T-564-08
Hechos
Sentencia T-564/08
EDAD-Prohibición
de que se tenga en cuenta como criterio relevante para acceso a empleo en ley
931/04
El legislador, mediante la aprobación de la Ley 931 de 2004, reguló
el acceso al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la edad.
DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminación para ejercicio de trabajo de “guia ciudadano”
de Misión Bogotá por razones de edad
Referencia: expediente T-1819522
Acción de tutela instaurada José Overmán
Paredes Moreno contra Misión Bogotá D.C y la Consultiva Distrital de Negritudes
de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos
mil ocho (2008).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO y
JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia,  por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá y, en segunda,
por el Juzgado 3º Civil del Circuito de esa misma ciudad,  en la acción de
tutela instaurada por José Overmán Paredes Moreno contra Misión Bogotá D.C y la
Consultiva Distrital de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
En escrito presentado el veintiséis (26) de septiembre de 2007, el
señor José Overmán Paredes Moreno reclama el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, al buen nombre y al libre desarrollo
de la personalidad, entre otros, presuntamente violados por Misión Bogotá D.C y
la Consultiva Distrital de Negritudes de Bogotá. Su solicitud de amparo se
sustenta en los siguientes:
1. Hechos
Manifiesta el demandante que es desplazado por la violencia, que se encuentra desempleado y marginado por ser
afro-descendiente; que
carece de vivienda propia y que
tiene que velar por su
familia, en especial por los alimentos de un menor de edad.
Señala que al enterarse de que la Consultiva Distrital de Negritudes
de Bogotá tiene un convenio que le permite, entre otros,
postular de manera preferente a personas para que sean contratadas por el
programa de Misión Bogotá, presentó su hoja de vida ante la primera entidad.
Ello con el objeto de ser tenido en cuenta para que se le asignara un contrato
y de esta manera mejorar la grave condición económica
en la que se encuentra.
Indica que dentro de este proceso, se le pidió incluso que tomara un programa de inducción
en Misión Bogotá y que así lo hizo; también, que algún funcionario le prometió que su contrato en breve sería
aprobado y que se le llamaría para firmarlo.
Sin embargo, manifiesta, fue rechazado para. Ello –alega- por tener cincuenta y tres (53) años, edad superior a
la autorizada por Misión Bogotá para contratar, que es la de cuarenta y cinco
(45). Considera que la negativa de la entidad demandada
es manifiestamente inconstitucional, que le niega su dignidad de colombiano, y
que es segregacionista, discriminatoria, elitista y que responde a verdaderas
prácticas de “apartheid”.
Además pone de presente que cumple con
creces con los demás requisitos exigidos para ser parte del programa de Misión
Bogotá; esto es, tener el título de bachiller y pertenecer a un bajo estrato
socioeconómico. En este sentido califica de absurda la decisión de Misión
Bogotá de no contratarlo en razón de su edad, pues
considera que es una persona que está en el pleno ejercicio de sus facultades
mentales, que no solamente tiene el título de bachiller  sino que
adicionalmente estudió algunos semestres de derecho, y que conoce la ciudad de Bogotá muy bien.
Solicita al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales y
que ordene a las entidades demandadas cesar en la discriminación de la que está
siendo objeto, permitiéndole su vinculación al programa de Misión Bogotá.
2. Trámite de instancia
2.1 Presentada la
demanda de tutela inicialmente ante los jueces administrativos  de Bogotá, el Juzgado 31 Administrativo de dicha ciudad, mediante
auto de veinticinco (25) de septiembre de 2007, se abstiene de darle trámite por
considerar que es incompetente para tal efecto y ordena remitir la actuación al reparto de los jueces civiles municipales.
Surtido el anterior trámite, mediante auto
de primero (1º) de octubre  de 2007, el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá admite a trámite la acción de tutela
presentada por José Overmán
Paredes Moreno contra Misión Bogotá D.C y la Consultiva Distrital de Negritudes
de Bogotá y, en consecuencia, da a las entidades demandadas veinticuatro (24) horas para que ejerzan su derecho de defensa.
2.2 El cuatro (4) de octubre de 2007, el Instituto para la Economía Social, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,
como entidad distrital a cargo del proyecto Misión Bogotá, solicita al juez de tutela denegar el amparo
reclamado por el demandante.
En primer término, la entidad explica que
para la vigencia fiscal 2007, el proyecto Misión Bogotá tiene previsto
contratar a 1650 personas en situación de vulnerabilidad o exclusión para que
sean guías ciudadanos. Señala que para garantizar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto –que los beneficiados se
conviertan en agentes de un  cambio social enfocado a las oportunidades
laborales y productivas- la entidad realiza “…acciones afirmativas hacia algunos
grupos poblacionales caracterizados por una
condición de vulnerabilidad particular…”[1], entre los cuales se encuentran las negritudes. A estos grupos –explica- se les da “… prioridad en el proceso de preselección, de manera que no deban
ingresar en la lista de espera de la base de datos sino que sean remitidos por
las entidades o instituciones distritales que se
encargan de la atención de la respectiva población…”.[2]
Sin embargo –explica- a las personas que así
se postulan al programa, tal  y como es el caso del actor, se les exige el
cumplimiento de unos requisitos fijados de antemano  por  el Instituto, contendidos en un documento
titulado  “Criterios de Selección Guías Ciudadanos
2007”, que son:
“…Edad: Entre 18 y 45 años,
De Estratos: 0,1,2 o 3
Escolaridad: Mínimo quinto grado de básica primaria, máximo tercer
semestre de educación superior. (Se excluye la población que está cursando o
haya culminado estudios técnicos, tecnológicos y/o universitarios)”.[3]
Por último señala que efectivamente la hoja de vida del señor
Paredes fue considerada por conducto de la Consultiva Distrital de Negritudes. Indica que ésta llegó al instituto el 18 de julio de
2007, fue evaluada de manera prioritaria, pero finalmente
rechazada el 25 de julio de ese mismo año porque el solicitante  no cumplía con
el mentado requisito de edad.
2.3 La Consultiva Distrital de Negritudes se abstuvo de rendir
informe dentro del presente proceso.
II. LAS
SENTENCIAS QUE SE REVISAN
1. Sentencia de primera instancia.
El once (11) de octubre de 2007, el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá resuelve negar el
amparo reclamado por el señor José
Overman Paredes Moreno.
El juez de primera instancia considera que
efectivamente el actor no cumple con el requisito de edad establecido por la
entidad demandada como requisito para contratar con ella. De ahí, afirma, al
actor no se le viola derecho fundamental alguno, pues tal requisito es “…el tamiz necesario para permitir el ingreso al  empleo
garantizando que los elegidos tengan algunas calidades, que para cada caso
serán diferentes.”[4].
2. Impugnación
El veinticuatro (24) de octubre de 2007, el señor José Overman Paredes presenta impugnación contra el fallo de primera instancia.
En su escrito de impugnación, el actor pone de presente que el Juzgado 35
Civil Municipal de Bogotá no tuvo en consideración su especial condición de
marginación, aplicando a rajatabla el requisito de edad exigido por Misión Bogotá, sin detenerse a analizar las especiales condiciones en las que
él se encuentra.  Considera –y
así lo expresa- que el fallo impugnado es insulso, injusto, ligero, infundado e
inconsistente. También reitera que se considera víctima de una “…persecución a los negros, por
segregación…”.[5]
3. Sentencia de segunda instancia.
El veintiséis (26) de noviembre de 2007, el
Juzgado 3 Civil del Circuito de Bogotá resuelve confirmar el fallo de primera instancia.
El mencionado
juzgado considera que Misión Bogotá no viola ningún
derecho fundamental del actor dado que efectivamente el actor, por su edad,
excedía el requisito previsto para pertenecer al programa de guías ciudadanos
de la entidad demandada.
Adicionalmente señala que para que pudiera
configurarse violación del derecho a la igualdad del actor, este debía
demostrar que personas de más
de 45 años sí habían sido admitidas por la demandada; demostración que el actor
–indica el juez de segunda instancia- no hizo.
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de
los fallos objeto de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política de 1991 y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
En el presente caso la Sala debe
establecer si el programa Misión Bogotá violó el derecho a la igualdad y al
trabajo del señor José Overman Paredes al no contratarlo como guía ciudadano de
dicho programa, aduciendo que éste superaba la edad máxima requerida para dicha
ocupación, que está establecida en 45 años, pues en la actualidad cuenta con
53. Es necesario tener en cuenta que la política de contratación de la entidad
demandada de antemano fija este criterio de edad. También que el señor José
Overman Peredes alega estar en condiciones de extrema pobreza, ser desplazado
por la violencia y que la negativa de la entidad a contratarlo se debe a que él
pertenece a la minoría afrocolombiana.
Para efectos de resolver el problema así planteado, la Sala
reiterará la jurisprudencia de esta corporación en relación con el (i) acceso
al trabajo y requisitos de edad. Por último abordará el caso concreto.
3. Acceso al trabajo y requisitos de edad.
3.1 Sea lo primero señalar que, de acuerdo con la constitución) la
edad es un criterio que válidamente puede ser tenido en cuenta por el
legislador como criterio para, bien sea establecer beneficios (el caso de la
niñez, de la tercera edad) o, por otra parte, para establecer restricciones. Es
el caso que se presenta en las disposiciones que avalan la edad de retiro
forzoso. Sin embargo, es necesario señalar que cuando este criterio se usa en
el sentido de establecer restricciones al acceso de los derechos,  y el trabajo
es uno de ellos, el juez de derechos fundamentales debe analizar caso por caso
para establecer si la edad como criterio de restricción constituye un criterio
de diferenciación razonable.
3.2.Así pues, esta Corporación, desde los
inicios de su jurisprudencia, ha encontrado razonable la fijación de una edad
mínima para acceder a determinados cargos o beneficios. Ha dicho la Corte que “…la
edad, como lo han considerado el legislador y las diferentes entidades del
Estado, constituye un factor necesario para acceder a determinados cargos
públicos, concursos, convocatorias y para ejercer el derecho al voto, entre
otros derechos. El exigir en estos casos una edad, mínima o máxima,
determinada, no constituye discriminación alguna; al contrario, es un elemento
primordial para determinar la madurez, experiencia, y responsabilidad.”[6].
Sin embargo, la edad debe ser considerada
como un factor sospechoso cuando se está frente a una “edad límite máxima” para
el ejercicio del derecho al trabajo. En tales eventos la Corte ha considerado que
tal límite puede llegar a convertirse en un factor inmodificable del sujeto, toda
vez que una vez alcanzada la edad es imposible volver atrás.  Lo contrario
sucede con la fijación de una edad mínima porque el requisito no es imposible
de alcanzar y, a menos que cese la vida, éste será indefectiblemente cumplido;
en efecto, todas las personas se encuentran, potencialmente, en condiciones de
llegar a la edad exigida. Así pues, ha dicho la Corporación que “deben ser
consideradas problemáticas o semi-sospechosas las categorías de diferenciación
con base en la edad que establecen límites máximos a partir de los cuales una
persona es excluida de una cierta actividad o de un determinado beneficio.”[7]
3.3 También el legislador, mediante la aprobación de la Ley 931 de
2004, reguló el acceso al trabajo en condiciones de igualdad en razón de la
edad.
El artículo 1º de la citada ley señala que su objetivo es “la
protección especial por parte del Estado de los derechos que tienen los
ciudadanos a ser tratados en condiciones de igualdad, sin que puedan ser
discriminados en razón de su edad para acceder al trabajo”.
Así pues, para el legislador las condiciones de acceso al empleo no
pueden estar determinadas por la edad, pues se excluye de las consideraciones o
políticas de la empresa.
El artículo 2º de la misma ley, señala:
“Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado,
podrá exigir a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir
con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la decisión que
defina la aprobación de su aspiración laboral.
Los requisitos para acceder a un cargo que se encuentre vacante o a
ejercer un trabajo deberán referirse a méritos o calidades de experiencia,
profesión u ocupación”.
Nótese que esa disposición  señala una regla imperativa[8] para el empleador
público y privado que limita su capacidad de libre escogencia de los
trabajadores, puesto que le prohíbe tener en cuenta la edad como criterio exclusivo
para la selección del personal.
4. Caso concreto.
4.1 El señor José Overman Paredes demanda
a Misión Bogotá y a la Consultiva Distrital de Negritudes de Bogotá por
considerar que dichas entidades violaron sus derechos a la igualdad y al
trabajo, entre otros, al no contratarlo, la primera de ellas, para ser “guía
ciudadano” por exceder la edad de 45 años; edad ésta prevista como criterio de contratación
por el Instituto para la Economía Social, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, como
entidad distrital a cargo del proyecto Misión Bogotá.
El actor expresa que dicha negativa lo
discrimina, pues considera que se encuentra capacitado para trabajar en el
programa, ya que en la actualidad tiene 53 años, se
encuentra en buena condición física, es bachiller y adelantó algunos semestres
universitarios. También alega que las entidades demandadas no tuvieron en
cuenta que él se encuentra desplazado y marginado, por lo que requiere el
trabajo. Así mismo que se le discriminó por su
condición de afro colombiano.
4.2 En primer orden de ideas, la Sala
desea señalar que de los múltiples señalamientos que hace el actor en contra de
las entidades demandadas, acusándolas de incurrir en actos de corrupción y de
racismo,  entre otros, solamente aquel relacionado con
la discriminación  injustificada de la que aduce ser víctima será estudiada a
fondo por la Corte.
Ello es así porque, una vez estudiado el caso, la Sala observa que las
acusaciones de corrupción y racismo no tienen ningún
fundamento probatorio y no pasan de ser meros señalamientos del actor. Tampoco lo tiene la alegada condición de desplazado del actor, pues
de acuerdo con las pruebas que obran dentro del expediente, a éste no se le ha
reconocido tal calidad y hasta el momento se encuentra
en trámite su inscripción en el registro único de población desplazada, RUPD.
También debe poner de presente la Sala
que tampoco encuentra la manera en la que la Consultiva
Distrital de Negritudes de Bogotá pudo haber violado los derechos fundamentales
del actor, teniendo en cuenta –tal y como lo explica el Instituto para la
Economía Social de la Alcaldía- que dicha entidad no forma parte de las
instancias decisorias dentro del proceso de contratación de los “guías ciudadanos”,
siendo simplemente una mera receptora de las aplicaciones que hacen los
miembros de las comunidades afro descendientes, (como personas privilegiadas en
su acceso al programa de guías) a Misión Bogotá.
4.3. Son entonces las acciones de Misión
Bogotá en relación con el señor José Overman Paredes, relacionadas con la
negativa de contratarlo por su edad, las que constituyen el verdadero objeto de
este pronunciamiento.
Ahora bien, retomando lo ya expuesto en
las consideraciones generales de esta sentencia, la Sala señala de antemano que
fijar una edad máxima para el acceso al programa de “guías ciudadanos” de
Misión Bogotá, es un criterio de discriminación que –como lo ha dicho la
jurisprudencia reseñada de esta Corte- resulta sospechoso.
¿Qué significa que el criterio de edad
máxima tenga carácter sospechoso? Significa que el juez de los derechos
fundamentales está obligado a ser mucho más estricto en el control de la
protección del derecho; ello con el objeto de evitar que ese único criterio –la
edad máxima- se constituya en uno que acarreé la violación del derecho
fundamental a la igualdad.
En este sentido, la Sala observa que la
fijación de un límite de edad como el que se le opuso al señor José Overman
Paredes no resulta en sí mismo inconstitucional ni violatorio, en abstracto, de
los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, su aplicación particular, en casos
concretos, sí puede constituir una violación del derecho a la igualdad de las
personas. Ello, en concordancia con lo que señala la Ley 931 de 2004, ocurre
cuando la edad se consolida como criterio único para negar el acceso al
trabajo.
Esta es la situación –considera la Sala-
en la que se encuentra el actor dentro del presente proceso. Es decir, la
entidad demandada Misión Bogotá opuso como único requisito para negar su
contratación la edad –un límite máximo de edad- sin considerar otros criterios
como el mérito y, por contera, sin poder establecer en el trámite de la acción
de tutela una argumentación razonable que justificara, para el caso del actor,
la decisión de no contratarlo.
Pero adicionalmente, la Corte encuentra
especialmente desproporcionado y discriminatorio que ese solo requisito, el de
la edad, le haya negado al actor el acceso al programa de “guías ciudadanos”
teniendo en cuenta que, de acuerdo con  los“Criterios de Selección Guías
Ciudadanos 2007”, dicho programa se soporta en criterios del
favorecimiento, a través del ejercicio de acciones afirmativas, de ciertos
grupos de la población que han sido considerados tradicionalmente como
marginados.
En este sentido es de destacar, para los fines de la presente sentencia, que
entre los cobijados por las citadas “acciones afirmativas” se encuentra un grupo del que el actor
ciertamente es parte: las negritudes. Así pues,  mal
puede tolerarse que –para utilizar una expresión del
corriente- la administración “borre con el codo lo que hace con la mano”. Esto
es, en otros términos, que pretenda, como ocurrió con el actor, favorecer a
grupos vulnerables de la población para, a la larga,
ignorar olímpicamente tal condición, su propia política de favorecimiento, y
aplique a rajatabla, sin  auscultar las condiciones de mérito de las que habla
el artículo 2º de la Ley 931 de 2004, un requisito de edad.
4.4 Así pues, y para señalarlo con toda la claridad del caso, el señor José Overman
Paredes fue víctima de una discriminación por parte de Misión Bogotá al considerar esta autoridad del orden distrital de
la capital de la república que, por la edad del actor -53 años-  y solamente por tal motivo (tal y como lo confiesa en la contestación de la
demanda de tutela), debía excluirlo del proceso de contratación
como “guía ciudadano”.
Teniendo en cuenta que se verifica esta
discriminación ¿qué orden debe impartir esta Sala para restablecer el derecho a la igualdad del ciudadano demandante? Mal haría
ordenando directamente a la administración distrital contratar al demandante,
sin considerar, tal y como lo señaló la ya citada Ley 931 de 200, que el
criterio de elección de las personas que aplican a un
trabajo deben orientarse por los méritos de la misma. Esto equivaldría a tanto
como a afirmar que el mero hecho de la prohibición que mediante esta sentencia
se erige  -consistente en que la administración no puede utilizar el criterio de la edad como juicio único de selección en el programa de guías
ciudadanos de Misión Bogotá- redunde en un derecho adquirido por parte del
actor para ser contratado. Se
trata entonces de hacer desaparecer del proceso al que se sometió el señor José
Overeman Paredes Moreno, aquel requisito que le fue opuesto por la entidad demandada y que
cristalizó la violación de su derecho fundamental a la igualdad, ordenando que
al mentado ciudadano se le consideren nuevamente como “guía ciudadano” sin
tener en cuenta su edad.
En conclusión, la Sala Primera de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional revocará el fallo proferido en
segunda instancia por el Juzgado 3 Civil del Circuito
de Bogotá, el veintiséis (26) de noviembre de 2007, mediante
el cual confirmó aquel dictado en primera instancia por
el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá  el once (11) de octubre de 2007, negando el amparo en la demanda de tutela
presentada por José Overman Paredes Moreno contra Misión Bogotá DC y la Consultiva Distrital de Negritudes de Bogotá. En su lugar,
concederá al actor el amparo de su derecho fundamental a la igualdad y, en
consecuencia ordenará a Misión Bogotá que vuelva a evaluar, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo,  de manera
preferente y sin oponerle requisito de edad alguno,  la hoja de vida de José
Overman Paredes como candidato a “guía ciudadano” de Misión Bogotá.
IV. DECISIÓN
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en el nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo
proferido en segunda instancia por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Bogotá,
el veintiséis (26) de noviembre de 2007, mediante el cual confirmó aquel
dictado en primera instancia por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá,  el
once (11) de octubre de 2007, negando el amparo en la demanda de tutela
presentada por José Overman Paredes Moreno contra Misión Bogotá DC y la
Consultiva Distrital de Negritudes de Bogotá.
En su lugar CONCEDER al actor el amparo de su derecho
fundamental a la igualdad
Segundo.- Como consecuencia de la
concesión del amparo, ORDENAR a Misión Bogotá que vuelva a evaluar,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este
fallo,  de manera preferente y sin oponerle requisito de edad alguno,  la hoja
de vida de José Overman Paredes Moreno como candidato a “guía ciudadano” de
Misión Bogotá.
Tercero.- LÍBRESE, por Secretaría, la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Ausente
en comisión
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folio 41
[2] Ídem.
[3] Ídem.
[4] Folio 48
[5] Folio 98
[6] Ver Sentencia T-395/97, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se
encontró razonable la fijación de una edad máxima para aspirar a una beca de
programas de doctorado, toda vez que la edad estaba fijada con base en un fin
razonable, a saber, que después de la realización de estudios doctorales la
persona pudiera retornar a su país y servir en el medio productivo. En
consecuencia, la tutela fue negada. Considerando la edad como límite legítimo,
la Sentencia T-108/01, M.P. Martha Victoria Sáchica, señaló que la prohibición
para que menores de edad estudiaran en centros nocturnos de educación para
adultos estaba justificada en cuanto el desarrollo psicosocial de los menores
era diferente al de los adultos y, en esa medida, los primeros requerían de
mayor tiempo de dedicación a la labor académica para asimilar los mismos
contenidos, lo cual sólo se garantizaba con educación diurna. Ahora bien, la
edad también se ha considerado un factor discriminatorio cuando se comprueba
que a través de  la imposición de tal límite no se consigue el fin legítimo
perseguido, es decir, cuando no es idónea. Ejemplo de esto es la Sentencia T-789/00,
M.P. Carlos Gaviria Díaz en la cual a una menor se le había negado el retorno
escolar porque al haberse ausentado un año de sus estudios debido a su
embarazo, ya no cumplía con la edad máxima que había fijado el plantel
educativo para que se cursara el grado al cual aspiraba. La razón del límite de
edad, a saber, la búsqueda de un entorno adecuado en el cual se brindara la
educación fue encontrada legítima, pero el señalamiento de una edad límite
arbitraria no se encontró como medio idóneo para conseguir tal fin. Por tanto
se concedió la tutela y se ordenó la admisión de la accionante. En el mismo
sentido, T-1577/00, M.P. Fabio Morón Díaz
[7] Subrayas ajenas al texto. Ver Sentencia T-360/02, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett. En esta ocasión se encontró legítima la negativa de
adopción  de un menor realizada por el ICBF en virtud de que la pareja que
deseaba adoptar a un bebé tenía una considerable brecha generacional con el
menor a ser adoptado (los integrantes de la pareja tenían 65 y 59 años). Para
la Corte, el buscar un ambiente psico-afectivo óptimo para el desarrollo del
niño a través de la búsqueda de una menor brecha generacional era válido a la
luz del derecho a la igualdad.
[8] El artículo 4º de la Ley 931 de 2004
dispone que “a partir de la vigencia de la presente ley, los reglamentos que
contemplen restricciones de edad para acceder a un cargo o empleo o un trabajo
deberán ser modificados, con el propósito de eliminar esta o cualquier otra
limitante que no garantice condiciones de equidad, razones que deberán ser
promovidas entre todos los trabajadores. De igual forma, las convocatorias
públicas o privadas no podrán contemplar limitantes de edad, sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión u opinión política o filosófica”.
Para garantizar el cumplimiento de esa
obligación, el artículo 5º de la misma ley encomienda al “Ministerio de la
Protección Social ejercer la vigilancia y sancionar a quienes violen las
presentes disposiciones, con multas sucesivas equivalentes a cincuenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a través de la jurisdicción laboral y
mediante procesos sumarios, con las garantías de la ley”.