T-639-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-639/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas de procedibilidad/ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial
VIA DE HECHO-Defecto fáctico/VIA DE
HECHO-Clases de defectos fácticos
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para
aumentar pruebas de un proceso de privación de patria potestad que culminó y
las partes tuvieron oportunidad de controvertir
VIA DE HECHO-Inexistencia para el caso
Referencia: expediente T-1329156
Acción de
tutela instaurada por Hernán contra la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil seis (2006).
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy
Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Laboral de esa misma
Corporación, que resolvieron la acción de tutela promovida por Hernán (a fin de
proteger el derecho a la intimidad de la menor esta Sala no hará mención de los
nombres de los padres ni de la niña en cuestión) contra la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El demandante
solicitó mediante apoderado, la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso (art. 29 C.P.), a la honra (art. 21 C.P.), a la igualdad (art.
13 C.P.), dignidad  y buen nombre (art. 15 C.P.), y el derecho a tener una
familia (art. 42 C.P.). Derechos presuntamente vulnerados por el accionado, el
Tribunal Superior de Bogotá –Sala de Familia-, porque al privarlo de la patria
potestad respecto de su hija menor, por la causal “maltrato habitual del
hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño”
promovido por la progenitora, el mencionado Tribunal incurrió en una vía de
hecho.
La menor,
nacida el 4 de agosto de 1993, y según lo acordado por sus padres en el proceso
de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico de éstos, comenzó a
partir de 1999 a frecuentar a su progenitor los días sábados.  Visitas que
fueron suspendidas un año después a raíz de la negativa de la niña, entonces
con seis años de edad,  de reencontrarse con su padre.
El petente,
después de una extensa exposición sobre la existencia de una vía de hecho, que
fundamentó con jurisprudencia de esta Corporación[1],
argumentó que el Tribunal accionado incurrió en ello al no realizar un análisis
serio respecto de la situación puesta en su conocimiento, lo que se concretó en
la pérdida de la patria potestad de su poderdante.
El apoderado
argumenta que el rechazo de la menor a ver a su padre obedeció a que la niña
desarrolló “Síndrome de alineación parental” en donde “es frecuente
que la menor genere circunstancias (a veces imaginarias) para romper el vínculo
con uno de los padres y radicalizar su afecto en el otro padre.”[2]
Con la misma orientación, arguyó que la madre había desarrollado el “síndrome
de la madre maliciosa” desatado en su opinión por la decisión del padre “de
rehacer su vida de pareja con una señora diferente a su esposa”.[3]
Síndromes que no fueron considerados por el Tribunal demandado y que en su
opinión “sirven para calificar la verosimilitud que pueda tener la
declaración de una menor que ha decidido no volver a ver a su padre divorciado
y cuenta para ello con la obvia colaboración de la madre”[4].
Indicó que la
Fiscalía adelantó investigación en contra de su poderdante por el delito de
abuso sexual, pero que el trámite fue archivado pues en ningún momento se
demostró el tipo penal en que presuntamente incurrió. Agregó que la madre de la
menor, después que él contrajera segundas nupcias, promovió el proceso de
privación de patria potestad sin que prosperara en primera instancia. En
recurso de apelación el Tribunal accionado revocó la decisión del a quo,
por medio del fallo de 9 de noviembre de 2005.
Profundizando
sobre las razones por las cuales el ad-quem incurrió en una “ostensible”[5]
vía de hecho, de una parte el accionante sostuvo que en las consideraciones de
su sentencia el Tribunal demandado no hizo mención de la posición de la parte
pasiva del proceso, además que éste soportó su decisión en pruebas técnicas
para resolver la duda respecto de las declaraciones que rindieran la menor y la
“declaración de oídas de una profesora que escucho de su alumna afirmaciones
que luego no resultaron ciertas”[6]. Pero
incluso, las pruebas técnicas dejan dudas respecto de los hechos a que hicieron
mención, lo que le lleva a afirmar que el Tribunal “trata de superar una
duda con pruebas aún más dudosas.”[7]
De otro lado,
destacó que la jurisdicción penal adelantó investigación en su contra dentro de
la cual no se pudo establecer su responsabilidad por la inexistencia de la
conducta penal. Adujo que el Tribunal no puede basar la decisión exclusivamente
en el interés superior del niño y que debió analizar las pruebas recaudadas,
pues de lo contrario, implicaría que bastará con la versión del menor para
tomar una decisión judicial, lo cual es muy peligroso. Agregó que las versiones
de la menor han sido “diferentes” y que le causa perplejidad que sólo se
tomara en cuenta lo que perjudicaba a su representado.
Así mismo
afirmó que “esa grosera manera de manejar la prueba, por parte del Tribunal,
no solo es una violación al debido proceso y significa una vía de hecho sino
que revivió la idea equivocada de que el señor (…),  abusó  de su hija menor.”[8]
Y con ello se dio a entender que su poderdante era una persona “depravada”[9],
con lo que se le afectó su honor, su honra y su dignidad.
En su escrito
el demandante también alegó que el Tribunal accionado rompió la unidad familiar
de su poderdante y rechaza que los baños conjuntos de la menor con su padre y
las caricias “sea invocada como gesto impúdico o que si se actúa dentro de
lo que se dice que debe ser normal esto sea aducido como maltrato”[10].
Por último manifestó que el Juez de conocimiento, para no vulnerar los derechos
fundamentales invocados, debió realizar un test de razonabilidad estricto.
Intervención
de la progenitora de la menor.
Mediante
apoderada, la madre de la menor sostuvo que no es cierto que el motivo de las
denuncias –tanto penales como civiles- hayan tenido asidero en el hecho de que
el accionante hubiese conseguido una nueva pareja, pues como se demostró en el
proceso, el padre ya había tenido otras relaciones amorosas de conocimiento de
la madre y de la menor, y los hechos que dieron lugar al proceso de privación
de la patria potestad son posteriores a ello.
Así mismo
arguye que la pérdida de la patria potestad no es producto del abuso sexual
sino del maltrato físico o psicológico que ejerció el padre contra la menor y
que fue precedido por el maltrato físico a la madre en  presencia de su hija.
Tal como quedó plasmado en informe rendido por la Unidad de Fiscalías delegadas
ante el Tribunal.
Respecto de
los hechos de la demanda indicó que el proceso atacado en sede de tutela “surtió
todas sus etapas, las partes siempre estuvieron representadas por apoderado,
solicitaron pruebas, las que se decretaron y en las que las partes
intervinieron, tuvieron oportunidad de presentar sus alegaciones, de recurrir,
en consecuencia no se vislumbra por ningún lado la vulneración alegada”[11].
Sostuvo que no
es cierto que la declaración de la profesora haya sido de oídas, fue probado
que durante el periodo lectivo 2001-2002, en el transcurso de una clase, la
menor manifestó que era abusada por su padre. Y luego de ser interrogada
directamente por la profesora la menor ratificó lo expresado ante sus
compañeros.
La interviniente
aclaró que a pesar de existir una decisión en materia penal favorable al
accionante respecto del delito de abuso sexual, el proceso civil se enfocó
hacia el maltrato físico y psicológico, lo que se encuentra plenamente
demostrado en el mismo, causal contemplada para la pérdida de la patria
potestad. Además, que los exámenes en la investigación penal se enfocaron al
abuso sexual en lo concerniente a la penetración, pero nunca sobre los
manoseos, ni tampoco sobre las exhibiciones del padre. Resaltó la importancia
de preservar la primacía de los derechos de los niños en este caso, pues se
encuentra en juego la estabilidad emocional de la menor que prevalece frente a
los derechos de su padre.
La
interviniente relacionó los informes del Centro Piloto Reunir del I.C.B.F.
lugar al que acudió la madre a raíz de las depresiones de la infante y la
posterior remisión, por iniciativa de la misma institución, al Centro de
Atención Integral para víctimas de abuso sexual del 8 y 17 de marzo, 4 de abril
y 23 de mayo de 2000, en donde quedó claro el maltrato físico y verbal de que
fue víctima la menor durante las visitas a su padre.
Aunque el
abuso sexual no fue probado, la apoderada de la madre manifiesta que algunos de
los síntomas padecidos por la menor como los episodios depresivos severos, el
bajo rendimiento académico y rechazo a la escuela, las pesadillas, la
manifestación de mantener “secretos entre ella y el padre”, infecciones
vaginales, el rechazo a las caricias del padre y por último el explícito miedo
y repudio al mismo, son aspectos indicadores de abuso sexual según el libro de
Detección de Casos de Maltrato a la niñez de Save The Children.[12]
Por último
solicitó se declarara improcedente la acción acompañando su petición de una
exposición referente a los principios que orientan la actividad del Juez, como
son, la cosa juzgada, el principio de la autonomía judicial, la tutela respecto
de decisiones judiciales. Concluyó que analizado el caso concreto se logra
deducir que no se presentan las condiciones señaladas por la jurisprudencia
constitucional para que proceda la acción de tutela contra sentencias.
Decisiones
objeto de revisión.
Primera instancia.
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, denegó el amparo constitucional
solicitado al considerar que el análisis que sirvió de apoyo al fallo que en
segunda instancia dictó el Tribunal accionado, descansa en el artículo 315 del
C. de P. C., en el que se contempla como causal para la pérdida de la patria
potestad el maltrato habitual del hijo, abuso éste que quedó demostrado por
medio de acervo probatorio recaudado por el Juez de conocimiento. Además
sostuvo que “la reseñada providencia, (…), esta soportada en la situación
fáctica debatida confrontada con el material probatorio recaudado y examinada a
la luz de las normas legales que la rigen, sin que por tanto pueda tildarse de
arbitraria o caprichosa, pues es fruto de la labor intelectiva realizada por el
Tribunal accionado, dentro del ámbito de las atribuciones y del fuero que la
Constitución le otorga”.[13]
De igual forma
el a- quo consideró que el demandante pretende, en uso de la  tutela, “revivir
el debate planteado en el proceso que a la postre le fue adverso y cuya
definición debe darse en el interior de aquél”[14]
Segunda
instancia.
El accionante
impugnó la decisión adoptada por el Juez de tutela, recalcó los derechos
fundamentales invocados y que el Juez de instancia incurrió en vía de hecho al
privarlo “indebidamente” de la patria potestad de la menor. En escrito
de sustentación de la impugnación manifestó que la Sala de Casación Civil
consideró que promovió la tutela para revivir la controversia, lo que según el
actor, no puede ser argumento para negar el amparo deprecado, toda vez, que es
una opinión “equivocada” y de “menosprecio para quien instaura una tutela”[15]
Además, el
petente sostuvo que el Juez de tutela dio por sentado que la versión de la
menor no puede ser controvertida. Agregó que el Tribunal sólo hizo referencia
de la prueba, pero no la analizó y se limitó a decir que los derechos de los
niños tienen un carácter preferente. Así mismo el  impugnante insistió en que
surge una duda respecto de las pruebas técnicas, lo que implicaría que el
Tribunal resolvió una duda respecto de las declaraciones de la menor (en su
opinión a veces contradictoria) y su docente directora de grupo del colegio
(testimonio de oídas), a través de una prueba técnica, a su vez, dudosa.
Agregó que sí
el Tribunal quería resolver la duda respecto de las pruebas recopiladas en el
proceso, debió remitirse a la decisión adoptada en el proceso penal adelantado
en su contra, dentro del cual, se concluyó la inexistencia de cualquier
presunto delito sexual. Por esas razones estimó el accionante, que el Tribunal
demandado tomó una decisión con un material probatorio precario y discutible
con el cual revocó la decisión del Juez de primera instancia que le había sido
favorable.
De otro lado,
indicó que con la decisión adoptada, el Tribunal desconoció el precepto
consignado en el artículo 311 del Código del Menor, por el cual se estableció
como agravante la angustia generada al menor por la separación de los padres
dentro del esquema de las causales para considerar a un niño en situación de
abandono. Según el promotor de la impugnación, esta circunstancia en lugar de
reafirmar las pretensiones de la demandante, es un indicio en contra de la
misma. Adicionalmente, indicó que la menor pronto va a ser mayor de edad, por
lo que se encuentra en discusión no es revivir el debate procesal, sino de
evitar que se cometa un atropello por parte de la administración de justicia,
lo que finalmente consistió en que se volviera a dudar sobre la integridad de
su representado y dejar en entredicho lo decidido en materia penal respecto del
abuso sexual imputado. Por último, sostuvo que realmente la decisión del
Tribunal no deviene en la protección del menor sino en un castigo para el
padre.
En escrito
presentado en el trámite de Segunda instancia, la progenitora de la menor
señaló que le asiste razón a la Sala de Casación Civil en cuanto esa instancia
indicó que lo pretendido por el accionante es revivir el debate planteado en el
proceso que a la postre le fue adverso. Sostuvo que según la jurisprudencia
constitucional la tutela contra sentencias judiciales está limitada a la
existencia de una vía de hecho que se configura con el desconocimiento de los
procedimientos establecidos de una forma tal que conlleve la vulneración de los
derechos fundamentales de las personas, circunstancia que no se presentó en el
caso bajo análisis, pues el Tribunal accionado era competente para conocer del
proceso, el procedimiento se impartió conforme a la ley con observancia de las
ritualidades. De otro lado, no existió defecto fáctico pues la decisión tuvo
como fundamento el material probatorio recaudado. Manifestaciones que reforzó
con jurisprudencia de ésta Corporación. (T-933/03 y T-336/04).
Finalmente, en
Sentencia de siete (7) de marzo de 2006, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión adoptada por el Juez
constitucional, manifestó que conforme a la sentencia C-543 de 1992, la acción
de tutela sólo es procedente contra sentencias judiciales cuando se demuestre
que el Juez incurrió en vía de hecho y no exista otro mecanismo de defensa
judicial. Por lo que la tutela no es un medio alternativo, adicional o
complementario para alcanzar un fin propuesto. Indicó que en la precitada
jurisprudencia esta Corporación sostuvo que la cosa juzgada se funda en el
principio de seguridad jurídica, pues todo juicio está llamado a culminar
puesto que las partes no pueden ceñirse indefinidamente a la expectativa en
torno al sentido de la solución a su conflicto.
Por lo
anterior concluyó que el proceso adelantado goza de la presunción de legalidad,
por ende, hay que respetarlo y acogerlo por quienes de manera libre y
voluntaria acudieron a la administración de justicia buscando la solución  a
sus conflictos.
Añadió que
según la posición adoptada por esa Sala en sentencia de 2 de marzo de 1998,
radicación 3103, al juez de tutela le está vedado injerirse en actuaciones de
competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son
independientes y autónomas, conforme a lo previsto en los artículos 228 y 230
de la Constitución Política. Por lo anterior, indicó que esa Sala no puede
inmiscuirse en el proceso que revistió todas las formalidades de su rango, para
dejar sin efecto la decisión cuestionada,  suplantando así al juez natural.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y
demás disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso por la Sala de
Selección.
a.  Problema jurídico
Debe esta Sala
entrar a definir dos aspectos, i) Si la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, al decidir  privar de la patria potestad al
petente, incurrió en un una causal genérica de procedibilidad y en un defecto
fáctico que posibilite la instauración de una acción de tutela contra
sentencias judiciales.  ii) Si el testimonio de una menor, en relación al
padecimiento del maltrato físico y/o psicológico por parte de alguno de sus
progenitores, recibe la calidad de prueba en un proceso judicial del orden
civil y más específicamente, en uno en el que se decide la privación de la
patria potestad sobre alguno de sus padres.
b.  Solución al problema jurídico planteado
Estado actual de las causales
genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
En nutrida
jurisprudencia éste Tribunal ha enfatizado el carácter excepcional en la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Según la cual,
la invocación de la protección del juez constitucional goza de justificación en
eventos sumamente específicos en los que haya existido algún defecto relevante
en la actuación judicial.[16]  Esta situación fue
inicialmente definida como vías de hecho y en forma reciente se ha
reconceptualizado por ésta Corporación con la noción de “causales genéricas
de procedibilidad de la accción”[17].
Mientras que para que una providencia judicial ocasionara una vía de
hecho se requería una grave cualificación en la actividad del juez, catalogada
como arbitraria, grosera, caprichosa o en suma como “una burda trasgresión
de la Constitución”.[18]  Las
causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción contemplan
situaciones en las que basta que nos encontremos con una decisión judicial
ilegítima violatoria de los derechos fundamentales para que se viabilice la
acción de tutela contra decisiones judiciales.
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía
de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en
la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de
capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la
noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que
el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento,
sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin
argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
(arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a
lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez),
ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.”[19]
En esa misma decisión se estableció:
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de
la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el
juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales
de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error
inducido; (iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del precedente y
(vi) violación directa de la Constitución.”[20]”[21]
Dando
continuidad a ese precedente de la Sala Tercera de revisión[22],
en la Sentencia C-590-05, la Sala Plena manifestó que en la medida que el
artículo 86 de la C.P. consagró la acción de tutela como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales de las personas contra posibles
vulneraciones producto de la acción u omisión de cualquier autoridad pública y,
en cuanto y tanto los jueces son autoridades públicas,  “no cabe duda alguna
sobre la procedencia de la acción de tutela para proteger, de manera subsidiaria,
los derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados por
cualquier acción u omisión de los jueces de la República.”
En esa misma
decisión la Sala plena profundizó sobre dos clases de requisitos, generales y
específicos, para la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, señalando dentro de los primeros: i) la evidente
relevancia constitucional de la cuestión que se discute, ii) el previo
agotamiento de todos los medios de defensa judicial salvo que se trate de
evitar un perjuicio irremediable, iii) la inmediatez del hecho que originó la
vulneración, iv) cuando la irregularidad procesal ha sido determinante en la
decisión judicial y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[23],
v) La clara conciencia del demandante sobre los hechos que generaron la
vulneración como de los derechos infringidos y su alegación en el proceso
judicial siempre que esto haya sido posible[24] y por último,
que no se trate de sentencias de tutela.[25] En relación a
los condicionamientos específicos la Sala Plena señaló:
“Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[26] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[27].
i.  Violación
directa de la Constitución.”
El carácter
definitivamente residual de las causales de procedibilidad de la acción que
se suscita por la necesidad de armonizar las decisiones judiciales con los
mandatos constitucionales y, en especial, con los derechos fundamentales y el
principio del estado social de derecho, imponen al juez constitucional la
identificación de “por lo menos, uno de
los  vicios  de la vía de hecho, con el fin de que prevalezcan los derechos
fundamentales de las personas"[28]
En el mismo
sentido éste Tribunal ha dicho, “La admisión de la
tutela en estos casos juega un papel armonizador de las relaciones político
sociales inherentes al Estado Constitucional y democrático, dado que, aunque se
establezca como principio la improcedencia de la acción de tutela frente a
providencias judiciales, para privilegiar principios y derechos superiores
tales como la autonomía, imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa
juzgada, la vigencia de un orden justo, la seguridad jurídica y la prevalencia
y protección real del derecho sustancial (CP, artículo 228), de todas formas
tal principio admite excepciones que, en vez de desdibujar los postulados antes
enunciados, tienden a su consagración, en la medida en que permiten atacar
errores protuberantes de los jueces, con lo cual, además, se salvaguardan
derechos fundamentales como son el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, la igualdad y la tutela judicial efectiva dentro
del marco del Estado social de derecho”[29].
Defecto Fáctico como vía de hecho.
Reiteración de jurisprudencia.
Recientemente ésta Corporación insistió que se
configura un defecto fáctico cuando “resulta
incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[30]
“ó, aunque teniéndolo,  le  resta  valor  o
le  da  un  alcance  no  previsto  en  la  ley.” [31]
La certeza sobre
la ausencia de un adecuado soporte probatorio por parte del juez se deriva en
el hecho de que las pruebas aportadas sean evidente y absolutamente[32]
inadecuadas para tomar la decisión,  “ya sea por ineptitud jurídica o por
simple insuficiencia material.”
En su
jurisprudencia constitucional la Corte se ha ocupado en delimitar
conceptualmente el defecto fáctico, es así que en la Sentencia SU-159-02[33] se consignó:
“Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el
material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L)”[34], dicho
poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa
probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos[35],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[36],
es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[37], esto es,
que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda
a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”
En esa misma decisión se distinguieron dos tipos de defectos
fácticos en los que pueden incidir los jueces, omisivos y positivos. Veamos:
“Así, los defectos fácticos pueden agruparse en dos clases. La
primera, la dimensión omisiva, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez[38]. La
segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas igualmente
esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución[39].
Por eso, en lo que respecta a la dimensión omisiva, “no se adecua a
este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa
de la prueba”[40] que se
presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración[41],
cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente”[42].
En lo relativo a la dimensión positiva, el defecto fáctico se
presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.). Al respecto, resulta particularmente ilustrativo recordar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en este punto específico, pues, en
materia penal, aún en el evento en el que en el conjunto de pruebas sobre las
que se apoya un proceso penal se detecte la existencia de una ilícitamente
obtenida, los efectos de esta irregularidad son limitados. Para la Corte, “el
hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba
absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se
profiera deba ser calificada como vía de hecho”[43].
Así, “sólo en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho
constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual
habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la
decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por
supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”[44].
De tal manera que la incidencia de la prueba viciada debe ser determinante de
lo resuelto en la providencia cuestionada.
Por último en la decisión transcrita se puntualizó en la gravedad
del error del juez para que sea posible advertir un defecto fáctico:
“El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[45].
Así las cosas
resulta claro que para que se produzca la cristalización de un defecto fáctico
en la actuación de un juez, se requiere que la magnitud del error sea tal, que
justifique, pese a la existencia de los principios de autonomía e independencia
judicial, la intervención del juez de tutela. Ello, para enmendar la
vulneración que de los derechos fundamentales, como el debido proceso, se
hubiesen ocasionado por la decisión judicial revisada.
Por ende, debe
entonces la Sala entrar a verificar, en el caso que nos ocupa, si las pruebas
recaudadas y valoradas por el Tribunal Superior de Bogotá- Sala de Familia en
el proceso de privación de la patria potestad y que en últimas le fue adverso
al petente, adoleció de alguno de los graves errores previamente señalados.
Caso
concreto
El reclamo
presentado por el actor se funda, principalmente, en que durante el proceso
judicial civil motivado por su exesposa y que culminó con la privación de la
patria potestad sobre su hija menor, bajo la causal de “maltrato habitual
del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño”, entrañó
algunos yerros atinente a la idoneidad del  material probatorio recaudado y en
su valoración por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C.–Sala de Familia.
En resumen,
las razones que expresó el actor para invocar la protección de los derechos
fundamentales arriba mencionados se pueden abreviar así: (i) el ad quem
en las consideraciones del fallo simplemente transcribió las pruebas enunciadas
por el recurrente, sin hacer mención a la posición de la parte demandada; (ii)
que el análisis probatorio surtido por el superior fue escueto y apresurado,
contrario a la evidencia y produjo efectos muy injustos y catastróficos; Y
(iii) Que la sentencia señala algo que no es cierto como si lo fuese: el abuso
sexual del padre contra la hija.
Así mismo en
el escrito de tutela se enfatiza que el testimonio de la menor y el de la
profesora de grupo eran contradictorios y que tanto la madre como la hija
padecían de síndromes que viciaban sus declaraciones, aspectos que no fueron
considerados por el ad quem.
Todos los
vicios del proceso cuestionado y señalados en el escrito de tutela son
relativos al material probatorio, de lo que se desprende, que la demanda se
refiere a posibles defectos fácticos, tanto omisivos como activos,  presentes
en el proceso y vulneradores de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la honra y la dignidad del petente.
En primer
lugar es entonces pertinente señalar cúal fue el acervo probatorio en el que se
basó el Tribunal demandado:
En la
sentencia del 9 de noviembre de 2005 impugnada por el petente y por la cual se
resuelve la apelación presentada por la apoderada de la madre de la menor y en
la que se pide revocar la “inexistencia de la causal de privación de la patria
potestad” el Tribunal se soporta en un abultado material probatorio, que sin
ser exhaustivos, se puede resumir así:
1.
Registro Civil de nacimiento de la menor, nacida
el 4 de agosto de 1993.
2.
Auto de Cierre proferida el día 30 de mayo
de 200 por parte del Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos
Sexuales del I.C.B.F., donde se presenta un resumen de las actividades
realizadas por éste centro y que se inicia con la consulta de la madre, donde
se informa que la menor,  de 6 años, presenta depresión constante y que su
carácter cambió después de las visitas con su progenitor. Así mismo se narra
que la niña fue remitida al Centro Piloto Reunir a fin de brindarle el
tratamiento requerido. Así mismo se transcriben apartes del informe presentado
por la Dra. Mónica Manzanera Gutiérrez quien asumió el tratamiento de la
infante en Reunir y realizó un diagnóstico sobre el estado psicológico de la
misma. Constata en su informe la Dra. Manzanera que una vez fue remitida la
niña se inició un  tratamiento terapéutico “dado que la menor presentaba
episodios depresivos severos que requirieron intervención inmediata,
acompañados de terrores nocturnos y miedo a la figura paterna. El proceso se
orientó al trabajo sobre elaboración (sic) y comprensión de sentimientos, donde
se evidencias (sic) pautas de maltrato psicológico posiblemente por parte del
padre, lo anterior dado el contenido de las pesadillas y los comportamientos
manifiestos de la menor frente al mismo durante la terapia y fuera de ella.”[46]
3.
Copia del informe de gestión de la historia
No. 099-2000, donde se indica que “Es posible que se encuentren rasgos
cíclicos, caracterizados por la euforia y la depresión, sin déficits en las
demás áreas inherentes al desarrollo adaptativo de la P.I. Es posible que estas
manifestaciones estén dadas a partir de una situación estresante a lo cual al
niña está respondiendo. (…) Sería recomendable que por
espacio de no menos de un mes la P.I. permanezca bajo el cuidado de
su madre en forma exclusiva (…)[47]”
4.
Copia de la historia adelantada por el
I.C.B.F. respecto de la menor.
5.
Informe Psicológico presentado por el Centro
Psicológico del aprendizaje, donde se indica que la paciente consulta por “miedos
y temores injustificados, rasgos depresivos, problemas de ingesta de alimentos
y rechazo a ir al Colegio. Ve al padre solamente los sábados y se supone
rechazo a las visitas de éste.” [48] Además
consta que el tratamiento fue suspendido luego de tres visitas de la menor y
una del padre porque la madre comentó que iniciaba el proceso en Bienestar
Familiar.
6.
Confirmación de la Preclusión de la
investigación adelantada contra el padre por la Fiscal de la Unidad Delegada
ante el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de Actos Sexuales con menor
de 14 años teniendo como presunta ofendida a la menor en cuestión.
7.
Fragmentos de aproximadamente quince
testimonios de los cuales uno es el de la niña, el de Leonor María Eugenia
Gaitán de Morales Directora del colegio donde estudiaba la menor cuando
sucedieron los hechos que dieron lugar a su tratamiento, la psicóloga Mónica
manzanera Gutiérrez  del grupo familiar I.C.B.F. programa Reunir, de la madre y
del padre.
En el testimonio
de la Directora del Colegio, cuestionado por el petente, se narra alguna
ocasión en que la niña se negó a ver a su padre quien quería visitarla en el
establecimiento educativo. Y en sus palabras “en segundo de primaria la
menor la comentó a sus compañeritos que ella era una niña abusada por su papá,
su profesora fue a su despacho a comunicarle lo sucedido y que si los niños le
comentaban a sus padre (sic) que los llevara a hablar con ella, luego de la
visita de su padre la niña se volvió muy llorona y bajó mucho su rendimiento
académico, sólo una vez le preguntó a la niña que porque no quería ver la papá
y nunca más le tocó el tema(…)”[49]
Respecto a la
menor, en su entrevista expresó que “no ha visitado al papá porque él abusó
de ella cuando le tocaba las piernas y sus partes íntimas como los senos, la
vagina, sucedía en las tardes, no había dialogo entre ellos de eso, ella no
quería ver a su papá pero se lo encontraba en el Colegio y no sabía a qué iba,
la relación del padre y la madre era mala porque el papá le pegaba  a la mamá,
empezó a tocarla cuando tenía cinco años, desde ese tiempo ella nunca le había
contado a nadie y definitivamente no lo quiere volver a ver, no le hace
falta(…)”[50]  Declaración
de la niña que coincide con la afirmación que ella misma realizase en la
primera instancia -Juzgado Cuarto de Familia- en lo atinente al abuso sexual
impetrado por su padre. Declaración que fue solicitada al a-quo, de oficio, por
el Tribunal demandado.
Ahora bien, en
relación con los posibles defectos fácticos atribuibles al material probatorio
recaudado y valorado por el Tribunal demandado, no se logra establecer la
ocurrencia de algunos de los defectos acusados. Por el contrario, tanto el
testimonio de la menor como el de la Directora del Colegio resultan
determinantes para la clarificación del maltrato recibido por parte de la niña.
Testimonios
que incluso coinciden con los informes de los especialistas que tuvieron algún
contacto terapéutico con la niña, quienes al unísono afirman que si bien no se
logra probar el abuso sexual, sí se encuentran evidencias del maltrato físico y
psicológico por parte del padre. Ahora bien, el peso probatorio que el Tribunal
le brindó al testimonio de la menor y al de la Directora del Colegio para tomar
la decisión de privar de la patria potestad a su progenitor se encuentra
circunscrito por la libertad que posee el juez para que, en forma razonada y
según la credibilidad que le generen las pruebas, le otorgue a las mismas la
valoración que considere adecuada para la resolución del caso. Libertad
judicial acuñada por la doctrina y la jurisprudencia constitucional bajo el
concepto de la sana crítica.
Respecto a la
sana crítica en los procesos civiles, en sentencia C-202 de 2005 esta
Corporación señaló:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Código de
Procedimiento Civil, las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas
en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, debiendo el
juez exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada una de ellas. Es
decir, que dicha norma consagra, como sistema de valoración de la prueba en
materia civil, el de la sana crítica:
Ese concepto configura una categoría intermedia entre la prueba
legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la
excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada
alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente
a la prueba.
Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del
correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica,
con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual
manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos,
peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y
llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las
cosas.
El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre
de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de
actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la
unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden
intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman
de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento[51]”.
No sobra
señalar que en manuscrito remitido a éste Tribunal, así como lo hizo con las
anteriores instancias judiciales, la menor ratifica insistentemente las
declaraciones arriba señaladas. Es así que vehementemente manifiesta que le
tiene mucho miedo a su padre porque abusó de ella, que su progenitor amenazó
con matar a su mamá si contaba lo sucedido, y solicita que no se le otorgue
ningún derecho a éste sobre ella, pues le ha hecho mucho daño.
Ahora bien,
sobre el punto atinente a la valoración de la prueba aportada dentro de un
proceso penal por un menor de edad, y con fundamento en la sana crítica, se
puede utilizar, entre muchos argumentos, el expuesto por el doctrinante Luis
Muñoz Sabaté. En su concepto, “(…)Es indudable que someter a un niño a un
interrogatorio o pliego de posiciones con el consabido “diga ser cierto…”
constituye una monstruosidad psicológica, pero en cambio, si existiera un
interrogatorio libre, no vemos por qué debe cerrarse a priori esta posibilidad
heurística, siendo así que en la esfera penal se acepta la prueba sin
limitación alguna. Al fin de cuentas los niños, por su mayor mimetización e
innata curiosidad, pueden ser testigos de hechos difficilioris probationes que
a los mayores tal vez estuvieran vedados o pasaran desapercibidos. Por otra
parte, como escribe Gorphe, su espíritu todavía no esta desviado por los intereses
de la vida y por sentimientos sociales del pudor, falsa vergüenza, cortesía,
etc”. [52]
Es así que el
testimonio de la menor, tanto en un proceso civil como penal, que concierne
sobre los hechos cometidos sobre la misma y que repercuten  sobre su salud
psicológica y física, como efectivamente sucede con el proceso que culmina con
la privación o no de la patria potestad por posible maltrato de un progenitor
acaecido sobre la misma declarante,  resulta, no solamente pertinente y
relevante jurídicamente, sino incluso moralmente justo.
Respecto a la
omisión en la práctica de pruebas psicológicas sobre la madre y la menor ésta
Sala reiterará que “La Corte Constitucional reconoce un amplio margen de
autonomía de los funcionarios judiciales, en este caso la Sala Penal de la
Corte Suprema,  para decidir sobre el decreto de las pruebas que estime
pertinentes, conducentes y relevantes para determinar los hechos que son objeto
de juzgamiento.  En este sentido, el juez puede ordenar la práctica de las
pruebas solicitadas por los sujetos procesales, decretar su práctica de oficio
y denegar las que considere que no aportan elementos de juicio para el
esclarecimiento de la verdad.  Esta decisión se toma mediante una providencia
interlocutoria, contra la cual proceden los recursos de ley y que, de
conformidad con lo observado en el expediente que ahora es estudiado, no fueron
objeto de recurso alguno por parte del defensor del actor. La acción de tutela
resulta improcedente como recurso extraordinario o adicional cuando el sujeto
procesal ha coadyuvado con su comportamiento omisivo en la ocurrencia del
evento procesal que ataca dejando transcurrir la actuación ordinaria sin hacer
uso de los medios de defensa que le concede la ley, lo cual forma parte del
principio general de lealtad procesal.”[53]
En efecto, en
el expediente de tutela no consta que el petente o su apoderado hayan
solicitado la práctica de éstas pruebas durante el proceso, por ende no es la
acción de tutela el mecanismo apropiado para aumentar el caudal probatorio de
un proceso que culminó debidamente y en el que las partes tuvieron la
oportunidad procesal para solicitar y controvertir las pruebas.
Sobre la
posible vulneración de los derechos fundamentales a la honra o dignidad del
padre producto de la decisión judicial impugnada, no encuentra ésta Sala tal
vulneración, pues, la causal invocada por la madre para privar de la patria
potestad al padre fue el maltrato físico o psicológico sobre su hija y no el
abuso sexual. Situación ésta última que aunque se encuentra merodeando en todo
el proceso a raíz de las iniciales pesquisas penales, no son las que determinan
la decisión judicial civil dirigida a demostrar, como efectivamente se
consiguió, si se había o no propinado un maltrato físico a la menor por parte
de su progenitor.
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala de Revisión, en el caso
sub examine, no se encuentra probado ningún defecto sustantivo, fáctico,
orgánico o procedimental, que permita endilgarle el vicio de la vía de hecho a
la decisión objeto de la acción de tutela, ni menos aún, se encuentra
establecida la violación de algún derecho fundamental del padre que haga procedente
la concesión de la tutela impetrada.
Por ende,
comparte esta Sala la decisión del juez de tutela de primera instancia, Corte
Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil- cuando en su sentencia que niega
el amparo señaló:
“La reseñada
providencia, entonces, está soportada en la citación fáctica debatida
confrontada “con el material probatorio recaudado y examinada a la luz de
las normas legales que la rigen, sin que por tanto pueda tildarse de arbitraria
o caprichosa, pues es fruto de la labor intelectiva realizada por el Tribunal
accionado, dentro del ámbito de las atribuciones y del fuero que la
Constitución le otorga. Es claro, que la quejosa pretende, a través de la
tutela, revivir el debate planteado en le proceso que  ala postre le fue adverso
y cuya definición debe darse en el interior de aquél, desconociendo el carácter
residual y subsidiario de esta acción, así como que la misma no está llamada a
servir de soporte para retomar o promover discusiones para las cuales se ha
establecido un escenario procesal concreto y determinado, conforme con la
asignación legal de competencias”.[54]
Por último, no
cabe más a ésta Sala que reconocer que la unidad familiar invocada por el
padre, y ahora formal y definitivamente desgajada por la pérdida de la patria
potestad sobre su hija, no es producto de la decisión judicial acusada, sino
del comportamiento no debido de un padre sobre su progenie, a quien debía
reservar los cuidados y la conducta más intachable de las que se puede brindar
a las personas, y que, lamentablemente, no pudo cumplir.
Por las razones expuestas ésta sala denegará el amparo deprecado y,
en consecuencia, confirmará la decisión de la Corte Suprema de Justicia  -Sala
de Casación Laboral del siete (7) de marzo de dos mil seis (2006).
III. DECISIÓN
Con fundamento
en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia- Sala de Casación Laboral en fecha siete (7) de marzo de dos mil seis
(2006).
Segundo.  DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional.
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] En el escrito de demanda
se citan las Sentencias T-079 de 1992, T-204 de 1998, T-173 de 1993, entre
otras.
[2] Folio 33
[3] Folio 33
[4] Folio 33
[5] Folio 28
[6] Folio 29
[7] Folio 29
[8] Folio 29
[9] Folio 29
[10] Folio
30
[11] Folio
53
[12] Folio 55
[13] Folio 75. Cuad. De
Tutela
[14] Folio
75
[15] Folio
7, Segundo Cuaderno
[16] Corte Constitucional. Sentencia T-258-06.
[17]
Es en la Sentencia T-774 -04 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa en que se hace la
reelaboración conceptual  sobre las vías de hecho en preferencia del concepto
arriba enunciado.
[18] Sentencia T-401-06, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[19] Sentencia T- 774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió
que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.”
[21] Sentencia T-453/05.
[22]
Integrada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil.
[23]
Sentencias T-008-98 y SU-159-00. Para la correcta valoración
de éste requisito no hay que olvidar la Sentencia C-591-05 en la que se
estableció que si la irregularidad procesal comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, “tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptible de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tenga en el
litigio, y por ello hay lugar a la anulación del juicio.”
[24] Sentencia
T-658-98 y más recientemente T-388-06 M.P. Jaime Araujo Rentería
[25] Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01
[26] Sentencia T-522/01
[27] Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[28] Sentencias SU-1185-01,  T-1112-03 y reiterado por la Sentencia T-388-06.
[29]
Sentencia T-258-06. En donde además
se refieren las Sentencias T-231-94 MP:
Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Galvis y T-381-04  M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[30]  La siguiente nota de pie de página corresponde a la
Sentencia T-450-06 M.P. Jaime Araujo Rentería.
Al respecto, esta Corporación ha estimado que se
incurre en vía de hecho por defecto fáctico cuando “resulta incuestionable que
el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión” (Sent. T-008-98 MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz).  Ha señalado igualmente que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión omisiva o en una dimensión positiva de la valoración de las pruebas
que realice el funcionario judicial. La primera “comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez. La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración
de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin
desconocer la Constitución” (Sent. SU-159-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa).
También ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en
una vía de hecho. Por ello, la Sala reitera que sólo es factible fundar una
acción de tutela cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. Es la
razón para exigir que  el error en el juicio valorativo de la prueba deba ser
de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento.
(Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-442-94 MP: Antonio Barrera
Carbonell y SU-159-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa).  Igualmente, sobre este
particular, en la sentencia SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Gálvis, se expresó que “Cabe
recordar que en la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial,
prima la autonomía e independencia del juez que la realiza. Lo que se rechaza
de la misma es el posible exceso en que se pueda llegar a incurrir, por un
ejercicio arbitrario de esa discrecionalidad. Esto es lógico, puesto que como
director del proceso, el juez de la causa es el que está llamado a determinar
la utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de
criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y
sustentar la decisión final, utilizando las reglas de la sana crítica (C.P.C.,
art. 187 y C.P.L., art. 61). El ejercicio de ese poder discrecional sería
arbitrario si la valoración probatoria fuese resultado de un manifiesto juicio
irrazonable, determinante de la decisión final”.
[31] Sentencia T-441 de 2003 MP. Eduardo Montealegre
Lynett. Reiterada recientemente por la Sentencia T-338-06 M.P. Jaime Araujo
Rentería
[32] Sentencia
T-567-98 y reiterada en T-448-06 M.P. Jaime Araujo Rentería
[33] M.P.
Manuel José Cepeda.
[34] Cfr. sentencia T-442 de
1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[35] Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las
pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió
ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo.
“El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se
derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios
testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale
el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23
cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando
información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que
aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
[36] Cfr. sentencia T-442 de
1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[37] Cfr. sentencia T-538 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la
indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las
partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario
del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que
depende la suerte del proceso penal.
[38] Cfr., por ejemplo, la ya
citada sentencia T-442 de 1994.
[39] Cfr. la ya citada
sentencia T-538 de 1994.
[40]
Ibíd. sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Se dijo en esa
oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de
evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una
situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos
constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta
manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y
efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y
valores constitucionales”.
[41]
Cfr. sentencia T-576 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía. En aquella oportunidad se
concedió la tutela, pues todos estos antecedentes,  y, en especial, el hecho de
que el Inspector tomó la decisión en contra de la parte lanzada sin sustento probatorio,
conducirán a la Sala a la conclusión de ver aquí una vía de hecho, y a la
decisión de tutelar el derecho al debido proceso de Norma Sánchez, aclarando
que si bien, en principio, la Corte no puede sustituir al funcionario de
policía en la apreciación de las pruebas, cuando hay una transgresión
ostensible y grave de los más elementales principios jurídicos probatorios, la
Corporación no puede permanecer impasible frente a la violación del derecho al
debido proceso, derecho constitucional fundamental según el artículo 29 de la
Carta.
[42] Cfr. sentencia T-239 de 1996 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y
evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere
resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por
tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela.  La vía de
hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal,
haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes
ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a
las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo
pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son
excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo
injustificadamente la posición contraria”.
[43] Cfr. Sentencia T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. Enfasis no original. La Corte decidió confirmar los fallos de instancia
que negaron la tutela interpuesta por el peticionario, pues no encontraron que
la no exclusión de una prueba ilícitamente obtenida constituyera un vicio de
tal magnitud que hiciera procedente declarar la nulidad de todo el proceso, en
la medida en la que la alegada prueba (la práctica irregular de un testimonio
en el que se identificó el lugar donde se encontraba el arma con la que se
había cometido el delito objeto de investigación: asesinato múltiple de
indígenas en un predio ubicado en el departamento de Córdoba) no fue la única
ni la determinante para llegar a la decisión tomada por las autoridades
competentes, no obstante que a partir de dicha declaración… se practicó un
allanamiento… dentro del cual fue encontrada una pistola Colt 45, la cual fue
utilizada para cometer la masacre que inició la investigación. Se dijo
entonces: “En el presente caso, resulta claro que la inexistencia de la
declaración del testigo con reserva de identidad no tendría, necesariamente, el
efecto de cambiar la decisión impugnada. Ciertamente, el Tribunal Nacional tuvo
en cuenta otros elementos de juicio tales como el hallazgo de una de las armas
homicidas en una finca de propiedad del condenado; la presunta relación de
subordinación y confianza entre quien era el tenedor de la mencionada arma al
momento del allanamiento a la finca “Los Naranjos” - quien se encuentra huyendo
de la justicia - y el señor Tulena Tulena; el conjunto de testimonios de
oídas que afirmaban la participación del actor en la comisión del delito;
el eventual interés del encartado en la ejecución de la masacre, etc. Con
independencia del valor de cada uno de estos elementos de juicio - lo cual no
puede ser definido por el juez de tutela -, lo cierto es que la prueba que
debió ser excluida no resulta determinante a la hora de resolver el caso
planteado”. Contra esta decisión de la Corte se promovió un incidente de
nulidad que fue negado unánimemente por los magistrados de la Sala Plena
mediante el Auto 026A de 1998.
[44] Ibíd. sentencia T-008 de
1998.
[45]Cfr. sentencia T-442 de
1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[46] Folio
7  Cuaderno de Tutela
[47] Folio 8
Cuaderno de Tutela
[48] Folio 9
Cuaderno de Tutela
[49] Folio
15 Cuaderno de tutela
[50] Folio
17
[51]
Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1962.
Sentencia C-622 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz, Salvamento Parcial de Voto de
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52] Muñoz Saraté, Luis.
Técnica Probatoria. Editorial Temis S.A.. Bogotá, 1997. Pág 226.
[53]
Sentencia SU-159-04 Manuel José
Cepeda
[54] Folio 75. Cuad. De
Tutela