T-119-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-119/95
CONDUCTA LEGITIMA
DE PARTICULAR
La conducta
legítima del particular es, entonces, la que tiene respaldo en el ordenamiento
jurídico vigente al momento de actuar. Si el juez la encuentra configurada al
analizar los hechos que se someten a su consideración, sin que, por otra parte,
se pueda establecer un ejercicio abusivo de sus derechos, no le está permitido
conceder una tutela contra aquél, pues ello significaría deducirle
responsabilidad por haberse ceñido a los mandatos que lo vinculaban. Al
contrario, probada la violación o la amenaza de un derecho fundamental como
consecuencia del comportamiento ilegítimo del particular contra quien la acción
se instaura, lo cual implica la certidumbre de que su conducta -positiva o
negativa- contradice o ignora los mandatos constitucionales o se aparta de las
prescripciones de la ley, o representa abuso, ha de otorgarse la protección
judicial, con el fin de hacerle exigible, en el terreno práctico y con la
efectividad suficiente, el adecuado cumplimiento del orden jurídico,
salvaguardando a la vez las garantías constitucionales del accionante.
ABUSO DEL DERECHO
Quien invoca un
derecho reconocido por el ordenamiento jurídico únicamente puede llevar su
ejercicio hasta los límites que el mismo ordenamiento establece. Una vez
traspasados esos linderos, deja de ejercerse un derecho y, en cuanto se causa
daño a la colectividad o a personas en concreto, se pierde legitimidad y se
debe responder. Así, la sola circunstancia de que las centrales de datos y los
archivos informáticos estén autorizados, en cuanto corresponden a la libertad
de empresa y al derecho a la información -ambos garantizados en la Carta
Política-, no implica que quien desarrolle la correspondiente actividad sea
invulnerable a la acción de tutela por el uso abusivo que pueda hacer de sus
derechos.
CADUCIDAD DEL
DATO-Límite temporal/BANCO
DE DATOS-Eliminación de registros
El término para
la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el legislador. Pero,
mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que
evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas
crediticias, defendiendo así el interés general. Si el pago se ha producido en
un  proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga
un término de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años. Los datos
financieros no permanecen, entonces, de por vida. Cumplen una función
informativa precaria, esto es, durante un período razonable después de
ocurridos los hechos reportados, y desaparecen. Así las cosas, un individuo no
puede estar condenado para siempre a figurar como deudor moroso o como pagador
irregular, de haberlo sido en alguna época. Habiendo cancelado ya la obligación
y estando a paz y salvo con la entidad financiera correspondiente, si ha
transcurrido el tiempo razonable de caducidad del dato, el antiguo deudor debe
desaparecer del registro correspondiente.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-51306
Acción de tutela
instaurada por MARCOLINO ARIZA REYES contra DATACREDITO e INVERCREDITO
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
Se revisan los
fallos de tutela proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito y por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C.
I. INFORMACION PRELIMINAR
El accionante dijo
haber solicitado a la entidad financiera denominada "INVERCREDITO"
una tarjeta de crédito que le fue entregada en enero de 1988.
La utilizó hasta
1992. En septiembre de ese año entró en mora y en noviembre canceló la deuda
respectiva, con sus correspondientes intereses, directamente a INVERCREDITO,
sin pasar a la Oficina Jurídica.
Dijo el actor que
seis meses antes de instaurar la acción de tutela fue a solicitar un crédito
para compra de vehículo y le fue negado por cuanto su nombre y cédula figuraban
en los archivos de "DATACREDITO".
Añadió que en mayo
de 1994 "INVERCREDITO" le expidió una certificación en el sentido de
que se encontraba a paz y salvo con dicha entidad.
No indicó si había
iniciado después alguna gestión ante "DATACREDITO" ni relató cuál
había sido el trámite posterior en dicho banco de datos.
II. DECISIONES
JUDICIALES
Correspondió decidir
en primera instancia al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá,
el cual, mediante providencia del 22 de agosto de 1994, decidió amparar el
derecho al buen nombre de MARCOLINO ARIZA REYES y ordenar a
"INVERCREDITO" y "DATACREDITO" que, dentro del término de
48 horas, lo excluyeran de la lista de deudores y de la pantalla
correspondiente.
A juicio del
fallador, el cliente tiene derecho a que los datos que de él constan en los
archivos se actualicen y, si es el caso, se rectifiquen.
Manifestó que en los
bancos de datos únicamente deben figurar como deudores morosos quienes no
paguen sus deudas, mas no quienes hayan satisfecho a sus acreedores.
Impugnada la
Sentencia por la Presidente de "INVERCREDITO", resolvió en segunda
instancia la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe
de Bogotá, según Sentencia del 13 de octubre de 1994.
El Tribunal revocó
la providencia impugnada y dispuso, en su lugar, la negación del amparo
solicitado.
Sostuvo el Tribunal
que la conducta de las entidades demandadas era legítima, de aquellas a las que
se refiere el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991 y que "estando
legalmente permitido el funcionamiento del sistema de servicios de divulgación
sistematizada de informes, el cual corresponde a un medio para garantizar los
intereses generales de la comunidad relativos a la determinación que sobre
crédito deba ésta, a través de sus asociados, adoptar, no resulta jurídico ni
lógico que para proteger el derecho de uno solo de sus miembros se ordene
alterar o suprimir un dato que corresponde a una realidad".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos en referencia, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en el
Decreto 2591 de 1991.
Inexistencia
de conducta legítima de un particular cuando éste abusa de su derecho
La Corte ya ha
tenido ocasión de fijar el alcance del artículo 45 del Decreto 2591 de 1991, a
cuyo tenor no puede concederse la tutela contra conductas legítimas de un
particular:
"El objetivo de
la norma consiste en asegurar que la acción de tutela se ejerza únicamente
sobre los supuestos constitucionales de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales, ocasionadas por acciones u omisiones contrarias al ordenamiento
jurídico.
Se desarrolla, en
últimas, el artículo 6º de la Constitución Política, a cuyo tenor los
particulares sólo son responsables ante las autoridades -en este caso los
jueces de tutela- por infringir la Constitución o las leyes.
La persona debe
gozar de una mínima garantía, ofrecida por el Estado y por el ordenamiento
jurídico, de que, mientras ajuste su conducta a las normas en vigor -en primer
lugar las constitucionales, pero también las impuestas por la ley en tanto no
sean incompatibles con la Constitución (artículo 4º C.P.)- y no abuse de sus
derechos, no se verá sometida a la imposición de sanciones ni le será deducida
responsabilidad alguna. Ello es consecuencia necesaria de los principios
básicos del Estado de Derecho y excluye, por tanto, la arbitrariedad del juez,
quien únicamente podrá decidir en contra del particular fundado en la
convicción real de que éste ha transgredido o desbordado las reglas de
convivencia que el sistema jurídico establece.
De conformidad con
lo expuesto, no puede deducirse la vulneración de derechos fundamentales y
menos todavía la responsabilidad del acusado si a éste no se le demuestra,
dentro de las normas del debido proceso (artículo 29 C.P.), que se ha apartado
de la recta y cabal observancia de la preceptiva constitucional y legal que lo
obligaba en los términos del artículo 4º, inciso 2º, de la Carta: "Es
deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución
y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades".
La conducta
legítima del particular es, entonces, la que tiene respaldo en el
ordenamiento jurídico vigente al momento de actuar. Si el juez la encuentra
configurada al analizar los hechos que se someten a su consideración, sin que,
por otra parte, se pueda establecer un ejercicio abusivo de sus derechos, no le
está permitido conceder una tutela contra aquél, pues ello significaría
deducirle responsabilidad por haberse ceñido a los mandatos que lo vinculaban.
Al contrario,
probada la violación o la amenaza de un derecho fundamental como consecuencia
del comportamiento ilegítimo del particular contra quien la acción se
instaura, lo cual implica la certidumbre de que su conducta -positiva o
negativa- contradice o ignora los mandatos constitucionales o se aparta de las
prescripciones de la ley, o representa abuso, ha de otorgarse la protección
judicial, con el fin de hacerle exigible, en el terreno práctico y con la
efectividad suficiente, el adecuado cumplimiento del orden jurídico,
salvaguardando a la vez las garantías constitucionales del accionante.
Insiste la Corte en
que el respeto al orden instituído debe estar acompañado del razonable uso de
los derechos que se tienen a la luz del sistema jurídico. El abuso del derecho,
aunque éste se halle amparado formalmente en una norma jurídica, no legítima la
conducta de quien actúa en perjuicio de la colectividad o afectando los
derechos ajenos. De allí que el artículo 95 de la Constitución establezca, como
primer deber de la persona y del ciudadano, el de respetar los derechos ajenos
y no abusar de los propios". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-017 del 30 de enero de 1995).
Para la Corte es
claro que, por una parte, los derechos consagrados en la Constitución Política
no son absolutos sino que encuentran sus límites en el orden jurídico y en los
derechos de los demás, y, por otra, que quien abusa de su derecho, afectando a
sus congéneres, no puede reclamar para sí el reconocimiento de una conducta
legítima, menos si ello con deja indefensa a su víctima.
No comparte esta
Corte los argumentos del Tribunal, que tienden a identificar la conducta
legítima de un particular con el hecho de que esté permitido por la ley el
funcionamiento de sistemas y servicios de divulgación sistematizada.
Quien invoca un
derecho reconocido por el ordenamiento jurídico únicamente puede llevar su
ejercicio hasta los límites que el mismo ordenamiento establece. Una vez
traspasados esos linderos, deja de ejercerse un derecho y, en cuanto se causa
daño a la colectividad o a personas en concreto, se pierde legitimidad y se
debe responder.
Así, la sola
circunstancia de que las centrales de datos y los archivos informáticos estén
autorizados, en cuanto corresponden a la libertad de empresa y al derecho a la
información -ambos garantizados en la Carta Política-, no implica que quien
desarrolle la correspondiente actividad sea invulnerable a la acción de tutela
por el uso abusivo que pueda hacer de sus derechos.
Es claro, como lo ha
puesto de presente esta Corte, que mediante el registro de una persona en un
banco de informaciones -como las de carácter financiero- pueden resultar
lesionados sus derechos a la intimidad, a la honra o al buen nombre, eventos en
los cuales el afectado goza de las garantías constitucionales que le permiten
acudir al Habeas Data para obtener la rectificación correspondiente
(artículo 15 C.P.) o a la acción de tutela (artículo 86 C.P.) para vencer la
resistencia de la entidad particular que persiste en la vulneración de los
derechos fundamentales.
Por ello, en este
caso, el juez de segunda instancia ha debido obrar -como lo hizo el de primera-
en el sentido de verificar si tales circunstancias se daban en realidad, en vez
de presumir que por haber sido en alguna época deudor moroso, el demandante
carecía de toda oportunidad de reivindicación.
Ahora bien, la Corte
Constitucional, en sentencias de unificación números SU-082 y SU-089 del 1 de
marzo de 1995 (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), ha armonizado los derechos a la
información -que en el caso de los datos financieros interesa a los acreedores
y a toda la comunidad-, por una parte, y a la honra y el buen nombre de las
personas concernidas, por la otra, sentando doctrina constitucional acerca de
la caducidad del dato, en los siguientes términos:
"Como se ha
visto, el deudor tiene derecho a que la información se actualice, a que ella
contenga los hechos nuevos que le beneficien.
Y, por lo mismo,
también hacia el pasado debe fijarse un límite razonable, pues no sería lógico
ni justo que el buen comportamiento de los últimos años no borrara, por así
decirlo, la mala conducta pasada.
¿Qué ocurre en este
caso?. Que el deudor, después de pagar sus deudas, con su buen comportamiento
por un lapso determinado y razonable ha creado un buen nombre, una buena fama,
que en tiempos pasados no tuvo.
Corresponde al
legislador, al reglamentar el habeas data, determinar el límite temporal
y las demás condiciones de las informaciones. Igualmente corresponderá a esta
Corporación, al ejercer el control de constitucionalidad sobre la ley que
reglamente este derecho, establecer si el término que se fije es razonable y si
las condiciones en que se puede suministrar la información se ajustan a la
Constitución.
Es claro, pues, que
el término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el
legislador.
Pero, mientras no lo
haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso
del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo
así el interés general.
En este orden de
ideas, sería irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática
del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de todos los siguientes
hechos:
a) Un pago
voluntario de la obligación;
b) Transcurso de un
término de dos (2) años, que se considera razonable, término contado a  partir
del pago voluntario.  El término de dos (2) años se explica porque el deudor,
al fin y al cabo, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento,
aunque haya sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya
sido inferior a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual
al doble de la misma mora; y,
c) Que durante el
término indicado en el literal anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimientos
del mismo deudor, en relación con otras obligaciones.
Si el pago se ha
producido en un  proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser
público, tenga un término de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años,
que es el mismo fijado para la prescripción de la pena, cuando se trata de
delitos que no tienen señalada pena privativa de la libertad, en el Código
Penal. Pues, si las penas públicas tienen todas un límite personal, y aun el
quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto de rehabilitación, no se vé
por qué no vaya a tener límite temporal el dato financiero negativo. Ahora,
como quiera que no se puede perder de vista la finalidad legítima a la que
sirven los bancos de datos financieros, es importante precisar que  el límite
temporal mencionado no puede aplicarse razonablemente si dentro del mismo
término ingresan otros datos de incumplimiento y mora de las obligaciones del
mismo deudor o si está en curso un proceso judicial enderezado a su
cobro".
Esta Sala de
Revisión, complementando lo dicho, ha señalado:
"Los bancos de
datos y las entidades financieras tienen derecho a la conservación,
procesamiento y circulación de informaciones de carácter económico,
especialmente las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por los deudores, a fin de evitar, merced al oportuno conocimiento,
aumentar los riesgos inherentes al crédito por la colocación de recursos en
manos de quien no exhibe una trayectoria de cumplimiento.
Pero, claro está, no
siendo un derecho absoluto, encuentra sus límites en los derechos de las
personas afectadas por los datos, las cuales no pueden permanecer
indefinidamente registradas bajo un dato negativo que, hacia el futuro, les
niega el acceso al crédito y les causa graves perjuicios. Esto da lugar al derecho
al olvido, sostenido por esta Corte desde la Sentencia 414 del 6 de junio
de 1992, según el cual las informaciones negativas acerca de una persona no
tienen vocación de perennidad y en consecuencia, después de algún tiempo, deben
desaparecer totalmente del banco de datos respectivo.
La Corte
Constitucional ha entendido que es necesario armonizar tales derechos para
preservar el interés general implícito en el adecuado y oportuno cumplimiento
de las obligaciones, sin ocasionar la desprotección de la persona frente al
poder informático y sin prohijar el uso desmedido y desproporcionado del
derecho a la información, razón por la cual estima necesario reiterar que, por
una parte, se requiere una autorización del interesado para que las centrales
de datos dispongan de la información y la hagan circular, y, por otra, deben
existir unas reglas claras sobre la caducidad del dato.
Los datos
financieros no permanecen, entonces, de por vida. Cumplen una función
informativa precaria, esto es, durante un período razonable después de
ocurridos los hechos reportados, y desaparecen. Si se extendiera su registro
más allá del término de caducidad, perderían legitimidad y, por tanto, la
actualización que puede reclamar el interesado implica, en tal hipótesis, la
obligación del banco de datos de eliminar toda referencia a la información
negativa caduca". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-097 del 3 de marzo de 1995).
Así las cosas, un
individuo no puede estar condenado para siempre a figurar como deudor moroso o
como pagador irregular, de haberlo sido en alguna época.
Reitera la Corte
que, habiendo cancelado ya la obligación y estando a paz y salvo con la entidad
financiera correspondiente, si ha transcurrido el tiempo razonable de caducidad
del dato, el antiguo deudor debe desaparecer del registro correspondiente.
En el caso de autos,
ha sido probado, de acuerdo con certificación expedida por la propia compañía
acreedora (Fl. 21 del Expediente) que MARCOLINO ARIZA REYES incurrió en una
mora de 90 días en el pago de sus cuotas por tarjeta de crédito durante 1992,
pero que canceló sus obligaciones el 26 de enero de 1993.
Entonces, aplicando
los criterios de razonabilidad señalados por la Sala Plena de esta Corte a
falta de norma legal que fije términos de caducidad del dato (Cfr. Sentencia
SU-089 del 1 de marzo de 1995), no es admisible ni justo que, a la fecha de
esta providencia, el actor permanezca, después de transcurridos más de dos años
de efectuado el pago total de sus obligaciones, registrado en la central de
datos denominada "DATACREDITO".
El tiempo razonable
de su permanencia -para satisfacer el derecho a la información del acreedor y
del banco de datos- no podía sobrepasar el doble del tiempo de la mora, es
decir, 180 días.
Se revocará el Fallo
de segunda instancia y se concederá la tutela, ordenando a "COMPUTEC
S.A.-DATACREDITO" que proceda a la inmediata eliminación, en su banco de
datos, del nombre y la identificación del solicitante.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR en todas sus partes la Sentencia
proferida por la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Santa Fe de
Bogotá, D.C., el 13 de octubre de 1994.
Segundo.- ORDENAR a "COMPUTEC
S.A.-DATACREDITO" que, en un término no superior a las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este Fallo, proceda a eliminar
cualquier forma de registro en su banco de datos o archivo respecto del
peticionario, MARCOLINO ARIZA REYES, C. de C. 19.113.675 de Bogotá.
Tercero.- "COMPUTEC S.A.-DACREDITO"
informará por escrito al Juez de primera instancia, el Sexto Civil del Circuito
de Santa Fe de Bogotá, D.C., sobre el exacto e inmediato cumplimiento de lo
ordenado en esta providencia.
Cuarto.- Por el cumplimiento de esta Sentencia
responderá el representante legal de "COMPUTEC S.A.", a quien se
advierte que el desacato será sancionado en la forma prevista por el artículo
52 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquesele personalmente.
Quinto.- LIBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                      Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General