T-808-13
ANTECEDENTES
Sentencia T-808/13
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Línea jurisprudencial sobre causales
genéricas y específicas de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO FACTICO-Configuración
Resulta
claro que el defecto fáctico está estrechamente vinculado a una valoración
probatoria arbitraria o a la omisión en la valoración de una prueba
determinante o en el decreto de pruebas de carácter esencial que resulte
incompatible con la Constitución.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia constitucional del requisito
general de subsidiariedad para su procedencia excepcional
El
artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. Por esta razón es que, en el caso de tutela contra providencias
judiciales, la exigencia constitucional equivale a que dentro del proceso que
se sigue (i) no exista un mecanismo idóneo para solicitar que cesen los efectos
de la providencia que, presuntamente, genera como consecuencia la vulneración
de un derecho fundamental; o, como segunda opción, (ii) puede demostrarse que,
de existir algún mecanismo idóneo, éste resulta ineficaz para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable al derecho fundamental, razón por la
cual se debe apreciar la viabilidad de la actuación del juez de tutela, antes
que someter la situación a la consideración de la autoridad ordinaria
competente.
LIMITES EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD EN
EL PROCESO PENAL-Respeto
a la dignidad humana de todos los implicados, eficacia de los derechos
fundamentales y cumplimiento de un conjunto de principios rectores y reglas que
racionalicen el proceso
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por existir recursos en
proceso penal que aún está en curso y no acreditar perjuicio irremediable
El
actor, tanto al momento de interponer la tutela, como actualmente, cuenta con
mecanismos dentro del procedimiento ordinario para procurar la protección  de
los derechos a la verdad, la justicia y a reparación y al debido proceso, como
son; i) el recurso de apelación; y ii) el recurso extraordinario de casación, y
eventualmente iii) el recurso de revisión además de todas las posibilidades de
intervención para hacer valer sus derechos como víctima que le ofrece el
proceso penal. Así mismo, no se expone de manera alguna el perjuicio
irremediable que pueda causarse a los derechos fundamentales del accionante y
que, por consiguiente, obligue a suplantar a los mecanismos ordinarios
dispuestos para su defensa. En efecto, no se puede entender la configuración de
un perjuicio irremediable dentro del proceso penal hasta tanto este no
concluya. Más aún cuando la existencia de otros medios de prueba aportados
cumpliendo los requisitos de la ley procesal pueden llevar al juez a desatar
las responsabilidades que se juzgan, asegurando los derechos que el accionante
alega se han conculcado.
Referencia: expediente T- 3925179
Acción de tutela
instaurada por Juan Carlos Páez Álvarez en contra de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Sincelejo y Otro
Magistrado
Ponente
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Bogotá D. C.,
doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto
Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º
de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia el 25 de abril de 2013, en la acción de tutela instaurada
por Juan Carlos Páez Álvarez en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior
Distrito Judicial Sincelejo y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Corozal (Sucre).
I.    ANTECEDENTES
A continuación
se resumen los fundamentos fácticos relevantes que obran dentro del expediente
de la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Páez Álvarez en contra de la
Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre).
1. Hechos
1.1.- El Sr. Juan
Carlos Páez Álvarez, instauró acción de tutela en contra de la Sala Penal del
Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el Juzgado Primero Promiscuo
del Circuito de Corozal (Sucre) por considerar que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación.
1.2. El Sr.
Juan Carlos Páez Álvarez actúa en calidad de víctima dentro del proceso penal
adelantado por el homicidio agravado de su padre en contra de Livington Félix
Páez Gómez y otros.
1.3. Dentro
del proceso penal en etapa de juicio oral del 5 de febrero de 2013, el  Fiscal
solicitó al juez de conocimiento la autorización para incorporar el informe
pericial de ADN fechado el 10 de abril de 2012, firmado por el forense Eduardo
Ruiz Gómez del Instituto de Medicina Legal. Según el expediente de tutela,
dicha petición se sustentaba en que la prueba solicitada era diferente de otro
informe –suscrito por otro funcionario de Medicina Legal- que previamente el
juez había negado por no haber sido descubierta conforme a las reglas de
procedimiento penal.
1.4. El juez
de conocimiento negó la anterior solicitud en sesión del 6 de febrero de 2013,
con el argumento de que el asunto ya había sido resuelto  mediante Auto del 4
de Julio de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Sincelejo al referirse a la decisión de no incorporar otro informe pericial
que tenía el mismo objeto del actual.
1.5. La decisión
del juez de conocimiento fue recurrida correspondiendo a la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, quien en providencia
adiada 21 de febrero de 2013 confirmó la decisión del a quo razonando
que se trataba del mismo informe pericial cuya incorporación al juicio oral
había sido negada por el juzgado de conocimiento.
1.6. Contra
esta decisión el accionante interpuso tutela en calidad de víctima del proceso penal
considerando que se incurrió en vía de hecho al no aceptar el informe pericial
de Medicina Legal siendo que este es diferente del que se había negado primero.
Alega el actor que los dos informes difieren en cuanto a la determinación que
buscaban, en el primero: si era sangre humana o animal; en el segundo, el
objeto era cotejar perfiles genéticos de ADN encontrados en la escena del
crimen con uno de los sindicados.
2. Fundamento
de las decisiones impugnadas
Las decisiones
impugnadas por vía de tutela, tanto del Juez de primera instancia como la que
resuelve el recurso por parte del Tribunal Superior de Sincelejo – Sala de
Decisión  Penal,  sostienen la argumentación hecha respecto del descubrimiento
probatorio extemporáneo a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente
ambas decisiones  tienen como eje axial la decisión del Tribunal Superior de
Sincelejo expedida el 4 de julio de 2012, en la medida que “el mismo fiscal
aclaró que el informe pericial si bien se refería al mismo tema, estaba firmado
por un perito distinto.”[1]
El Tribunal al
igual que el a quo, entienden que “se trata de la misma muestra
tomada a PAEZ GÓMEZ  pocos días después de formulado el escrito de acusación,
es el mismo pantalón en que se encontraron las trazas de sangre, que se
sospechaba pertenecían a uno de los procesados, la autorización del juez de control
de garantías es el mismo, en fin, los actos de investigación en procura de
establecer si en la ropa de la víctima quedaron rastros de uno de los
sindicados que pudiera vincularlo con el crimen, son los mismos.”
3. Actuaciones
procesales y Decisión del juez de tutela
3.1 La Sala de
casación penal mediante providencia del dieciséis (16) de abril de dos mil
trece (2013) avoca conocimiento de la acción de tutela y dispone la vinculación
de los procesados Livington Páez Gómez, Erika y Vicky Martínez Arias en
condición de terceros con interés en el resultado de la acción de amparo, así
como a todos quienes ostentan la condición de parte e intervinientes en la
actuación penal que concita la atención de la Corte para que a su vez respondan
sobre la temática planteada dentro de la actuación de tutela.
3.2. Como
consecuencia de la mencionada vinculación, se allegaron informes del Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre), Fiscal Primero Seccional de
Sincelejo, Procuradora 321 Judicial II Penal, y Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Sincelejo
3.3. El
Veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, resolvió, en el fallo de tutela, negar el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, la verdad, la justicia y la
reparación. Consideró improcedente la acción incoada al no encontrar
configurados ninguno de los defectos señalados por la jurisprudencia
constitucional como viables para que procediera el recurso de amparo contra
providencias judiciales.
4. Pruebas
que obran en el expediente
4.1. Providencia
de fecha 21 de febrero de 2013 del  Tribunal Superior Distrito Judicial
Sincelejo-Sala Penal, que confirmó el auto que negó a la fiscalía la petición
de que haga ingreso o se incorpore al juicio el informe pericial de cotejos de
ADN N. DRBO-LGEF-1202000269 del instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
firmado por el Doctor Juan Eduardo Ruiz Gómez.
4.2. Informe
pericial biológico firmado por la doctora Sandra Lucia Rincón Segura. Dictamen
N. DRBO-LBIF-260457-2012 (fechado 21 de marzo de 2012).
4.3. Dictamen
pericial de cotejo de ADN de Medicina legal (GRUPO DE GENÉTICA FORENSE), informe
pericial N. DRBO-LGEF-1202000269 firmado por el Doctor Juan Eduardo Ruiz Gómez (fechado
abril 10 de 2012).
4.4. Oficio N.
0241-2013-DSSCR-DRNT (fechado abril 08 de 2013) en donde el Instituto Nacional
de Medicina Legal certifica que son dos dictámenes completamente diferentes,
los informes periciales N. DRBO-LBIF-260457-2012 (fechado 21 de marzo de 2012)
firmado por Sandra Lucia Rincón Segura; y el cotejo de ADN del GRUPO DE
GENÉTICA FORENSE  N.DRBO-LGEF-1202000269 (fechado abril 10 de 2012) el cual
firma el Doctor Juan Eduardo Ruiz Gómez.
4.5. Copia de
la última página de la providencia de fecha 4 de julio de 2012 aprobado acta N.
078 del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo-Sala Penal, que confirmó
el auto que negó a la fiscalía la petición de hacer comparecer al juicio oral a
la Doctora Sandra Lucía Rincón Segura como perito del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.
4.6. Registro
del Audio de la audiencia del juicio oral del día 5 y 6 de febrero del año
2013, que se llevó a cabo en la sala de audiencias de Corozal, donde la
Honorable Juez Dra. Paola Álvarez Medina, profirió un auto, por medio del cual
negó a la fiscalía la petición de que haga ingreso o se incorpore al juicio el
informe pericial de cotejos de ADN firmado por el Doctor Juan Eduardo Ruiz
Gómez N. DRBO-LGEF-1202000269 del instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (fechado abril 10 de 2012).
4.7 Registro
del audio de la audiencia de acusación, del día 1 de junio de 2010.
4.8 Registro del audio de la
audiencia preparatoria que se celebró el día 26 de octubre de 2010.
4.9  Registro del audio de la
audiencia de juicio oral celebrada el día 5 de febrero de 2013.
4.10 Registro del Audio de la
audiencia de juicio oral celebrada el día 6 de febrero de 2013.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.- Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2.- Presentación del caso, planteamiento del asunto
objeto de revisión y problema jurídico.
2.1- El Sr.
Juan Carlos Páez Álvarez, instauró acción de tutela en contra de la Sala Penal
del Tribunal Superior Distrito Judicial Sincelejo y el Juzgado Primero
Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre) por considerar que se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, la verdad, la justicia y la
reparación. El actor, actuando como víctima del delito de homicidio agravado
cometido contra su padre que se enjuicia en la jurisdicción penal, considera
que ante la negativa de la Jueza de conocimiento, y posterior confirmación del ad
quem, de autorizar la incorporación al juicio oral del informe pericial de
ADN en la que se hacía un cotejo de muestra de ADN del procesado con el que se
encontró en la escena de los hechos, se produjo un defecto fáctico que conduce
a la violación de sus derechos. Para el accionante, dicho defecto se produce al
entender que se trataba de la misma prueba que se había solicitado
anteriormente y que había sido negada.
En efecto, el
juez cuya decisión se demanda por una parte alude a que la fiscalía no anunció
claramente la prueba de cotejos de ADN sino que simplemente hizo referencia a
una expectativa de prueba y por otra parte, hace referencia a que se trataba de
la misma prueba que fue negada anteriormente al tratarse del mismo rastro de
sangre sobre el mismo pantalón (supuestamente de la víctima) cotejado con la
misma muestra genética del imputado y que solo cambiaba el nombre del perito
que rendía el informe. El accionante considera que hay una errónea apreciación
por parte de los jueces ya que se trataba de dos pruebas diferentes con objetos
diversos y procedimientos de obtención de resultados heterogéneos que al confundirlas
llevó a la negación de la segunda, generando el defecto fáctico en su dimensión
omisiva.
Problema
Jurídico
2.2.- Con
fundamento en lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar previo
análisis de la procedibilidad de la acción de tutela, si los jueces penales en
uso efectivo del principio de autonomía judicial, incurrieron en un defecto
fáctico al negar la incorporación al proceso del informe pericial que tenía por
objeto cotejar la muestra de ADN encontrada en el pantalón (que presuntamente
pertenecía a la víctima) con el de uno de los sindicados en el proceso,
vulnerando los derechos de la víctima al debido proceso, la verdad, la justicia
y la reparación.
A fin de
resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) Reiteración
de la jurisprudencia constitucional en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales (ii) caracterización del defecto
fáctico y finalmente, (iii) se abordará el estudio del caso concreto
3. Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales: reiteración de
jurisprudencia[2]
3.1 La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un
carácter excepcional[3],
está supeditada, entre otras cosas, a que los efectos de una decisión judicial
vulneren o amenacen derechos fundamentales y a que no exista otro mecanismo
judicial idóneo para proteger el derecho comprometido. Esta Corporación ha
sentado una abundante jurisprudencia en torno a lo que en los primeros años fue
llamado vía de hecho y que más recientemente ha experimentado una
evolución terminológica hacia el concepto de causales genéricas de
procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto a la procedencia de esta
acción constitucional para controvertir providencias judiciales (sentencias y
autos).
De acuerdo con
el estado actual de la jurisprudencia, la acción de tutela contra providencias
judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones
en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, las cuales la tornan incompatible con los mandatos previstos en
el Texto Superior. En este sentido, la acción de tutela contra providencias
judiciales es concebida como un “juicio de validez”[4], lo que se opone a que se
use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen
a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los recursos judiciales
tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir las decisiones que
estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta Política. No
obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la
arbitrariedad judicial; en esa hipótesis, por ejemplo, se habilita la
procedencia del amparo constitucional.
3.2. En
desarrollo de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en
Sentencia C-590 de 2005[5],
reiterada de recientemente por la sentencia de unificación SU-195 de 2012,
determinó un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y
procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como
presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales
afectados por una providencia judicial.
Ellos se
dividen en dos grupos: (i) los requisitos generales, que están
relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan
hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de
la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la
distribución jerárquica de competencias en la rama jurisdiccional; y, (ii)
los requisitos específicos, que se refieren a la descripción de los
defectos en que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen
incompatible con la Constitución.
3.3. En este
orden de ideas, los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, cuya presencia debe ser verificada
por el juez antes de pasar a examinar las causales materiales que darían lugar
a que prosperara el amparo solicitado, son los siguientes:
“a. Que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó,
el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones[6].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[7].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[8].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[9].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[10].  Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de
sentencias de tutela[11].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[12]
Con respecto a la
existencia de requisitos o causales especiales que posibilitan la procedencia
de una tutela contra una sentencia judicial, esta corte ha señalado que se
requiere la configuración de al menos, uno de los siguientes vicios:
“a. Defecto orgánico,
que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales[13]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
f.  Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[14].
h.
Violación directa de la Constitución.”[15]
Serán estos
los requisitos que se deberán tener en cuenta al momento de valorar la
procedibilidad de una acción de tutela contra providencias judiciales.
Por su parte,
conforme a lo que alega el actor en cuanto a que se incurrió en un defecto
fáctico por parte del juez de conocimiento y a su vez por el ad quem que
conoció del respectivo recurso, a continuación se hará una breve referencia a
la caracterización de este alegado defecto para luego entrar a analizar el caso
concreto con base en la jurisprudencia de esta Corporación.
4. Breve
caracterización del defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia[16].
4.1. De
acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[17], sistematizada en la
Sentencia SU-195 de 2012, el defecto fáctico “tiene lugar siempre que
resulte evidente que el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez para
resolver un caso es absolutamente inadecuado[18].
Para este Tribunal “Si bien el juzgador goza de un amplio margen para
valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la
sana crítica […]´[19],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa
probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos[20],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[21], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[22],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas”[23][24].
4.2. Igualmente,
la Corte ha establecido que el defecto fáctico comprende dos dimensiones: una dimensión
omisiva y una dimensión positiva. “La primera, la dimensión omisiva,
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[25]. La
segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas igualmente
esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución[26]”[27].
4.3. En cuanto
a la dimensión Omisiva, se considera que se trata de “la negación o
valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba[28] que se
presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración[29],
cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente[30].”[31]
4.4. Frente a la dimensión positiva, “el defecto fáctico se presenta
generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.).”[32]
[33]
4.5. De tal
manera, la acción de tutela contra providencias judiciales fundadas en un
defecto fáctico es viable cuando la negativa a hacer el decreto o la valoración
de la prueba o el error en la valoración de la misma es “de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[34].
4.6. Ahora
bien, el fundamento de la intervención del juez de tutela ante estas
circunstancias “radica en que, a pesar de las amplias facultades
discrecionales que posee el juez de conocimiento para el análisis del material
probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales.”[35].
4.7. Por último,
vale la pena mencionar que esta Corporación ha identificado algunas
manifestaciones del defecto fáctico entre las que pueden mencionarse:[36]
“1. Defecto
fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis
se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido[37].
2. Defecto
fáctico por la no valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el
funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos
probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[38].
3. Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte
cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva[39].”
4.8. En
resumen, de la jurisprudencia de la Corte resulta claro que el defecto fáctico
está estrechamente vinculado a una valoración probatoria arbitraria o a la
omisión en la valoración de una prueba determinante o en el decreto de pruebas
de carácter esencial que resulte incompatible con la Constitución.
6.- Análisis del caso concreto
6.1. El asunto
bajo análisis, tiene su origen en la tutela que presentó el señor Juan Carlos
Páez Álvarez, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Sincelejo y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre)
quien actúa en calidad de víctima dentro del proceso penal adelantado contra
los presuntos responsables del homicidio de su padre. El actor considera
vulnerados sus derechos al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la
reparación al negarse la incorporación al juicio oral de un informe pericial de
ADN ya  que considera que se está confundiendo este informe con otro anterior
sobre el cual ya se había resuelto de forma negativa en anterior oportunidad.
No obstante,
tanto el a quo como el ad quem consideraron que se trataba de una
prueba que no había sido descubierta conforme las reglas del proceso penal y
que en todo caso se trataba de la misma prueba cuya incorporación había sido
negada por el juzgado de conocimiento ya que versaba sobre la misma muestra
tomada al procesado días después de formulado el escrito de acusación y sobre
los rastros de la misma ropa del difunto buscando el mismo fin: establecer si
en la ropa se encontraban rastros de uno de los sindicados.
6.2. Precisa la
Sala de Revisión que enseguida: (i) se verificará en el caso concreto el
cumplimiento de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de
tutela y luego (de haber lugar) (ii) las causales específicas o defectos, en
los que podría estar incursa la actuación de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Sincelejo, y por consiguiente, la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados, al emitir la providencia de fecha 21 de
febrero de 2013, por medio de la cual confirmó la decisión adoptada el 6 de febrero
de 2013 por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre)  que
negaba a la fiscalía la petición de incorporación al juicio de un informe
pericial de cotejo de ADN.
Procedencia
formal de la acción de tutela en el caso de la referencia.
6.3.
La acción de tutela contra providencias judiciales requiere el examen estricto
de las condiciones de procedibilidad en cada caso en concreto, el cual debe
iniciar por las denominadas condiciones generales de procedibilidad. Éstas
implican, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, que el asunto tenga
relevancia constitucional, que se hayan agotado los recursos con que cuenta el
interesado, que exista inmediatez respecto de la notificación de la providencia
cuestionada, que no exista posibilidad de controvertir la decisión en el proceso
ordinario y que la irregularidad, de ser procesal, sea determinante en la
sentencia que se profiera dentro de la respectiva causa.
6.4.
En primer lugar, debe resaltar la Sala que el asunto sometido a su
consideración tiene relevancia constitucional, en cuanto plantea una posible
afectación de los derechos fundamentales al debido proceso a la verdad,
justicia y reparación del accionante dentro del proceso penal en que se
profirió la decisión.
6.5. Así
mismo, cumple con el requisito de inmediatez que se requiere de manera formal
para que se considere conducente la acción de tutela como mecanismo excepcional
de defensa. En efecto, presentó la solicitud de amparo contra la sentencia de
segunda instancia que niega la incorporación de un informe pericial de genética
forense (21 de febrero de 2013), en un término razonable (16 de abril de 2013).
Se trata de un lapso de menos de tres meses, lo que a juicio de la Sala es un
tiempo de interposición razonable para esta acción constitucional.
6.6.
Sin embargo, no se cumple con lo preceptuado por el artículo 86 de la
Constitución en lo referente al principio de subsidiariedad para el ejercicio
de la acción de tutela. En efecto, el artículo 86 de la Constitución establece
que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Por esta razón es que,
en el caso de tutela contra providencias judiciales, la exigencia
constitucional equivale a que dentro del proceso que se sigue (i) no exista un
mecanismo idóneo para solicitar que cesen los efectos de la providencia que,
presuntamente, genera como consecuencia la vulneración de un derecho
fundamental; o, como segunda opción, (ii) puede demostrarse que, de existir
algún mecanismo idóneo, éste resulta ineficaz para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable al derecho fundamental, razón por la cual se debe
apreciar la viabilidad de la actuación del juez de tutela, antes que someter la
situación a la consideración de la autoridad ordinaria competente.
En
el caso en estudio, la Sala no aprecia ninguna de las dos situaciones a partir
de las cuales podría concluirse que se cumple con el principio de
subsidiariedad que gobierna la acción de tutela tal como se expondrá a
continuación.
(i)
Procedencia de la tutela solo ante la no existencia de otro medio de defensa
judicial
6.7. Frente a
procesos en trámite, a priori la acción de tutela no resulta procedente,
en  cuanto que el ordenamiento jurídico ha establecido medios de defensa
judiciales idóneos y eficaces a lo largo del proceso y aún después de su
terminación para asegurar la protección de los derechos y las garantías
fundamentales. En el caso concreto, ignorar la estructura del proceso penal que
se funda en una serie de procedimientos y etapas claramente definidas que
otorgan garantías principalmente a las partes pero también a los intervinientes
llevaría a desconocer la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e
introduciría una tercera instancia en las actuaciones procesales dentro del
rito penal.
6.8. Más aún,
cuando al no haber culminado el proceso, aún no se puede tener la certeza de
que la decisión que tome el juez de conocimiento con base en todos los
elementos probatorios que lleven a la construcción de la verdad, resulte
violatoria, finalmente, de algún derecho o garantía del proceso incluidos
evidentemente los derechos de las víctimas.
6.9.
Efectivamente, en el caso concreto, dentro del proceso penal el accionante de
tutela como víctima además de la intervención que tiene en las distintas fases
del proceso de juzgamiento –incluida la fase de juicio oral-[40] tiene la oportunidad de
presentar:
i)
El recurso de apelación, previsto para las sentencias de primera
instancia dictadas en los procesos penales, de acuerdo con el artículo 176 de
la ley 906 de 2004, cuyo conocimiento, de acuerdo con el artículo 34 de la
misma ley, corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito; y
ii)
El recurso de casación, previsto en el artículo 180 y siguientes de la
ley 906 de 2004, el cual como control constitucional y legal procede contra las
sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por
delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales, estando legitimados
para presentar el recurso los intervinientes que tengan interés.
iii)  Eventualmente
podría contar con el recurso de revisión, al que se refieren los artículos 192
y siguientes de la ley 906 de 2004, frente al cual también estaría legitimada
la víctima según el artículo 193 de la misma Ley como interviniente especial.[41]
(ii)
Existencia de un perjuicio irremediable
6.10. Ahora
bien, solo ante un perjuicio irremediable, el amparo constitucional puede
fungir como mecanismo transitorio. En el caso concreto si bien el accionante menciona
la configuración de este requisito no resulta certero a la hora de establecerlo.
Simplemente hace referencia a que “es innegable que al excluirse
caprichosamente la prueba de cotejos de ADN, nos causa a las víctimas un
perjuicio irremediable”. Por su parte, esta Sala no encuentra que
de los hechos y de lo aportado al proceso se pueda deducir el perjuicio
irremediable requerido. En efecto, los derechos  a la verdad, justicia y
reparación,  no se consideran vulnerados irremediablemente porque se haya
proferido una decisión judicial contraria a los intereses de la víctima, más
aún cuando cuenta con el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal
penal impone y fue objeto de debate en el trámite de apelación. Igualmente, no
se evidencia perjuicio irremediable en la medida que el proceso continúa y no
se trata de la única prueba, sino que hay un acervo probatorio que la Fiscalía
descubrió oportunamente y que será objeto de discusión durante  lo que resta
del procedimiento hasta la Sentencia, ofreciéndose la posibilidad de que la
verdad, la justicia y la reparación se hagan efectivas si a ello hay lugar.
Por lo tanto
no se aprecia que sin culminar el proceso penal se puedan ver conculcados los
derechos de la víctima a la verdad la justicia y la reparación, como tampoco al
debido proceso por cuanto, tal como se ha expresado, los jueces penales
actuaron conforme al procedimiento instituido en aras de lograr las garantías
del derecho de defensa y de contradicción de la prueba.
6.11.
Respecto del caso concreto, y reforzando el análisis hasta ahora elaborado por la
Sala, se expondrá a continuación, por una parte, la circunstancia de que no hay
una incidencia clara de la negativa de la admisión de la prueba pericial en el
resultado final del proceso, y por  otra, que en todo caso, el resultado puede
ser controvertido mediante los recursos consagrados legalmente en el evento de
inconformidad con la misma.
6.12. En el
caso concreto, y por vía de discusión la Sala encuentra oportuno aclarar que, si
bien la fiscalía anunció una expectativa de prueba frente a la muestras de ADN
del procesado no las descubrió formalmente, es decir, no descubrió el informe
pericial sobre el análisis forense en los momentos que el procedimiento penal
trae conforme a los artículos 337, 344 y 356 del Código de procedimiento penal.
Es así como a pesar de haberse hecho referencia a una expectativa de prueba, el
respectivo informe pericial no fue introducido y la actividad investigativa
desarrollada por la fiscalía se extendió más allá del momento establecido para
tal fin.
6.13. La
fiscalía pretendió entonces, hacer valer un informe pericial que aunque puede
diferir de otro anterior que había sido negado, se basa en los mismos hechos:
una muestra de ADN del procesado, y una mancha presuntamente encontrada en un
pantalón (aparentemente de la víctima) que ni siquiera estaba relacionada en el
informe ejecutivo según la sentencia de segunda instancia de 21 de febrero de
2013 del Tribunal Superior de Sincelejo[42].
Existiendo las mismas razones, debe asistir el mismo derecho. De esta forma, la
decisión posterior (emitida en febrero 21 de 2013) se dirigió en la misma
dirección que la que se tomó en anterior oportunidad (aquella que decidió sobre
la prueba pericial de 4 de julio de 2012), esto es, negar la incorporación de
la prueba por no respetar  el debido proceso al traspasar  las etapas
establecidas para el descubrimiento probatorio la cual, tal como lo ha
expresado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[43],  se inicia con la
presentación del escrito de acusación por parte de la fiscalía, continúa en la
audiencia de formulación de acusación y culmina en la audiencia preparatoria.
6.14. Así, la
negativa del juez a incorporar la prueba –por demás justificada tal como se ha
explicado- no implica una incidencia determinante en el resultado del proceso
más allá de no tener en cuenta una prueba que en todo caso debe ser analizada a
la luz del resto del acervo probatorio.
6.15. De otro
lado, es pertinente resaltar que el resultado final, esto es la sentencia
condenatoria o absolutoria, puede ser objeto de controversia  a través de los
recursos y mecanismos que la ley establece y a los cuales ya se refirió esta
Sala anteriormente cuando se analizaron las oportunidades procesales que tiene
la víctima para impugnar tal decisión como la apelación de la sentencia o el
recurso de casación.
6.16. Al
respecto, y particularmente sobre los derechos a la verdad y a la justicia que
el actor reiteradamente menciona en su escrito como vulnerados, es oportuno
decir que  la Justicia supone “ (i) el derecho ser a oído en un juicio en el
que sus razones sean tenidas en cuenta -defensa e igualdad en el acceso a la
administración judicial -; (ii) el derecho a contar con un tribunal competente,
imparcial e independiente para el efecto, y (iii)  el derecho a una
decisión judicial como resultado de un  proceso en el que se han respetado
las garantías procesales establecidas por la ley. La autoridad prevista por el
sistema legal del Estado para el efecto, debe decidir entonces sobre los
derechos de toda persona que interponga ese recurso; lo que conlleva efectuar
una determinación entre los hechos y el derecho – con fuerza legal – que
recaiga y  trate sobre un  objeto específico.  Así mismo, el
derecho a un recurso judicial efectivo incluye la obligación de investigar,
identificar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. No cumplir
con tales garantías, significa una denegación de justicia, proscrita por los
tratados internacionales”[44].
6.17. Como se
deduce de los hechos, el actor se encuentra en medio de un proceso en el que ha
podido participar y no cabe razón para pensar que no seguirá ocurriendo a lo
largo del proceso,  el cual llevará finalmente a la atribución de
responsabilidades a que haya lugar lo que le garantizará a su vez la verdad y
la reparación.
6.18. En
cuanto al derecho a la verdad, si bien es cierto, tal como lo ha señalado la
Corte, la búsqueda de la verdad funge como valor, principio y derecho
constitucional y tiene su origen en la necesidad de alcance y realización de la
justicia, que es una función primordial para el Estado Social y Democrático de
Derecho, que surge de los artículos 2º, 229 y 230 de la Carta.[45], también lo es que “La
búsqueda de la verdad en el proceso penal está subordinada al respeto por la
dignidad humana de todos los implicados, a la eficacia de los derechos
fundamentales y al cumplimiento de un conjunto de principios rectores y reglas
que racionalicen el proceso”. [46]
6.19. Resulta
oportuno recordar que la Corte ha sostenido que lograr la verdad dentro del
proceso penal es fundamental para alcanzar la justicia, sin embargo, esa
búsqueda  se encuentra enmarcada por las garantías propias del derecho penal
dentro de un Estado constitucional y democrático como el colombiano. En la
medida que no solo existen los derechos de la víctimas sino los derechos a la
presunción de inocencia, o de no autoincriminación, por mencionar algunos, no
se puede llevar a cabo la búsqueda de la verdad saliendo de los límites que
fija el proceso penal y que radican en el respeto a la dignidad humana de todos
los implicados, a la eficacia de los derechos fundamentales y al cumplimiento
de un conjunto de principios rectores y reglas que racionalicen el proceso.
[47].
6.20. No puede
olvidarse que el fin de la actividad estatal y de los procesos judiciales es
garantizar el goce efectivo de los derechos constitucionales, por lo que las
formas o las reglas procesales tienen como propósito otorgar garantías y
certeza en la demostración de los hechos que conllevan al reconocimiento de los
derechos sustanciales. Es indudable que las normas procesales tienen un
propósito sustantivo, como lo es proteger el debido proceso tanto de los
intervinientes como es el caso de la víctima en el proceso penal sino de las
partes que en este caso son los procesados a quienes el proceso penal les
afecta derechos como la libertad y que por lo mismo debe seguirse con sumo
cuidado en aras de evitar intromisiones injustificadas o desproporcionadas. Las
garantías instituidas en el proceso penal como por ejemplo el establecimiento
de normas claras sobre el descubrimiento de la prueba tienen de trasfondo el
derecho de defensa y contradicción de quien puede estar interesado en
controvertir las mismas en los tiempos que se establecen para ello.
Conclusión
6.21.
En resumen, por las razones expuestas, la Sala encuentra que el actor, tanto al
momento de interponer la tutela, como actualmente, cuenta con mecanismos dentro
del procedimiento ordinario para procurar la protección  de los derechos a la
verdad, la justicia y a reparación y al debido proceso, como son; i) el recurso
de apelación; y ii) el recurso extraordinario de casación, y eventualmente iii)
el recurso de revisión además de todas las posibilidades de intervención para
hacer valer sus derechos como víctima que le ofrece el proceso penal.
6.22.
Así mismo, no se expone de manera alguna el perjuicio irremediable que pueda
causarse a los derechos fundamentales del accionante y que, por consiguiente,
obligue a suplantar a los mecanismos ordinarios dispuestos para su defensa. En
efecto, no se puede entender la configuración de un perjuicio irremediable
dentro del proceso penal hasta tanto este no concluya. Más aún cuando la
existencia de otros medios de prueba aportados cumpliendo los requisitos de la
ley procesal pueden llevar al juez a desatar las responsabilidades que se
juzgan, asegurando los derechos que el accionante alega se han conculcado.
6.23.
Igualmente, se considera que no se presentó vulneración a los derechos alegados
del señor Juan Carlos Páez Álvarez, en etapa alguna del proceso penal que hasta
el momento se sigue por la muerte de su padre. En la medida que no se refleja
una arbitrariedad o capricho que den a entender una actuación contraria a la
Constitución, impidiendo así la entrada del juez de tutela en el procedimiento
penal para restaurar alguna garantía o derecho fundamental vulnerado.
6.24. Por
último, en lo que a la decisión del Juez  que se pretende impugnar por vía de
tutela se refiere, la no incorporación del informe pericial obedeció a razones
justificadas que no configurarían un defecto fáctico y que esta Sala encuentra
razonables. Así, el tantas veces mencionado hecho de que se trataba de una
muestra de sangre encontrada en el pantalón aparentemente de la víctima cuyo
cotejo se hacía con una muestra de ADN del presunto responsable es el
fundamento de los dos informes periciales que no se incorporan por el juez con
el entendido de que se tratan de lo mismo. Tal justificación la contemplan
tanto el a quo como el ad quem en sus decisiones y no se revela
como una interpretación descabellada ni arbitraria como se ha expuesto más
arriba, más aún cuando se atienden las circunstancias propias del debido
proceso que cumple unas funciones de garantía frente a todas las partes e intervinientes
del proceso penal.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE, por los motivos expuestos en esta sentencia, la acción de
tutela promovida por Juan Carlos Páez Álvarez contra la sentencia de 6 de
febrero de 2013,  del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal
confirmada por Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo, en providencia adiada 21 de febrero de 2013. En consecuencia, CONFIRMAR
la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013),
SEGUNDO.- Por la
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Ver Folio 45
[2] Ver por todas, especialmente: Sentencia T-307 de 2011, Sentencia
SU-195 de 2012,  Sentencia T-265 de 2013 y Sentencia T-160 de 2013.
[3] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-543 del 1 de octubre de 1992.
[4] Al respecto, en la Sentencia T-310 de 2009, se indicó que: “(…) la acción de tutela contra sentencias es un
juicio de validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las
normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a
detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de
los derechos fundamentales”.
[5] En esta ocasión se declaró la inexequibilidad de la
expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, relacionado con la sentencia de casación penal.
[6]  Sentencia 173/93.
[7] Sentencia T-504/00.
[8] Ver entre otras la reciente Sentencia
T-315/05
[9] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[10] Sentencia T-658/98
[11] Sentencias T-088/99 y SU.1219/01
[12] Sentencia C-590 de 2005, reiterada por la Sentencia SU-195 de 2012
[13] Sentencia T-522/01
[14] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y T-1031/01.
[15] Sentencia C-590 de 2005, reiterada por la Sentencia SU-195 de 2012
[16] Ver
entre otras: Sentencia T-1150
de 2008 y sentencia SU 195 de 2012
[17] Ver, entre otras, las sentencias T-231 de, T-442 de 1994, T-567
de 1998, T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639  de
2006, T-143 de 2011  y SU-195
de 2012.
[18] Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de 1998.
[19] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[20] Cfr. sentencia SU.1300 de 2001.
[21] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[22] Cfr. sentencia T-538 de 1994.
[23] Sentencia SU.159 de 2002.
[24] Sentencia SU -195 de 2012
[25] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[26] Cfr. sentencia T-538 de 1994.
[27] Sentencia SU-195 de 2012
[28] Ibíd. sentencia T-442 de 1994.
[29] Cfr. sentencia T-576 de 1993.
[30] Cfr. sentencia T-239 de 1996.
[31] Sentencia SU-195 de 2012
[32] Cfr. Sentencias T-138 de 2011 y SU.159 de 2002.
[33] Sentencia SU-195 de 2012
[34] Ibid.
[35] Sentencia T-442 de 1994. y Sentencia T-1150
de 2008.
[36] Sentencia T-138 de 2011.
[37] Cfr. Sentencia T-902 de 2005.
[38] Ibidem.
[39] Ibidem.
[40] Cfr. Sentencia C209 de 2007 La víctima tiene participación
en etapa de indagación, en la Audiencia de acusación, la audiencia preparatoria
y en el juicio oral particularmente en la controversia probatoria, así como su
facultad de impugnación frente al principio de oportunidad o la preclusión de
la investigación.
[41] Tal como lo ha definido la Corte en Sentencia C-207 de 2007, la cual ha dejado claro que “si Bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal, no le otorgó la
condición de parte, sino de interviniente especial.”
[42] Obrante a folio 77
[43] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 38187, jul.
4/12, M. P. Julio Enrique Socha Salamanca
[44] Sentencia T520A de 2009
[45] verdad   La Corte en la sentencia C-396 de 2007 (M.P.  Marco
Gerardo Monroy Cabra)
[46] Sentencia T520A de 2009
[47] Cfr. Sentencia  C-396 de 2007  y Sentencia T520A de 2009