C-585-14
LAT-426
Sentencia
C-585/14
TRATADO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES
ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-Vicio
insubsanable
La
Corte concluye que para el asunto bajo examen no resultan acreditados todos los
requisitos propios del trámite de las Leyes que aprueban tratados
internacionales; y que el vicio de procedimiento que se configura es de
carácter insubsanable por haberse omitido la votación nominal y pública en la
Plenaria del Senado, irregularidad que se cometió en un etapa estructural del
proceso legislativo y que afecta de manera integral el mismo, así como
mandatos, principios y derechos de orden superior que afectan la conformación
democrática de la voluntad parlamentaria y los derechos de las minorías
parlamentarias. Por tanto, la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual
se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución
de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, resulta
inexequible.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia
de la Corte Constitucional
TRATADO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES
ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-Revisión formal
TRATADO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES
ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-Negociación y
celebración
TRATADO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES
ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-Trámite
legislativo
TRATADO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES
ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-Constitucionalidad
del trámite legislativo
VOTACION
NOMINAL Y PUBLICA-Regla general en trámite legislativo/VOTACION NOMINAL Y
PUBLICA-Argumentos constitucionales que sustentan la regla general
El
artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del
Acto Legislativo 1 de 2009, obliga a que el voto de los congresistas sea
nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. Esta regla
general se justifica en el propósito del Constituyente derivado de 2009 de
fortalecer el sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y
transparencia al trabajo legislativo. En ese sentido,
la jurisprudencia constitucional ha expresado que la exigencia, como regla
general, del voto nominal y público en los debates legislativos, se encuadra en
la consecución de los fines centrales de la reforma constitucional de 2009.
Esta ha sido la posición de la Corte al analizar los objetivos y los
instrumentos contenidos en dicha enmienda a la Carta Política. De otra parte,
la Ley 1431 de 2001 fue expedida ante la necesidad de regular las excepciones
legales a la regla general de voto nominal y público. Esta ley de naturaleza
orgánica, reformó los aspectos pertinentes a las votaciones en la Ley 5ª de
1992 – Reglamento del Congreso (R.C.). El artículo 2º de esta normatividad
modificó el artículo 130 R.C., en el sentido de indicar que como regla general
las votaciones serán nominales y públicas, con las excepciones que determine la
presente ley o aquellas que la modifiquen.” Así mismo, estipuló los mecanismos
que permiten a las cámaras satisfacer esa exigencia constitucional. Así es como
el Legislador Orgánico ha previsto un listado taxativo de modalidades de
votación ordinaria, lo cual es apenas resultado del carácter exceptivo a los
tipos de votación diferentes a la nominal y pública, impuesto por el artículo 133
C.P.  En tal sentido, aquellas actuaciones del Congreso que no se hallen
descritas en dicho listado, se comprenden subsumidas en la regla general que
prevé la mencionada norma superior.  Esto salvo que se trate de votaciones
secretas, también expresamente identificadas por la legislación orgánica. De
esta manera, los sistemas de votación en el Congreso de la República pueden ser
de tres formas: nominal, ordinario y secreto. Sin embargo, es exigible como
regla general la votación nominal y pública dejando las otras modalidades para
los casos excepcionales que ha establecido el legislador. Esta Corporación
insiste, con base en el artículo 133 Superior y de conformidad con la
modificación prevista en el artículo 1º del Acto
Legislativo 1 de 2009, que la votación en el Congreso debe ser obligatoriamente
nominal y pública, salvo en los casos que expresamente lo señale la ley, ya que
con este mandato superior se pretende  fortalecer el
sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia
al trabajo legislativo. Sobre la relevancia de la votación en el Congreso de
la República para la conformación de la voluntad popular, el Reglamento de esta
institución o Ley 5ª de 1992 consagra en su artículo 122 que la votación es una
acto colectivo por medio del cual las cámaras y sus comisiones declaran su
voluntad respecto de una iniciativa o asunto de interés general (énfasis de la
Corte), y aclara que los congresistas son los únicos con voto, con lo cual se
aplica el principio de democracia representativa (art. 3
C.P.). Igualmente, en el artículo 123 R.C. se indica que el voto es personal e
intransferible y que cualquier proposición que se desee votar debe haber tenido
antes un debate, lo cual también cuenta con algunas excepciones que se
especifican en el mismo reglamento. Por su parte, el articulo 132 R.C. plantea
que cuando se inicie la votación, previo anuncio del presidente, ésta no puede
interrumpirse salvo que el congresista plantee una cuestión de orden sobre la
forma en que se está votando y que esta votación debe ser nominal, lo cual
aunado a la característica de publicidad, da como resultado la transparencia
del acto y la responsabilidad que tienen los congresistas con sus electores,
con todo lo cual se busca lograr un mayor arraigo democrático en el
procedimiento que crea la legislación colombiana. Así las cosas, es claro para
este Tribunal que en la votación el legislador manifiesta su voluntad en
relación con la iniciativa discutida y emite su decisión en relación con el
punto o los puntos previamente estudiados, siendo éste un acto público, nominal
y transparente. En armonía con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que existen al menos dos tipos de argumentos constitucionales que
sustentan la regla general de la votación nominal y pública: (i) la vigencia
del principio de supremacía constitucional, y (ii) la interpretación de los
regímenes exceptivos previstos en la legislación. Al respecto ha
afirmado: “En cuanto al primer nivel de análisis se tiene que, según lo
explicado, existe un mandato constitucional expreso y definido, según el cual
la regla general para la expresión de la voluntad congresional es la votación
nominal y pública. Por ende, solo aquellas excepciones previstas en la ley quedan
incorporadas a la aplicación de la votación ordinaria.  El artículo 129 R.C.
ofrece un listado preciso y minucioso de excepciones.  Resultaría a todas luces
contrario al principio de supremacía constitucional que se hiciera una
interpretación flexible de estos tipos exceptivos, pues ello llevaría a
contradecir el mandato constitucional consistente en que la regla general es la
votación nominal y pública, a fin de cumplir los propósitos de la enmienda de
2009….  Además, carecería de sentido que mientras el legislador orgánico, en
cumplimiento del mandato constitucional mencionado, describe las excepciones a
dicha regla general de forma detallada, la Corte realice una interpretación
extensiva que tiende a desconocer la prescripción superior.  De otro lado, dicha
hermenéutica flexible llevaría a que cada vez que en el procedimiento
legislativo se esté ante decisiones unánimes, lo cual no es poco frecuente, se
haga uso de la votación ordinaria, desnaturalizándose con ello lo previsto en
el artículo 133 de la Constitución. Frente al segundo grupo de argumentos, se
tiene que dentro de las reglas usuales de interpretación, cuando el legislador
prevé enumeraciones taxativas, no corresponde al intérprete realizar
aplicaciones analógicas a las mismas.  Esto mucho más cuando se trata de
excepciones a una regla general de raigambre constitucional”.
PRINCIPIO DE
INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS PROCESALES Y LA POSIBILIDAD DE SANEAMIENTO DE
VICIOS EN LA FORMACION DE LAS LEYES-No toda
vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la
Constitución o en el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea
ineluctablemente la invalidez de la ley y su declaración de
inconstitucionalidad/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance del examen respecto de
irregularidades
Al
analizar la trascendencia de un vicio de forma, es preciso que este Tribunal
tenga en cuenta tanto el momento del trámite legislativo en que ocurre, como el
contexto en el cual éste se presentó, así como también el conjunto integral del
trámite legislativo, por cuanto como lo ha admitido la jurisprudencia
constitucional, no toda vulneración de una regla sobre
la formación de las leyes, contenida en la Constitución Política o en el
respectivo Reglamento del Congreso, acarrea ineludiblemente la invalidez de la
ley y su declaración de inconstitucionalidad. Como
consecuencia de lo anterior, la Corte ha fijado las reglas para determinar si
un vicio de procedimiento tiene la entidad suficiente como para afectar la
constitucionalidad de la norma así emanada. Al respecto, ha sostenido que de
conformidad con lo que establecen el parágrafo del artículo 241 de la
Constitución, y el artículo 45º del Decreto 2067 de 1992, la gravedad de la
irregularidad ocurrida en el trámite legislativo se debe determinar atendiendo
a los siguientes criterios: (i) si ese defecto es de suficiente entidad como
para constituir un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) en
caso de que la irregularidad represente un vicio, debe la Corte estudiar si
existió o no una convalidación del mencionado vicio durante el trámite mismo de
la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es
posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el
defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores
hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su
pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba
trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad.
VICIO DE
CARACTER SUSTANCIAL EN TRAMITE LEGISLATIVO-Características
La
jurisprudencia constitucional ha determinado que los vicios que conducen a la
inexequibilidad de una ley o del proyecto de ley, definidos como “vicios de
carácter sustancial”, se caracterizan porque: (i) vulneran algún principio o
valor constitucional; (ii) afectan el proceso de formación de la voluntad
democrática en las cámaras; o (iii) desconocen las competencias y estructura
básica institucional diseñada por la Carta , lo que a su vez remite en últimas,
a la infracción de la ley 5ª de 1992 u otras prescripciones que regulen el
procedimiento legislativo.
VICIO
INSUBSANABLE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Configuración
Ante
la comprobación de un vicio en el procedimiento legislativo, corresponde a la
Corte determinar si éste es de naturaleza subsanable. Al respecto, conforme a
la posición unificada de la jurisprudencia aplicable al trámite de leyes
aprobatorias de tratados internacionales, se tiene que una irregularidad
presentada cae dentro de los supuestos de insubsanabilidad previstos por esta
Corporación (i)  cuando el vicio ocurrió durante el debate del trámite en la
Plenaria del Senado, esto es, cuando todavía no se había verificado la
aprobación del proyecto en el Senado de la República, de forma que no se había
cumplido con una de las etapas estructurales del proceso de formación de la ley
aprobatoria del tratado y por tanto de la voluntad parlamentaria; y (ii) la
irregularidad afecta un mandato, principio,  derecho, o
valores sustantivos, como sucede con el debido proceso, la publicidad, la
votación nominal y pública para la debida conformación de la voluntad
democrática de las cámaras, los derechos de las minorías, el principio
democrático en sentido amplio, etc., y por tanto tienen una
entidad grave y un carácter sustancial que afecta dichos contenidos de índole
sustantiva y vicia de manera integral el proceso de formación de la ley
aprobatoria.
INEXISTENCIA DE
VOTACION NOMINAL Y PUBLICA EN PLENARIA DEL SENADO-Constituye vicio
formal insubsanable
Referencia:
expediente LAT- 426
Revisión
Constitucional de la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en
la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
trece (13)  de agosto de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
S
E N T E N C I A
En
el proceso de revisión constitucional de la
Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
I.
ANTECEDENTES
Con
base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la
Carta Política, mediante oficio radicado en la
Secretaría General de esta Corporación el 18 de diciembre  de 2013 (Fl. 1 cuad.
ppal.), dentro del término Constitucional, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley 1688 del 21 de
diciembre de 2013, para efectos de su revisión constitucional.
El Magistrado Sustanciador, mediante
Auto del diez (10) de febrero de 2014 (Fls. 21-22 cuad. ppal.), avocó el
conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas,
mediante Auto del once (11) de marzo de 2014 (Fl. 106 cuad. ppal.) ordenó
continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso
por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así
como dar traslado al Señor Procurador General de la
Nación para el concepto correspondiente, y comunicar la iniciación del proceso
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la
República, al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia y del Derecho, a la
Ministra de Relaciones Exteriores, al Defensor del Pueblo, al Presidente del
Consejo Superior de la Judicatura, al Fiscal General de la
Nación y al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta
clase de procesos, la Corte Constitucional procede a decidir acerca del asunto
de la referencia.
II. ORDENAMIENTO
OBJETO DE REVISION
A
continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme a
su publicación en el Diario
Oficial No. 49.006 de 16 de diciembre de 2013
“LEY 1688 DE 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad
de México el 1o de agosto de 2011.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas
condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad
de México el 1o de agosto de 2011.
(Para
ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en español del
precitado instrumento internacional, tomada del original que reposa en el
archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, la cual consta de diez (10) folios).
TRATADO SOBRE
TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
PENALES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
La República de Colombia y
los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo las “Partes”)
MOTIVADOS por el deseo de
fomentar la reinserción social de aquellas personas que han sido sentenciadas
por alguna autoridad en el ámbito de su competencia a sufrir una pena privativa
de libertad, y proporcionarles con ello, la oportunidad de cumplir sus condenas
en sus países de origen;
Han
acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1o.
DEFINICIONES.
Para
efectos de este Tratado, se considera:
a)
“Estado Trasladante”. Al Estado en el que se impuso la condena al sentenciado
que es susceptible de ser o ha sido transferido;
b)
“Estado Receptor”. El Estado al que el sentenciado puede ser o ha sido
transferido para cumplir la condena que le fue impuesta;
c)
“Sentenciado”. La persona a la que le fue impuesta una pena privativa de
libertad, y que se encuentra recluida en un establecimiento penitenciario del
Estado Trasladante, en acatamiento a una orden emitida por alguna autoridad
jurisdiccional en el ámbito de su competencia;
d)
“Sentencia”. La decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona,
como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o
restricción de la misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de
ejecución condicional u otras formas de supervisión;
Para
los efectos del presente Tratado se entenderá que una decisión judicial es
definitiva cuando no esté pendiente de resolverse o interponer un recurso o
procedimiento legal alguno que la pueda modificar;
e)
“Condena”. La pena privativa o restrictiva de libertad por cumplirse en un establecimiento
penal, hospital, institución o régimen de supervisión sin detención en el
Estado Trasladante, que haya impuesto un órgano judicial de dicha Parte, con
una duración limitada, por razón de un delito;
f)
“Nacional”, se refiere a:
I.
Con relación a los Estados Unidos Mexicanos, todo nacional mexicano que cumpla
con los requisitos señalados en su legislación, para considerarlo como tal;
II.
Con relación a Colombia, todo nacional que cumpla con los requisitos
establecidos en su legislación, para el mismo efecto.
ARTÍCULO 2o.
PRINCIPIOS GENERALES.
1.
De conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes se
obligan a prestarse mutuamente toda la cooperación que sea necesaria para el
cumplimiento del mismo.
2.
Conforme a las disposiciones de este Tratado, una persona que haya sido
sentenciada en territorio de una de las Partes podrá ser transferido al
territorio de la otra, para que cumpla con la condena que se le haya impuesto
mediante sentencia, para lo que será requisito indispensable que el sentenciado
manifieste por escrito al Estado Trasladante su voluntad de ser transferido de
conformidad con este Tratado.
3.
Para tomar la decisión de autorizar o negar una solicitud de traslado, se
deberá tomar en consideración que con ello se contribuya a su efectiva
reinserción social, la gravedad del delito y la posible vinculación del
sentenciado con el crimen organizado, su grado de participación o
responsabilidad en los hechos que motivaron la condena, su estado de salud,
antecedentes penales, así como los vínculos que pueda tener con las sociedades
de cada una de las Partes.
ARTÍCULO 3o.
CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.
1.
Solamente podrá llevarse a cabo la transferencia de un sentenciado, de
conformidad con el presente Tratado, cuando cumpla con los siguientes
criterios:
a)
Que para efectos de este Tratado, el sentenciado sea nacional del Estado
Receptor;
b)
Que al momento de presentar la solicitud de transferencia no exista juicio,
investigación, o cualquier otro procedimiento legal contra el sentenciado por
parte del Estado Trasladante;
c)
Que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada y que la persona
condenada haya cumplido doce (12) meses de la pena impuesta o que la persona
condenada se encuentre en grave estado de salud comprobada;
d)
Que al momento de recibir la solicitud de transferencia, el sentenciado aún
tenga que cumplir al menos doce (12) meses de su condena. En casos
excepcionales, las Partes podrán acordar la transferencia de un sentenciado,
aun cuando le resten por cumplir menos de doce (12) meses de su condena;
e)
Que el propio sentenciado otorgue su consentimiento por escrito a fin de
acogerse al presente Tratado o bien, cuando alguna de las Partes lo considere
necesario, atendiendo a la edad, al estado físico o mental del sentenciado, se
haga en su nombre o por su representante legal;
g)
Que la persona sentenciada haya cumplido o garantizado el pago, a satisfacción
del Estado Trasladante, de las multas, gastos procesales, reparación civil y
condenas pecuniarias de toda índole que corren a su cargo de acuerdo con lo
dispuesto en la sentencia condenatoria;
h)
Que los actos u omisiones que motivaron la imposición de la condena,
constituyan delitos penales según la legislación aplicable en el Estado
Receptor y como consecuencia, sean punibles en caso de cometerse en su
territorio; en la inteligencia de que esta condición no sea interpretada en el
sentido de requerir que los delitos tipificados en las leyes de ambas Partes
sean idénticos en aspectos que no afectan la índole o naturaleza del delito;
i)
Que el sentenciado no haya sido condenado por algún delito político o en
términos de la legislación militar del Estado Trasladante;
j)
Que el Estado Trasladante y el Estado Receptor manifiesten expresamente su
consentimiento con el traslado, el que guardará armonía con la legislación
interna de ambas Partes;
k)
Que la sanción a cumplirse sea determinada y no sea pena de muerte, o cualquier
otra no prevista por la legislación nacional de las Partes.
2.
El presente Tratado no aplicará en caso de sentenciados que se encuentren
vinculados o relacionados con delincuencia organizada.
ARTÍCULO 4o.
AUTORIDADES EJECUTORAS.
1.
Para la ejecución del presente Tratado, los Estados Unidos Mexicanos designa
como autoridad ejecutora a la Secretaria de Seguridad Pública, a través de su
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, o quien
haga sus veces.
2.
Para la ejecución del presente Tratado la
República de Colombia designa como autoridad ejecutora al Ministerio del
Interior y de Justicia, o quien haga sus veces, en cuyo caso se notificará por
vía diplomática.
ARTÍCULO 5o.
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA.
1.
Cada una de las Partes, deberá informar sobre el contenido de este Tratado a
cualquier sentenciado que sea susceptible de su aplicación;
2.
El Estado Trasladante deberá proporcionar al Estado Receptor la siguiente
información:
a)
Nombre, fecha y lugar de nacimiento del sentenciado;
b)
Naturaleza, duración y fecha del comienzo y término de la condena impuesta al
sentenciado;
c)
Reseña de los hechos que motivaron la condena;
d)
Copia certificada de la sentencia e información sobre la legislación en la que estuvo
basada;
e)
Copia certificada del acta de nacimiento, pasaporte, o algún otro documento que
acredite fehacientemente la nacionalidad del sentenciado;
f)
Solicitud de transferencia en la que el sentenciado manifieste su voluntad de
acogerse al presente Tratado;
g)
Un informe médico sobre el estado general de salud del sentenciado, así como
información relativa al tratamiento recibido en reclusión y, en su caso,
recomendaciones sobre el tratamiento adicional que deba recibir en el Estado
Receptor, junto con un informe social cuando se juzgue conveniente;
h)
Informe que incluya la parte de la condena que ha sido cumplida, además de
información respecto a detenciones previas, remisión de la condena o cualquier
otro factor relevante en la ejecución de la misma;
i)
Que el sentenciado haya cumplido con todas las obligaciones pecuniarias que se
le hayan impuesto, se garantice el pago de las mismas a satisfacción del Estado
Trasladante, o en su caso, se declare su prescripción por alguna autoridad
legalmente facultada para ello;
j)
Cualquier información adicional a solicitud del Estado Receptor.
3.
Después de haber analizado la información proporcionada por el Estado
Trasladante, y si el Estado Receptor está dispuesto a consentir la
transferencia del sentenciado, deberá proporcionar al primero lo siguiente:
a)
Declaración en la que se indique que el sentenciado es nacional de dicho
Estado;
b)
Copia de la legislación en la que se estipule que los actos u omisiones que
motivaron la condena, son punibles de haberse cometido en su territorio;
c)
Informe sobre las consecuencias legales que tendrá para el sentenciado la
aplicación a su caso de la legislación del Estado Receptor, una vez realizada
la transferencia;
d)
Cualquier información adicional a solicitud del Estado Trasladante.
4.
La transferencia de un sentenciado, tendrá verificativo en el territorio del
Estado Trasladante, salvo que las Partes decidan hacerlo de otro modo.
ARTÍCULO 6o.
SOLICITUDES Y RESPUESTAS.
1.
Cada traslado de nacionales mexicanos sentenciados se iniciará mediante una
solicitud formulada por escrito y presentada por la
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Colombia al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
2
Cada traslado de nacionales colombianos sentenciados se iniciará mediante una
solicitud formulada por escrito y presentada por la
Embajada de Colombia en los Estados Unidos Mexicanos a la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
3.
Si el Estado Trasladante considera la solicitud de traslado del nacional
sentenciado y expresa su consentimiento, comunicará al Estado Receptor su
aprobación, lo antes posible, de modo que una vez que se hayan completado los
arreglos internos se pueda efectuar el traslado.
4.
La entrega del sentenciado por las autoridades del Estado Trasladante a las del
Estado Receptor se hará en el lugar que convengan ambas Partes. El Estado
Receptor será responsable de la custodia del nacional sentenciado, desde el
momento en que este le sea entregado, dejándose constancia en el acta.
5.
Cuando cualquiera de las Partes no apruebe el traslado de un sentenciado,
notificará su decisión sin demora a la otra Parte expresando la causa o motivo
de la denegatoria.
6.
Negada la autorización del traslado, el Estado Receptor no podrá efectuar una
nueva solicitud, pero el Estado Trasladante podrá revisar su decisión a
instancia del Estado Receptor cuando esta alegare circunstancias excepcionales.
ARTÍCULO 7o.
CONSENTIMIENTO Y SU VERIFICACIÓN.
1.
El Estado Trasladante deberá asegurarse de que la persona que otorgue su
consentimiento para la transferencia, de conformidad con el inciso e) del
Artículo 3º
de este Tratado, lo haga voluntariamente y con pleno conocimiento de las
consecuencias jurídicas que ello conlleva. El procedimiento para otorgar dicho
consentimiento se regirá por la legislación del Estado Trasladante.
2.
El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor la oportunidad de
verificar, por conducto de su Representación Diplomática, que el consentimiento
se haya otorgado de conformidad con lo establecido en el presente Tratado.
ARTÍCULO 8o.
EFECTO DE LA TRANSFERENCIA PARA EL ESTADO RECEPTOR.
1.
El asumir la custodia del sentenciado por parte del Estado Receptor, tendrá
como efecto la suspensión de la ejecución de la condena en el Estado
Trasladante.
2.
El Estado Trasladante no podrá exigir la ejecución de la condena, si el Estado
Receptor estima que el cumplimiento de la condena ha concluido.
ARTÍCULO 9o.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA.
1.
La ejecución de la condena de la persona sentenciada trasladada se cumplirá de
acuerdo con las normas del régimen penitenciario del Estado Receptor. En ningún
caso podrá modificarse por su naturaleza o por su duración, la pena privativa
de libertad pronunciada por el Estado Trasladante.
2.
Ninguna condena será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que
prolongue la duración de la privación de la libertad más allá del término
impuesto por la sentencia del tribunal del Estado Trasladante.
3.
Para los efectos del presente Artículo, la autoridad competente del Estado
Receptor podrá dictar medidas de vigilancia solicitadas por el Estado
Trasladante. Igualmente, a solicitud del Estado Trasladante informará sobre la
forma en que se llevará a cabo la vigilancia del nacional sentenciado y
comunicará el incumplimiento por parte del sentenciado de las obligaciones que
este haya asumido.
ARTÍCULO 10.
INDULTO, AMNISTÍA, CONMUTACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PENA.
El
Estado Trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y
cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las
sentencias dictadas por sus órganos judiciales.
El
Estado Trasladante retendrá, asimismo, la facultad exclusiva de indultar o
conceder amnistía, conmutar o modificar la pena al sentenciado. El Estado
Receptor al recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar con
prontitud las medidas que correspondan en concordancia con su legislación sobre
la materia.
ARTÍCULO 11.
INFORMACIÓN RELATIVA A LA
EJECUCIÓN DE LA CONDENA.
El
Estado Receptor proporcionará al Estado Trasladante información relativa a la
aplicación de la condena:
a)
Cuando la condena haya sido cumplida;
b)
Cuando el sentenciado se haya evadido de su custodia, antes de cumplir su
condena, o
c)
Cuando el Estado Trasladante solicite un informe especial.
ARTÍCULO 12.
TRÁNSITO.
Si
cualquiera de las Partes acuerda lo relativo a la transferencia de sentenciados
con un tercer Estado, la otra Parte cooperará en lo referente al tránsito por
su territorio de los sentenciados transferidos de conformidad con dichas
disposiciones, salvo que se trate de un sentenciado que sea uno de sus
connacionales en cuyo caso, podrá negarse a otorgar el tránsito a la
Parte que tenga intención de realizar dicha transferencia.
ARTÍCULO 13.
GASTOS.
El
Estado Receptor correrá con los gastos que se generen con motivo de la
aplicación del presente Tratado, salvo las erogaciones realizadas
exclusivamente en el territorio del Estado Trasladante. No obstante, el Estado
Receptor podrá tratar de recuperar del sentenciado o de alguna otra fuente, el
total o parte de los gastos relacionados con la transferencia.
ARTÍCULO 14.
APLICACIÓN TEMPORAL.
El
presente Tratado aplicará para cualquier solicitud que sea presentada después
de su entrada en vigor, aun en el caso de que los actos u omisiones que dieron
lugar a la imposición de la condena hubieran ocurrido con anterioridad a dicha
fecha.
ARTÍCULO 15.
ADOLESCENTES.
El
presente Tratado podrá ser extensivo, previo acuerdo de las Partes, a
delincuentes juveniles y menores infractores, de conformidad con la legislación
aplicable de cada una de las Partes, y la definición que esta les otorgue.
ARTÍCULO 16.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier
controversia derivada de la interpretación de este Tratado, así como su
aplicación, será resuelta mediante negociaciones directas entre las Partes y/o
las Autoridades Ejecutoras y, en caso de no llegar a una solución sobre el
diferendo, podrán acordar un mecanismo específico para su solución, tales como
el establecimiento de comisiones de expertos o el arbitraje.
ARTÍCULO 17.
DISPOSICIONES FINALES.
1.
El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la recepción
de la última notificación en que las Partes se comuniquen, por la vía
diplomática, el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales
internos exigidos para tal fin y tendrá vigencia indefinida.
2.
Cualquiera de las Partes podrá proponer en cualquier momento modificaciones a
este Tratado. Cualquier modificación acordada por las Partes entrará en vigor
treinta (30) días después del intercambio de Notas, posterior a la conclusión
de los respectivos procedimientos internos de las Partes.
3.
Cualquiera de las Partes podrá terminar este Tratado en cualquier momento,
mediante notificación por escrito a la otra Parte, por la vía diplomática, en
cuyo caso sus efectos cesarán ciento ochenta (180) días después de la fecha de
recibo de la notificación correspondiente. Las solicitudes de transferencia
presentadas con anterioridad a la fecha de la notificación se considerarán de
acuerdo con las disposiciones de este Tratado.
4.
En caso de terminación, este Tratado seguirá teniendo aplicación en la medida
en que se refiera a la ejecución de condenas de sentenciados transferidos de
conformidad con este Tratado.
En
fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para tal efecto por
su respectivo Gobierno, han suscrito el presente Tratado, en la
Ciudad de México, el primero de agosto de dos mil once, en dos ejemplares
originales en idioma español, siendo ambos igualmente auténticos.
POR LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA,
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
La Secretaria de Relaciones
Exteriores,
PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO.
LA SUSCRITA
COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRATADOS DE LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
CERTIFICA:
Que
la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa del “Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito
en la ciudad de México el 1o de agosto de 2011.
Dada
en Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de abril de dos mil doce
(2012).
La Coordinadora Grupo Interno de
Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales,
ALEJANDRA VALENCIA GäRTNER.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En
nombre del Gobierno nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral
16 y 189 numeral
2 y 224
de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del
honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual
se aprueba el «Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución
de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos», suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
I.
Consideraciones
constitucionales generales
II.
La Constitución
Política
de 1991 establece como fin social del Estado, entre otros, “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución” (artículo 2º  C. P.).
El
alcance del principio de Estado Social de Derecho respecto de la relación entre
las autoridades y la persona individualmente considerada es bastante amplio y
se ve reforzado por los principios fundamentales de la dignidad humana, el
trabajo, la solidaridad (artículo 1º de la
C. P.) y la igualdad (artículo 13 de
la C. P.).
La
solidaridad refuerza en el Estado Social de Derecho el postulado según el cual,
el Estado está al servicio del ser humano y no al contrario. Es así como las
actuaciones del Estado en el ámbito social no obedecen a una actitud
caritativa, compasiva o de mera liberalidad de las autoridades públicas, sino
al deber constitucional de asegurar las condiciones indispensables para que
todas las personas puedan hacer pleno uso de su libertad y gozar de sus
derechos fundamentales.
Adicionalmente,
el Estado colombiano se funda en el respeto de la dignidad humana como
principio fundamental. Conforme a este principio, las autoridades públicas no
pueden ser indiferentes frente a situaciones que afecten el valor intrínseco de
la vida humana, entendida esta no ya como el derecho a no ser físicamente
eliminado sino como el derecho a realizar las capacidades humanas y a llevar
una existencia con sentido y, especialmente, a conservar los lazos familiares.
De
conformidad con estos principios constitucionales, el Gobierno colombiano ha
considerado conveniente suscribir con el Gobierno Mexicano, el Tratado sobre
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, como
en efecto lo hizo en la ciudad de México, el 1o de agosto de 2011.
Por
otra parte, nuestro Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) dispone en
su artículo 1º que los intervinientes en el proceso penal serán tratados
con el respeto debido a la dignidad humana.
En
este orden de ideas, este Tratado se enmarca dentro del respeto a la soberanía
nacional, reconoce los principios del derecho internacional, el debido proceso,
el acceso a la administración de justicia y los principios de la función administrativa
contenidos en el artículo 209 Superior.
II. Objetivo del Tratado
El
presente Tratado pretende fortalecer la cooperación entre Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos, mediante el reconocimiento de la necesidad de
permitir el traslado de condenados colombianos o mexicanos por la comisión de
delitos en uno y otro Estado a su país de origen, con miras a que en este
puedan cumplir las penas o medidas de seguridad impuestas. Con dicho convenio,
como se señala en su preámbulo, se busca favorecer la rehabilitación y la
reinserción de los condenados a su núcleo social de origen, con el fin de que
cumplan la condena, dentro del marco del respeto de sus Derechos Humanos.
III. Contenido del Tratado
El
“Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias
penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito
en la ciudad de México el 1o de agosto de 2011, desarrolla los siguientes
temas: definiciones, principios generales, condiciones de la transferencia,
autoridades ejecutoras, procedimiento para la transferencia, solicitudes y
respuestas, consentimiento y su verificación, efecto de la transferencia para
el Estado Receptor, procedimiento para la ejecución de la condena, indulto,
amnistía, conmutación o modificación de la pena, información relativa a la ejecución
de la condena, tránsito, gastos, aplicación temporal, adolescentes, solución de
controversias y disposiciones finales.
En
cuanto a los principios generales previstos en este Tratado, una persona que
haya sido sentenciada en territorio de una de las parles podrá ser transferido
al territorio de la otra, para que cumpla con la condena que se le haya
impuesto mediante sentencia. Esta posibilidad tiene como requisito
indispensable que el sentenciado manifieste por escrito al Estado Trasladante
su voluntad de ser transferido de conformidad con lo previsto en este acuerdo
internacional.
Para
tomar la decisión de autorizar o negar una solicitud de traslado, se deberá
tomar en consideración que con ello se contribuya a la efectiva reinserción
social del condenado; la gravedad del delito y la posible vinculación del
sentenciado con el crimen organizado; su grado de participación o
responsabilidad en los hechos que motivaron la condena; su estado de salud; sus
antecedentes penales y; los vínculos que pueda tener con las sociedades de cada
una de los Estados Partes.
Este
Tratado no aplicará en caso de sentenciados que se encuentren vinculados o
relacionados con delincuencia organizada.
El
traslado del sentenciado solicitante se hará previo el cumplimiento de un
procedimiento previsto para este efecto y su inició tendrá lugar con la
solicitud y el cumplimiento de los requisitos previstos en este Acuerdo. Entre
estos requisitos se encuentran: la obligatoriedad del Estado Trasladante de
informar al Estado Receptor sobre el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento
del sentenciado; naturaleza, duración y fecha del comienzo y término de la
condena impuesta al sentenciado; reseña de los hechos que motivaron la condena;
solicitud de transferencia en la que el sentenciado manifieste su voluntad de
acogerse al presente Tratado; un informe médico sobre el estado general de
salud del sentenciado; un informe que incluya la parte de la condena que ha
sido cumplida junto con la información respecto a detenciones previas, remisión
de la condena o cualquier otro factor relevante en la ejecución de la misma;
entre otros.
La
condena de la persona sentenciada trasladada se cumplirá de acuerdo con las
normas del régimen penitenciario del Estado Receptor. En ningún caso, podrá
modificarse por su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad
pronunciada por el Estado Trasladante.
Ninguna
condena será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que, prolongue la
duración de la privación de la libertad más allá del término impuesto por la
sentencia del tribunal del Estado Trasladante.
El
Estado Trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y
retendrá la facultad exclusiva de indultar o conceder amnistía, conmutar o modificar
la pena al sentenciado. El Estado Receptor proporcionará al Estado Trasladante
información relativa a la aplicación de la condena.
El
Estado Receptor correrá con los gastos que se generen con motivo de la
aplicación de este Tratado, salvo las erogaciones realizadas exclusivamente en
el territorio del Estado Trasladante. No obstante, el Estado Receptor podrá
tratar de recuperar del sentenciado o de alguna otra fuente, el total o parte
de los gastos relacionados con la transferencia.
Este
Tratado podrá ser extensivo, previo acuerdo entre las Partes, a delincuentes
juveniles y menores infractores, de conformidad con la legislación aplicable de
cada una de las Partes.
Finalmente,
cabe señalar que, este Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la
recepción de la última notificación en que las Partes se comuniquen, por la vía
diplomática, el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales
internos exigidos para tal fin y tendrá vigencia indefinida.
De
lo anteriormente expresado, se puede concluir que el ámbito de aplicación y el
alcance de sus disposiciones no trascienden los límites de la cooperación y
asistencia entre Estados soberanos, respetando en todo caso los ordenamientos
internos de los firmantes.
Por
las anteriores consideraciones, el Gobierno nacional, a través de la
Ministra de Relaciones Exteriores y la
Ministra de Justicia y del Derecho presentan a consideración del honorable
Congreso de la República el“Tratado sobre traslado de personas condenadas para
la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1o de agosto de 2011.
De los honorables Senadores y
Representantes,
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
La Ministra de Justicia y
del Derecho,
RUTH STELLA CORREA PALACIO.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2012.
Autorizado. Sométase a consideración del
honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébese el “Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1o de agosto de 2011.
ARTÍCULO 2o. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la
ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad
de México el 1o de agosto de 2011, que por el artículo1o de esta ley
se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada
en Bogotá, D. C., a los
Presentado
al honorable Congreso de la República por la
Ministra de Relaciones Exteriores y la
Ministra de Justicia y del Derecho.
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
La Ministra de Justicia y
del Derecho,
RUTH STELLA CORREA PALACIO.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 2 mayo de 2012.
Autorizado. Sométanse a la consideración
del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín
Cuéllar.
DECRETA:
Artículo
1o. Apruébese el “Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas para la
Ejecución de Sentencias Penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad
de México el 1o de agosto de 2011.
Artículo
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, el “Tratado Sobre Traslado de Personas Condenadas para la
Ejecución de Sentencias Penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad
de México el 1o de agosto de 2011, que por el artículo 1º de esta ley se
aprueba, obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS.
El Secretario General del honorable
Senado de la República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
HERNÁN PENAGOS GIRALDO.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO
NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión
de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de diciembre
de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ.”
III. INTERVENCIONES
1. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
El
Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio
de Justicia y del Derecho interviene a nombre del respectivo Ministerio y
mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2014, el Ministerio solicita a la
Corte que declare la exequibilidad de la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual
se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la
ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011, con base en los siguientes
argumentos:
(i) Indica el procedimiento formal del
tratado y su ley aprobatoria de la siguiente manera:
1. Remisión oportuna del tratado y su
ley aprobatoria a la Corte Constitucional para revisión; indica que la
Ley 1688 de 2013 fue sancionada por el Presidente de la
República el 16 de diciembre de 2013 y publicada en el Diario Oficial No 49006
de ese mismo día. A continuación, mediante Oficio No OF00148603/JMSC 33020, con
la misma fecha, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República remitió a la Corte para su revisión oficiosa copia autenticada de la
ley, este fue radicado en la
Corte Constitucional el 18 de diciembre de 2013, cumpliendo con lo ordenado
por el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución Política.
2. La suscripción del tratado fue realizada
por la Ministra de Relaciones Exteriores Dra. María Ángela Holguín Cuellar,
quien conforme a lo establecido en el artículo 7, numeral 2, literal a), de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 29 de mayo de 1969,
estaba habilitada para suscribir este tratado. El Presidente de la
República autorizó y ordenó someter la aprobación del tratado del Congreso de la
República, mediante aprobación ejecutiva del 2 de mayo de 2012, autorización
que ha sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar
la legitimidad de la suscripción de un tratado internacional.
3. Trámite legislativo.
3.1 Trámite de aprobación del tratado. Éste
comenzó sus debates en el Senado de la
República, por ser un proyecto de ley que se refiere a las relaciones internacionales,
fue radicado por las Ministras de Relaciones Exteriores y de Justicia y del
Derecho, se le asignó el número 102 de 2012, con ésto se cumplió con el
requisito consagrado en el art. 154 Superior. La
Constitución no establece un procedimiento especial para la aprobación de los
proyectos de leyes aprobatorias de tratados, por lo tanto se sometió a un
trámite propio de una ley ordinaria.
3.2 Debates, votación y anuncios previos
3.2.1 Tramite en el Senado de la
República
- Las Ministras de Relaciones exteriores
y de Justicia y del Derecho, radicaron el proyecto de ley el 28 de agosto de
2012 ante el Senado de la República en representación del Gobierno y le
correspondió el No. 102 de 2012 Senado.
- El texto y su exposición de motivos
del Tratado fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 564 del 28 de
agosto de 2012.
- La ponencia favorable para el primer
debate la realizó la senadora Alexandra Moreno Piraquive ante la
Comisión Segunda del Senado y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 676 del 9 de octubre de 2012.
- Cumpliendo lo dispuesto en el art. 8º
del Acto Legislativo No. 01 de 2003 la
Presidenta de la Comisión Segunda del Senado anunció que el debate del
proyecto de ley No. 102 de 2012 Senado se “debatirá en la próxima sesión”
como consta en el Acta No. 14 del 30 de octubre de 2012 y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 395 del 7 de junio de 2013.
- El proyecto fue debatido y aprobado
por unanimidad el 31 de octubre de 2012 como consta en el Acta No. 15 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 396 del 7 de junio de
2013.
- La ponencia para el segundo debate la
realizó la senadora Alexandra Moreno Piraquive para la
Plenaria del Senado y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 801 del 13 de noviembre de 2012.
- El anuncio para el debate de proyecto
en la Plenaria del Senado se efectuó en la sesión que consta en el Acta de
plenaria No. 29 del 30 de octubre de 2012 “para la próxima sesión” y
publicada en la Gaceta del Congreso No. 58 del 19 de febrero de 2013.
- El proyecto fue debatido y aprobado
por los senadores presentes el 14 de noviembre de 2012 y publicado en la
Gaceta del Congreso No. 831 de la misma fecha. Aclara que el debate y
aprobación del proyecto de ley en comento se encuentra consignado en la
Gaceta del Congreso No. 44 de 2013 y el texto aprobado esta registrado en la
Gaceta del Congreso No. 831 de 2012.
3.2.2 Tramite en la
Cámara de Representantes
- El proyecto fue radicado con el No 213
de 2012 Cámara.
- La ponencia favorable para el primer
debate la realizó el Representante Juan Carlos Sánchez Franco ante la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 706 del 11 de septiembre de 2013.
- El anuncio del proyecto para debate se
encuentra consignado en las Actas 5, 6 y 7 respectiva y consecutivamente, de
los días 13, 20 y 27 del agosto de 2013, publicadas en las Gacetas del Congreso
No. 708 del 11 de septiembre de 2013 y No. 761 del 25 de septiembre de 2013,
así como también en las Actas 8, 10, 12 y 13 respectiva y consecutivamente de
los días 3, 10, 17, y 24 de septiembre de 2013, publicadas en las Gacetas del
Congreso No. 781 del 30 de septiembre de 2013, No. 827 del 11 de octubre de
2013 y No. 888 del 5 de noviembre de 2013.
- La aprobación del proyecto en esta
Comisión se realizó el 1 de octubre de 2013 como consta en el Acta No. 14 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 919 del 14 de noviembre de
2013.
- La ponencia para el segundo debate en
Plenaria de la Cámara la realizó el Representante Juan Carlos Sánchez Franco y fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 890 del 5 de noviembre de 2013.
- El anuncio para el debate de proyecto
en la Plenaria de la Cámara se efectuó en la sesión que consta en el Acta de
plenaria No. 249 del 13 de noviembre de 2013 y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 38 del 12 de febrero de 2014.
- El proyecto fue aprobado en Plenaria
de Cámara el 19 de noviembre de 2013 según se lee en el Acta No. 250 y
publicado en la Gaceta del Congreso No. 54 de febrero 20 de 2014.
(ii) Señala la constitucionalidad del
trámite dado a la Ley 1688 de 2013, porque “fue publicado en el Congreso
antes de darle curso en la comisión respectiva, como lo ordena el artículo 157,
numeral 1º de la
Constitución Política; aprobado en primer debate e las correspondientes
comisiones de cada cámara, conforme al artículo 157 numeral 2 de la
Carta y aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara (art. 157-3
C.P.), recibiendo la debida sanción presidencial (art. 157-4
C.P.)”. Indica que entre primer y segundo debate de cada Cámara transcurrió
un tiempo no inferior a 8 días, como se indica en el art. 160 Superior: el
primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue el 31 de octubre de 2012 y
la aprobación en Plenaria el 14 de noviembre de 2012. Por su parte, el primer
debate en la Comisión segunda de la
Cámara ocurrió el 1 de octubre de 2016 y en Plenario fue el 19 de noviembre de
2013. En el mismo sentido, el lapso transcurrido entre la aprobación del
proyecto en el Senado (14 de noviembre de 2012) y la iniciación del debate en la
Cámara (1 de octubre de 2013) transcurrió en un espacio no menor a 15 días.
Finalmente en este punto, afirma que las sesiones de comisión y plenaria se
realizaron con el cumplimiento del quórum requerido y fue aprobado por mayoría
de los congresistas asistentes a cada sesión, como consta en las actas
correspondientes y publicadas en las gacetas relacionadas.
(iii) Realiza un resumen de cada
artículo del tratado. Argumenta la constitucionalidad del tratado reiterando
las palabras entregadas en la exposición de motivos del proyecto de ley
sometido a consideración al Congreso de la
República por parte este Ministerio y el de Relaciones Exteriores en la que se
indica que el tratado es una herramienta que permite reforzar la cooperación
entre los Estados parte para la reinserción en el grupo familiar de las
personas sentenciadas por alguna autoridad de los dos países en el ámbito de su
competencia, para cumplir una pena privativa de la libertad, proporcionándole,
si así lo quiere el condenado, cumplir las mismas en su nación de origen. El
tratado se enmarca dentro del respeto de la soberanía nacional, reconociendo
los principios del derecho internacional, el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y los principios de la función administrativa. Las
disposiciones que se pactan en el tratado respetan la integridad de los
sistemas internos de los países parte y no sobrepasan los límites de
cooperación y asistencia entre Estados soberanos cumpliendo requisitos mínimos
que caracterizan este tipo de acuerdos.
(v) Adicionalmente pretende fortalecer
la cooperación entre Colombia y México, con este tratado se pretende favorecer
la rehabilitación y reinserción de los condenados al grupo social de origen y
que cumplan su condena en el marco del respeto de sus derechos humanos.
Considera que el tratado se ajusta a la
Carta Política porque además de promover la cooperación internacional y la
integración latinoamericana y del Caribe como lo dispone el Preámbulo y los
arts. 9, 226 y 227 de la
Constitución Política, coincide con lo consagrado en el art. 1º de la
Carta Política “dentro del cual se entiende que la ejecución de las penas
debe tener una función primordialmente resocializadora”.
2. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
La
Directora
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
mediante escrito recibido por la Corte el 28 de marzo de 2014, solicita en
nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores que se declare exequible la
Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011, con base en los siguientes
argumentos:
(i)
Argumenta que el objetivo del tratado es fortalecer la cooperación entre los Estados
de Colombia y México, mediante un mecanismo que facilite el traslado de
personas condenadas al país de origen con la finalidad que cumplan la condena
impuesta por el Estado. Igualmente busca favorecer la rehabilitación y
reinserción de los condenados a su núcleo social de origen, y añade que el
tratado no tendrá lugar cuando los sentenciados se encuentren vinculados o
relacionados con la delincuencia organizada y la pena se cumple de conformidad
con el régimen interno penitenciario si modificar, por su naturaleza o por
duración, la pena de libertad pronunciada por el Estado trasladante.
(ii)
Hace referencia en su intervención a las estadísticas de los condenados de
Colombia en México y recalca que muchos de ellos tienen quebrantos de salud,
además señala que en los últimos años se han efectuado 19 traslados por razones
humanitarias de prisioneros colombianos.
(iii)
Señala que el Presidente con sujeción a lo dispuesto en el art. 189, numeral 2º
de la Carta Política, impartió la
Aprobación Ejecutiva con fecha del 2 de mayo de 2012 autorizando y ordenando
someter ante el Congreso de la
República el referido tratado. En virtud con los arts. 150, numeral 16º; 189,
numeral 2º y 224 Superiores se presentó el proyecto ante la
Secretaria General del Senado de la
República. Finalmente se aprobó por el Congreso convirtiéndose en la
Ley 1688 del 16 de diciembre de 2013.
(iv)
Sostiene que en cuanto a las posibles reservas en el tratado, no es viable por
ser un tratado bilateral, así que si existe una declaración unilateral que
excluya o limite los efectos jurídicos de una disposición antes de la entrada
en vigor del mismo, harían necesario el inicio nuevamente del trámite interno
necesario para su aprobación. Por su parte “las declaraciones interpretativas
no pueden constituir reservas o mecanismos para que una de las partes se
abstenga de cumplir o acatar los compromisos adquiridos y deben ser aceptadas
por las dos partes so pena que el tratado pueda ser renegociado”.
(iii)
Finalmente considera que el tratado ha cumplido con los requisitos formales
previstos en la
Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, además su
contenido consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado
colombiano y su política exterior, por lo que solicita declarar la
exequibilidad de la Ley 1688 de 2013.
3. DEFENSORÍA DEL PUEBLO
El Defensor delegado para asuntos
constitucionales y legales de la
Defensoría del Pueblo,
presentó concepto respecto de la constitucionalidad de la Ley 1688 de 2013,
por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas
condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011, mediante escrito allegado a esta
Corporación el 28 de marzo de 2014, solicitando que sea devuelta al Congreso de
la República el Proyecto de Ley No 102/12 Senado, 213/12 Cámara.
(i) Para argumentar su concepto hace un
detallado examen del trámite surtido en el Congreso de la
Ley 1688 de 2013 de la siguiente manera:
1. Trámite en el Senado de la
República:
1.1 Presentación del Proyecto de ley y
primer debate en la Comisión Segunda del Senado.
1.1.1 La
Ministras de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho presentaron
ante el Congreso el texto y exposición de motivos del Proyecto de Ley el día 28
de agosto de 2012 y fue radicado con el número 102 de 2012 Senado, lo anterior
fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 564 del 28 de agosto de 2012.
1.1.2 La ponencia para primer debate fue
presentada por la Senadora Alexandra Moreno Piraquive ante la
Comisión Segunda y publicada en la Gaceta del Congreso No. 676 del 9 de
octubre de 2012.
1.1.3 La
Defensoría del Pueblo pone de presente que se realizó una cadena de tres
anuncios para votación, los cuales cumplieron con los requisitos
constitucionales exigidos. El tercer anuncio se realizó en la sesión del 30 de
octubre de 2012, según consta en el Acta No. 14 de la misma fecha y difundida
en la Gaceta del Congreso No 395 del 7 de junio de 2013.
Confirma el Defensor que este proceso
cumplió con todas las exigencias constitucionales para el anuncio para
votación, en razón a que:
“(i) Se hizo por el Secretario de la
Comisión por instrucciones de la
Presidencia;
(ii) En sesiones precedentes y
consecutivas (las del 16, 24 y 30 de octubre de 2012) a aquella que tuvo lugar
la aprobación (la del 31 de octubre de 2012), sin que se alterara la secuencia
de anuncios;
(iii) Para la sesión posterior (la del
31 de octubre de 2012) y en fecha futura y determinable dado que se usó la
expresión “para
la próxima sesión”;
(iv) de forma clara, que se indico que
el anuncio era para “discutir
y aprobar en la próxima sesión de Comisión” (sesión del 16 de octubre), “me
permito anunciar proyectos de ley para la próxima sesión” (sesión del 16 de
octubre) y “anuncia la discusión y votación de proyectos de ley para la
próxima sesión” (sesión del 30 de octubre); y
(v) el proyecto de ley fue efectivamente
discutido y aprobado en la sesión para la que se había anunciado de forma previa,
vale decir, la del 31 de octubre de 2012.
1.1.4 El 31 de octubre de 2012 fue
aprobado el Proyecto de ley en primer debate con quórum deliberatorio y
decisorio integrado por los 13 Senadores que conforman esa Comisión y con un
solo voto en contra, lo cual está registrado en el Acta No. 15 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 396 del 7 de junio de 2013.
1.2 Segundo debate en la
Plenaria del Senado.
1.2.1 La ponencia para el segundo debate
se presentó por parte de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, lo cual se encuentra
registrado en la Gaceta del Congreso No. 801 del 13 de noviembre de 2012.
1.2.2 En la sesión del 13 de noviembre
de 2012 se anunció el Proyecto de ley para su discusión y aprobación. Lo
anterior consta en el Acta No. 29 de la misma fecha, difundida en la
Gaceta del Congreso No. 58 del 19 de febrero de 2013.
El Defensor en relación con el segundo
debate en Plenaria del Senado afirma que se cumplió con los requisitos
constitucionales para el anuncio para votación, puesto que:
“(i) Se hizo por el Secretario de la
Plenaria por instrucciones de la
Presidencia;
(ii) En sesión precedente (la del 13 de
noviembre de 2012) a aquella en la que tuvo lugar la aprobación (la del 14 de
noviembre de 2012);
(iii) Para la sesión posterior (la del
14 de noviembre de 2012) y en fecha futura y determinable dado que se uso la
expresión “en
la próxima sesión”;
(iv) de forma clara, ya que se indico
que “se
anuncian los proyectos que se discutirán y votaran en la próxima sesión”; y
(v) el proyecto de ley fue efectivamente
discutido y aprobado en la sesión para la que se había anunciado de forma
previa, vale decir, la del 14 de noviembre de 2012.
1.2.3 El proyecto fue considerado en la
Plenaria del 14 de noviembre de 2012, según el Acta de Plenaria No. 30 de la
misma fecha y publicado en la Gaceta del Congreso No. 44 del 11 de febrero de
2013, y contó con el quórum deliberatorio y decisorio necesario, siendo
aprobado por la mayoría.
2. Trámite en la
Cámara de Representantes, en esta etapa del trámite la defensoría encontró dos
irregularidades que pasa a identificar y explicar:
1.1 Primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara.
1.1.1 Se radicó el Proyecto de Ley en la
Cámara de Representantes con el No. 213 de 2012 Cámara, siendo designado como
ponente el Representante Juan Carlos Sánchez Franco, lo anterior fue publicado
en la Gaceta del Congreso No. 706 del 11 de septiembre de 2013.
1.1.2 Fue anunciado en la sesión del 13
de agosto de 2013 como consta en el Acta No. 5 de la misma fecha y publicada en
la Gaceta del Congreso No. 708 de 2013. La discusión del Proyecto de Ley se
aplazó en varias oportunidades, por lo cual el anuncio se reiteró
consecutivamente en las sesiones de los días 20 y 27 de agosto y 3, 10 y 17 de
septiembre de 2013. La defensoría manifiesta inquietudes constitucionales en
cuanto a que durante estos anuncios no se detalló el nombre proyecto del
examen.
Observa la
Defensoría, teniendo como base lo transcrito de las Gacetas del Congreso, que la
Comisión no lograba agotar el orden del día previsto para cada sesión por lo
cual se aplazó la discusión y aprobación del Proyecto de Ley en estudio, lo
cual hacia necesario reiterar el anuncio del proyecto en cada sesión en la que
no podía llevarse a cabo su votación. Señala que el tipo de manifestaciones
utilizada por la Mesa Directiva de la
Comisión que buscaba salvaguardar la cadena de anuncios del Proyecto fueron
inexactas y aludían a la continuación del orden del día en la sesión posterior
debido a la falta de agotamiento del mismo más no a la conservación de la cadena
de anuncios. Manifiesta que continuar en la siguiente sesión de los puntos del
orden del día es permitido por el art. 80 de la
Ley 5 de 1992, sin embargo, ésto no suple la exigencia constitucional del
inciso final del art. 160 CP en cuanto a que los anuncios de los proyectos de
ley que van a ser sometidos a votación en la siguiente sesión deben ser
específicos, ciertos y expresos.
Concluye que
para este Proyecto de Ley existió una irregularidad en la cadena de anuncios
del mismo en la Cámara, lo que configura un vicio en el procedimiento de su
aprobación, al no discutir ni aprobar el proyecto en la sesión correspondiente,
ya que se debió nombrar individualmente los proyectos a discutirse y votarse lo
cual no ocurrió en la sesiones del 20 y 27 de agosto y 3 y 10 de septiembre de
2013. Por su parte en el Acta 12 del 17 de septiembre de 2013 fueron
identificados, al menos con números, los proyectos anunciados para la siguiente
sesión.
En la siguiente
sesión, la discusión del Proyecto de Ley se inició leyéndose la ponencia del
primer debate en Cámara y dándosele la palabra al ponente para que hiciera su
exposición, sin embargo, se aplaza por parte de la
Presidencia de la Comisión el debate por la ausencia del Ministro de Justicia
en el recinto para que resolviera algunas inquietudes de los Representantes, y no
se anunció el proyecto para ser discutido en una próxima sesión, con lo cual se
configura una segunda irregularidad durante el trámite. Esta sesión se realizó
el 24 de septiembre de 2013, Acta de Comisión No. 13 de la misma fecha y
publicada en el Gaceta del Congreso No. 888 de 2013.
Considera por lo
anterior que esta actuación rompió la cadena de anuncios del Proyecto objeto de
examen, porque al no votarse en esa sesión, esta votación se dio el 1º de
octubre de 2013, la jurisprudencia de la
Corte señala que “cuando
la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de manera que no se lleva
a cabo en la sesión para la cual fue anunciada, es deber de las mesas
directivas continuar con la cadena de anuncios; es decir, reiterar el anuncio
de votación en cada una de la sesiones que antecedan a aquella en que
efectivamente se lleve a cabo la aprobación del proyecto, toda vez que ‘no
existe otro instrumento constitucional que permita garantizar la efectiva
realización del fin que se pretende satisfacer mediante la formalidad del
aviso, el cual consiste en evitar que los congresistas y la comunidad en
general sean sorprendidos con votaciones intempestivas o subrepticias”.[1]
1.1.3 Según lo consignado en el Acta  de
Comisión No. 14 del 1º de octubre de 2013, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 919 del 14 de noviembre de 2013, el Proyecto de Ley
bajo estudio tuvo su primer debate y aprobación en la
Cámara de Representantes.
1.2 Segundo debate en Plenaria de la
Cámara de Representantes
1.2.1 La ponencia para segundo debate en
la Cámara, estuvo a cargo del Representante Juan Carlos Sánchez Franco y
publicada en la Gaceta del Congreso No. 890 del 5 de noviembre de 2013.
1.2.2 El 6 de noviembre de 2013 se
anunció la discusión y aprobación del Proyecto de Ley, como consta en el Acta
de Plenaria No. 247 de esa fecha y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 36 del 12 de febrero de 2014.
El anuncio del proyecto se reiteró en
las sesiones de los días 12 y 13 de noviembre de 2013, Actas de Plenarios No.
248 y 249 correspondiente a las fechas referidas y publicadas en las Gacetas
del Congreso No. 37 y 38 del 12 de febrero de 2014
1.2.3 El Proyecto de Ley fue considerado
y aprobado en sesión plenaria del 19 de noviembre de 2013, según Acta Plenaria
No. 250 de la misma fecha y consignado en la
Gaceta del Congreso No. 54 del 20 de febrero de 2014.
El texto aprobado por la
Plenaria de la Cámara fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 949 del 22 de noviembre de 2013.
Considera la
Defensoría que la cadena de anuncios para el segundo debate en la
Cámara cumplió con todas las exigencias constitucionales por cuanto:
“(i) Se hizo por la
Secretaría de la Plenaria por instrucciones de la
Presidencia;
(ii) En sesiones precedentes y
consecutivas (las del 6, 12 y 13 de noviembre de 2013) a aquella que tuvo lugar
la aprobación (la del 19 de noviembre de 2013), sin que se alterara la
secuencia de anuncios;
(iii) Para la sesión posterior (la del
19 de noviembre de 2013) y en fecha futura y determinada o determinable dado
que se usaron las expresiones “para el día 12 de noviembre del año
2013 o para la siguiente sesión”, “para la sesión del día de mañana, 13 de
noviembre del año 2013” y “para el próximo martes 19 de noviembre o para la siguiente
sesión”;
(iv) de forma clara, ya que se indico
que el anuncio era para que “que se debatan proyectos de ley”; y
(v) el proyecto de ley fue efectivamente
discutido y aprobado en la sesión para la que se había anunciado de forma
previa, vale decir, la del 19 de noviembre de 2013.”
1.3 El requisito constitucional del art.
162 Superior, en el que se precisa que ningún proyecto podrá ser considerado en
más de dos legislaturas se cumplió a cabalidad.
(i) Se radicó el proyecto de ley el 28
de agosto de 2012, (ii) el primer debate en el Senado se dio el 31 de octubre
de 2012 y (iii) el último debate en Plenaria de la
Cámara de llevó a cabo el 19 de noviembre de 2013.
1.4 Cumplimiento de los requisitos del
art. 160 Superior en el que se tiene que entre el primer y segundo debate deben
transcurrir por lo menos 8 días y entre la aprobación entre el proyecto de una
Cámara y la iniciación del debate en la otra debe mediar un término no menor a 15
días.
(i) El primer debate en el Senado se dio
el 31 de octubre de 2012 y la aprobación en Plenaria del Senado fue el 14 de
noviembre de 2012, es decir 14 días hubo de espacio entre debates; (ii) el
primer debate en la Cámara fue el 1º de octubre de 2013 y el último debate en Plenaria
de la Cámara de llevó a cabo el 19 de noviembre de 2013, es decir mediaron más
de 8 días entre debates; y (iii) entre la aprobación del proyecto de ley en el
Senado que se realizó el 14 de noviembre de 2012 y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes del 1º de octubre de 2013  corrió un lapso mayor de
15 días.
Encontró la
Defensoría que en los debates llevados a cabo en el Senado se avisó que el
Proyecto de Ley sería sometido en una sesión anterior a aquella en la que se
realizó dicho procedimiento y se efectuaron las votaciones en las fechas
programadas. Contrario ocurrió en primer debate en la
Cámara donde se constató el rompimiento de la cadena de anuncios del proyecto,
incumpliéndose el requisito constitucional del anuncio previo.
Afirma que este tipo de vicios son
subsanables en materia de leyes que aprueban tratados o convenios
internacionales debido a que la aprobación del proyecto por el Senado se llevó
a cabo a plenitud sin vicio alguno, esa entidad solicita a la
Corte Constitucional devolver al Congreso de la
República el Proyecto de Ley No 102/12 Senado, 213/12 Cámara  para que se
remedien los defectos acusados, al evidenciar que no se cumplió con las
exigencias del art. 160 Constitucional.
4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
El Vicedecano Académico de la
Universidad Nacional de Colombia, presentó concepto respecto de la
constitucionalidad de la
Ley
1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de
personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011. Mediante escrito allegado a esta
Corporación el 1 de abril de 2014 solicita a la
Corte declarar la ley exequible, pero que se declare inexequible parcialmente
el numeral 3 del artículo 2 e inexequible el numeral 2 del artículo 3, en los
siguientes términos:
(i) Señala que el tratado cumple con los
fines constitucionales de cooperación internacional y está acorde con la
Carta Política, el bloque de constitucionalidad y es coherente con el
desarrollo y análisis de constitucionalidad que ya se ha realizado.
(ii) Presenta sus objeciones al tratado
en relación con el contenido del mismo, específicamente del numeral 3 del
artículo 2 y del numeral 2 del artículo 3, al considerar que se vulnera el
principio de igualdad con relación a los condenados que hayan tenido una
vinculación o relación con el crimen organizado, lo cual no se encuentra en los
tratados con España o Cuba. En el ordenamiento jurídico colombiano no hay
referencia de un trato discriminatorio de los condenados, por lo tanto
considera la universidad que es inconstitucional las frases “la posible
vinculación del sentenciado con el crimen organizado” y “El presente
tratado no aplicara en caso de sentenciados que se encuentren vinculados o
relacionados con delincuencia organizada”.
(iii) Considera que también se vulneran
los arts. 28 y 29 de la
Constitución Política sobre el debido proceso y el principio de estricta
legalidad, desde el punto de vista teleológico, ya que las normas restrictivas
deben manifestar de manera clara y precisa el contenido de sus postulados, para
que así el ciudadano pueda entender adecuadamente el ámbito de aplicación de la
norma, y estas normas constitucionales prohíben que el legislador establezca normas
amplias, vagas o imprecisas, lo cual se encuentra relacionado igualmente con el
principio de taxatividad penal, que indica que las normas restrictivas deben
tener carácter exclusivo y excluyente, y así solo ser sometidas a restricciones
penales los hechos o conductas que han sido expresamente consignados en la
descripción normativa.
En este sentido, para la
Universidad “la norma prescribe una “posible vinculación”, del sentenciado
con el crimen organizado, o en los casos donde el mismo se encuentre “vinculado
o relacionado con delincuencia organizada” esta prescribiendo una regla
demasiado amplia para su correcta aplicación, por lo que podría excluirse del
tratado a quien por cualquier actividad sea sospechoso de “posible vinculación”
o “relación” con una “organización criminal””. Afirma que el concepto de
“organización criminal” también es amplio, indeterminado y ambiguo; en el mismo
ordenamiento jurídico colombiano no hay claridad con respecto a este concepto.
(iv) Por lo argumentado solicita a la
Corte declarar exequible la Ley 1688 de 2013
a excepción de los apartes subrayados del artículo 2º, numeral 3 “[p]ara
tomar la decisión de autorizar o negar una solicitud de traslado, se deberá
tomar en consideración que con ello se contribuya a su efectiva reinserción
social, la gravedad del delito y la posible vinculación del sentenciado con
el crimen organizado, su grado de participación o responsabilidad en los
hechos que motivaron la condena, su estado de salud, antecedentes penales, así
como los vínculos que pueda tener con las sociedades de cada una de las Partes”,
y el numeral 2 del art. 3º, ya que “El presente Tratado no
aplicará en caso de sentenciados que se encuentren vinculados o relacionados
con delincuencia organizada;” por ser parcial y totalmente inexequibles.
De conformidad con lo anterior, la
Universidad solicita que (i) se declare inexequible parcialmente el numeral 3
del artículo 2º  y (ii) el numeral 2 del art. 3º  de la ley bajo estudio.
5. UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
La Decana de la
Faculta de Derecho de la Universidad de Ibagué, presentó concepto respecto de
la constitucionalidad de la
Ley
1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de
personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011, mediante escrito allegado a esta
Corporación el 9 de abril de 2014 en el que se solicita declarar la
exequibilidad de la ley, teniendo como base las siguientes consideraciones:
(i) Señala que desde el punto de vista
formal no hay ninguna objeción para la realización de este Tratado por cuanto
siguió los postulados establecidos en la
Convención de Viena de 1969 para la suscripción de este tipo de tratados, se
acata el art. 224 Superior al evidenciarse que el Gobierno Nacional remitió el
tratado al Congreso de la República para su aprobación. Adicionalmente
encuentra la Universidad de Ibagué que la
Ley 1667 de 2013 se desarrolló dentro de los supuestos establecidos por la
Constitución y la Ley.
(ii) Considera que desde el punto de
vista material, este Tratado contribuye activamente en el reconocimiento de los
derechos de los ciudadanos nacionales al permitirles que puedan cumplir sus
condenas o medidas impuestas en el país de origen, con lo cual no se presenta vulneración
a la Constitución pues simplemente se difiere la ejecución de la pena a un
lugar distinto en el cual se cometió el delito, permitiendo que el condenado
cumpla su pena en el país de origen.
(iv) Observa que los postulados
planteados en la exposición de motivos son claros y explícitos frente a la
Carta Política para que estas personas puedan reintegrarse a su núcleo social
de origen cumpliendo la pena impuesta por el otro Estado por el delito cometido
allí.
(v) Finaliza afirmando que el tratado se
ajusta a la Constitución colombiana y cumplió con los requerimientos
establecidos para la celebración de este tipo de convenios, por lo tanto
solicita la exequibilidad de la norma en comento.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El
Señor Procurador General de la Nación, rindió concepto en el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y
278, numeral 5, de la
Constitución Política, concordantes con el artículo 70 del Decreto 2067 de
1991, mediante escrito No. 5767, recibido en esta Corporación el 28 de abril de
2014. En su concepto de rigor el Ministerio Público solicita a esta Corte
declarar exequible la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en
la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, teniendo como argumento los
siguientes planteamientos:
1. Indica que el día 18 de diciembre de
2013 la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República remitió a la
Corte Constitucional la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en
la ciudad de México el 1º de agosto de 2011 cumpliendo así lo previsto en el
artículo 241.10 Superior. Menciona que la Corte por medio de Auto del 10 de
febrero de 2014, asumió el conocimiento del presente asunto.
2. En relación con el análisis formal, la
Vista Fiscal presenta el siguiente análisis:
2.1.  Indica que la
Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, fue puesta a
consideración del Congreso de la
República para su discusión y aprobación, conforme a lo dispuesto en el art.
150.16 de la Carta Política, por parte del Presidente de la
República de Colombia.
2.2. Menciona que al no existir un
trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y
su incorporación a la legislación interna, corresponde seguir el trámite
previsto en los artículos 157, 158, 160 y 165 de la
Constitución Política para leyes ordinarias y este proceso legislativo debe
empezar en el Senado según lo dispuesto en el art. 154 Superior.
2.3 Encuentra el Ministerio Público, que
en el expediente legislativo se constata que el proyecto de ley fue radicado
bajo los números 102 de 2012 Senado y 213 de 2012 Cámara, pasando a analizar el
trámite surtido en cada una de las Cámaras legislativas:
2.3.1. Trámite en el Senado
(i) En relación con el trámite en el
Senado de la República observa
la Vista Fiscal que el proyecto de ley fue presentado por el Gobierno al Senado
el 28 de agosto de 2012, a través de las Ministras de Justicia y del Derecho y
de Relaciones Exteriores. Indica que el texto original del proyecto aparece
publicado en la Gaceta del Congreso No. 564 del 28 de agosto de 2012, junto a
su respectiva exposición de motivos. Afirma que con lo anterior se cumplió el
requisito de presentación del proyecto (art. 154 CP) y con el requisito de
publicación del proyecto antes de darle trámite en la comisión respectiva (art.
157.1 CP).
(ii) Sostiene el Procurador que la
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue presentada
por la Senadora Alexandra Moreno Piraquive y aparece publicada en la Gaceta del
Congreso No. 676 de 2012.
(iii) Constata la Vista Fiscal que el
proyecto fue anunciado para votación dos veces antes de ser discutido y
aprobado en la Comisión Segunda del Senado. El primer anuncio se registró en el
Acta No. 13 del 24 de octubre de 2012; y el segundo anuncio aparece registrado
en el  Acta No. 14 del 30 de octubre de 2012 y se publicaron las dos actas en la
Gaceta del Congreso No. 395 de 2013.
(iv) Afirma el Ministerio Público que el
proyecto fue aprobado el 31 de octubre de 2012, como consta en el Acta No. 15
de esa fecha y con publicación en la Gaceta del Congreso No. 396 de 2013, según
certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado. Así las
cosas, la proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el
articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que este tenga segundo
debate y se convierta en ley de la República fueron aprobados conforme al art.
129 de la Ley 5 de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
En relación con el quórum, el citado funcionario manifestó que quedó integrado
por los 13 Senadores que conforman dicha Comisión, algunos contestaron a lista
al iniciar la sesión, otros se hicieron presentes en el transcurso de la misma.
(v) A continuación, menciona la
Procuraduría que la ponencia favorable para segundo debate en el Senado de la
República fue presentada por la
Senadora Alexandra Moreno Piraquive y aparece publicada en la Gaceta del
Congreso No. 801 del 13 de noviembre de 2012.
(vi) Evidencia el Ministerio Público que
el Proyecto de Ley fue anunciado para votación el 13 de noviembre de 2012, como
consta en el Acta de la
Sesión Plenaria del Senado de la
República No. 29 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 58 del
19 de febrero de 2013 en la que se lee: “[P]or instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría, se anuncian los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima
sesión (…) Proyecto de ley número 102 de 2012 Senado”. Al final del Acta se
lee: “[s]iendo las 11:35 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día miércoles 14 de noviembre de 2012,
a las 10:00 a.m. para Congreso Pleno y a las 3:00 p.m. a la sesión plenaria
del Senado”.
(vii) Indica la
Vista Fiscal que efectivamente el proyecto fue debatido y aprobado en la
sesión plenaria del día 14 de noviembre de 2012 con asistencia de 95 de 100
Senadores, según consta en Acta de Plenaria No. 30 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 44 del 11 de febrero de 2013. Así mismo menciona
que el proyecto fue debatido y aprobado mediante votación ordinaria conforme al
artículo 129 de la ley 5ª de 1992 lo cual fue consignado en la mencionada
Gaceta y en la certificación expedida por el Secretario General del Senado de
la República con fecha del 19 de febrero de 2014. El texto definitivo aprobado
en la Plenaria del Senado de la
República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 831 del 22 de noviembre
de 2012.
2.3.2. Trámite en la Cámara de
Representantes.
(i) Respecto del trámite surtido en la
Cámara de Representantes observa la Vista Fiscal que la ponencia positiva para
primer debate fue presentada por el Representante Juan Carlos Sánchez Franco y
aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 706 del 11 de septiembre de
2013.
(ii) Constata el Ministerio Público que
el proyecto de ley fue anunciado para primer debate en la sesión del 24 de
septiembre de 2013, tal como consta en el Acta No. 13 de esa fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 888 del 5 de noviembre de 2013, en la que se lee:
“[P]ara dar cumplimiento al Acto legislativo número 01 de 2003, en su
artículo 8º. Se anuncia el siguiente proyecto de ley como me lo ordena el señor
Presidente. (…) Proyecto de ley número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado”,
en la parte final del Acta  convocan para el día 1º de octubre de 2013.
(iii) Verifica el Señor Procurador, que
el proyecto fue debatido y aprobado por unanimidad en votación ordinaria de
acuerdo a la Ley 1431 de 2011, en la sesión del 1 de octubre de 2013, con la
presencia de 15 representantes a la
Cámara, tal como se anota en la certificación expedida por la
Secretaría General de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
(iv) En relación con la ponencia
positiva para el segundo debate en la Cámara de Representantes menciona el Ministerio
Público que ésta aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 890 del 5 de
noviembre de 2013 y fue presentada por el Representante Juan Carlos
Sánchez Franco.
(v) Evidencia la Vista Fiscal que el
proyecto fue anunciado en sesión del 13 de noviembre de 2013 como consta en el
Acta No. 249 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 38 del 12 de
febrero de 2014, en la que se lee: “[S]e anuncian los siguientes proyectos
de ley, para el próximo martes 19 de noviembre para la siguiente Sesión
Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o Actos Legislativos, de
acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003 en su artículo 8º, (…)
Proyecto de ley número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado”.
(vi) Verifica el Ministerio Público que
el proyecto fue debatido y aprobado en la sesión plenaria del 19 de noviembre
de 2013, según consta en el Acta No. 250 de esta fecha y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 54 del 20 de febrero de 2014, con asistencia de 151
Representantes según consta en la Gaceta referida y en la certificación
expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes del 26 de febrero de 2014.
(vii) Afirma que visto el procedimiento
legislativo descrito, ese organismo de control concluye  que se cumplió con la
exigencia constitucional del inciso 1º del art. 160 de la Carta y se dio cabal
cumplimiento al art. 162 Superior en el que se señala que “ningún proyecto
de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas”. Adicionalmente
expresa que el Proyecto de Ley no fue modificado, por lo tanto no hubo lugar a
conciliación, por este motivo no existe publicación de informe de conciliación requerida
por el artículo 9º del Acto Legislativo 01 de 2003.
Así las cosas luego de hacer el
respectivo estudio del proceso de formación de Ley 1688 de 2013, por medio de
la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la
ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011, no se advierte la existencia de vicio
alguno por parte del Jefe del Ministerio Público.
(viii) Expresa la Vista Fiscal que el 16
de diciembre de 2013, el Presidente de la República sancionó la Ley 1688 de
2013, por medio de la cual se aprueba el Tratado objeto de estudio. Dicho texto
fue remitido a la Corte por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, el 18 de diciembre de 2013, dentro del término de seis días
establecido por el artículo 241.10 de la Carta para ello.
3. Acerca del análisis
material, el Ministerio Público precisa que el Tratado cobre traslado de
personas para la ejecución de sentencias entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos tenía como objetivo
fomentar la reinserción de las personas sentenciadas a una pena privativa de la
libertad permitiéndoseles que la puedan cumplir en su país de origen.
Indica que en el art. 1º se fija con
claridad y precisión las palabras que se necesitan en este tratado para su
entendimiento, el art. 2º consagra la obligación de las partes para prestarse
la cooperación necesario para el cumplimiento del mismo y que este traslado
contribuya para la efectiva reinserción social del condenado, el art. 3º
consagra las condiciones de transferencia del reo exceptuando los que sean
condenados por sus vínculos con delincuencia organizada. El art. 4º señala las
autoridades ejecutoras, el 5º fija el procedimiento para la trasferencia y del
deber de informar a los condenados sobre el tratado, el 6º regula las
solicitudes de traslado. Por su parte el art. 7º se refiere al consentimiento del
condenado, el 8º advierte los efectos de la trasferencia para el Estado
receptor, el 9º indica el procedimiento para la ejecución de la condena, el 10º
se refiere a la facultad del Estado Receptor de indultar o conceder amnistía,
en el art. 11 se estipula los eventos en que el Estado Receptor debe facilitar
información relativa a la ejecución de la condena, el 12 se hace referencia a
un tercer Estado para el traslado del reo por su territorio, los arts. 13 y 14
se refieren a los gastos por la aplicación del tratado, el 15 se permite que el
tratado sea extensivo a delincuentes juveniles y menores infractores. Los arts.
16 y 17 contienen las disposiciones relativas a la solución de controversias,
la entrada en vigor, modificaciones y terminación del tratado.
Observa la
Vista Fiscal que este Tratado se ajusta íntegramente a la
Constitución Política al desarrollar las reglas de los arts. 9, 226 y 227
Superiores, esto porque se le permite a los condenados de cualquiera de los dos
países puedan cumplir sus condenas en sus lugares de origen, con esto se
contribuye para su efectiva reinserción social con lo cual se convierte en un
mecanismo de protección y respeto de la dignidad humana, el cual es un derecho
inalienable de la persona (art. 1 CP) y de la familia como institución básica
de la sociedad (art. 5 CP). Igualmente, se ajusta al principio de soberanía
nacional (art. 9 CP) al permitirle a los reos cumplir sus condenas en sus países
de origen, y además, estas normas promueven la cooperación internacional, pero
sujetas a la regulación del derecho interno.
Señala el Ministerio Publico que los
preceptos consagrados en el tratado no podrán desconocer la autonomía de la
voluntad del condenado susceptible de su aplicación, con esto hay
reconocimiento a la garantía a los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Política y en los Convenios y Tratados sobre Derechos Humanos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad de Colombia. Igualmente observa
que en el traslado se debe tener en cuenta el estado de salud del reo, sus
antecedentes penales, los vínculos que pueda tener con las sociedades de cada
una de las partes.
Aduce la
Procuraduría que este tratado es similar a otros que fueron declarados
exequibles por la Corte Constitucional como el “Tratado sobre traslado de
personas condenadas entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República de Cuba, suscrito en la Habana el 14 de enero de 1999”
que se estudió y declaró ajustado a la
Constitución en la sentencia C-012 de 2001.
Considera necesario la
Vista Fiscal que al declararse la exequibilidad de la norma en el sentido de
que únicamente se podrán repatriar nacionales en la medida que la situación de
los reclusos se ajuste a lo dispuesto en el art. 12 Superior, es decir que no
sean sometidos a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, sin perjuicio
de que por razones humanitarias se conceda la repatriación de personas en fase
terminal de una enfermedad, en cuyo caso deberían ser internadas en un
establecimiento medico.
4. Con fundamento en el análisis tanto
formal como material el Procurador General de la Nación solicita a la Corte
declarar  la exequibilidad del “Tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011 y de la Ley la Ley 1688 de
2013.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE
1. Competencia
1.1 La Corte Constitucional
es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la Enmienda en examen
y de su Ley aprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241,
numeral 10, de la Constitución Política.
1.2 En consecuencia,
esta Corporación analizará, en primer lugar, el trámite dado a la Ley 1688 de 2013,
por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas
condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011, con el propósito de
determinar si se ajusta a la
Constitución Política, para de esta manera y en el evento de que este trámite
esté acorde con la Constitución, analizar, en un segundo lugar, el
contenido material del Tratado.
2. Análisis formal de la Ley 1688 de 2013,
por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas
condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”
2.1 Negociación y
suscripción del Tratado y Aprobación Presidencial
(i) En relación con la
negociación y suscripción de la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se
aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución
de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011, objeto de estudio en esta
oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficio
GTAJI-14-009678 del 24 de febrero de 2014, recibido en la
Corte Constitucional el día 25 de febrero de 2014 (Fl. 175, cuad. 1 pruebas)
informó a esta Corporación que “…una vez revisado el archivo de la
Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de esta Dirección, se
constató lo siguiente:
1. El ‘Tratado sobre
Traslado de Personas Condenadas para la
Ejecución de Sentencias Penales entre la
República de Colombia y los Estados unidos Mexicanos, fue suscrito por la señora
Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, el 1 de agosto
de 2011, por tanto, no fue necesaria la expedición de plenos poderes, de
conformidad con lo dispuesto en el literal a) numeral 2º del artículo 7º de la
“Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” de 1969”.
(ii)
El Ministerio comunicó a esta Corporación que el Presidente de la
República, Señor Juan Manuel Santos Calderón, impartió la respectiva
Aprobación Presidencial con el fin de someter el Tratado objeto del presente
estudio a consideración del Congreso de la
República, el día 2 de mayo de 2012.
2.2 Trámite legislativo de
la Ley aprobatoria
2.2.1 Conforme a la
Constitución Política, las Leyes aprobatorias de tratados internacionales
deben surtir, en general, el mismo trámite que cualquier Ley ordinaria (arts.
157, 158, 160 y 165 CP), con dos particularidades: i) por tratarse de asuntos
referidos a las relaciones internacionales, su trámite debe iniciarse en el
Senado de la República (art. 154 CP); y ii) el Gobierno Nacional debe remitirlas
a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción
Presidencial, para que la misma efectúe su revisión constitucional (art. 241,
Núm. 10 CP).
2.2.2  Del expediente
legislativo enviado a esta Corporación, se constata que el proyecto de la
Ley 1688 del 16 de diciembre de 2013 fue presentado y radicado en el Senado de
la República por el Gobierno Nacional, el 28 de agosto de 2012, ante
la Secretaría del Senado de la
República a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María
Ángela Holguín Cuéllar y la Ministra de Justicia y del Derecho, Doctora Ruth
Stella Correa Palacio (Fls. 97 reverso-99 reverso, cuad. 1 pruebas), donde fue
radicado con el No. 102 de 2012 Senado, y se publicó junto con la Exposición de
Motivos, en la Gaceta del Congreso No. 564 del 28 de agosto de 2012
(Fls 95-104 cuad. 1 pruebas) antes de darle curso en la
Comisión Segunda Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el art.
157, Núm. 1, de la
Constitución Política.
2.2.3 Trámite Legislativo
ante el Senado de la República
2.2.3.1  Primer debate
en la Comisión Segunda Constitucional del Senado
2.2.3.1.1 En relación con el
trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda del Senado, el Secretario
General de esa Comisión informó a esta Corporación, que “Conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 del acto legislativo 01 de 2003 (inciso adicionado
del artículo 160 C.P.), el proyecto de ley fue anunciado en Sesión Ordinaria de
la Comisión Segunda del Senado el día 30 de octubre de 2012, según
consta en el Acta No. 14 de esa fecha, publicada en la Gaceta No.
935 del 07 de junio de 2013, la cual se adjunta (págs.: 33 y 76)”.
De otra parte, en la
certificación del Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado de la
República se hace constar que la fecha de discusión y aprobación del proyecto
de Ley No. 102 de 2012 Senado, hoy Ley 1688 del 16 de diciembre 2013, se
realizó “el día 31 de octubre de 2012, según consta en el Acta No.
15 de sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa
fecha, publicada en la Gaceta No. 936 del 07 de junio de 2013”. En el mismo escrito se certifica que el Quórum estuvo
integrado “por los trece (13) Senadores que conforman la Comisión
Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la
sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma,
según consta en el Acta No. 15 del 31 de octubre de 2012, publicada en
la Gaceta No. 396 del 07 de junio de 2013”. (Fl. 1-2 cuad. 1 pruebas)
2.2.3.1.2 Del análisis del
expediente legislativo que ha realizado esta Corte se desprende lo siguiente:
(i) La ponencia para primer
debate del proyecto de Ley No. 102 de 2012 Senado fue presentada por la
senadora Alexandra Moreno Piraquive y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 676 del 9 de octubre de 2012 (Fls.
253-254 cuad. 2 pruebas).
(ii) El primer anuncio para
votación del proyecto de Ley fue realizado por el Secretario de la
Comisión Segunda del Senado el 16 de octubre de 2012, tal como consta en
el Acta No. 12 de esa fecha publicada en la Gaceta del
Congreso No. 394 de 2013:
“…La señora Presidenta, Senadora Myriam Paredes Aguirre, declara
abierta la sesión de hoy 16 de octubre de 2012:
Solicito
al señor Secretario abrir el registro de los Senadores con el llamado a lista:…
(…)
Le solicito al Secretario
favor continuar con el anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión de la
Comisión.
El Secretario procede con el
anuncio de proyecto de ley para la próxima sesión de Comisión:
2. Proyecto de ley número
102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales,
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito
en la ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Autores: Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Justicia.
Ponente: honorable
Senadora Alexandra Moreno Piraquive.
Publicaciones: Texto del
Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 564 de 2012.
Ponencia Primer
Debate: Gaceta del Congreso número 676 de 2012.
…Le informo señor Presidente
que han sido anunciados los proyectos de ley para discutir y aprobar en la
próxima sesión de Comisión.
El señor Presidente,
Senador, Marco Avirama Avirama, informa a la
Comisión que se cita a sesión mañana a las 10:00 a. m., se levanta la
sesión.” (Gaceta del Congreso 394 de 2013)
(iii) La siguiente sesión se llevó a cabo el 24 de octubre de
2012, en esa sesión se realizó un segundo anuncio para la votación del proyecto
de Ley por el Secretario de la
Comisión Segunda del Senado, tal como consta en el Acta No. 13 de esa
fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 395 del 7 de junio de 2013 en
la que se lee textualmente:
“…La señora Presidenta Senadora Myriam Paredes Aguirre, informa:
Vamos
a dar inicio a la sesión de hoy 24 de octubre de 2012, solicito al señor
Secretario abrir el registro de los Senadores con el llamado a lista.…
…El
señor Presidente, Senador Carlos Fernando Motoa Solarte:
Agradece
a la Senadora Alexandra Moreno, solicita al Secretario continuar con
el siguiente punto del Orden del Día:
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, da
lectura al siguiente punto del Orden del Día. Señor Presidente, me permito
anunciar proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión:
3.
Proyecto de ley número 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de
personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México, el 1° de agosto de 2011.
Autores:
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia.
Ponente:
honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive.
Publicaciones:
Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 564 de 2012.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 676 de 2012…
… Están anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión de
Comisión señor Presidente.
El
Presidente, Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, levanta la sesión y
convoca para el próximo martes a las 10:00 a. m.” (Resalta
la Sala) (Fls. 23 y 39, cuad. 1 pruebas)
(iv) La siguiente sesión se
realizo el 30 de octubre de 2012, en esa sesión se hizo un tercer anuncio para
la votación del proyecto de Ley por el Secretario de la Comisión Segunda del
Senado, tal como consta en el Acta No. 14 de esa fecha publicada en la Gaceta
del Congreso No. 395 del 7 de junio de 2013 en la que se
lee textualmente:
“…La señora Presidenta de la
Comisión Segunda, honorable Senadora Myriam Alicia Paredes, informa:
Solicitamos
a los señores asesores, notificar a los honorables Parlamentarios miembros de la
Comisión Segunda que en diez (10) minutos tomaremos lista de asistencia e
iniciaremos con el debate. (…) Señor Secretario sírvase llamar a lista y
verificar el quórum…
…La
señora Presidente Myriam Alicia Paredes Aguirre:
Respetamos
y hemos dado el tiempo suficiente señor Parlamentario para que usted intervenga
y también tienen derecho los funcionarios a responder las apreciaciones de los
Congresistas, sírvase señor Secretario dar lectura a los proyectos de ley que
serán discutidos en la sesión del día de mañana.
El
señor Secretario Diego Alejandro González González:
Por
instrucciones de la señora presidenta de la
Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncia la discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión. (Artículo 8° del Acto legislativo número 01 de 2003):
… Proyecto de ley número 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de
personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia.
Ponente:
honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive.
Publicaciones:
Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 564 de
2012.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 676 de 2012.
El
señor Secretario Diego Alejandro González González informa que están anunciados
los proyectos de ley para la próxima sesión.
La
señora Presidente Myriam Alicia Paredes Aguirre, se levanta la sesión y se
convoca para el día de mañana, a partir de las 10:00 a. m.”
(Fls. 39 y 60 revés, cuad. 1 pruebas)
(v) La siguiente sesión se
llevó a cabo el viernes 31 de octubre de 2012. Revisada por esta Corporación
el Acta No. 15 del 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta No.
396 del 7 de junio de 2013, esta Sala evidencia que efectivamente la
discusión y aprobación del Proyecto de Ley en estudio se llevó a cabo en la
siguiente sesión para la cual fue anunciado previamente. Así en la Comisión
Segunda del Senado se discutió y aprobó por unanimidad en primer debate
el Proyecto de Ley No. 102 de 2012 Senado, el día 31 de octubre de 2012,
Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de
personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011. (Fls. 63-64 reverso, cuad.
1 Pruebas).
Según
consta en la Gaceta del Congreso No. 396 de 2013, la aprobación
se llevó a cabo en los siguientes términos:
“El
Secretario, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al Proyecto
de ley número 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
tratado sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de
sentencias penales, entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Autores: Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Justicia.
Ponente: honorable Senadora Alexandra
Moreno Piraquive.
Publicaciones:
Texto del Proyecto de ley Gaceta
del Congreso número 564de 2012.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del
Congreso número 676 de 2012.
Hace uso de la palabra la
Senadora ponente, Alexandra Moreno Piraquive:…
Continúa la señora Presidente, Senadora
Myriam Paredes Aguirre:
Señor Secretario, sírvase dar lectura a
la proposición con que termina la ponencia.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González, da lectura a la
proposición:
Por las consideraciones anteriormente
expuestas, me permito rendir ponencia favorable para primer debate al Proyecto
de ley 102 de 2012, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre el
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales,
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito
en la ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Solicito a la honorable Comisión
Segunda, dar aprobación para que este importante Tratado continúe su trámite
legislativo. De los honorables Senadores Alexandra Moreno Piraquive,
Senadora de la República.
Está leída la proposición con que
termina el informe de ponencia señora Presidenta….
…La señora
Presidente, senadora Myriam Paredes Aguirre, informa:
Que seguimos en
consideración con la proposición con que termina el informe del Proyecto de ley
número 102 de 2012. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda
cerrado. Aprueba la Comisión el informe de la ponencia.
El Secretario
de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, informa:
A la señora
Presidencia que ha sido aprobado por los Senadores de la
Comisión, el informe de ponencia del Proyecto de ley 102 de 2012 Senado.
La señora
Presidente, Senadora Myriam Paredes Aguirre, solicita al Secretario dar lectura
al articulado del proyecto.
El Secretario
de la Comisión, doctor Diego Alejandro González, informa:
A la
Presidencia que la
Senadora Alexandra Moreno ha pedido la omisión de la lectura del
articulado.
La señora
Presidente, senador Myriam Paredes Aguirre:
Somete a
consideración de los Senadores de la
Comisión, la omisión de lectura del articulado, y la aprobación del articulado
del proyecto. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo
aprueba la Comisión.
El Secretario,
doctor Diego Alejandro González González, informa:
A la señora
Presidente, que los Senadores de la
Comisión han aprobado la omisión de lectura del articulado y el
articulado del proyecto.
Se continúa con
la lectura al título del proyecto de ley.
El Secretario,
doctor Diego Alejandro González González, procede con la el título del
proyecto:
Proyecto de ley
102 de2012 Senado, por medio de la cual se aprueba
el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de
sentencias penales, entre la
República de Colombia y los Estados Unidos de México, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Está leído el
título del proyecto señora Presidenta.
La señora
Presidenta, Senadora Myriam Paredes Aguirre:
Somete a consideración
de los Senadores de la Comisión el título del proyecto de ley leído,
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Aprueba la
Comisión el título leído.
El Secretario
de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, informa:
A la
Presidente que ha sido aprobado por los Senadores de la
Comisión el título del Proyecto de ley número 102 de 2012 Senado.
La señora
Presidente, Senadora Myriam Paredes Aguirre, pregunta:
A los Senadores
de la Comisión si quieren que este proyecto de ley tenga segundo
debate.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa:
A la
Presidente que los Senadores de la
Comisión sí quieren que este proyecto de ley si tenga segundo debate.
La señora
Presidente, Senador Myriam Paredes Aguirre, nombra como ponente para el segundo
debate a la Senadora Alexandra Moreno Piraquive.
Se continúa con
el Orden del Día.” (Fls. 63-64, cuad. 1 Pruebas) (Resalta la
Sala).
En síntesis, la Corte constata que la consideración, discusión
y aprobación del Proyecto de Ley 102 de 2012 se llevó a cabo efectivamente
el 31 de octubre del 2012, con el quórum requerido, según consta en
el Acta No. 15 de la misma fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 396 de 2013, y la votación fue unánime por parte de los
trece senadores que respondieron a lista. De esta manera, evidencia esta
Corporación que la votación se llevó a cabo respetando las excepciones
previstas a la regla general de votación nominal y pública consagrada en el artículo 133 de la
Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de
2009, y el artículo 2º de la ley 1431 de 2011, y de acuerdo con el artículo 1º
de la ley 1431 de 2011 que modificó el artículo 129 del Reglamento del
Congreso, en el cual se prevén expresamente las excepciones a esta regla
general de votación nominal y pública, dentro de las cuales se encuentra la
existencia de “unanimidad por parte de la
respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado
de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de
sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se
someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los
artículos respecto de los cuales existan discrepancias”. (Resalta
la Sala)
En este sentido, la
Corte constata que el proyecto se votó en primer debate por unanimidad
mediante votación ordinaria, se aprobó la omisión de la lectura del
texto del articulado y se aprobó el título del proyecto, y los Senadores de la
República no manifestaron disentimiento alguno en relación con el articulado,
ni solicitaron la realización de votación nominal y pública, y aprobaron el
proyecto para que se llevara a cabo el segundo debate en Plenaria, razón por la
cual y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación no se requiere
un estudio adicional acerca de la exigencia de votación nominal y pública del
proyecto de ley.
2.2.3.2 Segundo debate en
Plenaria del Senado
2.2.3.2.1
En relación con el trámite legislativo surtido en la
Plenaria del Senado, el Secretario General de esa Corporación allegó
Certificación a esta Corte informando que “el proyecto de ley No. 102 de
2012 Senado “Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en
la ciudad de México el 1º de agosto de 2011”
se tramitó en segundo debate de la siguiente manera:
2.2.3.2.2
“Fue anunciado en la
sesión plenaria del día 13 de noviembre de 2012, como consta en el Acta
No. 29, publicada en la Gaceta del Congreso No. 58 de 2013.
Que el proyecto de ley fue
aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales,
legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria conforme al artículo 129
de la Ley 5ª de 1992, con un quórum deliberatorio y decisorio de 95 de 100
senadores y el voto negativo de la
Senadora Gilma Jiménez Gómez, en la sesión plenaria del día 14 de
noviembre de 2012, como consta en el Acta No. 30, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 44 de 2013”. (Fl.
173, cuad. 3 pruebas)
2.2.3.2.2 De la revisión del
expediente legislativo allegado a esta Corporación, la Sala constata lo
siguiente:
(i) La ponencia para segundo
debate y texto definitivo aprobado en primer debate por la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República al proyecto de Ley No. 102
de 2012 Senado, fue presentado por la Senadora Alexandra Moreno
Piraquive y publicado en la Gaceta del Congreso No. 801 del 13 de
noviembre de 2012 (Fls. 20 y 21,  cuad. 1 pruebas)
(ii) El Proyecto de Ley fue
anunciado para votación en la Plenaria del Senado el 13 de noviembre
de 2012, como consta en el Acta No. 29 de
esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 58 de
2013 en la que se lee textualmente:
“II Anuncio de proyectos
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Anuncio
de proyectos para la
Sesión Plenaria del 13 de noviembre del 2012, Senado de la
República.
Proyectos
para discutir y votar en la próxima Sesión Plenaria del Senado de la
República.
Con
ponencia para segundo debate:
Proyecto
de ley número 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias
penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Están
leídos y anunciados los proyectos para la próxima sesión, señor Presidente,
adicionales….
Siendo las 11:35 p. m.,  la
Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 14 de
noviembre de 2012, a las 10:00 a. m. para Congreso Pleno y a las
3:00 p. m. a la sesión plenaria de Senado.” (Fls. 25, 57, 14
revés. Cuad. 2 pruebas)
De conformidad con lo
anterior, una vez revisada el Acta No. 29 del 13 de noviembre de
2012, publicada en la Gaceta No. 58 del 19 de febrero de 2013, esta
Corporación constata que el proyecto de Ley No. 102 de 2011 Senado, por la cual
se aprueba el “Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en
la ciudad de México el 1º de agosto de 2011”
fue efectivamente anunciado debidamente para discusión y votación
de proyectos de Ley para el día 14 de noviembre de 2012.
(iii) Revisada el Acta
No. 30 del 14 de noviembre de 2012 publicada en Gaceta No. 44
de 2013, esta Corporación constata que efectivamente en la sesión Plenaria
del Senado del 14 de noviembre de 2012, se debatió y aprobó por mayoría el
proyecto de Ley 102 de 2012 Senado con la asistencia y votación 95 de 100
Senadores, con el voto negativo de la
Senadora Gilma Jiménez Gómez. (Fl. 112., cuad. 2 pruebas).
Según
consta en la Gaceta del Congreso No. 44 de 2013, la aprobación
del proyecto se llevó a cabo en los siguientes términos:
“Lectura
de ponencias y consideración de Proyectos en Segundo Debate
Proyecto de ley número 102 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba el
Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias
penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos, suscrito en la
Ciudad de México e l 1º de agosto de 2011.
La Presidencia indica
a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el
Informe.
Por Secretaría se da lectura a la
proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia.
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, ésta
le imparte su aprobación.
Deja constancia de su voto negativo a la
proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia, del Proyecto de
ley número 102 de 2012 Senado, la honorable Senadora Gilma Jiménez Gómez.
Se abre segundo debate
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y,
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta
responde afirmativamente.
La Presidencia indica
a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título
del Proyecto de ley número 102 de 2012 Senado, por medio de la cual
se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución
de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito
en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Leído este, la
Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites constitucionales,
legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta:
¿Quieren los Senadores presentes que el
Proyecto de ley aprobado surta su trámite en la
Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.
Deja constancia de su voto negativo a la
aprobación del Proyecto de ley número 102 de 2012 Senado, la honorable Senadora
Gilma Jiménez Gómez.
La Presidencia indica
a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto.”
(Resalta la Sala)
El
texto aprobado por el Senado de la
República del proyecto de Ley 102 de 2013 fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 44 del 11 de febrero de 2013.
En síntesis, la
Sala concluye que el mencionado proyecto fue considerado, debatido y aprobado en
Sesión Plenaria del Senado de la
República el día 14 de noviembre de 2012, fue publicado en
la Gaceta del Congreso No. 44 del 4 de septiembre de 2013, y
que se cumplió con el quórum requerido y fue aprobado el Proyecto de Ley 102 de
2012, por 94 de los 95 senadores asistentes. (Fl. 112, cuad. 2 pruebas)
La Corte encuentra que el proyecto se votó por 95 Senadores con un voto
negativo y se realizó mediante votación ordinaria, de manera que esta
Corporación evidencia que la votación se llevó a cabo desconociendo las
excepciones previstas a la regla general de votación nominal y pública
consagrada en el artículo
133 de la
Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de
2009, y el artículo 2º de la ley 1431 de 2011, y el artículo 1º de la ley 1431
de 2011 que modificó el artículo 129 del Reglamento del Congreso, en el cual se
prevén expresamente las excepciones a la regla general de votación nominal y
pública, dentro de las cuales se encuentra la existencia de “unanimidad por
parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte
del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada
por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca
la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las
diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan
discrepancias”. (Resalta la Sala)
De esta manera, la
Sala constata que existió una clara manifestación y constancia de disenso desde
el inicio del debate frente al informe de ponencia por parte de la senadora
Gilma Jiménez Gómez, de manera que para la
Corte la Presidenta del Senado debió proceder a realizar la votación a través
de la regla general de votación nominal y pública, cosa que no hizo, y antes
bien se realizó una votación ordinaria, con omisión de la lectura del
articulado, de forma que no hubo debate en relación con los artículos que se
aprobaron, situación que para la Sala constituye un vicio de procedimiento de
carácter insubsanable, que se analizará más adelante en detalle por este
Tribunal, una vez culminado el análisis total del trámite legislativo.
2.2.4 Trámite Legislativo
ante la Cámara de Representantes
2.2.4.1 Primer debate en la
Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes
2.2.4.1.1 En relación con el
trámite legislativo surtido en la
Comisión Segunda de la Cámara, la
Secretaria de esa Comisión certificó a esta Corporación respecto del anuncio
para votación que “El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento del
artículo 8 del acto legislativo No. 1 de 2003 para su discusión y votación se
realizó en sesión del día 24 de septiembre de 2013, Acta 13, la cual
esta publicada en la Gaceta del Congreso No. 888 del 5 de noviembre
de 2013, paginas de la 36 a la 48…”
Respecto del debate y
aprobación en primer debate en la
Cámara de Representantes, la
Secretaria General de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes, certificó a esta Corporación que  “En sesión
del 1 de octubre de 2013, Acta No. 14, se le dio primer debate y se
aprobó en votación ordinaria de acuerdo al art. 129 de la
Ley 5ª de 1992 (Ley 1431 de 2011), Proyecto de Ley No. 213/12 Cámara, 102/12
Senado “Por medio del cual se aprueba el
Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias
penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011”
sesión a la cual asistieron 15 Honorables Representantes…”  (Fl 28, cuad. ppal) (Resalta la
Sala)
2.2.4.1.2 Del estudio del
expediente del trámite legislativo surtido ante la Cámara de Representantes
esta Corte constata lo siguiente:
(i) El informe de ponencia y
texto de aprobación para primer debate en la
Comisión Segunda Permanente Constitucional de la
Cámara, el Proyecto de Ley No 213/12 Cámara, 102/12 Senado, por
medio del cual se aprueba el “Tratado sobre
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011”, fue
presentado por el Representante Juan Carlos Sánchez Franco, y
publicado en la Gaceta No. 706 del 11 de septiembre de 2013. (Fls.
140 y 141, cuad. 1 pruebas)
(ii) El Proyecto de Ley fue
anunciado en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes en 7 oportunidades: los días 13, 20 y 27 del agosto
de 2013 como consta en las Actas 5, 6 y 7 respectiva y consecutivamente,
publicadas en las Gacetas del Congreso No. 708 del 11 de septiembre de 2013
y No. 761 del 25 de septiembre de 2013; y los días 3, 10, 17, y 24 de
septiembre de 2013 como está señalado en las Actas 8, 10, 12 y 13
respectiva y consecutivamente, las cuales fueron publicadas en las Gacetas
del Congreso No. 781 del 30 de septiembre de 2013, No. 827 del 11 de octubre de
2013 y No. 888 del 5 de noviembre de 2013. Los anuncios de cada una de las
actas se realizó en los siguientes términos:
Anuncio 1, Acta No 5 del 13 de agosto de
2013:
“Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
V: Anuncios de
proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar
cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 para
aprobación en próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos
de ley. De acuerdo con lo expresado por el señor Presidente y lo ordenado por
él en esta sesión, me permito hacer los siguientes anuncios…
Proyecto de ley
número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Ponente: honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco.
… Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable
Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Agotado el Orden
del Día y no existiendo temas para el día de mañana, se convoca la
Comisión para el próximo martes a las 10 y media de la mañana.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Así se hará
señor Presidente.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo
Pedraza Ortega:
Muchas gracias.
Se levanta la
sesión a las 11:35 a. m.”  (Gaceta del Congreso No. 708 de 2013)
(Resalta la Sala)
Anuncio 2, Acta No. 6 del 20 de agosto
de 2013:
“Hace
uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo
Pedraza Ortega: (…)
Le quiero
solicitar a la señora Secretaria que para la próxima están, nosotros
anunciamos la vez pasada para evitarnos estas dificultades, se anunciaron todos
los proyectos que están hoy en el Orden del Día. De conformidad con la
Ley 5ª, continuarán en el primer punto del Orden del Día y están
debidamente anunciados los proyectos para que no tengamos absolutamente ningún
tipo de problema de orden jurídico. Aquí continuarán los proyectos que ya
fueron anunciados en la sesión anterior y que están hoy publicados en el Orden
del Día.
Le voy a rogar a
la señora Secretaria que para la próxima sesión aquí tendremos que invitar a la
señora Canciller y a la señora Ministra de Justicia para el tema del tratado
sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias
penales, dentro de la República de Colombia y los Estados Unidos (…)
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anuncios de
proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate. Señor Presidente
usted ya se ha manifestado en el sentido de que los que no se trataron hoy y
que están en el Orden del Día continúan para dar cumplimiento al artículo 8°
del Acto Legislativo número 01 de 203 y para aprobar en la próxima sesión de
Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley con el objetivo de que
la cadena de anuncios que ordena la
Corte Constitucional se conserve.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Sí, debo
dejar constancia que estos proyectos han sido debidamente anunciados por la
Secretaría desde la sesión anterior. Siguiente punto del Orden del
Día.
(…)
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Agotado el Orden
del Día se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10:30
de la mañana”. (Gaceta del Congreso No 761/ 13 vía
electrónica) (Énfasis de la Sala)
Anuncio 3, Acta No. 7 del 27 de agosto
de 2013:
“Hace
uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo
Pedraza Ortega: (…)
Siguiente punto
del Orden del Día.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
V. Anuncio de
proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar
cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003.
Proyectos que serán debatidos y votados en la próxima sesión de Comisión donde
se discutan y aprueben proyectos de ley, tal como lo dijo el señor
Presidente, son los mismos proyectos que están en este Orden del Día señor
Presidente, que en su totalidad son diez (10) proyectos de ley y que vienen
anunciándose desde el pasado 13 de agosto, consecutivamente el 20 de agosto y
el día de hoy honorables Representantes tal como lo ordena el señor
Presidente.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Siguiente punto
del Orden del Día.
(…)
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Agotado el Orden
del Día se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 y
media de la mañana y el día miércoles para el debate de
control político que estaba citado para el día de mañana. Muchas gracias”.
(Gaceta del Congreso No 761/ 13 vía electrónica) (Resalta la
Sala)
Anuncio 4, Acta
No. 8 del 3 de septiembre de 2013: “Hace uso
de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Como le he dicho
a los colegas, mientras yo esté aquí en la
Presidencia no voy a darle trámite a Proyectos que no tengan el quórum
decisorio. Sírvase anunciar Proyectos que no hayan sido anunciados para la
próxima sesión que será el martes a las 10 y media de la mañana y el
miércoles tendremos debate de control político. Sírvase anunciar los proyectos
señora Secretaria.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:
Como usted lo
ordene señor Presidente.
V. Anuncio
de proyectos de ley para discusión y aprobación en Primer Debate, para dar
cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003 para ser
discutidos y votados en la próxima sesión de Comisión donde se discutan y
aprueben Proyectos de ley. Además de los Proyectos de ley anunciados en
los días 13 y consecutivamente 20 y 27 de agosto de 2013, se anuncian los
que ya vienen que están en el Orden del Día de hoy y el siguiente Proyecto de
ley de manera también expresa.
(…)
Hace uso de la
palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Todos los
Proyectos que están pendientes señora Secretaria.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:
Han sido también
anunciados expresamente en las sesiones respectivas señor Presidente.
(…)
Hace uso de la
palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Quiero reiterar
que todos los Proyectos que están a consideración de esta Comisión han sido
debidamente anunciados y por eso he pedido que queden permanentemente en los
órdenes del día para que a medida que vayan presentando
las ponencias y les ruego el favor, yo mismo tengo dos ponencias que tengo que
rendir, para que no nos coja el tiempo.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:
Sí señor
Presidente.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
(…) Bueno,
agotado el Orden del Día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las
10 de la mañana”. (Gaceta del Congreso No 781/ 13 vía
electrónica) (Negrillas fuera de texto)
Anuncio 5, Acta No. 10 del 10 de
septiembre de 2013:
“Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión, doctor Telésforo
Pedraza Ortega:
Y se designa
ponente al honorable Representante Iván Cepeda. Siguiente punto del orden del
día.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Hasta ahí
hay publicación señor Presidente. El siguiente, anuncios de proyectos de ley
para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo
8° del Acto Legislativo número 01 de 2013. Para ser discutidos y votados en la
próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Hace uso de la
palabra el Presidente de la Comisión, doctor Telésforo Pedraza
Ortega:
Como hemos hecho
estricto cumplimiento de lo mandado por la
Constitución, están por eso agendados en el Orden del Día y anunciados
debidamente todos los proyectos que están pendientes de discusión en la
Comisión. Además de conformidad con la
Ley 58 continuarán exactamente en el próximo orden del día los
proyectos que no han tenido discusión, pero que han sido debidamente anunciados.
Siguiente punto del Orden del Día…
Hace uso de la
palabra el Presidente de la Comisión, doctor Telésforo Pedraza
Ortega:
(…)
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Así se hará para
mañana a las 10:00 de la mañana. A
las 11:25 se levanta la sesión.”.
(Gaceta del Congreso No 827/ 13 vía electrónica) (Resalta la
Sala)
Anuncio 6, Acta
No 12 del 17 de septiembre de 2013: “Hace uso
de la palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza
Ortega:
Así se hará
Representante Mesa, queda aplazado el presente debate para de mañana en ocho
(8) días. Siguiente punto señora Secretaria.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias
Entonces
continúo señor Presidente con los anuncios de los proyectos de ley para ser
discutidos y votados en la próxima sesión de Comisión.
Proyecto de ley
38 de 2013 Cámara.
Proyecto de ley
340 de 2013 Cámara.
Proyecto de ley
213 de 2012 Cámara.
Proyecto de ley
324 de 2013 Cámara.
Proyecto de ley
336 de 2013 Cámara.
Proyecto de ley
341 de 2013 Cámara.
Proyecto de ley
348 de 2013 Cámara.
Proyecto de Ley
329 de 2013 Cámara.
Señor Presidente
esos son los proyectos de ley que se anunciaron debidamente para dar
cumplimiento al artículo 8º del Acto legislativo número 01 de 2003 para ser
discutidos y votados en próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben
proyectos de ley, señor Presidente.
(…)
Hace uso de la
palabra el señor Presidente honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Agotado el Orden
del Día se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10:30
de la mañana, muchas gracias”. (Gaceta del
Congreso No 888/13, Fls. 53-53, cuad. ppal)  (Resalta la
Corte)
Anuncio 7, Acta
No. 13 del 24 de septiembre de 2013: “Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
(…)
Siguiente punto
del Orden del Día señora Secretaria.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con gusto señor
Presidente.
V. Anuncio de
proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, usted
ordena señor Presidente si volvemos a anunciar el segundo porque el primero ya
no se anuncia
(…)
…Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
(… ) Sírvase
señora Secretaria anunciar ese proyecto para la próxima semana
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con gusto señor
Presidente. Para dar cumplimiento al Acto legislativo número 01 de 2003, en su
artículo 8º. Se anuncia el siguiente proyecto de ley tal como me lo ordena el
señor Presidente.
Proyecto de ley
número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, “por
medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Ponencia primer
debate Cámara: Gaceta número 706 de 2013
Hecho el anuncio
ordenado por usted señor Presidente.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Se levanta la
sesión y se convoca para el día de mañana a las 10 de la mañana, siempre y
cuando que los señores Ministros confirmen su presencia.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Señor Presidente
me permito aclarar el anuncio en el sentido de que se debatirá y votará en
la próxima sesión donde se discutan y voten proyectos de ley. El próximo
martes, ¿me recuerda señora Subsecretaria ¿qué día es? El próximo martes 1º
de octubre, ya quedó con fecha cierta y determinada.
Se levanta la
sesión a las 11:39 a. m.” (Gaceta del Congreso No 888 de 2013,
Fls. 58-59, cuad. ppal)  (Negrillas de la
Corte)
De conformidad con lo
anterior, una vez revisada por esta Corte las Actas No. 5 del 13 de agosto de
2013, publicada en la Gaceta del Congreso; No. 708 del 11 de septiembre de
2013; No. 6 del 20 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 761 del 25 de septiembre de 2013; No. 7 del 287 de agosto de 2013,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 761 del 25 de septiembre de 2013; No.
8 del 3 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso No. 781
del 30 de septiembre de 2013; No. 10 del 10 de septiembre de 2013, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 827 del 11 de octubre de 2013; No. 12 del 17 de
septiembre de 2013, publicada en la Gaceta No. 888 del 5 de noviembre de
2013; y No. 13 del 24 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 888 del 5 de noviembre de 2013; esta Corporación constata que el Proyecto
de Ley No 213/12 Cámara, 102/12 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la
ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
Ciudad de México e l 1º de agosto de 2011”,
fue anunciado 7 veces para discusión y votación de proyectos de Ley “Por
instrucciones del presidente de la
Comisión Segunda de la Cámara de la
Representantes”, de manera que no se rompió la cadena de anuncios para
votación, puesto que en cada sesión se manifestó clara y expresamente que se
volvían a anunciar para votación los proyectos previamente anunciados en sesión
anterior y que se encontraban en el orden del día, o se hizo mención expresa
del proyecto de ley a anunciar, y lo más importante, es que el proyecto de ley fue
anunciado para votación y aprobación en la sesión inmediatamente anterior a su efectiva
votación y aprobación, tal y como lo exige el artículo 160 CP. (Gacetas
del Congreso de 2013 No. 708, 761, 781, 827 y Fls.
53-53 y 58-59, cuad. ppal).
(iii) Revisada por esta
Corporación el Acta No. 14 del 1º de octubre de 2013,
publicada en la Gaceta No. 919 del 14 de noviembre de 2013, esta
Sala constata que efectivamente en la
Comisión Segunda de la Cámara se discutió y aprobó por unanimidad en primer
debate en la Cámara el proyecto de Ley No 213/12 Cámara, 102/12 Senado, por
medio del cual se aprueba el “Tratado sobre traslado
de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito
en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011”,
para el cual fue efectivamente anunciado previamente para discusión y
aprobación en la sesión anterior del 14 de noviembre de 2013. La aprobación se
cumplió con un quórum deliberatorio de quince (15) Representantes (Fls. 31-34,
cuad. ppal.)
Según
consta en la Gaceta del Congreso No. 919 de 2013, la aprobación
del proyecto en primer debate el 1º de octubre de 2013 en la
Cámara de Representantes
se llevó a cabo de la siguiente manera:
“Discusión
y aprobación de Proyectos de ley en primer debate, anunciado en sesión del 24
de septiembre de 2013.
Proyecto de ley número 213 de 2012
Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos,
suscrito en la ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Autor(es): Ministra de Relaciones
Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar; y Ministra de Justicia y
del Derecho, doctora Ruth Stella Correa Palacios.
Ponente(s): honorable
Representante Juan Carlos Sánchez Franco.
Publicaciones Reglamentarias:
Texto Proyecto de ley Gaceta del
Congreso número 564 de 2012.
Ponencia primer debate Senado Gaceta
del Congreso número 676 de 2012.
Ponencia segundo debate Senado Gaceta
del Congreso número 801 de 2012.
Ponencia primer debate Cámara Gaceta
del Congreso número 706 de 2013.
Citados para información: Ministra de
Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar, quien se
excusa y delega a la doctora Mónica Lanzetta.
Ministro de Justicia y del Derecho,
doctor Alfonso Gómez Méndez, quien se encuentra con nosotros. Ese es el
Proyecto de ley señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Señora
Secretaria sírvase leer la proposición con que termina el informe de ponencia.
Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Mientras llega la señora Viceministra,
doctor Alfonso Gómez Méndez, Ministro de Justicia y del Derecho le concedo el uso
de la palabra.
Hace uso de la palabra el señor Ministro
de Justicia y del Derecho, doctor Alfonso Gómez Méndez:…
… Hace
uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:
Sometemos en bloque a consideración
de la Comisión el articulado del proyecto, se abre la discusión, va a
cerrarse, queda cerrada, ¿la aprueba la
Comisión?
Hace uso de la palabra la
Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el articulado señor
Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente
de la Comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:
Las formalidades de ley señora
Secretaria.
Hace uso de la palabra la
Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Título del proyecto, por medio de
la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la
ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Y el señor Presidente les pregunta si
aprueban este título del proyecto leído y quieren que este proyecto sea ley
de la República y pase a Segundo Debate en Cámara de Representantes.
Hace uso de la palabra el Presidente
de la Comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:
Pregunto a la
Comisión si aprueban las formalidades leídas por la señora Secretaria, se
abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la comisión?
Hace uso de la palabra la
Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí lo aprueba señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente
de la Comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:
Se nombra como ponente, al honorable
Representante Juan Carlos Sánchez…”
En síntesis, la Sala
constata que el mencionado Proyecto de Ley fue debatido y aprobado por
unanimidad en Sesión ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara el 1 de
octubre de 2013 con el quórum deliberatorio y decisorio requerido, con la
presencia de 15 Representantes y votación unánime de los mismos.
La
Corporación evidencia que se votó por unanimidad el proyecto, la aprobación se
realizó en votación ordinaria, se hizo omisión de la lectura del articulado y
los representantes a la Cámara estaban todos de acuerdo en lo proyectado y no
hubo ningún disenso, ni ninguna discusión en contra de lo aprobado, ni
solicitud de que se realizara la votación de manera nominal y pública de manera
que no se desconoció el artículo
133 de la
Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de
2009, y el artículo 2º de la ley 1431 de 2011, y la votación se llevó a cabo
con base en la excepción de unanimidad que prevé el artículo 1º de la ley 1431
de 2011 que modificó el artículo 129 del Reglamento del Congreso.
2.2.4.2.1 En relación con el
trámite legislativo surtido ante la Plenaria de la
Cámara de Representantes, el Secretario General de esa Corporación certificó a
esta Corte que “en Sesión Plenaria de la
H. Cámara de Representantes del día 19 de noviembre 2013, que consta en el Acta
No 250, a
la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y un (151) Honorables
Representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en
votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, título y la
pregunta “Quiere la plenaria que este tratado sea Ley de la
República” del Proyecto de ley
número 213 de 2012 Cámara -102 de 2012 Senado, hoy Ley 1688 “por medio de
la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas para la
ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011”.
“… Que en al trámite del
proyecto de ley mencionado no surgieron discrepancias en las Cámaras respecto
del mismo, por lo tanto no dio lugar a etapa de conciliación….” (Fl. 62,
cuad. ppal)
El texto definitivo de la
Plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 213 de 2012 Cámara -102 de 2012 Senado, se
publicó en la Gaceta
del Congreso No. 949 del 22 de noviembre de 2013.
2.2.4.2.2 Del análisis
efectuado por esta Corporación del expediente del trámite legislativo ante la
Plenaria de la Cámara de Representantes, la Sala colige lo siguiente:
(i) En relación con el
segundo debate en Plenaria de la
Cámara, en el expediente legislativo se encuentra que el informe de ponencia
para segundo debate y texto para aprobar en Plenaria de la
Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 213
de 2012 Cámara -102 de 2012 Senado, “por
medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011”, fue presentado por el
Representante a la Cámara, Juan Carlos Sánchez Franco, y
publicado en la Gaceta No. 890 del 5 de noviembre de 2013.
(ii) Con respecto al anuncio
para debate y votación del proyecto en comento, la
Secretaria General de la Cámara de Representantes certificó a esta Corporación
“Que el proyecto de ley en comento fue anunciado previamente a la votación
en la sesión Plenaria del día 13 de noviembre de 2013, según consta en el Acta
No 249, para la sesión Plenaria del día 19 de noviembre de 2013 o para la
siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan Proyectos de Ley o Actos
Legislativos, cumpliendo de esa manera con lo establecido en el inciso final
del artículo 160 de la
Constitución Política” (Fl. 62, cuad. ppal).
La Sala evidencia que
el 6 de noviembre de 2013 se anunció por primera vez para discusión y
aprobación el Proyecto de Ley, como consta en el Acta de Plenaria No 247 de
esa fecha y publicada en la Gaceta del Congreso No. 36 del 12 de
febrero de 2014, de la siguiente manera:
“Legislatura del
20 de julio de 2013 - 20 de junio de 2014
Señor
Secretario, anuncie proyectos para el próximo martes.
La
Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza
Ramírez:
Señor
Presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley para el día 12 de
noviembre del año 2013 o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se
debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 01
de julio 3 del 2003, en su artículo 8º…
Proyecto de ley
número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales, entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el primero de agosto del 2011…
Señor
Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley.
Dirección de la
sesión por la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Gracias señora
Secretaria.
Se levanta la
sesión, se cita para el próximo martes, 12 de noviembre a las 3:00 p. m.”
(Gaceta del Congreso No 36/14 medio electrónico) (Énfasis de la
Corte)
El segundo anuncio consta en el Acta
de Plenaria No. 248 del 12 de noviembre de 2013, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 37 del 12 de febrero de 2014,  donde se
lee:
“(…)
Dirección de la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Señora
Secretaria, sírvase anunciar proyectos para el día de mañana.
Subsecretaria
General, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí señor
Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión del día de
mañana, 13 de noviembre del año 2013…
Proyecto de ley
número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos,
suscrito en la ciudad de México el 1° de agosto de 2011…
Dirección
de la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Se levanta la
sesión siendo las 7:12 p. m. Se cita para mañana miércoles, 13 de noviembre
a las 3:00 de la tarde. Muchas gracias.” (Gaceta del Congreso
No 37/14 medio electrónico) (Resalta la Sala)
El tercer anuncio del proyecto se reiteró
en la sesión del día 13 de noviembre de 2013, Acta de Plenaria No 249
correspondiente a la fecha referida y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 38 del 12 de febrero de 2014, en
los siguientes términos:
“(…)
Dirección de la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Señora
Secretaria sírvase anunciar proyectos.
Subsecretaria
doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa:
Sí señor
Presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley, para el próximo martes
19 de noviembre o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan
proyectos de ley o Actos Legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de
julio 3 de 2003 en su artículo 8°...
Proyecto de ley
número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de
México el 1° de agosto de 2011…
Señor
Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley.
Dirección
de la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Se levanta la
sesión, se cita para el próximo martes 19 de noviembre a las 3 de la tarde.
Muchas gracias.
Se levanta la
sesión Plenaria siendo las 7:02 p. m.”  (Fls. 65, 73
revés. cuad. ppal) (Resalta la Sala)
De conformidad con lo
anterior, y una vez revisadas por esta Corte las Gacetas donde constan las Actas
de los anuncios para votación, esta Corporación constata que el Proyecto de Ley
No. 213/12 Cámara, 102/12 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la
ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito
en la Ciudad de México e l 1º de agosto de 2011”,
fue anunciado 3 veces para discusión y votación de proyectos de Ley en debida
forma, de manera que no se rompió la cadena de anuncios para votación, y lo más
relevante, es que el proyecto de ley fue anunciado para votación y aprobación
en la sesión inmediatamente anterior a su efectiva votación y aprobación, tal y
como lo exige el artículo 160 CP.
(iii) El debate, aprobación
y votación del Proyecto de Ley No. 213 de 2012 Cámara
-102 de 2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos,
suscrito en la ciudad de México el 1° de agosto de 2011” se
realizó efectivamente el día 19 de noviembre de 2013, sesión para la cual fue
anunciado en la sesión anterior, y fue considerado y aprobado por unanimidad
por los 151 representantes que asistieron a la
Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes en esa fecha, tal y como consta
el Acta No. 250 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta
del Congreso No. 54 del 20 de febrero de 2014 . (Fls. 102-103,
cuad. ppal) El texto aprobado por la
Plenaria de la Cámara fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 949 del 22 de noviembre de 2013.
Según
consta en la Gaceta del Congreso No. 54 de 2014, la aprobación
en segundo debate
en la Plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en los siguientes
términos:
“La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Proyecto de ley número 213 de 2012
Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
La ponencia termina con la proposición
que dice: Por las consideraciones anteriores me permito rendir ponencia
favorable para Segundo Debate en la
Cámara de Representantes al Proyecto de ley número 213 de 2012 Cámara, 102 de
2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de
personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de
México el 1° de agosto de 2011, y solicito la aprobación para que este
importante tratado continúe su trámite legislativo.
Firma. Juan Carlos Sánchez Franco.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
En consideración el informe de ponencia
al Proyecto de ley número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011, se abre la discusión, anuncio que va
a cerrarse.
Tiene el uso de la palabra el
Representante Hugo Velásquez.
Palabras del honorable Representante
Hugo Orlando Velásquez Jaramillo.
Gracias Presidente. Hay un tema que
produce alguna colisión frente a nuestra problemática carcelaria que es
altamente conocida, y es precisamente la posibilidad de que presos de los
Estados Unidos Mexicanos sean trasladados a Colombia, y como este es un
proyecto que me parece deber ser lo suficientemente considerado por su
transcendencia y su importancia, le pediría al señor ponente que nos haga una
breve explicación, de lo contrario pediría la verificación del quórum.
La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Carlos Sánchez no se encuentra en estos
instantes en el recinto.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
No se encuentra, entonces tiene el uso
de la palabra la Representante Alba Luz Pinilla.
Palabras de la honorable Representante
Alba Luz Pinilla Pedraza:
Gracias Presidente. Lo que más motiva
aprobar este proyecto es una razón humanitaria. Este proyecto lo que busca
efectivamente como lo dijo el doctor Hugo, es un tratado entre Colombia y los
Estados Unidos sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de
sus sentencias penales en estos países, esto es que los condenados del país de
origen puedan solicitar venir a cumplir la pena en este país, es un acto
sencillamente de humanidad.
Todos los defensores de Derechos Humanos
conocen las condiciones de prisioneros de nuestros colombianos en las cárceles
mexicanas, entonces por la razón que sea, tengan las mínimas consideraciones
que podríamos hacer.
Le puedo decir esas consideraciones que
uno podría tener, es un tratado doctor, que dice lo siguiente.
El sentenciado tiene que haber cumplido
mínimo 12 meses de su pena y que su estado de salud sea crítico, hombre, con un
estado de salud crítico, me parece que es un proyecto que no debe someterse a
un aplazamiento; una persona que tiene un estado de salud crítico, que puede
morir, démosle la posibilidad de regresar al país, es un acto sencillamente
humanitario y aplica para los menores infractores y juveniles también para que
estén cerca a su casa.
De pronto el doctor Hugo dice que los
gastos de traslado deben ser asumidos por el país receptor, pero alguna
responsabilidad debe tener Colombia frente a este tratado, por lo tanto doctor
Hugo, usted que ha sido tan juicioso y sin esperar que uno de los ponentes
explique, creo que usted tiene que saber muy bien que la situación carcelaria
en México es muy grande, permitámosle entonces con todas esas normas que
colocan ahí, incluso me preguntaba, bueno, por qué prisioneros políticos no los
incluyen allá, no lo incluyen aquí, y eso sin embargo no me impide decir que el
resto del proyecto es una acción humanitaria que debemos apoyar. Gracias señor
Presidente, por lo tanto le solicito al doctor Hugo que le demos curso a este
proyecto.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Gracias Representante, tiene el uso de la
Palabra el Representante Germán Blanco.
Palabras del honorable Representante
Germán Alcides Blanco Álvarez:
Presidente, muchas gracias. En ese mismo
sentido doctor Hugo Velásquez, hacerle la solicitud que le ha hecho la doctora
Alba Luz Pinilla, y siento que este tipo de proyectos deberían ser más
frecuentes en el Congreso de la
República, que la misión que nos han encomendado tiene que ir más allá de
nuestras propias fronteras, coadyuvar a esos nacionales que se encuentran en
esa situación difícil purgando penas privativas de la libertad, que han
cumplido un mínimo preestablecido en el convenio y que se encuentran en una
situación de salud complicada.
Yo lo invito doctor Hugo Velásquez para
que usted retire la propuesta que ha hecho de la verificación del quórum, y
permita que proyectos de estos, aun con la ausencia del ponente respectivo,
pero que en su contenido siento que hay más explicación que la que nos pueda
dar el mismo ponente, pues pueda seguir su curso y avanzar y ser ley de la
República en un futuro cercano.
En el entendido se trata como dice la
doctora Alba Luz Pinilla, de una acción verazmente humanitaria. Gracias.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Gracias Representante, tiene el uso de
la palabra el Representante Hugo Velásquez.
Palabras del honorable Representante
Hugo Orlando Velásquez Jaramillo.
Presidente, la explicación que todos
queríamos corrió por cuenta de los que no son ponentes, y lo que me llama la
atención es que en el Congreso permanecemos hasta el final de la sesión
Congresistas que nos preocupamos por este y otros proyectos, mientras que los
que se ausentan desde temprano seguramente andan cobrando por su gestión,
cobrando ante el Gobierno, y creo que las razones que me da la doctora Alba Luz
Pinilla, desde luego el doctor Blanco, son suficientes Presidente, y no tengo
inconveniente en que el proyecto continúe su curso normal. Gracias.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Gracias doctor Hugo Velásquez.
En consideración el informe de ponencia
del Proyecto de ley número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas
para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de
México el 1° de agosto de 2011, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse
¿Aprueban los honorables Representantes el informe de ponencia?
La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto
Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Articulado señor Secretario.
La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto
Mantilla Serrano:
Tiene 3 articulados sin ninguna
proposición modificatoria.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
En consideración el articulado del Proyecto
de ley número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual
se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución
de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de
México el 1° de agosto de 2011, se abre la discusión, anuncio que va a
cerrarse, ¿Aprueban los honorables Representantes el  articulado?
La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto
Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Título y pregunta señor Secretario.
La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto
Mantilla Serrano:
Proyecto de ley número 213 de 2012
Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011, y como en el día de hoy cumple el
cuarto debate, se le pregunta a la Plenaria si quiere que este proyecto sea ley
de la República.
Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
En consideración el título del Proyecto
de ley número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual
se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución
de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de
México el 1° de agosto de 2011, y la pregunta si quieren los honorables
Representantes que este proyecto sea ley de la
República, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada
¿Aprueban los honorables Representantes?
La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto
Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.” (Énfasis de la
Sala)
De conformidad con lo anterior y una vez revisada el Acta
No. 250 del 19 de noviembre de 2013, la cual se encuentra contenida
la Gaceta
del Congreso No. 54 del 20 de febrero de 2014, esta Corporación
constata que en Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes  del día
19 de noviembre de 2013 se debatió y aprobó por unanimidad el Proyecto
de ley número 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, con
la asistencia de 151 Representantes, cumpliendo con el quórum deliberatorio y
decisorio. Así mismo, por no haberse presentado disenso alguno, haberse votado
por unanimidad, la Sala evidencia que no se presentó desconocimiento del artículo 133 de la
Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de
2009, ni del artículo 2º de la ley 1431 de 2011, y la votación se llevó a cabo
de conformidad con la excepción de unanimidad prevista por el artículo 1º de la
ley 1431 de 2011 que modificó el artículo 129 del Reglamento del Congreso. En
consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, por
encontrarse dentro de las excepciones previstas por la ley, no se hace
necesario el análisis del cumplimiento del requisito de votación nominal y
pública.
2.2.5 Finalmente, el
Presidente de la República sancionó la Ley el día el 16 de diciembre de
2013 y el texto del tratado junto con el de la Ley, fue radicado en la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 18 de diciembre de 2013
por la Secretaría Jurídica e la
Presidencia de Colombia, Oficio 13-00148603/JMSC 33020 del 16 de diciembre de
2013. (Fl. 1, cuad. ppal.)
2.3
Conclusiones del examen formal realizado respecto del trámite legislativo
Del
estudio previo, la Sala llega a las siguientes conclusiones:
2.3.1 El trámite del
proyecto de Ley aprobatoria de tratado en consideración, cumplió con lo
regulado en el artículo 154 Superior, en cuanto al ser un proyecto que se
refiere a relaciones internacionales, debe tener su inicio en el Senado de la
República.
2.3.2 Este Tribunal
constata que se cumplió con las exigencias constitucionales de publicación de
las ponencias respectivas en cada Cámara y en cada uno de los debates
requeridos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 157
Superior en la tramitación legislativa ante el Senado de la
República, así como ante la Cámara de Representantes. Además, en la
tramitación legislativa que ocupa a esta Corporación en esta oportunidad, se
dio cumplimiento a lo establecido en los arts. 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992,
en cuanto a que la iniciación del primer debate en ambas cámaras tuvo lugar
después de la publicación de las ponencias respectivas en la Gaceta del
Congreso.
2.3.3   En concordancia con el requisito del inciso del artículo
160 de la
Constitución Política, adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01
del 2003, que hace referencia a la exigencia del anuncio para votación, según
el cual “Ningún proyecto de Ley será sometido a votación en sesión diferente
a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación”, el trámite
legislativo de la Ley 1688 del 16 de diciembre de 2013, en la que se aprueba
el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de
sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011; la Sala constata que se cumplieron con todas estas
formalidades constitucionales.
Concluye la Sala que, en los anuncios para votación en ambas
Cámaras se cumplió (i) con el requisito respecto del objeto del anuncio, el
cual debe ser expresamente para votación y aprobación del Proyectos de Ley;
(ii) con la exigencia del establecimiento de una fecha cierta o determinable
para que tenga lugar la votación y aprobación del Proyectos de Ley; (iii) con
el presupuesto de que las votaciones y aprobaciones del Proyecto de Ley bajo
estudio se llevaron a cabo en las fechas de las sesiones anunciadas previamente;
y (iv) con el no rompimiento de la cadena de anuncios, ya que en ambas cámaras
el proyecto fue anunciado en una pluralidad de ocasiones, sin que ello
implicara que hubiera una ruptura en la cadena de anuncios, y sobretodo, se
cumplió cabalmente con la exigencia contenida en el inciso final del artículo
160 CP en cuanto a que el proyecto de ley debe anunciarse en la sesión
inmediatamente anterior a la que se vaya a debatir y aprobar, a lo cual se le
dio estricto cumplimiento en este caso.
2.3.4 La Corte evidencia que se
cumplió igualmente con el requisito de darle primer y segundo debate en cada Cámara
y con la exigencia de aprobación con el quórum deliberatorio requerido, en el
trámite legislativo del presente proyecto de Ley aprobatoria de tratado, de
conformidad con los incisos 2 y 3 del artículo 157 de la
Constitución Política y los artículos 117, 118, 129 de la
Ley 5ª de 1992. Por último, se certificó que tanto en las
deliberaciones como votaciones en las comisiones como en las Plenaria de la
Cámara se cumplió con los requisitos de quórum deliberatorio y decisorio.
2.3.5 Por otra parte,
este Tribunal evidencia que en la tramitación legislativa que nos ocupa se
cumplió con la exigencia contenida en el Art. 160 de la Constitución Política,
en el sentido de que entre el primero y el segundo debate en cada Cámara debe
mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto
en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir
por lo menos quince (15) días, de la siguiente manera:
Así, se constata
que el anuncio para el primer debate en el Senado de la
República se realizó el 16 de octubre de 2012 y su discusión y aprobación se
llevó a cabo el 31 de octubre del mismo año, continuando con el trámite, el
anuncio del segundo debate se realizó el 13 de noviembre de 2012 y su discusión
y aprobación se llevo a cabo el 14 del mismo mes y año; por lo tanto hubo un
lapso de más de 8 días ente el primer y segundo debate de la ley en estudio por
parte del Senado de la República. En las pruebas allegadas la
Corte encontró que el anuncio para el primer debate en la
Cámara de Representantes se llevó a cabo el día 13 agosto de 2013 y su debate
y aprobación se realizó el 31 de octubre del mismo año, en cuanto al anuncio
del segundo debate, este se cumplió el 6 de noviembre de 2013 y el 19 de
noviembre de ese año se aprobó y discutió el proyecto de Ley No 213 de 2012
cámara, 102 de 2012 Senado; en este trámite este Tribunal comprueba que entre
los debates pasaron más de los 8 días reglamentarios para que se llevara a cabo
éstos. Finalmente evidencia esta Corporación que entre la aprobación del
proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra
transcurrieron más de 15 días, con esto la
Corte constató el cumplimiento de la exigencia contenida en el Art. 160 de la
Constitución Política.
En el cómputo de
estos términos esta Corporación tiene en cuenta lo dispuesto en el Art. 83 de
la Ley 5ª de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, el Senado y la
Cámara de Representantes, en virtud del cual “todos los días de la semana,
durante el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras
legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las
respectivas mesas directivas”.
2.3.6 En el trámite
legislativo del proyecto de Ley aprobatoria de tratado que se estudia, se
cumplió con la exigencia del artículo 162 de la
Constitución Nacional en cuanto a que “ningún proyecto podrá ser
considerado en más de dos legislaturas”.
2.3.7  El Presidente
de la República sancionó la Ley el día el 16 de diciembre de 2013,
cumpliéndose con el requisito del inciso 4 del artículo 157 de la
Constitución Nacional.
2.3.8 El texto del
Tratado junto con el de la Ley, fue radicado en la
Secretaría General de la
Corte Constitucional el 18 de diciembre de 2013 (Fl. 1, cuad. ppal), dentro
del término establecido en el Art. 241, numeral 10, Superior.
3. Vicio
formal insubsanable por inexistencia de votación nominal y pública en la
votación en la Plenaria del Senado
La Sala constata que en el trámite de la ley aprobatoria del tratado cuya
constitucionalidad ahora se estudia, el legislador incurrió en un vicio formal
de carácter insubsanable, constituido por la omisión de votación nominal y
pública en el segundo debate en la Plenaria del Senado, sin que se hubiera
cumplido con las condiciones para aplicar las excepciones previstas a la regla
general de votación nominal y pública contenidas en el numeral 16 del artículo
1º de la Ley 1431 de 2011. Para analizar lo anterior, la
Sala recordará (i) la exigencia de votación nominal y pública consagrada en los
artículos 133, 146 y 157 de la
Constitución Política; (ii) el carácter insubsanable de los vicios de
procedimiento legislativo; y (iii) se referirá al vicio en concreto de omisión
de votación nominal y pública en la votación en la
Plenaria del Senado dentro del trámite legislativo que se examina.
3.1 La regla general de votación nominal y pública consagrada en el
artículo 133 de la
Constitución Política
El
artículo 133 de la
Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de
2009, obliga a que el voto de los congresistas sea nominal y público, excepto
en los casos que determine la ley. Esta regla general “(..) se justifica en
el propósito del Constituyente derivado de 2009 de fortalecer el sistema de
partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia al trabajo
legislativo”.[2]
En ese sentido, la jurisprudencia
constitucional ha expresado que “la exigencia, como regla general, del voto
nominal y público en los debates legislativos, se encuadra en la consecución de
los fines centrales de la reforma constitucional de 2009.  Esta ha sido la
posición de la Corte al analizar los objetivos y los instrumentos contenidos en
dicha enmienda a la Carta Política”. [3]
De
otra parte, la Ley 1431 de 2001 fue expedida ante la necesidad de regular las
excepciones legales a la regla general de voto nominal y público. Esta ley de
naturaleza orgánica, reformó los aspectos pertinentes a las votaciones en la
Ley 5ª de 1992 – Reglamento del Congreso (R.C.). El artículo 2º de esta
normatividad modificó el artículo 130 R.C., en el sentido de indicar que “como
regla general las votaciones [serán] nominales y públicas, con las
excepciones que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen.” Así
mismo, estipuló los mecanismos que permiten a las cámaras satisfacer esa
exigencia constitucional.
A su vez, el artículo 1º de la
Ley 1431 de 2011 modificó el artículo 129 R.C., a efectos de regular el
concepto de votación ordinaria, explicar cómo se lleva a cabo y, en especial,
presentar el listado taxativo de excepciones a la regla general, de origen
constitucional, de votación nominal y pública.
Así es como el
Legislador Orgánico ha previsto un listado taxativo de modalidades de votación
ordinaria, lo cual es apenas resultado del carácter exceptivo a los tipos de
votación diferentes a la nominal y pública, impuesto por el artículo 133
C.P.  En tal sentido, aquellas actuaciones del Congreso que no se hallen
descritas en dicho listado, se comprenden subsumidas en la regla general que
prevé la mencionada norma superior.  Esto salvo que se trate de votaciones
secretas, también expresamente identificadas por la legislación orgánica.[4]
De esta manera, los sistemas de votación
en el Congreso de la República pueden ser de tres formas: nominal, ordinario y
secreto. Sin embargo, es exigible como regla general la votación nominal y
pública dejando las otras modalidades para los casos excepcionales que ha
establecido el legislador.
Esta Corporación insiste, con base en el
artículo 133 Superior y de conformidad con la modificación prevista
en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, que la votación en el
Congreso debe ser obligatoriamente nominal y pública, salvo en los casos que expresamente
lo señale la ley, ya que con este mandato superior se pretende “fortalecer
el sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y
transparencia al trabajo legislativo”[5].
Sobre
la relevancia de la votación en el Congreso de la
República para la conformación de la voluntad popular, el Reglamento de esta
institución o Ley 5ª de 1992 consagra en su artículo 122 que la votación “es
una acto colectivo por medio del cual las cámaras y sus comisiones declaran su
voluntad respecto de una iniciativa o asunto de interés general” (énfasis
de la Corte), y aclara que los congresistas son los únicos con voto, con lo cual
se aplica el principio de democracia representativa (art. 3
C.P.). Igualmente, en el artículo 123 R.C. se indica que el voto es personal e
intransferible y que cualquier proposición que se desee votar debe haber tenido
antes un debate, lo cual también cuenta con algunas excepciones que se
especifican en el mismo reglamento. Por su parte, el articulo 132 R.C. plantea que
cuando se inicie la votación, previo anuncio del presidente, ésta no puede
interrumpirse “salvo que el congresista plantee una cuestión de orden sobre
la forma en que se está votando” y que esta votación debe ser nominal, lo
cual aunado a la característica de publicidad, da como resultado la
transparencia del acto y la responsabilidad que tienen los congresistas con sus
electores, con todo lo cual se busca lograr un mayor arraigo democrático en el
procedimiento que crea la legislación colombiana[6]. Así
las cosas, es claro para este Tribunal que en la votación el legislador manifiesta
su voluntad en relación con la iniciativa discutida y emite su decisión en
relación con el punto o los puntos previamente estudiados, siendo éste un acto
público, nominal y transparente.
En
armonía con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
existen al menos dos tipos de argumentos constitucionales que sustentan la
regla general de la votación nominal y pública: (i) la vigencia del principio
de supremacía constitucional, y (ii) la interpretación de los regímenes
exceptivos previstos en la legislación.[7] Al respecto ha afirmado:
“En cuanto al
primer nivel de análisis se tiene que, según lo explicado, existe un mandato
constitucional expreso y definido, según el cual la regla general para la
expresión de la voluntad congresional es la votación nominal y pública. Por
ende, solo aquellas excepciones previstas en la ley quedan incorporadas a la
aplicación de la votación ordinaria.  El artículo 129 R.C. ofrece un
listado preciso y minucioso de excepciones.  Resultaría a todas luces contrario
al principio de supremacía constitucional que se hiciera una interpretación
flexible de estos tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato
constitucional consistente en que la regla general es la votación nominal y
pública, a fin de cumplir los propósitos de la enmienda de 2009….  Además,
carecería de sentido que mientras el legislador orgánico, en cumplimiento del
mandato constitucional mencionado, describe las excepciones a dicha regla
general de forma detallada, la Corte realice una interpretación extensiva que
tiende a desconocer la prescripción superior.  De otro lado, dicha hermenéutica
flexible llevaría a que cada vez que en el procedimiento legislativo se esté
ante decisiones unánimes, lo cual no es poco frecuente, se haga uso de la
votación ordinaria, desnaturalizándose con ello lo previsto en el artículo 133
de la Constitución.[8]
Frente al
segundo grupo de argumentos, se tiene que dentro de las reglas usuales de
interpretación, cuando el legislador prevé enumeraciones taxativas, no
corresponde al intérprete realizar aplicaciones analógicas a las mismas.  Esto
mucho más cuando se trata de excepciones a una regla general de raigambre
constitucional”.[9]
Con fundamento
en los criterios normativos expuestos, la
Sala concluye que las votaciones en el trámite legislativo, que es la misma
para aprobación de tratados internacionales, salvo que tiene su inicio en el
Senado de la República, debe llevarse a cabo de forma nominal y pública, en
tanto (i) es la regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala
el artículo 133 C.P. y el artículo 130 R.C.; y (ii) siempre y cuando no se
configure claramente una de las excepciones previstas en el artículo 129 R.C.[10]
3.2. El carácter insubsanable de un vicio de procedimiento
legislativo
Al
analizar la trascendencia de un vicio de forma, es preciso que este Tribunal tenga
en cuenta tanto el momento del trámite legislativo en que ocurre, como el
contexto en el cual éste se presentó, así como también el conjunto integral del
trámite legislativo, por cuanto como lo ha admitido la jurisprudencia
constitucional, no toda vulneración de una regla sobre la formación
de las leyes, contenida en la
Constitución Política o en el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea
ineludiblemente la invalidez de la ley y su declaración de
inconstitucionalidad.
Como
consecuencia de lo anterior, la Corte ha fijado las reglas para determinar si
un vicio de procedimiento tiene la entidad suficiente como para afectar la constitucionalidad
de la norma así emanada. Al respecto, ha sostenido que de conformidad con lo
que establecen el parágrafo del artículo 241[11] de la
Constitución, y el artículo 45º del Decreto 2067 de 1992,[12] la
gravedad de la irregularidad ocurrida en el trámite legislativo se debe
determinar atendiendo a los siguientes criterios: (i) si ese defecto es de
suficiente entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la
validez de la ley; (ii) en caso de que la irregularidad represente un vicio,
debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio
durante el trámite mismo de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la
Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para
que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las
anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma
subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los
lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de
razonabilidad.[13]
Así,
la jurisprudencia constitucional ha determinado que los vicios que conducen a
la inexequibilidad de una ley o del proyecto de ley, definidos como “vicios
de carácter sustancial”, se caracterizan porque: “(i) vulneran algún
principio o valor constitucional; (ii) afectan el proceso de formación de la
voluntad democrática en las cámaras; o (iii) desconocen las competencias y
estructura básica institucional diseñada por la
Carta , lo que a su vez remite en últimas, a la infracción de la ley 5ª de
1992 u otras prescripciones que regulen el procedimiento legislativo.”[14]
(Resalta la Sala)
Adicionalmente,
ha sostenido esta Corte que el debate parlamentario, es el escenario
deliberativo propio, en donde deben plantearse las irregularidades de trámite,
ya que este escenario exige de los participantes una actitud activa en el
ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones. En este sentido, ha expresado
que los congresistas “deben advertir las circunstancias que consideren
susceptibles de afectar el trámite o de lesionar su derecho de participación y
emplear, con un mínimo de diligencia y vigor, las herramientas que el
ordenamiento jurídico pone a su alcance en el escenario político de los debates”[15].
De esta manera, esta
Corporación ha concluido que en principio, es en el propio debate, empleando la
mecánica que la Constitución y la Ley han previsto para ello, en donde deben
tramitarse las discrepancias y hacerse valer las garantías que el procedimiento
legislativo ha previsto. Solo aquellas irregularidades que trasciendan ese
ámbito, o, porque habiendo sido planteadas, no fueron atendidas, o porque
fueron inadvertidas, o porque no tuvieron ocasión de expresarse, tendrían la
virtualidad de plantearse como eventuales vicios de procedimiento.[16]
En
consecuencia, ante la comprobación de un vicio en el procedimiento legislativo,
corresponde a la Corte determinar si éste es de naturaleza subsanable. Al
respecto, conforme a la posición unificada de la jurisprudencia aplicable al
trámite de leyes aprobatorias de tratados internacionales, se tiene que una
irregularidad presentada cae dentro de los supuestos de insubsanabilidad
previstos por esta Corporación (i)  cuando el vicio ocurrió durante el debate
del trámite en la Plenaria del Senado, esto es, cuando todavía no se había
verificado la aprobación del proyecto en el Senado de la
República, de forma que no se había cumplido con una de las etapas
estructurales del proceso de formación de la ley aprobatoria del tratado y por
tanto de la voluntad parlamentaria; y (ii) la irregularidad afecta un
mandato, principio,  derecho,
o valores sustantivos, como sucede con el debido proceso, la publicidad, la
votación nominal y pública para la debida conformación de la voluntad
democrática de las cámaras, los derechos de las minorías, el principio
democrático en sentido amplio, etc., y por tanto tienen una entidad grave y un
carácter sustancial que afecta dichos contenidos de índole sustantiva y vicia
de manera integral el proceso de formación de la ley aprobatoria.
En forma contraria, cuando la
Corte encuentra vicios de procedimiento subsanables en un acto sujeto a su
control, esto es, irregularidades que no desconocen aspectos estructurales del
proceso legislativo, que no impiden o anulan la debida conformación de la
voluntad democrática de las cámaras, o vulneran los derechos de las minorías
parlamentarias,[17]
debe ordenar devolverlo a la autoridad que lo pronunció para que se enmiende
dicho vicio, para que posteriormente a su subsanación pueda entrar a ser analizado
el acto y declararse la exequibilidad o inexequibilidad del mismo.
3.3
La inexistencia de votación nominal y pública en la
Plenaria del Senado constituye un vicio formal insubsanable
No
obstante los cumplimientos del trámite legislativo constitucional al que hizo
referencia esta Sala en el acápite 2 de la parte considerativa de este fallo, este
Tribunal comprueba que en los cuatro debates el proyecto fue aprobado por
unanimidad, pero solo en tres de ellas se llevó a cabo legítimamente en
cumplimiento de una de las excepciones contempladas por el artículo 1º de la
Ley 1431 de 2011 a la regla general de votación nominal y pública, el cual
señala: “Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el
trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva
comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un
proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus
miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se
someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los
artículos respecto de los cuales existan discrepancias”. (Resalta esta
Corporación)
Así, la Sala Plena encuentra que en el segundo debate, aprobación
y votación del Proyecto de Ley No. 102 Senado de 2012 en la
Plenaria del Senado, no existió la requerida unanimidad para que la votación pudiera
llevarse a cabo de manera ordinaria, tal como de hecho ocurrió, sino que por el
contrario la Corte constata que se manifestó expresamente y con antelación,
desde el informe de ponencia, una discrepancia por parte de una de las
congresistas, la Senadora Gilma Jimenez Gómez, quien dejó constancia desde el
inicio del debate de su voto negativo frente al informe de ponencia del
proyecto en cuestión. Esto puso de presente la clara inexistencia de la unanimidad
requerida, desde el comienzo de la discusión de aprobación del proyecto de ley en
la Plenaria del Senado, para que en consecuencia debiera aplicarse obligatoriamente
la regla general de votación nominal y pública contenida en el artículo 33 CP y
2 de la ley 1431 de 2011, y excluirse de entrada por tanto en el momento de la
votación la posibilidad de aplicar la excepción prevista por el numeral 16 del
artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, por la existencia de una constancia de voto
negativo al informe de ponencia para segundo debate, tal y como consta en Acta
No. 30 del 14 de noviembre de 2012 publicada en Gaceta
No.44 de 2013, que se transcribe nuevamente a continuación en lo pertinente:
“Lectura
de ponencias y consideración de Proyectos en Segundo Debate
Proyecto de ley número 102 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba el
Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias
penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos, suscrito en la
Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
La Presidencia indica
a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el
Informe.
Por Secretaría se da lectura a la
proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia.
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión,
esta le imparte su aprobación.
Deja constancia de su voto negativo a la
proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia, del Proyecto de
ley número 102 de 2012 Senado, la honorable Senadora Gilma Jiménez Gómez.”
Con el voto negativo al informe de
ponencia por parte de la Senadora Gilma Jiménez Gómez, tal como quedó transcrito
en el Acta No. 30 del 14 de noviembre de 2012 publicada
en Gaceta No. 44 de 2013, evidencia esta Corporación que lo obligatorio desde
el punto de vista constitucional era que la
Presidenta del Senado de la
República hubiera realizado la respectiva votación nominal y pública por falta
de unanimidad y dada la discrepancia manifestada por una de las Senadoras. No
obstante lo anterior, la Presidenta del Senado, haciendo caso omiso de esta
oposición o disentimiento por parte de una de las Senadoras al informe de
ponencia, puso a consideración de la
Plenaria del Senado la omisión de la lectura del articulado del proyecto de
ley que ahora nos ocupa, como si se presentara unanimidad, omisión de lectura
del texto del articulado que fue aprobada, con el resultado final de que el Senado
aprobó el proyecto mediante votación ordinaria, cuando debió hacerlo mediante
votación nominal y pública, lo cual quedo consignado en la respectiva Gaceta en
los siguientes términos:
“… Se abre segundo debate
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y,
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta
responde afirmativamente.
La Presidencia indica
a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título
del Proyecto de ley número 102 de 2012 Senado, por medio de la cual
se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución
de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito
en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Leído este, la
Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites constitucionales,
legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta:
¿Quieren los Senadores presentes que el
Proyecto de ley aprobado surta su trámite en la
Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.
Deja constancia de su voto negativo a la
aprobación del Proyecto de ley número 102 de 2012 Senado, la honorable Senadora
Gilma Jiménez Gómez.
La Presidencia indica
a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto.”
(Resalta la Sala)
Con fundamento
en esta constancia y en los criterios normativos constitucionales y del
Reglamento del Congreso ya expuestos, la
Sala concluye que en el debate y votación en la
Plenaria del Senado del proyecto aprobatorio del tratado sub examine, se
violó el mandato constitucional según la cual las votaciones en el trámite
legislativo deben llevarse a cabo de forma nominal y pública, en tanto es la
regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala el artículo 133
C.P. y el artículo 130 R.C. Se exceptúan de la regla general las situaciones
previstas en el artículo 1 de la Ley 1431 de 2011 y el artículo 129 del
Reglamente del Congreso, dentro de las cuales se encuentra la existencia de unanimidad,
excepción que no se aplica en este caso, como sí se aplicó en los otros tres
debates y votaciones de este trámite en las aprobaciones de Comisión de ambas Cámaras
y en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Así las cosas, al no haber
unanimidad de criterios en la Plenaria del Senado, el trámite legislativo en
esta Cámara debió haberse llevarse a cabo obligatoriamente de conformidad con la
regla general de votación nominal y pública, lo cual no se realizó y por tanto
vició el trámite dado al proyecto de ley No. 102 de 2012 Senado.
En punto al tema
del requisito de votación nominal y pública, la
Sala insiste en que esta es la regla general, tal como lo consagra el artículo
33 Superior y el artículo 130 R.C. en el cual se señala que “como
regla general las votaciones [serán] nominales y públicas, con las
excepciones que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen”, que por tanto,
no se puede convertir en la excepción, y que solamente se puede realizar
votación ordinaria cuando se configura alguna de las excepciones previstas
expresamente por el Reglamento del Congreso. De esta manera,
las excepciones para la regla general del voto nominal y público se encuentran
en la
Ley
1431 de 2011 “por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el
artículo 133 de la
Constitución Política”, de naturaleza orgánica y que reformó los aspectos
pertinentes a las votaciones en la Ley 5ª de 1992, que en su artículo 1º
modificó el 129 RC que regula el concepto de votación ordinaria y presenta el
listado especifico de las excepciones a la regla general, de origen
constitucional, de votación nominal y publica. De acuerdo con esta disposición,
se configura una excepción cuando exista unanimidad, esto es, (i) cuando no
haya oposición en ninguno de los puntos que se estén discutiendo por parte de
los miembros presentes en la votación, evento en el cual se puede omitir la
lectura del articulado, con autorización del Presidente de la
Cámara respectiva; (ii) cuando hay lectura del articulado y no haya oposición
en ninguno de los puntos estudiados por parte de ninguno de los miembros de la
cámara que tenga a cargo esta discusión y que se vote por unanimidad; y (iii)
cuando uno o varios miembros de la
Corporación, terminados los trámites de ley se opongan a lo que ya se ha
votado, es decir no hayan indicado previo al debate o en el momento de la
votación su oposición a lo que se votaba; casos en los que no se configura vicio
por violación de la obligación de votación nominal y pública.
En forma
contraria a las excepciones a la regla general de votación nominal y pública, esta
Corporación constata claramente que la
Senadora Gilma Jiménez Gómez se pronunció con su voto en contra del proyecto
de ley en el momento del informe de ponencia, esto es, al comienzo mismo del
debate en la Plenaria del Senado y antes de darse inicio a la votación y de
aprobarse la omisión de la lectura del  articulado. Por lo tanto, para la
Sala es claro que la votación se debió haber realizado de forma nominal y pública,
mientras que en la Gaceta respectiva No. 44 de 2013 antes trascrita,
no se encuentra consignado que se haya realizado este trámite imperativo de
votación nominal y pública ante la oposición de la
Senadora, sino que antes bien, desconociendo dicha oposición minoritaria, se
realizó la omisión de la lectura del articulado y se llevó a cabo la votación
de forma ordinaria.
Por tanto, esta omisión es un
vicio que no solo ocurrió en una etapa estructural del proceso legislativo, esto
es, en la Plenaria del Senado, antes de que se hubiera conformado inicialmente
la voluntad popular, sino que constituye una irregularidad que afecta
gravemente un mandato de orden superior, que tiene que ver con el
desconocimiento de la votación nominal y pública para la debida conformación de
la voluntad parlamentaria y el respeto del derecho de las minorías. Reiterando
la posición de la Corte, es de recabar que la votación es el acto en el cual se
fija la voluntad del legislador con el fin de aprobar o no una propuesta
legislativa, y está determinado por la regla general de votación nominal y
pública. Uno de los objetivos más relevantes de la exigencia de votación
nominal y pública es precisamente el de fortalecer la democracia participativa
a través de herramientas para que la voluntad de los electores sea conformada
de manera pública, transparente y democrática, como lo estatuye este mandato
constitucional que ahora nos ocupa.[18]
Ahora
bien, ante la comprobación de un vicio en el procedimiento legislativo,
corresponde a la Corte determinar si éste es de naturaleza subsanable.  Para la
Sala es necesario indicar en este punto, en relación con el tema de la posibilidad
de subsanación de vicios formales en el trámite legislativo, lo cual es
permitido por el ordenamiento jurídico, que ésta no puede tener un alcance
demasiado amplio ya que de ser así desnaturalizaría la noción de vicio del
procedimiento legislativo. Para evaluar qué vicio puede resultar subsanable,
debe verificarse que se haya cumplido con las etapas estructurales del
procedimiento que entra en estudio, por cuanto la omisión de alguna de ellas
imposibilita que se pueda hablar de un procedimiento legislativo, y por lo
tanto impide que esta omisión se considere como un vicio. Es decir que en caso,
de que la Corte advierta que se configura un vicio insubsanable, no podría
hablarse en sentido estricto de un vicio de procedimiento, sino antes bien de
una ausencia o inexistencia de procedimiento, que por lo tanto no puede ser
subsanada, y no se puede llamar saneamiento a lo que en realidad es la
repetición de toda una etapa del trámite legislativo, ya que de lo contrario,
se burlarían los fines sustantivos de las exigencias procedimentales.[19]
Para
el caso en análisis, conforme a la posición unificada de la jurisprudencia
aplicable al trámite de leyes aprobatorias de tratados internacionales, se
tiene que la irregularidad que ahora se presenta cae dentro de los supuestos de
insubsanabilidad previstos por esta Corporación, por cuanto (i) el vicio
ocurrió durante el debate del trámite en la
Plenaria del Senado, esto es, cuando todavía no se había verificado la
aprobación del proyecto en el Senado de la
República, de forma que no se había cumplido con una de las etapas
estructurales del proceso de formación de la ley aprobatoria del tratado y por
tanto de la voluntad parlamentaria; (ii) las votaciones durante el
trámite en el Senado, específicamente en la
Plenaria del Senado no fueron unánimes, de manera que concurrió una oposición
sustancial por parte de una de las Senadoras al informe de ponencia que se
presentó para debate, aprobación y votación, razón por la cual la
Sala encuentra que se evidencia la omisión del mandato superior y general de
votación nominal y pública; y (iii) la irregularidad afecta un mandato,
principio, derecho,
o valor sustantivo, como sucede en este caso con la votación nominal y pública
para la debida conformación de la voluntad democrática de las cámaras, los
derechos de las minorías, el principio democrático en sentido amplio, etc., y
por tanto tiene
una entidad grave y un carácter sustancial que afecta dichos contenidos de
índole sustancial y vicia de manera integral el proceso de formación de la ley
aprobatoria.
Insiste una vez más esta Corporación en que
el principio de supremacía constitucional impone que la regla general para que
se exprese la voluntad de los congresistas es la votación nominal y publica, y
solo en las excepciones previstas expresamente en la ley quedan adheridas a la
aplicación de la votación ordinaria, como lo señala el artículo 129 RC, de lo
contrario se desnaturalizaría el artículo 133 Superior.
Por consiguiente, la Sala concluye que el vicio de inexistencia de
votación nominal y pública durante el trámite en la
Plenaria del Senado de la ley aprobatoria del tratado objeto de revisión
constitucional, cuando del examen realizado se constata que se presentó
oposición durante el transcurso del debate por parte de una de las congresistas
al informe de ponencia antes de que se iniciara la votación, situación que puso
de presente un disenso, una discrepancia, obligaba de manera categórica a la
Presidencia del Senado a aplicar la regla general de votación nominal y
pública, y por tanto, dicha omisión vicia el trámite legislativo de forma
insubsanable, por haberse llevado a cabo durante una etapa estructural del
trámite legislativo para la aprobación de tratados internacionales, como lo es el
Senado de la República, en donde se empieza a conformar la voluntad
legislativa, y afectar gravemente mandatos superiores de carácter sustancial
relativos a la conformación democrática de la voluntad legislativa y los
derechos de las minorías parlamentarias, razón por la cual esta irregularidad
cometida vicia de manera absoluta el trámite legislativo que ahora se analiza.
Por consiguiente,
para la Sala es claro que el proyecto de ley mediante el cual se aprueba
el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de
sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México el 1o de agosto de 2011, debe
ser declarado inexequible, y así lo declarará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
4.
Conclusión
De
conformidad con lo analizado, la
Corte concluye que para el asunto bajo examen no resultan acreditados
todos los requisitos propios del trámite de las Leyes que aprueban tratados
internacionales; y que el vicio de procedimiento que se configura es de
carácter insubsanable por haberse omitido la votación nominal y pública en la
Plenaria del Senado, irregularidad que se cometió en un etapa estructural del
proceso legislativo y que afecta de manera integral el mismo, así como
mandatos, principios y derechos de orden superior que afectan la conformación
democrática de la voluntad parlamentaria y los derechos de las minorías
parlamentarias. Por tanto, la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el
“Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de
sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011,
resulta inexequible.
VI.
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar INEXEQUIBLE
la Ley 1688 de 2013 por
medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas
condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Ausente con permiso
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada ( E )
SONIA MIREYA VIVAS PINEDA
Secretaria General (E )
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-585/14
TRATADO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES
ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-Discrepancia con respecto a
la ruptura en la cadena de anuncios (Aclaración de voto)
TRATADO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES
ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-Resultan
aplicables las consideraciones efectuadas en los salvamentos de voto a la
sentencia C-011 de 2010, sobre la necesidad de no flexibilizar en exceso la
forma en que se llevan a cabo los anuncios (Aclaración
de voto)
Referencia:
Expediente LAT-426
Revisión
Constitucional de la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado
sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en
la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corporación, aclaro mi voto,
pues estoy parcialmente de acuerdo con su fundamentación.
Coincido
con el vicio formal insubsanable por haber efectuado votación ordinaria en la
Plenaria del Senado, pese a existir constancia expresa del voto negativo de la
Senadora Gilma Jiménez, que desvirtúa la existencia de unanimidad.  Se presenta
una situación idéntica a la ocurrida en el trámite del LAT -414 (Ley 1634 de 2013
- Convenio Constitutivo Fondo Monetario Internacional), declarado inexequible
con ponencia de este Despacho en sentencia C-134 de 2014.
Discrepo,
en cambio, del análisis que se efectúa en la ponencia para sostener que no
existió ruptura en la cadena de anuncios durante el trámite en la Comisión
Segunda de la Cámara.  Sostengo que si hubo ruptura en la cadena de anuncios,
porque entre los anuncios 2º y 5º de los siete que se efectuaron del proyecto
en cuestión, no se individualizó ni éste ni los demás proyectos anunciados,
sino que se hizo una referencia global a los que estaban pendientes de
discusión según el orden del día de la respectiva sesión. Orden del día que,
por lo demás, se fue ampliando progresivamente porque en algunas de estas
sesiones ingresaron nuevos proyectos que antes no habían sido anunciados. Un
requisito importante para que el rito de los anuncios no sea una forma vacía
sino que cumpla con su finalidad constitucional, es identificar con claridad
cuáles van a ser los proyectos a debatir y aprobar en la siguiente sesión. Lo
que se hizo en esta ocasión no satisfizo dicha exigencia, pues entre el primero
(13 de agosto de 2013) y el último anuncio (24 de septiembre de 2013),
efectuados ambos en debida forma, mediaron 5 sesiones, en 4 de las cuales no
era fácil identificar cuáles serían los proyectos que efectivamente estaban
siendo anunciados para discutir  y aprobar en la próxima sesión. En el sexto y
penúltimo anuncio, al menos se identificó el proyecto con el título, pero en
los cuatro anuncios anteriores esto no se había hecho.
La
manera de efectuar los anuncios en la Comisión 2ª de la Cámara contrasta con la
forma en que se mantuvo ininterrumpida la cadena en la Plenaria de la misma
Corporación, donde los tres anuncios efectuados cumplieron con la condición de
individualizar plenamente el proyecto que iba a debatirse.
Al
consultar precedentes sobre ruptura en la cadena de anuncios, encuentro que el
debate se ha concentrado en casos en los cuales dicha ruptura acaece porque no
es determinada ni determinable la fecha en que se realizará la sesión para la
cual se anuncia la votación del respectivo proyecto. Este caso es diferente,
por cuanto aquí lo que resulta equívoco es cuáles serían los proyectos que
efectivamente iban a ser discutidos y aprobados en la sesión para la cual se
anunciaban, pues la fórmula “los que están pendientes en el orden del día”
(orden al que, dicho sea de paso, se agregaron uno o dos proyectos más en el
camino), no permite identificar a los congresistas, con una mínima información
de cuáles proyectos se trata. Sin embargo, creo que son aplicables las
consideraciones efectuadas en los salvamentos de voto a la sentencia C-011 de
2010,[20]
donde quienes disentimos expresamos la necesidad de no flexibilizar en exceso
las formas en que se llevan a cabo los anuncios. Como lo señaló el magistrado
Vargas en su salvamento de voto a la providencia antes mencionada, “(l)a
sentencia de la cual me aparto tuvo la oportunidad de reconducir la
jurisprudencia a niveles más estrictos y, por ende, más compatibles con la
satisfacción de los fines democráticos que informan el procedimiento
legislativo”. El presente caso ofrecía una oportunidad para haber
reconducido la jurisprudencia a esos niveles más estrictos que el ponente de
esta sentencia reclamaba en aquella ocasión.
Fecha ut
supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Sentencia C-379 de
2010.
[2] Auto A-032 de 2012 y Sentencia C-141 de 2010.
[3] Ibidem.
[4] El artículo 3º de la
Ley 1431/11 modificó el Reglamento del Congreso en materia de votaciones
secretas, del modo siguiente:
“Artículo 131. Modificado
por la Ley 1431 de 2011, artículo 3º. Votación secreta. No permite identificar
la forma como vota el Congresista. Las rectificaciones solo serán procedentes
cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los votantes.
Esta votación solo se
presentará en los siguientes eventos:
a) Cuando se deba hacer
elección;
b) Para decidir sobre
proposiciones de amnistías o indultos. Aprobado la votación secreta, el
Presidente dispondrá repartir papeletas que tengan impresas, en una de sus
caras, la leyenda “Sí” o “No”, y espacios para marcar. El Secretario llamará a
cada Congresista, según el orden alfabético de su apellido, para que deposite
la papeleta en la urna dispuesta para el efecto. Previamente el Presidente
designará una comisión escrutadora.”
[5]Auto 032 de 2012
[6] Ver Sentencia C-141
de 2010.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem.
[9] Auto A-032 de 2012.
[10] Ibidem.
[11] Constitución Política,
Artículo 241, Parágrafo: “Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento
subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a
la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto
observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del
acto.”
[12] Artículo 45º del Decreto
2067 de 1992: “Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables
en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la
autoridad que lo profirió para que dentro del término que fije la
Corte, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio o
vencido el término, la Corte procederá a decidir sobre la constitucionalidad
del acto. Dicho término no podrá ser superior a treinta días contados a partir
del momento en que a autoridad está en capacidad de subsanarlo.”
[13]  Ver Sentencias C-370 de
2004 y C-168 de 2012.
[14] Sentencia C- 277 de 2007,
con ocasión del examen de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra
el artículo 1° (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005, “Por el cual se
adiciona el artículo 48  de  la
Constitución Política”.
[15] Sentencia C-168 de 2012.
[16] Ver Sentencia C-168 de
2012.
[17] Ver Auto 032 de 2012.
[18] Ver Sentencia C-303 de
2010.
[19] Ver Auto 032 de
2012.
[20] MP. Juan Carlos
Henao Pérez. SV. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. María Victoria Calle Correa y
Jorge Iván Palacio Palacio.