T-510-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-510/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia/ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No vulnera principios de seguridad jurídica
y de autonomía funcional del juez
La Corte Constitucional ha conciliado los principios de seguridad
jurídica y autonomía funcional de los jueces, con la ineludible protección de
los derechos fundamentales de las personas, de manera que éstas tengan a su
alcance un mecanismo judicial efectivo que les permita reaccionar contra
aquellas actuaciones violatorias de sus garantías constitucionales, cualquiera
sea la autoridad que las genere. (art. 86 C.P.). Se trata de equilibrar la
seguridad jurídica, el principio de cosa juzgada y la independencia funcional
de los jueces, que a su vez son garantías inherentes a un Estado de Derecho,
con la esfera constitucional mínima de toda persona, a partir de reglas claras
y precisas que permitan determinar en qué casos procede, de forma excepcional,
la acción de tutela contra providencias judiciales. Sólo excepcionalmente,
cuando la providencia judicial opera por fuera del ordenamiento jurídico e
irrumpe a través de actuaciones de hecho en la esfera constitucional inviolable
de las personas, el amparo de tutela adquiere relevancia, pues en tales
eventos, la cosa juzgada ya no tiene el respaldo que le sirve de apoyo a la
generalidad de las decisiones judiciales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-No es una
instancia adicional
La posibilidad de dirigir la acción de tutela contra providencias
judiciales no significa la existencia de mecanismos paralelos o adicionales
para el trámite de las cuestiones litigiosas, ni pretende que éstas tengan una
nueva instancia para su discusión, sino que consolida la facultad de todas las personas
de hacer efectivo el amparo previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política, contra las actuaciones de cualquier autoridad que impliquen
desconocimiento de sus derechos fundamentales. En estos casos, la tutela no se
orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio, a partir de nuevas
pruebas y argumentaciones; su objeto está únicamente en determinar si la
providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del
cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales en cabeza del afectado,
que éste no hubiera podido discutir oportunamente dentro de la respectiva
actuación judicial.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Carácter
excepcional no exonera a juez constitucional de realizar estudio de problema
planteado
Debe advertirse que tal carácter excepcional no faculta al juez
constitucional para abstenerse de estudiar el problema planteado por el actor
en la acción de tutela y para dejar de lado el análisis de los requisitos
exigibles en cada caso para la protección de los derechos fundamentales
invocados. Si bien en principio el juez de tutela no entra a conocer
directamente la cuestión litigiosa, ni asume el carácter propio de una nueva
instancia, ello no lo libera del deber de verificar, desde el punto de vista
constitucional, si la providencia que se revisa desconoce la esfera mínima de
derechos fundamentales de la persona y se dan los requisitos necesarios para
ordenar la protección solicitada. Por estas razones, en casos como el presente,
el juez de tutela no puede  rechazar de plano o declarar la improcedencia del
amparo por el sólo hecho de estar dirigido contra una providencia judicial
(como lo hacen las decisiones  que se revisan), sino que, como en cualquier
otro evento, debe estudiar si se dan los presupuestos generales de la acción
(inmediatez, subsidiaridad, transitoriedad, violación de derechos
fundamentales, etc.) y los especiales que se exigen en estos casos (causales de
procedibilidad), con el fin de establecer si se está ante un caso de excepción
que amerite la protección de garantías constitucionales vulneradas con la
decisión judicial atacada por vía de la acción de tutela.
ACCION DE TUTELA-Carácter residual
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Improcedencia por no haber ejercido
los mecanismos de defensa judicial
Cuando se
pretenda dejar sin efecto una decisión judicial por vía de tutela y se aduzca
una causal de procedibilidad de acuerdo con la jurisprudencia, deberá quedar
claro que la violación del derecho fundamental no se pudo evitar por los medios
ordinarios y que se agotaron los recursos y medios de impugnación que la ley
procesal establece para el control de la decisión atacada. Sin ello, no puede
pretenderse que el juez de tutela intervenga con posterioridad sobre una
actuación judicial clausurada, para subsanar aquello que la parte interesada no
defendió por sí misma, cuando estuvo en posibilidad de hacerlo y tenía un
interés para ello
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Alcance
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Forma
parte del principio democrático/PRINCIPIO DEMOCRATICO-Universal
y expansivo
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Forma
parte del concepto democracia participativa
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Límites/DERECHO
A ELEGIR Y SER ELEGIDO-No es absoluto/DERECHO A
ELEGIR Y SER ELEGIDO-Debe ser entendido en su doble dimensión
derecho-función
El derecho de elegir y ser elegido cuya tutela se demanda, no tiene
carácter absoluto y debe ser entendido en su doble dimensión derecho-función,
como una forma de contribución a la formación de la voluntad política y al buen
funcionamiento del sistema democrático, sujeto a las condiciones fijadas en la
Constitución y la ley. Bien sea como elector o candidato, deberán observarse
las reglas para acudir a las votaciones y participar en cualquiera de tales
calidades, así como las que el mismo ordenamiento establece para el control
administrativo y judicial de los actos de elección y nombramiento, pues todas
ellas, en su conjunto y no de forma aislada, garantizan la institucionalidad
misma y el respeto de los principios de participación democrática previstos en
la Constitución. En consecuencia, Como derecho-función,
no es una facultad absoluta, ni puede interpretarse de manera aislada del
conjunto de mecanismos de participación y control ciudadano previstos en la
propia Constitución y en la ley, pues su ejercicio precisa de las formas y
condiciones establecidos para el efecto. Tal como ocurre con otros derechos
fundamentales, su núcleo fija mínimos irreductibles de actuación llamados a
operar como barrera contra interferencias indebidas del poder o de otras
personas, pero que, en todo caso, no excluyen la posibilidad de tener un
desarrollo legal que delimite su forma de ejercicio y disfrute.
PROCESO ELECTORAL-Carácter público tiene como finalidad el control de actos de
elección
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Derecho
político derivado de calidad de ciudadano
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Control
judicial de actos de elección y nombramiento/ DERECHO A ELEGIR
Y SER ELEGIDO-Control ciudadano/ACCION ELECTORAL-Cualquier
persona puede actuar como demandante o tercero interviniente para defensa de
interés general
Dado el carácter público de la acción, la ley
permite que además de los directamente afectados con el acto de elección,
cualquier persona pueda actuar como demandante o como tercero interviniente,
para la defensa del interés general y de la pureza del sufragio. Por tanto, la
participación de cualquier persona como demandante o interviniente, la variedad
de causales de nulidad previstas en el artículo 223 del Código Contencioso –a
las que se pueden sumar las genéricas de anulación de todo acto administrativo
según la jurisprudencia del Consejo de Estado-, la posibilidad de discutir no
sólo el acto de elección sino también los actos de la autoridad electoral que
resuelven reclamaciones en vía administrativa, y en general, las
características mismas del proceso electoral, hacen que éste sea el escenario
natural de discusión de los derechos del aspirante no elegido, del elector cuyo
voto no es respetado o el de cualquier persona que en ejercicio de sus derechos
ciudadanos se encuentre interesada en la defensa del interés general, del
principio de legalidad o de la pureza del sufragio.
ACCION ELECTORAL-Concepto
La acción electoral constituye el medio previsto
por el legislador para discutir en sede jurisdiccional, tanto la legalidad
misma del acto de elección, como la pureza del sufragio y el respeto a la
voluntad del elector. A esta acción podrá acudir entonces cualquier persona
para la protección de su derecho a ser elegido, o para la defensa del derecho a
elegir o, simplemente, por el interés en la pureza del sufragio y en la
legalidad del acto de elección o nombramiento.
ACCION ELECTORAL-Naturaleza
ACCION ELECTORAL-Carácter publico
DERECHO AL VOTO-Sujeción normativa/DERECHO
AL VOTO-Tensión entre principios democráticos y Estado de derecho
ACCION ELECTORAL-Término de caducidad
ACCION ELECTORAL-Oportunidad para
intervenir/ACCION ELECTORAL-Efectos
Iniciado el proceso y surtidas las etapas de
citación y notificación del auto admisorio, cualquier ciudadano que haya
decidido actuar como parte o interviniente podrá coadyuvar o impugnar la
demanda e intervenir en la práctica y contradicción de las pruebas solicitadas
oportunamente -y de las demás decretadas de oficio-, con un espacio adicional
de debate en la etapa de alegatos de conclusión, luego de lo cual la sentencia
definirá el resultado de la controversia, que podrá ser objeto de adición y
aclaración en la misma instancia, y de apelación ante el superior si el proceso
lo permite. En estos casos, por tratarse de una acción pública de nulidad, la
sentencia tendrá efectos erga omnes (artículo 175 del C.C.A) y, por ende,
cobijará incluso, desde el punto de vista electoral, a todos aquéllos que
pudiendo haber participado en el proceso, se marginaron voluntariamente del
mismo o no concurrieron a él. En tal sentido, el artículo 223 del mismo código
ordena notificar la demanda por edicto y dispone, además, que “si por virtud de
la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se
entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos
cuya nulidad se pretende”, lo que da plena publicidad al proceso electoral
desde su iniciación, que luego legitima su efecto y oponibilidad general.
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO-Existencia
mecanismo judicial de protección
La Corte encuentra que existe un medio
jurisdiccional público y abierto para controvertir y defender la legalidad de
los actos de elección, según el interés que cada persona tenga, en la
protección del derecho a elegir y ser elegido, en la pureza del sufragio o en
el principio de legalidad de los actos administrativos. Desde el punto de vista
electoral, dicho proceso agotará en principio la jurisdicción del Estado, pues
la sentencia que allí se pronuncie no sólo definirá situaciones concretas e
individuales de elegidos y aspirantes, sino que dará seguridad a la ciudadanía
sobre la conformación del poder público y la continuidad de las instituciones
democráticas.
DERECHO A LA HONRA-Mérito/DERECHO AL
BUEN NOMBRE-Mérito
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y
A LA HONRA-Ligados al respeto de la dignidad humana
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y
A LA HONRA-Instrumentos internacionales de protección
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y
A LA HONRA-Protección por tutela con independencia de mecanismos de
protección penal y civil
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN
NOMBRE-Protección por tutela/BUEN NOMBRE Y HONRA-Protección
por tutela no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN
NOMBRE-No son conceptos
absolutos desligados de situación concreta de cada individuo
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN
NOMBRE-Radio de acción y
conocimiento es proporcional a ascendencia que persona tiene en la sociedad
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Núcleo esencial/
DERECHO AL BUEN NOMBRE-No toda expresión mortificante para el amor propio
puede ser considerada como imputación deshonrosa
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Relación directa
con representación externa e interna de la persona especialmente cuando
información es inexacta/DERECHO AL HABEAS DATA-Vinculación directa con
la intimidad y buen nombre
La jurisprudencia
de la Corte ha encontrado que existe una relación directa de tales derechos con
el de habeas data, de forma que, en desarrollo del artículo 15 de la
Constitución, la persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la
información que de ella repose en bases de datos y archivos públicos y
privados. En aplicación de los principios de veracidad
e integridad derivados del derecho al habeas data, la persona podrá exigir la
rectificación o corrección de la información divulgada o que reposa en bases de
datos, para asegurar que la misma se refiera a situaciones reales y no
corresponda a datos fraccionados o incompletos que den una impresión equivocada
o incorrecta de ella. En estos eventos, sin dejar de lado los deberes propios
de quien administra la correspondiente base de datos, es posible que se
requiera la colaboración del interesado, para conocer y verificar con exactitud
la información que se requiere ajustar a la realidad.
HABEAS DATA, BUEN NOMBRE Y HONRA-No son
derechos absolutos
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Protección no es
excusa para impedir circulación y manejo de dato cierto cuando es de interés
general o ha sido previamente autorizado
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Accionante no ejerció mecanismos de
defensa judicial al interior de proceso electoral
Desde el punto de vista de los efectos
electorales de la sentencia, la Corte considera que si los accionantes se
abstuvieron de participar activamente en un proceso que tenían a su alcance
para discutir sus respetivos derechos a elegir y ser elegido y ocupar cargos
públicos, no pueden buscar en este momento, cuando la jurisdicción se ha
agotado a través de un fallo definitivo, que el juez de tutela haga suyas unas
pruebas producidas después de la sentencia y sin la participación de todos los
que allí intervinieron, interfiera sobre la cosa juzgada que ampara la decisión
atacada. En este caso, para la Sala es claro que la tutela no sirve como
recurso adicional que permita volver sobre la causa litigiosa y las etapas
procesales ya precluidas, ni como una instancia más para la práctica e
inclusión de pruebas que por su naturaleza son propias del proceso electoral y
de los asuntos que se debatieron en él, así como del eventual recurso
extraordinario de revisión que proceda contra la sentencia, por las causales
previstas en el Código Contencioso Administrativo. No
desconoce la Corte la importancia que tiene el proceso electoral para los
derechos fundamentales invocados, pero, precisamente, aquél disfruta de una
estructura pública y abierta que permite la intervención de electores,
candidatos y elegidos, para la defensa de intereses generales y particulares.
CORTE CONSTITUCIONAL-No puede desconocer
cosa juzgada de sentencia a partir de pruebas que no fueron aportadas a juez
natural del proceso
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Improcedencia
para el caso
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Improcedencia
cuando a pesar de configurarse afectados no ejercen derecho de defensa
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Exige que decisión judicial afecte a una
de las partes en el proceso
DERECHO AL BUEN NOMBRE EN PROCESO ELECTORAL-No vulneración por anulación de votos en caso de suplantación
electoral
DERECHO A PARTICIPAR EN LA
CONFORMACION, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLITICO
Referencia: expediente T-1278839, acumulado.
Acciones de
tutela instauradas por Carlos Antonio Ardila Ballesteros y Esteban Flórez
Sierra contra la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado y la Registraduría Nacional del Estado Civil
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil seis
(2006).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara
Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en
ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En los procesos de
revisión de los fallos proferidos por el Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secciones Primera y Segunda- dentro de las acciones
de tutela instauradas en forma separada por Carlos Antonio Ardila Ballesteros
(expediente 1.278.839) y Esteban Flórez Sierra (Expediente 1.332.918), contra
la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del  H. Consejo de
Estado y la Registraduría Nacional del Estado Civil, las cuales fueron
acumuladas por auto del 1 de junio de 2006.
I.
ANTECEDENTES
La Sala de
Selección Número Tres (3) de la Corte Constitucional, mediante Auto del
veinticuatro (24) de marzo de 2006, seleccionó la acción de tutela promovida
por Carlos Antonio Ardila Ballesteros contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado y la repartió a esta Sala para su revisión. (Expediente 1.278.839)
Posteriormente, la Sala de Selección Número Cinco (5) del 11 de mayo
de 2006, seleccionó la acción de tutela promovida por Esteban Flórez Sierra
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Registraduría Nacional del
Estado Civil y la repartió a esta Sala para su revisión. (Expediente 1.332.918)
Luego, mediante auto del primero (1) de junio de dos mil seis
(2006), esta Sala de Revisión dispuso la acumulación de ambos expedientes por
presentar unidad de materia, con el fin de que fueran decididos en la misma
sentencia.
1.  La demanda de tutela presentada por Carlos
Antonio Ardila Ballesteros (Expediente T-1.278.839)
El señor Carlos
Antonio Ardila Ballesteros, a través de apoderado judicial, instauró acción de
tutela contra la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del  H.
Consejo de Estado, para que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso (art. 29 C.P.) y a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político, en las modalidades de (i) elegir y ser
elegido y (ii) acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos (art. 40, numerales 1 y 7 C.P.).
Solicita en
consecuencia: i) dejar sin efectos la sentencia de única instancia del
dieciocho (18) de febrero de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado
(que declaró la nulidad del acto administrativo de elección de Senadores de la
República para el período 2002 a 2006), en “lo que tiene que ver con la
disposición de anular los votos depositados en la mesa 001 puesto 005 zona 009
de El Rosal, Municipio de Carcasa (sic), Departamento de Santander, fijada en
el numeral 1 de la parte resolutiva de dicho fallo”; (ii) ordenar al
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, “que
CORRIJA Y ADICIONE la sentencia objeto de esta acción”, en el sentido de
incorporar al escrutinio realizado por el Consejo de Estado para las votaciones
de Senado de la República, periodo 2002-2006-, “la totalidad de los votos
depositados en mesa 001 puesto 005 zona 009 de El Rosal, Municipio de Carcasí,
Departamento de Santander” y, como consecuencia de lo anterior, que se
anule por el Consejo de Estado “la credencial de senador de la República
expedida a favor de la lista distinguida con el número 459” y, en su lugar,
se proceda a expedir una nueva credencial a favor de CARLOS ANTONIO ARDILA
BALLESTEROS, como cabeza de la lista número 564.
1.1.  Hechos
El actor fundamenta su demanda en los siguientes
hechos:
1.1.1. El 10 de marzo del año 2002, se celebraron las elecciones
generales para el Congreso de la República, periodo 2002-2006.
1.1.2. En acta del 19 de julio de 2002, leída y notificada en
estrados, el Consejo Nacional Electoral consignó los resultados de los
escrutinios generales para Senado de la República y Cámaras Especiales
Nacionales, y declaró la elección de Senadores para el período 2002-2006.
1.1.3. Contra el acta señalada en el
numeral anterior se presentaron trece (13) demandas dirigidas a obtener su
nulidad y, como consecuencia de ello, la realización de nuevos escrutinios, en
los que se excluyeran las mesas cuya nulidad fuera decretada y se incluyeran
aquéllas otras que los demandantes consideraban indebidamente invalidadas por
el Consejo Nacional Electoral. Según la tutela, las 13 demandas fueron
presentadas por Miguel María Gómez Acosta, Ana María Ladino Cruz, Orlando
Casallas Buitrago, Nancy Valencia Castillo, Miguel Pinedo Vidal, Víctor
Velásquez Reyes, Armando Mikan Díaz, Jaime Rodrigo Vargas Suárez, Jorge Emilio
Caldas Vera, Néstor Guillermo Franco y la Procuraduría General de la Nación.
1.1.4. Previa acumulación, las demandas
fueron tramitadas en la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde actuó como
Consejero Ponente el Magistrado Reinaldo Chavarro
Buriticá.
1.1.5
Culminada la instancia, las  trece (13) demandas se resolvieron en la Sentencia del
dieciocho (18) de febrero de 2005 y, entre otras decisiones (en total fueron
13), se decretó la nulidad del acto demandado y se ordenó realizar un nuevo
escrutinio con exclusión de múltiples mesas de votación en las que se evidenció
la existencia de suplantación de electores. El numeral 1 de la parte resolutiva
de la sentencia, dispuso:
“1º
Declárase  la nulidad del acto administrativo que consta en el acta de
audiencia pública de escrutinios, proferido por el Consejo Nacional Electoral
en la sesión realizada el 19 de julio de 2002, en cuanto declaró la elección de
Senadores de la República por circunscripción nacional, para el período 2002 a
2006.
Como consecuencia de la anterior declaración  se ordena la
realización de un nuevo escrutinio general para Senado de la República por
circunscripción  nacional en el cual se excluirán  las votaciones emitidas en
las mesas de votación relacionadas a continuación, en las que se comprobó
dentro del proceso la existencia de suplantación de electores ( Expedientes
2992, demandante Procuraduría General de la Nación; 2994, demandante Armando
Mikan  Díaz ).” [1]
1.1.6  En todo el territorio nacional se excluyeron múltiples
mesas de votación de los nuevos escrutinios, entre ellas, la mesa 001 puesto 005 zona 009 de El Rosal, Municipio de Carcasí,
Departamento de Santander.
1.1.7  En el caso concreto de esta mesa
de votación, la sentencia estudió tres (3) cargos por suplantación de
electores, pero sólo prosperó el presentado contra el señor Esteban Flórez Sierra,
identificado con la C.C. 5.608.241, lo que llevó a la exclusión de
los votos depositados en aquélla, con base en lo siguiente:
“El
cargo prospera por cuanto frente a la cédula No. 5608241 se escribió el nombre
de Flórez Sierra Esteban nombre que conforme al censo electoral no corresponde
a ninguna de las cédulas preimpresas en el formulario E-11 de esta mesa, de lo
cual se concluye que el votante no estaba autorizado para sufragar en ella.”
1.1.8 Según el demandante, el señor Esteban
Flórez Sierra, es un ciudadano en ejercicio, debidamente identificado con
la C.C. 5.608.241, expedida el 3 de noviembre de 1977. Por un error
imputable exclusivamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, este
ciudadano no aparece registrado en el Archivo Nacional de Identificación
(ANI), pues su número de cédula figura asignado equivocadamente a otra persona,
lo que condujo a que el Consejo de Estado anulara la mesa 001, puesto 005, Zona
099 de El Rosal, Municipio de Carcasí, en la que había 161 votos a favor del
actor.
1.1.9 Para el demandante, el yerro de la
Registraduría Nacional del Estado Civil no sólo afectó derechos fundamentales
del señor Flórez Sierra como elector, sino que indujo a error a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, ya que con base en dicha información equivocada,
la sentencia anuló los votos depositados en la mesa 001, puesto 005, Zona 099
de El Rosal, Municipio de Carcasí, lo que produjo de paso la vulneración de los
derechos al debido proceso y a participar en el ejercicio y control del poder
político del tutelante CARLOS ARDILA BALLESTEROS, en la medida que el nuevo
escrutinio realizado en cumplimiento de la sentencia atacada, determinó que el
último escaño al Senado fuera asignado al ciudadano MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ
(lista 459), al haber obtenido 36.731 votos y ubicarse por
delante del demandante (lista 564), a quien se le asignaron únicamente 36.607
votos. De esta forma, dice la tutela, si no se hubieran excluido los votos
de la mesa 001, puesto 005, Zona 099 de El Rosal, Municipio de Carcasí, el
actor habría tenido una votación final mayor a la del señor Pérez Suárez, quien
quedaría desplazado de su curul, en la medida que en la mesa anulada había 161
votos a favor del candidato Ardila Ballesteros, contra ninguno del referido
ciudadano Pérez Suárez, lo que significaba “la ventaja electoral necesaria”
para ser titular de la última credencial al Senado de la República.
1.2.
Los fundamentos de la
acción
1.2.1 Inexistencia de otro medio de defensa
judicial
El demandante
sostiene que por tratarse de un proceso de única instancia, no existe otro
medio de defensa judicial eficaz para controvertir lo decidido en la sentencia
atacada y obtener la protección de sus derechos. Que si bien puede pensarse que
contra la sentencia tutelada procede el recurso extraordinario de revisión, con
base en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo (“Haberse recobrado pruebas después de dictada la
sentencia, con las cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y
que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria”), dicha posibilidad se diluye si se tienen
en cuenta los requisitos exigidos por el Consejo de Estado para la procedencia
de ese medio de defensa.
En tal sentido,
la demanda hace referencia a la Sentencia del 3 de septiembre de 1991 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, para señalar que la citada causal de revisión
exige que se trate de pruebas recobradas, es decir, “pruebas que preexistían en
el momento de proferirse la sentencia revisable, pero que no pudieron ser
aportadas al proceso por fuerza mayor o caso fortuito”. Tesis que, según el
actor, fue reiterada en la misma línea jurisprudencial en Sentencia de Sala
Plena del Consejo de Estado del 20 de abril de 1998, en la que se concluyó que
“los presupuestos mencionados suponen la existencia de unas pruebas que no
se conocieron en el proceso original y que, por tal razón, no pudieron ser
tenidas en cuenta por el fallador al dictar la sentencia objeto de revisión”.
Por tanto, la
demanda sostiene que “consideradas las subreglas fijadas por el Consejo de
Estado, se concluye que no opera la causal segunda de revisión, dado que tal y
como ha sido planteado, la violación de los derechos fundamentales a debido
proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder
político, no radica tanto en que la Sección Quinta haya o no tenido las pruebas
que aportara la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que en la
valoración de las mismas, se indujo en error al Consejo de Estado, dado que la
información allí contenida no se corresponde con la verdad, tal y como fue
vertida por la citada entidad de la organización electoral.”
1.2.2 Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Referencia especial a la
vía de hecho por consecuencia o error inducido.
El actor se refiere a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Hace una descripción de la
evolución jurisprudencial desde “la vía de hecho” hasta “las causales genéricas
de procedibilidad de la acción”. Explica el desarrollo que ha tenido la materia
desde la Sentencia C-453 de 1992, a partir de la noción genérica de vía de
hecho, en donde la jurisprudencia fijó inicialmente cuatro “defectos” que
permitían tutelar los derechos vulnerados con una providencia judicial
(sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico). Se llega así, a partir del año
2003, a un concepto más amplio de “causales genéricas de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales”, que permite “ampliar el amparo a
situaciones que vayan más allá de la descripción de los defectos citados”.
Se cita al efecto la Sentencia SU-120 de 2003.
Se detiene luego en la “vía de hecho por
consecuencia o de error inducido”, en donde la violación de los derechos
fundamentales no es resultado de la voluntad del juez, sino que se origina en
la actuación irregular de otros órganos estatales o aún de particulares, tal
como ocurriría en el presente caso, donde se habría dado una actividad anómala
de la Registraduría Nacional del Estado Civil; el demandante concluye: “En
estos eventos, la actuación del juez se ajusta al trámite constitucional de los
procesos, solo que el defecto de la decisión no es atribuible al incumplimiento
de sus deberes, sino al hecho de que el funcionario judicial fue inducido en
error, al actuar confiado en una actuación estatal que encarnaba una
vulneración de las garantías constitucionales”.
La demanda se refiere luego a diversas
sentencias en las que se ha estudiado esta figura, en especial a la SU-014 de
2001 y a la T-1180 del mismo año, en las cuales se tutelaron los derechos de
algunas personas que, a pesar de estar privadas de la libertad en establecimientos
carcelarios, habían sido investigadas y juzgadas penalmente como ausentes. Así
mismo, se hace alusión a la sentencia T-492 de 2003, en la que la omisión de la
información había provenido de una de las partes del proceso.
1.2.3 La vía de hecho por consecuencia en el
caso concreto. Los derechos fundamentales vulnerados: debido proceso y derecho
a ser elegido.
En este punto, el actor dice centrar su demanda
en “demostrar y defender” la siguiente tesis jurídica: “LA SENTENCIA DE
FEBRERO 18 DE 2005 CONTIENE UNA VÍA DE HECHO POR CONSECUENCIA AL INDUCIR EN
ERROR AL CONSEJO DE ESTADO, Y PROCEDER ESTE A ANULAR LA MESA 001, PUESTO 005,
ZONA 009 DE EL ROSAL MUNICIPIO DE CARCASÍ (SANTANDER), TENIENDO COMO ÚNICA BASE
LA INFORMACIÓN INCONSTITUCIONAL PROVENIENTE DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, RESPECTO DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 5608241, PERTENECIENTE AL
SEÑOR ESTEBAN FLÓREZ SIERRA.” (Mayúsculas del texto original)
Para el efecto, resume nuevamente la figura de
la vía de hecho por consecuencia y con base en las sentencias SU-014 de 2001,
T-759 de 2001, T-1180 de 2001 y T-492 de 2003, concluye que existen dos
elementos comunes que se dan en su caso, así:
(i) Primer elemento de la vía de hecho por
consecuencia: inducción al error. “La Equivocada apreciación del Consejo de
Estado con base en la determinación hecha por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.”
La sentencia accionada decidió diversas
situaciones planteadas en el proceso electoral y, específicamente, en lo que
guarda relación con esta tutela, declaró la nulidad de la Mesa 001, Puesto 005,
Zona 009, correspondiente a El Rosal, Municipio de Carcasí, Departamento de
Santander, por la supuesta suplantación de un elector, en cabeza del señor
Esteban Flórez Sierra, con base “en inconstitucional yerro de la
Registraduría”, quien afirmó que dicha persona no podía sufragar en la
respectiva mesa, porque  el número de cédula pertenecía a otro ciudadano.
Explica el actor:
(a)
De acuerdo con el artículo
266 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003,
la Registraduría tiene a su cargo la dirección y organización de las
elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, de manera
tal que en dichos asuntos es la entidad responsable del manejo de la
información necesaria para el ejercicio de los derechos políticos. La actividad
de la Registraduría se desarrolla en dos planos: (i) el individual, relacionado
con la tramitación, manejo y asignación de la cédula de ciudadanía y (ii) el
institucional y electoral, bajo el que la Registraduría realiza el censo
electoral y tiene a su cargo la elaboración de los respectivos formularios
electorales. En el presente caso, “la Registraduría indujo en error
al Consejo de Estado, afectando los derechos fundamentales del ciudadano
candidato CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS, en la medida que esta alta
corporación anuló una mesa en la cual sufragó el ciudadano ESTEBAN FLÓREZ
SIERRA, quien porta y utiliza electoralmente la cédula de ciudadanía No.
5.608.241 que la misma Registraduría le tramitó y expidió, y que
inconstitucionalmente la misma Registraduría certificó como perteneciente a
otra persona de acuerdo con el Archivo Nacional de Identificación (ANI). En
virtud de lo anterior, el Consejo de Estado calificó como suplantación lo que
no lo era (sic), como consecuencia de la prueba inconstitucionalmente aportada
por la Registraduría, afectando los derechos del ciudadano ARDILA
BALLESTEROS” (Negrillas originales).
(b)
La definición
jurisprudencial de suplantación de electores se basa en el numeral 2 del
artículo 233 del Código Contencioso Administrativo y, en el presente caso, con
la prueba allegada a la tutela, se demuestra que no hubo tal suplantación, pues
la cédula de ciudadanía No. 5.608.241 expedida en Carcasí, Departamento de
Norte de Santander, sí fue expedida por la Registraduría y corresponde al
ciudadano ESTEBAN FLÓREZ SIERRA, por lo que, la anulación de la mesa donde votó
dicha persona, “constituyó un acto de contenido inconstitucional, en la
medida que no aconteció suplantación ni falsedad alguna”.
(ii) Segundo elemento de la vía de hecho por
consecuencia: El perjuicio iusfundamental causado al ciudadano y candidato
Carlos Ardila Ballesteros.
La demanda afirma que el error inducido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, contenido en la parte resolutiva de la
Sentencia del 18 de febrero de 2005 del Consejo de Estado, viola los derechos
fundamentales al debido proceso (artículo 29 C.P.) y a la participación en el
ejercicio y control del poder político (artículo 40 C.P.) del ciudadano CARLOS
ANTONIO ARDILA BALLESTEROS.
El debido proceso se violó, pues la nulidad del
acto administrativo del Consejo Nacional Electoral que declaró la elección de
Senadores de la República para el periodo 2002-2006, se fundó en una prueba
inconstitucional aportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que
llevó al Consejo de Estado a excluir la mesa de votación 001, puesto 005, Zona
009 de El Rosal, Municipio de Carcasí, Departamento de Santander, en donde no
se había dado ninguna suplantación. Se afirma que el único medio probatorio
aportado por la Registraduría fue irregular e indujo al Consejo de Estado a una
valoración inadecuada e inconstitucional impuesta por la entidad
administrativa, lo que implicó la violación del principio de autonomía judicial
y del derecho fundamental al debido proceso del ciudadano CARLOS ARDILA
BALLESTEROS.
Respecto de  la violación del derecho a
participar en el ejercicio y control del poder político, se citan los numerales
1 y 7 del artículo 40 de la Constitución Política, referentes al derecho a
elegir y ser elegido y al derecho a desempeñar funciones y cargos públicos.
El actor afirma que el derecho a elegir y ser
elegido conlleva un doble alcance: someter el propio nombre a consideración de
los electores y tomar posesión del cargo para su ejercicio una vez se es
elegido. En el presente caso, el ciudadano CARLOS ARDILA BALLESTEROS sometió su
nombre a consideración de los electores y respetó las reglas establecidas por la
ley para el efecto, y los electores mediante el acto de votación del 10 de
marzo de 2002, tomaron la decisión soberana de elegirlo como Senador de la
República. Para ello, los electores votaron en las diversas mesas del país,
inclusive en aquélla anulada por el Consejo de Estado, pero un error cometido
exclusivamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, impidió que el
candidato ARDILA BALLESTEROS ocupara una de las plazas del Senado del la
República, lo que desconoce el artículo 40 de la Constitución Política. Se cita
además, el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que
protege el derecho a elegir y ser elegido.
Concluye entonces, que la vulneración del
derecho a ser elegido consistió en que “al ser excluida la votación
contenida en El Rosal, Municipio de Carcasí (No.037), Departamento de
Santander, Zona 009, puesto 005, mesa 001, con base en una prueba errónea
aportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se impidió la elección
como Senador de la República del ciudadano CARLOS ARDILA BALLESTEROS, en
la medida en que fueron anulados un total de 224 votos depositados en la
mesa, de los cuales, un total de 161 votos correspondían a la lista del
ciudadano ARDILA BALLESTEROS, a cuya contabilización tenía derecho, y que le
habrían sido suficientes para alcanzar la dignidad de Senador de la República”.
(mayúsculas y negrillas originales).
2.
La demanda de tutela presentada por Esteban Flórez Sierra (Expediente
T-1.332.918)
Por su parte, el señor Esteban Flórez Sierra, a través de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Sección Quinta, Sala de
lo Contencioso Administrativo, del  H. Consejo de Estado y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para que se amparen sus derechos fundamentales a (i)
la honra y el buen nombre y a (ii) participar en la conformación del
poder político.
Con base en lo anterior, solicita que se ordene cesar la
violación y el desconocimiento de los derechos vulnerados, por las siguientes
vías o las que sean procedentes:
(i)
Publicidad: Se ordene
expedir un comunicado de prensa, radio y televisión a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, en el que se aclare que el ciudadano Esteban Flórez Sierra es
titular de la cédula de ciudadanía 5.608.241 y que no actuó como suplantador en
las elecciones al Senado del año 2002; y
(ii)
Eficacia del voto y
restablecimiento de su desconocimiento: Modificar la sentencia atacada y el
escrutinio correspondiente a las elecciones del 10 de marzo de 2002, en cuanto
se deben tener como válidos y contabilizar los votos depositados en la Mesa 1
de la Vereda El Rosal del Municipio de Carcasí, Departamento de Santander.
2.1 Hechos
Esta acción
comparte en su esencia los mismos hechos descritos en el expediente resumido
anteriormente, los cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera:
2.1.1 El señor Esteban
Flórez Sierra es un ciudadano en ejercicio, debidamente identificado con la
C.C. 5.608.241 de Carcasí (Santander), expedida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil el 3 de noviembre de 1977, que utiliza en todos su
actos públicos y privados sin ningún inconveniente.
2.1.2 Con ese
documento de identidad, el demandante ejerció su derecho al sufragio el 10 de
marzo de 2002, en las elecciones al Senado de la República, en la Mesa 1 Zona
99 Vereda El Rosal, Municipio de Carcasí,  Departamento de Santander.
2.1.3 En la
Sentencia del 18 de febrero de 2005, la Sección Quinta del Consejo de Estado
anuló la votación de la mesa indicada anteriormente, porque consideró que el actor
había actuado como suplantador, teniendo en cuenta que según información errada
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula de ciudadanía con la
cual votó pertenecía a otra persona.
2.1.4 Lo
anterior le ha generado zozobra y angustia al señor Flórez Sierra, ante la
expectativa de ser investigado en cualquier momento por la Fiscalía General de
la Nación por el delito de suplantación y le ha afectado su honor y buen nombre
en la municipalidad donde habita.
2.1.5 Así mismo,
la decisión del Consejo de Estado, además de sindicar al actor de un delito que
no cometió, implica privarlo “sin fórmula de juicio de su derecho a elegir”,
en la medida que se ordena la anulación de los votos depositados en la
respectiva mesa de votación. Por tanto, dice la demanda, “SE LE NEGÓ, por
vía de hecho, el derecho a participar efectivamente en el proceso electoral”.
(mayúsculas originales)
2.2 Los derechos fundamentales vulnerados y la procedencia
de la acción de tutela.
El señor Flórez Sierra considera que las autoridades
demandadas violaron su derecho a la honra y el buen nombre, protegido por los
artículos 21 de la C.P., 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 19
de la Ley 74 de 1968 (Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales)
y 13 y 14 de la Ley 16 de 1972 (Convención Americana sobre los derechos
humanos).  Señala que su protección debe brindarse sin importar el agente
agresor, más aún cuando el actor está ante un daño inmediato, pues se le ha
dejado a las puertas de una investigación penal. Finalmente, cita los artículos
391 y 395 del Código Penal, así como un aparte doctrinario sobre la
suplantación de votantes, para concluir que no es un suplantador y que su
cédula de ciudadanía no fue obtenida por medios ilícitos ni con falsedad de
ningún tipo.
El demandante cita además los artículos 40 de la
Constitución Política, 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 6
del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales y 23 de
la Convención Americana sobre derechos humanos, para afirmar que los derechos
políticos de participación hacen parte de las garantías fundamentales de la
persona y que al desconocerlos se afecta el núcleo fundamental de la dignidad
humana.
Se citan las Sentencias T-500 de 1995 y T-778 de 2005. Se
afirma que la tutela es procedente como mecanismo transitorio cuando los medios
ordinarios no son eficaces, lo que permite suspender la ejecución de un
determinado fallo mientras se decide el correspondiente recurso extraordinario
de revisión. Que en este caso se requiere una protección inmediata y
transitoria, pues el período del Senado está próximo a terminar y no existe
otro medio para asegurar la eficacia práctica del voto anulado.
3.  Argumentos del Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta- frente a las dos acciones de
tutela.
La accionada, en escrito firmado por los
Magistrados Filemón Jiménez Ochoa, María Nohemí Hernández Pinzón, Reinaldo
Chavarro Buriticá y Darío Quiñones Pinilla, intervino dentro del proceso
iniciado por Esteban Flórez Sierra y luego de resumir los hechos en que se
funda la acción, señaló:
“En la mesa de votación precitada, fue acusado
el voto de Flórez Sierra Esteban por el cargo de suplantación electoral, por parte
de la Procuraduría General de la Nación.[2]
Se afirmó en dicha oportunidad que el señor Pablo Mesa, titular de la cédula de
ciudadanía 5608241 fue suplantado por el señor Flórez Sierra Esteban quien
aparece votando frente a ese número de cédula en el formulario E-11 o Lista y
Registro de Votantes. Para decidir el cargo, fueron aportados al proceso por
parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes documentos:
i) el censo electoral en donde aparece la cédula No. 5.608.241 pero no el
nombre del votante, ello evidencia que dicha cédula sí se encontraba inscrita
para que su titular pudiera sufragar en la mesa examinada, pero no se indica en
este documento el nombre del mismo (folio 1860, Ex.2992) y ii) sobre el mismo
cargo se allegó por la Registraduría el documento que contiene “las
inconsistencias E-11 Vs ANI” del departamento de Santander (fl1302, cuaderno 1B
del expediente 2976 acumulado) en donde aparece que la cédula 5.608.241
identifica al señor Pablo Mesa y que Esteban Flórez Sierra, cuyo nombre aparece
registrado como votante en el formulario E-11, no se encuentra registrado en el
Archivo Nacional de Identificación, es decir, que no es titular de cédula
alguna.
“Los documentos anteriores fueron expedidos por
funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo tanto, los mismos
tienen el carácter de documentos públicos cuyo alcance probatorio se encuentra
regulado por el artículo 262 del C.P.C.
“Ha dicho la Jurisprudencia de esta Corporación
que ‘El documento es público, cuando es otorgado por un funcionario público en
ejercicio de su cargo o con su intervención, de estos se presume su
autenticidad y es plena prueba, frente a todos, entre las partes y respecto de
terceros. Su fuerza probatoria incluye al juez, quien por principio general
no puede poner en duda el contenido del documento, razón por la cual debe
declarar plenamente probados los hechos o declaraciones emitidas a través del
mismo.
“Las pruebas reseñadas, allegadas válidamente al
proceso por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron
apreciadas en su conjunto a la luz de las reglas de la sana crítica, y merced a
un análisis lógico y racional de las mismas se concluyó en la prosperidad del
cargo. No pasa inadvertido para la Sala que el documento censo electoral,
allegado al proceso por la Registraduría, carecía de la información completa en
relación con el nombre del titular de la cédula, como se registró no solo con
este cargo sino con muchos otros de los estudiados en el proceso, pero esa
omisión fue suplida con el contenido del otro documento, igualmente expedido
por la Registraduría, donde se reportaba como titular de la cédula 5.608.241 al
señor Pablo Mesa y al demandante como suplantador. Para la Sala era claro que,
dada la naturaleza de documentos públicos que poseen los referidos (sic) cuya valoración se hizo en conjunto en
aplicación de norma expresa de la ley, los mismos ofrecían plena certeza y confianza
sobre su contenido y por lo tanto se concluyó que el demandante suplantó al
titular de la cédula y se ordenó excluir del escrutinio la votación depositada
en dicha mesa
De otra parte, se observa que la sentencia
pronunciada como culminación de un juicio de legalidad de los actos electorales
no conlleva  determinación alguna sobre presunta comisión de delitos, toda vez
que su objeto constitucional y legal se circunscribe a juzgar la legalidad del
acto administrativo acusado y restablecer la legalidad objetivamente
considerada, por lo que determinaciones sobre la naturaleza de los
comportamientos y el componente subjetivo de la conducta de las personas que
hayan intervenido en el acto cuya legalidad se juzga resulta extraño a dicho
objeto. Por lo tanto, no es posible, bajo ninguna circunstancia, que el hecho
de anular una mesa de votación y excluir los votos en ella  depositados, atente
contra la honra y el buen nombre del ciudadano”. (pie de página del texto original)
Al intervenir en la acción de tutela presentada
por el ciudadano Carlos Ardila Ballesteros, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, a través del Honorable Consejero Reinaldo Chavarro Buriticá
y por tratarse de los mismos hechos estudiados en la tutela iniciada por el
señor Esteban Flórez Sierra, reiteró lo dicho en el aparte ya citado, a cuyo
efecto transcribió la parte pertinente. Finalmente, afirmó que la certificación
aportada por el accionante con la acción de tutela, evidencia que el número de
cédula 5.608.241 aparece a nombre del señor Pablo Meza en el Archivo Nacional
de Estadística (ANI), de forma que la decisión atacada estuvo fundada de manera
correcta en la prueba allegada al proceso por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Por tanto, solicita que se denieguen las
pretensiones de la demanda
4.      La intervención de la Registraduría
Nacional del Estado Civil
La Registraduría Nacional del Estado Civil
intervino en la tutela iniciada por el señor Carlos Ardila Ballesteros a través
del director de la Oficina Jurídica. En primer lugar, hace relación a la
sentencia del 18 de febrero de 2005 del Consejo de Estado, en la que se ordenó
un nuevo escrutinio, con exclusión de diversas mesas de votación en varios
Departamentos, una de las cuales estaba ubicada en el Municipio de Carcasí –
Departamento de Santander (Zona 009, Puesto 005, Mesa 001).
Señaló que en la medida que la tutela se refiere
a un cargo por suplantación de la cédula de ciudadanía número 5.608.241,
adjunta una certificación de la Dirección Nacional de Identificación, en la que
se “deja constancia de la situación presentada con la referida cédula de
ciudadanía”.
En lo que respecta a la tutela iniciada por
Esteban Flórez Sierra, la Registraduría también intervino y luego de explicar
las razones que retardaron su respuesta, allegó la misma certificación enviada
al expediente de Carlos Ardila Ballesteros.
Esta certificación, que como se dijo, fue
integrada a ambos procesos, señala que consultado el archivo físico (alfabético
y numérico) de la Dirección Nacional de Identificación, se constató que el 3 de
noviembre de 1977 se expidió la cédula de ciudadanía 5.608.241 a nombre del
señor ESTEBAN FLÓREZ SIERRA, rectificada el 13 de abril de 1981, cuyo estado es
vigente y que, por causa de un error de digitación en la base de datos del
Archivo Nacional de Estadística (ANI), se incorporó como titular de la misma al
señor Pablo Meza.
Sin embargo, este mismo documento indica que a
nombre del señor ESTEBAN FLÓREZ SIERRA, se expidió otra cédula de ciudadanía el
11 de julio de 1977, en Saravena Arauca, bajo el número 17.526.356, cuyo estado
es “vigente”.
La certificación advierte que ambas cédulas de
ciudadanía se abrieron con base en la misma partida Eclesiástica de Bautismo y
en el mismo  Registro Civil de Nacimiento, y que pertenecen al señor ESTEBAN
FLÓREZ SIERRA, “nacido en el Municipio de Concepción (Santander), el
primero  (1º) de octubre de 1953, hijo de Javier y Helena.”
Que dado que los registros dactilares de las dos
cédulas no coinciden, se aprecia una suplantación en ellas, sin que “a la
fecha se haya visto afectada su vigencia para el ejercicio de todos sus
derechos ciudadanos”. Que se ha oficiado a los respectivos Registradores
Municipales del Estado Civil “para que los titulares de las cédulas de
ciudadanía 5.608.241 y 17.526.356 acrediten su plena identidad, so pena de
cancelar los cupos numéricos por SUPLANTACION, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 67 y 68 del Código Electoral”.
Esta certificación tiene fecha de expedición del
15 de noviembre de 2005.
5.      Decisiones judiciales objeto de revisión
5.1 Expediente 1278839 – Carlos Antonio Ardila
Ballesteros
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
H. Consejo de Estado, mediante sentencia del
24 de noviembre de 2005, decidió negar por improcedente el amparo
constitucional solicitado.[3]
Advierte que, con fundamento en la
jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, en particular la sentencia
C-543 de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo en la que se declararon
inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, dicha
Sección ha señalado de manera reiterada que la acción de tutela no procede
contra providencias judiciales, en aplicación de los principios de
intangibilidad de la cosa juzgada y de autonomía de los jueces.
Explica que si bien en algún momento se aplicó
la teoría de la vía de hecho desarrollada por la Corte Constitucional, la
posición jurisprudencial cambió con ocasión de la sentencia del 29 de junio de
2004 proferida dentro del expediente AC-10203, actora Ana Beatriz Moreno,
relacionada con la pérdida de investidura del señor Edgar José Perea Arias, en
la que se reiteró que la acción de tutela es improcedente contra providencias
judiciales que pongan fin a un proceso o actuación.
Cita también la Sentencia del 9 de julio de 2004
(Rad. 2004-00308, Actor Inés Velásquez), en la que se ratifica la improcedencia
de la tutela contra providencias judiciales dictadas en un proceso o que le
pongan fin, “dado que el solo hecho de la existencia de un proveído de esta
naturaleza presupone, como sucede en el sub lite, que el mismo fue expedido
dentro de una actuación judicial en la que las partes tuvieron a su disposición
los mecanismos previstos en la ley para impugnarlo, por lo que no es viable que
una decisión judicial en firme sea objeto de un nuevo debate, o de instancias
adicionales a las ya cumplidas...” De lo contrario, afirma la providencia,
se quebrantarían los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía
e independencia de las autoridades judiciales.
Finalmente, hace referencia a la sentencia del 9
de noviembre de 2002 (expediente 2004 00270, Actor Proniños Pobres), en la que
la Sala Plena del Consejo de Estado ratificó la improcedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en virtud de la cosa juzgada
constitucional originada en la Sentencia C-543 de 1992.
5.2 Expediente 1.332.918 – Esteban Flórez Sierra
La Sección Primera del Consejo de Estado en
providencia del 3 de noviembre de 2005, denegó por improcedente la acción de
tutela. Con base en la sentencia C-543 de 1992, consideró que el amparo
constitucional no puede servir para controvertir las decisiones de los jueces
naturales del proceso y para reabrir etapas ya superadas.
Además, consideró que el demandante tiene a su
alcance otros medios de defensa, en la medida que puede dirigirse a la
Registraduría Nacional del Estado Civil a solicitar las rectificaciones del
caso o, incluso, iniciar un proceso de revisión contra la sentencia tutelada, “pues
la acción electoral estuvo abierta a todos los ciudadanos”.
Por su parte, al resolver la impugnación
presentada contra la anterior sentencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
consideró en Sentencia del 16 de febrero de 2006, que de acuerdo con el
artículo 86 de la C.P., la acción de tutela solo procede cuando el ordenamiento
jurídico no prevé mecanismos de defensa para la protección de los derechos
fundamentales y no cuando se hubieren agotados los existentes. Que los
mecanismos de defensa son las acciones y los instrumentos que se otorgan a las
partes en el proceso y, en esa medida, la existencia de recursos, incidentes,
nulidades, contradicción de las pruebas etc., evidencian que el ordenamiento sí
preveía medios de defensa judicial.
Señala también que luego de la Sentencia C-543
de 1992, la Corte Constitucional ha redefinido la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, bajo la teoría de las “decisiones
ilegítimas” (Sentencia C-590 de 2005), lo que indebidamente le otorga una
potestad permanente de revisión de las sentencias de las demás jurisdicciones,
lo que desconoce la distribución de competencias judiciales y crea
incertidumbre jurídica a los asociados. Por estas razones, se confirma la
sentencia impugnada.
6.  Pruebas aportadas:
6.1  Expediente 1.278.839 – Carlos Antonio
Ardila Ballesteros
a. Copia, en medio magnético, de la sentencia de
única instancia del 18 de febrero de 2005 del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, expediente 2976 y acumulados,
demandante Miguel María Gómez Acosta y otros. (CD en sobre visible a folio 20
del cuaderno principal). Esta prueba también se aportó en el Expediente 1.332.918
– Esteban Flórez Sierra (CD en sobre visible a folio 40 del cuaderno
principal).
b. Fotocopia de tres (3) folios que, según el
actor, corresponden al resultado del nuevo escrutinio realizado por el Consejo
de Estado como consecuencia de la Sentencia del 18 de febrero de 2005, una vez
excluidos los votos de las mesas anuladas e incluidos los de aquellas otras
mesas que la misma providencia ordenó tener en cuenta. Aparecen resaltadas las
casillas No. 96 correspondiente a la lista 459 de Miguel Ángel Pérez, con
36.731 votos, y la No. 97 de la lista 564 de Carlos Ardila Ballesteros, con
36.607 votos. (folios 21  a 23 del cuaderno principal)
c. Copia auténtica del formulario E-11- Lista de
Registro de Votantes, correspondiente a las elecciones del 10 de marzo de 2002,
mesa 1, puesto 05, zona 99, Corregimiento El Rosal, Municipio Carcasí,
Departamento Santander. En la primera hoja (revés) aparece anotado al frente de
la cédula 5.608.241 el nombre de “Flores Sierra Esteban”. (folios 24  a 28 del
cuaderno principal) Esta prueba también se aportó en el Expediente 1.332.918 –
Esteban Flórez Sierra (folios 35 a 39 del cuaderno principal).
d.   Copia auténtica del formulario E-14 – Acta
de Escrutinio del Jurado de Votación, Departamento Santander, Municipio
Carcasí, El Rosal, Zona 99, Puesto 05, Mesa 1. Allí se registran 161 votos para
la lista 564 de Carlos Ardila Ballesteros. (folios 29  a 36 del cuaderno principal).
Esta prueba también se aportó en el Expediente 1.332.918 – Esteban Flórez
Sierra (folios 27 a 34 del cuaderno principal).
e. Copia auténtica de la cédula de ciudadanía
5.608.241, expedida en Carcasí, Departamento de Santander, a nombre de Esteban
Flórez Sierra, con constancia adicional de supervivencia de la Notaría 38 de
Bogotá, del 25 de agosto de 2005. (folios 37 y 38 del cuaderno principal). En
el Expediente 1.332.918 – Esteban Flórez Sierra se aportó copia vía fax de la
respectiva cédula de ciudadanía (folios 25 del cuaderno principal).
f. Declaración extraproceso ante la Notaría 38
de Bogotá, del señor Esteban Flórez Sierra, identificado con la cédula de
ciudadanía 5.608.241 de Carcasí (Santander), en la que el declarante señala su
nombre, su número de identificación, su lugar de nacimiento, su ocupación y su
residencia. (folio 39 del cuaderno principal)
g. Certificación S.G. 0748 del 25 de agosto de
2005 de la Secretaría General del Senado de la República: indica que en la
lista encabezada por el señor Miguel Ángel Pérez Suárez, aparece como segundo
renglón el ciudadano Julio César Rodríguez Sanabria, quien se posesionó como
senador el 20 de julio de 2005. (folios 40  a 46 del cuaderno principal)
h. Oficio GME-3109 del 26 de julio de 2005 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil: en respuesta a petición del señor
Carlos Ardila Ballesteros, se devuelve un cuadro con la relación de votantes,
confrontado con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y que contiene los
“análisis Jurídico-Electorales pertinentes”, con base en lo cual se aclara que
todas las personas allí relacionadas estaban habilitadas para votar en la
Inspección de Policía El Rosal, Municipio de Carcasí – Santander en las
elecciones del 10 de marzo de 2002. En el cuadro aparece que según el Archivo
Nacional de Identificación (ANI), la cédula de ciudadanía  5.608.241 pertenece
al señor Pablo Meza; sin embargo se incluye una nota que dice: “Es de
aclarar que el No. de Cédula 5.608.241 confrontado frente al Archivo Nacional
de Identificación se encuentra a nombre de MEZA PABLO, pero al hacer las
averiguaciones pertinentes con la Registraduría del Municipio de Carcasí
Santander se constató que en el archivo no existe ninguna tarjeta alfabética a
nombre del señor en mención, pero sí se encuentra la tarjeta de preparación de
cédula con el No. 5.608.241 adjudicado al señor FLÓREZ SIERRA ESTEBAN”.
(folios 47  a 53 del cuaderno principal). Esta prueba también se aportó en el
Expediente 1.332.918 – Esteban Flórez Sierra (folios 10 a 16 del cuaderno
principal).
6.2 Expediente 1332918 – Esteban Flórez Sierra
Además de las pruebas que se señalaron en el
numeral anterior como aportadas a ambos expedientes, en el proceso iniciado por
el señor Esteban Flórez Sierra se allegaron las siguientes:
a. Copia vía fax de la declaración extraproceso
del señor Esteban Flórez Sierra ante la Alcaldía Municipal del Municipio de
Carcasí. Señala que solicitó su cédula en 1977 y solo le fue entregada en el
año 1981, luego de volverle a tomar sus huellas digitales. Que ese documento es
el que porta para su identificación.
b. Copia vía fax de declaración extraproceso de
los señores Gildardo José Espinel García y Eyder Giovanny Abril Rincón, ante la
Alcaldía Municipal del Municipio de Carcasí. Indican que conocen de vista,
trato y comunicación al señor Esteban Flórez Sierra y que les consta que exhibe
la cédula de ciudadanía 5.608.241 de Carcasí, que es documento original que han
tenido a la vista.
Adicionalmente, en este expediente el demandante
solicitó interrogar a los siguientes testigos, “a quienes les consta el
repudio político, burla social o comentarios desagradables que ha debido
soportar, de que ha sido y sigue siendo objeto el señor ESTEBAN FLÓREZ SIERRA,
por la conducta que le atribuye la sentencia del H. Consejo de Estado y por las
circunstancias prácticas del hecho que se le imputa”:
a. Testimonio del señor Aldrubal García
Martínez, quien declara ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Carcasí,
Santander. Señala que desempeña el cargo de Alcalde y conoce a Esteban Flórez
Sierra, quien es un campesino de una vereda cercana, que toda la vida ha votado
en la Inspección de El Rosal. Que se ha enterado que el Consejo de Estado anuló
la votación de El Rosal, por una supuesta suplantación del señor Esteban Flórez
Sierra, lo cual es falso porque si hubo algún error fue de caligrafía
únicamente y nadie actuó de mala fe el día de la votación. Frente a la pregunta
de si conoce qué documento presentó el señor Esteban Flórez Sierra para votar,
el testigo dice que supone que la cédula de ciudadanía, pues es el único
instrumento que sirve para tales efectos y que conociendo a Esteban Flórez, no
sería posible que él utilizara una identificación distinta, pues, además,
siempre ha votado en el mismo lugar y, por tanto, se encuentra inscrito en el
censo electoral. Finalmente considera que para anular una mesa de votación debe
haber una investigación y que en el caso del Municipio de Carcasí, nunca se
hizo y por eso considera que la decisión judicial viola el debido proceso,
porque “gracias a la tutela interpuesta por don ESTEBAN, es que nosotros
llegamos a tener conocimiento de esta supuesta irregularidad”.
b. Testimonio del señor Edgar Méndez Ortiz quien
declara ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Carcasí, Santander. Dice que
sabe que su declaración hace referencia a la tutela presentada por el señor
Esteban Flórez, porque se anuló una mesa de votación en la que supuestamente
votó un señor que estaba muerto. Que en la época de la votación del año 2002
desempeñaba el cargo de Inspector de Policía y que conoce desde hace mucho
tiempo al señor Esteban Flórez Sierra, quien siempre ha votado en el mismo
lugar, por lo que “no sé porqué él aparece como muerto cuando él está vivo,
ese es el relato o la versión que don ESTEBAN FLÓREZ me dio a mí”. Que su
función como Inspector en esas elecciones era verificar que todo se hiciera
conforme a la Ley y que en el 2002 no hubo ningún inconveniente y cada
ciudadano se presentó con su cédula de ciudadanía para votar. Posteriormente,
ante varias preguntas del Juzgado, dice que al mirar bien las fechas, para esa
época (año 2002) ya no era Inspector de Policía y no estuvo presente en el
lugar, pues el era un ciudadano más y votó en otro lugar, por lo que no sabe
qué pasó el día de la votación en el Municipio de Carcasí. Finalmente señala: “La
Registraduría Civil será la que verificará si él suplantó alguna cédula, yo
distingo a ESTEBAN, como amigo y vecino que es de esa vereda, no tengo
conocimiento de más, no puedo dar fe de que él esté suplantando a alguien, no
más”.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.   Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
providencias de tutela antes reseñadas, con base en la Constitución Política
(arts. 86 y 241-9), en concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (arts. 33 al
36), así como en los Autos del veinticuatro (24) de marzo de 2006 de la Sala de
Selección Número Tres (3) y del once (11) de mayo de 2006 de la Sala de
Selección Número Cinco (5), de esta Corporación.
2.   Materia sometida a revisión
Aunque por vía
separada, los demandantes pretenden que se deje sin efecto y se ordene
modificar parcialmente la Sentencia del 18 de febrero de 2005 de la Sección
Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del  H. Consejo de Estado
-resultado de un proceso electoral-, para que se incluya en el escrutinio
ordenado en dicha providencia, correspondiente a  las elecciones al Senado de
la República del período 2002-006, los votos depositados en la mesa 001
puesto 005 zona 009 de El Rosal, Municipio de Carcasí, Departamento de
Santander, y, con base en ello, se corrijan los resultados electorales
declarados por esa Corporación Judicial.
Ambas demandas
fundamentan su solicitud en que la mesa de votación fue indebidamente anulada
por el Consejo de Estado, con base en un error de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, quien informó equivocadamente que la cédula del señor Esteban
Flórez Sierra pertenecía a otra persona, lo que llevó a la corporación
demandada a concluir que estaba en presencia de un caso de suplantación
electoral. Según los actores, esta conclusión es errada, pues el señor Flórez
Sierra es portador de una cédula de ciudadanía vigente y habilitada para
sufragar en el respectivo sitio de votación.
El demandante
Ardila Ballesteros considera violados sus derechos al debido proceso y a ser
elegido, porque en la mesa de votación anulada había votos suficientes para
alcanzar una ventaja electoral que le permitía acceder al Senado de la
República y desplazar al candidato que ocupó la última curul. Por tanto,
solicita que se ordene tener en cuenta los 161 votos a su favor de la mesa
anulada y se expida una credencial de senador a su nombre, que deje sin valor
la otorgada al candidato que lo superó en el escrutinio practicado por el Consejo
de Estado. Invoca la existencia de “una vía de hecho por consecuencia o de
error inducido”, en la medida que la decisión de anulación de la mesa de
votación no se originó en una conducta arbitraria de la autoridad judicial,
sino en la información irregular entregada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Por su parte, el
demandante Flórez Sierra alega la violación de sus derechos a la honra y al
buen nombre, en la medida que la anulación de la mesa en cuestión, se basó en
una supuesta suplantación electoral en la que él no incurrió. Así mismo,
considera que debe dársele valor a su voto, junto con los demás que fueron
anulados por la aparente suplantación. Pretende que la Registraduría Nacional
del Estado Civil le de publicidad a la rectificación del error cometido (al
informar que su cédula pertenecía a otra persona) y que el Consejo de Estado
contabilice su voto y los demás depositados en la mesa de votación anulada.
Los jueces de instancia – Secciones Primera y Segunda de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado- decidieron negar por improcedentes los amparos constitucionales, pues
las demandas se dirigían contra una providencia judicial en firme, frente a la
cual no procede la acción de tutela.
Con base en lo
anterior, la Sala examinará en primer lugar si los jueces de instancia tuvieron
o no razón al negar por improcedentes los amparos constitucionales solicitados
por los actores; luego de ello, se referirá a la obligación de agotar los
medios ordinarios de defensa como presupuesto de la acción de tutela y
recordará los aspectos generales del derecho a elegir y ser elegido, en
conjunto con la acción electoral como mecanismo natural de discusión de los
actos de elección y nombramiento. También verificará los elementos esenciales
de los derechos a la honra y al buen nombre invocados por el señor Flórez
Sierra. Con base en estos elementos, analizará los casos concretos presentados
a su consideración y determinará si procede la protección constitucional
solicitada.
3. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
Para resolver el primer problema que se encuentra en sede
de Revisión, la Sala debe reiterar una vez más que la acción de tutela no
procede contra providencias judiciales, salvo que éstas
constituyan vías de hecho que afecten derechos fundamentales de las personas,
de manera que los actos judiciales, por esta sola condición, no se vuelven
inmunes al amparo constitucional.
Para ello, la Corte Constitucional ha conciliado los principios de
seguridad jurídica y autonomía funcional de los jueces, con la ineludible
protección de los derechos fundamentales de las personas, de manera que éstas
tengan a su alcance un mecanismo judicial efectivo que les permita reaccionar
contra aquellas actuaciones violatorias de sus garantías constitucionales,
cualquiera sea la autoridad que las genere. (art. 86 C.P.). Se trata de
equilibrar la seguridad jurídica, el principio de cosa juzgada y la
independencia funcional de los jueces, que a su vez son garantías inherentes a
un Estado de Derecho, con la esfera constitucional mínima de toda persona, a
partir de reglas claras  y precisas que permitan determinar en qué casos
procede, de forma excepcional, la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Es por ello que también se ha aclarado que la posibilidad de dirigir
la acción de tutela contra providencias judiciales no significa la existencia
de mecanismos paralelos o adicionales para el trámite de las cuestiones
litigiosas, ni pretende que éstas tengan una nueva instancia para su discusión,
sino que consolida la facultad de todas las personas de hacer efectivo el
amparo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, contra las
actuaciones de cualquier autoridad que impliquen desconocimiento de sus
derechos fundamentales. En estos casos, la tutela no se orienta a reabrir el
debate de las pretensiones en litigio, a partir de nuevas pruebas y
argumentaciones; su objeto está únicamente en determinar si la providencia
judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe
producirse y vulnera derechos fundamentales en cabeza del afectado, que éste no
hubiera podido discutir oportunamente dentro de la respectiva actuación
judicial.
Como la sentencia es un acto jurídico que resulta del ejercicio de
una función autónoma e independiente, en la que el fallador está sujeto a la
Constitución y la Ley, la regla general de la cual debe partirse es la de su
validez e invulnerabilidad, es decir, la del respeto a la cosa juzgada y a la seguridad
jurídica que de ella se derivan.[4] Sólo excepcionalmente,
cuando la providencia judicial opera por fuera del ordenamiento jurídico e
irrumpe a través de actuaciones de hecho en la esfera constitucional inviolable
de las personas, el amparo de tutela adquiere relevancia, pues en tales
eventos, la cosa juzgada ya no tiene el respaldo que le sirve de apoyo a la
generalidad de las decisiones judiciales.
Por tratarse de un mecanismo excepcional, la doctrina de esta
Corporación exige la concurrencia de requisitos orientados a evitar que la
acción de tutela se convierta en un recurso ordinario que habilite la
interferencia del juez constitucional en ámbitos exclusivos de los jueces competentes
de las distintas acciones, de forma que para alegar la existencia de una vía de
hecho o de una cualquiera de las causales genéricas de procedibilidad, se
requiere, además de los requisitos generales previstos en el Decreto 2951 de
1991, “que en la actuación procesal se haya incurrido en una acción u
omisión lesiva de derechos fundamentales frente a la cual no exista otro
mecanismo judicial de protección o que, existiendo tal mecanismo judicial, se
acuda a ella con el propósito de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.  Si no se está frente a una situación de esta naturaleza, sino
frente a cuestionamientos o divergencias, fundadas o no, referidas a
irregularidades advertidas en la actuación, o a las pruebas y su valoración, o
a la calificación jurídica de esos hechos, o, en fin, a la interpretación
jurídica por la que optó el funcionario, sin que alguna de esas situaciones
trascienda a derechos fundamentales para vulnerarlos o amenazarlos, la acción
de tutela resulta improcedente y debe negarse.”[5]
(se subraya)
Pero debe
advertirse que tal carácter excepcional no faculta al juez constitucional para
abstenerse de estudiar el problema planteado por el actor en la acción de
tutela y para dejar de lado el análisis de los requisitos exigibles en cada
caso para la protección de los derechos fundamentales invocados. Si bien en
principio el juez de tutela no entra a conocer directamente la cuestión
litigiosa, ni asume el carácter propio de una nueva instancia, ello no lo
libera del deber de verificar, desde el punto de vista constitucional, si la
providencia que se revisa desconoce la esfera mínima de derechos fundamentales
de la persona y se dan los requisitos necesarios para ordenar la protección
solicitada.
Es preciso reiterar que la sentencia C-543 de 1992 en la que se
fundan las decisiones de instancia para negar la procedencia de la acción,
advierte con claridad que si bien en principio la tutela no procede contra
providencias judiciales “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se
ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la
utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario
por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales,
ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable (..)”.
(se subraya)
Así mismo, la sentencia C-590 de 2005[6] ratifica esta
doctrina, recogiendo una multiplicidad de fallos que por vía de tutela se han
producido sobre la materia y deja claramente establecido que: “Entonces, la
acción de tutela -o el llamado recurso de amparo o recurso de
constitucionalidad-  contra sentencias constituye uno de los ejes centrales de
todo el sistema de garantía de los derechos fundamentales. Este instrumento se
convierte no sólo en la última garantía de los derechos fundamentales, cuando
quiera que ellos han sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
una autoridad judicial, sino que sirve como instrumento para introducir la
perspectiva de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados
y definidos, exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado.[7]”
Y por ello, esta misma providencia concluye más adelante que la acción de
tutela, cualquiera fuere la autoridad que vulnere o amenace los derechos
fundamentales, “no sólo se encuentra respaldada en el artículo 86 de la
Carta sino también en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
incorporados a la Constitución por vía del artículo 93 de la Carta[8]”.
Por tanto, con relación a la Sentencia C- 543 de 1992 es preciso
recordar  nuevamente que “no es cierto que la Corte, en el fallo citado,
haya descartado, de manera absoluta, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales.  Lo que hizo en esa oportunidad fue excluir del
ordenamiento jurídico unos preceptos normativos que afirmaban la procedencia de
ese mecanismo contra las sentencias como regla general y no como excepción.  De
allí que la Corte, en la motivación de ese pronunciamiento, haya delineado
genéricamente los supuestos en los que de manera excepcional procedía la acción
de tutela contra tales decisiones.”[9]
Por estas razones, en casos como el presente, el juez de tutela no
puede  rechazar de plano o declarar la improcedencia del amparo por el sólo
hecho de estar dirigido contra una providencia judicial (como lo hacen las
decisiones  que se revisan), sino que, como en cualquier otro evento, debe
estudiar si se dan los presupuestos generales de la acción (inmediatez,
subsidiaridad, transitoriedad, violación de derechos fundamentales, etc.) y los
especiales que se exigen en estos casos (causales de procedibilidad)[10], con
el fin de establecer si se está ante un caso de excepción que amerite la
protección de garantías constitucionales vulneradas con la decisión judicial
atacada por vía de la acción de tutela.
En consecuencia, se revisarán las decisiones de instancia, en la
medida que por tratarse de demandas dirigidas contra una providencia judicial,
negaron por improcedente las acciones de tutela presentadas por los señores
Carlos Ardila Ballesteros y Esteban Flórez Sierra. En su lugar, la Sala de Revisión
estudiara las demandas, para determinar si son procedentes al tenor de lo
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de
1991.
4. Improcedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando no se han ejercido o agotado los
medios ordinarios de defensa. Reiteración de jurisprudencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando existen
recursos o medios de defensa judicial, en la medida que, como mecanismo
subsidiario, no está diseñada para sustituir los procedimientos ordinarios, ni
para convertirse en una instancia adicional de discusión de los asuntos propios
de otras jurisdicciones.
Como ha reiterado la Corporación, la tutela no converge con las vías
judiciales ordinarias previstas por el legislador y, por tanto, para el
interesado no es discrecional escoger entre aquellas y el amparo
constitucional. Los medios ordinarios serán la vía principal y directa para la
discusión del derecho y la acción de tutela sólo operará como mecanismo
subsidiario y excepcional para la protección inmediata de las garantías
constitucionales fundamentales que no tengan otro medio de resguardo, en la
forma y casos previstos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
Decreto 2951 de 1991.
La tutela tampoco es un último o adicional recurso, cuando la litis
ya sido resuelta en su sede natural y allí se han observado las garantías
constitucionales, pues en tal caso, ha de estarse a lo decidido en el
respectivo proceso, así no corresponda a las expectativas del interesado; el
juez ordinario, al actuar en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, agota la jurisdicción del Estado para pronunciarse sobre el asunto
planteado, salvo los casos en que, bajo precisas causales, el mismo
ordenamiento permite los recursos extraordinarios o, excepcionalmente, la
acción de tutela.
En la sentencia T-108 de 2003, dijo esta Corporación:
“La acción de tutela como mecanismo de defensa subsidiario y
residual, para la protección de derechos constitucionales fundamentales
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares, procede solo en los casos que señale la ley, y no es
suficiente que se alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental,
para que se legitime automáticamente su procedencia, pues si bien esta
circunstancia constituye un presupuesto básico, es indispensable además,
verificar la existencia o no del medio judicial de defensa y llegado el caso,
la  eficacia del mismo.”[11]
Por tanto, la inactividad de la parte interesada frente al ejercicio
de los medios ordinarios de defensa, por desidia, desinterés o cualquier otra
consideración propia de su esfera de decisión, impide acudir posteriormente
ante el juez constitucional, menos aún cuando con la tutela se pretende
modificar o dejar sin valor una providencia judicial y afectar el principio de
cosa juzgada que la reviste.
Si la persona renuncia expresa o tácitamente a los mecanismos de
defensa que el ordenamiento jurídico a puesto a su alcance para proteger sus
derechos y garantías, asume las consecuencias de su inacción, pues en tal caso,
la posible afectación de la esfera individual está tolerada o por lo menos
permitida por el propio interesado, quien no puede luego pretender que por vía
de tutela se reabran etapas o discusiones que ya fueron clausuradas válidamente
dentro del sistema judicial o que quedaron definidas por efecto de la caducidad
o la prescripción de la acción.[12]
Sobre este requisito de procedibilidad, la Corte reiteró en
Sentencia T-886 de 2005 lo siguiente:
No obstante lo anterior, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia[13] ha precisado
en relación con las vías de hecho que hacen viable la acción de tutela contra
providencias judiciales, que no se puede acudir a este mecanismo constitucional
pretextando una violación de derechos fundamentales, con la oculta intención
de controvertir asuntos litigiosos decididos en forma definitiva en las
instancias legales correspondientes, o como una manera de revivir términos
judiciales precluidos, o bien con miras a subsanar los yerros cometidos en el
curso de los procesos en virtud de los cuales se han dejado de practicar
pruebas o interponer los recursos que permiten una adecuada defensa judicial,
omisión que conlleva la pérdida del derecho que se reclama, pues ello
desvirtuaría por completo la excepcionalidad de la acción de tutela concebida
por el Constituyente de 1991 como un mecanismo de protección de los derechos
constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares en los estrictos casos señalados por
la Constitución y la ley.[14]” ( Se
subraya)
Así por ejemplo, en un caso relacionado con el
silencio guardado por la interesada frente a los autos que declararon la
extemporaneidad de unas excepciones y aprobaron la liquidación final del
crédito dentro de un proceso ejecutivo, la Corte señaló:
“De la misma manera, es claro que cuando el ciudadano ha tenido al
alcance un mecanismo judicial ordinario, adecuado para la defensa de sus
derechos e intereses y no ha hecho uso del mismo, no puede, luego, interponer
una acción de tutela con el fin de subsanar su falta de diligencia en el
trámite del proceso.
En este sentido, bien puede reiterarse lo expresado por esta Corte
respecto de que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los
derechos, el medio expedito es el proceso judicial ordinario.”[15]
De esta manera, quien ha tenido oportunidad de acudir y participar
en la actuación judicial y de agotar en ella las diversas etapas de
contradicción de los asuntos que le interesan, no puede luego alegar por vía de
este amparo constitucional la violación de su debido proceso ni revivir la
discusión sustancial o procesal que allí se ha dado; si el interesado, a pesar
de tener en el ordenamiento mecanismos ordinarios de defensa, se margina
voluntariamente de los mismos, perderá la posibilidad de alegar en sede de
tutela para que se afecte el principio de preclusión y la cosa juzgada, pues,
se repite, su respeto es la regla, y su quiebre es absolutamente excepcional.[16]
De modo que cuando se pretenda dejar sin efecto una decisión
judicial por vía de tutela y se aduzca una causal de procedibilidad de acuerdo
con la jurisprudencia, deberá quedar claro que la violación del derecho
fundamental no se pudo evitar por los medios ordinarios y que se agotaron los
recursos y medios de impugnación que la ley procesal establece para el control
de la decisión atacada. Sin ello, no puede pretenderse que el juez de tutela
intervenga con posterioridad sobre una actuación judicial clausurada, para
subsanar aquello que la parte interesada no defendió por sí misma, cuando
estuvo en posibilidad de hacerlo y tenía un interés para ello:
“De ahí que esta Corporación haya reiterado que la existencia de un
procedimiento ordinario de comprobada eficacia para el restablecimiento del
derecho conculcado impide la intervención del juez de tutela (...) Sobre la
necesidad de que las partes utilicen dentro de los diferentes procedimientos
los recursos que el ordenamiento prevé, con miras al restablecimiento de los
derechos fundamentales conculcados, resulta pertinente resaltar que la acción
de tutela corrige la arbitrariedad y el capricho del juzgador, siempre que el
afectado no haya contribuido a la consumación de la actuación inconstitucional.
Puesto que resulta inadmisible premiar con una nueva oportunidad a quien
advirtiendo la incorrección deja de recurrir la providencia, para
controvertirla ante el juez de tutela, una vez terminado el proceso, y
atendiendo al resultado de la confrontación.”[17]
5. El derecho a elegir y ser elegido. El
carácter público del proceso electoral para el control de los actos de
elección.
El derecho a elegir y ser elegido que se consagra en el artículo 40
de la Constitución Política, constituye una manifestación expresa de la calidad
activa del ciudadano, y forma parte del conjunto de derechos y deberes de las
personas en su relación con el poder político, como partícipes de la
organización del Estado, mediante los procesos de elección.
Este derecho se integra al principio democrático que la Constitución
declara y protege, el cual, como ha dicho esta Corporación, es universal y
expansivo:
“Se dice que es universal en la medida en que compromete variados
escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la
noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda
interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible
de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio
democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social,
lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de
democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de
ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando
permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales
actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción.”[18]
En este contexto, el derecho a elegir y ser elegido previsto en la
Constitución Política de 1991, forma parte del concepto de democracia
participativa, más amplio y moderno que el de la democracia representativa[19],
de manera que el voto ciudadano cobra una especial importancia y dimensión, en
cuanto manifestación de la libertad individual y facultad de acceder a los
medios logísticos e informativos necesarios para participar efectivamente en la
elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función.[20]
Como derecho-función, no es una facultad
absoluta, ni puede interpretarse de manera aislada del conjunto de mecanismos
de participación y control ciudadano previstos en la propia Constitución y en
la ley, pues su ejercicio precisa de las formas y condiciones establecidos para
el efecto. Tal como ocurre con otros derechos
fundamentales, su núcleo fija mínimos irreductibles de actuación llamados a
operar como barrera contra interferencias indebidas del poder o de otras
personas, pero que, en todo caso, no excluyen la posibilidad de tener un
desarrollo legal que delimite su forma de ejercicio y disfrute.
Así lo manifestó la Corte Constitucional al
estudiar la facultad de creación de partidos políticos (Sentencia C-089 de
1994) y lo reiteró posteriormente en una tutela sobre el mismo tema:
“El límite que encuentran los derechos políticos en el principio
democrático concuerda con la regla según la cual en un estado social de
derecho, y así lo ha sostenido la jurisprudencia consti­tucional, los derechos
no son absolutos. Toda garantía encuentra un límite, por lo menos, en el
respeto al ejercicio y goce efectivo de los derechos fundamentales de los
demás. En ejercicio del derecho a crear un movimiento político no se pueden
atropellar o desconocer las garantías fundamentales de otros.”[21]
En consecuencia, el derecho de elegir y ser elegido cuya tutela se
demanda, no tiene carácter absoluto y debe ser entendido en su doble dimensión
derecho-función, como una forma de contribución a la formación de la voluntad
política y al buen funcionamiento del sistema democrático[22],
sujeto a las condiciones fijadas en la Constitución y la ley. Bien sea como
elector o candidato, deberán observarse las reglas para acudir a las votaciones
y participar en cualquiera de tales calidades, así como las que el mismo
ordenamiento establece para el control administrativo y judicial de los actos
de elección y nombramiento, pues todas ellas, en su conjunto y no de forma
aislada, garantizan la institucionalidad misma y el respeto de los principios
de participación democrática previstos en la Constitución.
En la Sentencia C-955 de 2001, la Corte ya había indicado al
respecto:
“El artículo 40 de la Constitución Política prescribe que elegir y
ser elegido constituyen dos de los derechos políticos derivados de la calidad
de ciudadano. La condición de sujeto activo del sufragio está determinada por
el derecho que se tiene a ejercer el voto, mientras que la condición pasiva
consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los
votantes en un cargo determinado.
Ahora bien, la vinculación de la condición activa con la pasiva del
derecho político derivado del artículo 40, se realiza a través del sufragio. El
sufragio es el mecanismo por medio del cual, los electores manifiestan su
voluntad encaminada a elegir a uno de los candidatos como su representante.
No obstante, el ejercicio del sufragio se encuentra sometido a
ciertas reglas que buscan preservar el orden en los procesos electorales y
conservar el control de los comicios por parte del Estado.”
En este contexto se ubica la sentencia atacada, que no es otra cosa
que el resultado de la acción electoral o de control judicial de los actos de
elección y nombramiento, la cual se integra al conjunto de medios e
instrumentos de participación y control ciudadano directamente relacionados con
el derecho de elegir y ser elegido.
Con relación a este mecanismo, se observa que el artículo 40 de la
Constitución Política garantiza el derecho de todo ciudadano a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, para cuya efectividad no
sólo puede elegir y ser elegido, sino también “interponer acciones públicas en
defensa de la Constitución y de la ley.” (numeral 6).
El Código Contencioso Administrativo concreta
dicha posibilidad en materia electoral y se refiere, en sus artículos 215 y
siguientes, a un proceso de naturaleza especial para el control de los actos de
elección y nombramiento. Sus especificidades se reflejan en aspectos tales como
las causales de nulidad (art. 223), los alcances de la sentencia (art. 226), el
trámite de la demanda (art. 232), etc.
Dado el carácter público de la acción, la ley
permite que además de los directamente afectados con el acto de elección,
cualquier persona pueda actuar como demandante o como tercero interviniente,
para la defensa del interés general y de la pureza del sufragio.
Sobre la naturaleza de la acción electoral el
Consejo de Estado ha dicho:
“De conformidad con lo establecido
en los artículos 128.3; 132.8; 134B.9; 136.12; 227; 228; 229; 231 y 233.3,
ibídem, la acción pública de nulidad electoral, está prevista para que
cualquier persona pueda controvertir la validez de los actos administrativos
por medio de los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento, y se
adelanta por el trámite especial del proceso electoral señalado en los
artículos 233 a 251 del Código Contencioso Administrativo.” (Consejo de Estado,
Sección Quinta, M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, 18 de septiembre de 2003.)
Y en anterior oportunidad esa Corporación
Judicial también se había expresado así:
“El objeto de la acción electoral no sólo mira a la preservación de
la legalidad del proceso eleccionatario, también lo es la pureza del sufragio
como soporte del régimen representativo democrático: Siendo una acción pública
puede ser ejercida por cualquier ciudadano que tiene el interés de establecer
la legalidad del  -  acto impugnado, como quiera que tiene la expresión de su
propia voluntad electoral; la acción electoral se origina por la trasgresión de
las disposiciones que regulan lo relacionado con los procesos y decisiones
electorales y con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afecte a
los elegidos.  La acción electoral procede contra los actos por medio de los
cuales se declara una elección; prospera en la medida en que el acto electoral
demandado se anule y la elección resulte total o parcialmente afectada.”
(Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta,  mayo
14 de 1992. M.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía)
De esta forma, la acción electoral constituye el
medio previsto por el legislador para discutir en sede jurisdiccional, tanto la
legalidad misma del acto de elección, como la pureza del sufragio y el respeto
a la voluntad del elector. A esta acción podrá acudir entonces cualquier
persona para la protección de su derecho a ser elegido, o para la defensa del
derecho a elegir o, simplemente, por el interés en la pureza del sufragio y en
la legalidad del acto de elección o nombramiento.
La Corte Constitucional también se ha referido a
esta acción y ha resaltado su carácter público de la misma de la siguiente
manera:
“La acción electoral es una acción pública especial de legalidad o
de impugnación de un acto administrativo electoral que puede ejercerse por
cualquier persona en el plazo indicado por la ley, que procede contra actos de
elección y de nombramiento y cuyo conocimiento le incumbe a la jurisdicción
contencioso administrativa.  Aunque puede plantearse como una acción de
restablecimiento por el perjudicado con el acto de elección o nombramiento, su
naturaleza es la de una acción pública de legalidad en cuanto con su ejercicio
se procura la anulación de un acto electoral en razón de su ilegalidad.”[23]
Por tanto, la participación de cualquier persona
como demandante o interviniente, la variedad de causales de nulidad previstas
en el artículo 223 del Código Contencioso –a las que se pueden sumar las
genéricas de anulación de todo acto administrativo según la jurisprudencia del
Consejo de Estado[24]-, la
posibilidad de discutir no sólo el acto de elección sino también los actos de
la autoridad electoral que resuelven reclamaciones en vía administrativa[25],
y en general, las características mismas del proceso electoral, hacen que éste
sea el escenario natural de discusión de los derechos del aspirante no elegido,
del elector cuyo voto no es respetado o el de cualquier persona que en
ejercicio de sus derechos ciudadanos se encuentre interesada en la defensa del
interés general, del principio de legalidad o de la pureza del sufragio.
Precisamente, en la Sentencia C-142 de 2001, la
Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las diferentes causales de
nulidad previstas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en
el entendido que si bien existe una tensión entre el derecho individual o
colectivo al voto y el sometimiento de su ejercicio a condiciones normativas,
estas últimas, lejos de ser una limitación, reflejan garantías constitucionales
derivadas de principios democráticos, que justifican la existencia de controles
judiciales al voto y a las elecciones. Señaló la Corporación:
“La
existencia de estas condiciones normativas implica la posibilidad de controlar
jurídicamente la validez del voto y de las elecciones.  No basta con la mera
expresión de la voluntad popular.  Es menester que dicha voluntad se haya
expresado conforme al ordenamiento jurídico, de suerte que cualquier
desconocimiento de las prescripciones en la materia, acarrean la nulidad de las
elecciones o del voto individualmente considerado.
7.  El sometimiento del ejercicio del derecho al voto, sea
individual o colectivamente, a condiciones normativas, supone una enorme
tensión entre la democracia –entendida como voluntad popular e individual- y el
Estado de Derecho.  Dicha tensión no puede resolverse a favor de alguno de los
extremos sino que es necesario que la regulación –expresión del Estado de
Derecho- tenga por efecto potenciar el principio democrático.”
Por tanto, salvo casos especiales en los que ese
medio no un sea mecanismo idóneo y eficaz para proteger los derechos
fundamentales que puedan estar en peligro[26],
el interesado en discutir el acto de elección o nombramiento deberá acudir a la
acción electoral, pues ésta forma parte del conjunto de garantías
constitucionales y legales que pone a su disposición la organización general de
los medios electorales, no sólo para hacer efectivo el derecho al voto en su
doble dimensión (elegir y ser elegido), sino para dotar de seguridad jurídica
definitiva el resultado electoral, de forma que los diversos actores que
intervinieron en la elección y la ciudadanía en general, puedan actuar y
ordenar sus expectativas de conformidad con dicho resultado.
Por esta última razón, la acción electoral está
sujeta a plazos de caducidad relativamente cortos y a términos especiales y
reducidos para resolver, pues de lo que se decida en este proceso dependerán
los derechos específicos de elegidos y aspirantes, así como la seguridad
jurídica y la continuidad de las instituciones, en cuanto a la conformación
final del poder público.  En tal sentido, la Corte ha señalado:
“La
consagración de un término de caducidad de 20 días, como el que establece la
norma demandada para el caso de las acciones electorales, no resulta violatorio
de la Constitución, pues (a.) responde al libre ejercicio de las funciones que
la propia Carta Fundamental otorga al legislador -i.e. libertad de
configuración legislativa-, y (b.) tiene la finalidad de dar certeza a actos
que, como los que declaran una elección o hacen un nombramiento, no pueden
quedar suspendidos indefinidamente en el tiempo, so pena de vulnerar los
derechos reconocidos por la propia Carta Política a los aspirantes a ocupar un
cargo o a los funcionarios ya electos (artículo 40 inciso 1 y numeral 1), y las
garantías de la comunidad, expresadas en la aspiración a gozar de un sistema
administrativo, legislativo y judicial -i.e. un orden político- estables, en
clara concordancia con el principio de seguridad jurídica.”[27]
Así, iniciado el proceso y surtidas las etapas
de citación y notificación del auto admisorio, cualquier ciudadano que haya
decidido actuar como parte o interviniente podrá coadyuvar o impugnar la
demanda e intervenir en la práctica y contradicción de las pruebas solicitadas
oportunamente -y de las demás decretadas de oficio-, con un espacio adicional
de debate en la etapa de alegatos de conclusión, luego de lo cual la sentencia
definirá el resultado de la controversia, que podrá ser objeto de adición y
aclaración en la misma instancia, y de apelación ante el superior si el proceso
lo permite.
En estos casos, por tratarse de una acción
pública de nulidad, la sentencia tendrá efectos erga omnes (artículo 175
del C.C.A) y, por ende, cobijará incluso, desde el punto de vista electoral, a
todos aquéllos que pudiendo haber participado en el proceso, se marginaron
voluntariamente del mismo o no concurrieron a él. En tal sentido, el artículo
223 del mismo código ordena notificar la demanda por edicto y dispone, además,
que “si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo
escrutinio, se entenderán demandados todos los ciudadanos declarados
elegidos por los actos cuya nulidad se pretende”, lo que da plena
publicidad al proceso electoral desde su iniciación, que luego legitima su
efecto y oponibilidad general.
Por tanto y en resumen de lo dicho hasta ahora,
la Corte encuentra que existe un medio jurisdiccional público y abierto para
controvertir y defender la legalidad de los actos de elección, según el interés
que cada persona tenga, en la protección del derecho a elegir y ser elegido, en
la pureza del sufragio o en el principio de legalidad de los actos
administrativos. Desde el punto de vista electoral, dicho proceso agotará en
principio la jurisdicción del Estado, pues la sentencia que allí se pronuncie
no sólo definirá situaciones concretas e individuales de elegidos y aspirantes,
sino que dará seguridad a la ciudadanía sobre la conformación del poder público
y la continuidad de las instituciones democráticas.
5. Los derechos a la honra y al buen nombre y su
relación con el habeas data.
Los derechos a la honra (art. 21 C.P) y al buen
nombre (art. 15 C.P.), se encuentran íntimamente ligados, en la medida que
ambos se derivan del principio de dignidad humana, columna vertebral de la
Constitución Política (arts. 1 y 2), en cuanto que la organización del sistema
jurídico y político se justifica en razón de la protección y desarrollo de la
persona.
El amparo de la honra
y el buen nombre se ha previsto además en
distintos instrumentos internacionales aprobados por nuestra legislación
interna, tales como: artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos[28], artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[29] y  artículo
11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”. [30]
Dado que se trata de
derechos fundamentales, la Corte ha reiterado que la protección debida a la
honra y al buen nombre puede brindarse en sede de tutela, sin perjuicio de las
acciones penales y de la responsabilidad civil que puedan derivarse de los
actos que atenten contra estos derechos:
“Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de
expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de protección de
rango constitucional que es la acción de tutela. Tal protección, ha señalado la
Corte, es la más amplia y comprensiva, y pese a su carácter subsidiario, no se
ve desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente el penal,
cuando no obstante que una determinada conducta no constituya delito sí
implique una lesión de los bienes jurídicos protegidos.”[31]
Por tanto, el derecho que tiene la persona de
salvaguardar su honra y buen nombre, le permite acudir a los diversos
mecanismos de protección establecidos para el efecto, entre los que aparece la
acción de tutela, con el fin de reaccionar contra aquéllas situaciones que
afectan su integridad moral y ética y le impiden reafirmar su propia imagen y
la que los demás tienen de ella.
Sin embargo, el buen nombre y la honra no son
conceptos absolutos, desligados de la situación concreta de cada individuo,
pues como ha señalado la Corporación, “los derechos
al buen nombre y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo a las acciones
realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas  pueda gozar del
respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta
intachable, o sea que, por el contrario,  carezca de tal imagen y prestigio, en
razón a  su indebido comportamiento social.  En este último caso difícilmente
se puede considerar violado el derecho a la honra de una persona, cuando es
ella misma quien le ha imprimido el desvalor a sus conductas y ha perturbado su
imagen ante la colectividad.”[32]
En este sentido, la vulneración de la honra y del buen
nombre comporta una afectación injustificada del prestigio
o la confianza de los que disfruta la persona “en el entorno social en cuyo
medio actúa”[33], de
forma que desvaloriza la estimación o deferencia con la que debe ser tratada
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y tratan.[34]
Por tanto, “como derecho fundamental que es, la honra de la persona, tiene
una esfera social amplia, trasciende a un circulo grande de personas y su
radio de acción y conocimiento es proporcional a la ascendencia que la persona
tiene en la sociedad”. [35] (Se subraya).
Por lo mismo, la Corte ha señalado
también que no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede
ser considerada como imputación deshonrosa, pues ésta debe “generar un daño
en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la
impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida
en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la
interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad
que lesione el núcleo esencial del derecho.”[36] De
esta forma, dice la misma sentencia, la labor del juez “en cada caso
concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el
grado de proporcionalidad de la ofensa, es la de determinar si ocurrió una
verdadera amenaza o vulneración del derecho en comento[37]”
Ahora bien, en la
medida que estos derechos se relacionan directamente con la representación
externa e interna que se puede llegar a tener de la persona, la información que
se divulgue de ésta puede afectar su honra y buen nombre, especialmente cuando
la misma es errada o inexacta.[38] Por ello, la
jurisprudencia de la Corte ha encontrado que existe una relación directa de
tales derechos con el de habeas data, de forma que, en desarrollo del artículo
15 de la Constitución, la persona tiene derecho a conocer, actualizar y
rectificar la información que de ella repose en bases de datos y archivos
públicos y privados:
“Reiterada ha sido la jurisprudencia de esta Corporación en
relación con el derecho de habeas data, al señalar que el mismo consiste en la
posibilidad que tiene cada persona de conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que sobre sí existan en las bases de datos.
A su vez,
este derecho tiene una estrecha relación con los derechos a la
autodeterminación, a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al libre
desarrollo de la personalidad.”[39]
En aplicación de los principios de
veracidad e integridad derivados del derecho al habeas data, la persona podrá
exigir la rectificación o corrección de la información divulgada o que reposa
en bases de datos, para asegurar que la misma se refiera a situaciones reales y
no corresponda a datos fraccionados o incompletos que den una impresión
equivocada o incorrecta de ella. En estos eventos, sin dejar de lado los
deberes propios de quien administra la correspondiente base de datos, es
posible que se requiera la colaboración del interesado, para conocer y
verificar con exactitud la información que se requiere ajustar a la realidad.
En este sentido, la
honra, el buen nombre y el habeas data tampoco son derechos absolutos, pues a
pesar de su protección, la persona no puede basarse en ellos para impedir la
circulación y manejo del dato cierto (cuando es de interés general[40]
o ha sido previamente autorizado[41]), o la
iniciación de investigaciones penales o administrativas dirigidas a verificar
su conducta[42]. Así mismo,
su ejercicio deberá respetar los derechos ajenos y los deberes propios de la
vida en sociedad de acuerdo con el principio constitucional de solidaridad
(art. 95 C.P.) que implica, por ejemplo, tolerar el uso de información privada
en las bases de datos públicas (así sea negativa), pues buena parte de aquélla está relacionada con la protección del interés general y con fines
constitucionalmente valiosos.[43]
En consecuencia, como
ningún derecho puede entenderse completamente desligado del conjunto de normas
constitucionales, del ordenamiento jurídico en general y de los derechos de los
demás, en cada caso tendrá que analizarse el contexto en que se ha dado su
afectación, el grado de la misma  y el entorno de su titular, tal como se
analizará más adelante en la situación planteada por el ciudadano Esteban
Flórez Sierra en su acción de tutela.
6. El análisis de los casos concretos.
En tutelas separadas, los demandantes acusan la
Sentencia del 18 de febrero de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
como quiera que, basada en una información supuestamente errada de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, ordenó excluir la mesa 001 puesto 005 zona 009 de El Rosal, Municipio de Carcasí,
Departamento de Santander, de
las elecciones al Senado de la República realizadas el 10 de marzo de 2002, al
considerarla afectada por fraude electoral en la persona de Esteban Flórez
Sierra. En esa mesa de votación existirían 161 votos a favor del candidato
Ardila Ballesteros, inclusive el del señor Flórez Sierra, que le serían
suficientes al primero para ocupar la última curul del Senado.
En ambos procesos de tutela se aportaron
diversas pruebas de los hechos y como evidencia del error de la Registraduría,
se allegó una copia en medio magnético del fallo atacado, unas declaraciones
extrajuicio del propio señor Esteban Flórez Sierra y de otras personas que lo
conocen, y una certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil que
aclara que la cédula de ciudadanía 5.608.241 está asignada a ese ciudadano, pero que un error de
digitación produjo que en el Archivo Nacional de Identificación figurara como
titular otra persona. Tanto las declaraciones como
la  certificación, fueron solicitadas y obtenidas con posterioridad al fallo
tutelado, es decir, no se conocieron en el proceso electoral.
Al responder las acciones de tutela, la
Registraduría adjunta una certificación del Jefe Grupo Novedades, en la que se
indica que si bien la cédula de ciudadanía 5.608.241 está efectivamente adjudicada a Esteban Flórez Sierra, con su
Registro Civil de Nacimiento y su Partida de Bautismo también se solicitó y
expidió otra cédula de ciudadanía en Saravena (Arauca) a nombre de Esteban
Flórez Sierra, bajo el cupo numérico 17.526.356. Que, por tanto, existen dos
cédulas de ciudadanía a nombre de la misma persona, aunque con registros
dactilares distintos, lo que evidencia la suplantación de alguna de ellas; en
consecuencia, dice la misma certificación, es necesario que los titulares de
ambas cédulas comparezcan a las Registradurías locales, acrediten plenamente su
identidad y permitan hacer las verificaciones dactilares del caso para
determinar cuál de los dos documentos debe mantener su validez.
De las demandas y de los documentos allegados a
los expedientes la Sala observa lo siguiente:
-        El 10 de marzo del año 2002 se
celebraron las elecciones generales para el Congreso de la República, período
2002-2006. En acta del 19 de julio de 2002, leída y notificada por estrados, el
Consejo Nacional Electoral consignó los resultados de los escrutinios generales
para Senado de la República y Cámaras Especiales Nacionales, y declaró la
elección de Senadores para el periodo 2002-2006.
-        Contra este acto administrativo se presentaron trece (13)
demandas, en ejercicio de la acción electoral prevista en el Código Contencioso
Administrativo. En dicho proceso actuaron como
demandantes las siguientes personas, de acuerdo con lo manifestado en la tutela
del señor Ardila Ballesteros (hecho 3), que coincide con la relación descrita
en el fallo del Consejo de Estado aportado por los actores: Miguel María
Gómez Acosta (2 demandas), Ana María Ladino Cruz, Orlando Casallas Buitrago,
Nancy Valencia Castillo, Miguel Pinedo Vidal, Víctor Velásquez Reyes, Armando
Mikan Díaz (2 demandas), Jaime Rodrigo Vargas Suárez, Jorge Emilio Caldas Vera,
Néstor Guillermo Franco y la Procuraduría General de la Nación.
-        El ciudadano CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS, participó como candidato al Senado en el referido debate
electoral (lista 564), sin que al parecer se le hubiera reconocido la calidad
de ciudadano elegido, condición ésta que no se alega en su demanda. En tal
sentido, el actor no menciona o discute que el acto administrativo demandado en
el proceso electoral le hubiera concedido algún derecho que resultara
desconocido con la sentencia atacada.[44] Igualmente,
este ciudadano no menciona haber actuado como demandante o interviniente
en el proceso iniciado contra el acto de declaratoria de elección del Consejo
Nacional Electoral y tampoco alega o existe prueba que en alguna de tales
calidades se le hubieran desconocido las garantías procesales del caso para la
defensa de sus derechos fundamentales.
-        Lo mismo sucede con el señor ESTEBAN FLÓREZ SIERRA. Su
demanda se dirige solamente contra el resultado de la actuación judicial (la
sentencia), pero no hay alegación o evidencia que demuestre su intervención en
el proceso electoral o la existencia de impedimentos para actuar en el mismo.
-        El fallo tutelado que se pretende invalidar, señala con
claridad que los cargos por suplantación fueron expuestos desde el inicio de la
actuación, en varias de las demandas de nulidad presentadas contra el acto de
elección, de forma que allí tuvieron toda la publicidad que se deriva del proceso
electoral. Más aún, del mismo fallo se desprende que los cargos por
suplantación no corresponden a situaciones aisladas en cada demanda, sino que
derivan de un documento elaborado con anterioridad al proceso por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que fue aportado por varios de los
demandantes.
-        Ninguna de las tutelas hace alusión a
impedimentos o irregularidades en el decreto, práctica o contradicción de las
pruebas en el proceso electoral. Por el contrario, la Corte encuentra que la
sentencia atacada, allegada en medio electrónico por los demandantes, explica
de manera clara y detallada la forma como las pruebas fueron incorporadas al
proceso (folios 207-211) y frente a ello no se hace ningún tipo de reparo ni se
presenta acusación en ninguna de las tutelas.
-        La certificación inicial aportada por
las partes para acreditar el error de digitación en el Archivo Nacional de
Identificación, que sirvió de base para anular una de las mesas de votación, es
posterior al proceso electoral (responde a un derecho de petición presentado
por el señor Ardila Ballesteros) y por tanto, no formó parte de aquél ni pudo
ser tenido en cuenta por el Consejo de Estado al decidir. Así mismo, dicha
certificación aparece complementada por otra posterior de la misma
Registraduría Nacional del Estado Civil al intervenir en las acciones de
tutela, en la que se indica que a nombre del ciudadano Esteban Flórez Sierra
existen dos cédulas de ciudadanía y que se hace necesario contar con su
colaboración para determinar cuál de ellas corresponde realmente a los
documentos que sirvieron de base para su expedición.
Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra
que las demandas de tutela no contienen referencia alguna de participación
activa de los actores en el proceso electoral -ni ello se desprende de las
pruebas aportadas-, y no se describen situaciones que les hubieran limitado o
impedido ejercer su derecho de acción o de contradicción, como demandantes o
intervinientes, en las diferentes etapas de la actuación judicial.
Por tanto, desde el punto de vista de los
efectos electorales de la sentencia, la Corte considera que si los accionantes
se abstuvieron de participar activamente en un proceso que tenían a su alcance
para discutir sus respetivos derechos a elegir y ser elegido y ocupar cargos
públicos, no pueden buscar en este momento, cuando la jurisdicción se ha
agotado a través de un fallo definitivo, que el juez de tutela haga suyas unas
pruebas producidas después de la sentencia y sin la participación de todos los
que allí intervinieron, interfiera sobre la cosa juzgada que ampara la decisión
atacada.
En este caso, para la Sala es claro que la
tutela no sirve como recurso adicional que permita volver sobre la causa
litigiosa y las etapas procesales ya precluidas, ni como una instancia más para
la práctica e inclusión de pruebas que por su naturaleza son propias del
proceso electoral y de los asuntos que se debatieron en él, así como del
eventual recurso extraordinario de revisión que proceda contra la sentencia,
por las causales previstas en el Código Contencioso Administrativo.
No desconoce la
Corte la importancia que tiene el proceso electoral para los derechos
fundamentales invocados, pero, precisamente, aquél disfruta de una estructura
pública y abierta que permite la intervención de electores, candidatos y
elegidos, para la defensa de intereses generales y particulares. Así pues, esta
naturaleza participativa del proceso electoral deja sin piso la afirmación del
señor Flórez Sierra, que también prohíja el candidato Ardila Ballesteros, en
cuanto que a dicho ciudadano “se le priva sin fórmula de juicio de su derecho a
elegir”, pues contrario a ello, existió un debate judicial en el que, desde su
inicio, se conocieron los cargos de nulidad y estaba permitida la intervención
de cualquier persona.
Además, la Corte
no puede desconocer la cosa juzgada y la seguridad jurídica de la sentencia, a
partir de pruebas que no le fueron solicitadas o aportadas al juez natural del
proceso, sino que son obtenidas una vez se conoce el resultado del mismo, más
aún cuando no se evidencia que se hubieran violado los derechos de acción o
contradicción de los interesados. En este punto, resulta pertinente lo dicho
por la Corte en sentencia T-013 de 2005:
“No puede predicarse la presencia
de una vía de hecho por una pretendida discordancia entre el fallo y unos
elementos de convicción que no pudieron ser conocidos por el juez porque son
posteriores a la culminación del proceso. la vía de hecho se predica de la
conducta del juez y ella, por consiguiente, debe estar presente en el momento
mismo en que se profiere el fallo. Así, cuando se dictó la sentencia de
casación debió ser posible establecer que se trataba de una decisión
arbitraria, no consistente con la realidad probatoria u ostensiblemente
contraria al ordenamiento jurídico. Pero si tal situación no podía establecerse
entonces, no cabe señalar que la misma se materializa tres años después, cuando
por virtud de nuevos elementos de convicción, inexistentes para el momento en
el que se produjo el fallo, en opinión de una de las partes, se demuestra la
equivocación de las consideraciones fácticas que sirvieron de fundamento a
fallo. Se trataría de configurar de manera retroactiva una vía de hecho, lo
cual es claramente inadmisible.” [45] (se subraya)
Para la Sala resulta claro que las posibles consecuencias
desfavorables de la decisión judicial sujeta a examen, no derivan de obstáculos
o decisiones arbitrarias impuestas por la autoridad judicial, que le hubieran
impedido a cualquiera de los actores la defensa de sus derechos fundamentales,
por lo que, como en otros casos, concluye que “la
acción de tutela no es un mecanismo que se pueda utilizar para reemplazar
las acciones judiciales ordinarias a las cuales la persona pudo haber acudido,
cuando por descuido o por su libre decisión no quiso hacer uso de las mismas.” [46]
Con consideraciones similares, la Corte se
abstuvo de conceder en otro caso el amparo solicitado contra una providencia
judicial en firme, pues a pesar de que efectivamente había existido un error de
la autoridad judicial al no liquidar una condena en concreto como lo ordena el
artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, la parte interesada no había
solicitado la adición de la sentencia, de acuerdo con la facultad que le
otorgaba el mismo estatuto procesal. En esa oportunidad se dijo:
“Es claro para esta Sala que la conducta que debió desplegar la
parte demandante ante la decisión del Tribunal que demanda, consistía en
acogerse a lo que dispone la norma transcrita, y solicitar, dentro del término
de ejecutoria de la sentencia, la adición de la condena en concreto.
“ Ahora, en adición debe considerarse que esta Corte ha reconocido
el efecto de lo que la doctrina ha llamado las cargas procesales. Así, la
Corporación  ha reiterado la concepción según la cual tales cargas  se definen
como aquellas situaciones instituidas por la ley en relación con el proceso que
comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente
establecida en interés del propio sujeto a quien se le impone la carga.
“Las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto conserva la
facultad de cumplirlas o no. De allí que haya sido del parecer de esta
Corporación que  su incumplimiento acarrea de suyo consecuencias negativas para
quien las incumple, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad
o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material. Tales
consecuencias habrá de soportarlas quien no cumplió la carga procesal, pues
ésta es, como ya se dijo y se reitera, una facultad de la parte procesal.” (Sentencia T-233 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería).
Por tanto, la naturaleza residual de la acción de tutela y su
procedencia excepcional contra decisiones judiciales, imponen al juez
constitucional un análisis exigente de los casos puestos a su consideración por
esta vía, que en el asunto examinado, dadas las circunstancias concretas del
mismo, no lo habilitan para volver sobre etapas debidamente cerradas en el
proceso electoral y, menos aún, para interferir por medio de órdenes en
decisiones que, sin  perjuicio del recurso extraordinario de revisión, ya
hicieron tránsito a cosa juzgada ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo, cuando quiera que en los expedientes de tutela no hay evidencia
alguna de impedimentos para acceder a la actuación judicial, solicitar pruebas
o controvertir las decretadas en él, o en general de situaciones que
imposibilitaran la defensa de los derechos invocados por los actores.
La Corte ya se
había referido a un caso similar al presente con motivo de una acción de tutela
iniciada por varios ciudadanos, que, como votantes y sin haber participado en
el proceso electoral, consideraron  arbitraria la decisión del Consejo de
Estado de excluir del escrutinio unas mesas de votación en las que ellos habían
depositado sus votos, pues, en su concepto, se desconocían sus derechos a
elegir y a participar en la conformación del poder político. En esa ocasión, la
Corte se pronunció de la siguiente manera:
“Frente al caso concreto, la pregunta que surge respecto de la legitimidad
de los demandantes será la siguiente:  ¿están legitimados los demandantes para
acudir ante el juez de tutela alegando la vulneración de sus derechos
fundamentales, y quienes consideran que la causa de dicha vulneración es una
presunta vía de hecho en una sentencia judicial, de la cual no fueron parte?
“Para la Sala, la respuesta debe ser negativa. Lo anterior, por
cuanto no puede alegarse que la vulneración de los propios derechos
fundamentales tiene como fundamento la vulneración de los derechos
fundamentales de un tercero, que en el caso de los procesos judiciales, serían
los de aquellos que se hicieron parte en éste. Estima la Sala que para
considerar que una providencia judicial ha vulnerado un derecho fundamental, es
necesario que se demuestre que la autoridad judicial ha actuado de forma tal,
que no permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte dentro del
proceso, o que una vez en éste, incurrió en algunas de las causales previstas
para que la acción de tutela proceda contra providencias judiciales. Una
persona que no ha intervenido dentro de un proceso judicial, y que no actúa
como agente oficioso o como apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar
una vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de la decisión
tomada por la autoridad judicial, con excepción de aquellos casos en los cuales
la presunta afectación tiene como fundamento la indebida o ausente notificación
de la iniciación del proceso, del cual podrían haber tomado parte, como ha sido
señalado.
(...)
“Por las anteriores razones, considera esta Sala que cuando las
autoridades judiciales vulneran con sus decisiones la Constitución, en efecto
están afectando derechos fundamentales de quienes han sido parte en un proceso
judicial. Sin embargo, tal y como lo señaló esta Corporación en la sentencia
T-240 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), quienes no han intervenido en un
proceso, pudiéndolo hacer,  carecen de legitimidad para acudir al recurso de
amparo constitucional, bajo el fundamento de que la providencia proferida por
la autoridad judicial respectiva, incurrió en una vía de hecho.  Sobre este
punto, en la decisión citada la Corte precisó que el eventual interés de las
personas en un proceso judicial, “no se traduce necesariamente en la
legitimidad para actuar en tutela contra las sentencias que allí se profieran,
por cuanto en estos casos la tutela no impone un proceso desconectado del
ordinario, en la medida en que la afectación del debido proceso se concreta
durante el trámite judicial correspondiente, frente a quienes allí
intervengan”.[47](se subraya)
Es preciso
señalar que las situaciones analizadas en las Sentencias SU-014, T-759 y T-1180
del 2001 que el ciudadano Ardila Ballesteros cita en su demanda, en las que la
Corte Constitucional se refirió a la vía de hecho por consecuencia o error
inducido, son distintas a la que se plantea en este proceso. En esos casos no
se trataba solamente de un error en la actuación del juez ordinario, sino que
dicha equivocación, inducida por la actuación de otra entidad estatal, impidió
que los actores acudieran al proceso y ejercieran su derecho de defensa, pues
se les juzgó como personas ausentes a pesar de que se encontraban detenidos en
establecimientos carcelarios por orden del mismo Estado.[48]
Con relación a la Sentencia T-492 de 2003 que el mismo demandante
menciona, cabe precisar que si bien la Corte se refirió en ella a la vía de
hecho por consecuencia, no la encontró aplicable al caso concreto que se
estudiaba, pues, entre otras cosas y en punto de lo anotado anteriormente,
consideró que dicha figura exigía que la decisión judicial afectara a una de
las partes del proceso y quien pretendía la tutela no lo había sido.[49]
Por tanto, al ser improcedente el amparo solicitado por los actores
contra la sentencia atacada, no existe una justificación suficiente para que la
Corte actúe sobre los principios de preclusión y de cosa juzgada que protegen
la sentencia atacada y por ello, en este punto, se confirmarán las decisiones
revisadas de acuerdo con las razones y precisiones ya expuestas.
7. Consideración final respecto al derecho a la
honra y al buen nombre de Esteban Flórez Sierra.
Superado el estudio de las acciones de tutela en
lo que se refiere a la inmutabilidad de la sentencia atacada, sólo queda por
hacer algunas consideraciones finales con relación a los derechos a la honra y
al buen nombre invocados por el señor Flórez Sierra, que, como ya se dijo, se
deben estudiar de acuerdo con las circunstancias específicas del caso y las
condiciones particulares del tutelante, en cuanto a la afectación que se haya
producido en su entorno inmediato.
Sostiene la demanda de tutela que la sentencia atacada le atribuye
al actor una conducta punible que afecta su honra y buen nombre y por ello debe
anularse parcialmente. Al respecto, la Corte encuentra plenamente valedero lo
dicho por los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado al
intervenir en la acción presentada por dicho ciudadano, cuando concluyen:
“De otra parte, se observa que la sentencia pronunciada como
culminación de un juicio de legalidad de los actos electorales no conlleva determinación
alguna sobre la presunta comisión de delitos, toda vez que su objeto
constitucional y legal se circunscribe a juzgar la legalidad del acto
administrativo acusado y reestablecer la legalidad objetivamente considerada,
por lo que determinaciones sobre la naturaleza de los comportamientos y el
componente subjetivo de la conducta de las personas que hayan intervenido en el
acto cuya legalidad se juzga resulta extraño a dicho objeto. Por lo tanto, no
es posible, bajo ninguna circunstancia, que el hecho de anular una mesa de
votación y excluir los votos en ella depositados, atente contra la honra y el
buen nombre de un ciudadano.”
En efecto, la Corte considera que se trata de dos esferas de
actuación distintas, la electoral y la penal: la anulación del voto tiene
efectos únicamente en la primera y no implica per se la atribución de un
hecho punible en cabeza del señor Flórez Sierra, más aún si se tiene en cuenta
la forma objetiva como la Sección Quinta del Consejo de Estado despachó el
cargo presentado contra ese ciudadano, que se estudió junto con los propuestos
contra más de 23.000 mesas de votación:
“Zona 099, puesto 005, mesa 001:
NNo. Mesa
No. cédula  en el ANI que, según la
Registraduría,
corresponde al nombre anotado en  formulario E-11
Nombre anotado en el Formulario
E-11
No. Cédula en el E-11, en el ANI y
censo electoral
Nombre en el Archivo censo
electoral
001
NO ANI
FLÓREZ SIERRA ESTEBAN
5.608.241
MESA PABLO
El cargo prospera por cuanto frente a la cédula No. 5608241
se escribió el nombre de Flórez Sierra Esteban nombre que conforme al censo
electoral no corresponde a ninguna de las cédulas preimpresas en el formulario
E-11 de esta mesa, de lo cual se concluye que el votante no estaba autorizado
para sufragar en ella.”[50]
Se observa entonces que la sentencia se limitó a
hacer una comparación objetiva entre diversos documentos para determinar la
validez del voto, sin entrar en calificaciones subjetivas o descalificadoras
contra el señor Flórez Sierra. A lo anterior se suma que, según el fallo, a
pesar de la declaratoria de nulidad de diversas mesas de votación, el Consejo
de  Estado sólo ordenó oficiar a las autoridades penales en lo que tuvo que ver
con la venta de documentos electorales (numeral 11 de la parte resolutiva), pero
ni siquiera allí se refirió a la existencia de un delito, sino a circunstancias
que de acuerdo con las pruebas allegadas “pudieran constituir una conducta
punible o una falta disciplinaria”.[51]
Adicionalmente, la Sala encuentra que la
existencia de dos cédulas de ciudadanía a nombre del señor Flórez Sierra, hace
necesario que dicho ciudadano preste la colaboración que requiera la
Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer las aclaraciones y
verificaciones que correspondan, luego de lo cual el tutelante podrá solicitar
las actualizaciones y rectificaciones del caso, de acuerdo con los derechos que
le otorga la Constitución.
En el mismo sentido, respecto a la solicitud de
“publicidad” para que la Registraduría emita un comunicado oficial sobre el
error cometido y lo divulgue por medios de comunicación nacional (televisión,
radio y prensa), la Sala no accederá a ello por las siguientes razones, que se
suman a las ya expuestas anteriormente:
En primer lugar, si bien la sentencia atacada
fue divulgada a nivel nacional, al haberse anulado múltiples mesas de votación
por diversas razones, entre ellas la suplantación de electores -lo que constituye
un hecho notorio-, en ningún caso existe evidencia de que se hubiere divulgado
masivamente, por el Consejo de Estado o por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, información particular del señor Flórez Sierra, menos aún
relacionada con la comisión de una conducta punible.
En segundo lugar, las pruebas testimoniales
practicadas a solicitud del accionante no demuestran la grave afectación a la
honra y buen nombre que se dijo que se acreditaría con ellas, pues ninguno de
los declarantes afirma dicha circunstancia:
-
El señor Edgar Martínez
Ortiz señaló  “no sé porqué él aparece como muerto cuando el está vivo, ese
es el relato o la versión que don ESTEBAN FLÓREZ me dio a mí”, de donde no
queda claro que se tenga la creencia de que el actor es un “suplantador”, como
se afirma en la demanda. Incluso, el mismo testigo, quien había declarado
inicialmente que no observó irregularidades el día de las elecciones, se
retractó posteriormente y explicó que no estuvo presente en esa fecha, pues ya
no era inspector de policía del lugar.
-
El señor Aldrubal García
Martínez,  declaró: “gracias a la tutela interpuesta por don ESTEBAN, es
que nosotros llegamos a tener conocimiento de esta supuesta irregularidad”.
(se subraya).
Se observa entonces que ninguno de los testigos
acredita “la burla social o comentarios desagradables” de que haya sido objeto
el señor Flórez Sierra en su entorno inmediato y, por el contrario, permite ver
que la situación fue conocida por la divulgación que de ella hizo el mismo demandante.
Por último, como lo manifestó el propio señor
Flórez Sierra en las diversas declaraciones allegadas y practicadas en el
proceso, su actividad económica y personal es eminentemente agraria y se
desarrolla en el entorno inmediato del área rural de su vereda, por lo que no
se vería objeto en la solicitud de aclaraciones públicas a nivel nacional.
Todo lo anterior permite confirmar las
decisiones del Consejo de Estado en sede de tutela, que por lo tanto no serán
afectadas con esta sentencia.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO - Confirmar, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la sentencia del veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil
cinco (2005) de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del H. Consejo de Estado (Expediente 1.278.839 – Carlos Ardila Ballesteros) y
las sentencias del tres (3) de noviembre de dos mil cinco (2005) de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado y
del dieciséis (16) de febrero de dos mil seis (2006) de la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado (Expediente
1.332.918 – Esteban Flórez Sierra).
Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] En otros numerales de la parte resolutiva, también se ordenó
incluir diversas mesas de votación, por considerar que el Consejo Nacional
Electoral no tenía competencia para excluirlas.
[2] Ver demanda Procuraduría General de la Nación, cuaderno del
departamento (sic) de Santander.
[3] Esta providencia no fue impugnada. El apoderado consideró que
dado el sentido de los pronunciamientos del Consejo de Estado en relación con
la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, no tenía
sentido insistir ante esa misma Corporación.
[4] Ver, entre otras,  la
sentencia C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[5] Sentencia SU-901 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[6]  Magistrado Ponente  Jaime Córdoba Triviño.
[7] Sentencia C-590 de
2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad la Corte declaró
inexequible la expresión  “ni acción”, contenida en el artículo 185 de
la Ley 906 de 2004, como quiera que “la acción de tutela procede contra
decisiones judiciales en los casos en que esta Corporación ha establecido y con
cumplimiento de los presupuestos generales y específicos ya indicados”.
[8] Al respecto Cfr entre otros, los autos 220A/02, 149A/03, 010/04 y
la sentencia SU-1158/03.
[9] Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[10] Sobre el tema se pueden consultar, entre
otras, las siguientes sentencias:  T-327 de 1994, SU-014 de 2001, T-1001
de 2001, T-852 de 2002, T- 088, T-639 y  T-996  de 2003, T-336 de 2004 y  T-701
de 2004. Así como la sentencia SU-120 de 2003  M.P. Álvaro Tafur Galvis..
[11] Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis.
[12] Puede verse sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] Sentencias T-557 de 1999, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; T-1655 de
2000, MP: Fabio Morón Díaz; T-610 y T-968 de 2001, MP: Jaime Araujo Rentería;
T-1221 de 2001, MP: Álvaro Tafur Galvis; T-255 de 2002, MP: Jaime Araujo Rentería;
T-924 y 926 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis; T-168 de 2003, MP: Manuel José
Cepeda Espinosa; T-917 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra; T-1144 de 2003, MP:
Eduardo Montealegre Lynett y T-320 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño, entre
otras.
[14] Sentencia T-390 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[15] Sentencia T-1140 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[16] Sobre el principio de preclusión la Corte dijo:“Sabido es  que
“la preclusión” es uno de los principios fundamentales del derecho procesal y
que en desarrollo de éste se establecen las diversas etapas que han de
cumplirse en los diferentes procesos, así como la oportunidad en que en cada
una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios,
trascurrida la cual no pueden adelantarse. (Auto 233 de 2001, M.P. Jaime
Araujo Rentería).
[17] Sentencia T-924 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[18] Sentencia C-089 de 1994. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[19] Sentencia T-637 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Sentencia T- 324 de 1994. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz
[21] Sentencia T-1329 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[22] Sentencia C-224 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] C-391 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[24] Pueden verse, entre otras, las sentencias
del 2 de noviembre de 2000, Consejo de Estado, Sección Quinta. M.P Reinaldo
Chavarro Buriticá y del 24 de junio de 2004, de la misma corporación y sección,
pero con ponencia del Doctor Darío Quiñones Pinilla.
[25] Sentencia del 2 de diciembre de 2005, M.P. Darío Quiñones
Pinilla. Sección Quinta, Consejo de Estado
[26] Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa. En dicha oportunidad se expresó respecto a la ineficacia de la
acción electoral cuando la autoridad nominadora no ha respetado el orden de las
listas de  elegibles: “En cada caso, el juez está en la obligación de
determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y
completa a quien la interpone.  Si no es así, si los mecanismos ordinarios
carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos
maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera
posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para
proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para
evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve
el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las
acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera
integral (...)En concreto, con respecto a la acción electoral y a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala Plena de la Corte, en Sentencia
de unificación de jurisprudencia, ha determinado que carecen de la eficacia
necesaria para proveer un remedio
pronto e integral, cuando no se atienda rigurosamente
el orden de las listas de elegibles para proveer cargos en la rama judicial.”
[27] Sentencia C-781 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[28] Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias y ataques.
[29] Artículo 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
[30] Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda
persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Estas normas han sido referidas por la Corte Constitucional en
diversas jurisprudencias sobre el derecho a la honra y al buen nombre. Pueden
verse las Sentencias C-392 de 2002 y C-677 de 2005, entre otras.
[31] Sentencia C-749 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería. También
C-677 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.
[32] Sentencia T-411 de 1995. M.P Alejandro Martínez Caballero. También pueden verse las Sentencias T-482 y T-787 de 2004.
[33] Sentencia T-299
de 1994 M.P. José Gregorio Hernández
[34] Sentencia T-494 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño, al reiterar
sentencia T-299 de 1994  M.P. José Gregorio Hernández.
[35] Sentencia T-603 de 1992, reiterada en Sentencia T-492 de 2002.
[36] Sentencia C-392 de 2002. MP. Álvaro Tafur Galvis.
[37] Sentencia T-028/96
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[38] La Sentencia T-729 de 2002 estudió
detenidamente al derecho fundamental al Habeas Data y lo definió así: El
derecho fundamental al habeas data, es aquel que otorga la facultad[38] al titular de
datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el
acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y
certificación de los datos, así como la limitación en la posibilidades de
divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios[38] que informan
el proceso de administración de bases de datos personales.” (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett).
[39] Sentencia T-018 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[40] Por ejemplo, las bases de datos de antecedentes penales,
Sentencia T-455 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[41] Sentencias T-526 de 2004 y T-592 de 2003, M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[42] Sentencia C-350 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[43] Sentencia T-486 de 2003. M.P. Jaime
Córdoba Triviño, al estudiar la información que reposa en las bases de datos
del sistema de seguridad social. Se dijo en dicha oportunidad: “En este
sentido, el derecho al hábeas data concilia ambas posiciones, pues restringe el
acceso indiscriminado a determinada clase de datos, en aras de la protección
del derecho a la intimidad y prefigura un sistema normativo que, de un lado,
permite al conglomerado conocer y utilizar la información valiosa para el
tráfico jurídico y, de otro, faculta a su titular para que ejerza acciones
destinadas a controlar las actividades de recolección, procesamiento y
suministro del dato personal.”
[44] El actor no alega que la pérdida de votos en el nuevo escrutinio
ordenado por el Consejo de Estado en la sentencia atacada, le haya implicado
perder su curul, sino acceder a una de ellas. Además, de acuerdo con la
información disponible en la página oficial de la Registraduría Nacional del
Estado Civil antes del nuevo escrutinio (es decir, con los resultados iniciales
del Consejo Nacional Electoral), se observa que el señor Carlos Ardila
Ballesteros no fue elegido senador, pues obtuvo 39.707 votos, contra 40.460 del
candidato José María Villanueva que ocupó la última curul. Entre ambos,
quedaron otros 4 candidatos que obtuvieron más votos que el señor Ardila
Ballesteros y menos que el senador Villanueva. Al comparar estos datos con los
aportados por el candidato Ardila Ballesteros en su demanda, se observa que con
el nuevo escrutinio no habría perdido solamente los 116 votos por los cuales
reclama, sino más de 3000 sufragios, pues finalmente solo se le habrían
reconocido 36.607 votos por el Consejo de Estado.
[45] Sentencia T-013 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[46] Sentencia T-585 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas.
[47] Sentencia T-1232 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
[48] “Resulta incuestionable que el incumplimiento de los entes
estatales encargados de asegurar la información vital sobre la privación de la
libertad del actor, que implica un grave desconocimiento de la obligación de
colaborar armónicamente con el aparato de justicia, indujo a error al Juez y a
la violación del derecho de defensa del demandante, por cuanto el Estado no
garantizó, pudiéndolo hacer en razón de que estaba bajo su custodia, el derecho
a hacerse presente en el proceso. En estas condiciones, se presenta una vía de
hecho por consecuencia” (Sentencia SU-014 de 2001. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez., reiterada en
Sentencia T-1189 de 2004 en relación con notificación de personas privadas de
la libertad). Igualmente en la Sentencia T-640 de 2005 se concedió el amparo al
encontrar que el error al que fue llevado el juez, le impidió acceder al
proceso a la tutelante: “Para
la Sala es claro que a la accionante se le violó su derecho al debido proceso,
al no haber sido vinculada formalmente al proceso ejecutivo hipotecario seguido
en su contra por el Banco Agrario S.A.. Dicha violación es imputable
directamente a la mencionada entidad, al no haber actuado en forma diligente y
leal en la información suministrada al juez sobre el lugar de residencia de la
demandada, es decir, aquél donde podía ser localizada para efectos de su
vinculación al proceso” (M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
[49] En esa oportunidad se dijo: “De las
sentencias en las cuales la Corte Constitucional ha analizado la tutela contra
decisiones judiciales inconstitucionales por consecuencia (conocido como vía de
hecho por consecuencia), se desprende que explícitamente se ha hecho referencia
a 2 elementos, considerados anteriormente. Con todo, de la ratione decidendii
de tales decisiones se desprende, además, que es necesario un requisito
adicional: que la decisión judicial afecte a una de las partes del proceso.” (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett). Por
el contrario, resulta pertinente citar para este caso la Sentencia T-407 de
2001, en la que se dijo respecto a la vía de hecho por consecuencia: “El análisis detenido de los distintos
elementos del caso concreto muestra a la Corte que para la decisión del mismo
no tiene cabida la figura jurisprudencial de la vía de hecho por consecuencia,
en la medida en que la actora sí tuvo la oportunidad de controvertir los
Decretos de la Gobernación y omitió hacerlo por propia decisión. Los actos
mediante los cuales la Gobernación pretendió, de manera expresa, dar
cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo estaban amparados por la
presunción de legalidad y si la actora no estaba conforme con los mismos debió
controvertirlos judicialmente, bien ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, o bien ante el juez de ejecución Laboral.” (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
[50] Según copia allegada por el tutelante,
que concuerda con la sentencia allegada en medio magnético.
[51] Folio 12519 de las sentencia que se anexó
en medio magnético.