T-500-16
Sentencia T-500/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Caso en que
programa de televisión declara que todos los indígenas consideran que los violadores son enfermos, no
criminales y que no deben estar en la cárcel
ACCION
DE TUTELA FRENTE AL DERECHO DE RECTIFICACION ANTE MEDIOS DE COMUNICACION-Requisitos
para su procedencia
La jurisprudencia tiene bien establecido un requisito
específico de procedencia cuando una persona interponga la acción de tutela
para solicitar la rectificación de la información transmitida por un medio de
comunicación, bien sea que el demandante busque proteger su derecho al buen
nombre, a la honra o a recibir información veraz e imparcial. En tales casos,
el demandante debe haber solicitado previamente la rectificación frente al
medio de comunicación, y éste debe haber negado dicha rectificación o haberla
concedido en términos que no resulten satisfactorios.
LIBERTAD
DE EXPRESION Y DERECHO A INFORMAR-Diferencias
La libertad de expresión protege,
además, el derecho a expresar y difundir las opiniones, creaciones artísticas,
y demás productos de la imaginación humana. Una de las diferencias más
significativas entre el derecho a informar y la libertad de expresión se
relaciona con el contenido del mensaje expresado
LIBERTAD
DE INFORMAR Y RECIBIR INFORMACION VERAZ E IMPARCIAL-Garantía
constitucional
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y OPINION-Protección
constitucional
Con la libertad de expresión se suelen proteger todas
aquellas conductas o acciones que tengan un propósito comunicativo. Mediante la
libertad de expresión se protegen aquellas acciones comunicativas,
independientemente del tipo de lenguaje o medio utilizado, y de la manera como
éste se utilice para transmitir el significado del mensaje.
LIBERTAD
DE EXPRESION-Límites
ACCION
DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-La crítica a una serie de prácticas culturales por sí misma
constituya un contenido que incite al odio
Es necesario que el contenido del
mensaje motive, explícita o implícitamente a la audiencia, a actuar en contra
de los pueblos indígenas, de sus organizaciones, o de sus miembros
ACCION
DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Las opiniones
expresadas por el presentador del programa o sus reporteras no constituyen
incitaciones al odio
MEDIOS
DE COMUNICACIÓN-Tienen un deber de
medio y no de resultado
Los periodistas y los medios de
comunicación son responsables por hacer todo lo que esté dentro del marco de
sus capacidades profesionales y económicas para corroborar las versiones presentadas
por sus fuentes
ACCION
DE TUTELA FRENTE AL DERECHO DE RECTIFICACION ANTE MEDIOS DE COMUNICACION-Caso
en que el programa Séptimo Día hizo un uso deliberadamente arbitrario e
irresponsable de la categoría “indígena” para hacer imputaciones a todo un
grupo social
MEDIOS
DE COMUNICACION-Deben emitir información veraz e
imparcial, distinguir entre hechos y opiniones, y en caso dado realizar las
rectificaciones que se soliciten
IDONEIDAD
DE LA INFORMACION-Alcance
La idoneidad incide sobre la calidad
de la información presentada, y sobre la capacidad de los medios para
contribuir al mantenimiento de una opinión pública informada y con criterio
PRINCIPIO DE EQUILIBRIO INFORMATIVO-Información veraz, imparcial y objetiva
DESEQUILIBRIO INFORMATIVO-Puede llevar a que las fuentes sean
insuficientes, y por lo tanto, la información termine siendo parcializada
El análisis que
debe hacer el juez constitucional respecto del equilibrio informativo, como
requisito para garantizar la imparcialidad de la información, es
sustancialmente diferente al atinente a la idoneidad de las fuentes. Si bien
una presunta falta de idoneidad de las fuentes no implica la falta de veracidad
de la información, el desequilibrio informativo sí puede llevar a que las
fuentes sean insuficientes, y por lo tanto, la información termine siendo
parcializada. Al respecto, la Corte ha sostenido que el deber de imparcialidad,
correlativo al derecho a informar, no implica el deber de desligarse por
completo de la propia subjetividad. Por el contrario, este deber presupone la
consagración de un margen interpretativo en cabeza de quien informa. Sin
embargo, le impone el deber de guardar un equilibrio informativo. Este
equilibrio requiere presentar las distintas aristas respecto de un mismo hecho,
de tal manera que el receptor de la información esté en capacidad de formarse
su propio criterio en relación con lo ocurrido
PRINCIPIO
DE EQUILIBRIO INFORMATIVO-Vulneración
del deber de imparcialidad de la información
El programa Séptimo
Día les otorgó tiempo e información insuficientes a los líderes indígenas para
defenderse de las acusaciones presentadas contra ellos. En esa medida, vulneró
el deber de equilibrio informativo que tienen para con la organización
demandante, y con las demás organizaciones, autoridades, pueblos y comunidades
indígenas del país
LIBERTAD
DE INFORMAR Y RECIBIR INFORMACION VERAZ E IMPARCIAL-Vulneración
por parte de programa televisivo al darle un tiempo desproporcionadamente menor
a quienes se defendían de las denuncias que a
quienes presentaban
En el presente caso se trata de tres episodios consecutivos
en relación con los cuales existe un importante déficit de oportunidad para la
defensa efectiva frente a una serie de acusaciones hechas contra los indígenas,
sus líderes y organizaciones
DERECHO
A RECIBIR INFORMACION VERAZ E IMPARCIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Orden
a programa televisivo rectificar información presentada en episodio que trató
sobre las creencias y convicciones indígenas en torno al delito de violación
contra menores de edad
Referencia:
Expediente T-5336862
Asunto:
Acción de tutela instaurada por Organización Nacional Indígena de Colombia,
ONIC, en contra del director del programa Séptimo Día, del director del canal
Caracol, y de la Agencia Nacional de Televisión, ANTV.
Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sala Civil
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., septiembre catorce (14) de
dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez, y la Magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de la sentencia de tutela proferida el 19 de noviembre de
2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
El asunto fue conocido por la Corte Constitucional por remisión que realizó el
mencionado tribunal, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991. El 12 de febrero de 2016, la sala de selección número dos de tutelas de
esta Corporación, lo seleccionó para revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.
El 25 de septiembre
de 2015, el señor Luis Fernando Arias, en calidad de representante legal de la Organización
Nacional Indígena de Colombia, ONIC, presentó una acción de tutela para
solicitar la protección de los derechos al buen nombre, a la honra, a la
rectificación de la información, a la autonomía, a la no discriminación, y a
recibir información veraz e imparcial de los pueblos indígenas asociados en
dicha organización.
2.
Estos derechos fueron
presuntamente vulnerados por el director del programa Séptimo Día, el director
del Canal Caracol, y la Agencia Nacional de Televisión, ANTV, quienes
transmitieron y/o autorizaron la transmisión de un especial de tres programas
consecutivos los días 26 de julio, 2 y 9 de agosto de 2015, como parte de una
serie denominada “Desarmonización, la flecha del conflicto”. El primero
de estos programas se llamó: “Abusos sexuales, prostitución, drogadicción:
es suficiente la justicia indígena?” El segundo, del 2 de agosto, “La
corrupción llegó a los cabildos indígenas?”, y el del 9 de agosto, se
tituló “El dilema jurídico de la recuperación de tierras por parte de los
indígenas”.
Antecedentes
relacionados con la situación de los pueblos indígenas
3.      El demandante
comienza su escrito con una descripción de diversos aspectos de la situación de
los pueblos y comunidades indígenas de Colombia. Justifica la información de
contexto argumentando que el programa Séptimo Día descontextualizó los
problemas de los pueblos indígenas abordados en los tres episodios. Así, la
demanda realiza una descripción exhaustiva de las que considera que son algunas
de las causas de los problemas abordados, que los realizadores del programa han
debido tener en cuenta.
4.      Tras hacer una
breve descripción general sobre las características demográficas de la
población indígena en nuestro país, el demandante se refiere a la descripción
que hace la ONU del estado actual de dichos pueblos. Menciona específicamente
la opinión del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, según la cual “Los estereotipos negativos y los
intentos por instrumentalizar a los pueblos indígenas y por debilitarlos son
frecuentes en Colombia.” Posteriormente, entra a describir diferentes
aspectos de la situación social, cultural, política y económica de estos
pueblos, en resumen, así:
5.      El primero de
los programas versa sobre los problemas de la jurisdicción especial indígena.
Por lo tanto, la demanda aborda el problema del acceso a la justicia por parte
de las comunidades indígenas. Sostiene que no ha habido apoyo del Estado para
la creación e implementación de una ley de articulación de la jurisdicción
especial indígena y la ordinaria, ni para garantizar el funcionamiento adecuado
de la jurisdicción especial indígena. Esto ha traído como consecuencia la alta
tasa de impunidad, el déficit en la resolución de conflictos, y el
desconocimiento de la autonomía por parte de la jurisdicción ordinaria.
6.      El segundo de
los programas se refiere al manejo que los líderes indígenas le han dado a los
recursos del Sistema General de Participaciones que les otorga la Nación a los
resguardos y territorios indígenas. Posteriormente la demanda se refiere a la
autonomía de los pueblos indígenas, y enfatiza que a pesar de que la
Constitución Política consagra la autonomía, y para ello dispone la creación de
los territorios indígenas, durante 23 años el legislador no los creó. Para el
demandante esta omisión legislativa no sólo tiene graves consecuencias respecto
de la preservación de la identidad cultural de dichos pueblos, sino que,
contrario a lo afirmado en el programa Séptimo Día, la normatividad existente
impide que los indígenas manejen directamente los recursos del Sistema General
de Participaciones, SGP. Por el contrario, afirma, son los alcaldes municipales
quienes administran los recursos que les corresponden a los resguardos. A
partir de la entrada en vigencia del Decreto 1953 de 2014 el presidente facultó
la creación de los territorios indígenas. Sin embargo, hasta la fecha sólo un
resguardo en todo el país ha entrado a manejar directamente los recursos del
SGP (fl. 137), pues en todos los demás casos son los alcaldes quienes les administran
esos recursos a los pueblos indígenas.
7.      En virtud de
que el tercero de los programas se refiere a la manera como los indígenas
adquieren sus territorios, la demanda hace un recuento de los problemas que las
comunidades y pueblos indígenas han tenido para que el Estado titule los
resguardos. Argumenta que la falta de voluntad de formalizar las tierras de los
indígenas ha producido inseguridad en la tenencia de la tierra. Esta situación,
a su vez, ha desatado conflictos con terratenientes, campesinos, industrias
extractivas y con actores al margen de la ley, facilitando el despojo de
tierras y el desplazamiento forzado.
8.      Así mismo, en
la medida en que el programa aborda el tema de la consulta previa, la demanda
relata los problemas en la interlocución que han tenido los pueblos y
comunidades indígenas, tanto con el Estado, como con las industrias extractivas
y otras. Sostiene que los problemas de interlocución se derivan de las
deficiencias en la implementación de la consulta previa, y de la adopción de lo
que consideran un modelo de desarrollo basado en una economía extractiva.
9.      Finalmente, la
demanda describe y analiza la situación de violencia contra las mujeres y los
niños indígenas. Hacen un recuento de los programas que vienen desarrollando
para prevenir la violencia y acompañar a las víctimas de violencia, en conjunto
con distintas entidades del Estado. Así mismo, muestran cifras de violencia
contra las mujeres indígenas y dejan claro que éste es un problema
multifactorial, que tiene como una de sus causas más importantes la presencia
del conflicto armado interno en sus territorios, y que, aun cuando también hay
casos de violencia contra la mujer por parte de miembros de las mismas
comunidades, el problema no se puede reducir a esos casos.
10.    Dentro de los
casos de violencia contra la mujer la demanda se enfoca en la mutilación
genital femenina entre los Embera, que fue abordada dentro del programa de
Séptimo Día. Sin embargo, dicen, el programa no da cuenta de la realidad de
esta situación, ni de la transformación de esta práctica en el último tiempo,
sino que reiteró los estereotipos según los cuales los Embera y sus autoridades
son cómplices en el mantenimiento de dicha práctica.
Procedencia de la
acción e identificación de los derechos presuntamente vulnerados
11.    En esta parte
de su escrito, el demandante sostiene que la acción cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, y con el requisito específico cuando
se demanda la protección del buen nombre frente a un medio de comunicación, que
consiste en haber elevado ante el medio de comunicación la respectiva solicitud
de rectificación.
12.    Posteriormente
hace un análisis de los derechos en tensión y sostiene que la libertad de
expresión y de información están sujetas a ciertos límites. En particular menciona
que los medios de comunicación están obligados a presentar información veraz e
imparcial, lo cual les exige hacer un esfuerzo por confirmar y contrastar las
fuentes, la plausibilidad de las inferencias, el deber de mostrar todas las
aristas del debate, y el deber de diferenciar opiniones y hechos.
13.    Sostiene, así
mismo, que si bien la libertad de expresión tiene una posición privilegiada
dentro de nuestro ordenamiento constitucional, tiene también un límite en los
derechos de los pueblos indígenas. Para el demandante, tanto la presentación de
los hechos como las opiniones planteadas en el programa traspasaron los límites
protegidos por la Constitución, lesionando los derechos fundamentales de los
pueblos y comunidades indígenas representadas por la ONIC. Desde este punto de
vista, el demandante sostiene que la vulneración de los derechos de los pueblos
indígenas proviene tanto de la falta de veracidad e imparcialidad en la
presentación de los hechos, como de las opiniones que fueron presentadas en el
programa.
14.    Para
fundamentar su argumento, la demanda hace un recuento de las disposiciones
internacionales y de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho al buen
nombre y a la honra, poniendo de presente que éstas le imponen a los medios el
deber de rectificar la información cuando sea falsa o parcializada.
Posteriormente el demandante hace un listado de las opiniones transmitidas en los
tres programas que considera atentan contra los derechos fundamentales de los
pueblos indígenas. Específicamente, cita como ejemplos de afirmaciones
violatorias de tales derechos, los siguientes:
·
“Hay altas cifras de
descomposición social dentro de sus propias comunidades”
·
“Otro problema grave
es la manera como los indígenas se están apoderando de tierras que ya tienen
dueño”
·
“La violación sexual
y otros atropellos son un delito en Colombia pero no lo es en los cabildos
indígenas”
·
“Centenares de
víctimas en su mayoría indígenas ya no creen en su propia justicia, por eso
muchos de ellos están pidiendo a grito herido que la justicia indígena sea
revaluada modificada por el gobierno”
·
“La justicia indígena
opera de manera fácil y rápida, la jurisdicción indígena es un juego de
voluntad donde si eres amigo o familiar del gobernador puede ser un castigo de
una semana y sale”
·
“Estamos hablando de
una jurisdicción que nadie controla y por eso obedece a resabios”
·
“Los gobernadores
indígenas afirman que una violación no es un delito sino una enfermedad. Lo que
se pretende es disfrazar un delito diciendo que es una enfermedad”
·
“Contrabando, tráfico
de droga y vandalismo, es decir es fácil delinquir en estos territorios porque
allí la policía no puede entrar”
·
“Los indígenas hoy
por hoy son seres humanos quebrantados”
·
“No podemos culpar a
todos los líderes indígenas pero la gran mayoría son una parranda de haraganes
pero porque el mismo Estado lo permite”
·
“Además que hay
vínculos de algunas comunidades indígenas con la guerrilla, hay nexos entre la
dirigencia indígena y las FARC”
15.    Posteriormente analiza
la autonomía de la cual gozan los pueblos y comunidades indígenas en nuestro
ordenamiento constitucional. Sostiene que si bien las opiniones críticas
generan transformaciones sociales, y esto es sano, la libertad de expresión y
de información no puede presentar ciertas prácticas culturales como
reprochables y en necesidad de modificación.
16.    Por otra parte
sostiene que la libertad de expresión tiene una serie de restricciones, y en
particular la prohibición de incitar a la violencia y/o al odio por motivos de raza,
color, religión, idioma u origen nacional. Sostiene que el programa promueve el
odio racial hacia los indígenas, aspecto que se observa en las reacciones de
los espectadores vía la cuenta de Twitter de Manuel Teodoro, y aporta copias de
los mensajes como anexos a la demanda.
17.    Adicionalmente,
la demanda sostiene que el programa Séptimo Día no permitió que hubiera una
perspectiva imparcial, ni que se presentara la visión de los pueblos indígenas
sobre las problemáticas que los aquejan. Sostienen que no presentó una
información contextualizada de los problemas abordados, sino una visión sesgada
de los mismos. Como ejemplo de lo anterior afirman que mientras el audio del
programa se refiere a los castigos por la comisión de delitos sexuales
cometidos contra menores de edad, las imágenes mostraban un castigo impartido
por la comisión de otro delito distinto que nada tenía que ver con el tema del
cual el narrador estaba hablando.
18.    En relación con
la información que, según el demandante, el programa debe rectificar, sostiene
lo siguiente:
En relación con el
programa del 26 de julio, la demanda hace un recuento de las afirmaciones del presentador
Manuel Teodoro y de algunos de los intervinientes, que considera vulneran los
derechos al buen nombre y a la honra, bien porque están basadas en hechos falsos,
porque el programa no distingue entre hechos y opiniones, o porque considera
que las afirmaciones están basadas en prejuicios e incitan a la violencia y al
odio. Así, por ejemplo, la demanda cita algunas afirmaciones hechas por el
presentador Manuel Teodoro sobre la pérdida de valores entre los pueblos
indígenas, otras hechas por la senadora Paloma Valencia sobre la dificultad de
los indígenas para reclamar sus derechos frente a sus líderes, y otras hechas
por el presentador sobre la corrupción de éstos últimos, sobre lo que considera
son disfunciones de la jurisdicción especial indígena, y sobre las dificultades
para llevar a cabo proyectos de desarrollo como explotación de recursos y
carreteras como consecuencia de la consulta previa.
19.    Frente a las
anteriores afirmaciones, la demanda sostiene que se basan en hechos falsos, o
que corresponden a opiniones individuales y no a hechos, o que cuando se
refieren a hechos se trata de casos aislados. En todo caso, continúa, estas
afirmaciones no representan la manera como viven, se organizan y gobiernan los pueblos
y comunidades indígenas. Sin embargo, al presentarlas como situaciones
generalizadas, el programa no sólo tergiversa la realidad, sino que reafirma
una serie de prejuicios en contra de los indígenas. Más aun cuando estos hechos
van acompañados de epítetos discriminatorios, como hablar de la “sociedad
normal” para referirse a la sociedad mayoritaria, es decir, a la sociedad no
indígena, o utilizar la expresión “salen de su guarida para seguir
delinquiendo”, al hablar de los indígenas que cometen delitos.
20.    Sobre el
programa de 2 de agosto, que trató entre otros, el tema de las transferencias
del Sistema General de Participaciones que les corresponde a los resguardos
indígenas, el demandante afirma en términos generales que las aseveraciones del
presentador y de los intervinientes están basadas en hechos falsos. Sostiene también
que los recursos del Sistema General de Participaciones el gobierno nacional no
los gira a las autoridades indígenas, sino a los alcaldes. Por otra parte afirma
que aunque los resguardos hoy pueden llegar a solicitar el giro directo de
estos recursos con base en el Decreto 1953 de 2014, sólo un resguardo en todo
el país recibe directamente dichos recursos, pues los demás no han acreditado
los requisitos frente al Departamento Nacional de Planeación. Por lo tanto, resultan
falsas las afirmaciones relacionadas con la falta de control sobre la
utilización de los recursos, y sobre su indebida utilización por parte de las
autoridades indígenas.
21.    Así mismo,
sostiene que la información referente a las presuntas relaciones de los
indígenas con la guerrilla son violatorias de los derechos fundamentales, en la
medida en que el medio acusado generaliza a partir de unas pocas situaciones
particulares. Dice, además, que la mayoría de los indígenas que están en la
guerrilla han sido reclutados forzosamente. Por lo tanto, son víctimas del
conflicto y no perpetradores. Sostiene que algunas de las afirmaciones hechas
por el medio son infundadas y no hay forma de que las hubieran corroborado, que
son presentadas de manera tendenciosa, y que el medio no distingue hechos de
opiniones.
22.    Finalmente, en
relación con el programa de agosto 9 de 2015 dice que son falsas las
aseveraciones hechas por el programa en relación con la forma como adquieren
las tierras. Agrega que el programa afirma de manera general que los indígenas
reclaman tierras que les pertenecen a otras personas. Para controvertir dicha
afirmación alega que la mayor parte de los pueblos indígenas solicitan la
constitución, ampliación, o el saneamiento de sus resguardos ante las
autoridades gubernamentales responsables. Dice además que las afirmaciones
hechas por las personas entrevistadas en el programa son demasiado generales, y
carecen de cifras concretas.
Contestación
de los accionados
La Autoridad Nacional de Televisión adujo que
su objetivo misional, conforme a la Ley 1507 de 2012, es salvaguardar “la
expresión y difusión de contenidos en la programación del servicio de
televisión de manera libre (…) [sin que] pued[a] ser objeto de censura ni
control previo”[1].
En razón de sus funciones de vigilancia, control y
seguimiento, anunció la verificación del material emitido por el Programa
Séptimo Día, en cuestión. El objetivo es determinar la viabilidad de una
investigación, de la necesidad de imponer una sanción o de buscar la
rectificación, si se encuentra que la información emitida condujo a la
afectación de derechos fundamentales. Así, a través del Memorando Interno
I-10-1972 del 7 de octubre de 2015, convocó a la Coordinación de Contenidos,
para que hiciera dicha constatación.
Finalmente, sostuvo que la acción de tutela que se
analiza es improcedente porque el interesado se limitó a enunciar los derechos
que estima comprometidos, sin explicar cuál es el perjuicio irremediable que
debe contener el juez de tutela. Solicitó que se negaran las pretensiones, en
tanto esa entidad no ha comprometido los derechos del actor.
Mediante comunicación del 9 de octubre de 2015, Caracol
Televisión S.A. y Manuel Teodoro, actuando como director del programa
Séptimo Día, afirmaron enfáticamente que las “acusaciones del accionante
no son ciertas”[2],
si se valoran a la luz del alcance de los derechos a la libertad de expresión,
libertad de prensa y derecho a la información. Solicitan tener en cuenta que según
estos derechos es imposible que el periodista llegue a corroborar, con total certeza,
la veracidad de los contenidos sobre los que informa. De tal manera, sólo es
posible exigir de los periodistas y de los medios de comunicación un deber de
diligencia en la labor informativa que desempeña, expresada en la búsqueda de
diversas fuentes de información[3].
Alegaron que los capítulos del programa Séptimo Día
sobre los que trata esta acción de tutela fueron estructurados con arreglo a
los principios de veracidad e imparcialidad, con fundamento en fuentes
relevantes que soportan distintas versiones sobre el tema que se analizó.
Además de ello, las “declaraciones se emitieron tal y como se dieron sin
modificación alguna”,[4]
y dan cuenta de posiciones contrarias, lo cual muestra que el periodista y
el medio mantuvieron el equilibrio y la imparcialidad.
Destacaron que “en ningún momento [el programa o su
equipo] emitió (sic) opiniones o señalamientos subjetivos”, con
independencia de las apreciaciones de las declaraciones presentadas. El
accionante hizo transcripciones de ellas, para fundamentar esta queja
constitucional.
Con todo, señalaron que se han orientado por los
principios básicos de la libertad de expresión y asumieron las cargas que
derivan de ella. Por tal motivo no procede el derecho a la rectificación, cuya solicitud
oportunamente absolvieron cuando fue solicitada por el demandante.  Sobre él
mencionan que no está legitimado para ejercer la acción de tutela en beneficio
particular, so pretexto de defender los intereses de la comunidad indígena.
Concluyeron que con la emisión de los capítulos del
programa[5]
ejercieron “su derecho-deber de información, (…) [al poner] en conocimiento
de su audiencia una problemática que afecta los derechos fundamentales de
miembros de la comunidad indígena colombiana y que por lo mismo trasciende al
interés público, garantizando los principios de veracidad e imparcialidad de la
información emitida”[6].
A causa de ello solicitan que se declare que no han comprometido los derechos
reclamados.
A. Sentencia de Primera Instancia
El 19 de octubre de 2015, el Juzgado Veinticinco Civil
del Circuito de Bogotá, negó el amparo formulado por la Organización Nacional
Indígena de Colombia por estimar que no hubo vulneración de los derechos al
buen nombre, a la honra y a la rectificación de la información. Para
fundamentar su decisión argumentan que, al examinar las afirmaciones que Manuel
Teodoro hizo en el programa[7]
es evidente que “se hace una referencia general e inespecífica de la
población o comunidad indígena” y no se aprecia “una intencionalidad del
medio (…) de afectar la imagen social de este tipo de población”.
El juez recalcó que no está demostrado que la
información difundida por los accionados esté soportada en hechos falsos ni la
falta de diligencia en la recolección de la misma.
En lo relativo a la solicitud de amparo frente a la
Autoridad Nacional de Televisión –ANTV-, esa instancia precisó que se configuró
un hecho superado por cuanto las gestiones para investigar y sancionar al medio
de comunicación accionado fueron desplegadas conforme lo adujo la ANTV.
B. Impugnación
La Organización Nacional
Indígena de Colombia –ONIC- impugnó la decisión de primera instancia
insistiendo en que el proceder de Séptimo Día sometió a los pueblos indígenas a
un estado de indefensión, dada la situación de discriminación y desconocimiento
de derechos que actualmente experimentan en el contexto nacional.
Manifestó que el
objetivo del programa es claro, consiste en cuestionar la autonomía de las
comunidades indígenas, en la cual se funda la jurisdicción especial con la que
sus autoridades administran justicia. Para ello se usan declaraciones de
personas que manifiestan una “posición de odio” hacia los pueblos indígenas. No
se inquirió, desde la perspectiva de las autoridades indígenas, por qué se
imponen sanciones aparentemente leves por faltas catalogadas como graves en el
ordenamiento jurídico colombiano, ni se aludió a los problemas estructurales
que enfrenta la justicia indígena.
Respecto de la
focalización del juez en los argumentos expuestos por Manuel Teodoro, la ONIC
afirmó que es un desacierto no advertir que la acción cuestiona el proceder del
grupo de investigación del programa, y no solo el de su Director.
Además, reiteró las
expresiones que se difundieron a través del programa, y destacó que “hablar
de sociedad ‘normal’ frente a otro tipo de cultura, es afirmar que la que no
está [en] la posición ‘normal’, es anormal” con la carga discriminatoria
que tiene ese adjetivo. Sostuvo que el programa sobrepasó los límites
constitucionales para la presentación de información, en detrimento de la
imagen social de los pueblos indígenas.
C. Sentencia de segunda
Instancia
El 19 de
noviembre de 2015, la Sala Primera de Decisión de la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, confirmó la decisión de primera
instancia. El motivo fue el desconocimiento del principio de subsidiariedad de
la acción, en tanto se acudió a la acción de tutela como mecanismo preferente respeto
del que podía agotar ante la ANTV.
Destacó también
que no se acreditó que la información emitida por las personas accionadas
“devenga inexacta, injuriosa, falsa o errónea”[8],
ni puede concluirse que se haya efectuado una calificación o valoración
subjetiva sobre el tema analizado. Encontró que, al contrario, se había
garantizado el equilibrio informativo y la imparcialidad, al incluir diversas
posiciones al respecto, entre las que se encuentra incluso la del accionante.
D. Actuaciones en sede de revisión
Solicitud
de constitución
en parte del Consejo
Regional Indígena del Cauca -CRIC-
Mediante
comunicación radicada el 14 de marzo de 2016[9],
el CRIC solicitó ser reconocido como parte en esta tutela.
Precisó
que es una organización que hace parte de la ONIC, y que agrupa al 90% de las
comunidades indígenas del departamento del Cauca, con una plataforma de lucha
para el reconocimiento de sus derechos y de la diversidad cultural. En ese
contexto, destacó que la vulneración de los derechos alegada por la ONIC afecta
a sus diferentes asociados incluido el CRIC, pues el programa Séptimo Día
difundió “datos falsos, erróneas (sic), inexactos y parcializados que
perjudican la honra y buen nombre de los pueblos indígenas”[10], al agrupar
hechos aislados con el fin de crear un contexto generalizado que afecta su
prestigio.
Sostuvo
que la información suministrada por los accionados es un ejercicio de
desinformación que no tiene en cuenta los problemas estructurales e históricos
de discriminación en contra de las comunidades indígenas, ni respeta la
diversidad de sus prácticas. Además, adujo que el programa cuestionó la
conveniencia de la administración de justicia indígena, que se encuentra
amenazada.
De
otro lado, indicó que la relación que se presenta entre los grupos indígenas y
los grupos al margen de la ley, mediante la generalización de casos aislados,
acrecienta la exposición de sus miembros y de aquellos sujetos colectivos, al
exterminio físico y cultural al que históricamente han tenido que resistirse,
dados los continuos ataques de los que sus líderes y autoridades han sido
víctimas.
Asimismo,
señaló que la emisión de los capítulos que se cuestionan “pone en riesgo
todo un recorrido histórico de reivindicación de derechos de los pueblos
indígenas”, por lo que debe rectificarse y contextualizarse la información
difundida, pues tal como se presentó, genera la sensación de que “el enfoque
del programa es racista, discriminatorio, estigmatizador, fomenta el odio e
incita a la violencia y la exclusión en contra de los pueblos indígenas”.
Los
documentos aportados por el CRIC acreditan que el 5 de agosto de 2015 presentó
un escrito dirigido a la Presidencia de la República, al Ministerio del
Interior y a las accionadas, en el que solicitó la rectificación de la
información transmitida por el programa Séptimo Día[11]. La petición
mencionada fue resuelta de forma desfavorable por el Subdirector del programa
Séptimo Día, mediante escrito del 1° de septiembre de 2015[12].
Solicitud
de constitución
en parte del Cabildo
Indígena del Resguardo de Puracé
El Cabildo
Indígena del Resguardo de Puracé, el 31 de marzo de 2016[13], presentó
escrito en el que pidió ser reconocido como interviniente en calidad de parte
dentro del proceso de tutela de la referencia.
La
representante legal del cabildo indígena, sostuvo que éste logró su
constitución como Resguardo desde el año 1892 y actualmente tiene una población
aproximada de 4.736 habitantes del pueblo Kokonuko. Hace parte de la Asociación
de Cabildos Genaro Sánchez y del Consejo Regional Indígena del Cauca, y
comparte su plataforma de lucha por los derechos de las comunidades indígenas,
que ha cobrado la vida de varios de sus miembros.
Aseguró
que una vez emitidos los capítulos del programa Séptimo Día, como otras tantas
organizaciones indígenas entre las que se cuenta la accionante, solicitó la
rectificación que fue negada por parte de los accionados.
Manifestó
que comparte íntegramente los argumentos esbozados por el Consejo Regional
Indígena del Cauca y adicionalmente planteó que la información suministrada por
el Programa Séptimo Día dañó la imagen y la honra de los pueblos y autoridades
indígenas, “generando dudas sobre la legitimidad de las reivindicaciones de
las comunidades” y exponiéndolas a altos riesgos para su vida, integridad y
organización, como lo revelan homicidios de varios de sus líderes. A su juicio,
la causa de tales homicidios es la “generación de odio racial” que fomentó el
programa.
Solicitud
de pruebas al programa Séptimo Día
Mediante
auto del 18 de mayo de 2016, con el objetivo de precisar los hechos que rodean
la solicitud de amparo, la Sala decidió solicitar a Manuel Teodoro Bermúdez y a
Caracol Televisión que, respetando la reserva de las fuentes periodísticas,
suministraran la información en la que se basan los tres capítulos del Programa
Séptimo Día que se cuestionan. En respuesta a dicho requerimiento, mediante
comunicación del 3 de junio de 2016[14],
el señor Manuel Teodoro y la representante legal de Caracol Televisión
informaron que el programa tuvo origen en las denuncias que algunos miembros de
comunidades indígenas hicieron llegar al programa; éstas orientaron la
actividad investigativa y la presentación del tema, que convocó a las
autoridades y personas sobre las que recayeron las quejas, o a aquellas que por
el ejercicio de sus funciones tienen conocimiento de los temas abordados. En
relación con la recuperación de tierras, adujeron que todas las personas que
presentaron las denuncias “allegaron los títulos sobre las tierras en
disputa”. Por último, presentaron una relación de las personas que dieron
los testimonios, declaraciones y comentarios que fueron emitidos en los tres
capítulos que formaron parte de la serie “Desarmonización: La flecha del
conflicto”.
Declaraciones
del director del programa y del demandante
Este
despacho también decidió citar a Luis Fernando Arias Arias y a Manuel Teodoro
Bermúdez para efectos de que rindieran declaración sobre los hechos alegados en
la tutela.
·
Declaración de
Manuel Teodoro, director del programa Séptimo Día
El 2 de junio de 2016,
se presentó el señor Manuel Teodoro Bermúdez con el fin de rendir declaración.
A la pregunta sobre cómo se lleva a cabo el proceso de producción de los
programas Séptimo Día sostuvo que toda vez que es un “programa de denuncia”,
depende de comunicaciones que llegan constantemente y son recibidas por un equipo
dispuesto para ello, que evalúa su veracidad y busca pruebas e incluso se
comunica con el denunciado y con terceros.
Indicó que al
“denunciado” se le respeta el derecho a la réplica desde el principio, para
darle trasparencia al proceso. Antes de grabar se habla con las personas
involucradas en la denuncia, “se hace un anuncio que estamos investigando el
tema”. Destacó que “investigar no significa que va a salir al aire”, y solo
cuando se determina que una prueba y una denuncia tienen cierto nivel de
legitimidad, se inicia la grabación para “montar la historia”, que se
estructura junto con el departamento legal del canal, “cuando hay
investigaciones que lo ameritan, que lo merecen”, con el fin de esclarecer
“ciertos elementos que yo como periodista desconozco”.
Luego de eso, según
manifestó el declarante, “(…) el resto ya es como decimos en el periodismo,
reportería en todo el sentido de la palabra. Escuchamos la versión del
querellante o del denunciante, buscamos yo diría con mucha rigurosidad a la contraparte.
Nunca, nunca nos conformamos con una versión de una historia, cuando no hay la
posibilidad de conseguir la otra versión de una historia, muchas veces lo peor
lo descartamos, simplemente lo descartamos, porque consideramos que una
historia bien contada dentro del marco del periodismo investigativo debería
tratar de tener en cuenta absolutamente todas las versiones posibles”. Al
editar “lo que hace el reportero es pues ya leer físicamente el texto a un
micrófono, eso se sube a un sistema de edición y procedemos a editar el informe
con las imágenes grabadas, a veces utilizamos algo de archivo y hasta el último
momento si alguien debería haber hablado en el informe y no quiso hablar por su
propia voluntad, se le ofrece una última oportunidad (…) es que  para nosotros
es sumamente importante escuchar todas las versiones de cualquier historia para
darle balance, objetividad y el mayor nivel de transparencia posible”. Una
vez concluye el proceso de edición se convoca al departamento legal, que da su
concepto para garantizar que no se desconozcan los derechos fundamentales,
actúan como filtro.
Hizo énfasis en que “nuestro
periodismo es un periodismo, cuya misión es reflejar los hechos tal y como
sucedieron sin maquillarlos de ninguna forma, (…) y si alguien opina una cosa,
pues queda muy claro que es la opinión de un tercero”. En virtud de ello
distinguió entre el “full” y el “off”, en éste se presenta el discurso objetivo
del reportero, mientras en aquél se presentan las entrevistas efectuadas, que
muchas veces son cronometradas en resguardo del equilibrio en la información.
Sobre la fuente de la
información transmitida en relación con los nexos entre los indígenas y las
FARC, destacó que se conoció a través de un miembro de la comunidad “quien
pudo demostrarnos que efectivamente él fue integrante de un bloque de las FARC,
él logró desertar”. Además se recogió el criterio de algunos integrantes de
las FARC que están en la Habana y del Gobernador del Cauca. “Nosotros
siempre buscamos las personas quienes estuvieron involucrados directamente en
los hechos o personas que consideramos que podrían aportar información para
constatar o desvirtuar cualquiera de los dos lados, testigos, personas que
estuvieran en el lugar de los hechos, etc.”
Sobre la existencia de
procedimientos estandarizados para identificar la veracidad de la información,
recalcó que “existe un mecanismo estandarizado” conocido por cualquier
estudiante de periodismo. “Si alguien me dice que hubo un hecho en tal
lugar, a tal hora yo busco a otras personas. Lo primero es buscar otras
personas que me pueden decir lo mismo, eso es un primer paso que casi siempre
aplicamos. ¿Quién más me puede decir lo que usted está afirmando? Si usted es
la única persona que me puede afirmar esto, no quiere decir que pues que no
tiene credibilidad, pero si hay que reconocer, que para nosotros sería mucho
más creíble si existieran otras personas que me pudieran decir
exactamente lo mismo”.
En relación con la
credibilidad de la historia, afirmó: “(…) reconozco que eso no garantiza que
lo que una persona está afirmando sea completamente cierto, es precisamente por
eso (…) que cuando hay una acusación contra otro ciudadano o esto involucra a
otro ciudadano que tiene derecho al buen nombre, que tiene derecho a la
intimidad y que podría efectivamente demandar (sic) por injuria y calumnia,
nosotros hacemos pues, una búsqueda rigorosa de esa persona para escuchar su
versión de los hechos, porque por más pruebas que puede tener un lado, pues,
nosotros Doctor, siempre debemos mantener como periodistas, un alto nivel de
escepticismo, siendo completamente cero partidarios de ninguna de las dos
partes”.
De otra parte, indicó
que para garantizar el derecho de réplica se hace un esfuerzo para buscar la
contraparte, porque “la historia nunca está completamente contada y menos
cuando no tenemos las dos versiones de la historia”, en ese orden de ideas,
sostuvo que “[n]ingún programa, ningún libreto sale al aire si no hemos
cumplido con esa tarea ardua de, de buscar el otro lado, de respetar el derecho
a la réplica del otro lado.”
Por último manifestó que
el programa objeto de controversia en esta tutela “si bien denuncia y
destaca irregularidades que hay en esa comunidad, es sumamente equilibrado y
balanceado, siempre se buscó la opinión de la contraparte, nunca se generalizó
que todos los indígenas fueran así”.
·
Declaración de Luis
Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC
Por su parte, el accionante
Luis Fernando Arias Arias rindió declaración 20 de junio de 2016, de la que se
pueden referir algunos de los planteamientos más importantes que contiene. En
primer lugar, el declarante afirmó que durante la transmisión cuestionada “todo
el tiempo hubo un sesgo ideológico y político, una matriz de información
encaminada a señalar digamos y a denigrar de las comunidades indígenas
desconociendo su lucha, su resistencia y de alguna manera digamos el proceso de
exterminio al que los pueblos indígenas han sido sometidos históricamente y que
ha sido ratificado la honorable Corte Constitucional (…) está claro de que el
programa tenía una intencionalidad y la intencionalidad era digamos atentar
contra, quizá contra lo que no han podido, atentar hasta este momento que es la
credibilidad, la legitimidad de la lucha del movimiento Indígena Colombiano”.
Sostuvo además que las
afirmaciones efectuadas en los capítulos cuestionados, atentan contra la
autonomía de los pueblos indígenas y contra la jurisdicción especial, al punto
que “pareciera que hubiera el interés de volver a los tiempos antes de la
Constitución del 91 cuando los indígenas éramos catalogados como salvajes, como
semisalvajes o como personas inimputables como calificaban las leyes de aquella
época, como menores de edad”.
Destacó que si bien fue
entrevistado durante 50 minutos, “nos fuimos allá y nos metimos a Caracol y
casi que hicimos que nos entrevistaran pues a la brava”, lo cual fue
posible solo para el último de los tres capítulos, puesto que los otros dos se
habían transmitido sin que él tuviera conocimiento sobre las denuncias que
presentaban. Precisó además que los programas tenían orientación claramente
estigmatizadora, en la medida en que se descontextualizaron las afirmaciones de
las autoridades indígenas. Precisó que no busca desconocer la libertad de
prensa ni de información, pero pretende que se garantice el equilibrio
informativo suficiente para reestablecer el buen nombre de los pueblos
indígenas en el país, porque “es un tema bien complejo, que están detrás de
todo esto, que están interesados en que como no han podido rompernos como
movimiento, como organización, nos han querido golpear donde nunca nos han
podido golpear, que es en nuestro reconocimiento”. A su juicio, se trata de
un discurso de odio con repercusiones enormes dado el contexto político, el
conflicto armado y el alcance del medio de comunicación.
Resaltó que son
peligrosas las conclusiones a las que llega el programa, a través de su
Director, al afirmar que “el ser humano se equivoca y hay que reconocer que
el constituyente del 91 se equivocó al reconocerle derechos a las comunidades
indígenas y que eso hay que remediarlo, hay que remediarlo en términos de que
la Constitución se tiene que reformar y no darle o reconocerle esos derechos a
las comunidades, a las comunidades indígenas, eso fue una aseveración muy
peligrosa porque prácticamente nos devolvía a tiempos que ya habían sido
claramente superados, cierto, superados y superados en términos políticos, en
términos jurídicos, pero que digamos el programa buscaba esa intencionalidad
que por fortuna eso no se ha dado, pero digamos tenemos esa amenaza ahí
latente”.
·
Solicitud de
conceptos a los decanos de programas de comunicación social y periodismo
En
el mismo Auto la Sala colicitó
a los decanos de las facultades de comunicación social y periodismo de las
universidades (i) Javeriana, (ii) Externado de Colombia, (iii) Jorge Tadeo
Lozano, (iv) de la Sabana, (v) de Antioquia, (vi) la Facultad de Ciencias
Humanas –programa de Periodismo y Opinión Pública- de la Universidad del
Rosario y (vii) al Director del Centro de Estudios en Periodismo de la
Universidad de los Andes; que conceptuaran sobre los límites a la libertad de
expresión de acuerdo con los estándares de ética profesional del gremio[15].
(i)
La Pontificia
Universidad Javeriana, no dio respuesta a la solicitud de la Corte.
(ii)
La Decana de la Facultad
de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia,
mediante escrito allegado a esta Corporación el 27 de junio de 2016[16],
hizo referencia a la “Cuarta reunión de Consulta Internacional y Regional
con Organizaciones de Periodistas”, celebrada en París el 20 de noviembre
de 1983, de la cual fue producto el Código Internacional de Ética Periodística,
que orienta la actividad. También relacionó el marco constitucional, legal y
reglamentario de la comunicación, la televisión y los discursos de la
discriminación.
En
términos generales, determinó que la jurisprudencia constitucional sobre el
tema de libertad de expresión, información y de prensa, y las disposiciones del
derecho internacional de los derechos humanos sobre los discursos de odio, ha
identificado como tales aquellos tendientes a la discriminación de un grupo “o
la creación de un ambiente hostil en su contra”[17]. Tales
discursos no están constitucionalmente amparados. En primer lugar, sobre los criterios utilizados para
evaluar si un programa de opinión incita al odio y/o a la violencia, señaló los
siguientes:
“1.
Las manifestaciones divulgadas tienden a menoscabar, en forma injustificada,
individual o colectivamente, frente a la sociedad, los derechos a la dignidad
humana, la honra o el buen nombre de una persona o grupo de personas.
2.
Las personas o los colectivos sociales a los que pertenecen son presentados
como sujetos anormales, usurpadores o transgresores de los principios, valores,
normas sociales o legales de esa sociedad; soslayando las implicaciones y
obligaciones frente a la protección del principio de diversidad étnica y
cultural, invitando expresamente a la asimilación de las minorías en la
sociedad mayoritaria.
3.
Las afirmaciones efectuadas sobre las personas o los colectivos sociales a que
estás pertenecen no diferencian claramente entre informaciones u opiniones.
4.
Las informaciones divulgadas no cumplen plenamente los estándares de veracidad,
imparcialidad y oportunidad sobre los hechos.
5.
Las opiniones que se emiten se fundan en asuntos tácticos que no son parcial o
totalmente ciertos, o se sustentan en datos erróneos o incompletos.
6.
Las opiniones que se divulgan trasgreden el principio según el cual se deben
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (…).
7.
Se emiten opiniones, generalizaciones o juicios de valor sobre las personas o
los colectivos a que estas pertenecen, a partir de una interpretación errónea
de los datos, las cifras, los testimonios, los mandatos legales y/ o los
procedimientos administrativos aplicables.
8.
Se omite deliberadamente la versión de aquellos que se pueden ver afectados por
las informaciones que se divulgan.
9.
En forma expresa o implícita se llama a cuestionar y/o tomar acciones físicas,
emocionales, sexuales, psicológicas, políticas, culturales, religiosas o
económicas, frente a la legitimidad y pertinencia de los derechos y
prestaciones de los sujetos afectados por las publicaciones (…)”[18]
En segundo lugar,
respecto a los procedimientos que deben observar los medios de comunicación y
programas periodísticos para la verificación de la información obtenida de sus
fuentes, enlistó los siguientes criterios:
“1.
Ejercicio pleno de la libertad e independencia periodística frente al medio,
las fuentes, los interesados y destinatarios de la información, y sumisión
absoluta frente a la verdad como bien colectivo.
2.
Practica permanente del principio de reserva de las fuentes e inviolabilidad
del secreto profesional.
3.
Determinar el grado de fiabilidad y confiabilidad de las fuentes y los móviles
de su disposición para brindar información.
4.
Valoración de la información obtenida mediante una clara diferenciación de las
fuentes en razón de determinar, entre otras, si son fuentes primarias o
secundarias, públicas o anónimas, fuentes no oficiales u oficiales, fuentes
exclusivas o compartidas, etc.
5.
Equilibrio en la selección de fuentes que puedan tener diversas posturas y
valoraciones frente a los hechos, a efectos de poder contrastar las
informaciones u opiniones obtenidas.
6.
Consultar a las personas y posibles colectivos afectados con la divulgación de
las informaciones con el objeto de conocer su versión de los hechos.
7.
Al consultar las fuentes discriminar claramente entre informaciones y
opiniones, y verificar exhaustivamente la autenticidad de los documentos. Así
como de todos y cada uno de los datos recibidos, en términos de nombres,
fechas, valores, normas, cifras, de tal forma que al interrogar las
informaciones u opiniones que serán divulgadas, se cuente con soporte
probatorio suficiente de tales manifestaciones.
8.
Como regla general, tratándose de programas informativos o de opinión, resulta
conveniente no divulgar, publicar o emitir pronunciamiento, respecto de aquello
de lo que no se tenga sustento fáctico, a no ser que se acuda al recurso de
formular interrogantes frente a los hechos y/o sus circunstancias.
9.
Las informaciones o manifestaciones sobre el alcance y aplicación de normas,
asuntos técnicos o especializados que el periodista reciba de sus fuentes,
deben ser contrastadas con la valoración de otros expertos independientes sobre
la materia, a efectos de que se puedan corroborar los datos y/o el correcto
manejo de los mismos por parte de la fuente y del periodista.” [19]
En tercer lugar, sobre
los deberes que tienen los medios de comunicación al difundir información
relacionada con personas que han sido acusadas de una conducta irregular,
señaló los siguientes:
“1.
Entender claramente que el Estado Social de Derecho se fundamenta en el
principio de la dignidad humana.
2.
Conocer a cabalidad las garantías del debido proceso, la presunción de
inocencia y las formas propias de cada juicio, por cuanto las personas acusadas
de la comisión de conductas irregulares también tienen derechos.
3.
Comprender que los tiempos del debido proceso no son los mismos tiempos de la
oportunidad de la noticia.
4.
Distinguir claramente el tipo de proceso que se sigue contra una persona;
determinar la autoridad competente; la etapa en que se encuentra la actuación;
la calidad por víctima, testigo; el grado de vinculación por indagación
preliminar, apertura de investigación, formulación de pliego de cargos, etc.;
para informar adecuadamente sobre el estado del proceso, sin olvidar que la
presunción de inocencia únicamente la derrota el juez natural previo
agotamiento de las formas propias de cada juicio.
5.
El manejo de la información debe guardar mínima consideración por la intimidad
personal y familiar de quien deberá responder ante su juez natural.
6.
El espacio informativo o de opinión no es el escenario para llevar a cabo el
debate procesal y probatorio a que tienen derecho las personas acusadas de la
comisión de conductas irregulares, este es un ámbito para informar a la
ciudadanía, el manejo independiente del proceso le corresponde al juez natural.
7.
Se debe respetar la reserva sumarial.
8.
Informar y opinar sin obstruir la acción de las autoridades y cumplir con el
deber de colaborar para el buen funcionamiento de la justicia.” [20]
En cuarto lugar, en
relación con los límites que deben conservar los medios de comunicación cuando
realicen generalizaciones sobre un grupo social, étnico o cultural, a partir de
casos particulares, señaló los siguientes:
“1.
(…) los grupos étnicos gozan de especial protección en el marco del principio
de diversidad étnica y cultural, en consecuencia las valoraciones y
manifestaciones sobre estos pueblos, no pueden conducir a estimular su
asimilación por parte de la sociedad mayoritaria.
2.
Se deben comprender claramente las características etno-culturales que le son
propias a los grupos étnicos, las cuales se traducen en la existencia de una
visión arraigada y tradicional de ver el mundo y de un sistema de valores
propio y distinto al de la cultura mayoritaria, lo cual le permite a los
pueblos indígenas desarrollarse dentro del marco axiológico, religioso y
político como grupo diferenciado.
3.
El carácter gregario, comunitario o colectivo de los pueblos indígenas, en el
marco del derecho a la veracidad de la información, no es razón para hacer
juicios de valor generales a partir de la posible conducta individual de
algunos de los miembros de estos pueblos, a menos que se pueda probar.   4. La
divulgación de las informaciones u opiniones referidas a la posible conducta
individual de algunos de los miembros de los pueblos indígenas, debe tener en
cuenta el debido reconocimiento del principio de diversidad presente en sus
sistemas de creencias, proyectos de armonización y del buen vivir, así como la
legitimidad de sus autoridades propias; de tal manera que se examine la
situación indígena en contexto, y las valoraciones emitidas no desconozcan en
forma discriminatoria claros mandatos de carácter constitucional que amparan a
los pueblos indígenas.
5. La
divulgación de informaciones u opiniones sobre la actuación de algunos miembros
de los pueblos indígenas o de sus autoridades, debe estar precedida de un claro
conocimiento del marco legal e institucional que desde el bloque de
constitucionalidad ampara a estos grupos étnicos, a efectos de que no se emitan
informaciones o juicios de valor que puedan incitar a desconocer en forma
discriminatoria expresas garantías de que gozan estos ciudadanos, tales como la
consulta previa, el reconocimiento de sus autoridades tradicionales, sus
sistemas de derecho propio, entre otros”. [21]
(iii)
La Universidad Jorge
Tadeo Lozano, a través de la Directora del Programa de Comunicación Social[22],
sostuvo que los medios de comunicación provocan representaciones y versiones de
la realidad social, y por lo tanto juegan un papel determinante en los procesos
democráticos, como canalizadores de los temas de interés de los ciudadanos.
En
relación con los asuntos puntuales por los cuales fue convocada por la Corte,
solamente se refirió a los procedimientos que deben observar los medios de
comunicación y programas periodísticos para la verificación de la información
obtenida de sus fuentes. En particular, determinó que la verificación de la
información es trascendental para el ejercicio periodístico, y aunque “no
hay un estándar único para verificar los hechos”, pueden distinguirse como
compromisos de la actividad periodística, recoger y difundir las noticias con
veracidad y exactitud, acudir a fuentes, corregir los errores y evitar la
difusión de falsos rumores.
(iv)
Mediante escrito
allegado a esta Corte el 30 de junio de 2016, la Universidad de la Sabana[23],
a través de su Facultad de Comunicación, resaltó que el periodismo hoy en día
es un oficio, de conformidad con la sentencia C-087 de 1998 de la Corte
Constitucional retiró el estatus profesional a la actividad periodística y por
eso no existe un código de ética que le sea aplicable. Por consiguiente, las
asociaciones periodísticas disponen de códigos de ética aplicables únicamente a
sus miembros y para algunas, tales directrices no tienen carácter vinculante.
En primer lugar, sobre
los criterios utilizados para evaluar si un programa de opinión incita al odio
y/o a la violencia, adujo que estos se encuentran en la doctrina jurídica y
periodística. En ese orden de ideas, es preciso comprobar que la emisión está
orientada a desconocer los derechos de determinado sector social con el fin de
excluirlos y de alterar las condiciones de igualdad que tienen en la sociedad.
De esa manera se establecerá si hay o no responsabilidad subjetiva de quien
emitió el programa, sin la cual, por más que el mensaje transmitido sea
polémico, no puede hablarse de discursos de odio.
En segundo lugar,
respecto a los procedimientos que deben observar los medios de comunicación y
programas periodísticos para la verificación de la información obtenida de sus
fuentes, aseguró que ésta se logra a través de la confirmación y contraste de
fuentes, según el modelo de Valor Agregado Periodístico. La verificación se
mide sobre el hecho transmitido y no requiere el grado de certeza que se le
exige a la investigación judicial y a las ciencias exactas.
En tercer lugar, sobre
los deberes que tienen los medios de comunicación al difundir información
relacionada con personas que han sido acusadas de una conducta irregular, adujo
que el deber del periodista es resguardar los derechos de aquellas (en
particular la presunción de inocencia, la honra y la intimidad personal). Para
ello es necesario tener claridad sobre el estadio procesal en que el sujeto
está involucrado. En las primeras etapas de la investigación debe evitarse
mostrar la imagen de la persona y debe efectuarse seguimiento sobre el caso
para mostrar los avances, especialmente cuando la persona ya no tenga asuntos
pendientes con la justicia.
En cuarto lugar, en
relación con los límites que deben conservar los medios de comunicación cuando
realicen generalizaciones sobre un grupo social, étnico o cultural, a partir de
casos particulares, sostuvo que la generalización en el ámbito periodístico es
recurrente. Se explica por “la dificultad práctica de acceder a los datos
relevantes sobre las conductas irregulares ocurridas en el seno de determinados
sectores, particularmente en comunidades consideradas cono cerradas al acceso
informativo”. Sin embargo, la Facultad enfatiza en que como quiera que ello
puede afectar intereses de los sujetos sobre los que recae la información, es
necesario “evitar que las posibles conductas irregularidades (sic.) de
algunos miembros sean imputadas sin distinción a la comunidad”.
(v)
Mediante escrito
allegado a esta Corporación el 22 de junio de 2016[24], el Decano
de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, recalcó
la importancia de los medios de comunicación para la democracia y el carácter
independiente de la labor periodística. Si bien reconoció límites a los
derechos derivados del artículo 20 Superior, destacó que “siempre será
preferible el riesgo de un mal ejercicio de estos derechos por parte de los
medios[,] que la restricción de los mismos”. Por consiguiente “las
libertades de información y expresión no deberían tener más límites que el
mismo interés de servicio público de los periodistas y la conciencia de ellos
sobre la necesidad de cultivar y salvaguardar, a la vez, otros derechos
fundamentales de los individuos y las comunidades sobre los cuales informan”.
En primer lugar, sobre
los criterios utilizados para evaluar si un programa de opinión incita al odio
y/o a la violencia informó que los tratados de ética periodística imponen la
investigación, el contraste y la verificación de la información antes de su
publicación, orientados por el bien común y la responsabilidad social. El medio
no debe convertirse en fiscal o juez, pues no puede adjudicarse la labor de
condenar o absolver, y el periodista debe mantener la independencia respecto de
los sujetos sobre los que informa o a quienes denuncia; por tanto “el
lenguaje utilizado para referirse a los sujetos y comunidades involucrados en
la información tiene que ser respetuoso y conservar la distancia y el
equilibrio”, en independencia de que se emita en un espacio informativo o
de opinión.
En segundo lugar,
respecto a los procedimientos que deben observar los medios de comunicación y
programas periodísticos para la verificación de la información obtenida de sus
fuentes, aseguró que ésta puede lograrse a través del contraste entre fuentes,
en concordancia con la responsabilidad social que caracteriza la labor del
periodista.
En tercer lugar, sobre
los deberes que tienen los medios de comunicación al difundir información
relacionada con personas que han sido acusadas de una conducta irregular, adujo
que ésta solo debe ser publicada, una vez haya sido
verificada y siempre que sea útil al bien común, y haga explícita a la
audiencia la diferencia entre una condena y una acusación.
En cuarto lugar, en
relación con los límites que deben conservar los medios de comunicación cuando
realicen generalizaciones sobre un grupo social, étnico o cultura, a partir de
casos particulares, sostuvo que “toda generalización es una forma de
mentira” y va en contravía de la obligación del periodista que es entregar
a los ciudadanos la información que requieren para ser libres y capaces de
gobernarse a sí mismos. Por lo tanto, al informar sobre grupos especialmente
vulnerables, la responsabilidad de quien informa es mayor, por lo que la
información que pretenda divulgar deberá superar las siguientes preguntas: “¿Es
verdadero lo que se va a informar?, ¿Necesita conocerlo la comunidad?
¿Representan al colectivo los individuos involucrados?, ¿Es necesario
presentarlos como miembros del colectivo, generando de esta manera el riesgo de
que el colectivo sea identificado con las conductas impropias de aquellos?”.
(vi)
La Escuela de Ciencias
Humanas y en particular, el programa de Periodismo y Opinión Pública del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a través de un grupo de docentes, se
refirió a los asuntos consultados por la Sala[25].
En primer lugar, sobre
los criterios utilizados para evaluar si un programa de opinión incita al odio
y/o a la violencia indicaron que, los espacios informativos de opinión, se
caracterizan por tratar un tema controversial e intentan abarcar posiciones
adversas al respecto. En este sentido, a su juicio el derecho a la libertad de
expresión es un mecanismo para fortalecer los derechos de los grupos más
vulnerables, al garantizar la difusión de posturas diversas y posibilitar el
reconocimiento de otros derechos.
En la intervención en
cita no se describen criterios para evaluar si un programa incita al odio, sino
que simplemente se dice que en un informe emitido por la UNESCO (no se dice
cuál), se estudiaron las distintas definiciones de la expresión “discurso de
odio” en el derecho internacional.
En
segundo lugar, respecto a los procedimientos que deben observar los medios de
comunicación y programas periodísticos para la verificación de la información
obtenida de sus fuentes, aseguraron que es recomendable buscar fuentes
directas, justificadas, que tengan relación con el tema y en número suficiente,
que den credibilidad al relato periodístico. La confiabilidad de la información
se obtiene al acudir a fuentes como los actores de los acontecimientos,
víctimas, fuentes estatales, públicas, no gubernamentales, académicas, entre
otros.
En
particular, el procedimiento para obtener la información consiste en acceder a
las fuentes, consultarlas y contrastarlas, para así garantizar la fiabilidad y
credibilidad de la información. Corresponde al periodista: (i) elaborar una
lista de fuentes y caracterizarlas por su credibilidad y autoridad (directas,
indirectas, oficiales, no oficiales, institucionales, documentales y
especializadas); (ii) luego consultarlas (entrevista y análisis), y (iii) por
último, evaluarlas y contrastarlas entre sí, ejercicio que determinará si hay
suficientes fuentes o es necesario buscar otras.
En
tercer lugar, sobre los deberes que tienen los medios de comunicación al
difundir información relacionada con personas que han sido acusadas de una
conducta irregular, adujeron que si un medio de comunicación estima que una
conducta irregular es de relevancia pública, es necesario que verifique y
contraste las fuentes vivas y documentales, las cuales deberán ser primarias.
En cuarto lugar, en
relación con los límites que deben conservar los medios de comunicación cuando
realicen generalizaciones sobre un grupo social, étnico o cultural, a partir de
casos particulares, sostuvieron que las representaciones mediáticas basadas en
prejuicios y estereotipos sobre las minorías étnicas son un obstáculo para la
construcción de una opinión pública plural y tolerante.
Afirmaron
que “cuando a las minorías étnicas, aun siendo víctimas, se les tiende a
identificar en contextos negativos y con las ‘malas noticias’ se refuerza la
producción de estereotipos sobre estos sectores de la población, apuntando a un
prisma maniqueo que divide la sociedad entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’. Tales
enfoques mediáticos apuntalan la ‘violencia de la representación’ (…) con la
cual se ha excluido históricamente (…) a indígenas, negritudes, minorías
sexuales y mujeres del relato hegemónico de nación”.
(vii)
El Director del Centro
de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, en conjunto con
la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- aportó comunicación
allegada a esta Corporación el 1° de julio de 2016. En ella sostuvo que el
análisis sobre los fundamentos éticos de la actividad periodística están
ceñidos en gran medida a las sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo
destacó que “poner los estándares éticos en un contexto judicial conlleva el
riesgo de que el Estado termine por determinar el quehacer periodístico”.
En primer lugar, sobre
los criterios utilizados para evaluar si un programa de opinión incita al odio
y/o a la violencia, indicaron que para ambas instituciones, se debe acudir a
los parámetros internacionales al respecto[26].
Por ejemplo, es relevante el Plan de Acción Rabat de la ONU, conforme al cual
debe tenerse en cuenta el contexto social y político en el que se emite la
información, la posición y el interés del emisor, el alcance del discurso, el
grado de provocación y la probabilidad razonable de que logre iniciar una
acción real contra el grupo involucrado (relación de causalidad directa). Con
todo siempre será necesario establecer que el emisor del mensaje no solo tenía
la intención de transmitir una opinión, sino que tenía una intención clara de
perpetrar un crimen con posibilidad actual de ser cometido[27].
Sobre
este tema, indicaron que entre las excepciones a la protección universal del
derecho a la libertad de expresión, se encuentra la apología al odio. Para que
pueda hablarse a la apología al odio es necesario que la expresión implique en
forma inmediata e inequívoca aversión contra las personas por razón de su
origen racial (entre otros) que resulta indicativa del deseo de causar daño, al
punto en que puede identificarse un riesgo claro, concreto y presente.
Destacaron los intervinientes que, en todo caso, algunas expresiones aun cuando
pueden ser discriminatorias, no constituyen una apología al odio, siendo
necesario distinguir entre ellas.
En
segundo lugar, respecto a los procedimientos que deben observar los medios de
comunicación y programas periodísticos para la verificación de la información
obtenida de sus fuentes, aseguraron que “la veracidad no puede ser
confundida con el valor de verdad”[28],
pues es más bien una actitud o una práctica del periodista, que tiene que ver
con (i) un esfuerzo previo y diligente de constatación; (ii) no tener intención
de presentar como ciertos hechos falsos, o a llevar a conclusiones erróneas
(unidad informativa[29]);
y (iii) no buscar “perjudicar el derecho de terceros”.
Además
de la veracidad, el periodista está limitado por el deber de imparcialidad,
cuando emite información, no cuando expone su opinión. Es preciso tener en
cuenta que el producto periodístico puede tener de uno y de lo otro. Por ello
es necesario examinar sus contenidos en forma separada, con ocasión de su
naturaleza.
En
tercer lugar, sobre los deberes que tienen los medios de comunicación al
difundir información relacionada con personas que han sido acusadas de una
conducta irregular, precisaron que si bien para informar no es necesario esperar
a que se emita un fallo condenatorio, los periodistas deben ser diligentes y
cuidadosos en la divulgación de la información y evitar sustituir a los jueces
al definir si alguien es culpable o inocente. Para ello basta que la
verificación previa haya sido razonable y suficiente.
En
cuarto lugar, en relación con los límites que deben conservar los medios de
comunicación cuando realicen generalizaciones sobre un grupo social, étnico o
cultural, a partir de casos particulares, sostuvieron que “en principio no
puede haber una restricción que los obligue a [favorecer a una comunidad o
grupo social vulnerable] (…) y mucho menos a desistir de sus informaciones
cuando respetan la veracidad y la imparcialidad, con mayor razón cuando los
temas se refieren a asuntos de interés público”.
Además,
indicaron que el efecto de las generalizaciones es la inversión de la carga de
la prueba en el marco de la solicitud de rectificación, cuando se está ante
afirmaciones o negaciones indefinidas o a hechos notorios. “[S]i la
información trata sobre personas ciertas y concretas, el periodista no está
obligado a demostrar la fuente de sus afirmaciones”.
·
Solicitud de
peritaje antropológico sobre la relación entre indígenas y medios de
comunicación
Finalmente,
la Corte decidió solicitar a la antropóloga del derecho Esther Sánchez
que rinda su concepto profesional y académico sobre la controversia[30].
Mediante escrito allegado a la Corte Constitucional el 17 de junio de 2016, la doctora Esther Sánchez dio respuesta a los interrogantes formulados por esta
Sala[31],
así:
En primer lugar, sobre los estigmas y prejuicios más
difundidos entre la población mayoritaria en relación con los pueblos y
comunidades indígenas en nuestro país en la actualidad, indicó que la construcción social del estigma,
como conducta atada a la opinión sobre el otro (en este caso el indígena),
genera discriminación cuando se usa como argumento para “privar[lo]
arbitrariamente [de] sus derechos y oportunidades”. Específicamente, en
Colombia la palabra “indio” es común en el lenguaje cotidiano, con una
clara carga de prejuicio y racismo[32].
Además, la categoría “indígena”
homogeniza a los miembros de las comunidades indígenas y desconoce la variedad
de las culturas existentes. En efecto, al agrupar a todos en una misma
categoría se invisibilizan las condiciones materiales de las comunidades
étnicas y ello se traduce fácilmente en el desconocimiento de sus derechos.
Asimismo, indicó que
existen varios mecanismos de invisibilización que se han forjado en la relación
entre comunidades mayoritarias y minoritarias, dentro de los cuales están: (i)
la anteposición del “interés general y colectivo de la nación a sus modos de
existencia cultural alterna, respecto de las expresiones distintas a sus
visiones frente al medio y sus recursos”; (ii) su exclusión del sistema
educativo; y (iii) la forma “paternalista, etnocéntrica o racista” en la
que son exhibidos en los medios de comunicación masiva, entre otros.
En particular, indica
que la expresión “Abusos sexuales, prostitución, drogadicción, ¿es
suficiente la justicia indígena?”, reafirma el estereotipo de que los
indígenas no entienden la gravedad de ciertos hechos, al no contar con
capacidades para conocerlos, juzgarlos y sancionarlos, como sí lo hacen los “jueces
ordinarios”.
En segundo lugar, en
relación con la pregunta sobre los efectos que tiene la difusión y/o
perturbación de tales estigmas y prejuicios para el diálogo entre culturas en
una sociedad pluralista como la colombiana, aseguró que los “actos
estigmatizadores, prejuiciosos, racistas y de violencia en contra de los
pueblos indígenas, con la intencionalidad de causarles daño a su imagen, a sus
formas distintas de vivir y de hacer presencia en la nación, afectan la
emancipación y la existencia cultural alterna de dichos pueblos (…) vulneran su
derecho a ser distintos, a vivir de acuerdo con los marcos de culturas propias
que se expresan en principios que ordenan de manera diversa la vida social, el
territorio, la propiedad, la justicia”.
Las formas diversas de
ordenarse y vivir de las comunidades indígenas son percibidas por algunos como “formas
de acción colectiva contestataria” ante los intereses generales o nacionales,
frente a los cuales la cultura indígena se percibe como un enemigo y de ahí
devienen estereotipos racistas. En este sentido, la desacreditación de su
cosmovisión y procedimientos implica un desafío para la jurisdicción indígena y
un riesgo para la autonomía de las comunidades, más aún si se tiene en cuenta
que la imposición de modelos de resolución de conflictos, provoca desunión en
sociedades caracterizadas por un tejido social fundado en la “cohesión,
afinidad y solidaridad” (p.ej. nasa y wayúu).
En tercer lugar, la experta
respondió a la pregunta sobre los efectos de la difusión y/o perturbación de
los estigmas y prejuicios para la percepción de la propia identidad de los
jóvenes y niños que hacen parte de estos pueblos y comunidades. En particular,
indicó que cuando se trata de pueblos y comunidades no se puede olvidar que
debe reconocerse un “daño diferencial al sujeto colectivo de derecho y no
solamente a determinados miembros en particular”. Así pues, la difusión del
estigma implica que muchos jóvenes indígenas se vean obligados a ocultar su
identidad de manera defensiva, con el fin de evitar ser objeto de
discriminación y racismo.
En cuarto lugar, en
relación con el contenido de los programas que hacen parte de la serie “Desarmonización,
la flecha del conflicto” del programa Séptimo Día, señaló que éste reafirma
los estigmas y prejuicios de la sociedad mayoritaria en relación con los
pueblos y comunidades indígenas. Específicamente, indicó que la narrativa
empleada es “parte de un género discursivo en el que la realidad indígena
queda distorsionada, (…) la información ha sido tratada desde una vertiente
sensacionalista para crear una imagen diabólica, perversa y monstruosa que
contribuye a ser caldo de cultivo de una serie de actitudes basadas en el
rechazo”, de manera que se trata de un discurso racista fundado en el
desprestigio.
De otro lado, manifestó
que si bien en algunos casos es deseable abrir paso al cambio en el seno de las
comunidades, estos deben surgir de los mecanismos endógenos propios de los
pueblos indígenas, y no de “intereses y objetivos de quienes buscan
‘civilizarlos’ o hacerlos a imagen y semejanza de la sociedad hegemónica”.
Por último, señaló que
el descrédito de las prácticas, percepciones y valoraciones indígenas surge de
la incapacidad, en términos de formación, para visualizar su significado en el
contexto mismo de la cultura minoritaria. Así “los entrevistados (…)
recurriendo al sentido común y a discursos racistas y etnocéntricos, logran la
inferiorización de los mundos indígenas y reactualizan estigmas” sobre los
sistemas sociales indígenas. Para la antropóloga, “el objetivo es continuar
profundizando la huella del racismo y la exclusión” y por ello advierte que
“la burla y el descrédito a esas otras culturas es una trasgresión (…) y se
constituyen como violaciones de gran afectación para la integridad étnica y
cultural de los pueblos indígenas.”
Conforme
lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, se dispuso en la misma
providencia la suspensión de los términos para decidir hasta el 30 de junio de
2016.
·
Solicitud de
intervención y copias de la Fundación para la Libertad de Prensa
El
16 de junio de 2016, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- solicitó
participar en esta acción constitucional en calidad de tercero interviniente.
Para ello, pidió tener acceso al expediente, con el fin de sacar las copias de
su interés. Mediante auto del 24 de junio de 2016, la Magistrada ponente negó
la solicitud de copias dado que la Fundación no demostró su calidad de parte o
de tercero interesado, lo cual se le aclaró, no implica que no pueda presentar
su posición como experto, si es de su interés hacerlo.
·
Pruebas aportadas
por la ONIC
El
1° de julio de 2016, la Organización Nacional Indígena –ONIC- allegó prueba
documental para acreditar la amenaza que se ciñe sobre el movimiento indígena a
causa de la transmisión del programa que se cuestiona por reforzar estereotipos
que profundizan la discriminación.
II.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
1. Esta Sala de
Revisión es competente para examinar la determinación referida, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Procedencia de la
acción de tutela
Planteamiento del
problema jurídico
2. En el presente caso
el demandante Luis Fernando Arias Arias es el Consejero Mayor y representante
legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, organización que
agrupa a distintas organizaciones y autoridades indígenas de todo el país,
incluyendo al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. En calidad de
representante legal de dicha organización, el demandante solicita la protección
de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que fueron presunta
vulneración por parte de la serie de tres episodios del programa Séptimo Día,
transmitidos los días 26 de agosto, 3 y 6 de septiembre de 2015.
En virtud de lo
anterior, le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
¿Es procedente la
acción de tutela presentada por el representante legal de una organización que
asocia a las autoridades y organizaciones de los pueblos y comunidades
indígenas en contra de un medio de comunicación para proteger los derechos al
buen nombre, a la honra, de dichas autoridades y organizaciones, así como los de
los correspondientes pueblos y comunidades?
Para resolver el
anterior problema la Sala abordará inicialmente el tema de la legitimación por
activa y por pasiva. Posteriormente, establecerá el cumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y determinará el carácter
fundamental de los derechos presuntamente vulnerados. Finalmente le corresponde
a la Sala indagar si el demandante cumplió el requisito específico de
procedencia de la acción de tutela frente a medios de comunicación, que
consiste en haber solicitado la rectificación frente al respectivo medio.
Legitimación por
Activa
3. La Organización
Nacional Indígena de Colombia, ONIC, se encuentra debidamente acreditada ante
la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, del Ministerio del Interior,
conforme lo establece la Resolución 4402 de 1997. En dicho acto administrativo
consta que la ONIC agrupa a diversas organizaciones y autoridades indígenas del
país. Adicionalmente, consta también que es una de las organizaciones de nivel
nacional que hace parte de la Mesa Permanente de Concertación con los Grupos
Indígenas creada mediante el Decreto 1397 de 1996.
Efectivamente, en los episodios
objeto de la presente decisión se hacen afirmaciones referidas en términos
generales a los pueblos y comunidades indígenas de Colombia, así como a
organizaciones y autoridades de los pueblos y comunidades que hacen parte de esta
organización. Más aun, tanto el demandante como el representante del CRIC aparecen
en los episodios del programa. Por lo tanto, es necesario reconocer que el
demandante tiene legitimidad para actuar en representación de las
organizaciones, autoridades, pueblos, comunidades indígenas y demás sujetos colectivos
a los que se refieren los episodios de Séptimo Día de 26 de agosto, 3 y 6 de
septiembre de 2015.
Por lo tanto, es
necesario concluir que tanto la ONIC como el CRIC tienen legitimidad por activa
para reclamar derechos fundamentales como sujetos colectivos, actuando tanto en
su calidad de titulares de los derechos presuntamente vulnerados como en
representación de los sujetos colectivos afiliados a ellos.
Legitimación por
Pasiva
4.      El demandante
interpuso la presente acción de tutela contra el Canal Caracol, su programa
Séptimo Día y la Agencia Nacional de Televisión. El inciso 5º del artículo 86
de la Constitución Política establece que ésta procede contra particulares que
tengan a su cargo la prestación de un servicio público o frente a quienes el
demandante se encuentre en estado de subordinación o indefensión. Por su parte,
el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece que procede la
acción de tutela contra particulares para solicitar la rectificación de
información inexacta.
En el presente caso,
el Canal Caracol y el Programa Séptimo Día tienen legitimidad por pasiva al
menos por dos razones diferentes. En primer lugar, porque se trata de un medio
de comunicación y uno de sus programas televisivos, los cuales prestan el
servicio público de televisión. En segundo lugar, porque frente a ellos el
demandante se encuentra en situación de indefensión toda vez que carece de
instrumentos jurídicos para exigir la protección de sus derechos fundamentales.
En particular, la transmisión de los episodios del programa Séptimo Día es una
decisión autónoma del director del programa, y en últimas, del canal, que tiene
la posibilidad de afectar los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre del demandante, debido a la magnitud de la difusión del mismo.
5. Así mismo, la
organización también demandó a la Agencia Nacional de Televisión, ANTV, por
permitir la transmisión de los episodios del programa. Sin embargo, conforme lo
establecen las normas constitucionales y legales, a dicha agencia no le
corresponde ejercer un control previo sobre los contenidos de los programas de
televisión en lo que atañe al presente caso. Adicionalmente, conforme lo
informó a esta Corporación, dicha entidad ya inició las gestiones necesarias
para establecer si  había lugar a iniciar procedimientos administrativos contra
el programa y el canal demandados. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el
control previo sobre contenidos no hace parte de las funciones desarrolladas
por la agencia, esta Sala la desvinculará de la presente demanda.
Subsidiaridad
6. El artículo 86 de
la Carta Política, en concordancia con el Decreto 2591 de 1991, dispone que las
personas tendrán la acción de tutela cuando no cuenten con otros medios de
defensa judicial, cuando estos no sean idóneos y eficaces, o cuando sí cuenten
con un medio de defensa judicial idóneo y eficaz, pero la acción de tutela sea
necesaria para evitar un perjuicio irremediable.
7. En el presente caso
el demandante solicita la protección de sus derechos al buen nombre, a la
honra, a la igualdad (no discriminación), y a recibir información veraz e
imparcial. En consecuencia, pretende que se le ordene al programa Séptimo Día
llevar a cabo una rectificación de la información transmitida en el programa. Teniendo
en cuenta tanto los derechos vulnerados como la pretensión del demandante, la
Corte concluye que éste no cuenta con medios de defensa judicial distintos a la
acción de tutela. No existe otro medio de defensa judicial que le permita al
señor Arias obtener una protección de los derechos invocados por el demandante
frente a la transmisión de un programa de televisión, ni que le permita al juez
ordenar la rectificación de la información transmitida en dichos programas.
Inmediatez
8.      La
Corte Constitucional ha establecido que en concordancia con su carácter preferente
y sumario, y con la garantía que ofrece de brindar una protección inmediata, la
acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable. Aun cuando ni
el Congreso ni la Corte han fijado un plazo para interponer la acción, ni han
fijado un término de caducidad de la acción, la Corte sí ha sostenido que la
inmediatez es un requisito de procedencia de la acción, y que el cumplimiento
de dicho requisito debe ser objeto de apreciación por parte del juez en cada
caso concreto.
9.      En
el presente caso, el señor Luis Fernando Arias interpuso la presente acción de
tutela el 25 de septiembre de 2015, es decir aproximadamente un mes y medio
después de la transmisión del último de los tres episodios consecutivos, el 6 de agosto de 2015. El término dentro del cual el demandante
interpuso la acción de tutela resulta perfectamente razonable, por lo cual la
Corte concluye que se cumple el requisito de la inmediatez.
Carácter
fundamental de los derechos presuntamente vulnerados
10. El señor Luis
Fernando Arias solicita la protección de los derechos al buen nombre, a la
honra, a recibir información veraz e imparcial, a la igualdad (frente a tratos
discriminatorios), y a la rectificación (habeas data) de los sujetos colectivos
que hacen parte de la ONIC. Los derechos cuya protección solicita tienen el
carácter de fundamentales conforme a la Constitución Política. Por lo tanto,
también desde este punto de vista es procedente la presente acción de tutela.
Requisitos específicos
de procedencia frente a medios de comunicación
11. Finalmente, la
jurisprudencia tiene bien establecido un requisito específico de procedencia
cuando una persona interponga la acción de tutela para solicitar la rectificación
de la información transmitida por un medio de comunicación, bien sea que el
demandante busque proteger su derecho al buen nombre, a la honra o a recibir
información veraz e imparcial. En tales casos, el demandante debe haber
solicitado previamente la rectificación frente al medio de comunicación, y éste
debe haber negado dicha rectificación o haberla concedido en términos que no
resulten satisfactorios.
12. Como consta en el
expediente (Cd. Ppal., fls. 90-120) el demandante solicitó oportunamente, el 20
de agosto de 2015, la rectificación de la información al Canal Caracol y a su
programa Séptimo Día. Así mismo, como consta en el expediente, dicha
rectificación fue negada con el argumento de que el programa no había afectado
los derechos fundamentales del demandante ni de los sujetos colectivos que
integran la ONIC (Cd. Ppal., fls. 120-124). Finalmente, el demandante aportó a
la demanda copia de la información presuntamente inexacta y de la solicitud de
rectificación. Por lo tanto, se satisface también el requisito específico de
procedencia de la presente acción de tutela. En esa medida, entra la Corte a
analizar el asunto de fondo planteado en la presente acción.
El asunto a
revisar
13. En el presente
caso el demandante, una organización indígena del orden nacional que agrupa
organizaciones y autoridades indígenas de las diversas regiones de Colombia,
estima que se vulneran sus derechos a la honra, al buen nombre, a recibir
información veraz e imparcial, de los sujetos colectivos asociados a ella, porque
la información provista por los episodios del 26 de julio, 2 y 9 de agosto de
2015, del programa Séptimo Día:  a) es contraria a los deberes de veracidad e
imparcialidad correlativos a su derecho a informar, b) vulnera sus derechos a
la honra, al buen nombre, y a la no discriminación, y c) incluye opiniones que constituyen
un discurso que incita al odio y la discriminación contra los pueblos indígenas
de nuestro país.
En particular la ONIC
formula dos tipos de reproches fundamentales frente al programa. El primer tipo
de reproche se dirige contra las opiniones emitidas por presentadores y
reporteros, y mientras el segundo se relaciona con la información presentada en
los tres episodios. La crítica planteada en relación con las opiniones consiste
en que algunas de ellas incitan al odio en contra de los pueblos indígenas. A
su vez, respecto de la información la organización demandante formula
dos tipos de recriminaciones: unas se refieren al contenido, y otras tienen
que ver con la forma cómo la información fue obtenida y presentada.
14. En relación con el
contenido de la información la demanda de tutela eleva dos reproches básicos.
En primer lugar, sostiene que el programa muestra una serie de problemas que
atraviesan los pueblos indígenas sin abordar las causas ni el contexto de los
mismos. En segunda medida, aduce que el programa hace afirmaciones falsas en
torno a algunos de los temas planteados en los tres episodios. En particular en
lo que atañe al ejercicio de la jurisdicción especial indígena, a la corrupción
en el manejo de dinero proveniente del Sistema General de Participaciones, SGP,
y a la presunta vinculación de líderes indígenas con la guerrilla,
especialmente en el departamento del Cauca.
15. Las críticas en
cuanto a la forma como el programa presentó la información están estrechamente
relacionadas con la manera como el programa la obtuvo. En torno al proceso de
obtención de la información plantean tres recriminaciones básicas. La insuficiencia
y falta de imparcialidad de las fuentes, características que según la
organización demandante afectan la veracidad de las afirmaciones. Según
concepto de la ONIC, el programa demandado privilegió como fuentes los
testimonios de personas que son antagonistas del movimiento indígena y/o
carecen de las credenciales para ser considerados como expertos en los temas
sobre los cuales opinan, por lo cual no presentó una panorama completo y veraz
de las problemáticas abordadas. Adicionalmente, sostiene que la selección de
las fuentes muestra la falta de imparcialidad en la presentación de la
información, pues les da mayor cantidad de tiempo a quienes sustancian las
denuncias que a los líderes que se defienden de ellas. Finalmente, acusan al
programa de no distinguir entre la información sobre hechos y circunstancias, y
la expresión de opiniones de los periodistas o del medio de comunicación. En
particular, la organización demandante sostiene que el programa plantea algunos
hechos de manera vaga o ambigua, presentándolos como opiniones. Así mismo, sostiene
que en los tres episodios los presentadores hacen generalizaciones sobre los
pueblos y organizaciones indígenas a partir de casos particulares, afectando de
este modo los derechos de esto sujetos colectivos de derechos.
16. Para establecer si
el medio de comunicación vulneró los derechos fundamentales de los pueblos y
comunidades indígenas y/o de sus autoridades, la Sala debe pronunciarse sobre
los siguientes temas. En primer lugar se referirá a la estructura y alcances
del derecho a la información, de la libertad de prensa y de la libertad de
expresión, haciendo un énfasis especial en las tensiones habituales con otros
derechos, como el derecho a recibir información veraz e imparcial, y los
llamados derechos de la personalidad, como el buen nombre, la honra y la
intimidad.
Así mismo se hará un
análisis del tipo de argumentos que suelen ser utilizados para otorgarle especial
importancia al derecho a informar, a la libertad de prensa, y a la libertad de
expresión. En tercera medida, la Corte se referirá a la manera como la Corte ha
establecido que se deben resolver las tensiones entre ellos, e identificará los
límites del derecho a la información y de la libertad de expresión, tanto desde
el punto de vista de las posibilidades constitucionales de regulación del
contenido del mensaje, como de la forma de transmitirlo.
En cuarta medida, la
Corte entrará a analizar si el programa Séptimo Día vulneró los derechos de los
pueblos, organizaciones y comunidades indígenas. Finalmente, la Sala entrará a
ponderar los bienes jurídicos en conflicto para adoptar una decisión en el
presente caso.
1.
Críticas
relacionadas con la expresión de opiniones
El derecho a
informar, la libertad de expresión y los discursos de odio
17. El demandante
plantea que algunas de las opiniones expresadas por los periodistas y
presentadores en el programa demandado incitan al odio en contra de las
comunidades indígenas. Para establecer si ello es así, la Sala debe hacer algunas
precisiones en torno a la estructura y alcances de la libertad de expresión, la
libertad de prensa y el derecho a informar.
La libertad de prensa,
el derecho a informar y la libertad de expresión suelen estar relacionados,
tanto empírica como analíticamente. Sin embargo, desde sus inicios la Corte se
ha preocupado por aclarar las diferencias entre ellos, en particular, en cuanto
atañe a las diferencias entre la libertad de informar y la libertad de
expresión. La Corte ha reconocido que esta última protege la expresión y
difusión de contenidos que incluyen, pero van más allá del derecho que tiene
toda persona a informar el acontecimiento de hechos, datos o circunstancias, protegidos
constitucionalmente mediante el derecho a informar. La libertad de expresión
protege, además, el derecho a expresar y difundir las opiniones, creaciones
artísticas, y demás productos de la imaginación humana.
18. Así, una de las
diferencias más significativas entre el derecho a informar y la libertad de
expresión se relaciona con el contenido del mensaje expresado. El artículo 20
de la Constitución Política de 1991 exige que la información sea “veraz e
imparcial”. Por lo tanto, mediante la libertad de información la
Constitución protege el contenido y la difusión de un mensaje, en tanto guarde
una relación directa con la realidad. Cuando el contenido del mensaje expresado
y/o difundido pierde su relación con la realidad, bien sea porque yerra en los
hechos, o porque muestra una visión unilateral o parcializada de los mismos, corre
el riesgo de afectar el derecho a recibir información veraz e imparcial, y
otros derechos, como la honra y el buen nombre. Entre tanto, con la libertad de
expresión se protege el contenido y difusión de diversos tipos de mensajes, al
margen de la relación que éstos tengan con la realidad. Los mensajes cuya
expresión y difusión se protege mediante la libertad de expresión pueden ser producto
de la creación humana, sin que por ello dejen de estar protegidos.
19. La protección
constitucional otorgada a esta tríada de derechos suele variar en torno a tres
dimensiones: el ámbito, los sujetos, y el alcance de la protección. El ámbito
de protección está constituido por el conjunto de conductas protegidas, que no
es igual para todos los titulares de estos derechos. Aunque en principio todas
las personas gozan de libertad de expresión y son titulares del derecho a
informar, no todas ellas son objeto de las mismas garantías en relación con la
libertad de prensa. Como el término mismo lo indica, la libertad de prensa
cobija de manera especial a quienes ejercen este oficio o actividad, debido al
papel que la prensa desempeña al interior de la sociedad. Así mismo, no todas
las conductas cobijadas dentro de esta tríada de derechos son objeto del mismo
tipo de protección, ni son susceptibles del mismo tipo de amenazas o
vulneraciones. Por lo tanto, estas tres dimensiones son interdependientes.
20. En relación con el
ámbito de protección, puede afirmarse en términos generales que con la libertad
de expresión se suelen proteger todas aquellas conductas o acciones que tengan
un propósito comunicativo. No se trata entonces de proteger únicamente la
comunicación efectuada mediante un lenguaje verbal, sino de proteger toda acción
con la cual un agente, o un grupo de agentes, tengan la intención de comunicar
un mensaje. De tal modo, mediante la libertad de expresión se protegen aquellas
acciones comunicativas, independientemente del tipo de lenguaje o medio
utilizado, y de la manera como éste se utilice para transmitir el significado
del mensaje.
Por supuesto, dentro
del ámbito de protección de la libertad de expresión están cobijadas las
acciones que utilicen un lenguaje verbal, tanto oral como escrito, como
aquellas otras manifestaciones que empleen lenguajes, signos o símbolos no
verbales, bien sea que éstos representen un mensaje de manera directa o
metafórica. Así, como ya se mencionó, están incluidos los lenguajes artísticos
que se manifiestan como estímulos a los diferentes sentidos. Sin embargo,
también están cobijadas aquellas acciones de carácter político que utilizan
símbolos para transmitir los mensajes, como la actividad de quemar una bandera,
efectuar un plantón, una marcha o una huelga de hambre. Lo importante es que un
agente lleve a cabo tal actividad con la intención de comunicar o transmitir un
mensaje a una audiencia.
21. Ahora bien, en
cuanto atañe específicamente al alcance de la libertad de expresión, la irrelevancia
de la relación del contenido del mensaje con la realidad significa que el ámbito
de protección es mucho más amplio que el del derecho a informar. En efecto, si
se tiene en cuenta la capacidad creativa de la mente humana se podría llegar a
concluir que no existen límites en cuanto al contenido protegido por la
libertad de expresión. Sin embargo, como lo ha reiterado esta Corporación en incontables
oportunidades, nuestra Constitución no establece derechos absolutos. Todos los
derechos establecidos en la Constitución tienen como límite los derechos de los
demás. Por lo anterior, tanto la libertad de prensa y el derecho a informar,
como la libertad de expresión tienen límites en nuestro sistema constitucional.
En efecto, estos derechos suelen entrar en tensión con otros derechos y bienes
jurídicos. Entre los derechos con los cuales suelen entrar en tensión la
libertad de prensa, el derecho a informar y la libertad de expresión suelen
encontrarse los llamados derechos de la personalidad, que están relacionados
con el principio de dignidad humana, como la intimidad, el buen nombre y la
honra, y derechos tanto de libertad como de igualdad.
22. La jurisprudencia
de esta Corporación ha dicho que para resolver las tensiones debe ponderarse en
cada caso el valor que tienen, de una parte, la libertad de expresión, el
derecho a informar y la libertad de prensa, y de otra, los demás derechos y
bienes jurídicos, a través de la armonización concreta, con el objetivo de
minimizar el sacrificio de los contenidos protegidos por los derechos y bienes
jurídicos en tensión. Habiendo dicho lo anterior, la ponderación entre derechos
y bienes jurídicos no puede darse en abstracto. Es necesario, de todas maneras,
entrar a identificar los criterios a partir de los cuales se realiza la
ponderación. De lo contrario, resultaría imposible establecer parámetros que permitan
garantizar tanto la seguridad jurídica como la aplicación del principio de
igualdad en este tipo de casos. La Corte, en decisiones anteriores, ya se había
planteado este mismo problema, en relación con la ausencia de criterios para
establecer los límites de la libertad de expresión en nuestro sistema
constitucional. Al respecto, en la Sentencia T-1319 de 2001 (M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes), sostuvo:
“7. Así precisada la controversia constitucional,
aparentemente el presente caso tendría una solución fácil, pues el artículo 20
de la Carta no contempla  restricciones a la libertad de opinión. Se limita a
establecer condiciones relativas al ejercicio del derecho a la información. Por
consiguiente, podría argumentarse que ese derecho es absoluto y no tiene
límites. Sin embargo, esa conclusión es discutible, por cuanto la libertad de
opinión puede colisionar con otros derechos fundamentales. La pregunta que
surge es la siguiente: ¿a qué criterios puede recurrir el juez constitucional
para analizar la legitimidad de una restricción a la libertad de opinión para
armonizarla con otros derechos, si la Carta explícitamente no señala esos
criterios?”
23. La Corte en
aquella oportunidad acudió al derecho internacional de los derechos humanos
como parte del bloque de constitucionalidad. En particular, acudió al artículo
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que permite limitar la
libertad de expresión en situaciones en que estén en juego el respeto a los
derechos, en especial la reputación de los demás, y la protección de la
seguridad nacional. Sin embargo, esta interpretación sólo nos dice que la
libertad de expresión es susceptible de limitaciones, pero no especifica en qué
medida, ni por qué motivos. En este aspecto, el derecho internacional puede dar
la falsa impresión de que el alcance de la libertad de expresión y su
fundamento son homogéneos en diferentes democracias liberales, cuando en
realidad varían significativamente de un país a otro.
24. Para efectos de identificar
los criterios que deben servir de parámetro para evaluar los límites a las libertades de expresión
y de opinión para ponderar los
bienes jurídicos en tensión en el caso concreto, resulta útil hacer referencia
al derecho comparado. A pesar de que existe un nutrido diálogo entre distintos
sistemas constitucionales en relación con la libertad de expresión, información
y prensa, el alcance y la estructura de los derechos que componen esta tríada
varía significativamente de un sistema a otro. En efecto, se puede afirmar que
ésta es una de las áreas del derecho constitucional comparado donde existen
mayores divergencias. En términos generales, estas divergencias suelen
alinearse a lo largo de un eje marcado por dos extremos. De un lado se
encuentra el modelo conceptualista estadounidense desarrollado durante la
segunda mitad del Siglo XX[33],
que otorga a priori una amplia protección a la libertad de expresión,
información y prensa, privilegiándola frente a otros derechos y bienes
jurídicos. Del otro se encuentra el modelo utilizado por un conjunto bastante
extenso de sistemas constitucionales, pero prohijado de manera importante por
el Tribunal Constitucional Federal alemán, que no fija reglas de prevalencia a
priori, sino que recurre al análisis de proporcionalidad en cada caso
concreto para resolver las tensiones que se presentan.
25. Ahora bien, podría
alegarse que las diferencias entre los distintos sistemas constitucionales
obedecen a diferencias en los textos constitucionales. Así, según dicho
argumento, algunas constituciones no le dan tanta importancia a esta “tríada de
derechos” como otros. De hecho, en algunas constituciones escritas no se
distingue entre la libertad de prensa, el derecho a informar y la libertad de
expresión. Sin embargo, este argumento no es de recibo, pues las divergencias en
torno al alcance de estos derechos no son producto únicamente de diferencias en
los textos constitucionales. Los derechos no son simples creaciones
intelectuales abstractas, sino que corresponden a identidades constitucionales
específicas, forjadas como consecuencia de historias de conflictos sociales y
políticos concretos. En particular, los alcances que le dan los distintos
sistemas constitucionales a esta tríada de derechos son las respuestas
institucionales frente a patrones de choque entre valores, principios y
derechos entre su población. Por lo tanto, para entender el alcance de los
derechos que componen esta tríada es necesario ir más allá del diseño constitucional
y de su literalidad, para entender tanto el proceso como la identidad
constitucional que se desarrollan en cada país.
26. De tal modo, por
ejemplo, los países de la Europa continental que sufrieron el nacional
socialismo y la Segunda Guerra Mundial tienden a privilegiar la dignidad humana
por encima de la libertad de expresión. Las cortes constitucionales en muchos
de estos países han avalado las leyes que penalizan la expresión de opiniones
que niegan el Holocausto judío, ya que esta restricción responde a la
experiencia directa que tuvieron diversos Estados europeos con esta tragedia
universal. Así mismo, los sistemas constitucionales de algunos países europeos
que experimentaron directamente las consecuencias del Tercer Reich, como
Alemania y Austria, prohíben la constitución de partidos nacional socialistas.
Sin embargo, otros países que no experimentaron la presencia del régimen nazi
dentro de sus territorios, como Canadá, Estados Unidos o Nueva Zelanda,
protegen el porte de una esvástica como parte del contenido de la libertad de
expresión. En suma, entonces, la estructura y el alcance de estos derechos frente
a otros corresponde a la adopción de una posición institucional frente a su
propia historia.
27. La adopción de una
posición institucional llevó a algunos países europeos a proteger de manera
especial la memoria colectiva de grupos étnicos determinados. Sin embargo, la
protección especial que provee el ordenamiento jurídico a la memoria de grupos étnicos
determinados que han sufrido vejámenes históricos no está atada únicamente al
pasado, ni constituye un privilegio exclusivo de algunos miembros de la
sociedad. Por el contrario, esta protección jurídica se proyecta hacia el
futuro de estas sociedades, para que los horrores de antaño, como el Holocausto
o el antisemitismo, no vuelvan a ocurrirle, no sólo al pueblo judío, sino a
ningún otro pueblo o grupo social. No se trata entonces de adoptar medidas
especiales de protección para favorecer a un grupo determinado, sino de una
forma de proteger el pluralismo, la diversidad y la tolerancia, como principios
básicos de la sociedad. Más aun, esta forma de protección del pluralismo no es
exclusiva de los países europeos. Según algunos doctrinantes, por ejemplo, el
objeto y alcance de la protección que el sistema constitucional de Canadá
otorga a la libertad de expresión está estrechamente relacionado con el
principio de multiculturalismo, lo cual supone que los alcances de la libertad
de expresión responden también a la necesidad de proteger la diversidad étnica
y cultural de ese país.[34]
28. Ahora bien, nuestra
propia historia también ha estado permeada por épocas y acontecimientos que
vulneran frontalmente el principio de dignidad humana de grupos sociales
determinados. La esclavitud, y más recientemente, el trabajo forzado de comunidades
indígenas en las caucherías, la institución del terraje, las persecuciones a
los indígenas, y masacres como la de Planas, entre otros, son algunos de los acontecimientos
que marcan, no sólo la historia de las comunidades étnicas, sino la de Colombia
en su conjunto. En esa medida,  la protección que la Constitución les otorga a
las minorías constituye un mecanismo tendiente a marcar una ruptura con esta
parte del pasado de nuestro país, y representa la aspiración de que hechos como
estos no vuelvan a ocurrir.
29. En aras de
proteger a los pueblos y comunidades étnicas y a otros grupos minoritarios que
han sido objeto de violaciones históricas de sus derechos fundamentales, nuestro
ordenamiento constitucional ha establecido límites a la libertad de expresión. Como
se dijo anteriormente, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de
San José fue adoptado en nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 16 de
1972, y hace parte del bloque de constitucionalidad. En el numeral 5º del
artículo 13 de este tratado se establece expresamente que los Estados partes
deben prohibir, por ley, los discursos de odio. Dispone dicho numeral:
“Estará
prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.”
30. La Corte ha
aceptado que la expresión y difusión de mensajes cuyos contenidos incitan al
odio o a la violencia hacia personas o grupos sociales determinados no está
protegido constitucionalmente. Ahora bien, el problema radica precisamente en
saber cuándo el contenido de un mensaje incita al odio. Para la jurisprudencia
de esta Corporación no es suficiente con que el emisor del mensaje propague una
opinión negativa en relación con una persona o grupo determinado. Es necesario
también que: a) el contenido del mensaje incite a la violencia o al odio, y que
b) analizando las circunstancias particulares, sea previsible que el mensaje de
hecho incite a la violencia o al odio. Al respecto dijo la Corte en la Sentencia
T-1319 de 2001, anteriormente mencionada:
“De
ello se desprende que ha de estar sancionada la conducta consistente en emitir
una opinión dirigida exclusivamente a incitar a la violencia contra ciertas
personas. No se restringe la opinión negativa contra algunas personas,
sino el hecho de que se utilice la opinión como arma para generar una conducta
violenta en contra de la víctima. Es decir, se trata de situaciones en las
cuales se hace un uso de la libertad de opinión incompatible con la democracia,
la cual procura la solución dialogal de los conflictos sociales.”
“Tratándose
de una restricción a la libertad de opinión, se exige que se encuentre debida y
suficientemente probado el uso indebido de la opinión (lo cual, de suyo,
implica un control posterior). Así, la Corte entiende que no es suficiente
que se compruebe el carácter incitador del mensaje –que deberá estar
previsto en la ley-, sino que también es necesario establecer que, dadas las
condiciones particulares, el ofendido o la audiencia reaccionarán o
reaccionaron violentamente y, finalmente, que existe una relación clara de
causalidad entre uno y otro fenómeno…”
31. En el presente
caso, la organización demandante considera que las opiniones emitidas por el
Programa Séptimo Día incitan al odio. En particular, porque los presentadores y
reporteros presentan una serie de prácticas culturales como reprochables, tal y
como se afirma en los contenidos del programa resumidos en el numeral 7º de los
antecedentes. Para poner en evidencia que el programa de hecho incitó a la
violencia, la organización demandante presenta copias de mensajes de Twitter en
los que algunos usuarios reaccionan al contenido del programa, y el presentador
del mismo plantea preguntas y reacciona ante dichos comentarios (fls 62-89).
32. Sin duda, tanto algunas
de las opiniones emitidas por los presentadores y reporteros de estos programas,
como algunas de las opiniones expresadas por Twitter emiten fuertes juicios de
valor respecto de algunas prácticas culturales, reales o ficticias, atribuidas
a los pueblos indígenas, y critican duramente el conjunto de derechos otorgados
a ellos por la Constitución Política. Más aun, algunas de dichas opiniones pueden
resultar ofensivas y reafirmar prejuicios sociales latentes en contra de las
organizaciones indígenas y de sus miembros. Sin embargo, como lo ha dicho la
Corte, para que el contenido de un mensaje pueda considerarse un discurso que
incita al odio no es suficiente con que el mensaje emita un reproche sobre una
conducta, o que resulte ofensivo para el sujeto reprochado. Es necesario
también que el contenido del mensaje incite al odio o a la violencia, o a
cometer algún hecho ilícito en contra del sujeto reprochado por el respectivo
medio de comunicación.
No observa la Sala que
la crítica a una serie de prácticas culturales por sí misma constituya un
contenido que incite al odio. No puede afirmarse que las ofensas, las
insinuaciones y la reafirmación de los prejuicios existentes en contra de los
pueblos indígenas o de sus líderes inciten al odio, conforme al estándar
definido por la jurisprudencia constitucional. Conforme al consenso en esta
materia, manifestado en las opiniones de las universidades consultadas, para
ello sería necesario que el contenido de las opiniones fuera aún más lejos. No
es suficiente con reafirmar una serie de prejuicios que de hecho ya están latentes
entre algunos segmentos de la sociedad. Es necesario además, que el contenido
del mensaje motive, explícita o implícitamente a la audiencia, a actuar en
contra de los pueblos indígenas, de sus organizaciones, o de sus miembros.
33. Por otra parte, la
Sala tampoco observa que de los mensajes de Twitter se pueda inferir que los
juicios de valor emitidos por los presentadores y reporteros de hecho hayan
incitado a la violencia o al odio hacia los indígenas. Entre ellos no se
observan expresiones que directa o indirectamente permitan inferir que alguno
de los oyentes pretende actuar en contra de los indígenas. Por el contrario, si
bien hay mensajes que reprochan las prácticas culturales a las que alude el
programa, hay otros mensajes que reprochan la manera como se abordaron los
temas y como Séptimo Día estigmatizó tanto a los indígenas como a sus líderes y
organizaciones.
Así mismo, la Corte
tampoco encuentra evidencia de que las amenazas hechas por grupos al margen de
la ley y aportadas por la organización demandante durante el trámite de
revisión sean el resultado de la transmisión del programa. Como se observa en
dichos panfletos, las amenazas van dirigidas contra una gran cantidad de
organizaciones, entidades y personas, entre las cuales se cuentan varios medios
de comunicación, incluido el medio de comunicación demandado.
En virtud de lo
anterior, es necesario reconocer que las opiniones de los presentadores y
reporteros del programa cuestionan algunas instituciones propias del sistema
democrático colombiano, como pueden serlo la jurisdicción especial indígena, o
la distribución del Sistema General de Participaciones entre los pueblos indígenas.
Sin embargo, no por ello se puede concluir que el programa o el canal demandado
hayan utilizado su posición privilegiada dentro del sistema democrático para lograr
objetivos contrarios al mismo, como incitar al odio o la violencia. En esa medida,
la Sala no encuentra que las
opiniones expresadas por el presentador del programa o sus reporteras
constituyan incitaciones al odio.
Sin embargo, como se
verá más adelante, ello no quiere decir que no vulneraron el derecho a la no
discriminación de los pueblos y comunidades indígenas, y a sus autoridades y a
las organizaciones regionales asociadas en la organización demandante.
2.
Críticas
relacionadas con el contenido de la información
La falta de
presentación de las causas y del contexto de los problemas que atraviesan los
pueblos indígenas.
34. El segundo motivo
de censura de la organización demandante en contra del programa Séptimo Día
también se refiere al contenido del mensaje transmitido. Sin embargo, no se
dirige en contra de las opiniones expresadas por los presentadores, sino que
cuestiona la veracidad de la información. En particular, la organización demandante
sostiene que el programa descontextualizó los hechos presentados en el
programa, puesto que no tuvo en cuenta lo que según la organización son las
verdaderas causas de los problemas expuestos en el programa. Según el argumento
planteado en la demanda, al desconocer estas causas, el programa presentó una
visión incompleta y tergiversada de los hechos.
35. Así, por ejemplo, la
organización demandante dice que los niveles de impunidad en la jurisdicción
especial indígena están relacionados con la falta de apoyo del Estado, puesto
que los indígenas no reciben fondos públicos para llevar a cabo la función de
ejercer justicia. Sostiene también que los problemas relacionados con los
recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, se deben a que desde la
expedición de la Constitución Política de 1991 el Congreso no ha querido expedir
una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que cree los territorios
indígenas. Tampoco tiene en cuenta que los procesos de recuperación de sus
territorios están directamente relacionados con la inoperancia del INCODER en
los procesos de constitución y ampliación de resguardos, del mismo modo que los
conflictos con los llamados proyectos de desarrollo se deben a las deficiencias
en la implementación de la consulta previa. Finalmente, sostiene que el
programa tampoco muestra lo que las organizaciones indígenas han hecho para
impedir la mutilación femenina entre los Embera.
Por lo tanto, le
corresponde a esta Corporación responder el siguiente problema jurídico:
¿El deber de veracidad,
correlativo al derecho a informar, implica la obligación del periodista o del
medio de comunicación de presentar las causas que la persona o entidad
denunciada considera que ocasionaron el hecho denunciado?
36. Existen al menos
dos formas distintas de resolver el anterior problema jurídico. Puede
considerarse que el emisor del mensaje tiene una obligación respecto de su contenido.
Según este enfoque, el juez constitucional debe establecer si es suficiente con
que el emisor presente un hecho o circunstancia, o si es exigible
constitucionalmente que además investigue y presente sus causas. La otra manera
de abordar el problema se enfoca, no en el contenido, sino en la forma
como se debe informar un hecho susceptible de distintas interpretaciones. Desde
este punto de vista el periodista no tendría el deber de hacer una
investigación acerca de las causas y presentar un análisis en relación con ellas,
sino simplemente de presentar las diferentes versiones sobre un mismo hecho.
37. El demandante en
el presente caso plantea su acusación de las dos maneras. En primer lugar
sostiene que el contenido del mensaje no cumple con el mandato de veracidad al
no presentar las causas reales de las problemáticas abordadas en los tres
episodios del programa. Por otra parte, sostiene que el mensaje desconoce el
deber constitucional de imparcialidad, por no permitirles a los líderes
indígenas presentar su versión de los problemas de manera suficiente. Estas dos
maneras de plantear el problema tienen implicaciones en relación con el objeto
y alcance del control constitucional. En este acápite la Sala se referirá exclusivamente
al planteamiento según el cual en virtud del deber de veracidad el titular del
derecho a informar tiene la obligación de presentar las causas de los hechos
sobre los cuales informa como parte del contenido de su mensaje. Posteriormente,
en el acápite sobre la forma como el programa presentó la información, la Sala
abordará el tema de la obligación de presentar la versión de los líderes
indígenas sobre las problemáticas abordadas en el programa.
38. Para la Sala, en
principio, el deber de veracidad que la Constitución no obliga al periodista ni
al medio de comunicación a exhibir las causas de los hechos que presenta. Establecer
las causas de un determinado fenómeno corresponde a un deber de rigor
científico propio de las ciencias sociales o exactas, y de las investigaciones
judiciales encaminadas a indagar acerca de nexos de causalidad para atribuir
responsabilidades legales. Sin embargo, a pesar de que proveer el contexto de
la información presentada pueda ser deseable en ciertos casos, no es un deber
constitucional extensible a los periodistas ni a los medios de comunicación.
39. La Corte
Constitucional ha sostenido reiteradamente que el control constitucional sobre
los contenidos producidos por los medios de comunicación es excepcional y
flexible. Esto significa que aun cuando los periodistas y los medios tienen el
deber de presentar información veraz, de ello no se desprende que una
equivocación o un yerro en la información presentada, por sí mismo, constituya
una violación de dicho deber. Podría pensarse que esto es inconsistente, y que
si los medios tienen un deber de veracidad, las informaciones presentadas por
ellos que no correspondan con la realidad constituyen una violación al deber de
informar. Sin embargo, ello no es así. Lo que ocurre es que, como se verá en
profundidad más adelante, los medios tienen un deber de medio y no de resultado.
Desde este punto de vista, los periodistas y los medios de comunicación son
responsables por hacer todo lo que esté dentro del marco de sus capacidades
profesionales y económicas para corroborar las versiones presentadas por sus
fuentes. En esa medida, es perfectamente posible que un medio de comunicación
presente información errada sin vulnerar el derecho de su audiencia a recibir
información veraz. Ello ocurre
si el medio logra demostrar
que adoptó todas las medidas a su alcance para garantizar la veracidad de las
versiones dadas por sus fuentes conforme al estándar de diligencia exigible de
su profesión y capacidad.
40. Ahora bien, en
todo caso un observador podría preguntarse por qué sólo es exigible a los
medios y a los periodistas un deber de diligencia en el manejo de la
información y no un deber de resultado. Al fin y al cabo, la razón de ser de
éstos es informar de manera veraz a la opinión pública para nutrir los procesos
de toma de decisiones tanto colectivas como individuales. De aceptarse que
cometan errores y den información equivocada al público sin que ello acarree
consecuencias en el campo legal –seguiría tal argumento-, se afectaría la
confianza social en los medios. De acuerdo con este razonamiento, la garantía
institucional otorgada constitucionalmente a los periodistas y a los medios resulta
apropiada en tanto permita el logro del objetivo social perseguido con ella,
que es el de mantener un público bien informado. De lo contrario, si la
garantía institucional no asegura el logro de ese objetivo, perdería por
completo su razón de ser.
41. El fundamento
constitucional para darle sólo un alcance limitado a este deber de veracidad es
doble. Por un lado, se trata precisamente de que el sistema jurídico procure
evitar al máximo cualquier forma de censura, restringiendo en mayor medida su
propia intervención sobre el contenido de la información. Por otra parte, sin
embargo, el carácter limitado del deber de veracidad de los medios es el
resultado de una ponderación entre la necesidad de proveer información veraz y
la importancia de que sea oportuna, lo cual en la práctica suele significar un
sacrificio de una u otra. Las decisiones, bien sea editoriales o de otra índole,
respecto del alcance del deber de corroborar la información dada por una fuente
suelen tomarse de manera rápida, bajo la presión de los cierres de edición. Sin
embargo, desde el punto de vista constitucional, si la información ha de tener
alguna incidencia sobre los procesos de toma de decisiones en la sociedad,
tiene que ser oportuna. Poco valor tiene la veracidad de la información si ésta
no es útil porque las decisiones ya han sido tomadas. Así lo ha reconocido esta
Corporación desde sus inicios. Por ejemplo, en Sentencia C-033 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), sostuvo:
“- Y la información es oportuna
cuando entre los hechos y su publicación existe inmediación, esto es, que no
medie un lapso superior al necesario para producir técnicamente la información,
o bien que entre el hecho y su publicación no transcurra un período tal de
tiempo que la noticia carezca de incidencia e interés, pasando de ser
"noticia" a ser historia.”
Por lo tanto, es
necesario que el juez constitucional pondere la importancia de la veracidad de
la información frente a su oportunidad. En virtud de tal ponderación es
necesario sacrificar la plena certeza acerca de la veracidad de la información,
en aras de garantizar que la misma sea oportuna. Por lo tanto, incluso el deber
de corroborar las fuentes está sujeto también a los principios de proporcionalidad
y razonabilidad. Así lo entendió la Corte en la Sentencia T-312 de
2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio)
“Ahora bien, el concepto de veracidad
también demanda un proceso de verificación razonable de la información. Es razonable en
la medida que esta responsabilidad ‘no equivale a la verdad absoluta de los
hechos que se denuncian, pues esto haría imposible la actividad periodística’[35]. Lo que se exige entonces no es una
‘prueba incontrovertible’ acerca de que la información publicada o emitida[36], sino ‘un deber de diligencia razonable con
base en el cual sea factible afirmar que: (i) se realizó un esfuerzo por
constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo
expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la
intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad
y al buen nombre de otras personas’.”
42. Con todo, lo
anterior no significa necesariamente que deba dársele prevalencia a la
oportunidad de la información respecto de la veracidad, o que excepcionalmente
el parámetro de juicio respecto del cumplimiento del deber de veracidad no sea
el contenido de la información en sí mismo. Por tal razón es precisamente que la
ponderación debe hacerse en cada caso concreto, y depende de circunstancias
como la relevancia y la urgencia de la información, así como el tipo de medio
de comunicación, y de la posibilidad de corroborar las fuentes de información
utilizadas.
43. Sin embargo, aun a
pesar de que excepcionalmente el deber de veracidad sí implique un control
sobre el contenido, no les es exigible a los periodistas ni a los medios de
comunicación incluir las causas, o la información de contexto, como parte del
contenido de la información que presentan. Ello es así porque ésta no es una
función que les corresponda a los periodistas y a los medios de comunicación
como parte de su responsabilidad social. A ellos les corresponde informar a la
opinión acerca de hechos y circunstancias. El análisis de las causas y del
contexto de un hecho, acontecimiento o fenómeno social o natural es una labor
que, como se mencionó anteriormente, corresponde al campo de la ciencia, y en
particular, a las universidades y a los institutos de investigación.
En sentido contrario,
podría sostenerse que aun cuando la inclusión de las causas y del contexto como
parte del contenido presentado no sea exigible en general de los medios de
comunicación, sí lo es del periodismo investigativo. Al fin y al cabo, esta rama
del periodismo no está tan enfocada en presentar de manera inmediata las noticias
acerca de los acontecimientos más recientes, sino de abordar temas o problemáticas,
hacerles un seguimiento en profundidad y presentarlos en toda su complejidad.
Desde este punto de vista, la vigencia de la información no constituiría un
factor de presión tan importante, y los periodistas y los medios no tendrían que sacrificar la veracidad de la
información en aras de su oportunidad.
44. Sin embargo, el
anterior argumento no es de recibo, puesto que la decisión de abordar o no las
causas y el contexto de un fenómeno se relaciona principalmente con la calidad
de la información periodística y no con su veracidad. Por lo tanto, si bien desde
una perspectiva profesional, o incluso ética, es perfectamente posible exigir
un estándar más alto en la presentación del contexto y de las causas de las
problemáticas que abordan a quienes hacen periodismo investigativo, dicho
estándar no es exigible constitucionalmente. No le corresponde al juez
constitucional determinar los estándares de calidad o los deberes propiamente profesionales
o éticos que deben cumplir las distintas ramas del periodismo para ejercer
mejor su profesión.
45. Por otra parte,
exigirles a los medios o a los periodistas que presenten su propia versión de
las causas o del contexto de las problemáticas que analizan puede implicar la
pérdida de su imparcialidad. En particular, porque en la atribución de las
causas de cualquier problemática social, tanto como en la selección del
contexto adecuado para entenderlas, hay muchos elementos subjetivos que trae el
analista desde su propia perspectiva. Por lo tanto, la presentación de unas
causas o de un contexto por parte del periodista, como si fueran, no una
opinión, sino un elemento inescindible de los hechos, puede inducir a que la
audiencia se confunda.
46. En ese mismo orden
de ideas, imponerles a los periodistas el deber constitucional de incluir las
causas o el contexto de la información que presentan puede terminar no sólo
confundiendo a la audiencia, sino supliendo el deber de presentar las distintas
perspectivas desde las cuales puede abordarse una determinada problemática
social. Con ello se termina por empobrecer el proceso deliberativo al interior
de la sociedad, en lugar de enriquecerlo. Por lo tanto, de exigirles a los
periodistas que presenten las causas de los fenómenos que investigan, en
realidad se estaría desvirtuando el papel que cumplen los medios de
comunicación dentro de una democracia participativa y pluralista como la
colombiana.
En virtud de lo
anterior, no resulta atendible el argumento de la organización demandante según
el cual el programa Séptimo Día violó el deber de veracidad al que están
sujetos los periodistas y los medios de comunicación por no incluir las causas
y la información de contexto como parte de la presentación de las problemáticas
que abordaron en relación con los pueblos indígenas de Colombia.
Sin embargo, como se
aclaró desde el comienzo del presente acápite, el deber de imparcialidad sí
exige que los medios y los periodistas deban incluir las diversas perspectivas frente
a un hecho, y en particular, el punto de vista de los sujetos contra quienes se
presenta una denuncia. Este problema se abordará más adelante cuando la sala
analice las críticas relacionadas con el proceso a través del cual los medios
obtuvieron su información y la manera como la presentaron.
Antes de ello, la Sala
analizará las demás críticas dirigidas de manera directa contra el contenido de
la información presentada por los programas.
La presentación
de afirmaciones falsas
47. Como lo sostuvo la
Sala al comienzo de las consideraciones de la presente providencia, la
organización demandante reprocha al medio demandado porque el contenido de la
información presentada en los tres episodios del programa es contrario a la
realidad. En particular, el reproche de falsedad se refiere a tres temas: 1) el
ejercicio de la jurisdicción especial indígena, 2) la corrupción en el manejo
de los recursos del Sistema General de participaciones asignado a los
resguardos indígenas, y 3) la presunta vinculación de líderes indígenas con la
guerrilla, especialmente en el departamento del Cauca. A continuación la Corte
analizará, en sus aspectos básicos, las acusaciones planteadas respecto de los
contenidos de los tres episodios del programa.
Análisis de las
afirmaciones en relación con el ejercicio de la jurisdicción especial indígena
48. Los reproches que
formula la ONIC en relación con el abordaje del tema de la jurisdicción
especial indígena no están directamente dirigidos a atacar de falsas las afirmaciones
concretas de los presentadores o reporteros. Más bien, están encaminados a
cuestionar la manera como se presentó la información con respecto a este tema. Esta
Sala analizará las acusaciones que se refieren a la manera como el programa
presentó la información relacionada con el ejercicio de la jurisdicción
especial indígena más adelante. Sin embargo, en este punto sí se pronunciará en
relación con el contenido de algunas de las afirmaciones hechas por los
presentadores y reporteros del programa en relación con la jurisdicción
especial indígena.
49. Una vez analizadas
tanto las transcripciones como las copias de vídeo de los tres episodios del
programa, la Sala pudo corroborar que los presentadores del programa
presentaron información abiertamente falsa. Más aún, se trata de la atribución
de creencias en cabeza de los pueblos indígenas que resultan abiertamente
contrarias a lo que sus autoridades dicen expresamente en el mismo programa.
Tanto el director y presentador del programa, Manuel Teodoro, como su reportera,
Gloria Lozano, sostienen desde el comienzo del episodio del 26 de julio que la
violación no es un delito sino una enfermedad para “los indígenas” –es
decir, para todos los indígenas de este país- como para “la jurisdicción
especial indígena”, sin establecer distinciones ni matices de ninguna especie.
De hecho, el señor Teodoro comienza el programa diciendo:
“Buenas
noches. Una niña indígena es víctima de un acceso carnal violento por parte de
un indígena adulto, el castigo, varios latigazos, un periodo corto de servicio
social en su cabildo y varios días con los brazos y cabeza (sic) metidos en un
cepo, la madre de la víctima exhorta más castigo, las otras mamás indígenas
temen que el violador reincida con sus hijos, efectivamente ocurre. Es un
escenario que Séptimo Día ha visto con alarmante frecuencia en los últimos años,
la violación y otros atropellos son claros delitos en Colombia pero no lo
son en los cabildos indígenas. Hace 24 años una nueva Constitución les
otorgó autonomía y con ella el beneficio de ejercer su propio sistema de
justicia, de acuerdo a ese sistema esos atropellos son considerados como
el producto de enfermedades o influencias de malos espíritus. Pero
centenares de víctimas indígenas en su mayoría ya no creen en su propia
justicia.” (resalta la Sala)
Más adelante en el
mismo programa, el señor Teodoro dice:
“Desde
diferentes resguardos en todo el país, Séptimo Día ha recibido decenas
de denuncias de violación sexual contra menores perpetrada por indígenas, los
denunciantes son casi siempre los padres de la víctima. Gloria Lozano está en
sus resguardos, así continúa su investigación.”
A su turno, la
reportera de Séptimo Día, Gloria Lozano dice, no refiriéndose a las decenas de
casos en todo el país que dicen haber recibido, sino a tres casos en el Cauca:
“En
el caso del presunto abuso sexual de Marisol Wetoto, de la pequeña hija de
Eugenio y de Gloria y Aida Lucía, los indígenas presuntos responsables de estos
hechos no cometieron ningún delito según las creencias indígenas, tan
solo se trató de una enfermedad que se apodera de ellos y que debe ser
tratada según lo manifiestan ellos mismos dentro y fuera de sus comunidades.”
(resalta la Sala)
Reiterando lo mismo
más adelante, pero sin haber entrevistado a un solo gobernador indígena, la
reportera Lozano sostiene:
“Los
gobernadores indígenas afirman que una violación sexual
contra menor de edad no es ningún delito sino que se trata
de una enfermedad.”
Sin embargo,
posteriormente, cuando entrevista al Consejero Mayor del CRIC, y le hace la
pregunta sobre la naturaleza de la violación, y éste le responde todo lo contrario:
Gloria Lozano:     “Un indígena violador de niños
debería estar en la cárcel?
Consejero Mayor:         “Claro, un violador
debería estar en la cárcel, debe estar en la cárcel porque es un peligro para el
resto de la sociedad.”
Gloria Lozano:     “¿Y por qué en casos como el que
le mencioné aparentemente no hubo ninguna justicia y todos están libres?
Consejero Mayor:         “Cualquier persona que
cometa un delito y se determine dejarlo en el territorio no está libre,
tiene que estar cumpliendo unas reglas.”
Gloria Lozano:     “¿Por ejemplo qué reglas?”
Consejero Mayor:         “Por ejemplo ayudar a
cocinar, ayudar a hacer un trabajo básico de la sede del cabildo, por decir,
algo bueno, muchos trabajos que se pueden dejar en manos de ese sancionado, o
de esa persona que comete el delito.”
Gloria Lozano:     “Pero usted me acaba de
decir que deberían estar en la cárcel.”
Consejero Mayor:         “Claro, por eso digo, sí
hay que averiguar por qué no lo enviaron a la cárcel.”
Finalmente, la
reportera desvirtúa la efectividad de la justicia indígena diciendo que
seguramente la justicia ordinaria habría encarcelado a los culpables, pero la
justicia indígena los dejó libres a todos. Al respecto  lo siguiente:
Gloria Lozano:     “Si la justicia ordinaria hubiera
investigado y hubiera capturado a los presuntos responsables que sus
victimarios señalan en el caso de Marisol Wetoto al concejal Jorge, en el caso
de la hija de Eugenio y Gloria al indígena José y en el caso de Aida Lucía al
indígena Luis Fernando Locua, muy seguramente ellos estarían en la cárcel
pagando una condena de al menos cuarenta años de prisión, pero con la
justicia indígena todos están libres.”
50. Los anteriores
apartes muestran que tanto el presentador y director del programa, Manuel
Teodoro, como la reportera Gloria Lozano insistían reiteradamente en que para “los
indígenas” o para “la justicia indígena” los violadores no habían llevado a
cabo una serie de delitos, sino que estaban enfermos. A pesar de ello, tanto el
consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, como otros intervinientes
en el programa sostuvieron en reiteradas oportunidades que esas personas eran
delincuentes y que lo que habían cometido delitos y merecían ser sancionados.
Sin embargo, una y otra vez el presentador atribuyó a los indígenas la
concepción de que la violación constituye simplemente una enfermedad.
51. Esta actitud
insistente de imputar a las autoridades indígenas afirmaciones y creencias contrarias
a lo que expresamente declaran en el mismo programa no resulta aceptable desde
el punto de vista del deber de veracidad correlativo al derecho a informar. En
esa medida, vulnera el derecho a recibir información veraz de los demandantes y
de los demás habitantes de nuestro país. Sin embargo, la afirmación no sólo
resulta contraria al derecho a recibir información veraz. Afecta también el
buen nombre de las autoridades indígenas encargadas de impartir justicia en el
país. Más aun cuando dicha imputación va aparejada de comentarios referidos a unas
presuntas creencias que el presentador y director del programa, y una de sus
reporteras, atribuyen indistintamente a toda la población indígena, y a todos
los cabildos indígenas.  La atribución de estas creencias en cabeza de la
población indígena del país constituye una clara manifestación discriminatoria
de las minorías indígenas, en la medida en que no solo convierte a los 102
pueblos indígenas del país, que corresponden al 3.4% de la población nacional,
en un grupo uniforme con creencias homogéneas, sino que los caracteriza como
personas con convicciones exóticas, distintas a las de la población
mayoritaria, y de hecho, tolerantes con las injusticias cometidas en contra de
los mismos indígenas.
En efecto, peor aún que
dar información claramente contraria a lo que sus mismas fuentes les están
narrando, es el hecho de que el director del programa y su reportera utilicen esta
atribución espuria de ciertas creencias para aseverar que en virtud de ellas, y
de la autonomía otorgada por la Constitución Política, en los resguardos
indígenas reina la impunidad. Con ello no sólo violaron su deber de veracidad,
sino el de imparcialidad, pues se sirven de una atribución falsa de una
supuesta creencia para propagar una opinión en relación con todos los
indígenas del país.
La Corte debe ser
especialmente enfática en relación con las connotaciones de la inferencia que
llevó a cabo el programa demandado, pues efectivamente el programa Séptimo Día
hizo un uso deliberadamente arbitrario e irresponsable de la categoría
“indígena” para hacer imputaciones a todo un grupo social. Y lo hizo basándose
en un criterio sospechoso, cual es el origen étnico o “racial”, según el
lenguaje utilizado por la propia Constitución. Al margen de que las opiniones
expresadas por sus presentadores y periodistas inciten al odio, cualquier
distinción hecha por una entidad pública o privada con base en este criterio está
sujeta a un escrutinio constitucional especialmente riguroso. En el presente
caso, si bien es cierto que no se puede afirmar que el discurso de los
presentadores incite al odio, sí es necesario reconocer que utiliza denuncias
puntuales para atribuir, en
general, una serie de creencias y acciones a los indígenas de nuestro país. Lo
que es peor aún, el programa llega hasta el punto de caracterizar a los
indígenas del Cauca como una categoría indistinguible de los guerrilleros.
Esta utilización de una
categoría sospechosa tiene repercusiones para el grupo en cuestión. En primer
lugar, reafirma estereotipos sociales que impiden que los individuos y las
comunidades sean objeto de valoraciones sociales que correspondan con sus acciones
individuales, o con las de los líderes y miembros de cada comunidad, específicamente
considerados. La imposición externa de estos estereotipos afecta, no sólo el
derecho a la igualdad, vulnera además la dignidad de las personas y de los
grupos humanos. La atribución externa de creencias y acciones a un grupo social
que no se relacionan con el verdadero comportamiento colectivo e individual de
sus miembros, es decir, al reafirmación de los prejuicios, constituye una
manera de “exotización” del grupo. Al exotizar un grupo se le resta la
capacidad para influir sobre su imagen mediante sus propias acciones, de tal
modo que, en los casos extremos, no importa la manera como actúen, siempre
serán juzgados de manera heterónoma, a partir de los prejuicios de terceros, y
no a partir de sus propias acciones. Es decir, la persona o el grupo objeto de
exotización pierde una parte de su autonomía. Esta pérdida de la autonomía puede
llegar a tener consecuencias graves cuando el prejuicio implica riesgos para el
grupo o para sus miembros, como se verá más adelante al analizar el cargo por
omisión del deber de distinguir entre hechos y opiniones.
Ahora bien, podría
alegarse que una fuente les comunicó a los periodistas Teodoro y Lozano que
efectivamente todos los indígenas consideran que los violadores son enfermos,
no criminales y que no deben estar en la cárcel. En tal caso, los periodistas
tienen el deber de decir que según algunas de sus fuentes esa es la creencia de
los indígenas del país. No lo hicieron. Sin embargo, lo que definitivamente no
pueden hacer es desconocer lo que les dice expresa y reiteradamente la máxima
autoridad de los pueblos indígenas del Cauca, cuando la gran mayoría de los
casos de presunta impunidad que presentan ocurren en dicho departamento. Si lo
que expresaron Teodoro y Lozano era una simple conclusión, y no una opinión
personal, no han debido excluir estas declaraciones. Si se trata de una opinión
personal, o de una opinión institucional del canal Caracol, no han debido
presentarlas como un hecho, sino expresar, explícitamente, que esas son sus
opiniones personales, las del programa, o las del medio de comunicación.
52. Por lo anterior, la
Sala ordenará al programa rectificar la información y reconocer que: 1. tanto
el presentador y director, como la reportera Gloria Lozano desconocieron lo
dicho por el Consejero Mayor del Consejo Indígena Regional del Cauca CRIC en
relación con su concepción del delito de violación. Así mismo, deben aceptar que
2. atribuyeron injustamente a todos los pueblos indígenas de Colombia y a su
justicia indígena creencias y convicciones en torno al delito de violación
contra menores de edad, sin tener prueba de ello, y en contravía de las declaraciones de una de sus
autoridades en su programa, y que con ello violaron el derecho de los pueblos
indígenas y de su audiencia a recibir información veraz. Finalmente, deben
reconocer que 3. utilizaron la imputación de tales creencias para justificar su
opinión personal en torno a la justicia indígena, y que con ello vulneraron el
derecho de los pueblos indígenas y de su audiencia a recibir información
imparcial.
Análisis de la
información en relación con la corrupción en el manejo de recursos provenientes
del Sistema General de Participaciones, SGP
53. La segunda
acusación de la organización demandante se dirige en contra de algunas afirmaciones
tanto del director y presentador del programa, como de algunas de sus
reporteras, en torno a que existe corrupción en el manejo que las autoridades
indígenas le dan a los recursos que reciben los resguardos del Sistema General
de Participaciones. Según las afirmaciones hechas por el director y la
reportera existe mucha laxitud y pocos controles sobre la manera como se
manejan los recursos de inversión provenientes de dicho sistema.
54. Para el demandante
esta información es falsa, pues no existe tal laxitud, y de hecho, salvo un
resguardo en el país, los pueblos indígenas no manejan directamente los
recursos provenientes de la asignación directa del SGP. Para fundamentar su
acusación la ONIC sostiene que, conforme a la legislación vigente, son los
alcaldes, y no las autoridades de los resguardos, las que manejan dichos
recursos. Alegan que de acuerdo con la Ley 715 de 2001, los alcaldes son quienes
administran los recursos del SGP que reciben los resguardos indígenas. Para
acceder a dichos recursos las autoridades deben presentar proyectos de
inversión, y los recursos están sujetos a los controles regulares de cualquier
otro recurso público. Si bien esta situación cambió conforme al Decreto 1953 de
2015, para acceder a tales recursos los resguardos y entidades territoriales
indígenas deben obtener una certificación que, hasta ahora, el Departamento
Nacional de Planeación sólo le ha otorgado a un resguardo.
55. Para la Corte, sin
embargo, esta acusación contra el programa carece de fundamento en la medida en
que esta parte del programa gira más en torno a la falta de filtros y de
controles por parte del gobierno nacional, que a acusaciones de malos manejos.
En los casos en que sí se hacen acusaciones por malos manejos, éstas se
refieren a individuos específicos en el Cauca y la Guajira, y no se generaliza
en torno al pueblo indígena. Más aun, a este respecto el presentador del
programa asume una posición más equilibrada, y enfocada en el rol del control
que ejerce el Estado, diciendo, al comienzo del programa de 2 de agosto:
“…Así
como hay mestizos corruptos, afros corruptos, también hay indígenas corruptos.
Por eso cada vez más colombianos se hacen la pregunta: ¡Será que se está
vigilando adecuadamente los miles de millones de pesos que le otorgan a los
cabildos indígenas con el fin de evitar corrupción entre ellos?”
56. Ahora bien, si hay
errores o equivocaciones por parte de los presentadores o de las reporteras en
relación con la mecánica del manejo de los recursos del SGP que se distribuyen
entre los resguardos indígenas, no se puede concluir que los mismos tengan
repercusiones respecto de los derechos de los pueblos indígenas o de la audiencia
del programa. Más aún, la presentadora del programa María Lucía Fernández,
sostiene que el problema ocurre cuando los recursos llegan a los resguardos, y
que no son todos ellos los que están cuestionados:
“…
Se puede decir que nuestro gobierno confía en la buena fe de los líderes
indígenas. Muchos de ellos cumplen con su responsabilidad, pero como nos
muestra Gloria Lozano en su investigación, hay otros que están siendo seriamente
cuestionados por los mismos indígenas.”
Por otra parte, la
misma reportera Gloria Lozano, más adelante en el programa reconoce que los
recursos del SGP son entregados a los alcaldes:
“…Este
dinero es aparte de lo que cada año el gobierno designa (sic) por el Sistema
General de Participación (sic), dineros que llegan a los alcaldes,
y sí son supervisados por los entes de control…”
Por lo tanto, desde
este punto de vista, no puede prosperar la acusación de la organización
demandante de vulneración del deber de veracidad en la difusión de información.
Acusaciones
frente a la presunta vinculación de líderes indígenas con la guerrilla en el
departamento del Cauca
57. En el segundo
episodio del programa se aborda la presunta participación de los indígenas del
Cauca en la guerrilla, y específicamente en las FARC. Manuel Teodoro adopta como
propias las declaraciones de dos guerrilleros respecto de la participación de
los indígenas en la guerrilla. En particular, le da plena credibilidad a lo que
le dice un comandante guerrillero a un periodista extranjero respecto de los
porcentajes de participación del pueblo Nasa en el norte del Cauca, en algunos
frentes del bloque Alfonso Cano de las FARC.
En efecto, al iniciar
la parte del episodio que trata el tema de la participación de los indígenas en
la guerrilla, el señor Teodoro se apropia de la afirmación del comandante de la
guerrilla según la cual en zonas indígenas del norte del Cauca, el 98, o 99% de
la guerrilla es indígena (la cual se transcribe más adelante), pero la presenta
de manera distinta, como si en “algunas zonas del Cauca” ser indígena no
fuera tan distinto a ser guerrillero. Dice:
“Así
como en el resto del país una cosa es ser indígena y otra es ser guerrillero,
en algunas zonas del Cauca, esa distinción no es tan clara.” (44:51)
58. Inicialmente, el
programa les pregunta sobre los vínculos entre la dirigencia indígena y
la guerrilla de las FARC al consejero mayor del CRIC, al líder indígena
Feliciano Valencia, y al entonces gobernador del Cauca. Seguidamente le
pregunta al director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior si hay
nexos entre las comunidades indígenas y la misma organización
guerrillera, como si la dirigencia y las comunidades fueran lo mismo. Todos
ellos responden negativamente.
Posteriormente, la
reportera del programa pone en tela de juicio las aseveraciones de los
funcionarios públicos y de los líderes indígenas presentando algunos apartes de
un vídeo que un periodista extranjero les hizo a dos comandantes del Bloque Alfonso Cano. En la entrevista, el
periodista le pregunta a uno de los comandantes, Matías Aldecoa, lo siguiente:
Reportero extranjero: “¿La participación indígena
en la insurgencia en este bloque Alfonso Cano cuál es? ¿Es muy
alta o-?”
Matías Aldecoa: “Es alta en los territorios
donde hay población indígena. Especialmente en el norte del Cauca,
en donde está el pueblo Nasa, que es el pueblo con mayor población indígena en
el – el segundo pueblo con mayor población indígena en el país, la vinculación
de los indígenas a las guerrillas es bastante alta. Allá guerrilleros y milicianos
en un 98, 99% son quienes componen los frentes guerrilleros en esa zona del
país.” (51:55) (resalta y subraya la Sala)
Posteriormente, la
reportera pone en tela de juicio lo dicho por el líder indígena Feliciano
Valencia, quien anteriormente había negado que los dirigentes indígenas fueran
guerrilleros. La reportera sustenta el cuestionamiento con base en un audio de
una minga en 2013, en la cual el líder pregunta quién va a juzgar a los
indígenas que son guerrilleros después de su desmovilización, si se trata de la
jurisdicción indígena o de alguna otra (52:50).
Sin embargo, la voz no
habla de la problemática de penetración de la guerrilla entre los indígenas, ni
menciona números, ni de porcentajes, ni mucho menos se refiere a la vinculación
de la dirigencia indígena en la guerrilla, tema sobre el cual la periodista le
había preguntado anteriormente al líder indígena. Justo después de eso, el
programa presenta dos documentos de 1987 y 1989, que dice corresponden a acuerdos
entre la ONIC, el CRIC y las FARC, como apoyo de la hipótesis (53:10). Sin
embargo, no muestra el contenido de ninguno de los dos documentos, ni se
refiere a él. Sólo dice que fuentes oficiales le confirmaron a Séptimo Día que
hay otros documentos similares. Por lo tanto, no es claro para el televidente
cómo se relacionan los dos acuerdos con los presuntos nexos entre las FARC y el
CRIC, la ONIC, o la población indígena del Cauca. Finalmente, Gloria Lozano entrevista
a un hombre llamado alias Chepe, quien aparece con la cara tapada con una pañoleta
del CRIC, que dice haber pertenecido a las FARC. A esta persona le pregunta la
reportera Gloria Lozano sobre los nexos con las FARC, tanto de los indígenas
del norte del Cauca, como de sus dirigentes. La fuente únicamente se refiere a
los presuntos nexos de la dirigencia. Sin embargo, no dice nada con respecto a
que existan nexos entre los indígenas o las comunidades y las FARC:
GL:     “Usted es indígena del norte del Cauca?
Chepe: “Indígena del norte del Cauca, sí.
GL:     “Usted perteneció a la guerrilla de las
FARC?
Chepe: “Sí, pertenecí a la guerrilla de las FARC, a
las milicias del sexto frente de las FARC.
GL:     “Los indígenas del Cauca y su
dirigencia, en este caso el CRIC tienen nexos con la guerrilla de
las FARC?
Chepe: “La dirigencia tiene nexos.
De un 100%, el 30% son gente de la guerrilla.”
Posteriormente, la voz
pasa a “off”, y la reportera dice:
GL:     “Es importante destacar que la gran
mayoría de los indígenas del país no tienen nada que ver con la
guerrilla. Según Chepe tan solo se trata de un 30% en el Cauca. Pero
según el comandante del bloque Alfonso Cano, el porcentaje, al menos en
su frente, es muy alto.”
59. Como se observa, la
reportera ya no habla de los nexos de la dirigencia indígena con la guerrilla,
sino de los nexos de todos los indígenas del Cauca. Por otro lado, ya no particulariza
a los indígenas del norte del Cauca, sino que se refiere a los de todo el
departamento. Sin embargo, lo que resulta tal vez más importante es que tergiversa
lo que había dicho en el vídeo el comandante de la guerrilla. No se trata ya de
que el 98 o 99% de los guerrilleros y milicianos en las zonas guerrilleras del
bloque Alfonso Cano –uno solo de los cuatro que hay en el norte del Cauca- sea
indígena. Ahora pone en boca del comandante algo muy distinto, y de lo cual éste
no habló en la entrevista: sostiene que el porcentaje de los indígenas
del Cauca que hace parte de la guerrilla es “muy alto”, dando a entender
que es aún mayor de lo que su informante “Chepe” había dicho, aun cuando éste no
se estaba refiriendo a la población indígena en general, sino únicamente a la
dirigencia. Es decir, mediante la presentación amañada de los hechos que hace
el programa, termina planteando que un porcentaje “muy alto” de la población
indígena del Cauca tiene nexos con la guerrilla.
60. La presentación
tergiversada de los hechos induce a error en la teleaudiencia. Es fácil que
ésta termine creyendo que las fuentes consultadas por el programa efectivamente
afirman lo que la reportera les imputa en torno a la participación indígena en
la guerrilla. Esta tergiversación confirma la aseveración con la que Manuel
Teodoro inicia esta parte del programa, según la cual:
“Así
como en el resto del país una cosa es ser indígena y otra es ser guerrillero,
en algunas zonas del Cauca, esa distinción no es tan clara.”
61. Una afirmación como
ésta no sólo atenta contra el derecho a recibir información veraz e imparcial
de los indígenas y de la teleaudiencia en general. Afecta también el buen
nombre de los pueblos indígenas del Cauca, y su derecho a la honra, pues
implica un señalamiento en contra de una población bastante grande, compuesta
por hombres, mujeres y niños, que han sido especialmente afectados por el
conflicto armado, y cuyas acciones diarias ciertamente no reflejan las acusaciones
que se hacen de ellos. Adicionalmente, estas imputaciones violan el deber de
distinción entre combatientes y no combatientes establecido en el Derecho
Internacional Humanitario, y pone en riesgo a la población indígena, debido a las
estigmatizaciones y las amenazas que pueden recaer contra ellos.
62. Al margen de que
haya o no indígenas que sean guerrilleros, otros que pertenezcan a los
paramilitares, y otros más que hayan dado sus vidas como miembros de las
fuerzas armadas de nuestro país como cualquier colombiano, lo que un medio de
comunicación no puede perder de vista es que tiene una responsabilidad social especial,
no sólo con la población indígena, sino con cualquier segmento de la población que,
por el lugar donde vive, o por cualquier otra circunstancia, sea vulnerable a
la violencia del conflicto armado. No se puede afirmar, así no más, que ser
indígena en algunas partes del Cauca sea prácticamente lo mismo que ser
guerrillero. Como lo han confirmado, no sólo las agencias especializadas de la
ONU, sino también esta Corporación en el Auto A-004, de 2009 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), las comunidades étnicas de nuestro país han
sufrido desproporcionadamente los impactos del conflicto armado.
63. La responsabilidad
social que les es exigible a los medios y a los periodistas requiere que estos se
abstengan de utilizar la posición privilegiada que les otorga el acceso
inmediato a la opinión pública para poner en riesgo a un sector de la población
indígena que vive en cierta parte del país (“algunas zonas del Cauca”),
acusándolos in totum de tener nexos con la guerrilla. Por lo tanto, la
Corte también le ordenará al programa Séptimo Día rectificar esta información, en
el sentido de reconocer que carece de la evidencia para sustentar que en
ciertas partes del Cauca la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es
clara.
3.
Críticas
relacionadas con el proceso a través de la cual la información fue obtenida y presentada
A continuación la
Corte entrará a analizar si los cuestionamientos dirigidos contra la
presentación de la información y la utilización de las fuentes vulneran los
derechos de los pueblos, comunidades, autoridades y organizaciones indígenas
representados por la ONIC.
Vulneración del
deber de distinguir entre la información sobre hechos y circunstancias, y la
expresión de las opiniones del programa
64. La Corte
Constitucional ha establecido desde sus inicios que los medios de comunicación
y los periodistas tienen dos deberes constitucionales respecto de la manera
como presentan la información, así ésta sea verídica. El primero de ellos es el
de distinguir los hechos de las opiniones, y el segundo es el de no presentar
los hechos de tal manera que induzcan a error a su audiencia. Además de las acusaciones
en relación con la falta de veracidad e imparcialidad en la manera como se
utilizaron las fuentes de información, en el presente caso los demandantes
sostienen que el programa demandado vulnera estos dos deberes por cuatro
razones fundamentales: a) en primer lugar, el programa no distingue entre la
presentación de información sobre  hechos y circunstancias, y la expresión de
opiniones propias del medio de comunicación, o de sus reporteros y periodistas,
b) adicionalmente plantea algunos hechos de manera vaga e imprecisa, induciendo
al error al televidente, c) los presentadores hacen generalizaciones sobre los
pueblos indígenas, sus organizaciones y sus dirigentes, con base en casos
particulares que sólo vinculan a una minúscula parte de ellos, y finalmente, d)
en el programa se presentan de manera simultánea hechos en el audio que no
corresponden con las imágenes, induciendo también así a error al televidente.
Por estas cuatro razones, la organización demandante considera que la manera
como fue presentada la información en el programa induce al error, y con ello,
vulnera el deber de veracidad correlativo al derecho a informar. A continuación
la Corte se referirá a cada una de las anteriores acusaciones.
65. En primer lugar,
sostienen que el programa plantea algunos hechos de manera vaga o ambigua,
presentándolos como opiniones. Sin embargo, detrás de estas opiniones hay
afirmaciones generales sobre cuestiones de hecho. Esta acusación está
estrechamente relacionada con otra, cual es la de que en los tres episodios los
presentadores hacen generalizaciones o inferencias no plausibles sobre los
pueblos y organizaciones indígenas a partir de casos particulares, afectando de
este modo los derechos de estos sujetos colectivos de derechos. A partir de
unos pocos casos puntuales documentados en el programa, o de simples
afirmaciones no fundamentadas en hechos, hacen afirmaciones como las
siguientes:
1)
“Los indígenas hoy
por hoy son seres humanos quebrantados.”
2)
“Hay altas cifras de
descomposición social dentro de sus propias comunidades.”
3)
“Otro problema grave
es la manera como los indígenas se están apoderando de tierras que ya tienen
dueño.”
4)
“La violación sexual
y otros atropellos son un delito en Colombia pero no lo es en los cabildos
indígenas.”
5)
“Centenares de
víctimas, en su mayoría indígenas, ya no creen en su propia justicia, por eso
muchos de ellos están pidiendo a grito herido que la justicia indígena sea
revaluada modificada por el gobierno.”
6)
“La justicia indígena
opera de manera fácil y rápida, la jurisdicción indígena es un juego de
voluntad donde si eres amigo o familiar del gobernador puede ser un castigo de
una semana y sale.”
7)
“Estamos hablando de
una jurisdicción que nadie controla y por eso obedece a resabios.”
8)
“Los gobernadores
indígenas afirman que una violación no es un delito sino una enfermedad. Lo que
se pretende es disfrazar un delito diciendo que es una enfermedad.”
9)
“Contrabando, tráfico
de droga y vandalismo, es decir, es fácil delinquir en estos territorios porque
allí la policía no puede entrar.”
10)
“Además que hay
vínculos de algunas comunidades indígenas con la guerrilla, hay nexos entre la
dirigencia indígena y las FARC.”
66. En efecto, una vez
vistos los tres episodios, la Corte pudo constatar que estas afirmaciones
hechas por los presentadores o reporteros del programa, así como otras, son
ambiguas. Los reporteros y presentadores no aclaran a quiénes se están
refiriendo cuando sindican a los indígenas, a sus gobernadores o a sus líderes,
ni a los territorios en los cuales consideran que es fácil delinquir. Podría
alegarse que en la medida en que las afirmaciones no están dirigidas contra
individuos u organizaciones específicas, no vulneran el buen nombre. En la Sentencia
T-088 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) la Corte decidió un caso en
el cual un medio de comunicación hizo las afirmaciones de manera indeterminada
en relación con “los indígenas” que eran utilizados por la guerrilla. En
aquella ocasión la indeterminación del sujeto afectado llevó a la Corte a negar
la protección del buen nombre y la honra. Sostuvo esta Corporación en aquella
ocasión:
“La jurisprudencia ha establecido
una distinción  relacionada con el contenido informativo, para determinar
si una afirmación aparentemente  referida a una persona u organización
tiene la potencialidad de afectar sus derechos al buen nombre o la honra. Se ha
establecido que las afirmaciones genéricas no tienen la potencialidad para
afectar estos derechos, mientras que las específicas sí. La jurisprudencia las
ha definido de la siguiente manera: (i) Una afirmación genérica es “aquella que
es emitida en una forma indeterminada, esto es, que en la misma se describe un
género pero no se distingue ni se concreta, de tal manera que no pueda
conocerse hacia quien va dirigida … En dicha afirmación  la intención
del autor no es involucrar a nadie en particular ni a un grupo
determinado o determinable, pues lo general implica imprecisión, vaguedad,
y mal podría pensarse que a través de ella se vulneren derechos personales”.
Este tipo de afirmaciones, para la jurisprudencia constitucional, no puede
generar la vulneración de los derechos al buen nombre de una persona o de un
grupo de ellas.”
Sin embargo, el precedente
establecido en la anterior sentencia no resulta aplicable al presente caso al
menos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque contrario al
artículo de prensa del que trataba la Sentencia T-088 de 2013, en el
presente caso el programa visibiliza a organizaciones particulares, como pueden
serlo la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN, al Consejo Regional
Indígena del Cauca, CRIC, y la Organización Nacional Indígena de Colombia,
ONIC, y a algunos de sus líderes, individualmente considerados. Así mismo, se
refiere directa e indirectamente a grupos étnicos particulares, como los Wayúu.
Más aun, los reporteros entrevistan a los representantes de tales
organizaciones y a sus líderes. En segundo lugar, porque como se mencionó
anteriormente, las acusaciones en relación con los distintos temas se dirigen
contra las organizaciones indígenas de segundo y tercer nivel, que asocian
otras organizaciones indígenas de carácter regional o local, y a sus
autoridades, los cuales son sujetos colectivos de derechos fundamentales, entre
los cuales se cuenta el buen nombre. En esa medida, si bien los sujetos de los
cuales se predican las conductas son sujetos colectivos de derechos, y sus líderes
y representantes son sujetos determinados y/o determinables, puesto que la
mayoría de ellos tienen personería jurídica y están registrados ante el
Ministerio del Interior. Como lo ha sostenido de manera reiterada y sistemática
la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, los pueblos y comunidades
indígenas son sujetos colectivos de derechos fundamentales. En efecto, de
manera sostenida, la jurisprudencia de esta Corporación ha mantenido el
criterio establecido en la Sentencia T-380 de 1993 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), según el cual:
“[l]a
comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos
individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o
colectivos (CP art. 88). En el primer evento es indiscutible la titularidad
de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados
pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el
ejercicio de las acciones populares correspondientes.” (resaltado fuera de
texto original)
67. Ahora bien, aun a
pesar de lo anterior, podría sostenerse en gracia de discusión que afirmaciones
como las transcritas no se hacen en relación con organizaciones específicas. En
esa medida, mal podrían violarse el derecho al buen nombre de organizaciones
determinables. Al fin y al cabo, los sujetos de las oraciones a las que se
refiere el programa tienen un carácter mucho más general, como “la gran
mayoría” de “los líderes indígenas”, o “los gobernadores indígenas”, o cuando
el programa se refiere al ejercicio de derechos en cabeza de dichos sujetos
como “la jurisdicción indígena”. En esa medida, podría alegarse que a pesar de
que en otras partes de los tres episodios del programa se hace alusión y se
entrevistan líderes y representantes indígenas de organizaciones específicas,
estas afirmaciones no se refieren a ellos.
68. Estos argumentos,
sin embargo, no resultan aceptables por varias razones. En primer lugar,
precisamente porque son afirmaciones vagas e indeterminadas que inducen a error
a los televidentes, y en esa medida vulneran el derecho a recibir información
veraz e imparcial. Al hacer tales generalizaciones a algunos televidentes les
queda la impresión de que presentadores y reporteros se refieren al universo
compuesto por todas las organizaciones indígenas, sus líderes y a los 102
pueblos indígenas, según sea el caso. Otros televidentes, por su parte, pueden
tener la impresión de que se trata solamente de las organizaciones antes
mencionadas.
69. Al margen de cómo
interpreten los televidentes esta ambigüedad, lo cierto es que tanto en un caso
como en otro, el conjunto de denuncias hechas en relación con los temas
abordados por el programa en sus tres episodios es insuficiente para permitirle
a los reporteros hacer inferencias del nivel de generalidad que tienen las
afirmaciones que hacen a lo largo del programa. Al respecto, la Corte ha
señalado en diversas ocasiones que las inferencias y generalizaciones que hacen
los medios de comunicación deben ser plausibles. Al respecto, la Sentencia
T-312 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), sostuvo:
“Es
válido entonces que los investigadores y periodistas profieran afirmaciones
sobre la ocurrencia de un hecho, cuando a partir del contexto examinado, resulten
inferencias plausibles, incluso si no son necesariamente ciertas. En
todo caso, si luego de publicada resulta que la información es falsa y afecta
los derechos fundamentales de una persona, el medio debe publicar los hechos
correctos. [37].
Vale la pena precisar que existen hechos de difícil constatación (ya sea por
razones empíricas o de seguridad), frente a los cuales la jurisprudencia lo que
exige es que no se trasmitan como ciertos y definitivos[38]”
Así, si se toma como
ejemplo el primer episodio se observa que los presentadores y reporteros hacen
afirmaciones generales sobre la impunidad en la jurisdicción especial indígena
con fundamento en cinco casos tomados de sólo dos regiones del país. En primer
lugar, toman tres denuncias por delitos sexuales, una de las incluye además un
homicidio, cometidos contra menores de edad. Así mismo, se refieren en general
a la impunidad en la jurisdicción especial indígena y a la descomposición
social en los resguardos, con fundamento en un delito sexual y ulterior homicidio
perpetrados por dos indígenas en la costa caribe, y otra por un homicidio de un
conductor en la Guajira, los cuales parecen estar en conocimiento de la
jurisdicción penal ordinaria.
Con fundamento en
estas cinco denuncias los presentadores y reporteros hacen afirmaciones como  que
“los indígenas hoy por
hoy son seres humanos quebrantados.”. A lo anterior agregan que “hay altas cifras de descomposición social dentro
de sus propias comunidades”, y que “la violación sexual y otros
atropellos son un delito en Colombia pero no lo es en los cabildos indígenas”. Así mismo, afirman sin presentar
pruebas de que “centenares
de víctimas, en su mayoría indígenas, ya no creen en su propia justicia, por
eso muchos de ellos están pidiendo a grito herido que la justicia indígena sea
revaluada modificada por el gobierno”, y que “la justicia indígena opera
de manera fácil y rápida, la jurisdicción indígena es un juego de voluntad
donde si eres amigo o familiar del gobernador puede ser un castigo de una
semana y sale”. También
sostienen que “estamos
hablando de una jurisdicción que nadie controla y por eso obedece a resabios”. Así mismo hacen algunas afirmaciones dirigidas
contra las autoridades, según las cuales “los gobernadores indígenas afirman que una
violación no es un delito sino una enfermedad. Lo que se pretende es disfrazar
un delito diciendo que es una enfermedad”, o que el “contrabando, tráfico de droga y vandalismo, es decir, es fácil
delinquir en estos territorios porque allí la policía no puede entrar.”
70. Sin duda, los
hechos denunciados en el programa son bastante graves, y con fundamento en la
Constitución Política el programa tiene, no sólo el derecho, sino la
responsabilidad social de informar sobre ellos, independientemente de que se
trate de sujetos de especial protección constitucional como lo son los pueblos indígenas.
Desde este punto de vista, no resulta aceptable el argumento planteado por la
organización demandante según el cual como la jurisdicción especial indígena,
el derecho al territorio, o la consulta previa son derechos fundamentales, su
ejercicio, no es susceptible de crítica pública por parte de un medio de
comunicación. Tampoco resulta aceptable afirmar que los derechos en sí mismos
no puedan ser objeto de opiniones desfavorables. Por el contrario, en un
sistema democrático, participativo y pluralista es importante que los medios
puedan informar sobre ejercicios abusivos de estos derechos, o que critiquen
éstas y otras instituciones consagradas en la Constitución Política.
71. Sin embargo, la
gravedad de los hechos denunciados en el programa no faculta al medio de
comunicación ni a los periodistas para estigmatizar a los pueblos indígenas, ni
a sus autoridades y organizaciones. En esa medida no pueden los medios hacer
afirmaciones que, por su nivel de generalidad, comprometan el buen nombre y la
honra de autoridades y organizaciones, o de los pueblos y comunidades indígenas
del país que nada tienen que ver con los casos objeto de denuncia. Como se mencionó
anteriormente, los medios de comunicación deben ser especialmente cuidadosos
cuando utilizan categorías sospechosas que aludan al origen étnico o racial de
una persona o grupo.
Ello no significa que
los medios de comunicación no puedan hacer inferencias con base en la
presentación de algunos casos. Sin embargo, para que sean aceptables desde el
punto de vista constitucional es necesario, conforme a lo establecido por la
jurisprudencia de esta Corporación, que estas inferencias sean plausibles. Para
que ello sea así, el criterio utilizado no puede consistir en que las autoridades denunciadas y los líderes, los gobernadores, a la juventud indígena,
o los indígenas a los cuales se refieren las afirmaciones de los
presentadores y reporteros del programa comparten las mismas identidades
étnicas. Una inferencia que estigmatiza a un grupo social con fundamento en que
comparte el mismo origen étnico o nacional con un delincuente resulta contraria
al principio de dignidad humana establecido en nuestra Constitución. Equivale a
avalar estigmatizaciones según las cuales los colombianos son narcotraficantes.
En suma, entonces, en una democracia pluralista fundada en la dignidad humana, las
inferencias y generalizaciones hechas por un medio de comunicación no pueden
conducir, ni contribuir, a estigmatizar a grupos étnicos o nacionales enteros.
Por lo tanto, desde
este punto de vista, la Sala encuentra comprobada la vulneración de los derechos
a la igualdad, al buen nombre, y al reconocimiento de la identidad étnica
específica de cada uno de los pueblos, comunidades y organizaciones que hacen
parte de la ONIC. Sin embargo, para evitar imponer directamente una restricción
de contenido a un medio de comunicación, se les ordenará al canal Caracol y al
programa Séptimo Día adoptar un manual de ética escrito que incluya unas reglas
mínimas para abordar temas relacionados con grupos étnicos, minorías sexuales y
demás sujetos tradicionalmente estigmatizados dentro de nuestro contexto social.
El medio y el programa deberán adoptar dicho manual como parámetro de
evaluación previa y continua de sus propios contenidos. Este debe ser público,
e incorporar los principios, reglas y parámetros establecidos por la
Constitución, la jurisprudencia constitucional, la ley, así como en los
instrumentos internacionales sobre la materia. Este manual debe contener, como
mínimo, una regulación comprensiva de la manera como el medio debe abordar
temas relacionados con grupos sociales que habitualmente sean objeto de
discriminación a partir de categorías sospechosas. Así mismo, deberá adoptar un
mecanismo para ponderar los eventuales riesgos que implique la difusión de la
información o de las opiniones transmitidas por el mismo sobre el grupo social,
en particular en cuanto tiene que ver con el conflicto armado interno.
Inconsistencias
entre imagen y audio e inducción del televidente al error
72. En el presente
caso, la organización demandante acusa al medio de presentar imágenes de
castigos físicos suaves impuestos por autoridades indígenas al mismo tiempo que
en el audio los reporteros del programa se referían al juzgamiento de indígenas
por delitos sexuales contra menores de edad. Para la organización demandante
esta manera de presentar simultáneamente unas imágenes que no están
directamente conectadas con el audio para sustentar su posición respecto de la
impunidad en la jurisdicción especial indígena induce al error.
La presentación
simultánea de imágenes y contenidos de audio puede conducir a los televidentes
a asociar el mensaje que oyen, creyendo que tiene una relación de identidad con
lo que están viendo. La simultaneidad puede llevar a los televidentes a
identificar el audio y el video, y con ello alterar su percepción de la
realidad. Esto es particularmente cierto si ni el medio ni el periodista
aclaran cuál es el contexto de las imágenes que están presentando. Por otra
parte, sin embargo, utilizar imágenes de archivo para ilustrar los temas que se
abordan en la prensa escrita o en televisión es una práctica común en el periodismo,
que resulta en principio válida desde el punto de vista constitucional. Sin
embargo, la utilización de este recurso no puede inducir al error al
televidente.
73. Ahora bien, para
evaluar si la utilización de este recurso en el caso concreto induce al error
es necesario llevar a cabo una armonización concreta de los bienes jurídicos en
tensión. En el presente caso es necesario armonizar la libertad del medio para
hacer uso de recursos de ilustración de los temas, con el riesgo de afectar el
derecho a recibir información veraz, al buen nombre y a la honra. Sin embargo,
para que pueda hablarse de una afectación a estos derechos fundamentales es
necesario que haya una distorsión de la realidad a través del error inducido, y
que la misma sea de tal magnitud que resulta clara la tergiversación. Sin
embargo, la organización demandante no presentó un estándar conforme al cual la
Corte pueda valorar y juzgar la claridad de la distorsión, ni prueba siquiera
sumaria de la falta de conexidad entre las imágenes y el audio. Es decir, si
bien la organización demandante censura la presentación simultánea de imágenes
desconectadas, no presenta pruebas de tal falta de correspondencia, ni de la
distorsión. Por lo tanto, la Corte no puede concluir que la presentación de
dichas imágenes esté distorsionada.
Por lo tanto, pasa la
Corte a analizar las acusaciones dirigidas en contra de la manera como el
programa utilizó las fuentes de información.
La insuficiencia
de las fuentes y el incumplimiento del deber de veracidad de la información
Los demandantes
plantean acusaciones de diversa índole contra la veracidad e imparcialidad de
las fuentes de información utilizadas por el programa.
74. En primer lugar
sostienen que el programa incumplió su deber de presentar información veraz,
puesto que algunas de las fuentes utilizadas no son idóneas. En particular, el
demandante considera que la falta de idoneidad radica en que algunas de las
fuentes utilizadas desconocen las problemáticas de los pueblos indígenas sobre
los cuales se pronuncian. Así, por ejemplo, la ONIC cuestiona la idoneidad de
los senadores Paloma Valencia y Alfredo Rangel para referirse a los temas sobre
los cuales los entrevistan. Según la organización, estas personas carecen de
las credenciales para ser considerados expertos en los temas sobre los cuales
opinan, con lo cual no presentó una panorama completo y veraz de las
problemáticas abordadas. Sostienen, por ejemplo, que, contrario a lo que afirma
el presentador del programa, el hecho de que la senadora Paloma Valencia tenga
“raíces” en el Cauca no la cualifica para emitir una opinión autorizada sobre
el ejercicio de la jurisdicción especial indígena en dicho departamento. En la
medida en que las fuentes no son idóneas, la información que presenta el programa
en relación con estas problemáticas resulta ser insuficiente. Por esta razón, aducen
que el programa no presenta información veraz.
75. La primera
acusación cuestiona la falta de idoneidad de las personas a quienes el programa
entrevista como expertos en los temas abordados durante los tres episodios. Los
criterios por los cuales un programa de opinión o de información decide entrevistar
a una persona, y su idoneidad, no constituyen elementos que hagan parte del
objeto del análisis de constitucionalidad.  El juez constitucional no puede reemplazar
las decisiones netamente periodísticas que se relacionan con las credenciales
de las fuentes de información provistas por los medios de comunicación.
76. La idoneidad
ciertamente incide sobre la calidad de la información presentada, y sobre la
capacidad de los medios para contribuir al mantenimiento de una opinión pública
informada y con criterio. Sin duda, estos son objetivos constitucionalmente protegidos,
y de hecho son precisamente el fundamento por el cual se les otorga a los
medios una protección especial desde el punto de vista constitucional. Sin
embargo, la intervención del juez constitucional sobre la idoneidad de las
fuentes no puede justificarse exclusivamente sobre el valor atribuido a ciertos
objetivos constitucionales. En particular, porque la intervención del juez
sobre dichos criterios resulta inadecuada. En otras palabras, dicha
intervención no garantiza por sí misma la idoneidad de las fuentes, pues el
juez constitucional no es, ni puede convertirse, en un evaluador del
conocimiento, de las credenciales, o de la suficiencia de las opiniones de terceros.
Por el contrario, la intervención sobre las fuentes puede constituir una forma
de censura a los medios de comunicación, disfrazada desde la perspectiva de una
presunta evaluación de idoneidad. Les corresponde a los periodistas y a los
medios determinar la idoneidad de las fuentes que consultan para efectos de
presentar información y opiniones sobre los temas que abordan.  En virtud de lo
anterior, la Corte encuentra infundada la acusación y se abstendrá de pronunciarse
sobre la idoneidad de las fuentes consultadas.
La insuficiencia
de las fuentes y el equilibrio informativo: vulneración del deber de
imparcialidad de la información
77. Por otra parte, el
demandante plantea una segunda acusación, relacionada también con la forma como
fueron utilizadas las fuentes de información en el programa. A pesar de estar
estrechamente relacionada con la anterior, esta acusación no va dirigida a
censurar propiamente la falta de veracidad, sino la falta de imparcialidad de
la información. Argumenta la demanda que el programa privilegió a quienes
pretenden sustanciar las denuncias en contra de las organizaciones y de las
comunidades indígenas, dándoles mucho más tiempo que a quienes las defienden.
Esta característica constituye, según el parecer de la organización demandante,
una violación del deber de imparcialidad, correlativo al derecho a informar.
78. El análisis que
debe hacer el juez constitucional respecto del equilibrio informativo, como
requisito para garantizar la imparcialidad de la información, es
sustancialmente diferente al atinente a la idoneidad de las fuentes. Si bien una
presunta falta de idoneidad de las fuentes no implica la falta de veracidad de
la información, el desequilibrio informativo sí puede llevar a que las fuentes
sean insuficientes, y por lo tanto, la información termine siendo parcializada.
Al respecto, la Corte ha sostenido que el deber de imparcialidad, correlativo
al derecho a informar, no implica el deber de desligarse por completo de la
propia subjetividad. Por el contrario, este deber presupone la consagración de
un margen interpretativo en cabeza de quien informa. Sin embargo, le impone el
deber de guardar un equilibrio informativo. Este equilibrio requiere presentar
las distintas aristas respecto de un mismo hecho, de tal manera que el receptor
de la información esté en capacidad de formarse su propio criterio en relación
con lo ocurrido. En una sentencia reciente, la Sentencia T-312 de 2015
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), sintetizó los aspectos generales de la línea
jurisprudencial desarrollada por esta Corporación respecto del deber de
imparcialidad. Al respecto sostuvo:
“En
lo referente al principio de imparcialidad de la información, la Corte
Constitucional desde un principio (T-080 de 1993) estableció que ‘envuelve una
dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos y
está a mitad de camino entre el hecho y la opinión’. No significa esto que los
medios ‘deban presentar las noticias como relatos puros sobre los hechos
acaecidos, pues la libertad de opinión de los periodistas y la defensa del
pluralismo autorizan que los medios valoren de determinada manera lo sucedido’.
La pretensión positivista del investigador que se limita a transmitir
objetivamente un hecho corre el riesgo de ‘llevarse al extremo de vaciar de
contenido la libertad de información’ En últimas, toda
interpretación y procesamiento de la información guarda algo de subjetivo.
“El
Constituyente del 91 no quiso llegar hasta ese extremo y optó por
vincular la exigencia de imparcialidad al equilibrio informativo, es decir,
al ‘derecho al público a formarse libremente una opinión, esto es, a no
recibir una versión unilateral, acabada y pre-valorada de los hechos que le
impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios
expuestos objetivamente’. En esa medida, cuando un periodista desea
emitir una información debe contrarrestarla con diferentes fuentes y confirmarla,
si es el caso, con expertos en la materia o con la parte directamente
implicada, para plantear todas las aristas del debate.”
79. Ahora bien, aun
reconociendo la dificultad de desligar los hechos de las percepciones, interpretaciones,
valoraciones y opiniones, en este punto es necesario establecer una distinción
entre la labor informativa del periodista y del medio de comunicación, y su
papel como transmisor de una opinión. Como lo sostuvo la Sala al comienzo de
las consideraciones de la presente sentencia, desde la perspectiva
constitucional el análisis de una opinión, una idea, o un juicio de valor
subjetivo debe ser más flexible que el de la información sobre un hecho
susceptible de comprobación empírica. La transmisión de una idea, juicio de valor,
opinión o expresión artística, por sí misma, no está sujeta al deber de
equilibrio informativo. En esa medida, un programa de opinión no necesita “plantear
todas las aristas del debate”, sino únicamente presentar la opinión o idea
de quien la expresa, sea éste el periodista o el medio de comunicación. Más
aún, imponerle esta exigencia a un programa de opinión, a una columna, o a una
editorial, puede llegar a desvirtuar la relación que existe entre la libertad
de expresión, la autonomía del individuo, y el derecho al libre desarrollo de
la personalidad. Por ende, es necesario establecer de antemano si el objeto de la
acusación por falta de imparcialidad es una opinión, una idea, o una información
sobre hechos. Para tal efecto, resulta importante desde la perspectiva
constitucional identificar si el medio de comunicación tiene como objeto la
difusión de opiniones o de información acerca de hechos. En el primer caso el
medio en principio estará sujeto a un análisis mucho más flexible, mientras en
el segundo le será exigible el cumplimiento de los deberes de veracidad e
imparcialidad.
80. Séptimo Día ha
sido considerado como un programa de opinión por parte de esta Corporación, y
por lo tanto, conforme a esta clasificación estaría sujeto a unos parámetros más
amplios respecto de los deberes de veracidad e imparcialidad. En efecto, en la Sentencia
T-043 de 2011 (M.P. Humberto Sierra Porto), la Corte sostuvo:
“Recuerda la Sala que, si bien respecto de la
información trasmitida por un programa de televisión se exige veracidad e
imparcialidad, el
enfoque periodístico de los programas de opinión, como es el caso de Séptimo
Día, está sometido a parámetros mucho más amplios, pues en su
labor involucra opiniones y enfoques propios del principio misional del programa,
cuya limitación, en un contexto de democracia, apertura y pluralismo, debe
hacerse únicamente en aquellos casos extremos en que exista una vulneración
desproporcionada a derechos fundamentales de otros individuos.” (resaltado
fuera de texto)
81. Sin embargo, la
clasificación de Séptimo Día como un programa de opinión en la mencionada
sentencia no constituye un criterio vinculante en el presente caso. En primer
lugar, porque esta clasificación de la Corte contradice abiertamente la hecha
por el mismo director del programa en declaración tomada por esta Corporación
en el presente caso. En la declaración de junio 1º de 2016, el señor Manuel
Teodoro, sostuvo:
“…ahora,
hay que destacar algo que me parece muy importante, Doctor, y es que nosotros
no manejamos una línea editorial de opinión, nuestro periodismo es
un periodismo cuya misión es reflejar los hechos tal y como sucedieron,
sin maquillarlos de ninguna forma, por usar la palabra y si alguien opina
alguna cosa, pues queda muy claro que es la opinión de un tercero, de un
entrevistado y se le respeta esa libertad que ellos tienen, pero nosotros
nunca, nunca.” (resalta y subraya la sala)
82. En segundo lugar,
la clasificación del programa como de opinión también contrasta con el análisis
estricto del equilibrio informativo evaluado por la Corte en una sentencia
posterior, la Sentencia T-312 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
En esta última decisión, la Corte comienza su análisis con la siguiente precisión:
“Ahora
bien, en cumplimiento del deber de imparcialidad es preciso destacar que
se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas.
A partir de los múltiples testigos y expertos consultados por el medio,
es posible extraer el siguiente resumen de los intervinientes y los temas
abordados por estos”
83. Por lo demás, la
mencionada clasificación también resulta contraria al análisis efectuado por la
Corte en la Sentencia T-094 de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), conforme
al cual esta Corporación concluyó que el programa Séptimo Día había vulnerado los
derechos fundamentales del demandante, al no revelar la información completa y
veraz, y en particular, la grabación completa que había realizado a escondidas
en su restaurante. Si se tratara de un programa de opinión, el análisis
efectuado por la Corte en aquella oportunidad no hubiera sido tan riguroso. Al
respecto, la Corte sujetó el análisis de vulneración del derecho a recibir
información veraz e imparcial:
“El
Canal Caracol a través del director del Programa accionado desconoció los
deberes que le corresponden como medio de comunicación, entre ellos, los de
obtener y revelar a la opinión pública una información que sea completa y
veraz, y fundar la misma en medios probatorios objetivos e idóneos,
provenientes de autoridad administrativa o judicial, lo que no ocurrió en el
asunto sub examine ya que el programa tan sólo divulgó apartes de la grabación
que se realizó en las
instalaciones de la Salsamentaria”
Por lo tanto, es
necesario concluir que conforme lo establecen el director del programa y varias
sentencias de la Corte, tanto anteriores como posteriores a la T-043 de 2011, el
Programa Séptimo Día no es un programa de opinión. Por lo tanto, conforme se
estableció previamente, el programa está sujeto a los deberes de veracidad e
imparcialidad, y en particular, al deber de mantener el equilibrio informativo
en relación con la información que provea a la teleaudiencia.
84. Este deber de
mantener el equilibrio informativo no significa que sea necesario que el medio
de comunicación preserve un balance matemático en el tiempo o en el espacio que
les otorga a quienes presentan y sustancian una denuncia, frente a aquel que
les da a quienes se defienden de ella. Por otra parte, lo anterior no significa
que el denunciado tenga derecho a exigir un acceso incondicionado al medio de
comunicación. Sin embargo, tampoco resulta aceptable que la oportunidad de
defenderse frente a una denuncia o acusación, o de presentar su versión de los
hechos por parte de quienes tengan una posición contraria, resulte siendo poco
más que una liturgia vacua, efectuada con el propósito de cumplir formalmente
un requisito constitucional. No es aceptable darle apenas unos instantes de
audio y vídeo al sujeto acusado, si en la práctica no se le permite presentar
de manera suficiente y completa sus puntos de vista. Al respecto, la Corte ha
sostenido que la oportunidad debe ser razonable. En la Sentencia T-1319 de
2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), la Corte sostuvo:
“En el contexto del periodismo, este aspecto
funcional pone de presente la fuerte necesidad de armonizar derechos
constitucionales, como los que ocupa esta decisión, y explica de la
responsabilidad social que la Carta le endilga a dicha actividad. De ésta se deriva,
en el contexto de la libertad de opinión, que la persona señalada por el
medio de comunicación ha de tener la oportunidad de confrontar, de manera
razonable y sin que ello pueda implicar un derecho a acceder al micrófono
cuando lo considere pertinente, las opiniones en su contra. Se trata de
garantizar un equilibrio entre las opiniones, pues únicamente de esta manera se
realiza la función constitucional de los medios de comunicación en materia de
opinión: coadyuvar a la conformación de la opinión pública.”
“En este
sentido, debe advertirse que la función estructural que cumple la libertad de
expresión, y en particular la libertad de prensa, de crear condiciones para una
real democracia deliberativa, dentro de la cual sea posible el ejercicio de
control del poder, impone al medio de comunicación que establezca escenarios
dentro de los cuales la opinión pueda ser confrontada por las contrapartes.
El espacio deliberativo se ha de trasladar, de alguna manera, al ámbito
periodístico. A fin de que el foro sea realmente público y democrático, en el
cual se genera una opinión libre, no pueden faltar elementos propios del
debate. La ausencia de contradictores torna a la audiencia en cautiva y con
reducidas opciones para formarse su propia opinión sobre el tema debatido en el
foro. Se trata, pues, de lograr un equilibrio informativo.” (resaltado
fuera de texto original)
85. Ahora bien, ¿cómo
se evalúa la razonabilidad de la oportunidad de defensa que se le da al
denunciado en un medio de comunicación que busca informar a la opinión pública?
Al respecto, la Corte en su jurisprudencia ha manifestado de manera reiterada
que el equilibrio informativo supone una oportunidad efectiva del
denunciado para defenderse de la acusación que se le hace. Esta Corporación, al
analizar el deber de equilibrio informativo en materia de televisión en la Sentencia C-162 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sostuvo que la oportunidad que se le da
al denunciado para ofrecer su versión de los hechos debe ser efectiva. En
aquella ocasión, sostuvo:
“La
imparcialidad exige que en estos casos, la persona agraviada pueda efectivamente
ofrecer a la audiencia su propia versión de los hechos, lo que a la
vez facilita una especie de defensa social y provee a la colectividad mejores y
contrastados elementos de juicio para formarse una opinión adecuada sobre los
acontecimientos y sucesos que se ventilan.” (resaltado y subrayado
fuera de texto original)
86. La efectividad de
la oportunidad que da el medio de comunicación al denunciado para defenderse
depende de que permita, además del ejercicio del derecho de réplica, el logro
del resultado que se pretende al garantizar el derecho a informar, que consiste
en mantener una opinión pública bien informada. Como lo ha sostenido
reiteradamente la Corte, el mantenimiento de una opinión pública informada constituye
un elemento necesario para el buen funcionamiento de una democracia
participativa y pluralista como la colombiana.[39]
Para mantener una opinión pública bien informada es necesario que la ciudadanía
cuente con versiones diferentes sobre los hechos que se presentan. La
efectividad de la oportunidad que tiene el denunciado para ofrecer su versión
de los hechos requiere que se le permita transmitir su mensaje. Como ya se dijo,
ello no significa que tenga derecho a exigir acceso ilimitado para expresar su
opinión.
87. Sin embargo, el
mantenimiento del equilibrio informativo supone una serie de garantías básicas
para que la oportunidad del denunciado sea efectiva. En primer lugar, es
necesario que tanto las personas que se defienden de las acusaciones formuladas
contra ellos, como los demás intervinientes, conozcan específicamente cuál es la
acusación que se les está formulando. En segunda medida, el medio de
comunicación o el periodista le debe dar a estas personas un estimativo de cuánto
tiempo van a estar al aire, o qué espacio van a tener para presentar su versión
de los hechos. De lo contrario, los sujetos acusados no tendrán una oportunidad
real de presentar su versión de los hechos por los cuales se les denuncia. Si
los medios entrevistan al denunciado durante una hora, pero sólo presentan unos
breves segundos de su versión de los hechos, difícilmente tendrán una
oportunidad de hacerlo. En ese mismo orden de ideas, el tiempo que les otorgan
para defenderse, directamente, o mediante entrevistas a terceras personas
sugeridas por ellos, deben ser razonables. Es decir, no pueden ser
desproporcionadamente inferiores al tiempo o al espacio dedicado a sustanciar
las denuncias.
88. Si el tiempo o el espacio
para presentar su versión es insuficiente, la oportunidad dada por el medio no
será efectiva y se les vulnerará el deber de equilibrio informativo. Sin
embargo, es claro que los medios de comunicación cuentan con recursos
limitados, y ello repercute sobre la cantidad de tiempo o espacio que les
pueden dar a los inculpados o a quienes presentan versiones. Por tal razón, es
fundamental que los medios de comunicación les den un estimativo del tiempo al
aire, o del espacio que efectivamente les van a asignar a quienes se defienden
de las denuncias presentadas. De lo contrario, las personas que se defienden no
tendrán la capacidad efectiva para transmitir su mensaje, rompiendo con ello el
equilibrio informativo que deben preservar. Por consiguiente, es necesario
concluir que tanto el otorgamiento de tiempo o espacio insuficientes, la falta
de conocimiento de las acusaciones precisas, y del tiempo o espacio con que
cuentan quienes se defienden de una denuncia afectan la posibilidad real de la
opinión pública para formarse una opinión ponderada de los hechos.
89. En el presente
caso la Corte analizó los tres episodios de Séptimo Día, cuantificando el
tiempo que el programa les dio a quienes presentaban o sustanciaban las
denuncias y a quienes se defendían de ellas o las rechazaban. La Corte concluye
de dicho análisis que el tiempo que el programa les dio a los que se defendían
o las rechazaban un tiempo desproporcionadamente menor que a quienes las
presentaban o las sustanciaban. Del total se restaron los tiempos que no están
dedicados ni a la sustanciación de las denuncias ni a la defensa en relación
con las mismas. Así, por ejemplo, en el primer episodio del programa, transmitido
el 26 de julio de 2015, se obtuvieron los resultados que se sintetizan a
continuación, y cuyo análisis extendido se aporta como anexo a la presente
Sentencia:
TIEMPOS DE SUSTANCIACIÓN Y DEFENSA DE LAS
DENUNCIAS EN EL PRIMER PROGRAMA (26 DE JULIO DE 2015)
Tiempo total del programa en el que se
realizan intervenciones para sustanciar las denuncias
0:47:29
Tiempo total del programa en el que se
realizan intervenciones para defenderse de las denuncias
0:02:54
Por su parte, los
resultados del análisis del segundo programa se pueden sintetizar de la
siguiente manera:
TIEMPOS DE SUSTANCIACIÓN Y DEFENSA DE
LAS DENUNCIAS EN EL SEGUNDO PROGRAMA (2 DE AGOSTO DE 2015)
Tiempo total del programa en el que se
realizan intervenciones para sustanciar las denuncias
0:31:08
Tiempo total del programa en el que se
realizan intervenciones para defenderse de las denuncias
0:03:14
En el tercer programa,
la síntesis es la siguiente:
TIEMPOS DE SUSTANCIACIÓN Y DEFENSA DE
LAS DENUNCIAS EN EL TERCER PROGRAMA (9 DE AGOSTO DE 2015)
Tiempo total del programa en el que se
realizan intervenciones para sustanciar las denuncias
0:34:27
Tiempo total del programa en el que se
realizan intervenciones para defenderse de las denuncias
0:05:27
Finalmente,
consolidando la información anterior, los totales de los tres programas arrojan
el siguiente análisis:
TIEMPOS DE SUSTANCIACIÓN Y DEFENSA DE
LAS DENUNCIAS EN EL CONSOLIDADOS DE LOS TRES PROGRAMAS
Tiempo total del programa en el que se
realizan intervenciones para sustanciar las denuncias
01:53:04
Tiempo total del programa en el que se
realizan intervenciones para defenderse de las denuncias
0:11:35
90. De las tablas
anteriores se observa que el tiempo total que el programa le otorga a
sustanciar las denuncias, bien sea directamente mediante sus presentadores y
reporteros, o a través de sus entrevistados es casi 10 veces el tiempo que le
dedica a permitirles a los
líderes indígenas y a los representantes de las organizaciones y a los
funcionarios públicos para desvirtuarlas. De lo anterior se puede concluir que existe una clara desproporción entre el tiempo que el
programa dedica a la sustanciación de las denuncias, y el que le otorga a quienes
pretenden desvirtuarlas.
Adicionalmente, si se
analizan los tiempos de cada uno de los programas dedicados a entrevistar a las
personas y aquellos utilizados para que los presentadores y reporteros del
programa planteen sus puntos de vista, se puede observar que los tiempos que el
programa le otorga a los entrevistados son inferiores a aquellos en los cuales
los reporteros o presentadores presentan sus opiniones, conclusiones, o
síntesis de los hechos. A continuación se resumen los tiempos en cada uno de
los programas y los totales de los tres programas.
TIEMPOS DE PRESENTACIÓN Y ENTREVISTA DEL
PRIMER PROGRAMA (26 DE JULIO DE 2015)
Tiempo total del programa en el que
hablan los presentadores y reporteros
0:27:21
Tiempo total del programa en el que
hablan los invitados
0:25:01
TIEMPOS DE PRESENTACIÓN Y ENTREVISTA
DEL SEGUNDO PROGRAMA (2 DE AGOSTO DE 2015)
Tiempo total del programa en el que
hablan los presentadores y reporteros
0:21:13
Tiempo total del programa en el que
hablan los invitados
0:12:46
TIEMPOS DE PRESENTACIÓN Y ENTREVISTA
DEL TERCER PROGRAMA (9 DE AGOSTO DE 2015)
Tiempo total del programa en el que
hablan los presentadores y reporteros
0:35:09
Tiempo total del programa en el que
hablan los invitados
0:16:27
TIEMPOS TOTALES DE PRESENTACIÓN Y
ENTREVISTAS EN LOS TRES EPISODIOS DEL PROGRAMA
Tiempo total del programa en el que
hablan los presentadores y reporteros
01:23:09
Tiempo total del programa en el que
hablan los invitados
0:54:14
91. Aunado a estos
criterios cuantitativos, es necesario observar también que según la declaración
rendida por el demandante el 13 de junio del presente año, el programa sólo le
dio la oportunidad de defenderse una vez habían sido transmitidos los primeros dos
programas, y lo hicieron porque “nosotros fuimos al canal Caracol, un día
fuimos allá a reclamarles y a decirles que por qué no nos habían convocado a
nosotros a eso y estuvimos con la presentadora hablando como 50 minutos y creo
que de esos 50 minutos presentaron como 28 segundos, sí.” Por otra parte,
cuando se le preguntó al declarante si le habían explicado cuáles eran las
acusaciones que les formularían en el tercer programa, respondió que la única
información era la que tenía sobre dicha temática era por los avances presentados
al final del anterior programa.
En virtud de lo
anterior la Sala concluye que el programa Séptimo Día les otorgó tiempo e
información insuficientes a los líderes indígenas para defenderse de las
acusaciones presentadas contra ellos. En esa medida, vulneró el deber de
equilibrio informativo que tienen para con la organización demandante, y con las
demás organizaciones, autoridades, pueblos y comunidades indígenas del país.
92. Ahora bien, en
casos en los cuales un medio vulnera el deber de imparcialidad por no
garantizar el derecho que tienen quienes se defienden de acusaciones presentadas
contra ellos a defenderse de manera efectiva, la decisión que le corresponde
adoptar al juez de tutela no consiste en que el medio rectifique la
información, sino en que le dé una oportunidad suficiente para presentar sus
versiones acerca de los hechos. Así lo sostuvo esta Corporación en la Sentencia
T-298 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva):
“La
no publicación de la opinión de la persona afectada compromete el principio de
imparcialidad y, en consecuencia, da lugar a la publicación posterior de la
información pertinente. Ahora bien, en casos como el presente  en los cuales la
falta consiste en haber dejado de contrastar la información publicada
(vulneración del principio de imparcialidad), la rectificación destinada a
reparar dicha falta, no puede tener otro contenido obligatorio más que la
versión del actor sobre los hechos y los argumentos que, a su juicio,
descalifican la fuente reservada que dio al periódico esas afirmaciones. En
efecto, nada distinto se puede ordenar en casos como el presente, pues pese a
que la información afecta el principio de imparcialidad, no compromete el
estándar de veracidad en los términos señalados por esta Corte.”
En idéntico sentido,
la Corte sostuvo en la Sentencia T-312 de 2015 antes mencionada, lo
siguiente:
“En
los eventos en que el ejercicio de reparación en cabeza del medio de
comunicación se origina no por la difusión de una información falsa (carga de
veracidad), sino por no haberse contrastado las fuentes de la información
(carga de imparcialidad), la rectificación debida se satisface con la
presentación de la opinión del afectado.”
93. En el presente
caso se trata de tres episodios consecutivos en relación con los cuales existe
un importante déficit de oportunidad para la defensa efectiva frente a una
serie de acusaciones hechas contra los indígenas, sus líderes y organizaciones.
Por lo tanto, adicionalmente a las rectificaciones a las cuales se ha hecho
referencia a lo largo de esta sentencia, el programa deberá dedicar un episodio
completo en su horario habitual para permitirle a la organización demandante
defenderse de las acusaciones hechas contra los pueblos indígenas, y sus autoridades,
organizaciones y líderes. En este episodio deberá darle a la organización, por
lo menos dos terceras partes del tiempo para expresar sus puntos de vista. Por
otra parte, si el medio pretende elevar alguna acusación contra las
autoridades, líderes o miembros de los pueblos indígenas, deberá identificar
adecuadamente el pueblo al que pertenecen, el resguardo o parcialidad de la que
hacen parte, sin elevar acusaciones genéricas contra un pueblo o comunidad, o
hacer afirmaciones más allá de lo que las fuentes debidamente corroboradas efectivamente
les permitan confirmar.
Con esta solución la
Sala pretende armonizar los derechos en tensión, maximizando el derecho a la
información, puesto que en lugar de limitar o restringir los contenidos
presentados por los medios de comunicación, amplía la información de que
dispone la teleaudiencia para formarse una perspectiva propia respecto de las
acusaciones formuladas en los episodio del 26 de julio, 2 y 9 de agosto de
2015.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
Por lo anterior, la
Sala
RESUELVE
PRIMERO.- DESVINCULAR a la Agencia Nacional de Televisión, ANTV, del
presente proceso.
SEGUNDO.-
REVOCAR por las razones
expuestas en esta sentencia, el fallo de tutela de segunda instancia proferido el 19 de noviembre de 2015, por la Sala Primera de
Decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
y la decisión del 19 de octubre de 2015, proferida por el Juez 25 Civil del
Circuito de Bogotá, dentro de
la acción de tutela instaurada por Luis Fernando Arias Arias como representante
de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. En consecuencia CONCEDER
el amparo de los derechos al
buen nombre, a la honra, a la rectificación de la información, y a recibir
información veraz e imparcial de los pueblos indígenas asociados en dicha
organización.
TERCERO.- ORDENAR al programa Séptimo Día, a su director Manuel
Teodoro, y al Canal Caracol rectificar la información presentada en el episodio
del 26 de julio de 2015, con el reconocimiento de que tanto el presentador y
director Manuel Teodoro, como la reportera Gloria Lozano, (1) desconocieron lo
dicho por el Consejero Mayor del Consejo Indígena Regional del Cauca CRIC en
relación con su concepción del delito de violación; (2) atribuyeron injustamente
a todos los pueblos indígenas de Colombia y a su justicia indígena creencias y
convicciones en torno al delito de violación contra menores de edad, sin tener prueba de ello, y en contravía de las
declaraciones hechas para el programa por parte de una de sus autoridades, con
cual violaron el derecho de los pueblos indígenas y de su audiencia de recibir
información veraz; y (3) utilizaron la imputación de tales creencias para
justificar su opinión personal en torno a la justicia indígena, con lo cual vulneraron
el derecho de los pueblos indígenas y de su audiencia a recibir información
imparcial. Finalmente, el presentador y director Manuel Teodoro debe rectificar
lo dicho en el programa de agosto 2 de 2015, y (4) reconocer que el medio de
comunicación y el periodista carecen de la evidencia para sustentar que en
ciertas partes del Cauca “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero
no sea tan clara”.
CUARTO.- ORDENAR al canal Caracol y al programa Séptimo Día adoptar un
manual de ética escrito que incluya unas reglas mínimas para abordar temas
relacionados con grupos étnicos, minorías sexuales y demás sujetos
tradicionalmente estigmatizados dentro de nuestro contexto social. El medio y
el programa deberán adoptar dicho manual como parámetro de evaluación continua
de sus propios contenidos. Este debe ser público, e incorporar, como mínimo,
los principios, reglas y parámetros establecidos por la Constitución, la
jurisprudencia constitucional y la ley, así como en los instrumentos internacionales
sobre la materia. El manual debe contener pautas para abordar temas
relacionados con grupos sociales discriminados a partir de categorías
sospechosas. Así mismo, deberá adoptar un mecanismo para ponderar los
eventuales riesgos que implique la difusión de la información o de las
opiniones transmitidas por el mismo sobre el grupo social, en particular en
cuanto tiene que ver con el conflicto armado interno.
QUINTO.- ORDENAR al director del Canal Caracol y al director del programa Séptimo Día
dedicar en un lapso no superior a seis (6) meses un episodio completo de dicho
programa, en su horario habitual, para permitirle a la organización demandante
defenderse frente a las acusaciones hechas contra los pueblos indígenas, y sus
autoridades, organizaciones y líderes. En este episodio deberá darle a la
organización, por lo menos dos terceras partes del tiempo para expresar sus
puntos de vista. Por otra parte, si el medio pretende
elevar alguna acusación contra las autoridades, líderes, o miembros de los
pueblos indígenas, deberá identificar adecuadamente el pueblo al que
pertenecen, el resguardo o parcialidad de la que hacen parte, sin elevar
acusaciones genéricas contra un pueblo o comunidad, o hacer afirmaciones más allá
de lo que las fuentes debidamente corroboradas efectivamente les permitan
confirmar.
SEXTO.-
LÍBRESE por Secretaría
General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Séptimo Día: Emisión del 26 de julio de
2015
“Desarmonización: La flecha del
conflicto”
Interviniente
Denuncia
Postura[40]
Duración
Inicio
Fin
Tiempo total
Manuel Teodoro (MT)
Contexto de los pueblos indígenas
durante la conquista, independencia y durante el siglo XX
Neutral
0:00:00
0:06:44
06:44
Paloma Valencia
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:06:45
0:06:55
00:10
Débora Barros - líder indígena Wayúu
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:07:05
0:07:10
00:05
Manuel Teodoro (MT)
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:07:11
0:07:27
00:16
Débora Barros - líder indígena Wayúu
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:07:28
0:07:31
00:04
Manuel Teodoro (MT)
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:07:32
0:07:49
00:17
Presunta víctima de abuso sexual
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:07:53
0:07:57
00:04
Eugenio Ceti - Padre de presunta
víctima de abuso sexual
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:07:55
0:08:04
00:09
Manuel Teodoro (MT)
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:08:05
0:08:14
00:09
Campesino no identificado
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:08:15
0:08:21
00:06
Manuel Teodoro (MT)
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:08:22
0:08:34
00:12
Indígena Wayúu no identificado
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
En contra
0:08:35
0:08:40
00:05
Manuel Teodoro (MT)
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:08:41
0:08:45
00:04
Interviniente no identificado
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
A favor
0:08:46
0:04:22
00:05
Presunta víctima de abuso sexual
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
12:51
12:59
00:07
Madre de presunta víctima de abuso
sexual
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
13:00
13:07
00:08
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
13:08
13:21
00:07
Eugenio Ceti - Padre de presunta
víctima de abuso sexual
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
13:22
13:31
00:13
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
13:32
13:45
00:09
Eugenio Ceti - Padre de presunta
víctima de abuso sexual
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
13:46
13:55
00:13
Madre de presunta víctima de abuso
sexual
Existe impunidad en la justicia indígena
frente a delitos sexuales
A favor
13:57
14:04
00:09
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
14:05
14:40
00:07
Ilva Myriam Hoyos – Procuradora para la
Infancia y la Adolescencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
14:40
14:49
00:35
Paloma Valencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
14:49
15:15
00:09
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
15:15
17:12
00:26
Peregrino Wetoto – Indígena y padre de
presunta víctima de homicidio y acceso carnal violento
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
17:12
17:25
01:57
Reportera
Existe impunidad en la justicia indígena
frente a delitos sexuales
A favor
17:26
17:53
00:13
Luz Dary Wetoto - Indígena y madre de
presunta víctima de homicidio y acceso carnal violento
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
17:54
18:12
00:27
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
18:13
18:24
00:18
Luz Dary Wetoto - Indígena y madre de
presunta víctima de homicidio y acceso carnal violento
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
18:25
18:30
00:11
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
18:31
18:40
00:05
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
18:40
19:23
00:09
Luz Dary Wetoto - Indígena y madre de
presunta víctima de homicidio y acceso carnal violento
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
19:28
19:44
00:43
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
19:47
20:00
00:16
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
20:00
20:21
00:13
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
20:25
20:37
00:21
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
20:38
20:54
00:12
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
20:55
21:32
00:16
Jorge Vecoche – Concejal de Caldono.
Presunto victimario
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
Neutral
21:33
21:37
00:37
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
21:38
21:45
00:04
Jorge Vecoche – Concejal de Caldono.
Presunto victimario
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
Neutral
21:46
21:51
00:07
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
21:52
21:55
00:05
Jorge Vecoche – Concejal de Caldono.
Presunto victimario
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
Neutral
21:55
21:59
00:03
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
21:59
22:05
00:04
Peregrino Wetoto – Indígena y padre de
presunta víctima de homicidio y acceso carnal violento
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
22:06
22:10
00:06
Ilva Myriam Hoyos – Procuradora para la
Infancia y la Adolescencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
22:10
22:19
00:04
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
22:19
22:26
00:09
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia indígena
frente a delitos sexuales
A favor
22:27
22:34
00:07
Luisa Fernanda Henao – Fiscal encargada
de asuntos indígenas
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
22:35
23:00
00:07
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
23:01
23:18
00:25
Paloma Valencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
23:19
23:28
00:17
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
23:29
23:47
00:09
Florinda - Madre de presunta víctima
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
23:48
23:52
00:18
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
23:52
24:30
00:04
Aída Lucía. Presunta Víctima
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
24:31
24:35
00:38
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
Neutral
24:36
24:45
00:04
Florinda - Madre de presunta víctima
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
24:46
24:50
00:09
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
24:51
25:12
00:04
Florinda - Madre de presunta víctima
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
25:12
25:24
00:21
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
25:25
25:40
00:12
Ilva Myriam Hoyos – Procuradora para la
Infancia y la Adolescencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
25:40
25:55
00:15
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
Neutral
25:56
26:00
00:15
Ilva Myriam Hoyos – Procuradora para la
Infancia y la Adolescencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
26:01
26:18
00:04
Paloma Valencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
26:19
26:24
00:17
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
26:24
26:32
00:05
Manuel Teodoro y Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
27:07
28:58
00:08
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
28:59
29:15
01:51
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
29:20
30:23
00:16
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
30:24
30:35
01:03
Pedro Santiago Posada Arango. Director
de Comunidades Étnicas - Mininterior
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
En contra
30:36
30:54
00:11
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
30:55
31:17
00:18
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
31:18
31:48
00:22
Paloma Valencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
31:49
32:04
00:30
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
32:05
32:35
00:15
Lucío Wetio – Líder indígena del Cauca
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
En contra
32:36
32:47
00:30
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
32:48
32:56
00:11
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
32:57
33:37
00:08
Ilva Myriam Hoyos – Procuradora para la
Infancia y la Adolescencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
33:38
33:53
00:40
Luisa Fernanda Henao – Fiscal encargada
de asuntos indígenas
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
33:54
34:18
00:15
Pedro Santiago Posada Arango. Director
de Comunidades Étnicas - Mininterior
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
En contra
34:19
34:41
00:24
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
34:44
35:07
00:22
Eduardo Camallo – Consejero Mayor de la
CRIC
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
En contra
35:08
36:06
00:23
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
36:07
37:08
00:58
Ilva Myriam Hoyos – Procuradora para la
Infancia y la Adolescencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
37:13
37:19
01:01
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
37:20
38:06
00:06
Ilva Myriam Hoyos – Procuradora para la
Infancia y la Adolescencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
38:07
38:20
00:46
Pedro Santiago Posada Arango. Director
de Comunidades Étnicas - Mininterior
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
En contra
38:21
38:49
00:13
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
39:00
39:16
00:28
Pedro Santiago Posada Arango. Director
de Comunidades Étnicas - Mininterior
Se han presentado casos abuso de la
autonomía conferida por la CN a los pueblos indígenas
En contra
0:39:34
0:39:41
00:16
Diana Perafán – Líder Indígena
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
39:42
39:58
00:16
Paloma Valencia
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
39:59
40:20
00:21
Reportera
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
40:21
40:55
00:54
Padres de presuntas víctimas
Existe impunidad en la justicia
indígena frente a delitos sexuales
A favor
40:56
41:18
00:22
Manuel Teodoro (MT) y María Lucía
Fernández (MLF)
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:41:20
0:42:15
01:55
Manuel Teodoro y María Lucía Fernández
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:42:45
0:44:15
01:30
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:44:17
0:45:07
00:50
Osiris Oriani – Indígena Wayúu
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:45:08
0:45:17
00:09
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:45:18
0:45:25
00:07
Osiris Oriani – Indígena Wayúu
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:45:26
0:45:34
00:08
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0: 45:34
0:45:42
00:08
Osiris Oriani – Indígena Wayúu
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:45:43
0:45:51
00:08
Pedro Santiago Posada Arango. Director
de Comunidades Étnicas - Mininterior
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
En contra
0:45:52
0:46:15
00:23
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:46:16
0:46:31
00:15
Osiris Oriani – Indígena Wayúu
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:46:32
0:46:49
00:17
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:46:51
0:47:28
00:37
Deborá Barros - líder indígena Wayúu
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:47:28
0:47:43
00:15
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:47:43
0:48:37
00:54
Paloma Valencia - Senadora
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:48:38
0:48:58
00:20
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:48:59
0:50:18
00:19
Diana Perafán – Líder Indígena
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:50:19
0:50:44
00:25
Simón Gaviria – Director Nacional de
Planeación
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:50:51
0:51:09
00:18
Pedro Santiago Posada Arango. Director
de Comunidades Étnicas - Mininterior
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
En contra
0:51:10
0:51:33
00:23
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:51:34
0:52:01
00:27
Eugenio Mindiola – victimario
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:52:02
0:52:18
00:16
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
Neutral
0:52:19
0:52:25
00:06
Eugenio Mindiola – victimario
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:52:26
0:52:34
00:08
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
Neutral
0:52:35
0:52:38
00:03
Eugenio Mindiola – victimario
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:52:39
0:52:44
00:05
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:52:45
0:53:05
00:20
Alfredo Rangel- Senador
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:53:06
0:53:45
00:39
Pedro Santiago Posada Arango. Director
de Comunidades Étnicas - Mininterior
Entre los jóvenes de comunidades indígenas
se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y embarazo
En Contra
0:53:46
0:54:00
00:14
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:54:01
0:54:22
00:21
Diana Perafán – Líder Indígena
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:54:23
0:54:42
00:19
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades indígenas
se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y embarazo
A favor
0:54:43
0:55:04
00:21
Eugenio Mindiola – victimario
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:55:05
0:55:25
00:20
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
Neutral
0:55:05
0:55:25
00:20
Eugenio Mindiola – victimario
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:55:37
0:56:17
00:40
Osiris Oriani – Indígena Wayúu
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:56:18
0:56:28
00:10
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:56:30
0:56:57
00:27
Eugenio Mindiola – victimario
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:56:58
0:57:14
00:16
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:57:16
0:57:35
00:19
Paloma Valencia - Senadora
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:57:36
0:57:56
00:20
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:58:00
0:58:41
00:41
Eugenio Mindiola – victimario
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:58:42
0:58:48
00:06
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:58:50
0:59:05
00:15
Deborá Barros - líder indígena Wayúu
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:59:06
0:59:21
00:15
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:59:22
0:59:37
00:15
Deborá Barros - líder indígena Wayúu
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:59:38
0:59:56
00:18
Diana Henao
Entre los jóvenes de comunidades
indígenas se presenta fenómenos de  prostitución, alcoholismo, drogadicción y
embarazo
A favor
0:59:57
1:00:43
00:36
Ernestina Gómez - Presunta víctima
Los miembros de las comunidades indígenas
perpetran actos de vandalismo
A favor
1:00:44
1:00:56
00:12
Reportera
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:00:57
1:01:04
00:07
Ernestina Gómez - Presunta víctima
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:01:05
1:01:17
00:12
Capitán John Ayala – Policía Nacional
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:01:18
1:01:35
00:17
Reportera
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:01:36
1:01:44
00:08
Ernestina Gómez - Presunta víctima
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:01:45
1:01:55
00:10
Reportera
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:01:56
1:02:05
00:09
Ernestina Gómez - Presunta víctima
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:02:06
1:02:29
00:23
Reportera
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:02:30
1:02:43
00:13
Policía no identificado
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:02:44
1:03:22
00:38
Reportera
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:03:23
1:04:08
00:45
Capitán John Ayala – Policía Nacional
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:04:09
1:04:13
00:04
Reportera
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:04:14
1:04:49
00:45
Reportera
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:05:25
1:06:00
00:35
Eugenio Mindiola – victimario
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
Neutral
1:06:01
1:06:40
00:39
Reportera
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:06:41
1:06:50
00:09
Ernestina Gómez - Presunta víctima
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:06:51
1:07:05
00:14
Manuel Teodoro (MT) y María Lucía
Fernández (MLF)
Los miembros de las comunidades
indígenas perpetran actos de vandalismo
A favor
1:07:15
1:07:56
00:41
Séptimo Día: Programa 2
“Desarmonización: La flecha del
conflicto”
Interviniente
Denuncia
Postura
Duración
Inicio
Fin
Tiempo total
Séptimo día
Nuestro dinero se va al bolsillo de
funcionarios corruptos. No todos mestizos también son indígenas
A favor
00:20
01:19
00:00:59
Séptimo día
El Gobierno entrega los dineros a las
comunidades confiando en la buena fe de sus líderes, algunos muy seriamente
cuestionados
A favor
01:20
01:59
00:00:39
Introducción
Neutro
2:00
2:15
00:00:15
Séptimo día
La masacre del Nilo se perpetró porque
la Policía estaba defendiendo el territorio que los indígenas quería invadir
A favor
02:16
04:07
00:01:51
Séptimo día
La Policía fue condenada a indemnizar a
las familias de las víctimas por 20.000 millones.
Neutral
04:08
04:23
00:00:15
Séptimo día
El dinero fue entregado a los líderes
indígenas y a CAJAR
Neutral
04:25
04:41
00:00:16
Indígena víctima de la masacre
No se sabe a dónde fueron los dineros
A favor
04:42
04:46
00:00:04
Séptimo día
El resto de las víctimas tampoco sabe
dónde está el dinero
A favor
04:48
04:51
00:00:03
Agustina Peti (Familiar)
Se robaron la plata
A favor
04:56
0511
00:00:15
Pedro Dicue
Las ayudas del Gobierno no llegan. Nos
engañaron
A favor
05:16
05:24
00:00:08
Cleotilde Dique
No se sabe dónde está la plata
A favor
05:33
05:40
00:00:07
Rosa Elvira Tombe
La organización indígena y CAJAR
recogieron firmas
A favor
05:41
05:46
00:00:05
Séptimo día
Algunos indígenas no firmaron el poder
y falsificaron sus firmas. Ninguno estuvo “de acurdo con esa alianza”
A favor
06:32
06:35
00:00:03
Miembro indígena
No conocían a los abogados
A favor
06:38
06:44
00:00:06
Séptimo día
Qué pasó con el dinero de la
indemnización, si no se firmó “ningún” poder
A favor
06:45
07:01
00:00:16
Diana Perafán
La plata la tienen CAJAR y el 10% lo
tienen el CRIC y ACIN
A favor
07:07
07:13
00:00:06
Rosa Elvira Tombe
Los culpables son la organización
indígena, el CRIC y la ACIN
A favor
07:14
07:21
00:00:07
Séptimo día
Mientras a los familiares debió
entregárseles una suma aproximada de 700 millones a algunos se les entregaron
6 y 3 millones. Apoyo en frases de indígenas
A favor
07:23
08:21
00:00:53
Séptimo día
A poco tiempo de la firma de la
Constitución empezaron los actos de corrupción indígena
A favor
08:28
08:40
00:00:12
Séptimo día
Los casos de corrupción tienen algo en
común. El estado entrega dinero sin ejercer suficiente control.
A favor
08:41
08:57
00:00:16
Séptimo día
Se destinan miles de millones a las
comunidades pero sus miembros viven en la pobreza
A favor
09:01
09:14
00:00:13
Séptimo día
Cuál es el control de los dineros que
salen del bolsillo de todos y que el Gobierno les da a las comunidades
A favor
09:15
09:25
00:00:10
Alfredo Rangel
Hay malversación de fondos y mucha
corrupción.
A favor
09:35
09:39
00:00:04
Diana Perafán
“La gran mayoría de líderes indígenas
son una parranda de haraganes porque el Estado lo permite”
A favor
09:40
09:37
00:00:03
Séptimo día
Los dineros del SGP normalmente los
supervisan los órganos de control. El dinero que de ahí va a los indígenas
lo contralan ellos
A favor
09:52
10:05
00:00:13
Eduardo Tamayo CRIC
Puede que algunas de las familias no
indeminizadas estén en espera o no hayan sido clasificadas. Eso está en
investigación
En contra
10:25
10:51
00:00:26
Séptimo día
La investigación no ha dado resultados
A favor
10:55
11:01
00:00:06
Séptimo día
La ACIN no accedió a dar entrevista a
último momento
A favor
11:06
11:17
00:00:11
Séptimo día
Gloria Lozano entrevista a CAJAR sobre
poderes.
Neutro para el caso
11:19
13:22
00:01:55
Miembro indígena sin nombre
Hemos sido engañados por la dirigencia indígena
por la organización indígena y el CAJAR
A favor
13:50
13:59
00:00:09
Luis Evelis Andrade. Presidente de la
ONIC por 8 años
No sabe sobre los dineros de la
indemnización de la masacre del Nilo. Si es así debe investigarse.
Neutral
14:25
14:34
00:00:09
Luis Evelis Andrade. Presidente de la
ONIC por 8 años
La investigación debe responder a la
autonomía. La hacen la ACIN y el CRIC
A favor
14:48
15:00
00:00:12
Séptimo día
En varias regiones del país hay graves
denuncias de corrupción. Sin embargo en la contraloría solo cursan 45. “Pero
hay quienes aseguran que son muchos muchos más”. Las denuncias se quedan en
los resguardos
A favor
15:01
15:43
00:00:40
Ana Silvia Secue.
No se denuncia por miedo.
A favor
15:44
15:49
00:00:11
Adriana Herrera Beltrán. Contraloría
General de la Nación
La Contraloría no vigila a la comunidad
sino al Alcalde que tiene la administración de los recursos. Los sujetos que
vigilan son bastante numerosos.
Neutral
15:57
16:23
00:00:26
Séptimo día
Los dineros que llegan a las comunidades
salen en parte del SGP, es decir del bolsillo de todos los ciudadanos. Sin
embargo los indígenas no tienen control total sobre él. La Fiscalía no puede
intervenir a menos que exista una denuncia. Y muy pocos denuncian.
A favor
16:27
17:00
00:00:33
Luisa Fernanda Obando. Fiscal Delegada
para Asuntos Indígenas
Se llevan algunos casos por corrupción
en las comunidades indígenas, con base en la ayuda de algunos de sus
miembros.
A favor
17:23
17:53
00:00:30
Juan Fernando Cristo. Ministro del
Interior
Los indígenas han sido discriminados,
están  atrasados. Falta avanzar mucho.
A favor
17:58
18:08
00:00:10
Juan Fernando Cristo. Ministro del
Interior
Pero la solución no es quitarles el
dinero. No hay que desconfiar por un caso de corrupción
En contra
18:09
18:16
00:00:07
Séptimo día
Los controles quedan en manos de los
líderes indígenas como hasta este momento
A favor
18:19
18:27
00:00:08
Séptimo día
El Gobierno ha destinado 13.000
millones de pesas para proyectos que ya fueron asignados al CRIC. Ese dinero
es aparte de lo que se les ha asignado por SGP, que llega a los Alcaldes y si
es supervisado por los órganos de control
A favor
18:31
18:51
00:00:19
Eduardo Tamayo. Representante legal del
CRIC
Se logró una suma de 11 o 13 mil
millones de pesos para proyectos productivos en el cauca
Neutral
19:00
19:19
00:00:19
Séptimo día
No debería ser al contrario, primera
pasar el proyecto y luego su destinar los recursos
A favor
19:20
19:25
00:00:05
Eduardo Tamayo. Representante legal del
CRIC
Si ya se destinaron los recursos
tenemos que trabajar rápidamente para formular los proyectos
En contra
19:26
19:31
00:00:05
Amilcar Masauel. Exconsejal  de Puracé
Los recursos para la gente necesitada
no llegan
A favor
19:46
19:52
00:00:06
20:04
20:10
00:00:06
Séptimo día
Amilcar Masauel pasó un proyecto
productivo que fue aprobado
Neutral
19:53
20:03
00:00:10
Amilcar Masauel. Exconsejal  de Puracé
Se asignaron recursos por 23 millones y
se los entregó a las autoridades indígenas. La ejecución del proyecto nunca
se hizo. El objetivo no se cumplió
A favor
20:16
20:20
00:00:04
20:24
20:35
00:00:11
Séptimo día
Amilcar Masauel le reclamó los recursos
a su Gobernador que entonces era Nelson Masauel.
Neutral
21:04
21:15
00:00:11
Séptimo día
Llamada telefónica a Nelson Masauel,
quien afirma que no se hizo el endoso del cheque del proyecto de Ailcar
Masauel.
En contra
21:47
21:52
00:00:05
Séptimo día
Aunque él dice que no hay endoso existe
un documento firmado por Nelson Masauel autorizando el proyecto
A favor
21:56
22:05
00:00:09
Séptimo día
La malversación de fondos redujo la
armonía entre las comunidades indígenas, conforme se estableció en 14
poblaciones del cauca y de entrevistas a varios indígenas
A favor
22:08
22:29
00:00:21
Eliécer Tenorio. Gobernador del Cabildo
Huellas de Caloto
Son recursos sagrados entonces la
justicia ordinaria debe intervenir, investigar y sancionar.
A favor
22:36
22:53
00:00:17
Florentino Collazos. Gobernador
suplente del Cabildo Huellas de Caloto
La plata destinada a medicina tradicional,
por ejemplo, está sujeta a malversación de “ellos”
A favor
22:58
23:08
00:00:10
Donde la Fiscalía Pregunte las
comunidades no van a salir con nada
A favor
23:13
23:23
00:00:10
Eduardo Tamayo. Representante legal del
CRIC
Ellos dicen que el CRIC es corrupto
pero ellos mismos son CRIC. Ellos tienen la facultad de hacer seguimiento
En contra
23:23
23:41
00:00:18
Luis Evelis Andrade
Ellos mismos deben establecer
mecanismos para investigar lo que se está denunciando
Neutro
23:45
24:06
00:00:21
Séptimo día
Era importante ubicar al senador Marco
Abirama, pero no fue posible contactarlo.
A favor
24:07
24:26
00:00:19
Pedro Santiago Posada. Director de
asuntos indígenas del Ministerio del Interior
En todas partes hay casos de
corrupción. No es una cuestión indígena.
En contra
24:45
24:57
00:00:12
Séptimo día
Es cierto, hay corrupción en todo el
mundo pero los demás están vigilados y el que es corrupto va a la cárcel.
Pocos casos de corrupción indígena son investigados y castigados.
Si se roban los dineros solo recibirán
un par de latigazos.
A favor
25:01
25:41
00:00:40
Pedro Santiago Posada. Director de
asuntos indígenas del Ministerio del Interior
“La corrupción está en el corazón de
los hombres y los indígenas son hombres [termina frase con primerísimo primer
plano de su expresión facial sonriendo]”
En contra, pero se muestra A favor
25:42
25:44
00:00:02
Séptimo día
Los dineros que salen del bolsillo de
los colombianos si llegan a todos los colombianos
Neutral
30:10
30:16
00:00:06
Pedro Pablo puerto Epiayu. Líder Wayú
El 50% de los dineros no se han
invertido como el Gobierno quiere.
En contra
30:17
30:19
00:00:02
Juan Fernando Cristo. Ministerio del
Interior
Hay quejas que el Ministerio supervisa.
Pero no hay que temerle a la autonomía. Hay líderes buenos, control social y
del Estado.
En contra
30:47
31:01
00:00:14
Simón Gaviria. Director de Planeación
Nacional
La situación preocupa al Gobierno. De
50 giros directos solicitados solo se han aprobado 3
A favor
31:14
31:28
00:00:14
Séptimo día
Uribia recibe 17.000 millones de pesos
para el bienestar de su comunidad pero no son vigilados. No son vigilados
A favor
31:43
32:10
00:00:27
Rosa Ureana
No hay comida
A favor
32:13
32:16
00:00:03
Rosa Valdeblanco. Secretaria de Asuntos
Indígenas de la Guajira
Los dineros que se reciben no se ven
reflejados en el bienestar de la comunidad. Las investigaciones no han dado
resultados.
A favor
32:29
32:55
00:00:26
Séptimo día
Los indígenas reclaman que el Gobierno
vigilen los dineros que llegan a las comunidades.
A favor
32:57
33:05
00:00:08
Debora Barros
Es necesario hacer seguimiento
A favor
33:06
33:21
00:00:15
Séptimo día
Mientras hay pobreza, también hay lujos
en las comunidades [muestran choza en que un burro es resguardado del sol y
una casa con carros estacionados en ella]. Hay pocas denuncias y miedo
A favor
33:19
33:40
00:00:21
Séptimo día
Hay casos en que las comunidades
aumentan su población para conseguir más recursos. Se han girado dineros para
centros médicos y escuelas que no existen. Existen denuncias del Amazonas,
Nariño y la Guajira. Los denunciantes son miembros de las comunidades
indígenas. Algunos huyeron por amenazas. Hablar de recursos en Uribia
aniquila la armonía en esa comunidad.
A favor
25:51
27:53
00:02:02
Rosa Ureana. Indígena Wayú
Viven en malas condiciones hay pobraza
y sed
A favor
28:05
28:25
00:00:20
Séptimo día
El dinero que solucionaría sus
problemas fue robado por algún dirigente. El Gobierno gira los dineros y
cumple para que los niños no tengan que tomar agua de un pozo.
A favor
28:26
28:53
00:00:27
Simón Gaviria. Director de Planeación
Nacional
Se han entregado altas sumas de dinero
a las comunidades indígenas. En el último cuatrienio 3,3 billones del pesos.
Neutral
29:00
29:09
00:00:09
Séptimo día
Los indígenas reciben ese dinero
esperando no ver escenas de pobreza. Pero la plata queda en pocos líderes
A favor
29:13
29:39
00:00:26
Debora Barros. Líder Wayu
Son pocos los líderes que no están
untados de esa corrupción
A favor
29:40
29:57
00:00:17
Antonio Murillo. Líder Wayú
No sé a dónde fueron a parar los 200
millones autorizados para un proyecto por el Gobierno nacional. Eso pasa
mucho
A favor
34:02
34:16
00:00:14
Séptimo día
Según planeación nacional todos los
dineros deben sustentarse pero no todos son vigilados
A favor
34:17
34:29
00:00:12
Simón Gaviria. Director de Planeación
Nacional
Deben permitirse las investigaciones
sobre los casos de corrupción
A favor
34:30
34:38
00:00:08
Séptimo día
No se denuncia por temor. La corrupción
lleva a las comunidades a una muerte lenta. La Guajira además de ser víctima
es cómplice.
A favor
34:39
35:04
00:00:25
Séptimo día
Introducción a entrevista en la que se
escucha “enseñaban a hacer chicha, por decir”
A favor
35:05
35:07
00:00:02
Víctor Hugo Mejía. Secretario de
Asuntos Indígenas de Uribia y acusado de no entregar la plata.
Los recursos tendrían mayor impacto si
los indígenas aunaran esfuerzos. No se les puede decir qué hacer con el
dinero.
En contra
35:23
35:42
00:00:19
Séptimo día
Nadie controla lo que se hace con el
dinero. Hay corrupción?
A favor
35:43
35:57
00:00:14
Víctor Hugo Mejía. Secretario de
Asuntos Indígenas de Uribia y acusado de no entregar la plata.
Son los organismos de control los que
deben decir si hay corrupción o no.
En contra
35:58
36:11
00:00:13
Séptimo día
En 2014 Planeación Nacional advirtió
que los dirigentes indígenas no daban cuenta de dinero desembolsado durante
años.
A favor
36:13
36:30
00:00:17
Víctor Hugo Mejía. Secretario de
Asuntos Indígenas de Uribia y acusado de no entregar la plata.
Lo que yo hago es vigilar que los
servicios lleguen.
En contra
36:41
36:55
00:00:14
Séptimo día
Aunque el Gobierno destina
multimillonarios recursos, las cifras de desnutrición es de las más altas y
la pobreza es evidente.
A favor
36:59
37:10
00:00:11
Juan Fernando Cristo. Ministerio del
Interior
Si hay investigaciones, pero no
generalicemos. No reduzcamos la autonomía.
En contra
37:20
37:40
00:00:20
Séptimo día
Esos recursos salen del bolsillo de los
colombianos
A favor
37:41
37:42
00:00:01
Juan Fernando Cristo. Ministerio del
Interior
Y qué hacemos recortamos los derechos
de los indígenas?
En contra
37:43
37:45
00:00:02
Simón Gaviria. Director de Planeación
Nacional
Los casos de corrupción no los puede
proteger la tradición ancestral. Deben ser castigados.
A favor
37:46
37:54
00:00:08
Paulino Mota. Pijao. Resguardo Antonio
de Calado
Ellos la han tomado como plata de
bolsillo. Nos amenazaban.
A favor
38:10
38:26
00:00:16
Alfredo. Exfiscal del Resguardo Antonio
de Calado
Todo el dinero se va a pocas manos.
Mientras los demás tienen malas condiciones. Los dineros no se ven. Es
necesaria la intervención.
A favor
38:38
38:49
00:00:11
38:58
39:08
00:00:10
Séptimo día
Los indígenas piden más control… La
gente dice
Neutro
39:09
39:12
00:00:03
Juan Fernando Cristo. Ministerio del
Interior
¿Quién es la gente?
Neutro
39:11
39:12
00:00:01
Séptimo día
Los mismos indígenas y los que están
poniendo la platica
A favor
39:13
39:16
00:00:03
Juan Fernando Cristo. Ministerio del
Interior
Están muy equivocados
En contra
39:16
39:19
00:00:03
Alfredo. Exfiscal del Resguardo Antonio
de Calado
No hay inversión de ninguna clase.
A favor
39:20
39:21
00:00:01
Séptimo día
Pedro Patiño es un joven campesino que
vive en un terreno de 400 hectáreas. No es reconocido como líder pero maneja
los recursos
A favor
39:37
39:45
00:00:08
Pedro Patiño. Gobernado Gobernador
Pijao
Los que denuncian son resentidos. Hay
varias denuncias pero no tienen evidencias.
A favor
40:00
40:28
00:00:28
Pedro Patiño. Gobernado Gobernador
Pijao
Sobre el congelamiento de recursos,
como resultado de esas denuncias. Eso fue un acuerdo porque una parte de la
comunidad pidió que se congelaran.
En contra
40:46
41:01
00:00:15
Séptimo día
Clemencia insiste en que los pijaos no
reciben nada
A favor
41:02
41:09
00:00:07
Clemencia. Pijao
Soy fundadora antigua y no me han dado
nada.
A favor
41:10
41:16
00:00:06
Séptimo día
Paulino tuvo que irse a causa de las
amenazas que recibió por denunciar.
A favor
41:17
41:22
00:00:05
Pedro Patiño. Gobernado Gobernador
Pijao
Corto mensaje en pijao a solicitud de
la periodista.
A favor
41:31
41:45
00:00:14
Séptimo día
Más larguito en pijao
A favor
41:46
41:48
00:00:03
Pedro Patiño. Gobernado Gobernador
Pijao
Hasta ahora estamos recuperando parte
de la lengua.
En contra
41:48
41:55
00:00:07
Séptimo día
El Gobernador que recibe la plata
irónicamente pareciera no hablar su lengua pijao
A favor
41:48
41:55
00:00:06
Alfredo Rangel
El tema indígena es tabú. No pueden
criticarse por su debilidad.
A favor
42:13
42:29
00:00:16
Séptimo día
Otros sectores aseguran que el Gobierno
es laxo con los indígenas [entre otros se menciona la consulta previa]
A favor
42:30
42:40
00:00:10
Juan Fernando Cristo. Ministerio del
Interior
Hay que creer en las comunidades y en
sus derechos
En contra
42:41
42:44
00:00:03
Séptimo día
Pero creer ciegamente es un arma de
doble filo.
A favor
42:45
42:54
00:00:09
Debora Barrios
Mientras no haya sentido de pertenencia
va a haber corrupción
Neutro
42:54
43:01
00:00:07
Séptimo día
Hay denuncias en los organismos de
control pero séptimo día no ha podido establecer si hay sanciones.
Neutro
43:09
43:32
00:00:23
Séptimo día
Se desconoce cuántos han sido
castigados en su propia justicia. Los entrevistados piden nuevos límites a la
autonomía indígena.
A favor
43:33
43:53
00:00:19
Séptimo día
A los grupos indígenas les gusta
propagar la idea de que su territorio es zona neutra. Niegan los vínculos con
las FARC. Los habitantes del cauca se preguntan si realmente son tan
neutrales, porque últimamente “han surgido tangibles indicios” de que hay
vínculos entre las FARC y los grupos indígenas.
A favor
44:20
44:50
00:00:30
Séptimo día
Gloria Lozano pudo establecer que una
cosa es ser indígena y otra guerrillero, pero esa diferencia no es tan clara
en algunas zonas del cauca.
A favor
44:51
45:03
00:00:12
Séptimo día
Relato sobre los ataques de las FARC en
el cauca en 2012.
Neutro
45:06
45:26
00:00:20
Séptimo día
Feliciano Valencia quien dice
representar a los indígenas exigió la desmilitarización. Relato de los hechos
ocurridos en Toribio, Cauca cuando en el cerro Berlín los Nasa atacaron a los
soldados Nasa que custodiaban antes de comunicaciones que les sirven a todos.
Los indígenas sacaron arrastrados a los soldados cuando estos cumplían un
mandato constitucional. Los soldados fueron humillados. [Apoyo de archivo del
noticiero de caracol]
A favor
45:27
47:41
00:00:37
Séptimo día
El Presidente llegó con sus ministros y
dijo que no se iba a desmilitarizar.
Neutro
47:42
48:32
00:00:50
Séptimo día
El Ministro de Defensa en esa
oportunidad dijo algo que llamó la atención de todos: Una lpider indígena
acusaba a los miembros de su grupo de tener nexos con las FARC. [Apoyo de
archivo del noticiero de caracol]
A favor
48:33
49:00
00:00:27
Séptimo día
El comandante de las Fuerzas Militares
de la época también habló de esos nexos. Haba en noticias caracol Feliciano
Valencia. Se afirma que él es uno de los consejeros políticos más importantes
de los indígenas y que “dice representar a los comuneros”
A favor
49:02
50:12
00:01:10
Eduardo Tamayo. Representante legal de
la CRIC
A la pregunta de si hay nexos con las
FARC. No diría nexos con las FARC en los territorios no debe haber grupos
armados ni de izquierda ni de derecha.
En contra
50:17
50:33
00:00:16
Gobernador Temístocles Ortega
No hay nexos
En contra
50:48
50:50
00:00:02
Pedro Santiago Posada. Director de
asuntos indígenas del Ministerio del Interior
El movimiento indígena no es
guerrillero
En contra
51:05
51:11
00:00:06
Séptimo día
A pesar de que dicen que no séptimo día
encontró otra versión. En la Habana se dijo [apoyo en entrevista ya
existente] que en el cauca la participación del 98 o 99 porciento. Además
Feliciano valencia habló en 2013 de los nexos [Apoyo en audio en que pregunta
los guerrilleros indígenas para dónde se van].  Además existe un acuerdo en
un documento [imagen del documento] entre la ONIC, la CRIC y las FARC,
firmado en 1987 y 1989. Pero según fuentes oficiales hay más.
A favor
51:12
53:44
00:01:29
Alias Chepe
Entrevista corta. Alias Chepe es un
indígena del norte del cauca que fue reclatado. [Muestra a indígena con la
cara tapada] Habla Alias Chepe: existen nexos. Cerca del 30% de la dirigencia
del CRIC son guerrilla.
A favor
53:48
54:32
00:00:43
Séptimo día
Aunque chepe afirma que solo el 30% de
los indígenas tiene nexos con la guerrilla y que no son todos, el comandante
de las FARC dijo en la Habana que la participación era del 98 y 99 porciento
A favor
54:33
55:00
00:00:26
Séptimo día
Presencia guerrillera en el cauca.
Neutro
55:03
55:23
00:00:20
Alias Chepe
Entrevista corta. Alias Chepe fue
reclutado por las milicias del cauca y ha articipado en bloqueos de la vía
panamericana. Las papas que se usan las preparan los milicianos. [Muestra a
indígena con la cara tapada]
A favor
55:04
56:00
00:00:56
Séptimo día
La vía panamericana es usada por los
indígenas para tomársela y para incomunicar.
A favor
56:06
56:23
00:00:17
Alias Chepe
Entrevista corta. Cómo responde la
dirigencia para bloquear la vía panamericana. Los dirigentes indígenas dicen
que el Gobierno es malo y que no aporta. [Muestra a indígena con la cara
tapada]
A favor
56:25
56:43
00:00:18
Séptimo día
Ha habido 168 policía heridos en el
último año y 10 indígenas heridos. Le sorprende a la Policía  en armamento
que encuentran en las protestas indígenas.
A favor
56:50
57:13
00:00:23
Ramiro Iván Pérez. Policía Nacional
“Artefactos explosivos improvisados”
A favor
57:14
57:19
00:00:05
Séptimo día
Ellos consideran que la guerrilla les
entregan esos elementos. [Video foto con indígena armado y video de cohete
artesanal]
A favor
57:20
57:56
00:00:36
Ramiro Iván Pérez. Policía Nacional
Nos preocupa cómo perfeccionan esos
artefactos
A favor
57:57
58:06
00:00:09
Alias Chepe
Feliciano Valencia nos impartía órdenes
a nosotros en alianza con la guerrilla.
A favor
58:10
58:26
00:00:16
Séptimo día
El 23 de marzo de 2015 en un retén se
encontraron elementos contundentes con los que se atenta contra la fuerza
pública, en una camioneta del Ministerio del Interior entregada a Luis
Alfredo Acosta, Coordinador de la Guardia Indígena.
A favor
58:27
59:33
00:00:06
Ramiro Iván Pérez. Policía Nacional
Hemos recibido ataques con estos
explosivos
A favor
59:33
59:45
00:00:12
Ramiro Iván Pérez. Policía Nacional
Han utilizado inclusive material
explosivo RT
A favor
59:56
1:00:01
00:00:05
Alfredo Rangel
Es un hecho que la guerrilla infiltró
no solo en cauca sino en otras regiones.
A favor
1:00:39
1:00:50
00:00:11
Séptimo día
Será que Feliciano Valencia está
Jugando en 2 bandos
A favor
1:0059
1:01:06
00:00:07
Alfredo Rangel
La justicia debe establecer los
vínculos de los grupos indígenas con las FARC. Hay muchos indicios y
denuncias.
A favor
1:01:07
1:01:28
00:00:21
Séptimo día
Por las acusaciones el programa intenta
comunicarse con Feliciano Valencia. Éste responde llamada y dice que las
autoridades están prevenidas y no puede dar la entrevista.
A favor
1:01:40
1:02:18
00:00:27
Séptimo día
No hay imágenes sacando a un indígena
como sacaron a los soldados de Toribio.
A favor
1:02:19
1:02:36
00:00:17
Séptimo día
Sobre las denuncias de los casos
anteriores en que la justicia indígena no actuó, los denunciantes
manifestaron que fueron amenazados.
A favor
1:02:39
1:03:02
00:00:23
Séptimo Día: Emisión del 9 de Agosto de
2015
“Desarmonización: La flecha del
conflicto”
Interviniente
Denuncia
Postura
Duración
Inicio
Fin
Tiempo total
Manuel Teodoro (MT)
Contexto - Despojo a los indígenas de
sus tierras durante la Conquista
Neutral
0:00:00
0:00:56
00:56
Manuel Teodoro (MT)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:00:56
0:01:20
00:24
Manuel Teodoro (MT)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:01:20
0:02:08
00:48
Manuel Teodoro (MT)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:02:08
0:02:13
00:05
Gloria Lozano (Reportera)
Contexto - Despojo a los indígenas de
sus tierras durante la Conquista
Neutral
0:02:13
0:02:54
00:41
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:02:54
0:03:10
00:16
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:03:10
0:03:19
00:09
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:03:19
0:03:26
00:07
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:03:26
0:03:36
00:10
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:03:36
0:03:43
00:07
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:03:43
0:03:52
00:09
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:03:52
0:03:56
00:04
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:03:56
0:04:17
00:21
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:04:17
0:04:22
00:05
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:04:22
0:04:31
00:09
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:04:31
0:04:35
00:04
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:04:35
0:05:00
00:25
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:05:00
0:05:05
00:05
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:05:05
0:05:28
00:23
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:05:28
0:05:37
00:09
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:05:37
0:05:49
00:12
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:05:49
0:05:52
00:03
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:05:52
0:06:04
00:12
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:06:04
0:06:14
00:10
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:06:14
0:06:23
00:09
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:06:24
0:06:54
00:30
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:06:54
0:07:11
00:17
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:07:11
0:07:25
00:14
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:07:25
0:07:30
00:05
Feliciano Valencia
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:07:30
0:07:37
00:07
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:07:37
0:07:45
00:08
Feliciano Valencia
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:07:45
0:07:48
00:03
Gloria Lozano (Reportera)
Contexto - Masacre del Nilo
Neutral
0:07:48
0:08:00
00:12
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:08:00
0:08:35
00:35
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:08:35
0:08:45
00:10
Indígena víctima del Nilo según el
programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:08:45
0:09:00
00:15
Indígena víctima del Nilo según el
programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:08:54
0:09:06
00:12
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:09:06
0:09:13
00:07
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:09:13
0:09:42
00:29
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:09:42
0:09:49
00:07
Indígena invasor de La Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:09:49
0:09:54
00:05
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:09:54
0:10:01
00:07
Indígena invasor de La Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:10:01
0:10:07
00:06
Indígena víctima del Nilo según el
programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:10:07
0:10:11
00:04
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:10:11
0:10:33
00:22
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:10:33
0:10:43
00:10
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:10:43
0:11:06
00:23
Voz en Off
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:11:06
0:11:12
00:06
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:11:12
0:11:46
00:34
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:11:46
0:12:14
00:28
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:12:14
0:12:26
00:12
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:12:26
0:12:47
00:21
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:12:47
0:13:09
00:22
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:13:09
0:13:36
00:27
Imágenes de disturbios
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:13:36
0:13:43
00:07
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:13:43
0:13:53
00:10
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:13:53
0:14:19
00:26
Isabella Victoria – Experta en tierras
de acuerdo con el programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:14:19
0:14:30
00:11
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:14:30
0:14:38
00:08
Isabella Victoria - Experta en tierras
de acuerdo con el programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:14:38
0:14:54
00:16
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:14:54
0:15:03
00:09
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:15:03
0:15:21
00:18
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:15:21
0:15:53
00:32
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:15:53
0:16:01
00:08
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:16:01
0:16:39
00:38
Comandante de Policía del Cauca
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:16:39
0:16:58
00:19
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:16:58
0:17:24
00:26
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:17:24
0:17:37
00:13
Indígena invasor de La Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:17:37
0:17:51
00:14
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:17:51
0:17:57
00:06
Indígena invasor de La Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:17:57
0:18:02
00:05
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:18:02
0:18:27
00:25
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:18:27
0:18:55
00:28
Isabella Victoria - Experta en tierras
de acuerdo con el programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:18:55
0:19:01
00:06
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:19:01
0:19:19
00:18
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:19:01
0:19:19
00:18
Isabella Victoria - Experta en tierras
de acuerdo con el programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:19:19
0:19:37
00:18
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:19:37
0:20:11
00:34
Voz en Off
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:20:11
0:20:27
00:16
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:20:27
0:20:45
00:18
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:20:45
0:20:50
00:05
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:20:50
0:21:27
00:37
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:21:27
0:21:35
00:08
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:21:35
0:21:41
00:06
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:21:41
0:21:59
00:18
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:21:59
0:23:47
01:48
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen tienen
legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho este
territorio"
A favor
0:23:47
0:24:12
00:25
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:24:12
0:24:18
00:06
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:24:18
0:24:34
00:16
Alcalde Municipal de Caloto - Jorge
Edilson Arias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:24:34
0:24:35
00:01
Alcalde Municipal de Caloto - Jorge
Edilson Arias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:24:34
0:24:35
00:01
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:24:35
0:24:44
00:09
Alcalde Municipal de Caloto - Jorge
Edilson Arias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:24:44
0:24:46
00:02
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:24:46
0:24:48
00:02
Alcalde Municipal de Caloto - Jorge Edilson
Arias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:24:48
0:24:52
00:04
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:24:52
0:25:01
00:09
Alcalde Municipal de Caloto - Jorge
Edilson Arias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:25:01
0:25:03
00:02
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:25:03
0:25:11
00:08
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:25:11
0:25:16
00:05
Alcalde Municipal de Caloto - Jorge
Edilson Arias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:25:16
0:25:18
00:02
Imágenes de declaraciones del alcalde
municipal supuestamente en la minga
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:25:18
0:25:24
00:06
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:25:24
0:25:40
00:16
Alcalde Municipal de Caloto - Jorge
Edilson Arias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:25:40
0:25:44
00:04
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:25:44
0:25:47
00:03
Alcalde Municipal de Caloto - Jorge
Edilson Arias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:25:47
0:25:59
00:12
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:25:59
0:26:08
00:09
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:26:08
0:26:12
00:04
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:26:12
0:26:20
00:08
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:26:20
0:26:24
00:04
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:26:24
0:26:30
00:06
Eduardo Camayo - Representante del CRIC
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:26:30
0:26:48
00:18
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:26:48
0:26:54
00:06
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:26:54
0:26:57
00:03
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:26:57
0:27:02
00:05
Luis Fernando Arias - Consejero Mayor
de la ONIC
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:27:02
0:27:13
00:11
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:27:13
0:27:21
00:08
Luis Fernando Arias - Consejero Mayor
de la ONIC
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:27:21
0:27:32
00:11
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:27:32
0:27:36
00:04
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:27:36
0:27:43
00:07
Juan Fernando Cristo - Ministro del
Interior
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:27:43
0:27:59
00:16
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:27:59
0:28:36
00:37
Isabella Victoria - Experta en tierras
de acuerdo con el programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:28:36
0:28:47
00:11
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:28:47
0:28:56
00:09
Clemencia Muñoz -Agricultora.
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:28:56
0:29:11
00:15
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:29:11
0:29:16
00:05
Clemencia Muñoz -Agricultora.
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:29:16
0:29:26
00:10
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:29:26
0:29:32
00:06
Wilderman Zúñiga -Agricultor.
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:29:32
0:29:42
00:10
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:29:42
0:29:52
00:10
Clemencia Muñoz -Agricultora.
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:29:52
0:29:55
00:03
Isabella Victoria - Experta en tierras
de acuerdo con el programa
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:29:55
0:30:06
00:11
Gloria Lozano (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:30:06
0:30:16
00:10
Luis Fernando Arias - Consejero Mayor
de la ONIC
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:30:16
0:30:25
00:09
Gloria Lozano (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:30:25
0:30:32
00:07
Wilderman Zúñiga -Agricultor.
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:30:32
0:30:38
00:06
Clemencia Muñoz -Agricultora.
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:30:38
0:30:45
00:07
Myriam Saavedra - Propietaria finca La
Emperatriz
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:30:45
0:30:55
00:10
Manuel Teodoro (MT)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:30:55
0:31:18
00:23
Voz en Off
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:31:18
0:31:26
00:08
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:31:26
0:31:42
00:16
Voz en Off
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:31:42
0:31:55
00:13
Manuel Teodoro (MT)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:31:55
0:32:18
00:23
Manuel Teodoro (MT)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:32:18
0:32:57
00:39
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:32:57
0:33:12
00:15
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:33:12
0:33:24
00:12
Imágenes de archivo Noticias Caracol
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:33:24
0:33:34
00:10
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:33:34
0:33:49
00:15
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Con ayuda de este frente de las
FARC, los indígenas invadieron su propiedad"
A favor
0:33:49
0:33:56
00:07
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Con ayuda de este frente de las
FARC, los indígenas invadieron su propiedad"
A favor
0:33:56
0:34:03
00:07
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Con ayuda de este frente de las
FARC, los indígenas invadieron su propiedad"
A favor
0:34:03
0:34:15
00:12
Gloria Lozano (Reportera)
"Con ayuda de este frente de las
FARC, los indígenas invadieron su propiedad"
A favor
0:34:15
0:34:33
00:18
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Con ayuda de este frente de las
FARC, los indígenas invadieron su propiedad"
A favor
0:34:33
0:34:44
00:11
Imágenes de archivo - Aparentemente un
desmovilizado indica que hay una orden de entregar una finca a un cabildo
indígena
"Con ayuda de este frente de las
FARC, los indígenas invadieron su propiedad"
A favor
0:34:44
0:34:53
00:09
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Con ayuda de este frente de las
FARC, los indígenas invadieron su propiedad"
A favor
0:34:53
0:35:01
00:08
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Con ayuda de este frente de las
FARC, los indígenas invadieron su propiedad"
A favor
0:35:01
0:35:18
00:17
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
Neutral
0:35:18
0:35:31
00:13
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:35:31
0:35:45
00:14
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:35:45
0:35:53
00:08
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:35:53
0:36:13
00:20
Juan Fernando Cristo - Ministro del
Interior
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:36:13
0:36:28
00:15
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:36:28
0:36:44
00:16
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:36:44
0:36:54
00:10
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:36:54
0:37:07
00:13
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:37:07
0:37:30
00:23
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:37:30
0:37:39
00:09
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:37:39
0:37:55
00:16
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:37:55
0:38:23
00:28
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:38:23
0:38:38
00:15
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:38:38
0:38:45
00:07
Juan Fernando Cristo - Ministro del
Interior
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:38:45
0:38:47
00:02
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:38:47
0:38:56
00:09
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:38:56
0:39:07
00:11
Alejandra Rodríguez (Reportera)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:39:07
0:39:14
00:07
Pedro Patiño - Gobernador de Resguardo
Indígena
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:39:14
0:39:44
00:30
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:39:44
0:39:50
00:06
Pedro Patiño - Gobernador de Resguardo
Indígena
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:39:50
0:40:01
00:11
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:40:01
0:40:14
00:13
Pedro Patiño - Gobernador de Resguardo
Indígena
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
En contra
0:40:14
0:40:41
00:27
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:40:41
0:40:59
00:18
Alejandra Rodríguez (Reportera)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:41:09
0:41:26
00:17
Isabel Cristina Melo - Propietaria
Finca Las Delicias
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:41:26
0:41:37
00:11
Silencio
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:41:37
0:41:44
00:07
Manuel Teodoro (MT)
"Las tierras que ellos exigen
tienen legítimos dueños… los indígenas quieren tomarse por las vías de hecho
este territorio"
A favor
0:41:44
0:42:16
00:32
Manuel Teodoro (MT)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:42:16
0:42:23
00:07
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:42:23
0:42:28
00:05
Gobernador de Resguardo Indígena
Arhuaco
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:42:28
0:42:37
00:09
Silencio
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:42:37
0:42:50
00:13
Manuel Teodoro (MT)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:42:50
0:43:45
00:55
Manuel Teodoro (MT)
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:43:45
0:43:49
00:04
Manuel Teodoro (MT)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:43:49
0:44:07
00:18
Freddy Socarráz - Alcalde Municipal de
Valledupar
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:44:07
0:44:19
00:12
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:44:19
0:44:37
00:18
Freddy Socarráz - Alcalde Municipal de
Valledupar
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:44:37
0:44:54
00:17
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:44:54
0:45:24
00:30
Indígena Elver Zapata
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:45:24
0:45:27
00:03
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:45:27
0:45:44
00:17
Indígena Elver Zapata
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:45:44
0:46:07
00:23
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:46:07
0:46:33
00:26
Santiago Posada - Director de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:46:33
0:46:42
00:09
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:46:42
0:46:54
00:12
Luis Fernando Andrade -Presidente de la
Agencia Nacional de Infraestructura
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:46:54
0:47:09
00:15
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:47:09
0:47:19
00:10
Luis Fernando Andrade -Presidente de la
Agencia Nacional de Infraestructura
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:47:19
0:47:39
00:20
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:47:39
0:47:44
00:05
Luis Fernando Andrade -Presidente de la
Agencia Nacional de Infraestructura
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:47:44
0:48:06
00:22
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
Neutral
0:48:06
0:48:20
00:14
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:48:20
0:48:37
00:17
Luis Fernando Andrade -Presidente de la
Agencia Nacional de Infraestructura
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:48:37
0:48:46
00:09
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:48:46
0:48:55
00:09
Gobernador de Resguardo Indígena Arhuaco
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:48:55
0:49:08
00:13
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:49:08
0:49:24
00:16
Gobernador de Resguardo Indígena
Arhuaco
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:49:24
0:49:35
00:11
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:49:35
0:49:40
00:05
Gobernador de Resguardo Indígena
Arhuaco
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:49:40
0:49:51
00:11
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:49:51
0:50:02
00:11
Freddy Socarráz - Alcalde Municipal de
Valledupar
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:50:02
0:50:11
00:09
Indígena Elver Zapata
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:50:11
0:50:31
00:20
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:50:31
0:50:38
00:07
Santiago Posada - Director de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
En contra
0:50:38
0:50:50
00:12
Alejandra Rodríguez (Reportera)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:50:50
0:51:05
00:15
Freddy Socarráz - Alcalde Municipal de
Valledupar
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:51:05
0:51:17
00:12
Silencio
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:51:17
0:51:25
00:08
Manuel Teodoro (MT)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
A favor
0:51:25
0:51:42
00:17
Manuel Teodoro (MT)
“Una consulta previa es casi siempre
sinónimo del pago al cabildo de una gruesa suma de plata fiscal… y la
obligación de someterse a sus condiciones… que muchas veces... son absurdas y
sin límites”
Neutral
0:51:42
0:51:52
00:10
Manuel Teodoro (MT)
La regulación en el ordenamiento de la
autonomía de los pueblos indígenas debe revisarse
A favor
0:51:52
0:53:18
00:26
Silencio
Formulación de preguntas - Presentación
de segmentos del programa - Narración de hechos irrelevantes para la cuestión
Neutral
0:53:18
0:54:53
01:35
[1] Cuaderno principal. Folio 201 vto.
[2] Cuaderno principal. Folio 206.
[3] Cuaderno principal. Folio 208.
[4] Cuaderno principal. Folio 208.
[5] Se trata de tres capítulos: (i) “Abusos sexuales,
prostitución, drogadicción: ¿es suficiente la justicia indígena?”, transmitido
el 26 de julio de 2015; (ii) “¿La corrupción llegó a los cabildos indígenas?”,
emitido el 2 de agosto de 2015; y (iii) “El dilema jurídico de la recuperación
de tierras por parte de indígenas”, presentado el 9 de agosto de 2015.
[6] Cuaderno principal. Folio 210.
[7] Cuaderno principal. Folio 238.
[8] Cuaderno 2. Folio 11.
[9] Folios 15-106 Cuaderno de Revisión.
[10] Folio 17 Ibídem.
[11] Folios 102-103 Ibídem.
[12] Folios 104-106 Ibídem.
[13] Folios 110-116 Ibídem.
[14] Folios 148-156 Ibídem.
[15] En particular se solicitó que conceptuaran sobre: 1)
Los criterios utilizados para evaluar si un programa de opinión incita al odio
y/o a la violencia; 2) Los procedimientos que deben observar los medios de
comunicación y programas periodísticos para la verificación de la información obtenida
de sus fuentes; 3) Los deberes que tienen los medios de comunicación respecto a
las personas que han sido acusadas de una conducta irregular, si dicha
información es difundida por éstos; y 4) Los límites que deben conservar los
medios de comunicación cuando realicen generalizaciones sobre un grupo social,
étnico o cultura, a partir de casos particulares.
[16] Folios 200 - 224, Ibídem.
[17] Citando a José Manuel Díaz Soto. Una aproximación al
concepto de discurso del odio. Revista Derecho del Estado n.º 34, Universidad
Externado de Colombia. Enero-junio de 2015.
[18] Folios 221-222, Ibídem.
[19] Folio 222, Ibídem.
[20] Folio 223 Ibídem.
”.
[21] Folios 223-224 Ibídem.
[22] Folios 144-146 Ibídem.
[23] Folios 231-234. El escrito no está firmado, luego no
es posible saber quién lo elaboró.
[24] Folios 192-197 Ibídem.
[25] Folios 159-164 Ibídem.
[26] Cita: “Comité de Naciones Unidad para la Eliminación de la
discriminación Racial. Recomendación General N°35. La lucha contra el Discurso
de Odio. CERD/C/GC/35. 26 de septiembre de 2013, párrs. 15 y 16; Organización
de las Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión. A/67/357. 7 de septiembre de 2012, párr.45 (…) Artículo
19. Respondiendo al Discurso de Odio contra las Personas LGTBTI. Octubre de
2013, pág. 27.”
[27] Refiere este como un parámetro reconocido por la
Relatoría para la Libertad de Expresión, y cita varias decisiones judiciales al
respecto.
[28] Citando las sentencias T-135 de 2014 y T-312 de 2015.
[29] Coherencia entre el titular y el contenido.
[30] En el auto de la referencia se
formularon las siguientes preguntas: 1. ¿Cuáles son los estigmas y prejuicios
más difundidos entre la población mayoritaria en relación con los pueblos y comunidades
indígenas en nuestro país en la actualidad? 2. ¿Qué efectos tiene la difusión
y/o perturbación de dichos estigmas y prejuicios para el diálogo entre culturas en una sociedad pluralista
como la colombiana? 3. ¿Qué efectos tiene la difusión y/o perturbación de dichos estigmas y
prejuicios para la percepción de la propia identidad de los jóvenes y niños que
hacen parte de estos pueblos y comunidades? 4. ¿En qué medida los programas “Abusos
sexuales, prostitución, drogadicción: ¿es suficiente la justicia indígena?”,
“La corrupción llegó a los cabildos indígenas?”, “El dilema jurídico
de la recuperación de tierras por parte de los indígenas”, que hacen parte
de la serie “Desarmonización, la flecha del conflicto” del programa
Séptimo Día reafirman los estigmas y prejuicios de la sociedad mayoritaria en
relación con los pueblos y comunidades indígenas?
[31] Folios 179-190
Ibídem.
[32] En la intervención se especifica que por
lo general la expresión “indio” se emplea como sinónimo de “feo”, “sucio”,
“borracho”, “desordenado”, y para caracterizar a personas con “actitudes
violentas”, “irracionales”, “impulsivas”, sujetos “incapaces salvajes”,
“antinaturales” y portadores de creencias falsas, deshonestos y agresivos.
[33] El desarrollo de esta línea
jurisprudencial se reforzó especialmente a raíz de la conocida decisión New York Times v. Sullivan, Corte Suprema
de los Estados Unidos, marzo 9, 1964 (376 U.S. 254).
[34] Jackson, Vicki C. and Jamal Greene. 2012. “Constitutional
interpretation in comparative perspective: comparing judges or courts?” en Tom
Ginsburg and Rosalind Dixon. Eds. Comparative Constitutional Law. Edward
Elgar, Cheltenham, UK. P. 611.
[35] Sentencia T-298 de 2009.
[36] Sentencia
T-260 de 2010.
[37] Sentencia T-298 de 2009.
[38] Sentencias T-626 de 2007 y T-298 de 2009.
[39] Ver Sentencias T-403
de 1992, T-421 de 1992, T-210 de 1994, T-404 de 1994, T-662 de 1999, T-1319 de
2001, entre otras.
[40] Las posturas reseñadas en esta columna reflejan la
posición “neutral”, “a favor” o “en contra” del
interviniente respecto del contenido descrito en la columna “denuncia”.