SU769-14
Sentencia T-506/12
NOTA DE RELATORIA: Mediante
auto 343 de fecha 30 de octubre de 2014, el cual se anexa en la parte final de
la presente providencia, se corrige el numeral primero de la parte resolutiva,
en el sentido de indicar la fecha en que efectivamente se profirió el fallo de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Sentencia SU769/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Contenido y desarrollo
El carácter prestacional del
derecho a la seguridad social no lo excluye de su reconocimiento como
fundamental, bajo la idea de que cualquier derecho consagrado en la Carta
Política, sin distinción, ostenta esa calidad. Como componente de este derecho la Sala hará mención a la pensión de vejez, como una
de las formas a través de las cuales que busca proteger a quienes, con ocasión
de la disminución de producción laboral, se encuentran imposibilitados para
obtener por su cuenta los medios necesarios para su subsistencia en condiciones
dignas; específicamente, recordará la jurisprudencia referente al régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993.
REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100/93-Reiteración de jurisprudencia
El artículo
36 de la Ley 100 de 1993 dispuso que la edad, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez, serían los
establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas las
personas que al momento de la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones (1° de abril de 1994) cumplieran cualquiera de los siguientes
requisitos: (i) tener la edad de treinta y cinco (35) años en el caso de las
mujeres, o cuarenta (40) años tratándose de hombres; o (ii) tener quince (15)
años o más de servicios cotizados.
ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR
PRIVADO COMO EN EL SECTOR PUBLICO-Caso en que el
demandante es beneficiario del régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Acumulación de tiempos no cotizados al ISS para reconocimiento de la
pensión de vejez
PENSION DE VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION-Aplicación del Acuerdo No. 049/90/PENSION DE VEJEZ-No exige
cotizaciones efectuadas de manera exclusiva al Instituto de Seguros Sociales
según Decreto 758/90
POSIBILIDAD DE ACUMULAR TIEMPO DE SERVICIOS LABORADOS EN ENTIDADES
PUBLICAS CUANDO NO SE HUBIEREN EFECTUADO LOS APORTES A ALGUNA CAJA O FONDO DE
PREVISION SOCIAL, CON SEMANAS EFECTIVAMENTE COTIZADAS AL INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL E IN DUBIO PRO OPERARIO-Acumulación de tiempos laborados y no cotizados antes de la entrada
en vigencia de la ley 100 de 1993
Para el reconocimiento de la
pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se
les apliquen los requisitos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de
1990, es posible realizar la acumulación de los tiempos en cajas o fondos de
previsión social cotizados o que debieron ser cotizados por las entidades
públicas, con aquellos aportes realizados al seguro social. Lo anterior, porque
indistintamente de haberse realizado o no los aportes, es la entidad pública
para la cual laboró el trabajador la encargada de asumir el pago de los
mismos.
EMPLEADOR-Responsabilidad por omisión en
el pago de aportes patronales y traslado de cotizaciones al sistema general de
pensiones
Al asumir la carga pensional
era la entidad pública la obligada a responder por los aportes para pensiones,
y en caso de no hacerlo debe entonces asumir el pago de los mismos a través del
correspondiente bono pensional. El hecho de no haberse realizado las
cotizaciones no puede convertirse en una circunstancia imputable al empleado,
ni se trata de una carga que este deba soportar, mucho menos para efectos del
reconocimiento de un derecho pensional.
ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR
PRIVADO COMO EN EL SECTOR PUBLICO-Válida no solo
para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino
también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500
semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida
ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR PRIVADO
COMO EN EL SECTOR PUBLICO-Posibilidad de acumular
tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no
efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las
aportadas al ISS
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo al aplicar una norma que resultaba desfavorable
–art. 33 de la ley 100/93- y por valerse de una interpretación respecto de una
disposición –art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, que resultaba regresiva y
contraria a la Constitución, para reconocimiento de pensión de vejez
Referencia:
expediente T-4128630.
Acción
de tutela interpuesta por el señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata en contra
del Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín y de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., dieciséis
(16) de octubre de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela emitido por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el proferido por la Sala de
Casación Laboral de la misma corporación, en la acción de tutela instaurada por
Gustavo de Jesús Echavarría Zapata.
I. ANTECEDENTES
El señor Gustavo de Jesús Echavarría
Zapata interpuso la presente acción de tutela con el fin de solicitar que se
revoquen las sentencias proferidas por el Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad
del Circuito de Medellín y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma
ciudad, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
bajo el argumento de no contar con las semanas de cotización requeridas. Para fundamentar su demanda relató el siguiente acontecer
fáctico:
1. Hechos que dieron lugar al
proceso ordinario laboral:
1.1.
El señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata, de 62 años de edad para el momento
de la presentación de la acción de tutela[1],
solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales -ISS- el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez, mediante escrito radicado el 2 de julio de 2010.
1.2. Esta
entidad, mediante Resolución núm. 003388 del 21 de febrero de 2011, negó el
reconocimiento de la prestación solicitada al considerar que el peticionario, “beneficiario
del régimen de transición consagrado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993”,
no cumplió con el requisito de semanas de cotización requerido. Lo
anterior, por cuanto cotizó al Instituto de Seguros Sociales un total de 504.43
semanas, de las cuales solamente 387 correspondían a los aportes realizados al Seguro
Social en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para acceder a la
pensión, siendo necesarias 500 semanas cotizadas en tal periodo, de conformidad
con lo dispuesto en el literal “b” artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado
por el Decreto Reglamentario 758 de 1990[2].
Teniendo en
cuenta que para obtener la prestación pretendida el accionante solicitó la
acumulación del tiempo laborado en el sector público como Secretario de
Tránsito del Municipio de Bello, la entidad agregó que la única normatividad
que permite acumular tiempo laborado al servicio del Estado y no aportado a
ninguna Caja de Previsión, con los periodos cotizados al Seguro Social, es el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003[3],
que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Con base en
esa consideración, analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha norma, así como en cada uno de los regímenes vigentes antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, para concluir que no le asistía al actor el
derecho a la pensión de vejez. Los argumentos del ISS fueron los siguientes:
1.2.1. De
un lado, sostuvo que:
“[L]a
única normatividad que permite acumular tiempo laborado al servicio del Estado
y no aportado a Caja de Previsión alguna, tiempos aportados a cualquier Caja o
Fondo de Previsión Social y periodos cotizados al Seguro Social en calidad de
trabajador vinculado a una empresa privada es el artículo 9° de la Ley 797 de
2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y que exige para
acceder a la pensión de vejez acreditar 55 o más años de edad en el caso de las
mujeres o 60 o más años de edad en el caso de los hombres y un mínimo de 1000
semanas hasta diciembre de 2004, 1050 hasta diciembre de 2005, 1075 para el año
2006, aumentando 25 semanas cada año hasta llegar a 1300 en el 2015 (…).
Que
según las pruebas obrantes en el expediente, específicamente los certificados
laborales en entidades públicas allegados por el solicitante, se establece que
el asegurado ECHAVARRIA ZAPATA ha laborado como servidor público remunerado
(sin cotización al ISS) durante los periodos indicados a continuación:
ENTIDAD
PERIODO
TOTAL
DÍAS
DESDE
HASTA
Municipio
de Bello
18/09/1990
30/06/1995
1723
Cálculo
Municipio de Bello
01/07/1995
30/07/1995
30
TOTAL
DÍAS SECTOR PÚBLICO SIN COTIZACIÓN AL ISS
1753
TOTAL
SEMANAS SECTOR PÚBLICO SIN COTIZACIÓN AL ISS
250.43
“Que
el tiempo laborado en el sector público sin cotización al ISS  genera la
obligación a cargo de las entidades públicas empleadoras o de la respectiva
Caja donde estuvo afiliado el trabajador, de emitir BONO PENSIONAL a favor del
ISS, para convalidar ese tiempo y poder tomarlo en cuenta al momento de definir
la prestación a cargo del Instituto
Que
no se ha procedido a efectuar el trámite de SOLICITUD DE EMISIÓN BONO
PENSIONAL, por las razones que seguidamente se exponen:
Según
el reporte de semanas proferido por el departamento de Historia Laboral y Nómina
de Pensionados del ISS, se establece que el asegurado ECHAVARRIA ZAPATA ha
cotizado al Instituto un total de 504.43 semanas:
TOTAL
DÍAS COTIZADOS AL ISS
3531
TOTAL
SEMANAS COTIZADAS AL ISS
504.43
Que
sin perjuicio del trámite previo de EMISIÓN DE BONO PENSIONAL requerido en
todos los casos y solo para efectos de revelar en la presente solicitud el
estado de la historia laboral del asegurado, se tomará en consideración el
tiempo público sin cotización al ISS como si ya hubiese sido pagado el bono,
para definir con base en todo el tiempo de servicios si el solicitante
cumpliría requisitos para pensión de vejez y cuál sería el régimen aplicable.
Que
sumado el tiempo laborado en el sector público SIN COTIZACIÓN AL ISS con las
semanas cotizadas al ISS a través de diferentes empresas, arroja un total de
754,86 semanas. De lo que se deriva que el asegurado no ajusta el tiempo
requerido para la pensión de vejez por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que
modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993”.
1.2.2. Respecto
al análisis realizado sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en
cada uno de los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, el ISS señaló lo
siguiente:
- Sumado el
tiempo laborado en el sector público sin cotización al ISS, con las semanas
cotizadas en esa entidad, arrojó un total de 754.86 semanas, de lo que se
deriva que el asegurado no cumplía con el tiempo requerido para la pensión de
vejez contenido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, porque para la fecha de
la solicitud requería de un total de 1.175 semanas cotizadas.
- El
asegurado no acreditó con los requisitos contenidos en la Ley 33 de 1985,
aplicable para quienes  tenían calidad de servidores públicos al momento de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto solo acreditó un total de
6 años de servicios con el Estado. Tampoco demostró el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la Ley 71 de 1988, ya que los servicios prestados al
Municipio de Bello no fueron aportados a ninguna Caja o Fondo de Previsión
Social. En cuanto al Acuerdo 049 de 1990, determinó que el asegurado solo
contaba con 504,43 semanas cotizadas al ISS, de las cuales solo 387 fueron
cotizadas al ISS en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, razón
por la cual tampoco cumplía con los requisitos fijados en este régimen.
-
Finalmente, esbozó que el solicitante no contaba con las 750 semanas o su
equivalente en tiempos de servicio a la entrada en vigencia de la reforma
introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 (parágrafo transitorio 4°),
razón por la cual debía seguir cotizando hasta completar las semanas exigidas
en la Ley 100 de 1993 u optar por la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez.
2. Hechos
que dieron lugar a la acción de tutela:
2.1. Ante la negativa de la entidad, el señor
Echavarría Zapata instauró demanda ordinaria laboral en contra del Instituto de
Seguros Sociales. El asunto correspondió al Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín, quien mediante fallo del
19 de septiembre de 2011 negó las pretensiones. Consideró que el Acuerdo 049 de
1990 adoptado por el Decreto 758 de 1990 no permite acumular tiempos públicos y
privados, e incluso, si las semanas hubieran sido cotizadas al ISS, por existir
un componente público y ser tiempo servido a entidades territoriales
municipales, el mismo no podía acumularse.
Esta decisión
fue confirmada en su totalidad por el Tribunal Superior de Medellín, mediante
sentencia del 25 de mayo de 2012, donde indicó que la única normatividad que
permite sumar tales tiempos es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Al
analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta última disposición,
concluyó que no acreditaba el número de semanas requeridas, que para el momento
en que cumplió la edad para acceder a la pensión de vejez, era de 1.175.
2.2. El
accionante advierte que el abogado que lo venía representando en el proceso
ordinario presentó recurso de casación contra la decisión del Tribunal, el cual
fue admitido por la Corte Suprema de Justicia mediante Acta núm. 28 del 14 de
agosto de 2012. Sin embargo, fue declarado desierto el 9 de octubre del mismo
año por falta de sustentación oportuna. Al respecto, aduce que no tuvo
conocimiento de esta decisión sino hasta el mes de mayo de 2013, cuando indagó
por su caso, por lo que le preguntó al profesional sobre tal negligencia,
recibiendo como respuesta que “efectivamente se le había pasado el término
para sustentar el recurso”.
2.3. El
actor instauró acción de tutela el 4 de junio de 2013, por considerar que los
jueces de instancia dentro del proceso ordinario laboral incurrieron en un defecto
sustantivo que habilita la procedencia de este amparo constitucional contra
providencias judiciales, por cuanto desconocen los pronunciamientos que ha
proferido la Corte Constitucional[4],
mediante los cuales se posibilita la acumulación de tiempos de servicio en
entidades estatales con las cotizaciones realizadas al ISS, para reunir el
número de semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
A su
juicio, se inaplicó la normatividad vigente para el reconocimiento de la pensión
de vejez y se omitió el análisis según el cual, atendiendo el principio de
favorabilidad, es posible acumular los periodos laborados en una entidad pública
con aquellos cotizados al ISS, para acceder a tal prestación.
Para
sustentar su solicitud, citó las sentencias T-090 de 1990 y T-181 de 2011 donde
la Corte ha admitido la acumulación referida y ha señalado que, en caso de que
la entidad pública no haya realizado los aportes, no se afectaría la
sostenibilidad financiera del sistema, por cuanto aquellas tienen la obligación
de realizar el traslado correspondiente con base en el cálculo actuarial (bono
pensional).
2.4. Por
último, mencionó que está enfermo y se encuentra desempleado, por lo que debe
subsistir y mantener económicamente a su compañera permanente y a su hijo, con
el apoyo que le brindan terceras personas.
2.5. Como
consecuencia de lo anterior, solicitó se ordene revocar la sentencia proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que a su vez confirmó la
del Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad del Circuito
de Medellín. En su lugar, se reconozca y pague la pensión de vejez desde el día
2 de julio de 2010, fecha en la cual cumplió la edad para acceder a dicha
prestación. .
2. Trámite
procesal.
El 12 de junio de 2013
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción
de tutela y concedió el término de un día para que las partes dentro del
proceso rindieran un informe sobre la veracidad de los hechos planteados en el
escrito de tutela. De igual forma, ordenó enterar a los intervinientes en el
proceso ordinario que promovió el accionante contra el Instituto de Seguros
Sociales, para que en el mismo término ejercieran su derecho de defensa y
contradicción.
3. Contestación de
las entidades accionadas.
3.1.  La
Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín solicitó que se declarara
improcedente el amparo, dado que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad. Manifestó que se debían agotar todos los instrumentos ordinarios
y extraordinarios idóneos para la protección de los derechos fundamentales, lo
que no sucedió en este caso, al haberse declarado desierto el recurso de
casación. Finalmente, estimó que en la providencia atacada no se incurrió en
ninguna de las situaciones establecidas por la Corte Constitucional para que se
configure una vía de hecho.
3.2. Los
demás interesados guardaron silencio.
4. Decisiones objeto
de revisión constitucional.
4.1.
Primera instancia.
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del
veinticuatro (24) de junio de dos mil trece (2013), negó el amparo solicitado
al considerar que no se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la última
providencia controvertida se emitió el 25 de mayo de 2012 y el auto que declaró
desierto el recurso es del 9 de octubre de la misma anualidad, razón por la
cual no existe justificación para haber presentado la acción de tutela el 4 de
junio de 2013; es decir, pasados más de 7 meses desde esta última actuación.
4.2. Impugnación.
El señor
Gustavo de Jesús Echavarría Zapata impugnó el fallo. Manifestó que no tenía
ningún estudio de educación superior y mucho menos en derecho, razón por la
cual contrató los servicios de un abogado para el proceso ordinario laboral
-quien de manera negligente dejó vencer los términos para sustentar el recurso
de casación, circunstancia que generó una investigación disciplinaria en su
contra que se encuentra actualmente en curso- y recibió la ayuda de centros
comunitarios y de la Personería Municipal para interponer esta acción de
tutela. Agregó que la última actuación no fue la proferida por la Corte Suprema
de Justicia al declarar desierto el recurso, sino el auto de liquidación de
costas emitido en el mes de febrero de 2013.
4.3. Segunda Instancia.
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del
diecisiete (17) de septiembre de 2013, confirmó la providencia impugnada. Afirmó
que si bien el accionante había cumplido con la carga argumentativa de explicar
el por qué, en su concepto, la demanda cumplía con el requisito de inmediatez,
no se encontraba demostrada la vía de hecho en la que presuntamente incurrieron
los jueces de conocimiento, ni se acreditó el perjuicio irremediable que diera
lugar al amparo. Para el fallador, resultó evidente que el accionante pretendía
revivir los términos ya vencidos de tal forma que el juez constitucional
entrara a reemplazar las instancias ordinarias.
5. Pruebas.
Entre las
pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las
siguientes:
- Acta de declaración juramentada con fines extraprocesales núm. 528, rendida
el 28 de mayo de 2013 por Elkin Darío Velásquez López ante la Notaría Segunda
de Bello (Antioquia), mediante la cual manifiesta tener conocimiento de la
dificultad económica del señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata y su núcleo
familiar, así como de los problemas de salud que lo aquejan. (Cuaderno 1, folio
17).
- Acta de declaración juramentada con fines extraprocesales núm. 520,
rendida el 28 de mayo de 2013 por Gustavo de Jesús Echavarría Zapata ante la
Notaría Segunda de Bello (Antioquia), mediante la cual manifiesta no poseer
bienes muebles o inmuebles, no tener entradas económicas que permitan su propio
sostenimiento así como el de su hijo y su compañera permanente y estar en
precarias condiciones de salud. (Cuaderno 1, folio 18)
- Resolución núm. 003388 del 21 de febrero de 2011, mediante la cual el
Instituto de Seguros Sociales niega el reconocimiento de la pensión de vejez
solicitada por el señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata. (Cuaderno 1, folios
19 y 20).
- Historia laboral del señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata,
expedida por el Instituto de Seguros Sociales donde consta el número de semanas
cotizadas en esa entidad. (Cuaderno 1, folios 21
a 24).
- Certificado de periodos de vinculación laboral para bonos pensionales
expedido por el Municipio de Bello, donde consta el número de semanas laboradas
por el accionante como secretario de tránsito municipal. (Cuaderno 1, folios 25
a 29).
- Sentencia de primera instancia proferida el 19 de septiembre de 2011
por el Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad del
Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el
señor Gustavo de Jesús
Echavarría Zapata contra el Instituto de Seguros Sociales. (Cuaderno 1, CD 1
anexo, sin folio).
- Sentencia de
segunda instancia proferida el 25 de mayo de 2012 por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado
por el señor Gustavo de
Jesús Echavarría Zapata contra el Instituto de Seguros Sociales. (Cuaderno 1,
CD 2 anexo, sin folio).
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
La Sala Plena de
la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo mencionado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero, y 241,
numeral noveno de la Constitución Política, 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como al artículo 54A de su reglamento
interno.
El asunto fue seleccionado para revisión
mediante Auto del 14 de noviembre de 2013. Posteriormente, en sesión del 19 de
febrero de 2014, la Sala Plena asumió la competencia para decidir el asunto.
3. Presentación
del caso y planteamiento del problema jurídico.
El señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata solicitó al
Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de vejez,
por considerar que acreditaba 500 semanas de cotización dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad exigida para acceder a la pensión de
vejez, de acuerdo con el literal “b” del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
Esa entidad negó la petición del actor bajo el argumento
de no cumplir con el número de semanas de cotización requerido por la
mencionada normatividad, por cuanto de las 504,43 semanas cotizadas al seguro
social, solamente 387 correspondían a los 20 años anteriores al cumplimiento de
la edad para obtener la pensión.
Mencionó que no era posible acumular los tiempos de
servicio laborados en entidades estatales con las semanas cotizadas al ISS, por
cuanto la única normatividad que permite realizar dicha acumulación es el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de
2003. Por último, analizó el cumplimiento de los requisitos fijados en esta última
norma y concluyó que tampoco cumplía con el tiempo necesario para acceder a la
prestación, por cuanto sumado el tiempo laborado por el accionante en el sector
público con las semanas cotizadas al ISS, no se acreditaban las 1175 semanas
que exigía reunir la ley para el año 2010.
El señor Echavarría instauró demanda ordinaria laboral en
contra del Instituto de Seguros Sociales. El Juzgado Veintiuno Laboral de
Oralidad del Circuito de Medellín  negó las pretensiones por considerar que el Acuerdo
049 de 1990 no permite acumular tiempos públicos y privados para el
reconocimiento de la pensión de vejez, decisión que fue confirmada en todas sus
partes por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.
Para el accionante, las anteriores providencias vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social, al incurrir en un defecto sustantivo. Esto, por desconocer la
normatividad para el reconocimiento de la pensión de vejez y el precedente
jurisprudencial de esta corporación (sentencias T-090 de 2009 y T-181 de 2011) según
el cual, en aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, es posible acumular los periodos
laborados en una entidad pública con aquellos cotizados al ISS, para acceder a
tal prestación.
Los jueces
de instancia en el trámite de la tutela negaron el amparo invocado por
considerar que no se encontraba acreditado el requisito de inmediatez y porque
no se demostró el yerro en el que presuntamente incurrieron los falladores
dentro del proceso ordinario laboral.
Con base en los hechos descritos, corresponde a esta Sala
de Revisión analizar los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Es procedente la acción de tutela cuando el
accionante no agotó todos los mecanismos de defensa judicial que se encontraban
a su alcance para la protección de los derechos fundamentales invocados?
(ii) En el evento de ser procedente, si ¿las providencias
de las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso y a la seguridad social de una persona que solicitó la
acumulación del tiempo que laboró en una entidad pública y respecto del cual no
se efectuaron cotizaciones, con las semanas cotizadas al ISS, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, a quien le fue
negada bajo el argumento de no ser posible realizar tal acumulación? Para resolver
este interrogante se considerará si:
(iii) ¿Es posible o no acumular tiempos de servicios
prestados en entidades públicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes
a alguna Caja o Fondo de Previsión Social o cuando no fueron cotizados al Instituto
de Seguros Sociales, con las semanas efectivamente cotizadas a ese instituto?; y
(iv) En caso de ser posible ¿tal acumulación da lugar al
reconocimiento de la pensión de vejez de acuerdo con los requisitos
establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 2012?
Para resolver los problemas
jurídicos planteados la Corte analizará los siguientes tópicos: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el derecho a la seguridad social; (iii) el régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (iv) el reconocimiento
de la pensión de vejez bajo régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
Posibilidad de acumular tiempos de servicios en entidades públicas cotizados en
Cajas o Fondos de Previsión Social, o que en todo caso fueron laborados y
debieron ser cotizados, con los aportes realizados al Instituto de Seguros
Sociales. Con base en ello, (v) se resolverá el caso concreto.
4. Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia[5].
4.1. En
numerosas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que
ahora la Sala recordará la jurisprudencia sobre la materia.
El artículo 86
de la Carta Política establece que a través de ese mecanismo constitucional
puede reclamarse la protección de los derechos fundamentales “cuando
resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública”. De la
lectura de esta disposición se desprende que el Constituyente no realizó
distinción alguna respecto de los ámbitos de la función pública en los cuales
tales derechos podrían resultar vulnerados. Por eso, la acción de tutela procede
contra los actos o las decisiones proferidas en ejercicio de la función
jurisdiccional[6].
Ha señalado la
Corte que esa regla se deriva del texto de la Constitución en concordancia con
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[7] aprobada mediante la
Ley 16 de 1972 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[8] aprobado mediante la Ley 74 de 1968, que
reconocen que toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales
ágiles y efectivos que los amparen contra la violación de sus derechos, aún si
esta se causa por quienes actúan “en ejercicio de sus funciones
oficiales”.
4.2. Ante el uso
indiscriminado de la acción de tutela contra esta clase de decisiones, la
jurisprudencia se vio en la necesidad de imponer unos límites a su ejercicio.
Es así como en la sentencia C-543 de 1992 la Corte declaró inexequibles los
artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1990, que permitían la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales como regla general.
Determinó que si
bien los funcionarios judiciales son autoridades públicas, ante la importancia
de principios como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e
independencia judicial, tal procedencia debía ostentar un carácter excepcional
frente a las “actuaciones de hecho” que impliquen una grave vulneración
a los derechos fundamentales. Por eso, en los primeros pronunciamientos de esta
corporación se sostuvo que tal procedencia era permitida únicamente en los
casos en los que en las decisiones judiciales se incurriera en una “vía de
hecho”, esto es, cuando la actuación fuera “arbitraria y caprichosa y
por lo tanto abiertamente violatoria del texto superior”[9].
Más adelante la
Corte amplió el espectro de afectación de los derechos fundamentales y
manifestó que “va más allá de la burda transgresión de la Constitución”[10], incluyendo entonces los casos
en los que, por ejemplo, el juez se aparta de los precedentes sin la debida
justificación o cuando “la interpretación que desarrolla se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”[11].
4.3. Posteriormente,
en la sentencia C-590 de 2005 se declaró inexequible la expresión “ni
acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía
interponer la acción de tutela contra decisiones de casación en materia penal.
En dicha providencia, partiendo de la idea de la excepcionalidad de este
mecanismo contra providencias judiciales, acompasado con el propósito de
asegurar el equilibro entre los principios de seguridad jurídica, la cosa
juzgada y autonomía e independencia judicial, se sistematizaron diferentes
requisitos también denominados“criterios
de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”[12], dentro de los cuales
se distinguen unos de carácter general y otros de carácter específico.
Los primeros han
sido fijados como restricciones de carácter procedimental o presupuesto
indispensable para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo, es decir,
aquellos que habilitan la interposición de la acción, los cuales fueron
definidos por la Corte como “requisitos generales de procedencia de tutela
contra providencias judiciales”. A continuación se reseña la clasificación
realizada en la mencionada sentencia:
“24.  Los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[13].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[14].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[15].  De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[16].  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[17].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que
no se trate de sentencias de tutela[18].  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (Resaltado fuera de texto).
En cuando a los requisitos específicos,
la citada providencia mencionó que una vez acreditados los requisitos
generales, el juez debía entrar a determinar si la decisión judicial cuestionada
por vía de tutela configura un yerro de tal entidad que resulta imperiosa su
intervención. Así, mediante las denominadas “causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”, la Corte determinó
cuáles serían tales vicios, de la siguiente manera:
“25.
Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una
acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas. (…)
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[19] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[20].
i.
Violación directa de la Constitución”. (Resaltado fuera de texto).
4.4.
Específicamente sobre el defecto material o sustantivo esta corporación ha
señalado que se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo
es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica”[21]. En la sentencia SU-515 de 2013 fueron
sintetizados los supuestos que pueden configurar este tipo de yerros, a saber:
“(i) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable, ya que: (a) no es pertinente[22],
(b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[23],
(c) es inexistente[24], (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución[25],
(e) o a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como,
por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador[26].
(ii) La interpretación de la norma al caso concreto no se encuentra
dentro de un margen razonable[27] o el funcionario judicial hace una
aplicación inaceptable de la disposición, al adaptarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes[28]; también, cuando se aplica una regla de
manera manifiestamente errada, sacando la decisión del marco de la juridicidad
y de la hermenéutica jurídica aceptable[29].
(iii) No se tienen en cuenta sentencias con efectos erga omnes[30].
(iv) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva[31] o claramente contraria a
la Constitución[32].
(v) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no
previsto en la disposición[33].
(vi) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del
derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[34].
(vii) El servidor  judicial da insuficiente sustentación de una
actuación[35].
(viii) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación[36].
(ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre
que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso[37]”.
4.5. Con base en
lo anterior, para el análisis de la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es necesario tener en cuenta, en primer lugar, que se
trata de una posibilidad de carácter excepcional, sujeta al cumplimiento de los
parámetros formales y materiales fijados por esta corporación. Además, deben
encontrarse acreditados cada uno de los requisitos generales expuestos, que le
permitan al juez de tutela realizar un examen constitucional de las decisiones
judiciales puestas a su conocimiento. Asimismo, habrá de demostrarse la
existencia de, por lo menos, una de las causales específicas o defectos
enunciados.
5. Derecho a
la seguridad social. Reiteración de jurisprudencia.
5.1. Dentro del ordenamiento
jurídico colombiano el derecho a la seguridad social ha sido concebido como un
servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en observancia a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad[38].
Igualmente se considera como un
servicio público esencial, en lo relacionado con el sistema de salud y con las
actividades vinculadas al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales[39], que busca
“mitigar las consecuencias propias de la desocupación, la vejez y la
incapacidad de las personas, y que garantiza consigo mismo el ejercicio de
otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la dignidad
humana y el mínimo vital”[40].
Desde este punto de vista prestacional, la seguridad social supone un mayor
grado de responsabilidad por parte del Estado en el diseño de las instituciones
encargadas de la prestación del servicio, así como en la asignación de recursos
para el pleno funcionamiento del sistema[41].
A la vez, se caracteriza por ser
un derecho constitucional irrenunciable[42], cuya interpretación
debe ser realizada de conformidad con los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia[43]. Su carácter
fundamental fue en principio desestimado por su ubicación dentro de la Carta
como un derecho de segunda generación. No obstante, ha dejado de ser reconocido
como un derecho social, en el entendido que “todos los derechos constitucionales
son fundamentales, pues se conectan de
manera directa con los valores que los Constituyentes quisieron elevar
democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la
Constitución”[44].
Sobre el particular ha explicado
la jurisprudencia constitucional que, inicialmente, los derechos fueron
clasificados en razón a los procesos históricos que dieron origen a los
llamados derechos civiles y políticos y a los derechos económicos,
sociales y culturales. Los primeros “buscaban principalmente proteger al individuo en su autonomía,
estableciendo obligaciones negativas o de no hacer a los Estados (no detener a
una persona arbitrariamente); por dicho carácter negativo se entendió que estos
derechos eran totalmente justiciables y exigibles, por ende, fundamentales”.
En cuando a los segundos “apuntaban a la protección de la sociedad frente a
ciertas necesidades y contingencias de la vida humana e imponían a los Estados
obligaciones positivas o de hacer (establecer la prestación del servicio de
salud para todos los habitantes), implicando estos, entre muchas otras
acciones, la asignación de partidas presupuestales para su realización,
condición que les situó como derechos prestacionales, programáticos, no
justiciables ni exigibles, en consecuencia no fundamentales”[45].
5.2. En razón a dicha
clasificación, la tesis primigenia utilizada por esta corporación fue la de “la
improcedencia general de la acción de tutela para la protección de los derechos
sociales, por no ser ellos fundamentales”[46]. Sin embargo, luego
de reconocer las dificultades que implicaba dicha categorización,  fue
reconocida la tesis de la conexidad en el entendido que los derechos de segunda
generación podían ser amparados a través de la acción de tutela “cuando se
lograra demostrar un nexo inescindible entre los derechos de orden prestacional
y un derecho fundamental”[47].
Más adelante, tanto la doctrina
como la jurisprudencia constitucional reconocieron que las obligaciones
positivas y negativas se encuentran en cualquier tipo de derecho, sin importar
la categoría o clasificación que ostente, razón por la cual ahora se entiende
que “el carácter fundamental de un derecho lo otorga su consagración en la
Constitución Política Colombiana, debido a que todos los allí consignados son
fruto del desarrollo de los principios y valores en que se funda este Estado
Social de Derecho, razón por la cual la distinción que otrora se
realizó hoy resulta inocua”[48].
5.3. En ese orden de ideas, debe
decirse que el carácter prestacional del derecho a la seguridad social no lo
excluye de su reconocimiento como fundamental, bajo la idea de que cualquier
derecho consagrado en la Carta Política, sin distinción, ostenta esa calidad. Como
componente de este derecho la Sala hará mención a
la pensión de vejez, como una de las formas a través de las cuales que busca
proteger a quienes, con ocasión de la disminución de producción laboral, se
encuentran imposibilitados para obtener por su cuenta los medios necesarios
para su subsistencia en condiciones dignas; específicamente, recordará la
jurisprudencia referente al régimen de transición establecido en la Ley 100 de
1993.
6. Régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
6.1. El derecho
a la pensión de vejez ha sido definido por este Tribunal como una prestación
económica, producto del ahorro forzoso, que permite garantizar la subsistencia
en condiciones dignas de aquellas personas que cotizaron durante toda su vida
laboral y que han visto disminuida su capacidad de producción económica. Ha señalado
lo siguiente:
“La pensión de vejez se
constituye como una prestación económica, resultado final de largos años de
trabajo, ahorro forzoso en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, y cuando la disminución de la capacidad laboral es evidente.
Su finalidad directa es garantizar la concreción de los derechos fundamentales
de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad
social y la vida digna. (…) El desgaste físico, psíquico y/o emocional al que
se encuentran sometidas las personas que a lo largo de su vida han laborado,
encuentra su recompensa en la obtención de la pensión de la vejez, la cual
garantiza unas condiciones mínimas de subsistencia. Por lo que, con dicha
prestación económica se persigue que aquellas no queden expuesta a un nivel de
vida deplorable, ante la disminución indudable de la producción laboral”.[49]
Así, cuando un
trabajador acredita los requisitos fijados en la ley para obtener la pensión de
vejez (edad y tiempo de cotizaciones), podrá acceder a un descanso remunerado,
fruto del esfuerzo de toda una vida laboral, que le permitirá contar con unos
ingresos económicos que garanticen su subsistencia digna y la de su familia[50].
6.2. Con la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fueron derogados e integrados en un
Sistema General de Seguridad Social los diversos regímenes pensionales que
existían antes de su expedición. Sin embargo, en aras de proteger a quienes tenían
la expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión de vejez de
conformidad con los requisitos establecidos en la normatividad anterior, el
legislador estableció un régimen de transición como forma de protección a sus garantías
fundamentales[51].
Esta corporación
definió dicho régimen como “un mecanismo de protección para
que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten
desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión,
por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima
de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionares,
en el momento del tránsito legislativo”[52].
En la sentencia
C-177 de 1998 fue reseñado el cambio legislativo y la finalidad del mismo, de
la cual se extraen los siguientes apartes:
“Para
comprender lo anterior, es necesario tener en cuenta que antes de la
Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, Colombia no contaba realmente con
un sistema integral de pensiones, sino que coexistían múltiples regímenes,
administrados por distintas entidades de seguridad social. (…)
[E]n términos generales, había una suerte de paralelismo entre los
distintos regímenes de seguridad social que, como esta Corte lo ha reconocido,
era una de las principales causas ‘de la ineficiencia en el sector y de la
vulneración de los derechos de los trabajadores’[53]. En tal contexto,
una de las finalidades esenciales de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de los
principios de universalidad, eficiencia y solidaridad que rigen la seguridad
social (CP art. 48), fue superar esa desarticulación entre los distintos
regímenes pensionales, que no sólo hacía más difícil el manejo general de esta
prestación sino que se traducía en inequidades manifiestas para los
trabajadores”. (Resaltado fuera de texto)
6.3. De esa
manera, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispuso que la edad, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez,
serían los establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas
las personas que al momento de la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones (1° de abril de 1994) cumplieran cualquiera de los siguientes
requisitos: (i) tener la edad de treinta y cinco (35) años en el caso de las
mujeres, o cuarenta (40) años tratándose de hombres; o (ii) tener quince (15)
años o más de servicios cotizados. La mentada norma consagró en lo pertinente:
“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para
acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para
las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la
cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres.
La edad
para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley (…)”.
7. Reconocimiento de la
pensión de vejez bajo régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990. Posibilidad
de acumular tiempos de servicios en entidades públicas cotizados en Cajas o
Fondos de Previsión Social con los aportes realizados al Instituto de Seguros
Sociales.
7.1. Uno de los
regímenes existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 era
el estipulado en el Acuerdo 049 del 1° de febrero de 1990, “por el
cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte”, emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios y aprobado por el Decreto Reglamentario 758
del mismo año, cuyo artículo 12 dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO
12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta
(60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y,
b) Un
mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de mil (1.000) semanas de cotización sufragadas en
cualquier tiempo.”
En consecuencia, las personas que
ahora se encuentran afiliadas al régimen de prima media con prestación
definida, que son beneficiarios del régimen de transición y cuyas cotizaciones
fueron efectuadas únicamente a dicho instituto, tienen derecho a que, para
efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, la misma sea estudiada,
respecto a la edad, tiempo de servicio y monto, de conformidad con los
requisitos fijados en el Acuerdo 049 de 1990[54].
No obstante, como
algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al Seguro
Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma, solicitaban que
les fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas
o fondos de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible o no
acumular semanas de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha
sido decantado por la jurisprudencia constitucional bajo el análisis dos
interpretaciones que nacen de la aplicación de la norma:
7.1.1. Una de
ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, según la cual los
beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de
servicios exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible
acumular las semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsión social,
públicas o privadas. La razón se encuentra fundamentada en los siguientes
argumentos:
(i)
El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de
las prestaciones reconocidas por ese Instituto”;
(ii)
En el referido Acuerdo no se contempla la
posibilidad de acumular semanas cotizadas a otras entidades, “pues
para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de 1988, que estableció la
pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y las edades de 55
o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y
(iii)
El requisito contenido en el literal “b” del
artículo 12 del acuerdo, esto es, 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, “fue
en su momento un tipo de transición, para que los empleadores privados
afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera
concedida una pensión de jubilación”[55].
En virtud de
esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de servicio
tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del régimen
de transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de
acumulación.
7.1.2. Por otro
lado, una segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado artículo 12
sugiere lo siguiente[56]:
(i)
Del tenor literal de la norma no se desprende
que el número de semanas de cotización requeridas lo sean las aportadas
exclusivamente al ISS;
(ii)
El régimen de transición se circunscribe a tres
ítems -edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto de la
pensión-, dentro de los cuales no se encuentran las reglas para el cómputo de
las semanas cotizadas, lo cual sugiere que deben ser aplicadas las del sistema
general de pensiones.
Bajo esta
interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector
público cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector privado
cotizados al Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición
no exige que las cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro
social y porque la aplicación del régimen de transición solamente se limita a
los tres ítems previamente señalados, donde no se encuentra aquel referente al
cómputo de las semanas, requisito que debe ser determinado según lo dispuesto en
la Ley 100 de 1993.
7.2. Ahora bien,
teniendo en cuenta que ambas interpretaciones eran razonables y concurrentes,
esta corporación decidió acoger la segunda de ellas apoyada en el principio
de favorabilidad en materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los
artículos 53 de la Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el
operador jurídico, judicial o administrativo, debe optar por la situación que
resulte más favorable al trabajador[57]. Como ejemplo, la
sentencia T-334 de 2011 señaló lo siguiente:
“El principio opera (i) cuando existe controversia
respecto de la aplicación de dos normas; y también, (ii) cuando existen
escenarios en los cuales una norma admite diversas interpretaciones. (…)
Profundizando en el último escenario propuesto, cuando una norma admite varias
interpretaciones, ha dicho esta corporación que para la aplicación de la
favorabilidad, deben presentarse, además, dos elementos, a saber: (i) la duda
seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones,
ello, en función de la razonalibidad argumentativa y solidez jurídica que una u
otra interpretación tengan; y, (ii) la efectiva concurrencia de las
interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, deben ser aplicables
a los supuestos fácticos concretos de las disposiciones normativas en conflicto” [58].
Específicamente
sobre el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990, la aplicación de este
principio implica que, la entidad o autoridad responsable deberá acumular los
tiempos cotizados a entidades públicas para contabilizar las semanas
requeridas, atendiendo dos razones: (i) la falta de aplicación de las
normas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 harían nugatorios los
beneficios que se derivan del régimen de transición y, en consecuencia, del
régimen anterior al cual se encuentra afiliado el peticionario; y (ii) el
artículo 12 del mencionado acuerdo no exige que las cotizaciones se hayan
efectuado de manera exclusiva al Instituto de Seguros Sociales[59].
7.3. Son
numerosos los casos que ha conocido este Tribunal, en los cuales ha contemplado
esta última interpretación, según la cual, en aplicación al principio de
favorabilidad en materia laboral, para el reconocimiento de la pensión de vejez
bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular las semanas de cotización
en entidades públicas, con los aportes realizados al Instituto de Seguros
Sociales. La Sala considera necesario hacer mención a algunos de ellos:
7.3.1. En la sentencia
T-090 de 2009, la Corte conoció de un caso donde el Instituto de Seguros
Sociales le negó la pensión de vejez a una persona que, sumado el tiempo
laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS, acreditaba un total de 1007
semanas. Lo anterior, por cuanto no le alcanzaban para acceder a la prestación en
virtud de lo consagrado en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 –única
normatividad que, a su juicio, admite realizar dicha acumulación- que, para ese
momento, exigía un total de 1075 semanas.
En aquella
oportunidad la Sala Octava de Revisión centró el análisis en determinar si era
posible acumular tiempo laborado en entidades estatales, en virtud del cual no
se efectuó cotización alguna y aportes al ISS derivados de una relación laboral
con un empleador particular, con el fin de obtener el número de semanas
necesarias para el reconocimiento de la pensión de vejez, cuando se es
beneficiario del régimen de transición.
La Corte hizo
referencia a las dos interpretaciones que surgen de la aplicación del Acuerdo
049 de 1990 y consideró que la primera de ellas perjudicaba al peticionario
porque implicaba la pérdida de los beneficios del régimen de transición, ya que
debía regirse de forma integral por la Ley 100 de 1993. En cambio, al aplicar
la interpretación más favorable, se tenía que el accionante cumplía con los
requisitos descritos en el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, “ya que (i) cuenta con 62 años de edad y (ii) según la
resolución 000133 del 19 de febrero de 2008, emanada del ISS, ‘sumando el tiempo laborado a entidades del Estado y
el cotizado al ISS, el recurrente acredita un total de 7050 días que equivalen
a 1007 semanas’”[60].
Con base en ello,
concedió el amparo y ordenó a la entidad accionada expedir un nuevo acto
administrativo dando aplicación al principio de favorabilidad en la
interpretación de las normas laborales.
7.3.2. En la sentencia
T-398 de 2009 esta corporación estudió un caso similar, donde una
ciudadana solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue
negada por el Instituto de Seguros Sociales bajo el argumento de que, si bien reunía
un total de 1001 semanas de cotización al Seguro Social y a diferentes
entidades de previsión del sector público, no acreditaba las 1050 semanas que
para la fecha exigía la Ley 797 de 2003. La entidad efectuó el estudio a la luz
del Acuerdo 049 de 1990 y determinó que tampoco acreditaba lo allí exigido,
porque no cumplía con el requisito de tiempo con exclusividad al ISS.
A juicio de la
Corte la justificación de la entidad accionada no era de recibo toda vez que“el
artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las
cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al  fondo del Instituto de
Seguros Sociales. Por lo que dicha resolución incurre en un error al
interpretar una norma de manera distinta a lo que realmente establecido por
ella”. (Subrayado original).
Así, al revisar
las pruebas allegadas al expediente, encontró demostrado que la accionante
contaba con más de 1000 semanas cotizadas al Seguro Social y a diferentes
entidades de previsión del sector público, razón por la cual ordenó al ISS
reconocer y pagar la pensión solicitada.
7.3.3. Posteriormente,
en la sentencia T-583 de 2010 este tribunal ordenó revocar el acto
administrativo expedido por el Instituto de Seguros Sociales, mediante el cual
negó la pensión de vejez a una persona de 74 años, que en toda su vida laboral
cotizó un total de 1032 semanas al ISS y a diferentes entidades
estatales, aduciendo que no acreditaba las 1050 semanas que para la fecha
exigía la Ley 797 de 2003. Adicionalmente, dicha entidad señaló que el Acuerdo
049 de 1990 solo era aplicable a asegurados que durante toda la vida laboral
hubieran cotizado a ese Instituto.
A juicio de la
Corte, el ISS decidió aplicar el régimen más gravoso para el actor e incurrió
en un error interpretativo, en tanto el artículo 12 de dicho acuerdo en ninguno
de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva y
permanente al fondo de esa entidad. Por lo anterior,    ordenó a la accionada
expedir un nuevo acto administrativo dando aplicación a las consideraciones
previstas en dicho fallo.
7.3.4. En la
sentencia T-760 de 2010 esta corporación ordenó al Instituto de Seguros
Sociales reconocer y pagar la pensión de vejez de una persona de 75 años de
edad a quien le fue negada dicha prestación por considerar que las 1074 semanas
que habían sido cotizadas tanto al sector público como al ISS, no le alcanzaban
para completar el número exigido en el sistema general de pensiones. Además,
esa entidad concluyó que la situación del peticionario no se acomodaba a
ninguno de los regímenes anteriores a la expedición de la Ley 100 de 1993, y
especialmente respecto del Acuerdo 049 de 1990, aseveró que el mismo no
permitía sumar tiempos públicos con las semanas cotizadas al ISS. Para dar
solución al caso concreto la Corte explicó:
“Como ya se mencionó, reiterada Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, ha sostenido que las personas cotizan y por consiguiente,
cumplen los requisitos ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
y no ante las entidades específicas que lo componen.
Justamente
en aplicación de esta tesis, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido
expresamente que (i) ‘el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en
ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera
exclusiva al  fondo del Instituto de Seguros Sociales’ por lo que se
incurre en un error al interpretar esta norma de manera distinta a lo que
realmente se encuentra establecido en ella y (ii) en virtud del principio
hermenéutico de interpretación más favorable a los intereses del trabajador, es
posible computar las semanas que cotizó una persona en el sector público antes
de entrar e vigencia la ley 100 de 1993 con las que cotizó como empleado del
sector privado en cualquier tiempo”.
7.3.5. Similar
argumentación fue utilizada en la sentencia T-334 de 2011, cuando la
Corte examinó el caso de una señora que cotizó un total de 1000 semanas
en el sector público y en el privado, y a pesar de ello el ISS negó el
reconocimiento de la pensión de vejez aduciendo que no acreditaba las 1100
semanas que para la fecha exigía la Ley 797 de 2003. La entidad señaló que si
bien la peticionaria era beneficiaria del régimen de transición y le era
aplicable el Acuerdo 049 de 1990, sus cotizaciones no se hicieron
exclusivamente al Seguro Social, por lo que tampoco cumplía con los requisitos
allí establecidos. Para esta corporación
“Teniendo en cuenta que el cómputo de semanas cotizadas quedó
consagrado en la Ley 100, precisamente para evitar las injusticias que durante
mucho tiempo se cometieron cuando era imposible acumular semanas laborados con
diferentes empleadores, con lo cual las posibilidades de muchos trabajadores de
acceder a la pensión eran mínimas; surge la duda seria y objetiva de si es
preciso interpretar favorablemente o no dicho artículo para que los
beneficiarios de la transición puedan computar semanas, sin perder por ello
dicha prerrogativa.
Existiendo
concurrentemente esas posibilidades de interpretación, el principio
rector pro operario hace obligatorio asumir la opción favorable al
trabajador, es decir, el ISS debe computar el período referido y, a su vez,
permitir a la señora Martínez Escobar pensionarse bajo el régimen de transición”. (Resaltado fuera de texto).
Con base en esas
consideraciones, ordenó al ISS reconocer y pagar la pensión solicitada.
7.3.6.  En la
sentencia T-559 de 2011 la Corte concedió el amparo solicitado por dos
personas, una con un total de 1008 semanas cotizadas en toda su vida
laboral y la otra con un total de 1010 semanas, a quienes el ISS había
negado el reconocimiento de la pensión de vejez por tratarse de cotizaciones
que no fueron realizadas exclusivamente a esa entidad. La Corte expresó:
“El ISS asumió que para las 1000 semanas consagradas en el
artículo 12 del Decreto citado, se han de tomar ‘exclusivamente’ las
cotizadas a ese Instituto, posición que carece de fundamento normativo pues,
como se está analizando, esa norma no permite tal conclusión, evidenciándose
como arbitrario tal razonamiento”.
De esa forma,
ordenó al Instituto de Seguros Sociales expedir las resoluciones correspondientes,
para efectos del reconocimiento de la pensión solicitada e instó a la entidad
para que en adelante aplicara de manera apropiada el principio de favorabilidad
en materia laboral.
7.3.7. En jurisprudencia
más reciente la Corte se pronunció sobre el caso de una señora de 77 años que laboró
405 semanas como servidor público y cotizó 596 semanas al Instituto de Seguros
Sociales, para un total de 1001, a quien le fue negada la pensión de
vejez por no ser posible, según esa entidad, acumular tiempos de servicio bajo
el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990. Así, mediante la sentencia T-100
de 2012, consideró:
“[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al
resaltar que esta interpretación de la normativa es errónea y atenta contra
los derechos fundamentales de los beneficiarios del régimen de transición.
Esto por
cuanto: (i) al exigir que para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con el
Decreto 758 de 1990 las cotizaciones se hayan realizado de manera exclusiva al
Seguro Social, se está requiriendo el cumplimiento de un elemento que la
norma no consagra; (ii) los requisitos para acceder a los beneficios
Sistema General de Seguridad Social se acreditan es ante el sistema mismo y no
ante las entidades que lo conforman; y (iii) el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 limitó el régimen de transición a solo tres ítems (edad, tiempo y
monto) y estableció que ‘[l]as demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por
las disposiciones contenidas en la presente Ley’, por lo que haciendo una
lectura integral de la Ley 100 de 1993 -especialmente del literal f) del
artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de
la misma-, los tiempos deben acumularse para efectos de la contabilización del
número de semanas de cotización requeridas”. (Resaltado fuera de texto).
A la luz de esa
interpretación, ordenó al ISS iniciar todos los trámites correspondientes para
que le fuera reconocida la pensión de vejez a la accionante.
7.3.8. A la
misma conclusión se llegó en la sentencia T-360 de 2012, al conceder el
reconocimiento de la pensión de vejez de una persona que cotizó un total de 1012
semanas por tiempos de servicio prestados a Edatel ESP y a distintos
empleadores privados, porque no acreditaba el número exigido en la Ley 797 de
2003, que para ese momento era de 1175 semanas. Además, la entidad consideró
que tampoco cumplía los requisitos contenidos en el Acuerdo 049 de 1990, porque
el mismo solo era aplicable cuando las cotizaciones fuesen realizadas de manera
exclusiva al ISS. En esta oportunidad la Corte manifestó:
“[E]l Tribunal Constitucional ha advertido que las personas
que cumplan con las reglas de la transición podrán acceder a la pensión de
vejez con los requisitos de (i) edad, (ii) tiempo de servicios
o  número de semanas cotizadas y (iii) monto de la pensión
de vejez establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban
afiliados, y que las demás condiciones y requisitos de pensión serán
los consagrados en la Ley 100 de 1993.
De este
modo, la transición no incluye las reglas de cómputo de las semanas cotizadas,
por lo que deben ser aplicadas las del Sistema General, que se encuentran en el
parágrafo mencionado, disposición que permite expresamente la acumulación
solicitada por el actor”. (Resaltado fuera de texto).
7.3.9. Ulteriormente,
en la sentencia T-063 de 2013 la Corte concedió el amparo solicitado a
un ciudadano de 73 años a quien el ISS le negó la pensión de vejez por no
reunir los requisitos exigidos bajo los diferentes regímenes que se encontraban
vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En aquella
ocasión el accionante pretendía la acumulación de las semanas cotizadas a ese
Instituto con aquellas correspondientes a la prestación del servicio militar
obligatorio, con lo cual completaría un total de 1092 para obtener la
prestación en virtud del Acuerdo 049 de 1990.
A juicio de esta
corporación, el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio debe ser
contabilizado como tiempo de servicio válido en el trámite de la pensión de
vejez, ya sea en virtud de la Ley 100 de 1993 o en otros regímenes especiales,
como sucede con el mencionado acuerdo. Con base en ello, señaló:
“Como se expuso en el apartado
4.7 de esta sentencia, esta Corporación ha dicho que es una obligación del
ISS acumular el tiempo de servicio no cotizado en alguna otra entidad pública,
como ocurriría con el tiempo destinado a la prestación del servicio militar
obligatorio, para efectos de acceder al reconocimiento de una pensión de vejez
en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990.
Esta obligación se fundamenta en el principio
constitucional de favorabilidad y en la aplicación del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo demás, como ya se dijo, es deber de la entidad
que reconoce la pensión de vejez solicitar la expedición de la correspondiente
cuota parte por la prestación del servicio militar obligatorio, con base en el
salario mínimo legal mensual vigente”. (Resaltado fuera de texto).
7.3.10. Finalmente,
esta corporación llegó a la misma conclusión en la sentencia T-596 de 2013,
donde conoció diferentes casos acumulados mediante los cuales los accionantes
solicitaban el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Entre ellos se
destaca el de un ciudadano que en toda su vida laboral cotizó 1037
semanas al ISS y al sector público, a quien la Sala Quinta de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín le negó dicha prestación por no
cumplir con los requisitos fijados en el Acuerdo 049 de 1990, en tanto solo
contaba con 604 semanas cotizadas al ISS de las cuales 216 correspondían a los
20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida. A juicio de la Corte
“[L]a omisión de la Sala Quinta de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior de Medellín respecto del cálculo de semanas cotizadas en el
caso del actor, configura un defecto sustantivo en la segunda circunstancia
planteada por la jurisprudencia para su configuración, esto es, cuando a pesar
del amplio margen interpretativo de que gozan las autoridades judiciales, la
aplicación es inaceptable por tratarse de una interpretación contra legem
o  ser irrazonable o desproporcionada para los intereses legítimos de una
de las partes. Ello es así, por cuanto, como ya se
indicó, el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no exige que las
cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva a ese Instituto”.
Con base en esas
consideraciones, revocó la sentencia del Tribunal y ordenó proferir una nueva
providencia conforme lo dispuesto en esa decisión.
7.4. Ahora bien,
de la línea jurisprudencial expuesta se deriva que la postura de la Corte
Constitucional ha sido pacífica, uniforme y reiterada en lo que se refiere a la
posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de
previsión social o que en todo caso fueron laborados en el sector público y
debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros
Sociales, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez.
Como pudo
observarse, en cada una de las providencias reseñadas, en aplicación del
principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de las normas en
materia laboral, resulta más beneficioso para los trabajadores asumir tal
postura. Además, de aceptar una interpretación contraria, la misma iría en
contravía de los postulados constitucionales y jurisprudenciales, si se tiene
en cuenta que la mentada norma en ninguno de sus apartes menciona la
imposibilidad de realizar tal acumulación.
7.5. En este
punto es preciso mencionar que existe otra posición asumida por esta
corporación, según la cual la Corte solamente contempló la posibilidad de realizar
dicha acumulación en casos donde los solicitantes contaron con un total de 1000
semanas cotizadas en cualquier tiempo. Es decir, que el precedente
jurisprudencial que permite tal sumatoria no es aplicable a los eventos en que el
peticionario cuente con 500 o más semanas aportadas dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
Tal postura, fue
la adoptada en la sentencia T-201 de 2012, cuyas consideraciones serán
mencionadas a continuación para mayor entendimiento.
En aquella
oportunidad, la Sala Sexta de Revisión de la Corte examinó la acción de tutela
interpuesta por una persona de 74 años de edad que cotizó un total de 583 semanas
al ISS y a la Caja Nacional de Previsión Social en los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad exigida en el Acuerdo 049 de 1990.
El accionante solicitó
ante el Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez, entidad que negó la solicitud con fundamento en que las semanas
cotizadas no lo fueron exclusivamente al ISS. El actor inició proceso ordinario
laboral, donde los jueces de instancia negaron las pretensiones, exponiendo los
mismos argumentos emitidos por la entidad accionada.
La Sala hizo una
síntesis de las dos posturas o interpretaciones en aplicación del Acuerdo 049
de 1990 y al respecto explicó lo siguiente:
“Del análisis de la línea jurisprudencial  expuesta,
se deduce que sí se vulneran los derechos fundamentales de las personas que, a
pesar de cumplir el requisito de 1000 semanas de cotización y la edad, según la
regulación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, se les niega la pensión de
vejez bajo el argumento de la exclusividad de cotizaciones al ISS. Así, de
acuerdo con la ratio decidendi reiterada por la Corte Constitucional para
decidir estos casos, es posible la acumulación de semanas cotizadas al ISS y a
otras entidades de previsión social existentes antes de 1993 para otorgar
pensiones de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del régimen de
transición, bajo el supuesto del cumplimiento de los requisitos de las 1000
semanas de cotización y la edad requerida.
Más adelante, para decidir el caso concreto, explicó que una vez
estudiado el precedente jurisprudencial, en todas las sentencias analizadas se
había tomado una decisión sobre supuestos fácticos diferentes, donde se
reclamaba la aplicación de una regla jurisprudencial que solamente se ha usado
para conceder pensiones con base en cotizaciones durante 1000 semanas, la cual
no podía utilizarse en esa ocasión porque se trataba de un evento donde el
accionante contaba con 500 semanas en los últimos 20 años anteriores a cumplir
la edad requerida[61].
Con base en ese
argumento, concluyó que de las providencias atacadas no se derivaba vulneración
alguna de los derechos cuya protección invocó el accionante. Por el contrario,
consideró que los jueces cumplieron con los presupuestos de razonabilidad y
sustentación exigidos y no desconocieron el precedente jurisprudencial reseñado,
por cuanto el mismo no era aplicable al caso concreto debido a la variación de
los supuestos fácticos relevantes.
7.6. Mediante Auto
024 del 13 de febrero de 2013 el pleno de la Corte negó la solicitud
nulidad presentada contra la Sentencia T-201 de 2012, bajo el argumento de no
encontrarse acreditado el cambio de jurisprudencia o el desconocimiento el
precedente jurisprudencial, por cuanto:
“En
efecto, se analizó en la sentencia T-201 de 2012 si existía
una coincidencia entre la situación de hecho que dio origen a la acción de
tutela y aquellas que dieron lugar a la construcción y consolidación de esa
específica línea jurisprudencial; encontrándose que, contrario a lo que
estima la apoderada del actor, la Sala Sexta de Revisión no realizó ningún
cambio de precedente, ya que se pretendía la aplicación de tal regla jurisprudencial,
sin considerar que el accionante no reunió 1000 semanas o más de cotización,
sino solo 583 o aproximadamente 11 años de cotización.
Para la Sala Plena, es claro que no son situaciones
fácticas equiparables, pues cotizaciones por 1000 o 500 semanas son
diametralmente diferentes a la hora de efectuar un reconocimiento y pago de una
pensión por parte del sistema general de pensiones, en cuanto al cumplimiento
de requisitos y a su financiación”. (Resaltado fuera de texto).
Además, para la
Sala Plena los jueces aplicaron el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 de
conformidad con una interpretación razonable, legítima y dentro del marco de su
autonomía, lo que no es posible cuestionar por vía de tutela.
En lo referente
al pronunciamiento emitido por el pleno de este Tribunal en el Auto 024 de
2013, la Sala se permite precisar lo siguiente:
De conformidad
con lo establecido en artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991[62] es
posible solicitar la nulidad de los procesos que se encuentran en estudio por
parte de la Corte Constitucional por irregularidades que comporten la
vulneración del debido proceso. En desarrollo de una interpretación armónica de
la ley la nulidad se ha hecho extensiva cuando las irregularidades surgen de la
propia sentencia. En este último evento, la nulidad solo es procedente cuando
la irregularidad sea notoria, flagrante, superlativa y ostensible[63].
En el caso del
Auto 024 de 2013, no era viable asumir nuevamente el estudio de fondo sobre el
asunto específico de la acumulación de tiempos cotizados en los sectores
público y privado. Lo anterior, por cuanto ello implicaría desbordar la
competencia de la Corte para el estudio de los incidentes de nulidad, los
cuales deben estar justificados en vulneraciones notorias y ostensibles al
debido proceso. En esa oportunidad, la Sala limitó su análisis precisamente a
las objeciones presentadas por la incidentante, para concluir que ninguno de
ellas lograba demostrar la violación al debido proceso que diera lugar a la
nulidad, por cuanto la interpretación acogida por la Sala de Revisión era
plausible y no desconocía ningún precedente de la Sala Plena.
En ese sentido,
debe recordarse que uno de los requisitos de la nulidad es el cambio de
jurisprudencia, que se presenta cuando el criterio de interpretación o la
posición jurisprudencial de la Sala Plena de la Corte ha sido variada por una
Sala de Revisión ante una misma situación jurídica[64].
Como en su momento lo consideró la Sala en el Auto 024 de 2013, no trataba de
situaciones fácticas equiparables. Además, el asunto resuelto no se
circunscribía a precedentes de la Sala Plena, ya que sobre esta clase de
asuntos no existía pronunciamiento de fondo por el pleno de la corporación.
7.7. No obstante, existen tres
fallos de tutela que sugieren una postura diferente a la planteada en la
Sentencia T-201 de 2012. En ellos, la Corte sí permitió la acumulación de
tiempos cotizados a cajas o fondos de previsión social, con las semanas
aportadas al ISS, para eventos en los cuales se solicitaba el reconocimiento de
la pensión de vejez en virtud de las 500 semanas cotizadas en los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad requerida en el Acuerdo 049 de 1990. Tal es el caso de las sentencias T-093 de 2011, T-637 de
2011 y T-145 de 2013.
7.7.1. En la
sentencia T-093 de 2011 la Sala Novena de Revisión se ocupó de la acción de
tutela interpuesta por una persona a quien le fue negada la pensión de vejez
bajo la aplicación del régimen consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, ya que
acreditó un total de 623 semanas cotizadas al ISS de las cuales 492 correspondían
a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. En esta
oportunidad la Corte sostuvo:
“De conformidad con los precedentes jurisprudenciales
expuestos, no es necesario que el tiempo de servicios requerido para ser
beneficiario del Acuerdo 049 de 1990 se hubiere cotizado de forma exclusiva al
ISS. En esa medida, resulta relevante tener en cuenta que de haberse contado el
periodo laborado por el peticionario a la Secretaría Municipal de Educación de
Sogamoso [y cotizado a la Caja de Previsión Social de Boyacá], el actor
cumpliría con las 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores a
tener 60 años”.
Con base en esas
consideraciones, ordenó a la accionada reconocer la pensión de vejez a favor
del actor aplicando la jurisprudencia que permite la acumulación de tiempos de
servicio.
7.7.2. En la
sentencia T-637 de 2011 la Sala Novena de Revisión estudió el caso de una
persona de 74 años de edad a quien el ISS le negó el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez bajo el argumento de contar únicamente con un total de 163
semanas de cotización a esa entidad, de las cuales 56 correspondían a los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad requerida. En esta oportunidad, la Corte
expresó:
“En reiteradas oportunidades el ISS ha sostenido que los
beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de
servicios requerido, únicamente a ese instituto, sin embargo al aplicar el
principio de favorabilidad, la Corte Constitucional ha reconocido que es
posible la acumulación de tiempos no cotizados al ISS”[65].
Por eso, ordenó
a la accionada reconocer la prestación solicitada al considerar que esta no
tuvo en cuenta los periodos cotizados en la Caja de Previsión Social de Ibagué,
equivalentes a 603,86 semanas, los cuales sumados al tiempo cotizado al ISS
(163 semanas) daban un total de 766 semanas en los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad.
7.7.3. Finalmente,
en la sentencia T-145 de 2013 la Sala Primera de Revisión revocó las sentencias
proferidas por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, mediante las
cuales fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de un
ciudadano que en su vida laboral cotizó un total de 649 semanas, de las cuales 585
correspondían a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, porque
solamente 408 correspondían a aportes realizados exclusivamente al ISS. En esa
ocasión sostuvo:
“Con fundamento en la
jurisprudencia de esta Corporación, debe concluirse que esta interpretación
vulnera el derecho al debido proceso del actor, porque se fundamenta en una
norma que perdió su vigencia respecto de la posibilidad de acumular las semanas
cotizadas a otras cajas o fondos de previsión social con las semanas cotizadas
al Instituto de Seguros Sociales.
En efecto, el argumento para negar la pensión de vejez
del actor fue que en el Acuerdo 049 de 1990 ‘por el cual se expide el
Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte’,
no se permite la acumulación de semanas cotizadas a distintas Cajas o fondos de
pensiones, con el tiempo cotizado al Instituto de Seguros Sociales. Sin
embargo, esa disposición sólo sigue siendo aplicable a las personas
beneficiarias del régimen de transición, respecto de la edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y los
factores para liquidar el monto de la mesada pensional.
Por lo tanto, para establecer si el señor Montero
podía acumular el tiempo cotizado a la Caja de Previsión Social Distrital con
las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, debía tenerse en cuenta
la norma actualmente vigente, esto es el parágrafo del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, porque ese es un aspecto que no está incluido en el régimen de transición”[66].
7.8. En este
punto, resulta necesario que la Corte asuma una posición unificada sobre el
asunto y así evitar pronunciamientos contradictorios.
Lo anterior
porque, como pudo observarse, una postura sugiere que la acumulación de tiempos
cotizados en el sector público con los aportes al sector privado solo es
admisible para los casos en los cuales el peticionario acreditó un total de
1000 semanas de cotización en cualquier tiempo. Esta posición se sustenta en
que el requisito de las 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad requerida es un supuesto diferente respecto del cual no
es posible aplicar la regla jurisprudencial varias veces mencionada. Sin
embargo, en otras ocasiones se ha admitido tal acumulación no solo para el
evento en que los peticionarios contaran con un total de 1000 semanas de
cotización en cualquier tiempo, sino para aquellos casos en los que reunían 500
semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad exigida en
el Acuerdo 049 de 1990.
La Sala Plena
considera que si bien ambas posturas son plausibles, la primera de ellas podría
resultar más restrictiva para el goce efectivo del derecho fundamental a la
seguridad social.
Una vez aceptado
por esta corporación que en aplicación del principio de favorabilidad en
materia laboral es posible realizar la acumulación de tiempos ya mencionada
bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma
interpretación en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de
los supuestos posibles contenidos en una misma norma para acceder a la pensión
de vejez. En ese sentido, la segunda posición es la que
mejor se ajusta al principio de favorabilidad contenido en los artículos 53 de
la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y al principio pro
homine derivado de los artículos 1° y 2° de la Constitución[67].
Por otro lado, permitir
la acumulación de tiempos tanto del sector público como del privado en los
eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha
visto disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que
le permitan tener una subsistencia en condiciones dignas.
En definitiva,
ante la necesidad de unificar la postura de la Corte Constitucional en el
asunto del que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que
más se acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la
que, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos
cotizados a entidades públicas y a empleadores privados, para que aquellas
personas que acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la pensión de vejez.
8.
Posibilidad de acumular tiempos de servicios laborados en
entidades públicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes a alguna Caja
o Fondo de Previsión Social, con las semanas efectivamente cotizadas al
Instituto de Seguros Sociales.
8.1. Como se expuso en acápites
anteriores, el régimen de transición fue establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 con el fin de proteger la expectativa de los trabajadores de
adquirir el derecho a la pensión de vejez con los requisitos fijados en la
normatividad anterior, en tanto la nueva legislación imponía requisitos más gravosos
que podían generar una afectación de sus garantías fundamentales. Uno de los
beneficios que trajo la implementación del nuevo sistema pensional fue la
posibilidad de acumular tiempos de servicio laborados en entidades del Estado
respecto de los cuales no se efectuó aporte alguno, con aquellos que fueron
efectivamente cotizados al Instituto de Seguros Sociales.
Antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 la única normatividad que permitía realizar la
acumulación de tiempos de los sectores público y privado, para aquellos
trabajadores que habían sido servidores públicos pero que habían trabajado a la
vez con empleadores privados, era la Ley 71 de 1988. Sobre este punto la
sentencia C-012 de 1994 señaló:
“Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7°
de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y
trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de
edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten
aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al
ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no
permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones
descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en
entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y
a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos
particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al
cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era procedente obtener el
derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a diferentes entidades
oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión
social oficial o al ISS.” (Resaltado fuera de texto).
Dicha normatividad contemplaba la
posibilidad de sumar el tiempo laborado con entidades estatales que hubiera
sido aportado a alguna Caja o Fondo de Previsión Social, con las cotizaciones
realizadas al ISS, pero no contenía como prerrogativa la de sumar las semanas
laboradas y no aportadas. En otras palabras, en la Ley 71 de
1988 existía la posibilidad de acumular semanas aportadas a cajas de
previsión social por tiempo servido al Estado con los aportes hechos al ISS, aunque
no sucedía lo mismo tratándose de aquellos que solo habían sido laborados
con el Estado sin cotización alguna[68]. Sobre el particular
la Corte ha señalado lo siguiente:
“Así, durante mucho tiempo fue imposible acumular
semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos patronos, con lo cual
las posibilidades de muchos empleados de acceder a la pensión eran mínimas. (…)
La Ley 100 de 1993 creó entonces un sistema integral y general de
pensiones, que no sólo permite, como ya se destacó, la acumulación de tiempos y
semanas trabajadas, sino que genera relaciones recíprocas entre las distintas
entidades administradoras de pensiones, todo con el fin no sólo de aumentar la
eficiencia del manejo de seguridad social sino también de ampliar su cobertura
hasta llegar a una verdadera universalidad. Por ello, de conformidad con el
artículo 10 de esa ley, ese régimen se aplica a todos los habitantes, con las
solas excepciones previstas por esa misma ley. Además se prevé que, a partir
de la vigencia ley, y según lo establece el artículo 13, para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesquiera
de ellos. Y finalmente, como se vio, para corregir injusticias del pasado,
se amplían las posibilidades de acumular semanas y períodos laborados antes de
la vigencia de la ley”[69]. (Resaltado fuera de texto).
8.2. Es así como
con la expedición del nuevo sistema general de pensiones se incorporó la
posibilidad de realizar la acumulación de las semanas cotizadas o el tiempo de
servicio como servidores públicos, con las cotizaciones efectuadas al ISS,
regla que se deriva de las siguientes disposiciones[70]:
(i) En el literal
“f” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 -que consagra las características del
sistema general de pensiones- se estableció que para el reconocimiento de las
prestaciones que trae la ley en sus dos regímenes, como la pensión de vejez, “se
tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a
la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier
caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio
como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el
tiempo de servicio”.
(ii) El artículo 33 de la Ley 100
de 1993, que además de establecer los requisitos para acceder a la pensión de
vejez en el régimen de prima media con prestación definida, consagra en su
parágrafo 1° que para efectos de realizar el cómputo de las semanas necesarias
para el reconocimiento de esta prestación deberán tenerse en cuenta:“a) El
número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones; b) El tiempo de servicio como servidores
públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados
(…)”.
8.3. El Instituto
de Seguros Sociales ordena el reconocimiento y pago de la pensión de vejez para
aquellas personas beneficiarias del régimen de transición que pretendían
obtener esta prestación económica en aplicación del artículo 12 del Acuerdo 049
de 1990, siempre y cuando demostraran haber cotizado a esa entidad un
total de 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad exigida en esa norma, esto es, 60 años o
más si son hombres o 55 años o más tratándose de las mujeres.
No obstante,
algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización, por lo
que solicitaban al ISS que les fuera sumado el tiempo laborado en entidades
públicas cotizado en las cajas o fondos de previsión.
En la jurisprudencia
constitucional está claro que debe operar la acumulación de semanas cotizadas
en el sector público y en el sector privado para el reconocimiento de la
pensión de vejez de aquellas personas que son beneficiarias del régimen de
transición y que solicitan la aplicación del citado acuerdo[71].
Sin embargo, es preciso aclarar qué sucede cuando dicha acumulación se
pretende sobre las semanas laboradas en el sector público pero respecto de las
cuales el empleador no efectuó ninguna cotización o no realizó el correspondiente
descuento.
La Sala Plena considera que la
circunstancia de no haberse realizado las cotizaciones no implica que no pueda
aplicarse la misma regla jurisprudencial de acumulación antes señalada. Lo
anterior, por cuanto antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en
los casos de los empleados en entidades públicas, eran estas las que asumían la
carga pensional y exoneraban a los trabajadores del pago de las prestaciones.
En la sentencia T-518 de 2013[72] este Tribunal, al
analizar el caso de una ciudadana de 61 años a quien el Instituto de Seguros
Sociales negó el reconocimiento de la pensión de vejez por no cumplir con los
requisitos establecidos el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, explicó que desde
la expedición de la Ley 6 de 1945[73] el legislador impuso la obligación a las
entidades públicas del orden nacional (artículo 17) de hacer los
aprovisionamientos necesarios para el pago de la pensión de jubilación de los
trabajadores que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios.
A su vez, dicha normatividad dispuso
la creación de la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros
Nacionales y de las demás cajas de previsión del sector público a nivel
territorial (artículo 23), en quienes se encontraba a cargo el aseguramiento de
los riesgos de vejez, invalidez y muerte de dichos trabajadores. En la referida
providencia la Corte mencionó que como la introducción de esas instituciones de
previsión y del seguro social sería futuro y progresivo, en virtud de la Ley 6
de 1945 los empleadores públicos y privados tenían el deber de realizar el
aprovisionamiento de los fondos necesarios para el pago de las pensiones de
jubilación de sus trabajadores, con el fin de que tales recursos fueran
trasladados luego a las nuevas entidades cuando asumieran el cubrimiento de los
riesgos de sus trabajadores.
Más adelante, explicó que desde
la Ley 6 de 1945 se permitía la acumulación de tiempos laborados en distintas
entidades de derecho público para acceder a la pensión de jubilación, y que con
la Ley 71 de 1988 fue posible acumular semanas cotizadas a diferentes cajas de
previsión y al Seguro Social. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
fueron unificadas las reglas de seguridad social en pensiones, donde se reiteró
la posibilidad de acumular tiempos laborados en los sectores público y privado.
En ese sentido, esta corporación señaló:
“Antes de
1991, las obligaciones derivadas del reconocimiento de la pensión de jubilación
correspondían al empleador, quien mantenía dicha obligación hasta la afiliación
de sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales o las cajas de previsión
correspondientes.
Las
entidades de seguro social para los empleados públicos y oficiales fueron las
cajas de previsión social, creadas en virtud de la Ley 6 de 1945. Estas cajas
asumieron las obligaciones pensionales que estaban en principio en cabeza de
las entidades estatales, quienes a partir de la Ley 6 de 1945 tenían la
obligación de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para el
traslado de las cotizaciones a dichas entidades una vez se crearan.
Lo anterior
demuestra que antes de 1991, para el sector público y para los particulares
-desde 1945 en algunos casos y desde 1946 en otros-, existía la obligación en
cabeza de los empleadores de hacer el aprovisionamiento de las cotizaciones
correspondientes al tiempo laborado por sus trabajadores con el fin de trasladar
esos recursos al Instituto de Seguros Sociales o a las cajas de previsión
correspondientes una vez éstas asumieran el aseguramiento de los riesgos de
vejez, invalidez o muerte o, excepcionalmente, reconocer y pagar en el futuro
la pensión de jubilación de sus trabajadores, una vez reunieran los requisitos
para el efecto. Se reitera que esta última hipótesis era excepcional, pues el
espíritu de las normas citadas en la sección anterior es que todos los
trabajadores –públicos y privados- estuvieran afiliados al seguro social
obligatorio, bien a través del Instituto de Seguros Sociales o de las cajas de
previsión”.
Sobre el particular resulta
pertinente hacer mención además a la sentencia del 28 de febrero de 2013
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró la nulidad del artículo 5° del Decreto 2709 de 1994, reglamentario de
la Ley 71 de 1988[74]. Esta disposición contemplaba lo
siguiente:
“ARTÍCULO 5: No
se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación
por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de
Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado
en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al
sistema de seguridad social que los protege”.
Esa corporación citó la
jurisprudencia de la Corte Constitucional donde se ha sostenido que aquellas
materias vinculadas con derechos fundamentales se encuentran sujetas a reserva
de ley, por lo que su regulación no puede quedar a manos del Ejecutivo, como
sucede con el régimen pensional. Consideró que los tiempos computables para
efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes forman parte
del contenido esencial de dicho régimen pensional. Por ello, concluyó que el
Presidente de la República había rebasado el ámbito sustancial de una materia
que merece reserva de ley. Adicionalmente, llamó la atención sobre las
distintas oportunidades en las que había inaplicado la mentada norma que
excluía el tiempo laborado con entidades públicas que no habían sido aportados
al sistema. Al respecto, citó:
“(…)En reiteradas ocasiones esta Sala ha precisado que
los nominadores tienen el deber de practicar a sus empleados y trabajadores los
descuentos parafiscales que habrán de girar luego a las respectivas cajas de
previsión a título de aportes. De suerte que la no aportación a los entes de
previsión de los valores correspondientes, en nada podrá afectar el derecho a
la pensión de jubilación. Y sencillamente, en el evento de no haberse
pagado la totalidad de los aportes de ley, la respectiva caja de previsión
deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las
mesadas correspondientes; una tesis contraria podría conducir al absurdo de que
un funcionario público tuviere que asumir las consecuencias negativas de los
yerros de la administración, cuando quiera que ésta incumpliere sus deberes
frente al pago de los mencionados aportes”[75].
(Resaltado original).
En otra oportunidad la misma
corporación inaplicó la norma en comento con base en los siguientes argumentos[76]:
“Tal exigencia, además de desbordar las previsiones de la Ley 71
de 1988, afecta los derechos adquiridos del trabajador a quien sólo se le debe
tener en cuenta el tiempo laborado independientemente de la entidad a la que
haya aportado pues, en los casos de las entidades públicas, eran éstas quienes
asumían la carga pensional. Por tales razones se impone su inaplicación[77].
No es de recibo el argumento del ISS relacionado con que  los
tiempos laborados en entidades públicas que no descontaban aportes para
pensiones sean excluidos para efectos del reconocimiento de la pensión
establecida en la Ley 71 de 1988, porque era la entidad la que exoneraba a sus
empleados de dicha carga precisamente por asumir éstas el pago de la
prestación, es decir, que la falta de aportes no es imputable al empleado.
La razón de inexistencia de aportes a Cajas de Previsión o Fondos
Públicos tampoco afecta la financiación del pago de la pensión pues, en ese
caso, es la entidad pública la que está en la obligación de asumir el pago de
los mismos por el tiempo que haya durado la vinculación laboral, ya sea a
través de bono pensional o cuota parte”. (Resaltado fuera de texto).
De lo anterior se deriva que al
asumir la carga pensional era la entidad pública la obligada a responder por
los aportes para pensiones, y en caso de no hacerlo debe entonces asumir el
pago de los mismos a través del correspondiente bono pensional. El hecho de no
haberse realizado las cotizaciones no puede convertirse en una circunstancia
imputable al empleado, ni se trata de una carga que este deba soportar, mucho
menos para efectos del reconocimiento de un derecho pensional.
Independientemente del régimen
sobre el cual se hayan realizado estos pronunciamientos, se trata de una
interpretación que busca proteger los limitantes sobre las garantías de los
trabajadores y por lo mismo deben ajustarse a cualquier régimen sobre el cual
exista duda respecto a si deben tenerse en cuenta las semanas no aportadas por
la entidad pública para efectos de los derechos pensionales.
En suma, para el reconocimiento
de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición, a
quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, es posible realizar la acumulación de los tiempos en cajas o
fondos de previsión social cotizados o que debieron ser cotizados por las
entidades públicas, con aquellos aportes realizados al seguro social. Lo
anterior, porque indistintamente de haberse realizado o no los aportes, es la
entidad pública para la cual laboró el trabajador la encargada de asumir el
pago de los mismos.
9. Conclusiones.
9.1. El cómputo
de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de
1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los
trabajadores para acceder a la pensión de vejez.
De conformidad
con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte considerativa de
esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es posible
acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros
Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de
un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
9.2. Por otro
lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor se
ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine,
y que maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal
acumulación es válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000
semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en los que se
demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores
al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente,
también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto
de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de
previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales.
Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el
goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no
haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta
que deba soportar el trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que
asumía dicha carga prestacional.
10. Caso
concreto.
10.1. El señor Gustavo
de Jesús Echavarría Zapata interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín y
de la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, por
considerar que con sus decisiones vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, igualdad y seguridad social, al negar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el argumento de
no contar con las semanas de cotización exigidas en el régimen previsto en el
Acuerdo 049 de 1990.
En la
contestación del escrito de tutela, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín solicitó que se declarara improcedente la tutela por cuanto el
accionante no había agotado el recurso de casación y porque no se evidenciaba
la ocurrencia de una vía de hecho en las decisiones atacadas.
La Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo al considerar
que no se cumplió con el requisito de inmediatez. En segunda instancia
la Sala de Casación Penal de misma corporación confirmó la providencia
impugnada argumentando no se encontraba demostrada la vía de hecho en la que
presuntamente incurrieron los jueces de conocimiento, ni se acreditó el
perjuicio irremediable que diera lugar a la procedencia del amparo.
10.2. Previo al análisis sobre la procedibilidad de la
acción de tutela, es preciso mencionar que dentro del trámite surtido por esta
corporación en sede de revisión, se pudo constatar que el accionante falleció
el día 24 de agosto de 2013.
La Corte consultó la Base de Datos Única de Afiliados
-BDUA- del Fosyga, la cual arrojó como resultado “AFILIADO FALLECIDO”. De
igual forma, se consultó la página de la Registraduría Nacional del Estado
Civil para corroborar dicha información y se advirtió que la cédula de
ciudadanía núm. 8’389.554, del señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata, fue “CANCELADA
POR MUERTE”, a través de la resolución núm. 9289 de 2013, ante la novedad
reportada por la Notaria Primera de Bello (Antioquia).
Mediante auto calendado el 22 de enero de 2014, el
magistrado sustanciador requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil y
a la Notaría Primera de Bello, para que remitieran las certificaciones y la
documentación correspondiente a fin de constatar la información suministrada en
las referidas bases de datos, que en respuesta a tal proveído enviaron los
documentos correspondientes que permitieron corroborar el fallecimiento del
actor[78].
10.3. Este
desafortunado acontecimiento llevaría a la
conclusión que cualquier decisión que se emita sobre el asunto objeto de
estudio resultaría inocua por la carencia actual de objeto ante un daño
consumado. Sin embargo, la Sala considera que el deceso del actor “no necesariamente conduce a la
improcedencia de la acción de tutela”[79]. Lo
anterior, por cuanto una  de las causales de improcedencia de la acción de
tutela se presenta “cuando sea evidente que la violación del derecho originó
un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho”[80].
Se
trata de los eventos en los cuales la vulneración de los derechos fundamentales
de la persona fallecida, pueden ser amparados a través de la acción de tutela,
porque tal transgresión sigue produciendo efectos en la familia o en los
herederos, como sucede con los derechos prestacionales[81].
Por ejemplo, en la sentencia SU-540 de 2007 fue reseñado el caso de una señora
que, actuando en representación de su esposo, solicitó el pago de salarios y
prestaciones adeudadas a este último, quien falleció durante el trámite de la
tutela. En este asunto la Corte sostuvo:
“[S]in que la muerte fuera consecuencia de la acción u
omisión alegadas- se consideró que los efectos del perjuicio causado y alegado
en la tutela se siguieron proyectando sobre los familiares y herederos del
actor; por eso la Corte sostuvo que la tutela era procedente ante la
reclamación del pago de salarios o pensiones atrasadas, porque ‘no hay hecho consumado cuando el perjuicio causado
por quien vulneró los derechos fundamentales de una persona se proyectan,
fallecida ésta, a quienes integran su familia’” [82].
Con
base en ello, la Corte concedió la tutela de los derechos de la familia
supérstite y ordenó cancelar a la
demandante todos los salarios y prestaciones que la accionada debió pagar al
trabajador fallecido, y pagar el valor de las cotizaciones que por concepto de
invalidez, vejez y muerte, se dejaron de pagar por el empleado fallecido a la
respectiva entidad de previsión social.
De
conformidad con lo expuesto, advierte la Sala que en el caso que ahora es
objeto de estudio, si bien se está ante el fallecimiento del actor, tal
circunstancia no es óbice para que la Corte analice el caso y emita un
pronunciamiento de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, más aún cuando la presunta violación surge al parecer por el defecto
sustantivo en el que incurrieron los jueces de conocimiento en las decisiones
proferidas dentro de un proceso ordinario laboral.
A
pesar del deceso -que no fue consecuencia de la acción u omisión alegada-
existe la posibilidad de que, de asistirle razón a quien en vida interpuso la
acción, quienes ahora son sus causantes -su hijo y su compañera permanente- u
otro con igual derecho puedan, en caso de considerarlo y de cumplir con los
requisitos exigidos por la ley, iniciar el trámite correspondiente para la
obtención de otros derechos pensionales, como lo sería la pensión de
sobrevivientes. Lo anterior, por cuanto la eventual vulneración de los derechos
del señor Echavarría Zapata puede proyectar sus efectos en los derechos de
terceras personas más allá del reconocimiento mismo de la pensión.
10.4. Visto lo anterior,
corresponde a la Sala determinar, como asunto previo, lo concerniente a la
procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto.
De conformidad con la
jurisprudencia expuesta en la parte considerativa de esta sentencia, la acción
de tutela, por regla general, no procede contra decisiones de autoridades
judiciales, salvo cuando sean acreditadas las causales generales que le
permiten al juez constitucional asumir su conocimiento. En el caso que ahora se
estudia, la Sala encuentra que la tutela interpuesta por el señor Echavarría
Zapata cumple con esos requisitos de procedibilidad, como se pasa a exponer:
10.4.1. Relevancia
constitucional de asunto. El presente caso cumple con este requisito. En
primer lugar, porque la discusión se circunscribe a la posible vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social,
con ocasión de las decisiones proferidas por dos instancias judiciales ante las cuales se surtió el proceso ordinario laboral promovido
por el accionante contra el Instituto de Seguros Sociales y respecto de las
cuales, se alega un defecto sustantivo.
En segundo lugar, por la
disparidad de posiciones existentes en el interior de esta corporación sobre la
posibilidad de acumular tiempos de servicios cotizados, o que debieron serlo,
con los aportes efectuados al ISS, para efectos del reconocimiento de la
pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, específicamente,
sobre el requisito enunciado en el literal “b” del artículo 12 de dicha norma,
que exige contar con 500 semanas cotizadas dentro de los 20 anteriores al
cumplimiento de la edad requerida.
10.4.2. Agotamiento de los
recursos judiciales. El accionante agotó todos los mecanismos judiciales
que se encontraban a su alcance para el reconocimiento de la pensión de vejez.
Así, solicitó tal prestación ante el Instituto de Seguros Sociales y debido la
negativa de esta entidad acudió a la jurisdicción ordinaria laboral, donde el
proceso resultó desfavorable a sus pretensiones, en primera y segunda instancia.
Si bien fue presentado el recurso
de casación ante la Corte Suprema de Justicia, esa corporación lo declaró
desierto posteriormente ante la falta de sustentación por parte del apoderado
de la parte interesada, mediante auto calendado el 9 de octubre de 2012, donde
además impuso una multa de diez salarios mínimos al apoderado y remitió copia
al Consejo Superior de la Judicatura para lo pertinente[83].
A juicio de la Sala, el actor
desplegó una conducta diligente y razonable para obtener la pensión de vejez,
por lo que su carga se entiende satisfecha. Al contrario, tal circunstancia es
consecuencia de una posible negligencia por parte del apoderado que lo venía
representando y en quien el accionante depositó su confianza para obtener la
prestación solicitada.
10.4.3. Principio de inmediatez.
Sobre este requisito ha mencionado la Corte que si bien el Decreto 2591 de
1991 señala que la acción de tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo,
teniendo en cuenta que la misma pretende dar protección inmediata ante la
vulneración o amenaza de los derechos, debe ser interpuesta en un tiempo
razonable, contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresión
o desde que la persona sienta amenazados sus derechos. La razonabilidad del
plazo está determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en
cada caso concreto[84].
La importancia de esta exigencia
radica en lo siguiente: (i) garantiza una protección urgente de los derechos
fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión
desproporcionada a atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la
seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes negligentes[85].
En el presente caso, el accionante
cumplió con este requisito. Las decisiones de instancia dentro del proceso
ordinario laboral fueron proferidas el 19 de septiembre de 2011 y el 25 de mayo
de 2012. El recurso de casación fue admitido el 14 de agosto de 2012 y
declarado desierto el 9 de octubre de la misma anualidad. Según la
manifestación hecha por el actor bajo la gravedad de juramento[86],
se enteró de dicha decisión de la Corte Suprema de Justicia en el mes de mayo
de 2013.
El señor Echavarría Zapata
interpuso la acción de tutela el día 4 de junio de 2013, lo cual supone,
conforme lo señalado por esta corporación, que el amparo fue instaurado en un
término prudencial contado desde el mismo momento en que vio afectados sus
derechos fundamentales.
10.4.4. En caso de tratarse de
una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión
que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. Este requisito no
es aplicable al asunto bajo estudio ya que las anomalías que se alegan son de
carácter sustantivo.
10.4.5. Identificación de los
hechos que generan la violación y que ellos hayan sido alegados en el proceso
judicial, en caso de haber sido posible. El accionante puso de presente no
solo en el escrito tutelar, sino también dentro del proceso ordinario laboral,
la afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, ante la aplicación de una norma que, en su parecer, resultó injustificadamente
regresiva y contraria a la Constitución.
10.4.6. El fallo controvertido
no es una sentencia de tutela. Como se ha indicado, las providencias que se
censuran hicieron parte de un proceso ordinario laboral.
Una vez definidos los puntos que
hacen procedente la acción de tutela, entra la Sala al análisis de los
requisitos especiales de procedibilidad contra providencias judiciales,
específicamente el defecto sustantivo, como causal alegada por el accionante.
10.5. Existencia
de un defecto sustantivo en el que incurrieron los jueces de instancia dentro
del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Gustavo de Jesús
Echavarría Zapata contra el Instituto de Seguros Sociales.
La Corte
considera que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, al confirmar
la sentencia del Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad del Circuito de
Medellín, incurrió en un defecto sustantivo, por darle aplicación a un régimen
más gravoso y desfavorable para el actor -artículo 33 de la Ley 100 de 1993-
que exige mayores requisitos para obtener la pensión de vejez; y porque, con
base en el Acuerdo 049 de 1990, descartó las semanas servidas por el señor
Echavarría Zapata al sector publicó entre los años 1990
a 1995, justificado en que dicha normatividad no permite sumar ese tiempo con
las semanas cotizadas al ISS. La Sala llega a la anterior conclusión luego de
realizar el siguiente análisis:
10.5.1. Encuentra probado que el accionante era beneficiario del régimen de
transición, por cuanto al 1° de abril de 1994 tenía 44 años edad[87].
10.5.2. Considerando
que en el presente asunto la discusión que se plantea gira en torno a la
aplicación del Acuerdo 049 de 1990, y que, siendo este el régimen respecto del
cual el accionante alega el defecto sustantivo en el cual incurrieron los
jueces de instancia dentro del proceso ordinario, entra la Sala a estudiar el
cumplimiento de las condiciones fijadas en esta norma para acceder a la pensión
de vejez[88].
Conforme lo
dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión
de vejez se requiere acreditar: (i) 60 o más años de edad si se es varón,
o 55 o más años de edad si se es mujer; y (ii) un mínimo de 500 semanas de
cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
mínima, o haber acreditado 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo.
Por un lado, el
accionante presentó la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez el 2
de julio de 2010, fecha en la cual contaba con 60 años de edad, estando así
acreditado el primero de los requisitos mencionados.
Sobre el cumplimiento
del número de semanas cotizadas, la Sala encuentra demostrado que, de acuerdo
con lo señalado por el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución núm.
003388 del 21 de febrero de 2011 -que nunca fue cuestionado, sino por el
contrario aceptado por todos los intervinientes-, “sumado el tiempo laborado en el sector público SIN COTIZACIÓN AL ISS
con las semanas cotizadas al ISS a través de diferentes empresas, arroja un
total de 754,86 semanas”.
Lo anterior tiene sustento en el historial
laboral allegado por el interesado como material probatorio a la solicitud de
pensión, así como al escrito de tutela:
(i) Del reporte de semanas cotizadas expedido
por el ISS se desprende que el accionante cotizó a esta entidad, a través
de diferentes empresas, un total de 504,43 semanas que corresponden a las
fechas del 21 de febrero de 1984 al 20 de mayo de 1986 y del 1 de agosto de
1995 al 31 de diciembre de 2009[89];
(ii) Del certificado de periodos de
vinculación laboral para bonos pensionales y pensiones expedido por el
Municipio de Bello se evidencia un total de 250,43 semanas laboradas como
secretario de tránsito municipal, que corresponden a las fechas del 18 de
septiembre de 1990 al 31 de julio de 1995[90].
Con base en lo anterior, es claro que el
peticionario no cumplía con un total de 1000 semanas de cotización, segundo
supuesto contenido en el literal “b” del Acuerdo 049 de 1990. Por esa razón,
debe analizarse si cumple con el requisito de 500 semanas cotizadas dentro de
los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida, primer parámetro incluido
en dicha normatividad[91].
Del material probatorio allegado al expediente se
encuentra que el solicitante contaba con un total de 754,86 semanas, sumando el
tiempo laborado en el sector público con las semanas cotizadas al ISS a través
de diferentes empresas. Ese tiempo laborado y las cotizaciones corresponden al
periodo comprendido entre 1984 y 2009 para un total de 25 años.
Ahora, teniendo en cuenta que el actor cumplió
los 60 años el 2 de julio de 2010 y que solamente deben contabilizarse las
semanas laboradas o cotizadas dentro de los 20 años anteriores a esa fecha
-esto es, entre el 2 de julio de 1990 y 2 de julio de 2010-, deben restarse las
semanas entre el 21 de febrero de 1984 y el 1 de julio de 1990; es decir, las
que no corresponden a aquel periodo de tiempo. De ello resulta un total de 637,72
semanas, lo que permite concluir que efectivamente cumplía con los parámetros
fijados en el Acuerdo 049 de 1990, y por lo mismo tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez.
No obstante, este no fue el análisis realizado
por los jueces de instancia dentro del proceso ordinario laboral. El Juzgado Veintiuno Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín consideró
que el Acuerdo 049 de 1990 no permite acumular tiempos públicos y privados, y
que además, se trata de una norma que se refiere a las semanas que hayan sido efectivamente
cotizadas. Y aclaró que aun cuando las semanas laboradas en el sector público
hubieran sido cotizadas al ISS, las mismas no podrían ser tenidas en cuenta
para el cómputo, precisamente por existir un “componente público y ser un
tiempo servido a entidades territoriales”. En palabras de a quo:
“Teniendo en cuenta la edad del demandante, para el 1
de abril de 1994 ya tenía 44 años. Por lo tanto, [es posible] por requisito de
edad que se analice si tiene derecho a lo consagrado en el artículo 12 del [Acuerdo
049 de 1990]. (…)
Si bien tiene la edad [exigida en esa normatividad] no
cumple con las condiciones para ser pensionado de conformidad al artículo 12
del Decreto, pues tal norma no permite acumular tiempos públicos y privados (…)
el demandante invoca el apartado del artículo 36 de la ley 100, que dice
que las demás condiciones se rigen por esa ley, pero con ello no quiso
significar el legislador que se podían acumular tiempos públicos y privados en
el Decreto. (…)
El artículo
12 del Decreto habla de semanas de cotización que son las efectivamente
cotizadas, más no las servidas a una entidad de derecho público. Incluso, así
las semanas de 1990 a 1995 hubieran sido cotizadas al ISS, por existir un
componente público y ser tiempo servido a entes territoriales municipales, no
es posible acumularlos para sumarlos en una sola bolsa.(…)
Que si bien
el legislador no lo prohibió también fue muy cuidadoso al redactar el Decreto
758 y referirse estrictamente a semanas de cotización pagadas, esto es,
cotizadas, o sea no servidas, y menos a entidades de carácter público (…)”.
A la misma
conclusión llegó la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que
argumentó que la norma aplicable era el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Concluyó
que para el año 2010 (fecha en la que cumplió 60 años) esta normatividad exigía
un total de 1175 semanas de cotización y que el actor solo contaba con 754.86,
razón por la cual no se encontraban acreditados los requisitos exigidos en
dicha norma. Con esos argumentos confirmó la sentencia de de primera instancia.
Las consideraciones expuestas por el a quem fueron, en lo pertinente,
las siguientes:
“Que por ser servidor público, el régimen al cual se
encontraba afiliado no era el previsto en el reglamento ante el ISS, esto es,
el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990, sino el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985. (…)
Que el
demandante tiene 250,43 semanas al sector público sin cotización al ISS entre
1990 y 1995, y 504 cotizadas al ISS para un total de 754 en toda la vida
laboral; semanas que bajo régimen de la Ley 33 de 1985 y del Acuerdo 049 de
1990 (preceptiva que no es aplicable pero que fue solicitada en la demanda) no
es posible acumularlas. (…)
Conforme a
lo explicado, la normativa aplicable es la Ley 100 de 1993 artículo 33 y demás
normas que la modifican o adicionan, en la que sí se podría acumular [tiempos
de servicio]. Pero aún sumando ambos tiempos, el actor no alcanza el total
exigido para el año 2010, esto es, 1175, fecha en la que cumplió los 60 años
para acceder a la pensión de vejez. (…)”.
De haberse
contado las semanas laboradas en el sector público para efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez, la conclusión de las autoridades
judiciales sería distinta, en tanto superaría el número exigido en la
normatividad que el accionante pretendía que le fuera aplicada. Asumir tal
postura implicó para el actor la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social.
En ese orden de
ideas, la Corte encuentra que los jueces de instancia dentro del proceso
ordinario laboral incurrieron en un defecto sustantivo, al aplicar una norma
que resultaba desfavorable para el solicitante -artículo 33 de la Ley 100 de
1993-[92] y por valerse de una interpretación
respecto de una disposición -artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990-, que
resultaba regresiva y contraria a la Constitución[93].
10.6. Aclaraciones
finales:
10.6.1. Dentro
de las consideraciones plasmadas por el Instituto de Seguros Sociales en la
Resolución núm. 003388 del 21 de febrero de
2011, se encuentra la de no haber procedido este ente a solicitar ante la
entidad territorial correspondiente la emisión del bono pensional porque, aun
cuando lo hiciera, el solicitante no cumpliría con los requisitos contenidos en
la normatividad vigente, esto es, el artículo 9 de la Ley 797 de 2003,
que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
De las pruebas
allegadas al expediente se encontró que las semanas servidas al sector público
por el actor no fueron cotizadas, sino que fueron acreditadas con una
certificación de periodos de vinculación, válida para emisión de bonos
pensionales.
Teniendo claro que
la norma aplicable al accionante era el literal “b” del artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990 y que, según la conclusión varias veces mencionada, es posible que sean acumulados los tiempos de servicios cotizados a
las cajas o fondos de previsión social, o que siendo laborados debieron ser
cotizados por la entidad pública, con las semanas de cotización efectuadas al
Instituto de Seguros Sociales, esta entidad debió
realizar dicho trámite de emisión de bono pensional.
10.6.2. Otra de
las consideraciones contenidas en la resolución surge de la interpretación de
lo dispuesto en el parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005[94]. De conformidad con dicha norma, el
régimen de transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010,
excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además tengan
cotizadas 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, para
quienes se mantendrá hasta el año 2014.
Si el accionante
cumplía con los requisitos contenidos en el Acuerdo 049 de 1990 antes del 31 de
julio de 2010, no perdía los beneficios del régimen de transición, tal y como
pudo comprobarse en el caso concreto, ya que el señor Echavarría Zapata los
acreditó el 1° de julio de ese año. Es por ello que la justificación empleada
por el Instituto de Seguros Sociales previamente reseñada tampoco resulta
admisible para esta corporación.
10.6.3. Finalmente,
con ocasión del fallecimiento del señor Echavarría Zapata, la Sala precisa que al
accionante le fueron vulnerados en vida los derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, puesto que, como se expuso,
está debidamente acreditado que le asistía el derecho de la pensión de vejez.
Por otro lado,
en las declaraciones extraprocesales rendidas ante la Notaria Segunda de Bello
mencionadas en el acápite de pruebas, el accionante manifestó que tenía a su
cargo a la señora Doris Patricia Berrio Serna -compañera permanente- y a su
hijo Johan Sebastian Echavarría Berrio, quien se tuvo que retirar de la
universidad por la falta de recursos económicos. Esta circunstancia permite
señalar que existen sucesores que posiblemente son beneficiarios de otros derechos
pensionales derivados de la pensión de vejez, como lo es la pensión de
sobrevivientes.  En caso de considerarlo necesario y de cumplir con los
requisitos establecidos en la ley para el efecto, podrán iniciar los trámites ante
las autoridades correspondientes para acceder a los derechos que, de ser el
caso, se deriven de la prestación pensional que le asistía a su familiar.
10.7. En virtud
de lo expuesto, la Corte revocará los fallos de instancia y en consecuencia,
tutelará los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social del señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata. De igual forma,
dejará sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado Veintiuno Laboral
de Oralidad del Circuito de Medellín y de la Sala Laboral del Tribunal de la
misma ciudad, mediante las cuales se negó al accionante la pensión de vejez. En
su lugar, se ordenará a esta última autoridad judicial que, dentro de los 30
días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia
en la que se tenga en cuenta el tiempo laborado por el actor como secretario de
tránsito municipal para efectos del reconocimiento de dicha prestación y de
conformidad con los lineamientos fijados en esta providencia.
Adicionalmente, teniendo
en cuenta que esta orden se imparte con ocasión de la posible afectación de los
derechos de los familiares del causante, se ordenará al Tribunal que dicha
providencia sea debidamente notificada a la compañera permanente y al hijo del
señor Echavarría Zapata.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida
el 12 de junio de 2013 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que a su vez confirmó la sentencia proferida el 24 de junio de 2013
por la Sala de Casación Laboral de la misma corporación. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a
la seguridad social del señor GUSTAVO DE JESÚS ECHAVARRÍA ZAPATA, en los términos expuestos en esta providencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida el 25 de mayo de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, que a la vez confirmó la emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral de
Oralidad del Circuito de Medellín el 19 de septiembre de 2011, mediante la cual
se negó el reconocimiento de la pensión de vejez al señor GUSTAVO DE JESÚS
ECHAVARRÍA ZAPATA.
Tercero.- ORDENAR a la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín que, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera
una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta el tiempo laborado por el
actor como secretario de tránsito municipal para efectos del reconocimiento de
la pensión de vejez, de conformidad con lo establecido en esta providencia. Adicionalmente,
deberá notificar de la nueva decisión a la compañera permanente y al hijo del
señor GUSTAVO DE JESÚS ECHAVARRÍA ZAPATA, para que, en caso de considerarlo
necesario y de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, inicien los
trámites correspondientes para acceder a los derechos que, de ser el caso, se
deriven de la prestación pensional que le asistía a su familiar.
Cuarto.- Por Secretaría General de la
Corte Constitucional INFORMAR de esta providencia a la compañera
permanente del señor GUSTAVO DE JESÚS ECHAVARRÍA ZAPATA, la señora DORIS
PATRICIA BERRIO SERNA y a su hijo, JOHAN SEBASTIAN ECHAVARRÍA BERRIO.
Quinto.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese
en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Ausente con excusa
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente en comisión
GABRIEL EDUARDO MEDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
Auto 343/14
Referencia: Auto
de corrección de la sentencia SU-769 de 2014.
Expediente T-4128630. Acción de tutela interpuesta
por el señor Gustavo de Jesús Echavarría Zapata en contra del Juzgado Veintiuno
Laboral de Oralidad del Circuito de Medellín y de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto,
CONSIDERANDO:
1.
Esta corporación ha señalado en múltiples oportunidades[95] que
los errores de transcripción presentes en sus sentencias deben corregirse
aplicando para ello lo dispuesto en el artículo 310 de C.P.C.; es decir, por
imprecisiones cometidas por omisión o cambio de palabras o alteraciones de
estas[96].
2.
En el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia SU-769 de
2014 se dispuso:
“Primero.- REVOCAR la sentencia
proferida el 12 de junio de 2013 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la sentencia proferida el 24 de
junio de 2013 por la Sala de Casación Laboral de la misma corporación. En su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital y a la seguridad social del señor GUSTAVO DE JESÚS
ECHAVARRÍA ZAPATA, en los términos expuestos en esta providencia”.
3.
Sin embargo, la Sala constata que se incurrió en un error de carácter
mecanográfico, toda vez que la sentencia de segunda instancia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justica fue proferida el diecisiete (17)
de septiembre de dos mil trece (2013) y no el doce (12) de junio de dos mil trece
(2013), como quedó consignado.
4.
Sentado lo anterior, en aras
de evitar equívocos y hacer efectivo el cumplimiento del fallo de la
referencia, se hace necesario corregir lo señalado.
En mérito de lo expuesto la
Sala Plena de la Corte Constitucional
1
RESUELVE
Primero.-
CORREGIR el numeral primero de la parte resolutiva
de la sentencia SU-769 de 2014, el cual quedará así:
“Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2013 por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la
sentencia proferida el 24 de junio de 2013 por la Sala de Casación Laboral de
la misma corporación. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social del
señor GUSTAVO DE JESÚS ECHAVARRÍA ZAPATA, en los términos expuestos en esta providencia”
Segundo.-
ORDENAR a la Relatoría de esta corporación que adjunte
copia del presente auto a la Sentencia SU-769 de 2014, con el fin de que sea
publicado junto con ella.
Tercero.-
Por Secretaría COMUNICAR este auto a los jueces de instancia y ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia que notifique el presente auto de corrección a las
partes interesadas en el asunto de la referencia.
Notifíquese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MEDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Ver Cuaderno 1, folio 41. Cédula de ciudadanía núm. 8’389.554. Fecha de nacimiento: 2 de julio
de 1950.
[2] ARTÍCULO
12: “REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta
(60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización
pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1000) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
[3] ARTÍCULO 9: “El
artículo 33 de
la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 33. Requisitos para obtener la
Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la
Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 1.
Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60)
años si es hombre. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se
incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y
dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas
en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de
semanas se incrementará en 50 y a partir  del 1o.de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO 1o. Para
efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se
tendrá en cuenta: a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones; b) El tiempo de servicio como
servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en
regímenes exceptuados; c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados
con empleadores que antes de la vigencia de la
Ley 100 de
1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre
y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993. d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos
empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador. e) El número de
semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la
Ley 100 de
1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión. En los casos
previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre
y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el
cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional. Los fondos encargados reconocerán la
pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la
solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que
acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las
diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte (…)”.
[4] Cita las sentencias
T-090 de 2009 y T-181 de 2011.
[5] La base
argumentativa y jurisprudencial expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias SU-917 de 2010; SU-195 de 2012 y SU-515 de 2013, y
mantiene la postura reciente y uniforme de esta corporación en la materia.
[6] Cfr. Sentencia T-949 de 2003.
[7] “Artículo 25.
Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las
posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso”. (Subrayado fuera de texto).
[8] Artículo 2. (…)  3.
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar
que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en
ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial,
administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona
que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso
judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso”.(Subrayado fuera de texto).
[9] Cfr. Sentencia T-401 de 2006.
[10] Ibídem.
[11] Cfr. Sentencia T-1031 de 2011.
[12] Cfr. Sentencia T-949 de 2003
donde la Corte señaló lo siguiente: “Esta Corte en sentencias recientes ha
redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder
de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2
C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la
Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230
C.P.). En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía
de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido
inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de
tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los
intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad
jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar
su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los
derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de
la actividad jurisdiccional del Estado”.
[13] Sentencia T-173 de 1993.
[14] Sentencia T-504 de 2000.
[15] Ver entre otras la reciente Sentencia
T-315 de 2005.
[16] Sentencias T-008 de 1998 y
SU-159 de 2000.
[17] Sentencia T-658 de 1998.
[18] Sentencias T-088 de 1999 y
SU-1219 de 2001.
[19] Sentencia T-522 de 2001.
[20] Cfr. Sentencias T-462 de 2003,
SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.
[21] Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-043 de 2005, T-295 de 2005,
T-657 de 2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010,
entre otras.
[22] Sentencia T-189 de 2005.
[23] Sentencia T-205 de 2004.
[24] Sentencia T-800 de 2006.
[25] Sentencia T-522 de 2001.
[26] Sentencia SU.159 de 2002.
[27] Sentencias T-051 de 2009 y T-1101 de
2005.
[28] Sentencias T-462 de 2003,
T-001 de 1999 y T-765 de 1998.
[29] Sentencias T-066 de 2009 y
T-079 de 1993.
[30] Sentencias T-462 de 2003,
T-842 de 2001 y T-814 de 1999.
[31] Sentencia T-018 de 2008.
[32] Sentencia T-086 de 2007.
[33] Sentencia T-231 de 1994.
[34] Sentencia T-807 de 2004.
[35] Sentencias T-086 de 2007,
T-1285 de 2005 y T-114 de 2002.
[36] Sentencias T-292 de 2006, T-1285 de
2005, T-462 de 2003 y SU.640 de 1998.
[37] En la
sentencia T-808 de 2007, se expuso: “… en cualquiera de estos casos
debe estarse frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad
aplicable al caso concreto, de manera que la desconexión entre la voluntad del
ordenamiento y la del funcionario judicial sea notoria y no tenga respaldo en
el margen de autonomía e independencia que la
Constitución le reconoce a los jueces (Art. 230
C.P.). Debe recordarse además, que el amparo constitucional en estos casos no
puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda
sujeto a una providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento
jurídico”.
[38] Constitución
Política. Artículo 48, inciso 1°: “La Seguridad Social es un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley”.
[39] Ley
100 de 1993. Artículo 4°, inciso 2°: “Este servicio público es esencial en
lo relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con
respecto al Sistema General de Pensiones es esencial sólo en aquellas
actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las
pensiones”.
[40] Sentencia T-201 de 2013. Cfr.
Sentencia C-623 de 2004.
[41] Ibídem.
[42] El
inciso 2° del artículo 48 de la Carta Política dispone que “se garantiza a
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
Seguridad Social”. De igual forma el inciso 1° del artículo 3 de la
Ley 100 de 1993 establece que “el Estado garantiza a todos los
habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad
social”.
[43] Sentencia T-658 de 2008. Cfr. Artículo
9° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
Artículo 9° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículo 11,
numeral 1, literal e de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Artículo
16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
[44] Sentencia T-201 de 2013.
[45] Sentencia
T-334 de 2011.
[46] Ibídem.
[47] Sentencia T-122 de
2010.
[48] Sentencia
T-334 de 2011.
[49] Sentencia
T-398 de 2013.
[50] Sentencia C-107 de 2002
[51] Al respecto ver, entre muchas otras, las sentencias T-583 de 2010,
T-334 de 2011, T-201 de 2012, T-360 de 2012 y T-408 de 2012.
[52] Sentencia C-789 de
2002.
[53] Ver sentencia C-017 de 1998.
[54] Cfr. T-566 de 2009, T-453 de 2012  y T-528 de 2012.
[55] Sentencia
T-201 de 2012.
[56] Sentencias T-090 de
2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559 de
2011,  T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-593 de 2013, entre otras.
[57] Sentencias T-090 de
2009, T-334 de 2011 y T-559 de 2011.
[58] Cfr. Sentencias T-545
de 2004, T-248 de 2008, T-090 de 2009, entre otras.
[59] Entre otras, ver sentencias T-714 de
2011, T-476 de 2013 y T-596 de 2013.
[60] Para la Corte, “[e]sta interpretación es apoyada por una interpretación
finalista e histórica pues, como arriba se señaló, la ley 100 de 1993 buscó
crear un sistema integral de seguridad social que permitiera acumular
semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos patronos, públicos o
privados, para que los(as) trabajadores(as) tuvieran posibilidades reales de
cumplir con el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez,
lo que antes se dificultaba de forma injusta por las limitaciones a la
acumulación pues aunque las personas trabajaban durante un tiempo para una
empresa privada o entidad pública si cambiaban de empleador éste tiempo no les
servía para obtener su pensión de vejez. Adicionalmente, esta interpretación
encuentra fundamento en la filosofía que inspira el derecho a la pensión de
vejez que estriba en que ‘el trabajo continuado durante largos años sea la base
para disfrutar el descanso en condiciones dignas, cuando la disminución de la
capacidad laboral es evidente’”.
[61] En palabras de
la corporación: “5.4. De tal manera, debe examinarse el precedente
jurisprudencial sentado por esta corporación, encontrando que, sin embargo, en
todas las sentencias analizadas se tomó una decisión sobre supuestos fácticos
diferentes a los planteados en la presente acción, donde el actor cotizó 500
semanas en los últimos 20 años anteriores a cumplir la edad requerida,
reclamándose la aplicación de una regla jurisprudencial que solo se ha usado
para conceder pensiones con base en cotizaciones durante 1000 semanas.
Así, como se anotó en precedencia, de acuerdo con la regla reiterada por
esta Corte, sí es posible acumular semanas cotizadas al ISS y a otras entidades
de previsión social, para otorgar pensiones de vejez bajo el Acuerdo 049 de
1990, en aplicación del régimen de transición, cuando se cumplen los requisitos
de 1000 semanas de cotización y la edad requerida, que no es
este caso, por lo cual se concluye que no hay violación al derecho a la
igualdad, pues la situación fáctica no es equiparable”.
[62] “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y
actuaciones que deban surtirse ante la
Corte Constitucional”.
[63] Auto 245 de 2012.
[64] De
conformidad con el artículo 34 del Decreto Ley 2067 de 1991, solo la
Sala Plena está autorizada para realizar cambios de jurisprudencia.
[65] Para fundamentar su decisión la
Corte citó como referente jurisprudencial las sentencias T-090 de 2009, T-389
de 2009, T-583 de 2010 y T-093 de 2011.
[66] Ibídem.
[67] Respecto
del principio de interpretación pro homine, en la sentencia T-319 de
2012 se explicó: “impone aquella interpretación de las normas jurídicas que
sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella
interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos.
En el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º
Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana
como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la
garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la
República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y
demás derechos y libertades. (Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr. Sentencias
C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.
[68] Sentencia T-090 de
2009.
[69] Sentencia
C-177 de 1998.
[70] Cfr. Sentencia T-543 de 2012.
[71] Casos
previamente reseñados referentes a las sentencias T-398 de
2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-093 de 2011, T-334 de 2011, T-559 de
2011, T-637 de 2011, T-714 de 2011, T-019 de 2012, T-100 de 2012, T-360 de
2012, T-408 de 2012, T-543 de 2012, T-145 de 2013, T-476 de 2013, T-493 de 2013
y T-596 de 2013.
[72] En esa ocasión, la
Corte conoció el caso de una señora de 61 años de edad quien solicitó al ISS
el reconocimiento de la pensión de vejez, entidad que negó la solicitud por
considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, a pesar de aceptar en el acto administrativo que el tiempo
cotizado junto con el laborado en el sector público arrojaba un total de 1.033
semanas, lo cual equivale a más de 20 años. La accionante inició proceso
ordinario laboral, el cual fue fallado a su favor en primera instancia. No
obstante, tal decisión fue revocada mediante sentencia dictada en grado de
consulta, bajo el argumento de que “se logró acreditar que la
demandante laboró al servicio de la Universidad de Caldas entre el periodo
comprendido entre el primero de junio de 1976 y el 31 de marzo de 1979, por
esta se logró demostrar que a primero de febrero de 1977 se creó la
Caja de Previsión de dicha institución y por consiguiente sólo con
posterioridad a esa fecha se pudieron efectuar aportes efectivos para lo cual
sólo se puede validar los aportes efectuados por la demandante en el periodo
comprendido del primero de febrero de 1977 a 31 de marzo de 1979 equivalentes a
780 días de cotizaciones efectivas con destino a la caja de previsión social de
dicha entidad. La Sala acepta que la demandante cotizó válidamente un
total de 7002 días equivalentes a 19.45 años los que son suficientes parar
adquirir la pensión de vejez como lo establece la norma específica”. La
Corte dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia y en su lugar, dejó
en firme la de primera, por considerar que el juez ordinario “rechazó una
interpretación favorable que claramente para el caso concreto
beneficia a la accionante, concreta la garantía de la igualdad y realiza los
postulados de solidaridad y justicia material; tal interpretación consiste en
que para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el
trabajador tiene derecho a que se tome en cuenta tiempo trabajado en una
entidad de derecho público antes de la expedición de la ley 100, aunque dicha
entidad no haya trasladado el aporte respectivo a la caja de previsión
correspondiente, tal como se lo ordenaba la
Ley 6 de 1945” (Negrilla original).
[73] “Por la cual se
dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo”.
[74] Sentencia
del 28 de febrero de 2013. Sección Segunda. Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. Radicación: 2793-08.
[75] Sentencia
del 1º de marzo de 2001. Sección Segunda, Subsección A. Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. Radicación:
66001-23-31-000-0527-01-485-2000.
[76] Sentencia
del 4 de agosto de 2010. Sección Segunda. Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado. Radicación: 1628-06.
[77] En
sentencia de 27 de junio de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
Subsección A, M.P. Dr. Alberto Arango Mantilla, inaplicó el artículo 21 del
Decreto 1160 de 1989 que tenía el mismo contenido
del artículo 5 del Decreto 2709 de 1994, argumentando lo siguiente: “Considera
la Sala que la previsión del artículo 21 del decreto 1160 de 1989, agrega una condición
que no es exigible al trabajador sino al empleador y, de esta manera, hace
gravosa su situación al reclamar el derecho pensional frente al que ha cumplido
los requisitos que a él corresponden – edad y tiempo de servicios – y con
ello se vulnera derechos constitucionales como
el de la igualdad (art. 13), el trabajo (art. 25), la protección a la tercera
edad (art. 46), la seguridad social (art. 48), y la irrenunciabilidad a
derechos laborales mínimos (art. 53).  En consecuencia,
inaplicará para el caso concreto lo dispuesto en el artículo 21 del decreto
1160 de 1989”.
[78]  La Dirección Nacional de Identificación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la cédula de ciudadanía
núm. 8’389.554, expedida a nombre de Gustavo de Jesús Echavarría Zapata,
se encuentra “CANCELADA POR MUERTE”, mediante Resolución 9289 de 2013,
tomando como documento base el Registro Civil de Defunción, Serial 5552785, de la
Notaría Primero de Bello. Adicionalmente, envió el certificado de vigencia de
la cédula de ciudadanía referida, la Resolución 9289 de 2013, “Por la cual
se cancelan unas cédulas de ciudadanía por muerte de sus titulares”, y una copia del Registro Civil de Defunción. Por su parte, la
Notaría Primera de Bello remitió la fotocopia auténtica del Registro Civil de
Defunción núm. 80962011-7, perteneciente al señor Gustavo de Jesús
Echavarría Zapata, donde se inscribe como fecha de defunción el 24 de agosto de
2013; y copia simple de los documentos que fueron allegados por el denunciante
para certificar el fallecimiento, esto es, la certificación médica como
antecedente para el registro civil y la solicitud de inscripción de defunción
presentada ante la Notaría Primera de Bello por la
Fiscal 177 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata de Medellín
[79] Sentencia SU-540 de 2007.
[80] Artículo
6, inciso 4. Causales de improcedencia de la tutela. “La acción de tutela no
procederá: (…) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho (…)”.
[81] Ibídem.
[82] Sentencia
SU-540 de 2007. Cfr. Sentencia  T-437 de 2000.
[83] Sobre
este punto el accionante manifestó lo siguiente en el escrito de tutela: “Bajo
la gravedad de juramento les manifiesto que no conocía el contenido de la
decisión tomada por la honorable Corte en relación con lo sucedido en el
proceso pues al indagar en el mes de mayo por este en el tribunal de Medellín,
me enteré de esta situación y propiamente que en el mes de febrero de 2013 se
había liquidado costas a mi cargo y el proceso iba para archivo. Al encrepar [sic]
al abogado que tenía para el proceso, la respuesta sencilla que me da, es que
efectivamente se le había pasado el término para sustentar el recurso, sin mas
razones me deja atado a mi destino que a mi edad ya es incierto”. Ver escrito de tutela. Hechos 9 y 10. Cuaderno principal. Folio 4.
[84] Cfr. Sentencias SU-961 de 1999 y SU-339 de 2011.
[85] Sentencia
SU-515 de 2013.
[86] Ver folio 18. Cuaderno
1. Declaración juramentada con fines extraprocesales rendida por el señor
Gustavo de Jesús Echavarría Zapata el 28 de mayo de 2013.
[87] En la cédula de ciudadanía consta como fecha de nacimiento del señor
Gustavo de Jesús Echavarría el 2 de julio de 1950. Cuaderno principal.
Folio 41.
[88] En aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, la
Corte en diferentes decisiones ha mencionado que la entidad o la autoridad
encargada de definir si le asiste razón al peticionario, debe estudiar no solo
los requisitos del régimen en el que se encontraba afiliado el trabajador al
momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sino de todos aquellos
que regían antes de la expedición del Sistema General de Pensiones. Incluso, el
Instituto de Seguros Sociales ha procedido, en el estudio de las solicitudes de
pensión de vejez, a analizar cada uno de los regímenes existentes antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tal y como sucedió en el caso objeto
de revisión.
[89] Ver reporte de semanas
cotizadas expedido por el ISS. Cuaderno principal. Folios 21
a 24.
[90] Ver certificado de periodos de vinculación laboral para bonos
pensionales y pensiones. Cuaderno principal. Folios 25
a 29.
[91] ARTÍCULO
12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de
vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más
años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se
es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de mil (1000) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo.
[92] Esto, por cuanto dicha norma, aunque exige la misma edad que el
Acuerdo 049, establece que deben existir cotizaciones mínimo de 1000 semanas,
las cuales a partir del 1° de enero de del año 2005 se incrementarán en 50 y a
partir del 1° de enero de 2006 se incrementarán en 25 hasta llegar a 1300
semanas en el 2015.
[93] Dicha
interpretación, en virtud de cual la única normatividad que
permite realizar la referida acumulación es la contenida en el Sistema General
de Pensiones, resulta contraria a los postulados constitucionales y a la
jurisprudencia de esta corporación sobre la interpretación y el alcance del
principio de favorabilidad en materia laboral aplicado al régimen de transición
consagrado en la Ley 100 de 1993.
[94] Parágrafo Transitorio 4° del Acto Legislativo 01 de 2005: “El
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a
la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios
pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen”.
[95] Cfr. A-174 de 2005, A-051 de 2007,
A-067 de 2007, A-01 de 2008, A-259 de 2009, A-060 de 2010, A-048 de 2011, A-054
de 2011, A-085 de 2011, A-154A de 2011, A-218 de 2011, entre otras.
[96] La norma en cita
reza: “Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente
aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de
oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos
que procedían contra ella, salvo los de casación y revisión.(…) Lo dispuesto en
los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de
palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva o influyan en ella”.