su vez, esta
naturaleza de la idoneidad física del adoptante era contraria a consideraciones
de carácter objetivo, que excluyeran a las personas en situación de
discapacidad de la posibilidad jurídica de adoptar.
Para
la decisión en comento, comprender el requisito mencionado como una barrera
genérica para la facultad de adoptar de las personas con discapacidad,
significaría desconocer el estándar de protección que impone el modelo social,
basado a su vez en las normas de derechos humanos anteriormente expuestas.
Ello debido a que se equipararía el concepto de idoneidad física al de normalidad,
asumido por el modelo médico –rehabilitador.  En términos de la sentencia
mencionada “[h]istóricamente, las personas con discapacidad han
enfrentado distintas barreras que les han impedido el goce efectivo de sus
derechos. Desde barreras culturales que perpetúan los prejuicios, hasta
barreras físicas y legales, que limitan la movilidad, la interacción social y
la efectiva participación de las personas con discapacidad. Con frecuencia las
personas con discapacidad son consideradas como seres humanos “defectuosos”,
“incompletos”, que “necesitan reparación” o que son “dignos de compasión,”
concepciones que se basan en el desconocimiento de las características, las
causas y los componentes socioculturales de la noción misma de “discapacidad”,
así como del ideal de “normalidad” a la que aquella necesariamente se opone.
Tales barreras condenan a las personas con discapacidad a la vulneración de su
dignidad y son en realidad el ingrediente principal para la perpetuación de los
factores de discriminación que las condenan al paternalismo y la marginalidad.”
Similar
consideración fue realizada por la Corte en la sentencia T-397/04, en donde se
determinó que la oposición conceptual entre la normalidad y la
discapacidad contraía una abierta discriminación contra esa población.  Así, se
señaló en ese fallo que “[e]n la mayor parte de los casos, la base de
estas reacciones hacia la persona con discapacidad la proporciona una
determinada representación social y cultural sobre la “normalidad” corporal,
mental y funcional, de la cual las personas con discapacidad se apartan en
mayor o menor medida. Ello, a pesar de que –por la naturaleza del organismo
humano- es realmente muy baja la proporción de personas cuyos cuerpos y mentes
funcionan en condiciones absolutamente óptimas; e incluso en los casos en que
tal estado de salud se logra, no deja de ser un fenómeno temporal, sobre el
cual se cierne la perspectiva cierta de la disminución física y funcional,
cuando menos por el paso del tiempo – de esta forma, todas las personas se
enfrentan, tarde o temprano, al riesgo de discriminación por la pérdida de la
capacidad física o funcional que se considera “normal” en un momento dado de la
historia y del curso vital del individuo. También es digno de anotar que el
ideal de normalidad predominante en nuestra sociedad tiene un componente
central de carácter meramente estético, es decir, relacionado con la mayor o
menor “apariencia de normalidad” que proyecte un individuo, la cual contribuirá
en gran parte a la mayor o menor discriminación a la que dicho individuo estará
sujeto. Se puede consultar, sobre este particular, una gran cantidad de
estudios especializados en el tema de la discapacidad.” (Subrayas
originales).
13.
En conclusión, encuentra la Sala que a partir de los instrumentos recientes de
derechos humanos en materia de discapacidad, el modelo social es el estándar
más reciente y garantista para los derechos de esa población.  Este paradigma
concibe a la discapacidad como un asunto complejo en cuanto a su origen, pues
confluyen tanto las condiciones físicas y mentales del individuo, como las
barreras físicas, sociológicas y jurídicas que le impone el entorno.  Esto hace
que la persona en situación de discapacidad deba ser comprendida desde su
autonomía y diferencia, lo que significa que resulte constitucionalmente
inadmisible que se le imponga su rehabilitación o normalización como condición
previa para que sea incluido en la dinámica social, en tanto sujeto de
derechos, dotado de autonomía y dignidad.  En contrario, el Estado y su sistema
jurídico están obligados a garantizar esa inclusión mediante la eliminación de
dichas barreras, a fin que se logre la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad, a partir de su reconocimiento y protección especial.
Con
todo, también debe indicarse que la compatibilidad prima facie entre el
modelo social de la discapacidad y el parámetro constitucional de los derechos
de estas personas, no es óbice para que la jurisprudencia pueda reconocer, en
el futuro y ante la existencia de otros estándares más garantistas en el
derecho internacional de los derechos humanos, otras perspectivas de análisis
de la discapacidad que sean igualmente armónicas con la Carta Política.
La
discriminación y la necesidad de protección de la dignidad humana por parte del
lenguaje jurídico.  Reiteración de jurisprudencia
14.
Existe una línea jurisprudencial consolidada por esta Corporación, relativa a
las funciones del lenguaje jurídico y la posibilidad que sus ámbitos
valorativos y de validación lleguen a vulnerar derechos y valores
constitucionales, en especial la igualdad y la dignidad humana de los sujetos
destinatarios de las prescripciones legales.[21]
Esta
doctrina parte de advertir que el lenguaje normativo no se reduce a describir
hechos y consecuencias jurídicas, sino que es posible adscribirle tres tipos de
funciones definidas.  La primera, de índole descriptiva en los términos
mencionados.  La segunda, de tipo valorativo, a través de la cual las normas,
lejos de tener un carácter neutro, en realidad categorizan, arbitran y definen
situaciones específicas, imponiéndoles determinado criterios que las promueven,
rechazan, discriminan o distinguen de otras. La tercera, que puede definirse
como de validación, refiere al papel que cumple el derecho, en general, y las
normas jurídicas en particular, en la creación de realidades: las normas
jurídicas tienen la función de constituir estándares para la conducta, a través
de la definición de aquellos comportamientos permitidos y otros prohibidos.  Si
esas normas tienen tal estatus, sus expresiones validan como parámetro
jurídico, y por ello coactivo, lo que ellas expresen. Esto más aún si se tiene
en cuenta que estos preceptos son producto de procedimientos democráticos de
formación, esto es, acuerdos representativos sobre lo que se estima correcto,
incorrecto, objeto de afianzamiento o de rechazo.  Por lo tanto, ese precedente
comparte identidad teórica con las propuestas que desde la filosofía del
lenguaje afirman que las expresiones del lenguaje natural, código que comparte
el Derecho, no solo son descriptivas sino que construyen la realidad, en tanto
califican y explican el ámbito fáctico.[22]
Esta
ha sido la posición de la Corte, al indicar que como consecuencia de la
comprobación de las mencionadas funciones del lenguaje jurídico, el legislador
debe mostrarse especialmente cuidadoso en la elección de los términos que
integrarán las expresiones normativas, pues los mismos pueden llegar a
legitimar opciones valorativas incompatibles con la Constitución. De forma
correlativa, a pesar que el control de constitucionalidad se concentra
primariamente en los enunciados normativos y no en los textos legales
considerados en su perspectiva formal, la Corte está facultada para analizar la
exequibilidad de expresiones que, al mostrarse incompatibles en su
significación con los postulados superiores, deben ser excluidas del
ordenamiento jurídico.
14.1.
Con todo, ese mismo precedente ha señalado que esta decisión de inexequibilidad
debe en cualquier caso acompasarse con la vigencia del principio de
conservación del derecho, esto más aún cuando las mencionadas expresiones
legales, si bien son intrínsecamente problemáticas en términos de la vigencia
de los derechos fundamentales, en todo caso suelen estar insertas en enunciados
normativos que cumplen con finalidades constitucionalmente admisibles.  Así,
ante la necesidad de satisfacer el principio de conservación del derecho en
estos casos, la Corte también ha optado, cuando ello ha sido posible, por la
exequibilidad condicionada de las expresiones acusadas o por la adopción de
sentencias aditivas.  En términos de la jurisprudencia, “… la Corte también
ha entendido que al estudiar la constitucionalidad del lenguaje del legislador
es necesario tener presente la importancia que la Carta asigna al principio
democrático – del cual se deriva el principio de conservación del derecho - ,
así como el efecto normativo de la disposición estudiada. Por ello, para que una
disposición pueda ser parcial o integralmente expulsada del ordenamiento
jurídico en virtud del lenguaje legislativo, es necesario que las expresiones
utilizadas resulten claramente denigrantes u ofensivas, que “despojen a los
seres humanos de su dignidad”[23],
que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación
constitucionalmente inaceptable o que produzcan o reproduzcan un efecto social
o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva constitucional. Como
se verá adelante, para que la Corte pueda expulsar del ordenamiento parcial o
integralmente una norma en razón del lenguaje en ella empleado, es necesario
que no exista ninguna interpretación constitucional de las expresiones
utilizadas. Adicionalmente el juez debe ponderar el efecto negativo del
lenguaje – su poder simbólico -  respecto del efecto jurídico de la norma
demandada, a fin de adoptar una decisión que no desproteja sectores
particularmente protegidos o que no desconozca, en todo caso, el principio
democrático de conservación del derecho. Pasa la Corte a recordar la doctrina
constitucional vigente en la materia. (…) En aplicación de esta
doctrina, ha declarado la constitucionalidad condicionada o la inexequibilidad
simple de numerosas expresiones legales que no corresponden “al contenido
axiológico del nuevo ordenamiento constitucional”[24].
Como ya se mencionó, la Corte ha entendido que en virtud del principio de
conservación del derecho, la declaratoria de inexequibilidad simple sólo puede
prosperar cuando la expresión legislativa es absolutamente incompatible con la
Carta y no existe ninguna interpretación de la misma que pueda ajustarse a la
Constitución. Adicionalmente, como se verá adelante, la Corte ha encontrado que
para efectos de adoptar la correspondiente decisión es fundamental ponderar el
efecto de la declaratoria de inexequibilidad sobre los derechos de sujetos de especial
protección a fin de modular el sentido del fallo para no desproteger bienes
constitucionalmente protegidos.”
14.2.
Ahora bien, sobre el fundamento material del control de constitucionalidad de
expresiones de ese carácter, se ha previsto por la jurisprudencia, al recopilar
las reglas fijadas por fallos anteriores acerca del tópico examinado, que “…
a una determinada expresión utilizada por el legislador no se le puede atribuir
un uso exclusivamente descriptivo pues es perfectamente posible que de esos
términos se haga también un uso emotivo.  Y si concurren los usos descriptivo y
emotivo del lenguaje, no puede perderse de vista que este último no es neutro
pues plantea siempre una valoración o una desvaloración que el hablante
evidencia ante su interlocutor.  Por lo tanto, ya que las palabras utilizadas
por el legislador son susceptibles de un uso descriptivo y de un uso emotivo y
como éste no es neutro sino que plantea una valoración o una desvaloración, es
posible que la carga emotiva de las palabras utilizadas al formular una regla
de derecho positivo, llegue a interferir los derechos de otras personas y a
generar problemas constitucionalmente relevantes. || Entonces, si el lenguaje
tiene una multiplicidad de usos y si a través del lenguaje también se construye
la realidad social y se construyen o deconstruyen espacios de convivencia, no
es acertado plantear que de las expresiones lingüísticas utilizadas por el
legislador deba hacerse un uso exclusivamente descriptivo pues son factibles
también usos diferentes, que pueden nutrirse de una densa carga valorativa y
que eventualmente pueden resultar constitucionalmente relevantes si interfieren
derechos fundamentales de las personas. ||  En suma, el uso emotivo de las
palabras utilizadas por el legislador al formular una regla de derecho
determinada puede interferir derechos fundamentales de las personas y por ello
el juez constitucional se halla legitimado para resolver los problemas
constitucionales que se deriven de ello y que le sean planteados en ejercicio
de la acción pública e informal de inconstitucionalidad. Y cuando el juez
constitucional asume esta función, lejos de incurrir en excesos, está
cumpliendo, de manera legítima, con la tarea que se le ha encomendado: Defender
la integridad y supremacía de la Carta Política.[25]”[26]
15.
En lo que respecta a esta decisión, interesa concentrarse en aquellos casos en
que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad o la exequibilidad
condicionada de expresiones normativas referidas a posiciones jurídicas
predicables de las personas en situación de discapacidad, que al imponerles
tratamientos peyorativos o discriminatorios, vulneran sus derechos
fundamentales a la dignidad humana y a la igualdad.
15.1.
La sentencia C-983/02 analizó la constitucionalidad de algunas expresiones
contenidas en el Código Civil, las cuales (i) calificaban a las personas sordas
que no pudiesen darse a entender por escrito como incapaces; y (ii) supeditaban
el cese de la curaduría del incapaz a que, entre otros requisitos, el
interdicto no oyente demostrara “suficiente inteligencia” para la
administración de su patrimonio.
La
Corte, entre otros asuntos, declaró inexequible la mencionada expresión
“suficiente inteligencia”, en la medida que resultaba discriminatoria y
contraria a la dignidad humana de las personas con discapacidad auditiva.  Esto
debido a que las equiparaba, en razón de su discapacidad, como faltas de
discernimiento, lo que no solo era infundado, sino también violatorio de sus
garantías constitucionales mínimas.  Acerca de este asunto particular, la
sentencia señaló que “…para la Sala resulta violatorio de la Constitución la
frase “y tuviere suficiente inteligencia”, pues no sólo contiene la misma
concepción discriminatoria de la cual ha venido dando cuenta la Corte en esta
Sentencia, sino que resulta lesiva de la dignidad humana, uno de los derechos
fundamentales más importantes de la persona, pues ello implicaría someter al
individuo a una prueba para determinar el grado de inteligencia. Tal expresión
choca con el principio constitucional sobre la no discriminación y con la
exigencia superior de la igual dignidad de todos los seres humanos.”
15.2.
En la decisión C-478/03, este Tribunal declaró la inexequibilidad de distintas
expresiones contenidas en el Código Civil y referidas a diversas posiciones
jurídicas de las personas con discapacidad mental, a saber: "furiosos
locos", "mentecatos", "imbecilidad, idiotismo y locura
furiosa", y "casa de locos".  La Corte, luego de
hacer un análisis del contenido y alcance de los derechos de las personas en
situación de discapacidad, en especial a la luz de las tratados de derechos
humanos que integraban en ese momento del bloque de constitucionalidad,
concluyó que dichas expresiones eran inconstitucionales puesto que se mostraban
abiertamente contrarias a la dignidad humana y a la igualdad ante la ley de
dichas personas.  Para ello, la Sala consideró que a pesar que estas
disposiciones respondían a la terminología de la época en que se redactó el
Código Civil, e incluso varias de ellas cumplían finalidades admisibles, en
tanto protectoras de las personas con discapacidad, la actual comprensión de
esos términos era inexorablemente peyorativa y contraria a los derechos
constitucionales referidos a dichos individuos.  Por ende, debían retirarse del
ordenamiento jurídico.
15.3.
Un problema jurídico similar fue objeto de estudio por la Corte en la sentencia
C-1088/04.  En esa oportunidad se declaró la inexequibilidad de la expresión “si
la locura fuere furiosa o si el loco”  contenidas en el artículo 548 del
Código Civil.  Esto a partir de un análisis análogo al antes mencionado, de
acuerdo con el cual se constata la incompatibilidad entre tales conceptos y los
derechos de las personas con discapacidad mental, habida cuenta de su carga
valorativa.  En dicha decisión, la Sala expresó lo siguiente:
“En las condiciones indicadas, si bien en el momento
en que la codificación napoleónica incorporó a la ley una terminología referida
a los discapacitados, que luego fue replicada por los sistemas legales de su
área de influencia; si bien en ese momento, se dice, tales expresiones no
tenían el sentido peyorativo y discriminatorio que hoy se advierte, el correr
de los tiempos hizo que esa terminología, no sólo perdiera toda capacidad
descriptiva en el ámbito científico sino, que, además, con la variación de los
parámetros de legitimidad de los poderes públicos, llegara a contrariar la
dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales como nuevas razones de
civilidad.
En este orden de ideas, frente a un sistema político y
jurídico que afianza la legitimidad del poder público en el respeto irrestricto
que merece la persona humana como un ser con múltiples potencialidades en vías
de realización, ya no puede manejarse la lógica discursiva de hace dos siglos.
En este momento, los derechos humanos son el fundamento y límite de los poderes
constituidos y la obligación del Estado y de la sociedad es respetarlos,
protegerlos y promoverlos.  De allí que al poder político ya no le esté
permitido aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una
terminología que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de
cosas.  Mucho más cuando se trata de personas discapacitadas pues a ellas
también les es inherente su dignidad de seres humanos y, dada su condición,
deben ser objeto de discriminación positiva y de protección e integración
social.
No puede perderse de vista que las normas demandadas
generan una discriminación cierta contra las personas con discapacidad mental.
En efecto, el contenido expresivo del modo peyorativo de las expresiones “loco”
o “locura furiosa” ubica el asunto de la discapacidad mental en un ámbito de
división entre la normalidad y la anormalidad, en el cual se excluye a los
discapacitados de su condición de personas con iguales condiciones y derechos,
situación que es diametralmente opuesta al cumplimiento de los deberes
positivos de promoción hacia las personas que por su condición mental están en
condiciones de debilidad manifiesta y que son impuestos al Estado por el
artículo 13 Superior.
9.  En este marco, es evidente la ilegitimidad de una
norma jurídica que se refiera a la discapacidad mental como  “locura furiosa”
y a quien la padece como  “loco”, que lo haga aún en un momento de la historia
en que tales expresiones han perdido toda significación clínica y en el que se
han dotado de una carga emotiva que instrumentaliza y discrimina a las personas
con discapacidad mental.  Es decir, expresiones de esa índole, susceptibles de
un uso emotivo que resulta jurídicamente degradante y discriminatorio, no son
compatibles con los fundamentos de una democracia constitucional y deben ser
retiradas del ordenamiento jurídico.”
15.4.
Por último, la sentencia C-804/09, a la cual se hizo referencia en el
fundamento jurídico 12, declaró que la expresión “idoneidad física” comprendida
como requisito de los adoptantes, al poder ser interpretada desde una
perspectiva subjetiva, era constitucional.  Ello debido a que esa fórmula
hermenéutica no permitía inferir una prohibición genérica para adoptar respecto
de las personas en situación de discapacidad.  En contrario, si se llegaba
erróneamente a ese particular entendimiento, sí se afectarían las garantías
constitucionales de esta población. En términos de esa decisión, “es claro
que la exigencia de que quien aspire a adoptar un hijo, cuente con idoneidad física,
responde a un fin constitucionalmente legítimo, esto es, asegurar las mejores
condiciones para el cuidado y atención de las necesidades del menor que se
integra a una familia, acorde con sus derechos fundamentales y garantías
constitucionales. A la vez, es una medida que resulta idónea para obtener esa
finalidad constitucional. || Sin embargo, también es claro que frente a
las personas que tienen una limitación física y cumplen con las demás
condiciones establecidas en la ley para adoptar un hijo, la medida puede
resultar discriminatoria, si se tiene como única razón para negar la adopción.
Además, una interpretación y aplicación de la norma en este sentido,
quebrantaría el deber del Estado de proteger especialmente a las personas con
discapacidad y a la vez, el derecho de los menores de edad a tener una familia
que les brinde el cuidado y el amor que requieren para su desarrollo integral. ||
Encuentra la Corte Constitucional que el artículo 68 de la Ley 1098 de 2006,
exige una valoración integral de todas las condiciones de quien sea candidato a
padre o madre adoptante. En esa medida, no se puede descalificar a una persona
como posible padre o madre adoptante, por el sólo hecho de que tenga una
discapacidad, sino que dicha condición debe ser evaluada en cada caso concreto
por las autoridades y expertos, junto con los demás factores de idoneidad
exigidos por la ley, y siempre en función de interés superior del menor, esto
es, a la luz de las necesidades de amor, cuidado y protección del niño, niña o
adolescente que será adoptado. En este sentido, la disposición demandada
resulta ajustada a la Constitución, desde el punto de vista de los derechos
fundamentales de los niños, la prevalencia de los mismos y el interés superior
del menor.”
16.
En conclusión, la Corte ha admitido el control de constitucionalidad de
expresiones normativas que, al referirse a posiciones jurídicas predicables de
las personas en situación de discapacidad, vulneran su dignidad humana o su
igualdad.  En la mayoría de los casos analizados por la jurisprudencia, esa
afectación tiene lugar cuando dichas expresiones (i) incorporan tratos
discriminatorios o peyorativos, generalmente en razón de su anacronismo; (ii)
imponen prohibiciones genéricas e injustificadas para que las personas en
situación de discapacidad ejerzan derechos o facultades jurídicas de diversa
naturaleza; o, lo que resulta especialmente relevante para esta decisión (iii)
invisibilizan y/o exotizan a las personas con situación de discapacidad,
contrastándolas con un pretendido parámetro de “normalidad”, en contra del
mandato de inclusión y reconocimiento para esa población, que se derivan de las
normas que, al declarar derechos humanos, hacen parte del bloque de
constitucionalidad.
Solución del cargo propuesto
17.
La demanda apunta a dos enunciados normativos.  El primero, contenido en el
artículo 3° de la Ley 361/97, determina que uno de los objetivos de es
normativa es la normalización social y plena, al igual que la total
integración de las personas con situación de discapacidad.  El segundo,
contenido en el artículo 36 ejusdem, de acuerdo con el cual se disponen
servicios de orientación para las familias de las personas con discapacidad,
encontrándose dentro sus fines el logro de la normalización de su entorno
familiar.
El
actor acusa estas normas al considerar que son incompatibles con el modelo
social de la discapacidad, contenido en las normas actuales de derechos humanos
para esa población, y antes bien corresponden al modelo médico – rehabilitador,
que conlleva la discriminación de las personas con discapacidad, puesto que las
contrasta ante un presunto parámetro de “normalidad”, en vez de reconocerlas en
su diferencia y a partir de ello remover las barreras que impone el entorno, en
aras de lograr su inclusión social.
18.
La Corte parte de reconocer que las expresiones acusadas, como lo señalan
varios de los intervinientes, pueden ser objeto de interpretación diversa, en
tanto se trata de términos intrínsecamente ambiguos. En efecto, puede
considerarse válidamente, en los términos expuestos por el actor, que las
normas acusadas exponen un paralelo entre la situación de las personas que
tienen una discapacidad y las que no, confiriéndole al segundo escenario la
condición de parámetro deseable y objetivo para la población en situación de discapacidad.
En otras palabras, cuando las expresiones acusadas hacen referencia al concepto
de “normalización”, tienen como propósito, de acuerdo esta hermenéutica
del precepto acusado, indicar que las políticas para la población discapacidad
están dirigidas, de forma prioritaria, a que los individuos superen sus
particulares circunstancias, para así integrarse en un entorno equívocamente
calificado como “normal”.
Esta
interpretación, a juicio de la Sala, plantea profundos y graves inconvenientes
en términos de protección de los derechos de las personas con discapacidad.  En
particular, el concepto jurídico de normalización, así comprendido se
opone a: (i) la vigencia del principio de igualdad y de dignidad humana de las personas
con discapacidad, que se traduce en su reconocimiento como sujetos libres y
autónomos; y (ii) los preceptos superiores, en especial aquellos contenidos en
normas del bloque de constitucionalidad, que prefiguran a la discapacidad como
una particularidad no patológica del sujeto, derivada de las barreras que
impone el entorno, las cuales no asimilan los requerimientos propios de dicha
población.
En
cuanto al primer aspecto, el concepto de normalización, al estar
manifiestamente inserto en el modelo médico – rehabilitador de la discapacidad,
considera a esta población como conformada por personas incompletas, limitadas,
dependientes y, en general, inferiores a quienes al carecer de discapacidades
son erróneamente calificados como “normales”.  Por ende, son las personas con
discapacidad las que deben superar sus innatas limitaciones, a fin de
incorporarse, esta vez sí como sujetos libres y autónomos, en el entorno propio
de las personas sin discapacidad.
Un
entendimiento de la discapacidad a partir de esta perspectiva no hace nada
distinto que establecer jerarquías en cuanto a la dignidad y la libertad de las
personas.  De un lado, están aquellos que no tienen discapacidad y, por lo
mismos, son sujetos dotados de plena autonomía.  Los segundos, limitados e
inferiores, deben rehabilitarse médicamente, a efectos de lograr el grado de
verdadera autonomía.  Esta diferenciación es contraria a los fundamentos del
Estado constitucional, referidos a la vigencia de la dignidad humana y a la
prohibición de discriminación en razón de la condición física y mental.
Esta
visión, además de contraer una segregación inaceptable, se opone radicalmente
al actual estándar de protección de los derechos humanos de las personas en
situación de discapacidad, enmarcado en el modelo social. Como se ha señalado
en varias ocasiones en esta sentencia, a partir de las previsiones del bloque
de constitucionalidad y, en particular de lo dispuesto en el CDPD, se tiene que
la discapacidad debe concebirse como una circunstancia en donde concurre no
solo la condición física o mental del individuo, sino especialmente las
barreras que le imponen el entorno, las cuales configuran la discapacidad.
Ello precisamente porque conciben los espacios físicos y las regulaciones
jurídicas sin considerar los requerimientos propios de las personas con
discapacidad, lo que los torna intrínsecamente excluyentes.
A
esta perspectiva, el modelo social propone la inclusión de las personas en
situación de discapacidad, a través de la remoción de barreras, junto con la
previsión de diseños universales y ajustes razonables. Esto implica que no
resulte aceptable la regulación que tiende a la equiparación de los
discapacitados en dichos entornos excluyentes, sino la construcción de ámbitos
que, al carecer de las mencionadas barreras, permitan el acceso equitativo a
los derechos, garantías y diversas posiciones jurídicas.  Este objetivo,
vinculante para el Estado en razón de incorporación en el bloque de
constitucionalidad, implica que el concepto de normalización, en los
términos explicados, se oponga a los derechos fundamentales de las personas en
situación de discapacidad.
19.
Con todo, la Corte también encuentra que el término “normalización”,
especialmente en el contexto normativo en que se encuentra inserto, puede ser
objeto de una interpretación alternativa, compatible tanto con los derechos de
las personas en situación de discapacidad, como con el modelo social de la
discapacidad, dispuesto en la CDPD e integrado al bloque de
constitucionalidad.
20.
Así, en lo que respecta a la acusación contra el artículo 3° de la Ley 361/97,
la expresión “normalización social y plena” también puede ser válidamente
comprendida como una referencia, no a las personas en situación de
discapacidad, sino al entorno físico y social en el cual se encuentran.  Así,
lo que el legislador plantearía en este caso es que uno de los objetivos que
inspira la normatividad legal colombiana sobre discapacidad, es la intervención
del entorno mencionado, a efectos de permitir que en este se eliminen las
barreras que concurren en la construcción de la discapacidad.   Además, si se
lee la norma en su conjunto, podría considerarse acertadamente que en ella
concurren dos objetivos separados y específicos de dicha normativa: El primero,
relacionado con la normalización social plena, que refiere a la superación de
las barreras sociales que se imponen a las personas con discapacidad.  Y el
segundo, referido a la total integración de dichas personas, cláusula
que no haría nada distinto que reafirmar las premisas que sustentan el modelo
social de la discapacidad, en los términos explicados en esta sentencia.
21.
De otro lado, también debe resaltar la Corte que esta visión que asimila el
concepto de normalización con la remoción de barreras y a la integración de las
personas con discapacidad, ha sido una constante en la jurisprudencia
constitucional, incluso desde sus etapas más tempranas. Ejemplo de ello es lo
expuesto en la sentencia T-429/92, cuando al referirse a la necesidad de
integrar a los niños y niñas con discapacidad a la educación regular,
compartida con los alumnos no discapacitados, la Corte expresó que dichos
mandatos de integración “…deben ser tenidos en cuenta cuando se elaboren
programas educativos que conlleven los efectos nocivos de la separación o
aislamiento de los niños de aquellas experiencias  educativas propias del mundo
de la "normalidad". No puede negarse que la educación especial
responde a veces a  las mejores intenciones y propósitos de ayudar eficazmente
a los niños a superar sus dificultades. Pero la  separación o aislamiento
pueden  engendrar sentimientos de inferioridad, con todas sus previsibles
secuelas negativas. || En estas condiciones, la educación especial ha de
concebirse sólo como un recurso extremo para aquellas situaciones que, previa
evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino
miembros de la institución educativa y familiares del niño con necesidades
especiales, se concluya  que es la única posibilidad de hacer efectivo su
derecho a la educación. Por tanto, la educación especial no podrá nunca servir
de instrumento para la negación del derecho constitucional prevalente de acceso
y permanencia en el sistema educativo que hoy tienen los niños colombianos.”
Similar
consideración fue realizada por la Corte en la sentencia T-826/04, cuando al
explicarse la preferencia de la educación integrada a favor de los menores con
síndrome de Down o autismo, se determinó que el escenario en que mejor
resultarían protegidos los derechos de estos niños y niñas es la integración
académica, a partir de un entorno educativo uniforme y adaptado a los
requerimientos de todos los educandos, entre ellos quienes tienen
discapacidades.  Por ende, la formación en entornos especializados era una
medida excepcional, admisible únicamente cuando no existiera ninguna alternativa
de integración, o cuando optar por esta fórmula terminara por vulnerar los
derechos fundamentales de la persona con discapacidad.
Esta
misma línea de decisión se encuentra en la sentencia T-1258/08, en la cual, al
hacerse un detallado estudio sobre los derechos de las personas de talla baja y
su paralelo con los derechos de los sujetos con discapacidad, se señaló como
una de las causas de afectación de esos derechos la inexistencia de entornos
incluyentes, universales para la población de talla promedio y baja.  Así, la
sentencia en comento vincula la conformación de estos entornos como una de las
expresiones del modelo social de la discapacidad.  Para ello, resalta que “[e]l
modelo social inspirado en tales ideas, sugiere tres conclusiones importantes:
(i) que la discapacidad no es “de la persona”, sino el resultado de su
exclusión en la participación social; (ii) que la exclusión no es inevitable
como se piensa, al punto en que es posible imaginar una sociedad que ha
solucionado el problema de la integración social en su conjunto, y (iii) que es
correcto reconstruir el concepto de personas con discapacidad, como una
categoría social de personas que han sido excluidas de los estándares
tradicionales de la sociedad y no simplemente como un concepto que identifica a
personas que han padecido circunstancias personales de limitación[27].
|| La superación de la discapacidad desde este análisis, sugiere una
intervención social que exige hacer las modificaciones ambientales[28]
que sean necesarias, para asegurar la participación plena de las personas con
esta condición en las estructuras regulares del entramado colectivo. De ahí que
para quienes se identifican con esta concepción de la discapacidad, el problema
termine siendo de actitud, y por lo tanto su atención requiera de la
introducción de cambios colectivos que permitan la integración de estas
personas[29].
|| La discapacidad, analizada desde la perspectiva social de no pertenecer
ambientalmente al modelo humano antropométrico, mental y funcionalmente
“perfecto”, permite en materia de accesibilidad, que personas con deficiencias
permanentes, - sean mentales, físicas o sensoriales -, conjuntamente con las
personas afectadas por circunstancias discapacitantes, como pueden ser las
personas de la tercera edad, niños pequeños, personas embarazadas, etc., puedan
ser protegidas a través de las disposiciones que sean pertinentes en materia de
discapacidad y que tengan en cuenta sus específicas necesidades de
integración.”
Por
último, y de manera más reciente la sentencia C-765/12, a propósito del control
automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria “por medio
de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad”, la Corte puso de presente
que la estipulación legislativa de acciones afirmativas a favor de dicha
población, como las planteados por esa normativa, se justificaban precisamente
en la necesidad de equiparación como requisito para el goce efectivo de los
derechos fundamentales. Sobre el particular, se resaltó en la decisión
mencionada que “la generalidad de las medidas desarrolladas en estos
artículos 7° a 26 sin duda encajan dentro del marco trazado por el texto
superior. Esto por cuanto, se insiste, todas ellas tienen el propósito de
procurar el logro de la igualdad real y efectiva entre las personas con
discapacidad y las demás personas y ciudadanos, en directa aplicación del
artículo 13 de la carta; están directamente ligadas al cumplimiento del mandato
consagrado en el artículo 47 que ordena adelantar “una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos”; buscan la efectividad de derechos específicos reconocidos por la
Constitución, unos con el carácter de fundamentales y otros como económicos, sociales
y culturales, pero todos garantizados por el texto superior; y en cuanto
implican cargas y deberes adicionales para los particulares y las autoridades,
constituyen una clara y efectiva materialización del principio de solidaridad,
al que aluden los artículos 1° y 95 de ese mismo texto. Enumeración que no
podrá considerarse taxativa sino enunciativa, pues este tipo de medidas también
encuentran apoyo en varios otros preceptos constitucionales.”
22. A partir de los premisas
expuestas, la Sala encuentra que es posible en el presente caso darle
relevancia al principio de conservación del derecho, a partir de la
declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión “normalización
social y plena”, contenida en el artículo 3° de la Ley 361/97, en el
entendido que refiere únicamente y exclusivamente a la obligación de eliminar
las barreras del entorno físico y social que concurren en la conformación de la
discapacidad.  Por ende, se desecha por inconstitucional la interpretación
alternativa del precepto, que comprende la normalización como una imposición de
parámetros y óptimos contrarios a la dignidad y la igualdad de las persona en
situación de discapacidad.
Con
base en esta conclusión, la Sala reafirma que el Estado y la sociedad, en
virtud de la norma legal así interpretada, tienen un deber definido de remoción
de las barreras físicas, sociales y jurídicas que impiden la integración de las
personas con discapacidad y que, a su vez, son causas eficientes de la
configuración de dicha particularidad del individuo.  Por ende, la
normalización social plena no es, en los términos explicados, la imposición de
un deber para el discapacitado, sino para la sociedad en su conjunto, que está
constitucionalmente llamada a modificar sus prácticas y elementos, a fin de
garantizar el reconocimiento de la persona con discapacidad en su diferencia y
en su innegable condición de individuo pleno y autónomo, titular de derechos
fundamentales de goce diferencial, merced de su condición de sujeto de especial
protección.
23.
Para la Corte, esta argumentación lleva igualmente a declarar la exequibilidad
simple del término normalización, previsto en el artículo 36 de la Ley
361/97.  Esto debido a que de la lectura de la norma se colige que ese concepto
en modo alguno está dirigido a imponer un estándar de optimización al
discapacitado, sino que refiere a la transformación de su entorno familiar, a
fin de superar las barreras del entorno que impiden el goce efectivo de los
derechos constitucionales de las personas con discapacidad.  En consecuencia,
la norma puede ser válidamente interpretada en el sentido que los servicios de
orientación de que trata el precepto acusado, están unívocamente dirigidos a
que las familias sean capacitadas en la conformación de un ámbito social
incluyente, universal, uniforme, en donde concurran todos sus integrantes, al
margen de que estén o no en situación de discapacidad.  Tal hermenéutica del
precepto, a juicio de la Corte, realza los valores y principios
constitucionales, a su vez que alienta la eficacia de los deberes sociales
hacia las personas con discapacidad, identificados por el derecho internacional
de los derechos humanos.
VII.   DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
Declarar EXEQUIBLE la expresión “la normalización social plena” contenida
en el artículo 3° de la Ley 361 de 1997, en el entendido que que refiere
únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y la sociedad de
eliminar las barreras del entorno físico y social.
SEGUNDO.-
Declarar EXEQUIBLE, la expresión “normalización de”,
contenida en el artículo 36 de la Ley 361 de 1997.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente en comisión
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-066/13
Referencia: expediente D-9201
Demanda de inexequibilidad contra los artículos 3
(parcial) y 36 (parcial) de la Ley 361 de 1997, “por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones.”
Magistrado Ponente:
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las
razones que me  llevan a aclarar el voto en la presente sentencia.
En la solución del cargo, la posición mayoritaria
consideró que aun cuando la expresión “normalización” reflejaba una
visión de las personas con discapacidad como seres incompletos, o limitados y
por esa vía se podía perpetuar la discriminación y marginación en contra de las
personas con discapacidad, con base en el principio de conservación del
derecho, optó por reinterpretar ese concepto.
A pesar de
coincidir que el término “normalización” puede tener acepciones benévolas,
cuando una palabra como esa, proyecta una imagen tan poderosa como
discriminatoria de lo que es “normal” y lo que es “anormal”, debe
procurar precisarse la comprensión del lenguaje que se utiliza en una norma que
hace parte del ordenamiento.
Ello porque el lenguaje tiene un poder transformador o
perpetuador de patrones de discriminación. El que se llame a alguien “ciego”,
“sordo”, “anormal”, automáticamente trae una imagen negativa y de rechazo para
quien es descrito con esos adjetivos, así esos adjetivos puedan ser leídos de
manera “bondadosa” y científicamente exista una explicación sobre el
factor biológico que ha generado un obstáculo para que alguien vea, oiga, o
aprenda de determinada manera.
Bajo el enfoque social que se menciona, aún personas
con talentos excepcionales, que a la luz científica o médica no son personas “anormales”
que requieran ser “tratadas”, “curadas”, o “rehabilitadas,”
bajo este enfoque pueden llegar a ser reconocidas como personas con
discapacidad porque el entorno transforma esas habilidades excepcionales en
discapacidades y obstáculos para garantizar sus derechos en igualdad de
condiciones.
El término “normalización”, podría reproducir
un patrón de discriminación frente a la discapacidad. Esto porque tanto la
sociedad como los individuos con discapacidad han sido percibidos y se auto
perciben bajo el enfoque “normalización” como personas que deben ser
tratadas para llegar a ser “normales” y en esa medida, así las palabras
tengan otros sentidos menos gravosos, si la ley, las autoridades y la sociedad
mantienen en su imaginario esa visión, la palabra “normalización,” aún
reinterpretada, mantendrá el patrón de discriminación. Si se le solicita a un
arquitecto que diseñe accesos “normales” para subir de un piso a otro,
tal término no generará automáticamente la idea de acceso universal ni de
remoción de obstáculos para personas con discapacidad, porque lo “normal”
para la mayoría, son las escaleras. El común de las personas asimila lo “normal”,
a lo que es más común.
Sin embargo, hoy en día es inaceptable hablar de las
personas con discapacidad como seres enfermos o incompletos, ese patrón de
discriminación debe ser removido. Por eso contribuye al cumplimiento del deber
constitucional que impone el artículo 13 de la Carta de promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor
de quienes son discriminados o marginados, y remover los obstáculos que genera
el lenguaje en contra de las personas con discapacidad.
Mantener el término normalización para traducirlo “bajo
una visión constitucional” e imponerle una obligación particular al Estado
frente a las personas con discapacidad, en este caso, permite que el lenguaje
usado  refleje a su vez, un cambio en la forma de pensar y de comprender la
situación. Los límites deben desvanecerse, ante personas que son capaces de
sobreponerse a los prejuicios. Para que el principio de igualdad sea realmente
respetado, no basta con garantizar los mismo derechos a todas las personas de
manera separada;  La igualdad implica, necesariamente, el deber de no separar,
marginar  o de excluir a ninguna persona.
En gran medida el problema de las personas con
discapacidad  es el contexto social, pues los efectos negativos de los
impedimentos físicos o síquicos derivan de la existencia de entornos sociales
intolerantes, más que de las afectaciones síquicas  o físicas.  En cierto
sentido, es la sociedad la que carece  de la capacidad de integrar a las
personas que tienen algún tipo de discapacidad. El gran cambio frente a la
discapacidad de las ultimas décadas  ha consistido  precisamente en reconocer
este hecho elemental, a saber,  que un medio social negativo puede convertir la
discapacidad en invalidez,  y que por el contrario,  un ambiente social
positivo e integrador  puede contribuir de manera decisiva a facilitar  y
aliviar la vida  de las personas afectadas con algún tipo de discapacidad. La
conclusión obvia es que es entonces necesario trasformar esos entornos sociales
discriminatorios e intolerantes en ambiente favorables a la integración  y al
desarrollo con dignidad de los discapacitados.
Es por esta razón que se encontró que la expresión
“normalización”, no tiene el significado discriminatorio que le atribuyó el
demandante en este proceso al formular sus cargos, por cuanto no puede ser
entendida como que se refiere a la persona con discapacidad, sino a la sociedad
y a su entorno familiar, en aras de garantizar su inclusión real en la visa
social. Hace alusión la palabra dentro del contexto de las normas que la
contienen, al deber de los grupos sociales de crear las condiciones que
faciliten la integración de las personas en situación de discapacidad sin
barreras físicas, sociales y jurídicas, tal como se dijo en la sentencia.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ACLARACIÓN Y SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-066/13
Con
el respeto acostumbrado a las sentencias adoptadas por la Corte, manifiesto mi
aclaración y salvamento parcial de voto frente a lo decidido por la Sala Plena
en el fallo C-066 del 11 de febrero de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
en la cual la Corte declaró (i) exequible la expresión “la normalización
social plena” contenida en el artículo 3° de la Ley 361 de 1997, en el
entendido que refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y
la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social; y (ii)
exequible la expresión “normalización de”, contenida en el artículo 36
de la misma Ley.
1.
El argumento central de mi desacuerdo con la ponencia consiste en considerar
que el concepto “normalización” es contrario a la Constitución.  Ello
debido a que contiene elementos semánticos y de interpretación que comportan
actos de discriminación. Por ende, debe resaltarse que el modelo social, que
propone la inclusión de las personas en situación de discapacidad a través de
la remoción de barreras, implica un mandato al Estado que debe ser de
“inclusión” y no de “normalización”. Como dicho modelo social, según lo ha
considerado la misma jurisprudencia constitucional y el derecho internacional
de los derechos humanos, es el que mejor desarrolla y garantiza los derechos de
las personas con discapacidad, el concepto de “normalización” involucra
un tratamiento discriminatorio injustificado contra el mencionado grupo.
2.
Contrario a como lo decidió la mayoría, advierto que en el caso analizado no
estaban presentes dos tipos de interpretación posible de las normas acusadas,
uno fundado en considerar que la pretendida normalización opera como
parámetro de comparación frente a las personas en situación de discapacidad y
otro basado en advertir que la normalización refiere al ambiente en que
se desenvuelve el discapacitado y la necesidad que no ofrezca barreras en su
contra.  En mi criterio, la normalización solo puede ser comprendida
como un criterio discriminatorio, que apela necesariamente a la superación de
la situación de discapacidad y, por ende, a su descalificación jurídica.
Los
fundamentos jurídicos planteados en la sentencia son coincidentes en sostener
que el lenguaje jurídico tiene una carga emotiva particular, que puede
mostrarse por sí es discriminatoria, al margen de los esfuerzos hermenéuticos
que realice el intérprete para hacerla compatible con la Constitución.  En mi
criterio, el concepto normalización no puede ser entendido de otra
manera que con una obligada referencia al estándar óptimo, a lo arbitrariamente
considerado como normal.  Este parámetro se opone al tratamiento que la
Constitución confiere a las personas que están en situación de discapacidad, el
cual se basa precisamente en lo contrario: el reconocimiento de la persona en
su diferencia y en sus particularidades.
Lo
normal como deseable tiene una evidente carga valorativa, que discrimina
a la persona en situación de discapacidad, quien injustamente es calificada
como disminuida o incompleta. Precisamente, el paso del modelo rehabilitador al
modelo social, como se explica en la sentencia, tuvo entre sus fundamentos la
necesidad de dejar de considerar a la discapacidad como una anomalía, para
convertirla en una condición particular de los individuos, que los identifica
en su individualidad y que, por ese mismo motivo, no puede ser objeto de
censura o, menos aún, de superación o alivio.
Las
modalidades de discriminación contra las personas en situación de discapacidad
son, por ende, complejas y van más allá que la simple imposición de barreras
jurídicas y fácticas para el disfrute de los derechos fundamentales.  A mi
juicio, la simple consideración de un patrón calificado como deseable o como un
punto de llegada para las personas en situación de discapacidad es, en sí misma
y sin duda alguna, contraria a una concepción material del principio de
igualdad.  Esto debido a que la discapacidad, asumida desde el respeto de los
derechos fundamentales, no es una situación superable o comparable, sino una
particularidad de las personas, quienes deben ser incluidas sin calificar su
diferencia, ni menos aún propender porque sea modificada hacia un parámetro tan
irreal como arbitrario.
3.
El carácter parcial del salvamento de voto se explica en que comparto con la
mayoría que (i) el modelo social es el que se muestra más adecuado para
proteger los derechos de la persona en situación de discapacidad; y (ii) la
Constitución ordena y propugna por la eliminación de las barreras físicas y
jurídicas del entorno social, las cuales impiden el acceso a los derechos por
parte de los discapacitados.  Sin embargo, también advierto que no es acertado
sostener simultáneamente la validez de estas premisas y la constitucionalidad
del término normalización.  De allí que en la ponencia original expresé
que la solución para el caso analizado era adoptar una sentencia integradora
sustitutiva,[30]
la cual declarara la inexequibilidad de la expresión “normalización” y
con el fin de evitar un vacío normativo, procediera a sustituirla por el
término “inclusión”, concepto por entero compatible con el modelo social
de la discapacidad y del mismo modo, justificado jurídicamente en los mandatos
de la CDPD, los cuales propugnan por la eliminación de las barreras impuestas a
la población con discapacidad y su correlativa integración y participación
social, en tanto sujetos libres y autónomos. Como esta alternativa no fue
acogida por el Pleno, ello justifica que me separe de la decisión adoptada.
Estos
son los motivos de mi disenso.
Fecha
ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]
El texto de la norma es el siguiente.
Artículo 42º.- A
partir de la vigencia de la presente ley, la Junta Directiva del Banco de la República deberá tener en cuenta que todo papel moneda y
moneda metálica deberá diferenciarse de tal manera que pueda ser fácilmente
distinguible por toda persona, sea está normal o limitada.
[2]
Corte Constitucional, sentencia T-207 de 1999.
[3]
Corte Constitucional, sentencia T-823/99.
[4]
Observación general No. 5, relativa a los derechos de las personas con
discapacidad.  Adoptada durante el 11° periodo de sesiones del Comité del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Documento
E/1995/22. 1994.  Párrafo 5.
[5]
Ibídem. Párrafos 16 y 17
[6]
Sobre este tema ver Palacios, Agustina. El derecho a la igualdad de las
personas con discapacidad y la obligación de realizar ajustes razonables. En
Los derechos de las personas con discapacidad: Perspectivas sociales,
políticas, jurídicas y filosóficas. “004, Librería Editorial Dykinson., pp.
187-205.
[7]
Corte Constitucional, sentencia C-804/09.
[8]
Ibídem.
[9] Seelman, Catherine.
Tendencias en la rehabilitación y en la discapacidad: Transición desde un
modelo médico a un modelo de integración. Esta autora señala que el modelo médico
se ha soportado en una serie de herramientas que se concentran en la medición
de deficiencias en el ámbito corporal, como por ejemplo la Medición de la Independencia Funcional, que presenta sus resultados en términos de
diferenciación entre personas “normales y personas con discapacidad para
realizar actividades”.
[10]
Corte Constitucional, sentencia C-804/09.
[11]
Corte Constitucional, sentencia T-340/10.
[12] Corte Constitucional,
sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[13] Acerca de la noción de
ambiente físico, el arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Javier Peinado Pontón, señaló: “(…) Cuando ustedes se
refieren al ambiente físico, nosotros lo llamamos paisaje o naturaleza. En
términos de geografía equivale a todo el mundo natural, el entorno natural e
intervenido y el entorno físico; y este entorno físico tiene significado, tiene
razón de ser para los humanos en la medida en que está ocupado; la
significación se la da la vida social y la cultura” Tomado de PEINADO PONTÓN,
Javier, “Hábitat y Discapacidad” en “Discapacidad e Inclusión Social. Reflexiones
desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en
Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 287.
[14] Es importante hacer una
nota sobre la noción de discapacidad y especialmente subrayar que todos los
seres humanos estamos avocados a convivir con esta circunstancia: “(…) En este
sentido me he dado cuenta de que la discapacidad, como la enfermedad, es
connatural a la condición humana. O sea que, inevitablemente el desarrollo de
una persona avanza hacia la pérdida de su capacidad para intervenir
laboralmente, para operar con autonomía en los ámbitos en que se mueve.
Insisto, la independencia ocupacional, el autocuidado, la asunción de las
responsabilidades que se tienen a nivel familiar y toda suerte de
participaciones sociales, con el tiempo se van perdiendo (…)” Tomado de
GUERRERO Juan, “Discapacidad, discapacitados y expertos” en “Discapacidad e
Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión
Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 82.
[15]
Corte Constitucional, sentencia T-551/11.
[16] El modelo social tiene
su origen en las luchas del movimiento de vida independiente y de
reivindicación de derechos civiles y políticos en los años 60.
[17] Ver la reciente
Clasificación  Internacional del Funcionamiento, (CIF) sobre la discapacidad y
la salud.
[18]
Corte Constitucional, sentencia C-804/09.
[19] En ese sentido se había
pronunciado esta Corporación en las sentencias C-401 de 2003 y T-826 de 2004,
antes de la aprobación de la Convención.
[20] Sobre las diferencias
entre el modelo norteamericano y el inglés, cfr. Agustina Palacio, Op.
Cit. Pp. 103 y ss.
[21]
Ver, entre otras, las sentencia C-007/01, C-983/02, C-478/03, C-1088/04,
C-1235/05, C-804/06 y C-804/09.
[22] El lenguaje jurídico,
desde esta perspectiva, tiene un valor convencional, con la pretensión, por
supuesto no exenta de crítica, de validar una práctica social determinada.  Al
respecto, se ha contrastado la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y el
positivismo normativo de Hart, para considerar que “… si se apela a la
noción de convención para describir cómo es una práctica social, lo que no
puede hacerse es pedir a esa descripción que vaya más lejos, explicando los
motivos de quienes intervienen en esa práctica.  Ése es un paso ilegítimo en la
teoría positivista, dado que el enunciado filosófico (EF) del que parte
ya presupone que no hay más que los hechos de los que hace depender la
existencia de normas.  Y, si hay algo más, no forma parte de la concepción del
positivismo hartiano que propone una forma de concebir el fenómeno jurídico.
Ahora bien, ese “algo más” sí puede ser el conjunto de afirmaciones verdaderas
que se tengan como descripción empírica de lo que ocurre y que requiere de las
reglas de representación del positivismo jurídico para adquirir sentido.  Para
aclarar la relación entre el convencionalismo descriptivo y el convencionalismo
jurídico puede decirse que el primero se refiere a la defensa y práctica de un
tipo de actividad filosófica: gramatical (la constatación de relaciones
internas), y terapéutica (constatar que el problema filosófico es una
vulneración de la gramática). Por su parte, el convencionalismo jurídico,
enmarcado en una gramática iuspositivista en la que la tesis de las fuentes
sociales tiene valor de EF, elabora una descripción en concreto de la práctica
identificativa del derecho basada en convenciones sociales.” Vid.
Narváez Mora, Maribel (2004) Wittgenstein y la teoría del derecho.  Una
senda para el convencionalismo jurídico.  Marcial Pons, Madrid, p. 280.
[23] Cfr. Entre otras la
sentencia C-1088/04 “al poder político ya no le está permitido aludir a los
seres humanos, sea cual sea su condición, con una terminología que los despoje
de su dignidad, que los relegue al derecho de las cosas”. Y añadió, “expresiones
de esa índole, susceptibles de un uso emotivo que resulta jurídicamente
degradante y discriminatorio, no son compatibles con los fundamentos de una
democracia constitucional y deben ser retirados del ordenamiento jurídico”.
[24] Ver entre otras, Corte
Constitucional, Sentencias C-105 de 1994; C-222 de 1994; C-544 de 1994; C- 397
de 1995; C-446 de 1995; C- 591 de 1995; C- 174 de 1996; C-004 de 1998; C-742 de
1998; C-068 de 1999; C-082 de 1999; C- 112 de 2000; C- 289 de 2000; C- 641 de
2000; C- 800 de 2000; C-1111 de 2000; C- 1440 de 2000; C-1492 de 2000; C-1495
de 2000; C-1264 de 2000; C-007 de 2001; C- 1298 de 2001; C-174 de 2001; C-092 de
2002, C-379 de 2002; C-478 de 2003; C-1088 de 2004, C-1235 de 2005 y C-804 de
2006.
[25] Sentencia C-1088 de
2004, MP. Jaime Córdoba Triviño.
[26]
Corte Constitucional, sentencia C-804/09.  En este apartado se reiteran las
reglas que sobre la materia prevé el fallo C-1088/04.
[27] Ángelo D. Marra. Op. Cit.
[28] Ángelo D. Marra. Op. Cit.
[29] Celsa Cáceres Rodríguez. “Sobre el
concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas de la OMS. [en línea]. Auditio: Revista electrónica de audiología. 1 Noviembre 2004, vol. 2(3), pp.
74-77. España. http://www.auditio.com/revista/pdf/vol2/3/020304.pdf.
[30] Esta alternativa de
sentencia interpretativa ha sido utilizada por la Corte en varias ocasiones.  Vid. Sentencia C-325/09.