T-526-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-526/04
DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATIVA-Intimidad económica
DATOS PERSONALES E IMPERSONALES-Diferencias
DERECHO A LA INFORMACION-Alcance de la
autorización para divulgar la historia crediticia personal
HABEAS DATA-Función primordial/HABEAS
DATA-Núcleo esencial
BANCO DE DATOS-Información veraz e
imparcial
ENTIDAD FINANCIERA-Derecho a conocer el
comportamiento de sus clientes/DEUDOR FINANCIERO-Derecho a que la
información sobre el cumplimiento de sus obligaciones incluya todo lo
acontecido al respecto
Así como
las entidades financieras tienen derecho a conocer el comportamiento de sus
clientes, los deudores de los establecimientos de crédito tienen derecho a que
la información sobre el cumplimiento de sus obligaciones incluya todo lo
acontecido al respecto, “no sólo el pago, voluntario o forzado, sino la fecha del
mismo (..)[e]n el caso del deudor moroso que finalmente paga, voluntaria o
forzadamente, la información completa sobre su conducta como deudor debe
incluir todas estas circunstancias”.
BANCO DE DATOS-Información negativa no
puede tornarse perenne
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Vulneración por
permanencia ilimitada de datos negativos
PROCESO INFORMATICO-Sumas compensatorias
no pueden exceder el doble de la obligación principal
En punto al poder resarcitorio del tiempo, es evidente que el
Legislador no permite pactar sumas compensatorias que excedan el doble de la
obligación principal, límite éste que permite a la Sala considerar el duplo de
la mora, como criterio válido de permanencia de un dato adverso en el proceso
informático. Es decir que, para conjurar la conservación de la información
negativa, al titular de ésta le basta la extinción de la obligación que dio
lugar a ella, más el acaecimiento de un plazo igual al de la permanencia
inicial del dato adverso, contada a partir de la mora. O sea que, en tanto el
Legislador regula específicamente el asunto, conforme lo indican las
disposiciones antes referidas, al parecer de la Sala, las centrales de riesgo,
haciendo uso de la autorización de su titular, podrán, a partir de la mora,
procesar y divulgar informaciones sobre obligaciones insolutas, hasta su
extinción, tiempo éste al que se podrá agregar hasta uno más.
CADUCIDAD DEL DATO-Límite temporal/CADUCIDAD
DEL DATO-Límite temporal por pago voluntario/CADUCIDAD DEL DATO-Límite
temporal por proceso ejecutivo
PRESCRIPCION-No da lugar a eliminación
del dato de obligación no pagada
La prescripción no da lugar a la eliminación del dato atinente a la
obligación impagada, porque la extinción de las acciones i) no puede ser
declarada en sede de tutela, y ii) requiere ser alegada.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Proyección
entre entidades de crédito y sus clientes/PROCESO INFORMATICO-Divulgación
de datos por el acreedor requiere informar al deudor
Las
entidades de crédito y sus clientes se encuentran vinculados por relaciones
económicas fundadas en el postulado de la buena fe y en el deber de respetar
los derechos ajenos y no abusar de los propios. Debe entenderse, entonces, que
las personas que entablan relaciones de crédito y simultáneamente autorizan
develar aspectos de su intimidad, que incluso pueden perjudicarlas, confían en
que su acreedor divulgará la información sólo cuando las circunstancias
efectivamente lo justifiquen, y en que sus facultades de intervenir en la
recolección, tratamiento y circulación de los datos serán respetadas en las
diversas etapas del proceso informático, de manera que sus actividades
económicas no sufrirán tropiezos por la divulgación sorpresiva de datos
adversos. En consecuencia el acreedor abusa de la previa autorización, impelida
por él y así mismo otorgada por su deudor, cuando, fundado en aquella, divulga
datos específicos sin enterar a su titular debidamente, así crea contar para el
efecto con la aquiescencia sin límites del afectado, porque el postulado de la
buena fe obliga a las partes a atemperar los desequilibrios contractuales, en
todas las etapas de la negociación.
PROCESO
INFORMATICO-Responsabilidad social
Es cierto
que las entidades financieras deben velar por su solvencia y solidez, de modo
que tendrían la proclividad de contratar exclusivamente con quienes demuestren
mejor situación patrimonial, mayores garantías de cumplimiento y mejores
hábitos de pago, pero dado el carácter público del servicio que prestan les
corresponde no descartar los criterios subjetivos en la selección de riesgos,
porque son éstos los que les permiten atender las expectativas especificas y
los intereses concretos de los usuarios del servicio que están llamados a
prestar.
ENTIDAD
FINANCIERA-Deberes
La objetiva
desigualdad que existe entre quien demanda un servicio financiero y quien está
en capacidad de prestarlo, impone al Estado el deber de exigir de las
instituciones de crédito, en todos los casos, pero en especial cuando pretenden
fundar la prestación del servicio en las informaciones divulgadas por las
centrales de riesgo i) permitirle al interesado exponer las circunstancias que
dieron lugar a los registros, ii) considerar la información adicional
suministrada por el proponente, y ii) exponer minuciosamente su decisión de no
asignar el producto, de abstenerse de prestar el servicio ofrecido, o de
prestarlo en condiciones determinadas, a fin de satisfacer las expectativas que
el carácter público de la actividad bancaria genera en los usuarios, y las
creadas por ella misma, con la presentación individual de sus productos y
servicios.
HABEAS DATA-Registro de datos negativos en las centrales de riesgo no
constituyen una sanción
La información atinente a la atención de sus obligaciones por parte
de los usuarios del crédito, registrada en las centrales de riesgo, no
constituye una sanción, sino una herramienta que dicho sector requiere para
evaluar las condiciones del crédito, partiendo del conocimiento real del riesgo
que el solicitante podría representar para el prestamista, conforme a sus
hábitos de pago. Vale recordar que a propósito
del registro de datos negativos en los ficheros de datos, la Sala Segunda de
Revisión consideró pertinente distinguir estos reportes, elaborados con el
concurso de las entidades financieras, de las “listas negras”, porque el
ingreso a éstas comporta, en la práctica, “un cierre de la oportunidad del
crédito en cualquier establecimiento comercial y financiero”, en tanto las
“listas de riesgo” reportan “el comportamiento histórico del deudor”, con el
propósito de someterlo al estudio y posterior análisis de la entidad
crediticia.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Vulneración por
cuanto Davivienda no dio la oportunidad de ejercer el derecho a la
autodeterminación informativa/ENTIDAD FINANCIERA-Obligación de informar
a los clientes el estado de sus obligaciones
El fallo objeto de revisión será revocado, para proteger el derecho
a la intimidad del actor, a quien Davivienda no le dio, desde el principio del
proceso, la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación
informática, que es “una medida constitucionalmente prevista para preservar la
intimidad personal y familiar de todas las personas, y el debido proceso debe
estar presente en los proceso informáticos, de conformidad con lo previsto en los
artículos 15 y 29 constitucional.”En efecto, aunque el demandante pudo
solicitar, en dos oportunidades, la rectificación de la información que sobre
él estaba reportada en Data Crédito, lo cierto es que sólo pudo hacerlo cuando,
como consecuencia de la solicitud de unos créditos, en otras entidades se lo
negaron o “congelaron”, habida cuenta del reporte que aparece en DataCrédito,
lo que, en reiteración de lo anteriormente expuesto, riñe con el debido proceso
informático. Así mismo, se prevendrá al Banco Davivienda para que ponga en
conocimiento de sus clientes la decisión de reportar el estado de sus
obligaciones, así como el sentido y consecuencias de su decisión, de manera que
ellos puedan solicitar las rectificaciones y actualizaciones que sean del caso,
antes de que la información sea conocida por terceros, y de esta forma se
respete la libertad y demás garantías constitucionales de las personas
vinculadas a los procesos informáticos.
Referencia:
expediente T-850657
Acción de
tutela instaurada por Alberto Franco Sandoval contra Computec S.A. -División
Datacredito- y Davienda S.A.
Magistrado
Ponente:
Dr.
ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil cuatro (2004).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los magistrados Jaime Araújo Rentería, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela instaurada por
ALBERTO FORERO SANDOVAL contra COMPUTEC S.A. -DIVISIÓN DATACREDITO- y BANCO
DAVIVIENDA S.A.
I.       ANTECEDENTES
1.      Hechos
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, allegadas por
el demandante y no desvirtuadas por las entidades demandas, se pudo determinar
que los hechos que dieron origen a este proceso son los siguientes:
El 3 de diciembre de 1997 el actor tomó un “Crediexpress”
(No. 3000010001908089) con el Banco Davivienda, con el cual alcanzó una mora de
180 días; razón por la cual el Banco, de acuerdo con lo estipulado por la
Superintendencia Bancaria, envió el reporte correspondiente a las centrales de
riesgo como cartera castigada. Posteriormente, de mutuo acuerdo, el demandante
firmó con el Banco un compromiso de pago, que empezó a cumplir el 24 de
marzo de 2000, con el pago de la primera cuota y que finalizó el 19
de diciembre de 2002; fecha en la cual el actor le solicitó al Banco el “levantamiento
de la medida [reporte]” en la Asobancaria o DataCrédito, por encontrarse a
paz y salvo con la obligación No. 3000010001908089 de “pago mixto de
consumo”, a fin de tener oportunidades de crédito en otras entidades
financieras.
El 9 de enero de 2003, por solicitud del actor, el
coordinador de cartera del Banco Davivienda expidió una certificación según la
cual “el señor(a) ALBERTO FRANCO SANDOVAL, identificado(a) con la
cédula de ciudadanía No. 91.220.446, fue titular del Crediexpress número 3000
0100 0190 8089, el cual a la fecha se encuentra cancelado en su totalidad.”
El 19 de marzo de 2003, en respuesta a una llamada que hizo
el demandante al call center del Banco Davivienda, la jefe del Departamento de
Atención al Cliente de esa entidad le informó, por escrito, que “[e]n
Datacrédito se encuentra reportado con el Crediexpress como Cartera Recuperada
Pago Voluntario; por lo anterior, la permanencia del reporte de acuerdo a las
normas vigentes en Datacrédito es de dos años a partir de la cancelación de la
deuda, la cual se realizó el 19/12/2002.” Adicionalmente le comunicó que en
la Central de Información Financiera CIFIN no hay reporte del Crediexpress.
El 8 de octubre de 2003, el demandante le envió una carta al
gerente del Banco Davivienda en Bucaramanga - recibida el 16 de octubre de
2003-, solicitándole que lo “retire” de las centrales de riesgo,
pues, a su juicio, le está vulnerando sus derechos ya que él se encuentra a paz
y salvo con el Banco Davivienda y al encontrarse un reporte como de cartera
castigada, tiene “muerte crediticia o financiera en cualquier parte del
territorio nacional e internacional.” En la misma carta le anuncia que
procederá a instaurar una acción de tutela, como lo hizo con otra entidad
financiera, por la misma causa, para que no se le causen más perjuicios, toda
vez que considera que “ese reporte es injusto y que sucumba una tumba
anticipada en vida y aniquilamiento de mi familia, atenta contra mi progreso y
estabilidad emocional, mental y laboral.”
El 10 de octubre de 2003, la coordinadora jurídica de
cobranza del Banco Davivienda respondió la anterior solicitud, explicando al
actor que:
“cuando las personas solicitan un crédito en una
entidad financiera se encuentran sujetos a que se les verifique tanto sus
hábitos o comportamientos de pago como que se efectúen los respectivos reportes
en centrales de riesgo en caso de incumplimiento en el pago de la obligación,
de lo anterior se deja constancia en los formularios de solicitud de servicios
financieros que presenta un items (sic) especial sobre la AUTORIZACIÓN PARA
CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO, en el que se manifiesta: “... la
permanencia de la información que refleje incumplimiento dependerá del momento
en que se efectúe el pago...”, ahora bien, si sus productos alcanzaron una
altura de mora de mas de 180 días, debe realizar la provisión contable y enviar
el Reporte a las Centrales de Riesgos como cartera castigada,
conllevando a que el período de permanencia por este concepto sea de dos (2)
años contados a partir de la cancelación total del producto”, es decir, el pago
total de su obligación nos refleja el sistema fue  el 19 de diciembre de 2.002
por lo tanto  el período de permanencia de su reporte finaliza el 19 de diciembre
de 2.004 fecha en la cual automáticamente el sistema da de baja las anotaciones
por morosidad crediticia.” (negrilla y mayúsculas
originales)
Para finalizar, le indicó que Davivienda ha cumplido con el deber
que le compete “en lo atinente a la oportunidad y veracidad de la
información reportada a las entidades de riesgos” y, así mismo, le aclara
que esas entidades no mantienen relación alguna de subordinación o dependencia
con el Banco, que son totalmente autónomas en sus decisiones y se encuentran regidas
por la ley que les señala los parámetros para que puedan sancionar los “malos
hábitos” de pago de los clientes de las entidades afiliadas a ellas, razón
por la cual el Banco no puede ordenarles el retiro de un reporte que no ha
cumplido su permanencia.
2.      Demanda
El demandante instauró acción de tutela, el 17 de octubre de 2003,
en contra de las entidades demandadas, al estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la intimidad y al habeas data (C.P., art. 15),
por las siguientes razones:
Manifestó que no está conforme con las respuestas que le otorgó el
Banco Davivienda, el 19 de marzo y el 10 de octubre de 2003, respecto a su
solicitud de ser retirado de la base de datos de la central DataCrédito, pues i.)
no tiene deuda alguna con el Banco, lo que estima suficiente para que se
retire el reporte en DataCrédito y ii.) según afirma, el reporte que
aparece a la fecha [de la demanda de tutela] en esa central de datos es de “recuperado
PJUR”, que quiere decir PROCESO JURÍDICO”, lo cual es incongruente con la
información que le otorgó el Banco Davivienda, el 19 de marzo de 2003, en la
que le dijeron textualmente que “[e]n Datacrédito se encuentra reportado con
el Crediexpress como Cartera Recuperada Pago Voluntario”, por lo cual
solicitó se corrija ese error, mediante una orden del juez constitucional.
Adicionalmente, sostuvo que la situación antes descrita [en el
capítulo 1. de Hechos de esta sentencia] le afecta en la consecución de un
crédito por $40’000.000 con el Fondo Emprender del SENA, para un proyecto que
presentó, con el fin de conformar una empresa que se llamará “Empresa de
Servicios Tecnológicos de Colombia”. Agregó que solicitó otro crédito, por
valor de $44’599.000 con la Chevrolet Campesa de Megaplan y que le fue adjudicado
el 15 de octubre de 2003 pero que está “paralizado” por el
reporte que aparece en DataCrédito de “cartera castigada”.
Para concluir, el demandante insistió en que no tiene deuda alguna
con el Banco Davivienda, por lo que solicitó se “sancione en daños y
perjuicios si llegare a perder esta oportunidad [la de los créditos] que tengo
en estos momentos, y se sancione en daños económicos, moral, dignidad, honradez
tiempo valioso para mi gestión como empresario y a que se levanten las medidas
de inmediato ante las Centrales de Riesgos privadas a que fui reportado y se
corrija la palabra castigada por normalizado.”
3.      Contestación de la Demanda
3.1.   Por parte del Banco Davivienda S.A.
La entidad accionada, mediante su representante legal para asuntos
judiciales, contestó la demanda haciendo un recuento histórico del vínculo que
existió con el demandante y que está terminado a la fecha.
Señaló que el Banco procedió de conformidad con las disposiciones de
la Superintendencia Bancaria en cuanto reportó la obligación incumplida del
actor como cartera castigada, por presentar una mora superior a 180 días, lo
que conlleva un período de permanencia del reporte por dos años, contados a
partir del día en que canceló total y voluntariamente la deuda, es decir, que
como el actor canceló la obligación el 19 de diciembre de 2002, permanecerá
reportado hasta el 19 de diciembre de 2004; fecha en la cual automáticamente el
sistema da de baja las anotaciones de morosidad crediticia. Adicionalmente,
señala que esa decisión está sustentada en las sentencias “SU-082 y T-303-98
de 1.995 (SIC)” de esta Corporación.
Sin embargo, aclaró que “según el informe integrado que a la
fecha [28 de octubre de 2003] aparece a nombre de Alberto Franco Sandoval, en
DATACREDITO es de cartera recuperada pago voluntario novedad que fue
reportada por el Banco Davivienda en diciembre de 2.002 y no como lo afirma el
tutelante quien manifiesta que es reporte de cartera castigada.”
Para finalizar, en su defensa reiteró los argumentos manifestados al
actor en la comunicación del 10 de octubre de 2003, antes trascrita. Concluyó
señalando que la tutela es improcedente, pues no se ha vulnerado derecho alguno
del accionante.
3.2.   Por parte de Computec S.A. -División DataCrédito-
La entidad accionada, actuando mediante apoderado, contestó la
demanda y se opuso a su prosperidad, con fundamento en las siguientes razones:
En primer término, informó que, con corte a 4 de noviembre de 2003, en la base
de datos de DataCrédito el actor presenta los siguientes reportes:
·   “BELLSOUTH
S.A. Cartera de Telefonía Celular 002668481. Obligación que se encuentra
registrada en Cartera Castigada desde el mes de septiembre de 2003. El actor se
encuentra en mora en el pago de esta obligación desde el mes de septiembre de
2001.
·   DAVIVIENDA
CREDIEXPRESS. Tarjeta de Crédito 001908089. Obligación que fue recuperada por
la entidad informante en el mes de Diciembre de 2002, mediante pago voluntario.
El actor presentó mora desde el mes de Diciembre de 2000 hasta el mes de
Noviembre de 2002, llegando a estar 24 meses en mora.
·   BANCO
SUPERIOR. Cartera Bancaria 820100078. Obligación que fue recuperada por la
entidad informante en el mes de Mayo de 2003, mediante pago voluntario. El
actor registró mora desde el mes de Mayo de 2001 hasta el mes de Abril de 2003,
llegando a estar 24 meses en mora.”
A continuación, señaló que DataCrédito es una “Unidad Especial de
Negocios de Computec S.A., que recopila información suministrada por los
Suscriptores (distintas entidades financieras y empresas del sector real),
sobre la situación crediticia general e histórica de los clientes de cada
entidad, y que se pone a su servicio, previa autorización escrita y voluntaria
del usuario del servicio financiero.”
Por ello, agregó, las bases de datos crediticias son indispensables
en la actividad crediticia y “constituyen un factor determinante para la
reducción del riesgo implícito y para la construcción y consolidación de la
confianza del público en el sistema financiero mismo y en la protección del
ahorro público”. Sostuvo que el ejercicio de esa actividad se realiza con
la “mayor responsabilidad profesional” y en concordancia con los
principios y reglas de orden constitucional y legal, entre las que se encuentra
una según la cual los datos consignados en las bases de datos tienen términos
de caducidad que al cumplirse implican el retiro de la información de esas
bases de datos.
De otra parte, indicó que revisados los archivos y el sistema de
DataCrédito, no se encontró reclamo elevado por el demandante relacionado con
el estado de las obligaciones adquiridas por él con el sistema financiero, lo
que, a su juicio, hace improcedente la acción de tutela, pues el actor, antes
de acudir a los jueces, debió previamente ejercitar su derecho establecido en
el artículo 15 de la Constitución Política, en el sentido se solicitar la
rectificación de informaciones que sobre él se hayan consignado en las bases de
datos, en este caso, de DataCrédito. Lo anterior en concordancia con lo establecido
en el numeral 6º[1]
del artículo 42 - relativo a la procedencia de la tutela contra particulares-
del Decreto 2591 de 1991 - reglamentario de la acción de tutela- y en la
sentencia T-268 de 2002 de esta Corte.
Adicionalmente, se apoyó en lo dispuesto en las sentencias SU-082 de
1995 y T-355 de 2002, como pautas en las que esta Corporación fijó tablas de
caducidades aplicables según se trate de pagos voluntarios o por causa de un
cobro judicial y de mora superior e inferior a un año, para concluir que en el
caso del demandante, existen dos reportes - por Davivienda y por el Banco
Superior- respecto de los cuales no ha expirado el término de caducidad, por
tratarse de obligaciones que presentaron mora superior a un año con pago
voluntario, que generaron el reporte por 2 años contados desde la fecha en que
se cancelaron las obligaciones y que para el caso de DataCrédito vence el 19 de
diciembre de 2004.
Por lo tanto, solicitó se denegara el amparo de los derechos del
actor, como quiera que la actuación de DataCrédito está “respaldada” por
la jurisprudencia constitucional y, en consecuencia, “se permita el
mantenimiento de los datos en cuestión en la base de datos de Datacrédito.”
4.      Sentencia objeto de revisión
El Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Bucaramanga, mediante providencia del seis (6) de
noviembre de 2003, denegó el amparo solicitado en contra de las entidades
demandadas, considerándolo improcedente puesto que la permanencia de los datos
negativos del comportamiento crediticio del actor en DataCrédito obedecen a la
aplicación de los criterios de la jurisprudencia constitucional, en cuanto ese
comportamiento crediticio no hace parte de su intimidad personal y familiar ni
afecta su buen nombre, toda vez que no está discutiendo la veracidad de la
información reportada, pues él mismo reconoce la mora en que incurrió y
autorizó ese reporte.
Ahora bien, en cuanto al habeas data señala que, como lo que el
demandante discute es la permanencia del reporte, es preciso señalar que los
términos de caducidad aplicados en las “centrales de datos” están
conformes con la jurisprudencia constitucional contenida en las sentencias
SU-082 y T-355 de 1995, por lo que permanecerá reportado en DataCrédito,
concretamente respecto de la obligación con el Banco Davivienda, por dos (2)
años contados desde que se puso al día con esa obligación voluntariamente, es
decir, desde el 19 de diciembre de 2002 hasta el 19 de diciembre de 2004.
II.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar la providencia de tutela
reseñada, con base en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9), en
concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (arts. 33 al 36) y en cumplimiento del
Auto del diecinueve (19) de febrero del año 2004, proferido por la Sala de
Selección de Tutelas Número Dos de esta Corporación.
2.      Materia sometida a revisión
La Sala procede a verificar si con el mantenimiento del reporte que
hizo el Banco Davivienda S.A., por la mora en la obligación que tenía el actor
para con esa entidad, a la División DataCrédito de Computec S.A., se ha
vulnerado por parte de esas entidades privadas algún derecho fundamental del
actor, no obstante estar fundada tanto la posición de las demandadas como la
decisión del a quo en la jurisprudencia de esta Corporación,
específicamente, en las sentencias SU-082 de 1995[2], T-355 de 2002[3] y T-268 de 2002[4].
Así mismo, y como quiera que en las sentencias citadas la Corte fijó
pautas respecto al término de caducidad de los datos negativos en las centrales
de riesgos, por la omisión legislativa en el tema, es necesario verificar el
alcance de esas pautas, en el caso concreto, puesto que esta misma Sala de Revisión
en la sentencia T-592 de 2003[5]
recopiló la doctrina de esta Corporación respecto al derecho al habeas data y
se refirió a otros temas y derechos fundamentales relacionados con el mismo,
señalando nuevos criterios que se deben tener en cuenta cuando de la protección
del derecho al habeas data se trata y, de esa manera, confirmar o revocar la
decisión que se revisa.
3.      La acción de tutela contra particulares
De conformidad con lo establecido en el numeral 6º del artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es procedente contra particulares
“[c]uando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la
solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 de la Constitución.”
En el presente asunto, el demandante ejerció su derecho a solicitar
rectificaciones ante el Banco Davivienda S.A., aunque no ante la División
DataCrédito de Computec S.A., entidades demandadas. Más adelante se analizará
en qué forma se maneja la situación de reclamar o no previamente a las
entidades demandadas la corrección o actualización de la información, como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela.
4.          Reiteración de la doctrina constitucional sobre la
autodeterminación informática como expresión del derecho a la intimidad
económica; la garantía de informar y recibir información económica; el alcance
de la autorización para divulgar la historia crediticia personal; el alcance de
la garantía de procesar y divulgar con responsabilidad social los hábitos de
pago de los usuarios de servicios financieros y el duplo de la mora, como
criterio legislativo válido para la permanencia del dato adverso
En la sentencia T-592 de 2003[6],
esta Sala de Revisión desarrolló con profundidad todos los temas enunciados en
el título de este capítulo. Por tratarse de una doctrina aplicable al caso
concreto, y ante la necesidad de difundir los criterios que allí se consignaron
para efectos de verificar si existió  o no vulneración de algún derecho
fundamental, en esta oportunidad, del demandante, la Sala trascribe in extenso
los aspectos más relevantes de esa sentencia:
“3.        Consideraciones Preliminares. La autodeterminación
informática y la garantía de informar y recibir información económica en la
jurisprudencia constitucional. El crédito de vivienda
3.1        La autodeterminación informática como expresión del
derecho a la intimidad económica
El Título II de la Carta Política regula el derecho a la intimidad[7], y también reconoce el
papel protagónico de la informática en el tráfico jurídico, justificando la
existencia de bancos de datos y de archivos, para procesar y divulgar
informaciones sobre el estado patrimonial de las personas, siempre que la
libertad y demás garantías constitucionales de los afectados sean respetadas.
Ahora bien, el respeto de la libertad y demás garantías constitucionales,
respecto del derecho a la intimidad personal y familiar y buen nombre, comporta
que el individuo determine, dentro de los limites que la Carta Política señala,
la recolección, el tratamiento y la circulación de sus datos personales,
restringiendo del conocimiento de los demás aquella información que reservar
para sí y para su familia.
Un somero análisis de la jurisprudencia constitucional atinente al
tema le permite a la Sala sostener que esta Corporación se ha pronunciado, en
general, a favor de una visión amplia de los derechos a la intimidad económica
y al buen nombre [8],
dada la facultad que la Carta constitucional reconoce a los titulares de los
datos procesados en las centrales de riesgo, de intervenir en el proceso
informático desde su iniciación, como lo indican los apartes de las sentencias
que se traen a colación: [sentencias T-094 de 1995, M.P. Dr. José Gregorio
Hernández Galindo y T-096A de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa]
(...)
Denota la jurisprudencia anterior, que para la Corte los derechos a
la intimidad y al buen nombre resultan afectados en el proceso informático,
cuando los procesadores de la información recogen y divulgan hábitos de pago
sin el conocimiento de su titular[9],
como también cuando registran informaciones falsas, parciales o sesgadas[10]. Ha dicho la Corte:
[cita apartes de las sentencias T-189A de 1995, M.P. Dr. Hernando
Herrera Vergara y T-199 de 1995, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo]
En este orden de ideas, cabe precisar que, en decisión más reciente,
la Sala Séptima de Revisión[11]
destacó la necesidad de distinguir los datos personales de los impersonales,
según la información que registran los ficheros de datos se refiera a aspectos
que permiten definir el perfil de las personas, “en mayor o menor medida,
gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y otros datos”,
de aquellos datos que no cumplen con las anteriores características.
Es más, la Sala en cita consideró de utilidad distinguir la
información según se encuentre contenida en bases de datos computarizadas, o en
otros medios, “como videos o fotografías”, y destacó lo importante que
resulta su diferenciación por razón del acceso a la misma, por cuanto “la
Sala encuentra cuatro grandes tipos: la información pública o de dominio
público, la información semi - privada, la información privada y la información
reservada o secreta”.
Analizada la jurisprudencia constitucional, podría argüirse, sin
embargo, que en algunos pronunciamientos esta Corte ha distinguido el derecho a
la intimidad del habeas data y de la autodeterminación informática[12], y que así mismo ha
considerado exagerado colocar en su mismo plano el comportamiento de una
persona en materia crediticia con su derecho a la intimidad personal y familiar[13], no obstante el
reconocimiento exclusivo del poder de disposición del dato económico en la
persona de su titular, y su facultad de intervenir durante todo el proceso
informático ha sido una constante en la jurisprudencia constitucional[14]
Al punto que en la sentencia C-397 de 1998[15], la Corporación
precisó que “la figura del secreto bancario encuentra fundamento en el
artículo 15 de la C.P., que consagra como derecho fundamental el derecho a la
intimidad”.
Establecido entonces que los datos económicos no pueden desligarse
de la intimidad personal y familiar, como tampoco de las facultades que el
ordenamiento constitucional reconoce a todas las personas para hacer respetar
su intimidad y buen nombre en los procesos informáticos, la jurisprudencia
constitucional ha debido considerar los conflictos que surgen en estos
procesos, dados los requerimientos de información del tráfico jurídico.
a) La aquiescencia del titular. Alcances de la autorización para
divulgar la historia crediticia personal
Las diferentes Salas de Revisión se han pronunciado respecto de la
necesidad de establecer cómo los derechos a la intimidad y buen nombre de los
usuarios del sistema financiero, y las garantías de informar y ser informadas
de las entidades crediticias se autolimitan y equilibran, partiendo para el
efecto de las siguientes previsiones constitucionales:
- No existen derechos absolutos[16].
- El Estado
está en el deber de respetar y hacer respetar los derecho a la intimidad
personal y familiar y al buen nombre[17].
- El secreto profesional puede ser develado[18], siempre que para el
efecto medie una debida y proporcionada justificación constitucional[19].
- El artículo 20 del ordenamiento superior garantiza la libertad de
informar y recibir información, con responsabilidad social[20].
- Las actividades financiera, bursátil y aseguradora son de interés
público, a la luz del artículo 335 constitucional[21].
[cita apartes de las Sentencias T-552 de 1997, M.P. Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa y T-578 de 2001, MP. Dr. Rdrigo Escobar Gil]
En este orden de ideas cabe destacar que el consentimiento del
titular de la información sobre el registro de sus datos económicos en los
procesos informáticos[22],
aunado a la necesidad de que aquel cuente con oportunidades reales para ejercer
sus facultades de rectificación y actualización durante las diversas etapas de
dicho proceso, resultan esenciales para salvaguardar los derechos a la
intimidad y buen nombre de los usuarios de servicios financieros, y con ello
las garantías de los operadores económicos de informar y de recibir información
veraz e imparcial con miras a la adopción de sanas políticas de crédito[23].
Respecto a la aquiescencia del titular, vale considerar que cuando
una persona acude a una entidad financiera, independientemente del servicio que
demande, autoriza la intromisión de terceros en aspectos de su estado
patrimonial, pero es cierto que la sola demanda efectiva o potencial de
servicios financieros no autoriza al receptor para divulgar lo que conoce en
razón o por ocasión del servicio, habida cuenta que toda actividad profesional
se ampara, en principio, en la inviolabilidad del sigilo y confidencialidad de
las informaciones, en los términos del artículo 74 constitucional[24].
De ahí que la
jurisprudencia constitucional, de manera unánime y reiterada, en cumplimiento
de la proyección constitucional de la libertad individual en el derecho a la
autodeterminación informática, exija de los operadores informáticos obtener un
previa, explicita y concreta autorización de los usuarios del crédito para
recopilar, tratar y divulgar informaciones sobre su intimidad económica, la que
deberá utilizarse con miras a preservar la estabilidad económica que comporta
la sanidad general del crédito –artículos 15 y 335 C.P.-[25].
En este sentido, compete a los jueces, en cada caso, analizar el
contenido de la autorización que el usuario de los sistemas informáticos obtiene
del titular del dato, con miras a establecer su alcance, considerando, además
del interés general que demanda la utilización del documento, especialmente,
las condiciones en que dicha autorización fue otorgada[26], como quiera que si la
aquiescencia del otorgante estuvo condicionada por el acceso al servicio o a la
operación de crédito, el juzgador debe tener presente que al proponente de un
servicio público no le está permitido obtener ventajas injustas y dar lugar a desequilibrios
contractuales, amparado en el privilegio que comporta su calidad de autoridad[27]. Ha dicho la Corte
[cita apartes de la sentencia C-616 de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil]
b) La autorización previa del titular del dato no comprende su
facultad de autodeterminación informática
Puntualizado el objetivo de los procesos informáticos y su conexión
con el derecho a la intimidad económica de los usuarios del crédito, cabe
precisar que, sin perjuicio del consentimiento del titular, la autorización
para divulgar la propia historia crediticia, en cada caso, i) debe entenderse
otorgada por el tiempo que los datos resulten pertinentes para enjuiciar los
hábitos de pago y la solvencia patrimonial de sus titulares, y ii) sólo puede
abarcar datos ciertos sobre obligaciones dinerarias insolutas, líquidas y
exigibles.
Lo anterior por cuanto los datos vetustos, caducos e inciertos no
determinan el nivel real actual de respuesta patrimonial de cada usuario del
sistema, y en razón de que es la certeza sobre las obligaciones realmente
impagadas la que permite a quien analiza una solicitud de crédito emitir
juicios objetivos de cumplimiento.
En fin, resulta sin sustento el dato que permanece en el sistema
informático por un tiempo superior al duplo de la mora –comprendida ésta -, en
que pudo haber incurrido su titular, porque los comportamientos crediticios son
esencialmente cambiantes[28].
Ahora bien, a juicio de la Corte, el habeas data “(..) tiene la
función primordial de equilibrar el poder entre el sujeto concernido por el
dato y aquel que tiene la capacidad de recolectarlo, almacenarlo, usarlo y
transmitirlo”[29],
y su núcleo esencial “está integrado por el derecho a la
autodeterminación informática y por la libertad, en general, y en
especial económica”[30].
De acuerdo con lo anterior, los derechos de audiencia y
contradicción del titular del dato, en el proceso informático, van más allá de
la autorización inicial que permite, en cada caso, que una determinada historia
crediticia sea procesada.
En este sentido, vale considerar que en un proceso esencialmente
cambiante, como viene a serlo el tratamiento automatizado de datos puestos en
ficheros de acceso común, la actualización y la rectificación propugnan por el
pleno respeto de la intimidad económica y buen nombre de quienes consienten en
develar sus hábitos de pago, mediante la corrección, complementación,
inserción, limitación, actualización o cancelación de los datos procesados[31].Y llega más lejos, en
cuanto la contradicción del titular le imprime al proceso informático la
confianza que los operadores económicos demandan de éste, como de todas las
herramientas con que cuentan para fijar sus políticas de crédito.
En este sentido
- al margen de insistir en la necesidad de que el debido proceso informático
sea objeto de una reglamentación general y coercitiva, como todos los aspectos
del habeas data, que garantice el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales, y las garantías generales que lo comprometen, a fin de que “(..)
el
proceso de acopio, uso y difusión de datos personales sea constitucionalmente
legítimo” [32]-,
vale precisar que esta Corte ha descartado de antemano la constitucionalidad de
la recopilación y difusión de datos i) “falsos, parciales, incompletos, e
insuficientes, ii) “sensibles” -
la orientación sexual, filiación política, credo religioso, “cuando ello, directa
o indirectamente, pueda conducir a una política de discriminación o
marginación”, e iii) “inútiles
o innecesarios” [33]–cuando el
tiempo transcurrido no permite alcanzar los objetivos constitucionales
perseguidos.
Y, que de
manera insistente la jurisprudencia constitucional destaca el excesivo cuidado
que deben tener los administradores informáticos, cuando el proceso demande la
inclusión “en
una base de datos destinada a ser conocida por terceros, apreciaciones
subjetivas o juicios de valor sobre el sujeto concernido”.
Dijo la Corte:
“Igualmente, la información
solicitada por el banco de datos, debe ser la estrictamente necesaria y útil, para
alcanzar la finalidad constitucional perseguida. Por ello, los datos sólo
pueden permanecer consignados en el archivo mientras se alcanzan los objetivos
perseguidos. Una vez esto ocurra, deben desaparecer.
Por otra parte, los bancos de
datos tienen la obligación de registrar información veraz e imparcial, completa
y suficiente. En este sentido, como lo ha manifestado esta Corte, debe existir
un celo extremo al incluir, en una base de datos destinada a ser conocida por
terceros, apreciaciones subjetivas o juicios de valor sobre el sujeto
concernido.
Instrumentos de protección del habeas data
21. La Corte
Constitucional ha insistido en la necesidad de una reglamentación general y
coercitiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos que se derivan del
habeas data. Sin embargo, ello no ha ocurrido. En consecuencia, las personas
han debido recurrir a mecanismos como el derecho fundamental de petición o la
acción de tutela para impedir eventuales vulneraciones a su derecho a la
autodeterminación informativa. No obstante, estos mecanismos resultan algunas
veces insuficientes para la garantía plena, pronta y efectiva de los derechos
comprometidos en el proceso informático. En efecto, no sólo se trata de
garantías ex post, que no establecen ab initio reglas claras para todas las
partes comprometidas en este proceso, sino que muchas veces no tienen el
alcance técnico que se requiere para lograr la verdadera protección de todos
los bienes e intereses que se encuentran en juego.
Adicionalmente, al amparo de la Carta de 1991, no puede menos que
sostenerse que todo dato debe recolectarse para una finalidad
constitucionalmente legítima. Lo anterior significa, entre otras cosas, que no
puede recolectarse información sobre datos “sensibles” como, por ejemplo, la orientación
sexual de las personas, su filiación política o su credo religioso, cuando
ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una política de discriminación
o marginación.
Igualmente, la información solicitada por el banco de datos, debe
ser la estrictamente necesaria y útil, para alcanzar la finalidad
constitucional perseguida. Por ello, los datos sólo pueden permanecer
consignados en el archivo mientras se alcanzan los objetivos perseguidos. Una
vez esto ocurra, deben desaparecer.
Por otra parte, los bancos de datos tienen la obligación de
registrar información veraz e imparcial, completa y suficiente. En este
sentido, como lo ha manifestado esta Corte, debe existir un celo extremo al
incluir, en una base de datos destinada a ser conocida por terceros,
apreciaciones subjetivas o juicios de valor sobre el sujeto concernido”.
3.2        Alcance de la garantía de procesar y divulgar, con
responsabilidad social, los hábitos de pago de los usuarios de servicios
financieros. El duplo de la mora, criterio legislativo válido para la
permanencia del dato adverso
Los datos que registran, procesan y divulgan las centrales de
riesgo, sobre el comportamiento de los usuarios del sistema financiero, es de
interés general, porque el crédito “es un factor fundamental en la vida
económica, particularmente en el sistema capitalista (..) y este requiere de la
confianza del público para operar normalmente”
[34].
Fundamentada la garantía de conocer y hacer conocer los hábitos de
pago de los usuarios del crédito en el interés general, que comporta la
estabilidad del sistema financiero, surge una primera limitación de dicha
garantía en función de los datos que resultan efectivamente evaluables en el
señalamiento de políticas individuales de crédito.
En este sentido, en la sentencia SU-082 de 1995 esta Corte sostuvo
que la información que registran procesan y divulgan las centrales de riesgo
debe ser completa, para que pueda ser tenida como veraz, de modo que “[e]n
lo atinente a un crédito, por ejemplo, un banco no daría información completa,
si se limitara a expresar que el deudor ya no debe nada y ocultara el hecho
de que el pago se obtuvo merced a un proceso de ejecución, o que la obligación
permaneció en mora por mucho tiempo. Igualmente, no sería completa si no se
informara desde qué fecha el cliente está a paz y salvo”[35] –negrilla
en el texto -.
Planteó la
decisión en cita, con miras a determinar con claridad el riesgo en que incurren
las entidades crediticias al adjudicar un crédito, que “el encargado de
otorgar préstamos” requiere conocer si el posible deudor se encuentra entre
aquellas personas que usualmente cumplen con sus obligaciones, o si, por el
contrario, se ubica “entre quienes suelen incurrir en mora o ser demandados
en procesos de ejecución”.
Agregó la
Corte en la oportunidad que se reseña, que así como las entidades financieras
tienen derecho a conocer el comportamiento de sus clientes, los deudores de los
establecimientos de crédito tienen derecho a que la información sobre el
cumplimiento de sus obligaciones incluya todo lo acontecido al respecto, “no
sólo el pago, voluntario o forzado, sino la fecha del mismo (..)[e]n el caso
del deudor moroso que finalmente paga, voluntaria o forzadamente, la información
completa sobre su conducta como deudor debe incluir todas estas
circunstancias”.
También indicó la decisión, que se equivoca quien pretende que el
derecho de actualizar la información implica borrar o suprimir el pasado,
cuando en realidad significa “solamente registrar, agregar, el hecho nuevo”;
en cuanto “ revelar un dato verdadero, en condiciones
normales, no constituye una sanción, sino el ejercicio del
derecho a informar y recibir información veraz e imparcial, consagrado por el
artículo 20 de la Constitución.”[36]
No obstante en la misma decisión la Corte adujo que quien con el
cumplimiento de sus obligaciones logra crear un nombre que en el pasado no
ostentó, tiene derecho a exigir que su esfuerzo se refleje en la información
que se divulga sobre él, planteamiento éste sostenido por diversas Salas de
Revisión, al considerar que “las sanciones o informaciones negativas acerca
de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia, después de
algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido”[37],
tal como lo indican las siguientes decisiones:
[cita apartes
de las sentencias T-414 de 1992 M.P. Dr. Ciro Angarita Barón, T-110 de 1993
M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo y T-354 de 1993 M.P. Dr. Hernando
Herrera Vergara]
Pero el derecho al olvido, a fin de restablecer el buen nombre, no
es lo único que cuenta en la definición de los límites de permanencia de los
datos adversos en los ficheros de datos, también la dignidad del deudor reclama
que la valoración de su conducta se realice en consideración a su condición
humana, en función de la cual las personas pueden en todo tiempo recuperar su
nombre e intimidad por haber enmendado su conducta. Al respecto vale traer a
colación la siguiente decisión: [T-022 de 1993, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón]
En suma, no obstante los acreedores ser proclives a tener mayor
conocimiento de la persona que les solicita un crédito, mediante la consulta
extensa de la puesta en común de sus hábitos de pago, y las administradoras de
ficheros estar dispuestas a colaborarles en sus propósitos, manteniendo por
largo tiempo las historias de quienes accedieron a ingresar al sistema, tales
propósitos deberán regularse, a fin de respetar los derechos fundamentales y
garantías constitucionales de los titulares de la información.
En efecto, la permanencia sin límites de los datos adversos a los
usuarios del crédito en el proceso informático constituye un abuso de la
autorización recibida –artículo 95 C.P.-, y no cumple con el presupuesto de
informar con responsabilidad social –artículo 20 C.P. amen de que colisiona i)
con la facultad del titular de la información de autodeterminarse, mediante la
actualización o eliminación de sus datos del proceso, salvaguardando así su
intimidad económica y el derecho a su buen nombre, y ii) con la dignidad humana
de quien enmienda su comportamiento mejorando sus hábitos de pago –Preámbulo,
artículos 1°, 2°, 5°, 13, y 15 C.P.-.
Finalmente, en punto al poder resarcitorio del tiempo, es evidente
que el Legislador no permite pactar sumas compensatorias que excedan el doble
de la obligación principal, límite éste que permite a la Sala considerar el
duplo de la mora, como criterio válido de permanencia de un dato adverso en el
proceso informático, acudiendo a los artículos 1601 y 867 de los Códigos Civil
y de Comercio, respectivamente.
Es decir que, para conjurar la conservación de la información
negativa, al titular de ésta le basta la extinción de la obligación que dio
lugar a ella, más el acaecimiento de un plazo igual al de la permanencia
inicial del dato adverso, contada a partir de la mora. O sea que, en tanto el
Legislador regula específicamente el asunto, conforme lo indican las
disposiciones antes referidas, al parecer de la Sala, las centrales de riesgo,
haciendo uso de la autorización de su titular, podrán, a partir de la mora,
procesar y divulgar informaciones sobre obligaciones insolutas, hasta su
extinción, tiempo éste al que se podrá agregar hasta uno más.
a) La necesidad de reglamentar el proceso informático. El derecho a
la igualdad en el tratamiento de la información adversa
a.1) Dada la cuestión antes expuesta, y el vacío legal respecto de
la permanencia del dato negativo en las centrales de riesgo, esta Corporación
ha venido insistiendo en la necesidad de que el legislador determine de manera
general como le corresponde, qué debe entenderse por dato adverso y por cuánto
tiempo éste puede permanecer en el proceso informático[38], habida cuenta que la
competencia de esta Corporación al respecto se circunscribe a “ejercer el
control de constitucionalidad sobre la ley que reglamente este derecho (..)”[39].
No obstante, vale reiterar que esta Corporación, en la sentencia
SU-082 de 1995, consideró conveniente, en tanto el legislador establezca el
término de caducidad del dato negativo, establecer como “razonable el
término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas
crediticias, defendiendo así el interés general”.
En
consecuencia dispuso tener en cuenta, respecto de la “conservación, el uso y
la divulgación informática del dato (..) la ocurrencia de todos los siguientes
hechos”:
“a)  Un pago voluntario de la obligación;
b) Transcurso de un término de dos (2) años, que se considera
razonable, término contado a  partir del pago voluntario.  El término de dos
(2) años se explica porque el deudor, al fin y al cabo, pagó voluntariamente, y
se le reconoce su cumplimiento, aunque haya sido tardío. Expresamente se
exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un (1) año, caso en el
cual, el término de caducidad será igual al doble de la misma mora; y,
c) Que durante el término indicado en el literal anterior, no se
hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras
obligaciones.
Si el pago se ha producido en un  proceso ejecutivo, es razonable
que el dato, a pesar de ser público, tenga un término de caducidad, que podría
ser el de cinco (5) años, que es el mismo fijado para la prescripción de la
pena, cuando se trata de delitos que no tienen señalada pena privativa de la
libertad, en el Código Penal. Pues, si las penas públicas tienen todas un
límite personal, y aun el quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto de
rehabilitación, no se ve por qué no vaya a tener límite temporal el dato
financiero negativo. Ahora, como quiera que no se puede perder de vista la
finalidad legítima a la que sirven los bancos de datos financieros, es
importante precisar que  el límite temporal mencionado no puede aplicarse
razonablemente si dentro del mismo término ingresan otros datos de
incumplimiento y mora de las obligaciones del mismo deudor o si está en curso
un proceso judicial enderezado a su cobro.
Esta última condición se explica fácilmente pues el simple pago de
la obligación no puede implicar la caducidad del dato financiero, por estas
razones: la primera,  la finalidad legítima del banco de datos que  es la de
informar verazmente sobre el perfil de riesgo de los usuarios del sistema
financiero; la segunda, la ausencia de nuevos datos negativos durante dicho
término, que permite presumir una rehabilitación comercial del deudor moroso.
Es claro que si durante los cinco (5) años mencionados se presentan nuevos
incumplimientos de otras obligaciones, se pierde la justificación para excluir
el dato negativo. ¿Por qué? Sencillamente porque en este caso no se ha
reconstruido el buen nombre comercial.
Sin embargo, cuando el pago se ha producido una vez presentada la
demanda, con la sola notificación del mandamiento de pago, el término de
caducidad será solamente de dos (2) años, es decir, se seguirá la regla general
del pago voluntario.
Igualmente debe advertirse que si el demandado en proceso ejecutivo
invoca excepciones, y éstas prosperan, y la obligación se extingue porque así
lo decide la sentencia, el dato que posea el banco de datos al respecto, debe
desaparecer.  Naturalmente se exceptúa el caso en que la excepción que prospere
sea la de  prescripción, pues si la obligación se ha extinguido por
prescripción, no  ha habido pago, y, además, el dato es público.”.
Aclaró la sentencia en comento, modificando al efecto la
jurisprudencia de diferentes Salas de revisión en torno del punto, que la
prescripción no da lugar a la eliminación del dato atinente a la obligación
impagada, porque la extinción de las acciones i) no puede ser declarada en sede
de tutela, y ii) requiere ser alegada[40].
Y, así mismo destacó, que “el legislador al dictar la ley
estatutaria correspondiente, podrá, según su buen criterio, apartarse,
determinando lo que él mismo estime razonable, siempre y cuando se ajuste a la
Constitución. Y podría, por ejemplo, llegar a establecer una caducidad especial
en los casos en que la obligación se extingue por prescripción” –se apoya
en la sentencia SU-528 de 1993, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, de la
que trae apartes[41]-.
Ahora bien, la Corte continúa insistiendo en la necesidad de que el
marco legal de la recolección, tratamiento y circulación de datos se
establezca, a fin de que los procesos informáticos cuenten con reglas generales
claras, precisas y de efectivo cumplimiento, que no vulneren la dignidad, la
intimidad y el buen nombre de los usuarios del crédito, y conjuguen el
beneficio que para la actividad económica y la iniciativa privada representa el
conocimiento de aspectos relativos a la solvencia de las personas, con el
respeto de los derechos fundamentales de éstas, y la preservación de la
credibilidad y confianza que los clientes requieren depositar en el sistema
financiero -nota 60.
Lo anterior,
ya que a la ley compete regular los derechos fundamentales, determinar los
criterios para valorar el abuso del derecho propio y el desconocimiento del
derecho ajeno, y establecer procedimientos y recursos para la adecuada
protección de los derechos y la real exigibilidad de los deberes, determinando,
en todo caso, basado en la experiencia y en los usos y necesidades sociales y
económicas, a partir de cuándo y por cuanto tiempo los datos adversos
constituyen herramientas útiles para la valoración del riesgo financiero, y
pueden, en consecuencia, permanecer y ser divulgados por las centrales de
riesgo –artículos 150 y 152 C.P.-.
a.2) Aspecto de singular importancia, en punto a la regulación del
proceso informático, lo constituye el derecho a la igualdad de los usuarios de
la actividad económica, dado que el legislador no puede establecer condiciones
disímiles en los procesos informáticos, que además de conculcar la igualdad de
los agentes económicos produzca distorsiones en el mercado, a menos que
derechos de mayor entidad constitucional que las libertades negociales y de
empresa lo exijan.
Al respecto vale recordar que la Sala Primera de revisión, encontró
injustificado el criterio de diferenciación que utilizaba el artículo 19 de la
Ley 716 de 1991[42],
“en cuanto se basa en el hecho de que la persona afectada pagó sus deudas
con anterioridad a la expedición de la Ley (..)”, dijo la Corte:
[cita apartes de la sentencia T-589 de 2002, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería]
Finalmente, vale insistir que la normatividad que la Corte echa de
menos no ha sido expedida –nota 60-, y que subsiste en consecuencia la
necesidad advertida por esta Corporación, al proferir la sentencia SU-089 de
1995, de adoptar pautas generales que permitan a los jueces ponderar el derecho
a la intimidad de los titulares de los datos que divulgan las centrales de
riesgo, con la necesidad de brindar a las instituciones financieras y de
crédito herramientas que les permitan evaluar el comportamiento crediticio de
los usuarios.
b) La proyección del postulado de la buena fe y del derecho ajeno en
el proceso informático
Las pautas atinentes a la permanencia del dato negativo en las
centrales de riesgo no comportan que la jurisprudencia constitucional haya
dejado de lado la aplicación armónica e integral de los valores
constitucionales, comprendidos en los bienes jurídicamente protegidos, que el
reporte, el registro, la divulgación y el uso de datos personales compromete.
En este sentido resulta de importancia considerar que las entidades
de crédito y sus clientes se encuentran vinculados por relaciones económicas
fundadas en el postulado de la buena fe[43]
y en el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios[44], conforme lo ordenan
los artículos 83 y 95 de la Carta Política.
Debe
entenderse, entonces, que las personas que entablan relaciones de crédito y
simultáneamente autorizan develar aspectos de su intimidad, que incluso pueden
perjudicarlas, confían en que su acreedor divulgará la información sólo cuando
las circunstancias efectivamente lo justifiquen, y en que sus facultades de
intervenir en la recolección, tratamiento y circulación de los datos serán
respetadas en las diversas etapas del proceso informático, de manera que sus
actividades económicas no sufrirán tropiezos por la divulgación sorpresiva de
datos adversos.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la
legitimidad negocial “no puede juzgarse únicamente a través del prisma de su
autonomía (..)”, porque la libertad de empresa y la iniciativa privada
ceden o deben conciliarse con valores y principios constitucionales de rango
superior[45].
Por tanto, así el usuario de servicios financieros predisponga –como
de ordinario acontece- que terceros sean informados sobre su situación
patrimonial y hábitos de pago, el receptor de la autorización está en el deber
de informarle cómo, ante quien, desde cuándo y por cuánto tiempo su
autorización será utilizada, porque una aquiescencia genérica no subsume el
total contenido de la autodeterminación informática, prevista en la Carta
Política para que a los asociados les sea respetada su facultad de intervenir
activamente y sin restricciones, durante las diversas etapas del proceso informático.
En consecuencia el acreedor abusa de la previa autorización,
impelida por él y así mismo otorgada por su deudor, cuando, fundado en aquella,
divulga datos específicos sin enterar a su titular debidamente, así crea contar
para el efecto con la aquiescencia sin límites del afectado, porque el
postulado de la buena fe obliga a las partes a atemperar los desequilibrios
contractuales, en todas las etapas de la negociación, en los términos del
artículo 95 constitucional.
c) Responsabilidad social en los procesos informáticos
Los datos que
procesan las centrales de riesgo, si bien facilitan la toma de decisiones en el
tráfico económico, no penalizan a los afectados, como tampoco tienen la
finalidad de restringir ni limitar, por si solos y en extenso, los servicios
públicos financieros y las operaciones de crédito.
En efecto, los
aspectos que las entidades financieras y de crédito requieren considerar para
disminuir los riesgos de su actividad provienen de múltiples factores, entre
ellos de la información que está en el deber de transmitir el usuario, quien
para el caso se encuentra sujeto al deber constitucional de obrar de buena fe,
evitando reticencias que puedan conducir a que la entidad financiera tome una
decisión contraria a sus políticas de crédito –artículos 16 y 83 C.P.-.
Es cierto que
las entidades financieras deben velar por su solvencia y solidez, de modo que
tendrían la proclividad de contratar exclusivamente con quienes demuestren
mejor situación patrimonial, mayores garantías de cumplimiento y mejores
hábitos de pago, pero dado el carácter público del servicio que prestan les
corresponde no descartar los criterios subjetivos en la selección de riesgos,
porque son éstos los que les permiten atender las expectativas especificas y
los intereses concretos de los usuarios del servicio que están llamados a
prestar.
En este
sentido la objetiva desigualdad que existe entre quien demanda un servicio
financiero y quien está en capacidad de prestarlo[46], impone al Estado el
deber de exigir de las instituciones de crédito, en todos los casos, pero en
especial cuando pretenden fundar la prestación del servicio en las
informaciones divulgadas por las centrales de riesgo i) permitirle al
interesado exponer las circunstancias que dieron lugar a los registros, ii)
considerar la información adicional suministrada por el proponente, y ii)
exponer minuciosamente su decisión de no asignar el producto, de abstenerse de
prestar el servicio ofrecido, o de prestarlo en condiciones determinadas, a fin
de satisfacer las expectativas que el carácter público de la actividad bancaria
genera en los usuarios, y las creadas por ella misma, con la presentación
individual de sus productos y servicios.
3.3        Justicia material en los procesos informáticos
a) Los datos negativos no comportan per se consecuencias adversas a
su titular
La Corte, a
través de diferentes Salas de Revisión, ha precisado que la información
atinente a la atención de sus obligaciones por parte de los usuarios del
crédito, registrada en las centrales de riesgo, no constituye una sanción, sino
una herramienta que dicho sector requiere para evaluar las condiciones del
crédito, partiendo del conocimiento real del riesgo que el solicitante podría
representar para el prestamista, conforme a sus hábitos de pago.
Ahora bien, sin perjuicio de los términos de permanencia del dato
negativo en las centrales de riesgo, a que se hizo mención, la jurisprudencia
constitucional ha considerado el respeto de la libertad y demás garantías
consagradas en la constitución, dentro de las circunstancias específicas en las
que cada proceso informático fue desarrollado, a fin de conceder o negar el
amparo constitucional invocado por los titulares de los datos, en los términos
del artículo 86 de la Carta.
Así las cosas, mediante sentencia T-303 de 1998 la Sala Quinta de
Revisión[47]
revocó la sentencia proferida por la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema
de Justicia dada la sanción interpuesta por ésta al actor, al considerar
temeraria su pretensión de amparo constitucional, porque sus datos adversos
estaban en tiempo de permanecer en el proceso informático.
Adujo la Sala en mención que el Fallador de instancia obró con
excesivo rigorismo, porque, una vez pagado lo adeudado, el accionante bien
podía invocar la protección constitucional de su derecho al habeas data, así no
hubiere permanecido la información durante el término razonable, a que hacen
referencias las sentencias SU-082 y SU-089 de 1995.
Recordó la Sala Quinta i) que el habeas data es un derecho
fundamental y un mecanismo adecuado para la defensa de los derechos a la
intimidad, a la honra y al buen nombre, ii) que el contenido básico del derecho
en comento reside en la posibilidad que se otorga a toda persona para acudir a
los bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas con el fin de
conocer, actualizar y demandar la rectificación de la información registrada
sobre ella, y iii) que si una vez solicitada la rectificación ésta no se
produce  “hay lugar al ejercicio de la acción de tutela contra la entidad
para obtener la protección del derecho fundamental violado, por medio de una
orden judicial perentoria.”[48].
La Sala Séptima de Revisión, por su parte, mediante sentencia T-1085
de 2001, concedió el amparo constitucional al habeas data invocado por el
deudor de un crédito hipotecario, quien estando pendiente de resolver su
solicitud de dación en pago, para atender la misma obligación, fue reportado
como deudor moroso a la central de riesgos que administra la Asociación
Bancaria y de Instituciones Financieras.
Precisa la Sala que el Banco accionado pretendió justificar su falta
de diligencia en los inconvenientes surgidos a raíz del proceso de cesión de
activos que adelantaba, y que responsabilizó al cedente de los perjuicios
sufridos por el actor, por no haber atendido su solicitud con la prontitud que
la misma demandaba.
Destaca la Sala que los Jueces de Instancia negaron la protección
fundados en que se reportó, registro y divulgó un dato real, porque el actor
adeudaba nueve cuotas de su crédito hipotecario, pero que los mismos no
consideraron i) que la verdad “implica una correspondencia entre el registro
efectuado y las condiciones empíricas del sujeto pasivo”, ii) que la “imparcialidad
supone que ninguno de los intervinientes en el proceso de suministrar,
registrar y divulgar la información persiga un fin legitimo”, y iii) que
los intervinientes en el proceso de registro, almacenamiento y divulgación de
datos deben “dinamizar el proceso cognoscitivo para evitar que la
información se reciba en forma sesgada o sugestiva”.
Explica la providencia que la negligencia de la entidad crediticia
en atender las peticiones que condicionan los reportes sobre el comportamiento
de sus clientes, vicia éstos de parcialidad, dado que causa un agravio a quien
no está en la obligación de soportarlo, vulnerando su derecho al habeas data[49].
Vale recordar que a propósito del registro de datos negativos en los
ficheros de datos, la Sala Segunda de Revisión[50]
consideró pertinente distinguir estos reportes, elaborados con el concurso de
las entidades financieras, de las “listas negras”, porque el ingreso a
éstas comporta, en la práctica, “un cierre de la oportunidad del crédito en
cualquier establecimiento comercial y financiero”, en tanto las “listas
de riesgo” reportan “el comportamiento histórico del deudor”, con el
propósito de someterlo al estudio y posterior análisis de la entidad
crediticia.
De otro lado, pero también sobre la exclusión de los usuarios de los
servicios que presta la actividad bancaria, en razón de los datos adversos a
sus hábitos de pago, que registran los ficheros, la Sala debe advertir que no
resulta acorde con los artículos 16, 58 y 333 de la Carta dotar a dichos registros
de la virtud de excluir o de incluir sin más, de los servicios financieros y de
las operaciones de crédito, a los titulares de la información, en cuanto las
respuestas homogéneas entre competidores vulneran la discrecionalidad negocial,
la propiedad mercantil y la libre competencia económica.
Con todo, podría argüirse que las entidades financieras pueden optar
por descalificar una solicitud de crédito por la sola razón mejorar la
comercialización de sus productos y el nivel de riesgo de sus operaciones, sin
pretender sancionar al solicitante.
No obstante esta Corte se ha referido a la autonomía contractual de
las entidades financieras, para sostener que “en muchos aspectos, está más restringida que la del resto de
particulares, pues se encuentra especialmente limitada en razón a la función
que desempeñan, a la especialidad de la actividad que prestan y a su condición
de instrumento para garantizar derechos individuales, como quiera que la
libertad negocial también se limita por la prohibición de afectar
desproporcionadamente derechos fundamentales y por el impedimento del abuso del
derecho propio”[51].
Sin que lo anterior permita considerar
que “el Estado propicie el desequilibrio económico de las actividades
financieras, bursátil y aquellas que captan dinero del público, ni quiere decir
que la Constitución exija la aprobación instantánea de créditos, pues resulta
evidente que esas entidades deben procurar disminuir el grado de riesgo que
resulta consustancial al otorgamiento de un préstamo, a través del conocimiento
del cliente. Precisamente, para estimular la democratización, la seguridad y
transparencia del crédito es importante la intervención del Estado”.[52]
(...)”
Con base en esta jurisprudencia, procede la Sala a resolver el caso sub
examine.
5.          El caso concreto
De acuerdo con la sentencia antes trascrita, en el asunto  sometido
a revisión de esta Sala, se puede concluir que tanto el Banco Davivienda S.A.
como la División DataCrédito de Computec S.A., ambas demandadas, manejaron la
información relativa al comportamiento financiero del demandante, reportando,
la primera, y divulgando esa información, la segunda, sin que mediara una
comunicación previa de esas medidas que adoptaron, a efectos de que el actor
pudiera ejercer su derecho a la autodeterminación y de esa manera, en primer
término, se le diera la oportunidad de explicar las razones que dieron origen a
la situación de morosidad que llevó al reporte de Davivienda a DataCrédito, y,
en segundo término, para que esta última, encargada de informar a quien lo
solicite, divulgue la información previa verificación de que la información que
le fue reportada es actual y fue puesta en conocimiento del actor para ejercer
su derecho de defensa, en garantía del derecho al debido proceso informático.
Davivienda le explicó al demandante, y así mismo se lo hizo saber al
juez de primera instancia, que cuando una persona solicita un crédito en una
entidad financiera está sujeta a la verificación de sus hábitos y
comportamientos de pago así como a ser reportado en las centrales de riesgo en
caso de incumplimiento en el pago de la obligación, de lo cual se deja
constancia en la “autorización para consulta y reporte a centrales de riesgo” que firman los clientes y en la cual se señala claramente
que “la permanencia de la Información que refleje el
incumplimiento dependerá del momento en que se efectúe el pago.”
Sin embargo, de acuerdo con lo sostenido por esta Sala en la
sentencia ampliamente citada, esas autorizaciones, como la que fue firmada por
el demandante antes de estar reportado negativamente, “y dado su carácter de
abiertas y accesorias a las operaciones de crédito, no denotan un real
consentimiento de los otorgantes, ni indican el cabal respeto de sus libertades
y demás garantías constitucionales, en cuanto no estuvieron acompañadas de la
información oportuna sobre su utilización, aparejada del alcance del reporte,
ni de su contenido y tampoco del nombre y ubicación de la encargada de
administrar la información.”[53]
En consecuencia, el fallo objeto de revisión será revocado, para
proteger el derecho a la intimidad del actor, a quien Davivienda no le dio,
desde el principio del proceso, la oportunidad de ejercer su derecho a la
autodeterminación informática, que es “una medida constitucionalmente
prevista para preservar la intimidad personal y familiar de todas las personas,
y el debido proceso debe estar presente en los proceso informáticos, de
conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 29 constitucional.”[54]
En efecto, aunque el demandante pudo solicitar, en dos
oportunidades, la rectificación de la información que sobre él estaba reportada
en Data Crédito, lo cierto es que sólo pudo hacerlo cuando, como consecuencia
de la solicitud de unos créditos, en otras entidades se lo negaron o
“congelaron”, habida cuenta del reporte que aparece en DataCrédito, lo que, en
reiteración de lo anteriormente expuesto, riñe con el debido proceso
informático.
En cuanto a Datacrédito, es preciso señalar que ella no tuvo la precaución
de averiguar, antes de hacer circular la información acerca del demandante, si
éste que era el afectado con el reporte de la información, tenía conocimiento
del mismo, así como no le hizo conocedor y partícipe del proceso que le
iniciaría al adoptar esa decisión, para que desde el principio pudiera ejercer
su derecho a la defensa, en concordancia con las demás normas constitucionales
relacionadas con el derecho al habeas data. En consecuencia, los datos
personales del actor solo podrán ser reportados una vez el actor haya sido
debidamente notificado y se le haya permitido ejercer su derecho de
rectificación y actualización de la información que se presume va a ser
reportada.
Así mismo, se prevendrá al Banco Davivienda para que ponga en
conocimiento de sus clientes la decisión de reportar el estado de sus
obligaciones, así como el sentido y consecuencias de su decisión, de manera que
ellos puedan solicitar las rectificaciones y actualizaciones que sean del caso,
antes de que la información sea conocida por terceros, y de esta forma se
respete la libertad y demás garantías constitucionales de las personas
vinculadas a los procesos informáticos.
6.      Conclusiones
La sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de
Bucaramanga será revocado toda vez que: i.) el actor no fue informado
por Davivienda, desde el principio del proceso informático, sobre la central de
riesgo a la cual reportaría su historia crediticia y financiera, para
registrarla y divulgarla, así como tampoco le informó del contenido de la
información y ii.) DataCrédito no verificó, antes de divulgar la
información negativa sobre el demandante, que éste tuviera conocimiento de esa
situación para efectos de permitirle ejercer sus derechos constitucionales.
Para finalizar, es pertinente transcribir, igualmente, las
conclusiones a las cuales llegó esta Sala de Revisión en la sentencia T-592 de
2003 pluricitada, a fin de reafirmar la posición que allí se quiso sentar
frente al tema, sin perjuicio de la jurisprudencia de la Corte que tradicionalmente
ha sido consultada para resolver asuntos relacionados con el derecho al habeas
data:
“Este somero recuento denota que las pautas jurisprudenciales que
les permiten a las centrales de riesgo divulgar los hábitos de pago y
conservarlos durante un término, para facilitarles a los operadores financieros
aplicar sanas políticas de crédito, deben puntualizarse, habida cuenta que es
sintomático de su indebida comprensión que con sujeción a la jurisprudencia
constitucional en la materia i) los acreedores no expliquen a sus deudores el
verdadero sentido y alcance de las autorizaciones que les presentan para la
firma, ii) los operadores informáticos no informen a los titulares de datos los
pormenores que les permitirían hacer uso oportuno de su derecho a la
rectificación y actualización de su intimidad económica; iii) que los terceros
y usuarios de la información no permitan a los afectados oponerse a un
tratamiento adverso; y iv) que en ningún caso se acepten motivos justificados
de incumplimiento fundados en concretas y especiales situaciones personales, o
dificultades contractuales.
En consecuencia, sin perjuicio de que las pautas jurisprudenciales
establecidas en las sentencias SU-082 y 089 de 1995 deban ser consideradas por
los jueces de tutela al valorar la permanencia de los datos personales en las
centrales de riesgo, hasta que el legislador no regule el asunto, se precisa:
a) Que no obstante la predisposición de sus titulares a participar
en el proceso informático mediante la suscripción de formatos, quienes reciben
y hacen uso de las autorizaciones que al respecto expiden los usuarios del
crédito están obligados:
1. A
respetar la autodeterminación informática de los otorgantes, en todas las
etapas del proceso i) manteniéndolos al tanto de la utilización de su
autorización, y ii) permitiéndoles rectificar y actualizar la información, en
especial antes de que llegue a conocimiento de terceros.
2. A
restringir los alcances de la predisposición de los usuarios del crédito, sobre
su intimidad económica, acudiendo a las perspectivas razonables de uso que el
disponente pudo conocer a tiempo del otorgamiento.
b) Que los datos económicos de ficheros personales no suplen la
valoración del riesgo que las entidades financieras están obligadas a realizar[55], en
cada caso, ya que:
1. En ningún caso la presencia de un dato adverso o de una
calificación negativa en un proceso informático pueda dar lugar, por si sola, a
excluir al aludido de un servicio financiero, ni de una operación de crédito.
2. En todos los casos la negativa a prestar un servicio público
deberá justificarse debidamente, en especial cuando el requerimiento se
relaciona con el acceso de los asociados a la vivienda digna.
c) Que la justicia material no puede ser excluida de los procesos
informáticos, en consecuencia quienes procesan, reportan, registran, divulgan,
y utilizan datos personales están en el deber de considerar las circunstancias
individuales que les presenten los afectados, previa su convocatoria, a fin i)
dar en cada caso un tratamiento justo a las historias crediticias y financieras
que evalúan, y ii) permitir a los solicitantes restablecer su buen nombre.”
III.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia
proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bucaramanga, el seis (6) de
noviembre de 2003, dentro de la acción de tutela instaurada por Alberto Franco
Sandoval contra Computec S.A. –División DataCrédito- y el Banco Davivienda S.A.
y en su lugar CONCEDER al accionante la protección de sus derechos
fundamentales a la intimidad económica y al debido proceso. En consecuencia:
1. Se ORDENA a Computec S. A. - División
DataCrédito -, disponer lo conducente para que DataCrédito se abstenga de
divulgar los datos personales del accionante, que dieron lugar a la acción que
se revisa, hasta tanto el accionante conozca que su intimidad económica será
develada y pueda ejercer su derecho a la autodeterminación informática. Esta
orden deberá ser cumplida por DataCrédito tan pronto esta providencia le sea
notificada.
2. PREVENIR al Banco Davivienda para que
ponga en conocimiento de sus clientes la decisión de reportar el estado de sus
obligaciones, así como el sentido y consecuencias de su decisión, de manera que
ellos puedan solicitar las rectificaciones y actualizaciones que sean del caso,
antes de que la información sea conocida por terceros, y de esta forma se
respete la libertad y demás garantías constitucionales de las personas
vinculadas a los procesos informáticos.
SEGUNDO.-
Enviar por conducto de la Secretaría General de esta Corporación copia de la
presente providencia a la Superintendencia Bancaria, para que adelante las
investigaciones pertinentes e instruya a las entidades vigiladas al respecto.
Ofíciese.
TERCERO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
MagistradoPonente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
IVAN
HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario
General (e)
[1] “Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución”
[2] M.P. Dr. Jorge Arango Mejía
[3] M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra
[4] M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra
[5] M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis
[6] M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis
[7] El carácter “general, absoluto,
extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible” que la jurisprudencia
constitucional le da al derecho a la intimidad; la obligatoriedad de
garantizarle al individuo que no perderá “el control sobre sus datos
personales”, ante la creciente utilización de los mismos, y lo prevalente del
derecho a la intimidad personal y familiar, respecto de la garantía a la
información, dada su “inescindible” conexión con la dignidad humana de su
titular, sin perjuicio del interés general que comporta aquella, se puede
consultar en las sentencias T-414 de 1992 –una persona solicita la protección
de su derecho a la intimidad porque no obstante la declaración de la
prescripción de la acción, el acreedor mantiene el registro de la obligación en
la central de riesgos-, T-008 de 1993 –se invoca la protección del derecho a la
intimidad, porque las autoridades de policía mantienen una información que el
titular de ésta no conoce y no puede rectificar, y SU-528 de 1993 –la Corte
niega la protección constitucional al accionante, porque aunque ha transcurrido
el término para declarar la prescripción, ésta no ha sido alegad -, entre
otras.
[8] En las sentencias 414 de 1992 y T-022 de 1993 M.P. Ciro Angarita
Barón la Sala Primera de Revisión sostuvo que “[p]or su manifiesta incidencia
en la efectiva identificación o posibilidad  de identificar a las personas, tal
característica le confiere al dato una singular aptitud para afectar la
intimidad de su titular mediante investigaciones o divulgaciones abusivas o
indebidas. En virtud de lo anterior, en la recolección y circulación de datos
económicos personales se halla casi  inevitablemente involucrado un problema de
intimidad. Siendo esto así, es claro también que se configuran los presupuestos
legales para la procedencia de la acción de tutela.” –T-414 de 1992-
En
igual sentido esta decisión “en principio el caso presenta alguna similitud con
otro que fue objeto de la sentencia T-414 proferida el 16 de junio de 1992. En
efecto, en esa ocasión como en esta aparecen deudores usuarios de los servicios
de entidades financieras cuyos datos económicos personales fueron objeto de
almacenamiento en el banco de datos de la Central de Información del Sector
Financiero de la Asociación Bancaria de Colombia y divulgados posteriormente.
En ambos casos no se ofreció prueba alguna de que las entidades financieras
hubieran  cumplido con su deber de obtener el consentimiento expreso de los
deudores, mediante comunicación escrita para el reporte, procesamiento de la
información requerida para el logro del propósito de la Central, de acuerdo a
lo dispuesto por su  propio reglamento. Finalmente, ambos deudores vieron
negado el acceso a los servicios propios de las entidades financieras, con los
consiguientes perjuicios materiales y morales en su condición de usuarios de
los mismos. Pero existen también diferencias dignas de señalar.
En el caso de la sentencia
T-414 en el cual la autoridad judicial -luego de un proceso debidamente
adelantado-declaró prescrita la obligación del deudor y éste intentó
inútilmente lograr que su nombre fuera borrado de la lista de deudores morosos
del banco de datos de la Central. En el presente caso el pago de la obligación
del deudor es objeto de un proceso ejecutivo que se halla en curso. El petente
reconoce su incumplimiento, derivado de circunstancias que el alega son de
fuerza mayor y no de carencia de rectitud o probidad.
En virtud de todo lo
anterior, esta Corte estima que el caso sub-lite presenta algunas facetas
específicas que serán señaladas en los siguientes acápites. Ellas ofrecen no
solo la oportunidad para reiterar una vez más su posición frente a las
exigencias propias de la intimidad y la información, sino también para formular
nuevas consideraciones acerca de las características y circulación del dato económico
personal, la probidad comercial y la dignidad humana, la veracidad y la
intimidad  y el derecho olvido (sic)”.
[9] Sentencia T-580 de 1995 M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz –la Corte
protegió los derechos a la intimidad y al buen nombre de quien no autorizó ser
reportada pero sus hábitos de pago figuraban en las centrales de riesgos-.
[10] Sentencia SU-089 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía –la Corte
concedió a la actora la protección de su derecho la intimidad porque la central
de riesgos accionada no registró la fecha en que la obligada canceló su
obligación-.
[11] Sentencia T-729 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett –en esta
oportunidad la Corte tuteló el derecho a la intimidad de una persona que dio
cuenta de cómo la información que el Departamento de Catastro Distrital publica
en internet le permite a cualquier persona acceder a datos personales
económicos y familiares de los titulares de derechos sobre inmuebles-.
[12] “En un
sentido amplio se admite, que al vulnerarse el derecho a la intimidad, se
quebrantan otros derechos, los cuales por alguna parte de la doctrina se
consideran como modalidades del derecho mencionado, pero que por voluntad de la
Constitución tienen su propia individualidad, como son el derecho al "buen
nombre", el "habeas data" y la "inviolabilidad de la
correspondencia".
Ciertamente,
la infracción al derecho del "habeas data", supone en la mayoría de
los casos, la violación del derecho a la intimidad. Sin embargo, no siempre,
pues por vía de ejemplo, el no permitir a una persona que conozca las
informaciones que sobre él se hayan recogido en banco de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas, quebranta el derecho del "habeas
data", pero no el derecho a la intimidad”-sentencia T-220 de 1993 M.P.
Antonio Barrera Carbonell –en este caso la Corte protegió a quien habiendo
pagado la obligación permanecía reportado como si no lo hubiera hecho-.
[13] “(..) el artículo 15 de la Constitución
consagra el derecho a la intimidad personal y familiar, es evidente que ampara,
en primer lugar, aquello que atañe solamente al individuo, como su salud, sus
hábitos o inclinaciones sexuales, su origen familiar o racial, sus convicciones
políticas y religiosas. Ampara, además, la esfera familiar, lo que acontece en
el seno de la familia, que no rebasa el ámbito doméstico” –Su-082 de 1995, en
igual sentido SU-089 de 1995 –en estas decisiones la Corte amparó el derecho a
la autodeterminación informática de quienes por razones económicas incumplieron
el pago de obligaciones que habían adquirido con el sector financiero, y fueron
incluidos en el proceso informático sin la debida autorización-.
[14]“Lo expuesto en esta providencia, en
relación con el derecho a la información y la legitimidad de la conducta de las
entidades que solicitan información  de sus eventuales clientes, a las
centrales de información que para el efecto se han creado,  así como la facultad
de reportar a quienes incumplan las obligaciones con ellos contraídas,  tiene
como base fundamental y punto de equilibrio, la autorización que el
interesado les otorgue para disponer  de esa información, pues al fin y al
cabo, los datos que se van a suministrar conciernen a él, y por tanto, le
asiste el derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a rectificarlos o
actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar.”- en igual sentido SU-089 de 1995,
ya citadas.
[15] Revisión de constitucionalidad de la Ley
412 del 6 de Noviembre de 1997, por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana contra la corrupción”, suscrita en la ciudad de Caracas el 29 de
marzo de 1996, M. P. Fabio Morón Díaz.
[16] La Corte ha sostenido que los derechos
fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no
son absolutos y, por tanto, deben armonizarse entre sí y con los principios y
valores protegidos por la Carta, a fin de hacer posible la convivencia social y
la vigencia de la institucionalidad –sentencia C-578 de 1995 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, en igual sentido, entre otras, sentencias C-475 de 1997 y 1064
de 2001 –control constitucional del artículo 15 del Decreto 0085 de 1989, del
inciso segundo del artículo 139, del artículo 321 y del inciso tercero del
artículo 324 del Decreto 2700 de 1991; y del artículo 2° de la Ley 628 de 2000,
respectivamente-..
[17] Al estudiar el artículo 15 constitucional las diferentes Salas de
revisión han coincidido en afirmar a) que los derechos a la intimidad, a la
honra y buen nombre, y al habeas data son derechos autónomos pero relacionados
ii) que el buen nombre se forma por el comportamiento público y social
observado por la persona, y iv) que el habeas data está conformado por las
facultades que la Carta reconoce a todas las personas de conocer, actualizar y
rectificar las informaciones recogidas sobre ellas en los bancos de datos. Al
respecto consultar, entre otras, sentencia T-480 de 1992 – fue tutelado el
derecho al buen nombre de una persona a favor de quien un juzgado del
conocimiento cesó todo procedimiento, respecto de la comisión del delito, cuya
investigación había sido ampliamente difundido por un medio de comunicación, el
que se abstuvo de dar igual tratamiento a la providencia favorable al
actor-;T-577 de 1992 –en esta oportunidad se tutelo los derechos a la intimidad
y habeas data de quien figuraba como deudor moroso en las centrales de riesgo
no obstante la prescripción de las acciones para hacer efectivas las
obligaciones-.
[18] Esta Corte tiene definido que lo inviolable del secreto
profesional comporta que bajo ninguna circunstancia el profesional vinculado al
secreto puede develar su contenido, sin que por ello se descarte la posibilidad
de hacerlo ante circunstancias que lo justifiquen, consultar entre otras, la
sentencia C-411 de 1993  M.P. Carlos Gaviria Díaz –control constitucional de
los artículos 251, 284, 293, 329, 332, 352, 438, y 439 del Decreto 2700 de
1991.
[19] Sobre las limitaciones al secreto bancario
i) debido a la “formal y expresa autorización de su titular, quien en ejercicio
de su autonomía está habilitado para “introducir una limitación permitida por
el ordenamiento a su libertad personal”, y ii) debido a la “prevalencia de un
verdadero interés general construido con todos los elementos que ofrece la
Constitución de 1991 a través de sus valores, principios y normas” se pueden
consultar las sentencias C-397 de 1998 –nota 12- y T-022 de 1993 –se protege
los derechos a la intimidad y al habeas data de un deudor sujeto de un proceso
ejecutivo, en razón de que, no obstante su incumplimiento, éste no autorizó el
reporte de sus datos económicos-.
[20] Al respecto se puede consultar, entre otras la sentencia T-526 de
2002 M.P. Alvaro Tafur Galvis –en esta oportunidad se protegió los derechos a
la intimidad personal y familiar y al buen nombre de una familia, afectados por
una publicación periodística originada en un comunicado de prensa de una
autoridad encargada de asistir a los enfermos de sida y controlar la
propagación de la enfermedad, alegando la necesidad de controlar su propagación
mediante las revelaciones del galeno que atendió al enfermo en la fase final de
su enfermedad, en razón del afán periodístico, dado lo estéril del mecanismo
ante el fallecimiento del presunto propagador, y conocimiento de su enfermedad
por parte de sus allegados y amigos-.
[21] Al respecto se puede consultar, entre
otras, la sentencia T-443 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández  Galindo -en
esta oportunidad no fue amparado el derecho fundamental a la huelga invocado
por una entidad sindical, porque se consideró que dado el carácter de servicio
publico atribuido en el ordenamiento a la actividad bancaria “desde 1959”, y en
tanto la ley no defina el concepto de “servicios públicos esenciales” contenido
en la Carta el Ejecutivo puede impedir la huelga en la actividad bancaria
mediante la convocatoria a tribunales de arbitramento obligatorios.
Sobre la actividad financiera y el interés
que comporta dijo la Sala “Nos encontramos, entonces, ante la posibilidad de
que los particulares puedan garantizar la prestación del servicio público, lo
cual implica la concesión de ciertas prerrogativas, con obligaciones que
corresponde cumplir al particular, y que al mismo tiempo impone a la
administración el deber de inspeccionar tales actividades.
En el asunto del que aquí se trata, la
actividad desplegada por las entidades financieras tiene la prerrogativa
consistente en la facultad para captar recursos del público, manejarlos,
invertirlos y obtener un aprovechamiento de los mismos, dentro de los límites y
con los requisitos contemplados en la ley; así como también, por expreso
mandato de la Constitución Política, el Presidente de la República está
obligado a "ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y
control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o
inversión de recursos captados del público", según lo dispone el artículo
189, numeral 24 de la Carta, quedando así establecido que en el asunto sometido
a revisión, se presentan por lo menos dos de los elementos básicos que la
doctrina ha identificado como requeridos para que los particulares colaboren en
la prestación de servicios públicos
[22] En las sentencias T-412 de 1992 y T-486 de 1992, se puede
consultar la propiedad del dato económico, como integrante de la identidad
personal –en la primera oportunidad fueron tutelados los derechos a la
igualdad, intimidad, y al buen nombre de una persona a quien una empresa de
cobranza amenazó con acudir a su lugar de trabajo, con el traje propio de los
sujetos llamados “chepitos” a fin de presionar el pago de una obligación; en la
segunda de las decisiones en cita fueron amparados los derechos al buen nombre,
e intimidad de quien, no obstante haber obtenido mediante sentencia
ejecutoriada la declaración de prescripción de una acción, se mantenía
reportado en las base de datos de la Asociación Bancaria como deudor de la
misma obligación-.
[23] Sobre el proceso informático, sujetos y principios se puede
consultar la sentencia T-729 de 2002, ya citada.
[24] El secreto bancario se puede consultar en las sentencia C-397 de
1998 M.P. Fabio Morón Díaz -Revisión de constitucionalidad de la Ley 412 de
1997, ya citada.
[25] Consultar entre otras las sentencias SU-082 y 089 de 1995, varias
veces citadas. Respecto del aspecto aditivo del derecho a la autodeterminación
informática se puede consultar, además, entre otras decisiones, la sentencia
T-578 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil –en esta oportunidad se consideró
inadmisible “que una entidad financiera tenga a un usuario reportado siete (7)
meses, ante los centros de información crediticia y no haya actualizado su
información del pago voluntario que estos hicieron por medio de la dación en
pago-.
[26] Sobre la libertad de elegir en el ámbito
de las relaciones interpersonales se pueden consultar, entre otras, las
sentencias C-280 de 1996 control constitucional de varias disposiciones de la
Ley 200 de 1995-  y C-488 de 2002 –control constitucional del artículo 86 de la
Ley 675 de 2001-.
[27] La
jurisprudencia constitucional considera que la actividad bancaria es servicio
público i) por “la importancia de la labor
que desempeñan para una comunidad económicamente organizada en el sistema de
mercado”, ii) debido al “interés
comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad”, y iii) en
razón de “la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad
de su acción” -sentencia SU-157 de 1999 M.P. Alejandro Martínez
Caballero, con ocasión de la acción instaurada por una persona incluida en una
lista elaborada por la Asociación Bancaria, a raíz de la comunicación de un
gobierno extranjero, a fin de excluir a los relacionados de los servicios
financieros que demandaban, en igual sentido sentencias SU166 y 167 de 1999 del
mismo ponente-.
Sobre el carácter de sujetos pasivos del
derecho de petición de las entidades financieras consultar entre otras la
sentencia T-578 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil –en esta oportunidad la acción
de tutela fue concedida, porque los deudores figuraban reportados en las
centrales de riesgo, no obstante las peticiones presentadas en el sentido de
que la entidad financiera les aceptara a título de pago la dación de la
vivienda que garantizaba la obligación-.
[28] A propósito del duplo de la mora, incluida ésta, como factor de
resarcimiento se pueden consultar los artículos 1601 y 867 de los Códigos Civil
y de Comercio, respectivamente.
[29] Mediante la sentencia T-307 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
la Corte amparó el derecho al habeas data de una madre cabeza de familia que no
había logrado ser incluida en el Sisben, por no haber sido encuestada, no
obstante los ingentes esfuerzos adelantados con tal fin.
[30] Sentencia SU-082 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía, varias veces
citada.
[31] Sentencia T-307 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, ya citada.
[32] Desde la expedición de la sentencia T-414 de 1992, la Corte y las
diferentes Salas de Revisión han insistido sobre el punto. En esta oportunidad
la solicitud fue dirigida al Procurador General de la Nación para que
presentara un proyecto de ley a consideración del Congreso en tal sentido.
Sobre los intentos legislativos para regular el derecho se puede consultar las
sentencias C- 425 de 1994, C-567 de 1997; C-384 de 2000, mediante las que
fueron declaradas inexequibles disposiciones atinentes al tema dictadas en
contravención al artículo 151 de la Carta.
[33] Cursivas de la sentencia T-307 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, pluricitada, además se puede consultar, entre otras, la sentencia
T-527/00 M.P. Fabio Morón Díaz –en esta oportunidad la Corte concedió la
protección invocada porque, no obstante el actor haber incurrido en mora ésta
fue inferior a un año y el pago fue voluntario, dándolo lugar a la caducidad
del dato adverso.
[34] Sentencia SU-082 de 1995 –ya citada-.
[35] Idem.
[36] Al estudiar la violación al debido
proceso, argüida por el actor, porque le fue negada la apertura de una cuenta
corriente, por figurar reportado en la central de riesgos de la Asociación
Bancaria, la Sala Tercera de Revisión sostuvo: “En su solicitud de tutela, el
peticionario consideró que había sido vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso por cuanto que en el juicio ejecutivo que se adelanta
actualmente en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá no se ha
producido aún su condena por la autoridad judicial competente, en los términos
del artículo 29 de la Constitución Nacional.
La Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá denegó la tutela impetrada arguyendo la
improcedencia del debido proceso y la absoluta e incuestionable veracidad de la
información registrada en la Central de la Asociación Bancaria, (..).
En el amplio y complejo
universo de lo cotidiano -que no necesariamente es el reino de las precisiones
ontológicas y semánticas- el ciudadano común y corriente es inclinado a
considerar que ciertas conductas de algunos entes tienen el contenido material
de justicia privada administrada para proteger intereses gremiales,  con el
obvio riesgo de vulnerar derechos fundamentales tales como el debido proceso,
la  intimidad,  la honra, el  honor y  la  libertad.
Es por eso que, en
comprensible similitud material de función con el servicio público de
administración de justicia, el peticionario estime violado también su derecho
al debido proceso. Tal violación se traduciría en la circulación indebida de
una información que a la ligera pudiera ser considerada en algunos círculos
como antecedentes -en los claros términos del artículo 248 de la Carta- cuando
es lo cierto que no se ha producido aún una sentencia y la materia de ella nada
tiene que ver con el derecho penal o de policía.
(..)
En estas circunstancias
concretas, difícilmente puede argüirse que la negación del servicio solicitado
contribuya en modo alguno a dar protección contra un riesgo eventual. Es, por
el contrario, manifestación clara de los excesos o abusos de una justicia
privada de carácter gremial con sus obvias implicaciones en la libertad y
dignidad del ciudadano medio. Es por eso que esta Corporación advierte que el
pleno imperio de los derechos consagrados en la Carta del 91 no puede quedar
sometido a la voluntad, no pocas veces caprichosa de los dispensadores del
crédito. En la jerarquía de los valores, principios y  normas de la Carta
vigente, las consideraciones de índole patrimonial deben ceder el paso a la
vigencia perenne de la dignidad humana.”.
[37] Sentencia T-551 de 1994 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Al respecto puede consultarse la sentencia T-022 de 1993,
varias veces citada, en la que la Corte se detiene en la necesidad de lograr un
equilibrio entre los intereses gremiales atinentes a la divulgación de la
información financiera de los usuarios del sistema y la dignidad humana de
éstos. Dijo la Sala:
“Sin pretender negar el
carácter expansivo que por diversas razones tiene el derecho mercantil, esta
Corporación no puede menos que observar que desde la perspectiva constitucional
tal fenómeno no puede realizarse a costa de la vulneración de la libertad y la
igualdad de que es titular toda persona en virtud, precisamente de esta misma y
excelsa condición que el Constituyente reconoció y privilegió en buen número de
preceptos de la Carta vigente.
(..)
En la sociedad pluralista
que el Constituyente de 1991 proclama y protege, la libertad y dignidad humanas
no pueden quedar al arbitrio de los intereses de una determinada clase social o
económica, -por respetables que ellos sean-, sino que deben coordinarse con los
de la sociedad civil.
Por tanto, sin ignorar en
absoluto las exigencias del crédito, lo justo y razonable es encontrar un
equilibrio entre las pretensiones de contar con elementos de juicio para la
evaluación de los riesgos derivados de negocios y operaciones de crédito que
las instituciones financieras celebren con sus clientes y el carácter personal
del dato económico que ellos les suministran.  Esto hace imperativo acudir a
las manifestaciones escritas de consentimiento libre y expreso para la
circulación de tales datos”.
[38] En la sentencia 414 de 1992, varias veces citada, esta
Corporación solicitó al Procurador General de la Nación someter a consideración
del Congreso un proyecto de ley en tal sentido.
[39] Sentencia SU-082 de 1995, varias veces citada.
[40] Al analizar la prescripción extintiva de
las obligaciones y su carácter declarativo, la Sala Tercera de Revisión en la
sentencias T-414 de 1992 y T-033 de 1993, varias veces mencionadas adujo:
“(..) debe también tenerse
en cuenta que desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la finalidad
primordial de la prescripción  es la  de clarificar la existencia o
inexistencia de un derecho a partir de la  actividad o inactividad de su
titular durante un lapso determinado.
Si esto es así,  es obvio
que su esencia reside en la conducta observada por dicho titular en el término
establecido por el precepto legal, por lo cual la declaración judicial -que la
seguridad jurídica requiere en algunos casos- tiene un carácter eminentemente
declarativo.
Ubicado justamente en el
contexto de los principios constitucionales y del profundo alcance del artículo
228 de la Carta de 1991, el conflicto real o aparente entre propiedad y
libertad debe resolverse en el sentido de que el beneficiario de la
prescripción pueda extraer de ella sus consecuencias liberatorias con la
demostración de que ha transcurrido el lapso que la ley exige para que dicho
modo extintivo o adquisitivo  produzca plenos efectos. Tal como ya ocurre,  por
ejemplo, en -materia no leve y en donde está comprometido un claro interés
público y social- con la cancelación de oficio de los antecedentes relativos a
fallos condenatorios penales proferidos por la  justicia”.
En la sentencia T-303 de
1993 M.P. Hernando Herrera Vergara la Sala Sexta de Revisión consideró que
abusa de su poder informático “el registro conservación y circulación de datos
de una persona más allá del término legalmente establecido para ejercer las
acciones judiciales con miras al cobro de las obligaciones, causando con ello
graves perjuicios a la persona como resultado de su exclusión indefinida del
sistema financiero”.
Sobre la cancelación de
datos vetustos de las centrales de riesgo se pueden consultar entre otras
decisiones T-296, T-359, T-389, T-459, T-460 y S.V. 528 de 1993, entre otras.
[41] En
sentencia SU- 528 de 1993 M. P. José Gregorio Hernández, ésta Corporación resolvió
apartarse de lo resuelto en materia de prescripción extintiva por la Sala
Tercera de Revisión -nota anterior-, dijo la Corte “Es preciso que la Sala
Plena de la Corte cambie la jurisprudencia en este punto concreto por cuanto,
de aceptarse la tesis según la cual puede acudirse directamente a la tutela
para pedir que retiren el nombre de la persona de un banco de datos alegando
prescripción de las obligaciones que dieron lugar a su registro, el juez de
tutela estaría desplazando al ordinario competente en la definición de un
derecho ajeno al asunto mismo sobre el cual recae el amparo del artículo 86
constitucional, que consiste únicamente en la protección del derecho
fundamental consagrado en el artículo 15 Ibidem: que se actualicen y
rectifiquen las informaciones recogidas sobre el peticionario en bancos de
datos o en archivos de entidades públicas o privadas.
En otros términos, la
acción de tutela -que tiene por objeto específico según la Constitución el de
proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando ellos sufren
violación o amenaza- tendría aplicación para ordenar que se retirara del banco
de datos el nombre de una persona que allí permanezca previa estar prescrita su
obligación. Pero, desde luego, en cuanto al juez de tutela no le consta que
ello en verdad haya ocurrido, pues no tiene a su cargo la definición de
derechos que sí atañe a los jueces ordinarios en la órbita de sus respectivas
competencias, únicamente puede asumir que ha operado el fenómeno de la
prescripción si se le acredita que así lo ha declarado el juez competente. No
es, entonces, la tutela el medio apto para declarar prescripciones. Aceptarlo
implicaría prohijar la intervención indebida del juez de tutela en el campo
reservado a otra jurisdicción.
En los procesos que ahora
se revisan, el peticionario admite en todos los casos que contrajo obligaciones
con las entidades financieras contra las cuales dirige sus demandas, pero alega
que tales obligaciones están prescritas y pretende que, en consecuencia, se
ordene el retiro de su nombre de los archivos y bancos de datos
correspondientes.
Considera la Corte que
ello no es posible, pues en ninguno de dichos procesos aparece acreditada en el
expediente la prescripción judicialmente declarada”.
[42] Mediante la sentencia C-687 de 2002, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett la Corte declaró inexequible el artículo 19 de la
ley 716 de 2001 -por medio de la cual se expiden normas para el saneamiento de
la información contable en el sector público y se dictan en materia tributaria
otras disposiciones-; en cuanto la norma preveía un alivio consistente en la
caducidad inmediata de la información negativa histórica, y “tal situación sólo
puede realizarse por el trámite de las leyes estatutarias”, en igual sentido
consultar las sentencias C- 425 de 1994, C-567 de 1997; C-384 de 2000; –en
éstas sentencias la Corte se refirió al procedimiento que el Congreso está en
el deber de acoger para adoptar la regulación atinente al habeas data y la
autodeterminación informática-.
[43] “Como el deber de actuar de buena fe es de
rango constitucional, forzoso es concluir que su incumplimiento genera
consecuencias concretas en el orden jurídico. Dicho de otro modo, la
consagración de esta máxima jurídica en el régimen constitucional tiene
relevancia concreta y no puede ser tenida como manifestación graciosa del
constituyente. Es deber del Estado –entonces- otorgar un trato diverso a quien
se acoge a ella que a quien la contraría, a fin de evitar que se inviertan las
prioridades que delinean el orden justo” –sentencia C-642 de 2002 M.P. Marco
Gerardo Monroy, control constitucional del parágrafo del artículo 115 de la Ley
510 de 1999 y del literal d) del artículo 313 del Decreto 663 de 1993, Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero-.
[44] “(..) la banca en sus diferentes manifestaciones es una compleja
amalgama de servicio y crédito donde las empresas financieras que la practican
disponen de un enorme poderío económico que, “..barrenando los principios
liberales de la contratación..“, como lo dijera un renombrado tratadista
(Joaquín Garrigues. Contratos Bancarios, Cap 1), les permite a todas las de su
especie gozar de una posición dominante en virtud de la cual pueden
predeterminar unilateralmente e imponer a los usuarios, las condiciones de las
operaciones activas, pasivas y neutras que están autorizadas para realizar, así
como también administrar el conjunto del esquema contractual de esa manera
puesto en marcha” –sentencia 125, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Civil 19 de octubre de 1994, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
[45] Sentencia T-375 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz –en esta
oportunidad fue protegido el derecho al trabajo de un empresario a quien su
proveedor se negó a suministrarle la materia prima que el primero requería para
fabricar su producto, en represalia porque el mismo denunció ante las
autoridades faltantes en los despachos, conforme al peso indicado y facturado
por el remitente-.
[46] “La acción
de tutela procede contra particulares que prestan un servicio público, debido a
que en el derecho privado opera la llamada justicia conmutativa, donde todas
las personas se encuentran en un plano de igualdad. En consecuencia, si un
particular asume la prestación de un servicio público -como de hecho lo
autoriza el artículo 365 superior- o si la actividad que cumple puede revestir
ese carácter, entonces esa persona adquiere una posición de supremacía material
-con relevancia jurídica- frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones
especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en
algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho
constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial.”,
sentencia C-134 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, control constitucional de
los numerales 1º, 2° y 9° del artículo 42 del decreto 2591 de 1991.
[47] T-303 de 1998 M.P. José Gregorio Hernandez Galindo, aunque el
amparo constitucional invocada no fue concedido porque el dato adverso al actor
debía permanecer en el proceso informático, de conformidad con los términos de
caducidad del dato negativo, establecidos en la sentencia SU-082 de 1995, la
decisión de instancia fue revocada dado que el Juzgado consideró temeraria la
acción de quien estando pendiente la caducidad del dato instaura accion de
tutela contra la central de riesgos en respeto de sus derechos a la intimidad,
buen nombre y habeas data.
[48] Sobre la incidencia de las peticiones que surgen en el proceso
informático de parte de los titulares de datos ha dicho la Corte “que no
cualquier tipo de peticiones condiciona el reporte de información crediticia,
pues como ya se indicó debe existir correspondencia directa entre el contenido
de la solicitud, la obligación contraída, y la respuesta que, eventualmente,
llegará a modificar una situación determinada”, porque, de no observarse las
anteriores condiciones, “sería la entidad financiera la que resultaría afectada
en su derecho de autodeterminación informática” –Sentencia T-1085 de 2001 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, nota
[49] Sentencia T-1085 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, ya
citada, en igual sentido la sentencia T-257 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra –en esta oportunidad la Corte condenó en abstracto a la entidad
crediticia a indemnizar al actor por perjuicios causados al disponer el
registro de un comportamiento que no podía ser atribuido al mismo, pero
confirmó la decisión de instancia que no concedió la protección constitucional
del derecho al habeas data, habida cuenta que la entidad enmendó su conducta en
el curso del asunto.”
[50] T-1322 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra –en esta oportunidad
la Corte negó la protección constitucional del derecho al habeas data, porque
i) el actor adujo no haber autorizado el reporte, no obstante la cláusula en
tal sentido figuraba en el contrato de arrendamiento, que generó la obligación,
y ii) debido a que el actor no solicitó la rectificación del dato ante las
centrales de riesgo.
[51] Sentencia SU-157 de 1999, en igual sentido SU-166 de 1999, ya
citadas.
[52] Idem
[53] T-592 de 2003, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis
[54] Idem
[55] Sobre el criterio puramente aditivo de la
información que figura en los ficheros informáticos, respecto de la gestión del
riesgo del crédito, que compete a las entidades vigiladas, se puede consultar
la Circular Externa 011 de 2002, expedida por la Superintendencia Bancaria, que
modifica el Capitulo II de la Circular Externa N. 100 de 1995, que dice:
“1.4.1.3 Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones
del deudor.  La atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose
como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito, que deba
efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los
conceptos que comprenda (capital, intereses, capital e intereses o cualquier
otro concepto). Adicionalmente, su historia financiera y crediticia,
proveniente de centrales de riesgo, calificadoras de riesgo, del mismo deudor o
cualquier otra fuente que resulte relevante” –se destaca-..