T-643-16
Sentencia T-
Sentencia T-643/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO-Configuración
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE
LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Finalidad
La jurisprudencia constitucional ha resaltado que el
principio de la doble instancia permite hacer efectivo el derecho fundamental a
la administración de justicia, en tanto que permite que los afectados por una
decisión errónea o arbitraria tengan una oportunidad para que dicha resolución
sea revisada y corregida.
PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Alcance
Se traduce en la prohibición de no empeorar la pena
impuesta cuando el condenado sea apelante único (principio de no reformatio in pejus).
Este principio ha sido considerado un derecho fundamental de los acusados en
materia penal, al punto que en ocasiones esta Corte ha revocado sentencias
judiciales bajo el argumento de que vulneraron el mencionado principio.
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Naturaleza/JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Funciones
La figura del juez con funciones de control de
garantías es propia del sistema penal acusatorio y cumple un papel fundamental
en el correcto desarrollo de los procedimientos penales, en tanto que es el
garante de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en la
causa.
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Fines constitucionales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no configurarse defectos alegados por el accionante
en proceso penal
Referencia: Expediente T- 5.550.893
Acción
de tutela interpuesta por José Fernando Perdomo Torres contra el Juzgado Once
Penal del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento.
Magistrado
sustanciador:
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Bogotá, D.C.,
veintiuno (21) de noviembre  de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite
de revisión de los fallos proferido por la Salas Penales del Tribunal Superior
de Bogotá, en primera instancia, y de la Corte Suprema de Justicia, en segunda
instancia, que resolvieron la acción de tutela promovida por el señor José Fernando Perdomo Torres, en su calidad de Fiscal General de la
Nación encargado, contra el Juzgado Once (11) Penal del Circuito de Bogotá D.C.
con Funciones de Conocimiento.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
relevantes y acción de tutela interpuesta
Según la información proporcionada en el escrito de tutela, el 12 de
diciembre de 2014 la Fiscalía General de la Nación formuló imputación en contra
de las señoras Edith Rocío González y Mónica Esperanza Cano ante el Juzgado 41
Penal Municipal con Función de Control de Garantías, por concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos de prevaricato por acción, abuso de función pública,
falsedad ideológica en documento público, ocultamiento de elementos materiales
probatorios y falsedad material en documento público.
Luego de varias diligencias, el Juzgado de control de garantías se
abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de las acusadas el 26 de
diciembre de 2014. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía, ante lo cual el
proceso fue declarado nulo en vista de que el juez de segunda instancia
encontró que el a quo había incumplido los deberes mínimos de motivación
y fundamentación de la decisión impugnada. Finalmente, luego de rehacer el
trámite de solicitud de medida de aseguramiento, el 25 de noviembre de 2015 el
Juzgado 25 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá ordenó imponer la
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento
carcelario, al considerar que se había acreditado la existencia de una
inferencia razonable respecto de la ocurrencia de unos hechos constitutivos de
los delitos imputados.
El 15 de enero de 2015, se llevó a cabo ante el Juzgado 51 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá una audiencia de
revocatoria y/o sustitución de la medida de aseguramiento, solicitada por la
defensa de las acusadas. El accionante indica que, luego de que las partes
hubiesen presentado sus argumentaciones, el Juzgado encontró procedente la
sustitución de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por
detención domiciliaria con respecto a la señora Mónica Esperanza Cano Bedoya,
en vista de que debe sostener a un hijo menor de edad. Por otro lado, negó la
solicitud con respecto a la otra acusada. Esta resolución fue apelada por ambas
partes y el recurso fue conocido por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá,
que dispuso revocar la decisión de primera instancia y, en consecuencia,
ordenar la libertad inmediata de las acusadas.
El tutelante aclara, entonces, que la acción está dirigida a cuestionar
la integridad de esta última providencia por considerar que el despacho
judicial accionado incurrió en los siguientes defectos, presuntamente
violatorios de los derechos fundamentales:
i) Se desconoció el principio de limitación, en tanto que, en concepto
del accionante, el Juzgado 11 Penal ignoró que la competencia del ad quem
se restringe a los asuntos objeto de impugnación y a aquellos otros que
resulten inescindiblemente vinculados. Por ende, el actor argumenta que el Juez
actuó fuera de su competencia dado que ninguno de los apelantes impugnó la
decisión de no revocar la medida de aseguramiento impuesta a las acusadas. Así,
el Fiscal considera que con esta actuación se lesionó de manera grave el
derecho fundamental al debido proceso al “trastocar los cimientos de un sistema
de partes, como el acusatorio, inclinando la balanza de la justicia de manera
injustificada hacia los intereses de una de las partes en desmedro del
ejercicio legítimo de persecución penal a cargo de la Fiscalía General y de los
intereses de la sociedad, al impedir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción”.
ii) En concepto del actor, la autoridad accionada inaplicó el artículo
318 del Código de Procedimiento Penal porque no tuvo en cuenta que la parte
defensora no había cumplido con la carga procesal de aportar elementos
materiales probatorios nuevos o información legalmente obtenida que pudiesen
desvirtuar las razones por las cuales se había impuesto la medida de
aseguramiento en primer lugar. En ese sentido, indica que el Juzgado sólo tuvo
en cuenta como motivo de imposición de la medida de aseguramiento el peligro de
obstrucción de la justicia y no se refirió al peligro para la comunidad. Por
otro lado, el accionante sostiene que el despacho modificó las cargas
procesales y probatorias de la audiencia al manifestar que era deber del Juez
de primera instancia el probar que las procesadas podían influir en los
testigos, cuando esto es tarea de la defensa. Finalmente, el Fiscal arguye que
la autoridad judicial presentó de manera parcial y sesgada los argumentos y
materiales probatorios expuestos por el ente acusador.
iii) Como tercer cargo, el accionante afirma que el Juzgado 11 Penal
supuso la existencia de una prueba que no obra dentro del proceso, cual fue la
de entender que las acusadas ya no desempeñaban funciones en la Contraloría
General de la República. Así mismo, argumenta que el despacho accionado
desconoció los fundamentos de la decisión del Juez 25 Penal del Circuito (que
había impuesto la medida de aseguramiento), en especial, aquellos que se refi
rieron al peligro para la comunidad y al riesgo de obstrucción a la justicia.
Por otra parte, en concepto del accionante, la accionada ignoró que las
acusadas no reunían los requisitos establecidos en la ley para sustituir la
detención en establecimiento carcelario por la domiciliaria, en tanto que el
hijo de la señora Edith González es mayor de edad y la señora Mónica Cano no
puede considerarse como madre cabeza de familia pues el padre y los abuelos de
su hijo se han encargado del cuidado del mismo.
iv) Igualmente, el actor señala diversas situaciones que, a su juicio,
constituyeron irregularidades procesales violatorias del debido proceso: por
una parte, que el apoderado de las acusadas hubiese afirmado falsamente que no
existía una víctima reconocida en el proceso en audiencia del 20 de mayo de
2015; por otra, que el mismo abogado hubiese dicho que podía comunicarse con
las autoridades policivas para que, “en cuestión de minutos”, sus defendidas
fueran recluidas en instalaciones de la Policía Nacional y no en las dispuestas
por el Juez que decretó la medida de aseguramiento, de lo cual la Fiscalía
infiere que las acusadas pueden influir indebidamente en terceros. Finalmente,
menciona episodios que, considera, son indicativos de maniobras dilatorias por
parte de las acusadas y su defensa.
Así las
cosas, el Fiscal concluye la petición de amparo afirmando que la providencia
del Juzgado 11 Penal por la cual se decidió revocar la medida de aseguramiento
de las acusadas incurrió en defectos procedimental absoluto, material o
sustancial y violación directa de la Constitución, por lo que reitera la
necesidad de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados y, en consecuencia, deje sin validez la decisión
adoptada por el despacho accionado.
2. Pruebas
relevantes allegadas al expediente.
Junto a su
escrito de tutela, el accionante anexó los siguientes documentos para ser
tenidos como prueba de sus afirmaciones:
-     Copia
del acta del auto proferido por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá con
Función de Conocimiento, el 27 de noviembre de 2015, por medio del cual se
impuso medida de aseguramiento a las acusadas.
-
Copia del CD que contiene los audios de audiencia de revocatoria y
sustitución de medida de aseguramiento llevada a cabo el 15 de enero de 2016,
ante el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá.
-
Copia del acta de la audiencia de revocatoria y sustitución de medida de
aseguramiento llevada a cabo el 15 de enero de 2016, ante el Juzgado 51 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
-
Copia del CD que contiene los audios de la audiencia de segunda
instancia llevada a cabo el 22 de febrero de 2016, ante el Juzgado Once Penal
del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento.
-
ransliteración de la audiencia de segunda instancia llevada a cabo el 22
de febrero de 2016, ante el Juzagdo 11 Penal del Circuito de Bogotá con
Funciones de Conocimiento.
3. Respuesta
de las entidades accionadas
1. En su
respuesta a la acción de tutela, la Jueza 11 Penal del Circuito de Bogotá con
Funciones de Conocimiento manifestó que, para entender el problema planteado,
debía entenderse que al momento de revisar la apelación que dio origen a la
controversia, el despacho se desempeñó como Juez de Garantías en segunda
instancia y no como juez ordinario. En ese sentido, recalcó que la labor de un
juez de garantías es asimilable a la del juez constitucional, dado que tiene la
tarea de velar porque no se vulneren los derechos fundamentales de las partes
en el proceso penal, debiendo restablecer la garantía de éstos cuando se
observe alguna vulneración.
2. En
consonancia, la señora Jueza señaló que esto es lo que diferencia al control de
garantías del juicio de conocimiento, en tanto que, en el primer caso, el Juez tiene
competencia para evitar o corregir la vulneración de un derecho fundamental,
incluso si las partes no lo han pedido expresamente. En ese sentido, luego de
citar jurisprudencia constitucional y penal sobre el papel del control de
garantías en el marco del proceso penal, la accionada concluye que “el juez de
control es un juez especial, pues es constitucional cuando se tienen como
objeto de discusión derechos fundamentales e igualmente es un juez de impulso
cuando se está ante actos de mero trámite, como es el acto de la formulación de
imputación”.
Sobre el caso
concreto, la funcionaria indicó que durante la audiencia encontró que ya no era
razonable la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva por obstrucción
a la justicia. En efecto, de acuerdo a lo que dijeron las partes en la
audiencia, la obstrucción a la justicia se habría presentado por el riesgo que
las acusadas podrían representar para la obtención de pruebas; sin embargo,
para el momento de la audiencia estas ya habían sido descubiertas en el trámite
del proceso, por lo que la funcionaria entendió que ya no había bases para
continuar con el aseguramiento. Al respecto, resaltó que, por su carácter tan
restrictivo de los derechos fundamentales, las medidas de aseguramiento deben
ser de carácter provisional  y pueden ser revocadas en cualquier momento de
encontrarse que no cumplen con criterios de necesidad, urgencia y
proporcionalidad.
Continuando
con ese análisis, la accionada manifestó que no está de acuerdo con el
argumento del Fiscal en el sentido de que sólo tenía competencia para estudiar
si la medida de aseguramiento debía ser intramuros o domiciliaria porque, en su
concepto, antes de verificar el tipo de medida, el funcionario judicial debe
estudiar si el aseguramiento es o no procedente en el caso. Así, frente a las
medidas, la Jueza 11 Penal manifestó que “el juez de control de garantías está
para proteger los derechos de todas las partes. Aquí se vio que para el caso de
las procesadas (las medidas) ya no eran una restricción sino una vulneración”.
Concluyó su intervención afirmando que, por medio de la acción interpuesta, el
Fiscal pretende abrir una nueva instancia para que se discutan en sede
constitucional temas propios del proceso penal. En ese sentido, sostuvo que el
accionante sólo expuso diferencias de criterios pero no mostró cómo se
configuró la supuesta vulneración al derecho fundamental de debido proceso.
3. Por su
parte, las señoras Edith Rocío González Martínez y Mónica Esperanza Cano
Bedoya, acusadas dentro del mencionado proceso penal, indicaron que la
solicitud de amparo constitucional presentada por el Fiscal era improcedente al
no cumplir con los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, manifestaron que
el asunto carece de relevancia constitucional por cuanto la Jueza Once Penal
del Circuito actuó “con estricta observancia de las estipulaciones legales
establecidas” para el procedimiento penal y procuró en todo momento la
protección del derecho fundamental a la libertad.
Por otro
lado, argumentaron que la acción está fundada en apreciaciones subjetivas del
accionante así como en una interpretación conforme a sus intereses del artículo
31 de la Constitución, sin que ello signifique que el despacho accionado
hubiese incurrido en un yerro violatorio del derecho al debido proceso. Aducen
que la Fiscalía incurre en contradicción a su propia doctrina cuando acusa a la
autoridad judicial de haber desconocido el principio de limitación, pues es
claro que el juez de control de garantías tiene el deber de evaluar de manera
integral la pertinencia de la medida de aseguramiento al estarse limitando
derechos fundamentales y no limitarse únicamente a lo que pidan las partes.
En cuanto a
las actuaciones de su defensa que la Fiscalía refiere como sospechosas, las
acusadas manifestaron que la afirmación de que no existían víctimas reconocidas
fue una equivocación, aunque eso podía inferirse del hecho de que el ente
investigador omitió convocar a la víctima a varias de las audiencias. Del mismo
modo, señalaron que el accionante interpreta de mala fe el deseo de su defensor
de hacer una llamada para procurar un mejor sitio de reclusión para sus
poderdantes. También afirmaron que no es cierto que ocupen cargos en la
Contraloría General ni que pretendan dilatar el proceso con el cambio de
apoderado, en especial teniendo en cuenta que han acudido a todas las
actuaciones fijadas por los jueces.
Las señoras
González y Cano concluyeron su intervención afirmando que, en realidad, el
Fiscal pretende convertir a la acción de tutela en una “tercera instancia” sin
haber acudido a todos los recursos, porque no ha promovido el incidente de
nulidad de las actuaciones que considera espurias. En ese sentido, recordaron
que la acción de tutela contra providencias judiciales es un juicio de validez
sobre los fallos y no un juicio sobre la corrección de los mismos, por lo que
no puede ser utilizada como un medio para reabrir la discusión sobre asuntos de
carácter probatorio o de interpretación normativa. Por ende, solicitaron al
juez constitucional que rechazara por improcedente la acción impetrada.
4. El
fallo cuestionado
Según consta
en el CD aportado junto con la acción de tutela y que contiene la Audiencia de
Lectura de Fallo de Segunda Instancia, de 22 de febrero de 2016, dentro del
radicado 110016000000201400220, por parte de la Jueza 11 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento, la providencia cuestionada por el accionante puede
resumirse de la siguiente manera:
En primer
lugar, la funcionaria judicial aclaró que la audiencia tenía por objeto la
lectura del fallo de segunda instancia con ocasión de la apelación presentada
contra la providencia proferida por el Juzgado 51 Penal Municipal con Función
de Garantías, en la cual se decidió no revocar la medida de aseguramiento de
las acusadas y cambiar la detención intramural de una de ellas por
domiciliaria. Luego de indicar que el recurso de alzada fue presentado tanto
por la Fiscalía como por la defensa, la Jueza solicitó a los intervinientes que
procedieran a identificarse, ante lo cual el fiscal y las acusadas hicieron sus
respectivas identificaciones.
Cumplidas las
anteriores ritualidades, la Jueza procedió a exponer el fallo, relatando los
hechos que dieron lugar a dicha decisión. Sobre el recurso presentado por la
defensa, indicó que esta expuso los siguientes argumentos: primero, que las
acusadas no habían pretendido obstruir a la justicia por cuanto ni siquiera
conocían a la víctima. En ese sentido, puso de presente que en la audiencia de
medida de aseguramiento, la Fiscalía había afirmado que la víctima había sido trasladada
a Tunja por la Contraloría General, por haber recibido amenazas de las
imputadas, pero la defensa allegó una certificación del 14 de enero de 2016 del
Director de la Oficina de Talento Humano en la cual no aparece que la razón del
traslado hayan sido amenazas sino razones personales de la víctima, tales como
la necesidad de matricular a su hijo en un colegio de esa ciudad. Por otra
parte, la defensa manifestó que las acusadas no representan un peligro para la
sociedad, pues son funcionarias de carrera sin ningún antecedente penal,
disciplinario o fiscal, sino que su labor destacada hizo que fueran escogidas
para sustanciar el proceso fiscal contra la EPS SaludCoop, ordenando la
devolución de 1.4 billones de pesos.
Sobre el
arraigo, el apoderado afirmó que las acusadas son madres cabeza de familia; en
concreto, que la señora Cano tenía a su cargo un menor de edad sobre quien tiene
la custodia y que la señora González también tiene un hijo que estudia en la
Universidad y depende de ella, que su esposo fue asesinado hace varios años y
que tiene a su padre, de 76 años, y padece de un aneurisma cerebral. Del mismo
modo, resaltó que sus defendidas habían comparecido a todas las audiencias y se
comprometieron ante la Fiscalía a no salir del país. Así mismo, el apoderado
sostuvo que no existía riesgo para el proceso ni para las pruebas porque estas
ya habían sido recaudadas por la Fiscalía y ya habían sido descubiertas.
Finalmente, solicitó que en caso de que no se revocaran las medidas de
aseguramiento, se optara por la detención preventiva domiciliaria en vista de
las circunstancias familiares de las acusadas.
Por su parte,
la Fiscalía solicitó que se desestimaran las pretensiones de la defensa, por
considerar que ésta no había cumplido con las cargas argumentativas necesarias
al no haber controvertido claramente los argumentos del juez que impuso la
medida de aseguramiento. En ese sentido, indicó que el juez nunca se pronunció
sobre el riesgo de no comparecencia y que el riesgo para las pruebas solo puede
determinarse cuando se practican en el juicio y no con su simple
descubrimiento.  Por otro lado, indicó que el desarrollo de la audiencia
preparatoria se había visto entorpecido por maniobras dilatorias de la defensa,
tales como la renuncia de los apoderados o por actitudes desleales como la
afirmación de que las acusadas tenían amigos en la Policía Nacional. A
continuación, la Fiscalía procedió a recapitular las razones por las cuales
decidió procesar a las acusadas y se opuso a que se reemplazara la medida de
detención carcelaria por domiciliaria, al considerar que los hijos de las
señoras Cano y González podían ser cuidados por sus padres o familiares.
Finalmente,
el Ministerio Público solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento, al
considerar que los elementos materiales probatorios no corrían ningún riesgo al
haber sido descubiertos con anterioridad. Igualmente, apoyó los argumentos de
la defensa en el sentido de que la víctima no corría riesgo alguno e hizo
énfasis en la necesidad de que los hijos de las acusadas tuvieran contacto con
ellas, en vista de que estaba demostrado que dependían de sus madres aun cuando
existía una familia extensa que, en todo caso, no podía proporcionar el cuidado
necesario.
Luego de
hacer un recuento de los argumentos presentados por el a quo y de los
recursos presentados, la Jueza expuso sus consideraciones. En primer lugar,
procedió a explicar qué se entiende por “obstrucción a la justicia”, para lo
cual citó el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal y, posteriormente,
recapituló que la acusación se basa en el presunto ocultamiento hecho por las
acusadas de un disco que contenía prueba de unas interceptaciones ilegales
hechas dentro de la Contraloría General de la República. Manifestó que, si bien
a su juicio no se encontraba acreditada la inferencia razonable de
culpabilidad, no iba a ahondar en ese tema por no haber sido traído a colación
por los recurrentes, pero sí dejó entrever que encontraba fundados los
argumentos expuestos por la defensa en vista de los documentos aportados.
Por otra
parte, la funcionaria hizo referencia a la Sentencia T-704 de 2012, proferida
por la Corte Constitucional, en la cual se estableció que la posibilidad de un
cambio en las circunstancias de hecho justifica que los jueces de garantías
puedan revisar las medidas de aseguramiento a petición de las partes, a fin de
actualizar su necesidad. Siguiendo esa misma decisión, la jueza fue enfática en
el carácter provisional de este tipo de medidas por constituir una limitación
de derechos fundamentales y en la legitimidad con la que cuenta la defensa para
solicitar la modificación de las mismas, previa presentación de argumentos
fundados que demuestren que las circunstancias se han modificado al punto que
el aseguramiento ya no resulta necesario.
Así, en
concepto de la funcionaria judicial, la defensa logró desvirtuar el argumento
de que las acusadas podrían producir una obstrucción a la justicia al mostrar
que la víctima no había pedido su traslado por amenazas, sino por cuestiones
personales. Del mismo modo, sobre la posibilidad de que las acusadas
manipularan las pruebas, la jueza entendió que este riesgo ya no existía porque
ya había tenido lugar el descubrimiento probatorio. Tampoco se encontró base
probatoria para afirmar, como hizo el a quo, que las acusadas podían
manipular testigos en tanto que ya habían sido suspendidas de sus cargos y, por
otro lado, el sólo cambio de abogados defensores y los aplazamientos de
audiencias no constituían por sí mismos hechos de obstrucción, en tanto que son
prácticas normales en el trámite de un proceso penal de tipo acusatorio. En
consecuencia, la Jueza entendió que las circunstancias que habían dado lugar a
la imposición de las medidas de aseguramiento habían cambiado de manera
ostensible y, por ende, mantenerlas habría implicado caer en el ámbito de la
arbitrariedad. Por tanto, decidió revocar la decisión del juez de primera
instancia y procedió a dejar en libertad a las acusadas.
5. Decisiones
de tutela objeto de revisión
Mediante
sentencia del 16 de marzo de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá decidió negar la acción de tutela interpuesta con fundamento en los
siguientes argumentos: primero, la Sala aclaró que no era de su competencia,
como juez constitucional, el definir si en el caso se satisfacían los
requisitos establecidos en los artículos 306 y 308 del Código de Procedimiento
Penal para imponer o no la medida de aseguramiento en contra de las acusadas,
ni tampoco para establecer cuál sería la naturaleza de la misma. Segundo,
indicó que “la doctrina ha establecido que el Juez de Control de Garantías
cumple una función de protección de los derechos fundamentales de las personas
investigadas, de manera que el ejercicio de esa función obliga a reconocerle la
misma amplitud que la Carta otorga al juez de tutela”. En consecuencia, el
Tribunal entendió que el Juez de Garantías tiene poder de modulación,
por lo que no está restringido por las limitaciones de la justicia rogada.
Por lo
anterior, la Sala encontró que su actuación como juez constitucional debía
circunscribirse a determinar si el Juzgado accionado había brindado o no
suficientes argumentos para adoptar la decisión cuestionada. Sobre ese punto, el
Tribunal no encontró que se hubiese configurado un defecto susceptible de
vulnerar el derecho al debido proceso del accionante, en tanto que el despacho
cuestionado presentó argumentos claros y fundados en la realidad probatoria,
por lo que no puede predicarse que haya adoptado una decisión arbitraria o
caprichosa. Finalmente, la Sala resaltó que, a su juicio, “la inconformidad
planteada a través de la acción de tutela debe dirimirse dentro del proceso y
la corrección de presuntos errores podrá alegarse en sede de preliminares como
lo establecen los artículo 153 y 154 del Código de Procedimiento Penal”.
La anterior
decisión fue apelada por el accionante, manifestando que el Tribunal no tuvo en
cuenta que quien solicita la revocatoria o sustitución de la medida de
aseguramiento tiene la carga de señalar cuáles fueron los criterios tenidos en
cuenta cuando se decretó la medida de aseguramiento; que debe aportar información
legalmente obtenida y(o elementos materiales probatorios nuevos y asegurarse de
que, con tales elementos, se desvirtúen los criterios considerados para
decretar la medida. En desarrollo de este argumento, el accionante reprocha que
el juez constitucional no hubiese tenido en cuenta el hecho de que el Juzgado
Once Penal del Circuito “inobservó los criterios por los cuales se privó de la
libertad a las acusadas”, al punto que no se refirió a la existencia del
peligro a la comunidad sino que únicamente habló de la eventual ocurrencia de
una obstrucción a la justicia.
Del mismo
modo, la Fiscalía reprochó que el Tribunal no hubiese advertido que la defensa
no presentó nuevos elementos de prueba que controvirtieran aquellos que habían
sido usados como soporte para decretar las medidas de aseguramiento. En ese
sentido, resaltó que el certificado que mostraba que la víctima no había pedido
su traslado por razones de seguridad no era un elemento de prueba nuevo, porque
las razones para imponer las medidas fueron las de peligro para la comunidad y
la obstrucción a la justicia y no el peligro para la víctima. Finalmente,
señaló que la Sala no observó que el juzgado accionado “supuso la existencia de
una prueba que establecería la suspensión de las acusadas de sus labores como
funcionarias al interior de la Contraloría General”, a pesar de que nunca se
presentó un documento en ese sentido.
La
impugnación fue conocida por la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió el recurso
mediante sentencia del 26 de abril de 2016. En esa providencia, la Corte
decidió confirmar el fallo impugnado con fundamento en los siguientes
argumentos: luego de reiterar las reglas de procedibilidad de las acciones de
tutela contra providencias judiciales, procedió a citar la Sentencia C-260 de
2011, en la cual la Corte Constitucional explicó las características propias
del proceso penal acusatorio, así como las funciones a cargo de las partes y de
los intervinientes en el mismo. De ese modo, resaltó que bajo este sistema
penal,  los jueces tienen entre sus funciones “la protección de las garantías y
libertades fundamentales en las etapas preliminares a la imputación”,
constituyéndose en guardianes “del respeto de los derechos fundamentales del
indiciado o sindicado, así como aquellos de la víctima”.
Para el caso
específico de los jueces de control de garantías, la Sala de Decisión recordó
que le corresponde examinar si las medidas de intervención en el ejercicio de
los derechos fundamentales (como lo son las medidas de aseguramiento), se
adecúan a la ley y estas cumplen con criterios de necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad. Así mismo, la Corte resaltó que la verificación del aspecto
objetivo sobre la procedencia de estas medidas es una exigencia propia del
principio de legalidad, por lo que las fases de raciocinio que lleve a cabo el
juez de control de garantías deben plasmarse en las decisión respectiva “la
cual, además, ha de estar soportada en una valoración probatoria ajustada a las
reglas de la sana crítica y en una adecuada motivación”.
Sobre el caso
concreto, el juez constitucional de segunda instancia procedió a reconstruir
los hitos procesales del trámite judicial seguido contra las señoras González y
Cano: el 12 de diciembre de 2014, la Fiscalía General formuló imputación en
contra de las señoras ante el Juzgado 41 Penal Municipal con Función de
Garantías. Posteriormente, el 26 de diciembre de ese año, el Juzgado 28 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá se abstuvo de imponer
medida de aseguramiento contra las imputadas, decisión que fue apelada por la
Fiscalía y anulada por el Juzgado 26 Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá.
El 27 de
noviembre de 2015, en sede de apelación, el Juzgado 25 Penal del Circuito de
Conocimiento revocó la decisión de primaria instancia e impuso las medidas de
aseguramiento solicitadas al considerar que las imputadas constituían un
peligro para la comunidad y un riesgo para la administración de justicia.
Luego, el 15 de enero de 2016, la defensa solicitó la revocatoria de las
medidas, siendo rechazada dicha solicitud por el Juez 51 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías y, en su lugar, concedió a Mónica Esperanza
Cano Bedoya la sustitución de la detención preventiva en establecimiento de
reclusión por la de detención domiciliaria. Contra esta última providencia,
tanto la Fiscalía como la defensa interpusieron recursos de apelación, la
primera con respecto a la decisión de conceder la detención domiciliaria a la
señora Cano y, la defensa, en relación con la negativa de conceder a la señora
González la detención domiciliaria.
Es en este
punto cuando se llega a la decisión atacada por vía de tutela, proferida por el
Juzgado 11 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, que revocó
la imposición de las medidas de aseguramiento. Luego de hacer una transcripción
de la providencia adoptada por la accionada, la Sala no encontró que la
actuación “haya sido manifiestamente arbitraria, pues lo que se observa es una
aplicación razonada de la Constitución y la ley, avalada en el principio de
autonomía propio de la función jurisdiccional”. De modo que, aún si la Jueza no
lo hubiese dicho expresamente, su decisión estaba respaldada en las normas
sobre la función del juez de control de garantías lo cual, en concepto de la
Sala Penal, “no sólo se traduce en velar porque la restricción obedezca a un
preciso motivo señalado por la ley, sino también verificar las circunstancias
en que la privación se efectúa y, llegado el caso, si la misma debe
mantenerse”.
De este modo,
la Corte entendió que no era posible calificar de arbitraria, desproporcional o
desconocedora de derechos fundamentales “una decisión que, aunque relativizó un
principio de índole procesal, logró favorecer el derecho a la libertad de las
acusadas, cuya restricción, en un Estado democrático, es excepcional”. Así, el
juez constitucional entendió que no tenía competencia para resolver las
divergencias argumentativas que se presentaron entre el juez y la Fiscalía en
lo que respecta al levantamiento de las medidas de aseguramiento, teniendo en
cuenta que la providencia cuestionada “no se presenta ostensiblemente opuesta
al ordenamiento jurídico”. En lo que respecta a la presunta existencia de un
error en el juicio valorativo sobre los elementos materiales probatorios, la
Corte determinó que no existió tal defecto por cuanto el análisis hecho por el
despacho accionado estuvo amparado por el principio de autonomía e independencia
judicial. Al respecto, destacó que los alegatos expuestos por la Fiscalía en la
acción de tutela eran similares a los expuestos en la audiencia preliminar, por
lo que a su juicio esto evidenciaba el interés del accionante de “convertir el
recurso de amparo en una tercera instancia”.
Finalmente,
la Corte reprochó que, en su escrito de tutela, el accionante haya afirmado que
“los yerros advertidos en la providencia cuestionada son de tal magnitud que
permiten evidenciar el interés de la autoridad accionada por favorecer a las
acusadas (…)”, por considerar que lanzó esas acusaciones sin ningún soporte
probatorio y que, por esto, constituyeron “una forma de amedrentar al Juzgado
accionado, puesto que provienen de quien a la fecha ostenta la condición de
Fiscal General de la Nación (E), funcionario con poder para orientar una
investigación penal en su contra y, por otro, en una inaceptable forma de
influir, con intención o no, a través de razones espurias, en el ánimo del juez
constitucional”. Por tal razón, aparte de confirmar la sentencia de primera
instancia, la Sala de Casación Penal exhortó a la Fiscalía General de la Nación
para que “sus funcionarios, con independencia del cargo que ostenten, se
abstengan de esgrimir prejuicios o suposiciones en las actuaciones judiciales
en las que intervengan”.
6. Trámite
adelantado en sede de revisión.
En
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el expediente fue
remitido a esta Corporación para su eventual revisión. Si bien en un primer
examen el expediente no fue seleccionado para revisión, dentro del término
previsto para ello fueran recibidas sendas insistencias por parte del
Magistrado Alberto Rojas Ríos y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, con los siguientes argumentos:
-
Insistencia presentada por el Magistrado Alberto Rojas Ríos:
Luego de
reiterar los antecedentes del caso, el señor Magistrado explicó que, en su
concepto, el expediente debía ser seleccionado, primero, porque el tema planteado
en el amparo es un asunto novedoso y plantea una oportunidad para aclarar el
contenido y el alcance de un derecho fundamental y, segundo, permite avanzar en
la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Sobre el
primer argumento, la insistencia indicó que el caso constituye una oportunidad
para que la Corte Constitucional aborde la tensión existente entre el principio
de consonancia (como expresión del debido proceso) y el principio de libertad
que “impregna el sistema penal colombiano”. Por un lado, se tiene que la
prohibición de que, una vez agotado el debate de primera instancia, el juez de
apelación no pueda reabrir otra vez todo el debate de manera oficiosa sino que
se limite a estudiar y resolver los reproches que las partes hubiesen realizado
en los recursos interpuestos, es compatible con las garantías constitucionales
que gobiernan los trámites procesales. Esto tiene, además, asidero en el
principio de no reformatio in pejus (contenido en el artículo 31 de la
Carta), que impide al juez de alzada adoptar una decisión que haga más gravosa
la situación del promotor del recurso cuando el apelante es único.
Por otro
lado, se encuentra el principio de libertad como rector del sistema penal, de
forma que el derecho fundamental a la libertad sólo puede ser limitado de
manera excepcional y debe ser protegido por el juez de control de garantías en
ejercicio de sus funciones. De este modo, por la tensión existente entre el
principio de limitación y el de libertad, el Magistrado considera que es labor
de la Corte sentar una posición acerca de cómo debe superarse ese conflicto,
teniendo en cuenta que es un aspecto que impacta directamente el derecho
fundamental al debido proceso, “particularmente en lo relativo al derecho que
tienen las partes e intervinientes en un proceso (…) a que el juez de segunda
instancia no extienda el debate más allá de lo que ellas propongan, esto es, el
derecho a que el administrador de justicia se ciña al imperativo derivado del
principio de consonancia que rige el recurso de apelación”.
-
Insistencia presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado:
La directora
de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
presentó insistencia para la selección del expediente de referencia por
considerar que le permitiría a la Corte Constitucional establecer el alcance
del derecho fundamental al principio de limitación como garantía del derecho al
debido proceso y, con ello, fijar una línea jurisprudencial sobre ese principio
de limitación. Para sustentar su posición, la Agencia reiteró los reproches
hechos por la Fiscalía General de la Nación a la providencia atacada e hizo
mención del artículo 31 de la Constitución, según el cual el juez de segunda
instancia sólo tiene competencia sobre “los puntos a los que se extiende la
inconformidad del apelante”, estableciendo para el juzgador “un deber de
autocontención y un control de las cargas de argumentación para referirse únicamente
a los temas que han sido objeto de impugnación o inconformidad de las partes”.
A efectos de
ilustrar su posición, la Agencia citó apartes de la Sentencia C-396 de 2007, en
la cual esta Corte estableció que los poderes del juez de segunda instancia se
encuentran limitados por lo decidido por el inferior jerárquico. Partiendo de
allí y en vista de que el Juzgado accionado resolvió revocar la imposición de
medidas de aseguramiento sin que así lo hubiesen solicitado las partes, la
Agencia concluye que ese despacho extralimitó su competencia. De este modo, a
pesar de reconocer que el juez de control de garantías tiene un papel de
especial importancia dentro del sistema penal acusatorio, la interviniente
manifestó que las facultades de estos jueces no pueden ser equiparables con las
de un juez de tutela, porque las competencias del primero son restringidas.
Para
concluir, la Agencia reiteró que la selección del caso podría permitirle a la
Corte “puntualizar: i) los límites de las potestades de los jueces de control
de garantías frente a las exigencias procesales del procedimiento penal
acusatorio, encaminadas a la protección de los derechos de las víctimas, ii) si
en virtud de su función constitucional, los jueces de control de garantías se
encuentran habilitados para tomar cualquier decisión sin tener en cuenta los
principios procesales consagrados en la Constitución, más aún cuando no existe
un órgano de cierre que verifique las decisiones de estos jueces (…) y,
finalmente, iii) cómo debe resolverse la tensión entre el principio
constitucional de limitación, que busca la protección de los derechos de las
víctimas y las funciones de los jueces de control de garantías”.
-
Trámite posterior a la presentación de las insistencias:
Una vez
conocidas las mencionadas solicitudes, la Sala de Selección Número Siete, del
14 de julio de 2016, decidió seleccionar la acción de referencia. Por sorteo,
el estudio del proceso correspondió a la Sala Octava de Revisión, siendo
ponente el Magistrado Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, dicho Magistrado ofició el
23 de agosto de 2016 a sus compañeros de Sala, los doctores María Victoria
Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva, con el fin de informarles que se
encontraba impedido para conocer sobre el caso en comento en virtud de lo
dispuesto en el último inciso del artículo  del Reglamento Interno de la Corte
Constitucional, según el cual “… ningún Magistrado podrá, durante la Sala de
Selección, decidir sobre su propia insistencia, ni le podrá ser repartido el
expediente en caso de ser seleccionado”.
Mediante
providencia del 14 de septiembre de 2016, los integrantes de la Sala Octava de
Revisión decidieron negar el impedimento presentado por el Magistrado Rojas,
por considerar que la jurisprudencia de la Sala Plena “ha considerado que
insistir en la selección de un expediente no genera un impedimento para conocer
sobre el mismo con posterioridad”, al menos por tres razones: por un lado, las
causales de impedimento son taxativas y el haber insistido en la selección de
un caso no es una de ellas; por otro, la Corte ha sido insistente en afirmar
que “el ejercicio del derecho de insistir en la revisión de una tutela no
compromete el criterio del magistrado en relación con la decisión de la
cuestión de fondo que posteriormente debe adoptar la Sala” y, finalmente,
porque la facultad de insistir hace parte de los procedimientos internos de
reparto de la Corte y no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la
cuestión planteada.
Con todo, se
halló razón en que, por una equivocación del reparto, el expediente le fue
asignado al mismo Magistrado que había insistido en su selección,
contraviniendo lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Interno de esta
Corporación. Por ende, la Sala decidió retirar el proceso del conocimiento del
Magistrado Alberto Rojas y asignárselo al Magistrado Luis Ernesto Vargas, por
seguir en el orden alfabético de la Sala, aclarando que el Magistrado Rojas
conserva su competencia para participar en la discusión y adopción de la
sentencia definitiva correspondiente.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Problema
jurídico y fundamento de la decisión
1. El
accionante, en su calidad de Fiscal General de la Nación (E), interpuso acción
de tutela contra la sentencia del Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento
de Bogotá que decidió, en segunda instancia y ejerciendo función de garantías,
revocar las medidas de aseguramiento que habían sido impuestas a las señoras Edith Rocío González y Mónica Esperanza Cano. En concepto del
accionante, la providencia acusada incurrió en un defecto susceptible de
vulnerar su derecho fundamental al debido proceso por cuanto la jueza resolvió
sobre la procedencia de las mencionadas medidas, a pesar de que las partes sólo
habían apelado el carácter de las mismas. Igualmente, reprochó que el despacho
accionado sólo hubiese tenido en cuenta como motivo de imposición de la medida
de aseguramiento el peligro de obstrucción de la justicia y que no se haya referido
al peligro para la comunidad. Finalmente, consideró que la Jueza no valoró
correctamente las pruebas, beneficiando de manera desproporcionada a la defensa
y en perjuicio de la Fiscalía.
2. Por su
parte, la autoridad judicial accionada se defendió indicando que un juez con
función de control de garantías es un juez constitucional que tiene el deber de
proteger y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, pudiendo
decidir extra petita, incluso en sede de apelación, si observa que ya no
se cumplen los presupuestos necesarios para la imposición de medidas de
aseguramiento contra personas que han  sido acusadas de delitos por la Fiscalía
General. Este argumento fue adoptado por los jueces de instancia que conocieron
de la acción de tutela, al entender que los jueces de control de garantías
pueden optar por una interpretación laxa de las reglas procesales y del
principio de limitación de la segunda instancia, cuando optan por una decisión
que favorece en mayor medida la garantía del derecho fundamental a la libertad
de las personas imputadas o acusadas.
3. Conforme a
estos antecedentes, el problema jurídico que se le plantea a la Corte es el
siguiente: ¿vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio
constitucional de limitación el Juzgado accionado al decretar el levantamiento
de las medidas de aseguramiento en segunda instancia dentro de un proceso
penal, a pesar de que esto no fue solicitado por las partes al momento de la
impugnación?
Para resolver
este cuestionamiento, la Sala procederá de la siguiente manera: en primer
lugar, reiterará la jurisprudencia acerca de la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, haciendo énfasis en la naturaleza
jurídica de ciertas causales específicas. A continuación, se harán algunas
consideraciones sobre el principio de limitación como rector del trámite de
segunda instancia y sobre la naturaleza jurídica de los jueces de control de
garantías. Posteriormente, luego de hacer referencia a la naturaleza jurídica y
los principios rectores de las medidas de aseguramiento dentro del proceso
penal de naturaleza acusatoria, se realizará el análisis del caso concreto,
verificando el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia y, de
encontrarse cumplida la procedencia formal, se pasará al estudio de fondo sobre
la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante.
Procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
4. Desde los orígenes de la acción constitucional de amparo, se ha
presentado de manera reiterada la discusión en torno a la procedibilidad de la
misma para atacar decisiones judiciales que presuntamente vulneran derechos
fundamentales. Así, en un primer momento y con ocasión del estudio de una
demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 11, 12, 25 y
40 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional mediante sentencia C – 543
de 1992 declaró inconstitucional las normas que contemplaban la procedencia de la
tutela contra sentencias judiciales. Posteriormente y haciendo una
interpretación no restrictiva de lo establecido por la mencionada sentencia[1],
las distintas Salas de Revisión de esta Corporación y su misma Sala Plena,
fijaron  criterios específicos y taxativos para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales en casos en los cuales la vulneración de
los derechos fundamentales es notoria y grave, configurándose lo que en su
momento se denominó “vía de hecho judicial”[2].
5. Con el desarrollo jurisprudencial subsiguiente, la noción de
vía de hecho ha sido concretada y se han fijado reglas y subreglas tendientes a
especificar bajo qué supuestos es posible hablar de la procedibilidad de una
acción de tutela contra providencias judiciales y garantizar así el carácter
excepcional que debe tener esta medida, por los riesgos que comporta para la
efectiva administración de justicia y el principio de seguridad jurídica. De este
modo, a partir de la Sentencia T – 231 de 13 de mayo de 1994[3] la Corte
estableció cuatro defectos que, de presentarse en una providencia, permitirían
establecer la existencia de una vía de hecho: “i)
defecto sustantivo,
cuando la decisión se adopta en consideración a una norma indiscutiblemente
inaplicable; ii) defecto
fáctico, cuando el juez falla sin el sustento probatorio suficiente para
aplicar las normas en que funda su decisión; iii)
defecto orgánico, cuando el juez profiere su decisión con total
incompetencia para ello; y, iv)
defecto procedimental que se
presenta en aquellos eventos en los que se actúa desconociendo el procedimiento
o el proceso debido para cada actuación”[4].
6. Si bien durante varios años se
mantuvieron estos criterios como definitorios de la procedibilidad de la acción
de tutela contra sentencias judiciales, la evolución jurisprudencial suscitada
con ocasión de las sentencias C – 590 de 2005[5], primero, y SU – 913
de 2009, después, permitió introducir a este ámbito el concepto de causales
genéricas y específicas de procediblidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, doctrina que absorbió el concepto primigenio de vía
de hecho y permitió incluir otros factores tales como la ausencia de la
debida argumentación, el apartamiento injustificado del precedente y el
desbordamiento de la discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
7. En concreto y bajo el actual
alcance de la jurisprudencia en este tema, se tiene que las causales
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales
son:
“(i)
Que el asunto que se discuta implique una evidente relevancia constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes, exigencia que busca evitar que
la acción de tutela se torne en un instrumento apto para involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(ii)    Que
se hayan agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios o
extraordinarios excepto cuando lo que se pretende es evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental irremediable.
(iii)   Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, lo que significa que la tutela debe
interponerse en un término razonable a partir del hecho que originó la
vulneración. Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica.
(iv)
Si lo que se alega es la existencia de una irregularidad procesal, debe ser
evidente que la misma tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se
impugna y b) afecta los derechos fundamentales del accionante, salvo cuando se
trate de una prueba ilícita obtenida con violación de esos derechos.
(v)     Que
el demandante identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado dentro del proceso judicial tal
vulneración si ello hubiese sido posible.
(vi)   Que
no se trate de fallos de tutela, de forma tal que se evite que las
controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales se
prolonguen de forma indefinida”
[6].
8. Una vez se haya establecido la existencia de causales genéricas de
procedibilidad, se debe probar que la providencia atacada ha incurrido en alguno
de los defectos que la jurisprudencia ha denominado causales específicas de
procediblidad. Estos son:
“(i) Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el
funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
competencia para ello.
(ii) Defecto procedimental absoluto, que tiene
lugar cuando el juez ha actuado al margen del procedimiento establecido.
(iii) Defecto material o sustantivo, que se origina
cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
(iv) Error inducido, que se presenta cuando la
autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo ha
llevado a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
(v) Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando
el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus
providencias.
(vi) Desconocimiento del precedente, que se origina
cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por
esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
(vii) Violación directa de la Constitución”[7].
La jurisprudencia constitucional ha definido al defecto
procedimental absoluto como aquel yerro que se presenta cuando el
funcionario judicial (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia[8];
(ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) “pasa por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar
los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”[9].
Con todo, esta misma Corte ha establecido que para que
proceda la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto
procedimental absoluto, deben reunirse los siguientes elementos: “(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya
sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que
como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales”[10]. Del mismo modo, en ningún caso procederá una
tutela cuando el defecto que se alega es atribuible al afectado.
Por otra parte, el defecto sustantivo o
material se configura cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto”[11],
ya
sea porque, por ejemplo, la norma utilizada ya había sido derogada y no produce
ningún efecto jurídico o había sido declarada inexequible por la Corte
Constitucional, porque la norma es abiertamente inconstitucional para el caso
en concreto y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad o porque, a pesar de que la norma está vigente y es
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó.
Así mismo, la jurisprudencia ha entendido que puede presentarse un defecto
sustantivo cuando el juez profiere una providencia sin un mínimo de
justificación o cuando sin un mínimo de argumentación, desconoce el precedente
judicial. Así, la construcción dogmática del defecto sustantivo encuentra
asidero en la consideración de que la autonomía judicial para la aplicación e
interpretación de la ley no es ilimitada ni absoluta, sino que debe estar
circunscrita al orden jurídico vigente y, en especial, al ordenamiento
constitucional que contiene los valores, principios y derechos que conforman el
Estado Social de Derecho.
Por otra parte, si bien todas las causales
materiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales entrañan en sí mismas un quebrantamiento del orden constitucional,
la jurisprudencia ha entendido que la violación directa de la Constitución puede
verse como una causal específica, consistente en que la providencia cuestionada
incurre en una clara y evidente contradicción entre la decisión adoptada y las
normas contenidas en la Carta. Del mismo modo, este defecto puede presentarse
en casos en los cuales el juez estaba en la obligación de aplicar directamente
las normas constitucionales y no lo hizo, asimilándose este supuesto a la
configuración de un defecto sustantivo.
Finalmente, la jurisprudencia ha establecido
que el denominado defecto fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el
juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado (...)”[12] de forma que
el juez de tutela sólo tendrá competencia para pronunciarse sobre la invalidez
de la decisión cuando se hace manifiestamente irrazonable la valoración
probatoria hecha por el juez en su providencia. Así, “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia
(...)”[13].
El desarrollo jurisprudencial ha dado lugar a que el defecto fáctico
pueda ser categorizado en tres formas: i) defecto fáctico por la omisión en el
decreto y práctica de pruebas, ii) por la no valoración del acervo probatorio y
iii) por la no aplicación de las reglas de la sana crítica. Estas categorías
reúnen las dimensiones negativa y positiva de este defecto, que tienen lugar
cuando el juez niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa, o simplemente omite su valoración,
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Así mismo, la dimensión negativa comprende
las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez. Por su parte, la dimensión
positiva, se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes para la definición del caso, que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas o cuando da por
establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su
decisión.
Así las cosas, una acción de tutela contra sentencia judicial puede
tener éxito en controvertir el sentido y alcance de la decisión atacada si (i)
cumple con los requisitos generales de procedibilidad, (ii) se demuestra que el
Juez incurrió en uno o más de los defectos contenidos en las causales
específicas de procedibilidad y (iii) el defecto es de tal entidad que
constituye una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales del
accionante.
El principio de limitación como elemento rector del trámite de segunda
instancia.
El artículo 31 de la Constitución de 1991 consagra que “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada,
salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena
impuesta cuando el condenado sea apelante único”. Esta Corte ha entendido que esta norma es de crucial
importancia para el ordenamiento jurídico, por cuanto establece el derecho
fundamental de defensa y contradicción, componentes fundamentales del debido
proceso y consagra el principio de la doble instancia junto con la necesidad de
una estructura jerárquica para su materialización, de forma que las personas
puedan impugnar y discutir, ante un nuevo juez con capacidad de revisar las
actuaciones de otros, aquellas decisiones con las que no estén de acuerdo. Por
otro lado, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que el principio de la
doble instancia permite hacer efectivo el derecho fundamental a la
administración de justicia, en tanto que permite que los afectados por una
decisión errónea o arbitraria tengan una oportunidad para que dicha resolución
sea revisada y corregida.
Con todo, es necesario señalar que la misma
Constitución establece la posibilidad de que el legislador establezca
excepciones a la regla de que toda sentencia podrá ser apelada o consultada.
Esta facultad del legislador, sin embargo, tiene sus propios límites, tales
como la imposibilidad de ejercerla de forma que vulnere los derechos humanos y
la obligación de justificar la limitación de la doble instancia en criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cumplir con un fin
constitucionalmente válido[14]. Una vez cumplidas esas condiciones,
el legislador tiene libertad de configuración para establecer los
procedimientos a través de los cuales se podrán materializar los principios a
los que se ha hecho referencia, pudiendo preceptuar diferentes medios de impugnación de las decisiones
judiciales, como, por ejemplo, recursos ordinarios y extraordinarios, las
circunstancias y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para
interponerlos y decidirlos, e incluso definir cuándo no procede ningún recurso[15].
Por otra parte, dado que la Carta sólo establece
expresamente que el derecho a impugnar las sentencias adversas en materia penal
y aquellas proferidas dentro de acciones de tutela (artículos 28 y 86), es
posible que el legislador establezca procedimientos de única instancia, sin
contrarias los postulados constitucionales.
La norma constitucional precitada también contiene el llamado principio
de limitación de la segunda instancia, que se traduce en la prohibición de
no empeorar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único (principio
de no reformatio in pejus). Este principio ha sido considerado un
derecho fundamental de los acusados en materia penal, al punto que en ocasiones
esta Corte ha revocado sentencias judiciales bajo el argumento de que
vulneraron el mencionado principio[16].
En desarrollo de estos preceptos superiores, el Código de Procedimiento Penal,
en su artículo 20, establece que “Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o
acusado, que
afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo
las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de
apelación. El superior no podrá agravar la situación del apelante único”, aclarando que la constitucionalidad de
esta disposición fue condicionada a que se entendiera que las expresiones
subrayadas incluyen la posibilidad de apelar todas las sentencias condenatorias,
según la Sentencia C – 792 de 2014.
En el mismo sentido, se ha entendido
que el principio de limitación no sólo incluye la prohibición de perjudicar al
apelante único, sino que también circunscribe el ámbito de competencia del juez
de segunda instancia de forma que sólo puede pronunciarse sobre aquello que fue
objeto de impugnación por las partes. Al decir de la Sentencia C-047 de 2006 al
pronunciarse sobre la segunda instancia en el proceso penal, indicó que ésta “no da lugar a un proceso
autónomo en el que se repita de manera íntegra el juicio, sino que se trata de
la oportunidad prevista por el legislador para que el superior jerárquico
controle la corrección de la decisión adoptada en primera instancia. Ello
significa, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley
906 de 2004 y de consolidada jurisprudencia sobre el particular, que el
superior actúa sobre los aspectos impugnados, para lo cual tiene como base los
registros que, por solicitud de los interesados, se hayan allegado al recurso y
los argumentos presentados en audiencia por los distintos sujetos procesales”.
Por lo mismo, en la
decisión citada, la Corte fue clara en afirmar que “(…) Se trata no de un
nuevo juicio en el que deba repetirse íntegramente la acusación y la defensa,
sino de la continuación del proceso en una instancia de control que se ha
previsto como garantía interna orientada a obtener una decisión justa, sin
perjuicio de la amplitud con la que, en ejercicio de su potestad de
configuración, el legislador decida establecer el recurso”. De este
modo, la apelación no abre la puerta para que la segunda instancia reexamine de
manera íntegra las actuaciones de primera instancia, sino que las partes
recurrentes están en la obligación de precisar y sustentar las razones de su
inconformidad con la decisión del a quo.
Con todo, cabe aclarar que si
bien esta limitación obra como regla general de conducta de la segunda
instancia, no es aplicable a todos los jueces en todas las jurisdicciones, en
tanto que el legislador o el constituyente tienen la facultad de establecer la
competencia para que unos jueces puedan pronunciarse extra petita, aún
en sede de impugnación. Así por ejemplo, es claro que los jueces que conocen de
acciones constitucionales (y, en especial, de acciones de tutela), tienen la
facultad de ordenar todas las medidas que consideren necesarias para garantizar
la efectividad de los derechos fundamentales, sin importar si conocen del
proceso en primera o en segunda instancia. Por estas mismas razones, como se
verá a continuación, la Sala considera que el carácter de juez constitucional
que tiene el juez de control de garantías, le permite flexibilizar el principio
de limitación en lo que atañe a los recursos de las partes cuando observe que
una vulneración obvia y grosera del ordenamiento constitucional y, en especial,
de los derechos fundamentales de alguna de las partes o cuando deba ponderar
entre este principio y otro de mayor jerarquía constitucional.
Juez de control de garantías.
Naturaleza y funciones.
La figura del juez con funciones
de control de garantías es propia del sistema penal acusatorio y cumple un
papel fundamental en el correcto desarrollo de los procedimientos penales, en
tanto que es el garante de los derechos fundamentales de todas las partes
involucradas en la causa. Como lo ha dicho esta Corte, “Una formulación coherente con la estructura de
un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que configura la Ley 906 de
2004, exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los
derechos fundamentales del imputado, se resuelvan en el ámbito
jurisdiccional. La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es
función prioritaria adscrita al juez de control de garantías. Así, toda
actuación que involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su
legalización o convalidación el
sometimiento a una valoración judicial, con miras a garantizar el necesario
equilibrio que debe existir entre la eficacia y funcionalidad de la
administración de justicia penal y los derechos fundamentales del investigado y
de la víctima”[17].
Por su importancia, la misma
Constitución establece, en su artículo 250, la cláusula general de competencia
de los jueces de control de garantías, indicando que pueden adoptar, a solicitud de la Fiscalía, las medidas
necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso (num.1°);
les asigna el control automático sobre las capturas facultativas que
excepcionalmente realice la Fiscalía conforme a facultades que otorgue la ley,
así como sobre las diligencias de registro, allanamientos, incautaciones e
interceptación de comunicaciones que adelante la fiscalía (núm. 1° inciso 3° y
num. 2°9). Así mismo señala que en caso de requerirse “medidas adicionales que
implique afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la autorización
por parte del juez que ejerza funciones de control de garantías para poder
proceder a ello” (núm. 3°).
Como puede verse, el juez de control es el
funcionario al que las partes pueden acudir para la protección de sus derechos
fundamentales dentro del proceso penal y constituye el control al gran poder
que puede desplegar el ente acusatorio, que tiene la obligación de buscar la
autorización de estos funcionarios judiciales para efectuar cualquier actuación
que pueda afectar los derechos fundamentales de las demás partes del proceso
penal. En ese sentido, la existencia de estos funcionarios judiciales y su
papel en el control de las actuaciones de las partes frente a los efectos que
estas puedan tener sobre los derechos fundamentales de otras, es un límite
mismo a la libertad de configuración del legislador, que no podría asignarle a
la Fiscalía la función de tomar decisiones de naturaleza jurisdiccional en
detrimento de la competencia de los jueces de control de garantías, como fue
reconocido en la Sentencia C-591 de 2014.
Así las cosas, en esa misma providencia se
concluyó “(i) que el orden jurídico contempla una amplia libertad de
configuración al legislador en materia de procedimientos, sometida esta, sin
embargo, a unos límites constitucionales, siendo uno de ellos la garantía del
derecho de acceso a la justicia orientada a la materialización del derecho
sustancial; (iii) que como principio general, toda
medida de investigación que implique afectación de derechos fundamentales debe
estar precedida de autorización del juez de
control de garantías; y (iv) que las decisiones que
conlleven facultad dispositiva, o que impliquen valoraciones propias de la
potestad jurisdiccional sobre asuntos que puedan tener contenido litigioso,
deben ser resueltas, en la fase de investigación del proceso penal acusatorio,
por el juez de control de garantías”.
De todo esto resulta que,
efectivamente, el juez de control de garantías es un juez constitucional, en el
sentido de que su deber consiste en velar por la eficacia de los derechos
fundamentales de las partes en el marco del proceso penal. Así, su labor no se
circunscribe únicamente en interpretar y aplicar las normas sustantivas y
adjetivas del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal, sino que debe
hacerlo a la luz de los principios y normas contenidas en la Constitución, teniendo
un margen de interpretación más amplio que el que podría esperarse del juez
penal de conocimiento, al punto que tiene la obligación de intervenir y
corregir aquellas actuaciones que se aparten de forma grosera del ordenamiento
constitucional o en las que se vulneren de manera ostensible los derechos
fundamentales de alguna de las partes.
Aun así, lo anterior no implica que
el juez de control de garantías no tenga límites competenciales; en efecto, los
actos del juez de garantías deben estar enmarcados en las necesidades del
procedimiento penal y en los principios que ilustran dichos procesos dentro de
sus competencias legales y constitucionales como cualquier otra autoridad
judicial, salvo que, como se dijo, observe un yerro que afecte de manera
ostensible y grave los derechos fundamentales de los involucrados o resulte
imperiosa la necesidad de dar prevalencia a los preceptos constitucionales de
carácter sustancial sobre aquellos que rigen a los procedimientos.
De las medidas de aseguramiento privativas de la libertad y su
tratamiento constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
Lo primero que debe decirse con respecto a las medidas de aseguramiento
privativas de la libertad es que deben tener siempre un carácter excepcional,
en vista de que constituyen una limitación del derecho fundamental a la
libertad, pilar del Estado Social y Democrático de Derecho. Por eso, esta
Corporación ha sido enfática en señalar que las limitaciones a la libertad
tienen una reserva judicial como expresión del principio de legalidad de la
sanción penal[18]
y que, si bien se ha reconocido que la privación de la libertad como medida de
aseguramiento no requiere un juicio previo, lo cierto es que es necesario que
el legislador establezca de forma clara, precisa y unívoca los supuestos en los
cuales es procedente una medida de este tipo, con el fin de no dar lugar a
ambigüedades que puedan obrar en detrimento de los derechos fundamentales de
las personas[19].
En el marco del proceso penal acusatorio, el artículo 307 de la Ley 906
de 2004 establece cuáles son las medidas de aseguramiento, distinguiendo entre
aquellas privativas de la libertad y las que restringen otros derechos. Entre
las primeras, se encuentran: i) la detención preventiva en establecimiento de
reclusión y ii) la detención preventiva en residencia señalada por el acusado,
siempre que esta ubicación no obstaculice el proceso de juzgamiento. Por su
parte, el artículo 308 exige que, para la imposición de estas medidas, la
Fiscalía debe presentar materiales probatorios y evidencia física debidamente y
legalmente recaudada de la cual se pueda inferir razonablemente que el imputado
puede ser autor o partícipe de la conducta. Del mismo modo, debe demostrar que (i) la medida es necesaria para evitar la obstrucción
al debido ejercicio de la justicia; (ii) que el sujeto de la medida constituye
peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o (iii) que resulte
probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia.
Como lo ha señalado esta Corte en repetidas providencias[20],
no es suficiente que los jueces de garantías establezcan la gravedad y la
modalidad de la conducta para imponer las medidas de aseguramiento, sino que
deben, además, verificar la necesidad de éstas para el caso concreto, su
urgencia y si se adecúan o no a los fines constitucionales perseguidos con la
imposición de dichas restricciones a la libertad. Del mismo modo, los jueces
tienen la obligación de aplicar estas medidas de manera restrictiva, atendiendo
al carácter cautelar y excepcional de las mismas. Finalmente, cabe señalar que
por su carácter restrictivo del derecho fundamental a la libertad, el
ordenamiento procesal penal permite a los defensores que, en cualquier
momento a partir de la imposición de una medida de aseguramiento, puedan
convocar a una audiencia ante el juez de garantías con el fin de pedir la
revocatoria de la misma o su sustitución por una menos restrictiva de los derechos
fundamentales.
Sin embargo,
la norma penal (artículo 318 de la Ley 906 de 2004) es clara en indicar que la
procedencia de esa solicitud está sujeta a que el defensor presente “los
elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que
permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del
artículo 308”. En palabras de la Sentencia C-456 de 2006, lo anterior
significa que el defensor tiene la carga procesal de aportar elementos nuevos o
que no hayan sido tenidos en cuenta al momento de decretarse la medida de
aseguramiento, de forma que el juez pueda decidir si desaparecieron o no los
requisitos que se encontraron cumplidos al momento de imponer la restricción
cautelar de derechos de los imputados o acusados.
Verificación
del cumplimiento de requisitos formales y generales de procedencia en el caso
concreto.
Hechas las
consideraciones del caso sobre la jurisprudencia acerca de la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala procederá a
establecer si en el caso concreto se cumplen los requisitos generales de
procedencia:
-
Relevancia constitucional: El caso presenta una evidente tensión
entre el principio de limitación de la segunda instancia y las funciones de
control constitucional de las actuaciones dentro de un proceso penal, que son
competencia de los jueces de control de garantías. En ese sentido, se
encuentran en juego los derechos fundamentales a la libertad de las acusadas,
por un lado, y de las víctimas y el Estado a tener justicia y a mantener la
vigencia del sistema jurídico. Así visto, es claro que la situación planteada
tiene relevancia constitucional al poner de presente un conflicto entre
principios fundamentales contenidos en la Carta de 1991 y de cuya resolución
depende la protección de los derechos fundamentales de los involucrados.
-
Agotamiento de recursos ordinarios: Se tiene que la Fiscalía, en
calidad de accionante, ha agotado todos los recursos ordinarios por cuanto la
acción está dirigida contra una decisión de segunda instancia contra la que no
proceden más recursos ordinarios o extraordinarios.
-
Inmediatez: De acuerdo con lo que consta en el expediente, la
acción de tutela fue radicada el 11 de marzo de 2016, es decir, dentro del mes
siguiente a que se hubiera proferido la sentencia cuestionada (22 de febrero de
2016). Por ende, se debe considerar satisfecho el requisito de inmediatez.
-
El accionante alega, por igual, defectos de fondo e irregularidades
procesales en el examen probatorio dentro de la decisión atacada. A pesar de
que ya sería suficiente con el defecto de fondo, cabe señalar que los reparos
de índole procesal (es decir, la presunta equivocación en la valoración
probatoria por parte del despacho accionado), tienen un efecto decisivo en la
sentencia que se ataca pues en ellos se fundamentó la resolución de revocar las
medidas de aseguramiento impuestas a las señoras González y Cano.
-
Por otro lado, el accionante identificó de manera clara los yerros que,
considera, se presentaron en la providencia atacada, así como la eventual
vulneración derivada de los mismos.
-
Finalmente, es claro que la solicitud de amparo bajo estudio no se
dirige contra decisiones adoptadas dentro de otro proceso de tutela.
Ahora que se
ha verificado que la acción cumple con los requisitos generales de procedencia,
la Sala procederá a decidir de fondo, siguiendo la metodología establecida en
el apartado sobre el problema jurídico.
Estudio de
fondo sobre la presunta configuración de una causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias.
Como se
recordará, la parte accionante acusa a la providencia atacada de haber
incurrido en, al menos, tres defectos susceptibles de constituir una
vulneración a su derecho fundamental al debido proceso: primero, un defecto
procedimental que se configuró cuando, presuntamente, el Juzgado accionado tomó
la decisión de revocar la medida de aseguramiento impuesta a las acusadas sin
que eso haya sido motivo de apelación por ninguna de las partes. Segundo, un
defecto material o sustancial, al considerar que el Juzgado 11 Penal del
Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento omitió la aplicación del
artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, pues revocó las medidas a pesar
de que el defensor no había desvirtuado los criterios considerados al momento
de imponerlas. Finalmente, en tercer lugar, el accionante le endilga a la
sentencia el haber incurrido en violación directa de la Constitución al haber
vulnerado los principios constitucionales de respeto a las formalidades propias
del proceso, y los derechos fundamentales a la defensa y a la contradicción.
Para abordar
la solución del caso, la Sala procederá a estudiar cada uno de los alegatos
presentados por el señor Fiscal, con el fin de establecer si el Juzgado
accionado efectivamente incurrió en alguno de los defectos alegados. Para
pronunciarse sobre la acusación de defecto procedimental absoluto, la Sala encuentra
necesario evaluar las pruebas presentadas a efectos de establecer si, como lo
alega el accionante, el Juzgado 11 Penal del Circuito extralimitó sus
competencias. Así, lo primero será determinar en qué términos se produjeron las
apelaciones formuladas por las partes dentro del proceso penal, para definir
qué cuestiones debían ser resueltas por el despacho accionado: en la grabación
de la audiencia de primera instancia realizada el 15 de enero de 2016 ante el
Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Garantías, el Juez es claro en abrir
la vista indicando que ésta había sido convocada a solicitud del defensor de
las acusadas, con el propósito de “estudiar la viabilidad jurídica de darle
aplicación a una revocatoria de medida de aseguramiento”[21]. Igualmente, el defensor
en su intervención solicitó que, en caso de que no procediera la revocatoria,
entonces se sustituyera la detención intramural por la preventiva en el
domicilio de sus poderdantes.
Luego de las
ritualidades de rigor y la presentación de los argumentos de las partes, el
Juez 51 Penal Municipal procedió a dictar sentencia. En su providencia, el Juez
manifestó no encontrar que las acusadas constituyeran un peligro para la
víctima, pero sí las consideró peligrosas para la sociedad porque aún podían
influir en testigos. Por ende, manifestó que el defensor no había logrado controvertir
las razones del Juez que impuso las medidas y concluyó que no era posible
acceder a la solicitud de revocatoria de las mismas. Sin embargo, sí concedió
la sustitución de la detención intramural por la domiciliaria en beneficio de
la señora Mónica Cano, por considerar que su hijo menor de edad dependía absolutamente
de ella. Con respecto a la señora González, no encontró motivo para realizar la
sustitución dado que su hijo ya es mayor de edad. Una vez proferida esta
sentencia, el Juez otorgó la palabra a las partes con el fin de que indicaran
si iban a interponer algún recurso contra ella.
Como puede escucharse en la grabación, el delegado de la Fiscalía General interpuso
recurso de apelación, exclusivamente, contra la decisión de otorgar la
sustitución de medida de aseguramiento a favor de la señora Cano. Por su parte,
el defensor afirmó lo siguiente: “señor juez, de acuerdo con la decisión
respecto a Mónica Esperanza Cano y frente a la situación de Edith Rocío, yo
propondría una argumentación de apelación”[22].
A continuación, el Juez abrió el espacio para que los apelantes justificaran
sus recursos, de modo que el representante del ente acusador argumentó que el
menor hijo de la señora Cano no se encuentra en estado de desamparo y, además,
podía ser cuidado por su padre, quien tenía un trabajo estable. En el caso de
la defensa, el abogado sustentó sus recursos reiterando la importancia que
tiene el dar prevalencia a los derechos de los menores de edad, garantizándolos
a través de la presencia de sus padres en el hogar, así como reiteró la
necesidad de considerar la situación familiar de la señora Edith Rocío González
para hacer énfasis en la necesidad de que el Estado proteja los derechos de los
menores y de los adolescentes, en cabeza del hijo de la señora González, que
para ese momento había recién cumplido 18 años y es víctima de la violencia.
A
continuación, la señora Edith Rocío González tomó la palabra con el propósito
de reforzar los argumentos esgrimidos por su defensor y luego éste volvió a
dirigirse al despacho para reiterar que su solicitud, con respecto a la señora
González, iba dirigida a que se le permitiera cumplir la detención en su
domicilio y a que se le permitiera trabajar para el sostenimiento de su
familia. Al recibir el traslado como no recurrentes, la Fiscalía afirmó que la
sustentación del recurso no había cumplido los requisitos mínimos de
argumentación para la procedencia del mismo, por lo que solicitó que fuera
declarado desierto. La representante del Ministerio Público estuvo de acuerdo
con la Fiscalía en que la parte defensora no había expuesto argumentos para
impugnar la decisión, pero consideró que por una consideración humanitaria y
para proteger los derechos de los menores, el recurso debía ser concedido. Al
momento de decidir sobre la concesión del recurso, el funcionario judicial
expresó que:
“Por parte
de la funcionaria del Ministerio Público se han extraído algunas conclusiones
en lo referente a el recurso de apelación que se ha interpuesto por parte del
abogado defensor, que podrían significar en este caso que se valorara de otra
manera por parte del superior funcional; por esa razón, no procederé a declarar
desierto ese recurso de apelación que ha sido interpuesto por parte del señor
defensor, a objeto de que se revise por parte del superior funcional la
solicitud que ha sido planteada. En consecuencia, bajo esas consideraciones, se
concede el recurso de apelación que ha sido formulado por parte del
representante de la Fiscalía General de la Nación en contra de la decisión que
se adoptó de conceder el beneficio sustitutivo de la detención preventiva en
establecimiento carcelario por la detención domiciliaria a favor de la
ciudadana Mónica Esperanza Cano Bedoya y también se concede el recurso de
apelación que fue interpuesto por parte del abogado defensor en contra de la
decisión que se adoptó de denegar ese mismo beneficio sustitutivo a favor de la
ciudadana Edith Rocío González Martínez. Los dos recursos se conceden en el
efecto devolutivo a efectos de que se dirima la controversia planteada por los
dos recurrentes”[23].
De lo
sucedido en esa audiencia con respecto a los recursos de apelación presentados
por las partes en el proceso penal, esta Sala puede obtener las siguientes
conclusiones:
i). Está claro
que la decisión del juez de primera instancia fue recurrida por el
representante de la Fiscalía y por el defensor de las acusadas, cuyo recurso
fue coadyuvado por la representante del Ministerio Público, sin que ella misma
hubiese impugnado la providencia.
ii). El ente
acusador se pronunció exclusivamente en contra de la decisión de haber otorgado
el beneficio de prisión domiciliaria a la señora Mónica Esperanza Cano.
iii). El
defensor afirmó, en un primer momento, que formulaba apelación contra lo
resuelto frente a sus dos defendidas, pero al momento de sustentar el recurso,
sólo argumentó a favor de que a la señora Edith Rocío González recibiera la
sustitución de la medida de aseguramiento intramural por la de detención
domiciliaria con permiso para trabajar. De este modo, es claro que el defensor
no presentó ninguna argumentación tendiente a recurrir la decisión adoptada en
contra de la señora Cano ni pretendió la libertad de la señora González, sino
simplemente que pudiera gozar también del beneficio de detención domiciliaria.
iv). Así lo
entendió el juez de primera instancia, quien concedió los recursos de apelación
en contra de otorgarle detención domiciliaria a la señora Cano, según lo expuesto
por la Fiscalía, y de la decisión de denegar ese mismo beneficio a favor de
la ciudadana Edith Rocío González Martínez, como puede observarse en la
transcripción precitada.
De esta
manera, el conflicto planteado a la segunda instancia se circunscribía, por un
lado, a la posibilidad de revocar la decisión de otorgar el beneficio de
detención domiciliaria a la señora Cano o de extenderlo a la señora González,
por otro, sin que en ningún momento las partes recurrentes argumentaran a favor
de la libertad de las acusadas. Esto es importante porque, como puede verse en
la grabación de la audiencia de segunda instancia, el representante de la
Fiscalía enfiló todos sus argumentos a defender su posición y a atacar la
posibilidad de que la señora González pudiese gozar de detención domiciliaria
mientras que el defensor reiteró su solicitud de que el beneficio le fuese
extendido a la señora Cano sin referirse a la solicitud de libertad para
ninguna de sus defendidas. La jueza accionada, por su parte, procedió a
realizar un examen acerca de la procedencia de las medidas de aseguramiento que
se habían decretado, previo a establecer si era procedente la sustitución de
las mismas. Con ocasión de ese análisis, llegó a la conclusión de que ya no
existían los fundamentos fácticos que habían dado lugar a la imposición del
aseguramiento, por lo que decidió dejar en libertad a ambas acusadas.
Con
fundamento en estas cuestiones de orden fáctico, la Sala puede afirmar que, con
esa decisión, el despacho accionado efectivamente desbordó los límites
competenciales que le habían sido fijados por las actuaciones surtidas dentro
de la primera instancia en tanto que se pronunció sobre temas que no habían
sido objeto de apelación por las partes. De ese modo, puede afirmarse que el
accionante tiene razón, en principio, al afirmar que la autoridad judicial no
aplicó de manera estricta el principio constitucional de limitación de la
segunda instancia y flexibilizó, con su decisión, las normas de procedimiento
penal que exigen una carga probatoria mayor por parte del defensor a la hora de
argumentar a favor del levantamiento de las medidas cautelares que se hubiesen
proferido en contra de sus prohijados.
Sin embargo,
a juicio de esta Corte, este error no es susceptible de hacer procedente la
acción de tutela impetrada, por las razones que se expondrán a continuación.
Primero, porque por su función de juez constitucional, el despacho accionado se
encontraba obligado a realizar una ponderación entre principios
constitucionales en conflicto una vez había determinado que los fundamentos de
la imposición de las medidas de aseguramiento habían desaparecido: por un lado,
el principio de limitación y, por otro, el principio de prevalencia de la
libertad y de excepcionalidad de las medidas privativas de ésta. En ese
sentido, no puede reprochársele a la accionada el haber optado por aplicar el
principio de mayor jerarquía; es decir, aquél que establece que durante los
procesos penales la libertad debe ser la regla general y que las medidas de aseguramiento
que limitan este derecho fundamental nunca son deseables, sino que deben ser
usadas sólo en los casos más extremos. En ese sentido, si bien es cierto que el
defensor no proporcionó una argumentación suficiente para soportar la necesidad
de que sus defendidas fuesen dejadas en libertad, lo cierto es que el juez
constitucional tenía el deber de ejecutar un papel activo para la protección de
los derechos fundamentales y la concreción de los principios constitucionales y
podía, por tanto, proceder a la protección de esos derechos haciendo prevalecer
las normas sustanciales sobre las exigencias procesales.
Segundo, cabe
recordar que según la jurisprudencia constitucional citada en anteriores
consideraciones, para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales no basta la constatación de que se hubiese cometido un error por
parte del operador judicial, sino que es necesario verificar que ese error
hubiese implicado una vulneración grave de los derechos fundamentales de los
involucrados y, en especial, del derecho al debido proceso. En el caso bajo
análisis no se evidencia tal vulneración en tanto que la decisión del Juzgado
Once Penal del Circuito de Bogotá no afectó a la víctima dentro del proceso
(dado que esta ni siquiera había asistido a las diligencias del proceso en
persona o por intermedio de apoderado) ni impidió el correcto ejercicio de la
acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación.
En efecto,
sobre este último punto, es menester señalar que en la acción de amparo no se indican
consecuencias negativas dentro del proceso penal con ocasión de la decisión
cuestionada ni se explica si la libertad de las acusadas ha impedido el avance
de las diligencias. Por el contrario, para la Sala no pasa desapercibido que
las acusadas afirman haber asistido a las audiencias a las que han sido citadas
y tener disposición de comparecer siempre que sea necesario y que, en todo
caso, la situación cuestionada por vía de tutela no pone en riesgo la
continuación de los procedimientos hasta la etapa de conocimiento, en especial
teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la regla general es que las personas
involucradas en asuntos de materia penal puedan defenderse en libertad hasta el
momento en que, eventualmente, quede en firme una condena que implique una pena
que deba ser cumplida en un establecimiento penitenciario.
Ahora bien, el
accionante también propone la existencia de un defecto consistente en la
equivocada evaluación probatoria por parte del Juzgado accionado. A pesar de
que el accionante caracterizó esta circunstancia como un defecto sustantivo, la
Sala encuentra que lo correcto es analizar este cargo a la luz de los criterios
definidos para el llamado defecto fáctico, en vista de que es un
cuestionamiento dirigido a la manera como el juez analizó el material
probatorio obrante en el proceso. En ese sentido, se observa que, en general,
el Fiscal plantea divergencias argumentativas sobre la forma como el juez
valoró el material probatorio, pero no logró demostrar que las consideraciones
expuestas hayan sido completamente arbitrarias, flagrantes y manifiestas, de
tal forma que su alegato no va más allá de exponer su desacuerdo con la
decisión lo cual, a todas luces, no constituye una causal para que proceda la
acción de tutela bajo estudio.
Efectivamente,
como puede escucharse en la grabación y en la transliteración de la audiencia
de segunda instancia[24],
la jueza realizó un estudio de las pruebas y las relacionó con las causales
para decretar las medidas de aseguramiento, estableciendo que habían variado
las condiciones de hecho que habían llevado a la imposición de las mismas en
primer lugar, sin que se encuentren arbitrariedades en su argumentación. En ese
sentido, si se comparan los argumentos esgrimidos por el accionante en el
escrito de tutela con aquellos expuestos por la Jueza en la audiencia y en la
contestación de la misma[25],
puede verse lo siguiente:
-
El Fiscal considera que la Jueza no tuvo en cuenta que los fundamentos
para imponer las medidas de aseguramiento fueron el riesgo de obstrucción a la
justicia y el peligro para la sociedad. La Jueza, por su parte, afirma que el
ente acusador había señalado que había peligro para la víctima, pero que esto
había sido desvirtuado por el hecho de que se demostró que ésta se había
trasladado de ciudad de manera voluntaria y que no había pruebas de que las
acusadas hubiesen tenido intenciones de obstruir a la justicia. En todo caso,
no se observa un ejercicio arbitrario por parte de la autoridad judicial, sino
una divergencia en cuanto a la valoración probatoria.
-
La Jueza indica que tampoco existe base para afirmar que, para el
momento de la audiencia de segunda instancia, exista peligro para las pruebas,
en vista de que ya existió el descubrimiento en audiencia de las mismas. Del
mismo modo, afirmó que “el a quo dice que se pueden manipular testigos, pero
no hay una base probatoria para deprecar tal situación por lo tanto esto entra
en el camino de la especulación”[26].
Ante esto último, el Fiscal reprocha en su escrito de tutela que esto
significa que “a juicio de la autoridad accionada, el juez de instancia debía
probar que las procesadas podían influir en los testigos”[27]. A
juicio de la Sala, esta es una interpretación tendenciosa de lo dicho por la
jueza y, en todo caso, sólo muestra una vez más una disparidad de criterios en
cuanto a la valoración probatoria pero no un ejercicio arbitrario de la
potestad judicial.
-
La Jueza entiende que no existe base probatoria para afirmar que las
acusadas han entorpecido el trámite del proceso por los cambios en su defensor,
que han obligado a reprogramar algunas audiencias. En la tutela, el Fiscal echa
de menos que el despacho judicial no se hubiese pronunciado sobre “la
actitud de las procesadas, quienes a sabiendas de la renuncia de su defensor
desde el 3 de junio de 2015, sólo designaron defensor la última semana de
octubre de 2015, lo que llevó a que la audiencia preparatoria fuera
reprogramada para el 2 de marzo de 2016, con lo cual retardaron el proceso por
cerca de seis meses”. En este punto, la Sala no puede menos que estar de
acuerdo con lo expuesto por la Jueza en la contestación a la tutela y en la
audiencia, cuando afirmó que este hecho por sí mismo no demuestra un ánimo de
obstruir a la justicia en tanto que el cambio de defensor y la dilación en la
programación de audiencias es una circunstancia normal, (si bien no deseable),
en el marco de los procesos del sistema penal acusatorio.
-
Finalmente, la Fiscalía reprocha que la Jueza “supuso la existencia de
una prueba” al haber afirmado que “(…) cuando fueron impuestas las medidas
de aaseguramiento las procesadas estaban activas en la Contraloría General de
la República, en este momento, según nos dicen las partes, están suspendidas.
Entonces tenemos que esta circunstancia también varió (…)”[28], especialmente
si se tiene en cuenta que el defensor, en la misma audiencia de segunda
instancia, afirmó que sus defendidas “cumplen dignamente sus cargos al
interior de la Contraloría General”[29]
y no hizo referencia a la mencionada suspensión.
En su
respuesta, la funcionaria judicial indicó frente a este punto que “eso salió
a reducir en la audiencia de revocatoria de la medida, cuando se le dio la palabra
a la señora representante del Ministerio Público y sostuvo: “…además que las ya
acusadas están suspendidas entonces ya no trabajan en la CGR, por lo tanto, no
existen en este momento motivos para mantenerlas privadas de la libertad pues
estas circunstancias han desaparecido…”. Esto también se ve en la transcripción
de la audiencia de revocatoria de primera instancia que hace la Fiscalía (…).
Es de anotar, que esta aseveración no fue controvertida ni por la Fiscalía, ni
por la defensa. Por lo tanto, asumí que era cierto, en virtud del principio de
la buena fe”[30].
Sobre esta
última cuestión, la Sala observa que el despacho accionado pudo haber realizado
un análisis más cuidadoso, teniendo en cuenta que existían versiones
contradictorias acerca de si las funcionarias seguían o no trabajando en la
Contraloría. Sin embargo, no es claro que, de haberse tenido por cierto que las
acusadas seguían laborando en esa entidad, la decisión de la jueza hubiese sido
diferente. En efecto, este fue un elemento entre muchos otros que la accionada
tuvo en cuenta para decidir lo resuelto, sin que el hecho de la supuesta
suspensión del cargo hubiese sido el factor preponderante para revocar las
medidas de aseguramiento. Esto resulta aún más notorio si se tiene en cuenta
que el Juez de primera instancia, al conocer sobre la solicitud de revocatoria
de medidas de aseguramiento, decidió otorgar el beneficio de detención
domiciliaria y de permiso para trabajar en la Contraloría a la
señora González, por lo cual es claro que las dos autoridades judiciales
entendieron que la presencia de las acusadas en dicha entidad no implicaba un
riesgo para el proceso.
Así las
cosas, en vista de las consideraciones antedichas, la Corte entiende que la
acción de tutela impetrada por el señor Fiscal General de la Nación (e) contra
la decisión proferida por la Jueza Once Penal del Circuito de Bogotá con
Función de Conocimiento en ejercicio del control de garantías, no logró acreditar
la carga argumentativa necesaria para superar los estrictos requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por ende,
no queda otra opción que confirmar las sentencias objeto de revisión, que
negaron el amparo constitucional solicitado.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, CONFIRMAR en
su integridad las sentencias proferidas en primera y segunda instancia,
respectivamente, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y por la
Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en el marco de la acción de tutela promovida por el señor José Fernando Perdomo Torres, en su calidad de Fiscal General de la
Nación encargado, contra el Juzgado Once (11) Penal del Circuito de Bogotá D.C.
con Funciones de Conocimiento.
SEGUNDO.- Por
intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En principio, esta interpretación encuentra su origen en lo
establecido por la misma sentencia C- 543, en el sentido de que  “no procede la acción de tutela contra
ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable,
desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la
decisión definitiva que adopte el juez competente”, con lo cual se debe
entender que la tutela es procedente en casos excepcionales, como efectivamente
lo ha hecho esta Corporación (Véase también Auto No. 010 de 1993, M. P. Jorge Arango Mejía).
[2] El concepto de “vía de hecho” fue definido tempranamente por la
jurisprudencia constitucional como “Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho
susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la
conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o
capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales
de la persona” (Sentencia
T – 079 de 26 de febrero de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñóz). En el mismo
sentido, ver Sentencias T - 433 de 1993, M. P. Fabio Morón Díaz y T – 158 de 26 de abril de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[3] M.P. Eduardo Cifuentes Muñóz.
[4] Ver, por ejemplo, Sentencia T – 323 de 2014, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[5] Cabe anotar que los antecedentes inmediatos de esta Sentencia se
encuentran en las Sentencias T- 441 de 29 de mayo de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett; T – 606 de 17 de junio de 2004, M. P. Rodrigo Uprimmy Yepes y T – 608 de 17 de junio de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
[6] Sentencia T – 217 de 17 de abril de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. Ver también Sentencias C – 590 de 8 de junio de 2005, M. P. Jaime Córdoba Treviño y SU – 913 de 11 de diciembre de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[7] Sentencia T – 217 de 17 de abril de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. Estas causales fueron desarrolladas extensamente en la ya citada
Sentencia C – 590 de 8 de junio de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[8] Ver, por ejemplo, Sentencias
T-996 de 2003, T-638 y T-781 de 2011, entre muchas otras.
[9] Sentencia T-778 de 2009, reiterada en Sentencia T-620 de 2013,
entre otras.
[10] Sentencia T-264 de 2009. Ver también Sentencias SU-159 de
2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.
[11] Ver, al respecto, Sentencias
T-231 de 1994, T-008 de 1998, la C-984 de 1999, T-597 de 2011 y la ya citada
T-620 de 2013.
[12] Ver Sentencia T-567 de 1998
[13] Ibíd. En el mismo sentido, ver por ejemplo Sentencia T-781 de
2011, M.P.: Humberto Sierra Porto.
[14] Cfr. Sentencia C-095 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[15] Sentencia C-718 de 2012.
[16] Ver, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2001. M.P.: Jaime
Córdoba Triviño.
[17] Sentencia C- 979 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[18]  Sentencia C-123 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[19] Ver Sentencias C-106 de 2004 M.P. José Gregorio Hernández y
C-366 de 2014, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[20] Por ejemplo, ver Sentencias C-1198 de 2008 y la ya citada C-366
de 2014.
[21] Audiencia de 15 de enero de 2015, Mins. 1:24 a 1:37
[22] Audiencia de 15 de enero de 2015, Min. 1:42:40 a 1:43:00.
[23] Audiencia de 15 de enero de 2015, Min. 2:42:55 y siguientes.
[24] Folios 25 a 30, cuaderno principal.
[25] Folios 62 a 70 del cuaderno principal.
[26] Audiencia del 22 de febrero de 2016, Minuto 20:40.
[27] Escrito de tutela, página 17, cuaderno principal.
[28] Audiencia del 22 de febrero de 2016, Minuto: 21:01.
[29] Audiencia del 22 de febrero de 2016, Minuto: 46:28.
[30] Contestación a la acción de tutela, folio 78, cuaderno
principal.