T-740-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-740/10
ACCION DE
TUTELA-Procedencia para dirimir diferencias contractuales suscitadas entre
jugadores de fútbol y clubes deportivos
Un derrotero importante al
momento de efectuar el escrutinio judicial que dé cuenta de la procedencia de
la acción de tutela cuando se suscitan conflictos de naturaleza contractual
entre jugador de fútbol y club, lo constituye la corta vida deportiva del jugador,
más aún, cuando las diferencias que puedan presentarse conllevan limitar la
posibilidad de transferencia hacia otros planteles deportivos y, se trata por
ejemplo de menores de edad, escenario en el que indudablemente se puede ver
comprometida la libertad de escoger profesión u oficio y, por consecuencia, el
derecho al mínimo vital siempre y cuando se trate de la única fuente económica
de ingreso.
DERECHOS
DEPORTIVOS-Negativa de autorizar traslado hacia otro club por desacuerdo
económico, podría dar lugar a la permanencia forzosa del jugador en el club de
origen
JUGADOR DE
FUTBOL-Alcance constitucional de derechos fundamentales de menores de edad
que tienen por oficio el fútbol, cuando contratan con clubes deportivos/JUGADOR
DE FUTBOL-Cosificar o convertirlo en un simple activo empresarial del club
deportivo, desconoce derechos fundamentales
DERECHOS
DEPORTIVOS-Reiteración de jurisprudencia sobre su interpretación
constitucional/DERECHOS DEPORTIVOS-Límites constitucionales
ACCION DE
TUTELA CONTRA CORPORACION CLUB DEPORTES TOLIMA-Procedencia desde el punto
de vista formal
La corta vida deportiva del
actor como futbolista y la necesidad de que lo relativo a la titularidad de los
derechos deportivos sea decidido, así como la ineptitud de los medios
ordinarios de defensa judicial, hacen procedente desde el punto de vista formal
acción de tutela incoada.
ACCION DE
TUTELA CONTRA CORPORACION CLUB DEPORTES TOLIMA-Procedencia por cuanto
existió justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo suscrito por
menor de edad sin la previa autorización del Ministerio de la Protección Social
DEBIDO
PROCESO-Vulneración por parte de la Comisión del Estatuto del Jugador de la
DIMAYOR por la dilación injustificada en trámite adelantado contra futbolista
menor de edad
La Sala encuentra que el
debido proceso se encuentra comprometido, en la medida en que han sido rebasados
los límites temporales previstos reglamentariamente para decidir la solicitud
elevada por el club Deportes Tolima, sin que medie algún tipo de justificación,
los cuales según el Estatuto del Jugador no deben exceder de dos (2) meses. En
efecto, la solicitud fue presentada el 24 de marzo de 2009, sin que haya sido
decidida definitivamente, suscitándose en consecuencia una dilación
injustificada en el trámite administrativo que, sin duda, requiere la
intervención del juez constitucional.
ACCION DE
TUTELA CONTRA CORPORACION CLUB DEPORTES-Procede protección a los derechos
fundamentales al trabajo, libertad de profesión u oficio, a la dignidad humana
y al debido proceso. Orden de entrega de certificado de transferencia de los
derechos deportivos al actor
DERECHOS
DEPORTIVOS-Orden a COLDEPORTES de efectuar registro como
jugador-propietario, en los términos del artículo 33 de la Ley 181 de 1995
Referencia:
expediente T-2392956.
Acción de
tutela de Christian de Jesús Mejía Martínez, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra la Corporación Club Deportes Tolima, con citación oficiosa
de la Comisión del Estatuto del Jugador de la División Mayor del Fútbol
Colombiano -DIMAYOR-, la Federación Colombiana de Fútbol -en lo sucesivo
COLFUTBOL-, el Instituto Colombiano del Deporte -en lo sucesivo COLDEPORTES- y
el Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del Tolima.
Magistrado
Ponente:
JUAN CARLOS
HENAO PEREZ
Colaboró:
Fernando Alberto Rey Cruz.
Bogotá, D. C.,
catorce (14) de septiembre de dos mil diez (2010).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO[1] y JUAN CARLOS
HENÁO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
en el trámite de revisión de las
decisiones adoptadas por los Juzgados Décimo Penal Municipal y Séptimo Penal
del Circuito, ambos de Ibagué, el 26 de mayo y 6 de julio de 2009,
respectivamente, en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El 7 de mayo de 2009, el señor
Christian de Jesús Mejía Martínez, quien actúa a través de apoderado judicial,
presentó acción de amparo constitucional contra el club Deportes Tolima, con el
fin de buscar la protección de los derechos fundamentales al trabajo, a la libertad
de escogencia de profesión u oficio y de los adolescentes. En su sentir, la
vulneración radicó en que el citado plantel deportivo no le hizo entrega de los
derechos deportivos, como consecuencia de la terminación unilateral del
contrato de trabajo, decisión que tuvo apoyo en el supuesto desconocimiento de
las exigencias previstas en el Código de la Infancia y de la Adolescencia (Ley
1098 de 2006, Art. 113), para que un menor de edad pueda trabajar. La petición tuitiva
se apoya en los siguientes
1. Hechos
1.1. Indica el actor que es
jugador de fútbol profesional y que como consecuencia del contrato de trabajo a
término fijo celebrado desde el 1° de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2010[2],
fueron inscritos los derechos deportivos en COLFUTBOL y COLDEPORTES, bajo la
titularidad del Deportes Tolima. En su criterio, dicho contrato es ilegal
teniendo en cuenta que para el momento de su celebración carecía de capacidad
jurídica por ser menor de edad, “pues de acuerdo con la legislación
colombiana vigente, (…) el contrato de trabajo debió haber sido suscrito por
sus representantes legales.”[3]
1.2. Sostiene que con el fin de
darle apariencia de legalidad al contrato, fue tramitada por el club deportivo
demandado la autorización de trabajo para adolescentes ante el Ministerio de la
Protección Social, Dirección Territorial del Tolima, el 1° de abril de 2008, la
cual considera, no subsana la incapacidad presentada “en la medida en que el
contrato de trabajo regula contractualmente diversos asuntos que no están
contemplados en la autorización de trabajo”[4].
1.3. A su juicio, la autorización
administrativa contiene protuberantes irregularidades, tales como, (i) no fue
expedida a solicitud de los padres del menor, sino que el formulario fue
enviado a su domicilio en Barranquilla para que lo suscribieran; (ii) el
funcionario que la otorgó no realizó la visita prevista en la misma normativa,
con el fin de establecer las condiciones del lugar de trabajo y la seguridad
para la salud del trabajador; y (iii) no fue aportado el certificado de
escolaridad y del estado de salud del menor por parte del empleador, situación
que tampoco fue corroborada por la autoridad del trabajo.
1.4. Del mismo modo, alude a la
incongruencia que presenta el contrato de trabajo respecto de la autorización expedida
por el Ministerio de la Protección Social, en los siguientes términos:
Texto del contrato de
trabajo suscrito entre Christian de Jesús Mejía Martínez y el club Deportes
Tolima, el 1° de mayo de 2008.
Texto de la autorización
expedida por el Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del
Tolima, el 9 de mayo de 2008.
“Las partes acuerdan
someterse a la jornada flexible de trabajo consagrada en el artículo 51 de la
Ley 789 de 2002”, en virtud del cual el empleador y el trabajador pueden
acordar temporal o indefinidamente turnos de trabajo sucesivos, durante
todos los días de la semana, siempre y cuando el turno no exceda de 6
horas al día y 36 a la semana. Así mismo, podrán acordar que la jornada
semanal de 48 horas se realice en jornadas diarias flexibles de trabajo,
distribuidas en máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio
que podrá coincidir con el domingo, en el que el número de horas de trabajo
diario podrá ser de mínimo 4 horas continuas y hasta 10 horas diarias sin
lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas
de trabajo no exceda el promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada
ordinaria de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
“El menor está autorizado
para realizar únicamente la (s) siguiente (s) labor (es) (…) en una
jornada de trabajo de 4 (horas diarias), en el horario de 7-9 a.m. y 4-6 p.m. (…)”
“En razón a que las
presentaciones públicas del equipo profesional del EMPLEADOR se
realizarán los domingos, festivos y en los días corrientes en horario
nocturno, se deja constancia que dentro de la suma de dinero que se
cancela como sueldos va incluido el valor que corresponda a los días
festivos, dominicales y a las horas nocturnas, teniendo en cuenta que la
labor desarrollada por el trabajador es una actividad intermitente con una
duración inferior a la jornada máxima legal y que por la misma razón el TRABAJADOR
recibe los descansos compensatorios remunerados correspondientes a sus
actividades en tales días dominicales y festivos.”
“El menor está autorizado
para realizar únicamente la (s) siguiente (s) labor (es) (…) en
una jornada de trabajo (…) los días Mar – mier – juev – vier – sab (…)”
“Las partes acuerdan un
salario mensual por la suma de: Para el año 2008 la suma de SETECIENTOS MIL
PESOS MCTE ($700.000) que será pagado por mensualidades vencidas en las
oficinas del EMPLEADOR; Para el año 2009 la suma de NOVECIENTOS MIL
PESOS MCTE ($900.000), que será pagado por mensualidades vencidas en las
oficinas del EMPLEADOR; Para el año 2010 la suma de UN MILLÓN CIEN MIL
PESOS MCTE ($1.100.000), que será pagado por mensualidades vencidas en las
oficinas del EMPLEADOR (…)’
El menor está autorizado
para realizar únicamente la (s) siguiente (s) labor (es)
(…) con una asignación salarial del $461.500 (…)’
1.5. Así las cosas, el actor
mediante escrito del 6 de marzo de 2009 puso de presente al Deportes Tolima[5],
su decisión de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo con
justa causa. En su sentir, la demandada incumplió las obligaciones previstas en
la normatividad relativas a la protección de los derechos de los trabajadores
menores de edad, por lo que solicitó adicionalmente la entrega del certificado
de transferencia donde conste la titularidad de sus derechos deportivos como
jugador-propietario, conforme a la subregla establecida en la sentencia C-320
de 1997, “ya que al no existir contrato que lo vincule con la CORPORACIÓN
CLUB DEPORTES TOLIMA, es titular de sus derechos deportivos, documento sin el
cual no puede ni podrá inscribirse para poder actuar en cualquier torneo
profesional de fútbol nacional o internacional.”[6]
1.6. Sostiene que el 11 del mismo
mes, la institución deportiva accionada desestimó la solicitud argumentando que
iniciaría ante los organismos correspondientes la demanda contra el demandante
por contravenir el Estatuto del Jugador, “para que no se autorice la
transferencia a ningún otro Club, en vista del incumplimiento contractual que
Usted realizó con el Club Deportes Tolima.”[7]
1.7. Enfatiza en que a la fecha
de presentación de la acción de tutela el Deportes Tolima no había entregado el
certificado de transferencia de sus derechos deportivos, omisión que además de
impedirle ejercer como jugador de fútbol profesional en Colombia o en el
exterior, vulnera sus derechos fundamentales en tanto no puede ejercer
libremente su profesión, situación que lo ubica en un plano de total
indefensión “entendida ésta como la ausencia de medios jurídicos o
materiales de defensa ante sus acciones u omisiones”.[8]
1.8. Continúa el demandante su
disertación señalando que la práctica que han venido ejerciendo los clubes
deportivos en Colombia, es un abuso de su posición dominante que tiene por
objeto subordinar al jugador e impedirle tener la titularidad de sus derechos
deportivos, tratándose en consecuencia de una “carta de esclavitud”[9]
violatoria de derechos fundamentales. Recordó que la sentencia C-320 de 1997
estableció que al cesar la relación laboral entre el club y el deportista, el
jugador adquiere sus derechos deportivos, siempre y cuando la conducta de este
último se haya ceñido al principio constitucional de buena fe, al deber constitucional
de no abusar de sus derechos y al principio general del derecho nemo auditur
propiam turpitudimem allegans, con estricta sujeción a las causales de
terminación del contrato previstas en la ley, condiciones “que para el
presente caso se verifican y se cumplen en su totalidad, si el señor Juez tiene
en cuenta que la relación laboral que tenía con la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES
TOLIMA terminó por Justa Causa y por responsabilidad imputable al patrono,
generado (sic) por el no cumplimiento de los mandatos legales respecto
de los requisitos para suscribir contratos de trabajo con menores de edad
decisión que mi apoderado CRISTIAN (sic) MEJIA MARTÍNEZ notificó a su
patrono el pasado 6 de marzo de 2009.”[10]
1.9. Así las cosas, el actor recalca
que la sentencia arriba mencionada precisó que las controversias surgidas en
desarrollo de la relación entre jugadores y clubes deportivos pueden ser
constitucionalmente relevantes y, dar lugar, atendiendo las circunstancias
concretas del caso, a la interposición de acciones de tutela ante el abuso de
sus derechos por parte de los dueños de los derechos deportivos del jugador.
En este contexto, indica que las
decisiones de las asociaciones deportivas que supeditan a razones
exclusivamente económicas el libre desarrollo de la corta vida deportiva del
jugador, así como la libertad de escoger profesión u oficio y de trabajo, pueden
ser objeto de controversia mediante el ejercicio de la acción de tutela “si
denotan abuso y explotación injustificada de una posición privada de
supremacía”.[11] Añadió, que si bien las
normas reglamentarias de los organismos deportivos pueden tener validez en la
esfera privada, su aplicación no puede ni debe desconocer las normas de rango
constitucional, tal como lo dispuso la sentencia T-498 de 1994, al indicar que “estas
regulaciones no pueden desconocer los principios constitucionales, ni vulnerar
los derechos fundamentales de las personas (C.P. Art. 5°), ya que la
Constitución es norma de normas (C.P. Art. 4°).”[12]
Por lo tanto, justifica la
procedencia del amparo constitucional, en la imposibilidad actual de contratar
con algún club deportivo nacional o internacional hasta tanto no tenga la
titularidad de sus derechos deportivos, “situación que debe entrar a
resolver de manera inmediata el señor Juez y hasta que dicha decisión no se
produzca se está permitiendo que las entidades deportivas de carácter privado,
para el caso particular, la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES TOLIMA amparado en
regulaciones de carácter privado expedidas por la Federación Colombiana de
Fútbol (COLFÚTBOL) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), le
impidan trabajar y ejercer su profesión como jugador profesional en Colombia y
en el exterior.”[13]
1.10. Para terminar, aclara que
el objeto de la petición de tutela no es que la demandada responda su carta de
renuncia, ni que ordene el pago de las indemnizaciones que correspondan por la
suscripción de un contrato de trabajo para menores de edad sin el cumplimiento
de los requisitos legales, ni tampoco que sea calificada la terminación del
contrato de trabajo sin justa causa, sino que está encaminada a lograr el
amparo de los derechos al trabajo y a la libertad de ejercer profesión u
oficio, a partir de la entrega de los derechos deportivos, “lo que le
permitirá estar habilitado nuevamente para trabajar como jugador de fútbol.”[14]
2. Pretensiones
2.1. A partir de la situación
fáctica expuesta, el demandante solicita que se ordene al representante  legal
del club Deportes Tolima, la expedición y entrega del certificado de
transferencia en el que se registre la titularidad de los derechos deportivos,
el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Federación
Internacional de Fútbol Asociado -FIFA- y COLFUTBOL, para que tanto nacional
como internacionalmente pueda ejercer libremente su oficio como jugador de
fútbol profesional y contratar con cualquier club profesional.
2.2. Del mismo modo, que el
representante legal de COLFUTBOL, inscriba y registre de manera definitiva en
los términos del artículo 32 de la Ley 181 de 1995, la titularidad de dichos
derechos deportivos a favor del accionante los cuales deberán aparecer
reflejados en el certificado de transferencia, siguiendo los lineamientos
establecidos por la FIFA.
2.3. Por último, que Coldeportes
inscriba y registre la titularidad de los derechos deportivos en cabeza del
actor, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 a 34 de la Ley 181 de 1995 y la sentencia C-320 de 1997.
3. Pruebas pertinentes que
reposan en el expediente
3.1. Contrato de trabajo con
menores de edad suscrito por la Corporación Club Deportes Tolima, como
empleador, y Christian de Jesús Mejía Martínez, como empleado, con fecha de
iniciación el 1° de mayo de 2008 y de terminación el 31 de diciembre de 2010
(folios 18 a 24 del cuaderno principal).
3.2. Autorización de trabajo para
menores de edad expedida por el Inspector Primero de Trabajo de Ibagué el 9 de
mayo de 2008 (folios 26 y 27 ibídem).
3.3. Solicitud de autorización de
trabajo presentada ante el Ministerio de la Protección Social, Dirección
Territorial del Tolima el 1° de abril de 2008, por el demandante, sus padres y
el representante legal del Deportes Tolima, (folio 27 ibíd.).
3.4. Poder otorgado por los
padres del menor Christian de Jesús Mejía Martínez al señor Nelson de Jesús
Gallego Dautt “para que en nuestro nombre y representación gestione y firme
los documentos legales correspondientes a la vinculación de nuestro hijo con su
Institución (CLUB DEPORTES TOLIMA)” (folio 29 ibíd.).
3.5. Comunicación del 6 de marzo
de 2009 suscrita por el actor, en la que informa al presidente del Deportes
Tolima su decisión de dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo
a término fijo, “(…) determinación que está fundamentada en el
incumplimiento de sus obligaciones que como Empleador legalmente está obligado
a observar (…) vulneración que atenta en contra de mis derechos como
Trabajador-menor de edad.” (folios 31 y 32 ibíd.).
3.6. Respuesta dada por el presidente
del club deportivo demandado el 11 de marzo de 2009, en la que señala al
accionante (folio 34 ibíd.):
“Su
decisión de dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo, que lo
vincula con la CORPORACION CLUB DEPORTES TOLIMA, carece de fundamento
jurídico y legal, porque la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES TOLIMA¸ no ha
violado, ni desconocido ninguna de sus obligaciones legales y contractuales,
por el contrario consideramos que su contrato se suscribió cumpliendo
estrictamente los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley 1098 de
2006 que es la norma que regula la autorización para celebrar contratos de
trabajo con menores.
Si usted
persiste en su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo que lo
vincula con la CORPORACION CLUB DEPORTES TOLIMA, es indudable que
Usted incumple el compromiso contractual, porque el plazo pactado en dicho
contrato no se ha vencido y se encuentra dentro del período de protección, (sic)
en estas condiciones la CORPORACION CLUB DEPORTES TOLIMA, iniciará
ante los organismos competentes la demanda de acuerdo al Estatuto del Jugador,
para que no se le autorice la transferencia a ningún otro Club, en vista del
incumplimiento contractual que Usted realizó con el Club Deportes Tolima.”
3.7. Certificación de existencia
y representación legal de la Corporación Club Deportes Tolima, expedida por
COLDEPORTES (folios 36 a 38 ibíd.).
3.8. Solicitud de nulidad
promovida por el apoderado de peticionario contra el auto admisorio de la
acción de tutela (folios 53 a 57 ibíd.).
3.9. Comprobantes de egreso N°
16759 y 16472 (folios 83 a 86 ibíd.).
3.10. Demanda presentada por el
Deportes Tolima ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR el 24
de marzo de 2009, que tiene como pretensión la inhabilitación provisional o
definitiva de Christian de Jesús Mejía Martínez, para firmar nuevo contrato de
trabajo y, en consecuencia, no pueda actuar con otro club profesional (folios 87 a 95 ibídem).
3.11. Decisión adoptada por el
citado organismo de la DIMAYOR el mismo día, en la que dispuso (folios 97 y 98
ibíd.):
“1. Córrase
traslado al jugador CRISTIAN (sic) DE JESÚS MEJÍA MARTÍNEZ, para que se
pronuncie sobre la solicitud de la CORPORACION CLUB DEPORTES TOLIMA, aporte y
solicite pruebas dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente auto.
2. Ofíciese
al Jefe de Transferencias e Inscripciones de la Dimayor para que se abstenga de
tramitar cualquier solicitud de inscripción relacionada con el jugador CRISTIAN
(sic) MEJÍA MARTÍNEZ hasta tanto esta comisión no conceda la respectiva
autorización.
3. Ofíciese
a la Federación Colombiana de Fútbol con el fin de que se informe de la
situación procesal del señor MEJÍA al club que pretenda contratar sus
servicios.
4.
Trasládese a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de la
Federación Colombiana de Fútbol copia de la solicitud de la Corporación
demandante para lo de su competencia.”
3.12. Oficio del 7 de abril de
2009, por medio del cual el Secretario de la DIMAYOR pone en conocimiento del presidente
del Deportes Tolima, la citada decisión (folio 96 ibíd.).
3.13. Autoliquidaciones de
aportes a pensiones, salud, riesgos profesionales, SENA, ICBF, caja de
compensación familiar a favor del demandante (folios 99 a 110 ibíd.).
3.14. Depósito judicial suscrito
a favor del Deportes Tolima (folios 162 ibíd.).
3.15. Comunicación firmada por el
apoderado del demandante, en la que pone a disposición del club deportivo
demandado el título judicial por valor de $ 2’314.000 (folio 163 ibíd.).
3.16. Solicitud de nulidad contra
la decisión emanada de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR el 24
de marzo de 2009 (folios 170 a 178 ibíd.).
4. Escrito
de contestación del Deportes Tolima
4.1. El club deportivo demandado
consideró que la petición de tutela promovida por Christian de Jesús Mejía Martínez
no tiene asidero jurídico ni fáctico, por lo que solicitó la declaratoria de
improcedencia por las razones que enseguida se sintetizan.
4.2. En primer término, sostuvo
que actualmente se encuentra vigente un contrato de trabajo a término fijo, lo
cual demuestra la inexistencia de un perjuicio irremediable, a lo que debe
sumarse que el demandante de mala fe omitió hacer referencia a la demanda
interpuesta en su contra ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la
DIMAYOR, en donde se discute la protección de los derechos deportivos
vulnerados, en tanto “quien se encuentra incumpliendo con las obligaciones
derivadas del contrato de trabajo ha sido el señor Mejía Martínez quien desde
hace más de 1 mes no se presenta a cumplir con los entrenamientos ni demás
actividades relacionadas con su contrato, no obstante lo cual, mi representada
sí ha continuado reconociéndole los salarios y demás acreencias derivadas de la
relación de trabajo”[15].
4.3. De otra parte, argumentó que
el demandante presentó una demanda ordinaria con apariencia de acción de
tutela, teniendo en cuenta que en últimas lo que pretende es la declaratoria de
ilegalidad de un contrato de trabajo celebrado con sujeción a los parámetros
normativos, competencia que está atribuida a la jurisdicción ordinaria laboral
de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 712 de 2001.
No obstante, a renglón seguido señaló
que la discusión sobre derechos deportivos escapa de la esfera estrictamente
laboral, tal como lo prevé el artículo 72 numerales 2° y 7° del Estatuto del
Jugador y artículo 23 de la misma normativa expedida por la FIFA,
correspondiéndole su estudio a la Comisión del Estatuto del Jugador de la
DIMAYOR, razón por la que insistió en que el amparo solicitado es improcedente
por no encontrarse cumplido el requisito de subsidiariedad.
Del mismo modo, siguiendo los
parámetros procesales de la acción de tutela previstos en la Carta Fundamental,
consideró que el demandante no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que habilitara su ejercicio como mecanismo transitorio, más aún,
cuando el contrato de trabajo se encuentra vigente a pesar de que el demandante
dejó de asistir a su lugar de trabajo, lo cual implica que no ha cesado el
reconocimiento de los derechos laborales, esto es, el pago de la remuneración y
los aportes al sistema integral de seguridad social.
4.4. En tercer lugar, fue
categórico en señalar que ante la circunstancia de que el demandante para el
momento de suscribir el contrato de trabajo era menor de edad, solicitó
autorización ante el Ministerio de la Protección Social siguiendo las
directrices previstas en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y de la
Adolescencia). Dicho permiso fue concedido el 9 de mayo de 2008, con la
advertencia de que debía ser afiliado al sistema de seguridad social integral,
a la caja de compensación familiar, así como también, que el salario no podía
ser inferior al mínimo legal mensual vigente.
Por lo anterior, estimó
inexplicable que el demandante “pretenda de manera temeraria acusar a mi
representada de incumplir con la autorización expresa del Ministerio de la
Protección Social, alegando que en el texto del contrato de trabajo se
incluyeron cláusulas relacionadas con período de prueba, bonificaciones,
premios y obligaciones especiales del trabajador, entre otras, cuando la misma
autorización a la que hemos hecho referencia estableció de manera expresa que
el empleador debía dar estricto cumplimiento a lo estipulado no sólo por la Ley
1098 de 2006, sino por el Código Sustantivo del Trabajo”[16].
4.5. Para terminar, hizo
referencia al régimen deportivo previsto en el Estatuto del Jugador dictado por
COLFUTBOL y el Reglamento de la FIFA, precisando que el contrato de trabajo
suscrito entre un jugador profesional y un club es de estricto cumplimiento y,
únicamente, puede ser terminado por la finalización del plazo fijo pactado, de
común acuerdo o por justa causa imputable a una de las partes “sin que en
ningún caso pueda ser imputable la propia culpa como la fuente que extinga las
obligaciones.”[17]
Al respecto, indicó al juez
constitucional que el artículo 34 de la Ley 181 de 1995 en su versión original,
prescribía que la titularidad de los derechos deportivos de los jugadores o
deportistas le correspondía exclusivamente a los clubes deportivos, lo cual fue
precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-320 de 1997, al indicar
que “para que el jugador adquiera sus derechos deportivos, cuando no existe
un contrato de trabajo, es necesario que éste (i) haya actuado de conformidad
con el principio constitucional de la buena fe; (ii) que no haya abusado de sus
propios derechos; y de manera especial (iii) que el contrato no se haya
terminado por causas imputables al incumplimiento de sus obligaciones, es
decir, a su propia culpa”, presupuestos que en su sentir no fueron
cumplidos por el señor Mejía Martínez, para que pueda disponer de manera
autónoma de sus derechos deportivos.
5. Actuación procesal
5.1. El 27 de abril de 2009, la
solicitud de amparo constitucional promovida por Christian de Jesús Mejía
Martínez fue repartido al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá,
despacho judicial que, en proveído del 29 del mismo mes, dispuso remitir el
expediente a los Juzgados Municipales de Ibagué -REPARTO- “dado que los
hechos con los que se ha generado la conculcación aludida ocurren en
jurisdicción diferente”[18]
5.2. Atendiendo entonces el
factor territorial que determina la competencia en materia de tutela, conforme
lo establece el artículo 86 de la Carta Fundamental y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, la solicitud de tutela fue repartida al Juzgado Décimo Penal
Municipal de Ibagué que, en auto del 11 de mayo de 2009, avocó conocimiento del
asunto y ordenó correr traslado al Deportes Tolima, para que como garantía del
derecho de defensa, se pronunciara respecto de las pretensiones del demandante.
Del mismo modo, enteró al Ministerio Público sobre la iniciación del trámite
constitucional y citó al gestor tutelar con el fin de que explicara exactamente
sus pretensiones y allegara el registro civil de nacimiento.
5.3. Dicha determinación, fue
objeto de solicitud de nulidad por parte del apoderado del demandante por
considerar que el despacho judicial carecía de competencia, en tanto la
violación de los derechos fundamentales se presenta en la ciudad de Bogotá, “que
es el lugar donde se debe realizar la inscripción y registro y las entidades
que pueden realizarlo de forma directa son COLDEPORTES y la FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE FÚTBOL-COLFÚTBOL-”[19], petición que fue
denegada en las sentencias de instancia.
6. Decisiones judiciales
objeto de revisión
6.1. Sentencia de primera
instancia
6.1.1. El 26 de mayo de 2009, el
Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué no accedió a la protección
constitucional solicitada bajo la consideración de que se trata de una
discusión que debe ser ventilada ante los jueces laborales, teniendo en cuenta
el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela.
6.2.2. Empero, al efectuar el
estudio de fondo del asunto concluyó que el demandado no ha vulnerado garantía
fundamental alguna, toda vez que ha sido el señor Mejía Martínez quien no ha
respondido con su obligación de trabajo, pues “desde hace un mes no cumple
con los entrenamientos que tiene que realizar, en cambio no se tiene
conocimiento que las instrucciones y órdenes emitidas por el empleador hayan
sido fuera de las específicamente acordadas en el contrato, unido al hecho que la
Corporación Club Deportes Tolima ha cumplido con la remuneración mensual que se
pactó y con las demás acreencias derivadas de la seguridad social del mismo”.[20]
Igualmente, sostuvo que mientras no sea declarado nulo o ilegal el contrato de
trabajo por parte del juez natural, los derechos deportivos continuarán siendo
de propiedad del club deportivo demandado, razón por la cual no es posible que
la titularidad se encuentre en cabeza del actor.
6.2. Impugnación
6.2.1. Mediante escrito del 28 de
mayo de 2009, la decisión denegatoria del amparo constitucional fue impugnada
por el apoderado del actor, recurso que fue sustentado días después en los
siguientes términos:
6.2.2. Como primer aspecto,
reiteró la solicitud de nulidad formulada desde el auto que avocó conocimiento
de la acción de tutela dictado por el mismo despacho judicial, recalcando que
la competencia se encuentra radicada en el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito
de Bogotá, “para que avoque el conocimiento de la acción, haga parte del
proceso a las entidades nacionales demandadas y se pronuncie de fondo frente a
la misma.”[21]
6.3.3. De otra parte, aseveró que
la solicitud de tutela no estaba encaminada a que se declarara la terminación
del contrato de trabajo por tratarse de un hecho probado que, adicionalmente,
no requiere pronunciamiento alguno por parte de la judicatura, sino que tan
sólo pretendía una orden de hacer para que las organizaciones correspondientes
expidieran el certificado de transferencia “donde conste que los derechos
deportivos son de propiedad de mi apoderado (sic), pues sin dicha
certificación el jugador se encuentra impedido para ejercer su derecho
fundamental al trabajo como jugador profesional de fútbol.”[22]
En ese orden de ideas, estimó que
el fallo impugnado es contradictorio al declarar inicialmente que el contrato
laboral había sido terminado por el peticionario invocando justa causa y, a
continuación, atribuyó la competencia a la jurisdicción ordinaria laboral para
determinar su vigencia y validez, lo cual “no sólo se constituye en una
abierta incongruencia en el contenido de la sentencia, sino que además se
constituye en un fallo extra petita (reconoce lo que no se le ha pedido) a
favor del demandado.”[23] A su juicio, de
esta manera el a quo desconoció la jurisprudencia constitucional que ha
avalado la posibilidad de que los jueces de tutela dicten sentencia extra y
ultra petita, a favor del demandante.
6.3.4. En tercer lugar, puso de
presente que solamente hasta después de haber sido impetrada la acción de
tutela, tuvo conocimiento del trámite iniciado por el Deportes Tolima ante la
Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, el cual considera violatorio
del debido proceso por cuanto (i) dispuso inhabilitarlo temporalmente para ser
inscrito en cualquier club deportivo, lo cual le impide ejercer libremente su
condición de jugador profesional de fútbol. En su sentir, esta decisión
contraría la sentencia C-320 de 1997, al no permitirle ser titular de sus
derechos deportivos, el numeral 8° del artículo 59 del Código Sustantivo del
Trabajo que prohíbe las listas negras de trabajadores y la jurisprudencia de la
Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA que ha señalado “que, aún en los
conflictos entre jugadores y clubes profesionales, debe habilitarse la
inscripción del Jugador a título provisional, de tal forma que no se vulnere el
derecho al trabajo de los futbolistas a pesar de que eventualmente se presente
un conflicto con su club anterior, litigio que debe someterse al conocimiento
de la Cámara de Resolución de Disputas”[24]; (ii) el auto que
dispone correr traslado de la demanda proferido el 24 de marzo de 2009, no
señala expresamente el procedimiento que rige la actuación; (iii) no ha sido
tipificada la conducta por la cual se adelanta la investigación; (iv) no existe
claridad respecto de la autoridad competente por cuanto la misma providencia
ordena trasladar la solicitud a la Comisión Nacional de Resolución de Disputas,
“lo que sugiere que esta entidad es el juez competente”[25].
En ese orden de ideas, hizo hincapié en que la Comisión del Estatuto del
Jugador de la DIMAYOR no es competente para resolver las controversias que
surjan entre los clubes de fútbol profesional y los futbolistas, “en la
medida en que no existe un Reglamento que le asigne esta competencia a dicha
comisión”[26]
6.3.5. Para terminar, considera
que la protección solicitada debe ser concedida, para lo cual se apoya en
apartes de las sentencias C-320 de 1997, T-498 de 1994, T-302 de 1998 y T-840
de 2002, dictadas por la Corte Constitucional, que hacen referencia al alcance
de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol.
6.3. Sentencia de segunda
instancia
6.3.1. El 6 de julio de 2009, el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué confirmó la decisión impugnada.
Luego de hacer una extensa transcripción de la sentencia C-320 de 1997, desechó
de plano la posibilidad de analizar la legalidad del contrato de trabajo, por
tratarse de un asunto del resorte de la jurisdicción ordinaria, razón por la
cual circunscribió el estudio a verificar si la negativa del club deportivo
demandado de expedir el certificado de transferencia, vulnera o no los derechos
fundamentales del actor.
Así las cosas, indicó que la
conducta desplegada por el demandante riñe con el principio general del derecho
nemo auditur propiam turpitudinem allegans, pues resulta inexplicable
que diez meses y seis días después de realizar las actividades deportivas al
interior del Deportes Tolima, de recibir los salarios mensuales y demás
prestaciones de ley, alegue la configuración de una causal de nulidad relativa
en el contrato de trabajo, “puesto que fue él quien suscribió el contrato en
esas condiciones y aún así lo ejecutó durante todo ese período recibiendo como
contraprestación lo pactado en dicho contrato defraudando la confianza que su
empleador puso en él”.[27]
6.3.2. Por último, hizo
referencia al carácter residual y subsidiario de la acción de tutela en los
términos previstos en la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para
concluir que el amparo deprecado no procede, ni siquiera, como mecanismo
transitorio.
7. Trámite en sede revisión
7.1. El expediente de tutela fue
seleccionado el 5 de noviembre de 2009.
7.2. Posteriormente, con el fin
de conformar en debida forma el contradictorio, este órgano colegiado en
proveídos del 9 de febrero y 26 de marzo, ambos de 2010, dispuso poner en
conocimiento del Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del
Tolima, de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, de COLFUTBOL y
de COLDEPORTES, el contenido de la solicitud de tutela para que se pronunciaran
acerca de las pretensiones formuladas por el demandante.
Así mismo, se hizo necesario
formular sendos cuestionarios al citado Ministerio, a COLFUTBOL y a COLDEPORTES,
con el fin de allegar elementos de juicio adicionales para adoptar la decisión de
fondo, así como también oficiar al club Deportes Tolima para que informara si
el contrato de trabajo con menores de edad suscrito con el demandante se
encuentra vigente y, adicionalmente, si el actor es jugador de fútbol en la
actualidad de ese plantel deportivo.
7.3. Por último, fueron
suspendidos los términos del proceso de conformidad con lo establecido en el
artículo 57 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 05 de 1992).
7.1. Escrito presentado por el
presidente de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR
7.1.1. Mediante escrito de 24 de
febrero de 2010, manifestó que se abstiene de efectuar pronunciamiento alguno
respecto de las pretensiones de la solicitud de tutela, por considerar que no
está dirigida en su contra, razón suficiente para concluir que no ha incurrido
en vulneración alguna de derechos fundamentales.
7.1.2. En relación con la medida
provisional dispuesta en el trámite administrativo seguido contra el demandante,
en el sentido de que el jefe de inscripciones de la DIMAYOR se abstenga de
tramitar cualquier solicitud de inscripción, manifestó que a pesar de que se
encuentra vigente no ha producido efecto alguno, teniendo en cuenta que no ha
sido presentada solicitud alguna de inscripción y que el Juez Único de la
Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, habilitó al actor para
inscribirse provisionalmente en el club Timisoara de la Federación Rumana de
Fútbol, con el fin de que actúe en el torneo rentado de ese país.
7.1.3. Del mismo modo, allegó los
siguientes documentos:
a. Versión en inglés y en español
de la decisión del Juez Único de la Comisión del Estatuto del Jugador de la
FIFA, que habilitó provisionalmente al accionante para inscribirse en el club
Timisoara de Rumania (folios 60 a 61 del cuaderno de revisión).
b. Proveído dictado el 1° de
junio de 2009 por la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, que negó
la solicitud de nulidad presentada por el apoderado del demandante (folios 69 a 71 ibídem).
7.2. Escrito presentado por el
presidente del club Deportes Tolima
7.2.1. Ante el requerimiento
efectuado por esta Corporación, en misiva del 25 de febrero de 2010 con
similares argumentos a los expuestos en el escrito de contestación de la acción
de tutela, enfatizó en que el incumplimiento contractual debe ser atribuido al
demandante, razón por la cual “ante la evidencia de la terminación
unilateral del contrato por parte del trabajador, procedió el 16 de julio de 2009 a constituir Título de Depósito No. A-3195827 ante el Banco Agrario, en el cual se consignaron a
favor de Cristhian (sic) de Jesús Mejía Martínez las prestaciones
sociales correspondientes.”[28]
7.2.2. Para terminar, puso de
presente que el 11 de diciembre de 2009 el Juez Único de la Comisión del
Estatuto del Jugador de la FIFA, habilitó al demandante para inscribirse
provisionalmente y, de esta manera, poder actuar en el club Timisoara del
fútbol rumano, hasta tanto la misma organización internacional decida el asunto
definitivamente.
7.3. Escrito presentado por el
Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del Tolima
7.3.1. El Inspector Primero de
Trabajo y Seguridad Social de Ibagué, en escrito del 25 de febrero de 2010 dio
respuesta al cuestionario formulado por este Tribunal, en los siguientes
términos:
Primera pregunta: Teniendo
en cuenta que Christian de Jesús Mejía Martínez para el momento de solicitar la
autorización de trabajo para adolescentes (1° de abril de 2008) era menor de
edad, ¿cuáles fueron los parámetros seguidos para efectuar dicho trámite? Para
tal efecto, deberá referirse a cada una de las exigencias previstas en el
artículo 113 de la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia-.
Respuesta
dada por la autoridad administrativa:
“Tanto en
el caso del menor Cristian (sic) de Jesús Mejía Martínez, como en el de
cualquier otro menor que solicite autorización para laborar, se siguen las
reglas establecidas en el Art. 113 de la Ley 1098 de 2006, así como el
instructivo que para tal fin a (sic) expedido el Ministerio de la
Protección Social (se envía un ejemplar del mismo).
Dicho
trámite consiste en que se debe hacer la solicitud correspondiente (en el
formato que tiene estipulado el Ministerio), solicitud que debe ir suscrita por
el empleador, el adolescente y los padres de este último, tal formato contiene
la identificación del joven y de su empleador, el término del contrato, la
actividad que va a desempeñar, la jornada laboral y el salario. Igualmente la
petición tiene que ir acompañada de el (sic) documento de identidad de
los padres, el menor y el empleador así como de el (sic) certificado de
escolaridad de el adolescente (sic). Documentos que en el caso
específico fueron todos aportados (se anexa copia de la solicitud con los
soportes correspondientes).
Una vez que
la solicitud reúne los requisitos exigidos por la Ley, el Inspector de Trabajo
procede a conceder la autorización correspondiente, en la cual se especifica la
labor para la cual se concedió el permiso, y se advierte al empleador que debe
afiliarlo a la seguridad social, remunerarlo con una suma no inferior al mínimo
y laborar dentro de una jornada no superior a 8 horas a la vez que debe darle
estricto cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1016/06 (sic), el
C.S.T. y los Convenios de la OIT pertinentes (se anexa copia de la autorización
concedida).” [29]
Segunda pregunta: Una vez
otorgada la autorización para que el menor Mejía Martínez suscribiera contrato
de trabajo con la Corporación Club Deportes Tolima, ¿qué tipo de control ha
realizado para corroborar que se ha dado cumplimiento a la misma? Del mismo
modo, deberá indicar qué acciones de naturaleza administrativa o de otro tipo
ha emprendido para tal efecto.
Respuesta
dada por la autoridad administrativa:
“Con
posterioridad a la autorización otorgada, el funcionario que concedió el
permiso efectúa una visita para constatar las condiciones de trabajo y la
afiliación a la seguridad social de el (sic) menor trabajador, visita
que en el caso referido fue llevada a cabo el día 25 de septiembre de 2008 (se
anexa copia del acta de visita).
Adicional a
lo anterior hay que aclarar, que en el presente caso, la actividad para la cual
se le concedió el permiso a el (sic) menor, como es la de jugador de
fútbol; no se encuentra dentro de las expresamente prohibidas por la Resolución
No. 1677 de mayo 16 de 2008 de el (sic) Ministerio de la Protección
Social, que es la que en la materia rige actualmente en nuestro país.”[30]
Tercera pregunta: Teniendo
en cuenta que, según el demandante, el contrato de trabajo suscrito entre
Christian de Jesús Mejía Martínez y la Corporación Club Deportes Tolima no
coincide con las autorizaciones dadas por el Ministerio, explicar qué
consecuencias jurídicas y administrativas pueden derivarse de tal situación.
Respuesta
dada por la autoridad administrativa:
“En
relación con las consecuencias jurídicas y administrativas que puede traer un
permiso otorgado en forma irregular, hay que decir que la respuesta la da el
ART. 31 de el C.S.T. que señala que si la autorización de trabajo otorgada a un
menor no se sujeta a lo preceptuado por la Ley, el patrono, aún así, estará
sujeto a todas las obligaciones inherentes al contrato, agregando además que en
estos casos el empleador transgresor puede verse castigado con sanciones de
tipo administrativo impuestas por este Ministerio.”[31]
7.3.2. Las respuestas a los
interrogantes formulados por la Sala, fueron apoyadas adicionalmente con los
documentos que a continuación se mencionan:
a. Instructivo para la obtención
de permiso de trabajo para adolescentes (folio 184 del cuaderno de revisión).
b. Diploma y acta de grado
expedidos por la Institución Educativa Santa Rosa de Lima que da cuenta de la
condición de bachiller académico del demandante (folio 193 ibídem).
c. Acta de la visita efectuada
por el Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del Tolima, a
las instalaciones del Deportes Tolima (folios 196 a 200 ibíd.).
7.4. Escrito presentado por el
presidente de COLFUTBOL
7.4.1. El 7 de abril de 2010,
indicó que la acción de tutela promovida por el señor Mejía Martínez no está
dirigida contra esa organización, razón suficiente para abstenerse de efectuar
pronunciamiento alguno.
7.4.2. Sin embargo, respecto de
los interrogantes formulados por esta Corporación sostuvo que (i) no ha
emprendido actuación alguna derivada de la controversia que está dirimiendo la
Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, por el supuesto incumplimiento
del contrato de trabajo por parte del accionante; (ii) las facultades jurisdiccionales
de esa organización son atribuidas por el artículo 64 de los Estatutos de la
FIFA, el cual señala “que los miembros están obligados a prever una
jurisdicción a la que se sometan los litigios que atañan, entre otros, a sus
clubes y jugadores.”[32]
7.4.3. Por último, allegó copia
de la inscripción y registro de los derechos deportivos del demandante como
jugador profesional de fútbol, de conformidad con lo establecido en el artículo
34 de la Ley 181 de 1995, acto que solamente puede materializarse siempre y
cuando medie contrato de trabajo vigente, omisión que conlleva el
desconocimiento de la sentencia C-320 de 1997, en la que la Corte
Constitucional concluyó que “no es compatible con la protección de la
libertad de trabajo que un club pueda poseer los derechos deportivos de un
jugador, cuando no existe ninguna relación laboral entre los mismos.”[33]
7.5. Escrito presentado por el
director general de COLDEPORTES
7.5.1. Mediante escrito del 9 de
abril de 2010, indicó que la razón por la cual no ha efectuado la inscripción y
registro de la titularidad de los derechos deportivos del demandante como
jugador-propietario, obedece a que no ha sido solicitado a esa entidad,
petición que en los términos de la sentencia T-302 de 1998, exige probar de
manera adecuada “la titularidad o la transferencia de sus derechos
deportivos”.[34]
7.5.2. De otra parte, afirmó que
el procedimiento dispuesto para efectuar las inscripciones de los derechos
deportivos de los jugadores de fútbol profesional, conforme lo ordena el artículo
33 de la Ley 181 de 1995, reglamentado por el artículo 13 del Decreto 0776 de
1996, “se encuentra consagrado en la Circular Externa No. 000001 de 11 de
marzo de 2009, por medio de la cual se recogen las instrucciones dadas en la
Circular Externa No. 005 del 3 de julio de 2008, con el fin de que esta sea
tenida en cuenta de manera unificada a partir de su expedición”.[35]
7.5.3. Así mismo, sostuvo que la
función de inspección, vigilancia y control la ejerce sobre los estatutos
dictados por la Federación Colombiana de Fútbol, ámbito en el que le
corresponde verificar que se ajusten a la ley deportiva y al ordenamiento
jurídico en general, precisando que la DIMAYOR no es un organismo deportivo,
razón por la cual, “sobre esta entidad no se ejerce ninguna verificación ni
control sobre sus estatutos sociales.”[36]
Sin embargo, aclaró que dichas
facultades solamente las ejerce respecto de los estatutos sociales que surjan
en virtud del contrato social, no siendo su competencia verificar los demás
estatutos que expida la Federación, “toda vez que las mismas se expiden
según su organización interna y en algunos casos con base en los estatutos y
reglamentaciones internacionales a los que se encuentra afiliada la
Federación.”[37] Agregó, que la
expedición del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores,
debe efectuarse conforme a la reglamentación existente y con base en los
parámetros establecidos en las circulares expedidas por el Comité Ejecutivo de la
FIFA, lo cual debe ser supervisado por la Comisión Permanente del Jugador.
Sobre este tópico, terminó
indicando que el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá
decidió rechazar por improcedente una acción de cumplimiento que pretendía que
COLDEPORTES aprobara o improbara el estatuto del jugador.
7.5.4. En tercer término, en lo
que hace referencia con el control que puede efectuar sobre los registros de
los derechos deportivos en los que estén involucrados menores de edad,
puntualizó que la ley no establece una diferenciación entre jugadores
profesionales que sean mayores de edad o menores de edad, por lo que el
registro en ambos casos es el mismo.
7.5.5. Otro aspecto sobre el que
hizo hincapié, radica en que no tiene competencia para intervenir, adoptar o
interpretar decisiones al interior de los organismos deportivos cuando se
susciten conflictos, teniendo en cuenta que dentro de la estructura interna
cuentan con comisiones disciplinarias. Sin embargo, sostuvo que esta
circunstancia no ha sido pretexto para solicitar información a la Comisión del
Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, “sobre las decisiones tomadas por esta
comisión respecto al caso del deportista Cristhian (sic) de Jesús Mejía
Martínez, a lo cual nos informaron que al respecto no se ha dado ningún
pronunciamiento”.[38]
7.5.6. Por último, precisó que mediante
oficio N° 110-7647 del 12 de diciembre de 2008, “(…) se acusa recibo de los
contratos allegados por la Federación Colombiana de Fútbol, que hace las veces
del acto de registro en nuestros expedientes, (…) dentro de los que se
encuentra tanto el contrato del deportista Cristhian (sic) de Jesús
Mejía Martínez como el listado de los jugadores de la Primera A, inscritos ante
la DIMAYOR del Club Deportes Tolima, registrados ante Coldeportes.”[39]
7.5.7. Las pruebas allegadas por
COLDEPORTES a este Tribunal fueron las siguientes:
a. Circulares Externas N° 001 del
3 de julio de 2008 y N° 001 del 11 de marzo de 2009, en las que se establecen los
procedimientos para el cumplimiento de obligaciones de reporte y registro de
obligaciones establecidas en el artículo 13 del Decreto 0776 de 1996, por parte
de los clubes con deportistas profesionales (folios 246 a 248 del cuaderno de revisión).
b. Oficio N° IVC-5692 del 12 de
agosto de 2009 firmado por el Jefe de Inspección, Vigilancia y Control de
COLDEPORTES, en el que solicita a la DIMAYOR “informe sobre la situación
actual del proceso adelantado por la Corporación Club Deportes Tolima en contra
del Futbolista Cristian (sic) de Jesús Mejía Martínez y en caso de haber
finalizado tal proceso remitir a este despacho la decisión tomada por la
Comisión.” (folio 256 ibídem).
c. Oficio N° 006947 del 20 de
agosto de 2009 firmada por el Secretario de la Comisión del Estatuto del
Jugador de la DIMAYOR, en la que da respuesta a la solicitud en el sentido de
que “a la fecha no se ha tomado decisión alguna de fondo en relación con la
petición de la Corporación Club Deportes Tolima para que no se habilite la
inscripción provisional del jugador CRISTIAN (sic) MEJÍA con otro club.”
(folio 255 ibídem).
d. Oficio N° IVC-6581 del 14 de
septiembre de 2009 firmado por el Jefe de Inspección, Vigilancia y Control de
COLDEPORTES, en el que acusa recibo del oficio allegado por la DIMAYOR que
informa “sobre la situación actual del proceso adelantado por la Corporación
Club Deportes Tolima en contra del Futbolista Cristian (sic) de Jesús
Mejía Martínez.” (folio 254 ibídem).
e. Oficio N° 008936 del 27 de
octubre de 2009 firmado por el Secretario de la Comisión del Estatuto del
Jugador de la DIMAYOR, en el que reitera que “aún hasta el día de hoy, no se
ha tomado decisión alguna de fondo en relación con la petición de la
Corporación Club Deportes Tolima acerca de la habilitación del jugador Cristian
(sic) Mejía.” (folio 253 ibíd.).
f. Oficio del 17 de octubre de
2008 firmado por la Secretaria General de COLFUTBOL, en el que remite a
COLDEPORTES la relación de los derechos deportivos de los jugadores inscritos
por 18 clubes profesionales de la categoría primera “A” para el campeonato Copa
Mustang II/2008 (folios 261 y 262 ibíd.).
g. Oficio del 27 de octubre de
2008 firmado por la Secretaria General de COLFUTBOL, en el que remite a
COLDEPORTES los contratos de trabajo de los jugadores y cuerpo técnico del
Deportes Tolima (folio 263 a 270 ibíd.).
h. Oficio N° 110-7647 del 12 de
diciembre de 2008 firmado por el Jefe de Inspección, Vigilancia y Control de
COLDEPORTES, en el que acusa recibo de los contratos de trabajo de los
jugadores y cuerpo técnico de 36 clubes profesionales, así como también de la
relación de los derechos deportivos de deportistas afiliados a la categoría
Primera “A” y “B” (folios 259 y 260 ibíd.).
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Corte es competente para conocer de la revisión de
los fallos materia de tutela, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como por la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. Presentación del caso y planteamiento de los
problemas jurídicos
2.1. El señor Christian de Jesús
Mejía Martínez, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió acción
de tutela contra el club Deportes Tolima, con citación oficiosa de COLFUTBOL,
COLDEPORTES, la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR y el Ministerio
de la Protección Social, Dirección Territorial del Tolima, con el fin de que
sean restablecidos los derechos fundamentales al trabajo, a la libertad de
escogencia de profesión u oficio y de los adolescentes. La pretensión tutelar
está encaminada a que el citado plantel deportivo, haga entrega del certificado
de transferencia que de cuenta de la titularidad de los derechos deportivos de
manera definitiva a su nombre, así como también, que sean inscritos y
registrados en los términos de la Ley 181 de 1995. Lo anterior, como
consecuencia de la terminación unilateral del contrato de trabajo a término
fijo por parte del actor, el cual fue suscrito entre el 1° de mayo de 2008,
cuando aún era menor de edad, y el 31 de diciembre de 2010, “determinación
que está fundamentada en el incumplimiento de sus obligaciones que como
Empleador está obligado a observar (…), vulneración que atenta en contra de mis
derechos como Trabajador -menor de edad.-”[40]
2.2. Por su parte, la
organización deportiva demandada consideró infundadas las peticiones efectuadas
por el gestor tutelar, razón por la que solicitó la declaratoria de
improcedencia del amparo constitucional deprecado, en tanto cuenta con otro
mecanismo de defensa de sus derechos fundamentales ante la Comisión del
Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, “entidad competente para fallar en
derecho los derechos deportivos de las partes.”[41]
Así mismo, señaló que el peticionario omitió indicar las razones en las que
radica la vulneración, “para lo cual se limita a trascribir (sic) de
una manera vaga una jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la cual
pretende darle validez a unos hechos que no la tienen”[42],
recalcando que en otros casos en los que ha procedido la acción de tutela promovida
por jugadores de fútbol, ha sido manifiesto el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de trabajo por parte del empleador, lo cual
no ocurre en la presente oportunidad en tanto, “no sólo el contrato de
trabajo sigue vigente, sino que nunca se han dejado de pagar los salarios
convenidos con el trabajador, ni mucho menos los aportes al sistema integral de
seguridad social integral (sic) no obstante que el accionante no se ha
vuelto a hacer presente a cumplir con su horario de trabajo, es decir, que
éste, sí ha venido incumpliendo con las obligaciones contractuales que le
competen.”[43]
Más adelante, indicó que una
lectura atenta de la solicitud de tutela permite fácilmente concluir que su
finalidad es la declaratoria de ilegalidad del contrato de trabajo que suscitó
la controversia, competencia atribuida a la jurisdicción ordinaria laboral tal
como lo prevé el artículo 1° de la Ley 712 de 2001. Sin embargo, a renglón
seguido reiteró que el órgano autorizado para zanjar las diferencias
presentadas con el señor Mejía Martínez es la DIMAYOR, “[o]rganismo en el
cual la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES DEL TOLIMA ACTUALMENTE adelanta
una demanda en donde se discute la protección de los derechos deportivos de mi
representada, los cuales han sido objeto de notoria violación por parte del hoy
querellante (…), con ocasión del continuo incumplimiento de sus obligaciones
laborales desde hace más de 1 mes.”[44] Agregó, que tampoco está
demostrada la existencia de un perjuicio irremediable, en los términos de la
jurisprudencia constitucional, para hacer viable el ejercicio de la acción de
tutela transitoriamente.
Enseguida, recalcó que el
contrato de trabajo suscrito con el accionante cumplió a cabalidad con los
presupuestos exigidos en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y de la
Adolescencia) y el Código Sustantivo del Trabajo, superando en consecuencia los
mínimos legales requeridos, razón por la cual la incapacidad relativa del
accionante para suscribir el acuerdo de voluntades “fue subsanada con la
autorización que emitió el Ministerio de la Protección Social”.[45]
Para terminar, precisó que la
subregla establecida en la sentencia C-320 de 1997, consistente en que los
jugadores de fútbol también pueden ser titulares de sus derechos deportivos, no
tiene aplicabilidad en esta oportunidad, teniendo en cuenta que el actor (i) no
actuó de buena fe, pues no es admisible que habiendo celebrado debidamente un
contrato de trabajo, solamente un año después busque dejarlo sin efectos; (ii) ha
abusado de sus derechos, “al punto que pretende conducir a error al Despacho
al manifestarle que el contrato de trabajo ha terminado con justa causa
imputable a mi representado”[46]; y (iii) ha incumplido
el contrato suscrito, teniendo en cuenta que “desde hace más de un (1) mes
no se ha hecho presente a los entrenamientos y los partidos programados”.[47]
2.3. En primera instancia, el
Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué negó las pretensiones invocadas en la
solicitud de tutela. A juicio del fallador, desde el punto de vista procesal no
se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en
tanto el demandante cuenta con la acción ordinaria laboral para que decida
sobre la validez y vigencia del contrato laboral que dio lugar a la supuesta
controversia suscitada, lo cual no hace viable efectuar la transferencia de los
derechos deportivos.
Del mismo modo, estimó que el
incumplimiento contractual ha sido propiciado por el señor Mejía Martínez, en
tanto dejó de lado las obligaciones contraídas, no existiendo comportamiento
irregular por parte del club accionado que perjudique al jugador en su dignidad
y honor como persona, “porque siempre ha mantenido el trato o relación que
debe existir por ley entre dependiente y empleador.”[48]
2.4. En segunda instancia, el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué confirmó la decisión esgrimiendo
la misma razón de naturaleza formal del a quo. Sin embargo, precisó que
no se encuentran configurados los presupuestos establecidos en la sentencia
C-320 de 1997, para que el señor Mejía Martínez sea titular de sus derechos
deportivos como futbolista profesional, en tanto la terminación unilateral del
contrato de trabajo no fue efectuada de buena fe, denota abuso de sus derechos
y contraría el principio de que nadie puede alegar su culpa en beneficio propio.
2.5. En sede de revisión, este órgano
colegiado vinculó oficiosamente a la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR,
al Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del Tolima, a
COLFUTBOL y a COLDEPORTES, para que se pronunciaran sobre los hechos y
pretensiones que dieron lugar a la acción de tutela promovida por el demandante,
formulando igualmente algunos interrogantes con el fin de allegar elementos de
juicio adicionales para dictar la decisión de mérito.
2.5.1. El primer organismo, se
abstuvo de efectuar pronunciamiento alguno bajo la consideración de que la
solicitud de tutela no le hace imputación de ninguna naturaleza como infractora
de algún derecho fundamental. De otra parte, indicó a la Sala que la orden dada
a la oficina de transferencias de la DIMAYOR, en el sentido de que se
abstuviera de tramitar solicitudes de inscripción ante cualquier plantel
deportivo se encuentra vigente, aunque no ha producido ningún efecto, teniendo
en cuenta que no ha sido presentada solicitud de inscripción alguna y que el
jugador fue habilitado provisionalmente por la FIFA para actuar en el fútbol
rentado de Rumania en el club Timisoara.
2.5.2. Del mismo modo, la citada
cartera ministerial puso de presente el cumplimiento irrestricto de los
requisitos contemplados en la Ley 1098 de 2006, para efectos de conceder la autorización
de trabajo al entonces menor de edad Christian de Jesús Mejía Martínez como
jugador de fútbol, actividad que no se encuentra prohibida en la Resolución N°
1677 de 2008. Sostuvo que con posterioridad al otorgamiento del permiso
laboral, efectuó visita al lugar de trabajo del menor para constatar las
condiciones de trabajo y la afiliación al sistema general de seguridad social.
Finalmente, indicó que la concesión de un permiso laboral sin el lleno de los
requisitos establecidos en la normatividad, conlleva que el empleador sea
objeto de sanciones de naturaleza administrativa.
2.5.3. Por su parte, COLFUTBOL no
realizó manifestación alguna en relación con las pretensiones de la solicitud
de amparo, en tanto “no fue convocada a comparecer en las instancias del
trámite constitucional”.[49] Para terminar, refirió
que no ha emprendido actuación alguna derivada de la controversia iniciada por
el Deportes Tolima ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR y
allegó copia del documento que da cuenta de la inscripción de los derechos
deportivos del actor como jugador profesional del citado plantel deportivo.
2.5.4. COLDEPORTES estimó que no
tiene competencia respecto de las dos primeras pretensiones de la solicitud de
tutela, por cuanto no hacen alusión a sus funciones. Sin embargo, se pronunció
en relación con la inscripción y registro en COLFUTBOL de los derechos
deportivos del demandante, precisando que si bien estos pueden ser transferidos
al jugador, no ha sido presentada solicitud alguna, “a lo cual se suma que
(…) no hemos recibido prueba adecuada de la titularidad o la transferencia de
sus derechos deportivos, tal como lo señala la Corte.”[50]
Del mismo modo, indicó que (i) en
la circular externa N° 0776 de 1996 se encuentra consagrado el procedimiento
para efectuar las inscripciones de los derechos deportivos de los jugadores de
fútbol profesional; (ii) ejerce la función de inspección, vigilancia y control
únicamente respecto de los estatutos sociales que rigen los organismos
deportivos, de tal manera que se ajusten a la ley deportiva y al ordenamiento
jurídico en general, con la salvedad de que respecto de la DIMAYOR no ejerce
ninguna función de control sobre sus estatutos sociales, teniendo en cuenta que
no es un organismo deportivo. Al respecto, precisó que sobre los demás
estatutos que expida COLFUTBOL no está facultado legalmente para actuar como
órgano de control, “toda vez que las mismas se expiden según su organización
interna y en algunos casos con base en los estatutos y reglamentaciones
internacionales a los que se encuentra afiliada la Federación”[51];
(iii) la ley no establece diferenciación entre los derechos deportivos de los
jugadores mayores y menores de edad, razón por la cual en ambos casos el
registro es el mismo; (iv) no efectúa ningún tipo de control respecto de las
llamadas funciones jurisdiccionales que ejerce COLFUTBOL, así como también que
el acuso recibo de los contratos allegados por dicha organización “hace las
veces del acto de registro en nuestros expedientes”.[52]
2.6. Con fundamento en la
situación fáctica expuesta, las decisiones judiciales de instancia y las
pruebas allegadas en sede de revisión, le corresponde a la Corte resolver los
siguientes problemas jurídicos:
·
¿Es procedente la acción de tutela para dirimir controversias
contractuales que se susciten entre los jugadores de fútbol y las instituciones
deportivas?
·
¿Fue vulnerado el marco constitucional y legal por parte de la
Corporación Club Deportes Tolima, al momento de suscribir el contrato de
trabajo con Christian de Jesús Mejía Martínez para que prestara sus servicios
como jugador de fútbol profesional, cuando aún era menor de edad, en tanto para
ese momento no había sido expedida la autorización de trabajo por parte de la
respectiva autoridad administrativa?
·
¿Se cumplen los presupuestos establecidos en la sentencia C-320
de 1997, para que el demandante sea titular de sus derechos deportivos como
jugador de fútbol profesional?
·
¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales del accionante por
parte de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, con ocasión de la
medida provisional dispuesta el 24 de mayo de 2009, en el sentido de que no
puede ser tramitada ninguna solicitud de inscripción en cualquier club
deportivo, hasta tanto dicho organismo no expida la respectiva autorización?
·
¿Desconoce el debido proceso, la circunstancia de que hayan sido
excedidos sin ningún tipo de justificación los límites temporales previstos
reglamentariamente, para que la citada Comisión decida sobre la solicitud
presentada por el Deportes Tolima?
·
¿Ha sido adecuada desde el punto de vista constitucional, la
función de control ejercida por COLDEPORTES, teniendo en cuenta que el
demandante para el momento de suscribir el contrato de trabajo con el Deportes
Tolima era menor de edad?
Para resolver los problemas
jurídicos propuestos, la Sala hará referencia en la parte dogmática de esta
sentencia (i) a la procedencia de la acción de tutela para dirimir diferencias
contractuales suscitadas entre jugadores de fútbol y clubes deportivos; (ii) al
alcance constitucional de los derechos fundamentales de los menores de edad que
tienen por oficio el fútbol, cuando contratan con clubes deportivos; (iii) a la
interpretación constitucional de los derechos deportivos de los jugadores de
fútbol y (iv) finalmente estudiará el caso concreto y, de ser el caso, adoptará
las medidas a que haya lugar.
3. Procedencia de la acción de
tutela para dirimir diferencias contractuales suscitadas entre jugadores de
fútbol y clubes deportivos
3.1. La prioridad jerárquica y
cualitativa de la Constitución en un Estado Social de Derecho, de suyo la
convierte en el criterio hermenéutico guía para interpretar las restantes
normas de inferior jerarquía y, adicionalmente, orienta las relaciones
contractuales celebradas entre particulares que están gobernadas por el derecho
privado y que se constituyen en una manifestación del principio de autonomía de
la voluntad[53].
Significa lo anterior, que el
ordenamiento jurídico se encuentra irradiado por la Constitución Política, de
tal forma que todas las normas de inferior jerarquía deben respetar y ser
interpretadas desde allí, lo que implica que la interpretación de las leyes y
de los contratos debe estar orientada por el respeto y la garantía de los
derechos fundamentales[54]. Sobre el particular,
esta Corporación en reciente en sentencia, sostuvo:
“Esta
postura interpretativa se apoya en el denominado ‘efecto de irradiación’ y en
la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, de conformidad con la cual
el ordenamiento jurídico no está conformado por compartimentos estancos,
algunos de los cuales escapan del influjo de las garantías y libertades
constitucionales, pues éstas se difunden en todos los ámbitos del derecho,
inclusive en espacios inicialmente considerados como coto reservado del derecho
privado, como las relaciones contractuales. No se trata, entonces, que todo el
derecho existente se disuelva en el derecho constitucional, que de esta suerte
se convertiría en una especie de todo omnicomprensivo, sino que permite a los
distintos ámbitos del derecho conservar su independencia y sus características
propias; pero los derechos fundamentales actúan como un principio de
interpretación de sus preceptos y por tanto se impone en ellos acuñándolos e
influyéndolos, de esta manera estos ámbitos del derecho quedan iusfundamentalmente
conformados.”[55]
3.2. Ahora bien, la circunstancia
de que los derechos fundamentales penetren tanto las relaciones públicas como
las privadas, no tiene como consecuencia que las controversias contractuales
que se susciten deban ser dirimidas por el juez constitucional, en tanto el
parámetro procesal de la subsidiariedad que orienta el ejercicio de la acción
de tutela, enseña que su procedencia está condicionada a que el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se invoque como mecanismo
transitorio o, que sencillamente, al efectuar el juicio de idoneidad, resulte
ser un mecanismo más eficaz que el ordinario. Así lo indicó la Corte desde sus
inicios, en la sentencia T-594 de 1992:
“Las
diferencias surgidas entre las partes con ocasión o por causa de un contrato no
constituyen materia que pueda someterse al estudio y decisión del juez por vía
de tutela ya que, por definición, ella está excluida de tales casos, toda vez
que quien se considere vulnerado o amenazado en sus derechos goza de otro medio
judicial para su defensa: el aplicable al contrato respectivo según su
naturaleza y de conformidad con las reglas de competencia establecidas por la
ley.”[56]
3.3. Sin embargo, esta
Corporación ha precisado que la sola existencia de una relación contractual
entre particulares, no inhibe per se al juez de tutela para estudiar de
fondo un asunto en el que puedan estar comprometidos derechos fundamentales, “pues
en la suscripción o la ejecución de un contrato se pueden consignar u originar
cláusulas o tratos inconstitucionales vulneradores de derechos fundamentales
que requieran de un mecanismo de protección reforzado como la tutela.”[57]
Dicho de otra manera: para que la
discusión derivada de un vínculo de naturaleza contractual pueda ser dirimida
en un escenario judicial como la acción de tutela, debe tratarse indudablemente
de un asunto de relevancia constitucional. Surge entonces una pregunta obvia:
¿Qué tanta posibilidad de intromisión tiene el juez constitucional en las condiciones
de contratación y en la ejecución del contrato? La respuesta a este
interrogante, fue dada en la sentencia T-222 de 2004[58],
providencia en la que esta Corporación enunció algunos de los ámbitos en los
que existe desigualdad negocial que, en algunos casos, es suplida por garantías
que el mismo ordenamiento jurídico proporciona, pero que ciertamente generan
consecuencias constitucionales distintas. Agregó, que un claro ejemplo de
desigualdad entre las partes se suscita en materia laboral, evento en el cual
aumenta la posibilidad de que las controversias que se susciten tengan
relevancia constitucional, mientras que en otros ámbitos, como sería el caso de
algunas relaciones entre comerciantes, “la posibilidad de que las
condiciones de igualdad negocial se tornen en asuntos de relevancia
constitucional es reducida”.
En este contexto, sostuvo que en
aquellos ámbitos que ordinariamente funcionan sobre la base de un modelo de
igualdad formal (concepción liberal), la posibilidad de que las condiciones de
igualdad negocial se tornen en asuntos de relevancia constitucional es
reducida, lo cual no ocurre en aquellos espacios en los que la desigualdad
negocial se torna en elemento central para la definición de las modalidades
contractuales y la definición de cargas, donde la posibilidad de que el asunto
trascienda al plano constitucional aumenta[59].
Sin que lo anterior implique
desconocer el carácter excepcional de intervención que tiene el juez de tutela
cuando se trata de negocios jurídicos, el grado de injerencia “depende, por
entero de la manera en que se verifica la violación o amenaza de los derechos
fundamentales de alguna de las partes. Si tal amenaza o violación surge de
manera directa de alguna de las cláusulas contractuales, se ha de admitir una
intervención más intensa, mientras que si se trata de consecuencias
inconstitucionales derivadas del ordinario cumplimiento del contrato, la
intensidad disminuye y la carga probatoria y argumentativa exigible al
demandante aumenta.”[60]
Entonces, la posibilidad de
intromisión con la que cuenta el juez constitucional en asuntos de naturaleza
contractual, no puede ser precisada en abstracto, pues cuenta con diferentes y
amplios niveles de valoración que, atendiendo las circunstancias concretas del
caso, pueden llevarlo inclusive a dar por terminado un vínculo contractual,
como recientemente lo declaró este Tribunal en sentencia T-160 de 2010[61],
al acceder al amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a ejercer
profesión u oficio y trabajo, de una joven que suscribió un contrato de
exclusividad con una agencia de modelaje, los cuales fueron vulnerados en el
desarrollo del vinculo contractual[62].
3.3. Lo dicho en precedencia,
tiene completa aplicabilidad para el caso de las diferencias que puedan
suscitarse tanto en la suscripción como en la ejecución de los contratos de
trabajo entre jugadores de fútbol profesional o aficionado e instituciones
deportivas. Sin embargo, existen particularidades concretas que obligan al juez
de tutela a efectuar un estudio más exhaustivo en estos eventos, teniendo en
cuenta que si bien puede tratarse inicialmente de una discusión que en
apariencia debe ser dirimida por el juez del contrato, en el fondo puede
envolver una vulneración de derechos fundamentales, específicamente cuando se
trata de transferencia de derechos deportivos, teniendo en cuenta que “en la
práctica, la negativa de autorizar el traslado hacia otro club por desacuerdo
económico, podría dar lugar a la permanencia forzosa del jugador en el club de
origen”[63], supuesto en el que
claramente pueden estar comprometidos derechos como el trabajo y la trata de
seres humanos.
Así las cosas, un derrotero importante
al momento de efectuar el escrutinio judicial que dé cuenta de la procedencia
de la acción de tutela cuando se suscitan conflictos de naturaleza contractual
entre jugador de fútbol y club, lo constituye la corta vida deportiva del
jugador[64], más aún, cuando las
diferencias que puedan presentarse conllevan limitar la posibilidad de
transferencia hacia otros planteles deportivos y, se trata por ejemplo de
menores de edad, escenario en el que indudablemente se puede ver comprometida
la libertad de escoger profesión u oficio y, por consecuencia, el derecho al
mínimo vital siempre y cuando se trate de la única fuente económica de ingreso.
Dicho parámetro procesal, fue
anunciado por el intérprete constitucional desde sus inicios, en un caso en el
que un jugador de fútbol menor de edad que no había podido formalizar la
transferencia a la escuadra del Independiente Santa Fe, por cuanto el club
Deportivo Armero con el que no actuaba desde hacía más o menos 3 años, omitió
expedirle la carta de libertad de sus derechos deportivos. Si bien en aquél
entonces la Corte encontró que estaba frente a un hecho superado, aprovechó la
oportunidad para establecer algunos lineamientos no solamente respecto de la
procedencia del amparo tutelar, sino también en relación con el alcance
constitucional de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol. Al
respecto, en sentencia T-498 de 1994[65], sostuvo:
“Los
conflictos que se presentan entre el jugador y el club, particularmente en
torno a la transferencia o traspaso de los derechos deportivos, deben
resolverse, en principio, según las normas contractuales, estatutarias y
legales. No obstante, en ciertas circunstancias, el abuso de las facultades
estatutarias por parte de los clubes deportivos no sólo puede lesionar los
derechos económicos de los jugadores, sino igualmente afectar sus derechos
constitucionales.
(…)
El
ejercicio de las acciones legales, en contra de las decisiones del club, no es
un medio de defensa judicial idóneo para proteger inmediatamente los derechos
constitucionales fundamentales afectados por la acción u omisión del ente
deportivo.
En
síntesis, el régimen de transferencias adoptado por la organización del fútbol
colombiano, en principio, tiene validez contractual en la esfera de las
relaciones particulares, salvo que con su aplicación se vulneren normas
constitucionales. Las decisiones de los clubes de fútbol, que supeditan a
razones exclusivamente económicas, el libre desarrollo de la corta vida
deportiva del jugador, su libre escogencia de profesión u oficio, su libertad
de trabajo, de contratación y de asociación y, en general, su libertad
personal, pueden ser impugnadas mediante el ejercicio de la acción de tutela,
si denotan abuso o explotación injustificada de una posición privada de
supremacía.”
3.4. Con todo, es innegable que
en principio la existencia de diferencias contractuales entre jugadores de
fútbol y clubes deportivos, sugiere como escenario natural para que sean
dirimidas, la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la corta vida deportiva del
jugador de fútbol y la imposibilidad constitucional de que sea cosificado como
consecuencia de las desavenencias que surjan en la suscripción o desarrollo de
las relaciones laborales, se constituyen en supuestos de hecho que adquieren
relevancia constitucional, razón por la cual le corresponde al juez de tutela
efectuar un escrutinio suave respecto de la procedencia de la acción tuitiva,
con el fin de no enervar la efectividad de los derechos contenida en el
artículo 2° de la Constitución Política, máxime, cuando bien es sabido que en
el contexto colombiano los procesos ordinarios se caracterizan por ser
intrincados y demorados.
4. Alcance constitucional de
los derechos fundamentales de los menores de edad que tienen por oficio el
fútbol, cuando contratan con clubes deportivos
4.1. Una característica notable
de la Constitución Política de 1991 es su carácter incluyente, el cual se
manifiesta con la incorporación de importantes cláusulas normativas que buscan
proteger a sectores tradicionalmente marginados por el Estado, que ciertamente
exigen la configuración de acciones de naturaleza afirmativa. Se trata
adicionalmente, de un parámetro estrechamente relacionado con la finalidad del
Estado Social y Democrático de Derecho, en tanto permite caracterizar la
dimensión material del principio de igualdad, que ciertamente era desconocida
en el Estado liberal decimonónico.
4.2. Sin duda alguna, uno de los
sectores de la población que ha sido protegido prioritariamente desde el marco
constitucional, es el de los niños y los adolescentes, es decir, los menores de
edad[66]. En efecto, el plexo de
derechos fundamentales consagrado en el artículo 44 Superior es generoso, por
cuanto se refiere a la vida, la integridad personal, la salud y la seguridad
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación, la libre expresión de su opinión, así como también, la
protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Lo
anterior, sin dejar de lado los demás derechos consagrados en el marco
constitucional de los menores de edad[67], la ley y en los
tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.
4.3. Del mismo modo, se
establecen como móviles para alcanzar la efectividad de sus derechos, los
cuales en principio prevalecen sobre los de los demás, a la familia, la
sociedad y el Estado[68], a quienes les
corresponde asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
4.4. En efecto, ese lugar
privilegiado que el constituyente dispuso para los derechos de los menores de
edad, obliga por ejemplo al legislador a partir de un “deber de cautela”
a promover acciones positivas que redunden en garantizar en términos de
eficacia la plenitud de sus derechos. Significa lo anterior, que su papel en el
proceso de consolidación de las garantías de los menores de edad, está
encaminado a establecer parámetros normativos que realmente atiendan y
satisfagan sus diferentes necesidades y que estén orientados a mostrar de
manera viva que realmente se trata de un sector que debe ser especialmente
vigilado y protegido por parte de los diferentes actores de la sociedad.
De esta manera, el Estado no
puede asumir una actitud pasiva, insensible o indiferente frente a la
protección de los menores de edad, en la que sus derechos sean apenas
contenidos retóricos, simbólicos o sin mención de contenido, sino que su
función atendiendo justamente los dictados del artículo 2° Superior, está
encaminada a garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la
Constitución, más aún, porque se trata de sujetos con un alto grado de
vulnerabilidad que fácilmente pueden ubicarse en circunstancias de debilidad
manifiesta. Por ello, dijo la Corte en sentencia C-170 de 2004[69],
que cuando el legislador regula cualquier institución o figura jurídica que de
alguna forma afecte el núcleo esencial de dichos derechos o implique una
regulación completa o integral de sus facultades o de sus mecanismos de
defensa, “debe ser excesivamente celoso no sólo con las limitaciones que
puedan hacer nugatorio sus alcances y efectos, sino también con las
atribuciones que excluyan la protección especial ordenada por la Constitución
y, en ese orden de ideas, incumplan la obligación positiva que se le impone al
Estado por el Constituyente (C.P. art. 44).”
Por lo tanto, el axioma contenido
en el artículo 44 de la Carta Fundamental en virtud del cual “los derechos
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, debe ser
entendido como un principio de razón suficiente para conferirles la condición
de sujetos de especial protección constitucional, lo cual lleva consigo una
serie de controles reforzados respecto de las actuaciones que despliegue tanto
el Estado, como las organizaciones privadas.
En ese orden de ideas, uno de los
ámbitos de protección que debe procurar el Estado es el relacionado con el
trabajo infantil, a partir del establecimiento de reglas de juego que den
cuenta, entre otros aspectos, (i) del límite de edad a partir del cual los
menores de edad pueden acceder al mercado laboral, es decir, lo atinente a la
capacidad para contratar; (ii) la jornada laboral máxima permitida; (iii) las
restricciones para efectuar determinadas labores; (iv) las condiciones o
presupuestos necesarios que deben ser acreditados ante la respectiva autoridad
administrativa, con el fin de que sea expedida la correspondiente autorización
de trabajo; (v) la función de inspección, vigilancia y control reforzada que
debe existir justamente con el fin de evitar situaciones de explotación laboral
o económica.
4.5. Así las cosas, resulta
significativo hacer referencia a la sentencia C-170 de 2004[70],
en la que la Corte efectuó el estudio de constitucionalidad del artículo 238
del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor para ese entonces)[71],
decisión que acudiendo a instrumentos de derecho internacional que hacen parte
del bloque de constitucionalidad stricto sensu, arribó a importantes
conclusiones relativas al trabajo infantil que es preciso mencionar en esta
oportunidad:
Ø
Puso de relieve que son muchos los niños colombianos que trabajan
en condiciones que ponen en peligro su vida, integridad física y personal, su
salud, su formación, su educación, su desarrollo y porvenir, problemática que
plantea como tendencia contemporánea para lograr su erradicación, no solamente
a nivel interno sino también en el plano internacional, la propensión por la
abolición del trabajo infantil, “precisamente porque perpetúa la pobreza y
compromete el crecimiento económico y el desarrollo equitativo del país”,
propósito que tiene como instrumento principal para su realización, “la determinación
de una edad mínima para ingresar a la vida productiva.”[72]
Ø
Los parámetros de validez del trabajo infantil y la normatividad
referente al señalamiento de la edad mínima para acceder a la vida productiva,
están determinados en el marco constitucional (preámbulo y artículos 44, 45,
67, 93 y 94), así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de
1991) y en los Convenios de la O.I.T. N° 138 (edad mínima de admisión de
empleo, Ley 515 de 1999)[73] y N° 182 (prohibición de
las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su
eliminación, Ley 704 de 2001)[74].
Ø
No es posible concluir a partir de la normatividad citada, que la
Constitución y los tratados internacionales proscriben el trabajo infantil,
aunque con el fin de garantizar la efectiva protección del menor y humanizar
las condiciones laborales, es necesario el establecimiento de un catálogo
amplio y riguroso de condiciones orientadas a velar por la efectiva defensa del
menor, así como también, teniendo en cuenta que se trata de un compromiso
internacional adquirido por el Estado colombiano temporal y excepcional,
requiere la adopción de políticas públicas encaminadas a su total abolición.
Ø
Una interpretación sistemática del artículo 67 de la
Constitución, el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el
artículo 2.3. del Convenio N° 138 de la O.I.T., permite concluir que “la
admisión al mundo laboral implica la cesación de la obligación escolar, la
cual, en ningún caso, podrá ser antes de los quince (15) años de edad, es
decir, hasta tanto el menor no cumpla como mínimo, un año de preescolar y nueve
de educación básica, tal y como lo dispone el artículo 67 del Texto Superior.”
Ø
Los mayores de quince (15) años pueden acceder a la vida laboral,
pero es indispensable que las labores no se presten ni para la explotación
laboral o económica, ni para la asunción de trabajos riesgosos, en los términos
del artículo 44 Superior. Sin embargo, fijó como límite para su ejercicio la
necesidad de que exista (i) flexibilidad laboral “en atención al estado de
crecimiento de éstos, y que implica que no puedan resistir intensas horas de
trabajo” y (ii) evaluación y autorización del Inspector del Trabajo o de la
primera autoridad local.
Ø
Como excepción y atendiendo lo previsto en el artículo 2°,
numeral 4° del Convenio N° 138 de la O.I.T. (Ley 515 de 1999)[75],
según el cual los Estados Partes pueden sustituir la edad de quince (15) años
en catorce (14) años, precisó que es posible ingresar al mundo laboral a partir
de la segunda edad, siempre y cuando se garanticen las citadas condiciones de
permisión del trabajo infantil y, adicionalmente, sean acreditadas las
estrictas exigencias previstas en los artículos 2-4[76]
y 2-5[77] del Convenio 138 de la
OIT, en armonía con los artículos 44 y 67 de la Carta Fundamental. Así mismo,
justificó esta posibilidad en la medida en que el Estado Colombiano se
comprometió a “adoptar las medidas indispensables para elevar
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que haga
posible su desarrollo integral para los menores.”[78]
Ø
Es posible en casos aún más extremos, en virtud de lo establecido
en el artículo 7-4 del Convenio 138 de la O.I.T., que los Estados Partes
permitan la prestación de servicios laborales por parte de menores de edad, cuyas
edades oscilen entre los 12 y 14 años, siempre y cuando se establezca como
límite de acceso al mundo laboral los 14 años de edad. En tal caso, la
procedencia está sujeta al cumplimiento de las condiciones generales de
permisión del trabajo infantil señaladas en precedencia y a que se trate (i) de
trabajos ligeros, “es decir, en aquellos que por su propia naturaleza no
pueden limitar o restringir su permanencia en el sistema educativo.[79]
Para lo cual, no basta con la sola asistencia a las aulas, sino que, es indispensable
que puedan cumplir los programas de orientación que para el aprovechamiento de
la enseñanza asignen sus maestros en las horas siguientes a sus clases.” La
verificación de que la jornada laboral tenga lugar con posterioridad al horario
escolar y, además, que no le impida cumplir con sus compromisos educativos,
será realizada por la autoridad de control[80]; (ii) la autorización
escrita de la autoridad administrativa debe ser expedida previa solicitud de
los padres del menor, la cual irá acompañada de una calificación sobre la excepcionalidad
de las circunstancias que ameritan el trabajo infantil y (iii) la enunciación
de las actividades ligeras, las horas y condiciones para el ejercicio del
trabajo infantil, es de competencia exclusiva del legislador ordinario.
Ø
La referida decisión, llamó la atención de las autoridades
públicas correspondientes, acerca de la obligación que sobre ellas recae de
propender por la eliminación del trabajo infantil, mediante la elevación
progresiva de la edad mínima de admisión al empleo. Del mismo modo, puso de
presente el problema de la economía informal no reglamentada y recalcó en el
deber que tienen las autoridades de control, de adoptar las medidas para que
cese dicha explotación infantil, lo cual redunda en el goce efectivo de sus
derechos a la recreación, educación, cultura, al cuidado y al amor, etc.
4.6. Como puede observarse, la
rigurosidad de las exigencias para que un menor acceda al mundo laboral,
resultan ser inversamente proporcionales al momento para el cual desea hacerlo,
esto es, si se trata de un adolescente de quince (15) años de edad las
exigencias son importantes, aunque aumentan de manera notable cuando el límite
de edad se establece en catorce (14) años, para hacerse aún más estrictos los
requerimientos entre los doce (12) y catorce (14) años de edad, justamente con
el fin de evitar situaciones manifiestas de maltrato infantil.
4.7. Así mismo, no sobra precisar
que dichos lineamientos tienen plena aplicabilidad en el contexto actual, a
pesar de la entrada en vigencia del nuevo Código de la Infancia y de la
Adolescencia contenido en la Ley 1098 de 2006, normativa que igualmente
establece los derroteros para que sea viable el trabajo infantil. Sin embargo,
debe destacarse que la intención de abolición laboral para los menores de edad,
señalada en precedencia, está direccionada a las actividades riesgosas que
comprometan o pongan en vilo la efectividad de sus derechos, lo cual no se
suscita cuando se trata de deportistas.
En efecto, el artículo 35 de la
mencionada Ley 1098 fijó como límite mínimo para trabajar la edad de quince
(15) años, para lo cual se hace necesario de igual forma que en la legislación
anterior, la expedición de la respectiva autorización por parte de la autoridad
administrativa[81]. Del mismo modo, los
adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y
especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte,
oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.
No quiere decir lo anterior, que los menores de quince (15) a doce (12) años
estén imposibilitados para laborar, pues es allí donde se aplican los
lineamientos y restricciones fijados en la sentencia C-170 de 2004, señalados en
precedencia.
Como aspecto relevante, precisó
que de manera excepcional los niños y las niñas menores de quince (15) años de
edad, podrán ser autorizados para desempeñar actividades remuneradas de tipo
artístico, cultural recreativo y deportivo, lo cual exige la
determinación precisa del número de horas máximas y de las condiciones de la
actividad que se dispone a desarrollar el menor de edad. En todo caso, el
permiso no podrá ser superior a catorce (14) horas semanales (parágrafo).
4.8. En términos procedimentales,
el artículo 113 de la misma normativa prevé que la solicitud para que sea
otorgada la autorización de trabajo, debe ser efectuada por los padres del
menor, su representante legal o el Defensor de Familia, siguiendo las
siguientes reglas: (i) debe tramitarse conjuntamente entre el empleador y el
adolescente; (ii) la solicitud contendrá los datos generales de identificación
del adolescente y del empleador, los términos del contrato de trabajo, la
actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario; (iii) se requiere
la presentación del certificado de escolaridad del adolescente y si éste no ha
terminado su formación básica, el empleador procederá a inscribirlo y, en todo
caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o
de formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional; (iv) debe allegarse
el certificado de salud del adolescente trabajador.
Una vez ha sido concedida la
autorización, el funcionario administrativo deberá efectuar visita al lugar en
el que el menor se dispone a desempeñar la labor para la cual fue contratado,
con el fin de determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la
salud del trabajador. Así mismo, como garantía de protección de los derechos
del menor de edad autorizado, es requisito sine qua non que el empleador
informe a la autoridad administrativa que expidió la autorización, el momento
en el que inicia el vínculo laboral y en el que termina, extremos que le
permitirán efectuar activamente una función de control a partir de los
lineamientos establecidos en la autorización de trabajo.
4.9. Ahora bien, el artículo 114
del mismo marco normativo al hacer referencia a la jornada laboral estatuye que
los adolescentes mayores de quince (15) años y menores de diecisiete (17), sólo
podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis (6) horas diarias y treinta y
seis (36) horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde. No ocurre lo mismo
con los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, a quienes se les amplía
la jornada diaria a ocho (8) horas, pero en todo caso, no podrá exceder de
cuarenta (40) horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.
Sin embargo, no cabe duda que
para el caso de los futbolistas menores de edad, estas restricciones horarias
plantean notables problemas no sólo desde la actividad futbolística propiamente
dicha, teniendo en cuenta que los partidos usualmente se realizan en días
festivos o en horarios nocturnos, sino también desde el punto de vista
constitucional, en tanto constituiría una barrera insalvable para garantizar el
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de derechos fundamentales
como sería el caso de la autodeterminación, libertad de expresión y de escoger
profesión u oficio (Arts. 44 y 45 de la Constitución), entre otros.
Dentro de este contexto, el
citado marco normativo sugiere que los futbolistas mayores de 15 años de edad y
menores de 17 años, no podrían estar presentes en partidos después de las 6:00
de la tarde, mientras que los mayores de 17 años, solamente tendrían la
posibilidad de llevarlos a cabo hasta las 8:00 de la noche, limitantes que a
todas luces imposibilitarían eventuales fichajes por parte de los diferentes
clubes deportivos para que presten sus servicios como jugadores de fútbol profesional
o aficionado.
4.10. Esta y otras
particularidades que caracterizan este sector económico, han llevado a concluir
en países como España[82] que la relación entre un
club deportivo y un jugador es de naturaleza laboral especial[83],
razón por la cual la doctrina lo ha caracterizado como un contrato de
naturaleza atípica, en la medida en que establece un régimen de excepción
respecto de los institutos propios del derecho laboral, pues “[u]n ejemplo
claro de esta atipicidad lo brinda la institución del descanso dominical obligatorio;
el mismo, como es lógico suponer, no podría aplicarse al futbolista profesional
que milita en equipos de primera división que, en su mayoría, disputan sus
encuentros los días domingos, siendo éstos, en consecuencia, los momentos por
excelencia en los cuales el futbolista debe poner a disposición del club
empleador su fuerza de trabajo.”[84]
Por tal razón, es que este
Tribunal en sentencia C-320 de 1997[85] puso de presente que en
materia deportiva existen temas de lege ferenda, razón por la que es
necesario que el Congreso de la República en el ámbito de su función
legislativa, dicte un marco normativo especial aplicable a los deportistas
profesionales, “que tome en consideración el carácter especial de este
sector económico y de la relación laboral del deportista profesional.” Al
respecto señaló:
“Por
ejemplo, y sin que la enumeración pretenda ser  taxativa, se podrían prever
términos diferentes de duración de los contratos de los deportistas; precisar
qué elementos son o no factor salarial en este campo; establecer mecanismos
específicos de solución de las controversias; conferir un tratamiento
particular para los llamados períodos de ‘concentración’; determinar que los
días festivos o las horas nocturnas puedan ser considerados laborables en este
sector; o consagrar un régimen especial disciplinario, ya que en este caso
confluyen las llamadas disciplinas laboral y deportiva. Estas regulaciones
permitirían, dentro del marco de los principios constitucionales, solucionar
muchos de los conflictos que se puedan presentar, lo cual muestra la
importancia de que, como consecuencia de un amplio debate democrático, se expida
una adecuada legislación sobre el tema.”
4.11. Entonces, ante la ausencia
de la normativa citada, la Corte considera que lo que la lógica sugiere es que
indudablemente la posibilidad de contratación entre los clubes deportivos
profesionales o aficionados y menores de edad es legítima, siguiendo no sólo
los dictados constitucionales, sino también los que están prescritos en el
Código de la Infancia y de la Adolescencia, con excepción de los límites
horarios que allí se encuentran establecidos, esto es, que entratándose de
menores entre 15 y 17 años solamente podrán laborar hasta las 6:00 de la tarde,
mientras que aquellos mayores de 17 años extenderán la jornada hasta las 08:00
de la noche. Así las cosas, el entendimiento razonable para este tipo de
situaciones es que los menores de edad en los límites de edad citados, pueden
suscribir relaciones laborales con los clubes deportivos hasta por 36 y 40
horas semanales, respectivamente, dentro de los márgenes del respeto por la
dignidad humana (principio de interpretación pro homine) y del interés
superior del menor prodigado desde la Carta Fundamental.
En ese orden de cosas, lo
deseable como quedó indicado en precedencia es que el legislador reglamente de
manera especial lo atinente al tema del deporte profesional, por tratarse de
una actividad muy especializada que de suyo hace problemática la aplicación del
marco normativo laboral común, lo cual es manifiesto a manera de ejemplo, en el
ámbito de la contratación, donde si bien existe un grado de subordinación, el
mismo plantea particularidades concretas en tanto “se extiende no solamente
a esas ‘órdenes técnicas’, sino también a todas las restantes circunstancias
que tienen que ver con la preparación psicofísica del futbolista, como, por
ejemplo, horarios y lugares de concentración, duración de la llamada
‘pretemporada’, etc.”[86]
4.12. En términos de
remuneración, el artículo 115 del citado cuerpo normativo prevé que tendrán
derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y proporcional al
tiempo trabajado, pero en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo
legal vigente.
4.13. Para terminar, el artículo
117 del Código de la Infancia y de la Adolescencia precisa que los menores de
dieciocho (18) años de edad no podrán ser empleados para realizar trabajos que
impliquen peligro o que sean nocivos para la salud e integridad física o
psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil[87].
Para tal efecto, atribuyó la función de clasificar dichas actividades de
acuerdo al nivel de peligro y nocividad al Ministerio de la Protección Social
en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades
que se encargarán de publicarlas cada dos (2) años periódicamente en distintos
medios de comunicación.
4.14. Recuérdese, como lo indicó la
Corte en sentencia C-320 de 1997[88], que si bien las
asociaciones deportivas no tienen ánimo de lucro, ni pueden ser sociedades
comerciales, sí ejercen una actividad económica puesto que contratan jugadores,
reciben ingresos por conceptos de ventas de entradas a los espectáculos y
derechos de trasmisión, promocionan marcas (son titulares de los derechos de
explotación comercial de transmisión o publicidad en los eventos del deporte
competitivo -Art. 28 de la Ley 181 de 1995-). Se trata en consecuencia de
verdaderas empresas, en el sentido constitucional del término, por lo que su
actividad recae bajo las regulaciones de la Constitución económica (Arts. 58,
333 y 334).
Entonces, la posibilidad de
contratación con la que cuentan los clubes deportivos para hacerse titulares de
los derechos deportivos de jugadores de fútbol es legítima, sin dejar de lado
los límites constitucionales establecidos por esta Corporación en lo que a
derechos deportivos se refiere, los cuales con mayor razón deben ser acogidos
cuando la pretensión de la asociación deportiva es valerse de los servicios
futbolísticos de jugadores menores de edad, para lo cual deben ser atendidas
las previsiones señaladas en esta consideración, que derivan del marco
constitucional, tratados internacionales que hacen parte de la legislación
interna y del Código de la Infancia y de la Adolescencia.
De esta manera, las asociaciones
deportivas cuentan con amplios márgenes de autonomía, con las limitaciones
propias que implican los valores, principios y derechos fundamentales, por lo
que “[n]o es pues admisible que los derechos constitucionales de los
jugadores queden supeditados a estas decisiones empresariales, no sólo porque
se desconocería la primacía de la Constitución y de los derechos de la persona
(CP arts. 4 y 5), sino porque se estaría permitiendo un prohibido abuso de
posición dominante por parte de esas asociaciones (CP art. 334). Además, el
inciso final del artículo 53 de la Carta señala de manera inequívoca que la
ley, los contratos, los acuerdos y los convenios laborales no pueden menoscabar
la libertad, la dignidad, ni los derechos de los trabajadores. Con menor razón
son admisibles regulaciones empresariales que vulneren esos valores.”[89]
4.15. Así las cosas, una
interpretación armónica de las disposiciones constitucionales, de los tratados
internacionales que protegen a los menores de edad de la explotación laboral y
económica y del Código de la Infancia y de la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), no
proscribe que los clubes deportivos dentro del ámbito de su autonomía puedan
contratar menores de edad con el fin de que presten sus servicios como
jugadores de fútbol, para lo cual deberán cumplir como mínimo con los
siguientes parámetros o requisitos:
(i)
Por regla general, no pueden ingresar al mundo laboral los menores de
quince (15) años de edad, siendo requisito ineludible antes de formalizar el
acto de vinculación laboral que la autoridad administrativa expida la
respectiva autorización de trabajo.
(ii)
El vínculo laboral no inhibe a los menores para acceder al derecho a
la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una
ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su
actividad laboral.
(iii)
Excepcionalmente, los menores de quince (15) años de edad podrán ser
autorizados para vincularse a cualquier plantel deportivo, permisión que
requiere la determinación precisa del límite de horas para laborar que, en todo
caso, no podrá ser superior a catorce (14) horas semanales, así como también,
el establecimiento de las condiciones de la actividad deportiva.
(iv)
La solicitud de autorización debe ser presentada por los padres del
menor, su representante legal o el Defensor de Familia, la cual contendrá los
datos generales de identificación del menor de edad y del empleador, los
términos del contrato, la actividad que va a realizar, la jornada y el salario;
así mismo deberá ser allegado el certificado de escolaridad cuando se trate de
adolescentes con quince (15) años de edad que, comprenderá como mínimo, nueve
(9) años de educación básica. En el evento de que se trate de un menor de
quince (15) años que no hubiere alcanzado el grado de escolaridad, le
corresponderá al empleador, entiéndase club deportivo, inscribirlo y
facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de
formación teniendo en cuenta la orientación vocacional.
(v)
Deben allegarse los exámenes médicos necesarios por cuenta de quien
pretende ser el empleador, que den cuenta de la aptitud del menor para
desempeñarse como jugador de fútbol.
(vi)
Los adolescentes mayores de quince (15) años y menores de diecisiete
(17), sólo podrán trabajar hasta treinta y seis (36) horas a la semana,
mientras que los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, tendrán como
jornada semanal hasta cuarenta (40) horas, para lo cual el parámetro orientador
que permitirá determinar la intensidad horaria diaria será el respeto por la
dignidad humana (principio de interpretación pro homine) y el interés
superior del menor prodigado desde la Carta Fundamental.
(vii)
Los menores de edad tienen derecho a una remuneración mínima, vital
y móvil, proporcional al tiempo laborado, pero en ningún caso podrá ser
inferior al salario mínimo legal vigente.
4.16. Cabe precisar que las
actuaciones de los clubes deportivos son susceptibles de control
administrativo, en tanto le corresponde a COLDEPORTES como máximo organismo
planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte y
Director del Deporte Formativo y Comunitario, “[e]jercer las funciones de
inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás
entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte, por delegación del
Presidente de la República y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 49 de
1993 (…), sin perjuicio de los que sobre este tema compete a otras entidades.”
(Ley 181 de 1995, Art. 61-8). Sobre el particular, la Corte en sentencia T-302
de 1998[90], sostuvo in extenso:
3. La
protección a la libertad de trabajo no se logra solamente por vía de tutela,
hay otras expresiones del Estado para lograrlo. En efecto, la Rama Legislativa
expidió la Ley 181 de 1995, para el fomento del deporte, y dentro de los
organismos del Sistema Nacional del Deporte señaló al Instituto Colombiano del
Deporte y a las Federaciones Deportivas Nacionales (artículo 51).
El objetivo
del sistema nacional del deporte está reseñado en el artículo 47 de la
mencionada ley 181 de 1995 : ‘generar y brindar a la comunidad
oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como
contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una
cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos’.
Este
objetivo debe ser coordinado por COLDEPORTES (artículo 61 numeral 3º) y
armónicamente se compagina con la libertad del trabajo de los deportistas
profesionales. Por lo tanto, no puede Coldeportes eludir su obligación de
proteger el fomento y práctica del deporte que ejercite por ejemplo un
futbolista profesional. Tan es así que el artículo 3° de la ley habla del
‘acceso’ del individuo a la práctica del deporte y esto, tratándose de
profesionales, no es únicamente la posibilidad de practicarlo como ser humano
sino de practicarlo como trabajador deportivo, en un espacio de deporte
competitivo y de alto rendimiento. Protección que incluye la función señalada
en el numeral 16 del citado artículo que ordena ‘fomentar la adecuada seguridad
social de los deportistas y velar por su permanente aplicación’, seguridad
social que, tratándose del deportista profesional, es inherente a la respectiva
relación laboral.
4. Esa
función de COLDEPORTES, tiene muchas manifestaciones concretas, una de ellas es
la función de inspección, vigilancia y control, (establecida en el numeral 8
del artículo 60 (sic) de la ley 181 de 1995), que armoniza con la de
registrar los derechos deportivos de los jugadores.
(…)
Dentro de
los fines del Estado, consagrados en el artículo 2° de la C. P. se encuentra el
de garantizar la efectividad de los derechos (uno de ellos es la libertad de
trabajo) en la búsqueda de un orden justo. Ese fin del Estado, según el mismo
artículo 2º de la C.P., obliga a las autoridades de la República porque ellas
están instituidas para proteger los derechos de los particulares. Luego,
COLDEPORTES debe ser eficaz en la vigilancia, control e inspección de todo lo
que tenga que ver con la relación laboral del jugador profesional. (…)”
4.17. Por último, la Procuraduría
Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia, tiene atribuidas funciones de vigilancia superior, de prevención,
control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y
judiciales tal como lo establece la Constitución Política y el Código de la
Infancia y de la Adolescencia (Ley 1098 de 2006, Art. 211), en aquellos asuntos
en los que se encuentren involucrados menores de edad, manifestación de control
reforzado, que no excluye el control judicial del que puedan ser objeto ante el
juez natural o, de manera subsidiaria, ante el juez de tutela como quedó dicho
en la consideración jurídica N° 3 de esta sentencia.
5. Interpretación
constitucional de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol.
Reiteración jurisprudencial
5.1. La jurisprudencia de este
Tribunal ha caracterizado el fútbol como un deporte que cumple de manera
concurrente varias funciones que tienen pleno respaldo en la Constitución
Política (Arts. 52, 333 y 334), en tanto recrea a los espectadores, pues como
juego de competición es un medio de esparcimiento de multitudes que, como
consecuencia de los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones,
tiende a universalizarse y a estrechar los vínculos entre los diferentes
países. También ha considerado que se trata de una actividad económica que hace
posible el mejoramiento de la calidad de vida de los jugadores, pues al ser
concebido como una empresa, es un negocio en el que se invierten grandes
cantidades de dinero, en parte debido a las altas sumas de cotización de los
jugadores, lo cual “crea una tensión entre los intereses patrimoniales de
los empresarios del fútbol y los jugadores, para quienes la práctica de deporte
es la manera de realizarse en su vida profesional o vocacional.”[91]
5.2. Uno de los ámbitos que puede
dar lugar al surgimiento de conflictos entre clubes deportivos y jugadores de
fútbol, es precisamente el relativo a la titularidad del denominado “pase” o
derechos deportivos, disputas que al momento de ser resueltas deben suponer que
“el jugador de fútbol como persona humana no es objeto sino sujeto del
contrato.”[92]
Al respecto, la Corte desde sus
inicios y hasta recientes pronunciamientos[93], ha estimado que el
sistema de transferencias de jugadores, implica profundas connotaciones de
naturaleza constitucional, por cuanto puede suscitarse un escenario en el que
las diferencias económicas entre los propietarios de los derechos deportivos,
coloquen al jugador “ante la alternativa de permanecer inactivo en un
organismo deportivo en el que ya no desea laborar, o de retirarse
definitivamente del fútbol profesional”[94], lo cual puede conllevar
a que se vean comprometidos los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas y justas[95], la libertad de escoger
profesión u oficio[96], el libre desarrollo de
la personalidad y la prohibición de la esclavitud[97].
Fue así como en sentencia C-320
de 1997[98], al efectuar el estudio
de constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 181 de 1995, encontró
la oportunidad propicia para precisar los límites constitucionales de los
derechos deportivos en decisión que hace tránsito a cosa juzgada constitucional,
teniendo como referente inmediato la sentencia T-498 de 1994[99]
y los lineamientos desarrollados por el Tribunal de Justicia Europeo en el
célebre caso Bosman[100].
Sea lo primero indicar que en
aquella oportunidad, originariamente fueron demandados la frase final del
artículo 34 y el numeral 8° del artículo 61 de la citada normativa, contenidos
que para la Corte no podían ser estudiados, específicamente el de la primera
disposición, sin antes referirse a los derechos deportivos por tratarse de una
figura que “plantea agudos problemas constitucionales, pues pareciera que
ella autoriza que los clubes ‘presten’ a sus deportistas, lo cual no armoniza
con el reconocimiento de la dignidad humana y parece desconocer la prohibición
de la trata de personas (CP arts 1° y 17)”. Por ende, juzgó necesario
acudir a la figura de la unidad normativa (Decreto 2067 de 1991, Art. 6°) y, de
esta manera, estudiar la constitucionalidad de los artículos 32, 34 y 35 de la
Ley 181 de 1995 que, para un mejor entendimiento de la decisión, es preciso
transcribir en los términos en los que fueron establecidos por el legislador:
ARTÍCULO
32.
Únicamente los clubes con deportistas profesionales o aficionados, podrán ser
poseedores de los derechos deportivos de los jugadores o deportistas. En
consecuencia, queda prohibido a aquéllos disponer por decisión de sus
autoridades que el valor que reciban por tales derechos pertenezca o sea
entregado a persona natural o jurídica distinta del mismo club poseedor.
Además de
los requisitos exigidos por cada federación, para la inscripción se requiere:
a) Aceptación
expresa y escrita del jugador o deportista;
b) Trámite
previo de la ficha deportiva;
c) Contrato
de trabajo registrado ante la federación deportiva respectiva y el Instituto
Colombiano del Deporte - Coldeportes -.
ARTÍCULO
34. Entiéndese por derechos deportivos de los
jugadores o deportistas, la facultad exclusiva que tienen los Clubes Deportivos
de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de
transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación
respectiva. Ningún club profesional podrá transferir más de dos (2) jugadores o
deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo.
ARTÍCULO
35. Los
convenios que se celebren entre organismos deportivos sobre transferencias de
deportistas profesionales, no se consideran parte de los contratos de trabajo.
En razón de estos convenios no se podrá coartar la libertad de trabajo de los
deportistas. Una vez terminado el contrato de trabajo, el jugador profesional
transferido temporalmente regresará al club propietario de su derecho
deportivo. Si el club propietario del derecho deportivo, no ofreciere
formalmente un nuevo contrato laboral o transferencia temporal al jugador,
dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses, el jugador quedará en libertad
de negociar con otros clubes, de acuerdo con los reglamentos internacionales,
sin perjuicio de las acciones laborales que favorezcan al jugador.”
En este contexto, el intérprete
constitucional advirtió que el lenguaje empleado por el legislador parecía
conferirle a los clubes una verdadera propiedad sobre sus jugadores, lo cual a
la luz de la Constitución es incompatible “ya que desconoce la dignidad de los
deportistas, a quienes cosifica, y vulnera la terminante prohibición de la
esclavitud y la trata de personas (…), pues parece convertir a los clubes en
propietarios de individuos”, sin que ello implique que la figura de los
derechos deportivos sea ilegítima[101], los cuales deben ser
entendidos desde el marco constitucional como compensaciones económicas que se
pagan a un club deportivo específico, pues “los pagos por las transferencias
no constituyen una venta del jugador, quien es persona y puede libremente
contratar”.
Sin embargo, la legitimidad de la
figura no la aparta de otros problemas constitucionales, como sería el caso, de
abusos por parte de los clubes deportivos que tiendan a cosificar al jugador o
a convertirlo en un simple activo empresarial, lo cual a todas luces desconoce
derechos fundamentales.
Así las cosas, estableció como primer
límite constitucional de los derechos deportivos, que su titularidad no
puede encontrarse exclusivamente en cabeza de los clubes, pues se trata de una
medida que no es útil para los propósitos de la ley, además de que vulnera la
protección de la dignidad, la autonomía y la libertad de los jugadores, “ya
que impide, sin ninguna razón aparente, que un deportista, al adquirir su
‘pase’, pueda entonces orientar en forma libre y autónoma su futuro
profesional, por lo cual se trata de una restricción que tiende a cosificar al
jugador al convertirlo en un simple activo empresarial.”
Entonces, este Tribunal apelando
al principio de conservación del derecho declaró la exequibilidad de los
artículos 32 y 34 de la citada ley, “en el entendido de que los propios
jugadores pueden ser titulares de sus derechos deportivos”, con excepción
del vocablo “exclusiva” contenido en la última disposición, que fue
declarado inexequible.
Del mismo modo, fijó como segundo
límite constitucional que el marco normativo de los derechos
deportivos, así como su ejercicio concreto por los clubes, deben ser
compatibles con la protección a la libertad de trabajo de los jugadores
profesionales prevista en la Constitución, razón por la cual no basta que las
normas legales y reglamentarias dispongan que esa libertad no puede ser
afectada, o exijan el consentimiento del jugador para llevar a cabo la
transferencia, toda vez “que la libertad de trabajo también puede verse
afectada por la negativa a una institución deportiva de permitir el traspaso
del jugador hacia otra institución que le ofrece mayores oportunidades.”[102]
De esta manera, la Corte
consideró que la posibilidad con la que contaban los clubes de mantener los
derechos deportivos de un jugador y controlar su futuro profesional, cuando ni
siquiera son patronos de los mismos, pues no existe relación laboral, afecta la
libertad de trabajo y cosifica al jugador. Con base en este argumento, expulsó
del ordenamiento jurídico la expresión “dentro de un plazo no mayor a seis
(6) meses”, del aparte final del artículo 35 de la Ley 181 de 1995, por
considerar que al no existir vínculo laboral entre el deportista y la
asociación deportiva, el citado límite temporal era excesivo para que el
jugador de fútbol pudiera negociar con otros clubes sus derechos deportivos.
Del mismo modo, condicionó la constitucionalidad del resto de la disposición “en
el entendido de que no pueden haber derechos deportivos sin contrato de trabajo
vigente.” En relación con el aparte declarado inexequible, la Corte dijo:
“En esas
condiciones, la Corte considera que esa posibilidad que tienen los clubes de
mantener los derechos deportivos de un jugador y controlar su futuro
profesional, cuando ni siquiera son patronos de los mismos, pues no existe
relación laboral, afecta la libertad de trabajo y cosifica al jugador. Con
todo, podría objetarse que mediante esa facultad de retención de los derechos
deportivos, la ley y las reglamentaciones deportivas pretenden simplemente
proteger los intereses patrimoniales de las asociaciones deportivas, cuando se
realizan transferencias de derechos deportivos. Según este criterio, la
prohibición de que el deportista pueda jugar o contratar con el nuevo club
antes de que sean resueltas las eventuales diferencias entre las asociaciones
deportivas, es una simple garantía contractual a fin de que el nuevo club
cumpla con sus obligaciones. Sin embargo, para la Corte este criterio es
constitucionalmente inadmisible pues existen otros mecanismos menos lesivos de
la libertad laboral para zanjar esas desaveniencias económicas entre los
clubes. Así, el ordenamiento legal prevé múltiples instrumentos para
controvertir las deudas entre personas jurídicas. Por ello, la Corte concluye
que no es constitucionalmente admisible que se pueda limitar la libertad de
trabajo del deportista, que se encuentra constitucionalmente protegida (CP arts
25 y 53), debido a conflictos entre los clubes derivados de la transferencia de
los derechos deportivos.”[103]
Así mismo, determinó como ratio
decidendi para justificar la transferencia de los derechos deportivos, que
la conducta de los jugadores de fútbol cuando hubiere cesado la relación
laboral, se hubiere ceñido al principio de buena fe, al deber constitucional de
no abusar de sus derechos y al principio general del derecho nemo auditur
propiam turpitudinem allegans, con estricta sujeción a las causales de terminación
del contrato previstas en la ley.
No obstante, precisó que la
circunstancia de que los clubes deportivos no puedan contar con la titularidad
de los derechos deportivos cuando no exista contrato de trabajo vigente con el
respectivo jugador de fútbol, “no puede ser entendido como una patente de
corso para que los deportistas incumplan sus obligaciones contractuales o
disciplinarias, o entren en colusión con otros clubes a fin de que se pueda
evadir el pago de una compensación, siendo que ésta era legítima.”
Igualmente, precisó como tercer
límite constitucional que las asociaciones deportivas cuentan con
amplios márgenes de autonomía para dictar regulaciones que comprendan los
diferentes ámbitos de la actividad deportiva, los cuales están dados desde la
Constitución (Arts. 333 y 334). Por tal razón, sus reglamentos como decisiones
de empresa, no pueden contrariar los principios constitucionales, ni los
derechos fundamentales de los jugadores, “no sólo porque se desconocería la
primacía de la Constitución y de los derechos de la persona (CP arts. 4 y 5),
sino porque se estaría permitiendo un prohibido abuso de posición dominante por
parte de esas asociaciones (CP art. 334), a lo que debe agregarse el
imperativo constitucional contenido en el artículo 53 Superior, en virtud del
cual, la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios laborales no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad, ni los derechos de los trabajadores, “[c]on
menor razón son admisibles regulaciones empresariales que vulneren esos
valores.” Sobre el particular, este Tribunal sostuvo:
“(…) [S]i
los reglamentos de las federaciones respectivas prevén que un club pueda
mantener la carta de transferencia de un jugador, a pesar de que haya cesado el
contrato laboral con el mismo, y que el nuevo club con el cual este jugador
haya suscrito un nuevo contrato puede ser sancionado si alinea a este jugador
antes de pagar los derechos de transferencia, aparece claramente una
vulneración de la libertad laboral de los deportistas. En efecto, frente a la
amenaza de sanciones pecuniarias y deportivas previstas por los reglamentos de
las federaciones, ningún club contratará con un deportista, si no se logra un
acuerdo previo sobre el monto de los derechos deportivos. Esto fue claramente
establecido por el Abogado General y por el propio Tribunal de Justicia Europeo
en el llamado caso Bosman, y fue una de las razones esenciales para que ese
tribunal concluyera que viola la libertad de movimiento para buscar trabajo del
artículo 48 del Tratado de la Comunidad Europea ‘la aplicación de normas
adoptadas por asociaciones deportivas, con arreglo a las cuales un jugador
profesional de fútbol nacional de un Estado miembro sólo puede, al término del
contrato que le vincula a un club, ser empleado por un club de otro Estado
miembro si éste último ha abonado al club de origen una compensación por
transferencia, formación o promoción.’”[104]
En ese orden de ideas, la Corte
puso de presente que indubitablemente las regulaciones efectuadas por las
asociaciones deportivas respecto de los derechos deportivos, pueden suscitar
problemas constitucionales “en la medida en que éstas prevean disposiciones
susceptibles de afectar la libertad laboral de los deportistas, si los clubes
no cumplen con sus obligaciones en materia de pago de los derechos por
transferencias.” Del mismo modo, calificó como inadmisibles aquellas
regulaciones que pongan en vilo otros derechos fundamentales de los jugadores “como
podrían ser eventuales prohibiciones de acceso a los tribunales o restricciones
injustificadas a la libertad de expresión”, para concluir categóricamente
que todas las disposiciones de las federaciones nacionales e internacionales
que afecten los derechos constitucionales de los jugadores, son inaplicables
por contrariar los mandatos superiores (Arts. 4°, 25 y 53).
Por último, efectuó el estudio de
la frase final del artículo 34 de la Ley 181 de 1995, que hace referencia a la
limitación del número de jugadores en calidad de préstamo de un club a otro,
figura que estimó compatible con los valores constitucionales, siempre y cuando
sea interpretada de conformidad con la dignidad humana de los deportistas. Es
decir, “para ser constitucionales, debe entenderse que estos préstamos
excluyen cualquier cosificación del jugador, quien no puede ser concebido como
un objeto que es entregado y trasladado de un club a otro, al antojo de los
directivos de los mismos, ya que ello implicaría una forma de servidumbre y
trata de seres humanos contrarias a la Carta (CP art. 17).”
Al respecto, señaló esta
Corporación que a pesar de que se trata de una figura atípica, ello no es una
razón suficiente para declararla inconstitucional, siempre y cuando sea posible
interpretar sus alcances desde el ordenamiento Superior. Así las cosas, para
que sea plausible la transferencia en préstamo “se debe contar con el
consentimiento expreso del respectivo deportista y la transferencia no puede
traducirse en un desmejoramiento de sus condiciones de trabajo.” Se trata
entonces, de una regulación constitucionalmente admisible, siempre y cuando
armonice con los derechos constitucionales de los deportistas y no vulnere su
dignidad humana. Sobre el particular, la Corte sostuvo:
“Ahora
bien, en este caso la regulación persigue asegurar una mayor transparencia en
la competencia deportiva pues, por medio de amplios préstamos de jugadores,
habría posibilidades de competencia desleal, ya que un equipo podría utilizar
ese proceder para desestabilizar a otros rivales y alterar los propios
resultados de las competencias deportivas. Esta intervención estatal para
lograr una mayor transparencia deportiva también es susceptible de contribuir a
un mayor equilibrio entre los clubes, con lo cual se protege el propio
espectáculo, ya que en este campo el interés del público resulta de una cierta
incertidumbre en torno a los resultados de la confrontación deportiva, pues
poca curiosidad genera un torneo en el cual los desenlaces fueran fácilmente
previsibles debido al evidente predominio de uno de los clubes. Estas
finalidades no sólo encuentran amplio respaldo constitucional (CP art. 52) sino
que además el medio empleado -limitar a dos el préstamo de jugadores en un
mismo torneo a un mismo club- guarda una conexidad razonable con el mismo, ya
que evita que los préstamos excesivos desequilibren artificialmente los
resultados deportivos en beneficio de un determinado club.
La Corte no
considera entonces que esa regulación limite la libertad económica. Además, no
es una medida que afecte desproporcionadamente el derecho al trabajo de los
jugadores, como lo sostiene el actor, por cuanto si es voluntad de un jugador
llegar a hacer parte de un buen club, puede hacerlo por medio de acuerdos
directos con el mismo, una vez cumplidas sus obligaciones laborales con la
asociación deportiva de origen.”
En consecuencia, la frase final
del artículo 34 de la Ley 181 de 1995[105] fue declarada ajustada
a la Carta Fundamental, “siempre y cuando se entienda que se debe contar con
el consentimiento del deportista y no se puede desmejorar su situación laboral”.
5.3. Así las cosas, las subreglas
constitucionales establecidas por esta Corporación en sede de control abstracto
de constitucionalidad, han permitido en no pocas oportunidades acceder a la
tutela de los derechos fundamentales de algunos jugadores de fútbol, que han
visto limitada la posibilidad de disponer de sus derechos deportivos cuando no
existe ningún tipo de vínculo contractual con los clubes y, adicionalmente, no
se avizora ningún tipo de actuación de mala fe, abuso del derecho o
desconocimiento del principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans.
Ese fue el caso decidido mediante
sentencia T-123 de 1998[106], en el que la Corte
accedió a la tutela del derecho fundamental al trabajo del jugador de fútbol
Ariel Valenciano, quien militaba para la Corporación Popular Deportiva Junior,
club que luego de haberlo transferido al fútbol venezolano en calidad de
préstamo decidió no vincularlo en ninguna de las divisiones, ni hizo entrega de
los derechos deportivos al futbolista. En aquella oportunidad, expresó:
“El Club
Deportivo, como titular de esos derechos deportivos, transfirió en préstamo el
jugador al Deportivo Italia en Venezuela, pero finalizado el préstamo, retornó
a plenitud tales derechos al Junior. Sin embargo, en septiembre de 1997, según
expresa Carlos Daniel Abello Roca, representante judicial del Junior, ‘el
demandante (Valenciano) no está ligado al Junior mediante contrato de trabajo
ya que no ha sido requerido por los directores técnicos de la Corporación
demandada’. Es decir, que se da la situación expresada en la sentencia C-320/97,
en el sentido de que ‘si cesa la relación laboral entre el club y el
deportista, el jugador adquiere sus derechos deportivos si el jugador está de
buena fe y no abusa’.
En el caso
concreto de Valenciano no existe prueba alguna que desvirtúe su buena fe, no
hay ningún hecho que permita colegir un posible abuso, luego se da la situación
de adquisición de los derechos por parte del jugador.
Es más, el
propio Club indicó a la Corte Constitucional que Valenciano está a paz y salvo
con la Corporación y que ‘se le concede la propiedad de sus derechos
deportivos”. En realidad, no es que el Club graciosamente se los concede, sino
que fácticamente el Club los perdió.’”
A la misma conclusión arribó este
Tribunal en sentencia T-302 de 1998[107], con ocasión de la
controversia suscitada entre algunos jugadores de fútbol que habían prestado
sus servicios en el Deportivo Independiente Medellín, quienes solicitaron la
entrega de sus pases por parte de la institución deportiva, sin obtener
respuesta favorable. Al respecto, la citada decisión indicó:
“(…) [C]omo
se ha dejado consignado en el presente fallo, hubo una equivocada lectura de la
sentencia C-320 de 1997 por parte de los juzgadores de instancia y eso los
llevó a ubicar el contenido económico de la transferencia en beneficio del Club
que ya no era dueño de tales derechos deportivos. Luego, se impone revocar esa
determinación y, por el contrario determinar que la real protección del derecho
fundamental a la libertad de trabajo, sólo se puede dar en la medida que el
contenido económico de los derechos deportivos sea inescindible con la
propiedad de ellos.”
Otro tanto ocurrió en la acción
de tutela promovida por el futbolista Tommy Mosquera, quien se encontraba
vinculado al club Deportivo los Millonarios, escuadra que decidió
desvincularlo, no continuar con el pago del salario, así como tampoco, hacer
entrega de la carta de libertad al jugador, a pesar de que había sido
solicitada mediante derecho de petición. Para ese entonces, esta Corporación en
sentencia T-029 de 1999[108] tuteló los derechos
fundamentales a la libertad y al trabajo, en tanto “[d]esde la perspectiva
de la jurisprudencia transcrita en el aparte anterior, es claro que si Los
Millonarios decidieron unilateralmente dar por terminado el contrato laboral
que tenían con el accionante, como en efecto lo hicieron, debieron también
proceder a entregarle los derechos deportivos que le correspondían, para
dejarlo en libertad de buscar otra relación laboral. Pero no procedieron de esa
manera, y omitieron responder a la petición ajustada a derecho que el actor les
presentó, por lo que es ineludible concluir que no sólo vulneraron el derecho
al trabajo de Mosquera Lozano, sino que violaron sus derechos a la libertad y
de petición, y faltaron al respeto que se debe a la dignidad de la persona.”
A la misma conclusión arribó la
Corte en sentencias T-138 de 2000[109], T-1136 de 2000[110],
T-1299 de 2000[111], T-745 de 2002[112],
T-840 de 2002[113], T-459 de 2005[114]
y T-1024 de 2005[115], en las que la
discusión se circunscribía a que el juez constitucional ordenara a diferentes
organizaciones deportivas, efectuar la entrega del certificado de transferencia
de los derechos deportivos a algunos jugadores de fútbol, siguiendo los
lineamientos señalados en la sentencia C-320 de 1997, lo cual en efecto
ocurrió.
5.4. Las vastas consideraciones
expuestas, son suficientes para que la Corte entre a decidir el asunto puesto a
consideración.
6. Estudio del caso concreto
Como quiera que son diferentes
los tópicos que ocupan la atención de la Sala en esta oportunidad, la
estructura de resolución del sub lite será la siguiente: (i) aludirá a
la inexistencia de un hecho superado, no obstante que el demandante se
encuentra actualmente militando en el fútbol rumano; (ii) estudiará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela, en tanto la persona contra la que fue
dirigida la acción de tutela, es de derecho privado y a la causal de nulidad
alegada por el Deportes Tolima en el escrito de contestación de la acción de
tutela; (iii) precisará las razones por las cuales el amparo debe ser concedido;
y (iv) abordará lo relativo a la función de inspección, vigilancia y control
que le corresponde efectuar a COLDEPORTES, cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional, específicamente menores de edad.
6.1. La autorización
provisional expedida por la FIFA, no implica la existencia de un hecho superado
6.1.1. Ninguno de los
intervinientes en este trámite solicitó la declaratoria de un hecho superado
por carencia actual de objeto, teniendo en consideración que el Juez Gerhard
Mayer-Vorfelder de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, en decisión
del 11 de diciembre de 2009, habilitó provisionalmente al demandante para
inscribirse “con efecto inmediato” en el club Timisoara de la Federación
Rumana de Fútbol (folios 64 a 67 del cuaderno de revisión). A juicio de la
citada autoridad, el hecho de que el jugador hubiera terminado su contrato por
escrito el 6 de marzo de 2009 y, posteriormente, fuera fichado por un nuevo
club, denota “que la relación contractual entre el jugador y el Deportes
Tolima, si es que era válida, aparentemente se acabó el 06 de marzo de 2009 por
la terminación unilateral del jugador”, razón que consideró suficiente para
autorizar la inscripción en el citado plantel deportivo. El mencionado fallo,
precisó:
“Finalmente,
el Juez Único enfatizó con vehemencia que la presente decisión sobre la
autorización para la inscripción provisional del jugador es una medida
provisional y, como tal, sin perjuicio de cualquier decisión formal que la
Cámara de Resolución de Disputas sea llamada a tomar posteriormente respecto
del asunto sustancial en una potencial disputa contractual entre el club
colombiano, y el jugador y su nuevo club. En particular, la Cámara de
Resolución de Disputas tendrán que pronunciarse sobre si alguna vez existió un
contrato de trabajo válido entre el club colombiano y el jugador, y si el
contrato fue terminado con o sin justa causa, así como sobre las consecuencias
potenciales que se derivarían (por ejemplo, indemnización y/u otras medidas).”
6.1.2. En ese orden de ideas, la
circunstancia de que exista una decisión de cautela por parte del órgano rector
del fútbol mundial, en modo alguno implica que la situación que dio lugar a la
interposición de la acción de tutela desapareció, pues téngase en cuenta que la
discusión relativa a la titularidad de los derechos deportivos no ha sido
zanjada definitivamente, razón por la cual el juez constitucional haciendo uso
de la tutela judicial efectiva, tiene el deber de efectuar el estudio
definitivo de la petición tutelar adelantada, con el fin de determinar, a
ciencia cierta, si los derechos fundamentales de Christian de Jesús, fueron
transgredidos por el Deportes Tolima y las entidades vinculadas oficiosamente al
trámite constitucional en sede de revisión.
6.2. La acción de tutela
promovida contra la Corporación Club Deportes Tolima, es procedente desde el
punto de vista formal
6.2.1. Conforme lo establece el
último inciso del artículo 86 de la Constitución Política, la ley establecerá
los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión.
Al respecto, este Tribunal ha
considerado que la citada disposición al definir una cuestión eminentemente
procesal, cual es, la legitimidad pasiva de la acción tuitiva, resolvió lo
atinente a la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones horizontales,
ámbito que en un contexto de Estado Constitucional de Derecho, no es
susceptible de escapar de la función de control[116].
En efecto, mediante sentencia T-632 de 2007[117], la Corte dijo:
“[S]ería
errado sostener que como el artículo 86 constitucional señala que la acción de tutela
procede contra los particulares que prestan un servicio público, aquellos que
con su conducta afecten de manera grave y directa el interés colectivo o en los
supuestos de subordinación o de indefensión, la eficacia de los derechos
fundamentales entre particulares queda limitada a esos eventos. Por el
contrario, debido precisamente al lugar que ocupan los derechos fundamentales
en el ordenamiento constitucional colombiano y a su efecto de irradiación se
puede sostener que el influjo de éstos cobija todas las relaciones jurídicas
particulares, las cuales se deben ajustar al ‘orden objetivo de valores’
establecido por la Carta política de 1991. Cosa distinta es que la acción de
tutela, como mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales en
las relaciones entre particulares sólo proceda prima facie en los supuestos
contemplados por el artículo 86 constitucional.”
6.2.2. No sobra recordar, que la
pretensión del demandante solamente está encaminada a que le sean entregados
los derechos deportivos como jugador-propietario, sin incluir solicitud expresa
sobre que se le declare la terminación del contrato de trabajo suscrito con el
Deportes Tolima y que sea pagada la indemnización a que haya lugar, por el
supuesto desconocimiento de las exigencias previstas en el Código de la
Infancia y de la Adolescencia. Sin embargo, la Corte entiende que si bien se
trata de solicitudes autónomas, para efectos del estudio de procedencia de la
presente acción resultan ser interdependientes. Entonces, es necesario
considerar el móvil que dio lugar a la controversia supuestamente vulneradora
de derechos fundamentales, para establecer si se encuentra circunscrito en
alguno de los ámbitos procesales previstos en la Carta Fundamental, que
habilita el ejercicio de la acción de tutela contra particulares.
6.2.3. Dentro de tal contexto, la
existencia de un contrato de trabajo vigente haría viable excepcionalmente la
acción de tutela, teniendo en cuenta el parámetro de subsidiariedad que la
orienta desde la Constitución, evento en el cual el afectado se encontraría en
un estado de subordinación. Cosa diferente ocurre, cuando la relación laboral
ha cesado y, como aditamento, plantea una violación agreste de derechos
fundamentales que hace necesaria la intervención inmediata del juez
constitucional, donde sin duda se configura una circunstancia de indefensión.
6.2.4. En relación con la
procedencia de la acción de tutela frente a contratos que en sí mismos o como
consecuencia de ellos conllevan la violación o amenaza de derechos
fundamentales, esta Corte ha considerado que si bien se trata de un contexto
que puede de suyo suponer relaciones de subordinación, la desigualdad inicial
que los caracteriza, como sería el caso de los contratos de trabajo, permite ubicar
este tipo de situaciones dentro del concepto de indefensión.
Si bien las relaciones
contractuales están orientadas por el principio pacta sunt servanda, en
virtud del cual la persona está obligada a cumplir lo pactado, el estado de
indefensión es el resultado de dos elementos, que fueron resaltados en
sentencia T-222 de 2004[118], al indicar:
“Esta
situación de indefensión es el resultado de dos elementos. De una parte, la
seriedad con que ha de tomarse el principio pacta sunt servanda, que obliga a
reconocer el papel fundamental que tiene para el funcionamiento de la sociedad,
en particular para el tráfico de las relaciones jurídicas, supone que la
persona no puede, de manera autónoma y arbitraria, dejar de cumplir con lo
pactado. Así, segundo elemento, dado que el sistema jurídico otorga al acreedor
la posibilidad de demandar el cumplimiento de lo pactado, la persona está
indefensa, en cuanto a la posibilidad de violación o amenaza de un derecho
fundamental, si ha de honrar el contrato. Resulta claro que se presenta una
tensión para esta persona entre su derecho al buen nombre y otros derechos
fundamentales. Si incumple lo pactado para proteger sus derechos fundamentales,
se verá afectado su buen nombre y si protege su buen nombre, se verá en la
situación de que sus derechos fundamentales terminen afectados.”
Por lo tanto, equivocado es
sostener que la posibilidad con la que cuenta la persona de acudir ante los
jueces, elimina la existencia de indefensión, en tanto “para efectos del
control de constitucionalidad la existencia o no de indefensión es un asunto
distinto a la existencia o no de medios de defensa que sean eficaces e idóneos.
Específicamente, la indefensión es una condición necesaria para la
procedibilidad de una acción de tutela contra particulares; la inexistencia de
medios judiciales de defensa, que es un requisito concurrente, depende de
factores distintos al análisis de la indefensión.”
En este contexto, caracterizó la
indefensión como fenómeno jurídico y como fenómeno fáctico. El primero, se
deriva del contrato mismo que parte del parámetro de la buena fe respecto de su
cumplimiento. Sin embargo, precisó la Corte que en el evento de que la
ejecución de un contrato conlleve la vulneración de derechos fundamentales, el
dilema jurídico que surge para la persona es responder al deber jurídico de
cumplir o proteger su propio derecho. Ante esta disyuntiva, es claro que a
pesar de que existan otras vías judiciales de defensa (demanda de revisión del
contrato o demanda por incumplimiento), lo que se impone es que “[n]adie
está autorizado a pactar en contra de la Constitución, como se desprende del
artículo 4 de la Carta. Ello se extiende a las normas de naturaleza privada,
como los contratos. De igual manera, los efectos de cualquier norma, sea
estatal (legislada o judicial) o privada, no puede contravenir la Constitución.
De ahí que no pueda obligarse a una persona a cumplir un contrato violatorio de
la Carta. La indefensión surge del deber de cumplir.”
Por su parte, el estado de
indefensión como fenómeno fáctico tiene origen por circunstancias de la vida en
sociedad, “pues en tal circunstancia la persona se ha colocado libremente en
situación de indefensión y, en principio, no podría alegar su propia culpa o su
propio hecho.”
6.2.5. En ese orden de ideas, el
supuesto de indefensión se configura en esta oportunidad, por cuanto fue el
demandante quien dio por terminado el contrato laboral, luego de encontrar en
su sentir, que habían sido desconocidas garantías mínimas para el momento en el
que fue suscrito, cuando aún contaba con 17 años de edad. Significa lo
anterior, que razones propias de desigualdad negocial hacen manifiesta la
situación de desprotección constitucional en la que se encuentra el demandante
que, valga decir, no se supera con la existencia de otro medio de defensa
judicial ante la Jurisdicción Ordinaria.
Aunque parece sensato el
argumento expresado por los jueces de instancia para negar la tutela de los
derechos fundamentales, en el sentido de que el actor cuenta con la vía
ordinaria para dirimir las diferencias contractuales que han surgido como
consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo, lo que debe precisar la
Sala es que no se trata apenas de una discusión de legalidad-ilegalidad del
contrato, sino que la cuestión avanza hacia el plano constitucional, teniendo
en cuenta que como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de
trabajo, el demandante ha visto cercenada la posibilidad de ejercer su oficio
como futbolista profesional en cualquier otro club deportivo nacional o foráneo,
al punto que la FIFA decidió habilitarlo provisionalmente para que preste sus
servicios en el fútbol rumano.
6.2.6. En consecuencia, la corta
vida deportiva del actor como futbolista y la necesidad de que lo relativo a la
titularidad de los derechos deportivos sea decidido, así como la ineptitud de
los medios ordinarios de defensa judicial, hacen procedente desde el punto de
vista formal acción de tutela incoada.
6.3. La causal de nulidad
invocada por el demandante, debe ser desestimada
6.3.1. Originariamente la acción
de tutela inició trámite en el Juzgado Once Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá, despacho judicial que en proveído del 22 de
abril de 2009 decidió remitirlo a los jueces del circuito por considerar que
uno de los demandados era COLDEPORTES, autoridad pública del orden nacional que
se encuentra adscrita al Ministerio de Cultura. Repartido el asunto al Juzgado Dieciséis
Penal del Circuito de Bogotá, estimó, en proveído del 29 del mismo mes, que
solamente debe tenerse como demandado al Deportes Tolima, “[l]uego las demás
entidades que se mencionan no tendrían porque (sic) conformar la parte
pasiva.” En consecuencia, remitió el expediente por competencia a los
jueces penales municipales de la ciudad de Ibagué.
6.3.2. Así las cosas, sometido a
reparto el asunto le correspondió al Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué,
autoridad judicial que, en auto del 11 de mayo de 2009, corrió traslado de la
petición de amparo constitucional al Deportes Tolima para que ejerciera su
derecho de defensa. El mismo día, el apoderado del demandante presentó
solicitud de nulidad contra el citado proveído, por considerar que la acción de
tutela había sido promovida igualmente contra COLFUTBOL y COLDEPORTES, “entidades
del orden nacional con sede en la ciudad de Bogotá”, circuito que sería
entonces el competente, en tanto “es el lugar donde se debe realizar la
inscripción y registro”. Dicha petición, fue despachada desfavorablemente
por los jueces de instancia.
6.3.3. Luego de revisar las citadas actuaciones
emprendidas por los despachos judiciales, la Corte no advierte vicio de nulidad
alguno en lo que a la competencia se refiere. En efecto, conforme lo ha
considerado diáfanamente esta Corporación, las únicas normas que determinan la
competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Si bien la primera disposición habilita a
todos los jueces para conocer acciones de tutela, la segunda circunscribe la
competencia a los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurriere la violación o amenaza, esto es, precisa el factor territorial como
parámetro determinador de la competencia en materia de tutela. Por su parte, el
Decreto 1382 de 2000 tan sólo se limita a establecer reglas administrativas de
reparto, razón por la cual una equivocación en la aplicación o interpretación
de dichas reglas “no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente
y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia.
El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la
impugnación, según el caso.”[119]
6.3.4. Entonces, fue acertada la
remisión de la acción de tutela a los juzgados municipales de Ibagué, teniendo
en cuenta que es allí donde ha ocurrido la supuesta violación o amenaza de los
derechos fundamentales del demandante, derivada de la terminación unilateral del
contrato de trabajo, por haberse omitido en su sentir, las condiciones legales
mínimas para ser contratado como futbolista menor de edad. Así las cosas,
ninguna razón le asiste al apoderado del peticionario en el trámite de
instancia, para que sea acogida la solicitud de nulidad propuesta.
6.4. Los derechos deportivos o
el “pase” le corresponden a Christian de Jesús Mejía Martínez, en tanto existió
justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo
6.4.1. Como se indicó en las
consideraciones de esta providencia, la intervención del juez constitucional en
asuntos contractuales, depende del momento a partir del cual se efectúe el
control de constitucionalidad. Dicho en otros términos: si la afectación de
derechos fundamentales surge directamente de alguna de las cláusulas
contractuales, la posibilidad de intromisión es intensa, mientras que “si se
trata de consecuencias inconstitucionales derivadas del ordinario cumplimiento
del contrato, la intensidad disminuye y la carga probatoria y argumentativa
exigible al demandante aumenta.”[120]
6.4.2. En el asunto objeto de
revisión, la circunstancia de que el actor para el momento de suscribir la
relación laboral no hubiera alcanzado la mayoría de edad, hace manifiesta la
posición de desigualdad en la que se encontraba, lo cual justifica que este
Tribunal efectúe el estudio de constitucionalidad desde las actuaciones
administrativas que tuvieron lugar ante el Ministerio de la Protección Social,
Dirección Territorial del Tolima, que dieron lugar a la expedición de la
autorización del trabajo, pues desde allí se suscitaron inconsistencias en la
protección efectiva de sus derechos fundamentales.
6.4.3. Es innegable que la
discusión pende en buena medida del contrato de trabajo suscrito entre el
demandante y el club Deportes Tolima, razón por la cual es necesario
circunscribir la discusión estrictamente constitucional para no caer en esferas
que no son propias del juez de tutela. En ese contexto, no puede perderse de
vista que la protección solicitada está encaminada a que se ordene la entrega
de los derechos deportivos al demandante como jugador de fútbol profesional,
posibilidad que además de ser legítima en los términos de la sentencia C-320 de
1997[121], requiere constatar la
inexistencia de vínculo laboral vigente y que su obrar haya sido de buena fe,
sin abuso de sus derechos y que tampoco invoque su culpa en beneficio propio,
con estricta sujeción a las causales de terminación del contrato señaladas en
la ley.
6.4.4. Así las cosas, el interés
superior del menor (Art. 44 de la Constitución) impone a quienes estén
interesados en contratar sus servicios en distintas modalidades de empleo, incluido
el fútbol profesional, que la autoridad administrativa previamente determine la
viabilidad de la realización de la labor para la cual pretende ser contratado,
indicando de manera precisa las condiciones en las que debe formalizarse el vínculo
laboral, esto es, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a
realizar, la jornada laboral y el salario (Ley 1098 de 2006, Art. 113-2), sin
perjuicio de la obligación de escolaridad que recae sobre el empleador en los
términos señalados en la misma normativa. En consecuencia, el desconocimiento
de esta exigencia -autorización de trabajo-, podría propiciar la explotación
laboral o económica que está proscrita constitucionalmente para los menores de
edad, lo cual conllevaría el desconocimiento del desarrollo armónico e integral
y el ejercicio pleno de sus derechos, como imperativo constitucional.
6.4.5. Dentro de este contexto,
las pruebas que reposan en el expediente son dicientes en mostrar que el
Deportes Tolima desconoció la protección que el marco constitucional prodiga a
los menores de edad, en tanto el contrato de trabajo que tenía por objeto la
prestación exclusiva de los servicios como jugador profesional de fútbol,
inició el 1° de mayo de 2008 (folio 18 del cuaderno inicial), cuando aún
no había sido expedida la autorización de trabajo por parte del Ministerio de la
Protección Social, Dirección Territorial del Tolima, la cual solamente fue
dictada hasta el 9 del mismo mes y año (folio 26 ibídem)[122].
En consecuencia, se trata de una circunstancia que permite concluir, sin mayor
dificultad, que la función preventiva encomendada al citado organismo no había
sido materializada, teniendo en cuenta que para ese momento apenas se
encontraba en trámite la solicitud efectuada por los padres del actor y el presidente
del club deportivo demandado.
Nótese que si bien para ese
momento el demandante contaba con capacidad de goce, es decir, podía ser sujeto
de derechos y obligaciones (Código de la Infancia y la Adolescencia, Art. 35 y
Código Civil, Art. 1502), su capacidad de ejercicio para acceder al mundo
laboral[123], estaba sujeta a la
autorización administrativa expedida, en este caso, por el Ministerio de la
Protección Social, Dirección Territorial del Tolima (Código de la Infancia y la
adolescencia, Art. 113), con antelación a la suscripción del respectivo
contrato de trabajo, como quedó indicado en detalle en la consideración N° 4.15
supra.
De esta manera, se trata de una
capacidad de ejercicio condicionada, en la medida en que previamente el
funcionario administrativo, como garante de los derechos fundamentales de los
menores de edad, debe expedir el correspondiente permiso de trabajo que de
cuenta de la aptitud para que pueda realizar la labor y los términos que deben
gobernar la relación negocial, requisito que de ser prescindido, da lugar a
juicio de la Corte, a que se configure una nulidad absoluta que no puede ser
subsanada, razón por la cual resulta legítima la terminación del contrato de
trabajo efectuada por el demandante en tanto existió un incumplimiento
sistemático de las obligaciones que le imponía el Código de la Infancia y de la
Adolescencia para contratar al accionante que, para ese entonces, era menor de
edad (Código Sustantivo del Trabajo, Art. 62, Nral. 6°). A lo anterior, se
agrega la manifiesta incongruencia entre el contrato suscrito y la autorización
expedida por el Ministerio de la Protección Social, en aspectos como (i)
jornada laboral y (ii) pago de horas extras, días dominicales y festivos que, en
modo alguno, pueden ser enmendados posteriormente.
Lo dicho en precedencia, no debe
ser entendido como una autorización en blanco para que los jugadores de fútbol
en cualquier momento terminen sus contratos de trabajo vigentes por mero
capricho o, porque sencillamente recibieron una mejor oferta de otro club
deportivo, teniendo en cuenta que ello afectaría la sostenibilidad económica de
los equipos de fútbol y vaciaría de contenido el principio de autonomía de la
voluntad. Ese fue el entendimiento que la Corte le dio a este supuesto en la
sentencia C-320 de 1997[124], al indicar que la
circunstancia de que los clubes deportivos no puedan contar con la titularidad
de los derechos deportivos cuando no exista contrato de trabajo vigente con el
respectivo jugador de fútbol, “no puede ser entendido como una patente
de corso para que los deportistas incumplan sus obligaciones contractuales o
disciplinarias, o entren en colusión con otros clubes a fin de que se pueda
evadir el pago de una compensación, siendo que ésta era legítima.” (Subrayas
y negrillas por fuera del texto original).
6.4.6. Valga recordar que el
contrato de trabajo fue terminado unilateralmente por el accionante el 6 de
marzo de 2009, alegando justa causa derivada del incumplimiento de las
obligaciones “que como Empleador legalmente está obligado a observar (…),
vulneración que atenta en contra de mis derechos como Trabajador-menor de
edad.”[125] Del mismo modo,
esgrimió como razones adicionales las siguientes:
“1. Mi vinculación con la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES TOLIMA se formalizó mediante un ‘CONTRATO
DE TRABAJO CON MENORES DE EDAD’ suscrito el 30 de abril de 2008.
2. Al
momento de suscribir el contrato de trabajo no tenía capacidad para celebrar el
contrato individual de trabajo que suscribí con la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES
TOLIMA por lo tanto este contrato es ilegal pues, de acuerdo con la
legislación colombiana vigente, como menor de edad el contrato de trabajo debió
haber sido suscrito por mis representantes legales que son mis padres.
3. Tratando
de darle una apariencia de legalidad al Contrato de trabajo que suscribí sin
capacidad legal para ello, fue tramitada por la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES
TOLIMA la correspondiente autorización de trabajo para adolescentes ante la
Dirección Territorial del Tolima de fecha 01 de abril de 2008.
4. Para
cumplir con el requisito de la autorización de trabajo que en ningún caso
subsana mi falta de capacidad para contratar, el formulario fue enviado a
Barranquilla, domicilio de mis padres para que lo firmaran, simplemente para
supuestamente cumplir con los requisitos para poder trabajar.
5. En esa
autorización se incumple con los requisitos establecidos en el art. 113 del [Código
de la Infancia y de la Adolescencia]:
b)
El funcionario que concedió el permiso jamás realizó una visita
para determinar y establecer las condiciones donde iba a realizar el trabajo,
ni la seguridad para mi salud como menor trabajador.
c)
No fue aportado mi Certificado de Escolaridad y a pesar de que se
diligenció que como adolescente había terminado mis estudios básicos no fue
constatado por el inspector de trabajo esta situación ni tampoco se aportó el
certificado de Escolaridad.
d)
Tampoco fue aportado por parte del empleador el certificado del
Estado (sic) de salud como adolescente trabajador.
Estos
requisitos se deben reunir para que la autorización de trabajo dada por mis
padres sea válida y por ello ratifico que esa autorización de trabajo incumple
con lo previsto en el Art. 118 de Código Sustantivo del Trabajo (sic).
6. Como si
esto fuera poco, abusando de mi falta de capacidad para suscribir el contrato
de trabajo, el cual no fue suscrito por mis padres dada mi condición de menor de
edad, también se me puso a firmar otros dos contratos de trabajo a término fijo
por seis años más, buscando de mala fe y abusando de mi falta de capacidad y
desconocimiento a intentar ilegalmente mantenerme vinculado con este la CORPORACIÓN
CLUB DEPORTES TOLIMA hasta el 31 de diciembre de 2016.
De
conformidad con los incumplimientos y vicios del contrato de trabajo que
suscribí con la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES TOLIMA y dado que dicho
documento carece de validez y por lo tanto es nulo y con fundamento en lo
establecido en la Sentencia C-320 de 1997 de la Honorable Corte Constitucional,
solicito que me sea entregado el Certificado de Transferencia con efectos
nacionales o internacionales, donde conste que soy titular de mis Derechos
Deportivos.”[126]
Por su parte, el Deportes Tolima,
en misiva del 11 del mismo mes y año, se opuso al señalar que “[s]u decisión
de dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo (…), carece de
fundamento jurídico y legal, porque no ha [sido] violado ni desconocido (sic)
ninguna de sus obligaciones legales y contractuales, por el contrario
consideramos que su contrato se suscribió cumpliendo estrictamente los
requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley 1098 de 2006, que es la
norma que regula la autorización para celebrar contratos de trabajo con
menores. // Si usted persiste en su decisión de dar por terminado el contrato
de trabajo que lo vincula (…) es indudable que (…) incumple el compromiso
contractual, porque el plazo pactado en dicho contrato no se ha vencido y se
encuentra dentro del período de protección”[127].
De igual forma, en el escrito de
contestación de la acción de tutela, expresó:
“(…) Así
las cosas, veamos la aplicación de la jurisprudencia en el caso objeto de
estudio, precisando que la misma parte incluso del supuesto de no existir ya
una relación laboral -premisa que en el presente caso no se presenta porque el
vínculo existe- luego con mucha mayor razón debe sostenerse que los derechos
deportivos del jugador corresponden al Club y no al trabajador-
- Que
haya actuado el jugador de conformidad con el principio constitucional de buena
fe;
Carece de
buena fe la actuación del accionante y no es admisible que habiendo un contrato
de trabajo vigente, celebrado en virtud de la solicitud elevada por los padres
del señor Mejía y debidamente autorizada por el Ministerio de la Protección
Social, ahora, es decir, un año después de la suscripción del citado contrato
el tutelante solicite la nulidad del mismo en virtud de manifestaciones, que
como se analizó anteriormente, carecen no sólo de soporte fáctico, sino
jurídico; cuando su manifestación de inequívoca de voluntad -se reitera- fue
debidamente avalada por el Ministerio de la Protección Social.
- Que el
jugador no haya abusado de sus propios derechos;
Por las
mismas razones invocadas en el párrafo anterior, es evidente el abuso de los
derechos por parte del accionante, quien desconociendo la autorización
conferida por el Ministerio de la Protección Social para la suscripción de su
contrato de trabajo, hoy alega la nulidad del mismo por vía de acción de
tutela, al punto que pretende conducir a error al Despacho al manifestarle que
el contrato de trabajo ha terminado con justa causa imputable a mi
representado, con ocasión del desconocimiento que el mismo tutelante hoy
pretende darle a su manifestación inequívoca de voluntad.
- Y de
manera especial que el contrato no se haya terminado por causas imputables al
incumplimiento de las obligaciones del trabajador, es decir, a su propia culpa.
Sea el
momento de precisar nuevamente, que el contrato de trabajo del señor CRISTHIAN
MEJÍA MARTÍNEZ continúa vigente a la fecha, y es tan cierto lo anterior, que mi
representada se encuentra al día en el pago de sus obligaciones contractuales,
incluyendo los salarios y aportes al sistema integral de seguridad social
integral.
Por el
contrario, es notorio que el incumplimiento que actualmente existe en la
relación laboral lo viene realizando directamente el propio trabajador, el cual
sin justificación alguna desde hace más de un (1) mes no se ha hecho presente a
los entrenamientos y los partidos programados por la entidad que represento,
razón por la cual, si en gracia de discusión pudiera llegarse a predicar la
terminación del vínculo laboral, es claro que la misma solo se podría entender
generada por culpa del accionante.”
6.4.7. Entonces, ante la
inexistencia de un vínculo contractual entre el demandante y el club Deportes
Tolima y, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos al trabajo,
al mínimo vital y a la libertad de escoger profesión u oficio, lo que se impone
siguiendo la razón de la decisión de la sentencia C-320 de 1997[128],
es declarar la titularidad de los derechos deportivos en cabeza de Christian de
Jesús Mejía Martínez, a partir de la terminación del contrato de trabajo, esto
es, el 6 de marzo de 2009, teniendo en cuenta que su actuación se
encuentra ceñida al principio constitucional de buena fe, no se evidencia abuso
del derecho, ni tampoco hizo uso de su culpa en beneficio propio. Lo anterior,
sin perjuicio de las condenas que puedan resultar ante la justicia ordinaria, derivadas
de los incumplimientos contractuales que las partes se han achacado a lo largo
del trámite tutelar, en tanto se trata de asuntos que escapan del ámbito de
competencia del juez constitucional.
Así las cosas, la Corte ordenará
a COLDEPORTES que efectúe el correspondiente registro en los términos del
artículo 33 de la Ley 181 de 1995.
6.4.8. Finalmente, la Sala no
puede pasar por alto que si bien el Ministerio de la Protección Social,
Dirección Territorial del Tolima, en principio no conocía del vínculo laboral
existente entre el demandante y el Deportes Tolima sin la existencia de la
autorización laboral, por obvias razones, no cabe duda que la función de
control que le otorga el numeral 3° del artículo 113 del Código de la Infancia
y de la Adolescencia, no fue cabalmente cumplida. Lo anterior, teniendo en
cuenta que era su deber una vez expedido el respectivo permiso, efectuar una
visita administrativa para determinar las condiciones de trabajo y la seguridad
para la salud del trabajador que, de haber sido realizada oportunamente (Ley
1098 de 2006, Art. 113-), le hubiera permitido encontrar las anomalías
existentes en la contratación (inexistencia de autorización al momento de
efectuarse el vínculo laboral e incongruencia entre lo señalado en la
autorización y el contrato de trabajo), lo cual lo habría habilitado para
ordenar la cesación de la relación y, de ser el caso, sancionar al empleador
con multas conforme lo prescribe el artículo 31 del Código Sustantivo del Trabajo[129].
Así mismo, omitió requerir a la
organización deportiva para que, en virtud de lo establecido en el numeral 7°
de la misma disposición, indicara de manera precisa la fecha de inicio y de
terminación de la relación laboral. Al respecto, este Tribunal ofició a la
citada autoridad con el fin de que informara qué tipo de control ha venido
realizando para corroborar que la autorización otorgada ha sido cabalmente
cumplida, así como también, que precisara el tipo de acciones de naturaleza
administrativa o de otro tipo que ha emprendido para tal efecto. La respuesta
fue completamente desalentadora: “Con posterioridad a la autorización
otorgada, el funcionario que concedió el permiso efectúa una visita
para constatar las condiciones de trabajo y la afiliación a la seguridad
social de el menor (sic) trabajador, visita que
en el caso referido fue llevada a cabo el día 25 de septiembre de 2.008.”
Al respecto, cabe precisar que
del acta de la visita (folio 197 del cuaderno de revisión) se puede colegir,
sin mayor dificultad, que el control realizado fue presuroso, pues de haberse
efectuado una revisión minuciosa de la respectiva documentación, sin duda
alguna, el funcionario administrativo hubiera constatado que el contrato de
trabajo, además de que fue suscrito sin la existencia del permiso administrativo,
tampoco acogió las condiciones allí establecidas. Seguramente, de haber sido
ejercida cabalmente la citada función que se desprende del marco de protección
constitucional reforzada para los menores de edad, la posibilidad de afectación
de derechos fundamentales se habría minimizado. No sobra recordar, que la
existencia de controles en un Estado de Derecho, impone a las autoridades un
deber de diligencia importante con el fin de contribuir a garantizar la
efectividad de los derechos contenidos en la Constitución (Art. 2°), más aún
cuando de por medio se encuentran menores de edad, fin último del Estado que
ciertamente fue desconocido por el Ministerio de la Protección Social,
Dirección Territorial del Tolima.
No se trata en consecuencia solo
del cumplimiento formal de un requisito para que el menor sea autorizado para
trabajar, sino que de ello depende la efectividad y realización de los derechos
contenidos en el Texto Superior y en los tratados internacionales sobre
derechos humanos que hacen parte de la legislación interna, resultando
igualmente preocupante en el asunto objeto de revisión la elusión del control
posterior por parte de la misma autoridad administrativa, que tiene una función
correctora y por esa vía subvertir cualquier forma de explotación laboral o
económica infantil. Así las cosas, la función de la autoridad que da su aval
para que un menor pueda acceder al mundo laboral, no es de poca monta, pues
requiere un importante deber de cautela, por tratarse de sujetos altamente
vulnerables y que fácilmente pueden encontrarse en circunstancias de debilidad
manifiesta.
Por las razones expresadas, la Corte
estima necesario compulsar copias del expediente de tutela a la Procuraduría
Regional del Tolima, para que, en el ámbito de sus competencias constitucionales
y legales, investigue disciplinariamente al funcionario que expidió la
autorización de trabajo al menor Christian de Jesús Mejía Martínez y, de ser el
caso, imponga las sanciones a que haya lugar.
6.5. La Comisión del Estatuto
del Jugador de la DIMAYOR, vulneró el derecho fundamental al debido proceso por
la dilación injustificada en el trámite adelantado contra Christian de Jesús
Mejía Martínez
6.5.1. Con ocasión del escrito de
contestación de la acción de tutela, el club deportivo demandado puso de
presente al juez constitucional que pocos días antes había iniciado trámite
administrativo ante la Comisión de Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, con el
fin de que se dilucidara lo relativo a la titularidad de los derechos
deportivos, disputa originada por la terminación del contrato de trabajo tantas
veces mencionada, lo cual para la Corte es legítimo, en tanto se trata de una
manifestación de autonomía con la que cuentan las clubes deportivos desde el
marco constitucional.
6.5.2. El citado organismo,
atendiendo la vinculación oficiosa efectuada por este Tribunal, puso de
manifiesto que no había razones para intervenir en el trámite tutelar, teniendo
en cuenta que el demandante no hizo acusación alguna en su contra, ni fue
citado por los jueces de instancia. Al respecto, cabe precisar que si bien es
el demandante el que sugiere la conformación de la parte pasiva o la
identificación de los infractores, ello no inhibe al juez de tutela para
conformar en debida forma el contradictorio, por cuanto a él le asiste una
obligación subsidiaria de integrar de oficio la causa pasiva, “cuando
encuentre que el actor ha citado a quien en realidad no es responsable de la
conducta imputada o, en su defecto, cuando observe que no ha referenciado a la
totalidad de los sujetos que están involucrados en la amenaza o violación
alegada.”[130]
De igual forma, la citada
Comisión precisó que la medida provisional adoptada el 24 de marzo de 2009 aún
se encuentra vigente, aunque no ha producido ningún efecto, teniendo en cuenta
que no ha sido solicitada ninguna inscripción ante la DIMAYOR por parte de
alguno de los clubes afiliados y, de otra parte, porque el actor se encuentra
vinculado provisionalmente en el fútbol rumano.
6.5.3. Es innegable para la Sala,
que el trámite administrativo que ha venido efectuando la Comisión del Estatuto
del Jugador plantea reparos constitucionales, pues más allá de las pretensiones
de un club deportivo, un deber que se impone no sólo para las autoridades
públicas sino también para los particulares, en virtud del efecto de
irradiación constitucional, es propender por la efectividad de los derechos
fundamentales.
Más aún, ese deber de cautela iusfundamental
se hace necesario frente a determinados sujetos y circunstancias, lo cual amerita
mayor cuidado al momento de actuar. Tal es el caso de los jugadores de fútbol,
que como consecuencia de disputas de naturaleza económica, pueden ver frustrada
su carrera deportiva y profesional, la cual es corta si se quiere comparar con
cualquiera otra, pudiendo suponer una violación flagrante de los derechos
fundamentales al trabajo, a la libertad de escoger profesión y oficio y a la
dignidad humana.
6.5.4. De conformidad con lo
establecido en el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol
(Resolución N° 1949 de 2008 modificada por la Resolución N° 2289 de 2009), “los
litigios entre clubes o entre jugadores y clubes profesionales, serán resueltos
en primera instancia por la Comisión del Jugador de la DIMAYOR según su
competencia”, ente que “tomará las medidas provisionales temporales que
sean necesarias para preservar el derecho al trabajo, mientras se resuelve el
conflicto en forma definitiva.” (Art. 75 numeral 3°).
En ese orden de ideas, si bien el
citado marco normativo no indica de manera expresa las medidas provisionales
que puede adoptar la Comisión del Estatuto del Jugador en un momento
determinado, lo cual se justifica teniendo en cuenta que son las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de cada situación, las que establecen los linderos para
que sean dictadas aquellas que sean necesarias dentro de los márgenes de la
razonabilidad y la proporcionalidad, nótese que en todo caso, el parámetro
orientador y rector será la protección del derecho al trabajo del jugador, como
principio estructurante de nuestro Estado Social de Derecho que, a su vez
implica, la salvaguardia de la dignidad humana.
6.5.5. Así las cosas, este
Tribunal encuentra que la decisión adoptada por el citado organismo en virtud
de la cual la oficina de transferencias de la DIMAYOR debe abstenerse de
tramitar cualquier solicitud de inscripción del demandante como jugador de
fútbol a cualquier club deportivo, hasta tanto no sea concedida la respectiva
autorización (numeral 2°), así como también, que COLFUTBOL informe al club que
lo pretenda sobre el trámite que se está adelantando (numeral 3°)[131],
no debe ser entendida como una sanción, sino simplemente como una medida de
naturaleza preventiva que “trata de informar de la disputa contractual que
versa actualmente en relación con el contrato de trabajo suscrito entre el
jugador y la CORPORACIÓN CLUB DEPORTES TOLIMA, pues de ahí se pueden derivar
sanciones de tipo económico y deportivo para las partes que puedan llegar a
tener efectos para el club futuro contratante.”[132]
Sin embargo, la Corte debe precisar
que la posibilidad de que sea expedida la respectiva autorización para que un futbolista
preste sus servicios en otro plantel deportivo, como consecuencia de la materialización
de la medida provisional, debe ser real y efectiva, de tal manera que no
vea frustrada la posibilidad de darle continuidad a su vida deportiva, por
encontrarse en trámite algún tipo de disputa administrativa o judicial. Ese
debe ser entonces, el entendimiento que debe dársele a las medidas provisionales
que puede decretar en un momento determinado la Comisión del Estatuto del
Jugador, de tal manera que no conduzcan a la cosificación de la persona humana,
direccionamiento que está en armonía con los mandatos constitucionales y la sentencia
C-320 de 1997[133].
6.5.6. De otra parte, la Sala encuentra
que el debido proceso se encuentra comprometido, en la medida en que han sido
rebasados los límites temporales previstos reglamentariamente para decidir la
solicitud elevada por el club Deportes Tolima, sin que medie algún tipo de
justificación, los cuales según el Estatuto del Jugador no deben exceder de dos
(2) meses[134]. En efecto, la
solicitud fue presentada el 24 de marzo de 2009, sin que haya sido decidida
definitivamente, suscitándose en consecuencia una dilación injustificada en el
trámite administrativo que, sin duda, requiere la intervención del juez
constitucional.
De esta manera, la circunstancia
de que en precedencia hubiera sido decidido definitivamente lo relativo a la
titularidad de los derechos deportivos, no hace útil por sustracción de
materia, la adopción de algún tipo de orden con el fin de restablecer la garantía
individual conculcada, razón suficiente para que esta Corporación deje sin
efectos los numerales 2° y 3° de la decisión adoptada por la Comisión del
Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, el 24 de marzo de 2009 (Rad. CEJ-004/2009),
que contienen la aludida medida provisional. Así mismo, se hace necesario prevenir
a la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, para que en lo sucesivo, decida
las solicitudes relativas a diferencias laborales o deportivas, dentro de los
términos procesales establecidos reglamentariamente.
6.6. La función de inspección,
vigilancia y control de COLDEPORTES fue insuficiente para garantizar la
efectividad de los derechos del accionante
6.6.1. Con la pretensión de
establecer responsabilidades en la situación puesta de presente por Christian
de Jesús Mejía Martínez, esta Corporación dispuso vincular oficiosamente al
trámite de tutela a COLDEPORTES, con el fin de constatar las acciones emprendidas
en ejercicio de la función de control atribuida en la Ley 181 de 1995[135]
y el Decreto-Ley 1228 de 1995[136].
6.6.2. Las pruebas allegadas en
sede de revisión son dicientes en indicar que si bien la citada autoridad
intentó hacer un seguimiento al trámite administrativo adelantado por el
Deportes Tolima contra el actor ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la
DIMAYOR (folios 254 y 256 del cuaderno de revisión), con el fin de que no fuera
“habilitado provisional o definitivamente para firmar un nuevo contrato y
actuar con otro club profesional hasta tanto los organismos deportivos decidan
de fondo”[137], no pasó de ser una
cuestión meramente informativa, dejando de lado importantes herramientas que le
proporciona el ordenamiento jurídico[138] que, de haber sido
utilizadas, seguramente hubieran contribuido en la protección efectiva de sus
derechos.
6.6.3. El modelo de frenos y
contrapesos propio de los Estados de Derecho, como el nuestro, requiere la
existencia de importantes controles no solamente desde los ordenamientos
jurídicos, sino también que las autoridades que han sido investidas para su
realización dispongan de los dispositivos necesarios para su materialización.
Solamente de esta manera la función de control puede alcanzar su finalidad: la
efectividad de los derechos fundamentales.
6.6.4. Así las cosas, la función
de control de la que es titular COLDEPORTES, tiene como punto de iniciación el
registro de los derechos deportivos del jugador, en los términos de la Ley 181
de 1995 (Art. 33), que en su tenor literal establece:
“Los clubes
deberán registrar ante el Instituto Colombiano del Deporte la totalidad de los
derechos deportivos de los jugadores o deportistas inscritos en sus registros,
así como las transferencias que de los mismos se hagan, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la realización de éstas. Coldeportes establecerá la
forma como los clubes deberán cumplir este requisito.”
Podría pensarse que la citada
disposición no es precisa en indicar el momento a partir del cual deben
contarse los 30 días para efectuar el registro, cuando se trata de derechos
deportivos. Sin embargo, la vaguedad que plantea la expresión “inscritos en
sus registros”, no debe ser entendida como una dificultad semántica que
puede justificar registros tardíos, por no estar establecido ningún límite
temporal preciso. En consecuencia, deberá entenderse que cuando se trata de
derechos deportivos, en el supuesto establecido por el legislador, el acto de
formalización del registro ante COLDEPORTES, tendrá lugar dentro de los 30 días
siguientes a la suscripción del contrato laboral entre el jugador y el club
profesional.
Así lo ha considerado
acertadamente la citada autoridad en la Circular Externa N° 001 del 11 de marzo
de 2009, al establecer dentro de las obligaciones de los clubes deportivos, “[r]eportar
en Coldeportes los derechos deportivos de los jugadores y las transferencias de
sus deportistas dentro de los treinta (30) días siguientes a su realización,
acorde con las exigencias, formalidades y en la oportunidad que el Instituto
establezca.”
En el asunto objeto de revisión,
las pruebas que reposan en el expediente muestran que el registro de los
derechos deportivos del accionante ante Coldeportes, tuvieron lugar hasta el 17
de octubre de 2008 por parte de COLFUTBOL (folio 261 del cuaderno de revisión),
tardanza que indudablemente intrincó la función de control que le correspondía realizar
al citado organismo, si se tiene en cuenta que el contrato de trabajo fue
suscrito desde el 1° de mayo de 2008. Es decir, transcurrieron cerca de 5 meses
y medio para efectuar el aludido trámite de inscripción, lo cual claramente
supera el límite temporal previsto en la Ley 181.
6.6.5. Empero, surge una
pregunta: ¿Por qué fue tan incipiente el control realizado por este organismo
una vez realizada la inscripción, a pesar de que se trataba de los derechos
deportivos de un menor de edad? A juicio de la citada entidad, “[r]especto a
(sic) los derechos deportivos la ley no exige una diferenciación entre
jugadores profesionales que sean mayores de edad o menores de edad, por lo
tanto el registro para ambos casos es el mismo”[139],
a lo que agregó que el acto que hace las veces de registro de los derechos
deportivos, es el oficio N° 110-7647 del 12 de diciembre de 2009, “por medio
del cual se acusa recibo de los contratos allegados por la Federación
Colombiana de Fútbol (…) mediante el oficio radicado en este Instituto mediante
el N° 008182 del 30 de octubre de 2008, dentro de los que se encuentra tanto el
contrato del deportista Cristian (sic) de Jesús Mejía Martínez como el
listado de los jugadores de la Primera A, inscritos ante la DIMAYOR del Club
Deportes Tolima, registrados ante Coldeportes.”[140]
6.6.6. Varias reflexiones es
necesario hacer al respecto. La primera, que si en gracia de discusión la ley
no establece unos lineamientos especiales cuando se trata del registro de
derechos deportivos de los menores de edad, ello no es una razón
constitucionalmente suficiente para que sea omitida la función de control por
parte de COLDEPORTES, teniendo en cuenta que una interpretación sistemática de
los artículos 13[141], 44[142],
52[143] y 333[144]
de la Carta Fundamental, permite concluir sin mayor dificultad que en cualquier
relación en la que esté involucrado un menor de edad debe existir un control
reforzado.
De otra parte, la Sala echa de
menos la existencia de una directiva que establezca unos procedimientos más
estrictos para efectuar la función de inspección, vigilancia y control respecto
de los clubes deportivos, cuando se encuentran involucrados menores de edad. Por
ende, la Corte exhortará a COLDEPORTES para que reglamente la materia dentro
del marco de la Constitución y la Ley, labor que deberá ser consensuada con la
Procuraduría Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia.
6.6.7. Ahora bien, tal como lo
denunció este Tribunal en sentencia T-123 de 1998[145],
la forma en la que está dispuesto el sistema de registro de los derechos
deportivos por parte de COLDEPORTES, no permite efectuar una verdadera función
de inspección, vigilancia y control que contribuya a la defensa de los derechos
fundamentales de los deportistas, procedimiento que para el caso del accionante
igualmente suscitó importantes fragilidades. En aquél entonces, la Corte dijo:
“No se trata
de un mero acto formal de registro, ni de una simple base documental sin
proyección alguna, sino que el registro es dinámico en cuanto es el instrumento
adecuado para facilitar las funciones de inspección, vigilancia y control que
Coldeportes debe ejercitar en beneficio del deporte y de quien lo practica.
Cuando esa inspección, vigilancia y control, contribuye a la defensa de un
derecho fundamental, como es el caso de la libertad de trabajo del deportista
profesional, para éste, el deportista, es un derecho a algo que el Estado no
puede esquivar.
Actualmente,
Coldeportes limita su función a archivar las copias de los contratos de trabajo
de los jugadores profesionales que los clubes envían y a recibir de parte de la
Federación Colombiana de Fútbol el informe de los jugadores inscritos para la
respectiva temporada.   Esta es una actitud típicamente formalista que no se
compagina con el artículo 209 de la Constitución Política.
(…)
Dentro de
los fines del Estado, consagrados en el artículo 2° de la C. P. se encuentra el
de garantizar la efectividad de los derechos (uno de ellos es la libertad de
trabajo) en la búsqueda de un orden justo. Ese fin del Estado, según el mismo
artículo 2º de la C.P., obliga a las autoridades de la República porque ellas
están instituidas para proteger los derechos de los particulares. Luego,
COLDEPORTES debe ser eficaz en la vigilancia, control e inspección de todo lo
que tenga que ver con la relación laboral del jugador profesional. La labor no
puede, entonces, reducirse a ocasional guardador de información escrita e
incompleta, sino que COLDEPORTES debe preocuparse porque principios jurídicos
constitucionales tengan cabal cumplimiento. Por ejemplo, un  deber, para
garantizar la eficacia del principio de libertad de trabajo, es, se repite, el
de ejercitar vigilancia sobre los derechos deportivos de los jugadores, y, si
el artículo 33 ya citado, le ordena a COLDEPORTES que registre ‘la totalidad’
de los derechos deportivos y las transferencias, esta obligación apunta no
tanto a un planteamiento simplemente informativo, cuanto a la defensa de la
libertad de trabajo, ya que ese registro facilita un control adecuado sobre los
derechos de los deportistas profesionales.”
Sobre el particular, resulta
inexplicable que para ese momento tan sólo un oficio por medio del cual acusa
recibo a la Federación Colombiana de Fútbol, hiciera las veces de registro de
los derechos deportivos (folio 245 ibídem), procedimiento que al parecer se
encuentra optimizado a partir de la Circular Externa N° 001 de 2009 en la que a
través del “SISTEMA IVC CLUBES DEPORTIVOS”[146],
la información relativa al registro de los derechos deportivos debe ser
reportada por los clubes profesionales o aficionados a través de la página web
de COLDEPORTES, entidad que debe continuar desplegando todos los esfuerzos
físicos y humanos que sean necesarios, para que la función de control que
ejercen sobre los clubes deportivos no sea mera retórica, especialmente cuando
se encuentran involucrados menores de edad.
6.6.8. Un aspecto adicional que la
Corte no puede soslayar, es el relativo a la función de inspección, vigilancia
y control que recae sobre la DIMAYOR[147] y COLFUTBOL[148],
como organizaciones que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte[149],
respecto de las cuales COLDEPORTES tiene explícitamente dicha atribución en
ámbitos estrictamente deportivos “sin perjuicio de lo que sobre este tema
compete a otras entidades” (Ley 181 de 1995, Art. 61, ordinal 8°), con la
posibilidad de imponer las sanciones a que haya lugar (Art. 38)[150]
Dicha competencia, es reafirmada
en el artículo 34 del Decreto-Ley 1228 de 1995, en virtud de la cual cuando COLDEPORTES
tenga conocimiento de actuaciones que transgredan gravemente normas legales o
estatutarias de los organismos deportivos, podrá solicitar que se adelante la
respectiva investigación ante la autoridad competente, avocarla directamente o
pedir la revocatoria de los actos, según sea el caso (Art. 35).
Según la misma normativa, sin que
se entiendan excluidos aquellos que expresamente refiere la Ley 181 de 1995
(Art. 50), cuando alude al Sistema Nacional del Deporte, los sujetos objeto de
inspección, vigilancia y control son (i) los organismos deportivos donde se
incluyen las asociaciones y federaciones, clubes deportivos profesionales que
conforman el Sistema Nacional del Deporte en el nivel nacional y departamental,
así como sobre los entes deportivos departamentales, del Distrito Capital,
distritales y municipales, para verificar que se ajusten en su formación y
funcionamiento y en el cumplimiento de su objeto a las previsiones legales y
estatutarias, y en especial a las disposiciones que reglamenten el desarrollo
del Sistema Nacional del Deporte, y el Plan Nacional del Deporte, la Recreación
y la Educación Física; (ii) las instituciones de educación públicas y privadas,
y sólo en relación con el cumplimiento de las obligaciones que la Ley 181 de
1995 les impone y (iii) las cajas de compensación familiar y demás organismos
integrantes del Sistema Nacional del deporte, pertenecientes a otros sectores
económicos y sociales, y sólo en los aspectos que se relacionen directamente
con el desarrollo de las actividades a su cargo, relativas al fomento,
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el tiempo libre, respetando
sus objetivos, régimen legal, sistema financiero y autonomía administrativa
(Art. 36). Del mismo modo, los medios a través de los cuales ejerce dicha
función, como ya se ha visto, son (Decreto-Ley 1228 de 1995, Art. 39):
“1.
Requerimiento de informes, cuando de oficio o por medio de denuncias se
evidencien irregularidades en el desarrollo de sus actividades.
2. Solicitud
de información jurídica, financiera, administrativa y contable relacionada con
el objeto social y su desarrollo, y demás documentos que se requieran para el
correcto ejercicio de las funciones de inspección.
3.
Realización de visitas de inspección con el fin de comprobar el cumplimiento de
las disposiciones legales y estatutarias, cuyo control le compete, y ordenar
que se tomen las medidas a que haya lugar para subsanar las irregularidades que
se hayan observado durante su práctica e imponer las medidas correspondientes,
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto y demás disposiciones legales.
4. Solicitar
a la federación deportiva correspondiente, o al Comité Olímpico Colombiano,
según el caso, la suspensión de eventos deportivos con participación de
selecciones nacionales, u otro tipo de certámenes de la misma naturaleza,
cuando a juicio del Director de Coldeportes, no se den las condiciones mínimas
para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores, o no permitan
garantizar que los resultados de las competencias no se afectarán en forma
extradeportiva.
5. Solicitar
a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel,
la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos,
administradores y de control, cuando medie investigación disciplinaria o penal,
y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal.
6. Solicitar
a los tribunales competentes deportivos, la suspensión o el retiro del cargo,
de los miembros de los organismos deportivos, cuando se establezca la violación
grave de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que los rigen.
7.
Administrar los recursos nacionales con destino a los entes deportivos
departamentales, del Distrito Capital, municipales y distritales, si las
entidades territoriales no conforman en los plazos previstos en la Ley 181 de
1995, los entes en mención.
8.
Establecer distintos mecanismos de coadministración en la administración de los
recursos nacionales que de conformidad con la Ley 181 de 1995, se le deben
transferir a los entes deportivos departamentales, del Distrito Capital,
municipales y distritales, cuando éstos den a los recursos una destinación
diferente a la prevista en el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y
Educación Física, y promover las investigaciones ante las autoridades
correspondientes.”
Dentro de este contexto, cabe
resaltar que el director de COLDEPORTES tiene atribuida la posibilidad de
otorgar, suspender y revocar la personería jurídica; otorgar, suspender,
revocar y renovar el reconocimiento deportivo; aprobar sus estatutos,
reformas y reglamentos; verificar que cumplan las disposiciones legales y
estatutarias, y que sus actividades estén dentro de su objeto social; resolver
las impugnaciones de los actos y decisiones de los órganos de dirección y
administración en los términos del Código Contencioso Administrativo; velar por
la adecuada aplicación de los recursos que del presupuesto del Sistema Nacional
del Deporte y demás rentas nacionales, se destinen a los organismos deportivos,
y a los entes deportivos departamentales, municipales y distritales y verificar
que los entes deportivos departamentales, distritales y municipales den
cumplimiento a los compromisos a su cargo, en relación con la participación en
el diseño, ejecución y cumplimiento del Plan Nacional del Deporte, la
Recreación y la Educación Física (Decreto 1228 de 1995, Art. 37).
6.6.8.1. Luego de esbozar el
marco normativo que determina el ámbito de aplicación de la función de
inspección, vigilancia y control asignada a COLDEPORTES, la Sala encuentra que
es equivocada la apreciación efectuada por esta entidad, en el sentido de que
su función se limita a controlar exclusivamente los estatutos sociales que
rigen los organismos deportivos, donde no se incluye la DIMAYOR. Sobre el
particular, indicó:
“[E]s
pertinente aclarar que dichas facultades se ejercen únicamente sobre los
Estatutos Sociales que surgen en virtud del contrato social, por lo tanto,
sobre los demás estatutos que expida la Federación no contamos con la facultad
legal para entrar a verificar, modificar o regular estas directrices, toda vez
que las mismas se expiden según su organización interna y en algunos casos con
base en los estatutos y reglamentaciones internacionales a los que se encuentra
afiliada la Federación.”
Recuérdese en los términos de la
Ley 181 de 1995 (Art. 50) y el Decreto 1228 de 1995 (Art. 1°), que dentro del
amplio plexo de organismos deportivos que son objeto y sujeto de la función de
control, se encuentran los organismos privados y las federaciones deportivas,
donde claramente tienen cabida la DIMAYOR y COLFUTBOL, respectivamente.
Al respecto, cabe indicar que la
función de control de COLDEPORTES no puede estar solamente circunscrita a
aprobar los estatutos sociales, sino que su competencia va más allá, en tanto
le corresponde aprobar todos los estatutos, reformas y reglamentos de la
DIMAYOR y COLFUTBOL, en ámbitos estrictamente deportivos, por tratarse de estamentos
que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte[151].
Permitir entonces, que las citadas organizaciones eludan el control por parte
del Estado, es tanto como autorizar el ejercicio arbitrario de las regulaciones
en las que el deportista está en condiciones de desigualdad manifiesta,
parámetro que ciertamente encuentra consonancia con los lineamientos dictados
por la FIFA, pues justamente como una manifestación soberana[152],
los Estados deben establecer el cumplimiento de controles que contribuyan en el
“carácter universal, educativo y cultural” del fútbol, a los que no
pueden sustraerse los citados organismos deportivos.
6.6.9. En consecuencia, la Corte
ordenará a COLDEPORTES que dentro de los 3 meses siguientes a la notificación
de esta sentencia, efectúe la función de control que legalmente le corresponde
sobre los estatutos dictados por la DIMAYOR y COLFUTBOL, en ámbitos
estrictamente deportivos, inclusive aquellos expedidos con anterioridad a esta
providencia[153], dentro de los márgenes
de la Constitución y la Ley, los cuales deberán ser remitidos por las citadas
organizaciones dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
decisión[154]. En caso de que no sean
enviados dentro del citado término, COLDEPORTES aprehenderá de oficio aquellos
estatutos que hayan eludido la función de control que legítimamente le
corresponde realizar como máximo organismo planificador, rector, director y
coordinador del Sistema Nacional del Deporte.
En todo caso, los estatutos que
hacia el futuro dicte la DIMAYOR y COLFUTBOL, no podrán entrar en vigencia sin
que antes se haya surtido la función de inspección, vigilancia y control
prevista en la Ley 181 de 1995 y el Decreto-Ley 1228 de 1995.
7. Conclusiones
Lo anteriormente expuesto,
permite arribar a las siguientes conclusiones:
7.1. El estudio de procedencia de
la acción de tutela contra controversias de naturaleza contractual entre
jugadores de fútbol y clubes deportivos que involucren derechos fundamentales,
exige tener como parámetro importante “la corta vida deportiva del jugador”,
escrutinio que se hace más flexible cuando están involucrados menores de edad.
7.2. El contrato de trabajo
suscrito entre Christian de Jesús Mejía Martínez y el Club Deportes Tolima, fue
legítimamente terminado en tanto fue desconocido un requisito sustancial que
afectó la validez de la relación negocial, cual es, la autorización expedida
por la autoridad administrativa. Lo anterior, permite concluir siguiendo la ratio
decidendi de la sentencia C-320 de 1997, que la titularidad de los derechos
deportivos le corresponde al actor como jugador-propietario a partir del 6
de marzo de 2009.
7.3. La posibilidad con la que
cuentan los clubes profesionales de contratar los servicios de menores de edad
como jugadores de fútbol, es legítima, siempre y cuando sean cumplidas las
exigencias establecidas en el marco normativo interno, incluidos instrumentos
de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, tal
como quedó dicho en la consideración N° 4 de esta providencia. Adicionalmente,
es deber de COLDEPORTES ejercer la función de inspección, vigilancia y control
respecto del registro de los derechos deportivos por parte del club
profesional, resultando más estricta dicha labor cuando se trata de menores de
edad. Cabe anotar, que esta función tendrá lugar una vez haya sido efectuado el
registro que, en todo caso, no podrá exceder de 30 días siguientes a la
suscripción del vínculo contractual.
7.4. La titularidad de los
derechos deportivos no le corresponde exclusivamente a los clubes deportivos,
sino que se trata de una opción con la que igualmente cuentan los jugadores de
fútbol en el evento de que no exista relación laboral, pero siempre y cuando su
actuación se haya ceñido a los postulados de la buena fe, no denote abuso de
sus derechos y no utilicen como pretexto su propia culpa, con sujeción estricta
a las causales de terminación del contrato previstas en la ley. Sin embargo,
esta decisión no debe ser entendida como una autorización en blanco para que
los jugadores de fútbol de manera indiscriminada terminen sus contratos de
trabajo vigentes por mero capricho o, porque sencillamente recibieron una mejor
oferta de otro club deportivo, teniendo en cuenta que ello afectaría la
sostenibilidad económica de los equipos de fútbol y vaciaría de contenido el
principio de autonomía de la voluntad, cuya principal manifestación se
encuentra comprendida en el principio pacta sunt servanda.
7.5. Los márgenes de autonomía de
las asociaciones deportivas son amplios, pero en todo caso, no pueden
contrariar los valores, principios y derechos fundamentales, razón por la cual
en lo que específicamente se refiere a los derechos deportivos de los jugadores
de fútbol, las regulaciones no pueden afectar la libertad de trabajo ni
cosificar al futbolista, cuando los clubes no cumplen con sus obligaciones. Son
entonces inaplicables por contrariar mandatos constitucionales, aquellas
regulaciones que afecten los derechos fundamentales de los jugadores.
7.6. La posibilidad de
transferencia en calidad de préstamo de los jugadores de fútbol de un club a
otro, es legítima, siempre y cuando medie el consentimiento expreso del jugador
y en tanto ello no implique una desmejora de sus condiciones laborales.
7.7. La circunstancia de que
exista un trámite administrativo o judicial en curso, no puede convertirse en
pretexto para disponer de manera deliberada del pase de un jugador de fútbol.
Por lo tanto, la posibilidad que de que los organismos deportivos dicten
medidas provisionales, debe ser entendida en sentido positivo, es decir, que no
afecten la vida deportiva del jugador ni conduzcan a la cosificación de la
persona humana.
7.8. Le corresponde a COLDEPORTES
como máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema
Nacional del Deporte, ejercer sobre la DIMAYOR y COLFUTBOL, en ámbitos
estrictamente deportivos, con independencia de las competencias atribuidas a
otras entidades, la función de inspección, vigilancia y control tal como lo
prevé la Ley 181 de 1995 y el Decreto-Ley 1228 de 1995, “sin perjuicio de
poner en conocimiento de las autoridades disciplinarias, administrativas,
civiles o penales respectivas, las acciones u omisiones que por su competencia
les corresponda adelantar, que se deriven de los hechos investigados.”[155]
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de los términos.
Segundo.- REVOCAR la
sentencia dictada por el Juzgado 7° Penal del Circuito de Ibagué el 6 de julio
de 2009, que decidió negar el amparo constitucional solicitado. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al trabajo, a la libertad de profesión u oficio,
a la dignidad humana y al debido proceso de Christian de Jesús Mejía Martínez,
dentro de la acción de tutela presentada contra la Corporación Club Deportes
Tolima, con citación oficiosa de la Comisión del Estatuto del Jugador de la
DIMAYOR, la Federación Colombiana de Fútbol -COLFUTBOL-, el Instituto
Colombiano del Deporte -COLDEPORTES- y el Ministerio de la Protección Social,
Dirección Territorial del Tolima.
Tercero.- ORDENAR a la
Corporación Club Deportes Tolima que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia, haga entrega del certificado de transferencia
de los derechos deportivos a Christian de Jesús Mejía Martínez, en los términos
de esta sentencia.
Cuarto.- ORDENAR a
COLDEPORTES que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, efectúe el registro de los derechos deportivos de Christian de
Jesús Mejía Martínez como jugador-propietario, en los términos del artículo 33
de la Ley 181 de 1995.
Quinto.- DEJAR SIN EFECTOS los
numerales 2° y 3° de la decisión adoptada por la Comisión del Estatuto del
Jugador de la DIMAYOR, el 24 de marzo de 2009 (Rad. CEJ-004/2009), por las
razones indicadas en la parte motiva de esta sentencia.
Sexto.- PREVENIR a la
Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, para que en lo sucesivo decida
las solicitudes relativas a diferencias laborales o deportivas, dentro de los
términos procesales establecidos reglamentariamente.
Séptimo.- EXHORTAR al director
de COLDEPORTES para que establezca el procedimiento a seguir con el fin de
efectuar la función de inspección, vigilancia y control, cuando se encuentren
involucrados menores de edad, dentro del marco de la Constitución y la Ley,
labor que deberá ser consensuada con la Procuraduría Delegada para la defensa
de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
Octavo.- ORDENAR al director
de COLDEPORTES que dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de esta
sentencia, efectúe la función de control que legalmente le corresponde sobre
los estatutos dictados por la DIMAYOR y COLFUTBOL, en ámbitos estrictamente
deportivos, inclusive aquellos expedidos con anterioridad a esta providencia, dentro
del marco de la Constitución y la Ley, los cuales deberán ser remitidos por las
citadas organizaciones dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
esta decisión. En caso de que no sean enviados dentro del citado término,
COLDEPORTES aprehenderá de oficio aquellos estatutos que hayan eludido la
función de control que legítimamente le corresponde realizar como máximo
organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del
Deporte.
En todo caso, los estatutos que
hacia el futuro dicte la DIMAYOR y COLFUTBOL, no podrán entrar en vigencia sin
que antes se haya surtido la función de inspección, vigilancia y control
prevista en la Ley 181 de 1995 y el Decreto-Ley 1228 de 1995.
Noveno.- COMPULSAR copias
del expediente de tutela a la Procuraduría Regional del Tolima, para que en el
ámbito de sus competencias constitucionales y legales, investigue
disciplinariamente al funcionario que expidió la autorización de trabajo al
menor Christian de Jesús Mejía Martínez y, de ser el caso, imponga las
sanciones a que haya lugar.
Decimo.- LÍBRESE por
Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Impedimento
aceptado
MARTHA VICTORIA SACHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
Tabla de contenido
de la sentencia T-740 de 2010
I. ANTECEDENTES
1.     Hechos
……………………………………………………………                 2
2.     Pretensiones
………………………………………………………                 6
3.     Pruebas
pertinentes que reposan en el expediente ………………..              7
4.     Escrito
de contestación del Deportes Tolima …………………….               9
5.     Actuación
procesal ……………………………………………….                 11
6.     Decisiones
judiciales objeto de revisión …………………………                 12
7.     Trámite
en sede de revisión         ………………………………………                  14
7.1.
Escrito presentado por el Presidente de la Comisión del
Estatuto del
Jugador de la DIMAYOR …………………..                  15
7.2.
Escrito presentado por el Presidente del club Deportes
Tolima ……………………………………………………          16
7.3.
Escrito presentado por el Ministerio de la
Protección Social, Dirección Territorial del Tolima ……..                  16
7.4.
Escrito presentado por el Presidente de COLFUTBOL ….                18
7.5.
Escrito presentado por el director general de
COLDEPORTES
…………………………………………                   19
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.     Competencia
………………………………………………………                21
2.     Presentación
del caso y planteamiento de los
problemas
jurídicos ……………………………………………….                22
3.     Procedencia
de la acción de tutela para dirimir
diferencias
contractuales suscitadas entre jugadores
de fútbol y
clubes deportivos ……………………………………..               26
4.     Alcance
constitucional de los derechos fundamentales
de los
menores de edad que tienen por oficio el fútbol,
cuando
contratan con clubes deportivos ………………………….               31
5.     Interpretación
constitucional de los derechos deportivos
de los
jugadores de fútbol …………………………………………               43
6.     Estudio
del caso concreto …………………………………………               52
6.1.
La autorización provisional expedida por la FIFA,
no implica la existencia de un hecho superado ……………….                53
6.2.
La acción de tutela promovida contra la Corporación
Club Deportes Tolima, es procedente desde el punto
de vista formal ………………………………………………..                  54
6.3.
La causal de nulidad invocada por el
demandante, debe ser desestimada ………………………...…                 57
6.4.
Los derechos deportivos o el “pase” le corresponden
a Christian de Jesús Mejía Martínez, en tanto
existió justa causa para dar por terminado el
contrato de
trabajo …………………………………………….                58
6.5. La Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso por la dilación
injustificada en el trámite adelantado contra
Christian de Jesús Mejía Martínez ………................................               65
6.5.
La función de inspección, vigilancia y control de
COLDEPORTES fue insuficiente para garantizar
la efectividad de los derechos del accionante …………………                68
7.     Conclusiones
………………………………………………………                76
III. DECISIÓN Y ÓRDENES ………………………………………………..           78
- 79
[1] Mediante escrito del 15 de febrero de 2010, presentó
escrito de impedimento “toda vez que desde hace varios años y hasta el día
de hoy, funjo en calidad de Juez Disciplinario dentro [de] la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano”. Dicha manifestación fue aceptada por
los restantes magistrados de la Sala en Auto del 21 de mayo de la misma
anualidad, razón por la cual quedó apartado del conocimiento del asunto objeto
de revisión.
[2] El demandante al momento de suscribir el contrato de trabajo,
contaba con 17 años de edad.
[3] Folio 3 del cuaderno inicial.
[4] Folio 4 ibídem.
[5] Copia de la comunicación fue remitida a la DIMAYOR, a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales -ACOLFUTPRO-, a COLFUTBOL, a
COLDEPORTES y al Ministerio de la Protección Social.
[6] Folio 8 ibíd.
[7] Folio 7 ibíd.
[8] Folio 9 ibíd.
[9] Ibídem.
[10] Folio 10 ibíd.
[11] Ibídem.
[12] Folio 11 ibíd.
[13] Ibídem.
[14] Ibíd.
[15] Folio 60 ibíd.
[16] Folio 65 ibíd.
[17] Folio 66 ibíd.
[18] Folio 43 ibíd.
[19] Folio 56 ibíd.
[20] Folio 123 ibíd.
[21] Folio 143 ibíd.
[22] Folio 142 ibíd.
[23] Folio 144 ibíd.
[24] Ibídem.
[25] Folio 151 ibíd.
[26] Folio 152 ibíd.
[27] Folio 35 del cuaderno de segunda instancia.
[28] Folio 179 del cuaderno de revisión.
[29] Folio 182 ibídem.
[30] Ibídem.
[31] Ibíd.
[32] Folio 208 ibíd.
[33] Ibídem.
[34] Folio 242 ibíd.
[35] Ibídem.
[36] Folio 243 ibíd.
[37] Ibídem.
[38] Folio 244 ibíd.
[39] Folio 245 ibíd.
[40] Folio 31 del cuaderno inicial.
[41] Folio 59 ibídem.
[42] Ibídem.
[43] Folio 60 ibíd.
[44] Folio 61 ibíd.
[45] Folio 65 ibíd.
[46] Folio 68 ibíd.
[47] Ibídem.
[48] Folio 123 ibíd.
[49] Folio 207 del cuaderno de revisión.
[50] Folio 242 ibídem.
[51] Folio 243 ibíd.
[52] Folio 245 ibíd.
[53] Luis López Guerra al referirse al intervencionismo estatal
y autonomía contractual, indica que “[l]a forma típica de la relación jurídica
interindividual es el contrato, como acuerdo libre de voluntades, expresión por
ello de la autonomía y de la libre decisión del individuo: la libertad
contractual es una de las expresiones fundamentales de la autodeterminación de
la persona.” Introducción al Derecho Constitucional, Ed. Tirant lo Blanch,
Valencia, 1994, P.162.
[54] Antonio Enrique Pérez Luño al referirse a la
necesidad de interpretar todo el ordenamiento jurídico desde la Constitución, señala: “El fundamento de la necesidad de interpretar todo el ordenamiento
jurídico ‘desde’ la Constitución es consecuencia, tal como lo he indicado, del
principio de jerarquía normativa. También guarda inmediata relación con el
postulado de la seguridad jurídica en sus diversas manifestaciones, en cuanto
se conecta con los principios básicos de: unidad y coherencia, que exigen una
interpretación coordinada de todo el sistema normativo y la consiguiente
necesidad de reducir las antinomias que puedan producirse en los preceptos que
lo integran; con el ‘dogma’ de la plenitud del orden jurídico que tiende a
evitar que se produzcan lagunas en su seno; así como con la exigencia de
estabilidad del ordenamiento jurídico, cuya certidumbre se vería alterada si se
produjeren derogaciones de normas legales que no fueran estrictamente
necesarias por su incompatibilidad con la Constitución.”
Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Ed. Tecnos, Madrid, 1999,
P. 282.
[55] T-160 de 2010, M. P.:
Humberto Antonio Sierra Porto.
[56] M. P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[57] T-769 de 2005, M. P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[58] M. P.: Eduardo Montealegre Lynett.
[59] Al respecto, resulta ilustrativa esta cita del profesor López
Guerra “Los textos constitucionales, sobre todo tras la II Guerra Mundial, han previsto expresamente tales actuaciones del Estado, habilitando a los
poderes públicos para llevar a cabo políticas de protección de determinados
sectores sociales, o de bienes que se estiman relevantes; habilitación que
implica una autorización a esos poderes públicos para restringir el poder de
determinados contratos, o para prohibir determinados acuerdos. En este sentido,
cobran notable importancia las cláusulas sociales de las Constituciones, que no
son meras proclamaciones retóricas, sino que equivalen a autenticas
autorizaciones constitucionales para la intervención en la vida social de los
poderes públicos.” Introducción… op. cit. P.163.
[60] T-222 de 2004, M. P.: Eduardo Montealegre Lynett.
[61] M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
[62] Otro caso en el que igualmente puede mostrarse el amplio
margen con el que cuenta el juez de tutela para abordar asuntos de naturaleza
contractual, lo constituye la sentencia SU-484 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería, en el que la Corte declaró el momento a partir del cual cesaron
las relaciones laborales con el Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Materno Infantil.
[63] T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[64] “Siendo el fútbol un deporte de sustancial despliegue
físico, el paso de los años hace que el futbolista limite su desempeño
profesional hasta cesar definitivamente en la práctica activa del mismo. Y si
bien existen casos puntuales a nivel mundial que constituyen verdaderas
excepciones (v, gr., el alemán Lothar Mateus), la regla básica es que su
cotización disminuye sustancialmente con el transcurso del tiempo,
fundamentalmente después de los treinta años de edad.” BARBIERI, Pedro C.,
Fútbol y derecho, Edit. Universidad, Buenos Aires, 2005, P. 95.
[65] M. P.: Alejandro Martínez Caballero. Este parámetro fue
reiterado por el mismo magistrado en la sentencia C-320 de 1997.
[66] Según el Código de la Infancia y de la Adolescencia (Art. 3°), “se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años,
y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.”
[67] Para la Corte, el marco constitucional al que deben sujetarse
tanto las autoridades como los particulares, está definido en los artículos 44,
45, 50, 67, 93 y 94.
[68] Así lo establece igualmente el artículo 38 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y de la Adolescencia).
[69] M. P.: Rodrigo Escobar Gil.
[70] M. P.: Rodrigo Escobar Gil.
[71] Esta disposición hacía referencia a los límites mínimos para que
los menores de edad pudieran acceder al mercado laboral y a la necesidad de que
el Inspector del Trabajo o, en su defecto, la primera autoridad local expidiera
la autorización de trabajo.
[72] El Tribunal Constitucional justificó el límite para que
los menores accedan a la vida laboral, a partir de lo establecido en el
Convenio 138 de la OIT, Art. 1° (Ley 515 de 1999), en los siguientes términos:
“el señalamiento de dicho límite para acceder a la vida
productiva debe responder a dos propósitos fundamentales, a saber: (i) El de
proteger a los niños respecto de trabajos que interfieran en su pleno desarrollo
y, en especial, en el goce efectivo del derecho a la educación; y (ii) el de
asegurar, mediante políticas económicas de crecimiento, la abolición efectiva
del trabajo infantil, a través de la búsqueda de la eficiencia económica que
haga que los mercados de trabajo de los adultos funcionen correctamente y que
permitan elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo.”
[73] Declarado exequible mediante sentencia C-325 de 2000, M. P.: Vladimiro Naranjo Mesa.
[74] Declarado exequible mediante sentencia C-535 de 2002, M. P.: Jaime Araújo Rentería.
[75] Adicionalmente, la Corte justificó esta excepción en el respeto
por el precedente constitucional contenido en la sentencia C-325 de 2000, M. P.: Vladimiro Naranjo Mesa, que declaró exequible el Convenio N° 138 de la O.I.T.
[76] La excepción es aplicable en aquellas circunstancias en
las cuales (i) la situación económica y (ii) los medios de educación estén
insuficientemente desarrollados, previa consulta a las organizaciones de
empleadores y trabajadores interesados.
[77] La citada norma de derecho internacional, dispone: “Cada miembro
que haya especificado una edad mínima de catorce años con arreglo a las
disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que
presente sobre la aplicación de este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: a) Que aún subsisten las razones
para tal especificación, o // b) Que renuncia al derecho de seguir acogiéndose
al párrafo 1° anterior a partir de una fecha determinada.”
[78] De manera precisa, este Tribunal se refiere a las exigencias en
la consideración jurídica N° 33 de la sentencia.
[79] Quedan excluidos de trabajar en actividades peligrosas, riesgosas
o ilícitas (como todos los menores) y, además, no se permite la prestación de
sus servicios laborales en actividades normales (como sucede con los mayores de
catorce (14) años).
[80] Adicionalmente, la Corte agregó: “Aquí cobran importancia
aquellas horas, días o meses, en los cuales, por disposición legal, es viable
la inasistencia escolar, tales como, los fines de semana, los períodos
vacacionales, o las horas que exceden a la jornada escolar diurna obligatoria.
En dichos espacios de tiempo, sin lugar a dudas, es viable asumir un compromiso
laboral, siempre que no se vulneren los derechos al descanso y a la recreación
del menor.”
[81] La atribución está otorgada en primer término al Inspector
de Trabajo. A falta de este funcionario, le corresponderá al Comisario de
Familia ó en su defecto al Alcalde Municipal.
[82] Allí se encuentra el Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional
(ley 20.160) y la Convención Colectiva de Trabajo 430/75.
[83] “Diferentes opiniones se han vertido con relación a la naturaleza
jurídica de la relación entre el club y el jugador de fútbol. Las posturas son
varias y discurren entre la existencia de un mandato deportivo, un contrato
atípico o muy singular denominado ‘contrato deportivo’, o un contrato innominado,
hasta aquellos que sostienen que se trata de una relación incluida dentro del
ámbito laboral, aún reconociendo su especialidad. Es más, aún en España -país
que tiene una legislación muy completa en la materia- se reconoce que ‘esta
relación contractual tuvo una evolución gradual que pasó de la exclusión del
ámbito laboral hacia una aceptación como una relación laboral especial”. BARBIERI,
Pedro C., Fútbol y derecho, Edit. Universidad, Buenos Aires, 2005, P. 95.
[84] Op. cit. P. 98.
[85] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[86] Respecto de la continuidad como un rasgo distintivo de los
contratos de trabajo futbolístico, el profesor Barbieri precisa: “Nótese al
respecto que, si bien la disputa de los encuentros oficiales puede ser
espaciada en el tiempo, los entrenamientos de los futbolistas son diarios y, a
veces, en ‘doble turno’, es decir, en horario matutino y vespertino.” Op. Cit.
P. 99.
[87] El
Convenio 182 de la O.I.T. “Sobre las peores formas de trabajo infantil y la
acción inmediata para su eliminación”, Art. 3° establece: “A los efectos del presente Convenio, la expresión
‘las peores formas de trabajo infantil’ abarca: // a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre
por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio,
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en
conflictos armados; // b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños
para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales
pertinentes, y d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en
que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad
de los niños”.
[88] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[89] C-320 de 1997, M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[90] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[91] C-320 de 1997, M. P.: Alejandro Martínez Caballero,
consideración jurídica N° 7.
[92] T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[93] T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, T- 123 de 1998,
T-302 de 1998 y T-371 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, T-029 de
1999 y T-138 de 2000, M. P.: Carlos Gaviria Díaz, T-1136 de 2000, M. P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-1299 de 2000, M. P.: Fabio Morón Díaz, T-745 de 2002, M. P.: Jaime Córdoba Triviño, T-840 de 2002, M.P.: Álvaro Tafur Galvis, T-459 de 2005, M. P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1024 de 2005, M. P.: Rodrigo Escobar Gil.
[94] T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[95] T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. “No es
justo ni digno con el futbolista que el organismo deportivo empleador
condicione, por razones exclusivamente económicas, su desarrollo profesional o
su permanencia en la organización de fútbol asociado. El ejercicio del trabajo
de quien ha escogido el oficio de futbolista no puede válidamente hacerse depender
del reconocimiento y pago de deudas dinerarias, para cuyo cobro existen
mecanismos legales alternativos.”
[96] T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. “Ante
desacuerdos irreconciliables sobre el valor de los derechos deportivos,
representa un abuso de los derechos patrimoniales del club, el hecho de anular
o impedir definitivamente el ejercicio de la libertad de oficio del jugador,
hasta tanto no se obtenga la suma de dinero demandada. El ejercicio libre de un
oficio no puede ser coartado de manera injustificada mediante mecanismos
destinados a asegurar el cobro de acreencias.”
[97] T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. “La
dignidad de la persona humana no permite que ésta sea reducida a la condición
de cosa u objeto, carente de autonomía, lo que sucede cuando por actos
particulares se dispone de la libertad o del cuerpo de un ser humano.”
[98] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[99] M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[100] “El caso Bosman es la historia de un jugador de fútbol que
tuvo el valor suficiente para enfrentarse al orden establecido por el fútbol
europeo y belga. Es, sin lugar a dudas, el resultado del abuso de poder y de la
ignorancia que han caracterizado al fútbol belga durante estas últimas décadas.
Abuso que se hace efectivo en los jugadores, la mayoría de ellos víctimas de un
chantaje que puede llegar incluso a la prohibición de toda actividad
profesional como lo demuestra explícitamente el caso que nos ocupa. E
ignorancia por parte de las autoridades públicas, entre las que está incluido
el poder judicial, que han evitado todo enfrentamiento con los llamados
‘pontífices’ del fútbol. El que hayan sido necesarios decenas de procesos y más
de treinta años de espera para obtener finalmente una sentencia clara y precisa
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (…) declarando ilegal el
reglamento de la FIFA-UEFA-URBSFA relativo al sistema de traspaso de jugadores
no ha sido fruto del azar. Ha sido el resultado de una conspiración bien
organizada por los grandes dirigentes del fútbol, quienes han ignorado las
normas establecidas logrando evitar toda acción judicial bajo la amenaza de
exclusión del jugador de la vida profesional. En otras palabras, el jugador que
fuera a pleito vería terminada su carrera.” BLANPAIN, Roger, CANDELA SORIANO,
María Mercedes, El caso Bosman. ¿El fin de la era de los traspasos?, Edit.
Civitas, Madrid, 1997, P. 19.
[101] “[L]a Corte considera que la figura no pugna con la Constitución, pues nada se puede objetar a que la ley y los reglamentos de las federaciones
prevean mecanismos para equilibrar la competencia deportiva, y compensar los
gastos de formación y promoción en que haya incurrido un club, en relación con
un determinado deportista.” Cfr. C-320 de 1997, M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[102] T-498 de 1994, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[103] C-320 de 1997, M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[104] Ibídem.
[105] La citada disposición establece: “Ningún club profesional podrá
transferir más de dos jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club,
dentro de un mismo torneo”.
[106] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[107] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[108] M. P.: Carlos Gaviria Díaz.
[109] M. P.: Carlos Gaviria Díaz.
[110] M. P.: Alfredo Beltrán Sierra.
[111] M. P.: Fabio Morón Díaz.
[112] M. P.: Jaime Córdoba Triviño.
[113] M. P.: Álvaro Tafur Galvis.
[114] M. P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[115]
M. P.: Rodrigo Escobar Gil.
[116] Recientemente, esta Corporación en sentencia C-378 de 2010, M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio, en la que declaró inexequible la palabra “domiciliarios”
contenida en el numeral 3° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, expresó en
relación con la procedencia de la acción de tutela contra particulares lo
siguiente: “[e]n el caso colombiano la fuerza vinculante de los derechos
fundamentales y su alcance frente a las relaciones entre particulares fue una
discusión superada por el propio Constituyente en la Carta Política de 1991, lo cual ha significado que la intervención de la Corte haya sido menos compleja o problemática que la de otros jueces como el Tribunal
Constitucional alemán, la Corte Suprema de Estados Unidos, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas o el Tribunal Constitucional español, por
mencionar algunos casos.”
[117] M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
[118] M. P.: Eduardo Montealegre Lynett.
[119] Autos 124 y 198 de 2009, M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, respectivamente.
[120] T-222 de 2004, M. P.: Eduardo Montealegre Lynett.
[121] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[122] El contrato de trabajo señala en el encabezado que el
menor de edad “se encuentra debidamente autorizado para celebrar este contrato
de conformidad con el Artículo 238, decreto ley 2737 de 1989”, disposición que adicionalmente fue derogada de manera expresa por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006.
[123] En sentencia C-983 de 2002, M. P.: Jaime Córdoba Triviño, la Corte en relación con la capacidad para ser sujeto de derechos
y obligaciones, sostuvo: “La capacidad, en sentido general, consiste en la
facultad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Pero esta capacidad, de acuerdo con el artículo 1502 del Código Civil, puede
ser de goce o de ejercicio. // La primera de ellas consiste en la aptitud
general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos y
obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la personalidad
jurídica. La capacidad de ejercicio o capacidad legal, por su parte, consiste
en la habilidad que la ley le reconoce a aquélla para poderse obligar por sí
misma, sin la intervención o autorización de otra. Implica, entonces, el poder
realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio jurídico, sin que para
ello requiera acudir a otro. // La capacidad es, por tanto, la regla general y
todo individuo de la especie humana, e inclusive las personas jurídicas, tienen
capacidad de goce. En cuanto a la capacidad de ejercicio, que es uno de los
requisitos para la validez de las declaraciones de voluntad y de los actos
jurídicos, hay que decir que, en principio, la tienen todas las personas salvo
aquéllas que la ley declare incapaces (art. 1503 C.C.).”
[124] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[125] Folio 31 del cuaderno inicial.
[126] Folio 32 ibídem.
[127] Folio 34 ibíd.
[128] M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[129] La disposición en cita, dispone: “TRABAJO SIN AUTORIZACION.
Si se estableciere una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo
preceptuado en el artículo anterior, el presunto {empleador} estará sujeto al
cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al contrato, pero el
respectivo funcionario de trabajo puede, de oficio o a petición de parte,
ordenar la cesación de la relación y sancionar al {empleador} con multas.”
[130] Auto 305 de 2008, M. P.: Jaime Córdoba Triviño.
[131] Folios 97 y 98 del cuaderno inicial.
[132] Así lo consideró acertadamente la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, en decisión del 1° de junio de 2009. Cfr.
Folio 70 del cuaderno de revisión.
[133] M. P.: Alejandro Martínez Caballero.
[134] Conforme lo establece el artículo 76, los términos son los
siguientes: 5 días de traslado; 5 días de período probatorio; 3 días para
alegatos de conclusión; 10 días para fallo; 3 días para interponer recursos de
reposición y apelación; 3 días para resolver recurso de reposición y 5 días
para decidir el de apelación.
[135] “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte,
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.”
[136] “Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la
estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al
contenido de la Ley 181 de 1995”.
[137] Folio 91 del cuaderno inicial.
[138] El artículo 39
de la citada normativa, dispone: “MEDIOS
DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.
La inspección, vigilancia y control se ejercerá mediante: // 1. Requerimiento
de informes, cuando de oficio o por medio de denuncias se evidencien
irregularidades en el desarrollo de sus actividades. // 2. Solicitud de
información jurídica, financiera, administrativa y contable relacionada con el
objeto social y su desarrollo, y demás documentos que se requieran para el
correcto ejercicio de las funciones de inspección. // 3. Realización de visitas
de inspección con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias, cuyo control le compete, y ordenar que se tomen las
medidas a que haya lugar para subsanar las irregularidades que se hayan
observado durante su práctica e imponer las medidas correspondientes, conforme
a lo dispuesto en el presente Decreto y demás disposiciones legales. // 4.
Solicitar a la federación deportiva correspondiente, o al Comité Olímpico
Colombiano, según el caso, la suspensión de eventos deportivos con
participación de selecciones nacionales, u otro tipo de certámenes de la misma
naturaleza, cuando a juicio del Director de Coldeportes, no se den las
condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los participantes y
espectadores, o no permitan garantizar que los resultados de las competencias
no se afectarán en forma extradeportiva. // 5. Solicitar a las autoridades
competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel, la suspensión
temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de
control, cuando medie investigación disciplinaria o penal, y exista pliego de
cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal. // 6. Solicitar a los
tribunales competentes deportivos, la suspensión o el retiro del cargo, de los
miembros de los organismos deportivos, cuando se establezca la violación grave
de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que los rigen. // 7.
Administrar los recursos nacionales con destino a los entes deportivos
departamentales, del Distrito Capital, municipales y distritales, si las
entidades territoriales no conforman en los plazos previstos en la Ley 181 de 1995, los entes en mención. // 8. Establecer distintos mecanismos de
coadministración en la administración de los recursos nacionales que de
conformidad con la Ley 181 de 1995, se le deben transferir a los entes
deportivos departamentales, del Distrito Capital, municipales y distritales,
cuando éstos den a los recursos una destinación diferente a la prevista en el
Plan Nacional del Deporte, la Recreación y Educación Física, y promover las investigaciones ante las autoridades correspondientes.”
[139] Folio 243 ibídem.
[140] Folio 245 ibídem.
[141] El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.
[142] Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de
los demás y serán protegidos contra toda forma de explotación laboral o
económica.
[143] El Estado vigilará y controlará las organizaciones
deportivas y recreativas.
[144] El Estado evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
[145] M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[146] El citado acto administrativo en el numeral 3° dispone:
“Con el fin de unificar la información remitida por los Clubes con Deportistas
Profesionales, en cumplimiento al artículo 13 del Decreto 0776 de 1996, este
Instituto creo el SISTEMA IVC CLUBES PROFESIONALES, en el cual se cuenta con
los Links correspondientes para registrar por este medio la información
requerida en la ley, al cual deberá accederse mediante la página Web de este
Instituto en el link de Servicios y Actividades/Inspección, Vigilancia y
Control/Sistema I.V.C.”
[147] Es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter
civil, con personería jurídica otorgada en su momento por el Ministerio de
Justicia, regida por las normas del libro 1° del título XXXVI del Código Civil,
razón por la cual se trata de una persona jurídica de derecho privado.
[148] En los términos del Decreto 1228 de 1995 (Art. 11),
“[l]as federaciones deportivas nacionales
son organismos de derecho privado, constituidas como asociaciones o
corporaciones por un número mínimo de ligas deportivas o asociaciones deportivas
departamentales o del Distrito Capital o de ambas clases, para fomentar,
patrocinar y organizar la práctica de un deporte y sus modalidades deportivas
dentro del ámbito nacional e impulsarán programas de interés público y social.”
[149] Conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley 181 de 1995, el Sistema Nacional del Deporte está integrado por el Ministerio de
Educación Nacional, el Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, los entes
departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre, los organismos privados, las entidades mixtas, así
como todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores sociales y
económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas
actividades. De manera específica, el artículo 1° del Decreto 1228 de 1995,
incluyó las asociaciones y federaciones deportivas al Sistema Nacional del
Deporte (negrillas por fuera del texto original).
[150] La citada disposición prevé: “En ejercicio de la
función de inspección, vigilancia y control, el Director del Instituto Colombiano
del Deporte, Coldeportes, y las autoridades en las cuales se delegue esta
función, previo el correspondiente proceso, podrán imponer a los organismos
deportivos y a los miembros de sus órganos de dirección y administración, las
siguientes sanciones: // 1. Amonestación pública. // 2. Multa hasta por cien
(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes. // 3. Suspensión o
cancelación de la personería jurídica. // 4. Suspensión o revocatoria del
reconocimiento deportivo. // Lo anterior, sin perjuicio de poner en
conocimiento de las autoridades disciplinarias, administrativas, civiles o
penales respectivas, las acciones u omisiones que por su competencia les
corresponda adelantar, que se deriven de los hechos investigados. PARÁGRAFO
1°. Las sanciones aquí previstas se impondrán de acuerdo
con la gravedad de la violación al régimen legal o estatutario correspondiente,
así como por la inobservancia de las instrucciones que en desarrollo de sus
funciones imparta Coldeportes. // Para la aplicación de las medidas
sancionatorias, se deberá garantizar el derecho de defensa, de conformidad con
el Código Contencioso Administrativo. // PARÁGRAFO 2°. Tratándose
de las cajas de compensación familiar y demás organismos previstos en el
numeral 3° del artículo 36, de este Decreto, sólo se podrá imponer la
suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo, sin perjuicio de que
Coldeportes dé traslado de los hechos presuntamente irregulares no deportivos,
a las entidades que ejercen el control sobre estos organismos.”
[151] Valga indicar,
que a COLDEPORTES le corresponde “[c]oordinar el Sistema Nacional del Deporte para el cumplimiento de sus
objetivos” (Ley 181 de 1995, Art. 61, Nral. 3°). A su turno, los objetivos del
Sistema Nacional del Deporte, son: “(…) 1. Establecer los mecanismos que
permitan el fomento, masificación, desarrollo y práctica del deporte, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre mediante la integración
funcional de los organismos, procesos, actividades y recursos de este sistema.
|| 2. Organizar y establecer las modalidades y formas de participación
comunitaria en el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre que aseguren la vigencia de los principios
de participación ciudadana. || 3. Establecer un conjunto normativo armónico que
en desarrollo de la presente Ley, regule el fomento, masificación, desarrollo y
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y los
mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento.” (Ley 181 de 1995, Art.
48).
[152] El artículo 17 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA, establece: “Cada miembro administrará sus asuntos de forma independiente y sin la
injerencia de terceros.”
[153] A manera de ejemplo, pueden citarse: (i) el Estatuto de la Federación Colombiana de Fútbol que entró en vigencia el 18 de marzo de 2008; (ii) el
Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol contenido en la Resolución N° 1949 de 2008, modificado mediante Resolución N° 2289 del 22 de septiembre de
2009, que de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fue aprobado por
el Comité Ejecutivo celebrado el 9 de julio de 2008; (iii) el Código
Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (Acuerdo N° 016 de 2010), que entró en vigencia a partir del
1° de julio de 2010; (iv) el Reglamento Antidopaje de la Federación Colombiana de Fútbol (Resolución N° 2467 de 2010); (v) el Reglamento de Agentes de
Jugadores de la Federación Colombiana de Fútbol (Resolución N° 1085 de 2004);
(vi) el Reglamento de la Cámara de Resolución de Disputas (CNRD) de la Federación Colombiana de Fútbol (Resolución N° 1934 de 2008). Esta información fue tomada de
la página web: www.colfutbol.org
[154] Un precedente de la Corte que da cuenta de la posibilidad de efectuar este tipo de exigencias, está contenido en la sentencia T-302 de
1998, M. P.: Alejandro Martínez Caballero. En aquél entonces, ordenó a
COLDEPORTES “que oficiosamente revise su resolución 1663 de 1997 en cuanto
aprobó la parte del artículo 59 de los Estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, que no autorizan a los afiliados a dicha Federación acudir
ante los Tribunales Ordinarios, aspecto este que debe inaplicarse por
inconstitucional.”
[155] Decreto 1228 de 1995, Art. 38, numeral 4, inciso 2°.