T-565-16
Sentencia
T-565/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
COSA
JUZGADA-Definición
Una de las instituciones más importantes para la seguridad
jurídica es la cosa juzgada, la cual ha sido definida por la jurisprudencia
constitucional como la “cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por
la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace
que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el
futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes
y que persiga igual objeto.”
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION-Causales por las que se puede invocar
El Código
General del Proceso establece la revisión como un recurso extraordinario contra
las sentencias ejecutoriadas. En dicho acápite también se establecen las
causales por las que se puede invocar la revisión de la sentencia, las cuales
refieren diversas hipótesis relacionadas con: (i) los elementos probatorios
sobre los que se fundó o debió fundarse la decisión; (ii) las irregularidades
comprobadas sobre la emisión de la decisión por fraude, violencia o cohecho que
influyeron en la actividad del juzgador; (iii) la grave afectación del derecho
de defensa derivada de la falta de notificación o llamamiento de la parte
recurrente; (iv) el vicio de la sentencia por la configuración de alguna de las
causales de nulidad, y (v) el desconocimiento de una sentencia previa que
constituya cosa juzgada.
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION-Término para su interposición
TERMINOS
PROCESALES-Como elementos necesarios para garantizar la
seguridad jurídica, el debido proceso y la igualdad, y la razonabilidad en su
aplicación
De acuerdo con la competencia asignada
en el artículo 150-2 Superior esta Corporación ha reconocido, en múltiples
oportunidades y particularmente en el estudio de las demandadas dirigidas en
contra del diseño de los procesos, la amplia libertad de configuración
legislativa en esas materias. También ha admitido, por regla general, que la
fijación de términos de caducidad para el ejercicio de las acciones judiciales
constituye un ejercicio legítimo de la competencia asignada al Legislador, que
se ajusta a la Carta Política.
TERMINOS
PROCESALES-Finalidad/TERMINOS PROCESALES-Importancia
En materia procesal no sólo se imponen
cargas y se fijan términos para quienes acuden a la administración de justicia,
ya que las reglas generales del procedimiento también se ocupan de las actuaciones
de las autoridades judiciales, regulan la forma de intervención en los
procesos, el modo de ejercer sus atribuciones, los deberes, poderes y
responsabilidad de los jueces, los límites de sus competencias y fijan términos
para dictar las resoluciones judiciales.
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por dilación injustificada e
inobservancia de los términos judiciales
DERECHO
DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES
INJUSTIFICADAS-No vulneración cuando la mora judicial no es
imputable a la negligencia del funcionario judicial, sino que se encuentra
justificación en la falta de capacidad
FACULTADES
Y PODERES DEL JUEZ-Deber de practicar pruebas de oficio en
los procesos que se surten ante la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso
administrativo
Al juez del Estado Social de
Derecho se le ha encomendado la tarea primordial de la búsqueda de la verdad,
la cual se vincula directamente con la
prueba de oficio, en tanto constituye un instrumento esencial para que el juez
reconstruya la situación fáctica del proceso, ya sea porque no existe claridad
respecto de los elementos probatorios allegados por las partes, o porque la
controversia procesal carece de un medio probatorio necesario para una decisión
justa que garantice el derecho sustancial. Para cumplir con dicha tarea el juez
ostenta poderes oficiosos, los cuales han sido reconocidos por los diversos
estatutos procesales. En el Código de Procedimiento Civil
(Decreto 1400 de 1970) y recientemente en el Código General del Proceso (Ley
1564 de 2012), se dispone que el juez puede decretar pruebas de oficio cuando
las considere “útiles para la verificación de los
hechos relacionados con las alegaciones de las partes”.
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ-Importancia
DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS O
DISTRIBUCION DE CARGA PROBATORIA-Dejan de ser potestad del juez y
se erigen como deber funcional
El decreto oficioso de pruebas,
en materia civil, no es sólo una atribución o facultad potestativa del juez,
sino que también constituye un verdadero deber legal, que ejercen los
funcionarios judiciales para lograr el adecuado entendimiento de los hechos debatidos
y, en esa medida, poner fin a los conflictos con la mayor convicción posible y
la justicia material.
DECRETO
OFICIOSO DE PRUEBAS EN PROCESO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Juez
tiene la facultad-deber de decretar las pruebas de oficio que considere necesarias
para llegar a la verdad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por no configurarse defectos sustantivo, procedimental y orgánico en proceso
extraordinario de revisión en asunto de pertenencia
Referencia: Expediente T-5.152.026
Acción de tutela instaurada por Idolfo Romero Santiago y otros,
contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena.
Procedencia: Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
Asunto: Tutela contra providencia judicial que resolvió recurso de
revisión y decretó la nulidad de lo actuado en trámite de pertenencia.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., dieciocho
(18) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez (e), y la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el 22 de julio de 2015, mediante el cual se confirmó
la decisión dictada el 4 de junio de 2015, por la Sala de Casación Civil de esa
misma Corporación que negó las pretensiones invocadas en la presente acción de
tutela.
El asunto fue
recibido por esta Corporación el 16 de septiembre de 2015, por remisión que
realizó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según lo
ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 12 de noviembre de
2015, la Sala de Selección Número Once de Tutelas lo escogió para su revisión,
y en el numeral Décimo Tercero de esa providencia decidió acumular el
expediente T-5152026 al T-4588870, para que fueran fallados en una sola
sentencia por presentar unidad de materia.
En auto de 10 de
octubre de 2016, la Sala Quinta de Revisión decidió desacumular los expedientes
T-4.588.870 y T-5.152.026, los cuales habían sido acumulados en auto de 12 de
noviembre de 2015 dictado por la Sala Once de Selección de Tutelas. En efecto,
la Sala de Revisión consideró que si bien los casos comparten un contexto común
(controversias sobre tierras en la Hacienda Arroyo Grande) los problemas a
tratar son diferentes, pues mientras el primero conlleva al estudio de una
eventual vulneración sistemática de derechos por parte de diversas entidades
estatales y de particulares de una Comunidad de afrocolombianos propietarios de
unos terrenos de los cuales, al parecer, están siendo despojados, el segundo
propone una acción de tutela contra providencia judicial por vulneración de los
derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y de defensa
de los accionantes.
I. ANTECEDENTES
A.
Hechos y pretensiones
1. El 19 de mayo de 2015, los señores
Idolfo Romero Santiago, José Pérez Medina, Augusto Luna Jiménez, Wilmer
Caraballo Cervantes, Nelson José Ramos Jiménez y Eparquio Santiago Guzmán[1] presentaron acción de tutela en contra
de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena. Lo anterior debido
a que, a su juicio, esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de los siguientes hechos:
2. Los accionantes iniciaron un proceso de pertenencia ante el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena con el propósito de adquirir el
derecho de dominio de un predio que dicen haber poseído “como raizales” (fl.39
cd.1) por más de veinte años. Señalaron que dicho predio hace parte de otro “inmueble
global de nuestros ancestros” (fl.39 cd.1), de mayor extensión, ubicado en
el corregimiento de Arroyo Grande, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nº 060-34226[2].
3. Indicaron que formularon la demanda contra los propietarios
determinados y sus herederos, así como contra personas indeterminadas; la misma
fue admitida el 10 de mayo de 2007. En esa medida se ordenó el emplazamiento de
los demandados, la publicación de edictos en prensa y radio, y la inscripción
de la demanda en el folio de matrícula Nº 060-34226, que quedó visible en la
anotación Nº 7 del certificado de libertad y tradición de dicho inmueble[3]. Todo ello con el fin de darle “suficiente
publicidad al proceso, respecto de cualquier persona que se creyera con
derechos sobre ese inmueble o parte de él”[4].
4. Afirmaron que, por un error involuntario del Juzgado, en el texto
de los edictos se “dijo que el inmueble está situado en el corregimiento de
Arroyo Grande, agregando que éste está en el municipio de Santa Catalina”.
Sin embargo, ellos habían manifestado en su demanda ordinaria que el terreno
estaba ubicado en “jurisdicción del municipio de Cartagena” [5].
5. El proceso de pertenencia surtió los trámites respectivos y en el
mismo se decretaron y practicaron pruebas de inspección judicial, peritaje y
testimonios. Después del análisis pertinente, se dictó sentencia estimatoria
el 3 de diciembre de 2007, notificada también a través de edicto. Esa
sentencia fue inscrita en el folio matriz Nº 060-34226 y debido a que se
declaró la adquisición del dominio en favor de los demandantes, la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena le asignó un nuevo folio de
matrícula al predio adquirido por usucapión, el Nº 060-233729.
6. Los accionantes relataron que el 2 de julio de 2008, el Banco
Popular S.A., el Banco de Occidente S.A., el Banco de Bogotá S.A., Valora S.A.,
la Corporación Financiera Colombiana S.A., Leasing Popular C.F.C. S.A., Leasing
de Occidente S.A., Almacenes Generales de Depósito ALMAVIVA S.A., Helm Trust
S.A., Inversiones Lujosa LTDA., la Compañía de Gerenciamiento de Activos LTDA.,
CORFIAMERICA S.A., Metal Handel INC. y Vicente Luque Narváez, quienes
presuntamente tenían la calidad de terceros interesados en el proceso de
pertenencia referido, presentaron ante el Tribunal Superior de Cartagena
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 3 de diciembre de
2007, emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad[6]. En ese recurso se alegó la
configuración de las causales 6ª y 7ª del artículo 380 del Código de
Procedimiento Civil[7], por las siguientes circunstancias:
En la demanda se
precisó que el bien a usucapir se encuentra ubicado en el municipio de
Cartagena, pero se aportó un folio de matrícula inmobiliaria expedido por el
Registrador de Instrumentos Públicos de Cartagena “teniendo en cuenta los
datos aportados por el Doctor Miguel M. Caraballo Martínez (…)” en el que
se indicó que el predio hace parte del municipio de Santa Catalina y así se
hicieron los emplazamientos.
En la diligencia de
inspección judicial se corroboró que el predio sobre el que recaía la
pretensión adquisitiva está ubicado en Cartagena y no pudieron constatarse los
linderos del predio de mayor extensión, que fueron referidos en el edicto.
En el recurso los
peticionarios destacaron que la información para los emplazamientos se tomó de
la escritura pública núm. 161 otorgada ante la Notaría Primera de Cartagena el
24 de marzo de 1897, inscrita en el registro correspondiente, lo que provocó
imprecisiones en los linderos y la convocatoria de titulares del derecho de
dominio que, por el momento en el que se otorgó dicho instrumento público, ya
no pueden estar vivos. En síntesis, para los censores el proceso se adelantó
con base en un certificado que no da cuenta del lugar y de los linderos reales
del inmueble sobre el que recaía la pretensión.
Con base en esas
circunstancias, los recurrentes denunciaron que (i) no fueron citados al
proceso de pertenencia, a pesar de que son propietarios de “algunas franjas,
ubicadas a su juicio en la zona prescrita” (fl.40 cd.1), las cuales tienen
folios de matrícula Nº 060-186797, 060-1867798, 060-1867799, 060-33844 y
060-215719; (ii) el yerro de los edictos emplazatorios en cuanto a la ubicación
del inmueble (al indicar que se encontraba en Santa Catalina y no en Cartagena),
los linderos del predio de mayor extensión y los titulares del derecho de
dominio -con base en el título inscrito en 1897- desorientó a los interesados y
les impidió comparecer al proceso, y (iii) la falta de notificación se fundó en
maniobras fraudulentas de los demandantes que les provocaron perjuicios
derivados de la declaración de la prescripción adquisitiva sobre franjas de
terreno de su propiedad.
7. En el recurso de revisión los demandantes solicitaron, entre
otras pruebas, una pericial con el fin de establecer si el terreno sobre el que
se emitió la declaración adquisitiva se traslapaba con inmuebles de su
propiedad. Empero esa prueba fue negada por la autoridad judicial accionada
mediante proveído del 18 de marzo de 2011[8],
bajo el argumento de no existir relación entre la prueba solicitada y las
causales de revisión alegadas; en otras palabras, porque el dictamen pericial
no estaba encaminado a demostrar los supuestos fácticos en los que sustentó el
recurso extraordinario.
No obstante, el 26 de
septiembre de 2011[9], al momento de resolver un recurso de
reposición interpuesto por los recurrentes, el Tribunal decretó, de oficio, la
práctica de un dictamen pericial por parte del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi –IGAC–con el fin de lograr la debida identificación del predio que
había sido objeto de prescripción por los accionantes de la tutela. En efecto
ordenó:
“De oficio y de conformidad a lo preceptuado por el artículo 243
del C.P.C, ordénese peritación a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
para que rinda un dictamen sobre el bien objeto de litigio. Para tales efectos,
el Director de la entidad y/o quien haga sus veces, designará el o los
funcionarios competentes, quienes deberán ser ingeniero civil o topógrafo, para
rendir el dictamen solicitado, el cual versará sobre los siguientes aspectos:
a) Verificar la identificación del bien objeto de controversia
dentro de la presente demanda de revisión.
b) Determinar las medidas y los linderos de dicho bien.
c) Ubicación geográfica del mismo inmueble.
d) Revisión de las cartas catastrales del bien e identificar los
titulares de dominio.” [10]
8. Los accionantes manifestaron que, después de varios trámites
procesales, el 24 de abril de 2015, la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Cartagena emitió providencia definitiva en la que resolvió el
recurso de revisión[11]. Ese ente judicial advirtió que la
causal 6ª del artículo 380 del C.P.C. no se encontraba probada, puesto que no
existió mala fe por parte de los demandantes en lo relacionado con la ubicación
equivocada del inmueble. No obstante, sí encontró probada la causal 7ª, esto
es, el indebido emplazamiento de los terceros interesados en el trámite de
pertenencia, cuyos predios se encontraban superpuestos en el área de mayor
extensión.
En consecuencia, el
Tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado en el mencionado proceso de
pertenencia, a partir del auto admisorio de la demanda, sin incluirlo; y ordenó
la cancelación de la inscripción de la demanda en el folio de matrícula Nº
060-34226, la consecuente anulación del registro del fallo en el proceso de
pertenencia, y la devolución del expediente al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Cartagena.
Fundamentos
de la presente acción de tutela
9. Los accionantes resaltaron varios errores que –a su juicio– se
presentaron en la actuación adelantada por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el marco del recurso de revisión
y en la sentencia que desató dicho recurso, a partir de los cuales se
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de
acceso a la administración de justicia.
10. Para los actores la presente acción de tutela contra providencia
judicial resulta procedente ya que –según expresaron–: (i) es un asunto de
relevancia constitucional “toda vez que las omisiones y acciones de los
señores Magistrados accionados (…) afectan los derechos fundamentales nuestros”
[12]; (ii) agotaron todos los
recursos y nulidades que les fue posible alegar en el trámite de revisión[13]; (iii) se cumple con el presupuesto de
inmediatez; (iv) las irregularidades de la actuación y de la sentencia acusada “son
palmarias,(…) afectándose en forma determinante el sentido del fallo” [14]; y (v) no se trata de una
sentencia de tutela.
Así mismo, expresaron
que los hechos que generaron la vulneración fueron reseñados y resultan “ostensibles
porque el Tribunal en varios momentos del trámite de revisión, decidió a favor
de los BANCOS y entidades financieras (…) en detrimento de lo plenamente
probado por nosotros: raizales del corregimiento de Arroyo Grande, integrantes
de una comunidad étnica minoritaria, sin músculo económico, que desde hace más
de 100 años ha sido la propietaria, digamos que de manera ancestral, de las
tierras que pretende el gran capital del país”[15].
Una vez expuestas las
razones sobre la procedencia de la acción de tutela, los accionantes señalaron
que la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena incurrió en defectos
fáctico, sustantivo, orgánico y procedimental, así:
Defecto
fáctico, por falta de valoración de algunos elementos de prueba
11. Para los actores, con la expedición de la providencia del 24 de
abril de 2015, se incurrió en defecto fáctico, toda vez que el Tribunal omitió
la valoración de ciertos medios probatorios que los accionantes aportaron en el
trámite de revisión. (i) En efecto alegaron que se demostró documentalmente que
los títulos expuestos por los revisionistas (Bancos y entidades financieras) no
eran oponibles a los nativos de la comunidad de Arroyo Grande. Lo anterior, por
cuanto esos títulos fueron obtenidos en procesos de pertenencia en los que se
demandó a indeterminados y no se citó a los raizales, a pesar de que son los
propietarios del predio de mayor extensión identificado con el folio de
matrícula Nº 060-34226. Explicaron que se trata de una omisión esencial porque
–según argumentan– sólo a los raizales descendientes de las personas
identificadas en el referido folio de matrícula Nº 060-34226, les está “permitido
prescribir adquisitivamente parte del bien común”[16].
De igual forma, (ii)
los accionantes indicaron que el Tribunal omitió valorar el hecho de que la
demanda de prescripción adquisitiva estaba inscrita en el folio de matrícula
del Nº 060-34226, y que los folios de matrícula presentados por los
revisionistas están incluidos “dentro de ese globo total, resultando obvio
que ellos quedaron debidamente enterados del proceso desde el momento en que
ocurrió esa publicidad registral (16 de octubre de 2007)”[17].
Por tanto, era ostensible que no podía configurarse la causal 7ª del artículo
380 del C.P.C., como lo declaró el Tribunal. Indicaron además que los
recurrentes no quisieron comparecer al proceso de pertenencia por decisión
consciente, pues se comprobó, con el folio referido, que no les fue imposible
conocer la inscripción pública de la demanda.
De otra parte, (iii)
los demandantes señalaron que al momento de evaluar el material probatorio en
lo relacionado con el presunto traslape de los predios de los recurrentes y el
de mayor extensión, no se evaluó:
a.
Que el terreno de propiedad de INVERSIONES LA LUJOSA LTDA.
(revisionista) está situado en el corregimiento de las Canoas, y no en el de
Arroyo Grande, que es donde está la parte prescrita por los accionantes.
b.
Que la certificación del IGAC reporta que los corregimientos de
las Canoas y Arroyo Grande “están situados en kilómetros diferentes de la vía
al mar: Cartagena Barranquilla”[18].
c.
Que la certificación expedida por la Oficina de Planeación
Distrital de Cartagena, reafirma la ubicación diferenciada de los
corregimientos las Canoas y Arroyo Grande.
d.
Que el globo general (folio de matrícula Nº 060-34226), de
aproximadamente 3.500 hectáreas, tiene diferentes anotaciones de prescripción
de áreas, y que el área prescita por los accionantes (440 hectáreas
aproximadamente) es una particular y concreta ubicada en Arroyo Grande.
Defecto
fáctico, por valoración probatoria arbitraria
12. Para los accionantes el Tribunal Superior de Cartagena valoró
arbitrariamente las pruebas tendientes a determinar el presunto traslape entre
los predios identificados por los recurrentes y el terreno sobre el que se
declaró la adquisición por usucapión. Explicaron que la autoridad judicial
efectuó una “generalización de simple mención de la pruebas, sin aplicación
de los principios científicos a cada medio y al conjunto de ellos, sin ningún
análisis crítico-razonado, tanto individual como colectivo del acervo”.
Indicaron que el dictamen pericial emanado por el IGAC no efectuó los cotejos
de plancha necesarios para llegar a las conclusiones a las que finalmente
arribó; es decir, se realizó una conceptualización, a falta de una prueba
técnica, que benefició a los revisionistas y repercutió en el derecho que los
actores tenían de refutar la prueba técnica.
Defecto
sustantivo y procedimental, por el decreto de una prueba de oficio
13. Como lo refieren los accionantes en el acápite de hechos, la
autoridad judicial accionada decretó una prueba pericial de oficio dentro del
trámite del recurso extraordinario de revisión, con el fin de dilucidar la
eventual superposición territorial de los predios de los recurrentes y el
adquirido por usucapión, así como la ubicación del predio sobre el que recayó
la pretensión adquisitiva.
Ese hecho –según los
actores– es constitutivo de un defecto sustantivo y procedimental, ya que según
el inciso 8º del artículo 383 del CPC[19] y amplia jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia en el trámite de revisión sólo se pueden decretar pruebas a
petición de parte, en atención a la naturaleza excepcional del referido
recurso. Por tanto, el Tribunal inaplicó la norma pertinente y le dio
viabilidad a un procedimiento distinto al regulado por el Código de
Procedimiento Civil.
Explicaron que propusieron
ese alegato ante el Tribunal en varias oportunidades procesales, y que sus
súplicas fueron despachadas desfavorablemente a pesar de tratarse de un vicio
insanable. Afirmaron que el Tribunal se excusó en que los recurrentes habían
solicitado el mencionado dictamen pericial, pero esa justificación es
insuficiente, ya que dicha solicitud probatoria fue negada en dos
oportunidades.
Defecto orgánico por falta
de competencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena
14. Los accionantes manifestaron que se incurrió en un defecto
orgánico porque la autoridad judicial accionada carecía de competencia para
decretar la prueba pericial, pues en el trámite del recurso de revisión no se
pueden decretar pruebas de oficio, y en la práctica de dicha prueba se evadió
el cumplimiento de los términos procesales regulados en la ley para este tipo
de procesos. En efecto relataron que:
a.
El 26 de septiembre de 2011 se decretó oficiosamente la prueba,
pero no fue practicada porque el IGAC determinó que no tenía el personal
disponible para llevarla a cabo[20]. Por tanto, se continuó con el
procedimiento regular.
b.
Vencido el término probatorio, en junio de 2012, el asunto entró
al despacho para que se profiriera la sentencia.
c.
El 14 de agosto de 2012, vencido el término para fallo, se emitió
auto en el que se amplió en 6 meses el término para decidir[21].
d.
El 25 de septiembre de 2012[22],
el Tribunal profirió auto en el que decretó, “por segunda vez, como prueba
de oficio, el dictamen pericial del IGAC, sobre los mismos puntos”[23]. Es decir, amplió el término
probatorio sin ninguna justificación, porque el asunto ya estaba en el despacho
para fallo.
e.
Desde ese momento –señalaron– pasaron 3 años en los cuales
aportaron varias pruebas documentales, incluido un dictamen pericial, que
contradice lo establecido por el IGAC.
f.
A pesar de los elementos de prueba aportados, el Tribunal emitió
sentencia el 24 de abril de 2015, en la que, a juicio de los accionantes,
ignoró sus reclamaciones y benefició a los recurrentes.
Para los promotores de la
acción esas actuaciones transgredieron los términos y reglas procesales regentes,
particularmente porque la sentencia se dictó luego del vencimiento del término
establecido para el efecto.
15. Por lo expuesto, los accionantes solicitaron que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, que se dejen sin efectos “las
actuaciones de los accionados afectados por los defectos que dan procedencia a
ella (sic), incluida la sentencia del 24 de abril de 2015(…)”[24].
B.
Actuaciones procesales en sede de tutela
Mediante auto del 28 de mayo
de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la
acción de tutela y ordenó su traslado a los convocados y terceros interesados,
para garantizarles los derechos a la defensa y contradicción[25].
C.
Respuestas de las entidades
Juzgado 2 Civil del Circuito
de Cartagena de Indias
El Juez solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela[26].
Indicó que dentro del proceso ordinario de pertenencia se llevaron a cabo todas
las etapas procesales y que en el momento de proferir sentencia se encontraron
acreditados los elementos fácticos y jurídicos para acceder a la pretensión
adquisitiva. En ese sentido, destacó que se practicaron pruebas documentales y
testimoniales, y se realizó una inspección judicial de acuerdo con los
postulados legales.
Por último, afirmó que, a
pesar de los hechos expuestos en la demanda de tutela, en el libro radicador Nº
23 del despacho consta que el asunto aún sigue en el Tribunal Superior de
Cartagena, debido al trámite del recurso extraordinario de revisión, sin
decisión de fondo.
Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de Indias
La Sala Civil-Familia del
Tribunal indicó que se está a lo expuesto en la sentencia en la que resolvió el
recurso de revisión[27], “que en últimas se erige como el
único insalvable sustento, para defender los fundamentos jurídicos expuestos
por la Sala (…) en la decisión que adoptó”. Como anexos remitió copia de la
decisión censurada.
D.
Decisiones proferidas en sede de tutela
Sentencia de primera
instancia
Mediante sentencia proferida
el 4 de junio de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia denegó la protección de los derechos fundamentales invocados
por los accionantes[28]. La Sala evaluó la sentencia emitida
por el Tribunal, de acuerdo a los defectos que le fueron endilgados en el
escrito de tutela, y encontró razonable la actuación adelantada por la
autoridad judicial en el trámite y la sentencia de revisión.
En efecto, el a-quo
estimó que para resolver el recurso extraordinario de revisión, el Tribunal
debía leer de manera conexa la causal 7ª del artículo 380 del C.P.C. y el
artículo 407 ibídem[29], que regula el proceso de declaración
de pertenencia. En esa medida, la causal de revisión sí era procedente, ya que
el emplazamiento se hizo bajo la errada premisa fáctica de que el inmueble
estaba localizado en el municipio de Santa Catalina y no de Cartagena. Para la
Sala esa apreciación estuvo debidamente soportada en el material probatorio
aportado con la solicitud de revisión extraordinaria.
En torno a la prueba
pericial de oficio realizada por el IGAC, la Corte indicó que ésta se decretó
porque fue solicitada por los recurrentes, lo que descarta una vía de hecho en
este sentido.
Impugnación
Los accionantes impugnaron
la sentencia de tutela de primera instancia y solicitaron su revocatoria[30]. Manifestaron que la Sala de Casación
Civil avaló la actuación del Tribunal al admitir las premisas cuestionadas, es
decir que el dictamen pericial del IGAC podía tenerse en cuenta porque fue
solicitado por los recurrentes y que el emplazamiento estuvo errado, a pesar de
que se practicó en contra de una clara prohibición en ese sentido y que la
inscripción de la demanda en el folio inmobiliario le otorgó la posibilidad a
los recurrentes de darse por enterados del proceso de pertenencia. Señalaron
que para el estudio de este caso “no basta con el análisis somero que hace
la Sala de Casación Civil, sino que se requiere un estudio minucioso del
expediente (que ahora integralmente allegamos en copia)” y de los defectos que
(…) resaltaron en el escrito introductor” (fl.169 cd.1).
En la impugnación, los
actores ampliaron los argumentos en los que fundaron el defecto orgánico e
indicaron que además de la falta de competencia para el decreto y práctica de
la prueba de oficio, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena carecía de competencia para dictar la sentencia en la que
resolvió el recurso de revisión, ya que vencido el año para proferir la
decisión, según el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, extendió el
plazo por el término de 6 meses adicionales, empero profirió la sentencia
transcurridos más de 2 años después de que venció el término prorrogado “cuando
ya carecía de competencia funcional para ello” (fl.169 cd.1).
Finalmente, los accionantes
reiteraron los argumentos presentados en la acción constitucional.
Sentencia de segunda
instancia
La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de tutela del 22 de julio de
2015[31], decidió confirmar la sentencia
impugnada. En primer lugar, señaló que la Sala Civil del Tribunal Superior de
Cartagena no incurrió en una vía de hecho, puesto que la decisión adoptada se
fundó en razones de hecho y de derecho claramente expuestas en la providencia.
En concordancia con esa
conclusión, aludió a los argumentos expuestos por la autoridad judicial
accionada cuando indicó que si en gracia de discusión se excluyera la prueba
decretada de oficio, “la conclusión seguiría siendo la misma. Se trata,
pues, de una argumento intrascendente que en nada varía la decisión” (fl.7
cd.2). También destacó que los accionantes propusieron la nulidad de la prueba,
y ese debate se zanjó mediante decisión del 12 de febrero de 2014, cuando la
autoridad accionada declaró no probada la causal invocada. Asimismo señaló que
si este es el hecho vulnerador no concurre el presupuesto de inmediatez, pues
la acción de tutela se formuló más de un año después.
Finalmente, frente a la
presunta pérdida de competencia funcional, la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia indicó que los accionantes no habían manifestado esa circunstancia
a lo largo del proceso, razón por la que el juez de tutela no estaba facultado
para analizar un asunto propio del juez natural.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1.- Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala
de Revisión, la sentencia proferida dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y problema jurídico
2.- Idolfo Romero Santiago,
José Pérez Medina, Augusto Luna Jiménez, Wilmer Caraballo Cervantes, Nelson
José Ramos Jiménez y Eparquio Santiago Guzmán formularon demanda ante el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, con el propósito de que se
declarara que adquirieron, por usucapión, un predio ubicado en el municipio de
Cartagena, que hace parte de un inmueble de mayor extensión identificado con el
folio inmobiliario núm. 060-34226.
Los actores dirigieron la
demanda contra los titulares de los derechos reales según el certificado
expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos de Cartagena y contra los
indeterminados, quienes fueron emplazados. También  precisaron que, por un
error involuntario del juzgado, en el emplazamiento se indicó que el predio
estaba ubicado en el municipio de Santa Catalina y no en Cartagena como
indicaron en la demanda.
Adelantado el trámite
correspondiente, en el que se practicaron diversas pruebas dirigidas a
demostrar la ubicación del inmueble y los actos de posesión de los demandantes,
el 3 de diciembre de 2007 se emitió sentencia en la que se accedió a la
pretensión adquisitiva, la cual se inscribió en el folio del predio de mayor
extensión, del que, además, se segregó un nuevo folio para el predio adquirido,
el núm. 060-233729.
El 2 de julio de 2008, el
Banco Popular S.A., el Banco de Occidente S.A., el Banco de Bogotá S.A., Valora
S.A., la Corporación Financiera Colombiana S.A., Leasing Popular C.F.C. S.A.,
Leasing de Occidente S.A., Almacenes Generales de Depósito ALMAVIVA S.A., Helm
Trust S.A., Inversiones Lujosa LTDA., la Compañía de Gerenciamiento de Activos
LTDA., CORFIAMERICA S.A., Metal Handel INC. y Vicente Luque Narváez formularon,
ante la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia del 3 de diciembre de 2007, por la configuración de las causales
6ª y 7ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.
Los recurrentes señalaron
que, como consecuencia de maniobras fraudulentas de los demandantes del trámite
de pertenencia, se omitió su llamamiento al proceso, a pesar de que tienen
interés particular y concreto porque el predio sobre el que se declaró la
adquisición se traslapa con franjas de inmuebles de su propiedad. Así mismo
denunciaron que en el emplazamiento a los indeterminados se indicó, de forma
errónea, que el inmueble estaba ubicado en el municipio de Santa Catalina, a
pesar de que se encuentra en Cartagena, y se refirieron unos linderos que no
corresponden al predio sobre el que recayó la pretensión, lo que desorientó a
los interesados en concurrir al trámite y oponerse a las pretensiones de la
demanda.
En concordancia con las
causales de revisión invocadas los recurrentes solicitaron prueba pericial
dirigida a demostrar el traslape entre los predios, la cual fue denegada por el
Tribunal. Sin embargo, de oficio, dicha autoridad decretó una prueba de ese
tipo para establecer la ubicación e identificación del inmueble sobre el que se
declaró la adquisición por usucapión.
Luego de diversas
actuaciones, el 24 de abril de 2015, la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Cartagena profirió sentencia en la que declaró probada la causal de
revisión prevista en el numeral 7º del artículo 380 del C.P.C. por el indebido
emplazamiento de los terceros interesados en el proceso de pertenencia.
3.- Para los accionantes -Idolfo Romero Santiago y otros- en
el trámite adelantado por la autoridad judicial accionada para desatar el
recurso de revisión y en la sentencia proferida el 24 de abril de 2015, se
configuraron los defectos fáctico, sustantivo, orgánico y procedimental, los
cuales transgredieron sus derechos al debido proceso, a la defensa y de acceso
a la administración de justicia.
El defecto fáctico se
derivó de la falta de valoración de los elementos de prueba obrantes en el trámite,
que demostraban que: (i) los títulos de dominio de los recurrentes en revisión
no les eran oponibles, en la medida en que se derivaban procesos de pertenencia
a los que no fueron convocados; (ii) la inscripción de la demanda en el folio
inmobiliario del predio de mayor extensión sirvió para la notificación de los
terceros interesados y desvirtuaba la imposibilidad de conocer el proceso de
pertenencia, y (iii) los predios de los recurrentes en revisión no se
traslapaban con el predio sobre el que versó el proceso cuestionado.
El defecto fáctico también
se derivó de la valoración parcial e insuficiente de los elementos de prueba,
con base en la cual concluyó que franjas de los inmuebles de los recurrentes se
superponían con el predio sobre el que se declaró la adquisición por usucapión.
Los defectos sustantivo
y procedimental se configuraron porque la autoridad judicial accionada
decretó una prueba de oficio a pesar de que el artículo 383 del C.P.C. y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia han establecido que en el
trámite del recurso extraordinario de revisión sólo pueden decretarse y
practicarse las pruebas pedidas por las partes.
Finalmente, el defecto
orgánico se derivó de la falta de competencia de la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Cartagena para decretar la prueba de oficio en el trámite
de revisión y de la transgresión de los términos procesales que rigen esas
actuaciones procesales. El defecto se circunscribió inicialmente al
desconocimiento de los términos establecidos en materia probatoria,
particularmente porque se insistió, de oficio, en la práctica de la prueba
luego de que venció el término probatorio. Sin embargo, en la impugnación del
fallo de primera instancia, los accionantes destacaron que el defecto también
se derivó del vencimiento del término con el que contaba la autoridad judicial
accionada para dictar la sentencia según el artículo 124 del C.P.C.
4.- La situación fáctica
descrita exige a la Sala determinar, en primer lugar, si concurren los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
para controvertir: (i) los autos en los que la autoridad judicial accionada
decretó e insistió en la práctica de una prueba de oficio en el trámite del
recurso extraordinario de revisión formulado por el Banco Popular S.A. y otros
en contra de la sentencia del 3 de diciembre de 2007 dictada por el Juzgado 2º
Civil del Circuito de Cartagena, y (ii) la sentencia del 24 de abril de 2015 de
la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
en la que decidió el recurso extraordinario referido.
En el caso de que se supere el análisis de
procedibilidad respecto a esas decisiones judiciales la Sala deberá absolver los
problemas jurídicos de fondo que atienden a las censuras formuladas por los
accionantes.
Como quiera que los accionantes le atribuyen defectos
a diversas actuaciones del trámite del recurso de revisión previas a la
sentencia, relacionadas principalmente con el decreto y práctica de una prueba
de oficio, y que también plantearon censuras en contra de la sentencia
proferida el 24 de abril de 2015, la Sala formulará problemas jurídicos
independientes que atienden a esa divergencia:
¿los autos dictados por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en los
que se decretó e insistió en la práctica de una prueba pericial para establecer
la ubicación e identificación del bien sobre el que versó el proceso de
pertenencia -cuestionado por vía del recurso extraordinario de revisión-
incurrieron en alguna de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales porque, aparentemente, con
éstos la autoridad judicial desconoció la prohibición de decretar pruebas de
oficio en el trámite de revisión e ignoró los términos procesales?
¿la sentencia proferida el 24 de abril de 2015 por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena incurrió
en alguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales porque, aparentemente, valoró parcialmente las
pruebas obrantes en el trámite de revisión y se dictó cuando la autoridad
judicial carecía de competencia para el efecto?
Para
resolver los problemas jurídicos anunciados la Sala abordará los siguientes
temas: (i) los
requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales; (ii) el recurso extraordinario de revisión, sus generalidades y su
tratamiento en la jurisprudencia constitucional; (iii) los términos procesales
como elementos necesarios para garantizar la seguridad jurídica, el debido
proceso y la igualdad, y la razonabilidad en su aplicación; (iv) el papel del
juez en el Estado Social y Democrático de Derecho y la facultad-deber de
decretar pruebas de oficio, y finalmente (v) abordará el estudio del caso
concreto.
Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales
6.- El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución, consagra el
principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de
tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
El artículo 86 Superior establece que la tutela procede contra
toda “acción [u] omisión de cualquier autoridad pública”. Las
autoridades judiciales son autoridades públicas que en el ejercicio de sus
funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución y a la ley, y de
garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos reconocidos en
la Constitución.
Bajo el presupuesto mencionado, la Corte Constitucional ha
admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que
quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten de los
mandatos constitucionales. No obstante, la procedencia de la acción de tutela
en estos casos debe ser excepcional, con el fin de que no se desconozcan los
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad
jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza a la tutela.[32]
La acción de tutela contra decisiones judiciales tiene como
finalidad efectuar un juicio de validez constitucional de una providencia
judicial que incurre en graves falencias, las cuales tornan la decisión
incompatible con la Carta Política.[33]
7.- La sentencia C-590 de 2005[34]
señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos
de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos
específicos de procedibilidad.
Requisitos generales de procedencia
8.- Según lo expuso la sentencia C-590
de 2005, los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales son: (i) que la cuestión que se discuta
tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con
el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, o sea, que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir,
que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate
de sentencias de tutela.
Requisitos específicos de procedibilidad
9.- Los requisitos específicos aluden a la concurrencia de
defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea
incompatible con los preceptos constitucionales. En resumen, estos defectos son
los siguientes:
Defecto orgánico: ocurre cuando el
funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece en forma
absoluta de competencia.
Defecto procedimental absoluto: se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.[35]
Defecto fáctico: se presenta
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, o cuando la valoración de la
prueba fue absolutamente equivocada.
Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se
presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.[36]
Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.[37]
Decisión sin motivación: implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.
Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre
determinado asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla
jurisprudencial establecida.[38]
Violación directa de la Constitución: se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política.
Examen de los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso que se
analiza
10.- La Sala establecerá, a continuación, si concurren los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, a través de un análisis individual y diferenciado frente a los dos
tipos de actuaciones que se controvirtieron, de un lado, las decisiones
judiciales relacionadas con el decreto oficioso de la prueba y, de otro, la
sentencia de 24 de abril de 2015 que resolvió el recurso de revisión formulado
en contra de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2007 por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cartagena.
11.- En primer lugar, se cumple con el presupuesto de legitimación
por activa, pues la solicitud de amparo se presentó por Idolfo Romero
Santiago y otros, quienes son titulares de los derechos del debido proceso y
acceso a la administración de justicia que, adujeron, fueron vulnerados como
consecuencia de las decisiones proferidas por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Cartagena, relacionadas con el decreto y práctica de una
prueba de oficio en el trámite del recurso de revisión referido, y de la
sentencia de 24 de abril de 2015 emitida por la misma autoridad judicial al
resolver el recurso de revisión que el Banco Popular y otros formularon contra
la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2007 por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Cartagena.
12.- En segundo lugar, la cuestión objeto de
debate es de evidente relevancia constitucional, ya que se discute la
eventual afectación de los derechos fundamentales de los accionantes, particularmente
de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
como consecuencia de las decisiones judiciales cuestionadas.
En efecto, en las censuras formuladas se denunció la afectación de
los derechos de los accionantes como consecuencia del indebido decreto y
práctica de una prueba de oficio dirigida a establecer la identificación y
ubicación del predio sobre el que versó el proceso de pertenencia que
previamente habían adelantado Idolfo Romero Santiago y otros, y respecto del
que se declaró, en su favor, la usucapión en la sentencia de 3 de diciembre de
2007.
La acción de tutela también refirió la afectación de los derechos
invocados por los actores derivada de la emisión de la sentencia por parte de
la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena a pesar de que, en su
concepto, dicha autoridad había perdido competencia para proferir la decisión y
por diversos errores en la valoración de los elementos de prueba recaudados.
13.- En tercer lugar, la tutela cumple con el requisito
consistente en haber agotado todos los mecanismos judiciales de defensa a
su disposición.
13.1. Respecto a la decisión relacionada con la prueba de oficio
se advierte el cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, ya que los
accionantes cuestionaron oportunamente y a través de los recursos con los que
contaban, los autos a través de los que el juez ejerció sus facultades
oficiosas en materia probatoria.
En efecto, mediante auto de 26 de septiembre de 2011[39] la autoridad judicial accionada
decretó, de oficio, dictamen pericial a cargo del IGAC para establecer la
identificación del bien objeto de controversia en el trámite de revisión,
determinar las medidas y linderos del bien, la ubicación geográfica del
inmueble y determinar los titulares de derecho de dominio.
Los accionantes formularon recurso de reposición en contra del
auto referido que sustentaron, principalmente, en la inviabilidad de decretar
pruebas de oficio en el trámite de revisión. El 3 de noviembre siguiente, el
juez accionado declaró improcedente el recurso horizontal con base en lo
dispuesto en el artículo 179 del C.P.C. que establece que contra el auto que
decreta pruebas de oficio no procede ningún recurso.
Luego de que el IGAC indicara que no contaba con el personal
necesario para rendir el dictamen decretado de oficio y que se recaudaran otros
elementos de prueba, la magistrada sustanciadora cerró el periodo probatorio y
corrió traslado para que se presentaran los alegatos de conclusión[40]. Sin embargo, mediante oficio de 13 de
agosto de 2012, el IGAC remitió la cotización para la realización del dictamen
solicitado, razón por la que el juez en auto de 25 de septiembre de 2012 y “en
aras de un mejor proveer y de llegar al pleno convencimiento de los hechos y
pretensiones de la demanda”[41] decretó nuevamente, de oficio,
el dictamen pericial que había ordenado en auto de 26 de septiembre de 2011.
Contra el auto que reiteró la prueba de oficio los accionantes
formularon incidente de nulidad, en el que denunciaron la falta de competencia
del juez para decretar la prueba pericial porque en el trámite del recurso
extraordinario de revisión no es viable decretar pruebas de oficio y la
decisión se profirió tras la clausura del periodo probatorio.
El 30 de enero de 2013, la magistrada declaró no probada la causal
de nulidad invocada, dado que el juez está facultado para orientar el trámite
judicial con el fin de que no resulten afectados los derechos e intereses de
las partes y en aras de acercarse, en mayor medida, a la verdad, y porque el
Legislador no proscribió expresamente el uso de las facultades oficiosas del
juez en el trámite del recurso extraordinario de revisión.
De lo expuesto se advierte que los accionantes agotaron los
recursos a su alcance para cuestionar las decisiones relacionadas con la prueba
de oficio que consideran transgresoras de sus derechos fundamentales.
13.2. Ahora bien, respecto a la sentencia del 24 de abril de 2015
que resolvió el recurso de revisión también se cumple el requisito de
subsidiariedad, pues contra esa decisión no proceden recursos.
14.- En cuarto lugar, la acción de tutela fue interpuesta en un
término razonable, presupuesto que atiende a la finalidad de este mecanismo
para lograr la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales.
Respecto a las actuaciones relacionadas con la prueba de oficio,
la Sala advierte que el primer auto que decretó el dictamen pericial
oficiosamente se profirió el 26 de septiembre de 2011 y, desde ese momento, en
el trámite del recurso de revisión se emitieron diversas decisiones
relacionadas con dicha prueba, entre las que se encuentran los siguientes
autos: (i) el que resolvió el recurso de reposición formulado contra el auto
que decretó inicialmente la prueba de oficio -3 de noviembre de 2011-; (ii) el
que decretó nuevamente la prueba de oficio -25 de septiembre de 2012-; (iii) el
que resolvió el incidente de nulidad por falta de competencia -30 de enero de
2013-; (iv) el que decidió sobre la solicitud de exclusión del informe técnico
presentado por el IGAC -12 de febrero de 2014; (v) el que ordenó la aclaración,
adición y complementación del dictamen pericial rendido por el IGAC -25 de
marzo de 2014-; (vi) el que decretó nueva prueba pericial para demostrar el
error grave que los accionantes le atribuyeron, mediante objeción, al dictamen
pericial recaudado de oficio; (vii) el que aceptó el desistimiento de la prueba
pericial decretada para la demostración del error grave -7 de octubre de 2014- y
condenó en costas a los accionantes por el desistimiento, y (viii) el que
resolvió el recurso de reposición contra la condena en costas -29 de octubre de
2014-.
Sin embargo para la determinación del carácter oportuno de la
acción de tutela en este caso particular la Sala no tomará como referentes
individuales las fechas de cada una de las decisiones mencionadas porque: (i)
en el trámite del recurso de revisión es evidente la actividad de los
accionantes dirigida a cuestionar el decreto y práctica de la prueba pericial,
así como el contenido del dictamen recaudado; (ii) la última de las decisiones
relacionadas con el aspecto probatorio se emitió el 29 de octubre de 2014[42] y, finalmente, (iii) en la sentencia
dictada el 24 de abril de 2015 se concretó la posible afectación de los
derechos de los accionantes, ya que en ésta se valoró la prueba cuyo decreto,
práctica y contenido cuestionaron los actores a lo largo del trámite de
revisión.
En concordancia con lo anterior, la Sala verifica el cumplimiento
del requisito de inmediatez de la acción de tutela formulada en contra de las
actuaciones relacionadas con la prueba de oficio y de la sentencia que resolvió
el recurso de revisión con base en la fecha en la que se emitió esta decisión,
es decir el 24 de abril de 2015, hito que determina el carácter oportuno de la
solicitud de amparo, ya que ésta se presentó el 19 de mayo de 2015[43], es decir menos de un mes después de
que se emitió la última de las decisiones cuestionadas.
15.-En quinto lugar, los accionantes identificaron de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos, así como
las irregularidades que, estiman, hacen procedente la acción de tutela. Los
hechos están claramente detallados en el escrito de tutela y debidamente
soportados en las pruebas documentales obrantes en el expediente.
En efecto, los promotores de la acción identificaron las
actuaciones judiciales que consideran transgresoras de sus derechos
fundamentales, de un lado las decisiones relacionadas con el dictamen pericial
decretado de oficio en el trámite del recurso de revisión referido y su
incidencia en el trámite, y, de otra parte, la sentencia que resolvió el recurso
extraordinario. Asimismo indicaron los defectos que, en su concepto, afectan
las decisiones judiciales cuestionadas –fáctico, sustantivo, orgánico y
procedimental- y las razones que sustentan esas censuras.
16.- En sexto lugar, la acción de tutela no se dirige contra un
fallo de tutela. Los demandantes acusan: (i) los autos dictados por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
relacionados con la prueba pericial decretada de oficio; y (ii) la
sentencia proferida el 24 de abril de 2015 en la que dicha autoridad judicial
resolvió el recurso de revisión formulado por el Banco Popular S.A. y otros en
contra de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2007 por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cartagena dentro del proceso de pertenencia
adelantado por los promotores de la presente acción de tutela en contra de
Miguel Valiente y otros.
Los requisitos
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
17.- Como quiera que la
acción de tutela dirigida contra varias decisiones emitidas por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el
trámite del recurso de revisión formulado por
el Banco Popular S.A. y otros en contra de la sentencia proferida el 3 de
diciembre de 2007 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, cumple los requisitos
generales de procedencia, la Sala reiterará la caracterización de los defectos
que se le atribuyeron a las providencias judiciales y que corresponden a los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción.
Defecto material o sustantivo
18.- De acuerdo con lo establecido por esta Corporación en la sentencia
T-140 de 2012[44],
reiterada por la T-007 de 2014[45],
el defecto sustantivo tiene su fundamento, en el hecho de que el principio
de autonomía e independencia judicial se encuentra limitado por el orden
jurídico prestablecido y por el respeto de los derechos fundamentales de las
partes procesales.
19.- Este Tribunal se ha pronunciado en diferentes oportunidades
sobre la configuración del defecto sustantivo. En particular, en la sentencia
SU-159 de 2002[46],
la Corte estableció que este defecto se presenta cuando el juez se apoya en una
norma que es evidentemente inaplicable a un caso concreto, por ejemplo, cuando:
(i) ha sido derogada y en consecuencia, no produce efectos en el ordenamiento
jurídico; (ii) ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional; (iii)
es inconstitucional y no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; y (iv)
la norma no está vigente o a pesar de estarlo y de ser constitucional, no se
adecua a las circunstancias fácticas del caso.
Posteriormente, en la sentencia T-686 de 2007[47],
esta Corporación afirmó que, aunado a las circunstancias anteriormente
referidas, el defecto material como requisito de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales se genera cuando: (i) la aplicación de
una norma es irracional y desproporcionada en contra de los intereses de una de
las partes del proceso; (ii) el juez desconoce lo resuelto en una sentencia con
efectos erga omnes, de la jurisdicción constitucional o contenciosa en
la interpretación de una norma, es decir que desconoce el precedente horizontal
o vertical; o (iii) cuando la norma aplicable al caso no es tenida en cuenta
por el fallador.
En el mismo sentido, en
la sentencia SU-918 de 2013[48],
la Corte concluyó que una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
“(i) cuando la norma
aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador,
(ii) cuando a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente,
(iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva.”
20.- En esta oportunidad,
la Sala reitera las reglas jurisprudenciales en las que se establece que se
configura un defecto sustantivo cuando: (i) se aplica una disposición que
perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por el ordenamiento, por
ejemplo, su inexequibilidad o derogatoria por una norma posterior; (ii) se
aplica una norma manifiestamente inaplicable al caso y la aplicable pasa
inadvertida por el fallador; (iii) el juez realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada que afecta los intereses de las partes; (iv) el juzgador se
aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
ante una violación manifiesta de la Constitución.
Defecto fáctico
21.- Desde sus inicios esta Corte estableció que los jueces de
conocimiento tienen amplias facultades discrecionales para efectuar el análisis
del material probatorio en cada caso concreto[49]. Por ello esta Corporación determinó
que cuando se alega un error de carácter probatorio, la evaluación de la
providencia judicial por parte de un juez de tutela, debe privilegiar los
principios de autonomía e independencia judicial[50].
No obstante, tal poder discrecional
debe estar inspirado en los principios de la sana crítica, atender
necesariamente criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación,
entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad
sería entendida como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar
la providencia atacada[51].
22.- La jurisprudencia constitucional
estableció que el defecto fáctico se configura cuando: (i) existe una omisión
en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se da una
valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o (iii) no se
valora en su integridad el material probatorio.
Asimismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos
dimensiones, una positiva[52]
y otra negativa[53].
La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada”, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y, la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
Con todo, esta corporación ha sido enfática en señalar que “para que la tutela resulte procedente
ante un error fáctico, ‘[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto’”[54].
Defecto procedimental
23.- La jurisprudencia
constitucional[55]
ha caracterizado el defecto procedimental para señalar que este se configura
cuando el juzgador viola derechos fundamentales al negar el derecho sustancial[56], ya sea por no aplicar la norma
procesal acorde con el procedimiento de que se trate[57], o cuando excede la aplicación de
formalidades procesales que hacen nugatorio un derecho.[58]
En esos casos, el funcionario aplica los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus
actuaciones devienen en una denegación de justicia[59], causada por la aplicación de
disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales[60], por la exigencia irreflexiva del
cumplimiento de requisitos formales[61]
o por un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.[62] En estas situaciones se
presenta una violación de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Efectivamente, en relación con el derecho al debido proceso, tal
defecto se configura cuando el funcionario judicial se aparta del proceso
legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o
porque omite una etapa sustancial de éste. En relación con el derecho de acceso
a la administración de justicia, el defecto se produce cuando, por un exceso
ritual manifiesto, se ponen trabas al acceso y se viola el principio de
prevalencia del derecho sustancial es decir convierte a los procedimientos en obstáculos para
la eficacia del derecho sustancial.[63]
La formulación del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto contra providencias judiciales tuvo como objetivo resolver la
aparente tensión entre el derecho al debido proceso (art. 29 C.P.) y la
prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.)[64]. En principio, estos dos mandatos son
complementarios pero en ocasiones la justicia material parecería subordinada a
los procedimientos, no obstante, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado
que las formalidades procedimentales son un medio para la realización de los
derechos sustantivos y no fines en sí mismos.[65]
24.- Como puede observarse, tal defecto puede tener una estrecha
relación con el denominado defecto fáctico, que se refiere a la existencia de
problemas de hecho y de apreciación de pruebas que llevan a una conclusión
errada al juez. Las sentencias T-386 de 2010[66] y T-637 de 2010[67] estudiaron la interrelación de estos
dos defectos.[68] Adicionalmente, también tiene conexión con problemas sustanciales
vinculados con la aplicación preferente de la Constitución cuando los
requisitos y formalidades legales amenazan la vigencia de los derechos
constitucionales.[69]
La jurisprudencia de esta Corporación también ha señalado cuáles son los elementos que
deben concurrir para que se configure el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto:
“(i) que no haya posibilidad de
corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela;
(ii) que el defecto procesal tenga
una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales;
(iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y
(vi) que como consecuencia de lo
anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”.[70]
En el mismo sentido, la sentencia T-1306 de 2001[71], precisó:
“[…] si el derecho procesal se torna
en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido
expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas
haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la
administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales
cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho
material (art. 228).
De lo contrario se estaría
incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel
que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia
material.” (Negrillas fuera de texto
original).
En ese sentido, la valoración probatoria no puede negar la
realidad que muestran las pruebas por dar prevalencia a los trámites. Sobre los
límites al ejercicio de valoración probatoria de los jueces, la sentencia
T-974 de 2003[72]
indicó que aunque los jueces gozan de libertad para valorar el material
probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de
desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228
C.P).
25.- Resulta claro que, cuando se aplican rigurosamente las normas
procesales y con ello se anulan derechos fundamentales, se configura un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto que hace procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, correspondiéndole entonces, al juez
constitucional, inaplicar la regla procesal en beneficio de las garantías
constitucionales.
Defecto Orgánico
26.- El defecto orgánico está directamente relacionado con la
garantía constitucional del juez natural, prevista en el inciso 2º del artículo
29 de la Carta Política, según el cual “Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competentes y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio.”
De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia constitucional la
garantía del juez natural comprende aspectos como la prexistencia del juez, la
determinación, de forma anticipada y a través de la ley, de la competencia en
abstracto, y la garantía de que el juez competente, luego de asumido el
conocimiento, no sea relevado o excluido del trámite y decisión del asunto con
base en factores subjetivos que no estén previstos en la ley[73].
En atención a esa garantía que, además ha sido reconocida en
diversos instrumentos internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad[74],
la jurisprudencia constitucional ha reconocido un defecto de las actuaciones
judiciales en los casos en los que una persona o un asunto se juzgan por un
funcionario que carece, de manera absoluta, de competencia para ello, conforme
con lo previsto en las normas prexistentes que regulan la competencia.
27.- La violación a la garantía del juez natural compromete
irreparablemente el derecho al debido proceso, desnaturaliza la tutela judicial
efectiva y defrauda la confianza depositada por los ciudadanos en la resolución
del asunto como consecuencia del desconocimiento de las reglas que determinan
la autoridad que está investida de la competencia para poner fin a la
controversia.
Los aspectos de la competencia que determinan la configuración del
defecto orgánico son: “(i) funcional, cuando la autoridad judicial
extralimita de forma manifiesta el ámbito de las competencias otorgadas tanto
por la Carta Política como por la ley; o (ii) temporal, cuando los jueces a
pesar de contar con ciertas atribuciones para realizar determinada conducta, lo
hace (sic) por fuera del término consagrado para ello."[75]
Además de los aspectos que confluyen en la falta de competencia de
la autoridad judicial y la descripción de algunas de las hipótesis en las que
suele presentarse el defecto orgánico, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que “(…) la estructuración de la causal tiene carácter cualificado,
debido a que no basta con que se alegue la falta de competencia del funcionario
judicial, sino que se debe estar en un escenario en el que, siguiendo los
lineamientos contenidos en las normas jurídicas aplicables, resulta irrazonable
considerar que la autoridad judicial estaba investida de la potestad de
administrar justicia”[76]
28.- De acuerdo con lo expuesto se advierte que el defecto
orgánico corresponde a una causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, que responde a la preservación del juez
natural como una de las garantías que integran el derecho del debido proceso, y
que se configura por la resolución de un asunto por parte de una autoridad
judicial que carecía de competencia para el efecto, siempre que la falta de
competencia sea ostensible y evidente de acuerdo con las disposiciones legales
regentes.
El recurso
extraordinario de revisión
29.- Una de las instituciones más importantes
para la seguridad jurídica es la cosa juzgada, la cual ha sido definida
por la jurisprudencia constitucional como la “cualidad inherente a las
sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables,
inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas
deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso,
ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.”[77]
Dicha institución contribuye a la seguridad y
coherencia del ordenamiento jurídico, responde a la necesidad social de
pacificación y de que los conflictos se resuelvan de manera definitiva, es necesaria para el mantenimiento
de un orden justo y dota de certeza a las relaciones sociales, razones por las
que “(…) sin perjuicio del diverso tratamiento legal, y con la unánime
advertencia sobre su carácter no absoluto, es esta una institución de innegable
conveniencia y gran trascendencia social, incorporada por la generalidad de los
sistemas jurídicos contemporáneos.”[78]
30.- A pesar del carácter general de la cosa
juzgada y de su relevancia para el logro de diversos fines sociales, el
ordenamiento ha reconocido, de forma excepcional, algunos eventos en los que
cede el carácter definitivo e inmutable de las decisiones judiciales
resguardadas por la cosa juzgada, particularmente la posibilidad de revisión,
determinada por causales específicas establecidas por el Legislador en diversas
codificaciones y áreas del derecho, y que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional “(…) ampara todas las sentencias ejecutoriadas, para que
puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se
restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en
razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”[79].
El capítulo VI de la sección VI del libro II del
Código General del Proceso[80] establece la revisión
como un recurso extraordinario contra las sentencias ejecutoriadas. En dicho
acápite también se establecen las causales por las que se puede invocar la
revisión de la sentencia, las cuales refieren diversas hipótesis relacionadas
con: (i) los elementos probatorios sobre los que se fundó o debió fundarse la
decisión; (ii) las irregularidades comprobadas sobre la emisión de la decisión
por fraude, violencia o cohecho que influyeron en la actividad del juzgador;
(iii) la grave afectación del derecho de defensa derivada de la falta de
notificación o llamamiento de la parte recurrente; (iv) el vicio de la
sentencia por la configuración de alguna de las causales de nulidad, y (v) el
desconocimiento de una sentencia previa que constituya cosa juzgada.
31.- Como se advierte la cosa juzgada, como regla
general, privilegia la seguridad jurídica y la paz social, pero la posibilidad
excepcional de revisión de la sentencia concilia esos intereses generales y
superiores con la justicia material del caso concreto, pues el sometimiento de
la resolución de los conflictos al Estado, particularmente a la administración
de justicia, obliga a que la decisión judicial sea legítima (el juicio del
juzgador no esté afectado por violencia, cohecho o fraude), efectivamente
resuelva el conflicto puesto bajo su conocimiento (ya que por serias
irregularidades en materia probatoria la decisión puede versar sobre unas
circunstancias que no corresponden al asunto), respete el derecho de defensa
(particularmente el conocimiento del proceso como presupuesto mínimo para el
ejercicio de las garantías que integran el debido proceso) y respete la
intangibilidad general de la cosa juzgada como uno de los pilares de coherencia
y seguridad en el ordenamiento jurídico.
No obstante el valioso propósito que subyace a la
posibilidad de revisión de las sentencias, el Legislador no abandonó la idea
sobre la necesidad de que los conflictos sean resueltos de manera definitiva y,
por ello, aunque reconoció las razones que pueden afectar gravemente la
legitimidad de la decisión judicial y la justicia material del caso concreto,
fijó términos de caducidad de la revisión, los cuales, se establecieron en el
artículo 381 del Código de Procedimiento Civil[81],
actualmente consignados en el artículo 356 del Código General del Proceso[82].
Asimismo, en atención a los efectos de la revisión por la
confrontación de la cosa juzgada, el Legislador estableció diversos límites a
la posibilidad de revisión, los cuales, como se vio, están demarcados por: (i)
las causales de revisión y su carácter restrictivo; (ii) los términos para
incoar el recurso; (iii) los requisitos específicos de la demanda[83];
(iv) el cumplimiento de las cargas para la admisión, y (v) la legitimación en
la causa por activa[84].
En concordancia con el
carácter excepcional del trámite de revisión además de los límites fijados para
la formulación del recurso, el Legislador emitió previsiones particulares para
su trámite, tales como el término breve de traslado de la demanda, la
prohibición de formular excepciones previas, el decreto y práctica de las
pruebas pedidas, los alegatos de las partes y la emisión de la sentencia.
Finalmente, debe tenerse en
cuenta que el carácter excepcional de la revisión de las sentencias, la
interpretación restrictiva de sus causales y los límites de esa posibilidad han
sido referidos en diversas oportunidades por la Corte en los siguientes
términos: “(…) La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza
brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además procede
por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir
otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de ‘una figura
que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada’, y por
ello “las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e
interpretadas en sentido restringido”[85]
Los términos procesales
como elementos necesarios para garantizar la seguridad jurídica, el debido
proceso y la igualdad, y la razonabilidad en su aplicación
32.- El artículo 1º de la Constitución Política declara que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fórmula de la que se destaca, en esta
oportunidad, la acepción referida a que “(…) la actividad del Estado está
regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho.”[86]
En armonía con esa previsión, el artículo 4º ibídem estableció
la prevalencia de la Carta Política como norma jurídica superior y consagró el
deber, para los nacionales y extranjeros en Colombia, de acatar la Constitución
y las leyes. Por su parte, el artículo 29 ejusdem previó una de las
mayores garantías que rodean la sujeción a la ley, en su acepción amplia, que
corresponde a la observancia del debido proceso en las actuaciones judiciales y
administrativas, y el principio de legalidad previsto en los siguientes términos:
“[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio.”
La sujeción al derecho como ingrediente esencial de la fórmula de
Estado adoptada en la Carta Política de 1991 demanda, por un lado, la
organización del andamiaje estatal, del que se ocupó directamente la nominada “parte
orgánica” de la Constitución, en la que estableció la estructura, las
atribuciones y las potestades básicas otorgadas a los órganos y autoridades
estatales para permitirles cumplir sus funciones. Asimismo, resultan necesarios
los principios y valores que constituyen la nominada  “parte dogmática”,
y que condicionan el desarrollo normativo y la actividad estatal.
33.- La asignación de competencias para la creación de las leyes
es una de las previsiones orgánicas más relevantes para el funcionamiento
adecuado del Estado, en la medida en que aquéllas demarcan la conducta de las
autoridades y de los asociados, en cuanto a contenidos y vías de acción,
ejercicio y protección. En ese sentido y frente a la actividad legislativa se
ha reconocido que “cualquier sistema de regulación que pretenda ordenar la
conducta social humana necesita reducir la multiplicidad de comportamientos y
situaciones a categorías más o menos generales. Sólo de esta forma puede
dicho sistema atribuir consecuencias a un número indeterminado de acciones y
situaciones sociales.” [87]
La facultad legislativa se otorgó directamente por la Constitución
al Congreso como órgano de representación democrática y plural, a quien le
asignó, entre otras competencias, la expedición de códigos en todos los ramos
de la legislación y la posibilidad de reformar sus disposiciones. En atención a
ese mandato, el Legislador se ha ocupado ampliamente del diseño y definición de
las características, etapas, términos, recursos y demás elementos que integran
cada procedimiento judicial.
De acuerdo con la competencia asignada en el artículo 150-2
Superior esta Corporación ha reconocido, en múltiples oportunidades y
particularmente en el estudio de las demandadas dirigidas en contra del diseño
de los procesos, la amplia libertad de configuración legislativa en esas
materias. También ha admitido, por regla general, que la fijación de términos
de caducidad para el ejercicio de las acciones judiciales constituye un
ejercicio legítimo de la competencia asignada al Legislador, que se ajusta a la
Carta Política.
En ese orden de ideas se ha señalado que la consagración legal de
términos preclusivos para el ejercicio de las acciones guarda una íntima
relación con la seguridad jurídica, pues:
“[p]ara nadie es desconocido
que la sociedad entera tiene interés en que los procesos y controversias se
cierren definitivamente, y que entendiendo ese propósito, se adoptan
instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar
intemporal o indefinidamente actuaciones ante la administración de justicia,
para que las partes actúen dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego,
con observancia plena de las garantías constitucionales que aseguren amplias y
plenas oportunidades de defensa y de contradicción del derecho en litigio.”[88]
Con fundamento en lo expuesto se advierte que el diseño de los
procedimientos judiciales es una facultad constitucional del Legislador, en la
que cuenta con amplia libertad y que en el ejercicio de esa competencia puede
válidamente limitar el tiempo con el que cuentan las personas para acudir a la
jurisdicción en aras de obtener pronta y cumplida justicia.
34.- De otra parte, es importante destacar que en la previsión
constitucional de la función pública de administración de justicia se
estableció la prevalencia del derecho sustancial y se advirtió que los términos
deben ser observados con diligencia so pena de la imposición de sanciones.
Entonces, el artículo 228 de la Carta Política comporta el reconocimiento, de
raigambre superior, de la relevancia de los términos procesales en el marco de
la actividad judicial y su obligatoriedad.
Ahora bien, en cuanto a la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas la jurisprudencia
constitucional ha precisado que las reglas procesales sirven al propósito de
materializar los valores y el derecho sustancial. Sin embargo, esa función no
habilita el desconocimiento de las disposiciones instrumentales ni la
flexibilidad injustificada en su aplicación. A partir de estas premisas, este
Tribunal indicó que:
“(…) debe dejarse en claro
que el enunciado principio constitucional que rige las actuaciones judiciales
no implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal
obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminación, per
se, de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su
culminación -pues allí está comprometido el derecho sustancial de acceso a la
administración de justicia-, ni, para el asunto del que ahora se trata, puede
significar la absoluta pérdida del carácter perentorio de los términos
procesales. Todos estos elementos integran la "plenitud de las formas
propias de cada juicio", contemplada como factor esencial del debido
proceso, según el artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no
constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos
necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su
oportunidad.”[89]
En efecto, la relevancia y
funcionalidad de los términos, su observancia obligatoria y su relación con una
adecuada administración de justicia han sido destacadas en diversos
pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional. Desde los primeros
análisis que esta Corporación adelantó sobre reglas procesales y que fijan
cargas para las partes en los trámites judiciales, ha resaltado dichos
elementos, tal como lo evidencia la sentencia C-416 de 1994[90]
que refirió las garantías que rodean el ejercicio del derecho de acción y con
base en éstos indicó:
“La consagración de los
términos judiciales por el legislador y la perentoria exigencia de su
cumplimiento, tienen íntima relación con el núcleo esencial del derecho al
acceso a la justicia y al debido proceso, pues la indeterminación de los
términos para adelantar las actuaciones procesales o el incumplimiento de éstos
por las autoridades judiciales, puede configurar una denegación de justicia o
una dilación indebida e injustificada del proceso, ambas proscritas por el
Constituyente.”
Asimismo en ese pronunciamiento se
precisó que:
“El señalamiento de términos
procesales da certeza y, por lo mismo, confianza a las actuaciones de las
partes y del funcionario judicial; por consiguiente, los términos procesales
contribuyen a garantizar la seguridad jurídica que es principio constitucional
que se deduce de diferentes normas de la Carta, especialmente del preámbulo y
de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6°.”
Como acaba de señalarse las disposiciones que integran el
ordenamiento jurídico y que se ocupan del diseño de los procedimientos y de la
fijación de términos preclusivos para las actuaciones de las partes y de las
autoridades sirven al propósito de materializar los valores y principios del
ordenamiento. Esa finalidad conmina a su observancia estricta y no permite la
atenuación de las cargas, en la medida en que son necesarias para la seguridad
jurídica, la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia y
constituyen parámetros que permiten hacer efectiva la igualdad entre los
asociados.
El acceso efectivo a la administración
de justicia imprime deberes correlativos para los asociados, relacionados con
el cumplimiento de las cargas procesales propias de los trámites judiciales, la
colaboración con la administración de justicia y la actuación de buena fe.
La perentoriedad de los términos
judiciales ha sido reconocida por la Corte, dado que:
“(…) no sólo preserva el
principio de preclusión o eventualidad sino que, por el contrario, permite, en
relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios
constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al
imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un
determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de
garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el
momento en que se consolidará una situación jurídica.”[91]
Entonces, el diseño de los procedimientos es una competencia
exclusiva del Legislador, en cuyo ejercicio impone deberes específicos de
conducta a las partes en el marco de los trámites judiciales y asigna
consecuencias a la inobservancia de esos deberes. La fijación de cargas y la
previsión de consecuencias negativas frente a su incumplimiento resultan
necesarias para la seguridad jurídica, la celeridad de los procesos, el debido
proceso y la igualdad entre las partes.
35.- Ahora bien, en materia procesal no sólo se imponen cargas y
se fijan términos para quienes acuden a la administración de justicia, ya que
las reglas generales del procedimiento también se ocupan de las actuaciones de
las autoridades judiciales, regulan la forma de intervención en los procesos,
el modo de ejercer sus atribuciones, los deberes, poderes y responsabilidad de
los jueces, los límites de sus competencias y fijan términos para dictar las
resoluciones judiciales.
Por ejemplo, el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil
-Decreto 1400 de 1970- estableció los términos de 3, 10 y 40 días, contados a
partir del momento en el que el proceso pase al despacho, para dictar los autos
de sustanciación, los autos interlocutorios y las sentencias respectivamente.
Asimismo las modificaciones de dicho precepto –Decreto 2282 de 1989 y Ley 1395
de 2010- mantuvieron los términos referidos, pero establecieron medidas
adicionales dirigidas a asegurar la observancia de esos términos y en aras de
la resolución célere de los conflictos.
En efecto, la celeridad y la obtención de una respuesta oportuna y
adecuada en los trámites judiciales hacen parte del núcleo de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, tal como se
desprende del artículo 228 Superior que indica que “(…) Los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
(…)”
En ese sentido la jurisprudencia
constitucional ha indicado que: “Quien presenta una demanda, interpone un
recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de
los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a
que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos
para ello.  De lo contrario, se le desconoce su derecho fundamental al debido
proceso, así como el acceso a la administración de justicia.”[92], de
donde se advierte la concurrencia de las cargas del proceso judicial, pues si
las partes, con plena observancia de los términos y formalidades establecidas
para el efecto, adelantan las actuaciones a su cargo, el juez y, en general, la
administración de justicia están obligados a brindar una respuesta oportuna que
respete las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico.
36.- No obstante esas consideraciones,
la jurisprudencia constitucional ha reconocido que uno de los problemas que
aqueja la administración de justicia es la congestión judicial derivada de
circunstancias que exceden la labor del juez, considerado individualmente, y
que, por el contrario, atienden a problemas estructurales que escapan de su
control. En consecuencia, para determinar la afectación de los derechos de
acceso a la administración de justicia y debido proceso como consecuencia de la
tardanza en la solución de los asuntos y el incumplimiento de los términos
fijados para el efecto debe establecerse, en el caso concreto, si existe una
justificación de la mora judicial.
Sobre el tema la jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido que la inobservancia de los términos puede estar
justificada: (i) porque a pesar de la diligencia del juez la complejidad del
asunto demanda términos mayores para su resolución; (ii) se constata que
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión en el despacho judicial
correspondiente, o (iii) se acreditan
otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de
la controversia en el plazo previsto en la ley[93]. En
consecuencia, en los demás casos en los que no se advierta una justificación de
la tardanza en la emisión de la decisión judicial y la causa del incumplimiento
de los términos procesales sea la incuria del juzgador resulta evidente la
afectación de los derechos de acceso a la administración de justicia y debido
proceso.
37.- De acuerdo con lo expuesto, se advierte que: (i) la cláusula general de competencia en materia
legislativa asignada al Congreso incluye la expedición de códigos y el diseño
de los procedimientos judiciales; (ii) las disposiciones procesales guardan una
íntima conexión con la administración de justicia, el debido proceso y la
seguridad jurídica; (iii) la fijación de términos preclusivos para el ejercicio
de las acciones judiciales constituye un ejercicio legítimo de la competencia
asignada al Legislador, que se ajusta a la Carta Política; (iv) la Constitución
Política reconoce, de cara a la administración de justicia, la prevalencia del
derecho sustancial y la obligatoriedad de los términos, (v) la sujeción a los
términos procesales también se predica de las autoridades judiciales, con todo la
inobservancia de esos términos puede estar justificada en circunstancias que
escapan de su control, y (vi) en los casos en los que no se compruebe una
justificación de la mora judicial se vulneran los derechos al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.
El papel del juez en el
Estado social y democrático de derecho y la facultad–deber de decretar pruebas
de oficio
38.- En nuestro modelo de administración
de justicia, el desarrollo de los procesos judiciales se configura a partir del
equilibrio entre la iniciativa de las partes -principio dispositivo- y el poder
oficioso del juez -principio inquisitivo- que son facultades de naturaleza
distinta que operan de manera coordinada[94].
Sin embargo, aunque el
ordenamiento jurídico colombiano permita el sistema mixto referido, los jueces
de la República “son los primeros llamados a ejercer una función directiva
en la conducción de los procesos a su cargo”[95].
Además, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho se requiere un
mayor dinamismo del juez y una comprensión de la realidad que le rodea. Al
respecto la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente:
“Uno de los
presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de
derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de
ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las
garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y
los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata (…)
del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de
mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden
político, económico y social justo. Para el logro de esos cometidos, no sobra
aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los
particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de
éstas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad.
Así, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con
mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone
su papel estático, como simple observador y mediador dentro del tráfico
jurídico, y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de forma
tal que sus fallos no sólo sean debidamente sustentados desde una perspectiva
jurídica, sino que, además, respondan a un conocimiento real de las situaciones
que le corresponde resolver.”[96]
En esa medida, al
juez del Estado Social de Derecho se le ha encomendado la tarea primordial de
la búsqueda de la verdad, la cual se vincula
directamente con la prueba de oficio, en tanto constituye un instrumento esencial para que el juez
reconstruya la situación fáctica del proceso, ya sea porque no existe claridad
respecto de los elementos probatorios allegados por las partes, o porque la
controversia procesal carece de un medio probatorio necesario para una decisión
justa que garantice el derecho sustancial.
39.- Para
cumplir con dicha tarea el juez ostenta poderes oficiosos, los cuales han sido
reconocidos por los diversos estatutos procesales. En
el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970) y recientemente en el
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), se dispone que el juez puede
decretar pruebas de oficio cuando las considere “útiles
para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las
partes”[97].
Ahora bien, según la jurisprudencia de esta Corte, el decreto
oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber
legal, el cual debe desplegar oficiosamente cuando: (i) a partir de los hechos
narrados por las partes y de los medios probatorios que estas presenten surja
en el funcionario la necesidad de esclarecer aspectos oscuros de la
controversia; (ii) la ley le marque un claro derrotero a seguir; (iii) existan
fundadas razones para considerar que su inactividad conllevaría una decisión
alejada de la justicia material. Con todo, en el ejercicio de esas facultades
debe cuidarse de no promover o avalar la negligencia o mala fe de las partes[98].
Sobre la importancia de la
prueba de oficio, la Corte Suprema de Justicia explicó incluso
antes de la expedición de la Constitución de 1991 lo siguiente:
“En un trascendental viraje
en materia de derecho probatorio, el actual estatuto procedimental se despojó
del principio dispositivo y acogió el inquisitivo, fundado en la lógica y obvia
razón de que a pesar de que en el común de los procesos se controvierten
intereses privados, la justicia no puede volverle la espalda al establecimiento
de la verdad material enfrente de los intereses en pugna, asumiendo una
posición eminentemente pasiva, si encuentra que decretando pruebas de oficio
puede a la postre mediante ellas verificar los hechos alegados por las partes y
lograr que en definitiva brille la verdad y, por tanto, se imponga la justicia.
Fundado en este criterio, no es facultativo del juzgador decretar pruebas de
oficio, sino que en toda ocasión, en la debida oportunidad legal, en que los
hechos alegados por las partes requieren ser demostrados, así la parte que los
alega hubiese sido desidiosa en esa labor, es un deber del juzgador utilizar
los poderes oficiosos que le concede la ley en materia de pruebas, pues es este
el verdadero sentido y alcance que exteriorizan los artículos 37-4, 179 y 180
del Código de Procedimiento Civil. (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de febrero de
1977, citada en la Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
Al
respecto, recientemente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló
que:
“(…) la facultad-deber de
decretar probanzas oficiosas, si bien no tiene como cometido suplir las
deficiencias probatorias atribuibles a las partes, necesariamente requiere ser
vista como la oportunidad de los jueces para orientar el debate en procura de
que sus decisiones en verdad satisfagan la función constitucional que les es
encomendada.(…) En otras palabras, aquella es una valiosísima herramienta que
ha de servir al compromiso de apropiarse de la mayor cantidad de elementos de
juicio posibles con el fin de hallar la verdad histórica de lo sucedido, y así
resolver las controversias de la manera más acertada posible, de cara a cumplir
con el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial.”[99]
En síntesis, el decreto
oficioso de pruebas, en materia civil, no es sólo una atribución o facultad
potestativa del juez, sino que también constituye un verdadero deber legal, que
ejercen los funcionarios judiciales para lograr el adecuado entendimiento de
los hechos debatidos y, en esa medida, poner fin a los conflictos con la mayor
convicción posible y la justicia material.
40.- Ahora bien, en lo que
atañe a la oportunidad procesal, el artículo 180 del Código de Procedimiento
Civil (Decreto 1400 de 1970) señalaba que se pueden decretar pruebas de oficio “en
los términos probatorios de las instancias y de los incidentes y
posteriormente, antes de fallar”. Asimismo el artículo 170 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) indica que “el
juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del
proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para
esclarecer los hechos objeto de controversia.”
Con fundamento en lo
anterior, el juez puede decretar pruebas de oficio cuantas veces lo considere
necesario, tal como la Corte Suprema de Justicia lo ha establecido en su
jurisprudencia, al indicar que “la ley no establece que pueda hacerlo una
sola o única ocasión antes del proferimiento del fallo”[100].
41.- Por otra parte, en lo
relacionado con la posibilidad de decretar pruebas de oficio dentro del proceso
extraordinario de revisión, un sector de la doctrina apoyada en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[101],
ha señalado que anteriormente se negaba la posibilidad de decretarlas con fundamento en la prevalencia del carácter de
recurso extraordinario sobre el de acción o de proceso. No obstante, “desde
la reforma de 1989, la jurisprudencia, al darle gradualmente, conforme a ella,
prioridad al carácter de proceso a la revisión extraordinaria,
consecuencialmente también ha venido reconociéndole al órgano jurisdiccional la
potestad de decreto de pruebas de oficio, llegando en este momento a adoptar en
la presentación de la demanda de revisión un criterio dominante de instancia
frente al tradicional de recurso extraordinario.”[102]
De lo
expuesto se concluye que dentro del proceso extraordinario de revisión, el juez
tiene la facultad-deber de decretar las pruebas de oficio que considere
necesarias para llegar a la verdad del asunto que se debate hasta antes de
fallar y así construir una decisión que no se aparte del sendero de la justicia
material y garantice los postulados del Estado Social de Derecho.
Caso concreto
42.- Habida cuenta de
que la acción de tutela presentada por Idolfo Romero Santiago y otros contra la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena cuestionó diversas
actuaciones de dicha autoridad judicial en el trámite del recurso
extraordinario de revisión formulado por el Banco Popular S.A. y otros en
contra de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2007 por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cartagena, dentro del proceso de pertenencia
adelantado por los promotores de la presente acción de tutela en contra de
Miguel Valiente y otros, la Sala, en el fundamento jurídico 4 de esta
sentencia, advirtió que adelantará el análisis de los defectos de las
decisiones cuestionadas de forma separada. En primer lugar, se estudiarán las
censuras dirigidas en contra de los autos que decretaron una prueba pericial de
oficio y, luego se analizarán los defectos que se le atribuyeron a la sentencia
que resolvió el recurso de revisión referido.
El
estudio de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales respecto de los autos en los que se decretó, de oficio,
la prueba pericial
43.- En el análisis
del primer problema jurídico la Sala determinará si en las actuaciones
desplegadas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena se configuró un defecto sustantivo y procedimental
porque la autoridad judicial accionada decretó una prueba de oficio a pesar
de que el artículo 383 del C.P.C. y algunas sentencias de la Corte Suprema de
Justicia han establecido que en el trámite del recurso extraordinario de
revisión sólo pueden decretarse y practicarse las pruebas pedidas por las
partes.
Por otro lado, determinará
si con dicha actuación también se configuró un defecto orgánico, debido
a la falta de competencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Cartagena para decretar la prueba de oficio en el trámite de revisión y de la
transgresión de los términos que rigen esas actuaciones procesales.
44.- A
fin de resolver el asunto, la Sala en primer lugar destaca que no existía una
prohibición legal que le impidiera al Tribunal Superior de Cartagena decretar
la prueba de oficio en el trámite de revisión y, por el contrario, la labor del
juez del Estado Social de Derecho le imponía esa obligación. En efecto, la
tarea primordial del juez es la búsqueda de la verdad, la cual está vinculada con la prueba de oficio, ya que ésta constituye
un instrumento esencial para la reconstrucción de la situación fáctica del
proceso, en los casos en los que los elementos probatorios aportados por las
partes no permiten esclarecer el asunto por resolver o porque la controversia
procesal carece de un medio probatorio necesario para una decisión justa que
garantice el derecho sustancial.
45.- En
segundo lugar, no le asiste razón a los demandantes cuando señalan que, de
acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, en el trámite del recurso extraordinario de revisión sólo
pueden decretarse y practicarse las pruebas pedidas por las partes.
Específicamente, los
accionantes indican que de acuerdo con el artículo 383 del C.P.C. sólo pueden
decretarse y practicarse las pruebas pedidas por las partes. Sin embargo,
aunque el artículo referido señala que “surtido el traslado a los demandados
se decretaran las pruebas pedidas, y se fijará el término de quince días para
practicarlas”, el mismo precepto no fija como regla procesal para el
recurso de revisión la prohibición de decretar pruebas de oficio. Además, el
término probatorio establecido en la norma transcrita rige únicamente el
decreto de pruebas que son solicitadas por las partes, ya que respecto a la
oportunidad procesal en la que pueden decretarse pruebas de oficio debe
considerarse la norma especial, es decir el artículo 180 del Código de
Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), aplicable para el caso, y que
señala que es posible decretarlas “en los términos probatorios de las
instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar”.
En concordancia con lo
expuesto, es importante recordar, como lo ha indicado esta Corte, que la
prohibición de decretar pruebas de oficio no es un principio constitucional o
legal, sino que corresponde a una regla de técnica que responde a la estructura
adoptada por el Legislador para cada proceso. En esa medida, se observa que
para el trámite del recurso extraordinario de revisión en la ley no se previó,
de manera específica, la prohibición de decretar pruebas de oficio[103], lo que se corresponde con la labor
del juez en el Estado Social de Derecho, en el que el proceso jurisdiccional
cuenta con una finalidad especial que radica en la obtención de decisiones
justas que respondan a la realidad de los hechos.
Ahora bien, tampoco le
asiste razón a los demandantes cuando señalan que, de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, se extrae que en el trámite del recurso
extraordinario de revisión sólo pueden decretarse y practicarse las pruebas
pedidas por las partes.
Por el contrario, en las
consideraciones de esta sentencia, la Sala destacó la jurisprudencia de esa
Corporación que se refiere a la posibilidad de decretar pruebas de oficio y en
cuanto al proceso extraordinario de revisión, refirió que anteriormente se
proscribía esa actuación con fundamento en la prevalencia del carácter de
recurso extraordinario de revisión sobre el de acción o de proceso. No
obstante, “desde la reforma de 1989, la jurisprudencia, al darle
gradualmente, conforme a ella, prioridad al carácter de proceso a la revisión
extraordinaria, consecuencialmente también ha venido reconociéndole al órgano
jurisdiccional la potestad de decreto de pruebas de oficio, llegando en este
momento a adoptar en la presentación de la demanda de revisión un criterio
dominante de instancia frente al tradicional de recurso extraordinario.” [104]
En esa medida, el argumento
según el cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena carecía
de competencia para decretar la prueba de oficio en el trámite de revisión
desconoce, por una parte, los estatutos procesales que establecen que el juez
puede decretar pruebas de oficio cuando las considere “útiles para la
verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes” y,
además, contradice las actuales reglas jurisprudenciales de acuerdo con las
cuales el decreto oficioso de pruebas no es sólo una atribución o facultad potestativa
del juez, sino un verdadero deber legal, que las autoridades  judiciales
ejercen para lograr el adecuado entendimiento de los hechos debatidos y, en esa
medida, poner fin a los conflictos con la mayor convicción posible.
46.- En tercer lugar, es
importante resaltar que el decreto oficioso de la prueba en el caso bajo examen
no correspondió a una actuación arbitraria o caprichosa del juez. Al respecto,
debe recordarse, en relación con las actuaciones desplegadas por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el
trámite del recurso de revisión, que mediante auto del 26 de septiembre de
2011, dicha autoridad decretó, de oficio, la realización del dictamen pericial
a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre el inmueble objeto del
litigio para establecer su identificación, determinar las medidas y linderos, la
ubicación geográfica y determinar los titulares de derecho de dominio. En la
providencia, textualmente indicó lo siguiente:
“(…) Considera el Despacho igualmente pertinente decretar de
oficio y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 180 del C. de P.C.,
en armonía con el artículo 243 del C. de P.C prueba pericial  a cargo del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad que cuenta con el personal
calificado y especializado para rendir el dictamen con suficiencia técnica, en
virtud del asunto objeto de discusión y que se pretende esclarecer a través de
dicha prueba, es de las actividades propias de la mencionada institución.”[105]
Asimismo, el juez mediante
auto del 25 de septiembre de 2012 y “en aras de un mejor proveer y de llegar
al pleno convencimiento de los hechos y pretensiones de la demanda”[106] decretó nuevamente, de
oficio, el dictamen pericial que había ordenado en auto del 26 de septiembre de
2011.
Por su parte, el 30 de enero
de 2013, el magistrado no declaró la nulidad del auto que reiteró la prueba de
oficio, al estimar que el juez está facultado para orientar el trámite judicial
con el fin de que no resulten afectados los derechos e intereses de las partes
y en aras de acercarse, en mayor medida, a la verdad, y porque el Legislador no
proscribió expresamente el uso de las facultades oficiosas del juez en el
trámite del recurso extraordinario de revisión.
En esa medida, se observa
que la actuación del juez, relacionada con el decreto oficioso del dictamen
estuvo debidamente motivada y fue razonada, por lo que no es susceptible de ser
calificada como violatoria del derecho al debido proceso de los accionantes.
Tampoco puede afirmarse que
esa autoridad judicial al decretar la prueba de oficio en el trámite de
revisión incurrió en defectos sustantivo, procedimental y orgánico. Por el
contrario, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena actuó como
directora del proceso y asumió el rol protagónico que le asigna el ordenamiento
en la garantía de los derechos sustanciales, al decretar la práctica de una
prueba imprescindible para fallar y, de esa forma, no desconoció su compromiso
con la búsqueda de la verdad, tal como lo sustentó en las diversas decisiones
que profirió durante el trámite de revisión.
47.- A partir de lo
expuesto, se concluye que la actuación del Tribunal en el decreto de la prueba
de oficio no adolece de los defectos sustantivo, procedimental y orgánico
alegados por los accionantes. Lo anterior, por cuanto diversos factores como: (i)
el papel del juez en el Estado Social de Derecho, (ii) las reglas procesales
establecidas en el Estatuto Procesal Civil, (iii) la finalidad del recurso
extraordinario de revisión, y (iv) la necesidad de la prueba en aras de
acercarse a la verdad de los hechos, justificaron el uso de sus facultades
oficiosas durante el trámite del recurso extraordinario de revisión y antes del
fallo, para decretar la prueba que lo conduciría al adecuado entendimiento de
los hechos debatidos y, en esa medida, resolver el conflicto puesto a su
consideración con la mayor convicción posible.
El
estudio de las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales respecto de la sentencia que resolvió el recurso
revisión
48.- En el escrito de
tutela los actores indicaron que la sentencia dictada el 24 de abril de 2015
por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena incurrió en defectos fáctico y orgánico.
El defecto fáctico
lo derivaron de la falta de valoración de diversas circunstancias y elementos
de prueba: (i) los títulos expuestos por los demandantes del recurso de
revisión; (ii) la inscripción de la demanda de pertenencia en el folio de
matrícula inmobiliaria Nº 060-34226; (iii) que el terreno de propiedad de
Inversiones La Lujosa Ltda. (revisionista) está situado en el corregimiento de
las Canoas, y no en el de Arroyo Grande; (iv) la certificación del IGAC que
reporta que los corregimientos de las Canoas y Arroyo Grande “están situados
en kilómetros diferentes de la vía al mar: Cartagena Barranquilla”[107]; (v) la certificación
expedida por la Oficina de Planeación Distrital de Cartagena, que da cuenta de
la ubicación diferenciada de los corregimientos Las Canoas y Arroyo Grande;
(vi) el folio de matrícula Nº 060-34226 del que se advierte que el predio
Arroyo Grande cuenta con 3.500 hectáreas, y que el área adquirida por los
accionantes es una particular y concreta ubicada en el corregimiento Arroyo
Grande.
También indicaron que
el defecto fáctico se configuró como consecuencia de la indebida
valoración de los elementos de prueba que sirvieron de fundamento para
establecer el aparente traslape entre los predios.
49.- En primer lugar,
los actores adujeron que “(…) a los Magistrados se les demostró
documentalmente que los títulos que aducen los revisionistas (…) no son
oponibles a los nativos de la comunidad de Arroyo Grande”[108].
Explicaron que se trata de una omisión esencial porque, según argumentan, sólo
a los raizales descendientes de las personas identificadas en el folio de
matrícula Nº 060-34226 les está “permitido prescribir adquisitivamente parte
del bien común”[109].
En síntesis, los
actores adujeron que el derecho de dominio de los demandantes del recurso de
revisión les es inoponible por la forma en la que éstos adquirieron los
inmuebles, pues su dominio tiene como antecedentes procesos de pertenencia en
los que los copropietarios del predio “Arroyo Grande” no fueron
convocados.
Frente a esta censura la
Sala advierte que las circunstancias que refieren los accionantes,
particularmente que en los antecedentes del derecho de dominio de los recurrentes
en revisión, se encuentran procesos de pertenencia en los que no fueron
convocados los copropietarios del predio “Arroyo Grande”, no eran
determinantes frente al problema jurídico que resolvió el Tribunal en el
recurso de revisión y, por ende, no logran afectar los pilares de la
decisión.
Lo anterior porque en el
marco del recurso de revisión que estudió la autoridad judicial accionada, el
problema jurídico que resolvió consistía en establecer si en el trámite del
proceso de pertenencia que adelantaron Idolfo Romero Santiago y otros, y a
través del que se declaró que adquirieron, por usucapión, parte del predio de
mayor extensión “Arroyo Grande”, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 060-34226, se configuraron las causales de revisión invocadas por
los recurrentes, relacionadas principalmente con su falta de notificación y el
indebido emplazamiento de los indeterminados, asunto en el que no le
correspondía establecer la prevalencia de los derechos.
La decisión del
Tribunal no se fundó en la oponibilidad del derecho de dominio de los
recurrentes frente al de los demandantes del proceso de pertenencia sino que,
por el contrario, destacó que en atención a la información del folio
inmobiliario en el que los recurrentes no obraban como titulares de derecho de
dominio principal y ante los serios indicios de coincidencias materiales
entre partes de los predios de aquéllos y el predio de mayor extensión, en el
proceso de pertenencia debió adelantarse el debido llamamiento a los
indeterminados, pues esa es la forma que establece el ordenamiento y a través
de la que se asegura que quienes no obran en el folio inmobiliario, pero creen
tener derechos sobre el predio sobre el que recae la pretensión adquisitiva
concurran al trámite de pertenencia y ejerzan su derecho de defensa.
50.- En segundo
lugar, los actores fundaron el defecto fáctico de la sentencia en la falta de
valoración de la inscripción de la demanda de pertenencia en el folio
inmobiliario núm. 060-34226. Para los censores si el juez accionado hubiera
valorado la inscripción de la demanda en el folio inmobiliario del predio de
mayor extensión no habría podido concluir el indebido llamamiento de los
revisionistas, pues con ese registro se enteraron del proceso de pertenencia.
Frente a ese
cuestionamiento, la Sala advierte que, en efecto, en la sentencia cuestionada
no obra alguna consideración expresa sobre la inscripción de la demanda en el
folio del predio de mayor extensión. Sin embargo esa omisión no tiene la entidad
suficiente para configurar un defecto fáctico de la decisión, pues como lo ha
indicado la jurisprudencia constitucional cualquier omisión en la actividad de
valoración de las pruebas no sirve para establecer el defecto, sino que ésta
debe ser trascendente de cara a la decisión[110].
En concordancia con
lo anterior véase que frente a los fundamentos de la sentencia cuestionada la
valoración de la inscripción de la demanda en el folio del predio de mayor
extensión no habría cambiado el sentido de la decisión, ya que la autoridad
judicial accionada, con base en las disposiciones procesales pertinentes y
apoyada en jurisprudencia, destacó la obligatoriedad del emplazamiento de los
indeterminados en el trámite de pertenencia. En efecto, la Sala Civil Familia
indicó que por mandato del artículo 407 del C.P.C. el emplazamiento de los
indeterminados es obligatorio y refirió la relevancia de ese llamamiento para
la garantía del derecho al debido proceso. Finalmente, reforzó el carácter
obligatorio del emplazamiento de quienes se crean con derechos sobre el respectivo
bien con una referencia a los efectos, erga omnes, de la sentencia que
se dicta en este tipo de trámites.
De suerte que si el
emplazamiento de los indeterminados es un acto particular y obligatorio en el
trámite de pertenencia establecido por el Legislador para la protección del
debido proceso y del derecho de defensa de los terceros, éste no se puede
omitir, subsanar o tener por cumplido a través de otros actos de publicidad[111]. En efecto, la legislación procesal
civil previó la inscripción de la demanda de pertenencia en el folio de
matrícula inmobiliaria y también ordenó el emplazamiento de los indeterminados,
sin establecer la equivalencia de esos actos, y a pesar de que se trata de
medidas de publicidad el ordenamiento les otorgó el mismo grado de
obligatoriedad y relevancia, de ahí que la valoración de la inscripción de la
demanda no habría podido tener por subsanado el indebido emplazamiento de los
indeterminados, de acuerdo con los fundamentos expuestos por el juez censurado,
particularmente frente a la importancia del llamamiento a los indeterminados a
la que aludió.
51.- En tercer lugar,
los demandantes señalaron que en la valoración probatoria que adelantó la
autoridad judicial accionada para establecer el traslape de los predios de los
recurrentes y el de mayor extensión, no se evaluó: (i) que el terreno de
propiedad de Inversiones Lujosa Ltda. –demandante en el recurso de revisión-
está situado en el corregimiento de Las Canoas y no en el de Arroyo Grande, que
es donde está la parte prescrita por los accionantes; (ii) que la certificación
del IGAC indica que los corregimientos de las Canoas y Arroyo Grande “están
situados en kilómetros diferentes de la vía al mar: Cartagena Barranquilla”[112]; (iii) que la
certificación expedida por la Oficina de Planeación Distrital de Cartagena,
confirma la ubicación diferenciada de los corregimientos Las Canoas y Arroyo
Grande, y (iv) que el globo general -folio de matrícula núm. 060-34226-, de
aproximadamente 3.500 hectáreas, tiene diferentes anotaciones que dan cuenta de
la adquisición por usucapión de diversas áreas, y que el área prescrita por los
accionantes -440 hectáreas aproximadamente- es una particular y concreta
ubicada en Arroyo Grande.
Los elementos
referidos por los actores que, aducen, no fueron considerados por el juez
accionado, indican que el predio de uno de los recurrentes en revisión,
Inversiones Lujosa Ltda., está ubicado en el corregimiento de Las Canoas y que
el predio sobre el que recayó su pretensión adquisitiva hace parte del
corregimiento de Arroyo Grande.
52.- Para el análisis
de las omisiones endilgadas, lo primero que la Sala advierte es que en el
estudio de la legitimación en la causa para formular el recurso de revisión el
juez accionado indicó que los elementos de prueba lo llevaron al convencimiento
de que las pretensiones de los demandantes del proceso de pertenencia
cuestionado “interfieren o se superponen parcialmente con el predio de mayor
extensión, sin que los accionantes en revisión hubieran tenido la oportunidad
de defender sus derechos al interior del ordinario al haber sido enterados
inexactamente acerca de la ubicación territorial del predio que allí se
persiguió”[113]
La Sala Civil-Familia
apoyó esa conclusión en las siguientes consideraciones:
(i)
El predio de mayor extensión, del que se desprendió el de menor
extensión sobre el que recayó la pretensión adquisitiva, tiene diversos
problemas de alinderación.
Esta conclusión la fundó en la ausencia de código catastral y el
folio inmobiliario del predio de mayor extensión;
(ii)
Las pretensiones de Idolfo Romero Santiago y otros en el proceso
de pertenencia se extendieron física y parcialmente sobre terrenos de propiedad
de Inversiones Lujosa Ltda.
Esta afirmación la soportó en: a) la plancha obrante a folio 274;
b) el plano situado en la parte final de pruebas del cuaderno de primera
instancia; c) el folio inmobiliario núm. 060-33844 de propiedad de Inversiones
Lujosa Ltda.; d) la escritura pública núm. 356 de 30 junio de 2005 otorgada en
la Notaría 13 del Círculo de Bogotá, y e) en el hecho de que los predios
involucran el lindero de Josué Sacristán.
(iii)
Las pretensiones de Idolfo Romero Santiago y otros en el proceso
de pertenencia se extendieron física y parcialmente a terrenos de, por lo
menos, 3 de los predios de los recurrentes en revisión.
Esta conclusión la sustentó
en el dictamen pericial rendido por el IGAC.
Establecidos los
fundamentos de la decisión, la Sala observa que, en efecto, para el juez una de
las razones que sustentó la legitimación en la causa de los recurrentes es el
traslape entre el predio de Inversiones Lujosa Ltda. y el predio sobre el que
recayó la pretensión adquisitiva de los actores identificado con el folio
inmobiliario 060-233729. Para los promotores de la acción de tutela esa
conclusión es errada y no consideró los elementos de prueba obrantes en el
trámite que dan cuenta de la ubicación diversa de dichos predios, que se
desprende de los conceptos del IGAC y de la Oficina de Planeación Distrital de
Cartagena en las que se precisa la ubicación de cada uno de los corregimientos
-Arroyo Grande y Las Canoas-.
53.- Respecto a ese
argumento la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por los accionantes,
las pruebas que refieren no dan cuenta de una ubicación diferente de los
predios que confronte las consideraciones del juez acusado y, por el contrario,
dichos elementos clarifican la supuesta contradicción a la que se alude en el
escrito de tutela.
En efecto, en el
trámite de revisión luego de que el IGAC presentara el dictamen pericial fue
requerido para que aclarara algunos puntos por solicitud de la parte demandada,
entre los que se incluyó la aparente incoherencia entre el traslape que
determinó el instituto y la ubicación en diferentes corregimientos de los
predios involucrados.[114] Frente a ese aspecto particular el
IGAC precisó:
“Téngase en cuenta que no soy yo quien los ubica, sino su posición
geográfica es quien nos demuestra su verdadera, física y real ubicación, la
cual se halla demostrada para cada uno de estos lotes en el literal d) del
informe con apoyo de los planos 1 y 3, conformados por las cartas prediales:
23-II-A, 23-II-B, 23-II-C, 23-II-D. Correspondientes al municipio de Cartagena.
Observados los folios de matrículas inmobiliarias arriba señalados
podemos darnos cuenta que estos se desprenden de uno de mayor extensión DENOMINADO
Las Canoas en Arroyo Grande. No queriendo decir esto que el predio de mayor
extensión se halla ubicado en el caserío Las Canoas” (subrayas ajenas al texto original)[115]
Esa precisión en la
complementación del dictamen pericial aunada a la actividad del juez y a los
elementos obrantes en el trámite descartan el defecto fáctico alegado por los
accionantes, pues el juez accionado consideró diversas pruebas que lo
convencieron del traslape material referido en el dictamen y que legitimaba a
los recurrentes a formular el recurso de revisión, entre las que consideró los
folios inmobiliarios de los predios involucrados, la prueba pericial recaudada
y los instrumentos públicos que referían un lindero común entre el predio de
Inversiones Lujosa Ltda. y el adquirido por los accionantes en el proceso de
pertenencia.
En efecto, el juez
valoró los elementos a su alcance para establecer la superposición material y
parcial referida, y de su actividad no se desprende un defecto por no considerar
una circunstancia que, como se verá, no altera la conclusión a la que arribó.
54.- Tal y como lo
señalan los accionantes en el trámite está demostrado, por una parte, que “Las
Canoas” y “Arroyo Grande” son corregimientos diferentes y, por ende,
tienen una ubicación disímil, mientras el primero se encuentra en el kilómetro
26+250 metros en la autopista al mar entre la ciudad de Cartagena y
Barranquilla, el segundo está ubicado en el kilómetro 33+500 metros de la misma
vía[116] y, de otra parte, que en el folio
inmobiliario 060-33844, que corresponde al predio de mayor extensión de
Inversiones Lujosa Ltda., se indica que se trata de una finca ubicada en el
corregimiento Las Canoas.
Sin embargo, dichas
circunstancias no debilitan la conclusión del juez sobre el traslape, pues (i)
respecto al predio de Inversiones Lujosa Ltda.,[117]existen
diversos elementos que dan cuenta que de ese predio mayor y original se
segregaron algunos más pequeños ubicados parcialmente en el corregimiento de
Arroyo Grande; (ii) el traslape que refirió el juez y que le sirvió de sustento
para establecer la legitimación es parcial, lo que no contraría
necesariamente la ubicación general a la que alude el folio inmobiliario, y
(iii) por la especialidad y el carácter técnico del concepto es válido
otorgarle mayor credibilidad al dictamen pericial frente a la información
general referida en el folio inmobiliario.
En primer lugar,
véase que la ubicación del predio Inversiones Lujosa Ltda. en el corregimiento
“Las Canoas” se sustenta, por los accionantes, únicamente en la
referencia que obra en el folio inmobiliario núm. 060-33844. Empero, la Sala
advierte que otros elementos de prueba, incluidos los folios inmobiliarios
segregados del predio de mayor extensión (060-33844) refuerzan la conclusión
del juez, según la cual una porción de ese inmueble está ubicado en el
corregimiento de Arroyo Grande como lo refirió el IGAC en la respuesta citada
previamente.
Aunque parte de las
consideraciones expuestas por el juez accionado aludieron el folio inmobiliario
060-33844, el cual se abrió el 20 de noviembre de 1980 con base en la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 1980 por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Cartagena, y en el que se indica como dirección del inmueble “Finca…ubicada
en el corregimiento Las Canoas”[118] lo cierto es que, como
se describirá, algunos de los predios de menor extensión que se han segregado
de ese predio mayor refieren una ubicación distinta, el corregimiento de Arroyo
Grande, que coincide con el dictamen pericial.
Nótese que del predio de
mayor extensión identificado con folio inmobiliario 060-33844 se
desenglobaron los predios con folio inmobiliario: (i) 060-186796 “Lote
que se desprende de otro de mayor extensión en el denominado Las Canoas en
Arroyo Grande”[119]; (ii) 060-186800 “Lote 4 en
el denominado Las Canoas en Arroyo Grande”[120];
(iii) 060-196164 “Lote que se desprende de otro de mayor extensión en
el #corregimiento Las Canoas”[121] y (iv) 060-215671 “Lote
que se desprende de otro de mayor extensión en #el corregimiento Las Canoas”[122].
Ahora bien, como
consecuencia de la división material protocolizada en la escritura pública núm.
2194 otorgada el 29 de noviembre de 2001 en la Notaría Sexta de Barranquilla,
del predio 060-186796 se segregaron los folios inmobiliarios 060-186797;
060-186798 (código catastral 000100021298000) “Lote 2 en el
denominado Las Canoas # en Arroyo Grande” [123]
y 060-186799 (código catastral 000100021299000) “Lote 3 en el
denominado Las Canoas #en Arroyo Grande” [124].
Por otra parte, como
consecuencia del englobe protocolizado en la escritura pública núm. 3456
otorgada el 30 de junio de 2005 en la Notaría Trece de Bogotá se abrió el folio
inmobiliario 060-215719[125] (código catastral
001000100021423000).
Si se confrontan los folios
inmobiliarios referidos se advierte que, tal y como lo señalan los accionantes,
en el del predio de mayor extensión de Inversiones Lujosa Ltda. se indica que
está ubicado en el corregimiento Las Canoas, pero los actos posteriores, que
reflejan los folios inmobiliarios referidos, dan cuenta de una ubicación
disímil de algunos de los predios segregados en el corregimiento de Arroyo Grande.
La ubicación parcial, que se extiende sobre el corregimiento Arroyo Grande
coincide con el dictamen pericial rendido por el IGAC en el que dio cuenta de
traslapes parciales, no totales, del predio adquirido por usucapión por
los actores con algunos de los predios que se segregaron del predio mayor 060-33844
y que se emitió en los siguientes términos:
“Teniendo en cuenta el ploteo descrito en el punto b de este
informe, los predios afectados por este ploteo, son los que aparecen
identificados con sus titulares de dominio con referencias catastrales y folios
de matrícula inmobiliaria conforme se relacionan a continuación, por su
descripción geográfica, predios que se desprenden de uno de mayor extensión
identificado con la referencia catastral 00-01-0002-0122-000, de propiedad de
Inversiones Lujosa con las referencias catastrales números 00-01-0002-1297-000
(lote#1), 00-01-0002-1298-000 (lote#2), 00-01-0002-1299-000 (lote #3) y
00-01-0002-1423-000 (lote#4) (…)”[126]
De manera que, como
se vio, una valoración expresa por parte del juez accionado sobre el lugar de
ubicación del predio de mayor extensión de Inversiones Lujosa Ltda., de acuerdo
con el folio inmobiliario, no habría alterado la conclusión a la que arribó
sobre el traslape parcial, máxime cuando en el trámite obra un dictamen
pericial, rendido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que da cuenta de
la superposición de los predios, el cual se emitió por una autoridad experta en
la materia, se fundó en visitas de campo, en la identificación física de los
predios, y la determinación de la ubicación geográfica con base en los
linderos, medidas, cartografía e información que reposa en los archivos de
dicho instituto.
Cabe destacar que la prueba
pericial referida cobra una gran relevancia de cara a la situación que debía
dilucidarse, pues se trataba de una cuestión técnica que demandaba
conocimientos especializados y la constatación material de la superposición
parcial entre los predios[127]. En ese sentido, el concepto rendido
por la máxima autoridad catastral en el país y que ejerce diversas funciones en
cartografía, agrología, catastro y geografía[128],
los elementos técnicos que soportaron dicho dictamen y los conocimientos con
los que cuenta el IGAC para determinar un asunto que, por la materia, no puede
establecerse autónomamente por el juez, robustecen las consideraciones de la
autoridad accionada sobre el traslape referido.
Finalmente, hay que señalar
que tampoco se desprende un defecto fáctico porque el juez no valoró que el
globo general (folio de matrícula Nº 060-34226), de aproximadamente 3.500
hectáreas, tiene diferentes anotaciones que dan cuenta de la adquisición por
usucapión de diversas áreas, y que el área prescrita por los accionantes (440
hectáreas aproximadamente) es una particular y concreta ubicada en Arroyo
Grande, pues para establecer la legitimación para formular el recurso de
revisión el juez consideró la superposición de los predios de los recurrentes
con el predio de mayor extensión y, de forma particular, el traslape entre el
predio adquirido por usucapión por los promotores de la acción de tutela y
algunos de los predios de los recurrentes.
55.- Ahora bien respecto a
la indebida valoración de las pruebas tampoco se configura el defecto fáctico,
pues, como se ha descrito, el juez indicó cada uno de los elementos que lo
llevaron al convencimiento sobre la superposición de partes de los predios de
los revisionistas con el adquirido por los demandantes del proceso de
pertenencia, y las circunstancias que, en su concepto, incidían en ese
traslape, tales como la ausencia del registro catastral del predio de mayor
extensión, la existencia de un lindero común reflejado en el plano que fue
aportado en el proceso de pertenencia y la escritura pública núm. 356 de 30
junio de 2005 otorgada en la Notaría 13 del Círculo de Bogotá, y las
conclusiones sobre las coincidencias materiales parciales de las que dio cuenta
el dictamen pericial aportado.
El análisis técnico
que extrañan los demandantes se desprende del tipo de pruebas que el juez
accionado valoró, pues consideró las conclusiones de la entidad que, como se
indicó, tiene los conocimientos técnicos para establecer el traslape, el plano
que refleja el bien que fue adquirido por usucapión y la coincidencia que se
desprende de los instrumentos que dan cuenta de los linderos.
En ese sentido, cabe
destacar que en el trámite no se demostró el error de las conclusiones técnicas
que contiene el dictamen pericial, la decisión cuestionada consideró diversos
elementos obrantes en el trámite y los actores no demuestran un yerro del
dictamen pericial o de los demás elementos considerados por el juez accionado,
que llevaran a una conclusión diferente sobre la coincidencia material que se
tuvo por demostrada en la sentencia de 24 de abril de 2015.
Legitimación en la causa
para formular el recurso de revisión
56.- Descartado el
defecto fáctico que los accionantes le atribuyeron a la sentencia que resolvió
el recurso de revisión, la Sala advierte que esas censuras estuvieron
dirigidas, principalmente, a cuestionar la conclusión a la que arribó el juez
accionado sobre el traslape material entre predios de los recurrentes y el
adquirido por usucapión por los promotores de la acción de tutela, pues con
base en esa circunstancia la Sala Civil-Familia tuvo por probada la
legitimación de los demandantes para formular dicho recurso extraordinario.
Frente a la
legitimación en la causa para presentar el recurso de revisión debe
considerarse que el inciso 4º del artículo 383 del Código de Procedimiento
Civil preveía que la demanda sería rechazada cuando “(…)
no la formule la persona legitimada para hacerlo, bien por haber sido parte en
el proceso donde se profirió la sentencia materia de impugnación o bien por
tratarse, en el evento previsto en el numeral 6º del artículo 380 del Código de
Procedimiento Civil, de un tercero perjudicado o sus causahabientes.”
De esa previsión del Código
de Procedimiento Civil, se advierte una legitimación en la causa restringida,
radicada exclusivamente en las partes del proceso, salvo cuando se trata de la
causal relacionada con colusión o
maniobras fraudulentas de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia
que afectaron a terceros.
Con base en la norma
citada, la Sala de Casación Civil ha destacado el carácter restringido de la
legitimación en la causa para formular el recurso extraordinario de revisión.
Por ejemplo, en auto de 29 de mayo de 2013 indicó:
“En torno a los sujetos legitimados para intervenir en el
adelantamiento del ‘recurso de revisión’, se deduce que esa facultad en
principio la tienen “las personas que fueron parte en el proceso en que se
dictó la sentencia”, puesto que con ellas se ordena adelantar ‘el procedimiento
de revisión’, así lo prevé el numeral 2º del artículo 382 ibídem, que ordena
incluir dicha información en la respectiva demanda y refuerza esa exigencia lo
consagrado en el párrafo 4º del precepto 383 del mismo ordenamiento, en cuanto
establece el rechazo del escrito sustentatorio de la aludida ‘impugnación
extraordinaria’, en el evento de no presentarlo quien tuvo la condición de
parte en el respectivo proceso, aunque cabe agregar, que de manera excepcional
se autoriza al ‘tercero perjudicado o sus causahabientes’, cuando se invoque la
causal 6ª de revisión prevista en el canon 380 ejusdem.”
A pesar de esa
percepción estricta de la legitimación en la causa, en algunos pronunciamientos
dicha Corporación ha resaltado que la noción de parte debe entenderse en su
acepción amplia:
“(…) el concepto de parte, en ese entendido, no queda restringido
a quien acciona y contra quien se dirigen las pretensiones, puesto que dicho
término, como lo regulan los artículos 44 a 60 del estatuto procesal civil,
comprende a los litisconsortes; terceros intervinientes, ya sea por adhesión o
ad excludendum; denunciados en el pleito; llamados en garantía o ex oficio;
poseedores o tenedores citados; y los sucesores procesales.”[129]
57.- El carácter
restringido del recurso de revisión, que se manifiesta en diversos aspectos de
su regulación, tales como la legitimación para incoarlo, obedece a su carácter
extraordinario, el cual está justificado por tratarse de una excepción al
principio de inmutabilidad de la cosa juzgada y a los intereses superiores
involucrados, entre los que se encuentra la seguridad y coherencia del
ordenamiento jurídico, la necesidad social de pacificación y de que los
conflictos se resuelvan de manera definitiva, y la preservación de un orden
justo.
No obstante los bienes
superiores que resguarda la cosa juzgada, el recurso de revisión contempla
excepciones a su inmutabilidad fundadas en la justicia material del caso
concreto y por eso se establecen diversas causales, entre las que se incluye la
indebida representación o la falta de notificación, la cual resguarda el derecho de defensa, particularmente el conocimiento
del proceso como presupuesto mínimo para el ejercicio de las garantías que
integran el debido proceso.
Como quiera
que el recurso de revisión ampara la justicia material, el estudio que adelanta
el juez no puede ser ajeno a esa finalidad, particularmente cuando el vicio que
se le atribuye a la actuación está relacionado con la notificación, como “(…)
acto propio del proceso de carácter material que busca dar a conocer a las
partes o interesados las decisiones proferidas por una autoridad pública
conforme a las formalidades legales. Su finalidad está dada en garantizar el
conocimiento de la existencia de un proceso o de una actuación administrativa
como también su desarrollo para efectos de proteger las garantías propias del
debido proceso como el derecho de defensa.”[130]
La
relevancia de la notificación y, particularmente, de la comunicación inicial se
ha reconocido por el Legislador en el diseño procesal, a través de las
exigencias que establece para dicho enteramiento y las consecuencias que prevé
cuando se omite, tales como la consagración de una causal específica de
revisión. En ese sentido, la Sala de Casación Civil ha indicado que:
“La adecuada notificación del demandado franquea la puerta al
ejercicio del derecho de defensa, garantía constitucional que como componente
fundamental del debido proceso se resiente en presencia de irregularidades en
el trámite cumplido para lograr la comparecencia del demandado en el juicio. En
ese contexto, la ley requiere que la primicia sobre la existencia del proceso
deba darse al demandado cumpliendo a cabalidad las exigencias que ha puesto el
legislador en tan delicada materia, todo con el fin de lograr el propósito de
integrarlo personalmente a la relación jurídico procesal” [131]
En
atención a esa trascendencia de la notificación para el ejercicio del derecho
defensa y el debido proceso, en los casos en los que se presentan serios
indicios sobre el interés del recurrente, a pesar de que no haya sido parte, y
éste alegue justamente su falta de notificación, es necesario que el juez
privilegie el acceso a la administración de justicia, el carácter instrumental
de las formas y admita la legitimación para incoar el recurso extraordinario de
revisión.
Cabe
precisar que la determinación estricta de la legitimación para formular el
recurso de revisión por falta de notificación no tiene la virtualidad de
afectar los derechos de terceros en los casos en los que la sentencia tiene
efectos inter partes, pero cuando se trata de decisiones con efectos erga
omnes, como la que se dicta en el trámite de pertenencia, el cual se dirige
no sólo contra los titulares de derechos reales inscritos sino contra
indeterminados y dado el efecto universal de la declaración de dominio, esa
percepción rígida sí puede comprometer derechos de quienes no fueron parte del
proceso.
58.-
En consecuencia, la legitimación en la causa para invocar la causal de revisión
relacionada con la falta de notificación o emplazamiento respecto a los
trámites de pertenencia en los que existan serios indicios sobre el traslape
material de predios, exigen un mayor análisis del juez que no se limite a
verificar la condición de parte en el trámite cuestionado. Una valoración menos
formal y en la que se considere el interés material del recurrente, en la
hipótesis descrita, resulta imperativa para preservar los derechos al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, y además se
corresponde con la previsión vigente del Código General del Proceso, que no
incluye la condición de parte referida en el anterior estatuto procesal, ya que
el inciso 3º del artículo 358 establece que “Sin más trámite, la demanda
será rechazada cuando no se presente en el término legal, o haya sido formulada
por quien carece de legitimación para hacerlo”.
El defecto orgánico
de la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión
59.- Los accionantes
indicaron que la sentencia dictada el 24 de abril de 2015 por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena incurrió
en un defecto orgánico porque para el momento en el que dicha autoridad
judicial emitió la decisión carecía de competencia para hacerlo de acuerdo con
el parágrafo del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil que establece
un término para el efecto[132].
Sobre esa censura hay
que destacar que, tal y como se indicó en el fundamento jurídico 27 de esta
sentencia, los aspectos de la competencia que determinan el defecto orgánico
son el funcional y el temporal. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que dicha causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales puede configurarse cuando el juez contaba con la
competencia para realizar determinada actuación en un término prestablecido y
la adelanta por fuera del tiempo previsto para el efecto.
Ahora bien, la
jurisprudencia también ha supeditado la configuración de la causal al carácter
evidente del defecto, circunstancia que resulta relevante en el caso bajo
examen, pues como se verá, aunque existía una disposición que fijaba el término
para dictar la sentencia, las diversas actuaciones adelantadas en el curso del
trámite de revisión no permiten establecer, de forma fehaciente, la falta de
competencia referida por los accionantes.
60.- La falta de
competencia de la autoridad judicial accionada para dictar la sentencia de 24
de abril de 2015 no es evidente porque (i) el término establecido para proferir
la decisión y que se invoca como sustento de la falta de competencia hace parte
de un modelo procesal específico de implementación gradual que no rigió el
trámite de revisión cuestionado; (ii) la mora en la emisión de la sentencia no
obedeció a la desidia del juez sino que respondió a las circunstancias del
trámite en el que hubo un amplio debate probatorio y sustancial promovido por
las partes, y (iii) la eventual configuración de la nulidad por falta de
competencia, derivada del cumplimiento del término de 1 año, se saneó con las
intervenciones de las partes, quienes reconocieron la competencia del juzgador
para proferir la decisión.
61.- En primer lugar
debe considerarse que la norma invocada por los accionantes y que, en su
concepto, determinó la falta de competencia del juez accionado, corresponde a
la reforma que la Ley 1395 de 2010 introdujo al Código de Procedimiento Civil
en aras de la descongestión judicial y obedeció a una primera etapa de la
implementación gradual de un nuevo sistema procesal, el de oralidad, el cual se
concretó normativamente en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso y
respecto del que se han tomado diversas medidas administrativas que confirman el
tránsito progresivo a ese nuevo modelo procesal.
Respecto al término
para proferir la sentencia previsto en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010
que adicionó un parágrafo al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil se
advierte que su aplicación no fue estricta e inmediata, pues el artículo 200 de
la Ley 1450 de 2011, expedida el 16 de junio de 2011 señaló que: “en los
procesos en los que la parte demandada ya se hubiere notificado del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el plazo de duración de la
primera instancia previsto en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, comenzará
a contarse a partir del día siguiente a la vigencia de esta ley.”
Luego, el artículo
121 del Código General del Proceso[133] estableció términos de duración del
proceso y reiteró la perdida de competencia tras el vencimiento de dichos
plazos. El artículo 626 ibídem previó las derogaciones progresivas
derivadas de la implementación de las normas de dicho estatuto procesal y el
numeral 2º del artículo 627 ejusdem indicó que “La prórroga del plazo de duración del proceso prevista
en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o
magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.”
Aunado a
esas previsiones legales sobre la implementación del sistema oral también deben
considerarse las medidas administrativas que reflejan la gradualidad referida
previamente[134], tales como los
acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura PSAA13-10073 de 2013[135], PSAA14-10155 de
2014[136], PSAA15-10300 de
2015[137] y PSAA15-10392 de
2015[138].
Respecto
a la implementación gradual del nuevo sistema procesal esta Corporación
reconoció que:
“(…) es evidente que la aplicación exitosa de un
cambio de modelo procesal de este nivel de trascendencia, exige múltiples
modificaciones al quehacer de la judicatura, que van desde la creación de la
infraestructura física y tecnológica, el entrenamiento de los servidores
judiciales, hasta un cambio en la cultura jurídica que por muchas décadas
estuvo concentrada en un modelo escrito.  A su vez, es también claro que el
nivel de desarrollo en estas materias no es uniforme en todos los distritos
judiciales, por lo que resultaría contraproducente aplicar simultáneamente el
sistema de oralidad a todos ellos.”[139]
En
concordancia con ese tránsito progresivo es importante destacar que el trámite
del recurso de revisión cuestionado en esta oportunidad se adelantó bajo los
preceptos del Código de Procedimiento Civil, que corresponde a un modelo
procesal escritural, y que luego de que se surtieron la mayoría de las
actuaciones, se profirieron las normas que implementan el nuevo sistema
procesal, es decir que para el momento en el que se expidió la norma invocada
la mayor parte del trámite y las actuaciones pendientes estaban determinadas
por la lógica del sistema escritural.
62.- En segundo
lugar, revisadas las actuaciones adelantadas en el trámite de revisión se
comprueba que la mora en la emisión de la sentencia que resolvió el recurso
extraordinario no obedeció a la desidia del juzgador y que, por el contrario,
las actuaciones e intervenciones de las partes derivadas de múltiples polémicas
sustanciales sobre aspectos del trámite tales como la denegación del decreto de
algunas pruebas solicitadas, el uso de las facultades oficiosas del juez en
materia probatoria, la recaudación de los elementos de convicción,  la
idoneidad del dictamen pericial, las condenas en costas, entre otros aspectos,
contribuyeron de forma determinante a la extensión del término para resolver el
asunto.
Para evidenciar esa
conclusión a continuación se describirán someramente las actuaciones
adelantadas en el trámite del recurso extraordinario de revisión:
La demanda de revisión
formulada por el Banco Popular y otros en contra de la sentencia dictada el 3
de diciembre de 2007 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena se
admitió a través del auto de 18 de diciembre de 2008, en el que también
se corrió el traslado a los demandados -promotores de la presente acción de
tutela-, se ordenó el emplazamiento de los indeterminados y la inscripción de
la demanda en el folio inmobiliario núm. 060-233729.[140]
Idolfo Romero
Santiago y otros contestaron la demanda a través de escrito presentado el 24 de
abril de 2009[141], en el que solicitaron que se
tuvieran en cuenta algunos elementos de prueba que aportaron y que se oficiara
al IGAC para que certificara la ubicación del caserío Las Canoas y del predio
sobre el que recayó su pretensión adquisitiva en el proceso de pertenencia
cuestionado.
Luego de efectuado el
emplazamiento de los indeterminados[142], el
cual requirió dos publicaciones por omisiones en la primera, la Magistrada
Ponente profirió el auto de 18 de marzo de 2011, en el que abrió el periodo probatorio, decretó las pruebas
documentales pedidas y se abstuvo de decretar la inspección judicial  y el
dictamen pericial solicitados por la parte actora para que se “haga un
levantamiento del área con los linderos y medidas precisos” del predio
adquirido por los demandantes del proceso de pertenencia y de los inmuebles de
los recurrentes en revisión.
En auto de 26 de
septiembre de 2011 la juzgadora resolvió el recurso de reposición formulado
contra el auto que denegó decretar las pruebas referidas, pues consideró que no
estaban dirigidas a demostrar los supuestos fácticos de la demanda. Sin
embargo, en uso de sus facultades oficiosas le ordenó al IGAC rendir dictamen
pericial sobre el inmueble objeto de litigio.
Contra dicho auto, a
su vez, la parte demandada formuló recurso de reposición, el cual se declaró
improcedente el 3 de noviembre siguiente.
Mediante comunicación de 6
de diciembre de 2011 el IGAC indicó que no podía designar un perito para rendir
el informe requerido, por la disminución de su planta de personal[143].
Luego de que se recaudaran
las pruebas documentales decretadas inicialmente, los demandados en el trámite
de revisión solicitaron, a través de memorial de 13 de marzo de 2012, que se
corriera el traslado correspondiente para presentar los alegatos de conclusión.
En consecuencia, mediante auto proferido el 10 de abril de 2012 se
otorgó el traslado solicitado, auto contra el que también se formuló recurso de
reposición.
En el trámite del
recurso horizontal el IGAC remitió al juez accionado comunicación en la que
indicó que conformó una lista de funcionarios para atender los requerimientos
judiciales, razón por la que podía rendir el dictamen pericial decretado.
En auto de 5 de
junio de 2012, el juez decidió mantener el auto en el que corrió traslado
para la presentación de los alegatos de conclusión.
Presentados los
alegatos de conclusión, la Sala Civil Familia profirió auto de 14 de agosto
de 2012, en el que indicó que en el trámite del proceso de revisión se
profirió la Ley 1395 de 2010, que establece el término durante el cual debe
dictarse la sentencia de primera instancia “destacando que el mismo empieza
a correr desde la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, la cual es a
partir del dieciséis (16) de junio de dos mil once (2011), por tanto a la fecha
ha fenecido el lapso de un año para proferir sentencia en primera instancia en
el presente recurso de revisión”[144].
Tras reconocer el
vencimiento del término para dictar sentencia, la Sala refirió las
circunstancias que determinaron la mora en el proceso y decidió, con base en lo
previsto en los artículos 121 y 625-9 de la Ley 1564 de 2012 prorrogar el
término para resolver el recurso de revisión. Indicó frente a la tardanza que:
“(…) no se ha concluido el estudio del proceso y el respectivo
registro del proyecto, debido a que se han tenido que  decretar una serie de
pruebas con el fin de completar el caudal probatorio que sustente la causa
fáctica y la oposición a la misma realizada por los sujetos procesales en el
presente trámite. Así mismo se destacan los diversos recursos interpuestos por
los gestores judiciales de las partes contra las providencias que ha dictado
esta Magistratura, hecho que también influye en el avance normal del trámite
del Recurso de Revisión.
En ese mismo sentido, es menester resaltar la palmaria congestión
de este despacho, el cual no cuenta con medida alguna de descongestión, y por
tanto, aunque en virtud del Acuerdo No.0101 del seis (06) de junio de dos mil
doce, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar, se suspendió el reparto de procesos en la Sala Civil Familia,
exceptuando los asuntos de familia y así mismo, los procesos de los que se haya
tenido conocimiento anteriormente por el Magistrado correspondiente de acuerdo
con lo señalado en el Acuerdo No. 1472 del año dos mil dos (2002), aún no es
posible lograr resolver en tiempo moderado dichos casos jurídicos, teniendo en
cuenta la cantidad de procesos para dictar sentencia, las solicitudes de las
partes durante el trámite procesal y las acciones  constitucionales que llegan
día tras día en gran volumen para ser resueltas en primera instancia o en
virtud del recurso de impugnación.”[145]
Luego, el 25 de
septiembre de 2012 y tras la comunicación del IGAC en la que reiteró que
contaba con el personal para rendir el dictamen pericial y remitió la
cotización, el juez refirió la necesidad de la prueba y decretó, de nuevo y de
forma oficiosa, el dictamen pericial[146]
.
El 3 de octubre de
2012 la parte pasiva solicitó que se declarara la nulidad del auto de 25 de
septiembre de 2012, petición que sustentó en la falta de competencia del juez
para decretar pruebas de oficio y que se decidió, luego de surtir el trámite
incidental, en auto de 30 de enero de 2013, en el que se declaró no
probada la causal de nulidad invocada.
El 22 de marzo de
2013, la autoridad judicial accionada declaró infundada la objeción a la
liquidación de costas presentada por la parte demandada.
El 31 de octubre de
2012, el IGAC remitió el dictamen pericial [147],
el 30 de enero de 2013 se puso en conocimiento de las partes y el 30
de abril siguiente se ordenó su complementación, de acuerdo con la petición
elevada por la parte demandada.
En espera de la
complementación ordenada, los demandados presentaron memorial en el que
indicaron que el término para proferir la sentencia estaba vencido y, por esa
razón “(…) lo que ahora corresponde, imperativamente, es que su señoría
proyecte el fallo para que la Sala decida en forma inmediata, si se considerare
que la competencia no se ha perdido para la emisión de la sentencia.”[148].
De otra parte, el 5
de noviembre de 2013, los demandados presentaron algunas consideraciones sobre
la prueba pericial y lo objetaron por error grave. Asimismo mediante escrito de
28 de noviembre de 2013 presentaron incidente de exclusión del dictamen
pericial por violación del debido proceso.
En auto de 12 de
febrero de 2014 el juez accionado desestimó la exclusión solicitada y le
ordenó, nuevamente, al IGAC complementar el dictamen pericial con base en la
solicitud presentada por los demandados.
El 10 de junio de
2014, el IGAC presentó la complementación al dictamen pericial[149],
de la cual se corrió traslado mediante auto del 16 de junio de 2014.
En atención a la
objeción por error grave presentada por los demandados en el trámite de
revisión, el 13 de agosto de 2014 se dictó auto en el que se decretaron
las pruebas pedidas por los objetantes dirigidas a demostrar el error.
Luego de adelantadas
algunas gestiones de la prueba pericial decretada para demostrar el yerro del
dictamen del IGAC, tales como la posesión del perito, el 7 de octubre de
2014 se profirió auto en el que se aceptó el desistimiento de dicha prueba
presentado por los demandados el 29 de agosto de 2014 y los condenó en costas.
El 29 de octubre
de 2014 se resolvió el recurso de reposición formulado en contra del auto
que condenó en costas y el 11 de noviembre siguiente se corrió el
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.
Los demandados
presentaron sus alegatos conclusivos el 25 de noviembre de 2014 y, finalmente,
el 24 de abril de 2015 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena emitió la sentencia en la que resolvió el
recurso de revisión presentado por el Banco Popular y otros en contra de la
sentencia proferida el 3 de diciembre de 2007 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Cartagena, en el que se accedió a la pretensión adquisitiva
formulada por Idolfo Romero Santiago y otros sobre un predio de menor extensión
derivado del predio Arroyo Grande identificado con el folio inmobiliario Nº 060-34226.
63.- En el trámite
descrito se comprueba una justificación del incumplimiento de los términos
judiciales y, en concordancia con la jurisprudencia constitucional, se
descarta, en este caso, la afectación de los derechos del debido proceso y
acceso a la administración de justicia derivada de la mora en la emisión de la
sentencia, pues, como se vio, se presentaron diversas actuaciones y discusiones
que contribuyeron, de forma determinante, en el incumplimiento de los términos
procesales. En ese sentido, se destaca, de forma particular, los tiempos que
demandó la práctica del dictamen pericial y su complementación, así como las
controversias sobre el decreto de esa prueba.
64.- En tercer lugar hay que
destacar que si bien, en escrito presentado el 3 de julio de 2013, los
promotores de la acción de tutela elevaron una petición al juez para que
emitiera la sentencia, fundada en el vencimiento de los términos procesales, lo
cierto es que tras esa solicitud se presentaron diversas actuaciones promovidas
por aquéllos, quienes siempre reconocieron la competencia de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para
proferir la decisión.
En ese sentido véase que 3
días antes de que se emitiera la sentencia los accionantes, en su condición de
demandados en el trámite de revisión, formularon un nuevo requerimiento en aras
de que se emitiera la decisión y en el que no cuestionaron ni aludieron a la
falta de competencia del juzgador[150].
Cabe señalar, además, que de
acuerdo con la legislación procesal civil la falta de competencia configura una
causal de nulidad del proceso, prevista en el numeral 2º del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil y en el numeral 1º del artículo 133 del Código
General del Proceso. Sin embargo esa nulidad es saneable a través de los
mecanismos establecidos en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil[151] y el artículo 136 del Código General
del Proceso[152], entre los que se incluye la
actuación de parte sin proponerla.
Asimismo, las reglas
procesales (el último inciso del artículo 140 del C.P.C.[153]
y el artículo 138 del C.G.P.)[154], han establecido que sólo la falta de
competencia por el factor funcional es insaneable, la cual no se configura en
el caso estudiado.
Entonces, resulta
claro que la posible nulidad se saneó como consecuencia de las actuaciones de
los accionantes, quienes reconocieron la competencia del juez accionado para
decidir el asunto a pesar del vencimiento del término establecido para proferir
la sentencia. En ese sentido, debe considerarse que si el juez falló un proceso
sin que se objetara su competencia, rebatirla cuando ya se emitió una decisión
adversa, afectaría los derechos de la parte contraria y desconocería el
principio de buena fe que debe regir las conductas de los asociados, el
principio pro homine que regula las disposiciones procesales y la
seguridad jurídica.
65.- Así las cosas, y
como quiera que el término establecido para proferir la decisión que se invocó
como sustento de la falta de competencia hace parte de un modelo procesal que
no rigió el trámite de revisión cuestionado, la mora en la emisión de la
sentencia no obedeció a la desidia del juez y la eventual configuración de la
nulidad por falta de competencia se saneó a través de las intervenciones de las
partes se descarta la configuración del defecto fáctico alegado por los
accionantes.
Conclusiones
De acuerdo con lo
expuesto la Sala Quinta de Revisión concluye:
66.- La sentencia
dictada por la Sala Civil Familia del Distrito Judicial de Cartagena el 24 de
abril de 2015 en la que resolvió el recurso de revisión formulado por el Banco
Popular S.A. y otros en contra de la sentencia que el 3 de diciembre de 2007
dictó el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena no incurrió en los
defectos referidos por los accionantes.
67.- La actuación del
Tribunal en el decreto de la prueba de oficio no adolece de los defectos sustantivo,
procedimental y orgánico alegados por los accionantes. Lo
anterior, por cuanto diversos factores como: (i) el papel del juez en el Estado
Social de Derecho, (ii) las reglas procesales establecidas en el Estatuto
Procesal Civil, (iii) la finalidad del recurso extraordinario de revisión, y
iv) la necesidad de la prueba en aras de acercarse a la verdad de los hechos,
sustentaron el uso de sus facultades oficiosas en materia probatoria durante el
trámite del recurso extraordinario de revisión y antes del fallo,
particularmente el decreto y práctica de la prueba que, consideró, lo
conduciría al adecuado entendimiento de los hechos debatidos y, en esa medida,
a resolver el conflicto con la mayor convicción posible.
68.- No se configuró
el defecto fáctico porque las circunstancias y elementos de prueba que,
de acuerdo con los actores, no fueron valorados por el juez accionado no tienen
incidencia frente al problema jurídico que resolvió, relacionado con la
configuración de la causal de revisión por el indebido emplazamiento de los
indeterminados en el proceso de pertenencia cuestionado y porque la decisión se
sustentó en las pruebas obrantes en el proceso, entre las que consideró, de
forma particular, el dictamen pericial rendido por el IGAC para establecer la
legitimación en la causa de los recurrentes por el traslape material y
parcial de inmuebles de su propiedad  con el bien sobre el que recayó la
declaración de adquisición por usucapión.
69.- Tampoco se
configuró el defecto orgánico por la falta de competencia de la
autoridad judicial accionada para dictar la sentencia, dado que: (i) el término
establecido para proferir la decisión y que se invocó como sustento de la falta
de competencia hace parte de un modelo procesal específico de implementación
gradual que no rigió el trámite de revisión cuestionado; (ii) la mora en la
emisión de la sentencia no obedeció a la desidia del juez sino que respondió a
las circunstancias del trámite en el que hubo un amplio debate probatorio y
sustancial promovido por las partes, y (iii) la eventual configuración de la
nulidad por falta de competencia se saneó a través de las intervenciones de las
partes, quienes reconocieron la competencia del juzgador para proferir la
decisión.
70.- Finalmente debe
considerarse que además de que no se demostró la configuración de alguna de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la sentencia dictada en el trámite de revisión declaró
la nulidad del proceso de pertenencia promovido por los accionantes hasta el
auto admisorio, sin incluirlo, para que en éste se adelante el debido
llamamiento de los interesados y se surta, en debida forma, el emplazamiento de
los indeterminados, lo que no cuestiona ni desestima la pretensión adquisitiva
de los demandantes, la cual se decidirá nuevamente por la misma autoridad
judicial.
DECISIÓN
Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR los términos de suspensión decretados
en este proceso.
SEGUNDO.- CONFIRMAR integralmente el
fallo de tutela emitido por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de julio de 2015, que confirmó la
sentencia proferida el 4 de junio de 2015 por la Sala de Casación Civil de esa
Corporación, en el proceso de tutela promovido por Idolfo Romero Santiago, José
Pérez Medina, Augusto Luna Jiménez, Wilmer Caraballo Cervantes, Nelson José
Ramos Jiménez y Eparquio Santiago Guzmán en contra de la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
TERCERO.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Inicialmente la acción de tutela se presentó por Nadín Romero
Santiago y Eparquio Santiago Guzmán como apoderados generales de los señores
Idolfo Romero Santiago, José Pérez Medina, Augusto Luna Jiménez, Wilmer
Caraballo Cervantes y Nelson José Ramos Jiménez, y “también en su propio
nombre el segundo de los apoderados” (fl.38 cd.1).La Sala de Casación Civil
inadmitió la tutela para que los señores Nadín Alberto Romero Santiago y
Eparquio Santiago Guzmán acreditaran la calidad de abogados. En atención a ese
requerimiento mediante escrito de 26 de mayo de 2015 los accionantes precisaron
que sus apoderados no eran abogados y por esa razón los “desplazaban” y
presentaban la acción directamente. (fl.61 cd.1)
[2] Los
linderos identificados en el edicto emplazatorio son los siguientes:
“LOTE DE MENOR EXTENSIÓN: Por el NORTE colinda con los
terrenos de la señora ELVIA ROSA SANTIAGO PADILLA y mide 1.115 mts. Por el SUR
colinda con terrenos del señor capitán COTES y mide 820 mts. Por el OCCIDENTE
con el Mar Caribe y mide 3.267 mts. Por el ORIENTE con terrenos del señor JOSUÉ
SACRISTÁN y mide 4.060 mts.
El inmueble a prescribir forma parte de uno de mayor extensión que
se describe a continuación:
LOTE DE MAYOR EXTENSIÓN: Un
terreno en Arroyo Grande, municipio de Santa Catalina, el cual tiene los
siguientes linderos y medidas: por el NORTE con el Mar Caribe  y los terrenos
de bocas de Amanzaguapos; por el SUR con la Hacienda de Púa del Señor Andrés
Jarava; por el ORIENTE con la misma Hacienda de Púa con terreno de la Aldea
Clemencia y Caserío El Coco; por el OCCIDENTE con el Mar Caribe”.
[3] Cuaderno 4, reverso del folio 46.
[4] Cuaderno
1, folio 39.
[5] Cuaderno 1, folio 39.
[6] Cuaderno 3, folios 3 a 19. Presentada el 2 de julio de
2008.
[7] “ARTÍCULO
380. CAUSALES. Son causales de revisión: (…)
6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las
partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto
de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente.
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el
artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad.”
[8] Cuaderno 4,
folios 97 a 102. Mediante el cual el Tribunal: i) abrió pruebas en el proceso
de revisión por un término de 15 días, ii) tuvo como pruebas las documentales
aportadas con la demanda de revisión, iii) ofició al Ministerio del Interior
para que certificara a qué entidad territorial pertenece en corregimiento de
Arroyo Grande, y iv) se abstuvo de decretar la inspección judicial y el
dictamen pericial solicitados por la parte demandante.
[9] Cuaderno 5, folios 35 a 45.
[10] Cuaderno
5, folio 42 y 43.
[11] Cuaderno
6, folios 656 a 693.
[12] Cuaderno 1, folio 46.
[13] Cuaderno
4, folios 132 a 134. Recurso de reposición contra el auto del 18 de marzo de
2011, interpuesto por el apoderado de los demandantes en prescripción el 11 de
abril de 2011.
Cuaderno 5,
folios 47 a 49. Recurso de reposición contra el auto del 26 de septiembre de
2011, mediante el cual los accionantes solicitan que se revoque la prueba
decretada de oficio, al considerar ese acto irregular.
[14] Cuaderno 1, folio 46.
[15] Cuaderno 1, folio 46.
[16] Cuaderno 1, folio 48.
[17] Ib.
[18] Cuaderno 1, folio 50.
[19] “…Surtido
el traslado a los demandados se decretarán las pruebas pedidas, y se fijará el
término de quince días para practicarlas. Concluido el término probatorio, se
concederá a las partes uno común de cinco días para que presenten sus
alegaciones, vencido el cual se proferirá sentencia.” Inciso 8º, artículo
383 del CPC, sobre el trámite del recurso de revisión.
[20] Cuaderno
5, folio 68. Respuesta del IGAC presentada el 9 de diciembre de 2011, mediante
la cual el Instituto informa que no es posible la designación de un perito para
la función encomendada por vía judicial, debido al recorte de personal que ha
tenido la entidad en los últimos años.
[21] Cuaderno 5, folios 154 a 155.
[22] Cuaderno 5, folios 159 a 160.
[23] Cuaderno 1, folio 52.
[24] Cuaderno
1, folio 55.
[25] Cuaderno 1, folio 65.
[26] Cuaderno
1, folios 90 y 91. Presentada el 2 de junio de 2015, por Nohora García Pacheco,
en calidad de Juez 2ª Civil del Circuito de Cartagena.
[27] Cuaderno
1, folios 97 a 134. Presentada el 4 de junio de 2015, por Fabián Alejandro
García Romero, en calidad de Auxiliar Judicial Grado 1 del Despacho del Dr.
Omar Alberto García Santamaría, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Cartagena.
[28] Cuaderno 1, folios 135 a 145.
[29] “ARTÍCULO
407. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA. <Artículo derogado por el literal c)
del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de
2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627>
<Artículo modificado por el artículo 1, numeral 210 del Decreto 2282 de
1989. El nuevo texto es el siguiente:> En las demandas sobre declaración de
pertenencia se aplicarán las siguientes reglas:
1. La declaración de pertenencia podrá ser pedida por todo aquél
que pretenda haber adquirido el bien por prescripción.
2. Los acreedores podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a
favor de su deudor, a pesar de la renuencia o de la renuncia de éste.
3. La declaración de pertenencia también podrá pedirla el comunero
que con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción
extraordinaria, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él,
siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con
los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador
de la comunidad.
4. La declaración de pertenencia no procede respecto de bienes
imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público.
5. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> A la
demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos
públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos
reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal. Siempre que en el
certificado figure determinada persona como titular de un derecho real
principal sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella.
6. En el auto admisorio se ordenará, cuando fuere pertinente, la
inscripción de la demanda; igualmente se ordenará el emplazamiento de las
personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien, por medio de
edicto que deberá expresar:
a) El nombre de la persona que promovió el proceso, la naturaleza
de éste y la clase de prescripción alegada;
b) El llamamiento de quienes se crean con derecho a los bienes
para que concurran al proceso, a más tardar dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que quede surtido el emplazamiento, y
c) La especificación de los bienes, con expresión de su ubicación,
linderos, número o nombre.
7. El edicto se fijará por el término de veinte días en un lugar
visible de la secretaría, y se publicará por dos veces, con intervalos no
menores de cinco días calendario dentro del mismo término, en un diario de
amplia circulación en la localidad, designado por el juez, y por medio de una
radiodifusora del lugar si la hubiere, en las horas comprendidas entre las
siete de la mañana y las diez de la noche. La página del diario en que aparezca
la publicación y una constancia autenticada del director o administrador de la
emisora sobre su transmisión, se agregarán al expediente.
8. Transcurridos quince días a partir de la expiración el
emplazamiento, se entenderá surtido respecto de las personas indeterminadas; a
estas se designará un curador ad litem, quien ejercerá el cargo hasta la
terminación del proceso.
9. Las personas que concurran al proceso en virtud del
emplazamiento, podrán contestar la demanda dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que aquél quede surtido. Las que se presenten posteriormente
tomarán el proceso en el estado en que lo encuentren.
10. El juez deberá practicar forzosamente inspección judicial
sobre el bien, con el fin de verificar los hechos relacionados en la demanda y
constitutivos de la posesión alegada por el demandante.
11. La sentencia que acoja las pretensiones de la demanda será
consultada y una vez en firme producirá efectos erga omnes. El juez ordenará su
inscripción en el competente registro.
12. En este proceso no se aplicará el artículo 101.”
[30] Cuaderno 1, folios 168 a 175, presentada el 18 de junio de 2015, por
los accionantes en esta acción de tutela.
[31] Cuaderno 2, folios 3 a 8.
[32] Ver
sentencia T-283 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] Al
respecto, ver la sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[34] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[35] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “… sólo
en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte
ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de
idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea
abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio
del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución
ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez
constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
[36] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia SU-159/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “(…)
opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque
ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador
[37] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es
posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por
defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de
aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la
Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del
incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden
constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con
el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos
constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[38] Cfr. Corte Constitucional, sentencia
T-292 de 2006.M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39] Folio 35-42, anexo 3.
[40]Auto de 10 de abril de 2012. Folio 104,
anexo 3.
[41] Folio 159, anexo 3.
[42] Auto que decidió
el recurso de reposición formulado en contra del auto que condenó en costas al
accionante por el desistimiento de la práctica de la prueba pericial decretada
para la comprobación de la objeción por error grave que formularon en contra
del dictamen pericial recaudado de oficio. Folio 596, anexo 4.
[43] Folio 56, cuaderno 1.
[44] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[45] M.P. Mauricio
González Cuervo.
[46] M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[47] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[48] M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[49] La Corte Constitucional, en
sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo
que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra
mayor valor y trascendencia.
[50] Ver, entre
otras, las sentencias T-231 de 1994, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-008 de 1998,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett;
SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-114 de
2010, M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva. En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía
judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio”.
[51] Ver sentencia T-442 de 1994, M. P.
Alejandro Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de
un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe
fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica…, dicho poder jamás puede ser
arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se
adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.”
[52] Cfr., entre otras, SU-159 de 2002, precitada.
[53] Cfr., entre otras, T-442 de 1994 y SU-159 de 2002, precitadas.
[54] SU-198 de 2013, precitada, y T-636
de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[55]
T-363 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[56] Cfr.
sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-301 de 2010, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[57] Cfr.
sentencias T-389 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-1267 de 2008,
M.P. Mauricio González Cuervo y T-386 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[58] Cfr. sentencias T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
T-591 de 2011, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[59] Sentencia
T-1306 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[60] Cfr. sentencias T-386 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-429
de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[61] Cfr. sentencia T-892 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[62] Cfr.
sentencias T-531 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-950 de 2010,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[63] Al
respecto consultar la sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Adicionalmente se pueden consultar las sentencias T-950 de 2011, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio, T-158 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-213 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[64] T-363 de
2013.
[65] Cfr. sentencias T-104 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-747
de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt y T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[66] M.P. Nilson
Pinilla Pinilla. En esa oportunidad  la Corte revisó la acción de tutela que
interpuso una ciudadana contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
quien dentro de un proceso de reparación administrativa incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto toda vez que estimó, al igual que el
juzgado a-quo, que el registro civil de nacimiento de un menor
demandante, al haber sido aportados en copias simples, carecían de valor
probatorio y, por ende, no existía legitimación en la causa para demandar. Esta
Corporación tuteló el derecho al debido proceso y dispuso que se dictara un
nuevo fallo haciendo una adecuada valoración probatoria.
[67] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[68] En la
sentencia SU-817 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto sentencia SU-447
de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo, Concretamente respecto al defecto
fáctico por dimensión negativa, se han identificado tres escenarios de
ocurrencia (sentencias T-654 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa y T-386
de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras): el primero, por ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; y,
el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el
juez esté legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
[69] Cfr. Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[70] Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva. En igual sentido consultar las
sentencias C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-737 de 2007, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[71] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[72] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[73] Sentencia SU-1184 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, sentencia
C-755 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[74]Artículo 8º
de la Convención Americana de Derechos Humanos y
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[75] Sentencia T-309 de 2013. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[76] Sentencia T-942 de 2013 M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[77] Sentencia C-522 de 2009. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[78] Ibídem.
[79] Sentencia C-520 de 20093. M.P. María Victoria Calle Correa.
[80]  En el
Código de Procedimiento Civil el recurso de revisión estaba regulado en el capítulo
VI del Título XVIII del Libro II.
[81] “Artículo
381. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro
de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando
se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales, 1º, 6º, 8º y 9º
del artículo precedente.
Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7º del
mencionado artículo, los dos años comenzarán a correr desde el día en que la
parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento
de ella, con límite máximo de cinco años. No obstante, cuando la sentencia debe
ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a
correr a partir de la fecha del registro.
En los casos contemplados en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º del
mismo artículo, deberá interponerse el recurso dentro del término consagrado en
el inciso primero, pero si el proceso penal no hubiere terminado, se suspenderá
la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal
y se presente la copia respectiva. Esta suspensión no podrá exceder de dos
años.”
[82] “Artículo
356. Término para interponer el recurso .El recurso podrá interponerse dentro
de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia
cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y
9 del artículo precedente.
Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado
artículo, los dos (2) años comenzarán a correr desde el día en que la parte
perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de
ella, con límite máximo de cinco (5) años. No obstante, cuando la sentencia
debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo
comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción.
En los casos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del mismo
artículo deberá interponerse el recurso dentro del término consagrado en el
inciso 1°, pero si el proceso penal no hubiere terminado se suspenderá la
sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y
se presente la copia respectiva. Esta suspensión no podrá exceder de dos (2)
años.”
[83] Artículo 357 del Código General del
Proceso:“(…)Formulación del recurso.
El recurso se interpondrá por
medio de demanda que deberá contener:
1. Nombre y domicilio del
recurrente.
2. Nombre y domicilio de las
personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia para que
con ellas se siga el procedimiento de revisión.
3. La designación del proceso
en que se dictó la sentencia, con indicación de su fecha, el día en que quedó
ejecutoriada y el despacho judicial en que se halla el expediente.
4. La expresión de la causal
invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento.
5. La petición de las pruebas
que se pretenda hacer valer.
A la demanda deberán
acompañarse las copias de que trata el artículo 89.”
[84] En el Código de Procedimiento Civil la legitimación en la causa por
activa para la formulación del recurso extraordinario de revisión estaba
establecida en el artículo 383, en los siguientes términos: “(…) Sin más
trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal;
verse sobre sentencia no sujeta a revisión o no la formule la persona
legitimada para hacerlo, bien por haber sido parte en el proceso donde se
profirió la sentencia materia de impugnación o bien por tratarse, en el evento
previsto en el numeral 6º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil,
de un tercero perjudicado o sus causahabientes.”. Por su parte, el artículo
358 del Código General del Proceso establece que “(…) Sin más trámite, la
demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal, o haya sido
formulada por quien carece de legitimación para hacerlo.”
[85] Sentencia C-680 de 1998. MP: Carlos Gaviria Día
[86] Sentencia SU-747 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[87] Sentencia C-836 de 2001. MP
Rodrigo Escobar Gil.
[88] Sentencia C-351 de 1994 MP
Hernando Herrera Vergara.
[89] Sentencia T-323 de 1999 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[90] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[91] Sentencia T-1165 de 2003 MP Rodrigo Escobar Gil.
[92] Sentencia T-366 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[93] Tesis recogida en la sentencia T-803 de
2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y reiterada, entre otras, en las sentencia
T-230 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero.
[94] Sobre los
sistemas procesales dispositivos e inquisitivos ver Sentencias T-599 de 2009,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez y  C-086 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[95] Sentencia C-713 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[96] Sentencia
C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[97] Decreto 1400
de 1970, artículo 179. Ley 1564 de 2012, art. 42 y 169.
[98] Sentencias T-599 de 2009 ya citada y T-605 de 2015, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[99] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia del 8
de mayo de 2016.
[100] Corte
Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de abril de 1981. Reiterado en Sentencias
del 26 de octubre de 1988 y 26 de abril de 1989.
[101] Auto de 16 de junio de 1997.M.P. José
Fernando Ramírez Gómez. Exp. 6630.
[102] Al
respecto ver PEDRO LAFONT PIANETTA. Aspectos Jurisprudenciales sobre las
pruebas civiles de oficio. Revista del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal N° 23 de 2000.
[103] Al
respecto ver Sentencia C-205 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[104] Al
respecto ver PEDRO LAFONT PIANETTA. Aspectos Jurisprudenciales sobre las
pruebas civiles de oficio. Revista del Instituto Colombiano de Derecho
Procesal N° 23 de 2000.
[105] Folios 35
a 43 del anexo 3.
[106] Folio
159, anexo 3.
[107] Folio 50, cuaderno 1.
[108] Folio 47, cuaderno 1.
[109] Folio 48, cuaderno 1.
[110] En
efecto, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional el error en
la valoración de las pruebas “debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto, según las reglas generales de competencia” Sentencia T-442 de
1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell, reiterada en diversas sentencias tales
como la sentencia T-781 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[111] Respecto a la relevancia del emplazamiento de los indeterminados en
el trámite de pertenencia, la Corte en sentencia C-383 de 2000 M.P. Álvaro
Tafur Galvis indicó: “(…) no se puede ignorar la eficacia que imprime al
proceso de pertenencia el emplazamiento de las personas indeterminadas que
puedan tener algún derecho real principal sobre el bien en litigio y la
designación de un auxiliar de la justicia que los represente, como se ha
indicado. Si bien es cierto que esos actos procesales garantizan la defensa de
dichas personas indeterminadas, impulsando el desarrollo y continuidad del iter
procesal, también lo es y, en idéntica medida, que aseguran la realización y
protección del derecho sustancial del actor que invoca la usucapión, igualmente
digno de salvaguardia dentro del ordenamiento jurídico.”
[112] Folio 50, cuaderno 1.
[113] Folio 683, anexo 4.
[114]  Con base
en la solicitud elevada por la parte demandada en el trámite de revisión el
magistrado sustanciador,  en auto de 25 de marzo de 2014, le formuló la
siguiente pregunta al IGAC: “Si se considera, como lo considera su escrito,
que los antecedentes de propiedad que alegan los revisionistas sobre las
franjas de tierra que se identifican con los folios 060-186797, 060-186798,
060-186799 y 060-215719 se desprenden de un predio de mayor extensión
registrado en el folio de número 060-33844 a nombre de Inversiones Lujosa Ltda.
Sírvase explicar por qué usted de forma errática ubica esos terrenos en el
corregimiento de ARROYO GRANDE, no obstante que en el Registro de Instrumentos
Públicos de Cartagena certifica (véase certificado allegado al procedimiento de
revisión) que su ubicación no es en ese lugar, sino en el corregimiento (o
caserío) LAS CANOAS.”
[115] Folio 479, anexo 4.
[116] Folio 479, anexo 4.
[117] Folio 183, anexo 3.
[118] Folio 2, anexo3.
[119] Folio 183, anexo3.
[120] Ib.
[121] Ib.
[122] Ib.
[123] Folio 7, anexo 3
[124] Folio 10, anexo 3
[125] Folio 13, anexo 3
[126] Folio 165, anexo
[127] En la
sentencia T-818 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería) la Corte señaló que el
propósito del dictamen pericial “(…) radica en brindarle al Juez elementos
de juicio sobre aspectos de los que ordinariamente no tiene el conocimiento
especializado que el caso requiere, precisamente para que pueda fundar su
decisión en criterios objetivos y no en su parecer inexperto. Por esta misma
razón, por ejemplo, no sería correcto en un caso como el que se estudia suplir
el dictamen pericial, como medio de prueba, con el contenido de la inspección
judicial, porque el Juez no es una persona idónea para dar un concepto técnico
sobre estas materias, si así fuera, no sería necesaria la prueba pericial.”
[128]“Decreto
2113 de 1992. ‘Por el cual se reestructura el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi’
Artículo 6°. Funciones del Instituto. - De conformidad con lo
establecido en el Artículo anterior, el Instituto tendrá las siguientes
funciones:
1.Realizar las operaciones de deslinde y amojonamiento de las
entidades territoriales, y elaborar y actualizar el mapa oficial de la
República;
2.Elaborar los mapas y planos militares y la cartografía básica
del  país en  las escalas  requeridas para el ordenamiento del territorio
urbano y rural; responder por la creación, mantenimiento y actualización de la
información cartográfica básica, en la forma más conveniente para su
utilización por parte del Instituto y por otras entidades que la requieran para
el desarrollo de sus funciones;
3.Determinar las especificaciones mínimas para adelantar trabajos
aerofotográficos, fotogramétricos, cartográficos, geodésicos y edafológicos;
4.Mantener actualizado un sistema de información sobre el material
aerofotográfico,  cartográfico y  de  imágenes existente en el país y servir
como centro de información en esta materia para racionalizar su producción y
uso por parte de las entidades públicas y privadas;
5.Adelantar en todas las regiones del país el inventario y estudio
de los suelos; identificar la vocación, uso y manejo de las tierras; establecer
la calidad y extensión de éstas, clasificándolas y zonificándolas con el fin de
apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial;
6.Realizar labores de investigación y de apropiación tecnológica
en los campos de la percepción remota y los sistemas de información
georreferenciados;
7.Ejercer las funciones de autoridad máxima catastral en el país;
reglamentar, formar, actualizar y conservar el catastro en el territorio
nacional, elaborando el inventario de la  propiedad inmueble  con sus atributos
físicos, económicos, jurídicos y fiscales y expedir las normas que deberán
seguir  las  autoridades  locales  cuando  les correspondan las funciones de
formación, actualización y conservación catastrales;
8.Servir como  entidad de última instancia en la determinación del
avalúo de los bienes inmuebles de interés para el Estado, en los términos en
que disponga la Ley;
(…)”
[129] Auto de 29 de octubre de 2013. Expediente: 2010-01109-00.
[130] Sentencia C-798 de 2003. M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[131] Sentencia de revisión de 20 de mayo de 2008, Exp. No.
11001-0203-000-2007-00776-00.
[132] “Parágrafo.
En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no
podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de
primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la
demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6)
meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la
recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal.
Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el
funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por
lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado
que le sigue en turno, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo
de dos (2) meses. Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura podrá asignar el proceso a otro juez o magistrado si lo considera
pertinente. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la
misma Corporación la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.”
[133] “Artículo 121. Duración del proceso.
Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no
podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de
primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto
admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o
ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no
podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del
expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.
Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin
haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá
automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día
siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en
turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término
máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin
necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El
juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del
expediente y la emisión de la sentencia.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por
razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados
municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba
efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez
determinado.
Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y
especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del
tribunal superior respectivo.
Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola
vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses
más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite
recurso.
Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el
juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.
Para la observancia de los términos señalados en el presente
artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e
instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.
El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo,
deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de
desempeño de los distintos funcionarios judiciales.”
[134] La implementación gradual del sistema de oralidad también ha sido
referido por la Sala de Casación Civil “Al respecto, cabe advertir que la
mencionada Ley 1395 de 2010 instauró importantes modificaciones a todos los
procedimientos judiciales, adoptando en el campo procesal civil, la reforma de
los procesos, así como de los términos consignados en el Estatuto Procesal
Civil, y ello representó un primer intento por pasar del sistema escrito al
oral, finalmente acogido con el Código General del Proceso.
La implementación de la oralidad, trae consigo grandes cambios, no
solamente en materia normativa y procedimental, sino también en la adaptación
de los Juzgados, con la creación de salas de audiencias, la capacitación de los
funcionarios y servidores públicos y la dotación de instrumentos tecnológicos
adecuados para ello.
La Ley 1395 de 2010 como la 1564 de 2012, definieron su ejecución
gradual, supeditadas a las posibilidades económicas y a la adecuación
progresiva de los despachos judiciales, norma que en sus artículos 626 y 627
derogó expresamente la memorada Ley 1395 de 2010. Para Cundinamarca solamente
empezaría a regir el Código General del Proceso, a partir del 31 de diciembre
de 2015, conforme a la Ley 1716 de 2014.” Fallo de
tutela de 13 de julio de 2015.Expediente:25000-22-13-000-2015-00313-01.
[135] “por
el cual se reglamenta la gradualidad para la implementación del Código General
del Proceso”
[136] “Por
el cual se suspende el cronograma previsto en el Acuerdo PSA13-10073 del 27 de
diciembre de 2013”.
[137] “Por
medio del cual se establecen medidas para la implementación de la oralidad en
asuntos civiles y de  familia en los Distritos Judiciales de Bogotá,
Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Riohacha y
Santa Rosa de Viterbo”
[138] “Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del Código
General del Proceso”
[139] Sentencia C-654 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[140] Folios 19-20, anexo 2.
[141] Folios 30-49, anexo 2.
[142] Las cuales fueron referidas en el auto de 26 de mayo de 2010, (folio 73, anexo2)
[143] Folio 68, anexo 3
[144] Folio 154, anexo 3
[145] Folios 154-155, anexo 3.
[146] Folio 159-160, anexo 3.
[147] Folio 161-216, anexo 3.
[148] Folio 227, anexo 3.
[149] Folio 479-480, anexo 4
[150] Folio 654, anexo 4.
[151] “Artículo
144. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará
saneada, en los siguientes casos:
1. Cuando la
parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.
2. Cuando
todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron en forma
expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.
3. Cuando la
persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin
alegar la nulidad correspondiente.
4. Cuando a
pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho
de defensa.
5. Cuando la
falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción
previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso.”
[152] “Artículo
136. Saneamiento de la nulidad.
La nulidad
se considerará saneada en los siguientes casos:
1. Cuando la
parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
2. Cuando la
parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada
la actuación anulada.
3. Cuando se
origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.
4. Cuando a
pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho
de defensa.
Parágrafo.
Las
nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un
proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva
instancia, son insaneables.”
[153] “(…)No podrán sanearse las nulidades de que tratan las
nulidades 3 y 4 del artículo 140, salvo el evento previsto en numeral 6º
anterior, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia
funcional.”
[154] “(…)Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de
competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su
validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se
hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.”