T-567-04
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Sentencia
T-567/04
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales/ACCION DE TUTELA-Requisitos para el pago de acreencias
laborales
ACCION DE TUTELA-Inmediatez/ACCION DE TUTELA-Término
razonable de presentación
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Procedencia de tutela respecto a salarios
adeudados del 2003 pero no los de 1999 a 2002
ENTIDAD HOSPITALARIA-Pago de salarios si hubiere disponibilidad
presupuestal
PARTIDA PRESUPUESTAL-Gestión y distribución para pago oportuno
de salarios
EMPLEADOR-Asunción de responsabilidad por mora en aportes a
seguridad social
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expedientes T-864282 y T-864377
Acciones de tutela instauradas por Lorenza
Pianeta Ruíz y Ruby Navas Bravo contra el Hospital Universitario de Cartagena.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil cuatro
(2004).
La Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
1. Las señoras Lorenza Pianeta Ruíz y Ruby Navas Bravo
instauraron acciones de tutela[1]
contra el Hospital Universitario de Cartagena por considerar violados sus
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la
igualdad y al pago oportuno del salario. Señalan que el Hospital de manera
reiterada ha incumplido sus obligaciones laborales, absteniéndose de pagar sus
salarios, primas, vacaciones, retroactivos, recargos laborales, e incumpliendo
el pago de los aportes a salud y pensiones. Las demandantes coinciden en
señalar que el mencionado hospital les adeuda los siguientes salarios: julio a
noviembre de 1999, agosto a diciembre de 2001, abril, mayo y junio de 2002, 15
días de enero de 2003 y de  febrero a agosto de 2003. Sostienen que en razón a
la prolongada suspensión en el pago de sus salarios, su economía familiar y
personal se ha visto gravemente afectada pues las deudas adquiridas para
cumplir con sus obligaciones básicas son grandes y los costos financieros de
las mismas se hacen impagables. Solicitan por lo tanto, la protección de los
derechos fundamentales ya señalados, y piden se ordene el pago de los salarios
adeudados.
La apoderada especial de la E.S.E. Hospital
Universitario de Cartagena en Liquidación, en respuesta a la vinculación que le
hiciera el juez de tutela  manifestó que como consecuencia de la difícil
situación económica y financiera de este Hospital, la Superintendencia Nacional
de Salud, mediante Resolución No. 1021 de julio 25 de 2003 ordenó su
intervención administrativa para liquidación. Manifestó que es cierto que se a
las accionantes se les adeudan salarios y otras prestaciones laborales, pero
que en virtud de las normas que rigen el proceso de liquidación  (Decreto - Ley
633 de 1993, Ley 510 de 1999 y Decreto 2418 de 11999 entre otras), no se puede
efectuar pago alguno en la actualidad.
2. Las providencias que se revisan[2]
negaron y, a su vez confirmaron la negativa del amparo solicitado, al
considerar que la acción de tutela no es el mecanismo para reclamar el pago de
acreencias laborales. Además, los jueces de tutela consideraron que no aparece
probado que las accionantes se encuentren expuestas a un inminente perjuicio
irremediable, ni está demostrada la afectación de su mínimo vital.
3. Para proferir sentencia en el presente caso, la
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional hace las siguientes
consideraciones:
3.1. La mora en el pago de salarios y la consecuente
afectación del mínimo vital del asalariado y el no pago de aportes a seguridad
social han sido ampliamente tratados por la jurisprudencia de esta Corporación,
la cual se reiterará en este caso. En relación con el tema salarial, esta
Corporación ha sido señalado repetidamente que si bien la tutela no es el
mecanismo idóneo para reclamar acreencias de tipo laboral, puede
excepcionalmente ser procedente cuando las circunstancias del demandante así lo
ameriten.[3]
A este respecto, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que debe concederse
la tutela del derecho fundamental al mínimo vital del trabajador (i) si
está demostrada la mora salarial del demandado, (ii) hay indicios de que
el afectado no cuenta con otros medios de subsistencia y (iii) no se ha
probado lo contrario.[4]
Adicionalmente, la Corte ha establecido una presunción de afectación del mínimo
vital cuando la suspensión en el pago del salario es prolongada o indefinida.[5]
3.2. Analizadas las pruebas obrantes en los
expedientes y las respuestas entregadas por la apoderada del Hospital a los
juez de tutela, la Sala advierte que la E.S.E.  Hospital Universitario de
Cartagena aceptó que les adeuda los salarios de varios meses que corresponden
igualmente a diferentes años. Además, el ente accionado no controvierte el
hecho de encontrarse en mora en el pago de los aportes a salud y pensión.
3.3. De otra parte, las accionantes reclaman
primeramente el pago de salarios de vieja data correspondientes a los años 1999
a 2002. Frente a este asunto, la Corte señalado reiteradamente que  la acción
de tutela está gobernada por el presupuesto de inmediatez[6]
como requisito de procedibilidad, y por ende se  impone a los particulares el
deber de reclamar en tutela dentro de un término razonable oportuno y justo, la
protección de sus derechos fundamentales vulnerados o amenazados, pues cuando
no se demuestra la afectación del mínimo vital porque las acreencias reclamadas
son de antigua causación[7],
la acción de tutela se torna inoperante.[8]
Por ello, al haberse reclamado en septiembre de 2003, la cancelación de algunos
salarios impagados en los años 1999 a 2002, considera la Sala que la tutela por
este primer reclamo incumple el presupuesto de inmediatez.
3.4. No sucede lo mismo con el pago de acreencias
debidas durante todo el primer semestre del año 2003, pues de ellas sí es
factible predicar la afectación de las condiciones mínimas de vida de las
accionantes y por ende en aras de su protección, la Sala  revocará las
sentencias objeto de revisión para en su lugar, ordenar el pago de los salarios
adeudados y correspondientes al año 2003 por ser respecto de estos que es
evidente la afectación del mínimo vital de quienes reclaman en tutela. Respecto
de las demás acreencias aquí alegadas por las accionantes como no canceladas y
correspondientes a los años anteriores, deberá señalarse que ellas podrán ser
reclamadas dentro del proceso de liquidación en el cual esta inmerso el
Hospital Universitario de Cartagena.
En consecuencia, la E.S.E. Hospital Universitario de
Cartagena –en Liquidación- deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, cancelar a
las accionantes los salarios a ellas adeudados y correspondientes al año 2003,
siempre que hubiere la correspondiente disponibilidad presupuestal.
Si no existieren los recursos respectivos, la E.S.E.
Hospital Universitario de Cartagena –en Liquidación-, deberá proceder dentro
del término anteriormente indicado, a iniciar las gestiones y trámites
presupuestales necesarios tendientes a la consecución de los recursos
pertinentes que le permitan garantizar el pago de los salarios adeudados a las
accionantes, a fin de cumplir con la orden aquí impartida, señalándose que
dichas gestiones deberán estar agotadas en un plazo máximo de 2 meses.
En relación con la mora en el pago de los aportes a
seguridad social,[9]
la jurisprudencia constitucional ha indicado que en aquellos casos en los
cuales el empleador incumple su obligación legal de pagar de manera puntual y
completa los aportes a salud, el patrono moroso deberá asumir directamente
todos los riesgos que con su omisión se generen, y por ello, deberá correr con
los gastos surgidos con ocasión de la prestación de los servicios médicos
requeridos por sus trabajadores o sus beneficiarios, pues esta es una conducta
que efectivamente vulnera los derechos fundamentales del trabajador.[10] En
el presente caso, esta reconocida la mora en el pago de los aportes a seguridad
social y por ello se ordenará al ente accionado proceda a cancelar todos los
aportes correspondientes a salud de las accionantes.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas los días 24 de octubre y
noviembre 21 de 2003, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena.
En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social de Lorenza Pianeta Ruíz y Ruby Navas Bravo
Segundo.- ORDENAR a la E.S.E. Hospital Universitario de Cartagena – en
Liquidación-, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, cancele a las accionantes los salarios a
ellas adeudados y correspondientes al año 2003.
Si no existiere la respectiva disponibilidad
presupuestal, la E.S.E. Hospital Universitario de Cartagena –en Liquidación-,
deberá, dentro del término anteriormente indicado, iniciar las gestiones y
trámites presupuestales necesarios tendientes a la consecución de los recursos
que le permitan cumplir con la orden aquí impartida. Estas gestiones deberán
estar agotadas en un plazo máximo de 2 meses.
Tercero.- Ordenar a la E.S.E. Hospital Universitario de Cartagena - Liquidación-
que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la
presente providencia, proceda a cancelar todos los aportes correspondientes a
salud de las accionantes.
Cuarto.- El desacato a lo ordenado en esta providencia, se sancionará de conformidad
con lo señalado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Sexto.- Para garantizar la efectividad de la acción de tutela,
los Jueces Tercero y Octavo Laboral del Circuito de Cartagena notificarán esta
sentencia dentro del término de cinco días después de haber recibido la
comunicación, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado Ponente
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Las señoras Pianeta Ruíz y Navas Bravo interpusieron las tutelas
el día 1° de septiembre de 2003.
[2] Expediente T-864282, sentencias del 16 de septiembre y 21
de noviembre de 2003, proferidas respectivamente por el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Cartagena y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa
misma ciudad; expediente T-864377, sentencias del 18 de septiembre y el
24 de octubre de 2003 proferidas por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Cartagena y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad.
[3] La sentencia T-528 de 2001 M.P. Jaime
Araujo Rentería se refirió a este tema en los siguientes términos:
“Reiteradamente esta Corporación ha manifestado que la acción de tutela, en
principio, no surge como la vía más idónea para lograr el efectivo pago de
acreencias de carácter laboral, pues para ello existen otros mecanismos
judiciales ordinarios. Sin embargo, y de manera excepcional, la acción de tutela procederá, siempre y
cuando se tengan en cuenta para ello las circunstancias especiales del caso en
particular, cuando se determine la ineficacia de los otros medios de defensa
judicial; cuando las condiciones propias del accionante no le permitan esperar
el agotamiento de un proceso ordinario, y finalmente, cuando el mínimo vital
del demandante y su familia se vea afectado. || Es así como las necesidades
básicas que requiere suplir cualquier persona, y que se constituyen en su
mínimo vital, no pueden verse restringidas a la simple subsistencia biológica
del ser humano, pues es lógico pretender la satisfacción, de las aspiraciones,
necesidades y obligaciones propias del accionante y su grupo familiar.
Igualmente debe recordarse que el derecho fundamental a la subsistencia  de las
personas, depende en forma  directa de  la retribución salarial, según lo ha
sostenido la Corte Constitucional, pues de esta manera también se estará
garantizando la vida, la salud, el trabajo y la seguridad social.” (pies de
página omitidos)
[4] En sentencia T-1039/00, M.P Alejandro
Martínez Caballero, la Corte señaló: "En
lo tocante a la prueba, se considera que la no cancelación de salarios es un
perjuicio irremediable que afecta el derecho fundamental a la subsistencia 'en
todos los casos en los  que no se encuentre debidamente acreditado que el
trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su
trabajo'. Se debe partir del principio de la buena fe, pero que el
actor no queda exonerado de probar los hechos dentro de las orientaciones del
Decreto 2591 de 1991, especialmente de los artículos: 18 (restablecimiento
inmediato si hay medio de prueba), 20 (presunción de veracidad si se piden
informes y no son rendidos), 21 (información adicional que pida el juez), 22
(convencimiento del juez que exonera de pruebas adicionales). O sea que
no se exige la prueba diabólica (demostración a plenitud de que no se tienen
otros ingresos), sino que se requiere algo que le permita al juez deducir que
el salario es el único ingreso y que el no pago afecta gravemente al
trabajador. Sirve por ejemplo la prueba documental sobre deudas contraidas, la
situación concreta y perjudicial  en que han quedado los hijos o el cónyuge del
trabajador, la misma cuantía del salario cuando esta es baja y hace presumir
que quien lo recibe depende de él, pero al menos debe existir un principio de
prueba, no basta la sola afirmación, menos la hecha de manera genérica para
varios trabajadores."
[5] En sentencia T-808/98, M.P Antonio Barrera Carbonell, se
establece la presunción de afectación del mínimo vital en los siguientes
términos: "Éste (el mínimo vital) se presume afectado cuando la suspensión
en el pago del salario se prolonga indefinidamente en el tiempo, de tal suerte
que se coloca al trabajador y a su familia en una situación económica crítica
que afecta sus derechos fundamentales y que hace necesaria la intervención
rápida y eficaz del juez de tutela para restablecer su goce, correspondiéndole
al demandado la demostración de que el peticionario de la tutela cuenta con
otros ingresos o recursos, con los cuales pueda atender sus necesidades
primarias vitales y las de su familia". En  el mismo sentido, las
siguientes sentencias reiteran la mencionada presunción: T-385/99 M.P. Alfredo
Beltrán; T-387/99 M.P Alfredo Beltrán; T-525/99 M.P Carlos Gaviria; T-616/99
M.P Álvaro Tafur Galvis; T-711/99 M.P José Gregorio Hernández; T-1000/99 M.P
José Gregorio Hernández; T-606/99 M.P Alfredo Beltrán; T-611/99 M.P Carlos
Gaviria. En la T-259/99 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se dice que, si bien debe
demostrarse, al menos sumariamente, que la falta de pago del salario afecta el
mínimo vital, no puede el juez denegar el amparo porque el demandante no haya
probado afectación del mínimo vital. En sentencia T-1056/00, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, retomando la SU-995/99 la Corte advierte que cuando el demandante
cumple con las condiciones para declarar renta, el juez puede valorar el tiempo
en que la mora del patrono incide en el mínimo vital. La misma sentencia
afirma: “El accionante debe indicar la vulneración del mínimo vital que alega,
y el juez podrá valorar las condiciones expuestas, con base en la buena fe, que
deberá presumirse”.
[6] Sentencia SU-961 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[7] Ver sentencias T-537 de 2000 y T-427 de 2001, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra, T-527 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, T-615 de 2001 y
T-971 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil,  T-700 de 2001, M.P. Álvaro Tafur
Galvis, T-933 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y T-1335 de 2001 M.P.
Jaime Araujo Rentería, entre otras.
[8] En sentencia T-427 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se dijo
lo siguiente: “transcurridos más de 20 meses desde el momento en que se
inició la vulneración de los derechos, período durante el cual los actores no
solicitaron el pago de sus salarios ante la empresa, ni intentaron lograrlo a
través de la jurisdicción ordinaria, el concepto de perjuicio irremediable
pierde su sentido y su protección por medio de la acción de tutela se hace
improcedente.”
[9] Sentencia SU-562 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[10] La jurisprudencia de esta Corporación al referirse sobre la mora
de los empleadores en el traslado de los aportes obrero – patronales indicó
que: “De conformidad con lo señalado por el artículo 161 de la ley 100 de
1993, el empleador está en la obligación de transferir, a las entidades
prestadoras de los servicios de salud a las cuales se encuentren afiliados sus
trabajadores y extrabajadores, los aportes obrero - patronales por concepto de
cotizaciones al régimen general de salud. Así, cuando el empleador, no traslada
de manera puntual y completa dichos aportes a las entidades promotoras de salud
(E.P.S.), está vulnerando los derechos fundamentales de sus empleados, poniendo
en peligro igualmente, los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad
social y al trabajo. Esta omisión en el cumplimiento de dicha obligación, se
constituye en una vulneración de derechos fundamentales, que en el régimen
contributivo de salud, conlleva una alteración grave y pronta en la prestación
efectiva de los servicios médicos requeridos. El que la E.P.S. correspondiente
no pueda disponer de los recursos económicos que requiere para su funcionamiento,
y que legalmente le pertenece, mengua su actuar y limita su objeto social, a
tal punto que la prestación de los servicios médicos ofrecidos como la calidad
del servicio se ven disminuidos por la carencia de los mencionados recursos
económicos” Sentencias T-258 y T-360 de 2000 M.P José Gregorio Hernández
Galindo.