SU134-98
Sentencia SU-134/98
Sentencia SU-134/98
SISTEMA DE
CARRERA-Regla general y
obligatoria/SISTEMA DE CARRERA-Mérito como elemento esencial
CONCURSO PUBLICO-Fundamentos/DERECHO AL TRABAJO-Nombramiento
de quien obtuvo el primer puesto/DERECHO A LA IGUALDAD-Nombramiento de
quien obtuvo el primer puesto/PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONCURSO DE
MERITOS-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto
CONCURSO PUBLICO-Naturaleza
CONCURSO DE MERITOS-Nombramiento de quien obtuvo el  primer
puesto
CARRERA JUDICIAL-Nombramiento de funcionario y empleado que
obtuvo mayor puntaje
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CARRERA JUDICIAL-Nombramiento de funcionario y empleado que obtuvo
mayor puntaje
DOCTRINA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CARRERA JUDICIAL-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto
Referencia:
Expediente T-134050
Peticionario: Marco
Tulio Borja González
Procedencia: Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
Magistrado
Ponente :
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Sentencia aprobado en Santafé de Bogotá
D.C., en la sesión de la Sala Plena de la Corte Constitucional a los dos (2)
días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
procede a la revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Córdova, y por el fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del proceso de tutela
formulado por el señor Marco Tulio Borja González contra el Tribunal Superior
de Montería.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional por remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud de lo
ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección número Seis de la
Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia.
I.  ANTECEDENTES.
El demandante presentó acción de tutela
ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, el 13 de marzo de
1997, sobre la base de los siguientes antecedentes:
1. El Honorable Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No.
070 de 1994, convocó a concurso de méritos para designar jueces de la
república, participando el actor en la especialidad de Civil del Circuito,
obteniendo así el primer lugar con un puntaje de 607.81, siendo incluido
primero en la lista de elegibles, entre nueve (9) participantes para el cargo
de Juez Civil del Circuito de Lorica, lista que fue remitida al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería.
2. Mediante Acta No. 006 del 6 de febrero de este año, el Tribunal
mencionado, procedió a proveer los distintos cargos de jueces vacantes en su
jurisdicción, nombrando entre ellos, al señor Carmelo del Cristo Ruiz
Villadiego, como nuevo Juez Civil del Circuito de Lorica, persona que ocupó el
séptimo puesto en la lista de elegibles para dicho cargo, con un puntaje de
466.36.
3. Ante tal situación, el demandante, señor Borja González, considera que
el Tribunal Superior de Montería, mediante dicho nombramiento le ha violado sus
derechos fundamentales a la igualdad, y al trabajo, pues considera que al
hacerse una convocatoria por parte del Consejo Superior de la Judicatura para
elaborar listas de elegibles a los diferentes cargos de carrera judicial, busca
con ello garantizar a los concursantes igualdad de oportunidades para acceder a
ocupar cargos judiciales. Señala que por tal motivo, y de acuerdo con lo
señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, el
nombramiento deberá recaer sobre quien haya obtenido el mayor puntaje y se
encuentre encabezando la lista.
Vistos los anteriores hechos, el actor
solicita se declare nulo y se revoque la designación en propiedad que al cargo
de Juez Civil del Circuito de Lorica, hiciera el Tribunal Superior de Montería,
mediante Acta No. 006 de febrero 6 de 1997 y que recayó en el señor Carmelo del
Cristo Ruíz Villadiego.
II.  DECISIONES JUDICIALES DE INSTANCIA
Mediante fallo del tres de abril del
presente año, el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdova, resolvió negar
la presente acción de tutela. Consideró dicho Tribunal que respecto de los
actos administrativos emanados del Tribunal Superior de Montería, como son el
acto por el cual el demandante fue postulado al cargo de juez Civil del
Circuito de Lorica, obteniendo cuatro votos a favor y cinco en contra, y en
segundo término el acto por el cual fue elegido al cargo en cuestión al señor
Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, existen otros mecanismo de defensa
judicial, que hacen improcedente la presente tutela. Señala finalmente, que la
utilización de la tutela como mecanismo transitorio, no depende del querer del
peticionario, sino de la situación fáctica que ameritan su utilización. Por tal
motivo, procedió a negar la presente tutela.
Impugnada la anterior decisión, conoció en
segunda instancia la Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativa del
Consejo de Estado, la cual procedió a revocar la decisión del Tribunal
Contencioso Administrativo de Córdova, y en su lugar rechazó la tutela.
Consideró el Consejo de Estado que al demandante le asisten otros medios de
defensa judicial, como son los propios para atacar los actos administrativos
que él considera lo han afectado. Señaló también, que en este caso la tutela
tampoco procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, pues si bien el actor citó numerosa jurisprudencia de la Corte
Constitucional al respecto, no demostró el perjuicio irremediable que se le
pueda causar. Por tal motivo y sin tener que entrar a decidir de fondo el
Consejo de Estado resolvió revocar el fallo de primera instancia y en su lugar
proceder a rechazar la presente tutela.
III.  ACTUACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Remitido el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, este fue escogido por la Sala de
Selección Número Seis, mediante auto del 20 de junio de 1997, y acumulado junto
con el expediente de tutela de la señora Ana Lucía Martínez Giraldo, por
considerar la Sala que había unidad temática en los mismos. Los expedientes
fueron repartidos al despacho del Magistrado Hernando Herrera Vergara.
Avocado el conocimiento de los expedientes,
se procedió mediante Auto de la Sala Sexta de Revisión del 18 de septiembre de
1997, a desacumularlos, pues si bien la temática contenida en dichas tutelas
era similar, la situación fáctica desarrollada en cada una de ellas no permitía
que fueren falladas en una misma sentencia.
Además, como consecuencia del análisis del
expediente de tutela del señor Borja González, la Sala Sexta de Revisión,
mediante auto del mismo 18 de septiembre de 1997, resolvió declarar la nulidad
de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia. Consideró la Sala
que siendo la pretensión inicial del demandante la de obtener su nombramiento,
este tendría un primer efecto cual sería el de relevar del cargo a quien ya fue
nombrado, violándose el derecho fundamental al debido proceso de dicho
funcionario, pues en ningún momento le fue notificada la iniciación de la
acción de tutela, negándosele de forma directa, su derecho de defensa. Por tal
motivo, y ante la falta de notificación al doctor Carmelo Ruíz Villadiego,
funcionario nombrado como juez  Civil del Circuito de Lorica, se procedió a
decretar la nulidad de los fallos en cuestión. A su vez, se ordenó al Tribunal
Contencioso Administrativo de Córdova, notificar además de la parte demandada,
al doctor Ruíz Villadiego.
IV. INFORMACIÓN
ADICIONAL ALLEGADA A LA CORTE CONSTITUCIONAL POR PARTE DEL SEÑOR CARMELO DEL
CRISTO RUÍZ VILLADIEGO.
Mediante escritos
allegados a esta Corporación por el señor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego
los días quince de agosto y tres de septiembre de 1997, señala lo siguiente en
relación con la tutela interpuesta por el señor Marco Tulio Borja González:
1. Mediante
escrito del quince de agosto de 1997, dirigido al Magistrado de esta
Corporación, doctor Hernando Herrera Vergara, señaló lo siguiente:
“Soy CARMELO DEL
CRISTO RUÍZ VILLADIEGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.617.701
de Chinú, quiero muy respetuosamente hacerle saber algunas inquietudes  acerca
de la Acción Tutelar referenciada:
1. Desde el inicio del procedimiento en comento he venido
considerando que se me ha debido notificar para hacerme parte por cuanto el
único afectado con una decisión adversa sería yo, lo cual espero en Dios no
suceda: El no oírme me vulnera el derecho a defenderme, fíjese por
ejemplo : Antes de la elección había solicitado al tener del artículo 165
inciso 3. Ley 270 de 1996, la actualización de mi puntaje, y es así como en la
actualidad, dicho puntaje supera al del accionante.
2. El accionante no concursó para Juez Civil del Circuito
sino para Juez Agrario, homologación que en mi modesto sentir viola el Artículo
13 Constitución Nacional Colombiana, por cuanto el acuerdo homologador basado
en el Artículo 202, Ley 270 de 1996 contempla una situación diferente al
concurso de méritos.
3. Me vengo desempeñando en el cargo de JUEZ CIVIL DEL
CIRCUITO de Lorica desde el 1° de Abril del año de 1992.
4. El accionante ya fue elegido Juez 9o. Civil del
Circuito de Barranquilla. Este hecho puede comprobarse oficiando al H. Tribunal
Superior de Justicia de Barranquilla.
“Doctor Herrera
Vergara he querido exponer lo anterior, por que a no dudarlo ello, servirá para
una mayor ilustración del caso sub-examine.”
El señor Ruíz
Villadiego anexó al anterior escrito, certificación expedida por la Secretaría
del H. Tribunal Superior de Justicia de Montería; Copia del Acuerdo No. 105 de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y un Oficio
emanado del Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Administrativa de
Montería.
Posteriormente, en
escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día 3 de
septiembre del presente año, el doctor Ruiz Villadiego señaló lo siguiente:
“Dentro de la
acción de tutela de la referencia quiero hacerles saber que me encuentro
escalafonado en el Cargo de Juez Civil del Circuito de Lorica; asimismo quiero
ratificar lo dicho en anterior memorial en el sentido de que el Doctor MARCO
TULIO BORJA GONZÁLEZ, se encuentra desempeñando actualmente el cargo de Juez
Noveno (9o) Civil del Circuito de Barranquilla.
“Para avalar lo
anterior estoy anexando copia autenticada del Acuerdo No. 2.402 de Julio 31 de
1997 y de la respectiva acta de posesión.”
El señor Ruiz
Villadiego anexa lo señalado en el escrito.
V.  DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA.
Mediante sentencia del 23 de octubre de
1997, el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdova resolvió rechazar por
improcedente la presente acción de tutela. En breves consideraciones, dicho
Tribunal señaló que al actor le asistían otras vías de defensa judicial, como
eran las vías ordinarias para atacar los actos administrativos emanados del
tribunal Superior. Además, como la acción de tutela se había impetrado como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual no se
vislumbra en el presente caso, pues no se dan las circunstancias que ameriten
la utilización de la tutela.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Por decisión de la Sala Sexta de Revisión,
en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 54 A del Reglamento de esta
Corporación (Acuerdo 01 de 1996), se decidió remitir el proceso de la
referencia para estudio y revisión de la Sala Plena, para unificación de
jurisprudencia, habiéndose decidido que este fuera fallado con posterioridad al
juicio del cual es demandante el señor Carlos Giovanny Ulloa Ulloa.
Atendiendo los criterios que ya la Corte
Constitucional había fijado con respecto a los concursos en carrera
administrativa y judicial, en sentencia de unificación de jurisprudencia SU-133
del 2 de abril de 1998, expresó:
“La Constitución
de 1991, con las salvedades que ella misma indica, ha hecho del sistema de
carrera el general y obligatorio para la provisión de cargos al servicio del
Estado, en todas sus ramas y órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de
cada uno de ellos, para la permanencia de los empleados y para el retiro del
servicio público (art. 125 C.P.).
Lo que procura el
orden jurídico, mediante la exigencia de que se aplique el sistema de carrera y
no la preferencia caprichosa del nominador en la selección, promoción y salida
del personal que trabaja para el Estado, es por una parte la realización del
principio constitucional de estabilidad en el empleo (art. 53 C.P.), por otra
la escogencia de los mejores, en busca de la excelencia como meta esencial del
servicio público, y, desde luego, el señalamiento del mérito como
criterio fundamental que oriente a los directivos estatales acerca de la
selección de quienes habrán de laborar en dicho servicio en sus distintas escalas.
En cuanto al
acceso al servicio público, la Constitución Política dispone que los
funcionarios cuya sistema de nombramiento no haya sido determinado por ella
misma o por la ley, serán nombrados por concurso público.
El concurso es el
mecanismo considerado idóneo para que el Estado, dentro de criterios de
imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y
las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo,
con el fin de escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, apartándose
en esa función de consideraciones subjetivas, de preferencias o animadversiones
y de toda influencia política, económica o de otra índole.
La finalidad del
concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor
opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto
puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser
elegido o nombrado.
Así concebida la
carrera, preserva los derechos al trabajo (arts. 25 y 53 C.P.), a la igualdad
(art. 13 C.P.) y al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40, numeral
7, C.P.), realiza el principio de la buena fe en las relaciones entre las
personas y el Estado y sustrae la actividad estatal a los mezquinos intereses
de partidos políticos y grupos de presión que antaño dominaban y repartían
entre sí los cargos oficiales a manera de botín burocrático.
Respecto de la
naturaleza de los concursos públicos, esta Corporación ha precisado así su
alcance:
"Puede definirse
el concurso público aludido, como el procedimiento complejo previamente reglado
por la administración, mediante el señalamiento de las bases o normas
claramente definidas, en virtud del cual se selecciona entre varios
participantes que han sido convocados y reclutados, a la persona o personas que
por razón de sus méritos y calidades adquieren el derecho  a ser nombradas en
un cargo público.
El procedimiento
en su conjunto está encaminado a alcanzar la finalidad anotada, sobre la base
del cumplimiento estricto de las reglas o normas del concurso, la publicidad de
la convocatoria al concurso, la libre concurrencia, y la igualdad en el
tratamiento y de oportunidades para quienes participan en el mismo.
Al señalarse por
la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas
particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es
decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en
cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o
empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no
puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por
consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del
concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los
resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en
violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad,
moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el
proceder irregular de aquélla". Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-256
de 1995. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.).
Tales
consideraciones son aplicables a todas las formas de carrera, no solamente la
administrativa, y tienen validez para las distintas ramas y órganos del poder
público.
El inciso 3 del
artículo 125 de la Constitución establece que el ingreso a los cargos de
carrera y el ascenso a los mismos se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
En particular, en
lo que toca con la Rama Judicial, no podía haber sido más explícito el artículo
156 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), al
declarar que "la carrera judicial se basa en el carácter profesional de
funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de
igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos
al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el
ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio". (Subraya la
Corte).
El artículo 157
de ese mismo estatuto ordena que la administración de la carrera judicial se
oriente a atraer y retener a los servidores más idóneos, para así asegurar la
calidad de la función judicial y del servicio. Por eso, para ejercer cargos y
escalar posiciones dentro de la carrera judicial se requiere, además de los
requisitos exigidos en disposiciones generales (calidades mínimas dispuestas
por la Constitución o por la ley para cada empleo), haber superado
satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones
consiguientes, que deben realizarse de conformidad con los reglamentos que expida
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sobre la base de
definir en cada prueba la idoneidad del aspirante sin más consideraciones que
los resultados que obtenga. Estos lo califican o lo descalifican para acceder
al cargo.
A dicha Sala y a
las respectivas de los consejos seccionales corresponde por mandato del
artículo 256 de la Constitución y de acuerdo con la ley, las atribuciones de
administrar la carrera judicial y elaborar las listas de candidatos para la
designación de funcionarios judiciales y enviarlos a la entidad que deba
hacerla.
El artículo 162
de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala como etapas del
proceso de selección para el ingreso a los cargos de la carrera judicial, las
siguientes:
"Para
funcionarios, concurso de méritos, conformación del Registro Nacional de
Elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.
Para empleados,
concurso de méritos, conformación del Registro Seccional de Elegibles, remisión
de listas de elegibles y  nombramiento.
Parágrafo. La
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo
dispuesto en la presente Ley, reglamentará la forma, clase, contenido, alcances
y los demás aspectos de cada una de las etapas. Los reglamentos respectivos
deberán garantizar la publicidad y contradicción de las decisiones".
El concurso de
méritos, de conformidad con el artículo 164 ibídem, "es el proceso
mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas,
aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los
aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en
el Registro de Elegibles y se fija su ubicación en el mismo".
El parágrafo
primero de este artículo establece que el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa, deberá reglamentar de manera general el contenido y los
procedimientos de cada una de las etapas y señalar los puntajes
correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera.
Con quienes hayan
superado las diferentes etapas se conformará el Registro de Elegibles,
inscripción que se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes
que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento.
Dice así el
artículo 166 de la Ley Estatutaria:
"La
provisión de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con
inscripción vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las
Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura".
Este artículo fue
declarado exequible por la Corte Constitucional, que sobre su alcance expresó:
"De acuerdo
con lo expuesto, debe señalarse que la norma bajo examen, por el simple hecho
de establecer que la lista de elegibles estará conformada por cinco candidatos,
no vulnera la Constitución Política, pues dentro de dicha lista naturalmente
estará incluído quien haya obtenido el mejor puntaje y, consecuentemente, ocupe
el primer lugar en la clasificación final. Sin embargo, como se señalará en
torno al artículo siguiente, el nombramiento que se efectúe con base en la
lista de elegibles deberá recaer sobre el candidato al que se ha hecho
referencia. En estos términos, el artículo será declarado exequible".
(Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-37 del 5 de febrero de 1996. M.P. Dr.
Vladimiro Naranjo).
El artículo 167
de la Ley Estatutaria dispone:
"ART. 167.
Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la
entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días
siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o
Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos,
procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.
Tratándose de
vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días
siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o
Seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará
con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de
elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista
dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar
dentro de los diez (10) días siguientes".
La Corte, al estudiar
su constitucionalidad, se refirió a dicha norma en los siguientes términos:
"La
constitucionalidad de esta norma se debe a que ella es corolario de las
anteriores, pues se limita a regular aspectos procedimentales relacionados con
el nombramiento de los funcionarios y empleados cada vez que resulte una
vacante dentro de la rama judicial. Con todo, deberá advertirse, tal como se
determinó en el artículo precedente, que el nombramiento que se realice deberá
recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que
ha obtenido la mayor puntuación.
Bajo estos
parámetros, la disposición se declarará exequible".
La Corte
condicionó entonces la exequibilidad que declaraba (numeral 3 de la parte
resolutiva de la Sentencia C-037 de 1996) y, en consecuencia, lo dicho por ella
sobre el punto en cuestión resulta obligatorio, ya que solamente bajo el
sentido expuesto se encontró conformidad entre el precepto examinado y la
Constitución. Otra interpretación de aquél se reputa inconstitucional y, por
ende, resulta inexequible, a partir de la aludida Sentencia.
Esa decisión hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional y obliga a todas las autoridades,
principiando por las corporaciones nominadoras dentro de la Rama Judicial, que
deben cumplir la norma, así entendida, de manera integral y exacta.
Por ello no es
admisible la posición del Tribunal Administrativo de Santander cuando expresó:
"Ninguna
disposición de la Ley 270 de 1996 exige y ordena que de una lista de elegibles
elaborada por un Consejo Seccional de la Judicatura y enviada a un Tribunal de
Distrito como el demandado, deba procederse a designar exactamente el que se
encuentre en el primer lugar de ese documento".
Tal aseveración
es violatoria del mandato legal, que debe entenderse con el alcance fijado por
la Corte, y contradice la cosa juzgada constitucional.
El candidato al
que hace referencia el citado fallo de esta Corte no es otro que el que ocupe
el primer lugar. Así lo era también con anterioridad a la Ley Estatutaria, de
acuerdo con la Sentencia C-040 del 9 de febrero de 1995 (M. P.: Dr. Carlos
Gaviria Díaz), que aparece como fundamento de la declaración de exequibilidad
del artículo 166 antes citado, en la cual se sostuvo:
"Por tanto,
quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el
ganador y excluirá a los demás en orden descendente. Si se procede de otro
modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, para qué el concurso
de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus
preferencias ? De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad y,
justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso. En él, por tanto, se
ha de calificar no sólo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino
también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo
con la categoría del empleo y las necesidades del servicio. Hay que hacer de la
carrera administrativa el instrumento eficaz para lograr una administración
pública en la que se garantice la eficiente prestación del servicio público, la
idoneidad y moralidad de sus funcionarios y la prevalencia del interés general
sobre el particular".
En otro aparte de
la misma providencia se lee:
"Pero sea
cual fuere el método o sistema elegido, éste debe contener criterios
específicos y concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como
valores dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus
calidades personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo
y las necesidades del servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador
una libertad absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento
siempre tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor número de
puntos".
Esta doctrina de
la Corte sustituyó la menos rigurosa que se había aceptado con anterioridad, en
lo relativo al tema (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-458
del 22 de octubre de 1993. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), en fallo que, debe
advertirse, se profirió antes de la vigencia de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), y con arreglo a la normatividad
que regía entonces (Decreto 052 de 1987, algunas de cuyas normas habían sido
parcialmente declaradas inexequibles, en su momento, por la Corte Suprema de
Justicia).
Tal normatividad
quedó reemplazada íntegramente, en lo que a este asunto concierne, por la Ley
270 de 1996, cuyos términos deben entenderse y aplicarse a la manera como lo
dispuso esta Corte al efectuar la revisión.
La doctrina de
esta Corporación al respecto es la que en este fallo de unificación se deja
consignada, y no puede ser otra, por razón de la cosa juzgada constitucional
(art. 243 C.P.).
Por ello, la Sala
Plena debe insistir en la presente oportunidad, que es de unificación y
corrección de jurisprudencia, en que, para no vulnerar la Constitución Política
ni atropellar los derechos fundamentales de los aspirantes que concursan para
desempeñar cargos dentro de la Rama Judicial, producida una vacante, el
nominador está obligado a nombrar al concursante que obtuvo el primer puesto en
la lista de elegibles, reservando a los siguientes para posteriores
nombramientos, también en orden descendente, mientras no se reciba nueva lista
del Consejo de la Judicatura.
Con base en los principios expuestos,
aplicados al caso sub-exámine, cabe manifestar que la acción de tutela no esta
llamada a prosperar por las siguientes razones:
1. Según se desprende del documento que obra a folio 135
del expediente, el doctor Marco Tulio Borja González concursó para el cargo de
Juez Agrario; pero en virtud del Acuerdo No. 105 de 21 de mayo de 1996, pasó a
formar parte del registro de elegibles correspondiente al cargo de Juez Civil
del Circuito.
2. En el Acuerdo mencionado, suscrito por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se señaló que “los
concursantes inscritos en el Registro Nacional de Elegibles para proveer las
vacantes de jueces agrarios, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo
202 de la Ley 270 de 1996, formarán parte del Registro correspondiente al cargo
de Jueces Civiles del Circuito”.
3. De acuerdo con el acta que obra a folio 141 del
expediente, el demandante, doctor Marco Tulio Borja González tomó posesión el
13 de agosto de 1997 como Juez 9o. Civil del Circuito de Barranquilla en
propiedad.
4. En el documento de 6 de agosto de 1997,
suscrito por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura del Departamento de Córdova, que obra a folio 135 del expediente,
se expresa que “como consta en la Resolución No. 17 del 12 de junio de 1997,
el puntaje obtenido por el Doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien
desempeña en el cargo de Juez Civil del Circuito de Lorica, es de 616.86,
mientras que el puntaje obtenido por el Doctor Marco Tulio Borja González, es
de 607.81”.
De conformidad con
estos documentos, se tiene que por encima del puntaje del demandante, se
encontraba el del doctor Ruiz Villadiego, con mayor puntaje que él, aparte de
la consideración según la cual evidentemente el actor concursó para un cargo
diferente al de Juez Civil del Circuito, es decir, el de Juez Agrario, que en
virtud de un Acuerdo suscrito por el Consejo Superior de la Judicatura, pasó a
formar parte del Registro de Elegibles, correspondiente al cargo de Juez Civil
del Circuito.
Aunque en el
presente asunto no es objeto de análisis la validez del citado Acuerdo, lo
cierto es que en las circunstancias anotadas, los derechos del accionante no
aparecen desconocidos, toda vez que dentro del proceso de tutela se pudo
establecer que por encima del puntaje que él obtuvo, está el logrado por el nombrado,
según se desprende del documento emanado de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdova.
Por lo anterior,
resulta que, carece de fundamento la pretensión del demandante, razón por la
cual se revocará la sentencia materia de revisión en cuanto se rechazó por
improcedente la tutela impetrada, ya que la acción pertinente ejercida sí es el
mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales
fundamentales, para casos como el presente, y en su lugar se denegará el amparo
solicitado, por los motivos expresados en esta providencia.
VII.   DECISIÓN
De conformidad con
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
REVOCASE
la sentencia del 23 de
octubre de 1997 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Córdova, y en su lugar se dispone:
Primero:
DENEGAR la tutela formulada por el doctor Marco Tulio Borja González, por
los motivos expresados en la parte motiva de esta providencia.
Segundo:
LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO
MESA
Presidente
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA
DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General