T-266-20
Sentencia T-266/20
Referencia:
Expedientes T-7.515.907 y T-7.535.214
Acciones
de tutela instauradas y formuladas por i) Carlos Julio González Cadena contra
FAMISANAR EPS y ii) Alicia Berenice Celis Gómez contra EMSSANAR EPSS.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de
dos mil veinte (2020).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera, el Magistrado
Carlos Bernal Pulido, y el Magistrado Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, han proferido la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos (i) en el expediente
T-7.515.907, por el Juzgado Penal Municipal de La
Mesa -Cundinamarca-, en primera instancia, y por el Juzgado Promiscuo de
Familia del Circuito de La Mesa -Cundinamarca-, en segunda instancia, surtidos
en el trámite de la acción de tutela instaurada por Carlos Julio González
Cadena contra Famisanar EPS; y, (ii) en el expediente T-7.535.214
por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Popayán -Cauca-, en única instancia, dentro del proceso de amparo promovida por
Alicia Berenice Celis Gómez contra la Emssanar EPS.
Mediante auto del 29 de agosto de 2019,
la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho escogió los expedientes de la
referencia y los asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos, para
realizar la ponencia de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, indicando como criterio subjetivo de selección: urgencia
de proteger un derecho fundamental[1].
De igual manera, la Sala de Selección, en el mismo auto, ordenó acumular los
expedientes de la referencia por presentar unidad de materia, para que sean
fallados en una sola sentencia.
Dado lo anterior, mediante oficios del
1° de noviembre del 2019, la Secretaría de esta Corporación envió los
expedientes a este despacho e informó que el término para fallar era de tres
(3) meses, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.
I.
ANTECEDENTES
Carlos Julio
González Cadena (Exp. T-7.515.907) promovió acción de tutela
contra Famisanar EPS, con la finalidad de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales, entre otros, a la salud, como consecuencia de la abstención de Famisanar
EPS de autorizar controles médicos especializados, de entregar de forma
inmediata algunos medicamentos y la negativa de brindar transporte para ser
trasladado desde la vereda “La Laguna” ubicada en el municipio de La Mesa
-Cundinamarca- hasta la ciudad de Bogotá, donde le realizan los procedimientos
médicos requeridos por su condición de salud.
Por su parte, Alicia Berenice Celis
Gómez (Exp. T-7.535.214) instauró acción de amparo contra
Emssanar EPS con el propósito de proteger sus derechos fundamentales a la salud
y a la vida en condiciones dignas ante la negativa de otorgar viáticos para
sufragar los costos de traslado desde la ciudad de Popayán a la ciudad de Cali
con la finalidad de seguir con los tratamientos ordenados por los médicos tratantes.
A continuación, se presentará de manera
separada los antecedentes de los expedientes acumulados.
A.
Acción
de tutela presentada por Carlos Julio González Cadena (Exp.
T-7.515.907)
1.
Hechos
relevantes
1.1.
Carlos
Julio González Cadena tiene cuarenta y cuatro (44) años y actualmente reside en
el municipio de La Mesa -Cundinamarca-. Sufre de “apnea del sueño, arritmia
cardíaca no especificada, diabetes mellitus insulinodependiente con
complicaciones múltiples, hipertensión esencial (primaria), insuficiencia
cardíaca congestiva, obesidad grado II, presencia de marcapaso desde junio de
2014”[2];
y, se encuentra afiliado a Famisanar EPS, en calidad de beneficiario en el
régimen contributivo.
1.2.
Refirió
que, como consecuencia de sus afecciones, necesita de medicamentos tales como “metformina,
carvedilol -50 miligramos-, furosemida, esomeprazol, losartan, ivadrabina y
amiadorona”[3].
En el mismo sentido, el galeno tratante ha prescrito betametildigoxina,
espironolactona, heparina bajo peso molecular, atorvastatina
y oxígeno por litro[4].
1.3.
Asimismo,
ordenaron al paciente controles con especialistas en neumología[5],
cardiología[6],
medicina especializada[7],
y cirugía cardiovascular[8],
que se encuentran en Bogotá. Finalmente, arguyó que la entidad accionada negó
la autorización de una parte de dichos servicios[9],
así como la prestación del servicio de transporte que requiere para desplazarse
a Bogotá D.C.
1.4.
Aseveró
que es un paciente que, como consecuencia de sus afecciones, no puede
desplazarse solo y, por tanto, requiere de acompañante permanente. Sin embargo,
dada su precariedad económica, no puede sufragar los gastos de movilización,
así como tampoco puede trabajar a causa de su estado de salud. Por tal motivo, ha
perdido algunas citas y controles, pues no cuenta con recursos económicos para
trasladarse desde la vereda “La Laguna” del municipio de La Mesa -Cundinamarca-
hasta la ciudad de Bogotá D.C.
1.5.
Por
lo anterior, Carlos Julio González Cadena promovió acción de tutela con la
finalidad de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, a la
igualdad, a las “garantías sociales”, a la familia y al reconocimiento
de su condición de persona disminuida físicamente, ante la abstención de
Famisanar EPS de autorizar controles médicos especializados, de entregar de
forma inmediata algunos medicamentos y suministro de oxígeno de forma
permanente, así como de exonerarlo del pago de cuotas moderadoras y copagos, y
la negativa de brindar transporte para trasladarlo desde la vereda “La Laguna”
ubicada en el municipio de La Mesa -Cundinamarca- hasta la ciudad de Bogotá,
donde le realizan los procedimientos médicos requeridos por su condición de
salud[10].
2.       Solicitud de tutela
Mediante acción de tutela presentada el
nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019), Carlos Julio González Cadena
solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad,
a las “garantías sociales”, a la familia y al reconocimiento de su
condición de persona disminuida físicamente.
Como consecuencia, solicitó (i)
ordenar a Famisanar EPS que autorice de manera urgente la atención domiciliaria
“con la infraestructura técnica y el personal capacitado”; (ii)
el cubrimiento del 100% del valor de la prestación de dichos servicios de salud
“y de toda la ATENCIÓN INTEGRAL que se derive” del tratamiento de su
enfermedad, procedimientos, pruebas diagnosticadas y medicamentos requeridos
para el “cubrimiento de las mismas si tener en cuenta que se encuentren
fuera del POS, en el menor tiempo posible debido a la situación precaria de
salud” que padece; (iii) el suministro de oxígeno de manera
permanente, (iv) suministro de transporte, alimentación y
hospedaje para el suscrito y un acompañante, con el fin de recibir atención
médica en la ciudad de Bogotá D.C., (v) que los procedimientos
médicos y la atención integral sean prestadas por el médico tratante y en el
municipio de La Mesa -Cundinamarca-, pues allí, de acuerdo con el accionante,
se encuentran la tecnología y la estructura para prestar este tipo de servicios
y, asimismo, no cuenta con los recursos económicos para trasladarse a la ciudad
de Bogotá D.C.; en caso de no acceder a lo anterior, (vi) instó a
que la prestación de los servicios de salud y atención integral sean prestados
en Bogotá D.C. y, a su vez, éstos sean sufragados, junto con los gastos de
alimentación y estadía por la entidad accionada. Asimismo, (vii)
requirió al juez a que ordenara a la entidad a que le garantizara todas las
necesidades de diagnóstico especializado, los medicamentos y procedimientos
necesarios para el tratamiento, así como la entrega de medios físicos
necesarios, tales como suministro de pañales, cremas, fajas, silla de ruedas y (viii)
la realización del procedimiento de “arteriografía coronaria”.
Finalmente, solicitó al juez de tutela, (ix)
el decreto de medida provisional con el objeto ordenarle a la
accionada, de manera anticipada, la entrega de amiodarona e ivabradina,
pues son medicamentos esenciales para la garantía de su derecho a la salud y a
la vida.
3.   Traslado y contestación de la
acción
Mediante Auto del nueve (9) de mayo de
dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Penal Municipal de La Mesa -Cundinamarca-
admitió la acción de tutela; corrió traslado a Famisanar EPS para que, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de dicho
proveído, se pronuncie sobre los relacionado en la acción de tutela.
Finalmente, negó el decreto de la medida provisional, pues consideró que el
accionante no cumplió con la carga probatoria mínima para demostrar un daño
inminente e irremediable en su salud.
-
Contestación
de Famisanar EPS
La accionada solicitó negar la
protección de los derechos fundamentales. Consideró que ningún médico ha
ordenado al accionante el servicio domiciliario, ni el servicio de transporte.
Dichas solicitudes no se encuentran soportadas en las historias clínicas y/o en
las órdenes médicas.
Igualmente, sostuvo que las solicitudes
de tratamientos y procedimientos deben estar soportados por el criterio del
médico tratante, quien es el único llamado a disponer sobre las necesidades
médico-asistenciales del paciente. Asimismo, Famisanar EPS señaló que los
familiares de los pacientes deberán contribuir con los transportes de sus
allegados según el principio de solidaridad del sistema de salud. Igualmente, indicó
que la exoneración de copagos y cuotas moderadoras no es pertinente en el caso
del accionante porque únicamente aplica para enfermedades de alto costo de
acuerdo con la Resolución 5521 de 2013. Señaló que el oxígeno está siendo
garantizado. Concluyó que la conducta de la EPS no ha vulnerado, transgredido,
o puesto en peligro derecho alguno del usuario.
Solicitó de manera subsidiaria que se decretara
a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud—ADRES, reconocer el valor de los gastos efectuados en cumplimiento de un
fallo que conceda las pretensiones del accionante, sean estos por prestaciones
de salud fuera del PBS dentro de un plazo perentorio de treinta (30) días
siguientes a la presentación de la cuenta de cobro.
4.       Decisiones judiciales objeto de
revisión
4.1. Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del veintidós (22) de
mayo de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Penal Municipal de La Mesa
-Cundinamarca- amparó los derechos fundamentales a la vida digna, a la
seguridad social y a la salud de Carlos Julio González Cadena.
En primer lugar, reprochó la conducta de
la entidad accionante al negar la entrega efectiva de la totalidad de los
medicamentos -especialmente Amiodarona e Ivadrina-
y del oxígeno, los cuales fueron dispuestos por su médico tratante el 13 de
noviembre y 19 de diciembre de 2018, y el 26 de abril de 2019, así como la
negativa de practicar el procedimiento de “arteriografía coronaria”,
la cual fue ordenada el 9 de mayo de 2019.
En segundo lugar, frente a la pretensión
de exonerar el pago de cuotas moderadoras y copagos, el juez de instancia
aseveró que, dada la precariedad económica del accionante, es necesario relevar
a Carlos Julio González Cadena del desembolso de los mismos, máxime cuando,
conforme con el artículo 3° de la Ley 972 de 2005, las entidades de salud no
pueden bajo ningún pretexto negar la asistencia a personas que sufren de
enfermedades catastróficas, tal y como se evidenció del estado de salud de
Carlos Julio González Cadena.
En tercer lugar, concedió la garantía de
tratamiento integral para la atención de las patologías que sufre el
accionante. En efecto, consideró que esta garantía implica, por una parte,
garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud; y, por la
otra, evitar que los afectados instauren nuevas acciones de tutela para
reclamar cada servicio prescrito con ocasión de la misma patología. Así, en el
caso concreto, ordenó dicha garantía para el tratamiento de “Apnea del
sueño, arritmia cardiaca no especificada, diabetes mellitus insulinodependiente
con complicaciones múltiples, hipertensión esencial (primaria), insuficiencia
cardiaca congestiva, obesidad grado II, presencia de marcapaso”, estén o no
dentro del POS, y sin lugar a imponer dilaciones, ni pago de emolumento alguno
-cuota moderadora y/o copagos-.
Finalmente, en torno al servicio de
transporte y atención domiciliaria, el Juzgado Penal Municipal de La Mesa
-Cundinamarca- sostuvo que, al no existir un concepto médico que indique la
necesidad de que el accionante requiere un servicio especial de transporte, es
necesario que se precise “con el máximo grado de certeza permitido por la
ciencia y la tecnología”, si efectivamente deben ser proporcionados dichos
servicios al accionante.
Por lo anterior, y en aras de determinar
tales prestaciones solicitadas, le ordenó a Famisanar EPS que, a través de un
galeno, o de ser necesario, mediante un concepto del Comité Técnico Científico,
establezca si el accionante tiene la necesidad de recibir “atención
domiciliaria y transporte adecuado”. Finalmente, rechazó la solicitud de la
entidad accionada sobre la facultad del recobro al ADRES, pues “ello procede
por ministerio de la ley”.
Escrito de impugnación presentado
Famisanar EPS
En escrito del 28 de mayo de 2019,
Famisanar EPS impugnó la sentencia. Con respecto a la protección integral,
aseveró que se soporta en argumentos que son inciertos, pues, a la fecha, el
accionante está recibiendo todos los tratamientos que se le han ordenado.
Asimismo, la sentencia impugnada no realiza una comprensión completa de sus
efectos. En ese sentido, consideró que, de la parte resolutiva del fallo, se
evidencia que pueden surgir prestaciones médicas que no están cubiertas por el
POS. A partir de allí, afirmó que el ADRES no está reconociendo los recobros de
aquellos servicios o suministros que no se encuentran nombrados taxativamente
en los fallos que ordenan amparo integral del derecho a la salud, situación que
conlleva a una afectación económicamente grave a las EPS´s “al tener que
cubrir en su totalidad fallos integrales que autorizan servicios NOS (sic) POS
directamente de su patrimonio”. Por tal motivo, solicitó en el escrito de
impugnación aclarar los servicios, insumos y/o procedimientos que hagan parte
del tratamiento integral que le fue garantizado al accionante.
En segundo lugar, calificó las
pretensiones del accionante como abstractas y generales “como quiera (Sic)
que frente a esta pretensión no se prueba una necesidad actual de los mismos,
aunado esto a la sobradamente probada prestación de servicios de salud provista
por EPS Famisanar S.A.S., desvirtuándose así el perjuicio actual e inminente
que debe estar presente como elemento principal, para que proceda la tutela de
los derechos fundamentales”.
En tercer lugar, frente al recobro de
servicios NO POS -hoy PBS-, Famisanar EPS  solicitó al juez adicionar la
sentencia impugnada con “el fin de no generar un detrimento económico a
E.P.S. Famisanar, pues, tendría que asumir con cargo a sus propios recursos el
suministro de medicamentos y servicios NO POS que conlleve el tratamiento de
Carlos Julio González Cadena al cual no está obligada legalmente la EPS por ser
servicios NO POS, lo cual afectaría patrimonialmente a esta entidad y alteraría
el equilibrio económico del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues
el Plan Obligatorio de Salud cuenta con unas exclusiones y limitaciones que han
sido creadas por el mismo ordenamiento jurídico”[11]. De
igual manera, arguyó que, conforme con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993,
las EPS´s únicamente están obligadas a financiar los procedimientos y
medicamentos incluidos en el POS.
Como consecuencia de lo anterior,
Famisanar EPS solicitó que se revocara la sentencia proferida el veintidós (22)
de mayo de dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado Penal Municipal de La Mesa
-Cundinamarca-, que amparó los derechos fundamentales de Carlos Julio González
Cadena.
4.2. Decisión de
segunda instancia
En sentencia del veintiocho (28) de
junio de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de La Mesa -Cundinamarca- confirmó parcialmente la sentencia impugnada
en lo relacionado con la protección del derecho fundamental a la salud, sobre
el tratamiento integral de la enfermedad. Sin embargo, revocó el inciso segundo
del numeral segundo de la parte resolutiva que ordenó al médico tratante, o de
ser necesario a un Comité Técnico Científico de la EPS, establecer si requiere
de los servicios de “atención domiciliaria y transporte adecuado” los cuales
sólo podrán negarse en el evento de verificarse de manera justificada.
El Juez sostuvo que no es procedente que
el juez constitucional se refiera a la atención domiciliaria que reclama el
señor Carlos Julio González Cadena. Esto debido a que no se encontró un
concepto médico del profesional de la salud que indicara la necesidad
apremiante de la atención domiciliaria demandada, y tampoco, del servicio de
transporte.
B.
Acción
de tutela presentada por Alicia Berenice Celis Gómez (expediente T-7.616.727)
1.
Hechos
relevantes
1.1.
Alicia
Berenice Celis Gómez tiene cuarenta y seis (46) años. Es madre cabeza de
familia -tiene tres (3) hijos-, está diagnosticada con “Lupus eritematoso
sistemático con compromiso de órganos o sistemas”. Aseveró estar afiliada a
EMSSANAR EPS en el régimen subsidiado. Además, afirmó ser carente de recursos
económicos, ser madre cabeza de familia y está domiciliada en la ciudad de
Popayán.
1.2.
Narró
que EMSSANAR EPS autorizó control por especialista en reumatología[12],
control con especialista en corneología[13] y control
con especialista en neurología[14],
los cuales deben ser prestados por la Clínica de Artritis Temprana SAS, el
Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca y la Fundación Liga
contra la Epilepsia, las cuales están ubicadas en la ciudad de Cali.
1.3.
Por
lo anterior, mediante derecho de petición promovido el cinco (5) de marzo de
dos mil diecinueve (2019), solicitó viáticos de desplazamiento desde la ciudad
de Popayán a la ciudad de Cali para ella y un acompañante. Sin embargo, a
través del oficio CECPQRS-RU-2019-0716 del veintiséis (26) de marzo de dos mil
diecinueve (2019), la entidad accionada negó dicha solicitud.
2.
Solicitud
de tutela
Como consecuencia de lo anterior, el
ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019), Alicia Berenice Celis Gómez
instauró acción de tutela contra EMSSANAR EPS con la finalidad de amparar sus
derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas. En
concreto, solicitó al juez constitucional (i) ordenar de manera
inmediata el suministro de los viáticos de transporte, alimentación y
alojamiento para ella y un acompañante, para la realización los mencionados
procedimientos y, asimismo, (ii) el cubrimiento de los demás desplazamientos
por tratamientos médicos, exámenes y citas que eventualmente fueren ordenados
para la garantía de su derecho a la salud.
3.
Traslado
y contestación
El ocho (8) de abril de dos mil
diecinueve (2019), el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones en Control
de Garantías (i) admitió la acción de tutela impetrada por Alicia
Berenice Celis Gómez contra EMSSANAR; y (ii) vinculó a la
Secretaría de Salud Departamental del Cauca, para que, en el término de un (1)
día contado a partir de la notificación de dicha providencia, manifestara su
posición en torno a lo relacionado en la acción de tutela.
-
Secretaría
de Salud Departamental del Cauca
Mediante apoderada judicial, la
Secretaría de Salud Departamental del Cauca sostuvo que sobre la pretensión de
viáticos no se anexa copia de la historia clínica, ni orden médica que
justifique dicho requerimiento, siendo estos documentos condición esencial para
determinar la necesidad de lo pedido. A su vez, consideró que el transporte y
el hospedaje del paciente no son servicios médicos. Sin embargo, su prestación
corresponde a la EPS en los eventos donde se acredite la necesidad conforme la
jurisprudencia constitucional. En este orden de ideas, la Empresa Solidaria de
Salud -EMSSANAR E.S.S- es quien deberá atender lo solicitado por el accionante.
Adicionalmente, la apoderada afirmó que
la garantía del suministro de servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan
Obligatorio de Salud –POS-[15]
recae en las EPS, quienes deberán garantizar el acceso efectivo a los servicios
y tecnologías sin cobertura del plan obligatorio de salud, autorizadas por el
Comité Técnico-Científico (CTC) u ordenados por autoridad judicial.
Concluyó que la obligada a prestar el
servicio de salud al usuario es la Empresa Solidaria de Salud -EMSSANAR E.S.S-
a través de su red contratada. Por su parte, la responsabilidad de la
Secretaría de Salud Departamental del Cauca radica en el pago de los gastos
generados por la prestación de los servicios, con la previa presentación de la
cuenta con el lleno de los requisitos exigidos y contemplados en el “procedimiento
para la vigilancia y control de las solicitudes de pagos de servicios y tecnologías
sin cobertura en el POS”. Reiteró entonces que, en el evento en que el
paciente requiera tecnologías en salud, que no hacen parte del Plan de
Beneficios en Salud –PBS-, deberán ser asumidas por la Entidad Promotora de
Salud –EPS- del régimen subsidiado con posibilidad de recobro al ente
territorial.
-
EMSSANAR
EPSS
En escrito del once (11) de abril de dos
mil diecinueve (2019), EMSSANAR EPS solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela. En su defecto, negar el amparo de los derechos fundamentales
y, en caso de que fueren tutelados, pidió garantizar el pago oportuno y directo
los costos de los tratamientos y medicamentos “NO POS” que,
eventualmente, se le ordene prestar.
En primer lugar, aseveró que los
servicios de transporte, alimentación y alojamiento no se encuentran dentro del
PBS de conformidad con la Resolución 5267 de 2017. En ese sentido, para acceder
a la prestación de dichos servicios, debe existir justificación médica “donde
establezca que el paciente y el acompañante requieren los servicios, como
también el cumplimiento de reglas jurisprudenciales y de la resolución 5267 de
2017 (…)”. A partir de ello, afirmó que en el expediente no se demuestra
que la accionante necesite de dichos servicios, pues no se evidencia la existencia
específica de un obstáculo desde el punto de vista de acceso efectivo al
servicio que amenazara o pusiera en riesgo la vida y la salud de la accionante.
Asimismo, no se evidencia que Alicia Berenice Gómez requiera de un acompañante
para hacer posible su desplazamiento o para garantizar su integridad física,
menos aun cuando su traslado tiene una duración de treinta (30) minutos,
evidenciando que no es necesario.
En segundo lugar, expresó que, conforme
la Ley 1122 de 2007, quien debe resolver el problema jurídico planteado por la
accionante es la Superintendencia Nacional de Salud. En efecto, afirmó que este
mecanismo “no cataloga una barrera para el acceso al servicio público al
afiliado, puesto que, para el municipio de Popayán donde se identifica la
residencia del usuario, la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con sus
oficinas en la Alcaldía Municipal, en consecuencia la accionante deberá acudir
y presentar la solicitud, porque este órgano adscrito al sector central tiene
facultades propias de un juez de los asuntos de su competencia, constituyendo
un órgano de carácter principal y prevalente para resolver este tipo de
controversias, aunado a ello, al realizar estos trámites en esta dependencia
contribuye a no generar un desgaste absurdo del aparato judicial del país,
puesto que, no se carga de más trámites al despacho judicial”.
Finalmente, alegó que son los entes
territoriales los que tienen la obligación de financiar y pagar los servicios
de salud que se encuentran por fuera del POS, de conformidad con el artículo 3º
de la Resolución 1479 de 2015. Por lo anterior, corresponde a la Secretaría de
Salud Departamental del Cauca financiar y pagar las ayudas técnicas y servicios
NO POS.
4.
Decisiones
objeto de revisión
4.1.
Decisión de primera instancia
El Juzgado Octavo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías, mediante sentencia del veintiséis (26) de
abril de dos mil diecinueve (2019), declaró “improcedente” la acción de
tutela y, en consecuencia “negó” el amparo de los derechos fundamentales
de Alicia Berenice Celis Gómez.
Consideró que, para acceder a las
pretensiones, se debe demostrar en el caso concreto, por una parte, la carencia
de medios económicos que le permitan sufragar los costos de los viáticos tanto
para el usuario como para su núcleo familiar; y, por la otra, que los mismos
estén mediados por orden médica. Así pues, en el caso concreto, consideró no se
probó, ni siquiera de manera sumaria, la carencia de recursos económicos por
parte de la accionante; asimismo, no demostró la dependencia total de un
tercero para su movilización. Finalmente, aseveró que, aunque es madre cabeza
de familia -tiene tres (3) hijos- no demostró por medio de documento alguno
(registros civiles de nacimiento o declaraciones extraprocesales) que pruebe
dicha aseveración.
5.       Pruebas
que obran en los expedientes de la referencia
-
Pruebas
que obran en el expediente de Carlos Julio González Cadena (Exp. T-7.515.907)
·
Copia
de la cédula de ciudadanía de Carlos Julio González Cadena[16].
·
Copia
de orden médica de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar para realizar
Ecocardiograma Transtorácico[17].
·
Copia
de la orden de consulta de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar para control
o seguimiento por cirugía cardiovascular[18].
·
Copia
de informe de “recomendaciones previas al procedimiento hemodinamia y
cardiología” realizada por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar[19].
·
Copia
de la orden de examen médico de arteriografía coronaria realizada por la Caja
Colombiana de Subsidio Familiar[20].
·
Copia
del diagnóstico de los síntomas y enfermedades de Carlos Julio González Cadena
realizado por el Hospital Universitario de la Samaritana[21].
·
Copia
de la solicitud de examen médico elaborado por el Hospital Universitario de la
Samaritana con especialidad en neumología[22].
·
Copia
del resumen de la historia clínica de Carlos Julio González Cadena con respecto
al cardiodesfribilador[23].
·
Copia
de diagnóstico realizado a Carlos Julio González Cadena por motivo de
insuficiencia cardiaca congestiva[24].
·
Copia
del informe de ecocardiografía realizado a Carlos Julio González Cadena por
Servimed SAS[25].
·
Copia
del informe de ecocardiografía y evolución realizado a Carlos Julio González
Cadena por Servimed SAS[26].
·
Copia
de la evolución diaria de hospitalización de Carlos Julio González Cadena
realizada por la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz[27].
·
Copia
del resultado de los exámenes médicos de hematología realizado por la Caja
Colombiana de Subsidio Familiar[28].
·
Copia
de la Epicrisis de Carlos Julio González Cadena realizada por la E.S.E Pedro
León Álvarez Díaz[29].
·
Copia
de la autorización de servicios de Famisanar EPS para gases arteriales (en
reposo o ejercicio)[30].
·
Copia
de la orden médica de practica de gases arteriales realizada por Hospital
Universitario de la Samaritana[31].
·
Copia
de la autorización de servicios de prueba de esfuerzo cardiovascular ordenada
por Famisanar EPS[32].
·
Copia
de la autorización del examen médico de Prueba Ergometrica solicitada por la
Caja Colombiana de Subsidio Familiar[33].
·
Copia
de la factura de venta de medicamentos realizada por la E.S.E Hospital Pedro
León Álvarez Díaz[34].
·
Copia
de procedimiento de revisión (reprogramación) de cardioversor (desfibrilador)
solicitado por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar[35].
·
Copia
de la autorización de servicios de electrocardiograma de ritmo o de superficie realizada
por Famisanar EPS[36].
·
Copia
de la autorización de servicios de electrocardiograma de ritmo o de superficie
realizada por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar[37].
·
Copia
de pre-autorización de servicios de resonancia magnética de corazón con
valoración funcional y resonancia magnética de corazón con estrés[38].
·
Copia
de autorización de servicios de resonancia magnética de corazón con valoración
funcional y resonancia magnética de corazón con estrés realizada por Famisanar
EPS[39].
·
Copia
de autorización de servicios de radiografía de tórax realizada por Famisanar
EPS[40].
·
Copia
de orden médica de radiografía de tórax realizada por el Hospital Universitario
de la Samaritana[41].
·
Copia
de la solicitud de autorización de servicios de salud realizada por el Hospital
Universitario de la Samaritana[42].
·
Copia
del examen médico ordenado por el Hospital Universitario de la Samaritana por
Hemograma IV[43].
·
Copia
de la solicitud de examen ordenado por la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez
Díaz de electrofisiología[44].
·
Copia
de la autorización de servicios de Famisanar EPS de “espirometría o curva de
flujo volumen pre y post broncodilatores”[45].
·
Copia
de la autorización de servicios de Famisanar EPS de “consulta por primera vez
por especialista en neumología”[46].
·
Copia
de la solicitud de exámenes de neumología y de espirometría o curva de flujo volumen
pre y post broncodilatores expedido por el Hospital Universitario de La
Samaritana[47].
·
Copia
de la autorización del examen de control o seguimiento de Electrofisiología por
parte de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar[48].
·
Copia
de correo electrónico donde Colsubsidio le asigna la realización de prueba de
esfuerzo a Carlos Julio González Cadena[49].
·
Copia
de la autorización de servicios de Ecocardiograma Transesofagico realizada por
Famisanar EPS[50].
·
Copia
de orden médica expedida por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar para
ecocardiograma transesofagico[51].
·
Copia
de la autorización de medicamento denominado Ivabradina autorizada por
Famisanar EPS[52].
·
Copia
de la fórmula médica realizada por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar por
el medicamento denominado Ivabradina[53].
·
Copia
de autorización de servicios suscrita por Famisanar EPS sobre “consulta de
primera vez por especialista en cardiología”[54].
·
Copia
de la autorización de prestación de servicio denominado “Falla cardiaca-
consulta de programa” realizada por la Caja Colombiana de Subsidio Familiar[55].
·
Copias
de la factura de venta expedida por el Hospital Universitario de La Samaritana
por la consulta ambulatoria de medicina especializada[56].
·
Copia
de la evolución diaria de hospitalización de Carlos Julio González Cadena en la
E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz[57].
·
Copia
del examen de electrocardiograma practicado a Carlos Julio González Cadena[58].
·
Copia
de la certificación de la empresa Sanofi sobre la no comercialización del
medicamento Amiodarona[59].
·
Copia
de la certificación de la empresa Coaspharma sobre el desabastecimiento del
medicamento Amiodarona[60].
·
Copia
de la certificación de la empresa Tecnoquimicas sobre la no disponibilidad del
medicamento Amiodarona[61].
·
Informe
de autorización de procedimientos, medicamentos e insumos autorizados por
Famisanar EPS[62].
·
Copia
de la historia clínica general de Carlos Julio González Cadena realizada por la
Caja Colombiana de Subsidio Familiar[63].
·
Copia
de la orden médica de transporte ambulatorio realizada por la Junta de
Profesionales de la Salud de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz[64].
·
Copia
de la prescripción médica de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz que
ordena la prestación de oxigeno medicinal a Carlos Julio González Cadena[65].
·
Copia
de la historia clínica de Carlos Julio González Cadena llevada a cabo por la
E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz[66].
Copia de la prescripción médica de
atención domiciliaria de enfermería y de fisioterapia llevada a cabo por la
E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz[67].
-
Pruebas
que obran en el expediente de Alicia Berenice Celis Gómez (Exp. T-7.535.214)
·
Copia
del derecho de petición presentado por Alicia Berenice Celis Gómez dirigida a
EMSSANAR EPS[68].
·
Copia
de la respuesta al derecho de petición presentado por Alicia Berenice Celis
Gómez realizada por EMSSANAR EPS[69].
·
Copia
del carnet de afiliación de Alicia Berenice Celis Gómez a EMSSANAR EPS[70].
·
Copia
del denuncio por pérdida de cédula de ciudadanía de Alicia Berenice Celis Gómez
y la tarjeta de identidad de Yuleidy Carolina Celis Gómez[71].
·
Copia
de la cédula de ciudadanía de Alicia Berenice Celis Gómez[72].
·
Copia
de autorización de servicios de salud de consulta de control o de seguimiento
en medicina subespecializada – Corneología[73].
·
Copia
del diagnóstico realizado a Alicia Berenice Celis Gómez por el Instituto
Nacional para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca[74].
·
Copia
de la “justificación de solicitud de medicamentos, procedimientos y servicios
médicos no incluidos en POS y POS-s.” suscrito por el Instituto Nacional para
Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca[75].
·
Copia
de la fórmula médica de Alicia Berenice Celis Gómez suscrita por la Clínica
Visual & Auditiva[76].
·
Copia
del diagnóstico y fórmula médica de Alicia Berenice Celis Gómez y orden de
control en neurología suscrita por la Fundación Liga Colombiana con la
Epilepsia – Capítulo Valle del Cauca[77].
·
Copia
de la historia clínica de Alicia Berenice Celis Gómez suscrita por la Fundación
Liga Colombiana contra la Epilepsia – Capítulo Valle del Cauca[78].
·
Copia
de la autorización de control o seguimiento por especialista en reumatología realizada
por EMSSANAR EPS a la IPS Clínica de Artritis Temprana SAS –Cali Valle del
Cauca-[79].
·
Copia
de listado de servicios autorizados por EMSSANAR EPS a la señora Alicia
Berenice Celis Gómez[80].
·
Copia
de la autorización de exámenes formulada por el médico tratante de la Clínica
de Artritis Temprana[81].
·
Copia
del resumen de atención de Alicia Berenice Celis Gómez realizada por la Clínica
de Artritis Temprana[82].
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente
para conocer de la Revisión de los fallos de tutela proferidos dentro de las
acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del caso, problema jurídico y estructura de la
decisión
-
Expediente
T-7.515.907
Carlos Julio González Cadena tiene
cuarenta y cuatro (44) años. Actualmente reside en el municipio de La Mesa
-Cundinamarca-. Sufre de “apnea del sueño, arritmia cardíaca no
especificada, diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones
múltiples, hipertensión esencial (primaria), insuficiencia cardíaca congestiva,
obesidad grado II, presencia de marcapaso desde junio de 2014”[83];
y, se encuentra afiliado a Famisanar EPS, en calidad de beneficiario en el
régimen contributivo.
Refirió que necesita de medicamentos
tales como “metformina, carvedilol -50 miligramos-, furosemida,
esomeprazol, losartan, ivabradina y amiodarona”[84].
En el mismo sentido, el médico tratante le prescribió betametil digoxina,
espironolactona, heparina bajo peso molecular, atorvastatina
y oxígeno por litro[85]
y omeprazol[86],
glimepirida[87],
sacubitril/valsartan[88].
Asimismo, le ordenaron controles con
especialistas en neumología[89],
cardiología[90],
medicina especializada[91],
cirugía cardiovascular[92],
que se encuentran en Bogotá, así como valoración por electrofisiología en La
Mesa -Cundinamarca-[93].
Finalmente, arguyó que la entidad accionada le negó la autorización de una
parte de dichos servicios, así como la prestación del servicio de transporte
que requiere para desplazarse a Bogotá D.C.
A su vez, cuenta con órdenes médicas de
exámenes y procedimientos, tales como ecocardiograma transtorácico[94],
polisomnograma en titulación de CPAP nasal[95], radiografía
de tórax[96],
espirometría, Gases Arteriales[97],
Hemograma IV[98],
prueba de esfuerzo cardiovascular, electrocardiograma, resonancia magnética de
corazón[99]
y arteriografía coronaria.
Por su parte, también se demuestra en el
expediente que se determinó la necesidad de “transporte domiciliario y de
enfermera domiciliaria durante 12 horas al día, terapias (sic) físicas para la
rehabilitación cardiaca 3 veces (sic) por semana”[100].
De igual manera, existe prescripción por parte de la Junta de Profesionales de
la Salud respecto del servicio complementario de “transporte ambulatorio
diferente a ambulancia no PBS-UPC”[101], con una
frecuencia de 72 horas por 90 días[102].
El accionante aseveró que es un paciente que, como consecuencia de sus
afecciones, no puede desplazarse solo y, por tanto, requiere de acompañante
permanente. Sin embargo, dada su precariedad económica, no puede sufragar los
gastos de movilización, así como tampoco puede trabajar como consecuencia de su
estado de salud. Por tal motivo, no siempre ha podido asistir a las citas y
controles, pues no cuenta con recursos económicos para trasladarse desde la
vereda “La Laguna” del municipio de La Mesa -Cundinamarca- hasta la ciudad de
Bogotá D.C.
El médico internista de la ESE Hospital
Pedro Leonel Álvarez Días de La Mesa -Cundinamarca- ordenó atención
domiciliaria por enfermería y por fisioterapia[103].
En el escrito de tutela, el accionante afirmó que Famisanar EPS no le entregó
los medicamentos denominados amiodarona e ivabradina, y tampoco
le suministró el oxígeno permanente, así como no le ha sido practicado el
procedimiento de arteriografía coronaria; y, finalmente,
manifestó que no le ha sido otorgado el transporte, alimentación y estadía para
él y su acompañante, para recibir atención en salud en ciudad distinta a la que
reside; y, como parte de su tratamiento, necesita pañales, cremas, fajas y
silla de ruedas.
En
contraste, Famisanar EPS argumentó que ningún médico ha ordenado al accionante
el servicio domiciliario, ni el servicio de transporte. Dichas solicitudes no
se encuentran soportadas en las historias clínicas y/o en las órdenes médicas.
Sostuvo que las solicitudes de tratamientos y procedimientos deben estar
soportados por el criterio del médico tratante, quien es el único llamado a
disponer sobre las necesidades médico-asistenciales del paciente. Asimismo,
señaló que los familiares de los pacientes deberán contribuir con los
transportes de sus allegados según el principio de solidaridad del sistema de
salud. Indicó también que la exoneración de copagos y cuotas moderadoras no es
pertinente en el caso del accionante porque únicamente aplica para enfermedades
de alto costo de acuerdo con la Resolución 5521 de 2013. También señaló que el
oxígeno está siendo garantizado. Concluye que la conducta de la EPS no ha
vulnerado, transgredido, o puesto en peligro derecho alguno del usuario.
Solicitó de manera subsidiaria que se
decrete a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud—ADRES, reconocer el valor de los gastos efectuados en
cumplimiento de un fallo que conceda las pretensiones del accionante, sean
estos por prestaciones de salud fuera del PBS dentro de un plazo perentorio de
treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro.
-
Expediente
T-7.535.214
Alicia Berenice
Celis Gómez tiene cuarenta y seis (46) años. Es madre cabeza de familia -tiene
tres (3) hijos-, está diagnosticada de “Lupus eritematoso sistémico con
compromiso de órganos o sistemas” y aseveró ser carente de recursos
económicos y está domiciliada en la ciudad de Popayán.
Narró que EMSSANAR EPS autorizó control por
especialista en reumatología, control con especialista en corneología y control
con especialista en neurología, los cuales deben ser prestados por la Clínica
de Artritis Temprana SAS, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del
Cauca y la Fundación Liga contra la Epilepsia, las cuales están ubicadas en la
ciudad de Cali.
Por lo anterior, mediante derecho de
petición promovido el cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019), solicitó
viáticos de desplazamiento desde la ciudad de Popayán a la ciudad de Cali para
ella y un acompañante. Sin embargo, a través del oficio CECPQRS-RU-2019-0716
del veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019), la entidad accionada
le negó dicha solicitud.
Como consecuencia de lo anterior, el
ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019), Alicia Berenice Celis Gómez
instauró acción de tutela contra EMSSANAR EPS con la finalidad de amparar sus
derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas. En
concreto, solicitó al juez constitucional (i) ordenar de manera
inmediata el suministro de los viáticos de transporte, alimentación y
alojamiento para ella y un acompañante, para la realización los mencionados
procedimientos y, asimismo, (ii) el cubrimiento de los demás
desplazamientos por tratamientos médicos, exámenes y citas que eventualmente le
fueren ordenados para la garantía de su derecho a la salud.
Con
base en lo expuesto, le corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional determinar si ¿una EPS vulnera los derechos fundamentales a la
vida digna, a la salud y al diagnóstico de una persona, al no garantizar los
tratamientos prescritos por el médico tratante, la entrega continua de
medicamentos e insumos, pese a existir prescripción médica, así como no
suministrar viáticos y atención domiciliaria, junto con un acompañante[104],
bajo el argumento de no existir soporte u orden médica del galeno tratante
respecto de la necesidad de los servicios?[105]
Con
el fin de resolver los problemas planteados, la Sala (i)
reiterará los contenidos del derecho fundamental a la salud; (ii)
estudiará las reglas jurisprudenciales sobre el servicio de transporte como
componente de la accesibilidad del derecho a la salud y la atención
domiciliaria; (iii) prestaciones de medicamentos y exámenes
prescritos por el médico tratante y el derecho al diagnóstico; (iv)
exoneración de copagos y cuotas moderadoras; y, finalmente, (v)
resolverá el caso concreto.
3.
CONSIDERACIONES
1.     El
derecho a la salud
El PIDESC establece que los Estados
Parte “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”.[106] Por
su parte, la Constitución Política enuncia que la atención en salud es una
responsabilidad a cargo del Estado (art. 49). Posteriormente, la Ley 1751 de
2015 reconoce el derecho a la salud como fundamental, autónomo e irrenunciable,
comprendiendo “el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz
y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la
salud”.[107] Las
características asociadas al derecho a la salud son esenciales a él y se
encuentran regulados en el artículo 6º de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y
fueron reconocidos inicialmente por la Observación General N°14. Tales
elementos son cuatro: la disponibilidad[108], la
aceptabilidad,[109] la
calidad e idoneidad profesional[110] y la
accesibilidad. No obstante, para el asunto objeto de análisis la Sala analizará
únicamente a la accesibilidad. Asimismo, precisará los contenidos de los
mandatos de la solidaridad para delimitar las obligaciones del Estado
A. La
accesibilidad
El PIDESC indica que el acceso en
condiciones de igualdad a los servicios médicos, comprende (i) la no
discriminación,[111] (ii)
la accesibilidad física,[112] (iii)
el acceso a la información[113] y (iv)
la accesibilidad económica[114].  En
este sentido, la accesibilidad significa que los servicios y tecnologías deben
estar disponibles para lograr el mayor nivel de salud posible y que sean
asequibles a todas las personas, sin discriminación y con observancia de las
diferencias culturales, etarias, sociales y de género que existan entre ellas.
Accesibilidad económica (asequibilidad).[115] Los
bienes y servicios relacionados con el sector de la salud deben estar al
alcance de los miembros de la sociedad. Para ello, el pago por la atención
médica y los insumos que requieran un tratamiento deben responder a criterios
de equidad y asegurar que los grupos socioeconómicamente más vulnerables puedan
acceder a la totalidad de la oferta, sin discriminación por la capacidad
económica que tengan para asumir su costo.
El Estado está en la obligación de
consolidar un sistema institucional que, progresivamente, permita asegurar el
ejercicio del derecho a la salud por parte de cada uno de los ciudadanos, sin
barreras económicas, pues como lo ha reconocido la Organización de Naciones
Unidas, “en muchos casos, sobre todo por lo que respecta a las personas que
viven en la pobreza, ese objetivo es cada vez más remoto”.[116]
La accesibilidad en todas sus facetas
debe estar asegurada conjuntamente en cada caso particular para que una persona
pueda predicar el ejercicio del derecho a la salud.  El propósito es que
todas las personas y, en forma preferente, aquellas que estén en condición de
vulnerabilidad puedan acceder al sistema y a los beneficios incluidos en él, y
que una vez iniciada la prestación de un servicio este no pueda ser
discontinuado por motivos administrativos o económicos (principio de
continuidad).  El servicio de transporte para las personas en situación de
vulnerabilidad compone uno de los elementos del principio de continuidad para
acceder a la salud, que esta Sala analizará más adelante.
2.     Escenarios
constitucionales del derecho a la salud. Reiteración de jurisprudencia
constitucional
El derecho a la salud tiene variadas comprensiones
concretas y, por tanto, tiene amplias opciones en su manifestación. Estas
diferentes manifestaciones nacen de la comprensión de la salud como un derecho
fundamental -dimensión individual- y, a su vez, como un servicio público
-dimensión colectiva-.
Ellos son un ejercicio de comprensión de
las diferentes garantías que tienen las personas y, asimismo, precisa las
obligaciones que tiene el Estado y las empresas promotoras de salud con
respecto a la prestación del servicio público de salud. Dentro de estas
manifestaciones se encuentran en la jurisprudencia, entre otras, (i)
la garantía del transporte, alimentación y alojamiento tanto del paciente como
de su acompañante; (ii) la atención domiciliaria; (iii)
la garantía de la entrega oportuna de medicamentos, practica de exámenes
prescritos y derecho al diagnóstico; y, (iv) la garantía de
amparo integral de los pacientes.
2.1.
El
transporte, alimentación y alojamiento como garantía de accesibilidad del
derecho a la salud
El principio de accesibilidad económica
del derecho a la salud obliga al Estado a remover las barreras de acceso a los
servicios médicos de los que dispone el sistema, ya que es una condición
indispensable para asegurar que todo ciudadano pueda ser cobijado por el
sistema de salud colombiano. Este deber se refuerza en relación con las
personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, en virtud del
principio de solidaridad ya referido.
La accesibilidad económica de los
servicios de salud implica eliminar las barreras que surgen por la condición
socioeconómica de los usuarios. En virtud de lo anterior, condicionar el acceso
a los servicios médicos a la capacidad económica del paciente reduce las
posibilidades de acceso efectivo a ellos. Una de las manifestaciones de este principio
es la obligación de garantizar el servicio de transporte y demás viáticos en
los que incurra el paciente y no esté en condiciones de sufragar. En ese
sentido, conforme con la jurisprudencia, el servicio de transporte, si bien no
tiene la naturaleza de prestación médica, “el ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia de este Tribunal han considerado que en determinada ocasiones
dicha prestación guarda una estrecha relación con las garantías propias del
derecho fundamental a la salud, razón por la cual surge la necesidad de
disponer su prestación, pues, de no contar con el traslado para recibir lo
requerido, se impide la materialización de este derecho”[117].
Los servicios de
transporte son una expresión de la obligación del suministro de prestaciones en
salud, pues son determinantes para su acceso. Por tanto, se deben cumplir por
parte de las entidades promotoras de salud y, su no prestación conlleva a una
vulneración de los principios de integralidad y continuidad en la prestación de
los servicios de salud. Desde esta perspectiva, este Tribunal ha insistido en
que el suministro tardío o no oportuno de los medicamentos prescritos por el
médico tratante desconoce los citados principios de integralidad y continuidad
en la prestación del servicio de salud[118].
Adicionalmente, existe una afectación de
los citados principios en aquellas situaciones en las que, por la existencia de
un obstáculo o barrera injustificada, el paciente no puede acceder a los
servicios del sistema o al suministro de los medicamentos[119].
Una de tales situaciones se presenta cuando se reconoce el suministro de los
medicamentos ordenados para el tratamiento en una ciudad diferente a la de la
residencia del paciente y éste no tiene las condiciones para trasladarse,
ya sea por falta de recursos económicos o por su estado físico[120].
El literal C del artículo 6° de la Ley
1751 de 2015 establece que los servicios y tecnologías de salud deben ser
accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las
especificaciones de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural.
La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la
asequibilidad económica y el acceso a la información. En ese sentido, conforme
con la jurisprudencia, “el transporte y los viáticos requeridos para asistir
a los servicios de salud prescritos por los médicos tratantes, si bien no
constituyen servicios médicos, lo cierto es que sí constituyen elementos de
acceso efectivo en condiciones dignas”[121].
a.
Prestación
del servicio de transporte, alimentación y alojamiento para el paciente
En virtud de lo anterior, la Resolución
3512 de 2019 “Por medio de la cual se actualizan los servicios y tecnologías
de la salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”,
en su Título V que trata sobre “Transporte o Traslado de Pacientes”, reglamenta
(i) el traslado de pacientes; (ii) transporte de
pacientes ambulatorio; y, (iii) la exclusión de la financiación
del transporte de cadáveres.
Sobre el traslado de pacientes, de
acuerdo con el artículo 121 de la norma, incluye el traslado acuático, aéreo y
terrestre, ya sea en ambulancia básica o medicalizada en los siguientes casos[122]. En
primer lugar, la movilización de pacientes con patologías de urgencias desde el
sitio de ocurrencia de la misma hasta la institución hospitalaria, incluyendo
el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en ambulancia[123]; y,
en segundo lugar, entre IPS dentro del territorio nacional, teniendo en cuenta
las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están
siendo atendidos, que requieran de atención en un servicio no disponible en la
institución remisoria. Igualmente, para estos casos está financiado con
recursos de la UPC el traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia[124].
Conforme la jurisprudencia
constitucional, “el servicio de transporte para el caso de pacientes
ambulatorios se encuentra incluido en el PBS y debe ser autorizado por la EPS
cuando sea necesario que el paciente se traslade a un municipio distinto al de
su residencia (transporte intermunicipal), para acceder a una atención
que también se encuentre incluida en el PBS”[125]; en
otras palabras, las anteriores hipótesis normativas hacen referencia, conforme
la jurisprudencia, a transporte intermunicipal.
Aquellos transportes que no se enmarquen
en las hipótesis anteriores, conforme con la Corte Constitucional, en
principio, le correspondería sufragar los gastos al paciente y/o a su núcleo
familiar. Sin embargo, la misma ha reconocido que la ausencia del servicio de transporte
puede constituir, en determinadas circunstancias, una barrera de acceso a los
servicios de salud. A partir de allí, ha identificado situaciones en las que
los usuarios del sistema de salud requieren transporte que no está cubierto
expresamente por el PBS para acceder a los procedimientos médicos ordenados
para su tratamiento. En estos escenarios, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que las EPS deben brindar dicho servicio de transporte no cubierto
por el PBS[126].
Para ello, deben confluir los siguientes requisitos: (i) el
servicio fue autorizado directamente por la EPS, remitiendo a un prestador de
un municipio distinto al de residencia del paciente[127]; (ii)
ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos
suficientes para pagar el valor del traslado[128];
y, (iii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida,
la integridad física o el estado de salud del usuario[129].
Estas exigencias, por tanto, son
exigibles para situaciones de transporte intermunicipal que (a) no
se encuentran enmarcadas en la Resolución 3512 de 2019; (b) el
transporte intramunicipal -pues no se encuentra incluido en el PBS con
cargo a la UPC-, cuando el profesional de la salud advierta la necesidad y
verifique el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente; y, como se
verá más adelante -con reglas más concretas-; (c) el servicio de
acompañante, los cuales se deberán tramitar a través del procedimiento
establecido en la Resolución 1885 de 2018[130].
Sin embargo, con el fin
de aclarar los tipos de transporte, las coberturas en el Plan Básico de Salud
(PBS) y la forma de financiamiento la Sala sintetiza la información en el
siguiente cuadro:
Tipo de transporte
Cobertura
Forma de financiamiento
Ambulancia básica o
medicalizada intermunicipal:
1.
Movilización de pacientes con patología de urgencias desde
el sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria,
incluyendo el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en ambulancia.
2.     Entre IPS dentro del territorio nacional de los pacientes
remitidos por la entidad que está atendiendo a otra.
Plan de beneficios en
salud (PBS)
Modo de transporte
disponible en el sitio geográfico donde se encuentre el paciente.
El transporte se debe
proporcionar con base en su estado de salud, el concepto del médico tratante
y el destino de la remisión.
Se financia el
traslado en ambulancia del paciente remitido para atención domiciliaria si el
médico así lo prescribe.
Cargo a la Unidad de
Pago por Capitación (UPC).
Transporte del
paciente ambulatorio diferente a ambulancia intermunicipal:
1.     Servicio no disponible en el lugar de residencia del
afiliado.
2.     Cuando la EPS no hubiera tenido en cuenta los servicios
para la conformación de su red de servicios independientemente de si en el
municipio la EPS o la entidad que haga sus veces recibe o no una UPC
diferencial.
Plan de beneficios en
salud (PBS)
EPS o la entidad que
haga sus veces recibe o no una UPC diferencial.
Será financiado en
los municipios o corregimientos con la prima adicional para zona especial por
dispersión geográfica.
Transporte
intramunicipal (interurbano) e intermunicipal que no se encuentren en las
hipótesis de los artículos 121 y 122 de la Resolución 3512 de 2019.
No se encuentra
cubierto por el PBS, ni tampoco está excluido por las listas del Ministerio
de Salud y Protección Social.
Prima adicional[131]
por dispersión geográfica recobro a la ADRES.
Estas mismas subreglas se aplican a los
viáticos, teniendo en consideración que son necesarios por iguales razones del
traslado. Puntualmente, se ha precisado que “tanto el transporte como los
viáticos serán cubiertos por la prima adicional en áreas donde se reconozca
este concepto; sin embargo, en los lugares en los que no se destine dicho rubro
se pagarán con la UPC básica”[132]
.
b.
Prestación
del servicio de transporte, alimentación y alojamiento para el acompañante del
paciente
Por otra parte, la Corte Constitucional
ya ha interpretado esta resolución en el sentido que el citado artículo no
menciona nada acerca del traslado del paciente que por su condición médica
requiera de un acompañante al lugar de prestación del servicio de salud en
dicho municipio. Se entiende que existen supuestos, como los mencionados, donde
la normatividad vigente no contempló dichas situaciones, lo cual no significa
que el sistema de salud, en atención a los elementos de la integralidad y la
accesibilidad definidos en la Ley 1751 de 2015, no deba brindar la cobertura
para el traslado del paciente. Por estas particularidades se torna imperativo
que no puedan existir obstáculos para garantizar el derecho fundamental a la
salud y así procurar la preservación de su vida.
La garantía del servicio de transporte,
también admite el desplazamiento del paciente con un acompañante, siempre que
su condición etaria[133]
o de salud[134]
lo amerite. Para conceder el transporte de un acompañante es preciso verificar
que “(iii) el paciente es totalmente dependiente de un tercero
para su desplazamiento, (iv) requiere atención permanente para garantizar su integridad
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (vi) (sic.) ni él ni
su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el
traslado”.[135]
En ese evento, los costos asociados a la movilización del acompañante corren por
cuenta de las EPS con cargo al Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES-,
porque no hace parte del Plan de Beneficios en Salud –PBS-.
En referencia a la capacidad económica
del usuario beneficiario del régimen contributivo, la Corte ha establecido que
las entidades prestadoras de salud tienen el deber de indagar en su base de
datos la información socioeconómica del paciente, para concluir si este puede o
no cubrir los costos de los servicios que reclama.[136]
En relación con el requisito sobre la
carencia de recursos económicos para cubrir los gastos de alimentación,
alojamiento y transporte para un acompañante, en recientes sentencias[137],
la Corte precisó que la ausencia de capacidad financiera puede constatarse con
los elementos allegados al expediente, pero, cuando el paciente afirme la
ausencia de recursos, la carga de la prueba se invierte y le corresponde a la
EPS desvirtuar lo dicho[138]
y; en caso de que la EPS guarde silencio, la afirmación del paciente sobre su
condición económica se entiende probada[139]. En suma,
dicha incapacidad económica se presume en el caso de quienes han sido
clasificados en el nivel más bajo del Sisbén[140] y quienes
se encuentran afiliados al régimen subsidiado en salud.[141]
Conforme con la jurisprudencia de esta
Corporación, se concluye que es posible adjudicar la responsabilidad de la
prestación del servicio de transporte urbano a la EPS cuando se determine la
dificultad económica y física del paciente en realizar los desplazamientos al centro
de salud en un servicio de transporte público bien sea colectivo o masivo. Más
concretamente cuando esto sea indispensable para el desarrollo de un
tratamiento médico del que dependa su vida.
2.2.
Atención
domiciliaria del paciente. Reiteración de jurisprudencia
La Resolución 3512 de 2019 que actualizó
el Plan de Beneficios en Salud -PBS- incluye a la atención médica domiciliaria
como un servicio que debe ser garantizado con cargo a la Unidad de Pago por
Capacitación (UPC). Dicha resolución prevé en el artículo 26[142]
esta modalidad de atención como una “alternativa a la atención
hospitalaria institucional” que debe ser otorgada en los casos en que
el profesional tratante estime pertinente y únicamente para cuestiones
relacionadas con el mejoramiento de la salud del afiliado. De conformidad con
esto, debe entenderse que se trata de un servicio médico que debe ser
específicamente ordenado por el galeno tratante del afiliado y que su
suministro depende de unos criterios técnicos-científicos propios de la
profesión que no pueden ser obviados por el juez constitucional, por tratarse
de una función que le resulta completamente ajena.
Por
esta razón, esta Corporación ha señalado que es estrictamente necesario que
exista una prescripción del médico tratante, o en los casos en los que dicha
atención sea solicitada por los pacientes, un concepto en el que el profesional
de salud indique la pertinencia y oportunidad de la misma, con el fin de que
esta pueda ser exigida a través de la acción constitucional[143].
2.3.
Sobre
el derecho al diagnóstico y el acceso a servicios, insumos y tecnologías en
salud conforme con la Ley 1751 de 2015 y las resoluciones 1885 de 2018, 244 de
2019, 3512 de 2019 y 205 de 2020
La jurisprudencia constitucional ha
examinado hipótesis concretas sobre problemas de la garantía del derecho a la
salud -diferentes a las hipótesis de accesibilidad previstas en la sección
anterior-. Estas se distinguen en que desconocen, por una parte, facetas
subjetivas del derecho a la salud y, por la otra, implican una ineficiencia en
la prestación del servicio público de salud. Entre ellas se evidencian i) la
vulneración del derecho al diagnóstico; ii) la negación de accesos a servicios,
insumos y tecnologías ordenadas por el médico tratante.
a.     Sobre
el derecho al diagnóstico. Reiteración de jurisprudencia
Sobre el derecho al diagnóstico la
jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de integralidad
no implica que la atención médica opere de manera absoluta e ilimitada[144]. En
ese sentido, debe existir un diagnóstico médico que haga determinable, en
términos de cantidad y periodicidad, los servicios médicos y el tratamiento que
se debe adelantar para garantizar de manera efectiva la salud del paciente y su
integridad personal[145].
La Corte ha protegido el derecho
fundamental al diagnóstico como medio necesario para identificar los
padecimientos del accionante y, a partir de allí, prescribir el tratamiento
adecuado. Así,
el derecho al diagnóstico implica una valoración técnica, científica y oportuna
que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos
médicos que requieren[146]. En
ese sentido, de acuerdo con la Corte, son tres las etapas que cubren el derecho
al diagnóstico: identificación, valoración y prescripción[147].
En principio, quien tiene la competencia
para emitir un diagnóstico es el médico tratante adscrito a la red prestacional
de la EPS a la que se encuentra afiliado el usuario[148].
Ello, pues es la persona capacitada en términos técnicos y científicos y, a su
vez, es la persona que conoce la historia clínica del paciente[149].
En efecto, mediante la sentencia T-760
de 2008[150], la
Corte sostuvo que un concepto médico externo vincula a una EPS cuando éstas no confirman,
modifican o descartan su contenido con fundamento en criterios científicos
obtenidos de la valoración de un especialista adscrito a la red prestacional de
la entidad o de la evaluación que haga el Comité Técnico Científico[151]. Por
ello, una EPS vulnera el derecho a la salud cuando al conocer un concepto
médico particular, no lo confirma, modifica o descarta con base en criterios
técnico-científicos y, a su vez, niega las prestaciones contenidas en él, por
el hecho de que lo ordenó un especialista no adscrito a su red prestacional[152].
En este tipo de eventos, el juez de
tutela puede ordenar (i) la entrega o práctica, según
corresponda, del servicio médico recomendado por el médico externo[153] o (ii)
una valoración por parte del personal médico especializado de la EPS en la que
se determine la pertinencia de la prescripción médica realizada externamente y
el tratamiento que requiere el paciente en atención a sus patologías, cuando no
haya unificación de criterios en relación con los servicios que aquél requiere,
de acuerdo con las condiciones concretas de las personas accionantes[154].
Por su parte, en la sentencia T-373
de 2012[155], la
Sala Sexta de Revisión analizó el caso de una ciudadana a la que una EPS le
negó la extracción de un tumor en su ovario izquierdo, diagnosticado por un
médico no adscrito a la red prestacional de la entidad. Este tribunal
consideró que “no tener el diagnóstico o no aceptar el criterio de un médico
externo, puede convertirse en un ilegítimo obstáculo contra el acceso al
derecho constitucional a la salud”[156]. En
consecuencia, ordenó a la EPS que dispusiera de un médico especialista adscrito
a su red prestacional para que, por medio de un diagnóstico, definiera los
procedimientos quirúrgicos pretendidos y su necesidad de práctica[157].
Por lo anterior es posible concluir que
el diagnóstico médico se constituye en el punto de partida para garantizar
el acceso a los servicios de salud; toda vez que, a partir de una delimitación
concreta de los tratamientos, medicamentos, exámenes e insumos requeridos, se
pueden desplegar las actuaciones médicas tendientes a restablecer la salud del
paciente.
b.     Sobre
el acceso a insumos, servicios y tecnologías con la ley 1751 de 2015 y las
Resoluciones 1885 de 2018, 244 de 2019, 3512 de 2019 y 205 de 2020
La Corte constató en el 2008 que la
interpretación y aplicación del modelo fijado por la Ley 100 de 1993 hacía
difícil el acceso a los servicios y tecnologías en salud. Por ello, replanteó
este modelo y ordenó, entre otros, actualizar el plan obligatorio de salud
anualmente y de acuerdo con los criterios establecidos en la sentencia T- 760
de 2008[158].
El legislador abordó la problemática
identificada por la Corte Constitucional[159]
y promulgó la Ley 1751 de 2015. La norma desarrolló, además, la dimensión
positiva del derecho fundamental a través del sistema de salud, que lo definió
como el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas
públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades,
obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y
evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del
derecho fundamental de la salud.
Asimismo, modificó el plan obligatorio
de salud -POS- y, a partir de ella, se denominó Plan de Beneficios en salud
-PBS-. Éste se considera parte del ámbito irreductible del derecho fundamental
a la salud[160]
y se garantiza mediante la prestación de servicios y tecnologías, estructurados
sobre una concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la
prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus
secuelas, conforme al artículo 15 inciso 1 de dicha Ley.
El PBS contiene, entre otros, dos
elementos que son relevantes para el presente caso, a saber, un modelo de
exclusión expresa y un conjunto de definiciones o precisiones. El legislador
abandonó el modelo de inclusiones y exclusiones explícitas, y propuso un
sistema de exclusiones explicita, donde todo aquel servicio o tecnología en
salud que no se encuentre expresamente excluido, se encuentra incluido. Ello
puede verificarse en el curso del proyecto de la Ley Estatutaria de Salud tanto
en Senado de la República[161],
como en Cámara de Representantes[162].
Lo anterior se evidencia en el artículo
15 de dicha ley. Allí, por una parte, hace referencia a la garantía general del
derecho a la salud mediante la prestación de servicios y tecnologías en salud
(artículo 15 inciso 1); y, por la otra, se establece cómo se compone el
conjunto de servicios y tecnologías excluidos del plan obligatorio en salud
(artículo 15 inciso 2), así como las reglas para fijar la lista de exclusión
(artículo 15  incisos 3 y 4) y las reglas particulares sobre la acción de
tutela y las enfermedades prácticas (artículo 15 parágrafos 1, 2 y 3).
Por cuestiones metodológicas, se
enunciará, en primera instancia, el sistema de exclusión explícita y, en
segunda, los servicios y tecnologías incluidos.
a.     Sistema
de exclusión
El artículo 15 inciso 2 de la Ley 1751
de 2014 establece que ciertos servicios y tecnologías no serán sufragados con
los recursos destinados a la salud[163].
La finalidad de esta restricción es garantizar la sostenibilidad del sistema,
según el artículo 6 literal i de la norma, sin desconocer el ámbito
irreductible de protección –núcleo esencial– del derecho fundamental a la salud[164], ni
el deber de garantizar el nivel más alto posible de atención integral en salud
y de prever una ampliación progresiva en materia de prestación de servicios y tecnologías
en salud[165].
Conforme con la Corte, la restricción es
constitucional pues, si se interpreta esta disposición junto con el artículo 8
parágrafo único de la norma, se puede establecer que ella está condicionada al
cumplimiento de tres (3) requisitos.
El primer requisito consiste en que las
exclusiones deben corresponder a alguno de los criterios fijados por el
legislador. El artículo 15 inciso 2 –revisado y condicionado por la Corte
Constitucional– consagra que los servicios y tecnologías no serán financiados,
siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes criterios[166]: (i)
que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no
relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o
vital de las personas; (ii) que no exista evidencia científica
sobre su seguridad y eficacia clínica[167];
(iii) que no exista evidencia científica sobre su efectividad
clínica; (iv) que su uso no haya sido autorizado por la autoridad
competente; (v) que se encuentren en fase de experimentación; (vi)
que tengan que ser prestados en el exterior.
El segundo requisito consiste en que los
criterios deben concretarse en una lista de exclusión que contará, entre otras,
con dos características. El artículo 15 inciso 3 de la Ley 1751 de 2015
establece que el Ministerio de Salud o la autoridad competente deberá excluir
expresamente los servicios y tecnologías que se adecuen a alguno de los
criterios enunciados en la consideración anterior, mediante un procedimiento
técnico-científico, de carácter público, colectivo, participativo y
transparente[168].
La Corte Constitucional aclaró, además, que la exclusión del servicio y
tecnología debe ser plenamente determinada[169],
es decir, no se pueden construir listas genéricas o ambiguas, pues ellas dejan
un margen de discrecionalidad demasiado amplio a las entidades responsables de
la autorización y la prestación o suministro de servicios y tecnologías, que
podría implicar un desconocimiento al derecho fundamental a la salud y al
principio de integralidad[170].
Ligado al deber de fijar las exclusiones plenamente determinadas, la Corte
Constitucional ha indicado que, en caso de duda sobre el alcance de un servicio
o tecnología, se deberá interpretar conforme al principio de integralidad
–artículo 8 inciso 2 de la Ley 1751 de 2015– y, por tanto, a favor del paciente[171].
El
tercer requisito consiste en la verificación caso a caso y la excepcionalidad
de la prestación de un servicio o tecnología excluido. La Corte Constitucional
ha sostenido que es aplicar la excepción de inconstitucionalidad de las
exclusiones, siempre y cuando operen las reglas que ha construido esta
Corporación en el caso en concreto y se afecte la dignidad humana[172].
Asimismo, se ha indicado que, en sede de tutela, esta excepción deberá
soportarse en las reglas fijadas por las sentencias SU- 480 de 1997, T- 237 de
2003 y C- 313 de 2014, a saber[173]:
a) Que la ausencia del fármaco o
procedimiento médico lleve a la amenaza o vulneración de los derechos a la vida
o la integridad física del paciente, bien sea porque se pone en riesgo su
existencia o se ocasione un deterioro del estado de salud que impida que ésta
se desarrolle en condiciones dignas.
b.     Que no exista dentro del plan obligatorio de salud otro
medicamento o tratamiento que supla al excluido con el mismo nivel de efectividad
para garantizar el mínimo vital del afiliado o beneficiario.
c.     Que el medicamento o tratamiento excluido del plan obligatorio
haya sido ordenado por el médico tratante del afiliado o beneficiario,
profesional que debe estar adscrito a la entidad prestadora de salud a la que
se solicita el suministro.
d.      Que el paciente carezca de los recursos económicos suficientes
para sufragar el costo del fármaco o procedimiento y carezca de posibilidad
alguna de lograr su suministro a través de planes complementarios de salud,
medicina prepagada o programas de atención suministrados por algunos
empleadores.
A esta altura, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional considera necesario realizar unas
consideraciones sobre la capacidad económica de los accionantes en materia de
salud para determinar la posibilidad de garantizar la prestación de los insumos
y servicios excluidos expresamente del PBS.
El artículo 49 de la Constitución
consagra el deber de todas las personas de procurar su salud y el de su
comunidad. Ello implica el establecimiento del principio de solidaridad. Este
consiste, conforme con la jurisprudencia, en, por una parte, el deber de todo
ciudadano de colaborar con el sistema de salud mediante aportes[174]; y,
por la otra, en cuidarse a sí misma y a su familia -más aun cuando la integran
sujetos de especial protección constitucional-. Esta obligación constitucional
se encuadra en el artículo 6, literal J, de la Ley 1751 de 2015, el cual
establece que el sistema de salud está basado en el apoyo mutuo entre las
personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las
comunidades. Sin embargo, ello no implica una exclusión de la prestación de los
servicios de salud por parte de las empresas encargadas para tal fin, pues son
quienes tienen la obligación de prestar los servicios médicos asistenciales de
sus afiliados[175].
Asimismo, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que el principio de solidaridad y, por tanto, las
obligaciones de cuidado de la familia encuentran un límite en la capacidad
económica del accionante y en el proyecto de vida del núcleo familiar. Sin
embargo, esta capacidad económica no debe entenderse o identificarse mediante
un indicador objetivo en el cual se contrastan los ingresos familiares con el
costo de los servicios requeridos, pues, aquellos son destinados para la
garantía del mínimo vital[176].
La Corte Constitucional, en diferentes
oportunidades, ha estudiado las reglas aplicables para valorar la capacidad
económica del accionante[177].
Esta línea jurisprudencial ha sido precisada por la misma Corporación en sus
diferentes salas de revisión. En efecto, en un primer momento,  correspondía al
accionante probar su incapacidad económica para que el juez constitucional
protegiera su derecho fundamental a la salud. Esta posición jurisprudencial
varió. Conforme con la Corte,
(i)
es aplicable la regla general, según la cual, incumbe al actor
probar el supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia jurídica que
persigue;
(ii)
ante la afirmación de ausencia de recursos económicos por parte
del actor (negación indefinida), se invierte la carga de la prueba
correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo contrario;
(iii)
no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos
económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones indefinidas,
certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos
bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o
cualquier otro medio de prueba;
(iv)
corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus poderes
inquisitivos en materia probatoria, con el fin de establecer la verdad real en
cada caso, proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la
corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud,
haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario
cuenta con recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las
intervenciones, procedimientos o medicamentos excluidos del POS;
(v)
en el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de
la ausencia de recursos económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume
su buena fe en los términos del artículo 83 de la Constitución, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad.”
Conforme con la jurisprudencia
constitucional, la capacidad económica no debe verificarse a través de
información cuantitativa de los ingresos que tenga el accionante y su núcleo
familiar. Por el contrario, éste debe verificarse a través de condiciones
fácticas y análisis cualitativos de la capacidad o incapacidad del accionante
para sufragar los costos de los medicamentos, tratamientos o servicios
requeridos.
b.     Servicios
y tecnologías incluidas
El artículo 15 inciso 1 de la Ley 1751
de 2015 consagra la regla general de los servicios y tecnologías en salud
incluidos. La disposición jurídica dice que el derecho fundamental a la salud
se garantizará a través de la prestación de servicios y tecnologías. Éstos se
estructuran sobre una concepción integral de salud, que incluye su promoción,
la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de
las secuelas.
La jurisprudencia ha sostenido que esta disposición
debe leerse en concordancia con el artículo 8 de la Ley 1751 de 2015 y con la
Observación N°14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[178]. A
partir de allí, se establece que el derecho a la salud debe entenderse como un
derecho de disfrute de toda gama de facilidades, bienes, servicios y
condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud[179];
mientras que el artículo 8 inciso 1 de la Ley 1751 de 2015 consagra que los
servicios y tecnologías en salud deben prestarse de manera completa para
prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la
enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o
financiación definido por el legislador.
Así, la prestación y el suministro de servicios
y tecnologías deberán guiarse por el principio de integralidad, el cual se
refiere a la necesidad de garantizar el derecho a la salud de tal manera que
los afiliados al sistema puedan acceder a las prestaciones que requieran de
manera efectiva, es decir, que se les otorgue una protección completa en
relación con todo aquello que sea necesario para mantener su calidad de vida o
adecuarla a los estándares regulares[180].
El efecto de aplicar el principio de
integralidad en el sistema de inclusión puede verse en el artículo 8 inciso 2
de la Ley 1751 de 2015. Este establece que, en caso de duda sobre el alcance de
un servicio o tecnología en salud, se entenderá que éstos comprenden todos los
elementos esenciales para lograr el objetivo médico respecto a la necesidad en
salud diagnosticada. La Corte Constitucional ha entendido que este efecto
refleja también el principio pro personae[181].
Esto significa que la duda sobre el alcance del servicio o tecnología puede
desembocar en consecuencias graves para el usuario, pues se le brindaría una
atención inadecuada[182].
Por ello es necesario que la duda se resuelva bajo el criterio de garantía
efectiva de derechos, así como de evitar el daño sobre quien se prestará el
servicio o suministrará la tecnología en salud[183].
Asimismo, el artículo 15 inciso 4 de la
Ley 1751 de 2015 establece que la ley determinará un mecanismo técnico
científico, de carácter público, colectivo, participativo y transparente, para
ampliar progresivamente los beneficios en salud. Esta disposición tiene como
objeto prever las posibles situaciones que afectan la salud y reforzar el
principio de progresividad y el carácter democrático del servicio de salud,
conforme con el artículo 49 inciso 3 de la Constitución Política y el artículo
6 literal g la Ley 1751 de 2015. La Corte Constitucional ha establecido que la
aplicación del principio de progresividad implica una cierta gradualidad[184], es
decir, que el Estado se encuentra en la obligación de ampliar el nivel de
realización del derecho a la salud, así como de abstenerse a tomar medidas que
sean regresivas en torno a la prestación de servicios y suministro de
tecnologías en salud[185].
Esta lectura se traduce en dos reglas
generales, aceptadas de forma pacífica por la jurisprudencia constitucional y
por la reglamentación: (i) se entenderá que todo servicio o
tecnología en salud, que no se encuentre excluido taxativamente del Plan de
Beneficios en Salud, está incluido[186]
y; (ii) el Congreso de la República y el Gobierno Nacional
tienen la obligación de actualizar y ampliar la cobertura en matera de atención
en salud.
La jurisprudencia constitucional ha
precisado las reglas sobre la posibilidad de acceder al suministro de
medicamentos o tratamientos incluidos en el PBS. En efecto, ha considerado que
no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios
de salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan,
constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud[187].
De manera concreta, en la sentencia T-050
de 2019, la Corte estudió un caso en el cual una EPS negó el tratamiento
ordenado por el médico tratante para una persona con trastorno mental[188]. En
el caso concreto, la Sala encontró que i) el tratamiento ordenado se encontraba
dentro de 5269 de 2017 -servicios del PBS financiados con cargo a la UPC-[189]; ii)
la prestación fue ordenada por el médico tratante; iii) su estado de salud lo
exige[190];
y, iv) la prestación de dicho servicio fue solicitada en varias ocasiones[191].
Así, conforme con el estándar
jurisprudencial, los requisitos para acceder al suministro de medicamentos
incluidos en el PBS son los siguientes
i)
El
servicio médico debe estar contemplado en el Plan de Beneficios en Salud
ii)
Debe
estar debidamente ordenado por el médico tratante
iii)
Debe
ser necesario para conservar la salud, vida y dignidad y
iv)
Fue
previamente solicitado a la entidad encargada, la cual o se negó a la
prestación o dilató la misma de manera injustificada
Es de recordar que, en el primer
requisito -(i)-, conforme con la jurisprudencia constitucional,
debe entenderse los medicamentos, servicios o tecnologías establecidas en el
PBS y cobija todos los medicamentos, servicios y tecnologías que no se
encuentren en la lista de exclusiones determinada por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Por su parte, en el segundo requisito -(ii)-,
el profesional en salud debe encontrarse adscrito a la red contratada por la
EPS[192].
Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que un médico particular pueda
prescribir un servicio o tecnología en salud y dicha prescripción vincule a la
empresa promotora de salud[193],
bajo las reglas que ha diseñado la Corte Constitucional[194].
Finalmente, los servicios y tecnologías
que se encuentran incluidas se rigen por diferentes sistemas de financiación,
regulados actualmente por las resoluciones 3512 de 2019 (UPC), 205 de 2020
(sistema de techo o tope) y 1885 de 2018 (ADRES).
2.4.
Exoneración
de pago de cuotas moderadoras y copagos. Reiteración de jurisprudencia
El Acuerdo 260 de 2004 del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud define el régimen de pagos compartidos y
cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y
establece la diferencia entre las cuotas moderadoras y los copagos.
Las primeras se aplican a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios para
regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso,
promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención
integral desarrollados por las EPS. Los segundos son los aportes en dinero que
corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tienen como
finalidad ayudar a financiar el sistema; se aplican única y exclusivamente a
los afiliados beneficiarios del régimen contributivo.[195]
En el
mencionado acuerdo se regulan los montos que se deben cancelar por concepto de
cuotas moderadoras y copagos, tanto en el régimen contributivo como en el
subsidiado. Se establecen los principios que deben respetarse para la
aplicación de los mismos. Así, de conformidad con el Artículo 5º del Acuerdo,
para ese efecto deben respetarse los siguientes principios básicos: equidad,
información al usuario, aplicación general y no simultaneidad[196].
El
artículo 4º del Acuerdo aclara que las cuotas moderadoras y los copagos se
aplicarán teniendo en cuenta el ingreso base de cotización del afiliado.
Específicamente en relación con los copagos, que son los que tienen relevancia
en el presente caso, en el artículo 9º se establece que el valor por año
calendario permitido por concepto de copagos se determinará para cada
beneficiario con base en el ingreso del afiliado cotizante expresado en
salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con los parámetros que,
para cada evento, se fijan en la misma disposición.[197]
El
artículo 7° de dicho Acuerdo establece que los copagos se aplicarán a todos los
servicios de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud -Plan de
Beneficios en Salud- con excepción de las siguientes prestaciones
-
Servicios
de promoción y prevención
-
Programas
de control en atención materno infantil
-
Programas
de control en atención de las enfermedades trasmisibles
-
Enfermedades
catastróficas o de alto costo
-
La
atención inicial en urgencias
De manera concreta, sobre las
enfermedades catastróficas o de alto costo, sin perjuicio de la Resolución 2565
de 2007, la Resolución 3974 de 2009 enuncia algunas enfermedades de alto costo[198].
Asimismo, el Acuerdo 029 de 2011 y las Resoluciones 5521 de 2013 y 6408 de 2016
presentan un listado referente a los procedimientos, eventos o servicios
considerados como tales de la siguiente manera:
“ARTÍCULO
129. ALTO COSTO. Sin implicar modificaciones en la cobertura del Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC, entiéndase para efectos del no cobro de
copago los siguientes eventos y servicios como de alto costo: A. Alto Costo
Régimen Contributivo: 1. Trasplante renal, corazón, hígado, médula ósea y
córnea. 2. Diálisis peritoneal y hemodiálisis. 3. Manejo quirúrgico para
enfermedades del corazón. 4. Manejo quirúrgico para enfermedades del sistema
nervioso central. 5. Reemplazos articulares. 6. Manejo médico quirúrgico del
paciente gran quemado. 7. Manejo del trauma mayor. 8. Diagnóstico y manejo del
paciente infectado por VIH/SIDA. 9. Quimioterapia y radioterapia para el
cáncer. 10. Manejo de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos. 11. Manejo
quirúrgico de enfermedades congénitas”.
Sin embargo, conforme con la sentencia T-402
de 2018[199],
la Ley 1438 de 2011 le otorgó al Gobierno Nacional, por una parte, la
obligación de realizar la actualización del POS o PBS “una vez cada dos años
atendiendo a cambios del perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la
población, la disponibilidad de recursos, equilibrio y medicamentos
extraordinarios no explícitos en el Plan de Beneficios”;[200] y,
por la otra, la evaluación integral del SGSSS cada cuatro (4) años, con base en
indicadores como “la incidencia de enfermedades crónicas no trasmisibles y en
general las precursoras de eventos de alto costo”, con la finalidad de
complementarlas[201].
En ese sentido, conforme con la
jurisprudencia constitucional, la definición y alcance de las enfermedades de
alto costo no es un asunto resuelto dentro de las normas legales o
reglamentarias[202].
Por el contrario, dicha enumeración realizada por las normas no puede
considerarse de manera taxativa y cerrada en atención a que su clasificación se
encuentra supeditada a la vocación de actualización del Sistema General de Seguridad
Social en Salud[203].
Jurisprudencialmente, además de la
exoneración prevista en las normas pertinentes, hay lugar a la exención de
dicho pago cuando se comprueba que el usuario del servicio de salud o su
familia no cuentan con recursos económicos suficientes para asumir las cuotas
moderadoras, copagos o cuotas de recuperación según al régimen que se encuentre
afiliado[204].
En aras de no vulnerar los derechos del
beneficiario la Corte ha fijado dos reglas jurisprudenciales para determinar
los casos en que sea necesario eximir al afiliado del pago de las cuotas
moderadoras, copagos o según el régimen al que se encuentre afiliado.[205]
Al respecto dispuso que procederá esa exoneración (i) cuando la persona
que necesita con urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica
para asumir el valor de los pagos moderadores.[206]Así
la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio de salud deberá
asegurar el acceso del paciente ofreciendo 100% del valor del servicio de
salud.[207]
Y (ii) cuando una persona requiere un servicio médico y tiene la
capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la erogación
correspondiente antes de que éste sea suministrado. En este caso, la entidad
encargada de la prestación deberá brindar oportunidades y formas de pago al
afectado, para lo cual podrá exigir garantías adecuadas, sin que la falta de
pago pueda convertirse en un obstáculo para acceder a la prestación del
servicio.[208]
En la Sentencia T-984 de 2006[209]
esta Corporación reiteró que cuando una persona no cuenta con los recursos
económicos para sufragar los costos de las cuotas correspondientes y requiera
de un tratamiento con urgencia[210],
en razón a su estado de salud, este deberá prestársele sin sujeción a lo
estipulado en la norma que contempla la exigibilidad de los pagos. En este
sentido, la Corte señaló expresamente que “cuando una persona requiera de un
tratamiento médico con urgencia, y no pueda acceder a éste por no tener la
capacidad económica suficiente para pagar los copagos, las cuotas moderadoras,
las cuotas de recuperación o el porcentaje equivalente a las semanas de
cotización faltantes, se deberá inaplicar la normatividad y la entidad
territorial, la ARS, o la EPS, según sea el caso, deberá prestarle
oportunamente el servicio, en aras de proteger su derecho fundamental a la
vida, en conexidad con el derecho a la salud.”
En este orden de ideas y de conformidad
con lo indicado se concluye que la exigencia reglamentaria de reclamar el pago
de cuotas moderadoras y/o copagos no es contraria a la Constitución pues, a
través de ellos se busca obtener una contribución económica al Sistema en razón
a los servicios prestados. Sin embargo, aquél no podrá exigirse cuando de su aplicación
surja la vulneración a un derecho fundamental[211].
En todo caso, será el juez constitucional el encargado de verificar si el pago
de las cuotas de recuperación exigidas por la ley obstaculiza el acceso al
servicio de salud y si, como consecuencia de ello, se genera una vulneración de
los derechos fundamentales.
2.5.
La
garantía del tratamiento integral de los pacientes. Reiteración de
jurisprudencia
La Ley 1751 de 2015 precisó el contenido
del principio de integralidad en materia de salud. El artículo 8° establece,
por una parte, que los servicios y tecnologías deberán suministrase de manera
completa, para prevenir, paliar o curar la enfermedad. Ello con independencia
del origen de la enfermedad o la condición de salud, del sistema de provisión,
cubrimiento o financiación establecido por el Legislador. Asimismo, señaló que
no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de
salud específico en desmedro de la salud del usuario del SGSSS y, en caso de
duda, sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el
Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para
lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud
diagnosticada.
Conforme con la Corte Constitucional, el
tratamiento integral es una expresión del principio de continuidad del derecho
a la salud y, a su vez, evita la interposición de acciones de tutela para la
prestación de cada servicio prescrito por el médico tratante[212].
Asimismo, esta garantía se desprende del principio de integralidad del derecho
a la salud. A partir de allí, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud deben
autorizar, practicar y entregar los medicamentos, intervenciones, procedimientos,
exámenes, controles y seguimientos que el médico considere indispensables para
tratar las patologías del paciente[213].
Sin embargo, estas acciones están cualificadas, en ese sentido, la Corte
evidenció que la prestación de los medicamentos no se debe realizar de manera
separada, fraccionada “o elegir alternativamente cuáles de ellos aprueba en
razón del interés económico que representan”[214]. Lo
anterior con la finalidad de no solo restablecer las condiciones básicas de las
personas o lograr su plena recuperación, sino de procurarle una existencia
digna a través de la mitigación de sus dolencias[215].
La garantía del tratamiento integral no
se reduce a la prestación de medicamentos o de procedimientos de manera
aislada. Por el contrario, abarca todas aquellas prestaciones necesarias para
conjurar las patologías que puede sufrir una persona, ya sean físicas,
funcionales, psicológicas, emocionales e inclusive sociales, lo que significa
la imposibilidad de imponer obstáculos para obtener un adecuado acceso al
servicio, reforzándose aún más dicho entendimiento cuando se trata de sujetos
que merecen un especial amparo constitucional[216].
La sentencia T-259 de 2019
sostuvo que el tratamiento integral procede cuanto (i) la entidad
encargada de la prestación del servicio ha sido negligente en el ejercicio de
sus funciones y ello ponga en riesgo los derechos fundamentales del paciente[217]; de
igual manera se reconoce cuando (ii) el usuario es un sujeto de
especial protección constitucional[218];
o (iii) con aquellas personas que exhiben condiciones de salud
extremadamente precarias o indignas. En estos casos se debe precisar el
diagnóstico que el médico tratante estableció respecto al accionante y frente
al cual recae la orden del tratamiento integral[219].
Ello en consideración que no resulta posible dictar órdenes indeterminadas
ni reconocer prestaciones futuras e inciertas[220];
lo contrario implicaría presumir la mala fe de la EPS en relación con el
cumplimiento de sus deberes y las obligaciones con sus afiliados, en contradicción
del artículo 83 Superior[221].
III.
CASO
CONCRETO
A.   SOBRE
LA PROCEDENCIA FORMAL DE LAS ACCIONES DE TUTELA PRESENTADAS EN EL CASO CONCRETO
Legitimidad por
activa:
con base en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia
constitucional ha especificado las diferentes opciones del ejercicio de la
acción de tutela. A partir de ello, ha identificado cuatro (4) formas
diferentes para su interposición, a saber: i) ejercicio directo,
es decir, que el tutelante es la persona a la cual se le están vulnerando sus
derechos fundamentales; ii) por medio de representantes legales,
caso en el cual la acción de tutela se promueva a nombre de los menores de
edad, incapaces absolutos o  personas jurídicas; iii) mediante
apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la calidad de
abogado titulado y la solicitud debe anexar el poder especial para el caso, o
en su defecto, el poder general respectivo; y, iv) mediante
agencia oficiosa.
En el caso de Carlos Julio
González Cadena (Expediente T-7.515.907), la Sala considera que
este requisito se cumple. En efecto, el paciente es quien alega ser
directamente la persona afectada por la supuesta omisión de Famisanar EPS de no
entregar los medicamentos ordenados y, a su vez, negar el traslado desde el
municipio de La Mesa -Cundinamarca- hasta la ciudad de Bogotá D.C.
Por su parte, en el caso de
Alicia Berenice Celis Gómez (Expediente T-7.535.214), la Corte
evidencia que dicho requisito se supera, pues es la persona que sufre las
patologías y, asimismo, es quien se está viendo presuntamente afectada ante la
negativa de EMSSANAR EPS de negar la prestación de los servicios de viáticos
para el tratamiento de las mismas.
Legitimación por
pasiva:
de acuerdo con el artículo 86 Superior, en concordancia con el artículo 5º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier acción u
omisión en que incurra una autoridad pública o un particular en las condiciones
concretas establecidas en las normas y la jurisprudencia. Asimismo, el numeral
2° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
procede contra las acciones u omisiones de particulares que estén encargados de
la prestación del servicio de la salud.
En el caso concreto, la Sala
considera que este requisito se encuentra satisfecho. En efecto, tanto
Famisanar EPS (Exp. T-7.515.907) como EMSSANAR EPS (Exp.
T-7.535.214) son las encargadas de garantizar el derecho a la salud de
Carlos Julio González Cadena como de Alicia Berenice Celis Gómez
respectivamente.
Inmediatez: la
Constitución establece que la acción de tutela puede ser promovida “en todo
momento y lugar”. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la acción de amparo debe ser interpuesta en un término
prudencial y razonable después de ocurridos los hechos que motivan la
afectación o amenaza de los derechos fundamentales. Esta regla no debe
entenderse como una expresión de la caducidad de la acción, por el contrario,
debe entenderse y evaluarse en los términos de la razonabilidad.
En el caso de Carlos Julio
González Cadena (Expediente T-7.515.907), la Sala considera que
este requisito se cumple, pues la vulneración a sus derechos fundamentales es actual
y vigente. Por ende, la falta de suministro de medicamentos o insumos y la
dilación en la prestación del servicio de salud, visto desde la no práctica
oportuna de procedimientos ordenados, de acuerdo con lo afirmado por el
accionante, es una constante en la prestación del servicio de salud otorgada
por Famisanar EPS. En este sentido, la presunta vulneración del señor González
Cadena es continua y actual, lo que implica que la acción de tutela cumple con
el presente requisito.
Por otra parte, “la acción de
tutela tiene como objetivo la protección cierta y efectiva de derechos
fundamentales que se encuentran amenazados, bien por acción o bien, por omisión
de autoridad pública o particular cuando a ello hay lugar. Ese objetivo, no se
agota con el simple paso del tiempo, sino que continúa vigente mientras el bien
o interés que se pretende tutelar pueda seguir siendo tutelado para evitar que
se consume un daño antijurídico de forma irreparable”[222].
En el presente caso, al ser la prestación continua, la vulneración alegada por
el accionante permite que la acción de tutela sea procedente para evitar que se
consume un daño antijurídico de forma irreparable.
Por su parte, en el caso de
Alicia Berenice Celis Gómez (Expediente T-7.535.214), la Corte
evidencia que dicho requisito se satisface. En efecto, la accionante promovió
derecho de petición ante la EPS EMSSALUD con la finalidad de solicitar los
viáticos de desplazamiento entre la ciudad de Popayán y la ciudad de Cali el día cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Esta petición fue resuelta a través del oficio CECPQRS-RU-2019-0716 del
veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019),
la entidad accionada le negó dicha solicitud. Por su parte, la acción de tutela
fue promovida el ocho (8) de abril de dos mil diecinueve
(2019); en ese sentido, transcurrieron trece (13) días desde la negativa de
otorgar la solicitud de viáticos y la presentación de la acción de tutela,
término que la Sala Novena de Revisión considera razonable. En todo caso, la
Sala constata que, como consecuencia de dicha respuesta, la accionante continúa
sin el acceso a los servicios de salud solicitados, razón por la cual, la
vulneración de su derecho fundamental es actual.
Subsidiariedad:
conforme con la Constitución, se puede acudir a la acción de tutela cuando el
afectado no disponga de otro medio judicial, o existiendo, éste no sea idóneo y
eficaz, o salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[223].
Por ello, la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 previeron tres (3)
hipótesis en torno a las diferentes opciones de evaluación de este requisito.
El primero, cuando el
ordenamiento jurídico no prevé un mecanismo judicial ordinario o extraordinario
para la defensa del derecho afectado, la acción de tutela procede y el amparo
otorgado por el juez constitucional es permanente[224].
El segundo consiste en la existencia de un medio judicial ordinario o
extraordinario para la protección de los derechos fundamentales, pero éste no
es idóneo o eficaz. Por esto, si el mecanismo no cuenta con dichas
características, la acción de tutela desplaza dichos mecanismos y el amparo de
los derechos fundamentales será de carácter definitivo[225].
Finalmente, el tercero consiste en que, aun cuando los mecanismos judiciales
sean idóneos y eficaces, la protección constitucional procede de manera
transitoria cuando (i) exista una amenaza de que ocurra un daño
grave e inminente y (ii) que se requieran medidas urgentes e
impostergables para la protección de los derechos fundamentales[226].
En
asuntos relacionados con la garantía del derecho fundamental a la salud, se
suele esgrimir que la Ley 1122 de 2007 (modificada por la Ley 1438 de 2011 y
por la Ley 1949 de 2019) estableció un mecanismo jurisdiccional en cabeza de la
Superintendencia Nacional de Salud para resolver controversias relativas a
procedimientos, intervenciones, medicamentos, entre otros.
La
ley señaló que la competencia jurisdiccional de esta entidad se desarrollaría
mediante un procedimiento preferente y sumario, además, se previó un término
máximo de 10 días para resolverse en primera instancia y un plazo de tres (3)
días para ser impugnada, de manera que la acción de tutela, en principio,
dejaría de ser procedente.
En relación con este trámite, y
de conformidad con los hallazgos de la Sala Especial de Seguimiento a la
Sentencia T-760 de 2008, esta Corporación ha entendido que dicho
mecanismo no es idóneo y eficaz, pues en sesión del 6 de diciembre de 2018, el
Superintendente de Salud señaló, entre otras, que: (i) para la entidad
es imposible proferir decisiones jurisdiccionales en los 10 días fijados por la
ley; y por lo tanto, (ii) hay un retraso de entre dos y tres años para
solucionar de fondo las controversias conocidas por la entidad, en todas sus
sedes. Así, se ha destacado que “mientras persistan dichas dificultades y de
conformidad con las circunstancias concretas del caso estudiado, el mecanismo
jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud no es un medio idóneo y eficaz
para la protección inmediata de derechos fundamentales de los usuarios del
sistema de salud”. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha
constatado que en las oficinas regionales la problemática es aún mayor, pues la
Superintendencia no cuenta con la capacidad logística y organizativa para dar
solución a los problemas jurisdiccionales que se le presenten fuera de Bogotá,
ya que carece de personal especializado suficiente en las regionales y posee
una fuerte dependencia de la capital[227].
igualmente, la sentencia SU-124 de 2018 indicó que el análisis de
idoneidad y eficacia del mecanismo bajo estudio debe realizarse “siempre a
partir de las circunstancias que rodean el caso concreto”, con el fin de
verificar escenarios en los cuales se torna procedente la acción de tutela,
entre las cuales se encuentran: “(i) la calidad de sujetos de
especial protección de quienes solicitan el amparo; (ii) la gravedad del
riesgo para la salud o la vida digna de los afectados; y (iii) las
condiciones de debilidad manifiesta de los solicitantes”[228].
Sobre lo anterior, la Corte
Constitucional, mediante la sentencia T-226 de 2015, expuso que “resulta
desproporcionado enviar las diligencias al ente administrativo, cuando se
evidencien circunstancias en las cuales esté en riesgo la vida, la salud o la
integridad de las personas, pues la eventual demora que implica esta actuación,
por la urgencia y la premura con la que se debe emitir una orden para conjurar
un perjuicio, podría conducir al desamparo de los derechos o a la
irreparabilidad in natura de sus consecuencias, en especial cuando se trata de
casos que ya está conociendo el juez constitucional en sede de revisión.”
De igual manera, en sentencia T-314
de 2017, la Corte expuso que en cada caso concreto debe verificarse el
cumplimiento de las reglas de subsidiariedad de la acción de tutela. En efecto,
conforme con la Corte, “el juez constitucional -para cada caso concreto-
debe analizar si el mecanismo judicial establecido por el legislador en el
artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 es
eficaz e idóneo para la efectiva protección de los derechos fundamentales
alegados, o si por el contrario su utilización puede derivar en la configuración
de un perjuicio irremediable que haga ineludible la presentación de la acción
de tutela por la urgencia de la protección”.
En el caso de Carlos Julio
González Cadena (Expediente T-7.515.907),
la Sala considera que este requisito se cumple. En efecto, el accionante se
encuentra domiciliado en el municipio de La Mesa -Cundinamarca- donde, conforme
con el Portal Web de la Superintendencia Nacional de Salud, no se encuentra
oficina o dependencia alguna de la Superintendencia Nacional de Salud. Por tal
motivo,  impondría una carga a Carlos Julio González Cadena de desplazarse a
otro lugar donde existan puntos de atención, lo cual es desproporcionado, pues,
por una parte, si afirma no tener recursos económicos para trasladarse a los
centros clínicos para atender sus necesidades de salud, mal podría exigir que
debe trasladarse a un centro de atención de la Superintendencia de Salud para
interponer la respectiva denuncia; y, por la otra, su condición de salud hacen
que sea procedente la acción de tutela, más en sede de instancia, pues dichas
afectaciones, eventualmente, pueden terminar con la vida del accionante o, en
su defecto, desmejorar las condiciones de vida en las que se encuentra.
Por su parte, en el caso de
Alicia Berenice Celis Gómez (Expediente T-7.535.214), la Corte
evidencia que dicho requisito se supera. En efecto, aun cuando exista sucursal
de la Superintendencia Nacional de Salud en la ciudad de Popayán, las
circunstancias fácticas de la accionante activan la competencia del juez
constitucional. En efecto, en primer lugar, conforme con el Registro Único de
Afiliados -RUAF- la accionante es madre cabeza de familia -tiene tres hijos a
cargo-; integra el régimen subsidiado y afirmó ser una persona de escasos
recursos; no se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, cubierta por la protección de riesgos, o afiliada a programas de
asistencia social, lo que la expone a una situación de vulnerabilidad.
Asimismo, las condiciones de salud en las que se encuentran implican, por una
parte, una flexibilidad en el estudio de este requisito y, por la otra, que su
demora puede afectar las condiciones de salud y vida en las que se encuentra,
razón por la cual, en el caso concreto, se activa la competencia del juez
constitucional para el estudio de la vulneración de sus derechos fundamentales.
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional constata que, con base en las consideraciones anteriores,
los casos concretos acumulados en el presente proceso de revisión superan los
requisitos que condicionan la procedibilidad de la acción de tutela. Por lo
anterior, entrará a verificar si conforme con el planteamiento fáctico
realizado, se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes por
parte de las actuaciones de las entidades accionadas.
B.   SOBRE
LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS ACCIONANTES EN EL CASO
CONCRETO
1.
Sobre la vulneración de los derechos
fundamentales de Carlos Julio González Cadena (Exp. T-7.515.907)
Carlos Julio González Cadena tiene
cuarenta y cuatro (44) años. Actualmente reside en el municipio de La Mesa
-Cundinamarca-. Sufre de “apnea del sueño, arritmia cardíaca no
especificada, diabetes mellitus insulinodependiente con complicaciones
múltiples, hipertensión esencial (primaria), insuficiencia cardíaca congestiva,
obesidad grado II, presencia de marcapaso desde junio de 2014”[229];
y, se encuentra afiliado a Famisanar EPS, en calidad de beneficiario en el
régimen contributivo.
Refirió que necesita de medicamentos
tales como “metformina, carvedilol -50 miligramos-, furosemida,
esomeprazol, losartan, ivabradina y amiodarona”[230].
En el mismo sentido, el médico tratante le prescribió betametil digoxina,
espironolactona, heparina bajo peso molecular, atorvastatina y oxígeno por
litro[231]
y omeprazol[232],
glimepirida[233],
sacubitril/valsartan[234],
Asimismo, ordenaron controles con
especialistas en neumología[235],
cardiología[236],
medicina especializada[237],
cirugía cardiovascular[238],
que se encuentran en Bogotá, así como valoración por electrofisiología en La
Mesa -Cundinamarca-[239].
Finalmente, arguyó que la entidad accionada había negado la autorización de una
parte de dichos servicios, así como la prestación del servicio de transporte
que requiere para desplazarse a Bogotá D.C[240].
A su vez, cuenta con órdenes médicas de
exámenes y procedimientos, tales como ecocardiograma transtorácico[241],
polisomnograma en titulación de CPAP nasal[242],
radiografía de tórax[243],
espirometría, Gases Arteriales[244],
Hemograma IV[245],
prueba de esfuerzo cardiovascular, electrocardiograma, resonancia magnética de
corazón[246]
y arteriografía coronaria.
Por su parte, también se demuestra en el
expediente que se determinó la necesidad de “transporte domiciliario y de
enfermera domiciliaria durante 12 horas al día, terapias (sic) físicas para la
rehabilitación cardiaca 3 veces (sic) por semana”[247].
De igual manera, existe prescripción por parte de la Junta de Profesionales de
la Salud respecto del servicio complementario de “transporte ambulatorio
diferente a ambulancia no PBS-UPC”[248], con una
frecuencia de 72 horas por 90 días[249].
El accionante aseveró que es un paciente que, como consecuencia de sus afecciones,
no puede desplazarse solo y, por tanto, requiere de acompañante permanente. Sin
embargo, dada su precariedad económica, no puede sufragar los gastos de
movilización, así como tampoco puede trabajar como consecuencia de su estado de
salud. Por tal motivo, no siempre ha podido asistir a las citas y controles,
pues no cuenta con recursos económicos para trasladarse desde la vereda “La
Laguna” del municipio de La Mesa -Cundinamarca- hasta la ciudad de Bogotá D.C.
Por otro lado, el médico internista de
la ESE Hospital Pedro Leonel Álvarez Días de La Mesa -Cundinamarca- ordenó
atención domiciliaria por enfermería y por fisioterapia[250].
En el escrito de tutela, el accionante
afirmó que Famisanar EPS no le entregó los medicamentos denominados amiodarona
e ivabradina, y tampoco le suministró el oxígeno permanente, así como
no le ha sido practicado el procedimiento de arteriografía coronaria;
y, finalmente, manifestó que no  ha sido otorgado el transporte, alimentación y
estadía para él y su acompañante, para recibir atención en salud en ciudad
distinta a la que reside; y, como parte de su tratamiento, necesita pañales,
cremas, fajas y silla de ruedas.
a.
Sobre
la posible vulneración por no otorgar los medicamentos e
insumos y demás servicios ordenados por el médico tratante
El accionante sostiene que no se
le han otorgado los medicamentos denominados ivabradina y amiodarona;
no le han suministrado el insumo de oxígeno por litro y no le han
practicado el procedimiento de arteriografía coronaria.
Frente al medicamento de ivabradina,
la Sala evidencia que éste mismo no se encuentra la lista de exclusiones del
Plan de Beneficios de Salud. Por tal motivo, estudiará si cumple con los
requisitos jurisprudenciales para ser otorgado al accionante:
-
El
servicio médico debe estar contemplado en el Plan de Beneficios en Salud
Como se sostuvo en la parte
considerativa de la presente providencia, el sistema de exclusiones previsto
por la Ley 1751 de 2015 y la jurisprudencia constitucional establece que el
medicamento que no se encuentre en la lista de exclusiones del PBS conlleva a
sostener que se encuentra contemplado en el Plan de Beneficios en Salud. Por
tal motivo, la Sala considera que este requisito se encuentra satisfecho.
-
Debe
estar ordenado por el médico tratante
La orden de este medicamento fue
otorgada por el médico adscrito al Centro Médico de la Caja Colombiana de
Subsidio Familiar -Colsubsidio- de La Mesa -Cundinamarca- ante el diagnóstico
de “cardiomiopatía dilatada”. Asimismo, se requiere su prestación conforme
con el “Análisis y Plan de Manejo” realizado por la E.S.E. Hospital
Pedro León Álvarez Díaz con respecto a los múltiples padecimientos
cardiovasculares del accionante.
En
efecto, en la evolución diaria de hospitalización -Análisis y Plan de Manejo-,
la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz relaciona las condiciones del
accionante. En ellas se evidencia que el paciente adolece de “falla cardiaca
crónica agudizada (...) sin embargo se denota daño severo en la válvula mitral
que amerita valoración por cardiología y cirugía cardiovascular para determinar
posible reemplazo de la misma (...)”. Como consecuencia de dichas
afecciones, en el Plan de Manejo y Justificación Terapéutica realizada por
dicha entidad ordena el suministro de, entre otros, “ivabradina 7.5 mg
tableta cda 12 horas vo”. En ese sentido, se deduce razonablemente que
Carlos Julio González Cadena requiere dicho medicamento[251].
-
Debe
ser necesario para conservar la salud, vida y dignidad y;
La Corte Constitucional constata el
estado grave de salud de Carlos Julio González Cadena. Uno de sus problemas es
aquellos relacionados con insuficiencias cardiacas. En efecto, la orden de este
medicamento fue otorgada por el servicio médico de la Caja Colombiana de
Subsidio Familiar -Colsubsidio- ante el diagnóstico de “cardiomiopatía
dilatada”. Por lo tanto, se deduce del expediente que Carlos Julio González
Cadena requiere de dicho servicio.
En
la evolución de hospitalización -Análisis y Plan de Manejo-, la E.S.E Hospital
Pedro León Álvarez Díaz relaciona las condiciones del accionante, entre ellas,
se evidencia que el paciente adolece de “falla cardiaca crónica agudizada
(...) sin embargo se denota daño severo en la válvula mitral que amerita
valoración por cardiología y cirugía cardiovascular para determinar posible
reemplazo de la misma (...)”. Como consecuencia de dichas afecciones, en el
Plan de Manejo y Justificación Terapéutica realizada por dicha entidad ordena
el suministro de, entre otros, “ivabradina 7.5 mg tableta cda 12 horas vo”.
Se constata que éste medicamento es necesario para que el accionante pueda
continuar con unas condiciones mínimas de vida y salud.
-
Fue
previamente solicitado a la entidad encargada, la cual se negó o dilató la
misma de manera injustificada
En el escrito de tutela, el
accionante afirmó que la entidad accionada se ha negado a entregar el
medicamento, pues no está dentro de los servicios garantizados en el PBS. De
las pruebas aportadas por la EPS accionada, se encuentra que el medicamento en
mención ha sido autorizado en diferentes oportunidades. Sin embargo, el mismo
no ha sido, de acuerdo con las afirmaciones del accionante, entregado en debida
forma, pues es un medicamento que no hace parte del sistema PBS.
Sin embargo, la EPS, aun cuando
demostró las autorizaciones del medicamento, no se pronunció sobre las
inconsistencias señaladas por el accionante en torno a la entrega de los mismos,
es decir, incumplió la obligación consistente en suministrar los medicamentos
bajo la observancia de los principios constitucionales de oportunidad,
integralidad y continuidad.
En ese sentido, se evidencia una dilatación
injustificada en la entrega del medicamento ivabradina al accionante.
Por las anteriores razones, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional ordenará a Famisanar EPS que, en el término de los cinco (5)
días siguientes a la notificación de esta providencia, le entregue el
medicamento denominado ivabradina a Carlos Julio González Cadena.
Por su parte, frente al
medicamento de Amiodarona, se
evidencia que no existe una orden médica que disponga la entrega de este
medicamento. Sin embargo, en el escrito de tutela, el accionante afirmó que
este medicamento no se le ha entregado de manera constante. De la historia
clínica y el plan de manejo de la enfermedad llevada a cabo por el la E.S.E
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa -desde noviembre de 2018 a la fecha
de interposición de la acción de tutela-[252],
este medicamente ha sido autorizado y proporcionado -de manera interrumpida-
por Famisanar EPS y, contra ello, la entidad accionada no expuso argumento de
defensa alguno.
De acuerdo con las pruebas que
obran en el expediente, este medicamento es pertinente para el mantenimiento de
condiciones favorables de salud del accionante. Las consideraciones sobre el
estado de salud del accionante -de manera concreta cardiovasculares- implican
la formulación de distintos medicamentos, entre los cuales se destacan amiodarona
200mg. En ese sentido, existen condiciones concretas para establecer la
necesidad de dicho medicamento al accionante, aun cuando en el expediente no se
evidencia orden médica alguna.
Sin embargo, del expediente se
desprende que este medicamento no se encuentra en comercialización. En efecto,
la empresa Sanofi, mediante comunicación del 29 de noviembre de 2018, aseveró
que el medicamento “Amiodarona HCI 200 mg CJ x 10 TAB” no está siendo
comercializada por la misma en la filial Colombia[253].
Por su parte, los Laboratorios Coaspharma, mediante comunicación del 13 de
febrero de 2019, sostuvieron que el producto Amiodarona 200 MG se encuentra
desabastecido[254];
y, por su parte, en comunicación del 27 de febrero de 2019, el laboratorio
Tecnoquímicas aseveró que, entre otros, el medicamento de “Amiodarona MK x
200MG TABLETAS” se encuentra agotado[255].
Empero, ello no puede ser
considerado como una fuente o argumento razonable para negar el acceso del
derecho a la salud, pues, aun cuando no existe o no está a disposición en el
comercio, Famisanar EPS debió realizar estudios de bioequivalencia[256]
para formular un medicamento que tengan el mismo principio activo y efecto
terapéutico en Carlos Julio González Cadena. Por tal motivo, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional ordenará a Famisanar EPS que, en el término
de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, en caso de que no tenga el medicamento de amiodarona,
realice el estudio pertinente de bioequivalencia entre el medicamento
denominado Amiodarona con otros posibles medicamentos que sean equiparables
en su principio activo y el efecto terapéutico para atenderlas patologías que
padece señor Carlos Julio González Cadena.
En caso de que el medicamento
ordenado como consecuencia del estudio de bioequivalencia no se encuentre
incluido en el PBS, éste deberá ser entregado sin ninguna barrera, pues, como
se estudió anteriormente, el accionante y su núcleo familiar no cuentan con la
capacidad económica de subsidiar el medicamento que le será suministrado,
conforme la jurisprudencia constitucional.
Con respecto de la garantía del
insumo de oxígeno por litro, la Sala constata que la E.S.E. Hospital
Pedro León Álvarez Díaz, en el Análisis y Plan de Manejo del estado de salud
del señor Carlos Julio González Cadena realizado el 13 de noviembre de 2018,
ordenó la prestación de oxígeno “bajo canual nasal a 2 litros por minuto
para spo2 mayor de 90%”[257].
En la misma fecha, se evidencia una factura de venta de diferentes medicamentos
e insumos entre los cuales está “oxígeno por litro”[258];
asimismo, la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz, mediante orden médica del
14 de junio de 2019, prescribió al accionante “oxígeno medicinal cilindro x
9.5 MT3”, como consecuencia de la insuficiencia cardiaca congestiva que le
fue diagnosticada. Así, de manera preliminar, conforme con lo expresado por la
entidad accionada en el escrito de tutela donde sostuvo que este insumo está
siendo prestado por “oxígenos de Colombia -OXICOL-”[259],
podría entenderse que se le está suministrando dicho insumo al accionante. Sin
embargo, el debate planteado en la acción de tutela no consiste en la
prestación del servicio, sino en la continuidad de la prestación del mismo.
En efecto, el accionante afirma
que “requiero permanente de oxígeno, lo cual la entidad prestadora del
servicio de salud, me lo entrega cuando ellos deseen y no cuando en verdad lo
requiero de forma permanente, en algunas oportunidades, le ha correspondido
comprarlo. Dejando de suplir necesidades básicas para la subsistencia, para así
adquirir el oxígeno”. En ese sentido, la posición de Famisanar EPS no
desvirtúa lo afirmado por el accionante; por el contrario, únicamente afirma
que le está suministrando este insumo y, a su vez, identifica al proveedor
encargado de su prestación.
Conforme con lo anterior, la Sala
considera que, con base en el principio de veracidad que rige el trámite de la
acción de tutela, aun cuando existen diferentes momentos en que se le ha
otorgado el insumo del oxígeno al accionante, la prestación no ha sido
permanente, lo cual afecta no solo el principio de continuidad del derecho a la
salud, sino que, a su vez, afecta de manera grave las condiciones de
subsistencia del accionante, pues lo requiere de manera permanente. Por tal
motivo, la Sala ordenará que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, y si aún no lo ha hecho,
garantice de manera permanente la prestación del insumo de oxígeno, así como “la
bala portátil mas carrito de transporte recargable para flujo de 2 lts/min con
el objetivo de traslado a citas médicas”, tal y como está prescrito en la
orden médica.
En cuanto al procedimiento de arteriografía
coronaria, el accionante sostiene que no se le ha practicado el
procedimiento ordenado “el cual se hace referencia que tienen que hacerle de
forma inmediata” para la preservación de su salud y “no llegar al
descenso”. Al respecto, la Sala sostiene que este examen se debe practicar
por las siguientes razones: i) fue ordenada por el médico tratante.
Efectivamente, el médico tratante de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar
-Colsubsidio- justificó la realización dicho procedimiento, pues así: “paciente
con cardiopatía dilatada de origen a establecer con im moderada a severa sin
establecerse el mecanismo de la misma. Se solicita eco te y cateterismo y val
con resultados”[260];
ii) la garantía de su prestación no fue probada por Famisanar EPS en la
contestación de la acción de tutela, lo cual, en virtud del principio de
veracidad que rige este mecanismo de protección de derechos fundamentales,
implica una vulneración al derecho a la salud, en su faceta de continuidad e
integralidad, pues, aun cuando dicho examen fue ordenado por el médico
tratante, éste no fue practicado por la EPS accionada.
Por tal razón, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional ordenará a Famisanar EPS que realice, a
través de la IPS de su red de prestación de servicios, en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo
ha hecho, el procedimiento de arteriografía coronaria que le fue
ordenado al señor Carlos Julio González Cadena.
b.
Sobre
la vulneración del derecho al diagnóstico del señor Carlos Julio González
Cadena
Como parte su tratamiento, Carlos
julio González Cadena considera necesario que Famisanar EPS debe otorgarle
pañales, cremas, fajas y una silla de ruedas con la finalidad de garantizar, de
manera integral, su derecho a la salud. En ese sentido, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional deberá evaluar si la EPS accionada vulneró
el derecho fundamental a la salud o si, por el contrario, no existe en el
expediente vulneración alguna al derecho fundamental a la salud y a la vida en
condiciones de dignidad.
La jurisprudencia constitucional,
en reiteradas ocasiones, se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela para acceder a servicios sobre pañales, silla de ruedas, pañitos húmedos
y fajas. En el caso concreto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional considera que no se evidencia orden médica alguna sobre la
necesidad de que el accionante deba utilizar los anteriores insumos médicos,
pues únicamente consta su afirmación en el expediente[261].
Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que, en situaciones excepcionales, se puede
autorizar los servicios e insumos sin orden médica. En este sentido, se ha
considerado que el juez puede llegar al convencimiento de que la persona
requiere de un servicio, insumo o tratamiento médico, en atención a sus
necesidades particulares y a las enfermedades que padece. Por lo anterior,
puede advertir que el servicio que aún no ha sido autorizado constituye un
elemento esencial para asegurar la integralidad en la prestación del servicio
médico[262].
En efecto, como se evidenció, no
existe orden médica alguna que prescriba la necesidad de silla de ruedas,
pañitos húmedos, fajas y pañales para Carlos Julio González Cadena. Asimismo,
de la lectura de la historia clínica no se evidencia una condición particular
que implique la necesidad de esos insumos para llevar a cabo su vida en
condiciones de dignidad humana.
Sin embargo, dadas las
condiciones de salud y de vulnerabilidad de Carlos Julio González Cadena, la
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional amparará el derecho
fundamental al diagnóstico. En ese sentido, ordenará a la junta médica de
Famisanar EPS que, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación
de la presente sentencia, evalúe la necesidad de los insumos de pañales,
pañitos húmedos, fajas y silla de ruedas para la garantía del derecho
fundamental a la salud de Carlos Julio González Cadena. En caso de considerar
necesarios dichos insumos, se le ordena a Famisanar EPS que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del concepto expedido por la
Junta Médica, proceda a otorgar dichos insumos a Carlos Julio González Cadena.
c.
Sobre
la procedencia de transporte, alimentación y alojamiento del señor Carlos Julio
González Cadena
La Corte Constitucional
verificará, conforme los requisitos jurisprudenciales, si el accionante puede
acceder al servicio de transporte solicitado. Para ello verificará si (i)
el servicio fue autorizado directamente por la EPS a la cual se encuentra
afiliada la accionante remitiéndola a un prestador de un municipio distinto a
su residencia; (ii) si existe incapacidad económica de la
accionante y su familia para asumir los costos; y, (iii) de no
efectuarse la remisión, se pone en riesgo la salud del accionante.
De la historia clínica general
con fecha del 14 de junio de 2019, el médico tratante describe lo siguiente: “SE
TRATA DE PACIENTE DE 44 AÑO (sic) CON IDX ANOTADAS QUIEN SEGÚN SU CONDICIÓN Y
VALORACIONES PREVIAS POR ESPECIALISTAS  SEGÚN SEGUIMIENTO, Y POR SU ALTERACIÓN
FUNCIONAL MARCADA, POR MOBILIZARSE (sic) Y PODER CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS SI
Y EL USO CONSTACNTE (sic) DE OXIGENOTERAPIA, SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN
POR APRTE (sic) DE ESPECIALISTA PARA EL TRANSPORTE DOMICILIARIO Y DE ENFERMERÍA
DOMICILIARIA DURANTE 12 HORAS AL DÍA, TERPIA (sic) FÍSICAS PARA LA REHABILITACIÓN
CARDIACA 3 BVECES (sic) POR SEMANA TENIENDO EN CUENTA VALORIZACIÓN DE
ESPECIALITAS SI SE CRE (sic) LA PERTINENCIA DE DICACHAS SOLICTUDES.DR: VEREDA
LAGUNAS (…)”[263].
Por su parte, el Plan de Manejo
del 14 de junio de 2019, se evidencia que el diagnóstico principal fue “1500
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA” y, por lo tanto, necesita del servicio
complementario de “TRANSPORTE AMBULATORIO DIFERENTE A AMBULANCIA NO
PBS-UPC” de manera “SUCESIVA”[264].
Finalmente, la E.S.E Hospital
Pedro León Álvarez Díaz, en el diagnóstico de “Insuficiencia cardiaca
congestiva” analizó lo siguiente:
“(…) DADO NECESIDAD DE
TRASLADOS PARA ESTUDIOS PERIPRODECIDIMIENTO DURANTE AL MENOS TRES VECES A LA
SEMANA Y MARCADA ALTERACIÓN FUNCIONAL PARA ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA, SE
CONSIDERA QUE EL PACIENTE NO PUEDE SER TRANSPORTADO POR MEDIO DEL SERVICIO
PÚBLICO CONVENCIONAL, ADEMÁS, POR MOTIVO DE USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA
Y DIFICULTAD PARA EL TRANSPORTE. POR LO ANTERIOR, REQUIERE TRASLADO EN
TRANSPORTE PARTICULAR AUTORIZADO POR LA EPS. SE CONSIDERA ADICIONALMENTE DADO
QUE EL NÚCLEO FAMILIAR DEL PACIENTE CONSISTE EN SU ESPOSA, LA CUAL TRABAJA DE
FORMA DIARIA PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA FAMILIA, EL PACIENTE NO
PUEDE SER VIGILADO POR LA MISMA, Y ANTE EL RIESGO POTENCIAL DE COMPLICACIONES A
CORTO PLAZO Y MARCADA LIMITACIÓN FUNCIONAL DE ORIGEN CARDIOGÉNICO, REQUIERE
CUIDADO DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA DURANTE AL MENOS 12 HORAS AL DÍA Y TERAPIA
FÍSICA DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR DURANTE AL MENOS 3 VECES POR SEMANA
(…).”[265].
Asimismo, se evidencia del
historial de atención médica que el paciente está siendo atendido en la ciudad
de Bogotá. Por ejemplo, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio-,
sedes Calle 100 y calle 63, así como en el hospital de La Marly le ha
practicado exámenes médicos tales como ecocardiogramas, seguimiento para
cirugía cardiovascular, procedimientos de hemodinamia y cardiología, examen de
arteriografía coronaria; por otra parte, es atendido en el Hospital
Universitario De La Samaritana en torno a asuntos de neumología. En ese
sentido, se evidencia que el accionante debe estar en constante desplazamiento
hacia la ciudad de Bogotá con la finalidad de recibir los tratamientos
necesarios para el cuidado de su salud. Asimismo, del expediente se desprende
que también se le está prestando atención en el municipio de La Mesa
-Cundinamarca-, razón por la cual, el accionante no sólo necesita transporte
intramunicipal -interurbano-, sino también, intermunicipal[266].
Finalmente, en este punto, para
garantía del derecho a la salud del accionante y, en general, de todos los
participantes en el servicio público de salud, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional amparará el derecho a la salud. Para ello, Famisanar EPS
deberá analizar, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, si todos los servicios de salud requeridos por el
señor Carlos Julio González Cadena pueden ser prestados en el municipio de La
Mesa -Cundinamarca-. Asimismo, en cualquiera de los casos, la entidad accionada
debe garantizar el servicio de transporte que le fue ordenado por los
profesionales de la salud al señor Carlos Julio González Cadena.
Con respecto a la alimentación
y el alojamiento, la jurisprudencia de la Corte ha retomado por analogía
tres subreglas para la prestación de dichos servicios, a saber: (i)
se debe constatar que ni los pacientes ni su familia cercana cuentan con la
capacidad económica suficiente para asumir los costos[267];
(ii) se tiene que evidenciar que negar la solicitud de
financiamiento implica un peligro para la vida, la integridad física o el
estado de salud del paciente; y, puntualmente en las solicitudes de alojamiento[268],
(iii) se debe comprobar que la atención médica en el lugar de
remisión exige más de un día de duración para cubrir los gastos de alojamiento[269].
En el caso concreto, la Corte
evidencia que se satisfacen los tres (3) requisitos exigidos por la
jurisprudencia constitucional. En primer lugar, ni el accionante ni su núcleo
familiar cuenta con la capacidad económica para asumir los costos de traslado,
ello por tres (3) razones. La primera: tal y como se evidenció anteriormente, la
capacidad económica del accionante no fue debatida por Famisanar EPS; luego, se
presume la incapacidad económica. La segunda, el accionante afirmó que, como
consecuencia de su precariedad económica, ha perdido diferentes citas médicas
y, por tanto, no ha tenido un acceso continuo a las instituciones de salud. La
tercera, a partir de la dimensión cualitativa de la evaluación de los recursos
económicos, aun cuando el accionante se encuentra en el régimen contributivo de
salud en calidad de beneficiario, se evidencia que su compañera trabaja y sus
ganancias únicamente cubren aspectos básicos de subsistencia.
En segundo lugar, se evidencia
que negar la solicitud de financiamiento implica un peligro para la vida, la
integridad física o el estado de salud del paciente. Lo anterior por dos
razones. La primera consiste en que el no financiamiento implica una desmejora
del accionante en torno al derecho fundamental a la salud y, de manera
concreta, una vulneración al principio de continuidad. Así, el no asistir a
dichos procedimientos le ha implicado una restricción desproporcionada que afecta
de manera directa el derecho a la salud. La segunda, los tratamientos que son
diagnosticados como necesarios implican una relación directa con evitar un
peligro a la vida en condiciones dignas del accionante. De ello existe
evidencia del expediente cuando, como consecuencia de sus graves patologías
-entre otras, insuficiencia cardiaca- se hace necesario tomar este tipo de
medidas.
Finalmente, en tercer lugar, en
cuanto alojamiento, se evidencia que la atención médica en el lugar de
remisión exige más de un día de duración para cubrir los gastos de alojamiento,
pues, por una parte, Colsubsidio -sede La Mesa, Cundinamarca- sostuvo que para
la rehabilitación cardiaca al menos tres (3) días por semana[270];
y, por la otra, la E.S.E Hospital Pedro Álvarez León recomendó el traslado
durante al menos tres (3) a la semana con la finalidad de estudiar su condición
de salud[271].
Por lo anterior, se evidencia que el desplazamiento del accionante desde la
Vereda Las Lagunas hasta la ciudad de Bogotá y al municipio de La Mesa
-Cundinamarca- supera el día, lo que habilita a la procedencia del alojamiento.
Por tal motivo, la Corte amparará esta garantía de alimentación y alojamiento,
siempre y cuando la prestación de los servicios de salud sea garantizada en la
ciudad de Bogotá D.C.
d.
Sobre
la procedencia de los viáticos de transporte al acompañante de Carlos Julio
González Cadena
Conforme con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia, la Sala procederá a verificar si, por
medio de la presente acción de tutela, es posible ordenar viáticos de
transporte al acompañante del accionante. Para ello verificará si (i) se
constata que el usuario es “totalmente dependiente de un tercero para su
desplazamiento”; (ii) requiere de atención “permanente”
para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores
cotidianas; y (iii) ni él ni su núcleo familiar tengan la
capacidad económica para asumir los costos y financiar su traslado.
Del expediente
no se evidencia una clara dependencia del accionante para su desplazamiento, aun cuando requiere de atención permanente para garantizar
su integridad física y el ejercicio de las labores cotidianas y su capacidad
económica, a pesar de ser beneficiario del régimen contributivo, es limitada
conforme a las evaluaciones cualitativas de la capacidad económica del núcleo
familiar.
Sin embargo,
dadas los múltiples padecimientos y afecciones de salud del accionante, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional protegerá el derecho al
diagnóstico de Carlos Julio González Cadena. En ese sentido, esta Sala ordenará
a
Famisanar EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de este fallo, programe una cita médica, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes con el médico tratante de Carlos Julio
González Cadena, donde determine si requiere un acompañante para desplazarse
desde su residencia a los lugares donde reciben la atención médica. En caso de
que el concepto médico indique que el accionante requiere un acompañante,
entonces la EPS debe garantizar su financiación.
e.
Sobre
la procedencia de atención domiciliaria para el señor Carlos Julio González
Cadena
Conforme las consideraciones
realizadas, la atención domiciliaria es una “modalidad de prestación
de servicios de salud extra hospitalaria que busca brindar una solución a los
problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de
profesionales, técnicos o auxiliares del área de salud y la participación de la
familia”[272].
La obligación de su autorización le corresponde a la EPS y está sujeta al
concepto técnico, científico del médico tratante, pues sólo a través del
diagnóstico es posible determinar la necesidad y pertinencia del servicio en
cada caso concreto[273].
Como se
evidenció de la historia clínica general con fecha del 14 de junio de 2019, el
médico tratante de Colsubsidio describió que, como consecuencia de sus
afecciones era necesario el transporte domiciliario y la enfermería
domiciliaria[274].
Por su parte, la E.S.E Hospital Pedro
León Álvarez Díaz, en el diagnóstico de “Insuficiencia cardiaca congestiva”
consideró que, además del servicio de enfermería domiciliaria, el accionante
necesita, producto de sus múltiples padecimientos, terapia física de
rehabilitación cardiovascular[275].
En virtud de lo anterior, la
E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz le autorizó lo siguiente[276]:
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CANT.
OBSERVACIONES
890105
Atención (visita) domiciliaria por enfermería +
90
Atención por enfermería
domiciliaria durante 12 horas al día. Fórmula renovable.
890111
Atención (visita) domiciliaria por fisioterapia +
30
Al menos tres veces a la
semana. Rehabilitación cardiovascular.
De acuerdo con lo anterior, la
Corte constata que el accionante necesita, conforme con los diferentes
diagnósticos la enfermería domiciliaria y atención domiciliaria por
fisioterapia, pues sus condiciones de salud no solo implican que necesite apoyo
de un profesional de la salud para realizar actividades cotidianas, sino que, a
su vez, necesita de otro profesional para el tratamiento de sus enfermedades
cardiovasculares.
Por tal motivo, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional ordenará que, en el término de ocho (8)
días siguientes a la notificación de la presente providencia, y si aún no lo ha
realizado, le otorgue a Carlos Julio González Cadena el servicio de atención
domiciliaria, específicamente la visita domiciliaria por enfermería durante
doce (12) horas al día y la visita domiciliaria por fisioterapia al menos tres
(3) veces a la semana.
f.
Sobre
la garantía de amparo integral
Finalmente, la Sala constata que
el amparo integral se encuentra procedente en el presente caso, conforme las
reglas establecidas en la jurisprudencia constitucional, en particular la
sentencia T-259 de 2019. En efecto, conforme con el expediente:
●
El
accionante se encuentra en el transcurso de diferentes tratamientos médicos que
requiere continuidad. En el asunto bajo revisión, Carlos Julio González Cadena
padece apnea del sueño, arritmia cardíaca no especificada, diabetes mellitus
insulinodependiente con complicaciones múltiples, hipertensión esencial
(primaria), insuficiencia cardíaca congestiva, obesidad grado II, presencia de
marcapaso desde junio de 2014”[277],
lo cual exige garantizar la no interrupción del tratamiento y, por ende, la
advertencia a la EPS Famisanar para no imponer cualquier tipo de barrera
administrativa para el acceso a la totalidad de servicios que requiere el
accionante como consecuencia de su estado de salud.
●      Las
condiciones de salud y económicas hacen que el accionante se encuentre en condición de vulnerabilidad. Por una parte, aun
cuando se encuentra como beneficiario del
régimen contributivo de salud, las condiciones económicas no son suficientes
para costear la totalidad de los medicamentos, insumos,  procedimientos y
tratamientos que le exige su condición de salud -a tal punto de haber faltado a
diversas citas y procedimientos como consecuencia de su condición económica-;
y, por la otra, sus condiciones de salud le impiden realizar actividades que le
permitan recibir ingresos económicos y, por tanto, dependa exclusivamente de lo
devengado por su compañera.
●      El accionante se ha visto expuesto a barreras que le impide
el goce efectivo de los servicios de salud. Es decir, no resulta eficaz
autorizar y cubrir los servicios contemplados en el Plan Básico de Salud (PBS)
y, sin embargo, no ofrecer las garantías de acceso correspondiente, lo cual
constituye una indirecta negación de los servicios.
Por lo anterior, la Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional ordenará a Famisanar EPS que se abstenga
imponer barreras administrativas para impedir la prestación de servicios de
salud al señor Carlos Julio González Cadena. Asimismo, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia y en adelante, garantice el tratamiento integral en favor de Carlos
Julio González Cadena respecto de las enfermedades de las enfermedades de apnea
del sueño, arritmia cardíaca no especificada, diabetes mellitus
insulinodependiente con complicaciones múltiples, hipertensión esencial
(primaria), insuficiencia cardíaca congestiva y obesidad grado II. Lo
anterior, en procura de que sean prestados los diferentes servicios que
disponga el médico tratante con la finalidad de lograr la estabilización
integral o recuperación de las condiciones de salud del accionante.
Finalmente, con la finalidad de
una garantía integral al acceso a las instituciones de salud y los servicios
que se requieran, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ordenará a la Personería Municipal de La Mesa
-Cundinamarca- que, con base en sus funciones y competencias constitucionales y
legales, vigile el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia.
Para el efecto deberá, de manera particular: (i) rendir informes
sobre las diferentes actuaciones de cumplimiento de Famisanar EPS al Juzgado
Penal Municipal de La Mesa -Cundinamarca-, quien fungió como juzgado de primera
instancia en el trámite de tutela; y (ii) en caso de ser
necesario, deberá adoptar e iniciar las medidas de protección para la garantía
de los derechos fundamentales de Carlos Julio González Cadena.
g.     Sobre
la exoneración de copagos
El accionante, en el escrito de
tutela, solicitó la exoneración de copagos y cuotas moderadoras. Por tal
motivo, la Sala entrará a estudiar si, conforme con las reglas estudiadas en la
parte considerativa, es posible acceder a dicha pretensión. Las reglas exigidas
por la jurisprudencia para considerar la exoneración son (i) cuando la
persona que necesita con urgencia un servicio médico carece de la capacidad
económica para asumir el valor de los pagos moderadores y; (ii) cuando
una persona requiere un servicio médico y tiene la capacidad económica para
asumirlo, pero tiene problemas para hacer la erogación correspondiente antes de
que éste sea suministrado.
En el escrito de tutela, Carlos
Julio Cadena González Cadena sostuvo la insuficiencia económica para acceder a
los servicios, medicamentos y tecnologías que solicita por medio de dicha
acción. Afirmó que, aun cuando se encuentra afiliado al régimen contributivo en
calidad de beneficiario, los recursos económicos de los que depende su núcleo
familiar -él y su compañera- son insuficientes para sufragar los costos
monetarios de salud y de mínimo vital –hasta afectar la continuidad en la
prestación del servicio de salud-. Asimismo, la entidad accionada no sostuvo
argumento alguno sobre las condiciones económicas del accionante y, en ese
sentido, guardó silencio sobre dicha situación. Por tal motivo, resulta
suficiente para la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional sostener
que el accionante se encuentra en una incapacidad económica para sufragar los
costos que demanda el tratamiento de sus padecimientos. Por tal razón, la Sala
ordenará la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos a que haya lugar
como consecuencia del suministro de los medicamentos, servicios y tecnologías
que requiera el accionante para garantizar el derecho a la salud, a la vida y a
la dignidad humana.
2.
Sobre la vulneración de los derechos
fundamentales de Alicia Berenice Celis Gómez (Exp.
T-7.535.214)
Alicia Berenice Celis Gómez tiene
cuarenta y seis (46) años. Es madre cabeza de familia -tiene tres (3) hijos-,
está diagnosticada de “Lupus eritematoso sistemático con compromiso de órganos
o sistemas” Asimismo, fue diagnosticada con epilepsia no controlada y cefalea
tensional. Aseveró carecer de recursos económicos para realizar los traslados a
sus controles médicos y está domiciliada en la ciudad de Popayán.
Narró que EMSSANAR EPS autorizó control
por especialista en reumatología, control con especialista en corneología y
control con especialista en neurología, los cuales deben ser prestados por la
Clínica de Artritis Temprana SAS, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del
Valle del Cauca y la Fundación Liga contra la Epilepsia, las cuales están
ubicadas en la ciudad de Cali.
Por lo anterior, mediante derecho de
petición promovido el cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019), solicitó
viáticos de desplazamiento desde la ciudad de Popayán a la ciudad de Cali para
ella y un acompañante. Sin embargo, a través del oficio CECPQRS-RU-2019-0716
del veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019), la entidad accionada
negó dicha solicitud.
Como consecuencia de lo anterior, el
ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019), Alicia Berenice Celis Gómez
instauró acción de tutela contra EMSSANAR EPS con la finalidad de amparar los
derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas. En
concreto, solicitó al juez constitucional (i) ordenar de manera
inmediata el suministro de los viáticos de transporte, alimentación y
alojamiento para ella y un acompañante, para la realización los mencionados
procedimientos y, asimismo, (ii) el cubrimiento de los demás
desplazamientos por tratamientos médicos, exámenes y citas que eventualmente le
fueren ordenados para la garantía de su derecho a la salud.
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional se pronunciará sobre (i) la posibilidad, conforme
con la jurisprudencia constitucional, de garantizar el transporte solicitado
por la señora Alicia Berenice Celis Gómez; y (ii) la garantía de
transporte y viáticos para un acompañante.
El transporte ambulatorio solicitado por
la accionante no se encuentra protegido en las hipótesis descritas por el
artículo 121 de la Resolución 3512 de 2019. Por tal motivo, la Sala Novena
aplicará las reglas diseñadas por la jurisprudencia constitucional para determinar
el acceso a esta garantía.
-
Sobre
el transporte, alojamiento y alimentación solicitados por Alicia Berenice Celis
Gómez
El derecho fundamental
a la salud se rige, entre otros -conforme la parte considerativa- por el
principio de accesibilidad, el cual implica garantizar a Alicia Berenice Celis
Gómez el acceso físico a los servicios prescritos por los médicos tratantes y
autorizados por la EPS EMSSANAR y las IPS´s en un lugar diferente a su lugar de
residencia. En ese sentido, la Corte estudiará si en el caso concreto, se
cumplen con los parámetros jurisprudenciales para la garantía de los mismos.
-
Sobre
la garantía de transporte y viáticos para la accionante
a.
El
servicio fue autorizado directamente por la EPS a la cual se encuentra afiliada
la accionante remitiéndola a un prestador de un municipio distinto a su
residencia
Del expediente se demuestra que tanto
EMSSANAR EPS como el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca,
la Fundación Liga Colombiana con la Epilepsia y la Clínica de Artritis Temprana
S.A.S autorizaron los tratamientos para corneologìa, reumatologìa, neurologìa y
optometría y prestan dichos servicios en la ciudad de Santiago de Cali -Valle
del Cauca-. Así, los procedimientos ordenados para el tratamiento de sus
enfermedades son prestados en un municipio diferente -Santiago de Cali- a su
residencia -Popayán-. Por tal razón, la Corte encuentra cumplido el primer
requisito.
b.
Incapacidad
económica de la accionante y su familia para asumir los costos
Conforme la jurisprudencia
constitucional, este requisito consiste en demostrar la carencia de recursos
económicos para cubrir los gastos de alimentación, alojamiento y transporte.
Dicha ausencia puede constatarse con elementos allegados en el expediente.
Asimismo, cuando el paciente afirme la carencia de recursos, la carga de la
prueba se invierte y, por tanto, le corresponde a la EPS desvirtuar lo afirmado
por el solicitante; a su vez, ésta se entiende probada cuando la entidad guarda
silencio frente dicha aseveración. Además de lo anterior, respecto de las
personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud mediante el Régimen
subsidiado o inscritas en el SISBEN hay una presunción de incapacidad
económica, teniendo en cuenta que hacen parte de la población más vulnerable.
En el caso concreto, se evidencia que la
accionante no tiene capacidad económica por dos razones. La primera, porque
dicha afirmación no fue negada por la EPS accionada y, porque la accionante
hace parte del régimen subsidiado de salud.
En efecto, en el derecho de petición
presentado por Alicia Berenice Celis Gómez, se evidencia lo siguiente: “no
cuento con los recursos económicos para ir a la ciudad de Cali, soy madre
cabeza de familia (...)”. Por su parte, la respuesta del derecho de
petición, EMSSANAR EPS únicamente hace referencia a la normativa vigente sobre
la prestación de dicho servicio, sin negar o hacer referencia alguna sobre las
condiciones concretas económicas de la accionante. Dicha situación también se
refleja en la contestación de la acción de tutela realizada por la entidad
accionada. Efectivamente, allí hace referencia a la inexistencia de
prescripción médica por parte del médico tratante para ordenar dicho servicio.
Por tanto, no existió ni en sede administrativa ni judicial argumento alguno
por parte de la EPS accionada que desvirtúe la carencia económica alegada por
la accionante.
En segundo lugar, la accionante está
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen
Subsidiado y, asimismo, es madre cabeza de hogar. Ello, conforme con la
jurisprudencia constitucional, implica una presunción de incapacidad económica,
lo que conlleva que se refuerce su carencia económica.
En ese sentido, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional reprocha la argumentación del Juzgado
Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías. El Juzgado
sostuvo que la accionante no probó la carencia económica en la que se encuentra
inmersa y, a su vez, no aportó una orden médica que acredite la necesidad de
viáticos por parte del médico tratante, cuando quien, por jurisprudencia, le correspondía
a la EPS EMSSANAR desvirtuar dichas afirmaciones. Por tales motivos, la Sala
encuentra superado dicho requisito jurisprudencial.
c.
De
no efectuarse la remisión, se pone en riesgo la salud del accionante
La jurisprudencia constitucional[278]
ha sostenido que este requisito no sólo se encarga de verificar el riesgo de la
salud del accionante, sino que, a su vez, es la verificación de la vulneración
a los principios de continuidad e integralidad previstas en los artículos 8º y
6º, lit.d de la Ley 1751 de 2015[279].
En efecto, una vez se hayan iniciado la prestación de los diferentes servicios
médicos, éstos no podrán ser suspendidos como consecuencia de medidas
administrativas o económicas. Por el contrario, el tratamiento debe ser
prestado de manera diligente, oportunidad y con calidad[280].
En el caso concreto, la accionante, como
consecuencia de la falta de recursos económicos, no ha podido asistir a
diferentes citas médicas, lo cual genera un deterioro en su salud, razón por la
cual, la Corte encuentra cumplidos los requisitos para decretar los viáticos
para la accionante. Por tal motivo, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional ordenará a la Empresa Solidaria de Salud -EMSSANAR E.S.S- que,
en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice y suministre los servicios de
transporte para la señora Alicia Berenice Celis Gómez.
-
Sobre
la garantía de transporte y viáticos para un acompañante de la accionante
La accionante no allegó prueba alguna
sobre la necesidad de requerir acompañante para trasladarse a las citas médicas
ordenadas como consecuencia de sus padecimientos. Sin
embargo, la Sala constata que la accionante sufre de Lupus eritematoso
sistemático con compromiso de órganos o sistemas, epilepsia no controlada y
cefalea tensional. En efecto, los padecimientos que sufre la accionante, aun
cuando no dan prueba suficiente para decretar de manera directa la prestación
de este servicio, sí son suficientes para que la Corte proteja el derecho
fundamental al diagnóstico, pues el sólo hecho de tener epilepsia y lupus
implica, por sus efectos, una imposibilidad para desarrollar sus actividades
cotidianas con eficiencia, pues eventualmente puede sufrir episodios que
conlleven a un empeoramiento de la salud si no se encuentra acompañada de
alguna persona en particular.
Por lo anterior, y como consecuencia de
su estado de salud, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional
ordenará a EMSSANAR EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación del fallo, programe una cita médica, la
cual se deberá llevar a cabo dentro de los siguientes diez (10) días hábiles
con el médico tratante, con la finalidad de verificar si la accionante necesita
de acompañante. En caso de constatar la necesidad, se deberá garantizar los
costos de su traslado, viáticos y alimentación.
C.   SOBRE
LAS ÓRDENES A IMPARTIR EN EL CASO CONCRETO
El Estado enfrenta una crisis producto
de la pandemia COVID-19, la cual afecta la vigencia de los derechos humanos de
las personas en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad
personal que supone el virus mencionado[281];
así como sus efectos de inmediato, mediano y largo plazo sobre la sociedad en general
y, a su vez, sobre las personas y grupos en situación de especial
vulnerabilidad[282].
Por ello, dicha pandemia ha conllevado que los diferentes Estados y la
comunidad internacional opten por medidas de contención y mitigación de este
virus a partir de diferentes estrategias que implican acciones no sólo
estatales, sino también de la comunidad en general.
Estas diferentes actuaciones, conforme
con la Resolución N°1 de 2020 adoptada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos -CIDH- deberán tener como eje fundamental el pleno respeto por
los derechos humanos[283].
A partir de allí, la CIDH ha establecido una serie de lineamientos de acción de
los Estados para que, en el marco de la pandemia, centre sus esfuerzos en la
garantía de diferentes bienes internacionalmente protegidos, entre los cuales
están (i) la salud y los derechos económicos, sociales y
culturales; (ii) la racionalidad de las limitaciones de los
derechos humanos a través de los estados de excepción; (iii) la
consideración especial de los grupos de especial vulnerabilidad; y (iv)
herramientas de cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas.
En el ordenamiento jurídico interno, el
Estado Colombiano ha adoptado algunas medidas con la finalidad de enfrentar los
efectos del COVID-19 no sólo en la salud u otros derechos fundamentales de las
personas, sino también en los posibles efectos que pueden repercutir en el
desarrollo de la sociedad.
En virtud de lo anterior, el Ministerio
de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 del 12 de marzo de
2020[284],
declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 donde decretó diferentes
medidas tales como limitar suspensión de eventos[285],
regular el tránsito y transporte en el territorio nacional[286];
afiliación de personas al sistema general de seguridad social en salud[287];
medidas de aislamiento y cuarentena, entre otras[288]. Por
su parte, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades previstas en el
artículo 215 de la Constitución, profirió el Decreto 417 de 2020, mediante el
cual se declara el Estado de Emergencia económica, Social y Ecológica en todo
el territorio nacional, por el término de treinta (30) días, la cual fue
nuevamente declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020[289].
Los múltiples efectos del COVID-19
exigen una respuesta de las diferentes instituciones estatales; en otras
palabras, la superación del COVID-19 implica un despliegue de política de
Estado para enfrentar las diferentes consecuencias, tanto en los derechos de
las personas, como en el funcionamiento de la sociedad. Ello se traduce en que
las diferentes acciones, en el cumplimiento de sus funciones, que tomen las
Ramas del Poder Público deben tener en cuenta la garantía de los derechos
fundamentales de las personas y, por tanto, los efectos de sus disposiciones
deben atender a tal finalidad.
De manera concreta, en el marco del
derecho a la salud, el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido
distintos lineamientos guías u orientaciones sobre las diferentes acciones que
deben tener en cuenta todos los intervinientes del sector salud -Estado,
empresas prestadoras del servicio público de salud y sociedad- para la
protección, contención y mitigación del COVID-19. Así, el Ministerio de Salud y
Protección Social, a través de la Resolución 502 del 24 de marzo de 2020,
adoptó como obligatorio los “Lineamientos para la Prestación de Servicios de
Salud durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia Sars-Cov-2
(Covid-19)”[290],
los cuales se encuentran en “Plan de Acción para la Prestación de Servicios
de Salud durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por Sars-cov-2
(Covid-19)”[291].
Asimismo, el Ministerio de Salud y
Protección Social expidió el Decreto 521 de 2020[292].
Allí reglamenta los diferentes escenarios de prestación del servicio de salud para
distintos sectores poblacionales, a saber: (i) personas en
asilamiento preventivo obligatorio que realizan demanda espontánea por
morbilidad general, en especial personas mayores de 70 años o personas con
patología crónica base; (ii) personas con patología de base
controlada y riesgo bajo; y (iii) personas con patología de base
no controlada o riesgo medio o alto y gestantes.
Dentro de las medidas tomadas, para el
caso concreto, se pueden evidenciar cinco (5) distintos medios de prestación
del servicio de salud, a saber: (i) seguimiento telefónico,
virtual o domiciliario por personal de salud o personal de apoyo entrenado[293]; (ii)
fortalecimiento de las atenciones en salud por telemedicina y telesalud en el
marco de la emergencia por la pandemia (Covid-19)[294]; (iii)
atención domiciliaria para población en asilamiento preventivo[295]; (iv)
atención domiciliaria a pacientes con mayor riesgo de complicación (patologías
crónicas) con la infección por Sars-Cov-2 (covid-19)[296]; y, (v)
implementación de suministro de medicamentos en el domicilio a población en
aislamiento preventivo o paciente con infección leve por Sars-cov-2 (Covid-19)[297].
De lo anterior, se evidencia que la
política institucional de prestación de servicio se enmarca en tres medidas
complejas. En primer lugar, la atención prioritaria de las personas que padecen
el virus COVID-19. En segundo lugar, el aseguramiento de instalaciones o puntos
de atención, lo cual se lleva a cabo a partir de planes de acción y, a su vez,
de restricciones y suspensiones de otros servicios médicos catalogados como no
urgentes; y, en tercer lugar, la atención preferentemente domiciliaria de los
pacientes que se encuentran en asilamiento preventivo y pacientes con mayor
riesgo de complicación.
La Sala constata la necesidad de tomar
medidas particulares para la protección de los derechos fundamentales de los
accionantes. En efecto, por una parte, el señor Carlos Julio González Cadena es
una persona que, como consecuencia de sus afecciones, es un paciente que tiene
un mayor riesgo de complicación con la infección del COVID-19 al sufrir de,
entre otras, padecimientos cardiovasculares. Por otra parte, la señora Alicia
Berenice Celis Gómez está diagnosticada con “Lupus eritematoso sistemático con
compromiso de órganos o sistemas”, lo cual implica la adopción de medidas para
que, por una parte, no se agrave sus condiciones de salud y, por la otra, prevenir
que se contagien de los efectos de la pandemia COVID-19.
Asimismo, la protección especificada no
sólo debe estar dirigida hacia los accionantes, sino, por el contrario, frente
a todas las personas, pues toda la población puede estar en riesgo de contagio
sin las medidas pertinentes de protección. En ese sentido, la protección no
está dirigida únicamente, en el caso concreto, sino que, a su vez, también está
dirigida al personal de la salud que participa en el cumplimiento de las
órdenes de esta providencia.
En efecto, de lo anterior se evidencia las
diferentes medidas tomadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. En
las “Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención
para COVID-19. Consenso IETS-ACIN”, las cuales están incluidas en las “Orientaciones
para el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de los
trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 en el trabajo y su domicilio”[298], se
evidencian distintos lineamientos de protección del personal de salud y, en
general, de la comunidad que participa en dichos servicios, entre los cuales se
encuentran el personal de aseo, el paciente, el acompañante del paciente y los
funcionarios administrativos[299].
Así, se evidencia un diseño
institucional donde, por una parte, medidas concretas para la prestación del
servicio público de salud a las personas; y, por otra parte, existen
lineamientos mínimos sobre la protección que debe tener no sólo los
profesionales de la salud, sino todos los agentes intervinientes en la
prestación adecuada del servicio público de salud.
Estas lógicas responden a un ejercicio
de
armonización concreta[300]
de los derechos y las cargas que se encuentran en juego entre, por una parte, la
garantía del amparo de los derechos fundamentales de los pacientes al acceso a
la salud; y, por la otra, el debido cuidado de las personas que intervienen en
la prestación del servicio a la salud; la situación del Covid-19 conlleva que
el cumplimiento de las ordenes y, por tanto, la garantía de los derechos
fundamentales, no implique arriesgar la salud, la vida  y los derechos sociales
de las personas que, eventualmente, son las encargadas del cumplimiento de las
ordenes proferidas en sede de tutela.
Por tal motivo, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional amparará los derechos fundamentales de los
accionantes y, al momento de la adopción de las ordenes de tutela, considerará
las reglamentaciones que, tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como
el Gobierno Nacional han dispuesto para la contención y mitigación del COVID-19
y, a su vez, la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida
en el escenario de la pandemia. Asimismo, exhortará a las entidades promotoras
de salud a garantizar los elementos de bioseguridad y demás condiciones mínimas
necesarias para la debida prestación del servicio público de salud.
Finalmente, como consecuencia de la
pandemia Covid-19, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los procesos
judiciales que se llevan a cabo en la Corte Constitucional. Sin embargo, la
Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, con la finalidad de levantar la
suspensión de términos –ya sea en decisiones de constitucionalidad o de
tutela-, crear criterios objetivos para determinar la viabilidad de dicha
acción en época de pandemia. Los requisitos son los siguientes:
(i)
la
urgencia en adoptar una decisión de fondo o una medida provisional dirigida a
la protección de los derechos fundamentales;
(ii)
la
importancia nacional que revista el caso; y
(iii)
la
posibilidad material de que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma
compatible con las condiciones actuales de aislamiento social obligatorio, sin
que ello implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o a
las autoridades concernidas.
En el caso concreto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional considera que se encuentran satisfechos el
primer y el tercer requisito. La gravedad de las condiciones de salud de los
accionantes y sus condiciones fácticas de indefensión implica una intervención
urgente de la Corte Constitucional para conjurar las situaciones que le generan
las afectaciones a sus derechos fundamentales. Por su parte, se respeta las
condiciones actuales de aislamiento social, pues los accionantes, por sus
condiciones de salud, no pueden ser expuestos a centros médicos y, por tal
motivo, se preferirá aquellas medidas tales como la visita domiciliaria o la
entrega de medicamentos en el domicilio.
Además de lo anterior, tampoco se sitúa
a las entidades accionadas en una situación desproporcionada, pues, para el
cumplimiento de las órdenes deberán garantizar el nivel máximo de seguridad a
las personas en las cuales finalmente recaiga el cumplimiento de las ordenes
-médicos en visitas domiciliarias- y, para ello, deberá garantizar no sólo el
equipo biomédico y los cuidados mínimos para evitar el contagio en medio de la
pandemia del Covid-19; sino que, a su vez, deberá garantizar todos los derechos
sociales de estas personas.
Finalmente, el cumplimiento de las
órdenes debe estar precedido de garantías de información y deliberación entre
las entidades accionadas, los accionantes y su núcleo familiar. Por tal motivo,
la Sala dispondrá que, para efectos del cumplimiento de las ordenes proferidas
en la presente sentencia de tutela, se defina el método de cumplimiento de
aquellas órdenes que, como consecuencia de la pandemia Covid-19, puedan
considerar riesgo alguno para la vida, salud e integridad física de las
personas que intervienen en la garantía del derecho a la salud de los
accionantes.
IV.
SÍNTESIS
Le corresponde a la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional revisar las sentencias proferidas en (i)
el expedientes T-7.515.907 por el Juzgado Penal Municipal de La Mesa
-Cundinamarca-, en primera instancia, y por el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de La Mesa -Cundinamarca-, en segunda instancia, surtidas en el
trámite de la acción de tutela instaurada por Carlos Julio González Cadena
contra Famisanar EPS; y, (ii) en el expediente T-7.535.214 por el
Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Popayán
-Cauca-, en única instancia, dentro del proceso de amparo promovida por Alicia
Berenice Celis Gómez contra la Emssanar EPS.
Carlos Julio González Cadena (Exp.
T-7.515.907) promovió acción de tutela contra Famisanar EPS, con la
finalidad de obtener el amparo de sus derechos fundamentales entre otros a la
salud, como consecuencia de la abstención de Famisanar EPS de autorizar
controles médicos especializados, de entregar de forma inmediata medicamentos
recetados y la negativa de brindar transporte para ser trasladado desde la
vereda “La Laguna” ubicada en el municipio de La Mesa -Cundinamarca- hasta la
ciudad de Bogotá, donde le realizan los procedimientos médicos requeridos por
su condición de salud.
En el trámite de tutela, Famisanar EPS
sostuvo, por una parte, que el accionante contaba con otros medios de defensa
judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud-; y, por otra parte, no
contaba con diagnóstico alguno sobre la necesidad de que el accionante necesitara
de transporte para acceder a los servicios de salud. Por tal motivo, solicitó
la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad y, en su defecto, negar las pretensiones de
amparo de los derechos fundamentales alegados en la acción de tutela.
Por su parte, Alicia Berenice Celis
Gómez (Exp. T-7.535.214) tiene cuarenta y seis (46) años. Es
madre cabeza de familia -tiene tres (3) hijos-, está diagnosticada de “Lupus
eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas” y aseveró ser
carente de recursos económicos y está domiciliada en la ciudad de Popayán.
Narró que EMSSANAR EPS autorizó control
por especialista en reumatología, control con especialista en corneología y
control con especialista en neurología, los cuales deben ser prestados por la
Clínica de Artritis Temprana SAS, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del
Valle del Cauca y la Fundación Liga contra la Epilepsia, las cuales están
ubicadas en la ciudad de Cali.
Por lo anterior, mediante derecho de
petición promovido el cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019), solicitó
viáticos de desplazamiento desde la ciudad de Popayán a la ciudad de Cali para
ella y un acompañante. Sin embargo, a través del oficio CECPQRS-RU-2019-0716
del veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019), la entidad accionada
negó dicha solicitud.
Como consecuencia de lo anterior, el
ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019), Alicia Berenice Celis Gómez
instauró acción de tutela contra EMSSANAR EPS con la finalidad de amparar sus
derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas. En
concreto, solicitó al juez constitucional (i) ordenar de manera
inmediata el suministro de los viáticos de transporte, alimentación y alojamiento
para ella y un acompañante, para la realización de los mencionados
procedimientos y, asimismo, (ii) el cubrimiento de los demás
desplazamientos por tratamientos médicos, exámenes y citas que eventualmente le
fueren ordenados para la garantía de su derecho a la salud.
En el trámite de tutela EMSSANAR EPS
aseveró, en primer lugar, que los servicios solicitados por la accionante
mediante tutela no están cobijados en el Plan de Beneficios de Salud -PBS- y,
por tanto, para acceder a ellos necesita de justificación médica, la cual no
obra en el expediente. Asimismo, no se evidencia condición alguna que demuestre
la imposibilidad material y económica de la accionante para acceder a los
servicios de salud. Finalmente, solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela, pues el caso planteado en la acción de tutela puede ser resuelto a
través de las competencias judiciales de la Superintendencia Nacional de Salud.
En el caso concreto, la Sala Novena de
Revisión consideró que las acciones de tutela satisfacían los requisitos de
procedencia de la acción de tutela.
Con respecto de la legitimidad,
la Sala constata que Carlos Julio González Cadena (Exp. T-7.515.907) y
Alicia Berenice Celis Gómez (Exp. T-7.535.214) son las personas
que directamente están soportando la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la vida y a la salud, razón por la cual se evidencia la legitimidad
por activa. Por su parte, conforme con el artículo 42, numeral 2°, del
Decreto 2591 de 199, tanto Famisanar EPS (Exp. T-7.515.907) como
EMSSANAR EPS (Exp. T-7.535.214) son entidades encargadas de la
prestación y garantía de los derechos fundamentales a la salud de los
accionantes, por lo tanto, también se considera superada la legitimación por
pasiva en el caso concreto.
Sobre el requisito de inmediatez, la
Corte Constitucional considera que se encuentra satisfecho en los casos
concretos. En la causa de Carlos Julio González Cadena (Exp.
T-7.515.907) se evidencia una vulneración actual del derecho
fundamental a la salud. En efecto, aun cuando se le ha prestado los diferentes
servicios a la salud, éstos no se han proporcionado de manera continua sino,
por el contrario, de manera intermitente en la actualidad, razón por la cual,
conforme con la jurisprudencia constitucional, la presunta vulneración al
derecho fundamental a la salud es actual.
Por su parte, en el caso de Alicia
Berenice Celis Gómez (Exp. T-7.535.214), aun cuando la
contestación del derecho de petición en el cual se niega el transporte para
ella y su acompañante tiene fecha del (26) de marzo de dos mil diecinueve
(2019) y la presentación de la acción de tutela fue el ocho (8) de abril de dos
mil diecinueve (2019) -trece (13) días desde la negativa de otorgar la
solicitud de viáticos y la presentación de la acción de tutela, término que la
Sala Novena de Revisión considera razonable-. En todo caso, la Sala constata que,
como consecuencia de dicha respuesta, la accionante continúa sin el acceso a
los servicios de salud solicitados, razón por la cual, la vulneración de su
derecho fundamental es actual.
En torno al principio de subsidiariedad,
la Sala Novena de Revisión considera que se entiende superado en los casos
sometidos a revisión. En el caso de Carlos Julio González Cadena (Exp.
T-7.515.907) se evidencia), la Sala considera que el accionante se
encuentra domiciliado en el municipio de La Mesa -Cundinamarca- donde, conforme
con el Portal Web de la Superintendencia Nacional de Salud, no se encuentra
oficina o dependencia alguna de la Superintendencia Nacional de Salud. Por tal
motivo,  impondría una carga a Carlos Julio González Cadena de desplazarse a
otro lugar donde existan puntos de atención, lo cual es desproporcionado, pues,
por una parte, si afirma no tener recursos económicos para trasladarse a los
centros clínicos para atender sus necesidades de salud, mal podría exigir que
debe trasladarse a un centro de atención de la Superintendencia de Salud para
interponer la respectiva denuncia; y, por la otra, su condición de salud hacen
que sea procedente la acción de tutela, más en sede de instancia, pues dichas
afectaciones, eventualmente, pueden terminar con la vida del accionante o, en
su defecto, desmejorar las condiciones de vida en las que se encuentra.
Por su parte, en el caso de Alicia
Berenice Celis Gómez (Expediente T-7.535.214), aun cuando exista
sede de la Superintendencia Nacional de Salud en la ciudad de Popayán, la
situación de la accionante activa la competencia del juez constitucional. En
primer lugar, conforme con el RUAF, la accionante es madre cabeza de familia
-tiene tres hijos a cargo-; integra el régimen subsidiado y afirmó ser una
persona de escasos recursos; no se encuentra afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, cubierta por la protección de riesgos, o
afiliada a programas de asistencia social, lo que la expone a una situación de
vulnerabilidad.
Por otro lado, en el caso concreto, la
Sala Novena de Revisión considera las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales a la salud y a la vida de los accionantes en sus casos
particulares.
Sobre la vulneración de los
derechos fundamentales de Carlos Julio González Cadena (Exp.
T-7.515.907), la Sala Novena de Revisión evidenció la vulneración de
sus derechos fundamentales a través de tres análisis, a saber: (a)
la posible vulneración por no otorgar los medicamentos e insumos y demás
servicios ordenados por el médico tratante; (b) la vulneración
del derecho al diagnóstico; y, (c) la procedencia de transporte,
alimentación y alojamiento del accionante y un acompañante; (d)
atención domiciliaria; y, (e) procedencia del amparo integral.
-
Sobre
medicamentos e insumos y servicios ordenados por el médico tratante
El accionante sostiene que no se le ha
brindado los medicamentos denominados ivabradina y amiodarona. Asimismo, no se
le ha suministrado de manera continua oxígeno y no se le ha practicado el
procedimiento de arteriografía coronaria.
Sobre el medicamento de ivabradina, la
Sala considera que se cumplen los requisitos jurisprudenciales para otorgar
medicamentos que están no exonerados del PBS, pues el medicamento i) está en el
Plan de Beneficios en Salud; ii) está ordenado por el médico tratante; iii) es
necesario para conservar la salud, vida y dignidad; y iv) fue previamente
solicitado por el accionante y su entrega fue injustificadamente dilatada por
la entidad accionada.
Frente al medicamento de Amiodarona, la
Sala constata que éste no ha sido suministrado, pues no se encuentra en el
comercio. Sin embargo, ello no puede considerarse como obstáculo para el acceso
a la salud. En el caso concreto, la Sala constata de la lectura de la historia
clínica la necesidad de este medicamento para garantizar condiciones dignas de
salud y vida del accionante. Asimismo, la Sala establece que se vulneró el
derecho fundamental a la salud al no realizar estudios de bioequivalencia con
otros medicamentos que, por una parte, tengan el mismo componente activo y, por
la otra, que tengan los mismos efectos terapéuticos en el accionante. Por tal
razón, la Sala considera necesario realizar dicho estudio y otorgar el
medicamento bioequivalente al accionante.
Con respecto al oxígeno, la
Sala evidencia, conforme con el material probatorio, que el debate consiste
sobre la prestación del oxígeno de manera continua. En ese sentido, la Sala
evidencia que se solidariaha brindado dicho insumo, sin embargo, su prestación
ha sido garantizada de manera interrumpida. Por tal motivo, la Sala ordena que
la prestación del insumo de oxígeno deberá realizarse de manera permanente y en
continuidad.
En cuanto al procedimiento de arteriografía
coronaria,
la Sala encuentra que este procedimiento se debe practicar por dos razones. La
primera, fue ordenada por el médico tratante; mientras que la segunda consiste
en que su denegación no fue controvertida por la EPS accionada, por tal motivo,
la Sala ordenará su prestación.
-
Derecho
al diagnostico
El accionante expresa la necesidad de
utilizar insumos tales como pañales, cremas, fajas y silla de ruedas como
parte del tratamiento de sus enfermedades. Conforme las pruebas obrantes en el
expediente, la Sala constata que no existe ordenes médicas que prescriban la
necesidad de los mismos como garantía del derecho a la salud. Asimismo, de la
lectura de la historia clínica no se evidencia la necesidad de los mismos. Sin
embargo, dadas las condiciones graves de salud y, por tanto, de vulnerabilidad
del accionante la Sala considera necesario garantizar el derecho al diagnóstico
para determinar si, producto del conjunto de enfermedades que aquejan la salud
del accionante, es procedente otorgar dichos insumos para una garantía integral
del derecho a la salud.
-
Transporte,
alimentación y alojamiento para el accionante y acompañante
La Sala evidencia que el servicio de transporte fue
autorizado por el médico tratante, quien aprobó la autorización del transporte
domiciliario a través de transporte ambulatorio diferente a ambulancia dadas
las condiciones de salud del accionante. Sin embargo, el accionante está
recibiendo atención médica tanto en el municipio de La Mesa -Cundinamarca- como
en la ciudad de Bogotá, razón por la cual necesita de transporte intramunicipal
e intermunicipal. Asimismo, conforme lo evidenciado por la Sala, se constata
que el accionante no tiene la capacidad económica para sufragar los costos de
los mismos, inclusive, por falta de recursos económicos, ha perdido citas y
procedimientos. Además de lo anterior, se constata que, si no accede a ducho
transporte, se vulnera gravemente sus derechos fundamentales a la dignidad
humana y a la vida, pues desmejora notablemente sus condiciones vitales y
conllevado así una vulneración al derecho a la salud tanto en su faceta de
accesibilidad, como integralidad y continuidad en los términos de la
jurisprudencia constitucional.
En torno a la alimentación
y al alojamiento, la Sala evidencia el accionante cumple con las
condiciones jurisprudenciales para su amparo. En primer lugar, el accionante
carece de medios económicos para sufragar la alimentación y el alojamiento que
requiere. Esa incapacidad económica le ha impedido acceder a servicios y
tratamientos que son, de acuerdo con el material probatorio, necesarios para el
tratamiento de sus afecciones cardiacas. Finalmente, el tratamiento requiere de
más de un día de traslado. En efecto, conforme con las órdenes, el accionante
requiere de, mínimo, tres días de terapia a la semana para garantizar unas
mínimas condiciones óptimas de salud.
Sobre el traslado, alimentación
y alojamiento de un acompañante para el accionante, la Corte
evidencia que no existe una certificación médica que demuestre una dependencia
del accionante a un tercero para su desplazamiento
aun cuando requiere de atención permanente para garantizar su integridad física
y el ejercicio de las labores cotidianas, así como una incapacidad económica. Sin
embargo, dada las condiciones de salud del accionante, la Sala procede a
proteger el derecho al diagnóstico para determinar si médicamente es necesario
un tercero para la garantía de la movilidad y, por tanto, del derecho a la
salud del accionante.
-
Atención
domiciliaria
Conforme con la historia clínica y las
autorizaciones que obran en el expediente, la Sala evidencia que el accionante
no solo necesita de atención domiciliaria por fisioterapia, sino también de
enfermería domiciliaria con la finalidad de procurar su rehabilitación
cardiovascular. Esta razón resulta suficiente para la Sala en torno a la
garantía de la atención domiciliaria de los servicios médicos que fueron
recomendados por los médicos tratantes del accionante.
-
Amparo
integral
Finalmente, la Sala considera
necesario conceder el amparo integral al accionante. En primer lugar, el accionante
necesita que, producto de sus enfermedades, el tratamiento no tenga
interrupción alguna y, por tanto, cualquier barrera administrativa implicaría
arriesgar desproporcionadamente el disfrute de los derechos fundamentales a la
salud y a la vida. Asimismo, las condiciones de salud y económicas
hacen que el accionante se encuentre en
condición de vulnerabilidad.  Y finalmente, conforme con el material
probatorio, el accionante se ha visto expuesto a
barreras que impiden el goce efectivo de los servicios de salud. Es decir, no
resulta eficaz autorizar y cubrir los servicios contemplados en el Plan Básico
de Salud (PBS) y, sin embargo, no ofrecer las garantías de acceso
correspondiente, lo cual constituye una indirecta negación de los servicios.
Por su parte, sobre la vulneración de
los derechos fundamentales a la salud y a la vida de Alicia
Berenice Celis Gómez (Exp. T-7.535.214), la
Sala evidencia que a la accionante le fueron autorizados unos servicios para el
tratamiento de sus afecciones de salud en el municipio de Santiago de Cali, es
decir, fuera del territorio donde se encuentra domiciliada -Popayán-. Sus
condiciones económicas son insuficientes para sufragar dichos costos. Por una
parte, es madre cabeza de hogar; pertenece al régimen subsidiado de salud;
tiene tres hijos por los cuales debe responder; y, EMSSANAR EPS no se pronunció
sobre la capacidad económica de la accionante. Finalmente, conforme con la
sentencia T-259 de 2019, el no sufragar dichos costos implica una afectación al
derecho a la salud, en su faceta de continuidad. Por tal motivo, la Sala ampara
el derecho fundamental a la salud y otorga el servicio de transporte para la
accionante.
Por otro lado, la accionante no allega
prueba alguna sobre la necesidad de acompañante. Sin embargo, se
evidencia que la accionante sufre de Lupus eritematoso sistemático con
compromiso de órganos o sistemas, epilepsia no controlada y cefalea tensional.
Estos padecimientos, aun cuando no dan prueba suficiente para decretar de
manera directa la prestación de este servicio, sí son suficientes para que la
Corte proteja el derecho fundamental al diagnóstico, pues el sólo hecho de
tener epilepsia y lupus implica, por sus efectos, una imposibilidad para
desarrollar sus actividades cotidianas con eficiencia, pues eventualmente puede
sufrir episodios que conlleven a un empeoramiento de la salud si no se
encuentra acompañada de alguna persona en particular. Razón por la cual la Sala
protege el derecho fundamental al diagnóstico de la accionante.
Finalmente, la Sala realiza dos
consideraciones concretas sobre las ordenes que se proferirán producto de la
vulneración de derechos fundamentales en los casos concretos y su cumplimiento.
La declaratoria del Covid-19 como
pandemia por parte de la OMS ha implicado que los diferentes gobiernos, entre
ellos el colombiano, hayan adoptado medidas excepcionales con la finalidad de,
por una parte, mitigar los efectos del Covid-19 y, por la otra, garantizar el
funcionamiento del Estado y la sociedad. Entre dichas medidas, el Gobierno, a
través del Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó medidas para la
garantía de los derechos fundamentales a la salud y, a su vez, la correcta
prestación del servicio público de la Salud. Por tal motivo, la Sala Novena de
Revisión adopta ordenes, según las cuales, se preferirán la prestación de los
servicios médicos de los accionantes en sus respectivos domicilios.
Sin embargo, producto de la pandemia
Covid-19, la Sala considera que se deben garantizar, no solo los derechos
fundamentales de los accionantes, sino que, a su vez, se debe proteger la
integridad de las personas que realizarán el cumplimiento de las órdenes
proferidas. Por tal motivo, la Sala Novena de Revisión instará a las empresas
promotoras de salud accionadas que, con la finalidad de evitar cualquier riesgo
en la salud del profesional médico encargados de brindar los cuidados de salud
de los accionantes, brinden los equipos de bioseguridad y tomen las medidas
pertinentes para que la garantía de los derechos fundamentales de los
accionantes no conlleve consecuencias de afectaciones a la salud del
profesional médico.
V.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
PRIMERO. - LEVANTAR las
suspensiones de términos ordenadas en este proceso, la primera mediante auto de
29 de enero de 2020 por parte de la Corte Constitucional, y la segunda por el
Consejo Superior de la Judicatura a través de Acuerdos PCSJA20-11517,
PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527,
PCSJA20-11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549,
PCSJA20-11556 y PCSJA20-11581, de acuerdo con los criterios desarrollados en el
Auto 121 de 2020, proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional,
conforme con la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO. - INSTAR a
Famisanar EPS y a EMSSANAR EPS a que, con la finalidad de garantizar el derecho
a la salud de los accionantes y del personal médico encargado del cumplimiento
de las ordenes subsiguientes, garantice los elementos y equipos necesarios de
bioseguridad a los profesionales de salud y a las demás personas encargadas del
cumplimiento de las ordenes que se dispondrán en la presente parte resolutiva,
conforme con la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO.- respecto del
expediente T-7.515.907, CONFIRMAR EL ORDINAL PRIMERO de la
sentencia de segunda instancia, proferida el veintiocho (28) de junio de dos
mil diecinueve (2019) por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La
Mesa -Cundinamarca-, que confirmó parcialmente el amparo del derecho
fundamental a la salud del ciudadano Carlos Julio González Cadena, concedido
por el Juzgado Municipal de La Mesa a través de la sentencia de primera
instancia del veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019), bajo las
razones expuestas en la presente providencia.
CUARTO. - REVOCAR EL ORDINAL SEGUNDO de la
sentencia de segunda instancia, proferida el veintiocho (28) de junio de dos
mil diecinueve (2019) por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La
Mesa -Cundinamarca-, que revocó el amparo del derecho fundamental al
diagnóstico sobre del ciudadano Carlos Julio González Cadena, concedido por el
Juzgado Municipal de La Mesa a través de la sentencia de primera instancia del
veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019). En su lugar, AMPARAR
el derecho fundamental a la salud del ciudadano Carlos Julio González Cadena.
QUINTO. - En consecuencia,
ORDENAR a Famisanar EPS que, en el término de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, le envíe al domicilio de
Carlos Julio Cadena González el medicamento denominado ivabradina.
SEXTO.
- ORDENAR
a Famisanar EPS que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, en caso de que no lo tenga, realice el
estudio de bioequivalencia entre el medicamento denominado Amiodarona
con otros posibles fármacos que tengan equivalencia en su principio activo y
efecto terapéutico del señor Carlos Julio González Cadena. Lo anterior, con la
finalidad de entregarle dicho medicamento, o su equivalente, al accionante en
su domicilio. La entrega se deberá realizar directamente al domicilio del
accionante dentro de los tres (3) días siguientes a la realización del estudio
de que trata la presente orden.
SÉPTIMO.
- ORDENAR
a Famisanar EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, y si aún no lo ha hecho, garantice de
manera permanente la prestación del insumo de oxígeno, así como “la bala
portátil más carrito de transporte recargable para flujo de 2 lts/min con el
objetivo de traslado a citas médicas”. Para ello, se enviará, en el término
previsto, dicho insumo al domicilio del accionante.
OCTAVO.
- ORDENAR
a Famisanar EPS que, por intermedio de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar
-Colsubsidio- realice en el término de quince (15) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, si aún no lo ha hecho, el
procedimiento de arteriografía coronaria que le fue ordenado al
señor Carlos Julio González Cadena. Para efectos del cumplimiento de dicha
orden, Famisanar EPS deberá garantizar todas las medidas de protección al
accionante con la finalidad de no exponer al accionante al COVID-19, conforme
con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
NOVENO.
- ORDENAR
a Famisanar EPS que, en el término de cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, realice una visita domiciliaria para determinar
si son necesarios los insumos de pañales, pañitos húmedos, fajas y silla de
ruedas para garantizar el derecho fundamental a la salud de Carlos Julio González
Cadena. En caso de considerar necesarios dichos insumos, se ordena a Famisanar
EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción
del concepto expedido por la Junta Médica, proceda a otorgar dichos insumos a
Carlos Julio González Cadena.
DÉCIMO-. ORDENAR a
Famisanar EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, autorice y suministre
los servicios de transporte, alimentación y alojamiento para el señor Carlos
Julio González Cadena, de conformidad con la parte motiva de la presente
providencia.
DÉCIMO PRIMERO.- ORDENAR a
Famisanar EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de este fallo, programe una cita médica, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes con el médico tratante de Carlos Julio
González Cadena, donde determine si requiere un acompañante para desplazarse
desde su residencia a los lugares donde reciben la atención médica. En caso de
que el concepto médico indique que el accionante requiere un acompañante, la
EPS deberá garantizar su prestación dentro de los dos (2) días siguientes a
dicho concepto.
DÉCIMO
SEGUNDO. - ORDENAR a Famisanar EPS que, en el término de ocho
(8) días siguientes a la notificación de la presente providencia, y si aún no
lo ha realizado, otorgue a Carlos Julio González Cadena el servicio de atención
domiciliaria, específicamente la visita domiciliaria por enfermería durante
doce (12) horas al día y la visita domiciliaria por fisioterapia al menos tres
(3) veces a la semana.
DÉCIMO
TERCERO.- ORDENAR a Famisanar EPS que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia y en adelante, garantice el tratamiento integral en favor de Carlos
Julio González Cadena respecto de las enfermedades de las enfermedades de apnea
del sueño, arritmia cardíaca no especificada, diabetes mellitus
insulinodependiente con complicaciones múltiples, hipertensión esencial
(primaria), insuficiencia cardíaca congestiva y obesidad grado II. Lo
anterior, en procura de que sean prestados los diferentes servicios que disponga
el médico tratante con la finalidad de lograr la estabilización integral o
recuperación de las condiciones de salud del accionante. La prestación de todos
los servicios, insumos y tecnologías deberán surtirse conforme los lineamientos
del Ministerio de Salud y Protección Social y, en todo caso, se deberá preferir
la prestación del tratamiento integral en el domicilio del accionante hasta
tanto se supere la situación de salubridad pública provocada por el COVID-19.
DÉCIMO
CUARTO.- ORDENAR a Famisanar EPS que, a partir de la notificación de
la presente providencia, asuma la prestación de los servicios de salud que en
adelante pueda requerir Carlos Julio González Cadena como consecuencia de apnea
del sueño, arritmia cardíaca no especificada, diabetes mellitus
insulinodependiente con complicaciones múltiples, hipertensión esencial
(primaria), insuficiencia cardíaca congestiva, obesidad grado II, sin que
le puedan exigir los copagos o las cuotas moderadoras por los tratamientos,
medicamentos, procedimientos, exámenes, consultas y demás costos que demande la
atención de sus patologías, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
DÉCIMO
QUINTO. - ORDENAR a la Personería
Municipal de La Mesa -Cundinamarca- que, con base en sus funciones y
competencias constitucionales y legales, vigile el cumplimiento de las órdenes
proferidas en esta sentencia. Para el efecto deberá, de manera particular: (i)
rendir informes sobre las diferentes actuaciones de cumplimiento de Famisanar
EPS al Juzgado Penal Municipal de La Mesa -Cundinamarca-, quien fungió como
juzgado de primera instancia en el trámite de tutela; y (ii) en
caso de ser necesario, deberá adoptar e iniciar las medidas de protección para
la garantía de los derechos fundamentales de Carlos Julio González Cadena.
DÉCIMO SEXTO. - Respecto
del Expediente T-7.535.214, REVOCAR la sentencia proferida el
veintiséis (26) de abril de dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado Octavo
Penal Municipal con funciones de control de garantías de Popayán. En su lugar CONCEDER
el amparo del derecho fundamental a la salud de la ciudadana referida.
DÉCIMO SÉPTIMO. - ORDENAR a la
Empresa Solidaria de Salud -EMSSANAR E.S.S- que, en el término improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
autorice y suministre los servicios de transporte para la señora Alicia
Berenice Celis Gómez. Para el cumplimiento de esta orden, la Empresa Solidaria
de Salud -EMSSANAR E.S.S deberá tener en cuenta los protocolos de protección
del servicio de salud ante la Pandemia COVID-19, de conformidad con la
concertación entre la EPS accionada, Alicia Berenice Celis y su núcleo familiar.
DÉCIMO OCTAVO. - ORDENAR a
EMSSANAR EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación del fallo, programe una cita médica, la cual se deberá
llevar a cabo dentro de los siguientes diez (10) días hábiles con el médico
tratante, con la finalidad de verificar si la accionante necesita de
acompañante para acudir a los servicios de salud prescritos. En caso de
constatar la necesidad, se deberá garantizar los costos de su traslado,
viáticos y alimentación.
DÉCIMO NOVENO. LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 9 y 10 de los
cuadernos de revisión.
[2]
Folio 19 cuaderno de primera instancia.
[3]
Frente al medicamento denominado Amiodorona, la negativa de su entrega
se basó en que el producto “no está siendo comercializado actualmente”, “se
encuentra desabastecido” y porque “se encontrarán agotados en la agenda del día
14 de febrero” de 2019. Folios 71-73 del cuaderno de primera instancia.
[4]
Folios 29 y 43 cuaderno de primera instancia
[5]
Folio 55 cuaderno de primera instancia.
[6]
Folio 63 cuaderno de primera instancia.
[7]
Folio 65 cuaderno de primera instancia.
[8]
Folio 37 cuaderno de primera instancia.
[9] En el escrito de
tutela, el accionante afirmó que Famisanar EPS no le entregó los medicamentos
denominados amiodarona e ivabradina, y tampoco le suministró el oxígeno
permanente, así como no le ha sido practicado el procedimiento de arteriografía
coronaria; y, finalmente, manifestó que no le ha sido otorgado el transporte,
alimentación y estadía para él y su acompañante, para recibir atención en salud
en ciudad distinta a la que reside; y, como parte de su tratamiento, necesita
pañales, cremas, fajas y silla de ruedas.
[10]
Folio 6 cuaderno de primera instancia.
[11] Folio 108 del
cuaderno de primera instancia.
[12]
Folios 19 y 21 cuaderno principal.
[13]
Folio 12 cuaderno principal.
[14]
Folio 17 cuaderno principal.
[15] En este sentido la Sala debe aclarar que de acuerdo con la ley
1438 de 2011 cambió la denominación a Plan de Beneficios en Salud que se
actualiza anualmente.
[16] Folio 13 del cuaderno
de primera instancia.
[17] Folio 14 del cuaderno
de primera instancia.
[18] Folio 15 del cuaderno
de primera instancia.
[19] Folio 16 del cuaderno
de primera instancia.
[20] Folio 17 del cuaderno
de primera instancia.
[21] Folio 19 del cuaderno
de primera instancia.
[22] Folios 20 a 22 del
cuaderno de primera instancia.
[23] Folio 23 del cuaderno
de primera instancia.
[24] Folio 24 del cuaderno
de primera instancia.
[25] Folio 25 del cuaderno
de primera instancia.
[26] Folios 26 y 27 del
cuaderno de primera instancia.
[27] Folios 28 y 29 del
cuaderno de primera instancia.
[28] Folios 30 a 32 del
cuaderno de primera instancia.
[29] Folios 33 a 37 del
cuaderno de primera instancia.
[30] Folio 38 del cuaderno
de primera instancia.
[31] Folio 39 del cuaderno
de primera instancia.
[32] Folio 40 del cuaderno
de primera instancia.
[33] Folio 41 del cuaderno
de primera instancia.
[34] Folios 42 y 43 del cuaderno
de primera instancia.
[35] Folio 44 del cuaderno
de primera instancia.
[36] Folio 45 del cuaderno
de primera instancia.
[37] Folio 46 del cuaderno
de primera instancia.
[38] Folio 47 del cuaderno
de primera instancia.
[39] Folio 48 del cuaderno
de primera instancia.
[40] Folio 49 del cuaderno
de primera instancia.
[41] Folio 50 del cuaderno
de primera instancia.
[42] Folio 51 del cuaderno
de primera instancia.
[43] Folio 52 del cuaderno
de primera instancia.
[44] Folio 53 del cuaderno
de primera instancia.
[45] Folio 54 del cuaderno
de primera instancia.
[46] Folio 55 del cuaderno
de primera instancia.
[47] Folio 56 del cuaderno
de primera instancia.
[48] Folio 57 del cuaderno
de primera instancia.
[49] Folio 58 del cuaderno
de primera instancia.
[50] Folio 59 del cuaderno
de primera instancia.
[51] Folio 60 del cuaderno
de primera instancia.
[52] Folio 61 del cuaderno
de primera instancia.
[53] Folio 62 del cuaderno
de primera instancia.
[54] Folio 63 del cuaderno
de primera instancia.
[55] Folio 64 del cuaderno
de primera instancia.
[56] Folios 65 y 66 del
cuaderno de primera instancia.
[57] Folios 67 y 68 del
cuaderno de primera instancia.
[58] Folios 69 y 70 del
cuaderno de primera instancia.
[59] Folio 71 del cuaderno
de primera instancia.
[60] Folio 72 del cuaderno
de primera instancia.
[61] Folio 73 del cuaderno
de primera instancia.
[62] Folios 85 a 94 del
cuaderno de primera instancia.
[63] Folios 2, 3 y 4 del
cuaderno de revisión.
[64] Folio 5 del cuaderno
de revisión.
[65] Folio 6 del cuaderno
de revisión.
[66] Folios 7 a 11 del
cuaderno de revisión.
[67] Folio 12 del cuaderno
de revisión.
[68] Folio 8 del cuaderno
de instancia.
[69] Folios 6 y 7 del
cuaderno de instancia.
[70] Folio 9 del cuaderno
de instancia.
[71] Folio 10 del cuaderno
de instancia.
[72] Folio 11 del cuaderno
de instancia.
[73] Folio 12 del cuaderno
de instancia.
[74] Folios 13 y 13
reverso del cuaderno de instancia.
[75] Folios 14 y 16 del
cuaderno de instancia.
[76] Folio 15 del cuaderno
de instancia.
[77] Folio 17 del cuaderno
de instancia.
[78] Folio 18 del cuaderno
de instancia.
[79] Folio 19 del cuaderno
de instancia.
[80] Folio 20 del cuaderno
de instancia.
[81] Folios 21 y 22 del
cuaderno de instancia.
[82] Folios 23 y 24 del
cuaderno de instancia.
[83]
Folio 19 cuaderno de primera instancia.
[84]
Frente al medicamento denominado Amiodorona, la negativa de su entrega
se basó en que el producto “no está siendo comercializado actualmente”, “se
encuentra desabastecido” y porque “se encontrarán agotados en la agenda del día
14 de febrero” de 2019. Folios 71-73 del cuaderno de primera instancia.
[85]
Folio 8 del cuaderno de revisión. En dicho folio se establece que las
condiciones de la prestación de oxígeno debe comprender: “Bala portatil mas
carrito de transporte recargable para flujo de 2 lts/min con el objetivo de
traslado de citas médicas”.
[86] Folios
29 y 43 cuaderno de primera instancia
[87]
Folio 68 del cuaderno de primera instancia.
[88]
Folio 27 del cuaderno de primera instancia.
[89]
Folio 55 cuaderno de primera instancia.
[90]
Folio 63 cuaderno de primera instancia.
[91]
Folio 65 cuaderno de primera instancia.
[92]
Folio 37 cuaderno de primera instancia.
[93]
Folio 29 del cuaderno de primera instancia.
[94]
Folio 14 del cuaderno de primera instancia.
[95]
Folio 19 del cuaderno de primera instancia.
[96]
Folios 49, 50 y 51 del cuaderno de primera instancia.
[97]
Folios 21, 38 y 39 del cuaderno de primera instancia.
[98]
Folio 21 del cuaderno de primera instancia.
[99]
Folios 47 y 48 del cuaderno de primera instancia.
[100]
Folio 2 del cuaderno de revisión.
[101] Cfr.
Folio 11 del cuaderno de revisión. El análisis del médico internista de la
E.S.E Hospital Pedro Leonel Álvarez aseveró que “dada (sic) la necesidad de
traslados para estudios periprocedimiento durante al menos tres veces a la
semana y marcada alteración funcional para actividades de la vida cotidiana, se
considera que el paciente no puede ser transportado por medio de servicio
público convencional (...) requiere traslado en transporte particular
autorizado por la EPS.”
[102]
Folio 5 del cuaderno de revisión.
[103] Cfr.
Folio 11 del cuaderno de revisión. De acuerdo con lo establecido por el
hospital, y “dado que el núcleo familiar del paciente consiste en su esposa, la
cual trabaja de forma diaria para sostenimiento económico de la familia, el
paciente no puede ser vigilado por la misma y, ante riesgo potencial de
complicaciones a corto plazo y marcada limitación funcional de origen
cardiogénico, requiere cuidado de enfermería domiciliaria durante al menos 12
horas al día y terapia física de rehabilitación cardiovascular durante al menos
3 veces por semana”.
[104] En el expediente
T-7.535.214, Emssanar ESS negó a Alicia Berenice Celis Gómez los viáticos para
ella y un acompañante con el fin de recibir atención médica en lugar distinto
al de su residencia. Lo anterior por considerar que no existe orden médica que
respalde la necesidad de dicho servicio
[105] En
el caso del expediente. T-7.515.907 la EPS no garantizó al señor Carlos Julio
Gonzáles Cadena los tratamientos prescritos por el médico tratante, la entrega
continua de medicamentos e insumos, pese a existir prescripción médica, así
como no suministrar viáticos y atención domiciliaria.
[106] Aprobado en el ordenamiento colombiano mediante la Ley 74 de
1968.
[107] Artículo 2º.
[108] La disponibilidad se refiere a la existencia de
suficientes servicios, tecnologías e instituciones para asegurar prestaciones
en salud en condiciones sanitarias adecuadas, así como de programas de salud,
medicamentos, personal médico y profesional competente
[109] La aceptabilidad implica que todos los agentes del sistema
deben respetar la ética médica, la diversidad de género y las diferencias
culturales y etarias entre las personas. Para asegurarlo, debe permitirse la
participación de los usuarios en las decisiones que les afecten y garantizar la
confidencialidad de su información.
[110] La calidad e idoneidad profesional atañe a la necesidad de
que el servicio responda a conceptos médicos y técnicos, como a estándares de
calidad aceptados por las comunidades científicas, lo que conduce a la
necesidad de que se preste con “personal médico capacitado, medicamentos y
equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia
potable y condiciones sanitarias adecuadas” (Ley 1751 de 2015. Artículo 4).
[111] “No discriminación. Conforme este imperativo, los bienes y
servicios de salud “deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores
más vulnerables y marginados de la población” Sentencia T-409 de 2019
[112] “Accesibilidad física. Según esta exigencia los servicios
de salud deben estar al “alcance geográfico de todos los sectores de la
población, en especial [de] los grupos vulnerables o marginados, como las
minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los
adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las
personas con VIH/SIDA”. Según este mandato, se espera que los servicios se
encuentren ofertados a una “distancia geográfica razonable” y en edificaciones
a las que las personas en condición de discapacidad física puedan ingresar en
forma autónoma.” Sentencia T-409 de 2019.
[113] “Acceso a la información. Las personas tienen el derecho a
solicitar, recibir y difundir información e ideas sobre temas de salud, sin
comprometer la confidencialidad de sus datos personales.” Sentencia T-409 de
2019.
[114] “Accesibilidad económica (asequibilidad). Los bienes y
servicios relacionados con el sector de la salud, deben estar al alcance de los
miembros de la sociedad. Para ello el pago por la atención médica y los insumos
que requiera un tratamiento, deben responder a criterios de equidad y asegurar
que los grupos socioeconómicamente más vulnerables puedan acceder a la
totalidad de la oferta, sin discriminación en razón de la capacidad económica
que tengan para asumir su costo.” Sentencia T-409 de 2019.
[115] Sentencias T-884 de 2003, T-739 de 2004, T-223 de 2005, T-905 de
2005, T-1228 de 200, T-1087 de 2007, T-542 de 2009 y T-550 de 2009.
[116] Ibídem.
[117] Corte Constitucional.
Sentencias T-010 de 2019.
[118] Corte Constitucional. Sentencia T-092 de 2018.
[119] Corte Constitucional. Sentencia T-092 de 2018.
[120] Corte Constitucional. Sentencia T-092 de 2018.
[121] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019.
[122] Decreto 3215 de 2019.
Inciso 1°.
[123] Decreto 3215 de 2019.
Inciso 1°, numeral 1°.
[124] Decreto 3215 de 2019.
Inciso 1°, numeral 2°.
[125] Corte Constitucional.
Sentencias T-491 de 2018 y T-259 de 2019.
[126] Corte Constitucional.
Sentencia T-491 de 2018.
[127] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019.
[128] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019.
[129] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019.
[130] Resolución 1885 de
2018 “Por medio la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de
prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la
información de tecnologías en salud no financiadas con recursos UPC de
servicios complementarios y se dictan otras disposiciones”.
[131] Se reitera que la
prima adicional es “un valor destinado a los departamentos y regiones en los
cuales por haber menor densidad poblacional se generan sobrecostos en la
atención, entre otras razones, por el traslado de pacientes. De tal forma, en
esas áreas geográficas no se cuenta con la totalidad de red prestadora
especializada, ni de alto nivel de complejidad, por tanto, la necesidad de
traslado a otro centro urbano donde se cubran estos servicios motiva la
asignación de un pago adicional por parte del Estado”. En razón de lo anterior,
la Corte Constitucional ha precisado que: “Se infiere que las zonas que no son
objeto de prima por dispersión, cuentan con la totalidad de infraestructura y
personal humano para la atención en salud integral que requiera todo usuario,
por consiguiente, no se debería necesitar trasladarlo a otro lugar donde le
sean suministradas las prestaciones pertinentes. En tal contexto (…) se presume
que en el domicilio del usuario existe la capacidad para atender a la persona,
pues, en caso contrario, es responsabilidad directa de la EPS velar por que se
garantice la asistencia médica” (Resalta la Sala). Bajo ese entendido, esta
Corporación ha establecido dos subreglas: (i) “en las áreas a donde se destine
la prima adicional, esto es, por dispersión geográfica, los gastos de
transporte serán cubiertos con cargo a ese rubro”; y (ii) “en los lugares en
los que no se reconozca este concepto se pagarán por la unidad de pago por
capitación básica” .
[132] Corte Constitucional.
Sentencia T-405 de 2017.
[133] Corte Constitucional. Sentencias T-650 de 2015 y T-003 de 2006.
[134] Corte Constitucional. Sentencia T-197 de 2003 y T-557 de 2016.
[135] Corte Constitucional. Sentencia T-309 de 2018 y T-329 de 2018.
[136] Ver sentencia Corte Constitucional. Sentencias T-597 de 2016 y
T-329 de 2018.
[137] Corte Constitucional. Sentencias T-464 de 2018, T-491 de 2018 y
T-259 de 2019
[138] Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2018.
[139] Corte Constitucional. Sentencias T-074 de 2017, T-002 de 2016,
T-487 de 2014, T-206 de 2013, T-523 de 2011 y T-405 de 2017, entre otras.
[140] Sistema
de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales, el cual corresponde a
una herramienta, que estructurada a partir de un conjunto de reglas, normas y
procedimientos permite obtener información socioeconómica actual y exacta de
los diferentes grupos sociales en todo el país. Sentencia T-487 de 2014
reiterada las Sentencias T-022 de 2011 y T-405 de 2017.
[141] Ver
sentencia T-849 de 2008b y T-329 de 2018: “Ordenó a la EPS-S Savia Salud,
garantice el servicio de transporte del señor Guillermo de Jesús Soto Grajales
y su acompañante, dentro de la ciudad de Medellín de ida y regreso desde su
residencia hasta el lugar donde le son practicadas las hemodiálisis. Este
cubrimiento en transporte se hará con la frecuencia que su tratamiento lo
exija. La accionada podrá igualmente recobrar, ante el ente territorial, por
los costos en que incurra en cumplimiento de la orden judicial aquí impartida.”
[142] Artículo 26. Atención domiciliaria. La atención en la modalidad
domiciliaria como alternativa a la atención hospitalaria institucional está
financiada con recursos de la UPC en los casos que considere pertinente el
profesional tratante, bajo las normas de calidad vigentes. Esta financiación
está dada sólo para el ámbito de la salud. Parágrafo. En sustitución de la
hospitalización institucional, conforme con la recomendación médica, las EPS o
las entidades que hagan sus veces, serán responsables de garantizar que
condiciones en el domicilio para esta modalidad de atención, sean las adecuadas
según lo dispuesto en las normas vigentes.
[143] Corte Constitucional. Sentencias T-065 de 2018, T-464 de 2018,
T-154, T-568 de 2014 y T-414 de 2016.
[144] Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 2016.
[145] Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 2016.
[146] Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 2016.
[147] Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 2016. En relación con el
derecho al diagnóstico, en la sentencia T-366 de 1999 se precisó: “El derecho a
la seguridad social, ligado a la salud y a la vida de los afiliados al sistema
y de sus beneficiarios, no solamente incluye el derecho a reclamar atención
médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, tratamientos y medicinas, sino
que incorpora necesariamente el derecho al diagnóstico, es decir, la seguridad
de que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de precisar la
situación actual del paciente en un momento determinado, con miras a
establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada y controlar oportuna y
eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le serán
practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y
pruebas que los médicos ordenen.” Este derecho ha sido desarrollado por esta
Corporación en diferentes sentencias, entre las que se encuentran, entre otras,
las sentencias T-367 de 1999, T-289 y T-849 de 2001, T-1027 de 2005, T-690A de
2007, T-717 de 2009, T-639 del 2011, T-025 del 2013, T-033 del 2013, T-737 del
2013, T-433 del 2014.
[148] La sentencia T-760 de 2008 precisó que “la persona competente
para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud, es el médico
tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y
por ser quien conoce al paciente. La jurisprudencia constitucional ha
considerado que el criterio médico relevante es el que de aquel que se
encuentra adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del
servicio.” En el pie de página 167 de la referida sentencia, se establece que
este criterio de competencia ha sido ampliamente desarrollado en la
jurisprudencia constitucional. Sugiere para su consulta las sentencias T-271 de
1995, SU-480 de 1997, SU-819 de 1999, T-414 de 2001, T-786 de 2001, T-344 de 2002
y T-100 de 2016, entre otras.
[149] Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 2016.
[150] Corte Constitucional. Sentencias T-760 de 2008 y T-100 de 2016.
[151] Corte Constitucional. Sentencias T-760 de 2008 y T-100 de 2016.
[152] Corte Constitucional. Sentencias T-760 de 2008 y T-100 de 2016.
[153] Corte Constitucional. Sentencias T-760 de 2008 y T-100 de 2016.
[154] Corte Constitucional. Sentencias T-760 de 2008 y T-100 de 2016.
[155] Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2012.
[156] Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2012.
[157] Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2012. De modo similar,
en la sentencia T-025 de 2013, ésta Sala de Revisión estudió el caso de una
menor de edad a la que un neuropediatra particular le ordenó un encefalograma a
fin de establecer si el parpadeo que presentaba era un agravante de la
epilepsia focal que padecía. En esa oportunidad, esta Sala de Revisión concluyó
que el derecho a la salud, en su faceta de diagnóstico, había sido vulnerado
comoquiera que la simple negativa de la entidad promotora de salud impidió que
se estudiara el concepto médico externo y, en consecuencia, que se afrontara la
patología “con una valoración adecuada que le permitiera [a la menor] recibir
la prescripción de los tratamientos [requeridos]”. En efecto, este Tribunal ordenó
que se practicara una valoración médica a la menor a cargo de dos especialistas
adscritos a su red prestacional. Si en esta valoración se determinaba la
pertinencia del examen ordenado por el médico externo, la entidad accionada
debía practicarlo sin exigirle a la menor o su representante el cumplimiento de
trámites administrativos innecesarios que obstaculizaran el goce efectivo de su
derecho fundamental a la salud.
[158] Corte Constitucional. Sentencia T- 760 de 2008: “Décimo
octavo.- Ordenar a la Comisión de Regulación en Salud la actualización
de los Planes Obligatorios de Salud por lo menos una vez al año, con base en
los criterios establecidos en la ley. La Comisión presentará un informe anual a
la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación indicando,
para el respectivo período, (i) qué se incluyó, (ii) qué no se
incluyó de lo solicitado por la comunidad médica y los usuarios, (iii)
cuáles servicios fueron agregados o suprimidos de los planes de beneficios,
indicando las razones específicas sobre cada servicio o enfermedad, y (iv)
la justificación de la decisión en cada caso, con las razones médicas, de salud
pública y de sostenibilidad financiera. En caso de que la Comisión de
Regulación en Salud no se encuentre integrada el 1° de noviembre de 2008, el
cumplimiento de esta orden corresponderá al Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud. Cuando sea creada la Comisión de Regulación ésta deberá asumir
el cumplimiento de esta orden y deberá informar a la Corte Constitucional el
mecanismo adoptado para la transición entre ambas entidades.
[159] Gaceta del Congreso
116/2013, p. 2: “Con el paso de los años, los colombianos han identificado
los inconvenientes de mayor relevancia en la operación del SGSSS:
a) En término de los servicios
que los ciudadanos reciben, así:
1. Acceso inoportuno a los
servicios en los diferentes niveles de complejidad (desde la promoción hasta la
recuperación), siendo una muestra de ello, los tiempos que toman los pacientes
con enfermedades de alto costo en ser diagnosticados e iniciados sus
tratamientos.
2. Problemas de Calidad en la
prestación de los servicios (determinado este atributo virtuoso en función de
idoneidad, tecnología y seguridad) que a la postre determine el nivel de
satisfacción del usuario y el mejoramiento o deterioro de su estado de salud o
enfermedad.
b) En término del uso de las
herramientas disponibles:
1. La ineficiencia en el uso de
los recursos, conociendo que Colombia tiene un gasto de salud comparativamente
elevado frente a otros países de la región y del mundo, que deberían reflejarse
en mejores indicadores de resultado en salud.
2. Debilidad en la articulación
entre el rector del sistema y quien ejerce la función exclusiva del Estado en
términos de la vigilancia y el control del SGSSS.
3. El énfasis histórico en el
enfoque curativo antes que en el promocional y preventivo determinado en sus
inicios por la norma y que con el paso del tiempo se ha perdido de vista, lo
que se refleja en el deterioro de algunos indicadores trazadores de salud.
4. Iliquidez y recientemente
dudas sobre la sostenibilidad del SGSSS a causa de la reciente homologación del
POS y la prima determinada en dicho proceso, coyuntura que ha sido el detonante
de una crisis.
5. La explosión tecnológica ha
elevado los costos en salud en todo el mundo por el aumento exagerado del lucro
en las empresas de bienes y servicios relacionados con la atención médica. La
industria farmacéutica y de tecnologías biomédicas son negocios transnacionales
que ejercen presión sobre los sistemas de salud del mundo que exigen pactos
sociales y políticos para su control y autorregulación”.
[160]
Gaceta del Congreso 116/2013, p. 3.
[161] Gaceta del Congreso
300/2013, p. 20. Ello puede verificarse en el curso del proyecto de la LeS. En
la ponencia ante el Senado, se indicó que la filosofía de la ley consiste en
que “todos los bienes y servicios que en materia de salud requiera un individuo
se encuentren cubiertos” a menos que se trate de aquellos que constituyen un
límite al derecho fundamental a la salud los cuales se encontrarán en una lista
expresa de exclusiones.
[162] Gaceta del Congreso
306/2013, p. 2. En sentido similar, la ponencia presentada y aprobada ante la
Cámara de Representantes indicó que el derecho fundamental a la salud se
garantiza por medio de un plan de salud implícito para todas las personas y, en
caso de que los servicios y tecnologías “no cumplan con los criterios
científicos o de necesidad, serán explícitamente excluidos por la autoridad
competente, previo un procedimiento técnico científico, de carácter público,
colectivo, participativo y transparente”.
[163] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2019.
[164] Véase, Gaceta del
Congreso 306/2013, p. 6.
[165] Corte Constitucional. Sentencia T- 235 de 2018.
[166] La Corte
Constitucional condicionó estos criterios y sostuvo que son constitucionales, “siempre y cuando no tenga lugar la aplicación de las
reglas trazadas por esta Corporación para excepcionar esa restricción del
acceso al servicio de salud y, en el caso concreto, no se afecte la dignidad
humana de quien presenta el padecimiento”. Corte Constitucional. Sentencia C- 313 de 2014.
[167] La Corte consideró
que esta disposición debía leerse con dos precisiones. La primera consiste en
que “[c]uando un médico tratante considera que cuenta con información
técnica y científica para usar un medicamento, como se indicó, su opinión sólo
podrá ser controvertida con base en información del mismo carácter. Sólo con
base en información científica aplicada al caso concreto de la persona de que
se trate, podría una entidad del Sistema de Salud obstaculizar el acceso al
medicamento que le ordenó su médico tratante. Por tanto, los medicamentos que
aún no han sido autorizados por el INVIMA deben ser suministrados cuando una
persona los requiera, con base en la mejor evidencia científica disponible
(…)”. Corte Constitucional. Sentencia T- 418 de 2011, reiterada en sentencia C-
313 de 2014; mientras que la segunda indica que (i) toda persona tiene el derecho constitucional a acceder a los
servicios que requiera;  (ii) el conocimiento científico, aplicado al caso
concreto del paciente, son los criterios mínimos para establecer si un servicio
de salud se requiere;  (iii) cuando el servicio de salud que se requiera
es un medicamento, este deber ser ordenado de acuerdo con su principio activo,
salvo casos excepcionales y  (iv) los medicamentos que aún no han sido autorizados
por el INVIMA deben ser suministrados cuando se requieran, con base en la mejor
evidencia científica disponible”. Corte
Constitucional. Sentencia T- 539 de 2013, reiterada en la sentencia C- 313
de 2014.
[168] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2014: “El inciso 3º del
artículo en estudio prescribe que los servicios y tecnologías que cumplan con
tales criterios serán excluidos por la autoridad competente previo un
procedimiento participativo. Además, establece el deber de contar con expertos
y prohíbe el fraccionamiento de un servicio previamente cubierto. Para el
Tribunal Constitucional, esta preceptiva resulta constitucional, pues, de un
lado, es compatible con el postulado de la participación ya revisado en el
artículo 12 del Proyecto y, de otro, resulta ajustado al principio de
integralidad, avalado por esta Corporación al pronunciarse sobre el artículo 8
del Proyecto, dado que se proscribe el fraccionamiento de un servicio de salud
previamente cubierto”.
[169] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2014.
[170] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2014.
[171] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2014: “Observa la Corte que el vocablo “alcance” empleado
por el legislador estatutario, alude, en una de las acepciones de la RAE, a:
significación, efecto o trascendencia de algo”. Con lo cual, la duda se
presenta en cuanto al efecto que pueda causar el servicio o tecnología en la
persona que presenta el padecimiento. En este punto, advierte la Corporación
que la incertidumbre a la que se refiere en la disposición, no obsta para que
se conceda la prestación del servicio o tecnología, pues, lo que se determinó
por legislador estatutario, es que la situación se debe resolver en favor de
quien depreca el servicio o tecnología.
Para la Sala, esta provisión debe
conducir a asegurar la prestación del servicio, tal como lo ha manifestado el
Gobierno en su intervención. En el ámbito de la salud, la duda sobre el alcance
del servicio o tecnología, puede desembocar en consecuencias letales para quien
espera el servicio y, por ello, en esas circunstancias se impone brindar la
atención necesaria. No es admisible que la incertidumbre sobre el efecto de un
procedimiento, se resuelva con el daño a quien está pendiente del suministro
del servicio o tecnología. Permitir esta última situación, quebranta los
mandatos constitucionales de realización efectiva de los derechos,
particularmente, atenta contra la dignidad humana y desconoce que el bienestar
del ser humano es un propósito del sistema de salud.
Para el Tribunal Constitucional,
tal como lo expresa el Gobierno, el precepto es una expresión del
principio pro homine, previamente considerado y avalado por esta
Corporación cuando se analizó el literal b del artículo 6 de este
mismo cuerpo legal bajo control de constitucionalidad”.
[172] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2014.
[173] Corte
Constitucional.
Sentencia SU- 480 de 1997, reiterada por las sentencias T- 237 de 2003, T- 760
de 2008 y C-313 de 2014.
[174] Corte Constitucional.
Sentencia T-841 de 2012.
[175] Corte Constitucional.
Sentencia T-235 de 2018.
[176] Corte Constitucional.
Sentencia T-841 de 2012.
[177] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias SU-819 de 1999, T-113 de
2002, T-683 de 2003, T-752 de 2012 y T-171 de 2016.
[178] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 093 de 2018.
[179] Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. 1), recuperado en https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN14.
[180] Corte
Constitucional.
Sentencia T- 586 de 2013, reiterada en la sentencia C- 313 de 2014.
[181] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2014.
[182] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2014.
[183] Corte
Constitucional.
Sentencia C- 313 de 2014.
[184] Corte
Constitucional.
Sentencia C-313 de 2018.
[185] Véase Corte
Constitucional.
Sentencia C-313 de 2018.
[186] El listado de
servicios y tecnologías excluidos se encuentra en la Resolución 244 de 2019 “Por
la cual se adopta el listado de servicios y tecnologías que serán excluidas de
la financiación con recursos públicos asignados a la salud”, proferida por
el Ministerio de Salud y Protección Social.
[187] Corte Constitucional.
Sentencia T-736 de 2004 y T-124 de 2016.
[188] Corte Constitucional.
Sentencia T-050 de 2019.
[189] Corte Constitucional.
Sentencia T-050 de 2019.
[190] Corte Constitucional.
Sentencia T-050 de 2019.
[191] Corte Constitucional.
Sentencia T-050 de 2019.
[192] Corte Constitucional. Sentencia T- 235 de 2018.
[193] Corte Constitucional. Sentencia T- 760 de 2008,
reiterada en sentencia T- 235 de 2018. Según la jurisprudencia constitucional,
los requisitos para que el dictamen médico externo sea vinculante a la EPS
donde el accionante está afiliado son: a) ésta conoce la historia clínica
particular de la persona y, al tener conocimiento de la opinión emitida por el
médico externo, no descarta aquella con base en información científica; b) los
médicos tratantes adscritos a la empresa promotora de salud valoraron
inadecuadamente al usuario; c) el paciente no ha sido sometido si quiera a
valoración de los especialistas que sí están adscritos a la empresa promotora
de salud y; d) la entidad ha valorado y aceptado los conceptos de médicos no
inscritos como tratantes.
[194] Si el usuario decide
acudir a un médico externo a la red de la empresa promotora de salud, las
prescripciones que éste haga deberán someterse a un conjunto de reglas. Ello
con la finalidad de garantizar un adecuado funcionamiento del sistema. Estas
reglas son: (a) el usuario deberá dar a conocer a la empresa
promotora de salud (a través de su médico tratante) la prescripción médica
formulada por el médico externo; (b) el profesional en salud
deberá verificar la prescripción médica y ajustarla a los formatos,
herramientas tecnológicas y protocolos establecidos por los reglamentos; (c)
la prescripción médica no podrá emplearse para omitir procedimientos
reglamentarios (por ley o resolución); (d) en caso de
contradicción, deberá valorarse médicamente al usuario (diagnóstico), para
determinar su estado de salud y los servicios y tecnologías que requiera, y; (e)
en caso de descartarse la prescripción médica externa, deberán mediar
argumentos médicos y científicos.
[195] Ver Sentencia T-584 de 31 de julio de 2007. Al respecto, dicha
sentencia define estos principios de la siguiente manera: 1. Equidad. Las
cuotas moderadoras y los copagos en ningún caso pueden convertirse en una
barrera para el acceso a los servicios, ni ser utilizados para discriminar la
población en razón de su riesgo de enfermar y morir, derivado de sus
condiciones biológicas, sociales, económicas y culturales.
2. Información al usuario.
Las Entidades Promotoras de Salud deberán informar ampliamente al usuario sobre
la existencia, el monto y los mecanismos de aplicación y cobro de cuotas
moderadoras y copagos, a que estará sujeto en la respectiva entidad. En todo
caso, las entidades deberán publicar su sistema de cuotas moderadoras y copagos
anualmente en un diario de amplia circulación.
3. Aplicación general. Las
Entidades Promotoras de Salud, aplicarán sin discriminación alguna a todos los
usuarios tanto los copagos como las cuotas moderadoras establecidos, de
conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo.
4. No simultaneidad. En
ningún caso podrán aplicarse simultáneamente para un mismo servicio copagos y
cuotas moderadoras
[196] Corte Constitucional. Sentencia T-148 de 2016
[197]  Artículo 9º. Monto de copagos por afiliado beneficiario. El
valor por año calendario permitido por concepto de copagos se determinará para
cada beneficiario con base en el ingreso del afiliado cotizante expresado en
salarios mínimos legales mensuales vigentes, de la siguiente manera: // 1. Para
afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes el 11.5% de las tarifas pactadas por la EPS con las
IPS, sin que el cobro por un mismo evento exceda del 28.7% del salario mínimo
legal mensual vigente. //  2. Para afiliados cuyo ingreso base de cotización
esté entre dos y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 17.3% de
las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin que exceda del 115% de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, por un mismo evento.  //  3. Para
afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor a cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, el 23% de las tarifas pactadas por la EPS
con las IPS, sin que por un mismo evento exceda del 230% de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.  // Parágrafo. Para efectos del presente acuerdo
se entiende por la atención de un mismo evento el manejo de una patología
específica del paciente en el mismo año calendario.
[198] a) cáncer de cérvix;
b) cáncer de mama; c) cáncer de estómago; d) cáncer de colon y recto; e) cáncer
de próstata; f) leucemia linfoide aguda; g) leucemia mieloide aguda; h) linfoma
hodgkin; i) linfoma no hodgkin; j) epilepsia; k) artritis reumatoidea; y, l)
infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
[199] Corte Constitucional.
Sentencia T-402 de 2018.
[200] Corte Constitucional.
Sentencia T-402 de 2018.
[201] Corte Constitucional.
Sentencia T-402 de 2018.
[202] Corte Constitucional.
Sentencia T-402 de 2018.
[203] Corte Constitucional.
Sentencia T-402 de 2018.
[204] Corte Constitucional.
Sentencia T-676 de 2014.
[205] Ver Sentencia T-697 de 2007 y T-148 de 2016
[206]
Sobre este particular la Corte Constitucional ha sostenido que para las
personas que padecen una enfermedad catastrófica, existe una urgencia en la
prestación del servicio a la salud y ha ratificado que procede la regla de no
exigibilidad de los copagos correspondientes por considerarse que ante esa
reclamación se pueden ver afectados derechos fundamentales.
[207] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-743 y T-148 de 2016
[208] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-330 de 2006 y T-148 de 2016
[209] El demandante se había sometido a dos cirugías de angioplastia
coronaria, en la primera de ellas practicada en el 2005 se le implantó los
stents coronarios convencionales no recubiertos, expresamente contemplados en
el POS. Sin embargo, hacia finales del 2005 el demandante volvió al servicio de
urgencias de la Fundación, donde meses antes se había realizado la operación,
presentando dolor en el pecho, dificultad para caminar, subir o bajar escaleras
y dificultad para respirar, por eso no debe estar sometido a pagos
innecesarios.
[210] Corte Constitucional. Sentencia T-984 de 2006.
[211] Corte Constitucional. Sentencias T-697 de 2007 y T-148 de 2016
[212] Corte Constitucional.
Sentencia T-365 de 2009 y T-259 de 2019.
[213] Corte Constitucional.
Sentencias T-445 de 2017, T-062 de 2017, T-408 de 2011, T-1059 de 2006, T-062
de 2006, T-730 de 2007, T-536 de 2007, T-421 de 2007 y T-081 de 2019.
[214] Corte Constitucional.
Sentencia T-760 de 2008 y T-081 de 2019.
[215] Corte Constitucional.
Sentencia T-081 de 2019.
[216] Corte Constitucional.
Sentencia T-062 de 2017.
[217] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019.
[218] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019.
[219] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019.
[220] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019 -lo resaltado no hace parte de la providencia citada-.
[221] Corte Constitucional.
Sentencia T-259 de 2019.
[222]
Corte Constitucional. Sentencia T-590 de 2014.
[223]
Corte Constitucional. Sentencias T-163 de 2017, T-519 de 2017, T-304 de 2018 y
T-211 de 2019, entre otras.
[224]
Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993.
[225]
Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993.
[226]
Corte Constitucional. Sentencias T-225 de 1993, T-898 de 2008, T-014 de 2015 y
T-322 de 2016.
[227] Cfr.
Corte Constitucional. Sentencias T-114 de 2019, T-344 de 2019 y T-449 de 2019.
[228]
Corte Constitucional. Sentencia SU-124 de 2018.
[229]
Folio 19 cuaderno de primera instancia.
[230]
Frente al medicamento denominado Amiodorona, la negativa de su entrega
se basó en que el producto “no está siendo comercializado actualmente”, “se
encuentra desabastecido” y porque “se encontrarán agotados en la agenda del día
14 de febrero” de 2019. Folios 71-73 del cuaderno de primera instancia.
[231]
Folio 8 del cuaderno de revisión. En dicho folio se establece que las
condiciones de la prestación de oxígeno debe comprender: “Bala portatil mas
carrito de transporte recargable para flujo de 2 lts/min con el objetivo de
traslado de citas médicas”.
[232]
Folios 29 y 43 cuaderno de primera instancia
[233]
Folio 68 del cuaderno de primera instancia.
[234]
Folio 27 del cuaderno de primera instancia.
[235]
Folio 55 cuaderno de primera instancia.
[236]
Folio 63 cuaderno de primera instancia.
[237]
Folio 65 cuaderno de primera instancia.
[238]
Folio 37 cuaderno de primera instancia.
[239]
Folio 29 del cuaderno de primera instancia.
[240] En el escrito de
tutela, el accionante afirmó que Famisanar EPS no le entregó los medicamentos
denominados amiodarona e ivabradina, y tampoco le suministró el oxígeno
permanente, así como no le ha sido practicado el procedimiento de arteriografía
coronaria; y, finalmente, manifestó que no le ha sido otorgado el transporte,
alimentación y estadía para él y su acompañante, para recibir atención en salud
en ciudad distinta a la que reside; y, como parte de su tratamiento, necesita
pañales, cremas, fajas y silla de ruedas.
[241]
Folio 14 del cuaderno de primera instancia.
[242]
Folio 19 del cuaderno de primera instancia.
[243]
Folios 49, 50 y 51 del cuaderno de primera instancia.
[244]
Folios 21, 38 y 39 del cuaderno de primera instancia.
[245]
Folio 21 del cuaderno de primera instancia.
[246]
Folios 47 y 48 del cuaderno de primera instancia.
[247]
Folio 2 del cuaderno de revisión.
[248] Cfr.
Folio 11 del cuaderno de revisión. El análisis del médico internista de la
E.S.E Hospital Pedro Leonel Álvarez aseveró que “dada (sic) la necesidad de
traslados para estudios periprocedimiento durante al menos tres veces a la
semana y marcada alteración funcional para actividades de la vida cotidiana, se
considera que el paciente no puede ser transportado por medio de servicio
público convencional (...) requiere traslado en transporte particular
autorizado por la EPS.”
[249]
Folio 5 del cuaderno de revisión.
[250] Cfr.
Folio 11 del cuaderno de revisión. De acuerdo con lo establecido por el
hospital, y “dado que el núcleo familiar del paciente consiste en su esposa, la
cual trabaja de forma diaria para sostenimiento económico de la familia, el
paciente no puede ser vigilado por la misma y, ante riesgo potencial de
complicaciones a corto plazo y marcada limitación funcional de origen
cardiogénico, requiere cuidado de enfermería domiciliaria durante al menos 12
horas al día y terapia física de rehabilitación cardiovascular durante al menos
3 veces por semana”.
[251] Sobre la posibilidad
de que el juez constitucional ordene la entrega de medicamentos e insumos se ha
tratado en diferentes ocasiones por parte de la jurisprudencia constitucional.
En efecto, en las sentencias T-226 de 2015, T-014 de 2017, T-120 de 2017 y T-336
de 2018, la Corte Constitucional ha ordenado la entrega de insumos cuando es
evidente su necesidad, aun cuando no han sido ordenados por el médico tratante.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha exigido la entrega de los
medicamentos cuando los médicos tratantes han ordenado su entrega. En esta
línea se pueden consultar las sentencias T- 460 de 2012, T-243 de 2016 y T-163
de 2018.
[252] La necesidad del
medicamento denominado amiadorona se encuentra en los siguientes
folios: 2, 29, 34, 35, 36, 37, 42, 71, 72 y 73 del cuaderno de primera
instancia y 3 del cuaderno de revisión, donde se evidencia evolución de la
historia clínica del señor Carlos Julio González Cadena, la necesidad del
medicamento para garantizar las condiciones mínimas de salud y las diferentes
peticiones a las Farmacéuticas quienes sostienen la no comercialización de
dicho medicamento. Como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, el
juez constitucional debe prescindir de la prescripción médica para procurarle a
la persona el acceso a una prestación que necesita, pues, salta a la vista que,
de no proveérsele, las consecuencias negativas para este serían apenas obvias;
principalmente, en situaciones en las que el riesgo de sufrirlas se
potencializa en razón de factores socioeconómicos, cuando los recursos de los
que dispone –él o su núcleo familiar– carecen de la entidad suficiente para
mitigar el daño ocasionado por la ausencia del elemento pretendido, tenga o no
carácter médico. En ese orden de ideas, por razones constitucionales y en
cumplimiento del principio de integralidad propio del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, se levanta una excepción al acatamiento de los
trámites administrativos y de las posibilidades que brinda la normativa vigente
para que los usuarios obtengan ciertos servicios, habida cuenta de que ninguna
de esas directrices puede perpetuar la vulneración de derechos fundamentales,
cuando se traduzcan en una barrera para su goce efectivo. En consecuencia, si
un paciente en condiciones de debilidad manifiesta demanda la entrega de un
insumo o servicio médico, que requiere para acceder a una adecuada calidad de
vida y asegurar con ello su tratamiento integral, el juez de tutela puede
excepcionalmente procurar los medios, materiales y legales, para suministrárselos,
bien sea mediante una orden perentoria o impartiendo a las entidades
responsables de tal servicio los lineamientos debidos.”
[253]
Folio 71 del cuaderno de primera instancia.
[254]folio
72 del cuaderno de primera instancia.
[255]
Folio 73 del cuaderno de primera instancia.
[256]
Corte Constitucional. Sentencia T-434 de 2006. En dicha providencia, la Corte
Constitucional, en atención a un concepto técnico, definió el estudio de
bioequivalencia como los “realizados
para determinar si dos productos que tienen el mismo principio activo y la
misma presentación tienen el mismo efecto terapéutico, y en esa medida son
intercambiables, tales estudios consisten en demostrar in vivo que los niveles
plasmáticos de ambos productos son estadísticamente similares y por tanto
cualquier diferencia clínica (efectividad y seguridad) no puede ser atribuida
al medicamento”.
[257]
Folio 29 del cuaderno de primera instancia.
[258]
Folio 43 del cuaderno de primera instancia.
[259]
Folio 82 del cuaderno de primera instancia.
[260] La fecha de autorización
del examen es del 08/05/2019, según consta el folio 17 del cuaderno de primera
instancia del expediente. Sin embargo, dicho examen no se ha practicado, de
acuerdo con lo afirmado en el escrito de tutela -principio de presunción de
veracidad-, la no contradicción de dicha afirmación por parte de la accionada
y, asimismo, corroborado mediante llamada telefónica.
[261] Véase el escrito de tutela del accionante en el folio 11.
[262] Corte Constitucional, Sentencias
T-073 de 2013; T-014 de 2017; T-314 de 2017; y T-491 de 2018. En ésta última
sentencia sostiene que de la regla enunciada “se
desprende que hay situaciones en las que el juez constitucional debe prescindir
de la prescripción médica para procurarle a la persona el acceso a una
prestación que necesita, pues, salta a la vista que, de no proveérsele, las
consecuencias negativas para este serían apenas obvias; principalmente, en
situaciones en las que el riesgo de sufrirlas se potencializa en razón de
factores socioeconómicos, cuando los recursos de los que dispone –él o su
núcleo familiar– carecen de la entidad suficiente para mitigar el daño
ocasionado por la ausencia del elemento pretendido, tenga o no carácter médico.
En ese orden de ideas, por razones constitucionales y en cumplimiento del
principio de integralidad propio del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, se levanta una excepción al acatamiento de los trámites administrativos
y de las posibilidades que brinda la normativa vigente para que los usuarios
obtengan ciertos servicios, habida cuenta de que ninguna de esas directrices
puede perpetuar la vulneración de derechos fundamentales, cuando se traduzcan
en una barrera para su goce efectivo. En consecuencia, si un paciente en
condiciones de debilidad manifiesta demanda la entrega de un insumo o servicio
médico, que requiere para acceder a una adecuada calidad de vida y asegurar con
ello su tratamiento integral, el juez de tutela puede excepcionalmente procurar
los medios, materiales y legales, para suministrárselos, bien sea mediante una
orden perentoria o impartiendo a las entidades responsables de tal servicio los
lineamientos debidos.”
[263] Folio 2 del cuaderno de revisión.
[264] Folio 5 del cuaderno de revisión.
[265] Folio 11 del cuaderno de revisión.
[266] Folio 11 del cuaderno de revisión.
[267] Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019.
[268] Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019.
[269] Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019.
[270] Folio 2 del cuaderno de revisión.
[271] Folio 11 del cuaderno de revisión.
[272]
Corte Constitucional. Sentencias T-435 de 2019.
[273]
Corte Constitucional. Sentencia T-435 de 2019.
[274]
Folio 2 del cuaderno de revisión. Allí se evidencia lo siguiente: “SE TRATA DE
PACIENTE DE 44 AÑO (sic) CON IDX ANOTADAS QUIEN SEGÚN SU CONDICIÓN Y
VALORACIONES PREVIAS POR ESPECIALISTAS  SEGÚN SEGUIMIENTO, Y POR SU ALTERACIÓN
FUNCIONAL MARCADA, POR MOBILIZARSE (sic) Y PODER CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS SI
Y EL USO CONSTACNTE (sic) DE OXIGENOTERAPIA, SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN POR
APRTE (sic) DE ESPECIALISTA PARA EL TRANSPORTE DOMICILIARIO Y DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA
DURANTE 12 HORAS AL DÍA, TERPIA (sic) FÍSICAS PARA LA REHABILITACIÓN CARDIACA 3
BVECES (sic) POR SEMANA TENIENDO EN CUENTA VALORIZACIÓN DE ESPECIALITAS SI SE
CRE (sic) LA PERTINENCIA DE DICACHAS SOLICTUDES.DR: VEREDA LAGUNAS (…)”.
[275]
Folio 11 del cuaderno de revisión. Al respecto se evidencia “(…) ADICIONALMENTE
DADO QUE EL NÚCLEO FAMILIAR DEL PACIENTE CONSISTE EN SU ESPOSA, LA CUAL TRABAJA
DE FORMA DIARIA PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA FAMILIA, EL PACIENTE NO
PUEDE SER VIGILADO POR LA MISMA, Y ANTE EL RIESGO POTENCIAL DE COMPLICACIONES A
CORTO PLAZO Y MARCADA LIMITACIÓN FUNCIONAL DE ORIGEN CARDIOGÉNICO, REQUIERE
CUIDADO DE ENFERMERÍA DOMICILIARIA DURANTE AL MENOS 12 HORAS AL DÍA Y TERAPIA
FÍSICA DE REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR DURANTE AL MENOS 3 VECES POR SEMANA
(…).”.
[276]
Folio 12 del cuaderno de revisión.
[277]
Folio 19 cuaderno de primera instancia.
[278]
Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019.
[279]
Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019.
[280]
Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019 y T-611 de 2014.
[281] Organización de
Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1
de 2020. Adoptada el 10 de abril de 2020.
[282] Organización de
Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1
de 2020. Adoptada el 10 de abril de 2020.
[283] Organización de
Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1
de 2020. Adoptada el 10 de abril de 2020.
[284] Ministerio de Salud y
Protección Social. Resolución 385 de 2020.
[285] Ministerio de Salud y
Protección Social. Resolución 385 de 2020.
[286] Ministerio de Salud y
Protección Social. Resolución 385 de 2020.
[287] Ministerio de Salud y
Protección Social. Resolución 385 de 2020.
[288] Ministerio de Salud y
Protección Social. Resolución 385 de 2020.
[289] Presidencia de la
República. Decreto 637 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional”.
[290] Ministerio de Salud y
Protección Social. Resolución 502 de 2020.
[291] Ministerio de Salud y
Protección Social. “Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud
durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por Sars-cov-2
(covid-19)”. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS01.pdf.
[292] Ministerio de Salud y
Protección Social. Resolución 521 de 2020 “Por la cual se adopta el
procedimiento para la atención ambulatoria de población en asilamiento
preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o más o condiciones
crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, durante la
emergencia sanitaria por COVID-19”.
[293] Ministerio de Salud y
Protección Social. “Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud
durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por Sars-cov-2
(covid-19)”. Medida 7.11.
[294] Ministerio de Salud y
Protección Social. “Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud
durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por Sars-cov-2
(covid-19)”. Medida 7.12.
[295] Ministerio de Salud y
Protección Social. “Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud
durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por Sars-cov-2
(covid-19)”. Medida 7.13.
[296] Ministerio de Salud y
Protección Social. “Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud
durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por Sars-cov-2
(covid-19)”. Medida 7.14.
[297] Ministerio de Salud y
Protección Social. “Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud
durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por Sars-cov-2
(covid-19)”. Medida 7.15.
[298] Ministerio
de Salud y Protección Social. Orientaciones para el uso adecuado de los
elementos de protección personal por parte de los trabajadores de la salud
expuestos a Covid-19 en el trabajo y en su domicilio. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS20.pdf.
[299] Ministerio de Salud y
Protección Social. Orientaciones para el uso adecuado de los elementos de
protección personal por parte de los trabajadores de la salud expuestos a
Covid-19 en el trabajo y en su domicilio. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS20.pdf.
[300] Corte Constitucional.
Sentencia T-425 de 1995. Esta sentencia la Corte sostiene que “el principio
de armonización concreta impide que se busque la efectividad de un derecho
mediante el sacrificio o restricción de otro. En ese sentido, el intérprete
debe resolver las colisiones entre bienes jurídicos, de forma que se maximice
la efectividad de cada uno de ellos. La colisión de derechos no debe, por
tanto, resolverse mediante ponderación superficial o una prelación abstracta de
uno de los bienes jurídicos en conflicto. Esta ponderación exige tener en
cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su armonización en
la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier
jerarquización o prevalencia de una norma constitucional sobre otra. El
principio de armonización concreta implica la mutua delimitación de bienes
contrapuestos, mediante concordancia práctica de las respectivas normas
constitucionales, de modo que se asegure su máxima efectividad.”