C-093-93
Sentencia No
Sentencia
C-093/93
LEGISLACION
PERMANENTE/NORMA DE ORDEN PUBLICO/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD/CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL-Aplicación
En atención a que
las disposiciones constitucionales transitorias que se invocan como fundamento
para la expedición de las normas acusadas no establecen distinción alguna sobre
el tipo y la clase de control de constitucionalidad en esta especial materia
del ejercicio de las facultades extraordinarias de origen constituyente, dicho
control se debe verificar ante esta Corporación judicial de modo integral, es
decir, tanto por el fondo o por el contenido, como por la forma que debe
revestir su expedición ante la nueva Carta Constitucional. Aun cuando el nuevo
Código de Procedimiento Penal regule en forma sistemática las actuaciones
procesales ordinarias, en ningún momento puede entenderse que por su entrada en
vigencia se haya producido el fenómeno de la derogatoria de las normas
especiales que se examinan. Resulta incongruente y por lo mismo no atendible
por carente de sentido jurídico el que las facultades extraordinarias de origen
constituyente hubiesen sido ejercidas simultáneamente por el mismo órgano de
manera contradictoria, puesto que tanto las normas del Código de Procedimiento
Penal como las de la legislación especial para los delitos de que conocen los
Fiscales y los Jueces Regionales conservan su vigencia cada una en sus ámbitos
propios; más bien, dado el carácter especial de estos últimos, el Código en
mención resulta aplicable en defecto de las normas especiales cuando no hubiere
regla prevista para el caso de que se trate en éstas, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 100 del Decreto 2790 de 1990. Los procesos asignados
al conocimiento de Fiscales y Jueces Regionales y al Tribunal Nacional deberán
regirse por los decretos especiales incorporados como legislación permanente de
tal forma que la aplicación del Código Penal y del Código de Procedimiento
Penal se circunscribe a aquellas materias que no encuentran regulación en las
normas especiales.
PROCESO PENAL-Cambio de radicación
Se trata del
cambio de radicación del proceso, lo que comprende tanto la etapa de
instrucción como la de juzgamiento, bajo el entendido de que en esta materia
existe concurrencia de competencias entre el Ministro de Justicia y la Fiscalía
General de la Nación, entidades que deben participar de manera coherente y
armoniosa a resolver las situaciones que motiven tan delicada situación, puesto
que se trata de competencias especiales para atender unas condiciones también
especiales en las que se ha colocado a la administración de justicia dentro del
marco de las acciones del crimen organizado. Téngase en cuenta, además que la competencia
de la Fiscalía General en esta materia está circunscrita exclusivamente a la
etapa de instrucción.
DIRECCION
NACIONAL DE FISCALIAS
Debe entenderse
que la figura del "Director Nacional de Instrucción Criminal" fue
sustituída por la del Director Nacional de Fiscalías, dependiente de la
Fiscalía General de la Nación. En lo que respecta al mismo artículo 81 del
Estatuto, al señalar las funciones del "Director de Instrucción
Criminal" en lo relacionado con la jurisdicción de Orden Público, es
preciso observar que cuando el literal a) establece que aquel deberá dirigir la
organización y el adecuado funcionamiento de la jurisdicción de Orden Público,
se está refiriendo a las competencias puramente administrativas -más bien de
carácter operativo- que le corresponden. No pueden ellas en forma alguna
interferir en la órbita de la competencia ni en la autonomía de una autoridad
jurisdiccional, como lo es el Tribunal Nacional. En lo que corresponde a la
parte acusada del literal b) del artículo 81 que hace relación a las
competencias del antiguo "Subdirector Nacional" y de los
"Directores Seccionales de Orden Público", en materia de las
decisiones relacionadas con las situaciones administrativas de los funcionarios
y empleados de aquella dependencia, incluyendo a los empleados de la
anteriormente denominada "Sección Jurisdiccional", esta Corporación
advierte que no obstante que el Decreto 2699 de 1991 introduce una
reorganización de funciones administrativas relacionadas con la estructura
operativa de los funcionarios ahora incorporados a las fiscalías, la facultad a
que se hace referencia se mantiene radicada en cabeza del "Director
Nacional de Fiscalías" y de los "Directores Regionales". La
finalidad de esta disposición así interpretada no es otra distinta que la de
lograr el funcionamiento ágil y eficaz del personal al servicio de las labores
de investigación, acusación y juzgamiento dentro de esta especial regulación
que no es sólo procesal sino también material; esto presupone unas condiciones
expeditas y propicias de carácter especial con el propósito específico de
asegurar una cabal administración de justicia en dicho asunto especial.
JUEZ REGIONAL-Sede
En lo que
corresponde a la competencia para asignar la sede de los jueces ahora
denominados regionales, esta Corporación nuevamente observa que esta función es
competencia del Consejo Superior de la Judicatura, y por tanto no puede ser
ejercida por la entidad que ahora entró a sustituir a la citada Dirección
Nacional de Orden Público; en consecuencia, y siguiendo los lineamientos que se
han advertido, aunque se declare la exequibilidad del literal e) acusado, ésta
no comprende lo relativo a los Jueces Regionales, cuya sede sólo puede ser
asignada por el Consejo Superior de la Judicatura dentro del marco de la ley.
RECUSACION-Prohibición/JUEZ SIN ROSTRO
Se trata de una
modalidad específica de carácter procesal predicable de las actuaciones tanto
de fiscales como de los jueces regionales que se ocupan de estas modalidades
delictivas dentro de los trámites especiales previstos por la ley, enderezada a
asegurar la reserva de la identidad de los jueces y de los fiscales, que se
vería burlada si se reconociere una tal posibilidad de recusación. No es
necesario el conocimiento de la identidad del juez para lograr el fin de la
cabal administración de la justicia y para garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa de las personas. Bien puede el legislador excluir del
régimen procedimental la procedencia de las causales de recusación de los
funcionarios judiciales en aquellas materias sin que por ello se viole norma
constitucional alguna.
LEY PROCESAL
PENAL-Vigencia/RETROSPECTIVIDAD
DE LA LEY
Se establece el
alcance temporal de las competencias de los jueces y fiscales regionales en el
sentido de señalar que éstas no se contraen sólo a los delitos cometidos a
partir de su vigencia, la que entre otras cosas proviene de 1.987 al crearse la
figura de los jueces especializados; por el contrario, en ejercicio de la
competencia del legislador sobre estas materias, y por virtud del mecanismo de
las facultades extraordinarias de origen constituyente, se mantuvo la vigencia
de la regla legal que se examina, según la cual ahora, tanto jueces como
fiscales regionales son competentes para conocer de las actuaciones y de los
procesos en curso por los hechos punibles atribuídos a ellos, cualquiera sea la
época en que hayan sido cometidos. En materia de la cabal fijación de
competencias y procedimientos ordenada por el legislador, la Constitución no
establece límite alguno en cuanto hace al tema de la vigencia de la ley
procesal penal en el tiempo, pudiendo ésta ser retrospectiva dados sus efectos
generales y su característica de orden público.
CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL-Aplicación
de normas
Cabe advertir la
naturaleza procesal especial que adquieren las disposiciones que se examinan,
respecto de las cuales no procede la derogatoria por ley de naturaleza general,
como ocurre con algunas disposiciones del nuevo Código de Procedimiento Penal que
en principio aparecen como contradictorias con éstas. En este sentido, la Corte
Constitucional tuvo oportunidad de manifestar su jurisprudencia al respecto en
el fallo vertido sobre el Decreto 1156 de 1.991, y en ella se expresa que se
trata de dos ordenamientos jurídicos que por la naturaleza del objeto que
atienden conservan su autonomía, bajo los supuestos normativos de la nueva
Constitución y que ambos ámbitos legislativos deben examinarse de manera
complementaria e integradora en lo que no resulten incompatibles con la
Constitución.
POLICIA JUDICIAL-Personal no militar
La disposición
acusada establece la distinción que consiste en señalar que en materia de
justicia penal militar y en casos de orden público, dichas funciones de Policía
Judicial son ejercidas en forma permanente por aquellas unidades, mientras que
en los demás eventos estas funciones sólo pueden ser ejercidas de manera
transitoria o por comisión de los fiscales y jueces regionales y del Tribunal
Nacional, bajo la dirección y coordinación del Fiscal General y sus fiscales
delegados. Esta referencia de carácter complementario e integrador se hace por
la Corte Constitucional atendiendo igualmente a las previsiones de carácter
constitucional y legal que sin alterar la naturaleza y el alcance de la
disposición acusada, permiten su racional funcionamiento. Al respecto se
reiteran las consideraciones vertidas por esta Corporación en el fallo del 8 de
febrero de 1993 sobre el Decreto Legislativo No. 1810 de 9 de Noviembre de
1992, que prevé una disposición similar a la que se examina (Sentencia C-034);
obsérvese que la exequibilidad de aquella disposición fue condicionada en su
interpretación, en el sentido de que las Unidades de Policía Judicial que
colaboran en los casos de competencia de los Fiscales y Jueces Regionales deben
estar integradas por personal no militar.
PREVALENCIA DE
NORMAS
Las disposiciones
del Decreto 2271 de 1.991 son especiales y prevalecen sobre las generales
contenidas en los códigos Penal y de Procedimiento Penal, atendidas las razones
que fundamentaron su expedición por el Gobierno Nacional previa su no
improbación por la Comisión Especial Legislativa. Es claro que lo dispuesto por
el citado artículo 5º transitorio del C.P.P., se refiere al procedimiento
señalado en dichas normas especiales, pues es obvio que dicha interpretación se
hace sin menoscabo de las nuevas regulaciones constitucionales en materia de
organización y funcionamiento de las entidades encargadas de la administración
de justicia. En consecuencia, se repite, el inciso 1º del artículo 20 también
resulta constitucional en el sentido de que es una disposición especial que
prevalece sobre la general.
UNIDAD
INVESTIGATIVA DE ORDEN PUBLICO-Actuaciones oficiosas
En la etapa de
investigación previa no existe sindicado ni acusado, ni siquiera se ha
determinado la existencia de la conducta punible; desde luego, el carácter
"oficioso" de estas actuaciones se ejerce bajo el control del Fiscal
General de la Nación y de las Unidades de Fiscalía y con la presencia del
Ministerio Público como lo determina la norma bajo examen. No deja pasar por
alto esta oportunidad la Corte para reiterar que la expresión citada no implica
discrecionalidad absoluta, ni mucho menos arbitrariedad, solamente, agilidad y
prontitud bajo la dirección política y técnica de la Fiscalía General, la que
debe evaluar no sólo los resultados sino la organización, funcionamiento y
trámite de las actuaciones de dichas unidades en cada caso y en todo momento
antes y después de las actuaciones; obsérvese además, el deber que compete al
Procurador General de la Nación en estas materias para controlar y evitar
posibles desvíos y abusos.
UNIDAD
INVESTIGATIVA DE ORDEN PUBLICO-Diligencias
Las diligencias a
las que se hace referencia son las propias del giro ordinario de las
competencias legales y reglamentarias de la policía judicial y que surgen de
las condiciones del hecho punible bajo la acción de aquellas autoridades, la
que no implica ni comporta por principio violación de los derechos
fundamentales, ni el desconocimiento al principio de legalidad ni al debido
proceso; dicha previsión tampoco comporta desconocimiento de las funciones
constitucionales de la Fiscalía a la que quedan subordinadas por virtud de la
competencia constitucional de dirigir las investigaciones y adelantar la
instrucción correspondiente. Resultaría absurdo considerar que si cualquier
persona puede declarar y arrimar una prueba a la actuación investigativa o de
instrucción y aun a la causa, y estas deben ser recibidas, se deba rechazar o
no admitir las pruebas conducentes que sean allegadas, practicadas o aportadas
por unas autoridades legalmente constituidas y habilitadas para ello.
SISTEMA
ACUSATORIO
Es en verdad un
elemento normativo, procesal y sustancial que de modo evidente se expide para
superar las viejas practicas enervantes y entorpecedoras de carácter dilatorio
y obstruccionista que lindaban con el fraude procesal y que deben desaparecer
al consagrarse constitucionalmente el sistema acusatorio penal; este sistema
supone que el fiscal califica y evalúa los hechos para formular una o varias
acusaciones sustentadas y que el juez, oída la defensa y admitidas las pruebas
de esta y su controversia con todas las garantías judiciales, decide con su sentencia
sobre la acusación. La calificación y el cierre de la investigación es una
decisión de impulso procesal de la acción pública de naturaleza penal,
reservada al Estado a través de sus agentes fiscales que no puede ser objeto de
las mencionadas distorsiones. A la luz de la nueva Constitución estos
funcionarios de las fiscalías, forman parte de la misma Rama, garantizándose su
independencia y autonomía; por tanto y dentro de las estructuras del nuevo
sistema acusatorio, nada se opone a que dentro de la misma Rama Judicial,
existan instrumentos de organización y funcionamiento de sus recursos humanos y
técnicos de acuerdo con su habilidad o disponibilidad para la más cabal y
pronta administración de justicia. Ahora bien, en cuanto hace a la reserva de
la identidad del fiscal o del juez dispuesta por ellos mismos en la práctica de
pruebas, nada se opone a su consagración legal.
NULIDAD PROCESAL
Para los fines de
la Constitución, es suficiente garantía en el ámbito de la jurisdicción penal y
en especial la que atiende ciertas modalidades delictivas como las que ocupan a
los jueces y fiscales y regionales, el que las solicitudes de nulidad y
cualquier otra petición puedan presentarse y ser formuladas para que sean
resueltas durante la etapa del juicio; lo cual a todas luces es una garantía
cierta de los derechos a que se hace referencia y que no pueden ser objeto de
desconocimiento legal.  Otro asunto es el momento procesal de su resolución, el
que bien puede ser establecido para la etapa de la sentencia y, obviamente esta
decisión debe ser objeto de los recursos que correspondan y de la controversia
o de las consultas que procedan.
TESTIGO-Protección/VICTIMAS-Protección
Este tipo de
disposiciones no se opone a la Constitución Nacional, mucho menos cuando el
artículo 250 numeral 4­º de la Constitución prevé la facultad de la Fiscalía
General de la Nación de velar por la protección de las victimas, testigos e
intervinientes. Por tal razón la Corte declarará su exequibilidad teniendo en cuenta,
además, que las especiales disposiciones a las que pertenecen estos mecanismos,
guardan estrecha relación con el propósito del legislador y del constituyente
de dotar a la Rama Judicial de los mecanismos suficientes para enfrentar las
acciones de la delincuencia organizada.
REF: Expedientes
Nos. D-061, D-087 y D-126  (Acumulados).
Normas Acusadas:
Decreto 2271 de 1991 (Parcialmente). "Por el cual se adoptan como
legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las
facultades del Estado de Sitio".
Legislación
Especial del Procedimiento Penal.
Actores: Eduardo
Umaña, Jorge Eliécer Molano y Laura Esperanza Rangel; Reinaldo Suárez; y
Patricia Estella González, Claudia Patricia Restrepo y Luis Alberto Vergara.
Magistrados Sustanciadores:
FABIO MORON DIAZ y
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Santafé de Bogotá,
D.C, Febrero Veintisiete (27) de mil novecientos noventa y  tres (1.993).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En las demandas
instauradas por los ciudadanos Eduardo Umaña, Jorge Eliécer Molano y Laura
Esperanza Rangel -demanda D-061-; Reinaldo Suárez -demanda D-087-; y Patricia
Estella González, Claudia Patricia Restrepo y Luís Alberto Vergara -demanda
D-126-, previo el examen de los siguientes
I.  ANTECEDENTES
Los mencionados
ciudadanos presentaron en distintas fechas ante la Corte Constitucional varios
escritos de demanda en los que, en ejercicio de la Acción Pública que otorgan
el numeral 5o. del artículo 241 y el artículo 242 numeral 1o. de la Carta,
solicitan la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones que se
transcriben y se subrayan más adelante en el acápite de las normas acusadas.
En cada caso se
admitieron las demandas, se ordenó su fijación en lista y se verificaron las
comunicaciones de rigor constitucional y legal; igualmente, en cada caso se
ordenó el traslado correspondiente al despacho del Señor Procurador General de
la Nación para efectos de recibir su concepto. El jefe del Ministerio Público
manifestó que se encontraba incurso en una causal de impedimento que le fue
aceptada y solicitó ser desplazado del conocimiento de los negocios
correspondientes y que los expedientes pasaran al despacho de la Señora
Viceprocuradora General de la Nación.
Posteriormente se
ordenó la acumulación de las demandas y el nombramiento de dos Magistrados como
ponentes con el fin de resolver sobre todas ellas en una Sentencia; así, la
Señora Viceprocuradora General de la Nación, dentro de la oportunidad
correspondiente, pronunció su concepto fiscal sobre los tres expedientes
acumulados debidamente por disposición del la Sala Plena de la Corte.
Además, se
conocieron varias intervenciones ciudadanas, y el Señor Ministro de Justicia
presentó dos escritos en los que manifestó el concepto de su despacho; el
primero por medio de un representante, y el segundo suscrito directamente por
dicho funcionario en el que manifiesta no compartir los conceptos vertidos por
aquel agente.
Cumplidos como se
encuentran todos los trámites que proceden en esta clase de actuaciones de
control de constitucionalidad, la Corte entra a decidir sobre las demandas.
II  LAS DISPOSICIONES ACUSADAS
Se transcribe
enseguida el texto de las disposiciones acusadas del Decreto 2271 de 1991,
subrayando las partes correspondientes en cada uno de los artículos a los que
pertenecen, así:
DECRETO 2271 DE 1991
(octubre 4)
por el cual se adoptan como legislación
permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del
Estado de Sitio.
El Presidente de la
República de Colombia, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo
8° de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO
Que el Gobierno
Nacional se encuentra autorizado por el artículo transitorio 8° de la
Constitución Política para convertir en legislación permanente, los decretos
expedidos en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio, que la Comisión
especial no haya improbado;
Que la Comisión
Especial creada por el artículo transitorio 6° de la Constitución Política en
ejercicio de la atribución conferida en el literal a) de la misma disposición,
ha decidido no improbar las normas de los Decretos legislativos: 1199 de 1987,
474 de 1988, 2790 de 1990, 099 de 1991, 390 de 1991 y 1676 de 1991, que se
adoptan como legislación permanente,
DECRETA
ARTICULO 3°.-
Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto
legislativo 2790 de 1990.
ARTICULO 2°.- Los
jueces de orden público tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional, pero
cumplirán sus funciones ordinariamente en la sede que señale el Subdirector
Nacional de Orden Público.
ARTICULO 17.- En
los delitos a que se refiere el artículo 9 de este Decreto, el Ministerio de
Justicia oficiosamente, o a petición del Director Seccional de Orden Público,
podrá variar la radicación del proceso cuando existan serios motivos para
deducir que está en peligro  la integridad del Juez, o existan circunstancias
que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la
administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del
juzgamiento o la seguridad del procesado.
ARTICULO 29.-
Transcurrido el término de ejecutoria del auto inhibitorio, el expediente
pasará al Director Seccional para su conservación. No obstante, el
auto inhibitorio puede ser revocado, aunque hubiese adquirido ejecutoria formal
en los términos y condiciones previstos en el Código de Procedimiento Penal,
con fundamento en las pruebas que aporte la Policía Judicial o los interesados.
ARTICULO 34.- Conforme
a las necesidades de la investigación y cuando se trate de pluralidad de
imputados en la comisión del hecho, el Juez podrá deferir la vinculación de
alguno de los implicados para el momento del sumario que considere más
oportuno, de acuerdo con el desarrollo de aquella.
Cuando considere
pertinente proceder a la vinculación, librará orden de captura, y si pasados
ocho (8) días de su comunicación ésta no se ha logrado, emplazará por medio de
edicto que permanecerá fijado por tres días en lugar visible de la Sección
Jurisdiccional. Si la comisión de los hechos se hubiere llevado a cabo en otra
localidad, se remitirá además un ejemplar del edicto para que sea colocado en
lugar visible de la Alcaldía por el mismo lapso. Copia del edicto con
constancias de secretaría sobre fijación y desfijación, así como de su remisión
si fuere el caso, se agregarán al expediente.
Transcurridos tres
(3) días después de la desfijación del edicto en la Sección Jurisdiccional, si
el imputado no hubiere comparecido, el Juez le declarará persona ausente y se
le designará defensor de oficio con quien continuará el proceso hasta su
terminación, sin perjuicio de la facultad que tiene el procesado para
nombrarlo.
Si el sindicado
compareciere lo vinculará al proceso para nombrarlo.
Si el sindicado
compareciere lo vinculará al proceso en los términos señalados en el artículo
32 de este Decreto.
ARTICULO 40.- En el
evento de que el Juez de Instrucción de Orden Público dicte resolución
acusatoria y ésta adquiera firmeza, pasará el expediente al Director
Seccional a fin de que lo asigne mediante decisión no sujeta a recurso alguno,
a cualquiera de los Jueces de Conocimiento de Orden público pertenecientes a
la dependencia, a quien corresponderá sustanciar el juicio.
ARTICULO 48.- El
Director Seccional de Orden Público o su asistente, bajo la reserva pertinente,
entregarán o recibirán de los Jueces de Orden Público y del Jefe de la Sección
Jurisdiccional los expedientes o providencias las cuales agregarán a aquellos
en copia autenticada en la que no aparezca la firma del Juez.
ARTICULO 49.-
Durante el proceso todas las providencias que dicten los Magistrados y Jueces,
así como los conceptos de los Agentes del Ministerio Público, deberán ser
suscritos por ellos; pero se agregarán al expediente en copia autenticada
por el Presidente del Tribunal o el Director Seccional de Orden Público
respectivo en la que no aparecerán las firmas de aquellos. El original se
guardará por el Presidente del Tribunal o el Director Seccional de Orden
Público con las seguridades del caso.
ARTICULO 58.- En
los hechos punibles de competencia de los Jueces de Orden Público, sólo procede
la detención preventiva como medida de aseguramiento.
El Juez de Orden
Público al proferir auto de detención preventiva decretará el secuestro de los
bienes muebles y el embargo y secuestro de los inmuebles de propiedad del
sindicado, debiendo disponer en la sentencia la condena al pago de los
perjuicios, para cuyo fin el remate se efectuará según lo previsto en el
artículo 521 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se
enviará copia auténtica de lo pertinente al Juez Civil competente.
ARTICULO 65.- El
término de la prescripción de la acción se interrumpe según el caso, para quien
sea juzgado como persona ausente por los delitos de que trata el artículo 9º
del presente Decreto.
ARTICULO 79.- El
Consejo Nacional de Policía Judicial tendrá, además de las funciones dadas en
el Decreto-ley 54 de 1987, las siguientes:
a) Asesorar al
Director Nacional de Instrucción Criminal para el adecuado desarrollo y
funcionamiento de los tribunales y Jueces de Orden Público,
b) Evaluar los resultados
de las actividades cumplidas por los Tribunales y Jueces de Orden Público y
proponer acciones que tiendan a optimizarlas;
c) Proponer medidas
que tiendan a fortalecer la capacidad técnica de las correspondientes Unidades
Investigativas, y
d) Asesorar la
fijación de la política de capacitación de los empleados y funcionarios de los
Tribunales y Juzgados de Orden Público.
ARTICULO 80.- Créase
la Subdirección  Nacional de Orden Público como una dependencia de la Dirección
Nacional de Instrucción Criminal, con la siguiente estructura:
1. Dirección
Nacional de Instrucción Criminal.
2. Subdirección
Nacional de Orden Público.
2.1. Direcciones
Seccionales de Orden Público.
2.1.1. Secciones
Jurisdiccionales.
2.1.2. Divisiones
Administrativas.
Parágrafo 1°. El
Consejo Nacional de Policía Judicial actuará como organismo asesor de los
Tribunales y Juzgados de Orden Público.
Parágrafo 2°. El
Ministerio Público y las Unidades Investigativas del Cuerpo Técnico de Policía
Judicial, tienen relación funcional con las Direcciones Seccionales de Orden
Público.
ARTICULO 81.- El
Director Nacional de Instrucción Criminal, en lo relacionado con los Despachos
de Orden Público, cumplirá las siguientes funciones:
a) Dirigir la
organización y el adecuado funcionamiento de los Despachos de Orden Público;
b) Nombrar, remover
y dar posesión al Subdirector Nacional, los Directores Seccionales y al
Personal de la Seccionales de Orden Público, con excepción de los Jueces, que
serán elegidos por el Tribunal de Orden Público.
No obstante, el
Subdirector Nacional y los Directores Seccionales de Orden Público, decidirán
las demás situaciones administrativas de los funcionarios y empleados de su
dependencia, incluyendo los empleados de la Sección Jurisdiccional.
c) Elaborar, en
acuerdo con la Subdirección Nacional de Orden Público y el Director de la
Escuela de Instrucción Criminal, los programas de capacitación para los
empleados y funcionarios de Orden Público, y supervisar su ejecución;
d) Participar en la
elaboración del presupuesto de las dependencias de Orden Público y asegurar su
cumplida ejecución;
e) Asignar los
empleados del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que le corresponda a cada
Dirección Seccional de Orden Público, y
f) Hacer parte del
Consejo Nacional de Seguridad cuando se trate de asuntos relacionados con  los
Despachos de Orden Público.
Parágrafo. El
Director Nacional de Instrucción Criminal podrá delegar estas funciones, salvo
la del literal f) en el Subdirector Nacional de Orden Público, y en los Directores
Seccionales.
ARTICULO 82.- El
Subdirector de Orden Público, tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar con
el Director Nacional de Instrucción Criminal, el adecuado funcionamiento de los
Despachos de Orden Público;
b) Coordinar la
prestación de los servicios de laboratorios criminalísticos, como auxiliares de
las Unidades Investigativas;
c) Dirigir y
coordinar las Direcciones Seccionales de su competencia;
d) Dirigir el
sistema de información correspondiente a los diferentes procesos y velar por su
permanente actualización;
e)  Asignar la sede
a los Jueces de Orden Público;
f) Definir la
comprensión territorial de las Direcciones  Seccionales de Orden Público,
pudiendo variarla  según la situación de la zona y las necesidades del servicio;
g) Definir
criterios para la distribución de las actuaciones de que tratan los artículos
40 y 48 de este Decreto;
h) Elaborar el
proyecto de presupuesto de las dependencias de Orden Público, preparar las
distribuciones de partidas para cada Seccional, solicitar los traslados y
adiciones que considere necesarios y someterla a aprobación de las autoridades
competentes por conducto del Director Nacional de Instrucción Criminal;
i) Velar por la
debida ejecución del presupuesto asignado a las dependencias nacionales de
Orden Público;
j) Atender los
servicios administrativos de la Subdirección Nacional de Orden Público;
k) Actuar como
ordenador del gasto de la Subdirección Nacional de Orden Público según la
asignación de competencia que para el efecto haga el Consejo Superior de la
Administración de la Justicia;
l) Las demás que le
señale el presente Decreto y el Director Nacional de Instrucción Criminal.
ARTICULO 83.- Los
Directores Seccionales de Orden Público tendrán las siguientes funciones:
a) Ejercer la
Dirección Administrativa de las diferentes dependencias, incluidos los Jueces y
funcionarios  que prestan servicios en ellas. En tal virtud le corresponde
fijar horarios, dictar las normas de carácter administrativo y tomar las
medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de las diferentes secciones;
b) Coordinar con las
autoridades públicas seccionales y locales, y con los organismos de seguridad,
la prestación de los diferentes servicios;
c) Tomar medidas
para garantizar que en el trámite del proceso se mantenga la reserva de las
personas que intervienen en él;
d) Recibido el
aviso de que trata el artículo 23, asignar el Juez de Instrucción que deba
controlar la indagación , dirigir la investigación o conocer el juicio según el
caso, debiendo responder por la entrega y remisión oportuna de los expedientes;
e) Llevar los
archivos de los expedientes cuyo trámite ha culminado;
f) Dirigir el
sistema de información de los Despachos de Orden Público, en el nivel que le
corresponda;
g) Coordinar con los
organismos competentes todo lo relacionado con la seguridad de los funcionarios
y empleados de Orden Público, así como de la planta física, los materiales y
equipos;
h) Actuar como
ordenador del gasto de la respectiva Seccional según la asignación de
competencia que para el efecto haga el Consejo Superior de la Administración de
Justicia;
i) Rendir los
informes que sobre el curso de las indagaciones e investigaciones y del
funcionamiento administrativo de la Seccional le soliciten el Director Nacional
de Instrucción Criminal y el Subdirector Nacional de Orden Público;
j) Las demás que le
señale el presente Decreto, el Director Nacional de Instrucción Criminal y el
Subdirector Nacional de Orden Público.
Parágrafo. Para
garantizar su seguridad, todas las relaciones entre los Jueces y las Unidades
Investigativas se harán a través del correspondiente Director Seccional de
Orden Público.
ARTICULO 85.- Las
Direcciones Seccionales de Orden Público están conformadas por la Sección
Jurisdiccional y la División Administrativa.
ARTICULO 87.- La
Sección Jurisdiccional tendrá un jefe quien actuará como Secretario para los
asuntos judiciales con las siguientes funciones:
a) Recibir
memoriales y notificaciones, autorizar las visitas carcelarias, hacer registros
y llevar los correspondientes archivos;
b) Responder por
las funciones jurídico- administrativas y administrativas en los trámites de
los procesos. En tal virtud deberá suscribir los autos de sustanciación que le
correspondan,  así como las comunicaciones y demás documentos  que sean
necesarios;
c) Coordinar la
prestación de los demás servicios con las demás secciones;
d) Las demás que
le señale el Director Seccional de Orden Público.
Parágrafo. El Jefe
de la Sección Jurisdiccional podrá delegar algunas de sus funciones en el
personal subalterno de la Sección.
ARTICULO 4º.
Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto
legislativo 099 de 1991.
ARTICULO 1º. Para
todos los efectos de ley, los artículos del Decreto legislativo número 2790 de
1990 que se incluyen a continuación, quedarán así:
ARTICULO 5°.- Sin
perjuicio de lo previsto en otras disposiciones legales, el Tribunal de Orden
Público, conoce:
1. De los
impedimentos de sus miembros, lo mismo que de los Jueces de Orden Público, los
cuales decidirá de plano.
Durante el
proceso no habrá lugar a  formular recusación, pero Jueces y Agentes del Ministerio Público deberán
declararse impedidos cuando exista causal para el efecto.
Si el incidente
prospera y se trata de un Juez, se remitirá el asunto al Director  Seccional de
Orden Público a fin de que éste haga la nueva asignación de manera inmediata.
2. De los recursos
de apelación contra las providencias proferidas por los juzgados de Orden
Público que sean susceptibles de este recurso, y del recurso de hecho cuando se
deniegue el de apelación.
3. Del grado
jurisdiccional de consulta en relación con todas las sentencias absolutorias,
las providencias que disponen cesación de procedimiento o la devolución de
bienes a particulares, y los autos inhibitorios que impliquen devolución de
bienes.
Si el Tribunal
inadmite el recurso de apelación y la providencia impugnada es susceptible del
grado jurisdiccional de consulta, asumirá inmediatamente el conocimiento del
proceso y dará el trámite correspondiente.
4. En primera
instancia, de las actuaciones y procesos que se inicien o adelanten contra
Jueces de Instrucción o de Conocimiento de Orden Público, por delito cometido
en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, los cuales serán tramitados
conforme al procedimiento penal ordinario.
Parágrafo 1°. A fin
de garantizar la seguridad de los Magistrados, los asuntos correspondientes a
la competencia del Tribunal de Orden Público se distribuirán entre ellos
conforme al procedimiento que se establezca en reglamento interno que para el
efecto expida la Sala de Gobierno de la Corporación.
Las providencias
serán firmadas pero se notificarán o comunicarán en copia en donde no aparezcan
las firmas,  la que deberá ser debidamente certificada por el Presidente del
Tribunal.
Efectuada la
certificación anterior se entenderá, para todos los efectos legales, que la
asignación de procesos  y la adopción de providencias, al igual que las
disidencias, se produjeron de conformidad con el procedimiento vigente.
ARTICULO 9°.- A los
Jueces de Orden Público corresponde conocer en primera instancia:
...
Parágrafo.- La
competencia de los Jueces de Orden Público comprenderá además el conocimiento
de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a
ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido
cometidos a sus delitos conexos conservandose la unidad procesal en el
evento de que se extienda a otras jurisdicciones, con excepción de la de
menores, así como de los casos de fuero  constitucional. En todo caso la ley
sustancial favorable, o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole,
tendrá prelación sobre la desfavorable. (D-087)
ARTICULO 18.- La
Policía Judicial de Orden Público estará integrada por las Unidades
Investigativas permanentes  conformadas por funcionarios  del Cuerpo Técnico de
Policía Judicial o del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,  o por
miembros de la Policía Nacional (Dijin y Sijin), y con el personal técnico y
operativo que se requiera para su funcionamiento eficiente.
Parágrafo 1°. En
las Fuerzas Militares se conformarán unidades investigativas de orden público
con personal seleccionado de las secciones de inteligencia de las mismas. Estas
sólo tendrán calidad permanente en relación con los hechos punibles referidos
en el artículo 9° de este Decreto cuya competencia corresponda a la Justicia
Penal Militar. En los demás eventos, ejercerán esa función de manera
transitoria o por comisión de Juez de Orden Público.
Parágrafo 2°. El
Director Seccional de Orden Público, podrá integrar unidades investigativas de
orden público con personal de las distintas dependencias a que se refiere este
artículo, previa consulta con los jefes seccionales de las dependencias
respectivas.
ARTICULO 20.- La
controversia del material probatorio se adelantará durante la etapa del juicio.
La Policía
Judicial practicará las pruebas,  o incorporará al expediente las que se pongan
a su disposición y que considere pertinentes, sin expedir acto en que así lo
ordene, y a su realización sólo podrá asistir el Agente del Ministerio Público
correspondiente.
Igualmente
incorporará al expediente las que se hayan producido válidamente en cualquiera
otra actuación judicial, administrativa o disciplinaria tanto en el país como
en el exterior.
ARTICULO 22.- Cuando
las circunstancias lo aconsejen para seguridad de los testigos,  se autorizará
que éstos coloquen la huella digital en la declaración en lugar de su firma;
pero en estos casos es obligatoria la participación del Agente del Ministerio
Público, quien certificará que dicha huella corresponde a la persona que
declara. Se omitirá la referencia al nombre y generales de estas personas en el
texto del acta,  la que se hará  formar parte del expediente correspondiente
con la constancia sobre levantamiento de la identificación y su destino.
Simultáneamente
se levantará un acta separada en la que se reseñará en forma completa la
identidad del declarante con la descripción de todos sus generales y
condiciones personales y civiles, así como la indicación de sus relaciones
personales, familiares o de cualquier otra índole con el acusado y el ofendido
si lo hubiere, incluyendo todos los elementos de juicio que puedan servir al
Juez para valorar  la credibilidad del testimonio, acta en la cual se colocará
claramente la huella digital del exponente, se firmará por éste, por quien
reciba la exposición y por el Agente del Ministerio Público, se guardará en
sobre cerrado y se remitirá a la Dirección Seccional de Orden Público con las
seguridades del caso.
Para efecto de
valoración de la prueba testimonial, el Juez de Orden público podrá solicitar
en cualquier momento el acta separada a que se refiere el inciso segundo de
este artículo, manteniendo su reserva para las demás partes o intervinientes en
el proceso. Dicha reserva se levantará cuando se descubra o determine que el
testigo incurrió en el falso testimonio o que lo hizo con fines o propósitos
fraudulentos. Igual
podrá hacerse con los peritazgos o con cualquiera otra prueba en relación con
la cual sea conveniente guardar la identidad de las personas que hayan
participado en ella.
Sin perjuicio de
la atribución conferida por la ley al jefe del Departamento Administrativo de
Seguridad, el Subdirector Nacional de Orden Público podrá tomar medidas
especiales para proteger a los testigos cuando éstos lo soliciten, las cuales
podrán llegar a consistir en la sustitución de los documentos de Registro Civil
y de identidad de la persona, así como en la provisión de los recursos
económicos indispensables para que puedan cambiar de domicilio y ocupación
tanto dentro del país como en el exterior.
ARTICULO 23.- En
relación con los hechos punibles cuya competencia atribuye el artículo 9° de
este Decreto a los Jueces de Orden Público, las diligencias preliminares serán
adelantadas oficiosamente por las Unidades Investigativas  de Policía
Judicial de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y
de la Policía Nacional, bajo el control del Juez de Instrucción de Orden
Público y la vigilancia de los Agentes del Ministerio Público. Las Unidades
Investigativas de Orden Público constituidas en las Fuerzas Militares, las adelantarán
cuando el delito sea de competencia de la Justicia Penal Militar.
Las Unidades
Investigativas de Orden Público del Cuerpo Técnico de Policía Judicial
adscritas a las Direcciones Seccionales de Orden Público sólo adelantarán
investigaciones cuando así lo disponga el Juez de Orden Público, y en los casos
señalados por el Decreto 3030 de 1990 con sus adiciones y reformas, cuando el
Director Nacional de Instrucción Criminal así lo disponga.
Iniciada la
indagación el Jefe Superior de la Unidad Investigativa de Orden Público dará
aviso escrito de inmediato, o a más tardar en la primera hora del día hábil
siguiente, a la Dirección Seccional de Orden Público respectiva, para que el
Director de ésta asigne el Juez de Instrucción de Orden Público que deba
controlarla.
El Juez de
Instrucción podrá desplazar por intermedio del Director Seccional de Orden
Público en cualquier momento a la Unidad Investigativa que esté adelantando
la indagación, y asignarla a otra Unidad Investigativa de Orden Público. Para tales
efectos el Juez podrá solicitar informes en relación con el desarrollo de la
misma.
Parágrafo. Las
Unidades Investigativas de Orden Público conocerán a prevención de las
indagaciones sobre hechos que se produzcan dentro de su jurisdicción. Pero
aprehenderá su conocimiento aquélla que primero haya hecho su arribo al lugar
de los hechos, debiéndole prestar las demás el apoyo necesario para el
aislamiento y protección del sitio y de los testigos, así como para las demás
medidas que sean conducentes.
El Ministerio
Público velará por el cumplimiento de la disposición  procedente y dirimirá de
plano los conflictos que se presenten al respecto, en decisión cuyo desacato
por cualquier miembro de Policía Judicial constituirá  causal de mala conducta.
ARTICULO 24.-
Durante la indagación preliminar que se adelante por los delitos que el
artículo 9° de este Decreto atribuye a la competencia de los Jueces de Orden
Público, los miembros de las Unidades Investigativas de Orden Público, además
de las funciones atribuidas a la Policía Judicial en otros estatutos, ejercerán
permanentemente las siguientes:
a) Recibir bajo
juramento las denuncias que le sean presentadas y adelantar oficiosamente
las indagaciones por los delitos aludidos en el inciso anterior de que tengan
noticia.
b) Inspeccionar
minuciosamente el lugar de los hechos y allegar los elementos que puedan servir
para asegurar las pruebas de la materialidad del delito y de la responsabilidad
de sus autores, cuidando que tales huellas no se alteren, borren u oculten;
levantarlas, trasplantarlas o registrarlas técnicamente, y hacerlas reconocer o
examinar si fuere necesario;
c) Practicar el
levantamiento de cadáveres, en lo posible con la asistencia de un médico
legista u oficial, ordenar la correspondiente necropsia y hacer las diligencias
necesarias para su identificación;
d) Levantar el
croquis del lugar donde se haya cometido el ilícito y tomar fotografías;
e) Realizar y
ordenar las pruebas técnicas necesarias para el debido esclarecimiento de
los hechos;
f) Recibir bajo la
gravedad del juramento testimonio a todas las personas que hayan presenciado
los hechos, y a quienes les conste alguno en particular;
g) Recibir por
escrito y con fidelidad la versión que libre y espontáneamente quiera hacer el
imputado sobre las circunstancia y móviles del hecho, su participación en él y
la de otras personas. Esta diligencia será firmada por el imputado en señal de
asentimiento;
h) Practicar el
reconocimiento fotográfico o en fila de personas  para verificar la identidad
de un sospechoso, en los términos señalados por la ley penal. Sin embargo, en
el último caso deberá contarse con la presencia del Agente del Ministerio
Público;
i) Proveer a la
identificación del imputado por los medios legales pertinentes;
j) Recaudar los
antecedentes penales y de policía que existan con relación a las personas que
pudieren ser responsables de los hechos investigados;
k) Aprehender las
armas que hayan utilizado en la comisión del ilícito, y los elementos que hayan
servido para su ejecución o provengan de ella, e incautar u ocupar bienes en
los términos señalados en las regulaciones legales vigentes;
l) Pedir a las
autoridades encargadas de llevar el registro de los derechos reales principales
y accesorios, certificaciones sobre los Titulares inscritos respecto de los
bienes aprehendidos, ocupados o incautados;
m) Informar a los
Titulares de derechos inscritos sobre los bienes incautados u ocupados, para
que ejerzan la defensa de sus derechos ante la jurisdicción respectiva;
n) Dar aviso a las
autoridades del respectivo país conforme a los pactos, convenios o usos
internacionales, si se tratare de automotores, naves, aeronaves o unidades de
transporte aéreo, fluvial o marítimo de procedencia extranjera y que hayan sido
objeto material de delito contra sus legítimos propietarios, tenedores o
poseedores en el extranjero, a fin de que se realicen  las diligencias
necesarias para que les sean devueltos, siempre que hayan actuado de buena fe
exenta de culpa.
Parágrafo 1°.
Siempre que la Policía Judicial de Orden Público vaya a practicar un
allanamiento, interceptar lineas telefónicas, registrar correspondencia o
capturar una persona en los casos que no sean de flagrancia, deberá solicitar
autorización a cualquier Juez Penal o Promiscuo de la Jurisdicción Ordinaria.
Parágrafo 2°. Salvo
las decisiones  que por mandato legal correspondan a las autoridades
administrativas, las solicitudes para la devolución u otros pronunciamientos
sobre bienes incautados u ocupados se tomarán, por el Juez de Orden Público a
quien corresponda el control de la indagación o la dirección de la instrucción,
para lo cual se remitirá la petición de inmediato junto con el original del
expediente conformado hasta el momento, continuando la Unidad de Policía Judicial
con el trámite de indagación sobre copia.
Parágrafo 3°. Los
funcionarios y miembros de Policía Judicial de Orden Público presentarán sus
informes y se identificarán en las diligencias  con el número de código
asignado por la institución a la cual pertenezcan.
ARTICULO 26.- En
caso de captura del infractor los funcionarios de Policía Judicial procederán a
informarle sobre los motivos de ella, el derecho a indicar la persona a quien
se le deba comunicar su aprehensión y el de rendir versión libre y espontánea
sobre los hechos que la produjeron, dentro de los parámetros de la Constitución
Política, levantando acta en que se deje constancia de todo ello, la cual será
suscrita por el aprehendido o por un testigo si aquél fuere renuente a
hacerlo.
El funcionario
aprehensor deberá registrar el hecho en un libro llevado especialmente para el
efecto, que será revisado diariamente por un Agente del Ministerio Público,
momento en el cual  rubricará y foliará las páginas correspondientes, con
indicación de la fecha y la hora en que hubiese verificado el control de las
capturas efectuadas y la correspondencia del registro con los avisos de
capturas que le hayan sido enviadas.
Del mismo modo, el
funcionario que hubiese efectuado la captura deberá dar noticia inmediata de
ella a la persona que indique el aprehendido, por intermedio del Director
Seccional de Orden Público, al Juez de Instrucción que le corresponda el
control de la indagación. La omisión injustificada de las obligaciones
precedentes será causal de mala conducta y podrá hacer responsable a su autor
del delito de prevaricato por omisión.
Dentro de las 36
horas siguientes al acto físico de la captura deberá remitir al aprehendido y
el original del expediente al Juez de Instrucción correspondiente, a fin de que
éste decida lo pertinente, pudiendo en todo caso continuar con el recaudo de
pruebas sobre la copia del expediente, salvo disposición en contrario del
mencionado juez.
Parágrafo 1°. Si el
aprehensor fuere autoridad de Policía Judicial diferente a la de Orden Público,
registrará la captura en los libros que se lleven para el efecto en la entidad
y remitirá las copias de la actuación adelantada en el término de 48 horas a la
Unidad Investigativa de Orden Público más próxima, y el capturado a una autoridad
judicial del lugar dentro de las 36 horas siguientes a la aprehensión.
Parágrafo 2°. Los
costos que implique o demande la remisión de los aprehendidos a las autoridades
judiciales, luego de su captura, estarán a cargo de la Unidad de Investigación
que la haya efectuado. El Ministerio de Hacienda apropiará las partidas
necesarias para el cumplimiento de esta disposición en cada entidad..
ARTICULO 27.- Desde
el momento mismo de la ocurrencia de los hechos, el Agente de Ministerio
Público deberá procurar el recaudo de las pruebas tendientes a establecer la
naturaleza y cuantía de los perjuicios causados con la infracción, solicitando
para ello la práctica de las pruebas correspondientes a cualquier Juez de la
República salvo a los de Orden Público, las que no causarán costos de ninguna
naturaleza diferentes a las erogaciones necesarias para producirlas y serán
trasladas durante el juicio al expediente.
Los testigos y
peritos que intervengan en el trámite previsto en el inciso anterior tendrán,
si lo solicitan, las mismas garantías de reserva y seguridad consagradas en el
artículo 22 de este Decreto.
Igual facultad
relacionada con el recaudo probatorio podrán ejercer, por medio de apoderado,
los perjudicados con la infracción; pero en tal evento cursarán informe al
Agente del Ministerio Público respectivo, caso en el cual éste se abstendrá de
iniciar su trámite o suspenderá el que al efecto ya hubiere iniciado.
ARTICULO 30.- Si
transcurrido un año contado a partir de la iniciación de la indagación
preliminar no hay sindicado conocido, la Policía Judicial de Orden Público
enviará el expediente a la Dirección Seccional de Orden Público para que
el Juez de Instrucción correspondiente decida sobre la suspensión provisional
de la actuación, la practica de nuevas pruebas, o dicte el auto inhibitorio si
hubiere lugar a él. Esta última decisión la tomará en auto interlocutorio
contra el cual proceden los recursos ordinarios.
ARTICULO 35.- Cuando
la Policía Judicial de Orden Público considere necesario vincular a un posible
sindicado no capturado, remitirá el original de la actuación que hubiese
adelantado por intermedio del Director Seccional de Orden Público correspondiente,
quien dará aplicación a lo dispuesto en el artículo que precede, si encuentra
mérito para ella, conforme a estudio sobre el cuaderno original.
La Unidad
Investigativa de Policía Judicial de Orden Público, continuará adelantando la
actuación sobre el cuaderno de copias.
En la orden de
captura emitida, el Juez podrá autorizar el allanamiento de los sitios en donde
presuma se pueda encontrar el sindicado, señalandolos, y deberá informar sobre
su expedición o cancelación al Director Nacional de Instrucción Criminal para
su registro de inscripción en un banco de datos que debe llevarse para el
efecto. Igual obligación tendrá el Juez en relación con las medidas de
aseguramiento que profiera, modifique o revoque.
ARTICULO 37. Durante
la etapa de instrucción, la persona vinculada mediante indagatoria, el
defensor, los auxiliares de la justicia, el agente del Ministerio Público, El
Director Nacional de Instrucción Criminal o su delegado, el Subdirector
Nacional de Orden Público, y el funcionario que adelante investigación penal,
disciplinaria o administrativa relacionada con actuaciones tramitadas en
aquella o con bienes vinculados a la misma, tendrán derecho a revisar el
proceso, con la obligación de mantener la reserva de sus propias actuaciones.
Si en las
investigaciones penales  surge mérito para vincular en indagatoria, o en las
disciplinarias para formar pliego de cargos, el funcionario que las adelante
podrá solicitar el levantamiento de la reserva de la identidad del funcionario
investigativo con el deber de mantenerla para efectos diferentes al trámite de
la investigación a su cargo.
Sin embargo, para
los tres primeros el juez podrá disponer la reserva de las decisiones o de
alguna prueba concreta hasta el auto del cierre  de la investigación, cuando
considere que dicha medida es necesaria para garantizar el éxito de ésta o la
seguridad de los participantes en el proceso. En ningún caso podrán ser reservadas las decisiones
que afecten la libertad del procesado y el soporte probatorio que haya servido
para dictar el auto de detención.
Sólo podrán
expedirse copias de las diligencias una vez ejecutoriado el auto que califique
el mérito del sumario con resolución acusatoria o cesación de procedimiento,
salvo que las solicite la autoridad competente para investigar o conocer de
procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al
recurso de hecho, y con ellas la autoridad que las solicite conformará cuaderno
separado que seguirá sujeto a la reserva. El Agente del Ministerio Público tendrá derecho a
que se le expidan copias de cualquier parte de la actuación.
Quien violare la
reserva del sumario o de la indagación preliminar, o transgrediere la
prohibición del inciso anterior, incurrirá, si fuere funcionario o empleado
oficial, en causal de mala conducta sancionable con destitución; sino lo fuere,
se le impondrá multa por suma equivalente a diez (10) salarios mínimos
mensuales legales. La primera se ordenará por el superior respectivo previo el
procedimiento disciplinario y la segunda por el Juez de Orden Público mediante
auto motivado y luego de oír en diligencia de descargos al infractor, así como
de practicar las pruebas que solicitare y fueren conducentes en cuaderno
separado. Esta última decisión será susceptible de recurso de apelación para
ante el Tribunal de Orden Público pero no afectará la marcha del proceso o
actuación.
ARTICULO 39.-
Practicadas las diligencias ordenadas por el Juez y las demás que fueren
conducentes, la Unidad Investigativa de Orden Público devolverá la
actuación al Juez de Orden Público, quien declara cerrada la investigación por
auto de sustanciación que se comunicará al sindicado detenido por cualquier
medio eficaz y se notificará por estado a los demás sujetos procesales  y parte
civil reconocida.
Dicho proveído no
será susceptible de recurso alguno y en él se dispondrá un traslado común por cinco (5)
días a la parte civil si la hubiere, y a los sujetos procesales para que
presenten sus alegatos. Para este último se surtirá el traslado por igual lapso
en su Despacho.
Vencidos  los
términos anteriores, el Juez calificará en mérito del sumario dentro de los 10
días hábiles siguientes por medio de resolución acusatoria, cesación de
procedimiento o reapertura de investigación. En este último caso el Juez deberá
señalar discriminadamente las pruebas a practicar, indicando la Unidad
Investigativa de Orden Público que deba hacerlo.
ARTICULO 47.- El
Director Seccional de Orden Público asignará al Juez de Instrucción o de
Conocimiento de Orden Público que deba controlar la indagación, dirigir la
instrucción o sustanciar y fallar el juicio dentro de un proceso determinado, y
podrá variar la asignación o petición sustentada por el Juez, siempre que lo
considere necesario para garantizar la reserva de la identidad de éste.
ARTICULO 50.- A
fin de garantizar su seguridad, cuando el Juez considere conveniente mantener
la reserva de su identidad o la de los intervinientes en el proceso, dispondrá
que en la práctica de pruebas se  utilice cualquier medio o mecanismo adecuado
para tal efecto, o que los contrainterrogatorios, solicitud de aclaración de
dictamenes o cualquier petición similar, se formulen y tramiten por escrito.
ARTICULO 51.- Los
autos de trámite no previstos en el artículo 36 como privativos para su emisión
por parte del Juez, las notificaciones, citaciones y en general las
comunicaciones procesales, así como todo acto que implique manejo de títulos de
depósito judicial o de bienes o elementos vinculados al proceso, salvo su orden
de entrega, serán elaborados y suscritos por el Jefe de la Sección Jurisdiccional
respectiva, pudiendo delegar su ejecución, cumplimiento y control en cada
proceso a uno de los empleados de su dependencia, con quien compartirá la
responsabilidad por su tramitación adecuada y oportuna.
Los memoriales y
comunicaciones en general serán entregados en la Sección Jurisdiccional a cuyo
cargo se asigna la agregación al expediente correspondiente, y su tramitación
oportuna por medio del Director Seccional de Orden Público o su Asistencia si
fuere necesario.
ARTICULO 52.- Las
solicitudes de nulidad por causa que se presente durante el juicio y toda otra
petición que se formule dentro de éste, salvo las de pruebas o las que se
refieran a la libertad del procesado, serán decididas en la sentencia.
Parágrafo 1º.- La
variación de la asignación de Juez durante el sumario o en el juicio hecho por
el Director Seccional de Orden Público no genera nulidad por incompetencia,
siempre que se trate del funcionario de la misma naturaleza.
Parágrafo 2º.
Desvirtuados los supuestos que dieron lugar al conocimiento del hecho punible
por los Jueces de Orden Público, todas las agencias y pruebas practicadas
conservan su validez.
ARTICULO 59.- Los
procesados por los delitos de competencia de los Jueces de Orden Público sólo
tendrán derecho a la libertad provisional en los siguientes casos:
1. Cuando en
cualquier estado del proceso hubieren sufrido en detención preventiva un tiempo
igual que merecieren como pena privativa de la libertad por el delito de que se
les acusa, habida consideración de su calificación o de la que debería dársele.
Se considera que
ha cumplido la pena el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario
para obtener la libertad condicional, siempre que se reúnan los demás
requisitos para otorgarla.
2. Cuando fuere
mayor de 70 años, siempre que no haya sido procesado antes por uno de los
delitos de competencia de los jueces de Orden Público.
ARTICULO 60.- En los
procesos por los delitos de competencia de los Jueces de Orden Público, no
habrá lugar a la suspensión de la detención preventiva ni de la ejecución de la
pena, pero procederá la detención hospitalaria que se concederá por el Juez
cuando el procesado o condenado sufriere grave enfermedad, o a la imputada le
faltaren cuatro semanas o menos para el parto, o si no han transcurrido dos
meses desde la fecha en que dió a luz.
En los eventos
anteriores, se exigirá por el Juez certificado de médico legista, quien
dictaminará periódicamente sobre la necesidad de que continúe la detención en
la forma prevista en el inciso anterior.
ARTICULO 64.- Quien
no siendo autor o partícipe del hecho punible, suministre a la autoridad
informes que permitan hacer efectiva orden de captura de sindicado o
incautación de bienes destinados a la comisión o que provengan de la ejecución
de delito de competencia de los Jueces de Orden Público, o informes que
permitan determinar la autoría, participación o responsabilidad penal en los
mismos, será beneficiario de una recompensa monetaria cuya cuantía no excederá
el equivalente de 1.000 salarios mínimos legales mensuales, la que podrá ser
pagada dentro o fuera del país.
Dicho beneficio será
determinado por el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el
Director General de la Policía Nacional o el Director Nacional de Instrucción
Criminal, según el caso, quienes serán los ordenadores del gasto, el que se
cargará contra la  cuenta especial del presupuesto de la respectiva entidad, y
cuyo manejo será cobijado por reserva legal, la cual podrá ser levantada
solamente y en forma indelegable por el Contralor General de la República a
quien corresponderá privativamente su auditaje, o por el Procurador General de
la Nación y para las investigaciones penales o disciplinarias que promoviere.
Los ordenadores de
estos gastos podrán autorizar en casos especiales que se realicen ofertas de
recompensa, por la cuantía superior a la señalada en el inciso primero.
Los informes se
consignarán en acta reservada, en la cual se hará constar la versión y se
suscribirán por los Ordenadores del Gasto o  por su delegado especial, un
Agente del Ministerio Público, y el informante, quién además estampará su
impresión dactilar. El acta se remitirá a la Jefatura del organismo que la haya
autorizado donde se conservará con la debida reserva y seguridades, y de su
contenido el Jefe del DAS, el Director General de la Policía Nacional o el
Director Nacional de Instrucción Criminal deberá expedir copia autenticada,
prescindiendo de la firma y datos de identidad del informante, con destino a la
respectiva investigación penal, quedando su valor probatorio sujeto a la
estimación que haga el Magistrado o Juez.
En todo lo
relacionado con el contenido del acta para la identificación del informante; el
levantamiento de su reserva para el Juez  y Fiscal, o en caso de comprobación
de falsedad de información o de motivos fraudulentos, así como de la protección
del exponente se aplicará lo previsto para el caso del testigo a que se refiere
el artículo 22 del presente Estatuto.
ARTICULO 5º.-
Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto
legislativo 390 de 1991:
ARTICULO 1º.- El
artículo 13 del Decreto 2790 de 1990, quedará así:
Artículo 13. Todos
los procesos o actuaciones cuya competencia se asigna por este Decreto a los
Jueces de Orden Público, que estén tramitando en la actualidad los Juzgados de
Orden Público, los Especializados y los Ordinarios, o la Policía Judicial,
deberán ser enviados a los Directores Seccionales de Orden Público, quienes
procederán de la siguiente manera:
1. Los procesos
en que se haya proferido auto de citación para audiencia, resolución acusatoria
o auto de proceder , o el que dispone el traslado al Ministerio Público para el
concepto de fondo, los distribuirán entre los Jueces de conocimiento de Orden
Público para que éstos continúen el trámite con el procedimiento establecido
para el juicio. Si alguna de las decisiones anteriores no estuviere
ejecutoriada, el expediente se dejará en la Sección Jurisdiccional, hasta
cuando ésta se produzca.
Cuando en el
proceso se hubieran decretado pruebas para practicar en la audiencia, el Juez
las practicará directamente o por comisión a una Unidad de Investigación de
Orden Público, en un término que no podrá exceder de 10 días. Practicadas las
pruebas, el Juez citará para sentencia de acuerdo con el artículo 46 del
decreto 2790 de 1990.
2. Los que se
hallan en etapa de instrucción, los asignará a los Jueces de Instrucción de
Orden Público, para que dispongan el trámite pertinente de acuerdo al
procedimiento señalado en este decreto.
3. Los que estén
en diligencias preliminares, los remitirá a las Unidades Investigativas de
Orden Público a fin de que adelanten la averiguación acatando las normas de
este decreto.
Parágrafo. En los
proceso de competencia de los Jueces de Orden Público, no habrá audiencia
pública en ningún caso.
ARTICULO 6º.-
Adóptanse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto
legislativo 1676 de 1991.
".
Artículo 3º.
Modifícanse los numerales 2 y 13 y el parágrafo del artículo 9º del Decreto
2790 de 1990, modificado por el Decreto 99 de 1991, así:
Artículo 9º. A los
jueces de Orden Público corresponde conocer en primera instancia:
2. De los procesos
por delitos de extorsión en todas sus modalidades, así como del concierto para
cometerlo, su encubrimiento y la omisión de su denuncia o del informe de que
trata el artículo 7º del Decreto 2790 de 1990, y cuando la cuantía sea o exceda
de cinco millones de pesos, o cuando cualquiera de las conductas anteriores
busque facilitar actos terroristas sin importar su cuantía.
13. De los procesos
por los delitos descritos en los artículos 35 y 39, 43 y 44 de la Ley 30 de
1986, y el aludido en el artículo 1º del Decreto 1198 de 1987.
Parágrafo. La
competencia de los Jueces de Orden Público comprenderá además el conocimiento
de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a
ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido cometidos
y a sus delitos conexos, conservándose la unidad procesal en el evento de que
se extienda a otras competencias, con excepción de la de menores, así como de
los casos de fuero constitucional. Igualmente conocerán de los delitos
cometidos con antelación a la fecha en que fueron definidos los tipos penales
que aparecen en este Decreto y en las normas a que él se refiere cuando se
adecúen ellos. En todo caso la ley sustancial favorable, o la procesal de
efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la
desfavorable. (D-087 y D-126).
Artículo 5º.
Corresponde a los Directores Seccionales de Orden Público dar posesión a los
funcionarios y empleados de la respectiva Dirección Seccional.
Corresponde al
Jefe de la Sección Jurisdiccional de Orden Público respectiva, hacer el
reconocimiento del Defensor, y dar posesión a éste y al apoderado de la parte
civil. El juramento en estos casos, se entenderá prestado con la firma del acta
correspondiente.
Artículo 6º. El
artículo 32 del Decreto 2790, quedará así:
Artículo 32. Si el
Juez dicta auto cabeza de proceso, señalará día y hora para oir en indagatoria
al sindicado capturado en un término que no podrá exceder de los tres (3) días
siguientes al que le sea puesto a disposición.
Si son dos o más los
capturados, el término se ampliará a cinco (5) días; pero si son aprehendidos
fueren más de cinco se extenderá a diez (10) días. En uno y otro evento, el
Director Seccional de Orden Público podrá asignar varios Jueces para
recibirlas, o demandar del Director Seccional de Instrucción Criminal, o del
Nacional, la asignación de uno o varios Jueces de Instrucción Criminal para la
recepción de las indagatorias.
Cuando un hecho
punible de competencia de los Jueces de Orden Público se suceda en lugar
distinto de las sedes de las Direcciones Seccionales de Orden público, el Juez
de Instrucción Criminal, Promiscuo o Penal del lugar al cual la unidad de
investigación de orden público le entregue las diligencias, deberá avocar el
conocimiento e indagar a los sindicados, enviándolas inmediatamente a la
Dirección Seccional de Orden Público correspondiente.
La designación de
apoderado se hará conforme al Código de Procedimiento Penal y con él se actuará
hasta la terminación del proceso. Sin embargo, el procesado podrá cambiar de
apoderado en cualquier momento.
Artículo 7º.- El
artículo 33 del Decreto 2790 de 1990, subrogado por Decreto 099 de 1991,
quedará así:
Artículo 33.
Recibida la indagatoria, el Juez de Instrucción de Orden Público definirá la
situación jurídica dentro del término de diez (10) días, el cual se ampliará a
veinte (20) si fueren más de cinco (5) los aprehendidos, o si aquella hubiere
sido recibida por Juez de sede distinta a la de la Dirección Seccional, y en el
mismo auto determinará las pruebas que se deban practicar a fin de continuar
con la instrucción del sumario, para lo cual remitirá copia completa de la
actuación a la Unidad Investigativa de Orden Público que considere pertinente,
la que practicará las pruebas decretadas, así como las que estime
conducentes dentro del término que se le señale, el cual podrá ser prorrogado
por el Jueces sin formalidades de ninguna índole.
En cumplimiento de
su función de dirección, el Juez de Instrucción de Orden Público podrá
solicitar informes en cualquier momento sobre curso de la investigación, los
cuales le serán suministrados de inmediato so pena de incurrir quien los omita
en causal de mala conducta y, con base en ellos, tomará la medida que estime
procedente.
El cuaderno
original será conservado por la dirección Seccional de Orden Público y
adicionado cada vez que regrese de la Unidad Investigativa con las diligencias
o actuaciones, a fin de entregarlo al Juez debidamente actualizado en todos los
casos en que pase a su poder para estudio o decisión.
Artículo 8º.-
Créanse veinte (20) cargos de Jueces Supernumerarios de Orden Público, quienes
cumplirán sus funciones como Instructores o de Conocimiento, según lo determine
la Sala de Gobierno del Tribunal de Orden Público a petición del Subdirector
Nacional de Orden Público, y prestarán sus servicios en la sede que éste les
asigne, durante el tiempo que sea necesario.
Los Directores
Seccionales de Orden Público podrán limitar el número de procesos asignados a
algún Juez de Orden
Público cuando las circunstancias lo aconsejen, o conformar equipos de
investigadores, coordinados por alguno de los Jueces de la respectiva
sede, cuando la complejidad de alguna investigación lo requiera.
Cuando un Magistrado
o Juez de Orden Público sea designado de aquellos que prestan sus servicios
también en la jurisdicción ordinaria, dicha vinculación no afectará su
situación de carrera y los derechos que de ella se deriven. Para tal efecto se
le concederá comisión especial de servicio hasta por el resto del respectivo
período, susceptible de ser prorrogada en los períodos siguientes, si a ello
hubiere lugar.
Parágrafo 1º.
Quienes al momento de haber ingresado como funcionarios de Orden Público
estuviere vigente su inscripción en carrera, continuarán vinculados a ella sin
solución de continuidad, en el escalafón correspondiente a los literales a) y
b) del artículo 42 del Decreto 052 de 1987, respectivamente.
Parágrafo 2º. Los
cargos desempeñados como funcionarios de Orden Público habilitan para cumplir
los requisitos exigidos para desempeñar cargos en la Jurisdicción Ordinaria.
Parágrafo 3º. El
Gobierno queda facultado para hacer los traslados presupuestales necesarios
para el cumplimiento de esta norma y autorizar el nombramiento de los Jueces
creados por la misma.
Artículo 9º. Las
Unidades Investigativas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial también podrán
adelantar indagaciones preliminares cuando así lo disponga el Director
Seccional de Orden Público en los eventos de los delitos de competencia de
dicha jurisdicción.
Artículo 10. Para
efectos de las diligencias que tuvieren que practicar los Jueces y las Unidades
Investigativas de Orden Público, aún aquellas en que fuere necesario el
concurso de los procesados, podrán utilizarse los mecanismos tecnológicos que
se estimen necesarios para garantizar la protección y reserva de la
identidad de los intervinientes, de tal manera que se haga posible el
ejercicio del derecho a la defensa.
En estos casos el
Juez o Jefe de Unidad identificará los técnicos y funcionarios que deban
intervenir elaborando un
documento que conservará el respectivo Director Seccional de Orden Público, y
todos ellos estarán obligados a guardar la reserva de lo que conocieren por
razón de su oficio.
(Las partes
resaltadas y subrayadas son las demandadas y a ellas se contrae el fallo de la
Corte, según la remisión que se ordena  en la parte resolutiva de esta
providencia.)
bOnsérvesO
OO
III  LAS DEMANDAS
El resumen de las
demandas es tomado parcialmente del borrador inicial elaborado por el
Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero quien, junto con el Magistrado
Fabio Morón Díaz fue encargado de elaborar la ponencia.
1. El expediente Número  Nº D-061.
Los ciudadanos
EDUARDO UMAÑA MENDOZA, JORGE ELIECER MOLANO y LAURA ESPERANZA RANGEL,
presentaron su demanda ante la Corte Constitucional el día 22 de enero de 1.992
y en ella solicitan la declaratoria de inexequibilidad las partes transcritas y
subrayadas  de los artículos 3°, 4°, 5° y 6° del  Decreto 2271 de 1.991.
Las consideraciones
en las que fundamentan su petición, son las que se resumen enseguida:
Las disposiciones
acusadas consagran una serie de normas que restringen el ejercicio del Derecho
de Defensa (art. 29, inciso 3º), en aspectos como la imposibilidad de recusar
al juez, la facultad de deferir la vinculación del imputado, la prohibición de
expedir copias del expediente durante el sumario, la potestad de mantener en
secreto las pruebas, el "ocultamiento" de la identidad del juez y de
los intervinientes, el autorizar la firma de la versión libre y espontánea por
parte de un testigo, entre otras.
Para los actores el
artículo 3º del Decreto 2271 de 1.991, que se refiere al artículo 34 del
Decreto 2790 de 1.990 en su inciso primero, vulnera el Derecho de Defensa al
permitir que el juez pueda diferir la vinculación de un imputado, pues mediante
dicho proceder se imposibilita la controversia directa del material probatorio
que se ha recaudado antes de su vinculación al proceso. Es decir, "que la
investigación se adelanta a espaldas del procesado, negándose de plano esta
fundamental garantía procesal".
Citan como
argumentos en favor de sus consideraciones los salvamentos de voto suscritos
por los Magistrados Lafont Pianetta, Saavedra Rojas, Baquero Herrera, Valencia
Martínez y Calvete Rangel, en sentencia de abril 11 de 1991 de la H. Corte
Suprema de Justicia.
Acusan el artículo
4º del decreto 2271 de 1.991 que incorpora el artículo 1º del Decreto 099 de
1.991, que a su vez adiciona el artículo 26 del Decreto 2790 de 1.990, por la
supuesta violación del artículo 33 de la Carta Política, que garantiza que
nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes en
los términos de la misma Carta Fundamental.
En su opinión, la
ejecución de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, facilita la obtención
de una versión por medios que atentan contra la dignidad e integridad del
capturado; igualmente, la prohibición de expedir copias del expediente durante
el sumario, contenida en el artículo 4º del Decreto 2271 de 1.991, que
incorpora el Decreto 099 de 1.991 y éste a su vez modifica el artículo 37 del
decreto 2790 de 1.990, dificulta la defensa técnica del procesado en una etapa
que es decisiva dentro del proceso, puesto que es en ella en la cual se
recaudan las pruebas, en evidente violación al principio de igualdad ante la
ley.
En su concepto, el
artículo 39 del Decreto 2790, recogido en el mismo artículo 4º del Decreto 2271
de 1.991, atenta contra la igualdad de las partes ante la ley, pues a
diferencia lo que ocurre durante el  procedimiento ordinario, en éste se niega
la posibilidad de interponer recursos contra el auto que cierra la
investigación. Esta providencia, a pesar de ser de trámite, resulta ser
importante ya que concluye la etapa de investigación y por lo tanto, las partes
deben tener la posibilidad de impugnarla, por ejemplo, cuando no se haya
practicado la totalidad de las pruebas.
Para la demanda, el
Derecho de Defensa se ve conculcado, entre otras razones, por hacerse
obligatoria la práctica por escrito de pruebas eminentemente orales.
Sobre el tema de las
nulidades, regulado por el artículo 52 del Decreto 2790, afirman los actores
que como éstas se decidirán únicamente en la sentencia, se presenta un vacío
frente a las nulidades que podría interponer el defensor de oficio de la persona
ausente, vacío que rompe el principio de igualdad ante la ley y restringe el
derecho de defensa del procesado.
En el artículo 4º
del Decreto 2271 que recoge el artículo 1º del Decreto 099 de 1.991, y el
artículo 5º numeral 3º del 2790 de 1.990, se establece el grado jurisdiccional
de consulta en relación con las providencias absolutorias de primera instancia,
proferidas en los Juzgados de Orden Público, cuando no se interponga recurso de
apelación, lo cual atenta contra el Derecho de Defensa y la presunción de
inocencia (artículo 29 C.N.).
b. La publicidad del
proceso.
El artículo 3º del
Decreto 2271, que recoge el artículo 48 del Decreto 2790 de 1990; al igual que
en el artículo 4º del Decreto 2271 de 1991 que adopta el artículo 1º del
Decreto 099 de 1991, modificatorio de los artículos 22, 27 inciso 2º, 37 y 64
del Decreto 2790 de 1990, y en el mismo sentido el artículo 5º del Decreto
2271, que convierte en permanente el artículo 1º del Decreto 390 de 1991, que
modifica el artículo 9º del Decreto 2790 de 1990, permiten la existencia de
jueces y testigos secretos, la reserva de las decisiones o de alguna prueba en
concreto y, en consecuencia, vulneran el derecho a la defensa, el debido
proceso, el derecho a la contradicción y el carácter de publicidad del mismo.
Sobre el testigo
secreto sostienen que las normas que lo consagran, rompen con la estructura
lógica del derecho constitucional colombiano y del Derecho Internacional, en lo
que atañe al derecho de contradicción, y el "derecho a una defensa real".
Sostienen que la
Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, incorporados como legislación interna a través de la Ley
16 de 1972 y 74 de 1968 respectivamente, tienen carácter superior en el ordenamiento
jurídico colombiano.
Sostienen respecto
de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2790 de 1990, modificado por el
artículo 1º del Decreto 099 de 1991 y convertido en legislación permanente
mediante el Decreto 2771 de 1991, que permiten que "el juez podrá disponer
la reserva de las decisiones o de alguna prueba concreta hasta el auto de
cierre de la investigación" que se elimina la oportunidad de controversia
de las pruebas al impedir el conocimiento de éstas.
En relación con el
parágrafo del artículo 13 del Decreto 390 de 1990, convertido en legislación
permanente por el artículo 5º del Decreto 2271 de 1991, manifiestan que se
elimina el carácter público del proceso al disponerse que no habrá audiencia
pública en ningún caso ya que, la publicidad de los juicios es la
"garantía de su rectitud y de la justicia y de la libertad". Ademas,
sostienen que la oportunidad de ejercer el "derecho a controvertir"
desaparece con disposiciones como la citada, que restringen el término para
debatir o contradecir la prueba, mucho más cuando no se conoce quién juzga, ni
el por qué y sobre qué fundamentos fallará el juzgador; además, como se
consagra que el debate sobre el caudal del material probatorio, que sería la
manifestación del derecho de defensa, se circunscribe a una sola etapa del
proceso -el juicio-, la controversia  sólo será posible en un momento de este.
En su concepto, el
derecho de contradicción resulta violado por el artículo 4º del Decreto 2271 de
1991, que convierte en permanente el artículo 1º del Decreto 099 de 1991,
modificatorio del artículo 20 del Decreto 2790 de 1990, al disponer que la
controversia del material probatorio se adelante sólo durante la etapa del
juicio y al restringirse la posibilidad del debate del acervo probatorio
recaudado durante la fase sumarial, que resulta ser la "fundamental",
pues, de ella dependen las decisiones a que se llegue; así, se elimina la
posibilidad de "defensa" real,  se adelanta el proceso a espaldas de
la persona  y su presencia se transforma en una mera ritualidad.
Así mismo, el inciso
segundo viola el derecho de contradicción cuando se ordena que a la realización
o práctica de las pruebas por la Policía Judicial, sólo puede asistir el agente
del Ministerio Público correspondiente.
Sostienen que al
disponerse en el parágrafo 1º del artículo 18 del Decreto 2790 de 1990, que en
relación con hechos punibles señalados en el mismo, se integrarán Unidades
Investigativas de Orden Público con personal de los organismos de inteligencia
de las Fuerzas Militares, se configura una indebida extensión del fuero penal
militar y se desconoce el mandato de la Carta Política, que señala que los
jueces militares conocerán de los delitos cometidos por la Fuerza Pública al
servicio activo y en relación con el mismo servicio.
Además, advierten
que la intromisión de la Rama Ejecutiva a través de la Dirección de Orden
Público en las actividades de la Rama Judicial, se traduce en la pérdida de la
independencia y de la imparcialidad que debe inspirar a todo juez.
Afirman que el
artículo 3º del Decreto 2271 de 1991, que adopta como legislación permanente,
entre otros, los artículos 2º, 17, 40, 48, 81, 82, 83, 85 y 87 del Decreto 2790
de 1990 y faculta al Subdirector Nacional de Orden Público para que señale la
sede de los jueces de Orden Público, a pesar de que los mismos tienen
jurisdicción en todo el territorio nacional, restringe y modifica
administrativamente la competencia asignada mediante norma con fuerza de ley.
Además, consideran
que el artículo 40 faculta al Director Seccional de Orden Público, para que una
vez dictada resolución de acusación señale el juez que debe adelantar la etapa
del juicio, a través de una decisión que adicionalmente no tiene ningún
recurso; también, se establece esta forma de asignar procesos en los eventos en
que un juez de orden público se encuentre impedido. Así, las normas impugnadas
expresan unas formas inconstitucionales intromisión del ejecutivo en la rama
judicial, porque afectan las bases sobre las cuales se erige el Estado de Derecho;
además, advierten que el principio de autonomía e independencia de las ramas
del poder es  imperativo para el legislador tanto en períodos de normalidad
como en los de perturbación del Orden Público, según lo ordena el artículo 214
numeral 3º de la Constitución.
Manifiestan que el
Decreto 2271 de 1991 es "reiterativo" al ampliar el espectro de
acción de la Policía Judicial de Orden Público en el campo probatorio, según lo
dispuesto en su artículo 4º, que adoptó como legislación permanente algunas disposiciones
del Decreto 2790 de 1990, entre ellas los artículos 20, 24 literal e) y 39.
Igual acontece en el artículo 5º, que acogió el artículo 7º del Decreto 390 de
1991, referente al artículo 33 del ya citado Decreto 2790 de 1990 que señala
como facultades de la Policía Judicial, la de practicar no sólo las pruebas
decretadas por el Juez, sino las que estime convenientes; así  mismo, la  de
anexar  al expediente  las  que  considere oportunas.
En el mismo artículo
4º, al adoptar los artículos 23 y 24 literal a), se faculta a esos funcionarios
administrativos para iniciar de oficio las indagaciones preliminares, por lo
cual se posibilita la práctica de diligencias sin orden judicial; en
consecuencia, la apertura formal de la investigación queda supeditada al juicio
de los mismos; de otra parte, así se rompe la inmediación que debe existir
entre la Fiscalía General de la Nación y las entidades que realizan actividades
de Policía Judicial.
El Parágrafo del
artículo 1º del Decreto 099 de 1991 incluído en el actual artículo 4º del
Decreto 2271 de 1991, al consagrar que los jueces de orden público conocerán de
los hechos punibles a ellos atribuídos sin importar la época en que hayan sido
cometidos, viola el principio universal del derecho que consagra que las normas
sólo tendrán vigencia hacia el futuro a excepción de las que se refieran a la
favorabilidad del procesado en asunto criminal. Igualmente, el artículo 13 del
referido decreto, actual artículo 5º del 2271, es inconstitucional por las
mismas razones.
Además, señalan que
el parágrafo 1º del artículo 52 que se refiere a la variación de asignación del
Juez por el Director Seccional de Orden Público, constituye una vulneración al
principio de legalidad de la jurisdicción.
También manifiestan
que los artículos 58, 59 y 60 del Decreto 2790 de 1990, incluidos en el actual
artículo 3º del Decreto 2271 de 1991, establecen una serie de restricciones a
la libertad del procesado ya que limitan en la Jurisdicción de Orden Público
las medidas de aseguramiento a la detención preventiva, excluyendo otras
causales de libertad provisional y de suspensión de la detención,
contraviniendo así, el artículo 13 y el inciso 4º del artículo 29 de la
Constitución Nacional, además del numeral 5º del artículo 7º y numeral 2º del artículo
8º de la Convención Americana y el numeral 1º artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El desconocer para los delitos
de competencia de la Jurisdicción de Orden Público la posibilidad de aplicar
otras medidas de aseguramiento contraviene la función resocializadora que debe
caracterizar a los sistemas punitivos democráticos.
El artículo 65 del
Decreto 2790 de 1990, establece una causal de interrupción de la prescripción
de la acción penal para quien sea juzgado como reo ausente en delitos de
competencia de la Jurisdicción de Orden Público, sujeta al arbitrio del juez
como se deduce de la expresión "según el caso".
2. La demanda
número  D-087.
1. Los artículos 4º
y 6° del Decreto 2271 de 1991 que adoptaron como legislación permanente el
parágrafo del artículo 9° del Decreto legislativo 099 de 1991, y del Decreto
legislativo 1676 de 1991, son igualmente acusados por las mismas razones que en
la demanda que se acaba de resumir.
Fundamenta la
demanda la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política que
garantiza el principio del debido proceso legal puesto que viola claramente
este precepto constitucional cuando establece que la competencia de los jueces
de Orden Público se extiende, igualmente, para conocer de hechos punibles que
hubiesen sido cometidos con anterioridad a la fecha de creación de dicha
jurisdicción especial, y de conformidad con el procedimiento propio de ella.
Los artículos 4º y
6º del Decreto 2271 de 1991, en cuanto acogen como vigentes respectivamente,
los parágrafos de los artículos de los Decretos legislativos de los artículos
099 de 1991 y 1676 de 1991 que, sucesivamente, modificaron el parágrafo del
artículo 9º del Decreto legislativo 2790 de 1991, violan en su juicio la
garantía constitucional del debido proceso legal en su doble manifestación de:
a) preexistencia necesaria de la ley que defina el hecho punible, y la forma de
su juzgamiento; y b) la observancia de la plenitud de las formas de juzgamiento
establecidas, para un hecho punible determinado, por una ley preexistente o
anterior a su comisión.
3. Demanda
número  D-126.
Igualmente los
ciudadanos Patricia Estella Puerta González, Claudia Patricia Restrepo López y
Luis Alberto Vergara Ariza presentaron demanda solicitando la declaratoria de
inexequibilidad del parágrafo del artículo 9º del Decreto legislativo 2790 de
1990, modificado por el artículo 3º del Decreto Legislativo 1676 de 1991, que
fue adoptado como legislación permanente mediante Decreto 2271 de 1991 en su
artículo 6º, atribución que le confería el artículo 8º transitorio de la
Constitución.
Sostienen al
respecto que la norma en cuestión, al plantear la competencia judicial para
conocer de delitos cometidos con anterioridad a su definición como tales,
implica el ejercicio arbitrario y desmesurado de la persecución punitiva que le
atañe al Estado, y por ende, el sacrificio del principio de la legalidad.
El principio de
legalidad, recogido por la Constitución Nacional, que rige toda la estructura
de nuestro ordenamiento penal y que tiene como fundamento el control de la
intervención del Estado, con miras a lograr el respeto de las garantías
fundamentales y la seguridad jurídica, significa que a nadie se puede imputar,
procesar o condenar por un hecho si su comportamiento no ha sido previsto con
anterioridad como punible (delito o contravención); no se puede imponer pena o
medida de seguridad si no reúne la misma exigencia, y tampoco se puede someter
a un proceso que no esté perfectamente determinado con antelación a la realización
del hecho.
Los artículos 28 y
29 de la Carta Fundamental exhiben una formulación integral del principio, al
prescribir en primer término que toda intervención punitiva del Estado deberá
ajustarse a leyes preexistentes. En segundo lugar y en particular, el artículo
29, establece que en materia penal, la ley permisiva o favorable aún cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
IV  INTERVENCIONES CIUDADANAS
Durante el término
de fijación en lista, se presentaron los siguientes escritos, en relación con
la Demanda D-061:
1°) De coadyuvancia
a la demanda, presentado por el ciudadano Bernardo González, quien se refiere a
la inconstitucionalidad del artículo 3º del Decreto-Ley 2271 de 1991, y
fundamenta el cargo en la violación del artículo 228 de la Constitución que
establece el funcionamiento autónomo de la administración de justicia y en el
artículo 133 de la Constitución como desarrollo del conocido principio de la
separación de poderes.
2°) De coadyuvancia
a la demanda, presentado por la ciudadana María Fernanda Morales Carrillo,
quien considera que con posterioridad a la presentación de la demanda de la
referencia (D-061) las diversas salas de selección de tutela de la Corte
Constitucional admiten las normas internacionales ratificadas por Colombia
sobre derechos, como normas con validez en el derecho interno colombiano;
igualmente considera que el artículo 29 de la Constitución es norma fundamental
que no admite la existencia de varios tipos de procedimientos pues se viola el
principio de igualdad ante la ley.
3°) Escrito de
impugnación de las demandas presentado por Luis Enrique Cuervo Pontón,
apoderado del Ministerio de Justicia.
Considera que
corresponde a la Corte Constitucional decidir acerca de la procedencia de su
pronunciamiento; en efecto, varios aspectos relacionados con las normas
atacadas le permiten afirmar que la Corte Constitucional, debe declararse
inhibida para emitir pronunciamiento alguno en el presente caso, por sustracción
de materia.
Considera que las
normas demandadas desaparecieron del ordenamiento jurídico colombiano el pasado
1º de julio a raíz de la entrada en vigencia del Decreto 2700 de 1991, nuevo
Código de Procedimiento Penal, y la Corte Constitucional fallará sobre normas
impugnadas que se encuentran derogadas.
Sostiene que el
Decreto 2271 de 1.991 se limitó a resolver un problema de vacío jurídico, o
ausencia de norma aplicable, que se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8º de las disposiciones transitorias de la Constitución Política. Los
Decretos 2790 de 1990, 099 de 1991 y 390 de 1991 fueron expedidos en ejercicio
de las facultades extraordinarias que el artículo 121 de la Constitución
anterior le otorgaba al Presidente de la República. Es bien sabido que la
legislación expedida en uso de tales atribuciones no derogaba la legislación
preexistente y sólo las suspendía. Levantado el Estado de Sitio, los Decretos
expedidos durante su vigencia y en ejercicio de facultades extraordinarias
perdían validez. Por eso se explica el artículo 8º transitorio de la Carta,
norma que prorrogaba por 90 días la vigencia de dichos decretos y permitía al
Gobierno convertirlos en legislación permanente previa la aprobación de la
Comisión Especial Legislativa. En todo caso, es claro que los decretos
comentados fueron expedidos como legislación de emergencia que por su misma
naturaleza debía tener una vigencia temporal. El artículo 1º del mismo Decreto
2790 de 1990 comprueba la característica de vigencia temporal cuando prescribe:
"Mientras subsista turbado el Orden Público y en Estado de Sitio todo el
territorio nacional...".
4. Recusación a los
Magistrados de la Corte Constitucional.
El Sr. Jorge Eliécer
Molano Rodríguez, presentó escrito de recusación contra los Magistrados Simón
Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffensteín y Fabio Morón Díaz, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 del decreto 2067 de 1.991 y se
fundamenta en el hecho de que los Decretos 2790 de 1.990, 099 y 390 de 1.991,
fueron examinados en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia en
oportunidad antecedente y los citados Magistrados formaban en aquella
oportunidad, parte de la Corporación.
Los restantes
Magistrados de la Corte Constitucional mediante providencia de julio 13 de
1.992 consideraron que el haber juzgado la constitucionalidad de los Decretos
mencionados, ante la Constitución anterior y haber pronunciado el fallo
correspondiente a la Corte Suprema de Justicia dentro de las reglas
anteriormente vigentes, no constituye causal ninguna de impedimento o
recusación, pues, el juicio que debe verificar la Corte Constitucional se hace
frente a una nueva Constitución y sobre normas que formal y materialmente son
distintas a las señaladas por los demandantes.
V  EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Aceptados los
impedimentos que en su oportunidad expresó el Procurador General de la Nación,
la señora Viceprocuradora General rindió en término el concepto de su
competencia.  Inicia su exposición refiriéndose a los principios
constitucionales y a los derechos fundamentales cuya "positivización
tienen la ventaja de vincular a todo el sistema normativo, condicionando su
interpretación y desarrollo y, simultáneamente, obligan a todas las autoridades
sin distinción alguna en la ejecución de sus poderes, deberes y
responsabilidades inherentes". Destaca, con miras a la dilucidación del
asunto planteado, la existencia de derechos y de garantías tales como la
igualdad de todas las personas, y las diversas garantías judiciales que, en su
opinión, han de entenderse de acuerdo con "las previsiones preexistentes
en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por
Colombia". Normatividad que es vinculante "no sólo respecto de las
decisiones judiciales sino también en  materia  político-legislativa";
cita al respecto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana de Derechos Humanos, señalando precisos apartes de su
contenido que comprometen a los estados.
Analiza las
disposiciones constitucionales transitorias, e indica que en desarrollo de las
habilitaciones extraordinarias conferidas al gobierno, se encuentra la de la
incorporación como legislación permanente del Estatuto de Defensa de la
Justicia, la expedición del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General y
finalmente el Decreto 2700 de 1991 o nuevo Código de Procedimiento Penal. Sobre
esta base, y partiendo del principio de separación de los poderes públicos,
concebido para impedir la concentración de los mismos, pasa a examinar la estructura
constitucional de la administración de justicia. Sostiene al respecto que la
estructura constitucional básica "y el establecimiento expreso y directo
de las excepciones, no reconoce ni permite admitir que pueda, después de
expirado el plazo de adaptación del sistema jurídico penal o de tránsito, la
subsistencia o  incorporación analógica de la jurisdicción especial de orden
público", porque dicha jurisdicción fue diseñada como "especial y
paralela" a la ordinaria y tenía como base de operación un apoyo técnico,
logístico, administrativo y financiero "cuyo origen y naturaleza no era
puramente judicial "dada la interferencia del ejecutivo; además en su
momento se justificaba en atención a la gravedad de los hechos,  pero "por
su origen, naturaleza y concepción, su proyección en el tiempo sólo podría ser
transitoria",  en fin,  "porque la Constitución Política vigente
expresamente señala cuáles son las jurisdicciones especiales, y por ende
prohibe deferir la jurisdicción a otros órganos, como fue la jurisdicción de
orden público que indiscutiblemente dejó de tener existencia jurídica al entrar
en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal y en funcionamiento la
Fiscalía General de la Nación...".
Luego de enunciar
algunas funciones de la Fiscalía General de la Nación, puntualiza la señor
Viceprocuradora que la Asamblea Nacional Constitucional estableció dos
importantes previsiones, a saber:  Que aún durante los estados de excepción
(artículos 212 y 213) el Gobierno no podrá suprimir ni modificar los organismos
ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento (art. 252). Y que se
defiere a la ley la determinación de la estructura y funcionamiento de la
Fiscalía General, el ingreso a la carrera y el retiro del servicio, así como lo
atinente a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades,
remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios
y empleados de su dependencia (art. 253), de modo que "tanto la función de
acusación como la de juzgamiento sólo pueden ser desarrolladas por los
organismos y funcionarios judiciales habilitados por la Constitución y la
ley" y, en virtud de la entrada en vigencia de la Carta y del nuevo Código
de Procedimiento Penal y del comienzo del cumplimiento de sus funciones por la
Fiscalía General, "fenece aquella jurisdicción y sus organismos
administrativos y operativos citados, para dar paso de una parte al nuevo
órgano requirente constituído por la Fiscalía General y, de otra a los Juzgados
Regionales y Tribunal Nacional".
Sostiene la señora
Viceprocuradora General que la denominada legislación permanente,
particularmente el Decreto 2271 del 4 de octubre de 1991 fue derogada por el
Decreto 2700 de 1991, con  fundamento en las siguientes razones:
"El nuevo
Código de Procedimiento Penal derogó expresamente el anterior, sus normas
complementarias y todas las disposiciones que le sean contrarias";  así se
desprende de la lectura de los artículos 2o. 5o. y 7o transitorios del nuevo
estatuto procesal penal y también de sus artículos 71 y 69 que prevén las
reglas de la competencia asignada a los jueces regionales, entendiéndose que la
segunda instancia se surte ante el Tribunal Nacional.  La derogación de las
leyes puede ser expresa  o tácita y en este orden de ideas "siendo que en materia
penal, consagrando expresamente normas  que se refieren a los trámites y
situaciones procesales que se habían  de observar ante la extinta jurisdicción
de Orden Público, recogida durante el tránsito del ajuste institucional
judicial por disposición posterior a ella la derogó, quedando a salvo
exclusivamente todo aquello que no pugne con las disposiciones de la nueva
ley".  A lo anterior se agrega que el artículo 5o. transitorio ordenó la
integración de la jurisdicción de orden público a la ordinaria, regulando
exclusivamente la competencia, pues, el procedimiento se encuentra señalado en
el Código de Procedimiento Penal sin que el alcance de esta norma pueda
extenderse dado que en materia procesal la interpretación debe ser restringida
y la competencia deber ser expresa, concreta y limitada por el legislador.  De
otra parte, el Tribunal Nacional y los Jueces Regionales perderán su
competencia una vez vencido el período previsto en el artículo 2o. transitorio
del C. de P.P., momento en el cual "no habrá quienes apliquen esas normas
pues a partir de allí la competencia será asignada a jueces del circuito o a
los que designe la ley"; además la expresión "legislación
permanente" que aparece en el nuevo Código no puede interpretarse en el sentido
de que encuentre "paralelamente vigente" y no puede entenderse
"como sinónimo de aplicación indefinida de la legislación especial de
orden público, sino como una expresión coyuntural."
Estima la señora
Viceprocuradora General que la legislación permanente también fue expresamente
derogada por el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y por el
correspondiente  al Consejo Superior de la Judicatura, algunas de cuyas normas
comenta en punto a demostrar su aserto; finalmente consigna su criterio en el
sentido de que "El Código de Procedimiento Penal es la única legislación
aplicable para la tramitación de los asuntos de competencia de la Fiscalía
General de la Nación y de los jueces...no sólo por expresa y directa previsión
sino por el desarrollo contextual de las atribuciones de investigación,
calificación y acusación y de juzgamiento asignadas a ellos, en particular los
deferidos a los  Fiscales Regionales y Tribunal Nacional...".
La señora
Viceprocuradora General señala que ni el nuevo ordenamiento procesal penal, ni
los estatutos a los que se ha aludido podían prever, sin contrariar la
Constitución, "la coexistencia de régimenes procesales para la tramitación
y sustanciación de los asuntos de competencia de los fiscales y jueces
regionales, pues la estructura del proceso penal en sus etapas de investigación
y juzgamiento contiene una regulación completa y expresamente omnicomprensiva
de la normatividad que única y exclusivamente pueden y deben aplicar los
Fiscales Regionales y los Jueces Regionales, como integrantes de la justicia
ordinaria y ante la proscripción de jurisdicciones especiales distintas a las
autoridades explícitamente consagradas por la Constituyente".  El artículo
5o. transitorio del C. de P.P. ordenó la integración de la antigua jurisdicción
de orden público a la ordinaria, e integrar "significa unir entidades
separadas en un todo coherente, en donde la entidad que se integra pierde su
naturaleza, funciones y nominación y obviamente su autonomía, aspectos que los
asume o adquiere el nuevo órgano".  No cabe entonces por vía de
interpretación auténtica o analógica integrar al ordenamiento un conjunto de
normas que han sido retiradas del mismo, y aún suponiendo una tal
interpretación, no pueden entenderse incorporadas las funciones de la anterior
jurisdicción de orden público a los nuevos organismos de la Fiscalía General de
la Nación, puesto que "no existe previsión alguna que permita o autorice
asimilar los cargos y sus funciones a los creados...rompería el principio de
legalidad y la determinación de las funciones de cada cargo de este nuevo
organismo de investigación y acusación, el pretender establecer equivalencias
entre los cargos suprimidos y los nuevos, porque la ley no lo prevé y no es
dable en esta materia hacer esa clase de hermenéuticas".
Seguidamente la
señora Viceprocuradora indica que en razón de la declaratoria del Estado de
Conmoción Interior mediante Decreto 1155 de 1992, el Gobierno Nacional adoptó
medidas otorgando vigencia "al ordenamiento derogado del Decreto 2271 de
1991 y defiere parcialmente la vigencia del Estatuto Procesal Penal";
situación frente a la cual, y en el hipotético caso de que la Corte
Constitucional encuentre exequibles los decretos citados, cabrían tres
precisiones, así:
-   Si la Corte
admite la vigencia del decreto parcialmente  demandado, de conformidad con las
consideraciones precedentes, la mayor parte de sus disposiciones efectivamente
estarían derogadas;  en el concepto se señalan tales disposiciones.
-  Partiendo del
supuesto de que la Corte admita la vigencia del decreto parcialmente demandado,
no se opondrían a la Carta las normas que la señora Viceprocuradora incluye en
esta parte de su concepto, las que, por ende deberían ser declaradas
exequibles.
-  Dependiendo de la
decisión de exequibilidad sobre los Decretos de Conmoción Interior, podrían
estar vigentes algunas normas, pero resultarían inconstitucionales en cuanto
violatorias del derecho de defensa y del debido proceso; así, el artículo 17
del Decreto 2790 de 1990 al otorgarle al Ministro de Justicia la facultad de
variar oficiosamente la radicación del proceso, desconoce los derechos de los
sujetos procesales y afectaría precisas competencias tanto del Fiscal General
como del Consejo Superior de la Judicatura; el artículo 34 al diferir para la
etapa del juicio la controversia del material probatorio, suprime el ejercicio
del derecho de defensa; razón por la cual también resulta inconstitucional el
artículo 2o. del Decreto 099 de 1991; el artículo 52 del Decreto 099 de 1991 al
establecer que las solicitudes de nulidad por causa que se presente durante el
juicio y toda otra solicitud excepto la de pruebas o la de libertad del
procesado, serán decididas en la sentencia, desconoce que las nulidades son
mecanismos para reclamar y hacer variables los derechos fundamentales
judiciales; el testimonio secreto (artículo 22 del Decreto 099 de 1991)  atenta
contra el derecho  de defensa e impide a la parte acusada y al funcionario
judicial valorar las condiciones del testigo; igualmente atenta contra ese
derecho  permitir a los testigos o peritos que intervengan en el trámite
señalado en el artículo 27 del Decreto 099 de 1991 y solicitar las garantías de
reserva y seguridad consagradas en el artículo 22; el inciso 3o. del artículo
37 del  Decreto 099 de 1991 vulnera el derecho de defensa al autorizar  al juez
para que disponga la reserva de las decisiones o de alguna prueba concreta
hasta el cierre de la investigación; la reserva de la identidad del juzgador se
opone al derecho de defensa, pues limita la posibilidad de un proceso imparcial
y objetivo en cuanto prácticamente elimina el impedimento y la recusación; en
ese sentido resulta inconstitucional el artículo 50 del Decreto 099 de 1991.
La señora
Viceprocuradora, con base en las consideraciones que se han resumido, solicita
a la H. Corte Constitucional que se declare inhibida para proferir fallo de
mérito, o que en caso de encontrar exequible el Decreto 1156 de 1992, se
declare inhibida para conocer de la demanda de casi todas las normas acusadas,
por haber operado la derogatoria; que declare la exequibilidad de los artículos
del Decreto 2271 de 1991 que no se oponen a la Carta, de acuerdo con el
análisis efectuado y declare la inconstitucionalidad de los artículos del
Decreto 2271 de 1991 que según el estudio presentado resultan contrarios a la
Carta.
VI   INTERVENCION DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA
El Doctor Andrés
González Díaz, en su calidad de Ministro de Justicia y asumiendo la
representación del Ministerio a su cargo, "en sustitución de los
apoderados especiales que han venido actuando en su nombre", el doce (12)
de agosto de 1991 presentó personalmente un escrito en el que solicita a la
Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones del
Decreto 2271 de 1991 que han sido acusadas por los accionantes mediante las
demandas cuya acumulación se ordenó; además, solicita a la Corte considerar su
escrito "como la postura oficial del Gobierno a través del Ministerio de
Justicia, argumentación que sustituye las consideraciones presentadas".
Afirma la plena
vigencia del "Decreto Extraordinario 2271 de 1991 y, por ende, de todas
las disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades inherentes a la
antigua figura del Estado de Sitio que por virtud suya se elevaron a categoría
de legislación permanente", aseveración que, en su sentir, encuentra
fundamento en el ejercicio de la facultad extraordinaria que la Nueva constitución
Política en sus artículos 8 y 10 transitorios le confirió al Gobierno Nacional,
motivo por el cual tales disposiciones rigen de manera general y obligatoria en
todo el territorio nacional", no siendo dado desconocerles "el grado
de validez que les corresponde en el marco de la normatividad jurídica
interna" sin poner "en entredicho el alcance que la misma
Constitución les asigna en virtud de los artículos 8 y 10 transitorios".
Observa que el
anterior criterio fue expuesto también por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en providencia del 22 de julio de 1992, en el que se
puntualizó sobre la vigencia del Decreto 2271 de 1991 por contener normas
especiales.
De acuerdo con lo
anterior, la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Penal, que reguló
sistemáticamente las actuaciones procesales ordinarias, no implica que "se
haya producido ipso iure la derogatoria de las normas especiales
precedentes cuya permanencia tiene origen en la propia voluntad de la Asamblea
Nacional Constituyente "que prorrogó la vigencia de dichas normas durante
90 días y autorizó la posibilidad de erigirlas en legislación permanente previa
no improbación de la Comisión Especial Legislativa, pues, "No tendría
sentido que una misma voluntad constituyente hubiese otorgado al Gobierno
Nacional, facultades extraordinarias para la expedición de unas nuevas normas
de procedimiento penal (Artículo 5° transitorio, literal a) y, al propio
tiempo, para dar carácter permanente a normas como las previstas en el Decreto
2271, si el resultado final habría de ser per se excluyente y
derogatorio".
En este orden  de
ideas, en su opinión, el Decreto 2271 "forma parte de un estatuto especial
y de aplicación prevalente" siendo aplicable el Código de Procedimiento
Penal en materia de los delitos de orden público, siempre que "no hubiere
norma prevista para el caso en la legislación especial, tal como se dispone en
el artículo 100 del Decreto 2790 de 1990..."; tanto el Decreto 2700 de
1991, como el 2271 del mismo año "por estar ubicados en un ámbito de
regulación distinto, por referirse a dos planos de aplicación diferentes,
tienen una vigencia simultánea, no opuesta entre sí", Es que el último
decreto mencionado responde a precisas necesidades del país ante la ausencia de
especiales mecanismos "para asegurar la persecución de las organizaciones
criminales y, al propio tiempo, ante la necesidad de amparar la integridad de
los servidores de la justicia".
Manifiesta el señor
Ministro que mientras sigan subsistiendo las causas que estuvieron al origen de
esta situación de emergencia "continúa teniendo justificación la
aplicación de normas excepcionales cuya vigencia es tan evidente 'que se les
fijó una temporalidad' (artículo 2 transitorio del C. de P. P.)".
Sobre la
"naturaleza de las disposiciones demandadas" y el alcance de la
impugnación, considera que el Decreto 2271 de 1991 es un acto con fuerza de ley
que "por sí mismo no establece ordenes, mandatos o prescripciones
generales en el sentido de las leyes materiales ordinarias" constituyendo
"el instrumento necesario para formalizar el ejercicio de una atribución
especial. Destaca que el Gobierno Nacional tuvo el particular cuidado de
incorporar en él "las normas vigentes sobre las cuales se dió una decisión
de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, así como otras
que tienen sustento en la jurisprudencia constitucional", conformando por
lo mismo, "un estatuto organizado y sistemático que se refiere en todas
sus partes a la misma materia: los mecanismos de protección necesarios para
garantizar la administración de justicia en el ramo penal, en relación con
conductas punibles de alta peligrosidad y específicamente tipificadas".
La parte más extensa
del memorial está dedicada a la exposición de las "razones que justifican
la constitucionalidad de las normas impugnadas"; en su opinión, éstas
integran "un estatuto especial caracterizado por la previsión de unas
instituciones judiciales mucho más vigorosas y eficaces para la difícil tarea
que significa la investigación y juzgamiento de modalidades criminales
particularmente peligrosas y complejas", de modo que en las normas
cuestionadas subyace una decisión de política criminal del Estado Colombiano
que "sólo al legislador le es dado valorar" como en su oportunidad lo
sostuvo la H. Corte Suprema de Justicia; todo lo anterior en procura de la
preservación de bienes jurídicos como la vida, la seguridad ciudadana, la
tranquilidad y salubridad públicas y la economía nacional, amenazados por la
delincuencia organizada, requiriendo por tal razón "un mayor grado de
protección", para "alcanzar un equilibrio razonable entre la eficacia
de la capacidad sancionatoria del Estado y los derechos y garantías
fundamentales de quienes directa o indirectamente deban tomar parte en el desarrollo
de un proceso penal, incluidos los servidores públicos a cuyo cargo se
encuentra", pues "con el Estatuto para la Defensa de la Justicia
Colombia quiere reivindicar la majestad de la justicia en la persona de quienes
le sirven con fervor y denuedo".
Analiza los cargos
formulados contra las disposiciones acusadas y advierte que el de la presunta
administrativización del proceso penal, comprende el mayor número de normas
demandadas "por lo cual se responde en primer término señalando que no
existe la pretendida intromisión de la Rama Ejecutiva en las actividades de la
Rama Jurisdiccional", pues "el presente cargo carece ya de toda
justificación a la luz de la Constitución Política de 1991 y de las normas
legales vigentes que han desarrollado las nuevas instituciones
judiciales". En efecto, de la lectura del inciso quinto del artículo 27
transitorio de la Carta, de los artículos 64 y 2 transitorio del Decreto 2699
de 1991, orgánico de la Fiscalía General de la Nación, así como del artículo 7
transitorio del Nuevo Código de Procedimiento Penal, se desprende que "la
Dirección Nacional de Instrucción Criminal, la Subdirección de Orden Público y
sus respectivas seccionales, en cuanto se han integrado formalmente a la
Fiscalía General de la Nación por ministerio de la Constitución y de la ley, se
convirtieron en organismos propios de la Rama Judicial, en verdaderas
autoridades judiciales", lo que armoniza con lo preceptuado en los
artículos 116 inciso 1 y 249 inciso 2 de la Carta. El Decreto extraordinario
2699 de 1991 ha previsto para la organización interna de la Fiscalía General de
la Nación, la creación de "dependencias que han venido a subsumir a la
Dirección Nacional de Instrucción Criminal y a la Subdirección de Orden Público
en las atribuciones y las facultades que el Estatuto para la defensa de la
Justicia les confería a las últimas; así, pues, el Capítulo IV del referido
decreto creó la Dirección Nacional de Fiscalías y la Dirección Regional de
Fiscalías, así como las correspondientes direcciones seccionales, para el
cumplimiento de funciones administrativas y judiciales de apoyo a las Unidades
de Fiscalía que les están adscritas, esto es, de aquellas que actúan ante la
Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional y los Jueces Regionales",
aclarándose que el ejercicio de tales funciones corresponde a "autoridades
eminentemente judiciales".
Contiene el memorial
un análisis pormenorizado de las normas acusadas, orientado a rebatir los
argumentos de los demandantes y a fundamentar su constitucionalidad, la que en
su opinión es posible predicar partiendo de la base de la no violación del
derecho de defensa ni del debido proceso, ni del principio de igualdad, ni de
ninguna de las otras garantías constitucionales tales como el principio de
publicidad, el derecho de contradicción, la legalidad de la jurisdicción, los
principios de favorabilidad, irretroactividad de la ley penal, reserva,
presunción de inocencia, etc.
Respecto de la
solicitud adicional contenida en la demanda No. 061 en el sentido de obtener un
pronunciamiento por vía general sobre el efecto derogatorio que pudo haber
causado la entrada en vigencia del decreto 2652 de 1991 contentivo de las
medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la
Judicatura, estima el señor Ministro, que las dichas medidas "no tienen
virtualidad derogatoria ninguna". En punto a la obligatoriedad de los
tratados, convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos,
invocados por los accionantes, reitera el Ministro de Justicia el convencimiento
que asiste al Gobierno Nacional sobre su obligatoriedad y sobre el carácter
vinculante para el Estado colombiano y agrega que "el Gobierno considera
que la juridicidad de las disposiciones examinadas puede sostenerse
categóricamente a la luz de los postulados de la Constitución Política y que
entendidas en el contexto de las razones aquí expuestas, no vulneran los
mandatos del derecho internacional."
VII.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera.-   La
competencia y los especiales requisitos de forma
De conformidad con
lo dispuesto por el Artículo Transitorio 10 de la Constitución Política,
corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de los
decretos que haya expedido el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades
extraordinarias otorgadas en los artículos transitorios 5o. , 6o. y 8o. de la
misma codificación constitucional.
En atención a que las
disposiciones constitucionales transitorias que se invocan como fundamento para
la expedición de las normas acusadas no establecen distinción alguna sobre el
tipo y la clase de control de constitucionalidad en esta especial materia del
ejercicio de las facultades extraordinarias de origen constituyente, dicho
control se debe verificar ante esta Corporación judicial de modo integral, es
decir, tanto por el fondo o por el contenido, como por la forma que debe
revestir su expedición ante la nueva Carta Constitucional. Adviértase que la
Carta Constitucional de 1991, no obstante convalidar transitoriamente hasta por
el término de noventa (90) días la vigencia de las disposiciones que se habían
expedido a la luz de la anterior normatividad superior en una modalidad expresa
de dispensa transitoria de constitucionalidad, y que podían durante dicho
término ser incorporadas como legislación permanente, exige su examen tanto por
los especiales aspectos de forma que se advierten,  como  por los aspectos de
fondo que aparecen en el nuevo texto constitucional.
Obviamente, el
examen de los aspectos de forma de las disposiciones acusadas se verifica en
esta Corporación frente a los especiales requisitos que para el ejercicio de
las mencionadas facultades estableció el mismo Constituyente y no frente a los
ordinarios y generales que también contempla la Carta para el caso de las
facultades extraordinarias conferidas por el legislador a la luz de lo
dispuesto por el artículo 150 de aquella.
En este sentido se
tiene que las normas acusadas forman parte del Decreto 2271 de 1991, que a su
vez corresponde  al ejercicio de las facultades otorgadas de manera especial
por el Artículo 8o. Transitorio de la nueva Carta Fundamental mediante el cual
el Gobierno estuvo habilitado para convertir en legislación permanente mediante
decreto, los actos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio
previstas en el artículo 121 de la anterior Constitución Política hasta la
fecha de promulgación del Acto Constituyente.
En efecto, el
artículo 8° transitorio de la Constitución Política dispuso:
Los decretos
expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de
promulgación del presente Acto Constituyente continuarán rigiendo por un plazo
máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Nacional podrá
convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la
Comisión Especial no los imprueba (Subrayas de la Corte).
La "Comisión
Especial" prevista por el artículo transitorio 8° de la Constitución
Política de 1991 fue creada por el artículo transitorio 6° de la misma Carta
Fundamental, en los siguientes términos:
"Créase una
Comisión Especial de treinta y seis miembros elegidos por cuociente electoral
por la Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de los cuales podrán ser
Delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y
entre el 18 de noviembre de 1991 y el de la instalación del nuevo Congreso. La
elección se realizará en sesión convocada para este efecto el 4 de julio de
1991.
"Esta Comisión
Especial tendrá las siguientes atribuciones:
"a) Improbar
por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de decreto
que prepare el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias
concedidas al Presidente de la República por el artículo anterior y en otras
disposiciones del presente Acto Constituyente, excepto los de nombramientos.
"Los artículos
improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno.
"b) Preparar
los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la
Constitución. La Comisión Especial podrá presentar dichos proyectos para que
sean debatidos y aprobados por el Congreso de la República.
"c) Reglamentar
su funcionamiento.
Como se observa, el
control  de la constitucionalidad de los decretos que expidió el Gobierno
Nacional en desarrollo de las atribuciones especiales que le fueron conferidas
por el artículo transitorio 8 de la Constitución Política de 1991, fue confiado
por ésta, a la Corte Constitucional bajo el tramite procesal de carácter
judicial que debe dársele a los restantes decretos de facultades
extraordinarias; es así como el artículo transitorio 10 de la Carta estableció:
Los decretos que
expida el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en los anteriores
Artículos tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad
corresponderá a la Corte Constitucional.
Por su parte, el
artículo 241 de la Carta, entrega  a la Corte Constitucional las expresas y
precisas competencias para adelantar la guarda de la supremacía y de la
integridad de la Constitución, las que naturalmente comprenden el examen de
disposiciones como las acusadas en las demandas que se resuelven.
Conforme a las
anteriores normas se advierte que esta Corporación es competente para conocer
del decreto 2271 de 1991, dictado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las
facultades excepcionales otorgadas por el artículo 8° transitorio de la Carta,
y no improbado por la Comisión Especial Legislativa.
Igualmente, de los
documentos que aparecen en el expediente, se tiene que el texto de las
disposiciones que son acusadas forma parte de los decretos que habían sido
expedidos por el Gobierno Nacional bajo el régimen del Estado de Sitio y que no
fueron improbados por la Asamblea Nacional Legislativa; por tanto, por este
aspecto no se encuentra vicio de constitucionalidad y así habrá de declararlo
la Corte Constitucional.
Segunda.-  El
Examen de las disposiciones acusadas.
A)Consideraciones
Preliminares
-Para adelantar el
examen de la constitucionalidad del conjunto de disposiciones jurídicas que
hacen parte de las demandas que se atienden en esta oportunidad por la
Corporación, es necesario advertir que se trata del Decreto 2271 de 1991
expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las mencionadas facultades
extraordinarias conferidas por el Constituyente para revestir de carácter
permanente a las normas expedidas al amparo de la Constitución de 1886 dentro
de la figura del anterior Estado de Sitio para garantizar la eficacia de la
Administración de Justicia en el ámbito penal, y para rodear al personal de sus
servidores de especiales garantías ante la escalada de la delincuencia
organizada del narcotráfico y del terrorismo.
Se trata de la una
expresión normativa compleja en la que están presentes tanto la voluntad del
Gobierno Nacional, como la de la Asamblea Nacional Constituyente y la Comisión
Especial Legislativa, fundada en la idea de rodear de garantías y seguridades a
los jueces, funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público,
para hacer efectivas sus actuaciones y sus decisiones.  Dicha expresión
política de los poderes públicos se funda también en la necesidad de fortalecer
la acción de los organismos judiciales en las labores de investigación,
acusación y juzgamiento en un ámbito especial de las modalidades criminales
contemporáneas en las que están de por medio grandes poderes de organización y
financiación, y que por las acciones realizadas de manera sistemática denotan
propósitos concientes de ataques a la vida y a la integridad de los
funcionarios judiciales y de sus familias; por lo mismo, se trata de proteger
también a los testigos y colaboradores eficaces de la administración de
justicia y a los miembros de la fuerza pública que participan en el ejercicio
de funciones de Policía Judicial.
Basta examinar los
antecedentes y las persistentes situaciones de amenaza, atentados y crímenes
para percibir con claridad que se trata  de una grave condición de presión que
debe ser atendida con medidas especiales que respondan a ella.  Es necesario
advertir en primer término que las normas a las que pertenecen las
disposiciones acusadas tienen como propósito final el de permitir a los
funcionarios judiciales condiciones de protección y de agilidad suficientes y
necesarias para el cabal cumplimiento de las tareas que le encomienda la
Constitución a todos los órganos del Estado en general y a la Rama Judicial en
particular, la que en condiciones ordinarias no ha sido suficientemente
efectiva para contrarrestar los ataques al orden jurídico, a la paz pública y a
la convivencia ciudadana.
Los sucesos que ha
conocido el país, los magnicidios y los atentados terroristas están en la base
de la mencionada reflexión del Constituyente y han conducido a elaborar, dentro
de la estructura normativa de la Constitución, soluciones jurídicas de carácter
orgánico y procedimental especial como las que se examinan.
Estos asertos fueron
recogidos de manera expresa por la Comisión Especial Legislativa y por el
Gobierno Nacional bajo el entendido de que no obstante su carácter de
emergencia debían mantenerse dentro del nuevo marco organizativo y funcional de
la Carta, puesto que las condiciones que rodean el funcionamiento de la Rama
Judicial en el mencionado ámbito especial de la legislación penal contra el
crimen organizado y el terrorismo, se mantenían y continuaban en su
persistente acción.
-Las normas
convertidas en legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991 y ahora
algunas de ellas acusadas en las demandas que se examinan, integran un estatuto
especial que se caracteriza por el mantenimiento de unas instituciones
judiciales vigorosas y eficaces, en condiciones que les permitan funcionar
dentro del Estado de Derecho en las tareas de investigar y juzgar las conductas
criminales de la delincuencia organizada y terrorista.  Se trata, en otros
términos de que el Legislador ha estimado necesario preservar de manera
especial bienes jurídicos de alto valor, que por las particularidades de las
modalidades criminales advertidas afectan gravemente la convivencia y la
seguridad ciudadanas.
-De otra parte,
destaca la Corte en esta oportunidad que conforme a lo previsto en el artículo
3o. del Decreto 2271 de 1991, se adoptaron  como legislación permanente algunas
medidas contenidas en el Decreto 2790 de 1990, cuyo artículo 100 de modo
especial prescribe que "En las materias no reguladas por este Decreto, se
aplicarán las normas del Código Penal y las del Código de Procedimiento Penal,
así como las que los adicionen o reformen".
De lo anterior se
desprende que los estatutos referidos sólo podrán aplicarse en los procesos de
los que conocen los Fiscales y Jueces Regionales y el Tribunal Nacional, y en
las materias tratadas en los decretos especiales expedidos por el Gobierno
Nacional como legislación permanente previa su no improbación por la Comisión
Especial Legislativa.  Téngase en cuenta que aun cuando el nuevo Código de
Procedimiento Penal regule en forma sistemática las actuaciones procesales
ordinarias, en ningún momento puede entenderse que por su entrada en vigencia
se haya producido el fenómeno de la derogatoria de las normas especiales que se
examinan en esta providencia.
Resulta incongruente
y por lo mismo no atendible por carente de sentido jurídico el que las
facultades extraordinarias de origen constituyente hubiesen sido ejercidas
simultáneamente por el mismo órgano de manera contradictoria, puesto que tanto
las normas del Código de Procedimiento Penal como las de la legislación
especial para los delitos de que conocen los Fiscales y los Jueces Regionales
conservan su vigencia cada una en sus ámbitos propios; más bien, dado el
carácter especial de estos últimos, el Código en mención resulta aplicable en
defecto de las normas especiales cuando no hubiere regla prevista para el caso
de que se trate en éstas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100
del Decreto 2790 de 1990, como se vió más arriba.
-El artículo 5o.
transitorio del Nuevo Código de Procedimiento Penal dispuso la integración de
la antigua jurisdicción de Orden Público a la ordinaria desde el momento mismo
de su entrada en vigencia, siendo importante señalar a este respecto que la
competencia de los ahora denominados Fiscales y Jueces Regionales y Tribunal
Nacional no sufrió modificación alguna como que continúan conociendo de los
hechos punibles anteriormente atribuídos a la jurisdicción de orden Público, de
acuerdo con los decretos convertidos en legislación permanente, sin que pueda
entenderse que el artículo 5o. transitorio se refiere exclusivamente a la
competencia, por cuanto las normas especiales consagran, además, el
procedimiento aplicable y lo relativo a la libertad; es decir, la mencionada
disposición comprende tanto la competencia, como el procedimiento indicado en
las normas especiales.
De lo anotado en
precedencia puede concluirse que  los procesos asignados al conocimiento de
Fiscales y Jueces Regionales y al Tribunal Nacional deberán regirse por los
decretos especiales incorporados como legislación permanente de tal forma que
la aplicación del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal se
circunscribe a aquellas materias que no encuentran regulación en las normas
especiales.
A la misma
conclusión es posible arribar si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo
2o. transitorio del Decreto 2700 de 1991 (Nuevo Código de Procedimiento Penal),
conforme al cual los Jueces Regionales continuarán conociendo de los asuntos de
su competencia durante diez (10) años a partir del primero (1o). de julio de
mil novecientos noventa y dos (1992); asuntos y procedimientos, se repite,
contemplados en las normas especiales a las que se ha hecho referencia, las que
mantienen su vigencia en razón de una norma posterior, como para el caso lo es
el supracitado artículo 5o. transitorio del Nuevo Código de Procedimiento
Penal.
Esta interpretación
coincide con la realizada por el legislador extraordinario mediante el Decreto
1156 de 1992, la que se invoca por el Gobierno Nacional para reiterar que el
nuevo estatuto procesal penal no derogó las normas especiales, que en
consecuencia siguen vigentes; aseveración que también encuentra sustento en el
hecho de que la Comisión Especial Legislativa no improbó y, por el contrario,
permitió la adopción de las normas especiales como legislación permanente y, al
mismo tiempo, igual conducta adoptó en relación con el proyecto del nuevo
Código de Procedimiento Penal.
Cabe señalar que
esta Corporación, en ejercicio de sus competencias de control de la Constitucionalidad
de los decretos expedidos con base en las facultades que otorga el nuevo
régimen de la Conmoción Interior (art.213 C.N.), expresó su jurisprudencia al
respecto de la vigencia de las disposiciones especiales, que provienen del
anterior ordenamiento constitucional, pues fueron expedidas a la luz del
anterior régimen del Estado de Sitio y son convertidas posteriormente en
legislación permanente por el Gobierno Nacional bajo las condiciones de la
habilitación legislativa extraordinaria originada en la voluntad del
Constituyente; en dicha oportunidad la Corte Constitucional señaló que esta
normatividad tiene carácter especial por razón de la materia de que se ocupa y
que no resulta derogada por la entrada en vigencia del Nuevo Código de
Procedimiento Penal, conservando su vigor en cuanto no resulten contrarias a la
Carta.
Ahora bien, la Corte
Constitucional encuentra que en la mencionada legislación especial de carácter
penal y procedimental penal que se examina en esta oportunidad, aparecen
disposiciones que, en cuanto no resultan contrarias a la Carta Fundamental,
deben ser examinadas con criterios sistemáticos, adecuadores e integradores en
procura de su cabal interpretación frente a toda la nueva normatividad
organizativa de la Rama Judicial del Poder Público, tal y como se verá
enseguida.
B) La materia de las
normas acusadas.
1.)  Respecto de la
parte acusada del artículo segundo del Decreto 2790 de 1990, que establece la
competencia de la antigua "subdirección de orden público" para fijar
la sede donde cumplirán sus funciones los "jueces de orden Público"
(Jueces y Fiscales Regionales), ahora subsumida orgánicamente en la Fiscalía
General de la Nación, incorporada como legislación permanente por el artículo
4o. del Decreto 2271 de 1991,   cabe hacer la siguiente distinción:
-  En la etapa de
instrucción, el Fiscal General de la Nación, de conformidad con la nueva
regulación constitucional, quedó habilitado para asumir directamente la
instrucción y ordenar la remisión de la actuación a otro fiscal, según lo
previsto por el numeral 5º. del artículo 121 del C. de P.P.; lo que significa
que para los efectos de lo dispuesto por el citado artículo segundo acusado y
en lo que hace a las competencias ejercidas por los fiscales regionales,
quienes ahora son los habilitados para adelantar la etapa de instrucción, la
norma aplicable de manera complementaria con dicho fin específico es  el citado
numeral 5º. del  artículo 121 del C. de P.P..
Esta interpretación
obedece a la aplicación de las reglas de la lógica jurídica sobre tránsito
legislativo que en este caso, de manera especial, divide el ámbito de la
actuación judicial de las disposiciones  sobre competencia entre los fiscales y
los jueces regionales. Se indica, además, que la Carta Fundamental establece
que la competencia de los fiscales se extiende a todo el territorio nacional
según las voces del penúltimo inciso del artículo 250 de la normatividad
superior.
-Ahora bien, en la
etapa del juicio, cabe indicar que estas funciones, es decir, las de señalar la
sede de los "jueces regionales" ya no corresponde a dichos
funcionarios, ni a la dependencia que lo sustituye dentro del nuevo marco
constitucional del procedimiento penal, sino que por disposición expresa de la
Carta, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la
Ley, el señalamiento de dichas sedes para fijar la división del territorio con
fines judiciales, y ubicar y redistribuir los despachos (art. 257 num. 1o.
C.N.)
2.)  En lo que
corresponde al artículo 17 del Decreto 2790 de 1991, se observa que en él se
establece como competencia especial del Ministerio de Justicia la facultad de
variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces ahora
llamados regionales, en determinadas condiciones relacionadas con la afectación
del orden público, la imparcialidad e independencia de la administración de
justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la
seguridad del procesado; en este sentido a juicio de la Corte Constitucional no
existe fundamento alguno para decretar su inexequibilidad en atención a que se
trata de una competencia expresa de carácter administrativo que debe
adelantarse de conformidad con las reglas que regulan las actuaciones de la
administración en su nivel superior. Adviértase que este examen se verifica con
independencia de las disposiciones contenidas en el capítulo quinto del C. de
P. P., en concordancia con el artículo 9º. del Decreto 2790 de 1991, que
establece las reglas especiales sobre la competencia de los jueces regionales.
Se observa además,
que se trata del cambio de radicación del proceso, lo que comprende tanto la
etapa de instrucción como la de juzgamiento, bajo el entendido de que en esta
materia existe concurrencia de competencias entre el Ministro de Justicia y la
Fiscalía General de la Nación, entidades que deben participar de manera
coherente y armoniosa a resolver las situaciones que motiven tan delicada
situación, puesto que se trata de competencias especiales para atender unas
condiciones también especiales en las que se ha colocado a la administración de
justicia dentro del marco de las acciones del crimen organizado.
Téngase en cuenta,
además que la competencia de la Fiscalía General en esta materia está
circunscrita exclusivamente a la etapa de instrucción.
3.)  En relación con
el artículo 29 que se acusa parcialmente en la parte de la competencia para la
conservación del expediente en el que se haya proferido auto inhibitorio, se
observa que la expresión "Director Seccional" ha sido reemplazada en
su interpretación sistemática por la figura del Director Regional de Fiscalías
que en adelante asume esta función predicada para la anterior figura, ahora
desaparecida.  Además, el inciso segundo del citado artículo 29 que también se
acusa, regula la posibilidad de la revocatoria del auto inhibitorio o
resolución inhibitoria como ahora se denomina, lo cual puede ordenarse de
conformidad con las normas del C. de P.P. que aparecen recogidas en su artículo
328, al cual hace remisión expresa la disposición acusada. Observa la Corte que
las disposiciones citadas (artículo 29 inciso 2º. del Decreto 2790/91 y el
artículo 328 del C. de P.P.), son complementarias y no excluyentes, salvo en
cuanto que las reglas previstas en el artículo 29 acusado se aplican
exclusivamente para los delitos de competencia de los jueces regionales; en
este sentido, existe correspondencia y no derogatoria entre el ámbito regulado
de manera general por el artículo 328 del C. de P.P. y aquel al que se dirige
de manera especial el artículo 29.
4.)  El artículo 34
acusado parcialmente establece la posibilidad de diferir la vinculación de
alguno de los implicados para el momento del sumario que se considere más
oportuno, de acuerdo a las necesidades de la investigación y cuando haya
pluralidad de imputados en la comisión del hecho; al respecto se observa que el
artículo 9º. del C.P.P. sobre la finalidad del procedimiento ordena que
"En la interpretación de la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta
que la finalidad del procedimiento es la efectividad del derecho material y de
las garantías debidas a las personas que en él intervienen".
Además, la Corte
encuentra que aun cuando no fueron acusadas en esta oportunidad, las restantes
partes del artículo 34 del Decreto 2790 de 1990, debe entenderse que forman con
la parte acusada un instrumento especial de garantía de los derechos
constitucionales de los imputados en el trámite sumarial o etapa de
instrucción; ésta es razón suficiente para estimar que no obstante que el
artículo 352 inciso 2º. del Nuevo C. de P. P. reproduzca de manera más o menos
similar la parte acusada de este artículo, él mantiene su vigencia autónoma y
debe declararse constitucional. Deferir dicha vinculación es un instrumento
procesal enderezado a garantizar la efectividad del derecho material y de los
derechos de todas las personas que intervinieren en el proceso; se trata de
permitirle al fiscal la facultad de señalar la oportunidad correspondiente de
acuerdo con el desarrollo de la investigación y en la cual procederá a recibir
la indagatoria al imputado. No se trata de una medida que autorice el
desconocimiento de los términos constitucionales previstos para regular el
régimen de la libertad física de las personas respecto de las cuales se
adelanten diligencias judiciales que conduzcan a desbordar dichos términos,
sino, más bien a facilitarle al funcionario judicial, sin que haya privación de
la libertad, la posibilidad de señalar la oportunidad correspondiente para la
recepción de la indagatoria. Obsérvese que por disposición del mismo estatuto y
en relación con las normas del C. P. P.  se establecen los principios y los
términos para la recepción de la indagatoria cuando exista capturado o
capturados; empero, la hipótesis cuestionada por los actores presupone la
ausencia de capturado o de privación de libertad y exige la existencia de
pluralidad de imputados y el adelantamiento de una investigación previa que
permita determinar el grado de vinculación o la existencia de los hechos que
constituyan un posible delito.
5). El artículo 40
del Decreto 2790 de 1990 hace referencia a la función del "Director
Seccional" de asignar, a los jueces del conocimiento mediante decisión no
sujeta a recurso alguno, los negocios en los que se haya producido resolución
acusatoria y ésta se encuentre en firme.
Por las
consideraciones precedentes en punto al desaparecimiento de la figura del
"Director Seccional de Orden Público", debe entenderse que esta
especial función se encuentra hoy en día en cabeza de las Direcciones
Regionales de Fiscalías, las que una vez reciban el expediente con la
resolución acusatoria ejecutoriada lo repartirán, para luego remitirlo al Juez
Regional correspondiente. Esta norma es constitucional por cuanto la naturaleza
del acto procesal de reparto es neutro frente a la definición del proceso, ya
que se atribuye a una sola categoría de jueces y por tanto resultaría inocuo
admitir impugnaciones al mismo.
6.)  Respecto del
artículo 48  que se complementa por el artículo 49 del Decreto 2790 de 1990,
también incorporados como legislación permanente, debe entenderse que es
función del "Director Regional de la Fiscalía" o de su asistente,
mantener la reserva de los expedientes o providencias en copia autenticada en
la que no aparezca la firma del Fiscal o del Juez. Esta disposición mantiene su
vigencia por cuanto obedece a la necesidad de preservar la identidad de los
Jueces y Fiscales Regionales, en atención a las condiciones generalizadas de
orden público que actualmente mantienen su persistente acción y que han
conducido a rodear a los funcionarios judiciales de medidas extraordinarias
enderezadas a proteger su integridad e independencia. Estas disposiciones deben
siempre entenderse como garantías encaminadas a asegurar el ejercicio imparcial
y autónomo de la función del Juez, sin que se advierta en ello violación de las
garantías procesales propias de estos trámites.  La Corporación encuentra que a
la luz de la nueva organización constitucional de la Rama Judicial del Poder
Público, las disposiciones que se examinan aparecen reforzadas por la
naturaleza judicial de la Fiscalía General de la Nación (art. 116 de la C.N.),
y por el carácter autónomo de las actuaciones orientadas a mantener la reserva
en las actuaciones judiciales.
Por último, la
actuación del Director de la Fiscalía Regional no desvirtúa la naturaleza de la
actuación puesto que no implica separación del ejercicio de las competencias
judiciales.
Las reflexiones
anteriores comprenden la parte acusada del artículo 49 que establece la misma
modalidad de reserva sobre la identidad del funcionario judicial o del
Magistrado del Tribunal Nacional que conozca de la actuación.
7.)  En relación con
la parte acusada del artículo 58 del Decreto 2790 de 1990, esta Corporación
advierte que no existe contradicción con la Constitución Nacional al
determinarse como única medida de aseguramiento la detención preventiva, que
debe ser ordenada por el funcionario judicial competente, con fundamento en las
disposiciones aplicables para los delitos de conocimiento de los jueces y
fiscales regionales. En especial, no encuentra la Corte violación alguna al
artículo 28 de la Carta; obviamente se trata de una disposición que corresponde
a las modalidades delictivas propias de las mencionadas competencias que exigen
un mayor celo procedimental y que en nada atenta contra el principio de
igualdad. Dentro del mismo supuesto debe advertirse que el nuevo C. de P. P.
establece la procedencia de la detención preventiva para determinados hechos
punibles según se desprende de lo dispuesto por su artículo 397 num. 1°.; se
trata en verdad de una herramienta jurídica natural propia de las actuaciones
del procedimiento penal que permite al funcionario judicial adoptar la decisión
correspondiente sobre la persona vinculada al tramite de las actuaciones de la jurisdicción
penal.
No encuentra la
Corte violación a los artículos 28 y 13 de la Constitución, pues aquella
disposición es resultado del natural ejercicio de las competencias
constitucionales del legislador en materia del establecimiento del
procedimiento penal en el cual esta involucrado el conjunto de reflexiones
jurídicas y de política criminal que toman en cuenta las especiales modalidades
delictivas propias de las competencias de los jueces y fiscales regionales.
Repárese en que en el conjunto general de las disposiciones legislativas sobre
estas materias abundan distinciones similares y que éstas son una práctica
institucional que comprende juicios racionales enderezados a proveer soluciones
que responden ante las distintas modalidades de conductas atentatorias del
orden jurídico penal.
8.) En relación con
el artículo 65 acusado, se tiene que esta disposición contiene una regla
especial dentro del instituto procesal y sustancial de la prescripción de la
acción penal, regulada por los artículos 79 y siguientes del Código Penal
(Decreto 100 de 1980), ya que señala como otra de las causales de interrupción
del término de prescripción la no comparecencia o la ausencia del procesado en
la etapa del juicio. Debe entenderse que esta previsión legal se acompasa con
las restantes reglas previstas para estas modalidades delictivas, en especial
las que establecen el trato dentro de las políticas de sometimiento a la
justicia. Además, no se trata de regular de manera discriminatoria a las personas
que están siendo juzgadas por los jueces regionales, ya que de todas formas
conservan el derecho legal a la prescripción, pero sobre la base de la
comparecencia al proceso.
Las especiales
medidas de carácter procesal en las que el legislador pone de presente la
necesidad de hacer ágil y eficaz la recta administración de justicia, comportan
disposiciones como la que se examina. Téngase en cuenta que esta disposición
hace precisa advertencia de que esta regla se aplica únicamente para los
delitos de competencia de los ahora denominados Fiscales, Jueces Regionales y
Tribunal Nacional.
9.)  En lo que
corresponde a la parte demandada de los artículos 79 literales a) y b), y del
artículo 80 parágrafo 1º, esta Corporación hace las siguientes precisiones. En
relación con la conformación o integración del "Consejo Nacional de
Policía Judicial", el artículo 12 del Decreto 2699 de 1991 expresamente
determinó quiénes son sus integrantes, y en consecuencia debe entenderse como
derogado el artículo 80 en su inciso primero y en los numerales 1, 2, 2.1,
2.1.1., y 2.1.2., salvo sus parágrafos 1° y 2° que conservan su vigencia;
además, en lo relacionado con las funciones que debe desarrollar este organismo
asesor, el artículo 13 del mismo decreto señaló, de conformidad con la nueva
regulación constitucional, las que le corresponden en adelante de manera
general.
En este sentido debe
tenerse en cuenta que las disposiciones acusadas hacen referencia específica a
las funciones de asesoría y evaluación del funcionamiento de los Fiscales y
Jueces Regionales y del Tribunal Nacional. Estas disposiciones no son
contrarias a texto constitucional alguno y expresan la colaboración orgánica e
institucional que debe existir al interior de la Rama Judicial y del conjunto
de los órganos del Estado en el cabal cumplimiento de los fines de éste, como
el de la cumplida administración de justicia en todos sus ámbitos.
10.)  En relación
con lo dispuesto en las partes acusadas del artículo 81, literal a) y literal
b) parcialmente impugnado, se advierte que a la luz de las nuevas disposiciones
contenidas en los artículo 34 y siguientes del Decreto 2699 de 1991, debe
entenderse que la figura del "Director Nacional de Instrucción
Criminal" fue sustituída por la del Director Nacional de Fiscalías,
dependiente de la Fiscalía General de la Nación.
En lo que respecta
al mismo artículo 81 del Estatuto, al señalar las funciones del "Director
de Instrucción Criminal" en lo relacionado con la jurisdicción de Orden
Público, es preciso observar que cuando el literal a) establece que aquel
deberá dirigir la organización y el adecuado funcionamiento de la jurisdicción
de Orden Público, se está refiriendo a las competencias puramente
administrativas -más bien de carácter operativo- que le corresponden. No pueden
ellas en forma alguna interferir en la órbita de la competencia ni en la
autonomía de una autoridad jurisdiccional, como lo es el Tribunal Nacional.
Ahora bien, en lo
que corresponde a la parte acusada del literal b) del artículo 81 que hace
relación a las competencias del antiguo "Subdirector Nacional" y de
los "Directores Seccionales de Orden Público", en materia de las
decisiones relacionadas con las situaciones administrativas de los funcionarios
y empleados de aquella dependencia, incluyendo a los empleados de la
anteriormente denominada "Sección Jurisdiccional", esta Corporación
advierte que no obstante que el Decreto 2699 de 1991 introduce una
reorganización de funciones administrativas relacionadas con la estructura
operativa de los funcionarios ahora incorporados a las fiscalías, la facultad a
que se hace referencia se mantiene radicada en cabeza del "Director
Nacional de Fiscalías" y de los "Directores Regionales". La
finalidad de esta disposición así interpretada no es otra distinta que la de lograr
el funcionamiento ágil y eficaz del personal al servicio de las labores de
investigación, acusación y juzgamiento dentro de esta especial regulación que
no es sólo procesal sino también material; esto presupone unas condiciones
expeditas y propicias de carácter especial con el propósito específico de
asegurar una cabal administración de justicia en dicho asunto especial.
11.)  En relación
con el literal a) del artículo 82 que establece la facultad del anterior
"Subdirector Nacional de Orden Público" de coordinar con el
"Director Nacional de Instrucción Criminal" el "adecuado
funcionamiento de los despachos de Orden Público", se observa que a la luz
de la normatividad constitucional y legal vigente, en especial del Decreto 2699
de 1991, aparecen varias modificaciones en el sentido de la denominación y la
ubicación orgánica de los funcionarios correspondientes mencionados en la
disposición acusada; así, en el artículo 27 transitorio de la Constitución
Nacional se dispuso que "igualmente pasarán a la Fiscalía General de la
Nación, la Dirección Nacional y las Direcciones Seccionales de Instrucción
Criminal, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y los Juzgados de Instrucción
Criminal de la Justicia ordinaria, de Orden Público y Penal aduanera";
además, los artículos 5º y 7º transitorios del código de Procedimiento Penal en
concordancia con el artículo transitorio 2º del Decreto 2699 de 1991 disponen
dicha incorporación y el cambio de denominación y la redefinición de sus
funciones, sin alterar las previstas en el literal a) del artículo 82 acusado.
En efecto, la
anterior "Dirección Nacional de Instrucción Criminal" fue sustituida
en sus funciones por la Dirección Nacional de Fiscalías de la Fiscalía General
de la Nación (Artículo 34 del Decreto 2699 de 1.991) y en parte por la
Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General
de la Nación. De lo anterior se observa que entre estas dos últimas
dependencias, existe, bajo las normas que se acaban de citar, una estrecha
relación de carácter funcional no solamente prevista para el caso de los
despachos anteriormente denominados de "orden público", ahora
denominados fiscales y jueces regionales y Tribunal Nacional, quedando
comprendida dentro de las funciones de estos organismos bajo las competencias
de la Fiscalía General de la Nación.
Se observa que la
función de coordinación que correspondía al "Subdirector Nacional de Orden
Público" en relación con el "Director Nacional de Instrucción
Criminal" en materia del adecuado funcionamiento de los despachos de los
fiscales y jueces regionales aparecen ahora radicadas en la estructura orgánica
de la Fiscalía General de la Nación y de sus dependencias; obviamente, en lo
que hace a los jueces regionales dichas labores de coordinación se contraen
específicamente, a la luz de lo dispuesto por el literal a) acusado, al
funcionamiento estrictamente administrativo, teniendo como finalidad la
colaboración interna de la Rama Judicial para la cabal administración de
Justicia en el campo de las competencias especiales.
Cabe la misma
reflexión sobre lo que atañe a la función de "dirigir el sistema de
información correspondiente a los diferentes procesos y velar por su permanente
actualización" en cabeza del anterior "Director Nacional de Orden
Público"; empero, adviértase que el artículo 24 del Decreto 2699 dentro
del marco del rediseño de funciones para el ámbito de la justicia penal y
dentro del esquema del procedimiento acusatorio, prevé función similar para
todos los ámbitos de la justicia penal radicada en cabeza del Centro de
Información Sobre Actividades Delictivas, que deberá, bajo la dirección y
dependencia del Fiscal General de la Nación, "organizar la recolección y
procesamiento de toda la información básica para las investigaciones criminales";
lo anterior sin menoscabo de la continuidad de los transitorios sistemas de
información correspondientes a los diferentes procesos, los que se mantienen de
manera especial tanto para fiscalías regionales como para jueces regionales.
Sobre lo dispuesto
por el literal e) del artículo 82 que se acusa, procede similar distinción a la
vertida en la parte de esta providencia que se refiere al artículo 2º del mismo
decreto, así:
-En cuanto hace a la
asignación de la sede de los actualmente denominados fiscales regionales, esta
competencia queda ahora radicada en cabeza del Director Nacional de Fiscalías y
de los correspondientes Directores Regionales de fiscalías, dentro del término
de la delegación señalada por el Director Nacional (artículo 17); esta función
tampoco resulta contraria a la Constitución Nacional ya que no se trata de la
invasión de una rama del poder extraña a la judicial, sino del establecimiento
de mecanismos de coordinación interna para la mejor prestación del servicio
público de la administración de justicia.
-En lo que
corresponde a la competencia para asignar la sede de los jueces ahora
denominados regionales, prevista en el literal e) del artículo 82 acusado, esta
Corporación nuevamente observa que esta función es competencia del Consejo
Superior de la Judicatura, y por tanto no puede ser ejercida por la entidad que
ahora entró a sustituir a la citada Dirección Nacional de Orden Público; en
consecuencia, y siguiendo los lineamientos que se han advertido, aunque se
declare la exequibilidad del literal e) acusado, ésta no comprende lo relativo
a los Jueces Regionales, cuya sede sólo puede ser asignada por el Consejo
Superior de la Judicatura dentro del marco de la ley.
12.) En atención a
que las partes acusadas del artículo 83 del Decreto 2790 de 1991 (literales a.,
c., d., y f., y su parágrafo), establecen disposiciones similares a las arriba
mencionadas para regular las especiales competencias administrativas al
interior de la organización de la rama judicial en materia de la actividad y
funcionamiento de las diferentes dependencias y de los funcionarios y empleados
que prestan sus servicios ante las fiscalías y juzgados regionales, así como
para adoptar las medidas para garantizar la reserva y la seguridad de los
expedientes, de los jueces, de los fiscales y de las demás personas
intervinientes en los procesos de competencia de los mencionados despachos
judiciales en el orden seccional, lo mismo que en lo que se refiere a los
sistemas internos y externos de información de los mismos despachos, radicadas
en cabeza de los anteriormente llamados "directores de orden
público", y ahora denominados Directores Regionales de Fiscalías, esta
Corporación extiende las anteriores reflexiones y consideraciones a esta clase
de normas y por tanto habrá de declarar igualmente su exequibilidad.
Se reitera que en
ninguno de los aspectos examinados en esta norma  se trata de medidas de
carácter sustancial que afecten los derechos de las personas vinculadas a las
investigaciones y actuaciones, sino  de  simples medidas de carácter
administrativo que se hace necesario regular normativamente para lograr los
fines de la seguridad de los funcionarios y testigos, al igual que de las
necesarias medidas que se hacen indispensables para evitar los graves riesgos
que corren todas las personas que cumplen la delicada misión de administrar la
justicia penal sobre los de delitos de competencia de aquellos; además, se
pretende asegurar la integridad física de los expedientes y de los recintos donde
funcionan aquellas dependencias de la Rama Judicial, dados los conocidos
atentados en su contra.
Precisamente por
estas condiciones es que el Constituyente, la Comisión Especial Legislativa y
el Gobierno Nacional en ejercicio de las mencionadas facultades
extraordinarias, incorporaron como legislación permanente las medidas que con
carácter de legislación excepcional habían sido expedidas para contrarrestar la
dolorosa experiencia que sufrió la jurisdicción penal en nuestro país. Las
examinadas no son disposiciones en las que se resuelva sobre las actuación
procesal o sobre el fondo de la misma, ni mucho menos sobre la libertad o sobre
los derechos de los vinculados, o sobre las competencias de los fiscales o
jueces que deben atender los requerimientos de las infracciones de la ley
penal; se trata, como se ha reiterado, de incorporar a la legislación penal
especial, integrada por jueces y fiscales regionales, herramientas e
instrumentos administrativos propios de autoregulación de la jurisdicción penal
dentro del sistema acusatorio para responder adecuadamente a las necesidades y
retos de la administración de justicia en nuestro país.
13.) El artículo 85
formula la hipótesis según la cual las "Direcciones Seccionales de Orden
Público" estarían conformadas por una sección jurisdiccional y por otra
administrativa; empero, éstas fueron reemplazadas a la luz de la nueva
legislación sobre organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la
Nación y de sus dependencias, por las "Divisiones Regionales y Seccionales
Administrativas y Financieras de las Fiscalías"; ahora bien, en lo que
corresponde a las antiguas secciones jurisdiccionales encargadas de adelantar
las funciones señaladas en los literales a), b), c), d), y parágrafo del
artículo 87, norma igualmente acusada, esta Corte observa que aquellas se
radican en adelante en cabeza de las Direcciones Regionales, y Seccionales de
las Fiscalías, según lo previsto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40
del Decreto 2699 de 1991.
Esta continuidad
sistemática y orgánica de funciones de origen constitucional y de regulación
legal que impuso la incorporación de las mencionadas dependencias a la Fiscalía
General de la nación, significa, como se advirtió en las consideraciones
preliminares de este fallo, que al lado de las competencias precisamente
señaladas en las nuevas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Fiscalía
General de la Nación, las regulaciones del artículo 87 conservan su vigencia en
cuanto resultan complementarias y no excluyentes, ni opuestas a las nuevas
atribuciones y regulaciones que se citan.
14.)  En cuanto hace
a la parte acusada del artículo 5o. del Decreto 2790 de 1.990, modificado por
el Decreto 099 de 1991 e incorporado como legislación permanente por el
artículo 4o. del Decreto 2271 de 1991, en la que se establece que no habrá
lugar a formular recusación dentro del proceso, esta Corporación encuentra que
no existe fundamento para declararla inexequible; por el contrario, ésta debe
mantenerse a la luz de las regulaciones constitucionales y legales sobre el
debido proceso sin que exista vicio que afecte su exequibilidad.
En efecto, se trata
de una modalidad específica de carácter procesal predicable de las actuaciones
tanto de fiscales como de los jueces regionales que se ocupan de estas
modalidades delictivas dentro de los trámites especiales previstos por la ley,
enderezada a asegurar la reserva de la identidad de los jueces y de los
fiscales, que se vería burlada si se reconociere una tal posibilidad de
recusación; al respecto abunda la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia en la que se estima que no es necesario el conocimiento de la
identidad del juez para lograr el fin de la cabal administración de la justicia
y para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las personas.
Además, las causales
de recusación han sido definidas desde siempre por el legislador y no es
necesario establecerlas como un instituto especial sin el cual no se garantiza
el debido proceso; desde luego, cualquier vicio o desviación en la
independencia del funcionario judicial, lo mismo que en su imparcialidad
técnica y científica, es causal de nulidad de la actuación y suficiente base
para obtener la revisión extraordinaria de la causa, a más de constituir
infracción al mismo estatuto penal y al régimen disciplinario, ambas
sancionadas con rigor por la ley. Por tanto, bien puede el legislador excluir
del régimen procedimental la procedencia de las causales de recusación de los
funcionarios judiciales en aquellas materias sin que por ello se viole norma
constitucional alguna; por el contrario, de lo que se trata es de superar,
dentro del marco constitucional, los vicios dilatorios que tanto han afectado a
nuestra experiencia judicial en materia penal, los que la llevaron en el pasado
a la parálisis casi absoluta y a ser una de las justicias más retardadas.
En relación con el
inciso 3º del numeral 1º que hace referencia a la hipótesis en la que prospere
el impedimento planteado por el funcionario judicial y la reasignación del
negocio, cabe señalar que a la luz de la nueva normatividad orgánica de la
administración de la justicia penal en tratándose de fiscales y jueces
regionales, la nueva asignación será hecha por el Fiscal General de la Nación y
por los Directores Regionales, sin que exista reparo de constitucionalidad
alguno, si se tiene en cuenta que los mencionados funcionarios pertenecen a la
Rama Judicial del Poder Público.
Ahora bien, en lo
que se relaciona con el numeral 3º del artículo 5º también acusado, esta
Corporación encuentra que no obstante el nuevo Código de Procedimiento Penal
(art. 206) disponga unas reglas generales aplicables dentro del grado
Jurisdiccional de Consulta señalando figuras similares que deben ser
consultadas ante el Tribunal Nacional, las modalidades contenidas en el citado
numeral se mantienen en su entidad autónoma y conservan plena validez y
eficacia para el caso de los delitos de competencia de los fiscales y jueces
regionales. Adviértase que en cuanto al grado jurisdiccional de consulta
respecto de las providencias que disponen cesación de procedimiento, y los
autos inhibitorios que impliquen devolución de  bienes ésta debe surtirse
también ante el mismo Tribunal Nacional denominado anteriormente Tribunal de
Orden Público, dadas las especiales connotaciones de dichas providencias y las
situaciones persistentes de amenaza e intimidación contra los funcionarios
judiciales que las enfrentan.
Se trata de una
distinción que corresponde a las que puede decretar el legislador en materia
procedimental penal ante las distintas modalidades delictivas que exigen mayor
celo y cuidado del Estado; esta situación puede implicar la imposición de
controles al interior de la Rama Judicial para efectos de que esta no sucumba
ante la amenaza y la agresión que la experiencia ha destacado como de alto
riesgo; se trata de establecer controles en verdad rígidos que corresponden a
la contemporánea expresión del delito y a la necesidad del fortalecimiento de
la Justicia.
El Parágrafo del
artículo 5° que se examina contempla varias medidas orientadas a asegurar el
carácter reservado de la identidad de los funcionarios judiciales que conocen
de los delitos de que se ocupa la legislación especial, ya que se dispone que
las providencias se notificarán o comunicarán en copia en donde no aparezcan
las firmas del funcionario, las que deberán ser certificadas por el Presidente
del "Tribunal de Orden Público" ahora denominado Tribunal Nacional;
así, se establece una presunción legal sobre la conformidad legal de la
asignación y adopción de las decisiones, con el procedimiento señalado. Este
precepto se orienta a asegurar la firmeza de las providencias, pero no inhibe
la posibilidad de que los afectados puedan acusarlas por vicios en su
expedición, en consideración a que se vería desconocido, en caso contrario, el
derecho de defensa consagrado en la Carta Fundamental.
Se trata de una
medida de evidente carácter preventivo que se adopta con el fin de que sea
aplicada al interior de una corporación judicial para efectos de garantizar la
integridad física de los magistrados y que en nada se opone a las garantías
constitucionales del debido proceso público; lo que se reserva es la identidad
del funcionario que suscribe la providencia para que pueda actuar con
independencia e imparcialidad,sobre la base de que el presidente de aquella
corporación esta habilitado por su investidura para garantizar que las
actuaciones internas del tribunal se adelantaron conforme a la ley.
15.) En relación con
el Parágrafo del artículo 9º, esta Corporación encuentra que es atribución del
legislador el señalamiento de las competencias de los jueces y la determinación
de los procedimientos aplicables, entre otros, en materia de persecución de los
delitos con base en los criterios que conforme a la política criminal haya
decidido acoger. Obviamente esta competencia debe ejercerse dentro del marco de
la Constitución como todas las que puede ejercer el legislador; además, cabe
hacer especial énfasis al respecto de las materias en las que el Constituyente
estableció de manera precisa determinadas reglas indisponibles garantizadoras
de los derechos fundamentales. En efecto, es deber del legislador, cuando actúa
estableciendo las reglas sobre jurisdicción y competencia, atender con especial
celo y cuidado a las normas constitucionales del Debido Proceso especialmente
agravadas en materia penal en razón de la prevalencia de los principios del
juez natural, de la preexistencia normativa, de la doble instancia, de la
controversia probatoria, de la presunción de inocencia, de la asistencia
profesional de un abogado, de la publicidad del proceso, de la favorabilidad de
la ley penal, etc.
De otra parte, la
Corte señala al respecto de las reglas que en materia de administración de
justicia puede expedir el legislador, que el Constituyente estableció un
mecanismo constitucional especial para el trámite, aprobación y reforma de las
leyes correspondientes y al respecto se observa que los artículos 152 literal
b) y 153 de la Carta exigen el trámite agravado de la ley estatutaria para tal
fin.
La disposición
acusada del parágrafo del artículo 9º que corresponde al artículo 4º del
Decreto 2271 de 1.991, que adoptó como legislación permanente el Decreto 099 de
1.991, por el que se modificó entre otros el artículo 9º del Decreto 2790 de
1.990, establece el alcance temporal de las competencias de los jueces y
fiscales regionales en el sentido de señalar que éstas no se contraen sólo a
los delitos cometidos a partir de su vigencia, la que entre otras cosas
proviene de 1.987 al crearse la figura de los jueces especializados; por el
contrario, en ejercicio de la competencia del legislador sobre estas materias,
y por virtud del mecanismo de las facultades extraordinarias de origen
constituyente, se mantuvo la vigencia de la regla legal que se examina, según
la cual ahora, tanto jueces como fiscales regionales son competentes para
conocer de las actuaciones y de los procesos en curso por los hechos punibles
atribuídos a ellos, cualquiera sea la época en que hayan sido cometidos. En
materia de la cabal fijación de competencias y procedimientos ordenada por el
legislador, la Constitución no establece límite alguno en cuanto hace al tema
de la vigencia de la ley procesal penal en el tiempo, pudiendo ésta ser
retrospectiva dados sus efectos generales y su característica de orden público.
No obstante que esta
disposición establezca que dicha competencia se ejerce sobre hechos punibles
cualquiera sea la época en que hayan sido cometidos, ella es expresión de las
mencionadas facultades del legislador; cosa bien distinta es la de la eventual
infracción al principio de la preexistencia normativa en materia penal, la que
tiene su ámbito de aplicación en materias como la definición legal y precisa de
la conducta punible y de la correspondiente pena. Esta última característica de
la normatividad penal es uno de los fundamentos del Estado de Derecho que no
puede ser objeto de desconocimiento o violación, ni por los jueces ni por el
legislador y tal evento no aparece en la hipótesis prevista por la norma acusada.
En este sentido, también se declarará la constitucionalidad del artículo 9º.
En la parte final de
la norma acusada se señala de manera categórica que la aplicación de la ley
sustancial o procesal favorable, debe en todo caso aplicarse de preferencia
sobre la desfavorable, reiterando expresamente la aplicación y la vigencia del
principio de favorabilidad en materia penal; además, en aquella disposición se
insiste en la garantía según la cual en ciertos casos la ley procesal tiene
efectos sustanciales y en ellos también debe darse aplicación al principio de
la prelación de la norma penal más favorable. Obviamente, cabe advertir la
naturaleza procesal especial que adquieren las disposiciones que se examinan,
respecto de las cuales no procede la derogatoria por ley de naturaleza general,
como ocurre con algunas disposiciones del nuevo Código de Procedimiento Penal
que en principio aparecen como contradictorias con éstas. En este sentido, la
Corte Constitucional tuvo oportunidad de manifestar su jurisprudencia al
respecto en el fallo vertido sobre el Decreto 1156 de 1.991, y en ella se
expresa que se trata de dos ordenamientos jurídicos que por la naturaleza del
objeto que atienden conservan su autonomía, bajo los supuestos normativos de la
nueva Constitución y que ambos ámbitos legislativos deben examinarse de manera
complementaria e integradora en lo que no resulten incompatibles con la
Constitución.
Obsérvese que esta
misma disposición es objeto de acusación por parte de los actores que suscriben
las demandas distinguidas con los números D-087 y D-126, bajo los mismos
supuestos y las mismas consideraciones que formula la demanda que corresponde
al expediente número D-061. Al respecto esta Corporación considera que no
existe razón alguna para modificar el criterio que acaba de exponerse ni para
declarar su inexequibilidad; por lo mismo a estos negocios  se extienden las
consideraciones precedentes.
16.)  El parágrafo
1º del artículo 18 del Decreto 2790 establece que en las Fuerzas Militares se
podrán conformar Unidades Investigativas de orden público, enderezadas a
prestar colaboración a la justicia penal militar, de una parte, y a la justicia
penal que se ocupa de las modalidades delictiva a la que se ha hecho
referencia; en líneas generales, se tiene por sentado que en todo Estado
democrático se hace necesaria la colaboración de los distintos órganos y ramas
del poder público, con miras al cumplimiento de los fines del estado, en
especial el de la administración de justicia y el de la protección de la vida,
honra y bienes de los asociados. Al respecto y ante la misma disposición
contenida en el Decreto 2790 de 1.990, la Corte Suprema de Justicia señaló lo
siguiente:
"En buena parte
de los sistemas judiciales contemporáneos, la Policía Judicial es otro de los
apartados especializados de la Administración Pública y funciona bajo una doble
configuración orgánica en cuanto que, al igual que depende de los jueces,
también se encuadra dentro de las estructuras administrativas de la Rama
Ejecutiva del Poder Público.
"Las tendencias
doctrinarias relacionadas con la organización del Estado contemporáneo,
conciben el fenómeno de su legitimidad en sentido integral, en tanto que de
modo complementario las distintas ramas del Poder Público, a más de sus
funciones especializadas y naturales, son llamadas a cumplir labores técnicas y
despolitizadas enderezadas a la satisfacción de los más caros fines e intereses
de la comunidad.
"En este
sentido, nuestra Carta Fundamental concibe dicho fenómeno en términos de la
colaboración armónica de los poderes públicos en la realización de los fines
del Estado, lo que no sólo se logra con la racionalización del ejercicio de las
competencias propias de los distintos órganos del poder y sus relaciones
complementarias, sino, en ocasiones y de modo especial, con la asignación que
la Carta Fundamental o la ley, hacen de funciones técnicas para cuya práctica
los instrumentos tradicionales no están habilitados.
"El cambio de
las tareas habituales del Estado y los compromisos y exigencias que éste debe
atender, impone dicho rediseño de competencias y la reasignación de las de
carácter técnico entre las tres ramas del poder, sin que se pueda desconocer su
independencia funcional y orgánica, de muy hondo contenido doctrinario para las
democracias y los Estados de Derecho." (C. S. J.,Sentencia No. 48, abril
11 de 1991).
Señala la Corte que
la interpretación de la norma acusada debe hacerse a la luz de las nuevas
disposiciones constitucionales y legales que le resultan correspondientes, como
es el caso de la función específica del Fiscal General de dirigir y coordinar
las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía
Nacional y los demás organismos que señale la ley.
De otra parte la
disposición acusada establece la distinción que consiste en señalar que en
materia de justicia penal militar y en casos de orden público, dichas funciones
de Policía Judicial son ejercidas en forma permanente por aquellas unidades,
mientras que en los demás eventos estas funciones sólo pueden ser ejercidas de
manera transitoria o por comisión de los fiscales y jueces regionales y del
Tribunal Nacional, bajo la dirección y coordinación del Fiscal General y sus
fiscales delegados según lo dispuesto en el artículo 250 numeral 3º de la
Carta y 309 del C.P.P. Esta referencia de carácter complementario e integrador
se hace por la Corte Constitucional atendiendo igualmente a las previsiones de
carácter constitucional y legal que sin alterar la naturaleza y el alcance de
la disposición acusada, permiten su racional funcionamiento. Al respecto se
reiteran las consideraciones vertidas por esta Corporación en el fallo del 8 de
febrero de 1993 sobre el Decreto Legislativo No. 1810 de 9 de Noviembre de
1992, que prevé una disposición similar a la que se examina (Sentencia C-034);
obsérvese que la exequibilidad de aquella disposición fue condicionada en su
interpretación, en el sentido de que las Unidades de Policía Judicial que
colaboran en los casos de competencia de los Fiscales y Jueces Regionales deben
estar integradas por personal no militar.
17.)  El artículo 20
del Decreto Legislativo 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por
el artículo 4o. del Decreto Extraordinario 2271 de 1991, establece dos
hipótesis diferentes que deben ser examinadas por separado, así:
-El primer inciso
regula el tema de la controversia del material probatorio y establece que para
los delitos de competencia de los fiscales y los jueces regionales, ésta sólo
se podrá adelantar en la etapa del juicio en razón de las especiales
características del proceso y por la naturaleza de los delitos de que conocen
dichos funcionarios.
No obstante que el
inciso primero del artículo 20, difiera la controversia probatoria para la
etapa del juicio, y que pudiese  pensarse que se afectaría el Derecho de
Defensa que la Constitución garantiza respecto a todas las etapas procesales,
ello no es así, por cuanto esta legislación garantiza la controversia a través
de mecanismos adecuados como son: a) La facultad de pedir pruebas (art. 38 del
Decreto 2790/90), que es la forma más efectiva de controversia, ya que implica
la contraprueba de lo que se dice demostrado; b) pedir libertad provisional
como lo dispone el artículo 58 del mismo decreto, oportunidad que también
permite el cuestionamiento de la prueba incriminatoria, como que por tal vía
puede llegarse a la revocación de la detención y c) en todas las etapas del
proceso debe intervenir el Ministerio Público, quien como representante de la
sociedad debe velar no solamente por la legalidad del juzgamiento sino, además,
por la plenitud de los derechos del procesado.
Lo grave sería que
se solicitara la prueba y el juez la negase sin posibilidad de recurrir la
providencia correspondiente, como lo disponía una parte del artículo 38 del
mismo Estatuto, porque se dejaría a la discreción judicial la oportunidad de
allegar la contraprueba. Pero precisamente la Corte Suprema de Justicia declaró
inexequible dicha parte de la norma que así lo impedía, es decir, que también por
este aspecto se asegura la controversia probatoria. (Sentencia No. 48 de 1991
C.S.J.)
Advierte la Corte
que pese a la excepcional reglamentación de estos aspectos, se reconoce
adecuadamente la oportunidad para controvertir la prueba, lo que asegura el derecho
de defensa consagrado en el artículo 29 de la Carta. Desde luego dentro del
sistema acusatorio del procedimiento penal de origen constitucional, resulta
eficiente garantía el debate probatorio durante la etapa del juicio que está
previsto para dicho fín; además, se trata de agilizar una parte de la actuación
del juez y del proceso. Medida similar a la que se examina aparece regulada por
el artículo 251 del C. P. P. y ambas deben entenderse como complementarias.
-El inciso segundo
del artículo 20 del Decreto en examen, autoriza a la Policía Judicial para
practicar pruebas o para incorporar al expediente las que se pongan a su
disposición; estas normas son un soporte necesario para las labores de
instrucción y juzgamiento que adelantará el fiscal o el juez, quienes en todo
caso tendrán la posibilidad de disponer pruebas adicionales durante la etapa de
instrucción y del juicio, con lo cual se cumple con las exigencias del debido
proceso.
El inciso tercero
permite el aprovechamiento del material probatorio que se haya producido
"válidamente" en cualquier otra actuación judicial, administrativa o
disciplinaria, ya que razones de economía procesal, de celeridad y de respeto a
actuaciones válidamente ejecutadas permiten aprovechar estas actuaciones y
recursos probatorios, que contribuyen al cumplimiento de la labor judicial de
persecución de los delitos y de su atribución a los responsables. También este
material probatorio es susceptible de controversia durante la etapa del juicio
y con la aplicación de todas las garantías  procesales y de naturaleza
constitucional.
Ahora bien, el tema
de la controversia del material probatorio en los procesos de competencia de
los fiscales regionales también se encuentra consagrado en el artículo 251 del
C.P.P. que expresamente prevé, que tanto en la etapa de instrucción como en la
de juzgamiento los sujetos procesales podrán solicitar pruebas y
controvertirlas. Esta situación de aparente contradicción entre una norma
anterior y una posterior es resuelta de conformidad con la interpretación según
la cual las disposiciones del Decreto 2271 de 1.991 son especiales y prevalecen
sobre las generales contenidas en los códigos Penal y de Procedimiento Penal,
atendidas las razones que fundamentaron su expedición por el Gobierno Nacional
previa su no improbación por la Comisión Especial Legislativa, de conformidad
con la interpretación que al respecto esta Corporación fijó en su sentencia de
revisión del Decreto 1156 de 1.992.
Igualmente aparece
que esta interpretación tiene fuerza y carácter de autoridad legal ya que el
artículo 5º transitorio del decreto 2700 de 1.991, dispuso que la competencia
de los jueces regionales y del Tribunal Nacional no se modifica y que ellos
continuarán conociendo de los hechos punibles de que han venido conociendo
hasta ahora, de acuerdo con los decretos que no improbara la Comisión Especial
para convertir normas expedidas en ejercicio de las facultades del estado de
sitio en normas permanentes; en otros términos, es claro que lo dispuesto por
el citado artículo 5º transitorio del C.P.P., se refiere al procedimiento
señalado en dichas normas especiales, pues es obvio que dicha interpretación se
hace sin menoscabo de las nuevas regulaciones constitucionales en materia de
organización y funcionamiento de las entidades encargadas de la administración
de justicia. En consecuencia, se repite, el inciso 1º del artículo 20 también
resulta constitucional en el sentido de que es una disposición especial que
prevalece sobre la general.
En relación con los
incisos 2º y 3º esta Corporación no advierte tampoco inconstitucionalidad
alguna ya que se trata, como se ha reiterado, de una labor de colaboración
armónica entre las ramas del poder público; empero obsérvese que la
Constitución en su artículo 250 numeral 3º, asigna a la Fiscalía la competencia
de "Dirigir y coordinar las funciones de Policía Judicial que en forma
permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la
ley".
Además, no sobra
advertir que en dicho sentido y con carácter complementario se pronuncia el
Capítulo II del Título I, del Libro II del C.P.P., lo que debe entenderse sin
menoscabo de estas competencias especiales de la Policía Judicial; igualmente,
es necesario señalar que es la propia Constitución la que fija el carácter que
en estas materias corresponde a la Fiscalía General de la Nación, lo cual hace
que deban ser interpretadas estas previsiones a la luz del nuevo marco
constitucional.
18.)  Al respecto
del artículo 22 del Decreto 099 de 1991, también adoptado como legislación
permanente por el artículo 4o. del Decreto 2271 de 1991, la Corte
Constitucional considera que tampoco existe vicio de constitucionalidad alguno,
mucho más teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 250 numeral 4º de la
Carta Fundamental, que señala como función de la Fiscalía General de la Nación
la de velar por la protección de los testigos e intervinientes en el proceso;
para ese efecto, el artículo acusado dispone la posibilidad de autorizar
procedimientos en los que se omitan las referencias del declarante y para
conservar dichos datos bajo la reserva que se hace necesaria dentro de tales
actuaciones.
Esta medida se
extiende también a los peritazgos y a cualquier otra prueba; en este sentido se
observa que no existe contradicción entre esta norma y lo establecido en el
artículo 293 del C.P.P., las que deben interpretarse de manera sistemática y
armónica atendiendo a la voluntad del Constituyente con el propósito de
mantener la vigencia de la disposición especial que para estas modalidades delictivas
establezca el legislador extraordinario por virtud del mecanismo de la no
improbación de la Comisión especial legislativa. También cabe señalar que las
referencias a la "Dirección Nacional" y a las "Subdirecciones
Seccionales de orden público" deben entenderse modificadas por las normas
constitucionales y legales que asignan las competencias a los órganos de la
Fiscalía General de la Nación; además, dentro del Decreto 2699 de 1991 se prevé
la existencia de la oficina de protección y asistencia a víctimas, testigos e
intervinientes en el proceso que cumple la función de coordinar las actividades
correspondientes.
19.)  Sobre el
artículo 23 del citado Decreto 099 de 1991 que establece la posibilidad de la
actuación oficiosa por la Unidades Investigativas de Policía Judicial de orden
público del D.A.S. y de la Policía Nacional, debe entenderse que ésta se
adelantará bajo el control de la Fiscalía General de la Nación y de los
respectivos Fiscales Regionales de conformidad con lo dispuesto por el citado
artículo 250 numeral 3º de la Constitución Nacional; empero, dicho control no
enerva la posibilidad de su actuación "oficiosa", ya que se trata de
situaciones especiales para las que está prevista la legislación que se
examina.
Reitera la Corte su
juicio sobre la necesidad de adecuar las denominaciones que traen las
disposiciones de dicha legislación ante el fenómeno del tránsito constitucional
y legal, debiéndose entender en este caso por la "Dirección Seccional de Orden
"Público" a la Dirección Regional de Fiscalías y las respectivas
Unidades de Fiscalía que la componen, y la de "Juez de Instrucción de
Orden Público", por la de Fiscalías Regionales.
El carácter
"oficioso" presupone la capacidad de iniciativa en el comienzo de la
investigación previa o en la indagación sin que se excluya el inmediato control
por parte de la Dirección Regional de Fiscalías y de las Unidades respectivas
de Fiscalía, a las cuales habrá que informarse o dar aviso inmediatamente
iniciada aquella, o a más tardar a la primera hora hábil del día siguiente para
efectos de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y de la ley que
redistribuyeron las funciones correspondientes.
La parte demandada
del inciso primero de este artículo, según la cual las unidades investigativas
de orden público constituídas en las fuerzas militares adelantarán las
diligencias preliminares cuando el delito sea de competencia de la justicia
penal militar, no contraviene la Constitución, ya que es clara la existencia de
esta jurisdicción penal especial, según lo establecen los artículos 116 y 213
de la normatividad superior; desde luego, las competencias de dichas unidades
investigativas están contraídas al ámbito de los mencionados delitos según lo
establecido por el artículo 221 de la Constitución que advierte que "De
los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo,
y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o
tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar".
También debe tenerse
en cuenta que el artículo 251 de la Carta establece que "Corresponde a la
Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella,
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y
tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por los miembros
de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá:
................................................................"
20.)  Igual
predicado debe hacerse respecto de las partes demandadas del artículo 24
literales a), e), g) y h) y su parágrafo 3º, ya que éstos se refieren a la
etapa de investigación previa que se adelanta por los delitos de competencia de
los fiscales y jueces regionales y comprenden las funciones de los miembros de
las Unidades de investigación de orden público del Departamento Administrativo
de Seguridad, de la Policía Nacional, con el propósito de obtener su
colaboración en la debida administración de justicia en este ámbito. Se trata
de la etapa de investigación previa en la que dichas Unidades tienen la
finalidad de colaborar para determinar si hay o no lugar al ejercicio de la
acción penal.
En dicha etapa no
existe sindicado ni acusado, ni siquiera se ha determinado la existencia de la
conducta punible; desde luego, el carácter "oficioso" de estas
actuaciones se ejerce bajo el control del Fiscal General de la Nación y de las
Unidades de Fiscalía y con la presencia del Ministerio Público como lo
determina la norma bajo examen. No deja pasar por alto esta oportunidad la
Corte para reiterar que la expresión citada no implica discrecionalidad
absoluta, ni mucho menos arbitrariedad, solamente, agilidad y prontitud bajo la
dirección política y técnica de la Fiscalía General, la que debe evaluar no
sólo los resultados sino la organización, funcionamiento y trámite de las
actuaciones de dichas unidades en cada caso y en todo momento antes y después de
las actuaciones; obsérvese además, el deber que compete al Procurador General
de la Nación en estas materias para controlar y evitar posibles desvíos y
abusos.
El parágrafo 3º de
esta disposición tampoco resulta contrario a la Constitución ya que se trata
simplemente en la parte acusada de establecer un mecanismo de protección que no
anula la posibilidad de la determinación del autor del hecho que eventualmente
pueda resultar contrario a la ley o a los derechos de las personas.
21.)  Sobre la parte
acusada del artículo 26 que establece la  posibilidad de que un testigo firme
la constancia del acta en la que aparece que al capturado se le ha informado,
en las diligencias adelantadas por la Policía Judicial, de los derechos que le
asisten, al contrario de lo que piensan los demandantes se trata simplemente de
dejar aquella constancia cuando el aprehendido rehúse suscribirla, con el fin
de garantizar el cumplimiento de unas obligaciones constitucionales y legales
de los funcionarios de Policía Judicial. Además, lo dispuesto por el inciso 3º
del mismo artículo constituye una garantía para el aprehendido, puesto que
dicho deber consiste en la puesta en conocimiento de la correspondiente
aprehensión a la persona que indique el sujeto a través de funcionarios judiciales
calificados ahora denominados Directores Regionales de Fiscalía. Predicado
similar y de carácter general aparece previsto por el artículo 377 del C.P.P.;
por tanto, una y otra disposiciones deben interpretarse en sentido armónico y
complementario.
22.)  Sobre la parte
acusada del artículo 27 inciso segundo, y en igual sentido al señalado más
arriba respecto de las garantías de las que puede rodearse a los testigos y a
los peritos, esta Corporación estima que no asiste razón a los demandantes dado
que se trata del mismo amparo sobre la seguridad de que debe rodearse a las
personas intervinientes en el trámite de las diligencias adelantadas ante los
jueces y fiscales regionales. Por tanto, tampoco resulta contraria a la Carta
Política y más bien se adecúa a ella dentro del deber de la Fiscalía de
proteger la vida y la integridad de los testigos e intervinientes, aun los
oficiales, en el proceso (art. 250 num.4o. C.N.). Obsérvese que el artículo 247
del C.P.P. establece para mayor garantía de los sindicados que en los delitos
de competencia de los Jueces Regionales, no se podrá dictar sentencia
condenatoria que tenga como único fundamento uno o varios testimonios de
personas cuya identidad se hubiere reservado.
23.)  Igualmente,
sobre los artículos 30 y 35 cabe precisar que el deber de remitir el expediente
en la etapa de indagación preliminar y en manos de las Unidades de Policía
Judicial de orden público, debe hacerse a la Unidad de Fiscalía o al Director
Regional de Fiscalías, que son las entidades que jurídicamente reemplazan a
aquellas por virtud del transito constitucional y legal, en especial en materia
de organización penal, para que éstas decidan según sus competencias; también,
en caso de que la respectiva "Policía Judicial de orden público" considere
necesario vincular a una persona capturada deberá solicitarlo al Director
Regional de Fiscalía, o ante las Unidades de Fiscalía correspondientes para que
el Fiscal, como miembro de la Rama Judicial del Poder Público, resuelva
conforme a su competencia.
La Corte
Constitucional no encuentra al respecto ningún vicio de inconstitucionalidad y
así habrá de declararlo en la parte resolutiva, puesto que estas disposiciones
se adecúan a las competencias constitucionales y legales de la nueva entidad
encargada de las funciones correspondientes en el ámbito penal de la
jurisdicción ordinaria.
24.)  Sobre la parte
acusada del artículo 37 que establece la posibilidad de la reserva de la prueba
para la persona vinculada mediante indagatoria, para el defensor y para los
auxiliares de la justicia, esta Corporación no encuentra reparo alguno puesto
que se trata de la institución de la reserva de la prueba y del expediente, que
encuentran fundamento constitucional en la necesidad de amparar la protección
de las víctimas, los testigos e intervinientes en el proceso de conformidad con
el numeral 4º del artículo 250 de la Carta. Obsérvese que esta disposición no
se establece para ninguna de las autoridades responsables de la Fiscalía
General de la Nación.
También este
predicado se extiende a las partes acusadas de los inicios 4º y 5º de este
artículo que de un lado contraen la facultad de expedir copias en estas
actuaciones a ciertas diligencias trascendentales en el proceso, y de otro
establecen como causal de mala conducta la transgresión de la prohibición
anterior. Insiste la Corte en que se trata de unas medidas de carácter especial
enderezadas a la mencionada protección que tiene pleno fundamento
constitucional; además dicha reserva será ordenada por el Fiscal o por el Juez
Regional como funcionarios de la Rama Judicial..
25.)  El artículo 39
también resulta acusado en la parte que establece que las Unidades
Investigativas de orden público podrán practicar otras diligencias conducentes,
distintas de las ordenadas por el Fiscal y el Juez; al respecto encuentra la
Corte que tampoco asiste razón a los actores ya que a las diligencias a las que
hace referencia esta disposición son las propias del giro ordinario de las
competencias legales y reglamentarias de la policía judicial y que surgen de
las condiciones del hecho punible bajo la acción de aquellas autoridades, la
que no implica ni comporta por principio violación de los derechos fundamentales,
ni el desconocimiento al principio de legalidad ni al debido proceso; dicha
previsión tampoco comporta desconocimiento de las funciones constitucionales de
la Fiscalía a la que quedan subordinadas por virtud de la competencia
constitucional de dirigir las investigaciones y adelantar la instrucción
correspondiente.
Pero además,
resultaría absurdo considerar que si cualquier persona puede declarar y arrimar
una prueba a la actuación investigativa o de instrucción y aun a la causa, y
estas deben ser recibidas, se deba rechazar o no admitir las pruebas
conducentes que sean allegadas, practicadas o aportadas por unas autoridades
legalmente constituidas y habilitadas para ello.
Ahora bien, en la
parte acusada del inciso 2º del mismo artículo se establece que el auto de
sustanciación que declare cerrada la investigación no será susceptible de
recurso alguno. La Corte Constitucional no encuentra vicio que afecte su
exequibilidad ya que con él se abre la actuación procesal al debate
correspondiente en el juicio por virtud de la resolución acusatoria que
complementa, y culmina esta etapa o con la cesación de procedimiento,
actuaciones ambas que son objeto de grado jurisdiccional de consulta, de
conformidad con lo dispuesto de manera complementaria e integral en el numeral
3º del artículo 5º del mismo decreto y por el artículo 206 del C.P.P. sin que
exista contradicción entre estos; así, se garantiza al procesado que una
autoridad superior revisará la actuación.
Es en verdad un
elemento normativo, procesal y sustancial que de modo evidente se expide para
superar las viejas practicas enervantes y entorpecedoras de carácter dilatorio
y obstruccionista que lindaban con el fraude procesal y que deben desaparecer
al consagrarse constitucionalmente el sistema acusatorio penal; este sistema
supone que el fiscal califica y evalúa los hechos para formular una o varias
acusaciones sustentadas y que el juez, oída la defensa y admitidas las pruebas
de esta y su controversia con todas las garantías judiciales, decide con su sentencia
sobre la acusación. La calificación y el cierre de la investigación es una
decisión de impulso procesal de la acción pública de naturaleza penal,
reservada al Estado a través de sus agentes fiscales que no puede ser objeto de
las mencionadas distorsiones.
26.)  En relación
con los artículos 47 y 50 que atribuyen al antiguo "Director Seccional de
Orden Público" la facultad de señalar a los funcionarios judiciales que
deban adelantar las actuaciones, esta Corporación estima, en primer término,
que debe adecuarse dicha denominación a las nuevas disposiciones
constitucionales y legales en materia de organización de la Rama Judicial y
entenderse que se trata de los "Directores Seccionales y Regionales de
Fiscalías". Ademas, estas disposiciones procuran la agilidad y el cabal
funcionamiento de esta especial legislación que tiene en cuenta las modalidades
criminales que se persigue combatir y toma en consideración la necesidad de
asegurar la reserva de la identidad del funcionario judicial. A la luz de la nueva
Constitución estos funcionarios, es decir, los de las fiscalías, forman parte
de la misma Rama, garantizándose su independencia y autonomía; por tanto y
dentro de las estructuras del nuevo sistema acusatorio, nada se opone a que
dentro de la misma Rama Judicial, existan instrumentos de organización y
funcionamiento de sus recursos humanos y técnicos de acuerdo con su habilidad o
disponibilidad para la más cabal y pronta administración de justicia. Ahora
bien, en cuanto hace a la reserva de la identidad del fiscal o del juez
dispuesta por ellos mismos en la práctica de pruebas, nada se opone a su
consagración legal, que como se ha visto a lo largo de esta providencia se
ajusta a la Carta.
Ahora bien, la
especial naturaleza del procedimiento, que contiene previsiones orientadas a
segurar la reserva de la identidad del juez y en general de los intervinientes
en el proceso, incorpora como una fórmula propia del debido proceso que le es
característica la elaboración escrita, de los contrainterrogatorios, contrariando
la tradicional manera de practicar este tipo de actuaciones procesales, cuya
dinámica ha sido entendida como más eficaz e inmediata cuando se realiza en
forma oral; empero, es evidente que la intermediación oral es extraña a la
naturaleza de éste especial procedimiento, pero no resulta por ello contraria a
la Carta. Obsérvese que el artículo 228 de la Constitución permite al
legislador, señalar cuáles actuaciones judiciales serán públicas y desde luego
cuáles reservadas, siempre dentro del marco de las reglas del Debido Proceso
Penal, lo que permite fundamentar la constitucionalidad de la norma bajo
examen, así como la de otras que forman parte del Estatuto acusado.
De otra parte y
desde un punto de vista material, aquella previsión constituye una verdadera
garantía procesal para el sindicado en tanto que dá certeza de las preguntas
que le son formuladas en el documento escrito, las que de otro modo, ante un
juez sin rostro pudieran ser objeto de toda suerte de cuestionamientos,
críticas u objeciones por parte de los defensores; luego consulta bien el
diseño  del debido proceso de carácter especial, se repite, encontrándose en
consecuencia conforme a la Constitución el precepto acusado.
27.)  Sobre el
artículo 51 en la parte que se acusa, y que establece un mecanismo especial
para la entrega de los memoriales y comunicaciones en general, cabe advertir
que debe entenderse que la Sección Jurisdiccional a que se refiere dicha
disposición, está ahora remplazada por al Unidades de Fiscalía dependientes de
las Direcciones Regionales y Seccionales; igualmente, cuando se hace referencia
al "Director Seccional de Orden Público o su asistente", debe
entenderse que se trata del Director Regional de Fiscalías bajo la nueva
organización de la Rama Judicial. Se trata simplemente de un procedimiento de
administración de la justicia en lo que hace al despacho y a la atención de los
interesados en las actuaciones, para efectos de salvaguardar la identidad de
los funcionarios judiciales, lo que en nada interfiere en la independencia o en
la autonomía del ejercicio de la función judicial.
28.)  En relación
con el artículo 52, acusado en su primer inciso y en su parágrafo 1º, debe
hacerse la siguiente distinción. En primer término el inciso primero establece
una regla especial para efectos del trámite de la resolución de las solicitudes
de nulidad durante la etapa del juicio y de toda otra petición que se formule
dentro de éste, salvo las de pruebas o las que se refieran a la libertad del
procesado, ordenando que aquellas sólo sean decididas en la sentencia.
No comparte la Corte
la opinión de los demandantes sobre la supuesta violación al Derecho de Defensa
y al principio de contradicción que forman parte de las reglas constitucionales
del Debido Proceso Penal, puesto que para los fines de la Constitución, es
suficiente garantía en el ámbito de la jurisdicción penal y en especial la que
atiende ciertas modalidades delictivas como las que ocupan a los jueces y
fiscales y regionales, el que las solicitudes de nulidad y cualquier otra
petición puedan presentarse y ser formuladas para que sean resueltas durante la
etapa del juicio; lo cual a todas luces es una garantía cierta de los derechos
a que se hace referencia y que no pueden ser objeto de desconocimiento legal.
Otro asunto es el
momento procesal de su resolución, el que bien puede ser establecido para la
etapa de la sentencia y, obviamente esta decisión debe ser objeto de los
recursos que correspondan y de la controversia o de las consultas que procedan.
De otra parte, es
claro que el legislador ha advertido que las solicitudes de pruebas o las que
se refieran a la libertad del procesado, siempre durante la etapa de
juzgamiento pueden presentarse y resolverse antes de la sentencia, dada su
importancia para la libertad y para la definición de la responsabilidad durante
esta sustancial etapa.
También cabe
advertir que aún durante la etapa previa al juicio se pueden pedir pruebas y
solicitar la libertad del capturado; empero, lo que no admite esta especial
modalidad procesal durante las etapas de investigación previa e instrucción es
la controversia del material probatorio que se esté recaudando, según lo
dispone el artículo 20 del Decreto 2790 de 1.990 que se estima constitucional
según las observaciones que preceden. Dicho debate probatorio debe surtirse
cabalmente y bajo el rigor de las normas del debido proceso durante la etapa
del juicio, sin que quepa duda alguna sobre la necesidad de la salvaguardia de
los derechos fundamentales del procesado.
De otro lado, el
parágrafo 1o. hace referencia a la improcedencia de la causal de nulidad por la
variación en la asignación del juez durante el sumario o durante el juicio,
advirtiendo que lo que no puede ser objeto de alteración es la naturaleza del
funcionario judicial, la que debe conservarse según lo previsto por la ley que
señala las competencias. Por las razones que rodean esta especial legislación,
es frecuente y necesario el uso del instrumento procedimental de la variación
de la asignación de la actuación que está previsto en otras disposiciones y por
motivos claramente determinados. Nada se opone dentro del marco de la
Constitución a que dicha variación se estime como legal y que ella no genere
nulidad alguna. Los principios del juez natural en estos casos quedan
satisfechos con la no alteración de la naturaleza del funcionario judicial y
con el no establecimiento de jueces y tribunales ad-hoc lo cual sí constituiría
una causal de nulidad sancionada rigurosamente por la ley.
29.)  Sobre el
artículo 59 y sus efectos, esta Corporación tuvo oportunidad de pronunciar
sentencia en la que examinó algunos aspectos relacionados con su aplicación,
frente a la normatividad que surge por la expedición del nuevo Código de
Procedimiento Penal. En este sentido la Corte estimó que en razón a su
naturaleza especial y por obedecer a una legislación que mantiene su vigencia
aún en presencia del nuevo código que se cita, dicha disposición continúa
aplicándose no obstante previsiones generales que aparecen en formal
contradicción con la que se examina. Ahora bien, bajo estos supuestos, la Corte
examina la constitucionalidad de las citadas causales entendiendo que es de
competencia del legislador señalar en abstracto y de manera general el tiempo o
las hipótesis que lo comprendan para que un sujeto sometido a las actuaciones
judiciales de carácter penal deba quedar en libertad provisional; es más, esta
Corporación estima que se hace necesario establecerlas bajo el supuesto según
el cual el poder punitivo del Estado, en materia de la libertad física, debe
tener un límite cuando menos temporal para no incurrir en tratos indignos e
inhumanos que atenten contra las personas. En este sentido, se deja por sentado
que el legislador puede establecer como causal de libertad provisional a lo
sumo el tiempo máximo de la pena imponible con todos sus agravantes y que dicha
causal no puede preverse para más allá de dicho término, so pena de incurrir en
una violación a la Constitución en su artículo 12.
Ahora bien, en el
numeral primero del citado artículo se establece como causal de libertad
provisional el haber sufrido detención preventiva de la libertad, por un tiempo
igual al que el procesado mereciere como pena privativa de la libertad, según
la calificación dada o que deba dársele al delito por el que la persona es
objeto de procesamiento penal; en este sentido la Corte encuentra que no existe
vicio de inconstitucionalidad alguno ya que el legislador prevé como hipótesis
para la procedencia de la mencionada libertad provisional y para permitir el
ejercicio de las funciones punitivas del Estado en cabeza de los jueces, el
haber sufrido detención preventiva por un tiempo igual y no superior al que se
mereciere como pena privativa de la libertad. Obsérvese que en garantía y en favor
del procesado, la ley dispone la asimilación del tiempo de detención preventiva
necesario para obtener la libertad provisional, al término de cumplimiento de
la pena para obtener la libertad condicional siempre que se reúnan los demás
requisitos para otorgarla y que, además, dicho término, según lo señala el
Código Penal, no supere las dos terceras partes de la pena a imponer para el
delito de que se trata.
En relación con el
numeral segundo, se tiene que en él se establece otra causal que limita en el
tiempo el ejercicio de la función punitiva del Estado en materia de la libertad
física, fundada en razones humanitarias por la avanzada edad del procesado.
Nada se opone en el texto de la Constitución al señalamiento de dicha edad y,
por lo contrario es una garantía de la libertad física que toma en cuenta las
condiciones espirituales y morales de las personas de la tercera edad que
merecen, a la luz del Estado social de derecho y de todo Estado con fundamentos
humanitarios, un trato favorecedor especial.
De otra parte, los
actores sostienen que el contraer las hipótesis legales en las que procede la
libertad provisional sólo a estas dos causales, viola la Constitución en tanto
que se establece un trato desigual entre los sujetos llamados a responder punitivamente.
Al respecto esta Corporación considera que no asiste razón a los demandantes ya
que dentro de las mencionadas competencias punitivas y represoras del Estado en
materia de conductas delictivas, bien puede el legislador establecer medidas
como las acusadas en las que evidentemente se prevén mecanismos restrictivos y
diferenciadores, dada las condiciones propias de la modalidad criminal que se
persigue reprimir, siendo del resorte exclusivo de éste señalar las que con
fundamento en la política criminal adoptada pueda establecerse bajo el marco de
la Constitución.
Así, corresponde al
legislador decidir sobre las competencias judiciales con carácter de
generalidad, pero bien puede distinguir en estas materias, las situaciones
delictivas en las que cabe un trato más rígido y otras en las que pueda darse
un trato flexible, atendiendo a razones de sana conveniencia y de juiciosa
consideración sobre las situaciones delictivas que afectan a la sociedad en sus
bienes jurídicos. Desde todo punto de vista, este tipo de diferenciaciones es
aconsejado por la ciencia criminológica y no está proscrito por la Carta.
Por dicha razón el
legislador, en otros ámbitos como el de las conductas delictivas de competencia
de la justicia ordinaria, ha establecido otras y más causales de procedencia de
la libertad provisional como las establecidas en el artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal, sin que esta situación enerve la posibilidad del
establecimiento de reglas como las específicamente previstas en las normas que
se examinan y cuya constitucionalidad se declara por esta providencia.
30.)  También cabe
examinar el artículo 60 en la parte acusada en los dos aspectos a que se
dirige, así: En primer término, se establece que en los procesos por delitos de
competencia de los fiscales o jueces regionales no habrá lugar a la suspensión
de la detención preventiva, y que tampoco habrá lugar a la  suspensión de la
ejecución de la pena para los condenados en los mismos delitos; al respecto
obsérvese que las partes no acusadas del artículo 60 prevén la procedencia de
estas dos prerrogativas favorecedoras, en caso de grave enfermedad o de
embarazo y de parto en los que se puede conceder detención hospitalaria.
Al respecto la Corte
estima que corresponde igualmente al legislador señalar por razones
humanitarias y de dignidad de la persona, estas causales y otras condiciones
que atiendan a la situación personal y física del procesado o condenado;
empero, el legislador está habilitado por la Constitución para señalar cuales
de dichas causales proceden para todos los delitos y cuales no, y también para
establecer un régimen especial ante determinadas modalidades delictivas que
exigen un tratamiento más riguroso y que expresen el celo que pone la sociedad
en la persecución y sanción de los delincuentes e infractores de la legislación
penal en sus distintas modalidades.
Por tal motivo, la
Corte no encuentra fundamento alguno para declarar la inconstitucionalidad de
las expresiones acusadas del artículo 60, bajo la salvedad de que al legislador
corresponde proveer dentro del Estado Social de Derecho erigido en la
Constitución de 1.991, las medidas que con carácter general deban corresponder
a la política punitiva del Estado con el propósito de atender no sólo a las
necesidades represoras de las conductas que atenten contra los bienes jurídicos
de la sociedad, sino también las que corresponden a un trato digno y
humanitario de las personas con independencia de su situación jurídica.
También es deber del
legislador proveer con sus disposiciones generales y aún especiales, para los
efectos de la resocialización de los sujetos que en su actuar han transgredido
el ordenamiento jurídico penal y que no pueden ser reducidos por el Estado a
condiciones infrahumanas y alejadas de la sociedad misma, que debe siempre
procurar su rehabilitación y su reincorporación al orden social y a los bienes
de la convivencia. Se destaca que el carácter general de dichas previsiones no
comportan necesariamente uniformidad o igualdad mecánica, ya que las distintas
modalidades delictivas pueden imponer diferencias reconocidas legalmente.
31.)  Los dos
últimos incisos del artículo 64 aparecen acusados por los actores bajo el cargo
de que en atención a ellos se  establece un mecanismo de reserva sobre las
versiones de los no autores o partícipes de los hechos punibles de competencia
de los jueces y fiscales regionales, sobre autoría, participación y
responsabilidad penal con fines de captura de los sindicados y de incautación
de bienes provenientes de la ejecución del delito. La Corte tampoco encuentra
vicio alguno de constitucionalidad y, por el contrario, reitera sus
consideraciones que se fundamentan en la necesidad de proteger a testigos e
informantes en esta especial legislación y ante las modalidades criminales que
la provocaron. Adviértese que la expresión "Director Nacional de
Instrucción Criminal" deberá entenderse sustituída por la de Director
Nacional de Fiscalías dentro de la nueva estructura del procedimiento penal y
que, además, la expresión Magistrado o Juez comprende ahora la de Magistrado
del Tribunal nacional, Juez y Fiscal Regional.
32.)  Sobre el
artículo 5º del Decreto 2271 de 1.991 por el cual se adoptó como legislación
permanente el Decreto 390 de 1.991, que modificó el Decreto 2790 de 1.990., se
tiene en primer término que el artículo 13 acusado debe examinarse en dos de
sus aspectos, así:
-El primero,
contenido en su inciso inicial y en los numerales 1, 2 y 3 en los que se
establecen reglas de distribución del trabajo según las competencias de los
"jueces de orden público", ahora denominados jueces y fiscales
regionales. Sobre esta primera parte se hace la misma observación que se ha
consignado según la cual las denominaciones de los funcionarios han sido modificadas
por virtud de la puesta en práctica de la nueva organización de la Rama
Judicial, y en especial de la Fiscalía General de la Nación como uno de sus
órganos. Se trata de disposiciones de tránsito que se mantienen vigentes en
cuanto adecuadas a la nueva estructura organizativa a que se hace mención y
porque en ellas se disponen las reglas correspondientes a algunas partes del
procedimiento especial previsto para las modalidades delictivas de que se
ocupan los mencionados funcionarios judiciales.
La Corte estima que
en ellas no existe vicio de constitucionalidad y que además se reproducen
disposiciones procedimentales, aplicables para la investigación y el
juzgamiento de los delitos de que se ocupan, bajo el entendido de que su
lectura interpretativa debe ser adecuadora a la nueva situación
orgánico-institucional de la Rama Judicial.
-La segunda parte de
este artículo que aparece en su parágrafo contiene una regla procedimental
especial, según la cual en este tipo de procesos no habrá lugar a audiencia
pública; en este sentido la Corte estima que no obstante que la audiencia
pública en materia de juzgamiento de las conductas punibles haya sido una
práctica legal y judicial de suma importancia para el debate sobre la
responsabilidad de las personas procesadas, no es en verdad un instituto de
rango constitucional que obligue a su consagración para todos los tipos de
procesos; por el contrario, se trata de una etapa procedimental que en algunos
eventos puede contribuir al mejor ejercicio de las labores de defensa y de
controversia de las acusaciones y de las pruebas, lo mismo que de la
fundamentación de la resolución acusatoria que califique los hechos y la
conducta, lo cual no significa que sea necesario y obligatorio en todos los
casos su realización dentro de los mandatos constitucionales.
Es cierto que la
audiencia pública permite al juez oír y presenciar en igualdad de condiciones
las argumentaciones formuladas tanto por los sujetos procesales y le garantiza
a éste una relación de inmediatez con las versiones orales de los llamados a
participar en el debate judicial. Empero, éste no es un presupuesto absoluto e
indisponible para el legislador, el que, dentro de la política criminal y
previendo los instrumentos procedimentales que correspondan para señalar el
cabal ejercicio de la función judicial y de el fin constitucional y legal de
administrar justicia, puede establecerla o no.
Desde otro punto de
vista y por razones de coherencia y sistematicidad de la legislación especial a
la que pertenece la norma acusada, nada más procedente que no consagrarla como
un instrumento más dentro de las actuaciones que correspondan, ya que, de lo
que se trata entre otras cosas, es de asegurar la identidad del juez y precaver
que en el ejercicio de su función no sea sujeto de amenazas e intimidaciones,
las que pueden presentarse aún antes, dentro y después de verificada dicha
actuación. El ideal de una justicia civilizada en los tiempos que corren en el
mundo contemporáneo es el de asegurarle al juez plena autonomía e
independencia, acompasada con un haz de herramientas idóneas que le permitan
ejercer su función para que la justicia sea expresión objetiva de acierto
dentro de los cometidos de la Constitución y de la ley; por tanto, existiendo
razones como las que actualmente existen, bien puede el legislador suprimir
esta etapa física que es de  debate y de confrontación dialéctica sobre el
material probatorio y sobre la interpretación de la ley, sin dejar de asegurar,
claro está, el derecho constitucional fundamental a la defensa y a la
contradicción y sin olvidar ni desconocer los presupuestos constitucionales del
debido proceso penal como son la presunción de inocencia y el derecho de ser
oído y vencido en juicio.
En este sentido
encuentra la Corte que en la legislación especial que regula los procedimientos
aplicables para los delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales,
dichas garantías están aseguradas al permitirse la contradicción y los alegatos
por escrito de las partes procesales; igualmente está garantizado el derecho a
pedir pruebas en todo momento  y a controvertirlas en la etapa del juicio, así
como el de la posibilidad de plantear nulidades y obtener su resolución, al
igual que el derecho a que el superior revise la actuación surtida sea por
consulta o en ejercicio de los recursos correspondientes. Así pues, el
parágrafo del artículo 13 que se acusa será declarado exequible.
33.) De otra parte
se observa que el parágrafo del artículo 9º acusado, corresponde al artículo 3º
del Decreto 1676 de 1.991 por el que se modificó el artículo 9º del Decreto
2790 en su versión modificada por el Decreto 099 de 1.991; al respecto se tiene
que en la parte del citado parágrafo que atribuye la competencia de los ahora
llamados  "jueces y fiscales" regionales para el conocimiento de los
delitos señalados en el mismo artículo "cualquiera que sea la época  en
que hayan sido cometidos" es idéntica a la parte correspondiente al
parágrafo del artículo noveno del artículo 4º del Decreto legislativo 099
examinada previamente en el numeral 14 de esta parte de la providencia y sobre
el cual la Corte expresa sus consideraciones en el sentido de estimarlo
conforme a la Constitución Nacional.
Al pronunciarse
sobre la constitucionalidad del mismo, la Corte estimó que ésta disposición
expresa una de las competencias ordinarias del legislador en cuanto a la
fijación de los alcances temporales de las normas procedimentales en materia
penal.
De otra parte, este
mismo parágrafo contiene una disposición que exige precisiones interpretativas
para entender su verdadero alcance, dado que no es producto de una feliz
redacción. En efecto, en la disposición que se examina se establece que es de
competencia de los citados funcionarios judiciales que conocen de los delitos
definidos por la legislación especial al que pertenece, el conocimiento de las
conductas que siendo definidas como punibles con anterioridad a la expedición
de aquel decreto, comprendan los mismos supuestos normativos de la conducta
punible y las mismas características comportamentales sancionables bajo esta
legislación.
La disposición
acusada establece como requisito para determinar la competencia atribuida a los
citados funcionarios judiciales, la necesaria adecuación normativa entre ambas
definiciones legales de las conductas sancionables, y a esta precisión debe
estarse el funcionario judicial cuando se trate del ejercicio de sus
competencias procesales y del enjuiciamiento de los presuntos responsables de
la infracción a la ley penal; no se trata, como se advierte claramente, de la
retroactividad de la ley penal sustancial en el tiempo, sino de la necesaria
previsión adecuadora por el tránsito de la legislación especial en materia de
narcotráfico y terrorismo que en los últimos años ha exigido del legislador la
definición de conductas con fundamento en elementos sistemáticos conforme a los
avances orgánicos y funcionales de la jurisdicción penal. De otra parte la
disposición que se examina no permite la extensión de nuevas definiciones
normativas tipificadoras de las conductas punibles hacia el pasado en una
supuesta aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable como lo sostienen
los actores; simplemente se ordena la recepción de las conductas que ya estaban
previstas como delitos en otras definiciones y que, previa la adecuación entre
los elementos tipificadores entre una y otra definición, quepan precisamente
dentro de los tipos penales que se consagran en la nueva legislación. Lo que se
advierte es que las definiciones de las conductas punibles y su reproducción o
redefinición  en otras disposiciones posteriores no implica su derogatoria,
sino la continuidad de su vigencia en la medida de la adecuación de sus
elementos.
34.)  El artículo 5º
del Decreto 1676 de 1.991, adoptado como legislación permanente por el artículo
6º del Decreto 2271 de 1.991, debe ser examinado bajo el entendido de que las
funciones de "Jefe de la Dirección Jurisdiccional de Orden Público"
al que se refiere como competente para hacer el reconocimiento del defensor, la
recepción del juramento y el acto de posesión de éste y del apoderado de la
parte civil, ahora, de conformidad con la nueva estructura de la Rama Judicial,
son ejercidas por el Director Regional de Fiscalías. Se trata de una materia
estrictamente procedimental enderezada a asegurar la identidad de los
funcionarios judiciales dentro del esquema general que orienta a esta
legislación especial sin que se detecte inconstitucionalidad alguna, ya que las
oportunidades para la defensa y la contradicción de las pruebas, lo mismo que
para la presentación de los alegatos y de las argumentaciones de estas partes
procesales, aparecen cabalmente garantizadas en el resto de la normatividad
aplicable, pues las diligencias se surten ante funcionarios judiciales
competentes y habilitados por la Constitución y por la ley para tal fín.
35.) El artículo 6º
del Decreto 1676 de 1.991, adoptado como legislación permanente por el artículo
6º del Decreto 2271 de 1.991, que modifica el artículo 32 del decreto 2790 de
1.990, en la parte acusada, establece como de competencia del "Director
Seccional de Orden Público" la facultad de asignar varios jueces para
recibir en indagatoria a los sindicados capturados en caso de que éstos sean
dos o más, o más de cinco; en este punto observa la Corte que bajo las nuevas
disposiciones orgánicas de la Rama Judicial, dicha competencia aparece radicada
en cabeza del "Director Regional o Seccional de la Fiscalía" quien se
ocupará de ejercerla.
El inciso segundo de
esta misma disposición establece la facultad de los anteriormente denominados
"jueces de instrucción criminal" (ahora denominados fiscales), y de
los jueces promiscuos o penales, para que en caso de la ocurrencia de un hecho
punible de los que trata esta legislación en lugar distinto de la sedes de las
ahora llamadas "Direcciones Regionales, Seccionales de Fiscalía",
puedan recibir las diligencias cuando las Unidades de Investigación (ahora
llamadas Unidades de Fiscalía), se las entreguen para que avoquen el conocimiento
e indaguen a los sindicados. Además, se establece la obligación de los citados
funcionarios judiciales de enviar las diligencias en forma inmediata a la
Dirección Regional correspondiente.
Al respecto esta
Corporación encuentra plena correspondencia entre la norma acusada y la
Constitución Nacional, puesto que se trata de la misma Rama Judicial, la que
con sus recursos humanos y físicos atiende la labor de avocar inicialmente el
conocimiento y eventualmente indagar a los sindicados.
La garantía de la
actuación judicial en estas delicadas diligencias aparece plenamente
satisfecha, puesto que tanto los ahora llamados fiscales, como los jueces
promiscuos o penales del lugar, deben actuar en acatamiento de los supuestos
constitucionales del debido proceso, del derecho de defensa, de la publicidad
de sus actuaciones y de la contradicción; aquellos no pueden desconocer el
derecho que asiste al sindicado de ser acompañado de su apoderado como lo
establece la norma constitucional, ni prolongar las retenciones más allá de los
términos constitucionales y legales. Las funciones correspondientes ahora
radicadas en cabeza de los funcionarios de la Fiscalía no desbordan ninguno de
los limites constitucionales y, por el contrario, reflejan la finalidad de
adecuar todas las estructuras de la jurisdicción penal y sus recursos humanos a
la lucha contra el crimen organizado, teniendo en cuenta las características de
la geografía nacional, de la gran extensión del territorio y los mismos
recursos de la organización, al igual que ciertas modalidades y eventos
criminales en los que no es suficiente la participación de un solo fiscal o de
un solo juez para evacuar el trabajo correspondiente.
Se trata de la
aplicación de las competencias constitucionales de la Fiscalía General de la Nación,
establecidas en el penúltimo inciso del artículo 250 de la Carta que señala:
"El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo
el territorio nacional"; además, dichas funciones son expresión de la
necesaria colaboración de los funcionarios judiciales en todos sus ordenes.
En relación a una
norma similar, contenida en el Decreto 1941 de 1992, expedido bajo la situación
de Conmoción Interior, esta Corporación tuvo oportunidad de examinar la
cuestión sin hallar vicio de constitucionalidad alguno; ahora se reiteran las
consideraciones vertidas en el fallo correspondiente de 22 de febrero de 1993.
36.) El artículo 7º
del Decreto 1676 de 1.991, adoptado como legislación permanente por el artículo
6º del Decreto 2271 de 1.991, que modifica el artículo 33 del Decreto 2790 de
1.990, subrogado a su vez por el Decreto 099 de 1.991, establece en la parte
acusada que las anteriormente denominadas "Unidades Investigativas de
Orden Público", una vez recibida la actuación enviada por el ahora
denominado "Fiscal Regional", podrán practicar las pruebas ordenadas
por éste, así como las que estimen conducentes dentro del término también
señalado por el Fiscal Regional, para efectos de continuar con la instrucción
del sumario después de recibida la indagatoria por el Fiscal y de definida la
situación jurídica del sindicado. Igualmente, se establece que el ahora llamado
Fiscal Regional podrá prorrogar el término de práctica de pruebas sin
formalidad de ninguna índole.
A juicio de la Corte
esta disposición expresa una vez más la necesaria colaboración que debe existir
entre la Rama Judicial del poder público y las demás autoridades del Estado,
para el perfeccionamiento de la investigación bajo la dirección de una
autoridad judicial con el propósito de garantizar la cabal administración de
justicia. Ahora bien, cabe advertir que bajo los supuestos de la nueva
Constitución dichas funciones de las "Unidades Investigativas de Orden
Público" habrán de estar bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía
General de la Nación y de sus delegados (CP Art. 250 numeral 3º); en tal
sentido, la Corte declarará la constitucionalidad de la disposición acusada.
Igualmente, el inciso final de esta disposición establece que el cuaderno
original de estas actuaciones será conservado por la anteriormente denominada
"Dirección Seccional de Orden Público" a fin de entregarlos al ahora
denominado Fiscal para que éste proceda conforme a sus competencias.
Debe entenderse,
como se ha advertido repetidamente en el examen de los restantes casos, que la
dependencia denominada "Dirección Seccional de Orden Público", pasó
ahora a formar parte de las denominadas Direcciones Regionales de Fiscalías y
que en este sentido no violan la Constitución las disposiciones que le
asignaban competencias judiciales bajo el entendido que aquellas son ejercidas,
en adelante, por organismos de la Fiscalía General de la Nación según lo
dispuesto por la Constitución y por la ley.
En lo que se refiere
a la expresión "sin formalidad alguna" debe advertirse que aquella se
refiere únicamente a la orden judicial de prorroga del término para la práctica
de pruebas, lo cual sin duda significa que la providencia que así lo ordene se
expide por los funcionarios judiciales dentro de las competencias de la fiscalía
de "investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores" y de
"investigar tanto  lo favorable como lo desfavorable al imputado".
Aunque no es afortunada la expresión que se examina, debe retenerse que es
deber del funcionario judicial someterse a los limites materiales y formales de
sus competencias y no desbordarlos, so pena de la nulidad; obviamente, dicha
prorroga presupone la conducencia de las pruebas a practicar y su vinculación
con la investigación e instrucción que se adelanta.
37.) El artículo 8º
del Decreto 1676 de 1.991, adoptado como legislación permanente por el Decreto
2271 de 1.991, en la parte acusada establece la facultad de los anteriormente
denominados "Directores Seccionales de Orden Público", ahora incorporados
a las llamadas Direcciones Regionales de Fiscalías, de limitar el número de
procesos asignados a los ahora denominados "fiscales y jueces
regionales", cuando las circunstancias lo aconsejen, y de conformar
equipos de investigadores coordinados por el respectivo Director Regional de
Fiscalías; esta disposición también debe de interpretarse en el sentido que
adecúe la anterior estructura de la jurisdicción de orden público a la
reorganización constitucional y legal de la Rama Judicial en materia penal,
bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación en los
términos que se han examinado precedentemente. Aquella función se adecúa a las
nuevas funciones de dirección de las investigación y de perfeccionamiento de la
instrucción que corresponde a dicho organismo en el ámbito de la jurisdicción
penal.
38.)  El artículo
10º del Decreto 1676 de 1.991, adoptado como legislación permanente por el
artículo 6º del Decreto 2271 de 1.991, en la parte acusada establece que en las
diligencias que tuvieren que practicar los jueces y fiscales, ahora denominados
regionales se podrán utilizar los mecanismos tecnológicos que se estimen
necesarios para garantizar la protección y la reserva de los intervinientes;
esta parte de la disposición acusada también debe examinarse al lado de las
restantes del mismo artículo y en especial de las previstas en su inciso 2º que
establecen el mecanismo según el cual el juez y los fiscales regionales, lo
mismo que los jefes de la "Unidades Investigativas de Orden Público"
que deben intervenir en dichas diligencias deben elaborar un documento que
conservará el ahora denominado Director Regional de Fiscalías para garantizar
la reserva que se pretende. Igualmente se establece el deber legal de guardar
la reserva que obliga a todos los funcionarios que en dichas diligencias
intervienen.
Como se ha repetido
insistentemente, este tipo de disposiciones no se opone a la Constitución
Nacional, mucho menos cuando el artículo 250 numeral 4­º de la Constitución
prevé la facultad de la Fiscalía General de la Nación de velar por la
protección de las victimas, testigos e intervinientes. Por tal razón la Corte
declarará su exequibilidad teniendo en cuenta, además, que las especiales
disposiciones a las que pertenecen estos mecanismos, guardan estrecha relación
con el propósito del legislador y del constituyente de dotar a la Rama Judicial
de los mecanismos suficientes para enfrentar las acciones de la delincuencia
organizada.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por autoridad de la Constitución,
R E S U E L V E:
Declarar Exequibles
los artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Decreto 2271 de 1991 que
incorporan como legislación permanente disposiciones de los decretos legislativo
2790 de 1990, 099 de 1991, 390 de 1991 y 1676 de 1991; en las partes demandadas
y en la forma como aparecen transcritos en el apartado II de esta sentencia y
bajo las consideraciones en ella contenidas.
Cópiese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente
CIRO ANGARITA BARON
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
JOSE GREGORIO HERNANDEZ
ALEJANDRO MARTINEZ
GALINDO
CABALLERO
FABIO MORON DIAZ                      JAIME
SANIN GREIFFENSTEIN
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-093/93
CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL-Vigencia
de Normas (Salvamento de voto)
Consideramos que
la derogatoria de las Leyes puede ser expresa o tácita como lo dispone el
artículo 71 del Código Civil y el artículo 3º de la Ley 153 de 1.887. Por lo
tanto siendo el Decreto 2700 de 1.991 norma que reguló en forma integral el
procedimiento en materia penal, y consagró normas que expresamente se refieren
a los trámites y situaciones procesales que se habían de observar ante la
extinta Jurisdicción de Orden Público, recogida durante el tránsito del ajuste
institucional a que se ha hecho referencia, forzoso es concluir que siendo
posterior a ella la derogó, quedando a salvo exclusivamente todo aquello que no
pugne con las disposiciones de la nueva ley.
DEBIDO PROCESO-Dilación Injustificada (Salvamento de
voto)
En caso de una
dilación injustificada del proceso que exceda un plazo razonable, la persona
debe ser puesta inmediatamente en libertad. Es claro que existe una estrecha
relación entre el debido proceso y el cumplimiento estricto de los términos
procesales. De modo tal que toda dilación injustificada de ellos constituye
agravio al debido proceso.
PRUEBAS-Controversia (Salvamento de voto)
La norma que dice
que la controversia del material probatorio se adelantará durante la etapa de
juicio, contraviene las disposiciones constitucionales porque produce como
resultado la supresión del ejercicio del derecho constitucional de defensa,
colocando durante esta etapa procesal  en estado de indefensión al imputado
frente al Estado, y el defensor pasa a ser un convidado de piedra en la etapa
más trascendental de la investigación penal, imposibilitándose el ejercicio de
la defensa técnica adecuada y suficiente
CONTRAINTERROGATORIO
(Salvamento de voto)
La norma es
inconstitucional porque el contrainterrogatorio escrito dificulta de tal manera
la contrainterrogación, que la desnaturaliza y, por esa vía, la niega,
violándose así el artículo 29 de la Constitución en la parte que dice:
"quien sea sindicado tiene derecho... a controvertir las pruebas que se
alleguen en su contra..." En otras palabras, la ausencia de inmediación en
la interrogación dificulta hasta impedir una auténtica posibilidad de
"controvertir" las pruebas, violándose así la Constitución Política.
JUEZ
REGIONAL/COMPETENCIA EXTENSIVA/JUEZ NATURAL (Salvamento de voto)
La persona tiene
derecho a ser juzgada por una autoridad con jurisdicción y competencia
establecida con anterioridad a la ley, en la determinación de sus derechos y
obligaciones. La garantía de los jueces naturales significa la
existencia de órganos judiciales preestablecidos en forma permanente por la
ley. Juez natural es el juez legal, o sea el "órgano" creado por la
ley conforme a la competencia que para ello la Constitución asigna al Congreso.
El derecho a la jurisdicción consiste, precisamente, como principio, en tener
posibilidad de acceso a uno de esos jueces naturales. La ratio juris  del
"juez natural" se encuentra en el principio de la retroactividad de
la ley penal más favorable. Los parágrafos de los artículos estudiados generan
una abierta violación al principio universal del derecho que consagra que las
normas sólo tendrán vigencia hacia el futuro a excepción de las que se refieran
a la favorabilidad del procesado en asunto criminal, las cuales si serán
retroactivas.  La norma no solamente desconoce el primer presupuesto
(irretroactividad) sino también el segundo (favorabilidad) al trasladar a la
dimensión procedimental de Orden Público, causas que se venían adelantando por
una vía más benigna para ejercitar el derecho de defensa y de contradicción del
proceso penal.
DERECHO DE ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (Salvamento de voto)
El derecho a la
jurisdicción, en cuanto significa posibilidad de acceder a un órgano judicial,
presupone que dicho órgano debe ser el "juez natural" para la causa,
es decir, el tribunal judicial cuya creación, jurisdicción, y competencia,
provienen de una ley anterior al "hecho" originante del proceso. La
posibilidad de acceso a la justicia está consagrada en el artículo 229 de la
Constitución, en cuyo contexto se encuentra contenido el derecho a la igualdad,
al determinar que se garantiza el derecho de toda persona para acceder libremente
a la administración de justicia.
REF: Expedientes
Nos. D-061, D-087 y D-126 (acumulados).
Acción pública de
inconstitucionalidad contra partes de los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto
2271 de 1991, "Por el cual se adoptan como legislación permanente unas
disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de
Sitio".
Santafé de Bogotá,
D.C., febrero veintisiete (27) de mil novecientos noventa y tres (1.993).
Los Magistrados Ciro
Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero hacemos salvamento de voto en el
proceso de la referencia, con fundamento en los argumentos aquí consignados.
Este salvamento
divide la exposición de los conceptos en dos partes: inicialmente se
controvierte la tesis de la mayoría en lo relacionado con la vigencia del
decreto 2271 de 1.991 que adoptó como legislación permanente los Decretos
expedidos bajo el amparo del Estado de Sitio  y luego partiendo del supuesto de
la vigencia del Decreto 2271 de 1.991, se demuestra la inconstitucionalidad de
algunas de las normas revisadas.
1. Introducción.
En Colombia la
utilización permanente del Estado de excepción durante la vigencia de la
Constitución de 1886, desvirtuó el carácter excepcional de esta figura e hizo
de ella un instrumento estratégico de defensa del poder institucional por
encima de los derechos individuales, que se acercó a los propósitos derivados
de la ética utilitarista del Estado absolutista.
Al borrar los
límites que separan lo normal de lo anormal se desvanecen las fronteras
jurídicas que separan la regla de la excepción a la regla. La opción entre lo
uno y lo otro queda en manos de la voluntad política y, entonces, la norma
constitucional que define la excepción se convierte en una norma política que
define la regla. El derecho es apropiado semánticamente por la política. La
excepción a la regla se convierte en un mecanismo de acción gubernamental.
Lo que sí resulta
intolerable para el constitucionalismo es que la normalidad y la anormalidad
sean despojadas de su sentido original y se utilicen estratégicamente con el
fin de obtener los beneficios políticos e institucionales que cada una de estas
dos situaciones pueda tener en un momento específico. Es decir que no sea la
realidad, crítica e inmanejable, la que determine el criterio de la anormalidad
constitucional, sino el beneficio político institucional.
Para los suscritos
Magistrados no es ajeno el problema que actualmente vive el país en materia de
atentados contra los funcionarios judiciales y las personas que intervienen en
el proceso. Es una realidad que afecta todas las esferas de la población y en
especial a los miembros de la Rama Judicial. Su protección, su respeto y la
dignificación de la labor de los funcionarios judiciales es motivo de
preocupación, pero además la voluntad de protección realmente se debe reflejar
en la decisión de tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus vidas.
Sin embargo no por
esta noble causa se puede afectar o involucrar el debido proceso, el derecho de
defensa, ni el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, pues ellas
no han sido las generadoras del aumento de la criminalidad en Colombia.
Por otra parte, el
legislador de excepción no ha seguido una política criminal coherente. Se ha
basado en la "producción en serie" de decretos cuando alguna
situación afecta el orden público, como una especie de respuesta a la
ciudadanía que exige del Gobierno la actuación inmediata ante un hecho
delictivo de trascendencia nacional.
Permitir que existan
legislaciones paralelas, que coexistan dos formas de interpretación y de
aplicación de idénticas disposiciones, crea confusión e inseguridad.
El sistema
legislativo colombiano de excepción ha tenido como elemento preponderante en su
estructuración, la falta de coherencia.
Como consecuencia el
Legislador de excepción ha dejado de lado un verdadero estudio de las
relaciones de causalidad entre los fenómenos sociales y la legislación. Dicho
en otras palabras, las normas no han podido encontrar la concatenación entre el
ser humano y la normatividad.
La pérdida del hilo
causal se demuestra en la inarmonía existente entre los distintos conjuntos
normativos, en su interior y aún entre las partes de la misma norma.
Los decretos
transitorios de estado de sitio que han sido adoptados como legislación
permanente son un ejemplo donde se refleja fundamentalmente el criterio
subjetivo de cada autor.
La evolución social
refleja aquel principio conocido desde Heráclito: "todo cambia, nada
permanece". Esta dinámica es muy grande en los países tercermundistas. El
desbalance económico y social hace que se reciba una doble influencia de
movimiento social, a saber: de una parte el reflejo de los países
desarrollados, y de otra, la subjetividad del hombre colombiano situado en  una
lucha sin precedentes para conseguir la supervivencia.
El resultado de este
cuadro nos ubica en una movilidad social desconocida, frente a lo que para
nosotros es el anhelo de una vida  pacífica.
Como corolario de lo
expuesto, el estado de derecho se encuentra sometido a vaivenes violentos de
velocidad incomprensible. Por lo que las medidas que excepcionalmente se tomen
exigen el máximo cuidado y absoluto respeto por el Estado de Derecho, porque de
lo contrario su contribución no será para el restablecimiento de éste sino para
su total pérdida.
Hay un nuevo
ingrediente que se suma a nuestra crisis: la deificación de los textos
literales de la norma, junto a la incredulidad profunda en la sapiencia y honradez
del Juez.
Como conclusión de
estos fenómenos, conjurar la crisis del Estado de Derecho, que en el mundo
representa una fase transitoria, excepcional, en Colombia se convierte en
permanente y cotidiana.
Toda contradicción
en la estructura del Estado se sanea con una norma. Si la velocidad de la
movilidad social es en progresión geométrica, el legislador colegiado
parlamentario, no puede tener la agilidad para crear normas con el acento
casuista que la deificación de la norma requiere. La consecuencia es que la
Rama Ejecutiva tiene que realizar la labor legislativa. Para ésto se recurre al
Estado de Conmoción Interior y los derechos de la democracia pierden su vigor.
La duda en la
capacidad creadora de los intérpretes condena a Colombia a llegar a la permanencia
de la legislación transitoria. Nuestra generación ha sido designada como
"La del estado de Sitio", por cuanto excepcionalmente hemos vivido en
legislación que no sea extraordinaria.
La legislación de
orden público expedida durante el período presidencial del Dr. Virgilio Barco
Vargas (1.986-1.990), y las disposiciones del estado de sitio o emergencia que
se adoptaron como legislación permanente con posterioridad a la promulgación de
la Constitución de 1.991, no lograron el resultado esperado, no utilizaron los
mecanismos adecuados para ello, no se respetaron las garantías y derechos
fundamentales de la persona, no existió una coherente y definida política
criminal y la expedición de los decretos no fue guiada por una correcta técnica
legislativa.
Por lo tanto este
escrito contiene el total desacuerdo con la adopción como legislación
permanente de la legislación de guerra expedida con anterioridad al actual
ordenamiento constitucional fundamentado en criterios de paz.
2.  Sobre la
naturaleza eminentemente transitoria de las normas demandadas.
Tal y como se
sostuvo en el salvamento de voto de la revisión de constitucionalidad del
Decreto 1155 de 1.992, el Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia
el 1° de julio de 1.992 derogó en forma expresa todas las disposiciones
contenidas en el Decreto 2271, que adoptó como legislación permanente los
decretos expedidos al amparo del Estado de Sitio.
En esa oportunidad
se partió del análisis de los siguientes artículos:
El artículo 573 del
Código de Procedimiento Penal ordena expresamente:
Derógase el Decreto
050 de enero 13 de 1.987, por el cual se expidió el Código de Procedimiento
penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean
contrarias al presente decreto (negrillas fuera de texto).
El artículo 2º
Transitorio del Código de Procedimiento Penal dispone que:
Transcurridos diez
años a partir de la vigencia  del presente Código, los Jueces Regionales y el
Tribunal Nacional perderán la competencia para conocer de los procesos que este
Código les hubiere adjudicado, y la misma será asignada a Jueces del Circuito o
a los que designe la Ley...
Igualmente establece
que pasados cinco años a partir de la vigencia del Código de Procedimiento
Penal el Presidente de la República rendirá un informe al Congreso Nacional en
el que evaluará la actividad de los jueces regionales y el Tribunal Nacional.
El artículo 5º
Transitorio del mismo estatuto consagra la integración de la Jurisdicción de
Orden Público a la Ordinaria "desde el momento en que comience a regir
este nuevo Código", cambia la denominación de Jueces de Orden Público por
la de Jueces Regionales y la de Tribunal Superior de Orden Público por la
Tribunal Nacional, precisando que:
...La competencia de
estos Despachos no se modifica, continuarán conociendo de los mismos hechos
punibles que han venido conociendo hasta ahora con los Decretos que no impruebe
la Comisión Especial para convertir normas expedidas en ejercicio de las
facultades de estado de sitio en legislación permanente.
El artículo 7º
Transitorio señala como organismos que se integran a la Fiscalía General del la
Nación, la Dirección General y Direcciones Regionales de Instrucción Criminal,
el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y los Juzgados de Instrucción Criminal
de la Justicia Ordinaria, de Orden Público y Penal Aduanera, pues las funciones
de investigación, calificación y acusación competen a los organismos de Policía
Judicial y a los Fiscales adscritos a ese organismo judicial.
De igual forma el artículo
1º transitorio  previó que las actuales Fiscalías de los Juzgados Superiores,
Penales del Circuito y Superiores de Aduana y de Orden Público pasarían a la
Fiscalía General de la nación, como en efecto sucedió a partir del 1° de julio
de 1.992.
No sólo en materia
de organización sino también en lo relativo a la competencia, los artículos 69
y 71 del Código de Procedimiento Penal prevén las reglas de la competencia
asignada a los Jueces Regionales en primera instancia, para conocer de los
delitos señalados en los artículos 32, 33, 34, 35, 39 43 y 44 de la ley 30 de
1.986 y de los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, de los
delitos contra el régimen constitucional y de los delitos a los que se refiere
el decreto 2266 de 1.991, con las excepciones allí señaladas. Desde luego, la
segunda instancia se surte ante el Tribunal Nacional.
Así pues,
consideramos que la derogatoria de las Leyes puede ser expresa o tácita como lo
dispone el artículo 71 del Código Civil y el artículo 3º de la Ley 153 de
1.887. Por lo tanto siendo el Decreto 2700 de 1.991 norma que reguló en forma
integral el procedimiento en materia penal, y consagró normas que expresamente
se refieren a los trámites y situaciones procesales que se habían de observar
ante la extinta Jurisdicción de Orden Público, recogida durante el tránsito del
ajuste institucional a que se ha hecho referencia, forzoso es concluir que
siendo posterior a ella la derogó, quedando a salvo exclusivamente todo aquello
que no pugne con las disposiciones de la nueva ley.
3. De la
inconstitucionalidad de algunas normas del decreto 2271 de 1.991.
No obstante lo
anterior, si se considera que las normas demandadas se encuentran vigentes,
como en efecto lo comparte la decisión de la mayoría, estimamos que cinco
artículos del Decreto 2271 de 1.991 son  inconstitucionales, como se explicará
a continuación:
3.1.  Inconstitucionalidad de la
libertad provisional.
En esta oportunidad
se cita de nuevo el salvamento de voto de la revisión constitucional del
decreto 1156 de 1.992, a saber:
Tanto el  artículo
415 del código de procedimiento penal como el artículo 59 del Decreto 099 de
1991, incorporado como legislación permanente en el artículo 4° del Decreto
2271 de 1991, regulan la libertad provisional en los procesos de competencia de
los Jueces Regionales o del Tribunal Nacional.
En primer término es
preciso determinar si existe o no una antinomia entre ellas.
Dice así el artículo
415 del código de procedimiento penal:
Causales de libertad
provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado
tendrá derecho a libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o
prendaria en los siguientes casos:
1. Cuando en
cualquier estado del proceso estén demostrados los requisitos para suspender
condicionalmente la ejecución de la sentencia. Salvo lo dispuesto en   el
artículo 417 de este código, la libertad no podrá negarse con base en que el
detenido provisionalmente necesita tratamiento penitenciario.
2. Cuando en cualquier
estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un
tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el delito
que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele.
Se considerará que
ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva al tiempo necesario
para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos
para otorgarla.
La rebaja de pena
por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción.
La libertad
provisional a la que se refiere  este numeral será concedida por la autoridad
que esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la
causal aquí prevista.
3. Cuando se dicte
en primera  instancia, preclusión de la investigación, cesación en
procedimiento o sentencia absolutoria.
En los delitos de
competencia de los jueces regionales, la libertad prevista en este numeral sólo
procederá cuando la providencia se encuentre en firme.
4. Cuando vencido el
término de ciento veinte días de privación efectiva de libertad, no se hubiere
calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará ciento ochenta
días, cuando sean tres o más los imputados contra quienes estuviere vigente
detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la
libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.
No habrá lugar a la
libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido
calificar por causas atribuibles al sindicado o a su defensor.
5. En el delito de
homicidio descritos en los artículos 323 y 324 del Código Penal, y en los
conexos con éste, cuando haya transcurrido más de un año de privación efectiva
de la libertad contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación,
sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública.
En los demás casos
el término previsto en el inciso anterior se reducirá a la mitad.
No habrá lugar a la
libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, así esta se
encuentre suspendida por cualquier causa, o cuando habiéndose fijado fecha para
celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuida al
sindicado o a su defensor.
6. Cuando la
infracción se hubiere realizado con exceso en las causales de justificación.
7. En los delitos
contra el patrimonio económico cuando el sindicado,  antes de dictarse
sentencia, restituya el objeto material del delito, o su valor  e indemnice los
perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.
8. En los eventos
del inciso 1° del artículo 139 del Código Penal, siempre que la cesación del
mal uso, la reparación de lo dañado o el reintegro de lo apropiado, perdido o
extraviado, o su valor,  y la indemnización de los perjuicios causados, se haga
antes de que se dicte sentencia de primera instancia.
El funcionario
deberá decidir sobre la solicitud de libertad provisional en un término máximo
de tres días.
Cuando la libertad
provisional prevista en los numerales 4 y 5 de este artículo se niegue por
causas atribuidas al defensor, el funcionario judicial compulsará copias para
que investiguen disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras
disipatorias.
Parágrafo. En los delitos de competencia de los
jueces regionales la libertad provisional procederá únicamente en los casos
previstos por numerales 2 y 3 de este artículo. En los casos de los numerales
4 y 5 los términos para que proceda la libertad provisional se duplicarán.
Y según el Decreto
2271 de 1991, artículo 4° -que adoptó como legislación permanente el artículo
59 del Decreto 099 de 1991-, los sindicados por cuenta de los jueces de orden
público sólo gozan de dos causales de libertad provisional, así:
Adóptase como
legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto Legislativo 099
de 1991:
Artículo 59.- Los
procesados por los delitos de competencia de los Jueces de Orden Público sólo
tendrán derecho a la libertad provisional en los siguientes casos:
1. Cuando en
cualquier estado del proceso hubieren sufrido en detención preventiva un tiempo
igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el delito de que
se les acusa, habida consideración de su calificación o de la que debería
dársele.
Se considerará que
ha cumplido la pena el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario
para obtener la libertad condicional, siempre que se reúnan los demás
requisitos para otorgarla.
2. Cuando fuere
mayor de setenta (70) años, siempre que no haya sido procesado antes por uno de
los delitos de competencia de los Jueces de Orden Público.
La posible antinomia
entre estas dos normas debe ser resuelta en virtud de su conformidad con el
ordenamiento jurídico.
Ello por cuanto el
ordenamiento jurídico se caracteriza por su unidad y coherencia a partir del
principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 4° de la
Constitución.
En virtud de dicho
principio se construye el sistema jurídico colombiano, caracterizado entonces
por ser jerárquico, de suerte que en la cúspide se ubica la Constitución
Política como norma de normas. Este concepto se construyó en Colombia desde el
Acto Legislativo número 3 de 1.910.
Nos encontramos en
presencia de dos normas cuya duda en la aplicación generó la declaratoria de
conmoción interior.
El examen de
constitucionalidad entonces consiste en comparar las dos normas precitadas con
la Carta,  para establecer su conformidad o inconformidad con ella.
En este sentido
entonces se analizará cuál es la interpretación más acorde con la Constitución,
pues ella  en su integridad es vinculante debido a la enérgica pretensión de
validez de las normas materiales de nuestro Estatuto Superior.
3.1.1. El debido proceso
El artículo 29 de la
Carta dice:
El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
En materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso (negrillas no
originales).
El debido proceso,
reconocido en el artículo 29 de la Carta, es una manifestación del Estado
Social de Derecho que tiene como fundamento la protección del hombre frente a
las actuaciones del aparato estatal. Consiste esencialmente en el respeto a las
formas que se deben cumplir para la actuación del Estado en sus distintas
manifestaciones.
Al ser el debido
proceso el marco fundamental, para el estudio que ocupa el salvamento de voto,
se hace necesario ahondar en los siguientes aspectos que lo conforman.
3.1.1.1. Debido proceso sin dilaciones
injustificadas
Como se anotó en el
salvamento precitado:
Consideramos que en
caso de una dilación injustificada del proceso que exceda un plazo
razonable, la persona debe ser puesta inmediatamente en libertad.
Así lo ha
establecido la Corte Constitucional cuando en la Sala Primera de Revisión dijo:
En lo que toca con
la práctica de pruebas, el Jefe de la respectiva Unidad Investigativa afirma
que la excesiva congestión explica las demoras que se han presentado en este y
otros caos. Esa afirmación explica mas no justifica la dilación, por cuanto el
sindicado no tiene por qué soportar las consecuencias de una inadecuada
organización logística y administrativa en la administración de justicia... Lo
que la constitución prohibe es la dilación injustificada (artículos 29 y 228
C.C.), cualquiera que sea la explicación que se dé al respecto... Ninguna otra
posibilidad de interpretación es viable a luz del contenido del artículo 228 de
la Carta... Para esta Corte Constitucional, entonces, es claro que existe una
estrecha relación entre el debido proceso y el cumplimiento estricto de los
términos procesales. De modo tal que toda dilación injustificada de ellos
constituye agravio al debido proceso.1
Esta jurisprudencia
es concordante con la expresada por la Sala Tercera de Revisión, cuando sostuvo
lo siguiente:
Considera la Corte
que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí
mismos, ya que él no se concibe como un fin sino como un medio para alcanzar
los fines de la justicia y seguridad jurídica, sino de asegurar que, a través
de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los
gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la
obtención de pronta y cumplida justicia.2
El artículo 228
constitucional, por su parte,  dispone que "los términos judiciales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado".
Ahora bien, ¿cuando
son justificadas las dilaciones de un proceso?
Lo primero que es
preciso anotar es que, por tratarse de una restricción a un derecho
constitucional fundamental, la búsqueda de tales dilaciones es restrictiva y no
debe guiarse por la analogía o cualquier otro criterio expansivo de la misma.
Seguidamente se
advierte que en el derecho de otras jurisdicciones la justificación de una
demora en el servicio -así como la falta o falla en el mismo-, sólo es
tolerable y constituye lo que se denomina la "causa extraña", en
eventos como por ejemplo la fuerza mayor, el caso fortuito o la culpa de un
tercero o de la víctima. Son en general hechos imprevisibles e irresistibles.
Estimamos que
eventos de esa magnitud -distintos, por supuesto-, justificarían ciertamente la
dilación de un proceso penal en un caso dado, porque el Estado, a pesar de su
diligencia, se enfrenta a acontecimientos que lo rebasan. Tal es el caso por
ejemplo de la investigación contra organizaciones criminales profesionales o
cuando las pruebas de las mismas provienen del exterior.
En estos casos se
justifica no un desconocimiento del contenido esencial del derecho sino una
mayor limitación del mismo, traducida en un mayor término -por ejemplo el
doble o triple-.
Ahora bien, en
cuanto a la ratio iuris del derecho establecido en el artículo 29 de la
Carta que consagra un debido proceso sin dilaciones, necesario es anotar que se
trata de un derecho evidente y necesario en el marco de un Estado social de
derecho  que vela por la dignidad de la persona y el respeto efectivo de los
derechos humanos, de conformidad con los artículos 1° y 2° de la Constitución.
La limitación de la
libertad y las molestias propias de un proceso penal durante su instrucción es
una carga que deben soportar las personas, de conformidad con los deberes
respecto a la administración de justicia de que trata el artículo 95.7 de la
Carta.
Se trata de un deber
gravoso pero que es necesario asumir, pues parte del supuesto de la vida del
hombre en sociedad. Es gravoso porque en la etapa de instrucción el sindicado
se presume inocente y no ostenta la calidad de condenado. Pero es un deber
necesario en virtud del interés general -artículo 1° C.P-, que en este caso
envuelve la aspiración colectiva de administración de justicia.
Es por esta doble
vía que el principio de celeridad debe caracterizar los procesos penales. Ni el
sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el
Estado califique el sumario ni la sociedad puede esperar por siempre el
señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra
en la comunidad.
Esta idea es
reiterada por Eissen cuando afirma que ello "implica un justo equilibrio
entre la salvaguardia del interés general de la comunidad y el respeto de los
derechos fundamentales del hombre, aunque atribuyendo un valor particular a
estos últimos."3
De este sentir es
también Bidart Campos cuando defiende "el derecho del imputado a superar
con celeridad razonable la sospecha que pesa sobre él mediante una sentencia
oportuna (condenatoria o absolutoria)".4
Luego es esencial la
aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia. Ello se
desprende directamente del artículo 228 de la Constitución cuando afirma que
los "términos judiciales se observarán con diligencia", e indirectamente
del artículo 209, cuando sostiene que el principio de celeridad debe
caracterizar la actuación administrativa.
Fue pues voluntad
manifiesta del constituyente consagrar la celeridad como principio general de
los procesos  judiciales.
Luego la expresión
"dilaciones injustificadas" del artículo 29 de la Constitución debe
ser leída a partir del artículo 228 ídem -cumplimiento de los términos- e
interpretada a la luz del artículo 7.5 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos, esto es, "dilaciones injustificadas" debe
entenderse que como "un plazo razonable" que es necesario cumplir.
Ahora una
dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar una demora en
un proceso penal.
Ello por dos
motivos. Primero, porque las personas no tienen por qué soportar la ineficacia
e ineficiencia del Estado. Segundo, porque se viola el principio de igualdad
material, según el cual, como ya la ha establecido esta Corporación5
, las situaciones iguales se tratan de manera idéntica y las situaciones
diferentes se tratan de manera desigual. En este sentido, si a un detenido de
la jurisdicción ordinaria le dilatan un proceso por causa imputable al Estado,
éste lo pone en libertad en virtud de las causales  previstas al efecto
(artículo 415 del C. de P. P.); pero si se trata de un detenido por cuenta de
los fiscales regionales al cual le dilatan un proceso por causa imputable al
Estado, éste de todas maneras lo mantiene privado de libertad, en nombre de una
presunta "medida de aseguramiento dirigida a proteger la sociedad" y
a evitar la "impunidad" (artículo 4° del Decreto 2271), violando así
el principio de igualdad.
¿A partir de qué
tiempo una dilación es injustificada? Los autores de este salvamento estimamos que esta
expresión del artículo 29 significa que una dilación es injustificada cuando
excede un plazo razonable.
Ahora bien, ¿qué
es un plazo "razonable"? El derecho constitucional colombiano no
lo dice, luego es necesario acudir al un único criterio constitucional de
interpretación, consagrado en el artículo 93 de la Carta, que dice:
Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen
en el orden interno.
Los derechos y
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
(negrilla fuera de texto).
Como ya lo ha
establecido la Corte Constitucional6 , los derechos constitucionales
fundamentales, como el debido proceso, deben interpretarse a la luz de este
artículo 93, el cual tiene fuerza jurídica vinculante y supralegal en Colombia.
En este sentido, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Ley 74
de diciembre 26 de 1968, anota en  su artículo 9.3:
Toda persona
detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a
ser puesta en libertad... (negrillas de la Corte).
La Convención
Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica",
ratificada por ley 74 de diciembre 26 de 1968, expresa en su artículo 7.5:
Toda persona
detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada
a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio (negrillas no
originales).
La Declaración
Universal de los Derechos del Hombre dice en su artículo 6°:
1. Toda persona
tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo
razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la
Ley, quién decidirá sobre sus derechos y obligaciones civiles o sobre el
fundamento de cualquier acusación en materia dirigida contra ella (negrillas
fuera de texto).
Este principio es
reiterado por la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta
de Bangel), cuando en su artículo 7º preceptúa:
Toda persona tiene
derecho a ser oída. Esto comprende:
...d) El derecho a
ser juzgado en un plazo razonable por una corte o tribunal imparcial
(negrillas fuera de texto).
Más claro que los
anteriores es el artículo 5.3 del Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales aprobado en Roma en 1950 por el
Consejo de Europa, cuando afirma:
Toda persona
detenida preventivamente... tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable
o a ser puesta en libertad... La puesta en libertad puede ser condicionada a
una garantía que asegure la comparecencia del interesado en el juicio
(negrillas no originales).
Se advierte que
estas normas muy similares, reiteran y desarrollan a nivel mundial los términos
del artículo 29 de la Constitución precitado (vid supra), en lo concerniente al
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas.
Por otra parte,
respecto de la razonabilidad, Mortati afirma que ella "consiste en una
obra de cotejo entre hipótesis normativas que requieren distintas operaciones
lógicas, desde la individualización e interpretación de las hipótesis
normativas mismas hasta la comparación entre ellas, desde la interpretación de
los contextos normativos que pueden repercutir, de un modo u otro, sobre su
alcance real, hasta la búsqueda de las eventuales disposiciones
constitucionales que especifiquen el principio de igualdad y su alcance".7
Y el artículo 36 del
Código Contencioso Administrativo dice:
En la medida en que
el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y
proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Ahora, el
parágrafo del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, que duplica
el término que dispone el fiscal para calificar el sumario, en los casos de
conocimiento de los fiscales regionales, es un plazo razonable porque
obedece a la dificultad en la consecución de las pruebas en dichos procesos, al
tiempo que define un tope máximo que, de no ser observado, se convierte en una
causal de libertad provisional.
3.1.1. 2. La favorabilidad
Dice el inciso
tercero del artículo 29 de la Constitución:
En materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
En este acápite es
necesario, en primer lugar, demostrar la procedencia del principio de la
favorabilidad debida a la ausencia de ordenamientos diferentes entre la
jurisdicción procesal penal ordinaria y la regional, para luego estudiar las
implicaciones de la aplicación de la favorabilidad.
La razón jurídica de
la favorabilidad no es otra que la  dignidad de la persona, consagrada en el
artículo 1° de la Constitución, que se traduce, según el artículo 6° ídem, en
el hecho de que en un Estado social de derecho la libertad es la regla y la
restricción a la misma la excepción.
Tal principio bebe
en las fuentes ideológicas del pensamiento humanista, sobre el cual se edificó
el Estado moderno.
Para nosotros, en
consecuencia, según la favorabilidad, el parágrafo del artículo 415 del código
de procedimiento penal, en la medida en que es más favorable que el artículo 59
del Decreto 099 de 1991, debe aplicarse de preferencia en materia de causales
de libertad provisional, por ser más conforme con el artículo 29 de la
Constitución.
Como último
argumento del presente tema, tratado también en el salvamento de voto del
Decreto 1155 de 1.992,                                           queremos
insistir en la interpretación al absurdo o argumento "apagógico":
Como anota Ezquinaga
Ganuzas, la interpretación al absurdo o apagógica "es aquel argumento que
permite rechazar una interpretación de un documento normativo de entre las
teóricamente (o prima facie) posibles, por las consecuencias absurdas a las que
conduce"8 . La reductio ad absurdum es una
demostración basada en la lógica clásica, que consiste en afirmar la verdad de
una tesis, mostrando cómo la tesis contraria es, a su vez, contradictoria con
otra tesis ya demostrada o tenida como verdadera. En palabras de Kalinowski,
"si p, entonces no p, entonces no p"9 , que se puede enunciar
diciendo que si una proposición implica su propia contraria, debe ser falsa.
El argumento
apagógico encuentra toda su manifestación en el hecho que  el Gobierno Nacional
estima que las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal
aplicables a los procesos de competencia de los Jueces regionales y del
Tribunal Nacional no son aplicables antes de diez años.
Según la
interpretación del Gobierno se debe aplicar la normatividad de orden público,
cuando ésta, salvo en materia de competencia, se había integrado completamente
al régimen procesal penal ordinario desde la entrada en vigencia del Código.
En virtud del método
de la reducción al absurdo, entonces, para el Gobierno las normas del Código de
Procedimiento Penal sólo serán aplicables a partir de un momento en el cual
éstas ya no tendrán destinatarios y por tanto están condenadas a ser
inefectivas desde su creación. En efecto, dentro de diez años, momento en el
cual habrá desaparecido la competencia de los jueces y fiscales regionales, por
disposición de los artículos 2° y 5° transitorios del código de procedimiento
penal, no habrá destinatarios de dichas normas. En otras palabras, para el
Gobierno estas normas empezarán a aplicarse cuando ya no haya a quién
aplicársele, lo cual es un absurdo total.
Tal interpretación
implica desde luego que el legislador -excepcional- profirió una norma que
nunca sería efectiva, esto es, que nunca tendría aplicación. Tal hipótesis debe
ser descartada, porque en principio si al momento de aplicarse una norma hay
una interpretación que la hace útil y otra que la hace inútil,
indiscutiblemente debe preferirse la interpretación denominada con "efecto
útil", porque tal interpretación es un principio general de derecho
positivizado, que es criterio auxiliar de interpretación en virtud del artículo
230 de la Carta.
Dicho principio
general de derecho está recogido como interpretación lógica en el artículo 1620
del código civil, que dice:
El sentido en que
una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no
sea capaz de producir efecto alguno10
.
3.2. Inconstitucionalidad de la controversia del
material probatorio en la etapa de juicio.
El artículo 20 del
decreto 099 de 1.991 adoptado como legislación permanente por el
artículo 4º del decreto 2271 de 1.991, dice:
La controversia del
material probatorio se adelantará durante la etapa de juicio...
Esta norma
contraviene las disposiciones constitucionales porque produce como resultado la
supresión del ejercicio del derecho constitucional de defensa, colocando
durante esta etapa procesal  en estado de indefensión al imputado frente al
Estado, y el defensor pasa a ser un convidado de piedra en la etapa más
trascendental de la investigación penal, imposibilitándose el ejercicio de la defensa
técnica adecuada y suficiente como lo dispone el artículo 29 de la Constitución
y los artículos 8º y 14 de la Convención Americana y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.
Como antecedente de
la disposición que consagra la controversia probatoria en la etapa de juicio,
encontramos el artículo 186 del Decreto Ley 181 de 1.981 "Por el cual se
expide el Código de Procedimiento Penal", que disponía:
Artículo 186.
Contradicción. Durante la investigación no habrá controversia probatoria. En el
juzgamiento las partes podrán controvertir las pruebas de cargo y descargo.
Para ello gozarán de libertad bajo la dirección del juez.
El referido artículo
fue declarado inexequible en forma parcial por la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 2 de octubre de 1.981, en la que se decía:
El derecho de
defensa.
El derecho de
defensa emana también del artículo 26 de la Carta, porque pertenece al debido
proceso. Más aún, esta norma constitucional tiene como objeto principal su garantía,
dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se
relaciona directamente con los derechos esenciales de la libertad, de la
igualdad ante la Ley y la seguridad. Es, además, un derecho histórico. Los
romanos instituyeron el principio auditur altera pars, como regulador de todo
proceso en garantía de sus partes. No hay un sistema procesal alguno que lo
pueda excluir.
...El derecho de
defensa en la práctica se descompone, entre otros, en los derechos de
impugnación y de contradicción esenciales a él y consecuencia jurídico procesal
de su aplicación. Su fuente constitucional es la misma...
...Los artículos
151, inciso 2º., 186 en su parte inicial, y 344 del Código de Procedimiento
Penal sólo permiten a una de las partes, la de acusación que es la misma
encargada de la función investigadora, actuar plenamente en la etapa
investigativa ya que en ellos se le niega a la defensa el derecho de recurrir
contra las providencias del investigador y manifestarse con respecto a sus
pruebas, con detrimento de los principios de impugnación y de contradicción
inherentes al derecho de defensa que consagra la Carta. Se ha de esperar a que
sobrevenga la etapa del juzgamiento para que sea posible ejercitar los actos
esenciales de toda defensa. Entonces durante la investigación apenas existen la
posibilidad de una defensa restringida, no obstante que la Ley de facultades
manda la absoluta igualdad de las partes en el proceso, en todo el proceso. La
defensa ha de ser unitaria y continua, y debe existir ab initio del proceso,
sobre todo si se trata del sistema mixto que este consagra con marcada
acentuación hacia el acusatorio en obedecimiento a lo ordenado por el literal
c) del artículo 1º de la Ley 6a. de 1.979, pues bien se sabe que en este sistema
el acusador es el mismo investigador que dispone en la primera etapa del
proceso los elementos que determinarán  el resultado final del juzgamiento, sin
que sus actuaciones procesales puedan ser objeto de impugnación o de
contradicción en su momento, para depurarlas y conformarlas a la verdad. Hay
una íntima relación de causalidad entre la investigación  y el juzgamiento, que
sirve para demostrar la unidad del proceso penal, pero a esa unidad no
corresponde la absoluta igualdad de las facultades de los sujetos vinculados a
él, como con tanta claridad lo ha ordenado el legislador. El hecho de que los
principios de impugnación y contradicción se encuentren consagrados para la
etapa de juzgamiento no es suficiente. La norma de la Ley de facultades se
refiere a la necesidad de que tales derechos existan en todo el proceso y no
sólo en una parte de él, con mayor razón si las actuaciones ocurridas en la
primera etapa son determinantes de la segunda e influyen tan poderosamente en
su resultado.11
Los abajo firmantes
compartimos esta tesis de la Corte Suprema de Justicia y es por ello que nos
separamos de la decisión de la mayoría.
3.3.
Inconstitucionalidad del contrainterrogatorio realizado por escrito.
El artículo 50 del
decreto 099 de 1.991 dice:
A fin de garantizar
su seguridad, cuando el Juez considere conveniente, mentener la reserva de su
identidad o las de los intervinientes en el proceso, dispondrá que en la
práctica de pruebas se utilice cualquier medio o mecanismo adecuado para tal
efecto, o que los contrainterrogatorios, solicitud de aclaración de dictámenes
o cualquier petición similar, se formulen y tramiten por escrito.
La importancia del
interrogatorio se hace manifiesta porque un interrogatorio bien dirigido
permite a los funcionarios judiciales y a los sujetos procesales sacar el
máximo de provecho de un testimonio, pues fácilmente puede conocerse cuando el
declarante o el procesado están mintiendo u ocultando hechos que son de
importancia para la investigación.
Interrogar es un
arte que exige conocimientos, capacidad, preparación y cuidado. El
interrogatorio técnico no puede improvisarse y por eso es importante para el
investigador, para el funcionario instructor y para el juez fallador, conocer
algunas pautas, y prepararse adecuadamente sobre ese aspecto.
Para los suscritos
entonces esta norma es inconstitucional porque el contrainterrogatorio escrito
dificulta de tal manera la contrainterrogación, que la desnaturaliza y, por esa
vía, la niega, violándose así el artículo 29 de la Constitución en la parte que
dice: "quien sea sindicado tiene derecho... a controvertir las pruebas que
se alleguen en su contra..." En otras palabras, la ausencia de inmediación
en la interrogación dificulta hasta impedir una auténtica posibilidad de "controvertir"
las pruebas, violándose así la Constitución Política.
3.4
Inconstitucionalidad de la competencia extensiva de los Jueces Regionales.
El parágrafo del
artículo 9º del decreto 099 de 1.990 y el parágrafo del artículo 9º del Decreto
1676 de 1.991 adoptados como legislación permanente por los artículos 4º y 6º
del decreto 2271 de 1.991,  disponen en su orden:
Parágrafo.- La
competencia de los Jueces de Orden Público comprenderá además el conocimiento
de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a
ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido
cometidos o sus delitos conexos conservándose la unidad procesal en el
evento en que se extienda a otras jurisdicciones, con excepción de la de
menores, así como de los casos de fuero constitucional. En todo caso la ley
sustancial favorable, o la procesal de efectos sustanciales de la misma índole,
tendrá prelación sobre la desfavorable (negrillas no originales).
Parágrafo: la
Competencia de los Jueces de Orden Público comprenderá además el conocimiento
de las actuaciones y procesos en curso por los hechos punibles atribuidos a
ellos en este artículo, cualquiera que sea la época en que hayan sido
cometidos  y a sus delitos conexos, conservándose la unidad procesal en el
evento de que se extienda a otras competencias, con excepción de los menores,
así como de los casos de fuero constitucional. Igualmente conocerán de los
delitos cometidos con antelación a la fecha en que fueron definidos los tipos
penales que aparecen en este Decreto y en las normas a que él se refiere cuando
se adecúen a ellos. En todo caso la ley sustancial favorable, o la procesal de
efectos sustanciales de la misma índole, tendrá prelación sobre la desfavorable
(negrillas no originales).
Para los suscritos
las frases en negrillas son inconstitucionales, con fundamento en las
siguientes nociones:
3.4.1. Teoría del
Juez Natural.
La teoría del Juez
Natural tiene su origen en el artículo 29 de la Constitución Política, en su
segundo inciso:
...Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio (negrillas no originales).
En virtud del
artículo 93 de la Constitución, el inciso segundo del artículo 29 debe ser
interpretado a la luz de los tratados internacionales que Colombia ha suscrito
en materia de derechos humanos.
Así, los Tratados
Internacionales -en su afán de proteger al hombre en su situación mas débil:
frente al aparato estatal-,  han determinado la situación fáctica dentro de la
cual se debe enmarcar la función jurisdiccional del Estado.
La Convención
Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", en
el párrafo primero del artículo 8º, establece:
Artículo 8. Garantías
Judiciales.
1. Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter
(subrayas fuera de texto).
Se concluye que
la persona tiene derecho a ser juzgada por una autoridad con jurisdicción y
competencia establecida con anterioridad a la ley, en la determinación de sus
derechos y obligaciones.
La garantía del Juez
Natural es de las que se han denominado "garantías clásicas", pues
bien pronto se comprendió que de nada valía exigir que el delito que se
imputaba a un presunto criminal estuviese previamente tipificado por la Ley, y
que la pena imponible también hubiese sido prevista con anterioridad por una
Ley, si las autoridades podían elegir a su antojo el Juez que había de conocer
de la causa. La importante "garantía de fuero" radica precisamente en
que para un presunto delincuente o para un determinado delito o contravención
sólo existe un Fiscal, Juez o Tribunal al que le corresponde conocer del caso,
por así venir predeterminado por la Ley.
La garantía de los
jueces naturales significa la existencia de órganos judiciales preestablecidos
en forma permanente por la ley. Juez natural es el juez legal, o sea el
"órgano" creado por la ley conforme a la competencia que para ello la
Constitución asigna al Congreso. El derecho a la jurisdicción consiste,
precisamente, como principio, en tener posibilidad de acceso a uno de esos
jueces naturales. Por la doctrina universal se acepta que el principio del
juez natural es una emanación del principio de la legalidad del proceso, empero
ha tomado un cuerpo independiente, pues no es meramente una forma, un rito, un
instrumento para hacer efectivo el derecho sustancial y proteger -entre otros-,
el derecho de defensa, sino un concepto que tiene relación con la jurisdicción,
con la función de decir el derecho, de arraigo y calado constitucional.
El derecho a la
jurisdicción, en cuanto significa posibilidad de acceder a un órgano judicial,
presupone que dicho órgano debe ser el "juez natural" para la causa,
es decir, el tribunal judicial cuya creación, jurisdicción, y competencia,
provienen de una ley anterior al "hecho" originante del proceso.
La posibilidad de
acceso a la justicia está consagrada en el artículo 229 de la Constitución, en
cuyo contexto se encuentra contenido el derecho a la igualdad, al determinar
que se garantiza el derecho de toda persona para acceder libremente a la
administración de justicia.
Pero el acceso a la
administración de justicia conlleva para el individuo la predeterminación legal
del juez natural como garantía de seguridad jurídica.
La palabra
"juez" no alude a la persona física del juez, sino al tribunal u
órgano judicial.
En este sentido el
derecho constitucional consagra:
a) El principio de
la unidad de jurisdicción, que radica a la administración de justicia
exclusivamente en los órganos del poder judicial, con las solas excepciones de
los fueros  y de las jurisdicciones especiales.
La Constitución
colombiana consagra en el artículo 221 el fuero penal militar y en los
artículos 246 y 247 las jurisdicciones especiales -de los pueblos indígenas y
de paz-, como las únicas excepciones determinadas constitucionalmente.
b) El principio de
la igualdad de todas las personas ante la jurisdicción, que torna justiciables
a todos los mismos jueces, eliminando los jueces especiales a título de
privilegio (fueros personales) o de castigo (jueces ad hoc, comisiones
especiales etc.).
La Constitución establece
en el artículo 235 los fueros penales para ciertos cargos.
Y a nivel legal, el
principio del Juez Natural quedó redactado en el artículo 11 del Código Penal,
así:
Nadie podrá ser
juzgado por juez o tribunal especiales, instituídos con posterioridad a la
comisión del hecho punible, ni con violación de las formas propias de cada
juicio.
Dentro de los
principios fundamentales del Derecho penal se encuentra el principio de
legalidad, Nulle Poena, nulle crime sine legem que quiere decir que al
delito, la contravención, la pena, la medida de seguridad y el proceso, debe
proceder la descripción estricta. Suele ser desmembrado así este principio:
a. Legalidad del
hecho punible: a nadie se puede imputar un hecho si antes de su realización no
estaba descrito como punible en la ley penal.
b. Legalidad de la
pena: a nadie se puede imponer sanción si antes de la perpetración del acto no
se hallaba plenamente determinada en la ley, cuantitativa y cualitativamente.
c. Legalidad de la
medida de seguridad: a los inimputables sólo se les puede someter a las medidas
de seguridad predeterminadas en la ley.
d. Legalidad del
proceso: Comprende varios aspectos: 1. Estricta legalidad del rito, descrito
con anticipación al despliegue de la conducta. 2. Procesamiento por parte de
Juez Natural, es decir, del Ordinario, preestablecido, independiente y
autónomo. 3. Prohibición de Tribunales y procedimientos de excepción.
Las diversas
constituciones colombianas establecieron el principio del Juez Natural y
prohibieron las jurisdicciones militares para los civiles.
La teoría del juez
natural ha formado parte de la cultura jurídica del país, pues quien primero
consideró que este principio debía reproducirse en los códigos penales fue el
profesor y ex Presidente de la República, José Vicente Concha, quien no
solamente sostuvo lo anterior, sino que consagró como el más grave de los
delitos el que cometía precisamente el mandatario que abusara de su poder
mediante el empleo de procedimientos judiciales y juzgamientos de conductas no
descritas en la ley, previamente, como lo enfatizó en la exposición de motivos
de su proyecto de Código Penal.12
La preexistencia
legal del juez natural está consagrada igualmente en la Constitución española
en el artículo 24 que establece:"así mismo todos tienen derecho al Juez
Ordinario predeterminado en la Ley".
El Tribunal
Constitucional Español al respecto estableció que:
El derecho
constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley exige en primer
término que el órgano judicial haya sido previamente creado por la norma
jurídica, que éste le haya investido de jurisdicción y competencia con
anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su
régimen orgánico y procesal no permita calificarle de especial o excepcional13 .
En igual sentido la
Constitución italiana en su artículo 25 establece:
Nadie podrá ser
sustraído al juez natural establecido por la ley...
La doctrina italiana
le da al principio del juez natural la denominación de "principio a
caballo" entre el ordenamiento judicial y el procesal. La regla contenida
en el artículo 25.1 de la Constitución ha provocado una amplia elaboración
jurisprudencial y doctrinal en el curso de la cual ha sido posible distinguir
el alcance de la norma procedimental que el principio incorpora, consistente en
el establecimiento de una reserva absoluta de ley en  materia de competencia
del juez, de la norma sustantiva que prescribe la preconstitución del juez
-monocrático o colegiado-, respecto de la verificación del hecho del que debe
de juzgar (al menos fijación por parte del legislador de criterios firmes con
vistas a determinar la jurisdicción sin necesidad de acudir a la
discrecionalidad)14
.
Por otra parte,
quien en nombre del Estado pretenda investigar o juzgar una conducta debe estar
expresamente habilitado para ello. La labor de investigación, acusación y
juzgamiento no puede ser establecida con posterioridad a la comisión del hecho
punible. Este principio universal se encuentra también consagrado en los
artículos 96 de la Constitución noruega, 8º de la Constitución belga, 13 de la
luxemburguesa y 32 de la Constitución portuguesa, entre otras.
Por todo lo anterior
los abajo firmantes nos separamos de la decisión de mayoría y estimamos en síntesis
que la norma estudiada, en los apartes indicados, viola el principio
constitucional del juez natural. Se sienta así un nuevo principio penal de
raigambre constitucional.
3.4.2. La razón
jurídica del "juez natural".
Después de
determinar el origen del juez natural, su consagración legal y constitucional,
su reconocimiento en Tratados Internacionales, es necesario ahondar en su razón
jurídica. La ratio juris  del "juez natural" se encuentra en
el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable. Para
los suscritos, además, los parágrafos de los artículos estudiados generan una
abierta violación al principio universal del derecho que consagra que las
normas sólo tendrán vigencia hacia el futuro a excepción de las que se refieran
a la favorabilidad del procesado en asunto criminal, las cuales si serán
retroactivas.
La preexistencia de
leyes de juzgamiento es un presupuesto básico de la realización del principio
"de legalidad de la jurisdicción". Este principio, que involucra
presupuestos como el de la retroactividad y favorabilidad, está consagrado no
solamente en los incisos 2º y 3º del artículo 29 de la Constitución, sino
además en el numeral 2º del artículo 11 de la Declaración Universal, en el
numeral 1º del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en el artículo 9º de la Convención Americana, que en virtud del
artículo 93 de la Constitución Política tienen fuerza vinculante y supralegal
en Colombia.
La norma referida no
solamente desconoce el primer presupuesto (irretroactividad) sino también el
segundo (favorabilidad) al trasladar a la dimensión procedimental de Orden
Público, causas que se venían adelantando por una vía más benigna para
ejercitar el derecho de defensa y de contradicción del proceso penal. Es por
ello que para los suscritos esta norma es doblemente inconstitucional.
Por otra parte, los
Magistrados Dídimo Páez, Jorge Iván Palacio y Alberto Ospina, en salvamento de
voto de la Corte Suprema de Justicia que revisó la exequibilidad del Decreto
2790 expresaron:
Despojar de la
competencia a la jurisdicción ordinaria de los casos que ella está adelantando
(actuaciones y procesos), es tanto como aceptar que el desarrollo de la misma
por los jueces naturales de estirpe constitucional es la causa de alteración del
orden público lo cual resulta absurdo en nuestro sentir, así la medida pretenda
justificarse como instrumento de protección para los jueces.
El artículo 29 de la
Constitución consagra la determinación del juez competente al previo
señalamiento de la ley y no a la voluntad de otra autoridad como se establece
en el parágrafo en mención.
Al respecto es
oportuno retomar el planteamiento de la Corte Suprema de Justicia a propósito
de la inconstitucionalidad del decreto 750 de 1.987:
La competencia no
queda fijada por ley preexistente, sino por decisión judicial o administrativa,
contrariándose el principio de que las leyes sobre competencia deben ser
claras, precisas y que produzcan seguridad, un conocimiento previo a los
asociados para que estos puedan conocer con exactitud quien será el juez
competente en cada caso.
En materia penal,
como anota Juan Fernández Carrasquilla, "el principio de favorabilidad
representa una conquista irrenunciable e invaluable de la época moderna,
aportada  a las constituciones por influjo de la filosofía iluminista que se
impuso tras las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa. Su significado
es el de que, pese a que la regla general es que se aplica la ley vigente al
momento de la comisión del hecho, deben aplicarse las disposiciones posteriores
si encarnan para el acusado un tratamiento más benigno, sea que este
tratamiento se exprese en normas del derecho penal material o en normas
procesales de efecto sustancial. Desde el punto de vista político-criminal se
dice que tal principio se inspira en la razón de dar al acusado el tratamiento
de la nueva ley favorable, pues si es la propia ley la que ha variado su
régimen al percibir la innecesariedad de un tratamiento más severo, no se ve
por qué la comisión del delito en un tiempo anterior habría de representar un
obstáculo para ello, o, dicho al revés, no se aprecia razón valedera para que
los delitos cometidos en tiempo anterior sean tratados con más rigor que los
cometidos en el presente, cuando es precisamente la ley la que ha encontrado
que el régimen anterior ya no es socialmente requerido"15 .
Ahora bien, la
favorabilidad se manifiesta en la retroactividad de la ley penal más favorable.
En este sentido,
como anota Bacigalupo, "se hace referencia en el artículo transcrito a la
favorabilidad en la aplicación de la ley penal en el tiempo. Se parte del
supuesto de que la vigencia del ley penal es hacia el futuro, pues debe estar
vigente al tiempo en que se comete el hecho punible. La ley penal no rige en
principio hacia el pasado (retroactividad) y no tiene vigencia después de ser
derogada (ultractividad). No obstante, es posible su aplicación retroactiva  o
ultractiva cuando es favorable al agente  del hecho punible"16 .
4. Conclusiones.
No basta cambiar la
normatividad;  hay que transformar es además el espíritu humano. Es necesario
recuperar el sentido fraterno de la relación social, mediante la utilización de
la autonomía individual para la inserción del conglomerado en pautas justas de
desarrollo económico y social.
Este rescate impone
la necesidad de liberar a los jueces de las ataduras del casuismo legal,
permitiéndoles su actividad creadora, para suplir de este modo  la
imposibilidad de velocidad legislativa y defender la generalidad como
característica de perdurabilidad de la norma.
Como bien anota
Mauricio García Villegas17
"Colombia es un país afectado por altos índices de violencia, las
decisiones de política criminal constituyen una parte fundamental de la
política general. Esto es lo que sucede en nuestro medio: la lucha contra el
narcotráfico, la subversión y la delincuencia común hacen parte importante -y
durante algunos períodos la más importante- de las preocupaciones de la opinión
pública, por consiguiente, son un elemento clave dentro de la actividad
gubernamental. Pero hay algo más: la recurrencia y la gravedad de la violencia
han hecho inoperante el instrumento clásico del estado liberal para la lucha
contra el crimen, esto es, el Código Penal; en estas circunstancias el régimen
de excepción ha sido la nota característica de la actividad estatal durante los
últimos cuarenta años y es así como el Derecho Penal, pieza esencial de la
actividad gubernamental ha sido en buena parte elaborado y puesto en obra a
través de los mecanismos propios del estado de sitio.
Sin embargo, basta
con apreciar el recurrente fracaso jurídico de la normatividad en cuestión para
poner un primer signo de interrogación en la idea de que la falta de
conocimiento de la realidad es una buena razón para explicar el fracaso. Una
interrogación semejante sólo se puede resolver sobrepasando los límites de la
racionalidad propiamente jurídica y aventurándose en el campo fronterizo que
une la norma con el poder político; en este nuevo terreno el fracaso
instrumental podrá ser explicado como un elemento circunstancial, mediatizado
por objetivos políticos de mayor alcance; según esta perspectiva más amplia, la
explicación tomará otro rumbo: las normas son creadas con el propósito de
utilizar su promulgación para la creación de una cierta representación
colectiva, a través de la cual el Gobierno obtiene los mejores beneficios
posibles en una situación determinada; de acuerdo con ésto, las normas no
fracasan por el hecho de resultar ineficaces; más bien su ineficacia resulta
siendo un éxito".
Por las razones aquí
expuestas los Magistrados firmantes salvamos el voto.
fecha ut supra.
CIRO ANGARITA BARON
Magistrado.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado.
Aclaración de
voto a la Sentencia No. C-093/93
DEBIDO PROCESO-Dilación Injustificada (Aclaración de
voto)
El derecho de
toda persona a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas y a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, exige del
Estado-juez y del Estado-investigador una conducta diligente que no puede únicamente
sustentarse en taxativas y restrictivas causales de libertad provisional. Por
el contrario, aún por fuera de las susodichas causales, procede la libertad
provisional si en un término razonable -que en abstracto no puede coincidir con
el "máximo de la pena"- no se define la situación del procesado y no
se despliega una eficiente actividad probatoria por parte del Estado, lo que
sólo puede determinarse en cada caso concreto.
DETENCION
PREVENTIVA (Aclaración de
voto)
La norma
establece unas causales de libertad provisional más restrictivas para los
imputados de delitos de competencia de los jueces regionales y del Tribunal
Regional, que las determinadas para los delitos comunes en el C.P.P. Si bien es
cierto que el principio de la seguridad pública autoriza al Estado, en
determinadas circunstancias -ante delitos cometidos por organizaciones
delincuenciales y ante dificultades probatorias ajenas a la actividad y
diligencia de los órganos estatales -para ampliar los términos legales para la
investigación y juzgamiento de estos delitos frente a los términos ordinarios,
la Constitución y los Pactos Internacionales impiden que, con base en simples
indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto
lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena, pues
ello llevaría a desvirtuar la finalidad eminentemente cautelar de la detención
preventiva, que terminaría convertida en un cumplimiento anticipado de la pena,
en menoscabo del principio de la presunción de inocencia.
Proceso radicado
bajo el número D-061 (acumulados) contra el Decreto 2271 de 1991 "por el
cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en
ejercicio de las facultades de Estado de Sitio".
1. Reitero en esta
oportunidad lo expresado con ocasión de mi aclaración de voto a la sentencia
C-0556:
"... De otra
parte, el derecho de toda persona a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas y a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra, exige del Estado-juez y del Estado-investigador una conducta diligente
que no puede únicamente sustentarse en taxativas y restrictivas causales de
libertad provisional. Por el contrario, como lo ha señalado esta Corte, aún por
fuera de las susodichas causales, procede la libertad provisional si en un
término razonable -que en abstracto no puede coincidir con el "máximo de
la pena"- no se define la situación del procesado y no se despliega una
eficiente actividad probatoria por parte del Estado, lo que sólo puede determinarse
en cada caso concreto".
2. El artículo 59
del Decreto Legislativo 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por
el artículo 4o. del Decreto 2271 de 1991 debió ser declarado inexequible. En
efecto, esta norma establece unas causales de libertad provisional más
restrictivas para los imputados de delitos de competencia de los jueces
regionales y del Tribunal Regional, que las determinadas para los delitos
comunes en el C.P.P. Si bien es cierto que el principio de la seguridad pública
autoriza al Estado, en determinadas circunstancias -ante delitos cometidos por
organizaciones delincuenciales y ante dificultades probatorias ajenas a la
actividad y diligencia de los órganos estatales -para ampliar los términos
legales para la investigación y juzgamiento de estos delitos frente a los
términos ordinarios, la Constitución y los Pactos Internacionales impiden que,
con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención
luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término
de la pena, pues ello llevaría a desvirtuar la finalidad eminentemente cautelar
de la detención preventiva, que terminaría convertida en un cumplimiento
anticipado de la pena, en menoscabo del principio de la presunción de
inocencia.
3. Por último,
considero que la confrontación de las normas acusadas con la Constitución debió
ser más estricta, en el sentido de que para cada norma procedía un riguroso
análisis y no el estudio en bloque que finalmente realizó esta Corporación.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
1 Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia
T-495,  Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón.
2 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº
T-431. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo
3 Eissen, Marc-André. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Editorial Cuadernos Cívitas. Madrid, 1985. pag 95
4 Bidart Campos, Germán. Tartado elemental de derecho
constitucional argentino. Tomo III. Ediar. Buenos Aires, 1.989. pág, 249.
5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-221 de mayo 29 de 1.992.
Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero
6 Cfr, Corte Constitucional. Sentencias números C-221, C-449 y
C-479.
7 Véase Mortati en: Pizzoruso Alessandro. Lecciones de Derecho
Constitucional.Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1.984, pág. 169
8 Ezquinaga Ganuzas, Francisco Javier. La argumentación en la
justicia constitucional española. HAAE/Instituto Vasco de Administración
Pública, pag. 245
9 Kalinowski, G. "Logique formelle et droit". EN: Logique
Juridique (trvaux du Colloque de Philosophie de Droit Comparée). Paris, 1967,
Pag. 204
10 Salvamento de voto de los Magistrados Ciro Angarita Barón y
Alejandro martínez Caballero en la Sentencia C-557. Revisión Constitucional del
decreto 1156 de 1.992.
11 Sentencia de octubre 2 de 1.981 de la Corte Suprema de Justicia
-Sala Constitucional-, Magistrado Ponente Carlos Medellín. Gaceta Judicial Tomo
CXLIV número 2405. 1.981, pág. 316.
12 CONCHA, José Vicente. Proyecto de Código Penal. La Reforma Penal
en Colombia. Tomo I. Imprenta Nacional. Bogotá. 1.924.
13 STC. 47/83. Caso Serena. Derecho Constitucional Volumen I. El
Ordenamiento Constitucional. Derechos y deveres de los ciudadanos. Tirant
Loblanch. Valencia. 1.991, pág. 288.
14 PIZZORUSSO, Alexandro. Lecciones de Derecho Constitucional.
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1.984, pág. 88.
15 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Derecho Penal Fundamental. Volumen
I. Editorial Temis. Bogotá. 1.982. pág. 340.
16 BACIGALUPO, Enrique. Citado por Ibáñez Guzmán, Augusto José. El
principio de favorabilidad penal. Conferencia leída en Bogotá, septiembre de
1.992.
17 GARCIA VILLEGAS, Mauricio. Eficacia Simbólica y narcotráfico.
Revista Nuevo Foro Penal Nº 54. Editorial Temis. Bogotá. 1.991, pág. 419.