T-066-98
Sentencia T-066/98
Sentencia
T-066/98
INTERPRETACION
CONSTITUCIONAL-Realidad
social y política del medio en que se aplica
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Procedencia
para rectificar información inexacta o errónea/INDEFENSION-Persona
respecto a medios de información
El  Decreto 2591
de 1991 establece, en el numeral 7 de su artículo 42, que es procedente la
acción de tutela contra particulares "cuando se solicite rectificación de
informaciones inexactas o erróneas". Esta Corporación ha manifestado de
manera reiterada que en estos casos procede siempre la tutela, en atención a
que las personas se encuentran en un claro estado de indefensión con respecto a
los medios de información.
ACCION DE TUTELA
CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Solicitud
previa de rectificación de datos publicados
La única
condición exigida para la instauración de la tutela es que, con anterioridad,
el demandante haya solicitado al medio informativo correspondiente que
rectifique los datos publicados. Ello por cuanto se parte de la presunción de
que el medio ha actuado de buena fe, lo que implica que se le ha de brindar la
oportunidad de proceder directamente a corregir la información divulgada.
RECOPILACION DE
INFORMACION PERSONAL POR ORGANISMOS DE SEGURIDAD-Procedencia y límites
Se pregunta la
Corte si los organismos de seguridad están autorizados para recopilar
informaciones sobre las personas. Este interrogante ya ha sido respondido de manera
afirmativa por esta Corporación. Ello con fundamento en la obligación del
Estado de velar por la vigencia del orden constitucional y brindarle a los
asociados tanto las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
las libertades como un ambiente de paz, deberes éstos cuyo cumplimiento reposa
en muy importante grado en las fuerzas militares y la policía nacional. Mas
esta facultad no es ilimitada. En el proceso de acopio de información se deben
respetar los derechos humanos y el debido proceso. Además, en sentencia de esta
Corporación se estableció que los aludidos organismos de seguridad deben
mantener la más estricta reserva sobre los datos obtenidos, es decir que
"no pueden difundir al exterior la información sobre una persona, salvo en
el único evento de un ‘antecedente’ penal o contravencional, el cual permite
divulgar a terceros la información oficial sobre una persona". La
información que se recopila ha de ser la estrictamente necesaria, de manera que
no se afecte el derecho de los asociados a la intimidad. Además, para que se
emprenda una investigación sobre determinadas  personas deben existir motivos
que permitan presumir de manera razonable que ellas pueden haber incurrido en
un ilícito. De no existir esta última condición se abrirían las puertas a un
Estado controlador, en desmedro de la libertad de los ciudadanos.
RECOPILACION DE INFORMACION PERSONAL POR ORGANISMOS DE
SEGURIDAD-Carácter
reservado y protección de derechos/PRESUNCION DE INOCENCIA EN RECOPILACION
DE INFORMACION POR ORGANISMOS DE SEGURIDAD-Afirmación debe adoptar formas
lingüísticas condicionales o dubitativas
En sentencia de esta Corporación, se determinó que los
organismos de inteligencia pueden realizar investigaciones, siempre y
cuando no vulneren "los derechos fundamentales tales como la
intimidad, el buen nombre y la honra de las personas (...) [y se adelanten]
bajo los estrictos lineamientos impuestos por el principio de la
reserva." Pero, además, en esta sentencia se expuso que la actividad
investigativa no es un fin en sí misma, sino que debe estar dirigida a
"poner a disposición de los jueces a los presuntos
delincuentes", y  que, en atención a la presunción de inocencia,
"toda información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe
adoptar formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta
de seguridad sobre la culpabilidad".
INFORME DE
INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL-Inexistencia de pruebas y violación de la reserva
RECTIFICACION DE
INFORMACION POR EL EJERCITO NACIONAL-Afectación de derechos constitucionales fundamentales
de alcalde
LIBERTAD DE
PRENSA-Importancia para la
democracia y el libre desarrollo de las personas
Una prensa libre
contribuye a informar y formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la
realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda
de manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia
de control sobre los poderes públicos y privados, etc. Además, la libertad de
prensa es fundamental para el ejercicio pleno del derecho al libre desarrollo
de la personalidad, pues para que una persona pueda definir y seguir de manera
apropiada la orientación que le desea dar a su existencia es necesario que
tenga la posibilidad de conocer distintas formas de concebir la vida y de
comunicar su propia opción vital. La importancia de la libertad de prensa para
el buen funcionamiento del sistema político y para el desarrollo libre de cada
una de las personas explica la amplia protección que se le dispensa a esta garantía
en el constitucionalismo moderno.
LIBERTAD DE
PRENSA-Límites
INFORMACION
RESERVADA-Existencia y
regulación legal
En los Estados
democrático-liberales pueden existir informaciones de carácter reservado, es
decir, que no deben ser conocidas por el público. De manera general, será la
ley la que establezca cuáles informaciones deberán tener esa calidad. Las
restricciones que surjan de esa ley podrán ser sometidas a examen de
constitucionalidad, fundamentalmente para establecer si no vulneran el principio
de proporcionalidad y si resultan compatibles con una sociedad democrática
avanzada.
DOCUMENTO
RESERVADO-En principio no
vincula a medios de comunicación y periodistas/MEDIOS DE COMUNICACION-Control
del poder público e indagación en busca de la verdad
Esta Corporación
ha establecido que las informaciones recopiladas por los organismos de
seguridad sobre las personas tienen el carácter de reservado. Pero, ¿obliga la
reserva de la información también a los medios de comunicación? Es decir, en el
caso de que un medio tenga acceso a un documento secreto, ¿está obligado  a
mantenerlo en reserva o puede divulgarlo? Al respecto cabe confirmar lo
señalado en la sentencia C-038 de 1996, acerca de que la obligación de la
reserva "cobija a los funcionarios y demás personas que están sujetos a la
misma." Es decir que, en principio, el mandato de reserva no vincula a los
periodistas ni a los medios de comunicación. Lo anterior se explica por el
papel de la prensa dentro del sistema democrático. A los medios de comunicación
les corresponde cumplir con una función de control del poder público. Esta
tarea no podría desarrollarse a cabalidad si los medios se conformaran con las
informaciones que les fueran suministradas. Precisamente, la labor de control
que desempeñan los medios exige que no se satisfagan con los comunicados
oficiales y los datos entregados por las partes interesadas, sino que indaguen
siempre más allá en busca de la verdad.
DERECHO A LA
INFORMACION-Prevalencia en
principio en relación con personas y hechos de importancia públicos/MEDIOS
DE INFORMACION-Control político
En su
jurisprudencia, esta Corporación ha manifestado que cuando se presentan
conflictos entre el derecho a la información y los derechos a la honra, el buen
nombre y la intimidad, en el caso de las personas y los hechos de importancia
públicos, predomina prima facie el primero. En estos eventos, el derecho de
información debe ser preferido, en principio, en razón del papel de control del
poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación. Del
reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una función
importantísima para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos
deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades
estatales y de los poderes privados. Si se impusieran fuertes restricciones
sobre la prensa en estas áreas se perjudicaría en medida notable su capacidad
de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos poderes. No desconoce la
Corte que la referida amplitud de la libertad de prensa en estos campos puede
llegar a afectar los derechos de las personas que se desempeñan en posiciones
de notoriedad e interés público. No obstante, en principio habrá de responderse
que estas personas, al aceptar su situación social, han consentido tácitamente
en una cierta restricción de esos derechos. En efecto, su papel de figuras
públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de esperar
que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas de
manera minuciosa por parte de la sociedad.
LIBERTAD DE
EXPRESAR Y DIFUNDIR LOS PROPIOS PENSAMIENTOS Y OPINIONES-Significado/LIBERTAD PARA INFORMAR Y
RECIBIR INFORMACION VERAZ E IMPARCIAL-Significado
El artículo 20 de
la Constitución acoge una diferenciación, que es aceptada en la doctrina y la
jurisprudencia de otros países, y que es importante de atender cuando se trata
sobre la actividad que realizan los medios de comunicación. Así, mientras que,
por un lado, el artículo establece la libertad de expresar y difundir los
propios pensamientos y opiniones, por el otro se señala que existe libertad
para informar y recibir información veraz e imparcial. La primera libertad se
refiere al derecho de todas las personas de comunicar sus concepciones e ideas,
mientras que la segunda se aplica al derecho de informar y de ser informado
sobre los hechos o sucesos cotidianos.
LIBERTAD DE
EXPRESION Y LIBERTAD DE INFORMACION-Tratamiento distinto/LIBERTAD DE INFORMACION-Condiciones
de veracidad e imparcialidad
Las dos
libertades reciben un trato distinto: así, mientras que la libertad de
expresión prima facie no conoce límites, la libertad de informar está atada
constitucionalmente a dos condiciones, a saber: la veracidad y la
imparcialidad. La explicación del desigual tratamiento de estas dos libertades
salta a la vista: en una sociedad democrática y liberal no se puede impedir que
cada cual tenga y exponga sus propias opiniones, pero algo diferente es que
exponga hechos que no corresponden a la realidad o que suministren una versión sesgada
de ella, induciendo así a engaño a los receptores de información.
PRINCIPIOS DE
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA INFORMACION-Alcance y situaciones
La aplicación del
principio de veracidad  difiere según la situación de que se trate. Así, si
bien en algunos casos se puede ser muy estricto en la exigencia de la verdad -
puesto que se advierte que lo publicado difiere notoriamente de los hechos
reales, en otros casos lo que se puede exigir es que el medio precise su
información y en otros, en los que es imposible determinar la total veracidad
de un suceso, que el medio demuestre que ha  sido suficientemente diligente en
la búsqueda de la verdad. Es, fundamentalmente, en estos dos últimos eventos en
los que el medio debe dar muestras de su imparcialidad. De acuerdo con este
principio, el periodista debe guardar cierta distancia respecto de sus fuentes
y no aceptar de plano, de manera irreflexiva, todas sus afirmaciones o
incriminaciones. Por el contrario, las informaciones que le sean suministradas
por ellas deberán ser contrastadas con versiones distintas sobre los mismos
hechos, de parte de los implicados o de personas conocedoras de la materia que
se debate. Asimismo, el comunicador deberá cuestionar sus propias impresiones y
preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias y prejuicios afecten su
percepción de los hechos.
INFORMACION VERAZ
E IMPARCIAL-Obligación de
confirmar o corroborar datos cuando se trata de incriminaciones contra personas
INFORMACION VERAZ
E IMPARCIAL-Establecimiento
de veracidad de afirmaciones cuando contengan incriminaciones/DERECHO A LA
HONRA-Publicación de información que contiene incriminaciones sin
fundamento probatorio/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Publicación de información
que contiene incriminaciones sin fundamento probatorio/DERECHO A LA VIDA-Amenaza
por publicación de información que contiene incriminaciones sin fundamento
probatorio
En aras del
principio de imparcialidad, lo que sí se le puede exigir a los informadores es
que, cuando sus publicaciones contengan incriminaciones, demuestren su empeño
en intentar establecer la veracidad de las afirmaciones. Para ello deberán, por
lo menos, darle la oportunidad a los acusados de manifestarse sobre los cargos
que se les imputan; y si ello no es posible, habrán de intentar obtener los
conceptos u opiniones de personas conocedoras de la materia que permitan
apreciar las inculpaciones desde una perspectiva diferente. Ello con el objeto
de que el público pueda conocer las distintas versiones existentes sobre los hechos.
No cumplir con este procedimiento constituye una imprudencia, una negligencia
grave, que, en este caso, vulneró el derecho de los ciudadanos a contar con una
información veraz e imparcial, afectó la honra y buen nombre de los alcaldes y
puso en condiciones de riesgo la vida e integridad personal de los últimos. No
es admisible constitucionalmente que los medios que difunden una información
determinada, en la que se hacen incriminaciones contra alguien, se escuden en
el hecho de que su noticia está basada en un documento oficial. La obligación
de los medios para con la verdad y la imparcialidad exige de éstos que intenten
establecer la veracidad de esas afirmaciones y se esfuercen en contrastarlas
con la versión de las personas objeto de la acusación.
PUBLICACION DE
INFORME DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL-Recepción acrítica por revista afectó derechos
constitucionales de alcaldes
INFORMACION VERAZ
E IMPARCIAL-Aplicación al
contenido y títulos del artículo publicado
La Corte ha
señalado que la obligación de los medios de obrar de manera veraz e imparcial
no se reduce al contenido de los artículos, sino que se extiende también a los
títulos de los mismos. Ello en razón de que el título le proporciona al lector
una primera impresión sobre la noticia y marca su ánimo para la recepción de la
misma. Sobre este punto se señaló en sentencia, que "de nada sirve que el
contenido de la noticia sea exacto si el titular usado para encabezarla no lo
es y viceversa. Los titulares determinan, con frecuencia de modo irreversible,
el criterio que se forma el receptor de las informaciones acerca del alcance de
las mismas y, en consecuencia, cuando son erróneos, inexactos o sesgados,
comunican el vicio a la integridad la información publicada".
RECTIFICACION DE
INFORMACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Características
El artículo 20 de
la Carta establece que la rectificación deberá realizarse en condiciones de
equidad. Ello significa que la noticia y su rectificación -o aclaración- deben
tener un despliegue informativo equivalente. Es claro que la equivalencia no se
puede predicar de la extensión, pero sí de la posición y el realce de la
noticia, pues de lo que se trata es de que el lector pueda identificar con
facilidad la relación existente entre la rectificación y el artículo enmendado.
Es decir, la determinación de la forma y el lugar en que debe realizarse la
rectificación depende de la manera en que apareció la noticia a enmendar.
Adicionalmente, en ninguna de las aclaraciones o rectificaciones aparece un
reconocimiento expreso de que se manejó de manera imprudente y poco profesional
la noticia. Este requisito es fundamental para avalar la rectificación.
Marzo 5 de 1998
Referencia:
Expediente T-145002
Actor: Heber Jair
Otero Velasco
Temas:
Límites de los
organismos de seguridad en el recaudo de informaciones sobre las personas
Importancia de la
libertad de prensa para la democracia y el libre desarrollo de las personas
Personas a quienes
obliga el deber de reserva sobre los documentos oficiales
Prevalencia prima
facie del derecho a la información sobre los derechos a la intimidad, la
honra y el buen nombre, en casos relacionados con personas y hechos de
importancia públicos
Obligación de los
medios de comunicación de suministrar informaciones veraces e imparciales
Obligación de los
informadores de confirmar o corroborar los datos que les brindan sus fuentes,
cuando se trata de incriminaciones contra personas
Características de
la rectificación en condiciones de equidad.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de tutela número T-145002,
promovido por Heber Jair Otero Velasco contra la Revista Semana.
ANTECEDENTES
1. El  alcalde de
Silvia, Cauca, Heber Jair Otero Velasco, interpuso acción de tutela contra la
Revista Semana por cuanto estima que ésta le vulneró sus derechos fundamentales
a la vida, la integridad personal, la honra y el buen nombre, la intimidad y el
debido proceso.
2. Los hechos que
dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela son los
siguientes:
El actor relata que,
en la edición del 19 de mayo de 1997, la Revista Semana publicó un artículo
titulado “Los alcaldes de la guerrilla”, en el cual acusa a 138 alcaldes del
país de tener vínculos directos con la subversión, y a otros 412 de ser sus
colaboradores. Señala el actor que en las páginas 27 y 28 se hace la siguiente
afirmación: “El documento conocido por Semana en fuentes del Ejército, indica
que al menos 138, es decir, el 13.1% de los 1059 alcaldes del país, ‘están
vinculados directamente’ con los insurgentes. El análisis castrense agrega
que otros 462, es decir el 44% de los mandatarios locales, ‘se encuentran
bajo influencia de terroristas’ (...)”. Agrega que en la revista “se
menciona detalladamente a cada uno de los alcaldes que están vinculados con la
guerrilla, en donde aparece el nombre del municipio del cual soy alcalde”.
Manifiesta que en la
siguiente edición de la Revista, del día 2 de junio de 1997, se publicó una
carta del presidente de la Federación Colombiana de Municipios, el alcalde de
Medellín, en la que se solicitaba a la Revista aclarar la fuente de donde
provino la información referida y, de haber ocurrido un error, proceder a
rectificarla. Añade que en el mismo número se publican cartas de  protesta de
los burgomaestres de otros municipios mencionados en el artículo aludido.
También aparece un comunicado enviado al director de Semana por el Mayor
General Manuel José Bonett Locarno, Comandante del Ejército Nacional, en el
cual se manifiesta que el documento sobre el que se basó Semana para publicar
la información acerca de los alcaldes, “no fue producido por el Comandante del
Ejército ni se puede considerar como oficial”. Sobre este punto asevera el
demandante que el mismo Ministro de Defensa, en una reunión convocada por la
Federación Colombiana de Municipios, el día 12 de junio, manifestó: “No conozco
el informe, pedí que me lo dejaran ver y no fue posible, es lo único que tengo
que decir”. Este hecho confirma la apreciación del actor acerca de que el
documento no era  oficial.
Relata el demandante
que, en vista de que Semana no había corregido la información divulgada, el día
25 de junio le escribió a la Revista para solicitarle que rectificara la falsa
acusación de la que era objeto, con el mismo despliegue que se le había dado a
ésta. En su carta expresaba que “la consecuencia simple y directa para el
lector de la publicación es que los alcaldes citados en la lista y
específicamente en el recuadro de la página 27, están vinculados con grupos
guerrilleros, o lo que es lo mismo, los sindica la Revista de cómplices de
delincuentes por su vinculación con los guerrilleros”. En el mismo escrito
sostenía que la respuesta de la Revista a la solicitud de rectificación hecha
por la Federación Colombiana de Municipios y algunos alcaldes involucrados, “no
corrige la información falsa que atenta contra la honra y el buen nombre de los
alcaldes de los municipios específicamente citados y tampoco se publica con el
mismo grado de despliegue que tuvo la calumniosa aseveración que ha hecha la
Revista que dirige”.
El 4 de agosto de
1997, en atención a que la Revista Semana “no corrigió el error que había
cometido”, el actor interpuso la acción de tutela. Expone que el artículo
periodístico amenaza su derecho a la vida, pues “el hecho de que se me tilde de
tener vínculos con la guerrilla, me pone en inminente peligro y como se dice en
el lenguaje popular ‘me sitúa como blanco perfecto’, lo que me pone en estado
de indefensión, porque ya se ha visto en nuestro país, como en situaciones
similares a varios mandatarios municipales se les ha asesinado por
sindicárseles como miembros de estos grupos al margen de la ley”.
Igualmente,
manifiesta que el artículo de Semana “acaba con mi reputación dentro de la
sociedad, porque no es a otra cosa a la que llevan las afirmaciones hechas
(...) y no permite nunca una buena gestión y por supuesto menos una buena
imagen de las personas acusadas inexplicablemente”. Además, expresa que el
artículo calumnioso le desconoce su derecho a la honra y al buen nombre, por
cuanto contribuye a “dañar mi imagen y trayectoria en el mundo de la política,
es decir que se me ven disminuidas mis capacidades, mis valores y por supuesto
mi dignidad”. Finalmente, sostiene que la información publicada lo condena sin
darle la oportunidad de defenderse, y sin respetar su derecho a que se presuma
su inocencia, lo cual constituye una violación al debido proceso.
El demandante
solicita que se tutelen sus derechos fundamentales y que “se garanticen medidas
para su efectiva y adecuada protección”. Igualmente, pretende que se ordene “al
Ejército y/o a la Revista Semana rectificar en condiciones de equidad la
información publicada, con el mismo cubrimiento que se dio al artículo inicial,
y que de la misma forma se publique por otros medios de comunicación de amplia
circulación”.
3. En auto del día 5
de agosto de 1997, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia admitió la
tutela, y ordenó a los demandados enviar al juzgado un informe detallado sobre
sus actuaciones y pronunciarse acerca de los hechos y pretensiones de la
demanda de tutela; igualmente, dispuso que la Revista Semana debía informar
acerca de la razón por la cual no había hecho la rectificación requerida por el
actor o, de ser el caso, allegar pruebas sobre la veracidad de la información.
3.1. En auto del día
6 de agosto, el juzgado ordena al Mayor General Manuel José Bonett Locarno,
Comandante del Ejército Nacional, enviar un informe detallado sobre sus
actuaciones y las de los miembros del Ejército Nacional con respecto a los
hechos y pretensiones de la demanda.
3.2. En escrito del
día 8 de agosto, el apoderado del director de la Revista Semana solicita que se
remita la demanda al juez civil del circuito de Bogotá, porque el desarrollo de
la acción de tutela en un sitio diferente al del domicilio de la Revista
demandada le dificulta su derecho de defensa. Menciona diversos casos en los
que las tutelas interpuestas por los mismos hechos fueron remitidas por los
jueces respectivos a Bogotá, donde están siendo atendidas. En la misma fecha,
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia aprueba la solicitud formulada y
dispone enviar el proceso al juez civil del circuito de Bogotá.
3.3 También el 8 de
agosto, la Jefe de la División de Negocios Judiciales del Ministerio de Defensa
remitió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Silvia un escrito en el que
manifiesta:
“En primer lugar, el
documento que dice poseer la Revista Semana, suministrada por fuentes del
Ejército carece de validez y no se puede atribuir a esta institución, toda vez
que en ningún momento se suministró oficialmente dicha información a la citada
Revista, por parte de este Ministerio ni del Comando del Ejército, como lo
manifestó oportunamente el Mayor General Manuel José Bonett Locarno, Comandante
del Ejército Nacional, a la Revista Semana, desvirtuando cualquier implicación
del Ejército Nacional en al artículo titulado ‘Los alcaldes de la Guerrilla’.
“Este comunicado fue
enviado a los medios de comunicación, el 20 de junio de 1997, en cumplimiento
al fallo de tutela dentro de la acción instaurada por el señor Gustavo Suárez
Niño, Alcalde del Municipio de Sogamoso (Boyacá), publicado en el Tiempo y El
Espectador el sábado 25 de junio de 1997, y difundido a través de Caracol
Noticias y RCN, el 27 de junio, de los que le adjunto copias.
“Así mismo, mediante
oficio N° 5058 del 4 de julio del presente, el Señor Ministro de Defensa
Nacional solicitó al Doctor Marino Alberto Rodríguez Muñoz, Procurador Primero
Delegado para las Fuerzas Militares, iniciar investigación disciplinaria con el
fin de ‘Definir los eventuales responsables de la conducta’ que dio origen a la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito dentro de la
acción de tutela incoada por el alcalde de Cumaral- Meta.
“De otra parte, está
plenamente demostrado que por parte de este Ministerio y del Comando del
Ejército Nacional, se efectuó debidamente la rectificación correspondiente,
haciéndose referencia a todos los Burgomaestres, tal y como lo corrobora el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección
Primera, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Pauselino
Camargo, Alcalde de Cúcuta, del que anexo fotocopia.
“Por todo lo
anterior, le solicito amablemente al señor Juez declarar improcedente la acción
de tutela instaurada contra el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército
Nacional”.
La delegada del
Ministerio de Defensa anexó una carta enviada por el Comandante del Ejército
Nacional al director de la Revista Semana, el día 26 de mayo de 1997, en la que
le manifiesta su rechazo a la publicación del artículo “Los Alcaldes de la
Guerrilla”, porque “carece de la fuente citada” y se “aparta de toda verdad,
poniendo en peligro la vida e integridad de los alcaldes municipales
mencionados y desprestigiando la Institución que honrosamente comando”. El
Comandante solicita que se rectifique la información y hace responsable a Semana
de las consecuencias que la información publicada pueda tener sobre la
integridad física de los alcaldes citados, y sobre la alteración de la paz
pública. Le informa, igualmente, que el estudio en que se basó la Revista para
publicar la información mencionada, fue elaborado por el Comando del Ejército,
“para determinar los niveles de riesgo que tienen los funcionarios públicos con
motivo del asesinato de algunos alcaldes”. Expresa que dicho estudio terminó
con una relación de alcaldes amenazados, que la Revista convirtió en alcaldes
de la guerrilla, de manera tal que “las víctimas potenciales fueron convertidas
en sujetos del delito de rebelión”. El comandante del Ejército manifiesta que
anexa a su carta el estudio citado con el fin de que “la opinión pública
conozca que el Comando del Ejército no ha hecho juicios de valor ni
calificaciones referentes a la posición política ni ideología de los citados
alcaldes”. Finalmente señala que: “en consecuencia, la rectificación debe
consistir en que por el mismo medio y en condiciones de equidad se informe al
país que el Ejército Nacional de Colombia no fue la fuente de información, ni
entregó documento alguno a la revista Semana, relacionada con vínculos de los
Alcaldes con la subversión”.
La representante del
Ministerio de Defensa adjunta también copia del comunicado que envió el
Ministro de Defensa a los medios de comunicación - el 20 de junio de 1997,  en
cumplimiento de un fallo de tutela -, y en el que les anexa la respuesta
enviada por el Comandante del Ejército a la Revista Semana. La carta del
Comandante, que también fue publicada en la Revista Semana, reza:
“En mi condición de
comandante del Ejército Nacional, consciente como soy de la suprema y delicada
responsabilidad que el cargo me demanda y entendiendo cabalmente las
consecuencias que pueden derivarse del artículo publicado por la revista
SEMANA, que usted dirige, cuya edición se contrae del 19 al 26 de mayo del año
en curso, deseo expresar de la manera más clara y contundente que rechazo en
toda su dimensión el infundio que esta publicación ha formado al otorgarle a un
presunto documento del Ejército Nacional, que me honro en comandar, el carácter
de una autenticidad que está muy lejos de poseer y que en ningún sentido podría
mostrar el carácter de oficial que la revista le atribuye.
“(...)
“Conoce sí, el
comandante del Ejército un documento oficial que busca mejorar la condición de
seguridad de los alcaldes para evitar que se conviertan en posibles víctimas de
los agentes generadores de violencia, estudio que en su letra y en su espíritu
pugna y contrasta con el que la mencionada revista SEMANA dice poseer, y que
para su mejor conocimiento le estoy anexando, y que es, como usted bien puede
observar, ajeno en su integridad a entrar en calificaciones ideológicas o
partidistas de los alcaldes, y que no traduce el pensamiento del comandante del
Ejército ni de la institución.
“En consecuencia
tenemos que:
a)  El documento que dice poseer SEMANA no fue producido
por el comando del Ejército ni se puede considerar oficial.
b)  El documento producido por el comando del Ejército
busca mejorar, como he dicho, las condiciones de seguridad de todos los
funcionarios del Estado y por eso he ordenado que se hiciera público.
c)   El comando del Ejército nunca ha ordenado
ni ordenará que se hagan investigaciones para determinar la condición política,
ideológica o las simpatías de los funcionarios públicos de Colombia. Si por
alguna razón fueran detectadas irregularidades en algún funcionario que se
alejen de estos criterios, el Ejército, de acuerdo con las normas legales, los
denunciará ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General.
“El Ejército de
Colombia no tiene sicofantes ni cazadores de brujas”.
3.3. En ausencia del
Comandante General, el segundo comandante del Ejército dio respuesta a lo
solicitado por el Juzgado en el auto admisorio. Señala que “en ninguna
dependencia del Ejército existe información relacionada con la vinculación de
los alcaldes de municipios con la guerrilla, ni investigación alguna contra el
Alcalde en referencia”. Expresa, igualmente, que el Comandante del Ejército
había dado cumplimiento a la orden contenida en distintos fallos sobre las
tutelas interpuestas por otros alcaldes, en el sentido de rectificar, a través
de distintos medios de comunicación, la información divulgada en la Revista
Semana.
4. El 19 de agosto,
el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá avoca el conocimiento de la tutela y
oficia a la revista Semana para que informe al despacho acerca de la actividad
desplegada con respecto a la rectificación solicitada por el actor.
4.1 El 21 de agosto,
el apoderado del director de la Revista Semana presenta un memorial en el que
se refiere a los cargos formulados contra la revista.
En primer lugar,
señala que el artículo publicado por la revista en su edición 785, titulado
“Los Alcaldes de la Guerrilla”, se basó en un informe del Ejército sobre el
grado de influencia de los grupos armados al margen de la ley en las
municipalidades del país, el cual “fue entregado por un alto oficial del
ejército conocido de tiempo atrás y cuya información en el pasado ha sido
confirmada como veraz. En términos periodísticos se conoce como una fuente
representativa, por su rango, confiabilidad y acceso a las materias sobre las
cuales informa”. Expresa que la fuente le entregó a la revista una copia física
del documento y que “no dio detalles sobre las pruebas concretas que
sustentaran las afirmaciones del documento, invocando la necesidad de proteger
las mismas para judicializarlas”.
Manifiesta que la
Revista sostuvo una posición crítica e independiente frente al informe, tal
como lo demuestra el que en la página 30 de dicha edición se hubiera
consignado la siguiente frase: “El que los alcaldes del país tengan estrechos
vínculos con los alzados en armas es un tema muy delicado y por ello es
indispensable que las autoridades tengan pruebas a la mano, más que indicios,
para que la Fiscalía pueda llegar al fondo de las investigaciones”. Con todo,
continúa, “Semana no tuvo duda ni la tiene en este momento, de que el ejército
evalúa la influencia de grupos armados en las municipalidades de Colombia y
dado el contexto político e informativo que se reseñará más adelante, juzgó de
interés público que la opinión nacional conociera las actividades de las
agencias de inteligencia en la etapa preelectoral”.
Sostiene que el
artículo mencionado “motivó varias réplicas y solicitudes de rectificación”,
dentro de ellas la del alcalde de Silvia. Expone que la carta de este último se
ajusta a un formato enviado por muchos otros alcaldes - las cartas solamente se
diferenciaban por el nombre del alcalde y del municipio. Por esta razón, en la
edición 795, la Revista publicó la carta-formato y colocó a varios alcaldes
como autores de ella.
Reitera que la Corte
Constitucional ha expresado en su jurisprudencia que “toda carta que manifieste
inconformidad con una información debe ser publicada”. SEMANA acata ese
principio y, además, “le da por política editorial un tratamiento preferente y
ubica la sección ‘Cartas’ al principio de la revista, precedida de los
‘Confidenciales’ siendo lo primero y lo que más se lee en la revista”. Con
todo, asevera que las solicitudes de rectificación deben “ser claras y
concluyentes y dar al medio las pruebas de que existe un error de información”,
y que el medio puede “mantenerse en la información o rectificarla en presencia
de evidencia clara y concluyente sobre el error”. En este caso, la Revista “se
mantuvo en el objeto de su información y en la confiabilidad de su fuente”,
razón por la cual en el número 787 “publicó una Nota de la Redacción en la que
aclara la naturaleza de su fuente... y persiste en la protección de su
identidad”.
Acerca de las
obligaciones de los medios de comunicación en estos eventos manifiesta: “El
deber de la revista era proceder a publicar la carta de réplica o rectificación
y aclarar la información o rectificarla, si se da la evidencia clara y
concluyente sobre el error, de acuerdo no sólo con la política editorial de
SEMANA sino con la jurisprudencia constitucional, que ratifica en toda
oportunidad que se debe partir de la base de la buena fe del medio informativo
(...)  De acuerdo con esta jurisprudencia no basta con afirmar el error de la
información y el peticionario de probar (sic) porque se parte de la buena fe
del medio, quien si no tiene en sus manos la evidencia del error, tiene derecho
a mantenerse en dicha situación no desvirtuada”.
Expresa que la buena
fe del medio se prueba con el hecho de que la información publicada se enmarcó
dentro de un contexto en el que aparecía claro que el tema del orden público en
las localidades era de importancia. Por eso, la revista programó dos artículos
sobre el tema: “uno consistente en la visión de los organismos de inteligencia,
publicado en el número 785, y otro sobre la visión de los alcaldes y analistas
políticos, publicado en el número 787”. Dice el apoderado:
“Desde semanas antes
del artículo de la edición No. 785, se venía presentando una compleja situación
por pronunciamientos de miembros del ejército acerca de la influencia de la
subversión en diversos sectores de la sociedad civil pero particularmente con
las municipalidades.
“En desarrollo de la
investigación, SEMANA conoció que en el ejército existía un documento de
inteligencia sobre el tema y estimó que la opinión pública debía conocer la
situación reflejada en el análisis militar, dado que confluía con el contexto
previo. Así, un periodista de la revista obtuvo copia física del documento. Al
dar a conocer al público la opinión de la inteligencia militar, la sociedad
puede exigir a las autoridades la deducción de responsabilidades consiguiente,
por cuanto la fuente afirmó que tenía pruebas de lo que el documento decía,
pero no las detalló argumentando la protección de la prueba para su posterior
judicialización”.
El mencionado
contexto estaría conformado por los siguientes hechos:
a)  En días anteriores al artículo del número 785 de
SEMANA el comandante de la segunda brigada acusó a varios alcaldes del Sur de
Bolívar de ser colaboradores de la guerrilla, sin que hubiera sido desmentido
por sus superiores. El Ministro de Defensa le llamó la atención por considerar
‘inconveniente’ el pronunciamiento que hizo por radio y televisión. No se
conoce pronunciamiento alguno del General Bonett desmintiendo a su inferior, no
obstante que lo contradice claramente con lo afirmado por dicho general en
ocasión del artículo de SEMANA...
b)  Se venía discutiendo en diversos sectores del país la
necesidad de suspender elecciones en varias municipalidades por razones que se
exponían en el documento de inteligencia del ejército.
c)   Se habían suscitado diversas polémicas
entre miembros del ejército y representantes de la sociedad civil.
Particularmente una entre el general Manuel José Bonett Locarno y el padre
Gabriel Izquierdo del CINEP, a quien el citado oficial acusó públicamente en un
programa de radio de ser ‘amigo y apoyo obsecuente de la guerrilla’...
d)  En el año de 1994 se produjo un documento de
inteligencia similar al que basó la información de SEMANA del número 785 y que
fue revelado por medios distintos a esta revista. SEMANA publicó un artículo
haciendo el análisis correspondiente, cuya copia le anexo”.
De acuerdo con lo
anterior, sostiene el apoderado, SEMANA consideró que el informe de
inteligencia militar, “correspondía a uno de los que usualmente hacen los
organismos de inteligencia militar sobre la influencia de grupos armados en las
municipalidades y, de hecho, que se trataba de una actualización del realizado
en el año de 1994”.
Desmiente el
representante de la revista que el artículo “Profesión Peligro”, publicado
posteriormente, y que se refirió también a la situación preelectoral en las
municipalidades del país, representara una rectificación de lo aparecido en el
anterior escrito - como fue interpretado por el alcalde de Nechí. Con el
mencionado artículo simplemente se culminaba la programación que la revista
había diseñado sobre el tema. Sobre este punto concluye: “se hicieron dos
artículos que fueran independientes y de una extensión similar, de manera que
los contextos que exponían tanto los militares como los alcaldes y los
analistas quedaran completos, lo que no hubiera sido posible si se ‘empaqueta’
a todos en un artículo de una extensión de 4 páginas”.
En relación con los
pronunciamientos de las autoridades militares a raíz de la información
publicada manifiesta que esa es “la réplica usual de las autoridades frente a
este tipo de revelaciones acerca de las actividades estatales por parte de los
medios de comunicación”. Expresa que mientras que, por un lado, el general
Bonett negaba que el Ejército investigara alcaldes, por el otro, sus
subalternos y otros altos mandos hacían pronunciamientos públicos que permitían
entrever lo contrario. Señala, además, que el ejército está realizando una
amplia investigación para determinar cuál fue el oficial que entregó el
documento, “dando por descontado que él existe como un documento de
inteligencia militar”. Sostiene que “los errores del documento en la medida en
que no eran conocidos ni son conocidos por SEMANA, trasladan la responsabilidad
a la fuente informativa, es decir al ejército nacional”.
Al respecto menciona
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - en sentencia del 19 de junio
de 1997, en la que tuteló los derechos del alcalde de Sogamoso - concluyó
también que el hecho de que el Ejército hubiera iniciado investigaciones
penales y disciplinarias para establecer el origen del documento indica que la
controvertida información sí existió y que su autor fue el Ejército Nacional.
Por esta razón, y atendiendo a que se desconocía cuál miembro de la institución
armada había producido el hecho, el Tribunal procedió a determinar como
responsable de él a la institución misma, de acuerdo con el artículo 13 del decreto
2591 de 1991.  Fue con base en este pronunciamiento que, posteriormente, el
Juez Segundo Penal del Circuito, en proceso similar iniciado por una demanda
del alcalde de Cumaral, dispuso  absolver a SEMANA y ordenar al ejército
rectificar la información.
Reitera el apoderado
de la revista que “si el medio no conocía y actualmente no conoce los posibles
errores de información del documento, se debe preservar su buena fe y el ‘in
dubio pro libertate”. Las afirmaciones del General Bonett no constituyen un
desmentido a la información publicada.  Además, sostiene que “es un hecho que
el ejército investiga alcaldes, como lo hizo en 1994”, y que se pronuncia sobre
“la filiación política o ideológica no solo de los funcionarios sino de otros
miembros de la sociedad civil”.
Considera también
que la polémica sobre la oficialidad de un documento “es ficticia porque
implicaría que los  medios de comunicación no pueden informar sobre las
actividades estatales (en este caso los organismos de inteligencia) sino cuando
un funcionario lo certifique, introduciendo la censura constitucionalmente
prohibida. Los medios no son sujetos de la reserva documental sino los
funcionarios directamente encargados, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional”.
Añade que el general
Bonett manifiesta en su carta que conoce de la existencia de un documento de
inteligencia titulado “Apreciación Preelectoral N° 1”, sobre necesidades de
seguridad de los alcaldes, lo cual, según el apoderado, implica que hay más
apreciaciones preelectorales y que “el general Bonett levantó por su propio
arbitrio la reserva documental de un texto secreto, lo que quiere decir que si
el medio hubiera revelado el documento enviado por el Comandante General del
Ejército antes de que éste lo entregara, sería oficial aun sin la firma y la
carta remisoria del general Bonett”.
Finalmente, se
refiere a dos hechos que demostrarían que Semana actuó de buena fe y que “fue
veraz al afirmar que el documento de inteligencia provenía del ejército”. El
primero es que el Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar, que adelanta
investigaciones para determinar quien levantó el secreto del documento, ya
estableció que éste fue elaborado en el “Comando del Ejército”. El segundo se
refiere a la solicitud que, como funcionario de instrucción, le presentó a
Semana el general Jaime Humberto Cortés, en el sentido de que revelara la
fuente que entregó el documento. Precisa que el mismo general añade que está
claro que “la Revista no tergiversó el documento sino que ... se limitó a
reproducirlo sin interpretar su contenido’.
Para concluir, el
apoderado de la revista expresa que “los hechos llevaron a Semana a ratificar
la veracidad de la información sobre la existencia del documento y de su
contenido”. Y puesto que el artículo tenía como finalidad  presentar el
documento, no tenía la Revista que entrar a establecer la veracidad de todas
las informaciones contenidas en él: “Como el artículo estaba enfocado al
contenido del documento y su análisis, la labor de constatación y verificación
se hizo sobre su origen”. De todos modos, para que la información sobre el tema
fuera equilibrada se decidió publicar una segunda parte, con otras versiones
sobre el problema y con un despliegue similar o mayor al que se le dio al
documento de  inteligencia.
Precisa que la
tutela no procede cuando el medio de información ha actuado de buena fe, como
se dio en este caso. No se puede presumir que hubiera errores de información
conocidos previamente por Semana. Prueba de la buena fe de la revista es que
hubiera programado dos artículos sobre el tema, en vez de limitarse a publicar
uno sólo, con base en el informe de inteligencia.
Finalmente, expresa
que ni la carta del Alcalde de Silvia, “ni la de ningún otro, tienen la
evidencia clara y concluyente sobre el error de información, que además ha sido
descartado con los acontecimientos posteriores. Semana nunca se ha negado a
rectificar cuando la evidencia sobre el error es clara y concluyente”. Por lo
tanto, termina con la solicitud de que se declara la improcedencia de la
tutela, dado que “ni la buena fe de Semana ni el ‘in dubio pro
libertate’ han sido desvirtuados con la tutela ”.
4.2. Posteriormente,
el apoderado de SEMANA envía al juzgado otra carta, en la cual expresa que
“[a]dicionalmente a los motivos de improcedencia fundamentados en la actuación
de buena fe no desvirtuada de Semana, que traslada la responsabilidad a la
fuente”, desea solicitar que se declare la cesación de los efectos de la
información. Basa su petición en el hecho de que,  en la edición 798, la
revista hizo extensiva a todos los alcaldes  mencionados en el documento de
inteligencia del Ejército una rectificación hecha en favor  del alcalde de San
Roque, Antioquia. En efecto, en la sección Cartas se expresó:
“Rectificación
“De acuerdo con la
sentencia que resolvió la demanda de tutela presentada por el alcalde de San
Roque (Antioquia), señor Gerardo Montoya Molina, SEMANA  se permite manifestar,
en relación con el señor Molina y con todos los alcaldes de municipios
señalados en el artículo ‘Los alcaldes de la guerrilla’, aparecido en su
edición #785 lo siguiente: El informe de inteligencia que sustentó el artículo
mencionado no tiene información concreta que permita afirmar que sea cierto o
que se haya comprobado que los alcaldes de los municipios mencionados allí
tengan vínculos directos con la guerrilla.
SEMANA”
Actuación similar
habría desarrollado antes, a propósito de la publicación de una rectificación
en favor del alcalde de Ituango - en la edición 791, en la misma sección
“Cartas”. En aquella ocasión se expresó:
“Aclaración
“Semana nunca ha
pretendido tener o conocer las pruebas que sustentan las conclusiones del
documento suministrado por una fuente del Ejército, en el cual se basó el
artículo ‘Los alcaldes de la guerrilla’. La revista se limitó a reproducirlo,
pero nunca avaló su contenido, ni en el caso de la alcaldía de Ituango, ni en
los de ninguna de las otras alcaldías mencionadas. Por el contrario, en la
edición en la que se publicó el artículo se aclaró este punto (...) en los
siguientes términos: ‘El que los alcaldes del país tengan estrechos vínculos
con los alzados en armas es un tema muy delicado y por ello es indispensable
que las autoridades tengan pruebas  a la mano, más que indicios, para que la
Fiscalía pueda llegar al fondo de las investigaciones”.
Agrega también que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 31 de julio
de 1997, denegó una tutela similar, interpuesta por el alcalde de Cúcuta contra
el Ejército Nacional, porque consideró que habían cesado “los efectos nocivos
de la información cuando el Ministro de Defensa dio cumplimiento a una tutela
en favor del Alcalde de Sogamoso”. El Tribunal consideró que, puesto que se
trataba de un mismo hecho que afectaba a múltiples personas, el fallo de tutela
en favor de una de ellas favorecía al resto del conglomerado y que, además, el
hecho que motivó la tutela cesaba en sus efectos nocivos con respecto a los
otros alcaldes.
Considera el
apoderado de Semana que las rectificaciones publicadas por la revista son
absolutamente claras y que se adecúan “a la ubicación y forma que ha sido
declarada admisible por los jueces cuando han ordenado rectificaciones a
Semana”. Por lo tanto, solicita que se aplique la conclusión utilizada para
resolver la tutela del alcalde de Cúcuta, y que se tenga en cuenta que “con la
rectificación publicada en el número 798 se extiende una rectificación clara,
explícita y hecha a nombre propio por SEMANA inclusive al señor Alcalde de Silvia”.
El memorialista
concluye así : “pido que se decrete la cesación de los efectos de la
información, dada la extensión de la rectificación publicada en el número 798
de Semana, en concordancia con la publicada en el número 791 y la sentencia del
H. Tribunal Contencioso Administrativo que se anexa”.
5. El 28 de agosto,
el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá denegó la tutela
interpuesta por el actor contra la revista. Acepta, sin embargo, que la noticia
publicada por Semana, en su edición 785 del 19 de mayo de 1997, vulneró los
derechos fundamentales del actor.
En su fallo, el
Juzgado analiza si la rectificación solicitada por el actor se hizo “en la
forma y despliegue con que se difundió la noticia”. Al respecto señala que las
autoridades comprometidas, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional,
desconocieron públicamente la autoría oficial del documento en que se apoyó la
demandada para hacer la publicación en cuestión, y difundieron su posición en
diferentes medios de publicación social, lo cual equivale a una rectificación.
Por otra parte, el
juzgado considera que la nota titulada “Rectificación”, que fue publicada en la
sección Cartas de la edición 798 de agosto 18-25, “tiene el alcance de
rectificación, cumpliendo así su cometido, pues reivindica en el accionante los
derechos de que fue víctima por las incriminaciones infundadas o de
informaciones ajenas a la verdad, aunado a ello, igualmente, con los
comunicados hechos por el Ejército Nacional, a través de su comandante, por lo
tanto, han cesado los hechos que motivaron la presente acción”.
6. La Sala de
Decisión le remitió al Comandante General de las Fuerzas Militares un
cuestionario acerca del régimen que gobierna el manejo de la información de
carácter reservado, por parte de esa institución. El cuestionario fue
respondido dentro del término establecido.
7. Igualmente, la
Sala les solicitó a reconocidos periodistas y a distintas facultades de
comunicación social de la ciudad de Bogotá que manifestaran: a) ¿cuáles son los
cánones  profesionales a los que debe ajustarse la divulgación de un material
como el que sirvió de fundamento a la revista Semana para la publicación del
artículo Los alcaldes de la guerrilla ?; y b) ¿cuál era su concepto
profesional sobre el mencionado artículo?.
La periodista María
Teresa Herrán y los decanos de las Facultades de Comunicación Social de la
Universidad Externado de Colombia, y de Comunicación y Lenguaje de la
Pontificia Universidad Javeriana dieron respuesta a las preguntas formuladas.
7.1. La ciudadana
María Teresa Herrán expresa que el ejercicio del periodismo apareja una serie
de deberes éticos, a saber: deber de informar veraz y suficientemente; deber de
equilibrio y de respeto a la fama ajena, que implica que “el periodista no
puede depender de una sola fuente sino que tiene la obligación de contrastarlas
y de darle oportunidad, a quien ha sido acusado, de defenderse … [pues] el consenso ético dentro del gremio es que el periodista
no puede permitirse ninguna clase de ligerezas con la fama ajena”; deber de
cuestionamiento de la fuente; y deber de responsabilidad social, del cual
se deriva que “el  periodista debe tener especial cuidado por el impacto social
de su noticia y la potencial manipulación que de él haga la fuente”.
La distinguida
periodista afirma, entonces, que el artículo no cumplió con ninguno de estos
deberes, por cuanto:
a)  la información no fue veraz y suficientemente
documentada, porque “no mediaba sentencia judicial que hubiera vinculado a los
alcaldes con la guerrilla ni investigación periodística que llevara a plantear
siquiera la inquietud con base en indicios graves”;
b)  a ninguno de los alcaldes se le brindó “la oportunidad
de desvirtuar las acusaciones de tener vínculos con la guerrilla, una acusación
de una gravedad extrema”;
c)   la revista se conformó con lo expresado por
la fuente militar, sin realizar ningún trabajo de investigación o comprobación.
Este hecho constituye una ligereza, la cual se ve agravada por la circunstancia
de que el título del artículo avala - en contra de lo afirmado por Semana - el
contenido del documento emanado del Ejército.
d)  el artículo no tiene proyección social, sino que tiene
como único fin “dar a conocer el informe suministrado por la fuente”. La
irresponsabilidad social se deduce del mismo título del artículo, el cual es
sintomático “de ese afán de chiva y sensacionalismo”.
Con base en los
anteriores planteamientos, concluye así: “Desde el punto de vista de la ética y
la técnica profesional que, como es sabido, van de la mano en el ejercicio
profesional del periodismo, se observa en el artículo puesto a consideración
varias y gravísimas deficiencias. Sea ésta la oportunidad de recalcar el
irrespeto para el gremio que representa la mala costumbre de algunas fuentes
oficiales de manipular a los periodistas, ya que éste no es el primer caso en
el que informes supuestamente ‘oficiales’ o filtraciones buscan desorientar a la
opinión o satanizar a ciertos sectores de la población civil, colocándolos en
la picota pública”.
7.2. El decano de la
Universidad Externado de Colombia, Miguel Méndez Camacho, considera que el
informe es irresponsable y tendencioso. Lo primero, “por cuanto no se ciñó a
las mínimas normas de responsabilidad periodística y puso en peligro no sólo la
vida de los alcaldes en mención sino el orden público en varias regiones.”
Estima que es tendencioso porque “no se contrastan las fuentes directas e
indirectas que participan o se ven afectadas por la información. Es lógico que
en una información de tanta gravedad  se hubiese acudido a fuentes tales como
la Federación Colombiana de Municipios o a los mismo alcaldes supuestamente
implicados. Tal es lo que recomiendan los manuales de redacción y los de ética
de todos los medios y agremiaciones periodísticas.” Añade que el título mismo
del artículo evidencia la irresponsabilidad de la publicación.
En su entender, la
rectificación efectuada por Semana “resulta insuficiente pues las normas
indican que tal rectificación debe hacerse en condiciones de equidad y con el
mismo despliegue dado al artículo donde se cometió el error”.
Expresa que - puesto
que el propósito principal de la actividad periodística es servir al bienestar
general, y que las normas periodísticas recomiendan abstenerse, en algunos
casos, de publicar informaciones que pueden poner en peligro la vida de muchas
personas o alterar el orden público - la publicación de un artículo como el que
se controvierte constituye un acto de irresponsabilidad.
Añade que los
cánones profesionales recomiendan acudir “no sólo a múltiples fuentes de
información para tener seguridad sobre la veracidad de una noticia, sino -
sobre todo en situaciones de conflicto interno o de guerra entre dos países -
someter a crítica y contraste las informaciones ofrecidas por uno de los bandos
en conflicto”.
7.3. El decano
académico de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia
Universidad Javeriana, Gabriel Jaime Pérez S.J., se refiere en su escrito a
tres aspectos de la actividad periodística que son “garantes de la legitimidad
que debe respaldar las informaciones noticiosas publicadas en los medios
masivos de comunicación”. Ellos son: la fuente, el contenido de las informaciones
y la rectificación. Sobre el primero expresa que cuando se respeta la
confidencialidad de la fuente, el medio de comunicación se convierte en
responsable de la información. Ello hace necesario, con el objeto de evitar
riesgos, buscar datos adicionales que sirvan de sustento a la fuente.
Con respecto al
contenido de las informaciones expresa que la actividad periodística no puede
inspirarse en el deseo de desnudar acciones delictivas o descubrir conductas
inmorales, pues ello conduce a  la conclusión de que no hay acusados, ni
sospechosos, sino únicamente culpables, a quienes les queda la responsabilidad
de probar que no lo son. Agrega que “la información tiene que despojarse de
todo prurito sensacionalista (...) La noticia en ‘exclusiva’ o comúnmente
denominada ‘chiva’, no debe inducir a precipitación, máxime cuando está de por
medio el honor  de las personas (...) El periodismo no puede  ejercerse con la
mentalidad de ‘cazadores de cabezas’, por cuanto es una modalidad que genera
problemas ante los tribunales de justicia y ante el público. Es recomendable
conseguir diez veces más información que la necesaria para abundar en
objetividad”.
Con respecto a la
rectificación anota: “En caso de cometerse errores en una investigación deben
corregirse en el mismo espacio donde se publicó la información original. Una
rectificación no repara el daño moral causado a una persona por una publicación
injusta, desproporcionada o lesiva de su honor, aunque en el fondo sea
verdadera. Publicarla con reticencia y disimulo puede agravar las repercusiones
de una noticia”.
8. Luego de
enterarse de la decisión de la Sala de solicitar el concepto de especialistas
en el tema, el apoderado de la revista Semana envió un escrito en el que ofrece
explicaciones sobre la actividad de la revista en relación con el artículo y
con las reacciones que éste provocó.
Expresa, en primer
lugar, que la revista es consciente de que, como lo señalaron los distintos
alcaldes que incoaron la acción de tutela contra el semanario, en el artículo
no se hacía alusión a ninguna prueba en contra de los burgomaestres. Por esa
razón, en la misma publicación se expresó que era necesario “que las
afirmaciones del documento tuvieran sustento en pruebas (...) pues la fuente
dijo que existían y se relacionaban con hechos como reuniones de los alcaldes
con grupos subversivos, rendiciones de cuentas, etc., todo lo cual fue
reiterado por la fuente”.
Asevera que Semana
siempre ha seguido la política de confrontar con varias fuentes la veracidad de
los datos obtenidos por sus periodistas, pero que existen casos excepcionales
en los que no se puede cumplir con esa premisa, so pena de poner en riesgo la
publicación de la noticia. Pone como ejemplo el caso de la grabación de la
conversación de dos ex ministros en torno a la adjudicación de frecuencias
radiales, en el cual se decidió proceder a publicar extractos de la
conversación sin “confrontar a los ministros ni pedir explicaciones al gobierno
porque, como había ocurrido en episodios anteriores, se corría el peligro de
que se torpedeara la publicación de la información”.
Con todo, aclara:
“Consciente del impacto que causaría publicar el informe de inteligencia,
SEMANA se vio precisada a buscar reacciones, no en el texto del mismo artículo,
sino en un artículo especial que se publicó en la edición inmediatamente
siguiente. SEMANA procedió con absoluta buena fe, para garantizar el más amplio
despliegue a las réplicas. Pudo haber deficiencia en el procedimiento, pero no
intención de apartarse de los parámetros de la profesión periodística”.
Agrega que la
revista, fiel a los principios constitucionales de objetividad e imparcialidad,
y con el objeto de garantizar la más amplia divulgación de las opiniones
contrarias al artículo, tomó las siguientes determinaciones:
a)  dar curso al artículo que estaba programado sobre los
riesgos que implicaba el ejercicio del cargo de alcalde (Profesión peligro).
b)  disponer que “todas las cartas debían ser publicadas y
sin excepción alguna las de los alcaldes, inclusive abriendo páginas
adicionales en la sección correspondiente, denominada ‘cartas’ - una de las más
leídas de la revista -, haciendo así un cambio especial de la política
editorial de la publicación. Cuando una carta llegaba, aun si la sección ya
había sido cerrada, la revista comunicaba por escrito al remitente la
imposibilidad de publicar su carta en la edición correspondiente y se
garantizaba su inclusión en el número siguiente (...) Con esto SEMANA buscaba
que no quedara duda de su respeto al derecho de los lectores de replicar por
las informaciones (...) De esta forma, la revista publicó un total de 64 cartas
de mandatario locales”.
c)   rectificar, en todos los casos en los que
los jueces así lo ordenaran, de acuerdo con los siguientes parámetros: “Se
tomaban textualmente las consideraciones del juez, para no apartarse de lo que
el funcionario judicial estimaba como objeto de rectificación y para no entrar
en interpretaciones sobre el sentido de la decisión de la justicia, ni dar
lugar a equívocos sobre la voluntad de la revista de acatar la voluntad
judicial. Luego, la rectificación se hacía a nombre propio de la revista,
haciendo una manifestación en primera persona. Igualmente, siempre se buscaba
incluir la rectificación en la primera página de la sección. Anexo fotocopia de
la rectificación en los casos de Guadalupe, Ituango, Fosca, Fuente de Oro,
Salazar de las Palmas y Cerrito. Al mismo tiempo se consultaron antecedentes de
rectificación por vía judicial en la sección de Cartas y se encontró uno proveniente
de la H. Corte Constitucional  sobre el que no recibió objeción”.
El apoderado de
Semana acompaña a su memorial distintos documentos, entre los cuales se
encuentran copias de las revistas en que aparecen las cartas y las
rectificaciones publicadas, y una copia del documento del Ejército Nacional en
el que dice haberse basado para la publicación del artículo. En éste - que se
titula Apreciación preliminar elecciones populares octubre de 1997 -,
nueve páginas están dedicadas a informar acerca de los alcaldes que han sido
objeto de amenazas, atentados o secuestros, y de los candidatos a cargos de
elección pública que han sido víctima de los mismos delitos. Igualmente, se
encuentra una página en la que se observa un mapa y un listado de “alcaldes vinculados
con los grupos narcoterroristas”, sin que exista ninguna explicación adicional.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. El actor
considera que la revista Semana lesionó sus derechos fundamentales con la
publicación del artículo “Los alcaldes de la guerrilla”, en el cual lo señala -
junto a varios cientos de alcaldes del país - como funcionario con nexos con
las organizaciones guerrilleras. Solicita mediante la acción de tutela que el
semanario y el Ejército Nacional rectifiquen la información publicada.
2. El apoderado de la revista Semana
manifiesta que, como bien se había expresado dentro del mismo artículo, el
informe por ella publicado se basó en un documento del Ejército Nacional.
Señala que la revista se limitó a comentar el mencionado documento y que, por
lo tanto, la responsabilidad sobre la veracidad de los datos en él contenidos
recaía únicamente en su autor.
Después de contestar
a distintas tutelas instauradas en su contra por diversos alcaldes, el
semanario solicitó que se declarara que ya habían cesado los efectos del
artículo, en razón de que la revista ya había publicado una aclaración y una
rectificación que comprendían a todos los alcaldes afectados por el escrito.
3. El Ejército
Nacional negó desde un principio haber suministrado a Semana el documento que
le habría servido de base para el artículo cuestionado. Reconoció que, a raíz
del asesinato de varios alcaldes, esa institución realizó un estudio para
determinar el nivel de riesgo de los burgomaestres, pero reiteró que no había
hecho juicios acerca de sus posiciones políticas o ideológicas. Esta
declaración fue reiterada posteriormente, a raíz de varios fallos de tutela, en
un comunicado que difundió el Ministerio de Defensa por diversos medios de
comunicación.
4. El Juzgado
Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá consideró que, aun cuando la revista
sí había vulnerado los derechos fundamentales del actor, los efectos
desfavorables de la publicación ya habían cesado, en razón de los comunicados
expedidos por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, y de la nota
publicada en la Sección Cartas de la revista Semana N° 798, escritos que
constituían claras rectificaciones del artículo controvertido. Por lo tanto,
decidió negar la acción de tutela impetrada contra la revista Semana.
El problema
planteado
5. De manera
general, se trata de establecer si la revista Semana vulneró los derechos
fundamentales del actor a través de la publicación del artículo aludido - en el
cual se asevera que, de acuerdo con un informe reservado del Ejército, aquél,
que se desempeñaba como burgomaestre de la ciudad de Silvia, tenía vínculos con
la guerrilla - y si, por lo tanto, el semanario debe proceder a rectificar la
información divulgada.
Para obtener la
respuesta al interrogante planteado es preciso responder a distintas preguntas
parciales, las cuales irán delineando el rumbo de la argumentación. Así, en
primera instancia habrá de determinarse si la Fuerza Pública está autorizada
para acopiar información del tipo de la que sirvió de base a la revista para la
elaboración del artículo.
A continuación habrá
de establecerse si los medios de comunicación pueden publicar informaciones
contenidas en documentos de carácter reservado. En el caso de que la respuesta
sea afirmativa, deberá entonces determinarse si esa autorización se extiende a
situaciones en las que la información reservada permite deducir una serie de
incriminaciones contra distintas personas, aun cuando no contenga prueba alguna
sobre ellas.
Si la respuesta a la
última cuestión fuere afirmativa, tendrá entonces que definirse cuáles
condiciones deben cumplir los medios para realizar la publicación
correspondiente y cuáles obligaciones se derivan del no acatamiento de esos
requisitos.
6. De entrada es
importante clarificar que el análisis que conducirá a la resolución de los
distintos interrogantes planteados tiene como marco general el entendimiento de
que el país atraviesa difíciles condiciones de orden público y de violencia,
con todas las consecuencias que ello implica para las personas y las
actividades que ellas realizan. Un estudio como el que exige el caso bajo
análisis tiene que tener siempre en cuenta cuáles son las condiciones sociales
y políticas del medio en que se aplican e interpretan las normas
constitucionales. El análisis constitucional no se reduce a un ejercicio
conceptual, ahistórico e indiferenciado. Puesto que la Constitución persigue
ofrecer un marco de regulación jurídica a los múltiples conflictos que
experimenta una sociedad dada, la interpretación constitucional  debe siempre
tener en cuenta las condiciones particulares - y cambiantes - de esa sociedad.
De lo contrario, el texto constitucional perdería cualquier posibilidad de
mantener su vigencia, y los mencionados conflictos pasarían a ser resueltos por
medios distintos a los jurídicos. De allí que el juez constitucional tenga que
tener siempre presente en su actividad cuál es la realidad  en la que se
aplican las normas constitucionales. Cabe aclarar, además, que ésta es
precisamente la condición que permite la permanencia de los textos
constitucionales, a pesar del transcurso del tiempo, en la medida en que, a
través de la interpretación que practica el juez, las normas van ajustándose a
las transformaciones que experimentan las sociedades.
La procedencia de
la tutela
7. El  Decreto 2591
de 1991 establece, en el numeral 7 de su artículo 42, que es procedente la
acción de tutela contra particulares “cuando se solicite rectificación de
informaciones inexactas o erróneas”. El presente proceso se ajusta a esos términos.
Además, es importante anotar que esta Corporación ha manifestado de manera
reiterada que en estos casos procede siempre la tutela, en atención a que las
personas se encuentran en un claro estado de indefensión con respecto a los
medios de información. Así, en la sentencia T-611 de 1992, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, se afirmó:
“No parece necesario
demostrar el estado de indefensión en que se encuentra la persona frente a los
medios de comunicación. Es suficiente recordar que ellos -analizada la
situación desde el punto de vista de su potencialidad-, aparte de la mayor o
menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito nacional, ya en el local,
tienen el formidable poder del impacto noticioso; cuentan con la capacidad de
la presentación unilateral de cualquier acontecimiento; gozan de la ventaja que
representa la posibilidad de repetición y ampliación de las informaciones sin
límite alguno; manejan potentes instrumentos que pueden orientar y condicionar
las reacciones psicológicas del público, resaltar u opacar datos e
informaciones y, por si fuera poco, aún en el momento de cumplir con su
obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen del excepcional
atributo de conducir la respuesta para publicar la rectificación y contra-argumentar
en el mismo acto, bien mediante las "notas de la Redacción" en el
caso de la prensa escrita, ya por conducto de los comentarios o glosas del
periodista en los medios audiovisuales, sin ocasión de nueva intervención por
parte del ofendido.
“Este conjunto de
elementos confiere a los medios incalculables posibilidades de apabullar al
individuo, dejándolo inerme frente a los ataques de que pueda ser objeto”.
La única condición
exigida para la instauración de la tutela es que, con anterioridad, el demandante
haya solicitado al medio informativo correspondiente que rectifique los datos
publicados[1].
Ello por cuanto se parte de la presunción de que el medio ha actuado de buena
fe, lo que implica que se le ha de brindar la oportunidad de proceder
directamente a corregir la información divulgada.
En el presente caso, el actor solicitó a
Semana la rectificación de la noticia, petición que considera no fue atendida
en la debida forma por la revista demandada. De esta manera, se han cumplido
todos los requisitos necesarios para la procedencia de la acción.
El acopio de informaciones sobre los
ciudadanos por parte de la Fuerza Pública
8. A pesar de los desmentidos y las
protestas formulados por las Fuerzas Militares, de los documentos que reposan
en el expediente se puede deducir que el artículo publicado en Semana sí se
fundamentó en información proveniente del Ejército. De una parte, se encuentra
la copia del informe reservado en el que dice basarse Semana para la
publicación de su artículo, copia que fue anexada por la misma revista.
Y si existieran dudas acerca de la
veracidad de la copia aportada, éstas son disipadas por el oficio N°
25996/CE-DIROP-FI, sin fecha, enviado a la revista por el funcionario del
Ejército encargado de la instrucción del caso, en el cual se solicitan algunos
datos y se asevera:
“Basado en el
comunicado que emitió la revista en días anteriores y con el fin de cumplir la
tarea que se me ha asignado, le solicito su colaboración en el sentido de
suministrarme la información y documentos que a continuación se relacionan:
a-
Grado y nombre de la persona que suministró el documento que sirvió de base
para la elaboración del artículo
b)Copia
auténtica o fotocopia del documento en mención
“Preocupa a nivel
institucional el hecho de que en el comunicado se afirme que quien suministró
la información fue un alto oficial, ya que ello conlleva consecuencias funestas
a la moral y disciplina de los subalternos.
“Debo igualmente
dejar en claro que la Revista no tergiversó la información sino que como se
enuncia en el punto e) del comunicado se limitó a reproducir el documento sin
interpretar su contenido.
“Se busca también
establecer, al interior de la institución, si el documento en mención puede
considerarse como oficial, borrador, propuesta, elemento de estudio,
información o algún otro de carácter específico.
“Sobra aclarar que
el empleo que se le dará a su información tiene características de reserva
sumarial. Con el único y determinado fin de detectar anomalías susceptibles de
corregir y que pudieron haberse producido por ligereza en el manejo de la
información por parte de algún miembro el Ejército”.
Además, existen
otros hechos que permiten deducir que las Fuerzas Militares sí reúnen
periódicamente información de este tipo. Es así como en el año de 1994 se
presentó una situación similar, cuando un medio de información publicó un
artículo en el que se manifestaba que, de acuerdo con un documento del Ejército
Nacional, varios de los alcaldes que habían sido elegidos tenían nexos con la
guerrilla o el narcotráfico. Igualmente, es indicativo que, como bien lo señala
el apoderado de la revista, durante las semanas anteriores a la publicación del
artículo que genera la controversia, en 1997, distintos comandantes militares
hubieran hecho pronunciamientos acerca de la presunta vinculación de
burgomaestres con las organizaciones subversivas.
9. Luego de
establecido lo anterior, se pregunta la Corte si los organismos de seguridad
están autorizados para recopilar informaciones sobre las personas. Este
interrogante ya ha sido respondido de manera afirmativa por esta Corporación.
Ello con fundamento en la obligación del Estado de velar por la vigencia del
orden constitucional y brindarle a los asociados tanto las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades como un ambiente
de paz, deberes éstos cuyo cumplimiento reposa en muy importante grado en las
fuerzas militares y la policía nacional (C.P., arts. 217 y 218). A este
respecto, la sentencia T-444 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero,
indicó que:
“el Estado tiene por
misión el servicio a todas las personas, para ello debe dotarse, respetando los
derechos humanos y el debido proceso, de idóneas herramientas que le permitan
mantener un clima de paz y convivencia, de suerte que pueda incluso recopilar y
archivar información sobre una persona, en el marco de sus legítimas y
democráticas funciones (...)los organismos de seguridad del Estado,
internamente, pueden y deben contar con toda la información necesaria para el
normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de
servicio a la sociedad civil y defensa del orden público y de las
instituciones”.
Mas esta facultad no
es ilimitada. Obsérvese que en el mismo aparte transcrito se establece que en
el proceso de acopio de información se deben respetar los derechos humanos y el
debido proceso. Además, en la misma sentencia se estableció que los aludidos
organismos de seguridad deben mantener la más estricta reserva sobre los datos
obtenidos, es decir que “no pueden difundir al exterior la información sobre
una persona, salvo en el único evento de un ‘antecedente’ penal o
contravencional, el cual permite divulgar a terceros la información oficial
sobre una persona”.
Los
anteriores límites fueron reiterados en la sentencia T-525 de 1992, M.P. Ciro
Angarita Barón, en la cual se determinó que los organismos de inteligencia
pueden realizar investigaciones, siempre y cuando no vulneren “los
derechos fundamentales tales como la intimidad, el buen nombre y la honra de
las personas (...)  [y se adelanten] bajo los estrictos lineamientos impuestos
por el principio de la reserva.” Pero, además, en esta sentencia se expuso
que la actividad investigativa no es un fin en sí misma, sino que debe estar
dirigida a “poner a disposición de los jueces a los presuntos
delincuentes”, y  que, en atención a la presunción de inocencia consagrada
en los artículos 29 y 248 de la Carta, “toda información relativa a personas no
sancionadas judicialmente debe adoptar formas lingüísticas condicionales o
dubitativas, que denoten la falta de seguridad sobre la culpabilidad”.
De otra parte, ha de
tenerse en cuenta que la información que se recopila ha de ser la estrictamente
necesaria, de manera que no se afecte el derecho de los asociados a la
intimidad. Además, para que se emprenda una investigación sobre determinadas
personas deben existir motivos que permitan presumir de manera razonable que
ellas pueden haber incurrido en un ilícito. De no existir esta última condición
se abrirían las puertas a un Estado controlador, en desmedro de la libertad de
los ciudadanos.
10. En
la situación materia de este proceso, el Ejército Nacional recopiló una serie
de informaciones acerca de eventuales vinculaciones de los alcaldes del país
con grupos guerrilleros. Evidentemente, es éste un asunto que interesa a la
Fuerza Pública, dada su obligación de preservar el orden constitucional y de
garantizar la paz. Desde este punto de vista, entonces, no hay motivo de
reproche a la actividad del Ejército.
La
copia del informe de inteligencia que aportó la revista no posee prueba alguna
sobre las afirmaciones que  en ella se hacen, pues, como ya se dijo, en la
única página destinada al tema se encuentra solamente  un mapa y un listado de
los municipios, cuyos alcaldes estarían bajo sospecha de tener vínculos con las
organizaciones guerrilleras. De este hecho se puede deducir que el material no
había superado la primera fase de toda investigación, consistente en reunir
todo tipo de informaciones - sean ellas rumores, chismes, consejas, indicios,
afirmaciones sueltas, documentos o testimonios - con el objeto de pasar luego a
estudiarlas, valorarlas y corroborarlas o descartarlas. Mas de la lectura de la
página indicada y del artículo de Semana se desprende que el Ejército Nacional
no respeta el criterio expuesto en la sentencia T-525 de 1992, acerca de que
las afirmaciones sobre las personas deben formularse siempre de manera
condicional o dubitativa, para dar a entender que no existe ninguna seguridad
acerca de lo expuesto. Esta condición, que parece meramente formal e
intranscendente, demuestra su importancia precisamente en hechos como el que
suscitaron la tutela bajo estudio, cuando los documentos reservados son
entregados de manera irregular a los medios de comunicación.
Pero,
además, el Ejército violó la condición fundamental de las actividades
investigativas que desarrolla, cual es la de mantener en estricta reserva los
datos que obtiene. El Comandante del Ejército expresó reiteradamente que el
documento que sirvió de fundamento a la revista Semana para la elaboración del
artículo no tenía carácter oficial. Sin embargo, el debate acerca de la calidad
del documento no tiene importancia en este caso, en el que lo determinante es
que informaciones recopiladas por organismos de seguridad sobre distintas
personas hayan alcanzado la luz pública, a pesar de su condición de reservadas.
Este hecho permitió que un cúmulo de peligrosas afirmaciones que no tenían
ningún sustento probatorio llegara a las manos de un medio de comunicación.
Si se
tiene en cuenta la situación de  violencia que afronta el país y la
vulnerabilidad física de los alcaldes de la nación, sólo se puede concluir que
las afirmaciones publicadas habrían podido generar situaciones de riesgo para
la vida e integridad personal de los burgomaestres mencionados en la
publicación. De otro lado, es claro que las afirmaciones contenidas en el
artículo vulneraban la honra y el buen nombre de los alcaldes, puesto que los
acusaban de relaciones con organizaciones por fuera de la ley. Por lo tanto,
era procedente conceder la tutela contra el Ejército Nacional.
11. Distintos fallos
de tutela ordenaron al Ejército publicar por diversos medios de comunicación
una rectificación, en la que manifestara que esa institución no había elaborado
ningún documento que le pudiera haber servido a Semana para la publicación del
artículo controvertido, con lo cual perdían todo fundamento las afirmaciones
difundidas por la revista. El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional
dieron cabal cumplimiento a esta orden. Su rectificación fue difundida por los más
importantes medios de información del país. De esta manera, esta rectificación
logró un despliegue similar al del artículo, con lo cual se puede presumir que
los efectos del artículo fueron  debidamente contrarrestados. Y si bien lo
manifestado en la rectificación no corresponde a la realidad - puesto que el
Ejército sí había realizado averiguaciones preliminares sobre posibles vínculos
de los alcaldes con organizaciones guerrilleras, tal como se deduce de la copia
que obra en el  proceso - ella logró los resultados deseados en relación con
los alcaldes mismos, puesto que dejó sin base las afirmaciones contenidas en el
artículo.
En la parte
resolutiva de la sentencia que se revisa, el juez no hizo mención alguna del
Ejército Nacional, a pesar de que del escrito de la demanda se infiere que la
tutela también había sido interpuesta contra él. Así, pues, la sentencia habrá
de ser adicionada en ese sentido. El Ejército Nacional sí vulneró los derechos
del actor, en la medida en que permitió la filtración del documento de
inteligencia y que no se ajustó en la calificación que hace de los alcaldes a
lo dispuesto por esta Corporación en las sentencias citadas. Con todo, la Corte
no ordenará una nueva rectificación pública, puesto que los efectos deseados
por los alcaldes ya han sido obtenidos a través de la rectificación realizada.
Por eso, la orden  a impartir será la de que el Ejército Nacional ajuste sus
procedimientos para evitar más filtraciones de información reservada o secreta
y que armonice sus actividades de investigación con los lineamientos señalados
en esta sentencia y en las sentencias T-444 y T-525 de 1992.
La importancia de
la libertad de prensa y los problemas que genera la misma
12. Como ha señalado
repetidamente esta Corporación, la libertad de prensa constituye un requisito
esencial para la existencia de la democracia. En efecto, una prensa libre
contribuye a informar y formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la
realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda
de manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia
de control sobre los poderes públicos y privados, etc. Además, la libertad de
prensa es fundamental para el ejercicio pleno del derecho al libre desarrollo de
la personalidad, pues para que una persona pueda definir y seguir de manera
apropiada la orientación que le desea dar a su existencia es necesario que
tenga la posibilidad de conocer distintas formas de concebir la vida y de
comunicar su propia opción vital.
13. La importancia
de la libertad de prensa para el buen funcionamiento del sistema político y
para el desarrollo libre de cada una de las personas explica la amplia
protección que se le dispensa a esta garantía en el constitucionalismo moderno.
Sin embargo, esta libertad genera también amplias dificultades jurídicas, en la
medida en que, frecuentemente, entra en colisión con otros derechos
fundamentales de las personas y con fines o programas estatales.
En efecto, los
medios de comunicación se han convertido en importantes centros de poder en la
sociedad, que - en el desempeño de sus tareas informativa,  formativa y de
recreación, y gracias a su capacidad de acceder a los más extensos núcleos de
personas - pueden afectar los derechos de los individuos, con el agravante de
que estos últimos cuentan con muy pocas posibilidades de defenderse ante esas
vulneraciones.
Asimismo,
actualmente se puede percibir una tendencia a la concentración en pocas manos
de la propiedad sobre los medios de comunicación, e incluso a su adquisición y
dirección por parte de conglomerados económicos. Así, pues, en muchas
ocasiones, se encuentra que los medios no son, como en el pasado, pequeñas
empresas de carácter más o menos quijotesco, sino grandes conglomerados que tienen
la capacidad de imponer sus concepciones, posiciones y preferencias en la
sociedad, en vista del gran poder que detentan. Este hecho constituye,
obviamente, un factor de desequilibrio para el sistema democrático, pues la
apropiación monopólica o cuasi monopólica de los medios apareja que muchas
opiniones no puedan ser expresadas, en desmedro del pluralismo, un requisito
básico de la democracia. El peligro será aún mayor cuando los medios
pertenezcan a grupos económicos, pues en este caso pueden convertirse en
propulsores de los intereses de los últimos, sin tomar en cuenta las
responsabilidades sociales vinculadas a la labor periodística.
Lo anterior explica
que en diversas Constituciones modernas y en los tratados internacionales de
derechos humanos se establezcan límites a la libertad de prensa, si bien se
coincide en la prohibición de la censura[2].
La Constitución de 1991 se enmarca dentro de esta tendencia, y es así como se
puede observar que en el artículo 20 se consagran, al lado de la garantía de la
libertad de prensa, distintas restricciones para el ejercicio de la libertad de
informar.
14. Con todo, cabe
señalar que la tarea de establecer en la práctica los límites de la libertad de
prensa no es nada fácil. Es por eso que en muchos países la jurisprudencia
sobre esta materia se ha distinguido por atravesar por períodos de vacilaciones
e indefinición, y ha sido acompañada de amplias críticas por parte de distintos
sectores. Igualmente, ello es lo que explica la dificultad de establecer reglas
generales de solución para estos conflictos, razón por la cual se recurre
frecuentemente al método de la ponderación de los bienes jurídicos enfrentados
en el caso concreto. En realidad, la materia de la libertad de prensa está
destinada a ser un asunto que genera grandes polémicas en las sociedades
democráticas, aunque se da por descartada su importancia básica y la necesidad
de su protección.
La libertad de
prensa y la publicación de informaciones de carácter reservado
15. Entre las
preguntas que afloran cuando se trata el tema de los límites de la libertad de
prensa está la de si le es permitido a los medios de comunicación la
publicación de datos contenidos en documentos reservados.
De manera general,
se puede afirmar que el modelo de Estado consagrado en la Constitución de 1991
es el de un Estado abierto a los ciudadanos, los cuales tienen el derecho de
elegir a los titulares de los  Poderes Ejecutivo y Legislativo, a nivel
nacional, regional y local; de decidir directamente sobre determinados temas,
haciendo uso de los  mecanismos de participación ciudadana; de conocer cuáles
son las reglas y procedimientos que rigen a las autoridades estatales; de
enterarse sobre las actividades que está realizando y establecer instancias de
control sobre ellas ; de participar en el diseño y control de los planes
de desarrollo, etc.
En consonancia con
lo anterior, las personas y los medios de comunicación pueden solicitar información
sobre los más diversos actos de las autoridades públicas, a través del derecho
de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Política. Esta potestad
ciudadana ha sido establecida expresamente en el artículo 74, que establece que
“todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo
los casos que establezca la ley”. En su sentencia C-038 de 1996, esta
Corporación manifestó sobre este asunto:
“La publicidad de
las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del
funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho; sin ella, sus
instituciones mutan de naturaleza y dejan de existir como tales.
“La pretensión
pública subjetiva consistente en “ejercer el control del poder político”,
integra el núcleo esencial del derecho de participación política (C.P. art.
40). Sin embargo, la misma pretensión se incorpora en muchos otros derechos
fundamentales (C.P. arts 20, 23, 25, 29, 73 y 74), como quiera que en éstos
aquélla funge como la razón o el interés práctico que es objeto de garantía
constitucional y que justifica su protección. Lo anterior explica porqué, en
muchos casos, el desconocimiento de la aludida pretensión, puede traducirse en
una violación plural de varias normas del ordenamiento constitucional”.
Con todo, el mismo
artículo 74 de la Constitución autoriza a la ley para determinar que el público
no tenga acceso a ciertos documentos oficiales. Asimismo, la sentencia
transcrita parcialmente admite la consagración de excepciones a la regla de la
publicidad, al expresar que “la publicidad como principio constitucional
que informa el ejercicio del poder público se respeta cuando se logra mantener
como regla general y siempre que la excepción, contenida en la ley, sea
razonable y ajustada a un fin constitucionalmente admisible”.
De lo anterior se
concluye que también en los Estados democrático- liberales pueden existir
informaciones de carácter reservado, es decir, que no deben ser conocidas por
el público. De manera general, será la ley la que establezca cuáles
informaciones deberán tener esa calidad. Las restricciones que surjan de esa
ley podrán ser sometidas a examen de constitucionalidad, fundamentalmente para
establecer si no vulneran el principio de proporcionalidad y si resultan
compatibles con una sociedad democrática avanzada.
16. El documento que
sirvió de base para la elaboración del artículo Los alcaldes de la guerrilla
tenía el carácter de informe reservado. En efecto, como se señaló atrás,
esta Corporación ha establecido que las informaciones recopiladas por los
organismos de seguridad sobre las personas tienen esa calidad. Por esta razón,
le estaba impedido al Ejército hacer entrega a los medios de comunicación de
esos datos. La infracción de esta regla habrá de tener consecuencias de orden
disciplinario y penal para los funcionarios responsables.
17. Pero, ¿obliga la
reserva de la información también a los medios de comunicación? Es decir, en el
caso de que un medio tenga acceso a un documento secreto, ¿está obligado  a
mantenerlo en reserva o puede divulgarlo? Al respecto cabe confirmar lo
señalado en la sentencia C-038 de 1996, acerca de que la obligación de la
reserva “cobija a los funcionarios y demás personas que están sujetos a la
misma.” Es decir que, en principio, el mandato de reserva no vincula a los
periodistas ni a los medios de comunicación.
Lo anterior se
explica por el papel de la prensa dentro del sistema democrático. Como se ha
expresado, a los medios de comunicación les corresponde cumplir con una función
de control del poder público. Esta tarea no podría desarrollarse a cabalidad si
los medios se conformaran con las informaciones que les fueran suministradas.
Precisamente, la labor de control que desempeñan los medios exige que no se
satisfagan con los comunicados oficiales y los datos entregados por las partes
interesadas, sino que indaguen siempre más allá en busca de la verdad.
La libertad de
prensa y los principios de la veracidad y la imparcialidad
18. El apoderado de
la revista Semana expresa que esta publicación periódica se limitó, en el
artículo Los alcaldes de la guerrilla, a presentar los datos contenidos
en el documento emanado del Ejército Nacional, y que, por lo tanto, no le
corresponde asumir  responsabilidad alguna sobre las afirmaciones que en el
documento se hacían. Por su parte, el alcalde de Silvia manifiesta que las
aseveraciones expresadas en el informe son falsas, y constituyen una lesión a
sus derechos a la vida y a la integridad personal, y a la honra y el buen
nombre.
Las posiciones
expuestas hacen necesario que la Corte continúe preguntándose acerca de los
límites que rigen la actividad de los medios de comunicación  y el ejercicio
del periodismo.
19. En su
jurisprudencia, esta Corporación ha manifestado que cuando se presentan
conflictos entre el derecho a la información y los derechos a la honra, el buen
nombre y la intimidad, en el caso de las personas y los hechos de importancia
públicos, predomina prima facie el primero. En estos eventos, el derecho
de información debe ser preferido, en principio, en razón del papel de control
del poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación. Del
reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una función
importantísima para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos
deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades
estatales - y de los poderes privados. Si se impusieran fuertes restricciones
sobre la prensa en estas áreas se perjudicaría en medida notable su capacidad
de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos poderes.
No desconoce la
Corte que la referida amplitud de la libertad de prensa en estos campos puede
llegar a afectar los derechos de las personas que se desempeñan en posiciones
de notoriedad e interés público. No obstante, en principio habrá de responderse
que estas personas, al aceptar su situación social, han consentido tácitamente
en una cierta restricción de esos derechos. En efecto, su papel de figuras
públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de esperar
que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas de
manera minuciosa por parte de la sociedad.
Esta situación fue
tratada en la sentencia T-322 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. La
sentencia versó sobre un debate realizado en el Senado de la República contra
un Secretario de gobierno departamental, debate en el que algunos congresistas
hicieron manifestaciones que fueron consideradas por aquél como  lesivas  de
sus derechos a la vida, a la imagen, a la intimidad, y al buen nombre y el
honor. En aquella ocasión, la Corte expuso:
“(...) un Senador
hizo críticas generales y el otro empleó frases de construcción gramatical de
sentido impersonal que, al ser considerados (...) como violatorias de los
derechos fundamentales, obligan al juez constitucional a ponderar cuál tendría
preferencia: si la garantía institucional a la inviolabilidad de la opinión de
los congresistas o los de honra, honor e imagen del Secretario de Gobierno; se
opta por el primero porque las opiniones respondieron al derecho al control
político, porque al personaje público se le restringe en parte la amplitud de
sus derechos fundamentales y, especialmente, porque las opiniones no atentaron
contra el núcleo esencial de los aludidos derechos, ni contra la esencia de lo
que debe ser”.
20. El artículo de
Semana se enmarca dentro de la actividad de control político que se le ha
confiado a los medios de información. En efecto, él trata sobre los posibles
vínculos - del tipo que fueran, y sin atender a los motivos que los generaban -
de alcaldes del país con organizaciones al margen de la ley. Es claro que la
publicación se ocupa de un tema que es de interés general por dos razones: la
primera, porque suministra información a los ciudadanos acerca de apreciaciones
de los organismos de seguridad sobre la posición de distintos alcaldes del país
con respecto a la guerrilla; y la segunda, porque revela que el Ejército está
realizando este tipo de valoraciones y diferenciaciones entre los alcaldes, de
manera que les brinda la oportunidad a estos últimos y a la sociedad entera de
pronunciarse sobre esta actividad y sobre las estimaciones que aquél realiza.
Desde este punto de
vista, se puede entonces concluir que la aparición de artículos como el que
ahora se controvierte, incluso con las afirmaciones en él contenidas,
constituye un riesgo propio del ejercicio de la actividad política en  las
condiciones actuales del país.
21. Más, ¿significa
lo anterior que la Corte acepta el planteamiento del apoderado de Semana acerca
de que la revista no tiene responsabilidad alguna sobre las aseveraciones
contenidas en el artículo, dado que ella se limitó a parafrasear un informe de
inteligencia? De ninguna manera. El hecho de que, en general, no haya lugar a
un reproche constitucional por la publicación de artículos o de información
relacionados con la actitud y desempeño políticos de los alcaldes, no significa
que cualquier tipo de aproximación periodística   - y todo tipo de publicación
- sobre estos temas sea constitucionalmente aceptable.
22. El artículo 20
de la Constitución acoge una diferenciación, que es aceptada en la doctrina y
la jurisprudencia de otros países, y que es importante de atender cuando se
trata sobre la actividad que realizan los medios de comunicación. Así, mientras
que, por un lado, el artículo establece la libertad de expresar y difundir los
propios pensamientos y opiniones, por el otro se señala que existe libertad
para informar y recibir información veraz e imparcial. La primera libertad se
refiere al derecho de todas las personas de comunicar sus concepciones e ideas,
mientras que la segunda se aplica al derecho de informar y de ser informado
sobre los hechos o sucesos cotidianos.
Las dos libertades
reciben un trato distinto: así, mientras que la libertad de expresión prima
facie no conoce límites, la libertad de informar está atada
constitucionalmente a dos condiciones, a saber: la veracidad y la
imparcialidad. La explicación del desigual tratamiento de estas dos libertades
salta a la vista: en una sociedad democrática y liberal no se puede impedir que
cada cual tenga y exponga sus propias opiniones, pero algo diferente es que
exponga hechos que no corresponden a la realidad o que suministren una versión
sesgada de ella, induciendo así a engaño a los receptores de información[3].
La mencionada
peculiaridad del derecho a la información ha conducido a la Corte a definirlo
como un derecho de doble vía. Así, en la sentencia T-332 de 1993, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, se expresó:
“Recuérdese, sin
embargo, que el derecho a la información es de doble vía, característica
trascendental cuando se trata de definir su exacto alcance: no cobija
únicamente a quien informa (sujeto activo) sino que cubre también a los
receptores del mensaje informativo (sujetos pasivos), quienes pueden y deben
reclamar de aquel, con fundamento en la misma garantía constitucional, una
cierta calidad de la información. Esta debe ser, siguiendo el mandato de
la misma norma que reconoce el derecho, "veraz e imparcial".
Significa ello que no se tiene simplemente un derecho a informar, pues el
Constituyente ha calificado ese derecho definiendo cuál es el tipo de
información que protege. Vale decir, la que se suministra desbordando los
enunciados límites -que son implícitos y esenciales al derecho garantizado -
realiza anti-valores (falsedad, parcialidad) y, por ende, no goza de protección
jurídica; al contrario, tiene que ser sancionada y rechazada porque así lo
impone un recto entendimiento de la preceptiva constitucional”.
23. Ahora bien, la
definición en cada caso concreto de lo que es veraz puede arrojar muchas
dificultades. Aún cuando en algunas situaciones se podrá concluir fácilmente
que una información no es veraz, en un buen número de casos pueden existir
diferentes apreciaciones sobre una noticia. Pero más aún, en muchos eventos
puede ser imposible para el informador determinar con precisión si el hecho que
llega a su conocimiento es absolutamente cierto o no. Si en este último caso se
aplicara una noción absolutamente estricta de veracidad se podría paralizar la
actividad investigativa de los medios de comunicación, con lo cual se afectaría
en forma fundamental su labor de control de las instancias de poder.
Por ello, lo que
cabe concluir es que la aplicación del principio de veracidad  difiere según la
situación de que se trate. Así, si bien en algunos casos se puede ser muy
estricto en la exigencia de la verdad - puesto que se advierte que lo publicado
difiere notoriamente de los hechos reales, como ocurre, por ejemplo, cuando un
medio manifiesta que sus afirmaciones se fundamentan en documentos emitidos por
una entidad determinada, y ésta demuestra que sus escritos expresaban todo lo
contrario[4]-,
en otros casos lo que se puede exigir es que el medio precise su información -
cuando, por ejemplo, la información suministrada en sí misma es cierta, pero
hace caso omiso de algunos elementos, cuya presencia le otorga un cariz
completamente distinto a la noticia -,[5]
y en otros, en los que es imposible determinar  la total veracidad de un
suceso, que el medio demuestre que ha  sido suficientemente diligente en la
búsqueda de la verdad.
Es, fundamentalmente,
en estos dos últimos eventos en los que el medio debe dar muestras de su
imparcialidad. De acuerdo con este principio, el periodista debe guardar cierta
distancia respecto de sus fuentes y no aceptar de plano, de manera irreflexiva,
todas sus afirmaciones o incriminaciones. Por el contrario, las informaciones
que le sean suministradas por ellas deberán ser contrastadas con versiones
distintas sobre los mismos hechos, de parte de los implicados o de personas
conocedoras de la materia que se debate. Asimismo, el comunicador deberá
cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus
preferencias y prejuicios afecten su percepción de los hechos.
24. La revista
Semana expresa que la responsabilidad sobre las afirmaciones contenidas en el
artículo Los alcaldes de la guerrilla reposa únicamente sobre el
Ejército Nacional, del cual provenía la información que utilizaron para la
elaboración del informe. Reconoce que las afirmaciones contenidas en el
documento  no tienen ningún respaldo probatorio, pero agrega que la obligación
de la revista se limitaba a establecer que el documento sí existía, es decir
que no se extendía a verificar las afirmaciones contenidas en él.
La Corte no comparte
esta posición. Las aseveraciones contenidas en el informe de inteligencia, que
fueron reproducidas por el semanario, revisten gravedad en cualquier latitud,
puesto que de ellas se deriva que los mandatarios locales están involucrados en
actividades delictivas. Pero en el caso colombiano, la gravedad de esas
imputaciones es mayúscula, debido al grado de violencia que campea en el país,
y que afecta en gran medida a los alcaldes, tal como lo reconoce la misma
revista Semana en su artículo Profesión peligro. En efecto, como bien lo
afirma el semanario, los burgomaestres de distintas regiones del país han sido
- y continúan siendo - objeto de amenazas, secuestros y asesinatos. En estas
condiciones, la publicación de un artículo como el que se analiza tiene la
virtualidad de poner a los alcaldes involucrados en la información en la mira
de los violentos.
Sin embargo, como ya
se ha señalado, con la publicación de este tipo de artículos los medios de
comunicación cumplen con su labor de fiscalización del poder público. De allí
que el juez constitucional no le pueda reprochar a la revista su decisión de
publicar el informe. Con todo, en aras del principio de imparcialidad, lo que
sí se le puede exigir a los informadores es que, cuando sus publicaciones
contengan incriminaciones como las que constan en Los alcaldes de la
guerrilla, demuestren su empeño en intentar establecer la veracidad de las
afirmaciones. Para ello deberán, por lo menos, darle la oportunidad a los
acusados de manifestarse sobre los cargos que se les imputan; y si ello no es
posible, habrán de intentar obtener los conceptos u opiniones de personas
conocedoras de la materia que permitan apreciar las inculpaciones desde una
perspectiva diferente. Ello con el objeto de que el público pueda conocer las
distintas versiones existentes sobre los hechos. No cumplir con este
procedimiento constituye una imprudencia, una negligencia grave, que, en este
caso, vulneró el derecho de los ciudadanos a contar con una información veraz e
imparcial, afectó la honra y buen nombre de los alcaldes y puso en condiciones
de riesgo la vida e integridad personal de los últimos.
Por lo tanto, en
casos como el presente no es admisible constitucionalmente que los medios que
difunden una información determinada, en la que se hacen incriminaciones contra
alguien, se escuden en el hecho de que su noticia está basada en un documento
oficial. La obligación de los medios para con la verdad y la imparcialidad
exige de éstos que intenten establecer la veracidad de esas afirmaciones y se
esfuercen en contrastarlas con la versión de las personas objeto de la
acusación.
Una posición similar
ya había sido planteada por esta Corporación en la sentencia T-074 de 1995,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, en la cual se expresó:
“Por el sólo hecho
de publicar algo, el medio respectivo se responsabiliza de lo publicado. Si ha
recurrido a terceros en calidad de fuentes y hace públicos los datos que ellos
suministran, sin ocuparse en su verificación, asume los riesgos inherentes al
crédito que les ha concedido.
“La práctica de
confirmar las noticias que se difunden es un comportamiento que se desprende de
la ética periodística y de la indispensable lealtad hacia los receptores de
ellas. Desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con la responsabilidad
social incorporada a todo ejercicio del derecho a informar. La confirmación
salvaguarda la credibilidad del informador y simultáneamente neutraliza la
eventual reacción de quien temerariamente aspire a rectificar lo que encuentra
sustento en hechos reales y probados. A juicio de la Corte, representa una
verdadera garantía del derecho a la información en cuanto fortalece y afirma la
certeza colectiva”.
25. Así las cosas,
se impone la conclusión de que la revista Semana actuó en forma ligera e
imprudente al publicar el artículo sobre los alcaldes, en la medida en que no
buscó establecer la veracidad de los datos contenidos en el documento de
inteligencia, para poder presentar un informe completo e imparcial sobre el
tema. En efecto, tal como lo señalan los expertos que conceptuaron dentro del
proceso, la revista, al observar que en el documento se hacían graves
incriminaciones, sin ningún fundamento probatorio, antes de proceder a la
publicación tendría que haber intentado oír la versión, bien de los mismos
alcaldes involucrados - o de algunos de ellos, en razón de su gran número -,
bien de la Federación Colombiana de Municipios - o de otro organismo que
pudiera haber hablado en nombre de los alcaldes -, o bien de personas
conocedoras del tema. Repárese que la misma publicación era consciente de que,
a pesar de la gravedad de las acusaciones en él contenidas, las mismas eran
tratadas con mucha ligereza. En efecto, en el artículo se manifiesta
que “el que los alcaldes del país tengan estrechos vínculos con los
alzados en armas es un tema muy delicado y por ello es indispensable que las
autoridades tengan pruebas a la mano, más que indicios, para que la Fiscalía
pueda llegar al fondo de las investigaciones”. En presencia de esta afirmación
no es comprensible que la revista hubiera pasado a publicar el informe, sin
intentar corroborar o contrastar las afirmaciones en él contenidas.
26. La recepción
acrítica del informe de inteligencia del Ejército por parte de Semana se ve
agravada por la manera como la revista presentó la noticia. Como bien lo
señalan los expertos, el título del artículo - “Los alcaldes de la guerrilla” -
y el sumario que le sigue - “Un informe militar revela que 138 alcaldes tienen
vínculos directos con la subversión y otros 412 son colaboradores” -
constituyen  una toma de posición de la revista con respecto a la noticia,
mediante la cual se avala el contenido del documento y se respaldan las
incriminaciones que en él se hacen. En efecto, de la lectura del título, tan
llamativo como tendencioso, se deduce una condena anticipada contra los
alcaldes, a pesar de que después de leer el artículo se advierta que no existe
ninguna prueba contra ellos.
A este respecto es
importante precisar que la Corte ya ha señalado que la obligación de los medios
de obrar de manera veraz e imparcial no se reduce al contenido de los
artículos, sino que se extiende también a los títulos de los mismos. Ello en
razón de que el título le proporciona al lector una primera impresión sobre la
noticia y marca su ánimo para la recepción de la misma. Sobre este punto se
señaló en la sentencia T-259 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, que
“de nada sirve que el contenido de la noticia sea exacto si el titular usado
para encabezarla no lo es y viceversa.  Los titulares determinan, con
frecuencia de modo irreversible, el criterio que se forma el receptor de las
informaciones acerca del alcance de las mismas y, en consecuencia, cuando son
erróneos, inexactos o sesgados, comunican el vicio a la integridad la
información publicada[6]”.
27. En su edición de
junio 2 de 1997, Semana publicó el artículo Profesión peligro, en el
cual se describen las difíciles condiciones de seguridad que afrontan los
alcaldes del país. En el artículo se recogen las opiniones de distintos
alcaldes y expertos en el tema. De acuerdo con el apoderado de Semana, este
artículo había sido programado desde el inicio, con el objeto de mostrar una
faceta distinta de la situación de los alcaldes, de la que se presentó en Los
alcaldes de la guerrilla. Precisamente con fundamento en el hecho de que
este artículo había sido planeado desde el primer momento, el representante de
la revista expresa que él  no constituye una rectificación de la primera
publicación.
Profesión peligro
contiene los elementos de
los que careció el primer artículo aparecido. En efecto, las afirmaciones y
declaraciones que en él se encuentran permiten contrastar las aseveraciones
contenidas en el documento del Ejército Nacional con precisiones de los
burgomaestres y de estudiosos del tema. Sin embargo, su publicación, con todas
las bondades que se le pueden abonar, no repara la imprudencia del artículo
inicial, pues apareció dos semanas después y no hay ninguna nota en él ni en el
primer artículo que establezca explícitamente la relación entre las dos
publicaciones. En efecto, para que la contrastación de afirmaciones e
informaciones produzca los resultados deseados, en cuanto al  suministro al
lector de informaciones veraces e imparciales, es necesario que el
enfrentamiento de argumentos o de opiniones se realice en el mismo lugar, es
decir, en el mismo número, o que desde el primer artículo se anuncie que las
aseveraciones presentadas constituyen solamente una cara de la moneda  y que la
otra se mostrará en la próxima edición.
Así, pues, el
segundo artículo no enmienda los errores del primero. Con todo, el hecho de su
aparición, sumado a la publicación de todas las cartas que fueron enviadas por
los alcaldes y el Ejército Nacional y a la manera como se procedió a rectificar
en los casos ordenados por los jueces de tutela, da a entender que la revista
obró de buena fe y sin ánimo de perjudicar a los alcaldes comprometidos en la
publicación.
La rectificación
en condiciones de equidad
28. Como ha sido
manifestado reiteradamente por esta Corporación, las personas que se consideran
afectadas por la publicación de informaciones que estimen falsas tienen el
derecho a exigir que éstas sean rectificadas. El derecho de rectificación ha
sido definido por la Corte como “un derecho de la misma naturaleza fundamental
del que tiene el sujeto activo a informar y de los derechos a la honra y al
buen nombre que por su conducto se protegen[7]”.
En la situación bajo
análisis, un elevado número de los alcaldes mencionados en el artículo
escribieron a la revista protestando contra lo afirmado en el mismo y
solicitando que se produjera una rectificación. Semana se limitó a publicar las
cartas que le enviaron los alcaldes y el Comandante del Ejército, sin hacer
ningún comentario sobre ellas. Al respecto es importante tener en cuenta que el
abogado de la revista manifiesta que los alcaldes tenían que probar que los
datos publicados eran falsos y que, en vista de que los alcaldes no lo habían
hecho, la revista se mantuvo en las afirmaciones contenidas en el artículo.
Empero, el semanario exigía una prueba imposible de suministrar : en el
estado probatorio en el que se encontraban las afirmaciones objeto de este
debate procesal, solamente las organizaciones guerrilleras podrían  certificar
de manera absolutamente fehaciente si los alcaldes tenían nexos con ellas.
Obviamente, una exigencia como ésta desvirtúa el derecho de las personas de
obtener una rectificación de las  noticias suministradas por los medios.
29. Dado que el
artículo debatido fue elaborado exclusivamente con base en afirmaciones
provenientes del Ejército Nacional, y que Semana no intentó en ningún momento
verificar o contrastar la afirmaciones incluidas en él, es claro que la revista
no podía pronunciarse posteriormente acerca de la veracidad o falsedad de los
datos por ella publicados, a no ser que se hubieran presentado malas
interpretaciones del documento del Ejército o que se hubieran incluido datos no
contenidos en este último. Por lo tanto, no era dable esperar que ella
corrigiera sus afirmaciones en el sentido de afirmar que ellas no correspondían
a la realidad, pues el artículo se limitó a comentar el documento reservado.
Sin embargo, los
alcaldes sí podían exigir que quedara claro cuál era el carácter del artículo
aparecido en Semana, de manera que los lectores pudieran comprender
perfectamente que la revista no tenía ninguna prueba contra los alcaldes y que
su artículo constituía una simple reseña de un documento del Ejército. Ello les
habría permitido, entonces, dirigirse directamente al Ejército y exigir
claridad acerca del documento.
Al respecto, la
revista Semana podría aducir que en el mismo artículo ella había manifestado
que las afirmaciones emanadas del Ejército no poseían ninguna prueba, tal como
se deduce de la frase citada anteriormente. Sin embargo, este argumento no
sería de recibo. La frase aludida se diluye, desaparece, en el conjunto del
artículo, el cual está marcado de manera indeleble por el título que se le
asignó, título que, como se decía anteriormente, avaló por parte de la revista
todas las afirmaciones extraídas del documento del Ejército.
30. Por otro lado,
la simple publicación de las cartas no era suficiente para reparar la
vulneración del derecho de los alcaldes a que las informaciones suministradas
sobre ellos fueran veraces e imparciales. La mera impresión de las cartas no
expresa nada acerca de la posición de la revista sobre el artículo[8]. Por lo tanto, era
necesario que la revista publicara una aclaración en la que se distanciara de
manera evidente de las afirmaciones contenidas en el escrito, tal como lo hizo
luego en sus números 791 y 798, cuando manifestó, en cumplimiento de órdenes de
jueces de tutela, que ella se había limitado a reproducir el documento del
Ejército y que en el mismo no existía información concreta que comprobara las
afirmaciones que se hacían.
31. Sin embargo, la
mencionada aclaración no es suficiente para reparar el acto imprudente de la
revista. Las acusaciones contenidas en el artículo mantienen su permanencia en
la conciencia del público, a pesar de que luego se señale  que en el documento
transcrito no existían pruebas contra los alcaldes. Por eso, en estas
situaciones es necesario que el impacto de un artículo como el que se debate
sea contrastado con la fuerza del reconocimiento público por parte de la
revista de que se equivocó en el tratamiento periodístico de la noticia, en
razón de que no intentó establecer la veracidad de las afirmaciones contenidas
en el informe, ni las contrastó con las opiniones de los afectados o de otras
fuentes. Solamente un reconocimiento de este tipo tiene la virtualidad de
desmontar efectivamente las afirmaciones contenidas en la publicación debatida.
Además, esta exigencia responde a los parámetros fijados por esta Corporación
acerca de la manera de efectuar las rectificaciones, pues como se señaló en la
sentencia T-472 de 1996, “para que la rectificación se acomode a los postulados
constitucionales, el medio de comunicación debe reconocer plenamente que
incurrió en un error o en una falsedad[9]”.
32. El juez de
tutela consideró que las notas tituladas “Rectificación” y “Aclaración”, que
había publicado la revista Semana, en los números 791 y 798, en su sección Cartas,
constituían una rectificación general, razón por la cual se podía concluir
que todos los alcaldes habían sido ya reivindicados en sus derechos.
El artículo 20 de la
Carta establece que la rectificación deberá realizarse en condiciones de
equidad. Ello significa que la noticia y su rectificación  - o aclaración -
deben tener un despliegue informativo equivalente. Es claro que la equivalencia
no se puede predicar de la extensión, pero sí de la posición y el realce de la
noticia, pues de lo que se trata es de que el lector pueda identificar con
facilidad la relación existente entre la rectificación y el artículo enmendado.
Es decir, la determinación de la forma y el lugar en que debe realizarse la
rectificación depende de la manera en que apareció la noticia a enmendar.
A manera de ejemplo,
en la sentencia T-404 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, esta
Corporación avaló la rectificación que hiciera un diario de amplia divulgación
nacional, en la página 2A, sobre una noticia que había aparecido en la página
14B. El argumento que validaba la rectificación consistió en que ésta había
sido ubicada en una página de la sección más importante del diario, mientras
que la información inicial enmendada había sido publicada en las últimas
páginas de la sección B. Sin embargo, esto no significa que todas las
rectificaciones a las que deba proceder tal diario puedan hacerse en la misma
página 2A. El lugar donde se publique la enmienda, y el realce que habrá de
tener, dependerán del lugar y el realce que poseyó la noticia.
33. Así, pues, la
pregunta que ahora debe absolverse es si se puede considerar que la aclaración
y rectificaciones efectuadas por la revista, a raíz de los fallos de tutela, se
sujetaron a la prescripción constitucional que ordena que la rectificación debe
ser hecha en condiciones de equidad. Al respecto es importante ante todo
precisar que el apoderado de la revista acompañó copia de otras rectificaciones
realizadas. Todas ellas fueron publicadas en la sección Cartas, si bien
son de distinta factura. Es así como en una, muy reducida, titulada
“rectificación sobre alcaldes” se hace una corrección conjunta en favor de los
alcaldes de Fosca, Fuente de Oro, Las Palmas y Cerrito, y se repite la
aclaración efectuada en relación con el alcalde de San Roque, en la edición N°
798.  En otra, sin embargo, se coloca en el título el nombre de la beneficiaria
de la rectificación - la alcaldesa de Guadalupe - y se transcribe - en una
extensión de media página - la parte resolutiva de la sentencia de tutela que
ordenó la enmienda.
Esta Sala considera
que la respuesta al interrogante debe ser negativa. Por una parte, porque las
notas aclaratorias en que se hace relación a todos los alcaldes, y por lo tanto
al actor de la presente tutela, fueron publicadas en la sección Cartas
de la revista, en la cual aparecen, confundidas entre distintas notas, bajo el
título indiferenciado de “aclaración”, “rectificación” o “rectificación sobre
alcaldes”. Ello significa que un lector normal, desprevenido, no establecería
ninguna relación entre esas notas aclaratorias y el informe Los alcaldes de
la guerrilla, pues esas notas se podrían referir, bien a cualquiera de los
múltiples artículos aparecidos en la revista durante los últimos meses - en el
caso de las dos primeras -, o bien a cualquier noticia sobre alcaldes que
hubiera sido divulgada por la revista, en el caso de la tercera. Como
consecuencia de ello, ese lector bien podría no leer esas notas, de manera que
no tendría conocimiento alguno de la rectificación hecha. De otro lado,
mientras que el artículo fue mencionado en la carátula, ocupó el primer lugar
de la sección Nación y se encabezó con un elocuente título, las notas, como ya
se señaló, fácilmente pueden pasar inadvertidas para un lector corriente.
Adicionalmente, en
ninguna de las aclaraciones o rectificaciones aparece un reconocimiento expreso
de la revista de que manejó de manera imprudente y poco profesional la noticia.
Como ya se vió, este requisito es fundamental para avalar la rectificación
efectuada.
Por eso, habrá de
concluirse que las aludidas notas no cumplen ni con el requisito señalado de
gozar de la misma posición y despliegue del artículo que enmiendan, ni con el
de reconocer expresamente el error en el que incurrió el medio de comunicación.
Por lo tanto, se ordenará a la revista Semana que efectúe la rectificación que
le corresponde.
34. Las razones
anteriores conducen a esta Sala a revocar la sentencia del juez de tutela,
para, en su lugar, conceder la tutela impetrada contra la revista Semana. En
consecuencia, se ordenará a la revista Semana que efectúe la rectificación
necesaria. La revista decidirá autónomamente sobre el texto de ella, pero
deberá respetar los siguientes parámetros: aclarar que la revista no tiene
ningún tipo de pruebas sobre lo afirmado en el artículo; reconocer la
equivocación de la revista en el manejo de la noticia ; y publicar la
rectificación dentro de la sección Nación y en forma tan destacada como el
artículo objeto de la tutela.
Sumario
1. Cuando los medios
de comunicación publiquen informaciones inexactas o erróneas sobre las
personas, éstas pueden acudir a la acción de tutela, siempre y cuando hayan cumplido
con la condición de solicitar previamente al medio la respectiva rectificación.
2. Los organismos de
seguridad están autorizados para recopilar datos sobre las personas, en
desarrollo de sus funciones de velar por la vigencia del orden constitucional y
de brindarle a los ciudadanos tanto las condiciones necesarias para  el
ejercicio de los derechos y las libertades como un ambiente de paz. Sin embargo
esta autorización no es ilimitada. Los datos obtenidos deben ser mantenidos
bajo la más estricta reserva, a no ser que constituyan pruebas que merezcan ser
presentadas a los jueces. Además, en el proceso de acopio deben ser respetados
los derechos fundamentales y el debido proceso. Asimismo, en el manejo de los
datos se debe adoptar un lenguaje que respete la presunción constitucional de
inocencia.
3. La libertad de
prensa es un elemento fundamental para la existencia de la democracia y el
libre desarrollo de las personas. De ahí la amplia protección que le brinda la
Constitución Política. Sin embargo, esta garantía arroja diversos problemas,
dada la capacidad de los medios de vulnerar los derechos fundamentales de los
asociados. Ello explica que en diversas Constituciones modernas y en tratados
internacionales de derechos humanos se establezca la posibilidad de imponerle
límites a la libertad de prensa, claro que éstos deben interpretarse de manera
restrictiva y resultar compatibles con la existencia y funcionamiento de una
sociedad democrática avanzada.
4. La obligación de
la reserva sobre documentos le corresponde mantenerla a los funcionarios y
demás personas sujetas expresamente a ella. En principio, el deber de reserva
no abarca a los periodistas ni a los medios de comunicación. Afirmar lo
contrario significaría minar la capacidad de control del poder por parte de los
medios.
5. En los conflictos
entre el derecho a la información y los derechos a la intimidad, la honra y el
buen nombre, en casos relacionados con personas y hechos de importancia
pública, prevalece prima facie el derecho a la información. Ello en
razón del papel de control del poder que desempeñan los medios de comunicación.
6. En punto a la
libertad de prensa debe distinguirse entre la libertad de expresión y opinión y
la libertad para informar y recibir información. La primera no conoce, prima
facie,  restricciones, mientras que la segunda está limitada por la
obligación de transmitir informaciones veraces e imparciales.
7. La aplicación del
principio de veracidad varía según la situación a tratar. En muchos casos  no
se puede determinar a ciencia cierta la exactitud de una noticia. En esos
eventos, la condición de veracidad se cumple si el medio demuestra que obró
diligentemente en la búsqueda de la verdad y que fue imparcial en el momento de
producir la noticia.
8. Dentro de los
deberes profesionales de los periodistas se encuentra el de ser crítico con sus
fuentes e intentar corroborar y contrastar las informaciones que les
suministran.
9. Cuando una fuente
suministre informaciones que incriminen a personas, sin que se aporte ninguna
prueba sobre las acusaciones, constituye una grave imprudencia del medio
proceder a publicar las afirmaciones obtenidas sin intentar, de manera
profesional, corroborarlas o contrastarlas. Igualmente, lo anterior constituye
una violación de la obligación de los medios de suministrar información veraz e
imparcial.
10. La obligación de
los medios para con la verdad y la imparcialidad no se reduce al contenido de
las noticias, sino que abarca también la selección del título y del sumario del
artículo.
11. Cuando los
medios publican noticias falsas o imparciales tienen el deber constitucional de
rectificarlas. La rectificación debe hacerse en condiciones de equidad, lo que
significa que la noticia y la rectificación deben tener un despliegue informativo
equivalente. La equivalencia no se refiere a la extensión de la noticia, sino a
la posición y el realce que se le asignó en la publicación.
12. La rectificación
de la noticia por parte de un medio implica que éste reconozca expresamente su
equivocación.
D E C I S I O N
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional
R E S U E L V E:
Primero: REVOCAR
la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Veintinueve Civil del
Circuito de Bogotá, el día 28 de agosto de 1997, y, en su lugar, CONCEDER el
amparo solicitado por el alcalde del municipio de Silvia, Heber Jair Otero
Velasco. En consecuencia, se ordena a la revista Semana que proceda a
rectificar, en los términos de esta sentencia, las afirmaciones formuladas en
el artículo Los alcaldes de la guerrilla,  publicado en la edición del
día 19 de mayo de 1997.
Segundo: CONCEDER
la solicitud de tutela impetrada por el mismo actor contra el Ejército
Nacional. Por consiguiente se ordenará al Ejército Nacional y a los organismos
de seguridad que perfeccionen los mecanismos ideados para evitar la difusión de
informaciones reservadas o secretas, y que ajusten sus investigaciones a los
parámetros formulados en esta sentencia y en las sentencias T-444 y T-525 de
1992 de esta Corporación.
Tercero: Líbrense
por Secretaría las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los cinco (5) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998)).
[1] Ver, entre otras, las sentencias T-512,
T-603 y T-609  del año 1992, T-323 de 1993, T-259 de 1994 y T- 472 de 1996.
[2] Ver , por ejemplo, el artículo 5,
numeral 2, de la Ley Fundamental alemana y el artículo 20, numeral 4, de la
Constitución española. Igualmente, ver los artículos 19, numeral 2, y 20 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos  13,
numeral 5, y 14 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos
Humanos.
[3] Para esta Sala es claro que, en la vida
real, la opinión que se tenga sobre unos hechos determinados influye de alguna
forma en la descripción que se haga de ellos. Sin embargo, el periodista habrá
de intentar siempre mantener separadas sus opiniones de la narración de los
hechos, de tal manera que el público pueda diferenciar los dos momentos. Sobre
este tema ver las sentencias T-552 de 1995 y T-472 de 1996.
[4] Una situación semejante es tratada en la
sentencia T-472 de 1996.
[5] Así ocurrió en la situación de hecho que
se debate en la sentencia T-080 de 1993.
[6] Ver también las sentencias T-080 de 1993
y T-472 de 1996.
[7] Sentencia T-074 de 1995. Ver también las
sentencias T-472 de 1996 y T-479 de 1993.
[8] Ver al respecto las sentencias T-603 de
1992 y T-472 de 1996.
[9] Ver también las providencias T-595 de
1993, T-259 de 1994, T-381 de 1994 y T-74 de 1995.