T-045-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-045/95
EJERCICIO
ARBITRARIO DE LAS PROPIAS RAZONES/CONSTREÑIMIENTO ILEGAL/AMENAZA/TORTURA
Si se parte de la
base de lo efectivamente probado, es decir, que el demandado no profirió
amenazas en el sentido de que desalojaría a su ex-esposa mediante el uso de la
fuerza al margen de la ley, sino que sólo aceptó haberle dicho que él quería
una repartición de bienes a través de la autoridad competente, la Sala tendrá
que determinar si tal manifestación viola o pone en peligro algún derecho
constitucional fundamental. Conforme a estas premisas, es claro que la simple
manifestación que el accionado hizo a su ex-compañera, transmitiéndole su
intención de demandarla ante la autoridad judicial correspondiente, no puede
razonablemente considerarse como una especie de tortura síquica o mental.
Porque estos comentarios no tienen la fuerza suficiente para producir un grave
dolor o aflicción en la persona a quien van dirigidos. Podrán ser preocupantes
y aún generar cierto grado de ansiedad, pero, salvo el caso excepcional de
personas con desarreglos síquicos o hipersensibilidades, no están llamados a
producir graves sufrimientos o tormentos de índole moral. Esta opinión se
confirma por el hecho de que tales manifestaciones son normales, frecuentes y
de uso común en la vida de las personas.
ACCION DE TUTELA
CONTRA EXCOMPAÑERO PERMANENTE
La simple
manifestación que una persona hace a otra de su intención de demandarla,
objetivamente no vulnera ni amenaza ningún derecho constitucional fundamental.
En consecuencia, la angustia, la inquietud del sujeto que se va a demandar, no
justifica la acción de tutela.
Ref: proceso T-47283
Actora: Elvia María Cárdenas Aguirre
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, Sala de Decisión Penal
Ponente: doctor Jorge Arango Mejía
Sentencia aprobada
en sesión del día diez  (10) del mes de febrero de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
La Sala Primera
(1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide
sobre la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de
Decisión Penal, de fecha septiembre dos (2) de mil novecientos noventa y cuatro
(1994).
I. ANTECEDENTES
A. Hechos
La actora demandó a
los señores Arcesio Ospina e Isabel Marmolejo, para la protección de su “derecho
de vivienda”, y para la defensa de la niñez -representada por sus cuatro
(4) hijos menores-, y la de sus derechos a la “convivencia familiar”,  “la
educación” y el “mínimo vital”.
Del cotejo entre lo
dicho por la actora y la declaración rendida por el demandado Ospina, se deduce
que entre ellos hubo una unión marital de hecho por lo menos durante quince
(15) años, y que de esta unión nacieron cuatro (4) hijos, todos los cuales,
para la fecha de presentación de la acción de tutela, eran menores de edad.
De otra parte, de lo
manifestado por las partes y los testigos, resulta claro que desde hace más de
seis (6) años, la actora ha venido habitando, junto con sus hijos, una casa
ubicada en la diagonal 26 P7 número 103-56 del Barrio Marroquín, Segunda Etapa,
de la ciudad de Cali.
Además, como
cuestión central de la acción, (no suficientemente establecida habida cuenta de
su negación por los demandados), la actora afirmó que ocho (8) días antes de la
fecha de presentación de la tutela, su ex-esposo, por intermedio de los dos (2)
hijos mayores -que no fueron citados para declarar-, le mandó decir “que
tenía que desocuparle la casa porque no era  mía sino de él y de la señora que
tenía ahora”, dándole para ello un plazo de cuatro (4) meses, agregando que
la señora Isabel Marmolejo también le ha pedido lo mismo porque la casa “es
de ella”. Tales exigencias se habrían basado en el hecho de que los señores
Arcesio Ospina e Isabel Marmolejo son titulares del derecho de dominio del bien
raíz, según compraventa efectuada a la Asociación Provivienda Popular
Colombiana, como consta en la escritura pública mil seiscientos cuarenta y
cuatro (1644) del veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), de la Notaría Quinta (5a.) del Círculo de Cali, instrumento público cuya
copia reposa en el expediente.
Finalmente, la
demandante, a quien su antiguo compañero le reconoce el mérito de haber
efectuado varias mejoras a la vivienda, dejó constancia de su desacuerdo y su
temor frente a estas pretensiones, y planteó la tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
B. Peticiones
La actora las
concibió así:
“Solicito, con
todo respeto, se de cabida a la presente acción de tutela con el fin de obtener
la vivienda en la que siempre he vivido con mis hijos.
“Se ordene a mi
ex esposo y a su actual concubina que no molesten mi hogar, y que esa casa, si
bien le pertenece a él, también lo es de su primera esposa, la cual le dedicó
los mejores años de su vida y sus 5 hijos, 4 de ellos menores de edad.
“Que se ordene a
la Inspección de Policía del Barrio y la Comisaría en el Barrio Puerta del Sol,
que me protejan de estas dos personas en caso de que vuelvan a molestar en
nuestra casa de habitación, y se envíe copias del fallo a estas entidades
gubernamentales para tal fin.
“Que se advierta
a las personas contra las que interpongo esta acción de tutela, lo que les
acarrearía de continuar con sus objetivos malignos.”
C. La primera
instancia
El Juzgado Veinte
(20) Penal del Circuito de Cali, (asunto radicado bajo partida 014, tomo I,
folio 35 del libro de tutelas de primera instancia), el ocho (8) de agosto de
mil novecientos noventa y cuatro (1994), denegó por improcedente la acción
instaurada.
En apoyo de su
determinación, el a quo encontró que la actora contaba con otro
mecanismo eficaz de defensa judicial, a saber, el proceso de liquidación de la
sociedad de hecho, “en el que se definiría de una vez por todas el derecho
que ella y sus hijos tienen sobre el bien inmueble en que ahora habitan”.
Además, no observó la presencia de un perjuicio irremediable, ni consideró que
la demandante estuviera en una situación de subordinación o indefensión frente
a los particulares demandados.
D. La segunda
instancia
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal, el día dos (2) de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), decidió confirmar la
sentencia recurrida.
El ad quem
compartió plenamente el criterio expuesto por el Juzgado Veinte (20) Penal del
Circuito de Cali, agregando que si a la actora se le perturba su derecho de
habitar la casa donde vive en compañía de sus hijos, “tiene a su alcance la
instauración de la acción posesoria respectiva ante la jurisdicción civil en
procura de que se le conceda judicialmente la autorización correspondiente para
el ejercicio de tal derecho, amén de acudir a las autoridades policivas para
evitar se la perturbe en el goce de ese mismo derecho; y, si por alguna
circunstancia se llegase a conculcar dicho derecho, judicialmente puede
pretender la restitución del mismo y así retornar a la situación anterior...”.
II.
CONSIDERACIONES
A. Competencia
La Sala es
competente para decidir sobre la sentencia que se revisa, por lo dispuesto en
los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y los artículos 33 y
34 del decreto 2591 de 1991.
B. La presente
acción no está llamada a prosperar, porque la simple manifestación que una
persona hace a otra de su intención de demandarla, no vulnera ni amenaza ningún
derecho constitucional fundamental.
En primer lugar,
como ya se expuso, debe recordarse que pese a que la demandante afirmó que
tanto su ex-esposo como su nueva concubina, sin la intervención de la
correspondiente autoridad judicial, le exigieron desocupar su casa de
habitación -llegando inclusive a decir que para ello el primero habría
fijado un plazo de cuatro (4) meses-, lo cierto es que tal cosa no aparece
plenamente probada, pues en sus declaraciones los demandados en ningún momento
la admitieron, ni las acusaciones fueron ratificadas por los supuestos
intermediarios, ni obran en el expediente indicios inequívocos al respecto. Es
más, el señor Arcesio Ospina sí manifestó tener el deseo de llegar a una
repartición de bienes con la actora, pero precisó que para tal efecto acudirá a
la justicia ordinaria, dejando en claro que durante el tiempo que esta gestión
requiera, él no tendría inconveniente en que su ex-compañera continuara
viviendo en el señalado inmueble.
Esta deficiencia
probatoria, que afecta el fundamento de la pretensión de la parte demandante,
pues conduce a la imposibilidad de tener como ciertos los supuestos
requerimientos privados atribuibles a los demandados, por sí sola es suficiente
para permitir la conclusión de que la tutela fue bien denegada: en efecto, si
no existen amenazas, no hay lugar para algún posible perjuicio que la acción de
tutela pueda precaver. Por la misma razón, también debe descartarse toda
posibilidad de ver aquí bien sea el llamado ejercicio arbitrario de las propias
razones (conducta tipificada como contravención especial con arreglo al numeral
1o. del artículo 1o. de la ley 23 de 1991, y en la que incurre el sujeto activo
cuando “en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un
derecho, se hace justicia arbitrariamente por sí mismo”); el
constreñimiento ilegal, entendido como el apremio indebido al que es sometida
una persona para “hacer, tolerar u omitir alguna cosa” (artículo 276 del
Código Penal); el pronunciamiento de amenazas personales o familiares (ilícito
en el que, de acuerdo con el artículo 26 del decreto 180 de 1988, incide quien “por
cualquier medio apto para difundir el pensamiento atemorice, amenace o cause
alarma, zozobra o terror en una persona o familia”); o el delito de tortura
síquica (consagrado en el artículo 279 del Código Penal, subrogado por el
artículo 24 del decreto 180 de 1988).
En segundo lugar,
si, como es natural, se parte de la base de lo efectivamente probado, es decir,
que el demandado Arcesio Ospina no profirió amenazas en el sentido de que
desalojaría a su ex-esposa mediante el uso de la fuerza al margen de la ley,
sino que sólo aceptó haberle dicho que él quería una repartición de bienes a
través de la autoridad competente, la Sala tendrá que determinar si tal
manifestación viola o pone en peligro algún derecho constitucional fundamental.
Pues bien, como
marco del correspondiente examen, la Corte únicamente encuentra digno de mención
el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 12 de Carta. Tal
disposición dice:
“Nadie será
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.”
Así, el interrogante
por despejar, desde una óptica constitucional, es el de saber si la
manifestación que hizo el señor Ospina a Elvia María Cárdenas, en el sentido de
que iba a demandarla judicialmente para obtener la repartición de bienes
consiguiente a la disolución y liquidación de una unión marital de hecho,
constituye una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante.
En cuanto a la
tortura, la Sala Plena de esta Corte tuvo oportunidad de referirse a ella en la
sentencia de constitucionalidad número C-587 del 12 de noviembre de 1992 (Gaceta
de la Corte Constitucional, Tomo 7, Noviembre - Diciembre de 1992, pág. 44 y
siguientes). Allí, precisándose que “el artículo 12 de la Constitución
Nacional es incluso más amplio que los instrumentos internacionales suscritos
por Colombia sobre el tema, pues como se dijo arriba, la Carta colombiana
prohibe la tortura incluso en los casos en que el torturador sea un particular”,
se trajo a colación la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la ley 78 de 1986, para definir
la tortura así:
“todo acto por
el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o
de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
omitido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona, o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”
(Negrillas por fuera del texto)
Como puede
apreciarse entonces, la tortura, grosso modo, es un medio indebido -pues
atenta contra la dignidad humana- para la obtención de diversos resultados,
tales como informaciones, castigos o coacciones, basado en el uso de métodos
que, por producir grave dolor o aflicción en las víctimas, por lo común someten
sus voluntades a la del torturador, pero del cual quedan excluidos los dolores
o sufrimientos consecuencia de sanciones legítimas o inherentes o incidentales
a éstas.
Conforme a estas
premisas, es claro que la simple manifestación que el señor Arcesio Ospina hizo
a su ex-compañera, transmitiéndole su intención de demandarla ante la autoridad
judicial correspondiente, no puede razonablemente considerarse como una especie
de tortura síquica o mental. ¿Por qué?
Porque estos
comentarios no tienen la fuerza suficiente para producir un grave dolor o
aflicción en la persona a quien van dirigidos. Podrán ser preocupantes y aún
generar cierto grado de ansiedad, pero, salvo el caso excepcional de personas
con desarreglos síquicos o hipersensibilidades, no están llamados a producir
graves sufrimientos o tormentos de índole moral. Esta opinión se confirma por
el hecho de que tales manifestaciones son normales, frecuentes y de uso común
en la vida de las personas. Al respecto, debe señalarse que el hecho mismo de
la presentación de esta acción de tutela, indica que la voluntad de la actora
no quedó seriamente determinada o doblegada por el conocimiento de las
intenciones de su antiguo compañero.
Finalmente, no puede
olvidarse que la referencia a la intervención de la autoridad judicial,
implícita en lo expresado por el señor Ospina, es algo que está íntimamente
relacionado con la manera de resolver las  controversias en un Estado de
Derecho.
En lo que atañe al
trato cruel o inhumano, puede decirse que tales conceptos se refieren a las
conductas cuya finalidad simplemente consiste en causar a la víctima
sufrimientos injustificados y particularmente severos. De acuerdo con este
criterio, la conducta del demandado Ospina tampoco es violatoria del artículo
12 de la Constitución, pues la manifestación de que se pretende demandar
conforme a la leyes vigentes, se ajusta a la justicia y a la razón.
Por último, como por
trato degradante debe entenderse aquél que supone una humillación indebida en
la persona del destinatario, la Sala no ve cómo la conducta criticada al señor
Ospina pueda considerarse humillante, habida cuenta de que con ésta no se
afecta la imagen moral o social de la actora, ni mucho menos se quebranta su
posición en la familia o en la sociedad.
En conclusión, la
simple manifestación que una persona hace a otra de su intención de demandarla,
objetivamente no vulnera ni amenaza ningún derecho constitucional fundamental.
En consecuencia, la angustia, la inquietud del sujeto que se va a demandar, no
justifica la acción de tutela.
C. La presente
acción está también condenada al fracaso, porque en ella se echa de menos la
relación de subordinación o indefensión de la supuesta víctima.
El artículo 42 del
decreto 2591 de 1991, en su numeral 9o., luego de la sentencia de
inexequibilidad C-134 de 1994, dice:
“Art. 42.
Procedencia.
“La acción de
tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes
casos:
“ (...) 9. Cuando
la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación
o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se
presume la indefensión del menor que solicite la tutela.”
Tal situación de
subordinación o indefensión no existe en el presente caso, pues de la actora,
que subsiste con su trabajo como trabajadora independiente, no puede decirse
que sea subordinada ni de su antiguo compañero ni de la concubina de éste; así
mismo, la demandante tampoco está indefensa respecto del señor Ospina, porque,
aunque el derecho podría estar ya prescrito (según el artículo 8o. de la ley 54
de 1990), siempre estaría en posibilidad de promover la disolución y
liquidación de la sociedad patrimonial nacida de la unión marital de hecho; y,
especialmente, podría defender -conservándola o recuperándola- la
posesión que dice ejercer sobre la casa atrás mencionada, ante las autoridades
policivas o mediante las acciones posesorias civiles.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.
CONFIRMAR el fallo dictado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal,
el día dos (2) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el
cual, a su vez, confirmó  la sentencia denegatoria de la tutela proferida por
el Juzgado Veinte (20) Penal del Circuito de Cali, el ocho (8) de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro (1994.
SEGUNDO.
COMUNICAR esta providencia
al Juzgado Veinte (20) Penal del Circuito de Cali, para los efectos previstos
en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General