T-322-17
Sentencia T-322/17
DERECHO A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Caso
en que una vez cumplido el deber estricto de constatación se logró determinar que la pretensión del accionante
más que morir de forma digna, era vivir de forma digna
DERECHO A MORIR DIGNAMENTE-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE-Implica
el derecho a morir dignamente/DERECHO A MORIR DIGNAMENTE-Fundamento normativo en la sentencia C-239/97
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Alcance y contenido
ADULTO MAYOR-Sujeto de especial protección constitucional
La protección especial de los derechos fundamentales
de los adultos mayores, la deferencia especial que les debe la sociedad en su
conjunto y, con más intensidad, la que les deben los miembros de sus familias,
es una obligación que tiene amplio fundamento en la Constitución Política. Los
adultos mayores, marcan el extremo superior de la fuerza viva de la sociedad,
han participado de su construcción y la han puesto en el estado en el que la
encuentran quienes hoy la lideran. Por eso, la etapa final de su vida, entraña
la condición dual en la que la sabiduría se incrementa al tiempo que
generalmente su biología se hace frágil. En esas condiciones, la sociedad en su
conjunto, la familia como núcleo social y el Estado como expresión de ella,
debe movilizarse para brindar apoyo, salud, y bienestar a ese adulto mayor que
la reclama.
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON PERSONA DE LA
TERCERA EDAD-Responsabilidad del Estado, la sociedad y la
familia
El Estado, la sociedad y la familia tienen la
obligación constitucional de acudir conjuntamente a la protección y asistencia
de las personas de la tercera edad, así como de promover su integración en la
vida activa comunitaria.
FAMILIA-Solidaridad frente a las personas de la tercera edad
JUEZ DE TUTELA-Tiene un
deber estricto de constatación de los hechos, en las acciones de tutela que reclamen el derecho a
morir dignamente
DERECHO A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Reconocer que familia
de accionante y las instituciones que le brindan la atención en salud están
cumpliendo con las obligaciones constitucionales y legales frente al deber de
cuidado
Referencia: Expediente T- 5.496.521
Acción de Tutela presentada por Reinaldo Anacona Gómez contra
el Hospital Universitario San José de Popayán.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e), quien
la preside, Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amarís (e), en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas
en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Cinco[1]
de la Corte Constitucional, mediante Auto del 13 de mayo de 2016 escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y
solicitud
1.1. El 2 de diciembre de 2015, el señor Reinaldo Anacona
Gómez de 91 años de edad,[2] acude ante el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Popayán para interponer de manera verbal una acción de
tutela alegando la vulneración de su derecho a morir dignamente. Fundamenta su
solicitud en el hecho que el Hospital Universitario San José de Popayán y Nueva
EPS,[3] le
negaron la petición de práctica del procedimiento de eutanasia al señalar que
se encontraba bien mentalmente, y desconociendo que se estaba solo, enfermo y
desamparado. Los hechos narrados en la demanda son los siguientes:
1.2. El señor Reinaldo Anacona Gómez se encuentra afiliado a
la Nueva EPS. En tal condición, en julio de 2015 acudió al Hospital
Universitario San José de Popayán con la finalidad que se le practicara el
procedimiento de eutanasia,[4] fue atendido en un primer
momento por el médico general y, posteriormente, por el especialista en
psiquiatría, quien negó la aplicación del procedimiento, argumentando que el
accionante no goza de buena salud mental.
1.3. El accionante acudió al Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Popayán con el objeto de interponer una acción de tutela. Ante la
solicitud de que manifestara en forma precisa los motivos para interponer la
acción, contestó lo siguiente:
“En el mes de julio de 2015 acudí
al Hospital Universitario San José de esta ciudad, con el fin de que se me
aplicara la eutanasia, primero me atendió un médico general y luego un
psiquiatra de apellido Dulcey, pero este se negó a ordenar que me apliquen la
eutanasia porque dice que no me encuentro bien mentalmente. Yo me encuentro
afiliado a la Nueva EPS. Lo que pretendo con esta acción de tutela es que se acceda
a aplicarme la eutanasia porque aunque me encuentre bien de la mente estoy
solo, no puedo caminar bien, estoy próximo a quedar en silla de ruedas, no
puedo hacer nada y no hay quien vele por mí. Se me está vulnerando mi derecho a
morir dignamente porque yo he oído que la eutanasia se puede aplicar a
enfermos que estén graves o cuando el paciente así lo solicite. (...) Vivo con
una sobrina Gicer López Anacona, pero ella se ocupa de las cosas de la casa.
(...) Los nombres de mis hijos son Norles Anacona Pino, vive en barrio Guayabal
de esta ciudad, (...) Albeiro Anacona Muñoz, vive en Bogotá, Cielo Patricia
Anacona Pino, vive por el terminal de esta ciudad, (...) y Sandra Milena
Anacona Gómez, ella es enferma, vive en el barrio los Comuneros de esta ciudad.
(...) Lo que necesito es que se me aplique la eutanasia sin lugar a negativas
por parte de la entidad accionada. Es todo.”[5]
2. Informe y contestación de la demanda[6]
2.1. La Nueva EPS a través de su representante legal, señaló
que la entidad no tenía la facultad científica ni jurídica para determinar la
aplicación de la eutanasia al accionante, y aunque el juez determinara que tendría
que hacerlo ejercerían los recursos de ley y/o acciones judiciales pertinentes,
por considerar que se trata de un problema social, y seguramente un abandono
familiar.
2.2. El Hospital Universitario San José de Popayán, a través
de su representante legal, señaló que las pretensiones de la acción de tutela
eran absolutamente improcedentes, pues el procedimiento de aplicación de la
eutanasia en Colombia está estrictamente reglado, sujeto a todas las
formalidades tanto en su petición, como en su desarrollo, por lo que no podía
aplicarse al accionante por haber manifestado de manera simple su intención de
no continuar con su vida.
2.3. El médico psiquiatra Andrés José Dulcey Cepeda, dando
cumplimiento a la solicitud del Juzgado, rindió informe respecto del estado de
salud del accionante. Manifestó que el señor Anacona según su historial médico
no sufre de una enfermedad terminal, sino otras afecciones como vértigo de
Menniere e hipertensión arterial.
3. Decisión que se revisa
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, mediante
Sentencia del 13 de enero de 2016, negó el amparo solicitado. Luego de realizar
un recuento jurisprudencial respecto del derecho a morir dignamente, mencionó
la Resolución No. 1216 de abril 20 de 2015, mediante la cual el Ministerio de
Salud y Protección Social le dio alcance a lo ordenado por esta Corporación en
la Sentencia T–970 de 2014, a fin de hacer efectivo el derecho a morir
dignamente, precisando que el artículo 2º de esa norma establece que este
derecho le asiste únicamente a los enfermos terminales. Bajo esa premisa,
indica que el señor Anacona Gómez no se encuentra afectado por alguna
enfermedad grave o que ostente la condición de enfermo en fase terminal. Por el
contrario, ha sido diagnosticado con depresión mayor severa, vértigo de Menniere
e hipertensión arterial, patologías que a su juicio no ponen en riesgo su salud
ni generan indignidad en su vida, por lo que la situación no se ajusta a los
requisitos fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-239 de 1997
y T-970 de 2014, así como tampoco a los parámetros fijados en la Resolución No.
1216 de 2015, proferida por el Ministerio de Salud.
4. Actuaciones en sede de revisión
4.1. En etapa de Revisión por parte de esta Corporación se
recibieron intervenciones de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, de la
Alcaldía de Popayán, de la Fundación Emtel, del Colegio Colombiano de Psicólogos,
de la Superintendencia Nacional de Salud, de la Asociación de Cuidados
Paliativos de Colombia y de la Conferencia Episcopal de Colombia.[7]
4.2. En atención al tiempo transcurrido al momento de dictar
sentencia,[8]
y con el fin de verificar las condiciones del señor Anacona Gómez., así como su
deseo de continuar con el trámite de la presente acción de tutela, el
magistrado sustanciador delegó en un magistrado auxiliar y una profesional
especializada de su despacho, la práctica de una visita de inspección al lugar
de residencia del accionante.[9]
Esa visita se realizó el día 4 de mayo de 2017 en la ciudad de Popayán,
como consta en el acta de la misma, así como en la evidencia audiovisual
recopilada.[10]
A continuación se resume la diligencia:[11]
“Comienzan los delegados
preguntando al accionante: ¿Usted se acuerda haber presentado una tutela hace
unos años? A lo que el señor Anacona respondió: “¿tutela? ¿Sobre qué sería
la tutela?, sí yo la presenté una tutela porque me estaban demorando
mucho el paguito allá donde yo estaba afiliado, entonces me tocó que presentar
una tutela” ¿Qué le estaban demorando cuando presentó la tutela?, ante lo
cual responde: “no me acuerdo bien.”
Respecto a su estado actual de
salud manifiesta que ha ido últimamente al médico y ha estado hospitalizado,
sostiene que estuvo hospitalizado cerca de unos 15 días. Solicitan los
delegados de  la Corte Constitucional información sobre la rutina diaria del
señor Reinaldo, quien responde que no se puede levantar y que cuando asiste su
familia lo sacan a pasear. Afirma que diariamente se encuentra bajo el cuidado
de su hija Patricia.
Posteriormente, procede la Corte a
conversar con los miembros de la familia presentes en la diligencia. La Señora
Aura María Idrobo, nuera del señor Anacona Gómez, por decisión de la familia
procede a responder las preguntas; sostiene que ellos conocen de la acción de
tutela interpuesta por el señor Reinaldo Anacona Gómez por las llamadas
realizadas a su esposo por parte de la fiscalía. Indagan los delegados de la
Corte Constitucional por la situación previa a la acción de tutela, ante lo que
afirma la señora Idrobo que: “el señor vive en Popayán, que hace 55 años se
separó de su esposa y formó otra familia, criando a dos hijas como suyas,
vivieron varios años hasta que la señora murió. Las hijas no se hicieron cargo
de él, lo que hicieron fue firmar las escrituras de una casa que él tenía; que
él había interpuesto la acción tutela debido a que se encontraba desprotegido y
no tenía quien lo cuidara. Sostiene que tiene dos hijas más que no se hacen
cargo de él, motivo por el cual el accionante vivió con una sobrina, lugar al
cual no podía ir su esposo a visitarlo, por motivos de salud de una de sus
sobrinas y por discordias familiares. Sin embargo, manifiesta que “mi esposo y
patricia siempre iban, pero no nos dejaban entrar, lo amenazaban, por eso mi
esposo casi no iba”.[12]
Manifiestan que un día, su hija
Patricia Anacona fue a verlo y lo encontró en el suelo, golpeado y en malas
condiciones de vida; por tal motivo, lo llevaron al hospital, y lo
hospitalizaron durante un mes. El señor Reinaldo quería continuar viviendo
donde su sobrina, ante lo cual, ella manifestó que ya no lo recibía por su
estado de salud, dado que, ya no podía caminar y requería ayuda para su aseo
personal. Afirmaron que con su pensión  le pagan a la persona encargada de su
cuidado, pues, pese a ser su hija, también tiene familia y permanece tiempo
completo con él. También se le compran los medicamentos necesarios. Manifestó
también que la EPS le estaba suministrando los pañales y la crema, pero cuando
no le entregan a tiempo los medicamentos, el esposo de ella es quien los
compra.
Se indagó por cuanto tiempo llevaba
el señor Reinaldo en la casa, y sostienen que el 14 de julio cumple un año, en
compañía de la Señora Patricia, quien tiene un reemplazo una vez a la semana.
Le preguntaron a la señora Patricia
por el día a día y la rutina. Ella sostuvo que: los alimentos se preparaban en
la casa de la cuñada; “llego y le lavo las manitos, lo acomodo para darle el
desayuno, y caliento el agua para bañarlo”, “luego lo baño y lo saco a
pasear en la silla, llego y le doy la colada con la galleta y él vuelve a
dormir, el almuerzo es traído de la otra casa y toca darle porque él no puede
manejar la cuchara, después lo acuesto para seguir con mis cosas”.[13]
Posteriormente la Corte solicitó
información sobre el tema de salud y su acceso. Ante lo cual respondieron que
él sufría de la presión pero estaba controlado con pastillas de
Hidroclorotiazida y Losartan; la doctora le ordenó tomar un anticoagulante,
además consume Loratadina por  una alergia producto del pañal. Él pertenece a
la Nueva EPS. Se encuentra afiliado al programa de adulto mayor en que le
brindan atención en la casa. Por esta razón, la doctora Carmen Sandoval asiste
cada mes a revisar su estado de salud y le formula los pañales, las cremas y
los medicamentos para la presión. Informa que cuando le ordena medicamentos
diferentes la entidad a veces  no los da o se los demora, en consecuencia,
deben comprarlos. El señor Reinaldo no puede caminar, por tal motivo, la
doctora le ordenó sesiones de fisioterapia, las cuales son realizadas en su
casa; le ordenaron terapia respiratoria debido a que él tiene “colapsado el
pulmón izquierdo”, también le mandaron terapias de fonoaudiología, las
cuales no se han realizado. Pero en general afirma que el servicio de salud es
muy bueno.
En relación con las constancias de
las visitas médicas, sostuvo la señora Patricia que la doctora deja unos
formatos que hacen referencia a las evoluciones del señor Reinaldo y las fórmulas
médicas; afirmó que deben hacer el trámite de cambio de pañales por las
reacciones alérgicas. Cada mes también asiste una psicóloga, pero ella no deja
constancias. Exponen que uno de sus familiares alquiló una cama hospitalaria
para mayor comodidad del señor Reinaldo, y que hay que moverlo constantemente
para que no se canse.
Señaló además que en los últimos
días habían estado viniendo las sobrinas con quienes él vivía antes, en donde
no tenía buenas condiciones de vida, pues según ella estando allá le
diagnosticaron desnutrición severa. Informan que la intención de ellas recaía
en los beneficios económicos producto de la pensión del señor Reinaldo, afirmó
que a veces él solicita que lo lleven a la casa de ellas.
Manifestaron también la existencia
de conflictos familiares, y que la casa que él tenía fue entregada hace
aproximadamente 8 o 10 años.
Posteriormente, los delegados de
la Corte Constitucional preguntaron: ¿Cómo funciona el pago de la pensión y
como es invertido el dinero? Sus familiares informaron que él gana un salario
mínimo y lo cobra en Bancolombia. Informaron que quien estaba a cargo del señor
Reinaldo no le estaba dando buen manejo a su pensión, motivo por el cual, ellos
siguieron cobrando este pago. Afirman que a quien lo cuida se le pagan
seiscientos mil pesos,  para cubrir los gastos de transporte debido a que vive
lejos y tiene una hija y una nieta, y cien mil pesos que sobran es para pagar
la cama. Informa  quien lo cuida que llega a las 7 de la mañana y se va a las
7:30 de la noche.
A las 9:24 de la mañana la Corte terminó
la diligencia preguntando a los presentes si tenían algo que adicionar a la
diligencia. Agregaron  que él dormía en esta sala porque la cama no cabía en
las otras dos habitaciones. La señora Gloria adicionó que ella no podía ayudar
por su estado de salud pero que lo acompaña en las noches.
La Corte da por terminada la
diligencia al a las 9:26 de la mañana.”[14]
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.  Competencia y procedibilidad
1.1. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86
y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar el fallo de
tutela adoptado en el proceso de esta referencia.
1.2. La tutela objeto de estudio es procedente para el
trámite de revisión en la Corte Constitucional, en cuanto se trata de un asunto
de gran relevancia constitucional, pues está en juego el derecho a la vida
digna de un sujeto de especial protección constitucional, a saber, una persona
de 91 años de edad Se configura la procedencia frente al carácter residual y
subsidiario e inmediato de la acción, pues el recurso de amparo se convierte en
el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los caros derechos
fundamentales involucrados. La legitimidad de la tutela que se revisa, por su
parte, está sustentada en el hecho que es el mismo señor Anacona quien promueve
su propia defensa.
2.  Planteamiento
del problema jurídico
2.1. Vistos los hechos del caso, la Sala de Revisión deberá
resolver el siguiente problema jurídico: ¿Una entidad prestadora de servicios
de salud vulnera el derecho a la vida digna de un adulto mayor al negarse a
practicarle la eutanasia, por considerar que no cumple requisitos establecidos
por la jurisprudencia constitucional, aun cuando el accionante no puede valerse
por sí solo, padece enfermedad mental, vive solo y no tiene familiares y amigos
que velen por su integridad?
2.2. Para dar respuesta a este interrogante, la Sala en
primer lugar reiterará la jurisprudencia constitucional relativa al derecho a
morir dignamente, posteriormente hará referencia a los derechos de los adultos
mayores y, finalmente resolverá el problema jurídico que se presenta en este
caso.
3. El derecho a
morir dignamente en la jurisprudencia constitucional – reiteración de
jurisprudencia
3.1. Es deber del Estado proteger el derecho a la vida de
los ciudadanos, de forma tal que puedan llevar una existencia compatible con la
dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.[15] En
tal sentido, el derecho fundamental a vivir dignamente implica entonces el
derecho a morir dignamente. Así lo estableció la jurisprudencia constitucional
en la sentencia C-239 de 1997, en la que estableció que condenar a una persona
a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece
profundas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano, prohibido
por la Constitución sino la anulación de su dignidad y su autonomía como sujeto
moral.[16]
Al respecto señaló:
“(...) el Estado no puede oponerse
a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le
ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores
insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Por consiguiente, si un
enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas que plantea el
artículo 326 del Código Penal considera que su vida debe concluir, porque la
juzga incompatible con su dignidad, puede proceder en consecuencia, en
ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su
designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un
tercero le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de restarle importancia
al deber del Estado de proteger la vida sino, como ya se ha señalado, de
reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo
como hecho biológico. // El deber de no matar encuentra excepciones en la
legislación, a través de la consagración de figuras como la legítima defensa, y
el estado de necesidad, en virtud de las cuales matar no resulta antijurídico,
siempre que se den los supuestos objetivos determinados en las disposiciones
respectivas. // En el caso del homicidio pietístico, consentido por el sujeto
pasivo del acto, el carácter relativo de esta prohibición jurídica se traduce
en el respeto a la voluntad del sujeto que sufre una enfermedad terminal que le
produce grandes padecimientos, y que no desea alargar su vida dolorosa. La
actuación del sujeto activo carece de antijuridicidad, porque se trata de un
acto solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir una vida,
sino por la solicitud de aquél que por sus intensos sufrimientos, producto de
una enfermedad terminal, pide le ayuden a morir. // No sobra recordar que el
consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente
por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra.
Es decir, el consentimiento implica que la persona posee información seria y
fiable acerca de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico,
y cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Por
ello la Corte concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que
es el único profesional capaz no sólo de suministrar esa información al
paciente sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por
ende, en los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho
descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden
ser, entonces, objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar
de responsabilidad a quienes así obren.[17]
3.2. Esta
tesis ha sido reiterada en fallos posteriores de la Corte Constitucional en las
sentencias C-233 de 2014, [18]
T-970 de 2014[19]
y T-132 de 2016.[20]
En estas sentencias se retomaron los parámetros para la valoración de la
eutanasia en casos concretos así: (i) que el sujeto pasivo que padezca  una
enfermedad terminal; (ii) que el sujeto activo que realiza la acción u omisión
tendiente a acabar con los dolores del paciente quien, en todos los casos, debe
ser un médico; y (iii) debe producirse por petición expresa, reiterada e
informada de los pacientes.[21]
También se hizo la distinción entre eutanasia y suicidio asistido. En ése
último caso, es el paciente quien materializa la conducta punible, después de
recibir la ayuda necesaria del médico, quien realiza todos los actos
preparativos para que el paciente pueda terminar con su existencia.[22]
3.3. La jurisprudencia además ha señalado de manera
categórica que el individuo que solicite la muerte asistida deberá estar en
capacidad de comprender la situación en la que se encuentra y al mismo tiempo
tendrá que expresar su consentimiento de manera libre. “Para ello, -ha
dicho- deberá contar con información seria y fiable acerca de su enfermedad
proveniente de un médico quien, igualmente, indicará las opciones terapéuticas
y el pronóstico. Ello en atención a que se trata del profesional de la salud
capacitado tanto para proporcionar dicha información como para brindar las
condiciones para una muerte digna.”[23]
3.4. Sobre la manifestación de la voluntad, la sentencia
T-970 de 2014 indicó también la figura del consentimiento sustituto que ocurre
en los eventos en los que la persona que sufre de una enfermedad terminal, se
encuentra en imposibilidad fáctica de manifestar su consentimiento. En esos
casos la familia puede sustituir su consentimiento. Sin embargo esa es una
figura que aún no ha tenido suficiente evaluación a la luz del derecho
constitucional.[24]
3.5. Solo en el evento en que se presentan estas
circunstancias claramente definidas por la jurisprudencia se puede exigir la
protección constitucional de este derecho. La razón de excepcionalidad de este
procedimiento da cuenta de que si bien se funda sobre un ejercicio de
ponderación, la Carta Superior ha promovido el derecho a la vida.
3.6. Por esta razón, el juez de tutela tiene un deber
estricto de constatación de los hechos, en las acciones de tutela que
reclamen el derecho a morir dignamente. La decisión de morir de forma digna es
independiente del amor por la vida de una persona y se da cuando quien sufre de
una enfermedad terminal renuncia a una existencia sin dignidad, sin que esto
signifique un desprecio por la vida. En estos casos, existe la obligación del
juez de tutela de garantizar el derecho a la vida y a la dignidad humana, implica
que el juez actúe con la convicción que al tratarse del derecho a la vida que,
además, es la base para la garantía de los demás derechos. Por esta razón es
fundamental que el juez constitucional se cerciore del contexto fáctico de cada
caso, así como de la capacidad de la persona de manifestar su voluntad, especialmente
tratándose de una petición tan radical como lo es la práctica de la eutanasia.
4. Los derechos de los adultos mayores en la
jurisprudencia constitucional
4.1. La protección especial de los derechos fundamentales de
los adultos mayores, la deferencia especial que les debe la sociedad en su
conjunto y, con más intensidad, la que les deben los miembros de sus familias,
es una obligación que tiene amplio fundamento en la Constitución Política. Los
adultos mayores, marcan el extremo superior de la fuerza viva de la sociedad, han
participado de su construcción y la han puesto en el estado en el que la
encuentran quienes hoy la lideran. Por eso, la etapa final de su vida, entraña
la condición dual en la que la sabiduría se incrementa al tiempo que
generalmente su biología se hace frágil. En esas condiciones, la sociedad en su
conjunto, la familia como núcleo social y el Estado como expresión de ella,
debe movilizarse para brindar apoyo, salud, y bienestar a ese adulto mayor que
la reclama.
4.2. Los individuos que están en los extremos de la vida,
quienes empiezan a vivir y quienes están en la etapa final de su existencia,
cumplen una función esencial dentro del entorno social. Entretejen la relación
de la sociedad actual con el pasado y con el futuro. Se trata de compartir un legado
de responsabilidad y solidaridad intergeneracional, con aquellos que están
llamados hoy a defender esos derechos. Es deber del Estado, la sociedad y la
familia, se insiste, asegurarles el goce efectivo a una vida digna a aquellas
personas que lo requieren.
4.3. El Estado, la sociedad y la familia tienen la
obligación constitucional de acudir conjuntamente a la protección y asistencia
de las personas de la tercera edad, así como de promover su integración en la
vida activa comunitaria.[25] Al respecto, la Corte
Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades, especialmente en
relación con los derechos a la salud y a la seguridad social de los adultos
mayores.[26] No obstante estos avances en
materia de derechos sociales que se han dado por vía judicial, la efectiva
protección de los derechos de los adultos mayores pasa también por la
existencia de redes óptimas de cuidado conformadas por la familia, la sociedad
y el Estado.  No en vano, el Pacto de San Salvador ha establecido que una las
actividades que los Estados parte deben realizar para la efectiva protección
especial de los adultos mayores es la de estimular la organización social en
pro del mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.[27]
4.4. En concordancia con lo anterior, el Gobierno de
Colombia se ha preocupado por establecer la hoja de ruta para atender las
necesidades de las personas mayores. Desde hace ya varios años existe la
política pública de “envejecimiento humano y vejez” y en ésta se ha reconocido
que con ocasión de los cambios demográficos que se proyectan para el futuro, la
mayor demanda de asistencia será de las personas mayores de la sociedad, y que el
cuidado de esta población es un asunto de responsabilidad colectiva.[28]
4.5. Desde la óptica constitucional, el deber colectivo de
cuidado a los adultos mayores persigue la realización del principio de igualdad
al tratarse de sujetos de especial protección constitucional. Aunque el
envejecimiento humano es un proceso natural y no en todos los casos pueda
equipararse la vejez con dependencias funcionales, en ciertas condiciones
externas propias de las trayectorias de vida de cada ser humano, como la
enfermedad, la pobreza y la soledad, pueden desencadenarse situaciones de
vulnerabilidad física emocional y social que deben mitigarse desde la
perspectiva del enfoque diferencial. Imponen una carga superior, tanto a la
familia, como a la sociedad y al Estado de evitar que esas condiciones
manifiestas de vulnerabilidad impidan el goce efectivo de derechos de los
adultos mayores.
4.6. Desde el punto de vista de la familia el ordenamiento
jurídico colombiano, en especial el derecho civil ha fundado varias
instituciones sobre la base los principios de solidaridad y reciprocidad
familiar. Éstos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional como
los “deberes impuestos a quienes por vínculo familiar se encuentran unidos
por diferentes lazos de afecto y se espera que de manera espontánea lleven a
cabo actuaciones que contribuyan al apoyo, cuidado y desarrollo de aquellos
familiares que debido a su estado de necesidad o debilidad requieran protección
especial. De esta forma, los miembros de la familia son los primeros llamados a
prestar la asistencia requerida a sus integrantes más cercanos, pues es el
entorno social y afectivo idóneo en el cual encuentra el cuidado y el auxilio
necesario.”[29]
De allí la obligación contenida en el artículo 251 que establece el deber
de cuidado y auxilio que los hijos tienen con los padres.[30]
4.7. La familia entonces constituye uno de los recursos más
importantes de los adultos mayores en la medida que constituye una fuente de
autoestima, confianza, apoyo y proporciona arraigo y seguridad.[31]Sin
embargo, es claro que en gran cantidad de casos, contrario al ideal, la familia
por diversas razones se convierte en la principal fuente de abandono y maltrato
para esta población. En tales eventos el apoyo estatal ha de ser total, pues si
bien toda persona tiene derecho a la solidaridad familiar, su ausencia no
legitima la ausencia, también, de parte del Estado. Dicho de otra forma, toda
persona tiene derecho por igual y sin discriminación a vivir en dignidad, sin
que ello dependa de haber nacido en medio de una familia respetuosa de sus deberes
mutuos de solidaridad.
4.8. Por todo lo anterior, es mandatorio tanto para las
instituciones, como para los jueces de tutela tener la sensibilidad de
identificar aquellos eventos en los cuales un adulto mayor por dependencias
funcionales, enfermedad, o incluso por ser víctima del maltrato o abandono, requiere
de la asistencia y apoyo de la sociedad y el Estado.
5. Cumplido el deber estricto de constatación fáctica, se
concluye que el señor Reinaldo Anacona Gómez se encontraba en una
situación dramática, que se pudo mejorar con la actuación solidaria de su
familia y las instituciones competentes para asegurar el goce efectivo de sus
derechos
5.1. Las particularidades del caso obligan a la Corte a
reparar en ellas. Se trata de un hombre de la tercera edad, quien a pesar de
tener varios hijos, biológicos y de crianza, se encuentra inicialmente en una
situación dramática, en un estado de indefensión y soledad tan extremo, que
pide verbalmente le sea terminada su vida con el fin de acabar un sufrimiento
que lo aqueja. También es el caso de un hombre con una pensión modesta,
devengada como fruto de su trabajo, que es un instrumento de protección para
sobrellevar la vejez, pero también ha generado conflictos en su familia,
poniéndolo a él en medio de la polémica. Por eso, el deseo de morir dignamente
que expresó Reinaldo Anacona Gómez en su solicitud verbal inicial, no parece
para la Sala ser otra cosa que un deseo profundo de vivir dignamente, tanto
así, que al pronunciarse en voz alta se confunde, diciendo, prácticamente, que
la vida que vivía el accionante, al momento de presentar su solicitud, no
merecía a su juicio ser vivida.
5.2. El señor Reinaldo Anacona Gómez se encuentra en una
situación dramática de soledad y enfermedad. Quizá haya tenido en algún momento
el deseo de no vivir más y haya solicitado se le practicara la eutanasia por la
desesperación en la que se encontraba. Pero también es claro que una vez
cumplido el deber estricto de constatación y activado el aparato
judicial, las acciones que se adelantaron por parte de la familia y la entidad
prestadora de salud a la que el accionante se encuentra afiliado. Su situación mejoró
y su desesperanza cesó.
5.3. Ante peticiones como las del señor Anacona Gómez,
la Sala insiste sobre el deber estricto de constatación; obligación que
tienen los jueces en tales casos, pues se reclama tutelar el derecho a morir
dignamente. El Juez debe  conocer la realidad social en que se dan los hechos. Debe
distinguir entre una situación dramática pero superable, de una situación
trágica que imponga cargas heroicas frente a los sufrimientos que comprometan gravemente
la posibilidad de existir en dignidad.
5.4. Para esta Sala es claro que el ejercicio del deber
estricto de constatación que adelantó la Corte en el caso del señor Anacona
Gómez, permitió valorar el hecho de que se trataba de un paciente que sufría de
una depresión severa y que esa circunstancia afectaba su capacidad de decidir y
manifestar su voluntad respecto de la aplicación de la eutanasia. Sin embargo,
la solicitud del accionante no podía ser desestimada simplemente, como si se
tratara de una inconducencia procesal y no de un caso de hondas connotaciones
humanas.
5.5. Leer la solicitud del señor Reinaldo Anacona Gómez
simplemente como una petición a los jueces de la República de ordenar la
práctica de un procedimiento de eutanasia, sin cumplir el deber estricto de
constatación fáctica, impide al juez de tutela ver que, lejos de un deseo
de muerte, lo que expresaba el accionante y sigue expresando, es un profundo deseo
de vivir en condiciones de dignidad, compañía y afecto. Por eso, en un caso
como el presente, la persona que como juez conozca el caso, debe tomar las
medidas adecuadas y necesarias para entender por qué razón un ser humano que en
términos generales está físicamente sano, puede pedir, de manera casi
desesperada, que se le ponga fin a su vida.
5.6. Ahora bien, la Sala rescata varios elementos positivos del
presente caso. Las pruebas que obran en el expediente y que fueron recaudadas
en la visita realizada por los funcionarios de la Corte al sitio de habitación
del señor Anacona Gómez en la ciudad de Popayán, dan cuenta de que el
accionante está hoy en condiciones dignas, no como las que narró en su
solicitud verbal de tutela. De igual forma, se encontró que el accionante tiene
a su alrededor un núcleo familiar cohesionado y que recibe los cuidados médicos
y humanos necesarios para vivir en condiciones dignas. De su propio dicho se
abstrae que el accionante se siente rodeado de un ambiente afectivo adecuado,
que es cuidado y atendido por su familia, y que recibe la atención que, en
términos generales, siente que está bien desde el punto de vista emocional. Igualmente,
la evidencia recaudada por los funcionarios de la Corte que practicaron la
visita al accionante, da cuenta de que el accionante recibe en su domicilio
tratamiento médico, sicológico y fisioterapéutico de manera oportuna y permanente,
y obtiene del sistema de salud los implementos que requiere para su existencia
digna.
5.7. En este caso, las circunstancias de hecho que narró el
accionante han cambiado. Así se pudo verificar en la diligencia judicial
practicada por el magistrado sustanciador cuando al ser preguntado el señor
Anacona sobre el motivo de interposición de la acción de tutela, él se limitó a
afirmar: “sí, yo presenté una tutela porque me estaban demorando mucho el
paguito allá donde yo estaba afiliado, entonces me tocó que presentar una
tutela”. En ese sentido, la Corte observa que no hay, a la fecha de emisión
de esta providencia, un deseo latente, libre y espontáneo del accionante de
querer morir dignamente.
5.8. Se pudo constatar, además, que el accionante ya no
reside solamente con su sobrina encargada de realizar las labores de aseo. A su
alrededor se ha conformado una verdadera comunidad de cuidado. Su hija todos
los días lo acompaña desde la mañana hasta la noche. La madre de dos de sus
hijos, que vive en el mismo lugar que el accionante, le hace compañía
permanentemente junto al hijo y nuera del accionante. Éstos, a quienes él
reconoce y se refiere con cariño y afecto, son  quienes además, según su propio
dicho, hacen las erogaciones económicas para su sostenimiento diario. Le
cocinan los alimentos dentro de su residencia y le proveen además los recursos
para adquirir medicamentos y vestido para el accionante cuando son necesarios.
5.9. En esas circunstancias, si bien la Sala reconoce y
celebra que las entidades del Estado hayan prestado al accionante los servicios
que corresponden en la forma y términos en que lo han hecho, también encuentra
que existe una preocupación necesaria, tanto por la situación de vulnerabilidad
del accionante como por las características de la disputa familiar subyacente,
que en torno al cuidado y custodia del accionante se identificó y que, en buena
medida, tienen que ver con el uso y disfrute de la mesada pensional de la que
es titular el señor Anacona Gómez.
5.10. Por esa razón, la Corte confirmará de forma parcial el
fallo del juez de tutela en el sentido de conceder el amparo del derecho a la
vida digna. Y adicionalmente ordenará al Municipio de Popayán que a través de
su programa de atención al adulto mayor, realice un seguimiento detallado a la
evolución física y sicológica del señor Reinaldo Anacona Gómez, brindándole la
asesoría necesaria para su protección y para garantizar el disfrute efectivo de
sus derechos fundamentales.
6. Conclusión
6.1. En primer lugar la Sala encuentra que cumplido el deber
estricto de constatación se logró determinar que la pretensión del señor
Anacona Gómez más que morir de forma digna, era vivir de forma digna. En ese
orden de ideas fue posible verificar que actualmente el accionante está
recibiendo el debido cuidado por parte su familia y las instituciones del
Estado.
6.2. En segundo lugar, reitera la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la muerte digna y llama la atención a los jueces y a las
instituciones para que tratándose de adultos mayores tengan en cuenta las
circunstancias particulares de un caso que puede ser trágico, como lo es sufrir
una enfermedad terminal o que puede ser dramático, como lo es la situación de
vulnerabilidad y maltrato de un adulto mayor. Y que en virtud de la especial
protección constitucional de la que son sujetos los adultos mayores logre
establecer cuál debe ser la correcta actuación de las autoridades públicas para
garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
6.3. Por todo lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
confirmará parcialmente el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Popayán - Cauca, el trece (13) de enero de dos mil
dieciséis (2016), en el proceso de tutela iniciado por el señor Reinaldo
Anacona Gómez contra el Hospital Universitario San José de esta ciudad y la
empresa prestadora de servicios de salud La Nueva EPS, en el sentido de negar
el amparo solicitado por considerarse que era improcedente aplicar la eutanasia
por no reunir los requisitos para acceder a la pretensión de morir dignamente,
y adicionalmente  concederá el amparo como mecanismo idóneo para la protección
del derecho a una vida digna. Además, se hará una prevención para que tanto
familia como las instituciones mantengan la misma actitud de cuidado frente al
señor Reinaldo Anacona Gómez, dado el riesgo de la situación ya vivida. De
igual manera se le ordenará a la Alcaldía de Popayán para que haga seguimiento
a  las condiciones de vida del señor Reinaldo Anacona Gómez.
III. DECISIÓN
Una petición de protección del derecho a morir dignamente debe
ser considerada por el juez de tutela después de cumplir con el deber
estricto de constatación de los hechos y el contexto del caso.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR parcialmente
el fallo de única instancia proferido el trece (13) de enero de dos mil
dieciséis (2016) por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán – Cauca,
en el proceso de tutela iniciado por el señor Reinaldo Anacona Gómez contra el
Hospital Universitario San José de Popayán – cauca y la Nueva EPS. En el
sentido de negar el derecho fundamental del  señor Reinaldo Anacona Gómez a
morir dignamente, y adicionalmente CONCEDER el amparo del derecho a la
vida digna.
Segundo.- RECONOCER que la familia del accionante y
las instituciones que le brindan la atención en salud están cumpliendo con las
obligaciones constitucionales y legales frente al deber de cuidado, y PREVENIR
a las mismas para que continúen haciéndolo de la misma manera.
Tercero.- ORDENAR a la Alcaldía de Popayán – Cauca
que realice seguimiento periódico a la condición de vida del señor Reinaldo
Anacona Gómez como sujeto de especial protección constitucional.
Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría
General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las
notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de instancia-,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (e)
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
ANEXO
PRIMERA PARTE
1. Superintendencia Nacional de Salud
1.1. A través de oficio enviado al correo
electrónico de esta Corporación la Superintendencia de Salud solicitó la
desvinculación de la acción de tutela, toda vez que la violación de los
derechos que se alegan como conculcados, no devienen de una acción u omisión
atribuible a la Superintendencia Nacional de Salud, por lo tanto existe falta
de legitimación en la causa por pasiva. Sostiene que las EPS, como aseguradoras
en salud, son responsables de la calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia de
la prestación de los servicios de salud, pues son ellas quienes deben asumir el
riesgo transferido por el usuario, esto es, su salud y su vida. Señala que son
las EPS las que están llamadas a responder por toda falla, falta, lesión,
enfermedad e incapacidad que se genere con ocasión de la no prestación o
indebida prestación de los servicios de salud incluidos en el plan de
beneficios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
1.2. No obstante, pese a su solicitud de ser
desvinculada, hace referencia a los antecedentes jurisprudenciales que frente
al asunto que hoy ocupa la atención de la Sala han sido proferidos por esta
Corporación, reiterando que de la lectura de los hechos y del material
probatorio allegado al expediente no se aprecia que la patología y
circunstancias previstas en la Sentencia C-239 de 1997 se articulen con el
sufrimiento o la problemática de salud mental del accionante.
2. La Fundación Pro Derecho a Morir
Dignamente
2.1. Mediante escrito allegado al expediente
el trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016), sostuvo que en cumplimiento
de una orden emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-970 de 2014,
ante la ausencia de regulación del derecho a la muerte digna por el Congreso de
la República, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1216 de 2015, en la
cual se fijaron los requisitos para tener acceso a la eutanasia, entre ellos: (i)
que el paciente padezca una enfermedad o condición patológica grave, (ii) que
esté diagnosticada en forma precisa por un médico experto, (iii) tenga carácter
progresivo e irreversible, (iv) con pronóstico fatal próximo o en plazo
relativamente breve, (v) no susceptible de un tratamiento curativo (vi) cuando
los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser
eficaces. Así mismo, indica que el derecho a la vida no es absoluto, pues es el
ser humano el que establece sus límites y no pueden ser sobrepasados por el
Estado, esto en protección del derecho a la dignidad y a la autonomía de las
personas.
2.2. Finalmente, pone de presente que de
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no solo hace parte de la vida
el concepto físico, sino también el mental y el social, y son estos dos últimos
los que deben ser considerados en el presente caso, pues se trata de una
persona para quien la vida es intolerable, su vida no tiene sentido, y es esa
la condición que merece la protección del Estado, pues la fuente de su
sufrimiento es moral o mental y debería tener derecho a elegir, en ejercicio
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, con lo cual se protege el
derecho a la dignidad humana. Concluye que si bien es cierto de acuerdo a las
normas vigentes en Colombia no existen las condiciones exigidas para considerar
la opción de muerte digna por eutanasia, el sufrimiento intolerable que la
persona alega debería llevar a que la Corte le conceda para su vida el final
que en uso de su autonomía está solicitando.
3. Conferencia Episcopal de Colombia
En su informe, se limitó a señalar que “siendo
fiel a la enseñanza de la Iglesia Católica (…) considera la práctica de la
eutanasia como un atentado a la dignidad humana y como una grave vulneración
del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la
Constitución Política y en el artículo 4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”.
4. La Asociación Cuidados Paliativos de
Colombia
Luego de analizar la historia clínica del
señor Anacona, manifestó que no existe claridad y precisión frente a la
existencia de un diagnóstico de enfermedad terminal y que además por su
enfermedad psiquiátrica severa podría estar incapacitado para la toma de
decisiones, según concepto de Psiquiatría. Aclara que, soportados en la Ley
1733 de 2014 y la Sentencia T-970 de 2014, el paciente Reinaldo Anacona Gómez
no cumple con los requisitos para acceder al derecho a morir dignamente; por lo
tanto sugieren que se realicen otros procedimientos de tratamiento para la
enfermedad mental que el accionante padece, aunado a las intervenciones propias
para el manejo social y de salud del adulto mayor por parte de su asegurador,
reivindicando los derechos que le asisten por la Ley 1251 de 2008.
5. Colegio Colombiano de Psicólogos
5.1. Informó que de los argumentos expuestos
por el accionante, se evidencia que no se cumple con los requisitos
jurisprudenciales ni con la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y
de la Protección Social para practicar el procedimiento de la eutanasia.  Sin
embargo, manifiesta que en la jurisprudencia que existe respecto a la eutanasia
no se hace referencia a la existencia de sufrimiento mental, por lo cual
considera que no puede descartarse que el actor esté padecimiento un profundo
dolor de orden psicológico.
5.2. Precisó que según Bayés (2009),[32] se ha comprobado que
personas que no padecen alguna enfermedad terminal pueden experimentar alto
sufrimiento psicológico percibido como intolerable; y aun cuando el señor
Anacona padeciera de depresión no delirante, ello no lo inhabilitaría para
tener objetivos de vida o de muerte; así mismo Canham (2009)[33] sostiene que las personas reportan
más sufrimiento relacionado con la soledad, los sentimientos de inutilidad y el
miedo a convertirse en una carga, que con la enfermedad misma.
5.3. Señaló que el dolor y el sufrimiento no
se refieren exclusivamente al deterioro o daño físico de una persona, ya que
incluyen el sufrimiento psicológico asociado a la edad avanzada, a la pérdida
de la autonomía física, a la percepción de abandono psicológico o pérdida de la
dignidad, que conlleva al deterioro de la calidad de la vida de quien lo
experimenta.
5.4. Concluyó que aunque la Sentencia T-970 de
2014 no aclara los aspectos de sufrimiento psicológico y enfermedad mental como
factores incluyentes para acceder al derecho a la muerte digna, es preciso que
previo practicarse la eutanasia al paciente, debe realizarse una valoración
interdisciplinar que permita hacer un diagnóstico de las condiciones actuales
de sus redes de apoyo familiar, social y asistencial.
6.
Alcaldía de Popayán
6.1. A
través de la Secretaría de Salud, informó que el objetivo general de la
política pública del municipio es mejora la calidad de vida de la población
mayor, donde se reconozca y restablezcan los derechos humanos con criterios de
universalidad e integralidad, creando condiciones que garanticen un
envejecimiento activo y saludable, que permitan fortalecer el entorno social,
económico y cultural, cuyo proceso sea el resultado permanente de una
participación individual, familiar y social, convirtiéndose así en un
territorio de oportunidades que contribuyan al desarrollo activo de los
ancianos.
6.2. De
igual manera, pone de presente que en el año 2016 el municipio de Popayán
celebró dos convenios en cumplimiento de la política pública del adulto mayor,
con el objeto de aunar esfuerzos para la operación de los centros de vida norte
y sur de la localidad, garantizando la ingesta de alimentos, la promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, atención psicosocial y uso del tiempo
libre a través de la recreación, cultura y deporte.
6.3. Los
beneficiarios de la mencionada política pública son los adultos mayores, de
niveles I y II del SISBEN o quienes, según evaluación socio económica, se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte
social.
SEGUNDA PARTE  -  INSPECCIÓN JUDICIAL
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Siendo las 8:37 am del día 4 de mayo de 2017,
en la carrera 20 #8-04 barrio Guayabal de Popayán. Nos hacemos presentes Luisa
Fernanda Toro Riaño, profesional especializada grado 33 de la Corte
constitucional y Pablo Jaramillo Valencia magistrado auxiliar de la Corte
Constitucional, por delegación del Magistrado Aquiles Arrieta Gómez.
Comisiona en auto de fecha 2 de mayo de 2017,
originalmente programada para el 3 el mayo de 217 y reprogramada para el 4 de
mayo de 2017, en razón de condiciones de fuerza mayor. Esto dentro del
expediente identificado con a referencia T-5.496.521, acción de tutela
interpuesta por el señor Reinaldo Anacona Gómez contra el hospital
universitario San José de Popayán y otros. Dentro del expediente se programó
esta diligencia con el fin de constatar las condiciones físicas de salud del
señor Reinaldo Anacona Gómez y con el fin de verificar sus condiciones de vida
actuales.
En esta audiencia se ha hecho presentes el
señor Reinaldo Anacona Gómez. Y voy empezar por pedirle a los presentes sus
cédulas: el señor Reinaldo Anacona Gómez identificado con Cédula de Ciudadanía
número 1.423.300, fecha de nacimiento el 1 de junio de 1926 en San Sebastián,
Cauca; la señora Cielo Patricia Anacona Pino identificada con Cedula de
Ciudadanía número 34.549.966, con fecha de nacimiento el 1 de mayo de 1967 en
la ciudad de Popayán; la Señora Olga Pino Hormiga, identificada con Cédula de
Ciudadanía número 25.251.572, nacida el 25 de febrero de 1931 en la Vega,
Cundinamarca; la señora Aura María Idrobo de Anacona, identificada con la
Cédula de Ciudadanía número 34.526.725, nacida en el Tambo, Cauca el 11 de
septiembre de 1953, se identifica la señora Aura María como la esposa del hijo
Norles Anacona Pino que es el hijo mayor del señor Reinaldo Anacona.
Empieza la Corte esta diligencia notificando a
la señora Cielo Patricia Anacona y en nombre del señor Reinaldo Anacona Gómez,
los dos autos que citan a esta diligencia y poniéndoselos de presente.
A Continuación la Corte informa las razones de
esta diligencia y el mecanismo que llevaremos a cabo en la audiencia que
esperamos que sea corta, una cosa breve. Nuestro interés es saber de la
condición de salud del señor Reinaldo Anacona Gómez y conocer cuál es la
situación frente a la acción de tutela que él presentó hace dos años. Para el
efecto, la idea va a ser la siguiente: queremos tener una conversación con él,
en la que yo amablemente les voy a pedir que lo dejen contestar, pero siéntanse
libres de participar en el momento que lo crean adecuado y después me gustaría
tener una conversación con ustedes como grupo familiar para saber un poco de sus
condiciones y demás, y de su día a día con el fin de proceder a tener todos los
elementos que necesitamos.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Don Reinaldo ¿cómo me le va, como ha
estado? ¿Se ha estado sintiendo bien?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Bien. ¿Usted se llama Pablo?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Pablo me llamo yo
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
El apellido.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Jaramillo.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
¿Descendencia?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¡Paisa!
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Paisa claro.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Claro.
Sí imagínese, pero también tengo familia acá,
no he venido mucho pero me gusta mucho. Cuénteme una cosa, ¿cómo se ha estado
de salud últimamente?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Ahí como me ve, el destino me tiene así y
así tengo que conformarme  porque no hay de otra.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Cuénteme una cosa ¿usted se acuerda de que
presentó una tutela hace unos años?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
¿Tutela?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Si usted se acuerda de eso.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
¿Sobre qué sería la tutela?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Pero ¿usted se cuerda de haberla presentado
de haber ido donde un juez?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Sí, yo presenté una tutela porque me
estaban demorando mucho el paguito allá donde yo estaba afiliado, entonces me
tocó que presentar una tutela, eso fue todo.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ya, y ¿qué le estaban demorando?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Pues no, yo no estaba casado. Asentamiento
paisa, vea pues.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Pero cuénteme, ¿que se estaba demorando
cuando usted presentó la tutela?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Que yo me recuerde nada.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿No se acuerda bien?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
No me acuerdo bien.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Bueno, y cuénteme ¿cómo ha estado usted de
ánimo, se ha  sentido bien últimamente?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Pues tengo un hijo y una nuera muy
distinguida, yo no es que la quiera, por pequeña no, sino que mi forma de
hablar es en diminutivo yo la llamo Aurita, pero la forma de hablar es en
diminutivo.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ya. ¿Y ha ido últimamente al médico?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Sí, he estado hospitalizado.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Cuándo estuvo hospitalizado?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Por ahí unos 15 días, pero aquí dentro de
este alojamiento.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Cuénteme un poco que hace usted todos los
días, cuando se levanta que hace.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Que voy a hacer si no me puedo levantar, ni
nada.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Pero lo sacan aquí a pasear?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Sí, claro, cuando viene mi familia me sacan
a pasear
Y cuénteme a usted que le gusta hacer
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Yo fui un gran músico, empírico, no de
profesión porque las capacidades económicas no se me facultaban pero sí fui una
gran música de cuerda bandola, tiple y guitarra.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Le gusta la música?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Mucho, mucho no la olvidare.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Y le ponen su música?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Ave María.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Si?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Si.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
A qué bueno.
¿Quién lo  cuida?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Mi hija patricia
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Usted trabajaba antes don Reinaldo?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
¿Cómo dice?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Usted trabajaba antes?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Pues…
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Donde trabajaba?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Yo no le puedo decir en donde trabajaba.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ya…
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Como le digo yo soy un músico empírico no
soy profesional, así como ve. Pero me gusta que la doctora sea de asentamiento
Caldense. Y como se conocieron, entre paisas se puede decir, entre abogados,
porque me entero que usted también es abogada
Profesional especializada grado 33, Luisa
Fernanda Toro Riaño:
Sí señor.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
¿En qué materia?
Profesional especializada grado 33, Luisa
Fernanda Toro Riaño:
Constitucional.
En derechos de las personas, derechos a la
vida, a la salud.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
¿A dónde se conocieron?
Profesional especializada grado 33, Luisa
Fernanda Toro Riaño:
En Bogotá.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
En Bogotá, yo trabajé en Bogotá.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Dónde trabajó en Bogotá?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Yo trabajé en la… aguarde le digo, en donde
que yo recuerde… Pero yo trabaje en Bogotá. Me toco retirarme de allá porque me
toco que… Pues como le digo no era músico profesional, era empírico. Ustedes
como abogados que buena carrera que han tenido y espero que la sigan teniendo.
Pero usted está muy jovencita. Usted tendrá unos 25 años, un poco, más o menos.
Profesional especializada grado 33, Luisa
Fernanda Toro Riaño:
Un poquito más.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Cuénteme don Reinaldo. ¿Le gusta vivir en
Popayán o prefiere Bogotá?
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Yo prefiero vivir en Popayán porque aquí
está mi familia y eso es todo.
¿Ustedes se conocieron en Bogotá?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Sí señor en Bogotá, don Reinaldo le
agradezco mucho que haya conversado con nosotros, vamos a conversar acá con la
familia si le parece bien.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Reinaldo, claro, claro, con mucho gusto
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Muchas gracias don Reinaldo.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez
¿Cómo es que se llama?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Pablo Jaramillo
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez:
Pablo Jaramillo. ¡Paisa!
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Si, bueno, muchas gracias.
Peticionario, Reinaldo Anacona Gómez
¿Se conocieron en Bogotá?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Sí en Bogotá.
Bueno, terminada la entrevista con el señor
Reinaldo Anacona Gómez la Corte procede a conversar con los miembros de su
familia que se hicieron presentes en esta diligencia.
Por solicitud de los miembros de esta familia
en la conversación intervendrá la señora Aura María Idrobo, nuera del señor
Anacona Gómez y a quien se le ha delegado esa función.
Doña Aura María, cuénteme un  poquito ¿cómo
supieron ustedes de la tutela que había interpuesto don Reinaldo?
Familiar del peticionario, Aura María Idrobo
Por las llamadas que le hicieron a mi
esposo.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Quién le hizo llamadas?
Familiar del peticionario, Aura María Idrobo.
¿De la fiscalía?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ok. ¿Y qué le comentaron? ¿Que saben
ustedes de ese proceso?
Familiar del peticionario, Aura María Idrobo
Pues le dijeron que don Reinaldo había
colocado la tutela porque se veía desprotegido y porque él no lo cuidaba
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ya… y cuénteme un poco de esa situación
previa, entendemos que él vivía en Bogotá, cuénteme al respecto
Familiar del peticionario, Aura María Idrobo
No, él vivía aquí en Popayán, él trabajó
pero joven en Bogotá; pero hace muchísimos años.
Ellos son esposos, ella se separó de él
hace 25 años y el formó otra familia, con otra señora y criaron dos hijas, dos
niñas, como hijas. Vivieron varios años y murió la señora, entonces las hijas
no se hicieron cargo de él lo que hicieron fue hacerle firmar la escritura de
la casa, porque él tenía una casa muy buena, muy bonita. Le hicieron firmar la
escritura y lo dejaron desprotegido, no se hicieron cargo de él y él se salió a
vivir donde una sobrina. Él vivió allá donde la sobrina, en varias partes vivió
y resulta que las hijas pelearon por la casa, pelearon entre ellas. Y entonces,
pues ya una de ellas se salió de ahí y pues bueno, pero no se hicieron cargo
ninguna de las dos del abuelo, sino que él se quedó viviendo donde la sobrina.
Y resulta que allá mi esposo no podía irlo a visitar porque una de las hijas,
ella es enferma porque le dan ataques (intervención familiar: convulsiones)
epilépticos y don Reinaldo la cuido desde bebe, se puede decir, y le daban los
ataques y él la hizo curar, le lidio pues toda la enfermedad. Ella es como
brava con mi esposo y él no podía ir porque lo amenazaba y no lo dejaba entrar
y lo mismo a Patricia la mechoneaba, como se dice, le pegaba porque ella iba a
visitarlo. Sin embargo ella siempre iba y mi esposo también, con mi esposo
íbamos y le dejábamos pues pollo y pan, pero de la puerta a veces porque no se
podía entrar porque ella permanecía donde la otra sobrina, donde vivía don
Reinaldo, entonces por eso mi esposo casi no iba además que esta niña lo
amenazaba con dañarle el carro, con hacer cosas, con la policía. Bueno,
entonces mi esposo casi no iba y en eso él se enfermaba pues tocaba que
llevarlo al hospital o lo que fuera, pero así, pues de lejos.
Y resulta que un día fue Patricia a verlo y
lo encontró en el suelo golpeado, todo mal orinadito, todo maltrajeadito y con
un golpe en la cien. Entonces ella inmediatamente llamo a mi esposo, y ya mi
esposo con ella lo llevaron a un hospital y estuvo hospitalizado como un mes.
Estuvo hospitalizado y de ahí cuando ya iba a salir él quería irse para allá
donde la sobrina, entonces la llamó mi esposo que ya don Reinaldo estaba mejor
que ya lo iban a llevar, y la sobrina dijo que no, que ella ya no lo recibía
porque él ya del hospital salió que no podía caminar, había que hacerle todo,
asearlo como un bebe. Entonces, pues en eso  ya ellos se hicieron cargo, mi
esposo se lo trajo, ella vivía aquí en este apartamentico y le pidió permiso
que nos lo dejara, porque que es que en la casa no hay alcoba así en el primer
piso, en el segundo. Entonces él le pidió permiso y le dijo pues mamá deme permiso
y yo le ayudo con el arriendo con los servicios y así pues lo trajeron aquí. Y
de la pensión que él recibe se le paga una bonificación a ella, porque pues
ella como no trabaja  y tiene que estar tiempo completo aquí, es la  hija pero
pues tiene también familia, entonces se le compra el resto de medicamentos y de
cosas que se pide. Se pidió allá a la EPS y le dan las cremas y los pañales,
algunas cremas, pero lo demás hay que comprarlo, cuando no  se dan los
medicamentos rápido hay que comprarlos, entonces mi esposo es el que se hace
cargo. Y así fue que él vino aquí. ¡Ah! Y él en tiempo que ha colocado la
tutela pues él se sentía solo y se sentía desprotegido pero no era porque
nosotros no quisiéramos irlo a ver o cuidarlo, sino que no nos dejaban entrar
allá.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ya… ¿hace cuánto tiempo está don Reinaldo
acá en la casa?
Familiar del peticionario, Aura María Idrobo
-El primero, ¿de qué?
-Un año.
-El 14 de julio. Ya un año.
Y en vista de eso pues él había colocado la
tutela.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ya. ¿Y él con quien vive acá? ¿Quién está
aquí todo el tiempo?
Familiares intervienen:
Cielo Patricia, y una muchacha que ellos
consiguieron para que ella descanse un día a la semana.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ya, y cuénteme doña patricia ¿cómo es el
día a día, cómo funciona el día a día?
Familiar del peticionario, Patricia:
El día a día, pues ya por la mañana los
alimentos no se hacen aquí, pues, porque mi mama sufre de problemas de salud,
entonces se le suspendió el gas, entonces los alimentos los hacemos allá donde
mi cuñada,  mi cuñada muy amable me ayuda con el desayuno, me lo tiene
preparadito y  lo traigo para acá, le doy el desayuno primero, llego y le lavo las
manitos porque el amanece pues sucio obviamente, entonces le lavo las manos, lo
acomodo para darle el desayuno, le doy el desayuno y como yo le pongo a
funcionar esta mano, en una mano le paso el vaso y en la otra le paso el pan o
la arepa o lo que sea y le doy el huevito. Entonces mientras que él desayuna yo
voy calentando el agua para bañarlo, porque hay que bañarlo todos los días
porque amanece bastante suciecito de pe a pa, entonces como se dice. Y ya lo
arreglo a él, lo baño, le arreglo la habitación y lo saco a pasear en esta
silla me lo llevo a pasear le doy una vuelta a la manzana o lo que sea, llego
otra vez aquí y le doy la coladita, porque mi cuñada le manda colada, y con
galleticas y todo eso; y él ya sabe, que la galleta, que la galleta, y le doy
la galletica y mientras eso vuelvo y lo acuesto y ya se duerme hasta el
almuerzo.  Entonces, ya a la hora del almuerzo también el mismo mecanismo yo
tengo que ir allá porque acá no se hace nada de almuerzo, allá se le prepara y
se le trae, le doy el almuercito me toca darle porque es difícil que el maneje
la cuchara, le doy el almuerzo pero lo bajo, lo bajo aquí a la silla que tengo
allí y le doy el almuercito y todo eso y ya vuelvo y lo tengo un rato ahí
sentado y lo acuesto para seguir yo haciendo mis cosas o para ir a almorzar y
ya sigo haciendo mis cosas, porque las cosas toca hacerlas obviamente arreglar
la casa, enjabonar porque a él toca cambiarle todo, todo es todo, tendidos,
todo, todos los días hay que hacer ese mismo procedimiento.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Quisiera como tener un panorama completo
del tema de salud, desde el punto de vista tanto de salud como que medicamentos
está tomando en el día a día. ¿Como? y eso me interesa mucho, que acceso tienen
a salud desde el punto de vista de hospital si los atienden en la EPS, como
funciona el tema.
Familiar del peticionario, Patricia:
A ver doctor, mi papá él... Gracias a Dios,
él sufre de la presión pero la tienen controladita, está tomando pastillas de
ENALAPRIL, no perdón, perdón, HIDROCLOROTIAZIDA y LOZARTAN; y la doctora le
mandó a medio día tomar HASAN que ese es anticoagulante y como él está
sufriendo de una alergia que le salió por el pañal, le mando ahoritica está
tomando LORATADINA, esos son los medicamentos que en el momento está manejando
él.
Para la atención donde el médico, gracias a
Dios, cuando él estuvo hospitalizado, una amiga en la Nueva EPS, porque yo
estoy en la Nueva EPS, me dijo: Cielo, mételo al programa de adulto mayor que
es para que le den atención en casa,  para domiciliaria. Entonces dije como
así, y me dijo sí, ellos tienen derecho viéndolo mal. Y yo lo hice inscribir en
el programa, y no… Eso fue rapidito y aquí ya viene una doctora, la doctora
Carmen Sandoval se llama ella, ella cada mes viene, a ella le toca los 13 de
cada mes, o 20 algo aso. Viene acá le revisa, lo formula, le manda los pañales,
las cremas porque le salió ESCAR, cuando estuvo en el hospital, mucho antes le
salió un ESCAR que era gigante, entonces no le puede faltar esa crema para la
antipañalitis y todo eso.
Y medicamentos y eso toca... ¡Ah! y lo de
la presión, le manda para cada mes, cuando le mandan medicamentos fuera o así,
a veces no los da la entidad o como dice mi cuñada se demoran, entonces toca
también comprarlos y cremas y para la antipañalitis que le dio porque le hizo
reacción el pañal.
Como él ya no puede caminar, ya el Neuro
dijo que era a raíz de la caída, que le produjo eso, entonces tiene un problema
que le da miedo volverse a poner en pie, entonces la doctora le mando terapias
de fisioterapia.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Y esas se las hacen dónde?
Familiar del peticionario, Patricia:
Aquí, no todo lo hacen aquí. Vea ese es el
programa que está afiliado mi papá ahora se lo muestro. Vienen y le hacen
terapia de fisioterapia, viene la psicóloga, viene cuando le mandan
laboratorios se los toman aquí. Mejor dicho, para que, yo  ya no lo volví a
llevar, para que, como él es muy pesado para tener eso para movilizar. Le
mandaron terapia con respiratoria, pues ya estuvo hace como 1 mes o 2 meses le
estuvieron haciendo, pero no han vuelto, por lo que se le escucho tiene mucha
flema por lo que él tiene colapsado el pulmón izquierdo. De fonoaudiología
también le mandaron, pero no han llegado. Para que, en cuestión de médicos la
doctora muy amable lo que uno le dice o lo que ella ve que mi papá necesita
está muy pendiente y todo ese cuento
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Dos preguntas. Entonces, una ¿usted tiene,
ellos le dejan algún tipo de constancia que vinieron, o algún papel de que
vinieron?
Familiar del peticionario, Patricia:
Sí doctor, los de las terapias, terapeuta y
eso, tiene un registro que se llama evolución, ese registro lo llevan ellos,
pero igual yo firmo.
La doctora cuando viene, ella viene y hace
lo siguiente. Esta es la entidad que de la Nueva EPS vienen y lo atienden,
estas son las evoluciones; vea todo esto doctor, este es el teléfono de la
entidad, estas son las evoluciones que cada mes ella nos expide, ella incluso
hizo y no he podido hacer esa vuelta todavía, pero le cambio los pañales porque
los que estaba utilizando le hizo reacción, entonces le hizo una franja de
alergia. Ella le mandó, para que yo no he ido a hacer esa vuelta a la entidad
esa, porque ella le cambió el pañal entonces tengo que hacer ese trámite. Mire
doctor estas son las pastillas que toma. Hasta guantes le manda para hacerle
aseo toca tener.
Donde yo le estoy diciendo que lo hice
afiliar se llama Comité, Comité de Salud,  algo así… Pero para los adultos.
Bueno no tanto para los adultos porque hay niños y todo eso, pero eso es para
atención domiciliaria.
Todas estas son fórmulas que la doctora
Carmen hace, expide lo que ella ve que mi papa necesita.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Muy bien, ¿Psicólogo le hace evolución cada
cierto tiempo?
Familiar del peticionario, Patricia:
Sí, la psicóloga viene cada mes. Tampoco me
deja constancia, ella me dijo que cualquier cosa que necesitara, porque estas
constancias las tengo yo porque cada que voy allá digo: deme copia.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿La psicóloga es de esta misma fundación?
Familiar del peticionario, Patricia:
Sí doctor, la psicóloga, la fisioterapeuta,
la fonoaudióloga.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Cómo se llama la psicóloga? ¿Usted se
acuerda?
Familiar del peticionario, Patricia:
Ay, ahí si me…
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
No hay problema. Si se acuerda está bien;
si no, no hay problema.
Muy bien, yo creo que eso nos da un
panorama.
Familiar del peticionario, Patricia:
Doctor mi hermano le está, a mi papa como
hay que voltearlo para la izquierda, para la derecha, para todos los lados. Mi
hermano le alquiló esta cama hospitalaria pues para poder yo tenerlo cómodo
pues como él se cansa mucho, entonces él se la tiene alquilada, para tenerlo
pues bien.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Entiendo. ¿El permanece acá?
Familiar del peticionario, Patricia:
Claro, o sea yo después de que lo saco así,
a mí no me gusta tenerlo mucho tiempo acostado porque como él se cansa, por
ejemplo ahí donde está ya está cansado, entonces toca subirlo y tenerlo ahí
acostadito hasta la... pero entonces yo no lo acuesto derecho sino yo lo volteo
para un lado y lo dejo así hasta la  hora del almuerzo, almuerza lo bajo tal
como lo ves pero lo coloco en ese lado de allá para que almuerce y ya… Sabe que
pasa que no lo dejo mucho tiempo sentado porque cuando se cansa parece que ya
se fuera a desplomar. Gracias al Señor a mí no se me ha caído ni nada. Pero
usted sabe que con ellos toca estar es pendiente.
Intervención familiar:
Una cosita, yo quiero agregar es que en
estos días han estado viniendo las sobrinas donde él vivió y que se cayó.
Además en el hospital salió con desnutrición severa, o sea que él no estaba
siendo bien alimentado. Ellas cobraban la pensión pero… un día fuimos al
cumpleaños y estaba en pijamita y todo orinado.
Estaba mal tenido, entonces allá en el
hospital salió con desnutrición severa.
Ahora un año cobraron la prima y no la
entregaron porque él ya estaba en el hospital. Y ahora han vuelto a venir que
se lo quieren volver a llevar. Yo no sé si eso se puede grabar ahí. Y ayer
vinieron, es que si vieron que él no tiene consistencia al hablar, a veces
vienen los sobrinos y él les dice que él se quiere ir para donde allá, para
donde Gissel, se llama la sobrina donde se cayó y todo eso, entonces ella vino
ayer y que se lo quería llevar que porque el tío le ha mandado decir que se lo
quiere llevar. Y la otra muchacha la que él crio, la que le digo que no dejaba
que uno fuera, que quiere que le den un auxilio que le daba el hospital y ese
auxilio lo han suspendido, entonces ellas creen que nosotros  estamos
recibiendo la pensión y ese auxilio y no, ese auxilio lo han suspendido. Y
ellas pues es por la plata es que ayer vino, “que yo me quiero llevar a mi
papá” y le dijimos, vea a él tiene que lidiarlo como un niño chico, cambiarle
el pañal, darle la comida y todo, él ya no camina; sin embargo están
insistiendo que se lo quieren llevar y son las mismas que le quitaron la casa,
una de ellas. Él tenía su buena casa, más grande, grandísima y el… yo no sé,
cómo que fue el papá de una de las hijas que le dijo que le hicieran escritura
y lo hicieron firmar. En ese tiempo él firmo consciente. Pero ellas tenías que
estarlo cuidando en agradecimiento a lo de la casa y no.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Cuándo pasó lo de la casa?
Intervención familiar:
Eso… no pues él no vivía con nosotros, eso
fue hace tiempos.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Pero un estimado
Familiar del peticionario, Patricia:
Uy… Por decir, por bajito unos 8 o 10 años.
Sí porque es que vea si usted va allá donde él vivía le cuentan tristezas,
porque lo sacaron prácticamente.
Intervención familiar:
Entonces ellas están insistiendo en venir a
llevárselo. Entonces mi esposo dijo pregúntele a los doctores que vengan que en
caso que ellas insistan y además como patricia pues ya tiene también familia,
tiene una hija y una nieta y tiene que cuidarlas. Si es posible que en caso que
no haya quien lo cuide así, que si se puede llevar a un hogar, no lo quiere
llevar, pero a veces uno se ve obligado. Que a un hogar donde lo cuiden. Que
allá se entregue la tarjeta para que lo cuiden.
Intervención familiar:
Lo que pasa, es que una pregunta que yo le
hago es que es incómodo porque uno esta como en esa zozobra porque es que ella
viene con la policía como a amenazarlo a uno, si me entiende… Entonces me tocó
decirle: es que usted lo ve mal, si lo ve mal avise. Y dijo: no, yo lo veo
bien. Insiste es por la plata.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Yo quiero entender una cosa y es la
siguiente, ¿cómo funciona el pago de la manutención de él? ¿De qué monto es la
pensión? ¿Quién la cobra? ¿Cómo se gasta? ¿Cómo son los gastos diarios de don
Reinaldo?
Intervención familiar:
El gana el mínimo y Patricia retira.
Familiar del peticionario, Patricia:
Yo tengo la tarjeta. Es que mi papá cogió
la tarjeta, él cobra en Bancolombia, en el revés de la tarjeta él le coloco la
clave y le dijo a Gissel: tenga esta tarjeta para que cobre. Yo antes le
cobraba y él dijo: que no, que Giseel. Entonces yo se la pasé. Entonces ellas
cobraban no sé cómo manejaban esa plata por allá, pero en todo caso cuando
cobraron el mes de diciembre del año pasado que le cobraban como 1’600.000
pesos, no le dieron esa plata a mi papá sino que le dieron a mi hermano como
400.000 pesos, porque ellas se quedaron con el resto y mi papá ya estaba en el
hospital y se necesitaban para pañales porque en ese entonces la entidad no
daba para pañales, ni para cremas; le tocaba a mi hermano y a mi cuñada del
bolsillo. Entonces ellas no vieron eso y entregaron 400 mil pesos. Entonces yo
fui a poner el denuncio de pérdida, ni siquiera me entregaron la cedula que se
necesitaba para reclamar medicamentos sino que coloque el  denuncio por pérdida
total: cedula, tarjetas y bloquearon todas esas cuentas; yo hice así. Y estaban
ardidas porque estaba bloqueada y que ya plata no había. Listo cuando mi papá
ya se trajo para acá y se pudo movilizar. Fuimos con mi hermano y esa tarjeta
la saqué a nombre mío para poder cobrar. Ese fue el cuento. De los 700 se le
dan 600 a ella, pues porque vive lejos y tiene que movilizarse y los 100 que
sobran se paga lo de la cama. Entonces mi esposo y mi persona respondemos por
la comida por lo que hay que comprar de medicamentes o por lo que se ofrezca la
ropa, las cobijas, todo se le compra, nosotros lo compramos y mi suegra colabora
con el arriendo del apartamento y los servicios. Y así es, porque la pensión
que son 700, no queda. A ella se le dan 600 y lo de la cama
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Ya… ¿Y doña patricia viene todos los días?
Familiar del peticionario, Patricia:
Sí doctor, yo me vengo todos los días de mi
casa, porque yo tengo una hija y una niña entonces yo tengo que estar pendiente
de ella porque yo la llevo al colegio porque mi hija tiene que moverse a buscar
trabajo, entonces yo le colaboro mucho a ella. Yo llego aquí temprano, temprano
es 7 de la mañana, mi cuñada como le comentaba me colabora con el desayuno,
cafecito, desayuno, lo que sea, colada, jugo, pan, arepa, huevo, queso; gracias
a Dios no le falta, ese es el desayuno de mi papá y de paso también desayuno
yo. Y como le cuento ya vengo y le hago la rutina, llegar hacerle aseo a él en
las manos y la boca y por las noches tengo que dejarle porque es súper estricto
la orden de la doctora en el hospital de quitarle la prótesis porque se le va,
pues no aquí, sino en el hospital bronco aspiró él estuvo bastante mal por lo
que le decía del pulmón y todo. Entonces dijo la doctora bajo ningún punto le
vayan a dejar esas prótesis porque don Reinaldo se va. Así palabras más,
palabras menos. Entonces yo le hago aseo y el desayuno.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
¿Hasta qué hora esta acá normalmente?
Familiar del peticionario, Patricia:
¿Yo? Hasta las 7.30 pm, porque yo lo dejo
como un bebe, él no molesta, lo dejo empijamado, le cambio el pañal, le hecho
las cremas y lo que le mandan, lo dejo cambiadito en la cama y lo dejo con
estas sillas. Y ya hasta el otro día y donde lo dejo ahí queda.
Intervención familiar:
Doctor ¿Lo puedo acostar?
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Claro, claro que sí.
Ya con esto creo que terminaos siendo las
9:23 de la mañana.
Intervención familiar:
Doctor no me contestó si se podía llevar en
caso de que ellas sigan molestando o que patricia ya no pueda cuidarlo, porque
es difícil hemos buscado por internet y no se comprometen porque es muy duro,
pues para asearlo y darle la comida y todo eso, entonces en ese caso se puede o
no llevarlo a un hogar.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Entiendo, terminemos la parte formal de la
diligencia y podemos tener una conversación
Familiar del peticionario, Patricia:
Yo trabaje en el hospital San José y como
no había quien se hiciera cargo fui a donde mi jefe y le dije: mi Dios le pague
por la oportunidad pero yo no puedo porque a mi papá no hay quien  los asista.
Dijo: Cielo otro día será. Y aquí estoy.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Muy bien siendo las 9:24 de la mañana la
Corte pregunta a los presentes si ¿tienen algo que adicionar a la diligencia?
Intervención familiar:
A ver, ustedes preguntaran porqué en esta
sala, pues porque este apartamento tiene dos habitaciones pero no cupo la cama
entonces nos tocó dejarlo aquí en esta salita, pero igual yo me he quedado aquí
él no se ha desparramado bajo ningún punto y no es frio.
Intervención familiar:
Doña Olga quiere agregar que ella no  puede
ayudar en nada porque como es enfermita también, ella es la compañerita por las
noches, ella entra a verlo si está dormido, ella lo acompaña por la noche.
Magistrado Auxiliar, Pablo Jaramillo Valencia:
Sin otro particular, la Corte dar por
terminada la diligencia siendo las 9:26 de la mañana.
[1] Sala
de Selección número cinco de 2016, integrada por los Magistrados Alejandro
Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos.
[2] Copia de la cédula de ciudadanía del Señor Reinaldo Anacona
Gómez. Folio 2, cuaderno 1.
[3] Copia de información de afiliados en la base de datos única
de afiliación al Sistema de Seguridad Social. Folio 7, cuaderno 1.
[4] En la historia clínica del accionante el día 6 de julio de
2015 se constata la siguiente información: “Paciente masculino de 89 años de
edad, hipertenso en tratamiento  (...) con enfermedad de menierre desde hace 25
años que le ha producido sordera parcial y mareo crónico por lo cual se ha
incapacitado también parcialmente. Consulta porque desea categóricamente morir.
Solicita que se le administre la eutanasia y pide que se le traiga un
sacerdote. Esta idea la viene manejando hace varios meses y ahora se ha tornado
persistente y casi obsesiva. Al interrogarlo su sensorio  está totalmente
conservado, exhibiendo pensamiento lógico y lenguaje coherente, sin contenido
referencial y sin alteraciones en el curso del pensamiento. Refiere los nombres
de las medicinas que toma, sabe exactamente qué está solicitando. La hija quien
lo acompaña refiere que lo ha observado llorar y manifestar que se siente muy
solo. Tiene insomnio global el cual le han manejado (...) de forma crónica (más
de 20 años).
[5]
Expediente T-5.496.521, cuaderno 2, página 1.
[6]
Mediante Auto del 7 de diciembre de 2015, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Popayán avocó el conocimiento de la acción de tutela, en consecuencia,
ordenó vincular como accionado a la Nueva EPS y al Hospital Universitario San
José de Popayán. De la misma manera, ordenó la conceptualización del médico
especialista en Psiquiatría que había tratado con anterioridad al accionante.
Además de ello, y con la finalidad de tener más claridad respecto al caso en
concreto, dispuso poner en conocimiento de la acción de tutela a la
Superintendencia Nacional de Salud y a la Fundación Pro Derecho a morir
dignamente, para que rindieran los informes y conceptos técnicos que a bien
tuvieren, respecto de las pretensiones del accionante.
[7] Intervenciones que
se solicitaron mediante Auto del 28 de julio de 2016 por parte del Magistrado
Sustanciador Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver Anexo 1 de la presente providencia.
Mediante auto del 28 de julio de 2016, el magistrado sustanciador ordenó que,
por Secretaría General de la Corte Constitucional, se pusiera a disposición de
las partes las pruebas allegadas al expediente, por el término de 2 días
hábiles, tal y como dispone el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.
[8]
El día 11 de agosto de 2016, el magistrado
sustanciador registró proyecto de fallo del presente proceso. Ese fallo no fue
aprobado por la Sala de Revisión, hecho que motivó que se presentare una nueva
versión que dio lugar a la presente sentencia.
[9] Autos
del 2 y 3 de mayo de 2017 (Magistrado Sustanciador Aquiles Arrieta Gómez).
[10]
Expediente T-5.496.521 Folio 65 (CD de audio).
[11] Ver
Anexo 2. Transcripción del material audiovisual. Pablo Jaramillo Valencia y Luisa Fernanda Toro Riaño
fueron los funcionarios judiciales que practicaron la diligencia.
[12]
Expediente T-5.496.521 Folio 65 (CD de audio).
[13]
Expediente T-5.496.521 Folio 65 (CD de audio).
[14]
Expediente T- 5.496.521, cuaderno 1, folio 71. Audio de la Inspección Judicial
realizada el día 4 de mayo en la ciudad de Popayán.
[15] Corte
Constitucional, sentencia T–132 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas).
[16] Corte
Constitucional, sentencia C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz). En esta
sentencia la Corte se encargó de analizar la constitucionalidad del artículo
326 del Código Penal, el cual tipificaba el homicidio por piedad con una pena
de seis meses a tres años de prisión. En esa oportunidad, este Alto Tribunal
decidió declarar exequible la norma demandada, pues consideró que a pesar de
que la vida es un bien inalienable, al cual se supedita necesariamente el
ejercicio de los demás derechos.
[17] Corte
Constitucional, sentencia C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[18] Corte
Constitucional, sentencia C-233 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos).
[19] Corte
Constitucional, sentencia T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[20] Corte
Constitucional, sentencia T-132 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[21] Corte
Constitucional, sentencia T-970 de 2014 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[22] Corte
Constitucional, sentencia T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[23] Corte
Constitucional, sentencia T-132 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[24]
Corte Constitucional, sentencia T-970 de 2014 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[25]
Constitución Política de Colombia. Artículo 46.
[26] Corte
Constitucional, sentencias T-533 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) en esta
sentencia se discutió el caso de un hombre de 63 años de edad, que no tenía recursos
económicos y que se encontraba imposibilitado para trabajar debido a un
problema ocular que padecía. Sus hijos no se contaban con condiciones
económicas favorables que les permitieran socorrerlo, por lo tanto el actor
solicitó al Estado que le facilitara una ayuda con el fin de aliviar su
situación. La Corte ordenó al fallador de única instancia que se declarara el
estado de indigencia y extrema pobreza en la que se encontraba el accionante y
a su vez ordenó que la autoridad pública respectiva le brindara un auxilio
económico acorde a sus circunstancias. En la sentencia T-900 de 2007 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa) se resolvió el caso de una mujer de 79 años de
edad, de escasos recursos económicos, quien instauró acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna y a la
protección de las personas de la tercera edad luego de que la Alcaldía
Municipal le negara un subsidio para adultos mayores otorgado por el Ministerio
de la Protección Social, arguyendo limitaciones de tipo presupuestal. En esa
oportunidad la Corte tuteló los derechos invocados por la accionante, con el
fin de que el ente territorial hiciera el estudio correspondiente de
verificación de requisitos exigidos, para acceder a alguno de los programas de previsión
social que se ofrecían dentro del municipio y de este modo incluirla como
beneficiaria de alguno de estos. En la sentencia T-833 de 2010 (Nilson Pinilla
Pinilla) se resolvió el caso de un hombre de 82 años de edad, quien interpuso
acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la vida digna luego de que el Ministerio de la Protección Social del
municipio y el Consorcio Prosperar, decidieran excluirlo del programa por
hallarse incurso en una de las causales de pérdida de derecho al subsidio: “ser
propietario de más de un bien inmueble”, a pesar de que el aludido inmueble era
infructuoso. La Corte concedió el amparo de los derechos del accionante, pues
las entidades accionadas no evaluaron las condiciones reales de vulnerabilidad
en las que se encontraba el actor. En
la sentencia T-413 de 2013 (MP Nilson Pinilla
Pinilla) se estudió el caso de una mujer de 81 años de edad, quien interpuso
acción de tutela a través de agente oficioso, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital
por parte de la alcaldía municipal una vez fue excluida del programa de
subsidios del cual era beneficiaria, hacía 4 años, a pesar de que sus
condiciones de vulnerabilidad no habían cesado pues vivía en una habitación en
arriendo y su familia no contaba con los recursos económicos suficientes para
ayudarla. La Corte concedió los derechos de la accionante. En la sentencia
T-544 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) se discutió el caso de un
hombre de 96 años de edad, que
consideró vulnerados sus derechos a la
igualdad, al mínimo vital y al reconocimiento de sus derechos como víctima,
pues una vez solicitó su inclusión en un programa de subsidios para adultos
mayores, una entidad del orden municipal se la negó bajo el argumento de que el
actor era propietario de bienes en el municipio del cual fue desplazado. La
Corte Constitucional tuteló los derechos del accionante y ordenó a la
autoridad competente incluirlo en el programa de beneficios, absteniéndose de
retirarlo hasta tanto sus condiciones no mejoraran. Recientemente en la
sentencia T-025 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa) se estudiaron dos
casos; el de un hombre de 75 años de edad, quien interpuso acción de tutela, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
dignidad humana, luego de que el desembolso del subsidio que venía recibiendo
por parte del Programa Colombia Mayor, le fuera suspendido al encontrarse
incurso en una causal de pérdida del derecho al subsidio: “percibir una renta”,
traducida ésta en la dependencia económica que se presume del cotizante, en
este caso, de su hija, quien lo tenía afiliado al sistema de salud en calidad
de beneficiario. Sin embargo, esto no garantizaba que el actor recibiera los
medios necesarios para satisfacer su congrua subsistencia, ya que aunque su
hija lo ayudaba en ocasiones, esta ayuda era insuficiente. La Corte concedió el
amparo de los derechos invocados por el actor, pues determinó que las entidades
accionadas no evaluaron la condición real de vulnerabilidad en la cual se
encontraba el accionante, afectando sus garantías fundamentales. En este
sentido ordenó a las entidades accionadas incluirlo nuevamente en el programa
hasta que las condiciones que dieron origen a su inscripción en el programa no
cesaran.
[27]
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador".
[28]
Ministerio de Salud y Protección Social. República de Colombia. Política
Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2014-2024.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/POCEHV-2014-2024.pdf
[29] Corte
Constitucional, sentencia C-451 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[30]
Código Civil Colombiano. Artículo 251.
[31] Corte
Constitucional, sentencia C-451 de 2016 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva)
[32]
Bayés, R. (2009).Sobre la felicidad y el sufrimiento. Cuadernos de Psicología
11 (1,2), 11-16. Recuperado de
http://www.quadernsdepsicologia.cat/article/view/508.
[33] Canham, S. (2009). The interaction of masculinity and control and
its impact on the experience of fuffering for an older man. Journal of
Aging Studies, 23, 90-96.