T-614-16
Sentencia T-614/16
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR EL EJERCITO-Procedencia
excepcional
De modo
excepcional procede su interposición contra actos administrativos de carácter
particular, siempre y cuando se busque evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, toda vez que para controvertir su contenido existe en principio
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO-Procedimiento que rige el reclutamiento
e incorporación al servicio militar
El
proceso para definir la situación militar inicia dentro del año anterior al
cumplimiento de la mayoría de edad, con la inscripción, la práctica de los
exámenes de aptitud psicofísica y la selección mediante sorteo, en caso de
haber sido declarado apto. Si se trata de alumnos que cursen el último año de
secundaria, independientemente de su edad, deberán registrarse durante el transcurso
del año lectivo a través de su institución educativa en coordinación con la
Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército. En atención a lo
anterior, se evidencia que la prestación del servicio militar obligatorio puede
ser exigible tanto a los varones como a las mujeres nacionales en las
circunstancias que la norma lo exige.
DEFINICION DE LA
SITUACION MILITAR-Etapas
o trámite dispuesto por el Decreto 2048 de 1993
DEFINICION DE LA
SITUACION MILITAR-El
ciudadano que no cumpla con la obligación de definir situación militar será
declarado infractor y se hará acreedor a una sanción pecuniaria
DEFINICION DE LA
SITUACION MILITAR-Prestación
del servicio militar o pago de la cuota de compensación por inhabilidad, causal
de exención o falta de cupo
DEBIDO PROCESO
EN TRAMITES RELATIVOS A LA DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR
Tanto
las autoridades judiciales como las administrativas deben observar el respeto
por los procedimientos en toda clase de actuación, dando el trámite
correspondiente a las mismas y corrigiendo los errores en los que las personas
puedan incurrir por falta de comprensión o conocimiento.
DEFINICION
DE LA SITUACION MILITAR Y LA INCIDENCIA DIRECTA EN LA PROTECCION Y EJERCICIO DE
OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES
La
no definición de la situación militar, o la carencia de la libreta, puede
ocasionar la vulneración de derechos fundamentales como el mínimo vital y el
derecho al trabajo, que por vía legal han sido restringidos por el legislador
en aras de que se cumpla efectivamente por quienes se encuentran obligados a
ello, con los deberes que el Estado ha impuesto en materia militar.
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR-Eliminación de la presentación de libreta militar
para obtener título universitario, según ley 1738 de 2014
DEFINICION DE LA
SITUACION MILITAR-Proceso sancionatorio militar por incumplir con la
citación hecha por la autoridad de reclutamiento
DIRECCION DE
RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO NACIONAL-Ciudadano que incumpla concentración
será declarado remiso y se le impondrá una multa
SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO Y CASO EN QUE SE IMPONE MULTA POR NO PRESENTARSE EL DIA DE LA
CITACION-Acto
administrativo debe estar motivado y notificarse personalmente
DEBIDO PROCESO
EN TRAMITES RELATIVOS A LA DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR-Vulneración por
Dirección de reclutamiento del Ejército, al imponer multa por remiso a los
accionantes, sin realizar la debida citación y notificación de la misma
DEFINICION DE LA
SITUACION MILITAR-Orden
a Ejército haga entrega de libre militar manteniendo exonerado del pago de la
cuota de compensación militar y de la multa por inasistencia a la concentración
para definir situación militar
Referencia: Expedientes T-5.694.183 y T-5.706.685 (acumulados).
Acciones de tutela instauradas por Juan Sebastián Rodríguez Murcia contra
la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas Novena Zona de
Reclutamiento Distrito Militar Núm. 42, sede Neiva (Expediente T-5.694.183) y
por Andrés Felipe Zapata Gasca contra la Dirección de Reclutamiento y Control
Reservas Novena Zona de Reclutamiento Distrito Militar Núm. 42, sede Neiva (Expediente
T-5.706.685).
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez, Alberto
Rojas Ríos y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la presente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos de tutela dictados por el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva (Huila) y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Penal, dentro del expediente T-5.694.183,
y por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, Sala Penal, dentro del expediente T-5.706.685.
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente
T-5.694.183.
El
3 de marzo de 2016 el señor Juan Sebastián Rodríguez Murcia presentó acción de
tutela contra la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, Novena Zona
de Reclutamiento del Distrito Militar Núm. 42, sede Neiva, invocando la
protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, mínimo
vital y educación.
En
consideración del accionante, la presunta vulneración deriva de lo dispuesto
mediante Resolución núm. 245 de 6 de octubre de 2015 a través de la cual se le
declaró remiso y se le multó por no haber justificado su inasistencia.
1.1.
Hechos
1.1.1. Manifiesta el señor
Juan Sebastián Rodríguez Murcia, que en el 2010 con la edad de 16 años,
terminó sus estudios de bachillerato en el Colegio Claretiano Público de Neiva,
institución que lo inscribió para presentarse a definir la situación militar.
1.1.2. Indica que en el
2011 ingresó a la Universidad Surcolombiana de Neiva para estudiar Ingeniería
Electrónica.
1.1.3. Cuenta que después
de cumplir la mayoría de edad, se acercó a las instalaciones de la Novena Brigada
de Neiva[1]
con el propósito de obtener información sobre su situación militar y la entrega
de la libreta militar provisional. Recalca que su requerimiento no fue atendido
favorablemente, toda vez que “el Coronel o Mayor que firmaba” no se
encontraba presente, por lo que le solicitaron regresar en otra oportunidad,
para lo cual no le señalaron ni hora ni fecha.
1.1.4. Precisa que
regresó en otra ocasión a las instalaciones de la Novena Brigada de Neiva, pero
allí, le informaron que el Coronel encargado se encontraba de vacaciones y por
lo mismo no podría atenderlo. Indica que tiempo después se acercó nuevamente pero
no logró ingresar debido a que ese día no se atendía público.
1.1.5. Señala que ante
los inconvenientes presentados para aclarar su situación militar, decidió
continuar con sus estudios. Expone que tiempo después, se enteró que le habían
fijado como fecha de presentación el 10 de abril de 2012, concentración a la que
manifiesta no asistió, por no haber recibido citación ni aviso de ninguna
naturaleza.
1.1.6. Informa que el 16
de octubre de 2015 se expidió la Resolución 245 sancionatoria, por medio de la
cual le impusieron una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por
cada año de retardo o fracción en que hubiere dejado de presentarse para
aclarar su situación militar.
1.1.7.  Relata que el
22 de octubre de 2015 interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la Resolución 245[2],
la cual fue confirmada por la Resolución núm. 297 del 20 de noviembre de 2015.
1.1.8. Arguye que, posteriormente,
al resolverse el recurso de apelación, la Dirección de Reclutamiento y Control de
Reservas, Novena Brigada de Reclutamiento, emitió la Resolución núm. 011 del 28
de enero de 2016 confirmando la Resolución 245 del 16 de octubre de 2015.
1.1.9. Menciona que a
raíz de lo anterior, presentó “derecho de petición en el que se solicita el
acto administrativo, resolución o documentos por medio del cual se [le] cita
para el 10 de abril de 2012; acto administrativo, resolución, acta o documento
alguno por medio del cual se [le] realizó el examen de actitud psicofísico y
expedir certificación del valor a cancelar por la sanción impuesta”.
1.1.10. Declara que en respuesta
a lo anterior, “el 18 de febrero de 2016, con oficio núm. 108, la Dirección
de Reclutamiento y Control de Reservas, Novena Zona de Reclutamiento, Distrito
Militar núm. 42 allega una certificación de un primer examen sin diligencia,
desconociendo a quién, la fecha y demás, así como una certificación de un
reporte ciudadano, elaborado el 15 de octubre de 2015, en donde de manera
extraña [lo] citan para presentar[se] el 10 de abril de 2012, fecha anterior a
la elaboración”.
1.1.11. Por lo anterior,
solicita que se le exonere del pago de la sanción pecuniaria impuesta en su
contra.
1.2.
Contestación
de la entidad accionada.
1.2.1.
Mediante
escrito de 8 de marzo de 2016, el Comandante del Distrito Militar núm. 42 dio
respuesta a la acción de tutela y manifestó que, verificada la información del
accionante en el sistema de información de reclutamiento, se evidenció que el
proceso de inscripción se surtió el 26 de octubre de 2010, de acuerdo con lo
consagrado en el artículo 14 de la Ley 48 de 1993.
1.2.2.
De
igual manera, indicó que el accionante fue valorado con posterioridad a su
inscripción y resultó apto para prestar el servicio militar, por lo cual fue
convocado a una jornada de concentración el día 10 de abril de 2012, a la que
no se presentó, adquiriendo la calidad de remiso. Por esto último, se hizo
acreedor de la sanción contemplada en los literales G del artículo 41 y E del
artículo 42 de la Ley 48 de 1993.
1.2.3.
Señaló
que en la junta de remisos -a la que se cita a quienes adquieren esa calidad-, aquellos
que consideren necesario pueden ejercer su derecho de contradicción. Expuso que
el señor Juan Sebastián Rodríguez Murcia si bien se presentó a dicha junta, no
argumentó debidamente las razones por las cuales no asistió a la citación de
concentración el día 10 de abril de 2012, y que en efecto, solo allegó historia
clínica con fecha de ingreso a una entidad hospitalaria del año 2015, de manera
que, al no haber justificado su ausencia a la junta de concentración, quedó en
pie la sanción que le fue impuesta, la cual fue confirmada tras resolver los
recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de la resolución que aplicó
la misma.
1.2.4.
Finalmente,
en relación con la solicitud de fecha 12 de febrero de 2016 elevada por el
accionante ante la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas[3],
señaló que se dio respuesta enviándole copia del examen médico surtido e
indicándole que el valor de la multa se conoce únicamente en el momento en que se
solicita el recibo de pago, instante en el cual se liquida el  monto
correspondiente.
1.3.
Decisión
judicial de primera instancia.
1.3.1.
Mediante
fallo de 17 de marzo de 2016 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Neiva (Huila) examinó el antecedente fáctico, documental y
normativo referente al caso de tutela en estudio y consideró que, “la actuación
del DISTRITO MILITAR [núm.] 42 […] reprochada por el accionante, se ajustó al
marco normativo establecido para la sanción impuesta”, por lo que resolvió
no tutelar los derechos fundamentales reclamados por el accionante.
1.3.2.
Lo
anterior, al no evidenciar vulneración del derecho a la educación, bajo la
consideración de que la sanción pecuniaria impuesta es de carácter
administrativa y recae sobre aquellos que se enmarquen en determinadas
situaciones como ser declarado remiso. Así mismo, al establecer que la multa no
trasgrede el derecho de educación, por cuanto no obstruye su pleno disfrute y por
no evidenciar la violación del derecho de petición ya que sus pedimentos sí fueron
resueltos.
1.4.
Impugnación
1.4.1.
A
través de escrito de 28 de marzo de 2016 el señor Juan Sebastián Rodríguez
Murcia impugnó el fallo de primera instancia por considerar equívocas las
apreciaciones del juez.
1.4.2.
En
primer lugar, recalcó que sí se vulneró su derecho de petición toda vez que “el
Ministerio de Defensa, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas,
Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar [núm.] 42, Ejército Nacional, [le
hicieron] allegar, dos fotocopias, en las que se evidencia claramente que no
reúne los requisitos para determinar que el primer examen psicofísico, se [le]
haya realizado a [él], ya que no cuenta con ninguna fecha, hora, nombre y
demás, es decir está en blanco; y el segundo documento, se entiende que fue
elaborado el día 15 de octubre del 2015, por JOSE DANIEL MARTÍNEZ, es decir,
tres años después de la supuesta fecha de presentación a la concentración; más
aún, cuando se le peticiona remitir la cuenta a cancelar, y el oficio [núm.] 108
del 18 de febrero del 2016, da como respuesta un equivalente a una sanción [correspondiente]
a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada año dejado de
presentarse, creando confusión, si es por valor del salario mínimo de cada año
o por el contrario es del año en que se vaya a cancelar, y por ello no es
claro, no es específico y crea divagaciones al respecto […]”
1.4.3.
De
igual manera, señaló que se trasgredió su derecho al debido proceso por cuanto no
se tuvo en cuenta lo establecido en el Código Contencioso Administrativo, en lo
atinente al proceso sancionatorio por remiso y por indebida tasación de la
sanción que le fue impuesta con fundamento en lo dispuesto en la Ley 48 de
1993.
1.4.4.
Finalmente,
manifestó que se vulnera su derecho al mínimo vital porque su condición de
estudiante no le permite pagar una sanción monetaria y que sus progenitores, se
encuentran imposibilitados para sufragar la misma ya que su padre labora como
conductor y devenga solamente un salario mínimo y con ello suministra principalmente,
la alimentación, la educación, el vestuario, la recreación, la salud, el pago
de servicios públicos y los impuestos de todo su núcleo familiar.
1.5.
Decisión
de segunda instancia
Mediante
providencia de 2 de mayo de 2016, la Sala Primera de Decisión Penal del
Tribunal del Distrito Judicial de Neiva a la cual correspondió el
conocimiento de la impugnación referida, confirmó la decisión emitida en primera
instancia, al considerar improcedente la acción de tutela para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y no evidenciar la existencia de un
perjuicio irremediable inminente que haga forzosa la intervención del juez
constitucional.
1.6.
Pruebas.
1.6.1.
Copia
de la cédula de ciudadanía del señor Juan Sebastián Rodríguez Murcia (folio 18
del cuaderno original de tutela).
1.6.2.
Copia
de la cédula de ciudadanía del señor Luis Eduardo Rodríguez Manchola (folio 19
del cuaderno original de tutela).
1.6.3.
Copia
de la cédula de ciudadanía de la señora María Isabel Murcia Tovar (folio 20 del
cuaderno original de tutela).
1.6.4.
Copia
de la Resolución núm. 245 del 16 de octubre de 2015 emitida por el Ejército
Nacional, por
medio de la cual le impusieron al actor una multa de 2 salarios mínimos legales
mensuales vigentes por cada año de retardo o fracción en que hubiere dejado de
presentarse a resolver su situación militar (folio 21 del
cuaderno original de tutela).
1.6.5.
Copia
del recurso de reposición y en subsidio de apelación, interpuesto por el señor
Juan Sebastián Rodríguez Murcia el 23 de octubre de 2015 contra la Resolución
245 del 16 de octubre de 2015 (folio 22 del cuaderno original de tutela).
1.6.6.
Copia
de la Resolución núm. 297 emitida por el Ejército Nacional, por medio
de la cual se resuelve el recurso de reposición referido (folio 25 del
cuaderno original de tutela).
1.6.7.
Copia
de la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el señor Juan
Sebastián Rodríguez Murcia el 9 de diciembre de 2015 contra la Resolución 245
del 16 de octubre de 2015 (folios 26-29 del cuaderno original de tutela).
1.6.8.
Copia
de la Resolución núm. 011 emitida por el Ejército Nacional, por medio
de la cual se resuelve el recurso de apelación referido en el numeral anterior (folios 30-33
del cuaderno original de tutela).
1.6.9.
Petición
radicada el 12 de febrero de 2016, suscrita por el señor Juan Sebastián
Rodríguez Murcia solicitando la expedición de copia auténtica de los siguientes
documentos (folio 34 del cuaderno original de tutela):
-
Acto
administrativo, resolución o documento por medio del cual se le haya citado a
presentarse en la jornada de concentración del 10 de abril de 2012.
-
Acto
administrativo, resolución o documento que refleje los resultados del examen de
aptitud psicofísica que le hayan podido realizar y que permitió su clasificación
como apto o no para la prestación del servicio militar.
-
Certificar
el monto al que asciende el valor de la sanción impuesta por la institución,
por la declaratoria como remiso.
1.6.10.
Oficio
núm. 108 del 18 de febrero de 2016, sin firma del suscribiente, de la Dirección
de Reclutamiento y Control de Reservas con la que se allega el primer examen
médico -sin nombre-, elaborado el 15 de octubre del 2015 con el cual
supuestamente fue citado el señor Juan Sebastián Rodríguez Murcia a presentarse
el 10 de abril de 2012 para definir su situación militar (folios 35-37 del
cuaderno original de tutela).
1.6.11.
Certificado
expedido el 22 de diciembre de 2015 por la Universidad Surcolombiana de Neiva,
con el que se hace constar que el señor Juan Sebastián Rodríguez Murcia se
encuentra cursando la carrera de Ingeniería Electrónica (folios 38-40 del
cuaderno original de tutela).
1.6.12.
Declaración
extrajuicio rendida por la señora María Isabel Murcia Tovar –madre del
accionante-, en la que expone la condición de hijo único del actor, que es estudiante,
dependiente económicamente de sus padres y las circunstancias socioeconómicas
de su núcleo familiar, constancia laboral y del sueldo que recibe el señor Luis
Eduardo Rodríguez Manchola -padre del accionante- y el formato de guía de no
declarante (folios 41-43 del cuaderno original de tutela).
1.6.13. Fotocopia de las
certificaciones del Sisbén y del recibo de la luz con el que se demuestra su
estratificación (folios 44-46 del cuaderno original de tutela).
2.
Expediente
T-5.706.685.
El
17 de marzo de 2016, el señor Andrés Felipe Zapata Gasca presentó acción de
tutela contra la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, Novena Zona
de Reclutamiento del Distrito Militar Núm. 42, sede Neiva[4],
invocando la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, a la vida y al mínimo vital, presuntamente vulnerados por la demandada
al cobrarle cuota de compensación militar, siendo que se encuentra exento del
pago de la misma por pertenecer al nivel 2 de Sisbén.
2.1.
Hechos
2.1.1.
Relata
el accionante que, realizó en debida forma el procedimiento indicado en la
página web www.libretamilitar.com con el fin de obtener su libreta
militar.
2.1.2.
Señala
que se acercó al Distrito Militar núm. 42 a realizar la liquidación
correspondiente y que el oficial encargado, le entregó directamente el número
de una cuenta bancaria para que consignara el valor de la cuota de compensación
militar a su cargo, correspondiente a $ 1.655.000.
2.1.3. Manifiesta que
con el cobro de la cuota referida, el oficial desconoció que él se encontraba
exento de dicho pago por estar afiliado en el nivel 2 del Sisbén.
2.1.4.
Indica
que con ocasión de lo expuesto, el 29 de enero de 2016 radicó escrito ante el
Comando del Distrito Militar 42, invocando el derecho de petición, para
solicitar la reliquidación de la cuota de compensación que se le fijó, con base
en lo dispuesto en el art. 6º de la Ley 1184 de 2008[5].
2.1.5.
Aduce
que en respuesta, el oficial encargado le comunicó[6]
que, en razón al nivel de afiliación al Sisbén que acreditó “fue exonerado
del pago de la cuota de compensación militar”, no obstante, debía pagar el
valor señalado como sanción, por no justificar en la junta de remisos su
inasistencia a la concentración que tuvo lugar el 31 de julio de 2014.
2.1.6.
Así
mismo, respondió que la sanción pecuniaria fue interpuesta a través de la
Resolución núm. 035[7]
de 2015 y que se le notificó personalmente, pero no fue recurrida, por ello se
encuentra en firme y por lo mismo no es posible anularla, toda vez que no
existió error alguno en su aplicación.
2.1.7.
De
conformidad con lo anterior, el señor Andrés Felipe Zapata Gasca solicita que
se declare la nulidad de las resoluciones que lo señalan como infractor, se le
ampare su derecho al debido proceso, se reliquide la factura núm. 268-00800-0 de
fecha 20 de enero de 2016[8]
mediante la cual le cobran la cuota de compensación militar y se le entregue su
libreta militar de segunda clase a su nombre.
2.2.
Contestación
de la entidad accionada
2.2.1.
Mediante
escrito radicado el 28 de marzo de 2015[9],
el Comandante del Distrito Militar núm. 42 señaló que al joven se le surtió
todo el debido proceso, y que su negligencia en presentarse a la citación
enviada fue la que motivó la multa impuesta, toda vez que esa comparecencia es
de rigor, independientemente de que se encontrara exento de cuota de
compensación por su situación económica.
2.2.2.
En
concreto, manifestó que “el ciudadano realizó trámite ante [esa] unidad el
17 de julio de 2014 para iniciar su proceso de inscripción el cual se encuentra
reglamentado en el artículo 14 de la Ley 48 de 1993 que consagra al tenor
literal ‘Inscripción. Todo varón colombiano tiene la obligación de
inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior
en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular
solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad
sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente
Ley.’”
2.2.3.
Narra
que el señor Andrés Felipe Zapata Gasca fue valorado psicofísicamente y resultó
apto para prestar el servicio militar, por ello, se le citó a una jornada de
concentración el día 31 de julio de 2014, fecha en la que ya había adquirido su
mayoría de edad y en la que no se presentó, siendo calificado como infractor
remiso.
2.2.4.
Señala
que, en el “caso particular del joven asistió a una junta de remisos, pero
no demostró una causal de justificación y por tal motivo se impuso resolución en
la cual se impuso multa” y que tal acto administrativo “se notificó
personalmente y se concedió un término de 10 días hábiles para que si deseaba
recurrir la multa interpusiera el recurso de reposición y en subsidio de
apelación”.
2.3.
Decisión
de primera instancia.
2.3.1.
Mediante
sentencia proferida el 7 de abril de 2016, el Juzgado Quinto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Neiva-Huila- negó el amparo solicitado por
improcedencia de la tutela.
2.3.2.
Argumentó
que el Comandante del Distrito Militar 42 dio respuesta de fondo, clara y
congruente a la solicitud elevada por el señor Andrés Felipe Zapata Gasca de
fecha 29 de enero de 2016, por lo que se concluye que el derecho de petición no
fue vulnerado.
2.3.3.
Asimismo,
estableció que la multa que se le impuso al actor “consta en la Resolución
núm. 035 la cual se notificó personalmente al accionante el 5 de marzo de 2015
(f.8 y ss) frente a la cual procedían los recursos por vía gubernativa que no
fueron presentados conforme señala la demandada en su respuesta (f. 19) y,
además, que como se trata de un acto administrativo el actor cuenta con otro
medio de defensa judicial como es recurrir a la jurisdicción contenciosa
administrativa para que, si lo considera conveniente y jurídicamente viable,
instaure acción correspondiente contra ese acto administrativo […] ”.
2.3.4.
Por
lo anterior, estableció que los derechos de petición, al debido proceso, a una
vida digna, al trabajo y al mínimo vital del actor, no fueron vulnerados por la
demandada, por lo cual, negó la tutela por improcedente.
2.4.
Impugnación.
2.4.1.
Mediante
escrito radicado el 14 de abril de 2016, el accionante impugnó la sentencia de
primera instancia bajo la consideración que sus argumentos no fueron tenidos en
cuenta y contrario sensu, las manifestaciones de la demandada se dieron como
verdaderas sin las pruebas suficientes y sin advertir algunas circunstancias en
particular.
2.4.2.
Señaló
que el monto a él solicitado por concepto de multa, corresponde a la cuota de
compensación militar porque así se refleja en los recibos de cobro, por lo que
no es adecuado referirse a dicho valor como una sanción cuando se refleja cosa
diferente. De igual manera, manifiesta que nunca se le explicó el procedimiento
que podía seguir para controvertir la decisión mediante la cual se le declaró
remiso.
2.5.
Decisión
de segunda instancia.
La
Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
–Huila-, mediante providencia de fecha 11 de mayo de 2016, confirmó la decisión
de primera instancia por considerar que el actor dejó vencer los términos para
interponer los recursos de la vía gubernativa que procedían en contra de la
Resolución núm. 035 de 2015[10],
mediante la cual se le impuso multa por haberse presentado a la junta de
remisos y no haber justificado su inasistencia a la junta de concentración.
2.6.
Pruebas
2.6.1.
Copia
de la cédula de ciudadanía del señor Andrés Felipe Zapata Gasca (folio 5 del
cuaderno original de tutela).
2.6.2.
Copia
de la factura emitida el 20 de enero de 2016 por el Ministerio de Defensa
Nacional – Fondo de Defensa Nacional- mediante la cual se cobra el valor de
$1.655.000 (folios 9-10 del cuaderno original de tutela).
2.6.3.
Copia
de la factura emitida el 20 de enero de 2016 por la Dirección de Reclutamiento
y Control de Reservas mediante la cual se pide el pago de $103.000 –aparentemente
por concepto de derecho de expedición y laminación de la libreta militar- (folios
11-12 del cuaderno original de tutela).
2.6.4.
Copia
del recurso de reposición interpuesto el 29 de enero de 2016 contra la factura
de cobro de la cuota de compensación familiar núm. 268-00800-0 por valor de
$1.655.000, de fecha 20 de enero de la misma anualidad (folio 6 del cuaderno
original de tutela).
2.6.5. Copia de la
respuesta emitida el 8 de febrero de 2016 por el Comandante de la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas, Novena Zona de Reclutamiento del Distrito
Militar núm. 42 (folios 7-8 del cuaderno original de tutela).
II.CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
Esta
Sala es competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Problema
jurídico.
2.1.
Con
base en los hechos descritos, concierne a esta Sala de Revisión establecer si se
vulneran, por parte del Ejército Nacional, los derechos fundamentales de
petición, debido proceso, al mínimo vital y a la educación de los actores al
imponerles la sanción contemplada en el literal (e) del artículo 42 de la Ley
48 de 1993 bajo el argumento de no haber cumplido con la citación hecha por la
autoridad de reclutamiento para definir su situación militar.
2.2.
Para
ello, esta Sala entrará a analizar los siguientes ejes temáticos: (i) la
procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos
proferidos por el Ejército Nacional; (ii) el contexto normativo de la
prestación del servicio militar obligatorio; (iii) la aplicación del
debido proceso administrativo en los trámites de la definición de la situación
militar; (iv) el debido proceso en los trámites de reclutamiento e
incorporación al servicio militar[11];
(v) la incidencia directa que tiene la definición de la situación militar en la
protección y el ejercicio de otros derechos fundamentales y, (vi) el proceso
sancionatorio militar por incumplir con la citación hecha por la autoridad de
reclutamiento para la definición de la situación militar. Finalmente, (viii)
abordará el examen de los casos concretos.
3.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos
proferidos por el Ejército Nacional.
3.1.
El
artículo 86 de la Constitución Política consagra que la acción de tutela es
procedente cuando se emplea como mecanismo para la defensa de un derecho
fundamental que se encuentra vulnerado o amenazado, independientemente de que
se trate de una acción u omisión que provenga de una autoridad pública o de un
particular. No obstante, consiste en una herramienta subsidiaria, carácter que
pretende evitar que se suplanten los caminos ordinarios para resolver
controversias jurídicas.[12]
3.2.
Para
el caso que ocupa a esta Corte vale recordar que de modo excepcional procede su
interposición contra actos administrativos de carácter particular, siempre y
cuando se busque evitar la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez
que para controvertir su contenido existe en principio el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
3.3.
De
manera que la solicitud de amparo procede contra actos administrativos cuando
no exista otro mecanismo de defensa judicial o cuando existiendo no resulte
idóneo y eficaz para impedir que se configure un perjuicio irremediable.
[13]
3.4.
Principio
de Subsidiariedad[14]
3.5.
En
relación con la idoneidad, la jurisprudencia ha sido enfática en recalcar que
el mecanismo ordinario para ser materialmente apto en la protección instantánea
y objetiva de los derechos fundamentales, debe ocuparse de la esfera
constitucional involucrada en el problema.
3.6.
De
este modo, para estructurar la improcedencia de la acción de tutela ante la
existencia de otro mecanismo de defensa judicial, el juez constitucional debe
efectuar el análisis de idoneidad atribuible al medio ordinario de defensa
previsto para el caso concreto que estudia, buscando siempre la protección de
los derechos fundamentales. Al respecto, la sentencia T-222 del 2014 señaló:
“No puede
predicarse idoneidad y eficacia de un recurso sin hacerse un análisis concreto.
Ello implica que el juez constitucional despliegue una carga argumentativa a
fin de determinar la procedencia de la tutela. No es dable en un Estado Social
de Derecho que un juez constitucional niegue por improcedente un amparo
constitucional sin si quiera analizar, paso a paso, el requisito de
subsidiariedad. Con estas actitudes lo que se obtiene es una pérdida de
eficacia de la acción de tutela.”
3.7.
El
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que “toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. […]”.
3.8.
Puede
concluirse que si bien la acción referida permite, en últimas, el
restablecimiento del derecho lesionado, no puede perderse de vista que su
finalidad no gira en torno a la protección de los derechos fundamentales sino
al control de legalidad del acto administrativo y la declaratoria de nulidad
que de ello se deriva, por lo que materialmente su diseño impide que se
verifique la protección de tales derechos que pueden verse trasgredidos con el
actuar de la entidad administrativa.
3.9.
En
relación con lo expuesto, la sentencia T-1083 del 2004 indicó que:
“[…] sería
contrario al principio de respeto de la dignidad humana y de garantía efectiva
de los derechos constitucionales que se remitiera al actor a la jurisdicción de
los contencioso administrativo sin tener en cuenta que en el ínterin el
ejercicio del derecho al trabajo y por ende su mínimo vital se verán totalmente
anulados”.[15]
3.10.
Dicho
de otro modo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido a su
finalidad, no resulta lo suficientemente idónea para la protección de los
derechos fundamentales que pueden verse afectados con la expedición de un acto
administrativo, como tampoco resulta lo suficientemente eficaz debido al
prolongado tiempo del trámite judicial administrativo.[16]
3.11.
En
efecto, puede concluirse que cuando el mecanismo ordinario de defensa judicial
previsto legalmente no resulta lo suficientemente idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que pueden verse afectados en el
proceso de definición de la situación militar –debido proceso y mínimo vital
entre otros-, la acción de tutela procede de manera definitiva para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable y para proteger los derechos
fundamentales vulnerados por las autoridades.
3.12.
Principio
de inmediatez[17]
3.13.
Por
su parte, el principio de inmediatez exige que la acción de tutela sea
interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales. Como requisito de procedibilidad, este
encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho
constitucional a presentar una acción de tutela “en todo momento” y el deber de
respetar la configuración de la acción como un medio de protección “inmediato”
de derechos fundamentales. Es decir, que pese a no contar con un término de
prescripción por mandato expreso del artículo 86 superior, debe existir una
correspondencia entre la célere naturaleza de la tutela y su interposición
justa y oportuna.
3.14.
De
este modo, para verificar el cumplimiento de este principio, el juez debe
constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza y la
interposición de la tutela es razonable. De no serlo, es preciso que analice si
existe una razón válida que justifique la inactividad del accionante al ser inconstitucional
pretender darle un término de caducidad a la acción, o rechazarla únicamente
con fundamento en el paso del tiempo.[18]
4.
Contexto
normativo de la prestación del servicio militar obligatorio.[19]
4.1.
Artículo
216 de la Constitución señala que el servicio militar es una forma de responsabilidad
social que se conserva entre la sociedad civil y el Estado, en el cual se
consagra dicha figura como una obligación de todos los colombianos. La referida
disposición normativa dispone:
“Artículo
216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional.
Todos
los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas.
La Ley
determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y
las prerrogativas por la prestación del mismo.” (Subrayas fuera del texto
original).
4.2.
Esta
Corporación se ha referido a las obligaciones impuestas a los ciudadanos, en
relación con la fuerza pública, en los siguientes términos:
“La
propia Carta Política impone a los colombianos obligaciones genéricas y
específicas, en relación con la fuerza pública. En efecto, de manera general,
dentro de las obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de
respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas
para mantener la independencia y la integridad nacionales o para defender y
difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;... y
de propender al logro y mantenimiento de la paz (art. 95 C.N.). Deberes estos
genéricos cuya finalidad, resulta coincidente con los fines que son propios de
las instituciones conformantes de la fuerza pública; de suerte que no están
desprovistos los asociados del cumplimiento de obligaciones expresas que les
son impuestas por el orden superior.
Lo que
responde, sin lugar a dudas, a una concepción del Estado moderno y
contemporáneo, que al tiempo que rodea de garantías al hombre para su
realización en los distintos ámbitos de su existencia, le encarga, en la
dimensión de los deberes autoconstructivos, de las cargas de autobeneficio, del
cumplimiento de un conjunto de deberes, la mayoría de los cuales con alcances
solidarios, cuando no de conservación de los principios de sociabilidad, que
permitan realizar una civilización mejor o hacer más humanos los efectos del
crecimiento económico, y de los desarrollos políticos y sociales.” [20]
4.3.
De
acuerdo con lo anterior, si bien las personas tienen unos derechos en su
calidad de ciudadanos, también se les impone por parte del Estado el
cumplimiento de algunas obligaciones y deberes, como ocurre en relación con la
prestación del servicio militar obligatorio.
4.4.
La
Ley 48 de 1993 y el Decreto 2048 del mismo año determinaron el procedimiento
que debe seguirse para efectos del reclutamiento e incorporación al servicio
militar. El artículo 3º de la primera norma referida establece:
“Artículo
3º. Servicio militar obligatorio. Todos los colombianos están obligados a tomar
las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la
independencia nacional y las instituciones públicas con las prerrogativas y las
exenciones que establece la presente Ley.”
4.5.
Por
su parte, el artículo 10º (ibídem) consagra la obligación expresa de todo varón
colombiano de definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla
su mayoría de edad, en los siguientes términos:
“Artículo
10. Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano está
obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su
mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes
definirán cuando obtengan su título de bachiller. La obligación militar de los
colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad.
Parágrafo.
La mujer colombiana prestará el servicio militar voluntario, y será obligatorio
cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo
determine, en tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de
defensa de la ecología y el medio ambiente, y en general, de las actividades
que contribuyan a la modernización y al desarrollo del país y tendrán derecho a
los estímulos y prerrogativas que establece esta Ley no importando la modalidad
en que se preste el servicio.”
4.6.
El
proceso para definir la situación militar inicia dentro del año anterior al
cumplimiento de la mayoría de edad, con la inscripción, la práctica de los
exámenes de aptitud psicofísica y la selección mediante sorteo, en caso de
haber sido declarado apto. Si se trata de alumnos que cursen el último año de
secundaria, independientemente de su edad, deberán registrarse durante el
transcurso del año lectivo a través de su institución educativa en coordinación
con la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.
4.7.
En
atención a lo anterior, se evidencia que la prestación del servicio militar obligatorio
puede ser exigible tanto a los varones como a las mujeres nacionales en las
circunstancias que la norma lo exige.
5.
Aplicación
del debido proceso administrativo en los trámites de la definición de la
situación militar.[21]
5.1.
Según
lo establece el artículo 29 Constitucional, el debido proceso como derecho
fundamental garantiza (i) que el ejercicio de la función administrativa se
ajuste a los parámetros constitucionales y legales dispuestos para el desarrollo
de los trámites a su cargo, (ii) el equilibrio procesal entre el Estado y el
ciudadano en este tipo de actuaciones y, (iii) la protección de otros derechos
que podrían verse afectados por decisiones caprichosas y arbitrarias de las
autoridades estatales. Estas garantías son aplicables tanto a las actuaciones
judiciales como a las administrativas, incluido el trámite de definición de la
situación militar llevado a cabo por el Ejército Nacional.
5.2.
El
derecho fundamental al debido proceso nació de la mano de las actuaciones
judiciales. No obstante, con su consagración en el artículo 29 de la Carta
Política se hizo extensiva su aplicación a toda clase de procedimientos, judiciales
y administrativos.
5.3.
En
concreto el artículo reza:
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la
haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación
del debido proceso.”
5.4.
El
procedimiento mediante el cual se define la situación militar, se encuentra
regulado por el capítulo segundo de la Ley 48 de 1993 y a su vez, por los
artículos 12 al 22 del Decreto 2048 de 1993.
5.5.
El
artículo 17 de la Ley 48 de 1993 señala que la inscripción debe efectuarse en
el año inmediatamente anterior al cumplimiento de la mayoría de edad. Posteriormente,
el ciudadano deberá practicarse tres exámenes médicos de aptitud psicofísica
para lograr identificar si existen inhabilidades incompatibles con la
prestación del servicio militar y, de ser así, serán declarados “no aptos”; de
lo contrario, idóneos y hábiles para la prestación del mismo (aptos).
5.6.
Quienes
se clasifican como aptos para prestar el servicio inician un trámite de
selección mediante un procedimiento de sorteo para el ingreso a la prestación
del servicio militar, el cual se realizará públicamente y en el que se escogerá
el soldado principal y el suplente. Cualquier reclamación relacionada con dicho
proceso deberá hacerse después de terminado el sorteo y hasta 15 días
calendario antes de la incorporación a las filas del ejército.
5.7.
Por
otra parte, quienes por alguna inhabilidad, causal de exención o falta de cupo,
quedaron exentos de la prestación del servicio, serán “clasificados” y tendrán
que pagar una contribución económica denominada cuota de compensación militar.
Cumplidos los requisitos exigidos dentro del trámite de definición de la
situación militar -prestación del servicio militar o pago de la cuota de
compensación militar-, como se indicó con antelación, la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas de cada distrito militar expedirá la
correspondiente libreta militar.
5.8.
El
ciudadano que no cumpla con la obligación de definir su situación militar será
declarado infractor y, posteriormente, se hará acreedor de una sanción
pecuniaria acorde a la infracción en la que incurrió. Este régimen de
infracciones y sanciones se encuentra desarrollado en el título sexto,
artículos 41 y 42 de la Ley 48 de 1993[22].
5.9.
La
sanción impuesta será susceptible de los recursos de reposición y en subsidio
de apelación. Ejecutoriado el acto administrativo sancionatorio, el ciudadano
tendrá un término de 60 días calendario para cancelar el valor correspondiente
o en su defecto el cobro se efectuará mediante la jurisdicción coactiva fiscal.[23]
5.10.
En
consecuencia, en las actuaciones administrativas las autoridades militares se
encuentran en la obligación de observar el respeto por el debido proceso en
aras de evitar la configuración de arbitrariedades que puedan atentar contra
los derechos fundamentales de la población civil y de quienes forman parte de
la institución.[24]
5.11.
En
la sentencia T-587 de 2013, por ejemplo, la Corte estudió el caso de un joven
que fue reclutado por el Ejército Nacional sin tener en cuenta que se
encontraba incurso en una de las causales de exención para la prestación del
servicio militar obligatorio, por ser hijo único. Su padre interpuso acción de
tutela como agente oficioso y solicitó el amparo de los derechos al debido
proceso, al mínimo vital y a la unidad familiar. En este caso, la Corte
concedió el amparo de los derechos invocados y ordenó al Ejército Nacional
desincorporar al reclutado y definirle su situación militar.[25]
5.12.
En
otro proceso similar, este Tribunal estudió el caso de un joven que en el años
2013 se presentó ante el Distrito Militar núm. 34 de Barrancabermeja, para
definir su situación militar, día en que exhibió los certificados
correspondientes para demostrar que se encontraba cursando sus estudios
superiores, cuyo semestre ya se había cancelado. No obstante lo anterior, fue
reclutado y trasladado a otro municipio.[26]
5.13.
Ante
lo expuesto su padre acudió al Distrito Militar con la documentación pertinente
para poner en evidencia que su hijo no podía ser incorporado al ejército, toda
vez que se encontraba cursando sus estudios superiores; sin embargo, el
encargado le informó que no era posible darle trámite a la solicitud bajo el
argumento de que “ellos no tenían nada que ver con el reclutamiento.”
5.14.
Toda
vez que el joven fue desincorporado antes de la promulgación de la sentencia,
esta Corte declaró la carencia actual de objeto. Sin embargo, advirtió a la
demandada que no adelantara actuación alguna tendiente a la incorporación del
estudiante a las filas del Ejército Nacional hasta tanto no terminara los
estudios en curso.
5.15.
Adicionalmente,
llamó la atención a dicha institución para que en lo sucesivo se abstuviera de
reclutar e incorporar para efectos de la prestación del servicio militar
obligatorio a todas aquellas personas que al momento de definir su situación
militar estuviesen inmersas en un proceso educativo de formación y capacitación
en una profesión u oficio, sin importar su modalidad o la de la institución
donde se estuvieren cursando, siempre y cuando aquella se encontrara
debidamente reconocida.
5.16.
En
suma, tanto las autoridades judiciales como las administrativas deben observar
el respeto por los procedimientos en toda clase de actuación, dando el trámite
correspondiente a las mismas y corrigiendo los errores en los que las personas
puedan incurrir por falta de comprensión o conocimiento.
6.
La
incidencia directa que tiene la definición de la situación militar en la
protección y el ejercicio de otros derechos fundamentales.
6.1.
La
libreta militar acredita el cumplimiento del deber constitucional y legal que
tiene todo ciudadano colombiano de definir su situación militar, pero su carencia
incide en el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales que se condicionan
a la obtención de la misma, particularmente el derecho al trabajo y la libertad
de escoger profesión u oficio.
6.2.
En
relación con el derecho al trabajo, cabe mencionar que el artículo 37 de la Ley
48 de 1993, establece como prohibición a las empresas nacionales o extranjeras,
privadas u oficiales, vincular laboralmente a las personas mayores de edad que
se encuentren sin definir su situación militar, restricción que si bien
responde a la potestad legítima del legislador de imponer requisitos legales
para el ejercicio de ciertos derechos con el fin de asegurar el cumplimiento de
los deberes constitucionales, en casos particulares, representan un obstáculo
para su materialización y goce.
6.3.
La
restricción del derecho al trabajo y su condicionamiento a la obtención de la
libreta militar en situaciones de vulnerabilidad socio-económica, podría
conllevar intrínsecamente la vulneración del mínimo vital del ciudadano y de su
núcleo familiar[27],
impidiéndole obtener el sustento económico que le permita proveer las
necesidades básicas.
6.4.
Frente
a este particular, la sentencia T-843 de 2014  precisó:
“[La libreta
militar] representa un elemento que permite el disfrute y goce de ciertos
derechos, como el acceso al trabajo mediante el cual es posible obtener los
recursos para la manutención, el acceso a la educación superior, […], entre
otros; lo que quiere decir que el no otorgamiento de este documento puede en la
práctica dificultar o restringir el ejercicio de tales derechos, máxime, si el
sujeto que solicita su expedición se encuentra en precarias circunstancias
económicas”.
6.5.
En
lo referente a las restricciones que en materia de educación genera la
situación militar, es oportuno señalar que el artículo 111 del Decreto 2150 de
1995 dispuso que la presentación de la libreta militar, se hacía exigible
únicamente para obtener grado profesional en cualquier centro docente de
educación superior. En el mismo sentido, el inciso 2º del artículo 13 de la Ley
418 de 1997 estableció que el título universitario se otorgaría una vez se
hubiese cumplido el servicio militar obligatorio que la ley ordena.
6.6.
Sin
embargo, el artículo 2º de la Ley 1738 del 2014 eliminó como requisito para
obtener el título universitario de pregrado la presentación de la libreta
militar. De esta manera, las restricciones y los condicionamientos de origen
legal que traía consigo la falta de solución de la situación militar en el
ámbito del derecho a la educación, fueron superados legalmente.
6.7.
En
consecuencia, la no definición de la situación militar, o la carencia de la
libreta, puede ocasionar la vulneración de derechos fundamentales como el
mínimo vital y el derecho al trabajo, que por vía legal han sido restringidos
por el legislador en aras de que se cumpla efectivamente por quienes se
encuentran obligados a ello, con los deberes que el Estado ha impuesto en
materia militar.
7.
Proceso
sancionatorio militar por incumplir con la citación hecha por la autoridad de
reclutamiento para la definición de la situación militar.[28]
7.1.
La
Ley 48 de 1993 no establece el procedimiento que debe seguirse para la
imposición de las sanciones contempladas en su artículo 42, tan solo dispone
que el acto administrativo sancionatorio se encuentre motivado; la manera como debe
surtirse la notificación y los recursos que proceden en su contra.
7.2.
Este
Tribunal ha indicado que cuando se impone una sanción de tipo económico por incumplir
con la obligación de definir la situación militar, el acto administrativo
que la contenga debe encontrarse debidamente motivado y notificarse de manera
personal, de lo contrario, la decisión no tendrá efectos legales.
7.3.
En
la sentencia T-1083 de 2004 por ejemplo, esta Corte estudió el caso de un
ciudadano al que se le impuso una multa por no haberse presentado a la junta de
concentración. En dicha ocasión, se determinó que la inasistencia del ciudadano
obedeció a un error del Ejército Nacional, el cual citó al interesado en una
fecha diferente a la que en efecto se le requería. En consecuencia, la Sala de
Revisión inaplicó la sanción pecuniaria impuesta al accionante.
7.4.
En
otra ocasión[29],
este Tribunal estudió el caso de un ciudadano que debido a problemas de salud,
no pudo presentarse a la citación formulada por la autoridad de reclutamiento
para la definición de la situación militar, y a quien en consecuencia, le fue
impuesta una sanción pecuniaria.
7.5.
En
concreto, se concluyó que la inasistencia del actor fue justificada por los
problemas de salud que presentaba el día de la citación. Adicionalmente, que el
accionante en ningún momento pretendió evadir su obligación de resolver su
situación militar teniendo en cuenta que por su calidad de hijo único, per
se, ya se encontraba exento de la prestación del servicio militar y finalmente,
se encontró que las circunstancias socio-económicas del demandante y su madre
los situaba en una condición de vulnerabilidad que les impedía asumir el valor
de la sanción. Por lo tanto, anuló la sanción impuesta.
7.6.
En
la sentencia T-119 del 2011, la Corte revisó el caso de un joven al que le fue
impuesta una multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por no
presentarse a la citación hecha por la autoridad de reclutamiento. La Sala
Séptima de Revisión dejó sin efectos la sanción impuesta, por haberse
demostrado la falta de notificación personal del acto administrativo
sancionatorio.
7.7.
En
consecuencia, se tiene que todo trámite que despliegue la autoridad militar de
reclutamiento en donde se imponga a los ciudadanos una sanción por no haberse
presentado a la citación hecha por los encargados del proceso de reclutamiento,
deberá respetar el debido proceso.
7.8.
Ahora
bien, se tiene que para tales efectos no es suficiente con brindar oportunidades
de defensa posteriores a la imposición real y efectiva de la multa de que se
trate, por cuanto la ausencia de ocasiones previas para que el sujeto sea escuchado
se presta para que la institución cometa errores.
7.9.
En
este sentido, debido a la importancia que conlleva la expedición y obtención de
la libreta militar para el ejercicio de diversos derechos fundamentales, se
hace menester que se prevea una instancia adecuada que garantice la
presentación de argumentos de defensa por parte del sujeto, de ser necesario.
7.10.
Si
bien en relación con el tema de imposición de multas por el Ejército Nacional
la Ley 48 de 1993 hace alusión a un procedimiento en particular, no existe una
regulación precisa en torno a las etapas que conforman el trámite
inmediatamente anterior a la formulación de la sanción, lo que deriva en la
necesidad de considerar una instancia o espacios que precedan a la imposición
de la multa para garantizar el derecho de defensa de los directamente
afectados.
8.     Análisis
de los casos concretos.
8.1.
PROCEDENCIA
8.1.1.
En
relación con la procedencia de la tutela, cabe advertir que en el primero de
los procesos (T-5.694.183), el accionante asevera que por su calidad de hijo
único depende económicamente de sus padres, de los cuales, solo el padre labora
y recibe una remuneración mensual equivalente a $718.350, circunstancia por la
que debe definir su situación militar de manera pronta (la cual se encuentra
supeditada al pago de una sanción pecuniaria que le fue impuesta por no haber
cumplido con la citación hecha por la autoridad de reclutamiento para definir
su situación militar) con la finalidad de poder trabajar y contribuir en el
sostenimiento económico de su núcleo familiar, el cual pertenece a estrato uno
y pertenece al nivel uno del Sisbén[30].
8.1.2.
En
el segundo de los eventos (T-5.706.685), se demostró que el accionante y su
familia se encuentran de igual manera, en una situación económica vulnerable,
por cuanto se hallan inscritos dentro del nivel dos del Sisbén[31],
lo que de igual manera pone a consideración que su estado socioeconómico hace
necesario la obtención de la libreta militar por parte del accionante para
lograr obtener un trabajo y así, aportar monetariamente a su núcleo familiar.
8.1.3.
En
consecuencia, en ambos casos, la definición de la situación militar de los
accionantes está sujeta al pago de una prestación dineraria que supera la
capacidad económica de los mismos y sus núcleos familiares, vulnerando por una
parte, su derecho al mínimo vital y por otra, la eficacia del derecho
fundamental al trabajo, toda vez que, sin el pago de dicho montos no pueden
obtener la libreta militar y a su vez, sin esta, se dificulta acceder al
mercado laboral para obtener su sustento.
8.1.4.
Superado
el análisis de procedibilidad de la acción de tutela en los casos en concreto,
es pertinente examinar el requisito de inmediatez de la misma.
8.1.5.
En
relación con la inmediatez, se tiene que en el primero de los casos
(T-5.694.183), se cumple con dicho requerimiento para que proceda la tutela,
toda vez que la acción fue interpuesta dentro de los tres meses siguientes a la
última actuación desplegada por la Dirección de Reclutamiento y Control de
Reservas, Novena Brigada de Reclutamiento, en concreto, el 28 de enero de 2016.
8.1.6.
De
igual forma, en el segundo caso (T-5.706.685), se instauró la acción dentro de
un tiempo prudente, por cuanto la misma se instauró dentro de los dos meses
siguientes a que la accionada desplegara la última actuación administrativa que
se evidencia dentro del expediente, a saber, la respuesta a la petición elevada
por el accionante el día 29 de enero del mismo año, emitida el  8 de febrero de
2016.
8.1.7.
En
suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por los jueces de
instancia dentro de los procesos, no responden al criterio y a la línea
jurisprudencial constitucional en lo relativo a la procedencia de la acción de
tutela en contra de actos administrativos proferidos por el ejército nacional,
cuando se evidencia, como en los casos objeto de estudio, la falta de idoneidad
y eficacia de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho para el goce y
ejercicio de los derechos fundamentales que se encuentran supeditados a la
definición de la situación militar.
8.1.8.
Superado
el análisis de procedibilidad de la acción de tutela en los casos en concreto,
la Sala procederá a analizar cada uno de ellos por separado.
8.2.
Expediente
T-5.694.183
8.2.1.
En
este expediente, se lee que el ciudadano Juan Sebastián Rodríguez Murcia,
mediante Resolución 245 del 16 de octubre de 2015, proferida por el Distrito
Militar de Reclutamiento núm. 42, fue sancionado con multa de dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes por cada año de retardo o fracción en que hubiese
dejado de presentarse a definir su situación militar, conforme lo establecido
en el literal (e) del artículo 42 de la Ley 48 de 1993, por no haber
comparecido a la citación hecha por la autoridad de reclutamiento para el 10 de
abril de 2012.
8.2.2.
Solicita
que se le exonere del pago de la sanción pecuniaria impuesta en su contra, bajo
el argumento de que no fue notificado de dicha reunión y por ello no asistió.
Adicionalmente, porque ni él ni su familia cuentan con los recursos económicos
para cubrir el pago de la sanción monetaria referida.
8.2.3.
El
Comandante del Distrito Judicial núm. 42 indicó que el accionante fue valorado
con posterioridad a su inscripción y resultó apto para prestar el servicio
militar, por lo cual fue convocado a una jornada de concentración el día 10 de
abril de 2012, a la que no se presentó, adquiriendo la calidad de remiso. Por
esto último, se hizo acreedor de la sanción contemplada en los literales G del
artículo 41 y E del artículo 42 de la Ley 48 de 1993.
8.2.4.
El
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva –Huila- consideró que, “la
actuación del DISTRITO MILITAR [núm.] 42 […] reprochada por el accionante, se
ajustó al marco normativo establecido para la sanción impuesta”, por lo que
resolvió no tutelar los derechos fundamentales reclamados por él.
8.2.5.
Lo
anterior lo realizó el juzgado, al no evidenciar vulneración del derecho a la
educación, bajo la consideración de que la sanción pecuniaria impuesta es de
carácter administrativa y recae sobre aquellos que se enmarquen en determinadas
situaciones como ser declarado remiso. Así mismo, al establecer que la multa
interpuesta no trasgrede el derecho de educación por cuanto no obstruye su pleno
disfrute y por no evidenciar la violación del derecho de petición por cuanto
sus pedimentos sí fueron resueltos.
8.2.6.
El
conocimiento de la impugnación de la sentencia de primera instancia
correspondió a la
Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Neiva, la cual
confirmó la decisión emitida en primera instancia al considerar improcedente la
acción de tutela para controvertir la legalidad de los actos
administrativos y, no evidenciar la existencia de un perjuicio irremediable
inminente que hiciera forzosa la intervención del juez constitucional.
8.2.7.
Teniendo
en cuenta lo anterior, advierte esta Sala que en el presente caso existe una
trasgresión del debido proceso y en consecuencia del mínimo vital del
accionante, por las razones que se expondrán a continuación.
8.2.8. En primer lugar,
cabe advertir que la Sala otorgará credibilidad a la versión de los hechos
propuesta por el actor, en la que afirma que ha estado pendiente del trámite de
aclaración de su situación militar, y que por razones ajenas a su voluntad no pudo
definir con tiempo, toda vez que no se evidencia un interés de evadir el deber
de prestar el servicio militar, por cuanto el actor no se encuentra obligado a
ello debido a su condición de hijo único, como lo establece el artículo 28 de
la Ley 48 de 1993.
8.2.9.      En
relación con el problema jurídico planteado, se hace necesario mencionar que la
Ley 48 de 1993 dispone en sus artículos 41 y 42 que serán declarados remisos
los que habiéndose citado a concentración no se presenten en la fecha, hora y
lugar indicado por las autoridades de Reclutamiento. Se señala de la misma
forma que, se sancionarán con multas equivalentes a dos salarios mínimos
legales vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder a veinte
salarios, en los que no definan su situación militar.
8.2.10. Igualmente, la
Ley 48 de 1993 en su artículo 47 establece la obligación de que las sanciones
pecuniarias se apliquen mediante una resolución motivada que debe ser
notificada en los términos legales y frente a la que es posible interponer los
recursos de la vía gubernativa por parte del afectado.
8.2.11.
En
efecto, en el sub judice, manifiesta el accionado que el señor Juan
Sebastián Rodríguez Murcia incumplió su deber de presentarse el día 10 de abril
de 2012 para definir su situación militar, motivo por el cual se registró en la
base de datos de reclutamiento el estado de infractor, que trajo como
consecuencia el deber de presentarse ante la junta de remisos, y que derivó en
la imposición de una sanción traducida en la multa de dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes por cada año de retardo o fracción de mora en la
presentación a definir su situación militar, conforme lo establecido en el
literal E del artículo 42 de la Ley 48 de 1993.
8.2.12. Ahora bien,
encuentra la Sala que, el peticionario elevó solicitud el 12 de febrero de 2016
dirigida a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas para que
informara acerca de[32]:
-
El
acto administrativo, resolución o documento por medio del cual se le haya
citado a presentarse en la referida jornada de concentración del 10 de abril de
2012.
-
El
acto administrativo, resolución o documento que refleje los resultados del
examen de aptitud psicofísica que le hayan podido realizar y en virtud del
cual, se le haya podido clasificar como apto o no para la prestación del
servicio militar.
-
Certificación
del monto al que asciende el valor de la sanción impuesta por la institución,
por la declaratoria como remiso.
8.2.13. Que en respuesta
de lo anterior, el Comandante del Distrito Militar núm. 42 se limitó a responder:[33]
“En atención a la petición remitida por la Novena
Zona de Reclutamiento, mediante la cual solicita copia de soportes que
acrediten su citación, valoración y costo de la multa impuesta, me permito dar
respuesta en los siguientes términos:
Respecto a lo solicitado, me permito allegar copia
del soporte que acredita su citación y valoración.
Respecto al valor de la multa que debe sufragar, me
permito manifestar que es la correspondiente a dos salarios mínimos mensuales
vigentes por cada año de retardo, lo que implica que hasta que solicite su
recibo de pago se liquidara la multa según el tiempo de retardo.”
8.2.14. En el encabezado
de uno de los documentos se lee “Fuerzas Militares de Colombia, Ejército
Nacional, Dirección de Reclutamiento y Control Reservas, Reporte de Ciudadano”.[34]
Este, consigna algunos datos personales del actor[35]
y establece que el 26 de octubre de 2010 fue la inscripción (no se especifica
inscripción a qué) y el 10 de abril de 2012 la fecha de incorporación (no se
describe a qué).
8.2.15. Dicha
información no resuelve la primera de las peticiones elevada por el accionante,
por cuanto no permite establecer la fecha en que se citó y notificó al mismo
para que compareciera a la concentración de fecha 10 de abril de 2012, a la
cual no se presentó y que derivó en la imposición de la multa cuya legalidad se
debate.
8.2.16. De manera que,
no está demostrado por el accionado que para dicha citación se haya surtido el
procedimiento que establece la Ley 48 de 1993, por cuanto no se evidencia el
acto administrativo de citación ni que haya sido notificado en los términos
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por lo cual, de conformidad con el artículo 72 de esta
normativa, se entenderá no realizada la notificación y por lo tanto la decisión
no tendrá efectos legales[36].
8.2.17. De igual forma,
con la copia del documento titulado “primer examen médico”[37],
tampoco se satisface la segunda solicitud del accionante[38],
ya que las casillas que contiene no se encuentran diligenciadas[39],
aun cuando se halle con tres firmas cuya lectura no permite identificar a quién
pertenecen y por lo mismo adjudicar una de ellas al señor Juan Sebastián
Rodríguez [40].
Por tanto, este documento no refleja que se haya efectuado un valoración médica
ni los aspectos evaluados ni el resultado de ello.
8.2.18. Ahora, en cuanto
a la sanción impuesta, no es suficiente la respuesta entregada por la accionada
al actor, mediante la cual señala que equivale a dos salarios mínimos mensuales
vigentes por cada año de retardo, y que únicamente “hasta que solicite [el]
recibo de pago se liquidara la multa según el tiempo de retardo”, toda vez
que no le entrega una guía para saber a cuánto asciende el valor hasta la
fecha. Así. La autoridad demandada pudo calcular el valor de la multa a la
fecha de la petición, explicando con qué salario se calculó y de qué fecha a
qué fecha correspondía dicho valor y advirtiendo que dicho monto podría variar,
pero al menos así, entregar un valor cercano.
8.2.19. Diferente sería
que el valor de la sanción impuesta variara día a día, sin embargo, ello no
impediría informarle al accionante el valor adeudado a la fecha de la respuesta
otorgada aclarando que dicho valor aumentaría por cada día de retardo en
presentarse a solucionar la situación militar.
8.2.20. En consecuencia,
la Sala considera, que la autoridad demandada no respondió de fondo ni de
manera clara y concisa las peticiones elevadas por el accionante mediante
solicitud de fecha 12 de febrero de 2016; toda vez que ninguno de los dos
documentos allegados por el accionado y descritos con anterioridad satisfizo
las peticiones elevadas por el accionante, lo que vulnera el derecho de
petición.
8.2.21. Por ello,
considera esta Corporación que la actuación del Ejército Nacional constituye
una violación al derecho fundamental al debido proceso, en su dimensión de respeto
al principio de legalidad.
8.2.22. Ahora bien, de la
información aportada al expediente, se logró constatar la calidad de hijo único
del accionante, toda vez que a folio 41 del expediente obra copia del Acta de Declaración
Extra Proceso de la señora María Isabel Murcia Tovar en la que bajo la gravedad
de juramento afirmó: “[…] que junto con [su] esposo Luís Eduardo Rodríguez
Manchola, identificado con cédula de ciudadanía [núm.] 12.124.698 de Neiva, [tienen]
bajo [su] cargo, cuidado y responsabilidad económica a [su] único hijo varón Juan
Sebastián Rodríguez Murcia, identificado con cédula de ciudadanía [núm.] 1.075.278.293
de Neiva, quien cursa el Noveno semestre de Ingeniería Electrónica en la
Universidad Surcolombiana, igualmente [manifiesta] que los únicos ingresos
mensuales provienen de [su] esposo quien labora como empleado […]”.
8.2.23. De la misma
declaración, se extrae que el demandante se encuentra en una situación
económica de vulnerabilidad, toda vez que quien sostiene a la familia es el padre
del actor, quien recibe como remuneración un salario mensual equivalente a $718.350,
como se evidencia en la constancia laboral allegada al expediente[41].
8.2.24. Está demostrado
en el expediente que el nivel de estratificación del lugar de residencia del
accionante y su familia corresponde al número 1.[42]
Adicionalmente en el folio 44 se observa el certificado de registro del actor
en la base de datos del Departamento Nacional de Planeación que arroja un
puntaje del 36,35 (Sisbén).
8.2.25. Estas
situaciones crean en el señor Juan Sebastián Rodríguez la necesidad inmediata
de obtener su libreta militar toda vez que solicita la misma para ingresar al
mercado laboral formal y por consiguiente poder aportar económicamente para el sustento
de su núcleo familiar. Adicionalmente, su situación de estudiante, implica que
deba asumir los gastos que ello implica lo cual se dificulta si se tiene en
cuenta su situación económica.
8.2.26. En ese orden de
ideas, puede concluirse que, evidentemente, el cobro de la sanción afecta el
derecho al mínimo vital del accionante y su núcleo familiar.
8.2.27. En cuanto al
derecho a la educación, como se mencionó en la parte considerativa de esta
sentencia, el artículo 2º de la Ley 1738 del 2014 eliminó como requisito para
obtener el título universitario de pregrado la presentación de la libreta
militar.
8.2.28. En mérito de lo
expuesto, la Sala inaplicará la multa impuesta al actor mediante resolución
sancionatoria del 30 de mayo de 2014, y ordenará al Distrito Militar núm. 42
hacer entrega de la libreta militar al joven Juan Sebastián Rodríguez Murcia, manteniendo
su calidad de exento del pago de la cuota de compensación militar.
8.3.
Expediente
T-5.706.685
8.3.1.
En
relación con este asunto, el ciudadano Andrés Felipe Zapata Gasca fue
sancionado con una multa mediante Resolución 035[43]
proferida por el Distrito Militar de Reclutamiento núm. 42 de Neiva, bajo el
argumento de que, si bien se presentó a la junta de remisos como advierte la
demandada, no justificó su inasistencia a la concentración para definir su
situación militar a la cual fue citado por la autoridad de reclutamiento.
8.3.2.
Por
lo anterior, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones que lo califican
como infractor, se le amparen sus derechos de petición, al debido proceso, a la
vida y al mínimo vital, se reliquide la factura núm. 268-00800-0 de fecha 20 de
enero de 2016 mediante la cual le cobran la cuota de compensación militar y se
le entregue su libreta militar de segunda clase a su nombre.
8.3.3.
Mediante
escrito de fecha 28 de marzo de 2015[44],
el Comandante del Distrito Militar núm. 42 señaló que al joven se le surtió
todo el debido proceso, y que su negligencia en presentarse a la citación
enviada motivó la multa impuesta, toda vez que esa comparecencia es de rigor,
independientemente de que se encontrara exento del pago de la cuota de
compensación por su situación económica.
8.3.4.
De
igual manera, expuso que el señor Andrés Felipe Zapata Gasca fue valorado
psicofísicamente y resultó apto para prestar el servicio militar, por ello, se
le citó a una jornada de concentración el día 31 de julio de 2014, fecha en la
que ya había adquirido su mayoría de edad y en la que no se presentó, siendo
calificado como infractor remiso.
8.3.5.
Indica
que, el “[…] joven asistió a una junta de remisos, pero no demostró una
causal de justificación y por tal motivo se impuso resolución en la cual se
impuso multa” y que tal acto administrativo “se notificó personalmente y
se concedió un término de 10 días hábiles para que si deseaba recurrir la multa
interpusiera el recurso de reposición y en subsidio de apelación”.
8.3.6.
En
primera instancia, la autoridad judicial estableció que la multa que se le
impuso al actor mediante Resolución núm. 035 le fue notificada y frente a ella
procedían los recursos por vía gubernativa, pero, que los mismos no fueron
presentados. De igual forma, que al tratarse de un acto administrativo el actor
contaba con otros medios de defensa judicial. Por esta razón, negó la tutela
por improcedente.
8.3.7.
El
actor impugnó la anterior decisión recalcando que el monto que se le está
pidiendo por concepto de multa, corresponde a la cuota de compensación militar
porque así se refleja en los recibos de cobro, por lo que no es adecuado
referirse a dicho valor como una multa. De igual manera, manifestó que nunca se
le explicó el procedimiento que podía seguir para controvertir la decisión
mediante la cual se le declaró remiso, lo cual vulneró su derecho al debido
proceso.
8.3.8.
La
Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, Huila confirmó la decisión de primera instancia por considerar que el
actor dejó vencer los términos para interponer los recursos que procedían en
contra de la Resolución núm. 35, mediante la cual se le impuso multa por no
haber justificado su inasistencia a la concentración del 31 de julio de 2014 a
la que fue citado para definir su situación militar.
8.3.9.
Teniendo
en cuenta lo anterior, advierte esta Sala que en el presente caso existe una
trasgresión del debido proceso y en consecuencia del mínimo vital del
accionante, por las razones que se expondrán a continuación.
8.3.10. En lo que tiene
que ver con el problema jurídico planteado, cabe mencionar que la Ley 48 de
1993 dispone en sus artículos 41 y 42 que son declarados remisos los que
habiéndose citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar
indicado por las autoridades de reclutamiento. Se señala igualmente que, serán
sancionados con multas equivalentes a dos salarios mínimos legales vigentes,
por cada año de retardo o fracción, sin exceder a veinte salarios, en los que
no definan su situación militar.
8.3.11. Así mismo, la
Ley 48 de 1993 en su artículo 47 consagra la obligación de que las sanciones
pecuniarias se apliquen mediante una resolución motivada que debe ser
notificada en los términos legales y frente a la que es posible interponer los
recursos de la vía gubernativa por parte del afectado.
8.3.12.
En
efecto, en el sub judice, manifiesta el accionado que el señor Andrés
Felipe Zapata Gasca incumplió su deber de presentarse a la concentración a la
que fue citado para definir su situación militar, motivo por el cual, se
registró en la base de datos de reclutamiento el estado de infractor[45],
que trajo como consecuencia el deber de presentarse ante la junta de remisos. Adicionalmente,
que el accionante se presentó a esta última citación, no obstante, se le impuso
una sanción traducida en la multa de $1.655.000 por no haber justificado las
razones por las cuales no asistió a la concentración para definir su situación
militar, conforme lo establecido en el literal E del artículo 42 de la Ley 48
de 1993.
8.3.13. Ahora bien,
encuentra la Sala que, el peticionario elevó solicitud el 29 de enero de 2016
dirigida a la Novena Zona de Reclutamiento de la Dirección de Reclutamiento y
Control de Reservas de Neiva, para que se reliquidara la factura de cuota de
compensación militar y se le entregara de manera gratuita su libreta militar
por pertenecer a un “nivel bajo del sisbén (sic)”.
8.3.14. Que en respuesta
de lo anterior, el Comandante del Distrito Militar núm. 42 respondió:
“[…]
Posterior a su inscripción y al ser apto fue
convocado para una jornada de concentración el 31 de julio de 2014, fecha en la
que no se presentó y adquirió su condición de remiso.
La Ley 48 de 1993 consagra unas infracciones para
los ciudadanos que no cumplan con la ley, en el caso del ciudadano por no haber
cumplido con su citación para jornada de concentración, razón por la cual
adquirió la condición de remiso, infracción contemplada en el artículo 41
literal G de la ley 48 de 1993 que reza al tenor literal INFRACTORES. SON
INFRACTORES LOS SIGUIENTES: “Los que habiendo sido citados a concentración no
se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de
Reclutamiento, son declarados remisos. Los remisos podrán ser compelidos por la
Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa
orden impartida por las autoridades del Servicio de Reclutamiento”.
El Artículo 42 literal e de la ley 48 de 1993
consagra Sanciones. Las
personas contempladas en el artículo anterior, se harán acreedoras a las
siguientes sanciones: “Los infractores contemplados en el literal g), serán
sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios. El
remiso que sea incorporado al servicio militar quedará exento de pagar dicha
multa”.
Es preciso manifestar que atendiendo al debido
proceso y derecho de contradicción que le asiste a los ciudadanos, para ser
escuchados y que presenten los soportes que pretenda hacer valer antes de
imponer sanciones por la infracción como remiso, se deben presentar a una
junta de remisos la cual se surte en audiencia y expresan el motivos por el
cual no se presentaron y se determina si dicha causal lo exonera de la multa
impuesta o por el contrario hay mérito para su imposición, lo cual se formaliza
mediante resolución, la cual de igual manera le concede los recursos de
reposición y en subsidio apelación si no está de acuerdo con la decisión.
En su caso se presentó a la junta de remisos pero no
justificó su inasistencia y por tanto se impuso la multa a través de la
resolución [núm.] 035 lo cual se le notificó personalmente el 5 de marzo de
2015, la cual no fue recurrida y actualmente se encuentra debidamente
ejecutoriada”
Al estar en firme la multa procedió a solicitar que
se surtiera su procedo de liquidación para obtener su libreta militar, por lo
que una vez anexo los soportes documentales se realizó liquidación.
En su caso demostró ser población incluida dentro
del nivel 1, 2, o 3 del Sisbén, razón por la cual. fue exonerado del pago
de  la cuota de compensación militar.
El valor cobrado mediante el recibo de pago [núm.]
0624764 para pago en la cuenta [núm.] 268-00800-0, es por concepto de la multa
adquirida por la infracción de remiso.
Por lo expuesto no es posible anular el recibo ni
exonerarlo de dicho pago porque no existe error alguno.”
8.3.15. Al analizar la contestación
referida, no se encuentran adjuntos, documentos que soporten la respuesta
otorgada, y tan solo se evidencian dos copias. Una de ellas se titula “Dirección
de Reclutamiento y Control de Reservas”[46] a
cuyo costado derecho se lee un subtítulo que dice “Derecho de Expedición y
Laminación”[47]
en el cual se cobra el valor de $103.000, aparentemente correspondiente al
valor de expedición y laminación de la libreta militar.
8.3.16. En segundo
lugar, se halla copia de un documento cuyo encabezado reza “Ministerio de
Defensa Nacional, Fondo de Defensa Nacional” y en el cual se lee al costado
derecho un subtítulo que dice “cuota de compensación militar”[48]
con el que se cobra el valor de $1.655.000.
8.3.17. La Sala
considera, por una parte, que la autoridad demandada no aportó con su respuesta
documentos idóneos para respaldar la misma, ni allegó copia de la referida “Resolución
035” que permita conocer su contenido y su fecha de emisión, ni documento que
conduzca a concluir que el accionante efectivamente fue notificado de la citación
a la concentración para definir su situación militar que derivó en la sanción
impuesta. Tampoco se encuentra información que refleje que se le puso en
conocimiento de la posibilidad de recurrir el acto administrativo sancionatorio
lo que sin duda alguna vulnera su derecho al debido proceso.
8.3.18. Cabe advertir
que el accionante demostró pertenecer al nivel dos del Sisbén y por ello no debe
cobrársele cuota de compensación de conformidad con lo establecido en el
artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, según el cual:
“Artículo
6°. Quedan exentos del pago de la Cuota de Compensación Militar los siguientes:
1. Quien
demuestre mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente
pertenecer al nivel 1 , 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de
Beneficiarios - Sisbén.
(…)
Parágrafo 2°. Para el caso de los
niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, los distritos militares a través de la Dirección
de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército harán convocatorias
especiales en todo el territorio nacional, y previamente a cada convocatoria se
realizarán programas de divulgación a través de la radio, televisión, prensa y
cualquier otro medio de difusión masiva de publicidad necesarios para enterar a
la población sobre los lugares, fechas y requisitos exigidos en dichas
convocatorias.”
8.3.19. No obstante, si
bien es cierto que el artículo exime del cobro de la cuota de compensación
militar por pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y
Selección de Beneficiarios - Sisbén, no lo es menos que el cobro de un valor
para efectos de cubrir los gastos de expedición y laminación de la libreta
militar, que además no tiene en cuenta la situación socioeconómica de los
interesados, puede vulnerar su derecho al mínimo vital.
8.3.20. En cuanto a la
segunda copia anexada, si bien la accionada refiere que el valor de $1.655.000 allí
contenido corresponde al valor de la multa interpuesta por no haber asistido a
la junta de concentración para definir la situación militar, ello no parece ser
tan claro cuando el documento mediante el cual se cobra dicho monto tiene como
subtítulo la inscripción de “cuota de compensación militar”, lo que
genera confusión e inexactitud en el cobro de dicho dinero y no refleja además,
el procedimiento ni la fórmula empleados para establecer el monto final
adeudado, lo que trasgrede el derecho al debido proceso del accionante.
8.3.21. Así, considera
esta Sala que, aun cuando la demandada respondió a la petición elevada por el
accionante mediante solicitud de fecha 29 de enero de 2016, su respuesta no
permite establecer la fecha en que se citó y notificó al accionante para que
compareciera a la concentración del 31 de julio de 2014 a la cual no se
presentó y que derivó en la imposición de una multa.
8.3.22. En este sentido,
no está demostrado por el accionado que el valor que se está cobrando
corresponda a la mencionada multa y no a la cuota de compensación militar.
8.3.23. Cabe advertir
que, si bien es cierto que el accionante no alega la falta de notificación de
la citación para asistir a la junta de concentración, la accionada tampoco
demuestra a lo largo haber efectuado dicho procedimiento de manera correcta y haberlo
ilustrado sobre la importancia de su asistencia, lo que eliminaría toda duda
sobre la razón por la cual el accionante no se presentó a definir su situación
militar, quien manifestó no conocer ni tener claridad sobre los trámites para ello
y que culminó con la imposición de la multa que, por su situación económica, no
puede pagar.
8.3.24. Además, se tiene
que el actor acudió posteriormente a la citación de remisos, lo que muestra su
interés de aclarar el asunto.
8.3.25. Por lo anterior,
al no evidenciarse prueba de que se surtió de manera el procedimiento de notificación
de la citación del accionante a la junta de concentración, se dejará sin
efectos la decisión mediante la cual se cobra al accionante el valor de $1.655.000,
teniendo en cuenta que al actor le es imposible demostrar la falta de
notificación de la citación referida y que el demandado aun cuando pudo allegar
dichos documentos para esclarecer cualquier duda en torno a este punto, no lo
hizo, y así demostrar que el cobro de la multa referida si procedía.
8.3.26. Por tanto, no se
debate que se haya notificado o uno la Resolución mediante la cual se multó al
accionante, sino la Resolución a través de la cual se citó por primera vez al
accionante a la junta de concentración en la que aclararía su situación
militar.
8.3.27. Por ello,
considera esta Corporación que la actuación del Ejército Nacional constituye
una violación al derecho fundamental al debido proceso, en su dimensión de
respeto al principio de legalidad.
8.3.28. De este modo, al
evidenciarse en el expediente que el accionante demostró “ser población
incluida dentro del nivel 1, 2 o 3 del Sisbén” como lo menciona la misma
demandada, se concluye que el cobro del valor de $1.655.000 puede afectar
seriamente el derecho al mínimo vital del accionante y su núcleo familiar, más
aún cuando no se demuestra por la accionada que el afectado haya sido
correctamente citado a la junta de concentración para definir su situación
militar.
8.3.29. Así mismo,
encuentra esta Sala que la situación socioeconómica del accionante crea en él
la necesidad inmediata de obtener su libreta militar para ingresar al mercado
laboral formal y aportar económicamente para el sustento de su núcleo familiar.
8.3.30. En mérito de lo
expuesto, la Sala inaplicará la multa impuesta al actor mediante Resolución 035
y ordenará al Distrito Militar núm. 42 hacer entrega de la libreta militar al
joven Andrés Felipe Zapata Gasca, manteniendo su calidad de exento del pago de
la cuota de compensación militar.
III.
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.-
En
el expediente T-5.694.183, REVOCAR las sentencias proferidas por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva (Huila) y la Sala Primera
de Decisión Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Neiva el 17 de marzo y
2 de mayo de 2016 correspondientemente, dentro de la acción de
tutela promovida por el señor Juan Sebastián Rodríguez Murcia. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos de petición, debido proceso y mínimo vital del
accionante.
Segundo.- DEJAR
SIN EFECTOS la Resolución 245 de 6 de octubre de 2015, a través de la cual
se declaró remiso al señor Juan Sebastián Rodríguez Murcia y se le multó por no
haber justificado su inasistencia a la concentración para definir la situación militar.
Tercero.-ORDENAR
a
la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, Novena Zona de
Reclutamiento del Distrito Militar núm. 42, sede Neiva, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, haga entrega de la libreta militar al joven Juan Sebastián Rodríguez
Murcia manteniéndolo exonerado del pago de la cuota de compensación militar,
del pago de los derechos de expedición y laminación y de la multa impuesta
mediante resolución 245 de 6 de octubre de 2015.
Cuarto.-
En
el expediente T-5.706.685, REVOCAR las sentencias proferidas por el
Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva-Huila-
y la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva -Huila- el 7 de abril y 11 de mayo de 2016, correspondientemente,
dentro de la acción de tutela promovida por el señor Andrés Felipe Zapata
Gasca. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos de petición,
debido proceso y mínimo vital del actor.
Quinto.- DEJAR
SIN EFECTOS la Resolución 035 de 2015, a través de la cual se multó al
señor Andrés Felipe Zapata Gasca por no haber justificado su inasistencia a la
concentración para definir la situación militar.
Sexto.-ORDENAR
a
la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, Novena Zona de
Reclutamiento del Distrito Militar núm. 42, sede Neiva, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, haga entrega de la libreta militar al joven Andrés Felipe Zapata
Gasca manteniéndolo exonerado del pago de la cuota de compensación militar, del
pago de los derechos de expedición y laminación y de la multa impuesta mediante
Resolución 035 de 2015.
Séptimo.- LÍBRENSE
por Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado Ponente
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-614/16
DEBER
CONSTITUCIONAL DE PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Reiteración
de jurisprudencia (Salvamento parcial de voto)
El pueblo, titular del poder soberano, determinó que el servicio
militar obligatorio era una de esas cargas públicas que somos responsables de
asumir los ciudadanos para contribuir a la consecución de objetivos comunes a
todos, como el logro de la paz, la convivencia pacífica, la defensa de los
derechos humanos, el equilibrio de las instituciones democráticas y la
independencia e integridad del país. Pero a la vez, dejó en manos del
legislador la regulación de las condiciones bajo las cuales se exceptuaba el
cumplimiento de este deber constitucional.
SERVICIO
MILITAR-Exención
al hijo único (Salvamento parcial de voto)
Además de comprobarse que hubo irregularidades en la citación
a la concentración para definir su situación militar, se constató que no estaba
obligado a prestar el servicio militar debido a su condición de hijo único, lo
cual, efectivamente, es una de las causales de exención previstas en la Ley 48
de 1993.
EXENCION
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR-No se observa
que exista un motivo que justifique la no comparecencia a la concentración del
accionante, ni se arguye que pueda estar exento de la prestación del servicio
militar en los precisos términos establecidos por el legislador (Salvamento
parcial de voto)
En
ningún momento el actor esgrimió argumentos para justificar su inasistencia.
Expedientes:
T-5.694.183 y T-5.706.685 (acumulados)
Referencia:
Acciones de tutela instauradas por Juan Sebastián Rodríguez Murcia contra la
Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas Novena Zona de Reclutamiento
Distrito Militar Núm. 42, sede Neiva (Expediente T-5.694.183) y por Andrés
Felipe Zapata Gasca contra la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas
Novena Zona de Reclutamiento Distrito Militar Núm. 42, sede Neiva (Expediente
T-5.706.685)
Magistrado
ponente:
Jorge Iván
Palacio Palacio
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias
de la Sala, manifiesto
mi desacuerdo con la determinación adoptada en relación con la causa del señor Andrés
Felipe Zapata Gasca contra la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas
Novena Zona de Reclutamiento Distrito Militar Núm. 42, sede Neiva (Expediente
T-5.706.685), al interior de la sentencia de la referencia. Paso a exponer las
razones de mi disenso.
En
el marco del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la
Constitución, la
libertad individual es, sin lugar a dudas, uno de los principios revestidos de
la más elevada jerarquía. Y es que ninguna organización política moderna puede
concebirse sin el respeto por las libertades de que son titulares las personas,
pues en la maximización de la capacidad de autodeterminarse se afinca la
dignidad del ser humano que, “en palabras de Kant, ‘es el atributo de un ser
racional que no obedece a ninguna otra ley que la que él mismo se da. Por lo
tanto, ‘la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana’”[49].
Gracias
a las reivindicaciones que convergieron en el sometimiento del poder al derecho
se han contrarrestado las fuerzas que oprimen al individuo y menoscaban su
libertad. Bajo esta premisa, es lógico que se aspire a reducir al mínimo
aquellos actos de la autoridad que tiendan a restringir las posibilidades de
que disponen los ciudadanos para elegir por cuenta propia lo que más les
conviene, conforme al esquema de valores que cada quien tenga a bien trazarse.
Empero,
dicha aspiración a disipar los obstáculos a la libertad individual no puede
tomarse como algo absoluto, pues debe armonizarse con las exigencias
connaturales a la vida en comunidad, que no podría ser viable en ausencia de
reglas para resolver las colisiones entre los intereses individuales –que
suelen apuntar en direcciones distintas y hasta opuestas− y el bien
común. Ello supone la necesidad de fijar algunos linderos a la libertad de cada
sujeto –por supuesto bajo la égida del concierto democrático−, a fin de
que sus opciones particulares de vida no interfieran ilegítimamente con el
ejercicio de la libertad de sus congéneres y, al mismo tiempo, implica la
imposición de cargas para lograr fines que redundan en beneficios para todos.
Es
cierto que estas cargas representan, en mayor o menor medida, una invasión a la
libertad de que gozan los ciudadanos, en tanto se trata de conductas que, por
lo general, no surgen espontáneamente de los sujetos compelidos a llevarlas a
cabo. Son mandatos ajenos –e, incluso en ocasiones, contrapuestos− a la
voluntad del destinatario, pero encuentran pleno respaldo en principios
superiores tan importantes como la libertad misma, pues sobre ellos se yergue
nuestro pacto de convivencia, tal como lo pone de presente la sentencia de la
referencia al mencionar que la Carta confiere derechos y, correlativamente,
establece deberes en cabeza de las personas.
Y
no podría ser de otro modo, ya que la vida en civilización pone a disposición
del individuo medios y garantías para alcanzar su propia realización según los
estándares axiológicos que autónomamente elija, pero en determinadas
circunstancias le exige sacrificar una fracción del provecho personal en
procura del interés general, del cual inclusive el obligado es beneficiario.
Dicho de otra manera, el individuo se sirve de la sociedad, pero también está
llamado a aportar a ella.
El
pueblo, titular del poder soberano, determinó que el servicio militar
obligatorio era una de esas cargas públicas que somos responsables de asumir
los ciudadanos para contribuir a la consecución de objetivos comunes a todos,
como el logro de la paz, la convivencia pacífica, la defensa de los derechos
humanos, el equilibrio de las instituciones democráticas y la independencia e
integridad del país. Pero a la vez, dejó en manos del legislador la regulación
de las condiciones bajo las cuales se exceptuaba el cumplimiento de este deber
constitucional.
Entonces,
en este ámbito es insoslayable la observancia del debido proceso, en particular
el principio de legalidad, pues a la vez que refrenda los valores
democráticos sobre los que está fundada la República, es el faro que guía la
actuación de las autoridades cuando se trata de la exoneración de una
obligación que, en tanto tal, constituye una limitación (constitucionalmente
legitimada) a la libertad individual.
En
línea con estas consideraciones, acompañé la ponencia en la resolución que
formuló para el caso del señor Juan Sebastián Rodríguez Murcia (expediente
T-5.694.183), habida cuenta de que, además de comprobarse que hubo
irregularidades en la citación a la concentración para definir su situación
militar, se constató que no estaba obligado a prestar el servicio militar
debido a su condición de hijo único, lo cual, efectivamente, es una de las
causales de exención previstas en la Ley 48 de 1993.
Pero
los mismos motivos me llevan a disentir de la determinación adoptada frente a
la acción de tutela promovida por el señor Andrés Felipe Zapata Gasca
(expediente T-5.706.685), ya que –a diferencia del caso anterior− no se
observa que exista un motivo que justifique su no comparecencia a la
concentración, ni alega vicios en la citación a la misma, ni se arguye que
pueda estar exento de la prestación del servicio militar en los precisos
términos establecidos por el legislador.
De
hecho, la censura del actor se basó en la inapropiada liquidación de la sanción
que se le impuso por no acudir a la concentración para definir su situación
militar, en vista de que, según parece, la accionada continúa cobrándole la
cuota de compensación militar, en lugar de calcular lo que debe por concepto de
multa. Nótese que en ningún momento el actor esgrimió argumentos para
justificar su inasistencia.
En
tal sentido, si en realidad no se configuró un defecto en la citación hecha por
la autoridad de reclutamiento, no se alegó por el interesado alguna
justificación para no haberse presentado a la concentración, y tampoco se
acreditó causal de exención alguna, estimo que la sanción impuesta podía ser
levantada con la prestación del servicio militar, al tenor de lo previsto en el
artículo 42 literal e. de la Ley 48 de 1993, según el cual “El remiso que
sea incorporado al servicio militar quedará exento de pagar dicha multa”,
en lugar de disponer la entrega de la libreta militar sin un fundamento que
respalde tal determinación.
Considero
que, si bien la libertad individual tiene un lugar privilegiado en nuestro
ordenamiento en tanto uno de los principios cardinales del Estado Social y
Democrático de Derecho, no debe desatenderse que la convivencia en sociedad
comporta ciertas cargas constitucionalmente avaladas, que deben ser asumidas en
tanto no transgredan otros principios superiores que merezcan ser cuidadosamente
ponderados en el caso concreto, lo cual no se advierte en relación con el
expediente de cuya decisión me aparto, toda vez que no nos encontramos –por
ejemplo− frente a un objetor de conciencia, y tampoco se ofrecieron
argumentos que permitieran concluir que en el caso del señor Andrés Zapata es
preciso aplicar una excepción de inconstitucionalidad frente a la norma que
prevé las hipótesis de exención del servicio militar.
Fecha
ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] El
accionante no
relaciona las fechas en las que se acercó a solucionar su situación militar.
[2]
Resolución 245 sancionatoria, por medio de la cual le impusieron una multa de 2
salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada año de retardo o fracción
en que hubiere dejado de presentarse para aclarar su situación militar.
[3] A través
de la cual solicitó soporte de los documentos mediante los cuales se le citó a
la jornada de concentración de fecha 10 de abril de 2012, se consignó la
información del examen de aptitud psicofísica en virtud del cual se le declaró
apto o no para prestar el servicio  militar y se le liquide el valor al que
asciende la multa impuesta.
[4] Se vinculó a la
Novena Brigada.
[5] Por la cual se
regula la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones.
“Artículo
6. Quedan
exentos del pago de la Cuota de Compensación Militar los siguientes: 1. Quien
demuestre mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente
pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de
Beneficiarios - Sisbén.
2.
Los limitados físicos, síquicos o neurosensoriales con afecciones permanentes
que de acuerdo con el concepto de la autoridad médica de reclutamiento,
presenten una condición clínica lo suficientemente grave e incapacitante no
susceptible de recuperación por medio alguno.
3.
Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural,
social y económica.
4.
El personal de soldados que sea desacuartelado con fundamento en el tercer
examen médico.
Parágrafo
1°.
Al personal que sea desacuartelado antes de cumplir el mínimo equivalente a la
mitad del tiempo establecido legalmente para el servicio militar, se liquidará
como Cuota de Compensación Militar la mínima legal vigente.
Parágrafo
2°.
Para el caso de los niveles 1 , 2 y 3 del Sisbén, los distritos militares a
través de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército
harán convocatorias especiales en todo el territorio nacional, y previamente a
cada convocatoria se realizarán programas de divulgación a través de la radio,
televisión, prensa y cualquier otro medio de difusión masiva de publicidad
necesarios para enterar a la población sobre los lugares, fechas y requisitos
exigidos en dichas convocatorias.”
[6] Oficio
de fecha 8 de febrero de 2016, núm. 077 MD-CE-JEM-JEDEH-DIRCR-ZONA09-DIM42.
[7] No se evidencia
copia de esta resolución en el expediente, que permita establecer la fecha
exacta en la que fue proferida.
[8] Folio 9 del
cuaderno original de tutela.
[9] Folio 20 del
cuaderno original de tutela.
[10] No se evidencia
copia de esta resolución en el expediente, que permita establecer la fecha
exacta en la que fue proferida.
[11] Sentencia T-294
de 2016.
[12] Ver
sentencias T-094 de 2013, T-404 de 2014, T-371 de 2015, T-690 de 2015 y T-076
de 2016 entre otras.
[13] Sentencia T-135
de 2015. Las características del perjuicio irremediable han sido descritas por
esta Corporación así: “En relación a la procedencia excepcional de la acción de
tutela cuando se está frente a un perjuicio irremediable, esta Corte ha
precisado que se considera un perjuicio de esa índole cuando: en primer lugar,
el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben
ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”
Ver también sentencias T-1085 de 2003, T-806 de 2004, T-397 de 2008, T-629 de
2009 y T-338 de 2010, entre otras.
[14] Ver sentencia
T-193 de 2015.
[15] En un
mismo sentido, la providencia T-039 de 2014 señaló: “Si bien la discusión
podría plantearse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, […]
esta vía no sería idónea para garantizar la protección efectiva de los derechos
fundamentales conculcados cuando se configura una causal de exención de la
prestación del servicio militar, teniendo en cuenta que el mismo es de carácter
temporal, razón por la cual la acción de tutela debe entenderse en este
contexto como un mecanismo autónomo […]”.
[16]
Extraído de la sentencia
T-193 de 2015.
[17] Ibídem.
[18] A este
respecto, la Corte Constitucional ha puesto de presente la existencia de dos
factores excepcionales que justifican el transcurso de un lapso prolongado
entre el momento de la vulneración del derecho y la fecha de interposición de
la acción. Estos son (i) que se demuestre que la vulneración es permanente en
el tiempo en el entendido de que si bien el hecho que la originó es muy
antiguo, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto a sus
derechos continúa y es actual; y (ii) que la especial situación del actor
convierta en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los
medios ordinarios de defensa judicial.
[19]
Extraído de la sentencia
T-294 de 2016.
[20] Sentencia C-561
de 1995.
[21] Capítulo
delineado conforme lo establecido en las sentencias T-193 de 2015 y T-294 de 2016.
[22]
“Artículo 41. Infractores. Son infractores los siguientes:
a)
Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los términos establecidos
por la presente Ley;
b)
Los que habiéndose inscrito no concurran a uno de los dos primeros exámenes de
aptitud sicofísica en la fecha y hora señaladas por las autoridades de
Reclutamiento;
c)
Los que no concurran al sorteo sin causa justa;
d)Los
que después de notificarse del acta de clasificación, no cancelen dentro de los
treinta (30) días siguientes la cuota de compensación militar;
e)
Los funcionarios del Servicio de Reclutamiento sea militar, civil o soldado que
por acción y omisión no diere cumplimiento a las normas de la presente Ley:
f)
Los que en cualquier forma traten de impedir que las autoridades del Servicio
de Reclutamiento y Movilización cumplan con sus funciones;
g)
Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora
y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos.
Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al
cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden impartida por las
autoridades del Servicio de Reclutamiento; Declarado EXEQUIBLE de manera
condicionada en los términos fijados en el punto 7 de las consideraciones de la
parte motiva, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-879 de 2011.
h)
Las entidades públicas, mixtas, privadas, particulares, centros o institutos
docentes de enseñanza superior o técnica que vinculen o reciban personas sin
haber definido su situación militar, o que no reintegren en sus cargos previa
solicitud a quienes terminen el servicio militar, dentro de los seis (6) meses
siguientes a su licenciamiento.
ARTICULO
42. Sanciones. Las personas contempladas en el artículo anterior, se harán
acreedoras a las siguientes sanciones:
a)
El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa del 20% de
un salario mínimo mensual vigente, por cada año o fracción que dejara de inscribiese
reglamentariamente sin que sobre pase el valor correspondiente a dos (2)
salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de que el infractor sea
incorporado al servicio militar, quedará exento del pago de la multa. Para los
bachilleres, la multa se contabilizará a partir de la fecha en que se gradúen
como tales.
b)
Los infractores de que tratan los literales b) y c) pagarán una multa,
correspondiente al 20% de un salario mínimo mensual legal vigente;
c)
El infractor de que trata el literal
d)
será sancionado con multa del 25% sobre el valor decretado inicialmente como
ordinario. Si no paga esta cuota extraordinaria será reclasificado y se
incrementará en otro 25%; d ) Los infractores determinados en los literales e )
y f ) serán sancionados de acuerdo con las normas establecidas en las leyes
penales o en el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares;
e)
Los infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con multa
equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año
de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios. El remiso que sea incorporado
al servicio militar quedará exento de pagar dicha multa;
f)
Los infractores contemplados en el literal h) serán sancionados con multa de
cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes, por cada ciudadano vinculado
ilegalmente o que no reintegre en sus respectivos cargos a partir de la
vigencia de la presente Ley.
ARTICULO
43. Junta para remisos. El remiso definirá su situación militar mediante
incorporación para prestar el servicio militar, salvo las excepciones legales
determinadas por la Junta para Remisos. El Ministerio de Defensa reglamentará
la organización y funcionamiento de la Junta para Remisos.”
[23]
“ARTICULO 47. Aplicación sanciones. Las sanciones pecuniarias a que se refiere
el artículo 42 se aplicarán mediante resolución motivada contra la cual
proceden los recursos de reposición y apelación conforme a las previsiones del
Código de Procedimiento Civil. El Gobierno reglamentará las condiciones de
liquidación y recaudo de la sanción.
ARTICULO
48. Mérito ejecutivo. La resolución a que se refiere el artículo anterior una
vez ejecutoriada presta mérito ejecutivo. Su notificación se hará de acuerdo
con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Las multas por
sanciones se pagarán dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de
ejecutoria.”
[24] Ver
sentencias
T-388 de 2010, T-711 de 2010, T-976 de 2012, T-587 de 2013, T-774 de
2013
y T-039 de 2014, entre otras.
[25] En
relación con el debido proceso la Corte precisó lo siguiente: “Si bien la
prestación del servicio militar es exigible a todos los ciudadanos varones, no
lo es para aquellos que se encuentren en alguna de las excepciones consagradas
en el artículo 28 de la Ley 48 de 1993, siempre y cuando se esté en tiempos de
paz. Lo que significa que las autoridades encargadas de realizar las
incorporaciones a filas tienen la obligación de analizar en cada caso
particular, si el joven que va a ser reclutado se encuentra o no amparado por
una causal de exención, de lo contrario, vulneran el derecho fundamental al
debido proceso administrativo, en tanto estarían pretermitiendo una de las
etapas previstas en la Ley 48 de 1993, relativa al trámite que se debe surtir
para definir y posteriormente incorporar a los jóvenes a filas. La Sala
considera que al joven se le vulneró su derecho al debido proceso
administrativo, al desconocer su condición de hijo único, por lo que no estaba
obligado a prestar servicio militar obligatorio.” (subrayas fuera del texto original).
[26] Sentencia T-774
de 2013. En
esta ocasión la Corte manifestó lo siguiente: “9.4. Después de estudiar la
actuación surtida por parte de las entidades accionadas y contrastarla con los
postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales, la Sala Primera de
Revisión concluye que la conducta desplegada con respecto a la incorporación a
filas del joven […] es contraria a dichos postulados. A esta conclusión llega
la Sala tras comprobar que el joven fue abordado por el personal militar y
posteriormente incorporado al servicio militar obligatorio, sin haber estudiado
y analizado por completo los documentos allegados por el actor, en los que daba
cuenta de los estudios que para ese momento se encontraba adelantando.
Al
formar ello parte del procedimiento establecido para la definición de la
situación militar, las autoridades demandadas, tenían la obligación de
verificar las circunstancias particulares del caso antes de proceder al
reclutamiento del estudiante y de esta manera evitar cualquier arbitrariedad
que terminara por desconocer no solo su derecho fundamental al debido proceso
sino también a la educación.
Debe
señalarse que la facultad de compeler que tienen las autoridades castrenses se
encuentra limitada a la posibilidad de realizar una retención momentánea, en
aras de verificar únicamente la situación militar del ciudadano. Es decir, no
pueden aprovechar tal oportunidad para agotar todo el procedimiento de
incorporación, y omitir de esta manera la realización de las demás etapas
previstas para ello, dentro de las cuales, como se dijo, se encuentra la clasificación
de aquellos que por razón de una causal de aplazamiento se les debe suspender
temporalmente su prestación, tal como ocurría en el caso concreto.
(…)
9.6.
En conclusión, si bien la Constitución y la Ley, le reconocen a las autoridades
castrenses, la facultad para adelantar el proceso de prestación del servicio
militar, esta facultad no es absoluta y sin límites, pues supone la observancia
del procedimiento previamente establecido en la Ley para tal fin como
manifestación expresa de la garantía constitucional al debido proceso.”
(Subrayas fuera del texto original).
[27] En
sentencias T-393 de 1999, T-745 de 2003, T-1083 de 2004, T-722 de 2010, T-703
de 2014 y T-843 de 2014, entre otras, ésta Corporación protegió el derecho al
trabajo y el mínimo vital de los accionantes que se vio afectado por la falta
de definición de la situación militar.
[28] Sentencia T-193
de 2015.
[29]
Sentencia T-388 de 2010.
[30] Folio 44 del
cuaderno principal de tutela, se refleja que al señor Juan Sebastián Rodríguez
Murcia se le otorgó un puntaje de 36,35 en el Sisbén.
[31] Folios 2 y 8 del
cuaderno original de tutela. El mismo Distrito Militar Núm. 42 señala que se
demostró que el señor Juan Sebastián pertenece a la “población incluida dentro
del nivel 1, 2, o 3, del Sisbén […] ”
[32] Folio 34 del
cuaderno original de tutela.
[33] Folio 32 del
cuaderno original de tutela.
[34] Folio 34 del
cuaderno principal de tutela. Parece que este documento fue fue descargado de
internet, porque en el mismo se observan los símbolos de impresión y los
términos “buscar” y “siguiente” que con frecuencia se encuentran en las páginas
de navegación, de lo que se deriva que no se trata de un documento original ni
copia del mismo.
[35] Número
de la tarjeta de identidad del actor, su nombre completo, fecha de nacimiento,
que reside en el Huila y que pertenece al estrato 2.
[36] “Artículo
72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta
concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha
la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los
recursos legales.”
[37] Folio 36 del
cuaderno principal de tutela.
[38] El acto
administrativo, resolución o documento que refleje los resultados del examen de
aptitud psicofísica que le hayan podido realizar y en virtud del cual, se le
haya podido clasificar como apto o no para la prestación del servicio militar.
[39] El documento
titulado primer examen médico contiene las siguientes casillas en blanco:
número de acta, fecha de diligenciamiento, municipio, resultado apto, pendiente
de confirmación, exento, problema de salud o exención, código, documentos para
segundo examen médico. Solo se evidencian 3 casillas diligenciadas, a saber:
firma y postfirma médico, firma y postfirma CDTE DM y firma y postfirma
conscripto, ninguna legible.
[40] Se infiere que
se refiere al conscripto.
[41] Folio 42 del
cuaderno principal de tutela.
[42] Folio 46 del
cuaderno original de tutela.
[43] No se halla
constancia de la misma en el expediente por lo que se desconoce con certeza
cuál fue la fecha de expedición de la Resolución 035.
[44] Folio 20 del
cuaderno original de tutela.
[45] Remiso.
[46] Folio 36 del
cuaderno principal de tutela.
[47] Folio 11 del
cuaderno principal de tutela.
[48] Folio 11 del
cuaderno principal de tutela.
[49] Sentencias SU-214 de 2016, M.P.:
Alberto Rojas Ríos