T-547-11
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia T-547/11
DESISTIMIENTO Y TEMERIDAD EN ACCIONES DE TUTELA
Al existir la posibilidad de desistimiento frente a la
acción de tutela y su consiguiente archivo, no es procedente incoar una nueva acción tutelar con base
en los mismos hechos y derechos, sin existir argumentos justificados, como los
derivados del incumplimiento de una satisfacción extraprocesal. En el mismo
sentido, el artículo 37 del citado Decreto 2591 establece, como requisito
adicional, que el demandante en tutela manifieste, bajo juramento, que no ha
presentado otra respecto de iguales hechos y derechos, advirtiéndosele sobre
las consecuencias penales del falso testimonio. Además, presentar otra demanda
con base en los mismos supuestos fácticos y pretensiones, constituye una acción
temeraria (art. 38 ib.), que tendrá como consecuencia el rechazo o decisión
desfavorable a las solicitudes. La temeridad se configura cuando concurren los
siguientes elementos: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de
tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se
presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del
sujeto accionado, (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION
DE TUTELA-Requisitos de
procedibilidad
La
Corte ha establecido que si bien la acción de tutela puede ejercerse en
cualquier tiempo, ello no significa que el amparo proceda con completa
independencia de la demora en la presentación de la petición; concretamente, ha
sostenido que la tutela resulta improcedente cuando la demanda se interpone
después de transcurrido un lapso considerable e injustificado desde la fecha en
que sucedieron los hechos o viene presentándose la omisión que hipotéticamente
afecte los derechos fundamentales del peticionario, pues no es entendible que
quien esté padeciendo un serio quebrantamiento contra un derecho de tal
calidad, retarde la petición de protección, acudiendo a un mecanismo
precisamente caracterizado por ser preferente, sumario y propiciador de
inmediato amparo (art. 86 Const.). Está claro entonces que el juez debe
verificar que estos presupuestos estén satisfechos en cada caso concreto, de
tal forma que la naturaleza de la acción de tutela no se pierda, no solo en
cuanto se la pretenda convertir en un mecanismo complementario o adicional a
las vías ordinarias, o para reabrir un debate, sino intentándola cuando la real
oportunidad se dejó pasar.
GERENTE DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-Reglas para el nombramiento mediante concurso/GERENTE
DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-Excepción para nombrar a quien ocupó el primer
lugar en la lista cuando presenta antecedentes penales, disciplinarios o de
tipo profesional
DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO PROCESO Y
CONFIANZA LEGITIMA-Vulneración por cuanto se nombró a Gerente de Empresa
Social del Estado que se encontraba en causal de inhabilidad y segundo de la
lista desistió de tutela
Referencia: expediente
T- 3003559
Acción de tutela instaurada por César Edmundo Sarria
Porras contra el Departamento del Cauca.
Procedencia: Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Popayán.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA.
Bogotá, D.
C., siete (7) de julio de dos mil once (2011).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra
Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En
la revisión del fallo único de instancia dictado por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Popayán, dentro de la acción de tutela
instaurada por César Edmundo Sarria Porras contra el Departamento del Cauca.
El
asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado despacho
judicial, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991; el 31 de
marzo del 2011, la Sala Nº 3 de Selección lo eligió para revisión.
I.
ANTECEDENTES.
El señor César
Edmundo Sarria Porras incoó acción de tutela en diciembre 14 de 2010, aduciendo
vulneración de los derechos al debido proceso y al trabajo, por los hechos que
a continuación son resumidos.
A.
Hechos y narración efectuada en la demanda.
1. El actor
participó en el proceso de “selección previsto en el artículo 192 de la ley
100 de 1993 y posteriormente en el artículo 28 de la ley 1122 de 2007 y las
normas que lo reglamentan para la época, decreto 334 de 2003 y Resolución N°
793 de 2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública”.
2. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado,
Centro 1, con domicilio en Piendamó, Cauca, “sin puntajes y por orden
alfabético” conformó la terna para que de ésta el Gobernador del Departamento
del Cauca nombrara al Gerente de dicha ESE, integrando la lista de elegibles
con los siguientes aspirantes al cargo: i) César Edmundo Sarria Porras; ii) Angélica
Aguilar Rúgeles; iii) Elkin Javier Idárraga Granda.
3. En julio 1° de 2008, mediante Decreto N° 0595-07-2008,
el Gobernador del Cauca nombró como Gerente de la ESE a César Edmundo Sarria Porras, quien según los puntajes habría
ocupado el 6° puesto en el concurso.
4. Paralelo a lo anterior, el actor manifestó que en
diciembre 16 de 2009 quien había ocupado el 2° puesto en el concurso (Alirio
Barrios Bravo), instauró acción de tutela solicitando su nombramiento, aduciendo
que la persona que había ocupado el primer lugar (Oscar Francisco Martínez
Medina) se encontraba inhabilitado; sin embargo, el señor Barrios Bravo
desistió de esa petición de amparo, pero no expresó razón alguna para haber
obrado así.
5. En enero de 2010, el  señor Alirio Barrios Bravo, respecto
de los mismos hechos y derechos interpone una nueva acción de tutela, que correspondió
“por reparto al Juez 7° Administrativo de Popayán”, el cual mediante
providencia de marzo 15 de 2010, concedió el amparo y ordenó su nombramiento como
gerente de la ESE Centro 1, de Piendamó.
Seguidamente, en mayo 7 de 2010, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca al decidir la segunda instancia de la acción, “revocó
la decisión” al considerar que:
“… se encuentra acreditado que el actor en el mes de
diciembre de 2009, interpuso acción de tutela por los mismos hechos aquí
expuestos y que una vez notificada desistió de ella sin que se conozca la razón
de dicha decisión y pasado algo más de un mes volvió a interponerla, hechos
todos estos que obligan a estudiar dicha situación no por la violación del
principio de inmediatez sino por los efectos mismos del desistimiento…
…   …   …
… debe la Sala revocar la sentencia de instancia y en
su lugar proceder a rechazar la acción propuesta por improcedente de
conformidad con lo dispuesto en el artículo del Decreto 2591 de 1991. Ahora
bien teniendo en cuenta que de conformidad con las pruebas de oficio recaudadas,
el Departamento del Cauca expidió actos administrativos con el fin de dar
cumplimiento al fallo de instancia, hasta el punto que mediante Decreto
095-03-2010 se nombró a ALIRIO BARRIOS BRAVO como gerente de la ESE CENTRO 1,
en consecuencia el departamento del Cauca deberá retrotraer el estado de cosas
al momento previo a la interposición de la presente acción y por tanto quedan
sin efectos los actos que se hayan expedido con el fin de dar cumplimiento al
fallo de instancia, por lo que deberá restituirse al señor BARRIOS BRAVO como
gerente de la ESE OCCIDENTE, y al señor CÉSAR SARRIA PORRAS, como gerente de la
ESE CENTRO 1.”
6. En el mismo sentido, en mayo 24 de 2010, el señor
Oscar Francisco Martínez Medina, quien había ocupado el primer puesto en el
concurso, pero “por haber participado en sesión de la Junta Directiva de la
ESE CENTRO 1, el día 30 de octubre de 2007, actuando en condición de
Presidente, en la que se aprobó el presupuesto de rentas y gastos de la entidad
para la vigencia 2008” (f. 20 cd. inicial), se hallaba inhabilitado, además
de haber estado residiendo en España, incoó acción de tutela a través
apoderado, en procura de su nombramiento como gerente de la misma ESE, en
Piendamó.
El conocimiento en primera instancia de tal acción le correspondió
al Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Popayán, que en sentencia de junio
4 de 2010 concedió la protección invocada, al considerar que “al concurso de
méritos para el nombramiento del gerente de la ESE Centro 1, Nivel 1 del Departamento
del Cauca, debía aplicarse la regla general que rige los concursos de méritos
de la carrera administrativa, los cuales obligan a elegir a quien obtenga el
primer puesto en la competencia, si por algún motivo no se puede nombrar a ese
concursante, debe seguir con el procedimiento hasta agotar la lista de
elegibles que se haya conformado en estricto orden de obtención de puntajes”,
ordenando en consecuencia nombrar a quien ocupó el primer puesto de acuerdo con
el puntaje asignado, y “si ese concursante no pudiera ser nombrado en el cargo
de gerente por cualquier motivo o causal legal… se deberá elegir a quien ocupe
el segundo lugar… en orden descendente de los resultados ” (fs. 42 v. y 43
ib.).
Impugnado el fallo del a quo, el Tribunal
Contencioso Administrativo del Cauca, en mayo 7 de 2010, confirmó la decisión argumentando
que:
“… en el presente caso no se dan los presupuestos para
que se configure el fenómeno de cosa juzgada… pues resulta evidente que la
providencia de 7 de mayo de 2010… interpuesta por el señor Alirio Barrios Bravo
dispuso la revocación del fallo de primera instancia, al considerar que el
accionante había desistido de una tutela instaurada anteriormente…
… el señor Oscar Francisco Martínez Medina fue
vinculado al trámite de ese proceso, finalmente la parte resolutiva no definió
en absoluto su situación particular…
… es del caso señalar que los supuestos facticos
difieren sustancialmente de los analizados en el proceso…   por lo que no es
dable considerar que lo expuesto en la providencia de 18 de junio del presente
año, proferida por esta corporación y que puso fin a la segunda instancia
constituya precedente… en dicho asunto la controversia giraba en torno a un
concurso de méritos adelantado para la elección del Gerente de la ESE OCCIDENTE
– TIMBIQUÍ- LÓPEZ DE MICAY, concurso en el que el demandante ocupó el primer
lugar, no obstante se realizó un nuevo concurso con posterioridad que dio lugar
al nombramiento del Gerente sin tener en cuenta los resultados del primer
concurso que no fue declarado inválido, por lo que al pretender el actor su
nombramiento con fundamento en los resultados del primer concurso era patente
el incumplimiento de la inmediatez del caso concreto.” (f. 179 cd. inicial).
7. Por ello, en junio 9 de 2010, dando cumplimiento a
lo ordenado en sede de tutela, se dejó sin efectos el nombramiento de César
Edmundo Sarria Porras y en consecuencia se ordenó:
“No obstante que el Dr. Oscar Francisco Martínez
Medina ocupase el primer puesto en el concurso citado fue excluido de la terna
enviada al señor Gobernador, por cuanto pesaba sobre él causal de inhabilidad
al haber participado en sesión de la Junta Directiva de la ESE CENTRO 1, el día
30 de octubre de 2007, actuando en condición de Presidente, la que se aprobó el
presupuesto de Rentas y Gastos de la entidad para la vigencia de 2008.
… según la conformación de la terna enviada por la
Junta Directiva de la ESE CENTRO 1, se procederá a nombrar al segundo en el
orden correspondiente recayendo en la persona del Dr. Alirio Barrios Bravo.”
8. Finalizó afirmando la parte actora que se le ha
ocasionado un perjuicio irremediable, al igual que a su familia, “pues con
dicha desvinculación, nos hemos visto afectados, económica, social y
laboralmente toda vez que hasta el momento no hemos podido conseguir trabajo
desde el día que salí de la gerencia, así mismo mi esposa fue despedida de su
trabajo ocho días después de mi retiro… esto agrava nuestra situación pues
tenemos 3 hijos menores de edad y uno en situación de discapacidad que requiere
cuidados extremos y terapias de neurodesarrollo continuas… he aplicado a
múltiples empleos, pero las puertas en el departamento del Cauca… se encuentran
cerradas para mi… por haber ocupado un cargo de nivel directivo departamental”.
B.  Pretensión.
A partir de estos hechos, el actor busca se le tutelen
los derechos invocados y, en consecuencia, pide ordenar su nombramiento como gerente
de la ESE Centro 1 de Piendamó, y, por ende, “se reviva el Decreto… de 1° de
julio de 2008 mediante el cual se me nombró como Gerente”.
C.
Documentos relevantes cuya copia
obra dentro del expediente.
1.
Solicitud de conciliación extrajudicial, convocada por César Edmundo Sarria
Porras ante la Procuraduría General de la Nación (f. 12 cd. inicial).
2.
Derecho de petición presentado por el accionante ante el Gobernador del Departamento
del Cauca (agosto 31 de 2010, f. 13 ib.) y la respuesta correspondiente (septiembre
20 de 2010, f. 14 ib.).
3.
Decreto de marzo 30 de 2010, que ordena “nombrar como gerente de la ESE
Centro 1, al señor Alirio Barrios Bravo”, y deja “sin efectos jurídicos
el Decreto… del 1° de julio de 2008 y los demás que se hubieren expedido sobre
el nombramiento del Gerente de la ESE Centro 1” (f. 15 y 16 ib.).
4.
Decreto de mayo 21 de 2010, que dejó sin efecto los nombramientos de “Álvaro
Constantino Álvarez Muñoz  como gerente de la ESE Occidente Nivel 1” y de “Alirio Barrios Bravo como gerente de la ESE Centro 1, nivel 1”. Ordenando así “restituir al doctor Alirio Barrios Bravo como gerente de la ESE
Occidente Nivel 1” y “restituir a César Edmundo Sarria Porras como
gerente de la ESE Centro 1, nivel 1” (fs. 17 y 18 ib.).
5.
Decreto de junio 9 de 2010, dando cumplimiento a una decisión judicial, dejando
“sin efecto el decreto… por el cual se nombró al Dr. César Edmundo
Sarria Porras” y se ordena “nombrar al Doctor Alirio Barrios Bravo”
(fs. 19 a 21 ib.).
6.
Derecho de petición presentado por el accionante ante la Secretaría Departamental
de Salud del Cauca (septiembre 14 de 2010, f. 22 ib.).
7.
Derecho de petición presentado por el actor ante el Gobernador del Departamento
del Cauca (septiembre 29 de 2010, f. 23 ib.).
8.
Sentencia de marzo 15 de 2010, proferida por el Juzgado 7° Administrativo del
Circuito de Popayán, mediante la cual se resolvió tutelar los derechos de
Alirio Barrios Bravo (fs. 25 a 35 ib.).
9.
Fallo emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en mayo 7 de
2010, que decidió la segunda instancia de la tutela promovida por Alirio
Barrios Bravo y resolvió “revocar la sentencia de 15 de  marzo de
2010, proferida por el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Popayán y en
su lugar declarar la improcedencia de la acción”. Así, ordenó “dejar
sin efectos los actos… restituyendo al señor Barrios Bravo como gerente
de la ESE Occidente y al señor César Edmundo Sarria Porras como gerente
de la ESE Centro 1” (fs. 135 a 144 ib., está en negrilla en el texto
original).
10.
Sentencia de junio 4 de 2010, dictada por el Juzgado 7° Administrativo del
Circuito de Popayán, que resolvió proteger los derechos de Oscar Francisco
Martínez Medina (fs. 36 a 43 ib.).
11.
Fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en agosto
3 de 2010, confirmando la decisión adoptada en junio 4 del mismo año (167 a 180 ib.).
12.
Solicitud de conciliación prejudicial presentada por el accionante ante el
Procurador Judicial en Asuntos Administrativos, “por los daños ocasionados”
por su retiro como gerente (octubre 4 de 2010, fs. 45 a 53 ib.).
13.
Acta de aplazamiento de la conciliación extrajudicial, al solicitar la
Gobernación fijar una nueva fecha (fs. 57 a 64 ib.).
D.
Respuesta presentada por la Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud.
Mediante escrito de enero 18 de 2011, la apoderada del
Departamento del Cauca indicó, entre otros argumentos, que “una cosa es que
el tutelante no comparta las decisiones contenidas en los actos administrativos
objeto de la tutela y otra muy distinta, es que hayan proferido actos viciados,
pues lo que hizo el Departamento fue acatar los fallos de tutela proferidos por
la autoridad competente”, por lo que la administración departamental, lejos
de desconocer el derecho fundamental al debido proceso, “ha ceñido su
actuación a lo establecido por la normatividad procesal para la elección de
gerentes y… a los fallos judiciales”.
Finalmente, señaló que además de que existen otros
mecanismos, “no existe vulneración alguna” y “es imposible que se
pretenda por vía de tutela después de siete (7) meses de expedido el acto,
argumentar el derecho fundamental conculcado” (f. 101 ib.).
E.
Escrito presentado por Alirio
Barrios Bravo.
Mediante
comunicación de enero 19 de 2011, el apoderado del señor Alirio
Barrios Bravo expuso que la “tutela es
absolutamente improcedente, por cuanto lo que pretende es atacar por esta vía,
una acto administrativo proferido en cumplimiento de una anterior acción de
tutela… la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca en
fallo de segunda instancia el 3 de agosto de 2010, en la cual el hoy accionante
contó con todas las oportunidades para defenderse, habiendo sido jurídicamente
derrotado, por cuanto su permanencia en el cargo era totalmente
inconstitucional e ilegal, puesto que no obedeció a una terna que respetara el
concurso de méritos para su conformación; situación que está suficientemente
debatida y que no puede volver a ser objeto de tutela” (f. 126 ib.).
F.
Sentencia única de instancia.
Mediante fallo de enero 31 de 2011, el Juzgado 5° Administrativo
del Circuito de Popayán negó el amparo pedido, estimando que (fs. 146 a 161 ib.) “ya existe un pronunciamiento del juez de tutela, mediante el cual dejó sin efectos
el nombramiento del tutelante realizado mediante Decreto 0595 de 2008,  y
ordenó, como debe ser, la designación del gerente de acuerdo con la terna
enviada al señor Gobernador por la Junta Directiva de la ESE, que tiene como
fuente formal la lista de elegibles en la que ocupó el sexto lugar, y el actual
gerente Alirio Barrios Bravo, el segundo, cuyo nombramiento se produce frente a
una presunta inhabilidad de quien ocupó el primer lugar”.
Consideró
además que “se configura cosa juzgada, porque si bien los accionantes fueron
diferentes, los hechos, objeto y la causa de las tutelas son idénticos y recaen
sobre una misma pretensión, nombramiento del gerente de la ESE Centro 1, con
base en la terna elaborada a partir de la lista de elegibles en el proceso de
selección público abierto 2008, motivo por el cual deben negarse las
pretensiones”.
Finalmente,
también considera que es “improcedente bajo los criterios de inmediatez en
cuanto el nombramiento del doctor Barrios Bravo… fue proferido en junio de 2010”.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.
Competencia.
Corresponde
a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, el fallo proferido
dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86
y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda.
Lo que se debate.
Esta
Sala de Revisión decidirá si el Departamento del Cauca ha vulnerado los derechos al trabajo y al debido proceso invocados
por el señor César Edmundo Sarria
Porras, quien mediante decreto emitido por el respectivo Gobernador
en julio 1° de 2008 y luego de efectuarse
un concurso de méritos, había sido designado
Gerente de la ESE Centro 1, ubicada en Piendamó.
Por
su parte, el señor Alirio  Barrios Bravo incoó acción de tutela en diciembre de
2009, procurando su nombramiento en el mismo cargo, por haber ocupado el 2°
puesto en el referido concurso, acción de la cual inopinadamente desistió, pero
la presentó nuevamente en enero de 2010 por los mismos hechos y derechos, obteniendo
pronunciamiento favorable por parte del Juzgado Séptimo Administrativo de
Popayán, que posteriormente el respectivo Tribunal Administrativo revocó “por los efectos mismos del desistimiento”, dejando sin efectos los actos expedidos “con el
fin  de dar cumplimiento al fallo de instancia, restituyendo al señor BARRIOS
BRAVO como gerente de la ESE OCCIDENTE  y al señor CÉSAR SARRIA PORRAS,
como gerente de la ESE CENTRO 1”.
Con posterioridad el señor Oscar Francisco Martínez
Medina, a quien se consideró inhabilitado para ejercer el cargo y habría estado
domiciliado en España, mediante apoderado interpuso acción de tutela en mayo 24
de 2010, solicitando su nombramiento al
estimarse con derecho por haber ocupado el primer puesto en el concurso, lo que
le fue reconocido, aclarándose en primera instancia que “para el nombramiento del gerente de la ESE Centro 1, Nivel
1 del Departamento del Cauca, debía aplicarse la regla general que rige los
concursos de méritos de la carrera administrativa, los cuales obligan a elegir
a quien obtenga el primer puesto en la competencia, si por algún motivo no se
puede nombrar a ese concursante, debe seguir con el procedimiento hasta agotar
la lista de elegibles que se haya conformado en estricto orden de obtención de
puntajes” (f. 42 v. ib.).
En consecuencia, dando cumplimiento a lo ordenado en esa
acción de tutela, en junio 9 de 2010 se dejó sin efectos el nombramiento de
César Edmundo Sarria Porras e, invocando entonces sí la inhabilidad aducida
sobre Oscar Francisco Martínez Medina, el Gobernador del Cauca ordenó “nombrar
al segundo en el orden correspondiente recayendo en la persona del Dr. Alirio
Barrios Bravo” (f. 20 ib.).
Tercera. Desistimiento
y temeridad en acciones de tutela.
La
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la carta, se encuentra definida
como un mecanismo constitucional preferente y sumario, que procura la
protección inmediata de los derechos fundamentales, otorgándole a toda persona la
oportunidad de una solución pronta y efectiva cuando existan motivos serios y
probados sobre la existencia de violaciones o amenazas a sus derechos, por
acción u omisión de autoridades públicas, o de particulares.
En
varios pronunciamientos emitidos por esta Corporación[1],
ha quedado esclarecido el alcance de la posibilidad de desistir de la
acción de tutela, que depende de la etapa procesal en la cual se encuentre el
respectivo trámite, así como de la naturaleza y trascendencia de los derechos
cuya protección se pretende lograr a través de dicha acción.
En
efecto, a partir de lo estatuido en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, es
claro que procede el desistimiento de la acción de tutela mientras que ésta
estuviere “en curso”, lo que se ha interpretado como que debe
presentarse antes de que exista una sentencia al respecto.
Según
se deduce de esa norma, el desistimiento suele estar ligado a haber obtenido el
actor lo demandado sin necesidad de pronunciamiento judicial, “en cuyo caso
se archivará”, exceptuando que si “el desistimiento hubiere tenido
origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el
interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra
que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía”.
Así, al existir la posibilidad de desistimiento frente
a la acción de tutela y su consiguiente archivo, no es procedente incoar una nueva acción tutelar con base
en los mismos hechos y derechos, sin existir argumentos justificados, como los derivados
del incumplimiento de una satisfacción extraprocesal.
En
el mismo sentido, el artículo 37 del citado Decreto 2591 establece, como requisito
adicional, que el demandante en tutela manifieste, bajo juramento, que no ha
presentado otra respecto de iguales hechos y derechos, advirtiéndosele sobre
las consecuencias penales del falso testimonio.
Además,
presentar otra demanda con base en los mismos supuestos fácticos y pretensiones,
constituye una acción temeraria (art. 38 ib.), que tendrá como consecuencia el
rechazo o decisión desfavorable a las solicitudes.
La
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: (i) identidad
fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado, (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción.[2]
Así,
la temeridad es una utilización impropia de la acción de tutela; en sentencia
T-1215 de diciembre 11 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, esta
corporación señaló:
"La
jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella
que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del
derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una
acción de tutela.[3]
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda
actuación de los particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es
una circunstancia que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para
prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe
encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple
improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal
conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo,  de los
hechos  en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.”
De
tal manera, la judicatura no puede pasar por alto aquellas situaciones que constituyan
uso desmesurado y desborden el ejercicio de tan trascendental medio de
protección, por quienes con propósitos distintos a procurar eficaz amparo de reales
derechos fundamentales, se desvíen hacia aspiraciones impropias, o dejen de
utilizar los medios comunes de defensa judicial que resulten idóneos para
alcanzar el legítimo fin propuesto.
Cuarta.
Principios de subsidiaridad e inmediatez como requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
4.1.
Desde el ordenamiento superior (art. 86 Const.), la acción de tutela está
instituida para garantizar la protección inmediata de los derechos
fundamentales, cuando quiera que estén vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos
previstos. No obstante, exige importantes requisitos de procedibilidad, entre
ellos, para el caso que ahora se estudia, la subsidiaridad y la inmediatez.
Respecto
a la primera, es claro que la acción de amparo solamente puede intentarse
cuando no existen o han sido agotados otros mecanismos judiciales idóneos y efectivos
de defensa, a menos que se demuestre la inminencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procedería la tutela como mecanismo transitorio
(artículo 86, inciso 3° Const.), estableciéndose así en el artículo 6°-1° del
Decreto 2591 de 1991 como causal de improcedencia de la tutela.
Esa subsidiaridad guarda relación con el rol que
también le corresponde al juez en todas sus demás actividades, como guardián de
los derechos fundamentales y de la Constitución que en todo proceso le
corresponde ser[4]. Así, deviene claramente que la acción de tutela, por su carácter excepcional, no
es el mecanismo único ni per se para obtener el amparo de derechos
fundamentales cuando exista otra vía de defensa judicial, salvo que se
configure el ya mencionado perjuicio irremediable, el cual ha de estar comprobado
y debe ser inminente y grave[5].
Sobre
el particular, se pronunció esta corporación en sentencia T-406 de abril 15 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño: “El fundamento constitucional de la subsidiaridad, bajo esta
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección
de los derechos fundamentales. En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en
el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de
tutela, que desconozca el requisito de subsidiaridad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
4.2. En relación con la inmediatez, al ser declarado
inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 (sentencia C-543 de octubre
1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo), no subsiste un término de
caducidad para la interposición de la acción de tutela; no obstante, ha
considerado esta corporación que su incoación debe efectuarse dentro de un
término razonable, aspecto que deberá ser ponderado por el juez constitucional en
cada caso concreto, como se expresó en sentencia SU-961 de diciembre 1° de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (no está en negrilla en el texto original):
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad
entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede
significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad
misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo
con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se
vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela
no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez
está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera
razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción.”
4.3.
De esa manera, la Corte ha establecido que si bien la acción de tutela puede
ejercerse en cualquier tiempo, ello no significa que el amparo proceda con
completa independencia de la demora en la presentación de la petición; concretamente,
ha sostenido que la tutela resulta improcedente cuando la demanda se interpone
después de transcurrido un lapso considerable e injustificado desde la fecha en
que sucedieron los hechos o viene presentándose la omisión que hipotéticamente
afecte los derechos fundamentales del peticionario, pues no es entendible que
quien esté padeciendo un serio quebrantamiento contra un derecho de tal
calidad, retarde la petición de protección, acudiendo a un mecanismo
precisamente caracterizado por ser preferente, sumario y propiciador de
inmediato amparo (art. 86 Const.).
Está
claro entonces que el juez debe verificar que estos presupuestos estén
satisfechos en cada caso concreto, de tal forma que la naturaleza de la acción
de tutela no se pierda, no solo en cuanto se la pretenda convertir en un
mecanismo complementario o adicional a las vías ordinarias, o para reabrir un
debate, sino intentándola cuando la real oportunidad se dejó pasar.
Así
las cosas, queda establecido, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, que la
acción de tutela resulta improcedente cuando se interpone fuera del tiempo
lógico, esto es, después de haber pasado el lapso razonable desde la ocurrencia
de los hechos que motiven la solicitud de protección, siempre que no medien
razones que, frente a las circunstancias del caso concreto, constituyan
explicación sustentada de tal demora[6].
Lo
expuesto fue reiterado en sentencia T-551 de agosto 6 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo al señalar:
“… la petición ha de ser presentada en marco temporal
de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Al no limitar en el
tiempo la presentación de la demanda de amparo constitucional, se burla el
alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela, y se
desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos.
…   …   …
La inactividad o la demora del accionante para ejercer
las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que
se conceda la acción de tutela. Del mismo modo, si se trata de la interposición
tardía de la tutela, igualmente es aplicable el principio de inmediatez, según
el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el
reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para el beneficio propio del
sujeto de la omisión o la tardanza.”
Quinta. Reglas para la provisión de los cargos de gerente de
Empresa Social del Estado, ESE.
El
artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, “Por la cual
se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones”, que entre otros aspectos establece
parámetros para la provisión de los cargos de gerente de las Empresas Sociales
del Estado, ESE, fue objeto del examen de constitucionalidad por parte de esta
corporación, en sentencia C-181 de marzo 17 de 2010, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, donde mediante una sentencia interpretativa se declaró
condicionalmente exequible el aparte que señala “la
Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual,
el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente”.
En
desarrollo de este aspecto, en dicha providencia se señaló que “si el
legislador –y lo mismo podría aplicarse a la administración- decide someter a
concurso la provisión de un cargo de libre nombramiento y remoción, debe
sujetarse a las reglas propias del concurso fijadas por la ley y la
jurisprudencia de esta Corporación. En este sentido es preciso recordar que la
libertad de configuración del legislador no sólo está sometida a las
limitaciones expresas que impone la propia Constitución, sino también a las
restricciones que se desprenden de los derechos fundamentales y los principios
constitucionales”, respondiendo siempre a los principios de transparencia,
buena fe y acceso por mérito a los cargos de la administración.
Aunado
a lo anterior, se afirmó que “los concursos públicos tienen la finalidad de
determinar la idoneidad, la capacidad y la potencialidad de los aspirantes a
ocupar un cargo desde el punto de vista de la categoría del empleo y las
necesidades del servicio”[7]. En este sentido, las
etapas y pruebas de un concurso deben ir dirigidas a identificar “las
destrezas, aptitudes, experiencias, idoneidad física y moral, condiciones de
personalidad y sentido social, entre otras aptitudes y cualidades, de los
candidatos”[8]. Una vez estas
habilidades y cualidades han sido calificadas de manera objetiva, sólo aquél
con mayor mérito debe ser designado en el respectivo cargo.
De acuerdo con esa misma providencia C-181 de 2010,
algunas de las pautas del concurso son: “Una vez se ejecutan las etapas del
concurso y se publican los resultados, el aspirante que obtiene el primer lugar
y, por tanto, demuestra tener mayores méritos, adquiere un derecho fundamental
a ocupar el cargo. Este derecho fundamental se deriva del principio de
igualdad, que obliga no sólo a tratar igual a quienes están en la misma
situación fáctica, sino también a brindar un trato diferente a quienes están en
una situación fáctica distinta; así como del derecho al debido proceso y del
principio de la buena fe, pues los aspirantes depositan su confianza en las
reglas del concurso y en las autoridades que lo organizan, bajo la idea de que
actuarán objetivamente. En este orden de ideas, la realización de un concurso
obliga al nominador a seleccionar al mejor de los concursantes, pues ningún
sentido tendría adelantar una competencia para favorecer a otro que no sea el
primero[9].”
En
el mismo sentido esta corporación[10], al analizar diferentes
aspectos relacionados con el tema y en coherencia con lo manifestado sobre los
concursos para proveer cargos de la administración, ha concluido que “la
decisión de no nombrar a la persona que obtiene el primer lugar en el concurso
de méritos conlleva la vulneración de sus derechos a la igualdad y al debido
proceso, pues al tiempo que supone un trato discriminatorio que no se funda en
razones objetivas de calificación, significa la aplicación de las reglas del
concurso sobre bases desconocidas para el concursante, quien prevalido de la
confianza legítima de ser nombrado bajo la condición de obtener el primer
puntaje, puede ser despojado del derecho por motivos ajenos a las reglas de la
contienda”.
De acuerdo con lo anterior, la expresión “la Junta
Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, el
nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente”[11],
contenida en el comentado artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, desconoce los
principios constitucionales del mérito como criterio rector del acceso a la
función pública y de la buena fe, al igual que los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de quienes obtienen el primer lugar en los
respectivos concursos.
Al
lado de este fuerte precedente, resulta pertinente recordar que respecto al compromiso del nominador de seleccionar al primero en el concurso de
méritos, en el precitado fallo T-329 de
mayo 14 de 2009 también se reiteró que “la jurisprudencia ha dicho que la Administración puede
separarse de tal decisión cuando exista una causa suficientemente poderosa que
impida honrar el primer lugar de la lista. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el
ganador del concurso presenta antecedentes penales, disciplinarios o de tipo
profesional que, al contrastarlos con los resultados de los concursos,
evidencien su falta de idoneidad para ocupar el cargo”.
Frente
a lo anterior, es necesario repetir lo establecido por esta Corte en torno a las
inhabilidades, que han sido definidas como “aquellos requisitos
negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de
condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y
la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones
públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo”[12]. Lo cual limita
el derecho al desempeñar el cargo, con el objetivo de defender y garantizar “el
interés general y la igualdad de oportunidades de los que aspiran a ser
elegidos[13]”.
Sexta. Caso concreto.
Corresponde a esta Sala de Revisión
determinar si debe otorgarse tutela a los derechos al debido proceso y al
trabajo de César Edmundo Sarria Porras,
frente a las oscilaciones presentadas en la elección y nombramiento del gerente de la Empresa Social del Estado, Centro 1, de
Piendamó, Cauca.
6.1. En el
presente caso, atendiendo los presupuestos jurisprudenciales y dentro de la
valoración fáctica y probatoria que se debe adelantar, es necesario tener en
cuenta claramente los siguientes puntos:
6.1.1. El
señor César Edmundo Sarria Porras
participó en el proceso de méritos (ocupó
el 6° puesto), siendo designado por la Gobernación del Departamento del Cauca, como gerente de
la ESE Centro 1, del municipio de Piendamó, mediante Decreto 0595-07-2008 de
julio 1° de 2008.
6.1.2. El señor Alirio Barrios Bravo participó en los concursos
para gerente de la ESE de Occidente de Timbiquí – López de Micay, Nivel I; y para
la  ESE Centro 1 de Piendamó, donde
ocupó el primer y el segundo puesto respectivamente.
El señor Barrios
Bravo, quien ejercía el cargo para el cual ocupó el primer lugar (ESE Occidente
de Timbiquí), en diciembre 16 de 2009 instauró tutela pidiendo se le nombrara como
gerente de la ESE Centro 1 de Piendamó, denotando haber ocupado el 2° puesto en la lista y que
quien había ocupado el 1° (Oscar Francisco Martínez Medina) se encontraba
inhabilitado.
Posteriormente, sin expresar motivo alguno el señor
Barrios Bravo desistió de esa acción.
6.1.3. En
enero de 2010, el señor Barrios Bravo, respecto de los mismos hechos y derechos
interpuso una nueva tutela, que en marzo 15 de 2010 fue concedida y ordenó su nombramiento
como gerente de la ESE Centro 1, de Piendamó. Decisión que en mayo 7 de 2010,
el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca revocó al considerar que “el
actor en el mes de diciembre de 2009, interpuso acción de tutela por los mismos
hechos aquí expuestos y que una vez notificada desistió de ella sin que se
conozca la razón de dicha decisión y pasado algo más de un mes volvió a
interponerla”.
Ante ello, dicho Tribunal declaró la improcedencia y ordenó
“retrotraer el estado de cosas al momento previo a la interposición de la
presente acción… por lo que deberá restituirse al señor BARRIOS BRAVO como
gerente de la ESE OCCIDENTE, y al señor CÉSAR SARRIA PORRAS, como gerente de la
ESE CENTRO 1”.
6.1.4. En mayo 24 de 2010, el señor Oscar Francisco Martínez
Medina, quien ocupó el primer puesto en el concurso pero se le descartó por
inhabilidad, a través de apoderado incoó acción de tutela, procurando su
nombramiento como gerente de la ESE en Piendamó.
Así, sin tener en cuenta la inhabilidad existente, se concedió
la protección invocada al considerar que obliga “elegir a quien obtenga el primer
puesto en la competencia”, ordenando en consecuencia nombrar a quien ocupó
el primer puesto de acuerdo con el puntaje asignado o, en su defecto, al segundo
en la lista, o así sucesivamente. Ese fallo fue confirmado por el ad quem.
6.1.5. Dando
cumplimiento a lo ordenado en sede de tutela, se dejó sin efecto el
nombramiento del señor César Edmundo Sarria Porras y entonces sí, resaltando la
inhabilidad del señor Oscar Francisco Martínez Medina, se procedió a nombrar a
Alirio Barrios Bravo como gerente de la
ESE Centro 1 de Piendamó.
6.2.
Teniendo en cuenta lo referido con
anterioridad y los precedentes constitucionales ya citados, respecto a la
procedencia de la acción de tutela, debe esta Sala verificar:
6.2.1. Que
se hayan agotado todos los medios de defensa judicial existentes para dirimir
la controversia, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, o que el medio común no garantice una determinación oportuna y
eficiente al efecto.
Frente
al particular, es pertinente resaltar que al ser la acción de tutela un
mecanismo subsidiario de protección, deviene necesario agotar la respectiva
acción ante la Jurisdicción Contenciosa Adminsitrativa, pero ha de recordarse
que si la definición del evento jurídico por la vía regular es ineficaz, al
producirse tardíamente, el derecho fundamental hipotéticamente vulnerado
quedaría sin posibilidad de restablecimiento oportuno.
En
este sentido, en la ya citada sentencia SU-961 de 1999 se expresó que “las
acciones contencioso administrativas no consiguen en igual grado que la tutela,
el amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados
en los procesos de vinculación de servidores públicos, cuando ello se hace por
concurso de méritos, pues muchas veces el agotamiento de dichas acciones
implica la prolongación en el tiempo de su vulneración y no consiguen la
protección del derecho a la igualdad… sin que realmente pueda restablecerse el
derecho a permanecer en él durante todo el tiempo que dura el proceso
contencioso administrativo…”.
De
tal forma, la acción de tutela que se resuelve en el presente caso no puede ser
declarada improcedente por haberse desatendido el principio de subsidiariedad,
ante la evidencia de que la decisión que llegare a producirse en la
Jurisdicción Contencioso Administrativa no podría conllevar el desempeño del aspirado
cargo dentro del período de cuatro años.
6.2.2.  Que
la acción de tutela haya sido interpuesta en un término razonable y con diligencia,
a partir del momento en que se hubiere podido producir la alegada afectación a
los derechos reclamados, esto es, que se haya cumplido el requisito de
inmediatez.
En el presente caso se tiene que i) el nombramiento del señor César Edmundo Sarria Porras se efectuó en julio
1° de 2008; ii) la tutela incoada y desistida por Alirio Barrios fue en diciembre de 2009; iii) la nueva acción fue
presentada por el señor Barrios Bravo en enero de 2010; iv) la protección
solicitada por Oscar Francisco Martínez Medina se incoó en mayo 24 de 2010; v) la
desvinculación de Sarria Porras y el nombramiento de Barrios Bravo se dio en
junio 9 de 2010; y vi) la presente
demanda de tutela fue interpuesta en diciembre 14 de 2010 (f. 11 cd. inicial).
Obran también dentro del expediente pruebas suficientes de las
diversas solicitudes del señor Sarria
Porras, ante diferentes entidades, procurando solucionar su situación, en el
transcurso del segundo semestre de 2010.
Con todo, se tiene que el señor César Edmundo Sarria
Porras ejerció interrumpidamente, desde julio de 2008 a junio de 2010, el cargo de gerente de la ESE Centro 1 de
Piendamó, pero las pretensiones de Alirio
Barrios Bravo (desistimiento y nueva presentación), como de Oscar Francisco Martínez Medina permitieron que esta
acción judicial se multiplicara, hasta el punto de concedérsele el amparo a una
persona cuya inhabilidad se encontraba probada.
Además el señor Alirio Barrios Bravo, pese a que ocupó el primer
puesto y fue nombrado como gerente de la ESE
de Occidente de Timbiquí – López de Micay Nivel I, acudió a la solicitud de
amparo un año y cinco meses después, pretendiendo el cargo de gerente de la ESE
Centro 1 de Piendamó, al que habría tenido derecho por ocupar el segundo
lugar, pero no aparece justificación alguna para que no hubiere accionado a
tiempo, ni para que hubiere desistido de la petición, que posteriormente buscó
replantear mediante una nueva tutela, en circunstancias que ahora sí podrían
generar un quebrantamiento contra esos mismos derechos, además de la confianza
legítima de quien fue designado y ha venido desempeñando la función, que debe
ser ejecutada con estabilidad, en la medida en que ello facilite la adecuada
dirección de la ESE respectiva, adicionalmente en beneficio del servicio de
salud de la comunidad correspondiente.
Así
las cosas, resulta válido lo expresado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en providencia de mayo 7 de 2010, al
señalar que de aceptarse tales actuaciones “se legitimaría una conducta
mediante la cual el desistimiento pasaría de ser una actuación sin
trascendencia procesal alguna, accionando el motor judicial las veces que fuera
necesario sin que se pudiera ejercer control alguno, hecho que sin lugar a
dudas va en contravía de las finalidades de la acción constitucional de tutela
que en casos como el presente ha sido prevista como un mecanismo de protección
inmediata de los derechos fundamentales que presuntamente se estén vulnerando
al momento de la interposición de la acción” (f. 143 cd. inicial).
En
el mismo fallo se indicó que Alirio Barrios Bravo sólo estaría legitimado para
interponer de nuevo la acción de tutela cuando existiera motivo expresamente
justificado, que “no aparece ni siquiera por asomo en la presente acción
ya que revisados los escritos de tutela presentados en las dos oportunidades,
se observa que son prácticamente idénticos con el agravante de que en la acción
presentada en esta ocasión ni siquiera se menciona el tramite tutelar antes
propuesto y por el contrario al momento de presentar el juramento de ley
expresamente se indicó: Bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado
con la firma en la presente petición, manifiesto que mi poderdante no ha
interpuesto ninguna otra acción de tutela por estos mismo hechos” (resaltado
en el texto original, fs. 143 y 144 ib.).
6.3. Así las cosas, frente al derecho que tiene César
Edmundo Sarria Porras de defender la legalidad de su designación y preservar el derecho al trabajo, el debido proceso y
su legítima confianza, de acuerdo con las consideraciones expuestas, esta Sala
de Revisión debe revocar el fallo dictado en enero 31 de 2011 por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, que negó los derechos fundamentales reclamados, supuestamente “por
configurarse la cosa juzgada” (f. 160
ib.).
En
su lugar, serán tutelados los referidos
derechos del señor Sarria Porras y, en tal virtud, se dispondrá que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, el
Gobernador del Cauca deje sin efecto el Decreto N° 0153-06-2010 de junio 9 de
dicho año y se restablezca, en consecuencia, la situación anterior, quedando en
firme el Decreto N° 0133-05-2010 de mayo
21 ibídem, de manera que sean restituidos Alirio Barrios Bravo como gerente de la
ESE Occidente nivel 1 y César Edmundo Sarria Porras como gerente de la ESE Centro
1 nivel 1, de Piendamó.
III.-
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.
REVOCAR el fallo proferido en enero 31 de 2011, por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, que negó la tutela solicitada por el señor César Edmundo Sarria Porras contra el Departamento del
Cauca.
Segundo.
En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos al debido proceso, trabajo y confianza legítima del señor César
Edmundo Sarria Porras, disponiendo que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, el señor Gobernador del
Departamento del Cauca deje sin efecto el Decreto N° 0153-06-2010 y vuelva la
situación a su estado anterior, quedando en firme el Decreto N° 0133-05-2010 de mayo 21 de 2010,
mediante el cual, entre otras determinaciones que así mismo se restablecen, el
mencionado Gobernador restituyó al señor César Edmundo Sarria Porras como
gerente de la Empresa Social del Estado Centro 1 nivel 1, del municipio de
Piendamó, Cauca, a lo cual debe procederse.
Tercero.
Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver, entre otras, las sentencias T-550 de 1992, T-260 de 1995,
T-575 de 1997, T-010 de 1998 (en todas ellas M. P. José Gregorio Hernández
Galindo), T-433 de 1993 (M. P. Fabio Morón  Díaz), T-294  de  1994 (M. P.
Alejandro Martínez Caballero), T-412 de 1998 (M. P. Hernando Herrera Vergara) y
T-129 de 2008 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto); además, los autos A-313 de
2001 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) y A-314 de 2006 (M. P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[2] Cfr. T-883 de agosto 9 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, entre muchas otras.
[3] “En este sentido, sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995,
T-091 de 1996, T-001 de 1997, entre muchas otras.”
[4] Cfr. T-069 de enero 26 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[5] Cfr. C-595 de julio 27 de 2006,  M. P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[6] Cfr. T-001 de enero 18 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[7] Ver C-901 de septiembre 17 de 2008, M. P. Mauricio González Cuervo; y T-329 de mayo 14 de 2009, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8] Ver C- 040 del 9 de febrero de 1995, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[9] “Ver, entre otras, las sentencias C- 040 del 9 de febrero de
1995; SU-136 del 2 de abril de 1998; SU-086 del 17 de febrero de
1999; C-588 del 27 de agosto de 2009; y T-329 del 14 de mayo de 2009.”
[10] Ver T- 329 de mayo 14 de 2009, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-777 (septiembre 29), T- 611 (agosto 5) y T- 687 (septiembre 2) de
2010, en estas tres últimas M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[11] C-181 de 2009, precitada.
[12] T- 343 de mayo 11 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. .
[13] También sustentan este principio las sentencias C-618 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-1412 de 2000 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez),
entre otras.