T-598-13
Sentencia T-598/13
Sentencia T-598/13
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Protección
nacional e internacional
La Constitución
Política de 1991, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, las
disposiciones legales y la jurisprudencia constitucional de esta Corporación, han reconocido
que debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidas las
personas en situación de discapacidad y dada su especial condición, el Estado
tiene el deber de crear acciones efectivas para desarrollar cabalmente el
postulado del derecho a la igualdad, con el fin de garantizarles su integración social y el pleno disfrute de todos sus
derechos. En efecto, la igualdad de oportunidades es un objetivo y a la
vez un medio para lograr que las personas en situación de discapacidad puedan
disfrutar al máximo de los demás derechos y para que adquieran la plena
participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
nación, ello por cuanto la igualdad de oportunidades es una garantía
fundamental mediante la cual se equipara a las personas en inferioridad de
condiciones, a las personas que no padecen ninguna discapacidad, con el fin de
que puedan ejercer sus derechos y libertades y tener plena participación en las
actividades de sus respectivas sociedades.
DERECHO
A LA EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Desarrollo
normativo y jurisprudencial
El derecho a la
educación es de carácter fundamental, garantía que se refuerza cuando se trata
de personas que están en situación de discapacidad. Ahora bien, este derecho
comprende la garantía de acceso y permanencia en el sistema educativo, con el
fin de que estas personas puedan ejercer plena y efectivamente todos los
contenidos de dicho derecho. En cuanto al modelo que se debe utilizar en el
sistema educativo colombiano (para todos los educandos, y en especial para las
personas en situación de discapacidad), encontramos que ésta debe ser
preferentemente inclusiva.
DERECHO
A LA EDUCACION INCLUSIVA-Contenido
DERECHO
A LA EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL-Protección
constitucional
Los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad,
gozan de la especial protección del Estado, y son titulares de los derechos
fundamentales a la educación y a la igualdad, en los componentes prestacionales
reconocidos y determinados por el Estado en el marco de su política pública de
educación, por lo que pueden reclamar, por vía de acción de tutela, los
contenidos fundamentales de dicho derecho, los cuales derivan de la Carta, los
tratados internacionales y la normativa nacional.
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES-Requisitos no tienen
aplicación
La Corte ha
precisado que cuando se trata de agenciar derechos
fundamentales de niños, niñas o adolescentes, los requisitos no tienen
aplicación, por tratarse de sujetos de
especial protección constitucional, frente a los cuales el Estado, la sociedad
y la familia tienen la obligación de garantizar su prevalencia, en los amplios
términos del artículo 44 constitucional.
DERECHO
A LA EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL-Caso en que se
solicitó al ICFES suministrar ayudas técnicas como uso de telescopio, lupa y
gafas con filtro, ampliación al 200% cuadernillo de preguntas, requeridas para
presentar la prueba “Saber 11”
DERECHO
A LA EDUCACION INCLUSIVA, A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL-Vulneración
por ICFES al no suministrar medios y ayudas requeridos por estudiante para
presentar prueba “Saber 11”
La Sala considera que el ICFES, en
virtud de la competencia que tiene de regular y ejercer la inspección de la
educación, con el fin de garantizar su calidad, debió estudiar las condiciones
particulares del estudiante y facilitar los medios para otorgarle los recursos
pertinentes para procurarle el desarrollo de sus potencialidades en condiciones
de igualdad-respecto a los demás jóvenes no discapacitados-, en la presentación
del examen “Saber 11”. Esto es así por cuanto debe recordarse que las personas
discapacitadas tienen derecho a que se les procure un trato acorde a sus
circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el ejercicio pleno de
sus derechos en condiciones dignas y de igualdad. Bajo este entendido, se puede
decir que el ICFES, al equiparar todas las situaciones de discapacidad a la de
las personas sordas que necesitan y que no necesitan intérprete, a la de los
invidentes, y a la de los discapacitados motrices, sin tener en cuenta que existen
otro tipo de discapacidades que crean condiciones y necesidades particulares,
está incurriendo en prácticas discriminatorias, las cuales deben ser
proscritas.
DERECHO
A LA EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL-Orden al ICFES,
si el estudiante lo desea, realice nuevamente la prueba de Estado “Saber 11” suministrándole los medios y ayudas requeridos
DERECHO
A LA EDUCACION INCLUSIVA, A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Orden
al Ministerio de Educación y al ICFES, desarrollen políticas públicas
encaminadas a suministrar herramientas o apoyos para presentar exámenes de Estado
en condiciones de igualdad
Referencia: expediente
T-3913374
Acción de Tutela
instaurada por Luis Fernando Macías Gómez en representación de Juan Camilo
Macías Gómez, contra el ICFES.
Derechos
fundamentales invocados: igualdad, no discriminación y educación.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., treinta
(30) de agosto de dos mil trece (2013).
La Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Alberto Rojas
Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86
y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente.
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la sentencia dictada el dieciocho (18) de abril de 2013 por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la
sentencia del tres (03) de abril de 2013, proferida por el Juzgado Treinta y
Cinco Civil del Circuito de Bogotá, que resolvió negar  el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la educación de Juan
Camilo Macías Gómez.
1.    ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Seis de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
Luis Fernando
Macías Gómez, representante de Juan Camilo Macías Gómez, a través de apoderado
judicial solicita al juez de tutela que le ampare sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la no discriminación y a la educación. En consecuencia, pide que
se le ordene al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
en adelante ICFES, a efectos de presentar el examen de Estado para el ingreso a
la educación superior “Saber 11”, i) se le permita el uso de telescopio, lupa y
gafas con filtro; ii) se amplíe al 200% el cuadernillo que contiene las
preguntas de la prueba; iii) que los textos, las curvas y dibujos estén en negro
sobre blanco;  y iv) se le asigne un secretario si el uso de colores es
indispensable, y en todo caso, para el diligenciamiento de los formatos que se
requieran para la presentación del examen. Lo anterior con base en los
siguientes:
1.1.1.
Hechos
1.1.1.1.   Luis Fernando
Macías Gómez, representante de Juan Camilo Macías Gómez, a través de apoderado
judicial relató que Juan Camilo es estudiante del Colegio Liceo Francés Louis
Pasteur de Bogotá, y que actualmente cursa el grado once en dicha institución
educativa.
1.1.1.2.   Expresa que el
pasado 14 de abril de 2013, Juan Camilo debía presentar el examen de Estado
para el ingreso a la educación superior “Saber 11”.
1.1.1.3.   Indica que Juan
Camilo tiene “acromatopsia” (una situación visual por la cual no ve
ningún color), baja visión y nistagmus congénitos”, discapacidad visual que
está debidamente certificada y que no afecta su capacidad cognitiva; “tanto
es así que sus resultados académicos en el colegio son sobresalientes, habiendo
ganado incluso premios de excelencia académica”. No obstante lo anterior,
sostiene que la condición visual de Juan Camilo le genera cierta discapacidad
que le dificulta o impide desarrollar algunas actividades, principalmente de
motricidad fina, lectura de letras pequeñas y colores.
1.1.1.4.    Dice que dada
la necesidad de conocer los derechos y procedimientos que debían seguirse para
que Juan Camilo pudiera realizar en condición de igualdad la prueba “Saber 11”, su padre, el señor Luis Fernando Macías Gómez, elevó un derecho de petición al ICFES el 4 de
julio de 2012, quien manifestó en su respuesta del 25 de julio del mismo año
que para casos como éste era necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 5 de
la Resolución 092 de 2008, la cual establece que:
“ARTÍCULO
QUINTO: SOBRE LOS EXAMINADOS DISCAPACITADOS. Los procedimientos para la
inscripción y registro de los examinados discapacitados se regirán por lo
dispuesto en los artículos primero y segundo de la presente resolución.
No
obstante lo anterior, el ICFES organizará y brindará condiciones especiales el
día de la aplicación, para la población discapacitada, siempre y cuando se
suministre por su parte la información requerida para este fin, en la forma y
términos señalados en este artículo.
Para
los fines indicados en el inciso anterior, es necesario que además de la
información suministrada al momento de efectuar inscripción y registro, los
rectores reporten por escrito al ICFES los datos de los examinados registrados
como discapacitados, indicando nombre, apellido, documento de identidad, clase
de discapacidad, así como la especificación de los tipos de apoyo requeridos para
el día de la aplicación. Los usuarios que se registren individualmente,
suministrarán la información relativa a su discapacidad al efectuar el proceso
de registro.
Además
de los elementos autorizados para el ingreso al sitio de aplicación, el ICFES
autorizará el ingreso de apoyo necesario de acuerdo con la información previamente
suministrada por el usuario sobre su discapacidad”.
1.1.1.5.   Arguye que atendiendo
lo anterior, el colegio al momento de realizar la inscripción para la
presentación del examen de Juan Camilo, informó dicha situación al ICFES, a lo
cual dicha entidad indicó que la ayuda que suministraría sería la de un lector,
pero “éste tipo de ayudas no ha sido utilizada por Juan Camilo en su proceso
de escolaridad y no le garantizan las condiciones adecuadas para la
presentación de la prueba, pues él necesita es ampliación de textos, lupas,
computador, tiempo extra para las pruebas de conocimiento y, en algunos casos,
en las pruebas en las que hay colores, una persona o un secretario que le
colabore en el diligenciamiento de los formatos de respuesta y demás
información solicitada”.
1.1.1.6.   Relata que el
señor Luis Fernando Macías Gómez, padre de Juan Camilo, en cumplimiento del
artículo 5 de la Resolución 092 de 2008, mediante derecho de petición adiado a
7 de marzo de 2013, informó al ICFES sobre las ayudas requeridas por su hijo
para presentar el examen de Estado, para lo cual anexó copia de las
certificaciones médicas y el resumen de su historia clínica.
1.1.1.7.   Indica que el
ICFES, en respuesta a la anterior petición, expidió comunicación 2013R54660 del
18 de marzo de 2013, mediante la cual “ofrece como apoyo el Kit que se da a
las personas invidentes, el cual Juan Camilo nunca ha utilizado, pues él no es
una persona invidente”.
En dicha
comunicación el ICFES manifestó que:
“es
pertinente señalar que el apoyo ofrecido a la población discapacitada invidente
es el de un lector apoyado con un kit tifiológico, el cual es avalado por el
Instituto Nacional de Ciegos. El área encargada procurará asignar un lector con
dominio del inglés, finalmente le indicamos que no es posible imprimir el
material de su hijo diferente al del resto de la población a evaluar”.
1.1.1.8.
Como el ICFES insistió en
otorgar ayudas que no satisfacen las necesidades de la discapacidad de Juan
Camilo, su padre acudió a la acción de tutela para el amparo de sus derechos.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la
solicitud de tutela, el Juzgado Treinta y Cinco del Circuito de Bogotá la
admitió y ordenó oficiar a la accionada para que se pronunciara sobre los
hechos y pretensiones en ella contenidos.
Notificadas las
partes en debida forma de la admisión de la acción de tutela, y transcurrido el
término legal, el ICFES explicó cómo es la presentación de exámenes de
parte de las personas con discapacidad visual[1].
Al respecto, la
entidad accionada precisó que la lectura en voz alta por parte de terceros es
la alternativa más viable para la población con limitaciones visuales, por lo
que el instituto cuenta con el apoyo y la orientación del Instituto Nacional de
Ciegos “INCI”, con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones
tendientes a garantizar el acceso de la población con limitación visual a las
diferentes pruebas.
Agrega que en
desarrollo del apoyo entre estas dos entidades, en el 2008 se programaron
capacitaciones por parte del INCI para desplegar un proceso de formación de
lectores de las pruebas, obteniendo un total de 240 lectores habilitados a
nivel nacional, “lo que demuestra que el ICFES se ha preocupado por
garantizar a la población con alguna discapacidad que se presenta a las
diversas pruebas o exámenes que aplica, lo haga en las mejores condiciones de
accesibilidad suministrándoles el apoyo de lectores que tengan las competencias
necesarias para que la lectura de la prueba les facilite su desarrollo en las
mejores condiciones de accesibilidad” (SIC).
Por otra parte
manifestó que, la Oficina Asesora Jurídica del instituto ofició, mediante
comunicación interna N° 0040 del 22-03-2013, a la Subdirección de Aplicaciones-encargada de la parte logística de los diferentes exámenes-, y que la respuesta
allegada fue la siguiente:
“A
quienes se registran como invidentes o con baja visión se les suministra el
apoyo de un lector, esta persona ha sido capacitada por el INCI con el fin de
apoyar en la lectura de las preguntas que contiene el cuadernillo y en el
manejo de la hoja de respuestas. Así mismo se ha definido remitir un kit
tifológico, el cual es un material de apoyo manejado por el lector en el
momento en que tiene que describir principalmente gráficas. Dado que no es
posible imprimir los cuadernillos de examen con las características específicas
en que los usuarios lo requieran, se ha determinado que esta población se le
autorice el ingreso de elementos adicionales de apoyo que posean para presentar
la prueba. Para el caso de Juan camilo se le autoriza el ingreso de los
elementos que posee el estudiante como telescopio, lupa y gafas con filtro, Los
materiales o cuadernillos de prueba que utilizará el ICFES para esta prueba son
en letra negra y con un solo fondo de color de papel, que en la mañana será
rojo y en la tarde azul, Igualmente se le suministrará el apoyo de un lector
especializado”.
(Subrayado fuera del texto).
Respecto a los
salones donde se presenta el examen, el ICFES expresó que “éstas personas se
ubican en salones independientes donde no interfiere la lectura de otras
personas y son los últimos donde se recogen los cuadernillos, por cuanto hacer
otra distinción respecto de la prueba pondría en desventaja a los demás
participantes”.
En cuanto al
tiempo de aplicación del examen, determinó que “es claro que las pruebas
están diseñadas para desarrollarse en determinado tiempo, sin lugar a
excepciones, por tanto la única consideración que al respecto tiene el ICFES
con la población discapacitada es en cuanto a que los salones donde están
ubicadas las personas con alguna discapacidad, son los últimos donde se recogen
los cuadernillos, por cuanto hacer otra distinción respecto al tiempo de la
prueba pondría en desventaja a los demás participantes”.
Adiciona la
entidad accionada que “el ICFES no puede satisfacer la asignación del
“secretario” por parte del accionante, puesto que el ICFES en aras de
garantizar el derecho a la igualdad de todos los inscritos con alguna
discapacidad, nombra lectores debidamente capacitados por el INCI Igualmente la
solicitud de ampliación al 200%. Los discapacitados visualmente, dispondrán de
cuadernillos, hoja de operaciones y hoja de respuesta previamente impresas en
iguales condiciones” (SIC).
Por lo esbozado
anteriormente, el ICFES solicita que se niegue el amparo deprecado, al no
existir ni amenaza ni vulneración a derecho fundamental alguno por parte de la
institución.
1.3.
DECISIONES
JUDICIALES
1.3.1.  Decisión de
primera instancia
Mediante sentencia
proferida el 3 de abril de 2013, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito
de Bogotá negó el amparo solicitado, tras considerar que “no se observa la
vulneración de derecho fundamentales al accionante por parte del ICFES, en
especial el de la igualdad, pues si bien es cierto, lamentablemente el joven
Juan Camilo Macías Gómez, padece de una enfermedad congénita en sus ojos, según
el certificado médico, también lo es, que para el momento en que el accionante
presente su examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior Saber 11°,
el ICFES, le está garantizando todos los medios necesarios, para que presente
su examen en igualdad de condiciones frente a los demás evaluados (…). Al joven
Juan Camilo se le ha autorizado el ingreso de elementos de apoyo, de la misma
manera el lector especializado que se le asignará al accionante contará con un
kit tiflológico, igualmente el accionante será ubicado en un salón
independiente donde no interfiera la lectura de otras personas (…)”.
En virtud de lo
anterior, el a quo concluyó que el accionante contará con las ayudas requeridas
para que presente un examen en óptimas condiciones. Sin embargo, el juez de
primera instancia previno al ICFES para que adelante las gestiones necesarias
para que el accionante el día de su examen pueda ingresar el telescopio, la
lupa y las gafas con filtro; además, para que cuente desde el inicio hasta la
finalización del examen con la asistencia del lector especializado certificado
por el INCI.
1.3.2.  Impugnación
Dentro de la
oportunidad legal prevista, el apoderado judicial del señor Luis Fernando
Macías Gómez, representante legal de Juan Camilo Macías Gómez, impugnó la
sentencia de primera instancia conforme a los siguientes argumentos:
Inicialmente
destaca que en el fallo de primera instancia se desconocieron las
circunstancias fácticas que motivaron la interposición de la tutela, en el
entendido de que se le ha dado a Juna Camilo el mismo trato que a las personas
invidentes, discapacidad visual que él no tiene.
En su sentir,
resulta abiertamente contrario al Estado Social de Derecho y a la Constitución
Política, especialmente a lo previsto en el artículo 13, igualar la situación
médica de una persona invidente con la de aquella que tiene “acromatopsia”,
“pues esta es una situación visual en la cual no ve ningún color y solamente ve
en tonalidades de blancos, negros y grises”.
Así mismo,
sostuvo que no es admisible que el juez de instancia haya afirmado que la
accionada esté brindando las condiciones necesarias para que Juan Camilo
presente el examen, ya que sin ninguna justificación constitucional ésta se ha
negado a la ampliación al 200% del cuadernillo y de la hoja de respuestas, así
como a la posibilidad de que éstos sean impresos con letra negra sobre un fondo
blanco, requerimientos que resultan necesarios para que Juan Camilo pueda
presentar en condiciones de igualdad el examen de Estado.
Respecto a lo
anterior, el impugnante solicitó que se tuviera como prueba de la impugnación
un certificado médico de fecha 5 de abril de 2013, expedido por el médico
Roberto Valencia, experto que ha tratado a Juan Camilo desde el 9 de noviembre
de 2006, y quien, dada la agudeza visual del joven, indicó las ayudas que
requiere de manera permanente. Éstas son: “i) telescopio de lejos; ii) un
filtro rojo 550 con transmisión 7% para mejorar su deficiencia de color y su
fotofobia; y iii) para mejorar su eficiencia visual, rapidez y comprensión de lecturas
los impresos en MACROTIPO”.
Conforme a lo
antes mencionado, precisó que “en este caso se da una solución deficiente
para garantizar de manera efectiva los derechos vulnerados a Juan Camilo. Por
tanto, mientras no se den la totalidad de garantías que requiere el próximo 14
de abril de 2013 en la presentación del examen “Saber 11” no es posible afirmar que no persista una vulneración a los derechos a la igualdad del
accionante”.
Aseveró el
accionante que el juez de instancia no dijo de qué manera contribuirían las
ayudas por él ordenadas al ICFES, para evitar la conculcación de los derechos
de Juan Camilo, pues en primer lugar, “no se sabe si el lector bajo las
instrucciones de Juan Camilo lo ayudará en el diligenciamiento del cuadernillo”;
en segundo lugar, “respecto al kit tiflológico, es necesario poner de
presente que en ninguna de las piezas procesales se ha hecho referencia de los
elementos que lo integran y la forma en la cual el joven podrá disponer de
ellos (…)”; y en tercer lugar, “en la parte resolutiva del fallo que se
impugna no se establecieron órdenes relacionadas con las ayudas logísticas que
deberá tener Juan Camilo el día del examen”.
Por último, dado
que Juan Camilo debe presentar el examen “Saber 11” el 14 de abril de 2013, se solicitó al ICFES como medida provisional que realice las gestiones
necesarias para que el joven pueda utilizar los apoyos que requiere. También se
le ordenó a la institución demandada que indique de manera precisa y detallada
cuáles serán las funciones del lector asignado.
1.3.3.  Decisión de
segunda instancia
Mediante
sentencia proferida el 18 de abril de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo impugnado, en virtud de que “el
juez de tutela no cuenta con la facultad de señalarle al ICFES la forma en la
que el joven debe utilizar los elementos que se le permitieron ingresar a la
prueba, púes ésta es una atribución que tan solo tiene la institución
demandada”.
Finalmente
sostuvo el ad quem que la institución demandada desde la contestación de
la petición del accionante ha estado dispuesta a garantizarle las condiciones
necesarias para preservar sus derechos fundamentales para la presentación del
examen de Estado.
1.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran
en el expediente, entre otras, las siguientes:
1.4.1.
Certificado
de estudio de Juan Camilo Macías Gómez, expedido por el Colegio Louis Pasteur
de Bogotá.
1.4.2.
Certificado
médico expedido por la doctora Nicole Benoit, adiado a noviembre 13 de 2012, en
el que consta que Juan Camilo Macías Gómez presenta “acromatopsia”.
1.4.3.
Copia
del resumen de la historia clínica de Juan Camilo Macías Gómez.
1.4.4.
Copia
de la resolución 000092 del 22 de febrero de 2008 expedida por el ICFES.
1.4.5.
Copia
del derecho de petición adiado a 7 de marzo de 2013, mediante el cual el señor
Luis Fernando Macías Gómez solicita al ICFES el soporte necesario para que Juan
Camilo Macías Gómez presente el examen “Saber 11”.
1.4.6.
Copia
de la respuesta al derecho de petición del 7 de marzo de 2013, adiada a 18 de
marzo de la misma anualidad, mediante la cual el ICFES le manifiesta al señor
Luis Fernando Macías Gómez que  a Juan Camilo se le va a brindar el apoyo de un
lector para que realice el examen “Saber 11”.
1.4.7.
Copia
de la resolución 000491 del 19 de mayo de 2010 expedida por el ICFES.
1.4.8.
Copia
de la resolución 000492 del 19 de mayo de 2010 expedida por el ICFES.
1.4.9.
Copia
de la contraseña de Juan Camilo Macías Gómez.
1.4.10.
Certificación
expedida el 5 de abril de 2013 por el doctor Roberto Valencia, quien determinó
que Juan Camilo Macías Gómez debe utilizar de manera permanente telescopio para
tareas de lejos, filtro rojo 550 con transmisión 7% para mejorar su deficiencia
al color y su fotofobia e impresos macrotipo.
1.4.11.
Copia
de la citación a Juan Camilo Macías Gómez, al examen de Estado “Saber 11”, en la que se le manifiesta que “no podrá ingresar al sitio de aplicación elementos no
autorizados como: celulares, aparatos electrónicos o de comunicación, impresos
o escritos, maletines, bolsos, etc. Sólo podrán ingresar al sitio de
aplicación: documento de identidad válido, lápiz de mina negra N° 2, borrador,
tajalápiz”.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
Corresponde a la
Sala establecer si el ICFES está vulnerando los derechos fundamentales a la
igualdad, a la no discriminación y a la educación de Juan Camilo Macías Gómez,
al suministrarle ayudas y asistencia para personas invidentes para realizar el examen
“Saber 11”, las cuales no son acordes con la discapacidad visual que tiene.
Para
tal fin, la Sala analizará: i) la protección constitucional reforzada de las
personas en situación de discapacidad, y ii) el amparo del derecho a la
educación inclusiva de las personas en situación de discapacidad.
Posteriormente se pasará a analizar el caso concreto.
2.3.
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD SON SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
La Constitución Política de 1991 consagra en múltiples
disposiciones –artículos 13, 47, 54 y 68- la especial protección de que gozan
las personas con limitaciones o en situación de discapacidad.
En este sentido, el artículo 13 Superior establece que
“el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. De
esta disposición Superior se deriva la obligación del Estado y autoridades de
adoptar medidas afirmativas para evitar la discriminación y garantizar la
igualdad real y efectiva de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad.
En este sentido, “la igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP
art. 13), constituyen derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art.
85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que
por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta”[2].
Por su parte, el artículo 47 Constitucional
manifiesta que es obligación del Estado adelantar una “política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”. Esta norma consagra entonces un derecho a favor de las personas
en situación de discapacidad, el cual a su vez se convierte en una obligación
del Estado, consistente en la adopción programática de una política de
previsión, rehabilitación e integración social para esta población.
En el ámbito laboral, el artículo 54  Superior regula que
“El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”. En este artículo se evidencia la existencia de una
obligación clara y expresa de parte del Estado de propender por la inclusión laboral,
en condiciones dignas, de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad.
Por último, respecto al derecho a la educación, el
artículo 68 de la Carta determina que son obligaciones especiales del Estado
la “erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales”. De
este mandato constitucional se deriva la obligación que tiene el Estado de
crear políticas públicas encaminadas a superar las barreras de acceso a la
educación de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad.
Ahora bien, es de tenerse en cuenta que los derechos
de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad han sido
reconocidos por múltiples tratados internacionales, muchos de ellos ratificados
por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Entre ellos se
encuentran:
i)
Los expedidos por la Organización
de las Naciones Unidas, tales como la Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental (1971), la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975), y las Normas
Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(1993).
ii)
El Convenio 159 de la OIT “sobre
la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”.
iii)
La recomendación No. 168 de la OIT
“sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”,
aprobado por el Estado colombiano mediante Ley 82 de 1988.
iv)
También son de
importancia, entre otros instrumentos internacionales: (i) Las “Declaraciones
sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social”; (ii) El “Programa de
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad”; y (iii) normas técnicas internacionales como la Declaración
de Copenhagen, Sección B 26, relativas a las obligaciones de los Estados
para promover la accesibilidad para las personas con discapacidad.
v)
Así mismo, en el ámbito americano se
encuentra: (i) la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, la cual
tiene la finalidad de prevenir y eliminar todas las expresiones de
discriminación contra las personas con discapacidad, así como la de propiciar
su plena integración a la sociedad. En el artículo 1° de este instrumento
internacional se establece que: “el término ‘discapacidad’ significa una
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente
o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y
social”.
En esta Convención se consagra que
la discriminación contra las personas con limitaciones o con discapacidad
constituye toda “distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades
fundamentales”. Adicionalmente, ordena a los Estados a tomar medidas no
sólo para “eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad”
sino también para “propiciar su plena integración en la sociedad”.
vi)
Por otra
parte, el Protocolo de San Salvador “sobre derechos económicos, sociales y
culturales”, hace referencia a los derechos a la seguridad social y a la
salud de personas con discapacidad.
vii)
También los derechos de las
personas con limitaciones o en situación de discapacidad se encuentran regulados
en tratados multilaterales como: (i) la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, (ii) el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, (iii) el Pacto Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales, y (iv) la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.
viii)
Especial relevancia reviste la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, la cual propone “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Por otro lado, desde el punto de vista legal,
diferentes regulaciones han definido mecanismos de protección para las personas
en situación de discapacidad en diversas materias. Entre ellas se encuentran:
i)    El Decreto 2177 de 1989, “por el cual se desarrolla
la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio 159, suscrito con la Organización
Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de
personas inválidas”. Éste consagra que el Gobierno Nacional dentro de la
política nacional de empleo, debe adoptar programas permanentes y continuos para
la creación de fuentes de empleos para personas con limitaciones.
ii)  La Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad
Social, en el cual se contempla la atención en salud y la rehabilitación de las
personas con deficiencia o con discapacidad, cualquiera que haya sido su
patología causante.
iii)    La Ley 115 de 1994, que en su Título III, Capítulo I,
reglamenta la atención educativa para las personas con discapacidad y talentos
excepcionales, y consagra que es obligación de los establecimientos educativos
permitir el proceso de integración académica y social de los educandos en
situación de discapacidad.
iv)    El Decreto 2082 de 1996, “Por el cual se reglamenta
la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales”. En este decreto se establece que esta
población puede recibir atención específica y en determinados casos, individual
y calificada, dentro del servicio público educativo, según la naturaleza de la
limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad,
para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural
y social.
v)      La ley 361 de 1997, que comprende la constitución de
mecanismos de integración social para las personas con limitaciones, los cuales
se basan en los mandatos constitucionales que apuntan al reconocimiento de sus derechos
fundamentales, económicos, sociales y culturales, como elementos necesarios
para que alcancen su integración social, la asistencia y la protección que
necesitan.
vi)    La ley 1145 de 2007, que contiene
la formulación e implementación de la política pública de discapacidad, políticas
macroeconómicas y sectoriales. En ella se consagra que la ejecución de dichas
políticas se hará en forma coordinada y articulada con los diferentes sectores
institucionales y sociales, entidades públicas del orden nacional, regional y
local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la
sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales en el marco de los Derechos Humanos.
De conformidad con los preceptos constitucionales, con
los instrumentos internacionales y con las disposiciones legales antes
mencionados, la jurisprudencia de esta Corporación ha alcanzado un alto desarrollo en esferas como la
estabilidad laboral reforzada, el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a la locomoción, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad
y a la no discriminación, la protección de los menores con discapacidad, la
eliminación de barreras de acceso y el derecho a la educación de las personas con limitación o en situación de
discapacidad.
Al respecto, esta Corporación ha establecido en
jurisprudencia reiterada y uniforme que las personas en situación de discapacidad
son sujetos de especial protección constitucional[3], como
consecuencia de los mandatos de igualdad ante la ley, prohibición de
discriminación, y promoción y protección de grupos tradicionalmente
discriminados o personas en condición de debilidad manifiesta (artículo 13 de la
Constitución Política), y de la obligación del Estado de propiciar la
reintegración y rehabilitación de las personas en condición de discapacidad
(artículo 47 de la Constitución Política).
En este sentido, la Corte ha reconocido que son muchas
las barreras y los obstáculos que han tenido que padecer las personas con
limitaciones o en situación de discapacidad en nuestra sociedad, los cuales
impiden que gocen efectivamente de sus derechos fundamentales, así como también
impiden la inserción social y laboral de esta población, e imposibilitan su participación
efectiva en los asuntos que les interesa, lo cual se traduce en  una clara
vulneración de la dignidad de este grupo poblacional y perpetúa situaciones de
discriminación y marginalidad.
En este sentido, especial atención le ha dado la Corte
al derecho a la igualdad  y a la no discriminación de las personas con
limitaciones o en situación de discapacidad. Para ello, ha hecho énfasis en la
necesidad de brindar un trato especial a ese grupo poblacional y ha insistido en
que el derecho a la igualdad más allá de una concepción formal, debe tener en
cuenta las diferencias reales existentes entre personas que padecen alguna
discapacidad y las que no.
Respecto a las personas con discapacidad, esta
Corporación ha insistido en que: “la igualdad de oportunidades es un
objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás
derechos y la plena participación en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de
oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se
"equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para
garantizarles el pleno goce de sus derechos. Los derechos específicos
para las personas con discapacidad implican necesariamente, acciones
afirmativas a favor de éstas, de manera que “autorizan una "diferenciación
positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato
más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en
circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13)”[4] (Subrayado
fuera del texto).
En cuanto a la necesaria
eliminación de la discriminación y la garantía de la igualdad real y efectiva
de esta población, la Sentencia T-553 de 2011[5] precisó
que:
“En punto al importante cometido que se busca
alcanzar a través del despliegue de acciones afirmativas por parte del Estado
frente a las personas en situación de discapacidad, esta Corporación ha
referido que “el fin perseguido a través de las medidas de diferenciación positiva
es el de contrarrestar - equilibrar - los efectos negativos que generan las
discapacidades en punto a la participación de los discapacitados en las
distintas actividades que se desarrollan en la sociedad” (Subrayado en el
texto).
Así
las cosas, se reitera que el contenido del artículo 13 de la Constitución
Política busca la realización de una justicia material para todas las personas.
En consecuencia, “el trato favorable no constituye un privilegio arbitrario
o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple cumplimiento del
deber constitucional de especial protección al que se ha hecho mención, a fin
de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a su
circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una
carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la
ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el postulado mínimo de
igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”[6] (Subrayado
en el texto).
Específicamente, esta Corporación ha referido que
pueden constituir actos de discriminación contra la población en situación de
discapacidad, “la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente,
dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin
justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio
consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen
derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión
de un beneficio, ventaja u oportunidad”[7] (Subrayado en el texto).
Así
las cosas, se puede decir entonces que existe una clara necesidad de que el Estado
– legislador, juez y administrados, en todos los ordenes territoriales-,
brinden un trato especial a las personas en situación de discapacidad, pues la
omisión de dicho trato especial puede constituir una medida
discriminatoria. Ello, por cuanto “la no aplicación de la diferenciación
positiva en el caso de las personas discapacitadas permite que la condición
natural de desigualdad y desprotección en que se encuentran se perpetúe,
situación que les impide, entonces, participar e integrarse en las actividades
sociales, para poder así ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones.
En suma, las
personas discapacitadas tienen derecho a que el Estado les procure un trato
acorde a sus circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el ejercicio
pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. La omisión de este deber, por
parte del Estado, puede convertirse en una lesión de los derechos fundamentales”[8] (Subrayado fuera
del texto).
Respecto
a la violación del derecho a la igualdad por omisión en el cumplimiento del
deber de trato especial de las personas en situación de discapacidad, la Corte
ha precisado que dicha circunstancia supone que el juez verifique la existencia
de:
“(1)
un acto - jurídico o de hecho - de una autoridad pública o de un particular, en
los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas
con limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre el acto,
positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades
u oportunidades de los discapacitados”[9].
En
concordancia con los supuestos antes señalados, se tiene que la Constitución
Política de 1991, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, las
disposiciones legales y la jurisprudencia constitucional de esta Corporación, han reconocido
que debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidas las
personas en situación de discapacidad y dada su especial condición, el Estado
tiene el deber de crear acciones efectivas para desarrollar cabalmente el
postulado del derecho a la igualdad, con el fin de garantizarles su integración social y el pleno disfrute de todos sus
derechos.
En
efecto, la igualdad de oportunidades es un objetivo y a la vez un medio para
lograr que las personas en situación de discapacidad puedan disfrutar al máximo
de los demás derechos y para que adquieran la plena participación en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la nación, ello por cuanto la
igualdad de oportunidades es una garantía fundamental mediante la cual se
equipara a las personas en inferioridad de condiciones, a las personas que no
padecen ninguna discapacidad, con el fin de que puedan ejercer sus derechos y
libertades y tener plena participación en las actividades de sus respectivas
sociedades.
2.4.
EL AMPARO DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
2.4.1.  Regulación constitucional
Dado que el esquema de protección
constitucional de las personas en situación de discapacidad tiene
manifestaciones concretas en el ámbito de la educación, el artículo 67 Constitucional
consagra a éste como derecho fundamental de la persona, al tiempo el artículo
68 establece que“(…) la educación de
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
son obligaciones especiales del Estado”.
Estas normas constitucionales
recogen los principios que sobre la materia consignan los diversos tratados y declaraciones internacionales,
algunos de ellos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
al tenor del artículo 93 de la Constitución de 1991.
2.4.2.
Instrumentos
internacionales
Dentro de los
instrumentos que protegen el derecho a la educación de las personas en
situación de discapacidad se encuentran:
i)
La Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que en su artículo 26 establece que “toda persona tiene
derecho a la educación. (…) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones”.
ii)
El Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 consagra que “1.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones
Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: (…) b) La
enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva
de la enseñanza gratuita (…)”.
iii)
Las Normas Uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las personas en situación de discapacidad,
expresa en su artículo 6, que “los
Estados deben velar por que la educación de las personas con discapacidad
constituya una parte integrante del sistema de enseñanza. 1. La responsabilidad
de la educación de las personas con discapacidad en entornos integrados
corresponde a las autoridades docentes en general.  La educación de las
personas con discapacidad debe constituir parte integrante de la planificación
nacional de la enseñanza, la elaboración de planes de estudio y la organización
escolar. 2. La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de
servicios de interpretación y otros servicios de apoyo apropiados.  Deben
facilitarse condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en
función de las necesidades de personas con diversas discapacidades. (…) 4. En
los Estados en que la enseñanza sea obligatoria, ésta debe impartirse a las
niñas y los niños aquejados de todos los tipos y grados de discapacidad,
incluidos los más graves. Debe prestarse especial atención a los siguientes
grupos: a) Niños muy pequeños con discapacidad; b) Niños de edad
preescolar con discapacidad; c) Adultos con discapacidad, sobre todo las
mujeres. 6. Para que las disposiciones sobre instrucción de personas con discapacidad
puedan integrarse en el sistema de enseñanza general, los Estados deben: a)
Contar con una política claramente formulada, comprendida y aceptada en las
escuelas y por la comunidad en general; b) Permitir que los planes de
estudio sean flexibles y adaptables y que sea posible añadirles distintos
elementos según sea necesario; (…). 7. Los programas de educación integrada
basados en la comunidad deben considerarse como un complemento útil para
facilitar a las personas con discapacidad una formación y una educación
económicamente viables. 8. En situaciones en que el sistema de instrucción
general no esté aún en condiciones de atender las necesidades de todas las
personas con discapacidad, cabría analizar la posibilidad de establecer la
enseñanza especial, cuyo objetivo sería preparar a los estudiantes para que se
educaran en el sistema de enseñanza general (…)” (Subrayado fuera del texto).
iv)
La Observación General N° 13 de
las Naciones Unidas, dispone que “La
educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar
otros derechos humanos. (…) La
educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener  las siguientes
cuatro características interrelacionadas: a) Disponibilidad. Debe haber
instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del
Estado Parte (…). b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de
enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del
Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden
parcialmente: No discriminación. La educación debe ser accesible a todos,
especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin
discriminación por ninguno de los motivos prohibidos; Accesibilidad
material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su
localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal)
o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de
educación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al
alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las
diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza
primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser
gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior gratuita. c) Aceptabilidad. La forma y el fondo
de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos
pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados
culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres. d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria
para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación
y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados” (Subrayado fuera del
texto).
v)
La Convención sobre los Derechos
Humanos de las Personas en situación de Discapacidad, que en su artículo 24
establece que “Los Estados
Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de
la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con
miras a: Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad
y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad,
los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus
aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas con
discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. Al hacer
efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con
discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos
de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza
secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad
puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y
gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que
vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades
individuales; Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en
el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación
efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en
entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de
conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 3. Los Estados Partes
brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como
miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o
alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y
el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la
promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que
la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegas,
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de
comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan
alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que
estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y
personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá
la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y
formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. Los
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso
general a la educación superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad
de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se
realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”[10]
(Subrayado fuera del texto).
2.4.3.  Normativa nacional
En cuanto a las normas nacionales adoptadas en cumplimiento
de las obligaciones de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, la Ley 115 de 1994 (Ley General de
la Educación), en su artículo 46 preceptúa que “la educación para personas
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o
con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio
público educativo”. Por lo que le corresponde al Gobierno Nacional y a las
entidades territoriales “incorporar en sus planes de desarrollo, programas
de apoyo pedagógico que permitan la atención educativa a las personas con
limitaciones”. Así mismo, señala que “el gobierno Nacional dará ayuda
especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo
especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción
que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de atender, en
forma integral, a las personas con limitaciones” (artículo 48
Constitucional).
De igual manera el Decreto 2082 de 1996 (por el cual se reglamenta la atención educativa para
personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales), en su artículo 16 manifiesta que “los
establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea el caso,
su proyecto educativo institucional, de manera que contemple las estrategias,
experiencias y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos, necesarios para
atender debidamente esta población”. Así mismo, estableció que “los establecimientos educativos estatales adoptarán o
adecuarán el proyecto educativo institucional, para atender debidamente a la
población con limitaciones físicas o mentales”, lo cual debía haberse
alcanzado antes del 8 de febrero del año 2000 (art. 16 y 17).
Así mismo, la citada Ley 361 de
1997 en su artículo 4 consagra que “las
Ramas del Poder Público pondrán a disposición todos
los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos constitucionales de
las personas con limitaciones para su completa realización personal, siendo
obligación ineludible del Estado la prevención, la educación apropiada, la
orientación, la integración laboral y la garantía de los derechos fundamentales
económicos, culturales y sociales”.
El artículo 10 de la citada ley establece
que: “El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación
Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles
primario, secundario, profesional y técnico para las personas con limitación,
quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más
apropiado a sus necesidades especiales”.
Por su parte, el artículo 11 consagra que: “En
concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser
discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de educación
ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación.
Para estos efectos, el Gobierno Nacional promoverá la integración de la
población con limitación a las aulas regulares en establecimientos educativos
que se organicen directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no
gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias
para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco de un
Proyecto Educativo Institucional (…)”.
El artículo 13 manifiesta que: “El Ministerio de
Educación Nacional establecerá el diseño, producción y difusión de materiales
educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y
actualización para docentes en servicio. Así mismo deberá impulsar la
realización de convenios entre las administraciones territoriales, las universidades
y organizaciones no gubernamentales que ofrezcan programas de educación
especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia,
terapia del lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos
terapéuticos y educativos dirigidos a esta población (…). Parágrafo: Todo
centro educativo de cualquier nivel deberá contar con los medios y recursos que
garanticen la atención educativa apropiada a las personas con limitaciones
(…)”.
El artículo 14 establece que “El Ministerio de Educación Nacional y el ICFES,
establecerán los procedimientos y mecanismos especiales que faciliten a las
personas con limitaciones físicas y sensoriales la presentación de exámenes de
estado y conjuntamente con el ICETEX, facilitará el acceso a créditos
educativos y becas a quienes llenen los requisitos previstos por el Estado para
tal efecto”.
De otra parte, se destaca el artículo 23 que señala
que, “El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, realizará acciones de
promoción de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el acceso
en igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de sus
potencialidades a los diferentes programas de formación (…)”.
Por otra parte, el Decreto 366 de 2009, en su artículo
4 y 9 expresa que “Los
establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con
discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con autismo deben
organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los
procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y estrategias establecidas
en las orientaciones pedagógicas producidas por el Ministerio de Educación
Nacional (…). Artículo 9: La entidad territorial certificada organizará la
oferta de acuerdo con la condición de discapacidad o de capacidad o talento
excepcional que requiera servicio educativo y asignará el personal de apoyo
pedagógico a los establecimientos educativos de acuerdo a la condición que
presenten los estudiantes matriculados (…)”[11]
(Subrayado fuera del texto).
2.4.4.
Desarrollo jurisprudencial
Del
anterior recorrido normativo se desprenden las siguientes consecuencias: i) aunque en principio la educación es una
responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado, principalmente
corresponde a éste último el deber imperativo de garantizar el acceso y la
permanencia al sistema educativo a las personas en estado de discapacidad. ii)
las personas en situación de discapacidad tienen derecho preferencial a exigir
el cumplimiento y la efectividad del derecho a la educación pues la
consideración de disminuido psíquico o físico supone un trato especial. iii) una
forma de promover las condiciones para que sea efectivo el derecho a una
igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educativo de las personas en
situación de discapacidad, es otorgarles un trato cualificado y privilegiado[12].
Lo anterior implica el deber de las entidades estatales
de: “(i) garantizar la
disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del
servicio de educación, los cuales deben suministrarse en condiciones de
igualdad, y bajo la consideración de las condiciones especiales de las personas
afectadas con dichas limitaciones, de tal forma que (ii) sus procesos de
aprendizaje y socialización sean lo más parecido posible a los de cualquiera de
los educandos que carecen de alguna discapacidad”[13].
De
lo esgrimido anteriormente, se tiene que el derecho a la educación es de carácter
fundamental, garantía que se refuerza cuando se trata de personas que están en
situación de discapacidad. Ahora bien, este derecho comprende la garantía de
acceso y permanencia en el sistema educativo, con el fin de que estas personas
puedan ejercer plena y efectivamente todos los contenidos de dicho derecho. En
cuanto al modelo que se debe utilizar en el sistema educativo colombiano (para
todos los educandos, y en especial para las personas en situación de
discapacidad), encontramos que ésta debe ser preferentemente inclusiva. A
continuación la Sala pasará a hacer un breve relato acerca de los
planteamientos sobre la educación inclusiva.
2.5.
Contenido del derecho a la
educación inclusiva
En cuanto a la perspectiva del derecho a la educación,
encontramos que hacer efectivo dicho derecho, “exige garantizar que todos
los niños, niñas y jóvenes con discapacidades, a lo largo de todo el ciclo
educativo, desde la educación inicial hasta la superior, desarrollen sus
competencias para la vida en todos sus niveles, alcancen los estándares y
puedan aplicar las pruebas de evaluación, con apoyos particulares”[14],
y éstos, son justamente los lineamientos que definen la inclusión educativa
o educación inclusiva.
Se puede decir entonces, que “la inclusión
educativa es consustancial al derecho a la educación o, en forma más
definitoria, un requisito del derecho a la educación, toda vez que el pleno
ejercicio de este derecho, implica la superación de toda forma de
discriminación y exclusión educativa. Avanzar hacia la inclusión supone, por
tanto, reducir las barreras de distinta índole que impiden o dificultan el
acceso, la participación y el aprendizaje, con especial atención en los alumnos
más vulnerables o desfavorecidos, por ser los que están más expuestos a
situaciones de exclusión y los que más necesitan de la educación”[15].
De hecho, la inclusión educativa es un descriptor
internacional que tiene su fundamento en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la que se asume que los Estados tienen la obligación de
garantizar una enseñanza no segregadora, que se materialice en una inclusión
social de todas las personas, independientemente de sus condiciones personales,
sociales o culturales.
Ahora bien, tratándose en especial de las personas con
discapacidad, la regla general es que éstos deben hacer parte de un sistema
educativo inclusivo, pues la educación inclusiva “surge del convencimiento
de que el derecho a la educación es un derecho humano básico que ésta en la
base de una sociedad más justa. Por lo tanto, se parte de una justificación
social, de carácter humanista, que defiende la idea de que si todos los niños,
niñas y jóvenes aprenden juntos en escuelas inclusivas, cambiarán las actitudes
frente a la diferencia y ello dará lugar a una sociedad más justa y no
discriminadora, en la que no tengan cabida los procesos de exclusión”[16].
En efecto, se tiene que la inclusión remueve los
planteamientos más profundos de una auténtica educación, pues “destaca el
derecho fundamental de todos  a recibir una educación de calidad, incorpora la
realidad humana de la diversidad como un valor, plantea el medio ordinario como
el más realista, natural y eficaz para llevar a cabo dicha educación, exige la
participación y convivencia como metas integrantes de todo proceso educativo,
demanda el desarrollo de un currículo funcional, común y adaptado a la vez a la
individualidad de cada alumno, promueve un aprendizaje significativo,
cooperativo, constructivista, y reflexivo, y finalmente, implica a toda la
comunidad educativa y a la sociedad misma como marcos y agentes de la
educación”[17].
A la vista de las consideraciones anteriores, es
evidente la necesidad de crear y afianzar un sistema educativo que realmente
contribuya al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria, idea que surge
como consecuencia de los altos niveles de exclusión y desigualdades educativas
que persisten en el sistema educativo colombiano.  Para lograr lo pretendido,
es decir, transformar el sistema educativo para responder a la diversidad de
los estudiantes, la educación inclusiva se configura como el mecanismo idóneo
para lograrlo, entonces, le corresponde al Estado adoptar políticas
sistemáticas que afecten todos los componentes de un sistema educativo, tales
como la formación de los profesores, la financiación, la dirección y
supervisión escolar, entre otros.
Algunos países como Canadá, Argentina y la Unión
Europea, han evolucionado hacia este modelo de educación, y han puesto de
manifiesto diversos planteamientos, servicios y prácticas que se hacen
necesarias para ofrecer una educación inclusiva en personas que tienen
discapacidad. Han señalado entre los más urgentes los siguientes: “-Es
necesario alcanzar una escuela realmente inclusiva, basada en el modelo
curricular y que asegure la convivencia, la colaboración, y la participación de
todos. Esta educación debe garantizarse a lo largo de todo el sistema educativo
como parte de los derechos fundamentales que tiene toda persona, también los
alumnos con necesidades especiales de educación graves y permanentes; -la
educación inclusiva debe impregnar y orientar la organización, la planificación
educativa, la distribución de los recursos y el diseño de las prácticas
pedagógicas; -es preciso organizar una estructura de servicios personales y
materiales suficiente que asegure la prestación de los apoyos especiales que estos
alumnos precisan para su completo desarrollo (…) el éxito educativo de los
alumnos con necesidades especiales de educación no será posible sin la
implicación de toda la comunidad educativa: órgano directivo, tutores,
orientadores (…); y, entre otros, se debe avanzar hacia la superación de
enfoques que suponen la existencia de dos sistemas diferenciados
(ordinario/específico) y proporcionar al profesorado diversos tipos de apoyo
(personal, complementario, materiales, formación actualizada,…) que favorezcan
una práctica de inclusión plena (…)”[18].(Subrayado
fuera del texto).
Así las cosas, la Sala encuentra que una de las
innovaciones más importantes e influyentes que los sistemas educativos han
incorporado a sus políticas y prácticas, es la educación inclusiva, y en
nuestro país, la Corte Constitucional, cumpliendo una de las funciones
encargadas por el Constituyente del 91, consistente en la revisión de los
fallos de tutela  proferidos por todos los jueces de la República para amparar
los derechos fundamentales de los individuos, ha creado líneas
jurisprudenciales que protegen el derecho a la educación inclusiva de las
personas que tienen alguna discapacidad.
A
continuación pasará la Sala a hacer mención de algunas de dichas providencias.
En
la Sentencia T- 443 de 2004[19],
la Corte al revisar un caso en que se discutía la necesidad de una educación especial para un niño autista,
trató el tema de si el derecho al acceso y
permanencia en el sistema educativo de las personas con discapacidad debe
hacerse efectivo integrándolos a las aulas regulares de los establecimientos
donde se imparte educación para personas que no se encuentran en igual
circunstancia, o si, por el contrario, es necesario vincularlos a centros donde
puedan recibir una educación especial. Al respecto consideró que:
“Una primera tendencia, que
puede denominársele inclusiva, resalta la conveniencia de permitir el acceso de
discapacitados a instituciones educativas no especializadas en su atención,
pues de esta forma no sólo se combate efectivamente la discriminación social a
la cual son sometidos en razón de su minusvalía, sino que además se produce un
efecto pedagógico positivo pues el discapacitado, al interactuar con personas
normales, podría superar con más facilidad los obstáculos de aprendizaje. Esta
posición ha sido respaldada por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre
el Derecho a la Educación.
(…) Por otra parte, está la corriente excluyente que en
términos generales considera que los discapacitados están en imposibilidad de
adaptarse a las condiciones de las instituciones educativas, y que además es
inconveniente integrarlos con los niños normales por los eventuales daños
físicos o sicológicos que pueden sufrir esos menores por parte de los niños que
no tienen esas limitaciones.
En
lo que respecta al caso colombiano, en esta misma sentencia se  dejó dicho que la
Corte desde sus primeros pronunciamientos se ha inclinado por
considerar a la educación especial como un recurso extremo “pues la regla
general consiste en procurar vincularlos a establecimientos regulares de
educación”, pues “la
separación o aislamiento pueden engendrar sentimientos de inferioridad, con
todas sus previsibles secuelas negativas”.
Posteriormente,
en la Sentencia T- 170 de 2007[20],
en la que también se discutió la necesidad de incluir a un niño que padecía
“Síndrome de Down”  en una escuela que prestara el servicio de educación
especial, la Corte dejó ver su posición en cuanto a que la educación especial
no integrada debe ser excepcional y sólo debe recurrirse a ella en casos
extremos, previa demostración profesional de su necesidad. En palabras del Alto
Tribunal:
“cuando el juez constitucional pretenda amparar el derecho a la educación
de un menor discapacitado, excepcionalmente puede disponer que éste se
haga efectivo en una institución de educación especial, que le brinde al
infante la posibilidad de una normalización e integración social plena, previa
existencia de un diagnóstico que así lo indique, pues en principio se debe
procurar vincularlos a establecimientos regulares de educación. Con base en lo
anterior, ha definido las siguientes sub-reglas en la materia:
“a) La acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo
para la protección del derecho a la educación de los menores discapacitados.
b) La educación especial se concibe como un recurso
extremo[21].
c) Si está probada la necesidad de una educación
especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público
educativo.
d) En caso de que existan centros educativos
especializados y que el menor requiera ese tipo de instrucción, ésta no sólo se
preferirá sino que se ordenará.
e) Ante la imposibilidad de brindar una educación
especializada, se ordenará la prestación del servicio público convencional,
hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar una mejor opción
educativa al menor discapacitado”.
Por otra parte encontramos la Sentencia T-051 de 2011[22],
en la que se revisó el asunto en el que un municipio no destinó, conforme a lo
establece la Constitución y los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional, recursos para proveer un profesor intérprete a un estudiante
sordomudo que lo requería. En este fallo, la Corte delimitó el concepto de
educación inclusiva, partiendo de que éste ha sido el modelo de educación al
cual se le ha apostado internacionalmente
a través de las Declaraciones de Managua, Dakar y Salamanca, así como en la
Convención de las Naciones Unidas, por ser considerado como  la mejor vía para
garantizar, en condiciones de igualdad, el derecho a la educación de las
personas con discapacidad. En palabras del Alto Tribunal:
“Una buena manera de entender el concepto de educación
inclusiva, es el de contrastarlo con otros modelos que han estado presente en
materia de educación de las personas con discapacidad. Principalmente, se
identifican como alternativas a la educación inclusiva la llamada educación
segregada y la educación integrada.
Por educación segregada se entiende principalmente la
oferta educativa exclusiva para personas con discapacidad. A lo largo de la
historia este modelo ha sido el imperante tanto en Colombia como en diferentes
partes del mundo. Sus defensores consideran que las personas con discapacidad,
dadas sus necesidades especiales, tendrán mejoras en su proceso educativo si
están en instituciones que les brinden atención especializada. (…) Bajo este
modelo educativo, entonces, las personas con discapacidad no van a la escuela
regular, sino a una institución especial y no interactúan con estudiantes sin
discapacidad, sino sólo con sus maestros y sus compañeros con discapacidad.
En las últimas décadas este modelo educativo viene
siendo cuestionado por varias razones. Básicamente se le critica a la educación
segregada que termina por ubicar a la persona con discapacidad en un perverso
paradigma de "normalidad/anormalidad" y, en consecuencia, a perpetuar
la exclusión que enfrentan las personas con discapacidad en todos los espacios
de la vida social.
Una
primera respuesta a los problemas de la educación segregada lo ha sido la
llamada educación integrada. Este modelo educativo consiste en permitir que
personas con diferentes niveles de capacidad accedan a la escuela regular pero
a través de una oferta educativa especializada. La educación integrada promueve
espacios de combinación, pero en las horas de descanso, los almuerzos y salidas
de clase; no obstante continúa con un modelo educativo que diferencia entre las
personas con discapacidad y sin discapacidad.
Si
bien se reconoce que el modelo de enseñanza integrada ha sido un primer avance
en la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, también se
le critica por ser un modelo limitado que continúa reforzando la idea de que
las personas con discapacidad sólo pueden educarse mientras tengan procesos y
aulas de aprendizaje diferentes de las personas sin discapacidad. Además de lo
anterior, un punto central de las objeciones a este modelo educativo, radica en
el hecho de que la integración parte de una concepción en la que la persona con
necesidades educativas especiales es quien debe adaptarse a la escuela, y no a
la escuela quien debe desarrollar transformaciones importantes para que sea
ésta la que se adapte a la diversidad de sus alumnos.
(…)
Ahora
bien, la llamada educación inclusiva, que es la apuesta de diferentes
instrumentos internacionales -y que además ha sido acogida por el Ministerio de
Educación Nacional-, busca ampliar el espectro de inclusión  de personas con
necesidades educativas especiales, más allá del acceso a la escuela regular. La
educación inclusiva persigue que no existan ambientes segregados, sino que
todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas,
puedan estudiar y aprender juntos (…)”.
En armonía con lo planteado, la Corte concedió el
amparo del derecho a la educación del tutelante, tras advertir que de los
informes requeridos en sede de revisión se notó la puesta en peligro del
derecho a la educación inclusiva no solo del accionante sino también de 103
estudiantes con discapacidad auditiva severa que requerían del profesor
intérprete.
De lo esgrimido anteriormente, se puede concluir que
los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad,  gozan de la especial
protección del Estado, y son titulares de los derechos fundamentales a la
educación y a la igualdad, en los componentes prestacionales reconocidos y
determinados por el Estado en el marco de su política pública de educación, por
lo que pueden reclamar, por vía de acción de tutela, los contenidos
fundamentales de dicho derecho, los cuales derivan de la Carta, los tratados
internacionales y la normativa nacional.
Lo anterior implica que el servicio de educación debe
suministrarse a las personas en situación de discapacidad, en condiciones de
igualdad, y teniendo en cuenta sus condiciones particulares, de tal forma que
los procesos de socialización y aprendizaje, sean lo más similar a los de cualquier
persona que carezca de alguna discapacidad, por lo que esta Corporación se ha inclinado por considerar que en principio, a
este grupo poblacional se les debe garantizar una educación inclusiva, es
decir, en centros educativos en donde asisten sujetos que no tienen
discapacidad, con el fin de acabar con la discriminación a la que han sido
sometidos históricamente, y de producir un efecto pedagógico positivo de la interacción
con los demás, lo que les hará más
fácil vencer las dificultades que puedan encontrar en su aprendizaje. Esto, no
sin olvidar que dicha inclusión también implica que el sistema educativo les
debe proveer todas las herramienta técnicas que necesiten para lograr que la
igualdad sea real.
3.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
3.1.
RESUMEN DE LOS HECHOS
Para
la época en que se interpuso la acción de tutela los hechos eran los
siguientes:
Luis
Fernando Macías Gómez, representante de Juan Camilo Macías Gómez, a través de
apoderado judicial, relató que Juan Camilo cursa el grado once en el Colegio
Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, y que debía presentar el examen de
Estado para el ingreso a la educación superior “Saber 11”, el 14 de abril de 2013.
Indica que Juan
Camilo tiene “acromatopsia” (una situación visual por la cual no ve
ningún color), baja visión y nistagmus congénitos”, discapacidad visual que
le dificulta o impide desarrollar algunas actividades, principalmente de
motricidad fina, lectura de letras pequeñas y colores, razón por la que su padre
elevó al ICFES un derecho de petición el 4 de julio de 2012, con el fin de que
se le brindara información acerca de los procedimientos que debía seguir para
que a su hijo se le permitiera presentar el examen en condiciones de igualdad
respecto a los demás estudiantes.
En su respuesta
del 25 de julio del mismo año, el ICFES manifestó que en los casos como el de
Juan Camilo, era necesario aplicar lo dispuesto en el artículo 5 de la
Resolución 092 de 2008, que entre otras cosas consagra que “el ICFES
organizará y brindará condiciones especiales el día de la aplicación, para la
población discapacitada, siempre y cuando se suministre por su parte la
información requerida para este fin, en la forma y términos señalados en este
artículo”.
Atendiendo
a lo anterior, el colegio al momento de realizar la inscripción para la
presentación del examen de Juan Camilo, informó dicha situación al ICFES, a lo
cual dicha entidad indicó que la ayuda que suministraría sería la de un lector,
ello sin tener en cuenta que “éste tipo de ayudas no ha sido utilizada por
Juan Camilo y no le garantizan las condiciones adecuadas para la presentación
de la prueba, pues él necesita es ampliación de textos, lupas, computador,
tiempo extra para las pruebas de conocimiento y, en algunos casos, en las
pruebas en las que hay colores, una persona o un secretario que le colabore en
el diligenciamiento de los formatos de respuesta y demás información
solicitada, pues así lo establecen las certificaciones médicas del estudiante”.
Dado
que el apoyo ofrecido por el ICFES no correspondía al solicitado, el padre de
Juan Camilo, mediante derecho de petición adiado a 7 de marzo de 2013, informó
al ICFES sobre las ayudas requeridas por su hijo para presentar el examen de
Estado, para lo cual anexó copia de las certificaciones médicas y el resumen de
su historia clínica.
Indica
que el ICFES, en respuesta a la anterior petición, expidió comunicación
2013R54660 del 18 de marzo de 2013, mediante la cual “ofrece como apoyo el
Kit que se da a las personas invidentes, el cual Juan Camilo nunca ha
utilizado, pues él no es una persona invidente”.
Como
el ICFES insistió en otorgar ayudas que no satisfacen las necesidades de la
discapacidad de Juan Camilo, su padre acudió a la acción de tutela para el
amparo de sus derechos.
3.2.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA
3.2.1.
Legitimación en la causa
por activa
De acuerdo con
el artículo 86 de la Carta Política la acción de tutela se podrá promover en
nombre propio o en representación de otros, en los siguientes términos: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
En desarrollo de
la reglamentación de la acción de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, estableció la legitimidad para actuar así: “La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
La Corte
Constitucional ha advertido sobre la legitimidad por activa para interponer
acción de tutela, y ha precisado que las diferentes posibilidades son: “i)
la del ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de
representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos,
los interdictos y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio
de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición
de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la del
ejercicio por medio de agente oficioso”[23].
En este orden de
ideas, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que se pueden agenciar
derechos ajenos, siempre y cuando quien actué en nombre de otro: “i) exprese
que está obrando en dicha calidad, ii) demuestre que el agenciado se encuentra
en imposibilidad física o mental de ejercer su propia defensa, condición que
puede ser acreditada de manera tácita o expresa, y que, iii) se identifique plenamente
a la persona por quien se intercede (…), como quiera que la primera persona
llamada para propender por el amparo de los derechos aparentemente vulnerados
es el propio afectado, en ejercicio de su derecho a la autonomía y en
desarrollo de su dignidad”.
Así
mismo la Corte ha dicho que además de tener en cuenta los elementos que
configuran la agencia oficiosa, el análisis siempre debe ir guiado bajo tres
principios fundamentales: “(i) el principio de eficacia de los derechos
fundamentales, el cual impone la ampliación de los mecanismos protectores de
los derechos fundamentales para los particulares y autoridades públicas; (ii)
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, que busca
impedir que por diseños artificiales de la norma, se deje de cumplir el fin
último de ésta; y (iii) el principio de solidaridad, la obligación de los
miembros de la sociedad de Colombia de velar no sólo por los derechos
fundamentales propios, sino por los del otro, en la imposibilidad que tiene
éste de propender por la protección de sus derechos”[24].
No obstante lo
anterior, la Corte ha precisado que cuando se trata
de agenciar derechos fundamentales de niños, niñas o adolescentes, los
criterios anotados en precedencia no tienen aplicación, por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, frente a los cuales el Estado, la sociedad y la familia tienen
la obligación de garantizar su prevalencia, en los amplios términos del
artículo 44 constitucional. En palabras del Alto Tribunal: “La
corresponsabilidad de todos en la protección de este grupo, permite que
cualquier persona pueda exigir de la autoridad competente el cumplimiento y
garantía de sus derechos, como expresamente lo consagra el precepto
constitucional en cita. Por tanto, es deber de todo individuo en nuestra
sociedad actuar como agente oficioso de los derechos y garantías de los niños,
niñas y adolescentes ante la vulneración o amenaza de sus derechos en donde es
irrelevante si tiene o no un representante legal, porque se repite, la
Constitución impuso la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia
en su efectiva protección, lo que se traduce en que fue el mismo Constituyente
el que estableció la legitimación en la causa de cualquier persona para actuar
en nombre de los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en estado de
riesgo o vulneración de sus derechos”[25].
En
el caso sub examine se encuentra que el señor Luis Fernando Macías Gómez
actúa en la presente acción de tutela como agente oficioso del joven Juan
Camilo Macías Gómez, quien al momento de la interposición de la acción tenía 18
años[26].
Entonces,
pese a que, como quiera que la primera persona llamada para propender por el
amparo de los derechos aparentemente vulnerados es el propio afectado, en
ejercicio de su derecho a la autonomía y en desarrollo de su dignidad, se puede
colegir que Juan Camilo era quien debía interponer la acción de tutela para el
amparo de sus derechos[27].
No
obstante, en
el expediente se encuentra la correspondiente ratificación de las
actuaciones adelantadas a su favor por el agente oficioso[28], de lo
que se puede concluir, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, que al
ratificarse lo actuado por el agente oficioso, se cumple el requisito de
legitimación dentro del proceso.
Además de lo
anterior, es menester resaltar que en el expediente de la tutela en estudio también
se encuentra el poder otorgado por el señor Luis Fernando Macías Gómez al
abogado Erwin Santamaría Ariza[29]
y, el concedido por Juan Camilo Macías Gómez al mismo apoderado judicial[30];
por tanto, se tiene que el apoderado judicial de Juan Camilo tiene capacidad
para representar sus intereses, lo que confirma que sí existe legitimación en
la causa por activa.
3.2.2.
Legitimación por pasiva
Con respecto a quién va dirigida la acción de tutela,
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 expresa que: “se dirigirá contra la
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental (…)”.
Por
su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia T- 416 de 1997[31]
explicó en qué consiste la legitimación por pasiva así:
“La
legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el
actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”
En
efecto, en el caso sub examine se demandó al ICFES, lo cual es a todas
luces acertado, pues dicha entidad es quien debe resolver la reclamación del
peticionario y a quien se atribuye la presunta vulneración de sus derechos.
3.2.3.
Examen de inmediatez
La inmediatez es una condición de procedencia de la
acción de tutela, creada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como
herramienta para cumplir con el propósito de la Carta Política de hacer de la
acción de tutela un medio de amparo de derechos fundamentales que opere de
manera rápida, inmediata y eficaz.
Por ello, es
indispensable estudiar cada caso en concreto, toda vez que es necesario que la
acción sea promovida dentro de un término razonable, prudencial y cercano a la
ocurrencia de los hechos que se consideran vulneratorios de derechos
fundamentales, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo desvirtúe la
transgresión o amenaza de los derechos. En consecuencia, ante la injustificada demora
en la interposición de la acción, se vuelve improcedente el mecanismo
extraordinario, por ende, se debe acudir a los mecanismos ordinarios de defensa
judicial.
A propósito de
este requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte
Constitucional en la Sentencia T- 792 de 2009[32] estableció que:
“la
jurisprudencia constitucional ha enfatizado en el hecho de que el mismo exige
que la acción sea promovida de manera oportuna, esto es, dentro de un término
razonable luego de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o
amenaza de los derechos. Esa relación de inmediatez entre la solicitud de
amparo y el supuesto vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse,
según ha dicho la Corte, en cada caso concreto, con plena observancia de los
principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
En
el caso bajo estudio se tiene que el 7 de marzo de 2013, el señor Luis
Fernando Macías Gómez informó al ICFES sobre las ayudas requeridas por su hijo
para presentar el examen de Estado, y la institución, en respuesta a la anterior
petición, mediante comunicación del 18 de marzo de 2013, ofreció a Juan Camilo
como apoyo para el examen, el Kit que se da a las personas invidentes.
Entonces,
como las ayudas autorizadas por la entidad demandada no satisfacen las
necesidades de la discapacidad de Juan Camilo, su padre acudió a la acción de
tutela para el amparo de sus derechos, el 20 de marzo de 2013, es decir, 2 días
después del acaecimiento de los hechos vulneradores de los derechos del joven.
Por
tanto, el término transcurrido entre los hechos y la presentación de la acción
es 2 días, lo cual es razonable, y evidencia que la presunta transgresión era
actual en el momento en que se hizo uso de la tutela para el amparo de los
derechos.
3.2.4.
Principio de subsidiariedad
Conforme al artículo 86 de la Carta, se tiene que la
acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario, esto es, tal como
lo ha expresado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, que puede
ser utilizada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando:
a) no exista otro  medio judicial a través del cual se pueda resolver un
conflicto relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, b) cuando
existiendo otras acciones, éstas no resultan eficaces o idóneas para la
protección del derecho de que se trate, o, c) cuando existiendo acciones
ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de tutela para evitar
que ocurra un perjuicio irremediable.
En
este sentido, la subsidiariedad y excepcionalidad de la acción de tutela
reconocen la eficacia de los medios ordinarios de protección judicial como
mecanismos legítimos para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales
mecanismos, a ellos se debe acudir preferentemente, siempre que sean
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional a los derechos
fundamentales de los individuos. De allí que quien alega la vulneración de sus
derechos fundamentales por esta vía, debe haber agotado los medios de defensa
disponibles por la legislación para el efecto, exigencia que pretende asegurar
que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el
trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados
por el legislador[33].
Es claro para la Sala que la acción de tutela procede en este caso, en primer
lugar, debido a que no existe en realidad un mecanismo judicial alterno que
permita conseguir lo pretendido. Además, porque la tutela es el mecanismo
idóneo para amparar los derechos del aquí interesado, pues en vista de ser un sujeto de especial protección
constitucional, dada la condición de vulnerabilidad, indefensión y por el
estado de debilidad manifiesta en que se encuentra, el juez constitucional debe intervenir en este
asunto.
En segundo lugar,
el
debate suscitado registra relevancia constitucional por
la trascendencia de la cuestión jurídica planteada, derivada de la
repercusión social que tiene la determinación del alcance del derecho a la
igualdad y a la no discriminación de las personas en situación de discapacidad
en un Estado Social de Derecho.
3.3.
EXAMEN DE LA PRESUNTA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL JÓVEN JUAN CAMILO MACÍAS GÓMEZ
Mediante escrito del 5 de julio de 2013, el señor Luis
Fernando Macías Gómez, padre de Juan Camilo Macías Gómez, informó a esta
Corporación que “Solamente cuando interpusimos la tutela se permitió el
ingreso de la lupa, el monóculo y un rol diferente que debía jugar el “lector”,
como lo llama el ICFES, a la persona que acompaña al estudiante. Si bien en
este momento la prueba ya se llevó a cabo, con resultados, podríamos decir
buenos, de Juan Camilo, creo que se desconoció un claro derecho de igualdad a
partir de la discriminación positiva, pues él, como los otros discapacitados
con baja visión, deben aceptar y adaptarse a lo que el ICFES ofrece para
invidentes totales y no lo que realmente requieren”[34].
Entonces, según lo manifestado en precedencia, se
tiene que finalmente Juan Camilo pudo presentar la prueba “Saber 11” con el apoyo de un lector, y de elementos como lupa y monóculo. No obstante, de la solicitud de
la presente acción de tutela, la cual se fundó en la historia clínica y en el
certificado médico de Juan Camilo, se tiene que las ayudas por él requeridas,
dada su discapacidad, eran: i) tiempo adicional de 30% para todos los exámenes
escritos; ii) permitir el uso de telescopio, lupa y gafas con filtro; iii)
ampliación al 200% de todas las hojas de exámenes y presentar fotocopias de
buena calidad; iv) impresión de los textos en negro sobre blanco, sin la
inclusión de palabras en colores, curvas ni dibujos; y v) si el uso de colores
es indispensable, prever un secretario que asista al paciente[35].
La razón por la que la entidad accionada accedió a suministrar
a Juan Camilo el apoyo de un lector, y
elementos como lupa y monóculo, es que el
artículo 5 de la Resolución 092 de 2008 consagra que “el ICFES organizará y
brindará condiciones especiales el día de la aplicación, para la población
discapacitada”.
Entonces, la
Sala encuentra que la entidad accionada entendió que la población
discapacitada estaba constituida por personas sordas que requieren intérprete, por
personas sordas que no requieren intérprete,  por invidentes y por discapacitados
motrices.
Tan cierto es lo
anterior, que la institución demandada en respuesta a la presente acción de
tutela manifestó que:
“A
quienes se registran como invidentes o con baja visión se les suministra el
apoyo de un lector, esta persona ha sido capacitada por el INCI con el fin de
apoyar en la lectura de las preguntas que contiene el cuadernillo y en el
manejo de la hoja de respuestas. Así mismo se ha definido remitir un kit
tifológico, el cual es un material de apoyo manejado por el lector en el
momento en que tiene que describir principalmente gráficas (…) El ICFES, como instituto
descentralizado y autónomo ha considerado como casos de discapacidad los
siguientes: sordo que requiere intérprete, sordo que no requiere intérprete,
invidente y motriz. En los anteriores casos se tienen las siguientes
consideraciones: lectores en el caso de los invidentes, intérpretes de señas en
el caso de los sordomudos y en el caso de los discapacitados motrices, se les
asigna en lo posible un sitio cercano a su lugar de residencia y con
facilidades para el ingreso al sitio de aplicación”[36].
Por ello fue que
en el presente caso el ICFES le suministró a Juan Camilo, para la presentación
del examen “Saber 11”, herramientas de apoyo especiales para personas
invidentes, desconociendo que la “acromatopsia” [37], si bien
hace parte del catálogo de discapacidad sensorial-visual[38] -, es
tan solo un tipo de ésta- dentro de la gran heterogeneidad que existe-, que
requiere por tanto, la adopción de medidas especiales atinentes a hacer que la
persona que se encuentre en dicha situación, obtenga un tratamiento particular
que le garantice el desarrollo de sus potencialidades en las mismas condiciones
que el resto de la comunidad.
Entonces, a modo de recapitulación se tiene que, la pretensión perseguida con la presente acción de
tutela, era que se le permitiera a Juan Camilo Macías Gómez presentar el examen
de Estado “Saber 11” en condiciones adecuadas y de igualdad, dada la situación
de discapacidad en la que se encuentra, por lo que se solicitó al ICFES el
suministro de ciertas ayudas técnicas requeridas por el estudiante para mejorar
su condición visual a la hora de presentar la prueba; pero éstas no fueron
suministradas por la entidad demandada, quien por el contrario autorizó asistencias
para personas invidentes, pues únicamente reconoce como personas en condición
de discapacidad a los sordos que
requieren y que no requieren intérprete, a los invidentes y a los discapacitados
motrices.
Así
que, la Sala encuentra que al permitírsele a Juan Camilo Macías Gómez la
presentación del examen de Estado “Saber 11” en condiciones que no se ajustaban a su circunstancia visual, se le vulneraron sus derechos a la igualdad, a la
no discriminación y a la educación, pues se puso en desventaja frente a los demás
estudiantes que hicieron el examen, los cuales al no tener ninguna limitación
visual, pudieron hacer uso de todas sus capacidades para un mejor resultado.
En
este sentir, la Sala considera que el ICFES, en virtud de la competencia que
tiene de regular y ejercer la inspección de la educación, con el fin de
garantizar su calidad[39],
debió estudiar las condiciones particulares de Juan Camilo Macías Gómez y facilitar
los medios para otorgarle los recursos pertinentes para procurarle el
desarrollo de sus potencialidades en condiciones de igualdad-respecto a los
demás jóvenes no discapacitados-, en la presentación del examen “Saber 11”. Esto es así por cuanto debe recordarse que las personas discapacitadas tienen derecho a que se
les procure un trato acorde a sus circunstancias, siempre que ello resulte
necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones dignas y de
igualdad.
Bajo
este entendido, se puede decir que el ICFES, al equiparar todas las situaciones
de discapacidad a la de las personas sordas que necesitan y que no necesitan
intérprete, a la de los invidentes, y a la de los discapacitados motrices, sin
tener en cuenta que existen otro tipo de discapacidades que crean condiciones y
necesidades particulares, está incurriendo en practicas discriminatorias, las
cuales deben ser proscritas.
Dentro
de este contexto, la Sala encuentra que si bien el examen de Estado “Saber 11” es una medida
necesaria en virtud del artículo 67 de la Constitución Política, el hecho de
autorizar y suministrar ayudas o apoyos técnicos a las personas en situación de
discapacidad para la presentación de éste, no contraviene la obligación
constitucional de la entidad demandada. En efecto, lo que se pretende no es que
se varíen las condiciones técnicas estandarizadas de evaluación en los exámenes,
sino que se tengan en cuenta las excepcionalidades de las personas a examinar,
con el fin de que se les brinden ayudas adecuadas, de acuerdo con los
parámetros generales fijados por el Ministerio de Educación Nacional[40],
en orientaciones para la atención educativa a los estudiantes en condiciones de
discapacidad, pues ello armoniza los derechos fundamentales a la igualdad y a
la no discriminación y la obligación del ICFES de evaluar la calidad de la
educación en Colombia.
En
este sentir, esta Sala resalta la necesidad de que el Ministerio de Educación
Nacional junto con el ICFES, desarrollen políticas públicas acordes con las
características y necesidades de la población con discapacidad en los casos de
presentación de exámenes de Estado, las cuales se deben orientar a la abolición
de toda clase de exclusiones y a la garantía del ejercicio de los derechos de
todo este grupo poblacional en condiciones de igualdad. Específicamente, dicha
política debe tener como fin principal permitir y suministrar a las personas,
de acuerdo a la discapacidad que tengan, las herramientas o apoyos que
requieran para presentar en condiciones dignas y de igualdad los exámenes de
Estado.
En
adición a lo expuesto, y en virtud de lo dicho en la parte motiva de este
fallo, referente a que las personas en condición de discapacidad gozan de una
protección constitucional reforzada, esta Corporación amparará los derechos de Juan
Camilo Macías Gómez, y ordenará que se tomen medidas de discriminación
afirmativas a su favor, conforme a lo establecido en la Constitución, el bloque
de constitucionalidad y la normativa nacional, con el fin de que se le
garantice su integración social y el goce efectivo de todos sus derechos. Para
tal fin se ordenará que si a bien lo tiene el estudiante, el ICFES deberá hacerle
una nueva prueba, autorizándole y suministrándole las ayudas técnicas por él
solicitadas en la presentación de la acción de tutela.
Las
razones que fundamentan el anterior planteamiento son las siguientes:
En
primer lugar,
en cuanto al tema concreto de si existe o no vulneración al derecho de Juan
Camilo Macías Gómez a acceder a un sistema de educación inclusivo, de parte del
ICFES, la Sala encuentra que, partiendo de que: i) la Convención sobre los
Derechos Humanos de las Personas en situación de Discapacidad consagra el
derecho a la educación inclusiva como derecho fundamental, y preceptúa que  los
Estados asegurarán: “que se hagan ajustes razonables en
función de las necesidades individuales; y que se preste el apoyo necesario a
las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación,
para facilitar su formación efectiva”, la Corte avizora que el ICFES no
ha cumplido con los mandatos de ésta y otras disposiciones que exigen que se
garantice a todas las personas en situación de discapacidad, el acceso a un
sistema educativo de calidad, de cara a las necesidades propias de su
particular situación, por lo que considera que el ente accionado se encuentra
en deuda de garantizar a Juan Camilo Macías Gómez, el goce efectivo del derecho
a un sistema de  educación inclusiva.
En segundo lugar, la Sala
encuentra que conforme a las pruebas allegadas, no existe un trabajo armónico
entre las entidades que conforman el sistema público educativo sobre la manera
como deben protegerse los derechos de las personas con discapacidad, lo que
limita y entorpece el ejercicio de las garantías de esta población como sujetos
plenos titulares de derechos.
Por
ello, se revocará la sentencia del 18 de abril de 2013, proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó
el fallo del 3 de abril de 2013, emitido por el Juzgado Treinta y Cinco Civil
del Circuito de Bogotá, en el sentido de negar la solicitud de amparo; en su
lugar, se tutelarán los derechos fundamentales a la igualdad, a la no
discriminación y a la educación del joven Juan Camilo Macías Gómez.
En
consecuencia, se ordenará al ICFES, que en el término máximo de un mes,
contados a partir de la notificación del presente fallo, si Juan Camilo lo
desea, le realice nuevamente la prueba de Estado “Saber 11”. Para este fin, la entidad demandada deberá autorizar y suministrar el apoyo técnico requerido
por el accionante en el escrito de tutela.
También
se ordenará al Ministerio de Educación Nacional junto con el ICFES, que desarrollen
políticas públicas encaminadas a permitir y suministrar a las personas que se
encuentren en situación de discapacidad, teniendo en cuenta su circunstancia
específica, las herramientas o apoyos que requieran para presentar en
condiciones dignas y de igualdad los exámenes de Estado.
Adicionalmente,
se solicitará al Ministerio de Educación Nacional, a las Secretarías de
Educación Departamentales y Municipales, y a la Defensoría del Pueblo que, en
el ámbito de sus respectivas funciones y campo de acción, efectúen seguimiento
permanente al proceso de presentación de exámenes de Estado por parte de las
personas en situación de discapacidad, para coadyuvar a la materialización real
de su desarrollo integral, como obligación constitucional.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo, y por mandato de la Constitución
Nacional.
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
la sentencia del 18
de abril de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el fallo del 3 de abril de 2013,
emitido por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, en el
sentido de negar la solicitud de amparo. En su lugar, se dispone TUTELAR
los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la educación
del joven Juan Camilo Macías Gómez.
Segundo.- ORDENAR
al
ICFES, que en el término máximo de un mes, contado a partir de la notificación
del presente fallo, si Juan Camilo lo desea, le realice nuevamente la prueba de
Estado “Saber 11”. Para este fin, la entidad demandada deberá autorizar y
suministrar el apoyo técnico requerido por el accionante en el escrito de la
presente acción de tutela.
Tercero.- ORDENAR
al Ministerio de Educación Nacional y al ICFES, que desarrollen políticas
públicas encaminadas a permitir y suministrar a las personas que se encuentren
en situación de discapacidad, teniendo en cuenta su circunstancia específica,
las herramientas o apoyos que requieran para presentar en condiciones dignas y
de igualdad los exámenes de Estado.
Cuarto.-
SOLICITAR al Ministerio
de Educación Nacional, a las Secretarías de Educación Departamentales y
Municipales, y a la Defensoría del Pueblo que, en el ámbito de sus respectivas
funciones y campo de acción, efectúen seguimiento permanente al proceso de
presentación de exámenes de Estado por parte de las personas en situación de
discapacidad, para coadyuvar a la materialización real de su desarrollo
integral, como obligación constitucional.
Quinto.- Librar, por la
Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Ver folios 42-51 del cuaderno 2.
[2] Ver las sentencias T-288 del 5 de julio de 1995 y C-824 de 2011.
[3] Ver entre otras las sentencias C-401 de 2003,
T-1258 de 2008, T-370 de 2004, T-884 de 2006, T-826 de 2004, T-179 de 2000,
T-340 de 2010, y T-495 de 2012, entre otras.
[4] Sentencia C-824 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[5] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[6] Ibídem
[7] Ver sentenciasT-288 de 1995, T-378 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-401 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis y T- 553 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8] Sentencia C-559 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[9] Ibídem.
[10] Ver al respecto la Declaración de Salamanca, la Declaración de Educación para todos, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, el Foro Mundial sobre la Educación y la Conferencia Internacional de Educación.
[11] Respecto a la educación inclusiva, se deben tener en cuenta, además de
la ya citada normativa nacional, el Decreto 369 de 1994, el Decreto 2369 de
1997, el Decreto 672 de 1998, el Decreto 1509 de 1998 y el Plan Decenal de
Educación 2006-2015, que es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan
la voluntad del País en materia educativa. Su objetivo es generar un acuerdo
nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y
la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación
necesita. Tomado de www.plandecenal.edu.co
[12] Ver entre otras las sentencias T-443 de 2004 y T- 495 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[13] Sentencia T- 022 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[14] http://www.mineducación.gov.co
[15] Ibídem
[16] MOLINER GARCÍA, Odet “Condiciones, procesos y circunstancias que
permiten avanzar hacia la inclusión educativa: retomando las aportaciones de la
experiencia canadiense” en REICE, Revista Electrónica Iberoamericana sobre
calidad, eficacia y cambio en Educación, vol. 6, número 002, Red Iberoamericana
de Investigación sobre cambio y eficacia escolar, Madrid, España, 2008,
pp.58-70.
[17] LÓPEZ TORRIJO, Manuel “La inclusión educativa de alumnos con discapacidades
graves y permanentes en la Unión Europea” en RELIEVE. Revista electrónica de
investigación y evaluación educativa, vol. 15, núm. 1, Universidad de Valencia,
España, 2009.
[18]
Ibídem
[19]M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[20]M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[21]Esto es, se ordenará a través de la acción
de tutela sólo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la
consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación
del menor
[22] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[23] Ver entre otras las sentencias T- 531 de 2002,  T-1259 de 2008, T-
1259 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T- 329 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[24] Sentencia T-677 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[25] Sentencia T-844 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[26] Juan Camilo Macías Gómez nació el 4 de noviembre de 1994 (folio 62 del
cuaderno 1), y la acción de tutela se presentó el 20 de marzo de 2013 (folio
20-28 del cuaderno 2).
[27] Ver entre otras las sentencias T-044 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T- 312 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T- 109
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] Ver folio 60 del cuaderno 2.
[29] Ver folio 1 del cuaderno 2.
[30] Ver folio 61 del cuaderno 2.
[31] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[32] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[33] Sentencia T- 417 del 25 de mayo de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa
[34] Ver folio 4-6 del cuaderno 1.
[35] Ver folios 4, 5, y 20-29 del cuaderno 2.
[36] Ver folio 47 del cuaderno 2.
[37]
Situación visual que tiene Juan Camilo, accionante dentro del presente asunto.
[38] La discapacidad es definida por la Organización Mundial de la Salud como "toda aquella
restricción o ausencia -debida a una deficiencia- de la capacidad de realizar
una actividad en la forma o dentro del marque se considera normal para un ser
humano". La discapacidad pueden subdividirse en cuatro modalidades diferentes:
física, psíquica, sensorial e intelectual. Dentro de estos tipos las
discapacidades se pueden manifestar en diferentes
grados, y a su vez, se pueden coincidir varios
trastornos en una misma persona. Por otro lado existen enfermedades que
producen discapacidades y que, en muchas ocasiones, no están tipificadas como
tal. http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/
[39] Decreto
3963 de 2009.
[40] “En este sentido la
política de educación inclusiva se propone atender a los niños, niñas y
jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo, desde la
educación inicial hasta la superior. La inclusión pretende que dichas
poblaciones desarrollen sus competencias para la vida en todos los niveles,
alcancen los estándares y puedan aplicar las pruebas de evaluación, con
apoyos particulares”
(Subrayado fuera del texto). http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html