T-049-19
Sentencia T-049/19
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MERITOS-Caso
en el que un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día considera
vulnerados sus derechos por la negativa de la CNSC de reprogramar la prueba psicotécnica
un día diferente a sábado
ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO-Definición/ACTO
ADMINISTRATIVO DE TRAMITE O PREPARATORIOS-Definición
ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia excepcional cuando a pesar de existir otro medio de
defensa judicial, éste no resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Jurisprudencia constitucional cuando en el concurso ya se conformó
lista de elegibles
La Corte
Constitucional reconoce que la tutela procede pese a la existencia de lista de
elegibles y que estas pueden ser modificadas en sede judicial por fraude o
incumplimiento de los requisitos de la convocatoria o cuando su aplicación
conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Procedencia
De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, a la hora de evaluar la posible
afectación del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos es
necesario verificar los siguientes aspectos: (i) la importancia de la creencia
invocada frente a la religión que se profesa, (ii) la exteriorización de la
creencia; (iii) la oportunidad de la oposición frente al acto contrario a la
libertad religiosa y (iv) el principio de razón suficiente aplicable.
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS-Desarrollo constitucional
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS-Instrumentos internacionales que lo
consagran
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS-Marco normativo
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS-Límites
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS-Requisitos para que proceda la acción de
tutela
PRINCIPIO DE RAZON SUFICIENTE-Aplicación en el caso de restricción o limitación al ejercicio de un
derecho
El juez
constitucional debe constatar si la limitación al derecho a la libertad
religiosa está justificada en un principio de razón suficiente aplicable, en
cuyo caso es imperioso analizar la relación entre el fin buscado y el medio
para alcanzarlo. El juicio incluye dos etapas en las que se requiere determinar
(i) si el medio elegido es necesario para llegar al fin, precisando si no
existe otro medio alternativo que no implique afectar en tal grado el derecho a
la libertad religiosa y (ii) si la afectación es desproporcionada
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS-Evolución jurisprudencial en materia de
libertad religiosa sobre el Sabath
En ejercicio
de la competencia conferida en la Carta Política para la revisión de tutelas,
la Corte Constitucional estudió varias acciones de amparo en las que los accionantes
eran integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y solicitaron la
protección de su derecho fundamental a la libertad de cultos en los siguientes
ámbitos: educación, laboral, electoral y concursos para acceder a cargos
públicos
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS-El Sabbath como parte del núcleo
esencial
La práctica
del Sabbath hace parte del núcleo esencial del derecho a la libertad
religiosa y solo podrían ser objeto de discusión o transacción las medidas para
compensar las actividades que no se realizan desde la puesta de sol
del viernes hasta la puesta del sol del sábado, en aras del libre ejercicio de
la actividad espiritual y religiosa
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MERITOS-Vulneración
por la CNSC por la negativa de reprogramar la prueba psicotécnica para día
diferente a sábado
DERECHO A LA
LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN EL MARCO DE UN CONCURSO DE MERITOS-Orden a la CNSC de tomar las medidas para garantizar que a la
accionante le sea practicada la prueba psicotécnica de personalidad
Referencia:
Expediente T-6.740.805
Acción
de tutela interpuesta por Luz Andrea Alzate Echeverri
contra la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-[1]
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo
Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido el 2 de enero
de 2018 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Pereira (Risaralda), dentro de la acción de tutela promovida por Luz Andrea Alzate Echeverri contra la Comisión Nacional
del Servicio Civil. El
expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de
Selección Número Cinco mediante auto del 21 de mayo de 2018, notificado el 7 de
junio del mismo año.[2]
I.    ANTECEDENTES
La señora Luz Andrea Alzate Echeverri, quien actúa en nombre propio,
interpuso acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales
de petición y a la libertad de cultos, presuntamente vulnerados por la Comisión
Nacional del Servicio Civil –CNSC-, responsable del concurso abierto de méritos
para la provisión de empleos en vacancia definitiva que pertenecen al Sistema
de Carrera Administrativa de la planta global de personal del ICBF, entidad que
no se pronunció acerca de la solicitud interpuesta por la accionante para que se
le aplicara la prueba psicotécnica establecida como una de las fases del
proceso en un día diferente al sábado. Lo anterior, pese a que la señora Alzate
Echeverri advirtió en la petición que es integrante de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día y que, de acuerdo con el texto sagrado de su religión, el sábado
debe dedicarse al reposo y a la adoración a Dios. A continuación, se exponen
los antecedentes de la acción de tutela:
1.  Hechos
1.1.
La señora Luz Andrea Alzate
Echeverri manifestó que nació el 3 de julio de 1979, por lo que actualmente
tiene 39 años de edad. Precisó que su familia es integrante de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, por lo que guarda “el Santo Sábado como día de DIOS”.
1.2.    La accionante puso de presente que la biblia
contempla en el capítulo 20, versículos 8-11 del libro
del Éxodo, que el día sábado no se debe trabajar pues dicha jornada está
dedicada a la “adoración del Creador del cielo y de la tierra”. Además,
sostuvo que guardar el santo sábado es señal de lealtad a su Dios y que ello es
fundamento de su vida.
1.3.    Mediante Acuerdo Nro. CNSC-20161000001376 del 5
de septiembre de 2016 se convocó a concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria Nro. 433 de 2016 – ICBF.
1.4.    El 26 de diciembre de 2016, la actora se
inscribió en la convocatoria Nro. 433 del ICBF realizada
por la Comisión Nacional del
Servicio Civil para proveer el empleo Nro.
34243, Código 2125, denominación 145 Defensor de Familia, con nivel jerárquico
de profesional Grado 17 para la ciudad de Cartagena, con 12 vacantes.[3]
1.5.    El 3 de septiembre de 2017, la señora Alzate
Echeverri presentó las pruebas básicas, funcionales y comportamentales
contempladas en los numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4 del Acuerdo de
convocatoria Nro. CNSC-20161000001376.
1.6.    Los resultados de las pruebas se publicaron el
mes de diciembre de 2017 en la página web del Sistema de apoyo para la
igualdad, el mérito y la oportunidad. La accionante obtuvo un puntaje total de
57.33 que la ubicaba en el sexto lugar entre los aspirantes.[4]
1.7.    El 20 de noviembre de 2017 se publicó en la
página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil un aviso informativo en
donde se ponía en conocimiento de los interesados que las pruebas psicotécnicas
serían aplicadas el sábado 16 de diciembre de 2017.
1.8.    El 22 de noviembre de 2017, la señora Luz Andrea
Alzate Echeverri presentó una petición a la CNSV que remitió al correo
electrónico atencionalciudadano@cnss.gov.co. En la misma solicitó que se le programara la
prueba psicotécnica un día diferente al sábado, de forma que se respetara su
derecho fundamental a la libertad de cultos.[5]
1.9.    El 27 de noviembre de 2017, la actora envió un
nuevo correo electrónico debido a que no había tenido información sobre su
petición y, en particular, acerca de la notificación de la recepción de la
misma y su número de radicado. En la comunicación indicó que las solicitudes
habían sido enviadas al correo electrónico atencionalciudadano@cnss.gov.co, ya que en el portal web de la CNSC no era
posible radicar peticiones, quejas o reclamos.[6]
1.10.   Mediante correo electrónico del 29 de noviembre
de 2017, la dependencia de atención al usuario de la CNSC le informó a Luz
Andrea Alzate Echeverri que su petición había sido radicada bajo el Nro.
201711290047 y que su estado era “En trámite”.
1.11.   En correo electrónico remitido a la accionante
el 1 de diciembre de 2017, la CNSC le informó a la actora que el archivo que
había adjuntado con su petición tenía algún problema y no era posible abrirlo o
visualizarlo, en atención a que al intentar dicha acción arrojaba el siguiente
aviso: “Se ha producido un error al cargar el documento pdf”. Finalmente,
se indicó que el estado de la petición era “Contestada”.[7]
1.12.   La peticionaria expuso que se comunicó por
teléfono con la entidad demandada debido a que no se contestó de fondo su
petición y en la respuesta que le dio la dependencia de atención al usuario no se
le pidió que enviara nuevamente el archivo PDF que supuestamente no se pudo
visualizar. Asegura que la persona que la atendió le dijo que ya no era posible
enviar el documento pues la petición ya aparecía como contestada en el sistema
y lo que procedía era presentar una nueva solicitud.
Además, aseveró que el
funcionario que la atendió le dijo que en el sistema reposaban las peticiones
remitidas por correo electrónico radicadas bajo los números 854552, así como 864432
y que su pretensión del cambio del día para realizar las pruebas psicotécnicas
violaba el derecho a la igualdad y el principio al mérito.
1.13.   La peticionaria manifestó que esperó la
respuesta a su solicitud del cambio de fecha de la evaluación hasta el día
anterior de la realización de la prueba psicotécnica y que nunca se le notificó
la decisión de la entidad demandada sobre el particular.
1.14.   Con fundamento en los hechos reseñados, la
señora Luz Andrea Alzate Echeverri, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, así como a la
libertad de cultos y se ordenara a la CNSC que le practicara la prueba
psicotécnica de personalidad un día diferente al sábado. Sostuvo que la
petición radicada el 22 de noviembre de 2017 se debió contestar hasta el 13 de
diciembre del mismo año y que al momento de la interposición de la acción de
tutela (18 de diciembre de 2017), no se había dado respuesta de fondo a su
solicitud.
2.  Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto del 18
de diciembre de 2017, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira (Risaralda) asumió el conocimiento de la acción de tutela,
notificó a la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y vinculó al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, así como a la Universidad de
Medellín para que en el término de dos
días, contados a partir del recibo de la comunicación, ejercieran su derecho a
la defensa.
2.1.
Respuesta de la CNSC
a las peticiones presentadas por la señora Luz Andrea Alzate Echeverri
Mediante oficio Nro.
20172230563041 del 20 de diciembre de 2017 (2 días después de la interposición
de la acción de tutela), la CNSC contestó las peticiones de la accionante y le
manifestó que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y en concordancia
con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.3. del Decreto 1083 de
2015 reglamentario de la Función Pública, la convocatoria es norma reguladora
de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la
administración, a la entidad que efectúa el concurso y a los participantes. También se le indicó a la actora que la fecha para la
aplicación de la prueba psicotécnica se estableció para 5.601 aspirantes, que
ello conlleva un proceso de planeación complejo y no se puede dar un trato
preferencial a algún aspirante por sus creencias religiosas, pues ello
supondría una vulneración del interés general que prevalece sobre el
particular.[8]
2.2.    Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-
2.2.1.La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF
presentó el escrito de contestación el 20 de diciembre de 2017 y señaló que no
le constaba que la señora Luz Andrea Alzate Echeverri se hubiera inscrito y
presentado la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales dentro
de la convocatoria Nro. 433 de 2016 – ICBF, pues dichas etapas correspondían a
la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad responsable del concurso abierto
de méritos para proveer de manera definitiva 2.470 vacantes.
2.2.2.Advirtió que el proceso de selección no había
concluido y que le correspondía tanto a la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- como
a la Universidad de Medellín pronunciarse sobre lo expuesto por la accionante.
Por lo anterior, solicitó que se declarara que la entidad no vulneró los
derechos fundamentales de la señora Alzate Echeverri.
2.3.    Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio
Civil -CNSC-
2.3.1.Por medio de escrito del 21 de diciembre de
2017, el Asesor Jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil contestó la
acción de tutela y adujo que el ICBF solicitó adelantar una convocatoria para
la provisión de empleos en vacancia definitiva que pertenecen al Sistema de
Carrera Administrativa de su planta global de personal.
2.3.2.Precisó que la CNSC y los delegados del ICBF desarrollaron
la etapa de planeación de la convocatoria para llevar a cabo el concurso
abierto de méritos. Añadió que posteriormente se consolidó la Oferta Pública de
Empleos de Carrera (OPEC) que fue certificada por la Directora General.
2.3.3.Explicó que la CNSC expidió el Acuerdo
Nro. CNSC-20161000001376 por el cual se convocó el concurso abierto de méritos
para proveer definitivamente los empleos, junto con la Oferta Pública de
Empleos de Carrera (OPEC), así como el manual específico de funciones y
competencias laborales que forman parte del proceso de selección y fueron
publicados el 20 de octubre de 2016.
2.3.4.Indicó que la
convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión
Nacional del Servicio Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el
concurso y a los participantes (parágrafo 2
del artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015).
2.3.5.Especificó que se dispuso el 16 de diciembre de
2017 como la fecha para la aplicación de la prueba psicotécnica de
personalidad, citación que se hizo a todos los aspirantes que superaron las
pruebas básicas, funcionales y comportamentales pertenecientes a empleos profesionales
de carácter misional. Aseguró que lo anterior se hizo en igualdad de
condiciones y sin distinción alguna en virtud de los principios de libre
concurrencia, igualdad, transparencia y mérito.
2.3.6.Precisó que para la referida prueba fueron
citados 5.601 aspirantes y que la aplicación de esta “conlleva un sin número
de actividades previas, tales como el diseño, construcción, individualización,
ensamble, diagramación [e] impresión”.[9]
2.3.7.Expuso que la accionante aceptó todas las
condiciones contenidas en la convocatoria y en los reglamentos relacionados con
el concurso cuando realizó la respectiva inscripción.
2.3.8.Resaltó que la accionante puede acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y hacer uso del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho pues lo que pretende es “atacar la
legalidad de acto administrativo, por medio del cual se Convocó al concurso,
convocatoria No. 433 de 2016 – ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Es decir, lo que se busca es contrariar lo referido en el Acuerdo
20161000001376 de 2016 de la CSNC”.[10]
2.3.9.Mencionó que en el sistema de correspondencia de
la CNSC – ORFEO se registran dos peticiones interpuestas
por la señora Alzate Echeverri y con radicados Nro. 20176000854552 y Nro.
20176000864432 del 1 de diciembre de 2016 y que las mismas fueron
contestadas mediante oficio con número de radicado  20172230563041 del 20 de
diciembre de 2017 en el que se indicó que “la CNSC no puede dar trato
preferencial a ninguno de los aspirantes en razón a sus creencias, religión,
raza, idioma o cualquier otra consideración personal”.[11]
2.3.10. Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela y aseguró que la actora pretendía “contrariar las reglas encargadas
de regir el proceso de selección convocatoria No. 433 de 2016 – ICBF Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, esto es el Acuerdo 20161000001376”.[12]
2.4.    Respuesta de la Universidad de Medellín
2.4.1.El apoderado de la Universidad de Medellín
manifestó que, en virtud del contrato de prestación de servicios Nro. 332 del 7
de diciembre de 2016 suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil, la universidad
desarrolló el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de la
planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2.4.2.Reiteró que la convocatoria es norma reguladora
de todo el concurso y que la universidad ha sido cuidadosa en la verificación
de los requisitos mínimos de los empleos a proveer, de conformidad con el
manual de funciones.
2.4.3.Expuso que las reclamaciones de los aspirantes sobre
los resultados de las pruebas aplicadas solo son recibidas en el aplicativo de
la página de la universidad o institución de educación superior contratada, en
la página de la CNSC y/o el Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la
oportunidad.
2.4.4.Precisó que el 20 de noviembre de 2017 se
publicó en la página de la CNSC el cronograma en el que se informó a los
aspirantes que la prueba psicotécnica de personalidad se aplicaría el 16 de
diciembre de 2017.[13]
Añadió que aunque es cierto que la accionante presentó petición el 22 de
noviembre de 2017 ante el CNSC, el contenido de la misma no es conocido por la
institución educativa.
2.4.5.Señaló que en las bases de datos y medios
dispuestos para la presentación de peticiones quejas y reclamos de la
universidad no se encuentran solicitudes interpuestas por la señora Alzate
Echeverri.
2.4.6.Aseveró que la universidad no puede dar certeza
frente a los hechos descritos en el escrito de tutela pues “desconoce el
contenido de la solicitud radicada por la accionante en la CNSC y la respuestas
(sic) dadas a su petición que dice que le fueron indicadas
telefónicamente por funcionarios de dicha entidad”.[14]
2.4.7.El apoderado de la Universidad de Medellín se
refirió al Decreto 354 de 1998, por el cual se aprobó el Convenio de Derecho
Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas
Entidades Religiosas Cristianas no Católicas, que en el literal (c) del artículo
adicional para la Iglesia Adventista del Séptimo día establece lo siguiente:
“c. Los exámenes o
pruebas selectivas convocadas para el ingreso o cargos de las Instituciones del
Estado o a Instituciones educativas, que hayan de celebrarse durante el período
de tiempo expresado en los literales anteriores, serán señalados en una fecha
alternativa para los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando no
haya causa motivada que lo impida”.
2.4.8.Estimó que para el caso particular, la fecha de
la aplicación de la prueba era inmodificable pues la etapa programada buscaba
el cumplimiento cabal de los principios de igualdad, mérito y transparencia de
la convocatoria.
2.4.9.Indicó que la libertad de conciencia y cultos
encuentra su límite en otros derechos fundamentales y que su protección “no
puede implicar la disposición de un operativo logístico encaminado a la
aplicación de la prueba de uno solo de los aspirantes, teniendo en cuenta que
la prueba tuvo aplicación en 32 ciudades del país”.
2.4.10. Advirtió que las pruebas psicotécnicas de personalidad “pueden
determinar la acomodación o no al perfil del empleo, de cada uno de los
aspirantes al concurso” y que, por lo tanto, “durante los procesos de
construcción, validación, ensamble, diagramación e impresión de las pruebas, se
establece un Plan Logístico Operativo y de Seguridad que garantiza la reserva
de las pruebas y minimiza cualquier riesgo de exposición del contenido de la
prueba”.[15]
2.4.11. Para terminar, resaltó que no se puede aplicar el mismo
cuadernillo en fecha posterior pues se rompería la igualdad frente a otros
aspirantes y se otorgaría un tiempo adicional de preparación a la accionante.
Adujo que aplicar una nueva prueba supondría evaluar a la aspirante con
preguntas diferentes, lo que la pondría en situación desigual con respecto a
los otros concursantes y que tampoco era posible realizar una nueva prueba pues
el acuerdo no autoriza la realización de las mismas por fuera de la oportunidad
dispuesta para tal efecto.
2.4.12. En consecuencia, la Universidad de Medellín solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela y que se denegara lo
pretendido por contravenir la norma rectora de la convocatoria.
3.  Decisión judicial objeto de revisión
3.1.
El Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda), en sentencia del 2 de enero de 2018, consideró
que la petición interpuesta por la señora Luz Andrea Alzate Echeverri para que se cambiara la fecha
de presentación de la prueba psicotécnica dentro del concurso de mérito se
resolvió mediante oficio Nro. 20172230563041 del 20 de diciembre de 2017.
3.2.    La autoridad judicial estimó que no se había
demostrado la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable pues la
accionante aceptó los términos de la convocatoria en la inscripción y no
demostró ser integrante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En consecuencia, el juzgado declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado con respecto a la vulneración del
derecho fundamental de petición y
declaró la improcedencia de la acción de tutela sobre el derecho a la libertad
de cultos por existir otro medio de defensa judicial.
3.3.    La anterior decisión no fue objeto de
impugnación.
4.  Actuaciones en sede de revisión
El expediente de la
referencia fue seleccionado por la Sala Número Cinco de la Corte Constitucional
mediante Auto del 21 de mayo de 2018 y fue remitido al despacho de la
Magistrada ponente el 7 de junio de 2018.[16]
En sede de Revisión se
determinó que el 17 de mayo de 2018, la Comisión Nacional del Servicio Civil
informó en su página web el cronograma de publicación de listas de elegibles
dentro de la Convocatoria 433 de 2016 -ICBF y precisó que el 31 de julio de
2018 se pondría en conocimiento de los interesados la lista del empleo por el
que concursó la accionante que se identificaba con el código OPEC Nro. 34243.[17]
Además, se pudo
constatar que por medio de la Resolución Nro. CNSC-20182020074235 del 18 de
julio de 2018 se conformó la lista de elegibles para proveer 12 cargos vacantes
del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de
Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433-ICBF en el que
la señora Luz Andrea Alzate Echeverri ocupó el puesto 50 de 53 con un puntaje
de 59,10.[18]
Finalmente, se
constató que a través de la Resolución Nro.11054 del 17 de agosto de 2018, el
ICBF nombró en periodo de prueba a las personas que obtuvieron los mejores
puntajes dentro de la Convocatoria 433 de 2016 -ICBF para proveer los 12 cargos vacantes de Defensor de Familia Código 2125, Grado 17, de
conformidad con la lista de elegibles que expidió la CNSC.
4.1.    Auto del 5 de
septiembre de 2018
Teniendo en cuenta que en el caso objeto de análisis ya se había
conformado la lista de elegibles, mediante
Auto del 5 de septiembre de 2018 y por intermedio de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, la Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional resolvió lo siguiente:
(i)      Ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil que, dentro de los 5 días
siguientes a la notificación de dicha providencia,
realizara las actividades administrativas necesarias para notificar ese auto a
las 52 personas, sin contar a la accionante, que conforman la lista de
elegibles para proveer 12 cargos vacantes del empleo identificado con el Código
OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del
Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Convocatoria 433 de 2016 –ICBF- (Resolución Nro. CNSC-20182020074235
del 18 de julio de 2018).
(ii)   Ordenó
a la Comisión Nacional del Servicio Civil que, dentro de los 2 días siguientes
a la notificación del auto, publicara un aviso en su página web para informar
de dicha providencia a las personas que conforman la lista de elegibles.
(iii)  Ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil que remitiera un informe
detallado con las pruebas de la notificación de dicho auto a los integrantes de
la lista de elegibles.
(iv)  Otorgó a las 52 personas que conforman la lista de elegibles el término de
3 días hábiles, contados a partir de la notificación del auto, para que se
pronunciaran sobre la tutela de la referencia.
(v)   Notificó
dicha providencia a la señora Luz Andrea Alzate Echeverri a su correo electrónico.
(vi) Suspendió los términos para fallar en el presente proceso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 de la
Corte Constitucional.
4.2.    Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio
Civil
A través de oficio
del 21 de septiembre de 2018, la Secretaría General de esta Corporación remitió
al despacho de la Magistrada ponente un informe en el que puso de presente que
se habían recibido correos electrónicos de la Comisión Nacional del Servicio
Civil acerca del cumplimiento de lo ordenado en el Auto del 5 de septiembre de 2018, a saber:
(i)
En correo electrónico enviado a la Secretaría General de la Corte Constitucional el 11 de septiembre de 2018, la CNSC remitió la constancia de
la publicación hecha acerca del trámite constitucional en la página de la
entidad pero en el link de la Convocatoria 436 de 2017 Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, diferente a la que se ordenó en el Auto del 5 de septiembre
de 2018 (Convocatoria 433 de 2016 –ICBF).[19]
(ii)
En correo electrónico enviado a la Secretaría General de la Corte Constitucional el 11 de septiembre de 2018, la CNSC remitió una copia del
oficio con el que se llevó a cabo la notificación personal del Auto del 5 de septiembre de 2018[20] y una
captura de pantalla para demostrar el envío de 55 correos electrónicos para
notificar el trámite constitucional, sin que se especificaran los correos
electrónicos de los destinatarios.[21]
4.3.    Auto del 5 de octubre de 2018
Mediante Auto del 5 de
octubre de 2018, la Magistrada ponente ordenó a la Comisión Nacional del
Servicio Civil que (i) publicara en debida forma el aviso en la página web para
informar a las personas que conforman la lista de elegibles para proveer 12
cargos vacantes del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243,
denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de
Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Convocatoria 433 de 2016 –ICBF- y (ii) remitiera un  informe con los elementos
materiales probatorios para demostrar la notificación del Auto del 5 de
septiembre de 2018, proferido por la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, a los integrantes de la lista de elegibles.
4.4.    Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio
Civil
A través de oficio
del 16 de octubre de 2018, la Secretaría General de la Corte Constitucional
remitió al despacho de la Magistrada ponente un informe en el que puso de
presente que se había recibido un correo electrónico en el que la Comisión
Nacional del Servicio Civil (i) remitió el comprobante de la publicación hecha acerca del trámite constitucional en
la página de la entidad y en el link  de la Convocatoria
433 de 2016 –ICBF[22]
y (ii) anexó copia del oficio remitido a cada uno de los integrantes de la
lista de elegibles contenida en la Resolución Nro. CNSC-20182020074235 del 18
de julio de 2018,[23]
la relación de correos electrónicos en los que se llevó a cabo el trámite de
notificación y una captura de pantalla del correo enviado.[24]
II.CONSIDERACIONES
1.    Competencia y
procedibilidad
1.1.    La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241
de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el fallo de
tutela adoptado en el proceso de la referencia.
1.2.    Legitimación en la causa por activa y pasiva
1.2.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y
el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y
sumario que tiene toda persona para solicitar, de manera directa o por quien
actúe legítimamente a su nombre, la protección de sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, la acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental”.[25]
1.2.2. En
la tutela de la referencia se cumplen
cabalmente los requisitos en mención puesto que la acción constitucional fue
interpuesta directamente por la señora Luz Andrea Alzate Echeverri para solicitar la protección de
sus derechos fundamentales de petición
y a la libertad de cultos.
1.2.3. Asimismo, la tutela se presentó contra la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-, entidad que se encuentra legitimada por pasiva de
conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 5 del Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 2
del Acuerdo Nro.
CNSC-20161000001376, esta entidad es la responsable del
concurso abierto de méritos para la provisión de empleos en vacancia definitiva
que pertenecen al Sistema de Carrera Administrativa de la planta global de
personal del ICBF.
1.3.
Inmediatez
1.3.1.
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la acción de tutela debe interponerse en un término prudencial
contado a partir de la acción u omisión que amenaza o genera una afectación a
los derechos fundamentales. Sobre el particular, la sentencia SU-961 de 1999
estimó que “la inexistencia de un término de caducidad no puede significar
que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto”.[26]
1.3.2.
El 20 de noviembre de 2017, mediante publicación en la página
web, la Comisión Nacional del Servicio Civil le comunicó a los interesados que el sábado 16 de diciembre de 2017 se practicaría la prueba psicotécnica de personalidad contemplada en la
convocatoria Nro. 433 de 2016 – ICBF. Por su parte,
la accionante interpuso la acción de tutela el 18 de diciembre de 2017, luego
de presentar varias peticiones en las que
solicitó que se reprogramara la prueba en un día diferente al sábado para que
pudiera cumplir con la práctica religiosa del Sabbath que se extiende desde la puesta del sol del viernes hasta la del sábado.[27]
1.3.3.
Para la Sala se cumple el requisito de
inmediatez pues entre el momento en que se publicó la fecha en que se iba a
practicar la prueba psicotécnica de
personalidad (20 de noviembre de
2017), acto que supuestamente vulneró los
derechos fundamentales de la accionante y la interposición de la acción de
tutela (18 de diciembre de 2017) transcurrieron 29 días, término
que la Sala estima prudencial.
1.4.
Subsidiariedad
1.4.1.
Los artículos 86 de la Carta Política y
6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que la acción de tutela solo procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice
como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Sin embargo, esta Corporación ha establecido que “un medio
judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y con
suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado”.[28]
1.4.2.
Para llevar a cabo un análisis integral
del requisito de subsidiariedad, la Sala determinará (i) si existen mecanismos
en sede administrativa para la protección de los derechos fundamentales de la
accionante, (ii) si la actuación administrativa en la que se estableció el
cronograma y, específicamente, la fecha de la práctica de la prueba
psicotécnica es susceptible de control en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, (iii) precisará si la acción de amparo es procedente para
resolver controversias al interior de un concurso de méritos cuando ya se
conformó la lista de elegibles y (iv) realizará un estudio de la procedencia de
la acción de tutela para la protección del derecho a la libertad de cultos.
1.4.3.
Inexistencia de mecanismos para la
protección de los derechos fundamentales de la accionante en sede
administrativa
1.4.3.1.
Inicialmente, corresponde señalar que
el Acuerdo Nro.
CNSC-20161000001376, mediante el cual se convocó a concurso abierto de méritos
para proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, no estableció la posibilidad de interponer reclamaciones
frente a inconformidades con el cronograma o las fechas dispuestas para la
aplicación de las pruebas, puesto que en el artículo 9 del acuerdo se contempló
como uno de los requisitos generales de participación “aceptar en su
totalidad las reglas establecidas en la Convocatoria”.
1.4.3.2.
Así pues, el mencionado acuerdo solo contempló la posibilidad de presentar reclamaciones con
ocasión a los resultados de (i) la verificación del cumplimiento de requisitos
mínimos (art. 23), (ii) las pruebas aplicadas en el proceso de selección (art.
32), (iii) la prueba psicotécnica de personalidad en el proceso de selección
(art. 39) y (iv) la prueba de valoración de antecedentes (art. 49).
1.4.4.
Imposibilidad de que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo ejerza control sobre las actuaciones administrativas
en las que se establece la fecha para la práctica de una prueba en el marco de
un concurso de mérito
1.4.4.1.
Como se pudo establecer, el
acuerdo por el cual se convocó al concurso de méritos no dispuso de
herramientas para solicitar el cambio de la fecha de una prueba como lo
pretendía la señora Luz Andrea Alzate Echeverri. En consecuencia, la accionante
solo podía hacer uso de los mecanismos de defensa judicial para que se
dirimiera su controversia y se analizara su pretensión.
1.4.4.2.
En el caso que nos ocupa, el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda) declaró la
improcedencia de la acción constitucional y añadió que no se había demostrado
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que la accionante
debía acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a fin
de controvertir las actuaciones administrativas que, a su parecer, vulneraban sus
derechos fundamentales.
1.4.4.3.
Tal como lo señaló la Universidad de
Medellín en la contestación de la tutela, la CNSC publicó en su página web el
cronograma de la convocatoria Nro.
433 de 2016 – ICBF e informó que la prueba psicotécnica sería practicada el sábado
16 de diciembre de 2017.[29]
1.4.4.4.
Ahora bien, el cronograma en mención es un aviso informativo y,
si en gracia de discusión fuera considerado un acto administrativo, no sería
susceptible de control de legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo por tratarse de un acto de trámite, tal como se expondrá a
continuación.
1.4.4.5.
El artículo 43 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra que
los actos definitivos son aquellos que deciden “directa o indirectamente el
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.
1.4.4.6.   En contraposición se encuentran los actos de la
administración de trámite, que comprenden los preparatorios, de
ejecución y de impulso procesal que, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, “no
expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen
el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la
decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo”.[30]
1.4.4.7.   Desde el precedente constitucional contenido en la
sentencia SU-201 de 1994,[31]
la Corte advirtió que sobre los actos de trámite o preparatorios se ejerce
control jurisdiccional al mismo tiempo que con el acto definitivo que pone fin
a la actuación administrativa. A su vez, este Tribunal adujo que la tutela
procede de manera excepcional aunque definitiva cuando
se trate de actos de trámite.[32]
En estos casos corresponde al juez de tutela establecer “si un determinado
acto de trámite o preparatorio tiene la virtud de definir una situación
especial y sustancial dentro de la actuación administrativa, que de alguna
manera se proyecte en la decisión principal y, por consiguiente, sea
susceptible de ocasionar la vulneración o amenaza de violación de un derecho
constitucional fundamental”.
1.4.4.8.   Por su parte, esta Corporación en la sentencia SU-617 de
2013[33]
estableció que la tutela procede de manera excepcional frente a un acto de trámite
cuando este puede “definir una situación especial y sustancial dentro de la
actuación administrativa” y ha sido “fruto de una actuación abiertamente
irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las
garantías establecidas en la Constitución”.
1.4.4.9.   La jurisprudencia del Consejo de Estado también reconoce
que las decisiones que se dictan al interior de un concurso de mérito “son
actos de trámite, expedidos dentro de la actuación propia del mismo y las
determinaciones que en ellos se adoptan, se hacen para impulsar y dar
continuidad al proceso propio de las convocatorias, en cumplimiento de los
deberes legales de las entidades involucradas”. Este Tribunal también
resalta que contra los actos de trámite “no
proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso
administrativas”.[34]
1.4.4.10.   El máximo
órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo también indicó que los actos de trámite no contienen “una declaración de la administración
que cree, transforme o extinga una situación jurídica determinada, por lo
que sería inane una declaración judicial sobre un acto que analizado
individualmente, no tiene efectos jurídicos claros y concretos”.[35]
1.4.4.11.   Particularmente, en sentencia del 26 de abril de 2018,[36] la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado analizó un caso en el que se demandó la nulidad de una resolución en la
que la Comisión Nacional del Servicio Civil modificaba el cronograma de
actividades dentro de una Convocatoria para la provisión de ciertos cargos de
niveles Técnicos y Asistencial.
La sección expuso que,
de manera excepcional, se podían demandar actos de trámite ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo si hacían “imposible proseguir
la actuación administrativa; pues éstos, son los que contienen la voluntad
de la Administración y tienen trascendencia en el mundo jurídico”. En el
caso particular, la Sección correspondiente advirtió que la Resolución
demandada solo establecía los momentos para ejecutar
actividades en el proceso de selección y que, por lo tanto, no se definía
una situación especial, sustancial y concreta dentro de la actuación
administrativa del concurso de méritos. En consecuencia, declaró probada la
excepción de inepta demanda por indebida utilización de la acción de nulidad
simple para atacar actos administrativos de trámite y se inhibió para
pronunciarse de fondo.
1.4.4.12.   Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional recalcó en la
sentencia T-315 de 1998,[37]
reiterada en los fallos T-1198 de 2001,[38]
T-599 de 2002,[39]
T-602 de 2011[40]
y T-682 de 2016,[41]
que la acción de amparo, en principio, no procede para controvertir los
actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de
méritos, salvo en los siguientes casos:
-   Cuando la persona afectada no
tenga mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus
derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que
los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional.
-   Cuando, por las
circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no
producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los
derechos fundamentales de la persona que interpone la acción
1.4.4.13.   En suma, la Sala
considera que la acción de tutela de la referencia es procedente de manera
definitiva en atención a los siguientes motivos.
1.4.4.14.   Al momento en que se interpuso la acción de amparo (18 de diciembre de 2017), la posible amenaza de los derechos fundamentales de la
accionante estaba dada por el cronograma publicado en la página web de la CNSC
en el que se comunicó que la prueba psicotécnica de la convocatoria Nro. 433 de 2016 – ICBF sería aplicada el sábado 16 de diciembre de 2017 y la
omisión de
la CNSC de emitir respuesta con
respecto a las solicitudes de la actora para que se le practicara la prueba mencionada un día diferente al sábado.
1.4.4.15.   Si se considera que el actuación mediante la
cual se programó la prueba psicotécnica es un acto administrativo, este sería uno
de trámite y no podría ser objeto de control de
legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo pues no impide proseguir la
actuación correspondiente. Así las cosas, la
tutela sería procedente de manera excepcional pero definitiva de comprobarse
que el acto de trámite objeto de censura (i) vulnera o amenaza derechos
fundamentales, (ii) tiene la potencialidad de definir una situación especial y
sustancial y (iii) sea evidente el carácter irracional o desproporcionado de la
actuación.
1.4.4.16.   Para esta Sala, la decisión que dispuso la fecha para la aplicación
prueba psicotécnica podría representar una amenaza al derecho a la libertad de
cultos de la señora Luz Andrea Alzate Echeverri, quien
no podía asistir a la prueba psicotécnica el sábado 16 de diciembre de 2017 sin
incumplir su práctica religiosa del Sabbath.
Asimismo, dicho acto era susceptible de definir el cumplimiento de una de las
etapas del concurso, lo que necesariamente tendría efectos en el puntaje de la
actora dentro del proceso.
1.4.4.17.   También se debe tener en cuenta que la posible amenaza al
derecho a la libertad de cultos que genera el acto mediante el cual se programó
la prueba es una cuestión eminentemente constitucional que escapa al análisis
de validez de los actos administrativos y se instala en la competencia que está
en cabeza de los jueces de tutela.
1.4.4.18.   Finalmente, aunque el acto en el que se estableció el
cronograma para ejecutar la prueba psicotécnica en el proceso de selección no
es irrazonable o desproporcionado pues su carácter general solo pretendía dar impulso al concurso de mérito, esta decisión
representaba un perjuicio particular para la accionante que advirtió una
afectación a sus derechos fundamentales.
1.4.5. Procedencia
de la acción de tutela para resolver controversias suscitadas en el desarrollo de
un concurso de méritos cuando ya se conformó la lista de elegibles
1.4.5.1.   La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al
señalar que la acción de tutela es procedente frente a controversias originadas
en concursos de méritos para la provisión de empleos públicos si el proceso de
selección se encuentra en curso.[42]
1.4.5.2.   Específicamente, las diferentes secciones del Consejo de
Estado establecen en sus sentencias que cuando la lista de elegibles se
encuentra en firme crea situaciones jurídicas particulares y derechos ciertos,
de manera que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para dejarlas sin
efectos jurídicos,[43]
pues se podrían afectar derechos subjetivos[44]
y lo que corresponde es demandar dicho acto administrativo haciendo uso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.[45]
1.4.5.3.   Sobre el particular, en sentencia del 29 de
noviembre de 2012, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado indicó que por regla general, la acción de tutela
es improcedente “para controvertir
las supuestas irregularidades acaecidas durante el trámite de un concurso de
méritos, cuando en éste se ha conformado la lista de elegibles, porque es un
acto susceptible de demandarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, que brinda el escenario idóneo para analizar la legalidad de la
referida decisión”.[46]
1.4.5.4.   De esta manera, los jueces de tutela deben analizar si al
momento en que se presentó la acción de tutela ya se había conformado la lista
de elegibles o está a punto de proferirse como uno de los elementos dentro del
estudio de procedencia.
1.4.5.5.   Ejemplo de lo anterior es la sentencia del 8 de junio de
2010, en la que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de una acción de tutela en la que accionante solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales “con ocasión de la calificación obtenida en la
prueba de aptitud numérica dentro del concurso de méritos docentes abierto por
la Comisión Nacional del Servicio Civil y desarrollado por el ICFES”[47] con el siguiente argumento:
“Ocurre que para la época en
que la actora instauró la tutela ya el concurso del cual fue excluida había
avanzado a otra fase e incluso finalizado, pues está publicada la lista de
elegibles.
Ante tal panorama de cosas la
razón que permitía la viabilidad excepcional de la tutela ya no está presente
y, por tanto, debido a que la afectada cuenta con otro medio de defensa
ordinario, pertinente para enjuiciar la decisión de exclusión del concurso, el
instrumento de protección constitucional se torna improcedente”.
1.4.5.6.   Por su parte, la Corte Constitucional se refirió a la
procedencia de la acción de tutela en los casos en que se solicita la
protección de derechos fundamentales ante controversias presentadas en concursos
de méritos cuando ya existe lista de elegibles.
1.4.5.7.   En la sentencia SU-913 de 2009,[48] la Corte Constitucional analizó  varias
acciones de tutela en las que los actores, quienes participaron en el concurso
de méritos para la provisión de cargos de notarios, solicitaron el amparo de
sus derechos fundamentales. La controversia giraba en torno al puntaje que otorgaba
a la autoría de obras en derecho en la etapa de análisis de méritos y
antecedentes, ya que en el marco de una acción popular interpuesta para la
protección del derecho colectivo a la moralidad pública se adoptó una medida
cautelar en la que se ordenó suspender provisionalmente el aparte final del
numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2006 que se refiere a “la certificación
de la publicación expedida, por la imprenta o editorial respectiva junto con un
ejemplar del libro publicado”.
Dentro de sus consideraciones,
la Corte concluyó que las lista de elegibles “en tanto acto administrativo
particular, concreto y positivo, es creador de derechos, los cuales encuentran
protección legal por vía de la teoría de la estabilidad relativa del acto
administrativo, así como protección constitucional por virtud del artículo 58”.
Sobre la posibilidad de revocar listas de elegibles la Sala señaló lo
siguiente:
“Por su parte, la estabilidad
de la lista de elegibles en tanto acto administrativo particular y concreto se
obtiene una vez este haya sido notificado al destinatario y se encuentre en
firme con carácter ejecutivo y ejecutorio – Artículo 64 del C.C.A.-, caso en el
cual no podrá ser revocado por la Administración sin el consentimiento expreso
y escrito del particular -Artículo 73 del C.C.A.- , salvo que se compruebe que
el acto ocurrió por medios ilegales o tratándose  del silencio administrativo
generador  de actos  fictos en los términos del artículo 69 del mismo estatuto
sea evidente su oposición a la Constitución Política o a la Ley, contrario al
interés público o social o cause agravio injustificado a una persona.
Lo cierto es que una vez en
firme, al acto administrativo que contiene la lista de elegibles no puede ser
modificado en sede Administrativa, sin perjuicio de la posible impugnación que
se surta en sede judicial por fraude o incumplimiento de los requisitos de la
convocatoria. Por ello, cuando el nominador designa para desempeñar un cargo de
carrera a una persona que ocupó un puesto inferior dentro de la lista de
elegibles, desplazando a quien la antecede por haber obtenido mejor puntaje,
lesiona sin lugar a dudas derechos fundamentales, entre ellos, el de igualdad,
el derecho al trabajo y el debido proceso. Como también se lesionan los
derechos fundamentales de quienes ocupan los primeros lugares en las listas de
elegibles cuando se reconforman dichas listas sin existir justo título que así
lo autorice”.
1.4.5.8.   A su vez, en la sentencia T-180 de 2015[49] la Sala Sexta de Revisión estudió el
caso de una accionante que se presentó en la Convocatoria No. 128 de 2009 para
proveer por concurso abierto de méritos los empleos de carrera de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-. La
tutelante presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Servicio
Civil y la Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales para que se resolvieran las peticiones
en las que puso en conocimiento de las entidades las irregularidades en el
proceso de selección, se rediseñaran las pruebas del concurso, se le permitiera
acceder a las hojas de respuesta de su prueba y se suspendiera la etapa de
entrevistas de la convocatoria. Sobre la posibilidad de modificar lo
establecido en las listas de elegibles conformadas la Sala señaló lo siguiente:
“Esta Corporación ha señalado
que las listas de elegibles generan derechos subjetivos que, por regla general,
no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, a menos que sea necesario por
motivos de utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización
previa del afectado[50]; o en hipótesis en las cuales
su producción o aplicación conlleve el desconocimiento de derechos
fundamentales”.
1.4.5.9.   Por su parte, la Sala Séptima de Revisión en la sentencia
T-551 de 2017[51]
estudió las tutelas interpuestas por dos accionantes que participaron en las
Convocatorias No. 335 y 336 de 2016 del INPEC para proveer el cargo de
dragoneante de la institución y de ascensos y se les impidió continuar el
proceso de selección porque en el examen médico que se les realizó, fueron
calificados como no aptos. Pese a ello, los actores manifestaron que los
resultados de las pruebas médicas no correspondían a la realidad.
En esa oportunidad, la Sala
determinó que la tutela procedía de manera definitiva “toda vez que en el
proceso de selección para ocupar el cargo de dragoneante y de ascensos del
INPEC que ya cuenta con lista de elegibles”, los mecanismos de defensa
ordinarios no eran idóneos y eficaces y mediante el acto administrativo que se
ataca “se establecen criterios sobre los resultados de la prueba médica de
los aspirantes, viéndose posiblemente lesionado derechos fundamentales de
aquellos, al concurso de mérito”.
1.4.5.10.   Para terminar, en la sentencia T-160 de 2018[52] la Sala
Tercera de Revisión analizó la tutela que presentó un accionante contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
y la Universidad Manuela Beltrán. El actor señaló que se inscribió en la
convocatoria mediante la cual se proveerían 400 vacantes en el empleo de
dragoneante del INPEC y que en los resultados de los exámenes médicos fue
calificado como “no apto” por tener un tatuaje en el tercio inferior del
antebrazo izquierdo, por lo que solicitó que se evaluara nuevamente su
calificación de y, en consecuencia, fuera vinculado nuevamente al proceso de
selección del concurso-curso en la respectiva convocatoria.
La Sala de Revisión
determinó que la acción de tutela procedía contra los actos administrativos
proferidos en desarrollo del concurso-curso ya que los medios ordinarios de
defensa judicial no eran eficaces ni idóneos para dirimir la controversia. De
la misma manera, la Sala precisó que en el caso objeto de análisis ya se había
conformado la lista de elegibles y que, aunque la misma tenía vigencia de un
año, ello no hacia “improcedente el amparo perseguido, pues la misma se
puede reconstituir”, y que así se había hecho “a partir de la resolución
de controversias judiciales”.
1.4.5.11.   Para esta Sala, el requisito de subsidiariedad
debe acreditarse teniendo en cuenta la situación existente al momento en que se
interpuso la tutela. En el caso objeto de
revisión, la acción de amparo se presentó el 18 de diciembre de 2017 y la sentencia de tutela fue
proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Pereira (Risaralda) el 2 de
enero de 2018.
1.4.5.12.   Posteriormente, a través de Auto del 21 de mayo
de 2018, la Sala de selección Número Cinco de la Corte Constitucional escogió
para efectos de revisión el expediente de la referencia que fue remitido al
despacho de la Magistrada ponente el 7 de junio de 2018 y fue solo hasta el 18
de julio de 2018 que mediante Resolución Nro. CNSC-20182020074235 se conformó
la lista de elegibles para proveer 12 cargos vacantes del empleo identificado
con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de Familia, Código 2125,
Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433-ICBF.
1.4.5.13.   Así las cosas, esta Sala estima que la acción de
amparo es procedente pues al momento en que se interpuso no existía lista de
elegibles ya que esta solo se conformó mientras se adelantaba la revisión al
interior de la Corte Constitucional.
1.4.5.14.   Adicionalmente, la Corte Constitucional reconoce
que la tutela procede pese a la existencia de lista de elegibles y que estas
pueden ser modificadas en sede judicial por fraude o incumplimiento de
los requisitos de la convocatoria o cuando su aplicación conlleve el
desconocimiento de derechos fundamentales.
1.4.6. Procedencia de la acción
de tutela para la protección del derecho a la libertad de cultos
1.4.6.1.   Ahora bien,
como quiera que en el caso objeto de análisis también se encuentra de por medio
el derecho a la libertad de cultos de la accionante, integrante de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, es imperioso estudiar la procedencia de la acción
de tutela para el amparo de esta garantía fundamental.
1.4.6.2.   En la sentencia
T-839 de 2009,[53]
esta Corporación revisó la acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al considerar que las demandadas habían vulnerado
sus derechos fundamentales a la libertad de cultos, a la libertad de conciencia
y a la igualdad, en el marco de un curso/concurso de mérito para la provisión
de cargos de la rama judicial. Lo anterior, en atención a que solicitó en
varias oportunidades el cambio de fechas u horarios para la realización de
pruebas propias del proceso de selección por pertenecer a la Iglesia Adventista
del Séptimo Día.
1.4.6.3.   En esa
oportunidad, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional llevó a
cabo el estudio del requisito de subsidiariedad y realizó una breve reseña de
fallos en los que la Corporación declaró la procedencia de la acción de tutela
para el amparo del derecho a la libertad de cultos y a guardar el Sabbath
de quienes pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sobre el
particular, la Sala expuso lo siguiente:
“La jurisprudencia
constitucional ha reconocido la acción de tutela como el medio judicial idóneo
para proteger las libertades de religión y de culto, en especial, para proteger
el derecho constitucional de toda persona adventista a que se le respete su
libertad de guardar el Sabath. Así lo ha hecho a propósito de controversias en
contra de entidades públicas y privadas”.[54]
1.4.7. La
acción de tutela procede como mecanismo definitivo en el caso de la señora Luz Andrea Alzate Echeverri
Esta Sala estima que el requisito de subsidiariedad se
cumple cabalmente y que la acción de tutela interpuesta por Luz Andrea Alzate
Echeverri procede de manera definitiva para estudiar la posible vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la tutelante en atención a los
siguientes motivos:
(i)
En sede administrativa no era posible interponer reclamaciones frente a
la inconformidad de la accionante con el cronograma o la fecha dispuestas para
la aplicación de la prueba psicotécnica.
(ii)
La actuación de la administración que presuntamente vulneró los derechos
fundamentales de la peticionaria podría ser considerada un acto administrativo
de trámite, no susceptible de ser controvertido ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo pues solo da impulso al concurso de mérito y no
impide proseguir con la actuación.
(iii)
Al momento en que se interpuso la acción de tutela no se había
conformado la lista de elegibles para proveer
12 cargos vacantes del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243,
denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de
Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Convocatoria 433 de 2016 -ICBF.
(iv)
La acción de tutela es el medio judicial idóneo para proteger el derecho
fundamental a la libertad de cultos.
2.    Problema jurídico
De acuerdo con los
antecedentes expuestos con antelación, la Sala Séptima de Revisión considera
que el problema jurídico a resolver en el presente caso es el siguiente:
¿La Comisión Nacional
del Servicio Civil –CNSC-
vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos de una
persona que participa en un
concurso de mérito (Luz
Andrea Alzate Echeverri) cuando niega la reprogramación de la aplicación de una
prueba psicotécnica un día diferente al sábado para garantizar la prevalencia
del interés general, así como el cumplimiento de los principios de igualdad y
transparencia de los procesos de selección, pese a que la solicitud fue
presentada por un aspirante e integrante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien aduce
que no puede realizar la prueba ese día sin incumplir la práctica religiosa del
Sabbath que implica dedicar esa jornada a la adoración de Dios y al
descanso?
Para resolver el
problema jurídico planteado, la Sala estudiará a continuación (i) el derecho fundamental a la libertad religiosa y de
cultos, (ii) la
protección constitucional de esta garantía en casos de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y (iii) el principio de
continuidad del servicio.
3.  El derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos
3.1.    La Constitución Política de la República de
Colombia de 1886 contempló que los Delegatarios de los Estados colombianos se
habían reunido en Consejo Nacional Constituyente “en nombre de Dios, fuente
suprema de toda autoridad”.
3.1.1.      Así mismo, aunque en el artículo 39 del texto
constitucional se consagró que nadie podía ser molestado por razón de sus
opiniones religiosas, el artículo 38 disponía que la religión
Católica, Apostólica y Romana era la de la Nación e imponía su protección y
el respeto como elemento del orden social a todos los poderes públicos.
3.1.2.      Finalmente, en el artículo 40 se estableció que
era permitido el ejercicio de todos los cultos siempre y cuando no fueran “contrarios
a la moral cristiana ni a las leyes” so pena de quedar sometidos al derecho
común.
3.2.    La alusión al antiguo texto constitucional permite
contrastar sus disposiciones con las de la Constitución Política de 1991 en la
que el constituyente optó por el“tránsito
de un Estado confesional a un Estado laico y pluralista en materia de
confesiones religiosas”.[55]
3.3.    Sobre este punto, aunque la Constitución vigente
no contiene ninguna disposición expresa sobre la relación entre el Estado y la religión, la
jurisprudencia constitucional ha concluido que la adopción del modelo de Estado laico se explica o se deriva
de la interpretación sistemática de los valores, principios y derechos
consagrados en la Carta Política.[56]
Esta Corporación también recalca que la mención de la protección de Dios que se
invoca en el preámbulo de la Carta de 1991 es una manifestación de la
pluralidad religiosa ya que “los Constituyentes no consagraron un Estado
confesional sino que simplemente quisieron expresar que las creencias religiosas
constituían un valor constitucional protegido”.[57]
3.4.    Ahora bien, bajo el orden constitucional vigente se garantiza
la libertad de conciencia, al igual que la libertad religiosa y de cultos como
derechos fundamentales íntimamente relacionados y de aplicación directa e
inmediata, a saber:
3.5.     La garantía de
la libertad de conciencia de la que trata el
artículo 18 contempla que
nadie “será molestado por razón de
sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar
contra su conciencia”.[58]
3.6.    Además, el artículo 19 de la Constitución consagra
el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, en virtud del cual,
“[t]oda persona tiene derecho a profesar libremente
su religión y a difundirla en forma individual o colectiva” y “[t]odas
las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.
3.7.    A su vez, diferentes instrumentos
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad tales como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 18),[59] la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 3),[60] el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18)[61] y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12),[62] contemplan el
derecho a la libertad de religión, también denominado libertad religiosa
y de culto y exigen a los Estados
Partes su garantía.
3.8.    Por otra parte, a través de la Ley Estatutaria
133 de 1994 se desarrolló el derecho de
libertad religiosa y de cultos. Dentro de sus disposiciones se estableció que “ninguna
Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal” (artículo 1)
y que el límite al ejercicio de esta garantía es “la
protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y
derechos fundamentales, así como la salvaguarda, de la seguridad, de la salud y
de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido
por la Ley en una sociedad democrática” (artículo 4).
3.8.1.      El artículo 6 de la ley en mención establece que
la libertad
religiosa y de cultos comprende, entre otras
cosas, los derechos de toda persona:
“a. De profesar las
creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de
confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente su religión o
creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre
ellas;
b. De practicar,
individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto;
conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de sus
derechos;
(…)
i. De no ser impedido por motivos religiosos para
acceder a cualquier trabajo o actividad civil, para ejercerlo o para
desempeñar cargos o funciones públicas. Tratándose del ingreso, asenso o
permanencia en capellanías o en la docencia de educación religiosa y moral,
deberá exigirse la certificación de idoneidad emanada de la Iglesia o confesión
de la religión a que asista o enseñe.
j. De reunirse o manifestarse
públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente
sus actividades religiosas, de conformidad con lo establecido en la presente
Ley y en el ordenamiento jurídico general”.
3.8.2.      Por último, el artículo 15 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 establece la posibilidad del
Estado de celebrar convenios sobre cuestiones
religiosas, ya sea Tratados Internacionales o Convenios de Derecho Público
Interno con “Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus
federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, que gocen de
personería y ofrezcan garantía de duración por su estatuto y número de
miembros”. La norma precisa que los convenios de Derecho Público Interno
tienen control previo de legalidad de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado y entran en vigencia una vez sean suscritos por el Presidente
de la República.
3.9.
Mediante el Decreto 354 de
1998 se aprobó el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997 entre el
Estado colombiano y algunas entidades religiosas cristianas no católicas. En el
decreto se estableció un artículo adicional con garantías para hacer efectiva
la libertad religiosa y de cultos de los miembros de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y, particularmente, el literal c se refiere a la programación de
exámenes o pruebas para el ingreso a cargos públicos. La norma señala lo
siguiente:
“a. El descanso
laboral semanal, para los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo
día de precepto o fiesta de guarda, es decir el sábado, podrá comprender,
siempre que medie acuerdo entre las partes, desde la puesta del sol del viernes
hasta la puesta del sol del sábado, en sustitución del que establezca las
leyes.
b. Los alumnos
fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que cursen estudios en centros
de enseñanza públicos y privados, siempre que medie acuerdo entre las partes,
estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes
desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, a
petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
c. Los exámenes o pruebas selectivas convocadas para el ingreso o
cargos de las Instituciones del Estado o a Instituciones educativas, que hayan
de celebrarse durante el período de tiempo expresado en los literales
anteriores, serán señalados en una fecha alternativa para los fieles de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando no haya causa motivada que lo
impida”.
3.10.   Finalmente, por el Decreto 437 de 2018 se
adicionó el Capítulo 4 al Título 2 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, denominado
Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos.
Dentro de los
objetivos del decreto está “amparar el derecho de las entidades religiosas,
sus fieles y sus organizaciones y, de crear y dirigir iniciativas de aporte al
bien común, en forma individual o colectiva, y de inspirar su funcionamiento en
el propio ideario moral y religioso, en los términos del artículo 13 de la Ley
Estatutaria 133 de 1994” (literal (e) del artículo 2.4.2.4.1.3.).
También se contempla el establecimiento de
campañas como medida para la promoción en la sociedad civil, las entidades
públicas y privadas y los medios de comunicación de la no discriminación, la
tolerancia y la no estigmatización por motivos religiosos (art.
2.4.2.4.2.2.1.).
3.11.   La Corte Constitucional desde sus inicios
resaltó que la acción del Estado para la protección de la libertad religiosa y
de culto no podía estar limitada a prevenir y evitar la intolerancia en la
práctica de los ritos religiosos “sino que además comprende la de adelantar
las acciones de cooperación, asistencia, soportes que
permitan la  práctica de las distintas religiones y
cultos; porque de otro modo se desembocaría en un Estado antireligioso,
cuyos contenidos son contrarios a la cultura de occidente, que interpreta la Constitución
Política y el sistema colombiano en general”.[63]
3.12.   En la sentencia T-982 de 2001,[64] la Corte aseguró
que la libertad de cultos tiene como fundamento amparar las expresiones y
convicciones espirituales propias del fuero interno de la persona y que la
Constitución también confirió “alcances sociales a dicha protección, al garantizar que se
practiquen y realicen ciertos actos como consecuencia de
profesar creencias religiosas”.
En la providencia antes referenciada, esta
Corporación advirtió que el derecho constitucional en comento tiene una faceta
de acción y omisión, dentro de las que existen manifestaciones íntimas que
tienen carácter absoluto, y manifestaciones sociales y colectivas que no se agotan con la práctica formal y en comunidad de un
culto y no gozan de carácter absoluto.
3.13.   En esa misma línea, en la sentencia T-823 de 2002,[65] la Sala Quinta de Revisión
aseguró que la libertad religiosa “ampara a todas aquellas manifestaciones,
creencias y fenómenos individuales o colectivos que relacionan al hombre con la
concepción de una existencia suprema o preeminente (ya sea en dogmas
monoteístas o politeístas), a partir de los cuales sus seguidores pueden asumir
pilares de comportamiento destinados a enaltecer su espíritu y a fijar
parámetros éticos que delimiten su conducta”.
3.14.   Adicionalmente, la jurisprudencia
constitucional ha hecho eco de varios criterios para tener en cuenta a la hora
de establecer límites al ejercicio del derecho a la libertad de cultos, a
saber:
“(i) debe
restringirse lo menos posible la garantía de
libertad religiosa; (ii) sólo pueden realizarse limitaciones que estén en
consonancia con los primados constitucionales y legales de una sociedad
democrática y (iii) sólo pueden ser fuente de restricciones al ejercicio del
derecho a la libertad religiosa la constitución y la
ley. Se excluyen las limitaciones que se originen en voluntad,
discrecionalidad o arbitrariedad ajenas a los postulados del Estado de derecho.”[66]
3.15.   Cabe señalar que, sobre los límites a la
libertad religiosa, la Sala de Sexta de Revisión en la sentencia T-376 de 2006[67] estableció los
siguientes criterios:
“a) El
principio pro libertate también opera respecto de la libertad religiosa y de
cultos, por lo cual sólo caben respecto de ella las limitaciones necesarias para garantizar los derechos de los demás y el orden
público.
b) Las
limitaciones no cobijan el mero acto de profesar una creencia. Es decir, el
acto individual e interno de fe no puede ser objeto de restricción alguna.
c) Las
acciones y omisiones derivadas de la religión, cuyo ejercicio también se
garantiza constitucionalmente, sí tienen límites”.
3.16.   Ahora bien, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, a la hora de evaluar la posible afectación del
derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos es necesario verificar los
siguientes aspectos: (i) la importancia de la creencia invocada frente a la
religión que se profesa, (ii) la exteriorización de la creencia; (iii) la
oportunidad de la oposición frente al acto contrario a la libertad religiosa y (iv)
el principio de razón suficiente aplicable.[68]
3.16.1. Para una mayor comprensión, la importancia de la creencia
invocada consiste en que la misma sea  seria, no acomodaticia y que el “comportamiento
o la manifestación de culto constituya un elemento fundamental de la religión
que se profesa”.[69]
3.16.2. El elemento de la exteriorización de las convicciones,
creencias o manifestaciones de culto parte de la protección constitucional a la
libertad religiosa que garantiza las manifestaciones privadas, así como el
ejercicio público y la divulgación. No obstante, la jurisprudencia advierte que
“la posibilidad de oponerse a las actuaciones de terceros con base en las
convicciones propias, presupone la socialización del elemento de la creencia,
como elemento necesario para brindar al otro la posibilidad de conocer las
razones por las cuales debería desistir de realizar una determinada conducta”.[70]
3.16.3. El aspecto relativo a la oportunidad de la oposición frente
al acto contrario a la libertad religiosa implica que “la oposición por razones
de convicciones religiosas debe manifestarse dentro de un término razonable
respecto del acto u omisión que resulta contrario a los dogmas de la religión
que profesa la persona”.[71]
3.16.4. Por último, el juez constitucional debe constatar si la
limitación al derecho a la libertad religiosa está justificada en un principio
de razón suficiente aplicable, en cuyo caso es imperioso analizar la relación
entre el fin buscado y el medio para alcanzarlo. El juicio incluye dos etapas
en las que se requiere determinar (i) si el medio elegido es necesario para
llegar al fin, precisando si no existe otro medio alternativo que no implique
afectar en tal grado el derecho a la libertad religiosa y (ii) si la afectación
es desproporcionada.
3.17.   En conclusión, la Constitución Política de
1991 adoptó un modelo de Estado laico en contraposición a la Carta Política de
1886 en la que la religión Católica, Apostólica y Romana era la de la Nación.
Bajo el orden constitucional vigente existen como garantías fundamentales la
libertad de conciencia, de religión y de culto.
3.17.1. La libertad religiosa y de cultos permite a toda persona “profesar
libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. La
protección, así como el desarrollo de este derecho deviene de lo dispuesto en la
Constitución, varios instrumentos internacionales y normas nacionales sobre la
materia.
3.17.2. Particularmente, el artículo 6 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 precisa que el ámbito de la libertad religiosa comprende el derecho de las personas a acceder a cualquier
trabajo sin que se puedan establecer impedimentos por motivos religiosos. En
concordancia con lo anterior, el literal (c) del artículo adicional para la Iglesia Adventista del Séptimo
Día que se encuentra en el Decreto 354 de 1998 manda que los exámenes para
acceder a cargos públicos deben aplicarse un día diferente al sábado para los
fieles de esta congregación, salvo causa motivada que lo impida.
3.17.3. Es claro que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática al considerar que la libertad de cultos garantiza las expresiones
religiosas minoritarias y protege las manifestaciones individuales (con
carácter absoluto), así como manifestaciones colectivas y/o sociales (sin
carácter absoluto) que no se agotan con la práctica formal y en comunidad de un
culto.
3.17.4. Asimismo, esta Corporación concluyó que las restricciones a
este derecho deben evitarse. No obstante, si se establecen (i) tienen que ser racionales
y objetivas, como aquellas que se usan para para garantizar los derechos de los demás y el orden público,
y (ii) su fuente debe ser la constitución y la ley.
3.17.5. Para terminar, la Corte Constitucional estableció que al
estudiar una posible vulneración al derecho fundamental a la libertad religiosa
y de cultos debe verificarse la importancia de la creencia invocada frente a la
religión que se profesa, si la persona exteriorizó la creencia, se opuso
oportunamente a la actuación que vulnera su derecho a la libertad religiosa y
de cultos y si la limitación a la garantía fundamental se encuentra
justificada, para lo cual se tiene que llevar a cabo el análisis entre el fin
buscado y el medio utilizado para alcanzarlo.
4.  La protección
constitucional del derecho fundamental a la libertad de cultos en casos de
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
4.1.    En ejercicio de la competencia conferida en la
Carta Política para la revisión de tutelas, la Corte Constitucional estudió
varias acciones de amparo en las que los accionantes eran integrantes de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día y solicitaron la protección de su derecho
fundamental a la libertad de cultos en los siguientes ámbitos: educación,
laboral, electoral y concursos para acceder a cargos públicos.
4.2.    Para llevar a cabo un análisis pormenorizado y
especializado, esta Sala realizará una distinción de cada uno de los escenarios
en los que se ha estudiado la protección de esta garantía constitucional en
casos de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Educación
4.3.    El primer evento en que la Corte se pronuncio
acerca de la protección de la práctica del Sabbath se dio con la
sentencia T-539ª de 1993.[72]
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional estudió el caso de una
mujer, integrante de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día con sede en Montería, quien solicitó la protección de su derecho a la
libertad religiosa y se respetara su dedicación del sábado a la adoración de Dios. En consecuencia, pidió que se anularan las fallas de asistencia, se
estableciera un trato diferencial por parte de la Universidad en la que estaba
matriculada y se adoptara un horario especial para que pudiera cursar el “seminario y taller de
literatura” en un día que no
impidiera su práctica religiosa.
4.3.1.  En este caso, la Sala se refirió al
posible conflicto entre el derecho a la libertad de cultos y la autonomía
universitaria. Por su parte, resaltó que el reglamento de la Universidad no estaba
“orientado a vulnerar la libertad de cultos, sino a posibilitar la
consecución de la finalidad académica”.
4.3.2.  La Sala confirmó las decisiones que
negaron el amparo de los derechos al concluir que “quien profesa y practica
una determinada religión, puede reclamar el espacio espiritual necesario para
vivirla conforme a su conciencia, no puede transformar ese ámbito en factor que
dificulte y entorpezca la convivencia”.
4.4.    Posteriormente, la Corte analizó algunas acciones
de tutela en las que miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
solicitaron (i) que no se les impusiera la carga de asistir a clases, módulos o
practicas dentro de los programas académicos que cursaban el sábado y se
establecieran medidas compensatorias, sentencias T-026 de 2005, T-782 de 2011 y T-915
de 2011;[73] y (ii) la
reprogramación de exámenes de ingreso a instituciones educativas, sentencias
T-448 de 2007 y T-044 de 2008.[74]
4.5.    En las providencias enunciadas en el párrafo
anterior, la Corte reconoció que el derecho a la libertad de cultos impone
mayores cargas o exigencias a las instituciones educativas de carácter público,
garantiza las manifestaciones personales, así como la realización de actos
públicos asociados con las convicciones espirituales y posibilita que los
creyentes puedan actuar en todos los aspectos de su vida conforme a los dogmas
y creencias de su religión.
4.6.    La Corte Constitucional también sostuvo que la
práctica del Sabbath hace parte del núcleo esencial del derecho a la
libertad de cultos y que solo son objeto de transacción los mecanismos que
permitan suplir, recuperar o reprogramar las actividades que no se llevaron a
cabo en aras de garantizar esta manifestación de la espiritualidad.
4.7.    Finalmente, este Tribunal advirtió en los casos
en que se ordenó reprogramar las pruebas de ingreso a instituciones educativas
de carácter público, que un Estado pluralista no puede imponerle a una persona “el
dilema de escoger entre actuar en contra de sus creencias o sacrificar sus
aspiraciones académicas y laborales” y que los traumatismos que se generen
ante estas decisiones son cargas tolerables en un Estado Social de
Derecho.
Trabajo
4.8.    Por su parte, esta Corporación también se ha
pronunciado respecto al derecho a la libertad de cultos de miembros de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día en eventos en los que se les programan horas
laborales los sábados. Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias T-982
de 2001, T-327 de 2009 y T-673 de 2016.[75]
4.9.    En los tres fallos analizados, la Corte amparó
los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó tanto su reintegro como
que se establecieran las medidas necesarias para que los accionantes no vieran
afectada la práctica religiosa del Sabbath y para compensar las horas
que no se trabajaban los sábados.
4.10.   Asimismo, este Tribunal reiteró en las
providencias que el derecho a la libertad de cultos tiene alcances sociales, un fundamento colectivo, así como una
protección comunitaria y que se debe analizar si quien reclama la protección de tutela, no usa sus creencias
como pretexto, de forma estratégica y coyuntural.
Electoral
(designación como jurados electorales)
4.11.   En la sentencia T-447 de
2004,[76] la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional analizó la acción de amparo interpuesta por dos personas contra
el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los
accionantes señalaron que habían sido designados jurados de votación y que no
habían cumplido con dicho deber el sábado 25 de octubre de 2003. Añadieron que
podían ser sancionados por ese hecho, pero precisaron que habían presentado una
petición a la Registraduría Distrital, que no fue resuelta, para ser excusados
de asistir ya que como feligreses de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dedican
el sábado al recogimiento.
4.11.1. En la providencia se analizó la protección de los derechos
fundamentales de petición y a la libertad religiosa o de cultos, así como a la
democracia y a los derechos constitucionales. Pese a que la Registraduría Nacional
del Estado Civil no sancionó a los actores por encontrar que su situación se
enmarcaba en una justa causa, la Sala de revisión consideró que la designación
como jurados de votación no implicaba per se una vulneración a un
derecho fundamental pues representa un deber para los ciudadanos contribuir al
funcionamiento del modelo democrático.
4.11.2. Finalmente, la Sala estudió “si el Estado tenía el deber
de distinguir a las personas que, por razones religiosas, no pueden fungir como
jurados de votación” y la sala concluyó que no resultaba “en extremo
afectado el derecho fundamental invocado” pues aunque el Sabbath es
una práctica Fundamental para los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, “la realización de elecciones o la convocatoria a referendos no demanda
la participación de las personas cada sábado”.
Concursos de
mérito para acceder a cargos públicos
4.12.   En la sentencia T-839 de 2009,[77] la Sala
Primera de Revisión centró su análisis en el caso de un funcionario judicial que participó en un concurso para
proveer cargos de jueces y magistrados. El actor señaló que había superado la
primera fase del proceso y que tanto la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura como la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla habían
hecho caso omiso a sus peticiones para que no se tuvieran en cuenta las
inasistencias que presentaba en el Concurso de Formación Judicial Inicial –
Promoción 2009 y se reprogramaran las actividades dispuestas para el día sábado
ya que, por ser integrante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dedicaba esas jornadas a la
adoración y la comunión con Dios.
4.12.1. La Sala expuso que el curso de formación judicial se había
establecido para el desarrollo de las habilidades, competencias y conocimientos
requeridos por los jueces de la República, lo que representaba un fin imperioso
constitucionalmente. No obstante, la Sala determinó que la decisión de no
reprogramar las clases del curso concurso un día diferente al sábado para el
miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día era una opción proscrita del
ordenamiento pues “no
pueden entrar a establecer si se debe o no respetar el Sabbath, es decir, no
está en discusión si se hace o no el acuerdo, lo que se ha de debatir son los
términos y las condiciones del mismo”.
4.12.2. Para la Sala, la medida no era un medio necesario para
llegar al fin buscado por la entidad pues “(i)
pone su interpretación estricta de las reglas de asistencia del Acuerdo
pedagógico por encima del ‘respeto por los derechos fundamentales como pilares
del estado social de derecho’; (ii) no facilita la eliminación de toda forma de
discriminación en su contra; (iii) no considera la diversidad religiosa que
representan sus creencias; (iv) así como tampoco promueve una visión pluralista
del conocimiento”.
4.12.3. La Sala tuteló los derechos a la libertad de religión, a la
igualdad, al trabajo y a acceder a cargos públicos del accionante, dejó sin
efecto las decisiones administrativas que negaron la reprogramación de
actividades que estuvieran previstas para el sábado, ordenó que se establecieran
las medidas para que el tutelante realizara las actividades académicas
equivalentes o sustitutas del concurso y se registraran los puntajes en la
lista de jueces elegibles.
Conclusiones
4.13.   Tal como se dijo anteriormente, la Corte
Constitucional ha proferido varias sentencias en materia de tutela en las que
analizó si algunas medidas adoptadas en materia de educación, trabajo,
electoral y en concursos para acceder a cargos públicos vulneraban el derecho a
la libertad de cultos de los integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día y a guardar el sábado como día de descanso y adoración a Dios.
4.14.   Como se deriva del análisis realizado, los
únicos fallos en los que no se concedió el amparo del derecho a la libertad
religiosa para garantizar que los integrantes de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día guardaran el Sabbath fueron las sentencias T-539ª de 1993[78] que revisó
un tema de educación, así como la sentencia T-447 de 2004,[79] en la que
se analizó la obligación de cumplir con el deber de ser jurado de votación para
los integrantes de este credo.
4.15.   Corresponde decir que cuando se profirió la
sentencia T-539ª de 1993[80] no se había expedido la Ley
Estatutaria 133 de 1994 que desarrolló el derecho de libertad religiosa y de
cultos, ni el Decreto 354 de 1998 a través del cual se aprobó el Convenio de
Derecho Público Interno número 1 de 1997 entre el Estado colombiano y algunas
Entidades Religiosas Cristianas no Católicas que dedica un artículo adicional
para la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4.16.   En contraste, el resto de sentencias de las
diferentes Salas de Revisión de la  Corte Constitucional (T-982 de 2001,[81] T-026 de
2005,[82]
T-448 de 2007,[83]
T-044 de 2008,[84] T-327 de 2009,[85] T-839 de
2009,[86]
T-782 de 2011,[87]
T-915 de 2011[88] y T-673 de 2016[89])
resolvieron garantizar la práctica del Sabbath por ser un componente
objeto de protección del derecho a la libertad religiosa. Del precedente
consolidado de esta Corporación se extraen las siguientes conclusiones
generales:
-
El derecho a la libertad
religiosa garantiza manifestaciones individuales y colectivas que presentan
facetas de acción y omisión. Así pues, toda expresión que se agote en el fuero
interno de la persona tiene carácter absoluto y solo aquellas expresiones
sociales o que trasciendan a lo colectivo pueden ser limitadas por no tener
carácter absoluto.
-
La práctica del Sabbath
hace parte del núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa y solo
podrían ser objeto de discusión o transacción las medidas para compensar las
actividades que no se realizan desde
la puesta de sol del viernes hasta la puesta
del sol del sábado, en aras del libre ejercicio de la actividad espiritual y
religiosa.
-
En el modelo de Estado
Social de Derecho no es constitucionalmente admisible que se imponga a la
persona la carga de escoger entre sus principios, convicciones y prácticas
religiosas o sus aspiraciones académicas, laborales o de otra índole, de ahí se
sigue que la protección del derecho a la libertad religiosa se ha presentado en
relaciones de tipo privado o cuando se ven involucradas instituciones de
carácter público, aunque se contemplen exigencias mayores a las instituciones
del Estado.
5.  Principio de continuidad del servicio
5.1.    El artículo 365 de la Constitución Política
contempla que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social
del Estado” y que es un deber estatal “asegurar su prestación eficiente
a todos los habitantes del territorio nacional”.
5.2.    Por su parte, en la sentencia T-406 de 1993,[90] la Corte
Constitucional indicó que este deber surge del análisis de la Constitución
Política y, particularmente, del artículo 2 que hace alusión a los fines del
Estado, el artículo 113 que se refiere al principio de separación de
poderes para la realización de dichos fines y el artículo 209 de la eficacia en
la Función Pública.
Adicionalmente, en
esa providencia la Corte resaltó que la prestación eficiente de un servicio público
“se traduce en la continuidad, regularidad y calidad del mismo”. La Sala
Séptima de Revisión se pronunció especialmente sobre el componente de  continuidad
y concluyó lo siguiente:
“El servicio
público responde por definición  a una necesidad de interés general; ahora
bien, la satisfacción del interés general no podría ser discontinua; toda
interrupción puede ocasionar problemas graves para la vida colectiva. La
prestación del servicio público no puede tolerar interrupciones”.
5.3.    Posteriormente, en la sentencia C-753 de
2008,[91] este Tribunal decidió acerca de
la demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto Ley 091
de 2007 “por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector
Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de administración personal”. En
esta oportunidad, la Sala llevó a cabo un análisis sobre los nombramientos en
provisionalidad y la figura del encargo como herramientas válidas mientras se
desarrollan los concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera, a
saber:
“La Corte ha encontrado que
estas excepciones de provisionalidad y encargo frente a la regla general de la
provisión de cargos de carrera administrativa mediante concurso público, se
encuentran justificadas desde el punto de vista constitucional, ya que la
realización de un concurso público de méritos para proveer un empleo vacante
definitivamente requiere un tiempo mínimo, en el cual puedan desarrollarse las
etapas de convocatoria,  pruebas de selección y conformación de la lista
de elegibles, mientras que la función pública requiere continuidad y, además,
debe cumplir los principios de celeridad y eficacia, entre otros, consagrados
en el Art. 209 de la Constitución, los cuales son condiciones para alcanzar los
fines esenciales del Estado consagrados en el Art. 2º ibídem.[92]
Por estas razones, con un
criterio objetivo, racional y práctico, en algunos casos, se impone en la administración
pública como una necesidad la provisión del cargo en forma temporal o
transitoria, mientras se puede hacer la provisión definitiva, lo cual se logra
mediante las instituciones del nombramiento provisional de cualquier persona
que reúna los requisitos para su desempeño o mediante el encargo a empleados de
carrera”.
5.4.    Por su parte, en la sentencia C-640 de 2012[93] esta
Corporación estudió las Objeciones Gubernamentales al Proyecto de Ley Nro. 54
de 2010 Senado, 170 de 2010 Cámara, “por la cual se implementa el retén
social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se dictan
otras disposiciones”. La Corte indicó que los nombramientos en
provisionalidad en cargos de carrera administrativa no deben prolongarse
indefinidamente por lo que se hace necesario el establecimiento de límites y
condiciones pues, en esos casos, “tanto el nombramiento como la prórroga
deben darse por razones estrictamente necesarias para la continuidad del
servicio en la administración pública”. Así pues, la Corte precisó lo
siguiente:
“[C]uando la vacante en el
cargo público de carrera no es definitiva, sino temporal, el empleo debe ser
provisto también en forma transitoria, ante la necesidad de no interrumpir la
continuidad en la prestación de la función pública, pero sólo por el tiempo que
dure la situación administrativa correspondiente de estricta necesidad”.
5.5.    En suma, del análisis de los artículos 2, 113,
209 y 365 del texto constitucional se deriva el deber de asegurar la prestación
eficiente de los servicios públicos, lo que implica garantizar su continuidad,
regularidad y calidad. Por su parte, la Corte Constitucional se ha referido al
principio de continuidad del servicio en circunstancias en las que se realizan
nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera mientras se lleva a cabo
la provisión definitiva, de manera que no se interrumpa la prestación de la
función pública.
6.  Caso concreto
Hechos probados
6.1.    La señora Luz Andrea Alzate Echeverri, de 39 años de edad, es integrante de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día y dedica el sábado al descanso y a la
adoración de Dios, lo que para ella es señal de lealtad y fundamento de su
vida.
6.2.    La práctica religiosa conocida como el Sabbath se extiende desde la
puesta del sol del viernes hasta la del sábado y se contempló en el capítulo 20, versículos 8-11 del libro del
Éxodo, en los que se consagra el deber de trabajar seis días y santificar el
sábado, día en el que no se puede realizar obra alguna.
6.3.    El 5 de septiembre de 2016, se convocó a
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria
Nro. 433 de 2016 – ICBF. Lo anterior se hizo a través del Acuerdo Nro. CNSC-20161000001376.
6.4.    La señora Alzate Echeverri se inscribió en la
convocatoria para concursar por el empleo Nro.
34243, Código 2125, denominación 145 Defensor de Familia, con nivel jerárquico
de profesional Grado 17, en la ciudad de Cartagena, con 12 vacantes.[94] La accionante presentó las pruebas básicas, funcionales y comportamentales
contempladas en el Acuerdo de la convocatoria el 3 de septiembre de 2017 y
obtuvo el sexto lugar entre los aspirantes con un puntaje de 57.33.[95]
6.5.    El 20 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó en su
página web un aviso para comunicar a los interesados que las pruebas
psicotécnicas dentro de la Convocatoria Nro. 433 de 2016 – ICBF serían
aplicadas el sábado 16 de diciembre de 2017.
6.6.    Mediante correo electrónico remitido a la CNSV el
22 de noviembre de 2017[96] (atencionalciudadano@cnss.gov.co),
la accionante solicitó que la prueba psicotécnica le fuera aplicada un día
diferente al sábado, de manera que se respetara y se le dejara cumplir con la
práctica religiosa de guardar el Sabbath. En petición del 27 de
noviembre de 2017[97] le señaló a la CNSC que había
presentado las solicitudes al correo electrónico atencionalciudadano@cnss.gov.co ya que en el portal web de la entidad no era
posible radicar peticiones, quejas o reclamos.
6.7.    La dependencia de atención al usuario de la CNSC
le manifestó a la accionante mediante correo electrónico del 29 de noviembre de
2017 que su petición había sido radicada bajo el Nro. 201711290047 y su estado
era “En trámite”. Por su parte, la CNSC le informó a la actora en
comunicación del 1 de diciembre de 2017 que el archivo que adjuntó con la
petición presentada no se había podido visualizar y que el estado de la
solicitud era “Contestada”.[98]
6.8.    La señora Luz Andrea Alzate Echeverri manifestó
que se comunicó telefónicamente con la CNSC debido a que su petición no se
había resuelto de fondo. Aseguró que el funcionario que atendió su llamada le
expuso que (i) la petición con número de radicado 201711290047 ya se le había
contestado, (ii) en el sistema registraba
otras dos peticiones remitidas por correo electrónico radicadas bajo los
números 20176000854552, así como 20176000864432 y (iii) que la solicitud para el cambio de la fecha para
la prueba psicotécnica desconocía el derecho a la igualdad y el principio del
mérito.
6.9.    En virtud de los hechos antes expuestos, Luz
Andrea Alzate Echeverri presentó acción de tutela el 18
de diciembre de 2017 y solicitó la protección de sus derechos fundamentales
de petición y a la libertad de cultos, así como que se le ordenara a la CNSC
que le practicara la prueba psicotécnica de personalidad un día diferente al
sábado.
6.10.   Luego de la interposición de la acción de tutela
y mediante oficio Nro. 20172230563041 del 20 de
diciembre de 2017, la Comisión Nacional del
Servicio Civil contestó las peticiones de la accionante radicadas bajo los
números 20176000854552 y 20176000864432. En la respuesta se le informó que la convocatoria es norma reguladora de todo
concurso, por lo que obliga a los participantes; que la aplicación de la prueba
conllevaba un proceso de planeación complejo y que no era posible su
reprogramación por motivos religiosos pues se daría prelación al interés
particular sobre el general.[99]
6.11.   El 17 de mayo de 2018, la Comisión
Nacional del Servicio Civil informó en su página web el cronograma de
publicación de listas de elegibles dentro de la Convocatoria 433-ICBF y se
precisó que el 31 de julio de 2018 se pondría en conocimiento de los
interesados la lista del empleo por el que concursó la accionante que se
identificaba con el código OPEC Nro. 34243.[100]
6.12.   Por medio de la Resolución Nro. CNSC-20182020074235 del 18 de julio de 2018 se conformó
la lista de elegibles para proveer 12 cargos vacantes del empleo identificado
con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de Familia, Código 2125,
Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433-ICBF. La señora Luz Andrea
Alzate Echeverri ocupó el puesto 50 de 53 con un puntaje de 59,10.[101]
6.13.   A través de la Resolución Nro.11054 del 17 de
agosto de 2018, el ICBF nombró en periodo de prueba a las personas que
obtuvieron los mejores puntajes dentro de la Convocatoria 433 de 2016 -ICBF
para proveer los 12 cargos vacantes de Defensor de Familia Código 2125, Grado
17, de conformidad con la lista de elegibles que expidió la CNSC.
Análisis de la
posible vulneración de los derechos fundamentales de la accionante
6.14.   Ahora la Sala abordará el estudio del problema
jurídico puesto a consideración y estudiará la posible vulneración de los
derechos fundamentales de petición y a la libertad de cultos de la señora Luz Andrea Alzate
Echeverri.
6.15.   Inicialmente corresponde señalar que la
accionante presentó una petición el 22 de noviembre de 2017 radicada bajo el
Nro. 201711290047 en la que solicitó la reprogramación
de la prueba psicotécnica dentro de la Convocatoria Nro. 433 de 2016 – ICBF.
El 1 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional del
Servicio Civil le contestó a la accionante que el archivo que adjuntó en su
correo y que contenía la solicitud no se podía abrir por un error al cargarlo.
Con esta respuesta la entidad dio por contestada la petición.
6.15.1. Sobre este punto, la Sala estima que la entidad demandada
no podía dar por resuelta la petición de la actora, puesto que al no conocer el
contenido de la misma, no le era posible proferir una respuesta de fondo, razón
por la cual se estima que lo que correspondía era requerir a la solicitante
para que anexara el documento correspondiente de manera que se pudiera
visualizar. Lo anterior, en virtud del artículo 17 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece
el trámite a surtirse ante peticiones incompletas.[102]
6.15.2. Por otra parte, la accionante presentó dos peticiones más
radicadas el 1 de diciembre de 2017 con Nro. 20176000854552 y Nro. 20176000864432 solicitando la
reprogramación de la prueba psicotécnica dentro de la Convocatoria
Nro. 433 de 2016 – ICBF. Aunque para la fecha de interposición de la tutela
no se habían resuelto (18 de diciembre de 2017), lo cierto es que la Comisión
Nacional del Servicio Civil profirió respuesta el 20 de diciembre de 2017, documento
que adjuntó como prueba junto con la contestación de la acción de tutela que se
presentó ese mismo día.
6.15.3. Si bien es cierto que la petición de la señora Alzate
Echeverri no había sido atendida por la entidad demandada, esa circunstancia se
superó con la respuesta que se expidió dentro del término de traslado de la
acción de amparo. Así las cosas, para esta Sala se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado[103]
tratándose del derecho de petición, cuyo amparo se invocó.
6.16.   Dicho esto, corresponde analizar la posible
vulneración del derecho a la libertad de cultos de la accionante ante la
negativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil de
reprogramar la fecha en que se le iba a practicar la prueba psicotécnica, de manera
que no interfiriera con la práctica religiosa del Sabbath. La CNSC y la
Universidad de Medellín se manifestaron en contra de la pretensión de la
peticionaria por los siguientes motivos:
-
En atención a lo dispuesto
en el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, la
Convocatoria Nro. 433 de 2016 – ICBF es norma reguladora de todo concurso y
obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la administración, a la
entidad que efectúa el concurso y a los participantes.
-
La prueba psicotécnica de
personalidad se programó el 16 de diciembre de 2017 para los 5.601 aspirantes a
empleos profesionales de carácter misional que superaron las pruebas básicas, funcionales y
comportamentales. La citación a la prueba se llevó a cabo en virtud de los
principios de libre concurrencia, igualdad, transparencia y mérito.
-
Para la aplicación de la
prueba psicotécnica se adelantó un proceso previo con reserva legal que implicó
las siguientes actividades: diseño, construcción, individualización, ensamble,
diagramación e impresión.
-
La accionante puede resolver
su controversia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo por el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
-
La aplicación del mismo
cuadernillo a la accionante en fecha posterior rompería la igualdad frente a
otros aspirantes y se otorgaría un tiempo adicional de preparación a la actora.
-
Aplicar una nueva prueba
supondría evaluar a la aspirante con preguntas diferentes, lo que la pondría en
situación desigual con respecto a los otros concursantes.
-
No es posible realizar una
nueva prueba pues el Acuerdo no autoriza su realización por fuera de la
oportunidad dispuesta para tal efecto.
6.17.   Para esta Sala, la negativa de reprogramar la
prueba psicotécnica de personalidad a la accionante dentro del concurso de
méritos en el que se inscribió vulneró su derecho a la libertad religiosa y
representa una limitación a la posibilidad de acceder al desempeño de funciones
y cargos públicos, tal como se expondrá en los numerales subsiguientes.
6.18.
Para empezar, el literal (i) del
artículo 6 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 que desarrolló el derecho de
libertad religiosa y de cultos establece que a ninguna persona se le puede
impedir acceder a cualquier trabajo o desempeñar cargos o funciones públicas
por motivos religiosos.
6.19.   Adicionalmente, el Decreto
354 de 1998 consagra en el literal (c) del artículo adicional para la
Iglesia Adventista del Séptimo Día que “[l]os exámenes o pruebas selectivas
convocadas para el ingreso o cargos de las Instituciones del Estado o a
Instituciones educativas, que hayan de celebrarse durante el período de tiempo
expresado en los literales anteriores [el Sabbath], serán señalados en una fecha alternativa
para los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando no haya causa
motivada que lo impida”.
6.20.   El artículo 37 del Acuerdo Nro.
CNSC-20161000001376,[104] por el cual se convocó a concurso abierto de méritos para
proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal  ICBF, dispone, entre otras
cosas, que la prueba psicotécnica de personalidad “[s]e
orienta a la medición de las características o rasgos de personalidad, es
decir, aquellos rasgos propios e individuales de personalidad (desarrollados) y
carácter (innato) más de enfoque clínico, pero que pueden determinar la
acomodación o no al perfil del empleo”.
6.21.   La CNSC publicó en su página web la guía de
orientación al aspirante para la prueba psicotécnica[105] en la que informó a los interesados que en
dicha etapa del concurso de méritos se evaluaría los siguientes factores de
personalidad con sus respectivas dimensiones: (i) estabilidad emocional, (ii)
sociabilidad, (iii) abierto a experiencias, (iv) empatía y (v) compromiso.
La guía también deja
claro que la prueba consta de 140 frases o enunciados en los que se presenta
una situación real o hipotética de la vida cotidiana en la que los aspirantes
deben “elegir de cinco opciones de respuesta, aquella que refleje mejor la
frecuencia con que ocurre o podría ocurrir dicha situación”. Finalmente, en
la guía se pone de presente que solo se puede marcar una de las opciones
identificadas con las letras A, B, C, D y E, así como que no hay respuestas
correctas ni incorrectas.
6.22.   Así las cosas, la respuesta de la CNSC en la que se decidió no reprogramar la prueba
psicotécnica prevista implica que una persona integrante de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día no podría agotar alguna etapa dentro de un concurso
de méritos que se programe el sábado sin que se vea afectado su derecho a la libertad
de cultos.
6.23.   Como se deriva de la guía de orientación al
aspirante que publicó la CNSC, la prueba psicotécnica es una etapa del proceso que
pretende analizar los rasgos de personalidad de cada uno de los aspirantes y
como no existen respuestas correctas no es claro el supuesto efecto negativo
que tendría practicarla en una fecha diferente a la establecida para los demás
participantes.
6.24.   Ahora la Sala pasa a estudiar los aspectos que
la Corte Constitucional estableció para determinar la posible ocurrencia de una
afectación o vulneración del derecho a la libertad religiosa o de cultos, a
saber:
6.25.   (i) la importancia de la creencia invocada
frente a la religión que profesa la señora Luz Andrea Alzate Echeverri: La accionante indicó en el escrito de tutela que
siempre ha guardado el sábado ya que su familia es integrante de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y que dicha manifestación de culto es una señal de lealtad a Dios y
fundamento de su vida. Sobre este punto, cabe advertir que la práctica del Sabbath
se deriva de lo dispuesto en varios pasajes bíblicos.[106] Sumado a
ello, en la sentencia T-982 de
2001,[107]
la Sala Tercera de Revisión detalló la importancia de esta creencia para los feligreses de esta iglesia de
la siguiente manera:
“[L]a Iglesia Adventista
del Séptimo Día, organización religiosa cristiana fundada oficialmente en los
Estados Unidos de América el 21 de mayo de 1863,[108] la cual cuenta
actualmente con ocho millones de fieles en el mundo y que celebró con el Estado
colombiano un convenio el 2 de diciembre de 1997, junto a otras once
organizaciones religiosas.[109]
Para esta iglesia, entre las 27 creencias fundamentales que profesan, se
encuentra la consagración del día Sábado (Sabath) a la adoración del Señor”.[110]
6.26.   (ii) La exteriorización de la creencia
por parte de la señora Luz Andrea
Alzate Echeverri: Para abordar
este punto resulta necesario indicar que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira (Risaralda) que resolvió la tutela de la referencia negó
el amparo del derecho a la libertad religiosa y de cultos al considerar que la
accionante contaba con otro mecanismo de defensa y porque, a su juicio, la
señora Alzate Echeverri no probó pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día.
6.26.1. El argumento del juzgado de instancia no resulta de recibo
pues las entidades demandadas no cuestionaron la pertenencia de la actora a la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo que se demostró fue que la convicción de
la accionante la llevó a no asistir a la prueba psicotécnica aunque ello implicaba
no obtener puntaje en esta etapa en el proceso de selección y porque de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, lo que sí se requiere es que quien
solicita la protección de su derecho a la libertad religiosa y de cultos haya
socializado o exteriorizado el elemento de la creencia, de manera que los
terceros conozcan los motivos por los cuales deberían desistir de realizar
ciertas conductas.
6.26.2. En el caso objeto de análisis, el 20 de noviembre de 2017,
la CNSC publicó un aviso en su página web en el que les comunicó a los
interesados que las pruebas psicotécnicas dentro de la Convocatoria Nro. 433 de
2016 – ICBF serían aplicadas el 16 de diciembre de 2017. La accionante puso en
conocimiento de la demandada ser integrante de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y solicitó la reprogramación de la prueba en peticiones remitidas
mediante correo electrónico los días 22 y 27 de noviembre de 2017.
6.27.   (iii) La oportunidad de la oposición frente al
acto contrario a la libertad religiosa: Está plenamente acreditado que el 20 de noviembre de 2017
la CNSC le comunicó a los interesados la fecha en la que se aplicaría la prueba
psicotécnica y el 22 de noviembre de 2017, la señora Luz Andrea Alzate
Echeverri solicitó la reprogramación de la prueba para cumplir con la práctica
religiosa del Sabbath.
6.28.   (iv) El principio de razón suficiente aplicable:
Este aspecto permite determinar
la razonabilidad de una medida que limite el derecho a la libertad religiosa y
de cultos mediante dos etapas en las que se evalúa (i) si el medio elegido es
necesario para llegar al fin, precisando si no existe otro medio alternativo
que no implique afectar en tal grado el derecho a la libertad religiosa y (ii)
si la afectación es desproporcionada.
6.28.1. Tal como lo señaló la CNSC en la contestación de tutela, la
prueba psicotécnica de personalidad se programó el 16 de diciembre de 2017 para
los 5.601 aspirantes a empleos profesionales y su aplicación en una fecha
diferente, supuestamente, rompería la igualdad entre los aspirantes. Para la Sala
está claro que la determinación de una fecha para llevar a cabo una prueba
permite el desarrollo programado de las etapas dentro de un concurso de méritos.
No obstante, la reprogramación de la prueba en el caso de la accionante
garantiza su derecho a la libertad religiosa y de cultos y aunque significaría
que solo esa persona realice la actividad en una fecha diferente, lo cierto es
que en la prueba psicotécnica no hay respuestas correctas ya que su objetivo es
analizar los rasgos de personalidad de cada uno de los aspirantes.
6.28.2. Adicionalmente, la negativa de reprogramar la prueba
representa una afectación desproporcionada al derecho a la libertad religiosa y
de cultos pues impone a la accionante escoger entre cumplir su práctica
religiosa o asistir a la prueba psicotécnica.
6.28.3. Tal como se indicó en el capítulo denominado protección
constitucional del derecho fundamental a la libertad de cultos en casos de
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la práctica del Sabbath hace
parte del núcleo esencial del derecho a la libertad de cultos y solo puede ser
objeto de transacción los mecanismos que permitan suplir, recuperar o
reprogramar las actividades que no se llevaron a cabo en aras de garantizar
esta manifestación de la espiritualidad.
6.28.4. A lo anterior se suma que la decisión de no reprogramar la
prueba psicotécnica desconoce lo establecido en el literal (i) del artículo 6
de la Ley Estatutaria 133 de 1994 que consagra el derechos de toda
persona de acceder a cualquier trabajo o actividad civil, así como la garantía
de desempeñar cargos o funciones públicas sin que existan impedimentos de tipo
religioso. La medida adoptada también omitió
dar aplicación al Decreto 354 de 1998, que
en el literal (c) del artículo adicional para la Iglesia Adventista del Séptimo
Día dispone que “[l]os exámenes o pruebas selectivas convocadas para el
ingreso o cargos de las Instituciones del Estado o a Instituciones educativas,
que hayan de celebrarse durante el período de tiempo expresado en los literales
anteriores [el Sabbath], serán señalados en una fecha alternativa para los
fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando no haya causa motivada
que lo impida”.
6.29.   En suma, para esta Sala es necesario que se le
aplique la prueba psicotécnica a la accionante de manera que pueda concluir su
proceso al interior de la Convocatoria 433 de 2016 –ICBF, medida que resulta
idónea para el   restablecimiento de derechos.
6.30.   Ahora bien, esta Sala de Revisión no puede pasar
por alto que la aplicación de la prueba psicotécnica a la accionante podría
traer como consecuencias que la señora Luz Andrea Alzate Echeverri (i) mejore
su puesto dentro de la lista de elegibles sin que sea suficiente para acceder a
uno de los 12 cargos vacantes del
empleo para el cual se inscribió o, por el contrario, (ii) que el puntaje final
obtenido sea suficuiente y por mérito tenga derecho a ser nombrada dentro de
los 12 cargos ofertados del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243,
denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de
Carrera Administrativa del ICBF.
6.31.   Lo anterior implica necesariamente que se tenga
en cuenta el puntaje de la señora Alzate Echeverri luego de que se le aplique
la prueba psicotécnica y se modifique el orden de la lista de elegibles. En
este punto es necesario mencionar que  mediante Resolución Nro.
CNSC-20182020074235 del 18 de julio de 2018 se conformó la lista de elegibles
para proveer los 12 cargos vacantes y que el ICBF por medio de la Resolución
Nro. 11054 del 17 de agosto de 2018, nombró en periodo de prueba a las personas
que obtuvieron los mejores puntajes
6.32.   De esta manera, en virtud del mandato contenido
en el artículo 125 de la Constitución Política que
consagra que el ingreso a los cargos de carrera se hará teniendo en cuenta los
requisitos de mérito y capacidad que fije la ley, se hace imperioso dejar sin
efectos la Resolución Nro. CNSC-20182020074235 del 18 de julio de 2018, a
través de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer 12 cargos
vacantes de empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado
Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, y ordenar que se expida un nuevo
acto administrativo que refleje el puntaje obtenido por la accionante luego de
que se le aplique la prueba psicotécnica.
6.33.   Lo anterior puede generar una situación
administrativa compleja pues dejar sin efectos la lista de elegibles traería
consigo el fenómeno de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos
de nombramiento y se podría llegar a afectar la continuidad del servicio por
tratarse de 12 cargos de Defensor de Familia del ICBF.
6.34.   Resulta imperioso señalar que la Ley 7 de 1979[111]
establece en su artículo 12 que “[e]l Bienestar Familiar es un servicio
público a cargo del Estado y se prestará a través del ‘Sistema Nacional de Bienestar
Familiar’ que se establece en esta norma y por los organismos oficiales y
particulares legalmente autorizados” y que “[c]orresponde al gobierno
proyectar, ejecutar y coordinar la política en materia de Bienestar Familiar”.
6.35.   Este artículo
fue reproducido en su integridad por el artículo 3 del Decreto 936 de 2013, por
el cual se reorganizó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reglamentó
el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictaron otras
disposiciones.
6.36.   En ese orden de
ideas, para que no se afecte la continuidad del servicio público de Bienestar
Familiar, esta Sala considera indispensable que mientras se aplica la prueba
psicotécnica a la accionante y se conforma la lista de elegibles definitiva, se
mantenga en los cargos a las personas que fueron nombradas mediante Resolución Nro. 11054 del 17 de agosto de 2018
del ICBF, cuya estabilidad dependerá de si la señora Alzate Echeverri obtiene un puntaje que la
ubique por méritos en uno de los primeros
12 puestos, lo que le daría el derecho de ser nombrada en uno de los empleos
ofertados.
6.37.
Para la efectiva protección
del derecho a la libertad religiosa de la actora, la Sala resolverá y ordenará
lo siguiente:
6.38.
Inicialmente, levantará la
suspensión de términos para fallar el presente asunto. A su vez, confirmará
parcialmente la sentencia del 2 de enero de 2018, proferida por el Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda) en
la que se resolvió la acción de tutela interpuesta por Luz Andrea Alzate
Echeverri contra la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- en tanto
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto al derecho
fundamental de petición. Además, la Sala revocará parcialmente la sentencia objeto
de revisión en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por la accionante contra la Comisión Nacional del Servicio Civil
–CNSC- tratándose de la protección del derecho a la libertad de cultos por
existir otro medio de defensa judicial y, en su lugar, concederá el amparo del
derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos de la accionante.
6.39.
En consecuencia, se dejará
sin efectos la Resolución Nro. CNSC-20182020074235 del 18 de julio de 2018, a
través de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer 12 cargos
vacantes del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado
Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera
Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria
433-ICBF.
6.40.
Adicionalmente, ordenará a
la Comisión Nacional del Servicio Civil que, dentro de los 15 días siguientes a
la notificación de presente sentencia, adopte las medidas administrativas
adecuadas y necesarias para garantizar que a la señora Luz Andrea Alzate
Echeverri le sea aplicada la prueba psicotécnica de personalidad contemplada
dentro del Acuerdo Nro. CNSC-20161000001376 mediante el cual se convocó a
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria Nro. 433
de 2016 – ICBF.
6.41.   Asimismo, ordenará a la Comisión
Nacional del Servicio Civil que conforme la nueva lista de elegibles para proveer
los 12 cargos vacantes del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243,
denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de
Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Convocatoria 433-ICBF. El nuevo acto administrativo deberá (i) modificar el
puntaje de la señora Luz Andrea Alzate Echeverri teniendo en cuenta el
resultado de la prueba psicotécnica de personalidad que le tiene que ser
aplicada y (ii) registrar los puntajes obtenidos por los demás aspirantes que
se mantendrán sin alteración.
6.42.   Además, exhortará
a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que, en lo sucesivo, realice las
actuaciones administrativas necesarias en los procesos de inscripción de las
convocatorias que adelante, para indagar a los aspirantes y determinar si son
integrantes de alguna comunidad religiosa y si pueden asistir a las pruebas de
los concursos de méritos en cualquier día sin que se interrumpan sus prácticas
religiosas, de manera que se prevean y se establezcan mecanismos para
garantizar el derecho a la libertad religiosa de los inscritos y se asegure la
participación de todas las personas en los procesos de selección que les permiten
acceder a diferentes cargos públicos ofertados.
6.43.   También se
ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- que mientras se
aplica la prueba psicotécnica a la accionante y se conforma la lista de
elegibles definitiva, mantenga en los 12 cargos del empleo identificado con el
Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17,
del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Convocatoria 433 de 2016 –ICBF a las personas que fueron
nombradas mediante Resolución Nro. 11054 del 17 de agosto de 2018 del ICBF,
cuya estabilidad dependerá de si la señora Alzate Echeverri obtiene un puntaje
que la ubique por méritos en uno de los primeros 12 puestos, lo que le daría el
derecho de ser nombrada en uno de los empleos ofertados. Lo anterior, en aras
de no afectar la continuidad de la prestación del servicio.
6.44.
Finalmente, la Sala ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF- que, de acuerdo con lista de elegibles para proveer 12 cargos vacantes
del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de
Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa
de esa entidad que se conforme luego de que se aplique la prueba psicotécnica
de personalidad a la señora Luz Andrea Alzate Echeverri, realice los nombramientos
a los que haya lugar en estricto orden de puntaje, de manera que se garantice
el mérito. Para el cumplimiento de la presente orden se instará al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- a que realice los respectivos nombramientos
sin dilaciones, una vez la lista de elegibles se encuentre en firme de acuerdo
con el artículo 62 del Acuerdo Nro.
CNSC-20161000001376[112]
y en estricto cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto 1083 de
2015 reglamentario del Sector de Función Pública.
III.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. LEVANTAR la
suspensión de términos para fallar el presente asunto.
SEGUNDO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 2
de enero de 2018, proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda) en la que se resolvió la acción de tutela interpuesta por Luz Andrea
Alzate Echeverri contra la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- en tanto
declaró la carencia actual
de objeto por hecho superado respecto al derecho fundamental de petición.
TERCERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 2 de enero de 2018,
proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Pereira (Risaralda) en la que se
declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Luz Andrea
Alzate Echeverri contra la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-
tratándose de la protección del derecho a la libertad de cultos por existir
otro medio de defensa judicial. En
su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la libertad
religiosa y de cultos de la accionante.
CUARTO. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la Resolución Nro.
CNSC-20182020074235 del 18 de julio de 2018, a través de la cual se conformó la
lista de elegibles para proveer 12 cargos vacantes de empleo identificado con
el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado
17, del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Convocatoria 433 de 2016 -ICBF.
QUINTO. ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil que, dentro de los 15 días
siguientes a la notificación de presente sentencia, adopte las medidas
administrativas adecuadas y
necesarias para garantizar que a la señora Luz Andrea Alzate Echeverri le sea
aplicada la prueba psicotécnica de
personalidad contemplada dentro del Acuerdo Nro. CNSC-20161000001376
mediante el cual se convocó a concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria Nro. 433 de 2016 –ICBF.
SEXTO. ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil que conforme la nueva
lista de elegibles para proveer los 12 cargos vacantes del empleo identificado
con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de Familia, Código 2125,
Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433-ICBF. El nuevo acto
administrativo deberá (i) modificar el puntaje de la señora Luz Andrea Alzate
Echeverri teniendo en cuenta el resultado de la prueba psicotécnica de
personalidad que le tiene que ser aplicada y (ii) registrar los puntajes
obtenidos por los demás aspirantes que se mantendrán sin alteración.
SÉPTIMO. EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que, en lo
sucesivo, realice las actuaciones administrativas necesarias en los procesos de
inscripción de las convocatorias que adelante, para indagar a los aspirantes y
determinar si son integrantes de alguna comunidad religiosa y si pueden asistir
a las pruebas de los concursos de méritos en cualquier día sin que se
interrumpan sus prácticas religiosas, de manera que se prevean y se establezcan
mecanismos para garantizar el derecho a la libertad religiosa de los inscritos
y se asegure la participación de todas las personas en los procesos de
selección que les permiten acceder a diferentes cargos públicos ofertados.
OCTAVO. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- que mientras se aplica la prueba psicotécnica a la
accionante y se conforma la lista de elegibles definitiva, mantenga en los 12
cargos del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado
Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera
Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433
de 2016 –ICBF a las personas que fueron nombradas mediante Resolución Nro.
11054 del 17 de agosto de 2018 del ICBF, cuya estabilidad dependerá de si la
señora Luz
Andrea Alzate Echeverri obtiene un puntaje que la ubique por méritos en uno de
los primeros 12 puestos, lo que le daría el derecho de ser nombrada en uno de
los empleos ofertados. Lo anterior, en aras de no afectar la continuidad de la
prestación del servicio.
NOVENO. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- que, de
acuerdo con lista de elegibles para proveer 12 cargos vacantes del empleo
identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de Familia,
Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa de esa
entidad que se conforme luego de que se aplique la prueba psicotécnica de
personalidad a la señora Luz Andrea Alzate Echeverri, realice los nombramientos
a los que haya lugar en estricto orden de puntaje, de manera que se garantice
el mérito. Se insta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- a que
realice los respectivos nombramientos sin dilaciones, una vez la lista de
elegibles se encuentre en firme de acuerdo con el artículo 62 del Acuerdo Nro.
CNSC-20161000001376 y en estricto cumplimiento del procedimiento establecido en
el Decreto 1083 de 2015 reglamentario del Sector de Función Pública.
DÉCIMO. LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través del juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Mediante auto del 18 de diciembre de 2017, el Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda) asumió el
conocimiento de la acción de tutela, notificó a la Comisión Nacional del
Servicio Civil -CNSC- y vinculó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF-, así como a la Universidad de Medellín para que ejercieran su derecho a
la defensa.
[2]
Sala de Selección Número Cinco de 2018, integrada por los Magistrados Diana
Fajardo Rivera y Alberto Rojas Ríos.
[3]
La señora Luz Andrea Alzate Echeverri anexó la constancia de
inscripción en la Convocatoria Nro.
433 de 2016 – ICBF. En la misma consta que la accionante se inscribió el 26 de
diciembre de 2016. Folio 6 del cuaderno principal del expediente.
[4]
La accionante presentó un documento en el que se encuentran los resultados de
la prueba básica, funcional y
comportamental que presentó dentro del concurso de méritos. Folio 8 del cuaderno principal del
expediente.
[5]
La constancia del correo electrónico enviado por Luz Andrea
Alzate Echeverri a la CNSV el 22 de noviembre de 2017 se presentó como prueba
junto con la demanda de tutela. Folios 9-10 del cuaderno principal del expediente.
[6]
La constancia de envío del correo electrónico del 27 de noviembre de 2017 remitido por Luz Andrea Alzate Echeverri a la CNSV se presentó como prueba junto con la demanda de tutela. Folios 11-12
del cuaderno principal del expediente.
[7]
La respuesta de la dependencia de atención al usuario remitida al correo
electrónico de la accionante el 1 de diciembre de 2017 se anexó junto con la
tutela. Folio 14 del cuaderno principal del expediente.
[8]
La respuesta a las peticiones de la señora Luz
Andrea Alzate Echeverri fue proferida por la Comisión Nacional del Servicio
Civil el 20 de diciembre de 2017. La entidad anexó el documento junto con la contestación de la
tutela. Folio 31 del cuaderno principal del expediente.
[9]
Folio 28 del cuaderno principal del expediente (reverso).
[10]
Folio 26 del cuaderno principal del expediente (reverso).
[11]
Folio 31 del cuaderno principal del expediente (reverso).
[12]
Folio 26 del cuaderno principal del expediente.
[13]
En la contestación de la tutela, la Universidad de Medellín
anexó una captura de pantalla con el aviso publicado en la página de la CNSC
para informar a los aspirantes de la convocatoria No. 433 de 2016 – ICBF que la
prueba psicotécnica de personalidad se aplicaría el 16 de diciembre de 2017.
Folio 34 del cuaderno principal del expediente.
[14]
Folio 34 del cuaderno principal del expediente (reverso).
[15]
Folio 35 del cuaderno principal del expediente.
[16]
Folio 16 del cuaderno de Revisión del expediente.
[17]
El cronograma de publicación de las listas de elegibles se puso en conocimiento
de los interesados en la página de la Comisión Nacional del
Servicio Civil en el siguiente enlace: https://www.cnsc.gov.co/index.php/433-de-2016-icbf-instituto-colombiano-de-bienestar-familiar/1956-cronograma-publicacion-de-listas-de-elegibles-convocatoria-433-icbf
[18]
La Resolución Nro. CNSC-20182020074235 del 18 de julio de 2018, a través de la
cual se conformó la lista de elegibles para proveer 12 cargos vacantes de
empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de
Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433-ICBF fue consultada en el sistema de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
[19]
https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-436-de-2017-servicio-nacional-de-aprendizaje-sena
[20]
Folio 30 del cuaderno de Revisión del expediente.
[21]
Folio 31 del cuaderno de Revisión del expediente.
[22]
Folio 38 del cuaderno de Revisión del expediente.
[23]
En cumplimiento del Auto del 5 de octubre de 2018, la Comisión
Nacional del Servicio Civil remitió copia del oficio con
el título “NOTIFICACIÓN PERSONAL ACCIÓN DE TUTELA: LUZ ANDREA ALZATE ECHEVERRY
EN CONTRA LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL EXPEDIENTE T-6.740.805”
mediante el cual notificó a los integrantes de la lista
de elegibles contenida en la Resolución Nro.
CNSC-20182020074235 del 18 de julio de 2018 del trámite constitucional. Folio
40 del cuaderno de Revisión del expediente.
[24]
La Comisión Nacional del Servicio Civil remitió la relación de correos electrónicos en los que se llevó a cabo el
trámite de notificación y una captura de pantalla del correo que se envió.
Folio 41 y 42 del cuaderno de Revisión del expediente.
[25]
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
[26]
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[27]
El artículo adicional para la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Decreto
354 de 1998 se refiere a la protección de la práctica del Sabbath y
contempla que esta inicia desde la puesta del sol del viernes y se extiende
hasta la puesta del sol del sábado.
[28] Corte Constitucional, sentencia T-311
de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y SU-772 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[29]
Folio 34 del cuaderno principal del expediente.
[30]
Corte Constitucional, sentencia SU-201 de 1994 (MP Antonio Carrera Carbonell).
De la misma manera, en la sentencia T-412 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; SV Iván Humberto Escrucería
Mayolo) se precisó que la categoría de los actos de trámite “comprende los
preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos de impulso procesal,
los cuales no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino
que están encaminados a contribuir con su realización”.
[31]
Corte Constitucional, sentencia SU-201 de 1994 (MP Antonio Carrera Carbonell).
[32]
Corte Constitucional, sentencia SU-201 de 1994 (MP Antonio Carrera Carbonell),
en la que esta Corporación se pronunció sobre la procedencia excepcional de la
tutela tratándose de actos de trámite de la siguiente manera: “a juicio de esta Corte, aunque en principio no procede la tutela
contra los actos de trámite o preparatorios, que simplemente se limitan a
ordenar que se adelante una actuación administrativa dispuesta por la ley, de
manera oficiosa por la administración, en ejercicio del derecho de petición de
un particular o cuando éste actúa en cumplimiento de un deber legal (art. 4o.
C.C.A.), excepcionalmente, algunos actos de trámite o preparatorios, pueden
conculcar o amenazar los derechos fundamentales de una persona, en cuyo caso,
sería procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo”.
[33]
Corte Constitucional, sentencia SU-617 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[34]
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007. CP Martha Sofía Sanz Tobón.
[35]
Consejo de Estado, Sección Tercera, del 19 de agosto
de 2004, expediente 12279. CP Ramiro Saavedra Becerra.
[36]
Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección B. Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00419-00 (1627-12),
Sentencia del 26 de abril de 2018. CP César Palomino Cortés.
[37]
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), en
la que esta Corporación estableció las hipótesis en las que la tutela procede
de manera excepcional para controvertir los actos
administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos.
[38]
Corte Constitucional, sentencia T-1198 de 2001
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[39]
Corte Constitucional, sentencia T-599 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[40]
Corte Constitucional, sentencia T-602 de 2011 (MP
Nilson Pinilla Pinilla).
[41]
Corte Constitucional, sentencia T-682 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[42]
Sobre procedencia de la acción de tutela en materia de concursos de méritos en
los eventos en que  ya existe lista de elegibles pueden consultarse, entre
otras, las siguientes sentencias del Consejo de Estado: Sección Segunda
Subsección A. Radicación número: 25000-23-42-000-2012-01030-01, Sentencia del
17 de enero de 2013. CP Alfonso Vargas Rincón; Sección Cuarta. Radicación
número: 13001-23-31-000-2012-00435-01, Sentencia del 27 de septiembre de 2012.
CP William Giraldo Giraldo; y Sección Quinta. Radicación número:
23001-23-31-000-2011-00627-01, Sentencia del 19 de julio de 2012. CP (E) Susana
Buitrago Valencia.
[43]
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A. Radicación número:
25000-23-15-000-2011-02081-01, Sentencia del 27 de octubre de 2011. CP Gustavo
Eduardo Gómez y Sección Primera. Radicación número:
25000-23-41-000-2012-00513-01, Sentencia del 15 de agosto de 2013. CP María
Elizabeth García González.
[44]
Consejo de Estado, Sección Quinta. Radicación número:
25000-23-36-000-2015-02718-01, Sentencia del 4 de febrero de 2016. CP Alberto
Yepes Barreiro.
[45]
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número:
54001-23-31-000-2012-00058-01, Sentencia del 8 de mayo de 2012. CP Gerardo
Arenas Monsalve y Sección Cuarta.  Radicación número:
19001-23-31-000-2011-00010-01, Sentencia del 16 de marzo de 2011. CP Carmen
Teresa Ortiz De Rodríguez.
[46]
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número:
23001-23-33-000-2012-00067-01, Sentencia del 29 de noviembre de 2012. CP Gerardo
Arenas Monsalve.
[47]
Consejo de Estado, Sección Quinta. Radicación número:
25000-23-15-000-2010-00141-01, Sentencia del 8 de julio de 2010. CP Susana
Buitrago Valencia.
[48]
Corte Constitucional, sentencia SU-913 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez; AV
Jorge Iván Palacio Palacio).
[49]
Corte Constitucional, sentencia T-180 de 2015
(MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[50]
Sentencias C-147 de 1997, C-155 de 2007, C-926 de 2000, C-624 de 2008, T-494
de 2008, entre otras.
[51]
Corte Constitucional, sentencia T-551 de 2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[52]
Corte Constitucional, sentencia T-160 de 2018 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez;
AV Antonio José Lizarazo Ocampo).
[53]
Corte Constitucional, sentencia T- 839 de 2009 (MP María
Victoria Calle Correa).
[54]
Corte Constitucional, sentencia T- 839 de 2009 (MP María Victoria Calle
Correa).
[55]
Corte Constitucional, sentencia T-403 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[56]
Corte Constitucional, sentencia C-224 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria
Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Gloria Stella Ortiz Delgado; Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva).
[57]
Corte Constitucional, sentencia C-350 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero;
SV José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro
Naranjo Mesa).
[58]
Constitución Política de 1991. Artículo 18. Se garantiza la libertad de
conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.
[59]
Declaración Universal de Derechos
Humanos. Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.
[60]
Artículo 3: Derecho de libertad religiosa y de culto.
Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y
de manifestarla y practicarla en público y en privado.
[61]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18: 1. Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o
las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. || 2. Nadie será objeto de
medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la
religión o las creencias de su elección. || 3. La libertad de manifestar
la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades
fundamentales de los demás. || 4.
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los
hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
[62]
Convención Americana de Derechos
Humanos. Artículo 12: Libertad de Conciencia y de
Religión. 1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica
la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión
o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. ||  2. Nadie
puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. ||
3. La libertad de manifestar la propia religión y las
propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la
ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la
moral públicos o los derechos o libertades de los demás. ||  4. Los
padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
[63]
Corte Constitucional, sentencia C-568 de 1993 (MP Fabio Morón Díaz), en la que
esta Corporación declaró exequibles los artículos 1 de la Ley 37 de 1905, 1 de
la Ley 57 de 1929, 7 de la Ley 6a. de 1945, 172 a 176 del C.S.T., así como 1 y
2 de la Ley 51 de 1983, que consagraban como días festivos algunas fiestas
religiosas del Catolicismo. De la misma manera, la Corte se declaró inhibida
para pronunciarse sobre sobre el artículo 2o. de la Ley 37 de 1905, por
encontrarse derogado.
[64]
Corte Constitucional, sentencia T-982 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[65]
Corte Constitucional, sentencia T-823 de 2002 (MP Rodrigo Escobar
Gil; AV Eduardo Montealegre Lynett).
[66]
Corte Constitucional, sentencia C-088 de 1994 (MP
Fabio Morón Díaz; SV Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio
Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero;
SVP José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara; AV Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando
Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero), T-026 de 2005 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto; AV Álvaro Tafur Galvis), T-376 de 2006 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra),T-448 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-052 de 2010 (MP
Mauricio González Cuervo; SV Juan Carlos Henao Pérez) y T-782 de 2011 (MP
Nilson Pinilla Pinilla)
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[68]
Los criterios fijados por la Corte Constitucional al momento
de analizar una posible vulneración del derecho fundamental a la libertad
religiosa y de cultos fueron condensados en la sentencia T-575 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) que fue reiterada en las
siguientes providencias: T-152 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo; SV Antonio José Lizarazo Ocampo), T-524 de 2017
(MP Antonio José Lizarazo Ocampo) y T-615 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo
Ocampo).
[69]
Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[70]
Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[72]
Corte Constitucional, sentencia T-539ª de 1993 (MP Carlos
Gaviria Díaz; SV Eduardo Cifuentes Muñoz).
[73]
Corte Constitucional, sentencias T-026 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; AV Álvaro Tafur Galvis), T-782 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-915
de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), en las que las Salas Séptima, Sexta y
Segunda de Revisión, respectivamente, estudiaron las tutela en las que los
actores pretendían que el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, la
Universidad del Magdalena y la Universidad Cooperativa de Colombia no les
impusieran, dentro de los programas educativos en los que estaban inscritas, la
obligación de asistir a clases y prácticas los días sábados por ser
integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las Salas concedieron el
amparo de los derechos fundamentales y ordenaron a las instituciones que
presentaran alternativas a las estudiantes para determinar la
manera en que serían recuperadas las jornadas académicas que desarrollaban durante
el Sabbath.
[74]
Corte Constitucional, sentencias T-448 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-044
de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en las que diferentes Salas de Revisión
se pronunciaron con respecto a las tutelas interpuesta por accionantes quienes
solicitaron que la Universidad Nacional de Colombia reprogramara sus exámenes
de admisión por ser integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En
los dos casos, las Salas reiteraron el precedente constitucional sobre el
derecho a la libertad religiosa y concedieron el amparo solicitado.
[75]
Corte Constitucional, sentencias T-982 de 2001 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), T-327 de 2009 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y T-673 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
En estas providencias, esta Corporación estudió las acciones de tutela
interpuestas por tres accionantes quienes solicitaban la protección de sus
derechos fundamentales ante la modificación de su horario de trabajo por parte
de sus empleadores y la inclusión de jornadas laborales los sábados pese a que
manifestaron ser integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el
caso de la sentencia T-982 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), la Sala Tercera
de Revisión encontró que optimizar el desempeño de la entidad demandada era un
objetivo constitucionalmente relevante pero que el medio empleado era
innecesario y contraproducente. En consecuencia, se ordenó el reintegro de la
trabajadora, quien había sido despedida luego de presentar la acción
constitucional, y que se reprogramaran las horas de trabajo adicionales siempre
y cuando se respetara la práctica del Sabbath. Por su parte, la Sala
Séptima de Revisión en la T-327 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
realizó un análisis legal y jurisprudencial del derecho a la libertad de
cultos, concedió el amparo de los derechos, ordenó el reintegro del actor y que
se acordara la compensación de las horas no laboradas por la práctica del Sabbath.
[76]
Corte Constitucional, sentencia T-447 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[77]
Corte Constitucional, sentencia T-839 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa;
AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[78]
Corte Constitucional, sentencia T-539ª de
1993 (MP Carlos Gaviria Díaz; SV Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[79]
Corte Constitucional, sentencia T-447 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[80]
Corte Constitucional, sentencia T-539ª de
1993 (MP Carlos Gaviria Díaz; SV Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[81]
Corte Constitucional, sentencia T-982 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[82]
Corte Constitucional, sentencia T-026 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto;
AV Álvaro Tafur Galvis).
[83]
Corte Constitucional, sentencia T-448 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[84]
Corte Constitucional, sentencia T-044 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[85]
Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[86]
Corte Constitucional, sentencia T-839 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa;
AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[87]
Corte Constitucional, sentencia T-782 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[88]
Corte Constitucional, sentencia T-915 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[89]
Corte Constitucional, sentencia T-673 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[90]
Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[91]
Corte Constitucional, sentencia C-753
de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería).
[92]
Ver sentencia C-077 del 2004, M.P.: Jaime Araújo Rentería.
[93]
Corte Constitucional, sentencia C-640 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa;
AV Mauricio González Cuervo).
[94]
Folio 6 del cuaderno principal del
expediente.
[95]
Folio 8 del cuaderno principal del expediente.
[96]
Folios 9-10 del cuaderno principal del expediente.
[97]
Folios 11-12 del cuaderno principal del expediente.
[98]
Folio 14 del cuaderno principal del expediente.
[99]
Folio 31 del cuaderno principal del expediente.
[100]
El cronograma de publicación de las listas de elegibles se puso en conocimiento
de los interesados en la página de la Comisión Nacional del
Servicio Civil en el siguiente enlace: https://www.cnsc.gov.co/index.php/433-de-2016-icbf-instituto-colombiano-de-bienestar-familiar/1956-cronograma-publicacion-de-listas-de-elegibles-convocatoria-433-icbf
[101]
La Resolución Nro. CNSC-20182020074235 del 18 de julio de 2018, a través de la
cual se conformó la lista de elegibles para proveer 12 cargos vacantes de
empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de
Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433-ICBF fue consultada en el sistema de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
[102]
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Artículo 17. Peticiones incompletas
y desistimiento tácito. “En virtud del principio de eficacia, cuando la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse
a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
|| A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o
informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. || Se
entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo
concedido solicite prórroga hasta por un término igual. || Vencidos los
términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido
el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que
la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los
requisitos legales”.
[103]
Corte Constitucional, sentencia T-519 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), en la que esta Corporación señaló que la figura del hecho superado se
presenta cuando “la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha
sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el
derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o
amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en
el vacío”. La definición ha sido reiterada en las siguientes providencias:
T-338 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-201 de 2004 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), T-897 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-087 de 2017
(MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[104]
Acuerdo Nro. CNSC-20161000001376. Artículo 37. “Prueba psicotécnica de
personalidad. Se orienta a la medición de las
características o rasgos de personalidad, es decir, aquellos rasgos propios e
individuales de personalidad (desarrollados) y carácter (innato) más de enfoque
clínico, pero que pueden determinar la acomodación o no al perfil del empleo.
|| La prueba psicotécnica de personalidad se aplicará únicamente para los
empleos del nivel profesional de áreas o procesos misionales teniendo en cuenta
las características particulares de los empleos que pertenecen al Grupo
Psicosocial (Defensor de Familia, Psicólogo, Nutricionista y Trabajador
Social), dado el riesgo ‘psicosocial al cual están expuestos desde el ejercicio
de su empleo, y será aplicada solamente a aquellos aspirantes que hayan
superado las pruebas eliminatorias de competencias básicas y funcionales, quienes
serán citados a través de la página web www.cnsc.gov.co enlace: SIMO o su
equivalente y de la página de la universidad o institución de educación
superior que la CNSC contrate para el efecto. || Esta prueba tendrá carácter
clasificatorio y se calificará numéricamente en escala de cero (0) a den (100)
puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y su resultado será ponderado
con base en el 15% asignado a esta prueba conforme a lo establecido en el
artículo 29° del presente Acuerdo”.
[105]
La guía de orientación al aspirante para
la prueba psicotécnica de personalidad publicada por la Comisión Nacional del
Servicio Civil puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.cnsc.gov.co/index.php/guias
[106]
Algunos de los pasajes bíblicos de los que se deriva la
práctica del Sabbath son los siguientes: Génesis 2:1-3, Éxodo 20:8-11,
Lucas 4:16, Isaías 56:5-6, Isaías 58:13-14, Mateo 12:1-12, Éxodo 31:13-17,
Ezequiel 20:12-20, Hebreos 4:1-11, Deuteronomio 5:12-15, Levíticos 23:32 y
Marcos 1:32.
[107]
Corte Constitucional, sentencia T-982 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[108]
Esta es la fecha oficial, aunque para sus miembros, por razones religiosas,
la fecha importante es el 22 de octubre de 1844.
[109]
El convenio entró en rigor luego de que fuera ratificado por el Gobierno
Nacional mediante el Decreto 354 de 1998.
[110]
Corte Constitucional, sentencia T-982 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[111]
Ley 7 de 1979 “[p]or la cual se dictan normas para la protección de la niñez,
se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones”.
[112]
Acuerdo Nro. CNSC-20161000001376 por el que se convocó a concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria Nro. 433 de 2016 – ICBF.
Artículo 62. Firmeza de la lista de elegibles. La firmeza de la lista de
elegibles se produce, cuando vencidos los cinco (5) días hábiles siguientes a
su publicación en la página web www.cnsc.gov.co
y/o enlace: SIMO o su equivalente, Convocatoria No. 433 de 2016 ICBF, no se
haya recibido reclamación alguna ni solicitud de exclusión de la misma, en
consonancia con lo previsto en el artículo 55° del presente Acuerdo, o cuando
las reclamaciones interpuestas en términos hayan sido resueltas y la decisión
adoptada se encuentre ejecutoriada. || Una vez en firme las listas de
elegibles, la CNSC remitirá al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, los actos
administrativos por medio de los cuales se conforman las listas de elegibles
para los diferentes empleos convocados y los publicará en la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO o su equivalente, Convocatoria No. 433 de 2016
ICBF, la cual constituye el medio oficial de publicación para todos loes
efectos legales. || Parágrafo: las listas de elegibles solo se utilizaran para proveer
los empleos reportados en la OPEC de esta Convocatoria, con fundamento en lo
señalado en el Decreto 1894 de 2012, mientras éste se encuentre vigente”.