T-706-14
Sentencia T-706/14
DERECHO AL HABEAS DATA-Concepto
DERECHO AL
HABEAS DATA-Fundamental autónomo
HABEAS DATA Y
MANEJO DE INFORMACION CONTENIDA EN BASES DE DATOS PERSONALES
El ámbito de protección del habeas data no es
cualquier tipo de información que se relacione con una persona. Precisamente,
como se infiere de la Constitución y de la ley, su operatividad depende de un
entorno específico, esto es, de un contexto vinculado con la administración de
bases de datos personales. Por ello, “su ejercicio es imposible jurídicamente en relación con información
personal que no esté contenida en una base o banco de datos, o con información
que no sea de carácter personal”.
ARCHIVO Y
BASES DE DATOS-Conceptos
Una base de datos corresponde
al conjunto sistematizado de información personal que puede ser tratada de
alguna manera, como ocurre con el ejercicio de los atributos de recolección,
uso, almacenamiento, circulación o supresión. Por su parte, en lo que atañe al
dato personal, se refiere a “cualquier información
vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas
o determinables”. Únicamente los datos personales que hagan parte de un archivo
o base de datos que permita el tratamiento de dicha información, podrá
manejarse bajo los parámetros del habeas data.
DATOS
PERSONALES-Clasificación
Los datos personales pueden ser clasificados en cuatro grandes
categorías: públicos,
semiprivados, privados y sensibles. De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, es público el
dato calificado “como tal según los mandatos
de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean
semiprivados o privados (…). Son públicos, entre otros, los datos contenidos en
documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas”. Son
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil
de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de
servidor público. Son semiprivados aquellos datos “que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general”. Por lo demás,
son privados aquellos
que datos “por su naturaleza íntima o reservada sólo
[son] relevante[s] para el titular”. Son datos sensibles “aquellos que afectan la intimidad del
titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de
partidos políticos de oposición[,] así como los datos relativos a la salud, a
la vida sexual y los datos biométricos”. Por su propia naturaleza, estos datos
se vinculan con la salvaguarda de la intimidad de su titular o con la
proscripción de actos discriminatorios.
PRINCIPIOS
DE FINALIDAD Y VERACIDAD DE DATOS PERSONALES DE CONTENIDO CREDITICIO
Los principios de veracidad y finalidad,
tienen el propósito circunscribir la actividad de administración de información
personal contenida en bases de datos. Son principios que al limitar el
ejercicio de las competencias de los administradores, definen el margen de su
actuación y son una garantía para las libertades de los sujetos concernidos por
la información administrada.
ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
PENSIONES-Deber de custodia, conservación y guarda de la información
concerniente al Sistema de Seguridad Social
Colpensiones,
como entidad que tiene bajo su cargo la administración del Régimen de Prima
Media, debe cumplir con los deberes que se predican de todo aquél que ejerza el
poder informático, entre los cuales se encuentran: la guarda, el manejo
adecuado, la atención de requerimientos del titular del dato, la actualización,
la corrección, e incluso –en caso de destrucción o pérdida– la reconstrucción
de la historia laboral. Lo anterior, en términos generales, implica obrar
conforme con los principios de veracidad y finalidad que rigen el ejercicio del habeas data, con el propósito de mantener la integridad,
calidad y vigencia del dato.
REGIMEN DE TRANSICION Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
La condición de beneficiario del régimen de transición (como
régimen especial) sólo se otorga frente a aquellas personas que cumplen con
alguna de las condiciones expuestas en la ley, lo que necesariamente exige
confrontar su información personal con los datos administrados por las
entidades responsables del manejo de su historia laboral y pensional (habeas
data). Es decir que, desde esta óptica, los datos personales relevantes son la
edad o el tiempo de servicio cotizado, pues de ellos depende que el afiliado
pueda pensionarse bajo los parámetros previstos antes de la entrada en vigencia
del Sistema General de Pensiones.
DERECHO AL HABEAS DATA-Orden a Colpensiones revisar y
actualizar historia laboral y corregir cualquier inconsistencia que
exista en relación con el nombre de la demandante y con las cotizaciones
efectuadas como trabajadora independiente
Referencia:
Expedientes T-4.350.117, T-4.362.060 y T-4.365.843.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC., quince (15) de
septiembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos dictados por las autoridades judiciales mencionadas en el siguiente
cuadro:
Número del
expediente
Partes
Primera
instancia
Segunda
instancia
T-4.350.117
María Clemencia Elsie Lopera de Jiménez contra
Colpensiones.
Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá.
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá.
T-4.362.060
Carmen Elisa Téllez Chivatá contra Colpensiones.
Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá.
Sala de Decisión Especializada en Restitución de Tierras,
Sala Civil, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
T-4.365.843
Jairo Naranjo Correa contra Colpensiones.
Juzgado 4 Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá
No se surtió.
I. ANTECEDENTES
1.1. Aclaración metodológica
La Sala de Selección Número Cinco
mediante Auto del 29 de mayo de 2014, además de seleccionar los expedientes de
la referencia, decidió acumularlos para que fueron fallados en una sola
providencia, por presentar unidad de materia. Por esta razón, en la presente sentencia
se expondrán de manera conjunta los hechos y argumentos que justifican el
amparo propuesto, los cuales giran principalmente en torno a la protección del habeas
data en el ámbito de la seguridad social y a las reglas vinculadas con el
otorgamiento excepcional de la pensión de vejez. De igual manera, se procederá
en lo que respecta a los fallos de instancia, en los que se invocó la
improcedencia de la acción de tutela frente al reconocimiento y pago de la
citada prestación, a pesar de que en algunos de ellos se tuteló el derecho de
petición.
Cabe destacar que al final de
esta sentencia, en el anexo, se podrán consultar las particularidades de cada
una de las causas, cuya presentación se realizará de forma separada. Por lo
demás, al momento de examinar cada uno de los casos sub-judice, se
aplicarán de manera puntual las consideraciones generales que se expondrán por
esta Sala de Revisión en la parte motiva del fallo.
1.2. Hechos relevantes comunes
(i) Los accionantes, cuyas edades
al momento de instaurar la acción de tutela eran de 70, 68 y 73 años
respectivamente, solicitaron en varias ocasiones al Seguro Social y luego a COLPENSIONES,
el reconocimiento de la pensión de vejez.
(ii) Los demandantes adujeron que
era procedente el otorgamiento de la citada prestación por cumplir, en su
criterio, con los requisitos de tiempo de cotización y edad exigidos conforme
con el régimen de transición, regulado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
(iii) Las entidades previamente
mencionadas negaron la prestación reclamada, en todos los casos, con fundamento
en que se incumplió con el requisito de semanas cotizadas. De igual manera, se
adujo inconsistencias en la historia laboral, las cuales podían ser corregidas
previa solicitud de los accionantes. De manera puntual, en el expediente
T-4.362.060 (caso Téllez Chivatá), el ISS le indicó a la demandante que no era
viable contabilizar simultáneamente el tiempo cotizado y el laborado como
servidor público, aunque, con posterio-ridad, COLPENSIONES le sugirió que
acreditara si había trabajado en el sector público.
(iv) Al momento de formular los
recursos en contra de la citada decisión, los accionantes plantearon la
existencia de varios errores en la historia laboral y solicitaron las
correspondientes correcciones, ya fuera porque se dejaron de tener en cuenta
semanas cotizadas, por cruces en las cuentas de pago o por deudas de
empleadores o terceros responsables. En cualquiera de las citadas hipótesis, las
entidades dejaron abierta la posibilidad de que volvieran a pedir la corrección
de la historia laboral y de que allegaran los documentos que facilitaran su
gestión.
(v) Con todo, según las citadas
entidades, tras efectuar las actualizaciones de las historias laborales, con
sujeción a los documentos que habían sido suministra-dos, se continuaba sin acreditar
el requisito de tiempo mínimo de cotización para acceder a la prestación reclamada.
1.3. Solicitud y argumentos de
los demandantes
1.3.1. Los demandantes
solicitaron al juez de tutela que, tras amparar sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social, se ordenara a Colpensiones que
reconociera y pagara la pensión de vejez a que tienen derecho, incluyendo las
mesadas dejadas de percibir desde la primera solicitud hecha al Seguro Social.
Sin embargo, como se verá más adelante, a juicio de esta Sala de Revisión, el
conflicto a resolver gira en realidad en torno a la protección del derecho
fundamental al habeas data, razón por la cual –de concederse el amparo– la
orden se dirigirá a reparar la afectación producida respecto de este derecho.
1.3.2. En lo que atañe a los
argumentos para justificar el amparo, en primer lugar, se exponen las razones
de procedencia, frente a lo cual, en virtud de su edad, se alega por los
accionantes su condición de sujetos de especial protección constitucional,
motivo por el cual los otros medios de defensa judicial existentes son
ineficaces para obtener la defensa oportuna de sus derechos, más aún cuando el
régimen de transición estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que hace
imperioso el examen de su caso por vía de las atribuciones propias del juez
constitucional.
Aunado a lo anterior, se explica que
dependen de la pensión para satisfacer sus necesidades y que han agotado los
recursos administrativos exigibles, lo que demuestra un actuar diligente frente
a su condición de sujetos de especial protección. En cuanto al principio de
inmediatez, sostienen que en su caso se presenta un daño continuado, por lo que
han obrado dentro de unos parámetros razonables en lo que respecta a la carga
de tener que pedir el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
De manera puntual, en el
expediente T-4.350.117 (caso Lopera de Jiménez), la demandante plantea que, a
pesar de haberse instaurado con anterioridad otra acción de tutela no se
presenta la figura de la temeridad, ya que al radicarse una nueva petición ante
Colpensiones, surgió un hecho reciente e inédito frente a las circunstancias
que fueron sometidas con anterioridad a conocimiento del juez constitucional.
Por su parte, en el expediente T-4.362.060 (caso Téllez Chivatá), la accionante
manifiesta que, por padecer un tumor maligno en el estómago, sólo demandó tras
las cirugías que le fueron realizadas. Sin embargo, como consta en el acervo
probatorio del juicio de amparo, después de realizase varios procedimientos
médicos, se encuentra libre de cáncer.
1.3.2. En segundo lugar, en lo
relativo a los argumentos para justificar la prosperidad de sus pretensiones, los
demandantes indican que se han dejado de tener en cuenta semanas que fueron
cotizadas o tiempo laborado, de manera que, por problemas internos de la
entidad, no se les reconoce la prestación a que tienen derecho, a pesar de cumplir
con los requisitos exigidos por la ley. Por lo demás, reiteraron que pertenecen
al régimen de transición, que dejará de tener vigencia el 31 de diciembre del
año en curso, por lo que de no tenerse en cuenta dichas semanas y tiempos
laborados se arriesgan a perder sus beneficios.
Por último, indican que la mora
de un tercero responsable de realizar las cotizaciones no les es oponible, pues
es deber de la entidad demandada vigilar su pago oportuno y, en su defecto,
iniciar las acciones correspondientes para lograr coactivamente la satisfacción
de dichas obligaciones.
1.4. Contestación de las
demandas
En los casos T-4.350.117 y
T-4.362.060 (casos Lopera de Jiménez y Téllez Chivatá), Colpensiones guardó
silencio; mientras que, en el expediente                 T-4.365.843 (caso
Naranjo Correa)), de manera extemporánea, la citada entidad señaló que la
acción de tutela debía ser declarada improcedente por dos razones: por existir
otros medios de defensa judicial y porque todas las solicitudes del actor
fueron contestadas por el ISS, sin que se observe transgresión alguna de un
derecho fundamental.
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
Todas las autoridades judiciales argumentaron
que, en lo atinente al reconoci-miento de la prestación reclamada, la acción de
tutela es improcedente, por cuanto existen los mecanismos ordinarios de defensa
judicial y no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, entre
otras, por cuanto no se acreditó la afectación de derechos como el mínimo
vital. Igualmente, comoquiera que ninguno de los accionantes supera los 73 años
de edad, se consideró que no pertenecen al grupo poblacional de la tercera edad.
Por lo demás, se enfatizó en el
hecho de que no existen pruebas que acreditaran que efectivamente se hubiese
cotizado el tiempo requerido para acceder a la pensión de vejez. De manera que
no se evidencia, ni siquiera de forma sumaria, el cumplimiento de los
requisitos legales para acceder a la prestación solicitada.
En este orden de ideas, se indicó
por los jueces de instancia, que las discrepan-cias frente a las semanas
efectivamente cotizadas debían ser resueltas ante el juez natural, en la
jurisdicción ordinaria, donde se respetaría plenamente el derecho de
contradicción de las partes, el cual se vería afectado por la dinámica informal
y sumaria de la acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
3.1. Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en las acciones de tutela de
la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. Los expedientes fueron seleccionados por medio de Auto del 29 de mayo de 2014 proferido
por la Sala de Selección número Cinco.
3.2. Planteamiento del caso, problema
jurídico y esquema de resolución
3.2.1. En varias ocasiones, los
accionantes formularon varias peticiones al ISS y a COLPENSIONES para que les
fuese reconocida la pensión de vejez[1].
Sin embargo, las citadas entidades indicaron que no se cumplía con el requisito
del tiempo laborado o semanas cotizadas para acceder a dicha prestación, razón por
la cual las conminaba a continuar realizando aportes al sistema de seguridad
social en pensiones o, en su defecto, a pedir el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva[2].
En contra de la posición asumida
por las autoridades de la referencia, los demandantes solicitaron a través de
varios escritos que se corrigieran errores que, en su criterio, figuraban en sus
historias laborales y que inexorablemente incidían en el reconocimiento de la
citada prestación. Igualmente, cuestionaron que se les imputara la mora de terceros
en el pago oportuno de las cotizaciones y criticaron la supuesta inactividad de
las entidades de seguridad social para garantizar el cumplimiento forzoso de dicha
obligación de cotización. Tras desplegar varias actuaciones administrativas,
que incluyeron la solicitud de allegar documentos, las entidades vinculadas con
la resolución de la contro-versia (COLPENSIONES y el ISS), adujeron que los actores
seguían sin acreditar el requisito del tiempo laborado o semanas cotizadas,
pese a lo cual tenían la posibilidad de corregir las historias laborales,
previo envío de la documentación pertinente para tal efecto.
Por lo demás, en criterio de los
accionantes, la solicitud dirigida a la obtención de su pensión de vejez tiene
la importancia de buscar la realización del Acto Legislativo No. 01 de 2005, referente
al régimen de transición, el cual no sólo los cobija, sino que por razón de su
cobertura dejará de tener vigencia el 31 de diciembre del año en curso[3].
En consecuencia, si una persona no reúne los requisitos para acceder a la
prestación antes de dicha fecha, tendrá que someterse a los parámetros generales
del sistema de seguridad social.
Finalmente, para los jueces de
instancia, el amparo es improcedente, en primer lugar, por la existencia de
otros medios de defensa judicial y por la falta de acreditación de un perjuicio
irremediable; y en segundo término, por la ausencia de una prueba siquiera
sumaria que permita constatar que el tiempo requerido para acceder a la pensión
de vejez fue efectivamente cotizado o laborado.
3.2.2. En este contexto y a pesar
de que en todos los casos ha trascurrido al menos un lustro desde que los
accionantes efectuaron por primera vez la solicitud de reconocimiento de la
pensión de vejez, se pide al juez de tutela que ordene el otorgamiento de la citada
prestación, así como el pago de las mesadas dejadas de percibir desde aquél
momento.
Al respecto, como se ha señalado
en otras oportunidades, reitera la Sala que el artículo 86 de la Constitución
Política contempla la posibilidad de toda persona de acudir ante los jueces de
la República, a través de la acción de tutela, para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, ya sea por sí misma o por quién actúe
en su nombre. Como se trata de una acción cuyo ejercicio se puede realizar sin
apoderado judicial, en procura de la efectividad de los derechos ciudadanos, la
Corte ha señalado que una de sus características es la informalidad, la cual se
extiende incluso a los casos en que se ejerce la acción por un profesional del
derecho, pues su objetivo es la realización efectiva de los derechos
fundamentales.
Debido a tal atributo, el juez
constitucional ha de analizar de manera oficiosa, a partir de las
circunstancias concretas del caso, cuál es el conflicto que se le presenta y si
el mismo ha de ser resuelto a través de la acción de amparo constitucional.
Esta atribución se deriva del
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el cual contempla que la solicitud de
tutela deberá expresar con la mayor claridad posible, la acción o la
omisión que la motiva, el derecho que se considera transgredido o amenazado, el
posible autor de la amenaza o agravio y “la descripción de las demás
circunstancias relevantes para decidir la solicitud”. Adicionalmente, se
establece que no “será indispensable citar la norma constitucional
infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado”.
En consecuencia, es el juez constitucional quien, de manera oficiosa, debe
esclarecer las actuaciones u omisiones que amenazan o vulneran los derechos
fundamentales, así como determinar –realmente– qué norma constitucional fue
infringida y cuál es la pretensión que se pretende realizar a través del amparo
constitucional.
3.2.3. Frente a lo anterior, a
juicio de esta Sala, el asunto propuesto debe ser abordado a partir de un
conflicto que gira en torno al habeas data, y no como uno dirigido a la
obtención y pago de las pensiones de vejez reclamadas, por las siguientes
razones:
- En primer lugar, porque la
controversia planteada se relaciona con la veraci-dad, integralidad y
actualidad de los datos que en materia pensional, son objeto de tratamiento por
parte de la entidad demandada, ya que a pesar de que los accionantes han
formulado múltiples solicitudes, persiste la incertidumbre sobre el número de
semanas cotizadas o el tiempo efectivamente laborado. En efecto, en el expediente T-4.350.117, la señora María Clemencia Elsie Lopera
de Jiménez solicitó en varios momentos, entre ellos, el 7 de abril de 2011 y el
23 de noviembre de 2012, que se adelantaran correcciones a su historia laboral.
En la primera oportunidad le indicaron que contaba con 910 semanas cotizadas,
mientras que, en la segunda ocasión, dicha sumatoria llegó a las 997. Lo mismo
ocurrió respecto de la señora Carmen Elisa Téllez Chivatá, referente al
expediente T-4.362.060, a quién en diferentes momentos le informaron que tenía
950 semanas cotizadas, para luego señalarle que sólo contaba con 724. Por
último, en lo que atañe al caso del señor Jairo Naranjo Correa, correspondiente
al expediente T-4.365.843, se presenta la misma situación descrita, ya en un
momento le indicaron que contaba con 816 semanas, para luego señalarle, sin que
al parecer figuraran unos tiempos laborados en particular, que tenía 830
semanas.
En este orden de ideas, en el
asunto bajo examen, lo que se observa es una tensión respecto del derecho
fundamental al habeas data, cuyo ámbito de protección se concreta
precisamente en la facultad de las personas de conocer, actualizar y rectificar
las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y
archivos de entidades públicas y privadas[4].
Entre las facultades que se confieren al titular de los datos personales, se
hallan, entre otras, las siguientes: autorizar, conocer, rectificar, incluir y
suprimir los datos[5].
Precisa-mente, en el asunto sub-judice, se plantea un problema de
actualización e inclusión de información, pues –en criterio de los accionantes–
existen inconsistencias en la sumatoria de semanas cotizadas o tiempo laborado,
que genera un estado latente de indefinición respecto del derecho de acceso a
la pensión de vejez.
De ahí que, mientras no exista
claridad sobre el número de semanas cotizadas o tiempo laborado para obtener la
citada prestación, no le es posible al juez de tutela proceder al examen y
conceder un amparo respecto del derecho pensional solicitado, pues, como lo ha
señalado de forma reiterada esta Corporación, uno de los requisitos para que
proceda en esta materia la citada acción, caracterizada por su informalidad y
celeridad en el tiempo, es el de acreditar durante su trámite
–por lo menos sumariamente– que se cumplen con los requisitos legales para
acceder a la prestación reclamada. Sobre este punto, se ha dicho que:
“El excepcional reconocimiento del derecho pensional por vía de
tutela se encuentra sometido, adicionalmente, a una última condición de tipo
probatorio, consistente en que en el expediente esté acreditada la
procedencia del derecho, a pesar de la cual la entidad encargada de
responder no ha hecho el mencionado reconocimiento o simplemente no ha ofrecido
respuesta alguna a la solicitud. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales no
se encuentre plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos y los
derechos fundamentales del solicitante se encuentren amenazados por un
perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá reconocer de manera transitoria
el derecho pensional cuando exista un considerable grado de certeza sobre la
procedencia de la solicitud.
El mencionado requisito probatorio pretende garantizar dos
objetivos: en primer lugar, busca asegurar la eficacia de los derechos
fundamentales del sujeto que a pesar de encontrarse en una grave situación
originada en el no reconocimiento de su derecho pensional, cuya procedencia
está acreditada, no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la
normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en las que apoya su
petición. Y, en segundo lugar, este requisito traza un claro límite a la
actuación del juez de tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación
excepcional en los precisos casos en los cuales esté demostrada la procedencia
del reconocimiento.”[6]
En este contexto, en ninguno de
los casos bajo examen se otorgan elementos de juicio que permitan tener certeza
y claridad sobre el cumplimiento del requisito exigido para acceder a la
pensión de vejez, por lo que no puede el juez de tutela proceder directamente a
su reconocimiento. Por el contrario, la lógica con la que se plantea el amparo
mismo demuestra que se trata una discusión sobre la inconsistencia que se
presenta en el manejo de la información que reposa en la base de datos de la
entidad demandada, cuya definición necesariamente se convierte en un paso
previo para solicitar el otorgamiento del aludido derecho prestacional, bajo la
dinámica propia de las atribuciones que surgen del derecho fundamental al habeas
data, entre las que se destaca, por ejemplo, la de mantener debidamente
actualizada la historia laboral de los accionantes.
- En segundo lugar, esta
aproximación al caso bajo examen permite superar los problemas de procedencia
que se presentan en el expediente T-4.350.117 (caso Lopera de Jiménez), en el
que se alega la existencia de una posible temeridad, en la medida en que con
anterioridad se había fallado un proceso de tutela en relación con el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el cual había sido resuelto de
manera contraria a las pretensiones de la accionante. Precisamente, al entender
que en esta oportunidad se está en presencia de una discusión distinta,
vinculada con la salvaguarda del derecho al habeas data, es innecesario
realizar un examen acerca de si se presenta o no la triple identidad (sujetos,
causa y objeto) que conducen a rechazar los amparos que incurren en un actuar
temerario[7].
3.2.4. De donde resulta que, a partir de la delimitación del caso en los términos previamente expuestos,
le corresponde a esta Corporación determinar, si al no existir claridad sobre el
número de semanas cotizadas o el tiempo laborado por los demandantes en los
archivos de COLPENSIONES[8],
se vulneró por la citada entidad su derecho fundamental al habeas data
en el ámbito de la seguridad social.
Con el
propósito de resolver este problema jurídico, este Tribunal inicialmente
(i) reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en torno al derecho al habeas
data en el ámbito de la seguridad social, y (ii) luego recordará algunos aspectos
del régimen de transición y del Acto Legislativo No. 01 de 2005, cuya
pertinen-cia para resolver los casos sometidos a decisión, se encuentra en que
los actores alegan pertenecer a dicho régimen. Finalmente,
(iii) con sujeción a los temas expuestos, (iii) se resolverán los casos
en concreto.
3.3. Del habeas data en
el ámbito de la seguridad social
Para el desarrollo de este
acápite, en una primera parte, la Sala expondrá algunos elementos generales del
habeas data, desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporación y
las leyes estatutarias que regulan la materia. A continuación, en segundo
lugar, se ahondará en los elementos específicos de este derecho en relación con
la seguridad social.
3.3.1. Aspectos generales del
habeas data
3.3.1.1. El artículo 15 de la
Constitución Política contempla, como derecho fundamental, la facultad de las
personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y archivos
de entidades públicas y privadas[9].
Dicha garantía ha sido identificada por este Tribunal como el derecho al habeas
data, cuyos elementos característicos han sido descritos por la
jurisprudencia[10]
y también han sido objeto de regulación mediante leyes estatutarias, como lo
son la Ley 1266 de 2008[11]
y la Ley 1581 de 2012[12].
Por ello, en el presente acápite, esta Sala reiterará brevemente los aspectos
relacionados con la caracterización del citado derecho, las facultades que
confiere y los principios que lo rigen.
3.3.1.2.
En cuanto a su caracterización, conforme se expuso en la Sentencia
C-748 de 2011[13],
su protección surgió estrechamente vinculada con otras garantías ius
fundamentales, como la honra, la intimidad, la reputación, el libre
desarrollo de la personalidad y el buen nombre. No obstante, a partir de la
limitación de su ámbito de ejercicio y del desarrollo de la sociedad de la
información, este derecho fue adquiriendo un carácter autónomo.
En este
orden de ideas, en la citada sentencia, la Corte señaló que en virtud de lo
previsto en el artículo 15, leído en conjunto con los artículos 16 y 20 de la
Constitución, surge “derecho fundamental autónomo catalogado como derecho al habeas
data y, en algunas oportunidades, como derecho a la autodetermina-ción
informativa o informática”. Esa autonomía se
explica por las potestades que confiere en el ámbito del manejo y tratamiento
de los datos personales, cuya aplicación lo hace diferenciable de otros
derechos como el buen nombre o la intimidad, pese a que en ciertas ocasiones su
transgresión pueda repercutir en dichas garantías constitucionales. Así, por
ejemplo, en la Sentencia SU-458 de 2012[14], se expuso que:
“La Corte reafirma esta condición del habeas data
como derecho autónomo y como garantía. Como derecho autónomo, tiene el habeas
data un objeto protegido concreto: el poder de control que el titular de la
información puede ejercer sobre quién (y cómo) administra la información que le
concierne. En este sentido el habeas data en su dimensión subjetiva
faculta al sujeto concernido a conocer, actualizar, rectificar, autorizar,
incluir, excluir, etc., su información personal cuando ésta es objeto de
administración en una base de datos. A su vez, como garantía, tiene el habeas
data la función específica de proteger, mediante la vigilancia del cumplimiento
de las reglas y principios de la administración de datos, los derechos y
libertades que dependen de (o que pueden ser afectados por) una administración
de datos personales deficiente. Por vía de ejemplo, el habeas data opera
como garantía del derecho al buen nombre, cuando se emplea para rectificar el
tratamiento de información falsa. Opera como garantía del derecho a la
seguridad social, cuando se emplea para incluir, en la base de datos,
información personal necesaria para la  prestación de los servicios de
salud y de las prestaciones propias de la seguridad social. Opera como garantía
del derecho de locomoción, cuando se solicita para actualizar información
relacionada con la vigencia de órdenes de captura, cuando éstas por ejemplo han
sido revocadas por la autoridad competente. Y finalmente, puede operar como
garantía del derecho al trabajo, cuando se ejerce para suprimir información que
funge como una barrera para la consecución de un empleo.”
3.3.1.3.
El ámbito de protección del habeas data no es cualquier tipo de
información que se relacione con una persona. Precisamente, como se infiere de
la Constitución y de la ley, su operatividad depende de un entorno específico,
esto es, de un contexto vinculado con la administración de bases de datos personales.
Por ello, como se dijo en la Sentencia SU-458 de 2012[15], “su ejercicio es
imposible jurídicamente en relación con información personal que no esté
contenida en una base o banco de datos, o con información que no sea de
carácter personal”. Al tenor de la citada limitación, la Sala se
referirá inicialmente a lo que se entiende por bases de datos y, a
continuación, a la noción de datos personales.
El literal b) del artículo 3 de
la Ley 1581 de 2012 define como base de datos al “conjunto organizado de
datos personales que sea objeto de tratamiento”[16]. Esta
definición fue sometida a examen de constitucionalidad en la
Sentencia            C-748 de 2011[17],
en la cual –más allá de encontrar que en nada desconocía el Texto Superior– se
consideró que su conceptualización también debía cobijar a los archivos, “entendidos
como depósitos ordenados de datos”, a los cuales se refiere el artículo 1
de la ley en mención[18].
De lo anterior se infiere que una base de datos
corresponde al conjunto sistematizado de información personal que puede ser
tratada de alguna manera, como ocurre con el ejercicio de los atributos de
recolección, uso, almacenamiento, circulación o supresión. Por su parte, en lo
que atañe al dato personal, la ley previamente mencionada indica que se refiere
a “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables”[19].
De lo
anterior se deriva que, en criterio de este Tribunal, únicamente los datos
personales que hagan parte de un archivo o base de datos que permita el
tratamiento de dicha información, podrá manejarse bajo los parámetros del habeas
data.
3.3.1.4.
Ahora bien, los datos personales pueden ser clasificados en cuatro grandes
categorías: públicos, semiprivados, privados y sensibles. De acuerdo con
la Ley 1266 de 2008, es público el dato calificado “como tal según
los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no
sean semiprivados o privados (…). Son públicos, entre otros, los datos
contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente
ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil
de las personas”[20].
En el mismo sentido, el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1377 de 2013
señala que: “Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil
de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de
servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar
contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y
boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
estén sometidas a reserva”.
A su vez, son semiprivados
aquellos datos “que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general”[21]. Por
lo demás, son privados aquellos que datos “por su naturaleza íntima o
reservada sólo [son] relevante[s] para el titular”[22].
Por
último, son datos sensibles “aquellos
que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia
a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y
garantías de partidos políticos de oposición[,] así como los datos relativos a
la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”. Por su propia
naturaleza, estos datos se vinculan con la salvaguarda de la intimidad de su
titular o con la proscripción de actos discriminatorios.
3.3.1.5.
En líneas anteriores quedó establecido el ámbito en el cual se ejerce el
derecho al habeas data. A continuación, la Corte hará referencia a las
facultades que surgen del mismo. Así, por una parte, quien ejerce el denominado
poder informático, asume la facultad de administrar una base de datos y
de realizar el tratamiento de la información personal que allí se encuentran,
lo cual incluye           –entre otras– el desarrollo de las atribuciones de
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, sin importar si se
trata de una entidad pública o privada, en los términos previstos en la Ley
1581 de 2012[23].
Un ejemplo de lo anterior, como se expuso en la citada Sentencia SU-458
de 2012, son las bases de datos sobre antecedentes crediticios, ya que “quien
las administra y quien las usa, tiene el poder de limitar las libertades
económicas de las personas cuyos datos personales son objeto de
administración”.
En cuanto a las facultades que el habeas data confiere al titular de los datos
personales, se hallan, entre otras, las siguientes: autorizar, conocer,
rectificar, incluir y suprimir los datos[24]. En este sentido, de conformidad con
la Sentencia C-748 de 2011, se entiende que,
“(…) dentro de
las prerrogativas –contenidos mínimos– que se desprenden de este derecho
encontramos por lo menos las siguientes: (i) el derecho de las personas
a conocer la información que sobre ellas está recogida en bases de
datos, (…); (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de
se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar
la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos;
(iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada
o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; [y] (v) el
derecho a excluir información de una base de datos, bien por que se está
haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del
titular                     –salvo las excepciones previstas en la normativa–”.
Se
trata obviamente de una enumeración de facultades que puede ser objeto de uso y
ampliación, a partir de la naturaleza del dato personal y del contexto en el
que tiene aplicación el habeas data.
3.3.1.6. Finalmente,
tanto en las leyes estatutarias previamente referidas como en la jurisprudencia
constitucional, se ha ahondado en el estudio de ciertos principios que rigen el
tratamiento de los datos, sin importar su naturaleza[25]. De ellos se
derivan obligaciones para las entidades –sean públicas o privadas– que, entre
otros, acopien, procesen o divulguen datos personales. Dichos deberes, a su
vez, se relacionan con las facultades que el habeas data confiere al titular
de la información. Sin el ánimo de agotar su estudio, en esta providencia se
hará referencia a aquellos pertinentes para la resolución de los casos
sometidos a decisión[26].
Para comenzar, en términos
generales, es preciso señalar que los principios de veracidad y finalidad,
tienen el propósito circunscribir la actividad de administración de información
personal contenida en bases de datos. Son principios que al limitar el
ejercicio de las competencias de los administradores, definen el margen de su
actuación y son una garantía para las libertades de los sujetos concernidos por
la información administrada.
En cuanto al primero de los
citados principios, esto es, el de veracidad, en el literal d) del
artículo 4º de la Ley 1581 de 2012, se define como aquél que sujeta el manejo
de la información a que su tratamiento sea veraz, completo, exacto, actualizado,
comprobable y comprensible. De manera que, por virtud de la ley, se
prohíbe “el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que
induzcan a error”. Sobre el particular, en la citada Sentencia C-748 de
2011, se señaló que: “Según el principio de veracidad, los datos personales
deben obedecer a situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que se
encuentra prohibida la administración de datos falsos o erróneos”[27].
Por su parte, en el literal b) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, el
legislador también consagró el principio de finalidad, cuyo objeto
apunta a exigir que “el tratamiento [de datos] debe obedecer a una finalidad
legítima[,] de acuerdo con la Constitución y la ley (…)”. Como expresión de
lo anterior, en la Sentencia C-748 de 2011[28], con base en la denominada teoría
de los ámbitos, se expuso que este principio implica que la información se destine a realizar los fines exclusivos para
los cuales fue entregada por el titular o aquellos propósitos u objetivos
respecto de los cuales eventualmente se autoriza su uso, ya sea porque se
permite su tratamiento sin autorización[29] o porque se trata de una hipótesis en
la que los datos son producidos en el desarrollo de las facultades propias del habeas
data. Lo anterior, en un escenario acorde con la razón de ser de la base de
datos y con el contexto en el cual ellos son suministrados u obtenidos.
De
donde que se deriva que, además de velar por una finalidad constitucional
legítima, el tratamiento debe estar previa, clara y suficientemente determinado.
Por ello, por ejemplo, es contrario a este principio cualquier recopilación que
no estuviera especificada en lo que a su finalidad se refiere, así como la
utilización o divulgación del dato por fuera de los márgenes trazados en la
delimitación de su propósito. Como se observa se trata de una herramienta útil
para evitar arbitrariedades en el manejo de la información por parte de quien
trata el dato o por quien, eventualmente, puede acceder o hacer uso del mismo.
Al tiempo que logra una protección objetiva de los derechos de las personas con
ocasión de un inadecuado manejo de esos datos.
En este
orden de ideas, en criterio de la Corte, es claro que los datos personales
deben ser procesados sólo en la forma en que la persona afectada puede
razonablemente prever o que, como se deriva de lo expuesto, conduzca a evitar
una afectación objetiva en sus derechos.
3.3.1.7. En conclusión, en virtud
de lo expuesto, es claro que el habeas data es un derecho que reviste al
titular del dato personal de ciertas atribuciones y facultades en relación con
la entidad que tiene bajo su cargo su tratamiento, entre ellas, se destacan la
posibilidad de solicitar la actualización del dato, la inclusión o
rectificación de la información y, en general, todas aquellas medidas que
permitan asegurar su adecuada administración. A pesar de ser un derecho
autónomo, en varias ocasiones, puede incidir en el goce de otros derechos, como
más adelante se verá respecto de la seguridad social. Por ello, en el entorno en
el que se desarrolla su ejercicio, resultan relevantes dos principios que
delimitan su ámbito axiológico de aplicación, a saber: el principio de veracidad
o calidad del dato y el principio de finalidad. El primero prohíbe
que el tratamiento sea parcial, incompleto, fraccionado o que induzca al error;
mientras que, el segundo, supone que el manejo del dato debe perseguir un
objetivo o propósito acorde con la Constitución y la ley, cuya definición
deslinda las atribuciones que se consagran para su procesamiento.
3.3.2. Aspectos específicos
del habeas data en relación con la seguridad social
3.3.2.1. La seguridad social es
categorizada por la Constitución como un derecho y un servicio público
obligatorio, cuya dirección, coordinación y control le compete al Estado, habilitando
su prestación por entidades públicas o privadas[30].
En lo que respecta al Sistema General de Pensiones, el legislador previó dos
regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, con el fin de alcanzar la
universalidad en su cobertura, a saber: (a) el Régimen Solidario de Prima Media
con Prestación Definida y (b) el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad[31].
El primero de los citados
regímenes se caracteriza por la obligación de realizar aportes al sistema para poder obtener una pensión de vejez, invalidez o de
sobrevivientes, previamente definidas en la ley, a favor de sus afiliados o
beneficiarios, independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas,
siempre que se cumplan con los requisitos legales, tales como, edad y número de
semanas cotizadas. En todo caso, ante el incumplimiento de los citados
requisitos, los afiliados o beneficiarios tienen derecho a reclamar una
prestación indemnizatoria (también llamada: indemnización sustitutiva).
En este régimen,
los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de
naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan
la calidad de pensionados, así como, los gastos de administración y la
constitución de reservas para asegurar el pago de futuros acreedores
pensionales. Su administración inicialmente se previó a cargo del Instituto de
Seguros Sociales (ISS)[32],
cuyas funciones fueron asumidas por COLPENSIONES tras su liquidación[33].
3.3.2.2. Según lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 100 de 1993, entre las amplias facultades de
investigación y fiscalización con las que cuenta dicha autoridad, se encuentra la
de “verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes,
cuando consideren necesario (…)” y la de “exigir a los empleadores o
agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, la
presentación de documentos o registros de operaciones (…)”.
El conjunto de estas atribuciones
le otorgan a la entidad encargada de la administración del Régimen de Prima
Media, la condición de responsable del tratamiento de la información y de
los datos específicos sobre los cuales ejerce el poder informático, esto es, aquellos
que componen la historia laboral de sus afiliados, que incluye, básicamente, la
identificación del tiempo laborado y/o de las semanas cotizadas[34].
Como se observa se trata de una información que se predica de forma específica
de una persona natural determinada o determinable, que consta en archivos de
una entidad pública, por lo que claramente cumple con los requisitos para ser
considerada un dato de naturaleza personal[35].
Ahora bien, para efectos de esta sentencia, se entiende que se trata de datos
de circulación semiprivada, pues no tienen una connotación íntima, reservada o
pública, y además, su conocimiento interesa al Sistema General de Seguridad Social
y a las entidades que lo integran.
De lo anterior
se desprende que COLPENSIONES, como entidad que tiene bajo su cargo la
administración del Régimen de Prima Media, debe cumplir con los deberes que se
predican de todo aquél que ejerza el poder informático, entre los cuales se encuentran:
la guarda, el manejo adecuado, la atención de requeri-mientos del titular del
dato, la actualización, la corrección, e incluso –en caso de destrucción o
pérdida– la reconstrucción de la historia laboral. Lo anterior, en términos
generales, implica obrar conforme con los principios de veracidad y finalidad
que rigen el ejercicio del habeas data, con el propósito de mantener la
integridad, calidad y vigencia del dato. En este sentido, es preciso destacar
lo expuesto por esta Corporación en las Sentencias T-144, T-494 y T-592 de
2013.
Así, en la
primera de las citadas providencias[36],
se destacó que: “en caso de que la información de la historia laboral de
un afiliado contenga inexactitudes y así lo advierta la
entidad administradora de pensiones o se lo haga saber el propio afiliado, es
deber de ésta desplegar las actuaciones pertinentes que conduzcan a la
corrección de cualquier información errónea o inexacta, pues de lo contrario se
vulneraría el derecho al habeas data al negarle al titular del derecho
la posibilidad de que dichos datos sean corregidos o complementados,
descono-ciendo, por lo tanto, la obligación de dichas entidades de registrar
datos completos y veraces, que reflejen la realidad de la historia laboral del
afiliado”.
Por su parte,
siguiendo la misma línea de lo expuesto, en la Sentencia T-494 de 2013[37], se señaló que: “este
Tribunal ha explicado que cuando una entidad
administradora de pensiones desatiende los requerimientos del afiliado en los
que advierte sobre la inexactitud de su historia laboral, no desplegando las
actuaciones pertinentes que conduzcan a resolver el desacuerdo del usuario
sobre la veracidad o la integridad de los datos consignados en sus bases de
datos, vulnera el habeas data, pues le niega la posibilidad de que sean
corregidos o complementados, pasando por alto su obligación de registrar
información veraz y completa que corresponda a la realidad de la afiliación
(…). [En] casos en los que debido a inconsistencias en la historia laboral se
ha denegado el reconocimiento de pensiones de vejez, esta Corporación
reiteradamente[38]
ha considerado que las administradoras de pensiones tienen la
obligación de custodia, conservación y guarda de la información y de los
documentos que soportan las cotizaciones de un afiliado, así como el deber de
organizarlos y sistematizarlos; por consiguiente, el incumplimiento de aquellas
desde el punto de vista operacional, no puede traducirse en una denegación del
derecho a la seguridad social del ciudadano que tiene la expectativa legitima
de pensionarse”.
Finalmente, en el tercero de los
fallos en mención, esto es, en la Sentencia                T-592 de 2013[39],
de forma general, este Tribunal recordó que “los principios
del habeas data implican deberes constitucionales para las entidades que
custodian y administran la información contenida en archivos y bases de datos.
Así, dichas entidades deben observar una obligación general de seguridad y
diligencia en la administración y conservación de los datos personales y una
obligación específica de corregir e indemnizar los perjuicios causados por el
mal manejo de la información”.
No cabe duda entonces que dentro de los deberes de COLPENSIONES, se halla el de guardar la
debida custodia y la correcta administración de la historia laboral de sus
afiliados, cuya observancia implica la carga de mantener debida-mente
actualizados sus datos. Además, como consecuencia de lo anterior, se le exige
también la obligación de corregir y de brindar una atención adecuada a los
requerimientos que el titular de la información formule, con el compromiso de
desplegar las actuaciones necesarias para garantizar la certeza y vigencia de los
datos. Lo contrario, como se profundizará más adelante, conduce a la
trasgresión del derecho fundamental al habeas data. En este sentido, no
sobra insistir en que las entidades que asumen la condición de responsables
del tratamiento, como ocurre en este caso con la citada administradora de
pensiones, asumen la responsabilidad de contar con las herramientas técnicas y
los medios necesarios para cumplir con dichas obligaciones.
3.3.2.3. Ahora bien, es preciso
destacar que el incumplimiento de los deberes atinentes al
tratamiento de los datos relativos a la historia laboral y pensional de los
afiliados, constituye una transgresión del derecho fundamental al habeas
data. A partir del cual y teniendo en cuenta las circunstancias de cada
caso en concreto, es posible que igualmente conduzca a la vulneración
concomitante de otros derechos, como ocurre con el debido proceso administrativo[40] o el derecho de petición,
en este último caso –por ejemplo– por no dar respuesta de fondo respecto de la
solicitud de corrección formulada por el interesado. Esta situación también
puede producirse respecto del derecho a la seguridad social, en atención a que
la historia laboral contiene datos esenciales para la obtención del estatus de
pensionado, como se presenta con el cumplimiento del requisito referente al
número mínimo de semanas cotizadas.
En este sentido,
resulta pertinente mencionar algunos aspectos destacados por la jurisprudencia
de esta Corporación en las sentencias T-482 de 2012 y T-718 de 2005.
En la primera de las mencionadas
providencias, en los términos que a continuación se exponen, se indicó que la
trasgresión del habeas data es inescindible del derecho a la seguridad
social, pues la historia laboral contiene la información sobre la hoja de vida
de la persona, que incide en el reconocimiento de las prestaciones sociales.
Así, se sostuvo que: “la titularidad del derecho pensional bajo cualquiera
de dichos regímenes [régimen de prima media con prestación definida o régimen de
ahorro individual con solidaridad], impone el manejo adecuado de la información
sobre la historia laboral de los afiliados, ya que mediante aquella se constata
el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación económica por el
riesgo de vejez”[41].
Por su parte, en la Sentencia T-718 de 2005, se afirmó que: “la
historia laboral contiene la información referente al tiempo laborado, las
cotizaciones a la seguridad social, los períodos de vacaciones disfrutados
o pendientes, el registro de sus cesantías, nombramientos, ascensos, traslados,
retiros, incapacidades, comisiones de trabajo, entre otros datos indispensables
para el goce de las prestaciones laborales que nuestro ordenamiento concede al
trabajador”[42].
3.3.2.4. Finalmente,
el manejo inadecuado de los datos, como ya se expuso,  además de trasgredir el
derecho al habeas data y de incidir en el goce efectivo de la seguridad
social, también repercute en la manera como el juez constitucional debe adoptar
medidas para reparar los derechos comprometidos, cuyo postulado básico consiste
en admitir que las consecuencias adversas que se derivan de la citada
transgresión no pueden trasladarse al afiliado del Sistema General de Pensiones.
Al respecto, en términos de la Sentencia T-855 de 2011, previamente citada, es
claro que: “al ser las entidades administradoras de
pensiones las llamadas a la conservación, guarda y custodia de los documentos
contentivos de la información correspondiente a la vinculación del afiliado al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, no les es dable trasladarle al
interesado las consecuencias negativas del deficiente cumplimiento de dichas
obligaciones, es decir, de la pérdida, deterioro, desorganización o no
sistematización de dicha información”. “Una interpretación contraria a la
anterior tornaría ineficaces las disposiciones relativas a los deberes que
competen a estas entidades como administradoras del sistema, pues administrar
implica, de suyo, propender por la mejor prestación de los servicios que se
dirigen y prestan, siendo contrario a derecho la vulneración de garantías constitucionales
como consecuencia de la inobservancia de obligaciones administrativas de esta
índole”.
A partir del
contexto previamente expuesto, y con miras a resolver la materia objeto de
controversia, es que esta Corporación entrará a analizar algunos relativos al
Acto Legislativo No. 01 de 2005.
3.4. Aspectos del régimen de transición
y del Acto Legislativo No. 01 de 2005, relevantes para los asuntos objeto de
pronunciamiento
3.4.1. El inciso 2 del artículo
48 de la Constitución Política señala que “todos los habitantes [tienen] el derecho
irrenunciable a la seguridad social”. De acuerdo con este mandato, se
promulgó la Ley 100 de 1993, entre cuyos objetivos se destaca el de unificar la
pluralidad de regímenes pensionales existentes en el país para dicho momento,
bajo la lógica de someter a los afiliados a una normatividad general que
siguiera unos mismos parámetros[43].
Por esta razón, en los artículos
10 y 11 de la ley en cita, al referirse a su objeto  y campo de aplicación se
señaló lo siguiente: “El Sistema General de Pensiones tiene por objeto
garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la
vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos
con un sistema de pensiones.” Por lo anterior, su cobertura “se aplicará
a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando,
adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y
beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas
anteriores (…)”.
Lo anterior significa que, a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, entre otras, se
pretendió garantizar una cobertura integral población, previa unificación de un
sistema de protección común. Precisamente, desde la óptica del servicio
público, no sobra recordar que la seguridad social cumple una labor
instrumental dirigida a asegurar el cumplimiento de varios fines del Estado, entre
los que destaca la guarda del mínimo vital de las personas que, por
contingencias como la vejez, podrían ver en riesgo su calidad de vida.
Precisamente, en términos de la Sentencia
C-258 de 2013, vale la pena resaltar que:
“Los sistemas de seguridad social, además de ser respuesta a
la existencia de un derecho fundamental a la seguridad social, tienen también
una función instrumental desde el punto de vista de la realización de las
finalidades del Estado Social de Derecho. // En este sentido, el artículo 48 de
la Constitución señala que la seguridad social es un servicio público de
carácter obligatorio que se debe prestar bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad. Además, el Estado, con la participación de los particulares,
tiene la obligación de ampliar progresivamente la cobertura del servicio. // La
Constitución no define con exactitud las contingencias frente a las que debe
brindar protección un sistema de seguridad social; sin embargo, de conformidad
con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los sistemas de
seguridad social se les exige brindar prestaciones sociales –en dinero o en
especie– con el fin de ofrecer protección frente a contingencias como la falta
de ingresos debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral,
vejez o muerte de un familiar; gastos excesivos de atención de salud; y apoyo
familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo[44]”.
3.4.2. Ahora
bien, para los efectos de esta sentencia, la Corte ahondará en el régimen de
transición aplicable a la contingencia derivada de la vejez, para
–con posterioridad– relacionarlo con el habeas data.
Inicialmente, es
preciso señalar que si bien el legislador pretendió unificar las reglas
pensionales en un solo sistema, también conservó por razones vinculadas con la
protección de la confianza legítima, la posibilidad de algunos afiliados de
pensionarse con las reglas preexistentes a la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. Se trató de una protección
especial para quienes a partir de la existencia de una expectativa legítima estaban
próximos obtener una pensión de vejez, de conformidad con la normatividad a la
cual se sujetaron en virtud del régimen de coberturas previsto a su favor. En
concreto, según lo dispone la ley en cita, este régimen se dispuso para quienes
al momento de entrar en vigencia el referido sistema tuvieran una edad específica
(40 años o más años si eran hombres o 35 o más años si eran mujeres) o un
tiempo mínimo de cotización, esto es, 15 años o más de servicios cotizados.
Precisamente, el
régimen de transición para acceder a la pensión de vejez se consagra en el inciso
2 del artículo 36 de la ley en mención, el cual fue definido por el legislador,
en los siguientes términos: “(…) La edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el
monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a
estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley”.
En este orden de ideas, en la
referida Sentencia C-258 de 2013, sobre el alcance del régimen de transición,
se dispuso que:
“La Ley 100 de 1993 derogó los regímenes pensionales que existían
previamente a su expedición y creó un régimen unificado de seguridad social. No
obstante, en aras de proteger las expectativas de quienes se encontraban
próximos a cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la pensión de
jubilación consagrados en el régimen anterior, el legislador estableció un
régimen de transición (…). // En este orden de ideas, la Corporación ha
definido el régimen de transición como ‘un mecanismo de protección para que los
cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a
quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido
los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el
momento del tránsito legislativo.’ (…)¨[45]”
Como se deriva
de lo expuesto, es claro que la condición de beneficiario del régimen de
transición (como régimen especial) sólo se otorga frente a aquellas personas
que cumplen con alguna de las condiciones expuestas en la ley, lo que
necesariamente exige confrontar su información personal con los datos
administrados por las entidades responsables del manejo de su historia laboral
y pensional (habeas data). Es decir que, desde esta óptica, los datos
personales relevantes son la edad o el tiempo de servicio cotizado, pues de
ellos depende que el afiliado pueda pensionarse bajo los parámetros previstos antes
de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones
3.4.3. Con todo, ante la
necesidad de hacerle frente –entre otras– a problemas de sostenibilidad
económica del sistema, falta de cobertura e inequidad en la distribución de los
recursos, se expidió el Acto Legislativo No. 01 de 2005, el cual buscó
solventar dichas dificultades, con la carga de preservar el régimen de
transición, pero sometiendo su extensión en el tiempo a un nuevo plazo de rango
constitucional. Así se dispuso que su cobertura inicialmente iría hasta el 31
de julio de 2010, con excepción de una categoría especial de afiliados a
quienes se prorrogó su existencia hasta el 31 de diciembre de 2014, esto es, para
quienes hayan cotizado 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia de la citada reforma constitucional (22 de julio de 2005).
Puntualmente, en el parágrafo
transitorio 4° del referido Acto Legislativo, se establece que: “El régimen
de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al
menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014”.
La posibilidad entonces de ser
beneficiario del régimen de transición, a partir de las modificaciones
introducidas por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, también conduce a la carga
de tener que examinar los datos que aparecen en la historia laboral y pensional
de los afiliados, en concreto, el número de semanas cotizadas o su equivalente
en tiempo de servicios, pues de lo anterior se deriva la
posibilidad de permanecer en dicho régimen, con miras a alcanzar los
requisitos necesarios para acceder a una pensión hasta el 31 de diciembre 2014.
Esto pone de presente la relevancia de esta información, pues si llegase a existir
un error en ella, no sólo podría verse comprometido el acceso mismo al derecho
pensional, sino también la posibilidad de exigir su otorgamiento conforme con
las reglas especiales amparadas por el propio Constituyente.
3.4.4. Finalmente, conforme se
establece en los incisos 8 y 13 del artículo 48 del Texto Superior, en
tratándose de derechos pensionales, es preciso aclarar que ellos se adquieren cuando
se cumplen por el afiliado los requisitos establecidos en la ley, esto es, el
número de semanas cotizadas (o tiempo laborado) y la edad mínima exigida. En
efecto, el primero de los incisos en mención, establece que: “Para adquirir
el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de
servicio, las semanas cotizadas o el capital necesario (…)”; mientras
que, el segundo de ellos, dispone que: “(…) Se entiende que la pensión se
causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no
se hubiese efectuado el reconocimiento”[46].
De lo anterior se deriva que los
afiliados titulares del régimen de transición que cumplan con todos los
requisitos para jubilarse, de acuerdo con las condiciones del sistema que les
sea aplicable y con anterioridad a la fecha prevista para su extinción, esto
es, el 31 de diciembre de 2014, se encuentran por dicha razón cobijados por la
garantía de los derechos adquiridos, sin importar la fecha en que la finalmente
se produzca por la autoridad administrativa competente el reconocimiento formal
de su derecho. En efecto, como se señala en la Constitución, la intervención de
la citada autoridad es meramente declarativa, más no constitutiva del derecho a
la pensión de vejez, ya que ésta se causa tan pronto se cumplan los requisitos
establecidos por el legislador, a saber; (i) edad mínima requerida y (ii) tiempo
de cotización o de servicios, según cada régimen pensional.
3.4.5. A partir de lo expuesto y
siguiendo las reflexiones de esta providencia en torno al habeas data,
es claro que si la entidad que tiene bajo su cargo la responsabilidad del
tratamiento de los datos referentes a la historia laboral y pensional de los
afiliados incumple con sus obligaciones, en especial en lo que atañe a la
guarda de la integridad y veracidad de la información, y luego de su corrección
se evidencia que el afiliado cumplió durante la vigencia del régimen de
transición con los requisitos para acceder a la pensión, de acuerdo con el
régimen que le sea aplicable, no puede entenderse que por dicho motivo pierda
su derecho a obtener la citada prestación, cuando se supere la fecha final del
31 de diciembre de 2014, pues, como se señala en la Constitución, “(…) la
pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella,
aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.
4. Casos en concreto
4.1. Análisis de procedencia
4.1.1. Como se señaló en el
acápite de antecedentes, los accionantes formularon varias peticiones al ISS y
a COLPENSIONES para que les fuese reconocida la pensión de vejez. Sin embargo,
las citadas entidades indicaron que no se cumplía con el requisito del tiempo
laborado o semanas cotizadas para acceder a dicha prestación, razón por la cual
las conminaba a continuar realizando aportes al sistema de seguridad social en
pensiones o, en su defecto, a pedir el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva.
En contra de la posición asumida
por las autoridades de la referencia, los demandantes solicitaron a través de
varios escritos que se corrigieran errores que, en su criterio, figuraban en
sus historias laborales y que inexorablemente incidían en el reconocimiento de
la citada prestación. Igualmente, cuestionaron que se les imputara la mora de
terceros en el pago oportuno de las cotizaciones y criticaron la supuesta
inactividad de las entidades de seguridad social para garantizar el
cumplimiento forzoso de dicha obligación de cotización. Tras desplegar varias
actuaciones administrativas, que incluyeron la solicitud de allegar documentos,
las entidades vinculadas con la resolución de la contro-versia (COLPENSIONES y
el ISS), adujeron que los actores seguían sin acreditar el requisito del tiempo
laborado o semanas cotizadas, pese a lo cual tenían la posibilidad de corregir
las historias laborales, previo envío de la documentación pertinente para tal
efecto.
En este orden de ideas, como ya
se dijo, lo que se observa en el asunto bajo examen es una tensión respecto del
derecho fundamental al habeas data en el ámbito de la seguridad social, precisamente
el problema que se plantea tiene que ver con varias deficiencias en la
actualización e inclusión de información pensional, pues –a juicio de los
accionantes– existen inconsistencias en la sumatoria de semanas cotizadas o
tiempo laborado, que genera un estado latente de indefinición respecto del
derecho de acceso a la pensión de vejez, conforme con el régimen de transición
creado por la Ley 100 de 1993.
De donde resulta que, según se
señaló con anterioridad, el problema jurídico a resolver por
esta Sala de Revisión, luego de que se decretara la liquidación del ISS, es el
de determinar si al no existir claridad sobre el número de semanas cotizadas o
el tiempo laborado por los demandantes en los archivos de COLPENSIONES, se
vulneró por la citada entidad su derecho fundamental al habeas data en
el ámbito de la seguridad social.
4.1.2. En
relación con este tipo de controversias, se prevé la posibilidad de acudir ante
la justicia ordinaria laboral, conforme se deriva de una lectura sistemática del
artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral y del artículo 264 del Código
Sustantivo del Trabajo, por lo que es preciso examinar si el amparo
constitucional es procedente a partir de las exigencias del principio de
subsidiaridad (CP art. 86).
En efecto, según
el numeral 4 del artículo 2 del Código de Procedimiento Laboral, hacen parte de
las competencias de la jurisdicción ordinaria laboral, la posibilidad de
conocer acerca de las “controversias relativas a la prestación
de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados,
beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o
prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con
contratos”. A su turno, el numeral 2 del artículo 264 del CST contempla que:
“(…) Cuando los archivos hayan desaparecido o cuando no sea posible probar
con ellos el tiempo de servicio o el salario, es admisible para probarlos
cualquiera otra prueba reconocida por la ley, la que debe producirse ante el
juez del trabajo competente, a solicitud escrita del interesado y con interven-ción
de la empresa respectiva”.
Cono se deriva de lo anterior, es
claro que –en principio– le correspondería al juez del trabajo solventar las
disputas relacionadas con las inconsistencias que se presenten en la historia
laboral y, por lo mismo, por esa vía corregir las eventuales violaciones que existan
respecto del derecho fundamental al habeas data en el ámbito de la
seguridad social. Sin embargo, esta Corporación ha admitido excepcionalmente la
procedencia de la acción de tutela, en casos relacionados con el acceso a la
pensión de vejez[47],
cuando de por medio se encuentran personas de la tercera edad o
sujetos en una precaria situación económica, para quienes resulta
desproporcionado exigirles que acudan a la jurisdicción ordinaria para resolver
conflictos relativos a la integridad y veracidad de la información que aparece
en los archivos pensionales y de las cuales depende el trámite del citado derecho
prestacional.
De esta manera,
es claro que en respeto del principio de subsidiariedad que rige a la acción de
tutela, la existencia del citado mecanismo ordinario de defensa judicial ha de
ser estudiado en el caso en concreto, para establecer si el mismo resulta
idóneo y eficaz para solventar el conflicto puesto a consideración del juez
constitucional[48].
Visto lo anterior, respecto del
asunto sub-judice, se considera por esta Sala de Revisión que el amparo
constitucional es procedente, a pesar de la existencia del otro medio de
defensa judicial, por cuanto las deficiencias en la actualiza-ción e inclusión
de información pensional que se alega, se relaciona directa-mente con el acceso
a la pensión de vejez de varios afiliados que dicen ser beneficiarios del
régimen de transición, para quienes la posibilidad de obtener dicha prestación,
si a ello tienen derecho, se convierte en una garantía de su mínimo vital, en
especial si se tiene en cuenta su avanzada edad, ya que superan,
respectivamente, los 68, 70 y 73 años de vida.
Así las cosas, para esta Sala, la
acción de tutela presentada por los demandantes es procesalmente viable en lo
atinente al conflicto suscitado en torno al habeas data de sus historias
laborales y, por ende, pasa a pronunciarse de fondo sobre el asunto.
4.2. Análisis de fondo
4.2.1.
Expediente T-4.350.117
4.2.1.1. En
múltiples ocasiones, la señora María Clemencia Elsie Lopera de Jiménez formuló
peticiones al ISS y a COLPENSIONES para obtener el reconocimiento de su pensión
de vejez, la cual le fue negada por el presunto incumplimiento de los
requisitos de las semanas cotizadas e inconsistencia de pagos. En concreto, se
destaca que el 23 de noviembre de 2012 alegó errores en la apreciación de su
historia laboral.
De acuerdo con
los medios probatorios obrantes en el expediente, la señora Lopera de Jiménez pertenece
al régimen de transición. Ello se desprende de la Resolución No. 100440 del 30
de octubre de 2009 donde así se reconoce[49].
Precisamente, en cuanto a su edad, al momento de formular la acción de tutela, la
actora tenía 70 años, razón por la cual, para 1994, superaba los 35 años de
edad necesarios para ser parte del citado régimen.
4.2.1.2. Sin
embargo, la Corte observa varias dificultades relativas a los datos que
conforman su historia laboral, que no permiten afirmar tajantemente que haya
cumplido o no con el requisito de tiempo cotizado para acceder a la pensión
reclamada, los cuales evidencian un manejo deficiente de la informa-ción por
parte de las entidades que, en su momento y hoy en día, tienen bajo su cargo el
manejo del archivo pensional, en desconocimiento del principio de veracidad
o calidad del dato que protege el derecho fundamental al habeas data.
En efecto, en el
reporte de semanas cotizadas expedido por COLPENSIONES el 15 de enero de 2014,
se evidencia que en varios períodos la propia deman-dante fue quien efectuaba
los pagos como trabajadora independiente. En él también se expone que cuenta
con un total de 997, 57 semanas y que, algunos de los pagos, en especial aquellos
efectuados entre el 11/12 de 1986 y el 12/06 de 1987, que obedecían a 26
semanas, fueron tenidos por “cero”, ya que, según la entidad, la cotización ocurrió
de manera simultánea[50],
sin que se brinde más información relativa a la destinación que tuvieron dichos
pagos o a lo ocurrido frente a la mora que se detecta por parte de la propia
afiliada en, al menos, 57 períodos.
No obstante lo
anterior, si bien es claro que el ISS efectuó algunas correcciones en la
historia laboral de la accionante, ya que para el 30 de septiembre de 2009 le
indicó que contaba con 910,71 semanas cotizadas[51]. También se
evidencia que hubo varios períodos en los cuales no se realizaron aportes por
parte de la accionante. Incluso, el ISS le señaló, el 16 de julio de 2010, que
tras depurar errores en la historia laboral, se evidenciaba que para el período
1996-10 no se registraron pagos, además, se observaron inconsistencias en su
nombre y en la vinculación como trabajadora independiente. Sin embargo, no es
posible constatar que estos problemas hayan sido corregidos. De hecho, si bien el
16 de julio de 2010 se le indicó que los períodos rectificados fueron: 1999-02,
1999-08, 1999-09, 2000-04, 2000-07, 2001-01, 2001-03, 2001-09[52], nada se le
ha dicho –hasta el momento– del período incluido entre el 11/12 de 1986 y el
12/06 de 1987, conforme se expuso en el párrafo anterior.
Ahora bien, la
solución que se le otorgó a la señora Lopera de Jiménez, según lo que se señala
en la contestación a la acción de tutela[53],
consiste en acercarse al Departamento Comercial de COLPENSIONES. Igualmente, en
su momento, se le puso de presente que podía solicitar nuevamente correcciones
para que la información fuese cotejada por el ISS[54], lo que evidencia
que en el tratamiento de sus datos siempre han persistido dudas que todavía no
han sido solventadas. La actuación descrita no se compagina con los deberes y
obligaciones que el ISS (hoy COLPENSIONES) tiene respecto del manejo de los
datos personales que conforman la historia laboral de un afiliado, ya que no brindan
veracidad sobre lo que en ellos se dispone, ni tampoco claridad sobre la
verdadera situación  pensional de la accionante. Por ello, a juicio de esta
Sala de Revisión, es innegable que la mencionada entidad vulneró el derecho
fundamental al habeas data de la señora Lopera de Jiménez.
4.2.1.3. En
este orden de ideas, en el entendido que ambas autoridades judiciales de
instancia consideraron que la acción de tutela resultaba improcedente, ya que –en
su opinión– se discutía la cantidad de semanas cotizadas por la demandante para
acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez; cuando, según se
expuso, el problema planteado en realidad se circunscribía a una protección del
habeas data en el ámbito de la seguridad social, se revocarán dichas providen-cias
y, en su lugar, se concederá el amparo.
En
consecuencia, esta Sala de Revisión le ordenará a COLPENSIONES que revise
y actualice la historia laboral de la señora María Clemencia Elsie Lopera de
Jiménez, en especial en lo referente a la ausencia de
información sobre la manera como se imputó el pago de las 26
semanas que se observa en el reporte de semanas cotizadas para el período
comprendido entre el 11/12 de 1986 y el 12/06 de 1987. Igualmente, le ordenará
que corrija cualquier inconsistencia que exista en relación con el nombre de la
demandante y con las cotizaciones efectuadas como trabajadora independiente. Una
vez ocurra lo anterior, le corresponderá a la citada entidad pronunciarse de
nuevo sobre la pensión de vejez reclamada, de acuerdo con el régimen que le
resulte aplicable a la accionante, de conformidad con lo previsto en el
artículo 48 del Texto Superior, según con el cual: “Se entiende que la
pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella,
aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.
4.2.2.
Expediente T-4.362.060
4.2.2.1. La
señora Carmen Elisa Téllez Chivatá solicitó –tanto al ISS como a COLPENSIONES– el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual le fue negada bajo dos
argumentos: (i) el incumplimiento del requisito de semanas cotizadas ya que contaba
sólo con 950 y (ii) la imposibilidad legal de contabili-zar simultáneamente las
semanas cotizadas al ISS y aquellas laboradas como servidor público[55]. La última comunicación
formulada por la demandante para lograr la corrección de su historia laboral fue
presentada el 2 de abril de 2013, en la que se alega inconsistencias en varios períodos.
Igualmente, se cuestionó que no se tuvieran en cuenta los reportes
correspondientes al tiempo que trabajó para un hospital público.
La accionante tenía 68 años al
momento de instaurar la acción de tutela, por lo que a la entrada en vigencia
del Sistema general de Pensiones cumplía con el requisito de edad para
pertenecer al régimen de transición. Sin embargo, al igual que en el caso
anterior, se evidencian inconsistencias en su historia laboral que no permiten establecer
si cumple o no con el requisito de cotizaciones para acceder a la pensión de
vejez reclamada, los cuales conducen a desconocer el principio de veracidad que
protege la garantía iusfundamental del habeas data. Incluso, estas
inconsistencias llegan hasta el punto de sembrar un manto de duda sobre la
permanencia de la accionante a dicho régimen de transición, a partir de la
entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005, ya que para el 31 de
julio de 2010, según el último reporte de COLPENSIONES, no es claro si la
señora Téllez Chivatá tenía o no el mínimo de 750 semanas exigidos para
preservar la posibilidad de pensionarse con un régimen distinto.
4.2.2.2. En efecto, en la
Resolución No. 04114 de octubre de 2010, se le indicó a la actora que contaba
con 950 semanas, que equivalen a 18 años, 5 meses y 26 días (aunado a lo
anterior también se le señaló que al tener 9 años, 5 meses y 15 días en el
sector público, no podía pensionarse bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985)[56].
Sin embargo, en el reporte de semanas cotizadas elaborado por COLPENSIONES y actualizado
al 11 de febrero de 2014, figura un total de 724,42 semanas. Esto significaría,
en términos generales, que jamás se acreditó el mínimo de las 750 semanas
requeridas en el año 2010 para preservar el régi-men de transición.
Por lo demás, en esta última
comunicación, COLPENSIONES también le solicita a la accionante que aporte los
formatos diseñados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, referentes
al hecho de haber laborado para una entidad pública antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993[57].
A pesar de que el ISS, en el 2010, aducía que no le podía tener en cuenta -precisamente-
el tiempo laborado bajo tal calidad, el cual, según una certificación del
Hospital Santa Clara (ESE), comprende el lapso entre el 16 de octubre de 1964 y
el 14 de junio de 1974, con una licencia no remunerada de 74 días.
Como se observa de lo expuesto, en
una primera resolución, se le indicó a la accionante que poseía más semanas y
que no se podía tener en cuenta el tiempo laborado como servidora pública;
mientras que, en la segunda, se redujo significativamente el número de semanas,
incluso por debajo del requisito de permanencia en el régimen de transición que
–según el parágrafo transitorio 4 del artículo 48 de la Constitución– debía ser
superior o igual a 750 semanas. Por lo demás, se le insinuó que podría tenerse en
cuenta el tiempo laborado al servicio público, siempre y cuando allegara
determinados formularios.
Esta segunda resolución se
produjo después de que la demandante formulara una petición el 2 de marzo de
2013, en la que solicitó correcciones a su historia laboral, específicamente en
lo atinente al tiempo laborado en el Hospital Santa Clara y por los períodos:
1995-03, 1997-01, 2011-06, 2011-09, 2011-12, 2012-03, 2012-09 y 2012-10[58].
También se alegó la existencia de errores en la aprecia-ción de ciclos dobles
que debían ser imputados a otros períodos, como si fueran simultáneos, y se
puso de presente que no se contaron pagos que el consorcio Prosperar debía realizar.
De allí que, con los elementos allegados al proceso, resulta –en principio–
incomprensible que se haya reducido el número de semanas con que contaba la actora
para octubre de 2010 y que correspondían a 950.
De esta manera, es claro el
inadecuado manejo de la historia laboral de la señora Téllez Chivatá, pues no
se evidencia que exista una definición acerca de la corrección de yerros por
ella solicitada, además de que pide allegar una información con la que al
aparecer ya contaba el ISS, al negarse a tener en cuenta el tiempo trabajado
como servidora pública en el Hospital Santa Clara. La inconsistencia e
incongruencia en la información suministrada, a juicio de esta Sala de
Revisión, es un claro indicador de la violación del derecho de la accionante al
habeas data, cuyo efecto trasciende al derecho a la seguridad social, ya
que por ello se la excluye virtualmente de la posibilidad de acceder a una
pensión de acuerdo con el régimen de transición.
4.2.2.3. Comoquiera que los jueces
constitucionales de instancia tutelaron el derecho fundamental de petición, en
el sentido de ordenar que se le resolviera a la demandante la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero nada se dijo sobre la protección
del habeas data, la Sala adicionará estas sentencias para corregir la
trasgresión del aludido derecho fundamental. De esta manera, se ordenará a
COLPENSIONES que revise y actualice la historia laboral de la demandante, en
especial, en lo que atañe al número de semanas cotizadas durante los períodos por
ella señalados. De igual manera, para estos efectos, deberá tenerse  cuenta la
documentación allegada al ISS relativa al tiempo en que la accionante trabajó
como servidora pública en el Hospital Santa Clara. Una vez
ocurra lo anterior, le corresponderá a la citada entidad pronunciarse de nuevo
sobre la pensión de vejez reclamada, de acuerdo con el régimen que le resulte
aplicable a la accionante, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del
Texto Superior, según con el cual: “Se entiende que la pensión se causa
cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento”.
Para estos efectos, es preciso
recordar que el hecho de exigir el traslado efectivo de las
cotizaciones para que se puedan reconocer las semanas o tiempos laborados por
el trabajador o por otro actor del sistema de pensiones (como ocurre con el
consorcio prosperar), constituye un requisito innecesariamente gravoso para al
afiliado al sistema, contrario –como de forma reiterada lo ha sostenido esta
Corporación– al derecho a la seguridad social, pues la ley confiere
instrumentos para que la entidad administradora de pensiones pueda exigir la
transferencia de los dineros debidos[59].
4.2.3.
Expediente T-4.365.843
4.2.3.1. El
señor Jairo Naranjo Correa solicitó en varias oportunidades al ISS el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez, la cual le fue negada mediante
las Resoluciones No. 020068 del 30 de mayo de 2006 y 036420 del 25 de noviembre
de 2010, bajo el argumento de que no reunía el número de semanas necesarias
para acceder a tal prestación.
Al momento de
instaurar la acción de tutela, el señor Naranjo Correa contaba con 73 años,
luego es claro que para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones
superaba el requisito de edad para pertenecer al régimen de transición, ya que
nació el 13 de abril de 1940[60].
Con todo, al igual que en los casos anteriores, existen dificultades en su
historia laboral que no permiten afirmar que cumple con las semanas cotizadas.
Este asunto se explica por el actor a partir de la supuesta omisión de la
entidad demandada de tener en cuenta el tiempo laborado para la empresa Espumas
Universal, siendo su empleador el señor Alfonso Sánchez Oliveros. En este
sentido, en palabras del actor, deberían tenerse en cuenta 220 semanas, lo que
equivalen -aproximadamente- a 4.3 años de servicio.
4.2.3.2. En la
Resolución No. 020068 del 30 de mayo de 2006, se le negó al actor el
reconocimiento de la pensión de vejez con el argumento de que sólo acreditaba
816 semanas. Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución No. 041693 del
11 de Octubre de 2006[61].
Con posterioridad, en el año 2010, la entidad volvió a señalarle que sólo
contaba con 816 semanas, a través de la Resolución No. 03642 del 25 de
noviembre del año en cita[62],
es decir que, para ese momento, el número de semanas era el mismo.
A pesar de lo
anterior, en el reporte de semanas expedido por el ISS, en septiembre de 2012,
se indicó que el señor Naranjo Correa contaba con más tiempo, pues se certificó
que tenía 830,43 semanas cotizadas. Es importante señalar que no se observa
ninguna casilla que corresponda al período total laborado por el demandante en
la empresa Espumas Universal[63]
y que, según el demandante, ascendió más de 4 años. De hecho, de los medios
probatorios obrantes en el expediente, es posible inferir que el demandante laboró
para dicha empresa, representada por el señor Alfonso Sánchez Oliveros, entre
el 15 de mayo de 1989 y el 8 de febrero de 1990, pues así lo demuestra la
certificación expedida por el empleador[64].
Sin embargo, en el reporte de semanas elaborado por el ISS, sólo se observa que
el aludido señor Sánchez realizó aportes para el período comprendido entre el
15/02 de 1991 y el 07/05/de 1991[65].
Igualmente, sin que ello signifique que hubo continuidad en la prestación del
servicio, es claro que el señor Naranjo fue despedido el 23 de febrero de 1994,
ya que la indemnización por despido injusto, librada mediante el mandamiento de
pago del 3 de junio de 1999 proferido por el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Bogotá[66],
empezó a contar desde esa fecha.
4.2.3.3. Comoquiera
que sobre este tiempo no se observa registro alguno en el resumen de semanas
cotizadas expedido por el ISS, es preciso que se revise si frente a ello se
predica alguna inconsistencia en la historia laboral, teniendo en cuenta que,
como previamente se dijo, la falta de traslado efectivo de las cotizaciones, no
puede afectar el reconocimiento de los derechos pensionales.  Por lo anterior,
la Sala encuentra que el ISS transgredió el derecho fundamental al habeas
data del señor Naranjo Correa, por lo que le corresponderá a la entidad que
asumió sus funciones, esto es, COLPENSIONES, adoptar las medidas que
correspondan para proteger el citado derecho.
En este orden
de ideas, en la medida en que la autoridad judicial de instancia declaró
improcedente el amparo solicitado por el demandante, pues se análisis se enfocó
exclusivamente desde la óptica del reconocimiento y pago de la pensión de
vejez, más no a partir de la trasgresión del derecho fundamental al habeas
data; esta Sala de Revisión revocará dicha decisión. En su lugar, y como
medida de amparo, ordenará a COLPENSIONES que revise y actualice la
historia laboral del señor Jairo Naranjo Correa, precisando
cuáles son los períodos de cotización que le corresponden asumir a la empresa
Espumas Universal, frente a los cuales la citada entidad puede iniciar las
acciones de cobro previstas en el ordenamiento jurídico. Una vez ocurra lo
anterior, le corresponderá a dicha administradora de pensiones pronunciarse de
nuevo sobre la pensión de vejez reclamada, de acuerdo con el régimen que le
resulte aplicable a la accionante, de conformidad con lo previsto en el
artículo 48 del Texto Superior, según con el cual: “Se entiende que la
pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella,
aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.
4.3. Finalmente,
de conformidad con las consideraciones generales de esta providencia, si se
determina que los demandantes cumplen con los requisitos para tener derecho al
régimen de transición, según lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y en el parágrafo transitorio 4 del artículo 48 del Texto Superior, y ello
no se evidenció por errores en su historia laboral, así se haya terminado el
mes de diciembre del año en curso, tendrán derecho a que se les reconozca y pague
la pensión de vejez de acuerdo con dicho régimen, pues esta se causa desde el
momento en que se cumplen los requisitos y no a partir del momento en el cual
la entidad profiere el acto administrativo que la reconoce.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la
sentencia proferida el 21 de abril de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que a su vez confirmó la decisión
adoptada el 28 de febrero de 2014 por el Juzgado 23
Laboral del Circuito de la citada ciudad, en el sentido de declarar improcedente la tutela promovida contra COLPENSIONES en el expediente T-4.350.117. En su lugar, CONCEDER
el amparo del derecho fundamental al habeas data de la señora María
Clemencia Elsie Lopera de Jiménez.
Segundo.- ORDENAR a
COLPENSIONES, por conducto de su representante legal o de
quien haga sus veces, que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, revise y actualice la historia laboral de la
señora María Clemencia Elsie Lopera de Jiménez, en especial en
lo referente a la ausencia de información sobre la manera como se imputó el pago de las 26 semanas que se observa en el reporte
de semanas cotizadas para el período comprendido entre el 11/12 de 1986 y el
12/06 de 1987. Igualmente, le ordenará que corrija cualquier inconsistencia que
exista en relación con el nombre de la demandante y con las cotizaciones
efectuadas como trabajadora independiente.
Una vez ocurra
lo anterior, en el término máximo de quince (15) días, le corresponderá a la
citada entidad pronunciarse de nuevo sobre la pensión de vejez reclamada, de
acuerdo con el régimen que le resulte aplicable a la accionante, de conformidad
con lo previsto en esta providencia y lo señalado en el artículo 48 del Texto
Superior, según con el cual: “Se entiende que la pensión se causa cuando se
cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese
efectuado el reconocimiento”.
Tercero.- CONFIRMAR la
sentencia proferida el 2 de abril de 2014 por la Sala de Decisión Especializada
en Restitución de Tierras, Sala Civil, del Tribunal Superior de Bogotá, que a
su vez confirmó la decisión adoptada el 19 de febrero de 2014 por el Juzgado 38 Civil del Circuito de la citada ciudad,
en la que se tuteló el derecho de petición contra COLPENSIONES en el expediente T-4.362.060. Por
las razones expuestas en esta providencia, ADICIONAR el fallo
mencionado, en el sentido AMPARAR el derecho fundamental al habeas
data de la señora Carmen Elisa Téllez Chivatá.
Cuarto.- ORDENAR a
COLPENSIONES, por conducto de su representante legal o de
quien haga sus veces, que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, revise y actualice la historia laboral de la
señora Carmen Elisa Téllez Chivatá, en especial teniendo en cuenta las
inconsistencias que se señalan para los ciclos 1995-03, 1997-01, 2011-06,
2011-09, 2011-12, 2012-03, 2012-09 y 2012-10. De igual manera, para estos
efectos, deberá observarse la documentación allegada al ISS relativa al tiempo
en que la accionante trabajó como servidora pública en el Hospital Santa Clara
(ESE).
Una vez ocurra
lo anterior, en el término máximo de quince (15) días, le corresponderá a la
citada entidad pronunciarse de nuevo sobre la pensión de vejez reclamada, de
acuerdo con el régimen que le resulte aplicable a la accionante, de conformidad
con lo previsto en esta providencia y lo señalado en el artículo 48 del Texto
Superior, según con el cual: “Se entiende que la pensión se causa cuando se
cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese
efectuado el reconocimiento”.
Quinto.- REVOCAR la
sentencia proferida el 14 de febrero de 2014 por el Juzgado 4 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en la que se declaró improcedente la tutela promovida contra COLPENSIONES en el expediente T-4.365.843. En
su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al habeas data
del señor Jairo Naranjo Correa.
Sexto.- ORDENAR a
COLPENSIONES, por conducto de su representante legal o de
quien haga sus veces, que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, revise y actualice la historia laboral del
señor Jairo Naranjo Correa, precisando cuáles son los
períodos de cotización que le corresponden asumir a la empresa Espumas
Universal, frente a los cuales la citada entidad puede iniciar las acciones de
cobro previstas en el ordenamiento jurídico.
Una vez ocurra
lo anterior, en el término máximo de quince (15) días, le corresponderá a dicha
administradora de pensiones pronunciarse de nuevo sobre la pensión de vejez
reclamada, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable a la accionante,
de conformidad con lo previsto en esta providencia y lo señalado en el artículo
48 del Texto Superior, según con el cual: “Se entiende que la pensión se
causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no
se hubiese efectuado el reconocimiento”.
Séptimo.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ANEXO
1.1. Hechos relevantes
La acción constitucional fue
admitida por las autoridades judiciales de primera instancia en diferentes
fechas y los hechos se resumen así:
(i) Los accionantes solicitaron
en varias ocasiones al Seguro Social y luego a Colpensiones, el reconocimiento
de la pensión de vejez, por cumplir, en su criterio, con los requisitos de
tiempo de cotización y edad exigidos, conforme con el régimen de transición, en
los términos previstos en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993[67].
Número del
expediente
Fechas de
solicitudes
Entidad a la que
solicitó
T-4.350.117
28 de septiembre de 2009 y 12
de abril de 2011.
Seguro Social y Colpensiones.
T-4.362.060
7 de noviembre de 2005 y 2 de
marzo de 2013.
Seguro Social y Colpensiones.
T-4.365.843
4 de mayo de 2006 y 9 de
septiembre de 2008.
Seguro Social.
(ii) Las entidades previamente
mencionadas negaron, en varias ocasiones, la petición de reconocimiento y pago
de la pensión de vejez, esbozando los siguientes argumentos:
Número del
expediente
Fecha de
contestación
Argumento
jurídico
T-4.350.117
En el expediente se observan
los siguientes documentos: (i) Resolución No. 100440 del 30 de octubre de
2009, (ii) Resolución No. 030026 del 26 de agosto de 2011, (iii) Resolución No.
06412 del 21 de diciembre de 2011, y (iv) Resolución No. 181959 del 15 de
julio de 2013.
Incumplimiento del requisito de
semanas cotizadas e inconsistencia de pagos.
T-4.362.060
Resolución No. 04114 de octubre
11 de 2010, que confirmó la Resolución No. 019139 del 19 de mayo de 2006.
No cumple con las semanas
necesarias para acceder a la pensión, ya que en total tiene 950. Además, no
es posible contabilizar, de forma simultánea, las semanas cotizadas al ISS y
las semanas laboradas como servidor público.
T-4.365.843
Resolución No. 20068 del 30 de
mayo de 2006 y Resolución No. 036420 de noviembre de 2010.
No reúne el número de semanas
exigido.
(iii) En todos los casos, los
accionantes cuestionaron errores en la historia laboral y solicitaron las
correcciones correspondientes, ya fuera porque se dejaron de tener en cuenta
semanas cotizadas o tiempo laborado, por cruces en las cuentas de pago o por
deudas de empleadores o terceros responsables de hacer las cotizaciones.
(iv) De manera puntual, en el
expediente T-4.350.117, la señora María Clemencia Elsie Lopera de Jiménez, de
70 años al momento de instaurar la acción de tutela, formuló recurso de apelación
contra las resoluciones que en distintos momentos le negaron la pensión. Al
respecto, le indicaron que analizarían el asunto y confirmaron la negativa. Por
esta razón, interpuso previamente una acción de tutela ante el Juzgado 28 Penal
Municipal con Función de Garantías de Bogotá, que declaró improcedente el
amparo en marzo de 2012. En todo caso, alegando errores de apreciación en su
historia laboral, solicitó nuevamente el 23 de noviembre de 2012, el
reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada por inconsistencia en
los pagos.
(v) En el expediente T-4.362.060,
la señora Carmen Elisa Téllez Chivatá, de 68 años de edad al momento de interponer
la presente acción constitucional, formuló una petición el 2 de abril de 2013,
solicitando que su historia laboral fuese corregida. Además, pidió el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Sólo le contestaron lo referente
a la historia laboral, tras 9 meses y 22 días, y le solicitaron nueva
documentación. Sin embargo, según la accionante, continúan los yerros en esta
última, pues no se han tenido en cuenta los siguientes ciclos: 1995-7, 1995-8,
1999-7 y 2003-6. También indicó que pasaron por alto los reportes
correspondientes a los 9 años, 7 meses y 29 días que cotizó entre 1964 y 1974.
Por lo demás, la accionante fue diagnosticada el 21 de junio de 2010 con un
tumor maligno de estómago. En consecuencia, y tras una cirugía, le fue removido
el 75% del estómago. En la actualidad padece secuelas de la operación, aunque
se encuentra libre del tumor. Depende de su esposo, quien devenga un salario
mínimo.
(vi) En el expediente T-4.365.843,
el señor Jairo Naranjo Correa, de 73 años al momento de instaurar la acción de
tutela, alega que Colpensiones reconoce menos semanas de las que efectivamente
tiene, pues esta entidad indica que ha cotizado 820,42 semanas, pero él laboró
más de 20 años en empresas privadas. Con todo, existen vacíos en las
cotizaciones porque un empleador (Espumas Universal), para quien laboró 4 años
y 3 meses, sólo aportó por 12 semanas. Ahora bien, según afirma, tras un
proceso judicial por el despido sin justa causa ocurrido el 23 de febrero de
1994, se le condenó a cancelar a su favor cesantías, vacaciones, indemnización
y las costas del proceso. De hecho, indica que con el tiempo cotizado por él en
el año 2006 (2 meses) y los 4,3 años que laboró para el señor Alfonso Sánchez
Olivera en Espumas Universal, cuenta con 220 semanas adicionales, que sumadas a
las otras, equivalen a 1040.
1.2. Argumentos de los
demandantes
Número del
expediente
Argumentos
T-4.350.117
Los argumentos de la accionante
pueden ser divididos en dos. Unos de carácter procesal y otros de naturaleza
sustancial. En cuanto a los primeros, indicó que a pesar de haber formulado
otra acción de tutela no se presenta temeridad, ya que existe un hecho nuevo,
pues tras la sentencia del juez constitucional, presentó una nueva petición,
que fue resuelta por Colpensiones. Esta solicitud fue negada argumentado la
inconsistencia de pagos.
A continuación, indicó que es
una persona de la tercera edad, que depende de su pensión para sobrevivir. Además,
indicó que cuida de su hijo, quien padece una enfermedad degenerativa (no
explicó a qué padecimiento se refiere). Por todo lo anterior, los mecanismos
ordinarios de defensa no serían eficaces para resolver el asunto en cuestión.
En lo atinente a los argumentos
de carácter sustancial, expuso que el Seguro Social no tuvo en cuenta la
totalidad de los documentos por ella aportados, en donde se prueba el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Apuntó que
ha promovido los recursos administrativos pertinentes para resolver la
cuestión, pero en todos se ha denegado la prestación reclamada. Enfatizó que
el argumento central de Colpensiones para no acceder al reconocimiento de la
pensión, es que los aportes se hicieron con base en el salario mínimo del año
inmediatamente anterior, por lo que, según la entidad demandada, quedaron
pendientes intereses por pagar, asunto que contradice el artículo 1º del
Decreto 2236 de 1999 que regula el pago de las cotizaciones a partir del mes
calendario anterior a aquél que se busca cubrir. En cuanto al número de
semanas, indicó que para el período comprendido entre el 11 de diciembre de
1986 y el 12 de junio de 1987, el ISS dejó de tener en cuenta 26,29 semanas
de manera injustificada. Además, se pasaron por alto semanas correspondientes
a varios períodos: “1995-01, 1999-10, 2000-01, 2002-01, 2003-01, 2004-01,
2005-01 [y] 2006-01”[68].
Finalmente, enfatizó que Colpensiones indica que tenía que cumplir con 1225
semanas para acceder a la prestación reclamada, pero ello desconoce que no le
es aplicable la Ley 797 de 2003, pues se encuentra dentro del régimen de
transición.
T-4.362.060
La demanda presenta dos tipos
de argumentos: en los primeros, se defiende la procedencia de la acción de
tutela; mientras que, en los segundos, se refiere al asunto de fondo.
En lo relativo a los primeros,
mencionó que no pudo acudir a los mecanismos ordinarios de defensa judicial
en el año 2010, debido al padecimiento de un tumor maligno de estómago, que
fue diagnosticado en ese año y que la puso en una situación de indefensión. A
partir de allí, empezó diversos tratamientos de rehabilitación. Por ello, al
acudir hasta el 2013 ante el juez constitucional, se respeta el principio de
inmediatez. Asunto que se refuerza por tratarse de un daño continuado desde
que le fue negada la prestación. Por lo demás, mencionó que no accede de
manera caprichosa al reconocimiento de la pensión, ya que tiene 1003,62
semanas cotizadas. Sostiene que desplegó una actuación administrativa dirigida
a formular los recursos de la vía gubernativa, sin obtener una respuesta
favorable a sus intereses. En cuanto a la ausencia de idoneidad de las demás
acciones judiciales, enfatizó que el régimen de transición sólo tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Además, se encuentra dentro de la
población que ha de priorizarse conforme con el Auto 110 de 2013.
En cuanto a los argumentos de
fondo, con justificación en la Sentencia SU-975 de 2003, indicó que su
derecho de petición fue trasgredido por la demora en la respuesta, asunto que
-además- le pone trabas a la posibilidad de ser cobijada por el régimen de
transición. Enfatizó que el reconocimiento de la citada prestación es un
derecho fundamental para las personas de la tercera edad, cuando de él
depende la satisfacción de su subsistencia en condiciones dignas. A
continuación expuso que pertenece al régimen de transición y que incluso se
vio favorecida por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, pues había cotizado
más de 750 semanas al 29 de julio de 2005. Por ello, se trata de un derecho
adquirido y, para su caso, deben tenerse en cuenta todas las semanas,
independientemente de la modalidad bajo la cual hayan sido cotizadas, es
decir, si corresponden al sector público o privado, o si las cotizaciones
fueron realizadas exclusivamente al ISS.
T-4.365.843
Al igual que en los casos
anteriores, en la demanda se observan dos conjuntos de argumentos. Unos relativos
a la procedencia de la acción de tutela, y otros al asunto de fondo.
En este caso, el demandante
citó in extenso sentencias de la Corte, en las cuales se otorgó la
procedencia del amparo respecto de sujetos de especial protección, por el
riesgo de afectación del derecho fundamental al mínimo vital, porque se había
actuado de manera diligente respetando el principio de inmediatez y porque se
trataba de un daño continuado.
En lo que respecta al asunto de
fondo, tras citar normas del régimen pensional, el actor se enfocó en el
régimen de transición y enfatizó que, al cumplir con los requisitos, se
encuentra cobijado por un derecho adquirido. Sin embargo, conforme con el Acto
Legislativo No. 01 de 2005, la vigencia de dicho régimen, para las personas
que hubiesen cotizado 750 o más semanas, estará vigente hasta diciembre de
2014. Para su caso, expuso que cumplía con la edad y con el tiempo de
servicio para hacer parte del citado régimen de transición. De esta manera,
comoquiera que -en su parecer- cumple con los requisitos para acceder a la
pensión de vejez, ésta ha de ser reconocida por la entidad demandada. Ello,
independientemente de que haya o no cotizado como servidor público o como
particular. Para ello, citando nuevamente sentencias de esta Corte, refirió
que existe un deber de aprovisionamiento y que, antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, eran los patronos los responsables de
reconocer y pagar la pensión, denominada en ese momento pensión patronal.
Además, si los descuentos se efectuaron, es responsabilidad de la entidad
administradora de pensiones cobrarlos, sin que la mora del empleador pueda
afectar al trabajador en el reconocimiento de la prestación.
1.3. Intervención de las partes demandadas
Número del
expediente
Entidades que
debían intervienen y actuación adelantada
T-4.350.117
Colpensiones guardó silencio
durante el término dado por la autoridad judicial de primera instancia para
ejercer el derecho de defensa.
T-4.362.060
Colpensiones guardó silencio.
T-4.365.843
Colpensiones respondió de
manera extemporánea. Para el efecto manifestó que la acción de tutela debía
ser declarada improcedente, por existir otros medios de defensa judicial y
porque todas las solicitudes que fueron planteadas ante las autoridades
competentes, fueron resueltas de acuerdo con la ley.
2. Sentencias de tutela
2.1 Sentencias de primera instancia
Número del
expediente
Autoridad
judicial y fecha de la decisión
Decisión y
argumentos
T-4.350.117
Juzgado 23 Laboral
del Circuito de Bogotá, 28 de febrero de 2014.
Denegó el amparo
solicitado. Al respecto, indicó que la pretensión de la accionante no puede
ser abordada por el juez constitucional, ya que no se cumplen con los
presupuestos de viabilidad procesal de la acción de tutela. Así, manifestó
que se discute sobre la cantidad de semanas cotizadas por la demandante
debido a inconsistencias en la historia laboral, asunto debe ser resuelto
ante el juez ordinario laboral. Por lo demás, descartó el acaecimiento de un
perjuicio irremediable.
T-4.362.060
Juzgado 38 Civil
del Circuito de Bogotá, el 19 de febrero de 2014.
Tuteló el derecho de
petición, al mismo tiempo que decretó la improcedencia de la acción para el
reconocimiento de la pensión de vejez. A partir de lo anterior, ordenó
que le fuera contestada la solicitud en torno al reconocimiento y pago de la citada
prestación. Para sustentar su decisión, reiteró la jurisprudencia de esta
Corporación en torno a los términos para dar respuesta a las peticiones
relativas al reconocimiento de la aludida prestación (Sentencia SU-975 de
2003). Por último, en cuanto al reconocimiento y pago de la referida pensión
de vejez, arguyó que no se cumplen los presupuestos de procedencia de la
acción de tutela y que la demandante cuenta con la posibilidad de acudir a
las vías ordinarias de defensa judicial.
T-4.365.843
Juzgado 4º Penal
del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, el 14 de febrero de 2014.
Declaró improcedente el
amparo solicitado. Para sustentar su decisión hizo alusión a los requisitos
jurisprudenciales señalados por esta Corporación referentes a la viabilidad
de la acción de tutela en asuntos en los cuales se solicita el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez, entre otras, las Sentencias T-383 de 2009,
T-043 de 2007 y T-055 de 2006. Así manifestó que ha de evidenciarse (i) que se
afecte de manera grave los derechos fundamentales -en especial el mínimo
vital-; (ii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y
judicial; (iii) que se expongan las razones por las cuales los otros medios
de defensa no resultan idóneos y (iv) que se acredite que efectivamente se
tiene derecho a la prestación reclamada.
A continuación, expuso que la
tercera edad comienza a partir de los 72 años, razón por la cual una persona
que tiene la edad para acceder a la pensión, no necesariamente se encuentra
dentro del subgrupo de los adultos mayores. Por lo demás, a su juicio, no se
acreditó la afectación del mínimo vital, ni se justificó por qué son
ineficaces los medios ordinarios de defensa judicial. Finalmente, enfatizó
que no se demostró el cumplimiento del tiempo cotizado para acceder el
reconocimiento de la prestación solicitada.
2.2. Impugnación
Número del
expediente
Argumentos de la
apelación
T-4.350.117
La demandante cuestionó que se
le diera prevalencia al derecho de contradicción, frente a una prestación que
requiere una persona de avanzada edad, que pertenece a los sujetos de
especial protección constitucional. Reiteró que su edad es de 70 años y que
depende del reconocimiento de la pensión para satisfacer su mínimo vital. Indicó
que ha perdido progresivamente la memoria y que no puede movilizarse fuera de
su domicilio. A continuación, reiteró que se cumplen los presupuestos de
procedencia de la acción de tutela para estos eventos. Entre otras razones,
debido a que las acciones ordinarias no resultarían eficaces por su edad y su
expectativa de vida. Además, ante el silencio de la entidad, en su criterio,
debía aplicarse la presunción de veracidad. No se refirió en concreto al
número de semanas cotizadas, que según Colpensiones no supera las 1000, más
si mencionó que se halla en un precario estado de salud. Igualmente, reiteró
que su hijo depende de ella y que padece una enfermedad degenerativa (aunque
no refirió cuál).
T-4.362.060
La demandante apeló
parcialmente la sentencia impugnada, con el fin de que se ordenara el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Los alegatos planteados pueden
ser agrupados en dos: unos de procedencia y los otros de fondo.
En cuanto a los de procedencia,
argumentó que se halla en estado de indefensión y vulnerabilidad, en atención
al tumor que le fuera detectado. Esta enfermedad conllevó gastos económicos y
le imposibilitó trabajar. Además, fue sometida a una cirugía de alto riesgo, en
la que se le removió el 75% del estómago. Por lo demás, aun cuando se
encuentre libre del tumor, señaló que lo cierto es que se halla en
recuperación. Por último, indicó que no son idóneos los otros medios de
defensa judicial, ya que la vigencia del régimen de transición finiquita el
31 de diciembre de 2014.
En lo relativo a los argumentos
de prosperidad, indicó que hace parte del régimen de transición y que cumple
con la edad. También supera las 750 semanas para la entrada en vigencia del
Acto Legislativo No 01 de 2005. En este sentido, enfatiza que a julio de
dicho año tenía 904,99 semanas cotizadas.
T-4.365.843
No se impugnó el fallo de
instancia.
2.3. Sentencias de segunda instancia
Número de
expediente
Autoridad
judicial y fecha de la decisión
Decisión y
argumentos
T-4.350.117
Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sentencia del 21 de abril de 2014
Confirmó la
decisión del a-quo. Al respecto,  Señaló que la acción de
tutela por sus características incide en el derecho de contradicción y
defensa de las partes. Por ello, sólo excepcionalmente resulta procedente
para casos como el que es objeto de estudio. A continuación refirió que se
requieren ciertos requisitos para que sea procesalmente viable, entre ellos,
que se demuestre de manera sumaria que se causó el derecho en cabeza del
accionante. Además, debe acreditarse  que la persona padece una situación
apremiante.
En cuanto al asunto objeto de
estudio, indicó que no se acredita tal debilidad, pues la demandante tiene 70
años de edad y la tercera edad inicia cuando se supera la expectativa de
vida, esto es, lo equivalente a 73 años.
Tampoco es claro que se halle
en un estado de discapacidad. Por lo demás, indicó no se observa que estén
acreditadas el número de semanas efectivamente laboradas y cotizadas al
sistema de pensiones. Ello implica que no está garantizado –de manera sumaria–
el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación reclamada. En
virtud de lo anterior, en su opinión, el asunto propuesto debe ser resuelto
ante el juez natural, con el pleno ejercicio de los derechos de defensa y  contradicción
de ambas partes.
T-4.362.060
Sala Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 2 de
abril de 2014.
Confirmó la decisión de
primera instancia. Para sustentar su posición, reiteró la jurisprudencia de
esta Corporación sobre los requisitos de procedencia de la acción de tutela
para el reconocimiento excepcional de la pensión de vejez (Sentencia T-063 de
2013). En este sentido, indicó que ha de demostrarse una afectación del
mínimo vital, cierta actividad administrativa y judicial, el cumplimiento de
los requisitos para acceder a la pensión, así como la acreditación -siquiera
sumaria- de las razones por las cuales el medio ordinario de defensa judicial
resulta ineficaz.
En este orden de ideas, indicó
que no se encuentra acreditado el cumplimiento del requisito referente al
tiempo cotizado para acceder a la pensión. Razón por la cual, tal asunto
debía ser resuelto, tras la respuesta del derecho de petición tutelado por el
a quo, ante las instancias ordinarias de defensa judicial. Finalmente,
manifestó que si bien el estado de salud de la actora podía ser precario y su
mínimo vital depender de la pensión de su esposo, ello no era suficiente para
que el juez constitucional aborde el asunto y proceda a reconocer una
pensión, cuando no está probado uno de los requisitos de los cuales depende
su otorgamiento.
T-4.365.843
No se surtió.
2.4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
Número del
expediente
Elementos
probatorios relevantes aportados
T-4.350.117
·
Reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones el 15 de
enero de 2014. En él se indican un total de 997,57 semanas. El primer reporte
corresponde a diciembre de 1984. Para uno de los períodos, esto es, el
relativo al lapso entre el 11/12/1986 y el 12/06/1987, a pesar de mencionarse
26,29 semanas, se contabiliza un total de 0. Varias de las cotizaciones
fueron hechas por la propia demandante, apareciendo bajo la casilla de
“nombre o razón Social”  el ISS (Cuaderno 1, folios 18 a 24).
·
Resolución No. 100440 del 30 de octubre de 2009. En ella se
indica que, por el régimen de transición, es aplicable el Acuerdo 049 de
1990, que exige 55 años o más en el caso de mujeres y un mínimo de 500
semanas cotizadas al ISS en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
o un total de 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo. Igualmente, se
indica que “(…) cotizó a este instituto en forma interrumpida un total de
910 semanas, desde su ingreso el 26 de diciembre de 1984 hasta el 30 de julio
de 2009, de las cuales 432 semanas se cotizaron en los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad (…)”. Por lo anterior, se niega la
prestación solicitada, aun cuando se le indica que puede seguir cotizando el
faltante (Cuaderno 1, folios 25 a 26).
·
Reporte de semanas cotizadas expedido por el ISS el 30 se
septiembre de 2009. En él aparecen 910,71 semanas. En varios períodos, a
pesar de observarse semanas, no se contabilizaron en el total. Se indica que
antes del 1º de abril de 1994, tenía 208.57 semanas cotizadas (Cuaderno 1,
folios 28 a 31).
·
Petición formulada por la accionante el 8 de abril de 2010, en
la que solicita que se corrijan inconsistencias en su historia laboral, pues
no se tuvieron en cuenta la totalidad de semanas cotizadas. Cuestiona que le
hayan indicado que estas inconsistencias se deben a deudas y pagos aplicados
a períodos posteriores (Cuaderno 1, folio 36).
·
Contestación del ISS, con fecha 16 de julio de 2010, en la cual
indica que se depuraron errores en la historia laboral, correspondientes a
los períodos 1999-02, 1999-08, 1999-09, 2000-04, 2000-07, 2001-01, 2001-03 y
2001-09. Sin embargo, se le indica que, para el periodo 1996-10, no se
registran pagos. También se le manifiesta que, para períodos entre 1995 y
1996, existen inconsistencias en su nombre y en la vinculación como
trabajadora independiente, razón por la cual se le señala ante qué oficina
debe acudir: Departamento Comercial. Con todo, se afirma que se han iniciado
gestiones con la persona que figuraba como empleador (Cuaderno 1, folios 40
a  41).
·
Petición interpuesta por la accionante el 7 de abril de 2011
para que su historia laboral fuese corregida.  (Cuaderno 1, folio 45).
·
Resolución No. 030026 del 26 de agosto de 2011, por medio de la
cual se resuelve la anterior petición y se niega la pensión de vejez. Se
indica que cotizó un total de 997 semanas, de las cuales 432 corresponden a
los últimos veinte años antes del cumplimiento de la edad. Es decir, no
aumentó, tras las correcciones, este número que también fue referido en la Resolución
No. 100440 de 2009 (Cuaderno 1, folios 46 a 47).
·
Recurso de apelación contra la anterior resolución. Para el
efecto, el actor alega que cotizó más de 1000 semanas durante su vida
laboral. En este sentido, indicó que no se han contabilizado los períodos
correspondientes entre el 11 el diciembre de 1986 y el 12 de junio de 1987.
Igualmente, señala que se contabilizó para los períodos mensuales menos de 30
días. Además, señala que las semanas en cada mes equivalen a 4.29, lo que le
da un total de 1.023.14 semanas  (Cuaderno 1, folios 48 a 53).
·
Resolución No. 06412 del 21 de diciembre de 2011, expedida por
el ISS, que resuelve el recurso mencionado y confirma la negativa del
reconocimiento de la prestación reclamada. En ella se asegura que la
demandante sólo ha cotizado 997 semanas, “(…) de las cuales 449 semanas
corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad”.
Aun así, se le indica que puede solicitar nuevamente una corrección para que
sea cotejada la información que reposa en el archivo del ISS (Cuaderno 1,
folios 54 a 56).
·
Resolución No. 181959 del 15 de julio de 2013 expedida por Colpensiones,
a través de la cual se le niega el reconocimiento de la pensión de vejez
porque la accionante sólo acredita 6,983 días, que corresponden a 997 semanas
(Cuaderno 1, folios 70 a 71).
·
Copia de la historia clínica, en la que se indica que la demandante
figura como cotizante y que no tiene ninguna discapacidad. Sin embargo,
padece migraña, lumbagia, gastritis y osteoartrosis degenerativa. También se
menciona que asegura perder la memoria  (Cuaderno 1, folios 96 a 102).
·
Declaración del señor Orlando Jiménez Lopera (quien aparece en
los desprendibles de pago como empleador de la accionante), rendida el 11 de
septiembre de 2012 ante la Notaría 50 del círculo de Bogotá. En este
documento se indica que ayuda económicamente a su madre y que sufraga los gastos
del servicio de salud (Cuaderno 1, folio 112).
T-4.362.060
·
Resolución No. 04114 de octubre de 2010, expedida por la
Gerente de la Seccional Cundinamarca, mediante la cual se resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la accionante contra la Resolución No. 019139
del 19 de mayo de 2006, en el sentido de confirmar la negativa al
reconocimiento del derecho pensional. En ella se le indica que la solicitud
se presentó el 7 de septiembre de 2005 y  que fue negada por no cumplir con
los requisitos de ley. En palabras de la entidad, la demandante cuenta con
950 semanas, que equivalen a 18 años, 5 meses y 26 días, de las cuales cotizó
al sector público tan sólo 9 años, 5 meses y 15 días, por lo que no cumple
con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, que exige 20 años de servicios
prestados con exclusividad a dicho sector. Tampoco le aplica el Acuerdo 049
de 1990, ya que este exige que las cotizaciones sean con exclusividad al ISS,
de las cuales cuenta con 464 semanas. Finalmente, se le indica que bajo la Ley
L00 de 1993 -tras sus modificaciones- requiere un total de 1175 semanas.
También se menciona que la actora nació el 4 de diciembre de 1945 (Cuaderno
1, folios 25 a 28).
·
Reporte de semanas cotizadas actualizado al 11 de febrero de
2014 elaborado por Colpensiones. En él Figura un total de 724,42 semanas. Con
todo, se le explica que si antes de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones laboró en entidades del sector públicos y éstas no
cotizaron a Colpensiones (antes el ISS), debe anexar unos formatos diseñados
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de poder
totalizar las semanas (Cuaderno 1, folios 29 a 37).
·
Certificación para Bono Pensional expedido el 13 de septiembre
de 2005 por el Hospital Santa Clara (ESE), en el que se señala que ingresó a
laborar en dicha entidad el 16 de octubre de 1964 y que se retiró el 14 de
junio de 1974, con una licencia no remunerada de 74 días (Cuaderno 1, folio
38).
·
Petición formulada por la accionante el 2 de marzo de 2013 a
Colpensiones, con el fin de que lograr la corrección de su historia laboral y
de obtener el reconocimiento de la pensión de vejez. En concreto, solicita (i)
tener en cuenta el tiempo laborado según consta en el Bono Pensional; (ii) que
se corrijan varios períodos que figuran en el reporte, pero no el resumen de
semanas cotizadas (1995-3, 1997-1, 2011-6, 2011-9, 2011-12, 2012-3, 2012-9 y
2012-10); (iii) que se solucionen yerros en relación con algunos pagos
autónomos, los cuales fueron tomados como ya cotizados; (iv) que se corrijan
los valores correspondientes a los años 1995, 1999, 2001 y 2003; y (iv) que
se tengan en cuenta pagos efectuados por el consorcio Prosperar. Por lo
demás, la actora indica que por su edad pertenece al régimen de transición y
menciona el tumor maligno de estómago y las cirugías que ello conllevó. También
expone que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte l, se han de
tener en cuenta todas las semanas laboradas, independientemente si la persona
estaba o no afiliada al ISS y enfatiza que, en su parecer, cumplió las 1000
semanas en marzo de 2008 (Cuaderno 1, folios 39 a 47).
·
Copia del manual de usuario del sitio web de historia laboral
de Colpensiones, en el que se indica que si existen campos en los días
cotizados iguales a cero, se puede solicitar la corrección. Sin embargo, esto
puede deberse a que el valor se utilizó para cubrir otros conceptos, como
obligaciones con fondos de solidaridad e intereses de mora del período
declarado (Cuaderno 1, folios 54 a 54).
·
Respuesta del 20 de septiembre de 2013 a la petición en cita. En
ella se indica que se analizará de fondo el asunto, pero que se requieren 60
días hábiles para dar una contestación, contados a partir de la presentación
de la solicitud (Cuaderno 1, folios 84 y 85).
·
Respuesta del 31 de diciembre de 2013 a la solicitud de
corrección de la historia laboral. En esta oportunidad, se hicieron algunas
enmiendas y se manifiesta que se observan ciclos que no han sido girados por
el Consorcio Colombia Mayor (antes Prosperar), por lo que fueron requeridos y
se encuentran en trámite. Con todo, se le indica que si subsisten las
inconsistencias, puede formular una nueva solicitud de corrección de la
historia laboral. (Cuaderno 1, folios 88 a 89).
·
Historia clínica de la demandante, en la que se menciona que
padece un tumor maligno del estómago. También se manifiesta que, para el 3 de
octubre de 2013, se hallaba libre de cáncer (Cuaderno 1, folios 91 a 96).
T-4.365.843
·
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Jairo Naranjo Correa,
en la que se señala como fecha de nacimiento el 13 de abril de 1940 (cuaderno
1, folio 26).
·
Resolución No. 041693 expedida el 11 de Octubre de 2006 por el
ISS, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición formulado por el
accionante contra la Resolución No. 020068 del 30 de mayo de 2006, que
resolvió negar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. El motivo por
el cual le fue negada la prestación reclamada se basó en que no cumplía con el
requisito de tiempo de servicio, por cuanto sólo acreditó 816 semanas, de las
cuales 116 corresponden a los últimos 20 años antes de cumplir el requisito
de edad. Por su parte, el citado recurso de reposición se sustentó en que debían
tenerse en cuenta semanas que debía pagar el Consorcio Prosperar. Frente a lo
cual la entidad competente señaló que: “los pagos de aportes efectuados
por el asegurado con posterioridad a la fecha del retiro no corresponden a
las cotizaciones que pueden ser contabilizadas como 30 días calendario por
pago efectuado, pues para que correspondan a un mes completo de cotización,
debe existir el pago tanto del afiliado como de PROSPERAR, y en este caso no
existe el pago del subsidio”.  (Cuaderno 1, folios 29 a 30).
·
Resolución No. 03642 del 25 de noviembre de 2010 expedida por
el ISS, mediante la cual se resuelve una nueva solicitud de reconocimiento
pensional, formulada por el accionante el 9 de septiembre de 2008. En esta
ocasión se menciona que, tras actualizar la historia laboral, el actor cuenta
con 816 semanas, de las cuales 116 fueron cotizadas. Con ello, no es posible
aplicar el Acuerdo 049 de 1990, ya que no cumple con el requisito de tiempo
cotizado (Cuaderno 1, folios 33 a  34).
·
Mandamiento de pago proferido el 3 de junio de 1999 por el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá contra el señor Alfonso Sánchez
Oliveros y a favor del demandante, dirigido al pago de las sumas
correspondientes a cesantías, vacaciones y despido sin justa causa (Cuaderno
1, folio 35).
·
Certificación expedida en febrero de 1990 por la empresa
Espumas Universal, en la que se indica que el accionante trabajó para ellos desde
el 15 de mayo de 1989 (Cuaderno 1, folio 37).
·
Reporte de semanas cotizadas actualizado a septiembre de 2012
expedido por el ISS, en el cual se indica que el actor cuenta con 830,43
semanas. No aparece ninguna casilla correspondiente al período laborado para
la empresa Espumas Universal, entre 1989 y 1990 (Cuaderno 1, folio 38).
[1]
En el expediente T-4.350.117 (caso Lopera de Jiménez), la accionante interpuso
al menos dos peticiones, una el 28 de septiembre de 2009 y otra el 12 de abril
de 2011. En el expediente T-4.362.060 (caso Téllez Chivatá), la demandante
solicitó por primera vez el reconocimiento de la pensión el 7 de noviembre de
2005 y por segunda vez el 2 de marzo de 2013. Finalmente, en el expediente
T-4.365.843 (caso Naranjo Correa), el actor formuló la petición el 4 de mayo de
2006 y reiteró la solicitud el 9 de septiembre de 2008. Cabe destacar que, en
este último caso, el demandante sólo actuó ante el ISS.
[2]
En el expediente T-4.350.117 (caso Lopera de Jiménez) consta que el ISS negó el
reconocimiento de la pensión de vejez el 30 de octubre de 2009 y que volvió a
pronunciarse en el mismo sentido el 15 de julio de 2013. A su vez, en el
expediente T-4.362.060 (caso Téllez Chivatá) se vislumbra que la entidad negó
la solicitud mediante Resolución No. 019139 de 2006 y que confirmó la negativa
el 11 de octubre de 2010. Por último, en el expediente T-4.365.843 (caso
Naranjo Correa) se encuentra que el ISS negó el reconocimiento de la pensión de
vejez en mayo de 2006 y lo ratificó en noviembre de 2010.
[3]
El parágrafo transitorio 4º del artículo 48 de la Constitución, adicionado por
el Acto Legislativo No. 01 de 2005, establece lo siguiente: “El régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estado en dicho régimen, además, tengan cotizadas al
menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014”.
[4]
Al respecto, el primer inciso del citado artículo establece que “Todas las
personas tienen (…) derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas”.
[5]
Sobre el particular, al pronunciarse sobre la exequibilidad
del artículo 1 de la Ley 1581 de 2012, conforme al cual: “La presente ley
tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las
personas  a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política (…)”, la Corte señaló que: “(…) como bien lo
indica la Defensoría del Pueblo, (…) las garantías del habeas data enunciadas
en este artículo no son las únicas que comprenden el derecho. Ciertamente, del
derecho al habeas data se desprenden no solamente las facultades de conocer,
actualizar y rectificar las actuaciones que se hayan recogido sobre el titular,
sino también otras como autorizar el tratamiento, incluir nuevos
datos, o excluirlos o suprimirlos de una base de datos o archivo. Por
tanto, si bien la disposición se ajusta a la Carta, no debe entenderse como una
lista taxativa de las garantías adscritas al derecho”. Énfasis por fuera
del texto original.
[6]
Sentencia T-836 de 2006 reiterada, en otras, en las Sentencias T-300 de 2010,
T-868 de 2011, T-732 de 2012, T-491 de 2013 y T-471 de 2014.
[7]
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “Artículo
38.- Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificad, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes (…”.
[8]
Conforme con el artículo 3º del Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012 –que
rige desde el momento de su publicación-, COLPENSIONES, como administrador del
régimen de Prima Media con Prestación definida, deberá “resolver las
solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que
habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales ISS, o a la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM, no se hubieran resuelto a la
entrada en vigencia del presente decreto (…)”. Además, el numeral 3 del
mismo artículo contempla que esta entidad deberá “Ser titular de todas las
obligaciones con los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida del Instituto de Seguros Sociales – ISS y de los afiliados
de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca - CAPRECOM”. Finalmente, el
numeral 5º de este artículo incluye dentro de las competencias de COLPENSIONES “Efectuar
el recaudo de los aportes al Régimen de Prima media con Prestación Definida, en
las cuentas y con los mecanismos que la Administradora Colombiana de Pensiones
- COLPENSIONES establezca para tal efecto”.
[9]
Al respecto, el primer inciso del citado artículo establece que “Todas las
personas tienen (…) derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas”.
[10]
Sobre la materia, entre otras, se pueden consultar las siguientes
sentencias: C-060 de 1994, T-729 de 2002, C-1066 de 2002, C-1011 de 2008, T-632
de 2010, C-748 de 2011 y SU-458 de 2012.
[11]
“Por la cual se dictan las disposiciones generales
del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de
datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”
[12]
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.”
[13]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta providencia se
analizó la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de
2010 Senado; 046 de 2010 Cámara, el cual culminó siendo la
Ley 1581 de 2012.
[14]
M.P. Adriana María Guillén Arango.
[15]
M.P. Adriana Guillen Arango.
[16]
El artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 define como tratamiento: “Cualquier
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”.
[17]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[18]
La norma en cita dispone que: “la presente ley tiene por
objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la misma”. Énfasis por fuera del texto original.
[19]
Ley 1581 de 2012, art. 3, lit. c).
[20] Ley 1266 de 2008, art. 2, lit. f).
[21] Ley 1266 de 2008, art. 2, lit. g).
[22] Ley 1266 de 2008, art. 2, lit. h).
[23]
Los literales d) y e) del artículo 3 de la ley en cita indican que: “Encargado
del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por
cuenta del Responsable del Tratamiento”; “Responsable del Tratamiento:
Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con
otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos”. En relación con estos sujetos, en la Sentencia C-748 de
2011, la Corte señaló que para una verdadera garantía del derecho al habeas
data es necesario que se pueda establecer de manera clara la
responsabilidad de cada uno de ellos, en el evento de que el titular del dato
decida ejercer sus derechos. Cuando dicha determinación no exista o resulta
difícil llegar a ella, las autoridades correspondientes harán presumir la
responsabilidad solidaria de todos.
[24]
Sobre el particular, al pronunciarse sobre la exequibilidad
del artículo 1 de la Ley 1581 de 2012, conforme al cual: “La presente ley
tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las
personas  a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política (…)”, la Corte señaló que: “(…) como bien lo
indica la Defensoría del Pueblo, (…) las garantías del habeas data enunciadas
en este artículo no son las únicas que comprenden el derecho. Ciertamente, del
derecho al habeas data se desprenden no solamente las facultades de conocer,
actualizar y rectificar las actuaciones que se hayan recogido sobre el titular,
sino también otras como autorizar el tratamiento, incluir nuevos
datos, o excluirlos o suprimirlos de una base de datos o archivo. Por
tanto, si bien la disposición se ajusta a la Carta, no debe entenderse como una
lista taxativa de las garantías adscritas al derecho”. Énfasis por fuera
del texto original.
[25]
Lo anterior se desprende de los artículos 1 y 4 de la
Ley 1581 de 2012.
[26]
Sobre los principios en general se puede consultar el numeral 2.6.3 de la Sentencia
C-748 de 2011. En él se enumeran, entre otros, los principios de libertad,
necesidad, finalidad, utilidad, veracidad, integralidad en el manejo de los
datos, circulación restringida, incorporación, caducidad e individualidad.
[27] Sobre el principio de veracidad, en las Sentencias
SU-082 de 1995 y SU-089 de 1995, la Corte afirmó como contenido del derecho al habeas
data, la facultad de solicitar la rectificación de la información que no
corresponda a la verdad. Así mismo afirmó que no existe derecho alguno a "divulgar
información que no sea cierta". En el mismo sentido, se pueden
consultar, entre otras, las Sentencias T-097 de 1995, T-527 de 2000 y T-578 de
2001.
[28]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[29]
Ley 1581 de 2012, art. 10.
[30]
El artículo 48 de la Constitución Política establece que: “La seguridad
social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, [con] sujeción a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
ley. // Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
seguridad social. // El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad
social podrá ser prestada por entidades públicas o particulares, de conformidad
con la ley”. En los mismos términos, los artículos 3 y 4 de la Ley 100 de
1993 disponen que: “Artículo 3. El Estado garantiza a todos los
habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad
social. // Este servicio será prestado por el Sistema de Seguridad Social
Integral, en orden a la ampliación progresiva de la cobertura a todos los
sectores de la población, en los términos establecidos por la presente ley”. “Artículo
4. La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección,
coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado por las
entidades públicas y privadas en los términos y condiciones establecidos en la
presente ley. (…)”.
[31]
Ley 100 de 1993, art. 12.
[32]
Ley 100 de 1993, art. 52.
[33]
Decreto 2011 de 2012.
[34]
No sobra recordar que el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 define al
responsable del tratamiento, como aquella “persona natural o jurídica,
pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base
de datos y/o el tratamiento de los datos”.
[35]
Sobre el particular, en la sentencia T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla, se señaló que: “los datos que allí se
registran [se refiere a la historia laboral] tienen, evidentemente, un
carácter personal, pues a través de ellos se conocen aspectos que atañen al
ámbito particular del titular del derecho, tales como su identificación e
individualización, el tipo de actividad económica y personal de la que deriva
sus ingresos (ora por la existencia de una relación laboral, ora por la
realización de otro tipo de actividad económica), el monto de tal ingreso, el
pago oportuno de las cotizaciones respectivas, la proporción de la deducción
que se le efectúa, el tiempo laborado o de servicios prestados, las
licencias disfrutadas o pendientes, sus nombramientos o retiros, entre otros”. Énfasis por fuera del texto original.
[36]
Sentencia T-144 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
[37]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esta sentencia, la
Corte conoció de un caso en el cual a una persona perteneciente a la tercera
edad le negaban la pensión de vejez por incumplir, según la entidad, con el
requisito del número de semanas cotizadas. A pesar de haber apelado la negativa
y de aducir que desconocía el tiempo laborado para una empresa bancaria, al
momento de instaurar la acción de tutela, no le habían dado respuesta. Ambas
instancias judiciales denegaron el amparo. La Sala consideró que la ausencia de
respuesta y la existencia evidente de inconsistencias en la historia laboral
–dado que le habían indicado disímiles números de semanas cotizadas– conculcaba
su derecho fundamental al debido proceso administrativo, al igual que
desconocía el deber de guarda y actualización de los datos relativos a la
historia laboral.
[38] Véanse, entre otras, las
sentencias T-317 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-718 de 2005, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-599 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño;  T-771
de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla y T-482 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[39]
M.P. María Victoria Calle Correa. En esta oportunidad, la
Corte se pronunció sobre un caso en el cual a una persona de 80 años de edad le
negaban la pensión de sobrevivientes, en atención a que su cónyuge no le tenían
en cuenta semanas que laboró como servidor público. La historia laboral estaba
incompleta, pues algunas certificaciones no indicaban el tiempo laborado para
una alcaldía y los archivos habían sido destruidos por una toma guerrillera.
Las instancias judiciales que conocieron el asunto declararon improcedente la
acción de tutela. En su lugar, la Corte consideró que CAJANAL no había
desplegado actuaciones para actualizar los datos, además trasladaba las
consecuencias negativas de su erróneo tratamiento a la demandante. Por lo
anterior, concedió el amparo y, entre otras órdenes, dispuso que se
reconstruyera la historia laboral.
[40]
Sobre el particular, en la Sentencia T-811 de 2011, previamente citada, se
expuso que: “resulta posible afirmar que, cuando la entidad
pública en cuyas manos [se encuentra una] decisión administrativa[,] tiene la
posibilidad de resolver el asunto bajo examen, con mejores y mayores elementos
de juicio que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad de los
hechos que se le plantean, y no hace uso de ellos a pesar de tenerlos a su
disposición, o no se ocupa siquiera de indagar sobre la disponibilidad de tales
medios, estando en el deber de hacerlo y, a pesar de la insistencia del
administrado en ese sentido, vulnera el derecho fundamental al debido proceso,
pretermitiendo el cumplimiento de una obligación y la solicitud sobre un aspecto
del proceso que puede incidir en el sentido de la decisión que adopte, abriendo
así la posibilidad de proferir un acto que no consulte la realidad fáctica que
se le ha dado a conocer, ni las pretensiones que se le han planteado al
respecto”.
[41]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta providencia, la Corte se pronunció
sobre un caso en el cual a la demandante, quien tenía 69 años de edad al momento
de instaurar la acción de tutela, le negaban la pensión de vejez por no contar
con el requisito de semanas cotizadas. Pese a que en el asunto bajo examen se
evidenciaron inconsistencias en la historia laboral, que intentaron ser
solventadas por el empleador, el ISS aducía que la demandante contaba con menos
de 1000 semanas y que no reunía las 500 en los últimos 20 años de servicio
antes de alcanzar la edad para pensionarse. Por su parte, la actora alegaba que
contaba con 1200 semanas durante toda su vida laboral. La autoridad judicial de
instancia consideró que la acción de tutela era procesalmente inviable. No
obstante, la Sala de Revisión encontró que existía una trasgresión del derecho
fundamental al habeas data, relacionado con el derecho a la seguridad
social. En este sentido, argumentó  que las consecuencias de la mora del
empleador o de terceros no eran oponibles al trabajador, luego dichas semanas
debían contar en la historia laboral. Igualmente, destacó que existía
información que no era exacta y que el ISS se abstuvo de adelantar las
actuaciones pertinentes tras las solicitudes de corrección de los datos.
[42]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Énfasis por fuera del texto original.
[43]
Para ahondar sobre este punto, puede consultarse la Sentencia C-258 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Aun cuando en la citada providencia la
Corte se pronunció, desde la perspectiva del derecho viviente, sobre la
constitucionalidad del régimen pensional aplicable a congresistas y a otros
funcionarios del Estado, lo cierto es que permite comprender aspectos relativos
a la finalidad que tuvo en cuenta el legislador para expedir la Ley 100 de
1993.
[44]
El artículo 25-1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que:
“[t]oda persona tiene derecho (….) a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Por
su parte, el artículo 9 del Protocolo de San Salvador dispone que: “1. Toda
persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o
mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En
caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán
aplicadas a sus dependientes. // 2. Cuando se trate de personas que se
encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la
atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o
de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por
maternidad antes y después del parto.” Para la Sala se destaca
particularmente la definición propuesta por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –intérprete autorizado del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales–
en su Observación General 19, porque recoge los elementos más importantes de la
regulación internacional. De acuerdo con este documento: “El derecho a la
seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales,
ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener
protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del
trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o
muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo
familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”. Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 19,
E/C.12/GC/19, 4 de febrero de 2008, consideración No. 2.
[45]
Ver Sentencia C-789 de 2002.
[46]
Lo anterior encuentra sustento, además, en los debates que se realizaron en el
Congreso de la República durante el trámite de la citada reforma constitucional.
Así, por ejemplo, en la exposición de motivos se planteó la necesidad de
reconocer “(…) la competencia del Congreso para modificar el régimen
pensional, sin que puedan oponérsele expectativas o invocarse derechos
adquiridos a un régimen pensional, cuando no se han cumplido los requisitos
establecidos por la ley para adquirir el derecho a la pensión”. (Gaceta del Congreso del 20 de agosto de 2004, página 1. Subrayas
fuera del original). Además, en una de las intervenciones del entonces Ministro
de Hacienda, Dr. Alberto Carrasquilla, éste argumento que en el Acto Legislativo
se pretendía esclarecer que el concepto de derechos adquiridos incluía dos
elementos: “(…) el tema de la edad y el tema del tiempo de cotización (…).
[Un] derecho adquirido tiene que fundamentarse en el cumplimiento de estas dos
condiciones (…)”. (Cámara de Representantes, Actas de
Comisión, en: Gaceta del Congreso, Senado y Cámara, miércoles 8 de septiembre
de 2004, página 5). Posición que fue reiterada, al ser cuestionado por
un congresista, en los siguientes términos: “(….) El derecho adquirido tiene
una clara definición [,] que es la siguiente: Para adquirir el derecho a la
pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de cotización y las demás
condiciones que señale la ley vigente (…)” (Ibídem, página 6).
[47]
Sentencia T-592 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
[48]
Al respecto, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece
que: “La acción de tutela no procederá: (…) Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
[49]
Cuaderno 1, folios 25 a 26.
[50]
Cuaderno 1, folio 18.
[51]
Cuaderno 1, folios 28 a 31.
[52]
Cuaderno 1, folios 40 a 41.
[53]
Cuaderno 1, folios 40 y 41.
[54]
Cuaderno 1, folios 54 a 56.
[55]
Este último, solo fue aducido por el ISS.
[56]
Cuaderno 1, folios 25 a 28.
[57]
Cuaderno 1, folios 29 a 37.
[58]
Cuaderno 1, folios 39 a 47.
[59]
Véase, por ejemplo, las Sentencias T-1106 de 2003, T-923 de
2012, T-906 de 2013 y T-940 de 2013. Sobre este punto, se resalta que el
artículo 10 del CPACA dispone que: “Al resolver los asuntos de su
competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos
supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones
de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación
jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y aplique
dichas normas”. Esta disposición fue declarada exequible de manera
condicionada en la Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que: “las
autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación
jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las
decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas
constitucionales aplicable a la resolución de los asuntos de su competencia.
Esto, sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que
efectúan el control abstracto de constitucionalidad”.
[60]
Cuaderno 1, folio 26.
[61]
Cuaderno 1, folios 29 a 30.
[62]
Cuaderno 1, folios 33 a 34.
[63]
Cuaderno 1, folios 33 a 34.
[64]
Cuaderno 1, folio 37.
[65]
Cuaderno 1, folio 38.
[66]
Cuaderno 1, folio 35.
[67]
El texto del mencionado inciso es el siguiente: “La edad
para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”.
[68]
Cuaderno 1, folio 13.