T-470-20
Sentencia T-470/20
Referencia: Expediente T-7.619.105
Acción de tutela
instaurada por Wilfredo Guzmán Arenas contra la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C.,  cuatro
(4) de noviembre de dos mil veinte (2020).
La Sala Séptima de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo
Schlesinger –quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas
Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Armenia[1], en primera instancia, y
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala de Decisión
Penal, en segunda instancia[2].
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y
241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la
Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional escogió, para efectos
de su revisión, la acción de tutela de la referencia[3].
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1. Hechos y solicitud
Wilfredo Guzmán Arenas instauró acción de tutela el 24 de julio de
2019 contra la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES (en
adelante Colpensiones) por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos
fundamentales de petición, a la seguridad social, a la igualdad, a la
protección de personas en situación de discapacidad y a la dignidad humana, al
negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que considera
tiene derecho, bajo el argumento de no cumplir con las semanas de cotización
exigidas para el efecto, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de
2003, sin tener en cuenta que la fecha de estructuración de su pérdida de
capacidad laboral coincide con su nacimiento y que, sin embargo, pudo cotizar
al sistema de seguridad social en pensiones 495.14 semanas. Funda su solicitud
en los siguientes hechos:
1.1. El señor Wilfredo Guzmán Arenas nació el 31 de mayo de 1976 por
lo que en la actualidad tiene 44 años, se encuentra afiliado a Colpensiones y
cuenta con 495.14 semanas de cotización.
1.2. Aduce que sufre de “desprendimiento de retina, pérdida de la
agudeza visual en ambos ojos determinado en un 100% retinosis pigmentaria
afaquia complicada amaurosis adquirida, cataratas congénitas”. Debido a sus
padecimientos, su padre solicitó a Colpensiones que calificara su discapacidad
visual.
1.3. Mediante dictamen 2016147464HH del 16 de abril de 2016,
Colpensiones determinó una pérdida de capacidad laboral del accionante en un
85% y fecha de estructuración 31 de mayo de 1976, fecha que coincide con su
nacimiento. Aclara que en dicho documento se describió que su enfermedad es de
tipo congénito.
1.4. El 17 de octubre de 2018, Colpensiones emitió constancia de
ejecutoria en donde se demuestra que el dictamen 2016147464HH del 16 de abril
de 2016 se encuentra en firme y contra el mismo solo procede acudir a la
justicia ordinaria.
1.5. El 22 de febrero de 2019 presentó ante Colpensiones la
solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con radicado
20192468433. No obstante, mediante Resolución SUB 135861 del 31 de mayo de
2019, la entidad negó el reconocimiento y pago de la prestación solicitada
aduciendo que no cuenta con las 50 semanas de cotización dentro de los tres
años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, sin analizar su
caso a la luz de la jurisprudencia constitucional respecto de la capacidad
laboral residual.
1.6. Posteriormente, y en término, el actor presentó recurso de
apelación en contra de la Resolución SUB 135861 del 31 de mayo de 2019, el cual
fue resuelto mediante la Resolución DPE 5736 del 11 de julio de 2019 en la que
se resolvió confirmar en su totalidad la resolución recurrida. En este punto,
el accionante aclara que a pesar de haber solicitado en sus escritos que se
estudiara su solicitud teniendo en cuenta las sentencias SU-588 de 2016 y T-057
de 2017, las mismas no fueron analizadas.
Aunado a esto, en la Resolución señalada, la entidad indicó también
que, a pesar de no cumplir el requisito de semanas de cotización previas a la
fecha de estructuración de la invalidez, su solicitud se estudió de acuerdo con
el concepto jurídico No. 2014_10721634 sobre pensiones de invalidez generadas
por enfermedades progresivas, degenerativas o congénitas, que indica que el
parámetro de referencia para verificar los requisitos legales y contabilización
de semanas no será la fecha de estructuración de la invalidez “sino la
correspondiente a la fecha en que se emite el dictamen de calificación que
declara la pérdida de capacidad laboral en forma permanente y definitiva”[4].
1.7. Aduce el peticionario que sus cotizaciones fueron realizadas
entre los años 2001 y 2012, fecha hasta la cual pudo realizar los
correspondientes aportes. De tal manera que no se explica por qué no fueron
tenidas en cuenta para el reconocimiento de su pensión, si fueron hechas
gracias a la capacidad laboral residual que conservó y que le permitió seguir
trabajando hasta perder toda capacidad productiva.
1.8. Manifiesta que solicitó asesoría a Colpensiones y en dicha
entidad le indicaron que con esa calificación solo le realizarían la devolución
de aportes ya que no cumplía los requisitos legales. No obstante, su pretensión
no es el reconocimiento de aportes sino la pensión de invalidez a la cual tiene
derecho por ley.
1.9. Indica que es una persona que no puede valerse por sí sola,
necesita de la ayuda de terceros, no puede laborar ni percibe ingresos que
suplan su congrua subsistencia y vive gracias a la colaboración de su padre que
es una persona de avanzada edad. Además, tiene un hijo menor de edad por el
cual debe velar.
1.10. Teniendo en cuenta todo lo anterior, solicita tutelar sus
derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, a la igualdad, a la
protección de personas en situación de discapacidad y a la dignidad humana y
ordenar a Colpensiones que emita nueva resolución a través de la cual reconozca
y pague la pensión de invalidez que solicita.
2. Contestación
de la acción de tutela[5]
Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES[6]
Colpensiones
solicitó declarar improcedente la acción de tutela dado que no cumple con el
requisito de subsidiariedad pues el accionante cuenta con un medio ordinario
idóneo para plantear sus pretensiones.
3. Decisiones
judiciales objeto de revisión
3.1. Primera
instancia
El Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia en sentencia
del 08 de agosto de 2019, resolvió tutelar los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, a la protección a personas
disminuidas físicamente y a la dignidad humana del accionante y ordenó a
Colpensiones que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación
de dicha providencia, dejara sin efectos las resoluciones que negaron la
pensión de invalidez solicitada, y en su lugar emitiera acto administrativo en
el que reconociera, liquidara y pagara la prestación a que tiene derecho el
señor Wilfredo Guzmán Arenas.
Lo anterior,
teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha indicado que exigir
el requisito legal de 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la
fecha de estructuración a una persona cuya situación de invalidez se estructuró
el mismo día de su nacimiento o fechas cercanas, resulta imposible de cumplir.
Por tanto, es necesario tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad
verificando que dichos aportes hayan sido hechos en ejercicio de una efectiva y
probada capacidad laboral residual del actor y que no se realizaron con el fin
de defraudar al sistema.
En el presente
caso, la autoridad judicial consideró que se cumplían las anteriores
prerrogativas y verificó el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar
la pensión de invalidez.
3.2.
Impugnación
La directora de
la Dirección de Acciones Constitucionales de Colpensiones impugnó la sentencia
de primera instancia con base en que (i) se incumplió el requisito de
subsidiariedad pues el actor no se encuentra en un grado de vulnerabilidad pues
sólo apeló a su estado de salud para justificar la procedencia de sus
pretensiones. (ii) Aunque el accionante padece una enfermedad congénita, no
cumple los requisitos para acceder a la pensión de invalidez puesto que no
cotizó al menos 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha del dictamen,
de acuerdo con lo conceptuado por Colpensiones.
3.3. Segunda
instancia
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Penal, en fallo del 06 de
septiembre de 2019 modificó las órdenes primera y segunda de la sentencia de
primera instancia en el sentido de otorgar el amparo de manera transitoria,
indicando que el accionante debe presentar demanda ante la jurisdicción
ordinaria laboral so pena de que cesen los efectos del fallo de tutela. Por
otra parte, declaró que la orden transitoria se limita a las mesadas pensionales,
es decir, no incluye el pago del retroactivo, pues éste podrá ser solicitado en
la jurisdicción ordinaria laboral.
4. Pruebas
que obran en el expediente
4.1. Copia de la
cédula de ciudadanía del accionante donde consta que tiene 44 años[7].
4.2. Copia del
dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral del señor Wilfredo Guzmán
Arenas, de fecha 16 de abril de 2016[8].
4.3. Oficio del
17 de octubre de 2018 suscrito por la Coordinadora Nacional Proyecto
Colpensiones – Asalud Ltda., dirigido a Colpensiones en el que certifican la
firmeza del dictamen de calificación de la invalidez del señor Wilfredo Guzmán
Arenas[9].
4.4. Copia de
Registro Civil de Nacimiento de menor, hijo del accionante, donde consta que
tenía dos años al momento de interponer la demanda[10].
4.5. Copia de
declaración extraprocesal ante el Notario Primero del Círculo se Armenia, de
fecha 22 de febrero de 2019, de Carlos Arturo Tejada Monsalve y Angela María
Vásquez Gutiérrez en la que afirman conocer al accionante, que depende económicamente
de su padre el señor Aldemar Guzmán, y que tiene un hijo menor de edad que
también depende de su progenitor[11].
4.6. Copia de la
Resolución SUB 135861 del 31 de mayo de 2019, expedida por Colpensiones en la
que negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al señor Wilfredo
Guzmán Arenas por no cumplir con las semanas de cotización exigidas anteriores
a la fecha de estructuración de la invalidez[12].
4.7. Copia de
recurso de apelación suscrito por el actor, dirigido a Colpensiones, recurriendo
la Resolución SUB 135861 del 31 de mayo de 2019[13].
4.8. Copia de la
Resolución DPE 5736 del 11 de julio de 2019, expedida por Colpensiones en la
que se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución SUB
135861 del 31 de mayo de 2019, y se confirma en todas sus partes el acto
administrativo acusado[14].
4.9. Copia de
reporte de semanas de cotización del señor Wilfredo Guzmán Arenas, con fecha de
impresión 01 de febrero de 2019, en donde consta que tiene un total de semanas
cotizadas de 495.14[15].
4.10. Copia de
Oficio G-2019-241034 de fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por Profesional
Regional de Operaciones Quindío de Medimás, dirigido al accionante, en el que
se certifican las incapacidades emitidas a su nombre[16].
4.11. Copia de
Certificado de Afiliación impreso el 23 de julio de 2019, del señor Aldemar
Guzmán, padre del accionante, como cotizante del régimen contributivo a Medimás
y quien tiene como su beneficiario a Wilfredo Guzmán Arenas[17].
4.12. Impresión
de certificado descargado del RUAF, en donde consta que el señor Wilfredo
Guzmán Arenas está afiliado como beneficiario a Medimás y su estado es activo.
También que el señor Guzmán está afiliado a Colpensiones y su estado de
afiliación es inactivo[18].
4.13. Oficio BZ2019_10785750-2466920
del 23 de agosto de 2019, suscrito por la directora de la Dirección de Acciones
Constitucionales de Colpensiones y dirigido al Juez Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, en el que presenta informe sobre el
cumplimiento del fallo de tutela del 08 de agosto de 2019. En ese sentido,
manifestó que se profirió la Resolución DPE 8183 de 21 de agosto de 2019, por
medio de la cual se reconoce y ordena el pago a favor del señor Wilfredo Guzmán
Arenas de una pensión mensual vitalicia de invalidez por $828.116 y un
retroactivo de $30.325.337 correspondiente a las mesadas dejadas de percibir a
partir del 22 de febrero de 2016, fecha de la solicitud pensional[19].
4.14. Copia de
la Resolución DPE8183 del 21 de agosto de 2019 por medio de la cual se da
cumplimiento a un fallo judicial y se reconoce y ordena el pago de una pensión
de invalidez al señor Wilfredo Guzmán Arenas[20] y el
correspondiente retroactivo.
4.15. Copia de
oficio suscrito por el accionante dirigido al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Armenia, Sala Penal en el que pone en conocimiento la Resolución
DPE 8183 de 2019[21].
5.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
5.1. El 07 de
febrero de 2020[22], Diego Alejandro Urrego
Escobar actuando en calidad de Gerente de Defensa Judicial de COLPENSIONES
presentó “escrito de intervención” en el que aseveró que la acción de
tutela interpuesta por el señor Wilfredo Guzmán no cumple con un presupuesto
señalado en la SU 588- de 2016 para que las solicitudes de amparo procedan para
amparar el derecho a la pensión de invalidez, el cual es que “las
cotizaciones a pensión se hayan realizado en virtud a una efectiva y real
capacidad laboral residual”.
Lo anterior,
adujo el interviniente, se puede concluir con base en tres situaciones:
(i) Revisada la
historia laboral del actor, todas las cotizaciones que registra se han hecho al
programa administrado por el Fondo de Solidaridad Pensional – programa adulto
mayor. Ante esta situación, el interviniente señaló que “pese a que lo
anterior no prueba contundentemente que dichas cotizaciones NO provengan de
un[a] actividad laboral ejercida por el afiliado, también lo es que las
cotizaciones con régimen subsidiado ponen en duda [que] se hayan realizado en
virtud de una real y probada capacidad laboral residual”.
(ii) El dictamen
de pérdida de la capacidad laboral de fecha 16 de abril de 2016 “en la parte
de Concepto Final se indicó en el acápite de Ocupación del señor Wilfredo
Guzmán Arenas lo siguiente: ‘NIEGAN ANTECEDENTES DE EMPLEOS REMUNERADOS’”, “con
lo cual se podría establecer que el señor Wilfredo Guzmán Arenas no ha laborado
a lo largo de su vida y que las cotizaciones que se reflejan en su historia
laboral NO son fruto de una real y probada capacidad laboral residual”.
(iii) En el
proceso ordinario No. 2017-00302 tramitado ante el Juzgado Segundo Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Pereira, el señor Aldemar Guzmán demandó a
Colpensiones con el fin de que se reconociera y pagara el incremento adicional
a su pensión del 7% por su hijo Wilfredo Guzmán indicando, entre otras, que
este último depende económicamente de su padre.
En el mismo
escrito, el interviniente señaló la importancia de que la Corte Constitucional
fije un mínimo de semanas las cuales puedan considerarse como un “número
importante de semanas” para tener en cuenta al momento de evaluar si se
tiene derecho a la pensión de invalidez.
Igualmente,
recordó que aunque en la sentencia SU-588 de 2016 se estableció que la fecha de
la solicitud pensional podía ser usada para realizar el conteo de semanas para
efecto de establecer el derecho a la pensión de invalidez, “no se tuvo en
cuenta que la contabilización desde este momento puede llevar al reconocimiento
de pensiones de invalidez que han sido programadas, en donde ciudadanos con el
ánimo de defraudar el sistema, pueden cotizar a sabiendas de su condición de
invalidez el mínimo de semanas necesarias, previo a la solicitud de
reconocimiento pensional y sin una densidad total considerable de semanas”, por
lo tanto es necesario que la Corte Constitucional excluya la fecha de la
solicitud pensional como momento real desde el cual se debe contabilizar las
semanas de cotización.
De acuerdo con
lo señalado, solicitó la entidad que se declare la improcedencia de la acción,
y de no acogerse esa posibilidad, que se solicite al accionante que demuestre
que las cotizaciones a pensión se realizaron en virtud de una efectiva
capacidad laboral residual. Además, precisó necesario que la Corte
Constitucional perfeccione las subreglas señaladas en la SU-588 de 2016.
Aclaración
previa
Con ocasión a la
pandemia del COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura profirió los Acuerdos PCSJUDA20-11517, PCSJUDA20-11518,
PCSJUDA20- 11519, PCSJUDA20-11521, PCSJUDA20-11526, PCSJUDA-11532,
PCSJUDA-11546, PCSJUDA-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 de 2020. Estos
suspendieron los términos judiciales en todo el territorio nacional desde el
16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. Por lo tanto, el 1 de julio de
2020 se reanudaron los términos judiciales.
5.2. Teniendo en
cuenta la intervención allegada, y para mejor proveer, el 7 de septiembre de
2020 la Sala profirió auto en el cual se resolvió:
“PRIMERO.
- Por Secretaría General, OFÍCIESE
al señor Wilfredo Guzmán Arenas para que, en el término máximo de dos (2) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, INFORME (bajo
la gravedad de juramento):
(i) si para
realizar las cotizaciones relacionadas en su historia laboral ejerció alguna
actividad laboral como independiente o empleado;
(ii) de ser
afirmativa la respuesta, en qué consistió dicha actividad;
(iii) de ser
negativa la respuesta, cuál es el origen de los recursos económicos que le
permitieron realizar los aportes a pensión, específicamente los realizados
entre el año 2009 y el 2012;
(iv) respecto
de lo anterior adjuntar los documentos o declaraciones que considere necesarias
y que den prueba de lo manifestado[23].
SEGUNDO. - SUSPENDER los términos para fallar el proceso de la referencia, contado a
partir del primero de julio del año en curso.
TERCERO. - En cumplimiento del artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional –Acuerdo 05 de
1992, modificado por el Acuerdo 02
del 22 de julio de 2015-,
PÓNGASE a disposición de las partes o de los terceros con interés,
las pruebas recibidas, para que se pronuncien sobre las mismas en un término no
mayor a tres días”.
5.3. El 8 de
octubre de 2020, la Secretaría General de esta Corporación allegó al despacho
de la magistrada sustanciadora correo electrónico con la respuesta al
cuestionario enviado al accionante, en los siguientes términos:
“WILFREDO
GUZMAN ARENAS, mayor de
edad domiciliado y residente en el municipio de Armenia Quindío, identificado
como aparece al pie de mi firma, encontrándome dentro del término otorgado mediante
el auto del 07 de septiembre del 2020, y notificado por correo electrónico el
día 17 de septiembre del 2020, me permito indicar lo siguiente:
·Realicé cotizaciones al sistema a través del régimen
subsidiado de Colombia mayor, prosperar, desde el día 01 de septiembre del 2001
hasta el día 30 de mayo del 2012, el dinero por el cual cancelaba estos
aportes, se desprendía de lo que realizaba laborando como vendedor ambulante,
ya que vendía dulces, revistas de sopas de letras, y todo lo que pudiera, mi
punto de trabajo era la carrera 14 entre calles 21 a 14 ( peatonal de la catorce)
de la ciudad de Armenia Quindío,  y cancelaba los aportes de manera
independiente, ya que por mi discapacidad visual nunca fui contratado. Además
de ello mi padre me ayudaba económicamente con todo lo que él podía, ya que con
lo que devengaba no me alcanzaba para subsistir. Solo pude realizar
cotizaciones hasta este tiempo, con ocasión a que no contaba con trabajo ni
ingresos suficientes para cancelar el valor del subsidio, no pude volver a
laborar pues con el pasar de los días y mi pérdida de visión progresiva, la
gente en la calle se aprovechaba de mi discapacidad, ya que no podía distinguir
el dinero que me entregaban, ni el que yo devolvía.
Con lo anterior doy cumplimiento a lo requerido por
la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, aportando para
ello la copia de mi historia laboral, donde se evidencia que los aportes se
realizaron de manera subsidiada[24].
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados
en el proceso de esta referencia.
2. Problemas
jurídicos
En consideración a las particularidades del caso, corresponde a la
Sala de Revisión responder los siguientes problemas jurídicos (i) ¿la presente
acción de tutela es procedente teniendo en cuenta que el actor tiene a su
alcance mecanismos ordinarios idóneos de protección? De resultar procedente,
¿la protección se predicaría definitiva o transitoria? Y (ii) ¿Colpensiones
vulneró los derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, a la
igualdad, a la protección de personas en situación de discapacidad y a la
dignidad humana del accionante al negarle el reconocimiento y pago de una
pensión por invalidez por no haber cotizado 50 semanas en los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración (la cual coincide con su nacimiento) o
en los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición del dictamen de
calificación de pérdida de capacidad laboral?
Para resolver
las cuestiones planteadas, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas examinará la
procedencia de la presente acción constitucional y, posteriormente, reiterará
la jurisprudencia constitucional sobre la pensión de invalidez y la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral para luego resolver el caso
concreto.
3. Examen del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
3.1. Legitimación. La acción de tutela fue
interpuesta por Wilfredo Guzmán Arenas en nombre propio lo cual está de acuerdo
con la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 que
señalan que el amparo constitucional puede ser promovido por la persona que
considera vulnerados sus derechos “quien actuará por sí misma o a través de
representante”.
Colpensiones es una empresa industrial y
comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial,
vinculada al Ministerio de Trabajo,[25] encargada de resolver
las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales de los afiliados y
pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pertenecientes
y administrados por el Instituto de Seguros Sociales –ISS.
3.2. Inmediatez. El escrito tutelar fue radicado el
día 24 de julio de 2019 y la última actuación referida en la acción de tutela
por el actor es del 11 de julio de 2019 (Resolución DPE 5736 de 2019). De lo
anterior surge la conclusión de que se cumple el requisito de inmediatez dado
que entre las dos actuaciones solo trascurrieron trece (13) días.
3.3. Subsidiariedad. El amparo constitucional resulta procedente en aquellos eventos en
que, existiendo otros mecanismos ordinarios de protección, estos se tornan
ineficaces y carecen de idoneidad para evitar un perjuicio irremediable, o
cuando recae sobre un sujeto de especial protección.
Respecto de esa última calidad, la Corte
Constitucional indicó que la categoría de sujeto de especial protección
constitucional está conformada por “aquellas personas que debido a su condición
física, psicológica o social particular, merecen una acción positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva”[26].
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en este grupo de especial
protección se encuentran “los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los
disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia,
las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en
extrema pobreza”[27], de tal manera que
resultaría desproporcionado exigirle a este tipo de personas (en una situación
de vulnerabilidad) el “agotamiento de actuaciones administrativas o
judiciales de carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar
judicial, no surgen como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera
oportuna y efectiva sus derechos fundamentales”[28].
Así las cosas, la Corporación ha concluido
que “exigir idénticas cargas procesales [tanto a las] personas que
soportan diferencias materiales relevantes [como a las que] no se
encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar discriminatorio y
comportar una infracción constitucional al acceso a la administración de
justicia en igualdad de condiciones”[29] por lo que el
juez constitucional debe valorar las circunstancias personales del accionante
para determinar si las herramientas ordinarias son idóneas y efectivas para reclamar
las prestaciones pensionales a las que cree tener derecho.
En ese sentido, la sentencia SU-588 de 2016
reiteró que el amparo constitucional es de carácter residual y subsidiario. No
obstante, también precisó que existen algunos eventos “en los cuales es
posible que el juez constitucional pueda resolver de fondo controversias
relacionadas con la pensión de invalidez. Es decir que, en cada caso,
corresponde al fallador examinar las particularidades del caso, puesto que esta
prestación podría convertirse en el único medio que tienen algunas personas en
situación de discapacidad para garantizar para sí mismos y para su familia un
mínimo vital y, en esa medida, una vida digna”.
En el presente asunto, a pesar de que
existe un mecanismo idóneo para decidir frente a las controversias planteadas
por el actor, como lo es la jurisdicción ordinaria laboral, este no es eficaz
dado que (i) están de por medio garantías fundamentales como el derecho al
mínimo vital y la seguridad social de un hombre de 44 años de edad, con una
calificación de pérdida de capacidad de más de 50% (85%), (ii) que no tiene una
vida laboral activa debido a sus padecimientos (desprendimiento de retina,
pérdida de la agudeza visual en ambos ojos determinado en un 100%, retinosis
pigmentaria afaquia complicada, amaurosis adquirida, cataratas congénitas) y
(iii) que no tiene un ingreso fijo que le permita satisfacer sus necesidades
básicas lo que lo pone en un estado de vulnerabilidad dado que su padre, un
adulto mayor, es quien trata de colaborarle en lo posible, aunado al hecho de
que el actor tiene un hijo menor de edad por el cual debe velar.
Aunado a lo anterior, el actor agotó la vía
gubernativa en tanto interpuso los recursos que tenía a su alcance para
controvertir los actos administrativos que le negaron el reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez y en el expediente obran pruebas de la posible
titularidad del accionante frente a la prestación solicitada en tanto está
calificado con un porcentaje de discapacidad mayor al 50% y cuenta con más de
400 semanas de cotización al sistema de seguridad social.
Así las cosas, frente al primer problema
jurídico planteado, es posible indicar que a pesar de que no se agotó la vía
ordinaria laboral – medio idóneo- al cual debe acudir a través de apoderado (lo
cual hace aún más gravosa la situación del accionante), esta no constituye un
mecanismo eficaz dadas (i) las ya detalladas condiciones materiales del actor y
(ii) por la demora generalizada en este tipo de procesos, que pueden dilatar la
garantía urgente de los derechos fundamentales como el mínimo vital, la vida
digna y la seguridad social de una persona en situación de discapacidad sin
ningún recurso para su congruo sostenimiento. Por el contrario, exigir el
agotamiento de la vía ordinaria podría resultar desproporcionado para la
garantía de sus derechos fundamentales llevándolo a una situación más gravosa
de la actual, de tal manera que en este caso, la acción de tutela procederá
como mecanismo definitivo.
4. La pensión de invalidez y la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Jurisprudencia sobre la
capacidad laboral residual[30]
4.1. La pensión de invalidez[31] se consagró como una prestación para aquellos que contaran con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%,
la cual puede ser producto de una enfermedad o un
accidente de origen común, que afecte su capacidad productiva y, además, un
cierto número de semanas de cotización. Para aquellos
afiliados que al momento de la estructuración de su invalidez no hubieren
alcanzado los requisitos para adquirir dicha prestación, se estableció el
reconocimiento de una indemnización sustitutiva[32].
Ahora bien, dependiendo de la fecha de
estructuración de la invalidez se deben cumplir los requisitos de alguna de
estas normativas:
(i) Decreto 758 de 1990 “ARTÍCULO 6o.
REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido
y, b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento
cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del
estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con
anterioridad al estado de invalidez.”
(ii) Ley 100 de 1993. El artículo 39
original de la Ley 100 de 1993 establecía lo siguiente: “ARTICULO 39.
Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán derecho a la pensión
de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior
sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) Que
el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez; b) Que habiendo
dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el
estado de invalidez. PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que
se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los
parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.”
(iii) Ley 860 de 2003 que modificó el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y teniendo en cuenta lo establecido en la
Sentencia C-428 de 2009, indica: “ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA
PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.2. Invalidez
causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”.
De tal manera que, dependiendo del momento
en que se estructure la invalidez, se deberá cumplir con alguna de las
anteriores prerrogativas para acceder a una pensión que cubra la situación de
discapacidad.
4.2. Frente a la pérdida de capacidad
laboral, ésta se establece por medio de una calificación que realizan
Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, las Compañías
de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte o las Entidades
Promotoras de Salud, EPS[33] (y en algunos casos la juntas de calificación de invalidez) la cual
se plasma en un dictamen que consagra la condición de la persona, el porcentaje
de afectación producida por la enfermedad o accidente, su origen y la fecha en
la que se estructuró la invalidez.
El Decreto 1507 de 2014[34],
en su artículo 3º señala que “se entiende por fecha de estructuración la
fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u
ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o
accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han
dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en
el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%)
de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional”.
4.3.
Capacidad laboral residual. La fecha de la estructuración de la
invalidez puede ser entonces, en ocasiones, fijada en un momento anterior o
concomitante con el dictamen de acuerdo con el tipo de enfermedad que se esté
tratando y sin importar que la persona haya conservado su capacidad funcional
permitiéndole seguir cotizando al sistema de seguridad social después de la
fecha de estructuración de la invalidez. Frente a esto, la Corte ha concluido
que “cuando una entidad estudia la solicitud de
reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá establecer como fecha de
estructuración de la invalidez el momento en que la persona haya perdido de forma
definitiva y permanente su capacidad laboral igual o superior al 50% y a partir
de ésta verificar si la persona que ha solicitado la pensión de invalidez
cumple con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable para el
caso concreto”[35]. En caso de no hacerlo, se estarían
poniendo en riesgo derechos fundamentales como el mínimo vital y la seguridad
social de personas que se encuentran en debilidad manifiesta[36].
Así las cosas,
cuando se debe establecer la fecha de estructuración de la invalidez de una
persona que padezca una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no le
imposibilita realizar actividades laborales que sean remuneradas durante
periodos, la entidad que debe emitir el dictamen de pérdida de capacidad
laboral debe tener en cuenta que “la fecha de estructuración corresponde a
aquella en que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales, en
tal grado, que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente productiva”[37].
En
el año 2016, a través de la Sentencia SU-588 de 2016[38],
la Corte Constitucional fijó reglas específicas extraídas de la jurisprudencia
pacífica respecto de la capacidad laboral residual en la que se indicó,
específicamente en lo que atañe al presente caso, lo siguiente:
“[E]n estos casos, el común denominador es que las personas cuenten
con un número importante de semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración que le fue fijada por la autoridad médico laboral. Es por eso
que esta Corte ha establecido que, luego de determinar que la solicitud fue
presentada por una persona con una enfermedad congénita, crónica y/o
degenerativa, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, les corresponde
verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la
invalidez,  (i) hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada
capacidad laboral residual del interesado y (ii) que éstos no se realizaron con
el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social.
Respecto de la capacidad laboral residual, esta Corte ha indicado
que se trata de la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad
productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades
básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad. En consideración de este elemento,
a la Administradora de Fondos de Pensiones le corresponde comprobar que el
beneficiario trabajó y, producto de ello, aportó al Sistema durante el tiempo
que su condición se lo permitió o que consideró prudente (en el caso de las
enfermedades únicamente congénitas). De la misma manera, tendrá que corroborar
si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las
50 semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número
importante de cotizaciones que resulten de una actividad laboral efectivamente
ejercida” (subraya fuera de texto).
Finalmente, se llegó a la conclusión de que “lo que deben hacer,
tanto las Administradores de Fondos de Pensiones, como el juez constitucional,
es analizar las condiciones del solicitante, así como la existencia de una
capacidad laboral residual, para de esta manera determinar el momento desde el
cual deberá realizarse el conteo de las 50 semanas. Lo anterior, no implica
alterar la fecha de estructuración que fue asignada por la autoridad médico
laboral. En otras palabras, se trata de adelantar un análisis que permita
establecer el supuesto fáctico que regula el artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
tal y como fue modificado por la Ley 860 de 2003”.
5. Examen de vulneración de derechos fundamentales
5.1. El señor Wilfredo Guzmán Arenas
instauró acción de tutela contra Colpensiones al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, a la igualdad, a la
protección de personas en situación de discapacidad y a la dignidad humana al
negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que considera
tener derecho, bajo el argumento de que no cumple con las semanas de cotización
exigidas para el efecto, contadas a partir de la fecha de estructuración o de
la fecha de expedición del dictamen de pérdida de capacidad laboral.
Como ya se advirtió en la parte
considerativa, la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016 fijó las
reglas jurisprudenciales para determinar la fecha de estructuración de la
invalidez de los afiliados al sistema que padecen enfermedades catalogadas como
congénitas, crónicas y/o degenerativas que hayan aportado al sistema en uso de
una capacidad laboral residual.
Dichas reglas son las siguientes: “i) que la
solicitud pensional sea presentada por una persona que padece una enfermedad
congénita, crónica y/o degenerativa; ii) que los aportes se hayan
realizado en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, es
decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio y  que la
densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es
defraudar al Sistema; y, iii) que con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral, la
persona cuente con un número importante de semanas cotizadas”.
Respecto de la primera regla, esto es, “que la solicitud pensional sea presentada por una
persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa”, se encuentra probado dentro del proceso que el señor
Wilfredo Guzmán Arenas (i) sufre de “desprendimiento de retina,
pérdida de la agudeza visual en ambos ojos determinado en un 100% retinosis
pigmentaria afaquia complicada amaurosis adquirida, cataratas congénitas”;
(ii) tiene una pérdida de capacidad laboral del
85% determinada por Colpensiones mediante dictamen 2016147464HH del 16
de abril de 2016, y fecha de estructuración 31 de mayo de 1976, fecha que
coincide con su nacimiento[39]. (subrayado propio)
ii) que los aportes se hayan realizado en
ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir que,
en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio y que la densidad de
semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es defraudar
al Sistema.
Según escrito de
intervención presentado el 07 de febrero de 2020[40]
por Diego Alejandro Urrego Escobar, actuando en calidad de Gerente de Defensa
Judicial de COLPENSIONES, la acción de tutela interpuesta por el señor Wilfredo
Guzmán no cumple este presupuesto con base en las siguientes situaciones:
“(i) Revisada
la historia laboral del actor, se evidencia que todas las cotizaciones que
registra se han hecho al programa administrado por el Fondo de Solidaridad
Pensional – programa adulto mayor fondo de solidaridad pensional subcuenta de
solidaridad PSAP. El interviniente señaló que “pese
a que lo anterior no prueba contundentemente que dichas cotizaciones NO
provengan de un[a] actividad laboral ejercida por el afiliado, también lo es
que las cotizaciones con régimen subsidiado ponen en duda [que] se hayan
realizado en virtud de una real y probada capacidad laboral residual, teniendo
en cuenta además que el aporte a pensión en estos casos corresponde a un 5% por
parte del afiliado y el 95% es subsidiado por el fondo de solidaridad…”.
“(ii) El
dictamen de pérdida de la capacidad laboral de fecha 16 de abril de 2016 en la
parte de Concepto Final se indicó en el acápite de Ocupación del señor Wilfredo
Guzmán Arenas lo siguiente: ‘NIEGAN ANTECEDENTES DE EMPLEOS REMUNERADOS’, con
lo cual se podría establecer que el señor Wilfredo Guzmán Arenas no ha laborado
a lo largo de su vida y que las cotizaciones que se reflejan en su historia
laboral NO son fruto de una real y probada capacidad laboral residual”.
El Gerente de
Defensa Judicial de COLPENSIONES explicó en su escrito de intervención que “el
Programa de Subsidio al Aporte en Pensión – PSAP, que hace parte de la
subcuenta de solidaridad, está destinado a subsidiar los aportes al régimen
general de pensiones de los trabajadores asalariados, independientes o
desempleados del sector rural y urbano, tales como artistas, deportistas,
madres comunitarias, personas con discapacidad y concejales.
El programa
de Subsidio al Aporte en Pensión – PSAP considera diferentes grupos
poblacionales dentro de los cuales ubica a los beneficiarios de acuerdo a las
características que estos presenten. Según el grupo poblacional al que
pertenezca, el beneficiario tiene derecho a recibir determinado número de
semanas.
Para el grupo
poblacional Discapacitado (afiliados desde 1996 hasta el 1 de septiembre de
2007) 95% porcentaje subsidiado, tiempo de semanas subsidiadas 800; (afiliados
después del 1 de octubre de 2007) 95% porcentaje subsidiado tiempo de semanas
subsidiadas 750.
Indicó el
interviniente que en el presente caso el accionante se encuentra vinculado en
el Programa de Subsidio al Aporte en Pensión – PSAP en calidad de
discapacitado, dentro de los afiliados desde 1996 con tiempo de semanas
subsidiadas hasta 800. (Reporta en historial laboral 495.14 semanas). De la historia
laboral para el año 2012 el IBC de cotización era el salario mínimo ($566.700),
correspondiendo el aporte a pensión (16%) a $90.672, subsidiándole el 95% -
$86.139 (por pertenecer al grupo poblacional de discapacitados), y el afiliado
debiendo aportar el 5% restantes es decir $4.533, como se observa en la
historia laboral”.
Revisada la
página web del Fondo de Solidaridad Pensional, “el Programa de Subsidio al
Aporte en Pensión es un aporte destinado a grupos poblaciones que por sus
características y condiciones, no tienen acceso a los sistemas de seguridad
social.
En este programa los beneficiarios deben
aportar un porcentaje del monto total de cotización, que generalmente oscila
entre el 5% y el 30%, dependiendo del grupo poblacional al que pertenezcan. El
porcentaje restante lo subsidia el gobierno nacional, a través del Fondo de
Solidaridad Pensional.
Al vincularse al sistema la persona queda
cubierta, como cualquier cotizante, contra los riesgos de invalidez, vejez y
muerte. En esta última, los sobrevivientes tienen derecho a recibir un auxilio
funerario.
La temporalidad del subsidio se determina
por el grupo poblacional al que pertenezca el afiliado, y/o hasta que cumpla el
máximo de edad dentro del programa (65 años), en conformidad con lo señalado en
el artículo 29 de la Ley 100 de 1993”.
Por su parte, el
señor Wilfredo Guzmán Arenas en contestación al cuestionario realizado por la
magistrada sustanciadora en el auto de fecha 7 de septiembre de 2020, afirmó: “Realicé cotizaciones al sistema a través del régimen
subsidiado de Colombia mayor, prosperar, desde el día 01 de septiembre del 2001
hasta el día 30 de mayo del 2012, el dinero por el cual cancelaba estos
aportes, se desprendía de lo que realizaba laborando como vendedor ambulante, ya
que vendía dulces, revistas de sopas de letras, y todo lo que pudiera, mi punto
de trabajo era la carrera 14 entre calles 21 a 14 ( peatonal de la catorce) de
la ciudad de Armenia Quindío,  y cancelaba los aportes de manera
independiente, ya que por mi discapacidad visual nunca fui contratado. Además
de ello mi padre me ayudaba económicamente con todo lo que él podía, ya que con
lo que devengaba no me alcanzaba para subsistir. Solo pude realizar
cotizaciones hasta este tiempo, con ocasión a que no contaba con trabajo ni
ingresos suficientes para cancelar el valor del subsidio, no pude volver a
laborar pues con el pasar de los días y mi pérdida de visión progresiva, la
gente en la calle se aprovechaba de mi discapacidad, ya que no podía distinguir
el dinero que me entregaban, ni el que yo devolvía”.
En ese orden de ideas, considera la Sala que a pesar de
que el accionante no ha tenido nunca una relación laboral dependiente, su labor
como vendedor ambulante, “vendiendo dulces, revistas de sopas de letras y todo
lo que pudiera”, tienen origen en una actividad laboral materialmente
desempeñada, es decir, dicha labor podría entenderse como una actividad
producto de su capacidad laboral residual, que le permitía cumplir con el pago
del 5% del monto total de cotización al aporte en pensión y de esta manera
acceder al benefició pensional, teniendo en cuenta que quienes se vinculan al
sistema quedan cubiertos, como cualquier cotizante, contra los riesgos de
invalidez, vejez y muerte, según se advierte de la información registrada en la
página web del Fondo de Solidaridad Pensional.
Cumpliendo, de
esta manera, la segunda regla jurisprudencial establecida en la sentencia
SU-588 de 2016.
iii) que con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral, la
persona cuente con un número importante de semanas cotizadas.
Respecto de esta última regla, según se
encuentra probado, el accionante reporta en el historial laboral 495.14 semanas
cotizadas en periodos de tiempo entre el año
2001 y el 2012, lo que da cuenta de que no laboró tan solo para cumplir con las
50 semanas dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración para obtener una pensión de invalidez y defraudar el sistema.
La Corte ha
señalado en cuanto a la determinación de la fecha de estructuración de
invalidez de personas que sufren enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas, que la fecha de estructuración corresponde a aquella en la que se
concreta de manera permanente y definitiva la imposibilidad de desarrollar
cualquier actividad laboral y no la señalada en el dictamen de calificación.
En ese sentido, la
reiterada jurisprudencia ha señalado que en tratándose de dichas enfermedades
hay diversos momentos en los que las personas que las padecen suelen perder
permanente y definitivamente su capacidad laboral: (i) la fecha del dictamen de
pérdida de capacidad laboral, (ii) la fecha de la última cotización efectuada,
o (iii) la fecha de la solicitud del reconocimiento pensional. La elección de
alguna de las tres deberá ser el resultado de un análisis en cada caso
concreto.
En el presente
caso, teniendo en cuenta que el actor sufre una enfermedad congénita, como lo
señala el dictamen de pérdida de capacidad laboral[41], es posible contabilizar las 50 semanas
requeridas a partir de (i) la fecha del dictamen de pérdida de capacidad
laboral, (ii) la fecha de la última cotización efectuada, o (iii) la fecha de
la solicitud del reconocimiento pensional.
En este punto, es
necesario aclarar que Colpensiones en su concepto No.
2014_10721634 sobre pensiones de invalidez generadas por enfermedades
progresivas, degenerativas o congénitas, en el que indica que se tendrá en
cuenta entonces la fecha en que se emitió el dictamen de pérdida de capacidad
laboral, desconoce lo señalado por la Corte Constitucional pues omite las otras
dos posibilidades existentes, esto es, la última cotización efectuada y la
fecha de la solicitud pensional.
Particularmente, para la fecha en que se
emitió el dictamen de calificación de invalidez, el 16 de abril de 2016, el
actor ya llevaba tiempo sin poder laborar por cuanto ya le era completamente
imposible valerse por sí mismo y por esto, después de cuatro (4) años sin poder
laborar interpuso la solicitud pensional. Por lo tanto, es inaplicable la fecha
del dictamen de pérdida de la capacidad laboral en tanto las semanas de
cotización que tiene en su reporte son de años muy anteriores a dicha fecha. Lo
mismo sucede con la fecha de la solicitud pensional, la cual se remonta al 22
de febrero de 2019. De tal manera que la Sala debe aplicar el supuesto que
permite contabilizar las semanas de cotización teniendo en cuenta la fecha de
la última cotización en razón a que se presume que en esta fecha el actor perdió
total y definitivamente sus habilidades, destrezas y potencialidades de orden
físico, mental y social para efectos del reconocimiento de la pensión de
invalidez, esto es, el 31 de mayo de 2012.
De este modo, de la historia laboral del
accionante, se desprende que cotizó 124 semanas al Sistema general de Seguridad
Social en Pensiones dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la
fecha real de la estructuración de la invalidez. Es decir, entre el 1° de junio
de 2009 y el 31 de mayo de 2012, cuando agotó su capacidad laboral residual.
En conclusión, esta Sala reitera lo
señalado por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Armenia en cuanto a que el actor cumple con los requisitos de ley para acceder
al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en tanto tiene una
calificación de pérdida de capacidad laboral mayor al 50% (85%) y cotizó más de
50 semanas (124) inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su
invalidez (31 de mayo de 2012) y que el amparo constitucional debe ser de
manera definitiva dada la situación particular del accionante y la ineficacia
del mecanismo judicial ordinario para la garantía de sus derechos
fundamentales.
En consecuencia, la Sala revocará la
sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Armenia, mediante la cual se modificó el fallo de primera instancia en el
sentido de amparar los derechos invocados de manera transitoria. En su lugar,
se confirmará la decisión tomada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Armenia de conceder el amparo de manera definitiva por
cuanto el actor, como se analizó, es titular del derecho y a pesar de que
existe un mecanismo ordinario idóneo, este no es eficaz para la garantía de los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la protección de personas en
situación de discapacidad y a la dignidad humana del accionante.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que de
acuerdo con el escrito de intervención de la entidad
accionada[42], en cumplimiento de la
sentencia de segunda instancia se profirió la Resolución DPE 9586 del 11 de
septiembre de 2019 “por medio de la cual se declaró la pérdida de
ejecutoriedad de la Resolución DPE 8183 del 21 de agosto de 2019, y en
consecuencia ordenó el pago de manera transitoria de una pensión mensual de
invalidez al señor Wilfredo Guzmán Arenas”, es necesario dejar sin efectos
la Resolución DPE 9586 del 11 de septiembre de 2019 y dejar en firme la
Resolución DPE 8183 del 21 de agosto de 2019 la cual fue emitida por la entidad
bajo los parámetros indicados por el juez de primera instancia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. -
LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en
Auto del 7 de septiembre de 2020.
SEGUNDO. -
REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala de Decisión Penal,
el 06 de septiembre de 2019 que concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados de manera transitoria y, en su lugar, CONFIRMAR
el fallo de primera instancia emitido el 08 de agosto de 2019 por el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia.
TERCERO. - DEJAR
SIN EFECTOS la Resolución DPE 9586 del 11 de septiembre de 2019 y por ende DEJAR
EN FIRME la Resolución DPE 8183 del 21 de agosto de 2019 la cual fue
emitida por la entidad bajo los parámetros indicados por el juez de primera
instancia.
CUARTO. – INSTAR a Colpensiones a cumplir con el precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional y reconocer los tres supuestos establecidos para determinar
la fecha de estructuración de enfermedades progresivas, degenerativas o
congénitas.
QUINTO. –
LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría
General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia proferida el 08 de agosto de 2019.
[2] Sentencia proferida el 06 de septiembre de 2019.
[3] Sala de Selección Número Diez, conformada por los magistrados
Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo. Auto de selección
del 30 de octubre de 2019, notificado el 13 de noviembre de 2019.
[4] Folio 57, cuaderno 1 del expediente.
[5] El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Armenia, en Auto del 25 de julio de 2019, admitió la acción de tutela y dio
traslado a la accionada para que se pronunciara frente a los hechos de la
solicitud de amparo. Folio 70, cuaderno 1 del expediente.
[6] Escrito de fecha 02 de agosto de 2019 suscrito por Malky Katrina
Ferro Ahcar como directora (a) de la Dirección de Acciones Constitucional de
Colpensiones. Folios 76 al 99, cuaderno 1 del expediente.
[7] Folio 18, cuaderno 1 del expediente.
[8] Folios 19 al 22, cuaderno 1 del expediente.
[9] Folio 23, cuaderno 1 del expediente.
[10] Folio 24, cuaderno 1 del expediente.
[11] Folios 25 y 26, cuaderno 1 del expediente.
[12] Folios 43 al 47, cuaderno 1 del expediente.
[13] Folios 48 al 52, cuaderno 1 del expediente.
[14] Folios 53 al 58, cuaderno 1 del expediente.
[15] Folios 59 al 65, cuaderno 1 del expediente.
[16] Folios 66 al 67, cuaderno 1 del expediente.
[17] Folio 68, cuaderno 1 del expediente.
[18] Folios 93 al 94, cuaderno 1 del expediente.
[19] Folios 163 al 167, cuaderno 1 del expediente.
[20] Folios 168 al 176, cuaderno 1 del expediente.
[21] Folios 177, cuaderno 1 del expediente.
[22] Después de la fecha en que se registró proyecto de fallo
para sala de revisión, la cual se citó para el 30 de enero de 2020.
[23] Para tal efecto, como ejemplo de documentos que se pueden
aportar estarían, entre otros, copia del contrato laboral, copia de planillas
de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social, copia de
desprendibles de pago de nómina, copia de planillas de horario laboral,
certificación laboral de la empresa, etc.
[24] Al correo se adjuntan dos archivos, (i) un oficio firmado por el
accionante, con la respuesta al cuestionario enviado por la Corte (en dos
folios); y (ii) un reporte generado por Colpensiones, relacionando las semanas
cotizadas por el señor Wilfredo Guzmán Arenas desde enero de 1967 hasta febrero
de 2019, que totalizan en “495,14 semanas cotizadas”.  Como datos del
nombre o razón social del aportante se registra: “Wilfredo Guzmán A – Pagó
como Régimen Subsidiado”.
[25] Decreto número 2011 del 28 de septiembre de 2012 por el cual se
determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana
de Pensiones- COLPENSIONES y se dictan otras disposiciones.
[26] Corte Constitucional, sentencia T-486 de 2010 (MP Juan Carlos Henao
Pérez).
[27] Corte Constitucional, sentencias T-719 de 2003 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (MP Jaime Araújo Rentería), T-700 de 2006 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-953 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-707 de
2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-979 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-1000 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-395 de 2013 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[28] Corte Constitucional, sentencia T-456 de 2004 (MP Jaime Araújo
Rentería), reiterada en las sentencias T-684 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa), T-717 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-228 de 2017 (MP
María Victoria Calle Correa).
[29] Corte Constitucional, sentencia T-074 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[30] Reiteración de la consideración No. 4 de la sentencia T-157
de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[31] Ley 100 de 1993, artículo 38: “Estado de invalidez. Para los
efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que, por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
[32] La Ley 100 de 1993“Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones”, reglamenta el derecho a
la pensión de invalidez en los artículos 38 y subsiguientes.
[33] El artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
establece: “Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las
Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que
asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud,
EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y
calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso de
que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se
acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya
decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra dichas decisiones
proceden las acciones legales”.
[34] Decreto 1507 de 2014 “por el cual se expide el Manual Único
para la Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”.
[35] Sentencia T-671 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto),
reiterando lo señalado en las sentencias T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao
Pérez) y T-432 de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo), posición que ha seguido
reafirmándose, por ejemplo, en las sentencias T-040 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa), T-427 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-057 de 2017
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otros.
[36] Posición asumida por la Corte en la sentencia T-561 de 2010 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), ocasión en la que se analizó el caso de una persona
que padecía una enfermedad mental que había cotizado de manera ininterrumpida
por más de 21 años, fue calificada con una PCL del 51.10%, con fecha de
estructuración de su invalidez el 17 de noviembre de 1983. La entidad accionada
le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por no cumplir el requisito
de cotización de 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez. En esa sentencia, la Corte consideró que la
fecha de estructuración de la invalidez se estableció con base en un episodio
clínico, pero como la accionante continuó aportando por más de 21 años al
Sistema, se consideró poco loable asumir que esa hubiera sido la fecha en la
que la actora perdió definitivamente su capacidad laboral, razón por la cual,
se tomó como fecha de estructuración el momento en que la accionante solicitó
el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. En el mismo sentido ver
las sentencias T-699A de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-710 de 2009 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), T-561 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-420 de 2011
(MP Juan Carlos Henao Pérez), entre otras.
[37] Corte Constitucional, sentencia T-132 de 2017 (MP Aquiles Arrieta
Gómez), reiterando lo señalado en la sentencia T-710 de 2009 (MP Juan Carlos
Henao Pérez), T-163 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-420 de 2011 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), T-481 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), T-158 de 2014
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-580 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), T-716 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-356 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[38] MP Alejandro Linares Cantillo.
[39] Folios 19-23, cuaderno 1 del expediente.
[40] Después de la fecha en que se registró proyecto de fallo
para sala de revisión, la cual se citó para el 30 de enero de 2020.
[41] Folio 22, cuaderno 1 del expediente.
[42] Oficio allegado a la Secretaría General de la Corte
Constitucional, a través de correo electrónico, el día 07 de febrero de 2020 (después de citada la Sala
de Revisión, la cual fue el 30 de enero de 2020).