T-484-15
Sentencia
T-484/15
EXENCION
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR DE LA POBLACION DESPLAZADA
Esta
Corporación ha señalado que las obligaciones y las cargas que impone la vida en
comunidad deben cumplirse en términos razonables y proporcionales a los fines
que les sirven de fundamento. Por lo tanto, si bien es exigible a los
nacionales la prestación del servicio militar, con las excepciones legalmente
establecidas, este debe someterse a los postulados constitucionales y legales,
y respetar los derechos fundamentales y las libertades básicas de los llamados
a las filas. Lo anterior, sin dejar de reconocer que “no hay derechos que se
contrapongan a deberes irrenunciables. Por ello, las excepciones para prestar
el servicio militar, o las causales para retirarse de él, deben estar motivadas
por el mismo interés general, el cual, excepcionalmente, permite justificar la
exoneración de una persona de prestar el servicio militar, atendiendo siempre
al bienestar colectivo y no al interés particular”.
SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO DE DESPLAZADO-Divisiones
Militares deben entregar en forma inmediata la libreta militar provisional
Al
momento de valorar la situación militar de las personas desplazadas, debe
partirse de la idea básica de evitar su retorno al origen del conflicto que
causó la interrupción de su diario vivir, y lo enfrenta a las dificultades de
encontrar un nuevo espacio de convivencia pacífica. De esta manera, las
Divisiones Militares que operan en el país, al detectar que la persona
reclutada es alguien que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Único
de Población Desplazada, como forma de acreditar su calidad como desplazado,
debe hacer entrega inmediata de la tarjeta provisional, a fin de proteger,
entre otros, el derecho que tiene a la personalidad jurídica, como elemento de
la identificación personal.
DERECHO
A ESCOGER PROFESION U OFICIO-Relación directa con el derecho al
trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad
La
libertad de escoger profesión u oficio, es un derecho íntimamente ligado al
derecho al trabajo, toda vez que ambos representan dos etapas conexas para el
desarrollo del individuo. Dicho en otras palabras, una vez el ciudadano elige
libremente y en el marco de su voluntad, una profesión u oficio y se prepara
para ella en un campo académico o técnico adecuado, posteriormente ejerce dicha
preparación en el ámbito laboral, lo que implica la ineludible unión de ambos
derechos fundamentales. Además, el derecho al trabajo y al ejercicio de un
oficio involucran no sólo el derecho a poder acceder a plazas de trabajo, sino
también a que éste sea en condiciones dignas y justas, a que se le garantice al
trabajador una remuneración que le asegure un mínimo vital, que tenga acceso a
la seguridad social y a prestaciones que contribuyan a la realización y
desarrollo del individuo, entre otras garantías.
DERECHO
A ESCOGER PROFESION U OFICIO-Caso en que Policía Nacional no
admitió al accionante para prestar servicio militar, a pesar de que éste
manifestó su deseo de hacerlo
SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO DE DESPLAZADO-Cualquier
colombiano que cumpla requisitos para prestar servicio militar obligatorio, aún
si pertenece a la población desplazada, puede incorporarse al mismo, cuando
voluntariamente exprese su deseo de hacerlo
Referencia:
expediente T- 4.928.840
Acción
de tutela instaurada por Yeiner Jair Alomia Riascos contra la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional.
Derechos
fundamentales invocados: al trabajo y a la igualdad.
Temas:
servicio
militar obligatorio frente a personas desplazadas, libertad de profesión u
oficio y derecho al trabajo.
Problema
jurídico: ¿Vulnera la entidad accionada los derechos fundamentales del
peticionario, al no admitirlo para prestar el servicio militar obligatorio,
alegando que dada su condición de desplazado se encuentra exento del mismo?
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil quince (2015)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside,
Alberto Rojas Ríos y Myriam Ávila Roldán, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de la Sentencia proferida el veintisiete (27) de febrero  de
dos mil quince (2015), por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, la
cual negó por improcedente la tutela incoada por el señor Yeiner Jair Alomia
Riascos
contra la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cinco de la Corte
Constitucional, mediante Auto del veintiocho (28) de mayo de dos mil quince
(2015), escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
En
consecuencia, y de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991,
esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
El joven Yeiner
Jair Alomia Riascos, presentó
acción de tutela el 11 de febrero de 2015, solicitando al
juez constitucional proteger sus derechos fundamentales al trabajo y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por  la Dirección de Incorporación de la
Policía Nacional, al no permitirle su ingreso para prestar el servicio
militar, alegando para ello su condición de desplazado por la violencia.
Sustenta su solicitud en los siguientes hechos y
argumentos de derecho:
1.1.1.  Hechos
y argumentos de derecho
1.1.1.1.
Manifiesta
el accionante que es su deseo prestar el servicio militar en la Policía
Nacional, puesto que cuenta con los requisitos para ello, es
una forma de realizar sus sueños y obtener un empleo digno con el que pueda
sostener los gastos de su familia, además de continuar con la realización de
sus estudios.
1.1.1.2.
Afirma
que una vez presentó los documentos requeridos, le fue negado el ingreso,
aduciendo su condición de desplazado por la violencia.
1.1.1.3.
En
diligencia de ampliación de la acción de tutela, sostuvo el peticionario haber
culminado sus estudios de bachillerato en el año 2014, y pese a reconocer que
en su calidad de desplazado no es necesario prestar el servicio militar, se
ratificó en su intención de ingresar a la Policía Nacional, pues desde pequeño
ha querido “servir a la patria”.
1.1.1.4.
Informó
sobre los trámites adelantados ante la entidad accionada para lograr su
ingreso, que había llenado unos formularios, anexado unos exámenes médicos, así
como uno psicotécnico y psicológico, los cuales entregó en la Oficina de
Incorporación de la Policía Nacional en Buenaventura.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Mediante
auto del 13 de febrero de 2015, el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura admitió
la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la Dirección de
Incorporación de la Policía Nacional para que manifestara lo que considerara
pertinente en relación con los hechos alegados en la acción de tutela.
1.2.1.
El
Director de Incorporación de la Policía Nacional contestó la
acción de tutela solicitando declarar la improcedencia de la misma, al no
haberse presentado ninguna vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, por los siguientes motivos:
1.2.1.1.
Señaló
que el amparo constitucional no procede cuando existen otros mecanismos de
protección, como en este caso, sería el derecho de petición, medio expedito
mediante el cual se le habría podido brindar información al actor sobre su
situación. Al respecto, sostuvo que se realizó verificación en la Dirección de
Incorporación y no se encontró registro alguno de petición elevada al respecto
por el accionante.
1.2.1.2.
Por
otro lado, indicó que el joven peticionario goza de una de las exenciones
dispuestas en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2008, el cual reza “Salvo en
caso de guerra exterior, las víctimas a que se refiere la presente ley y que
estén obligadas a prestar el servicio militar, quedan exentas de prestarlo (…)”.
De esta manera, advirtió que la condición de víctima del desplazamiento forzado
del peticionario es una causal de exención de la prestación del servicio
militar, por lo que de conformidad con la Resolución 2341 de 2009 del
Ministerio de Defensa, entre otras, se debe expedir a favor de las personas en
condición de desplazamiento la tarjeta militar provisional.
Así, argumentó
que la Dirección de Incorporación no puede inobservar lo consagrado legalmente
y, por el contrario, debe garantizar que en los procesos de selección e
incorporación prevalezca el goce de los derechos y prerrogativas de la ley.
1.2.1.3.
Agregó,
que la jurisprudencia constitucional ha señalado que en Colombia la población
desplazada constituye uno de los sectores de vulnerabilidad extrema, debido,
entre otras cosas, a la ausencia de protección oportuna y efectiva por parte de
las autoridades nacionales, motivo por el cual, al ser una entidad estatal debe
dar cumplimiento a los principios de legalidad y debido proceso.
1.3.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En el
expediente obra como prueba el siguiente documento:
1.3.1.
Copia
de la contraseña expedida por la Registraduría Nacional a nombre de Yeiner Jair
Alomia Riascos, en la que consta que nació el 18 de abril de 1996, es decir,
que en la actualidad cuenta con 19 años de edad.
2.       DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN
ÚNICA DE INSTANCIA – JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA.
El
Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, mediante Sentencia proferida el veintisiete
(27) de febrero de dos mil quince (2015), decidió denegar por improcedente
la acción ejercida por Yeiner Jair Alomia Riascos contra la Dirección de
Incorporación de la Policía Nacional.
Analizó
lo establecido en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, sobre exención de la
prestación del servicio militar, así como la jurisprudencia constitucional en
relación con la protección a los desplazados y la prestación del servicio
militar frente a personas desplazadas.
En
este orden, advirtió que el accionante no quiere acogerse a la protección que
le brinda el Estado como persona desplazada, pues su intención es prestar el
servicio militar pese a que la ley lo exonera dada su condición de
vulnerabilidad, motivo por el cual, consideró no puede obligarse al ente
accionado a incumplir lo establecido en una norma legal y por la jurisprudencia
constitucional.
De
esta manera, consideró que le asiste razón a la Dirección de Incorporación de
la Policía Nacional, quien al verificar la condición de desplazado del
solicitante, lo exoneró de la prestación del servicio militar.
2.2.
Contra
la anterior decisión no se interpuso ningún recurso.
3.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
3.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°
de la Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en
el proceso de esta referencia.
3.2.
PROBLEMA
JURÍDICO.
Con
base en los hechos anteriormente descritos, la Sala determinará si negar la solicitud
de incorporación del accionante para prestar el servicio militar obligatorio en
la Policía Nacional, argumentando su situación de desplazamiento, vulnera sus
derechos fundamentales.
Frente
a esta situación, la Sala abordará el análisis de los elementos que rodean el
caso, para lo cual, primero: estudiará el servicio militar obligatorio
frente a personas desplazadas; segundo: la libertad de profesión u
oficio y el derecho al trabajo; y tercero: desarrollará el caso
concreto.
3.2.1.  Especial
connotación del servicio militar obligatorio frente a personas desplazadas.
3.2.1.1.
El
artículo 2° de la Constitución Política dispone que entre los fines esenciales
del Estado Social de Derecho están la defensa de la independencia nacional, el
mantenimiento de la integridad territorial, el aseguramiento de la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Por
su parte, los
artículos 217 y 218 de
la Constitución Política establecen que las Fuerzas Militares
(Ejército, Armada y Fuerza Aérea) tienen como objetivo principal asegurar los
cometidos constitucionales antes señalados, mientras que la
Policía debe velar por el aseguramiento del orden público y el mantenimiento
de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas.
A la luz de tales supuestos, la propia Carta Política
en su artículo 216 consagra como un deber de todos los colombianos “tomar
las armas cuando la necesidad pública lo exija para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas”, dejando a la ley la determinación no
solo de las condiciones que eximen del servicio militar, sino también de las
prerrogativas que pueden recibir los ciudadanos por la prestación del mismo.
3.2.1.2.
Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el servicio militar,
según lo preceptuado en los artículos 95[1] y 216 superiores, está concebido como
una “forma de responsabilidad social que se conserva entre la sociedad civil
y el Estado. Es decir, es la posibilidad de que el ciudadano participe en la
tarea de asegurar la convivencia pacífica de los habitantes del territorio colombiano,
sin que ello propiamente implique una vulneración a los derechos de los
particulares, en la medida en que su esencia materializa el ejercicio de la
solidaridad ciudadana en un servicio especial e impostergable que requiere, en
todos los tiempos, la sociedad (Sentencia T-224 de1993)”[2].
3.2.1.3.
En
consonancia con lo anterior, esta Corporación ha señalado que las
obligaciones y las cargas que impone la vida en comunidad deben cumplirse en
términos razonables y proporcionales a los fines que les sirven de fundamento.
Por lo tanto, si bien es exigible a los nacionales la prestación del servicio
militar, con las excepciones legalmente establecidas, este debe someterse a los
postulados constitucionales y legales[3], y
respetar los derechos fundamentales y las libertades básicas de los llamados a
las filas. Lo anterior, sin dejar de reconocer que “no hay derechos que se
contrapongan a deberes irrenunciables. Por ello, las excepciones para prestar
el servicio militar, o las causales para retirarse de él, deben estar motivadas
por el mismo interés general, el cual, excepcionalmente, permite justificar la
exoneración de una persona de prestar el servicio militar, atendiendo siempre
al bienestar colectivo y no al interés particular”[4].
3.2.1.4.
De
otro lado, como ya se señaló, el Constituyente de 1991 le
defirió al Congreso la potestad de determinar las condiciones, prerrogativas,
eximentes y sanciones relacionadas con la prestación del servicio militar. En
uso de esa facultad el legislativo expidió la Ley 48 de 1993[5], norma que
en su artículo 10° expresa:
“ARTÍCULO
10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR. Todo varón colombiano está
obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su
mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes
definirán cuando obtengan su título de bachiller.
La
obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los
cincuenta (50) años de edad.
PARÁGRAFO.
La mujer colombiana prestará el servicio militar voluntario, y será obligatorio
cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo
determine, en tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de
defensa de la ecología y el medio ambiente, y en general, de las actividades
que contribuyan a la modernización y al desarrollo del país y tendrán derecho a
los estímulos y prerrogativas que establece esta Ley no importando la modalidad
en que se preste el servicio.” (Subrayas fuera de texto).
3.2.1.5.
Respecto a las
exenciones de prestación del servicio militar los artículos 27 y
28 de la misma ley establecen una distinción entre las que operan en todo
tiempo y las que tienen lugar en época de paz, a saber:
“ARTÍCULO
27. EXENCIONES EN TODO TIEMPO. Están exentos de prestar el servicio militar en
todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar:
a.
Los limitados físicos y sensoriales permanentes.
b.
Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural,
social y económica.
ARTÍCULO
28. EXENCIÓN EN TIEMPO DE PAZ. Están exentos del servicio militar en tiempo de
paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:
a.
Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes.
Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados
permanentemente a su culto.
b.
Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la pérdida
de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación.
c.
El hijo único, hombre o mujer.
d.
El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de
sus hermanos incapaces de ganarse el sustento.
e.
El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando
éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho
hijo vele por ellos.
f.
El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y
permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo,
durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo
apto, voluntariamente quiera prestarlo.
g.
Los casados que hagan vida conyugal.
g.
Los inhábiles relativos y permanentes.
h
Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública
que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en
combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos, que
siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo.”
3.2.1.6.
Con posterioridad a la Ley 48 de 1993, se expidió la
Ley 387 de 1997[6],
en la cual se estipuló respecto a la definición de la situación militar de la
población desplazada, lo siguiente:
Artículo
26. “Las personas que teniendo la obligación legal de resolver su situación
militar y que por motivos relacionados con el desplazamiento forzado no lo
hubiesen hecho,
podrán presentarse a cualquier distrito militar, dentro del año siguiente
a la fecha en la que se produjo el desplazamiento, para resolver dicha
situación sin que se le considere remiso” (Subrayado fuera de texto).
3.2.1.7.
Teniendo
en cuenta que el desplazamiento forzado es uno de los mayores problemas
sociales que en la actualidad afronta nuestro país, la Corte Constitucional
advirtió que en razón a las múltiples acciones de tutela presentadas por las
personas que eran víctimas de dicho flagelo, era necesario pronunciarse en
forma contundente frente a tal situación, lo cual hizo mediante la Sentencia T-025
de 2004[7],
en donde declaró el estado de cosas inconstitucional por la violación masiva y
recurrente de los derechos fundamentales de las personas desplazadas por la
violencia.
En
dicho fallo, la Corte describió en forma taxativa los derechos que más se
vulneran a la población desplazada, dentro de los cuales determinó:
“16.
El derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del
desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro
como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación
de los representantes legales, cuando se trata de menores de edad que son
separados de sus familias.[8]
El alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno se
encuentra expresamente consagrado en el Principio rector 20[9].”
3.2.1.8.
Más
adelante, la Corte en el Auto 008 de 2009, señaló la persistencia del estado de
cosas inconstitucional anteriormente declarado. En este sentido, observó  la
necesidad de realizar ajustes que aseguren el avance en la superación del
estado de cosas inconstitucional y el goce efectivo de los derechos.
La
Corte, con el fin de concretar los ajustes para conseguir tal objetivo,
especialmente en torno al tema de la identificación de la población desplazada
que se encontraba en edad apta para prestar el servicio militar, ordenó “el
establecimiento de una estrategia para la solución de la situación militar y la
provisión de la libreta militar sin costo para los hombres, en especial entre
18 y 25 años, desplazados que no cuenten con este documento”.
Esta
orden fue cumplida por parte del Ministerio de la Defensa Nacional, en tanto
ordenó a la División de Reclutamiento del Ejército por medio de las Resoluciones
2341 de 2009, 1700 de 2006 y 181 de 2005, que expidiera en favor de las
personas en condición de desplazamiento una tarjeta provisional militar con una
vigencia de tres años, con un costo mínimo.
La implementación
de esta medida, tiene como primera finalidad “solucionar los problemas de
identificación y registro del alto número de personas desplazadas que, debido a
la ausencia de documentos, no pueden acceder a determinados bienes y servicios[10].
3.2.1.9.
En
este sentido, la expedición de la libreta militar de manera temporal no solo
cumple con el fin previsto en la implementación de medidas, sino que, como bien
lo señala la precitada Sentencia T-372 de 2010[11], satisface otros, como
permitirle “a la población desplazada ocuparse de la superación de la
catástrofe humanitaria a la que se ven sometidos, lo cual significa para ellos
adelantar tareas inaplazables tales como ubicar un nuevo domicilio en donde su
vida y su integridad física estén aseguradas, encontrar nuevas fuentes de
trabajo y subsistencia, y rehacer sus redes sociales, entre otros”.
Igualmente,
señala el fallo que “la tarjeta militar provisional para la población
desplazada constituye una manifestación del principio de solidaridad que se
encuentra estrechamente vinculado al derecho a la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Constitución Nacional. De acuerdo con estos postulados, para
que la igualdad sea real y efectiva, el Estado y los particulares deben
conceder una protección especial a  las personas que se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o
mental. Dentro de este grupo se encuentran las víctimas del desplazamiento
forzado.”
Además,
“releva a los ciudadanos que se han visto enfrentados de manera directa a
situaciones de violencia o de conflicto armado en calidad de víctimas, a
prestarle un servicio [al Estado] que, si bien les corresponde por
mandato constitucional, en el corto plazo les impone la carga
desproporcionada de retornar al escenario de conflicto que fueron forzados a
abandonar, poniéndolos en una situación aún mayor de vulnerabilidad física y
psicológica.”[12]
(Destacado propio).
3.2.1.10.
En
conclusión, al momento de valorar la situación militar de las personas
desplazadas, debe partirse de la idea básica de evitar su retorno al origen del
conflicto que causó la interrupción de su diario vivir, y lo enfrenta a las
dificultades de encontrar un nuevo espacio de convivencia pacífica.
De
esta manera, las Divisiones Militares que operan en el país, al detectar que la
persona reclutada es alguien que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada, como forma de acreditar su calidad como
desplazado, debe hacer entrega inmediata de la tarjeta provisional, a fin de
proteger, entre otros, el derecho que tiene a la personalidad jurídica, como
elemento de la identificación personal.
3.2.2.  Libertad de
profesión u oficio y derecho al trabajo.
3.2.2.1.
El
derecho al trabajo, reconocido desde el Preámbulo de la Constitución Política, y
seguido por los artículos 25[13]
y 26[14]
del mismo texto superior,  ha sido definido y desarrollado por la Corte
Constitucional en múltiples sentencias de tutela y de constitucionalidad como
un derecho que está relacionado con otros derechos fundamentales, que aseguran,
entre otros, la vida digna de las personas en el desarrollo de su proyecto de
vida. En palabras de la Corte:
“En
este contexto, el derecho al trabajo adquiere una innegable importancia como
condición, en la mayoría de los casos insustituible, para la realización de los
derechos fundamentales, motivo por el cual la realización de los supuestos que
lo hagan posible constituye uno de los asuntos más relevantes que deben ser
atendidos no sólo por el Estado, sino por la sociedad en conjunto.
El
texto constitucional colombiano da fe de la enorme importancia que adquiere el
derecho al trabajo en este panorama, no sólo como medio de participación activa
en la economía, sino adicionalmente como herramienta para la realización del
ser humano como Ciudadano, esto es, como integrante vivo de la asociación que
aporta de manera efectiva elementos para la consecución de los fines de la
sociedad. En tal sentido, el preámbulo de la Carta reseña como propósito
esencial del acta fundacional vertida en la Constitución Nacional el
aseguramiento de “la vida, la convivencia, el  trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”.[15]
3.2.2.2.
Adicionalmente,
está claro en la jurisprudencia constitucional desde la Sentencia T-557 de 2006[16],
que el trabajo, a pesar de ser un derecho que se sitúa en la categoría de los
llamados derechos “económicos, sociales y culturales”, que inicialmente
fueron diferenciados de los derechos civiles y políticos por su naturaleza
prestacional, pero que actualmente se encuentra reevaluado tal criterio, y la
misma jurisprudencia[17]
ha sostenido que la característica prestacional y de progresividad es también
aplicable a los derechos civiles y políticos, así como lo es el deber de
abstención aplicable a los derechos económicos, sociales y culturales. Por
ello, dicha distinción entre unos y otros derechos, no es criterio suficiente
para negar la cualidad de “fundamentales” a los derechos sociales, y de manera
concreta al derecho al trabajo.
3.2.2.3.
En
ese mismo sentido, la libertad de escoger profesión u oficio, es un derecho
íntimamente ligado al derecho al trabajo, toda vez que ambos representan dos
etapas conexas para el desarrollo del individuo. Dicho en otras palabras, una
vez el ciudadano elige libremente y en el marco de su voluntad, una profesión u
oficio y se prepara para ella en un campo académico o técnico adecuado,
posteriormente ejerce dicha preparación en el ámbito laboral, lo que implica la
ineludible unión de ambos derechos fundamentales. Además, el derecho al trabajo
y al ejercicio de un oficio involucran no sólo el derecho a poder acceder a
plazas de trabajo, sino también a que éste sea en condiciones dignas y justas,
a que se le garantice al trabajador una remuneración que le asegure un mínimo
vital, que tenga acceso a la seguridad social y a prestaciones que contribuyan
a la realización y desarrollo del individuo, entre otras garantías.
En
efecto, la Corte Constitucional ha afirmado que la potestad de elegir actividad
profesional u oficio, supone el ejercicio de esa actividad
posteriormente. De esa manera, esta Corporación ha considerado que el derecho a
elegir profesión u oficio puede verse afectado si no puede ser ejercido en
condiciones dignas y de igualdad en el ámbito laboral, resaltando la conexión
que existe entre la libertad de escoger profesión y oficio y el derecho al
trabajo, “ya que indiscutiblemente el primer derecho se encuentra
íntimamente ligado al segundo, en la medida en que la escogencia de una
profesión u oficio implica como objetivo, el ejercer tal profesión u oficio
seleccionado,- siempre y cuando se cumpla en las condiciones de ley -, lo que
conlleva la realización de labores productivas de interés para la persona de
las que se puede pretender derivar su sustento personal”.[18]
Es así como, el
derecho al trabajo involucra, más allá de los elementos de subordinación que le
son propios y su ejercicio en condiciones dignas y justas, la libertad para
seleccionarlo, es decir, de la realización de una actividad libremente escogida
por la persona, bien sea dedicando su tiempo a un esfuerzo intelectual y/o
material, con el propósito de recabar su sustento personal[19].
3.2.2.4.
Ahora,
no se puede ignorar que uno de los objetivos directos del reconocimiento de la
libertad de elegir profesión y oficio y de ejercerla en condiciones dignas, es
el de asegurar un ingreso que garantice unas condiciones dignas en el
desarrollo de la vida. En ese orden, los derechos a ejercer profesión u oficio
y al trabajo tienen, un carácter instrumental desde el punto de vista del
derecho al mínimo vital, muchas veces estudiado por esta Corporación[20], y que en el
marco de los derechos anteriormente explicados, permite a la persona
garantizarse una calidad de vida acorde con sus intereses. Para efectos del
caso concreto, se resalta la siguiente definición del derecho al mínimo vital:
“(…).ha
sido considerado como el derecho que tienen todas las personas a vivir bajo
unas condiciones básicas o elementales que garanticen un mínimo de subsistencia
digna, a través de los ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades
más urgentes como son la alimentación, el vestuario, la vivienda, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la atención en salud, la
educación, entre otras”.[21]
(Negrilla
fuera de texto)
4.
CASO CONCRETO
4.1.
RESUMEN
DE LOS HECHOS
4.1.1.
El
peticionario interpuso acción de tutela contra la Dirección de Incorporación de
la Policía Nacional, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo y a la
igualdad, al no ser aceptado por esta Institución para prestar el servicio
militar, dada su condición de desplazado por la violencia. Alega que con su
incorporación al servicio militar obtendría un trabajo digno, el cual le
permitiría conseguir ingresos para cubrir sus necesidades y las de su familia, así
como convertirse en una oportunidad para continuar con sus estudios.
4.1.2.
La
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional manifestó que el motivo por
el cual no aceptó al accionante para efectos de prestar el servicio militar, es
su condición de desplazado por la violencia. Lo anterior, teniendo en consideración
las normas legales que regulan las causales de exención de la prestación de
servicio militar, así como lo establecido en reiterada jurisprudencia
constitucional, la cual señala que a la población desplazada se le debe brindar
una tarjeta militar transitoria y procurar no exponer a estos ciudadanos a una
situación de enfrentamiento y violencia.
4.1.3.
El
Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, mediante providencia del
veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015), denegó el amparo solicitado,
argumentando que la entidad accionada cumplió con lo establecido por la
normatividad y por la jurisprudencia constitucional, la cual señala que la
población desplazada se encuentra exenta de prestar el servicio militar, motivo
por el cual no puede hablarse de vulneración alguna de los derechos
fundamentales del accionante.
4.2.
PROCEDENCIA
DE LA ACCIÓN DE TUTELA
4.2.1.  Legitimación en la
causa por activa
4.2.1.1.
Los
artículos 86 Constitucional, 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de
esta Corporación, han sostenido que es titular de la acción de tutela cualquier
persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o
amenazados, de tal forma que pueda presentarla por sí misma o por medio de un
tercero que actúe en su nombre. Por tanto, estas personas pueden invocar
directamente el amparo constitucional, o pueden hacerlo a través de terceros
que sean sus apoderados, representantes o agentes oficiosos, para el caso de
las personas que no se encuentran en condiciones de interponer la acción por sí
mismas.
4.2.1.2.
Ahora
bien, en el caso sub examine se observa que el joven Yeiner Jair Alomia
Riascos presentó la acción de tutela a nombre propio, por lo que la Sala
encuentra que se satisface este requisito.
4.2.2.
Legitimación
por pasiva
Con
respecto a quién va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991 expresa que: “se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental (…)”.
Por
su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia T- 416 de 1997[22]
explicó en qué consiste la legitimación por pasiva así:
“La
legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el
actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.”
En
el caso objeto de estudio, la demanda se encuentra dirigida contra la Dirección
de Incorporación de la Policía Nacional, entidad encargada de resolver la solicitud
de prestación de servicio militar presentada por el accionante. Aunado a lo
anterior, la entidad demandada es una autoridad pública, de modo que se cumplen
las reglas de legitimación por pasiva.
4.2.3.
Examen
de inmediatez
4.2.3.1.
La
inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela, establecida
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir
con el propósito de la Carta Política de hacer de la acción de tutela un medio
de amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y
eficaz.
Por
ello, es indispensable estudiar cada caso concreto, toda vez que es necesario
que la acción sea promovida dentro de un término razonable, prudencial y
cercano a la ocurrencia de los hechos que se consideran vulneratorios de
derechos fundamentales, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo
desvirtúe la trasgresión o amenaza de los derechos. En consecuencia, ante la
injustificada demora en la interposición de la acción, se vuelve improcedente
el mecanismo extraordinario.
4.2.3.2.
A
propósito de este requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte
Constitucional en la Sentencia T- 792 de 2009[23] estableció
que:
“la
jurisprudencia constitucional ha enfatizado en el hecho de que el mismo exige
que la acción sea promovida de manera oportuna, esto es, dentro de un término
razonable luego de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o
amenaza de los derechos. Esa relación de inmediatez entre la solicitud de
amparo y el supuesto vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse,
según ha dicho la Corte, en cada caso concreto, con plena observancia de los
principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
4.2.3.3.
En
el presente caso, si bien no se puede determinar con exactitud la fecha en la
que el accionante presentó los documentos ante la Dirección de Incorporación de
la Policía Nacional solicitando ser incorporado a la Institución para prestar
el servicio militar, de los hechos por él narrados tanto en la demanda de
tutela como en la diligencia de ampliación de la misma, se puede concluir que
la solicitud fue presentada una vez cumplió los requisitos para el efecto[24],
esto es, una vez cumplió la mayoría de edad y culminó sus estudios de
bachillerato.
En
este orden, encuentra la Sala que el joven Yeiner Jair Alomia cumplió 18 años
de edad el 18 de abril de 2014, según consta en su documento de identidad, y
culminó sus estudios de bachillerato en el año 2014. Así mismo se observa que
presentó la acción de tutela el 13 de febrero de 2015.
De
lo anterior, la Sala concluye que el accionante interpuso la acción de amparo
en un lapso no mayor a un año, es más, partiendo de la base que el calendario
académico para el año lectivo de 2014, según directrices del Ministerio de
Educación[25],
inicio en enero y culminó en noviembre de 2014, se puede estimar que la acción
de tutela fue incoada dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento
de los requisitos del accionante para prestar servicio militar, tiempo que se
considera prudencial para ejercer la acción.
4.2.4.
Examen
del cumplimiento del principio de subsidiariedad
4.2.4.1.
Conforme
al artículo 86 de la Carta, se tiene que la acción de tutela está revestida de
un carácter subsidiario, esto es, tal como lo ha expresado la Corte
Constitucional en reiterada jurisprudencia, que puede ser utilizada ante la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista
otro medio judicial a través del cual se pueda resolver un conflicto
relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, ii) cuando
existiendo otras acciones, éstas no resultan eficaces o idóneas para la
protección del derecho de que se trate, o, iii) cuando existiendo
acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de tutela para
evitar que ocurra un perjuicio irremediable.
4.2.4.2.
En
el sub examine, expuso la Dirección de Incorporación de la Policía
Nacional que el accionante ha podido presentar un derecho de petición para
obtener una explicación sobre su situación particular, medio que considera
idóneo y expedito para el efecto, lo cual, en su criterio, torna la acción de
tutela improcedente.
Respecto
a lo anterior, encuentra la Sala que en efecto, el accionante ha debido
desplegar una actividad mínima encaminada a manifestarle a la Dirección de
Incorporación de la Policía Nacional que pese a encontrarse en una causal de
exclusión de prestación del servicio militar era su deseo ingresar al mismo,
pues mal podría exigírsele a la accionada que conociera la situación particular
del peticionario, sin que éste a través de cualquier medio la hubiera puesto a
su consideración.
En
este orden, debe llamarse la atención a los ciudadanos sobre la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela, la cual no puede ser utilizada como una
instancia adicional y no libera al accionante de una carga de diligencia frente
a las autoridades que considera se encuentran vulnerando sus derechos
fundamentales.
4.2.4.3.
Ahora
bien, observa la Sala, en atención a lo expresado en sede de tutela por el
accionante y reiterado por la propia entidad demandada, que fue rechazado para
ingresar a prestar el servicio militar obligatorio a la Policía Nacional, dada
su condición de desplazado.
En
este sentido, teniendo clara la razón de no incorporación del accionante a la
Policía Nacional, y en consideración especial a su condición de vulnerabilidad,
en consonancia con el principio de informalidad[26]
que rige la acción de amparo constitucional, la Sala Séptima de Revisión, sólo
para este caso en particular, hará un examen menos rígido del requisito de subsidiariedad,
y en este orden, con fundamento en la información referenciada, pasará a
examinar de fondo la presunta vulneración de los  derechos
constitucionales fundamentales invocados.
4.3.
EXAMEN
DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ACCIONANTE.
4.3.1.
En
la parte considerativa de esta providencia, la Sala explicó que existe el deber
constitucional de todos los colombianos de tomar las armas cuando la necesidad
pública lo exija para defender la independencia nacional y las instituciones públicas,
dejando a la ley la determinación no solo de las condiciones que eximen del
servicio militar, sino también de las prerrogativas que pueden recibir los
ciudadanos por la prestación del mismo.
En
este orden, el Legislador mediante la expedición de la Ley 48 de 1993
reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización, señalando que se
encuentran obligados a definir su situación militar los hombres colombianos a
partir de la fecha en que cumplan su mayoría de edad, a excepción de los
estudiantes de bachillerato, quienes la definirán una vez obtengan el título de
bachiller.
4.3.2.
Por
su parte, la Ley 387 de 1997 reguló lo referente a la definición de la
situación militar de la población desplazada, señalando que los ciudadanos
pertenecientes a este grupo poblacional que no hubiesen definido su situación
militar podrían hacerlo dentro del año siguiente a la fecha en la que se
produjo el desplazamiento, sin que se les considere remisos.
4.3.3.
La
Corte Constitucional, en aras de lograr un avance en la protección de los
derechos de la población desplazada, a través de la Sentencia T-025 de 2004,
declaró el estado de cosas inconstitucional de las personas desplazadas por la
violencia, y posteriormente, mediante Auto 008 de 2009, ordenó establecer una
estrategia eficaz para solucionar la situación militar de los desplazados y
proveerlos de una libreta militar sin costo.
Dentro
de los argumentos expuestos por esta Corporación[27]
sobre la necesidad de la expedición de la tarjeta militar para la población
desplazada, se encuentra el poder relevar a estos ciudadanos, que ya se han
visto enfrentados a situaciones de violencia o conflicto, a prestar un
servicio, que si bien está instituido como un deber constitucional, les impone
una carga desproporcionada, al tener que retornar a un escenario de conflicto.
Por
lo anterior, se ha señalado que las autoridades de reclutamiento que detecten
una persona que se encuentra inscrita en el Registro Único de Población
Desplazada, le deben hacer entrega inmediata de la tarjeta militar.
4.3.4.
En
atención a lo dicho, encuentra la Sala que la Dirección de Incorporación de la
Policía Nacional, al no admitir al accionante para la prestación del servicio
militar obligatorio, dio cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa
referenciada y a lo ordenado por la Corte Constitucional para efectos de
garantizar un goce efectivo de los derechos de la población desplazada,
situación que no genera reproche alguno, puesto que evidencia el compromiso de
las entidades públicas para con los grupos vulnerables y de especial
protección.
4.3.5.
Sin
embargo, en el caso que ocupa la atención de la Sala, el accionante, quien
reconoce su calidad de víctima y su condición de desplazado, manifiesta
reiteradamente que, pese a lo anterior, es su deseo ingresar a la Policía
Nacional, pues afirma no solo querer prestar un servicio a su país, sino
también lo considera como un plan de vida que le permitirá obtener una
ocupación digna y además percibir un salario para sufragar sus gastos y ayudar
a cubrir las necesidades de su familia.
4.3.6.
En
este escenario, debe entonces recordarse que el artículo 26 Superior consagra
el derecho que tiene toda persona a escoger libremente su profesión u oficio,
derecho que además se encuentra íntimamente ligado con el derecho al trabajo,
puesto que ambos representan un aspecto importante en el desarrollo de los
individuos en la sociedad.
De
esta manera, todos los ciudadanos, independientemente de su condición
particular, cuentan con el derecho constitucional a elegir libremente y dentro
del marco de su voluntad, una profesión u oficio que les permita a su vez,
contar con un trabajo en condiciones dignas y justas.
Sobre
este punto, igualmente es necesario señalar que el acceder a un trabajo digno,
implica la garantía al trabajador no solo de contar con una remuneración que le
asegure su mínimo vital, sino también le permite tener acceso a la seguridad social
y otras prestaciones que contribuyen a la realización del individuo.
4.3.7.
En
hilo de lo dicho, observa la Sala que pese a la condición de sujeto desplazado
por la violencia del accionante, es su voluntad y se encuentra dentro de su
proyecto de vida ingresar a la Policía Nacional, aun conociendo que por ser
sujeto de especial protección constitucional se encuentra exento de prestar este
servicio al Estado.
Así,
expresado libremente el querer del peticionario de prestar el servicio militar
en la Policía Nacional, no puede constituirse su situación de desplazamiento en
un impedimento para acceder a la realización de su proyecto de vida, pues, en
este caso en particular, donde es el mismo sujeto desplazado quien
voluntariamente solicita su incorporación, negar lo solicitado, bajo el solo
argumento de pertenecer a la población desplazada, sería, en cierto modo, colocarlo
en una situación de discriminación que vulnera sus derechos fundamentales a la
libre escogencia de profesión y oficio y al trabajo.
4.3.8.
En
este orden de ideas, encuentra pertinente la Sala precisar que las autoridades
de reclutamiento para la prestación del servicio militar obligatorio del país,
si bien deben estar atentos de no incorporar personas que se encuentren dentro
de alguna causal de exención del mismo, cuando estos ciudadanos manifiesten su
deseo libre y espontaneo de cumplir con este servicio al Estado, debe tenerse
en cuenta la declaración de su voluntad, y en ese orden, si cumplen con los
requisitos legales exigidos para el efecto, debe brindárseles la oportunidad de
realizar la actividad deseada, pues ello constituye un desarrollo de la
libertad de selección de profesión u oficio y del derecho al trabajo.
4.3.9.
En
consecuencia, la Sala Séptima de Revisión revocará el fallo de instancia y, en
su lugar, ordenará a la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional que
dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta
providencia, proceda a analizar la solicitud presentada por el joven Yeiner
Jair Alomia Riascos, sin que su condición de desplazado sea óbice para negar la
misma, y de cumplirse con los demás requisitos exigidos para la prestación del
servicio militar, se proceda a realizar su incorporación a la Institución.
4.4.
Conclusiones
4.4.1.
En
virtud de lo establecido en el ordenamiento jurídico y en la reiterada
jurisprudencia constitucional, las autoridades públicas, al momento de valorar
la situación militar de las personas desplazadas, deben tener en cuenta dicha
condición, y en virtud del principio de solidaridad con este grupo de población
vulnerable, procurarán evitar someterlos a una situación que los obliga a
retornar al conflicto, por lo que se les debe hacer entrega inmediata de la
tarjeta militar, sin que sean obligados a prestar dicho servicio.
4.4.2.
Cualquier
ciudadano colombiano que cumpla con los requisitos para ingresar a prestar el
servicio militar obligatorio, aun si pertenece a la población desplazada, puede
incorporarse al mismo, cuando voluntariamente expresa su deseo de hacerlo, sin
que su condición sea impedimento para ello, pues se trata de una manifestación
de su derecho a escoger libremente su profesión y oficio.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO:
REVOCAR
la
sentencia del veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015), proferida
por el Juzgado
Segundo de Familia de Buenaventura, la cual negó la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales a la libre escogencia de profesión y oficio y al trabajo
del joven Yeiner Jair Alomia Riascos,
SEGUNDO: ORDENAR a la
Dirección de Incorporación de la Policía Nacional que dentro de las cuarenta y
ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a
analizar la solicitud presentada por el joven Yeiner Jair Alomia Riascos, sin
que su condición de desplazado sea óbice para negar la misma, y de cumplirse
con los demás requisitos exigidos para la prestación del servicio militar, se
proceda a realizar su incorporación a la Institución.
TERCERO: LÍBRESE por
Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La norma en cita
dispone: “ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades. // Toda persona está obligada a cumplir
la Constitución y las leyes. // Son deberes de la persona y del ciudadano: //
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; // 2. Obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas; // 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente
constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. // 4.
Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica; // 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
// 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; // 7. Colaborar para el
buen funcionamiento de la administración de la justicia; // 8. Proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano; // 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”
[2] Corte Constitucional,
Sentencia T-489 de 2011.
[3] Corte Constitucional,
Sentencias SU-200 de 1997, T-218 de 2010 y T-489 de 2011, entre otras.
[4] Corte Constitucional,
Sentencia T-218 de 2010.
[5] “Por la cual se
reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización.”
[6] “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia.”
[7] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[8] En la sentencia T-215
de 2002, la Corte rechaza que las autoridades hubieran exigido que el registro
de los menores lo hicieran sus padres o representantes legales, pues ese tipo
de condiciones dificultan el acceso a los programas de atención a la población
desplazada. “Con esa lógica, aquellos menores que en razón del conflicto
armado han perdido a sus padres y allegados y que se ven forzados a abandonar
el lugar en el que se encuentran radicados para no correr la misma suerte, no
podrían ser incluidos en el registro nacional de desplazados por no tener quién
los represente.  Es claro que con tales exigencias, las instituciones
concebidas para apoyar a los desplazados y para proyectarles un nuevo
horizonte, se convierten en un obstáculo para el reconocimiento, al menos, de
sus más elementales derechos.”
[9] “1. Todo ser
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
2. Para dar efecto
a este derecho, las autoridades competentes expedirán a los desplazados
internos todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus
derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de identidad personal,
partidas de nacimiento y certificados de matrimonio. En particular, las
autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o la sustitución de
los documentos perdidos durante el desplazamiento, sin imponer condiciones
irracionales, como el regreso al lugar de residencia habitual para obtener los
documentos necesarios.
3. La mujer y el
hombre tendrán iguales derechos a obtener los documentos necesarios y a que los
documentos se expidan a su propio nombre”.
[10] T-372 de 2010 ya citada.
[11] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[12] Ibídem
[13] El trabajo como derecho y
obligación
[14] La libertad de profesión u oficio
[15] Cfr. Sentencia T-448 de 2008
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[16] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[17] Ver sentencia C-372 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[18] Cfr. Sentencias C-606 de
1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-167 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-398 de 2011
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[19] Ver sentencia C-107 de 2002
M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-167 de 2007
M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Ver entre muchas, sentencias
SU-111 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-1735 de 2000
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-054 de 2005
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-552 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo.
[21] Cfr. Sentencia T-920 de 2009
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[22] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[23] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo
[24] Artículo
10 de la Ley 48 de 1993. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR. Todo varón
colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en
que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato,
quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller.
[25] Consultar el link
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-337067.html
[26] Las Sentencias T-501 de 1992. MP.
José Gregorio Hernández Galindo y T-609 de 1992. MP Fabio Morón Díaz, señalan
entre otras características del principio de informalidad de la acción de
tutela que el mismo
implica que las
peticiones que se formulen por vía del amparo constitucional deben ser
examinadas de forma tal que se haga efectivo de modo preferente y sumario el
objetivo de la Constitución en lo que respecta a la protección judicial de los
derechos constitucionales fundamentales
[27] Sentencia T-372 de 2010