T-073-18
Sentencia T–073/18
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR DERECHOS
PENSIONALES-Improcedencia
por existir otro medio de defensa judicial y no acreditar perjuicio
irremediable
Referencia: Expediente T-6.416.540
Asunto: Acción de tutela interpuesta por
Irma De Fátima Ossa de Callejas, contra Compañía de Galletas Noel S.A.S.
Magistrado Ponente:
Luis Guillermo Guerrero Pérez
Bogotá D.C., primero (1º) de marzo de dos mil
dieciocho (2018).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela que
adoptó el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Medellín, dentro del trámite de la acción de amparo constitucional que promovió
la señora Irma De Fátima Ossa de Callejas, contra Compañía de Galletas Noel
S.A.S[1].
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1.    La señora Irma De Fátima Ossa nació el 12
de marzo de 1950[2]
y, con ocasión de un contrato de trabajo que suscribió con Industrias
Alimenticias Noel S.A., hoy Compañía de Galletas Noel S.A.S., laboró como empacadora
entre el 10 de marzo de 1969 y el 10 de octubre de 1974, devengando un sueldo
que osciló entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes[3].
1.2.    Con ocasión del tiempo que laboró en
Industrias Alimenticias Noel S.A., la señora Irma Ossa requirió a dicha empresa
los certificados laborales y otra documentación necesaria para solicitar la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez[4]
ante Colpensiones. Sin embargo, en el reporte de semanas cotizadas en pensiones
que dicha entidad expidió no aparecen aportes de la empresa demanda ni registro
histórico alguno[5].
1.3.    Por lo anterior, la demandante solicitó a
la Compañía de Galletas Noel S.A.S. los soportes de las cotizaciones al sistema
general de pensiones, pero el representante legal de la sociedad, mediante
oficio suscrito el 15 de diciembre de 2016[6],
informó que debido a la antigüedad de la relación laboral entre la accionante y
la empresa, no cuenta con las constancias de pago de aquellos aportes, por
cuanto esos documentos “fueron destruidos por administraciones pasadas”[7].
1.4.    La señora Irma Ossa pertenece al régimen contributivo de
salud en calidad de beneficiaria[8],
es ama de casa desde que se
retiró de la compañía accionada y actualmente vive junto con su esposo —quien hace alrededor de diez años es
pensionado y hoy día percibe un ingreso aproximado de $2.000.000­—, su hija de
41 años de edad—quien, según lo informó, está desempleada— y un nieto de 17
años que cursa décimo grado en el colegio, en una casa propia situada en el
municipio de Envigado, en donde reside hace 25 años[9].
2. Solicitud de amparo constitucional.
Con fundamento en los hechos expuestos, y luego de advertir:
(i) que padece una luxación congénita de cadera bilateral[10] que le
impide laborar; (ii) que no cuenta con una pensión para el sustento de su
familia; y (iii) que por su edad y aquella enfermedad no tiene la posibilidad
de conseguir un trabajo, la demandante solicitó al juez constitucional[11] amparar, entre otros, sus derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital, y ordenar
a la Compañía de Galletas
Noel S.A.S.
pagar los aportes
indexados correspondientes a las cotizaciones que la empresa debió realizar al sistema general de pensiones mientras
trabajó allí.
3. Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Medellín admitió
la acción de tutela y ordenó correr traslado a la entidad accionada para que
ejerciera su derecho de defensa y contradicción ante los hechos y la pretensión
que la demandante expuso en el escrito de tutela.
Así las cosas, la Compañía
de Galletas Noel S.A.S. manifestó que no vulneró ningún derecho fundamental a
la señora Irma Ossa, pues adujo que mientras la demandante laboró en la empresa
no existía ninguna norma que obligara a la compañía a afiliar a la peticionaria
al sistema pensional, ya que en ese tiempo efectuar la afiliación de los
trabajadores y realizar las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales[12]
era voluntario.
Finalmente, advirtió que: (i) la señora Ossa de
Callejas cuenta con otros mecanismos de defensa judicial en la jurisdicción
ordinaria para ventilar la controversia objeto de estudio; (ii) la peticionaria
no acreditó ningún perjuicio irremediable; y (ii) no hubo inmediatez en la
interposición de la acción de tutela, pues aunque la demandante pudo solicitar
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a sus 57 años de edad, esperó
una década para formular el recurso de amparo.
4. Decisión de instancia
El Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Medellín, mediante
sentencia del 17 de julio de 2017, concluyó que la acción de tutela interpuesta
por la señora Irma Ossa es improcedente, pues advirtió que en el sub judice
no se aprecia una circunstancia que permita inferir que las acciones judiciales
existentes en la jurisdicción ordinaria —en su especialidad laboral— resultan ineficaces, o de la cual se
desprenda que acudir a dichos mecanismos alternativos de defensa representa una
carga exorbitante para la actora, máxime cuando la demandante únicamente
pretende satisfacer un interés meramente económico, ajeno a cualquier
salvaguarda iusfundamental.
II. CONSIDERACIONES DE
LA CORTE
1.  Competencia
Esta Sala es competente para revisar la decisión
proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo
previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.
2. La improcedencia de la
acción de tutela ante la existencia de mecanismos alternativos de defensa
judicial eficaces e idóneos para la
protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, y la ausencia de un
perjuicio irremediable
Previo
al análisis de fondo del amparo constitucional, el juez debe abordar, a la luz
de lo dispuesto en los artículos 86 superior y 1º del Decreto 2591 de 1991, la
procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto, y para ello verificar,
entre otras cosas, la subsidiariedad de la misma, ya que este recurso es un
mecanismo de origen constitucional que procede en los casos en que no existen
otros medios de defensa judicial para la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, o en los que aun existiendo, éstos no
resultan idóneos o eficaces para garantizar tales prerrogativas, o no cuentan
con la potencialidad para evitar un perjuicio irremediable[13], de tal modo que cuando
existe un mecanismo de defensa judicial alternativo pero acaece el primer
evento, el amparo constitucional se tornaría definitivo, mientras que si se presenta
el segundo escenario, la eventual protección sería transitoria y estaría
condicionada a que el peticionario inicie la acción judicial correspondiente
dentro de un término de cuatro meses, so pena que caduquen los efectos del
fallo de tutela.
En ese orden de ideas, dado que la controversia que la señora Ossa
de Callejas planteó en el escrito de tutela gira en torno al pago de los aportes indexados
correspondientes a las cotizaciones que, supuestamente, la empresa accionada
debió realizar al sistema
general de pensiones durante la relación laboral para lograr la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez,  esta Sala advierte que dicha
discusión, en principio, podría surtirse en la jurisdicción ordinaria.
En efecto, el numeral 4° del artículo 2° del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social[14] le otorga a la jurisdicción ordinaria, en sus
especialidades laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias
referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los
relacionados con contratos.
Por tanto, no resultaría de recibo, prima facie, que
existiendo otro medio de defensa judicial idóneo para resolver el debate
planteado, la acción de tutela desplace la competencia del juez natural, pues
con ello se desconocería el carácter subsidiario del mecanismo de amparo y, en
consecuencia, la jurisdicción constitucional terminaría por asumir, de manera
principal, el conocimiento de asuntos propios del juez ordinario.
Sin embargo, la Sala advierte que aunque la procedencia excepcional de la acción de tutela para
dirimir controversias relacionadas con el reconocimiento de prestaciones
pensionales o con el cumplimiento de obligaciones en el sistema general de
pensiones se puede justificar apelando a ciertos factores que admiten ponderar
las circunstancias especiales de cada caso concreto para evaluar la eficacia de
los medios de defensa judicial en la consecución de la garantía de los derechos
a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de las personas, en el
sub judice no se concretan ninguna de esas circunstancias o algún otro
criterio que, siquiera, permita flexibilizar el
estudio de la procedibilidad de la tutela en el asunto objeto de estudio, ni
tampoco se configura la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Concretamente, la
Sala observa que la señora Ossa de Callejas pretende que se defina una
controversia legal con el fin de aclarar
la existencia de una supuesta obligación en cabeza de la compañía accionada,
relacionada con el pago de los aportes en pensión al I.S.S., hoy Colpensiones, para
poder acceder al pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
que pudo haber reclamado hace más de una década, como quiera que: (i) en el año
2005 cumplió la edad requerida para obtener la pensión de vejez[15]; (ii) nunca tuvo
expectativas de alcanzar a cotizar el mínimo de semanas exigidas para obtener
una pensión de vejez, pues inició a trabajar en Industrias Alimenticias Noel
S.A.S. cuando tenía 18 de edad y se retiró al cabo de cinco años y siete meses;
(iii) desde aquel entonces, exactamente a partir del 10 de octubre de 1974, es ama de casa; y (iii) padece una luxación
congénita de cadera bilateral que, según indicó, la imposibilita para trabajar.
Asimismo, se observa, por
un lado, que la señora Ossa de Callejas pretende, en últimas, el reconocimiento
de una indemnización cuyo reconocimiento plantea un problema sobre un derecho litigioso, pues aunque la ausencia de cotizaciones al I.S.S. tiene
consecuencias en el reconocimiento de la referida indemnización, existe una controversia
legal sobre el alcance y la existencia de la obligación de la compañía accionada
en cuanto a las cotizaciones correspondientes al tiempo laborado por la actora;
y, por otro, que esa indemnización no va a asegurar su mínimo vital ya que se traduce en un ingreso
ocasional y adicional del que no pende su subsistencia ni una vida en
condiciones dignas, y simplemente compondría el pago único de una suma de
dinero que, a diferencia de la pensión de vejez, no constituye una renta
vitalicia producto del resultado final de largos años de
trabajo, de un cúmulo de aportes al sistema general de pensiones y de la
pérdida de la capacidad de trabajo que hubiere podido suplir a la actora los
recursos económicos para garantizar su congrua subsistencia y que, por la
concreción misma del riesgo asegurable —es decir, de la vejez—, hubiese representado
una disminución de la fuerza productiva dentro del mercado laboral que pudo
utilizar para asegurar su mínimo vital, como quiera que la tutelante fue ama de
casa a partir de octubre de 1974, y su sostenimiento económico lo sufragó su cónyuge.
Igualmente, tampoco existe una razón que justifique la
intervención urgente del juez constitucional para dirimir una controversia: (i)
que surgió con ocasión de una relación laboral que culminó hace más de cuarenta
años; (ii) que se debió trabar hace más de una década, pues, como se explicó,
desde aquel entonces la actora pudo iniciar la reclamación de la indemnización
sustitutiva; y (iii) en la que no existe una situación que haya cambiado
ostensible, drástica o repentinamente las condiciones socio económicas de la
tutelante y la garantía de su mínimo vital, pues la manutención de la actora
siempre ha sido provista por su esposo, quien hace alrededor de diez años es pensionado y percibe un
ingreso aproximado de $2.000.000, convive con su núcleo familiar en una casa
propia ubicada en el municipio de Envigado, en donde reside hace 25 años y,
finalmente, salvo la luxación congénita de cadera que le exige desplazarse
fuera de su vivienda con un acompañante y la obliga a usar bastón al interior
del inmueble, su salud no está gravemente afectada, no corre algún riesgo
inminente que pueda afectar su vida y, además, pertenece al régimen
contributivo de salud como beneficiaria para garantizar el acceso a dicho servicio.
Adicionalmente, aunque una persona
que haya alcanzado o superado la esperanza de vida al nacer de la población
colombiana puede ver restringido significativamente el goce de cualquier
prestación económica del sistema de seguridad social integral si su
reconocimiento pende de
la extensión relativa de tiempo o de la duración de un proceso ordinario,
pues tendría menos probabilidades de esperar la
definición de un trámite judicial debido a que la fecha de cualquier decisión
que se tome ya estaría rebasando aquel promedio de vida, ello no ocurre en el sub
judice, pues si bien la señora Irma Ossa tiene 67 años de edad, la
esperanza de vida que tuvo el promedio total de la población colombiana al
nacer entre 2010 y 2015 fue de 73.95 años, e incluso la de las mujeres ascendió
a 77.10 años[16], sin contar con que tampoco se puede desestimar
categóricamente el medio de defensa judicial alterno con que cuenta la
peticionaria, ya que el promedio mensual de ingresos y egresos efectivos de
procesos que el Consejo Superior de la Judicatura informó en las estadísticas
de movimiento al interior de la jurisdicción ordinaria laboral entre enero y
septiembre del año 2017 es óptimo, como quiera que en dicho período el índice
de evacuación parcial efectivo en los juzgados laborales municipales de
pequeñas causas correspondió al 74%, en los juzgados del circuito fue del 77%,
y en los tribunales ascendió al 90%[17]
y, en todo caso, en el año 2015 el promedio del tiempo efectivo de duración de
un proceso laboral en primera instancia bajo la oralidad fue de 189.1 días
hábiles, superando en tan solo 44 días hábiles el diseño legal[18], de
manera que dicho término de espera resulta soportable para la tutelante y,
además, irrisorio en comparación con el tiempo que dejó trascurrir, sin que
sustentara alguna razón, para solicitar la indemnización sustitutiva o reclamar
el tiempo de cotización que exige desde que terminó su vínculo laboral con la
compañía demandada, es decir, hace cuarenta y tres años.
En suma, la Sala
advierte que en el caso concreto no se presenta una situación de riesgo
de amenaza o violación frente a los derechos invocados que se evidencie a partir
de una prueba al menos sumaria, aunado a que la accionante
tampoco expuso ningún motivo para justificar su inactividad para solventar la
pretensión que ahora expone por vía de tutela, pues si con el
amparo se busca la protección inmediata de los derechos fundamentales, es
imprescindible que su ejercicio se haga con la mayor celeridad posible respecto
de los hechos originarios dentro de los que se enmarca la litis, debido a que una
actuación en sentido contrario permite inferir que, como ocurre en este caso,
no se requiere de una protección urgente, efectiva e inmediata, o lo que es lo
mismo, no existe una situación de riesgo que permita desplazar a las acciones
ordinarias de defensa judicial.
Así, aunque ello basta para descartar la procedencia del amparo
constitucional, la Sala encuentra que tampoco se acreditó la ausencia de capacidad de resiliencia
para esperar la definición de un proceso en la jurisdicción ordinaria, que supone
que la persona por sí misma o con ayuda de su familia no pueda garantizar las
condiciones de subsistencia. En este caso, la accionante sí cuenta con dicha capacidad,
y ello se evidencia en que han pasado más de diez años en los que, sin
necesidad de la indemnización sustitutiva que pretende, ha contado con los
recursos para asegurar su subsistencia, circunstancia que, ante la falta de
prueba de un hecho sobreviniente, le permite hacer uso de los medios ordinarios
a su alcance, los cuales constituyen un remedio integral para preservar sus
intereses.
Por lo demás, y teniendo en cuenta
todas las circunstancias anteriormente descritas, la Sala tampoco advierte un
perjuicio irremediable, ya que no existe un riesgo de daño inminente y grave
sobre algún bien de alta significación objetiva protegido por el ordenamiento
jurídico en cabeza de la señora Irma Ossa, que requiera medidas urgentes e
impostergables para conjurarlo, pues:
(i) La demandante en los últimos
cuarenta y tres años no ha dependido de un ingreso propio derivado de una
actividad productiva en el mercado laboral que la lleve a solicitar una
prestación económica para soslayar la disminución de la capacidad de trabajo
inherente al riesgo de vejez que busca asegurar el derecho a la seguridad
social.
(ii) Su mínimo vital y el sustento
del hogar pende, desde que la señora Ossa de Callejas es ama de casa, de un
ingreso económico que, por lo menos en los últimos diez años, no ha cambiado
debido a que el esposo es pensionado hace una década y actualmente percibe un
ingreso que supera los 2.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y, pese
a que su hija puede estar desempleada, es una situación que, prima facie,
no atiende a una razón perenne o vitalicia, más aun teniendo en cuenta que está
en una edad productivamente laboral.
(iii) La prestación que busca con el
eventual reconocimiento de las cotizaciones por el tiempo que trabajó en la
compañía accionada es una indemnización económica que no va a asegurar el riesgo
de la vejez tal y como lo pretende amparar una pensión, sino que, de
encontrarse probada la obligación de la entidad accionada, atenderá a un pago
único que simplemente será reflejo del
porcentaje sobre el cual la tutelante hubiese tenido que cotizar en relación
con el salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el tiempo
que trabajó en Industrias Alimenticias Noel S.A.S., que, entre otras cosas, solo
equivale al 14 % del tiempo que una mujer trabajaría si comienza a laborar
desde que obtiene la mayoría de edad hasta los 57 años de vida que actualmente  la Ley 100 de 1993 exige para tener derecho a la
pensión de vejez.
En conclusión, la Sala considera que
las circunstancias del caso concreto no le restan eficacia a los medios
alternativos de defensa judicial para dirimir la controversia legal expuesta en
el escrito de tutela, no exigen una respuesta judicial inmediata, ni justifican
el desplazamiento del juez natural, ya que en este asunto la falta de una
resolución de fondo por parte del juez constitucional no degeneraría en el desamparo de los derechos
fundamentales que la peticionaria invocó y tampoco revela la imposibilidad de que la demandante
acuda en condiciones de normalidad a los mecanismos ordinarios de defensa
judicial, pues, primero, no se
pretende evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, segundo, su mínimo vital no está en riesgo ni depende de la pretensión que
expuso en la demanda, y, tercero, en la solicitud de amparo constitucional no está
inmersa: a) la urgencia o el apremio que permea a la interposición de la
acción de tutela y a la demanda de la protección que se debe pedir a través del
amparo constitucional; b) la premura inherente a la salvaguarda
inmediata de las garantías supuestamente vulneradas que se busca lograr con la
acción de tutela; y c) la necesidad de agotar el procedimiento
preferente y sumario que caracteriza su trámite.
Por ello, la Sala confirmará, con fundamento
en las consideraciones de esta providencia, la sentencia proferida el 17 de
julio de 2017 por el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Medellín, en la medida en que advirtió que la acción de
amparo interpuesta por la señora Irma Ossa de Callejas contra la Compañía de
Galletas Noel S.A.S. es
improcedente, y cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria
laboral para dirimir el conflicto que planteó en la demanda de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR, con fundamento en las consideraciones de
esta providencia, el fallo proferido el 17 de julio de 2017 por
el Juzgado 14 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, a través del cual se advirtió la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Irma De Fátima
Ossa de Callejas, contra la Compañía de Galletas Noel S.A.S.
Segundo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que alude el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
El  expediente de la referencia fue seleccionado para revisión y repartido al
despacho del magistrado ponente por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez,
mediante auto del 27 de octubre de 2017.
[2]
Así consta en una copia de la cédula de ciudadanía de la
actora, que está anexa en el folio 15 del cuaderno 1.
[3]
Los extremos temporales de la relación laboral, así como el
salario diario con el que ingresó a trabajar ($27,15) y el sueldo mensual con
el que finalizó el contrato de trabajo ($2.167,68), fueron precisados por el
representante legal de la compañía accionada en un oficio suscrito el 15 de
diciembre de 2016, a través del cual respondió una petición que la demandante
elevó a la empresa, tal y como obra en el folio 9 del cuaderno 1. // Asimismo,
la tutelante, conforme lo informó al despacho del magistrado ponente vía
telefónica, precisó que mientras trabajó en la empresa demandada devengó un
salario mínimo mensual vigente más un incremento por producción. // En
relación con aquella comunicación telefónica, es preciso aclarar que “[c]on base en los principios de celeridad, eficacia,
oficiosidad e informalidad que gobiernan la gestión del juez constitucional;
esta Corporación, en el ejercicio de su función de revisión de fallos de
tutela, ha considerado que en ocasiones, para lograr un protección efectiva de
los derechos fundamentales, resulta menester requerir información por vía
telefónica sobre algunos aspectos fácticos específicos del caso que requieran
mayor claridad al interior del trámite de la acción. En lineamiento con lo
anteriormente dicho, se pueden revisar entre otras providencias, las sentencias
T-603 de 2001, T-476 de 2002, T-341de 2003, T-.643 de 2005, T-219 de 2007 y
T-726 de 2007” Sentencia
T-065 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[4]
Ley 100 de 1993, artículo 37. “INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Las personas que habiendo cumplido la
edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas
exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de
liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas;
al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes
sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
[5]
La copia del referido reporte de semanas, cuyo período de
informe abarcó el tiempo trascurrido entre enero de 1967 y junio de 2017, obra
en el folio 8 del cuaderno 1.
[6]
Este documento está anexo en el folio 9 del cuaderno 1.
[7]
Folio 9 del cuaderno 1.
[8]
Tal y como consta en la Base
de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, la señora
Irma De Fátima Ossa está activa como beneficiaria en Coomeva E.P.S.
[9]
Dicha información fue proporcionada por la actora, y no solo está consignada en
una comunicación escrita anexa en el folio 20 del cuaderno de revisión, sino
que además también se extrajo y se confirmó vía telefónica.
[10] En relación con dicha
enfermedad, la tutelante  precisó, vía telefónica, que la
referida luxación congénita la obliga a emplear un bastón para movilizarse
dentro de su casa, así como a recurrir a un acompañante para que la asista
mientras se desplaza por fuera de su vivienda.
[11] Exactamente, el día 30
de junio de 2017 la demandante interpuso la acción de tutela que provocó el
fallo objeto de revisión.
[12]
En adelante, I.S.S.
[13] Tal y como lo ha
sostenido esta Corporación, el perjuicio irremediable “se configura cuando
existe el riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido por el
orden jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En
ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir
medidas urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos
exige la inmediatez de la medida de protección”. (T-493 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). Al respecto ver,
entre otras, las sentencias T-708 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-595 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y SU-189 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[14] Artículo 2. “COMPETENCIA
GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en
sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…) 4. Las
controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social
que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores
y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad
médica y los relacionados con contratos (….)”.
[15] El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, dispuso que para tener derechos a la pensión
de vejez el afiliado, entre otras cosas, deberá haber cumplido 55 años de edad
si es mujer, y a partir del 1º de enero del año 2014, para el caso de las
mujeres, 57 años, motivo por el cual, dado que la señora Irma Ossa cumplió 55
años antes de enero del 2014, esta Sala advierte que a partir del 12 de marzo
de 2005 cumplía la edad requerida para obtener la pensión de vejez, tal y como
lo exige el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 para solicitar la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez.
[16] Fuente: DANE. Colombia.
Proyecciones anuales de población por sexo y edad 1985-2015. Estudios Censales
No. 4.
[17] Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. Estadísticas de
Movimiento de Procesos Año 2017 – enero a septiembre. Recuperado de https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/ano-2017
[18]
Consejo Superior de la Judicatura, Informe al Congreso de la
República 2015, p. 202.