T-477-09
SENTENCIA T-477/09
Sentencia
T-477/09
DERECHO A LA
SALUD-Suministro
de medicamento
Referencia:
expediente T-2281444
Acción de tutela instaurada por Clara Elena
Reyes Sadon, como agente oficiosa de Leonel Quintero Moreno, contra la
Dirección de Sanidad del Departamento de Policía del Cesar.
Magistrada
Ponente:
Dra. MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil nueve
(2009)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados, María Victoria Calle Correa, Luís Ernesto Vargas
Silva y Gabriel Eduardo Mendoza, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo proferido, en única instancia, por el Juzgado Quinto (05)
Administrativo del Circuito de Valledupar - Cesar, el veintisiete (27) de abril
de dos mil nueve (2009), dentro de la acción de tutela instaurada por Clara Elena
Reyes Sadon, como agente oficiosa de Leonel Quintero Moreno, contra la
Dirección de Sanidad del Departamento de Policía del Cesar.
El expediente de
la referencia fue escogido para revisión por medio del Auto de junio once (11)
de dos mil nueve (2009) proferido por la Sala de Selección Número Seis.
Teniendo
en cuenta que el problema jurídico que suscita la presente acción de tutela ya
ha sido objeto de otros pronunciamientos por parte de esta Corporación, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional decide reiterar lo dispuesto por
la jurisprudencia para este tipo de casos. Por tal razón, de acuerdo con sus
atribuciones constitucionales y legales, la presente sentencia será motivada
brevemente.[1]
I.
ANTECEDENTES
1. Clara Elena
Reyes Sadon, en representación de Leonel Quintero Moreno, interpuso acción de tutela
contra
la Dirección de Sanidad del Departamento de Policía del Cesar, por considerar
que esta institución vulneró los derechos a la salud y a la dignidad del señor
Quintero, al negarle la entrega del medicamento Infliximab, prescrito por su
médico tratante.
La
accionante[2] señala que su
esposo padece “Hipertrofia y esclerosis por enfermedad discal degenerativa en
la columna lumbosacro; Hiperostosis esquelética difusa en la región de la
columna dorsal, esclerosis subcodral, formación de pequeños osteofitos
marginales y estrechamiento de los espacios intervertebrales por
espondioartrosis degenerativa nivel columna cervical y Espondilitis
Anquilosante. Para el tratamiento de las patologías descritas, el medico
tratante del señor Quintero le prescribió el medicamento Infliximab, no
contemplado dentro del P.O.S. Este medicamento fue suministrado por la entidad
demandada luego de dirigir  petición al director de Sanidad. Con dicho
medicamento el señor Quintero “mejoró mucho, ya que todos los tratamientos que
le habían realizado fuera de ser erróneos eran de tipo paliativo y hasta esa
fecha habían fracasado (…) con las bondades de Infliximab (…) pudo hacer
deporte y lo más importante, dejamos las pesadillas que tenia en la noche al no
poder dormir por los intensos dolores (…)”
Pese
a la mejoría del señor Quintero, el suministro del medicamento fue suspendido,
debido a que el Comité Técnico Científico consideró que en la solicitud hecha a
la Dirección de Sanidad faltó “justificación amplia y suficiente.”
Para
la entidad demandada “(…) si la accionante o el médico tratante manifiestan la
existencia de molestias con los medicamentos que le están siendo suministrados,
el mecanismo idóneo para resolver su inquietud al respecto es acudir al Comité
de Vigilancia.” y no a la acción de tutela.
2.
El día veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009), el Juzgado Quinto
(05) Administrativo del Circuito de Valledupar - Cesar, profirió sentencia
denegando el amparo solicitado por la accionante, al considerar que no procede
la agencia oficiosa porque “(…) la única limitación que tiene para ejercer
directamente la presente acción, son las posibles retaliaciones que puede tener
en su trabajo, circunstancia que no esta contemplada en la Ley, permitiéndosele
actuar en representación de él, como agente oficioso, siempre que esa condición
se indique en el escrito de tutela o se demuestre incapacidad mental o física
que impida al citado señor el ejercicio de la presente acción. Pero en ese caso
no lo expresó en el escrito de tutela ni se advierte ninguna incapacidad (…).
Así las cosas como la actora no cumplió con los requisitos para agenciar los
derechos de su esposo y al no ser la titular de los mismos no puede accederse a
su amparo por la indebida legitimación en la causa por activa.”
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Ha señalado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia que se
justifica la configuración de la agencia oficiosa entre los cónyuges cuando con
ello se atiende el deber de asistencia, colaboración, socorro y ayuda mutua.[3]
Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que “En todo caso,
las condiciones normativas y jurisprudenciales para el ejercicio legítimo de la
agencia oficiosa en materia de tutela, deben ser valoradas por el juez
constitucional a la luz de las circunstancias particulares del caso puesto a su
consideración”[4].[5]
En tal sentido, en la Sentencia T-419 de 2001 (MP: Álvaro Tafur Galvis) se
señaló: “(…) el juez de tutela debe, vistas las circunstancias especiales de
cada caso, adecuar las exigencias meramente procedimentales a la finalidad de
la acción de tutela, que no es otra que la de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la
vigencia de un orden justo -artículo 2 C.P.-, lo cual supone además, la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales -artículo 228
C.P. (…) En el caso sub exámine, la accionante aportó documentación suficiente
para suponer que el señor Ramiro Campos Donoso, a favor de quien se instauró la
acción, y titular de los derechos que se pretendían proteger, no se encontraba
en condiciones físicas para promover su propia defensa, situación que impone al
interprete la necesaria conclusión de que aquella, en su calidad de cónyuge y
por ende también afectada por la situación, se encontraba agenciando derechos
ajenos íntimamente unidos a los propios, por lo que la manifestación expresa de
la calidad en que actuaba, dadas las especiales condiciones del caso, no se
constituía en requisito indispensable para ejercer la acción a nombre de otro”.[6]
2. También ha señalado la Corte Constitucional en reiterada
Jurisprudencia que “la
decisión de un médico tratante de ordenar una droga excluida del POS, por
considerarla necesaria para salvaguardar los derechos de un paciente, prevalece
y debe ser respetada, salvo que el Comité Técnico Científico, basado en (i)
conceptos médicos de especialistas en el campo en cuestión, y (ii) en un
conocimiento completo y suficiente del caso específico bajo discusión,
considere lo contrario”.[7]  En tal
sentido, en la Sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se
sostuvo: “En caso de que existan tratamientos sustitutos dentro del Plan
Obligatorio de Salud para tratar la enfermedad que la persona padece, y el
médico tratante insista, sin embargo, en que se autorice el suministro de un
servicio no incluido dentro del plan obligatorio de salud, la aplicación de la
regla anterior, asegurará que el concepto del médico tratante no se desconozca,
salvo que existan razones médicas para ello.”
3.
Caso Concreto
Si bien el juez de instancia consideró que en
el escrito de tutela no se advierte la imposibilidad del señor Leonel Quintero
para ejercer su propio derecho, por lo que la accionante carecería de
legitimación por activa para actuar, observa la Sala Segunda de esta
Corporación, que el juez de instancia debió tener en cuenta que en el presente
caso, se solicitó la protección constitucional para una persona que padece una
patología compleja que le implica dolores crónicos frecuentes,[8]
lo que permite inferir que se encuentra en una manifiesta condición de
debilidad que exige una especial protección por parte del Estado.[9]
Así mismo, a juicio de la Corte, existe justificación suficiente para
establecer, en este caso, la existencia de la agencia oficiosa, al evidenciar
que la accionante obró con diligencia frente a sus deberes de asistencia,
colaboración, socorro y ayuda mutua, que surgen en su calidad de cónyuge.
En
cuanto al suministro del medicamento Infliximab, esta Corporación observa que
el Comité Técnico Científico no ofrece justificación alguna para establecer que
el medicamento solicitado, pueda ser remplazado por otro, o no es el adecuado
para tratar la patología sufrida por el señor Quintero. Como se evidencia en el
expediente de tutela (folio 14), el Comité se limita a señalar que “sin los
antecedentes de uso del medicamento solicitado o los resultados obtenidos con
los medicamentos usados previamente y si además esta información no esta
registrada en la historia clínica del paciente, el comité no tendrá los
argumentos necesarios para la autorización del tratamiento ya que cada caso es
evaluado individualmente.” Lo anterior indica que no existe concepto alguno
dado por médicos especialistas, consultados por el Comité Técnico Científico, o
prueba de la existencia de un conocimiento completo y suficiente que permita
sustentar el rechazo de la solicitud efectuada por la accionante.
De
conformidad con lo expuesto, decide la Sala tutelar los derechos invocados por
la accionante en representación del señor Leonel Quintero Moreno y ordena a la Dirección de
Sanidad del Departamento de Policía del Cesar, que en el término de 48 horas,
contadas a partir de la notificación de esta providencia, suministre el
medicamento Infliximab requerido por el señor Leonel Quintero Moreno de acuerdo
con las especificaciones de su médico tratante. La Dirección de
Sanidad del Departamento de Policía del Cesar podrá repetir contra el Fosyga
los costos en los que haya incurrido y en virtud de la regulación no le
corresponda asumir. No obstante, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en casos similares, se advertirá al Fosyga que en virtud de la
regla de recobro parcial fijada por la Ley 1122 de 2007,[10] cuya
constitucionalidad fue estudiada en la sentencia C-463 de 2008,[11] no
puede pagar a la EPS más del 50% del monto que ésta tenga derecho a repetir, en
la medida en que no tramitó adecuadamente la solicitud del accionante.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
El fallo proferido, en única instancia, por el Juzgado Quinto (05)
Administrativo del Circuito de Valledupar - Cesar, el veintisiete (27) de abril
de dos mil nueve (2009).
Segundo.-
ORDENAR a
la Dirección
de Sanidad del Departamento de Policía del Cesar, que en el término de 48 horas,
contadas a partir de la notificación de esta providencia, suministre el
medicamento Infliximab requerido por el señor Leonel Quintero Moreno de acuerdo
con las especificaciones de su médico tratante.
Tercero.- Líbrese por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Con base en lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 (artículo 35), la
Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de revisión que se limiten
a reiterar la jurisprudencia pueden “ser brevemente justificadas”. Así
lo ha hecho en varias ocasiones, entre ellas, por ejemplo, en las sentencias
T-549 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía), T-396 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-054 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-392 de 2004  (MP
Jaime Araujo Rentería) y T-959 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[2] La accionante interpone acción de tutela en calidad de Cónyuge del
señor Leonel Quintero Moreno “en razón a que su condición le imposibilita
impetrar esta acción por las posibles retaliaciones que pueda tener en su
trabajo”.
[3] T-246 de 2005, T-231 de 2005, T-1132 de 2003, T-534 de 2003, T-419 de
2001 y T-344 de 2001, entre otras.
[4] Cfr. Sentencias T-573 de 2001 y T-452 de 2001 y T-301 de 2007.
[5] Sentencia T-050
de 2008 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[6] Con respecto de la legitimidad del accionante cuando se tratan de
proteger derechos de una persona con una enfermedad grave, consultar las
Sentencias SU-707/96 y T-315/00.
[7] Sentencia T-760 de 2008 MP Manuel José Cepeda.
[8] De acuerdo con la historia Clínica del paciente (folio 9) el
accionante ha presentado “dolor dorsolumbar crónico” en repetidas ocasiones.
[9] Entre las razones que justifican que el titular del derecho no pueda
presentar directamente la tutela, esta Corporación ha aludido concretamente al
padecimiento de enfermedades graves que originan una condición de indefensión.[9]
Ver  Sentencias T-534 de 2003, T-419 de 2001 y SU.707 de 1996, entre otras.
[10] Al respecto ver la sentencia T-760 de 2008, apartado [4.4.4.4.] de las
consideraciones.
[11] Corte Constitucional, sentencia C-463 de 2008.