C-395-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-395/19
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
de la Corte Constitucional
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA, A LA REPARACION
INTEGRAL Y A LA NO REPETICION-Instrumentos
internacionales
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO-Jurisprudencia constitucional
CANCELACION DE REGISTRO OBTENIDO FRAUDULENTAMENTE-Jurisprudencia constitucional
[S]e concluye que la medida de suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados
para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente es un
instrumento a través del cual se busca garantizar los derechos de las víctimas,
principalmente aquellos relacionados con la reparación y el restablecimiento
del derecho, mediante la restitución de los bienes que son el objeto material
de la conducta al estado anterior a la comisión del delito y evitar que se
aumenten los perjuicios causados con el ilícito
CORTE CONSTITUCIONAL-Examen de
constitucionalidad
JUSTICIA TRANSICIONAL-Encuentra
límite en el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas
En esta oportunidad la Sala Plena comparte los
argumentos expuestos por las accionantes y por los intervinientes, toda vez que
la limitación temporal para solicitar la medida de suspensión del poder
dispositivo de los bienes registrados fraudulentamente afecta el acceso a la
administración de justicia y los derechos de reparación y restablecimiento del
derecho de las víctimas, pacíficamente protegido por la jurisprudencia
constitucional
DERECHOS DE VICTIMAS DEL DELITO-Protección
amplia/DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Reparación integral
y restablecimiento del derecho
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN MATERIA PENAL-Alcance
Bajo ese entendido, es clara la obligación que tienen
los funcionarios judiciales dentro del proceso penal, de garantizar la
participación de la víctima a través de recursos efectivos y de adoptar las
medidas relacionadas con el restablecimiento del derecho de las víctimas de
delitos, aun cuando haya prescrito la conducta punible. Por lo tanto, el
restablecimiento del derecho se puede reconocer en cualquier etapa del proceso
penal y no necesariamente en la audiencia de juzgamiento, en la medida en que,
se reitera, éste es independiente de la responsabilidad penal
FISCALIA GENERAL DE LA NACION FRENTE A LAS VICTIMAS-Funciones
SUSPENSION O CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE-Papel asignado al Fiscal no excluye que las víctimas
tengan derecho a intervenir en el proceso
En este contexto, entendiendo que las
víctimas también están facultadas para solicitar tal medida en virtud de la
sentencia C-839 de 2013, no resulta ajustado a derecho el límite contenido en
la norma para realizar tal solicitud.  Lo anterior por cuanto, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 136 de la
Ley 906 de 2004 y en la jurisprudencia constitucional sobre la participación de
la víctima en las distintas etapas procesales del sistema acusatorio, de
acuerdo con el artículo 340 de la citada codificación, las víctimas son
formalmente reconocidas en la audiencia de acusación y es a partir de ese
momento cuando tienen acceso y conocimiento pleno del expediente y cuando se
hace el descubrimiento de las pruebas recaudadas. Por lo tanto, es en este
escenario donde la víctima conocerá las evidencias existentes y contará con
elementos materiales de prueba para respaldar su petición
SUSPENSION O CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE POR
PARTE DE LA VICTIMA-Límite temporal
desconoce sus derechos
SUSPENSION O CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE-Facultad del fiscal y la víctima para solicitarla
De conformidad con las consideraciones
expuestas, dado que la jurisprudencia constitucional permitió que las víctimas
pudieran solicitar la medida de suspensión y cancelación de registros
fraudulentos, limitarlas temporalmente a que se solicite tal medida antes de la
acusación, desconoce sus derechos fundamentales el derecho a la justicia, más
concretamente a la reparación y al restablecimiento del derecho de las víctimas
y las priva de un recurso judicial efectivo para obtener el restablecimiento
del derecho violentado con la conducta punible. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional declarará inexequible la
expresión “y antes de presentarse la acusación” por lo que tanto el fiscal como
las víctimas podrán solicitar la medida de suspensión y cancelación de
registros obtenidos fraudulentamente en cualquier momento
Referencia: Expediente D-13099
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 101 de la Ley
906 de 2004.
Magistrada Sustanciadora:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, las
ciudadanas María Fernanda Cruz Rodríguez y Victoria Grillo Vargas demandaron
parcialmente el artículo 101 de la Ley 906 de 2004. La demanda fue radicada con
el número D-13099.
2. El texto de
la norma demandada es el siguiente (se resalta el aparte acusado):
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2004
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
El Congreso de la República
DECRETA
(…)
ARTÍCULO 101. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS
FRAUDULENTAMENTE. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> En cualquier
momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía,
el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo
de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir
que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE, e inciso CONDICIONALMENTE
exequible> En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de
los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de
toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los
títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas
derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras
autoridades, se pondrá en conocimiento la decisión de cancelación para que se
tomen las medidas correspondientes.”
3. Consideran
las demandantes que la expresión contenida en la norma acusada desconoce los
artículos 1, 2, 229 y 250 de la Constitución de 1991, al constituir una “limitación
irrazonable y desproporcionada de los derechos de la víctima dentro del proceso
penal” por cuanto no existe un justificación para privar a las víctimas “de
la posibilidad de solicitar la suspensión o cancelación de los registros
obtenidos fraudulentamente en las etapas posteriores a la acusación”.
Para entender
el concepto de la violación, hacen referencia a la sentencia C-839 de 2013
mediante la cual se declaró exequible el artículo cuestionado, bajo el
entendido de que la víctima también puede solicitar la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados
para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
Así, explican
que esta medida “es un instrumento a través del cual se busca garantizar que
los derechos de las víctimas mediante la restitución de los bienes que son el
objeto material de la conducta al estado anterior a la comisión del delito y
evitar que se aumenten los perjuicios causados con el ilícito”. De manera
que “negarles esta facultad a las víctimas las priva de un recurso judicial
efectivo frente al restablecimiento del derecho vulnerado por la conducta
punible que no será materializado si el delio sigue produciendo efectos
jurídicos”.
Alegan además,
que la víctima “sólo goza de tal prerrogativa en los momentos procesales
anteriores a la presentación del escrito de acusación” por tanto, esta
limitación “no solo desconoce que a partir del reconocimiento de derechos de
las víctimas en el marco propio de un proceso adversarial, decantado por la
jurisprudencia constitucional, no existe limitación alguna a la participación
de la víctima en la etapa de juicio oral, sino, también, que la formalización
de la intervención de la víctima se produce en la audiencia de formulación de
acusación, momento procesal en el que se termina la calidad de víctima a fin de
legitimar su intervención en el juicio”.
Continúan
señalando que si bien la víctima puede intervenir en etapas anteriores a la
acusación “es a partir del descubrimiento probatorio realizado tanto por la
defensa como por la Fiscalía, y más aún con la práctica de las pruebas en el
juicio, cuando la víctima puede contar con elementos que le permitan solicitar
la suspensión del poder dispositivo de aquellos bienes sometidos a registro obtenidos
de manera fraudulenta y evitar así que se sigan generando las consecuencias del
delito”.
Insisten en
que “permitir a las víctimas solicitar la suspensión del poder dispositivo
aun en etapas posteriores a la formulación de acusación, se acompasa plenamente
con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
reconocidos constitucionalmente”. Tal facultad por otro lado, dicen, no
introduce una desigualdad injustificada frente al acusado pues no implica
debate alguno sobre su responsabilidad penal.
Por lo
anterior, estiman que “el reconocimiento de que la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro hace parte de los derechos de las
víctimas en el proceso penal, debe conducir inevitablemente a que su ejercicio
pueda hacerse efectivo en cualquier etapa del proceso penal, pero
especialmente, a partir del momento en que se le conoce formalmente a la
víctima su condición de tal y se le brindan todos los elementos para que pueda
velar por la verdadera garantía de sus derechos.”
En ese
contexto, solicitan que se declare inexequible la expresión “y antes de
presentarse la acusación” contenida en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004.
4. La Sala Plena de la Corporación, en sesión del 22 de febrero de
2019, previo sorteo de rigor, remitió el asunto al Despacho de la suscrita
Magistrada para impartir el trámite correspondiente.
5. La demanda fue admitida mediante auto del seis (6) marzo de dos
mil diecinueve (2019).
II. INTERVENCIONES
1.
Fiscalía General de la Nación
El Fiscal General de la Nación intervino para solicitar la inexequibilidad
de la expresión cuestionada, bajo los siguientes argumentos.
En primer lugar, hizo un recuento de la demanda y plantea el
siguiente problema jurídico “la suspensión y cancelación de registros
obtenidos fraudulentamente, como una medida eficaz y apropiada para lograr el
restablecimiento de las víctimas en un proceso penal, ¿debe ser una garantía
atemporal, es decir, no debe estar limitada a la presentación del escrito de
acusación, tal y como lo dispone actualmente el artículo 101 del Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)?”
Seguidamente, hizo referencia (i) al derecho a un recurso judicial
rápido, sencillo y efectivo en el marco del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, (ii) a los derechos de las víctimas en el proceso penal colombiano y
(iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo para lograr el
restablecimiento del derecho en materia penal es intemporal.
Teniendo en cuenta dichos apartados, concluyó lo siguiente:
(i) El restablecimiento del derecho es un principio rector del
procedimiento penal, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 906 de 2004.
Asimismo, señaló que esta figura “no está supeditada a la declaratoria o no
de responsabilidad, es decir, el restablecimiento del derecho es independiente
de este hecho, por lo cual también pueden ser adoptadas medidas aun cuando haya
prescrito la conducta punible”.
(ii) Como consecuencia de lo anterior, explicó que “el restablecimiento
del derecho no necesariamente debe reconocerse en el acto judicial que pone fin
al proceso penal, sino que procede cuando es acreditado el tipo objetivo del
delito, esto es: cuando hay un convencimiento más allá de toda duda razonable,
lo cual no implica un juicio de reproche sobre la responsabilidad penal”.
(iii) La adopción de medidas relacionadas con el restablecimiento
del derecho para las víctimas de delitos “son de obligatorio cumplimiento
por parte de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo el proceso, por
ende, irradia toda la normativa en mención y orienta la interpretación de las
disposiciones que la integran”.
(iv) Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de
Justicia han coincidido en señalar que el restablecimiento del derecho es intemporal
dentro del proceso penal, es decir, “que puede ser adoptado en cualquier
etapa, ya sea en la investigación o en el juicio”.
En ese contexto, afirmó que es claro que la jurisprudencia, al
margen de la expresión cuestionada, ha indicado que “la solicitud de
suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, como medida
de restablecimiento del derecho, no está supeditada a determinado acto procesal
en la medida que:
(i) Limitar la participación de las víctimas a la presentación del
escrito de acusación, con el fin de solicitar la suspensión y cancelación de
registros obtenidos fraudulentamente como una medida de restablecimiento del
derecho, viola el derecho a la justicia de las víctimas y más concretamente el
derecho a participar en el proceso penal.
De hecho, como puede verse en la exposición de motivos y en las
diferentes ponencias del proyecto de ley que antecedió el Código de
Procedimiento Penal vigente (Ley 906 de 2004), el legislador no realizó mayores
consideraciones sobre esta figura. Por ende no hay razones que justifiquen esta
limitación.
(ii) Del mismo modo, la limitación temporal de la facultad de las
víctimas para solicitar la suspensión y cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente como medida de restablecimiento del derecho, es contrario al
derecho a la reparación integral, en la medida que desconoce el derecho a la
restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha
sido despojada la víctima.
(iii) Finalmente, esta restricción es contraria a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, corporaciones que han reconocido el carácter
intemporal de las medidas de restablecimiento del derecho.”
2. Ministerio de Justicia y del Derecho
A través del Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento
Jurídico, la entidad solicita la inexequibilidad de la norma acusada.
En primer lugar, consideró que debe haber sentencia inhibitoria
frente a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política al no cumplir con los
requisitos jurisprudenciales ya que no se formula cargo alguno que exponga las
razones por las cuales existiría una oposición con la expresión acusada.
En segundo lugar, señaló que se debe declarar la inexequibilidad
de la expresión cuestionada por vulnerar los artículos 229 y 250-6,7 de la
Constitución Política, al constituir “una limitación y obstáculo a los derechos
que les asiste a las víctimas, en concordancia con las demás disposiciones
contempladas por la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, como son
los artículos 338, 339 y 340 que establecen respectivamente los aspectos
relacionados con la audiencia de formulación de cargos, su trámite y, en el
caso del artículo 340, de manera enfática que es sólo en la audiencia de
acusación que se determinará la calidad de víctima, se reconocerá su
representación legal en caso de que se constituya; todo a efecto de intervenir
en el transcurso del juicio moral”.
Estimó que existe un contrasentido de la expresión “antes de
presentarse la acusación” ya que la calidad de víctima solo es reconocida a
partir de la audiencia de formulación de acusación. Por lo tanto, las medidas
resultan incoherentes ya que el “el término debiera darse en beneficio de la
víctima para la protección de sus derechos y bajo la premisa que la posible
conducta ilícita no genere derechos, hacen que frente a lo dispuesto por el
artículo 101 del Código de Procedimiento Penal se le debería permitir a la
víctima a partir de la audiencia de formulación de acusación presentar la
solicitud de suspensión de registros obtenidos fraudulentamente, dado que es a
partir de ese momento que el legislador reconoce la condición de víctima y a su
vez que sea desde ese momento en que pueda contar con un espacio de tiempo más
amplio para garantizar así con eficaz plenitud el ejercicio de los derechos que
le reconocen y protegen las disposiciones constitucionales en los artículos
229, 250 numerales 6 y 7 y legales contempladas en los artículos 11, 103 y 132
del Código de Procedimiento Penal”.
Explicó que la realidad del país, sobre todo en zonas alejadas de
las grandes ciudades, lleva a que “el denunciante o víctima no pueda contar
con los elementos que constituyan al menos indicios que conduzcan a la
existencia de motivos fundados que permitan inferir que el título de propiedad
fue obtenido fraudulentamente” como lo exige la norma, razón por la que “se
requiere de un plazo más garantista para lograr sustentar su pretensión y en un
contexto mucho más crítico si se trata de una víctima del desplazamiento
forzado y que por esta causa haya tenido que abandonar sus bienes.”
Finalmente, concluyó indicando que “la suspensión y cancelación
de registros obtenidos fraudulentamente se constituye dentro del sistema penal
acusatorio en un derecho que no puede ser limitado o restringido por cuanto
afecta derechos fundamentales como el debido proceso artículo 29, acceso a la
administración de justicia artículo 229 y los derechos señalados en los
numerales 6 y 7 del artículo 250, artículos que se encuentran compilados en la
Constitución Política. La expresión antes de presentarse la acusación se
constituye en una limitante que afecta los derechos fundamentales mencionados”.
3. Universidad Externado de Colombia
Por intermedio del Departamento de Derecho Penal y Criminología,
la Universidad Externado solicita la inexequibilidad de la norma.
En primer lugar, destacó que la norma consagraba una medida
reservada exclusivamente a la Fiscalía y catalogada “como una verdadera
medida cautelar en el objetivo que los bienes salieran del comercio, para de
esa manera evitar su distracción y dejar nugatoria la indemnización en favor de
la víctima, su reparación, como restablecimiento del derecho afectado con la
comisión del delito”.
En segundo lugar, señaló que no se entiende la fórmula escogida
por el legislador pues “como medida que tiene como objetivo garantizar los
principios supremos antes mencionados, debería quedar abierta para que en el
momento en que aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal,
pudiera la fiscalía solicitar su aplicación en garantía de los derechos debidos
a la víctima, ante el juez de control de garantías”.
En tercer lugar, teniendo en cuenta las interpretaciones de la
Corte Constitucional a distintos artículos de la Ley 906 de 2004, garantistas
de los derechos de las víctimas en el proceso penal, consideró que “no debe
caber duda alguna que las censuras efectuadas por las accionantes están
respaldadas en las elaboraciones referidas con anterioridad. No hay entonces
duda que la suspensión del poder dispositivo de bienes, como la cancelación de
los registros obtenidos fraudulentamente se tienen como medidas idóneas,
eficaces y pertinentes para lograr el restablecimiento del derecho afectado y
con ello el cumplimiento de los fines establecidos para la justicia penal de
velar por el restablecimiento del derecho afectado, la reparación del daño y la
materialización de la justicia restaurativa, tan de la esencia de los fines
reconocidos a las normas procesales vigentes; prerrogativas que podrá ejercer
la víctima teniendo como único límite el que fija el artículo 106 de la Ley 906
de 2004 que prevé el término de caducidad para formular el incidente de
reparación integral”.
Reiteró que la limitante existente en la norma cuestionada podía
justificarse de conformidad con el querer del legislador al establecer la
medida en favor de la Fiscalía, pero como se ha aceptado “que la víctima
puede directamente, sin la intermediación del fiscal solicitar esta misma
medida por cuanto de esa manera materializa su derecho, la perspectiva ha
cambiado drásticamente. El negar o condicionar esta facultad las va a privar de
un recurso judicial efectivo para lograr el restablecimiento del derecho
vulnerado por la ejecución de la conducta punible. Por lo que no cabe duda que
el aparte de la norma objeto de demanda, debe ser retirado del ordenamiento
legal tal y como lo solicitan las accionantes”.
Finalmente, concluyó que “mantener la limitante que es hoy
objeto de la acción de inconstitucionalidad a más de ser contradictorio con el
actual espíritu de la institución constituiría un detrimento del derecho a las
víctimas de obtener la reparación y el restablecimiento de los derechos
vulnerados con la ejecución del delito respectivo. De ahí que en este concepto
debemos abogar por que sea retirado del artículo anotado la expresión objeto de
la acción de inexequibilidad”.
4.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Por intermedio del ciudadano José Fernando Mestre Ordóñez el
Instituto solicitó la inexequibilidad de la norma cuestionada por cuanto limita
de manera irrazonable el derecho que tienen las víctimas de acceso a medidas
provisionales de restablecimiento del derecho.
Señaló que las víctimas tienen derecho a la justicia y ello
implica el acceso a mecanismos judiciales efectivos para la protección de sus
derechos e intereses, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en diversos
pronunciamientos. Que “el restablecimiento del derecho puede implicar
medidas provisionales y/o definitivas. Para el caso bajo análisis, la medida
definitiva sería la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente y
la suspensión del poder dispositivo sería la medida provisional de
restablecimiento. (…) en todos los casos, con independencia de su provisionalidad,
se requiere de una consideración sustancial y probatoria para la procedencia de
las medidas, referida a la materialidad de la conducta o su tipicidad”.
Estimó que la “limitación temporal prevista en la norma
demandada implica una desprotección, también temporal, al derecho de las
víctimas a obtener medidas provisionales de restablecimiento de derecho, como
la suspensión del poder dispositivo regulado en el primer inciso del artículo
101 demandado. Entre la acusación y la sentencia, las víctimas no podrían
solicitar esta medida a ninguna autoridad, pues el Juez de control de garantías
carecería de competencia en virtud de la norma demandada y el Juez de
conocimiento solamente se pronunciaría respecto de la medida definitiva en la
sentencia, so pena de prejuzgar, con todo lo que ello implica”.
En ese escenario, consideró que “la medida que mejor soluciona
la situación temporal de desprotección aquí resaltada es la inexequibilidad del
aparte demandado, para dar competencia al Juez de Control de garantías respecto
de la medida provisional, conservando en el Juez de conocimiento las medidas
definitivas, en este caso la cancelación de los registros. Así funciona el
sistema respecto de otras situaciones, como las restricciones a la libertad y
medidas cautelares de carácter real, mostrando que la competencia del juez de
control de garantías no depende de la etapa procesal, sino de la materialidad
de la respectiva función”.
5.
Universidad Sergio Arboleda
Por intermedio del Decano de la Escuela de Derecho, la universidad
solicitó la exequibilidad condicionada de la norma demandada.
En primer lugar, señaló que en este caso existe cosa juzgada
constitucional relativa, ya que si bien en la sentencia C-839 de 2013 “la
Corte declaró la constitucionalidad del inciso 1 del artículo 101 del Código de
Procedimiento Penal y afirmó que la víctima puede solicitar la suspensión del
poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, cuando existen motivos
fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente,
no especificó los límites temporales que rigen dicha petición.”
Seguidamente, hizo referencia al papel de la víctima y su
participación en el proceso penal, concluyendo que “la jurisprudencia
constitucional ha construido un precedente de rasgos definidos sobre la
oportunidad para las víctimas: (i) de ser informadas y escuchadas en relación
con la suerte de las investigaciones, la acción penal y la terminación
anticipada del proceso; (ii) de solicitar medidas orientadas a su protección
y al amparo de sus derechos; (iii) de ejercer facultades probatorias; (iv)
de ser escuchadas respecto de los términos de la acusación y (v) de participar
en la audiencia del juicio oral”.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de medidas de protección por
parte de la víctima, consideró que “las decisiones de la Corte se proyectan
hacia la protección de los derechos de las víctimas, reparando las omisiones
legislativas existentes. No se vislumbra una razón objetiva y suficiente que
justifique restringir en función de criterios temporales la solicitud de
suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando
existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido
fraudulentamente. Dicha solicitud no incide negativamente en el normal desarrollo
del principio acusatorio que rige la audiencia del juicio oral, siendo este
último el único límite jurisprudencial”.
En ese contexto, solicitó que se declare exequible
condicionalmente el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en el entendido
que “la víctima (y únicamente la víctima) puede solicitar ante el juez de
control de garantías la suspensión del poder adquisitivo de los bienes sujetos
a registro en cualquier momento y hasta antes de la audiencia de juicio oral,
cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue
obtenido fraudulentamente. La fiscalía, en cambio, sí debe someterse al límite
temporal establecido en el tenor literal del artículo 101, esto es, ‘en
cualquier momento y hasta antes de presentarse la acusación’, so pena de
menoscabar el principio acusatorio propio del proceso penal de la Ley 906 de
2004”.
6. Intervención
ciudadana
El señor Arturo Daniel López Coba intervino para solicitar la
inexequibilidad del artículo 101 de la Ley 906 de 2004,
por desconocer los derechos de las víctimas.
Señaló que en este caso se presenta una inconstitucionalidad
sobreviniente, que surge a partir de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Por lo tanto, “declarada la inexequibilidad las víctimas
tendrán la facultad de solicitar medidas cautelares, en particular, la
suspensión y cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente en
cualquier estado o momento de la actuación procesal, a discrecionalidad de
ellas, no de la voluntad del legislador”.
Así, consideró que declarar la inexequibilidad de la norma acusada, “implica
proteger los derechos de las víctimas en el proceso penal, sistema acusatorio,
expulsando del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones legales que
impliquen limitación de los derechos de las víctimas”.
7. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
De manera extemporánea, se recibió la intervención de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la citada universidad respaldando la
inexequibilidad de la expresión acusada.
En primer lugar, señaló que “cuando las víctimas intervienen en
el proceso penal lo hacen frecuentemente en total desventaja frente a las
facultades de los autores o participes. Si la víctima tiene que acudir al
fiscal para solicitar ‘suspensión y cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente’ las limitaciones son demasiadas”.
Por lo tanto, indicó que “el derecho de la víctima a la justicia
debe ser entendido integral, pronta y totalmente, en un siglo como el XXI, no
deben (sic) haber limitaciones para el ejercicio de las acciones a las que haya
lugar, y especialmente, estas deben ser posibles desde lo fáctico y desde lo
jurídico. Es decir, la víctima sin ninguna limitación debe poder demostrar los
hechos que dieron origen a una conducta delictiva y lograr que las cosas
vuelvan al estado anterior a la ocurrencia del delito y desde lo jurídico, la
víctima debe tener la posibilidad de que la ley procedimental permita resarcir
el daño causado a la mayor prontitud posible.”
Así pues, insistió en que “las medidas respecto a registros
obtenidos fraudulentamente, no pueden hacer parte y permanecer durante un largo
proceso. Esto debido a que los perjuicios a una víctima concreta podrán ser
extendidos a otras víctimas en lugar de evitar prontamente un mayor daño
permitiendo que la víctima pueda solicitar en cualquier momento procesal la
cancelación de un registro obtenido fraudulentamente. Es sabido que las
víctimas tienen derechos con rango supraconstitucional, ante esa perspectiva,
la posibilidad de la víctima en torno a poder solicitar directamente al juez la
suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente debe ser
ampliada al juicio oral e inclusive durante el incidente de reparación. Ya que
es posible que en ese incidente ese registro no se haya cancelado
definitivamente”.
Finalmente, alegó que “si la víctima puede tener una posición
activa en el proceso penal, en el caso mencionado, puede solicitar en cualquier
momento procesal la cancelación o suspensión de un registro obtenido de manera
fraudulenta, las posibilidades de que exista justicia real y efectiva para las
víctimas, son mayores”.
III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la
Nación intervino dentro de la oportunidad legal prevista con el fin de
solicitar que se declare la inexequibilidad de la expresión cuestionada.[1]
En primer lugar, destacó que no existe cosa juzgada en el presente
caso, ya que aunque se trata del mimo parámetro de control –los derechos de las
víctimas- “la demanda se presenta para cuestionar únicamente la
constitucionalidad de la limitación consagrada en la norma para que la víctima
pueda solicitar la suspensión provisional del poder dispositivo de los bienes
hasta antes de presentarse la acusación, lo que no ha sido objeto de examen por
parte de la Corte Constitucional, razón por la cual el objeto de control es
distinto y sobre el asunto no se configura la cosa juzgada constitucional”.
En segundo lugar, consideró que la expresión contenida en el
inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 “desconoce los derechos de
las víctimas en el marco del proceso penal, puesto que establece una
restricción temporal en virtud de la cual solamente pueden solicitar la
suspensión del poder dispositivo hasta antes de presentar el escrito de
acusación, lo que impide que puedan elevar esta solicitud en otras etapas del
proceso penal ante el juez de garantías como una medida de restablecimiento del
derecho”.
Luego de hacer un recuento de la protección de los derechos de las
víctimas, consideró que la limitación contenida en el inciso 1 del artículo 101
de la Ley 906 de 2004 “en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 del
artículo 250 constitucional, no es proporcional y constituye una afectación
injustificada a los derechos de las víctimas, pues les impide solicitar la
medida de suspensión de la disposición de los bienes en etapas procesales
posteriores a la acusación y  esto es relevante si se tiene en cuenta que el
objetivo principal de dicha solicitud es proteger los derechos de las víctimas
respecto de los bienes sometidos a registro cuya propiedad haya sido obtenida
fraudulentamente”.
Así, insistió en que se afecta “el derecho de las víctimas a
participar efectivamente en las decisiones que las afecten, traducida en la
posibilidad de intervenir en las distintas etapas de la actuación penal previas
y posteriores a la formulación de acusación, teniendo en cuenta que es en las
etapas posteriores a la acusación que la víctima tiene la posibilidad de
recaudar elementos probatorios que le permiten sustentar adecuadamente la
solicitud”.
En ese contexto, resaltó que “existe relación entre la facultad
de solicitar la cancelación de títulos y los derechos de las víctimas, en
particular, el derecho que les asiste a la reparación integral. Lo anterior, si
se tiene en cuenta que el derecho a la reparación  tiene como propósito el
establecimiento de medidas que tienen como finalidad la cesación de efectos de
la conducta punible y justamente la cancelación de los títulos es una medida
que tiene como propósito reestablecer a la víctima en sus condiciones
anteriores a la ocurrencia de esta.
Finalmente, indicó que la intervención especial de las víctimas
en etapas procesales posteriores a la acusación no alterará los rasgos
estructurales del sistema penal debido a que aquella se relaciona con un
aspecto exclusivamente patrimonial y no con la responsabilidad penal de la
persona investigada y acusada del ilícito. Igualmente, del contenido del
numeral 7 del artículo 250 superior se infiere que corresponde al juez de
garantías adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de los
derechos de las víctimas. Uno de los mecanismos previstos por la ley es la
suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro obtenido
fraudulentamente, por lo que resulta evidente que limitarle a la víctima la
presentación de dicha solicitud hasta antes de la acusación, a pesar que
posteriormente se ha desvirtuado la legalidad del título, desconoce el derecho
de las víctimas a un restablecimiento de su derecho y termina por desconocer
los principios del estado social de derecho (art. 1 CP), los fines del Estado
(art. 2 CP) y el bloque de constitucionalidad (art. 93 CP)”.
V.
CONSIDERACIONES
IV. COMPETENCIA Y CUESTIONES PRELIMINARES
1. Competencia.
Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la
Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de la demanda contra el artículo 101
(parcial) de la Ley 906 de 2004.
2. Análisis de la aptitud de la demanda
1.2.1. Como se expuso anteriormente, el Ministerio
de Justicia y del Derecho estima que esta Corte debe declararse inhibida para
emitir un fallo de fondo, por considerar que los cargos no cumplen con los
requisitos jurisprudenciales para obtener un pronunciamiento de fondo respecto
de los artículos 1 y 2 de la Constitución.
1.2.2. El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991
señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los
procesos de inconstitucionalidad,[2]
según el cual el accionante debe referir con precisión el objeto demandado,
el concepto de la violación y la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto. Es decir, para que
realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de
inconstitucionalidad, es indispensable que la Corte Constitucional pueda
efectuar una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos
expuestos por el demandante y la disposición constitucional aparentemente
vulnerada.
Esta Corporación en numerosas ocasiones ha reiterado que no
cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar
el juez de constitucionalidad sino que es necesario que los razonamientos
presentados contengan unos parámetros mínimos que permitan a la Corte hacer un
pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado. Al respecto, la
Sentencia C-1052 de 2001[3],
indicó que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario la decisión
que adopte la Corte será necesariamente inhibitoria.[4]
1.2.3. Bajo ese entendido, la no formulación de una
demanda en debida forma impide que esta Corporación pueda confrontar la
disposición acusada con el Texto Superior, ya que carece de cualquier facultad
oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico.
Así, la acusación “debe ser suficientemente comprensible
(clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada
(cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la
Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y
no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente
individuales (pertinencia).”[5]
Además, no sólo debe estar enunciada en forma completa sino que debe ser capaz
de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada.
Ahora bien, aunque los anteriores requisitos deben
ser verificados por el magistrado sustanciador al admitir la demanda, este
análisis inicial tiene un carácter provisional en la medida que no tiene la
exigencia y el rigor “de aquél que debe realizarse al momento de entrar a
decidir sobre la exequibilidad de los enunciados o de los contenidos normativos
acusados. No obstante, en virtud del principio pro actione las eventuales
falencias que presente el libelo acusatorio han de ser interpretadas en el
sentido que permitan proferir un fallo de fondo para no hacer nugatorio el
derecho ciudadano a impetrar la acción pública de inconstitucionalidad”.[6]
1.2.4. A juicio de esta Corte, los argumentos expuestos para
sustentar el cargo son inteligibles y en esa medida cumplen las exigencias
jurisprudenciales. En efecto, las peticionarias cumplieron con la carga de
plantear las razones por las cuales considera que la expresión cuestionada del
artículo 101 de la Ley 906 de 2004 vulnera la Constitución.
Dichas razones son claras, porque permiten comprender
argumentativamente lo solicitado, es decir, de sus argumentos se puede
establecer que lo que se ataca es el término procesal contenido en la norma
para solicitar la medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente por parte de las víctimas; son ciertas, pues
cuestionan, bajo una interpretación razonable, el contenido parcial del
artículo 101 con las interpretaciones y extensiones que se han hecho por vía
jurisprudencial en favor de las víctimas, las cuales, de acuerdo con la norma,
no podrían solicitar directamente esta medida ya que formalmente, éstas pueden
intervenir en el proceso en la audiencia de formulación de acusación..
Igualmente, estima el despacho que las razones expuestas son específicas,
al relacionar de manera objetiva la forma en que se afecta el ejercicio del
derecho de las víctimas al debido proceso y a la reparación efectiva al limitar
su participación ya que la medida sólo sería procedente antes de la acusación; pertinentes
y suficientes porque sus cuestionamientos tienen naturaleza
constitucional, en tanto generan una duda razonable sobre la limitación de la
participación de las víctimas dentro del proceso, particularmente frente a una
medida que podría ser solicitada por éstas en etapas posteriores a la
formulación de acusación, cuando han sido formalmente reconocidas.
1.2.5. Bajo ese contexto, le asiste razón al interviniente en
cuanto no se advierten acusaciones ni argumentos que permitan inferir una
vulneración de los artículos 1 y 2 superiores. Por el contrario, los cargos de
la demanda cumplen los presupuestos para que esta Corporación se pronuncie de
fondo sobre la constitucionalidad de la expresión cuestionada a la luz de los
artículos 229 y 250 de la Constitución.
3. PROBLEMA JURÍDICO
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia reconoció que las víctimas
pueden solicitar la suspensión del registro de bienes obtenidos
fraudulentamente, las demandantes consideran que el inciso 1º del artículo 101
de la Ley 906 de 2004 vulnera los artículos 229 y 250 de la Constitución
Política y afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a
la reparación, ya que limita la oportunidad procesal para solicitar la
suspensión provisional del poder dispositivo hasta antes de la audiencia de
acusación, situación que impide que las víctimas puedan pedirla con
posterioridad a su reconocimiento legal dentro del proceso.
Para resolver este problema jurídico se reiterará la jurisprudencia[7] relacionada con los
siguientes temas: (i) la tutela de los derechos de las víctimas (ii) los
derechos de las víctimas en el sistema acusatorio, (iii) la medida de
suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente y, (iv) se
analizará la constitucionalidad de la expresión demandada.
4. LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A
NIVEL INTERNACIONAL. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
4.1. En el ámbito
internacional, múltiples convenciones y declaraciones han reconocido los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, las
cuales por su relevancia como fuente de derecho vinculante se reseñarán a
continuación:  La Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de
las Naciones Unidas,[8]
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[9]
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,[10] la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes[11] y la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura,[12] la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,[13] la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio,[14] el Estatuto de la Corte Penal
Internacional.[15]
4.2.
Por su parte, la jurisprudencia interamericana relacionada con los derechos de las
víctimas ha establecido unos deberes en cabeza del Estado por la violación de
los derechos humanos.  A manera de ejemplo se puede citar la Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Godínez Cruz vs. Honduras,[16] en la que se señalan una serie de
obligaciones para los Estados como “(i) la obligación de prevención de
dichos atentados, que involucra la positiva adopción de medidas jurídicas,
políticas, administrativas y aun culturales, que aunque pueden ser de variada
naturaleza, deben dirigirse a impedir que tales hechos sucedan aunque “no se
demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido
violado”; (ii) la obligación de investigación, manifiesta que toda situación en
la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención debe
ser objeto de indagación, y cuando se tolere que los particulares o grupos de
ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de tales derechos humanos, dicha
obligación queda sustancialmente incumplida.”[17]
4.3.
Finalmente, se resalta el “Conjunto de principios para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”,
proclamados por la Comisión de Derechos Humanos ONU en 1998, que reconoce los
derechos a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición de las
víctimas y encuentra su principal antecedente histórico en el “Informe Final
del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la
protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”.[18]
5. LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS EN EL SISTEMA ACUSATORIO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
De conformidad con la Ley 906 de 2004, la víctima es un
interviniente especial con derecho a medidas de protección, atención y a
algunos privilegios al interior del proceso, con algunas formas de
participación directa dentro de las fases de investigación y juicio.
Sin embargo, aunque el legislador contempló varias etapas y
mecanismos para salvaguardar las garantías de las víctimas, esta Corporación “ha
constatado que en muchos casos introdujo restricciones injustificadas a su
participación directa en el proceso y a las posibilidades de intervención en
defensa de sus intereses, las cuales a su vez se han traducido en menoscabos o
limitaciones desproporcionadas a sus derechos.”[19] Por lo que
ha buscado subsanar estas limitaciones ampliando los espacios de participación de
los agraviados con los hechos delictivos y fijando su alcance dentro del
proceso penal.
Así, se ha conformado un sólido precedente relacionado con la importancia de los derechos
de las víctimas en el sistema acusatorio, su intervención en el proceso a
través de facultades específicas que garantizan su participación como
interviniente especial y la tutela de sus derechos a la verdad, a la justicia,
a la reparación y a la no repetición. A continuación se hará una reseña de los
principales pronunciamientos al respecto:[20]
5.1. La sentencia
C-1154 de 2005,[21] al pronunciarse sobre la
constitucionalidad del artículo 79 de la Ley 906 de 2004,[22] entre otros, lo declaró exequible en el
entendido de que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que
permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad
objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al
Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.
Al respecto se
indicó que “como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera
directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan
expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las
víctimas puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte
encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su
efectiva comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos. ||
Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de
solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos
probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha solicitud es posible que
exista una controversia entre la posición de la Fiscalía y la de las víctimas,
y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los
derechos de las víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe
aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el
archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia
sobre la reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan
acudir al juez de control de garantías.”
Finalmente,
teniendo en cuenta las funciones el Ministerio Público consideró que esta
entidad también debía recibir la comunicación de la decisión de archivo.
5.2. La sentencia
C-1177 de 2005[23] que declaró exequible la expresión
“En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del inciso
2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004,[24] la
condicionó a que “la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el
hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión,
debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al
denunciante y al Ministerio Público.”[25]
En esta ocasión,
la Corte encontró “que la exigencia del legislador de una mínima
fundamentación a la denuncia, en el sentido establecido en esta decisión, so
pena de inadmisión, así como la limitación de la posibilidad de  ampliación a
una única oportunidad, constituyen medidas idóneas, adecuadas y conducentes
para la realización de los fines constitucionales a que apunta tal regulación.”
Igualmente, declaró exequible
la expresión “por una sola vez”, contemplada en los incisos 2° y 3° del
artículo 69 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados señalando que esta
posibilidad de ampliación de la denuncia debe entenderse sin perjuicio de los
derechos de intervención que la Constitución y la Ley prevén para las víctimas
de los delitos.
5.3. La Sentencia
C-454 de 2006[26] declaró exequible el artículo
135 de la Ley 906 de 2004,[27] bajo el entendido de que “la
garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera
desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se
refiere a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación”. En
este mismo fallo también se declaró exequible el artículo 357 de la Ley 906 de
2004[28] en el entendido según el cual “los
representantes de las víctimas en el proceso penal pueden realizar solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la
defensa y la Fiscalía.”
En esta sentencia,
la Corte Constitucional resaltó la explícita consagración constitucional de la
víctima como sujeto que merece especial consideración en el conflicto penal.[29] En virtud de lo cual indicó que “Se
trunca el derecho de acceso a la justicia, a través de una concepción recortada
de la garantía de comunicación a la víctima, limitada al momento en que ésta
“intervenga” en la actuación penal. No se precisa de una “intervención” en
sentido procesal[30][58]
para que las autoridades de investigación asuman los deberes que impone la
garantía de comunicación que se proyecta en dos ámbitos: (i) información acerca
de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus intereses
en el proceso penal, y (ii) acceso a la información acerca de las
circunstancias en que se cometió el delito, que forma parte del derecho “a
saber”, el cual se materializa con la posibilidad de acceso al expediente o a
las diligencias, desde sus primeros desarrollos. La interconexión e
interdependencia que existe entre los derechos a la verdad, a la justicia, y a
la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el
primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de
investigación. Los derechos a la justicia y a la reparación pueden verse
menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la
información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan
contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre
los hechos.
Respecto del
artículo 357, el demandante consideró que existía omisión legislativa
específica al excluir a los representantes de las víctimas de la posibilidad de
solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. Cargo frente al cual la Corte
consideró que efectivamente la norma demandada incurría en una omisión
trascendente para el derecho de acceso de la víctima a la justicia (Art.229
CP), en cuanto obstruía sus posibilidades de efectiva realización de sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y la colocaba, de manera
injustificada, en una posición de desventaja en relación con otros actores e
intervinientes procesales.
5.4. La Sentencia
C-822 de 2005[31] se pronunció entre otros, respecto
del artículo 250 de la Ley 906 de 2004[32] y declaró
inexequible la expresión “para que fije los condicionamientos dentro de los
cuales debe efectuarse la inspección” y exequible el resto de la norma en
el entendido de que: “a) la víctima o su representante legal haya dado su
consentimiento libre e informado para la práctica de la medida; b) de
perseverar la víctima en su negativa, el juez de control de garantías podrá
autorizar o negar la medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo
cuando el juez, después de ponderar si la medida es idónea, necesaria y
proporcionada en las circunstancias del caso, concluya que el delito
investigado reviste extrema gravedad y dicha medida sea la única forma de
obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad
penal  del procesado o de su inocencia; c) no se podrá practicar la medida
en persona adulta víctima de delitos relacionados con la libertad sexual sin su
consentimiento informado y libre; d) la práctica de reconocimiento y exámenes
físicos para obtener muestras físicas, siempre se realizará en condiciones de
seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para la víctima, en los términos
del apartado 5.5.2.6. de esta sentencia”.
Al respecto se
consideró que “esta
restricción a la autonomía de la víctima es inconstitucional, porque
desvaloriza el consentimiento de la víctima y la expone a una doble
victimización. Esta restricción, tal como ha sido establecida en la norma bajo
estudio, parece excluir la posibilidad de que el juez niegue la práctica de la
medida y conduce a que frente a la oposición de la víctima, al juez de control
de garantías no le quede otra alternativa que fijar las condiciones para su
práctica. (…)5.5.2.6. En los eventos en que la medida sea consentida por
la víctima o autorizada por el juez, en todo caso la víctima no puede ser
sometida a procedimientos que le impongan limitaciones excesivas e innecesarias
a sus derechos. Los principios de necesidad y proporcionalidad deben ser
aplicados en cada caso concreto, como se ha reiterado a lo largo de esta
providencia, con más razón si la medida recae sobre la víctima, no sobre el
imputado. Además, la intervención en el cuerpo de la víctima debe efectuarse en
condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad, tal como lo
establecen los parámetros que rigen este tipo de intervenciones, a la luz de los
tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Solo de
esta manera se asegura que las limitaciones que se impongan no sean
desproporcionadas y la víctima no sea sometida a un procedimiento que la
conduzca a una segunda victimización.”
5.5. La Sentencia
C-209 de 2007[33] declaró inexequibles las
expresiones “y contra esta determinación no cabe recurso alguno” del
artículo 327 de la Ley 906 de 2004[34] y “con fines únicos de
información” del inciso final del artículo 337[35] de la misma. ley. En la misma providencia,
se declaró la exequibilidad condicionada de una serie de normas para conceder
una serie de facultades a las víctimas dentro del proceso penal:
“1. El numeral 2
del artículo 284, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la
práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías.
2. El artículo
289, en el entendido de que la víctima también puede estar presente en la
audiencia de formulación de la imputación.
3. El artículo
333 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que las víctimas pueden allegar o
solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a
la petición de preclusión del fiscal.
4. El artículo
344, en el entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el
descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia
física específica.
5. El artículo
356, en el entendido de que la víctima puede hacer observaciones sobre el
descubrimiento de elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se
harán valer en la audiencia del juicio oral.
6. El artículo
358, en el entendido de que la víctima también puede hacer dicha solicitud.
7. El inciso
primero del artículo 359, en el entendido de que la víctima también puede
solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de
prueba.
8. Los artículos
306, 316 y 342, en el entendido de que la víctima también puede acudir
directamente ante el juez competente a solicitar la medida correspondiente.
9. El artículo 339,
en el entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de
formulación de acusación para efectuar observaciones al escrito de acusación o
manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones,
impedimentos o nulidades”.
Respecto de los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral la
Corte indicó que “también se encuentran protegidos en el sistema penal con
tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, pero dicha protección
no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de
intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema
procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio de sus
derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las
características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las
definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto, v.gr, caracterizar
a las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del proceso penal, no
supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente fije el
legislador (artículo 250, numeral 7 C.P.)”.
Así las cosas,
reconoció que la actuación de la víctima en el proceso penal de tendencia
acusatoria dependía de los siguientes factores: “(i) del papel
asignado a otros participantes, en particular al Fiscal; (ii) del
rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del
lugar donde ha previsto su participación; (iv) de las características de
cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa
participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”.[36]
5.6. La Sentencia
C-210 de 2007[37] analizó varios artículos de la Ley
906 de 2004: 92,[38] 97,[39] 118[40] y 119[41]
declarándolos exequibles y declaró inexequible la expresión “y sólo podrán ser
utilizados para fines de impugnación”, del artículo 232 de la misma ley.
Igualmente, decidió inhibirse para conocer de la demanda formulada contra la
expresión “la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para
sustentar la decisión”, del artículo 327 de la Ley 906 de 2004.
Respecto del
artículo 92 del
Código de Procedimiento Penal, consideró que “la solicitud de medidas
cautelares sobre bienes del imputado, consistentes en la aprehensión material
de bienes para sacarlos del comercio, está dirigida a lograr la eficacia de la
eventual sentencia penal que condene al pago de una suma de dinero y la
indemnización de perjuicios causados a las víctimas del delito. De hecho, no se
trata de imponer una sanción o una pena a quienes no han sido declarados
penalmente responsables por la participación en un hecho punible ni de invertir
la presunción de inocencia que ampara al imputado, se trata de establecer una
carga procesal a favor de las víctimas del delito, quienes se encuentran en
situación de especial protección del Estado. En este sentido, la disposición
parcialmente acusada, sin duda, desarrolla el deber estatal y particular de
garantizar la indemnización plena del daño a las víctimas directas del delito,
como uno de los mecanismos de restablecimiento de sus derechos y reparación del
perjuicio causado.”
Frente al artículo 97 de la
codificación, se afirmó que esta prohibición es una “una medida idónea y necesaria
para lograr los objetivos constitucionales propuestos. Efectivamente, la
prohibición de enajenar bienes de propiedad del imputado durante un tiempo o
bajo circunstancias que establece el legislador, es adecuada para alcanzar
proteger los derechos económicos de las víctimas y para asegurar el pago de la
indemnización ordenada por el juez penal. Es razonable sostener que el momento
posterior a la imputación es propicio para la transferencia de bienes de
propiedad del imputado para impedir los efectos de una posible sentencia
condenatoria, pues el impacto de la vinculación al proceso penal le puede
generar al imputado reacciones naturales que buscan la protección de sus
propios intereses.”
5.7. La Sentencia C-343 de 2007[42] declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-209 de 2007
respecto de la expresión “La parte que no está interrogando o el Ministerio
Público” contenida en el artículo 395 de la Ley 906 de 2004 y además declaró
exequible el artículo 390 de la misma[43] señalando que aunque la norma no
permite que la víctima del delito interrogue a los testigos, “en armonía con
el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de
2007, la omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera una
desigualdad carente de justificación, evita la alteración de los rasgos
estructurales del sistema penal, pues -se reitera- en la etapa del juicio oral
la víctima no tiene participación directa y constitucionalmente no resulta
factible convertirla en segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de
armas”.
5.8.
La Sentencia C-516 de 2007[44] declaró
la exequibilidad condicionada de los artículos 348,[45] 350,[46] 351[47] y 352[48] de la
Ley 906 de 2004, en el entendido que “la víctima también podrá intervenir en
la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o
acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el
fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.”
Entre
otras consideraciones, señaló esta sentencia que aunque “la víctima no
cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el
imputado, debe ser oída (Art. 11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la
legalidad del acuerdo. Ello con el propósito de lograr una mejor aproximación a
los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita
incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la
víctima. Celebrado el acuerdo la víctima debe ser informada del mismo a fin de
que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el
preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras
a su aprobación el juez velará por que el mismo no desconozca o quebrante
garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima.”
5.9. La Sentencia
C-060 de 2008[49] declaró
inexequible la palabra “condenatoria”y exequible el resto de la
expresión acusada contenida en el inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906
de 2004,[50] que consagra la medida de cancelación
de registros obtenidos fraudulentamente, en el entendido de que la cancelación
de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra
providencia que ponga fin al proceso penal.
En esta ocasión
se consideró que la cancelación de títulos de propiedad y registros
fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para el
restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un
proceso penal”  así como que estos derechos no se agotan con la reparación económica
de los perjuicios ocasionados con el delito sino que esta reparación debe ser
integral, con la posibilidad de conocer la verdad de lo sucedido y que se sancione
al responsable de la conducta punible.
5.10. La
Sentencia C-409 de 2009[51] dispuso declarar inexequibles las
expresiones “exclusivamente” y “quien tendrá la facultad de
participar en dicha conciliación” y exequible la expresión “para
los efectos de la conciliación de que trata el art. 103”, contenidas en el
artículo 108 de la Ley 906 de 2004.[52]
La Corte
consideró que esta medida era nugatoria del derecho de la víctima a la
reparación integral, al burlar “la esperanza que se había generado de que el
contrato suscrito con él, pudiera servir al propósito del sistema penal
constitucional y legalmente dispuesto de reparar a la víctima y de hacerlo
prontamente a instancias del juez de la causa penal, en el incidente de
reparación integral. Asimismo, y en concordancia con lo establecido para el
tercero civilmente responsable, la citación con que se convoque a la
aseguradora, tendrá como finalidad primaria permitirle poder conocer el objeto
del incidente en concreto, para así acudir a la audiencia de conciliación y en
ella, o, ante su fracaso, en la actuación subsiguiente desarrollar todas las
actuaciones derivadas de su derecho de defensa.”
5.11. La
Sentencia C-936 de 2010[53] declaró
inexequible el numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009 que
contemplaba la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad a los
desmovilizados de acuerdo a la ley 975 de 2005 y declaró la exequibilidad
condicionada del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, en el
entendido de que la exclusión de la aplicación del principio de oportunidad “también
comprende las graves violaciones a los derechos humanos”.
Sobre los
derechos de las víctimas señaló que “Los estándares internacionales
establecidos en materia de derechos de las víctimas de los delitos, en
particular de las graves violaciones de derechos humanos y la serias
infracciones al derecho internacional humanitario, han sido incorporados en el
orden jurídico colombiano a través de la figura del bloque de
constitucionalidad (Art. 93), y constituyen hoy en día un marco referencial
insoslayable para el diseño de la política pública en materia penal.  Los
tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario establecen
los siguientes deberes del estado en relación con la víctimas de violaciones a
sus mandatos: (i) garantizar  recursos accesible y efectivos para reivindicar
sus derechos; (ii) asegurar el acceso a la justicia; (iii) investigar las
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y
(iv) cooperar en la prevención y sanción de los delitos internacionales y las
graves violaciones de derecho humanos. Estas exigencias deben ser consideradas
e incorporadas en el diseño de la política pública establecida para enfrentar
de manera permanente el fenómeno de la criminalidad. No obstante, la comunidad
internacional ha advertido que se trata de garantías que no se suspenden ni
interrumpen en los modelos denominados de justicia transicional, y en
consecuencia los Estados deben asegurar, aún en estos contextos, estándares
mínimos en materia de justicia, verdad y reparación”.
5.12. La
Sentencia C-250 de 2011[54] declaró
exequible el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010,[55] en el entendido de que “las víctimas y/o
sus representantes en el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de
individualización de la pena y sentencia”.
Al respecto se
consideró que de acuerdo conformidad con la Constitución, es competencia del
legislador “fijar los términos de intervención de las víctimas dentro del proceso
penal, en concordancia con los artículos 29, 229 de la misma, la omisión de la
víctima o su representante en la etapa de la individualización de la pena y la
sentencia, entraña el incumplimiento por parte del legislador de su deber de
configurar una verdadera “intervención” tendiente a la garantía y a la
protección de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que
implica no solamente el desconocimiento injustificado de su derecho a la
igualdad frente al condenado, sino la limitación de su derecho al acceso a la
justicia. Por las consideraciones expuestas la Corte declarará la
constitucionalidad condicionada del artículo 100 de la Ley 1395 de 2010,  bajo
el entendido de que el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra
a la víctima o su representante para que se refiera a las condiciones
individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden
del acusado, y si lo considera conveniente, a la probable determinación de la
pena aplicable y la concesión de algún subrogado, en igualdad de condiciones
que la defensa y la fiscalía.”
5.13. La Sentencia
C-260 de 2011[56] declaró exequible la
expresión acusada del artículo 397[57] del Código de Procedimiento Penal:
“Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio
Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del
caso” por considerar que “la exclusión prevista en la norma se justifica
si se tiene en cuenta que la participación directa de la víctima, aun para
formular preguntas complementarias, puede por esa vía convertirla en un segundo
acusador o contradictor, afectando el principio de igualdad de armas en
desmedro de los derechos del imputado, quien además de hacer frente a los
reproches de la Fiscalía debería estar atento de eventuales interrogatorios,
cuestionamientos o incluso ataques de la víctima, alterando con ello la esencia
adversarial del proceso durante el juicio oral.”
Así mismo, expuso
que “es equivocado sostener que la restricción prevista en la norma deja a
la víctima sin recursos idóneos para reclamar la protección efectiva de sus
derechos, más aún cuando en otras instancias del proceso, previas y
posteriores, e incluso dentro del propio juicio oral (por ejemplo al presentar
sus alegatos de conclusión), están facultadas para intervenir, exponer sus
argumentos y controvertir directamente las decisiones adoptadas.”
5.14. La
Sentencia C-782 de 2012[58] declaró
exequible el artículo 90 de la Ley 906 de 2004,[59] en el entendido que “también la víctima
podrá solicitar en la audiencia de que trata esta norma, la adición de la
sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, que omita un
pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con
el fin de obtener el respectivo pronunciamiento”.
En esta
sentencia, la Corte Constitucional reconoció que si bien el fiscal representa
los intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que la víctima
carezca del derecho de participación en el proceso penal, señalando que su
participación depende de los siguientes factores:“(i) del papel asignado a
otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol que le reconoce la
propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el cual ha previsto su
participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del
proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los
derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema
penal acusatorio”.[60]
Igualmente, se
concluyó que “si bien el legislador cuenta con una amplia potestad de
configuración de los procedimientos, y específicamente para el diseño de los
mecanismos de participación de la víctima en el proceso penal de tendencia
acusatoria, se trata de una facultad sujeta a límites constitucionales, en
particular a las garantías de acceso efectivo e igualitario de la víctima a la
justicia. La norma que excluye a la víctima de los actores procesales
autorizados para solicitar la adición de la sentencia o la decisión
equivalente, con miras a que se produzca un pronunciamiento definitivo sobre
los bienes incautados con fines de comiso, entraña una omisión legislativa
relativa, comoquiera que dicha exclusión se produce frente a un sujeto que se
encuentra en una posición jurídica asimilable a aquellos que si fueron
considerados, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable,
derivando dicho trato en discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se
proyecta en un desmedro de la garantía de acceso pleno y efectivo a la
justicia, en procura de una reparación integral del daño inferido con el delito.”
5.15. La sentencia C-839
de 2013[61] declaró exequible el inciso primero
del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, ahora nuevamente acusada en este
proceso, en el entendido que la víctima también puede solicitar la suspensión
del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos
fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
Consideró que se
cumplían los requisitos para el reconocimiento de una omisión legislativa
relativa relacionada con la no consagración de la facultad de las víctimas
de la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, pues
privar a las víctimas de la posibilidad de solicitar que se suspendan o
cancelen los registros obtenidos fraudulentamente afecta en especial: (i) la
garantía del restablecimiento del derecho, que se vulnera si se permite que los
registros obtenidos fraudulentamente sigan circulando en el tráfico jurídico,
aumentando los perjuicios causados a la víctima y (ii) el
derecho a la reparación, en especial el derecho a la restitución, que solamente
será posible si se vuelve al estado anterior al delito, cancelándose los
registros obtenidos fraudulentamente.
5.16. La Sentencia C-616 de
2014,[62] declaró exequible el inciso 3º del
artículo 443 de la Ley 906 de 2004.[63]  La Sala Plena determinó que no
facultar a la víctima para presentar réplicas a los alegatos de conclusión de
la defensa, al final del juicio oral, se encuentra constitucionalmente
justificado.
Señaló que no
existe un mandato constitucional que exija que las víctimas tengan una
intervención directa en todas las etapas del juicio oral, pues conforme a la
jurisprudencia su participación en esta fase puede ser menor, y depende de la
estructura del sistema acusatorio y de la posibilidad de que en la actuación
concreta se puedan afectar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación.
Explicó que “la
imposibilidad de que las víctimas presenten una réplica no genera una
desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino
que busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el
debate procesal. || Finalmente, la imposibilidad de que las víctimas presenten
una réplica a los alegatos de conclusión de la defensa no constituye un
incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al
legislador, pues la ley puede limitar la participación de la víctima en la
etapa de juicio oral si se afectan los rasgos esenciales del sistema acusatorio
como el principio de igualdad de armas.”
5.17. En la
sentencia C-233 de 2016[64] se declararon exequibles los
artículos 459, 472 y 478 (parciales) de la Ley 906 de 2004, por los cargos
analizados, al considerar que “respecto de los mismos no se configura una
omisión legislativa relativa por haber excluido a las víctimas del injusto
penal de intervenir en la fase ejecución de la sentencia y presentar recursos
contra las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad en relación con los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la
libertad. Lo anterior porque el legislador cuenta con un amplio margen de
configuración para regular la fase de ejecución de la sentencia, como en efecto
lo hizo sin vulnerar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
que le asisten a las víctimas, ni la igualdad ante los tribunales ni el acceso
a recursos efectivos. Además, éstas pueden ser representadas de forma indirecta
por el Ministerio Público en dicha fase, quien tiene la obligación legal de
velar por los intereses de las víctimas.”
5.18. La
sentencia C-473 de 2016[65] declaró exequible la expresión “la
presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyo caso serán
primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía”, contenida
en el artículo 362 de la Ley 906 de 2004.
En esa
oportunidad, el demandante consideró que la norma era inconstitucional, por no
conceder a la víctima la posibilidad de ofrecer pruebas de refutación, motivo
por el cual el legislador había incurrido en una omisión al excluirla de esa
facultad y vulneraba su derecho a probar y sus prerrogativas al debido proceso,
la tutela judicial efectiva, la verdad, la justicia y la reparación.  Sobre el particular, la Corte señaló:
“En suma, la prueba de refutación está comprendida dentro de las
armas estratégicas de las que disponen las partes y, no obstante las
diferencias indicadas en las consideraciones de esta sentencia, es un medio
para rebatir las evidencias adversas, como también lo son la impugnación de la
credibilidad del testigo y el uso del contrainterrogatorio. Por lo tanto, es
una herramienta propia del debate probatorio que se desarrolla en el juicio
público y oral, cuyo uso solo puede recaer en el acusador y el acusado, como
garantía del principio de igualdad de armas.
En estos términos, la exclusión de la posibilidad para la víctima de
solicitar directamente la práctica de pruebas de refutación se halla plenamente
justificada en el mantenimiento del mencionado principio y como forma de
asegurar que el juicio se desarrolle en condiciones de equidad. La Corte
coincide, por ende, con la mayoría de los intervinientes, quienes sostienen que
de concederse esta posibilidad a la víctima se crearía un desequilibrio entre
las partes, en desmedro de las garantías procesales del acusado y del postulado
de la igualdad de armas.
Por otro lado, pese a que la norma
comporta una restricción para las víctimas a la posibilidad de solicitar
pruebas de refutación, esto no significa su completa anulación. Conforme a una
de las subreglas citadas atrás, las prerrogativas que no le son concedidas a
las víctimas de forma independiente, pueden ser ejercidas a través de la Fiscalía,
la cual, a su vez tiene la obligación de oír a su representante judicial, quien
puede realizar observaciones para coadyuvar y fortalecer la estrategia de la
acusación. Por su parte, es obligación del juez garantizar el espacio de
diálogo entre, por un lado, el representante de la víctima y su abogado, y por
el otro, la Fiscalía, incluso, mediante un receso de la audiencia.” (Subraya original).
5.19. La sentencia C-031 de 2018,[66]
declaró exequible las expresiones “las partes o el Ministerio Público”, contenidas
en el artículo 47 de la Ley 906 de 2004,[67]
modificado por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que
las víctimas también podían solicitar directamente el cambio de radicación. A
juicio de la Corte, la disposición referida contenía una omisión legislativa
relativa, “al no conceder a la víctima legitimidad para solicitar el cambio
de radicación de la actuación. A luz de las reglas reseñadas con anterioridad,
particularmente de aquella según la cual las víctimas tienen derecho a promover
diligencias orientadas a la adopción de medidas de protección a su favor y de
las que dependa la eficacia de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a las garantías de no repetición, resulta claro que la regulación
analizada es incompatible con la Carta, al excluir a la víctima de la
posibilidad de solicitar de manera directa al juez el cambio de radicación del
proceso”.
5.20. De acuerdo con lo
anterior se pueden determinar una serie de parámetros generales en relación con
el análisis de la participación de la víctima en el sistema acusatorio:
“3.6.15.1. La protección de los derechos
de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición exigen una protección especial en el proceso penal, derivada de la
profundización de las relaciones entre el derecho constitucional y el Derecho
Penal del Estado Social de Derecho.
3.6.15.2. Los derechos de las víctimas
también se encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia acusatoria,
aunque el esquema de su intervención no deberá ser idéntico al consagrado en la
Ley 600 de 2000, sino que debe ser compatible con los rasgos estructurales y
las características esenciales del nuevo sistema procesal.
3.6.15.3. Debe buscarse que la
intervención de la víctima sea compatible con el modelo de sistema acusatorio
contemplado en la Constitución Política, para lo cual deberán analizarse los
siguientes factores: (i) el papel asignado a otros
participantes, en particular al Fiscal; (ii) el rol que le
reconoce la propia Constitución a la víctima respecto a la finalidad de la
medida correspondiente; (iii) las características de la
audiencia o actuación en la cual se pretende su participación; (iv) las
características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) el
impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como
para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.”[68]
6. LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN
Y CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
6.1. El Decreto 050 de 1987[69]
en su artículo 53 contempló por primera vez y en el capítulo dedicado a la
acción civil en el proceso penal, la medida de cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente según la cual “Demostrada la tipicidad del hecho punible
que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes muebles o
inmuebles sujetos a registro, el juez que esté conociendo del proceso ordenará
inmediatamente la cancelación de los títulos espurios y del registro
correspondiente”.
Esta norma se declaró
constitucional por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 3 de diciembre
de 1987 “con fundamento en que la propiedad privada en nuestro ordenamiento
constitucional se condiciona a su adquisición con justo título de acuerdo con
las leyes civiles, por lo cual, el legislador puede imponer al juez penal la
obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios para restablecer
los derechos de las víctimas”.[70] Al
respecto se indicó:
"Como la
protección de la propiedad privada en nuestro ordenamiento constitucional se
condiciona a su adquisición con justo título y de acuerdo con las leyes
civiles, no encuentra la Corte vicio de inconstitucionalidad alguno en que el
legislador le haya impuesto al juez penal la obligación de ordenar la
cancelación de los títulos espurios, pues además de ser consustancial a su
misión la restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer
el estado predelictual, (restitutio in pristinum) la adquisición de ellos aún
por un tercero de buena fé, no es lícita en razón del hecho punible que afecta
la causa de su derecho y que el juez penal debe declarar de oficio para
restablecer el derecho de la víctima”.[71]
Concluyéndose en esa sentencia
que la medida constituiría una forma de resarcir el daño que experimenta la
víctima del hecho punible, mediante la restitución originaria de los bienes
objeto material del delito.
6.2. Posteriormente, en el
artículo 61 del Decreto 2700 de 1991 se consagró esta medida incluyendo no solo
la cancelación de registros sobre bienes, sino también la de los títulos
valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente, a saber:
“Cancelación de
registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento del proceso en
que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la
obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos a registro, el
funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los
títulos y del registro respectivo. También se ordenará la cancelación de la inscripción
de títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere
acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos
cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario
pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que finalicen las
actuaciones correspondientes”.
Esta norma fue declarada
exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-245 de 1993 del 24 de
junio de 1993.[72] En esta sentencia, esta Corporación
definió la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente de la siguiente
manera:
“En primer término
encuentra la Corte que la disposición acusada establece un instrumento de
carácter procesal, que está previsto para procurar el restablecimiento del
derecho perturbado por la conducta punible, que permite a la autoridad judicial
ordenar la cancelación de los títulos y del registro respectivo de los bienes
sometidos a esta formalidad, así como la cancelación de los títulos valores,
siempre que hayan sido obtenidos fraudulentamente y se haya demostrado la
tipicidad del hecho punible o, lo que es lo mismo, que la conducta sancionada
penalmente se cometió y afecta la legalidad del título o del registro”
En esa providencia, también se
señaló que el objeto de la medida es “la restitución de los bienes objeto
del hecho punible al estado anterior, cuando la adquisición de ellos, y aún por
un tercero, sea producto del ilícito”. En este sentido, la Corte
Constitucional consideró que la norma era constitucional, ya que la Carta
Política no extiende la protección contenida en el artículo 58 a los bienes y
derechos que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes
civiles.[73] Así mismo, “se afirmó que esta
medida también tiene por objeto proteger la legalidad de la función registral
en los términos de su valor jurídico y de su importancia social, así como
amparar penalmente los privilegios que incorpora la definición legal de los
títulos valores.[74]”[75]
Finalmente, la exequibilidad
de la norma se condicionó a que “la medida que autoriza la norma acusada
tiene el sentido preventivo o cautelar analizado, con vistas a preservar los
derechos adquiridos con justo título y el fin invaluable de la seguridad
jurídica”.
6.3. Por su parte, la
Ley
600 de 2000 en su artículo 66 contempló esta medida dentro del capítulo de
bienes con una redacción casi idéntica a la del Decreto 2700 de 1991:
“Cancelación de
registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento de la
actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal
que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre
bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto
ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos.
También se ordenará
la cancelación de la inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad y
obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere
acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos
cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario
pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que tomen las
decisiones correspondientes.
Las anteriores
previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes
podrán hacerlos valer en trámite incidental.
El funcionario
judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo de los bienes, sin necesidad
de requisitos especiales, por el tiempo que sea necesario”.
6.4. En la Ley 906 de 2004,
esta medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente
se incluyó dentro del capítulo de medidas cautelares, en el artículo 101 ahora
parcialmente acusada. Esta norma consagra la posibilidad de que el juez de
control de garantías ordene la suspensión del poder dispositivo de los bienes y
de los títulos valores sujetos a registro cuando existan motivos fundados para
inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente a solicitud de
la Fiscalía, así como también su cancelación en la sentencia condenatoria
cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las
circunstancias que originaron la anterior medida.[76]
6.4.1. El inciso segundo de
esta norma fue demandado al señalarse que limita la posibilidad de cancelar los
títulos y registros apócrifos a los casos en que se logra proferir sentencia
condenatoria, estableciendo una distinción inaceptable entre las posibles
víctimas de delitos que involucran la falsificación de títulos de propiedad. En
la Sentencia C-060 de 2008[77] se declaró inexequible la
palabra "condenatoria" y exequible el resto de la expresión
acusada, entendiendo que la cancelación de los títulos y registros respectivos
también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal:
“Se desprende de lo
analizado en páginas precedentes que si bien resulta razonable que sólo al
final del proceso se adopte una decisión definitiva sobre la cancelación de los
títulos apócrifos, el hecho de que ello sólo pueda ocurrir dentro de la
sentencia condenatoria, tal como lo exige el inciso 2° del artículo 101 de la
Ley 906 de 2004, puede sin duda llegar a excluir el acceso de las víctimas a la
administración de justicia, pues al terminar el proceso penal de diferente
manera, quedaría extinguido para ellas y concretamente para el legítimo
titular, el poder dispositivo sobre los bienes a que tales títulos se refieren.
Se quebranta así la garantía de acudir a un debido proceso que la Constitución
Política reconoce y se crea un obstáculo para el cumplimiento de algunas de las
obligaciones que el texto superior le impone a la Fiscalía General de la Nación
para que vele eficientemente, como le es indefectible hacerlo, por los intereses
de las víctimas y contribuya a proteger y restablecer sus derechos”.
6.4.2. El inciso primero del
artículo 101 de la Ley 906 de 2004 fue demandado por considerar que se
configuraba una omisión
legislativa relativa que afectaba los derechos de las víctimas a la verdad, a
la justicia y a la reparación, al establecer que la facultad de solicitar la
suspensión provisional del poder dispositivo se encontraba exclusivamente en
cabeza de la Fiscalía General de la Nación, impidiendo que las víctimas puedan
pedirla.
En sentencia
C-839 de 2013, la Corte Constitucional declaró exequible la norma en el
entendido de que la víctima también puede solicitar la medida cuando existan
motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido
fraudulentamente.  En ese contexto, consideró que se cumplían los requisitos
para el reconocimiento de una omisión legislativa relativa relacionada con la
no consagración de la facultad de las víctimas para solicitar la suspensión del
poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos
fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente,
recordando que “este instrumento ha tenido en Colombia finalidades
directamente relacionadas con los derechos de las víctimas, como evitar que
continúe generándose un perjuicio en su contra, por lo cual éstas deben poder
solicitar su aplicación y negarles esta facultad les priva de un recurso
judicial efectivo frente al restablecimiento del derecho que no será
materializado si el delito sigue produciendo efectos jurídicos”.
De manera que, “privar a
las víctimas de la posibilidad de solicitar que se suspendan o cancelen los
registros obtenidos fraudulentamente afecta en especial: (i) el derecho al
restablecimiento del derecho, que se vulnera si se permite que los registros
obtenidos fraudulentamente sigan circulando en el tráfico jurídico, aumentando
los perjuicios causados a la víctima y (ii) el derecho a la reparación, en
especial el derecho a la restitución, que solamente será posible si se vuelve
al estado anterior al delito, cancelándose los registros obtenidos
fraudulentamente”.
6.5. Por lo anterior, se concluye
que la medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a
registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de
propiedad fue obtenido fraudulentamente es un instrumento a través del cual se
busca garantizar los derechos de las víctimas, principalmente aquellos
relacionados con la reparación y el restablecimiento del derecho, mediante la
restitución de los bienes que son el objeto material de la conducta al estado
anterior a la comisión del delito y evitar que se aumenten los perjuicios
causados con el ilícito.
7. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPRESIÓN “Y ANTES DE
PRESENTARSE LA ACUSACIÓN” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 906 DE 2004
7.1. Las
accionantes consideran que, de acuerdo con la interpretación de la Corte
Constitucional del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, la expresión demandada
impide que las víctimas puedan solicitar la suspensión del poder dispositivo de
los bienes sujetos a registro de manera fraudulenta. Lo anterior, por cuanto la
norma contiene un límite temporal para solicitar la medida, esto es, antes de
la acusación, momento procesal en el cual son formalmente reconocidas dentro
del proceso.  Esta posición fue reforzada por todos los intervinientes.
7.2. En esta
oportunidad la Sala Plena comparte los argumentos expuestos por las accionantes
y por los intervinientes, toda vez que la limitación temporal para solicitar la
medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes registrados
fraudulentamente afecta el acceso a la administración de justicia y los
derechos de reparación y restablecimiento del derecho de las víctimas,
pacíficamente protegido por la jurisprudencia constitucional.
7.3. Como se
expuso en precedencia, los derechos a la justicia, al restablecimiento del
derecho y a la reparación son reconocidos y protegidos no solo dentro del ordenamiento
interno sino también por organismos internacionales, con los cuales se persigue
que las víctimas cuenten con un recurso judicial efectivo y la restauración,
indemnización o readaptación de sus derechos afectados por los delitos
cometidos. Igualmente, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 906 de 2004,[78] el
restablecimiento del derecho funge como un principio rector del procedimiento
penal, el cual no está supeditado a la responsabilidad penal.
Bajo ese
entendido, es clara la obligación que tienen los funcionarios judiciales dentro
del proceso penal, de garantizar la participación de la víctima a través de
recursos efectivos y de adoptar las medidas relacionadas con el
restablecimiento del derecho de las víctimas de delitos, aun cuando haya
prescrito la conducta punible. Por lo tanto, el restablecimiento del derecho se
puede reconocer en cualquier etapa del proceso penal y no necesariamente en la audiencia
de juzgamiento, en la medida en que, se reitera, éste es independiente de la
responsabilidad penal.
7.4. En efecto,
en la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004[79] se estableció
claramente la trasformación del sistema penal con el fin de garantizar la
protección de las víctimas y la reparación integral
de los perjuicios ocasionados con la comisión del delito. Al respecto, se
indicó:
“El ordenamiento penal -sustantivo y procesal- siempre se ha
ocupado de la acción civil encaminada a obtener el restablecimiento del derecho
y el resarcimiento de los daños derivados del delito, por ende, de naturaleza
esencialmente indemnizatoria y de contenido civil y económico, señalando su
finalidad, titulares y formas de ejercerla para lo cual se consagró la
institución de la parte civil. Sin embargo, esta concepción limitada de los
derechos de las víctimas, común en los sistemas penales tradicionales en cuanto
las relega a una posición marginal de cara al proceso penal, ha venido
sufriendo una transformación sustancial al punto que en la actualidad el
derecho de las víctimas de los delitos surge como uno de los desafíos de la
comunidad jurídica, el cual exige cambios estructurales tales como la
implementación de instrumentos que les otorgue espacios dentro y fuera del
proceso a través de métodos alternativos para la solución de conflictos como la
mediación. Esta tendencia sin duda tiene acogida en el sistema acusatorio de
procesamiento criminal, implantado con el Acto Legislativo 03 de 2002 y
desarrollado en el proyecto de Código de Procedimiento Penal que hoy se
presenta a consideración de la Cámara de Representantes, a través del
tratamiento que aquí se da a las víctimas y perjudicados con miras a cumplir
los estándares internacionales requeridos en materia de eficiencia del sistema
penal.
Es así como a la luz de la nueva regulación legal, las víctimas de
un delito en garantía de los derechos que les asiste a la verdad, la justicia y
la reparación, pueden intervenir en todas las fases de la actuación penal para
demandar la adopción de medidas de atención indispensables en orden a
garantizar su seguridad personal y familiar, como también las de protección
necesarias frente a toda injerencia indebida a su privacidad o dignidad.
Así mismo, pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad
para la determinación de sus derechos de carácter civil (restablecimiento del
derecho y el resarcimiento de los perjuicios), a través de la solicitud de las
medidas patrimoniales instauradas a su favor o del incidente de reparación
integral; tienen derecho igualmente, a conocer la realidad de los hechos o a
ser debidamente informadas sobre el desarrollo de averiguación, el juicio, la
sentencia, la dosificación de la pena y cuanto sea de su interés a efecto de
promover el incidente de reparación integral. Como también están facultadas
para intervenir en el programa de justicia restaurativa, entendida ésta como el
proceso en el que la víctima y el imputado o acusado participan conjuntamente
de forma activa, en la resolución de cuestiones derivadas del delito, en busca
de un resultado restaurativo o acuerdo encaminado a atender las necesidades y
responsabilidades de las partes y a lograr su reintegro a la comunidad, con o
sin participación de un facilitador, mediante mecanismos tales como la
conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación
integral y la mediación.
De manera que las víctimas y los perjudicados adquieren con el
nuevo sistema penal el status de protagonistas activos, acorde con los
principios de protección y promoción de los derechos humanos y de la lucha
contra la impunidad”.
7.5. Ahora
bien, es pertinente recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y la de la Corte Constitucional ha considerado que esta medida de
suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente resulta eficaz
y apropiada para el restablecimiento del derecho y la reparación de las
víctimas dentro del proceso penal. Ello en tanto permite volver las cosas a su
estado original y desvirtuar los derechos que se arrogaron de manera contraria
al ordenamiento jurídico. Igualmente, contribuye a evitar la consumación de
situaciones irregulares y los consecuentes perjuicios causados. Para esta
Corporación, la medida en cuestión es un instrumento que “ha tenido
en Colombia finalidades directamente relacionadas con los derechos de las
víctimas, como evitar que continúe generándose un perjuicio en su contra, por lo
cual éstas deben poder solicitar su aplicación y negarles esta facultad les
priva de un recurso judicial efectivo frente al restablecimiento del derecho
que no será materializado si el delito sigue produciendo efectos jurídicos”.[80]
Si bien es claro
que uno de los deberes de la Fiscalía General de la Nación es representar los
intereses de la víctima, de conformidad con el artículo 250 de la Constitución
Política y los artículos 11, 132 y siguientes de la Ley 906 de 2004, esta puede
intervenir de manera directa en el proceso.
En este
contexto, entendiendo que las víctimas también están facultadas para solicitar
tal medida en virtud de la sentencia C-839 de 2013, no resulta ajustado a
derecho el límite contenido en la norma para realizar tal solicitud.  Lo
anterior por cuanto, sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 136 de la Ley 906 de 2004 y en la
jurisprudencia constitucional sobre la participación de la víctima en las
distintas etapas procesales del sistema acusatorio, de acuerdo con el artículo
340[81]
de la citada codificación, las víctimas son formalmente reconocidas en la
audiencia de acusación y es a partir de ese momento cuando tienen acceso y
conocimiento pleno del expediente y cuando se hace el descubrimiento de las
pruebas recaudadas. Por lo tanto, es en este escenario donde la víctima
conocerá las evidencias existentes y contará con elementos materiales de prueba
para respaldar su petición.
7.6. Así las
cosas, los argumentos expuestos hasta el momento permiten concluir que la
limitación temporal de la solicitud de suspensión y cancelación de registros
fraudulentos por parte de las víctimas resulta vulneratoria de sus derechos de
acceso a la justicia y más concretamente a la reparación y al restablecimiento
del derecho.
No obstante y aunque
los cargos presentados van dirigidos exclusivamente a cuestionar el término
procesal contenido en la norma frente a la facultad otorgada a la víctima para
solicitar la medida, la declaratoria de inexequibilidad de la expresión
habilitaría al fiscal para que, al igual que la víctima, pueda solicitar esta
medida de suspensión y cancelación de los registros fraudulentos en cualquier
momento procesal.
7.7. De manera
que en de conformidad con lo antes expuesto, la Corte Constitucional declarará inexequible
la expresión “y antes de la acusación” y por consiguiente, tanto la
Fiscalía General de la Nación como las víctimas podrán solicitar en cualquier
momento la medida de suspensión y cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente.
8. Conclusión
De conformidad
con las consideraciones expuestas, dado que la jurisprudencia constitucional
permitió que las víctimas pudieran solicitar la medida de suspensión y
cancelación de registros fraudulentos, limitarlas temporalmente a que se
solicite tal medida antes de la acusación, desconoce sus derechos fundamentales
el derecho a la justicia, más concretamente a la reparación y al
restablecimiento del derecho de las víctimas y las priva de un recurso judicial
efectivo para obtener el restablecimiento del derecho violentado con la
conducta punible.
Bajo ese
entendido, la Corte Constitucional declarará inexequible la expresión “y
antes de presentarse la acusación” por lo que tanto el fiscal como las
víctimas podrán solicitar la medida de suspensión y cancelación de registros
obtenidos fraudulentamente en cualquier momento.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y antes de presentarse
la acusación” contenida en el inciso 1 del artículo 101 de la Ley 906 de
2004 por las razones expuestas en la presente providencia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL
PULIDO                                   DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrado
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ   ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Magistrado
Con
aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO                      CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrado                                                                      Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS                                   ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado                                                                         Magistrado
MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver folios 90 a 93 del cuaderno principal del expediente.
[2] Dice la citada norma: “Artículo 2º.
Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán
por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas
acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio
o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de
las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por
las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda".
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[4] Corte Constitucional. Sentencia C-641 de
2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil). Tomado de las sentencias C-1052 y 1193 de 2001.
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
[5] Corte Constitucional. Sentencia C-029 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[6] Corte Constitucional. Sentencia C-781 de 2007 (MP. Humberto
Sierra Porto).
[7] Se reiterará especialmente la sentencia
C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), mediante la cual se analizó
la solicitud de la medida de suspensión del registro de bienes obtenidos
fraudulentamente por parte de las víctimas.
[8] Adoptada por la
Asamblea General mediante Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, según
la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la
justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y para ello
es necesario que se permita "que las opiniones y preocupaciones de las
víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones,
siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio de los del acusado y de
acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente".
[9] En los artículos 8 y 25 se consagra el derecho de todas las
personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos
y obligaciones y a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales,
respectivamente.
[10] El literal a) del numeral 3º del artículo 2º de dicho Pacto, al
respecto señala literalmente que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos
en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo,
aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en
ejercicio de sus funciones oficiales”. Los recursos a que se refiere esta norma
(i) deben estar a disposición de toda persona y ser adecuados para que aun los
sujetos especialmente vulnerables puedan acceder a ellos; (ii) ser efectivos
para reivindicar los derechos fundamentales amparados por el Pacto, y (iii)
garantizar que las denuncias por violaciones de derechos sean investigadas de
un modo rápido, detallado y efectivo por órganos independientes e imparciales.
Adicionalmente, la interpretación de la norma exige que haya una reparación
para las personas cuyos derechos amparados por el Pacto hayan sido violados,
reparación que implica “por lo general” la concesión de una indemnización
apropiada.
[11] Adoptada por la Asamblea
General en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986, en sus artículos 4. 5 y 6
de la Convención disponen que los Estados Parte velen por que todos los actos
de tortura constituyan delitos y se castiguen con penas adecuadas; adopten las
medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos y
procedan a la detención de los responsables.
[12] OEA. Adoptada por la Asamblea
General en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997,
en sus artículos 8 y 9 dispone (i) “Los Estados partes garantizarán a toda
persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su
jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. || Asimismo,
cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de
tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que
sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una
investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo
proceso penal. || Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del
respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a
instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.”
(ii) “Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones
nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas
del delito de tortura.|| Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el
derecho que puedan tener la víctima u otras personas de recibir compensación en
virtud de legislación nacional existente”.
[13] En su artículo 1, consagra que los Estados se comprometen a no
practicarla ni permitir que se practique, y a sancionar a los autores de este
delito, sus cómplices y encubridores. Así mismo, se obligan a cooperar entre sí
para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de
personas y para tomar medidas legislativas para tipificar el delito, cuya
acción penal no estará sujeta a prescripción.
[14] El artículo 6 dispone que “las personas acusadas de genocidio o
de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas
por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido,
o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de
las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.”
[15] ONU. Adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios
de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998. “El Estatuto de Roma,
mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional, constituye probablemente
el mayor instrumento internacional de protección a los derechos humanos y al
Derecho Internacional Humanitario, el cual se aplica cuando uno de los Estados
signatarios no tiene capacidad o disposición de administrar justicia respecto
de aquellos casos para los cuales fue establecido el referido Tribunal” Sentencia
C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[16] Corte IDH. Caso
Godínez Cruz vs. Honduras. Citada en la sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub). En ese caso el
señor Godínez Cruz, dirigente sindical, fue secuestrado y posteriormente
desaparecido. Las pruebas obrantes dentro del proceso permitieron establecer
que el hecho fue ejecutado por las autoridades hondureñas, dentro de una
práctica generalizada de desaparecer a personas consideradas peligrosas. La
Corte consideró que Honduras había violado, en perjuicio del señor Godínez
Cruz, los deberes de respeto y garantía de los derechos a la vida, la
integridad y la libertad personales consagrados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
[17] Sentencia C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Ver
entre otras, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del
Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Caso Barrios Altos vs. Perú, Caso Myrna
Mack Chang vs Guatemala, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Caso
comunidad Moiwana vs. Suriname y Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala.
[18] Citado en la Sentencia
C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[19] Corte Constitucional. Sentencia C-031 de
2018 (MP. Diana Fajardo Rivera).
[20] Esta reseña fue realizada en la sentencia
C-839 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
es parcialmente modificada en esta providencia.
[21] Corte Constitucional.
Sentencia C-1154 de 2005 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[22] “ARTÍCULO 79. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un
hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias
fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible
existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación.
Sin
embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará
mientras no se haya extinguido la acción penal.”
[23] Corte Constitucional.
Sentencia C-1177 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[24] “ARTÍCULO 69. REQUISITOS DE LA
DENUNCIA, DE LA QUERELLA O DE LA PETICIÓN. <Apartes subrayados
CONDICIONALMENTE exequibles> La denuncia, querella o petición se hará
verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la
identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación
y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante.
Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos
en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante
que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.
<Inciso CONDICIONALMENTE
exequible> En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento.
La
denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del denunciante, o
del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la
investigación.
Los
escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan
encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente”.
[25] Corte Constitucional. Sentencia C-1177 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño). Se indicó que “la preservación de los derechos de las víctimas en el
proceso penal exige que la decisión sobre el mérito de la denuncia esté rodeada
de un mínimo de garantías. En el nuevo sistema procesal penal, la denuncia
adquiere para las víctimas y perjudicados con el delito especial relevancia, en
razón a que, eliminado el mecanismo de la demanda de parte civil, se erige como
el acto fundamental de acceso a la justicia para la reivindicación de sus
derechos. Advierte, sin embargo la Corte, que el nuevo esquema procesal no
prevé ningún tipo de control interno o externo para la decisión de inadmisión
de la denuncia. En diferentes oportunidades se ha pronunciado esta Corporación
acerca de la necesidad de que las acciones y omisiones de la Fiscalía estén sometidas
a controles externos [33]. Tales controles no se oponen a la autonomía que la
Constitución reconoce a este órgano de investigación, y en cambio sí se
presentan como la concreción de varias disposiciones constitucionales como (i)
el principio del Estado Social de Derecho donde todas las autoridades están
sometidas al ordenamiento jurídico y a los consecuentes controles externos,
(artículos 1, 2, y 6, CP); (ii) el principio de colaboración armónica entre las
ramas del poder público (artículo 113, CP); (iii) el deber de las autoridades
de garantizar la efectividad de los derechos de las personas, en este caso de
quienes son víctimas o perjudicados con el delito (artículos 2 y 250, CP); y
(iv) el deber de las autoridades de proteger a las personas contra la
arbitrariedad (artículos 2 y 6, CP).
A juicio
de la Corte, la decisión acerca de la denuncia reviste particular relevancia
para la efectividad de los derechos de las víctimas y perjudicados con los
delitos, por lo que no puede quedar exenta de controles externos. En
consecuencia condicionará la exequibilidad de la expresión acusada “en todo
caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento” a que tal decisión emitida
por el fiscal sea notificada al denunciante y al Ministerio Público. Ello a
efecto de investir tal decisión de la publicidad necesaria para que el
denunciante, de ser posible, ajuste su declaración de conocimiento a los
requerimientos de fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada
le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario,
despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le
señala para la defensa de los derechos y garantías fundamentales.”
[26] Corte Constitucional.
Sentencia C-454 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[27] “ARTÍCULO 135. GARANTÍA DE
COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los
derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el
momento mismo en que esta intervenga.
Igualmente
se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer por los
perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de
formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal, o
de manera directa en el incidente de reparación integral.”
[28] “ARTÍCULO 357. SOLICITUDES PROBATORIAS. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> Durante la audiencia el juez dará la palabra a
la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran
para sustentar su pretensión.
El
juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran
a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de
pertinencia y admisibilidad previstas en este código.
Las
partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que
libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso.
Excepcionalmente,
agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público
tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que
pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su
práctica.”
[29] Al respecto se indicó que: “los fundamentos constitucionales
de los derechos de las víctimas,  así como los pronunciamientos que sobre la
ley 906 de 2004 ha realizado la Corte, permiten afirmar que la víctima ocupa un
papel protagónico en el proceso, que no depende del calificativo que se le
atribuya (como parte o interviniente), en tanto que se trata de un proceso con
sus propias especificidades, en el que los derechos de los sujetos que
intervienen están predeterminados por los preceptos constitucionales, las
fuentes internacionales  acogidas por el orden interno y la jurisprudencia
constitucional. El alcance de los derechos de las víctimas deben interpretarse
dentro de este marco.”
[30] El artículo 340 de la ley 906 de 2004 establece que en la
audiencia de formulación de acusación “se determinará la calidad de víctima, de
conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación
legal en caso de que se constituya”.
[31] Corte Constitucional.
Sentencia C-822 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[32] “ARTÍCULO 250.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE LESIONADOS O DE VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible. Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando se trate de
investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o
cualquier otro delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento
y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de
muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro de
menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito
forense a fin de realizar el reconocimiento o examen respectivos.
En todo
caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su
representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se
les explicará la importancia que tiene para la investigación y las
consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos.
De perseverar en su negativa se acudirá al juez de control de garantías para
que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la
inspección.
El
reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente en
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un
establecimiento de salud.”
[33] Corte Constitucional.
Sentencia C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[34] “ARTÍCULO 327. CONTROL JUDICIAL EN LA
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. <Artículo modificado por el
artículo 5 de la Ley 1312 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El juez
de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad de las
solicitudes individuales o colectivas respectivas dentro de los cinco (5) días
siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de
oportunidad.
Dicho
control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en
la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida
por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez
resolverá de plano.
La
aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles
imputados o acusados y la Fiscalía, no podrá comprometer la presunción de
inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la
autoría o participación en la conducta y su tipicidad.”
[35] “ARTÍCULO 337.
CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y DOCUMENTOS ANEXOS. El escrito
de acusación deberá contener:
1. La
individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su nombre, los
datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.
2. Una
relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje
comprensible.
3. El
nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que
le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
4. La
relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.
5. El
descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo
que deberá contener:
a) Los
hechos que no requieren prueba.
b) La
trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio,
siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.
c) El
nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración
se solicite en el juicio.
d) Los
documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los
respectivos testigos de acreditación.
e) La
indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección
y datos personales.
f) Los
demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.
g) Las
declaraciones o deposiciones.
<Aparte
tachado INEXEQUIBLE> La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de
acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con
fines únicos de información.”
[36] Corte constitucional. Sentencia C-839 de
2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[37] Corte Constitucional.
Sentencia C- 210 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[38] ARTÍCULO 92. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES. <Apartes
tachados INEXEQUIBLES> El juez de control de garantías, en la audiencia de
formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal
o de las víctimas directas podrá decretar sobre bienes del imputado o del
acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la
indemnización de los perjuicios causados con el delito. || La víctima directa
acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y
la cuantía de su pretensión. || El embargo y secuestro de los bienes se
ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se
hubieren ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen
establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea
formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al
peticionante. El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará
secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan
la materia en el Código de Procedimiento Civil. || Cuando las medidas afecten
un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el imputado o acusado, se
dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de
entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere
sentencia condenatoria en su contra. ||PARÁGRAFO. En los procesos en los que
sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá
solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado en las mismas
condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución.
[39] ARTÍCULO 97. PROHIBICIÓN DE ENAJENAR. El imputado dentro del
proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6)
meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se
garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre
su inocencia. || Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la
audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes
sin autorización del juez será nula y así se deberá decretar. || Para los
efectos del presente artículo el juez comunicará la prohibición a la oficina de
registro correspondiente. || Lo anterior sin perjuicio de los negocios
jurídicos realizados con anterioridad y que deban perfeccionarse en el
transcurso del proceso y de los derechos de los terceros de buena fe, quienes
podrán hacerlos valer, personalmente o por intermedio de abogado dentro de una
audiencia preliminar que deberá proponerse, para ese único fin, desde la
formulación de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base
en los motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca del
asunto resolverá de plano.
[40] ARTÍCULO 118. INTEGRACIÓN Y DESIGNACIÓN. La defensa estará a
cargo del abogado principal que libremente designe el imputado o, en su
defecto, por el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría
Pública.
[41] ARTÍCULO 119. OPORTUNIDAD. La designación del defensor del imputado
deberá hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la
formulación de la imputación. En todo caso deberá contar con este desde la
primera audiencia a la que fuere citado.|| El presunto implicado en una
investigación podrá designar defensor desde la comunicación que de esa
situación le haga la Fiscalía.
[42] Corte Constitucional.
Sentencia C-343 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[43] “ARTÍCULO 390. EXAMEN DE LOS TESTIGOS.
Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido
por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos
de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a
un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y
la ley, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior.
Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales
de ley.”
[44] Corte Constitucional.
Sentencia C-516 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[45] “ARTÍCULO 348. FINALIDADES.
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Con el fin de humanizar la
actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la
solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la
reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la
participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el
imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del
proceso.
El
funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la
Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a
fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.”
[46] “ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA
AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de
ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar
a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo,
el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación.
El
fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones
para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del
delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal:
1.
Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo
específico.
2.
<Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Tipifique la conducta, dentro de su
alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.”
[47] “ARTÍCULO 351.
MODALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La
aceptación de los cargos determinados en la audiencia de
formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de
la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
También
podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos
imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado
con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja
compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la
forma prevista en el inciso anterior.
En el
evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte
formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de
la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible
imputación.
Los
preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías
fundamentales.
Aprobados
los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la
sentencia correspondiente.
Las
reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos
entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de
rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.”
[48] “ARTÍCULO 352. PREACUERDOS POSTERIORES
A LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>
Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al
inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y
el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo
anterior.
Cuando
los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se
reducirá en una tercera parte.”
[49] Corte Constitucional.
Sentencia C-060 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[50] “ARTÍCULO 101. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN
DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE. <Inciso CONDICIONALMENTE
exequible> En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a
petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la
suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan
motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido
fraudulentamente.
<Aparte
tachado INEXEQUIBLE, e inciso CONDICIONALMENTE exequible> En la sentencia
condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos
cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las
circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo
dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los títulos valores
sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere
acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos
cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, se pondrá en
conocimiento la decisión de cancelación para que se tomen las medidas
correspondientes.”
[51] Corte Constitucional
Sentencia C-409 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[52] “ARTÍCULO 108. CITACIÓN DEL ASEGURADOR. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Exclusivamente para
efectos de la conciliación de que trata el artículo 103,
la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable
podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en
virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, quien tendrá la
facultad de participar en dicha conciliación.”
[53] Corte Constitucional.
Sentencia C-936 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[54] Corte Constitucional. Sentencia
C-250 de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo).
[55] “ARTÍCULO 100. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> El
artículo 447 de la Ley 906 de 2004 quedará así: || Artículo 447.
Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere condenatorio, o si
se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá brevemente
y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se
refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y
antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán
referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún
subrogado. || Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare
necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá
solicitar a cualquier institución pública o privada, la designación de un
experto para que este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles,
responda su petición. || Escuchados los intervinientes, el juez señalará el
lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en un término que
no podrá exceder de quince (15) días contados a partir de la terminación del
juicio oral.|| PARÁGRAFO. En el término indicado en el inciso anterior se
emitirá la sentencia absolutoria.”
[56] Corte Constitucional.
Sentencia C-260 de 2011 (MP.  Jorge Iván Palacio Palacio).
[57] “ARTÍCULO 397. INTERROGATORIO POR EL JUEZ. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el
interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda
la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una
vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio
Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del
caso.”
[58] Corte Constitucional.
Sentencia C-782 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[59] “ARTÍCULO 90. OMISIÓN DE
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS BIENES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>
Si en la sentencia o decisión con efectos equivalentes se omite el
pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, la
defensa, el fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar en la misma
audiencia la adición de la decisión con el fin de obtener el respectivo
pronunciamiento.”
[60] Corte Constitucional.
Sentencias C-782 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), C-209 de 2007 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). Reiteración en la Sentencia C-651 de 2011 (MP.
María Victoria Calle Correa).
[61] Corte Constitucional.
Sentencia C-839 de 2013. (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[62] Corte Constitucional. Sentencia C-616 de
2014 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[63] “ARTÍCULO 443. TURNOS PARA ALEGAR. El
fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de la prueba,
tipificando de manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la
acusación.
A
continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las
víctimas, si lo hubiere, y al Ministerio Público, en este orden, quienes podrán
presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado.
Finalmente,
la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los cuales
podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Si esto ocurriere la
defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá del último turno
de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados.”
[64] Corte Constitucional. Sentencia C-233 de
2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[65] Corte Constitucional. Sentencia C-469 de
2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio).
[66] Corte Constitucional. Sentencia C-031 de
2018 (MP. Diana Fajardo Rivera. AV Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares
Cantillo. SV Carlos Bernal Pulido).
[67] “ARTÍCULO 47. SOLICITUD DE CAMBIO. <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 71 de la
Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Antes de iniciarse la
audiencia del juicio oral, las partes o el Ministerio Público, oralmente o por
escrito, podrán solicitar el cambio de radicación ante el juez que esté
conociendo del proceso, quien informará al superior competente para decidir.
El
juez que esté conociendo de la actuación también podrá solicitar el cambio de
radicación ante el funcionario competente para resolverla.”
[68] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de
2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[69] Antiguo Código de Procedimiento Penal, derogado por el artículo
573 del Decreto 2700 de 1991.
[70] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de
2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[71] Corte Suprema de
Justicia, Sala Plena, Sentencia del 3 de diciembre de 1987. (M.P. Dr. Jairo
Duque Pérez).
[72] Corte Constitucional.
Sentencia C-245 de 1993 (MP. Fabio Morón Díaz).
[73] Corte Constitucional.
Sentencia C-245 de 1993 (MP. Fabio Morón Díaz). Se indicó en esta oportunidad
que “2o.  Desde otro punto de vista, la Carta Política no extiende la
protección que se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos
adquiridos en el artículo 58 a los bienes y derechos que no sean adquiridos con
justo título y de conformidad con las leyes  civiles; por tanto no existe
por este aspecto vicio de constitucionalidad, ya que se trata de una decisión
de carácter judicial que se debe adoptar dentro de los ritos propios del debate
procesal penal y que surge del deber básico del juez  de administrar
justicia conforme al debido proceso legal.”
[74] “Sentencia de la
Corte Constitucional. C-245 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz. Las medidas, que
con fundamento en la disposición acusada, se pueden decretar, se enderezan,
además, a proteger la legalidad de la función registral en los términos de su
valor jurídico y de su importancia social, así como a amparar penalmente los
privilegios que incorpora la definición legal de los títulos valores, los que
se verían seriamente afectados si, demostrada la tipicidad del hecho punible,
es decir, comprobado que efectivamente se cometió el delito y que éste afecta
el título y en su caso al registro, el funcionario judicial tuviese que
reservarse hasta el final del proceso y de la resolución de las
correspondientes impugnaciones contra la sentencia, para ampararlos con la
orden de cancelación del registro o del título.”
[75] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de
2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[76] Artículo 101: “Suspensión y
cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento
y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de
control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los
bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el
título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
En
la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros
respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre
las circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo
dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los títulos valores
sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.
Si
estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los
títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, se
pondrá en conocimiento la decisión de cancelación para que se tomen las medidas
correspondientes”.
[77] Corte Constitucional.
Sentencia C-060 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[78] “ARTÍCULO 22. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Cuando sea
procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las
medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las
cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se
restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la
responsabilidad penal.”
[79] Ver Gaceta del Congreso No. 339 del 23 de
julio de 2003. Página 62
[80] Corte Constitucional. Sentencia C-839 de
2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[81] ARTÍCULO 340. LA VÍCTIMA. En esta audiencia se determinará la
calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se
reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un
número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de
representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del
juicio oral.