T-062-18
Sentencia T-062/18
ACCION DE TUTELA CONTRA ADMINISTRACION DE CONJUNTO RESIDENCIAL-Caso en que se realiza cobro a residente, de los honorarios
pagados a un abogado por la defensa del edificio en un proceso judicial, como
una medida justificada para garantizar la convivencia y seguridad del conjunto
ACCION DE TUTELA CONTRA ADMINISTRACION DE CONJUNTO RESIDENCIAL-Caso en que conjunto residencial negó la asignación exclusiva de
un parqueadero a residente en situación de discapacidad
DEBIDO PROCESO EN COBROS A RESIDENTES DE CONJUNTO CERRADO-La jurisprudencia constitucional ha señalado la posibilidad de
imponer sanciones a residentes de conjuntos residenciales, por el
incumplimiento de obligaciones previstas en la ley o en los reglamentos de
propiedad horizontal
DERECHO AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA, A LA INTIMIDAD Y A LA DIGNIDAD
HUMANA-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por parte de conjunto residencial al imponer al
accionante el cobro de los honorarios por el trabajo que adelantó un abogado
que defendió los intereses de la copropiedad
ACCION DE TUTELA CONTRA ADMINISTRACION DE CONJUNTO RESIDENCIAL-Orden a administradora de conjunto residencial abstenerse de
realizar cobro de honorarios de abogado a copropietario
DERECHO A LA INTIMIDAD-Alcance y contenido
BARRERAS SOCIALES-Obstáculos que impiden el ejercicio a plenitud de los derechos y garantías
de las personas con discapacidad
La jurisprudencia de esta Corporación
ha expuesto que las barreras son aquellos obstáculos que impiden el ejercicio a
plenitud de los derechos y garantías de las personas con discapacidad, y ha
señalado que las mismas pueden ser culturales, legales, físicas y
arquitectónicas. Incluso, en varias ocasiones se ha estudiado la existencia de
barreras en las relaciones entre las personas con discapacidad y los
particulares. En dichos casos, se ha señalado que la obligación de eliminar
tales limitaciones y garantizar el pleno goce de los derechos no recae
exclusivamente en el Estado, pues pueden presentarse escenarios en donde dicho
rol se reclama de quienes tienen una posibilidad real de asegurar la inclusión
de las PcD y facilitar que desarrollen su vida de manera autónoma. Tal
circunstancia ha ocurrido, por ejemplo, con conjuntos residenciales o centros
comerciales. En estas decisiones se ha tenido en cuenta la necesidad de adecuar
el entorno en procura de garantizar la dignidad humana, entendida como la
posibilidad de diseñar un plan de vida y determinarse según sus características
(vivir como se quiere).
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACION DE RESIDENTES DE
CONJUNTO CERRADO-Prohíbe cualquier diferenciación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica, entre otras
DERECHO AL BUEN NOMBRE E INTIMIDAD DE RESIDENTE DE CONJUNTO
RESIDENCIAL-Procedencia de tutela
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACION DE RESIDENTES DE
CONJUNTO CERRADO-Orden a conjunto residencial incluir
acciones afirmativas en la asignación de espacios de parqueadero de residentes,
garantizando, como mínimo, la asignación del 2% de los mismos a las personas
con discapacidad
Referencia: Expediente T-6.275.366
Asunto:
Acción de tutela instaurada por el señor Bertulfo Bernal contra la señora Diana
Romero y la administración del conjunto residencial San Lorenzo de Castilla
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veintiséis (26) de febrero de
dos mil dieciocho (2018)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y
siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela adoptado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá D.C., correspondiente
al trámite de la acción de amparo constitucional presentada por el señor
Bertulfo Bernal contra la señora Diana Romero y la administración del conjunto residencial
San Lorenzo de Castilla.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos relevantes
1.1.1. El accionante es
una persona de 66 años, que cuenta con una pérdida de capacidad laboral del
74.5%, con fecha de estructuración del 25 de noviembre de 2004[1]. El
actor manifiesta que sufre de las secuelas de una craneofaringioma y padece de
hipotiroidismo, dislipidemiasolona, hipertensión arterial, cardiopatía
hipertensiva, EPOC[2]
y síndrome de apnea obstructiva del sueño[3].
1.1.2. El accionante
cuenta con una pensión anticipada de vejez por invalidez, reconocida en abril
del 2007[4].
Afirma que con los ingresos de dicha pensión adquirió un apartamento en el
conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, inmueble en el que reside.
1.1.3. Tal conjunto
cuenta con 69 cupos de estacionamientos comunes para residentes, sobre los
cuales ningún copropietario puede alegar un derecho de propiedad exclusiva[5]. Para la
asignación de los mismos[6],
se realiza un sorteo en el que participan todos los residentes que reúnan los siguientes
requisitos: (i) no presenten mora en el pago de las obligaciones con el conjunto;
(ii) observen buen comportamiento y (iii) no tengan sanciones por convivencia[7].
1.1.4. El 31 de enero
de 2017, a través de una petición, el accionante solicitó que se le mantuviera
el parqueadero asignado o se le concediera otro de forma permanente, en
atención a su situación de discapacidad[8].
1.1.5. Alega el señor
Bernal que, inicialmente, no se le dio respuesta a su petición. Por el
contrario, la administradora del conjunto San Lorenzo de Castilla publicó un
comunicado en un espacio común de la copropiedad, en donde contestaba la
solicitud y exponía su nombre, súplica y condición física al escarnio público.
1.1.6. Debido a que no
se le brindó una respuesta adecuada, el actor interpuso acción de amparo en
contra del conjunto residencial San Lorenzo de Castilla. Sin embargo, dicha
tutela fue negada por hecho superado, ya que en el curso de la acción se brindó
una contestación a lo planteado[9].
1.1.7. En particular, a
través de un apoderado, el conjunto residencial le negó al señor Bernal la asignación
del parqueadero en las condiciones por él solicitadas, al considerar que tal
bien, al ser de naturaleza común, debe ser sorteado para que todos los
copropietarios puedan acceder a su uso de manera temporal. Igualmente,
consideró que no se presentaba una situación de discriminación, pues el demandante
participaba en los sorteos en igualdad de condiciones con todos los copropietarios.
Por último, el actor sostiene que el conjunto accionado le inició un cobro por
los honorarios pagados al abogado de la copropiedad, con ocasión de la
respuesta al derecho de petición, que dio origen al anterior proceso de tutela.
1.2. Solicitud de amparo constitucional
Con fundamento en los hechos descritos, el
señor Bertulfo Bernal instauró la presente acción de tutela con el propósito de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
honra, al buen nombre, a la igualdad y al debido proceso, los cuales estima
vulnerados por la administración del conjunto residencial San Lorenzo de
Castilla. En particular, en la demanda de amparo se sostiene que la negativa
del conjunto de reconocer el uso de un parqueadero de manera permanente
desconoce su situación de discapacidad, y con ello su condición de ser titular de
medidas de protección especial para garantizar sus derechos, entre ellos, la
igualdad y la dignidad humana, pues el sistema de sorteo vigente no garantiza
lugares especiales para asegurar el acceso al citado bien a las personas con
movilidad reducida.
Igualmente, con miras a la garantía del
debido proceso, el actor pide que se le ordene al conjunto residencial
accionado, anular el cobro que por los honorarios del abogado de la copropiedad
se le ha venido realizando, como consecuencia de un derecho de petición que él
interpuso y que presentó con anterioridad, pues no existe título jurídico que
habilite tal proceder.
Por último, el accionante reclama del
juez de tutela que le se imponga a la administración del conjunto residencial “dar
excusas públicas al suscrito”, “por las afirmaciones
y apreciaciones deshonrosas, groseras y displicentes” sobre su
situación de discapacidad, que fueron expuestas ante los demás copropietarios, al
haber publicado, en un espacio común, la respuesta al derecho de petición que
formuló.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1.En el término otorgado por el juez
de instancia, la señora Diana Romero Roldán, en calidad de administradora del conjunto
San Lorenzo de Castilla, dio respuesta a la acción de tutela, en la que
manifestó que puso en conocimiento de toda la comunidad la situación del accionante,
en aras de que aquellos residentes que desearan participar de la toma de
decisión pudieran hacerlo, teniendo en cuenta que, de acceder a las
pretensiones del actor, se presentaría una afectación a los derechos de los
otros residentes.
Igualmente, la señora Romero Roldán
afirmó que la copropiedad no cuenta con ningún tipo de renta y que, como el
actuar del señor Bertulfo Roldán conllevó a la asesoría de un profesional del
derecho y, por ende, a la generación de unos honorarios, el conjunto repitió
contra el actor por haber ocasionado dicho gasto. Sin embargo, la representante
del conjunto expresó que se haría un cobro por cuotas, con el objeto de no causar
un alto impacto.
Finalmente, la accionada manifestó que
el actor cuenta con los mecanismos ordinarios de defensa para el reclamo de sus
pretensiones, los cuales no han sido agotados; y que no se encuentra demostrado
que el carro que pretende parquear sea del actor y que tenga algún tipo de
ajuste que responda a sus necesidades, por lo que no se observa que exista un
perjuicio irremediable.
1.3.2. Por decisión del juez de
instancia en sede de tutela, se vinculó al proceso al profesional del derecho
encargado de proyectar la respuesta a la solicitud formulada por el actor y
cuyos honorarios son objeto de reclamación por parte de la copropiedad. En su
escrito, más de allá de reiterar los mismos argumentos que fueron previamente reseñados,
manifestó que la hija del accionante es quien conduce el automóvil y que no se
evidencia que exista la necesidad de que éste lo utilice constantemente, por lo
que no se justifica una afectación permanente a un bien común. En todo caso, afirma
que le recomendó a la representante legal de la copropiedad que permita
utilizar al actor el parqueadero de visitantes, cuando éste lo requiera de
manera urgente.
1.4. Pruebas relevantes aportadas al
proceso
- Historia clínica del accionante, en donde
consta que, entre otros padeci-mientos, sufre de secuelas de craneofaringioma e
hipotiroidismo[10].
- Copia de la resolución del Instituto
del Seguro Social que reconoció la pensión anticipada de vejez por invalidez, en
la que consta que el accionante cuenta con una pérdida de capacidad laboral del
74,86%[11].
- Copia del derecho de petición
presentado por el actor al conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, en el
que se solicita la asignación de un parqueadero de manera permanente[12].
- Fotos de un espacio común del conjunto
accionado, en las que se observa la respuesta dada al derecho de petición del
accionante[13].
- Copia de la contestación que se
realizó por el abogado de la copropiedad, en donde se exponen los motivos de la
negativa a la solicitud formulada[14].
- Copia de la tutela presentada por el
señor Bertulfo Bernal por la presunta vulneración al derecho de petición[15].
- Copia del fallo de tutela declarando
el hecho superado[16].
- Copia de los recibos del cobro que el
conjunto residencial realizó al accionante por los honorarios del abogado de la
copropiedad[17].
- Consulta a la página web del
Ministerio de Transporte, en la que se advierte que la licencia de conducción
del actor se encuentra vencida[18].
- Copia del reglamento del conjunto residencial
San Lorenzo de Castilla, en donde consta, entre otras cosas, cuáles son los
bienes de uso común y la cantidad de parqueaderos de los que dispone[19].
II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
2.1. En Sentencia del 27 de abril de 2017,
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá negó el amparo solicitado, al considerar
que no se observa una vulneración del derecho a la igualdad, pues no existe
prueba de que al actor se le dé un trato diferente e injustificado, en relación
con personas puestas en la misma situación. A ello se agrega que la acción de
amparo no es un mecanismo idóneo para resolver disputas sobre derechos de rango
legal, como ocurre con las pretensiones formuladas.
2.2. Sobre los derechos a la intimidad, a
la honra y al buen nombre, se pone de presente que, en el caso bajo estudio, no
se encontró probado que la accionada haya incurrido en las conductas endilgadas
por el actor, es decir, no existen soportes que acrediten que se realizaron
manifestaciones “deshonrosas, groseras y displicentes” sobre su estado
de salud.
2.3. Finalmente, para el a-quo,
la situación de discapacidad de una persona no es argumento suficiente para que
la tutela sea procedente, más aún cuando las pretensiones que se formulan en
este caso son netamente económicas y no se vislumbra ningún efecto sobre los
derechos del actor a la vida y a la integridad personal.
III. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
3.1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar la
decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en
lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El
expediente fue seleccionado por medio de Auto del 11 de agosto de 2017, proferido
por la Sala de Selección Número Ocho.
3.2. Actuaciones en sede de revisión
3.2.1. En Auto del 24 de noviembre de 2017,
se ofició al señor Bertulfo Bernal con el fin de que ampliara su escrito de
tutela e indicara: (i) cuáles son sus fuentes de ingreso y a cuánto equivalen; (ii)
quiénes residen en el apartamento de su propiedad y (iii) quién conduce el
automóvil para el cual se solicita la asignación de un parqueadero de forma
permanente. De igual manera, se pidió que informara (iv) con qué frecuencia
debía realizar traslados y en qué condiciones; (v) a qué tipo de barreras se ha
visto sometido y (vi) cuál es la razón que justifica asignársele un parqueadero
de manera definitiva.
3.2.2. El 11 de diciembre de 2017, se dio
respuesta a la ampliación solicitada[20],
en donde se manifestó que: (i) la única fuente de ingresos que posee es su
pensión, cuya cuantía asciende a la suma de $1.727.385 pesos; (ii) en el
apartamento residen él, su esposa, su hija y su nieto; (iii) el automóvil es
conducido por su hija y en éste se realizan los desplazamientos para los
controles médicos y las diligencias de la vida cotidiana como el cobro de la
pensión; (iv) la única barrera que encuentra en el conjunto, “es la negativa
[a la] asignación [del] parqueadero para garantizar la seguridad de [su]
vehículo”[21].
Con el escrito se acompañó la siguiente documentación:
- Certificado del pago de la pensión en donde
consta el monto de la misma[22].
- Respuesta de la Alcaldía de Bogotá a una solicitud
del accionante, en la que advierte que su automóvil fue exceptuado del “pico
y placa”, en atención a su situación de discapacidad[23], en
aplicación del artículo 4 del Decreto 575 de 2013 expedido por la Alcaldía
Mayor de Bogotá[24].
3.2.3. En el mismo Auto del 24 de noviembre
del año pasado, se ordenó a la señora Diana Patricia Romero Roldán,
administradora del conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, allegar la
siguiente información: (i) copia de la respuesta a la petición que fue
publicada en la ventana de la administración; (ii) bajo qué norma o sustento
jurídico se realiza el cobro de los honorarios del profesional del derecho al
accionante; (iii) indicar si al actor se le permite utilizar el parqueadero de
visitantes cuando es necesario y, en caso afirmativo, si se están realizando
cobros por dicho uso, así como la diferencia de distancias que existe entre los
parqueaderos que se asignan a los residentes y aquellos que se disponen para
los visitantes; (iv) informar si en el conjunto residencial residen personas en
situación de discapacidad o sujetos de especial protección que pudiesen verse
afectados en caso de que se asignara un espacio de parqueo permanente al señor
Bertulfo Bernal; y finalmente, (v) relacionar las medidas que se han adoptado
para evitar barreras en el acceso vehicular a favor del accionante.
3.2.4. El 7 de diciembre de 2017, se recibió
la respuesta por parte de la señora Romero Roldán, en la que se advierte lo
siguiente: (i) como justificación jurídica para realizar el cobro de los
honorarios se invocan los artículos 2341 y subsiguientes del Código Civil, que
regulan la responsabilidad extracontractual, pues se considera que el
accionante ocasionó un daño al conjunto residencial, al someterlo a un proceso
judicial, que obligó contratar los servicios de un profesional del derecho y
donde finalmente se le dio la razón a la copropiedad[25].
También se afirma que (ii) el parqueadero
de visitantes puede ser usado por los residentes de la copropiedad dentro del
horario establecido para tal efecto. En caso de utilizarlo más allá de su objeto,
se requiere de una aprobación de la asamblea, la cual puede disponer que se realice
un cobro. Por lo demás, se sostiene que “[c]uando el accionante o cualquier
otra persona de la comunidad ha requerido o requiera a futuro el uso de la zona
de parqueo de visitantes o de discapacidad con premura por afectación de su
salud que ponga en riesgo o peligro su vida, es política de la copropiedad
facilitar los medios para el ingreso de vehículos que se pretendan utilizar
para su desplazamiento, ya sea ambulancia, transporte público o vehículo
particular.”[26]
A lo expuesto se agrega que (iii) el
accionante no es el único residente que ha formulado una petición solicitando
la asignación de un parqueadero permanente por su situación de discapacidad. En
todos los casos, se ha mantenido la negativa por la necesidad de asegurar el
uso de las zonas de parqueo de manera equitativa entre todos los copropietarios.
Para la administración, (iv) no existen barreras en el acceso vehicular, en la
medida en que el señor Bertulfo Bernal no cuenta con licencia de conducción
vigente y no es él quien utiliza el vehículo automotor.
Por último, pone de presente que en la
copropiedad existe una “sobrepoblación vehicular”, lo que demanda contar
con el total de los parqueaderos, a fin de que en los sorteos accedan la mayor
cantidad de residentes que cumplan con las tres condiciones ya mencionadas[27]. Con
el escrito se acompañaron los siguientes documentos:
- Copia de la respuesta a la petición del
accionante que fue publicada en la ventana de la administración, en donde
constan las razones para la negativa a la solicitud y se expone que, en caso de
acudir a la vía judicial, se cobrará al actor los honorarios de profesional en
derecho[28].
- Listado de los residentes del conjunto
San Lorenzo de Castilla que tienen vehículo, en el que se resalta que tres de
ellos son personas con discapacidad.
3.3. Problemas jurídicos y esquema de
resolución
A partir de las circunstancias que
dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de la decisión adoptada por el
juez de instancia, este Tribunal debe examinar de manera independiente cada una
de las violaciones a los derechos invocados que se alegan y que se concretan en
los siguientes problemas jurídicos:
Primero, si se configura una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso, como consecuencia de la decisión
adoptada por el conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, por virtud de la
cual le impuso al señor Bertulfo Bernal el cobro de los honorarios por el
trabajo que adelantó un abogado, el cual fue contratado por la copropiedad para
resolver un derecho de petición que se interpuso por el accionante, y cuya
falta de respuesta en término motivó la presentación de una acción de tutela en
su contra.
Segundo, si se desconocen los derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la dignidad humana
del actor, por la publicación de la respuesta dada a la petición por él formulada,
en un espacio común de amplia divulgación, incluyendo, según se afirma en la
demanda, afirmaciones y apreciaciones deshonrosas, groseras y displicentes
sobre su situación de discapacidad.
Tercero, si se vulneró el derecho a la
igualdad y a la no discriminación del señor Bertulfo Bernal, con fundamento en la
decisión del conjunto accionado de negar la asignación permanente de un
parqueadero y,
en cambio, mantener la medida de asignación de los cupos mediante sorteo entre
todos los residentes, sin tener en cuenta su situación de discapacidad.
Para resolver el caso sometido a
decisión y teniendo en cuenta el conjunto de materias planteadas, (i) se
comenzará por realizar el estudio de procedencia de la acción, evaluando el
cumplimiento de las reglas sobre legitimación e inmediatez. A continuación, se abordará
el examen de los temas propuestos, comenzando con (ii) el estudio del derecho
al debido proceso; (iii) seguido de los derechos al buen nombre, a la honra, a
la intimidad y a la dignidad humana; (iv) para concluir con el derecho a la
igualdad y a la prohibición de discriminación. En cada uno de estos acápites,
la estructura iniciará con la verificación del requisito de subsidiariedad, y
sólo superado dicho análisis, se proseguirá con la presentación de los aspectos
de fondo relacionados con el tema objeto de decisión, con el fin de solucionar
cada uno de los problemas jurídicos planteados.
3.4. Examen de los requisitos de
procedencia con respecto a la legitimación e inmediatez
3.4.1. Respecto al principio de inmediatez[29],
se observa que la petición formu-lada a la administración del conjunto
residencial San Lorenzo de Castilla por el señor Bertulfo Bernal tiene fecha
del 31 de enero de 2017; mientras que la acción de tutela fue interpuesta el día
20 de abril del año en cita. Esto significa que, entre el momento en que se realizó
la solicitud del parqueadero y aquel en que interpuso la acción, transcurrió un
total de dos meses y 20 días, plazo que se considera razonable respecto del
carácter apremiante que envuelve al amparo constitucional.
3.4.2. En cuanto a la legitimación por activa, se
observa que este requisito se encuentra satisfecho, pues la acción se interpone
por la persona supuestamente afectada en sus derechos fundamentales, por lo que
se cumple con el principio básico de autonomía que rige su interposición. Al
respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que: “La acción
de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
3.4.3. En lo que atañe a la legitimación
por pasiva, se advierte
que la acción de tutela va dirigida contra una copropiedad de naturaleza
privada, tanto por las decisiones adoptadas por la administradora, como por las
directrices que le competen a la asamblea general, por lo que se debe acreditar
alguna de las hipó-tesis de procedencia del amparo constitucional contra
particulares, las cuales aparecen consagradas en el artículo 86 del Texto
Superior[30].
En este punto, cabe señalar que la Corte se ha pronunciado en varias
oportunidades sobre la pros-peridad de la tutela frente al comportamiento de
los órganos de dirección y administración de un conjunto residencial[31],
cuando con sus decisiones puedan poner en situación de indefensión o subordinación
a un copropietario. Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-509 de 2001[32] se señaló
que:
“En primer lugar hay que
reiterar que la jurisprudencia ha expresado que es factible interponer tutela
contra particulares que administran conjuntos residenciales debido a
que los afectados por decisiones de una Junta o Consejo de
Administración, o por un Administrador, o Administradora de los conjuntos
sometidos generalmente al régimen de propiedad horizontal, son decisiones que
pueden colocar en situación de indefensión o necesariamente de subordinación a
los copropietarios.”
La Corte considera pertinente reiterar que
los conceptos de subordinación e indefensión son diferentes[33]. En
efecto, la subordinación se desprende de una relación jurídica que
conlleva la dependencia de una persona respecto de otra y que se manifiesta en
el deber de acatamiento a las órdenes proferidas por quien, en razón de sus
calidades, tiene competencia para impartirlas[34];
mientras que, a diferencia de lo expuesto, la indefensión es un concepto de naturaleza fáctica, que se
configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta
frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias de hecho que
rodean el caso, no le es posible protegerse en un plano de igual-dad, bien porque carece de medios jurídicos de
defensa o porque, a pesar de existir dichos medios, ellos resultan
insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales.
Respecto de las copropiedades, si bien pueden
darse casos de hipótesis de indefensión, lo cierto es que, por regla general,
lo que se observa es la existencia de una relación jurídica basada en la
Ley 675 de 2001, que establece una serie de facultades a favor de la asamblea general,
del consejo de administración y del administrador que, desde el punto de vista de
los residentes y/o copropietarios, conducen a una situación de subordinación de
los segundos frente a las decisiones que se adoptan por los primeros[35]. Así
se constata, por ejemplo, en el artículo 37 de la ley en cita, en donde se señala
que la asamblea general puede “[d]ecidir, salvo en el caso que corresponda al consejo de
administración, sobre la procedencia de sanciones por incumplimiento de las
obligaciones previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal,
con observancia del debido proceso y del derecho de defensa consagrado para el
caso en el respectivo reglamento de propiedad horizontal”. Igualmente, en el artículo 51, se establece
que los administradores pueden, entre otras cosas, “cobrar y recaudar, directamente
o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en
general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los
propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o
conjunto, iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas, sin
necesidad de autorización alguna”.
En el caso bajo examen, la hipótesis que
activa la procedencia de la acción de amparo depende de cada uno de los temas
que son objeto de debate. De esta manera, en cuanto a la negativa al uso
exclusivo del parqueadero, se advierte la existencia de una decisión de la
asamblea general, la cual resulta vinculante para el actor por la posición de
subordinación en la que se encuentra, pues él tiene la obligación de
cumplir con las determinaciones que se adopten por dicho órgano, en lo que
respecta al uso de bienes comunes. Por el contrario, las disputas sobre el cobro
de honorarios y la publicidad de la situación del actor –al parecer– en
términos injuriosos, no tienen una relación jurídica que las explique dentro
del régimen de copropiedad, por lo que su imposición en contra del señor
Bertulfo Bernal, se deriva de la condición de debilidad manifiesta en la que se
encuentra frente a las decisiones adoptadas por la administración, propias de
una situación de indefensión.
Es dicha ruptura del plano de igualdad,
tanto en el escenario de la subordinación como en el de la indefensión, la que
le otorga legitimación por pasiva a esta causa, ya que el accionante se halla
en una relación de sujeción frente a lo resuelto por la copropiedad y su
administración, con ocasión de la negativa al uso exclusivo del parqueadero, al
cobro de los honorarios que el conjunto le canceló a un abogado y a la
publicidad que de su situación se hizo a todos los residentes, acompañada de
manifestaciones supuestamente injuriosas, al momento de divulgar, en un sitio
público, la respuesta a la petición que por él formulada.
Así las cosas, en la medida en que se
encuentran acreditados los requisitos de legitimación en la causa e inmediatez,
como previamente se advirtió, la Corte proseguirá con el examen de los temas
propuestos, para lo cual iniciará con la verificación del requisito de
subsidiariedad, y sólo superado dicho análisis, se proseguirá con la
presentación de los aspectos de fondo relacionados con el tema objeto de
decisión, con el fin de solucionar cada uno de los problemas jurídicos
planteados.
3.5. Estudio del requisito de subsidiariedad
con respecto a las diferentes pretensiones planteadas por el accionante
Con respecto a la subsidiariedad, esta
Corporación ha desarrollado el precedente que admite la acción de
tutela como mecanismo principal de protección frente a las controversias originadas
en las decisiones o actuaciones de los conjuntos residenciales, cuando de por
medio se encuentre el amparo de derechos funda-mentales. Sin embargo, dicha
procedencia cuenta con excepciones (i) cuando se evidencia que se acude a la
acción de tutela como medio para eludir el cumplimiento de los deberes u
obligaciones de la copropiedad[36];
(ii) cuando se trata de controversias de orden económico[37];
(iii) cuando se discute la modificación de bienes de uso común o la utilización
general del edificio[38];
y (iv) cuando la acción versa sobre controversias de rango legal[39].
Dentro de este escenario se presentan
distintos mecanismos de solución de conflictos a los cuales pueden acudir los
copropietarios y la administración del conjunto residencial, como se destaca en
el artículo 58 de la Ley 675 de 2001, el cual dispone que:
“Para la solución de los conflictos que se
presenten entre los propietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre
ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano
de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o
interpretación de esta ley y del reglamento de propiedad horizontal, sin
perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, se
podrá acudir a:
1. Comité de Convivencia. Cuando se presente una
controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en edificios de uso
residencial, su solución se podrá intentar mediante la intervención de un
comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la presente
ley, el cual intentará presentar fórmulas de arreglo, orientadas a dirimir las
controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Las consideraciones de
este comité se consignarán en un acta, suscrita por las partes y por los
miembros del comité y la participación en él será ad honorem.
2. Mecanismos alternos de solución de conflictos. Las
partes podrán acudir, para la solución de conflictos, a los mecanismos
alternos, de acuerdo con lo establecido en las normas legales que regulan la
materia. (…)”
Adicionalmente, el artículo 390 de la Ley
1564 de 2012“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”[40]
consagra el proceso verbal sumario como mecanismo para el trámite de controversias
sobre propiedad horizontal de que tratan los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de
2001, previamente señalada. En el primero se regulan las obligaciones de los
propietarios respecto de los bienes de dominio particular o privado[41];
mientras que, en el segundo, se alude a la formula genérica de conflictos
suscitados con ocasión de la interpretación y aplicación de la citada ley o del
reglamento de copropiedad.
Visto lo anterior, en la presente causa y
respecto de los distintos problemas jurídicos propuestos, se procederá a
examinar si cabe la acción de tutela como mecanismo principal de defensa, o si,
por el contrario, se debe acudir a las vías alternativas que brinda el
ordenamiento jurídico, a partir del análisis del tipo de controversia que
finalmente se plantea. Se excluye la posibilidad de estudiar la procedencia de
la tutela como mecanismo transitorio, ya que no se dilucida la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues no se advierte que estemos en
presencia de una afectación inminente frente a los derechos invocados, que
requiera adoptar medidas de manera urgente, para evitar la configuración de una
lesión grave. Por tal razón, el estudio que le compete realizar a esta
Corporación, se enfocará en determinar si los mecanismos judiciales alternos
son idóneos y eficaces, pues de no ser así, tal como lo dispone el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, se debe acudir a la tutela como mecanismo principal
de defensa judicial[42].
Dado que se esbozan tres pretensiones
distintas y en aras de que el fallo tenga coherencia en su desarrollo respecto
de los temas de fondo, una vez se haya verificado el cumplimiento del requisito
de subsidiariedad, si a ello hay lugar, se adelantará el estudio de las
temáticas planteadas, tanto en lo que atañe a las consideraciones generales,
como en relación con la definición del caso concreto.
3.6. Procedencia de la acción de tutela para
resolver la pretensión vinculada con el cobro de los honorarios del abogado que
representó al conjunto residencial San Lorenzo de Castilla
La primera de las pretensiones expuestas
por el accionante, es que se anule el cobro de los honorarios del abogado que
representó al conjunto San Lorenzo de Castilla, con ocasión de la respuesta al
derecho de petición que se formuló por el actor y que dio lugar, por la falta
de pronunciamiento en término, al ejercicio de una acción de tutela en contra
de la copropiedad y que fue declarada improcedente por hecho superado.
Sobre el particular, la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido enfática en señalar que, por regla general, la acción
de amparo no es procedente para resolver controversias de orden económico, dada
su naturaleza subsidiaria y por ser dicho escenario ajeno al objeto de la
tutela vinculado con la salvaguarda de derechos fundamentales[43].
Adicionalmente, este Tribunal ha reiterado que la acción de amparo es
improcedente como mecanismo para discutir pretensiones de carácter monetario derivadas
de la aplicación del reglamento de propiedad horizontal[44], pues
el actor puede acudir al proceso verbal sumario consagrado en el artículo 390
de la Ley 1564 de 2012, proceso del que conocerán los jueces civiles
municipales acorde con el artículo 17 de dicha ley[45].
Sin embargo, en el asunto sub-judice,
la disputa de orden económico que se somete a examen de este Tribunal, no se
deriva de la interpretación de la Ley 675 de 2001, ni de la aplicación del reglamento
de propiedad horizontal, ya que la repetición del cobro que se realiza al señor
Bertulfo Bernal de los honorarios cancelados al abogado que defendió a la
copropiedad en una acción de amparo previa, motivada en la falta de respuesta a
un derecho de petición que por él fue interpuesto, se fundamenta en un conflicto
económico de naturaleza civil, tal como lo admite la propia administradora del conjunto residencial San Lorenzo de
Casilla, en respuesta del 7 de diciembre de 2017, al
señalar que la justificación jurídica para realizar dicho cobro de honorarios
son los artículos 2341 y subsiguientes del Código Civil que regulan la
responsabilidad extracontractual, toda vez que se considera que el actor
ocasionó un daño a la copropiedad al someterla a un proceso judicial que
obligó a contratar los servicios de un profesional del derecho.
Esto significa que el cobro que se impone al
accionante, al no estar sustentado ni en la Ley 675 de 2001 ni en el reglamento
de propiedad horizontal, torna improcedente tanto el proceso verbal sumario
(previamente aludido), como la intervención del Comité de Convivencia y de los
mecanismos alternos de solución de conflictos, pues la procedencia de todas
estas herramientas se sujeta a que la disputa se suscite con ocasión de la interpretación y aplicación de la citada
ley o del reglamento de copropiedad, dejando por fuera los conflictos de origen
civil.
Ahora bien, en el expediente se relaciona
el recibo de caja No. 25257 del 9 de marzo de 2017, por valor de $ 130.000
pesos, cancelados a la administración del conjunto residencial por el señor Bertulfo
Bernal, por concepto de pago de retroactivo y honorarios por cobro jurídico[46].
Aunque este es el único recibo de pago que se aporta al proceso, demuestra que el
actor ya ha venido realizando desembolsos, respecto del cobro que le fue
impuesto unilateralmente.
Por tal razón, en este caso, el actor podría
acudir a la acción de repetición, a través de un proceso verbal[47], para
demostrar que no adeudaba el monto de dinero que le ha sido exigido por el
conjunto accionado, toda vez que el artículo 2313 del Código Civil consagra la
posibilidad de repetir lo pagado, cuando dicha acción carece de todo fundamento
jurídico real o presunto[48].
Lo anterior, sin perjuicio de que si el accionante aún no ha cancelado la
totalidad del valor requerido y, por esta razón, el Conjunto San Lorenzo de
Castilla promoviera una demanda o cobro ejecutivo en su contra, el actor podría
excepcionar la inexistencia de la obligación ante la falta de título jurídico,
en aplicación del artículo 442 del Código General del Proceso[49].
En todo caso, ya sea que al actor le
corresponda iniciar un proceso verbal, o en su lugar, tener que esperar a que se inicie un proceso ejecutivo en su
contra para poder acreditar la inexistencia de la obligación, a juicio de esta Sala de Revisión,
es claro que cualquiera de dichas cargas no solamente resultan excesivas para
el señor Bertulfo Bernal sino que conllevarían a premiar la actuación de la
administración que, de entrada, despierta una duda razonable con respecto al
ejercicio de sus atribuciones y la garantía del derecho al debido proceso, pues
la configuración de un daño, como el que aquí se reclama, supone la
intervención de una autoridad judicial y no la consideración motu proprio
sobre su existencia[50],
sobre todo cuando de abstenerse a realizar el pago que se reclama, podría el
accionante verse excluido de los
beneficios del sorteo del parqueadero, al encontrarse en mora frente al
cumplimiento de las obligaciones con el conjunto accionado. Nótese cómo, y en
ello no cabe duda, lo que en
el fondo subyace es el aprovechamiento de una clara relación de sujeción, en
donde el residente carece de la posibilidad de contar con un medio de defensa
idóneo y efectivo, distinto a la acción de tutela, para poder solucionar una
controversia, en la que se impone, de forma unilateral y sin posibilidad de
contradicción, la voluntad de las autoridades encargadas de la administración
del conjunto en el que vive.
Como consecuencia de lo anterior, en torno
a la solicitud de anular el cobro de los honorarios del profesional del derecho
que representó al conjunto San Lorenzo de Castilla, este Tribunal encuentra que
la acción de amparo se torna procedente y, por lo tanto, se procederá a
realizar el estudio de fondo sobre esa pretensión.
3.7. Cobros a residentes y respeto al
debido proceso
La jurisprudencia constitucional ha señalado
la posibilidad de imponer sanciones a los habitantes de conjuntos residenciales,
por el incumplimiento de obligaciones previstas en la ley o en los reglamentos
de propiedad horizontal. En armonía con ello, la Ley 675 de 2001 autoriza el
cobro de multas ante la inobservancia de obligaciones no pecuniarias:
“Artículo 59.- Clases de sanciones por
incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. El incumplimiento de las
obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el
reglamento de propiedad horizontal, por parte de los propietarios, tenedores o
terceros por los que estos deban responder en los términos de la ley, dará
lugar, previo requerimiento escrito, con indicación del plazo para que se
ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si a ello hubiere lugar,
a la imposición de las siguientes sanciones:
1. Publicación en lugares de amplia
circulación de la edificación o conjunto de la lista de los infractores con
indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción.
2. Imposición de multas sucesivas, mientras
persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores, cada una, a dos (2)
veces el valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor, a
la fecha de su imposición que, en todo caso, sumadas no podrán exceder de diez
(10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor.
3. Restricción al uso y goce de bienes de
uso común no esenciales, como salones comunales y zonas de recreación y
deporte.
Parágrafo.- En ningún caso se podrá restringir el uso de bienes
comunes esenciales o de aquellos destinados a su uso exclusivo”.
Este Tribunal también ha destacado la
necesidad de respetar las garantías del debido proceso en la imposición de
cualquier tipo de sanción, pecuniaria o no, tema que la citada Ley 675 de 2001 también
establece de forma expresa:
“Artículo 60.- Las sanciones
previstas en el artículo anterior serán impuestas por la asamblea general o por
el consejo de administración, cuando se haya creado y en el reglamento de
propiedad horizontal se le haya atribuido esta facultad. Para su imposición se
respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad
horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa y
contradicción e impugnación. Igualmente deberá valorarse la intencionalidad del
acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes, y
se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones, de
acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia.”
Esto significa que, a pesar del amplio
margen de apreciación que tiene la Asamblea General de copropietarios, al
momento de aprobar los reglamentos internos de la unidad residencial para la
adopción de faltas y sanciones; atribución que, valga resaltar, es competencia
de este órgano y solo por delegación del Consejo de Administración[51], esta
función debe guardar relación directa con los objetivos del régimen de
propiedad horizontal (seguridad y armónica convivencia) y responder a
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad en términos de costo-beneficio.
3.8. Del examen de fondo sobre la presunta
vulneración del derecho al debido proceso
En el asunto sub-judice, la disputa
de orden económico que se somete a examen de este Tribunal, referente a imponer
el cobro de un supuesto daño derivado del régimen de responsabilidad civil, no
se deriva de la aplicación del reglamento de propiedad horizontal, por cuanto:
(i) no se encuentra establecida esa hipótesis en el artículo 50 del reglamento
de la copropiedad, en el que se señalan todas las obligaciones de los
propietarios (pecuniarias y no pecuniarias)[52];
(ii) no constituye un incumplimiento de las contribuciones por expensas comunes
a cargo de los copropietarios, exigibles por la vía ejecutiva, de acuerdo con
el artículo 36 del reglamento; y (iii) tampoco aparece relacionada en el
artículo 88, que expone algunas de las conductas objeto de aplicación de
sanciones por la inobservancia de obligaciones no pecuniarias[53], las
cuales son susceptibles de impugnación[54].
Tal como ya se dijo y lo admite la
administradora del conjunto
residencial San Lorenzo de Casilla, en respuesta del 7
de diciembre de 2017, la justificación para realizar dicho cobro de honorarios
son los artículos 2341 y subsiguientes del Código Civil que regulan la
responsabilidad civil extracontractual, pues se considera que el actor ocasionó
un daño a la copropiedad, al obligar a contratar los servicios de un
profesional del derecho.
Si bien la administración expone un
fundamento legal para el efecto, lo cierto es que dicho órgano no tenía la
competencia para imponer tal cobro al resiente, en la medida en que dentro de
sus funciones legales y reglamentarias no figura esa atribución[55]. En
efecto, ni en la Ley 675 de 2001 ni en el reglamento de la copropiedad, aparece
establecido el cobro a un residente de los honorarios pagados a un abogado por
la defensa del edificio en un proceso judicial, como una medida justificada
para garantizar la convivencia y seguridad del conjunto. Incluso, una decisión
en tal sentido, en contra de lo previsto en la ley, daría lugar a que cada administración
muto proprio defina la ocurrencia de un daño, cuando tal asunto está
reservado a una autoridad que ejerza función judicial, si se tiene en cuenta
que el régimen de responsabilidad civil extracontractual, entre otras, y como
regla general, exige la comprobación por parte del demandante de la ocurrencia
de un perjuicio derivado de la culpa o dolo del demandado[56]. Así
las cosas, más allá de la falta de autorización legal y reglamentaria, lo
cierto es que el cobro de un perjuicio por un daño no puede derivarse de la
autotutela de quien se considera afectado. Por eso, sin ir más lejos, los
honorarios de un abogado como gasto al interior de un proceso judicial reciben
la denominación de agencias en derecho, por lo que su definición le compete a
una autoridad judicial, de acuerdo con las tarifas previamente regladas por el
Consejo Superior de la Judicatura[57],
cuyo valor no necesariamente corresponde a los costos paga-dos por una de las
partes a su abogado[58].
Avalar una conducta, como lo es la asumida
por la administración de la copropiedad en este caso en específico, puede
convertirse en un obstáculo a
la tutela judicial efectiva, pues de aceptar que los conjuntos residenciales tienen
competencia para determinar la existencia y posteriormente realizar el cobro de
un perjuicio por responsabilidad extracontractual, obligaría a que cualquier
residente interesado en acudir al sistema de justicia, no solo deba verse
afectado en sus derechos sino que, adicionalmente, tendría que valorar si su
capacidad económica le permite soportar las posibles contingencias económicas
que se deriven de promover los mecanismos judiciales para su defensa. En este
sentido, el cobro de honorarios se convertiría en una barrera que condiciona a
los residentes y busca evitar que éstos ejerzan su derecho de acceso a la
administración de justicia[59].
Fuera de lo anterior, en el expediente no
obra ninguna prueba que permita evidenciar el cumplimiento de las garantías
constitucionales y legales del derecho fundamental al debido proceso en la
imposición de esta medida al residente afectado, pues solo se advierte que se
le notificó su imposición y el deber de proceder al cobro fraccionado de la
misma, sin tener la oportunidad de defenderse ante tal decisión, ni exponer sus
argumentos para contradecirla o para ser revisada por un órgano superior.
En este orden de ideas, la Sala de Revisión
no encuentra que en el cobro efectuado al actor exista una justa causa, ni
desde la perspectiva de análisis sustancial ni en lo que atañe al agotamiento
de un trámite procesal. Así
las cosas, este Tribunal encuentra que sí se configura una vulneración del
derecho funda-mental al debido proceso, como consecuencia de la decisión
adoptada por el conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, por virtud de la
cual le impuso al señor Bertulfo Bernal, el cobro de los honorarios por el trabajo
que adelantó un abogado que, como ya se señaló, defendió los intereses de la
copropiedad.
Por lo anterior,
se ordenará a la señora Diana Patricia Romero Roldán, en su calidad de
administradora del conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, o a quien haga
sus veces, que se abstenga de realizar el cobro al señor Bertulfo Bernal de los
honorarios del abogado que contrató la copropiedad con ocasión de la respuesta
a una petición y a una acción de tutela que por él fue interpuesta. En caso de
que dicha suma ya haya sido cancelada, en el término máximo de cinco (5) días siguientes
a la notificación de esta providencia, se deberá proceder a su devolución,
actualizando el valor de la suma pagada[60], sin perjuicio de que tal valor pueda ser
objeto de compensación, frente al recaudo que se origina por cuotas de administración
de la copropiedad, si así lo acepta el accionante.
3.9. Procedencia de la acción de tutela por
la presunta vulneración de los derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad
y a la dignidad humana
Con respecto a la posible vulneración de
los derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la dignidad humana,
presuntamente afectados por la publicación de la respuesta dada al derecho de
petición que fue formulado por el señor Bertulfo Bernal, en donde, según se
afirma en la demanda, además de la divulgación en un sitio público, se
incluyeron afirmaciones y apreciaciones deshonrosas, groseras y displicentes
sobre su situación de discapacidad, se observa que los mecanismos establecidos
en la Ley 675 de 2001, en específico, el proceso verbal sumario, carece de la
eficacia necesaria para garantizar la salvaguarda de los derechos en cita.
A esta conclusión se llega por la función que
cumplen dichos mecanismos, pues la presunta vulneración no se origina por la
interpretación o aplicación de la Ley 675 de 2001 o del reglamento del conjunto
residencial, sino que se desprende de una actuación de la administradora del conjunto
residencial que, so pretexto de garantizar la participación de los residentes en
la adopción de una decisión, publicó en un espacio común la respuesta a la
petición, incluyendo manifestaciones que se consideran lesivas de la integridad
moral del actor.
Por esta razón, aun cuando podría acudir a
la jurisdicción penal para presentar una denuncia por injuria, si así lo
considera pertinente, lo cierto es que esta Corporación ha aceptado la
procedencia de la tutela, cuando una conducta que podría constituir delito
implica una lesión a los derechos fundamentales que protegen la integridad
moral del actor. Sobre el particular, se ha dicho que:
“[La] simple existencia de una conducta
típica que permita salvaguardar los derechos fundamentales, no es un argumento
suficiente para deslegitimar per se la procedencia de la acción de
tutela, pues bien puede suceder que la afectación exista y siendo antijurídica
simultáneamente concurra cualquier presupuesto objetivo o subjetivo que excluya
la responsabilidad criminal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar
cabal protección a los derechos del perjudicado. De igual manera, puede suceder
que la víctima no pretenda el castigo penal del agresor, sino tan solo persiga
su inmediata rectificación, finalidad para la cual el trámite de una acción
penal resultaría in extremo dispendiosa. Por otra parte, la inmediatez
de la acción de tutela, impediría que los efectos de una difamación sigan
expandiéndose y prologándose en el tiempo como acontecimientos reales y
fidedignos, lo cual difícilmente puede lograrse con la acción penal que
simplemente culminaría con la imposición de una pena luego de un extenso
proceso. Por ello, esta Corporación ha reconocido que en tratándose de la
vulneración de derechos fundamentales, tales como, el buen nombre, la intimidad
y la honra, el uso de la acción criminal, no excluye el ejercicio autónomo
la acción de tutela, pues no son los mismos los objetivos que se persiguen, ni
idéntica la finalidad de la sanción y, menos aún, concurrentes sus supuestos o
constantes de responsabilidad”[61].
Por las anteriores razones, esta Sala de
Revisión considera que el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho en
relación con esta pretensión, por lo que más adelante se procederá a estudiar
la posible vulneración de los derechos al buen nombre, a la honra, a la
intimidad y a la dignidad humana del accionante, en sus dimensiones
constitucionales[62].
3.10. De los derechos al buen nombre, a la honra, a la intimidad y
a la dignidad humana (reiteración jurisprudencial)
3.10.1. La Constitución Política consagra
la obligación de garantizar el derecho a la honra en el artículo 21[63] y, a
su vez, en el artículo segundo dispone que las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Esta Corporación ha señalado el derecho a
la honra como “la
estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad
humana. Es, por consiguiente, un derecho que debe ser
protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”[64].
La jurisprudencia ha señalado que la
afectación o vulneración del derecho a la honra se da cuando se expresan
opiniones o conceptos que generan un daño moral tangible al sujeto afectado[65]. Sin
embargo, no cualquier expresión puede entenderse como una afectación del
mencionado derecho, pues se requiere que exista la afectación al reconocimiento
que los demás hacen de la persona señalada, es decir, no solo se requiere una
lesión a la estima que cada individuo tiene de sí mismo, sino también un
menoscabo a la perspectiva externa que se refiere a la percepción de las demás
personas de la sociedad sobre esa persona.
3.10.2. En relación con el derecho al buen
nombre, este Tribunal ha dicho que su objeto de protección se halla en “la
buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón a la virtud y al
mérito, como consecuencia necesaria de las acciones [por él] protagonizadas”[66]. De
igual manera, también se ha señalado que la afectación de este derecho se
presenta cuando se difunden afirmaciones o se imputan conductas falsas entorno
a una persona y dicha difusión no corresponde con las actuaciones de la persona
aludida, afectando su renombre e imagen. Precisamente, la Corte ha afirmado que
“se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta
y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público –bien en forma
directa y personal, [o] a través de los medios de comunicación de masas–
informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público
que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio
y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o
cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su
imagen”[67].
3.10.3. Finalmente, es pertinente señalar
que, si bien existe una
conexión entre los derechos al buen nombre y a la honra, pues ambos derechos
tienen una condición externa que se materializa en la relación entre una
persona y el resto de la sociedad, estos derechos se diferencian, ya que
mientras el buen nombre se refiere a la apreciación que se tiene de una persona
por sus acciones, virtudes y defectos expresados en su desempeño dentro de la
sociedad; la honra responde a la apreciación que se tiene de la persona por su
personalidad y comporta-miento privado directamente ligado con ella[68].
3.10.4. Por otra parte, el derecho a la
intimidad se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución, en el
que se dispone que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y
familiar, la cual debe ser respetada y protegida por el Estado[69]. Al referirse a
este derecho, la Corte ha sostenido que involucra el “ámbito personalísimo
de cada individuo o familia, es decir, a aquellos fenómenos, comportamientos,
datos y situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia o al
conocimiento de extraños”[70].
En cuanto a su objeto de protección, lo constituye la existencia y goce de
una órbita reservada para cada persona, libre de intervenciones estatales o
intromisiones de la sociedad[71].
En este orden de ideas, la intimidad se
identifica jurídicamente con el concepto de vida privada, en el que se incluyen
aquellas zonas de la existencia cotidiana del ser humano, cuyo desarrollo no
debe, en principio, llegar al dominio público. Tales campos abarcan, entre
otros, aspectos referentes a la sexualidad, a la salud, a las creencias, a las
convicciones y al manejo de las relaciones interpersonales. Por ello, este
Tribunal ha manifestado que el derecho a la intimidad involucra distintos
aspectos de la persona, los cuales van desde el derecho a la proyección de la
propia imagen, hasta la reserva de espacios privados distintos al domicilio, en
los que un individuo lleva a cabo actividades que solo son de su interés[72].
En concreto, la jurisprudencia ha mencionado que existen cuatro grados de
intimidad, cuyo alcance ha sido delimitado en los siguientes términos:
“(i)
la [intimidad] personal, la cual alude a la salvaguarda del derecho del
individuo a ser dejado solo y a reservarse los aspectos íntimos de su vida
únicamente para sí mismo, salvo su propia voluntad de divulgarlos o
publicarlos; (ii) la [intimidad] familiar, que responde al secreto y a la
privacidad de lo que acontece en el núcleo familiar[73];
(iii) la [intimidad] social, que involucra las relaciones del individuo en un
entorno social determinado, como por ejemplo los vínculos labores, cuya
protección –aunque restringida– se mantiene vigente en aras de preservar otros
derechos fundamentales como la dignidad humana[74] y, por
último, (iv) la [intimidad] gremial, la cual se relaciona con las libertades
económicas e involucra la posibilidad de reservarse la explotación de cierta
información[75].”[76]
Como se deriva de lo expuesto,
estos grados comprenden todo lo relativo a la intimidad de las personas en las
relaciones familiares, en su domicilio, salud, comunicaciones personales y, en
general, en todos los comportamientos de un individuo que solo pueden llegar a
ser objeto de conocimiento por otra persona, cuando el titular de la
información decide revelarlos. En efecto, se protege la facultad de exigir de
los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo,
en el que se resguardan sus posesiones privadas y sus gustos, así como aquellas
conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir y que
corresponden a un ámbito privado de relación, frente a las cuales no caben, de
forma alguna, intromisiones externas.
Ahora bien, este
Tribunal también ha precisado que, pese a su amplia formulación, el derecho a
la intimidad no es absoluto, como ningún otro derecho puede serlo, lo cual
significa que es susceptible de limitaciones en su ejercicio, siempre que
respondan a intereses superiores, como ocurre en los casos de la interceptación
de la correspondencia por orden judicial, en circunstancias en las que se ve
involucrada la realización de la justicia[77];
o cuando se presentan problemas de concurrencia con otros derechos
fundamentales, en los que se le imponen ciertos sacrificios a la intimidad, por
ejemplo, en aras de permitir el desarrollo de las libertades de expresión o de
información, cuando de por medio se encuentra alguien que desempeña posiciones
de notoriedad o interés público[78].
Pese a lo anterior,
como en otras oportunidades se ha reiterado por la Corte, cualquier limitación
que se imponga frente a un derecho no puede llegar a desconocer su núcleo
esencial, el cual, en el caso de la intimidad, “supone la existencia y goce de
una órbita reservada en cada persona, exenta del poder de intervención del
Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permita a
dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural”[79].
En conclusión, el derecho a la intimidad
comprende aquellos datos, comportamientos, situaciones o fenómenos que normalmente
están sustraídos del conocimiento de terceros y exige un profundo respeto por
parte del Estado y de la sociedad, en cuanto se vincula con la forma como una
persona construye su identidad y le permite llevar una vida corriente frente a
los demás. En circunstancias especiales se admite su limitación, siempre que
las restricciones que se impongan se justifiquen en la realización de intereses
superiores y no conduzcan a una afectación del núcleo esencial del derecho.
3.10.5. Sobre el derecho fundamental a la
dignidad humana, la Constitución en el artículo primero señala que Colombia es
un Estado Social de Derecho funda-do “en el respeto de la dignidad humana”.
La jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado ampliamente sobre el
contenido de esta expresión y ha dicho que ella puede representarse de dos
maneras: (i) a partir de su funcionalidad normativa y (ii) de su objeto de
protección[80].
En lo que atañe a la primera de las vías expuestas,
esto es, su funcionalidad normativa, se ha entendido la dignidad humana como
(i) un valor fundante del ordenamiento jurídico y del Estado, (ii) un principio
constitucional y (iii) un derecho fundamental autónomo[81]. Su
objeto de protección se caracteriza, en primer lugar, por asegurar el respeto a
la autonomía de la persona y la posibilidad de desarrollar su propio plan de
vida, acorde con las características de cada individuo (vivir como se quiere);
en segundo lugar, por brindar las condiciones materiales concretas que, en la
medida de lo posible, permitan la subsistencia digna (vivir bien); y, en
tercer lugar, por otorgar una intangibilidad de bienes no patrimoniales, que
aspiran a preservar la integridad física y moral del individuo (vivir sin
humillaciones)[82].
3.10.6. Sobre este tercer
lineamiento de la dignidad humana, se ha considerado que una de las formas a
través de las cuales se presenta su vulneración, es cuando se incurren en actos
que conduzcan al escarnio público. Así, por ejemplo, en la Sentencia
T-402 de 1992[83],
se señaló que una práctica lesiva de la dignidad
humana, con potencialidad de poner en peligro la integridad moral del
individuo, es aquella que “degrada o humilla a la persona y hace que ella
pierda autoestima a los ojos de los demás o a los suyos propios”.
En este contexto, en la
Sentencia T-045 de 1995[84] se expuso que por humillación
se entiende aquella conducta que afecta la imagen moral o social de una persona
y que el acto de humillar es aquél que conlleva a otorgar un trato
degradante. En
el caso que fue objeto de examen en la citada providencia, la Corte llegó a la conclusión de que “las sanciones y tratos humillantes son
incompatibles con la Carta Política vigente”[85].
A tal determinación se arribó, al otorgar un amparo frente a un estudiante que
fue obligado a cargar un letrero con la leyenda de “soy
tonto”, como método de corrección en su institución educativa.
La prohibición de sancionar a través de
la humillación también fue reiterada en la Sentencia T-143 de 1999[86],
en la que se expuso que los tratos y castigos infamantes son incompatibles con
la Constitución. Postura que fue confirmada en la Sentencia
T-691 de 2012[87], en donde este Tribunal afirmó que:
“Un escenario de discriminación supone una interacción con
otras personas, aquellas que hacen las veces de público. Supone una situación
en la cual la persona que está siendo discriminada está expuesta a las miradas
de los demás. Se siente observada, juzgada, analizada. Esto puede implicar, por
una parte, afectación en la persona, la cual se puede sentir intimidada,
reducida o sometida a sensaciones similares por esta exposición social. Pero, por
otra parte, puede implicar un reto, un ataque de tal dimensión que lleve a la
persona discriminada a reaccionar de una forma tal que la ira o la ceguera
emocional, lo empujen a cometer actos que en otras circunstancias no habría
realizado, como insultar o golpear físicamente a alguien. Esto contrasta con
otros actos de discriminación en los cuales no existe una puesta en escena. En
tales situaciones, por ejemplo, el dilema de una persona puede ser si revela o
no un determinado acto de discriminación del cual fue víctima, precisa-mente
porque no fue cometido ante público alguno. Qué tipo de interacción se da entre
las personas protagonistas del acto discriminatorio y el público que lo presencia
es una cuestión que el juez también ha de considerar y valorar. En especial, el
juez deberá tener en cuenta de qué manera acentúan los sentimientos de humillación,
de vergüenza o deshonra en una persona, las condiciones específicas en que se
ponga en escena el acto discriminatorio.”
En conclusión, aunque no toda actuación que pueda herir a una persona
puede considerarse como una forma de lesionar el derecho a la dignidad humana,
lo cierto es que el juez constitucional debe estudiar si los actos, a través de
los cuales se canaliza un juicio de valor, están ocasionando un escenario de
escarnio público y, de esta manera, afectando la integridad moral de un
individuo, al permitir que se presenten humillaciones.
3.11. Del examen de fondo sobre
la presunta vulneración de los derechos al buen nombre, a la honra, a la
intimidad y a la dignidad humana
3.11.1. En el asunto sub-judice,
como se señaló al plantear los problemas jurídicos, la Corte debe determinar,
en primer lugar, si se presenta una vulneración de los derechos al buen nombre,
a la honra, a la intimidad y a la dignidad humana del señor Bertulfo Bernal, por
la publicación de la respuesta dada a la petición por él formulada, en un
espacio común de amplia divulgación de la copropiedad, incluyendo, según se
afirma, afirmaciones y apreciaciones deshonrosas, groseras y displicentes sobre
su situación de discapacidad.
Para verificar este punto,
cabe realizar la transcripción del texto expuesto al público, en el que se
afirma lo siguiente: “El hecho de ser persona con discapacidad la ley no le
permite apoderarse de un área común como venían años atrás rezando su alcance a
la ley 1618 de 2013, en el cual le permitían pasar por encima de los demás
derechos de los propietarios ante la igualdad. Ya que la naturaleza de estas
copropiedades es de áreas comunes no de áreas exclusivas, aun siendo
discapacitado.”[88].También se señala que “este
mismo documento se expondrá ante la comunidad ya que si la pretensión es
ejecutar proceso a su nivel legal que la misma comunidad posea el conocimiento
del mismo y se contrate el apoderado en donde si la copropiedad gana el proceso
los gastos causados de esta diligencia la cancela el propietario que instaure
la denuncia”[89].
Como se puede observar, el
texto imputa conductas al accionante, pues da a entender que éste busca
“apoderarse de un área común”. Al respecto, si bien el actor pretende un trato
diferenciado, sustentado en la necesidad de adoptar medidas afirmativas para la
población con discapacidad, no ha solicitado, ni ha actuado en procura de
obtener la propiedad de dichas áreas, ni tampoco ha señalado que debe ser el único
beneficiario de la posible acción afirmativa que se adoptaría, lo que conlleva
a considerar que el señalamiento que se hace por la administración del conjunto
de querer “apoderarse” de un espacio de parqueo, desconoce la motivación del
señor Bertulfo Bernal a la hora de solicitar un trato especial, que responda a
su situación de discapacidad.
Estos comentarios tienen la
capacidad de modificar la opinión que el resto de la sociedad –y más
específicamente los demás copropietarios– tienen del actor, ya que la forma en
que se plantea la respuesta al accionante da a entender que busca obtener un
beneficio injustificado a costa de los demás residentes, o en otras palabras, que
el resto de las personas que conviven con el accionante en la misma copropiedad
van a ser víctimas de un provecho infundado, cuya una explicación es el abuso de
su condición de discapacidad. De ahí que la Corte encuentre vulnerado su
derecho fundamental a la honra.
Adicionalmente, esta
Corporación encuentra que el derecho fundamental a la dignidad humana también se
ha visto afectado. Como se pudo observar en los capítulos presentados
anteriormente, el escarnio público puede ser una medida que afecte el citado
derecho. Bajo tal premisa, en el caso bajo estudio, se observa que no solo se
publicó la respuesta ante toda la comunidad de residentes, señalando al actor e
incluso mostrando el número de su apartamento[90], sino que en su contenido se expresó
que: “el hecho de ser persona con discapacidad la ley no le permite
apoderarse de un área común (…)”. Esta afirmación, además de ser deshonrosa,
se torna degradante, pues da a entender que el actor busca abusar de su
situación de discapacidad para obtener un tratamiento preferencial sobre un
bien común escaso. Para esta Sala de Revisión, es claro que uno de los
lineamientos del derecho fundamental a la dignidad humana, como previamente se
expuso, es vivir sin humillaciones, el cual fue afectado con la medida
objeto de estudio, sin que tal afirmación pueda de alguna manera ser
considerada como justificada.
3.11.2. A pesar de que lo
anterior es suficiente para otorgar el amparo solicitado, la Corte considera
pertinente evaluar la finalidad que se invoca para justificar la publicación,
en un espacio común, de la respuesta a la solicitud formulada por el
accionante, la cual se explica en la necesidad de garantizar la participación
de los demás residentes de la copropiedad en la toma de una decisión, “(…)
para que las personas de la comunidad que consideran prudente manifestarse
[sobre] ello, así lo hicieran”[91].
Para la Corte, la
publicación en la ventana de la oficina de la administración del conjunto
accionado de la respuesta que la administradora brindó al accionante frente a
su solicitud de asignación de un espacio de parqueo permanente, con la
finalidad de garantizar la participación de los residentes y/o copropietarios
en la toma de una decisión frente al asunto, no respondió a los parámetros
legales ni reglamentarios previstos para el efecto, pues lo que procedía ante
la formulación de un derecho de petición por un particular era contestarlo en
los términos previstos en la legislación estatutaria que regula el ejercicio de
este derecho fundamental (Ley 1755 de 2015[92]), sin que resultara admisible su
divulgación en un espacio común de la copropiedad, con el ánimo de deslegitimar
la reclamación realizada, mediante una respuesta que envuelve un trato
degradante frente al actor, como ya se explicó.
En efecto, de acuerdo con el
artículo 32 de la citada Ley 1755 de 2015, que se incorporó al CPACA, el trámite
y la resolución de las peticiones que las personas formulen ante organizaciones
privadas con el fin de garantizar sus derechos fundamentales, estarán sometidos
a los mismos principios y reglas que regulan la resolución de las peticiones
que se hagan a las autoridades públicas[93]. En esta medida, toda persona que
presente una petición respetuosa, por motivos de interés general o particular,
tiene derecho a obtener una respuesta pronta, completa y de fondo sobre la
misma, en los términos señalados en el artículo 13 del referido Código[94].
Esto quiere decir que, ante la presentación de una petición en interés
particular, la organización privada que sea requerida en ejercicio del
mencionado derecho tiene el deber de notificar su respuesta al peticionario de forma
personal y no de manera general, como se establece en los artículos 66 y
siguientes del CPACA.
El único evento en el que la
ley autoriza la publicación de una respuesta de manera general, que incluso
tiene su origen en una petición de interés particular, es “[c]uando
más de diez (10) personas formulen peticiones análogas (…) de información, (…)
o de consulta”, caso en el cual “la Administración podrá dar una única
respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en su
página Web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten” (CPACA,
art. 22), salvaguardando la identidad de los peticionarios, hipótesis que,
vistos los hechos relevantes de este caso, no se constata en el asunto sub-judice.
Si bien es válido que la
administración del conjunto residencial informe sobre la existencia de una
solicitud que puede tener un impacto sobre el resto de residentes, lo que
resulta cuestionable
es que se dé una respuesta pública, cuando lo que se impone es una comunicación
personal, que visto el contexto de lo ocurrido, lo que buscaba era deslegitimar
la reclamación del accionante mediante un trato degradante, a la vez que
revelaba un efecto intimidatorio, advirtiendo al actor sobre la imposición de
una carga económica en caso de instaurar una denuncia o demanda. Para efectos de lograr la participación que se menciona por
la administradora de la copropiedad, lejos de recurrir a la vía utilizada
carente de toda sensibilidad, se contaba con los canales y procedimientos
previstos en la Ley 675 de 2001 y en el reglamento del conjunto residencial,
para darle trámite a la solicitud y activar las instancias competentes de discusión
(Consejo de Administración y Asamblea de Copropietarios), sin que se evidencie
que se haya hecho uso de esta opción para resolver la controversia.
En definitiva, la
publicación en la ventana de la oficina de la administración del conjunto
accionado de la respuesta que la administradora brindó al accionante frente a
su solicitud de asignación de un espacio de parqueo permanente desatendió los
parámetros legales y reglamentarios previstos para el efecto. Tal proceder tan
solo se explica en el ánimo de deslegitimar la solicitud realizada por el
actor, para lo cual se hizo uso de un lenguaje lesivo de su dignidad humana, al
dar a entender a la comunidad en general que el accionante pretendía abusar de
su situación de discapacidad, para obtener un tratamiento preferencial –a su
juicio– injustificado.
3.11.3.
Por lo anterior, se revocará la decisión objeto de revisión en lo que res-pecta
a la protección de la honra y la dignidad humana y se concederá el amparo
solicitado, en el sentido de ordenar a la señora Diana Patricia Romero Roldán,
en su calidad de administradora del conjunto residencial San Lorenzo de
Castilla, o a quien haga sus veces que, en el evento de que no lo haya hecho,
en el término máximo de veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, elimine la copia de la respuesta dada al señor Bertulfo
Bernal que fue divulgada en un espacio común de la copropiedad y que, en el
futuro, se abstenga de realizar publicaciones por fuera de los términos autorizados
en la ley, que conlleven la afectación –como ocurrió en este caso– de la honra y
la dignidad de uno de sus residentes y/o copropietarios.
3.11.4. Por otra parte, el
accionante solicita que se pidan excusas públicas de la misma manera en que se
realizaron las afirmaciones que lesionaron sus derechos[95].
Al
respecto, esta Sala de Revisión considera pertinente traer a colación la
jurisprudencia constitucional que se ha pronunciado sobre la materia, en casos
similares.
En la Sentencia T-909 de 2011[96], la
Corte estudió el caso de una pareja homo-sexual que entró a un centro comercial
y en sus instalaciones realizaron actos de afecto a través de una serie de
besos, siendo abordados por guardias de seguridad quienes los obligaron a
retirarse del recinto. Los accionantes consideraron vulnerados sus derechos
fundamentales a la intimidad personal, al libre desarrollo de la personalidad y
a la igualdad y solicitaron, entre otras cosas, que se presentaran excusas
públicas. Este Tribunal concedió la protección de los derechos invocados y
ordenó realizar una excusa escrita y pública a los accionantes.
En idéntico sentido, en la Sentencia
T-291 de 2016[97],
se estudió el caso de una persona con orientación sexual diversa, que fue
acusada de haber realizado “actos obscenos” con un hombre en el baño de
un centro comercial y que, posteriormente, fue humillado por el personal de
seguridad que lo retuvo, expuso y condujo contra
su voluntad por los pasillos del lugar, donde se burlaron de su orientación y
vociferaron que lo habían encontrado realizando actos obscenos con otro hombre,
sin presentar prueba de ello. El accionante consideró que se habían
vulnerado sus derechos a la dignidad humana, a
la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la
prohibición de discriminación y solicitó, entre otras cosas, que se ofrecieran
excusas públicas. La Corte decidió tutelar los
derechos invocados y ordenó al centro comercial que brindara excusas
públicas al accionante, en un espacio apropiado
dentro de sus instalaciones.
Por fuera del ámbito de
la orientación sexual, en la Sentencia T-050 de 2016[98],
se estudió el caso de una mujer que solicitó un préstamo a otra. Esta última,
en su condición de acreedora, al no haber recibido el pago de la suma adeudada,
decidió publicar en la red social Facebook una foto de la accionante y un
mensaje en el que la señalaba por no haber pagado la obligación dineraria que
había contraído. Inicialmente, la actora solicitó que se rectificara la información
publicada y, ante la negativa de la acreedora, se acudió a la acción de amparo
en procura de proteger sus derechos al buen nombre, a la honra y a la
intimidad, solicitando que se retirara la publicación realizada. La Corte decidió
conceder la protección reclamada y ordenó que se publicara una disculpa en la
misma red social, la cual debía estar habilitada para igual número de personas,
siendo visible durante el mismo tiempo que permaneció la publicación
atentatoria de los derechos de la accionante.
Cabe aclarar que, en
esta última ocasión, la sentencia objeto de revisión había tutelado los
derechos invocados y ordenado retirar la publicación realizada en la red
social. Al revisar dicha decisión, este Tribunal consideró que “[s]i bien el
juez de segunda instancia acertó al amparar los derechos de la actora y ordenar
el retiro [de] la imagen y el mensaje publicado en el perfil de Facebook de la
demandada, la Sala considera que dicha medida resulta insuficiente para
restablecer los derechos vulnerados, pues a pesar de la eliminación de lo
divulgado, la reputación de la actora o el concepto que de ella tiene la
sociedad, su familia o quienes hacen parte de su entorno[,] ya ha sido alterado
en forma negativa, situación que no va a cambiar con la sola exclusión de dicho
mensaje de la red social.” Por ello, se incluyó la orden que impuso el deber de
realizar una disculpa pública, en los términos y bajo las condiciones ya
expuestos.
La dificultad que
generalmente se presenta con los actos públicos de perdón es que, por su
contenido y difusión, pueden terminar conduciendo a la revictimización de las
personas. Por tal razón, mutatis mutandi, cabe tener en cuenta los requisitos
que se exigen para la rectificación de los medios de comunicación, en casos de
violación a los derechos a la honra y al buen nombre, pues su uso permite
lograr la reparación de los citados derechos, ajustando la orden a pará-metros
constitucionales y dentro de una exposición pública que evite la ocurrencia de nuevas
afectaciones. En este sentido, en la
Sentencia T-256 de 2013[99],
la Corte planteó que “[p]ara que la rectificación en condiciones de equidad se
acomode a los postulados constitucionales, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido los siguientes requisitos generales: (i) que la
rectificación o aclaración tenga un despliegue informativo equivalente al que
tuvo la noticia inicial; y (ii) que el medio de comunicación reconozca
expresamente que se equivocó, es decir[,] que incurrió en un error o en una
falsedad.”
Aunado a lo anterior,
es preciso añadir que, en la Sentencia T-145 de 2016[100],
se consideró
que al haber transcurrido un lapso considerable de tiempo y al no mostrarse un
especial interés en una disculpa por parte de la persona accionada, no era
pertinente ordenar que se realizara una rectificación, pues ello podría devenir
en una revictimización de la accionante. Por tal
motivo, se incluyó una exigencia adicional a los requisitos ya planteados,
(iii) referente a que es preciso que la rectificación, en escenarios de
exposición pública, con miras a evitar un efecto peor o indeseado en la persona
afectada, tenga su origen en una solicitud expresa del accionante. Al respecto,
se dijo que:
“[L]o dicho pone de manifiesto la importancia de realizar una
valoración de la medida de rectificación para que obedezca a una real
protección de los derechos fundamentales afectados, previniéndose que la exposición
pública genere nuevas afectaciones en aquellos casos en que, por ejemplo,
la violación de derechos es producida por la exposición pública misma, o que la
recordación de los hechos objeto de la publicación, aún para aclararlos o
desmentirlos, puede generar un efecto peor o indeseado para la persona
afectada. Así las cosas, es preciso que la medida de protección obedezca
a la solicitud de amparo, pues es la persona tutelante quien debe definir
el alcance de la afectación y si pretende que el daño causado a sus derechos
fundamentales sea resarcido, con lo cual se prevenga el riesgo de que la
rectificación signifique una revictimización.” (Énfasis por fuera del texto
original).
En línea con los argumentos expuestos, y
antes de examinar el caso concreto, no se puede dejar de hacer referencia a lo
que la Corte ha señalado frente al uso del lenguaje, en atención a su poder
instrumental y simbólico. En efecto, como convención social, su empleo permite comunicar
ideas, concepciones del mundo, posiciones, cosmovisiones y valores y,
simultáneamente, al exponer estas formas de ver la realidad permite darles un
sentido, transmitir unas ideas o exteriorizar un pensamiento sobre las personas
y las cosas que nos rodean. En este escenario, esta Corporación ha indicado que
existen ocasiones en las que el lenguaje, a partir del contexto en el que es
utilizado, puede conducir a actos de discriminación[101], como
ocurre cuando se apela a preconcepciones o prejuicios sociales sobre un grupo
poblacional, cuyo resultado es la afectación de sus derechos fundamentales[102].
En este orden de ideas, en el caso
concreto, a juicio de esta Sala de Revisión, la sola eliminación de la
publicación realizada no corrige el daño causado, por lo que es necesario
emplear herramientas que permitan remediar la afectación que ocasionó la
actuación de la administración del Conjunto San Lorenzo de Castilla a la honra
y a la dignidad del accionante en la dimensión de vivir sin humillaciones, al
mismo tiempo que subsana la construcción y perpetuación de concepciones erradas,
que envuelven un componente que afecta la inclusión social y que pueden
considerarse discriminatorias, como lo es la idea transmitida al resto de residentes
de la copropiedad, consistente en que las personas con discapacidad se
aprovechan de su situación para menoscabar los derechos de los otros.
Y aunque el conjunto accionado no es un
medio de comunicación, la Sala estima que las reglas de rectificación reseñadas
con anterioridad, son susceptibles de ser aplicadas en el caso concreto, aun
reconociendo que los particulares gozan de un margen de acción más amplio para
corregir el daño derivado de una publicación lesiva de los derechos a la honra
y a la dignidad humana. En otras palabras, si bien el particular tiene mayor
libertad a la hora de reparar el perjuicio que ocasionó con la divulgación de
una información, lo cierto es que (i) dicha reparación debe tener un despliegue equivalente al que tuvo el acto que generó la vulneración
de los derechos; (ii) debe partir de la base de aceptar la infracción y de
ofrecer excusas por lo ocurrido y (iii) debe utilizar un lenguaje que elimine
la posibilidad de incurrir en un acto de revictimización frente al solicitante.
En conclusión, en la medida en que la
actuación del conjunto accionado vulneró los derechos a la honra y a la
dignidad humana del accionante, desatendiendo los parámetros normativos que
impedían la exposición pública de la respuesta que le fue otorgada a su derecho
de petición, cuyo contenido –además de ser el causante de la violación de los
derechos en cita– refleja la perpetuación de concepciones erradas y lesivas de
la inclusión de la población con discapacidad; esta Sala de Revisión considera
que es pertinente añadir a la orden de eliminar la publicación, la obligación
de pedir disculpas públicas, teniendo en cuenta que es el propio accionante
quien las solicita.
Bajo tal consideración, se dispondrá que,
dentro del término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, la señora Diana Patricia Romero Roldán, en su calidad de
administradora del conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, o a quien haga
sus veces, presente excusa escrita y pública por la afectación causada al señor
Bertulfo Bernal, con un despliegue físico y en tiempo equivalente al que tuvo
la respuesta dada a la petición por él formulada, sobre la base de aceptar la
infracción cometida y con un lenguaje que elimine cualquier posibilidad de
incurrir en un acto de revictimización.
3.12. Procedencia de la acción de tutela
por la presunta vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación
Por regla general, esta Corporación ha
señalado que la acción de amparo no procede para la discusión de controversias
sobre la modificación de bienes de uso común o sobre la utilización general del
edificio, pudiendo el accionante acudir al proceso verbal sumario, consagrado
en el artículo 390 de la Ley 1564 de 2012, si considera que se está
incumpliendo lo establecido por la Ley 675 de 2001 o el reglamento del conjunto
residencial.
Sin embargo, la Corte también ha señalado
que si el medio ordinario de defensa no permite resolver las dimensiones
constitucionales que surgen de la problemática planteada, es procedente acudir
a la acción de tutela, por la falta de idoneidad y eficacia que tendría el otro
mecanismo propuesto por el ordena-miento jurídico[103].
En el caso bajo estudio, el problema
planteado versa sobre la preservación de la medida de asignación de los cupos
de parqueadero comunes por sorteo entre todos los residentes del conjunto
residencial, sin distinción, teniendo en cuenta la negativa frente a la
concesión de un parqueadero permanente a una persona en situación de discapacidad que vive en dicho conjunto. Si bien, en
principio, se trataría de una controversia sobre la utilización o modificación
de bienes de uso común de una copropiedad que debería tramitarse mediante el
proceso verbal sumario, dicho proceso no responde a las dimensiones
constitucionales de la problemática analizada, pues el juez ordinario, más allá
del control de legalidad que podría realizar sobre la medida, en términos de
correspondencia o de sujeción normativa, carecería de la competencia necesaria
para determinar si es posible que, sobre dicha regulación se presente un
fenómeno de omisión contrario a la Constitución, en la medida en que, como lo
propone el actor, la falta de asignación de parqueaderos para residentes con
discapacidad podría dar lugar a una forma de discriminación, al legitimar la
existencia de barreras que impiden su inclusión social.
De ahí que, a juicio de esta Sala de
Revisión, la acción de amparo igualmente es procedente para resolver esta
pretensión formulada por el actor, por lo que también se procederá al estudio
de fondo sobre la posible vulneración al derecho a la igualdad y no
discriminación.
3.13. Las personas en situación
de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional y las
barreras sociales
3.13.1. La jurisprudencia de
esta Corporación ha señalado de manera reiterada que las personas en situación
de discapacidad gozan de una protección constitucional reforzada[104].
Tal escenario se origina de lo previsto en el artículo 13 de la Constitución,
en el que se establece la obligación de promover las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, al mismo tiempo que se prohíbe la discriminación
y se ordena proteger de manera especial a las personas que, entre otras
razones, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, por su
condición física o mental[105]. Igualmente, los artículos 47, 54 y
68 de la Constitución Política[106], le imponen al Estado diferentes
deberes tendientes a la protección de estas personas, buscando su inclusión
plena en la sociedad.
Dogmáticamente,
el estudio sobre los derechos de las personas en
situación de discapacidad ha tenido distintos acercamientos hasta la
implementación actual del modelo social[107],
en el que se entiende que la persona con discapacidad (PcD) no se encuentra
marginada o discriminada por razón de una condición física, sensorial o
psíquica determinada, sino por las dificultades que enfrenta para su adecuada
inclusión social, debido a la imposición de barreras por parte de la sociedad.
Este modelo se dirige a garantizar el mayor nivel posible de autonomía del
individuo, haciéndolos partícipes en la toma de decisiones que los afectan[108], a
través del aforismo “nada sobre nosotros sin nosotros”.
Como parte del
bloque de constitucionalidad, se destaca la recepción en nuestro ordenamiento
jurídico de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPCD), aprobada mediante la Ley1346 de 2009[109].
Este instrumento, que apela a los postulados básicos del modelo social, busca
darle prevalencia a las medidas que tienen como propósito disminuir o erradicar
las barreras sociales que dificultan la realización del principio de igualdad
de oportunidades respecto de las personas con discapacidad[110].
Dentro de este objetivo, el artículo 5 de la citada Convención señala que los
Estados Partes tienen la obligación de adoptar medidas dirigidas a prevenir y
proscribir la discriminación, a través de la implementación de ajustes
razonables, en el marco normativo o de política pública del cual depende el
acceso a servicios o actividades básicas en una sociedad, como ocurre con el
empleo, la educación, el transporte y la justicia.
La propia
Convención define expresamente los ajustes razonables como aquellas “modificaciones
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”[111].
Dentro de este propósito, el artículo 9 del instrumento internacional en cita,
impone a los Estados Partes el deber de adoptar medidas pertinentes para
garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la información,
incluida aquella que se produce como consecuencia de la prestación de servicios
públicos. Así, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual
se impone la señalización en Braille o en otros formatos de fácil lectura y
compresión.
Todo este
conjunto de medidas para reducir las desventajas estructurales y para dar
trato preferente y apropiado a las personas con discapacidad (PcD),
permiten considerar que se está en presencia de un sujeto de especial
protección constitucional, frente al cual es obligación del Estado asegurar que
las barreras existentes, que les impiden gozar de igual manera sus derechos,
sean superadas, como una forma de reivindicar su dignidad.
3.13.2. Por otra parte, la Ley
Estatutaria 1618 de 2013[112] define las barreras como “[c]ualquier tipo de obstáculo que impida el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de
discapacidad.”[113] Y señala que las mismas pueden ser actitudinales,
comunicativas y físicas:
“a)
Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos,
preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones
de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los
espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la
sociedad;
b)
Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el
acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el
desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas
con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas
las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.
c)
Físicas:
Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o
dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter
público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con
discapacidad.”
Adicionalmente, la
jurisprudencia de esta Corporación ha expuesto que las barreras son aquellos
obstáculos que impiden el ejercicio a plenitud de los derechos y garantías de
las personas con discapacidad, y ha señalado que las mismas pueden ser
culturales, legales, físicas y arquitectónicas. Incluso, en varias ocasiones se
ha estudiado la existencia de barreras en las relaciones entre las personas con
discapacidad y los particulares. En dichos casos, se ha señalado que la obligación
de eliminar tales limitaciones y garantizar el pleno goce de los derechos no
recae exclusivamente en el Estado, pues pueden presentarse escenarios en donde
dicho rol se reclama de quienes tienen una posibilidad real de asegurar la
inclusión de las PcD y facilitar que desarrollen su vida de manera autónoma.
Tal circunstancia ha ocurrido, por ejemplo, con conjuntos residenciales o
centros comerciales. En estas decisiones se ha tenido en cuenta la necesidad de
adecuar el entorno
en procura de garantizar la dignidad humana, entendida como la posibilidad de
diseñar un plan de vida y determinarse según sus características (vivir como
se quiere).
Así, en la Sentencia T-810 de
2011[114], la
Corte estudió el caso de un residente que, debido a una lesión medular, tenía
que movilizarse por medio de una silla de ruedas, quien interpuso una acción de
tutela en contra de la administración del conjunto residencial en el que vivía,
por la negativa de ésta a autorizar la construcción de una rampa de acceso en
el área común del conjunto, que le permitiera movilizarse de manera
independiente desde y hacia su apartamento.
A juicio de esta Corporación, la
decisión del conjunto de impedir la eliminación de una barrera física y
arquitectónica en un área común de la edificación, sin considerar la situación del
accionante, constituyó un acto de discriminación por omisión, que vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad, al mismo tiempo que
implicó el desconocimiento del deber de solidaridad que le asiste a los
particulares.
Al revisar el caso, la Corte
encontró que, si bien el conjunto residencial había actuado acorde con la
normatividad existente, en donde no se establecía de forma expresa la
obligación de eliminar barreras arquitectónicas en las áreas comunes de los
conjuntos residenciales de propiedad privada[115],
dicha falta de previsión legal no podía conllevar, como ocurría en el asunto
bajo examen, a la vulneración de derechos fundamentales de las personas con
discapacidad.
Por ello, y teniendo en cuenta
los mandatos del principio de solidaridad previsto en el preámbulo y en el
artículo 95 de la Constitución, este Tribunal sostuvo que los particulares
tienen la obligación de evitar la existencia de barreras físicas y
arquitectónicas que impidan la accesibilidad de las personas con discapacidad,
siendo admisible que dicho deber sea objeto de reclamo por vía de tutela, para
garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, siempre que se trate de
ajustes que sean material y jurídicamente posibles. En conclusión, esta Corporación
señaló que:
“Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza de
los bienes comunes de acuerdo con la Ley 675 de 2001, estos bienes son espacios
de encuentro y pluralismo en los cuales se debe eludir la existencia de
barreras físicas y arquitectónicas que impidan la accesibilidad de las personas
en condición de discapacidad. En estos casos se puede establecer un deber
prima facie de los conjuntos residenciales, en virtud del deber
constitucional de solidaridad que fundamenta el Estado social de derecho, de
considerar e implementar en un escenario participativo las diferentes
posibilidades de readecuación física que permita la integración real y efectiva
de la población en condición de discapacidad.
El incumplimiento de este deber y la consecuente
afectación de los derechos fundamentales de un copropietario por parte de un
edificio o conjunto residencial que haya impedido o se haya rehusado a realizar
la eliminación de una determinada barrera física o arquitectónica, puede
justificar la intervención del juez constitucional por vía de tutela a fin de
exigir del particular el cumplimiento del deber constitucional de solidaridad.
Es importante señalar que no se trata de un deber
definitivo a la realización de todos los ajustes estructurales y físicos para
solucionar un problema de accesibilidad dado que ello sería especialmente
problemático desde la perspectiva del derecho a la propiedad y a la autonomía.
Se trata de un deber de evaluar con seriedad –y siguiendo consideraciones de
razonabilidad– las diferentes alternativas; así como adelantar su
implementación cuando ello resulte material y jurídicamente posible. Es
pertinente precisar que, ello no se opone a que la decisión adoptada por los
órganos del conjunto residencial o edificio, pueda ser examinada nuevamente por
la jurisdicción constitucional con el propósito de examinar si esta resulta
constitucionalmente admisible.”
Igualmente, en la Sentencia T-416
de 2013[116],
este Tribunal examinó el caso de una residente que debía movilizarse por medio
de una silla de ruedas por tener una lesión medular, quien interpuso una acción
de tutela en contra del conjunto residencial en el que vivía, por no atender su
solicitud de construir una rampa de acceso en la entrada principal del edificio,
para que pudiera acceder al mismo de manera autónoma y segura.
En esta ocasión, la Corte reiteró
la postura asumida en la Sentencia T-810 de 2011 y agregó que las reglas
sentadas en aquella oportunidad, se veían reforzadas con lo previsto en el
artículo 6 de la Ley 1618 de 2013, al disponer que: “[s]on deberes de
la familia, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, los
gremios y la sociedad en general: (...) 4. Asumir la responsabilidad
compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, sociales,
culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier
otro tipo, que impidan la efectiva participación de las personas con
discapacidad y sus familias” [117].
(Subrayas fuera del texto original).
De forma similar al análisis
realizado en la sentencia precedente, este Tribunal observó que, en el asunto sub-judice,
tampoco se hallaba evidencia alguna del hecho de que la propiedad horizontal
hubiese considerado, efectivamente, “en un escenario participativo, bajo
criterios de razonabilidad y con la seriedad que el asunto merece, las
diferentes posibilidades de readecuación física de las zonas comunes de la
copropiedad, con el fin de lograr la adecuada integración [de la accionante] en
la sociedad y de permitirle el goce efectivo de sus derechos fundamentales; y
mucho menos que hubiera adelantado la implementación de algún alternativa”.
Por lo anterior, tuteló el
derecho fundamental a la igualdad de la accionante y ordenó a la
copropiedad “que dentro del término de dos (2) meses obtenga: (i) el
concepto de un profesional familiarizado con el tema (arquitecto o ingeniero),
respecto de las posibles alternativas encaminadas a lograr la eliminación de la
barrera arquitectónica que le impide[n] el libre acceso al edificio [a la
accionante]; y (ii) una cotización respecto del costo de ejecución de las
mismas”. Y que, una vez haya obtenido el concepto y la respectiva
cotización, “los copropietarios del edificio, asumiendo la responsabilidad
a la que se refiere la Ley Estatutaria de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en su artículo 6 y que les corresponde como parte integrante de la
sociedad, deberán deliberar en un espacio participativo bajo criterios de
razonabilidad y sobre todo respetando el deber constitucional de solidaridad,
sobre la posibilidad fáctica y jurídica de implementar alguna de las
alternativas contenidas en el concepto; y, de hallar viable alguna de ellas,
deberá llevarla a cabo dentro del término de 4 meses”.
Por último, más allá de los fallos anteriormente
mencionados, cabe también hacer referencia a la Sentencia T-285 de 2003[118],
en donde la Corte analizó el caso de una persona con una limitación para
caminar que interpuso una acción de amparo en contra del conjunto residencial
en el cual vivía, debido a que este se negó a reconstruir una rampa que le
permitía entrar y salir de su apartamento en forma segura. De acuerdo con lo
narrado en la tutela, la rampa ya había sido construida, pero por decisión de
los copropietarios se había ordenado su demo-lición porque, al parecer, no
cumplía con las exigencias funcionales y estéticas requeridas. En la decisión
en cita, este Tribunal concedió el amparo solicitado y, tras considerar que la
entidad accionada no había tomado las medidas pertinentes para garantizar el
derecho a la igualdad de la accionante, le ordenó que, en el término de las cuarenta
y ocho horas (48) siguientes, “iniciara los trámites  necesarios para la
construcción de una rampa de acceso en la entrada del bloque donde residía la
actora, teniendo en cuenta para ello, que en el expediente existían conceptos
favorables de arquitectos, que así lo indicaban.  Para garantizar el derecho
amparado, las obras a realizar debían estar concluidas en un plazo máximo de
treinta (30) días”.
En conclusión, la jurisprudencia de esta
Corporación no ha limitado el deber de garantía en la eliminación de las
barreras que impiden la inclusión de las PcD únicamente al Estado, pues –como
ya se dijo– pueden presentarse escenarios en donde dicha obligación también resulta
exigible de particulares, entre otras razones, como derivación del principio de
solidaridad consagrado en la Constitución, en aras de asegurar la efectividad
de los derechos a la igualdad y a la dignidad humana.
3.14. El derecho a la igualdad y la
prohibición de discriminación (reiteración jurisprudencial)
3.14.1. El derecho a la
igualdad y a la no discriminación se encuentra consagrado en el artículo 13 de
la Constitución Política, el cual señala que todas las personas son iguales
ante la ley y deben recibir el mismo trato por parte de las autoridades sin
distinción de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión u
opiniones políticas o filosóficas. La jurisprudencia de la Corte ha expresado
que el concepto de igualdad es multidimensional, pues se trata tanto de un
derecho fundamental como de un principio y una garantía[119].
La igualdad se ha entendido en
tres dimensiones diferentes: la primera de ellas es la igualdad formal, que significa
un trato igualitario a la hora de aplicar las leyes; la segunda es la igualdad
material, entendida como la garantía de paridad de oportunidades entre los
distintos individuos; y, finalmente, existe el derecho a la no discriminación, que
conlleva la prohibición de dar un trato diferente con base en criterios
sospechosos de discriminación[120].
Igualmente, el derecho a la
igualdad no solo busca erradicar aquellos comportamientos que lesionan los
derechos fundamentales de las personas o grupos que histórica y sistemáticamente
han sido discriminados, sino que también propende porque el Estado cumpla con
la obligación de darles un trato diferencial positivo a dichos grupos, en aras
de lograr erradicar las barreras que les impiden desenvolverse en sociedad en
igualdad de condiciones[121]. Siendo así, la Corte ha sostenido
que un trato diferenciado a dos personas no vulnera el derecho a la igualdad,
cuando se trata de eliminar desigualdades materiales que existen en la
sociedad.
3.14.2. Dicho
trato diferenciado suele expresarse a través de acciones afirmativas, que
corresponden a aquellas medidas que buscan dar un trato ventajoso o favorable,
a determinadas personas o grupos sociales que tradicionalmente han sido
marginados o discriminados, con el propósito de permitir una igualdad
sustancial entre todas las personas[122].
El artículo 6 de la Ley 1618 de 2013 señala que dichas acciones corresponden a “[p]olíticas
[o] medidas (…) dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de
discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de
tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan”. Ese
mismo artículo establece que es un deber de la sociedad en general el “[a]sumir
la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales,
sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier
otro tipo, que impidan la efectiva participación de las personas con
discapacidad y sus familias”.
La jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que dentro de las acciones afirmativas se encuentran las de discriminación
positiva o inversa, en las que se utiliza un criterio sospechoso de
discriminación –como la raza, el sexo o la discapacidad– pero con el propósito
de fomentar o acelerar la igualdad real de los grupos históricamente
marginados, en la designación o reparto de bienes o servicios escasos, como
podrían ser cupos universitarios, puestos de trabajo o, incluso, selección de
contratistas. Algunos ejemplos de este tipo de medidas con
base en el uso de un criterio sospechoso de discriminación, como ocurre con la
discapacidad, son:
(i) la excepción al cumplimiento de la restricción del “pico y placa” para
vehículos particulares que transporten personas con discapacidad (establecida,
por ejemplo, en el Decreto Distrital 575 de 2013, art. 4, núm. 7[123]); y (ii)
el deber de disponer de sitios de parqueo para personas con movilidad reducida
en todo lugar en donde existan parqueaderos habilitados para visitantes (Decreto 1538
de 2005, arts. 11 y 12, reglamentario de la Ley 361 de
1997[124]).
3.15. Del examen de fondo sobre
la presunta vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación
3.15.1. En el asunto sub-judice,
como se señaló al momento de plantear los problemas jurídicos objeto de esta decisión,
la Corte debe determinar si existe o no una vulneración del derecho a la
igualdad y a la no discriminación, como consecuencia de la decisión del
conjunto accionado de negarse a asignar un parqueadero permanente al actor, en
atención a su situación de discapacidad.
3.15.2. Sobre el particular,
al constatar la respuesta publicada frente al derecho de petición dirigido a
obtener la asignación permanente del parqueadero, se encuentra que la misma,
como primera medida, niega la asignación del espacio argumentando que la
copropiedad “(…) en ninguno de sus estatutos, escritura de áreas comunes
complementado con el reglamento[,] le permite exclusividad del parqueadero
comunal a personas con discapacidad.”[125]. Posteriormente, la
respuesta plantea que el conjunto cuenta con áreas de parqueo para visitantes
con cupos para personas con discapacidad, cuyo uso transitorio puede ser
solicitado por el actor; y expone que las áreas comunes de parqueo para
residentes son destinadas por igual para los 240 propietarios, sin que exista
exclusividad para ninguno.
3.15.3. En términos
generales, para determinar si la medida de asignación de cupos de parqueadero
comunes por sorteo entre todos los residentes de una copropiedad, es o no violatoria
del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación, por la ausencia
de una medida de acción afirmativa a favor de los residentes que son personas
con discapacidad, se debe utilizar la metodología del test de igualdad,
como herramienta de solución para comprobar la razonabilidad y proporcionalidad
de una decisión que impacta en el goce de una garantía iusfundamental.
Con todo, cabe aclarar que el test consta de distintos niveles de
intensidad: estricto, intermedio y leve, dependiendo de la materia que es
objeto de control, por lo que debe definirse cuál de ellos es el aplicable en
el asunto bajo examen.
3.15.4. Así, este Tribunal ha
señalado que el test leve es la regla general que se aplica en los juicios
de igualdad, pues le otorga un peso importante a la labor de creación
normativa, al considerar que no toda distinción de trato involucra la
existencia de un componente discriminatorio, pues debe permitirse –al amparo de
la presunción de constitucionalidad– un margen considerable de valoración sobre
los asuntos que son objeto de regulación, a partir de la búsqueda de propósitos
que se ajusten a los mandatos de la Carta. El test leve busca entonces evitar
decisiones arbitrarias y caprichosas que no tengan un mínimo de razonabilidad.
En la práctica, su uso se ha extendido a casos en que se estudian materias
económicas o cuando no se aprecia, prima facie, una amenaza frente al
derecho sometido a controversia. En cuanto a su desarrollo, se concreta en establecer
la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último “adecuado para
lograr el primero, valga decir, verificar si dichos fin y medio no están
constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para
conseguir el primero”[126].
En el otro extremo, como la más significativa excepción a la regla general[127],
se encuentra el test estricto, el cual tiene aplicación cuando está de
por medio el uso de un criterio sospechoso, a los cuales alude el artículo 13
de la Constitución, como ocurre con la discapacidad; o cuando la medida recae
en personas que están en condiciones de debilidad manifiesta, o que pertenecen
a grupos marginados o discriminados, que demandan una especial protección del
Estado y de la sociedad; o cuando el Texto Superior consagra mandatos
específicos de igualdad, que podrían verse desconocidos en el caso bajo examen,
como sucedería, por ejemplo, si se infringe el precepto que ordena la
equiparación entre todas las confesiones religiosas (CP art. 19)[128].
Por último, también se ha utilizado este test, cuando la diferenciación afecta
de manera grave, prima facie, el goce de un derecho fundamental.
Como lo ha señalado la
jurisprudencia de la Corte, a través de su desarrollo, se busca establecer “si
el fin es legítimo, importante e imperioso y si el medio es legítimo, adecuado
y necesario, es decir, si no puede ser remplazado por otro menos lesivo”. Este
test incluye un aspecto adicional de análisis, referente a “si los beneficios
de adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros
principios y valores constitucionales”[129],
lo que se denomina proporcionalidad en sentido estricto.
Entre el test leve y
el test estricto se encuentra el test intermedio, que se aplica
cuando se puede afectar el goce de un derecho no fundamental, existe un indicio
de arbitrariedad que puede afectar la libre competencia económica o en aquellos
casos en que la medida podría resultar potencialmente discriminatoria en
relación con alguno de los sujetos comparados. Este test examina que el fin sea legítimo e importante,
“porque promueve intereses públicos valorados por la Constitución”[130] o por la magnitud del problema que se
busca resolver, y que el medio sea adecuado y efectivamente conducente para
alcanzar dicho fin.
3.15.5. Ahora bien, cabe
resaltar que la Corte ha establecido que la definición del grado de intensidad del
juicio para adelantar el test de igualdad, depende no solo de las
características de la medida que se pretende evaluar, sino también de la
obligación del juez constitucional de respetar otros principios superiores como
la separación de poderes, la libertad de configuración, la participación
democrática, el pluralismo y la autonomía de los particulares. En este sentido,
se ha dicho que:
“[La] distinta intensidad [del juicio] ha sido
cuestionada por algunos analistas, que consideran que esa metodología implica
que el juez constitucional renuncia a ejercer sus responsabilidades pues, al
realizar un escrutinio suave o intermedio, esta Corporación estaría, en ciertos
casos, permitiendo que regulaciones levemente inconstitucionales se mantuvieran
en el ordenamiento. Según estas perspectivas, el control constitucional debe
ser siempre estricto y fuerte, pues la Corte tiene como función garantizar la
integridad y supremacía de la Carta en todos los ámbitos (CP art 241), por lo
cual debe, en todos los casos, garantizar que las normas revisadas se ajusten,
en forma estricta, a los postulados y mandatos constitucionales, ya que la
Constitución es norma de normas (CP art 4º).
La Corte considera que esa posición es respetable
pero que no es de recibo, ya que parte de un equívoco conceptual, puesto que
confunde la flexibilidad del escrutinio constitucional con una erosión de la
supremacía constitucional y un abandono por parte del juez constitucional de
sus responsabilidades. Sin embargo la situación es muy diferente: es la propia
Constitución la que impone la obligación al juez constitucional de adelantar,
en ciertos casos y materias, un escrutinio constitucional más dúctil,
precisamente para respetar principios de raigambre constitucional, como la
separación de poderes, la libertad de configuración del legislador, la
participación democrática, el pluralismo y la autonomía de los particulares.”[131]
(Subraya por fuera de texto original).
Por lo tanto, esta
Corporación ha señalado que de acuerdo con la intensidad fijada, el examen
reconocerá una mayor o menor amplitud en el ejercicio de las competencias por
parte de las autoridades o en el desarrollo de las actuaciones a cargo de los
particulares. Esta deferencia no obedece a razones de conveniencia, “sino a la
importancia de reconocer que de la Constitución también se desprende una
exigencia, vinculante para la Corte, de abstenerse de interferir indebidamente,
[tanto] en el cumplimiento de las funciones asignadas a otros órganos del poder
público, [como] en los ámbitos de actuación exclusiva de los particulares. En
otras palabras, la graduación del juicio constituye un instrumento necesario
para proteger las normas constitucionales que definen y delimitan márgenes de
actuación o valoración.”[132]
3.15.6. A
partir de los elementos descritos, en el caso bajo
estudio, es claro que una copropiedad, en su calidad de particular, goza de un
amplio margen de acción a la hora de establecer su reglamento, pudiendo
estipular libremente aquellas reglas que considere más apropiadas para la
convivencia y seguridad de los residentes, siempre y cuando se apegue al
ordenamiento jurídico vigente.
Aunque esta Sala reconoce
dicha realidad, y también entiende que no cabe asimilar el rol de un particular
al de una autoridad pública, aspecto que debe tenerse en cuenta al momento de
examinar el caso concreto, no por ello puede dejar de lado que, en el asunto sub-judice,
se están evaluando medidas potencialmente discriminatorias contra un grupo
históricamente marginado y en condición de debilidad manifiesta, como lo son
las personas en situación de discapacidad, lo que conduce a la aplicación del test
estricto, sobre todo si se tiene en cuenta que la medida que se estudia, justamente
por la falta de adopción de acciones afirmativas, puede llegar a ser contraria
a los mandatos de igualdad y no discriminación previstos en la Constitución[133].
La citada modalidad de test, como ya se
dijo, implica realizar un juicio en el que se verifique: a) si el fin de la
medida es legítimo, importante e imperioso; b) si el medio utilizado es
legítimo, adecuado y necesario, es decir, si no puede ser remplazado por otro
menos lesivo; y c) si la medida supera el criterio de proporcionalidad en
sentido estricto, es decir, si los beneficios de adoptar la medida exceden claramente
las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales[134]. A
continuación, esta Sala procederá a efectuar dicho escrutinio.
a) Finalidad de la medida
estudiada
Tanto al contestar la acción
de amparo como en la respuesta dada a la petición formulada por el actor, la
administradora del conjunto residencial manifestó que los cupos de parqueaderos
comunes son menores al número de habitantes del conjunto, por lo que la
decisión de sortear dichos cupos busca que la asignación de los mismos se dé de
manera equitativa entre todos los residentes, permitiendo que participen
aquellos que (i)
no presenten mora en el pago de las obligaciones con el conjunto, (ii) observen
buen comportamiento y (iii) no tengan sanciones por convivencia. En general se
dice que la copropiedad cuenta con 69 cupos de estacionamientos comunes para
residentes, en cuyo sorteo pueden participar quienes cumplan los requisitos ya
referidos, en igualdad de condiciones.
Para la administradora,
siendo el parqueadero un bien común “escaso”, no hay lugar a considerar una
asignación diferenciada y permanente para las personas con discapacidad, pues
esto afectaría a los demás residentes de la copropiedad, si se tiene en cuenta
que la relación de espacios es de aproximadamente tres residentes por cada estacionamiento
disponible[135]. Por lo demás, se considera que,
como medida alternativa, permitir el uso de los espacios de parqueo de
visitantes de manera temporal, es suficiente para garantizar las necesidades
que puedan tener los residentes que sean personas en situación de discapacidad.
De lo expuesto se puede
colegir que la finalidad de la decisión del conjunto residencial San Lorenzo de
Castilla de no incluir medidas de discriminación positiva a favor de los
residentes con discapacidad, se encuentra en permitir que el mayor número de habitantes
puedan participar en la asignación equitativa de los espacios de parqueo de uso
común. Además, con las condiciones que se imponen para concurrir en este
proceso, también se promueve un buen comportamiento entre los residentes y se fomenta
que las obligaciones que se tienen con el conjunto sean pagadas de manera
oportuna.
En este orden de ideas, esta
Sala de Revisión observa que dicha finalidad es legítima e importante, en tanto
se justifica en razones vinculadas con la ampliación de espacios de participación,
de estímulo a la convivencia y de observancia a los compromisos económicos que
existen con la copropiedad.
Si bien la imperiosidad de
la medida podría ser objeto de discusión, lo cierto es que su valoración debe
realizarse teniendo en cuenta que el accionado es un particular, que goza de un
margen amplio de acción, por lo que el carácter indispensable se encuentra atado
al proceso de elección de la alternativa de regulación que mejor satisfaga los
interés comunes de la copropiedad. De allí que, aunque prima facie, para
un observador externo podría considerarse que la política de asignación
de parqueaderos no es apremiante, dicha situación cambia frente a la comunidad accionada,
la cual le ha dado una gran importancia a la necesidad de repartir de forma
equitativa los espacios de parqueo, llegando incluso a negar la adopción de
medidas afirmativas, en procura de preservar un proceso de sorteo, amplio y
eficiente, en términos de participación de todos los residentes, lo que
demuestra que para el conjunto San Lorenzo de Castilla esta medida resulta ser
imperiosa dentro de sus márgenes de acción.
En este orden de idea, esta
Sala de Revisión concluye que la finalidad de mantener la asignación de cupos
de parqueadero comunes por sorteo entre todos los residentes de una
copropiedad, sin distinción alguna, es legítima, importante e imperiosa, analizada
desde de los márgenes de la libertad de acción y de elección que tiene un
particular.
b) Idoneidad y necesidad de
la medida
Para esta Corporación, en
términos de idoneidad, es claro que someter a sorteo todos los estacionamientos
disponibles, sí permite una repartición equitativa de los espacios de uso común,
pues garantiza a cada uno de los residentes, que no se encuentren en mora y que
tengan un buen comportamiento, que pueden participar en dicho sorteo en
igualdad de condiciones, dándoles la misma oportunidad para que se les asigne
el espacio deseado.
Aunque se podría plantear la
posibilidad de otros sistemas de reparto, como ocurriría con una lista de
turnos para la asignación de los estacionamientos, lo cierto es que al final se
llegaría a la misma consecuencia, referente a la asignación de los espacios de
parqueo a una sola reducida parte de los residentes, pues no es posible
asegurarle un espacio a cada uno. Adicionalmente, el sistema de sorteo trae una
ventaja, que no se predica de la otra fórmula propuesta, consistente en fomentar
el buen comportamiento en la copropiedad y buscar que se cumplan con las
obligaciones económicas a favor del conjunto accionado, ya que la expectativa
en la asignación del espacio, por haber satisfecho las condiciones que permiten
participar en el sorteo, es la que mantiene la observancia en el cumplimiento
de los citados deberes.
Por consiguiente, a juicio
de esta Sala de Revisión, la medida adoptada es idónea y necesaria respecto de
la finalidad pretendida, por lo que la exclusión de la acción afirmativa
contribuye a su satisfacción, si se tiene en cuenta que de llegar a reducir los
espacios que se sortean, no solo necesariamente se podrán ver menos residentes beneficiados
con áreas de parqueo, sino que también es posible que se reduzca el nivel de
observancia frente a los compromisos que existen con la copropiedad, al no
tener sus residentes el estímulo de ser beneficiarios de un espacio de
estacionamiento.
c) Proporcionalidad en
sentido estricto de la medida
Para comenzar el análisis de
este punto, la Sala considera pertinente mencionar, que aunque el conjunto manifiesta
que cuenta con medidas que permiten atender las necesidades especiales de las personas
con discapacidad, pues es posible utilizar temporalmente el parqueadero de
visitantes (sin costo durante un tiempo o con un valor por períodos prolongados),
a la vez que se habilita esos mismos espacios para responder ante urgencias de salud
que se presenten por alguno de los residentes; lo cierto es que, dichas
medidas, visto su alcance particular, no pueden considerarse como alternativas frente
a la consagración de acciones afirmativas, que buscan lograr una
igualdad sustancial entre todas las personas.
En efecto, la posibilidad de
usar el parqueadero de visitantes, es una alternativa que no se concede exclusivamente
a las personas con discapacidad, o a un grupo diferenciado como lo serían las personas
con movilidad reducida, sino que cualquier residente puede acudir al
parqueadero de visitantes y, si es del caso, pagar un monto para utilizarlo por
un período prolongado de tiempo.
Si bien es cierto que acorde
con el Decreto 1538 de 2005 existen espacios en los parqueaderos de visitantes
que son reservados a las personas con movilidad reducida, esta medida no se
puede considerar como una alternativa de aplicación de políticas de
discriminación positiva, ya que va enfocada a visitantes y no a los residentes
de los conjuntos residenciales, por lo cual esgrimirla como una forma que
permite superar las barreras existentes no es plausible.
Lo mismo sucede con la
autorización referente a que en los espacios destinados a los visitantes,
ingresen automóviles para tratar emergencias médicas, pues dicha medida está
pensada para garantizar el tratamiento en salud a cualquier residente, indiferentemente
de si se trata o no de una persona con discapacidad. En otras palabras, mal
podría entenderse que permitir que se atienda una emergencia puede equipararse
a una acción afirmativa, ya que se trata de fenómenos completamente diferentes.
Por lo anterior, a juicio de
esta Sala de Revisión, es claro que la ausencia de una medida afirmativa o más
exactamente de una política de discriminación positiva para la asignación de
los espacios de parqueaderos comunes de residentes, no puede considerarse
mitigado por las acciones o autorizaciones expuestas por el conjunto
residencial San Lorenzo de Castilla.
Para la Corte, la medida
adoptada y la falta de eficacia de las herramientas que se exponen para superar
el déficit señalado por el actor, manifiestamente llevan a la Corte concluir
que, si
bien el medio es legítimo, importante e imperioso y satisface las exigencias de
idoneidad y necesidad, su aplicación termina imposibilitando el ejercicio a
plenitud de los derechos y garantías de las personas con discapacidad,
vinculado con la necesidad de adecuar el entorno y eliminar las barreras
sociales, físicas y arquitectónicas existentes, en procura de garantizar una
vida digna y carente de discriminación, en la que a través de acciones de
carácter afirmativo, se realce efectivamente el derecho a la igualdad. El
sacrificio que se exige del actor –y al final de cuentas a todos los residentes
que tienen alguna discapacidad– resulta en estos términos claramente
desproporcionado, pues se les obliga a someterse a unas reglas comunes y
generales, cuando de forma expresa la Constitución señala que esa población
debe ser beneficiaria de medidas especiales de protección, que atiendan a su
circunstancia de debilidad manifiesta (CP arts. 3 y 47).
De allí que, esta Sala
considera que el mantenimiento de una medida de sorteo de parqueos comunes
entre todos los residentes del conjunto residencial, prescindiendo de una
medida afirmativa en favor de los residentes que son personas en situación de
discapacidad, afecta de forma desproporcionada los derechos a la igualdad y no
discriminación de esta población.
Esto significa que, en el
caso bajo examen, la Corte debe brindar algún tipo de solución que, además de
ser coherente con las restricciones de espacio señaladas por la administración
del conjunto residencial, permita cumplir con la obligación de darles un trato
diferencial positivo a las PcD, a fin de lograr erradicar las barreras que les
impiden desenvolverse en sociedad en igualdad de condiciones[136].
En este orden de ideas, como
ya se expuso anteriormente, el artículo 11 del Decreto 1538 de 2005 garantiza
un número mínimo de parqueaderos de visitantes para las personas con movilidad
reducida en todos los sitios abiertos al público[137].
Sobre el particular, tanto la administradora del conjunto residencial, como
quien fungió como apoderado de la misma, expusieron que dicha regulación no es
aplicable, por ser el actor un residente de la copropiedad y no un visitante.
Si bien dicha premisa es
correcta, también lo es que, en el caso que se evalúa, se evidencia la ausencia
de una regulación sobre acciones afirmativas en la asignación de
parqueaderos de uso común entre los residentes, que garantice el derecho a la
igualdad y a la no discriminación de las PcD. En virtud de lo anterior, más
allá de las medidas que libre y autónomamente pueda adoptarse por la Asamblea
de Copropietarios, el parámetro mínimo que se considera como válido, por vía de
analogía[138], es el previsto en el artículo 11
del Decreto 1538 de 2005, en el que señala que se debe garantizar para las personas
con movilidad reducida un 2% de los parqueaderos de visitantes en todos los
sitios abiertos al público, sin que dicha cifra pueda ser inferior a un
estacionamiento, pues tal exigencia resulta igualmente aplicable para los
conjuntos residenciales, en los que, por alguna razón, el régimen de propiedad
de los parqueaderos se halla sometido a la regulación de los bienes de uso
común.
La analogía resulta
procedente porque, más allá de tratarse de bienes con características
distintas, la medida que se impone y el fin que a través de ella se busca,
resulta semejante o asimilable a la hipótesis de omisión que se presenta en el
caso sub-judice, en el que, como ya se advirtió, no existe una medida de
acción afirmativa que garantice los derechos a la igualdad y a la no
discriminación de las PcD.
Para la Corte, además, la
fórmula que se adopta no tiene la potencialidad de afectar de manera inequitativa
la repartición de los parqueaderos entre los residentes, con fundamento en el
siguiente análisis:
De acuerdo con el reglamento
del conjunto accionado, la copropiedad cuenta con 69 cupos de estacionamientos
comunes para residentes[139]. El 2% de dicha cifra
correspondería a 1,38 espacios de parqueo, porcentaje que una vez aproximado al
número entero más cercano, da un total de un espacio de estaciona-miento[140].
Esta es la proporción mínima que, como medida de acción afirmativa, debe
garantizarse para las PcD, sin perjuicio de que la Asamblea u otro órgano de
dirección, según el reglamento y en el cumplimiento de sus funciones, estime pertinente
ampliar esos espacios con parqueos adicionales. Respecto de este porcentaje exigible,
mientras la copropiedad mantenga el sistema de sorteo entre todos los
residentes, sin regular una forma distinta de asignación de los espacios mínimos
para las PcD, será exigible un sorteo cerrado, en el que sólo participen las
personas que, efectivamente, tienen una movilidad reducida. Sin embargo, en
atención al amplio margen de acción del que goza el conjunto residencial San
Lorenzo de Castilla, éste podrá, en desarrollo de su autonomía, establecer un
mecanismo distinto para asignar los espacios de estacionamiento para las PcD,
asegurando, en todo caso, que dichos espacios sean, como mínimo, un 2% del
total de los estacionamientos.
Dicho número debe
disminuirse del total ya reseñado, lo que implica que para el resto de
residentes, incluyendo las PcD que no lleguen a ser beneficiarias del sorteo
especial previsto para ellas, se rifarían un total de 68 espacios de
estacionamiento. No podría excluirse de este sistema de adjudicación a las
personas con movilidad reducida, por el hecho de disponer de una medida
afirmativa a su favor, ya que ello en lugar de realizar los fines de inclusión
a los cuales aspira la Carta, terminaría segregando a una población que debe
ser tratada como igual, más allá de que se debe consagrar a su favor, como ya
se señaló, acciones especiales de protección que respondan a la circunstancia
de debilidad manifiesta en la que se encuentran.
Igualmente, aquellos
espacios de parqueo designados para cumplir con el mínimo reseñado deberán ser
adecuados en cuanto al área, ubicación y cumplimiento de las especificaciones
técnicas correspondientes[141].
Así las cosas, se entiende
que la adopción de esta medida no supone la consagración de un límite desproporcional
a la voluntad del conjunto accionado ni a los derechos del resto de
copropietarios. Por el contrario, su exigibilidad permitiría avanzar en la
superación de las barreras que la sociedad mantiene frente a las personas con discapacidad,
acorde con el mandato de realizar ajustes razonables, en los términos
impuestos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
Esta lectura también asegura
que se cumpla con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1618 de 2013, en el
que se establece que es un deber de la sociedad en general promover, difundir,
respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas
con discapacidad, así como asumir la responsabilidad compartida de evitar y
eliminar barreras sociales, culturales, físicas, arquitectónicas y de cualquier
otro tipo, que impidan la efectiva participación de las personas con discapacidad.
En conclusión, esta Sala de
Revisión encuentra que, una vez realizado el test de igualdad, la exclusión de
medidas afirmativas en la asignación de parqueos comunes en la copropiedad
demandada para los residentes que son personas con discapacidad, no supera el
examen de proporcionalidad en sentido estricto, por las razones previamente
expuestas.
3.15.7. Cabe señalar que, en
todo caso, mal haría esta Sala en ordenar que se le asignara de manera privativa
al actor un parqueadero, cuando existen otras personas con movilidad reducida
en el conjunto San Lorenzo de Castilla, sin que se pueda establecer si la
condición de aquellas es aún más gravosa que la del propio actor[142].
Por lo demás, ante la escasez de estacionamientos y la existencia de una
barrera común para las PcD, la salida que mejor permite realizar el derecho a
la igualdad y a la no discriminación de ese grupo poblacional, es acoger la
fórmula que, por vía de analogía, fue previamente explicada.
Por lo anterior, la Sala de
Revisión no concederá al actor la petición de asignarle de manera exclusiva uno
de los parqueaderos comunes con los que cuenta el conjunto residencial San
Lorenzo de Castilla. Pero sí revocará la decisión objeto de revisión, en lo que
respecta a la protección del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en
el sentido de ordenar la adopción de medidas afirmativas en favor de las personas
con movilidad reducida, dentro del esquema de asignación de parqueaderos
comunes de residentes, como ya fue expuesto. Para ello, en todo caso, debe
cumplirse con los tres requisitos que ha impuesto la copropiedad para mantener
la cordialidad y la satisfacción de las obligaciones básicas que demanda un
conjunto residencial, a saber: (i) que se no presente mora en el pago de
las obligaciones con el conjunto, (ii) que se observe buen comportamiento y (iii)
que no se tenga sanciones por convivencia.
3.15.8. Por consiguiente, en
la medida en que todas las pretensiones se encontraron procedentes y justifican
la adopción de un amparo, la Sala de Revisión revocará el fallo proferido el 27
de abril de 2017 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, con
fundamento en los motivos expuestos en esta providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo proferido el 27 de abril de 2017 por el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Bogotá, en el que se negó el amparo propuesto y, en su
lugar, amparar los derechos al debido proceso, a la dignidad humana, a la
igualdad y a la no discriminación, por las razones expuestas en esta
providencia.
Segundo.-En virtud de lo anterior, y en relación con el amparo del derecho
al debido proceso, se ORDENA a la señora Diana Patricia Romero Roldán,
en su calidad de administradora del conjunto residencial San Lorenzo de
Castilla, o a quien haga sus veces, que se abstenga de realizar el cobro al
señor Bertulfo Bernal de los honorarios del abogado que se contrató por la
copropiedad, con ocasión de la respuesta a una petición y a una acción de
tutela que por él fue interpuesta. En caso de que dicha suma ya haya sido
cancelada, en el término máximo de cinco (5) días siguientes a la notificación
de esta providencia, se deberá proceder a su devolución, actualizando su valor con
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el
DANE, sin perjuicio de que dicha suma pueda ser objeto de compensación, frente
al recaudo que se origina por cuotas de administración de la copropiedad, si
así lo solicita el accionante.
Tercero.- Frente al amparo del derecho a la dignidad humana, se ORDENA
a la señora Diana Patricia Romero Roldán, en su calidad de administradora del
conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, o a quien haga sus veces que, en
el evento de que no lo haya hecho, en el término máximo de veinticuatro (24)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, elimine la copia de la
respuesta dada al señor Bertulfo Bernal que fue divulgada en un espacio común
de la copropiedad y que, en el futuro, se abstenga de realizar publicaciones
que puedan afectar –como ocurrió en el asunto bajo examen– la dignidad de uno
de los residentes y/o copropietarios.
Adicionalmente, se dispondrá
que, dentro del término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, la señora Diana Patricia Romero Roldán, en su calidad de
administradora del conjunto residencial San Lorenzo de Castilla, o a quien haga
sus veces, presente excusa escrita y pública por la afectación causada al señor
Bertulfo Bernal, con un despliegue físico y en tiempo equivalente al que tuvo
la respuesta dada a la petición por él formulada, sobre la base de aceptar la
infracción cometida y con un lenguaje que elimine cualquier posibilidad de
incurrir en un acto de revictimización.
Cuarto.-En relación con el amparo del derecho a la igualdad y a la no
discriminación, se ORDENA al conjunto residencial San Lorenzo de
Castilla que, a través de la Asamblea de Copropietarios, realice los ajustes y
adopte las medidas que sean necesarias y quede constancia de ellas, en procura
de incluir acciones afirmativas en la asignación de espacios de parqueadero de
residentes, garantizando, como mínimo, la asignación del 2% de los mismos a las
personas con discapacidad, teniendo en cuenta para el efecto las disposiciones
que sobre área, ubicación y especificaciones técnicas existen a su favor.
Respecto de este porcentaje exigible, mientras la copropiedad
mantenga el sistema de sorteo entre todos los residentes, sin regular una forma
distinta de asignación de los espacios mínimos, será exigible un sorteo
cerrado, en el que sólo participen las personas que, efectivamente, tienen una
movilidad reducida. Para el resto de residentes y/o
copropietarios, incluyendo las personas con discapacidad que no lleguen a ser
beneficiarias del sorteo especial previsto para ellas, se rifaran el resto de
espacios de estacionamiento, siempre que, como ya se dijo, no se disponga nada
distinto por la Asamblea de Copropietarios, la cual, en todo caso, siempre
deberá garantizar para las personas con discapacidad un mínimo del 2% del total
de los estacionamientos, en los términos expuestos en la parte motiva de este
fallo.
Esta orden deberá hacerse
efectiva a más tardar dentro del término de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, sin perjuicio de que se mantengan los
requisitos que actualmente exige la copropiedad para poder participar en el
proceso de asignación de estacionamientos, los cuales pueden ser aplicados
igualmente para el sorteo diferenciado que aquí se ordena, a saber: (i) que se
no presente mora en el pago de las obligaciones con el conjunto, (ii) que se
observe buen comportamiento y (iii) que no se tenga sanciones por convivencia.
Quinto.- Por Secretaría
General, LÍBRESE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 56 del
cuaderno 2.
[2] Enfermedad que
conlleva el uso de oxígeno.
[3] Folio 15 del
cuaderno 2.
[4] Folio 56 del
cuaderno 2.
[5] Reglamento de
Propiedad Horizontal Agrupación San Lorenzo de Castilla, artículos 24 a 26,
folios 93 a 96 del cuaderno 1.
[6] Según se
infiere del expediente, la asignación parece estar sujeta a un término de un
mes.
[7] Respuesta de la
administradora del conjunto residencial San Lorenzo de Castilla a requerimiento
en el trámite de revisión, folios 123 a 127 del cuaderno 1.
[8] Folio 58 del
cuaderno 2.
[9] Folio 75 del
cuaderno 2.
[10] Folios 15 al 20
del segundo cuaderno.
[11] Folios 21 y 22
del segundo cuaderno.
[12] Folios 25 y 26
del segundo cuaderno.
[13] Folios 27 y 28
del segundo cuaderno.
[14] Folios 29 a 31
del segundo cuaderno.
[15] Folios 38 a 40
del segundo cuaderno.
[16] Folios 43 a 48
del segundo cuaderno.
[17] Folio 49 del
segundo cuaderno.
[18] Folios 122 a
123 del segundo cuaderno.
[19] Folios 25 a 112
del cuaderno principal.
[20] Folios 139 a
148 del cuaderno principal.
[21] Folio 139 del
cuaderno principal.
[22] Folio 141 del
cuaderno principal.
[23] Folios 146 y
147.
[24] Modificado por
el Decreto Distrital 515 de 2016.Se trata de la normatividad que establece la
medida del pico y placa en el Distrito Capital de Bogotá, que restringe la
circulación de vehículos automotores de servicio particular. Al respecto, el
artículo 4 del Decreto 575 de 2013 prevé, entre las excepciones a dicha medida,
las siguientes categorías de vehículos: “7. Vehículos utilizados para el
transporte de personas en condición de Discapacidad: Automotores que
transporten o sean conducidos por personas cuya condición motora, sensorial o
mental límite (sic) o restrinja de manera permanente su movilidad. La
condición de discapacidad permanente que limita la movilidad debe ser
claramente acreditada con la certificación médica correspondiente, expedida por
la EPS, IPS o ESE. La excepción aplica únicamente para la inscripción de un (1)
vehículo por persona en condición de discapacidad.”
[25] El soporte de
la responsabilidad extracontractual se encuentra en el citado artículo 2341 del
Código Civil, el cual dispone que: “El que ha cometido un delito o culpa,
que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de
la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.”
[26] Folio 124 del
cuaderno principal.
[27] Véase, al
respecto, el numeral 1.1.3 del acápite de hechos.
[28] Folios 132 a
134 del cuaderno principal.
[29] Sobre el
alcance de este principio, la Corte ha sostenido que la
procedibilidad de la acción de tutela exige que su interposición se haga dentro
de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó
la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el amparo
constitucional no se convierta en un factor de inseguridad jurídica y de
posible afectación de los derechos de terceros.
[30]“La ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
[31] Ver, entre
otras, las Sentencias T-143 del 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-810 de
2011, M.P. Mauricio Gonzales Cuervo y T-698 de 2012, M.P. Mauricio Gonzales
Cuervo.
[32] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[33] Véanse, entre
otras, las Sentencias T-583 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-145
de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[34]
Sentencia T-643 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Por lo
general, se vincula la subordinación a las relaciones de trabajo), familiares y
de estudio.
[35] La
relación de subordinación, como parámetro general de procedencia en caso de
copropiedades, ya había sido expuesta en la Sentencia T-034 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en la que este Tribunal señaló lo siguiente: “En
los casos de propiedad horizontal, esta Corporación ha admitido que los
copropietarios o los residentes de un conjunto residencial se encuentran
obligados a cumplir con las determinaciones que se adoptan por los órganos de
administración y dirección, en virtud de lo previsto en la ley. Dicha
situación, en criterio de la Corte, genera un estado de subordinación,
pues se crea una relación de dependencia como producto de un mandato legal.”
(Subraya por fuera del texto original).
[36]
Sobre este punto, se puede revisar la Sentencia T-228 de 1994, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, en la que se estudió una acción de tutela
interpuesta por unos arrendatarios que alegaban que sus derechos se encontraban
vulnerados, por el cobro de una multa como consecuencia de la mora en el pago
de la administración.
[37] En
la Sentencia T-630 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se indicó que: “(…) es claro
que el juez de tutela no puede exonerar el pagos (sic) de
expensas de administración ni puede favorecer el incumplimiento de los deberes
u obligaciones derivadas de la vida en comunidad, pues como bien lo afirmó esta
Corporación: abusa de la acción de tutela quien, desquiciando el objeto de la
misma, pretende amparar lo que no es un derecho suyo sino precisamente aquello
que repugna al orden jurídico y que apareja responsabilidad y sanción: la
renuencia a cumplir las obligaciones que contrate.".
[38] En
la Sentencia T-454 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se estudió la
decisión de un conjunto residencial de impedir la entrega de pedidos a
domicilio en los apartamentos y tener que recibirlos en la recepción como forma
de garantizar la seguridad y, adicionalmente, se revisó si la decisión de
suspender el servicio de gas a los residentes que incurren en mora vulneraba o
no derechos fundamentales. En ambas oportunidades se concluyó que se trataba de
actuaciones legítimas que, por su propia naturaleza, no descono-cían ninguna
garantía constitucional.
[39] Un
ejemplo lo anterior se puede consultar en la Sentencia T-440 de 1997, M.P.
Jorge Arango Mejía, en la que se estudió la acción interpuesta por la
propietaria de un inmueble a la cual no le permitían el ingreso para realizar
arreglos locativos y no le expedían un paz y salvo para que pudiera efectuar su
trasteo, por cuanto se adeudaban cuotas de administración anteriores a la
compra del bien. En dicha oportunidad, la Corte indicó que la acción de tutela
no era procedente, pues el procedimiento adecuado para resolver controversias
de naturaleza legal era el proceso verbal sumario. En el mismo sentido, se
pronunció en la Sentencia T-595 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, al
advertir que: “dicho
mecanismo, consagrado en el parágrafo 3 del artículo 58 de la Ley 675 de 2001,
es idóneo para garantizar derechos de rango legal, pero no fundamentales,
como se sugiere en el caso que ocupa la atención de la Corte.”
[40] “Ley 1564 de
2012. Artículo 390. Asuntos que comprende. Se tramitarán por el
procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía, y los
siguientes asuntos en consideración a su naturaleza:
1. <Numeral corregido por el
artículo 7 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>
Controversias sobre propiedad horizontal de que tratan los artículos 18 y 58 de
la Ley 675 de 2001.Regula los asuntos que comprende el proceso verbal sumario.
(…)”
[41] La norma en
cita dispone que: “En relación con los bienes de dominio
particular sus propietarios tienen las siguientes obligaciones: 1. Usarlos
de acuerdo con su naturaleza y destinación, en la forma prevista en el
reglamento de propiedad horizontal, absteniéndose de ejecutar acto alguno que
comprometa la seguridad o solidez del edificio o conjunto, producir ruidos,
molestias y actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u
ocupantes o afecten la salud pública. // En caso de uso comercial o mixto, el
propietario o sus causahabientes, a cualquier título, solo podrán hacer servir
la unidad privada a los fines u objetos convenidos en el reglamento de
propiedad horizontal, salvo autorización de la asamblea. En el reglamento de
copropiedad se establecerá la procedencia, requisitos y trámite aplicable al
efecto. // 2. Ejecutar de inmediato las reparaciones en sus bienes
privados, incluidas las redes de servicios ubicadas dentro del bien privado,
cuya omisión pueda ocasionar perjuicios al edificio o conjunto o a los bienes
que lo integran, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las
personas por las que deba responder. // 3. El propietario del último
piso, no puede elevar nuevos pisos o realizar nuevas construcciones sin la
autorización de la asamblea, previo cumplimiento de las normas urbanísticas
vigentes. Al propietario del piso bajo le está prohibido adelantar obras que
perjudiquen la solidez de la construcción, tales como excavaciones, sótanos y
demás, sin la autorización de la asamblea, previo cumplimiento de las normas
urbanísticas vigentes. // 4. Las demás previstas en esta ley y en el
reglamento de propiedad horizontal.”
[42] La norma en
cita, en el aparte pertinente, dispone que: “(…) La acción de tutela no
procederá: (…) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales
(…). La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuando a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
[43] Sentencias
T-155 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-470 de 1998, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[44] Sentencias
T-630 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-034 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[45] Sentencia
SU-509 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[46] Folio 83 del
cuaderno principal. En el recibo se lee “por concepto de: ret. mar/17, hon.
mar/17, la cuenta de la tutela, este valo (sic) no lo cancela la copropiedad ya
se había publicado”.
[47] El Código
General del Proceso, en el artículo 368, establece que se sujetará al proceso
verbal todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial.
[48] En el aparte
pertinente la norma en cita establece que: “Si el que por error ha hecho un
pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.” Sobre
los presupuestos de la acción de repetición a los que se refiere esta
disposición, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en los siguientes
términos: “El buen suceso de la acción de repetición del pago indebido,
requiere básicamente la concurrencia de los siguientes elementos: a) existir un
pago del demandante al demandado; b) que dicho pago carezca de todo fundamento
jurídico real o presunto; c) que el pago obedezca a un error de quien lo hace,
aun cuando el error sea de derecho. (…)” Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, Sentencia del 15 de noviembre de 1991.
[49] En el aparte
pertinente, la norma en cita dispone que: “La formulación de excepciones se
someterá a las siguientes reglas: 1. Dentro de los diez (10) días siguientes a
la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer
excepciones de mérito. (…)”.
[50] Esto se deriva
de los supuestos que permiten la existencia de la responsabilidad
extracontractual, los cuales suponen que el demandante debe acreditar la culpa
del demandado, calificación que no le corresponde al propio interesado, sino a
una autoridad judicial. Al describir el alcance de este tipo de responsabilidad,
en la Sentencia C-1008 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se hizo alusión
a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que se explicó que: “como
desde antaño lo viene predicando la Corporación con apoyo en el tenor del
artículo 2341 del Código Civil, para que resulte comprometida la
responsabilidad de una persona natural o jurídica, a título extracontractual,
se precisa de la concurrencia de tres elementos que la doctrina más
tradicional identifica como “culpa, daño y relación de causalidad entre aquélla
y este”. Condiciones estas que además de considerar el cuadro axiológico de la
pretensión en comentario, definen el esquema de la carga probatoria del
demandante, pues es a este a quien le corresponde demostrar el menoscabo
patrimonial o moral (daño) y que este se originó en la conducta culpable
de quien demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta en una
relación jurídica entre dos sujetos: el autor del daño y quien lo padeció”.
Énfasis por fuera del texto original.
[51] Para profundizar sobre las atribuciones de los órganos de dirección y
administración de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal:
Sentencia T-108 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[52] Folio 40 del
cuaderno principal.
[53] Folio 65 del
cuaderno principal.
[54] Artículo 90 del
reglamento del conjunto San Lorenzo de Castilla, folio 66 del cuaderno
principal.
[55] La Ley 675 de
2001: “Artículo 51. Funciones del administrador. La administración
inmediata del edificio o conjunto estará a cargo del administrador, quien tiene
facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo. Sus funciones
básicas son las siguientes: // (...) // 7. Cuidar y vigilar los bienes comunes,
y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los
mismos de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el
reglamento de propiedad horizontal. // (...) // 11. Notificar a los
propietarios de bienes privados, por los medios que señale el respectivo
reglamento de propiedad horizontal, las sanciones impuestas en su contra por la
asamblea general o el consejo de administración, según el caso, por
incumplimiento de obligaciones. // 12. Hacer efectivas las sanciones por
incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, en el reglamento de
propiedad horizontal y en cualquier reglamento interno, que hayan sido
impuestas por la asamblea general o el Consejo de Administración, según el
caso, una vez se encuentren ejecutoriadas. // (..) // 14. Las demás funciones
previstas en la presente ley en el reglamento de propiedad horizontal, así como
las que defina la asamblea general de propietarios.” En similar sentido, el
reglamento del conjunto San Lorenzo de Castilla, art. 74, núm. 8 y 12, folios
56 y 57 del cuaderno principal.
[56] Esto sin
desconocer la existencia de regímenes de responsabilidad extracontractual en
los que el análisis del elemento subjetivo, de culpa o dolo, o no se realiza o
se presume, como ocurre, por ejemplo, con el régimen de actividades peligrosas.
Tal circunstancia no se predica del caso bajo examen, en donde se activa la
regla general.
[57] Acuerdo No.
PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 “Por el cual se establecen las tarifas de
agencias en derecho”.
[58] Sentencia T-625
de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
[59] Tal
circunstancia se constata en el caso bajo examen, en donde el cobro que se
impuso no sólo buscó cercenar el derecho de acción del accionante, sino de paso
generar un efecto disuasivo frente al resto de la copropiedad, como se deriva
de la respuesta publicada al derecho de petición del señor Bertulfo Bernal, en
donde se afirma que: “(…) este mismo documento se expondrá ante la comunidad
ya que si la pretensión es ejecutar proceso a su nivel legal que la misma
comunidad posea el conocimiento del mismo y se contrate el apoderado en donde
si la copropiedad gana el proceso los gastos causados de esta diligencia la
cancela el propietario que instaure la denuncia”.
[60] En aras de
mantener el poder adquisitivo, en caso de que ya haya sido cancelado el monto
exigido, este se deberá actualizar con base en la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE.
[61] Sentencia T-787
de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[62] En el asunto
bajo examen, no es requisito previo de procedencia el deber de agotar la etapa
de rectificación, pues como se explicó en la citada Sentencia T-787 de 2004,
dicha exigencia sólo es necesaria, en los términos del numeral 7 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, cuando se
pretenda la corrección de informaciones inexactas o erróneas que hayan sido
publicadas por “medios masivos de divulgación”, más no cuando dicha
información provenga de particulares que no tengan esa condición, como ocurre
en el caso bajo examen.
[63] La norma en
cita dispone que: “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la
forma de su protección”.
[64] Sentencia T-411
de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada recientemente en la
sentencia T-022 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[65] Al respecto se
puede consultar la Sentencia T-714 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[66] Sentencia T-411
de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[67] Sentencia T-228
de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido se pronunció
la Corte en la Sentencia T-129 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, al decir
que: “[e]s por ello que la vulneración del
derecho al buen nombre se concreta cuando se difunde información falsa o
errónea sobre las personas, de tal suerte que se distorsione la imagen que
éstas tienen ante la sociedad en sus diferentes esferas generando perjuicios de
orden moral o patrimonial”.
[68] Sentencias C-452 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-022
de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[69] Este derecho
también aparece consagrado en el artículo 12 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
[70]
Sentencia SU-056 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[71]
Sentencia T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[72] Sentencia T-233
de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[73] Una de las
principales manifestaciones es el derecho a la inmunidad penal.
[74] Véase, por
ejemplo, la Sentencia SU-256 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, referente a
la protección de los derechos a la dignidad humana y a la intimidad personal,
en relación con la improcedencia de pruebas de V.I.H. para acceder o permanecer
en una actividad laboral.
[75] En este ámbito
uno de sus más importantes componentes es el derecho a la propiedad intelectual
(CP art. 61).
[76] Sentencia
T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[77] Así, el
artículo 15 del Texto Superior dispone que: “(…) La correspondencia y demás
formas de comunica-ción privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas
o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que
establezca la ley”.
[78] Sentencia T-437
de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[79] Sentencia T-787
de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[80] Sentencia T-881
de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[81]Ibídem.
[82] Véanse, entre
otras, las Sentencias T-881 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-291 de
2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[83] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[84] M.P. Jorge
Arango Mejía.
[85] Sentencia T-782
de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[86] M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[87] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[88]Folio 133 del
cuaderno principal.
[89]Ídem.
[90] Folio 132 del
cuaderno principal.
[91] Folio 123 del
cuaderno principal.
[92] Esta ley
reemplazó los artículos 13 a 33 del CPACA, con ocasión de declaratoria de
inexequibilidad de esos mismos artículos, con efecto diferido, en la Sentencia
C-818 de 2011. Precisamente, en el artículo 1 se señala que: “Sustitúyase el
Título II, Derecho de
Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas
Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y
Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas,
artículos 13
a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, por el siguiente: (…)”.
[93]“(…) Salvo norma
legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a
los principios y reglas establecidos en el capítulo primero de este título”.
[94]“Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular,
y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. (…)”.
[95] Segundo
cuaderno, página 12.
[96] M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[97] M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[98] M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[99] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[100] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[101] Al respecto, en
la Sentencia T-098 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se señaló que un acto
discriminatorio es: “la
conducta, actitud o trato que pretende –consciente o inconscientemente– anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con
frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que
trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. El acto de
discriminación no sólo se concreta en el trato desigual e injustificado que la
ley hace de personas situadas en igualdad de condiciones. También se manifiesta
en la aplicación de la misma por las autoridades administrativas cuando, pese a
la irrazonabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el manto de la
legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad”.
[102] Al respecto,
entre otras, se puede consultar la Sentencia C-383 de 2017, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[103] Precisamente,
en la Sentencia T-499A de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, se dijo
que: “esta
Corporación ha entendido que el mecanismo ordinario previsto por el
ordenamiento jurídico para resolver un asunto no es idóneo cuando, por ejemplo,
no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una
solución integral frente al derecho comprometido. La Corte ha señalado que por
dimensión constitucional del conflicto se entiende la interpretación del asunto
enfocada a una protección más amplia que la legal, ya que tiene el propósito de
optimizar un mandato en las más altas condiciones de racionalidad y
proporcionalidad”.
[104] Véanse, entre
otras, las Sentencias T-884 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-340
de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[105] La norma en
cita dispone que: “Artículo 13.-  Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. // El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que[,] por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[106] Las citadas
disposiciones establecen que: “Artículo 47.- El Estado adelantará una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran.” “Artículo 54.- Es obligación del Estado y
de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud.” “Artículo 68.- (…) La
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado.”
[107] En la Sentencia
T-340 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, se hace un recuento de las
distintas escuelas que han existido sobre la materia, resaltando el tránsito
desde el modelo de prescindibilidad hasta llegar al actual modelo social.
[108] Sentencia T-573
de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[109] Sentencia C-935
de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[110] En la Sentencia
T-573 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se aludió al enfoque social
adoptado en la Convención, en los siguientes términos: “La entrada en vigor
de la Convención inauguró un nuevo marco de protección que, ante todo, se
propuso superar la idea de la discapacidad como una condición médica asociada a
condiciones físicas, fisiológicas o sicológicas que requieren tratamiento. Que
el instrumento internacional hubiera aludido a la discapacidad como un concepto
en evolución, asociado a las barreras sociales que impiden a las personas
funcional, física, mental, intelectual o sensorialmente diversas participar
plena y efectivamente en la sociedad, significó que, al menos en el ámbito
formal, se replantearan las posturas que abordaban el debate sobre la
discapacidad con la convicción de que solo puede ser comprendida sobre la base
de un diagnóstico médico. Como contrapartida, el modelo social de la
discapacidad que venía posicionándose en las discusiones que la academia, las
organizaciones sociales y el propio sistema de Naciones Unidas venían dando
sobre el tema desde hacía dos décadas fue finalmente respaldado. (…) [En este
sentido] (…) [l]a perspectiva del modelo social que irradia todas las
disposiciones de la CDPCD vincula la discapacidad con aquellos obstáculos que
impiden que personas con cierta diversidad funcional interactúen con su entorno
en las mismas condiciones en que lo hacen los demás individuos. Tal es la
perspectiva que plasma la Convención desde su preámbulo, cuando reconoce que el
concepto de la discapacidad evoluciona y que ‘resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás’. (…) Sobre esa base, y tras advertir que el
propósito de la Convención consiste en promover, proteger y asegurar todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,
potenciando el respeto de su dignidad, su artículo 1º precisa que las personas
con discapacidad son todas aquellas con deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que ven obstaculizada su
participación plena y efectiva en todos los niveles de la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás, por cuenta de su interacción con diversas
barreras. La incorporación del modelo social de la discapacidad en la
Convención se ve reflejada, justamente, en la diversidad de compromisos que les
impone a sus Estados parte en aras de la efectiva remoción de esos obstáculos.
(…)”.
[111] CDPCD, art. 2.
[112]“Por medio de la
cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad”.
[113]Ley 1618 de
2013, art 2, numeral 5.
[114] M. P. Mauricio
González Cuervo.
[115] Para llegar a
esta conclusión, se tuvo en cuenta (i) las normas que regulan la administración
de los bienes comunes en el régimen de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001,
artículos 3 y 23), (ii) la
Ley 361 de 1997 en donde se consagran mecanismos de inclusión social de las
personas en situación de discapacidad; y (iii) otras disposiciones afines a los
regímenes expuestos. En particular, este Tribunal mencionó que: “(...) pese a
que la Ley 361 de 1997 establece en su artículo 53 que ‘en las edificaciones de
varios niveles que no cuenten con ascensor, existirán rampas con las
especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas, de acuerdo con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional o se encuentren
vigentes’, y dispone en su artículo 43, que por medio del Título IV de la misma
se ‘busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y
ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en
la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o
privada’; como se reconoció anteriormente, ni la misma ley, ni las normas que
la desarrollan o la complementan hacen referencia expresa a la eliminación de
barreras físicas y/o arquitectónicas en construcciones sometidas al régimen de
propiedad horizontal ya edificadas”.
[116]M.
P. Mauricio González Cuervo.
[117] Énfasis por
fuera del texto original.
[118] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[119]
Sentencias T-909 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-030 de 2017, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[120] En la Sentencia
T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[121]
Sentencia T-141 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[122] Al respecto, se
puede consultar la Sentencia C-765 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[123] Decreto
Distrital 575 de 2013. “Artículo 4. Excepciones. Exceptuar
de la restricción consagrada en los artículos 1° y 2° del presente Decreto, las
siguientes categorías de vehículos: (…) 7. Vehículos utilizados
para el transporte de personas en condición de discapacidad: Automotores que
transporten o sean conducidos por personas cuya condición motora, sensorial o
mental límite o restrinja de manera permanente su movilidad. La condición de
discapacidad permanente que limita la movilidad debe ser claramente acreditada
con la certificación médica correspondiente, expedida por la EPS, IPS o ESE. La
excepción aplica únicamente para la inscripción de un (1) vehículo por persona
en condición de discapacidad.”
[124] Decreto 1538 de
2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”. “Artículo
11. Reserva de estacionamientos accesibles en zonas de parqueo. En todos
los sitios abiertos al público como edificios de uso público, centros
comerciales, nuevas urbanizaciones y unidades residenciales y en general en
todo sitio donde existan parqueaderos habilitados para visitantes, se dispondrá
de sitios de parqueo para personas con movilidad reducida, debidamente
señalizados y con las dimensiones internacionales. // En estos espacios se
garantizará como mínimo un porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del
total de parqueaderos habilitados. En ningún caso, podrá haber menos de un (1)
espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo gráfico de
accesibilidad. // Parágrafo. Las autoridades municipales y distritales
competentes, determinarán en las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Territorial, la reserva para estacionamientos accesibles, contiguos a todo
centro de interés público, sea este de tipo administrativo, comercial,
cultural, recreativo, deportivo, o de servicios; dicha reserva no podrá ser
menor de 2 estacionamientos por cada 100. // “Artículo 12. Características
de los estacionamientos para personas con movilidad reducida. El diseño,
construcción o adecuación de zonas de parqueo para las personas con movilidad
reducida en espacio público o edificaciones deberá cumplir con las siguientes
características: // 1. Se ubicarán frente al acceso de las edificaciones
o lo más cercano a ellas y contiguos a senderos o rutas peatonales. // 2.
Las diferencias de nivel existentes entre los puestos de estacionamiento
accesibles y los senderos o rutas peatonales, serán resueltas mediante la
construcción de vados o rampas, a fin de facilitar la circulación autónoma de
las personas con movilidad reducida.” Ley 361 de 1997“Por
la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas <en
situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones”. La
disposición objeto de reglamentación es la siguiente: “Artículo 62.
Todos los sitios abiertos al público como centros comerciales, nuevas
urbanizaciones y unidades residenciales, deberán disponer de acceso y en
especial sitios de parqueo para las personas a que se refiere la presente ley,
de acuerdo a dimensiones adoptadas internacionalmente en un número de por lo
menos el 2% del total. Deberán así mismo estar diferenciados por el símbolo
internacional de la accesibilidad”.
[125]Folio 132 del
cuaderno principal.
[126] Sentencia
C-015 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
[127] Sentencia C-104 de 2016, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[128] Sentencia C-093
de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[129] Sentencia C-104
de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[130] Ibídem.
[131] Sentencia C-093
de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[132] Sentencia SU-626
de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
[133] De
acuerdo con la Sentencia T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: “(…) el test estricto de igualdad: surge cuando las
clasificaciones efectuadas se fundan en criterios potencialmente
discriminatorios, como son la raza o el origen familiar, entre otros (artículo
13 C.P.), desconocen mandatos específicos de igualdad consagrados por la Carta
(artículos 19, 42, 43 y 53 C.P.), restringen derechos a ciertos grupos de la
población o afectan de manera desfavorable a minorías o grupos sociales que se
encuentran en condiciones de debilidad manifiesta (artículos 7º y 13 C.P.)”.
[134] Sobre
el particular se pueden consultar las Sentencias C-093 de 2001, C-015 de 2014 y
C-104 de 2016.
[135] Acorde con el
reglamento de la copropiedad existen 69 espacios de estacionamiento y la
administradora del conjunto expuso que hay un total de 240 unidades
residenciales. Folios 95 y 133 del cuaderno principal.
[136]
Sentencia T-141 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[137] Supra 124.
[138] En aplicación
del artículo 8 de la Ley 153 de 1887 según el cual: “[c]uando no hay ley
exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen
casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las
reglas generales del derecho”.
[139] Folio 95 del
cuaderno principal.
[140] La aproximación
a un cupo resulta razonable, al considerar que lo que se busca es establecer
unos mínimos que  armonicen el deber de solidaridad con la libertad de la
que gozan los particulares para autorregular sus intereses, resaltando
nuevamente que la copropiedad es libre de designar un número mayor de
estacionamientos.
[141] Se
deberá tener en cuenta la regulación del numeral segundo del artículo 12 de la
Ley 1538 de 2001, los artículos 7 y 8 del Decreto 1660 de 2003, y  el artículo
24 del Decreto 0108 de 1985 expedido por la Alcaldía de Bogotá, sin perjuicio
de aplicar toda norma que, con posterioridad, regule o modifique las
especificaciones respecto a la adecuación de los estacionamiento reservados a
las PcD o con movilidad reducida.
[142] Acorde a las
pruebas allegadas por la administradora, en el conjunto San Lorenzo de Castilla
residen tres personas con discapacidad, cuaderno principal folios 128 a 130.