T-168-19
Sentencia
T-168/19
DERECHO
A RENUNCIAR LIBREMENTE AL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO-Caso
en el que una entidad pública omite injustificadamente aceptar la renuncia
presentada en múltiples oportunidades por la accionante
DERECHO
A RENUNCIAR LIBREMENTE AL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO-Íntima
relación con el ejercicio de otros derechos de los cuales se deriva
Se ha
considerado por esta Corporación que los derechos fundamentales al trabajo y al
libre acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, establecidos en el
artículo 25 y en el numeral 7 del artículo 40 Constitucionales, en concordancia
con el derecho a escoger libremente profesión u oficio contenido en el artículo
26 de la Constitución Política, se encuentran íntimamente ligados con otro derecho
que de ellos se deriva, esto es, con la posibilidad con que cuenta cada persona
de renunciar libremente al ejercicio del servicio público cuando así lo desee
DERECHO
A RENUNCIAR LIBREMENTE AL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO-Reglas
establecidas por el ordenamiento jurídico
El
ordenamiento jurídico vigente ha contemplado ciertos lineamientos para que
una renuncia pueda surtir efectos, estos son, que: (i) haya sido
presentada de manera escrita; (ii) sea producto de una decisión libre
de coacción por parte de quien la solicita; (iii) sea aceptada por el
nominador dentro de los 30 días siguientes a su presentación, so pena de que,
en el evento en el que la solicitud no sea resuelta, el trabajador se encuentre
habilitado para ausentarse libremente de su puesto de trabajo; (iv) no
se configure alguna de las prohibiciones legales, como lo son, a) renuncia en
blanco, b) sin fecha determinada y c) que ponga en manos del nominador la
suerte del empleado; y (v) finalmente, el empleador podrá solicitar,
en una única ocasión, su retiro en los eventos en que considere que se
configuran motivos de conveniencia pública, pero, en el evento en el que el
trabajador insista en ella, ésta deberá ser aceptada
MOTIVACION
EN LAS RENUNCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS-Jurisprudencia del
Consejo de Estado
MOTIVACION
EN LAS RENUNCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS-Efectos e
implicaciones
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los
siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Diferencias de los efectos según el
momento en el que se superan las circunstancias que dieron origen a la acción
de tutela
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por cuanto no se dio
resolución definitiva a varias de las denuncias por acoso laboral
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Docente optó por
satisfacer las exigencias injustificadas de la administración y se separó del
cargo que venía desempeñando
Referencia:
Expediente T-7.007.371
Acción de tutela formulada por LUZ OFELIA ESPINOSA
ATEHORTUA contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEDELLÍN -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá,
D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas
Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de
la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Medellín, el cinco (05) de julio de dos mil dieciocho (2018) y, en segunda instancia, por el Juzgado Veinticuatro Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, el seis (06) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dentro de la acción de tutela promovida por la
ciudadana LUZ OFELIA ESPINOSA ATEHORTUA, en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MEDELLÍN -SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-.
El
expediente de referencia fue escogido para revisión mediante Auto del dieciséis
(16)
de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferido por
la Sala de Selección Número diez, integrada por
la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Antonio José Lizarazo
Ocampo y
asignado al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos como sustanciador de su
trámite y decisión.
I.
ANTECEDENTES
El
pasado 21 de mayo de 2018, la ciudadana Luz Ofelia Espinosa Atehortua
formuló
acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Medellín, en específico de
la Secretaría de Educación, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al trabajo y al debido proceso con ocasión a la omisión en que ha
incurrido la entidad de aceptar su renuncia al cargo que ocupa como docente del
municipio de Medellín.
De
acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la
actora sustenta sus pretensiones en los siguientes:
1.
Hechos
1.1. La accionante es una mujer de 62 años de edad que ha trabajado
como docente del municipio de Medellín desde el 10 de marzo de 1986 en diversas
instituciones educativas y que afirma haber sido víctima de acoso laboral desde
hace más de 5 años, sin que, a pesar de sus reiteradas denuncias ante su
nominador, esto es, la Secretaría de Educación de Medellín, haya obtenido algún
pronunciamiento que, a su parecer, conjure la situación.
1.2. Indica que el 02 de febrero de 2018 presentó ante la
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín una carta de renuncia a su
puesto de trabajo como docente, la cual justificó en el constante acoso del que
ha sido víctima.
1.3. Asevera que, mediante oficio del 06 de febrero del
mismo año, la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Medellín le
indicó que “para que la renuncia de un servidor público pueda ser aceptada,
de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, ha de tener su origen en el
libre, franco y espontáneo impulso… del sujeto”, razón por la cual, al
observar que la renuncia se encuentra motivada en circunstancias que
presuntamente podrían ser consideradas como de presión o provocación, se abstuvo
de aceptarla.
1.4. Inconforme con la respuesta otorgada, el 02 de marzo
de 2018, presentó una nueva renuncia en la cual se mantenía en sus
justificaciones e indicó que no es posible que la limiten en su motivación.
1.5. La secretaría de educación accionada, mediante oficio
del 15 de marzo del presente año decidió sostenerse en sus argumentos y
reiterar la negativa de la renuncia solicitada, pues, a su parecer, no es
posible aceptar una renuncia motivada.
1.6. La actora indica que, el 3 de abril de 2018, presentó
un nuevo escrito ante la Secretaría de Educación, a través del cual reiteró su
pretensión de renunciar a su puesto como docente.
1.7. El 24 de abril de 2018, ante la ausencia de respuesta
a las anteriores solicitudes, radicó una nueva petición ante la Secretaría de
Educación, en la cual requirió copia de los actos administrativos completos,
con las motivaciones y consideraciones en las que se fundamentó la negativa a
su renuncia.
1.8. El 15 de mayo de 2018, la Secretaría de Educación
accionada indicó que los oficios que respondieron a sus escritos, de fecha del
06 de febrero y 15 de marzo de 2018, se constituyen en los actos
administrativos que solicita y que, en ellos, consta la motivación que les da
sustento.
1.9. Afirma que ha presentado diversas denuncias por acoso
laboral[1], pero que ninguna “ha
prosperado” y que, por ello, (i) no tiene cómo probar que efectivamente
ha sido acosada en su trabajo y (ii) no ha obtenido protección alguna
por este hecho.
2.    Material
probatorio obrante en el expediente
2.1.
Copia
de la Carta de Renuncia presentada por la ciudadana Luz Ofelia Espinosa
Atehortua el 2 de febrero de 2018 ante la Secretaría de Educación de Medellín, en
la que informa que los motivos de su renuncia radican en el acoso laboral del
que ha sido víctima desde hace más de 5 años.
2.2.
Contestación
del 06 de febrero de 2018 en la que la Secretaría de Educación de la Alcaldía
Municipal de Medellín decide no aceptar la renuncia pretendida por la
accionante, en razón a que ésta contaba con motivaciones en virtud de las
cuales es posible inferir que la misma no es “libre”, ni “espontánea” y, en
consecuencia, es ilegal.
2.3.
Solicitud
del 02 de marzo de 2018 en la que la accionante reiteró su renuncia por los
motivos anteriormente descritos e indicó que en la Ley no existe prohibición
alguna que impida que se motive la renuncia de un trabajador, razón por la cual,
le están imponiendo requisitos ilegales.
2.4.
Contestación
del 15 de marzo de 2018 en la que la administración municipal se mantiene en su
negativa de autorizar la renuncia solicitada pues, en su criterio, la renuncia
no puede contener justificaciones.
2.5.
Oficios
del 03 de abril de 2018 en los que la actora requirió directamente a (i)
el Alcalde Municipal de Medellín, (ii) el Personero Municipal de
Medellín, y (iii) al Procurador John Mario Guerra León, aceptar su
renuncia.
2.6.
Oficio
del 24 de abril de 2018 en el que la accionante reclama ante la Secretaría de
Educación de Medellín que se le haga entrega de los actos administrativos en
virtud de los cuales se le negó su renuncia de manera completa, esto es, con
sus respectivas consideraciones y motivaciones.
2.7.
Contestación
del 07 de mayo de 2018 en la que la Secretaría de Educación de la Alcaldía
Municipal de Medellín indica a la accionante que los oficios del 06 de febrero
y 15 de marzo de 2018 son los actos administrativos que solicita y, en ellos,
reposan los fundamentos de la decisión.
2.8.
Copia
de la Cédula de Ciudadanía de la ciudadana Luz Ofelia Espinosa Atehortua, en la
que consta que actualmente cuenta con 62 años de edad.
3.    Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
La ciudadana Luz Ofelia
Espinosa Atehortua considera desconocidos sus derechos fundamentales al
trabajo, a la libertad de escogencias de profesión u oficio, al debido proceso
administrativo, y a la libertad de expresión, a partir de la omisión de la Secretaría
de Educación de la Alcaldía Municipal de Medellín de aceptar su renuncia al cargo
de docente que desempeña, en razón a que, en el parecer de la accionada, no es
posible aceptar renuncias motivadas.
La actora
considera que no pueden limitar su posibilidad de renunciar y de expresar los
motivos por los cuales se retira del servicio, sobre todo cuando éstos radican
en un presunto acoso laboral que aduce haber venido denunciando desde hace más
de 5 años y respecto del cual ni siquiera (i) se ha sancionado a alguno
de los servidores públicos que denunció, ni (ii) se han desplegado
actuaciones que permitan superar la situación de acoso puesta de presente.
En ese sentido,
reclama del juez constitucional que se ordene a la accionada aceptar su
renuncia en los términos en que la planteó, esto es, con la justificación de
los motivos que la llevaron a tomar la decisión.
4.    Trámite de la acción
de tutela objeto de revisión
Mediante auto del 22 de mayo de 2018[2], el Juzgado Treinta y Dos
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín resolvió
avocar conocimiento de la acción de amparo y ordenó oficiar al Municipio
de Medellín para que se pronuncie sobre los hechos que dieron lugar a la
presentación de la acción de tutela objeto de litis.
Una vez integrado el contradictorio, la accionada se pronunció en los
siguientes términos:
Alcaldía
Municipal de Medellín
El 28 de mayo de 2018, la Alcaldía accionada respondió al presente
trámite de tutela a través de (i) su Secretaría General, así como por
intermedio de (ii) su Secretaría de Educación.
En ese sentido, la Secretaría General indicó que los hechos descritos
por la accionante no suponen el desconocimiento de sus derechos fundamentales
en cuanto considera que, de conformidad con la normatividad aplicable a la
renuncia de los servidores públicos, ésta debe ser manifestada de manera libre,
inequívoca y espontánea, razón por la cual, no puede contar con motivación de
ninguna clase, pues ello supondría que la renuncia no fue producto de la
voluntad propia del funcionario, sino que surgió como respuesta a una coacción.
En ese sentido, indican que únicamente se limitan a respetar el
ordenamiento jurídico aplicable, pues, en virtud de lo dispuesto por el
Artículo 27, inciso último del Decreto 2400 de 1968, “[q]uedan terminantemente prohibidas y carecerán en
absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o QUE
MEDIANTE CUALQUIER OTRAS CIRCUNSTANCIAS PONGAN CON ANTICIPACIÓN EN MENOS DEL
JEFE DEL ORGANISMO LA SUERTE DEL EMPLEADO” (Mayúsculas y subrayas propuestas por la accionada).
En su criterio, lo que se pretende por
medio de esta acción de tutela es que se ordene a la administración municipal aceptar
una renuncia ilegal, pues, al estar motivada, desconoce los derroteros establecidos
por el legislador para el efecto, motivo por el cual solicita negar el amparo
pretendido.
Por su parte, la Secretaría de Educación
del Municipio de Medellín, expresó que, si bien los hechos referidos por la actora en relación
con la no aceptación de su renuncia son veraces, lo cierto es que, con su
negativa de aceptar la renuncia propuesta, no ha vulnerado derecho fundamental
alguno, pues únicamente ha propendido por la correcta aplicación del
ordenamiento jurídico vigente. De otro lado, indicó que todas las solicitudes y
denuncias realizadas por la actora han sido efectivamente resueltas o remitidas
a la Procuraduría para que resuelva lo de su competencia.
5.
Sentencias objeto de revisión
Primera Instancia
El Juzgado
Treinta y Dos Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Medellín, mediante sentencia de primera instancia proferida el 05 de julio de
2018, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, en cuanto, a su
parecer, la pretensión de la accionante estaba dirigida a obtener respuesta a
sus solicitudes, cuestión que, como se encuentra acreditado en el expediente,
ya ocurrió. Considera que, si la actora no se encuentra de acuerdo con lo
resuelto, cuenta con otros medios de defensa para cuestionar las decisiones
adoptadas, razón por la cual, la tutela sería improcedente.
Segunda Instancia
Una vez impugnada la decisión, el asunto
fue sometido al conocimiento del Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Medellín, quien, por medio de sentencia del 06 de
agosto de 2018, decidió “confirmar” lo resuelto por el A-Quo, pero en el
sentido de modificar lo decidido y negar el amparo ius-fundamental
invocado, esto es, no por considerar que se configuró la carencia actual de
objeto referida por el juez de primera instancia, sino al concluir que la
accionada efectivamente había obrado conforme a Derecho al negarse a autorizar
la renuncia solicitada. Ello, pues, en su criterio, la presentación de una renuncia
“motivada” contradice el ordenamiento jurídico vigente. -
6.
Actuaciones en Sede de Revisión
Mediante Auto del
03 de diciembre de 2018, el Magistrado Sustanciador decidió (i) vincular
a la Procuraduría General de la Nación, en cuanto se evidenció que parte de las
denuncias formuladas por la actora habían sido remitidas por competencia a
dicha autoridad; y (ii) decretar una serie de pruebas a efectos de recaudar información actualizada sobre las
circunstancias fácticas y jurídicas que circunscriben las pretensiones de la
acción de tutela.
En ese sentido, se buscó obtener
información sobre:
(i) ¿si
la actora efectivamente puso de presente con anterioridad a la interposición de
la acción de tutela objeto de estudio la situación de acoso laboral en que aduce
haberse encontrado inmersa?; (ii) ¿cuál fue el trámite que se otorgó por
la administración municipal a sus solicitudes?; (iii) ¿si con ocasión a
la presentación de las reiteradas solicitudes de renuncia se inició alguna
gestión o actuación por parte de la administración a efectos de impedir la
proliferación de este tipo de comportamientos?; (iv) ¿qué medidas se han
adoptado a nivel municipal para hacer frente al acoso y la violencia en el
trabajo de la que son sujetas las mujeres? (v) ¿cuáles son las condiciones
actuales en que se encuentra la accionante y si su pretensión continúa vigente?
De ahí que se ordenó lo siguiente:
(i)
Oficiar
a la Secretaría Municipal de la Mujer de Medellín para que rindiera concepto
sobre los diversos mecanismos de protección, políticas de prevención y medidas
para la supresión de conductas que puedan llegar a ser consideradas como
constitutivas de violencia y acoso en contra de las mujeres en espacios
laborales. De igual manera, conceptúe a este Despacho si ha tenido conocimiento
de los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela objeto
de estudio y si han adoptado alguna actuación al respecto.
(ii)
Oficiar
igualmente al Ministerio del Trabajo para que rinda concepto sobre los hechos
que presuntamente constituyen conductas de acoso laboral y que son objeto de
debate en la presente acción de tutela. De esta manera, se le invita a informar
qué políticas se han adoptado a nivel nacional para prevenir y combatir estas
situaciones.
(iii)
Ordenar
a la
accionante, la ciudadana Luz
Ofelia Espinosa Atehortua, que informe a este Despacho judicial,
y allegue todos los documentos que den constancia de sus afirmaciones, lo
siguiente:
a.
¿En
qué fecha y a través de qué medio presentó las denuncias por acoso laboral que
refiere y en virtud de las cuales justifica la formulación de su renuncia?;
b.
¿Con
posterioridad a la presentación de la acción de tutela objeto de estudio,
cuáles son sus condiciones laborales, económicas y sociales?;
c.
¿Aún
continúa vinculada laboralmente a la accionada o su renuncia fue aceptada?
d.
¿Sigue
siendo víctima de acoso laboral?;
e.
¿Continúa
siendo su intención renunciar al cargo de docente que desempeña?
(iv)
Ordenar
a la Alcaldía Municipal de Medellín y, en específico, a la Secretaría de
Educación de ese ente territorial, que realicen un informe en el que
suministren toda la documentación que tengan a su disposición en relación con:
a.
Las
denuncias por acoso laboral que la accionante aduce haber presentado.
b.
¿Qué
trámite le ha otorgado a dichas solicitudes?
c.
¿Ha
desplegado alguna actuación tendiente a determinar la configuración de las
conductas denunciadas o a permitir la superación de la situación en cuestión?
d.
¿Cuál
es el estado de la vinculación laboral de la accionante?, ¿su renuncia ha sido
aceptada? y ¿cuáles son los fundamentos que le han llevado a abstenerse de
aceptarla hasta ahora?
Ciudadana Luz Ofelia Espinosa Atehortua
A través de escrito del 12 de diciembre
de 2018[3],
la accionante informó a esta Corporación que si bien su renuncia ya fue
aceptada por la administración municipal accionada, lo cierto es que, para
lograr dicho objetivo, se vio forzada a retirar del documento toda la
motivación en la que expresaba las razones de su renuncia, cuestión que
considera refuerza en mayor medida el acoso al que se ha visto sujeta. Indica
que económicamente se encuentra en complicadas condiciones pues, como
consecuencia de la renuncia, no se encuentra trabajando ni devengando recursos
económicos de ninguna clase.
Finalmente, expresa que considera haber
sido víctima de numerosos acosos laborales por parte de sus anteriores jefes y
compañeros, motivo por el cual debe considerarse que su renuncia se constituye
en un despido indirecto.
Para sustentar sus afirmaciones, la
actora allega los siguientes documentos:
·
Copia
de múltiples denuncias que presentó la ciudadana Luz Ofelia Espinosa Atehortua
entre el año 2007 y 2008 en contra del rector de la institución educativa Felix
de Bedut Moreno, así como en contra de sus compañeros docentes por (i)
presuntos conflictos relacionados con el trato brindado a los alumnos y a los
padres de familia, (ii) la realización de afirmaciones que, a su
criterio, son falsas y afectan su buen nombre. Adicionalmente, denuncia que el
hecho de que haya sido remitida a una valoración psicológica constituye una
afrenta a su dignidad como persona.
·
Copia
de la queja presentada ante Control Disciplinario Interno de Medellín con fecha
del 21 de Abril de 2014 en contra del señor Juan Carlos Agudelo Sosa, Directivo
Docente en la Institución Educativa Asamblea Departamental; los hechos que
dieron origen a esta queja se encuentran relacionados con que la accionante fue
traslada a dicha institución en el año 2011 y, desde ese momento, afirma que el
denunciado la ha acosado laboralmente, en específico, considera que ese acoso
se ha materializado a partir de la desautorización de la que fue sujeta, cuando
el rector le incrementó las calificaciones a 25 alumnos de la institución, que
habían perdido su materia y, en consecuencia, el año escolar.
·
Copia
de queja presentada el 26 de octubre de 2015 por la accionante en contra de la
señora Yolanda Areiza Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación
de Medellín. Afirma que ésta ha manifestado públicamente que ella es una
profesora problemática y que “tiene denunciado a medio Medellín”, cuestión que
le ha generado problemas con el rector y los docentes de la nueva institución
educativa donde labora.
·
Copia
de la queja formal instaurada ante la Procuraduría Regional de Medellín con
fecha del 5 de Mayo de 2016 en contra de la rectora de la Institución Educativa
Mira Flores, Mónica Rosa Londoño, por haber promovido a 27 estudiantes que
habían perdido su materia en el año 2015 y con dicha conducta convertirla en el
objeto de las burlas de los padres de familia y alumnos que no recibieron
ninguna sanción.
·
Copia
del Auto de indagación preliminar expedido por la Personería de Medellín, en
relación con la denuncia presentada por la accionante el 5 de mayo de 2016, en
el cual se decreta la práctica de pruebas.
·
Copia
de la queja presentada el día 2 de Agosto de 2017 por la accionante en contra
de la rectora de la Institución Educativa Miraflores, Blanca Nohemi Benjumea,
ante la oficina de Supervisión Educativa de la Secretaría de Educación de
Medellín por supuestos problemas entre la docente y la rectora del
establecimiento educativo a causa de diferentes inconvenientes entre la quejosa
con estudiantes, padres de familia y docentes.
Igualmente, la accionante profundizó en
los hechos de la demanda y reiteró varias de las denuncias que había allegado
con anterioridad. No obstante, la actora hace referencia a que
Alcaldía Municipal de Medellín
Secretaría de Educación
La Secretaría de
Educación de la Alcaldía Municipal de Medellín, mediante escrito del 12 de
diciembre de 2018 indicó que las múltiples denuncias por acoso laboral que ha
radicado la accionante han sido objeto de trámite por parte del comité de acoso
laboral competente, así como de investigaciones en los eventos en que no fue
posible llegar a ninguna conciliación. De otro lado, indica que varias de estas
denuncias han sido estudiadas de fondo por la Secretaría y se ha resuelto el
archivo de las investigaciones, pues se evidencia que los hechos denunciados o (i)
no se logran probar o (ii) no pueden ser considerados como constitutivos
de una conducta que pueda ser concebida como acoso laboral.
Finalmente,
destaca que la renuncia de la accionante ya fue aceptada mediante Resolución
No. 201850065948 del 14 de septiembre de 2018, motivo por el cual actualmente
la actora no se encuentra vinculada con el municipio.
Con el objetivo
de sustentar sus afirmaciones, la accionada allegó los siguientes documentos:
·
Auto No. 10389 del 16
de septiembre de 2015 por medio del cual la Dirección de Control Disciplinario
Interno archiva la indagación preliminar en contra de Juan Eglantino Diaz
Londoño por una queja interpuesta por Luz Ofelia Espinosa bajo el argumento que
el rector había promovido estudiantes del grado sexto al grado séptimo aun
cuando no habían alcanzado sus logros. Dicha decisión se fundó en que: (i)
el rector no fue quien adoptó dicha determinación en cuanto ella fue tomada por
la Comisión de Evaluación y Promoción de la Institución Educativa Arzobispo
Tulio Botero Salazar, y (ii) la promoción de los estudiantes tuvo lugar
en pleno respeto del debido proceso y del ordenamiento jurídico vigente.
·
Denuncia del 23 de
Octubre de 2015 presentada por la señora Luz Ofelia Espinosa en contra de la
rectora María Isabel Villa y de la docente Teresa Martínez por presuntamente
expresar cosas de ella que, a su parecer, afectan su buen nombre.
·
Auto N° 10619 del 03
de noviembre de 2015 por medio del cual la dirección de control disciplinario
Interno archiva la indagación preliminar en contra de Juan Carlos Agudelo por
una queja interpuesta por Luz Ofelia Espinosa bajo el argumento que el rector
había “adulterado” las notas de unos alumnos del grado décimo. La razón del
archivo es que la quejosa actuó con temeridad puesto que ya había interpuesto
una queja un año anterior con los mismos hechos y contra el mismo implicado.
·
Oficio del 4 de
Febrero de 2016 en el que la Institución Educativa Miraflores “Luis Eduardo
Valencia García” le comunica a la señora Luz Ofelia Espinosa que se deben
entregar dos plazas y por tanto debe ser trasladada a otro colegio.
·
Oficio del 8 de
Febrero de 2016 en el que la Secretaria de Educación de Medellín rechaza la
entrega de la plaza de la ciudadana Luz Ofelia Espinosa e insta a la Rectora de
la Institución Educativa Miraflores que le asigne carga académica a la
accionante.
·
Auto No. 11565 del 19
de Mayo de 2016 por medio del cual la Dirección de Control Disciplinario
Interno de la Alcaldía de Medellín dicta auto inhibitorio por la queja
interpuesta por la señora Luz Ofelia Espinosa en contra de las servidoras
públicas Martha Inés Orjuela y Zuly Ángela Ramírez Agudelo, quienes fueron
denunciadas por presuntamente desestimar las denuncias de acoso laboral
propuestas por la accionante. Al respecto, se consideró que las actuaciones
realizadas por ellas dentro de los procesos disciplinarios cuestionados se han
realizado en respeto del marco legal correspondiente y, adicionalmente, en
razón a que los motivos de la denuncia radicaban en la inconformidad de la
actora con las resultas de dichos procedimientos sancionatorios.
·
Acta No. 035 de no
conciliación con fecha del 29 de Septiembre de 2016 en la que consta que la
rectora Blanca Nohemy Benjumea y la quejosa Luz Ofelia Espinosa Aterhortua
exponen que no tienen ánimo conciliatorio.
·
Respuesta del 23 de
noviembre de 2016 a la solicitud mencionada anteriormente en la que se insta a
la quejosa a especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la
llevan a afirmar que es víctima de acoso laboral por parte de las señoras María
Isabel Villa y la docente Teresa Martínez.
·
Acta No. 012 del 01
de diciembre de 2016 en consta que se llevó a cabo una audiencia de
conciliación en la que no fue posible llegar a acuerdo alguno entre la
accionante y la rectora de la institución educativa Miraflores, la ciudadana
Mónica Rosa Londoño Zuluaga, con ocasión a la denuncia presentada el 17 de mayo
de 2016.
·
Auto No. 13549 del 12
de Julio de 2017 por medio del cual la dirección de control disciplinario de la
Secretaría de Educación de Medellín se declara inhibida de iniciar un proceso
disciplinario en contra del señor Javier Mosquera Guerra por cuanto las
acusaciones realizadas por la quejosa Luz Ofelia Espinosa son “abstractas” y no
especifican la configuración de una conducta que pueda ser constitutiva de una
falta disciplinaria.
·
Derecho de petición
del 30 de Julio de 2017 realizado por la señora Luz Ofelia Espinosa, dirigido a
la rectora de la Institución Educativa Miraflores, Blanca Nohemy Benjumea, en
el que manifiesta que es víctima de acoso laboral de su parte.
·
Resolución No. 201850065948
del 14 de Septiembre de 2018 mediante la cual la Secretaría de Educación de
Medellín resuelve aceptar la renuncia de la docente Luz Ofelia Espinosa
Atehortua.
Secretaría de la
Mujer de Medellín
Por
su parte, la Secretaría de la Mujer de Medellín, allegó escrito del 14 de
diciembre de 2018 en el que hizo referencia a los mecanismos de protección y de
políticas realizadas para prevenir y mitigar las “conductas que puedan
llegar a ser constitutivas de acoso en contra de las mujeres”; de igual
forma en este oficio informó que, al ingresar al sistema de información y
conocimiento sobre género de Medellín -SICGMEN-, no encontró registro alguno en
relación solicitudes de apoyo o seguimiento que hubiera presentado la ciudadana
Luz Ofelia Espinosa Atehortua. Sin embargo indicó que, al indagar ante la
secretaria de educación de Medellín, le informaron que la renuncia por ella
presentada fue aceptada mediante Resolución N° 201850065948 del 14 de
Septiembre de 2018.
Procuraduría
del Valle de Aburra
Mediante
oficio del 07 de diciembre de 2018, la procuraduría vinculada allegó varios
documentos en los que dio constancia de que las peticiones que ante ella han
sido radicadas, fueron efectivamente resueltas y que, en consecuencia, no ha
desconocido derecho fundamental alguno. En ese sentido, allegó los siguientes
documentos:
·
Derecho de petición
de fecha del 03 de Abril de 2018 enviado por la señora LUZ OFELIA ESPINOSA
ATEHORTUA a la Procuraduría Seccional del Valle de Aburra en donde solicita que
sea aceptada su renuncia irrevocable la cual había sido negada por parte de la
Secretaría de Educación en dos ocasiones anteriores.
·
Respuesta del 17 de
Abril de 2018 al derecho de petición recién referido, en el que se le informa a
la actora que la Procuraduría no es la autoridad competente para conocer del
sobre su dimisión al cargo de docente de la Institución Educativa José Roberto
Vásquez. No obstante lo anterior, optó por advertir a la Alcaldía Municipal de
Medellín que deberá realizar las investigaciones correspondientes con ocasión a
los hechos puestos de presente en la renuncia.
Ministerio del Trabajo
Mediante escrito del 10 de diciembre de
2018, el Ministerio dio contestación a lo solicitado en el Auto del 03 de
diciembre de 2018, e indicó que, de conformidad con sus funciones legales se
encuentra imposibilitado para declarar derechos individuales o definir
controversias, motivo por el cual se limitó a reproducir el contenido textual
de (i) la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral; (ii) las
Resoluciones 1356 del 18 de agosto de 2012 y 652 del 30 de agosto del mismo
año; y (iii) un concepto general sobre lo que se ha entendido por acoso
laboral en el ordenamiento jurídico interno, así como en el internacional.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para pronunciarse en sede de revisión en relación
con el presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Política de Colombia, así como en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2.
Planteamiento del caso y problema
jurídico
La
accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales (i) al
trabajo, (ii) la libertad de escogencia de profesión u oficio, (iii)
el debido proceso administrativo y (iv) la libertad de expresión y, en
consecuencia, se ordene a la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal
de Medellín aceptar su renuncia al cargo de docente que lleva desempeñando desde
el año 1986, sin que para ello le exijan retirar el texto que contiene los
motivos en que se fundamentó su decisión y que considera importante advertir.
Lo anterior, pues estima que no le pueden coartar su libertad de expresar las razones
por las cuales se separa de su cargo y limitar, de esa manera, su deseo de
manifestar públicamente el acoso laboral del que afirma haber sido víctima durante
cerca de 5 años.
Ahora
bien, se evidencia del estudio del material probatorio recolectado en sede de
revisión que, a parte de la pretensión principal buscada por la accionante,
existe una situación en virtud de la cual podría haberse conculcado el derecho
fundamental de la accionante al debido proceso dentro del trámite de las
denuncias por acoso laboral que presentó y que no han sido efectivamente
resueltas. En ese sentido, se hace necesario valorar la situación descrita a
partir del ejercicio de las facultades ultra y extra petita con
que cuenta el juez constitucional.
De
acuerdo con los hechos descritos por la ciudadana Luz Ofelia
Espinosa Atehortua
y las pruebas que reposan en el expediente, corresponde a esta Sala determinar,
en primera medida, y a manera de análisis preliminar, si se satisfacen a
cabalidad los requisitos que han sido desarrollados por la jurisprudencia de
esta Corte para la procedencia de la acción de tutela en el caso en concreto.
En específico, si dadas las condiciones actuales de la accionante, se ha
configurado una carencia actual de objeto en relación con la presunta
vulneración en que aduce encontrarse inmersa.
Una
vez resuelto el anterior asunto, y solo en el evento en el que se estime procedente
hacer un análisis de fondo de las pretensiones invocadas, la Corte responderá los
siguientes problemas jurídicos: (i) ¿puede un empleador, en concreto
el Estado, restringir la posibilidad de que sus empleados, al momento de
renunciar expresen los motivos que dan sustento a su decisión?; (ii)
¿comporta ello la aceptación tácita de un despido indirecto?; (iii) ¿la
presentación de una renuncia motivada en hechos que, a priori podrían
ser considerados como conductas de acoso laboral, genera en cabeza del
empleador una obligación de investigar la situación puesta de presente?; y (iv)
¿se afectan los derechos fundamentales de un trabajador cuando se omite
injustificadamente por parte de las autoridades competentes el deber de
desplegar las investigaciones que corresponden ante la presentación de una
denuncia de acoso laboral?
Para solucionar estos interrogantes, la Sala procederá
a realizar un análisis de la jurisprudencia constitucional sobre: (i) requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela; (ii) la motivación en las
renuncias de los trabajadores en Colombia, sus efectos e implicaciones; y (iii)
el
fenómeno de la carencia actual de objeto; para, así, resolver el caso concreto.
3.
Requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia
La acción de
tutela, tal y como fue diseñada por el Constituyente de 1991, se caracteriza
por ser un mecanismo informal de protección judicial de derechos fundamentales,
esto es, se trata de una acción pública a la que puede acudir cualquier persona
sin necesidad de técnicas y conocimientos especializados. A pesar de ello, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de unos requisitos
mínimos de procedibilidad que deben verificarse satisfechos a efectos de que
sea posible que el juez constitucional pueda entrar a resolver el fondo de la litis
que ante él se plantea.
En ese orden de
ideas, el juez constitucional se encuentra en la obligación de esclarecer,
entre otras cosas y en cada caso en concreto: (i) la efectiva
acreditación de la legitimación para hacer parte del proceso por quienes
en él se encuentran inmiscuidos, ya sea de quien incoa la tutela (accionante -legitimación
por activa-) o de quien se predica la presunta vulneración ius-fundamental
(el accionado -legitimación por pasiva-); (ii) la inmediatez
con que se acudió a este excepcional mecanismo de protección; (iii) que
se trate de un asunto de trascendencia constitucional, esto es, que esté
de por medio la vulneración de un interés de raigambre constitucional; y (iv)
la inexistencia de mecanismos ordinarios de protección (subsidiaridad).
Respecto de la legitimación
por activa, ésta se constituye en un requisito que solo se ve satisfecho a
partir de la efectiva verificación por parte del juez de que los derechos
fundamentales presuntamente afectados se encuentran en cabeza de quien se
reputa es el accionante.
Es de destacar
que este requisito se encuentra íntimamente relacionado con la necesidad de
comprobar que quien presenta la acción cuente con el “derecho de postulación”
para el efecto, requisito que se configura ante la materialización de dos
supuestos de hecho en concreto, los cuales pueden ser sintetizados como: (i)
cuando la persona acude directamente a la jurisdicción a efectos de lograr la
protección de sus garantías ius-fundamentales; o (ii) cuando de
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente una persona se encuentra facultada
para actuar en nombre de un tercero.
Tratándose de
una solicitud directa por parte del afectado, la jurisprudencia ha aceptado
que, precisamente con ocasión al carácter informal de la acción de tutela, y en
aras de obtener la efectiva protección de los derechos fundamentales de los que
pueda ser titular un individuo, siempre que se trate de la agencia de un
derecho propio, debe entenderse satisfecho este requisito.[4]
Ello, de forma que el juez de amparo siempre evalúe la situación particular y
determine si existe o no la vulneración aludida, independientemente de que se
trate de menores o de personas con el ejercicio de sus derechos limitados, como
lo son las personas declaradas interdictas[5].
En contraste, la
legitimación por pasiva implica la necesidad de que el juez verifique
que el accionado sea quien efectivamente está poniendo en riesgo o afectando
los derechos fundamentales de quien solicita el amparo, esto eso, que quien
está siendo identificado como desconocedor de las garantías ius-fundamentales
del accionante, sea quien efectivamente incurrió en la conducta u omisión que
se considera como vulneradora.
En relación con
el requisito de acudir con inmediatez al mecanismo de amparo, la Sala
Plena de la Corte Constitucional en Sentencia SU-961 de 1999 determinó que la
inexistencia de un término de caducidad para la interposición de las acciones
de tutela no quiere decir que este especial mecanismo de protección no deba
interponerse dentro de un plazo razonable que impida que, con el obrar del juez
constitucional, se puedan ver afectado los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada[6].
Al respecto, se indicó que las solicitudes de amparo deben ser radicadas con
inmediatez, requisito que debe ser determinado caso a caso en relación con los
hechos dan sustento a la solicitud de tutela.
En este sentido,
se ha entendido por la jurisprudencia de esta Corte que siendo la acción de
tutela un mecanismo que permite obtener la protección de las garantías de más
alta envergadura dentro del ordenamiento jurídico, es necesario que quien acude
a ella, lo haga dentro de un plazo razonable que sea fiel testigo de la
gravedad del asunto y de la trascendencia de la afectación que se alude.
Con todo, en
reiteradas ocasiones esta Corporación ha admitido la posibilidad de
flexibilizar el estudio de este requisito en los casos en que la pretensión con
la que se incoa la acción de tutela se encuentra relacionada con obtener
protección respecto de una actuación u omisión que tiene efectos constantes y
permanentes sobre los derechos del solicitante, tal y como sería el caso del
reconocimiento de una prestación de carácter periódico[7].
De
ahí que se haya reconocido que siempre que el objeto de la tutela radique en la
protección respecto de afectaciones de carácter continuo y actual, es posible
interponer la acción en cualquier época, sin que resulte admisible declarar la
improcedencia de la acción por el hecho de que ha transcurrido un tiempo muy prolongado
entre la conducta que se reputa como vulneradora y la presentación de la
tutela.
Respecto de la
relevancia constitucional, esta Corte ha aceptado en su jurisprudencia que
la acción de tutela, como mecanismo de protección ius-fundamental,
únicamente procede ante la afectación o vulneración de un derecho de esta
categoría, de forma que cualquier conflicto que implique una controversia por
el desconocimiento o errónea aplicación de una norma de rango reglamentario o
legal, escapa a su competencia.
Por último, en lo
relacionado con el requisito de subsidiaridad se
ha expresado por esta Corporación que la acción de tutela se caracteriza por
ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional; esto es,
parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho como el que nos rige,
existen procedimientos ordinarios para asegurar la protección de estos
intereses de naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente
destacar que el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la
necesidad de preservar el reparto de competencias establecido por la
Constitución y la Ley a las diferentes autoridades y que se fundamenta en los
principios de autonomía e independencia judicial.
Por lo anterior, y como producto del
carácter subsidiario de la acción de tutela, resulta necesario concluir que,
por regla general, ésta solo es procedente cuando el individuo que la invoca no
cuenta con otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la protección
requerida.
No obstante, se ha reconocido que
existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de mecanismos
ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de
tutela, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i)
cuando se acredita que a través de estos es imposible obtener un amparo
integral de los derechos fundamentales del actor, esto es, en los eventos en
los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia
necesaria para otorgar la protección de él requerida, y, por tanto, resulta
indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva
en forma definitiva la litis planteada; hipótesis dentro de las que se
encuentran inmersas las situaciones en las cuales la persona que solicita el
amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y,
por ello, su situación requiere de una particular consideración por parte del
juez de tutela; y (ii) cuando se evidencia que la protección a través de
los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para
impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable,
evento en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a
proferir una orden que permita la protección provisional de los derechos del
actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural.
Sobre el primero de los eventos
anteriormente mencionados, esta Corporación indicó en Sentencia SU-772 de 2014,
que para determinar la idoneidad y eficacia del mecanismo ordinario es
necesario que el juez constitucional valore:
“i)
que el tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a las consecuencias de la
decisión (…); ii) que las exigencias procesales no sean excesivas, dada la
situación en que se encuentra el afectado (…); iii) que el remedio que puede
ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de que se trate, por
ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de restablecimiento del
derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita atender las particularidades
de los sujetos, como cuando la resolución del problema (…) dependa
estrictamente de criterios legales ajenos a las condiciones particulares y
especiales de vulnerabilidad en que se encuentre una persona.”
Por ello, se ha considerado que no basta
con verificar la existencia formal de mecanismos ordinarios de protección, sino
que se debe valorar en el caso en concreto la idoneidad y eficacia con que
estos pueden permitir superar la situación puesta en conocimiento del juez
constitucional.
Respecto del segundo de ellos, la
jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los
cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda
tildarse de irremediable. Entre ellos se encuentran: que (i) se esté
ante un daño inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado
suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii)
de ocurrir, no existiría forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable;
(iii) debe ser grave y que, por tanto, conlleve la afectación de
un bien susceptible de determinación jurídica que se estima como altamente
significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes
para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben
ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben
considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas
de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben
responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación
del daño irreparable.[8]
En consecuencia, esta Corporación ha
reconocido que, en estos dos eventos, en los que las circunstancias
particulares del caso constituyen un factor determinante, es posible que la
acción de tutela pueda entrar a otorgar directamente el amparo pretendido, ya
sea de manera transitoria o definitiva, a pesar de existir mecanismos
ordinarios de protección a los que sea posible acudir.
4.
La motivación en las renuncias de los
servidores públicos, efectos e implicaciones.
La
jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que el trabajo, como un derecho
inherente al ser humano, es un medio a través del cual la persona, dentro de un
conglomerado social, se dignifica y permite la subsistencia y desarrollo de la
comunidad en la que habita. Así, este derecho debe ser entendido como una
prerrogativa que habilita la vida en sociedad, permite que la persona se
desarrolle como individuo y promueva la obtención de mejores condiciones de
existencia para sí y para la colectividad.[9]
El
trabajo, en su dimensión individual[10], supone la capacidad con que cuenta
la persona de escoger el campo en el que se desea desarrollar laboralmente, así
como el correlativo derecho a que, cuandoquiera que considere que la labor que
desempeña no contribuye a ese desarrollo, escoja otros ámbitos de proyección
personal y social.
Por
ello, se ha considerado por esta Corporación que los derechos fundamentales al
trabajo y al libre acceso al desempeño de funciones y cargos públicos,
establecidos en el artículo 25 y en el numeral 7 del artículo 40 Constitucionales,
en concordancia con el derecho a escoger libremente profesión u oficio contenido
en el artículo 26 de la Constitución Política, se encuentran íntimamente ligados
con otro derecho que de ellos se deriva, esto es, con la posibilidad con que
cuenta cada persona de renunciar libremente al ejercicio del servicio público
cuando así lo desee.
Debe
entenderse que dicha posibilidad se deriva del ejercicio de los derechos
fundamentales referidos y se materializa como una libertad individual con la
que cuenta cada persona para elegir si desea continuar en un determinado empleo
y, así, dentro del ejercicio de su autonomía, desarrollarse laboralmente en
otro campo.
La
renuncia ha sido concebida como el acto en virtud del cual una persona hace
manifiesta, de manera escrita, su voluntad espontánea, consciente e inequívoca
de separarse de la labor que desempeña y cesar en el ejercicio del cargo que le
había sido encomendado. En ese sentido, se tiene que, de conformidad con la
normatividad aplicable, la renuncia es un acto formal, respecto del cual la
voluntad se constituye en un elemento esencial que no puede encontrarse viciado
por algún tipo de presión, coacción o engaño.[11]
El
ordenamiento jurídico vigente ha contemplado ciertos lineamientos[12]
para que una renuncia pueda surtir efectos, estos son, que: (i) haya sido
presentada de manera escrita; (ii) sea producto de una decisión libre de
coacción por parte de quien la solicita; (iii) sea aceptada por el
nominador dentro de los 30 días siguientes a su presentación, so pena de que,
en el evento en el que la solicitud no sea resuelta, el trabajador se encuentre
habilitado para ausentarse libremente de su puesto de trabajo; (iv) no
se configure alguna de las prohibiciones legales, como lo son, a) renuncia en blanco,
b) sin fecha determinada y c) que ponga en manos del nominador la suerte del
empleado; y (v) finalmente, el empleador podrá solicitar, en una única
ocasión, su retiro en los eventos en que considere que se configuran motivos de
conveniencia pública, pero, en el evento en el que el trabajador insista en ella,
ésta deberá ser aceptada[13].
Es
de destacar que las únicas prohibiciones que se han impuesto al ejercicio del
derecho a renunciar del servicio público radican en que el documento presentado
para este fin: (i) se encuentre en blanco, esto es, que no cuente con
los elementos mínimos que permitan a) la identificación del trabajador y b) hagan
manifiesta su voluntad de separarse del cargo; (ii) carezca de fecha a
partir de la cual se haga efectiva; y (iii) que el acto que la contiene
no exprese claramente la voluntad de renunciar, sino que ponga en manos del empleador
la decisión de disponer del puesto.[14]
Ahora
bien, siendo las anteriores las únicas limitantes que el ordenamiento jurídico
ha impuesto al ejercicio del derecho a renunciar al desempeño de cargos
públicos, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en destacar
que no resulta dable que la Administración restrinja la renuncia bajo la
imposición de exigencias adicionales a las anteriormente descritas[15],
lo cual, de igual manera, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 84
Constitucional[16], en virtud del cual resulta ilegítimo
que el normal ejercicio de los derechos se vea limitado por la imposición de
requisitos o cargas adicionales a las establecidas en el ordenamiento jurídico.
Es
de destacar que, como lo ha reconocido el Consejo de Estado con anterioridad,
existe una práctica reiterada por parte de la administración pública a lo largo
del territorio nacional, tendiente a abstenerse de dar trámite o rechazar las
renuncias en las que los servidores públicos arguyen las razones que los
llevaron a tomar su decisión, en específico aquellas que ponen de presente
problemas con el puesto de trabajo, pues se considera que el simple hecho de
aceptar una renuncia que cuente en su cuerpo con estos elementos, implica reconocer
la veracidad de las afirmaciones realizadas y admitir responsabilidad en los
eventuales procesos judiciales que puedan iniciarse con posterioridad a efectos
de demostrar la configuración de un despido indirecto.
Al
respecto, dicha Corporación judicial ha expresado que “no existe en el
ordenamiento jurídico una disposición que impida al dimitente exponer las
razones o motivos que lo indujeron a tomar la determinación de desvincularse
del servicio público”[17], motivo por el cual debe entenderse
que la práctica anteriormente referida se encuentra completamente
injustificada, sobre todo cuando esta misma autoridad judicial ha indicado que
las afirmaciones que el trabajador pueda hacer en relación con las condiciones
en que se retiró del servicio público, no constituyen por sí mismas ningún
vicio de la voluntad y, por tanto, no invalidan el acto administrativo que la
acepta.
Es
de destacar que toda actuación producto de la voluntad de una persona siempre
va precedida de un fundamento en virtud del cual el individuo evaluó las diversas
variables y consideró que, dado el conjunto de consecuencias que pueden materializarse,
la conducta escogida es la más beneficiosa para sus intereses particulares; lo
anterior, indistintamente de que las razones en cuestión se hagan manifiestas
por el individuo o que, por el contrario, éste decida mantenerlas escondidas.
En
este sentido, el Consejo de Estado, en Sentencia del 02 de agosto de 2012
indicó que:
“… si bien la renuncia debe ser un acto voluntario, libre y
espontáneo, ello no supone que el servidor público que adopte dicha
determinación este (sic) desprovisto, en su fuero interno, de motivos o
razones, los cuales puede expresar en su solicitud de desvinculación si así lo
desea.”
De
esta manera, se tiene que el nominador no puede esgrimir la simple presencia de
una motivación en el escrito de renuncia, como un argumento para rechazar la
pretensión, pues dicha situación, por sí misma, no tiene la capacidad de
afectar la validez de la voluntad manifestada, ni tampoco constituye, de
ninguna manera, una forma de confesión o aceptación de responsabilidad ante un
eventual proceso judicial que pueda ser incoado.
En
ese sentido, tal y como lo ha manifestado la máxima autoridad en lo contencioso
administrativo, el impedir al trabajador manifestar o exteriorizar los
argumentos en los que fundó su decisión de renunciar, no satisface de ninguna
manera los requisitos de proporcionalidad que deben permear toda actuación
Estatal, pues el simple hecho de que la actuación cuente o no con una
fundamentación expresa, no altera los motivos reales por los cuales fue
presentada y, por el contrario, sí limita gravemente el ejercicio de los
derechos fundamentales al trabajo, a la libertad de escogencia de profesión u
oficio y a la libertad de expresión, pues le impide llevar
a cabo “un nuevo proyecto de vida de acuerdo a sus valores, creencias,
convicciones y expectativas laborales”, forzándolo así a omitir expresarse
libremente.
Con
todo, se considera pertinente precisar que, en los eventos en los que a partir
de la argumentación esgrimida por el trabajador sea posible a la administración
evidenciar que la renuncia presentada no es producto de su libre accionar sino
que, por el contrario, fue forzada y, por ejemplo, encuentra sustento en
situaciones constitutivas de conductas de acoso laboral, ésta tiene el deber de
aplicar lo dispuesto en el artículo 2.2.11.1.3
del Decreto 1083 de 2015, esto es, solicitar al trabajador, en una única
ocasión, la reconsideración de su renuncia. Ello, con el objetivo de verificar sus
condiciones laborales, de manera que, tras las investigaciones
correspondientes, le sea posible al empleador determinar si (i)
realmente se configuró la situación puesta de presente en la renuncia y adoptar
las medidas a que haya lugar, o (ii) archivar la investigación.
Lo
anterior, de manera que, en el evento en el que se estime que la situación
puesta de presente se encontraba fundada, ésta pueda ser superada y remediada,
a efectos de que se extingan las razones que le dieron sustento a la
presentación de la renuncia, o si, por el contrario, se determina archivar la
investigación, sea potestativo del trabajador reafirmarse en su renuncia, sin
que ésta pueda ser objeto de limitación de ningún tipo.
Resulta
pertinente indicar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en la
normatividad anteriormente referida el empleador únicamente cuenta con la
posibilidad de solicitar la reconsideración de las renuncias cuando estime que
existen motivos de “conveniencia pública”, no es posible olvidar que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 Constitucional, el “garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución” es un fin esencial del Estado y, en ese orden de ideas, la
efectiva garantía de los derechos fundamentales debe ser concebida como un
asunto que no solo compete al titular mismo de los derechos, sino que redunda
en el interés de general de la población colombiana.
En
ese orden de ideas, la Sala considera que el prevenir y reprochar las conductas
de acoso laboral que puedan tener lugar en los espacios de trabajo no solo se
constituye en un medio para obtener un mejor ambiente laboral, sino que esta
obligación Estatal se erige como un mecanismo para salvaguardar la dignidad
misma de los trabajadores, quienes, como seres humanos, no tienen por qué verse
sometidos a afrentas degradantes a su integridad moral o psicológica.
Lo
anterior se muestra aún más evidente si se considera que acolitar la
configuración de este tipo de situaciones, sin desplegar algún tipo de
actuación para superarla, supone el incumplimiento de los deberes legales y
constitucionales de protección de derechos fundamentales en cabeza del Estado, razón
por la cual éste cuenta con la carga de tomar un papel activo ante la
configuración de este tipo de situaciones.
En
este sentido, la presentación de una renuncia que se fundamente en hechos presuntamente
constitutivos de conductas de acoso laboral, supone la existencia, a priori,
de circunstancias que afectan el libre ejercicio de los derechos fundamentales
del trabajador, así como su dignidad misma como individuo. Motivo por el cual
la presentación de una solicitud de este tipo, debe ser abordada con el mismo
nivel de protección que correspondería dado el evento en el que se tratara de
una denuncia propiamente dicha.
Ahora
bien, en concordancia con lo recién expuesto, se recuerda que, en el caso en el
que el trabajador decida reafirmar su renuncia, ya sea antes, durante o después
de las investigaciones que se inicien por la administración en cumplimiento del
deber anteriormente descrito, ésta deberá ser aceptada sin ninguna
consideración adicional, pues, de lo contrario, se estaría imponiendo una
limitación desproporcionada a su libertad de escoger cómo desarrollar su vida
laboral y profesional.
Lo
anterior, se aclara, no le impide al trabajador, de considerarlo pertinente,
acudir ante los medios judiciales correspondientes a efectos de poner de
presente su situación ante las autoridades competentes y demostrar, dentro del
proceso que corresponde, si efectivamente fue víctima de los hechos que fue su
intención poner de presente en la motivación de la renuncia.
Por
lo expuesto, no basta con que la administración opte por solicitar la
reconsideración de las renuncias que estime pueden tener vicios en la voluntad
de quien las radica, sino que es menester que, en ejercicio de sus deberes
legales y constitucionales, despliegue todas las actuaciones que permitan la
verificación de los hechos puestos en su conocimiento y, en el evento en el que
corresponda, adopte las medidas que permitan la superación de la situación en
cuestión.
En
consecuencia, se estima que cuando quiera que sea presentada una renuncia cuya
motivación permita inferir que quien la presenta carece de la voluntad de
retirarse efectivamente del servicio público y, en ese sentido, está siendo
forzado para el efecto, la administración tiene la carga de desplegar un deber
mínimo de diligencia en el sentido descrito con anterioridad y, de ser
necesario, tomar todas las medidas conducentes para permitir la superación de
la situación puesta de presente. Ello, so pena de que, de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 “[l]a
omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la
situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la
administración, se entenderá como tolerancia de la misma”, con las
consecuencias jurídicas que al respecto se han previsto.
5.      El
fenómeno de la carencia actual de objeto. Reiteración de jurisprudencia
5.1. Esta Corporación, en ejercicio de
su labor como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en
reiterada jurisprudencia[18]
el alcance y contenido que el Constituyente quiso otorgar al artículo 86 de la
Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de
tener un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto la
protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales
de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se
encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley.
La
acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la
alteración o desaparición de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y
contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.[19]
A
partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora
del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva
o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto
la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una
objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello
exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que
simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
Es
por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así,
denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa
para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que
le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”,
(ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha desarrollado
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente”[20].
La
primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991,
comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone
la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos
fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por
acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii)
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para
lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha
dejado de desconocer.
La
segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la
vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado
el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía
evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.[21]
Para
finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera
modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela
termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que, como
producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no
tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración predicada
ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el
resultado de la litis.
Se
tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que
puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte
de una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha
otorgado a la figura del “hecho superado”[22] y limita su
alcance únicamente a aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se
superó la vulneración está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo
del trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho
superado” cuando, por ejemplo, dentro de una acción de amparo una E.P.S.
entrega los medicamentos que su afiliado demandaba, y una “situación
sobreviniente” cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en
su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios.
De
otro lado, se ha considerado importante diferenciar entre los efectos que,
respecto del fallo, puede tener el momento en el que se superaron las
circunstancias que dieron fundamento a la presentación de una acción de tutela.
Lo anterior, sin entrar a distinguir que se trate de un hecho superado o de una
“situación sobreviniente”.
En
Sentencia T-722 de 2003[23],
se indicó que existen dos momentos que es importante demarcar, estos son,
cuando la extinción de la vulneración, indistintamente de la fuente o causa que
permitió su superación, tiene lugar (i) antes de iniciado el proceso de
tutela o en el transcurso del mismo, evento en el cual no es posible exigir de
los jueces de instancia actuación diferente a declarar la carencia actual de
objeto y, por tanto, habrá de confirmarse el fallo; y (ii) cuando se
encuentra en curso el trámite de revisión ante esta Corte, evento en el cual,
de advertirse que se ha debido conceder el amparo invocado, se hace necesario
revocar las sentencias de instancia y otorgar la protección solicitada. Ello,
incluso así no se profiera orden alguna. En ese sentido, se indicó:
“i.) Así,
pues, cuando el fundamento fáctico del amparo se supera antes de iniciado el
proceso ante los jueces de tutela de instancia o en el transcurso de este y
así lo declaran en las respectivas providencias, la Sala de Revisión no
puede exigir de ellos proceder distinto y, en consecuencia, habrá de confirmar
el fallo revisado quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de su
competencia y con el propósito de cumplir con los fines primordiales de la
jurisprudencia de esta Corte, realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso sub-examine.
ii.) Por su parte,
cuando la sustracción de materia tiene lugar justo cuando la Sala de Revisión
se dispone a tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite ante los
jueces de instancia ha debido concederse el amparo de los derechos
fundamentales invocados y así no se hubiere dispuesto, la decisión
de la Sala respectiva de esta Corporación, de conformidad con la jurisprudencia
reciente, consistirá en revocar los fallos objeto de examen y conceder la
tutela, sin importar que no se proceda a impartir orden alguna.”
A
lo anterior es pertinente agregar que si bien la jurisprudencia constitucional,
en sus inicios se limitaba a declarar la carencia actual de objeto, sin hacer
ningún otro pronunciamiento, ésta ha empezado a señalar que es menester que
esta Corporación, en los casos en que sea evidente que la providencia objeto de
revisión debió haber sido decidida de una forma diferente, a pesar de no tomar
una decisión en concreto, ni impartir orden alguna, se pronuncie sobre el fondo
del asunto, y aclare si hubo o no la vulneración que dio origen a la
presentación de la acción de tutela en concreto[24].
En
ese orden de ideas, es de advertir que la diferenciación anteriormente
realizada toma especial importancia no solo desde el punto de vista teórico,
sino que, en adición a ello, permite al juez de la causa dilucidar el camino a
tomar al momento de adoptar su determinación y cambia el nivel de reproche que
pueda predicarse de la entidad accionada, pues (i) tratándose de un “hecho
superado” es claro que si bien hubo demora, ésta asumió la carga que le era
exigible y cesó la vulneración sin que, para el efecto, requiriera de una orden
judicial; (ii) por otro lado, tratándose de una “situación sobreviniente”
es importante recalcar que dicha cesación no tuvo lugar como producto de la
diligencia de la accionada y no fue ella quien permitió la superación de la
afectación ius-fundamental, motivo por el cual, igual que cuando se
trata de un “daño consumado”, pueden existir con posterioridad
actuaciones a surtir, como la repetición por los costos asumidos o incluso,
procesos disciplinarios a adelantar por la negligencia incurrida.
5.2. La jurisprudencia también ha
enfatizado en que, en los casos en los que se presente este fenómeno, resulta
ineludible al juez constitucional incluir en la providencia un análisis fáctico
en el que se demuestre que en un momento previo a la expedición del fallo, se
materializó, ya sea la efectiva reparación de los derechos en discusión, o el
daño que con la acción de tutela se pretendía evitar; y que, por tanto, sea
diáfana la ocurrencia de la carencia actual de objeto en el caso concreto[25].
6.
Análisis Preliminar: carencia actual de objeto en el caso concreto
6.1. A
continuación, tal y como se indicó en el planteamiento del caso[26],
corresponde
a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la tutela
es procedente en el caso en concreto, teniendo en cuenta que (i) lo que
la accionante pretende conseguir, es la aceptación de su renuncia, sin que se
le impida motivar su decisión; y (ii) que para la Sala es necesario
estudiar la posible vulneración de su derecho al debido proceso ante la omisión
de la accionada de resolver algunas de sus denuncias de acoso laboral. Para el
efecto, se verificará la configuración de la totalidad de los
requisitos que la jurisprudencia ha desarrollado para avalar la excepcional
intervención del juez constitucional.
-
Legitimación por
activa: dicho requisito
debe estimarse satisfecho en razón a que la persona que formuló la solicitud de
amparo constitucional es la ciudadana Luz Ofelia Espinosa Atehortúa, quien
acude en esta ocasión en defensa de sus propios intereses particulares.
-
Legitimación por
pasiva: se tiene que la
acción de tutela fue dirigida principalmente contra la Secretaría de Educación
Municipal de Medellín, entidad que funge como la autoridad administrativa
legalmente encargada de aceptar o rechazar las renuncias presentadas por los
docentes del municipio y quien, a menos de que la Procuraduría General de la
Nación ejerza su competencia preferente, tiene la labor de definir las
responsabilidades disciplinarias en que incurran los servidores a su cargo, en
específico, las que puedan llegar a ser declaradas como producto de denuncias
por acoso laboral.
En ese orden de ideas, la accionada es la autoridad
que efectivamente cuenta con la responsabilidad de atender las pretensiones de
la actora y, adicionalmente, quien se reputa está generando la afectación a sus
derechos fundamentales.
-
Inmediatez: este requisito también debe estimarse efectivamente
acreditado en cuanto (i) la última de las actuaciones desarrolladas por
parte de la accionada en relación con los hechos descritos, tuvo lugar el 15 de
marzo de 2018, cuando le reiteraron a la actora, por tercera vez, que su
renuncia no sería aceptada en razón a que se encuentra motivada, y (ii)
la acción de tutela objeto de estudio, fue presentada el 21 de mayo de ese
mismo año, esto es, tan solo dos meses después a la configuración de la
conducta que se reputa como vulneradora de los derechos de la actora. Tiempo
que debe estimarse razonable para acudir a este expedito y especial mecanismo
de protección.
-
Subsidiariedad: al respecto, se estima que esta exigencia
debe considerarse satisfecha en razón a que, si bien la accionante puede acudir
ante la jurisdicción contencioso administrativa a efectos de cuestionar el acto
administrativo a través del cual fue rechazada su renuncia, lo cierto es que
dicho trámite no se muestra lo suficientemente idóneo como para obtener el fin
pretendido en esta ocasión. Se destacara que el objetivo de la accionante es
que le permitan separarse del servicio público de la manera más expedita
posible (buscando que la administración se abstenga de imponer restricciones y
requisitos adicionales al efectivo ejercicio de su derecho). En ese sentido, se
considera que exigirle a la accionante acudir ante un procedimiento que no
tiene la virtualidad de responder a sus pretensiones con la celeridad que requieren,
permite que se prolongue la vulneración de la que aduce ser víctima.
De otro lado, evidencia la Sala que, en relación con
el trámite de las denuncias que la accionante realizó por el presunto acoso
laboral del que aduce ser víctima, es claro que si bien la posible vulneración de
sus derechos podría ser conjurada a través del uso de las medidas preventivas,
correctivas[27]
y sancionatorias[28]
de protección establecidas en la Ley 1010 de 2006, lo cierto es que, como se
plantea en el texto de la renuncia que dio lugar al amparo pretendido, parte de
los motivos en que sustentaron su decisión, radican en que dichos trámites no
han tenido el resultado que esperaba de ellos, en cuanto (i) se
encuentran sin resolución o (ii) fueron archivados.
Sobre este aspecto, se destaca que, como se expresó en
la Sentencia T-007 de 2019, en lo que tiene que ver con las medidas preventivas
y correctivas establecidas en la Ley 1010 de 2006, es necesario notar que éstas
se constituyen en un conjunto de actuaciones administrativas que se pueden
desplegar con el objetivo de evitar que las conductas de acoso tengan lugar o
que, en el evento de existir, sean superadas de mutuo acuerdo; sin que, por su
naturaleza, tengan la virtualidad de hacer improcedente el amparo pretendido en
esta ocasión[29].
De otro lado, respecto de los procedimientos
sancionatorios que es posible desplegar, se destaca que éstos también se
constituyen en mecanismos administrativos de protección y, en ese orden de
ideas, no resultan idóneos para permitir el restablecimiento de los derechos de
la víctima del acoso, en cuanto únicamente propenden por la sanción
disciplinaria del denunciado.
En conclusión, la acción de tutela es procedente en cuanto, si bien la accionante cuenta con diversos
mecanismos de protección a los que, en principio, podría acudir, lo cierto es
que éstos no resultan idóneos para otorgar la protección requerida por la
accionante.
-
Relevancia
constitucional: finalmente,
este último requisito de procedencia de la acción de tutela debe estimarse acreditado,
en cuanto la presente solicitud de amparo tiene por objeto discutir sobre la
posible vulneración a varios derechos de raigambre fundamental como lo son el
trabajo, el debido proceso administrativo, la libertad de expresión y la
libertad de escogencia de profesión y oficio, todos los cuales se aducen como
desconocidos con la conducta de la administración.
6.2.
Ahora bien, una vez superado el anterior análisis, resulta pertinente destacar
que, en el presente caso, adicional a los requisitos generales de
procedibilidad anteriormente examinados, se hace necesario verificar si, de los
elementos probatorios recaudados en sede de revisión, es posible concluir que
la presunta vulneración ius-fundamental puesta de presente por la
accionante ha cesado o si, por el contrario, persiste y resulta mandatorio un
pronunciamiento de fondo.
Sobre el particular, se considera que,
como se indicó anteriormente, el motivo principal que llevó a la actora a
presentar la acción de tutela en estudio radicó en la restricción que le fue
impuesta por el municipio de Medellín de expresar los argumentos en los que
fundamentó su decisión de renunciar al cargo que ejercía como docente. Al
respecto, evidencia la Sala que, mediante Resolución No. 201850065948 del 14 de Septiembre de 2018, la Secretaría
de Educación de Medellín resolvió aceptar la renuncia propuesta por la docente
Luz Ofelia Espinosa Atehortúa, al considerar que ésta había sido presentada en
respeto de todos los requisitos establecidos para el efecto, esto es, que había
sido manifestada de manera libre, espontánea y sin expresar los motivos por los
cuales adoptó su decisión.
Por
lo anterior, resulta diáfano que el objeto primordial del amparo solicitado ya
se materializó y, por ello, en esta ocasión, se hace necesario concluir que se
configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto, pues, la renuncia que la
accionante pretendía le fuera aceptada, fue admitida y, en ese orden de ideas, en
el momento en que se profiere el presente fallo, ya pudo separarse del cargo
que desempeñaba. Con todo, se destaca que ello ocurrió en razón a que la actora
se vio forzada a suprimir, del texto de la renuncia, la motivación que era su
intención expresar.
Ahora
bien, se estima igualmente importante que, en esta ocasión, la Sala determine (i)
si con ocasión a la situación descrita se vulneraron efectivamente los derechos
fundamentales de la actora, (ii) a través de qué modalidad de carencia
de objeto se extinguió la situación puesta de presente.
Como
primera medida, se hace necesario destacar que si bien, en principio, podría
considerarse que, pasados 30 días desde el momento en que la accionante radicó
su solicitud de renuncia inicial, ésta podría ausentarse de su puesto de
trabajo sin ningún tipo de reproche; no obstante, para la Sala es claro que
dicha posibilidad se encuentra prevista para los eventos en los que el
empleador se abstiene de pronunciarse en relación con la renuncia, esto es,
cuando, a pesar del paso del tiempo, no acepta ni rechaza la pretensión del
trabajador[30].
No
obstante, en el presente caso se evidencia que la accionada resolvió la
solicitud de la trabajadora y decidió rechazar su renuncia, motivo por el cual,
el acto administrativo a través profirió su decisión, si bien como se expondrá
a continuación carece de sustento normativo, surtió sus efectos y, además,
tiene presunción de legalidad. Por ello, debe entenderse que en realidad la
accionante se vio efectivamente imposibilitada para separarse del cargo y, en
consecuencia, debió reiterar sus solicitudes en aras de poder materializar su
pretensión de retirarse del servicio activo del Estado.
Por
lo expuesto, es pertinente concluir que la conducta de la accionada tuvo el
efecto de limitar la posibilidad de que la actora renunciara, a pesar de que, como
se indicó en la parte considerativa de esta providencia, la presencia de una justificación
que explique los motivos en los que el trabajador sustentó su decisión de
renunciar, no puede ser considerada como un argumento válido para rechazar una
renuncia adecuadamente presentada, pues, cómo se ha entendido por el Consejo de
Estado[31],
dicha actuación, ni (i) vicia per sé el consentimiento del
trabajador, ni (ii) constituye la aceptación tácita de un despido
indirecto (motivo por el cual no compromete de ninguna manera la responsabilidad
del Estado)[32].
En
este caso, la administración estimó que la motivación esgrimida por la docente
tenía la virtualidad de poner en tela de juicio su efectiva voluntad de
renunciar al cargo y, adicionalmente, ponía de presente posibles presiones y
coerciones de las que estaba siendo víctima. Por lo anterior, la Sala considera
que si bien, como se indicó, no resultaba posible que la renuncia presentada
fuera efectivamente rechazada, lo cierto es que el empleador no solo contaba
con la posibilidad de solicitar al trabajador, en una única ocasión, la
reconsideración de su decisión, sino que, además, tenía el deber de hacerlo, en
aras de (i) de desplegar las investigaciones que correspondieran y, así,
determinar si sus denuncias contaban con fundamento o no, (ii) proteger sus
derechos fundamentales, y (iii) acatar sus deberes constitucionales y
legales.
Se
recuerda que, como se indicó en la parte considerativa de esta decisión, la
presentación de una solicitud de renuncia cuyo contenido permita inferir que el
trabajador posiblemente carece de la voluntad de renunciar y, en consecuencia,
está siendo forzado para el efecto, debe ser recibida por el empleador como si se
tratara de una denuncia por acoso laboral propiamente dicha y, en ese orden de
ideas, éste cuenta con la obligación de desplegar todas las actuaciones e
investigaciones que correspondan.
Ahora
bien, en el presente caso se evidencia que la administración municipal
accionada se abstuvo de iniciar alguna investigación con posterioridad rechazo
de la renuncia formulada por la actora y, en ese sentido, únicamente se limitó
a rechazar, en múltiples ocasiones, sus solicitudes por considerar que la
voluntad en ella contenida podía encontrarse viciada.
Considera
la Sala que si, en criterio de la autoridad accionada, la actora podía tener su
voluntad de renunciar afectada, lo cierto es que, en adición a que no podía
rechazar la renuncia en cuestión, tampoco bastaba con que se limitara a solicitar
su reconsideración, sino que, en virtud del deber de diligencia descrito con
anterioridad[33],
era necesario que desplegara todas las actuaciones correspondientes que
permitieran determinar si las situaciones puestas de presente encontraban
sustento fáctico o si debían ser desestimadas.
Al
respecto, la Sala observa que la accionada no solo se abstuvo de cumplir con su
deber de iniciar las investigaciones por presunto acoso laboral hechas
manifiestas en el escrito de renuncia y, en ese sentido, de propender por la
superación de la situación de desprotección en que la actora aducía encontrarse
inmersa, sino que, adicionalmente, optó por limitar, ilegítima e
injustificadamente, el derecho de la accionante a renunciar libremente de su
empleo al exigirle retirar la manifestación de los motivos por los cuales adoptó
su determinación.
Por
lo expuesto, se considera que la accionada no podía rechazar la renuncia
presentada por la accionante, pues, de conformidad con el ordenamiento jurídico
vigente, únicamente procedía solicitar la reconsideración de su decisión, de manera
que le fuera posible adoptar todas las investigaciones y medidas de superación
de la situación puesta de presente.
Así,
en el presente caso se evidencia que la administración se limitó a no aceptar las
solicitudes de renuncia propuestas, haciendo evidente de esa manera que la
intensión real del rechazo radicaba en evitar que la actora motivara
expresamente su actuación, lo cual se hace incluso más claro si se considera
que la renuncia fue reiterada en 2 ocasiones posteriores, bajo la afirmación de
ser “irrevocable” y, aun así, la accionada se abstuvo igualmente de aceptarlas
sin una justificación que pudiera ser considerada como jurídicamente admisible.
Considera
la Sala pertinente recalcar que la simple manifestación realizada por un
trabajador, de conductas que podrían ser catalogadas como de acoso laboral, no
puede ser considerada como constitutiva de la misma y, en ese sentido, es
necesario que sean las autoridades correspondientes quienes valoren la
situación puesta de presente y la califiquen, a efectos de que declaren su
existencia y adopten las medidas para remediarla. Por lo anterior, se recuerda
que la aceptación de una renuncia que cuente en su cuerpo con una justificación
o motivación, no puede ser considerada por sí misma como la aceptación tácita,
por parte de la administración, de un despido indirecto, pues éste presupone la
previa constatación de que el trabajador fue efectivamente víctima de acoso
laboral y que su renuncia realmente fue forzada.
De
conformidad con lo expuesto concluye la Sala que no existe fundamento normativo
alguno para que la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Medellín
se abstuviera de aceptar, como lo hizo, las renuncias presentadas por la
actora, pues, indistintamente de que ésta hiciera expresos los motivos en los
que fundó su decisión o no, lo cierto es que la administración no puede
cercenarle su posibilidad de expresar libremente las razones que considera la
llevaron a adoptar la determinación de renunciar.
Por
ello, se hace necesario concluir que, al imponer esta exigencia, la entidad
accionada desconoció (i) lo dispuesto por el artículo 84 Constitucional
e impuso requisitos adicionales a los establecidos por el ordenamiento jurídico
para el efectivo ejercicio de un derecho; (ii) el derecho a renunciar
libremente de un puesto de trabajo (como derivado de los derechos fundamentales
al trabajo y libertad de escogencia de profesión u oficio); (iii) la
libertad de expresión de la trabajadora, quien tenía la intensión de manifestar
en su renuncia los motivos por los cuales llegó a adoptar la decisión en
cuestión; y (iv) el trabajo y la dignidad humana de la actora al omitir
su deber de diligencia y abstenerse de realizar las investigaciones que
correspondían ante la presentación de una denuncia que consideró fue producto
de conductas constitutivas de acoso laboral.
No
obstante, como se indicó inicialmente, la situación jurídica puesta de presente
por la accionante se superó con ocasión a que ésta optó por satisfacer las
exigencias injustificadas de la administración, a costa de su posibilidad de
expresar libremente su opinión y viéndose impedida, por varios meses, para
separarse del cargo que desempeñaba. Considera la Sala que, si bien sus
derechos fundamentales al trabajo, libertad de escogencia de profesión u oficio
y libertad de expresión fueron efectivamente desconocidos por el accionar de la
administración municipal de Medellín, lo cierto es que, en el presente caso, no
resulta posible adoptar ninguna medida que permita superar esta situación en específico,
pues, como se indicó con anterioridad, la actora se separó efectivamente del
cargo que venía desempeñando y, en consecuencia, el objeto principal de la Litis
ya se materializó.
Por
lo anterior, es necesario concluir que, en relación con la pretensión de la
accionante relativa a que se acepte su renuncia al cargo que desempeñaba, se
configuró una carencia actual de objeto por “daño consumado”, en cuanto la
afectación ius-fundamental que se quería prevenir con la presentación de
la acción de tutela, se configuró y, en este momento, ya no puede ser
remediada.
Con
todo, resulta pertinente destacar que la carencia actual de objeto recién
referida únicamente se predica de la vulneración de los derechos anteriormente
enunciados, esto es, la relativa a la omisión de aceptación a la renuncia
presentada. Por lo anterior, a continuación se procederá a estudiar si, dentro
del trámite de las denuncias por acoso laboral presentadas por la actora, se
respetaron sus garantías fundamentales, en específico, el debido proceso.
III. CASO CONCRETO
Análisis
de la posible vulneración ius-fundamental
Una
vez superado el anterior estudio, se hace necesario llamar la atención en
que si bien el objeto de la Litis radica en determinar si los derechos
fundamentales al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión u oficio
fueron conculcados con la negativa de la entidad accionada de aceptar la
renuncia presentada, lo cierto es que la Sala evidencia que, adicionalmente, y,
a partir de un ejercicio de las facultades ultra y extra petita
con las que cuenta el juez constitucional, se hace necesario verificar si la
omisión de la accionada de resolver las denuncias de acoso laboral formuladas
por la accionante constituye una vulneración por sí misma de sus derechos. Con
el objetivo anteriormente descrito se
hace necesario examinar el último de los asuntos que esta Sala se propuso evaluar
en esta ocasión.
A
manera de aclaración preliminar, la Sala estima pertinente destacar que si bien
la accionante pone de presente que fue víctima de conductas constitutivas de
acoso laboral, lo cierto es que el fondo de sus denuncias, esto es, la
determinación sobre si efectivamente fue víctima de acoso, además de ser ajeno
al objeto de la litis propuesta (la cual se enfocó en obtener la autorización
de renunciar sin que le fueran impuestas trabas) es una situación respecto de
la cual, a partir de los hechos descritos, así como desde el material
probatorio recaudado, no fue posible obtener los elementos mínimos de juicio
para realizar un pronunciamiento que, no solo pueda (i) determinar la
veracidad de sus aseveraciones, sino que, adicionalmente, (ii) fijar la
responsabilidad de quienes son acusados como sus agresores.
Se
llama la atención en igual sentido, en que la acción de tutela, a pesar de ser
un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no
puede ser concebida como un medio para la imposición de sanciones, ni para
establecer responsabilidades disciplinarias o penales, pues, para ello, el
ordenamiento jurídico ha establecido otro tipo de procedimientos y actuaciones
de carácter judicial en el cual deberán valorarse las situaciones expresadas
por la actora y si realmente fue víctima del acoso laboral que denuncia, así
como si, a partir de la anterior declaración es posible constatar que realmente
su renuncia al puesto de trabajo que desempeñaba configuró un “despido
indirecto”, con las connotaciones e implicaciones que ello conlleva[34].
En
ese sentido, la Sala centrará su análisis en el trámite otorgado a las denuncias
a las que la actora hace referencia, de manera que sea posible evidenciar si el
hecho de que las mismas no hubieran sido objeto de una resolución definitiva
puede comprometer la eficacia de los derechos de la accionante.
Para
esta Corte, la efectiva garantía del derecho fundamental al debido proceso
administrativo de una persona, supone la posibilidad de que ésta pueda no solamente
acudir ante la administración con el objetivo de lograr un determinado tipo de
actuación, sino que requiere, entre otras cosas, que se le permita al ciudadano
ser (i) oído y participar en la toma de la decisión, (ii)
notificado de las actuaciones que se surtan, (iii) que el trámite se
surta en respeto de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico y (iv)
obtener, dentro de un plazo razonable, una decisión definitiva[35].
La
Sala considera que si bien la ciudadana Luz Ofelia Espinoza Atehortúa ha
radicado múltiples denuncias por presunto acoso laboral en contra de distintas
personas, lo cierto es que, del material probatorio recaudado, no fue posible
constatar cuantas existen en total, en cuanto la accionante pone de presente
ciertas quejas y, por su parte la accionada, hace referencia a otras diferentes
que ya fueron efectivamente resueltas. Adicionalmente, de los elementos de
juicio recolectados no fue posible obtener certeza sobre si todas las denuncias
realizadas por la accionante han sido efectivamente estudiadas y resueltas.
Así,
se evidencia que la accionante radicó varias denuncias entre los años 2015 y
2018[36]
y que, en relación con ellas, la Secretaría de Educación de Medellín, a pesar
de ser la autoridad competente para resolverlas no dio solución alguna a sus requerimientos.
Por
lo anterior, se concluye que la accionada ha desconocido el derecho fundamental
al debido proceso de la ciudadana Luz Ofelia Espinosa Atehortúa, pues, a pesar del prolongado paso del tiempo, las
denuncias por ella radicadas aún no han tenido una resolución definitiva, lo
cual, no solo desconoce el carácter expedito que el ordenamiento jurídico, en
específico, la Ley 1010 de 2006, ha pretendido establecer para adopción de
medidas que permitan la superación de las presuntas situaciones de acoso
laboral, sino que, adicionalmente, prolonga los posibles ultrajes a la dignidad
humana de los que la trabajadora aduce ser víctima.
Ahora
bien, se estima pertinente destacar que la iniciación de un proceso
disciplinario no implica necesariamente que éste deba culminar con una sanción.
No obstante, la presentación de una denuncia de este tipo no puede simplemente
ser desatendida y, por tanto, cada denuncia que sea presentada requiere de un
pronunciamiento de fondo que resuelva si la solicitante efectivamente estaba
siendo víctima de las conductas que denunció o no.
Se
llama la atención en que si bien la accionante reprocha el hecho de que en
múltiples casos se absolvió a las personas que denunció de todo tipo de
responsabilidad, lo cierto es que su simple manifestación de ser víctima de acoso
laboral, no puede entenderse como prueba suficiente de dicha condición, pues es
menester que ésta sea acreditada al interior de los trámites correspondientes. Por
lo anterior, en el evento de encontrarse inconforme con lo resuelto, era su
deber manifestarlo a través de los medios administrativos y jurisdiccionales
correspondientes, sin que, del material probatorio recolectado, hubiera sido
posible evidenciar que acudiera a ellos.
Por lo expuesto, y, como producto de las
especiales condiciones que circunscriben el caso en concreto, la Sala decide REVOCAR
la sentencia proferida en segunda instancia por el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Medellín, del seis
(06) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que “confirmó” y modificó la
decisión adoptada por el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Medellín, mediante
sentencia del cinco (05) de julio de ese mismo año, que, por su parte, declaró
la carencia actual de objeto por considerar que se materializó un hecho
superado.
Lo anterior, en el sentido de, por un
lado, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por DAÑO CONSUMADO respecto
de la protección ius-fundamental pretendida de los derechos
fundamentales (i) al trabajo, (ii) libertad de escogencia de
profesión u oficio y (iii) libertad de expresión de la ciudadana Luz
Ofelia Espinosa Atehortúa, con ocasión a la omisión injustificada de la
Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Medellín de aceptar la
renuncia por ella presentada en múltiples oportunidades.
De otro lado, se dispone CONCEDER
la protección al derecho fundamental al debido proceso de la accionante y ORDENAR
a la Secretaría de Educación Municipal de Medellín que, si aún no lo ha hecho, de trámite y resuelva, de
manera definitiva, las denuncias por acoso laboral presentadas por la
accionante el 23 y 26 de octubre de 2015, el 2 de agosto de 2017, así como
todas las demás quejas que haya presentado durante su vinculación laboral como
docente.
Finalmente, la Sala estima necesario
advertir a la accionada que, en lo sucesivo:
i)
Se abstenga de restringir la posibilidad de que sus
funcionarios motiven sus renuncias, en cuanto una actuación en este sentido, no
solo carece de fundamento jurídico, sino que termina por cercenar los derechos
fundamentales de sus trabajadores;
ii)
En los eventos en que sus trabajadores radiquen renuncias motivadas en
conductas que podrían ser catalogadas como de acoso laboral, entienda la
solicitud de renuncia presentada como una denuncia de las situaciones descritas
y despliegue todas las actuaciones correspondientes a efectos de permitir, si
se estima pertinente, la superación de la situación puesta de presente. Lo
anterior, so pena de que, a partir del desconocimiento sistemático de la
Constitución, puedan incurrir en responsabilidades de diversa índole.
iii)
Tramite y
resuelva, dentro de un término razonable, las quejas de acoso laboral de su
competencia, de manera que sea posible verificar las situaciones denunciadas y
superar las problemáticas que sea posible evidenciar.
Síntesis:
Corresponde a la Sala Novena de Revisión
de Tutelas dar solución a la situación jurídica de la ciudadana Luz Ofelia
Espinosa Atehortúa
de 62 años de edad, quien pretende, a través de este especial mecanismo de
protección, la aceptación de su solicitud de renuncia al cargo de docente que
ejerce en el municipio de Medellín. Ello, en cuanto la mencionada autoridad se
ha abstenido de aceptar su dimisión al cargo bajo el argumento de que el
documento en el que hace manifiesta su decisión, no puede contar con
justificaciones de ningún tipo.
Ahora bien, a partir del examinen del
material probatorio allegado en sede de revisión, la Sala considera que, en
ejercicio de las facultades ultra y extra petita con que cuenta
el juez constitucional, resulta igualmente importante verificar si la accionada
desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la actora al abstenerse
de resolver varias de las denuncias de acoso formuladas durante su vinculación
laboral.
La
Sala considera que la pretensión de amparo incoada es, en principio, procedente,
pues cumple con los requisitos de:
i)
Legitimación, en cuanto la solicitante acude directamente en
defensa de sus intereses fundamentales (legitimación activa) y se acciona a la
autoridad que efectivamente es la encargada de a) aceptar su renuncia y b)
estudiar las denuncias por acoso laboral que ha radicado (legitimación pasiva);
ii)
Inmediatez, pues únicamente transcurrió un periodo de dos meses
entre la última de las negativas a su pretensión y la presentación de la acción
de tutela objeto de estudio;
iii)
Subsidiaridad, puesto que, si bien la actora cuenta con la
posibilidad de cuestionar, ante la jurisdicción contencioso administrativa a) los
actos a través de los cuales se rechazó su solicitud de renuncia, y b) la omisión de resolver
definitivamente los procedimientos por acoso laboral que inició, lo
cierto es que dichos procedimientos no se muestran lo suficientemente idóneos como para permitir
la efectiva protección de sus derechos fundamentales, en específico, no le
permitiría separarse del servicio público de la manera más expedita posible e
impedir que le impongan restricciones y requisitos adicionales al efectivo
ejercicio de sus derechos; y
iv)
Relevancia constitucional, en razón a que se aducen como desconocidos derechos
de raigambre fundamental como lo son el trabajo, el debido proceso administrativo, la libertad de expresión
y la libertad de escogencia de profesión y oficio.
Ahora bien, continuando con el análisis preliminar,
la Sala evidencia que, en relación con la pretensión principal de la acción de
tutela, esto es, la restricción impuesta a la posibilidad de que la accionante
motivara su carta de renuncia, se configuró el fenómeno de la carencia actual
de objeto, pues, del material probatorio recaudado, fue posible evidenciar que
la accionante, ante el rechazo de sus múltiples escritos, optó por retirar del
texto la motivación en la que fundó su decisión y, en consecuencia, su
solicitud fue aceptada por la accionada. En ese sentido, se tiene que la
accionante actualmente no labora para el municipio de Medellín y ya no requiere
que su renuncia al cargo sea admitida.
No
obstante, la Sala considera que, a pesar de que el amparo pretendido carece de
objeto, lo cierto es que, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y
la jurisprudencia aplicable, la autoridad administrativa accionada no podía
rechazar la solicitud de renuncia presentada bajo ningún argumento y, si bien
contaba con la posibilidad de solicitar su reconsideración en una única ocasión,
tenía la carga de (i) iniciar las investigaciones correspondientes a
efectos de determinar si la actora estaba siendo efectivamente forzada a tomar la
determinación objeto de litis y (ii) dado el evento en el que la
renuncia fuera reiterada, debía ser aceptada, so pena de coartar
desproporcionadamente las libertades de la trabajadora, quien, con
posterioridad, podría acudir ante la jurisdicción correspondiente a efectos de
cuestionar la manera en que se surtió la desvinculación.
Así,
la Sala evidenció que si bien la accionante justificó su renuncia en presuntos
motivos de acoso laboral, lo cierto es que sus solicitudes no podían ser
rechazadas por la administración, como en efecto lo fueron, en cuanto (i)
no existe fundamento normativo alguno que
permita esta ruta de acción; (ii) únicamente
cabía la solicitud de reconsideración de la decisión, por una sola ocasión, y (iii)
la renuncia fue presentada y reiterada en 3 ocasiones diferentes.
Por
este motivo, para la Sala la limitación impuesta desconoce (i) lo
dispuesto por el artículo 84 Constitucional, al imponer requisitos adicionales
a los establecidos por el ordenamiento jurídico para el efectivo ejercicio de
un derecho, sino que también (ii) cercena la posibilidad con que cuenta
la actora de expresar libremente las razones que la llevaron a renunciar; y (iii)
afecta sus derechos al trabajo y la dignidad humana, al abstenerse de desplegar
las actuaciones que correspondían para investigar sus distintas denuncias de
acoso laboral.
Ahora
bien, a pesar de lo anterior, la Sala constató que la accionada efectivamente
se abstuvo de dar resolución definitiva a varias de las denuncias de acoso
laboral presentadas por la accionante y, en ese orden de ideas, desconoció su
derecho fundamental al debido proceso.
En conclusión, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional decide revocar las decisiones de instancia, pero en
el sentido de (i) declarar que se configuró el fenómeno de la carencia
actual de objeto, por daño consumado, pues la administración municipal
accionada efectivamente a) impidió que la accionante expresara los argumentos
en que fundamentó su decisión de renunciar y b) porque, ante su omisión de
desplegar las investigaciones que correspondían, acolitó las conductas de acoso
puestas de presente por la actora, prolongando la afectación a sus derechos
laborales y su dignidad como persona; y (ii) amparar el derecho
fundamental al debido proceso de la accionante en razón a que la accionada
nunca dio resolución definitiva a varias de las denuncias de acoso laboral
propuestas; motivo por el cual se ordena a la Secretaría de Educación de
Medellín que, si aún no lo ha hecho, tramite y resuelva, dentro de un término
razonable, las quejas de acoso laboral presentadas por la actora[37].
Adicionalmente, la Sala advierte a la
accionada que, en lo sucesivo, se abstenga de obstaculizar el normal ejercicio
de los derechos fundamentales de sus trabajadores y omita poner trabas a la
posibilidad de que motiven sus renuncias.
IV. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia
proferida en segunda instancia por el Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Medellín, del seis (06) de agosto de
dos mil dieciocho (2018), que negó el amparo constitucional pretendido y, en
consecuencia, que “confirmó” y modificó la decisión la decisión adoptada por el
Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Medellín, mediante sentencia del cinco
(05) de julio de ese mismo año, y que había determinado la configuración de una
carencia actual de objeto
SEGUNDO.- DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por
DAÑO CONSUMADO respecto de la protección ius-fundamental pretendida
de los derechos fundamentales (i) al trabajo, (ii) libertad de
escogencia de profesión u oficio, y (iii) libertad de expresión de la
ciudadana Luz Ofelia Espinosa Atehortúa, con ocasión a la omisión injustificada
de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Medellín de aceptar
la renuncia por ella presentada en múltiples oportunidades.
TERCERO.- CONCEDER
la protección al derecho fundamental al debido proceso de la accionante y ORDENAR
a la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Medellín que, si aún no lo ha hecho, de trámite y resuelva, de
manera definitiva, las denuncias por acoso laboral presentadas el 23 y 26 de
octubre de 2015, el 2 de agosto de 2017, así como todas las demás quejas que
haya presentado durante su vinculación laboral como docente.
CUARTO.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase y
Archívese.
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SETENCIA T-168/19
DERECHO
A RENUNCIAR LIBREMENTE AL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO-La accionante
podía renunciar libremente al cargo sin requerir aceptación de la entidad
nominadora (Salvamento de voto)
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-No se vulneró por cuanto la entidad sí
adelantó distintas actuaciones para atender los requerimientos presentados
(Salvamento de voto)
Expediente:
T-7.007.371
Magistrado
ponente: Alberto Rojas Ríos
Con mi acostumbrado respeto por las
decisiones de la Sala Novena de Revisión de la Corte, suscribo salvamento de
voto en relación con la sentencia de la referencia, la cual resolvió: (i) revocar
los fallos de instancia, (ii) declarar la carencia actual de objeto por
daño consumado respecto de los derechos al trabajo, a la libertad de escogencia
de profesión u oficio y a la libertad de expresión, (iii) conceder la
protección al derecho fundamental al debido proceso de la accionante y (iv)
ordenar a la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de Medellín dar
trámite y resolver las denuncias por acoso laboral presentadas por la
accionante. No comparto la decisión mayoritaria, pues considero que a la
accionante no se le vulneró ningún derecho fundamental.
1. La accionante podía renunciar
libremente al cargo, sin requerir la aceptación de la entidad nominadora
De conformidad con el artículo 69 del
Decreto 2277 de 1979[38],
norma especial para el caso[39],
“el docente puede renunciar libremente al
ejercicio del cargo que desempeñe en propiedad”. Además, según esta norma[40],
el abandono del cargo se produce cuando, tras presentar la renuncia, el docente
deja el cargo (i) sin que se autorice su separación, o (ii) antes
de que transcurran quince (15) días. En atención a estas disposiciones, un
docente puede separarse legítimamente de su cargo, sin incurrir en abandono,
cuando (i) su renuncia es aceptada, o cuando (ii) transcurren
quince (15) días después de presentarla, aun cuando no haya sido aceptada.
En el caso concreto, la
accionante presentó su renuncia el 2 de febrero de 2018[41],
según los requisitos legales aplicables, pues (i) presentó un documento
escrito en el cual manifestó su intención de separarse del servicio, (ii) el
documento no contenía espacios en blanco o fechas indeterminadas y (iii)
señaló desde qué fecha haría efectiva su renuncia[42].
En consecuencia, según las disposiciones del Decreto 1803 de 2015 y del Decreto
2277 de 1979, la señora Luz Ofelia Espinoza Atehortúa no requería la aceptación
de su renuncia para apartarse del cargo y, por lo tanto, el amparo era
improcedente por no existir ninguna controversia de índole constitucional.
2. No se violó el derecho fundamental al
debido proceso de la accionante
La Sala concluyó que la entidad
accionada se abstuvo de resolver varias de las denuncias de acoso laboral
formuladas por la accionante durante su vinculación laboral, sin embargo, esta
conclusión carece de un fundamento probatorio cierto. Si bien en el expediente
no reposa la totalidad de las respuestas a las denuncias por acoso laboral
presentadas por la accionante, el material disponible en el expediente sugiere
que la entidad sí adelantó distintas actuaciones para atender a los
requerimientos presentados por la actora[43]. En
particular, la providencia concluye que no se contestó la queja presentada el
23 de octubre de 2015 en contra de Maria Isabel Villa y Teresa Martínez, sin
embargo, en la respuesta allegada por la Alcaldía de Medellín en sede de
revisión consta que el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de
Educación requirió a la accionante para que complementara la información de su
petición en un término de ocho días. Lo anterior da cuenta de que la entidad sí
actuó frente a las solicitudes de la accionante, en el marco de sus
competencias, y que no es posible inferir la violación del derecho fundamental
al debido proceso con base en el material probatorio disponible en el
expediente.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Sin que las mismas hayan sido objeto de identificación e
individualización.
[2]
Folio 19 del cuaderno principal.
[3]
El cual fue complementado y reiterado a través de escrito del 4 de marzo
de 2019.
[4]
A la luz de una interpretación sistemática del artículo
86 superior y de los artículos 01 y 10 del Decreto 2591 de 1991.
[5]
Ver, entre otras, la Sentencia T-845 de 2011.
[6]
Adicionalmente, sobre este tema, ver las sentencias
C-590 de 2005 y T-370 de 2015.
[7]
Ver Sentencias: T- 328 de 2004, T-158 de 2006 y T-488 de 2015.
[8]
Ver, entre otras, las Sentencias: T-225 de 1993, T-293 de 2011, T-956 de 2013 y
T-030 de 2015.
[9]
Ver, entre otras, las Sentencias T-554 de 1995, T-611 de 2001.
[10] Ver la Sentencia T-611 de 2001.
[11] Artículo 27 del Decreto 2400 de 1968 y
Decreto 1083 de 2015.
[12] Ibídem.
[13] Artículo 2.2.11.1.3. del Decreto 1083 de
2015 “Si la autoridad
competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública para
no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el
renunciante insiste deberá aceptarla”. (negrillas
fuera del texto original)
[14] El Artículo 27 del Decreto 2400 de 1968
dispone: “que mediante cualquier otras circunstancias pongan con
anticipación en menos del Jefe del organismo la suerte del empleado”.
[15] Ver, entre otras, las Sentencias: (i)
del 2 de agosto de 2012, con número de radicado
25000-23-25-000-2012-01268-01 (AC); (ii) 23 de
febrero de 2017, con número de radicado 08001-23-33-000-2012-00098-01
(1496-14); (iii) 7 de marzo de 2013, con número de radicado
25000-23-25-000-2006-08500-01 (1889-12).
[16] En virtud del cual: “Cuando un derecho
o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridad
públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio”.
[17] Consejo de Estado, Sentencia del 18 de julio de 1995. Reiterado
en las Sentencias del (i) 2 de agosto de 2012. Radicado No.
25000-23-25-000-2012-01268-01(AC); (ii) 23 de febrero de 2017. Radicado
No. 08001-23-33-000-2012-00098-01 (1496-14).
[18]
Ver, entre otras, las Sentencias:
T-317 de 2005; T-495 de 2001; T-570 de 1992; T-675 de 1996.
[19]
Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
[20] Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
[21] Sentencia SU-225 de 2013.
[22] Ya no entendido
como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a
la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver
Sentencias: SU-225
de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de
1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a
aquellos eventos en los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de
la entidad accionada.
[23] Reiterada en Sentencia T-130 de 2012.
[24] Ver
Sentencias: T-721 de 2001; T-442 de 2006 y T-188 de 2010.
[25] Ver Sentencia SU-225 de 2013.
[26] Numeral 2 del acápite de las
consideraciones.
[27] Artículo 9 de la Ley 1010 de 2006.
[28] Artículo 10 de la Ley 1010 de 2006.
[29] Sobre el particular, se ha considerado
que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional, la
inexistencia de mecanismos ordinarios de protección para que la acción de
tutela resulte procedente, debe verificarse únicamente respecto de los
procedimientos judiciales existentes.
[30] Al respecto, el inciso 2 del Artículo 27 del Decreto 2400 de 1968
dispone: “La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia
deberá determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer
sus funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a
que haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro
no podrá ser posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia;
al cumplirse este plazo el empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en
el abandono del empleo.”
[31] Ver consideración número 4 de la parte
considerativa de esta decisión.
[32] En cuanto las afirmaciones del trabajador
deberán ser estudiadas por las autoridades correspondientes, quienes, a través
de los procedimientos que al respecto han sido desarrollados, determinarán si
efectivamente cuentan con sustento o si, por el contrario, habrán de ser
desestimadas.
[33] Numeral 4 de la parte considerativa.
[34] Resulta pertinente aclarar que la
efectiva constatación de que realmente el trabajador fue víctima de acoso
laboral se constituye en un presupuesto para que pueda declararse que ocurrió
un despido indirecto, por ello, es necesario que esta situación sea estudiada
por las autoridades competentes a efectos de que sean ellos quienes concluyan
las responsabilidades correspondientes.
[35] Ver, entre otras, las sentencias C-331 de 2012 y T-007 de 2019.
[36] En específico, del material probatorio allegado se evidenció que
la actora radicó ciertas denuncias y que ellas no fueron objeto de una solución
definitiva por parte de la accionada, estas son:
-
Contra Maria Isabel Villa y Teresa
Martínez y presentada el 23 de octubre de 2015.
-
Contra Yolanda Areiza y presentada
el 26 de octubre de 2015.
-
Contra Blanca Nohemi Benjumea y
presentada el 2 de agosto de 2017.
[37] En específico las denuncias presentadas contra:
-
Maria Isabel Villa y Teresa Martínez y presentada el 23 de octubre de
2015.
-
Yolanda Areiza y presentada el 26 de octubre de 2015.
-
Blanca Nohemi Benjumea y presentada el 2 de agosto de 2017.
[38] Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente.
[39] La accionante manifestó que se desempeña como docente, vinculada
bajo el Decreto 2277 de 1979, desde el 10 de marzo de 1986.
[40] Artículo 47, Decreto 2277 de 1979.
[41] Cno. 1, Fl. 7.
[42] Artículo 2.2.11.1.3 Renuncia, Decreto 1083 de 2015.
[43] En el expediente consta que la Dirección de Control Disciplinario
interno de la Alcaldía de Medellín dio trámite a distintas denuncias
presentadas por la accionante, a saber: (i) el 23 de noviembre de 2016,
el Comité de Convivencia Laboral profirió respuesta frente a la queja dirigida
en contra de Yolanda Ester Ariza Ríos (radicado 201600621974); (ii) el
23 de noviembre de 2016, el Comité de Convivencia Laboral profirió respuesta
frente a la queja en contra de Maria Isabel Villa (radicado 201600621038); (iii)
el 01 de diciembre de 2016, se adelantó audiencia de conciliación en el marco
de la denuncia presentada por la accionante en contra de Mónica Rosa Londoño
Zuluaga; (iv) el 16 de febrero de 2017, el Comité de Convivencia Laboral
remitió a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá las diligencias de la
queja interpuesta en contra de Mónica Rocío Londoño; (v) el 29 de
septiembre de 2017, se adelantó la audiencia de conciliación en el marco de la
denuncia presentada por la accionante en contra de Blanca Nohemy Benjumea
Zuluaga; (vi) el 19 de mayo de 2016, la Dirección de Control
Disciplinario Interno del municipio de Medellín profirió auto inhibitorio en el
marco de la queja presentada por la accionante en contra de Martha Inés Orjuela
Muñoz y Zuly Ángela Ramírez Agudelo; (vii) el 16 de septiembre de 2015,
la Dirección de Control Disciplinario Interno ordenó archivar la investigación
adelantada en contra de Juan Eglantino Díaz Londoño, a partir de la denuncia
presentada por la accionante; (viii) el 3 de noviembre de 2015, la
Dirección de Control Disciplinario Interno del municipio de Medellín ordenó
archivar la investigación que se estaba adelantando en contra de Juan Carlos
Agudelo Sosa, a partir de la denuncia presentada por la accionante.