T-195-15
Sentencia T-195/15
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN
EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Jurisprudencia
constitucional
La Corte
Constitucional ha señalado que la situación fáctica de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del país es incompatible con el Estado
constitucional de derecho, es decir, con la vigencia y goce efectivo de los
derechos fundamentales y, por lo tanto, con la dignidad humana. Este dictamen
se presentó por primera vez en el año 1998, y su permanencia ha sido constatada
en un amplio número de sentencias de revisión de tutelas presentadas por
personas privadas de la libertad, y afectadas en el ejercicio de sus derechos
constitucionales fundamentales. La situación fáctica de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios constituye un serio desafío para el Estado social
de derecho que proclamó el Constituyente de 1991, en tanto involucra una
violación masiva de derechos a un número amplio de personas que, además, se
encuentran a cargo del Estado, dadas las características de la detención
preventiva y la pena de prisión.
DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL INTERNO-Grupos en que pueden describirse
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES
DIGNAS Y JUSTAS-Vulneración a funcionarios de
establecimiento carcelario por las condiciones laborales que están obligados a
soportar, debido a la existencia de un déficit
de personal
Este personal
debe atender las necesidades de los novecientos cuarenta y ocho (948) internos
que se encuentran en el EPC La Paz, recluidos en condiciones de hacinamiento,
toda vez que el centro tiene una capacidad real para albergar trescientos
veinte ocho (328) internos, presentándose un sobrecupo del ciento ochenta y
nueve por ciento (189%).  Lo anterior, sin considerar que el INPEC debe
encargarse de la vigilancia y custodia de los sindicados y condenados
pertenecientes al EPC La Paz, que se encuentran en prisión y detención domiciliaria,
y que suman un total de setecientos sesenta y ocho (768). Entonces, se tiene
claro que ciento treinta (130) funcionarios del personal de custodia y
vigilancia del EPC La Paz, deben encargarse de la seguridad de un total de mil
setecientos dieciséis (1716) personas vinculadas, de una u otra forma, al
sistema penitenciario y carcelario.
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Orden a INPEC proveer cargos vacantes tanto del personal de
custodia y vigilancia como del personal administrativo en establecimiento de
reclusión, para superar déficit de personal
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Exhortar a Establecimiento Penitenciario, para que vele por el
cumplimiento de la jornada laboral del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
establecida en el Reglamento Interno de centro de reclusión
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Exhortar a Establecimiento Penitenciario para que realice o
actualice el Estudio de Seguridad en centro de reclusión, y gestione su
implementación
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Orden a ARL capacitar a personal de custodia y vigilancia y a
personal administrativo de establecimiento penitenciario, e incrementar la
frecuencia de las actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos
en el trabajo, fomento de estilos de vida y trabajo saludable
Referencia:
Expediente T-4615971
Acción
de tutela presentada por la Asociación Sindical de Servidores Públicos del
Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí, contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– y la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
diecisiete (17) de abril de dos mil quince (2015)
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria
Calle Correa y los Magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión del fallo proferido, en primera instancia, por la Sala Tercera de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín el cinco (05) de agosto de dos mil catorce
(2014), dentro de la acción de tutela instaurada por la Asociación
Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí, representada por Jhonnier Cifuentes
Quintana, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– y la ARL Positiva
Compañía de Seguros S.A.
El proceso de la
referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número
Once[1],
mediante auto proferido el veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014).
I.
ANTECEDENTES
1.
Demanda y solicitud
El veintitrés (23)
de julio de dos mil catorce (2014), Jhonnier Cifuentes Quintana, actuando en nombre
y representación de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema
Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí[2], interpuso
acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–,
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– y la ARL Positiva
Compañía de Seguros S.A., solicitando el amparo de los derechos
fundamentales de “todos los funcionarios públicos e internos
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario LA PAZ, del municipio de Itagüí,
incluido el personal de guardia y administrativo”[3], a la vida, a la
dignidad humana, a la igualdad, a la salud, al trabajo digno y en condiciones
de higiene y seguridad adecuadas, y a un ambiente sano, que considera han sido vulnerados
por las instituciones accionadas debido a las precarias condiciones que se ven
en la obligación de soportar en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
La Paz del municipio de Itagüí, Antioquia[4].
El representante de la asociación accionante
fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes:
1.1. En la actualidad laboran en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz del municipio de Itagüí (en
adelante EPC La Paz), ciento veintiocho (128) miembros de custodia y
vigilancia, ocho (8) auxiliares bachilleres y diecisiete (17) funcionarios
administrativos, los cuales son insuficientes para la seguridad, la atención y
el tratamiento penitenciario de la población reclusa[5].
1.2. Refirió que a la fecha de
presentación de la acción de tutela hay novecientos cuarenta y ocho (948)
internos en el EPC La Paz, de los cuales ciento setenta y nueve (179) son
sindicados y setecientos sesenta y nueve (769) están condenados[6], pese a que la capacidad
real para albergar internos en dicho centro de reclusión es de trescientos
veintiocho (328)[7],
lo que implica un sobrecupo del ciento ochenta y nueve por ciento (189%)[8].  Además,
señaló que también es responsabilidad del INPEC vigilar y custodiar a los
sindicados y condenados que se encuentran en prisión y detención domiciliaria
que pertenecen al EPC La Paz, y suman setecientos sesenta y ocho (768), que
aumentan el total de internos a mil setecientos dieciséis (1716)[9].
1.3. Precisó que la seguridad del penal
recae cada día sobre treinta y dos (32) hombres, los cuales son insuficientes
ante la cantidad de servicios y actividades que se deben desarrollar
diariamente.  Señaló que “[e]l personal de custodia y vigilancia debe ser
distribuido en tres compañías, así: dos de seguridad que deben trabajar 24
horas cada una y cuentan con 32, una que apoya los procesos administrativos con
29 unidades y la última que se encarga de sacar remisiones judiciales y
hospitalarias integrada por 15 unidades, y un 10% de todo el personal en
ausentismo laboral (vacaciones, incapacidades, permisos, otros).  Suman también
10 cuadros de mando entre oficiales y suboficiales”[10].
1.4. En virtud de lo anterior, afirmó que
el personal de guardia se ve obligado a cumplir extenuantes jornadas laborales
que sobrepasan lo reglado en el Código Sustantivo de Trabajo, y que suscitan
permanentes controversias entre los cuadros de mando y los guardianes del INPEC.
1.5. Precisó que se han elevado consultas
en el nivel central acerca del horario y la jornada laboral para el personal de
custodia y vigilancia, y no se conoce acto administrativo que regule el tema,
por lo que se ven expuestos al atropello y a que su descanso sea manejado “según
el estado de ánimo del jefe inmediato”[11].
Como consecuencia de ello, se presentan ausencias laborales con incapacidades.
1.6. A su vez, planteó que el tratamiento
penitenciario y la atención para el personal de internos es muy precaria, dado
que no hay suficiente personal administrativo para cumplir con este proceso,
pues en la actualidad se cuenta con un (1) psicólogo y una (1) trabajadora
social para atender toda la población interna[12],
lo que impide la conformación de grupos interdisciplinarios.
1.7. Indicó que el EPC La Paz cuenta con veintiséis
(26) torres de vigilancia (garitas), de las cuales tan solo se cubren cuatro (4)
de ellas, quedando sin servicio las otras veintidós (22); que hay seis (6)
pabellones o patios custodiados por seis (6) funcionarios, cuando mínimo deben
ser doce (12) para su vigilancia; que algunas rejas internas se quedan sin
seguridad; que no hay personal para realizar patrullajes internos y externos, y
que no se puede cumplir a cabalidad con los protocolos de seguridad[13].
1.8. Agregó que el EPC La Paz no tiene
condiciones aptas de seguridad.  En concreto expuso: “1. Mal diseño de
instalaciones: instalaciones obsoletas; falta de sensores de movimiento; falta
de muro perimetral, entre otra multitud de deficiencias. || 2. Escasez de
medios logísticos: (…) armamento, vehículo, chalecos, gases, en la medida que
no se considera el ensanchamiento de la seguridad. || 3. Escasez de recurso
humano: personal de guardia insuficiente para atender la seguridad de la sede
penitenciaria y carcelaria, entre otros. || 4. Al personal no se le ha dado un
debido reentrenamiento en técnicas penitenciarias y carcelarias, con la
periodicidad debida”[14].
1.9. Explicó que las instalaciones del EPC
La Paz tienen capacidad real para albergar trescientos veintiocho (328)
internos, un (1) interno por celda, y actualmente habitan en un espacio
reducido de 2 x 2 metros, dos (2), tres (3) y hasta cuatro (4) internos, y los
demás se ven en la obligación de dormir en el suelo, los baños y hamacas, violentándose
sus derechos fundamentales.  Además, precisó: “1. Las celdas de la
penitenciaría son para un solo interno. || 2. Por el exagerado hacinamiento no
hay suficientes oportunidades de trabajo y redención. || 3. Baños vetustos y
colectivos. || 4. Patios en regular estado. || 5. No hay sitio adecuado para
atender visitas. || 6. De acuerdo al diseño de las baterías sanitarias, los
internos no tienen intimidad frente a los demás reclusos para ducharse”[15].
1.10. Afirmó que en días de visita se
agrava el hacinamiento, colocando en grave riesgo la integridad del personal de
internos, los visitantes y los funcionarios, “pues la estructura actual debe
soportar además de la sobrecarga generada por los internos, la de más de 600
personas que ingresan a visita los domingos”[16].
1.11. Señaló que desde la sentencia T-153
de 1998, mediante la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional al
interior de los centros carcelarios del país, se precisó que la crisis no es un
asunto que compete exclusivamente a la Nación sino que involucra a las
entidades territoriales, por ello, ordenó “a los gobernadores y alcaldes, y
a los presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos
Distritales y Municipales que tomen las medidas necesarias para cumplir con su
obligación de crear y mantener centros de reclusión propios”[17]. No obstante, las
entidades territoriales se hacen las de “la vista gorda” frente a dicha
obligación.
1.12. Indicó que debido al constante
ingreso y recepción de internos nuevos, el hacinamiento y las condiciones de
habitabilidad se ponen más difíciles, generándose un ambiente propicio para la
propagación de enfermedades, el aumento de asuntos disciplinables y penales, el
desorden, la falta de oportunidades y una desventaja del personal de
funcionarios frente a los reclusos.
1.13. Señaló que esta desventaja entre
funcionarios y reclusos también se presenta en la atención de los desplazamientos
diarios de los internos a los distintos despachos judiciales de la ciudad
(remisiones judiciales), a los centros médicos y laboratorios (remisiones
médicas) y a los municipios aledaños (remisiones intermunicipales).  Expresó: “La
norma ordena que mínimo cada interno debe ser custodiado por dos guardianes y,
generalmente, salen hasta cincuenta reclusos vigilados por tan solo quince
unidades de guardia”[18].
Precisó que “[a]l no haber un grupo especializado en traslado de internos
como en muchos centros de reclusión, y ante la desventaja propuesta, los
suboficiales y oficiales se ven en la obligación de ordenar que los
funcionarios de la guardia que cumplen funciones administrativas apoyen las
mismas, cumpliendo dualidad de funciones”[19].
1.14. Sostuvo que en muchas ocasiones,
principalmente en horas nocturnas, quedan seis (6) funcionarios en la parte
interna del EPC La Paz, tres (3) en la parte semiexterna, cuatro (4) en las
torres de vigilancia y tres (3) disponibles, para custodiar a los novecientos
cuarenta y ocho (948) internos. Lo anterior, debido a que las treinta y dos (32)
funcionarios de guardia que responden por el penal, se dividen en dos (2) turnos
para las veinticuatro (24) horas del día.
1.15. Afirmó que la situación descrita “resulta
insoportable para el trabajo digno y decente, al no tener los elementos, el
personal, [se] ven propensos a una serie de eventos que a diario se ven en
otros establecimientos culpando siempre a los custodios, como por ejemplo
fugas, motines, riñas e incumplimiento de diligencias judiciales y médicas”[20].
1.16. Planteó que la ARL Positiva
Compañía de Seguros S.A., a la cual se encuentran vinculados en materia de
riesgos laborales, “brilla por su ausencia”[21] con los
programas de promoción y prevención en salud ocupacional y estudio de riesgo de
los puestos de trabajo.
1.17. Con fundamento en los anteriores
hechos, el representante
de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y
Carcelario Colombiano –UTP–,
Seccional Itagüí, peticionó[22]:
(i) Declarar la persistencia del estado de cosas inconstitucional al
interior del EPC La Paz como lo establece la sentencia T-153 de 1998. (ii)
Amparar a favor de todos los funcionarios públicos e internos del EPC La Paz,
del municipio de Itagüí, incluido el personal de guardia y administrativo, los derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la salud, al
trabajo digno y en condiciones de higiene y seguridad adecuadas, y a un
ambiente sano y como consecuencia de ello, ordenar:
-
Al
INPEC: a) que emita un acto administrativo en el que establezca la
jornada laboral de los funcionarios y exhorte a los directores, oficiales y
suboficiales del EPC La Paz, al cumplimiento del mismo y al respeto del
descanso de los funcionarios, de forma tal que no sean sometidos a extenuantes
jornadas laborales por fuera de le ley. b) Que complete la planta de
personal del EPC La Paz, asignando un número no inferior a ochenta (80) funcionarios
de guardia para que se cubran las disponibilidades que permitan garantizar la
seguridad al interior y exterior del centro, la vida e integridad física del
personal recluso y de los funcionarios, y el cumplimiento de las órdenes
judiciales en relación con el traslado de internos.  c) Que proteja los
derechos fundamentales de los internos del EPC La Paz, entre ellos, la dignidad
humana, y se abstenga de recibir nuevos internos sindicados y condenados, hasta
que disminuya ostensiblemente el hacinamiento y se pueda garantizar la
habitabilidad para los mismos. d) Que cubra, dentro de un plazo
perentorio, las deficiencias de personal de custodia, vigilancia y
administrativos, de equipos, armamento, vehículos, equipos anti motín y
restricciones, y adelantar las gestiones pertinentes con los organismos de
control a fin de verificar la situación de los internos del EPC La Paz y las condiciones
laborales de los funcionarios.
-
Al
INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios: a) que
doten al EPC La Paz de elementos como vehículos, armamento, chalecos, escáner,
detectores de metales, gases, equipos antimotines y la debida capacitación, que
permita, de un lado, garantizar la integridad física del personal recluso y, de
otro, el cumplimiento de los objetivos misionales de custodia y vigilancia por
parte de los funcionarios. b) Que verifiquen las condiciones de
habitabilidad y sanitarias de los internos del EPC La Paz, y la
infraestructura, y se comprometan a la construcción de los cupos necesarios
para solventar la crisis, además la remodelación, ampliación y refacción del
sistema hidráulico, sanitario, duchas y de aguas negras que permitan a los
internos una mejor calidad de vida al interior de la cárcel.
-
A
la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.: que adelante programas de promoción,
prevención y recuperación de patologías en torno al estrés y otras derivadas de
la actividad laboral.
1.18. Adicional a
lo anterior, solicitó como medida provisional, de conformidad con el artículo 7
del Decreto 2591 de 1991, se ordene al INPEC que nombre y asigne el personal de
guardia necesario para reforzar la seguridad de las instalaciones, lo cual
puede hacerse, provisionalmente, con los auxiliares bachilleres. Igualmente,
que nombre profesionales en psicología, trabajo social, derecho, terapia
ocupacional, entre otros, para organizar los grupos interdisciplinarios y así
poder brindar la atención y tratamiento penitenciario a la población reclusa.
1.19. La acción de
tutela fue coadyuvada por la Asociación Sindical Unitaria de Servidores
Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP–, en cuyo
escrito se presentó un diagnóstico general de la crisis del sistema
penitenciario y carcelario en Colombia y sus posibles alternativas de solución,
que identifica tres puntos problemáticos: (i) la deficiencia de
infraestructura y superestructura; (ii) la falta de regulación de la
jornada laboral, y (iii) la necesidad de ampliación de la planta de
personal[23].
Con apoyo en dicho estudio, concluyó que “la sobrepoblación exagerada no
permite la atención básica integral, especialmente en las condiciones dignas de
habitabilidad, salud, alimentación, seguridad por escasez de personal
penitenciario, que desembocan ineludiblemente en falta de gobernabilidad al
interior de los centros de reclusión, la deficiencia absoluta en el
cumplimiento de los objetivos misionales del tratamiento penitenciario que
debería llevarnos a la misión de facilitar los medios a las personas privadas
de la libertad para que descubran sus potencialidades y re signifiquen su
pensamiento”[24].
En el cuadro “Población
de internos en Establecimientos de Reclusión Regionales Enero 31 de 2015”,
se da cuenta de los siguientes datos en relación con el EPC La Paz de Itagüí[25]:
Capacidad real
Total población
Hacinamiento
Sindicados
Condenados
328
999
204,6%
261
738
2. Respuesta de las
entidades accionadas
Mediante auto del veintiocho (28) de julio
de dos mil catorce (2014), la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín, admitió la acción de tutela, vinculó al trámite al
Ministerio de Justicia y del Derecho, corrió traslado a las entidades
accionadas y negó la medida provisional solicitada “toda vez que se
constituye en el tema de fondo a resolverse en la presente Tutela y debe
permitirse el ejercicio del derecho de defensa y contradicción”[26].
2.1. Respuesta del Ministerio de
Justicia y del Derecho[27].
La Directora de Política Criminal y Penitenciaria manifestó que existe falta de
legitimación formal y material en la causa por pasiva, toda vez que las
pretensiones de la accionante no guardan relación alguna con las funciones y
competencias de la Cartera Ministerial, puesto que no le corresponde resolver
las peticiones formuladas directamente ante entidades como la ARL Positiva
Compañía de Seguros, el INPEC con sus diferentes centros penitenciarios y la
Unidad de Servicios Penitenciarios[28].
Asimismo, expuso que el Ministerio no ha vulnerado, ni amenaza con vulnerar
derechos fundamentales de la asociación sindical accionante, debido a que el
requerimiento de nombramiento de personal de guardia fue realizado directamente
al INPEC y no al Ministerio de Justicia y del Derecho, además, no le compete
nombrar el personal de guardia, por lo cual solicita que sea desvinculado del
trámite constitucional.
2.2. Respuesta del INPEC[29].  La
Coordinadora del Grupo de Tutelas manifestó que la Dirección General del INPEC no
está violando derechos fundamentales de los funcionarios públicos e internos
del EPC La Paz, incluido el personal de guardia y administrativo, pese a la
sobrepoblación reclusa actual. El hacinamiento penitenciario y carcelario es
una problemática que ante todo compete al Estado en su conjunto, puesto que
involucra al Gobierno Nacional, a los gobiernos regionales y locales, al
Congreso de la República, quien señala las conductas punibles, al Consejo
Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, y al Ministerio de
Hacienda, que dispone del presupuesto, entre otros organismos, por lo tanto, el
INPEC no tiene competencia para solucionar la problemática citada por la asociación
accionante, ya que se requieren acciones mancomunadas de diferentes entes
estatales[30].
Precisó en la respuesta:
En relación con la planta de personal:
“La planta de
personal del INPEC, fue adoptada por el Gobierno Nacional mediante Decretos 271
de 2010 y 4969 de 2011; en consecuencia es al mismo Gobierno Nacional a quien
le corresponde aumentar la cantidad de integrantes del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia, en la misma proporción que incrementa la población reclusa, para
que cada cárcel cuente con el número de guardias suficiente para su
funcionamiento eficiente[31].
“[…]
“[…] En la
actualidad en la EP la Paz de Itagüí se encuentran asignados 130 servidores
públicos que forman parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, los cuales son suficientes para el cumplimiento del
servicio de seguridad y vigilancia de los 916 internos privados de la libertad
en dicho establecimiento.
“Al respecto si se
hace una relación funcionario interno, la misma es de 1 servidor público por
cada 7 internos, el cual se encuentra dentro de los estándares y supera a la
inmensa mayoría de centros de reclusión de nuestro país; teniendo en cuenta que
el total de la población de internos intramural a cargo del INPEC es de 117.130[32] y el número
total de integrantes del Cuerpo de Custodia es de 12.103[33], es decir, una relación de
1 funcionario uniformado por cada 10 reclusos.  Lo anterior sin descontar la
cantidad de 252 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que laboran en
los GROPES[34]
y 52 adscritos en el Centro Virtual de reclusión.
“Por lo anterior,
al trasladar personal de guardia de otros centros de reclusión al EP la Paz de Itagüí,
implica poner en riesgo la seguridad de los demás establecimientos y vulneraría
los derechos fundamentales tanto de internos como de servidores públicos de
esos establecimientos, porque la carga de trabajo se les aumentaría como
consecuencia del debilitamiento de pie de fuerza.
“[…]
“En cuanto al
número de servicios del EP la Paz, es necesario precisar, que la estructura del
mismo corresponde a un establecimiento con categoría de Alta Seguridad, el cual
requería de un mayor control por el nivel de peligrosidad de la personas allí
privadas de la libertad y era esa la razón del gran número de garitas, rejas de
acceso y demás puestos de control y vigilancia.  En la actualidad el
establecimiento se encuentra destinado para internos postulados a la ley de
Justicia y Paz o de perfil de mediana seguridad”[35].
En relación con la jornada laboral del
personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia:
“[P]or disposición
del artículo 36 de la ley 65 de 1993[36],
el Director del Establecimiento Carcelario es el Jefe de Gobierno y debe
expedir el Reglamento de Régimen Interno donde incluya tales aspectos.
“[…]
“En cumplimiento
del artículo 52 de la ley 65 de 1993, se expidió el acuerdo 0011 de 1995
(REGLAMENTO GENERAL) y en cada Establecimiento de Reclusión existe un régimen
interno que regula el Horario de Trabajo del Personal del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia, de acuerdo a la infraestructura, ubicación geográfica, orden público,
perfil de los internos, que como en el presente caso el reglamento de Régimen
Interno del EP de Itagüí, establece el artículo 91 de la Resolución No. 00167
del 15 de Marzo de 2005, que “Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
laborarán, en turnos de 24 [horas de descanso] por 24 horas [de trabajo].
“Es decir si
existe acto administrativo que regula la Jornada laboral y se encuentra
señalada en cada reglamento de régimen Interno del Establecimiento carcelario
del país; igualmente el Decreto 446 de 1994 régimen de prestaciones del INPEC
establece una asignación básica denominada sobresueldo…[37].
“[…]
“Es de señalar en
relación con la Jornada laboral de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso,
que las 24 horas de trabajo no son continuas, puesto que existen turnos de
disponibilidad y todo el personal que labora se distribuye de tal manera que
pueda dormir seis horas durante la noche en alojamientos acondicionados para el
descanso…”[38].
En relación con la dotación del EPC La
Paz:
“Respecto a la
dotación de vehículos y elementos de intendencia, como armamento, chalecos,
munición entre otros, el INPEC los incluyó dentro del plan de necesidades para
la vigencia 2014 a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, toda
vez que por disposición del Decreto 5141 de 2011, esta unidad es la encargada
de proveer al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de todos los
elementos requeridos para el funcionamiento; una vez la USPEC satisfaga las
necesidades expuestas por la administración penitenciaria, se estará dotando a
los establecimientos de acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad o
existencia”[39].
En relación con la solicitud de no recibir
internos en el EPC La Paz, sostuvo que no se compadece con el artículo 2 de la
Constitución, ya que impide a las autoridades judiciales y administrativas “proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades”, al permitir que aquellos
ciudadanos objeto de medidas de aseguramiento o penas de prisión, no estén bajo
el régimen penitenciario para asegurar su comparecencia a juicio o el
cumplimiento de la pena.  Además, que recluirlos en otros establecimientos,
implica que se afecten los derechos fundamentales de los internos de esos
centros, como consecuencia del hacinamiento generado “al verse obligados a
recibir un número de personas superior al que recibían hasta antes de ordenar
no recibir reclusos en el EPC LA PAZ”.
En otro orden de ideas, solicitó declarar
improcedente la tutela por falta de legitimación por activa de los funcionarios
públicos e internos del EPC La Paz, teniendo presente que el escrito de amparo
solo cobija en aquellos casos en los que se identifican plenamente las personas
a quienes se les están vulnerando los derechos, pues se trata de un mecanismo
de carácter personal y unipersonal más no general.
2.3. Respuesta de la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios[40].
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC, solicitó que se
denieguen las pretensiones de la demanda en lo relacionado con la Unidad, toda
vez que ha actuado para garantizar la dotación de elementos y mejorar las
condiciones de habitabilidad de los internos del EPC La Paz de Itagüí, en el
marco de sus competencias y del presupuesto que le ha sido asignado.  Precisó:
“Frente a la
dotación de bienes[41]:
siguiendo [la metodología de los Decretos 4150 y 4151 de 2011] y atendiendo al
presupuesto asignado a la USPEC, el INPEC priorizó la adquisición de los
siguientes bienes: || a) CCTV $700 millones. b) Equipos de detección de
elementos prohibidos $500 millones. c) Tecnología para Audiencias Virtuales
$150 millones. d) Bloqueadores $3100. e) Chalecos antibala, aspersor pimienta
$1191 millones. f) Municiones, cartuchos $331 millones. || Como se observa,
varios de los elementos a los que se refiere el actor están contemplados dentro
de los bienes que están siendo objeto de contratación por parte de la USPEC,
como se muestra en el SECOP”.
“Frente a las
condiciones de habitabilidad de los internos: || […] || En particular, en el
EPAMS CAS Itagüí, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección
de infraestructura, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene
asignado un presupuesto estimado de $983.681.772, para contratar el
mantenimiento general en el establecimiento. || De modo que la USPEC, en asocio
con el INPEC, ha verificado las condiciones de habitabilidad de los internos
del establecimiento de Itagüí, como lo pretende el actor y a partir de ello han
adelantado las intervenciones más urgentes en materia de infraestructura que
puedan atenderse con el limitado presupuesto asignado”[42].
2.4. Respuesta de la ARL Positiva
Compañía de Seguros S.A.[43].
La apoderada judicial encargada del asunto, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela en contra de la administradora que representa.  Allegó informe
en donde se indica que dentro del plan anual de promoción y prevención, se
encuentran estudios adelantados al EPC La Paz frente al personal
administrativo, lo cual consta en el acta No. 0178 del dos (02) de mayo de dos
mil trece (2013)[44],
que da cuenta de la reunión realizada entre integrantes del COPASO, por parte
del empleador, y el señor Carlos Espinosa, asesor de la compañía, para tratar
temas relacionados con el personal de guardia, obteniendo compromisos para
gestionar exámenes para trabajo seguro en alturas, oficiar al INPEC para alternar
la actividad desarrollada por uno de los dragoneantes, realizar requerimiento a
salud ocupacional para adquirir un colchón y una silla para dos dragoneantes, e
informar sobre una capacitación.  Afirmó que existen actas suscritas entre
enero y marzo de dos mil catorce (2014), en relación con visitas adelantadas
con el ánimo de llevar actividades de salud ocupacional para observar la
seguridad y salud en el trabajo y evaluar el desempeño del comité y de las
brigadas de emergencia, señalando que es evidente la participación de la
aseguradora en temas de promoción y prevención en el EPC La Paz, por lo que no
se ha vulnerado derecho fundamental alguno de los afiliados[45].
3. Decisión del
juez de tutela de primera instancia
La Sala Tercera de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Medellín mediante sentencia No. 089 del cinco (05) de agosto
de dos mil catorce (2014)[46],
negó por improcedente la tutela en los términos solicitados, pero exhortó a las
accionadas para que cumplan con sus funciones en relación con el EPC La Paz;
asimismo, a la Personería Municipal de Itagüí, la Defensoría del Pueblo
Regional Antioquia y la Procuraduría General de la Nación Regional Antioquia,
para que adelanten de manera especial las labores de vigilancia y control de
las gestiones y omisiones de las entidades tuteladas.  En concreto, señaló:
“[Encuentra] la
Sala de Decisión Laboral improcedente la Tutela en los términos solicitados, ya
que de un lado, no se cumple el requisito de procedibilidad denominado legitimación
por activa del accionante, frente a la representación de “todos los
funcionarios públicos e internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario”,
quedando solo su legitimación para actuar frente al Sindicato y sus asociados;
quienes cuentan con otros medios de defensa judicial, para invocar la
protección de los derechos que se consideren vulnerados[47]. De otro lado, la H. Corte
Constitucional tiene declarado que en la actualidad, persiste el estado de
cosas inconstitucional que se presenta en las prisiones colombianas,
descrito desde la Sentencia T-153 de 1998[48];
siendo inviable un nuevo amparo en el mismo sentido, atendiendo al precedente
vertical, de la H. Corte Suprema de Justica Sala de Casación Laboral.
“[…]
“No obstante, esta
Sala de Decisión Laboral exhortará a las entidades accionadas para que
continúen […] ejecutando todas las medidas que sean necesarias, adelantando las
gestiones presupuestales y administrativas pertinentes, tendientes a mejorar
las condiciones humanas, laborales, de salubridad, así como locativas etc… en
el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz del Municipio de Itagüí, y
al Ministerio Público, en cabeza de la Personería Municipal de Itagüí, la
Defensoría del Pueblo Regional Antioquia y la Procuraduría General de la Nación
Regional Antioquia, para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y
legales, adelanten las labores de vigilancia y control de las gestiones y
omisiones de las accionadas, con el objetivo de garantizar de manera efectiva
los derechos tanto del personal que labora en la cárcel citada, como de los internos
de la misma; aclarando que si bien las mencionadas entidades, no fueron
vinculadas al trámite de la presente Acción Constitucional, de conformidad con
sus propias funciones constitucionales, legales y reglamentarias, tienen la
competencia y están llamadas a actuar y coordinar, para la superación de la
actual situación en la que se encuentran los derechos fundamentales de los
internos”[49].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Primera es competente para revisar
el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36
del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento
del problema jurídico
Jhonnier Cifuentes
Quintana, actuando en nombre y representación de la Asociación Sindical de
Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP–,
Seccional Itagüí , interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC–, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios –USPEC– y la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., solicitando el
amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la
igualdad, a la salud, al trabajo digno y en condiciones de higiene y seguridad
adecuadas, y a un ambiente sano, de “todos los funcionarios públicos e
internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario LA PAZ, del municipio
de Itagüí, incluido el personal de guardia y administrativo”[50].
En concreto, el
reclamo constitucional se fundamentó en: (i) la escasez de funcionarios,
tanto del personal de custodia y vigilancia como del personal administrativo,
en relación con las actuales condiciones de hacinamiento del EPC La Paz; (ii)
el incumplimiento de la jornada máxima laboral; (iii) las inadecuadas
condiciones de seguridad del penal y de mantenimiento de las instalaciones
(infraestructura y redes eléctricas, de acueducto y alcantarillado); (iv) la
escasez en la dotación de elementos y la falta de re-entrenamiento del personal
de custodia y vigilancia en técnicas penitenciarias y carcelarias, y (v)
la desatención de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. en lo que tiene que
ver con la realización de programas de promoción de salud ocupacional y
prevención de riesgos laborales.
De acuerdo con estos hechos, corresponde a
la Sala Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneran el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– y la ARL Positiva Compañía de Seguros
S.A., los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la
igualdad, a la salud, al trabajo digno y en condiciones de higiene y seguridad
adecuadas, y a un ambiente sano, de “todos los funcionarios públicos e
internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario LA PAZ, del municipio
de Itagüí, incluido el personal de guardia y administrativo”, debido a las
precarias condiciones que se ven en la obligación de soportar en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz del municipio de Itagüí, a
pesar de que tal situación es un asunto estructural y generalizado en los
centros penitenciarios y carcelarios del país?
Para desarrollar
el anterior interrogante, la Sala procederá a (i) conceptualizar el
Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario
colombiano; (ii) verificar la legitimación en la causa por activa en el
presente asunto, y (iii) revisar el cumplimiento del principio de
subsidiariedad. A continuación, resolverá el caso concreto.
3. Asunto previo. El estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano
3.1. Teniendo en
cuenta que la asociación accionante solicitó en la demanda de tutela que se
declare la existencia del estado de cosas inconstitucional en el EPC La Paz de
Itagüí, la Sala hará una breve referencia al tema para efectos de explicar que
no hay lugar a una declaración en tal sentido, debido a que el estado de
cosas contrario al orden constitucional en los establecimientos penitenciarios
y carcelarios del país subsiste, de conformidad con las consideraciones
realizadas en las sentencias T-388 de 2013[51]
y T-815 de 2013[52].
3.2. La Sala
Tercera de Revisión mediante la sentencia T-153 de 1998[53], al estudiar las
condiciones de reclusión de los internos en las cárceles nacionales La Modelo
de Bogotá y Bellavista de Medellín, en especial las circunstancias de
hacinamiento, declaró que la situación de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país configuraba un estado de cosas inconstitucional,
principalmente, debido a las condiciones de indignidad en que se encontraban
las personas privadas de la libertad, e impartió órdenes de carácter general[54].  El fin
perseguido con la declaratoria de la existencia notoria de un estado de cosas
inconstitucional, estaba dirigido a buscarle un remedio al sistema
penitenciario y carcelario colombiano que venía ocasionando violaciones
generales y sistemáticas de los derechos fundamentales de los reclusos, y que tenía
su origen en un problema de naturaleza estructural que para ser solucionado
exigía la acción mancomunada de distintas entidades del orden nacional,
distrital, departamental y municipal.  Desafortunadamente, estas
consideraciones, casi diecisiete años después, mantienen su plena vigencia.
Precisó la citada
sentencia:
“Las condiciones
de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados
para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la
imprevisión y el desgreño que ha reinado en materia de infraestructura
carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera
puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la
prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios
sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones
decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento
desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario”[55].
Se estimó en dicha providencia, con
fundamento en las impresiones obtenidas en las diligencias de inspección
judicial, que las condiciones de las dos cárceles bajo examen “son
absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su
condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de
vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las
personas y su compromiso con los marginados”[56].
En dicho fallo, la Sala Tercera de la
Corporación planteó que si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos
son suspendidos o restringidos desde el momento en que estos son sometidos a la
detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos
se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades
públicas que se encuentran a su cargo, más si se tiene en cuenta que la
población reclusa se encuentra en una relación de especial sujeción con el
Estado.
En efecto, la Corte ha explicado que la relación
de especial sujeción con el Estado en la que se encuentran las personas
privadas de la libertad produce importantes consecuencias jurídicas y un
impacto evidente en los derechos fundamentales de estos sujetos. Por lo tanto,
el Estado se encuentra en posición de garante respecto de las personas privadas
de la libertad y, en esta medida, es su entera responsabilidad el cuidado de su
vida, su salud y su integridad física y moral, así como procurarles las
condiciones mínimas de existencia digna[57].
A modo de ejemplo, ha señalado la
Corporación que los derechos a la libertad física, a la libre locomoción y los
derechos políticos se encuentran suspendidos.  Asimismo, derechos como la
intimidad personal y familiar, y los derechos de reunión, asociación, libre
desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se encuentran
restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la privación de la
libertad.  Con todo, otro grupo de derechos tales como la vida y la integridad
personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el reconocimiento de
la personalidad jurídica, la salud, el debido proceso y el derecho de petición,
mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su titular[58].
Por las anteriores razones, la
jurisprudencia constitucional ha mantenido una línea jurisprudencial que
clasifica los derechos fundamentales de los internos en tres grupos[59]:
“(i)
aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la
pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines
de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre
locomoción, y los derechos políticos como el derecho al voto. (ii) los derechos
intocables conformados por los derechos fundamentales de la persona privada
de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente
de la dignidad del ser humano, son ejemplo de éstos: los derechos a la vida y
el derecho al debido proceso, y por último, (iii) se encuentran los derechos
restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y
tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización
del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las
cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y
familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad,
libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos
fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es importante tener en
cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se
ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”[60].
3.3. A través de la sentencia T-388 de
2013[61],
en el marco de la revisión de varios expedientes de tutela acumulados,
referentes a las violaciones de los derechos a la dignidad humana, a la vida en
condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración
social de personas privadas de la libertad en seis centros de reclusión del
país[62],
y teniendo en cuenta que en todos los casos, se hacía referencia a la necesidad
de tomar medidas adecuadas y necesarias, de manera urgente, para superar el
estado de cosas en que se encuentra el sistema penitenciario y carcelario; la
Sala Primera de Revisión precisó que “el estado de cosas contrario al orden
constitucional constatado en 1998 tiene relaciones y contactos con la situación
vivida actualmente; pero se trata de estados de cosas inconstitucionales
diferentes”[63].
Es así como aclaró que si bien existen parecidos y similitudes entre el estado
de cosas de 1998 y el actual, se trata de contextos y supuestos fácticos
diferentes. En este orden de ideas, aclaró, “mientras en 1998 la situación
era de abandono, en el momento actual no. La situación de hacinamiento que
atraviesa el Sistema penitenciario y carcelario ha alcanzado niveles similares
a los de aquella época, pero las causas que explican esta situación difieren en
parte de las que fueron constatadas en la sentencia T-153 de 1998”[64].  Indicó que desde
1998 hasta el día de hoy, el Estado ha hecho importantes inversiones en la
infraestructura carcelaria, a través de planes que, adecuados a las necesidades
de aquel momento, permitían pensar que la situación de hacinamiento sería
superada en el año 2010.  Sin embargo, pese al enorme esfuerzo presupuestal que
se ha hecho estos últimos años para mejorar la infraestructura existente y
crear nuevos cupos, en la actualidad se ha regresado a los niveles dramáticos
de aquellos años en que se produjo la sentencia T-153 de 1998.
En tal medida, sostuvo la Sala, que no
compete a la Corte Constitucional reabrir el cumplimiento de la sentencia T-153
de 1998 que analizó un determinado momento del sistema, sino observar su
situación actual y determinar si se encuentra, nuevamente, en un estado de
cosas contrario al orden constitucional vigente[65].  Concluyó:
“El sistema
penitenciario y carcelario de Colombia se encuentra, nuevamente, en un estado
de cosas que es contrario a la Constitución vigente. Los establecimientos
penitenciarios y carcelarios en el País se encuentran en una situación de
crisis estructural. No se trata de ausencia de avances o de acciones por parte
de las autoridades, puesto que, como se evidenciará, éstas han realizado
acciones encaminadas a solventar el estado de cosas inconstitucional
evidenciado por la jurisprudencia constitucional en 1998.  De hecho, es en gran
parte gracias a tales acciones de política pública que la Corte Constitucional
entendió superado tal estado de cosas vivido al final del siglo XX. Sin
embargo, la evidencia fáctica aportada a cada uno de los nueve expedientes, así
como la información que es de público conocimiento, evidencia que, nuevamente,
el sistema penitenciario y carcelario colombiano se encuentra en un estado de
cosas contrario al orden constitucional vigente de manera grosera, que conlleva
un desconocimiento de la dignidad humana, principio fundante de un estado
social de derecho. En otras palabras, el sistema penitenciario y carcelario
actual es incompatible con un estado social y democrático de derecho”[66].
3.4. Mediante la sentencia T-815 de
2013[67],
correspondió a la Sala Octava de Revisión determinar si las condiciones de
reclusión en las cuales se encontraban detenidos los accionantes, cumplían con
los estándares necesarios y mínimos de dignidad humana para garantizar los
derechos fundamentales presuntamente violados a la salud, a la intimidad, a la
integridad física y/o psicológica y a la igualdad[68].
En esa ocasión, la Sala de Revisión
señaló que el estado
de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario colombiano, “se
mantiene plenamente vigente debido a que persisten los problemas estructurales
objeto de declaración en el año de 1998”, y reiteró el compromiso que tiene el
Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC–, de evitar la prolongada y continua
vulneración de derechos fundamentales de los reclusos, sin excusarse en la
carencia de recursos, ya que el Estado termina siendo el principal responsable
de proporcionar las condiciones básicas para la vida digna de una persona
recluida a su cargo en un establecimiento carcelario, máxime cuando (i)
la dignidad humana como derecho se conserva intocable y sin limitaciones de
ningún orden o circunstancia y (ii) las restricciones impuestas a las
personas privadas de la libertad están limitadas a un estricto criterio de
necesidad y proporcionalidad.
3.5. En razón de lo anterior, y teniendo
presente que el estado de cosas contrario al orden constitucional en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, es reconocido en la
actualidad por la Corporación debido a unas condiciones que aún hoy persisten, la
Sala Primera de Revisión considera que no hay lugar a reiterar para el caso
particular del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, dicho
estado de cosas.
4. Legitimación en causa por activa en la
acción de tutela
4.1. De conformidad con el artículo 86 de
la Constitución Política, mediante la acción de tutela cualquier persona, por
sí misma o por quien actúe en su nombre, puede reclamar la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados. Dicha norma es reiterada en el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, en el cual también se contempló la posibilidad de la agencia de derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. En este evento, el tercero que agencia derechos ajenos deberá
manifestarlo en la solicitud.
Si bien en
principio la legitimación en la causa por activa en los procesos de amparo se
predica de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados,
a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, la
Corporación ha entendido que el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela, a saber: (i) la
del ejercicio directo de la acción; (ii) la de su ejercicio por medio de
representantes legales (caso, por ejemplo, de los niños, las niñas y los adolescentes,
las personas con discapacidad mental, los interdictos y las personas jurídicas);
(iii) la de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el
cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y a la
solicitud de amparo debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto
el poder general respectivo), y (iv) la del ejercicio por medio de
agente oficioso[69].
4.2. En el caso que actualmente ocupa a la
Sala,
el señor Jhonnier Cifuentes Quintana, actuando en nombre y representación de la
Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y
Carcelario Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí, interpuso acción de tutela
contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– y la ARL Positiva Compañía de
Seguros S.A.,
solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad
humana, a la igualdad, a la salud, al trabajo digno y en condiciones de higiene
y seguridad adecuadas, y a un ambiente sano, de “todos los
funcionarios públicos e internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
LA PAZ, del municipio de Itagüí, incluido el personal de guardia y
administrativo”[70].
Si bien el señor
Cifuentes Quintana está legitimado en la causa en la presente acción de tutela para
actuar en representación de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del
Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí, en razón
de cargo de presidente que desempeña[71],
no tiene legitimación para actuar en nombre y/o representación de los
funcionarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, del
municipio de Itagüí, Antioquia, que no pertenecen a dicha organización sindical,
entre ellos, el personal de custodia y vigilancia y el personal administrativo,
ni de los reclusos, toda vez que no acredita su condición de apoderado judicial
ni actúa como agente oficioso.
4.3. Teniendo en cuenta lo anterior, para
efectos de continuar con el estudio de los requisitos de forma que deberán ser
satisfechos en el trámite de tutela para dar paso al análisis de fondo, esta
Sala entiende que la solicitud de amparo va encaminada a la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados de los funcionaros que trabajan
en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, del municipio de Itagüí,
Antioquia, y
que hacen parte de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del
Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí.
4.4. Sin embargo, como la Sala Primera de
Revisión lo reconoció en la sentencia T-388 de 2013[72], la existencia de un
estado de cosas inconstitucional “implica una carga de actuación y de
protección distinta para el juez de tutela, frente a lo que normalmente tiene
el deber de hacer”, entendiendo que, en principio, “el juez está llamado
a considerar las violaciones concretas y específicas que le son sometidas a su
conocimiento por las partes y a tomar medidas de solución al respecto”. Así
las cosas, se ha reconocido desde tiempo atrás[73]
que ante un estado de cosas en el que se comprometa la garantía del goce
efectivo de los derechos fundamentales, en donde en ocasiones no es un hecho o
un acto la causa de la violación o la amenaza, sino todo un estado de cosas
que es contrario al orden constitucional vigente, es decir, una situación
estructural que no se supera por la acción concreta y específica de una entidad
o institución específica, “las órdenes que se impartan deben estar
orientadas, precisamente, a superar ese ‘estado de cosas’ y a transformarlo,
para lograr tener un nuevo estado de cosas, pero ahora sí compatible con la Constitución”[74].
4.5. En atención a lo anterior, la Sala
considera pertinente declarar que los efectos de la presente sentencia no se
restrinjan a los trabajadores afiliados a la Asociación
Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí, sino que sus efectos se extiendan a todo
el
personal de custodia y vigilancia y al personal administrativo del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, por encontrarse en
las mismas circunstancias de los funcionarios pertenecientes a la asociación
accionante[75].
Esta Corporación ha señalado
que “los efectos inter comunis pueden definirse como aquellos efectos de un
fallo de tutela que de manera excepcional se extienden a situaciones concretas
de personas que, aun cuando no promovieron el amparo constitucional, se
encuentran igualmente afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo
motivó, producto del actuar de una misma autoridad o particular, justificado en
la necesidad de dar a todos los miembros de una misma comunidad un trato
igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de sus derechos
fundamentales”[76].
Este efecto, que ha sido
establecido en diferentes decisiones[77],
encuentra fundamento no solo en la posibilidad de esta Corporación de
determinar el alcance de sus decisiones de manera tal que se maximice la
protección de los derechos fundamentales afectados o en riesgo de afectación,
sino también en la necesidad de asegurar el amparo del derecho a la igualdad de
aquellos sujetos que, encontrándose en la misma situación, no han obtenido la
protección de sus derechos constitucionales.
Para la Sala el efecto inter comunis
en este caso concreto es procedente, porque a partir de la prueba documental
analizada en sede de Revisión pudo comprobarse que todos los funcionarios del
EPC La Paz de Itagüí se encuentran en las condiciones objetivas descritas por
el representante de la asociación accionante, de manera que no existe una razón
válida para desconocer derechos fundamentales presuntamente vulnerados, como la
vida, la dignidad humana, la igualdad, la salud, el trabajo digno y en
condiciones de higiene y seguridad adecuadas, y un ambiente sano, de quienes
laboran en dicho establecimiento de reclusión pero no pertenecen a la Asociación
Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí. Lo contrario, podría constituir una violación
al derecho a la igualdad.
5. La procedencia de la acción de tutela. Verificación
del cumplimiento del principio de subsidiariedad
5.1. De acuerdo con reiterada y uniforme
jurisprudencia de esta Corporación[78],
en armonía con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta Política y 6 del
Decreto 2591 de 1992, la acción de tutela es un mecanismo judicial para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario.
Esta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos.
5.2. La Corporación ha reiterado que no
siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos constitucionales,
toda vez que su competencia es subsidiaria y residual, es decir procede siempre
que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia, para que
cese inmediatamente la vulneración. Sobre el particular, en la sentencia T-753
de 2006[79]
la Sala Novena de Revisión precisó:
“Frente a la
necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela,[80] se ha
sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las
vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por
cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales
ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos
fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su
vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que
ofrece el artículo 86 superior”.
Entendida de otra
manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y decisión
de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales.  Al respecto, en
la sentencia T-406 de 2005[81],
la Sala Cuarta de Revisión indicó:
“Según esta
exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se debe
recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un
mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se convertiría en un
recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y
tribunales.  De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar
a la protección de los derechos fundamentales sino que se convertiría en una
instancia de decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le
asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo”.
5.3. Puntualizando, se puede indicar que,
de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, esta
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los
medios judiciales ordinarios o extraordinarios de defensa previstos por la ley.
Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de protección al
alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez
constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y recursos
ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar
la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii)
se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo
contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio
irremediable frente a sus derechos fundamentales, y, (iii) el titular de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial
protección constitucional.
La jurisprudencia
constitucional[82]
en relación con el perjuicio irremediable precisó que debe ser inminente,
esto es, que amenaza o está por suceder prontamente; que las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; que
no basta cualquier perjuicio, pues se requiere que este sea grave, lo
que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el
haber jurídico de la persona, y, finalmente, que la urgencia y la gravedad
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que
ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
5.4. Vistas las
anteriores consideraciones generales acerca de la procedencia de la acción de
tutela, pasa la Sala a examinar este aspecto en el caso planteado por la
asociación accionante.
Como ya fue señalado en los
antecedentes, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín mediante sentencia No. 089 del cinco (05) de agosto de dos mil catorce
(2014)[83],
negó por improcedente la tutela en los términos solicitados, por encontrar
incumplido el requisito de subsidiaridad, toda vez que la Asociación
Sindical de Servidores del Sistema Penitenciario y Carcelario “UTP”,
actualmente cursa un proceso de negociación colectiva con el INPEC y el
Gobierno Nacional, en el marco de la Ley 1709 de 2014[84].  En este
orden de ideas, entendió el Tribunal que el Sindicato y sus asociados cuentan con
medios ordinarios para presentar los reclamos esgrimidos en la solicitud de
amparo, los cuales se están ejerciendo en la actualidad[85]. Además de lo anterior, no
advirtió la inminencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la
intervención de juez constitucional.
5.5. Diferentes salas de revisión de la
Corporación han señalado que el derecho a la negociación colectiva para
regular las relaciones laborales, se hace efectivo y adquiere vigencia y
operatividad, a través de la celebración de acuerdos y convenios de trabajo,
denominados en nuestra legislación pactos colectivos o convenciones colectivas
de trabajo, que constituyen los mecanismos ideados, además de la concertación,
para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (artículos
53, inciso final, 55 y 56, inciso final, C.P.)[86].
La negociación colectiva de trabajo es la
discusión del pliego de peticiones previamente presentado por el sindicato en
nombre de los trabajadores, que se lleva a cabo entre el empleador (público o
privado) y el sindicato, por intermedio de sus respectivas comisiones
negociadoras, para buscar la construcción de un acuerdo denominado pacto
colectivo o convención colectiva de trabajo, según sea el caso, que contendrá
un marco de normas y beneficios que regirán y regularán las relaciones
laborales entre la institución/empresa y sus trabajadores, fundado en los
derechos y las prerrogativas establecidos en la ley laboral colombiana.  Entonces,
este proceso de negociación colectiva y concertación que se lleva a cabo sobre
el pliego de peticiones, constituye una fase previa que puede concluir en la
celebración de un acuerdo o, en caso de desacuerdo, en la declaratoria de
huelga o en el sometimiento de las diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento[87].  De lo
anterior se concluye que la negociación colectiva no es un mecanismo de defensa
judicial.
5.6. Efectivamente, una vez consultada la
página web de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema
Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP–, se encontraron evidencias del
acercamiento que se está dando en la actualidad entre las organizaciones
sindicales del INPEC y el Gobierno Nacional[88].
En un comunicado dirigido a la opinión
pública y a los servidores del INPEC, suscrito el diez (10) de enero de dos mil
quince (2015) por los representantes de la Unión de Trabajadores Penitenciarios
–UTP–, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios –SEUP– y la Federación
Colombiana de Trabajadores del Sistema penitenciario y Carcelario –FECOSPEC–, se
informó que se obtuvo “la firma y consecución de un ACUERDO LABORAL,
rubricado por cuatro Ministros del Gobierno Nacional, que condensan las más
sentidas exigencias del Personal Administrativo y de Guardia Penitenciaria”.
Asimismo, que “se firma un compromiso inequívoco del Gobierno Nacional de
instalar y adelantar la discusión de una Agenda Laboral a partir del 15 de
marzo del año en curso”[89].
En relación con este último punto, se informa que en la mesa técnica se espera
discutir temas de especial interés como “la Prima de Riesgo para el Personal
Administrativo, la Jornada suplementaria o aumento del sobresueldo para los
miembros de Custodia y Vigilancia, la pensión para quienes ingresaron posterior
al año 2003 en igualdad de requisitos, el incremento del convenio de auxiliares
bachilleres y el incremento de la planta de personal que permita subsanar el
déficit de personal de Custodia y Vigilancia y Empleados Administrativos”[90], además de la
visibilización de temas como la dotación, ampliación y construcción de nuevos
ERON[91].
En otro comunicado fechado el dieciséis
(16) de enero de dos mil quince (2015), la Confederación General del Trabajo
–CGT–, la Federación de Trabajadores del Estado –UTRADEC– y la Unión de
Trabajadores Penitenciarios –UTP–, “presentan el Acuerdo N° 000001 del 15 de
Enero de 2015, donde se modifica el presupuesto de funcionamiento del INPEC, y
se apropian $12.700.000.000 de pesos, como reivindicación salarial para el
personal de Custodia y Vigilancia y Personal Administrativo del INPEC, sin
perjuicio del aumento anual del sector público estatal”[92].
Mediante el Acuerdo No. 000001 del quince
(15) de enero de dos mil quince (2015), emanado del Consejo Directivo del
INPEC, y aprobado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se realiza un traslado de recursos
presupuestales para disponer de las apropiaciones necesarias para garantizar el
cumplimiento del Acuerdo Laboral celebrado entre el Gobierno Nacional y los
Sindicatos del INPEC, por la suma de doce mil setecientos millones de pesos, bajo
las siguientes consideraciones:
“El Decreto 2710
de diciembre 26 de 2014, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la
Nación para la vigencia fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen los gastos”, apropió en el Presupuesto de Funcionamiento
de la SECCIÓN 1208 –INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC, la
suma de Novecientos catorce mil trescientos cuarenta y ocho millones doscientos
setenta y siete mil ciento nueve pesos ($914.348.277.109 ) moneda legal.
“El Gobierno
Nacional firmó un Acuerdo Laboral con los Sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC– y en su numeral primero determinó:
‘PRIMERO. “El
Gobierno Nacional, procederá, mediante acto administrativo, que expedirá antes
del 16 de enero, a destinar los $12.700.000.000 exclusivamente a efectuar un
incremento porcentual al SOBRESUELDO que devengan los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC, monto acordado con las organizaciones
sindicales firmantes.  Sin perjuicio del aumento salarial que se fija
anualmente para los servidores públicos del estado, en lo que tiene que ver con
esta erogación. De la suma indicada, se acordará un porcentaje para el personal
administrativo’.
“Se hace necesario
trasladar recursos presupuestales para disponer de las apropiaciones que permitan
garantizar el cumplimiento del Acuerdo Laboral entre el Gobierno Nacional y los
Sindicatos del INPEC, en lo relacionado con el numeral primero de dicho acuerdo”.
5.7. Puede observarse que los instrumentos
de negociación colectiva que vienen utilizando las organizaciones sindicales
del INPEC, entre ellas, la UTP, son mecanismos de naturaleza sustancial, no
judicial, tendientes a la solución de los conflictos laborales que en la
actualidad se presentan en diferentes establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país, y que están relacionados con la mejora de las actuales condiciones
laborales.  Mal podría concluirse que ante la puesta en marcha de las
herramientas propias del derecho laboral colectivo, la posibilidad de la acción
de tutela se vea truncada para la protección de los derechos fundamentales y
los principios
mínimos en materia laboral definidos en la Carta Política (arts. 25 y 53), que
se consideren vulnerados o amenazados en razón de unas condiciones de trabajo
específicas que se presentan en un establecimiento penitenciario y carcelario
en concreto. Lo que si está en la obligación de hacer
el juez constitucional, es perfilar el sentido de la protección en atención a
las acciones u omisiones de las autoridades públicas que verdaderamente amenacen
o vulneren derechos constitucionales fundamentales, de tal forma que se cumpla
con el cometido de procurar su protección inmediata.
6.
Las actuales condiciones laborales que están obligados a soportar los funcionarios
del EPC La Paz, incluidos el personal de custodia y vigilancia y el personal
administrativo, vulneran el derecho fundamental al trabajo en condiciones
dignas y justas
6.1. Jhonnier
Cifuentes Quintana, actuando en nombre y representación de la Asociación
Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí, interpuso acción de tutela contra el INPEC,
la USPEC y la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., solicitando el amparo de
los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la
salud, al trabajo digno y en condiciones de higiene y seguridad adecuadas, y a
un ambiente sano, de los funcionarios públicos del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario La Paz, del municipio de Itagüí, incluido el
personal de guardia y administrativo.
Como se indicó en
líneas anteriores, el
reclamo constitucional se fundamentó en: (i) la escasez de funcionarios,
tanto del personal de custodia y vigilancia como del personal administrativo,
en relación con las actuales condiciones de hacinamiento del EPC La Paz; (ii)
el incumplimiento de la jornada máxima laboral; (iii) las inadecuadas
condiciones de seguridad del penal y de mantenimiento de las instalaciones
(infraestructura y redes eléctricas, de acueducto y alcantarillado); (iv) la
escasez en la dotación de elementos y la falta de re-entrenamiento del personal
de custodia y vigilancia en técnicas penitenciarias y carcelarias, y (v)
la desatención de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. en lo que tiene que
ver con la realización de programas de promoción de salud ocupacional y
prevención de riesgos laborales.
6.2. La Sala entrará a analizar cada uno
de los puntos señalados, para efectos de identificar las posibles acciones u
omisiones de las autoridades tuteladas que hayan generado afectaciones de los
derechos fundamentales invocados, y proponer potenciales soluciones que puedan
mitigar los problemas que fueron descritos por el representante de la
asociación sindical.
6.3. La escasez de funcionarios, tanto
del personal de custodia y vigilancia como del personal administrativo, en
relación con las actuales condiciones de hacinamiento del EPC La Paz.  Según
el certificado expedido por el jefe de talento humano y el comandante de
vigilancia del EPC La Paz, el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014)[93], en la
actualidad laboran en dicho establecimiento de reclusión un total de ciento
treinta (130) funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y diecisiete (17)
funcionarios administrativos.  En el primer ítem se discriminan los siguientes
cargos: un (1) capitán, un (1) teniente, dos (2) inspectores jefes, seis (6) inspectores,
un (1) distinguido, ciento diecisiete (117) dragoneantes y dos (2) auxiliares
bachilleres.  En el segundo ítem se discrimina el siguiente personal: un (1) psicólogo,
dos (2) trabajadores sociales, dos (2) odontólogos de medio tiempo, un (1) médico
de medio tiempo, una (1) enfermera, un (1) pagador y nueve (9) auxiliares
administrativos.
Este personal debe atender las necesidades
de los novecientos cuarenta y ocho (948) internos que se encuentran en el EPC
La Paz[94],
recluidos en condiciones de hacinamiento, toda vez que el centro tiene una capacidad
real para albergar trescientos veinte ocho (328) internos[95], presentándose un
sobrecupo del ciento ochenta y nueve por ciento (189%)[96].  Lo anterior, sin
considerar que el INPEC debe encargarse de la vigilancia y custodia de los
sindicados y condenados pertenecientes al EPC La Paz, que se encuentran en
prisión y detención domiciliaria, y que suman un total de setecientos sesenta y
ocho (768)[97].
Entonces, se tiene claro que ciento treinta (130) funcionarios del personal de
custodia y vigilancia del EPC La Paz, deben encargarse de la seguridad de un
total de mil setecientos dieciséis (1716) personas vinculadas, de una u otra
forma, al sistema penitenciario y carcelario.
Mediante el oficio 501-EPC LA PAZ
COV-003644 del ocho (08) de julio de dos mil catorce (2014), suscrito por el Director
del EPC La Paz y dirigido al Presidente de la UTP INPEC, Jhonnier Cifuentes
Quintana, se informa que de acuerdo a un estudio realizado acerca de las
necesidades de personal que tiene el EPC La Paz, por parte del Comando de
Vigilancia, se concluyó que para el óptimo funcionamiento y normal desarrollo
de las actividades se debe contar con un total de trescientos setenta y seis (376)
funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, y veinticuatro (24)
funcionarios para las áreas de reinserción, jurídica, sistemas y administrativa[98].
Según la respuesta dada por el INPEC a la presente
acción de tutela[99],
los ciento treinta (130) servidores públicos que forman parte del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria en el EPC La Paz, son
suficientes para el cumplimiento del servicio de seguridad y vigilancia de los
internos privados de la libertad en dicho establecimiento.  En esa oportunidad
se indicó que “si se hace una relación funcionario interno, la misma es de 1
servidor público por cada 7 internos, el cual se encuentra dentro de los
estándares y supera a la inmensa mayoría de centros de reclusión de nuestro
país; teniendo en cuenta que el total de la población de internos intramural a
cargo del INPEC es de 117.130[100]
y el número total de integrantes del Cuerpo de Custodia es de 12.103[101], es
decir, una relación de 1 funcionario uniformado por cada 10 reclusos”; y se
precisó que la anterior cifra se obtiene “sin descontar la cantidad de 252
integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que laboran en los GROPES[102] y
52 adscritos en el Centro Virtual de reclusión”[103].
En el Estudio Técnico
INPEC 2015. Propuesta de rediseño institucional[104], se encuentra
información relevante para el asunto que ocupa a la Sala.  Según el documento, al
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014) el parte nacional de
internos intramural es de ciento trece mil seiscientos veintitrés (113.623); la
planta del Cuerpo de Custodia y Vigilancia es de doce mil ochocientos cuarenta
y ocho (12.848); los servicios se prestan en dos compañías y cada una tiene dos
turnos de vigilancia de 24 x 24 horas, de donde se evidencia que por cada
puesto de servicio de vigilancia que se identifica se requieren cuatro (4)
funcionarios de guardia para las dos compañías.  Bajo estos parámetros, indica
el estudio, actualmente se presenta una relación de un (1) guardia por cada
nueve (9) internos.  Sin embargo, si se descuenta del número total de
funcionarios de custodia y vigilancia del INPEC, el personal que se encuentra
en vacaciones, licencias, permisos o incapacidades, se evidenciará que la
desproporción entre internos y guardias es aún mayor[105]. Nótese,
además, que las cifras que se exponen no están teniendo en cuenta los
sindicados y condenados que se encuentran en prisión y detención domiciliaria,
cuya custodia y vigilancia también corresponde al INPEC.
Siguiendo con el Estudio
Técnico INPEC 2015, en el ítem dedicado al tema del déficit de personal, “se
calcula un déficit de empleos administrativos de seis mil ochocientos cincuenta
y ocho (6.858) y de empleos del cuerpo de custodia y vigilancia de nueve mil
setecientos ochenta y dos (9.782) que desarrollan los diferentes procesos y
procedimientos en los establecimientos de reclusión, direcciones regionales y
sede central”[106].
El Acuerdo No. 000001 del
quince (15) de enero de dos mil quince (2015), “Por el cual se efectúa una
modificación en el Presupuesto de Funcionamiento del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC– para la Vigencia Fiscal de 2015”,
emanado del Consejo Directivo de la entidad; señala en los considerandos que “[r]evisada
la planta de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–
a enero 13 de 2015, existen vacantes en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional de 927 cargos”[107].
Esto indica que aun cuando se provisionen los cargos que en el momento se
encuentran vacantes en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia, seguirá
presentándose un déficit de personal en el INPEC.
A partir de la información suministrada
por las partes en el presente trámite de tutela y de los documentos oficiales y
públicos referidos en líneas anteriores, queda demostrada la existencia de un déficit
de personal al interior del INPEC, incluidos el personal de custodia y vigilancia
y el personal administrativo[108].
Esta situación necesariamente incide en la observancia de las funciones que
tiene a cargo dicha institución, de garantizar el cumplimiento de la pena
privativa de la libertad, la detención precautelativa, la seguridad, la
atención social y el tratamiento penitenciario de la población privada de la
libertad; y claramente vulnera el derecho al trabajo en condiciones dignas y
justas, y puede afectar derechos fundamentales como la salud, la vida, la
integridad personal, la dignidad humana y la igualdad de los funcionarios.  Así
las cosas, existe una conexión directa entre el déficit de personal del INPEC y
la afectación de las condiciones de habitabilidad de los privados de la
libertad y del personal de custodia y vigilancia.
Es claro, entonces, que “[e]l factor
humano en la gestión de las prisiones es determinante. El grado de respeto y
materialización de los derechos humanos de las personas privadas de libertad
está correlacionado positivamente con la calidad del servicio penitenciario”[109].  Según
el Manual de Buena Práctica Penitenciaria, “[c]uando el Estado priva de [la]
libertad a una persona, asume el deber de cuidarla. El principal deber del
cuidado es mantener la seguridad de las personas privadas de su libertad, como
también proteger su bienestar”[110].
En esta línea argumentativa, la falta de funcionarios de custodia y vigilancia en
un centro de reclusión impacta negativamente en el cumplimiento del deber de
cuidado, y pone en riesgo no solo los derechos fundamentales a la vida y a la integridad
personal de los reclusos y de quienes se encuentran bajo medidas de prisión y
detención domiciliaria, sino que afecta el ejercicio de otros derechos, que,
como los anteriores, no se encuentran ni suspendidos ni restringidos (este
punto fue analizado en el considerando 3), por ejemplo, el derecho a la salud,
a la libertad de cultos, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad
humana, a la vida familiar y al acceso a la administración de justicia.  Asimismo,
claramente se dificulta el cumplimiento de las remisiones judiciales,
hospitalarias, médicas e intermunicipales que deban atenderse por parte del
INPEC[111].
Es importante, entonces, no perder de
vista que la población privada de la libertad se encuentra en una relación de especial
sujeción con el Estado, y el ejercicio de algunos de sus derechos depende
de la adecuada provisión del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, precisamente
porque es el órgano encargado de brindar seguridad, cuidar y permitir el
desplazamiento dentro y fuera de los establecimientos de reclusión. Así, el
Estado se encuentra en posición de garante respecto de las personas privadas de
la libertad y, en esta medida, reitera la Sala, es su entera responsabilidad el
cuidado de su vida, su integridad personal, su salud, así como procurarles las
condiciones mínimas de existencia digna[112].
La falta de funcionarios del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia, y de personal administrativo, agrava el estado de cosas
contrario al orden constitucional en que se encuentran los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del país.  Por ello, debe exigirse del Estado mayores
esfuerzos presupuestales, administrativos y logísticos destinados al aumento de
la planta de personal del INPEC, en un tiempo razonable. Estas medidas deben
ser tomadas con urgencia, pues, como lo señala el Estudio Técnico
INPEC 2015,
“[e]l trabajo en una prisión agota al personal.  Por un lado se espera que
mantengan un alto nivel de protección y seguridad, mientras por otro deben
recordar constantemente que los reclusos, tarde o temprano, se reintegrarán a
la sociedad. Las penitenciarías pueden ser un hervidero de tensión con
arranques de violencia de los presos que resisten su situación. Las víctimas
pueden ser tanto el personal como los reclusos”[113].
En razón de lo anterior, y en coherencia
con el problema jurídico estudiado en esta oportunidad, la Sala le ordenará al
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como
al INPEC y al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de
Itagüí, que en atención a las particularidades de dicho centro de reclusión y
las necesidades propias del servicio, realicen un estudio que determine la
relación óptima que debe existir entre (i) el personal del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia y la población de internos, y (ii) el personal
administrativo y la población de internos, descontando el porcentaje del
personal que se encuentra en vacaciones, licencias, permisos e incapacidades.  En
esta tarea también deberá tomarse en consideración la responsabilidad que tiene
el INPEC con las personas que se encuentran en prisión o detención domiciliaria.
Una vez se obtenga la relación óptima funcionarios/internos en el EPC La Paz,
procedan a proveer los cargos vacantes tanto del personal de custodia y
vigilancia como del personal administrativo en dicho establecimiento de
reclusión[114],
y gestionar la creación de los cargos necesarios para superar el déficit de
personal actualmente existente.  La elaboración del estudio deberá contar con
la participación del personal de custodia y vigilancia y el personal
administrativo del EPC La Paz y realizarse dentro de un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia.
El estudio acerca de la relación óptima
entre funcionarios/internos en el EPC La Paz es necesario si se tiene en cuenta
que, pese a la existencia de un parámetro internacional que habla de una
proporción ideal de un (1) funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia por
cuatro (4) internos[115],
debe establecerse esa relación óptima en el centro de reclusión en
concreto, pues cada establecimiento tiene sus particularidades tales como, los
puestos de servicio por establecimiento; la diferencia entre establecimientos
carcelarios y/o penitenciarios; de justicia y paz, de reclusión especial, complejos
penitenciarios; el esquema de seguridad (mediana, alta y máxima seguridad); la
capacidad de internos; los programas y proyectos; la infraestructura misma del
establecimiento donde en la actualidad se cuenta con estructuras de primera,
segunda y tercera generación, en las cuales el número de garitas, rejas, entre
otros elementos de seguridad, son diferentes de uno a otro. Este mismo razonamiento
puede aplicarse tratándose del personal administrativo. El estudio, entonces,
permitirá determinar el número de personal que se requiere y los puestos de
servicio en el EPC La Paz.
6.4. El incumplimiento de la jornada
máxima laboral.  El representante de la asociación accionante planteó el
incumplimiento de la jornada máxima laboral reglamentaria del personal de
custodia y vigilancia que presta sus servicios en el EPC La Paz, partiendo de
la consideración de que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC cumple
turnos rotativos de 24 x 24 horas.
En la respuesta suministrada por el INPEC,
se precisó que el EPC La Paz tiene un Régimen Interno establecido a través de
la Resolución No. 00167 del 15 de marzo de 2005, en cuyo artículo 91 se
establece que “[l]os miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia laborarán,
en turnos de 24 por 24 horas”.
La Sala comienza por señalar que la
jornada laboral de los funcionarios del INPEC obedece a reglas especiales, en
las que, a cambio de un turno extendido se les otorga un sobresueldo[116]. No le
corresponde en esta oportunidad pronunciarse sobre esta modalidad de trabajo,
pero sí debe advertir que si el Legislador crea una excepción a la jornada
máxima de trabajo, esta debe ser leída de forma restringida, y aplicada
rigurosamente.  El representante de la asociación accionante afirma que en la
actualidad la jornada laboral del personal de custodia y vigilancia es
incumplida.  Como las entidades demandadas guardaron silencio al respecto, conforme
al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[117],
existe una presunción de veracidad que la Sala no puede desconocer. Asimismo, la
regulación legal de la jornada de trabajo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y
el hacinamiento operan como elementos de juicio tendientes a confirmar su
posición.
Así las cosas, está comprobado que los
funcionarios del INPEC deben someterse a una jornada más exigente que el resto
de los trabajadores. Y, además, que su jornada es especialmente intensa por la
sobrecarga de trabajo que supone la desproporción entre internos y funcionarios
derivada del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios
del país.  En este orden de ideas, las circunstancias del caso en el EPC La Paz
hacen imprescindible la adopción de medidas para provisionar los cargos que se
encuentran vacantes en este centro de reclusión y gestionar los que se
requieran para alcanzar la relación óptima funcionarios/internos, tal como ya
fue ordenado.  Asimismo, la Sala exhortará al Director del EPC La Paz, en su
condición de jefe de gobierno interno, conforme al artículo 36 de la Ley 65 de
1993[118],
para que vele por el cumplimiento de la jornada laboral del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia establecida en el Reglamento Interno del centro de reclusión, en
coherencia con las directrices impartidas por la Dirección General del INPEC y
el Departamento Administrativo de la Función Pública.
6.5. Las inadecuadas condiciones de
seguridad del penal y de mantenimiento de las instalaciones.  En relación
con el punto de las inadecuadas condiciones de seguridad del penal y de
mantenimiento de las instalaciones (infraestructura y redes eléctricas, de
acueducto y alcantarillado), la Sala cuenta con las afirmaciones realizadas por
el representante de la asociación accionante, ampliamente referidas en los
antecedentes de la presente sentencia, que no fueron desmentidas por las
entidades accionadas.
Una vez más, los datos objetivos sobre el hacinamiento
del EPC La Paz y la desproporción entre el Cuerpo de Custodia y Vigilancia y
los internos, permiten inferir la existencia de una amenaza a la seguridad de
los funcionarios, los internos y los visitantes. Materialmente, resulta
imposible que una persona tenga la obligación de velar por siete (7) o más
internos[119],
en un contexto de condiciones de vida difíciles y, por lo tanto, potencialmente
generador de conflictos.  El bajo número de personal de custodia y vigilancia
no solo preocupa por la imposibilidad para controlar esos conflictos, sino
también por la necesidad de que el trabajo sea desarrollado en condiciones de
dignidad y respeto hacia las personas privadas de la libertad.
Conforme con lo señalado en el artículo 92
del Acuerdo 0011 de 1995, “por el cual se expide el Reglamento General al
cual se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios”, es responsabilidad de todo director velar
por la seguridad física de las instalaciones a su cargo. Así, el artículo 94 ibíd.,
prevé la realización y revisión de estudios de seguridad una vez al año[120].  En
este orden de ideas, la Sala exhortará al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, para que realice o actualice el
Estudio de Seguridad en dicho centro de reclusión, y gestione su implementación.
En lo referente con el mantenimiento de
las instalaciones del centro de reclusión y los problemas señalados en materia
de infraestructura y redes eléctricas de acueducto y alcantarillado, la USPEC
planteó que “[e]n particular, en el EPAMS CAS Itagüí, de acuerdo con la
información suministrada por la Dirección de infraestructura, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, tiene asignado un presupuesto estimado
de $983.681.772, para contratar el mantenimiento general en el establecimiento”.
De forma tal, que “en asocio con el INPEC, ha verificado las condiciones de habitabilidad
de los internos del establecimiento de Itagüí, como lo pretende el actor y a
partir de ello han adelantado las intervenciones más urgentes en materia de
infraestructura que puedan atenderse con el limitado presupuesto asignado”[121].  Sin
embargo, la Unidad no entrega información detallada que le permita a la Sala
identificar los aspectos problemáticos detectados y las intervenciones
realizadas.
Teniendo en cuenta
que es obligación del Estado disponer de centros de
reclusión que cuenten con una infraestructura adecuada que cumpla con los estándares nacionales e internacionales[122]
para ser habitados por la población que se encuentra privada de la libertad y
los funcionarios del INPEC, que ofrezca acceso a servicios públicos
básicos,
y que no atente contra la vida, la integridad física o la salud de los internos,
los funcionarios y los visitantes; la Sala le ordenará al IMPEC, a la USPEC y
al Director del EPC La Paz, que verifiquen las condiciones de habitabilidad,
sanitarias y de funcionamiento de las instalaciones del centro de reclusión;
elaboren un plan de refacción, mantenimiento y adecuación que establezca una
gradación que priorice el cubrimiento de las necesidades más urgentes, y
gestionen los recursos presupuestales requeridos. Las actividades descritas en
la presente orden deberán contar con la participación del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí y
realizarse dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia.
6.6. La escasez en la dotación de
elementos y la falta de re-entrenamiento del personal de custodia y vigilancia
en técnicas penitenciarias y carcelarias.  El escrito de tutela planteó la
escasez de elementos
como vehículos, armamento, chalecos, escáner, detectores de metales, gases y
equipos antimotines, entre otros, además de la falta de capacitación y re-entrenamiento
del personal de custodia y vigilancia en técnicas penitenciarias y carcelarias, necesarios
para garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales de custodia y
vigilancia por parte de los funcionarios, y proteger la vida y la integridad personal
del personal privado de la libertad, el personal del INPEC y los visitantes en
el EPC La Paz.
En relación con la escasez en la dotación
de elementos, la Sala observa que el INPEC y la USPEC han realizado esfuerzos
para la adquisición de bienes tales como circuito cerrado de televisión (CCTV),
equipos de detección de elementos prohibidos, tecnología para audiencias
virtuales, bloqueadores, chalecos antibala, aspersores pimienta, municiones y
cartuchos. Y en este sentido, obra respuesta de la USPEC[123]. Lo que no logra
determinarse con la información disponible es, de ese universo de bienes que el
INPEC incluyó dentro del plan de necesidades para la vigencia 2014[124] y la
USPEC adquirió atendiendo al presupuesto asignado[125], qué bienes le fueron
suministrados al EPC La Paz y si se han realizado nuevos requerimientos,
adquisiciones y provisiones para la dotación de los elementos faltantes en
dicho centro de reclusión. Con respecto a la falta de capacitación y
re-entrenamiento del personal de custodia y vigilancia en técnicas
penitenciarias y carcelarias, nada indican las respuestas de las instituciones
accionadas, por lo tanto la Sala cuenta con las afirmaciones realizadas en la
demanda que no fueron controvertidas.
El artículo 44 de la Ley 65 de 1993, señala
los deberes de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional y, entre muchos otros, establece el deber de custodiar y vigilar
constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, y en
las remisiones judiciales, hospitalarias, médicas e intermunicipales[126]. Esta
labor requiere de altas exigencias físicas, las cuales demandan, entre otras,
un rol permanente de supervisión correccional, dirigido a imponer la garantía
del orden, la seguridad, la disciplina y la vigilancia de los internos, no solo
en los centros de reclusión, sino también durante su traslado por remisiones
locales e intermunicipales.
Llama la atención de la Sala la forma en
que se están cumpliendo los deberes de custodia y vigilancia en el EPC La Paz,
si no se cuenta con la dotación adecuada de vehículos y elementos de
intendencia, ni con la capacitación y el re-entrenamiento del personal en
técnicas penitenciarias y carcelarias, máxime si se tiene en consideración que
la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y
cuidado, que exige que el personal, en el curso de su carrera, mantenga y
mejore sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de
perfeccionamiento que deben ser programados periódicamente, y cuente con un entrenamiento
físico especial permanente para el cumplimiento efectivo de las tareas de
seguridad y vigilancia.  Esta situación, que puede poner en riesgo derechos
fundamentales como la vida y la integridad personal de los internos, los
funcionarios y los visitantes del establecimiento, como de los detenidos y
condenados que se encuentran en prisión y detención domiciliaria, debe ser
examinada con sumo cuidado por el Director del EPC La Paz, el INPEC y la USPEC
en atención a las funciones que les corresponde[127].
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala le
ordenará al Director del EPC La Paz, al INPEC y la USPEC que determinen las
necesidades en materia de bienes y servicios, incluidos los cursos y
capacitaciones del personal, requeridos en el EPC La Paz para el cumplimiento
de sus objetivos y funciones; desarrollen e implementen planes y proyectos en
materia logística para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios en el centro de reclusión, y adelanten las gestiones
necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición y suministro. Las
actividades descritas en la presente orden deberán contar con la participación
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
La Paz de Itagüí y realizarse dentro de un plazo de tres (3) meses contados a
partir de la notificación de esta sentencia.
6.7. La desatención de la ARL Positiva
Compañía de Seguros S.A. en lo que tiene que ver con la realización de
programas de promoción de salud ocupacional y prevención de riesgos laborales.
En relación con la queja planteada frente a la ausencia de la ARL a la que se
encuentran afiliados los funcionarios del EPC La Paz, en la realización de
actividades de promoción y prevención en salud ocupacional, y teniendo presente
la respuesta suministrada por la administradora accionada, en donde se da
cuenta de algunos ejercicios de salud ocupacional adelantados entre los años
dos mil trece (2013) y dos mil catorce (2014)[128]; la Sala encuentra razonable
ordenar a la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., que elabore y ponga en
ejecución un plan de capacitación, concertado con el personal de custodia y vigilancia
y el personal administrativo del EPC La Paz, que incremente la frecuencia de
las actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos en el trabajo,
fomento de estilos de vida y trabajo saludable y autocuidado.  Lo anterior,
porque conforme con el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003[129], la actividad del
personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de
reclusión carcelaria del INPEC, se considera una actividad de alto riesgo para
la salud de los trabajadores. Estas acciones se harán extensivas al personal
administrativo que labora en el EPC La Paz.
7. Decisiones y órdenes a tomar
7.1. La Corte Constitucional ha señalado
que la situación fáctica de los establecimientos penitenciarios y carcelarios
del país es incompatible con el Estado constitucional de derecho, es decir, con
la vigencia y goce efectivo de los derechos fundamentales y, por lo tanto, con
la dignidad humana.
Este dictamen se presentó por primera vez
en el año 1998, y su permanencia ha sido constatada en un amplio número de
sentencias de revisión de tutelas presentadas por personas privadas de la
libertad, y afectadas en el ejercicio de sus derechos constitucionales
fundamentales. La situación fáctica de los establecimientos penitenciarios y carcelarios
constituye un serio desafío para el Estado social de derecho que proclamó el
Constituyente de 1991, en tanto involucra una violación masiva de derechos a un
número amplio de personas que, además, se encuentran a cargo del Estado, dadas
las características de la detención preventiva y la pena de prisión.
El primero de los elementos de hecho que
llevó a la configuración del estado de cosas descrito fue el hacinamiento que,
en el caso concreto, es también la fuente principal de las demás afectaciones a
los derechos constitucionales fundamentales que denuncia el representante de la
asociación accionante.  Este proceso, sin embargo, presenta una dimensión del
problema penitenciario que solo ha sido abordada marginalmente por la
jurisprudencia constitucional. No se trata en esta oportunidad de la situación
de los reclusos, sino de las condiciones en que los funcionarios del EPC La Paz,
incluido el Cuerpo de Custodia y Vigilancia, ejercen su trabajo.
Es un hecho objetivo que en el EPC La Paz la
proporción de funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en relación con
los internos es de uno (1) a siete (7), sin tener en cuenta el porcentaje de
los funcionarios
que se encuentran en vacaciones, licencia, permiso o incapacitados. Esta situación
implica una sobrecarga laboral evidente, y una amenaza latente para diversos
derechos fundamentales. La salud del personal de custodia y vigilancia está en
constante peligro por el estrés laboral y la ausencia de actividades asociadas
a la promoción y prevención en salud ocupacional; no existen suficientes
garantías para la seguridad del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, del personal administrativo,
de los internos y los visitantes, pues, de una parte, las propias condiciones
de hacinamiento propician los conflictos entre los internos y, de otra parte, resulta
fácticamente imposible para los funcionarios asegurar el control de una
población carcelaria que los excede en más de un setecientos veintinueve (729%).
La situación, entonces, repercute negativamente en las garantías mínimas del
derecho al trabajo y, específicamente, en la extensión o en la intensidad de la
jornada laboral.  Preocupa, además, en la red de derechos y deberes que se
tejen entre el Estado, sus funcionarios y los internos, las consecuencias que
la situación descrita genere en la calidad del trabajo desempeñado por el
personal de vigilancia y custodia del EPC La Paz, especialmente, en lo que
respecta a su deber de prodigar un trato digno y decente a todos los internos.
La Sala debe insistir en que los centros
penitenciarios y carcelarios son instituciones fundadas en la justicia y el
derecho; en ellos deben gobernar los principios y valores del orden
constitucional vigente, de lo contrario podrán ser denominados de manera
diferente, pero nunca establecimientos  penitenciarios y carcelarios.  En un
Estado social y democrático de derecho un centro de reclusión que no viva de
acuerdo con el derecho pierde su condición de tal.  En la relación jurídica que
se crea entre el Estado, los funcionarios y los internos existen derechos y
deberes de obligatorio respeto y cumplimiento. Por ello, la subsistencia del
estado de cosas contrario al orden constitucional, que vulnera y amenaza
derechos fundamentales de las personas que habitan los centros de reclusión del
país, incluidos los funcionarios del INPEC, involucra al Estado con el diseño y
ejecución de políticas, planes, programas y metas orientados a su superación. En
coherencia con lo anterior, la Corporación debe actuar de cara a la realidad
que se vive en las cárceles y penitenciarias del país por parte del personal de
custodia y vigilancia y el personal administrativo del INPEC, y debe adoptar
medidas que, de conformidad con lo expuesto, protejan adecuadamente los
derechos constitucionales fundamentales que encuentre vulnerados o amenazados.
Para lograr este propósito, el remedio judicial incluirá una orden concreta
para que se inicie el proceso de provisión de cargos en el EPC La Paz, y un
conjunto de órdenes y exhortos destinadas a que se hagan efectivas las
garantías y derechos laborales de los funcionarios del cuerpo de custodia y
vigilancia y del personal administrativo que trabajan en el lugar.
Debe la Sala señalar, por último, que el
juez de primera instancia confunde la posibilidad de que los trabajadores
obtengan beneficios laborales superiores a los que prevé la Constitución y la ley,
mediante el ejercicio de los derechos de asociación, negociación y huelga, con
el respeto absoluto por las condiciones de trabajo y los derechos y principios
mínimos definidos en la Carta Política y las leyes laborales.  No puede
diferirse al escenario de la negociación lo que es ya un derecho o una garantía
inmanente al trabajo en un orden jurídico como el delineado por la Carta de
1991.
7.2. En el caso concreto, puesto en
conocimiento por el representante de la Asociación
Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano –UTP–, Seccional Itagüí, la Sala pudo comprobar la vulneración del
derecho al trabajo en condiciones dignas y justas de los funcionarios del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí.  En razón de ello,
revocará la sentencia del cinco (05) de agosto de dos mil catorce (2014)
proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, que negó por improcedente la acción de tutela, para, en su lugar,
amparar dicho derecho fundamental.
7.3. Además de lo anterior, proferirá las
siguientes medidas orientadas a morigerar las condiciones laborales que se ven
en la obligación de soportar los funcionarios del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario La Paz del municipio de Itagüí, Antioquia, incluido el personal de
custodia y vigilancia y el personal administrativo.
7.3.1. Ordenar al Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como al INPEC y al
Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, que
en atención a las particularidades de dicho centro de reclusión y las
necesidades propias del servicio, realicen un estudio que determine la relación
óptima que debe existir entre (i) el personal del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia y la población de internos, y (ii) el personal administrativo
y la población de internos, descontando el porcentaje del personal que se
encuentra en vacaciones, licencias, permisos e incapacidades. En esta tarea
también deberá tomarse en consideración la responsabilidad que tiene el INPEC
con las personas que se encuentran en prisión o detención domiciliaria.  Una
vez se obtenga la relación óptima funcionarios/internos en el EPC La Paz,
procedan a proveer los cargos vacantes tanto del personal de custodia y
vigilancia como del personal administrativo en dicho establecimiento de
reclusión[130],
y gestionar la creación de los cargos necesarios para superar el déficit de personal
actualmente existente. La elaboración del estudio deberá contar con la
participación del personal de custodia y vigilancia y el personal
administrativo del EPC La Paz y realizarse dentro de un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia.
7.3.2. Exhortar al Director del EPC La
Paz, en su condición de jefe de gobierno interno, para que vele por el
cumplimiento de la jornada laboral del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
establecida en el Reglamento Interno del centro de reclusión, en coherencia con
las directrices impartidas por la Dirección General del INPEC y el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
7.3.3. Exhortar al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, para que realice o
actualice el Estudio de Seguridad en dicho centro de reclusión, y gestione su
implementación.
7.3.4. Ordenar al
IMPEC, a la USPEC y al Director del EPC La Paz, que verifiquen las condiciones
de habitabilidad, sanitarias y de funcionamiento de las instalaciones del
centro de reclusión; elaboren un plan de refacción, mantenimiento y adecuación
que establezca una gradación que priorice el cubrimiento de las necesidades más
urgentes, y gestionen los recursos presupuestales requeridos. Las actividades
descritas en la presente orden deberán contar con la participación del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del EPC La Paz y realizarse dentro de un plazo de tres
(3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
7.3.5. Ordenar al Director del EPC La Paz,
al INPEC y la USPEC que determinen las necesidades en materia de
bienes y servicios, incluidos los cursos y capacitaciones del personal,
requeridos en el EPC La Paz para el cumplimiento de sus objetivos y funciones; desarrollen e
implementen planes y proyectos en materia logística para el adecuado
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios en el centro de
reclusión, y adelanten las gestiones necesarias para la ejecución de los
proyectos de adquisición y suministro.  Las actividades descritas en la
presente orden deberán contar con la participación del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del EPC La Paz y realizarse dentro de un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia.
7.3.6. Ordenar a la ARL Positiva Compañía
de Seguros S.A., que elabore y ponga en ejecución un plan de capacitación,
concertado con el personal de custodia y vigilancia y el personal
administrativo del EPC La Paz, que incremente la frecuencia de las actividades
de promoción de la salud, prevención de riesgos en el trabajo, fomento de
estilos de vida y trabajo saludable y autocuidado en el centro de reclusión.
La elaboración del plan de capacitación deberá realizarse dentro de un plazo de
tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
7.3.7. Las órdenes impartidas en esta
sentencia deben aplicarse de manera coordinada y consistente con el orden
constitucional vigente y con el resto del ordenamiento jurídico. Podrán ser
ajustadas teniendo en cuenta los planes y medidas adoptadas por las autoridades
competentes en orden a superar el estado de cosas inconstitucional en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios colombianos, siempre y cuando se trate de ajustes que
aseguren el cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales violados, de
igual forma que las órdenes impartidas en esta sentencia.  En cualquier caso,
toda modificación o alteración de las órdenes dadas en esta sentencia, con el
objeto de garantizar la efectividad de los derechos tutelados, deberá ser
comunicada previamente a esta Sala de Revisión, al juez de primera instancia y
a las demás partes del proceso.
7.3.8. Comunicar la presente sentencia a
la Personería Municipal de Itagüí, la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia
y la Procuraduría General de la Nación Regional Antioquia, para que en el marco
de sus atribuciones constitucionales y legales, realicen el acompañamiento en
el cumplimiento del presente fallo.
8.
Conclusión
Las actuales condiciones laborales que
están obligados a soportar los funcionarios del EPC La Paz, vulneran su derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas. La Sala considera que es
necesario adoptar medidas para (i) superar la escasez de funcionarios,
tanto del personal de custodia y vigilancia como del personal administrativo,
en relación con las actuales condiciones de hacinamiento del EPC La Paz; (ii)
garantizar el cumplimiento de la jornada máxima laboral del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia; (iii) mejorar las condiciones de seguridad del penal y de
mantenimiento de sus instalaciones; (iv) dotar el centro de reclusión
con los bienes y elementos de intendencia necesarios para garantizar la
seguridad de los internos, los funcionarios y los visitantes, y brindar
capacitación y re-entrenamiento al personal de custodia y vigilancia, y (v)
mejorar la atención de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. en lo que tiene
que ver con el incremento de las actividades de promoción de salud ocupacional
y prevención de riesgos laborales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- RECHAZAR la petición relacionada con la declaratoria de la persistencia del
estado de cosas inconstitucional al interior del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario La Paz de Itagüí, conforme a la sentencia T-153 de 1998, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
Segundo.- REVOCAR la
sentencia del cinco (05) de agosto de dos mil catorce (2014) proferida por la
Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que negó
por improcedente la acción de tutela. En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental
al trabajo en condiciones dignas y justas de los funcionarios del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, por las razones
expuestas en esta providencia.
Tercero.- ORDENAR al
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como
al INPEC y al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de
Itagüí, que en atención a las particularidades de dicho centro de reclusión y
las necesidades propias del servicio, realicen un estudio que determine la
relación óptima que debe existir entre (i) el personal del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia y la población de internos, y (ii) el personal
administrativo y la población de internos, descontando el porcentaje del
personal que se encuentra en vacaciones, licencias, permisos e incapacidades. En
esta tarea también deberá tomarse en consideración la responsabilidad que tiene
el INPEC con las personas que se encuentran en prisión o detención
domiciliaria.  Una vez se obtenga la relación óptima funcionarios/internos en
el EPC La Paz, procedan a proveer los cargos vacantes tanto del personal de
custodia y vigilancia como del personal administrativo en dicho establecimiento
de reclusión[131],
y gestionar la creación de los cargos necesarios para superar el déficit de
personal actualmente existente.  La elaboración del estudio deberá contar con
la participación del personal de custodia y vigilancia y el personal
administrativo del EPC La Paz y realizarse dentro de un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia.
Cuarto.- EXHORTAR al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, en su condición de
jefe de gobierno interno, para que vele por el cumplimiento de la jornada
laboral del Cuerpo de Custodia y Vigilancia establecida en el Reglamento
Interno del centro de reclusión, en coherencia con las directrices impartidas
por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC– y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Quinto.- EXHORTAR al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, para que realice o
actualice el Estudio de Seguridad en dicho centro de reclusión, y gestione su
implementación.
Sexto.- ORDENAR al  Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– y al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, que verifiquen las condiciones de
habitabilidad, sanitarias y de funcionamiento de las instalaciones del centro
de reclusión; elaboren un plan de refacción, mantenimiento y adecuación que
establezca una gradación que priorice el cubrimiento de las necesidades más
urgentes, y gestionen los recursos presupuestales requeridos. Las actividades
descritas en la presente orden deberán contar con la participación del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz
de Itagüí y realizarse dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir
de la notificación de esta sentencia.
Séptimo.- ORDENAR al Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí, al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC–, a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC–, que determinen las
necesidades en materia de bienes y servicios, incluidos los cursos y
capacitaciones del personal, requeridos en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario La Paz de Itagüí para el cumplimiento de sus
objetivos y funciones; desarrollen e implementen planes y proyectos en
materia logística para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios en el centro de reclusión, y adelanten las
gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición y
suministro. Las actividades descritas en la presente orden deberán contar con
la participación del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí y realizarse dentro de un plazo de
tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
Octavo.- ORDENAR a la ARL Positiva
Compañía de Seguros S.A., que elabore y ponga en ejecución un plan de
capacitación, concertado con el personal de custodia y vigilancia y el personal
administrativo del EPC La Paz, que incremente la frecuencia de las actividades
de promoción de la salud, prevención de riesgos en el trabajo, fomento de
estilos de vida y trabajo saludable y autocuidado en el centro de reclusión.
La elaboración del plan de capacitación deberá realizarse dentro de un plazo de
tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
Noveno.- Las órdenes
impartidas en esta sentencia deben aplicarse de manera coordinada y consistente
con el orden constitucional vigente y con el resto del ordenamiento jurídico.
Podrán ser ajustadas teniendo en cuenta los planes y medidas adoptadas por las
autoridades competentes en orden a superar el estado de cosas inconstitucional
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios colombianos, siempre y
cuando se trate de ajustes que aseguren el cumplimiento efectivo de los
derechos constitucionales violados, de igual forma que las órdenes impartidas
en esta sentencia.  En cualquier caso, toda modificación o alteración de las
órdenes dadas en esta sentencia, con el objeto de garantizar la efectividad de
los derechos tutelados, deberá ser comunicada previamente a esta Sala de
Revisión, al juez de primera instancia y a las demás partes del proceso.
Décimo.- COMUNICAR la presente
sentencia a la Personería Municipal de Itagüí, la Defensoría del Pueblo
Regional Antioquia y la Procuraduría General de la Nación Regional Antioquia,
para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, realicen
el acompañamiento en el cumplimiento del presente fallo.  Asimismo, a la
Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y
Carcelario Colombiano –UTP–, quien coadyuvó la presente acción de tutela.
Décimo primero.- LÍBRESE por Secretaría
General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, publíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANDRÉS MUTIS
VANEGAS
Secretario General
(E)
[1] Conformada
por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Luis Ernesto Vargas Silva.
[2] A folios 34 y 35 del
cuaderno principal obra constancia de depósito de los cambios de la junta
subdirectiva de la seccional Itagüí de la organización sindical Asociación
Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano “UTP”, del cuatro (04) de mayo de dos mil trece (2013), suscrita por
la inspectora de trabajo de la Dirección Territorial del Antioquia del
Ministerio del Trabajo.  En dicho documento aparece en el cargo de presidente
Jhonnier Cifuentes Quintana, identificado con la cédula de ciudadanía 9.856.789.
En adelante, los folios a que se haga referencia corresponderán al cuaderno
principal a menos que se señale otra cosa.
[3] Folio
15.
[4] La
demanda de tutela obra a folios 1 al 18.
[5] A folio
22 obra certificado expedido por el Jefe de Talento Humano y el Comandante de
Vigilancia del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, de Itagüí,
del dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014), en donde se lee: “[…] en
la actualidad laboran en este establecimiento Carcelario un total de ciento
treinta (130) Unidades de Cuerpo de Custodia y Vigilancia y diecisiete (17)
funcionarios administrativos”.  En el primer ítem se discrimina: capitán (01),
teniente (01), inspector jefe (02), inspector (06), distinguido (01),
dragoneante (117) y auxiliar bachiller (02).  En el segundo ítem se discrimina:
psicólogo (01), trabajador social (02), odontólogo medio tiempo (02), médico
medio tiempo (01), enfermera (01), pagador (01) y auxiliar administrativo (09).
Se aporta con el escrito de tutela el oficio 501-EPC LA PAZ COV-003644 del ocho
(08) de julio de dos mil catorce (2014), suscrito por el Director del EPC La
Paz y dirigido al Presidente de la –UTP–, Seccional Itagüí,
Jhonnier Cifuentes Quintana, en donde se lee: “De manera atenta y dando
respuesta a su solicitud, me permito informarle que por parte del Comando de
Vigilancia se realizó un estudio frente a las necesidades de personal que tiene
el Establecimiento, lográndose establecer que para un óptimo funcionamiento y
normal desarrollo de las actividades se debe contar con un total de 376
unidades para lo cual se anexa copia del cuadro que fue presentado por el
Comando de Vigilancia. || De igual forma para el funcionamiento de la parte
administrativa se requiere de 24 funcionarios para las áreas de reinserción,
jurídica, sistemas y administrativa, para lo cual se anexa el cuadro de
personal requerido” (folio 23).
[6] A folio
20 obra un informe del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, del
veinte (20) de julio de dos mil catorce (2014), que confirma los datos.
[7] A folio
19 obra un certificado expedido por el Director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario La Paz, del veintiuno (21) de julio de dos mil
catorce (2014), en donde se lee que en la actualidad y de acuerdo a la
infraestructura del establecimiento, tiene capacidad para albergar trescientos
veintiocho (328) internos.
[8] A folio
21 aparece un cuadro demostrativo de hacinamiento del EPC La Paz, discriminado
por patios, en donde se refiere una capacidad real de trescientos veintiocho
(328) internos y una cantidad de internos por pabellón de novecientos cuarenta
y ocho (948), para un porcentaje de hacinamiento de ciento ochenta y nueve por
ciento (189%).  El documento está suscrito por el Director del EPC La Paz.
[9] A folio
20 obra un informe del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, del
veinte (20) de julio de dos mil catorce (2014), que confirma los datos.
[10] Folio
3.
[11] Folio
4.
[12] En el certificado
expedido por el jefe de talento humano y el comandante de vigilancia del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, de Itagüí, del dieciocho
(18) de junio de dos mil catorce (2014), se informa que el centro cuenta con un
(1) psicólogo y dos (2) trabajadores sociales (folio 22).
[13] Esta
situación fue puesta de presente por el Inspector Jhonnier Cifuentes Quintana
en comunicación enviada el diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014) al
Director General del INPEC, Saúl Torres Mojica, bajo el asunto: “SOS EPC LA
PAZ”  (folios 26 al 29).
[14] Folio
3. Los hechos fueron informados por el Inspector Jhonnier Cifuentes Quintana al
Director General del INPEC, en la comunicación del diecinueve (19) de mayo de
dos mil catorce (2014), anteriormente referida (folios 26 al 29).  En esta
oportunidad solicitó: “1. Se dé estricto cumplimiento al artículo 37 de la Ley
1709 de 2014, el cual modifica el artículo 34 de la Ley 65 de 1993, [acerca de
los medios mínimos materiales requeridos en un establecimiento de reclusión].
|| 2. Se asignen 80 unidades de guardia para este Establecimiento Penitenciario
y Carcelario.  Con el fin de darle cumplimiento a los protocolos de seguridad y
las órdenes impartidas por su despacho. || 3. Se requieren: 20 fusiles de
asalto. 20 pistolas 9 milímetros. 100 chalecos antibala. 50 pares de esposas.
|| 4. Dado que los medios de comunicación en cualquier organización son
prioritarios.  Este establecimiento requiere de forma urgente 15 radios de
comunicación y una base de radio. || 5. Parque automotor requerido: un bus. Una
camioneta con platón para escoltar. Dos motos de alto cilindraje. || 6.
Personal administrativo que se necesita: 4 abogados. 3 psicólogos. 1 trabajador
social. 1 administrador de empresas. 1 contador. 1 ingeniero de sistemas. 1
ingeniero eléctrico. 1 pedagogo. 3 secretarías. || 7. Se cumpla con lo
estipulado en el Decreto 407 de 1994 [Por el cual se establece el régimen de
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario], Capítulo VII,
Bienestar Social y capacitación, artículo 67 “Programas de Bienestar Social”,
artículo 68 “Préstamos Educativos”, artículo 69 “Planes Vacacionales”, artículo
70 “Actividades Culturales”, y artículo 71 “Actividades Recreativas y
Deportivas”. || 8. Población interna: Se requiere trasladar internos para otros
establecimientos penitenciarios, con el fin de garantizar la habitabilidad. || […]
|| Con el fin de evitar eventos trágicos en el que se vean comprometidas vidas,
se requiere de forma urgente un mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura, las redes eléctricas, de acueducto y alcantarillado del
establecimiento Penitenciario y Carcelario LA PAZ”.  A folios 63 y 64 obra la
respuesta a la anterior petición, suscrita por el Director de Custodia y Vigilancia
del INPEC, del doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), en donde se
expresa: “[…] Para mejorar las condiciones de habitabilidad de acuerdo a la
demanda de cupos penitenciarios, el INPEC presentó a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios la propuesta de actualización del Plan de
Infraestructura 2011-2022 que prevé la construcción de nuevos cupos
penitenciarios y carcelarios, para el ERON de Itagüí se tiene incluido: || Plan
60.000 || Plan construcción mega proyectos, en el lote continu[o] al
Establecimiento. En plan ampliación habilitar 500 cupos. Plan mantenimiento en
la Infraestructura, sistema hidráulico y sanitario, Sistema Eléctrico, en los
Equipos de Bombeo, Plantas de Tratamiento PTAR y PTAP, Calderas, Rancho, Equipo
de Lavandería, Mantenimiento Planta Eléctrica, Cerramientos de Guayaba. Por un
valor aproximado de $300.000.000. || Igualmente se está implementando la
reforma del código penitenciario y carcelario mediante directiva transitoria 42
de 2013 ordenando a las áreas de jurídica el estudio de las hojas de vida del
personal de internos que cumplan con los requisitos para los subrogados
penales, Itagüí ha remitido 70 solicitudes a los jueces de ejecución de penas y
medidas de seguridad, con el fin de ayudar a la descongestión de los
establecimientos. || Sobre los temas de habitabilidad y salud del personal de
internos es de resorte de la Dirección de Atención y Tratamiento dependencia [a
la que será remitida] copia del Derecho de Petición para su correspondiente
respuesta. || [En relación con] el Cuerpo de Custodia y Vigilancia me permito
remitir el parte desde el 2012 al 2014 donde se refleja el refuerzo de personal
que se ha brindado al establecimiento de Itagüí, igualmente una vez se finalice
[la convocatoria] 315 de 2013 para remitir apoyo a los ERON. Así mismo se
remitieron 04 funcionarios administrativos”.  En el cuadro anunciado se observa
que en el año dos mil doce (2012) se contaba con ciento once (111) funcionarios
del cuerpo de custodia y vigilancia, en el dos mil trece (2013) aumentó a ciento
veintisiete (127) y en el dos mil catorce (2014) aumentó a ciento veintinueve (129).
[15] Folio
4.
[16] Folio
4.
[17] Folio
6.
[18] Folio
7.
[19] Folio
7.
[20] Folio
7.
[21] Folio
6.
[22] Folios
15 y 16.
[23] En
relación con los ítems hacinamiento versus infraestructura, precisó: “En
un análisis de crecimiento de la población carcelaria del país en la última
década, observamos que en enero de 2002, teníamos una población interna de 49.474
internos, y a 10 de agosto de 2012 tenemos una población carcelaria de 137.142
internos, lo cual indica que el crecimiento de la población interna en esta
última década fue de un 177%. || Frente al análisis del crecimiento
infraestructural carcelario, en la capacidad de cupos, observamos que en enero
de 2002 teníamos una capacidad de 42.465 cupos, 10 años después a fecha
10 de agosto de 2012, los cupos han aumentado a 75.676 lo que indica que
los cupos carcelarios crecieron en un 78%. || Al respecto concluyendo
que la población carcelaria creció en la última década en un 177% y los
cupos penitenciarios en sólo un 78%, lo que explica que a […] noviembre
de 2014, exista un hacinamiento del 56%.  La crisis no se agrava porque
hoy tenemos una población en detención y prisión domiciliaria de 32.000
internos. || […] || [Sin embargo, es] un craso error observar el total de
hacinamiento que ahora mismo se encuentra en un 56%, [pues este] análisis se
debe hacer de manera individual verificándose la capacidad real de cada
establecimiento…” (folio 16 del cuaderno de revisión).  En lo que hace
referencia a la “escasez de personal del cuerpo de custodia y vigilancia”,
señaló: “Igualmente presentamos un análisis comparativo, observando que
mientras la población penitenciaria creció en un 177% y la
infraestructura en un 78%, la planta de personal solo aumentó en un 29%.
|| Con el agravante que las cárceles de segunda y tercera generación,
construidas en esta última década, para poder operarlas demandan un pronunciado
aumento de personal de funcionarios en el sistema penitenciario. || Si hacemos
un análisis a los 15 establecimientos penitenciarios de segunda y tercera
generación, construidos en esta última década, observamos que tienen recluidos
un total de 38.835 internos en los cuales se encuentran asignados un
total de 5.439 funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, esto
es, el 30% de la población reclusa que se alojan en estos
establecimientos modernos de segunda y tercera generación están bajo la
custodia y vigilancia del 38% del personal del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia.  Este hecho debilita enormemente la seguridad de los
establecimientos de primera generación, casos de la Cárcel Modelo de Bogotá,
Bellavista en Medellín y Villahermosa en Cali, donde hay pabellones hasta de
2.000 internos custodiados por una o máximo dos unidades de guardia. || De esta
manera, se dificulta el cumplimiento de las actividades mínimas que garanticen
la seguridad, la resocialización y la asistencia básica integral de la
población reclusa…” (folio 23 del cuaderno de revisión).  En relación con la “regulación
de la jornada laboral”, el informe precisó: “Con respecto a la jornada
laboral actual de un funcionario penitenciario del cuerpo de custodia y
vigilancia que supera las 106 horas semanales y en algunos casos en
establecimientos donde no hay suficiente […] personal se duplica el turno para
los días de descanso, con la finalidad de darle cumplimiento a remisiones de internos
que son requeridos por las autoridades judiciales o para asistencia médica,
siendo totalmente inaceptable desde todo punto de vista humano y legal, además
con la ausencia total de bienestar de personal a grandes rasgos por 62 horas
semanales más de trabajo de las 44 normativamente hablando para los
funcionarios públicos para lo cual se reconoce un sobresueldo por el valor de
$503.269 mensuales... (folio 40 del cuaderno de revisión).
[24] Folio
15 del cuaderno de revisión.
[25] Folio
21 del cuaderno de revisión.
[26] Folio
36.
[27] La respuesta obra
a folios 42
al 52.
[28] Precisó
en el escrito que de conformidad con el Decreto 2897 de 2011, “Por el cual se
determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio
de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y
del Derecho”, a la Cartera Ministerial le corresponde formular, presentar e
impulsar proyectos de actos legislativos y de ley ante el Congreso de la
República, en materias penitenciaria y carcelaria (artículos 4, 6-1º, 16-1º y
2º y 18-1º, Decreto 2897).  Asimismo, orientar, coordinar y ejercer control
administrativo de las entidades adscritas y vinculadas a esta entidad (en
particular el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios), así como servir
de enlace permanente con las autoridades penitenciarias nacionales y territoriales,
y con las demás autoridades y entidades gubernamentales que participen en el
proceso de ejecución de la pena (artículos 16-8º y 18-6º ibíd.).  De igual
forma, es función del Ministerio realizar el seguimiento y evaluación del
impacto de las normas y directrices que regulan la operación y funcionamiento
del Sistema Penitenciario y Carcelario, así como efectuar el análisis normativo
y jurisprudencial de los temas relacionados con la política penitenciaria, con
el fin de adoptar las recomendaciones a que hubiere lugar en esta materia
(artículo 18-5 y 17 ibíd.).  Por último, le corresponde promover la revisión
anual de las condiciones de reclusión y de resocialización del sistema
penitenciario y proponer las recomendaciones orientadas al cumplimiento de la
finalidad de estos sistemas (folios 46 y 47).
[29] La respuesta obra
a folios 53
al 58.
[30] Precisó
que el INPEC regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la
ejecución de las penas privativas de la libertad personal y las medidas de
seguridad como lo ordena la Ley 65 de 1993, “por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario”.  Igualmente, por disposición legal presta un
servicio público esencial a cargo del Estado, cuya misión es mantener y
garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los programas de
resocialización en los establecimientos carcelarios, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Ley 407 de 1994.  A su vez, agregó que “el
hacinamiento en cárceles es consecuencia de la alta sobrepoblación reclusa que
supera las competencias institucionales del INPEC, toda vez que es una
problemática que ante todo compete al Estado en su conjunto. || Aunado a lo
anterior, es preciso señalar que el INPEC cuenta con 76.519 cupos carcelarios,
pero en la actualidad alberga 117.130 internos intramural y viene en constante
crecimiento a raíz de las nuevas leyes que reforman y modifican nuestro
ordenamiento penal e introducen cambios sustanciales en el sentido de
incrementar las conductas punibles y los casos de procedencia de la medida de
aseguramiento intramural, aspecto que desencadenó en el crecimiento de la
población reclusa y en consecuencia el hacinamiento”. Formuló la siguiente
pregunta: ¿Cuándo el ordenamiento jurídico impone al INPEC, la obligación de
mantener recluidos alrededor de 117.130 internos en establecimientos con cupo
para 76.519 personas, con una infraestructura deficiente para una
sobrepoblación tan alta; no se encuentra en una situación extrema? (folio 55,
reverso).  Finalmente, explicó que ante la grave situación de hacinamiento que
presentan los establecimientos carcelarios del país, se promulgó la Ley 1709 de
2014 que ofrece mecanismos para lograr disminuir la población carcelaria, lo
que se logra con la colaboración conjunta de los jueces de ejecución de penas y
medidas de seguridad, que “son los encargados de verificar quienes tienen
derecho a la libertad condicional, pena cumplida y subrogados, de acuerdo a la
documentación enviada por la oficina jurídica de los establecimientos” (folio
57 reverso).
[31] Sin
embargo, indicó que frente al déficit de funcionarios el INPEC ha realizado las
siguientes gestiones: (i) adelantó la convocatoria No. 131 de 2011, que
permitió el nombramiento en ascenso de 673 integrantes del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional en los distintos grados de las
categorías de oficiales y suboficiales, y la convocatoria No. 132 de 2012, que
permitió el nombramiento de 1740 dragoneantes; (ii) realizó el ascenso de grado
a 214 distinguidos (ver Resolución No. 1806 del cuatro (04) de junio de dos mil
catorce (2014) emanada de la Dirección General del INPEC (folios 58, reverso,
al 61, reverso); (iii) además informó que en la actualidad se encuentran en
proceso la convocatoria No. 315 de 2013, a través de la cual se busca cubrir
las vacantes existentes en el grado de dragoneantes, que de conformidad con el
artículo 20 del Acuerdo No. 502 de 2013 (folios 65 al 79, reverso), se estima
que el curso de varones culmine en el mes de febrero de 2015 y el de mujeres en
mayo del mismo año. Finalmente, (iv) indicó que se encuentra en proceso el
estudio de necesidades de personal en cada uno de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del orden nacional, con el objeto de proyectar el
incremento del número de uniformados ante el Consejo Nacional de Política Económica
y Social, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1709 de 2014, toda vez que
desde el 2010, mediante el Decreto 271, la planta de personal uniformado se
fijó en 12.848 unidades, época en la cual la población de internos ascendía a
104.789, y en la actualidad se aumentó 157.571 internos, mientras que la planta
de personal de servidores públicos del cuerpo de Custodia y Vigilancia ha
permanecido estática (folios 53, reverso, y 54).
[32] Folio 53,
reverso.
[33] Este
dato está sustentado en el informe “Planta total Cuerpo de Custodia y
Vigilancia”, realizado por el subdirector de cuerpo de custodia del INPEC el
primero (01) de agosto de dos mil catorce (2014), en donde se hace la siguiente
relación: cantidad, 12848; existencia, 12103, y vacantes, 745 (folios 62).
[34] Grupos Penitenciarios
Especiales.
[35] Folios
53, reverso, y 54.
[36] Señala
el texto normativo citado: “El director de cada centro de reclusión es el jefe
de gobierno interno. Responderá ante el Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario del funcionamiento y control del establecimiento a
su cargo. || Los empleados, los detenidos y condenados deben respeto y
obediencia al director, y estarán sometidos a las normas de este Código y a las
reglamentaciones que se dicten”.  A su vez, el artículo 52 de la Ley 65 de
1993, establece: “El INPEC expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán
los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de
reclusión…”; y el artículo 53, reza: “Cada centro de reclusión tendrá su propio
reglamento de régimen interno, expedido por el respectivo Director del centro
de reclusión y previa aprobación del Director del INPEC. Para este efecto el
Director deberá tener en cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y
las condiciones ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los
planes de defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno,
deberá ser aprobada por la Dirección del INPEC”.
[37] Dispone el
artículo 17 del Decreto 446 de 1994: “SOBRESUELDO. Los Directores,
Subdirectores y los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional, deberán laborar y estar disponibles durante todo el
tiempo que lo requieran las necesidades propias del servicio. Como contra
prestación tendrán una asignación mensual fija denominada sobre sueldo que constituye
factor de salario y que se pagará de acuerdo con lo establecido en los Decretos
1302 de 1978 y 447 de 1984, o en los que modifiquen o sustituyan”.
[38] Folio
54 y reverso.  Asimismo, señaló que la Dirección General del INPEC mediante
Circular No. 0126 de 1997, impartió instrucciones sobre el cumplimento de las
horas laborales del personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
Nacional, dirigida a los directores de los establecimientos carcelarios, por
medio de la cual los requiere para que hagan las coordinaciones pertinentes de
tal forma que las remisiones se realicen con el personal que se encuentre
disponible en cada turno, respetando que ningún funcionario labore más de 24
horas. Y complementó: “El Departamento Administrativo de la Función Pública, en
concepto del 28 de enero de 2002, respecto de la jornada de trabajo para el
personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, establece
que en atención al memorando del tres (3) de octubre de 1997, la Dirección
General del INPEC imparte instrucciones para que el personal no labore más
horas que correspondan al turno de servicio 24 horas, en razón de la naturaleza
del servicio que cumplen…” (folio 54, reverso).
[39] Folio
54, reverso. A folios 80 al 83 obran oficios dirigidos por el Director General
del INPEC a la Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, del cuatro (04) de marzo de dos mil catorce (2014) y del treinta
(30) de agosto de dos mil trece (2013), mediante los cuales se hace la
solicitud de equipos, bienes y la renovación de permisos para porte de armas.
Entre los elementos requeridos se enuncian: chalecos antibala, cartuchos de
gas, aspersores de gas pimienta, munición de diferentes calibres, vehículos,
equipos anti motín, equipos de comunicaciones, armamento, equipo de policía
judicial, y equipo militar y de seguridad (chalecos blindados, escudos
blindados, cascos y otros).
[40] La
respuesta obra a folios 83 al 85.
[41] De
conformidad con el artículo 4 del Decreto 4150 de 2011, “Por el cual se crea la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto
y estructura”, la unidad “tiene como objeto gestionar y operar el suministro de
bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo
logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC”.  Por su parte, de acuerdo al artículo 2,
numeral 16, del Decreto 4151 de 2011, “Por el cual se modifica la estructura
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras
disposiciones”, compete al INPEC “[d]eterminar las necesidades en materia de
infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones,
y requerir su suministro a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios,
SPC”.
[42] Folio
84.
[43] La
respuesta obra a folios 86 al 88.
[44] Folios
97 al 99.
[45] Con la respuesta
se anexa fotocopia de las constancias de intervención del catorce
(14) de noviembre y del veinte (20), veintiuno (21) y veintitrés (23) de agosto
de dos mil trece (2013) (folios 89 al 92); del veintitrés (23) de enero de dos
mil catorce (2014), con su respectiva acta (folios 93 al 96); y del nueve (09),
diez (10) y once (11) de junio de dos mil catorce (2014) (folios 100 al 105).
[46] MP María Eugenia
Gómez Velásquez, radicado 05-001-22-05-000-2014-00499-00 (folios 108
al 120).
[47] Explicó
el Tribunal: “[En] en presente caso, en el cual el accionante presenta reclamos
relacionados con la jornada laboral de los funcionarios, aumento de la planta
de personal de custodia, vigilancia y administrativos, dotación de equipos de
defensa y seguridad, como vehículos, armamento, chalecos, escáner, detectores
de metales, gases, equipos antimotines y capacitación; lo que se constituye en
últimas en pedimentos de tipo laboral, propios de los conflictos colectivos de
trabajo; encontrándonos con que los servidores afiliados a la Asociación
Sindical de Servidores del Sistema Penitenciario y Carcelario –UTP–,
actualmente cursan un proceso de negociación colectiva con el INPEC y el
Gobierno Nacional, en el marco de la Ley 1709 de 2014, donde se analizan temas
como: “…garantías sindicales y laborales, estabilidad laborales para los
compañeros administrativos vinculados en provisionalidad, nivelación,
reclasificación salarias, prestacional y pensional, fortalecimiento de la
planta de personal con incremento y reivindicaciones laborales…”; adicionalmente,
la organización sindical ha presentado pliego de solicitudes unificado, donde
reclama el cumplimiento de los artículos 35 y 106 de la precitada Ley,
pretendiendo el fortalecimiento del Sistema Penitenciario y Carcelario y la
reivindicación de condiciones laborales de todos los trabajadores del INPEC,
administrativos y Cuerpo de Custodia y Vigilancia, con las siguientes
solicitudes: “…Aumento del sobresueldo, reclasificación, nivelación salarial
y prestacional, ajuste de planta de personal de los empleados administrativos y
CCYV; estabilidad laboral amenazada para los empleados administrativos
provisionales por la Convocatoria 250 de 2012; reconocimiento de primas y
régimen especial de pensión para administrativos; modernización de las
instalaciones y dotación de elementos en la sede central y los ERON; dotación
de uniformes de acuerdo al manual de uniformes; protección a la mujer y la
maternidad, bienestar, educación y capacitación, política de traslados sin
disgregación familiar…”.  Por lo anterior, puede verse que los miembros de
la Asociación Sindical, cuentan con medios ordinarios para presentar los
reclamos esgrimidos en esta Tutela, los cuales están ejerciendo, encontrándose
en proceso de negociación con el Gobierno Nacional; sin que se advierta la inminencia
de un perjuicio irremediable, que haga necesaria la intervención de Juez
Constitucional en este asunto” (folio 117, reverso).
[48] Tal
como lo indicó en la sentencia T-815 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos).
[49] Folios
112, 113, 118 (reverso) y 119.
[50] Folio
15.
[51] MP
María Victoria Calle Correa.
[52] MP
Alberto Rojas Ríos.
[53] MP
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[54] En la
sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) se dio respuesta a unas
acciones de tutela acumuladas, interpuestas contra el INPEC y otros, por unos
reclusos de la Cárcel Nacional de Bellavista, Medellín, y la Cárcel Nacional La
Modelo, Bogotá, por estimar que las condiciones de hacinamiento que estaban
obligados a padecer en dichos centros carcelarios vulneraban sus derechos
humanos.  La Sala Tercera de Revisión resolvió declarar y notificar la
existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y
carcelario a las diferentes autoridades públicas; revocar las sentencias de
instancia y en su lugar tutelar los derechos de los accionantes, y, finalmente,
adoptar nueve órdenes adicionales dirigidas a las diferentes autoridades y
entidades encargadas del sistema penitenciario y carcelario, entre ellas, diseñar
un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar a los
reclusos condiciones de vida dignas en los penales, e implementarlo; un lugar
especial para los miembros de la fuerza pública; separar a los sindicados de
los condenados; investigar la falta de presencia de los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad en las cárceles de Bellavista, Medellín, y la
Modelo, Bogotá, y adoptar medidas de protección urgentes mientras se toman las
medidas de carácter estructural y permanente.
[55] Consideró la Sala
de Revisión que las consecuencias que produce el hacinamiento no eran
aceptables, y aún hoy no son aceptables, no solo por las condiciones
insalubres, de máxima incomodidad y de irrespeto a la intimidad y la dignidad
que conlleva, sino por la violencia y agresiones que tales circunstancias
generan. Al respecto señaló la sentencia: “[…] es claro que el hacinamiento
genera corrupción, extorsión y violencia, con lo cual se comprometen también
los derechos a la vida e integridad personal de los internos. En un lugar donde
la demanda por una habitación es mucho más alta que la oferta y donde la
guardia no está en capacidad de imponer el respeto a las normas establecidas,
sólo cabe esperar que se imponga la ley del más fuerte, con todas sus
consecuencias” (negrillas fuera de texto).
[56] En su momento la
Sala constató que bajo el orden constitucional vigente eran claros y perentorios
los mandatos jurídicos de protección para las personas privadas de la libertad,
pero que todo ello no era más que “letra muerta” puesto que era manifiesto y
evidente que en Colombia existía un estado de cosas contrario a la
Constitución. Sostuvo: “La existencia notoria de un estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario. ||  Con todo, las prescripciones
de los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de
los tratados y acuerdos internacionales citados y la misma jurisprudencia de la
Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las
condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la
dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y
la integridad personal, su derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a
decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de
resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación
descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que
las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y
corrupción”.
[57] Ver las
sentencias T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-815 de 2013 (MP
Alberto Rojas Ríos).
[58] Sobre el tema de
los derechos de los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-424 de 1992 (MP
Fabio Morón Díaz), T-522 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-596 de
1992 (MP Ciro Angarita Barón), T-219 de 1993 (MP Antonio Barrera Carbonell),
T-273 de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-388 de 1993 (MP Hernando Herrara
Vergara), T-437 de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-420 de 1994 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz) y T-705 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).  En la sentencia
T-133 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), la Sala Séptima de Revisión
afirmó que “derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la
dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso y el derecho de
petición, se mantienen incólumes y, por ende, no pueden ser limitados en medida
alguna”.
[59] Ver, entre otras,
las sentencias
T-424 de 1992 (MP
Fabio Morón Díaz),
T-596 de 1992 (Ciro Angarita Barón), T-023 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-274 de 2008 (MP Jaime Araujo Rentería) y T-511 de 2009 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[60] Sentencia T-511
de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[61] MP
María Victoria Calle Correa.
[62] Las cárceles de
Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín,
San Isidro de Popayán y la de Barrancabermeja.
[63] Págs.
12 y 13 de la sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[64] Pág. 408 de la sentencia
T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[65] Es
importante aclarar que mediante auto 041 de 2011 (MP María Victoria Calle
Correa), la Sala Primera de Revisión resolvió negar la solicitud de abrir un
incidente de desacato con ocasión de las órdenes impartidas en la sentencia
T-153 de 1998.  En esa oportunidad consideró que “los hechos a los cuales se
hace referencia ahora, no tienen la misma causa y dimensión de la situación
analizada por la Corte Constitucional en el año 1998”.
[66] Pág. 131 de la sentencia
T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).  Agregó: “En síntesis,
el Sistema penitenciario y carcelario se encuentra nuevamente en un estado de
cosas inconstitucional por cuanto (i) los derechos constitucionales de las
personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada;
(ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía, derivadas de tales
derechos, han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha
institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su
funcionamiento cotidiano; (iv) hay una ausencia notoria de medidas
legislativas, administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia;
(v) la solución de los problemas estructurales compromete la intervención de
varias entidades, que deben realizar acciones complejas y coordinadas; y,
finalmente, (vi) si todas las personas privadas de la libertad que se ven
enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran acciones de tutela (u otros
mecanismos de defensa de sus derechos), tal como lo hicieron los accionantes de
las tutelas acumuladas en esta oportunidad, el sistema judicial se
congestionaría aún más de lo que está ocurriendo” (pág. 140 ibíd.).
[67] MP.
Alberto Rojas Ríos.
[68] El fallo resolvió
la tutela interpuesta por unos reclusos contra el Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Bogotá La Picota y el INPEC, por considerar afectados sus
derechos fundamentales debido a la implementación de unas medidas restrictivas
en relación con las visitas.  La Sala Octava de Revisión, luego de conceder el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la intimidad, al agua,
a la salud, a la integridad física y psicológica, y al buen trato a favor de
los accionantes, entre otras medidas, ordenó al Ministerio de Hacienda, al
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de Planeación y
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– que en la vigencia
presupuestal subsiguiente a la notificación de la providencia, se realicen las
gestiones administrativas y apropiaciones presupuestales necesarias para
iniciar las obras de infraestructura requeridas con el fin de que las visitas
conyugales o íntimas se practiquen en condiciones dignas en el Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –COMEB PICOTA–.
[69] Ver
sentencia T-531 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[70] Folio
15.
[71] A folios 34 y 35 del
cuaderno principal obra constancia de depósito de los cambios de la junta
subdirectiva de la seccional Itagüí de la organización sindical Asociación
Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario
Colombiano “UTP”, del cuatro (04) de mayo de dos mil trece (2013), suscrita por
la inspectora de trabajo de la Dirección Territorial del Antioquia del
Ministerio del Trabajo.  En dicho documento aparece en el cargo de presidente
Jhonnier Cifuentes Quintana, identificado con la cédula de ciudadanía
9.856.789.
[72] MP.
María Victoria Calle Correa.
[73] Ver la
sentencia la sentencia SU-559 de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), a través
de la cual se reconocieron derechos laborales y prestacionales de los docentes.
[74] Sentencia T-388
de 2013 (MP. María
Victoria Calle Correa).
[75] Sobre
la extensión de los efectos de las sentencias de tutela proferidas por la Corte
Constitucional ver la sentencia SU-1023 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño).  La
Corporación en esa oportunidad le dio efectos inter comunis a su
decisión, tras constatar que “todos los pensionados pertenecen a una comunidad,
en situaciones de igualdad de participación, y con el fin de evitar entre ellos
desequilibrios injustificados”. Precisó: “hay eventos excepcionales en los
cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del
derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no
han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar
que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice
paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros
que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o
particular accionado”.  En la sentencia T-088 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) fueron  precisados los requisitos para dictar fallos con efectos inter
comunis, en los siguientes términos: “(i) que la protección de los derechos
fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar contra los
derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la
acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas
similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de fallo se cumplan fines
constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la
comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva”.
[76] Sentencia
T-213A de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[77] El
efecto inter comunis ha sido utilizado por diferentes salas de decisión
en materia de: protección especial a los pensionados en la sentencia SU-1023 de
2001 (MP Jaime Córdoba Triviño), y a la madre o al padre cabeza de familia en
las sentencias T-592 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería) y T-098 de 2009 (MP
Clara Inés Vargas Hernández); derecho a la seguridad social de los trabajadores
en la sentencia T-451 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez); libertad de
asociación sindical en la sentencia T-938 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla);
derecho a la educación en la sentencia T-698 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez); concurso público de méritos en la T-213A de 2011 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); derecho al saneamiento básico de
aguas residuales en la sentencia T-707 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva);
derecho a vivienda digna en las sentencias T-047 de 2011 (MP
María Victoria Calle Correa), T-284A de 2012 (MP María Victoria Calle Correa),
T-098 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo), T-047 de 2011 (MP María Victoria
Calle Correa), T-907 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa) y T-689 de 2013
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); derechos de las víctimas de desplazamiento
forzado en las sentencias T-946 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa),
SU-254 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-239 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa), T-370 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-465 de 2013
(MP Luis Ernesto Vargas Silva); derechos a la seguridad social y al mínimo
vital de usuarios del régimen de prima media en las sentencias T-441 de 2013
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-556 de 2013 (Luis Guillermo Guerrero
Pérez); derechos de personas afectadas por desastres naturales en las
sentencias T-648 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo) y T-696 de 2013 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otros aspectos.
[78] Consultar las
sentencias T-712 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yépez), T-972 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-222 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-580 de 2006
MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-304 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería),
T-595 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-059 de 2009 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-354 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-177 de 2011 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza  Martelo), entre otras.
[79] MP Clara Inés
Vargas Hernández.
[80] Respecto a la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, la Sala Octava de Revisión en
sentencia T-1222 de 2001 (MP Álvaro Tafur Galvis), señaló: “[…] el
desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela
implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de
los derechos fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario
y solo en caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se
pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o
cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es que el juez
constitucional está llamado a otorgar la protección invocada. Si no se dan
estas circunstancias, el juez constitucional no puede  intervenir”.  Cita
original de la sentencia.
[81] MP Jaime
Córdoba Triviño.
[82] Ver, entre otras,
las sentencias T-954 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra); T-1146 de 2005 (MP
Jaime Araujo Rentería); T-978 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-1017 de 2006
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra); T-262 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra);
T-889 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto); T-409 de 2008 (MP Jaime
Araujo Rentería); T-629 de 2008 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-147 de
2009 (Nilson Pinilla Pinilla); T-809 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez);
T-860 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); T-136 de 2010 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo); T-331 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), y T-660
de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). En dichas providencias la Corte
declaró la improcedencia de la acción de tutela por la no ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
[83] MP María Eugenia
Gómez Velásquez, radicado 05-001-22-05-000-2014-00499-00 (folios
108 al 120).
[84] Por medio de la
cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000,
de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.
[85] Explicó
el Tribunal: “[En] en presente caso, en el cual el accionante presenta reclamos
relacionados con la jornada laboral de los funcionarios, aumento de la planta
de personal de custodia, vigilancia y administrativos, dotación de equipos de
defensa y seguridad, como vehículos, armamento, chalecos, escáner, detectores
de metales, gases, equipos antimotines y capacitación; lo que se constituye en
últimas en pedimentos de tipo laboral, propios de los conflictos colectivos de
trabajo; encontrándonos con que los servidores afiliados a la Asociación
Sindical de Servidores del Sistema Penitenciario y Carcelario “UTP”,
actualmente cursan un proceso de negociación colectiva con el INPEC y el
Gobierno Nacional, en el marco de la Ley 1709 de 2014, donde se analizan temas
como: “…garantías sindicales y laborales, estabilidad laborales para los
compañeros administrativos vinculados en provisionalidad, nivelación,
reclasificación salarias, prestacional y pensional, fortalecimiento de la
planta de personal con incremento y reivindicaciones laborales…” (folio
117, reverso).
[86] Ver,
entre otras, las sentencias C-009 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell) y
C-1050 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[87] Señala
el inciso 1º del artículo 444 del Código Sustantivo del trabajo: “DECISION DE
LOS TRABAJADORES. Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990.
El nuevo texto es el siguiente: Concluida la etapa de arreglo directo sin que
las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los
trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus
diferencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramento”.
[88] En este punto, es
importante hacer una distinción entre el criterio probatorio y la fuente de
información, para efectos de aclarar que la introducción al expediente de una
prueba no aportada por las partes se hace porque es de público conocimiento
(criterio probatorio); y se sabe que es de público conocimiento, porque está
publicado en la página web de la asociación sindical, que es un medio de
información para el público en general, al cual tiene acceso cualquier persona
(fuente de información).
[89] El
comunicado está disponible en http://www.utpcolombia.org/Documentos/2015/Enero/Comunicado%20a%20la%20Opinion%20publica%20y%20servidores%20del%20INPEC.pdf (febrero
de 2015).
[90] Comunicado de las
organizaciones sindicales del INPEC del diez (10) de enero de dos mil quince
(2015).  Ibídem.
[91] Establecimientos
de Reclusión del Orden Nacional.
[92] El
comunicado está disponible en http://www.utpcolombia.org/Documentos/2015/Enero/COMUNICADO%20CUMPLIENDOLE_A_LOS_TRABAJADORES_DEL_INPEC.pdf (febrero
de 2015).  En dicho documento se encuentra anexo el Acuerdo No. 000001 del
quince (15) de enero de dos mil quince (2015), “Por el cual se efectúa una
modificación en el Presupuesto de Funcionamiento del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC– para la Vigencia Fiscal de 2015”,
emanado del Consejo Directivo del INPEC.
[93] Folio 22.
[94] A folio
20 obra un informe del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, del
veinte (20) de julio de dos mil catorce (2014), que confirma los datos.  No
obstante se trabaja con los datos suministrados por las partes, debe precisarse
que para el año 2015 la cifra de reclusos ha aumentado conforme a la
información que allegó a la Sala el Presidente Nacional de la UTP, en el
escrito de coadyuvancia de la presente acción de tutela, en donde se incluyen
las siguientes cifras en relación con el EPC La Paz de Itagüí, en el cuadro “Población de
internos en Establecimientos de Reclusión Regionales Enero 31 de 2015”
(folio 21 de cuaderno de revisión):
Capacidad real
Total población
Hacinamiento
Sindicados
Condenados
328
999
204,6%
261
738
[95] A folio
19 obra certificado expedido por el Director del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario La Paz, del veintiuno (21) de julio de dos mil catorce (2014), en
donde se lee que en la actualidad y de acuerdo a la infraestructura del
establecimiento, tiene capacidad para albergar trescientos veintiocho (328) internos.
[96] A folio
21 aparece un cuadro demostrativo de hacinamiento del EPC La Paz, discriminado
por patios, en donde se refiere una capacidad real de trescientos veintiocho
(328) internos y una cantidad de internos por pabellón de novecientos cuarenta
y ocho (948), para un porcentaje de hacinamiento de ciento ochenta y nueve por
ciento (189%).  El documento está suscrito por el Director del EPC La Paz, con
fecha del veinte (20) de julio de dos mil catorce. En la sentencia T-388 de
2013 (MP María Victoria Calle), se da cuenta de las siguientes cifras de
hacinamiento: “Riohacha, 326%; Cali, 230%; Medellín-Bellavista 227%; Santa
Marta 225%; Bogotá – La Picota, 201%; Armenia, 155%; Bogotá – La Modelo, 144%;
Bucaramanga, 141%; Montería, 116 %; Barranquilla, 114%; Itagüí, 114%;
Sincelejo, 111%, Pereira, 110%; Pasto, 109%; Quibdó, 109%; Manizales, 106%;
Leticia, 94%; Mocoa, 88%; Neiva, 85%; Arauca, 75%; Villavicencio, 72%; Bogotá –
Buen Pastor, 71%; Palmira, 58%; Cúcuta, 53%; Cartagena, 51%; Tunja, 49%.  El
Espectador. Hacinamiento y Muerte. Cárceles: “una olla de presión”, miércoles 7
de noviembre de 2012” (negrillas fuera de texto). A partir de esta información,
se puede concluir que el nivel de hacinamiento del EPC La Paz de Itagüí ha
aumentado un setenta y cinco por ciento (75%) en menos de dos (2) años, y sigue
en aumento.
[97] A folio
20 obra un informe del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, del
veinte (20) de julio de dos mil catorce (2014), que confirma los datos.
[98] Folio
23.
[99] La
respuesta obra a folios 42 al 52.
[100] Folio 53,
reverso.
[101] Este
dato está sustentado en el informe “Planta total Cuerpo de Custodia y
Vigilancia”, realizado por el subdirector de cuerpo de custodia del INPEC el
primero (01) de agosto de dos mil catorce (2014), en donde se hace la siguiente
relación: cantidad “12848”; existencia “12103” y vacantes “745” (folios 62).
[102] Grupos
Penitenciarios Especiales.
[103] Folio
53, reverso.
[104] Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.  Estudio Técnico INPEC 2015.
Propuesta de rediseño institucional. Versión digital disponible en http://www.utpcolombia.org/Documentos/2015/Enero/ESTUDIO%20TECNICO%20INPEC%202015.pdf (febrero
de 2015).
[105] Ibíd.,
pág. 255.  Esta relación de un (1) guardia por cada nueve (9) internos no es
absoluta, toda vez que en el mismo Estudio Técnico IMPEC 2015, luego de
realizar el estudio de cargas de trabajo de la planta de empleos actual con sus
correspondientes costos, se señala: “[…] se identificaron las necesidades de
personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, existiendo un déficit en la
planta de empleos ya que en la actualidad el promedio de funcionarios del
cuerpo de custodia es de (1) custodio por cada diecisiete internos, en tanto que
la relación que establecen los parámetros internacionales es de un (1)
funcionario por cuatro (4) internos, en cumplimiento de las necesidades
institucionales se estipula un requerimiento de nueve mil setecientos ochenta y
tres (9.782) unidades de guardia, adicionales, para satisfacer la demanda del
servicio público que presta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC–” (ibíd., págs. 300-301).
[106] Ibíd.,
pág. 260.  El informe aclara que “[l]a necesidad de incrementar la Planta del
Cuerpo de Custodia, radica en especial que el pie de fuerza no crece desde el
29 de enero de 2010, y por el contrario desde esta fecha entraron en
funcionamiento ocho Establecimientos de reclusión (Ibagué, Guaduas, Popayán,
Jamundí, Florencia, Puerto triunfo, Acacias) y se tiene previsto para el 2015
recibir cuatro constelaciones y nueve ampliaciones más” (pág. 255).
[107] El
documento puede ser consultado en http://www.utpcolombia.org/Documentos/2015/Enero/COMUNICADO%20CUMPLIENDOLE_A_LOS_TRABAJADORES_DEL_INPEC.pdf
(febrero de 2015).
[108]  En relación con
el déficit de personal al interior de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios, el investigador Michael Reed Hurtado ha indicado: “Las precarias
condiciones de trabajo se tornan en un factor de riesgo permanente, que se suma
a procesos de selección, capacitación y evaluación del personal carentes de
criterios técnicos y a un déficit cuantitativo extremo de personal que hace que
cada cárcel funcione bajo condiciones forzadas. || A manera de ejemplo, el
personal que presta servicios sociales, apoyo sicológico o de educación en una
cárcel no responde a un perfil profesional especializado, está contratado, por
lo general, sobre la base de condiciones desfavorables e inestables, y recibe
una remuneración menor a la asignada al mismo servicio en la comunidad. ||
Además, se desempeña con sobrecarga laboral en un ambiente hostil, sin contar
con una instancia de quejas y sin hacer parte de las discusiones sobre el
funcionamiento general del establecimiento. No existe una visión dinámica ni
integral de la conducción de los penales que vincule a todo el personal en su
administración. || La situación del personal de salud ameritaría un análisis especial
por su centralidad en la conducción de la prisión y las condiciones absurdas en
las cuales se pretende responder a las necesidades de los presos y a la
morbilidad que existe en prisión, mediante contratos de prestación de servicio
bajo parámetros de normalidad del sistema general de salud. La vida en prisión
no es normal, la enfermedad física y psíquica predomina y el servicio de salud
requiere un alto grado de especialización”.  Reed Hurtado, Michael (2011). La
dimensión humana en la administración penitenciaria. En: razonpublica.com.
Versión digital disponible en http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2381-la-dimension-humana-en-la-administracion-penitenciaria.html (febrero de
2015).
[109] Reed Hurtado, La
dimensión humana…, Op. cit.  El investigador hace una reflexión y propuesta a
partir de la siguiente afirmación: “La grave situación de cuasi-anarquía en las
prisiones colombianas obedece a múltiples causas, pero sin duda no reconocer el
papel central que juega el manejo racional del recurso humano ha incidido en
hacer aún más compleja la búsqueda de soluciones efectivas”.
[110] Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (1998).  Manual de Buena Práctica
Penitenciaria.  Implementación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos.  San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (pág. 17). Versión digital disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/10616.pdf
(febrero de 2015).
[111] Insiste el
investigador Reed Hurtado, La dimensión humana…, Op. cit., que “[e]n estas
condiciones es muy difícil que exista un ambiente seguro regido por parámetros
de justicia. La guardia a duras penas logra mantener el control simbólico de
algunas puertas y obtiene la colaboración de los presos que se rigen por
dinámicas ocultas y propias. || Ante una situación de sobrepoblación extrema y
en ausencia de un número adecuado de guardias, es ingenuo esperar que el
personal de custodia y vigilancia pueda generar condiciones de seguridad”.
[112] Ver las
sentencias T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-815 de 2013 (MP
Alberto Rojas Ríos).
[113] Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.  Estudio Técnico INPEC 2015.
Propuesta de rediseño institucional. Versión digital disponible en http://www.utpcolombia.org/Documentos/2015/Enero/ESTUDIO%20TECNICO%20INPEC%202015.pdf
(febrero de 2015), pág. 166.
[114] En este aspecto,
es importante tener presente el parágrafo 3° del artículo 31 de la Ley 1709 de
2014, “por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993,
de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”,
que preceptúa: “El Inpec, con el fin de garantizar la prestación del servicio
de guardia y vigilancia al interior de los establecimientos, podrá vincular a
quienes hubieren definido su situación militar como auxiliares del Inpec,
previa la realización de cursos de complementación, salvo que hubieran sido
amonestados en su ejercicio”.
[115] Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.  Estudio Técnico INPEC 2015.
Propuesta de rediseño institucional (pág. 301.). Versión digital disponible en http://www.utpcolombia.org/Documentos/2015/Enero/ESTUDIO%20TECNICO%20INPEC%202015.pdf
(febrero de 2015).
[116] El artículo 17
del Decreto 446 de 1994, establece: “SOBRESUELDO. Los Directores, Subdirectores
y los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, deberán laborar y estar disponibles durante todo el tiempo que lo
requieran las necesidades propias del servicio. Como contra prestación tendrán
una asignación mensual fija denominada sobre sueldo que constituye factor de
salario y que se pagará de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1302 de
1978 y 447 de 1984, o en los que modifiquen o sustituyan”.
[117] Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
[118] Por la cual se
expide el Código Penitenciario y Carcelario.
[119] Se tiene en
cuenta que en el EPC La Paz hay ciento treinta (130) funcionarios del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia para cubrir las necesidades de seguridad y vigilancia de
novecientos cuarenta y ocho (948) reclusos, sin contar los sindicados y
condenados que se encuentran en prisión y detención domiciliaria que suman
setecientos sesenta y ocho (768).  A folio 20 obra un informe del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, del veinte (20) de julio de
dos mil catorce (2014), que confirma los datos.
[120] Consagra
el artículo 94 del Acuerdo 0011 de 1995: “Estudios de Seguridad. Se ordenarán
los estudios necesarios de seguridad una vez al año y en los siguientes casos:
|| 1. Cuando la instalación del centro de reclusión va a funcionar por primera
vez. || 2. Cuando después de un receso, la instalación o edificio se va a
emplear nuevamente. || 3. Al efectuar cambios en la estructura de las
instalaciones. || 4. Cuando se carezca de un estudio de seguridad de la
instalación. || 5. Cada instalación es diferente y por lo tanto se examinará
minuciosamente para determinar los elementos de seguridad que sean necesarios,
teniendo en cuenta la ubicación e importancia. Los estudios de seguridad de
todas maneras se revisarán al menos una vez al año”.
[121] Folio
84.
[122] Al respecto
pueden ser consultados los siguientes documentos: Naciones Unidas, Reglas mínimas
para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo
de 1977. Primera parte, Reglas de aplicación general, Locales destinados a los
reclusos. Documento disponible en:
http://www.tc.gob.pe/portal/servicios/tratados/uni_ddhh/instru_alca_especifi_uni/instru_dere_civ/liber_personal/reglas_reclusos.pdf (febrero de 2014);
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Manual de buena práctica
penitenciaria, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1998.
Sección III, Condiciones físicas - necesidades básicas (págs. 61-72). Documento
disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/10616.pdf (febrero de
2015). Asimismo, la Guía de desarrollo de infraestructuras penitenciarias
elaborada por la Conferencia de Ministros de justicia de Países Iberoamericanos
–COMJIB–, elaborada en 2012. La versión digital del documento se encuentra
disponible en http://www.comjib.org/sites/default/files/GUIA_DESARROLLO_%20INFRAESTRUCTURAS_ARQ.PENIT_.pdf (febrero de 2015).
[123] Folio
84.
[124] Folio
54.
[125] Folio
84.
[126] El artículo 44 de
la Ley 65 de 1993, establece “DEBERES DE LOS GUARDIANES. Los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los siguientes
deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos
general e interno: || a) Observar una conducta seria y digna; || b) Cooperar
con la Dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos,
suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad; || c)
Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios
y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros
de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual; || d) Requisar
cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento; || e)
Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del
establecimiento y emplear todas las precauciones posibles para impedir
violencias, evasiones y conversaciones o relaciones de ellos con los extraños,
exceptuando los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal. [Declarado
condicionalmente EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante la sentencia
C-184 de 1998]. || f) Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o
mantengan su capacidad física; participar en los entrenamientos que se
programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión; tomar
parte en las ceremonias internas o públicas para realce de la Institución;
asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la
especifica penitenciaria. || g) Mantener la disciplina con firmeza, pero sin
más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el
establecimiento penitenciario o carcelario”.
[127] Conforme con el
artículo 10 del Acuerdo 0011 de 1995, “por el cual se expide el Reglamento
General al cual se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios”, el director de cada centro de reclusión velará
porque el establecimiento sea dotado con los medios necesarios que aseguren el
mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines.
Establece el
artículo 2 del Decreto 4151 de 2011, “por el cual se modifica la estructura del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras
disposiciones”, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
tendrá la función de “[…] 16. Determinar las necesidades en materia de
infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones,
y requerir su suministro a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios,
SPC”.
Dispone el
artículo 2 del Decreto 4151 de 2011, “por el cual se modifica la estructura del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras
disposiciones”, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
tendrá la función de “[…] 16. Determinar las necesidades en materia de
infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones,
y requerir su suministro a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios,
SPC”.
[128] Folios
86 al 88.
[129] “Por el cual se
definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se
modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de
pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades”.
[130] En este aspecto,
es importante tener presente el parágrafo 3° del artículo 31 de la Ley 1709 de
2014, “por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993,
de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”,
que preceptúa: “El Inpec, con el fin de garantizar la prestación del servicio
de guardia y vigilancia al interior de los establecimientos, podrá vincular a
quienes hubieren definido su situación militar como auxiliares del Inpec,
previa la realización de cursos de complementación, salvo que hubieran sido
amonestados en su ejercicio”.
[131] En este aspecto,
es importante tener presente el parágrafo 3° del artículo 31 de la Ley 1709 de
2014, “por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993,
de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”,
que preceptúa: “El Inpec, con el fin de garantizar la prestación del servicio
de guardia y vigilancia al interior de los establecimientos, podrá vincular a
quienes hubieren definido su situación militar como auxiliares del Inpec,
previa la realización de cursos de complementación, salvo que hubieran sido
amonestados en su ejercicio”.