C-328-19
Sentencia C-328/19
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
de la Corte Constitucional
PROPIEDAD HORIZONTAL-Evolución
y características de las regulaciones legislativas
LEY DE
PROPIEDAD HORIZONTAL-Finalidad en
materia de bienes privados y comunes/PROPIEDAD HORIZONTAL-Régimen
normativo especial
PROPIEDAD
HORIZONTAL-Obligaciones a cargo de
los propietarios de bienes privados
PROPIEDAD
HORIZONTAL-Escritura pública de
constitución debe contener el reglamento
REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL-Publicación
de listas de copropietarios que incumplen obligaciones pecuniarias
DERECHO A
LA INTIMIDAD Y HABEAS DATA-Relación/DERECHO
A LA INTIMIDAD-Características generales/HABEAS DATA-Función primordial
DERECHO
AL HABEAS DATA-Alcance/CLASES DE INFORMACION-Pública, semiprivada, privada y reservada
La Corte también considera relevante
recordar que, con el propósito de delimitar el alcance de las garantías del
derecho fundamental al habeas data y darle solución a la tensión que existe
entre este y el derecho fundamental a la información (C.P., art. 20), el
ordenamiento jurídico ha clasificado los datos personales en cuatro categorías,
a saber: privada, reservada, semiprivada y pública.
DERECHO
AL HABEAS DATA EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES-Principios y garantías constitucionales
TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES-Principio de
finalidad
DERECHO DE HABEAS DATA EN TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES-Requisito
de consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular del dato
TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES-Se considera
ilícita la obtención y divulgación de datos personales sin previa autorización
del titular
INFORMACION
SEMIPRIVADA-Características/INFORMACION
SEMIPRIVADA-Definición
REGIMEN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL-Publicación de sanciones por incumplimiento de obligaciones no
pecuniarias
La obtención del
fin constitucionalmente legítimo consistente en “garantizar la seguridad y la
convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función
social de la propiedad” es suficiente para que, con ocasión de la compaginación
de los principios de libertad y de finalidad, se permita una circulación
restringida de los datos personales semiprivados de quienes incumplan con las
obligaciones pecuniarias a que refiere el artículo 30 de la Ley 675 de 2001.
Referencia: Expediente
D-12928
Demanda de
inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 30 y el numeral 1º del
artículo 59 de la Ley 675 de 2001 “Por medio de la cual se expide el régimen de
propiedad horizontal”.
Demandantes: Ana
María Sánchez Quintero, Ana Lucía Rodríguez Mora, Angie Daniela Yepes García y
Natalia Rodríguez Álvarez.
Magistrada
ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D. C., veinticuatro
(24) de julio de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, profiere la presente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
Las
ciudadanas Ana María Sánchez Quintero, Ana Lucía
Rodríguez Mora, Angie Daniela Yepes García y Natalia Rodríguez Álvarez, en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandaron el inciso 2º
del artículo 30 y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001, “Por
medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”, por
considerar que dichas normas son contrarias al artículo 15 de la Constitución
Política en sus dimensiones del derecho a la intimidad y del derecho al habeas
data, así como al principio de proporcionalidad. Luego de los trámites de
rigor, la demanda fue fijada en la Secretaría General de la Corte para permitir
la participación ciudadana. Posteriormente, el señor Procurador General de la
Nación emitió el concepto de su competencia.
II. NORMAS
DEMANDADAS
A continuación,
se transcribe el texto de las normas que contienen los apartes legales
demandados, resaltando en negrilla y subraya lo concretamente impugnado:
“LEY 675 de 2001
(agosto 3)
Por medio de la cual se expide el régimen
de propiedad horizontal.
(…)
ARTÍCULO 30. INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE EXPENSAS. El retardo en el
cumplimiento del pago de expensas causará intereses de mora, equivalentes a una
y media veces el interés bancario corriente, certificado por la
Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de que la asamblea general, con quórum
que señale el reglamento de propiedad horizontal, establezca un interés
inferior.
Mientras subsista este incumplimiento, tal situación
podrá publicarse en el edificio o conjunto.
El acta de la asamblea incluirá los propietarios que se encuentren en mora.
PARÁGRAFO. La publicación referida en el presente artículo solo podrá
hacerse en lugares donde no exista tránsito constante de visitantes,
garantizando su debido conocimiento por parte de los copropietarios.
(…)
ARTÍCULO 59. CLASES DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO
PECUNIARIAS. El incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su
consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, por parte de
los propietarios, tenedores o terceros por los que estos deban responder en los
términos de la ley, dará lugar, previo requerimiento escrito, con indicación
del plazo para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si
a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones:
1. Publicación en lugares de amplia circulación de la
edificación o conjunto de la lista de los infractores con indicación expresa
del hecho o acto que origina la sanción.
2. Imposición de multas sucesivas, mientras persista el incumplimiento,
que no podrán ser superiores, cada una, a dos (2) veces el valor de las
expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor, a la fecha de su
imposición que, en todo caso, sumadas no podrán exceder de diez (10) veces las
expensas necesarias mensuales a cargo del infractor.
3. Restricción al uso y goce de bienes de uso común no esenciales, como
salones comunales y zonas de recreación y deporte.
PARÁGRAFO. En ningún caso se podrá restringir el uso de bienes comunes
esenciales o de aquellos destinados a su uso exclusivo.”
III. LA DEMANDA
Las demandantes
consideran que las disposiciones demandadas deben declararse inexequibles por
contrariar el artículo 15 de la Constitución Política, así como por la
vulneración al principio de proporcionalidad. A continuación se presentan los argumentos
expuestos por las accionantes:
1.
El cargo por
violación al derecho a la intimidad
1.1. Las
accionantes estiman que la información a la que se refiere el artículo 30
de la Ley 675 de 2001 es de tipo semiprivado, de propiedad del deudor moroso “y
que requiere para su acceso de un grado mínimo de limitación”. Aducen entonces
que mediante Sentencia C-1011 de 2008, la Corte estableció que “en
la tipología de información semiprivada se incluyen con frecuencia datos
relativos al comportamiento financiero de las personas, en los que siempre debe
intervenir una autoridad, de manera que se pueda divulgar, y siempre que sea
para los fines propios de sus funciones”. Añaden que la información semiprivada es aquella que no es
completamente pública cuyo conocimiento no está totalmente restringido a
terceros pero que, sin embargo, “para ser obtenida
requiere de una orden de autoridad competente que requiera su divulgación para
fines legítimamente justificados”.
La demanda
prosigue indicando que la publicación de la información a que se refiere el inciso
2º del artículo 30 de la Ley 675 de 2001 se erige “como
una sanción al incumplimiento de las obligaciones pecuniarias, sin la mediación
de una autoridad judicial o administrativa ni el cumplimiento de los principios
de las limitaciones al derecho a la intimidad”, impidiendo que la persona “contenga en su esfera privada
su situación financiera”.
Las demandantes
además afirman que, aunque la disposición impugnada cumple con los principios
de finalidad, veracidad e integralidad, no se puede decir lo mismo respecto de
los de libertad y necesidad. Indican que no se cumple el principio de libertad
que preside el ejercicio del derecho de habeas data pues este “se
puede poner en duda al no haber certeza de que en la eventual sanción que
imponga una administración de propiedad horizontal, la divulgación de la
información haya sido consentida previa y libremente por el infractor”. Frente del principio de necesidad señalan que “si bien el
pretender el pago de obligaciones dinerarias de un copropietario es
constitucional para recuperar el pago de obligaciones dinerarias”, la medida
adoptada no es necesaria pues la simple publicación de los deudores no lleva a
alcanzar dicho fin.
Como conclusión
al primer cargo respecto del inciso 2º del artículo 30, las accionantes señalan
que “si bien el aparte demandado tiene como objetivo
desincentivar la cultura del no pago en las obligaciones comunales, poniendo
como castigo que la mora del copropietario será publicada en sitios
estratégicos, la medida choca con el respeto a la intimidad del infractor
porque incumple con los principios de libertad y necesidad que hacen parte de
dicho derecho”.
1.2.
Respecto del numeral
1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001, para las accionantes este
contraría el derecho fundamental a la intimidad por “el
hecho de publicar el motivo que originó la sanción” pues las causas de una falta a la ley o al reglamento de la
propiedad horizontal pueden ser diversas, pudiendo ir desde la violación de
normas relativas remodelaciones hasta información privada como lo sería el
ruido excesivo por una discusión familiar o situaciones en las que, por
ejemplo, se pueda revelar “la orientación
sexual del infractor, sin su consentimiento”.
Resaltan las
accionantes que si bien la sanción que prevé el numeral 1º del artículo 59 de
la Ley 675 de 2001 tiene una finalidad constitucional y cumple con los
principios de integralidad y veracidad, no cumple con el principio de libertad
dado “los datos que divulga pueden no
ser de naturaleza pública y su titular puede no haber autorizado libremente” su difusión. Además, se señala en la demanda que el inciso
1º del artículo 59 de la ley ibidem conllevaría el incumplimiento del requisito
de necesidad en tanto no hay una “relación de
conexidad con el fin legítimo, pues no resulta claro cómo la publicación de las
razones de este incumplimiento garantizan (sic) la realización de las
obligaciones no pecuniarias”.
2.
El cargo por
violación al derecho al habeas data
El segundo
cargo está encaminado a demostrar que los artículos demandados violan el derecho
“fundamental y autónomo al habeas data porque la publicación del incumplimiento
de obligaciones pecuniarias y no pecuniarias en lugares tanto de amplia como de
poca circulación en la propiedad horizontal, es hecha sin el previo
consentimiento del titular de dichos datos”.
2.1. En lo que
toca con el inciso 2º del artículo 30 de la Ley 675 de 2001, la
demanda reitera que la información a que éste remite es de tipo semiprivado “pues
se trata de información financiera y no encaja en ninguna de las excepciones a
la autorización previa del artículo 10”
de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por tanto, las accionantes consideran que
mientras que la mora en que se incurra en el pago de obligaciones pecuniarias
relacionadas con la propiedad horizontal no es una información pública de libre
divulgación, la norma demandada prevé su publicación en lugares de poco
tránsito de visitantes sin perjuicio de que se asegure que los copropietarios
se enteren de la situación.
Recuerdan
finalmente que desde la Sentencia SU-082 de 1995 la Corte Constitucional “estableció
la necesidad de una autorización previa para la publicación de este tipo de
información”.
2.2.
Respecto del numeral
1º del artículo 59 de la mencionada ley, las demandantes afirman que
este vulnera el derecho al habeas data ya que autoriza a que se publique el
hecho puntual y expreso que originó el incumplimiento de la obligación no
pecuniaria, “sin consideración alguna de qué
tipo de datos se reflejan allí, en lugares de alta circulación” y sin contar con la autorización de su titular para que sea
publicada. En suma, según la demanda, lo que viola el derecho al habeas data es
que por ley se permita publicar datos semiprivados, privados y sensibles sin la
previa autorización de su titular, con el agravante consistente en que la norma
prevé que la publicación debe hacerse en lugares de amplia circulación. Sobre
este último particular las demandantes indican que “personas
que ni siquiera hacen parte del conjunto o edificio también [conozcan la
información prevista por el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001]”.
3.
En cuanto a
cargo por violación al principio de proporcionalidad
Como tercer
cargo, la demanda alega la desproporcionalidad los apartes demandados de los
artículos 30 y 59 de la Ley 675 de 2001 dado que “la
administración puede recurrir a otras medidas en ambos supuestos, que no
resulten en una violación a los derechos de intimidad y habeas data como
derechos independientes”
3.1. Las
demandantes realizan un estudio del test de proporcionalidad “en
su versión estricta para comprobar la desproporcionalidad de cada medida
demandada”:
3.1.1. El
incumplimiento de obligaciones pecuniarias. Artículo 30 de la Ley 675 de 2001
Para las
demandantes el aparte demandado del artículo 30 ibidem es una medida legítima
pues su fin es constitucionalmente válido “en
el sentido en que la publicación de los deudores busca constreñir el pago de la
deuda con la administración por la cual está en lista”; importante, por cuanto el pago de las obligaciones
pecuniarias correspondientes “es crucial para el
óptimo disfrute de la copropiedad y los bienes comunes”; imperiosa, ya que la debida administración de las expensas
en la propiedad horizontal “es lo que permite
que esta satisfaga el interés público imperativo de la copropiedad de acuerdo a
su función social, la cual conlleva obligaciones a cargo del copropietario”; y adecuada, en cuanto a que su implementación podría
lograr que el deudor pague su deuda con la copropiedad.
Sin embargo,
para las demandantes la referida norma no es conducentemente efectiva pues no
se puede concluir que por el simple hecho de publicar el listado el deudor va a
pagar las obligaciones a su cargo. Incluso, afirman, si el deudor moroso paga
lo que debe, la publicación “no repara las
afectaciones patrimoniales que la deuda causa a la copropiedad”. De esta manera, se concluye que con “la
medida per se no garantiza entonces el cumplimiento del copropietario y por
ende no conduce a su objetivo, el cual es constreñir el pago de la deuda”. Más aún, las demandantes señalan que la norma tampoco sería
necesaria pues existirían medios alternativos que no lesionarían derechos
fundamentales.
Finalmente, la
demanda sostiene que la medida que contempla el inciso 2º del artículo 30 de la
Ley 675 de 2001 afecta derechos como la privacidad y el habeas data pues, como
ya se vio, expone al público información financiera del deudor. Se aduce así
que las restricciones a los derechos que implica la aplicación de la norma llevan
a meros beneficios eventuales y que salvaguardan el interés de la comunidad en
tanto pretenden proteger la propiedad, pero olvidando que los derechos
afectados son de carácter personalísimo y pertenecientes al ámbito más
intrínseco del ser humano. Así las cosas, la demanda sostiene que los
beneficios eventuales de la medida pesarían menos que los derechos que afecta
negativamente.
3.1.2. El
incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Numeral 1º del artículo 59 de la
Ley 675 de 2001
Para las
accionantes el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001 tiene una
finalidad legítima, en tanto con este se busca sancionar a quien viola el
reglamento de la copropiedad o la ley. Así mismo, en la demanda se sostiene que
las sanciones consagradas en la norma acusada, “responden
a la necesidad de castigar a quienes no actúen de conformidad con los
reglamentos, asegurando una convivencia pacífica entre los vecinos o miembros
de la copropiedad y la satisfacción del principio de legalidad”. También señalan que su finalidad es importante pues
promueve intereses públicos como la “existencia de una
justicia retributiva para buscar sanciones frente a una conducta prohibida” o la “necesidad de
establecer una responsabilidad que tenga en cuenta el dolo y la causalidad”. Señalan también que la finalidad de la norma es igualmente
imperiosa pues sanciona el incumplimiento de obligaciones y busca proteger
intereses públicos protegidos constitucionalmente como la justicia, la
solidaridad, el orden público y la sana convivencia; y también adecuada y
efectivamente conducente pues, por una parte, es un medio adecuado “para
el fin que busca, el cual es castigar a quien cometió la infracción” y, por otra parte, “[constituye] una
sanción por medio de la publicación de los infractores y las faltas cometidas”.
No obstante, en
la demanda se indica que la misma norma consagra otros medios menos “onerosos” para con los derechos a la intimidad y el habeas data, como
lo son la imposición de multas y la restricción de uso y goce de bienes comunes
no esenciales. Las demandantes consideran innecesario “poner
al escarnio público una lista con el nombre de los infractores” y el hecho por el cual se sanciona, “pues
toca con aspectos íntimos de quienes incurrieron en una prohibición”.
Finalmente, las
accionantes indican que los beneficios obtenidos con lo dispuesto en la norma
señalada “no representan en realidad un
favor o utilidad para la administración ni para la copropiedad que justifique
el detrimento de los derechos a la intimidad y al hábeas data de los
trasgresores”; todo ello,
además de que, al afectar la relación de infractor con los otros
copropietarios, la norma tendría consecuencias menores favorables y mayores
desfavorables a los que pretende.
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio
En su condición de apoderado del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, el ciudadano Andrés Fabián Fuentes Torres,
intervino para solicitar la constitucionalidad de las normas acusadas.
Fundamentó su solicitud en los siguientes términos:
1.1. Lo señalado por las accionantes “no
deja de ser más que una apreciación subjetiva, en la medida en que las
mencionadas normas, no presentan vicios de forma ni de fondo en su formación,
puesto que no se evidencian irregularidades durante el trámite o proceso de
formación y menos la trasgresión a requisitos previamente establecidos, que
afecten de alguna manera la eficacia y validez del mismo, el cual es propio del
trámite legislativo”.
1.2. Los hechos en que se fundan las
actoras para demandar la inconstitucionalidad “no obedecen al principio de
razonabilidad, o lógica de lo razonable”. El interviniente indicó que de
acuerdo con la Corte Constitucional, la razonabilidad hace relación a que un
juicio está conforme la prudencia, la justicia y la equidad que implica
coherencia externa con los hechos, así cuando dos hipótesis jurídicas son
racionales hay que acudir a lo razonable para ponderar una de ellas. Por tanto,
“dentro de un contexto procesal, las normas demandadas, bajo ninguna circunstancia
de orden fáctico y legal se contraponen a las normas constitucionales invocadas
por la actora (sic)”.
1.3. Manifestó el Ministerio que “no
existe ningún argumento que demuestre la inconstitucionalidad de las normas por
su oposición a la Carta Fundamental”, sino que lo presentado son
argumentaciones subjetivas impertinentes pues aunque la acción de
inconstitucionalidad la puede interponer cualquier ciudadano con la finalidad
de proteger la Constitución, “la simple denuncia de una contradicción sin
argumentos objetivos y verificables o como resultado de interpretaciones
confusas del ordenamiento jurídico vigente sin relevancia constitucional, (…)
no constituye una formulación concreta del concepto de la violación
constitucional de lo cual se deriva una ineptitud sustantiva en la demanda”.
1.4. Concluyó que no se cumplen “los
requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues si bien hay un
despliegue de la demanda, en ella no se expresan las razones por las cuales
considera que las disposiciones acusadas son contrarias a la Carta Política”;
es decir, aunque se desarrolla un enunciado normativo, no se concretan los
cargos.
1.5. Finalmente, trajo a colación la Sentencia
C-738 de 2002 en la que se analizó el tema de la publicación de listas de
copropietarios incumplidos concluyéndose que no violan el derecho al buen
nombre y a la intimidad.
2. Universidad Libre, Seccional Pereira
Luisa Fernanda Hurtado Castrillón allegó a
la Corte Constitucional escrito elaborado por profesores de la Universidad
Libre de Pereira en el que manifiestan estar de acuerdo con los cargos
presentados en la demanda. Al respecto manifiestan lo siguiente:
2.1. La Corte Constitucional puede hacer un
cotejo normativo entre los derechos al buen nombre, a la intimidad y a la
protección de los datos frente al derecho que tienen las personas a que se les
pague de forma oportuna.
2.2. Consideran que las normas demandadas
deben analizarse conjuntamente con los artículos 12, 13 y 15 de la Constitución
Política.
Indican que en el artículo 15 superior es
claro y directo el pronunciamiento en cuanto a la protección de los derechos al
buen nombre y la intimidad, pero frente al cobro de las obligaciones no es tan
directo y se podría entender que es el Derecho Civil el que regula las
relaciones comerciales y privadas, pero en el marco constitucional del artículo
29 sobre el debido proceso.
Señalan que esta confrontación aún no ha
sido objeto de debate constitucional púes “por ningún lado encontramos un
análisis de confrontación constitución (sic) y el cuerpo normativo que regula
el Habeas Data como la propiedad horizontal en Colombia y que es claro, puesto
que las normas que se advierten infringidas son de rango constitucional y los
derechos patrimoniales son de rango legal y bien es sabido que en estos casos
debe aplicarse por antonomasia el artículo 4º de la Constitución Política”.
2.3. Para los intervinientes es claro que “los
derechos patrimoniales no pueden desbordar la órbita de los derechos
fundamentales”. Por tanto, no se pueden imponer cargas exorbitantes a los
obligados pues “la propiedad privada y la libre empresa están supeditadas a
una función social que implica obligaciones” constitucionales que pueden
relacionarse con la sociedad y la convivencia social.
2.4. Sostienen que la tesis de que no se
vulneran los derechos a la intimidad ni al buen nombre porque se trata de un
deudor moroso “quien además ha dado su consentimiento para que lo reporten y
lo publiciten como tal”, no puede prosperar “frente al cargo de la
desproporcionalidad de la medida” respaldada por la jurisprudencia
constitucional que ha indicado que una medida adecuada “resulta idónea (…)
para contribuir a la consecución de la finalidad que con ella se persigue” cuando
“su interpretación presta una contribución positiva en orden a alcanzar el
fin propuesto, es decir, la protección de los derechos fundamentales”, y no
será idónea “si no reporta ningún beneficio a la consecución del propósito o
cuando, incluso, resulta contraproducente de cara al mismo. (Sentencia C-720
de2 007)”.
También consideran que el medio no puede
ser remplazado por otro alternativo o menos lesivo. Del caso en estudio es “fácil
comprender que el cobro de una obligación debe ajustarse a un proceso
legalmente definido y que un listado o reporte de deudores, ni es eficaz para
la protección de un derecho fundamental, ni va a lograr desplazar la labor de
un juez civil, pues aquí los fines punitivos de la norma no resultan idóneos”.
Sostienen que el listado de morosos “es
una afrenta que raya con una pena cruel, inhumana y degradante convirtiendo la
medida en una doble sanción” impidiendo que aquellos que pueden estar
inmersos en una quiebra transitoria no puedan resurgir por la sanción moral que
se les impuso.
2.5. En relación con la igualdad, indican
que debe tenerse en cuenta que el moroso no es un delincuente pues la mora no
deriva de un delito sino de un contrato. Si “la Corte Constitucional ha
impedido los listados de abusadores de menores y de ciertos tipos de
delincuentes en variada jurisprudencia, menos puede permitir que se enlisten
morosos en una propiedad horizontal o en una copropiedad, porque sería
igualarlos a delincuentes de la más baja calaña social”.
Consideran que si el Estado tiene
herramientas suficientes que garanticen que el acreedor pague al deudor con sus
bienes como prenda general es “excesiva y desproporcionada la norma que
permite la publicación en el edificio o conjunto el acta de los propietarios
que encuentran en mora o han incumplido con obligaciones no pecuniarias, si
observa la gama de sanciones que trae la normativa colombiana”.
2.6. Finalizan sugiriendo que al tener la
demanda una suficiente carga argumentativa “la consecuencia de ello es que
el pronunciamiento de la Corte Constitucional debe acercarse a la rotunda
negativa de la utilización de la publicación de los listados de deudores
morosos”.
3. Universidad del Rosario
Francisco José Ternera Barrios, profesor de
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, emite concepto
sobre la demanda en cuestión y solicitó la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de
las normas demandadas.
Manifestó el interviniente que “se ha
estimado que el ejercicio de publicitación de la situación de mora del
obligado, no constituye por sí misma una información de alcance ni personal, ni
familiar. Se trata puramente de un insumo financiero que está directamente
conectado con la salud presupuestal del todo sometido a propiedad horizontal”;
manifestación tras la cual paradójicamente manifiesta que las normas demandadas
parcialmente deben ser declaradas EXEQUIBLES.
4. Fundación ProBono
David Cujar Bermúdez, abogado de Pro Bono,
intervino en el asunto para apoyar las pretensiones de la demanda. Expuso los
siguientes argumentos:
4.1. Respecto de la publicación de las
listas considera que no solo afecta a la persona que aparece en ellas “sino
también a sus familias, entendiendo que en una propiedad horizontal no conviven
únicamente personas individuales sino que habitan en un conjunto de personas
que no tienen por qué verse expuestas a estas situaciones, ya que se exaltan
obligaciones que ni siquiera se encuentran en su cabeza”. En ese sentido,
señala que la publicación que menciona una sola persona del núcleo familiar,
afecta de manera indirecta los derechos de las otras “si no se tienen
alternativas para su efectiva protección, además de intervenir en su proyecto
de vida al informar cualquier tipo de noticia en su contra”.
Señala que incluso instrumentos
internacionales protegen el derecho a la vida privada indicando que el Estado
puede restringir dicha garantía siempre que las injerencias no sean abusivas o
arbitrarias. Estas, por lo tanto, deben estar previstas en la ley, perseguir un
fin legítimo, y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad[1].
4.2. Recuerda que tanto las entidades
encargadas de publicar datos financieros, como la propia Corte Constitucional,
han aclarado que con las publicaciones se debe respetar el derecho a la
intimidad atendiendo criterios de dignidad humana y debido proceso, por eso
debe ser información clara, con un procedimiento expreso que “evite
precisamente cualquier tipo de información alejada de la realidad y la falta de
control por la administración y demás órganos que conforman el conjunto
residencial”.
Manifiesta que frente de la dignidad humana
las juntas administradoras no pueden contrariar este derecho “el cual es una
condición para el ejercicio de la libertad y la seguridad, no están facultadas
para impedir la satisfacción mínima de las condiciones de existencia vital para
los habitantes”.
Indica que la dignidad humana está
vinculada al derecho a la intimidad cuando se mezclan valores personales como
individuales, situación que debe estar sujeta a la protección constitucional
pues cualquier intromisión arbitraria estaría afectando el derecho a la
dignidad humana integralmente.
4.3. En lo que tiene que ver con el debido
proceso, señala que este se hace exigible para las entidades estatales y
particulares para “garantizar que toda relación jurídica cumpla a cabalidad
con un procedimiento estandarizado que proteja a las personas de actos
arbitrarios e injustificados que atenten contra otros derechos fundamentales”.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que las
administradoras de las propiedades horizontales deben respetar la intimidad, el
debido proceso y la dignidad humana, proponen a la Corte Constitucional que
considere cuáles son los estándares a cumplir por las administradoras cuando
apliquen la sanción de la norma demandada. Propone el interviniente declarar la
constitucionalidad condicionada del artículo 30 “en el entendido que la
publicación de las listas frente a los deudores morosos cumpla con las
siguientes reglas constitucionales:
a) Determinar si la información
contenida en las listas involucran aspectos que comprometen a todos los
residentes de la unidad residencial;
b) Que no se describan aspectos
estrictamente personales o familiares;
c) si la información tiene relevancia
económica para todos los miembros del conjunto;
d) si la publicación se circunscribe a
todos los habitantes del edificio y no a todo el público en general”[2].
Se manifiesta que dichas características
deben ser analizadas y reconocidas por una autoridad distinta de la
administración ya que pueden estar inmersos diversos intereses de carácter
subjetivo.
En este aspecto, concluye que es legítimo
que los copropietarios tengan la facultad de adelantar mecanismos que propendan
por el pago de las cuotas de administración en mora, “pero debe haber una
serie de límites siempre y cuando no se trasgredan derechos fundamentales”.
Así, la publicación automática de listas de deudores “resulta violatoria del
derecho a la intimidad, en el sentido que se exponen datos semiprivados sin que
exista un respeto al debido proceso que permita al deudor verificar que no se
publicarán aspectos de su vida privada y familiar”.
4.4. Sobre el incumplimiento de
obligaciones pecuniarias de que trata el artículo 59 de la Ley 675 de 2001,
recalcan que la protección del derecho a la intimidad no se ciñe únicamente a
la esfera individual sino también a la familiar, por tanto, la publicación del
nombre de una persona y la causa del incumplimiento “afectan no solo a esa
persona, sino que se amplía al grupo familiar”, terceros que no deben
asumir cargas frente a la comunidad. De tal manera, indica que la sanción
impuesta sería desproporcionada e indebida “cuando es abierta a mencionar
una familia, número de apartamento o a uno de sus representantes que habita
dentro de la propiedad”.
Continúa indicando que teniendo en cuenta
cómo la Corte ha entendido el derecho a la intimidad, el cual incluye el ámbito
individual y familiar, la sanción estipulada en el artículo señalado “puede
ser aplicada por el incumplimiento de obligaciones que estén estrechamente
relacionadas con la esfera privada de la vida familiar, por lo que dicha
situación quedaría expuesta al público violando así el derecho fundamental a la
intimidad”. Esto, sin dejar de lado que la información publicitada puede
ser falsa o inexacta lo cual, además, atentaría contra el patrimonio moral del
individuo.
4.5. Aduce que el derecho a la intimidad
tiene diferentes grados: el personal, familiar, social y gremial. Los tres
primeros indican que cualquier intervención a esa órbita, afecta directamente
el derecho en mención. Tras la publicación de las listas, las personas se ven
expuestas a “falsedades, inexactitudes, incoherencias, inconsistencias,
entre otras situaciones adversas”. Señala que con ello se afecta el secreto
de la vida privada como derecho fundamental.
4.6. Así las cosas, indica que “el papel
del ]E]stado es fundamental para impedir cualquier injerencia arbitraria y la
divulgación de información sin la debida autorización por su titular. Su
protección deberá incluir el uso de sus datos, su imagen, su nombre, los
acontecimientos personales, sus secretos profesionales, de correspondencia, de
acceso a sus documentos, entre otros”.
Con base en lo anterior, solicita la
declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del artículo 59 de la Ley 675 de 2001.
4.7. En cuanto al derecho al habeas data,
la jurisprudencia constitucional ha indicado que para que exista una
vulneración de esta garantía, la información en el archivo debe “haber sido
recogida de manera ilegal, sin el consentimiento del titular del dato (i), ser
errónea (ii) o recaer sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no
susceptibles de ser conocidos públicamente (iii)”.
El interviniente arguye que como se trata
de datos personales, el órgano que imponga sanciones debe sujetarse a las
reglas jurisprudenciales que indican que se realizó un esfuerzo por contrastar
fuentes, se actuó sin ánimo expreso de presentar como ciertos hechos falsos, y
que se obró sin intención maliciosa de perjudicar el derecho de honor,
intimidad y buen nombre de otros. Además, deberá verificar que el contenido de
la información sea veraz, proporcional y razonable garantizando cargas mínimas
para verificar la existencia de un procedimiento adecuado y suficiente que
evita la vulneración de derechos fundamentales.
Advierte a la Corte que la norma demandada
no contiene un derecho de rectificación, lo que hace que sea necesario el uso
de la acción de tutela para proteger derechos. La verificación es totalmente
aplicable al caso “debido a que existen unas listas que divulgan información,
las cuales son publicadas por un conjunto residencial para mostrarle a los
residentes que cierta persona es un deudor”. Con base en lo anterior, el
interviniente sugiere unas reglas que permiten que la publicación no sea
arbitraria:
“(i) Que la información contenida sea
suministrada sea cierta y sustentada en la realidad;
(ii) Que sea objetiva y pertinente, es
decir que sea correlativa a la sanción por el incumplimiento de una obligación
de dinero.
(iii) Que sea oportuna, en el entendido en
que se publiquen los hechos recientes y no hechos que han ocurrido tiempo atrás
cuando la obligación ya ha dejado de existir.
(iv) Que la persona tenga la oportunidad
para solicitar la aclaración, la modificación o corrección de uno de esos datos
ante el órgano competente del conjunto residencial.
(v) En caso de que el conjunto a través de
sus representantes no respete el derecho al habeas data, el derecho a la
intimidad u otro derecho relacionado, la persona pueda acudir e interponer una
queja ante la autoridad administrativa competente (Alcaldía local o distrital).
(vi) Que el afectado pueda ejercer la
acción de tutela para invocar la protección de sus derechos fundamentales[3]”.
Teniendo en cuenta lo anteriormente
descrito, solicita se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 30
acusado.
4.8. Respecto del incumplimiento de
obligaciones no pecuniarias previsto en el artículo 59 de la Ley 675 de 2001
precisó el interviniente que “este tipo de sanción colisiona con el derecho
al habeas data debido a que si no se respeta el derecho a ser consultado frente
a la publicación de sus propios datos personales, se empiezan a derivar
arbitrariedades infundadas por parte del conjunto residencial”.
Indica que se está ante una violación de
este derecho cuando no hay un consentimiento para usar los datos personales.
Por tanto, la publicación de las listas no es una garantía de la imagen de la
persona. También que se viola el derecho cuando el nombre e identidad de una
persona “es objeto de libre e injustificada disposición y manipulación de
terceros”. Y que hay un deber constitucional que implica garantizar el
manejo adecuado de la propia imagen sin someterla a valoraciones que afecten
derechos fundamentales.
Continúa señalando que a pesar de que los
organismos de administración pueden decidir cuáles medidas adoptarán para
garantizar la seguridad, existencia y conservación de las zonas comunes, “no
faculta al conjunto residencial para que se ejercite de forma contraria a su
finalidad o sin un propósito legítimo que lo autorice”.
Frente al derecho al habeas data, se señala
que es necesario indefectiblemente, que la voluntad de aceptación de la persona
del uso de sus datos personales “prime por encima de una sanción”, pues el
uso de esos datos implica “cargas proporcionales a las entidades (sean públicas
o privadas) de protección de los datos que se suministren” con el fin de
que sean administradas debidamente sin afectar garantías fundamentales. De tal
manera, solicitó que se declare la INEXEQUIBILIDAD del artículo 59 de la Ley
675 de 2001.
5. Iván Rodrigo Sánchez Pineda y Paola
Katherine Tatiana Garzón Montes
Como ciudadanos en ejercicio, Iván Rodrigo
Sánchez Pineda y Paola Katherine Tatiana Garzón Montes intervinieron en el
proceso para solicitar a la Corte la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de las
normas demandadas. Basan su escrito en lo siguiente:
5.1. Frente al derecho a la intimidad
consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política señalaron que las
normas demandadas, al establecer la posibilidad de publicar listas de
incumplidos en pago de expensas y los motivos de sanciones no pecuniarias, son
normas que vulneran dicha garantía.
Los preceptos demandados “no solo tienen
la potencialidad de exponer al escarnio público la situación económica de los
residentes o copropietarios de una edificación, sino que además pueden generar
con mayor grado de acierto una invasión en la órbita en la vida privada de los
mismos”.
Trajeron a colación el artículo 3º de la Ley
675 de 2001 respecto de reglamento de propiedad, el cual puede entenderse como
un “contrato colectivo o de adhesión”. El artículo 60 menciona el
procedimiento y la autoridad interina competente para sancionar, el cual es la
asamblea general o el consejo de administración de estar así estipulado. De lo
anterior concluyen que el sancionado tiene todo el derecho de conocer la
información que será publicada “bajo el agotamiento del respectivo
procedimiento administrativo que culmine en la sanción correspondiente”.
Específicamente, frente al artículo 30
acusado consideran que, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia
constitucional, la información relacionada con la situación financiera debe ser
considerada como semiprivada, por lo tanto, para efectos de su divulgación es
necesario que “se adelante el debido proceso, el cual debe estar
íntegramente determinado en el reglamento de propiedad horizontal y dentro del
cual deben ser tenidas en consideración las normas en materia de Habeas Data y
de intimidad vigentes”.
No obstante, señalan que el referido aparte
legal puede resultar violatorio del derecho a la intimidad ya que, aunque la
ley y el contrato colectivo prevea la sanción, esta invade la órbita personal,
familiar e interpersonal de los copropietarios “máxime cuando la exposición
de tal información está protegida por el derecho de habeas data”.
Ahora, frente del artículo 59 de la Ley 675
de 2001 que prevé la sanción no pecuniaria, indican que este es “una
clara violación al derecho a la intimidad respecto al hecho de publicar el
fundamento que dio origen a la sanción impuesta” pues debe entenderse que la
propiedad privada supone el ejercicio de la vida íntima de las personas sin la
exposición de conductas al interior de esta a la comunidad.
Indican que esta sanción “resulta
totalmente violatoria al derecho a la intimidad” pues no indica las
conductas que pueden ser publicadas, es decir, los reglamentos o manuales de
convivencia pueden incluir cualquier clase de conducta, incluso las que se
refieran a la vida íntima de las personas sin los límites que suponen normas de
rango superior. Señalan que el apartado demandado es excesivo frente a la
finalidad que busca pues la misma ley contiene otra clase de sanciones que no
suponen el escarnio público.
Sostienen que la norma permite interponer
una sanción “partiendo de la veracidad de una conducta, lo cual genera una
afectación al buen nombre de copropietario sancionado (sic), sin lugar a la
respectiva contradicción”.
Concluyen esta primera exposición señalando
que la normativa aunque pretende sancionar conductas que violan el reglamento
de propiedad horizontal, “esta debe encuadrarse dentro de los límites del
derecho a la intimidad, por lo que su imposición, presupone el agotamiento de
un procedimiento y solo en caso de que el copropietario no subsane su
incumplimiento o incurra reiterativamente en dicha conducta, habrá lugar a la
publicación de la sanción” siempre y cuando se cuente con su consentimiento
previo de divulgación de su información, “tal y como lo dispone el derecho
al hábeas data”.
Adicionalmente, consideraron que es posible
declarar la exequibilidad condicionada “bajo el supuesto de que en el
proceso sancionatorio que se inicie contra un propietario, se especifiquen las
conductas objeto de publicación en lo que corresponde al artículo 59, y por su
parte, garantice que al momento de imponer la correspondiente sanción
pecuniaria y no pecuniaria, se cumpla el debido proceso” y solo si no se
subsana el incumplimiento o hay reiteración de la conducta habrá lugar a la
publicación de la sanción.
5.2. Señalaron que la aplicación de las
sanciones pecuniarias y no pecuniarias previstas en la Ley 675 de 2001 “implica
la revelación de datos e información que a la postre no se ha obtenido la
autorización por parte de su titular y que, por contera, puede implicar una
violación a dicho derecho”.
Manifestaron que el artículo 30 demandado,
que consagra sanciones pecuniarias debido al incumplimiento de la obligación de
responder por compromisos con la copropiedad y que autoriza a publicar estos
datos, “obvia señalar que la autorización que se requiere es calificada y
especial en tanto el titular de la información (copropietario) debe consentir
de manera previa, expreso (sic) e informada, sobre la publicación de sus datos
en la copropiedad sobre la mora en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Por lo tanto, señalaron que el mismo resulta inconstitucional al omitir el
derecho del titular de otorgar consentimiento sobre la información recogida en
bases de datos de la copropiedad y que será divulgada. La autorización de
divulgación debe ser previa, expresa e informada.
Comentaron que “la norma demandada por
ser anterior al régimen de protección de datos vigente está en claro desapego a
lo señalado y contenido en la ley 1581 de 2012 y en evidente violación a los
principios de libertad, trasparencia, acceso y circulación restringida,
seguridad y confidencialidad previstos en la mentada ley de datos”.
En el caso del artículo 59 de la Ley 675 de
2001 sostuvieron que tal norma “está condenada a padecer el mismo camino que
el referido artículo 30” dado que “obvia el derecho del titular de la
información de conocer y otorgar de manera previa su consentimiento sobre la
información que se recoge en bases de datos de la copropiedad y que será objeto
de divulgación”.
De igual manera indicaron que aquella norma
“por ser anterior al régimen de protección de datos vigente está en claro
desapego a lo señalado y contenido en la ley 1581 de 2012, y en evidente
violación a los principios de libertad, trasparencia, acceso y circulación
restringida, seguridad y confidencialidad previstos en la mentada ley de
datos”.
Se anotó finalmente que puede declararse la
exequibilidad condicionada de las normas en comento “bajo el supuesto de que
en el proceso sancionatorio que se inicie contra un propietario, se garantice
que al momento de imponer la correspondiente sanción se cumpla con la garantía
fundamental del Habeas Data y otorgue su consentimiento sobre las sanciones que
serán impuestas; o incluso se tenga por otorgado el consentimiento en aquellos
procesos sancionatorios dado su consentimiento de pertenecer a la copropiedad”.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador
General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad de los apartes legales demandados.
En apoyo de su solicitud el Ministerio
Público resalta la relevancia que para la solución del problema tiene la
Sentencia C-738 de 2002; providencia esta que declaró la exequibilidad de la
sanción de que trata el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001 en
cuanto negó que con esta se violara el derecho a la intimidad. En tal sentido,
el Procurador sostiene que “la sanción prevista en las normas censuradas,
por incumplimiento de las obligaciones pecuniarias y no pecuniarias, recae
sobre actos de los residentes que a pesar de contener información privada se
exterioriza públicamente por su impacto en la comunidad, y por tratarse de una
regulación especial (…) tiene como finalidad constitucional la e garantizar la
seguridad y convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como
materializar la función social de la propiedad”
Prosigue la vista fiscal sosteniendo que el
derecho al habeas data no se ve violentado toda vez que, como el “propietario
acepta que la copropiedad administre algunos datos de carácter personal, con el
propósito de preservar la seguridad, la convivencia y el correcto uso de los
bienes comunes; razón por la cual no se requiere una autorización posterior del
titular para efectos de publicar sus datos en caso de incumplimiento de
obligaciones pecuniarias o no pecuniarias”; situación que considera como
compatible con los principios de finalidad y libertad que orientan la
administración de datos personales. Además, manifiesta que la publicación de
las sanciones en lugares donde no exista tránsito constante de visitantes es
razonable en tanto las dificultades que el incumplimiento de obligaciones
genere a la propiedad horizontal es materia de incumbencia para los residentes
y el infractor.
El Ministerio Público finaliza su
intervención indicando que las normas demandadas no deben ser objeto de un test
estricto de proporcionalidad “pues (…) se trata de medidas que buscan el
cumplimiento de normas de convivencia que tienen relación con el interés común,
motivo por el cual no se analiza una medida que contenga una afectación grave a
un derecho fundamental, ni de un privilegio (…) fundado en una de las
categorías prohibidas por la Constitución”.
Indica, finalmente, que la publicación de
la información relativa al incumplimiento de las obligaciones pecuniarias y no
pecuniarias de que tratan las normas acusadas es un medio idóneo que “acude
a la persuasión como un medio menos gravoso para el cobro de la obligación
vencida” pues el adelantamiento de un proceso judicial en contra del deudor
sería mayormente gravoso tanto para este, como para la copropiedad.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada.
2. Problemas
jurídicos
Mediante Auto
del 07 de noviembre de 2018 la magistrada ponente admitió los tres cargos
presentados contra el inciso 2º del artículo 30 de la Ley 675 de 2001.
Posteriormente, mediante Auto del 21 de enero de 2019 y sin perjuicio de la
admisión atrás referida, dicha magistrada admitió los cargos presentados contra
el numeral 1º del artículo 59 de la ley en cita, pero únicamente respecto de
aquellos en que se denunció la violación de los derechos al habeas data y al
principio de proporcionalidad. Así las cosas, la Corte considera que debe dar
respuesta a los siguientes problemas jurídicos:
2.1. ¿Puede el
Legislador facultar a las propiedades horizontales para publicar la infracción
por incumplimiento de las obligaciones pecuniarias inherentes al pago de
expensas comunes (Ley 675 de 2001, artículo 30, inciso 2º) sin infringir los
derechos a la intimidad, al habeas data y al principio de proporcionalidad?
2.2. ¿Puede el
Legislador facultar a las propiedades horizontales para publicar la infracción
por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias (Ley 675 de 2001,
artículo 59, numeral 1º) sin infringir el derecho al habeas data y al principio
de proporcionalidad?
3.       Plan del caso
Para resolver la acción pública de la
referencia, la Corte (i) comenzará por referirse a los antecedentes y al
propósito de la Ley 675 de 2001, por la cual se expidió el régimen de propiedad
horizontal. Posteriormente, (ii) se pasará a estudiar los tres cargos
presentados contra los dos apartes legales impugnados. En desarrollo de este
punto, la Corte comenzará por analizar el cargo por violación al derecho a la
intimidad, seguirá con la acusación por violación al habeas data y terminará
con el cargo fundado en la violación al principio de proporcionalidad.  (iii) Finalmente
se sintetizará la respuesta de la Corte frente de cada uno de los problemas
jurídicos atrás mencionados.
VII. FUNDAMENTOS
DE LA DECISIÓN
1.
Antecedentes
y propósito de la Ley 675 de 2001
1.1.
La destrucción inmobiliaria que generaron
los hechos acaecidos el nueve de abril de 1948, la violencia partidista de esa
época y la consecuente y coetánea migración masiva del campo a las ciudades “contribuyeron
a generar una gran presión por la tierra urbana, y buscar la manera de que con
la menor utilización de la misma, se beneficiara el mayor número de personas”[4].
Tal situación fomentó la construcción de unidades privadas por pisos y
departamentos de una misma edificación, “aprovechando la reducción de costos
de construcción que se deriva de esta clase de soluciones de vivienda, en
comparación con las individuales y aisladas”[5]. Este contexto
dio lugar a que dentro del Estado de Sitio entonces decretado[6]
se expidiera el Decreto 1286 de 1948 “sobre el régimen de la propiedad de
pisos y departamentos de un mismo edificio”, poco después convertido en la
Ley 182 de 1948 que varios años después fue complementada por las leyes 16 de
1985[7]
y 428 de 1998. En ejercicio de la amplia libertad con que el Legislador cuenta
para regular la propiedad horizontal[8],
esta última legislación fue posteriormente derogada por
la actualmente vigente Ley 675 de 2001, “(p)or
medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”, cuyos artículos 30 y 59 ocupan ahora a la Corte.
1.2.
El actual régimen de propiedad horizontal
regula la clase de propiedad que se impone en el mundo moderno. Al hacerlo,
dicho régimen busca la realización de un fin constitucional legítimo a través
de la regulación de las distintas relaciones sociales y económicas que exige la
cohabitación de las áreas privadas y las áreas comunes en una misma propiedad
horizontal[9]. Como dijera la Corte ya
en vigencia de la Ley 675 de 2001, se está “en presencia de un
régimen normativo especial cuyo objeto es regular una forma de
dominio en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes
privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes,
con miras a la obtención de un fin constitucional, a saber, “garantizar la
seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como
la función social de la propiedad” (Énfasis fuera de
texto) [10].[11]
1.3.
En lo que interesa a esta sentencia, en aras
de lograr el antedicho fin constitucional, el actual régimen de propiedad
horizontal prevé varios tipos de obligaciones; entre ellas: (i) la particular
obligación pecuniaria de contribuir al cubrimiento de las expensas
comunes[12] necesarias o, inclusive,
diferentes de las necesarias cuando sea el caso[13];
y (ii) las obligaciones no pecuniarias (de hacer o de no hacer)
que tengan su consagración en la ley o en el respectivo reglamento de propiedad
horizontal.
1.4.
En efecto, si bien la Ley 675 de 2001
establece el marco general de la propiedad horizontal en Colombia, cada una de
dichas propiedades debe expedir su propio reglamento particular. Sobre este
punto, al momento de analizar la constitucionalidad del inciso 4º del artículo
29 de la Ley 675 de 2001, la Corte explicó que “(l)a escritura pública de constitución de la propiedad horizontal debe
contener el Reglamento de Propiedad Horizontal, en el cual se consignan las
disposiciones sobre su organización y funcionamiento, cuyo contenido mínimo
contempla el Art. 5º de la ley, y que señalan los derechos y obligaciones de
los propietarios y moradores del edificio o conjunto, no sólo de los iniciales
sino también de los sucesivos en virtud de enajenaciones del dominio sobre las
unidades privadas o de nuevos contratos de tenencia.”[14] Dicho reglamento, como estatuto privado con la facultad de autorizar,
entre otras, las publicaciones de información a que aluden las normas que ahora
estudia la Corte, debe adecuarse al régimen de propiedad horizontal contenido
en la Ley 675 de 2001 o al que, salvo decisión contraria de su asamblea, haya
estado vigente al momento de la constitución de la respectiva propiedad
horizontal[15];
todo ello dentro de los límites que contempla la Constitución Política[16].
2.
Análisis
de los cargos
2.1.    Cargo por violación al derecho a la intimidad por parte del
artículo 30 (inc. 2º) de la Ley 675 de 2001
2.1.1.  En la demanda se denuncia que tanto el inciso 2º del artículo 30 de
la Ley 675 de 2001 como el subsiguiente numeral 1º del artículo 59 ibid.
resultan violatorios del derecho a la intimidad. En tal sentido, las actoras
adujeron que: (i) la publicación a que hace referencia el inciso 2º del
artículo 30 de la ley en mención impide que las personas “contenga(n) en su esfera privada
su situación financiera”;
y (ii) la divulgación que estipula el numeral 1º del artículo 59 de ese mismo
estatuto pone en peligro información privada de las personas pues la infracción
de obligaciones no pecuniarias podría abarcar desde la violación de normas
relativas a remodelaciones, la información privada como lo sería el ruido
excesivo por una discusión familiar, hasta situaciones en las que se pudiera
revelar “la orientación sexual del
infractor, sin su consentimiento”.
2.1.2. Como se estableció desde la fase preliminar del presente
proceso, la Corte rechazó el cargo elevado por la violación al derecho a la
intimidad respecto el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001. Tal
rechazó fue fundado en la existencia de la cosa juzgada constitucional formal
que incorporó la Sentencia C-738 de 2002[17] cuando, entre otros, esta Corporación resolvió declarar la
exequibilidad del acápite legal atrás referido por la violación del derecho
fundamental a la intimidad. En tal oportunidad la Corte indicó que “(e)n la presente oportunidad la norma que se acusa de ser
inconstitucional prescribe la publicación (…) de las sanciones por el
incumplimiento de obligaciones no pecuniarias que provengan de la ley o del
reglamento de copropiedad. Sobre la base de que para la imposición de sanciones
debe siempre observarse el debido proceso interno, y concederse a los
infractores el derecho a ser oídos sin consideración a su condición de
propietarios, tenedores, arrendatarios o poseedores, como fuera precisado por
esta Corporación mediante sentencia C-318 de 2002, la disposición acusada no
desconoce el derecho a la intimidad ni al buen nombre, por las mismas
razones por las que la publicación de listas de deudores morosos de
obligaciones pecuniarias en las copropiedades tampoco tienen ese alcance.
En efecto, el incumplimiento de las normas de convivencia prescritas
por la ley o el reglamento no es asunto que permanezca en el fuero interno o en
el ámbito familiar de quien así procede, sino que interesa a toda la comunidad
afectada por él. Es decir, de suyo tiene un alcance de afectación del
interés común; por ello, la publicación de la sanción subsiguiente a la falta
no vulnera la intimidad del sancionado, puesto que la falta misma no es un
comportamiento íntimo que deba ser protegido de la divulgación a terceros”. En otras palabras, el cargo por violación del derecho a la intimidad
que se presentó contra el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001 fue
rechazado con fundamento en que dicho derecho, al igual a como sucede frente de
“la publicación de listas de deudores morosos de obligaciones pecuniarias en
las copropiedades”, no se ve vulnerado toda vez que la violación de las
normas de convivencia de una propiedad horizontal es un asunto que le interesa
a la comunidad respectivamente afectada y, por ende, escapa al fuero interno
del infractor y de su grupo familiar.
2.1.3. Con lo anterior en mente, en lo que toca con el cargo que se
presentó contra el inciso 2º del artículo 30 de la Ley 675 de 2001 por
violación al derecho de la intimidad, aun cuando no existe sentencia de
constitucionalidad que pueda surtir efectos de cosa juzgada constitucional
sobre el referido aparte legal, de la misma Sentencia C-738 de 2002 se
desprende el precedente que la Corte debe seguir para resolver tal cargo. Ciertamente,
por una parte, al igual a la controversia que desató la Sentencia C-738 de 2002
respecto del numeral 1º del artículo 59 del actual régimen de propiedad
horizontal, lo que se censura del inciso 2º del artículo 30 ibid. es la
publicación de una información relativa al incumplimiento de obligaciones que
surgen del tipo de propiedad que regula la Ley 675 de 2001: en el artículo 59,
por el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias legal o
consensualmente establecidas en el reglamento de propiedad horizontal; y en el
artículo 30, por el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias dirigidas al
pago de las expensas que requiere la propiedad horizontal. Por otra parte, la ratio
decidendi utilizada para declarar la exequibilidad de la publicación de que
trata el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001 expresamente señaló
que aquella podía también predicarse respecto de la publicación que prevé el
inciso 2º del artículo 30 de ese mismo estatuto. Eso es lo que se manifestó en
el aparte jurisprudencial que se enfatizó en negrilla y subraya en el numeral
2.2. supra, así como en otros apartes jurisprudenciales según los cuales:
(i) “la publicación de la lista de deudores morosos en las carteleras del
conjunto residencial en obedecimiento de directrices trazadas por la asamblea
de copropietarios, no constituye por sí misma, vulneración del derecho
constitucional fundamental a la intimidad ni al buen nombre. (...) Las
circunstancias descritas en este caso no comportan una situación que pueda
interesar tan solo al propietario, sino que involucran aspectos que comprometen
a los demás miembros del conjunto residencial, y que, de algún modo, se
relacionan con las previsiones del reglamento de la copropiedad. No se trata de
informaciones estrictamente personales, familiares no destinadas al conocimiento
público”[36[18]][19];
y (ii) “(e)n relación con la publicación de lista de morosos, en las
zonas comunes de la copropiedad, (…) tal publicación no constituye, por sí
misma, violación a los derechos al buen nombre y a la intimidad, por cuanto lo
único que se da a conocer es un hecho cierto, la mora en el pago de cuotas de
administración y este es un asunto que interesa a los demás habitantes de la
copropiedad.”[20]
Lo anterior debe bastar para no acceder al
cargo por violación al derecho de la intimidad respecto del inciso 2º del
artículo 30 de la Ley 675 de 2001.
2.2.
Cargos por
violación al derecho al habeas data por parte de los artículos 30 (inc. 2º) y
59 (num. 1º) de la Ley 675 de 2001
A pesar de que
tanto el derecho a la intimidad como el derecho al habeas data surgen del texto
del artículo 15 superior, el estado actual de la jurisprudencia ha convenido en
que se trata de dos derechos autónomos, en alguna medida relacionados[21]. Mientras que el derecho a la intimidad se ha entendido
como “la facultad de exigirle a los demás el
respeto pleno por un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que
es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas
conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el
que no caben legítimamente las intromisiones”[22],
el derecho al
habeas data remite a lo que, en algunas oportunidades, la jurisprudencia ha denominado
como el derecho a la autodeterminación informativa o informática; esto es, el “derecho
fundamental autónomo que tiene la función primordial de equilibrar el poder
entre el sujeto concernido por el dato y aquél que tiene la capacidad de
recolectarlo, almacenarlo, usarlo y transmitirlo”.[23[23]][24]
En
la demanda se impugnan dos apartes legales que remiten a la publicación de sendas
listas en las cuales se relaciona a los infractores de obligaciones encaminadas
a asegurar los propósitos de convivencia de la propiedad horizontal. No
obstante, por considerar que las distintas características de tales
obligaciones pueden llevar a un análisis de constitucionalidad diferenciado, el
cargo por violación al habeas data por parte de cada uno de dichos apartes
legales se realizará por separado.
2.2.1. El cargo contra el aparte demandado del inciso 2º del artículo 30
de la Ley 675 de 2001
2.1.1.1.
Tras indicar que la información
relativa a la mora en el pago de las expensas que requiere la propiedad
horizontal es una información financiera y semiprivada que “no
encaja en ninguna de las excepciones a la autorización previa del artículo 10” de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, las demandantes denuncian
que dicha información no es de carácter público ni de libre divulgación. Las
demandantes sostienen que, si bien dicha información contiene “datos
que no son de naturaleza íntima, que pueden interesar no solo a su titular sino
a otras personas, en este caso, a los copropietarios, es información cuyo
tratamiento y publicación, necesita autorización previa de su titular”. Finalmente, las accionantes reclaman que el inciso 2º del artículo
30 de la Ley 675 de 2001 no asegura “que los visitantes
-totalmente externos de la copropiedad-nunca lleguen a tener acceso a la
información (…) dando cabida a que personas no autorizadas por el titular
conozcan información que si bien no es privada ni sensible, no ha contado con
autorización previa para su publicación”
2.1.1.2.
Visto lo anterior, la Corte comienza por recordar
que “el dato económico, comercial o financiero, en cuanto verdaderamente aluda
a materias de esa naturaleza, no hace parte del derecho a la intimidad, siendo
evidente que tal derecho se quebranta cuando, so pretexto de recolectar o
difundir datos económicos o financieros, en realidad se recogen o transmiten
informaciones sobre la vida privada del individuo o su familia”[25]; así como que
“(l)a finalidad legítima del procesamiento de
los datos personales de contenido comercial y crediticio está concentrada en el
cálculo adecuado del riesgo financiero atribuible al sujeto concernido, esto
con el fin de suministrar información a los agentes económicos para la toma de
decisiones relativas a la celebración de contratos comerciales y de crédito con
clientes potenciales.”[26]
2.1.1.3.
La Corte también considera relevante recordar
que, con el propósito de delimitar el alcance de las garantías del derecho
fundamental al habeas data y darle solución a la tensión que existe entre este
y el derecho fundamental a la información (C.P., art. 20), el ordenamiento
jurídico ha clasificado los datos personales en cuatro categorías, a saber:
privada, reservada, semiprivada y pública. En Sentencia T-238 de 2018[27],
la Corte describió cada una de estas categorías de la siguiente manera:
“32.2. La información privada es aquella que por
versar sobre información personal y por encontrarse en un ámbito privado, sólo
puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el
cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes,
los documentos privados, las historias clínicas y la información extraída a
partir de la inspección del domicilio.
32.3.    La información
reservada versa sobre información personal y guarda estrecha
relación con los derechos fundamentales del titular a la dignidad, a la
intimidad y a la libertad, motivo por el cual se encuentra reservada a su
órbita exclusiva y “(…) no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por
autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí
la información genética, y los llamados "datos sensibles"  o
relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos  de la
persona, etc.”[80[28]]
32.4.    La información
pública es aquella que, según los mandatos de la ley o de la
Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar
si se trata de información general, privada o personal. Se trata por ejemplo de
los documentos públicos, las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas,
los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la
familia. Este tipo de información se puede solicitar por cualquier persona de
manera directa y no existe el deber de satisfacer algún requisito para
obtenerla.
32.5.    La información semiprivada. Esta Corporación
se ha pronunciado sobre los datos que pueden constituir información
semiprivada. En efecto, desde la sentencia T-729 de 2002[81[29]] reiterada
por la sentencia C-337 de 2007[82[30]],
la Corte señaló que ésta se refiere “a los datos que versan sobre
información personal o impersonal que no está comprendida en la regla general
anterior, porque para su acceso y conocimiento presenta un grado mínimo
de limitación, de tal forma que sólo puede ser obtenida y ofrecida por
orden de autoridad administrativa o judicial en el cumplimiento de sus
funciones o en el marco de los principios de la administración de datos
personales” (negrilla fuera del texto original).”
2.1.1.4.
Por otra parte,
entre los principios de raigambre constitucional que rigen la administración de
datos personales (C.P., art. 15)[31] se encuentran los principios de libertad y de
finalidad[32]. Sobre el principio de libertad, la Corte ha explicado que:
“(…) tanto
para la autodeterminación de la información, como para el principio de
libertad, el consentimiento es el punto de identidad y relevancia que
determinará la vulneración o no del derecho fundamental al habeas data. (…)
en materia de autorización, el consentimiento otorgado al encargado del tratamiento[21[33]] o
responsable del tratamiento[22[34]] debe ser previo[23[35]], expreso[24[36]] e informado[25[37]] y, por el contrario, la publicidad indiscriminada de la
información sobre datos personales sin el cumplimiento de los requisitos antes
descritos configura una finalidad ilegal y/o inconstitucional que facilita la
vulneración de derechos fundamentales. En este orden de
ideas, cabe destacar que el consentimiento del titular de la información sobre
el registro de sus datos se encuentra ligado a la necesidad de que aquel cuente
con oportunidades reales para ejercer sus facultades de rectificación y
actualización durante las diversas etapas de dicho proceso, que resultan
vitales para salvaguardar los derechos a la intimidad y al buen nombre. En
conclusión, compete a los jueces, en cada caso, analizar el contenido de la
autodeterminación y el principio de libertad así como el cumplimiento de los
requisitos dispuestos en la ley y la jurisprudencia, a fin de no incurrir en
alguna violación de derechos fundamentales. Dichos requisitos se pueden
sintetizar en: (i) obtener el consentimiento del titular de la
información, (ii) tal consentimiento deber ser calificado, es
decir, expreso, informado y previo, (iii) el tratamiento de la
información se debe realizar para las finalidades informadas y aceptadas por el
titular del dato, (iv) el responsable del tratamiento le
corresponde obtener y conservar la autorización del titular.” (Énfasis fuera de
texto).[38]
Y sobre del principio de finalidad, la jurisprudencia ha explicado
que este vela porque “el acopio,
procesamiento y divulgación de datos personales [obedezcan] a una finalidad constitucionalmente
legítima definida de manera clara y previa (…) [41[39]]”[40]
En suma, se trata de dos principios en natural tensión
constitucional en tanto uno defiende los postulados del artículo 15 superior y
el otro los del artículo 20 de la Constitución[41]. [42]
2.1.1.5.
Aunque el principio de libertad se predica del tratamiento de
todos los datos personales (incluso de aquellos  públicos, pues “el
consentimiento del titular de la información sobre el registro de sus datos [también] se encuentra ligado a la necesidad
de que aquel cuente con oportunidades reales para ejercer sus facultades de
rectificación y actualización durante las diversas etapas de dicho proceso, que
resultan vitales para salvaguardar los derechos a la intimidad y al buen
nombre”[43]) éste
resulta particularmente relevante en aquellos ámbitos en donde para su
tratamiento es indispensable contar con el consentimiento de su titular. Tales eventos
son la regla general. Ciertamente, mientras que el artículo 9º de la Ley 1581
de 2012 (ley estatutaria del habeas data) prevé que, salvo las excepciones
legalmente previstas, el tratamiento de datos requiere de “la autorización previa e informada del titular, la cual deberá
ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior”, el subsiguiente artículo 10 ibid. establece cinco
particulares casos en donde la autorización de su titular no es
necesaria[44].
2.1.1.6.
El requisito de autorización necesaria para el tratamiento de
datos que defiende el principio de libertad es suficientemente rígido como para
despejar cualquier duda sobre su rigor. Según jurisprudencia de la Sala Plena
de esta Corporación que recoge varios pronunciamientos de varias de sus salas
de revisión, salvo que medie mandato legal o judicial que releve la necesidad
de obtener el consentimiento por parte de su titular, la autorización necesaria
para que datos personales sean susceptibles de tratamiento debe ser previa,
expresa y suficiente; de manera tal que la autorización: (i) “debe ser suministrada, en una etapa anterior a la
incorporación del dato”; (ii) “debe ser inequívoca”,
de carácter “explícito y concreto a la finalidad
específica de la base de datos”; y (iii) debe provenir de quien esté “plenamente consciente de los efectos”
de aquella. (Subraya
fuera de texto)[45].
En suma “(i) los datos personales sólo pueden ser registrados y
divulgados con el consentimiento libre, previo, expreso e informado del
titular. Es decir, no está permitido el
consentimiento tácito del Titular del dato y sólo podrá prescindirse de él por expreso mandato legal
o por orden de autoridad judicial, (ii) el consentimiento que brinde la persona debe ser definido
como una indicación específica e informada, libremente emitida, de su acuerdo
con el procesamiento de sus datos personales. Por ello, el silencio del Titular
nunca
podría inferirse como autorización del uso de su información y (iii) el principio de libertad no sólo implica el consentimiento
previo a la recolección del dato, sino que dentro de
éste se entiende incluida la posibilidad de retirar el consentimiento y de
limitar el plazo de su validez.”
(El énfasis en negrilla es del texto original)[46].
2.1.1.7.
Corolario
de lo anterior es que “la obtención y divulgación de datos
personales, sin la previa autorización del titular o en ausencia de un claro y
preciso mandato legal, se consideran ilícitas”[47].
2.1.1.8.
A pesar de la claridad de lo atrás señalado, la
jurisprudencia ha admitido que, en tratándose de información semiprivada,
la rigidez del principio de libertad puede ceder ante la necesidad de cumplir
con un fin constitucional superior. Es decir, dadas ciertas circunstancias, la dureza
del principio de libertad que debe orientar el tratamiento de datos personales se
flexibiliza al compaginarse con el principio de finalidad que, como se
vio, precisa que “el
acopio, procesamiento y divulgación de datos personales debe obedecer a una
finalidad constitucionalmente legítima definida de manera clara y previa” y siempre cuidando que, con
arreglo al principio de necesidad[48],
la circulación del dato esté estrictamente dirigida y restringida al
cumplimiento del fin constitucional superior[49]
con arreglo al principio de necesidad[50].
2.1.1.9.
En efecto, según la jurisprudencia, “(l)a información
semi-privada, será aquella que por versar sobre información personal o
impersonal y no estar comprendida por la regla general anterior, presenta
para su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal
forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad
administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los
principios de la administración de datos personales”[51]; como,
para éste último caso, sin lugar a dudas es el principio de finalidad.
2.1.1.10.
La atrás mencionada regla jurisprudencial fue, por
ejemplo, utilizada en Sentencia C-692 de 2003[52]. En dicho
caso la Corte estudió la exequibilidad de una norma que obligaba a registrar
ante las alcaldías la posesión de perros de razas potencialmente peligrosas.
Para resolver la controversia, tras considerar que la información sujeta a
registro era de carácter semiprivado, la Corte declaró su exequibilidad tras
considerar que la misma era necesaria para garantizar la seguridad pública. En
tal sentido la Corte sostuvo que “(l)a tenencia de
perros peligrosos deriva en riesgo social y el
legislador está autorizado para obligar al particular a ceder dicha información
en beneficio de la seguridad pública, sin que por ese hecho se deduzca una
intromisión ilegítima en su círculo íntimo. (…)
En los términos de la tipología adoptada por la Corte, la ley no le exige al
dueño del perro divulgar información privada o reservada. El sacrificio
del derecho a la intimidad se ve justificado, en este caso, por la necesidad de
satisfacer un interés de orden superior”.
En otras palabras,
en este caso el principio de libertad cedió al principio de finalidad toda vez
que la norma respectivamente impugnada estaba dirigida a la protección de la
seguridad pública como fin constitucional de mayor envergadura y de interés
general[53].
2.1.1.11.
Aunque el presente caso se enmarca en la Ley 1581 de 2012 pues la
Ley 1266 de 2008 refiere al habeas data en tratándose especialmente del acceso
al dato bancario[54],
lo expuesto resulta consistente con la definición que de dato semiprivado hace
el artículo 3, literal g) de esta última ley, según la cual “(e)s
semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública
y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su
titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general,
como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a
que se refiere el Título IV de la presente ley”.
2.1.1.12.
Aterrizando lo atrás dicho al aparte demandado
del inciso 2º del artículo 30 de la Ley 675 de 2001, la Corte coincide con las
demandantes en que la información relativa al incumplimiento en el pago de las
expensas comunes de que trata el Capítulo VII del Título I de la Ley 675 de
2001, es una información semiprivada. Justamente, correspondiendo el pago de
las expensas comunes a una obligación económica, resulta aplicable la
jurisprudencia según la cual “la información semi-privada,
[es] aquella que por versar sobre información personal o impersonal y no estar
comprendida por la regla general [de la información pública], presenta para su
acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación, (…). Es el caso de los
datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social o de
los datos relativos al comportamiento financiero de las personas.” (Énfasis fuera
de texto)[55]. Tal clasificación, además de ser
consecuente con lo que se prevé respecto de las obligaciones crediticias,
comerciales y financieras que regula la Ley 1266 de 2008[56],
resulta coherente con lo que previó la Corte en Sentencia C-738 de 2002 (ver
2.1.2. -2.1.3. supra) pues mal podría clasificarse como información
reservada o privada una información cuya divulgación no vulnera per se
el derecho a la intimidad[57].
2.1.1.13.
Así las cosas, si por una
parte mediante la Ley 675 de 2001 el Legislador busca la “obtención
de un fin constitucional, a saber, “garantizar la seguridad y la convivencia
pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la
propiedad” (ver supra 1.2); y por otra parte, la información relativa
al incumplimiento de las obligaciones pecuniarias a que alude el inciso 2º del
artículo 30 de la Ley 675 tiene el carácter de semiprivada, la divulgación de
esta información no solo no resulta violatoria del derecho fundamental
al habeas data, sino que, por el contrario, se erige como el típico caso en que
el derecho al habeas data financiero del deudor debe ceder ante la necesidad de
defender el interés de los demás habitantes de la propiedad horizontal; todo
ello con arreglo a lo que el respectivo inciso legal demandado prevé en aparte
que no fue impugnado, en donde se lee que, de todos modos,“(e)l acta de la
asamblea incluirá los propietarios que se encuentren en mora”.
2.1.1.14.
Resulta además fundamental indicar que, si como
se recordó en el numeral 2.1.1.2. supra, la finalidad legítima del
tratamiento de los datos financieros remite al “cálculo adecuado del
riesgo financiero atribuible al sujeto concernido, esto con el fin de
suministrar información a los agentes económicos para la toma de decisiones
relativas a la celebración de contratos comerciales y de crédito con clientes
potenciales.”[58], el dato semiprivado a que alude el inciso 2º del
artículo 30 de la Ley 675 de 2001 no requiere de la autorización que de
ordinario se requeriría para la inclusión de dichos datos en bases de riesgo
financiero. Esto, habida cuenta de que la publicación de los datos del caso al
seno de una propiedad horizontal no tiene como propósito ningún cálculo de
riesgo financiero sino, por el contrario, busca disuadir el incumplimiento de
las obligaciones pecuniarias a través de la imposición de una sanción y
asegurar el cumplimiento de una obligación necesaria para alcanzar los fines
constitucionales de la propiedad horizontal.
2.1.1.15.
No sobra precisar, por supuesto, que la
prevalencia de los principios de finalidad y necesidad sobre el principio de
libertad en el caso concreto, no se opone en modo alguno a que el deudor de las
obligaciones pecuniarias a que hace referencia el artículo 30 de la Ley 675
ejerza sus derechos de contradicción, rectificación y/o actualización durante las diversas etapas del
proceso que debe necesariamente agotarse con anterioridad a la imposición de
cualquier sanción y que resultan esenciales para salvaguardar sus derechos a la
intimidad y al buen nombre.
La Corte considera que lo anteriormente expuesto es suficiente para
que se declare la exequibilidad del aparte legal demandado del inciso 2º del
artículo 30 de la Ley 675 de 2001.
2.1.2. El cargo contra el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de
2001
2.1.2.1.
Frente del
numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001 las demandantes afirman que el
derecho al habeas data se ve vulnerado pues, tras considerar que “existe
un abanico casi infinito de posibilidades por las cuales se puedan incumplir
las normas que regulan la propiedad horizontal”, la norma autoriza la publicación del hecho puntual y
expreso que originó el incumplimiento de la obligación no pecuniaria, “sin
consideración alguna de qué tipo de datos se reflejan allí” y sin contar para ello con la autorización de su titular. Señalan,
además, que “los hechos o comportamientos que
causan el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias [no pertenecen] a
uno de los cinco casos del artículo 10 de la Ley 1581 que excepcionan la
necesidad de una autorización previa”. Finalizan
indicando que el que la publicación del caso se haga en lugares de amplia
circulación permite que esta sea conocida por personas ajenas a la propiedad
horizontal.
2.1.2.2.
Sobre el
anterior cargo la Corte de entrada advierte que, a diferencia de los datos relacionados
con el incumplimiento de la obligación pecuniaria atinente a las expensas que
requiere la propiedad horizontal, la información que toca con el incumplimiento
de las obligaciones no pecuniarias no es de aquellas de que pueda predicarse el
derecho al habeas data.
2.1.2.3.
En lo
fundamental, la Corte no ve cómo la información relativa al incumplimiento de
las obligaciones no pecuniarias dirigidas a la consecución del fin
constitucional de armónica convivencia en la propiedad horizontal, pueda ser
objeto de recolección por parte de cualquier banco, base de datos o archivo de la
generalidad de las propiedades horizontales. En efecto, si por un lado se
considera que por lo menos algunas, sino la mayoría, de las obligaciones no
pecuniarias cuyo incumplimiento sanciona la norma impugnada, se materializan en
obligaciones de “no hacer” (en general, no afectar la tranquilidad, la seguridad, el
buen nombre, la reputación y/o la higiene de la propiedad horizontal); y por
otro lado se observa que el incumplimiento de dichas obligaciones no estaría
necesariamente circunscrito a unos determinados tiempos, modos y/o lugares, la
información sobre el incumplimiento obligacional del caso -antes que ser
materia de recolección alguna (para lo cual se requeriría del monitoreo propio
de un régimen policial) -sería objeto de difusión unilateral por parte del
respectivo infractor; cuestión que riñe con el quehacer de los andamiajes u
organizaciones cuyo objeto sí es la recolección, almacenamiento, clasificación,
distribución, uso, circulación, supresión y, en general, tratamiento de datos
dirigidos a un fin específico y que, sin lugar a dudas, sí son susceptibles de
tocar con el derecho al habeas data.
No obstante, si
fuera el caso de que algunas particulares propiedades horizontales efectivamente
posean medios de recolección de datos atinentes a quienes las habitan, laboran
o visitan, la divulgación de las infracciones a las obligaciones no pecuniarias
en tales propiedades no reñiría con derecho fundamental alguno salvo que se
trate de información sensible y/o personalísima de tales sujetos que toque con
su dignidad y derecho a la intimidad; caso este último en donde cabría el
remedio del control concreto de constitucionalidad.
2.1.2.4.
Por otra parte, contrario a lo que
sugieren las demandantes, no puede afirmarse que exista un número casi infinito
de posibilidades por las cuales se pueda incumplir con el reglamento de
propiedad horizontal. Ciertamente, además de que el parágrafo del artículo 60
de la Ley 675 prevé que “(e)n el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas
objeto de la aplicación de sanciones, con especificación de las que procedan
para cada evento (…)”, las obligaciones no
pecuniarias a cumplir tendrían necesariamente que estar asociadas a la
consecución del fin constitucionalmente legítimo de “garantizar
la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella”[59];
esto es, en palabras de la Corte al analizar el alcance del
referido artículo 59, de impedir que, mediante comportamientos censurables, se obstruya la
consecución de “los objetivos del régimen de propiedad horizontal (seguridad
y armónica convivencia)”[60].
Sobre este último asunto, mediante Sentencia T-035 de 1997[61] la Corte expresó que “el contenido del reglamento de copropiedad no podrá ir más allá de
la regulación de los derechos que exige el mantenimiento de la comunidad, de
aquello que resulte necesario para su existencia, seguridad y conservación, y
con las limitaciones mencionadas; así las cosas, no podrán ser oponibles, por
virtud del mismo, cláusulas relativas a derechos que no trascienden el ámbito
de lo privado y que por tanto forman parte del núcleo esencial de derechos como
la intimidad o la autonomía privada, sobre los cuales se admiten excepciones
cuando entran en conflicto con los derechos de los demás o el orden jurídico. A
contrario sensu, los derechos que trascienden ese espacio íntimo pueden ser
objeto de regulación más amplia, siempre bajo los parámetros que imponen los
principios y valores del ordenamiento constitucional.”
2.1.2.5.
Debe decirse, finalmente, que la argumentación
de las demandantes en torno al contenido de la información que el numeral 1º
del artículo 59 de la Ley 675 permite publicar (la “indicación expresa del
hecho o acto que origina la sanción”) no está llamada a prosperar. De
hecho, la información de que trata la norma impugnada en ningún momento
exige o sugiere que se divulguen situaciones que pertenezcan al fuero íntimo o
exclusivamente privado de cualquier persona, ajenas al interés legitimo de
terceras personas, inclusive de aquellas con derechos que emanen de su relación
con la propiedad horizontal del caso. No sin razón la jurisprudencia ha
explicado que “a pesar del amplio margen de apreciación que tiene la
Asamblea General de copropietarios, al momento de aprobar los reglamentos
internos de la unidad residencial para la adopción de faltas y sanciones; (…), esta
función debe guardar relación directa con los objetivos del régimen de
propiedad horizontal (seguridad y armónica convivencia) (…)”; razón esta por la cual la
“indicación expresa del hecho o acto que origina
la sanción” que prevé la norma ahora analizada se
limita a la descripción general de los hechos o actos mediante los cuales se
habría afectado la seguridad y/o armónica convivencia de la propiedad
horizontal, excluyendo cualquier manifestación relacionada con asuntos o
controversias que únicamente incumban a los titulares de la información
respectiva. Se reitera, entonces, que cualquier información sensible y/o
personalísima de las personas que se llegue a obtener no puede, en
ningún caso, ser objeto de publicación o difusión, so pena de que contra
tal conducta sea censurada a través del control concreto de constitucionalidad
(acción de tutela).
Lo atrás expuesto
permite descartar que la publicación de que trata el numeral 1º del artículo 59
de la Ley 675 de 2001 tenga la capacidad de vulnerar el derecho al habeas data.
2.3.
Cargos por
violación al principio de proporcionalidad por parte de los artículos 30 (inc.
2º) y 59 (num. 1º) de la Ley 675 de 2001
2.3.1.  De lo expuesto a lo largo de esta providencia, para la
Corte es claro que ninguno de los apartes legales demandados comporta la
afectación de un derecho fundamental. Ya la Corte ha explicado que los derechos
a la intimidad y al habeas data sólo se afectarían por el ejercicio abusivo de las
facultades de publicación que otorgan las normas acusadas; abuso que, valga
señalar, se erige como una franca violación al postulado que contempla el
numeral 1º del artículo 95 superior que exige el respeto de los derechos ajenos
y reclama que no se abuse de los propios.  Así, si bien prima facie
pudiera pensarse que dichas publicaciones afectarían el derecho a la intimidad,
lo manifestado en el numeral 2.1. supra explica que los
incumplimientos de las obligaciones que surgen del reglamento de propiedad
horizontal “tiene(n) un alcance de afectación del
interés común; por ello, la publicación de la sanción subsiguiente a la falta
no vulnera la intimidad del sancionado, puesto que la falta misma no es un
comportamiento íntimo que deba ser protegido de la divulgación a terceros.” Y si bien en principio se podría considerar que tales publicaciones
vulnerarían el derecho al habeas data de sus sujetos pasivos, la Corte también
explicó en el numeral 2.2. supra que la conjugación armoniosa de los
principios de libertad y de finalidad que rigen el tratamiento de datos permite
que las respectivas informaciones semiprivadas sean circuladas en un ámbito
restringido a efectos de garantizar un fin constitucionalmente legítimo y superior.
2.3.2.  En el anterior orden, contrario a lo que manifiestan las
accionantes, sobre las normas demandadas no procede juicio de proporcionalidad
alguno. Ciertamente, al margen de que el efecto de las publicaciones de que
tratan el inciso 2º del artículo 30 y el numeral 1 del artículo 59 de la Ley
675 de 2001 tengan un loable efecto disuasivo frente de la realización de
conductas que atentan contra el fin constitucional legítimo e imperioso de “garantizar
la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así
como la función social de la propiedad” -disuasión esta
por la cual también propenden las sanciones de privación de la libertad[62]-, lo
cierto es que, según se explicó en el numeral inmediatamente anterior, las
referidas publicaciones no atentan contra derecho fundamental alguno. Y ello
debe bastar para negar la aplicación del juicio de proporcionalidad suplicado
por las accionante pues, como ha explicado esta Corte, “(e)l juicio de
proporcionalidad al que se refiere el actor, es pertinente efectuarlo cuando
la norma acusada en efecto restringe derechos o principios fundamentales,
pues su objetivo es establecer si la finalidad perseguida con la respectiva
norma justifica tal restricción, y si su contenido, en cuanto limita el
ejercicio de aquellos, es proporcional a la restricción impuesta."[63]; o cuando en otra oportunidad explicó
que la
Corte debe recurrir al juicio de proporcionalidad cuando se trata de “determinar
si un trato diferente o una restricción de un derecho se ajustan a la Carta”[64]; situación que, como se ha
explicado, no ocurre en el presente asunto.
Por las
anteriores razones, la Corte negará las pretensiones de inexequibilidad
fundadas en la violación del principio de proporcionalidad.
3.
Síntesis
de la decisión
Por las
razones explicadas a lo largo de esta providencia la Corte concluye que la
respuesta a los dos problemas jurídicos planteados al inicio de esta[65]
es, en ambos casos, positiva. Es decir, la Corte considera que el Legislador sí
puede facultar a las propiedades horizontales para publicar tanto la infracción
por incumplimiento de las obligaciones pecuniarias inherentes al pago de las
expensas comunes, como las infracciones por incumplimiento de las obligaciones
no pecuniarias (Ley 675 de 2001, inciso 2º del artículo 30 y numeral 1º del
artículo 59, respectivamente), sin que por ello se infrinjan los derechos a la
intimidad, el habeas data y el principio de proporcionalidad.
La
anterior conclusión que se apoya en las siguientes razones:
3.1.
El cargo elevado contra el inciso 2º del
artículo 30 de la Ley 675 de 2001 por la supuesta violación del derecho a la
intimidad no está llamado a prosperar. Como se desprende de la ratio
decidendi de la Sentencia C-738 de 2002 que declaró la exequibilidad del
numeral 1º del artículo 59 de la misma ley dentro de una acción de
inconstitucionalidad que lo acusaba por violación a ese mismo derecho,  el
incumplimiento en el pago de las expensas comunes necesarias para el
sostenimiento de la propiedad horizontal es un asunto que trasciende el derecho
a la intimidad de los infractores pues se ubica en un lugar que también interesa
a quienes habitan en dicha propiedad.
3.2.
La obtención del fin constitucionalmente
legítimo consistente en “garantizar la seguridad y la
convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función
social de la propiedad” es suficiente para que, con
ocasión de la compaginación de los principios de libertad y de finalidad, se
permita una circulación restringida de los datos personales semiprivados de
quienes incumplan con las obligaciones pecuniarias a que refiere el artículo 30
de la Ley 675 de 2001.
3.3.
En relación con el incumplimiento las obligaciones no pecuniarias
de que trata el artículo 59 ibid. la Corte no encontró que su
publicación pueda tocar con el derecho al habeas data. Tal conclusión en lo
fundamental se explica por cuanto la información relativa a tal incumplimiento,
más que ser objeto de recolección por una organización dedicada al tratamiento
de datos, sería unilateralmente difundida por el infractor del caso; todo esto
sin perjuicio de que, como se explicó, en ningún caso cabe la difusión o
publicación de información sensible o personalísima, caso en el cual procede el
control concreto de constitucionalidad (acción de tutela).
3.4.
Finalmente, por considerar que de lo resumido en
los numerales 3.1. y 3.2. supra se desprende que las normas demandadas
no alcanzan a afectar los derechos constitucionales a la intimidad y/o al
habeas data, la Corte negará los cargos presentados por una presunta violación al
principio de proporcionalidad debido a que, por lo recién expuesto, no procede
aplicar juicio de proporcionalidad alguno sobre tales normas.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO:
Declarar EXEQUIBLE la expresión “Mientras subsista este incumplimiento, tal
situación podrá publicarse en el edificio o conjunto” que prevé el inciso
2º del artículo 30 de la Ley 675 de 2001, “Por medio de la cual se expide el
régimen de propiedad horizontal”, por los cargos analizados en la presente
sentencia.
SEGUNDO:
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 675 de 2001, “Por
medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”, por los cargos
analizados en la presente sentencia.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con
salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Riffo y
niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012.
[2] “Sentencia T-630 del 28 de noviembre de mil novecientos
noventa y siete (1997), M.P. Alejandro Martínez Caballero”.
[3] “Sentencia T-030 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub”.
[4] Ver, entre otras, la Sentencia C-318 de 2002, MP Alfredo Beltrán
Sierra.
[5] Ibid.
[6] Decreto 1239 de 10 de abril de 1948
[7] Para un análisis de las diferencias entre la Ley 182 de 1948 y la
Ley 16 de 1985 puede consultarse la nota al pie 4 de la Sentencia C-376 de
2004, MP Álvaro Tafur Galvis.
[8] Ver: Sentencia C-782 de 2004, MP Rodrigo Uprimny Yepes.
[9] Al estudiar la referida Ley 428 de 1998, la Corte señaló que de su
análisis “queda claro que coexisten dos derechos, a saber:  el primero, que
radica en la propiedad o dominio que se tiene sobre un área privada
determinada; y, el segundo, una propiedad en común sobre las áreas comunes, de
la cual son cotitulares quienes a su turno lo sean de áreas privadas” (Sentencia C-726 de 2000, MP Alfredo Beltrán
Sierra)
[10] Sentencia C-153 de 2004, MP Álvaro Tafur Galvis. En el mismo
también puede consultarse las sentencias
C-318/02, MP Alfredo Beltrán Sierra; C-408/03, MP Jaime Araujo Rentería;
C-488/02 y C-376 de 2004, MP Álvaro Tafur Galvis.
[11] La Ley 675 de
2001 que establece actualmente el régimen de la propiedad horizontal define en
su artículo 1º el objeto de la norma así:
“La presente Ley regula la forma especial de dominio, denominada,
propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre
bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes
comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los
inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad”.
[12] Además de las obligaciones pecuniarias relativas al pago de las
expensas comunes, la Ley 675 de 2001 prevé las obligaciones pecuniarias que
surgen de las multas (ver artículo 59, num. 2).
[13] Ley 675 de 2001, Art. 3.—Definiciones. Para
los efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:
(…)
Expensas
comunes necesarias. Erogaciones
necesarias causadas por la administración y la prestación de los servicios
comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y conservación de
los bienes comunes del edificio o conjunto. Para estos efectos se entenderán
esenciales los servicios necesarios, por el mantenimiento, reparación,
reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, así como los
servicios públicos esenciales relacionados con éstos.
En
los edificios o conjuntos de uso comercial, los costos de mercadeo tendrán el
carácter de expensa común necesaria, sin perjuicio de las excepciones y
restricciones que el reglamento de propiedad horizontal respectivo establezca.
Las
expensas comunes diferentes de las necesarias, tendrán carácter obligatorio cuando sean aprobadas por la mayoría calificada
exigida para el efecto en la presente ley.
(…)”
[14] Sentencia C-408 de 2003, MP Jaime Araújo Rentería.
[15] Mediante Sentencia C-488 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis), tras
sostener que “(l)os
edificios y conjuntos que el 4° de agosto de 2001 habían sido constituidos como
propiedad horizontal mediante el registro de la escritura pública, contentiva
del reglamento de copropiedad y de los documentos a que hacen referencia los
artículos 4° y 6° del Decreto 1365 de 1986, seguirán rigiéndose por la misma normatividad,
salvo que sus copropietarios, en sujeción a sus reglamentos de copropiedad,
convengan en regirse por las disposiciones de la Ley 675 de 2001 y, para el
efecto, haciendo uso de su poder de determinación modifiquen sus estatutos. Y
respecto de las previsiones de la ley de orden público, que con prescindencia
de la voluntad de los copropietarios y de los consorcios rigen como lo dispone
la ley. Porque el Estado no puede prescindir de la justicia interna y propia
con que cuentan los propietarios y las asambleas de los edificios o conjuntos,
como depositarias de la voluntad común, para valorar la conveniencia o
inconveniencia de alterar las condiciones jurídico patrimoniales existentes, de
frente a las situaciones económicas y sociales que efectivamente comparten.
Salvo en defensa de intereses de orden público social y económico, de mayor
jerarquía constitucional que la estabilidad que demandan las situaciones
jurídicas patrimoniales, que deberán valorarse y ponderarse, previa
confrontación de las diferentes disposiciones de la Ley, asunto que no le
correspondía a esta Corporación abordar”, la Corte resolvió declarar la
exequibilidad condicionada del artículo 86  de la Ley 675 de 2001  (Régimen de
transición), “[declarando]  EXEQUIBLE la
expresión “y tendrán
un término de un (1) año para modificar, en lo pertinente, sus reglamentos
internos, prorrogables por seis (6) meses más, según lo determine el Gobierno
Nacional” contenida en el inciso primero del artículo 86 de la Ley
675 de 2001, en
el entendido que estas modificaciones deben hacerse conforme a
las disposiciones de los reglamentos de propiedad horizontal existentes en el
momento de la vigencia de esta ley.”
[16] Sobre este particular se pueden consultar las sentencias T-470 de
1999, MP José Gregorio Hernández Galindo; y T-034 de 2013, MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[17] MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[18] [36] Sentencia T-360 de 1998.
[19] Sentencia C-738 de 2002, MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20] Sentencia SU-509 de 2001, MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[21] Inicialmente ver las sentencias T-094, T-097 y T-119 de 1995 (MP
José Gregorio Hernández Galindo), en donde la Corte, a pesar de reconocer al habeas data como "derecho autónomo", sigue
tratándolo como garantía, en la medida en que lo considera un instrumento para
la protección de otros derechos como la intimidad, la honra y el buen nombre.”.
Posteriormente, en Sentencia T-307 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), la
Corte indicó que el habeas data es “[u]n derecho fundamental autónomo que tiene la función primordial
de equilibrar el poder entre el sujeto concernido por el dato y aquél que tiene
la capacidad de recolectarlo, almacenarlo, usarlo y transmitirlo”
(Ver numerales 3.2. y 3.2.1., junto con sus notas al pie, de la Sentencia C-058
de 2015, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[22] Sentencia T-628 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[23] [23] Cfr. Sentencia T- 307 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[24] Sentencia T-508 de 2015, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[25] Sentencia T-094 de 1995, MP José Gregorio Hernández Galindo.
[26] Sentencia C-1011 de 2008, MP Jaime Córdoba Triviño.
[27] MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[28] [80] Sentencia
T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[29] [81] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[30] [82] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[31] “(i)  principio de libertad, de acuerdo con el cual los
datos personales sólo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento
libre, previo y expreso del titular; (ii) principio de necesidad por el cual
los datos personales que se registran deben ser los estrictamente necesarios
para el cumplimiento de las finalidades que ostente la base de datos respectiva;
(iii) principio de veracidad, que indica que los datos personales deben a
obedecer a circunstancias reales, no habiendo lugar a la administración de
datos falsos o erróneos; (iv) principio de integridad que prohíbe que la
divulgación o registro de la información, a partir del suministro de datos
personales, sea incompleta, parcial o fraccionada; (v) principio de finalidad,
por el que el acopio, procesamiento y divulgación de datos personales debe
obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima definida de manera clara
y previa; (vi) principio de utilidad, que prescribe la necesidad de que el
acopio, procesamiento y divulgación de datos cumpla una función determinada,
como expresión del ejercicio legítimo del derecho a la administración de los mismos;
(vii) principio de incorporación, por el cual deben incluirse los datos de los
que deriven condiciones ventajosas para el titular cuando éste reúne los
requisitos jurídicos para el efecto, y (viii) principio de caducidad que
prohíbe la conservación indefinida de datos después de que han desaparecido las
causas que justificaban su administración.” Sentencia T-160 de 2005.
También pueden consultarse, entre otras las sentencias T-718 de 2005, T-1067 de
2007, T-144 de 2013 y C-1011 de 2008. (Tomado de la Sentencia T-207A de 2018,
MP Antonio José Lizarazo Ocampo).
[32] Ley 1581 de 2012 (ley estatutaria de habeas data),
ART. 4º—Principios para el tratamiento de datos personales. En el desarrollo,
interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera
armónica e integral, los siguientes principios:
(…)
c)
Principio de libertad: El tratamiento solo puede ejercerse con el
consentimiento, previo, expreso e informado del titular. Los datos personales
no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de
mandato legal o judicial que releve el consentimiento;
(…)”
[33] [21] Artículo 3°. definiciones
literal d) ley 1581 de 2012: “Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada,
que por sí misma
o en asocio con otros, realice el Tratamiento
de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.
[34] [22] Artículo 3°. definiciones
literal e) ley 1581 de 2012: “Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada,
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el
Tratamiento de los datos.”
[35] [23]C-748 de 2011. Al respecto, determinó que la autorización debe ser
suministrada, en una etapa anterior a la incorporación del dato.
[36] [24] En la misma sentencia, se
concluyó que la autorización debe ser inequívoca, razón por la cual, al
contrario de lo sostenido por algunos intervinientes, no es posible aceptarse
la existencia, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de un
consentimiento tácito.
[37] [25] En relación con el
carácter informado, la sentencia C-748 de 201, la Corte estableció que el
titular no sólo debe aceptar el Tratamiento del dato, sino también tiene que
estar plenamente consciente de los efectos de su autorización.
[38] Sentencia T-058
de 2013, MP Alexei Julio Estrada.
[39] [41] Sentencia
T-160 de 2005. También pueden consultarse, entre otras las sentencias T-718 de
2005, T-1067 de 2007, T-144 de 2013 y C-1011 de 2008.
[40] Sentencia T-207A de 2018, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
[41] Const. Pol. ART. 20.- “Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
No habrá censura.”
[42] Para una relación de casos en donde se verifica la referida tensión
constitucional puede consultarse el numeral 8 de la Sentencia T-277 de 2015, MP
María Victoria Calle Correa.
[43] Sentencia T-058 de 2013, MP Alexei Julio Estrada.
[44] Ley 1581 de 2012, ART. 10.—Casos en que no es
necesaria la autorización. “La autorización del titular no será necesaria
cuando se trate de:
a)
Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de
sus funciones legales o por orden judicial;
b)
Datos de naturaleza pública;
c)
Casos de urgencia médica o sanitaria;
d)
Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos,
estadísticos o científicos;
e)
Datos relacionados con el registro civil de las personas.
Quien
acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo
caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.”
[45] Cfr. Sentencia C-748 de 2011, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[46] Ibid.
[47] Sentencia C-640 de 2010, MP Mauricio González Cuervo. Ver también
las sentencias T-787 de 2004, MP Rodrigo Escobar Gil; y T-050 de 2016, MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[48] “(…) el principio
de necesidad, establece que los datos personales registrados deben ser los
estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas
con la base de datos. En ese sentido, se encuentra prohibido el registro y
divulgación de datos que no guarden estrecha relación con el objetivo de la base
de datos a la que pertenecen o pretenden hacerlo.” (Sentencia T-058 de 2015, MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez)
[49] De acuerdo con Sentencia T-020 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez) “es claro que el principio de finalidad supone
la existencia de un objetivo constitucional legítimo que, a su vez, delimita
qué puede hacerse con el dato. Por su parte, el principio de necesidad se refiere a que el tratamiento
de dicho dato cumpla con el fin que abarca su manejo. Por último, el principio de circulación restringida,
conduce a que el flujo de la información deba tener relación directa con la finalidad, al
tiempo que restringe el acceso masivo a la información, con excepción de los
datos de naturaleza pública.”
[50] “(…) el principio
de necesidad, establece que los datos personales registrados deben ser los
estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas
con la base de datos. En ese sentido, se encuentra prohibido el registro y
divulgación de datos que no guarden estrecha relación con el objetivo de la
base de datos a la que pertenecen o pretenden hacerlo.” (Sentencia
T-058 de 2015, MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez)
[51] Ver sentencias T-729 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett; C-692
de 2003, MP Marco Gerardo Monroy Cabra; C-336 de 2007, MP Jaime Córdoba
Triviño; C-640 de 2010, MP Mauricio González Cuervo; T-058 de 2015, MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez; y T-487 de 2017, MP Alberto Rojas Ríos;
[52] MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[53] Mediante Sentencia T-022 de 1993 (MP Ciro Angarita Barón), la Corte
comentó que “la prevalencia de un verdadero
interés general construido con todos los elementos que ofrece la Constitución
de  1991 a través de sus valores, principios y normas, permite afirmar a
esta Corte que tampoco es arbitraria o abusiva la circulación del dato personal
económico cuando ella satisfaga una exigencia de dicho interés.”
[54] En Sentencia T-238 de 2018 se reiteró que “(e)n cumplimiento del deber de regular el derecho
fundamental al hábeas data a cargo del Congreso, se expidió la Ley Estatutaria
1266 de 2008 “[p]or la cual se dictan las disposiciones generales del
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”. Esta
normativa constituye una regulación parcial del derecho al hábeas data porque
se circunscribe al dato financiero. En la sentencia C-1011 de 2008[54]
la Corte efectuó el análisis de constitucionalidad previo del proyecto de ley y
determinó que esta norma tiene carácter sectorial, pues solo está dirigido a la
regulación de la administración de datos personales de contenido comercial,
financiero y crediticio.” (Solo la subraya fuera de texto)
[55] Sentencia T-487 de 2017, MP Alberto Rojas Ríos. En el mismo sentido
se pueden consultar las sentencias T-729 de 2002, MP Eduardo Montealegre
Lynett; y C-640 de 2010, MP Mauricio González Cuervo.
[56]  “En lo que respecta a los datos de contenido crediticio, comercial
y financiero (…) su carácter de información semiprivada justifica su
circulación y entrega a terceros, a condición que se permita al titular del
dato personal el ejercicio de las facultades de conocimiento, actualización y
rectificación del mismo y, de manera más general, se cumplan con los principios
de administración de datos personales.” (Sentencia C-1011 de 2008, MP
Jaime Córdoba Triviño)
[57] En Sentencia T-360 de
1995 (MP Hernando Herrera Vergara) la Corte estudió el caso de un sujeto que,
por su atraso en el pago de algunas cuotas de administración, vio su nombre
publicado en una cartelera de deudores morosos de la copropiedad a la cual
pertenecía. En su defensa, el referido actor adujo que su incumplimiento
derivaba de la difícil situación económica por la cual pasaba y que la
publicación de su nombre daba lugar a que la gente pusiera en duda su honradez
y honestidad, lo que conllevaba la vulneración de sus derechos al buen nombre e
intimidad. Al resolver el caso, tras señalar que "la publicación de la
lista de deudores morosos en las carteleras del conjunto residencial en
obedecimiento de directrices trazadas por la asamblea de copropietarios, no
constituye por sí misma, vulneración del derecho constitucional fundamental a
la intimidad ni al buen nombre [pues] lo único que se da a conocer [en dicha
publicación] es un hecho cierto, cual es la mora en el pago de las
cuotas de administración”, la Corte resolvió confirmar la sentencia del
juez constitucional de conocimiento, en la cual se negó el amparo de tutela
deprecado.
[58] Sentencia C-1011 de 2008, MP Jaime Córdoba Triviño.
[59] Ver Ley 675 de 2001, artículo 1º.
[60] Sentencia T-062 de 2018, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[61] MP Hernando Herrera Vergara.
[62] “(L)a definición legislativa de las
penas en un Estado de derecho no está orientada por fines retributivos rígidos
sino por objetivos de prevención general, esto es, debe tener efectos
disuasivos, ya que la ley penal pretende "que los asociados se abstengan
de realizar el comportamiento delictivo so pena de incurrir en la imposición de
sanciones". (Sentencia C-144 de 1997, MP Alejandro Martínez
Caballer. En este sentido también se pueden consultar las sentencias T-267 de
2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y C-647 de 2001, MP Alfredo Beltrán
Sierra)
[63] Sentencia C-741 de 1999, MP Fabio Morón Díaz. Esta sentencia
fue reiterada en Sentencia C-142 de 2001, MP Eduardo Montealegre Lynett.
[64] C-309 de 1997, MP Alejandro Martínez Caballero.
[65] En el numeral 2 de la Sección VI de esta providencia,
se enunciaron los siguientes problemas jurídicos:  “2.1. ¿Puede el Legislador facultar a las
propiedades horizontales para publicar la infracción por incumplimiento de las
obligaciones pecuniarias inherentes al pago de expensas comunes (Ley 675 de
2001, artículo 30, inciso 2º) sin infringir los derechos a la intimidad, al
habeas data y al principio de proporcionalidad?”; y 2.2. “¿Puede el Legislador facultar a las
propiedades horizontales para publicar la infracción por incumplimiento de las
obligaciones no pecuniarias (Ley 675 de 2001, artículo 59, numeral 1º) sin
infringir el derecho al habeas data y al principio de proporcionalidad?”