C-658-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-658/03
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda
TRAMITE LEGISLATIVO-Forma
de contabilizar los términos constitucionales cuando media mensaje de urgencia
DEBATE LEGISLATIVO-Cumplimiento
de términos
NORMA ACUSADA-Exequible
en cuanto no se vulneraron los términos establecidos en la Constitución
Referencia: expediente D-4426
Demanda de inconstitucionalidad contra la
Ley 789 de 2002 “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar
la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de
Trabajo”.
Actor : Andrés De Zubiría Samper.
Magistrado
Ponente:
Dr.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos
mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la
Constitución Política, el ciudadano Andrés De Zubiría Samper presentó demanda
contra la Ley 789 de 2002 “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo”
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II.  NORMA DEMANDADA.
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVIII. N. 45046. 27,
DICIEMBRE, 2002. PÁG.32
LEY
789 DE 2002
por la cual se
dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se
modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
DEFINICION SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL
Artículo 1°. Sistema de Protección Social.
El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de
vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener
como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo.
El objeto fundamental, en el área de las
pensiones, es crear un sistema viable que garantice unos ingresos aceptables a
los presentes y futuros pensionados.
En salud, los programas están enfocados a
permitir que los colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y
oportunidad, a los servicios básicos.
El sistema debe crear las condiciones para
que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y
jornada laboral y simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los
cambios económicos y sociales. Para esto, el sistema debe asegurar nuevas
destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar una economía dinámica según
la demanda del nuevo mercado de trabajo bajo un panorama razonable de
crecimiento económico.
Creación del Fondo de Protección Social.
Créase el Fondo de Protección Social, como una cuenta especial de la Nación,
sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
o a la entidad que haga sus veces, cuyo objeto será la financiación de
programas sociales que el Gobierno Nacional defina como prioritarios y aquellos
programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz.
El Fondo de Protección Social tendrá las
siguientes fuentes de financiación:
1. Los aportes que se asignen del
Presupuesto Nacional.
2. Los recursos que aporten las entidades
territoriales para Planes, Programas y Proyectos de protección social.
3. Las donaciones que reciba.
4. Los rendimientos financieros generados
por la inversión de los anteriores recursos.
5. Los rendimientos financieros de sus
excedentes de liquidez y, en general, todos los demás recursos que reciba a
cualquier título.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará
el funcionamiento y la destinación de los recursos del Fondo de Protección
Social. La contratación con los recursos del Fondo deberá regirse por las
reglas que regulan la contratación en el derecho privado.
CAPITULO II
Régimen de Subsidio al Empleo
Artículo 2°. Subsidio al empleo para la
pequeña y mediana empresa. Como mecanismo de intervención en la economía para
buscar el pleno empleo, créase el subsidio temporal de empleo administrado por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como mecanismo contracíclico y de
fortalecimiento del mercado laboral dirigido a las pequeñas y medianas
empresas, que generen puestos de trabajo a jefes cabeza de hogar desempleados.
Este beneficio sólo se otorgará a la empresa por los trabajadores adicionales que
devenguen un salario mínimo legal vigente, hasta el tope por empresa que defina
el Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional, previo concepto del
Conpes, definirá la aplicación de este programa teniendo en cuenta los ciclos
económicos, y señalará las regiones y los sectores a los cuales se deberá
otorgar este subsidio, así como los requisitos que deben cumplir las Pequeñas y
Medianas Empresas que estén pagando todos los aportes a seguridad social de sus
trabajadores y los trabajadores adicionales para acceder al programa,
incluyendo el porcentaje de estos que la empresa contrate amparados por el
subsidio, los instrumentos de reintegro de los recursos cuando no se cumplan
los requisitos para acceder al subsidio, y la duración del mismo, teniendo en
cuenta en todo caso los recursos disponibles y los asignados en la Ley 715 de
2001 para estos efectos.
En ningún caso el otorgamiento de este
subsidio generará responsabilidad a cargo del Estado frente a los trabajadores
por el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y aportes, los cuales
en todo caso son responsabilidad de los respectivos empleadores.
Parágrafo. Tendrán prioridad en la
asignación de los recursos las zonas rurales, en especial aquellas que
presentan problemas de desplazamiento y conflicto campesino.
Artículo 3°. Régimen del subsidio familiar
en dinero. Tienen derecho al subsidio familiar en dinero los trabajadores cuya
remuneración mensual, fija o variable no sobrepase los cuatro (4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, siempre y cuando laboren al menos 96
horas al mes; y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge o compañero (a),
no sobrepasen seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv.
Cuando el trabajador preste sus servicios a
más de un empleador, se tendrá en cuenta para efectos del cómputo anterior el
tiempo laborado para todos ellos y lo pagará la Caja de Compensación Familiar a
la que está afiliado el empleador de quien el trabajador reciba mayor
remuneración mensual. Si las remuneraciones fueren iguales, el trabajador
tendrá la opción de escoger la Caja de Compensación. En todo caso el trabajador
no podrá recibir doble subsidio.
El trabajador beneficiario tendrá derecho a
recibir el subsidio familiar en dinero durante el período de vacaciones anuales
y en los días de descanso o permiso remunerado de ley, convencionales o
contractuales; períodos de incapacidad por motivo de enfermedad no profesional,
maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Parágrafo 1°. Darán derecho al subsidio
familiar en dinero las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios que a
continuación se enumeran:
1. Los hijos que no sobrepasen la edad de
18 años, legítimos, naturales, adoptivos y los hijastros. Después de los 12
años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento docente debidamente
aprobado.
2. Los hermanos que no sobrepasen la edad
de 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del
trabajador y que cumplan con el certificado de escolaridad del numeral 1.
3. Los padres del trabajador beneficiario
mayores de 60 años, siempre y cuando ninguno de los dos reciba salario, renta o
pensión alguna. No podrán cobrar simultáneamente este subsidio más de uno de
los hijos trabajadores y que dependan económicamente del trabajador.
4. Los padres, los hermanos huérfanos de
padres y los hijos, que sean inválidos o de capacidad física disminuida que les
impida trabajar, causarán doble cuota de subsidio familiar, sin limitación en
razón de su edad. El trabajador beneficiario deberá demostrar que las personas
se encuentran a su cargo y conviven con él.
5. En caso de muerte de una persona a cargo
por la cual el trabajador estuviere recibiendo subsidio familiar, se pagará un
subsidio extraordinario por el mes en que este ocurra, equivalente a 12
mensualidades del subsidio en dinero que viniere recibiendo por el fallecido.
6. En caso de muerte de un trabajador
beneficiario, la Caja de Compensación Familiar continuará pagando durante 12
meses el monto del subsidio por personas a cargo, a la persona que acredite
haberse responsabilizado de la guarda, sostenimiento o cuidado de ellos. El
empleador dará aviso inmediato de la muerte de un trabajador afiliado a la Caja
de Compensación.
7. Podrán cobrar simultáneamente el
subsidio familiar por los mismos hijos el padre y la madre, cuyas
remuneraciones sumadas no excedan de cuatro (4) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, smlmv.
Parágrafo 2°. Tendrán derecho a Subsidio
Familiar en especie y servicios para todos los demás servicios sociales los
trabajadores cuya remuneración mensual fija o variable, no sobrepase los cuatro
(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, y tendrán derecho a
estos subsidios las personas a cargo enunciadas en el parágrafo 1° del presente
artículo, incluyendo el (la) cónyuge y el trabajador.
En el caso del parágrafo 1, los Consejos
directivos de las Cajas de Compensación familiar fijarán las tarifas y montos
subsidiadas que deberán ser inversamente proporcional al salario devengado.
Artículo 4°. Cuota monetaria. A partir del
1° de julio de 2003, el Subsidio Familiar en dinero que las Cajas de
Compensación Familiar deben pagar, a los trabajadores que la ley considera
beneficiarios, será cancelado, en función de cada una de las personas a cargo
que dan derecho a percibirlo, con una suma mensual, la cual se denominará, para
los efectos de la presente ley, Cuota Monetaria.
Parágrafo 1°. Para los efectos de la
presente ley se entiende por personas a cargo aquellas que dan derecho al
trabajador beneficiario a recibir subsidio en dinero, siempre que se haya
pagado durante el respectivo ejercicio.
Parágrafo 2°. Con el fin de garantizar el
régimen de transparencia y propiciar las condiciones apropiadas para el
desarrollo de lo dispuesto en la presente ley en relación con el diseño y
estructuración de la Cuota Monetaria, en aquellas regiones, departamentos o
ciudades en donde existan Cuotas Monetarias Ordinarias diferenciales, a partir
de la vigencia de esta ley y hasta el 30 de junio de 2003, queda prohibido
darles curso a las nuevas solicitudes de desafiliación de cualquier empleador
de la Caja en que actualmente se encuentre afiliado, para afiliarse a otra
Caja. Si se llegare a dar, tal afiliación será nula, no surtirá efectos y
deberá regresar el empleador a la Caja donde se encontraba afiliado. Se
excepcionan aquellas cajas cuya creación sea inferior a dos años contados hacia
atrás de la vigencia de la presente ley.
La Superintendencia del Subsidio Familiar
velará por el cumplimiento de esta norma. La Superintendencia de Subsidio
Familiar declarará antes del 15 de enero de 2003 las Entidades Territoriales,
en donde quedará congelado por seis (6) meses el traslado de empresas entre
Cajas de Compensación, previa verificación de que existían diferencias en las
cuotas monetarias ordinarias que se aplicaban a 31 de diciembre del año 2002 en
las Cajas de Compensación creadas en la respectiva entidad territorial y
regidas por la Ley 21 de 1982.
Durante del período de congelación las
Cajas podrán, con sujeción a la lealtad, competencia y las normas establecidas,
mercadear y publicitar su portafolio de servicios.
Parágrafo 3°. Para acortar las diferencias
entre cuotas de Cajas localizadas en un mismo departamento o ciudad, la
Superintendencia tendrá facultades para limitar o disminuir la Cuota Monetaria
de las Cajas con cuotas más altas y los excedentes frente al porcentaje
obligatorio del cincuenta y cinco por ciento (55%) se destinarán a programas de
inversión social de la misma caja.
Artículo 5°. Cálculo de la cuota monetaria.
Se conceden precisas facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para que
en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
vigencia de la presente ley, expida las normas frente a los términos y
condiciones a que debe sujetarse la Cuota Monetaria en el Sistema de
Compensación Familiar, así como su régimen de organización, funcionamiento y
tiempo de implantación, con sujeción a estudio técnico y a los siguientes
principios:
SANA COMPETENCIA. La Cuota Monetaria debe
buscar una sana competencia en el mercado, con objeto de evitar un exceso en el
otorgamiento de Subsidios en dinero, como instrumento prioritario en el proceso
de afiliación ajustando al sistema en un sano equilibrio entre servicios y
recursos otorgados directamente en dinero a los beneficiarios.
SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua
colaboración y apoyo entre las diferentes Cajas de Compensación Familiar, lo
cual se concreta en la prohibición de establecer transferencias de recursos por
parte de las Cajas de Compensación con ingresos y/o cuocientes inferiores al
promedio a favor de las Cajas de Compensación con ingresos y/o cuocientes
superiores al promedio para pago de subsidio en dinero o cualquier otro concepto.
Para realizar este principio, se podrán establecer cuotas regionales,
departamentales, mínimos, máximos o cualquier otro mecanismo que se considere
procedente con este principio.
EQUIDAD. Se concreta como mecanismo de
redistribución y compensación regional o departamental, que se desarrolla en la
prohibición de obligar a Cajas ubicadas en regiones de menor desarrollo
socioeconómico a girar recursos por cualquier concepto a Cajas que se
encuentren operando en regiones con mayores índices de desarrollo socioeconómico,
sin perjuicio de establecer, respetando el anterior parámetro, transferencias
financieras entre Cajas para lograr Cuota Monetaria equitativa al interior de
cada Departamento o Región, dentro de los principios descritos en el presente
artículo. Se concreta igualmente, en la necesidad de evaluar el total de los
ingresos disponibles de la Caja, cuando se examinen o determinen transferencias
a otras Cajas. Para efecto de la evaluación de las transferencias, se deberá
examinar la capacidad de apalancamiento de la Caja en sus propias fuentes de
recursos para financiar la cuota monetaria, conforme al monto de los subsidios
que hubieren otorgado.
GRADUALIDAD. Los procesos de cambio o
ajuste de la cuota monetaria deberán implantarse en forma progresiva, evitando
un deterioro relevante en las condiciones de los trabajadores tanto en forma
directa como indirecta con relación a los demás servicios que les corresponde
prestar a las Cajas.
INTEGRALIDAD. La cuota monetaria debe ser
analizada en relación directa con las demás modalidades del subsidio en
servicios y especie.
SOLIDARIDAD DE LA CIUDAD CON EL CAMPO. Las
cajas de compensación pagarán como subsidio al trabajador del sector
agropecuario un quince por ciento (15%) sobre lo que paguen al trabajador urbano,
para lo cual se podrán establecer mecanismos de gradualidad no superior a dos
(2) años.
Parágrafo transitorio. Para efecto del
ejercicio de las facultades extraordinarias, se deberá emitir, dentro de los
tres (3) meses siguientes a la presente ley, concepto técnico por una comisión
accidental que será integrada por un (1) representante de Asocajas, un (1)
representante de Fedecajas, un (1) representante de las Cajas no agremiadas,
dos (2) representantes por cada una de las Comisiones VII de Senado y Cámara,
el Superintendente del Subsidio Familiar o su delegado, el Ministro de Trabajo
o su delegado y un (1) representante de las Centrales obreras que será
designado por ellas mismas. Este concepto técnico será considerado por el
Gobierno como instrumento fundamental de apoyo en el ejercicio de sus
facultades. La comisión establecida en la presente ley  velará por la plena
realización de los principios mencionados en las fórmulas y regulación que
proyecten como apoyo al gobierno.
Artículo 6°. Recursos para el fomento del
empleo y protección al desempleo. Las Cajas de Compensación Familiar
administrarán en forma individual y directa o asociada con otra u otras Cajas
un fondo para apoyar al empleo y para la protección al desempleado conforme los
artículos 7°, 10 y 11 de la presente ley. El Gobierno determinará la forma en
que se administrarán estos recursos cuando no puedan ser gestionados
directamente por la Caja de Compensación Familiar.
Las Cajas apropiarán de los recursos del
fondo, por cada beneficiario de los programas de subsidio de que trata la
presente ley, un monto per cápita que será definido en enero de cada año por la
Superintendencia del Subsidio, de acuerdo con los beneficios que se deben
otorgar, en concordancia con la presente ley. Las apropiaciones del monto per
cápita se realizarán en la medida en que se produzcan las solicitudes de
subsidios hasta agotar los recursos propios de cada Caja. No obstante, para
garantizar la solidaridad y el equilibrio ante la diferente situación de desempleo
y recursos disponibles entre las distintas Cajas del país, mínimo
semestralmente la Superintendencia realizará cortes contables y ordenará el
traslado de recursos entre Cajas, de acuerdo con el monto per cápita requeridas
para los desempleados pendientes en unas Cajas, en estricto orden de solicitud,
y los recursos sobrantes en otras. Igual procedimiento se aplicará para el
apoyo a los desempleados sin vinculación anterior a las Cajas de Compensación
de acuerdo con el porcentaje previsto para tal efecto en esta ley.
Son fuentes de recursos del fondo las
siguientes:
a) La suma que resulte de aplicar el
porcentaje del 55% que en el año 2002 se aplicó a las personas a cargo que
sobrepasaban los 18 años de edad. Este porcentaje se descontará todos los años
del 55% obligatorio para el subsidio en dinero como fuente mencionada de
recursos del fondo;
b) El porcentaje no ejecutado que le
corresponde del cuatro por ciento (4%) de los ingresos de las Cajas al
sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el período anual
siguiente;
c) El porcentaje en que se reducen los
gastos de administración de las Cajas de Compensación Familiar, conforme la
presente ley. Esta disminución será progresiva, para el año 2003 los gastos
serán de máximo 9% y a partir del 2004 será máximo del 8%;
d) El 1% del 100% de los recaudos para los
subsidios familiar de las Cajas con cuocientes inferiores al 80% del cuociente
nacional; el 2% de los recaudos de las cajas con cuocientes entre el 80% y el
100% del cuociente nacional; y el 3% de los recaudos de las Cajas con
cuocientes superiores al 100% del cuociente nacional. Estos recursos serán
apropiados con cargo al componente de vivienda del FOVIS de cada caja, de que
trata el numeral 7 del artículo 16 de esta Ley;
e) Los rendimientos financieros del Fondo.
Parágrafo 1°. De estos recursos se
destinará hasta el cinco por ciento (5%) para absorber los costos de
administración del fondo.
Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación que
participen en una entidad de crédito vigilada por la Superintendencia Bancaria
como accionistas, conforme la presente ley, deberán destinar los recursos
previstos en este fondo para el microcrédito, como recursos de capital de
dichas instituciones para su operación.
Artículo 7°. Programas de microcrédito. Con
cargo al treinta y cinco (35%) de los recursos que administren las Cajas del
fondo de que trata el artículo anterior, conforme la regulación prevista para
el fondo para apoyo al empleo y protección al desempleado, estas instituciones
deberán realizar operaciones de crédito para la microempresa y la pequeña y
mediana empresa, con objeto de promover la creación de empleo adicional.
Las Cajas otorgarán un beneficio a una
parte del crédito que será no reembolsable, el cual equivaldrá al ciento por
ciento (100%) de las cotizaciones parafiscales a salud, pensiones y riesgos
profesionales por un período de contratación equivalente a cuatro (4) meses,
siempre que el empleador demuestre que mantiene la relación laboral durante un
período adicional igual al del subsidio.
Parágrafo 1°. Para ser beneficiario del
crédito las empresas solicitantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Que la empresa no tenga deudas
pendientes frente a períodos anteriores por concepto de aportes parafiscales a pensiones,
salud, riesgos profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje y Cajas de Compensación Familiar. Será
condición para mantener el beneficio otorgado el que el empleador atienda sus
obligaciones en materia de aportes parafiscales, conforme las disposiciones
legales, sin perjuicio de los regímenes de excepción previstos en la presente
ley, y
b) Que los trabajadores adicionales sean
jefes cabeza de hogar que hubieren estado vinculados a las Cajas dentro del año
inmediatamente anterior o quedar desempleado y que se trate de empresas
vinculadas a las Cajas. Los trabajadores adicionales no podrán devengar más de
tres (3) salarios mínimos legales vigentes;
c) No tener en forma simultánea el
beneficio previsto para el subsidio al empleo de que trata el artículo 2º de la
presente Ley.
CAPITULO III
Régimen de Protección al Desempleado
Artículo 8°. Subsidio al desempleo. Como
mecanismo de intervención para eventos críticos que presenten los ciclos económicos,
créase el subsidio temporal al desempleo administrado por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, el cual se otorgará en las épocas que señale el
Gobierno Nacional, previo concepto del Conpes.
El Gobierno Nacional reglamentará los
requisitos de selección y el número de beneficiarios, monto y duración del
subsidio, y las condiciones que deben tenerse para acceder y conservar el
derecho al subsidio, teniendo en cuenta los recursos presupuestales
disponibles, así como lo referente a los convenios de cooperación o
interadministrativos necesarios para la ejecución del programa.
Parágrafo. Para efectos del subsidio al
empleo de que trata el artículo 2º y del subsidio al desempleo de que trata el
artículo 8º de la presente Ley, créase el Fondo de Subsidio al Empleo y al
Desempleo como una cuenta especial adscrita al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, sin personería jurídica, cuyos recursos serán administrados
mediante fiducia pública.
Artículo 9°. Servicios para desempleados
con vinculación anterior a las cajas de compensación familiar. Con cargo a los
recursos propios de las Cajas, los desempleados con vinculación anterior a
estas entidades, tendrán derecho a los programas de educación, capacitación,
recreación y turismo social, en las mismas condiciones que tenía como afiliado
al momento de su retiro, durante 1 año a partir de su acreditación como
desempleado y en la última Caja en la que estuvo afiliado.
Parágrafo 1°. Las personas a cargo o
beneficiarios gozarán también de estos derechos por el mismo tiempo.
Parágrafo 2°. Los trabajadores que hubieren
acreditado veinticinco 25 o más años al Sistema de Cajas de Compensación
Familiar y se encuentren pensionados tendrán derecho a los programas de
capacitación, recreación y turismo social a las tarifas más bajas de cada Caja
de Compensación.
Parágrafo 3°. Los trabajado res que
perdieron su trabajo antes de la vigencia de la presente ley podrán acceder a
los programas del presente artículo siempre y cuando su desvinculación haya
sido dentro del último año.
Artículo 10. Régimen de apoyo para
desempleados con vinculación anterior a las cajas de compensación familiar. Los
Jefes cabeza de Hogar que se encuentren en situación de desempleo luego de
haber estado vinculados al sistema de Cajas de Compensación Familiar no menos
de 1 año dentro de los tres años anteriores a la solicitud de apoyo, tendrán
derecho con cargo a los recursos del fondo para el fomento del empleo y la
protección del desempleo de que trata el artículo 6° de la presente ley a los
siguientes beneficios, por una sola vez y hasta que se agoten los recursos del
fondo. La reglamentación establecerá los plazos y condiciones a partir de los
cuales se reconocerá este subsidio:
a) Un subsidio equivalente a un salario y
medio mínimo legal mensual, el cual se dividirá y otorgará en seis cuotas
mensuales iguales, las cuales se podrán hacer efectivas a través de aportes al
sistema de salud, y/o bonos alimenticios y/o educación, según la elección que
haga el beneficiario. Para efectos de esta obligación las cajas destinarán un
máximo del 30% de los recursos que les corresponde administrar con cargo al
fondo para el fomento del empleo y la protección del desempleo;
b) Capacitación para el proceso de
inserción laboral. Para efectos de esta obligación las Cajas destinarán un
máximo del veinticinco por ciento (25%) de los recursos que les corresponde
administrar con cargo al fondo para el fomento al empleo y protección al
desempleo.
Artículo 11. Régimen de apoyo para
desempleados sin vinculación anterior a cajas de compensación familiar. Con
cargo al cinco por ciento (5%) del fondo para el fomento del empleo y la
protección del desempleo de que trata el artículo 6 de la presente ley, las
Cajas establecerán un régimen de apoyo y fomento al empleo para jefes cabeza de
hogar sin vinculación anterior a las Cajas de Compensación Familiar, que se
concretará en un subsidio equivalente a un salario y medio mínimo legal
mensual, el cual se otorgará en seis cuotas mensuales iguales, las cuales se
podrán hacer efectivas a través de aportes al sistema de salud, o bonos
alimenticios o educación, según la elección que haga el beneficiario. Tendrán
prioridad frente a las Cajas de Compensación Familiar, los artistas, escritores
y deportistas afiliados a las correspondientes asociaciones o quienes acrediten
esta condición en los términos en que se defina por el Gobierno Nacional. Para
acceder a esta prestación, se deberá acreditar falta de capacidad de pago,
conforme términos y condiciones que disponga el reglamento en materia de
organización y funcionamiento de este beneficio.
Artículo 12. Capacitación para inserción
laboral. De las contribuciones parafiscales destinadas al Servicio Nacional de
Aprendizaje, se deberá destinar el veinticinco por ciento (25%) de los recursos
que recibe por concepto de los aportes de que trata el numeral 2 del artículo
11 y el numeral 2 del artículo 12 de la Ley 21 de 1982, para la capacitación de
población desempleada, en los términos y condiciones que se determinen por el
Gobierno Nacional para la administración de estos recursos, así como para los
contenidos que tendrán estos programas. Para efecto de construir y operar el
sistema nacional de registro laboral de que trata el artículo 42 de la presente
ley, en los términos y condiciones que se fijen en el reglamento, el SENA
apropiará un cero punto uno por ciento (0.1%) del recaudo parafiscal mientras
sea necesario.
CAPITULO IV
Régimen especial de aportes para la
promoción del empleo
Artículo 13. Régimen especial de aportes al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y a las Cajas de Compensación Familiar. Estarán excluidos del pago de los
correspondientes aportes al Régimen del Subsidio Familiar Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los
empleadores que vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en promedio
en el año 2002, con las siguientes características o condiciones, siempre que
estos no devenguen más de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes:
1. Personas que hayan sido vinculadas para
prestar un servicio a las empresas desde los lugares donde se encontraren
privadas de la libertad o fueren vinculadas, mediante contrato de trabajo sin
solución de continuidad, después de haber recobrado su libertad.
2. Personas con disminución de su capacidad
laboral superior al veinticinco por ciento (25%) debidamente calificada por la
entidad competente.
3. Reinsertados de grupos al margen de la
ley, debidamente certificados por la entidad competente.
4. Personas entre los 16 y los 25 años y
trabajadores mayores de 50 años.
5. Jefes cabeza de hogar según la
definición de que trata la presente ley.
Parágrafo 1°. Las empresas que pretendan
contratar conforme a la presente disposición deberán acreditar las siguientes
condiciones:
a) El valor de los aportes al SENA, ICBF y
Cajas de Compensación al momento y durante toda la ejecución del contrato debe
ser igual o superior a la suma aportada durante el período inmediatamente anterior
a la contratación, ajustada por el IPC certificado por el DANE.
Se entiende como período de contratación el
promedio de los últimos doce (12) meses causados anteriores a la contratación;
b) Que no tengan deudas pendientes frente a
períodos anteriores por concepto de aportes parafiscales a pensiones, salud,
riesgos profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje y Cajas de Compensación Familiar.
Parágrafo 2°. El valor de los aportes
exentos no podrá representar más del diez por ciento (10%) de los aportes que
la empresa deba realizar en forma ordinaria con relación a cada uno de los
aportes parafiscales objeto de exención temporal. Empresas entre cinco y diez
trabajadores tendrán derecho a la exención de aportes por un trabajador
adicional.
Parágrafo 3°. El Gobierno podrá definir
períodos de permanencia adicional de los trabajadores beneficiarios de la
exención, conforme la duración del beneficio a favor del empleador. En los períodos
adicionales, conforme las reglas que el Gobierno defina para su aplicación,
habrá lugar al pago pleno de aportes.
Parágrafo 4°. La exención prevista en este
artículo se aplicará siempre que la tasa de desempleo certificada por el DANE
sea superior al doce (12%) mientras persista la situación en la respectiva
región en la que opere el sistema de Cajas y máximo tendrá una vigencia de 4
años contados a partir de la fecha en que entre a regir la presente ley.
Parágrafo 5°. Para efecto de la presente
ley se considera jefe cabeza de hogar desempleado la persona que demuestre
haber sido afiliada anteriormente (como cotizante y no como beneficiaria) a una
EPS o una Caja de Compensación, con personas a cargo y que en momento de
recibir el subsidio no sea afiliada como empleada ni a una EPS, ni a una  Caja
de Compensación, ni como cotizante ni como beneficiario.
Esta condición deberá ser declarada bajo
juramento por el jefe cabeza de hogar ante la empresa que lo contrate y que
solicite cualquiera de los subsidios de que trata la presente ley, en
formulario que al efecto deberá expedir el Gobierno.
Parágrafo 6°. Para los propósitos de este
artículo, se consideran trabajadores adicionales aquellos que sobrepasen la
suma de los contratados directamente y registrados de acuerdo con el promedio
del año 2002 en las Cajas de Compensación Familiar más los contratados
indirectamente o en misión, a través de empresas temporales, cooperativas,
empresas de vigilancia o similares. Para tal efecto, estas empresas intermediarias
reportarán a las Cajas de Compensación el número de trabajadores que tenían en
misión para cada empleador en el año 2002.
Artículo 14. Régimen especial de aportes
para estudiantes. Los estudiantes menores de 25 años y mayores de 16 años con
jornada de estudio diaria no inferior a cuatro (4) horas, que a su vez trabajen
en jornadas hasta de cuatro (4) horas diarias o jornadas flexibles de
veinticuatro (24) horas semanales, sin exceder la jornada diaria de seis (6)
horas, se regirán por las siguientes normas:
a) Estarán excluidos de los aportes al
ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, siempre que no representen más del
diez (10%) por ciento del valor de la nómina de la respectiva empresa;
b) Sus empleadores deberán efectuar los
aportes para pensiones, salud y riesgos profesionales, en las proporciones y
porcentajes establecidos en las leyes que rigen el Sistema de Seguridad Social,
y su base de cotización será como mínimo un (1) salario mínimo mensual legal
vigente, smmlv.
Artículo 15. Régimen de contribuciones al
Sistema de Salud para Trabajadores Independientes. Será facultad del Gobierno
Nacional diseñar un régimen de estímulos para los trabajadores independientes,
con objeto de promover su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, respetando
el principio de equilibrio financiero entre los beneficios concedidos y los
recursos recaudados y las normas Constitucionales en materia de derechos
fundamentales, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre control a la
evasión.
CAPITULO V
Régimen de organización y funcionamiento de
las Cajas de Compensación Familiar
Artículo 16. Funciones de las Cajas de
Compensación. El artículo 41 de la Ley 21 de 1982 se adiciona, con las
siguientes funciones:
1. Ejecutar actividades relacionadas con
sus servicios, la protección y la seguridad social directamente, o mediante
alianzas estratégicas con otras Cajas de Compensación o a través de entidades
especializadas públicas o privadas, conforme las disposiciones que regulen la
materia.
2. Invertir en los regímenes de salud,
riesgos profesionales y pensiones, conforme las reglas y términos del Estatuto
Orgánico del Sector Financiero y demás disposiciones que regulen las materias.
Las Cajas de Compensación que estén
habilitadas para realizar aseguramiento y prestación de servicios de salud y,
en general para desarrollar actividades relacionadas con este campo conforme
las disposiciones legales vigentes, individual o conjuntamente, continuarán
facultadas para el efecto, en forma individual y/o conjunta, de manera opcional
para la Caja.
Las Cajas de Compensación Familiar que no
administren directamente los recursos del régimen subsidiado de que trata el
artículo 217 de la Ley 100 de 1993 o a través de terceras entidades en que
participen como asociados, deberán girarlos, de conformidad con la
reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en
cuenta las siguientes prioridades:
a) Para las Cajas que dentro del mismo
departamento administren recursos del Régimen Subsidiado en los términos de la
Ley 100 de 1993;
b) Al Fondo de Solidaridad y Garantías.
Las Cajas de Compensación que realicen
actividades de mercadeo social en forma directa, sin perjuicio de los convenios
de concesiones, continuarán facultadas para el efecto, siempre que se
encuentren desarrollando las correspondientes actividades a la fecha de
vigencia de la presente ley, salvo lo previsto en el numeral décimo de este
mismo artículo.
3. Participar, asociarse e invertir en el
sistema financiero a través de bancos, cooperativas financieras, compañías de
financiamiento comercial y organizaciones no gubernamentales cuya actividad
principal de la respectiva institución sea la operación de microcrédito,
conforme las normas del Estatuto Orgánico del Sector Financiero y demás normas
especiales conforme la clase de entidad.
Cuando se trate de compra de acciones del
Estado, las Cajas de Compensación se entienden incluidas dentro del sector
solidario.
El Gobierno reglamentará los principios
básicos que orientarán la actividad del microcrédito para esta clase de
establecimientos, sin perjuicio de las funciones de la Superintendencia
Bancaria en la materia.
Las Cajas cuando se trate de préstamos para
la adquisición de vivienda podrán invertir, participar o asociarse para la
creación de sociedades diferentes de establecimiento de crédito, cuando quiera
que tales entidades adquieran el permiso de la Superintendencia Bancaria para
la realización de operaciones hipotecarias de mutuo.
Con el propósito de estimular el ahorro y
desarrollar sus objetivos sociales, las Cajas de Compensación Familiar podrán
constituir y participar en asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo,
instituciones financieras de naturaleza cooperativa, cooperativas financieras o
cooperativas de ahorro y crédito, con aportes voluntarios de los trabajadores
afiliados y concederles préstamos para los mismos fines.
4. Podrán asociarse, invertir o constituir
personas jurídicas para la realización de cualquier actividad, que desarrolle
su objeto social, en las cuales también podrán vincularse los trabajadores
afiliados.
5. Administrar, a través de los programas
que a ellas corresponda, las actividades de subsidio en dinero; recreación
social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cultura, museos,
bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, jardines sociales
o programas de atención integral para niños y niñas de 0 a 6 años; programas de
jornada escolar complementaria; educación y capacitación; atención de la
tercera edad y programas de nutrición materno-infantil y, en general, los
programas que estén autorizados a la expedición de la presente ley, para lo
cual podrán continuar operando con el sistema de subsidio a la oferta.
6. Administrar jardines sociales de
atención integral a niños y niñas de 0 a 6 años a que se refiere el numeral
anterior, propiedad de entidades territoriales públicas o privadas. En la
destinación de estos recursos las cajas podrán atender niños cuyas familias no
estén afiliadas a la Caja respectiva.
El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar definirá de manera general los estándares de calidad que deberá
cumplir la infraestructura de los jardines sociales para la atención integral
de niños o niñas para que la entidad pueda ser habilitada.
Cuando se trate de jardines de propiedad de
entes territoriales, la forma de contratación de cada programa de estos
Jardines será definida mediante convenio tripartito entre la respectiva Caja de
Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
ejecutivo del ente territorial.
7. Mantener, para el Fondo de Vivienda de
Interés Social, hasta el 31 de diciembre de 2006, los mismos porcentajes
definidos para el año de 2002 por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con
base en la ley 633 del año 2000 de acuerdo con el cálculo de cuociente
establecido en la Ley 49 de 1990. Descontados los porcentajes uno por ciento
(1%), dos por ciento (2%) y tres por ciento (3%) previsto en el literal d) del
artículo 6º de la presente ley para el fomento del empleo.
8. Créase el Fondo para la Atención
Integral de la Niñez y jornada escolar complementaria. Como recursos de este
fondo las Cajas destinarán el porcentaje máximo que les autoriza para este fin
la Ley 633 de 2000 y mantendrán para gastos de administración el mismo
porcentaje previsto en dicha norma para Fovis.
9. Desarrollar una base de datos histórica
en la cual lleve un registro de los trabajadores que han sido beneficiarios de
todos y cada uno de los programas que debe desarrollar la Caja en los términos
y condiciones que para el efecto determine la Superintendencia del Subsidio.
10. Desarrollar un sistema de información
de los beneficiarios de las prestaciones dentro del programa de desempleo de
sus trabajadores beneficiarios y dentro del programa que se constituya para la
población no beneficiaria de las Cajas de Compensación, conforme la presente
ley, en los términos y condiciones que al efecto determine el Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar.
11. Administrar directamente o a través de
convenios o alianzas estratégicas el programa de microcrédito para la pequeña y
mediana empresa y la microempresa, con cargo a los recursos que se prevén en la
presente ley, en los términos y condiciones que se establezca en el reglamento
para la administración de estos recursos y conforme lo previsto en la presente
ley y sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3 de este artículo. Dichas
actividades estarán sujetas al régimen impositivo general sobre el impuesto a
la renta.
12. Realizar actividades de mercadeo,
incluyendo la administración de farmacias. Las Cajas que realicen actividades
diferentes en materia de mercadeo social lo podrán realizar siempre que
acrediten para el efecto independencia contable, financiera y operativa, sin
que puedan comprometer con su operación la expansión o mantenimiento los
recursos provenientes de los aportes parafiscales o de cualquier otra unidad o
negocio de la Caja de Compensación Familiar.
13. El Gobierno Nacional determinará los
eventos en que las Cajas de Compensación Familiar podrán constituir e invertir
en fondos de capital de riesgo, así como cualquier otro instrumento financiero
para el emprendimiento de microcrédito, con recursos, de los previstos para
efectos del presente numeral.
Las Cajas podrán asociarse entre sí o con
terceros para efectos de lo aquí previsto, así como también vincular como
accionistas a los trabajadores afiliados al sistema de compensación.
Artículo 17. Liquidación de las Cajas de
Compensación Familiar. La liquidación será ordenada mediante acto
administrativo de la Superintendencia que ejerza su control, para cuya
expedición se respetará el debido proceso establecido para intervenir
administrativamente a estas entidades o sancionar a sus funcionarios, que es el
contenido en los artículos 90 del Decreto 341 de 1988, 35 y 36 del Decreto 2150
de 1992 y normas que los modifiquen o adicionen. En el acto administrativo se
dará un plazo hasta de seis meses para que la Caja dé cumplimiento a las normas
legales, siempre que dicho plazo se considere procedente por la autoridad de
supervisión. En caso de que la Caja no demuestre el cumplimiento, deberá
iniciar la liquidación ordenada por el ente de control, dentro de los tres (3)
meses siguientes al vencimiento del plazo que se fije por la autoridad de
control. En caso contrario, procederá la intervención administrativa de la
misma, para ejecutar la medida.
Para el evento en que la Caja de
Compensación sea la única que funcione en el respectivo ente territorial, no se
procederá a su liquidación, sino a su intervención administrativa, hasta tanto
se logre superar la respectiva causal.
Artículo 18. Gastos de administración y
contribuciones para supervisión. Los gastos de administración de las Cajas se
reducirán a partir de la vigencia de la presente ley, para el año 2003 serán
máximo del nueve por ciento (9%) de los ingresos del 4%, a partir del año 2004
serán máximo del ocho por ciento (8%) de los ingresos antes mencionados.
Artículo 19. Régimen de afiliación
voluntaria para expansión de cobertura de servicios sociales. Habrá lugar a un
aporte a las Cajas de Compensación Familiar del 0.6% sobre una base de un
salario mínimo legal mensual vigente, sin que dicha suma otorgue derechos para
el pago de subsidios, limitándose el beneficio a las actividades de recreación,
capacitación y turismo social en igualdad de condiciones frente a los demás
afiliados a la Caja, cuando se presente uno cualquiera de los siguientes casos,
sin perjuicio de los períodos de protección previstos en esta ley por
fidelidad:
a) Cuando los empleadores que no estando
obligados a cotizar a las Cajas de Compensación Familiar respecto de
trabajadores beneficiarios del régimen especial de aportes de que trata el artículo
13 de esta Ley, decidan realizar el aporte mencionado, por el trabajador
beneficiario del régimen especial de aportes;
b) Los trabajadores independientes que
decidan afiliarse a una Caja de Compensación Familiar, conforme el principio de
libertad de escogencia que deberá ser respetado por parte de la respectiva
Caja. Para que un trabajador independiente se afilie, con su grupo familiar, y
mantenga su vinculación con una Caja, se hace exigible su afiliación previa al
sistema de salud, siendo la base de ingresos para aportar al sistema de Cajas
la misma base de aporte que exista para el sistema de salud y en todo caso no
inferior a la que se utilice dentro del sistema de pensiones;
c) Las personas que estando vinculadas a
una Caja de Compensación Familiar pierdan el empleo y decidan continuar
vinculados a la entidad en los términos previstos en esta norma en su calidad
de desempleados, una vez vencido su período de protección.
Parágrafo 1°.  Cuando el desempleado aporte
el ciento por ciento (100%) de la cotización del dos por ciento (2%) sobre la
base de dos (2) salarios mínimos, tendrá todos los mismos derechos que tienen
los demás afiliados salvo al subsidio monetario. Esta misma regla se aplicará
al trabajador independiente que aporte el dos por ciento (2%) sobre sus
ingresos, conforme el sistema de presunciones establecido dentro del régimen de
salud. En todo caso las cajas podrán verificar la calidad de la información
sobre los ingresos del afiliado para dar cumplimiento a lo previsto en esta
ley, o para hacerle dar cumplimiento a las normas generales sobre aporte.
Parágrafo 2°. Los aportes voluntarios a las
Cajas de Compensación Familiar, conforme el régimen de excepción, se regirán
por las reglas tributarias dispuestas para los aportes obligatorios en materia
de impuesto de renta.
Artículo 20. Régimen de Inspección y
Vigilancia. Las autorizaciones que corresponda expedir a la autoridad de
inspección, vigilancia y control, se definirán sobre los principios de
celeridad, transparencia y oportunidad. Cuando se trate de actividades o
programas que demanden de autorizaciones de autoridades públicas, se entenderá
como responsabilidad de la respectiva Caja o entidad a través de la cual se
realiza la operación, la consecución de los permisos, licencias o autorizaciones,
siendo función de la autoridad de control, verificar el cumplimiento de los
porcentajes de ley. Las autorizaciones a las Cajas se regularán conforme los
regímenes de autorización general o particular que se expidan al efecto. El
Control, se ejercerá de manera posterior sin perjuicio de las funciones de
inspección y vigilancia.
Corresponde a la Superintendencia del
Subsidio Familiar, frente a los recursos que administran las Cajas de
Compensación Familiar y a la Superintendencia Nacional de Salud frente a los
recursos que administran las entidades promotoras de salud la inspección,
vigilancia y control. Las entidades mencionadas, con el objeto de respetar la
correcta destinación de los recursos de la seguridad social, conforme lo
previsto en el artículo 48 de la Constitución Nacional no estarán obligadas a
cancelar contribuciones a las Contralorías.
Para efecto de las solicitudes de
información que se deban tramitar por otros órganos de control diferentes a las
entidades de supervisión señaladas, tendrán los siguientes principios:
1. Coordinación interinstitucional.
Conforme este principio, no se podrán modificar los reportes que hayan sido
definidos por las Superintendencias del ramo, en relación a la información o
procedimientos que allí se contienen.
2. Economía. No se podrá solicitar en forma
duplicada información que se reporta a las entidades de control antes citadas.
Para este efecto, los organismos de control que requieran información remitida
a las Superintendencias mencionadas, deberán solicitarla a éstas últimas.
Cuando se requieran controles permanentes o acciones particulares de
inspección, vigilancia y control, deberá acudirse a las Superintendencia de
Subsidio y Salud, con el propósito de que se adelanten en forma coordinada.
Los estados financieros, que se reporten
conforme las reglas contables que se definan por la Superintendencia Nacional
de Salud y Superintendencia del Subsidio Familiar, deberán ser aceptados para
todos los efectos, por todas las entidades con funciones de consolidación
contable. Para efecto de las reglas contables y presentación de estados
financieros que se deban expedir frente a las entidades mencionadas, primarán
criterios que se definan por las entidades de supervisión mencionadas.
Parágrafo 1°. Las personas naturales que
sean designadas por la Superintendencias de Subsidio y Salud para los procesos
de intervención, se entenderán vinculadas por el término en que dure su labor o
por el término en que dure la designación. Se entenderá, cuando medie contrato
de trabajo, como contrato a término fijo las vinculaciones antes mencionadas.
Para los procesos de intervención se podrá acudir al instrumento de gestión
fiduciaria a través de las entidades facultadas al efecto. El Control se
ejercerá por regla general de manera posterior, salvo en aquellas Cajas en que
la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante resolución motivada que así
lo disponga.
Parágrafo 2º. Será facultad del Gobierno
Nacional, definir los casos en que será procedente la liquidación voluntaria de
ramos de actividad de las Cajas de Compensación o Entidades Promotoras de
Salud.
Parágrafo 3º. La inspección, vigilancia y
control de las operaciones de crédito previstas en el numeral 11 del artículo
16 de esta ley será ejercida por la Superintendencia de Subsidio Familiar dando
aplicación a las reglamentaciones que dicte, de manera general para los
establecimientos de crédito, la superintendencia Bancaria para la
administración del riesgo crediticio, especialmente en los temas relacionados
con el registro, contabilización y establecimiento de provisiones sobre cartera
de créditos.
Artículo 21. Régimen de Transparencia. Las
Cajas de Compensación Familiar se abstendrán de realizar las siguientes
actividades o conductas, siendo procedente la imposición de sanciones
personales a los directores o administradores que violen la presente
disposición a más de las sanciones institucionales conforme lo previsto en la
presente ley:
1. Políticas de discriminación o selección
adversa en el proceso de adscripción de afiliados u otorgamiento de beneficios,
sobre la base de que todas las Cajas de Compensación Familiar deben ser
totalmente abiertas a los diferentes sectores empresariales. Basta con la
solicitud y paz y salvo para que proceda su afiliación.
2. Operaciones no representativas con
entidades vinculadas, conforme las definiciones que al efecto establezca el
reglamento.
3. Acuerdos para distribuirse el mercado.
4. Remuneraciones o prebendas a los
empleadores o funcionarios de la empresa diferentes a los servicios propios de
la Caja. Los funcionarios públicos que soliciten esta clase de beneficios para
si o para su entidad incurrirán en causal de mala conducta.
5. Devolución, reintegro o cualquier tipo
de compensación de aportes a favor de una empresa con servicios o beneficios
que no se otorguen a todas las empresas afiliadas o los convenios u operaciones
especiales que se realicen en condiciones de privilegio frente a alguna de las
empresas afiliadas, desconociéndose el principio de compensación y por ende el
valor de la igualdad.
6. Incluir como objeto de promoción la
prestación de servicios en relación con bienes de terceros frente a los cuales,
los afiliados, no deriven beneficio.
7. Cuando se trate de la administración de
bienes públicos, las Cajas de Compensación Familiar se abstendrán de
presentarlos sin la debida referencia a su naturaleza, precisando que no son
bienes de la Caja.
8. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas en
relación con servicios de la Caja a personal de empresa s no afiliadas,
excepción de las acciones que tengan como propósito presentar sus
instalaciones, programas o servicios.
9. Ofrecer servicios que no se encuentren
efectivamente en su portafolio de operación frente a sus afiliados, al no haber
superado la etapa de planeación.
10. Retardar injustificadamente la
expedición de paz y salvo a las empresas que hubieran tomado la decisión de
desafiliarse con sujeción a los procedimientos legales. Para efecto de la
expedición del paz y salvo se tendrá un plazo no superior a 60 días a partir de
la solicitud.
11. Ejercer frente a los empleadores
cualquier tipo de presión indebida con el objeto de obtener la afiliación a la
Caja o impedir su desafiliación.
12. Ejercer actuaciones que impliquen abuso
de posición dominante, realización de prácticas comerciales restrictivas o
competencia desleal en el mercado de Cajas de Compensación Familiar.
13. Las conductas que sean calificadas como
práctica no autorizada o insegura por la Superintendencia de Subsidio Familiar.
14. Adelantar políticas de discriminación
en la remuneración de sus redes de comercialización. Para este efecto, se deben
pagar comisiones o remuneraciones iguales, con independencia de que se trate de
empresas compensadas o descompensadas.
15. Incumplimiento de las apropiaciones
legales obligatorias para los programas de salud, vivienda de interés social,
educación, jornada escolar complementaria, atención integral a la niñez y
protección al desempleado
16. Incumplimiento de la cuota monetaria
del Subsidio en dinero, dentro de los plazos establecidos para tal efecto.
17. Excederse del porcentaje autorizado
para gastos de administración instalación y funcionamiento durante dos
ejercicios contables consecutivos, a partir de la vigencia de la presente ley.
Para tal efecto, se considerarán como gastos de administración, instalación y
funcionamiento, aquellos que se determinen conforme las disposiciones legales.
En todo caso, debe tratarse de un método uniforme de cálculo de gastos
administrativos precisando la forma de distribución de costos indirectos que se
deben aplicar a los distintos servicios, proporcionalmente a los egresos que
cada uno de ellos represente sobre los egresos totales de la respectiva Caja.
18. Aplicar criterios de desafiliación en
condiciones de desigualdad frente a los empleadores, contrariando las
disposiciones legales así como la violación de los reglamentos en cuanto al
término en que debe proceder la desafiliación de la empresa y la suspensión de
servicios como consecuencia de la mora en el pago de los aportes.
19. Condicionar la comercialización de
productos en las áreas de mercadeo o empresas subsidiarias, a la condición que
el empleador deba afiliarse o mantenerse afiliado a la respectiva Caja de
Compensación.
Parágrafo 1°. La Superintendencia de
Subsidio Familiar sancionará las prácticas de selección adversa, así como los
procesos de comercialización que no se enfoquen a afiliar a los diferentes
niveles empresariales por parte de las diferentes Cajas. El Gobierno Nacional a
través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social podrá definir mecanismos
de afiliación a través de los cuales se pueda escoger Caja de Compensación por
parte de empresas que no han sido objeto del proceso de promoción , estando la
respectiva Caja obligada a formalizar su afiliación Los trabajadores con una
mayoría superior al 70%, podrán estipular períodos hasta de cuatro (4) años
frente a la permanencia en una Caja de Compensación, período que se reducirá
sólo cuando se demuestre falla en los servicios acreditada plenamente por la
entidad de supervisión.
Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Familiar
deberán construir un Código de buen gobierno dentro de los seis (6) meses
siguientes a la vigencia de la presente ley. Este código de buen gobierno
deberá ser conocido por todos los empleados de la respectiva caja.
Parágrafo 3°. Cuando se compruebe el
traslado o retención de empleadores mediante violación de alguna de las normas
vigentes; además de la sanción personal al representante legal, que será
proporcional al monto de los aportes, la Superintendencia ordenará que la
afiliación regrese a la Caja de afiliación anterior con devolución de los
aportes menos los subsidios pagados.
Parágrafo 4°. Cuando una Caja deba
desafiliar a una empresa o afiliado, por mora de dos (2) meses en el pago de
sus aportes o inexactitud en los mismos, deberá previamente darle oportunidad
de que se ponga al día o corrija las inconsistencias, para lo cual otorgará un
término de 1 mes contado a partir del recibo de la liquidación escrita de lo
adeudado. Pasado el término, procederá a su desafiliación, pero deberá volver a
recibir la afiliación si se la solicitan, previa cancelación de lo adeudado,
más los aportes correspondientes al tiempo de la desafiliación.
La liquidación realizada por el jefe de
aportes de la Caja, con recurso de apelación ante el representante legal de la
misma, será título ejecutivo para el cobro de los aportes adeudados.
Parágrafo 5°. Las Cajas de Compensación
Familiar estarán sometidas a la inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia y protección
al consumidor. La vigilancia se adelantará conforme lo previsto en las Leyes
155 de 1959 y 256 de 1996 y el Decreto-ley 2153 de 1992 y demás normas que los
reglamenten o modifiquen.
Parágrafo 6°. Los directores y
subdirectores de las Cajas de Compensación familiar, no podrán ser elegidos a
ninguna corporación ni cargo de elección popular, hasta un año después de haber
hecho dejación del cargo en la respectiva caja.
Artículo 22. El artículo 52 de la Ley 21 de
1982, modificado por el artículo 3º de la Ley 31 de 1984, quedará así:
Artículo 52. Consejos Directivos. Los
representantes de los trabajadores beneficiarios serán escogidos por el
Ministerio de Trabajo de listas que presentarán las centrales obreras con
Personería Jurídica reconocida y de los listados enviados por las Cajas de
Compensación de todos los trabajadores beneficiarios no sindicalizados.
Modifícase el numeral 2 del artículo 1° de
la Ley 31 de 1984, en el sentido de que podrán pertenecer a los Consejos Directivos
de las Cajas de Compensación Familiar, en representación de los trabajadores y
de los empleadores, todos los afiliados a ésta sin límite de salario.
Artículo 23. Manejo de conflictos de
interés. Para garantizar una correcta aplicación de los recursos del sistema,
es deber del representante legal de la Caja o sus entidades vinculadas,
informar al Consejo Directivo o máximo órgano administrativo, aquellos casos en
los cuales él o un administrador, miembro del Consejo Directivo, socio o
asociado, Revisores Fiscales tenga parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad; primero de afinidad o único civil, con las personas que se
relacionan a continuación:
1. Los socios, asociados o de personas
jurídicas que hagan parte de la red de servicios contratadas directa o
indirectamente por la entidad o de las entidades vinculadas por razón de
inversiones de capital.
2. Los contratistas personas naturales y
los socios o asociados de personas jurídicas con quienes la entidad o sus
entidades vinculadas celebren cualquier tipo de contrato o convenio dentro del
marco de la operación del régimen.
3. Los socios, asociados o de personas
jurídicas receptoras de recursos de capital de la entidad o entidades
vinculadas, conforme su objeto social lo permita.
En estos casos el representante legal o la
persona que tenga uno de los vínculos anteriores deberá abstenerse de
participar en los procesos de selección, contratación o auditoría y la entidad
deberá celebrarlos siempre y cuando éstos proponentes se encuentren en condiciones
de igualdad con las demás ofertas o ser la mejor opción del mercado. Será
causal de remoción del Consejo Directivo u órgano administrativo la violación a
la presente disposición, incluyendo una inhabilidad para desempeñar esta clase
de cargos por un término de 10 años.
Parágrafo 1°. Es deber del representante
legal de la entidad informar a los trabajadores de la entidad o entidades
vinculadas sobre el contenido de la presente disposición y adoptar las medidas
correspondientes tendientes a garantizar la periodicidad de esta información.
En particular, esta debe ser una cláusula en los diferentes contratos que
celebre la entidad o entidades vinculadas, para garantizar por parte de
terceros el suministro de la información.
Parágrafo 2°. Es deber de las Cajas de
Compensación Familiar establecer mecanismos caracterizados por una total
transparencia en cuanto a los procedimientos a que deben acudir los proveedores
para ser incluidos en el registro correspondiente.
Artículo 24. Funciones y facultades de la
Superintendencia del Subsidio Familiar. Son funciones y facultades de la
Superintendencia del Subsidio Familiar a más de las que se establecen en las
disposiciones legales:
1. Vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la organización y
funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar; las demás entidades
recaudadores y pagadoras del subsidio familiar, en cuanto al cumplimiento de
este servicio y las entidades que constituyan o administren una o varias de las
entidades sometidas a su vigilancia, siempre que comprometan fondos del
subsidio familiar.
2. Reconocer, suspender o cancelar la
personería jurídica de las entidades sometidas a su vigilancia.
3. Velar por el cumplimiento de las normas
relacionadas con la eficiencia y control de gestión de las Cajas de
Compensación Familiar o entidades que constituyan o administren o participen
como accionistas.
4. Instruir a las entidades vigiladas sobre
la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad en
cuanto sujetos vigilados, fijar los criterios técnicos y jurídicos que
faciliten el cumplimiento de las normas que le compete aplicar y señalar los
procedimientos para su cabal aplicación.
5. Velar por que no se presenten
situaciones de conflictos de interés entre las entidades sometidas a su control
y vigilancia y terceros y velar por el cumplimiento del régimen de
incompatibilidades e inhabilidades para el ejercicio de funciones directivas y
de elección dentro de la organización de las entidades bajo su vigilancia.
6. Emitir las órdenes necesarias para que
se suspendan de inmediato prácticas ilegales o no autorizadas o prácticas
inseguras que así sean calificadas por la autoridad de control y se adopten las
correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.
7. Fijar con sujeción a los principios y
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los mecanismos y
procedimientos contables que deben adoptar las Cajas de Compensación Familiar.
8. Contratar servicios de especialistas que
presten asesorías en áreas específicas de las actividades de la
Superintendencias.
9. Velar por el adecuado financiamiento y
aplicación de los recursos que administran las Cajas de Compensación Familiar
conforme las diferentes operaciones que se les autoriza a realizar en forma
directa o a través de terceros.
10. Velar porque no se presente evasión y
elusión de los aportes por parte de los afiliados al Sistema de Cajas de
Compensación; en tal sentido podrá solicitar la información necesaria a las
entidades rectoras del régimen general de pensiones, a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, a las entidades recaudadoras territoriales y a
otras entidades que reciban contribuciones sobre la nómina.
11. Dar posesión al Revisor Fiscal y
Representante Legal de las Cajas de Compensación Familiar, cuando se cerciore
acerca del carácter, la idoneidad y la experiencia del peticionario y, expedir
la correspondiente acta de posesión. La posesión no requerirá presentación
personal.
12. Velar porque las entidades vigiladas
suministren a los usuarios la información necesaria para lograr la mayor
transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a
través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones
del mercado.
13. Publicar u ordenar la publicación de
los estados financieros e indicadores de gestión de las entidades sometidas a
su control, en los que se demuestre la situación de cada una de éstas y la del
sector en su conjunto.
14. Practicar visitas de inspección a las
entidades vigiladas con el fin de obtener un conocimiento integral de su
situación financiera, del manejo de los negocios, o de aspectos especiales que
se requieran, para lo cual se podrán recepcionar declaraciones, allegar
documentos y utilizar los demás medios de prueba legalmente admitidos y
adelantar las investigaciones a que haya lugar.
15. Impartir las instrucciones que
considere necesarias sobre la manera como los revisores fiscales, auditores
internos y contadores de los sujetos de inspección y vigilancia deben ejercer
su función de colaboración con la Superintendencia.
16. Imponer a las instituciones respecto de
las cuales tenga funciones de inspección y vigilancia, a los administradores,
empleados o revisor fiscal de las mismas, previo el debido proceso, multas
sucesivas hasta de dos mil (2.000) salarios mínimos legales diarios vigentes a
la fecha de la sanción a favor del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección
al Desempleo previsto en esta ley, cuando desobedezcan las instrucciones u
órdenes que imparta la Superintendencia sobre violaciones legales
reglamentarias o estatutarias. Estas sanciones serán canceladas con cargo al
porcentaje de gastos administrativos previstos en esta ley de los ingresos del
cuatro por ciento (4%), cuando se trate de sanciones institucionales.
17. Imponer en desarrollo de sus funciones,
las siguientes sanciones por violaciones legales, reglamentarias o estatutarias
y no por criterios de administración como respeto a la autonomía:
a) Amonestación escrita;
b) Multas sucesivas graduadas según la
gravedad de la falta, a los representantes legales y demás funcionarios de las
entidades vigiladas, entre cien (100) y mil (1.000) salarios mínimos diarios
legales vigentes en la fecha de expedición de la resolución sancionatoria. El
producto de éstas multas se girará a favor del Fondo para el Fomento al Empleo
y Protección al Desempleo previsto en la presente ley, y
c) Multas sucesivas a las entidades
vigiladas hasta por una suma equivalente a diez mil (10.000) salarios mínimos
diarios legales vigentes en la fecha de expedición de la resolución
sancionatoria, las cuales serán cancelados con cargo a los gastos de
administración y cuyo producto se girará a favor del Fondo para el Fomento al
Empleo y Protección al Desempleo previsto en la presente ley
18. Sancionar con multas sucesivas hasta de
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Fondo para
el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo previsto en la presente ley, a
los empleadores que incurran en cualesquiera de las siguientes conductas: no
inscribir en una Caja de Compensación Familiar a todas las personas con las que
tenga vinculación laboral, siempre que exista obligación; no pagar
cumplidamente los aportes de las Cajas y no girar oportunamente los aportes y
cotizaciones a la Caja de Compensación Familiar de acuerdo con las
disposiciones legales; no informar las novedades laborales de sus trabajadores
frente a las Cajas.
19. Reglamentar la cesión de activos,
pasivos y contratos y demás formas de reorganización institucional, como
instrumento de liquidación o gestión de una Caja de Compensación Familiar; así
como toda clase de negociación de bienes inmuebles de su propiedad. No
obstante, las Cajas de Compensación Familiar no podrán, salvo el pago del
subsidio familiar o en virtud de autorización expresa de la ley, facilitar,
ceder, dar en préstamo o entregar a título gratuito o a precios subsidiados,
bienes o servicios a cualquier persona natural o jurídica. Los estatutos de las
Cajas deberán contemplar claramente la forma de disposición de sus bienes en
caso de disolución, una vez satisfechos los pasivos, en tal forma que se provea
su utilización en objeto similar al de la corporación disuelta a través de
Cajas de Compensación Familiar.
20. Garantizar que aquellas entidades
públicas que administran directamente los recursos del subsidio familiar por
autorización expresa de la ley, cumplan con la destinación porcentual a los
programas de régimen subsidiado de salud, Fovis, jornada escolar
complementaria, atención integral a la niñez, educación formal, subsidio en
dinero y programas de apoyo al desempleo de acuerdo con las normas vigentes.
21. Expedir el reglamento a que deben
sujetarse las entidades vigiladas en relación con sus programas publicitarios
con el propósito de ajustarlos a las normas vigentes, a la realidad jurídica y
económica del servicio promovido y para prevenir la propaganda comercial que
tienda a establecer competencia desleal.
22. Las demás que conforme a las
disposiciones legales pueda desarrollar y en particular las previstas en los
artículos 1° y 2º del Decreto 2150 de 1992 y las contempladas en los numerales
5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 21 y 22 del artículo del Decreto 2150 de 1992.
23. Intervenir las Cajas de Compensación,
cuando se trate de su liquidación, conforme las normas previstas para las
entidades promotoras de salud.
24. Fijar los criterios generales para la
elaboración, control y seguimiento de los presupuestos de las Cajas de
Compensación como una guía para su buena administración. Los presupuestos no
tendrán carácter limitante u obligatorio de la gestión y respetarán el
principio de autonomía de las Cajas.
CAPITULO VI
Actualización de la relación laboral y la
relación de aprendizaje
Artículo 25. Trabajo ordinario y nocturno.
El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:
Artículo 160. Trabajo ordinario y nocturno:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza
entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre
las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.).
Artículo 26. Trabajo dominical y festivo.
El artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 29
de la Ley 50 de 1990, quedará así:
1. El trabajo en domingo y festivos se
remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario
ordinario en proporción a las horas laboradas.
2. Si con el domingo coincide otro día de
descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo
establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa el caso de la jornada de
treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal c) de
la Ley 50 de 1990.
Parágrafo 1°. El trabajador podrá convenir
con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que
será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio
institucionalizado.
Interprétese la expresión dominical
contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el efecto
del descanso obligatorio.
Las disposiciones contenidas en los
artículos 25 y 26 se aplazarán en su aplicación frente a los contratos
celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1º de abril del año
2003.
Parágrafo 2°. Se entiende que el trabajo
dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos domingos durante
el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el
trabajador labore tres o más domingos durante el mes calendario.
Artículo 27. Compensación en dinero de
vacaciones. Artículo 189 del C.S.T. subrogado por el Decreto – ley 2351/65,
artículo 14: numeral 2.
Cuando el contrato de trabajo termine sin
que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en
dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción
de año, siempre que este exceda de tres meses.
Artículo 28. Terminación unilateral del
contrato de trabajo sin justa causa. El artículo 64 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, quedará así:
“Artículo 64. Terminación unilateral del
contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la
condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de
perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el
lucro cesante y el daño emergente.
En caso de terminación unilateral del
contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si
éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna
de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una
indemnización en los términos que a continuación se señalan:
En los contratos a término fijo, el valor
de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo
estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra
o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a
quince (15) días.
En los contratos a término indefinido la
indemnización se pagará así:
a) Para trabajadores que devenguen un
salario inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales:
1. Treinta (30) días de salario cuando el
trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1)
año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario
sobre los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de
servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción;
b) Para trabajadores que devenguen un
salario igual o superior a diez (10), salarios mínimos legales mensuales.
1. Veinte (20) días de salario cuando el
trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1)
año de servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario
sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los
años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
Parágrafo transitorio. Los trabajadores que
al momento de entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años
al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización
establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6° de la Ley 50 de 1990,
exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los
trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.
Artículo 29. Indemnización por falta de
pago. El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:
Artículo 65. Indemnización por falta de
pago:
1. Si a la terminación del contrato, el
empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los
casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe
pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario
diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta
cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos
veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el
trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara
la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al
trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre
asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la
iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.
Dichos intereses los pagará el empleador
sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones
en dinero.
2. Si no hay acuerdo respecto del monto de
la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus
obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la
primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la
justicia de trabajo decide la controversia.
Parágrafo 1°. Para proceder a la
terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código
Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al
trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones
de Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres
meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de
pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas
cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el
empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días
siguientes, con los intereses de mora.
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el inciso 1º
de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un
(1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo
dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente.
Artículo 30. Naturaleza y características
de la relación de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial
dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla
formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una
empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación
profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y
esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo
comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la
empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por
esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso
constituye salario.
Son elementos particulares y especiales del
contrato de aprendizaje:
a) La finalidad es la de facilitar la
formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo;
b) La subordinación está referida exclusivamente
a las actividades propias del aprendizaje;
c) La formación se recibe a título
estrictamente personal;
d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene
como fin garantizar el proceso de aprendizaje.
Durante toda la vigencia de la relación, el
aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como
mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo
mensual vigente.
El apoyo del sostenimiento durante la fase
práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario
mínimo mensual legal vigente.
El apoyo de sostenimiento durante la fase
práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez
por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%)
de un salario mínimo legal vigente.
En ningún caso el apoyo de sostenimiento
mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o
fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.
Si el aprendiz es estudiante universitario
el apoyo mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al
equivalente a un salario mínimo legal vigente.
Durante la fase práctica el aprendiz estará
afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia
de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará cubierto por
el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores
independientes, y pagado plenamente por la empresa patrocinadora en los
términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional.
El contrato de aprendizaje podrá versar
sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que
requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o
tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y
trabajadores aprendices del SENA.
El Contrato de aprendizaje podrá versar
sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con
actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el
desarrollo del pénsum de su carrera profesional, o que curse el semestre de
práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su
formación académica.
Parágrafo. Para los departamentos de
Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una
partida adicional en el Presupuesto General de la Nación que transferirá con
destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje.
Parágrafo transitorio. Los contratos de
aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán
rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato.
Artículo 31. Modalidades especiales de
formación técnica, tecnológica, profesional y teórico práctica empresarial.
Además de lo dispuesto en el artículo anterior, se consideran modalidades de
contrato de aprendizaje las siguientes:
a) Las prácticas con estudiantes
universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente
o con instituciones de educación aprobadas por el Estado, de conformidad con
las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que la adicionen, modifiquen o
sustituyan, que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de
prácticas para afianzar los conocimientos teóricos. En estos casos no habrá
lugar a brindar formación académica, circunscribiéndose la relación al
otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial. El número de
prácticas con estudiantes universitarios debe tratarse de personal adicional
comprobable con respecto al número de empleados registrados en el último mes
del año anterior en las Cajas de Compensación;
b) La realizada en las empresas por jóvenes
que se encuentren cursando los dos últimos grados de educación lectiva
secundaria en instituciones aprobadas por el Estado;
c) El aprendiz alumno matriculado en los
cursos dictados por Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el
artículo 5° del Decreto 2838 de 1960;
d) El aprendiz de capacitación de nivel
semicalificado. Se entiende como nivel de capacitación semicalificado, la
capacitación teórica y práctica que se oriente a formar para desempeños en los
cuales predominan procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones
específicas (por ejem. Auxiliares de mecánica, auxiliares de cocina, auxiliares
de electricista, plomería, etc.). Para acceder a este nivel de capacitación,
las exigencias de educación formal y experiencia son mínimas. Este nivel de
capacitación es específicamente relevante para jóvenes de los estratos más
pobres de la población que carecen de, o tienen bajos niveles de educación
formal y experiencia.
Parágrafo. En ningún caso los apoyos de
sostenimiento mensual de que trata la presente ley podrán ser regulados a
través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una
negociación colectiva.
Artículo 32. Empresas obligadas a la
vinculación de aprendices. Las empresas privadas, desarrolladas por personas
naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de actividad económica
diferente de la construcción, que ocupen un número de trabajadores no inferior
a quince (15), se encuentran obligadas a vincular aprendices para los oficios u
ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica y completa
en la actividad económica que desempeñan.
Las empresas industriales y comerciales del
Estado y las de Economía mixta del orden Nacional, departamental, distrital y
municipal, estarán obligadas a la vinculación de aprendices en los términos de
esta ley. Las demás entidades públicas no estarán sometidas a la cuota de
aprendizaje, salvo en los casos que determine el Gobierno Nacional.
El empresario obligado a cumplir con la
cuota de aprendizaje podrá tener practicantes universitarios bajo la modalidad
de relación de aprendizaje, en el desarrollo de actividades propias de la
empresa, siempre y cuando estos no superen el 25% del total de aprendices.
Parágrafo. Empresas de menos de diez (10)
trabajadores podrán voluntariamente tener un aprendiz de formación del SENA.
Artículo 33. Cuotas de aprendices en las
empresas. La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para
cada empresa obligada la hará la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada
20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no
exceda de veinte. Las Empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20)
trabajadores, tendrán un aprendiz.
La cuota señalada por el SENA deberá
notificarse previamente al representante legal de la respectiva empresa, quien
contará con el término de 5 días hábiles para objetarla, en caso de no ceñirse
a los requerimientos de mano de obra calificada demandados por la misma. Contra
el acto administrativo que fije la cuota procederán los recursos de ley.
Parágrafo. Cuando el contrato de
aprendizaje incluida dentro de la cuota mínima señalada por el SENA termine por
cualquier causa, la empresa deberá reemplazar al aprendiz para conservar la
proporción que le haya sido asignada. Se prohibe la celebración de una nueva
relación de aprendizaje expirada la duración de una anterior, con la misma o
distinta empresa.
Artículo 34. Monetización de la cuota de
aprendizaje. Los obligados a cumplir la cuota de aprendizaje de acuerdo con los
artículos anteriores podrán en su defecto cancelar al SENA una cuota mensual
resultante de multiplicar el 5% del número total de trabajadores, excluyendo
los trabajadores independientes o transitorios, por un salario mínimo legal
vigente. En caso que la monetización sea parcial esta será proporcional al
número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cumplir la cuota
mínima obligatoria.
Artículo 35. Selección de aprendices. La
empresa obligada a la vinculación de aprendices, será la encargada de
seleccionar los oficios u ocupaciones objeto de este contrato de aprendizaje
así como las modalidades y los postulantes para los mismos, de acuerdo con los
perfiles y requerimientos concretos de mano de obra calificada y semicalificada
así como de la disponibilidad de personal que tenga para atender oficios u
ocupaciones similares. En el caso de capacitación de oficios semicalificados,
se deberá priorizar a los postulantes a aprendices de los estratos 1 y 2 del
Sisbén.
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa
podrá acudir a los listados de preselección de aprendices elaborados por el
SENA, priorizando la formación semi-calificada, técnica o tecnológica.
Parágrafo. Las empresas no podrán contratar
bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren
vinculadas laboralmente a la misma.
Artículo 36. Listado de oficios materia del
contrato de aprendizaje. Podrán ser objeto del contrato de aprendizaje en
cualquiera de sus modalidades, todos los oficios u ocupaciones que requieran de
capacitación académica integral y completa para su ejercicio y se encuentren
reconocidos como propios de formación educativa técnica- profesional,
tecnológica o profesional universitaria titulada, de conformidad con los
parámetros generales establecidos por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o
normas que las sustituyan, modifiquen, adicionen, reglamenten o regulen de
manera específica estas materias.
El SENA publicará periódicamente el listado
de oficios y especialidades por región respecto de los cuales ofrece programas
de formación profesional integral, sin perjuicio de que puedan ser objeto de
este contrato de aprendizaje los oficios u ocupaciones que requiriendo de
capacitación de conformidad con el inciso primero de este artículo, no cuenten
con programas y cursos de formación impartidos por esta institución.
La etapa lectiva o de formación profesional
integral de tales oficios podrá ser realizada en el SENA, en instituciones
educativas o especializadas reconocidas por el Estado, o directamente en la
empresa previa autorización del SENA, de conformidad con lo establecido por la
presente reglamentación.
Artículo 37. Entidades de formación. La
formación profesional y metódica de aprendices podrá ser impartida por las
siguientes entidades:
1. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
2. Instituciones educativas debidamente
reconocidas por el Estado. Se le dará prelación al SENA en los programas
acreditados que brinde la entidad.
3. Directamente por las empresas que
cumplan con las condiciones de capacitación señaladas en el artículo 41 de esta
ley.
4. Las demás que sean objeto de
reglamentación por parte del Consejo Directivo del SENA.
Parágrafo. Para los efectos legales, se entienden
reconocidos por el SENA para la formación profesional de aprendices, todos los
cursos y programas de formación y capacitación dictados por establecimientos
especializados o instituciones educativas reconocidos por el Estado, de
conformidad con las Leyes 30/92 y 115/94 y demás que las complementen,
modifiquen o adicionen.
Artículo 38. Reconocimiento para efectos de
la formación profesional impartida directamente por la empresa. Las empresas
que deseen impartir directamente la formación educativa a sus aprendices
requerirán de autorización del SENA para dictar los respectivos cursos, para lo
cual deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. Ofrecer un contenido de formación
lectiva y práctica acorde con las necesidades de la formación profesional integral
y del mercado de trabajo.
2. Disponer de recursos humanos calificados
en las áreas en que ejecuten los programas de formación profesional integral.
3. Garantizar, directamente o a través de
convenios con terceros, los recursos técnicos, pedagógicos y administrativos
que garanticen su adecuada implementación.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA,
deberá pronunciarse sobre la solicitud de autorización de estos cursos de
formación profesional dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación.
Si no lo hiciere, se entenderá aprobada la solicitud.
En todo caso, la respuesta negativa por
parte de la entidad deberá estar motivada con las razones por las cuales no se
cumplen adecuadamente los requisitos e indicar de manera expresa las exigencias
que deben ser subsanadas por la empresa para acceder a la autorización.
Parágrafo 1°. Las empresas cuyos cursos
sean autorizados por el SENA, deberán encontrarse a paz y salvo con la entidad
de seguridad social, ICBF, SENA y Cajas de Compensación, por todo concepto y
mantener esta condición durante todo el tiempo de la autorización.
Parágrafo 2°. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 119 de 1994, el SENA ofrecerá regularmente programas de
actualización para instructores, en los que podrán participar aquellos
vinculados a las empresas autorizadas, pagando el costo que fije el SENA.
Parágrafo 3°. Las empresas que reciban
autorización por parte del SENA para impartir la formación educativa,
solicitarán el reembolso económico del costo de la formación, cuyo monto será
definido por el SENA tomando en consideración los costos equivalentes en que
incurre el SENA en cursos de formación similares. En ningún caso el monto
reembolsable al año por empresa podrá superar el 50% del valor de los aportes
parafiscales al SENA de la respectiva empresa.
Artículo 39. Distribución y alternancia de
tiempo entre la etapa lectiva y productiva. La empresa y la entidad de
formación podrán determinar la duración de la etapa productiva, al igual que su
alternancia con la lectiva, de acuerdo con las necesidades de la formación del
aprendiz y los requerimientos de la empresa. Para los técnicos o tecnólogos
será de un (1) año.
La duración de formación en los programas
de formación del SENA será la que señale el Director General de esta
Institución, previo concepto del Comité de Formación Profesional Integral.
En el caso de cursos y programas impartidos
por otras instituciones aprobadas por el Estado, el término máximo de formación
lectiva será la exigida por la respectiva entidad educativa, de acuerdo con lo
señalado por el Ministerio de Educación, para optar por el respectivo grado
académico y/o técnico.
Los tiempos máximos que se fijen para la
etapa de formación en la empresa autorizada, en ningún caso podrán ser
superiores a los contemplados en la etapa de formación del SENA.
Artículo 40. Fondo Emprender. Créase el
Fondo Emprender, FE, como una cuenta independiente y especial adscrita al
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta
entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que
provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices,
practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando
o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean
reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994
y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.
En el caso de las asociaciones estas tendrán
que estar compuestas mayoritariamente por aprendices.
El Fondo Emprender se regirá por el Derecho
privado, y su presupuesto estará conformado por el 80% de la monetización de la
cuota de aprendizaje de que trata el artículo 34, así como por los aportes del
presupuesto general de la nación, recursos financieros de organismos de
cooperación nacional e internacional, recursos financieros de la banca
multilateral, recursos financieros de organismos internacionales, recursos
financieros de fondos de pensiones y cesantías y recursos de fondos de
inversión públicos y privados.
Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará
dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley, las condiciones
generales que sean necesarias para el funcionamiento de este fondo. La decisión
de financiación de los proyectos empresariales presentados al Fondo Emprender
será tomada por el Consejo Directivo del SENA.
Artículo 41. Apoyo de sostenimiento. El
SENA destinará el 20% de los recaudos generados por la sustitución de la cuota
de aprendizaje en dinero que se refiere el artículo 34 de la presente Ley, a la
cuenta “Apoyos de sostenimiento del presupuesto general de la entidad”, y con
las siguientes destinaciones específicas:
a) Apoyo de sostenimiento durante las fases
lectiva y práctica de los estudiantes del SENA que cumplan los criterios de
rendimiento académico y pertenezcan a estratos 1 y 2;
b) Pago de la prima de la póliza de seguros
que se establezca por el Gobierno Nacional para estos alumnos durante la fases
lectiva y práctica;
c) Elementos de seguridad industrial y
dotación de vestuario, según reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Parágrafo. El Consejo Directivo Nacional
del SENA reglamentará tanto el monto de los apoyos a conceder, la distribución
en estos diversos conceptos, así como los criterios que permitan la operación
de las condiciones antes establecidas para gozar de los mismos
Artículo 42. Sistema Nacional de Registro
Laboral. El Gobierno Nacional expedirá el régimen de organización, administración
y funcionamiento del sistema nacional de registro laboral cuya función será el
control de la vinculación y desvinculación al trabajo y condición previa para
el otorgamiento de los subsidios a que se refiere la presente ley, en los casos
y las condiciones que determine el Gobierno Nacional.
CAPITULO VII
Protección de aportes y otras disposiciones
Artículo 43. Aportes a la seguridad social.
Estando vigente la relación laboral no se podrá desafiliar al trabajador ni a
sus beneficiarios de los servicios de salud, cuando hubiera mediado la
correspondiente retención de los recursos por parte del empleador y no hubiera
procedido a su giro a la entidad promotora de salud. Los servicios continuarán
siendo prestados por la entidad promotora de salud a la que el trabajador esté
afiliado hasta por un período máximo de seis (6) meses verificada la mora, sin
perjuicio de la responsabilidad del empleador, conforme las disposiciones
legales.
La empresa promotora de salud respectiva,
cobrará al empleador las cotizaciones en mora con los recargos y demás
sanciones establecidos en la ley.
Artículo 44. Estímulos para el proceso de
capitalización. Las empresas podrán definir un régimen de estímulos a través de
los cuales los trabajadores puedan participar del capital de las empresas. Para
éstos efectos, las utilidades que sean repartidas a través de acciones, no
serán gravadas con el impuesto a la renta al empleador, hasta el equivalente
del 10% de la utilidad generada.
Las utilidades derivadas de éstas acciones
no serán sujetas a impuesto dentro de los 5 años en que sean transferidas al
trabajador y éste conserve su titularidad, ni harán parte de la base para
liquidar cualquier otro impuesto.
El Gobierno definirá los términos y
condiciones en que las acciones deben permanecer en cabeza de los trabajadores,
siendo condición para ser beneficiario el no devengar más de 10 salarios
mínimos legales mensuales al momento en que se concrete la participación. Será condición
del proceso el que se respete el principio de igualdad en cuanto a las
oportunidades y condiciones en que se proyecte la operación frente a los
trabajadores.
El Gobierno reglamentará los términos y
condiciones adicionales que se requieran para la validez de esta operación y
sus correspondientes efectos tributarios.
Artículo 45. A partir de la vigencia de la
presente Ley, confórmese una Comisión de Seguimiento y Verificación de las
políticas de Generación de Empleo, previstas en la presente ley, conformada por
dos (2) Senadores de la República, dos (2) Representantes a la Cámara,
designadas por las Mesas Directivas de senado y cámara respectivamente, el
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Director del Departamento Nacional
de Planeación o su delegado, el Director del DANE o su delegado y un
representante de los trabajadores elegido por las centrales obreras y un
delegado de los empleadores.
Parágrafo transitorio. La Comisión será
nombrada por el término de cuatro (4) años, a partir de la vigencia de la
presente ley.
Artículo 46. La Comisión de Seguimiento y
Verificación de la políticas de generación de empleo, tendrá las siguientes
funciones:
a) Solicitar a todos los sectores
empresariales la información de cada empleo adicional generado en su planta de
personal;
b) Recomendar permanentemente estudios
estadísticos para determinar el número de creación de nuevos empleos formales;
c) Rendir informes trimestrales de la
disminución de la tasa de desempleo como consecuencia de la generación de
empleo prevista en la presente ley;
d) Dar a conocer a la opinión pública por
todos los medios de comunicación las empresas que han creado empleos
adicionales con base en las medidas adoptadas a partir de la vigencia de la
presente ley.
Conceptuar y analizar los proyectos de ley,
con base en un diagnóstico y análisis de las políticas sociales del estado,
presentado a más tardar el 30 de junio de cada año, las conclusiones y acciones
para el fortalecimiento de una política integral de protección social de los
colombianos, teniendo en cuenta su viabilidad institucional y financiera.
Parágrafo. Transcurridos dos años de la
vigencia de la presente Ley, la Comisión de Seguimiento y Verificación aquí
establecida presentará una completa evaluación de sus resultados. En ese
momento el Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de ley que
modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos
para la generación de empleo.
Artículo 47. Cesantías en el sector
público. Los servidores públicos con Régimen de Retroactividad de Cesantías,
podrán acogerse libremente al Régimen Anualizado de Cesantías, para lo cual las
entidades darán aplicación a las disposiciones establecidas en el Decreto - ley
3118 de 1968, Leyes 50 de 1990 o 432 de 1998, sin que en ningún momento se
desconozcan o lesionen sus derechos causados.
El Fondo Nacional de Ahorro podrá recibir
los recursos de las cesantías de los Servidores Públicos.
El Estado en todas sus ramas, niveles,
entidades y empresas, contará con 30 días a partir del 1° de enero de 2004,
para colocar los recursos de las cesantías en los Fondos que los Servidores
Públicos elijan en los términos antes previstos que se contarán a partir del
momento en que el servidor público se acoja al régimen especial, que se
contaran a partir del momento en que el servidor público se acoja al régimen
especial. En caso de que no se pague en los términos previstos en este
parágrafo, causará intereses moratorios a favor del trabajador, equivalentes a
los establecidos en el artículo 635 del Estatuto Tributario los cuales deberán
ser liquidados en el momento del pago.
Los Servidores Públicos que se vinculen a
las ramas del poder público del orden Nacional, a los órganos y entidades que
las integran y a los órganos autónomos e independientes, estarán sometidos a lo
previsto en el inciso primero del artículo quinto de la Ley 432 del 29 de enero
de 1998.
Así mismo, el personal uniformado de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, vinculados
con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, podrán afiliarse al Fondo
Nacional de Ahorro.
Podrán afiliarse al Fondo Nacional de
Ahorro los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios, en los términos del presente artículo.
Artículo 48. Unidad de empresa. Se
entenderá por empresa la unidad de producción de bienes o de servicios
constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro. Las
Unidades de producción o las personas jurídicas vinculadas económicamente a una
misma persona natural o jurídica conservarán su independencia para efectos
laborales y prestacionales, sin que entre ellas se desprenda una unidad de
negocio o de empresa en ningún caso, así comercialmente conformen un grupo
empresarial.
Artículo 49. Base para el cálculo de los
aportes parafiscales. Interprétase con autoridad el artículo 18 de la Ley 50 de
1990 y se entiende que la base para efectuar los aportes parafiscales es el
setenta por ciento (70%).
Lo anterior por cuanto la expresión actual
de la norma “disminuido en un 30” ha dado lugar a numerosos procesos, pues no
se sabe si debe ser multiplicado por 0.7 o dividido por 1.3.
Artículo 50. Control a la evasión de los
recursos parafiscales.  La celebración, renovación o liquidación por parte de
un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector
público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista
de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia,
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas.
En el evento en que no se hubieran
realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública deberá
retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y
efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas
con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el
reglamento.
Cuando la contratación se realice con
personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o
por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad,
el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la
celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución.
Para la presentación de ofertas por parte
de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito señalado
anteriormente. El funcionario que no deje constancia d e la verificación del
cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta.
Para poder ejercer el derecho de movilidad
de Administradora de Riesgos Profesionales o Caja de Compensación, el empleador
se debe encontrar al día con los sistemas de salud y pensiones.
Parágrafo 1°. Las autoridades de impuestos
deberán disponer lo pertinente a efectos de que dentro de la declaración de
renta que deba ser presentada, a partir del año 2003 se establezca un renglón
que discrimine los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones,
riesgos profesionales y aportes al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Cajas de Compensación.
Parágrafo 2°. Será causal de terminación
unilateral de los contratos que celebren las Entidades públicas con personas
jurídicas particulares, cuando se compruebe la evasión en el pago total o
parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato
frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al
Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensación Familiar.
Se podrá enervar la causal, mediante el
pago de los recursos dejados de cubrir, incrementados con los correspondientes
intereses de mora dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Parágrafo 3°. Para realizar inscripción,
modificación, actualización o renovación, las Cámaras de Comercio deberán
exigir prueba del cumplimiento de las obligaciones en forma oportuna y completa
con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y
cuando sea del caso los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.
Artículo 51. Jornada laboral flexible.
Modifíquese el inciso primero del literal c) artículo 161 del Código Sustantivo
del Trabajo, subrogado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990 y adiciónese un
nuevo literal d).
c) El empleador y el trabajador pueden
acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo
sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin
solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando
el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a
la semana;
d) El empleador y el trabajador podrán
acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice
mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis
días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el
domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de
manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4)
horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por
trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el
promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria
de 6 a.m. a 10 p.m.
Artículo 52. Derogatorias. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
Derógase el artículo 77 de la Ley 101 de
1993. Deróguense en particular los incisos 3° y 4° del parágrafo único del
artículo 181 de la Ley 223 de 1995 en lo tocante a mantener la exoneración del
pago al SENA excepto para las Universidades Públicas.
III.
LA DEMANDA.
El actor considera que la Ley
789 de 2002 viola los artículos 1, 2, 13, 45, 52, 53, 54, 58, 158 y 160 de la
Constitución, por las razones que se resumen a continuación :
a) Violación del trámite
legislativo. El demandante se refiere al trámite de los proyectos de ley en el
Congreso de la República. Precisa que de acuerdo con la Constitución de 1991,
se deben surtir las siguientes etapas : 1. discusión y aprobación en la
comisión constitucional respectiva (1er debate); 2. discusión y aprobación en
la plenaria (2do debate); 3. discusión y aprobación en la comisión de la otra
corporación (primer debate); 4. discusión y aprobación en la plenaria de la
otra corporación (2do debate); 5. sanción u objeción del proyecto por parte del
Ejecutivo Nacional; y, 6. publicación (promulgación) de la ley en el Diario
Oficial. Así mismo, la Constitución establece unos tiempos, de obligatorio
cumplimiento en la tramitación de los proyectos de ley : “se debe dejar pasar
ocho días para el tránsito de la comisión a la plenaria, al igual que deben
transcurrir 15 días entre la finalización del debate en una cámara y el inicio
de los debates en la otra corporación legislativa, de acuerdo con el artículo
160. Este aspecto es desarrollado en el Reglamento del Congreso (ley 5 de
1992).”
Sin embargo, el actor señala
que la Ley 789 de 2002 “cuando se tramitó en el Congreso Nacional no se
cumplieron los límites temporales señalados, como se puede probar de acuerdo con
la lectura de las Actas de las comisiones séptimas de la Cámara de
Representantes y del Senado (las cuales debatieron conjuntamente el proyecto de
ley en atención a la solicitud de urgencia por parte del Gobierno Nacional) y
de las Actas de las plenarias de las dos corporaciones legislativas (Senado y
Cámara), en las cuales se debe precisar la fecha de su respectiva aprobación y
si dejaron surtir los ocho días para ser debatido el proyecto en las plenarias
de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.”
El actor afirma que se vulneró
el artículo 160 de la Constitución, pues no se dejaron pasar los 8 días “entre
la finalización del debate en las comisiones séptimas y el inicio del trámite
en las plenarias del Senado y la Cámara”, por lo que deberá la Corte declarar
la inexequibilidad de la totalidad de la Ley 789 de 2002 y hacer prevalecer el
artículo 160 de la Constitución.
b) De otro lado, el demandante
considera que la Ley 789 de 2002 desconoce los postulados de la Constitución de
1991, agrupándolos así :
- Violación del postulado del
Estado Social de Derecho : considera que algunos artículos de la Ley se oponen
en forma directa a la protección de los trabajadores y a la obligación del
Estado en la búsqueda de la superación de las desigualdades sociales. Como
ejemplo de esta afirmación, el actor cita algunos artículos de la Ley 789,
entre ellos, el 3, el 8, el 19. Y concluye :
“Por tanto es necesario
declarar la inexequibilidad de la llamada reforma laboral contenida en la ley
789/02, ya que lo único que hace es seguir al pie de la letra los dictados de
los organismos multilaterales económicos, como el FMI y el Banco Mundial y, de
esta manera, restablecer la dignidad de la actividad de los trabajadores
colombianos!”
- Violación de los fines
esenciales del Estado : en opinión del actor, la Ley restringe los derechos
adquiridos del trabajador como sucede con la limitación del subsidio familiar,
con la creación temporal del subsidio al desempleo, la exclusión de los aportes
al Sena, al Icbf, a las cajas de compensación, la ampliación de la jornada
diurna hasta las 10 de la noche,  entre otros puntos. Esto viola el artículo 2
de la Carta, por lo que debe declararse inexequible la Ley 789 de 2002.
- Vulneración del principio de
igualdad : el actor alude a unas sentencias de la Corte Constitucional y, lo
mismo que en los anteriores puntos, remite a algunos artículos contenidos en la
ley, para concluir que la misma viola este principio.
- Violación de la protección
especial de los adolescentes :  el actor afirma que internacionalmente, se
entiende por adolescente el período comprendido entre los 15 y los 25 años, sin
embargo la Ley 789 de 2002, no los protege, como se observa en normas tales
como los artículos 3, 14, 25, 26 y 51. Debe, entonces, declararse la
inexequibilidad de la Ley.
- Vulneración del derecho a la
recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre : al
establecer la flexibilización de la jornada laboral, se violan estos derechos y
se debe declarar inconstitucional la Ley.
- Violación de los principios
del derecho laboral : al referirse al artículo 53 de la Carta, el actor afirma
que la Ley en mención viola los principios establecidos en la disposición
constitucional, al contener normas como la de las indemnizaciones, la jornada
laboral, entre otras.
- Violación de la obligación
constitucional de la formación y la habilidad profesional y técnica : afirma
que algunos artículos van contra esta obligación, pues permite la privatización
de la formación técnica y que algunas empresas dejen de cotizar al Sena, al
Icbf y a las cajas de compensación familiar. Por lo que debe declararse la
inexequibilidad de la Ley.
- Violación de la unidad de
materia : en opinión del actor algunos artículos no tienen relación con el
título de la Ley, pues en el título no se precisa que se vaya a reformar el
régimen de las cajas de compensación familiar, las que fueron reguladas por la
Ley 21 de 1982. En consecuencia, los artículos 16 a 24 de la Ley 789 deben ser
declarados contrarios a los artículos 158 y 168 de la Constitución.
IV. INTERVENCIONES.
En este proceso intervino el Ministerio del
Interior y de Justicia, a través de la doctora Ana Lucía Gutiérrez Guingue, que
solicitó declarar a la Corte la exequibilidad de la Ley. Las  razones se
resumen así :
a) Respecto del trámite de la ley en el Congreso, la
interviniente explicó los pasos que ésta surtió desde la iniciativa hasta la
sanción presidencial para concluir que no existió la alegada vulneración.
La Ley 789 de 2002 tuvo origen en el proyecto de ley
presentado por el Gobierno Nacional al Congreso el 21 de agosto de 2002. Se
cumplió el requisito de publicación del proyecto junto con la exposición de
motivos en la Gaceta del Congreso Nro. 350 de 23 de agosto de 2002 y se
repartió a la Comisión Séptima Constitucional.
Los artículos 160 y 163 de la Carta establecen el
trámite cuando hay mensaje de urgencia. En estos casos excepcionales, al
producirse la sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales para agilizar
el trámite de un proyecto, no procede la aplicación del término de 15 días
ordenado en el artículo 160 de la Carta, que establece que este período debe
mediar entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del
debate en la otra. Sobre este particular la Corte Constitucional se expresó en
la sentencia C-025 de 1993.
Manifiesta que cada Comisión designó ponentes. En las
Gacetas del Congreso Nos. 444, 449 y 471 de 2002 se publicaron las 3 ponencias
que se presentaron para estudio del primer debate : un informe para estudio en
la Comisión Séptima del Senado, otra en forma conjunta firmada por la mayoría
de ponentes y el tercer informe firmado por el Senador Jesús Bernal y el
Representante Venus Silva. Las ponencias fueron debatidas y aprobado su texto
en las Comisiones conjuntas los días 29 de octubre, 5, 6,  12, 18, 21, 25, 27 y
28 de noviembre de 2002, con el quórum reglamentario. El texto aprobado fue
publicado en la Gaceta del Congreso Nro. 579 de 2002.
Respecto del trámite en las Plenarias de Senado y
Cámara, señala la interviniente que cumplido el término de 8 días exigidos por
el artículo 160 de la Carta, pasó a estudio de la Plenaria de la Cámara, cuya
ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 579 de 10 de diciembre de
2002 y el  texto definitivo fue discutido y aprobado en las sesiones de los
días 17 y 18 de diciembre de 2002. El texto definitivo aprobado fue publicado
en la Gaceta del Congreso No. 52 del 7 de febrero de 2003.
En la Plenaria del Senado se estudió la ponencia que
fue publicada en la Gaceta No. 575 del 9 de diciembre de 2002. El texto
definitivo fue discutido y aprobado en la plenaria el 19 de diciembre de 2002.
Debido a las discrepancias entre el texto aprobado en
la plenaria del Senado y el aprobado en la plenaria de la Cámara se conformó
una Comisión Accidental de Mediación. El informe de esta Comisión fue aprobado
en las sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente de la República,
mediante decreto 3075 de 2002, en que se incluyó el proyecto objeto de análisis
de manera independiente por cada Cámara.
En la Plenaria del Senado fue presentado, discutido y
aprobado el texto definitivo, el 20 de diciembre de 2002, con el quórum
constitucional requerido. En la Plenaria de la Cámara fue presentado, discutido
y aprobado el día 20 de diciembre de 2002, con el quórum requerido.
La ley fue sancionada por el Presidente de la
República acompañado de los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Salud
y publicado en el Diario Oficial.
De acuerdo con lo anterior, concluye la interviniente
que, la iniciativa legislativa fue discutida y aprobada en las comisiones y
plenarias respetando los plazos, trámites y quórum establecidos en la
Constitución y en la Ley 5ª  de 1992.
b) De otro lado, sobre los cargos relacionados con la
eliminación del subsidio familiar para mayores de edad, señala que la Ley 789
de 2002 les da un trato distinto a quienes son menores de 18 años y a quienes
han alcanzado la mayoría de edad, en cuanto al derecho de recibir el subsidio.
Señala la interviniente que al hacer la interpretación sistemática de las
disposiciones, hay que concluir que el subsidio familiar se predica a favor de
los niños, hace parte del derecho a la seguridad social y adquiere el carácter
de fundamental cuando de menores se trata, pues, le permite al trabajador
sobrellevar los gastos de las personas a sus cargo. En cambio, los que son
mayores de edad se encuentran en plena capacidad de realizar una actividad
productiva con la cual devenguen lo necesario para su sostenimiento. Además, si
se trata de mayores de edad que se encuentran estudiando, esto no es óbice para
procurarse su sustento y mantenimiento mediante becas, por ejemplo.
Respecto de los cargos por la jornada laboral, señala
la interviniente que uno de los problemas en la crisis que vive el país es la
rigidez de los contratos laborales. La Ley 50 de 1990 resultó insuficiente en
tratar de flexibilizar el sistema. Ahora se trata de establecer condiciones que
den lugar a dinamizar las relaciones de trabajo, en las que se vean
beneficiados empleador y trabajador. Eliminando el pago de horas nocturnas y de
dominicales y festivos, entre otros, resulta claro que se abre la posibilidad
de manejar turnos que permitan que las empresas funcionen 24 horas al día
durante 7 días, lo que hará necesaria mayor mano de obra y, en consecuencia, la
demanda laboral aumentará.
En cuanto a la acusación contra el subsidio de
desempleo, la interviniente manifiesta su sorpresa porque el demandante
califique como inconstitucional la protección al desempleo, ya que se trata de
una herramienta que desarrolla los postulados del Estado Social de Derecho y el
reconocimiento a la dignidad humana, al garantizar un mínimo vital de quien no
tiene empleo, ni recursos para su subsistencia.
Respecto de la supuesta violación al principio de
unidad de materia, manifiesta que existe plena unidad de materia entre la
protección social de que trata la ley con los temas por ella desarrollados.
Además, el principio de unidad de materia debe interpretarse en forma amplia.
c) Vencido el término para la intervención ciudadana,
llegaron a la Corte los escritos de los ciudadanos Humberto Jairo Jaramillo y
Carlos Rodríguez Mejía.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
El señor Procurador General de la Nación,
en concepto Nro. 3191, de fecha 7 de abril de 2003, solicitó a la Corte hacer
los siguientes pronunciamientos : declararse inhibida para fallar de fondo
sobre la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 789 de 2002, por
ineptitud sustancial de la demanda; y, declarar la exequibilidad de la misma,
en cuanto al trámite legislativo. Las razones se resumen así :
a) Sobre la solicitud de inhibición, el
señor Procurador considera que la omisión del actor de concretar la acusación
impide el desarrollo de la discusión propia del juicio de constitucionalidad,
pues no le corresponde al juez constitucional la función de presumir el querer
del demandante y emitir pronunciamientos de fondo con base en demandas que no
satisfacen las mínimas exigencias y se le estaría dando una vocación oficiosa,
que no tiene.
Además, el artículo 2 del Decreto 2067 de
1991 “no permite la formulación de cargos por inexequibilidad contra leyes
consideradas en su conjunto, sino que exige la identificación de las
disposiciones precisas que se asumen como inconstitucionales, la indicación de
los mandatos superiores que se consideran vulnerados y la exposición de los
motivos por los cuales se considera que esas normas resultan contrarias a lo
señalado en esos mandatos.”
De acuerdo con los términos del auto
admisorio de esta demanda, el único cargo que se aviene con los requisitos del
Decreto 2067 de 1991, es el de presunta violación del trámite legislativo.
b) Sobre la presunta violación del
trámite legislativo, el señor Procurador analiza el alcance del plazo
establecido en el artículo 160 de la Constitución y concluye que los 8 días que
alude la norma, se acataron. Explica esta afirmación así :
Los días a que establece el artículo 160
de la Carta son calendario, según el artículo 5 de la Ley 5 de 1992 y lo
explicado en la sentencia de la Corte Constitucional C-607 de 1992. Estos
términos se deben cumplir a cabalidad y transcurrir íntegramente (sentencias
C-203 de 1995 y C-510 de 1996).
Dentro de este contexto, explica el señor
Procurador lo que ocurrió en este caso :
El proyecto surtió primer debate en las
Comisiones Séptimas constitucionales de Senado y Cámara, en sesión conjunta, de
acuerdo con las autorizaciones de las mesas directivas de ambas cámaras, debido
a la solicitud de trámite de urgencia por parte del Presidente de la República,
según el artículo 163 de la Carta.
El proyecto fue aprobado en forma
escalonada entre los días 12 al 28 de noviembre de 2002, según certificación de
los Secretarios Generales de las Comisiones. Lo que significa que a partir del
29 de noviembre empezaba el término de 8 días a que alude la norma
constitucional.
El segundo debate se surtió en la
Plenaria de la Cámara, según la certificación de la Secretaría General, en las
sesiones plenarias de días 17 y 18 de diciembre de 2002, y se aprobó la
ponencia para segundo debate, de acuerdo con las actas de sesión Nros. 037 y
038 de esas fechas.
En cuanto al segundo debate en la
Plenaria del Senado, el Secretario General certificó que fue aprobado en sesión
del 18 de diciembre de 2002, según acta de la misma fecha, que fue publicada en
la Gaceta Nro. 45 de 5 de febrero de 2003.
También, según las correspondientes
certificaciones, el 20 de diciembre de 2002, en sesiones extraordinarias de las
Plenarias del Senado y la Cámara se consideró y aprobó el informe de la
comisión accidental de conciliación.
De acuerdo con lo anterior, concluye el señor
Procurador :
“Por este
orden, entre la aprobación del proyecto en primer debate que se tramitó en
sesiones conjuntas de las Comisiones Séptimas de Senado Cámara, ocurrida el 28
de noviembre de 2002 y el segundo debate en las respectivas Cámaras que acaeció
entre el 17 y 18 de diciembre del mismo año, transcurrieron un número de días
superior al mínimo que establece el artículo 160 de al Constitución Política
entre el primero y segundo debate, por lo que el trámite legislativo en
relación con este aspecto se ajustó a los lineamientos constitucionales.” (pág.
7 del concepto)
VI.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.  Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241, numeral 4, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para
conocer de esta demanda, pues, el artículo acusado es de carácter legal.
2. El  examen de constitucionalidad sólo se ceñirá al
cargo de violación del trámite legislativo en la expedición de la Ley 789 de
2002.
Desde el momento en que se admitió esta
demanda, se advirtió que el actor pretendía la declaración de inexequibilidad
de toda la Ley 789 de 2002 y no de algunos artículos en particular.
De allí que en el auto admisorio se
precisó lo siguiente :
“Se admitirá
esta demanda contra toda la Ley pues, no obstante que el ciudadano en su
escrito menciona que algunos artículos de la misma violan determinadas
disposiciones constitucionales, el magistrado sustanciador considera que el
actor lo hace para apoyar su concepto de violación integral de toda la Ley y no
como acusaciones individuales contra artículos en particular. Además, el propio
actor lo dice al inicio de su demanda “por la presente, interpongo Acción
Pública de Inexequibilidad contra la ley 789 de 2002”.”
Considera, la Sala, que no obstante los
argumentos que expone el demandante contra la totalidad de la Ley 789 de 2002,
el examen correspondiente sólo versará sobre la posible violación del trámite
legislativo que, según el actor, consistió en el incumplimiento de los términos
constitucionales establecidos en el artículo 160 de la Carta. Para tal efecto,
se tendrán en cuenta las pruebas solicitadas a los Secretarios del Senado y de
la Cámara sobre el trámite legislativo, pruebas que obran en el expediente en
dos cuadernos.
En cambio, sobre las acusaciones
generales del actor encaminadas a que se declare la inexequibilidad de la Ley
789 de 2002, la Corte se inhibirá de proferir un pronunciamiento de fondo por
ineptitud sustancial de la demanda. El señor Procurador también solicitó este
pronunciamiento a la Corte.
En efecto, el demandante agrupa sus
acusaciones generales contra la Ley de la siguiente manera : violaciones,
vulneraciones o amenazas del postulado del Estado Social de Derecho; de los
fines esenciales del Estado; del principio de igualdad; de la protección
especial de los adolescentes; a la recreación, la práctica del deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre de los colombianos; de los principios del
derecho laboral; de la obligación constitucional de la formación y la habilidad
profesional y técnica; y desconocimiento del principio de unidad de materia.
De acuerdo con la amplia jurisprudencia
de la Corte (contenida en sentencias C-1052 de 2001, C-1193 de 2001, entre
otras), formulaciones genéricas, confusas y sin relación causal no habilitan al
juez constitucional para pronunciarse de fondo. En este caso, el demandante no
identificó las normas legales de las cuales se derivan efectos considerados
inconstitucionales, se limitó a mencionarlas a modo de ejemplo y ubicarlas
dentro de cada uno de los postulados de la Carta supuestamente vulnerado. No
realizó sustentación jurídica que relacione directamente los artículos de la
Ley con determinadas normas constitucionales. La mayoría de las disposiciones
que menciona las hace encajar en su propia interpretación de las normas
contenidas en la Ley, pero sin demostrar su invalidez frente a la Constitución
de manera específica, así como tampoco demuestra desde el punto de vista
material, la razón de la inconstitucionalidad total de la Ley.
Es más, sobre el caso particular de la acusación de
violación del principio de unidad de materia, el demandante si bien ubicó tal
vulneración en relación con los artículos 16 a 24 de la Ley en mención, pues en
su concepto el título de la Ley no incluye las cajas se compensación, que están
reguladas por la Ley 21 de 1982, no expuso las razones por las cuales considera
que esta inclusión contenida en las normas señaladas no guardan relación con el
tema de la Ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 Superior. Se queda en
afirmaciones generales.
Son estas las razones por las que no se aceptará el
examen general que pretende el actor, pues, una demanda contra una ley es
perfectamente posible que se presente, se admita y se falle por esta
Corporación, siempre y cuando estén expuestas las razones jurídicas por las que
cada uno de los artículos que  la componen violan determinadas disposiciones de
la Carta.
Hechas las anteriores precisiones, se examinará,
entonces, el cargo de violación de trámite legislativo.
3. El trámite legislativo de la Ley 789 de 2002.
Según el
demandante, en este trámite no se respetaron los términos establecidos en el
artículo 160 de la Constitución, en cuanto dice que “entre el primero y el
segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra, deberán transcurrir por lo menos quince días.”
Para la interviniente del Ministerio del Interior y de
Justicia y el Procurador los términos constitucionales se respetaron.
Debe, en consecuencia, procederse al examen del
trámite legislativo relativo al cumplimiento de los términos constitucionales.
Para tal efecto, habrá de hacerse un breve recuento de las fechas en que se
sucedieron cada uno de los pasos principales que se surtieron en el Congreso y
que culminaron con la expedición de la Ley 789 de 2002.
3.1 Recuento del primer debate conjunto dado por las
Comisiones Séptimas Constitucionales permanentes al Proyecto de ley 057/Senado,
056/02 Cámara, en virtud de la solicitud del Presidente de la República de
darle trámite de urgencia
- El 23 de agosto de 2002, el señor Ministro de Salud
encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, con la firma del señor Presidente de la República, solicitó a los
Presidentes del Senado y de la Cámara y a los Presidentes de las Comisiones
Séptimas de cada Cámara impartir el trámite de urgencia a que se refiere el
artículo 163 de la Carta y 191 de la Ley 5a de 1992. (fls. 57 y 58).
- Mediante Resolución Nro. 12 de 28 de agosto de 2002,
la Mesa Directiva del Senado de la República autorizó a la Comisión Séptima
Constitucional Permanente del Senado para sesionar conjuntamente con la
Comisión Séptima de la Cámara, para dar primer debate al Proyecto de ley 057/02
Senado. (fl. 6 segundo cuaderno)
- Mediante Resolución Nro. 16225 de 3 de septiembre de
2002, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes autorizó a la Comisión
Séptima Constitucional Permanente de la Cámara para realizar sesión conjunta
con la Comisión Séptima del Senado y darle el debate respectivo al Proyecto de
ley  057/02 Senado. (fls. 59 y 60).
- En la Gaceta del Congreso Nro. 350 de 23 de agosto
de 2002, se publicó el Proyecto de ley 057/02 Senado, páginas 17 a 22 de la
Gaceta. En las páginas 22 a 25 obra la exposición de motivos.
- En la Gaceta Nro. 444 de 25 de octubre de 2002, se
publicó la ponencia para primer debate al Proyecto de ley Nro. 057 de 2002
Senado, 056 de 2002 Cámara, presentada por los Senadores Oscar Iván Zuluaga y
Jesús Puello y los Representantes Carlos Ignacio Cuervo, Albino García, Carlos
Celis Gutiérrez, Miguel Durán, Miguel Arenas. Los ponentes solicitan que se dé
primer debate. A continuación, en la misma Gaceta se publicó el Pliego de
modificaciones a este proyecto.
- La Gaceta del Congreso Nro. 471, de fecha 6 de
noviembre de 2002,  publicó la “Ponencia Conjunta para Primer Debate al
proyecto de ley Nro. 057 de 2002 Senado, 056 de 2002 Cámara”, suscrita por el
Senador Jesús A. Bernal Amorocho y el Representante Venus Albeiro Silva, en la
que piden negar la aprobación del articulado que tenga que ver con el Código
Sustantivo del Trabajo y solicitan modificar otros temas relativos al Sena,
Cajas de Compensación y al Icbf. (fls. 495 a 518 primer cuaderno).
- En la Gaceta del Congreso Nro. 497, de 14 de
noviembre de 2002, se publica el Pliego de Modificaciones al proyecto en
mención, presentado por el Senador Jesús A. Bernal Amorocho y el Representante
Venus Albeiro Silva (fls. 536 a 542)
- La Gaceta Nro. 579 de 10 de diciembre de 2002,
publicó la Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de ley Nro. 057 de 2002
Senado, 056 de 2002 Cámara en las páginas de 1 a 11 y el “Texto propuesto para
segundo debate”(pág. 11 a 22), presentado por el Representante Carlos Ignacio
Cuervo.
En la misma Gaceta 579 de 10 de diciembre de 2002,
páginas 23 a 35, se publicó el “Texto definitivo al proyecto de ley 057 de 2002
Senado y 056 de 2002 Cámara”.
Obra, también en esta Gaceta una constancia en el
sentido de que el texto que  se publica en esa Gaceta corresponde al “aprobado
en Sesiones Conjuntas de las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, los días
29 de octubre, 5, 6, 12, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre de 2002, por la
cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, y
al proyecto acumulado número 07 de 2002 Senado” (pág. 23).
Además, al final de este texto definitivo, en la
página 35 de la Gaceta 579 citada, se lee una constancia de las Comisiones
Séptimas Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara, que resulta
pertinente transcribir en su totalidad, pues establece con certeza los días en
que se llevó a cabo el debate conjunto y la fecha en que éste finalizó :
“Bogotá, diciembre 9 de 2002
Proyecto de ley número 057/02 Senado,
056/02 Cámara, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y al proyecto acumulado número 07 de 2002 Senado, por la cual
se crea el subsidio al desempleo. En sesiones conjuntas de las Comisiones
Séptimas de Senado y Cámara de esta Célula Congresual llevadas a cabo los días
29 de octubre, 5, 6, 12, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre de 2002, se
inició con la lectura de la Ponencia para primer debate, la consideración del
Proyecto de Ley presentado al Congreso de la República, por los señores
Ministros de Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, doctores Roberto Junguito
Bennet y Juan Luis Londoño de la Cuesta. A continuación se procedió a la
lectura de la proposición con que termina el informe de ponencia para primer
debate y teniendo en cuenta que la proposición es positiva, se dio apertura al
Primer Debate. Puesto en consideración el Pliego de Modificaciones, que
contiene el articulado propuesto en la ponencia mayoritaria por parte de los
señores ponentes Senadores Jesús León Puello Chamié, Oscar Iván Zuluaga
(coordinador), y honorables Representantes Albino García, Carlos Celis
Gutiérrez, Miguel Durán, Miguel Arenas y Carlos Ignacio Cuervo (coordinador),
miembros de las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara respectivamente éstos
fueron aprobados con las modificaciones que aparecen consignadas. Leída y
discutida la ponencia minoritaria presentada por los honorables Congresistas
Jesús Antonio Bernal Amorocho y Venus Albeiro Silva Gómez fue sustentada y sus
artículos consignados en el Pliego de modificaciones y presentados como
proposiciones sustitutivas fueron negados. Leídos y discutidos ampliamente
todos y cada uno de los artículos, en consecuencia, hacemos constar, que los
precedentes artículos con las respectivas modificaciones propuestas están
consignadas y forman parte integral del texto definitivo elaborado por las
Secretarías, tanto de Senado como de Cámara. Puesto a consideración el título
del proyecto, éste fue aprobado por unanimidad de la siguiente manera : “por la
cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social”.
Preguntadas las Comisiones si deseaban que el proyecto tuviera segundo debate,
éstos respondieron afirmativamente. (...) La relación completa del Primer
Debate se halla consignada en las Actas números 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
010, 011 y 012 de fechas 29 de octubre, 5, 6, 12, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de
noviembre de 2002.” (fls. 577 y 577 vuelto).
De acuerdo con lo anterior, el primer debate concluyó
el día 28 de noviembre de 2002 y se aprobó el texto definitivo del Proyecto de
ley en mención, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso Nro. 579, de 10
de diciembre de 2002.
3.2 Segundo Debate. Plenarias y Plenarias
extraordinarias.
- De acuerdo con la certificación del Secretario
General del Senado de la República, de fecha 11 de febrero de 2003 “el segundo
debate en la Plenaria del Senado de la República fue el día miércoles 18 de
diciembre de 2002, en sesión extraordinaria. Se pudo constatar un quórum
deliberatorio de 98 Honorables Senadores, al ser sometido a su aprobación este
proyecto fue aprobado por mayoría, tal como se encuentra transcrita dicha
votación en el Acta de la Plenaria del Senado de la República en sesión
extraordinaria que fue publicada en la Gaceta No. 45 miércoles 5 febrero 2003,
el día 20 de diciembre de 2002, en sesión extraordinaria se consideró y aprobó
el informe de mediación, publicado en la Gaceta No. 3 del 7 de febrero de
2003.” (fl. 2 segundo cuaderno).
- Según la certificación del Secretario General de la
Cámara de Representantes, de fecha 5 de febrero de 2003, en las Sesiones
Plenarias extraordinarias de la Cámara, convocadas por el Decreto 3075 de 2002,
los días 17 y 18 de diciembre de 2002 “fue considerada y aprobada la ponencia
para segundo debate, el articulado y el título del Proyecto de Ley Nro. 056/02
Cámara – 057/02 Senado “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código
Sustantivo del Trabajo”. En la misma certificación se da cuenta de la forma
como fueron votados los distintos artículos, y los votos que se alcanzaron.
Precisa, además que “fue considerado y aprobado en Sesión Plenaria
extraordinaria (Decreto 3075 de 2002) el día 20 de diciembre de 2002, el
informe de la Comisión Accidental de Mediación al proyecto de ley en comento,
por mayoría de los presentes ciento cincuenta y cinco (155) Honorables
Representantes a la Cámara.” (fls. 53 y 54 primer cuaderno)
- En la Gaceta Nro. 43, de 5 de febrero de 2003,
Cámara de Representantes, obran el Acta de Conciliación, de fecha 20 de
diciembre de 2002 y el texto del Proyecto de ley a que se llegó en virtud del
acuerdo correspondiente. (páginas 62 a 75 de la Gaceta)
- En la Gaceta Nro. 53, de fecha 7 de febrero de 2003,
Senado de la República, página 33, obran el Acta de Conciliación, de fecha 20
de diciembre de 2002 y el texto único aprobado.
De acuerdo con lo anterior, la Plenaria de la Cámara
de Representantes inició el Segundo Debate el día 17 de diciembre de 2002 y la
Plenaria del Senado de la República, el día 18 de diciembre del mismo año.
En virtud del Decreto 3075 de 2002 el Gobierno citó a
sesiones extraordinarias. El día 20 de diciembre de 2002, en cada una de las
Plenarias fue considerado y aprobado el informe de la Comisión Accidental de
Mediación al proyecto de ley en mención.
4. Forma de contabilizar los términos constitucionales
en el trámite legislativo cuando media mensaje de urgencia.
El artículo 163 de la Constitución señala que el
Presidente de la República puede solicitar trámite de urgencia para cualquier
proyecto de ley. En estos casos, las comisiones permanentes deliberarán
conjuntamente.
Como lo recuerdan la interviniente y el señor
Procurador, la Corte Constitucional en la sentencia C-025 de 1993, se pronunció
sobre cómo se contabilizan los términos establecidos en el artículo 160 de la
Constitución cuando existe el mensaje de urgencia del artículo 163.
En efecto, esta Corporación declaró exequible el
inciso segundo del artículo 183 de la Ley 5ª de 1992, que prevé que cuando
existe mensaje de urgencia, existe salvedad para respetar el lapso de los 15
días. Explicó la Corte que sólo debe respetarse el lapso no inferior a 8 días
entre la terminación del primer debate (que se surtió en forma conjunta por las
Comisiones Constitucionales) y la iniciación del segundo debate en las
Plenarias de cada Cámara.
Por resultar totalmente pertinente para el cargo que
se estudia, se trascribe el inciso demandado, y lo que explicó la Corte en la
sentencia .
Artículo 183. (...)
Entre la aprobación del proyecto en una de
las Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir, por lo
menos, quince (15) días, salvo que el proyecto haya sido debatido en sesión
conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá presentarse la
simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras.
La sentencia dijo al respecto :
“Lapso entre la aprobación del proyecto en
una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra en el evento de
trámite de urgencia
37. Si bien entre la aprobación del
Proyecto Ley en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra,
deberán transcurrir por lo menos quince días (CP art. 160), la deliberación
conjunta de las respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para
darle primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje de urgencia
del Presidente de la República (CP art. 163), hace innecesario el cumplimiento
de dicho término. En efecto, el período de reflexión querido por el
Constituyente como conveniente para la maduración de la ley en formación,
carece de sentido cuando las dos comisiones agotan conjuntamente el primer
debate. En el esquema ordinario, expirado el término de los quince días, el
proyecto se somete a primer debate en una de las dos Cámaras en la que debe
concluir el íter legislativo. En el trámite de urgencia, si la iniciativa -
sin excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos -  se aprueba
conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo que sigue es
el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso no inferior
a ocho días. Es evidente que en el trámite de urgencia, la deliberación
conjunta de las dos comisiones obvia el paso del proyecto de una Cámara a la
otra, lo cual es uno de los efectos buscados mediante este procedimiento que
busca reducir el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo
ordinario.
38. El artículo 183 de la ley 5ª de 1992 se
limita a contemplar la hipótesis examinada y a establecer en ese caso la
simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras, sin esperar que
transcurra el lapso de quince días. La norma legal armoniza correctamente
el supuesto ordinario del artículo 160 con el extraordinario del artículo 163.”
(sentencia C-025 de 1993) (se subraya)
Sobre el tema de la forma de contabilizar los términos
para los debates en el Congreso, no sobra recordar que la contabilización de
los días a que se refiere el artículo 160 de la Carta son hábiles, tal como se
explicó en las sentencias C-607 de 1992 y se reiteró en la C-510 de 1996.
5. Análisis del lapso transcurrido entre la
terminación del debate conjunto en las Comisiones Séptimas y el inicio en las
Plenarias de cada Cámara en el Proyecto de ley 057/Senado, 056/02 Cámara.
De acuerdo con el recuento de los pasos y
las fechas en que se surtieron los debates legislativos de la Ley 789 de 2002,
se puede concluir que se respetaron los términos constitucionales y legales.
En efecto : el término de los 8 días se
cumplió, pues, con fundamento en el mensaje de urgencia que medió por parte del
Gobierno Nacional, las Comisiones Séptimas permanentes de Senado y Cámara
deliberaron en forma conjunta el proyecto de ley, durante los días 29 de
octubre, 5, 6, 12, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre de 2002. La aprobación
del texto definitivo se publicó en la Gaceta de fecha 10 de diciembre de 2002.
Por su parte, en Sesión Plenaria
realizada en la Cámara de Representantes los días 17 y 18 de diciembre de 2002,
fue aprobado en segundo debate el texto definitivo del Proyecto de ley
No.057/02 Senado, 056/02 Cámara. El día 20 de diciembre de 2002 fue considerado
y aprobado el informe de la Comisión Accidental de Mediación, así se corrobora
con la certificación expedida el 6 de febrero de 2003, por el Secretario
General de la  Cámara de Representantes, doctor Angelino Lizcano Rivera.
Y en Sesión Plenaria realizada en el Senado de la
República el día 18 de diciembre de 2002, fue aprobado en segundo debate el
texto definitivo del proyecto en mención. El 20 de diciembre de 2003, en sesión
extraordinaria fue considerado y aprobado el informe de mediación, tal como lo
certifica el Secretario General del Senado, doctor Emilio Otero Dajd, de fecha
11 de febrero de 2003.
Es decir, que se observó el término de los 8 días que
debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en Comisión Conjunta y la
respectiva plenaria, pues, las discusiones del primer debate que se iniciaron
el 29 de octubre, culminaron el 28 de noviembre de 2002 y el inicio
en las Sesiones Plenarias de Cámara y Senado ocurrió los días 17 y 18 de
diciembre de 2002, respectivamente. Se superó ampliamente el término de los
8 días.
En cuanto al requisito de los 15 días que
debe mediar entre la aprobación de una Cámara y su aprobación en la otra, en el
caso en estudio, el agotamiento de dicho lapso no era necesario, en razón de la
discusión conjunta del proyecto en las Comisiones Constitucionales Permanentes,
tal como lo señala el artículo 183 de la Ley 5ª de 1992, norma que, se repite,
fue declarada exequible en sentencia C-025 de 1993.
Igualmente, de las certificaciones expedidas por los
Secretarios Generales de Senado y Cámara de Representantes, se evidencia que el
mencionado proyecto de ley fue aprobado con las mayorías que para el efecto
exige la Constitución.
En consecuencia, la Corte
declarará exequible el trámite legislativo de la Ley 789 de 2002 “por la cual
se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se
modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, únicamente
respecto del cargo de que supuestamente no se respetaron los términos
establecidos en el artículo 160 de la Constitución, y se inhibirá para emitir
pronunciamiento de fondo en relación con los demás cargos contra la mencionada
Ley.
VII.
DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero : Declarar exequible la Ley 789 de 2002 “por la cual se dictan normas
para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, en cuanto no se vulneraron los
términos establecidos en el artículo 160 de la Constitución.
Segundo : Declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en
relación con los demás cargos contra la mencionada Ley.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General