C-451-16
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-451/16
DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES E HIJOS LEGITIMOS FRENTE A LOS DERECHOS DE OTROS ASCENDIENTES LEGITIMOS-Limitar
el deber de cuidado y auxilio de los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos
legítimos, quebranta el derecho a la igualdad y la prohibición de
discriminación de las diversas formas de familia que reconoce la Constitución
DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES E HIJOS LEGITIMOS-Regulación normativa
DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE HIJOS LEGITIMOS, EXTRAMATRIMONIALES Y
ADOPTIVOS-Regulación normativa frente al derecho a
la igualdad
IGUALDAD ENTRE HIJOS LEGITIMOS, EXTRAMATRIMONIALES Y ADOPTIVOS EN
MATERIA SUCESORAL-Regulación normativa
CODIGO CIVIL-No toda referencia a los
hijos “legítimos” fue derogada por la Ley 29 de 1982
EXPRESION HIJOS “LEGITIMOS” CONTENIDA EN EL CODIGO CIVIL-Jurisprudencia constitucional
LEY-Control de constitucionalidad
respecto de los subtítulos o epígrafes
LEY-Jurisprudencia constitucional en
materia de título, subtítulos, epígrafes o libros/CORTE CONSTITUCIONAL-Control
aplicado al contenido normativo y a la titulación de las leyes
La
jurisprudencia constitucional de forma pacífica ha señalado que el título de
una ley e incluso los epígrafes de los subtítulos o libros en que aquella se
divide, pese a carecer de un valor normativo autónomo, esto es, no conforma una
regla de derecho autónoma con eficacia jurídica directa, exhiben valor como
criterios de interpretación de las normas contenidas en la totalidad de la ley
o en el capítulo o libro en que se subdivide. Siendo ello así, es posible que
incluso los criterios de interpretación de una ley que emana del encabezado
principal y de los subtítulos de la misma, sean pausibles del control de
constitucionalidad, habida cuenta que un epígrafe contrario a los preceptos
constitucionales de no ser excluido del ordenamiento jurídico podría conducir a
una interpretación de parte (subtítulos) o de toda la ley (título principal) no
conforme con el estatuto superior, más aún cuando se trata de una norma
preconstitucional como sucede en el presente caso. El
sustento de lo anterior halla su base competencial en el artículo 241 numeral
4° de la Constitución, que asigna a la Corte Constitucional la función de
decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos
contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de
procedimiento en su formación, control que se aplica al contenido normativo
como a la titulación por cuanto ambos hacen parte del contenido de las leyes, y
la Carta no distingue entre uno y otro para el efecto.
LEY-Papel relevante de los subtítulos
Los
subtítulos en que se divide una ley cumplen un papel relevante  habida cuenta
que (i) permiten que quienes estén llamados a cumplir las disposiciones
contenidas dentro de la ley, puedan consultarlas acudiendo a la clasificación
temática de la misma; (ii) sirven como criterios hermenéuticos para establecer
el sentido y la materia principal de los artículos que componen el subtítulo;
y, (iii) dan una idea general de la materia que es objeto de regulación y es
orientada por ese epígrafe.
MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE TITULO,
SUBTITULOS, O EPIGRAFES DE LA LEY-Límites
IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES ENTRE HIJOS LEGITIMOS,
EXTRAMATRIMONIALES Y ADOPTIVOS-Ley 29 de 1982 no
menciona o modifica que tal igualdad se predique frente a ascendientes directos
y en línea recta de parentesco/DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES E HIJOS
LEGITIMOS FRENTE A LOS DERECHOS DE OTROS ASCENDIENTES LEGITIMOS-Vigencia
del artículo 252 del Código Civil
DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES E HIJOS LEGITIMOS FRENTE A LOS
DERECHOS DE OTROS ASCENDIENTES LEGITIMOS-Inexistencia
de cosa juzgada constitucional
IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LOS HIJOS-Prohibición de discriminación por el origen familiar
FAMILIA-Concepción en el marco de la
Carta Política de 1991/ESTADO-Protección integral a la familia/FAMILIA-Igualdad
frente a los derechos y obligaciones que tienen los miembros de la misma
HIJOS LEGITIMOS EXTRAMATRIMONIALES Y ADOPTIVOS-Discriminación social y legal
CODIGO CIVIL-Obligación de cuidado y
auxilio que los hijos deben a los ascendientes en línea recta/FAMILIA-Deber
de solidaridad de los integrantes cercanos
CODIGO CIVIL-Derechos y obligaciones de
hijos frente a sus padres
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
HIJOS FRENTE A SUS PADRES-Norma no establece límites o discriminaciones por el origen
familiar
DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES E HIJOS LEGITIMOS FRENTE A LOS
DERECHOS DE OTROS ASCENDIENTES LEGITIMOS-Norma
limita los beneficiarios a los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos directos con
parentesco legítimo
OBLIGACION DE CUIDADO Y AUXILIO DE LOS HIJOS FRENTE A LOS PADRES Y
OTROS ASCENDIENTES DIRECTOS-Principios de
reciprocidad y solidaridad familiar
CODIGO CIVIL Y CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Deber de los padres de criar, educar y apoyar económicamente a los
hijos
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD FAMILIAR-Jurisprudencia
constitucional
FAMILIA-Solidaridad frente a las
personas de la tercera edad
SOLIDARIDAD FAMILIAR DE LOS HIJOS FRENTE A LOS ASCENDIENTES
DIRECTOS-Derecho de alimentos
IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES ENTRE HIJOS LEGITIMOS,
EXTRAMATRIMONIALES Y ADOPTIVOS-Consagración
constitucional
NORMA SOBRE IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES ENTRE HIJOS LEGITIMOS,
EXTRAMATRIMONIALES Y ADOPTIVOS-Discriminación
basada en el origen familiar/EXPRESION HIJOS “LEGITIMOS” CONTENIDA EN EL
CODIGO CIVIL-Desconoce la igualdad de derechos y deberes entre hijos
legítimos, extramatrimoniales y adoptivos
La Corte
considera que el encabezado del título XII del Libro I del Código Civil si bien
no posee una fuerza normativa autónoma -como fue explicado-, no lo es menos que
sirve de criterio de interpretación que orienta los artículos que lo componen
y, por ende, al incluir en su texto la denominación de hijos legítimos, incurre
en un criterio sospechoso de discriminación basado en el origen familiar de los
hijos, sumado a que vulnera el artículo 42-6 Superior que establece la igualdad
de derechos y obligaciones para todos los hijos. En efecto, la palabra
“legítimos” en ese contexto gramatical limita los derechos y obligaciones solo
para los hijos concebidos dentro del matrimonio de sus progenitores, lo cual
claramente desconoce el postulado de igualdad material que debe existir entre
los hijos, habida consideración que fija un parámetro de exclusión para
aquellos cuyo lazo filial tiene su cimiente extramatrimonial o adoptivo. No cabe duda de que la expresión acusada pone en evidencia una
diferenciación de trato entre los hijos que resulta inadmisible desde el punto
de vista constitucional, ya que el criterio orientador del Título XII
restringiría los derechos y deberes sólo a los hijos habidos dentro del
matrimonio, situación que genera una discriminación legal por el origen
familiar o por el nacimiento de los hijos cuyo modo de filiación es
extramatrimonial o adoptivo, desconociendo los principios y valores que
enmarcan la Constitución Política de 1991, en especial el atinente a la
igualdad de trato ante la ley que consagra el artículo 13 Superior, así como a
la igualdad de derechos y deberes que tienen los hijos.
EXPRESION HIJOS “LEGITIMOS” CONTENIDA EN EL CODIGO CIVIL-Efecto simbólico negativo en caso de permanecer formalmente en el
ordenamiento jurídico atentando contra el principio de dignidad humana e
igualdad
La Corte
estima que la expresión “legítimos” en caso de permanecer formalmente en el
ordenamiento jurídico, generaría un efecto simbólico negativo en el uso literal
del lenguaje en la pauta hermenéutica, ya que reporta una discriminación y
estigmatización frente a aquellos hijos cuyo parentesco es tildado erróneamente
de ilegítimo. Y es que sobre el punto del efecto simbólico discriminatorio de
las normas jurídicas, esta Corporación ha señalado que el lenguaje al no ser un
instrumento neutral de comunicación, debe estar acorde con los principios y
valores constitucionales, sobre todo cuando refiere a las situaciones jurídicas
de inclusión o exclusión frente a ciertas prerrogativas o derechos, por lo cual
expresiones legales degradantes y discriminatorias atentan contra el principio
de la dignidad humana y el derecho a la igualdad , tal como acontece en el
presente asunto, porque establecer un criterio de consanguinidad legítima para
que se habiliten los derechos y obligaciones de los hijos, termina excluyendo y
estigmatizando a los hijos que se identifican históricamente con el parentesco
ilegítimo.
Referencia: expediente D-11217
Demanda de inconstitucionalidad contra el encabezado
del título XII (parcial) del Libro I y el artículo 252 (parcial) del Código
Civil.
Demandante: Iván Ordoñez Pico
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, el Iván Ordoñez Pico presentó demanda
de inconstitucionalidad contra el encabezado del título XII (parcial) del Libro
I y el artículo 252 (parcial) del Código Civil.
Mediante providencia del 17 de febrero de 2016, el
Magistrado Sustanciador dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía
los requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, corrió
traslado al Procurador General de la Nación, y comunicó del inicio del proceso
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, así como al Ministro
del Interior, al Ministro de Justicia y a la Directora del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
Al mismo tiempo, invitó a participar en el presente
juicio a las Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia,
Javeriana, Nacional de Colombia, de Los Andes, ICESI de Cali, Libre, Eafit de
Medellín, del Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia y del
Rosario, al igual que a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, con el objeto de que emitieran concepto técnico
sobre la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto
2067 de 1991.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta
clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. LAS NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el encabezado del título y
el artículo demandados, subrayándose los apartes cuestionados:
“Código Civil
(…)
Libro I
(…)
TITULO XII.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE
LOS PADRES Y LOS HIJOS LEGITIMOS
(…)
ARTICULO 252. <DERECHOS DE OTROS ASCENDIENTES>.
Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes legítimos,
en caso de inexistencia o de insuficiencias de los inmediatos descendientes”.
III. LA DEMANDA
1. El demandante considera que el vocablo “legítimos”
contenido en el encabezado del título XII – Libro I del Código Civil, vulnera
los artículos 13 y 42-6 de la Constitución Política, porque desconoce la
igualdad de derechos y deberes que existe desde la vigencia de la Ley 29 de
1982 entre los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. Por
consiguiente, referirse sólo a los hijos legítimos propicia una discriminación
con respecto a los hijos nacidos fuera del matrimonio o aquellos que llegan al
seno de la familia mediante la adopción. Así, estima que el nombre del título
debería llegar hasta la palabra hijos, con el fin de hacerlo incluyente, más
aún cuando la función del encabezado es orientar el tema que desarrollan los
artículos 250 a 268 del Código Civil.
2. En cuanto al artículo 252 del Código Civil, expone
que desconoce los artículos 13 y 42 Superiores porque limita su aplicación
normativa a los ascendientes legítimos o matrimoniales, excluyendo de la
obligación de cuidado y auxilio que los hijos deben a los padres, a aquellos
progenitores extramatrimoniales o adoptantes. Esa situación ubica a éstos
últimos en un plano de desigualdad y los discrimina por razones del origen
familiar.
3. Según el demandante, “no es justo con los demás
ascendientes a quienes hoy no contempla la norma, que en el evento de hallarse
en estado de necesidad, ya por edad, o por enfermedad, no estén sus descendientes
obligados con ellos, porque su origen no es el matrimonio, tal exigencia era
válida para la época en que fue redactado el código, no hoy cuando la carta
magna pregona la igualdad y libertad entre todas las personas sin
discriminarlas por su origen, tal como lo ordena el art. 13 de la
Constitución”.
4. Aduce que esa norma demandada quebranta el artículo
42 Superior que garantiza la protección integral a la familia y reconocen la
igualdad de derecho para las familias legítimas como para las extramatrimoniales,
sin importar el vínculo que las une. Como ejemplo trae a colación la sentencia
C-105 de 1994, en la cual la Corte declaró inexequible la palabra “legítimos”
del numeral 3º del artículo 411 del Código Civil, con el fin de extender a
todos los ascendientes de cualquier origen el derecho a los alimentos legales.
Estima que esa misma orientación debe aplicarse al resolver la
inconstitucionalidad del aparte censurado del artículo 252 del Código Civil.
5. Apoyado en los anteriores argumentos, el demandante
solicita a la Corte declarar inexequibles las expresiones “legítimos”
contenidas en el encabezado del título XII –Libro I del Código Civil y en el
artículo 252 de la misma obra.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervenciones oficiales
1.1.
Ministerio de Justicia y del Derecho
El Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y
del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Dr.
Fernando Arévalo Carrascal, solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de
los apartes censurados.
Para sustentar su petición, indica que el régimen de
derechos y deberes de los hijos con los ascendientes aplica sin discriminación
alguna por el origen familiar matrimonial, extramatrimonial o adoptivo. Así,
todos los hijos están obligados a socorrer, cuidar y suministrar alimentos y
ayuda a sus ascendientes en estado de necesidad, independientemente de si se
les califica de legítimos o no.
Explica que el Código Civil establece en sus artículos
251 y 252, en concordancia con el artículo 411 sobre alimentos, algunos puntos
fundamentales del régimen de deberes o responsabilidades de los hijos frente a
sus padres o ascendientes. Indica que dentro de este marco la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él
tienen la misma carga de deberes, sin importar su origen familiar. Por
consiguiente, plantea la inconstitucionalidad de las expresiones demandadas que
“(i) en el texto del título XII del Código Civil conlleva, por su valor
simbólico, a la perpetuación de estereotipos y conductas discriminatorias
incompatibles con los valores y principios sobre los cuales se erige nuestro
ordenamiento jurídico, y (ii) en el cuerpo del artículo 252 del mismo código
deviene en contradicción o antinomia con el artículo 411 de donde fue
expulsada, ya que prescribe un trato discriminatorio de los hijos hacia sus
ascendientes ‘ilegítimos’ en estado de necesidad, que aparentemente, desde la
literalidad, los exonera del deber de socorro, auxilio y cuidado frente a
ellos”. De esta forma, advierte que los hijos están obligados a socorrer en
alimentos y cuidados a los padres, independientemente del origen de la
filiación.
1.2.
Del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF, doctor
Leonardo Alfonso Pérez Medina, solicita a la Corte declarar inexequible el
vocablo acusado tanto del encabezado del título XII como del artículo 252 del
Código Civil. Para tal efecto, señala que la norma si bien ha sido derogada tácitamente
por leyes posteriores, lo cierto es que la Corte debe emitir un pronunciamiento
ante las dudas sobre la derogatoria, por cuanto genera un trato discriminatorio
de los deberes que deben tener los hijos frente a los ascendientes, sin
importar el origen familiar matrimonial, extramatrimonial o adoptivo.
2.
Intervenciones académicas
2.1.
De la Academia Colombiana de
Jurisprudencia
El Secretario General de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia remitió a esta Corporación el concepto rendido por uno de sus
académicos, Dr. Carlos Fradique-Méndez, en el cual se
solicita que todos los textos legales e inclusive constitucionales en los que
se haga referencia a obligaciones y derechos entre padres e hijos, ascendientes
y descendientes, se entienda que aplica para quienes tengan la relación familiar
sin importar su origen matrimonial, extramatrimonial o adoptivo.
Sostiene que las locuciones demandadas están derogadas
tácitamente con la expedición de la Ley 29 de 1982 y del artículo 42 de la
Constitución; por ende, desde esa época las obligaciones y derechos entre
padres e hijos se extiende sin discriminación alguna a los legítimos,
extramatrimoniales y por adopción. No obstante, ante las dudas y el contexto
literal, considera que es mejor emitir un pronunciamiento de
inconstitucionalidad con el fin de igualar el parentesco de sangre y por
adopción, el cual estima diferente al parentesco derivado de la concepción con
asistencia tecnológica.
Plantea que la Corte debe declarar que en todos los
textos legales e inclusive constitucionales en lo que se haga referencia
obligaciones y derechos entre padres e hijos, ascendientes y descendientes, se
debe entender que se aplica a quienes tengan esa relación familiar sin hacer
distinción por razón del parentesco. Por consiguiente, la declaratoria de inexequibilidad
de la expresión “legítimos” debe extenderse para las demás normas del
ordenamiento jurídico que la contemplen, porque “así se terminarían las
demandas gota a gota sobre la clase de hijos y sobre el parentesco”.
2.2.
Del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal –ICDP
Por medio del miembro Dr. Edgardo Villamil Portilla, el
ICDP solicita la inexequibilidad de la palabra demandada tanto en el encabezado
del título XII – Libro I, como en el artículo 252 del Código Civil, porque
desconoce la igualdad de deberes que debe existir entre los hijos respecto de
los ascendientes, sin importar su origen familiar.
Aduce que en lo concerniente a la nomenclatura del
Código Civil en libros, títulos y capítulos, permite señalar que éstos son
rótulos que carecen de fuerza normativa y que por ello, en principio, no serían
objeto de control constitucional. No obstante, como se trata una obra
preconstitucional que es necesario ajustar a los lineamientos de la
Constitución Política de 1991, se debe hacer la reconstrucción del Código Civil
Colombiano para recoger la evolución política y eliminar toda forma de lenguaje
sospechoso o discriminatorio, en este caso, precisando el concepto genuino de
la palabra “legítimos”.
2.3.
De la Universidad Externado de Colombia
La doctora Silvana Fortich, a nombre de la Universidad
Externado de Colombia, pide a la Corte declarar inexequibles los vocablos
demandados del encabezado del título XII – Libro I y
del artículo 252 del Código Civil.
Para tal fin, comienza señalando que las locuciones
demandadas se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y que
deben ser retiradas al establecer una discriminación entre los diferentes hijos
y ascendientes por el origen familiar de éstos, lo cual contraría las normas
superiores consagradas en los artículos 13 y 42 de la Constitución. Así, indica
las sentencias C-1026 de 2004 y C-105 de 1994 como precedentes relevantes que
predican la igualdad señalando que el parentesco es fuente directa de la
obligación de cuidado sobre los demás ascendientes, cualquier que sea el origen
de la filiación.
En relación con la expresión “legítimos”
contenida en el encabezado del título XII del Código Civil, indica que la misma
restringe el campo de aplicación sólo a los hijos matrimoniales, dejando por
fuera a los extramatrimoniales y adoptivos, lo cual implica una discriminación
que sirve de guía en los demás artículos por tratarse de un elemento extrínseco
interpretador que busca aclarar el sentido y la voluntad del legislador.
Frente a la misma expresión del artículo 252 del Código
Civil, señala que limita su aplicación a los ascendientes que posean conexión
sanguínea y se encuentren en línea recta en dirección hacia arriba con los
miembros engendrantes o generantes del tronco diferente a los padres, es decir,
a los abuelos y bisabuelos por cuanto la norma refiere a “demás ascendientes”.
En este orden de ideas, considera notable el impacto social y jurídico que
implica la plena vigencia del artículo 252 del Código Civil, ya que consolida
un trato desigual y anacrónico respecto de la obligación de cuidado y auxilio
que deben los hijos y/o nietos extramatrimoniales y adoptivos a sus padres,
abuelos o bisabuelos.
2.4.
De la Universidad del Rosario
La Directora de la Oficina Jurídica de la Universidad del
Rosario informó que en esta oportunidad, por razones administrativas, no era
posible atender el requerimiento de emitir concepto académico.
2.5.
De la Universidad de Ibagué
El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Ibagué, Dr. Omar Mejía Patino, solicita declarar inexequible
la expresión demandada del artículo 252 del Código Civil y el vocablo del
encabezado del título XII, porque no es aceptable que la ley civil genere un
trato distinto para los ascendientes cuando el parentesco se origine en una
situación diferente a la matrimonial, más aún cuando se predica la igualdad de deberes
de los hijos con aquellos incluyendo el cuidado y auxilio. Al respecto,
menciona que los artículos 13 y 42 de la Constitución consagran la igualdad de
derechos y deberes para los hijos, independientemente de que sean nacidos de un
matrimonio o fuera de él, o el parentesco sea de naturaleza civil como en el
caso de la adopción.
2.6.
De la Universidad del Atlántico
La docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta
Universidad, Dra. María Eugenia Rodríguez Rodríguez, interviene pidiendo que
las locuciones censuradas sean declaradas inexequibles.
Señala que los artículos que componen el Título XII –
Libro I del Código Civil, relacionados con la expresión “legítimos” referidos a
los hijos, han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional a
través de diferentes sentencias, atendiendo al principio de igualdad. Plantea
que por esa razón el mencionado título no guarda una unidad de materia con
relación a los artículos que lo componen y que regulan la relación entre hijos
y padres, pues se limita a los hijos matrimoniales, lo cual genera un
incongruencia con los artículos que lo integran frente a los cuales se amplió
el campo de aplicación de la ley a todos los hijos independientemente de su
origen familiar.
De igual manera, sostiene que el título debe cumplir una
función orientadora que permita la identificación, ubicación temática y de
fácil consulta, de lo contrario se produciría una inseguridad jurídica que
traería consigo una confusión en el reclamo de derecho y deberes de los hijos
extramatrimoniales y adoptivos, los cuales a partir de la Ley 29 de 1982 gozan
de plena igualdad.
Así mismo, expone que la expresión “legítimos” que
acompaña a la palabra ascendientes en el artículo 252 el Código Civil,
quebranta los artículos 13 y 42 Superiores que otorgan protección
constitucional a las familias conformadas por vínculos naturales mediante la
unión marital de hecho y por vínculos civiles a través de la adopción. Por
consiguiente, los ascendientes de cada tipo de familia merecen igualdad de
trato para que los hijos les brinden cuidado y apoyo, como lo reconoció la
sentencia C-105 de 1994 al indicar que el derecho de alimentos se aplica no
solo a los ascendientes matrimoniales, sino a todos los ascendientes
independientemente del origen familiar.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN:
El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias
previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó
concepto dentro del trámite de la referencia, en el que solicita a la Corte declarar
inexequibles las expresiones demandadas.
En primer lugar, el Ministerio Público señala que con la expedición
de la Ley 29 de 1982 que trata temas de naturaleza sucesoral, no existe una
derogatoria tácita ni expresa de la palabra “legítimos” incluida en el
encabezado del título XII – Libro I, ni en el artículo 252 del Código Civil;
por ende, la Corte debe pronunciarse de fondo, más aún cuando el artículo 411
del mismo Código que regula el débito alimentario en términos generales y,
concretamente su numeral 3º, fue modificado frente a los ascendientes
declarando inexequible la palabra “legítimos” para hacer extensiva la
protección a todos los ascendientes sin importar su condición de parentesco. No
obstante, como en la sentencia C-105 de 1994 no se hizo integración normativa,
lo que se configura en la actualidad es una antinomia jurídica “ya que el
artículo 411 prescribe los alimentos para todos los ascendientes, mientras que,
al mismo tiempo, el artículo 252 confiere el referido socorro únicamente a los
ascendientes matrimoniales”.
En segundo lugar, considera que la palabra “legítimos” debe
ser retirada del encabezado del título XII – Libro I del Código Civil, por
cuanto quebranta el artículo 42 de la Constitución que reguló de manera directa
las relaciones entre hijos y padres, en especial resaltando que no pueden
efectuarse diferencias entre padres e hijos que tengan fundamento en el origen
de la existencia del vínculo paterno-filial. Por lo tanto, dado que el título
acusado establece una distinción de trato entre los hijos con parentesco
matrimonial y los demás, estima que tal constatación es suficiente para
evidenciar la inconstitucionalidad del vocablo acusado.
Finalmente, en tercer lugar, aduce que la expresión “legítimos”
contenida en el artículo 252 del Código Civil desconoce el artículo 13
Superior, porque en la sentencia C-105 de 1994 se extendió el derecho de
alimentos a los demás ascendientes, lo que motiva que ese precedente deba ser
aplicado por la Corte en igualdad de condiciones sin efectuar distinciones
entre los ascendientes por su origen familiar.
VI. FUNDAMENTOS
DE LA DECISIÓN
Competencia de la Corte
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o.
de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer
y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula en esta
ocasión, contra unos apartes de una Ley de la República.
Asunto bajo revisión
2. El actor considera que la expresión “legítimos” incluida
en el encabezado del título XII – Libro I del Código Civil, desconoce los
artículos 13 y 42-6 de la Constitución Política por cuanto establece una
discriminación de trato por el origen familiar de los hijos, ya que teniendo
una función orientadora del tema que desarrolla los artículos 250 al 268 del
Código Civil, la cobertura de aplicación de tal título se limita a los hijos matrimoniales
excluyendo a los hijos extramatrimoniales y adoptivos de la igualdad de
derechos y deberes que se predica desde la vigencia de la Ley 29 de 1982. Por
ello solicita que el vocablo “legítimos” se declare inexequible para
manejar un lenguaje incluyente y de igualdad.
Así mismo, estima que la palabra “legítimos” contenida en el
artículo 252 del Código Civil quebranta los artículos 13 y 42 Superiores,
habida cuenta que excluye del beneficio de cuidado y auxilio que los hijos
deben a sus padres y ascendientes en estado de necesidad, ya por enfermedad o
por edad, a aquellos ascendientes extramatrimoniales y adoptivos, dejando como
destinatarios de la norma solo a los ascendientes matrimoniales, situación que
genera un trato discriminatorio por razones del origen familiar y desconoce la
protección integral a las familias. Debido a esto, pide la inconstitucionalidad
del vocablo acusado.
3. La posición de los intervinientes al unísono solicitan a la Corte
declarar la inexequibilidad de las expresiones demandadas. La anterior petición
se basa en que (i) las normas acusadas fueron derogadas tácitamente con
la expedición de la Ley 29 de 1982, pero como tal derogatoria no es expresa ni
clara, ante las dudas se debe emitir un pronunciamiento de mérito resolviendo
el asunto; (ii) los textos de los títulos en que se divide un Código, si
bien carecen de fuerza normativa, tienen una esencia orientadora del contenido
jurídico de los artículos que lo componen, por ende, varios intervinientes
estiman que esta Corporación puede definir si el vocablo acusado del título XII
– Libro I del Código Civil desconoce la Carta Política por generar un trato
discriminatorio entre los hijos según su origen familiar en matrimoniales,
extramatrimoniales y adoptivos; y, (iii) varios intervinientes
identifican la existencia de una antinomia o contradicción entre los artículos
252 y 411 del Código Civil, ya que en éste último, a partir de la sentencia
C-105 de 1994 que declaró inexequible la palabra “legítimos” del numeral
3º, se entiende que todos los ascendientes son beneficiarios del derecho de
alimentos sin importar el origen del parentesco. Por consiguiente, advierten
que esa misma línea de decisión se debe mantener al momento de evaluar qué
ascendientes son beneficiarios del cuidado y auxilio al que refiere el artículo
252 acusado.
4. El Ministerio Público también solicita declara inexequibles las
expresiones demandadas. Para tal fin, aduce que (i) la expedición de la
Ley 29 de 1982 sobre temas sucesorales no derogó tácita ni expresamente la
palabra “legítimos” contenida en el encabezado del título XII- Libro I
del Código Civil, motivo por el cual la Corte debe resolver el caso de fondo, máxime
cuando en la actualidad se predica la igualdad de derechos y deberes entre los
hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos; y, (iii) la
jurisprudencia constitucional extendió el derecho de alimentos a todos los
ascendientes sin mediar criterio de discriminación por razones del origen
familiar, por ende, las obligaciones de cuidado y apoyo que deben los hijos a
los padres y a los demás ascendientes también se deben extender a los
matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos.
5. Debido a que algunos de los intervinientes y la Procuraduría
General de la Nación presentan un debate sobre la vigencia de las expresiones
acusadas, seguidamente la Corte se ocupará de analizar el vigor actual y el
efecto lingüístico que encierran las expresiones censuradas. Luego de ello,
estudiará si es posible adelantar el juicio de constitucionalidad sobre el
encabezado de uno de los títulos en que se divide un Código, y sólo de ser
superados esos dos temas, la Corte planteará el problema jurídico a resolver,
así como las consideraciones pertinentes para abordar el análisis concreto.
Estudio de vigencia de la expresión “legítimos” contenida en
el encabezado del Título XII – Libro I del Código Civil. Posibilidad de control
de constitucionalidad respecto de los subtítulos o epígrafes de una ley.
6. El Libro I del Código Civil denominado “De las Personas” está
compuesto por 36 títulos y dentro de ellos el Título XII se rotula con el
encabezado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos
legítimos”.
7. El Título XII en comento contiene y orienta a su vez a los
artículos 250 a 268 del Código Civil, que refieren a las obligaciones de
respeto y obediencia, así como de cuidado y auxilio, que los hijos deben a los
padres; al deber de crianza y educación que corresponde ejercer a los padres
sobre sus hijos, o a un tercero ante la inhabilidad física o moral de aquellos;
al derecho de visitas del padre o de la madre que no tenga a cargo el cuidado
personal de los hijos; al régimen de gastos de crianza, educación y
establecimiento de los hijos; a la obligación de los abuelos de educar y
alimentar al hijo que carece de bienes ante la falta o insuficiencia de los
padres; al derecho de los padres o de la persona encargada del cuidado
personal, de vigilar la conducta y corregir moderadamente a los hijos; a las
facultades de los padres de dirigir la educación y formación moral e
intelectual de los hijos; y a las sanciones previstas para los padres que
abandonen o incurrían.
8. La Ley 29 de 1982 “por la cual se otorga la igualdad de
derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y se
hacen los correspondientes ajustes a los diversos órdenes hereditarios”,
adicionó un inciso al artículo 250 del Código Civil, señalando una
clasificación de los hijos en legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, y
definiendo que todos ellos tienen igualdad de derechos y obligaciones. Sin embargo,
esta ley a pesar de ubicar en un plano de igualdad legal a todos los hijos
independientemente de su origen familiar, su enfoque fue la materia sucesoral
sin incidir de forma expresa o directa en las demás normas del Código Civil.
9. Justamente el artículo 10 de la Ley 29 de 1982 estableció que
quedaban derogadas “las demás disposiciones que fueren contrarias a la
presente ley”, con lo cual la jurisprudencia constitucional entendió desde
la sentencia C-047 de 1994[1]
que la igualdad entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos no
puede conciliarse con norma alguna anterior, que establezca discriminación en
contra de cualquiera de estas clases de hijos. Así las cosas, esa ley además de
derogar expresamente las normas del Código Civil que establecían un trato
desigual en materia sucesoral, derogó tácitamente todas las desigualdades que
la legislación civil había fijado anteriormente entre los hijos
extramatrimoniales y los matrimoniales.
10. No obstante, esta Corporación también ha reconocido que la Ley
29 de 1982 no derogó globalmente la expresión “hijos legítimos” del
estatuto civil, sino que por el contrario reafirmó su existencia al indicar que
los hijos son “legítimos, extramatrimoniales y adoptivos”. Quiero ello
decir que no toda referencia a los hijos “legítimos” contenida en el
Código Civil fue derogada por la Ley 29 de 1982. Conforme a lo anterior, ha
planteado que ante la existencia de dudas en torno a la derogatoria tácita de
una norma, sumado al uso de un lenguaje discriminatorio, se habilita el
pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal Constitucional.
10.1. Por ejemplo, en la sentencia C-1026 de 2004[2] se demandó la inexequibilidad de la locución “legítimos” contenida en
el artículo 253 del Código Civil que señala: “Toca de consuno a los padres,
o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación
de sus hijos legítimos”. En esa oportunidad, ante la subsistencia de dudas
en torno a la derogatoria tácita del aparte acusado y los problemas constitucionales
que podrían generarse del lenguaje mismo empleado por la disposición
parcialmente censurada, el Pleno de Corte declaró inexequible la expresión “legítimos”,
bajo los siguientes argumentos:
(i)
A pesar de mostrarse razonable la
derogatoria tácita de la expresión “legítimos” contenida en el artículo
253 del Código Civil, se revelaron algunas dudas porque pensando que en efecto
aplicara tal derogatoria y la expresión no tuviera efectos jurídicos, la
ubicación formal de la locución “legítimos” seguiría haciendo parte del
ordenamiento, lo cual podía suscitar que la palabra en si misma se tornara
discriminatoria y estigmatizante, habida consideración que al relacionar los
hijos legítimos con los matrimoniales, entonces podría entenderse que los demás
hijos (extramatrimoniales y adoptivos) son lo contrario, es decir, ilegítimos,
lo cual tiene connotaciones discriminatorias. Ello fue suficiente para
habilitar en esa oportunidad un estudio de fondo, pues el lenguaje empleado por
esa disposición era contrario a la Carta Política.
(ii)
Existían serias dudas sobre la vigencia de
la expresión acusada, porque la Ley 29 de 1982 no derogó de forma global todas
las expresiones que en las normas civiles se consignaran entorno a los hijos
legítimos. Una lectura de esa Ley permitió concluir que la expresión “legítimos”
había sido reafirmada al indicar la igualdad de derechos respecto de los hijos “legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos”, es decir, los relacionaba con los hijos
matrimoniales. De ahí que, no toda referencia a hijos legítimos consagrada en
el Código Civil hubiese sido derogada y, por consiguiente, al estar vigente
desconoce el derecho a la igualdad entre las diferentes categorías de hijos.
(iii)
La acción pública de inconstitucionalidad
no es el medio idóneo para pedirle a la Corte que declare formalmente que una
norma demanda ha sido derogada tácitamente, por ende, ante tal situación, “este
Tribunal ya ha anotado que cuando la vigencia de una disposición es dudosa,
pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, procede un
pronunciamiento de fondo, ya que la norma acusada puede estar produciendo
efectos”. Por ello, abordó el estudio de fondo del cargo propuesto en esa
ocasión.
10.2. De igual forma, en la sentencia C-404 de 2013[3] esta
Corporación analizó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 288
del Código Civil, el cual define la institución de la patria potestad y
establece que corresponde su ejercicio de forma conjunta a los padres sobre los
hijos “legítimos”. Esta última expresión fue la acusada por desconocer
la igualdad de derechos entre los hijos y excluir del ejercicio de la patria
potestad a los hijos extramatrimoniales y adoptivos.
En esa oportunidad la Corte declaró inexequible dicha expresión,
luego de preguntarse lo siguiente: “¿la ley 29 de 1982 al ubicar en igualdad
de derechos a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, derogó
tácitamente la expresión ‘legítimos’ que contiene el artículo 288 del Código
Civil?”. Como respuesta al anterior interrogante, indicó que la Ley 29 de
1982 no refirió a una derogatoria tácita global de la expresión “legítimos”,
ya que fue precisamente esa misma la que utilizó en el artículo 1º para
mencionar a los hijos matrimoniales. En palabras de esta Corporación, “se
asocia a los hijos legítimos con aquellos concebidos como fruto del matrimonio
de los padres, situación que de entenderse así, genera una exclusión del
ejercicio de la patria potestad respecto de los hijos extramatrimoniales y
adoptivos”. Además de ello, la Corte estimó que “(…) la sola permanencia
formal en el ordenamiento jurídico de aquella locución puede generar un trato
discriminatorio relacionado con el efecto simbólico excluyente del lenguaje que
se desprende de la misma”. Por consiguiente, procedió a analizar de fondo
el aparte cuestionado con el fin de confrontar su lenguaje literal con los
postulados de la Constitución, ante las serias dudas en torno a la vigencia de
la disposición que se acusaba.
11. En ese orden de ideas, como a esta Corporación no le
corresponde dirimir el asunto sobre la vigencia de la disposición censurada del
encabezado del Título XII – Libro I del Código Civil, por cuanto no ha mediado
una derogatoria expresa y el vigor de esa norma se encuentra en duda debido a
la incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, debe entonces abordar el
estudio de fondo para privilegiar la seguridad jurídica y conciliar la
contradicción al parecer discriminatoria de trato que incluye el encabezado del
título XII preconstitucional, respecto de los postulados que rigen la Carta
Política.
12. Dicho lo anterior, seguidamente la Sala se pregunta en este
caso si es posible adelantar el examen de constitucionalidad respecto del
nombre de un Título que integra a su vez un Libro del Código Civil, es decir,
sobre el epígrafe de un subtítulo de una ley.
12.1. Al respecto, la jurisprudencia constitucional[4] de forma
pacífica ha señalado que el título de una ley e incluso los epígrafes de los
subtítulos o libros en que aquella se divide, pese a carecer de un valor
normativo autónomo, esto es, no conforma una regla de derecho autónoma con
eficacia jurídica directa, exhiben valor como criterios de interpretación de
las normas contenidas en la totalidad de la ley o en el capítulo o libro en que
se subdivide. Siendo ello así, es posible que incluso los criterios de
interpretación de una ley que emana del encabezado principal y de los
subtítulos de la misma, sean pausibles del control de constitucionalidad,
habida cuenta que un epígrafe contrario a los preceptos constitucionales de no
ser excluido del ordenamiento jurídico podría conducir a una interpretación de
parte (subtítulos) o de toda la ley (título principal) no conforme con el
estatuto superior, más aún cuando se trata de una norma preconstitucional como
sucede en el presente caso.
El sustento de lo anterior halla su base competencial en el
artículo 241 numeral 4° de la Constitución, que asigna a la Corte
Constitucional la función de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad
que presentan los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material
como por vicios de procedimiento en su formación, control que se aplica al
contenido normativo como a la titulación por cuanto ambos hacen parte del
contenido de las leyes, y la Carta no distingue entre uno y otro para el
efecto.
12.2. Los subtítulos en que se divide una ley cumplen un papel
relevante[5]
habida cuenta que (i) permiten que quienes estén llamados a cumplir las
disposiciones contenidas dentro de la ley, puedan consultarlas acudiendo a la
clasificación temática de la misma; (ii) sirven como criterios
hermenéuticos para establecer el sentido y la materia principal de los
artículos que componen el subtítulo; y, (iii) dan una idea general de la
materia que es objeto de regulación y es orientada por ese epígrafe.
12.3. Así mismo, a pesar de contar el legislador con un amplio
margen de configuración en el ejercicio de su potestad legislativa, la cual
incluso era avalada de forma preconstitucional a la Carta de 1991, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que esa función tiene ciertos
límites, entre los que se destaca que el título o los epígrafes en que se
subdivide una ley, no deben contener alusiones discriminatorias ni
diferenciaciones injustificadas basadas en criterios sospechosos que contraríen
la proposición contenida expresamente en el artículo 13 Superior, como la raza,
el sexo, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión y la opinión
política o filosófica[6].
Además de ello, debe existir una correspondencia de contenido entre el epígrafe
del subtítulo y el articulado del mismo.
12.4. Por consiguiente, para determinar si el título principal o
los epígrafes de los subtítulos en que se divide una ley vulneran la
Constitución, es necesario aplicar el examen de constitucionalidad que permita
establecer si el actuar del legislador desconoció sus límites, o si su enfoque
preconstitucional se debe adecuar a los postulados de la Carta Política de 1991
con el fin de no incurrir, por ejemplo, en criterios interpretativos de la
normatividad que sean discriminatorios y confieran un alcance material que
termine lesionando la igualdad como pilar fundamental.
13. De esta forma, la Corte advierte que es competente para
adelantar el análisis de constitucionalidad contra la expresión “legítimos”
contenida en el Título XII del Libro I del Código Civil, porque al parecer la
misma impone el origen familiar como un criterio sospechoso para establecer un
trato diferente entre las obligaciones y derechos que existen entre las
diferentes clases de hijos, sumado a que no guarda una conexidad directa con
varios de los artículos que componen el Título demandado. Así, la Corte asumirá
el estudio de fondo de la locución censurada.
Estudio de vigencia de la expresión “legítimos” del
artículo 252 del Código Civil. Inexistencia de cosa juzgada constitucional.
14. El artículo 251 del Código Civil establece la obligación de
cuidado y de auxilio que los hijos deben a los padres en su ancianidad, en el
estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesiten de
su ayuda. Justamente, por expresa disposición del artículo 252 ibídem, tienen
derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes legítimos, en caso de
inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes. Significa que
esta obligación extendida de cuidado y auxilio impuesta a los hijos se aplica
frente a los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, quienes son los ascendientes
en línea recta y directa.
Pero además de lo anterior, la norma indica que los destinatarios
son los ascendientes “legítimos”, expresión que justamente se demanda
por desconocer el derecho a la igualdad ya que implica que el cuidado y auxilio
sólo opera frente a los ascendientes matrimoniales, no así respecto de los
ascendientes cuyo origen familiar tenga su cimiente en un vínculo de parentesco
natural o civil.
15. En tratándose del artículo censurado, la Corte estima que la
Ley 29 de 1982 en nada afecta el alcance ni el contenido del mismo por cuanto,
como se explicó, ésta refiere a la igualdad de derechos y deberes que deben
existir entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, sin mencionar
o modificar que tal igualdad sea predicable frente a los ascendientes directos
y en línea recta de parentesco. De contera que el artículo 252 del Código Civil
se encuentra plenamente vigente porque no fue modificado por la Ley 29 de 1982.
16.  A esa misma conclusión de vigencia plena se llega al analizar
la sentencia C-105 de 1994[7],
en la cual se demandó la expresión “legítimos” contenida en el numeral 3°
del artículo 411 del Código Civil. Ese artículo regula a quienes se le deben
alimentos legales, esto es, quienes son sus beneficiarios, y en numeral 3°
señalaba como destinatarios a los ascendientes legítimos.
16.1. En esa oportunidad el demandante consideraba que el artículo
42 Superior además de reconocer la igualdad de derechos entre los hijos,
también la contempló para los derechos surgidos en favor de todas aquellas
personas que forman parte de la familia, lo cual incluye a los ascendientes,
descendientes y colaterales. Planteó que esa igualdad no se reflejaba en el
artículo 411 del Código Civil, por cuanto establecía diferencias de trato entre
los ascendientes legítimos y los extramatrimoniales y adoptivos.
16.2. Al analizar esa norma acusada, la Corte concluyó que la
palabra “legítimos” era inexequible habida cuenta que “es contrario al
principio de igualdad el limitar el derecho a los alimentos legales a los
descendientes legítimos, a los ascendientes legítimos, y a la posteridad
legítima de los hijos naturales.  Lo que está de acuerdo con la Constitución,
es reconocer el derecho a los ascendientes y descendientes de cualquier clase
que sean”. De esta forma, extendió la obligación de brindar alimentos legales
“a los ascendientes” independientemente de que su origen familiar esté
justificado en el vínculo jurídico del matrimonio, natural o civil.
16.3. Como se
observa, la sentencia C-105 de 1994 a pesar de modificar y ampliar el
entendimiento de quiénes son destinatarios de los alimentos legales, no hizo
una integración normativa con otros artículos del Código Civil con los cuales
se podía generar una contradicción que afectara el derecho a la igualdad
constitucional respecto de los ascendientes, motivo por el cual el artículo 252
de la misma obra se encuentra vigente limitando la obligación que tienen los
hijos de cuidado y auxilio, que se puede materializar a través del
reconocimiento de alimentos, a los ascendientes legítimos cuya relación
de parentesco deriva del vínculo jurídico del matrimonio.
Lo anterior permite
a su paso verificar la inexistencia de la cosa juzgada constitucional[8] frente a la sentencia C-105 de 1994,
por cuanto la misma ni formal ni materialmente se pronunció alterando el
contenido del artículo 252 del Código Civil que en la actualidad se demanda de
manera parcial.
17. Vistas así las
cosas, la Corte considera que dada la vigencia plena del artículo 252 del
Código Civil y la inexistencia de cosa juzgada constitucional respecto de lo
decidido en la sentencia C-105 de 1994, es viable emitir un pronunciamiento de
mérito que resuelva el cargo de inconstitucionalidad propuesto por el
demandante. Por tal razón, procederá a plantear el problema jurídico a resolver
y las consideraciones pertinentes para abordar el estudio de las normas
parcialmente acusadas.
Problema jurídico y
metodología de decisión
18. Corresponde a
la Corte resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿desconoce
el mandato constitucional a la igualdad que le asiste a todos los hijos, el que
el encabezado del Título XII del Libro I del Código Civil establezca como
criterio hermenéutico la existencia de derechos y obligaciones solo para los
hijos legítimos concebidos dentro del matrimonio, excluyendo por su origen
familiar a los hijos extramatrimoniales y adoptivos? ¿El artículo 252 del
Código Civil al excluir del beneficio de cuidado y auxilio que los hijos deben
a los ascendientes directos y en línea recta, a aquellos extramatrimoniales y
adoptivos, genera un trato discriminatorio por razones de origen familiar que
desconoce la protección integral a las familias?
19. Pues bien, para resolver las preguntas planteadas, la Sala Plena
seguirá la siguiente metodología de decisión: Comenzará por referir brevemente
a la concepción de familia en la Constitución Política de 1991; luego
mencionará la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos, así como la
prohibición de discriminación por el origen familiar de éstos. Posteriormente
estudiará la obligación de cuidado y auxilio que los hijos deben a los ascendientes,
independientemente del vínculo de parentesco jurídico, natural o adoptivo que
los una con los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, para después
analizar los cargos propuestos contra las expresiones censuradas. Allí examinará
el efecto simbólico y discriminatorio que encierra la expresión “legítimos”
en caso de mantenerse en el ordenamiento jurídico.
La concepción amplia de la familia en el marco de la Carta Política
de 1991. La igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos, y la prohibición
de discriminación por el origen familiar de éstos. [9]
20. La Constitución Política de 1991 establece que la familia es el
núcleo esencial de la sociedad y consagra como principio fundamental el amparo
que el Estado y la sociedad deben brindarle. En desarrollo de ello, el artículo
42 de la Carta adoptó un concepto amplio de familia , la cual se constituye por
vínculos jurídicos que refieren a la decisión libre de contraer matrimonio, o
por vínculos naturales que corresponden a la voluntad responsable de
conformarla de manera extramatrimonial sin que medie un consentimiento expresado
sino la mera convivencia. Puede entonces hablarse de una familia matrimonial y
otra extramatrimonial sin que ello implique discriminación alguna, ya que las
distintas formas de conformarla significan únicamente que la Constitución ha
reconocido los diversos orígenes que puede tener la familia[10].
Por consiguiente, corresponde al Estado garantizar la protección
integral a la familia, independientemente de su constitución por vínculos
jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato
que debe existir entre las diferentes formas del nacimiento de la familia heterosexual
o diversa. Por lo mismo, la honra y dignidad de la familia son inviolables,
independientemente del origen familiar de la misma. De allí que la igualdad se
predique frente a los derechos y las obligaciones que tienen los miembros de la
misma.
21. Acorde con estas formas de fundar la familia, de acuerdo con el
inciso 6° de ese canon constitucional, los hijos son por los diferentes modos o
lazos filiales: matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, y frente a ellos
en la actualidad se predica la igualdad de derechos y obligaciones. Pero esto
no fue siempre así. Como lo explicó en su momento de forma acertada la sentencia
C-047 de 1994[11],
el proceso que condujo a la igualdad de los hijos legítimos y
extramatrimoniales en Colombia, inició con la expedición de la Ley 45 de 1936 y
culminó al dictarse la Ley 29 de 1982, para ser luego finalmente recogido y
elevado a norma constitucional en el artículo 42 Superior.
22. Anteriormente el artículo 52 del Código Civil clasificaba los
hijos ilegítimos en naturales (nacido de padres que al momento de la concepción
no estaban casados) y de dañado y punible ayuntamiento (también llamados
espurios), que a su vez podían ser adulterinos o incestuosos. Esa denominación
de ilegítimos era genérica porque comprendía a todos los hijos que no habían
sido concebidos dentro del matrimonio o posteriormente legitimados por la unión
sacramental o civil de sus padres. Por ello, en tanto la clasificación se
entendió lesiva a la dignidad humana por cuanto degradaba los derechos que les
correspondía a los hijos cuyo parentesco era tildado de ilegítimo, empezó a
abrirse grandes cambios con la expedición de la Ley 45 de 1936.
23.  No obstante, el salto representativo en la igualdad de los
derechos de los hijos fue consagrado en la Ley 29 de 1982, la cual en su
artículo 1° que modificó el artículo 250 del Código Civil, estableció lo
siguiente: “Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y
tendrán iguales derechos y obligaciones”. Como lo dijo la mencionada
sentencia C-047 de 1994, “el artículo 1o. de la ley 29 de 1982, consagra la
igualdad no sólo entre los hijos legítimos y los naturales, sino entre unos y
otros y los adoptivos (…) Desaparecen así todas las desigualdades por razón
del nacimiento: en adelante, en tratándose de derechos y obligaciones habrá
solamente hijos, diferentes solamente en sus denominaciones de legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos” (Negrillas nuestras).
24. Y esa fue la puerta de entrada para que esa igualdad entre los
hijos fuese elevada a mandato constitucional en el inciso 6° del artículo 42 de
la Constitución Política, el cual dispone que los “hijos habidos dentro del
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen igualdad de derechos y deberes”. De allí que hoy en día
solo se hable de hijos sin hacer referencia a categorías o tipificaciones
discriminatorias, ya que la enunciación normativa de matrimoniales,
extramatrimoniales y adoptivos refiere exclusivamente a los modos de filiación
de los hijos, sin que esto represente una diferenciación entre la igualdad
material de derechos y obligaciones que existe entre ellos.
Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que “el
derecho a la igualdad en el marco de las relaciones familiares tiene un impacto
importante y definitivo, dirigido a garantizar que los hijos no sean sometidos
a tratos discriminatorios por razón de su origen familiar, es decir, por su
condición de hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos”.[12]
25. Con ese andamiaje, en múltiples decisiones este Tribunal se ha
pronunciado sobre la discriminación sistemática a la que social y legalmente se
sometió, y aún se somete, en nuestro país a los hijos cuyo lazo filial no
deriva del vínculo jurídico del matrimonio de sus progenitores. Como ejemplo de
esas decisiones encontramos las siguientes:
25.1. En la sentencia C-105 de 1994[13],
esta Corporación declaró la inexequibilidad de la expresión "legítimos"
contenida en distintas normas del Código Civil, por considerar que, en cuanto
la Constitución reconocía la igualdad entre todos los hijos, el uso de dicho
término resultaba discriminatorio y contrario al principio de igualdad material
frente a la ley.
25.2. En igual sentido, en la sentencia C-595 de 1996[14], se declaró la
inexequibilidad de los artículos 39 y 48 del Código Civil, que definían el tema
de la consanguinidad ilegítima y la afinidad ilegítima, respectivamente.
Encontró la Corte que "la declaración de inexequibilidad es razonable
porque elimina la posibilidad de cualquier interpretación equivocada de la
expresión ‘ilegítimo’, y ratifica toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad
de trato discriminatorio por el origen familiar".
25.3. En ese mismo contexto, en las sentencias C-310 de 2004[15], C-1026 de 2004[16] y C-204 de 2005[17], se tomaron decisiones
dirigidas a proteger el derecho a la igualdad entre los hijos. Puntualmente,
cabe resaltar que en el caso de la sentencia C-1026 de 2004, se declaró
inexequible la expresión “legítimos” contenida en el artículo 253 del
Código Civil, por resultar contrario al ordenamiento constitucional que
consagra la igualdad en derechos y deberes de todos los hijos, restringir los
deberes de crianza y educación a la filiación matrimonial, excluyendo por el
origen familiar a los hijos cuyo lazo filial sea extramatrimonial o adoptivo.
25.4. Así mismo, en la sentencia C-145 de 2010[18] se declaró inexequible
la locución “cuando se trate de hijos extramatrimoniales” contenida en
el inciso 2° del numeral 1° del artículo 62 del Código Civil, en cuanto
consagraba una diferenciación de trato entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales
por razón de su origen, que resulta a todas luces discriminatoria. Esa norma
presentaba problemas de inconstitucionalidad porque restringía la medida de la
pérdida de la patria potestad y de la guarda, únicamente a los procesos de
investigación de paternidad de los hijos extramatrimoniales, con lo cual
quedaban excluidos los demás hijos simplemente por el origen filial.
25.5. También la sentencia C-404 de 2013[19] se pronunció sobre la
igualdad de derechos y deberes que debe existir entre los hijos. En esa
oportunidad declaró inexequible la expresión “legítimos” contenida en el
artículo 288 del Código Civil, porque consideró discriminatorio que el
ejercicio de la patria potestad hubiese sido asignado de forma conjunta a los
padres sobre los hijos matrimoniales, excluyendo a los hijos extramatrimoniales
y adoptivos. Luego de indicar que la patria potestad además de ser un deber de
los padres, es un derecho que le asiste a todos los hijos, adujo que limitarla
a los hijos legítimos desconoce los derechos a la igualdad y a la protección
integral a las familias.
26. En síntesis, de acuerdo con el mandato constitucional según el
cual, los hijos habidos en el matrimonio y los habidos fuera de él gozan de los
mismos derechos y deberes, la jurisprudencia constitucional ha rechazado
cualquier forma de discriminación entre ellos, esto es, cualquier diferencia de
trato que se base únicamente en que los unos son hijos nacidos dentro de un
matrimonio y los otros no. Es más, ha reconocido que no existen tipificaciones
o clases de hijos, sino que la referencia a matrimoniales, extramatrimoniales y
adoptivos tiene su cimiente en los modos de filiación que no pueden ser tenidos
en cuenta para ejercen un parámetro de discriminación entre los hijos.
27. De esta forma, siendo el origen familiar un criterio de
distinción constitucionalmente rechazado, la circunstancia de que el nacimiento
tenga lugar dentro o fuera del matrimonio no puede conllevar diferencias de
trato jurídico en ningún caso, y menos aún en materias directamente
relacionadas con el reconocimiento de la personalidad jurídica o con el goce de
derechos y de protecciones especiales que deben operar en favor de todos los
hijos. De igual forma, los hijos adoptivos tienen igualdad de derechos y
obligaciones por cuanto en virtud de la adopción ingresan a la familia y se
convierten en parte de ésta[20].
La obligación de cuidado y auxilio que los hijos deben a los ascendientes
en línea recta. Deber de solidaridad de los integrantes cercanos de la familia.
28. El Código Civil colombiano impone tanto a los padres como a los
hijos, derechos y obligaciones legales. Éstos deben a sus progenitores
respecto, obediencia, trato digno y el debido cuidado y auxilio siempre que lo
necesiten. Centrando nuestro estudio en esta última, el artículo 251 del Código
Civil establece que aunque el hijo alcance la mayoría de edad para obrar de
forma independiente, siempre debe cuidar y brindar auxilio a sus padres en tres
contextos determinados: (i) en la ancianidad; (ii) en el estado de
demencia; y, (iii) en todas las circunstancias de la vida en las cuales
requieran el socorro de los hijos. Lo anterior no implica que esos tres
contextos puedan ser los únicos en los cuales los hijos otorguen ayuda a los
padres, ya que se deben tener como meramente enunciativos y no taxativos.
29. Como se puede observar, esta norma preconstitucional no
establece límites o discriminaciones por el origen familiar. Se refiere a todos
los hijos, lo cual incluye los matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, y
a su vez consagra como beneficiarios de la obligación a los progenitores sin
importar que el lazo filial que los une con los directos obligados tenga una
naturaleza legítima, extramatrimonial o civil.
30. Por su parte, como ya se explicó, el artículo 252 del Código
Civil extiende la obligación de cuidado y auxilio que deben los hijos
emancipados, “a los demás ascendientes legítimos”. Esta norma legal, a
diferencia de la anterior, sí limita a los beneficiarios del socorro porque se
refiere a los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos directos por ambas
ramificaciones familiares (línea ascendente materna y paterna) que cumplan con
el requisito de tener un parentesco legítimo, esto es, derivado del matrimonio
y de la sangre.
Para que esa obligación impuesta a los hijos emancipados se habilite
frente a los demás ascendientes legítimos en línea recta y directa que se
encuentren en la ancianidad, en estado de demencia o en cualquier otra
situación que amerite el socorro, es necesario que los inmediatos descendientes
no existan o tengan una insuficiencia de recursos económicos que les permita
asumir el cuidado y auxilio respectivo.
31. Ahora bien, la obligación de cuidado y auxilio impone el
ocuparse de temas indispensables como la alimentación, la salud, el vestido y
el estar pendiente de sus necesidades brindando amor, respeto y trato digno, al
punto de proporcionales a los padres y demás ascendientes en línea recta lo
necesario para que estén bien y tengan una adecuada calidad de vida.
32. A su vez, el origen de tal obligación descansa en los principios
de reciprocidad familiar y solidaridad familiar.
32.1. Frente al primero de ellos, cabe señalar que tanto el Código
Civil como el Código de la Infancia y la Adolescencia establecen a los padres
el deber de criar, educar y apoyar económicamente a los hijos. Por ejemplo, el
artículo 260 del Código Civil indica que la obligación de alimentar y educar al
hijo que carece de bienes, pasa conjuntamente a los abuelos maternos y paternos
ante la falta o insuficiencia de los padres, es decir, establece un deber
específico de los ascendientes directos y en línea recta, respecto de sus
descendientes. De allí que normas como las contenidas en los artículos 251 y
252 del Código Civil, que invierten la obligación para que el cuidado y socorro
provenga de los hijos emancipados frente a los padres y demás ascendientes
necesitados, corresponde a una reciprocidad o protección mutua familiar.
32.2. En tratándose del principio de solidaridad familiar, la
jurisprudencia constitucional al revisar varios casos de control concreto[21], lo ha definido como
el deber impuesto a quienes por vínculo familiar se encuentran unidos por
diferentes lazos de afecto y se espera que de manera espontánea lleven a cabo
actuaciones que contribuyan al apoyo, cuidado y desarrollo de aquellos
familiares que debido a su estado de necesidad o debilidad requieran protección
especial. De esta forma, los miembros de la familia son los primeros llamados a
prestar la asistencia requerida a sus integrantes más cercanos, pues es el
entorno social y afectivo idóneo en el cual encuentra el cuidado y el auxilio necesario.
Así, por ejemplo en el contexto de los adultos mayores, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que “(…) resulta pertinente recordar que el deber de brindar asistencia
profunda y efectiva y protección al anciano recae, en primera instancia, sobre
la familia, pues en consonancia con los principios de solidaridad, de
protección a la familia y de equidad, cada persona debe velar por su propia subsistencia
y por la de aquellos a quienes la ley les obliga, por no estar en capacidad de
asegurársela por sí mismo”.[22]  Corolario de lo anterior es
que la familia cercana juega un papel fundamental en el proceso de
envejecimiento y constituye uno de los recursos más importantes de la población
mayor, pues ofrece sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y
apoyo social, siendo así la más idónea para proporcionar arraigo y seguridad a
los ancianos, quienes, por naturaleza, padecen de problemas fisiológicos y
patológicos. Justamente ese es el estandarte de la solidaridad familiar frente
a las personas de la tercera edad que instituye el artículo 46 Superior.
32.3. La
solidaridad familiar de los hijos frente a los ascendientes directos también se
ve reflejada en las normas que regulan el derecho de alimentos que aquellos
deben a éstos, punto que se ubica dentro de los ítems del concepto de cuidado y
auxilio. De forma puntual, el artículo 411 del Código Civil establece que son
titulares del derecho de alimentos los ascendientes matrimoniales, naturales y
adoptivos. Con base en esa norma, la Corte ha reconocido que los alimentos
legales tienen por fundamento el principio de solidaridad, según el cual los
miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a
aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por
sí mismos. Esto impone verificar la necesidad del alimentario o beneficiario
y la capacidad económica del alimentante u obligado[23].
33. Entonces, a
partir de lo anterior la Corte concluye que la obligación de cuidado y auxilio
que los hijos deben a los padres y a los demás ascendientes en línea recta que
se encuentren en estado de necesidad o de debilidad manifiesta, encuentra
sustento originario en los principios de reciprocidad familiar y solidaridad
familiar, así como en el deber moral y jurídico de brindarles la asistencia que
requieran para sobrellevar una vida digna. Tal socorro incluye el deber de
brindar alimentos legales.
Análisis concreto
de los apartes censurados
De la expresión
“legítimos” contenida en el encabezado del Título XII del Libro I del Código
Civil
34. El encabezado
del Título XII del Libro I del Código Civil se denomina “De los derechos y
obligaciones entre padres y los hijos legítimos”. El demandante considera
que la expresión “legítimos” allí incluida, desconoce
los artículos 13 y 42-6 de la Constitución Política por cuanto establece una
discriminación de trato por el origen familiar de los hijos, ya que teniendo
una función orientadora del tema que desarrolla los artículos 250 al 268 del
Código Civil, la cobertura de aplicación de tal título se limita a los hijos
matrimoniales excluyendo a los hijos extramatrimoniales y adoptivos de la
igualdad de derechos y deberes que se predica desde la vigencia de la Ley 29 de
1982. Por ello solicita que el vocablo acusado sea declarado inexequible para
manejar un lenguaje incluyente y de igualdad.
35. Para resolver el anterior cargo, la Sala recuerda que el artículo 13 Superior establece
que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la
misma protección por parte del Estado para que puedan gozan de los mismos
derechos, sin que sea dable alegar una discriminación cimentada, por ejemplo,
en el origen familiar. A su vez, este artículo que debe analizarse de forma
sistemática con el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución Política, el
cual fija un parámetro de igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos
matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. Significa lo anterior que, toda
norma que establezca una discriminación basada en el origen familiar de los
hijos, es contraria a la Constitución y por ello debe ser declarada
inexequible.
36. En el presente caso, la Corte considera
que el encabezado del título XII del Libro I del Código
Civil si bien no posee una fuerza normativa autónoma -como fue explicado-, no
lo es menos que sirve de criterio de interpretación que orienta los artículos
que lo componen y, por ende, al incluir en su texto la denominación de hijos
legítimos, incurre en un criterio sospechoso de discriminación basado en el
origen familiar de los hijos, sumado a que vulnera el artículo 42-6 Superior
que establece la igualdad de derechos y obligaciones para todos los hijos.
En efecto, la palabra “legítimos” en ese contexto gramatical
limita los derechos y obligaciones solo para los hijos concebidos dentro del
matrimonio de sus progenitores, lo cual claramente desconoce el postulado de
igualdad material que debe existir entre los hijos, habida consideración que
fija un parámetro de exclusión para aquellos cuyo lazo filial tiene su cimiente
extramatrimonial o adoptivo.
37. No cabe duda de que la
expresión acusada pone en evidencia una diferenciación de trato entre los hijos
que resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional, ya que el
criterio orientador del Título XII restringiría los derechos y deberes sólo a
los hijos habidos dentro del matrimonio, situación que genera una
discriminación legal por el origen familiar o por el nacimiento de los hijos
cuyo modo de filiación es extramatrimonial o adoptivo, desconociendo los
principios y valores que enmarcan la Constitución Política de 1991, en especial
el atinente a la igualdad de trato ante la ley que consagra el artículo 13
Superior, así como a la igualdad de derechos y deberes que tienen los hijos.
En ese sentido, la Corte
precisa que no existen tipificaciones o clases de hijos, sino la referencia a
matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos que halla como justificación los
modos de filiación que no pueden ser tenidos en cuenta como parámetros para
perpetuar un trato histórico discriminatorio. De allí que el hacer referencia
legal a los derechos y obligaciones únicamente frente a los hijos legítimos,
denominados también matrimoniales, genera una distinción inadmisible desde el
punto de vista constitucional.
38. A pesar de que lo anterior
es suficiente para declarar la inexequibilidad del vocablo acusado con el fin
de conciliar la contradicción discriminatoria de trato que incluye el Título
XII del Libro I del Código Civil, criterio orientador que además es
preconstitucional, la Corte estima que la expresión “legítimos” en
caso de permanecer formalmente en el ordenamiento jurídico, generaría un efecto
simbólico negativo en el uso literal del lenguaje en la pauta hermenéutica, ya
que reporta una discriminación y estigmatización frente a aquellos hijos cuyo
parentesco es tildado erróneamente de ilegítimo.
Y es que sobre el punto del
efecto simbólico discriminatorio de las normas jurídicas, esta Corporación ha
señalado que el lenguaje al no ser un instrumento neutral de comunicación, debe
estar acorde con los principios y valores constitucionales,
sobre todo cuando refiere a las situaciones jurídicas de inclusión o exclusión
frente a ciertas prerrogativas o derechos, por lo cual expresiones legales
degradantes y discriminatorias atentan contra el principio de la dignidad
humana y el derecho a la igualdad[24], tal como acontece en
el presente asunto, porque establecer un criterio de consanguinidad legítima
para que se habiliten los derechos y obligaciones de los hijos, termina
excluyendo y estigmatizando a los hijos que se identifican históricamente con
el parentesco ilegítimo.
39. En ese orden de ideas, la
Corte declarará inexequible de la expresión “legítimos” contenida en el
encabezado del Título XII del Libro I del Código Civil, por desconocer los
artículos 13 y 42-6 de la Constitución Política, sumado a que conlleva un
efecto simbólico negativo en el uso literal del lenguaje empleado en esa pauta
hermenéutica, habida cuenta que contempla discriminación y estigmatización para
aquellos hijos cuyo lazo filial era identificado históricamente como ilegítimo.
Así se reportará en la parte resolutiva de esta decisión.
De la expresión “legítimos” contenida en el artículo 252 del
Código Civil
40. El demandante estima que la palabra “legítimos”
contenida en el artículo 252 del Código Civil quebranta los artículos 13 y 42
Superiores, habida cuenta que excluye del beneficio de cuidado y auxilio que
los hijos deben a sus padres y ascendientes en estado de necesidad, ya por
enfermedad o por edad, a aquellos ascendientes extramatrimoniales y adoptivos,
dejando como destinatarios de la norma solo a los ascendientes matrimoniales, situación
que genera un trato discriminatorio por razones del origen familiar y desconoce
la protección integral a las familias. Debido a esto, pide la
inconstitucionalidad de la expresión censurada.
41. Según fue explicado, la
obligación extendida de cuidado y auxilio que deben los hijos emancipados opera
por disposición legal respecto de los demás ascendientes legítimos, es decir,
los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos en línea recta materna y paterna que se
encuentren en necesidad o debilidad manifiesta cuyo parentesco sea matrimonial
y de sangre.  El sustento del anterior deber son los principios de reciprocidad
familiar y solidaridad familiar, y la obligación moral y jurídica que tienen
los hijos de brindarles socorro.
42. El que el artículo 252 del Código
Civil consagre como beneficiarios del deber de cuidado y auxilio a los demás
ascendientes legítimos diferentes a los padres, genera un trato discriminatorio
por el origen familiar que se relaciona con el parentesco. En este contexto
normativo, la palabra “legítimos” se asocia al parentesco derivado del
matrimonio y de la sangre, en contraposición al parentesco ilegítimo que sería
desde el entendimiento histórico, el resultado de las uniones naturales (hoy
día conocidas como uniones materiales de hecho) y de ser ascendiente adoptivo o
civil.
Esa concepción de entender la
relación filial como legítima e ilegítima quebranta la protección igualitaria
que la Constitución de 1991 consagró para las diversas formas de constituir la
familia, y su vez, en el caso puntual, genera un trato desigual ante la ley por
cuanto el numeral 3° del artículo 411 del Código Civil establece como
beneficiarios de los alimentos legales a todos los ascendientes en un plano de
igualdad de condiciones. Pensar diferente sería excluir de la obligación que
tienen los hijos con los ascendientes, a aquellos abuelos, bisabuelos y
tatarabuelos en línea directa que tienen un lazo filial natural o adoptivo.
43. Bajo esa óptica, la Sala
considera que la expresión “legítimos” que consagra el artículo 252 del
Código Civil se debe declarar inconstitucional, habida cuenta que desconoce los
artículos 13 y 42 de la Constitución Política. Por consiguiente, en adelante se
debe entender como beneficiarios del cuidado y auxilio que deben los hijos, a
todos los ascendientes directos y en línea recta, sin discriminación alguna por
el origen del parentesco.
Conclusiones
44. Esta Corporación declarará
inexequibles las expresiones “legítimos” que consagran el encabezado del Título
XII – Libro I del Código Civil y el artículo 252 de la misma codificación, por
vulnerar los artículos 13 y 42 de la Constitución Política. Lo anterior por
cuanto dicho encabezado excluye del criterio de interpretación del título, los
derechos y deberes que también son predicables frente a los hijos
extramatrimoniales y adoptivos. A su vez, el artículo 252 del Código Civil
excluye a los ascendientes naturales y adoptivos de la posibilidad de ser
beneficiarios legales de la obligación de cuidado y auxilio que deben prestar
los hijos cuando aquellos se encuentren en estado de necesidad o debilidad
manifiesta.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos” contenida en el
encabezado del Título XII – Libro I del Código Civil, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.-
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos” contenida en el artículo
252 del Código Civil, por los argumentos planteados en esta sentencia.
Notifíquese
y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
En comisiòn
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-451/16
SENTENCIA DE
INEXEQUIBILIDAD-Efectos ex tunc
EXPRESION HIJOS “LEGITIMOS” CONTENIDA EN EL CODIGO CIVIL-La decisión de inexequibilidad de la expresión “ilegítimos” debió
fijar efectos retroactivos, a partir de la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991
Referencia: Expediente D-11217
Asunto: Demanda
de inconstitucionalidad contra el encabezado del título XII (parcial) del Libro
I y el artículo 252 (parcial) del Código Civil.
Demandante: Iván Ordoñez Pico
Magistrado Sustanciador:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
1. Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a
continuación las razones por las cuales salvo parcialmente mi voto en la
decisión que adoptó la Sala Plena en sesión del 24 de agosto de 2016, en la
cual se profirió la Sentencia C-451 de 2016.
En la
providencia de la que me aparto parcialmente la Corte conoció de una demanda de
inconstitucionalidad contra la expresión “legítimos” contenida en el encabezado del Título XII del Libro I y
en el artículo 252 del Código Civil, que regulan la obligación de
cuidado y de auxilio en favor de los ascendientes legítimos diferentes a los
padres, en caso de inexistencia o insuficiencia de los inmediatos
descendientes. La demanda planteó que las expresiones violaban los artículos 13 y 42 de la Constitución Política, por establecer una discriminación
de trato por el origen familiar de los hijos al excluir a los hijos
extramatrimoniales y adoptivos de la aplicación de la norma.
La providencia declaró la inexequibilidad tanto
de la expresión contenida en el encabezado del Título XII como en el artículo
252 del Código Civil, por considerar que las mismas, en efecto, constituyen un
criterio sospechoso de discriminación basado en el origen familiar y así,
desconocen la igualdad de derechos y obligaciones para todos los hijos (arts.
13 y 42 C.P). En este sentido, aseveró que la distinción conceptual entre hijos
legítimos e ilegítimos “quebranta
la protección igualitaria que la Constitución de 1991 consagró para las
diversas formas de constituir la familia, y a su vez, en el caso puntual,
genera un trato desigual ante la ley por cuanto el numeral 3° del artículo 411
del Código Civil establece como beneficiarios de los alimentos legales a todos
los ascendientes en un plano de igualdad de condiciones. Pensar diferente sería
excluir de la obligación que tienen los hijos con los ascendientes, a aquellos
abuelos, bisabuelos y tatarabuelos en línea directa que tienen un lazo filial
natural o adoptivo”.
3. Aunque comparto plenamente el razonamiento y
determinación de la providencia, considero que la Corte debió fijar efectos
retroactivos a la decisión de inexequibilidad a partir de la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991, puesto que en este caso pueden
subsistir situaciones hacia atrás que generen la violación de derechos
fundamentales. Así, este Tribunal, en virtud de las atribuciones que le
permiten fijar el alcance de sus fallos debió darle los efectos mencionados
para salvaguardar los derechos a la igualdad, a la protección integral de la
familia y a la tercera edad en virtud de los artículos 13, 42 y 46 de la
Constitución.
4. De conformidad con el artículo 243 Superior, “[l]os
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional”. Esta Corporación ha sostenido que
la cosa juzgada es una figura jurídica que reviste los fallos de
constitucionalidad con el carácter de inmutables, vinculantes y definitivos.
Esto se debe a que la cosa juzgada es una institución creada con el fin de
preservar la seguridad jurídica, que a su vez protege el derecho a la igualdad
de las personas en el acceso a la administración de justicia. Así mismo, evita
nuevos juicios de constitucionalidad sobre disposiciones y cargos previamente
analizados por esta Corporación[25].
Ahora bien, con fundamento en los
artículos 241 y 243 de la Constitución Política, la Corte ha sostenido que
puede fijar los efectos de sus propios fallos y por ello tiene la atribución de
delimitar el alcance de la cosa juzgada en sus providencias[26]. Por lo anterior, el
juez constitucional tiene la facultad de adoptar distintas alternativas
al momento de proferir una decisión, para lo cual ha empleado diferentes
técnicas de modulación en sus fallos de constitucionalidad[27]. La posibilidad de
emplear dichas metodologías es una facultad de suma importancia, toda vez que
con estas se busca que las decisiones en las que se advierta la vulneración de
la Carta Política, no impliquen una afectación aun mayor de la misma[28], como lo
sería, por ejemplo, en ciertos casos la expulsión inmediata de toda norma que
se sea abiertamente contradictoria a la Constitución.
Los fallos en
los que este Tribunal ha modulado sus decisiones se pueden distinguir o
clasificar de la siguiente manera: (i) sentencias interpretativas o
condicionadas; (ii) sentencias integradoras aditivas y sustitutivas, y (iii)
sentencias de inexequibilidad retroactiva, diferida o de constitucionalidad
temporal. En este caso, es relevante hacer referencia a las
sentencias que fijan el alcance temporal de la determinación, específicamente
de inexequibilidad retroactiva.
5. Así pues, en virtud de los artículos 241 de la Constitución y 45
de la Ley 270 de 1996, como regla general, los efectos de una decisión de
inexequibilidad o de constitucionalidad condicionada tienen efectos hacia el
futuro o ex nunc, -desde entonces-[29]. Tal regla se
fundamenta en la necesidad de proteger principios importantes como la seguridad
jurídica y la buena fe. No obstante, es posible dar otros efectos temporales si
la Corte así lo resuelve[30].
En este sentido, esta Corporación puede adoptar decisiones con efectos
retroactivos o ex tunc, -desde siempre-, en razón a la supremacía
constitucional[31].
De conformidad con lo anterior, este Tribunal ha determinado que la
posibilidad de fijar los efectos temporales de sus decisiones no sólo es una
facultad, sino un deber cuya finalidad es la de asegurar la integridad del
texto constitucional y así, también la efectividad de los derechos
fundamentales[32].
En concordancia, se ha establecido que bajo ciertas condiciones los principios de seguridad jurídica y
buena fe deben ceder “ante criterios de justicia material, igualdad, u otros principios
constitucionales no menos importantes”[33] y,
particularmente, en circunstancias en las que exista una “alta
probabilidad que la norma haya tenido consecuencias en el tráfico jurídico
antes de su declaratoria de inexequibilidad”. En estos casos, el juez
constitucional determinar el alcance de su decisión “específicamente en lo
relativo a los efectos temporales de la decisión, es decir, si se aplican hacia
el futuro o pueden retrotraerse desde el mismo momento de expedición de la
norma”[34].
6. La adopción de efectos ex tunc se ha dado especialmente en
la revisión de normas preconstitucionales cuya contradicción con la
Constitución es consecuencia precisamente de la entrada en vigencia del nuevo
texto constitucional, así como en otras situaciones en las que se han dispuesto
efectos retroactivos a la declaratoria de inexequibilidad de una norma a
partir de su promulgación[35].
En el primero de los casos, “la manifiesta inconstitucionalidad de la norma acusada, que surgió
desde el momento de la vigencia de la Constitución”[36] y la finalidad de proteger la
supremacía constitucional, así como la efectividad de las decisiones que adopta
esta Corporación han sido el fundamento de la modulación temporal de la decisión de
inconstitucionalidad desde la fecha en que entró en vigor la Constitución de
1991. Este tipo de determinación se encuentra, por ejemplo, en las Sentencias
C-002 de 1999[37], C-744 de 1999[38],
C-080 de 1999[39],
C-870 de 1999[40]
y C-464 de 2004[41]. Veámos.
La Sentencia
C-002 de 1999 declaró inexequible la expresión “únicamente por el
término de cinco años” contenida en el artículo 5º del Decreto 1305 de
1975[42] porque limitaba el goce del derecho a
la pensión de sobrevivientes de los padres de miembros de la fuerza pública de
forma que violaba el principio de igualdad, respecto de otros beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia. Tal providencia fijó “efectos retroactivos a partir del día 7 de
julio de 1991, fecha en que entró a regir la actual Constitución [con base en] la manifiesta
inconstitucionalidad de la norma acusada, que surgió desde el momento de la
vigencia de la Constitución; que la sustitución pensional está dirigida
fundamentalmente a satisfacer necesidades vitales de los beneficiarios y que es
evidente que la aplicación de dicha norma ha generado perjuicios a éstos, que
es necesario reparar”.
Posteriormente, la Sentencia
C-744 de 1999 declaró inexequible el literal c) del artículo 124 del Decreto
1214 de 1990 que establecía una distinción sin fundamento objetivo, racional y razonable de beneficiarios de
la sustitución pensional entre el personal civil de las Fuerzas Militares y el
personal militar. Así mismo, fijó efectos retroactivos a esta decisión desde el
momento de entrada en vigencia de la Constitución, con fundamentos idénticos a
los expuestos en la Sentencia C-002 de 1999[43].
En similar sentido,
la Sentencia C-080 de 1999 declaró exequible el artículo 131 del Decreto 1213 de 1990[44],
en el entendido de que, en virtud del principio de igualdad, “y conforme a
lo señalado en el Fundamento Jurídico No 15 de esta sentencia, el derecho a la
pensión de sobreviviente para los hijos de los Agentes que estudien y dependan
económicamente de la persona fallecida se extinguirá a la edad de los 24 años”.
Tal condicionamiento se adoptó con base en que, a juicio de la Corte, los hijos
de los agentes se encuentran en la misma situación que los hijos de los
oficiales, los suboficiales y el personal civil de la Policía, por lo cual no
existe ninguna razón que justifique que, en un caso, las disposiciones señalen
la prolongación de la pensión sustitutiva hasta los 24 años, si el descendiente
estudia y depende del causante, mientras que esa posibilidad no se encuentra
prevista para los hijos de los agentes. Respecto de los efectos retroactivos,
la Corte aseguró que “[d]ebido a la fuerza normativa de la Constitución, y
la aplicabilidad inmediata que tiene el derecho a la igualdad (CP art.
13),  y conforme a lo indicado en decisiones anteriores[45],
la Corte considera que la presente sentencia debe tener efectos retroactivos a
partir del día 7 de julio de 1991, fecha en que entró a regir la actual
Constitución”.
Luego,
la Sentencia C-870 de 1999 declaró inexequible la expresión “matrimonio”
contenida en el inciso primero del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990 y en
el artículo 131 del Decreto 1213 de 1990. Tales disposiciones establecían que los hijos de los agentes, oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional, que fueran beneficiarios de la pensión de
sobreviviente por la muerte de sus padres, perderían esa prestación si
contraían nupcias. La providencia consideró que la expresión violaba el
principio de igualdad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque
sujetaba la garantía pensional a un hecho autónomo de la dependencia económica
y del cual no tienen por qué derivarse consecuencias sancionatorias. Así, la
Corte le otorgó efectos retroactivos a esta decisión de manera similar a la
adoptada en la Sentencia C-080 de 1999, según la cual “debido a la
fuerza normativa de la Constitución, y conforme a lo indicado en decisiones
anteriores[46], la Corte considera que la
presente sentencia debe tener efectos retroactivos (…) La Corte precisa
entonces que los efectos de esta sentencia operan a partir del día 7 de julio
de 1991, fecha en que entró a regir la actual Constitución”.
Por último, la Sentencia
C-464 de 2004 analizó un conjunto de normas que establecían como causal de extinción del
derecho a la pensión otorgada a la viuda por fallecimiento de un oficial o
suboficial de las Fuerzas militares o de la Policía Nacional el hecho de que la
viuda contrajera nuevas nupcias[47]. Este Tribunal consideró que
tales normas eran inconstitucionales y reiteró la jurisprudencia en la que “se
examinaron normas similares o iguales a las que ahora se acusan, fallos en los
cuales se dejó establecido que, por desconocimiento del derecho a la igualdad y
al libre desarrollo de la personalidad, eran inexequibles aquellas disposiciones
legales que determinaban la pérdida del derecho pensional de la viuda o el
viudo por el hecho de contraer nuevas nupcias o de hacer nueva vida marital”.
Además, dijo:
“[n]o duda la Corte que al entrar en
vigencia la nueva Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a
la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas
nupcias o conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con
sus dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de
inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo
familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por
la anotada condición. (…) Ya
se ha señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite
identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro
de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de
justificación objetiva y razonable. (…) A juicio de la Corte
Constitucional, con el objeto de restablecer los derechos conculcados, se
impone reconocer a la viudas, que a partir de la vigencia de la nueva
Constitución Política hubieren perdido el derecho a la pensión - actualmente denominada
de sobrevivientes - por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, su
derecho a recuperar la mesadas dejadas de pagar que se hubieren causado luego
de notificada la presente sentencia”.
En conclusión, este Tribunal no solo tiene
la facultad, sino el deber de fijar los efectos temporales de sus decisiones.
Tal lógica se desprende de que si bien la regla general es que las decisiones
sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad condicionada de una
disposición tienen efectos hacia el futuro con base en los principios a la
seguridad jurídica y de buena fe, existen situaciones que ameritan la
declaratoria de inconstitucionalidad desde siempre, o con efectos
temporales desde la entrada en vigor de la C.P. de 1991 o desde la promulgación
de la norma, con fundamento en la supremacía constitucional y la efectividad de
las decisiones que adopta esta Corporación. Lo anterior puesto que se verifica
que el tráfico jurídico de la disposición revisada pudo generar situaciones de
grave violación de derechos que aún siguen vigentes. Tal ha sido el caso de
algunas normas preconstitucionales que cuando la Corte las ha revisado ha
determinado que deben declararse inexequibles a partir de la entrada en vigor
de la Constitución de 1991.
7. De conformidad con
lo expuesto, considero que las circunstancias presentes en torno a la
inexequibilidad de la expresión “ilegítimos” contenidas en las
disposiciones del Código Civil revisadas debieron llevar a la Corte a adoptar
efectos retroactivos, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de
1991. En este caso, como en los reseñados, era previsible que como consecuencia
de la existencia de las disposiciones que se declararon inexequibles, muchos
abuelos, bisabuelos y tatarabuelos cuyo parentesco obedece a vínculos
extramatrimoniales o adoptivos hayan quedado desprotegidos y que sus
descendientes se hayan amparado por la vigencia de las normas ahora retiradas
del ordenamiento para obviar su deber de protección y socorro.
Las personas
protegidas como consecuencia del fallo, en su mayoría son sujetos de especial
protección constitucional por dos motivos: (i) su edad; y (ii) su
vulnerabilidad, toda vez que requieren de cuidado y protección. La
jurisprudencia ha sido enfática en reconocer que las personas mayores, por esa
condición, revisten unas características que las hacen vulnerables de la cual
se deriva su especial protección[48]. Tal
protección se estableció tanto a cargo de la sociedad como del Estado. En este
caso preciso el Legislador estableció el deber de solidaridad y auxilio en los
descendientes, con fundamento en la concepción de la familia y su función en la
sociedad como primera fuente de apoyo entre sus integrantes. Sin embargo, la
condición referida, primordialmente, impone al Estado la obligación de garantía
de todos los derechos de estas personas, con especial atención[49].
De esta manera, la
violación de derechos fundamentales en el pasado de población sujeta a una
especial protección, que aún puede subsistir, es grave y exigía una decisión
que tuviera en cuenta su situación. En este caso, las características
específicas de la mayoría de los sujetos sobre los cuales recae la decisión
imponían la obligación de que necesariamente se tuviera en cuenta, no solo su
circunstancia en adelante, sino hacia atrás, con lo cual cobraría plena
efectividad el artículo 13 de la Constitución y su mandato de protección
reforzada para algunos sujetos.
Adicionalmente, esa
determinación también tiene un efecto sobre la garantía de protección y
asistencia a la tercera edad, consignada en el artículo 46 Superior, toda vez
que, como se advirtió, muy posiblemente los abuelos, y demás ascendientes que
pudieron quedar desamparados por no asignar efectos retroactivos al fallo de
inexequibilidad, pueden ser personas de la tercera edad.
Así pues, tales
situaciones en las que las normas han avalado esta desprotección no se verán
afectadas por los efectos inmediatos y a futuro del fallo adoptado por la Corte
y tal consecuencia supone restarle vigencia y fuerza normativa a principios
constitucionales relevantes. En esa medida, la Sala Plena al no fijar efectos
retroactivos a la declaratoria de inconstitucionalidad de las expresiones
revisadas, desconoció el principio de igualdad, pues deja intactas situaciones
que comportan un abierto trato desigual e injustificado entre familias
conformadas por vínculos naturales y jurídicos y la igualdad de derechos y
deberes entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o
procreados con cualquiera de los vínculos mencionados (artículo 42, inciso 7º
Superior), lo cual a su vez compromete el cumplimiento del deber estatal de la
protección integral de la familia, de conformidad con la Constitución de 1991.
8. En consecuencia, pese a que
estoy de acuerdo con la decisión adoptada en esta providencia y sus
fundamentos, en mi criterio, la Corte estaba obligada a fijar efectos
retroactivos a la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “legítimos”
desde el momento de entrada en vigencia de la actual Constitución en aras de
proteger los principios constitucionales a la igualdad, a la protección
integral de la familia que incluye el reconocimiento de la igualdad entre las
familias conformadas por distintos vínculos naturales y jurídicos, así como la
protección y asistencia de las personas de la tercera edad.
De esta manera, expongo las
razones que me llevan a salvar parcialmente el voto con respecto a la decisión
adoptada en la sentencia de la referencia.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
[1]
(MP Jorge Arango Mejía).
[2]
(MP Humberto Sierra Porto).
[3]
(MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[4]
Se pueden consultar las sentencias C-290 de 2000 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa), C-152 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-821 de 2006
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), C-393 de 2011 (MP María Victoria Calle
Correa) y C-752 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, SV de los Magistrados
Alejandro Linares Cantillo, Gloria Ortiz Delgado, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
y Alberto Rojas Ríos).
[5]
Los objetivos o las funciones que cumple el título de la ley
se puede consultar en las sentencias C-393 de 2011 (MP María Victoria Calle
Correa) y C-752 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, SV de los Magistrados
Alejandro Linares Cantillo, Gloria Ortiz Delgado, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
y Alberto Rojas Ríos). Las líneas generales allí trabajadas se utilizan para
ser adecuadas a los objetivos principales que persiguen los subtítulos de una
ley, estos son, los nombres que reciben los Libros, Capítulos y Títulos
internos.
[6]
Sentencia C-152 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[7]
Sentencia C-105 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía).
[8]
El fenómeno de la cosa juzgada constitucional ha sido objeto de numerosos
fallos de esta Corporación que la han definido como “una institución jurídico
procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia
de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.”
(Sentencia C-397 de 1995, MP José Gregorio Hernández Galindo). Tal como lo
recordó la Corte en la sentencia C-393 de 2011 (MP María Victoria Calle
Correa), el efecto de cosa juzgada constitucional apareja, al menos, las
siguientes consecuencias: “En primer lugar la decisión queda en firme, es
decir, que no puede ser revocada ni por la Corte ni por ninguna otra autoridad.
En segundo lugar, se convierte en una decisión obligatoria para todos los
habitantes del territorio. Como lo ha reconocido la jurisprudencia, la figura
de la cosa juzgada constitucional promueve la seguridad jurídica, la estabilidad
del derecho y la confianza y la certeza de las personas respecto de los efectos
de las decisiones judiciales”. Así, se ha sostenido por esta Corte, que la
cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios
judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función
positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento
jurídico.
[9]
En la construcción de este acápite se seguirá de cerca, en lo
pertinente, la sentencia C-404 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[10]
Así lo establece  la sentencia C-105 de 1994 (MP Jorge Arango
Mejía) al señalar que “(…) La Constitución pone en plano de igualdad la
familia constituida por vínculos naturales y jurídicos, es decir, a la que
surge de la voluntad responsable de conformarla, y a la que tiene su origen en
el matrimonio”. En este punto es importante recordar que en Colombia se
reconocen las familias diversas y por tanto en la sentencia SU-214 de 2016 (MP
Alberto Rojas Ríos, AV de los Magistrados María Victoria Calle Correa,
Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio
Palacio, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, y SV de los
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), fue instituido el matrimonio en igualdad de
condiciones para las parejas del mismo sexo.
[11]
Sentencia C-047 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía).
[12]
Sentencia C-145 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
AV de María Victoria Calle Correa y SV de Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto
Antonio Sierra Porto).
[13]
Sentencia C-105 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía).
[14]
Sentencia C-595 de 1996 (MP Jorge Arango Mejía. AV del ponente
y de Carlos Gaviria Díaz, SV de Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes
Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo).
[15]
Sentencia C-310 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra. SV de
los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett).
[16]
Sentencia C-1026 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[17]
Sentencia C-204 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería. AV Manuel
José Cepeda Espinosa).
[18]
Sentencia C-145 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV
de María Victoria Calle Correa y, SV de Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto
Antonio Sierra Porto).
[19]
Sentencia C-404 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[20]
En palabras de la sentencia C-105 de 1994 (MP Jorge Arango
Mejía), “(…) en virtud de la adopción, el adoptivo ingresa a la familia y se
convierte en parte de ésta, del mismo modo que los hijos de sangre. Se ha hecho
realidad la frase del primer Cónsul, cuando en el Consejo de Estado francés se
discutía el tema de la adopción: ‘El hijo adoptivo debe ser como el de la carne
y los huesos’”.
[21]
Al respecto se pueden consultar las sentencia T-925 de 2011
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-024 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio) y T-098 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), entre otras.
[22]
Sentencia T-127 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[23]
Sobre el punto se pueden consultar las sentencias C-029 de
2009 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-685 de 2014.
[24]
Al respecto se pueden consultar las sentencias C-224 de 2004 (MP Rodrigo
Escobar Gil), C-1088 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), C-804 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto) y C-404 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[25]
Sentencia C-073 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero. En esta sentencia la
Corte declaró la exequibilidad de una norma sobre la competencia de la
Dirección Nacional del Derecho de Autor para ejercer inspección y vigilancia
sobre las sociedades de gestión colectiva de los derechos reconocidos en la Ley
23 de 1982 y ordenó estarse a lo resuelto en sentencia C-851 de 2013.
[26]
Sentencia C-113 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía. En esta ocasión se analizó
una demanda contra el contra una parte del inciso segundo del artículo 21 del
Decreto 2067 de 1991, según la cual los efectos de los fallos de esta
Corporación, se aplicarían excepcionalmente de forma retroactiva para
garantizar el principio de favorabilidad en materias penal, policiva y
disciplinaria y en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución. La
Corte decidió declarar inexequible dicho inciso al considerar “(…) que sólo
la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia
sentencia, señalar los efectos de ésta.”
[27]
Sentencia C-978 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas. En este fallo, el Tribunal
Constitucional declaró la inexequibilidad de unas normas del Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010. Así
mismo, ordenó que los efectos de la declaratoria se aplicaran retroactivamente a partir de
la fecha de promulgación de las Leyes 1151 de 2007 y 1176 de 2007.
[28]
Sentencia C-252 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esta providencia
se analizó la constitucionalidad del Decreto Legislativo número 4975 del 23 de
diciembre de 2009, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Social”.
La Corte consideró que “el decreto declaratorio del estado de emergencia
social se ha encontrado contrario a la Constitución Política, por cuanto no
logró demostrarse la presencia de hechos sobrevinientes ni extraordinarios
(presupuesto fáctico); si bien la situación reviste de gravedad no resulta
inminente (presupuesto valorativo); y el Gobierno dispone de medios ordinarios
para enfrentar la problemática que expone en salud (juicio de suficiencia).”
Por lo anterior, dicha norma fue declarada inexequible.
[29]
Sentencia C-619 de 2003 Clara Inés Vargas Hernández: “De un lado, los
efectos hacia el futuro o ex nunc –desde entonces- de la declaratoria de inexequibilidad
encuentran razón de ser ante la necesidad de proteger principios como la
seguridad jurídica o la buena fe, pues hasta ese momento la norma gozaba de
presunción de constitucionalidad y por ello sería legítimo asumir que los
ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella”.
[30]
Ley 270 de 1996, artículo 45: “Las sentencias que profiera la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del
artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a
menos que la Corte resuelva lo contrario”.
[31]
Sentencia C-619 de 2003 Clara Inés Vargas Hernández: “Pero de otro lado, los
efectos retroactivos de la sentencia de inexequibilidad encuentran un sólido
respaldo en el principio de supremacía constitucional y la realización de otros
valores o principios contenidos en ella no menos importantes.  Bajo esta óptica
se afirma que por tratarse de un vicio que afectaba la validez de la norma, sus
efectos deben ser ex tunc –desde siempre- cual si se tratara de una nulidad,
para deshacer las consecuencias derivadas de la aplicación de esa normas
espurias siempre y cuando las condiciones fácticas y jurídicas así lo permitan”.
[32]
Sentencia T-772 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; Sentencia C-619 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández: La Corte Constitucional tiene “no sólo la
facultad sino el deber de modular los efectos temporales de sus providencias
(…). Para cumplir con esa finalidad el juez constitucional cuenta con varias
alternativas al momento de adoptar una decisión, pues su deber consiste en
pronunciarse de la manera que mejor permita asegurar la integridad del texto
constitucional, que puede consistir en modular los efectos de sus sentencias,
bien sea desde el punto de vista del contenido de su decisión o desde sus
efectos temporales”.
[33]
Sentencia C-619 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[34]
Sentencia T-772 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[35]
Ver por ejemplo, Sentencias C-149 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
y C-333 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla: “De otra parte, en desarrollo
de la facultad que la Corte Constitucional tiene para determinar el efecto
temporal de sus propias decisiones, y como única alternativa para evitar que
resulte nugatorio el control constitucional cumplido a través de la presente
sentencia, la Corte dispondrá que ella tenga efectos retroactivos, a partir de
la fecha de promulgación de la Ley 1328 de 2009, lo que equivale a precisar que
estas normas nunca produjeron efectos”.
[36]
Sentencia C-002 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[37]
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[38]
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[39]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[40]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[41]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[42]
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones sociales del
personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, Agentes, Soldados, Grumetes y Personal Civil del Ministerio de
Defensa y Servidores de las entidades adscritas vinculadas a éste”.
[43]
“La Corte considera que la presente sentencia debe tener efectos
retroactivos a partir del día 7 de julio de 1991, fecha en que entró a regir la
actual Constitución. Esta determinación tiene su fundamento en lo siguiente: la
manifiesta inconstitucionalidad de la norma acusada, que surgió desde el
momento de la vigencia de la Constitución; que la sustitución pensional está
dirigida fundamentalmente a satisfacer necesidades vitales de los beneficiarios
y que es evidente que la aplicación de dicha norma ha generado perjuicios a
éstos, que es necesario reparar”.
[44]
“Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía
Nacional”.
[45]
Refiriéndose a la Sentencia C-002 de 1999.
[46]
Citando de nuevo la Sentencia C-002 de 1999.
[47]
En la providencia se analizaron parcialmente los artículos 52 de la Ley 2ª de
1945, 16 de la Ley 82 de 1947, 140 del Decreto 3220 de 1953, 109 de la Ley 126
de 1959, 136 del Decreto 3071 de 1968, 140 del Decreto 2337 de 1971, 156 del
Decreto 612 de 1977, 180 del Decreto 89 de 1984 y 183 del Decreto 95 de 1989
[48]
Sentencia C-177 de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. “3.4.4.               La
especial protección para las personas de la tercera edad, también tiene su
fundamento en el principio de solidaridad consagrado en el artículo primero de
la Constitución de 1991. En este sentido, la Corte ha definido el principio de
solidaridad como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su
pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio
esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés
colectivo. La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de
la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos
los derechos de éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de
debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o mental”.
[49]Sentencia
C-177 de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. “El principio de
solidaridad impone entonces una serie de deberes fundamentales al poder público
y a la sociedad para la satisfacción plena de los derechos de los asociados,
que dado su estado de debilidad manifiesta, merecen una protección especial.
Por lo tanto, la Carta proyecta este deber de solidaridad de manera específica,
a partir de los mandatos constitucionales que establecen una obligación de
especial protección para personas y grupos humanos en situación de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las mujeres cabeza de familia (art.
43 CP), los menores de edad (arts. 44 y 45), las personas enfermas y en
situación de discapacidad (art. 47) y los adultos mayores (art. 46), entre
otros.
En la misma línea de pensamiento, esta Corte ha
encontrado “estrechamente relacionado con el principio de la solidaridad, el
tema de la definición y distribución equitativa de las cargas públicas en una
sociedad democrática, aspecto éste a su vez ligado al tema de los deberes
sociales del Estado y de los particulares” . Es por ello que esta Corporación
ha señalado que “La familia, la comunidad y el Estado concurren, en muchos
casos, para el cumplimiento de los deberes sociales de apoyo, atención,
protección y promoción de las personas que no están en capacidad de valerse por
sí mismas”.