C-874-03
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-874/03
PERENCION
O CADUCIDAD DE LA INSTANCIA-Definición
La perención o caducidad de la instancia
ha sido calificada como un modo anormal de terminación de proceso que se
produce cuando el mismo se ha paralizado durante cierto tiempo, debido a que no
se realizan actos procesales de parte. La ley entonces autoriza que,
transcurrido cierto término de inactividad, el juez la declare de oficio o a
petición de la parte interesada.
PERENCION-Concepto según la doctrina/PERENCION-Institución dentro del
proceso civil de carácter dispositivo o mixto
PERENCION-Efectos dentro del proceso ejecutivo
Respecto de los efectos de la perención
decretada dentro del proceso ejecutivo, la Corte ha explicado que “para el caso
del proceso ejecutivo tanto singular como prendario o hipotecario, no extingue
el proceso, tampoco el derecho pretendido, mucho menos el gravamen. Su efecto
se traduce en el desembargo de los bienes, con la consecuencia gravosa para el
ejecutante de no poder pedir de nuevo el embargo sino transcurrido un (1) año.”
También sobre los efectos de la perención una vez declarada, la doctrina es
unánime al reconocer que la caducidad es indivisible, es decir, que beneficia o
perjudica a todos los intervinientes dentro de la relación procesal.
PERENCION-Desarrollo de los postulados constitucionales relativos a los
principios de celeridad y eficacia
PERENCION DEL
PROCESO-Significado
PERENCION DEL
PROCESO-Institución inspirada en el principio
dispositivo
PERENCION DEL
PROCESO-Finalidad
DEBER DE
COLABORACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Cargas procesales
ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Límites
PERENCION DEL
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Objetivos de
importancia
PERENCION DEL
PROCESO-Figura acorde con los postulados
constitucionales
PERENCION DEL
PROCESO-Orientación/PERENCION DEL PROCESO-Desarrolla
adecuadamente los principios que orientan el ordenamiento procesal
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Alcance
El
legislador puede regular libremente los procedimientos judiciales, siempre y
cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre
conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Facultades que
le permiten, entre otros asuntos, establecer recursos y medios de defensa que
procedan contra los actos que profieren las autoridades, fijar las etapas de
los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que se
deben cumplir, radicar las competencias en una determinada autoridad
judicial, regular lo concerniente a los medios de prueba y “establecer dentro
de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta
consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez
y aún a terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia
del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para
prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o
algunos de ellos”.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Sistemas
de carácter inquisitivo dispositivo o mixto
SISTEMA INQUISITIVO-Naturaleza
En el sistema inquisitivo el juez debe
investigar la verdad, prescindiendo de la actividad de las partes. Por tanto,
puede iniciar oficiosamente el proceso, decretar pruebas de oficio, impulsar o
dirigir el proceso y utilizar cualquier medio que tienda a buscar la verdad.
PROCESO CIVIL
MODERNO-Orientación
El proceso civil moderno se considera de
interés público y se orienta en el sentido de otorgar facultades al juez para
decretar pruebas de oficio y para impulsar el proceso, tiende hacia la verdad
real y a la igualdad de las partes y establece la libre valoración de la
prueba. No obstante, exige demanda del interesado, prohíbe al juez resolver
sobre puntos no planteados en la demanda o excepciones y acepta que las partes
pueden disponer del proceso por desistimiento, transacción o arbitramento.
PROCESO CIVIL
COLOMBIANO-Orientación hacia un sistema mixto
En efecto, es dispositivo por cuanto las
partes inician el proceso por demanda y lo terminan por transacción o
desistimiento, lo impulsan y piden pruebas, y el juez debe decidir sobre las pretensiones
de la demanda y las excepciones formuladas por el demandado (principio de
congruencia). Si embargo, es inquisitivo en cuanto a que el juez impulsa el
proceso y decreta pruebas de oficio en primera o en segunda instancia, puede
oficiosamente declarar probadas las excepciones de mérito cuando se encuentren
probados los hechos que las constituyan, y emplear los poderes que la ley le
otorga para evitar fallos inhibitorios, nulidades y castigar el fraude
procesal.
PERENCION-Como institución procesal tiene su raigambre en los
principios que inspiran el proceso dispositivo/PERENCION-Fundamento
NORMA ACUSADA-Antecedentes legislativos
PERENCION-Con la derogatoria el legislador quiso promover la
figura del juez como director del proceso
Con
la derogatoria de la perención, en uso de su libertad de configuración
normativa en materia procedimental, el legislador quiso promover la figura del
juez como director del proceso, por lo cual decidió acabar con la posibilidad
que tenía la parte actora de producir la terminación anormal del proceso
mediante el recurso a su propia inactividad.
PERENCION-Derogatoria se produjo por la inoperancia práctica de la figura en
el procedimiento civil
PROCEDIMIENTO
CIVIL-Confiere al juez una serie de poderes para
asegurar un proceso sin dilaciones injustificadas/PROCEDIMIENTO CIVIL-Clases
de poderes judiciales
Estos poderes judiciales son de varias
clases, que la doctrina ha clasificado como  (i) poderes de decisión, en virtud
de los cuales el juez puede decidir el conflicto de intereses mediante la
sentencia; (ii) poderes de coerción o de imperio, que facultan a la
jurisdicción para ejercer la coerción, especialmente en la realización coactiva
del derecho (proceso de ejecución forzada); y (iii) poderes de documentación y
de ordenación, mediante los cuales el juez puede decretar pruebas de oficio o a
petición de parte para la demostración de los hechos y puede impulsar el
proceso.
CODIGO
DE PROCEDIMIENTO CIVIL-Poderes de ordenación del
juez/CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-Poderes disciplinarios del juez
PROCEDIMIENTO
CIVIL-Deberes del juez
DEBERES
DEL JUEZ-Objeto
Los deberes del juez tienden a que
éste cumpla su misión de verdadero director del proceso, busque la verdad real,
decretando oficiosamente las pruebas necesarias para la verificación de los
hechos objeto del proceso, castigue la deslealtad y la mala fe, integre el
contradictorio, evite las sentencias inhibitorias mediante la analogía, las
costumbres y los principios generales de derecho procesal, y evite la morosidad
en la decisión, todo lo cual hace que si se cumplen tales deberes, se habrá
cumplido el objeto primordial del proceso, que es la debida aplicación de la
justicia y la búsqueda de la verdad.
PROCEDIMIENTO
CIVIL-Deber de impulso del proceso por parte del
juez y bajo su responsabilidad
PROCEDIMIENTO
CIVIL-Involucra siempre un interés público
POTESTAD
JURISDICCIONAL DEL JUEZ-Dirección e impulso del
proceso para proferir una decisión de fondo
PERENCION-Derogatoria garantiza acceso a la administración de justicia así
como la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución/PERENCION-Derogatoria da aplicación al principio de
prevalencia del derecho sustancial
En principio no estima la Corte que
la eliminación de la perención como institución procesal que pone fin de manera
irregular al proceso ponga en riesgo la garantía del derecho a una
administración de una justicia pronta y recta, ni permita que las partes logren
dilatar injustificada y deslealmente el proceso, incumpliendo con las cargas
procesales que les son impuestas.  Contrariamente, la eliminación de la figura
asegura en mejor manera que el proceso llegará a su fin natural, esto es a la
decisión del asunto mediante un fallo que resuelve en el fondo el asunto, cosa
que el decreto de perención no logra en ninguna circunstancia.
CARGA
PROCESAL-Imposibilidad del juez para forzar
coactivamente su cumplimiento
CARGA
PROCESAL-Características
DEBER
PROCESAL-Concepto y características
OBLIGACION
PROCESAL-Concepto y características
CARGA
PROCESAL-Incumplimiento acarrea consecuencias
negativas
CARGA
PROCESAL-Incumplimiento acarrea la paralización del
proceso así como la imposibilidad de decidir de fondo
CARGA
PROCESAL-Suspensión por incumplimiento del pago de
expensas u honorarios no vulnera el derecho al debido proceso
CARGA
PROCESAL-Consecuencias que se derivan de no
suministrar expensas para notificación de auto admisorio de la demanda
PERENCION-Derogatoria no deriva vulneración al debido proceso y
específicamente al derecho de defensa
Desaparecida la institución procesal de
la perención, y dentro del espíritu que informa al legislador de profundizar en
la figura del juez como director del proceso, corresponderá a este funcionario
asumir con renovado énfasis sus facultades y deberes de impulsión del trámite a
fin de evitar su paralización, dirigiéndolo hasta su culminación en la
sentencia. Ello debe lograrse mediante el oportuno ejercicio de sus poderes de
ordenación, instrucción y disciplinarios que le permiten proferir oportunamente
los autos que le dan curso progresivo al proceso, precluir sus etapas, decretar
de oficio las pruebas en los términos probatorios de las instancias o de los
incidentes o antes de fallar cuando las considere útiles, pertinentes y
conducentes para la verificación de los hechos, exigir el cumplimiento de los
deberes y obligaciones procesales que incumben a las partes, y sancionar a los
sujetos procesales cuando sea del caso. En el cumplimiento de estas responsabilidades
tienen los jueces de la República la misión de hacer efectiva la pronta
administración de justicia, como derecho constitucional y valor fundamental
sobre el que se edifica la convivencia pacífica.
Referencia:
expediente D-4546
Demanda de inconstitucionalidad
parcial contra el literal a) del artículo 70 de la Ley 794 de 2003
Actores: Héctor
Enrique Quiroga Cubillos
Dary Jazmín
Hernández Navarro
Magistrado
Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D. C., treinta (30) de septiembre
de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
presente Sentencia con base en los siguientes,
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, los ciudadanos Héctor Enrique Quiroga Cubillos y Dary
Jazmín Hernández Navarro, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos
consagrados en los artículos 40-6, y 95-7, de la Constitución Política,
demandaron la inexequibilidad parcial del literal a) del artículo 70 de la Ley
794 de 2003, por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, por
considerar que el aparte acusado es contrario al artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe la norma,
dentro de la cual se subraya el aparte acusado como inconstitucional:
“LEY 794 DE 2003
“ocho de enero de 2003
“por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula
“el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones.
“El Congreso de Colombia
Decreta
“Artículo
70. Vigencia, Derogatoria y tránsito de
legislación(…) Esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y
en especial las siguientes:
a)  Los artículos 316, 317, 346 y 347 del Código de
Procedimiento Civil
...”
III. LA DEMANDA
Antes de explicar los fundamentos de la
demanda, los actores llaman la atención sobre el efecto derogatorio que
contiene el aparte acusado. Sostienen que si bien la expresión deroga
expresamente los artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil, también
implica una derogación tácita del artículo 19 de la Ley 446 de 1998, ya que
éste regula la figura derogada por el fragmento inculpado. Así, refiriéndose
este último artículo a una institución que ha sido extinguida en nuestro
ordenamiento, se entiende que también fue derogado por la misma disposición que
eliminó dicha institución.
La figura a la que se hace referencia es la
perención. Precisamente es la derogación de esta institución lo
que los actores consideran contrario a la Carta Política. A su juicio, el
aparte demandado es contrario al artículo 29 de la Constitución Política,
artículo que consagra el derecho al debido proceso, toda vez que la abolición
de la figura procesal de la perención puede acarrear “la pendencia
indefinida de los litigios”.
Los demandantes hacen un examen sobre la
razón de ser de la perención,  para alegar que es una figura importante
y necesaria para que el proceso civil resulte acorde con la Constitución. Según
lo sostienen, la institución derogada protegía el derecho que tienen los
asociados “a que su situación jurídica sea definida oportunamente mediante un
fallo que le ponga fin, a través de una providencia que con autoridad de cosa
juzgada, consolide tales situaciones jurídicas que por razón del proceso
judicial han quedado en entre dicho”. Además, la perención del proceso
tenía como consecuencia que las partes, especialmente la demandante por ser la
más interesada en que el proceso continúe, se comprometieran en realizar los
aportes necesarios para llegar a una pronta solución del litigio. Sin dicha
cooperación - necesaria e imperiosa como lo es, por ejemplo, la postulación de
pruebas que demuestren los hechos en que se soportan las pretensiones
procesales, el pago de los costos de notificación y el aporte de los datos que
permitan al juez conocer lo ocurrido- el proceso no podría avanzar y quedaría
así estancado. Por tanto, consideran los demandantes, es esencial la perención
procesal para que el demandante sea diligente en su actuar y el proceso pueda
seguir su curso.
Asimismo, los actores hacen énfasis en el
hecho de que muchos procesos conllevan la protección del derecho invocado “a
través de medidas cautelares, que implican paralizar bienes, sacándolos del
tráfico comercial para asegurar el cumplimiento de la futura sentencia que
reclama el demandante”. De esta manera, en su sentir, se estaría premiando al
demandante a pesar de su negligencia, “con la pendencia indefinida de un
proceso, sometiendo a la jurisdicción a una actuación interminable, a unas
medidas cautelares que el demandado debe soportar eternamente”, hecho que puede
tener también consecuencias negativas para terceros. En cambio, de estar
vigente la institución de la perención, se estaría sancionando a la
parte que no cumple con sus cargas procesales “con la perención del proceso, el
levantamiento de las medidas cautelares, su condena en costas y perjuicios, y
la prohibición de no poder iniciar nuevamente el proceso sino pasados dos años
después de las declaración de la perención”.
Por otro lado, los demandantes desestiman
el argumento de que es el juez quien debe impulsar el proceso aduciendo que hay
actuaciones “que no las puede hacer el juez, por ejemplo: que el juez haga las
publicaciones para citar a la parte demandada, o que el juez deba sufragar los
gastos de las notificaciones etc”. En este sentido, sostienen que el juez no
puede ser el único responsable de la continuación del proceso, razón por la
cual se deberían tomar acciones correctivas para que las partes no asuman
actitudes negligentes o dolosas que interrumpan su normal desarrollo.
Después de haber realizado la anterior
evaluación sobre los beneficios de la institución de la perención, los
actores concretan sus argumentos para sustentar que la derogación de la
mencionada figura viola el derecho al debido proceso. Comienzan por resaltar
que este derecho supone una oportuna decisión de la demanda, condición que se
pierde al quedar el proceso en un limbo jurídico como puede pasar en la
actualidad con la ausencia de la figura de la perención. Haciendo
referencia a las Sentencias C-037/96 y T-006/92 emanadas de esta Corporación,
afirman que existe el “derecho fundamental de las personas a tener un proceso
ágil y sin retrasos indebidos”, derecho que no sólo se traduce en el deber del
juez de alcanzar con agilidad y diligencia una solución adecuada, sino que
además requiere la exigencia de la misma diligencia a las partes litigantes so
pena de una sanción. Del mismo modo, “la celeridad en el desarrollo del litigio
permitirá a las partes involucradas, a la sociedad y al Estado tener la certeza
de que le justicia se ha administrado debidamente y es fundamento real del
Estado Social de Derecho. (Sentencia C-037/96)”.
En suma, los peticionarios basan su demanda
en la consideración según la cual el derecho al debido proceso exige una pronta
solución de la situación jurídica de las partes, situación que se ve amenazada
al no existir la sanción de la perención del proceso, pues se da pie a que las
partes sean negligentes y no colaboren para su ágil y adecuada solución.
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Interior y de Justicia
Dentro del término correspondiente,
intervino la Doctora Ana Lucía Gutiérrez Guingue, actuando en representación
del Ministerio de la referencia, para solicitar a la Corte que declare
exequible el aparte demandado.
Sostiene la intervinente que el fragmento
encausado no viola el artículo 29 de la Carta Política, toda vez que la
eliminación de la institución de la perención no constituye una limitación al
debido proceso. Para sustentar su afirmación, trae a colación apartes de varias
sentencias de esta Corporación[1], que a su entender establecen que lo que garantiza
el debido proceso es que se sigan las “normas propias de cada juicio, es decir,
acatar las reglas en la norma legal, que de acuerdo con la naturaleza de cada
juicio, prevean cada una de las etapas propias de un proceso y que al mismo
tiempo, se constituyen en las garantías de defensa y de seguridad jurídica para
los intervinientes en el respectivo litigio. Esas reglas, deben ser
establecidas única y exclusivamente por el legislador”. De esta manera, si el
asegurar el derecho al debido proceso es seguir las reglas establecidas por el
legislador, entonces el que éste decida eliminar una figura del ordenamiento no
puede considerarse una violación al debido proceso. En el mismo orden de ideas,
si “el debido proceso obedece a procedimientos previamente definidos para
preservar las garantías que protegen las prerrogativas y derechos de las
personas involucradas en la litis” entonces el debido proceso “es independiente
de las actuaciones que tienen las partes dentro de un proceso”. Además,
considera la intervinente que la eliminación de la perención no viola el
derecho en cuestión, pues el legislador ha consagrado otras figuras en caso de
que las partes del litigio decidan no continuar con el proceso, tales como la
transacción y el desistimiento de la demanda.
Manifiesta que, al contrario de lo que
afirma la demanda, la Ley 794 de 2003 resulta acorde con la Constitución Política,
en especial con derecho al debido proceso, pues modifica el procedimiento
haciéndolo más ágil para resolver la situación judicial de las partes en
conflicto sin que se preste a abusos de parte de la autoridad que tiene la
tarea de decidir el pleito.
2. Intervención Ciudadana
Dentro del término procesal establecido, el
ciudadano Pablo Felipe Robledo del Castillo, actuando
en nombre propio, intervino para solicitar la declaración de exequibilidad del
aparte demandado aduciendo las siguientes razones:
El ciudadano inicia su intervención
haciendo énfasis en que la derogación de la perención corresponde a la adopción
de una nueva orientación del sistema procesal (un sistema mixto entre el
inquisitivo y el dispositivo) que corresponde al legislador determinar. En su
sentir, según lo prescrito por los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la
Constitución Política, la orientación del sistema por el cual se regirá el
procedimiento a seguir en los procesos civiles es criterio legal y no
constitucional. Con el fin de justificar que la eliminación de la perención
resulta acorde con la adopción del nuevo sistema, el ciudadano cita apartes del
informe de ponencia del proyecto de ley que deroga la ya mencionada
institución.
Por otro lado,
el ciudadano, oponiéndose a la petición del actor, considera que al tenor de lo
reglado en los artículos 2º y 228 de la Constitución Política, lo que realmente
vendría siendo contrario a la Carta sería la vigencia de la figura de la
perención. El primero de estos artículos establece que es fin esencial del
Estado el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo,
para lo cual es necesario que los jueces garanticen el acceso de los ciudadanos
a la administración de justicia. Por su parte, el artículo 228 de la Carta Política
consagra la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental,
asentimiento que, entre otras cosas, busca proteger el derecho de los
ciudadanos a obtener una decisión judicial. Para el intervinente es claro que
la perención y el levantamiento de los embargos en los procesos ejecutivos son
figuras que violarían el derecho de los ciudadanos a que se decida, de manera
ajustada y no anormal, sus pretensiones judiciales. Por eso mismo, irían
también en contravía de los artículos constitucionales ya mencionados.
Ciertamente, afirma, “nada de constitucional puede tener una norma que busca
que el juez y las partes tengan que superar los obstáculos procesales que
impidan el arribo a sentencia, esta sí, forma normal de terminación de los
proceso. La sentencia imparte justicia, la perención la elude o dilata, lo que
en el fondo es la denegación de justicia disfrazada por una exótica figura
procesal sancionatoria, que como se dijo, desconoce las obligaciones del juez y
de las partes”. Así, para el intervinente, el demandante parece desconocer,
entre otras normas, los artículos 2º y 228 de la Norma Fundamental, razón por
la cual cae en el error de considerar inexequible la derogación de la
perención.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
1. Concepto del Procurador General de la
Nación
De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 242-2, y 278-5 de la Constitución Política, el señor Procurador
General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, presentó ante esta
Corporación su concepto, solicitándole a la Corte declarar exequible el aparte
demandado.
En el sentir del Procurador, la figura de
la perención no es parte del núcleo esencial del  debido proceso, porque éste
puede ser garantizado en los procesos civiles con prescindencia de la institución
anotada. Sustenta su afirmación en la consideración de que la Corte ha
establecido en su jurisprudencia que el derecho al debido proceso en las
actuaciones judiciales “ha de ser considerado respecto de las actuaciones de
las autoridades frente a las personas que se encuentren incursas en un proceso
y, en virtud a la existencia de garantías consagradas en el ordenamiento
jurídico”.[2]
En ese sentido, “es al funcionario judicial
a quien compete el respeto de la institución constitucional del debido
proceso”, pues en la práctica judicial esta figura está destinada a que los
jueces sean quienes se sujeten al orden legal para garantizar un juicio justo y
fundado en derecho. Es entonces el legislador, sin más límites que los que
impone la Constitución, quien impone ese orden, al cual se debe ajustar el
actuar del juez. Por tanto, no es una irregularidad que sea el legislador quien
suprima la cuestionada institución pues hace parte de sus facultades.
Asimismo, afirma el Procurador, de lo dicho
por la Corte en su jurisprudencia se colige que la garantía al derecho del
debido proceso sólo pueden exigirla las partes en relación al ordenamiento
jurídico establecido por el legislador, por lo que no puede decirse que “el
juez vulnere el debido proceso por no dar aplicación a un ordenamiento
inexistente”.
En ese mismo orden de ideas, considera el
Procurador que la interpretación del derecho al debido proceso y del núcleo
esencial que lo conforma es errónea, pues la “garantía reclamada como debido
proceso debe hacer parte de una norma jurídica vigente para que, de esa manera,
el juez del proceso civil dé una aplicación efectiva a las garantías que
guardan correspondencia con la naturaleza del proceso y con los deberes que en
su carácter de tal le impone el ordenamiento jurídico a efectos de ofrecer el
amparo que requieren quienes demandan justicia”.
Por último, llama la atención el Procurador
sobre el hecho de que cuando estaba vigente la perención había sujetos a
quienes no se les podía aplicar la figura (la Nación, las entidades financieras
nacionalizadas, entre otras), lo que demuestra “que la institución puede ser
abolida sin menoscabo de los derechos de las partes”.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Corte
Constitucional es competente para pronunciarse sobre la demanda objeto de
revisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 241 numeral 4° de la
Constitución Política, ya que el aparte normativo acusado hace parte de una ley
de la República.
Lo que se
debate
2. De conformidad con lo reseñado en el
acápite de Antecedentes, los demandantes estiman que el legislador no podía
derogar la institución de la perención sin desconocer el artículo 29 superior,
referente al derecho al debido proceso. A su parecer, la figura derogada,
estimada como sanción impuesta a la parte que no cumple con sus cargas
procesales, permitía exigir a ellas, especialmente a la demandante, la
observancia de una conducta acuciosa que impidiera la pendencia indefinida de
los litigios y de las medidas cautelares que se adoptan en algunos de ellos. En
tal virtud, aducen que la perención es necesaria para que el proceso civil
resulte acorde con la Constitución, pues sin ella no es posible proteger el
derecho que tienen las partes a que su situación jurídica llegue a ser definida
a través de una providencia con carácter de cosa juzgada.  Agregan que los
poderes de impulsión del juez no resultan suficientes para el adelanto de ciertas
actuaciones, por lo cual es necesaria la existencia de medidas sancionatorias
que, como la perención, impidan que las partes asuman actitudes negligentes o
dolosas que interrumpan el normal desarrollo del proceso.
En contraposición a los anteriores
argumentos, los intervinientes y la vista fiscal consideran que el legislador
es libre para definir las formas propias de cada juicio y que el derecho al
debido proceso resulta garantizado cuando el juez se sujeta al orden legal para
garantizar un proceso fundado en derecho. Agregan que la perención no es parte
del núcleo esencial del debido proceso, porque éste puede ser garantizado en
los procesos civiles con prescindencia de la institución anotada; y explican
que la derogatoria de la institución obedeció a un cambio en la orientación del
sistema procesal, que acercándose al sistema inquisitivo, resulta más acorde
con la Constitución Política en cuanto realiza en mejor manera el derecho de
acceso a la administración de justicia y el principio superior de la
prevalencia de lo sustancial sobre lo procedimental.
De esta manera, corresponde a la Corte
definir si la libertad de configuración legislativa le permitía al Congreso
derogar la institución de la perención como forma anormal de terminación del
proceso civil, o si esta figura resultaba indispensable para la garantía del
derecho al debido proceso, como lo afirma la demanda.
El alcance jurídico del parte normativo acusado.
3. El parte
normativo acusado deroga expresamente los artículos 346 y 347 del Código
de Procedimiento Civil, cuyo tenor literal era el siguiente:
“Artículo
346. Perención del proceso. Cuando en
el curso de la primera instancia el expediente permanezca en la secretaría
durante seis o más meses, por estar pendiente su trámite de un acto del
demandante, el juez decretará la perención del proceso, si el demandado lo
solicita antes de que aquél ejecute dicho acto.
El término se
contará a partir del día siguiente al de la notificación del último auto o al
de la práctica de la última diligencia o audiencia.
En el mismo
auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere, y
se condenará en costas al demandante.
Dicho auto se
notificará como la sentencia; ejecutoriado y cumplido se archivará el expediente.
La perención
pone fin al proceso e impide que el demandante lo inicie de nuevo durante los
dos años siguientes, contados a partir de la notificación del auto que la
decrete, o de la del auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, si
fuere el caso.
Decretada la
perención por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma
pretensión, se extinguirá el derecho pretendido.
El juez
ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ello hubiere lugar.
Lo dispuesto
en este artículo no se aplica a los procesos en que sea parte la Nación, una
institución financiera nacionalizada, un departamento, (una intendencia, una
comisaría)[3],
un distrito especial o un municipio. Tampoco se aplica a los procesos de
división de bienes comunes, deslinde, liquidación de sociedades, de sucesión
por causa de muerte y jurisdicción voluntaria.
En los
procesos de ejecución podrá pedirse, en vez de la perención, que se decrete el
desembargo de los bienes perseguidos, (siempre que no estén gravados con prenda
o hipoteca a favor de acreedor que actúe en el proceso)[4]. Los
bienes desembargados no podrán embargarse de nuevo en el mismo proceso, antes
de un año. Si en el trámite de las excepciones durante la primera instancia, el
expediente permanece en secretaría seis meses o más, por estar pendiente de un
acto del ejecutado, y el ejecutante lo solicite antes de que se efectúe dicho
acto, el juez declarará desiertas las excepciones. El término se contará como
dispone el inciso primero de este artículo.
El auto que
decrete la perención es apelable en el efecto suspensivo. El que decreta el
desembargo en procesos ejecutivos en el diferido, y el que lo deniegue, en el
devolutivo.”
“Artículo
347. Perención de la segunda instancia. Con
las excepciones indicadas en el inciso sexto del artículo precedente, a
solicitud de la parte que no haya apelado ni adherido a la apelación, el
superior declarará desierto el recurso cuando por la causa indicada en el
artículo anterior, el expediente haya permanecido en la secretaría durante seis
o más meses, contados como se dispone en el inciso primero del mismo artículo.”
Los demandantes
afirman que en cuanto la Ley acusada dice derogar también “todas las
disposiciones que le sean contrarias”, debe entenderse que la derogatoria
expresa de los artículos que acaban de transcribirse, referentes a la
institución de la perención dentro del proceso civil, conlleva la derogatoria
tácita del artículo 19 de la Ley 446 de 1998, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo
19. Perención. En materia civil, una
vez cumplidas las condiciones del artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil, el juez, aún de oficio, podrá decretar la perención del proceso o de la
actuación, (aunque no hayan sido notificados del auto admisorio todos los
demandados o citados.) También cabe la perención cuando la actuación pendiente
esté a cargo de ambas partes.
“Parágrafo
1°. En los procesos ejecutivos se estará a
lo dispuesto en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
“Parágrafo
2°. En los procesos de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la perención se regulará de acuerdo con lo previsto
en las normas especiales.”[5]
Al respecto la Corte aprecia que les asiste
razón a los demandantes cuando afirman que la Ley 794 de 2003 derogó
tácitamente la anterior disposición, puesto que ella se refiere a una
institución jurídica (la perención) que, a su turno, fue expresamente derogada;
sin embargo, estima que esta derogatoria tácita no cobija el parágrafo 2°, pues
el mismo no se refiere a la perención en materia procesal civil, objeto
principal de la reforma emprendida por la Ley bajo examen, sino a esa misma
figura en los procesos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[6]. [7]
La naturaleza jurídica de la perención como institución procesal.
4. La perención o caducidad de la instancia
ha sido calificada como un modo anormal de terminación de proceso que se
produce cuando el mismo se ha paralizado durante cierto tiempo, debido a que no
se realizan actos procesales de parte.  La ley entonces autoriza que,
transcurrido cierto término de inactividad, el juez la declare de oficio o a
petición de la parte interesada[8].
Para un sector de la doctrina la perención
involucra una renuncia tácita al litigio, para otros es una sanción por la
inactividad de las partes y algunos sostienen que no es lo uno ni lo otro, sino
que su fundamento se encuentra en la operancia de una causal objetiva que es la
inactividad prolongada de las partes.  En lo que si existe cierta unanimidad de
criterios es en que la institución opera dentro del contexto de un proceso
civil de carácter dispositivo o mixto, en el cual el impulso del mismo
corresponde en mayor o menor grado a las partes.  De esta manera, en un proceso
en que sólo existiera el impulso oficioso del juez, no cabría la caducidad.  En
este sentido Alsina explica que “el interés público exige que los procesos
no permanezcan paralizados indefinidamente, no solo porque la subsistencia de
la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la
relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación
no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes
en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.”[9]
En cuanto a los antecedentes de la
perención, algunos los encuentran en la Lex Properandum dictada por
Justiniano (Cod. 111, 1, 13), que limitaba a tres años la duración de los
juicios; sus efectos anulaban la acción, por lo cual en el nuevo proceso se
proponía la excepción de cosa juzgada. En Colombia, la figura aparece en el
artículo 54 de la Ley 105 de 1890 que llamó “caducidad” a esta forma de
terminación anormal del proceso, disposición que fue adicionada por el artículo
29 de la Ley 100 de 1892; posteriormente, con la expedición de la Ley 105 de 1931
la figura empezó a ser llamada perención; más tarde la institución fue
conservada y regulada en los artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento
Civil (Decreto 1400 de 1970), derogados expresamente por la norma ahora
demandada, el primero de los cuales había sido modificado inicialmente por el
artículo 1° del decreto 2289 de 1989, luego por el artículo 45 del Decreto 2651
de 1991[10]
y posteriormente por el artículo 19 de la Ley 446 de 1998.
Respecto de las condiciones para la
eficacia de la perención dentro del contexto del proceso civil dispositivo o
mixto, usualmente la doctrina señala las siguientes:
a.  Que el proceso se encuentre en la
primera o en la segunda instancia.
b.  Que no se produzcan actos de impulsión
del proceso provenientes de las partes. En este punto la doctrina y la
jurisprudencia hacen hincapié en que debe tratarse de una inactividad de parte,
por lo que si el proceso estuviera al despacho del juez, o si el paso siguiente
fuera un acto suyo o del secretario, no habría lugar a la perención. Al
respecto, por ejemplo, Chiovenda expresa: “Aquí debemos añadir que la
inactividad debe ser inactividad de parte (voluntaria o involuntaria, no
importa), no del juez, puesto que si la simple actividad del juez pudiese
producir la caducidad, sería remitir al arbitrio de los órganos del Estado la
cesación del proceso. Por lo tanto, debe decirse que la actividad de los
órganos jurisdiccionales basta para mantener en vida el proceso, pero su
inactividad no basta para hacerlo desaparecer, cuando durante la inactividad de
los órganos públicos (por ejemplo en el intervalo entre la discusión y la
sentencia) las partes no pueden realizar actos de desarrollo del proceso.”[11] Por
lo anterior la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que todo
acto del juez interrumpe la perención y en que la perención no se produce cuado
la inactividad es del juzgado.[12]
A hora bien, sobre la base de que lo que produce la perención es la inactividad
de las partes, debe aclararse que, dentro del contexto de un proceso
dispositivo o mixto, en la primera instancia corresponde activar el proceso al
demandante, pero que esta carga puede corresponder al demandado si ha propuesto
un incidente, pues se convierte en actor para ese solo propósito, y que en la
segunda instancia el impulso le corresponde al demandante.
c.  Que transcurra el tiempo de inactividad
señalado por el legislador, que en las normas del Código de Procedimiento Civil
derogadas era fijado en seis o más meses. [13]
5. Los efectos propios de la perención, a
diferencia de lo que sucedía en las normas de Justiniano, consisten en que el
proceso termina como si hubiera sido anulado; pero, más allá de esta
consecuencia, en principio no afecta el derecho de acción, ni el derecho
sustancial objeto del litigio. Sobre el punto Chiovenda expresa que “la
caducidad es un modo de extinguirse la relación procesal, que tienen lugar al
transcurrir un cierto período de tiempo en estado de inactividad. No extingue
la acción, sino que hace nulo el procedimiento..., esto es, extingue el proceso
con todos sus efectos procesales y sustanciales.”[14] Es decir, la perención
no extingue el derecho sustancial ni la acción correspondiente, la cual, en
principio, una vez  declarada la caducidad puede ser intentada ex novo
después de cierto tiempo.[15]
En este sentido el derogado artículo 346 del Código de Procedimiento Civil
decía que la perención ponía fin al proceso e impedía al demandante iniciar uno
nuevo durante los dos años siguientes, contados a partir de la notificación del
auto que la decretara, o de la del auto de obedecimiento a lo dispuesto por el
superior, si fuere el caso. Sin embargo, agregaba que decretada la perención
por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión,
se extinguía el derecho pretendido.
Respecto de los efectos de la perención
decretada dentro del proceso ejecutivo, la Corte ha explicado que “para el
caso del proceso ejecutivo tanto singular como prendario o hipotecario, no
extingue el proceso, tampoco el derecho pretendido, mucho menos el gravamen. Su
efecto se traduce en el desembargo de los bienes, con la consecuencia gravosa
para el ejecutante de no poder pedir de nuevo el embargo sino transcurrido un
(1) año.”
También sobre los efectos de la perención
una vez declarada, la doctrina es unánime al reconocer que la caducidad es
indivisible, es decir, que beneficia o perjudica a todos los intervinientes
dentro de la relación procesal.
La perención frente a la Constitución. Relación entre esta
institución procesal, los principios de celeridad y eficacia que presiden la
administración judicial y la obligación constitucional de colaborar con la
Administración de Justicia.
6. En varias oportunidades esta Corporación
ha tenido ocasión de verter una jurisprudencia relativa a la constitucionalidad
de la figura de la perención o caducidad de la instancia, pronunciamientos en
los cuales se ha abordado especialmente el tema de la relación que existe entre
esta institución procesal, los principios de celeridad y eficacia que presiden
la administración judicial, y la obligación constitucional de colaborar con la
Administración de Justicia.
a. En la Sentencia C-568 de 2000[16],
la Corte resolvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de
la expresión “en el curso de la primera instancia” del primer inciso del
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que en sentir del entonces
demandante desconocía la Constitución por excluir la aplicación de la figura de
la perención en los juicios de única instancia. En este pronunciamiento se dijo
que la institución desarrollaba los postulados constitucionales relativos a los
principios de celeridad y eficacia  que deben presidir la administración judicial.
Entre las consideraciones que se hicieron entonces para justificar la
constitucionalidad de la expresión, se dijo sobre la perención:
“...esta
figura puede ser considerada un adecuado desarrollo legal del principio
constitucional, según el cual, la administración de justicia debe ser
diligente, los términos procesales deben ser respetados y su incumplimiento
será sancionado (CP art. 228). En esas condiciones, no parece lógico que la
ley admita esa figura en los procesos de doble instancia y la excluya en los
juicios de única instancia, puesto que la misma ley establece para los primeros
procesos unos trámites más largos que para los segundos. No es entonces
razonable que el estatuto procesal civil prevea la perención en los procesos de
doble instancia, pero excluya esa figura, y admita una dilación en los procesos
de única instancia, que ese mismo estatuto ordena que sean tramitado en forma
más rápida que los procesos de doble instancia. Por ende, como esa conclusión
es irrazonable, es pues necesario concluir, por un clásico argumento ad
absurdum, que la perención opera también en los procesos de única
instancia.”
b. Posteriormente, al declarar la
constitucionalidad de otros apartes del artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil[17],
en la Sentencia C-918 de 2001[18] la Corte estimó
nuevamente que la perención era una institución que se justificaba “en razón
a la aplicación de los principios de celeridad, economía, efectividad y
eficacia que informan nuestro ordenamiento procesal, con fundamento en los
cuales se debe propender por la agilidad de los procedimientos, por que toda
actuación, instancia o proceso llegue a su fin, evitando que queden inconclusas,
indefinidas o sin agotarse por la incuria de la parte que tiene la carga
procesal de actuar y en perjuicio de la otra.”
c. En la Sentencia C-1104 de 2001[19]
la Corte resolvió la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra de la
expresión “aunque no hayan sido notificados del auto admisorio todos los
demandados o citados”, que formaba parte del artículo 19 de la Ley 446 de
1998, arriba trascrito. En este pronunciamiento la Corte acogió la doctrina
según la cual la perención era una institución sancionatoria propia del proceso
civil de carácter dispositivo, de donde surgía que sólo operaba por inactividad
de las partes y no del juez, y que se justificaba por el incumplimiento de las
cargas procesales impuestas a las partes:
“La perención -
también denominada caducidad de la instancia -, consiste en una sanción o
consecuencia jurídica que el ordenamiento jurídico ha establecido cuando se
presenta inactividad procesal de las partes, proveniente de su conducta omisiva
o negligente en cuanto hace al cumplimiento de las cargas procesales que les ha
impuesto el legislador con arreglo a su competencia para configurar los
procedimientos judiciales.
“La perención es,
pues, un instituto claramente inspirado en el principio dispositivo que informa
al procedimiento civil, una de cuyas consecuencias más significativas es el
impulso del proceso a instancia de parte. Por ello, solamente cuando la
paralización del proceso se debe a la exclusiva negligencia o aquietamiento de
las partes y no al incumplimiento de los deberes de impulso procesal de oficio
atribuidos al órgano judicial, procede decretar la perención del proceso.”
En el mismo pronunciamiento la Corte
expresó que, como institución, la perención armonizaba con la Constitución,
teniéndose en cuenta que su finalidad era la de cumplir los principios de
eficacia, economía y celeridad de la Administración de Justicia:
“La perención
tiene por finalidad imprimirle seriedad, eficacia, economía y celeridad a los
procedimientos judiciales en la medida en que permite racionalizar la carga de
trabajo del aparato de justicia, dejando en manos de los órganos competentes la
decisión de aquellos asuntos respecto de los cuales las partes muestran interés
en su resolución en razón del cumplimiento de las cargas procesales que les ha
impuesto la legislación procedimental.
“En este
sentido, la perención armoniza perfectamente con los mandatos constitucionales que le imponen al Estado el deber de asegurar la justicia dentro de
un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político,
económico  y social justo (Preámbulo y artículos 2, 228 y 229 de la C.P.)”
Así mismo, en este fallo la Corte explicó
que las cargas procesales[20],
cuyo incumplimiento acarreaba la perención del proceso, tenían fundamento
jurídico en lo reglado por el numeral 7° del artículo 95 de la Constitución:
“...es claro que
el establecimiento de las cargas procesales se fundamenta en el deber
constitucional de colaboración con los órganos jurisdiccionales (art. 95-7 de
la C.P.), que en el plano procesal se proyecta en la obligación de la parte
demandante (principio dispositivo) de coadyuvar e interesarse por la marcha
del proceso en el que pretende la defensa de sus derechos e intereses
legítimos, so pena de correr con las consecuencias legales adversas que se
derivan de su inactividad.
...
“cabe anotar que
el derecho de acceder a la administración de justicia (art. 229 de la C.P.)
sufriría grave distorsión si pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada
abierta a todos los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie.
Semejante concepción conduciría a la parálisis de aparato encargado de
administrar justicia, e implícitamente supondría la exoneración, para quienes
acceden a la justicia, de toda ética de compromiso con la buena marcha de la
justicia y con su prestación recta y eficaz. En fin, si el legislador no
pudiera establecer requisitos y condiciones razonables para acceder a una
tutela judicial efectiva, se llegaría a la imposibilidad de que el Estado
brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus
conflictos.”
d. En la Sentencia C-123 de 2003[21]
la Corte examinó la constitucionalidad de un aparte del artículo 148 del Código
Contencioso Administrativo, que regula la perención dentro de los procesos de
esta índole.[22]
En esa ocasión se destacaron los objetivos constitucionales que se satisfacían
con la operancia de la institución dentro de esta clase de procesos,
caracterizados por un fuerte impulso oficioso:
“...cabe precisar
que los procesos contenciosos administrativos se caracterizan por un fuerte
impulso oficioso, es decir que la mayor parte de las actuaciones procesales que
lo ponen en marcha están a cargo del juez del conocimiento y no de las partes.
Dentro de este contexto, no obstante, la perención permite alcanzar dos
objetivos de importancia: i.) evita que el demandante incumpla las
cargas procesales asignadas para dar impulso al proceso, bajo el entendido de
que se trata del mayor interesado en promover y mantener el curso normal del
proceso, por cuanto fue su voluntad la que le dio inicio siendo responsable de
la activación dada al aparato judicial y al sistema de justicia para que le
atiendan y resuelvan sobre sus pretensiones y ii.) permite
descongestionar los despachos judiciales, argumento que ha tenido pleno
respaldo en la Corte Constitucional, quien frente a la finalidad de la
perención en materia civil, en criterio perfectamente aplicable en el ámbito de
la perención contencioso administrativa, manifestó que consiste en “... evitar
la duración indefinida de esos juicios y sancionar al sujeto procesal
negligente, que no ha cumplido con sus cargas procesales”[23].
En este mismo
pronunciamiento la Corte resumió las razones por las cuales la perención ha
sido considerada como una figura acorde con los postulados constitucionales:
“Considera la
Corte , en armonía con las consideraciones hechas en los acápites anteriores,
que el derecho constitucional de acceso a la administración de justicia debe
acompasarse con deberes, obligaciones y cargas procesales que el legislador en
desarrollo de mandatos como los contenidos en el artículo 95 constitucional
puede imponer a quienes acuden a la organización judicial del Estado; deberes,
obligaciones y cargas que como también se expresó, han de orientarse a
garantizar los principios propios de la administración de justicia (artículo
228 de la Constitución).
“Así las cosas,
aceptado que puede el legislador imponer cargas procesales, en los términos ya
señalados, va de suyo que puede determinar las consecuencias del incumplimiento
de las mismas, consecuencias que bien pueden significar la perención del
proceso.”
En síntesis, la
jurisprudencia de esta Corporación relativa a la institución procesal de la
perención se ha orientado en el sentido de reconocer que, dado que el fin del
Estado es garantizar la efectividad de los derechos constitucionalmente
reconocidos (C.P., art. 2o.), para lo cual se establece el derecho de toda
persona a acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229), la cual
debe responder a los principios de celeridad y eficacia (C.P., art. 228) de
manera que se satisfaga el derecho de las partes a tener un proceso ágil y sin
retrasos indebidos, la perención, tanto en el proceso civil como en el
contencioso administrativo, es un adecuado desarrollo de “los principios de
celeridad, economía, efectividad y eficacia que informan nuestro ordenamiento
procesal, con fundamento en los cuales se debe propender por la agilidad de los
procedimientos, por que toda actuación, instancia o proceso llegue a su fin,
evitando que queden inconclusas, indefinidas o sin agotarse por la incuria de
la parte que tiene la carga procesal de actuar y en perjuicio de la otra”.[24]
La libertad legislativa de configuración
de los procedimientos judiciales. Adopción de sistemas procesales dispositivos,
inquisitivos, o mixtos.
7. En los renglones anteriores se ha hecho
un recuento doctrinal y jurisprudencial que explica la naturaleza jurídica de
la perención y las razones por las cuales esta institución ha sido considerada
como un adecuado desarrollo de los principios constitucionales. Debe ahora la
Corte entrar a estudiar si el legislador podía, sin desconocer el derecho al
debido proceso o algún otro principio o norma superior referente a la
Administración de Justicia o al derecho de acceso a ella, derogar las normas
del Código de Procedimiento Civil que permitían su operancia.
En reiteradísima jurisprudencia esta Corporación se
ha referido a la libertad de configuración que le asiste al legislador para
definir los procesos judiciales. Así, por ejemplo, en la citada Sentencia C-1104
de 2001[25]
se hizo ver cómo conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 150 y 228 de la
Carta Política, el legislador puede regular libremente los procedimientos
judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores
constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad [26].
Facultades que le permiten, entre otros asuntos, establecer recursos y medios
de defensa que procedan contra los actos que profieren las autoridades[27], fijar las etapas de
los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que se
deben cumplir[28],
radicar las competencias en una determinada autoridad judicial[29], regular lo
concerniente a los medios de prueba[30]
y “establecer dentro de los distintos trámites
judiciales imperativos jurídicos de conducta consistentes en deberes,
obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y aún a terceros
intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite
procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir
situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de
ellos”.
Esta facultad de definir que deberes,
obligaciones y cargas procesales que corresponden al juez y a las partes, le
permite al legislador optar por sistemas procesales de carácter inquisitivo,
dispositivo, o mixto. Según Alsina[31],
el sistema dispositivo confiere a las partes el dominio del procedimiento y se
caracteriza por los siguientes principios: (i) el juez no puede iniciar de
oficio (nemo jure sine actore); (ii) el juez no puede tener en
cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes (quod
non est in actis non est in mundo); (iii) el juez debe tener por ciertos
los hechos en que las partes estén de acuerdo (ubi partis sunt conocerdes
nihil ab judicem); (iv) la sentencia debe ser de acuerdo con lo alegado y
probado ( secundum allegata et probata); (v) el juez no puede condenar a
más ni a otra cosa que la pedida e la demanda (en eat ultra petita partium).
En el sistema inquisitivo el juez debe
investigar la verdad, prescindiendo de la actividad de las partes. Por tanto,
puede iniciar oficiosamente el proceso, decretar pruebas de oficio, impulsar o
dirigir el proceso y utilizar cualquier medio que tienda a buscar la verdad.
En la mayoría de las legislaciones el
proceso civil ha sido prevalentemente dispositivo y el penal prevalentemente
inquisitivo. Sin embargo, en el derecho comparado el primero puede calificarse
hoy en día como mixto[32],
pues el proceso civil moderno se considera de interés público y se orienta en
el sentido de otorgar facultades al juez para decretar pruebas de oficio y para
impulsar el proceso, tiende hacia la verdad real y a la igualdad de las partes
y establece la libre valoración de la prueba. No obstante, exige demanda del
interesado, prohíbe al juez resolver sobre puntos no planteados en la demanda o
excepciones y acepta que las partes pueden disponer del proceso por
desistimiento, transacción o arbitramento.
8. El proceso civil colombiano establecido
en el Código de 1931 era puramente dispositivo, como lo afirmara Antonio Rocha
para quien en dicho sistema “el juez desempeñaba un papel pasivo, pues le
correspondía a las partes y no a él la carga exclusiva de la prueba, es decir,
pedirlas y activar su ejecución”[33].
Hoy en día, siguiendo la tendencia contemporánea, nuestro proceso civil se ha
orientado hacia un sistema mixto. En efecto, es dispositivo por cuanto las
partes inician el proceso por demanda y lo terminan por transacción o
desistimiento, lo impulsan y piden pruebas, y el juez debe decidir sobre las
pretensiones de la demanda y las excepciones formuladas por el demandado
(principio de congruencia). Si embargo, es inquisitivo en cuanto a que el juez
impulsa el proceso y decreta pruebas de oficio en primera o en segunda
instancia, puede oficiosamente declarar probadas las excepciones de mérito
cuando se encuentren probados los hechos que las constituyan[34], y emplear los poderes
que la ley le otorga para evitar fallos inhibitorios, nulidades y castigar el
fraude procesal.
La mejor muestra de la tendencia hacia el
abandono del sistema dispositivo puro y de la incorporación de facultades
inquisitivas del juez, que permiten calificar de mixto, hoy en día, al proceso
civil colombiano,  la constituye el artículo 2° del Código de Procedimiento
Civil, que reza:
“Artículo
2º: Iniciación e impulso de los procesos.
Los procesos sólo podrán iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley
autoriza promover de oficio.
“Con excepción
de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los
procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en
ellos, si es ocasionada por negligencia suya.”
La derogatoria de la perención y su relación con el carácter mixto
del procedimiento civil contemporáneo.
9. La perención como institución procesal
tiene su raigambre en los principios que inspiran el proceso dispositivo,
conforme a los cuales las partes tienen el dominio del procedimiento, lo que
les permite disponer del proceso por desistimiento, transacción o arbitramento
y dar lugar a la operancia de la perención o caducidad de la instancia por su inactividad.
En efecto, dentro de este esquema procedimental, la lógica indica que si es a
las partes a quienes se les atribuye la carga de impulsar el proceso, su
inactividad en ello les acarreará consecuencias desfavorables a sus
pretenciones. Este es el fundamento de la perención.
Ahora bien, el estudio de los antecedentes
legislativos de la Ley 794 de 2003 permiten concluir que el propósito del
Congreso al derogar expresamente los artículos 346 y 347 del Código de
Procedimiento Civil no fue otro que el de avanzar aun más en el abandono del
carácter exclusivamente dispositivo del proceso civil que rigiera antaño, para
profundizar en ciertos rasgos inquisitivos que estimó más adecuados para
garantizar el interés general implícito en que las controversias judiciales
sean resueltas oportunamente mediante providencias de fondo. Las siguientes
expresiones, contenidas en la ponencia para primer debate al proyecto que
devino en la Ley 794 de 2003  son dicientes acerca del espíritu del legislador
que impulsó la reforma:
“Artículos
Nuevos (artículo 41 y 42 del pliego). Con estos artículos se pretende
modificar los artículos 346 y 347 del C. De P.C. sobre perención. Esta
propuesta se justifica en el hecho de que un sistema procesal mixto (como el
que actualmente nos rige), en el que el juez ha de ser protagonista principal
de los debates judiciales, no tiene sentido insistir en la centenaria figura de
la perención como forma anormal de terminación del proceso. Tal institución se
justificaba en el derogado sistema dentro den cual el juez era un convidado de
piedra al proceso, atado como estaba al impulso del mismo por las partes. Ese
principio fue abolido primero en la reforma del año 70, y finalmente sepultada
en la Constitución Política del 91, cuando en su artículo 228 se dijo que prima
en derecho sustancial sobre el procedimental.
“Bajo esa
óptica, el legislador colombiano debe dar un paso revolucionario suprimiendo la
perención, que en cierta forma constituye una disimulada denegación de
justicia. A quienes se rasgarán las vestiduras alegando que hay situaciones en
las que el juez no puede continuar un proceso porque depende de las actuaciones
de las partes, hay que recordarles que para esas situaciones extremas ese juez
cuenta con poderes de instrucción, ordenación y disciplinarias, previstos en el
propio estatuto procesal y en la ley estatutaria de la administración de
justicia para vencer las resistencias y, en todo caso,  para proferir las
sentencias que definan la suerte del litigio. Por lo tanto, se propone reglar
la derogatoria de la perención”.[35]
En suma, con la derogatoria de la
perención, en uso de su libertad de configuración normativa en materia
procedimental, el legislador quiso promover la figura del juez como director
del proceso, por lo cual decidió acabar con la posibilidad que tenía la parte
actora de producir la terminación anormal del proceso mediante el recurso a su
propia inactividad. Así lo había hecho ver ya la Corporación cuando en la
reciente Sentencia T-359 de 2003[36]
dijo:
“En suma, antes
de la desaparición del fenómeno de la perención en los procesos civiles, a
efectos de la cual el legislador, en uso de sus amplias facultades para
configurar los procedimientos judiciales y eliminar las sanciones relacionadas
con el incumplimiento de cargas procesales, consideró que debía promover la figura
del juez como director del proceso,[37]
el decreto de perención suponía una sanción a la parte inactiva.”
No sobra comentar también, que la doctrina
aduce que la derogatoria en cuestión se produjo por la inoperancia práctica de
la figura en el procedimiento civil, en donde, por obra de la jurisprudencia,
se impusieron ciertos requisitos de procedibilidad de la institución[38] que hicieron que no
llegara a implementarse en forma adecuada, viniendo a ser, contrario a lo
querido por el legislador, un motivo de congestión adicional de los despachos
judiciales. [39]
Constitucionalidad de la derogatoria de la perención como forma de
terminación anormal del proceso.
10. Se ha recordado que al legislador la
Constitución le confiere libertad para diseñar los procedimientos, y que en uso
de esa prerrogativa decidió alejarse de los principios dispositivos y
profundizar en los inquisitivos eliminando la perención, como un paso ulterior
hacia la acentuación en la figura del juez como director del proceso. Ahora
bien, ello no hace por si solo que la derogatoria expresa de los artículos 346
y 347 del Código de Procedimiento Civil resulte acorde con la Constitución,
pues la libertad de configuración legislativa en materia procedimental debe
ejercerse respetando los principios y valores constitucionales y obrando
conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En efecto, en diversos pronunciamientos la
Corte ha hecho ver como “...el legislador al diseñar los procedimientos
judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de
acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el
ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia
recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por el
hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del
juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez
natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción
de debido proceso”. [40]
Por lo anterior, no basta con determinar que la derogatoria de la perención se
produjo con fundamento en la competencia legislativa para regular un
procedimiento civil de naturaleza mixta, sino que es necesario establecer si la
eliminación de la figura no impide el ejercicio pleno del derecho fundamental a
un proceso sin dilaciones injustificadas, que forma parte de la noción más general
de derecho al debido proceso, y que  "procura garantizar a las personas
que acuden a la administración de justicia una protección en el ámbito temporal
del trámite, bajo la idea de que justicia tardía no es justicia. Es decir, se
protege la oportunidad de la decisión.”[41]
De otro lado, del deber constitucional de
colaboración con la justicia a que se refiere el artículo 95 superior se deriva
el de actuar con diligencia en el cumplimiento de las cargas procesales; es
decir, supone un deber de no dilatar el proceso y de asumir una actitud de
lealtad dentro de él, deber que a su vez toma pié en principio general de buena
fe recogido por el artículo 83 de la Carta. Por ello, debe la Corte estudiar si
la eliminación de la figura de la perención no deja al garete el cumplimiento
de estos deberes superiores, de forma tal que pueda estimarse contraria a la
Constitución.
11. A juicio de la Corte, el carácter
actual del procedimiento civil confiere al juez una serie de poderes que
son suficientes para asegurar un proceso sin dilaciones injustificadas, dentro
del cual las partes cumplan con las cargas procesales que les son impuestas y
se comporten dentro de los parámetros de lealtad procesal que exige el
principio de la buena fe. Estos poderes judiciales son de varias clases, que la
doctrina ha clasificado como  (i) poderes de decisión, en virtud de los cuales
el juez puede decidir el conflicto de intereses mediante la sentencia; (ii)
poderes de coerción o de imperio, que facultan a la jurisdicción para ejercer
la coerción, especialmente en la realización coactiva del derecho (proceso de
ejecución forzada); y (iii) poderes de documentación y de ordenación, mediante
los cuales el juez puede decretar pruebas de oficio o a petición de parte para
la demostración de los hechos y puede impulsar el proceso.
Por su parte, el artículo 38 del Código de
Procedimiento Civil dice que el juez tendrá los siguientes poderes de
ordenación: 1) resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos
disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza; 2)
rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilación manifiesta; 3) los demás que se consagren en el código;  a su
turno, el artículo 39 siguiente enumera los poderes disciplinarios del juez,
tendientes a imponer sanciones a quienes incumplan sus órdenes, a quienes le
falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razones de
ellas, a quienes perturben el curso del proceso y a quienes impidan a sus
trabajadores o representantes comparecer la despacho para atender cualquier
citación judicial o rendir declaración.[42]
12. Además de los poderes con que cuenta el
juez a los que se acaba de hacer referencia, la ley procesal también le impone
una serie de deberes que tienden a lograr la rápida decisión del
proceso, a hacer efectiva la igualdad de las partes, a prevenir los actos
contrarios a la lealtad y la buena fe, etc, con el fin de lograr una recta y
pronta administración de justicia mediante la expedición de una sentencia de
mérito. El tenor de esta norma es el siguiente:
“Artículo.
37 Deberes del juez. Son deberes del juez:
“1. Dirigir el
proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.
“2. Hacer
efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este
código le otorga.
“3. Prevenir,
remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos
contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad y probidad y buena fe que
deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.
“4. Emplear
los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo
considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y
evitar nulidades y providencias inhibitorias.
“5. Guardar
reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de
incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los empleados judiciales.
“6. Dictar las
providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden
en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las
audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.
“7. Hacer
personal y oportunamente el reparto de los negocios.
“8. Decidir
aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquélla sea
oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o
materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y
las reglas generales de derecho sustancial y procesal.
“9. Verificar
verbalmente con el secretario las cuestiones relativas al proceso, y abstenerse
solicitarle por auto informes sobre hechos que consten en el expediente.
“PAR.—La
violación de los deberes de que trata el presente artículo constituye falta que
se sancionará de conformidad con el respectivo régimen disciplinario.”
Como puede apreciarse, los anteriores
deberes tienden a que el juez cumpla su misión de verdadero director del
proceso, busque la verdad real, decretando oficiosamente las pruebas necesarias
para la verificación de los hechos objeto del proceso, castigue la deslealtad y
la mala fe, integre el contradictorio, evite las sentencias inhibitorias
mediante la analogía, las costumbres y los principios generales de derecho
procesal, y evite la morosidad en la decisión, todo lo cual hace que si se
cumplen tales deberes, se habrá cumplido el objeto primordial del proceso, que
es la debida aplicación de la justicia y la búsqueda de la verdad. Nótese
además, que si el juez incumple con estos deberes incurre en responsabilidad
disciplinaria.
13. De lo que se ha expuesto se
deduce que en el actual procedimiento civil existe un deber de impulso del
proceso por parte del juez, que lo obliga a hacer progresar el trámite buscando
la rápida solución del asunto debatido, por medio de un fallo que resuelva en
el fondo la cuestión jurídica sometida a su decisión. Para ello la ley le
impone una serie de deberes concretos, a los que se refiere especial pero no
exclusivamente el artículo 37 del Código, cuya finalidad es evitar la
paralización del trámite, y que deben ser cumplidos bajo apremio de sanción
disciplinaria. En tal virtud el juez debe utilizar los poderes que el Código le
otorga para adelantar el proceso por sí mismo, dirigiéndolo de manera que se
cumpla con los principios de celeridad y economía en la Administración de
Justicia, se haga efectiva la igualdad entre las partes, se prevengan, remedien
y sancionen los actos que entorpezcan su normal desenvolvimiento, se recauden
oportunamente las pruebas solicitadas por las partes o las que él mismo estime
necesario practicar con miras a llegar a la verdad real, se eviten las
nulidades procesales y los fallos inhibitorios, se dicten las providencias
dentro de los términos legales, etc. En suma, como bien lo dice el artículo 2°
del Código, se adelante el proceso bajo el impulso oficioso del juez y bajo su
responsabilidad por las demoras injustificadas.
Lo anterior evidencia nuevamente que
no rige más entre nosotros el esquema dispositivo, en donde la responsabilidad
por el adelantamiento del trámite competía a las partes, pues ahora es el juez el
verdadero impulsor del proceso, para lo cual la ley le atribuye poderes
suficientes y le señala deberes y responsabilidades ineludibles. A la raíz de
esta renovada visión legal del procedimiento subyace sin duda una nueva
concepción que estima que el proceso civil involucra siempre un interés
público. Este interés consiste en dar real aplicación al derecho de acceso a la
Administración de Justicia mediante la obtención de un fallo proferido
oportunamente y que resuelva en el fondo el asunto sometido a la Jurisdicción,
como garantía de la convivencia pacífica entre los asociados.
Responde esta nueva concepción a la
necesidad sentida de lograr la eficacia del sistema judicial, evitando la
proliferación los métodos de justicia privada; es una respuesta política del
legislador, determinada por los signos de los tiempos, que persigue que el
Estado asuma con mayor desempeño la función pública de administrar justicia,
por lo cual renueva la imagen del juez como director del trámite procesal,
sustrayendo de las manos de las partes la impulsión del juicio.
14. El catálogo de poderes y deberes
mencionados se hace evidente que el juez está obligado a proveer sobre las
pretensiones incoadas en la demanda y que tiene una potestad jurisdiccional que
comprende las facultades necesarias para llegar a proferir una decisión de
fondo que ponga fin a la cuestión jurídica debatida.  El ordenamiento le otorga
potestades para llevar el proceso hasta el final, asegurando su normal
desenvolvimiento y la obtención del material probatorio que le permita formarse
el juicio necesario para emitir la decisión. En síntesis, el juez debe dirigir
e impulsar el proceso, como lo establece el inciso 2° del artículo 2° del
Código de Procedimiento Civil y lo precisa el 37 ibidem, al hablar de los
deberes del juez.
Por lo anterior, en principio no estima la
Corte que la eliminación de la perención como institución procesal que pone fin
de manera irregular al proceso ponga en riesgo la garantía del derecho a una
administración de una justicia pronta y recta, ni permita que las partes logren
dilatar injustificada y deslealmente el proceso, incumpliendo con las cargas
procesales que les son impuestas.  Contrariamente, la eliminación de la figura
asegura en mejor manera que el proceso llegará a su fin natural, esto es a la
decisión del asunto mediante un fallo que resuelve en el fondo el asunto, cosa
que el decreto de perención no logra en ninguna circunstancia. En este sentido
le asiste razón al intervinente que afirma que la derogatoria que se examina
satisface en mejor forma el derecho de acceso a la justicia (C.P art. 229), con
lo que logra realizar mayormente el fin del Estado Social de Derecho de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución. (C.P art. 2°). Además, la derogatoria mencionada también da
aplicación al principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo adjetivo o
procedimental, al propender por que los procesos lleguen a una decisión
sustancial o de fondo y no a una decisión que no resuelve materialmente la
controversia.
Observa la Corte que el legislador tuvo en
cuenta que la existencia de los poderes y deberes del juez, tal como aparecen
regulados en el Código de Procedimiento Civil, constituía garantía suficiente
para que, aun sin la institución de la perención, fuera posible adelantar
satisfactoriamente el proceso y llegar a la decisión de fondo, incluso si
llegaba a presentarse una actitud de abandono en cabeza de las partes. En
efecto, en la propuesta inicial, la ley no se limitaba a derogar los artículos
346 y 347 del mencionado Código, sino que contenía una modificación expresa del
primero de estos dos artículos y la derogatoria a del segundo. La propuesta de
modificación del 346 era la siguiente:
“El artículo
346 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
“Artículo 346.
No perención del proceso. En ningún caso y en ninguna de las instancias, podrá
decretarse la perención del proceso o el levantamiento de las medidas
cautelares, según fuere el caso, derivadas de la perención del proceso.
En el
evento en que el juez o magistrado hayan agotado los poderes de ordención,
instrucción o disciplinarios, y no encuentre colaboración de la parte por cuya
culpa se ha obstaculizado el trámite del proceso, debe ordenarse que se surtan
las demás etapas del proceso y se proferirá la decisión de mérito a que haya
lugar.
En los
procesos en los que al momento de entrar a regir  esta ley se hubiese decretado
la perención o el levantamiento de las medidas cautelares, según fuere el caso,
mediante providencia que aun no ha cobrado ejecutoria, el juez procederá a su
revocatoria inmediata, de oficio o a petición de parte, y aplicará lo dispuesto
en este artículo.”[43](Negrillas
fuera del original)
Sin embargo, durante el debate en la Cámara
el anterior proyecto de artículo fue suprimido y substituido por la derogatoria
simple y expresa del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Para
sustentar este cambio se expresó lo siguiente:
“También se adiciona con la derogatoria
de los artículos 346 y 347 que tratan el tema de la perención, modificando así
lo aprobado en el Senado en tanto se incurre en una redacción innecesaria del
artículo 346 al regular los aspectos que concurren a su derogatoria los cuales
deben precisarse en la exposición de motivos pero no en la redacción del texto,
el cual simplemente debe eliminarse.”[44]
De esta manera debe concluirse que el
legislador entendió que era obvio que los poderes del juez eran suficientes
para impulsar el proceso hasta llevarlo a término, aun contando con la posible
actitud de falta de colaboración de las partes, hasta el punto que estimó que
no era necesario decirlo expresamente en el texto de la ley.
15. No obstante cabe preguntarse, como lo
hacen los demandantes, si a pesar de las facultades judiciales legalmente
reconocidas no hay situaciones excepcionales en las que el juez no puede
continuar el proceso porque depende de las actuaciones de las partes, y si en
tales casos la inexistencia de la perención implique la suspensión indefinida
del trámite con grave afectación de los intereses particulares involucrados en
la decisión, del interés general y de la seguridad jurídica. En la demanda, se
citan como ejemplo de actuaciones que el juez no podría adelantar por sí solo,
el pago de los costos de notificación,  la postulación de pruebas que
demuestren los hechos en que se soportan las pretensiones procesales, y el
aporte de los datos que permitan al juez conocer lo ocurrido.
Al respecto, resulta claro que para la
obtención de pruebas y datos que permitan al juez llegar a la verdad real el
Código acoge el principio inquisitivo en materia probatoria, que le otorga al
juzgador poderes para proceder de oficio e incluso le señala un deber en tal
sentido[45].
Además, tampoco debe olvidarse que el prestar al juez la colaboración para la
práctica de pruebas y diligencias no constituye una carga sino un deber
procesal de imperativo cumplimiento, cuya omisión origina que la renuencia sea
apreciada como indicio en contra de quien no colabora[46], y que esta es una
circunstancia que en definitiva no impide al juez proferir una decisión de
fondo.
Empero, algunas cargas procesales, y este
es el caso específico del pago de las expensas para ciertas notificaciones o
para copias, no pueden ser asumidas por el juez sino por las partes. Además,
por su propia naturaleza de ser cargas procesales -y no deberes u obligaciones
de esta clase-, no es posible al juez forzar coactivamente su cumplimiento.
En efecto,
según lo ha explicado la h. Corte Suprema de Justicia, es distinta la noción de
carga procesal a la deber u obligación de la misma índole, siendo lo
característico de la primera la imposibilidad de lograr su cumplimiento
coactivo:
“(...) De los que
la doctrina procesal ha dado en denominar imperativos jurídicos, en el
desarrollo de la relación jurídico-procesal se distinguen los deberes, las
obligaciones y las cargas procesales que imponen tanto al Juez como a las
partes y aun a los terceros que eventualmente intervengan, la observancia de
ciertas conductas o comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De
esos imperativos, los primeros se hallan instituidos por los ordenamientos
rituales en interés de la comunidad, las obligaciones en pro del acreedor y las
últimas en razón del propio interés.
Son deberes
procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada
realización del proceso y que miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.),
otras a las partes y aun a los terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se
sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia
y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibídem y Decreto 250 de 1970 y
196 de 1971). Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas
procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento
en términos del artículo 6° del Código.
Las obligaciones
procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial
impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena
en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de
responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho
de defensa. “El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de
reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas”.
(“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, número 130).
Finalmente,
las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que
comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente
establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él
consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho
procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el
proceso.
Como se ve,
las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la
ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna
pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con
las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias
desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho  para no recibir
una sentencia adversa.”. (Subraya la Corte
Constitucional). [47]
De esta manera,
debe admitirse que es facultativo el cumplimiento de las cargas procesales,
como por ejemplo el pago de las expensas que originan ciertas notificaciones o
las copias para tramitar un recurso, y también que su inobservancia puede
entrabar definitivamente el trámite impidiendo el arribo a un fallo de mérito.
Se pregunta entonces la Corte si en esta eventualidad la ausencia de la figura
de la perención conlleva una amenaza respecto del derecho al debido proceso,
del derecho de acceso a la justicia, o del derecho a un fallo oportuno.
16. Al parecer
de la Corporación, el incumplimiento de cargas procesales acarrea de suyo
consecuencias negativas para quien las incumple. En efecto, ya la
jurisprudencia había hecho ver que “en el caso de una carga procesal,  la
omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables para éste,
las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho
procesal hasta la pérdida del derecho material...” [48] En la sentencia en
cita la Corte estudiaba la constitucionalidad de un aparte del artículo 356 del
Código de Procedimiento Civil, que establecía que el recurso de apelación
quedaría desierto si el apelante no suministraba en tiempo las expensas
necesarias para obtener las copias que se requieren para el respetivo trámite
procesal.  La demanda aducía que la disposición vulneraba el derecho al debido
proceso pues se impedía a los jueces culminar el trámite de los recursos de
apelación, inobservando así la plenitud de las formas propias del proceso e
ignorando la primacía del principio de la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas, dado que se declaraba desierto el recurso por causas
puramente adjetivas, produciéndose decisiones judiciales que se sustentaban en
una ley formal, adjetiva o procesal, y no en una sustantiva como lo estatuye la
Constitución. Para declarar la constitucionalidad de la disposición, la Corte
estimó que el pago de las copias para el trámite del recurso de apelación
representaba una expensa de las autorizadas por la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y avalada por la jurisprudencia constitucional[49], pues el hecho mismo
de acudir a la Rama Judicial suponía algunas erogaciones económicas para las
partes, sin que esto violara el principio de gratuidad de la justicia; y que el
incumplimiento de tal carga daba lugar a una situación desfavorable para el
apelante (el recurso se declaraba desierto, lo cual no constituye una decisión
de fondo), pero que ello no vulneraba su derecho al debido proceso.
Así, resulta evidentemente que en ciertos
casos el incumplimiento de ciertas cargas procesales puede acarrear como efecto
inevitable la paralización del proceso o del trámite del incidente o del
recurso, así como la imposibilidad de decidir en el fondo, pues siendo las
referidas cargas facultativas en su observancia, no podrá el juez ni cumplirlas
por cuenta propia, ni forzar su cumplimiento.
Empero, la Corte estima que esa situación
será excepcionalísima, y que aun en el caso de que llegara a presentarse no
implica una violación del derecho al debido proceso.  Para arribar a esta
conclusión tienen en cuenta lo siguiente:
- En los casos en que el Código de
Procedimiento Civil impone como carga procesal el pago de expensas u
honorarios, autoriza implícitamente que sean cubiertos por la contraparte. Tal
se deduce de la lectura del numeral 6° del artículo 389, según el cual “(s)i
una parte abona lo que otra debe pagar por concepto de gastos u honorarios,
podrá solicitar que se ordene el correspondiente reembolso....” De esta
manera, si el demandante, inicidentante o recurrente no cumple con esta carga
económica y la contraparte está interesada en que no se suspenda por esta causa
el procedimiento, bien puede abonar los gastos, conforme lo autoriza la norma
transcrita, y evitar así el efecto de suspensión comentado. Ahora bien, si
ninguna de las partes hace el abono respectivo, la suspensión perjudicará solo
a la parte actora, pero este perjuicio será determinado por su propia
inactividad, por lo cual no puede estimarse como la injusta violación de su
derecho al debido proceso.
- Tratándose de la notificación del auto
admisorio de la demanda, cuya efectiva realización tiene como consecuencia que
se trabe la litis y surja la relación jurídico procesal[50], si el demandante no
suministra las expensas para notificar al demandado debe admitirse que la
iniciación del proceso se ve suspendida; [51]
no obstante, aun en este caso extremo la inobservancia de esta carga procesal
traerá solamente al demandante incumplido las consecuencias jurídicas propias
de su inactividad, como la prescripción extintiva del derecho que reclama, o la
caducidad de la acción correspondiente, por el transcurso del tiempo.[52] No debe perderse de
vista que en esta situación el demandado no se ve perjudicado en sus intereses,
pues puede acudir a incoar su propia demanda por fuera del proceso inactivo,
haciendo uso del derecho de acción para definir su situación jurídica.[53] Además, conserva la
posibilidad de enterarse de la demanda por otros medios[54], y presentarse al
despacho para recibir la notificación personal, trabando la litis y dando
inicio al proceso.
En conclusión, aun admitiendo que en
ciertos casos la derogatoria de la perención puede traer como consecuencia la
suspensión del trámite procesal, este hecho sólo perjudicará a la parte que
incumple con la carga procesal de la cual depende la continuidad del trámite,
por lo cual no encuentra la Corte que de ello se derive una violación al
derecho al debido proceso y específicamente al derecho de defensa que pueda
estimarse contraria a la Constitución.
No obstante, observa la Corte que
desaparecida la institución procesal de la perención, y dentro del espíritu que
informa al legislador de profundizar en la figura del juez como director del
proceso, corresponderá a este funcionario asumir con renovado énfasis sus
facultades y deberes de impulsión del trámite a fin de evitar su paralización,
dirigiéndolo hasta su culminación en la sentencia. Ello debe lograrse mediante
el oportuno ejercicio de sus poderes de ordenación, instrucción y
disciplinarios que le permiten proferir oportunamente los autos que le dan
curso progresivo al proceso, precluir sus etapas, decretar de oficio las
pruebas en los términos probatorios de las instancias o de los incidentes o
antes de fallar cuando las considere útiles, pertinentes y conducentes para la
verificación de los hechos, exigir el cumplimiento de los deberes y
obligaciones procesales que incumben a las partes, y sancionar a los sujetos
procesales cuando sea del caso. En el cumplimiento de estas responsabilidades
tienen los jueces de la República la misión de hacer efectiva la pronta
administración de justicia, como derecho constitucional y valor fundamental
sobre el que se edifica la convivencia pacífica.
Por todo lo anterior no estima la Corte que
la derogatoria de la perención ponga el peligro del derecho al debido proceso
de las partes, ni limite irrazonablemente el derecho de acceso a la justicia.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R
E S U E L V E
Declarar EXEQUIBLE la expresión "346
y 347”, contenida en el literal a) del artículo 70 de la Ley 794 de 2003.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNNET
Magistrado
ALVARO TAFUR GÁLVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
[1] Sentencias C-242
de 1999, C-214 de 1994, y C- 268 de 1996
[2] Hace
referencia a las sentencias C-214/94 y C-242/99 entre otras.
[3] La expresión
entre paréntesis fue declarada inexequible mediante Sentencia C-292 de 2002.
M.P Jaime araujo Rentería
[4] La expresión
entre paréntesis, fue declarada exequible mediante Sentencia C-918 de 2001 (M.P
Jaime Araujo Rentería).
[5] La
expresión “aunque no hayan
sido notificados del auto admisorio todos los demandados o citados”, contenida en el artículo 19 de la Ley 446 de
1998, fue declarada exequible mediante Sentencia C-1144 de 2001, M.P Clara Inés
Vargas Hernández
[6] La perención
de los procesos que se surten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
es reglada por el artículo 148 del C.C.A.
[7] En el mismo
sentido de no estimar tácitamente derogado el parágrafo 2° del artículo 19 de
la Ley 446 de 1998, se pronuncia López Blanco. Cf. Hernán Fabio López Blanco.
La Ley 794 de 2003. Reformas al Código de Procedimiento Civil. Dupré  Editores.
Bogotá 2003.
[8] El artículo
346 del Código de Procedimiento Civil autorizaba la perención decretada a
petición de parte. El artículo 19 de la Ley 446 de 1998 autorizaba decretarla
de oficio. En algunas legislaciones, como la Argentina, la
perención se produce ipso jure, pero debe ser alegada como excepción por
la parte interesada. Al respecto, puede confrontarse: Enrico Tulio Liebman.
Manual de Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos
Aires 1980, pág., 403
[9] Hugo Alsina,
Tratado teórico práctico de dereco procesal civil y comercial, t. IV, “A. Ed.
Buenos aires, Ediar, sociedad anónima, Editores, 1963, pág. 423.
[10] Esta
modificación, permitió al juez decretar de oficio la perención y fue consagrada
dentro de unas normas transitorias expedidas para descongestionar los despachos
judiciales. Posteriormente fue adoptada como  disposición permanente mediante
la Ley 446 de 1998
[11] Ibid. Pág 429.
[12] La
jurisprudencia del Tribunal de Bogotá (Auto del 4 de noviembre de 1983, dentro
del ordinario de Rafael Godoy contra la Sociedad Aeronáutica de Medellín, S.A
SAM. ) ha sentado que el artículo 346 sólo se aplica cuando la inactividad se
debe exclusivamente a la parte actora y no a la desidia del juzgado. Al
respecto dijo: “Siguiendo al más alto Tribunal de Justicia esta corporación
reiteradamente ha dicho que la inactividad causante de la perención procesal,
o, en su defecto, del desembargo de los bienes trabados, debe originarse no
solo de la parte acora, voluntariamente o no, sino que ésta, en las condiciones
legales, debe se consecuencia ineludible y exclusiva de tal paralización
procesal. De donde se ha concluido que la pereción no es de recibo cuando
igualmente proviene de la desidia del órgano jurisdiccional, a cuya voluntad es
imposible que quede sujeta la terminación del proceso o su liberación para
decidir la demanda o las excepciones que se hubieren propuesto. Por supuesto
que es deber del juez continuar el trámite de los procesos, velar por su rápida
solución y adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización.”  En el
mismo sentido se expresa Daniel Suárez Hernández en “La perención del proceso”
en Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, vol. I, núm. 3, págs. 52
[13] En algunas
legislaciones, la ley señala específica y taxativamente unos hechos
(abstenciones en el cumplimiento de cargas procesales) que originan la
perención. Al respecto, puede confrontarse: Enrico Tulio Liebman.
Manual de Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos
Aires 1980, pág., 403
[14] Guiseppe
Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, t. II, 3ª .Ed., Madrid, Ed.
Reus, pág. 427
[15] Al decir de
Liebman, “la relación procesal nacida con la demanda judicial debe
distinguirse netamente de la acción, derecho preexistente al proceso y
ejercitado precisamente con la proposición de aquella demanda, de manera que la
extinción del proceso no implica en modo alguno ue también la acción deba ser
necesariamente arrollada; de otro lado, la acción, como derecho al juicio,
puede ser satisfecha solamente con el pronunciamiento de la sentencia sobre el
fondo de la demanda, y la extinción del proceso, haciendo desaparecer la
posibilidad de que la sentencia sea pronunciada, deja la acción insatisfecha,
pero no puede perjudicarla...” (Enrico Tulio Liebman. Manual de Derecho
Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires 1980, pág.,
404)
[16] M.P Alejandro
Martínez Caballero
[17] La expresión
acusada era la que se enseguida se subraya, perteneciente al inciso séptimo del
artículo 346: En los procesos de ejecución podrá pedirse, en vez de la
perención, que se decrete el desembargo de los bienes perseguidos, siempre
que no estén gravados con prenda o hipoteca a favor de acreedor que actúe en el
proceso.
[18] M.P. Jaime
Araujo Rentería,
[19] M.P Clara Inés
Vargas Hernández. Salvamento de voto de Álvaro Tafur Gálvis
[20] En la
Sentencia C-1512 de 2000 (M.P Álvaro Tafur Gálvis) se explicó de la siguiente
manera que las cargas procesales difieren de las obligaciones procesales:  “Como
características de la carga procesal se encuentra que supone un proceder
potestativo del sujeto a quien para su propio interés le ha sido impuesta,
impidiendo constreñirlo para que se allane a cumplirla, lo cual difiere de la
figura de la obligación procesal, prestación de contenido patrimonial exigible
a las partes coercitivamente y cuyo incumplimiento genera de ordinario
contraprestaciones a título de sanción.  v.gr. la condena en costas.”
[21] M.P Álvaro
Tafur Galvis
[22] Concretamente
se demandaba la expresión “al ministerio público, en su caso”, contenida
en la parte final del inciso primero del artículo 148 del Código Contencioso
Administrativo, que permite que el término establecido en dicha norma para la
declaración de la perención del proceso, pueda ser contado desde el momento de
la notificación del auto admisorio al Ministerio Público.
[23] Sentencia C-568 de 2000.
[24] Sentencia C-918 de 2001.
[25] Magistrada Ponente Clara Ines vargas
Hernandez. S.V. Magistrado Alvaro Tafur Galvis.
[26] Esta doctrina ha sido vertida en
múltiples pronunciamientos: C-803 de 2000, C-742 de 1999, C-591 de 2000, C-596
de 2000, C-1717 de 2000
[27] Sentencias C-742 de 1999, C-384 de
2000,  C-803 de 200 entre otras
[28] Sentencia C-728 de 2000
[29] Sentencia C-111 de 2000
[30] Como algo consustancial al derecho de
defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan
a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas;
ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra;
iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el
derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto
es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la
obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las
pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos; y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador
las pruebas incorporadas al proceso.
[31] Ugo Alsina,
Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. I, 2ª ed.
Buenos Aires, Ediar, Sociedad Anónima, editores, 1963, pág.105.
[32] Las
legislaciones procesales civiles expedidas en el mundo a partir del siglo
pasado, tienden a reforzar las facultades del juez: La Ordenanaza Procesal
ausriaca de 1895, los códigos de México para el distrito Federal (de 1932) y
para los tribunales federales (de 1942), la Ordenanza Procesal Alemana de 1934
y el Código Italiano de 1940, contienen esta orientación, aunque conservan el
sistema dispositivo. Igualmente este sistema sustenta el Código  de Brasil de
1942 y el Código Procesal civil y comercial de la nación argentina de 1967.
[33] Antonio Rocha,
Derecho probatorio, Universidad del Rosario, 1977, págs. 75-77
[34] Salvo las de
prescripción, compensación y nulidad relativa que deben alegarse en la
contestación de la demanda
[35] Informe de
ponencia para primer debate al proyecto de ley número 204 de 2001 Senado.
Gaceta del Congreso N° 152 del miércoles 8 de mayo de 2002, Pág. 10.
[36] M.P Jaime
Araujo Rentería
[37] Con la eliminación de la perención el
Legislador busca que los jueces usen los medios de impulso y fallen los asuntos
que se le someten. El Legislador consideró, en efecto, que debía erigirse un
verdadero juez director del proceso, pues son sus deberes, entre otros,
dirigirlo, velar por su rápida resolución y adoptar medidas para impedir su
paralización. Véase el “Informe de Ponencia segundo debate Proyecto de Ley 204
de 2001 Senado” en la Gaceta del Congreso No. 233 del 17 de junio de
2002.
[38] Estos
requisitos eran los relativos a la inactividad judicial concomitante con la del
actor y el de no haber rebasado el pleito la fase probatoria, después de la
cual se consideró que el impulso procesal correspondía al secretario del
juzgado. Al respecto puede consultarse “La perención del proceso”. Daniel Suárez
Hernández, en Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Volumen I N° 3 1985.
[39] En este
sentido López Blanco afirma que “cerrados criterios impidieron los avances que
normativamente se dieron en torno a ella (la perención), no pudieran
implementarse por cuanto se le inventaron jurisprudencialmente unos requisitos
que en la práctica casi nunca se podían reunir, por lo que se hizo inoperante.
Es más, lo que siempre había sido un elemento de descongestión judicial, se
convirtió en fuente de trajo adicional para los jueces, ante las frecuentes
discusiones acerca de si su decreto era o no correcto.”  (López Blanco Hernan
Fabio. La Ley 794 de 2003. Reformas al Código de Procedimiento Civil. Dupré
Editores. Bogotá 2003.
[40] Sentencia
C-555 de 2001 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra
[41] A-029 A de
2002 M.P Eduardo Montealegre Lynett
[42] Artículo 39. Poderes disciplinarios del juez. El juez
tendrá los siguientes poderes disciplinarios:
1. Sancionar
con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los
demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las
órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
Las multas se
impondrán por resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o
particular. La resolución se notificará personalmente y contra ella sólo
procede el recurso de reposición; ejecutoriada, si su valor no se consigna
dentro de los diez días siguientes, se convertirá en arresto equivalente al
salario mínimo legal por día, sin exceder de veinte días.
Las multas se
impondrán a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, salvo
disposición en contrario; su cuantía y tasa de conversión en arresto, serán
revisadas periódicamente por el gobierno.
2. Sancionar
con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al
debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
Para imponer
esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de
la oficina que haya presenciado el hecho, prueba testimonial o con copia del
escrito respectivo.
El arresto se
impondrá por medio de resolución motivada que deberá notificarse personalmente
y sólo será susceptible del recurso de reposición.
Ejecutoriada
la resolución, se remitirá copia al correspondiente funcionario de policía del
lugar, quien deberá hacerla cumplir inmediatamente.
3. Ordenar
que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las
partes o terceros.
4. Expulsar
de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.
5. Sancionar
con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a los empleadores o
representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus
trabajadores o representados, para rendir declaración o atender cualquier otra
citación que el juez les haga.
[43] Pliego de
modificaciones al proyecto de ley número 204 de 2001 Senado. Gaceta del
Congreso N° 152 de mayo 8 de 2002, Pág. 22.
[44] Informe de
ponencia para primer debate al proyecto de ley n° 284 de 2002 Cámara. Gaceta
del Congreso N° 468 de noviembre 5 de 2002, Pág. 11.
[45] C.de P.C.
Artículo 179. Prueba de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser
decretadas a petición de parte, o de oficio cuando el magistrado o juez las
considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las
alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración
de testigos, será necesario que éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o
en cualquier acto procesal de las partes.
Las
providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso alguno. Los gastos
que impliquen su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin
perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.
[46] Cf. Código de
Procedimiento civil, art. 71 numeral 6°.
[47] Sala de
Casación Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de
1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419,
Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427.
[48] Sentencia
C-1512 de 2002. M.P Álvaro Tafur Galvis
[49] Cf. Sentencia
C-037 de 1996 y C-539 de 1999.
[50] De conformidad
con la concepción moderna del procedimiento expuesta originariamente por Oscar
von Bülow,  y seguida con matices por Wach, Köhler, Chiovenda y Carnelutti, el
proceso es un relación jurídica de derecho público en donde los derechos y
obligaciones procesales se dan entre los funcionarios del Estado y los
particulares. Esta relación no puede ser confundida con la relación litigiosa,
pues es autónoma respecto del derecho sustancial. La relación procesal sólo se
perfecciona con la notificación de la demanda y se desenvuelve a través de las
etapas del proceso hasta la sentencia. Cf. 1.) Oscar von  Bülow . La teoría
de las excepciones dilatorias y los presupuestos procesales, en  el boletín
dl Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Santa fe, Argentina, 1952, núms. 4 y ss. 2.) Chiovenda, Principios
de derecho procesal civil, t. I. Instituto Reus, Madrid págs. 117 y ss. 3)
Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, t. II, Buenos Aires,
Uteha, Argentina, 1944, pág. 647. 4) Wach, Handbuch, págs. 20 y ss. Citado por Pedro Aragoneses en Proceso y
Derecho Procesal, Madrid, Ed. Aguilar, 1950. 5) Köhler, cita de Pedro Aragoneses, ob. Cit. Pág. 166.
[51] La nueva
normatividad consignada en la Ley bajo examen modifica las normas sobre
notificación así:
Código de Procedimiento
Civil, Artículo 315. Práctica de la notificación personal. Para la
práctica de la notificación personal se procederá así:
1. La parte
interesada solicitará al secretario que se efectué la notificación y esté sin
necesidad de auto que lo ordene, remitirá en un plazo máximo de cinco (5) días ­una
comunicación a quien debe ser notificado, a su representante o apoderado, por
medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, en la
que informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la
providencia que se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al
Juzgado, a recibir notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada
en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer
será de diez (10) días; si fuere en el exterior, el término será de treinta
(30) días.
En el evento de
que el Secretario no envíe la comunicación en el término señalado, la comunicación
podrá ser remitida directamente, por la parte interesada en que se efectúe la
notificación. Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos
legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada.
Dicha
comunicación deberá ser enviada a la dirección que le hubiere
sido informada al Juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de
quien debe ser notificado personalmente. Si se trata de persona jurídica de
derecho privado con domicilio en Colombia, la comunicación se remitirá a la
dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o en la oficina que
haga sus veces.
Una copia de la
comunicación, cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deberá ser
entregada al funcionario judicial o a la parte que la remitió, acompañada de
constancia expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la dirección
correspondiente, para efectos de ser incorporada al expediente.
2. Si la
persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia,
previa su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se
extenderá acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre
del notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por
aquél y el empleado que haga la notificación. Al notificado no se le admitirán
otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de
lo actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de
los recursos de apelación y casación.
Si el
notificado no sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa
circunstancia en el acta; el informe del notificador se considerará rendido
bajo juramento, que se entenderá prestado con su firma.
3. Cuando el
citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue
al proceso la copia de la comunicación y la constancia de su entrega en el
lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, procederá
en forma inmediata a practicar la notificación por aviso en la forma
establecida en el artículo 320.
4. Si la
comunicación es devuelta con la anotación de que la persona no reside o no
trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, se procederá, a petición
del interesado, como lo dispone el artículo 318.
Parágrafo. Para
efectos de las notificaciones personales, los comerciantes inscritos en el
registro mercantil y las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en
Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro
correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia,
la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito
deberán registrar, además, una dirección electrónica si se registran varias
direcciones, el trámite de la notificación podrá surtirse en cualquiera de
ellas.”
[52] En
este punto, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en la nueva
redacción dada por la Ley bajo examen, regula así los efectos de la
falta de notificación: “Artículo 90.
Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en
mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción
e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de
aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado
dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la
notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado
este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al
demandado.
La
notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de
conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en
mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado
antes.
Si
fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio
facultativo, los efectos de la notificación a  los que se refiere este
artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o
procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable
la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos.”
[53] En sentido
similar se pronunció la Corte en la citada sentencia C- 1104 de 2001(M.P Clara
Inés Vargas. S.V Álvaro Tafur), cuando declaró la constitucionalidad de la
expresión “aunque no
hayan sido notificados del auto admisorio todos los demandados o citados”, contenida en el artículo 346 del C. de
P.C.
[54] Recuérdese que
las actas del reparto son públicas