C-609-12
Sentencia C-609/12
Sentencia C-609/12
LIMITE DE HONORARIOS
DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
EXCLUSIVAMENTE EN MATERIA DE TUTELA Y ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Justificación
El establecimiento de límites
a los honorarios de los abogados que apoderen víctimas del conflicto armado
interno en procesos de tutela y en procesos ante la jurisdicción contencioso
administrativa, sí  constituye  una medida necesaria para evitar los abusos a
que han estado sometidas este tipo de víctimas por parte de los abogados, por
cuanto ninguna otra medida podría sustituir el efecto que esta tendría en
prevenir este tipo de actos atentatorios contra los derechos de esa población
manifiestamente débil.  Cualquier otra medida, además de ser posterior al
abuso, traería el riesgo de que la víctima no conociera el límite impuesto a
los profesionales de la abogacía ni el derecho que pueden exigir respecto de
estos.
LIMITE DE HONORARIOS
DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
EXCLUSIVAMENTE EN MATERIA DE TUTELA Y ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Inhibición
para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo de falta de unidad
de materia, porque no guarda relación con el tema de responsabilidad estatal
MEDIDAS DE
ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO-Gastos de la víctima en relación con los procesos judiciales
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del principio pro actione
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Derechos
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS EN CONFLICTO ARMADO-Rango constitucional/VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Desarrollo normativo/LEGISLACION COMO
CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Propósitos
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Definición
VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO INTERNO-Prerrogativas relacionadas con la
administración de justicia
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Representan uno de los sectores más
frágiles dentro de una sociedad/VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Sujetos
de especial protección constitucional
Las víctimas de la violencia
dentro de un conflicto armado interno, se encuentran en situación de extrema
vulnerabilidad y, en tal sentido, demandan un trato especial por parte de las
autoridades públicas, las cuales deben brindarle la ayuda necesaria para que
recuperen sus condiciones mínimas de subsistencia. Por lo anterior, resulta
pertinente extender a estos casos las consideraciones que esta Corporación ha
hecho respecto de los desplazados.
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Equiparación
Acorde con la equiparación
realizada por el Tribunal Constitucional de las víctimas del conflicto armado
interno en relación con las víctimas de desplazamiento forzado interno; se
puede afirmar que los derechos que integran el mínimo prestacional que debe ser
satisfecho por el Estado es el siguiente: 1. El derecho a la vida, en el
sentido que establece el artículo 11 C.P. y el    Principio 10. 2. Los derechos
a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se particularizan en el Principio 11. 3. El derecho a la familia y a la unidad
familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en
el Principio 17, especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de
familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional ‑niños,
personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia‑,
quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares. 4. El derecho a una
subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital,
según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las autoridades
competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el
acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b)
alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios
médicos y sanitarios esenciales.” También se dispone que las autoridades
deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de
las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución
de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo
dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través
de la provisión de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este
deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta
asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia,
que se presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de
asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de
retorno. (…) 5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable para preservar
la vida y la integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas
que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e
infecciosas, de conformidad con el Principio 19. Ahora bien respecto de los
niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un
año, se aplicará el artículo 50 C.P. 6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento,
particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos
que se enuncian en el Principio 22. 7. Para el caso de los niños en situación
de desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años
(artículo 67, inciso 3, C.P.). (…) El Estado está obligado, como mínimo, a
garantizar la provisión de un cupo escolar a cada niño desplazado en edad de
educación obligatoria, en un establecimiento educativo público. Es decir, la
obligación mínima del Estado en relación con la educación de los niños
desplazados es la de garantizar su acceso a la educación a través de la
provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o privadas de
la zona. (…) 8. En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento
(artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas
en condiciones de desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de
1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en
especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18. (…) [El] deber mínimo del Estado
es el de identificar con la plena participación del interesado, las
circunstancias específicas de su situación individual y familiar, su
proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y
conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a
las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus
posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de
estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un
proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la
información que provee la población desplazada para identificar alternativas de
generación de ingresos por parte de los desplazados. (…) 9. Finalmente, en
relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las autoridades están
obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que
vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no
impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual
o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan
condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del
desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las
autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo
a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii)
proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes
en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y
asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno
seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el
restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un
riesgo para su vida o integridad personal, en razón de las condiciones de la
ruta y del lugar de llegada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el
regreso individual o colectivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o
su restablecimiento en otro punto geográfico, debe estar precedida por un
estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al cual habrán de
volver, cuyas conclusiones deberán comunicarse a los interesados en forma
previa al acto de retornar o restablecerse. Ahora bien, respecto de los
derechos de las víctimas del conflicto armado interno en relación con la
administración de justicia, se puede aseverar que los estándares
internacionales respecto de ellas han sido incorporados al orden jurídico
colombiano a través del art. 93 constitucional y por ende son marco de
referencia obligatorio.  Dentro de dichos derechos encontramos (i) el deber de
garantizar recursos accesibles y efectivos para reivindicar sus derechos, (ii)
asegurar el acceso a la justicia; (iii) investigar las violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y (iv) cooperar en la
prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de
derecho humanos.
DERECHOS Y
DEBERES DE LOS ABOGADOS EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Contenido
PROFESION
DE ABOGADO-Funciones
PROFESION
DE ABOGADO-Función social/PRACTICA DEL DERECHO-Escenarios
en que se desarrolla
El Estado Social de Derecho –
como principio constitucional- corresponde a una declaración política y
filosófica sobre la naturaleza y manera de comportarse la estructura estatal.
En este orden de ideas, dicho parámetro produce connotaciones mayores en el
ejercicio de cualquier profesión, pero más aún en el desarrollo de la abogacía
por la función social que cumple. Ciertamente,  se ha entendido que la práctica
del derecho se desarrolla como mínimo en los siguientes escenarios: (i) por
fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al
interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o
jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus
controversias. Precisamente en dichos espacios es donde el abogado debe
ejecutar su actividad profesional con base en los nuevos postulados que impone
el Estado Social de Derecho.  Por consiguiente, dicha actividad profesional
debe propender por la defensa de la dignidad humana,  el respeto y salvaguarda
de los derechos fundamentales, la protección de un orden justo, servir a la
comunidad, garantizar los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución; entre otros muchos fines, todo esto dentro del marco normativo
que dicha profesión tiene como elemento de trabajo y con el propósito de lograr
una convivencia pacífica al interior de la sociedad.
PROFESION
DE ABOGADO-Ejercicio como instrumento primordial en la realización
de los postulados del Estado Social de Derecho
Con base en el papel esencial
que juega  el ejercicio de la abogacía en la búsqueda de los fines del Estado, la
Corte Constitucional ha considerado como justificada una adecuada regulación a
la profesión de abogado. El Constituyente de 1991 otorgó al legislador la
potestad de establecer  medidas  concretas respecto de la actividad profesional
que se desarrolle, como la abogacía.   Dicha prerrogativa es conocida
jurisprudencialmente como el margen de configuración del legislador.  Así
entonces, es competencia del Congreso determinar los parámetros específicos
para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, en este caso de la abogacía,
lo que trae consigo el establecimiento de ciertos límites los cuales
“encuentran su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en
general, en la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento
jurídico y, en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución
Colombiana”.
EJERCICIO
DE LA PROFESION DE ABOGADO-Reglas
PROFESION
DE ABOGADO-Ejercicio a través de diferentes escenarios
HONORARIOS
DE ABOGADO-Contenido/HONORARIOS DE ABOGADO-Criterios a tener
en cuenta según el Consejo Superior de la Judicatura
HONORARIOS
DE ABOGADO-Jurisprudencia constitucional
Esta
Corporación especificó en relación con el tema que “Cabe recordar que las
tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en
cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena
resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas
profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible
cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los
litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si,
siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son
elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados”. En este
orden de ideas, y acorde por lo expresado por esta Corte, existe la posibilidad
de que el legislador dicte alguna norma particular en punto de tarifas
profesionales,  que subsane los vacíos existentes en la materia.
DERECHO DE
IGUALDAD-Deviene del concepto de dignidad humana/DERECHO DE
IGUALDAD-Aplicación del test/DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD-Apareja
un trato igual relacionado con supuestos fácticos equivalentes, siempre que no
existan fundamentos suficientes para darles una aplicación diferente
PRINCIPIO
DE IGUALDAD-Criterio de comparación o tertium comparationis
HONORARIOS
DE ABOGADOS QUE APODERAN VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Aplicación
del test estricto de igualdad para determinar trato diferenciado
Considera
esta Corporación que el supuesto planteado en la demanda respecto de la posible
vulneración del derecho de las víctimas trae consigo aplicar un test de
igualdad estricto, por cuanto en amplia jurisprudencia constitucional (supra 7
y ss)  estas han sido catalogados como sujetos de especial protección
constitucional.  En este orden de ideas, en principio, se requiere de este tipo
de test por cuanto se estaría en presencia de un criterio que genera sospecha
al juez constitucional, por estar en juego los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno.  Ciertamente, el demandante plantea que al limitarse
los honorarios a los abogados de las víctimas del conflicto armado interno (en
materia de tutela y en acciones contencioso administrativas) se está
produciendo un menoscabo a este tipo de víctimas por cuanto limita de manera
grave su acceso a la administración de justicia.  Aunque lo afirmado en la
demanda no es un parámetro de obligatorio seguimiento, si genera sospecha al
juez constitucional respecto de los derechos de las víctimas ya indicadas.  En
consecuencia, corresponde al juez constitucional verificar si en efecto la
vulneración planteada en la demanda se está o no presentando.
TEST
ESTRICTO DE IGUALDAD-Aplicación
En aplicación del test
estricto de igualdad, debe el juez constitucional determinar si la norma
acusada realmente otorga un trato diferente a las personas colocadas en
situación similar, si ello en realidad ocurre se debe analizar "(i)
si la medida es o no "adecuada ", esto es, si ella constituye un
medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; luego (ii)
examina si el trato diferente es o no "necesario" o
"indispensable ", para lo cual debe el funcionario analizar si existe
o no otra medida que sea menos onerosa, en términos del sacrificio de un
derecho o un valor constitucional, y que tenga la virtud de alcanzar con la
misma eficacia el fin propuesto. ; (iii) finalmente el juez realiza un análisis
de "proporcionalidad en estricto sentido" para determinar si el trato
desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor
relevancia que los alcanzados con la medida diferencial". Debe igualmente la
Corte “cerciorarse de que el fin perseguido por el legislador sea legítimo,
importante e imperioso; el medio adecuado, efectivamente conducente y
necesario, y la relación medio-fin adecuada, efectivamente conducente y no
susceptible de ser remplazada por otro medio alternativo o menos lesivo.
TOPES DE HONORARIOS
DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Trato
diferenciado del restante universo de profesionales del derecho responde a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad
TOPES DE HONORARIOS
DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Medidas
alternativas propuestas no suplen la necesidad de la medida legislativa para
evitar el abuso de los abogados/TOPE DE HONORARIOS DE ABOGADOS QUE
REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Límites de honorarios
de base y no en la cuota litis/SANCION DISCIPLINARIA DE ABOGADOS QUE
REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-No suple la necesidad
del tope de honorarios para evitar los abusos/FORTALECIMIENTO DE AMPARO DE
POBREZA Y REGULARIZACION DE PARAMETROS EN LOS HONORARIOS DE ABOGADOS-Son
medidas que pueden ir complementadas pero no suplantan la necesidad del tope de
honorarios para evitar abusos
Referencia: D- 8928
Tema: límite a monto de honorarios a   cobrar
sobre las víctimas del conflicto armado interno cuando interpongan acción de
tutela o acudan a la justicia contenciosa administrativa para una reparación o
indemnización por el daño sufrido.
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1° del artículo 44
de la ley 1448 de 2011.
Demandante:
Julio Enrique Soler y otro.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO.
Bogotá, D. C.,    Primero  (1°) de Agosto de dos mil doce
(2012).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge Enrique Soler y
otro,  presentó demanda contra el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448
de 2012, por vulnerar supuestamente los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 26, 29,
58, 83, 84, 86, 90, 93, 229 y 333 de la Constitución Política, sin embargo la
Sala  hará el examen respecto de los artículos 13 y 158 de la Carta.
Mediante auto de
dos (2) de febrero de 2012, la demanda presentada fue admitida por el Despacho.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inexequibilidad,
la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la
referencia.
II. NORMA  DEMANDADA
A continuación se transcribe el
texto de la disposición demandada, acorde con su publicación en el Diario
Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011,
y se subraya el aparte acusado:
“LEY 1448 DE 2011
Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
DECRETA:
(…)
“ARTÍCULO 44.
GASTOS DE LA VÍCTIMA EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS JUDICIALES. Las víctimas
respecto de las cuales se compruebe de manera sumaria y expedita la falta de
disponibilidad de recursos para cubrir los gastos en la actuación judicial,
serán objeto de medidas tendientes a facilitar el acceso legítimo al proceso
penal.
De manera preferente y en
atención a los recursos monetarios y no monetarios disponibles, podrán ser
objeto de medidas tales como el acceso a audiencias a través de
teleconferencias o cualquier otro medio tecnológico que permita adelantar las
respectivas etapas procesales.
PARÁGRAFO 1o. Cuando las
víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela o acudir a la
justicia contencioso administrativa, para obtener una reparación o
indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las
representen en el proceso no podrán, en ningún caso, recibir, pactar o acordar
honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes
en el caso de las acciones de tutela, o de veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, en el caso de las acciones ante la jurisdicción
contencioso administrativa, incluyendo la suma que sea acordada como cuota de
éxito, cuota litis, o porcentaje del monto decretado a favor de la víctima por
la autoridad judicial. Lo anterior tendrá aplicación independientemente de que
se trate de uno o varios apoderados e independientemente de que un proceso
reúna a varias víctimas.
PARÁGRAFO 2o. Lo previsto en este
artículo será reglamentado por el Gobierno Nacional, en un término no mayor a
un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley”
(…)
III. DEMANDA DE INEXEQUIBILIDAD.
El demandante señala dos grandes
campos de argumentación que fundamentan la solicitud de inexequibilidad de la
norma acusada.  En primer lugar, hace referencia a la violación del  principio
de igualdad y en segundo lugar, a la violación del principio de unidad de
materia.
Violación del principio de
igualdad.
Antes de la expedición de la ley
1448 todos los abogados estaban regidos por las mismas normas.  La ley
introdujo cambios en relación con los abogados que tramitan procesos
contencioso administrativos o de tutela, en nombre de víctimas del conflicto
armado interno, cuya acción está dirigida contra el Estado, que los deja en
extrema desventaja en relación con los restantes abogados, no sólo de los
abogados en general, sino incluso de aquellos que adelantan acciones por este
mismo tipo de hechos cuando el autor sea un actor armado diferente a un agente
estatal.
La regla que se aplica a todos
los abogados es que el monto de los honorarios se determina como consecuencia
del libre acuerdo de las partes.  Como referente para la fijación de esos
honorarios se cuenta con las definiciones de los colegios de abogados que a su
vez incluyen dos aspectos: a). unos razonables aplicables a cualquier tipo de
honorarios; y b). unas tarifas con cuantías diferenciadas según el tipo de
casos y criterios sistematizados por el Consejo Superior de la Judicatura.   El
fenómeno de honorarios llamado “cuota litis” se presenta en todos los tipos de
procesos y está supeditado a que el fallo sea estimatorio y además a que
mientras el proceso se surte el apoderado no cubre costos sino que estos son
asumidos por el profesional contratado.
El ordenamiento jurídico
establece reglas y parámetros para la fijación de honorarios y un régimen
disciplinario a accionar en caso de que tales reglas fueran violentadas.  En
este sentido se hace referencia general a que los honorarios se consideran
adecuadamente ajustados cuando se atiende un “criterio equitativo, justificado
y proporcional en relación al servicio prestado de acuerdo a las normas que se
dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros,
cualquiera sea su concepto”.  Así las cosas, indica, en contraste con lo que
venía pasando en materia de honorarios, la norma acusada establece un techo al
monto de estos, de abogados en dos tipos de procesos: en acciones de tutela y
en procesos contenciosos administrativos promovida por la violación a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.  Dicha diferenciación
no tiene en cuenta varias eventualidades: (i) que se represente a una sola
persona; (ii) que se represente a varias personas; (iii) el avance del proceso;
(iv) la asunción de eventualidades por parte del apoderado; (v) que el
apoderado tenga o no experiencia.
Afirma que la norma acusada
genera un trato diferenciado que viola la Constitución no sólo porque genera
una discriminación en relación con los demás abogados litigantes y porque
establece limitaciones a los derechos de los abogados que trabajan en causas
que vinculan violaciones al DD.HH. y al D.I.H., sino porque genera una
discriminación respecto a las víctimas de graves crímenes, que presenten
pretensiones a la administración de justicia en casos que deben ser juzgados en
función de la naturaleza de las dos acciones referidas.  Así las cosas,
concluye el demandante, la disposición acusada violenta el principio de
igualdad entre los abogados que representan víctimas de violaciones a derechos
humanos y al derecho internacional humanitarios en el marco del conflicto
armado interno en acciones de tutela y proceso contenciosos administrativos, en
relación con los restantes abogados litigantes, trasgrede el principio general
de autonomía de la libertad de esos abogados, así como sus derechos a escoger
profesión u oficio y su derecho al trabajo.
Determinación del tipo de
escrutinio para la violación del derecho de igualdad.  Expresa el
demandante que la diferenciación entre los abogados que litigan en causas de
derechos humanos donde la contraparte es el Estado y aquellos que no, comporta
necesariamente un criterio sospechoso  en la medida en que la circunstancia por
la cual se distinguen unos y otros se encuentra signada por una actividad
reconocida y especialmente protegida por la Constitución y el derecho
internacional de los derechos humanos.  La diferencia entre los abogados
afectados por la norma demandada es que estos representan a víctimas de
violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado y/o
representan víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan amparo a sus
derechos fundamentales por amenazas cometidas   por autoridades o particulares,
y los restantes abogados que representan a personas que presentan otro tipo de
reclamos judiciales.  Evidentemente este es un criterio sospechoso, que implica
condiciones de contratación restrictivas fundadas en la naturaleza de los
hechos involucrados – violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario y la naturaleza del Estado como parte demandada-, por
lo tanto acorde con la jurisprudencia constitucional el test debería
calificarse de estricto.
Señala el demandante que la norma
acusada afecta gravemente a las víctimas en sus derechos a la verdad, justicia
y reparación, por sufrir violaciones a sus derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario; limita profundamente el derecho de ellas a
contar con una representación judicial que los sitúe en las mejores condiciones
de exigencia de sus derechos que les sean posibles, su derecho de acceso
efectivo a la justicia y a lograr reparación y/o amparo.
Principio de adecuación o de
idoneidad.
(i) Legitimidad
constitucional.  Según las actas de discusión de la ley el inciso
cuestionado se elaboró para proteger a las víctimas del conflicto interno
respecto a eventuales abusos de los abogados. En ese orden de ideas, proteger a
las víctimas de la violencia, de supuestos o eventuales abusos de los abogados
sería constitucionalmente legítimo.  No obstante, no se entiende porque si ese
era el propósito expresado, lo que se definió fue una medida de control
dirigida exclusivamente a dos tipos de acciones: la acción de tutela y las
acciones de lo contencioso administrativas.  De las actas mencionadas no se
desprende las razones por las cuales el supuesto abuso de los abogados solo se
presenta exclusivamente en los dos tipos de acciones referidas.  En otras
palabras, no existe información sustentada sobre el alegado nivel de
desprotección específico y exclusivo en este tipo de procesos, en el que
estarían las víctimas en relación con abusos de los abogados.
En consecuencia, de lo que trata
la disposición acusada es de un control al acceso a la justicia para
determinado tipo de procesos más que una protección para las víctimas sin
importar el tipo de proceso de que se trate.  Así entonces, la finalidad de
proteger a las víctimas de abusos es constitucional y legítima, la finalidad de
controlar las acciones de los abogados que representen víctimas de violaciones
de derechos humanos en procesos donde la parte demandada es el Estado, bajo el
prejuicio de que son éstos los abogados que abusan de las víctimas es una
finalidad claramente inconstitucional.
(ii) Idoneidad del medio
seleccionado en relación con el fin que se propuso el legislador. La
profesión de abogado es una actividad que cuenta con varias regulaciones
normativas (arts. 26, 29, 299 C.N., arts. 63 C.P.C., arts. 2142 a 2199 C.C., entre muchas otras). De dichas normas se extrae que la representación   es una
actividad remunerada por ende le es aplicable el carácter conmutativo de las
obligaciones entre el mandante y el representado. Igualmente se encuentra que
el monto de los honorarios está basado en la libertad contractual, pero tiene
límites legales y sanciones para aquellos que se exceden (art. 54 ley 196 de
1971).  Así las cosas, la regla general para la definición de los honorarios de
los abogados es la libertad contractual, no obstante se han establecido algunas
pautas para establecer el monto (ley 1123 de 2007) de los honorarios indicando
que no pueden superar la participación correspondiente al cliente.  De la misma
manera los Colegios de Abogados han fijado criterios para establecer el monto
de los honorarios que pueden cobrar los abogados a sus representados; en igual
sentido, el Consejo Superior de la Judicatura ha indicado algunos parámetros al
respecto.  Ahora bien, las normas legales también han señalado prohibiciones y
sanciones a los abogados que se excedan en el cobro de honorarios (art. 54 ley
1123 de 2007).
Agrega el demandante que, la
conexión entre medio y fin es muy problemática en el presente caso:  la
fijación del un tope rígido, arbitrario y radicalmente bajo, no se evidencia
como un mecanismo para contrarrestar abusos de la figura de cuota litis sino
para evitar el uso de esa figura y desincentivar las demandas en su contra, por
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; ello
indica que se está ante una conexión de conveniencia y no una conexión
necesaria entre la medida adoptada y el fin perseguido.  Sin duda el mecanismo
elegido no es el más idóneo para conseguirlo, porque no solo evita los
supuestos o reales abusos de los abogados en el ejercicio de su mandato de
representación de las víctimas, sino que, en la vida práctica cancela la
posibilidad de que los abogados representen judicialmente a las víctimas en los
procesos contenciosos administrativos con el Estado.
(iii) Idoneidad del medio
utilizado por la ley en relación con las víctimas.  Con anterioridad a la
norma acusada, las víctimas podían acudir libremente y escoger con entera
libertad el abogado que las representara ante la administración de justicia.
La debilidad de las víctimas de la violencia derivada del conflicto armado es
predicable de la asimetría de poder que existe en relación con los
victimarios.  Por el contrario, no existe prueba alguna que, este tipo de
víctimas tenga una relación de  debilidad en relación con sus abogados,
diferente a la que tienen otro tipo de afectados por la responsabilidad
extracontractual del Estado, en relación con sus propios abogados.
Subprincipio de Necesidad.
(i) Identificación del o los
medio (s) alternativo (s) para conseguir el fin perseguido en la ley.  El
demandante plantea como alternativas: un techo legal para la cuota litis y
sanción a infractores, amparo de pobreza para las víctimas y una regularización
judicial parametrizada.
(ii) Escrutinio de eficacia. Las
alternativas expuestas tendrían similar o mayor eficacia para controlar los
eventuales abusos de los abogados que  los medios utilizados por la norma
acusada, su aplicación no sería más tardía que la de la medida acusada,
permitiría controlar las mismas variantes de abusos que tal norma y permitiría
materializar el control que se pretende alcanzar con la misma seguridad que la
disposición normativa en cuestión.  En efecto, el techo en cuota litis evitaría
cobros superiores a los porcentajes establecidos por los colegios de abogados y
su aplicación práctica tendría las mismas posibilidades y limitaciones que la
suma fija planteada en la norma acusada.  Si además de la medida se establecen
mecanismos específicos para investigar y sancionar disciplinaria y penalmente a
los abogados que transgredan estos techos, la eficacia aumentaría.   La
propuesta de amparo de pobreza permitiría lograr que las víctimas que lo
necesiten puedan contar con un abogado calificado, que los puede representar
por un porcentaje inferior al planteado por los colegios de abogados para este
tipo de procesos.   Finalmente, la fijación judicial de costas permitiría un
control caso a caso de las agencias de derecho a que haya lugar. Si a ello se
agrega que tales costas deberían ser trasladadas al perdedor, se lograría
mantener la integridad de la indemnización para las víctimas, ello conduciría a
que su nivel de eficacia fuera superior al del parágrafo cuestionado.
(iii) Grado de intervención
que la medida tiene en relación con principios y derechos constitucionales. Para
el caso de los abogados, además del principio de igualdad, resultan afectados
la libertad contractual, la libertad de escogencia de profesión u oficio y el
derecho al trabajo.  Respecto de la libertad contractual, indica el demandante
que los requisitos para que el legislador pueda limitar la libertad entre
abogados y representantes debería haber cumplido con los siguientes requisitos:
demostrar que no es manifiestamente innecesaria, que los motivos que justifican
la intervención deben ser ajustados a la Constitución, no pueden afectar el
núcleo esencial de la libertad de empresa y su operatividad debe permanecer
incólume, debe obedecer al criterio de solidaridad y debe responder a
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.  Así las cosas, el artículo 44
acusado vulnera la libertad contractual por las siguientes razones:  (i) la
medida tomada no es evidentemente necesaria puesto que existen disposiciones
normativas que permiten controlar los eventuales abusos que puedan cometer
algunos abogados, (ii) el legislador no explica los motivos que le impulsaron a
expedir la norma, (iii) se afecta el núcleo esencial del derecho de contratar
libremente entre abogados y representados porque en algunos casos reduce a la
décima parte los honorarios que regularmente se cobran por este tipo de
representaciones judiciales, en otras eventualidades a la centésima parte y en
otras la reducción es mayor.  (iv) se violan los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad porque la fórmula propuesta más que evitar los abusos, lo que
termina negando es la posibilidad de que existan acuerdos entre abogados y
víctimas para exigir del Estado la reparación de perjuicios mediante procesos
contenciosos administrativos.
Respecto de la libertad de
escoger profesión u oficio, se ve vulnerado por cuanto: (i) las medidas no
están construidas para proteger el interés general, (ii) restringen el ámbito
de la libertad e igualdad que hacen parte del contenido esencial del derecho a
la profesión u oficio porque establece diferencias que no se basan en criterios
objetivos o racionales. (iii) se introducen discriminaciones injustas,
relacionadas con el art. 84 de la Constitución, por cuanto la norma acusada
introduce modificaciones que incluye requisitos adicionales para el ejercicio
de la profesión de abogado que son arbitrarios y adicionales.
En lo tocante a la afectación del
derecho al trabajo, indicó el demandante, que los criterios establecidos por
los colegios de abogados y acogidos por el Consejo Superior de la Judicatura
para definir los honorarios de los abogados, se alinean con las normas
internacionales y el principio de a trabajo igual, igual remuneración.
(iv) Grado de intervención que
la medida tiene en los derechos y principios constitucionales, en relación con
las víctimas.  Insiste el demandante que la norma acusada afecta la
libertad contractual.  En efecto, las víctimas no podrían  contar con una
oferta suficiente de profesionales del derecho que les permita acudir a la
administración de justicia, para que el Estado les repare los daños causados.
Los topes impuestos eliminan la libre competencia y con ello la posibilidad de
contar con oferta suficiente para ese propósito o por lo menos oferta
calificada.
El techo de los honorarios
planteado por la disposición cuestionada, sería un obstáculo para que abogados
calificados adelanten procesos contenciosos administrativos contra el Estado en
los casos de violaciones de derechos humanos  y del derecho internacional
humanitario.  La norma acusada, se adiciona, crea un privilegio a favor del
Estado, haciendo ilusoria la posibilidad de que las víctimas acudan a procesos
en los cuales se pueda establecer la responsabilidad de los victimarios en los
hechos y se les ordene pagar una sanción equivalente al daño infringido.
Subprincipio de
proporcionalidad en sentido estricto.
Respecto del mencionado acápite,
indica el demandante que se tendrá en cuenta la comparación entre la
importancia del objetivo que se pretende alcanzar (controlar algunos abusos de
los abogados) y la afectación de derechos constitucionalmente protegidos, que
resultan menoscabados con la medida.  (i) En relación con el número de
afectados positiva o negativamente.  El grado de realización del fin
perseguido es bajo en dos sentidos: los abusos son una excepción en el
ejercicio de la profesión en las demandas contencioso administrativas contra el
Estado.  La afectación que con la medida se causa incluye no solo a quienes
abusan sino a todos los que ejercen la profesión de manera ética y con apego a
regulaciones normativas aplicables al caso.  (ii) En relación con la
gravedad de las afectaciones positivas o negativas. El tope impuesto es tan
arbitrariamente bajo que significa una sanción a los abogados sin que medie el
derecho de defensa, elimina la libertad contractual de las partes para fijar
sus honorarios, afecta el núcleo esencial de la libertad de escoger profesión u
oficio de los abogados, cercena por completo el derecho de acceso a la
justicia, a la verdad y a la reparación que tienen las víctimas, en los casos
regulados por la norma acusada.  Por tal razón - afirma el demandante- entre
muchas más razones lo que se busca es desincentivar la presentación de demandas
contenciosas administrativas en general, pero en particular aquellas que
corresponden a graves masacres y numerosas desapariciones forzadas.  La razón,
evitar que judicialmente se establezca la responsabilidad del Estado por la
acción antijurídica de sus agentes y sustraerse a la obligación de pagar las
indemnizaciones que de ello se derivan.  Por consiguiente, la legitimidad
constitucional de la norma acusada es nula.
Violación del principio de
unidad de materia.
Señala el demandante que el
artículo 1° de la ley 1448 de 2011 establece como objeto indicar un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y
colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario, en el marco de la justicia
transicional, y que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.  Por ende, se indica,  la norma
acusada carece de unidad de materia con lo buscado por la ley, por cuanto a lo
largo de la ley 1448 de 2011, el legislador evita y omite la responsabilidad
del Estado, de hecho hace énfasis en que en ningún caso se estará ante al
reconocimiento de obligaciones a cargo de este y por ello la reparación que se
ofrece está basada en el principio de solidaridad que se encuentra estipulado
en el preámbulo constitucional.
Por las razones expuestas, el
demandante solicita se declare la inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo
44 de la ley 1448 de 2011.  Es de anotar que la demanda presentada es
coadyuvada por 21 personas más.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio
de Justicia y del Derecho.
José Fernando Perdomo Torres
interviene en el presente proceso, en calidad de Viceministro de Política
Criminal y Justicia Restaurativa, con el objetivo de solicitar que la Corte se
inhiba o en su defecto que declare la exequibilidad de la disposición
cuestionada.  Ineptitud sustantiva de la demanda. Al respecto
manifiesta que se presenta ineptitud sustantiva de la demanda  por cuanto no
resulta admisible que el argumento de un cargo de inconstitucionalidad se
fundamente exclusivamente en la descalificación de la diversidad regulativa. No
es posible que el cargo se limite en señalar que dos situaciones disímiles han
sido reguladas de manera diversa por el legislador.
Expresa el interviniente que el
demandante parte de un supuesto errado: que se trata de dos grupos que son
comparables entre sí cuando, por el contrario, no es dable compararlos.  No es
posible concluir que las víctimas para las cuales están dirigidas las medidas
de protección de la ley 1448 de 2011 y los demás ciudadanos se encuentran en
una situación similar y por lo tanto, deben ser objeto de los mismos mecanismos
de protección.  En el mismo sentido, tampoco es posible concluir que los
abogados para los cuales está dirigida la norma cuestionada y los demás
abogados se encuentran en la misma situación, y, por lo tanto, al establecer un
trato diferenciado se está vulnerando el derecho a la igualdad de los primeros
respecto a los segundos.
Con base en los argumentos
expuestos se solicita a la Corte declararse inhibida para decidir de fondo la
demanda impetrada y de forma subsidiaria en caso de que la Corte decida
pronunciarse se declare la exequibilidad de la norma acusada con base en los
siguientes razonamientos: Si bien el proyecto de la ley 1448 de 2011 no incluía
en su texto inicial una referencia expresa acerca de los honorarios de los
abogados de las víctimas en el marco de la ley, si se hacía referencia desde un
comienzo a los gastos de la víctima en relación con los procesos judiciales.
Lo referente a los honorarios de los abogados de las víctimas fue discutido y
debatido ampliamente en el curso del trámite legislativo.
No afectación del principio de
igualdad respecto de los abogados. La situación de los abogados que deciden
representar judicialmente a las víctimas a las cuales se refiere la ley 1448 de
2011 , es diametralmente diferente a la de los demás abogados, por cuanto se
está frente a personas que pertenecen a una población que en su mayoría se
encuentra en situación de extrema vulnerabilidad.
En el evento que la Corte
considere realizar el test de igualdad, el interviniente presenta los
siguientes razonamientos: (i) la diferenciación comprendida en el parágrafo
demandado, se encuentra dirigida a proteger de manera especial a las víctimas
de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a los derecho humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno. La norma buscó proteger a las víctimas en relación con los abusos
de profesionales del derecho inescrupulosos que pretendan aprovecharse de esa
especial situación de vulnerabilidad, el fin buscado por la diferenciación es
legítimo a la luz de la Constitución y del bloque de constitucionalidad.   En
consecuencia, el fin buscado por la norma demandada goza de asidero
constitucional.
(ii) el medio empleado es
compatible con la Constitución. El medio es compatible con la Constitución
y el bloque de constitucionalidad.  En efecto,  con esa medida el legislador
pretendía proteger a las víctimas y así garantizar la efectiva materialización
de sus derechos.
(iii) el medio no solo es
idóneo respecto del fin buscado sino que no constituye una medida arbitraria.  No
existía otro medio distinto a la inclusión de unos topes en los honorarios de
los abogados del parágrafo 1° del art. 44, para garantizar que no se cometieran
abusos en contra de la población vulnerable.  No existía además otra forma que
pudiera haberse utilizado para delimitar el cobro de sumas exorbitantes por
parte de los abogados, situación contraria a los derechos de las víctimas.
En relación con  la supuesta
vulneración de otros derechos, indicó el interviniente que no se afecta la
libertad de profesión u oficio, por cuanto el legislador no abordó con la norma
una regulación específica sobre la posibilidad de elegir profesión, ello no
afecta la posibilidad de optar por convertirse en abogado.  Se agrega que la libertad
contractual puede ser limitada cuando están de por medio valores y principios
constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales o
consideraciones de interés general.
No afectación del derecho a la
igualdad respecto de las víctimas. (i) la situación de hecho de las víctimas de
que trata el art. 3 de la ley 1448 de 2011, no es comparable con la situación
de otras víctimas de acciones u omisiones de agentes del Estado.  La Corte
Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que el grupo social de los
desplazados por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas
a favor de los marginados y los débiles; de igual manera lo ha reconocido el
legislador al establecer una política especial de atención, protección y
reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario.
(ii) La diferenciación
comprendida en el parágrafo demandado, se encuentra dirigida a proteger de
manera especial a las víctimas de que trata el art. 3 de la ley 1448 de 2011,
respecto a los abusos de profesionales del derecho inescrupulosos que pretendan
aprovecharse de su especial condición de vulnerabilidad.    Señala el interviniente
que se han reportado casos de abogados que aprovechándose de la vulnerabilidad
de las víctimas del conflicto armado interno, cobran honorarios excesivos por
trámites de naturaleza gratuita.  Después de mostrar varios casos sobre abusos
de abogados refiere a los honorarios acordados por los apoderados de las
víctimas en el renombrado caso de la “toma de las delicias”.
(iii) Establecer un tope a los
honorarios de los abogados es una medida adecuada para proteger a las víctimas.
Si los abusos señalados por el legislador en la exposición de motivos, como por
noticias de prensa, incluso mediante denuncias penales, parte de la base del
cobro indiscriminado de honorarios por representar a las víctimas en procesos
judiciales, es adecuado establece un tope para recibir, pactar o acordar una
remuneración determinada en esos casos.
(iv) Respecto a la supuesta
afectación al derecho a acceso a la justicia de las víctimas. De aceptarse
que la  norma en comento establece una limitación al derecho al acceso a la
justicia de la víctimas, lo cual no se encuentra fundamentado ni probado desde
ninguna perspectiva, esa limitación es legítima a la luz de la Constitución
teniendo en cuenta que la ley 1448 de 2011 constituye uno de los mecanismos de
justicia transicional con  los que cuenta el Estado para enfrentar una serie de
violaciones que han resultado en un número extraordinario de víctimas.
2. Intervención del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Lucy Edrey Acevedo Meneses en su
calidad de jefe de la oficina asesora jurídica, interviene con el propósito de
solicitar que la Corte se declare inhibida para emitir un fallo de fondo o en
subsidio declare la exequibilidad de de la norma acusada.  En efecto, en la
demanda bajo examen el actor se limitó a citar las normas aparentemente
violentadas sin hacer mayor precisión del porqué la disposición demandada
infringe las disposiciones legales y constitucionales, la ausencia del
desarrollo argumentativo que sustente la presunta inconstitucionalidad de la
norma demandada imposibilita a la Corte para emitir un pronunciamiento de
fondo.
No obstante lo anterior, la
interviniente esboza argumentos de fondo para defender la constitucionalidad de
la disposición demandada.  Así las cosas, señala que la ley en cuestión no
aparece espontáneamente en el ordenamiento jurídico colombiano sino que es el
resultado de un proceso de reconocimiento de la sociedad en general.  Siendo un
tránsito hacia la paz, es admisible que exista una amplia facultad de
configuración legislativa  por parte del Congreso de la República.  Por
consiguiente, y viendo lo que pasa, la finalidad de las ayudas humanitarias, la
reparación administrativa se desvanece, debido a que no cumple con su objeto de
satisfacer los derechos de las víctimas, ya que  parte de las sumas reconocidas
se quedan en manos de apoderados judiciales.  Se señala igualmente que si bien
es cierto la norma es una limitante a la profesión de la abogacía, empero es
importante aclarar que no toda limitación es un menoscabo a un derecho de rango
constitucional, debido a que en el caso bajo examen la regulación descrita en
la norma cumple con el objetivo de garantizar que la administración de justicia
sea de bajo costo para el ciudadano y que la reparación obtenida bien sea por
orden judicial o por protección constitucional mediante tutela no se quede en
manos de los apoderados judiciales.
3.  Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Lina Quiroga Vergara en su
calidad de delegada del Ministro de Hacienda y Crédito Público, interviene en
el presente proceso para solicitar que se declare  la exequibilidad de la norma
acusada.  Manifiesta la interviniente que la modificación de la reglamentación
relativa a los honorarios de los abogados no es una violación al principio de
igualdad.   El demandante parte de una inconsistencia, ya que supone que el
derecho sobre el cual la norma acusada extiende sus efectos es el derecho a la
igualdad.  La norma demandada es una regulación de un aspecto específico de la
relación jurídica entre apoderado y poderdante que entra en la órbita de la
libre competencia y de la libertad contractual, así entonces la sola alteración
de las reglas que regulan las actividades económicas de los agentes privados no
puede considerarse en sí misma violatoria del derecho de igualdad.  Señala la
interviniente, que en realidad la norma no establece un trato desigual sino que
fija unas condiciones para el ejercicio de una actividad liberal y por lo mismo
el análisis de su constitucionalidad no se adelanta mediante un test de
igualdad, sino mediante la verificación de la razonabilidad de la intervención
del legislador en dicho derecho.  La norma acusada responde entonces a la
intervención del legislador en los derechos de libre competencia y libertad de
empresa, por cuanto establece unas condiciones puntuales que regulan la
determinación de los honorarios que se generen como resultado de una actividad
liberal.
En este orden de ideas, la norma
pretende evitar que los abogados defensores hagan uso de la condición de
indefensión y debilidad de sus poderdantes, para apropiarse de porcentajes
desorbitantes de las condenas obtenidas a su favor.
4. Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República.
Cristina Pardo Schlesinger en su
calidad de Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, interviene
con el fin de solicitarle a la Corte Constitucional que declare al
exequibilidad del artículo 44(parcial) de la ley 1448 de 2011.
Violación del principio de
igualdad.  El primer argumento de la demanda se basa en una división
artificiosa que lo invalida desde el comienzo.  En efecto, se parte de la base
que los abogados apoderados de las víctimas de violaciones a derechos humanos y
al derecho internacional humanitario, están adscritos previamente a una
jurisdicción y no pueden ejercer su profesión en otra.  Y como a juicio del
demandante, esa adscripción existe, entonces la norma que limita el alcance de
los honorarios resulta discriminatoria en relación con los demás.  No obstante,
esta premisa es equivocada y por tanto el primer cargo de la demanda resulta
insostenible.
Por consiguiente, la limitación
que trae consigo la norma acusada no implica discriminación alguna, ya que no
existe como tal la categoría de “abogado de acción de tutela” o la de “abogado
de proceso contencioso administrativo”, respecto de los cuales la norma
estuviera otorgando un trato desigual inconstitucional.  El trato diferenciado
no se confiere en función de la profesión o de la especialidad, sino del
proceso de que se trata.  Incluso dentro de la respectiva jurisdicción, la
norma no resulta discriminatoria, debido a que la limitante de honorarios sólo
se refiere a los procesos (de tutela o contencioso administrativos) que se
adelanten voluntariamente por las víctimas a que hace referencia el art. 3 de
la ley 1448 de 2011, lo que deja a salvo los demás procesos que los abogados
tramiten ante dichas jurisdicciones (sin contar con los de las demás
jurisdicciones).  La norma restringe significativamente el espectro de los
procesos, limita su ámbito de acción y debilita cualquier argumento
justificativo de una posible discriminación.
Desprotección de las
víctimas.  La reducción de la cantidad de abogados dispuestos a llevar
procesos de tutela o contenciosos administrativos, no es consecuencia necesaria
de la reducción de honorarios en la materia.  Esta conclusión es resultado de
una especulación que no se deriva de manera obligatoria de la norma.  Ello
porque la conclusión presume varias circunstancias que nos son invariables.
Constituye una especulación sostener que la oferta de abogados para atender los
casos que habrían de tramitarse en la jurisdicción constitucional y contencioso
administrativa se reduciría necesariamente por falta del incentivo económico
que promueve la disposición.
La finalidad de los procesos en
que están involucrados los derechos de las víctimas no es necesariamente la
indemnización, por lo que a ojos del legislador, es conveniente y legítimo
evitar que el escenario de la reparación del daño de la víctima no se convierta
en un negocio para el abogado.
Vulneración de la libertad de
contratación.  No existe en el ordenamiento constitucional un derecho de
vigencia absoluta y además el derecho a la libre contratación en materia de
litigio en derecho está sometido a regulaciones legales de conformidad con los
intereses en juego, en reconocimiento del componente de responsabilidad social
que involucra esta profesión.  Dado que el abogado no está en plena libertad de
señalar sus honorarios, es posible indicar que la proporcionalidad de los
mismos debe estar acorde con su función.  La libertad de contratación en
materia de fijación de honorarios jurídicos no es absoluta y en cambio está
sometida a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, es legítimo que
el Estado restrinja legalmente el monto de los honorarios cuanto identifique
que en ciertos procesos es necesario garantizar la realización  de principios
que exceden el mero interés económico del abogado
5. Intervención de la
Comisión Colombiana de Juristas.
El señor Gustavo Gallón y otros,
en su calidad de integrantes de la Comisión, intervienen para solicitar a la
Corte Constitucional se declare la inexequibilidad de la norma demandada.  Se
afirma que los únicos procesos donde la norma acusada ha limitado los
honorarios de los abogados representantes de víctimas son aquellos donde puede
estar involucrada la responsabilidad del Estado.  Es necesario evidenciar que
la norma acusada entraña un trato diferenciado entre las víctimas que acuden a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de tutela, y el Estado, que
en estos procesos acude como sujeto pasivo de las respectivas acciones
enunciadas que tienen como finalidad la reparación de los hechos dañosos
ocasionados por graves violaciones.  Dicho trato diferenciado consiste en que
las víctimas para efectos de presentar las acciones de esta naturaleza,
solamente pueden acudir a la representación judicial de abogados cuyos
honorarios no superen el límite dispuesto por la ley, mientras que el Estado
para efectos de su defensa judicial, no tiene restricciones en la escogencia
del profesional del derecho que represente sus intereses.  Una de las garantías
que hacen parte del acceso a la justicia consiste en que dicho acceso se
realice en una situación idéntica a la de la contraparte, de tal forma que las
pretensiones o excepciones accionadas se presenten al juez en las mismas
condiciones de tiempo, modo, lugar, para que el juez pueda decidir sin que
medien arbitrariedades o desventajas con respecto a las partes. En este orden
de ideas, el legislador con el argumento de otorgar protección a las víctimas
que acceden a la representación judicial, afectó el núcleo de los derechos al
debido proceso y al acceso a la justicia.
Por consiguiente, es posible
inferir una afectación del derecho a la igualdad procesal proveniente de la
diferenciación entre la regulación a la que están supeditadas las víctimas en
cuanto a su representación judicial en los procesos de tutela y contencioso
administrativos, de un lado y el Estado o las autoridades públicas que estén
llamadas a acudir a estos procesos.
Ahora bien, respecto de la
finalidad de la medida conviene preguntarse si el objetivo concebido por la
norma acusada busca satisfacer un requerimiento de carácter constitucional.
Pretender que no existan abusos de los abogados aprovechándose de las víctimas
de que se viene tratando, es un objetivo legítimo.  Lo precedente por cuanto
son sujetos de especial protección.  El segundo paso de análisis es si el medio
concebido por el legislador no se encuentra prohibido en el ordenamiento
jurídico.  Es posible señalar que este tipo de medidas afirmativas constituyen
medios legítimos contemplados por la misma Constitución para efectos de
corregir las distintas circunstancias de inequidad y abuso provenientes del
ejercicio del derecho al acceso a la justicia y el debido proceso.
Debe valorarse si el medio
concebido por el legislador es necesario y proporcionado para alcanzar el fin
constitucionalmente imperioso.  La jurisprudencia de la Corte Constitucional y
del Consejo Superior de la Judicatura valiéndose de la regulación prevista por
el Código Disciplinario del Abogado, han establecido parámetros que resultan
flexibles ya que permiten analizar en cada caso concreto cuando los honorarios
cobrados por los abogados resultan desproporcionados.
Se agrega que el Estado debe
fortalecer el sistema nacional de defensoría pública y ampliarla a este tipo de
procesos donde las víctimas requieren de asistencia jurídica cualificada y
gratuita para efectos de obtener una reparación, bien sea por vía de acción
contenciosa administrativa o de la acción de tutela.  Por ende, al no poder
constatar que la restricción en los emolumentos destinados a las agencias en
derecho también está prevista para la defensa judicial del Estado en los
procesos contencioso administrativos y de tutela, se configura entonces una
afectación severa al principio de igualdad procesal, debido a que las víctimas
que acuden al aparato de justicia para presentar sus pretensiones de reparación
no tienen al respecto el mismo derecho que su contraparte de acudir al
profesional que consideren más cualificado para la defensa de sus intereses.
Lo anterior, en detrimento del derecho a desarrollar las posibilidades del
recurso judicial. Así las cosas, la relación medio-fin resulta insuficiente
para proveer una justificación constitucionalmente válida que permita
evidenciar la constitucionalidad de la medida prevista en la norma acusada.
6. Intervenciones
Ciudadanas
6.1. El señor Janpor Eliecer
Chavez Cortéz interviene con el propósito de solicitar la inexequibilidad de la
norma acusada.  Se indica que con los honorarios que se ordenan a los abogados
que representan víctimas en procesos contra el Estado, va a ser imposible
conseguir abogados de confianza, responsables y expertos que representen a las
víctimas dentro de procesos en los cuales la otra parte sea el Estado.
6.2.  El señor Daniel Rendón
Nerio interviene con el fin de solicitar la inexequibilidad de la norma
demandada.  Se fundamenta en los mismos argumentos expuestos en el numeral
anterior.
6.3.   El señor  Raúl Trujillo,
interviene para solicitar la inexequibilidad de la norma acusada.   Manifiesta
que para las víctimas de la violación de derechos humanos, el hecho que un
abogado pague todos los costos del caso y reciba como honorarios un porcentaje
de lo que se gane del caso, es la única manera de poder lograr justicia y
reparación.
7.  Intervenciones
extemporáneas.
Las intervenciones de Leonor
Cristina Padilla Godin de la Oficina de Coordinación de asuntos internacionales
y asesoría jurídica de la Rama Judicial, de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura; Carlota Valverde Coscollola,  representante
en Colombia de Abogados sin fronteras;  Edwin Rubio Medina , representante
legal de “Acadeum”, Arturo Carrillo, profesor de la Universidad de George
Washington y Patricia Luna Paredes en su calidad de Defensora Delegada para la
Orientación y Asesoría a las víctimas del conflicto armado interno de la
Defensoría del Pueblo; fueron recibidas de manera extemporánea.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante el Concepto No. 5330
presentado el catorce (14) de marzo  de 2012, el Procurador General de la
Nación, solicita a la Corte que se declare exequible la norma acusada.  Dicha
solicitud se fundamenta en los siguientes argumentos:
Se afirma que la víctima del
conflicto tiene unas condiciones personales y objetivas que la diferencian con
claridad de otras personas que también pueden contratar los servicios
profesionales de abogados.  La condición objetiva de la víctima del conflicto,
que es el fundamento de la ley sub examine, es lo que justifica que el estado
intervenga en la relación víctima-abogado, para regular un monto máximo de los
honorarios profesionales.    Esta intervención se funda en la manifiesta
debilidad de uno de los extremos de la misma, al cual se le garantiza unos
derechos mínimos e irrenunciables.
Se indica que si bien los
abogados tienen derecho a ejercer su profesión y a recibir una remuneración
adecuada, como cualquier otro profesional, no se puede pasar por alto que la
profesión de abogado tiene una importante función social que implica
obligaciones respecto de los miembros más débiles de la sociedad, grupo al cual
pertenecen las víctimas del conflicto.    El Código Disciplinario del Abogado,
precisa sus deberes.  En el art. 28 se reconoce la necesidad de que la
remuneración debe ser equitativa, justificada y proporcional, y se señala
además que en algunos casos es menester asumir causas sin recibir ninguna
remuneración a cambio, como ocurre con las defensas de oficio.  El deber de
asumir defensas de oficio, que se predica de los abogados, en tanto particulares,
se integra con el deber del Estado de organizar una defensoría pública.
Se agrega por parte del
Ministerio Público que asumir que los honorarios no deben ser regulados por el
Estado, para dejarlos al libre acuerdo de las partes, puede significar que se
sacrifique el fin primordial de restaurar unas condiciones dignas de vida para
la víctima y para su familia, en beneficio de intereses puramente patrimoniales
de su abogado.  En consecuencia, la norma acusada presenta una discriminación
positiva a favor de la víctima, justificada en su condición objetiva de
debilidad manifiesta y en tal medida tal discriminación presenta un fin
constitucionalmente válido.
Ahora bien, señala el señor
Procurador General de la Nación que existe conexidad teleológica entre la
regulación de los honorarios de los abogados de las víctimas, dentro del
artículo que se ocupa de sus gastos en el proceso judicial, en tanto y en
cuanto esta regulación atiende a la situación de las víctimas, les permite
acceder en términos razonables y equilibrados a la asistencia jurídica y
preserva buena parte de la indemnización que reciben, a modo de reparación, y
que les servirá de base para recuperar unas condiciones dignas de vida.
VI. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS DE LA CORTE
Competencia
1. Esta corporación es competente
para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 241, Núm. 4, de la Constitución, por estar
contenida en una ley.
Cuestión previa. Solicitud de inhibición general de
algunos intervinientes.
2.  En sus
respectivas intervenciones el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, solicitan a esta Corporación
declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del
parágrafo 1° del art. 44 de la ley 1448 de 2011, por cuanto la demanda no reúne
los requisitos mínimos exigidos por el art. 2 del Decreto 2067 de 1991 y por la
jurisprudencia constitucional.
3.  No obstante
lo anterior y aceptando esta Corte que en algunos aspectos específicos la
demanda presentada por el ciudadano, puede considerarse defectuosa, lo cierto
es que al analizar su contenido, las implicaciones constitucionales que apareja
y los problemas jurídicos que plantea- los derechos de los abogados y
especialmente los derechos de las víctimas del conflicto armado interno – y en
aplicación del principio pro actione, la Sala Plena considera que en la
demanda concurren las mínimas condiciones para emitir un fallo de fondo[1].
Así las
cosas, el demandante plantea con claridad el problema jurídico constitucional
que podría surgir de la norma acusada, esto es la afectación de los derechos de
los abogados y las víctimas del conflicto armado interno; muchos de los
argumentos esbozados cumplen con los requisitos de certeza, especificidad y
pertinencia, al señalarse la posible vulneración del derecho de igualdad
respecto de otros profesionales del derecho que no tendrían las limitaciones
señaladas en la norma acusada e indicar la supuesta vulneración de las
mencionadas víctimas para acceder a la administración de justicia.
Por
consiguiente, para esta Corporación los argumentos expresados en la demanda, en
relación con el derecho a la igualdad, son suficientes para emitir un fallo de
fondo en relación con  la disposición jurídica demandada, recordando el énfasis
flexible a la luz de la Constitución que tiene la acción pública en aras del
principio pro actione.
Ahora bien, plantea el demandante
en relación con la falta de unidad de materia, que la norma acusada carece de
dicha conexidad con lo buscado por la ley, por cuanto a lo largo de la ley 1448
de 2011, el legislador evita y omite la responsabilidad del Estado, de hecho
hace énfasis en que en ningún caso se estará ante al reconocimiento de
obligaciones a cargo de este y por ello la reparación que se ofrece está basada
en el principio de solidaridad que se encuentra estipulado en el preámbulo
constitucional.  Por consiguiente, se afirma que no hay una unión temática y
teleológica entre el cuerpo de la ley y las regulaciones que esta hace de
fenómenos relacionados como los ya mencionados.
Al respecto
encuentra esta Corte que los argumentos esbozados por el accionante no reúnen
los requisitos mínimos exigidos por el art. 2 del Decreto 2067 de 1991 y por la
jurisprudencia constitucional.  En efecto, los razonamientos expuestos respecto
de la elusión del tema de la responsabilidad estatal en comento, en nada
guardan relación con la disposición jurídica acusada, no devienen objetivamente
de esta, y en este orden de ideas carecen de la certeza y especificidad[2]
exigidas por esta Corporación. No existiendo conexidad con lo argüido con
la norma demandada, la Corte se inhibirá al respecto.
Planteamiento
del problema jurídico
4.  Señala el demandante que la
norma acusada plantea una diferenciación entre los abogados que litigan en
casusas de derechos humanos donde la contraparte es el Estado y aquellos que no,
produciendo un criterio sospechoso de desigualdad. Se indica que dicha norma
además genera una afectación grave de los derechos de las víctimas  a la
verdad, justicia y reparación, al limitar el derecho de ellas a contar con una
representación judicial que los coloque en las mejores condiciones de exigencia
de sus derechos.
La demanda es respaldada en sus
argumentos por la Comisión Colombiana de Juristas y por ciudadanos que
intervinieron en el proceso constitucional.
Por su parte el Ministerio de
Justicia y del Derecho considera que la demanda no es apta para producir un
pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional.  Se afirma que
no se puede comparar la situación de las víctimas del conflicto armado interno
y  la relación con sus apoderados,  con relación al resto de ciudadanos con sus
apoderados.  Sin embargo, manifiesta que la diferenciación comprendida en el
parágrafo demandado, se encuentra dirigida a proteger de manera especial a las
víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones
graves y manifiestas a los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno. El medio utilizado es compatible con la Constitución y
el bloque de constitucionalidad, debido a que con esa medida el legislador
pretendía proteger a las víctimas y así garantizar la efectiva materialización
de sus derechos, no existía otro medio distinto a la inclusión de unos topes en
los honorarios de los abogados del parágrafo 1° del art. 44, para garantizar
que no se cometieran abusos en contra de la población vulnerable.  En mismo
sentido se pronunció en su intervención el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
A su vez, la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República, señala que se parte de la base errónea que
los abogados apoderados de las víctimas de violaciones a derechos humanos y al
derecho internacional humanitario, están adscritos previamente a una
jurisdicción y no pueden ejercer su profesión en otra.  Por consiguiente, la
limitación que trae consigo la norma acusada no implica discriminación alguna,
ya que no existe como tal la categoría de “abogado de acción de tutela” o la de
“abogado de proceso contencioso administrativo”, respecto de los cuales la
norma estuviera otorgando un trato desigual inconstitucional.  Se agrega que el
principio de igualdad es predicable de los sujetos no de los procedimientos,
por lo que en este caso la diferencia de trato no puede llamarse
discriminatoria, habida cuenta de que no va dirigida contra ninguna persona o
grupo de personas en particular.  Se indica que la reducción de la cantidad de
abogados dispuestos a llevar procesos de tutela o contenciosos administrativos,
no es consecuencia necesaria de la reducción de honorarios en la materia.  Esta
conclusión es resultado de una especulación que no se deriva de manera
obligatoria de la norma.  Finalmente argumenta que el legislador cuenta con un
amplio margen de configuración de procedimientos jurisdiccionales, entre los
que se halla el de la definición de los derechos de las partes en el proceso, y
por supuesto de los honorarios de los abogados en el mismo.  Mientras el
legislador no quebrante el orden jurídico ni establezca disposiciones de
abierta desproporción, es de su resorte determinar cuáles son las condiciones
en que un ciudadano accede a la administración de justicia, incluidos los
honorarios que debe pagar a su abogado.
Por último el Señor Procurador
General de la Nación, indica que la condición objetiva de la víctima del
conflicto, que es el fundamento de la ley sub examine, es lo que justifica que
el estado intervenga en la relación víctima-abogado, para regular un monto
máximo de los honorarios profesionales.    Se señala que si bien los abogados
tienen derecho a ejercer su profesión y a recibir una remuneración adecuada,
como cualquier otro profesional, no se puede pasar por alto que la profesión de
abogado tiene una importante función social que implica obligaciones respecto
de los miembros más débiles de la sociedad, grupo al cual pertenecen las
víctimas del conflicto.
Metodología y solución
constitucional del problema planteado.
5. Así las cosas, corresponde a
esta Corte  establecer si el  parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de
2011,  al señalar que cuando las víctimas del conflicto armado interno
interpongan recursos de tutela o acudan a la justicia contencioso
administrativa- para obtener la reparación o indemnización del daño sufrido-
los apoderados que las representen no pueden en ningún caso pactar o recibir
honorarios que superen los límites establecidos en la norma; vulnera el derecho
de los abogados  a la igualdad ( derecho al trabajo, libertad de profesión u
oficio y libertad contractual) respecto de otros profesionales del derecho que
se dedican a actividad diferente y el derecho de las víctimas a acceder a la
administración de justicia.
6.  Para  analizar
las cuestiones jurídicas de fondo, la Corte pasa a determinar  en una primera
parte (i) los derechos de las víctimas del conflicto interno armado,  (ii) los
derechos y deberes de los abogados en un Estado Social de Derecho, para
finalmente (iii) determinar el caso concreto planteado a través del test de
igualdad.
Los derechos de las víctimas
del conflicto armado interno.
7.  Los derechos de las víctimas
tienen rango constitucional. De un lado, el art. 250 constitucional señala como
deber del Estado, a través de la Fiscalía General de la Nación, solicitar las
medidas necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento de
sus derechos y la reparación integral del daño causado.  Igualmente se
determina la obligación de velar por la protección de las víctimas, el deber de
que la ley establezca como pueden intervenir en el proceso penal y los
mecanismos de justicia restaurativa.  De otro lado, la Constitución determina,
entre otros, el deber de las autoridades en general y las judiciales en
particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los
residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos[3];
el principio de dignidad humana que promueve los derechos de las víctimas a
saber qué ocurrió, y a que se haga justicia[4];  el principio del Estado
Social de Derecho  propugna por la participación en los procesos penales de las
víctimas y su especial atención;  y de manera especial puede entenderse  el
derecho de acceso a la administración de justicia[5]
de las víctimas, a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la
protección de sus derechos, la adopción de decisiones con el respeto del debido
proceso y mecanismos idóneos eficaces y eficientes para hacerlos valer.[6]
8.  Como consecuencia del
conflicto armado interno[7]  el legislador ha venido
dictando una serie de leyes con diferentes propósitos.  Dentro de estas se
encuentra la ley 975 de 2005, que estableció disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyeren de manera efectiva a la consecución de la paz nacional.  El
propósito de dicha ley fue facilitar los procesos de paz y la reincorporación
individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen
de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad,
justicia y reparación.[8]   Se entendió como víctima[9]
la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos
tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los
daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la
legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la
ley. Se agregó que también se tendría como víctima al cónyuge, compañero
o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida, entendiéndose que la presunción allí establecida no
excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño
como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal
cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.[10]
Igualmente se consideraron como víctimas
a los miembros de la Fuerza Pública que hubieren sufrido lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley.  De la misma manera, se
tendrían como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y
familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública
que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con
el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún
integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley;
entendiéndose de la misma manera, que la presunción señalada no excluye como víctima
a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier
otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos
armados al margen de la ley.[11]
9.    La ley
975 de 2005 señaló de manera especial los derechos de las víctimas respecto
a la administración de justicia[12], precisando que es una
obligación del Estado garantizar el acceso de las víctimas a la administración
de justicia[13] por lo tanto tienen
derecho a  (i) recibir un trato humano digno, (ii) a la protección de su
intimidad y garantía de seguridad, la de sus familiares y testigos a favor,
cuando quiera que resulten amenazadas, (iii) a una pronta e integral reparación
de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito[14],
(iv) a ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas, (v) a recibir
desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en
el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de
sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las
circunstancias del delito del cual han sido víctimas.[15]
(vi) a ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la
persecución penal y a interponer los recursos cuando hubiere lugar, (vii) a ser
asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría
Judicial de que trata la ley, (viii) a recibir asistencia integral para su
recuperación y (ix) a ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete
en el evento de no conocer el idioma, o de no poder percibir el lenguaje por
los órganos de los sentidos.
10.
Continuando con el propósito de garantizar  los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno, el legislador expide la ley 1448 de 2011, a través de la cual se establecen medidas de atención, asistencia y reparación para las
mismas.  El objetivo de dicha ley fue instaurar un  conjunto de medidas
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas,
en beneficio de las víctimas de infracciones al derecho internacional
humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos,
dentro de un marco de justicia transicional, las cuales posibiliten hacer
efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con
garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas
y se dignifique a través de la materialización de sus derechos
constitucionales.[16]
11.  La
mencionada ley consideró específicamente como víctimas[17]
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1° de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  Deben igualmente
considerarse víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente.  De igual manera, se consideran víctimas
las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización.  La condición de
víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda,
procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que
pueda existir entre el autor y la víctima.  Otras varias consideraciones
realizó la ley al respecto.[18]
12.  En dicho
contexto son derechos de las víctimas[19] (i) el derecho a la verdad, justicia y reparación, (ii) derecho a acudir
a escenarios de diálogo institucional y comunitario, (iii) derecho a ser
beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para
proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad, (iv)
derecho a solicitar y recibir atención humanitaria, (v) derecho a participar en
la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de
prevención, atención y reparación integral, (vi) derecho a que la política
pública de que trata la  ley, tenga enfoque diferencial, (vii) derecho a la
reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se halla
dividido el núcleo familiar, (viii) derecho a retornar a su lugar de origen o
reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco
de la política de seguridad nacional, (ix) derecho a la restitución de la
tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la
presente Ley, (x) derecho a la información sobre las rutas y los medios de
acceso a las medidas que se establecen en la Ley, (xi) derecho a conocer el
estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en
los que tengan un interés como parte o intervinientes y (xii) derecho de las
mujeres a vivir libres de violencia.
13.  Ahora bien, al igual que la
ley de 2005[20], la ley 1448 de 2011 establece una serie de prerrogativas de las víctimas
relacionadas con la administración de justicia, esto es,
dentro de los procesos judiciales.   En este orden de ideas, se indica (i) el
derecho que la víctima y/o su representante estén
informados de todos los aspectos jurídicos,
asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde
el inicio de la actuación[21], (ii) el
derecho de las víctimas  para que
dentro de la actuación
penal o en el marco de los procesos de justicia y paz,  estén informadas del
inicio, desarrollo y terminación del proceso, de las instancias en que pueden
participar, de los recursos judiciales a su disposición y de la posibilidad de
presentar pruebas, entre otras garantías previstas en las disposiciones legales
vigentes[22], (iii) el derecho de la
víctima a ser oída dentro de la actuación penal, a pedir pruebas y a
suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder,[23]
(iv) la prerrogativa de que la declaración de la víctima sea a puerta
cerrada acorde con unas especiales circunstancias,[24]o
que (v) el testimonio de la víctima sea dado por medio de audio o video[25]
o por alguna otra modalidad especial[26]
14.  En este orden de ideas, la
Corte Constitucional ha afirmado que las víctimas del conflicto armado interno
representan uno de los sectores más frágiles dentro de la sociedad[27]y
en la mayoría de los casos se encuentran en situación de extrema
vulnerabilidad.[28]  En efecto, no cabe duda
que las víctimas del conflicto armado interno[29] por la violación masiva
de sus derechos constitucionales, adquieren el estatus de sujetos de especial
protección constitucional, lo que apareja de suyo el deber perentorio del
Estado de atender con especial esmero y prontitud todas sus necesidades, hacer
valer sus derechos y salvaguardar su dignidad humana.  Al respecto esta
Corporación ha considerado que  “…las víctimas de la violencia dentro de un
conflicto armado interno, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad
y, en tal sentido, demandan un trato especial por parte de las autoridades
públicas, las cuales deben brindarle la ayuda necesaria para que recuperen sus
condiciones mínimas de subsistencia. Por lo anterior, resulta pertinente
extender a estos casos las consideraciones que esta Corporación ha hecho
respecto de los desplazados.”[30]
Así las cosas y acorde con la
equiparación realizada por el Tribunal Constitucional de las víctimas del
conflicto armado interno en relación con las víctimas de desplazamiento forzado
interno; se puede afirmar que los derechos[31] que integran el mínimo
prestacional que debe ser satisfecho por el Estado es el siguiente[32]:
1. El derecho a
la vida, en el sentido que establece el artículo 11 C.P. y el    Principio 10.
2. Los derechos
a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se particularizan en el Principio 11.
3. El derecho a
la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y
precisado para estos casos en el Principio 17, especialmente aunque sin
restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de
especial protección constitucional ‑niños, personas de la tercera edad,
disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia‑, quienes tienen derecho
a reencontrase con sus familiares.
4. El derecho a
una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital,
según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las autoridades
competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el
acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b)
alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios
médicos y sanitarios esenciales.” También se dispone que las autoridades
deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de
las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución
de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo
dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través
de la provisión de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este
deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta
asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia,
que se presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de
asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de
retorno.
(…)
5. El derecho a
la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del servicio correspondiente
sea urgente e indispensable para preservar la vida y la integridad de la
persona ante situaciones de enfermedad o heridas que les amenacen directamente
y prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas, de conformidad con el
Principio 19. Ahora bien respecto de los niños y niñas se aplicará el artículo
44 y en relación con los menores de un año, se aplicará el artículo 50 C.P.
6. El derecho a
la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas discriminatorias basadas en
la condición de desplazamiento, particularmente cuando dichas prácticas afecten
el ejercicio de los derechos que se enuncian en el Principio 22.
7. Para el caso
de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educación básica
hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.). (…) El Estado está obligado, como mínimo, a garantizar la provisión de un cupo escolar a cada niño
desplazado en edad de educación obligatoria, en un establecimiento educativo
público. Es decir, la obligación mínima del Estado en relación con la educación
de los niños desplazados es la de garantizar su acceso a la educación a través
de la provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o
privadas de la zona. (…)
8. En relación
con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento
–obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura
conjunta de los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11
y 18. (…) [El] deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena
participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación
individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares,
sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia
digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras
a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto
razonable de estabilización económica individual, de participar en forma productiva
en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear
la información que provee la población desplazada para identificar alternativas
de generación de ingresos por parte de los desplazados.
(…)
9. Finalmente,
en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las autoridades
están obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas
a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii)
no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia
habitual o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que
cuando existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la
seguridad del desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento,
las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese
riesgo a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de
lugar; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de
seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia
de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar
un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el
retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los
desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal, en razón de las
condiciones de la ruta y del lugar de llegada por lo cual toda decisión estatal
de fomentar el regreso individual o colectivo de personas desplazadas a su
lugar de origen, o su restablecimiento en otro punto geográfico, debe estar
precedida por un estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al
cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán comunicarse a los interesados
en forma previa al acto de retornar o restablecerse.
Ahora bien,
respecto de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en
relación con la administración de justicia, se puede aseverar que los
estándares internacionales respecto de ellas han sido incorporados al orden
jurídico colombiano a través del art. 93 constitucional y por ende son marco de
referencia obligatorio.  Dentro de dichos derechos encontramos (i) el deber de
garantizar recursos accesibles y efectivos para reivindicar sus derechos, (ii)
asegurar el acceso a la justicia; (iii) investigar las violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y (iv) cooperar en la
prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de
derecho humanos[33].
Los derechos y deberes de los
abogados en un Estado Social de Derecho.
15.    La Constitución Política
de Colombia[34] establece la posibilidad
de que cualquier persona escoja libremente la profesión u oficio a la  que se
quiere dedicar. De la misma manera señala que las profesiones legalmente
reconocidas pueden organizarse en colegios y que la ley puede asignarles
funciones públicas e indicar los controles respectivos.  Así las cosas, la
profesión de abogado ha sido regulada a través del Decreto 196 de 1971 y
últimamente mediante la ley 1123 de 2007.  En efecto, dichos cuerpos normativos
han señalado que la  abogacía tiene la función social  de colaborar con las
autoridades en la conservación y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y
en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.[35]
Se señala además como la principal función del abogado la de defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.[36]
Otros fines de la profesión de abogado son: observar la Constitución y la ley,
defender y promocionar los derechos humanos, colaborar en la realización de la
justicia y los fines del Estado, prevenir litigios “innecesarios, innocuos o
fraudulentos”, facilitar mecanismos de solución alternativa de conflictos y
abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias.[37]
16.  No obstante lo anterior, el
Estado Social de Derecho – como principio constitucional- corresponde a una
declaración política y filosófica sobre la naturaleza y manera de comportarse
la estructura estatal.  En este orden de ideas, dicho parámetro produce
connotaciones mayores en el ejercicio de cualquier profesión, pero más aún en
el desarrollo de la abogacía por la función social que cumple.
Ciertamente,  se ha entendido que
la práctica del derecho se desarrolla como mínimo en los siguientes escenarios:
(i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a
particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las
personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para
resolver sus controversias.[38]   Precisamente en dichos
espacios es donde el abogado debe ejecutar su actividad profesional con base en
los nuevos postulados que impone el Estado Social de Derecho.  Por
consiguiente, dicha actividad profesional debe propender por la defensa de la
dignidad humana,  el respeto y salvaguarda de los derechos fundamentales, la
protección de un orden justo, servir a la comunidad, garantizar los principios,
derechos y deberes establecidos en la Constitución; entre otros muchos fines,
todo esto dentro del marco normativo que dicha profesión tiene como elemento de
trabajo y con el propósito de lograr una convivencia pacífica al interior de la
sociedad.
Así las cosas, el abogado al
ejercer su profesión se convierte en instrumento primordial en la realización
de los postulados del Estado Social de Derecho, por cuanto “…le corresponde,
la realización constante, progresiva y efectiva de derechos fundamentales como
el acceso a la administración de justicia y en el marco de éste, a muchos otros
derechos fundamentales que sólo adquieren su plena garantía cuando se acude a
los jueces para que ordenen su amparo….”[39]
En este orden de ideas, y con
base en el papel esencial que juega  el ejercicio de la abogacía en la búsqueda
de los fines del Estado, la Corte Constitucional ha considerado como
justificada una adecuada regulación a la profesión de abogado.[40]
El Constituyente de 1991 otorgó al legislador la potestad de establecer
medidas  concretas respecto de la actividad profesional que se desarrolle, como
la abogacía.   Dicha prerrogativa es conocida jurisprudencialmente como el
margen de configuración del legislador.  Así entonces, es competencia del
Congreso determinar los parámetros específicos para el ejercicio de cualquier
profesión u oficio, en este caso de la abogacía[41],
lo que trae consigo el establecimiento de ciertos límites los cuales  “encuentran
su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en general, en
la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento jurídico y,
en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución Colombiana”[42].
La Corte ha señalado lo siguiente:
“En cuanto atañe a la libertad de ejercer profesión
u oficio, que interesa específicamente en este proceso, la función de
reglamentación a cargo del legislador, que por su naturaleza tiene que
cumplirse teniendo en cuenta las características propias de cada ocupación,
implica, como su objeto lo indica, el establecimiento de unas reglas adecuadas
a los fines que cada una de ellas persigue, mediante las cuales es necesario
estatuir requisitos mínimos de formación académica general y preparación
particular en la carrera de que se trata; normas sobre expedición de títulos
que garanticen la idoneidad profesional y la forma de acreditarlos ante el
público; disposiciones concernientes a las prácticas y experiencias iniciales
del recién egresado; exigencias y límites aplicables a quien -debidamente
autorizado- ejerce todavía sin título y, desde luego, la espina dorsal de la
reglamentación, que consiste en el régimen jurídico aplicable al desempeño de
la profesión, dentro del cual a la vez resulta ineludible el señalamiento de
principios y pautas, la tipificación de faltas contra la ética en el campo de
actividad correspondiente y la previsión de las sanciones que habrán de ser
impuestas a quien incurra en ellas”[43].
Así las cosas, el legislador ha
señalado algunas reglas innatas al ejercicio de la profesión de abogado, entre
ellas encontramos requisitos mínimos de formación académica general y de
especialización en particular, la expedición de normas referentes a la
obtención de títulos que garanticen la idoneidad profesional y la forma de
acreditarlos ante el público, normas relativas a las prácticas y experiencias
de inicio del recién egresado, disposiciones relativas al régimen jurídico
aplicable al desarrollo de la profesión de abogado; entre otras.[44]
Es de resaltar que los fines buscados con el ejercicio de la profesión de
abogado- a diferencia de otras profesiones – permiten que el legislador sea aún
más exigente respecto de los lineamientos y parámetros para el ejercicio de la
actividad profesional, por cuanto los profesionales del Derecho son
consignatarios de la confianza de la sociedad y defensores del Derecho y de la
Justicia.[45]
Específicamente, la ley 1123 de
2007[46] ha señalado como deberes
de los abogados los de defender y promocionar los Derechos Humanos y colaborar
leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y fines del
Estado.
17.  Sin embargo,
ese margen de configuración legislativa reconocida al legislador en materia de
regulación de una profesión u oficio, no reviste el carácter de absoluta.  En
este orden de ideas, la facultad conferida al Congreso de la República en
momento alguno puede tornarse arbitraria o despótica, sino que debe responder a
limitaciones objetivas que tengan respaldo constitucional y provengan de
criterios razonables y proporcionados.[47]  Por tal razón, es labor
del juez constitucional establecer bajo juicios de razonabilidad y
proporcionalidad, si las medidas adoptadas por el legislador en uso de su
facultad de configuración normativa trasgrede la órbita constitucional
vulnerando derechos o principios fundamentales.[48]
18.  Ahora bien, el
ejercicio de la profesión de abogado se ejerce a través de diferentes
escenarios (supra 16) dentro de los que se encuentra la representación legal de
personas jurídicas o naturales que acuden a la justicia con el propósito de
solucionar sus controversias con base en el derecho.  Los honorarios
profesionales que devengan los profesionales del derecho, fruto de su labor,
provienen la más de las veces de un contrato de prestación de servicios,  en
ejercicio del mandato que les confieren sus poderdantes para que actúen como
apoderados dentro del proceso judicial.
La regla general para determinar
el monto de los honorarios profesionales de un abogado, en principio, es
producto del acuerdo de voluntades entre el cliente y su abogado.  No obstante,
debido a la indeterminación en el señalamiento de los honorarios a cobrar, las
legislaciones han optado por limitar la materia a través de las tarifas fijadas
por los colegios de abogados, en algunas ocasiones, por la supervisión de los
pactos de cuota litis o por los criterios rectores de origen
jurisprudencial.  Sin embargo, “aunque el problema de la fijación de
honorarios parece librado a la autonomía privada y, en ese sentido, irrelevante
en términos de derechos fundamentales, esta perspectiva se modifica cuando el
pacto entre personas deviene en objeto de investigación disciplinaria y puede
concluir con una sentencia como resultado de un proceso en el cual se deben
respetar todos los principios que prescribe en ese sentido la Constitución
Política”[49]
Es de anotar
que el Decreto Ley 196 de 1971[50] no señaló criterios
específicos para determinar los honorarios por parte de los abogados, sin
embargo la ley 1123 de 2007 estableció dentro de los deberes del abogado el
obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, por lo tanto en
desarrollo de dicho deber el abogado debe fijar sus honorarios con criterios equitativos,
justificados y proporcionales en relación al servicio prestado o de acuerdo
a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que
perciba dineros, cualquiera sea su concepto.[51] De igual manera se
indica que el abogado debe acordar con claridad los términos del mandato en lo
concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y la forma de pago.[52]
Con  estos
nuevos criterios, la misma ley estipuló como faltas de los abogados a la lealtad
con el cliente[53] el adquirir de
éste directamente o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a
título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos
profesionales; y como faltas a la honradez del abogado[54]
el acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente
del cliente, exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o
expensas irreales o ilícitas, no entregar a quien corresponda y a la menor
brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión
profesional, o demorar la comunicación de este recibo, no rendir, a la menor
brevedad posible, a quien corresponda, las cuentas o informes de la gestión o
manejo de los bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido
confiados por virtud del mandato, o con ocasión del mismo y no expedir recibos
donde consten los pagos de honorarios o de gastos.
19.  El
Consejo Superior de la Judicatura – como órgano competente para conocer en
segunda instancia de los procesos disciplinarios de los abogados- ha señalado,
en relación con la desproporción en la remuneración o beneficios obtenidos por
parte del abogado, que deben tenerse en cuenta 5 criterios a saber: (i) el
trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo,
(iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la capacidad
económica del cliente.[55]  Al respecto se señaló:
“Al decidir
sobre la desproporción como elemento configurativo de este tipo de falta
disciplinaria, se han de tener en cuenta, y se han tenido en cuenta siempre,
por la jurisprudencia y la doctrina, otras circunstancias como incidentes para
la definición de aquel (...). Y por eso, precisamente, las tarifas que expiden
los colegios de abogados, sobre honorarios profesionales, tampoco tienen como
solo elemento determinante de aquellos el trabajo en sí, sino los otros
señalados. (...) sabido es que la jurisprudencia siempre ha aceptado las
mencionadas tarifas como buena guía para definir si el cobro que se haya hecho
por algún abogado, en determinado asunto que se le imputa como desproporcionado
y por tanto ilícito, realmente lo fue o no”[56]
Esta
Corporación especificó en relación con el tema que “Cabe recordar que las
tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en
cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena
resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas
profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible
cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los
litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si,
siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son
elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados”[57]
En este orden de ideas, y acorde
por lo expresado por esta Corte, existe la posibilidad de que el legislador
dicte alguna norma particular en punto de tarifas profesionales,  que subsane
los vacios existentes en la materia.
El Caso Concreto.
Cargo de
Igualdad.  Aplicación del Test.
20.  La
jurisprudencia constitucional ha reconocido la complejidad que apareja la
naturaleza jurídica de la igualdad.  El derecho a la igualdad deviene del
concepto de dignidad humana, lo que trae consigo que todas las personas tienen
derecho a solicitar de las autoridades públicas el mismo trato y en ese orden
de ideas son merecedoras de la misma consideración.  El art. 13 constitucional
establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.  La misma norma señala que el Estado debe promover las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adopte medidas a favor de grupos
discriminados o marginados.  Además, el Estado debe proteger especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física y mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.
21.
Especialmente esta Corporación ha señalado que el derecho constitucional a la
igualdad apareja un trato igual relacionado con supuestos fácticos
equivalentes, siempre que no existan fundamentos suficientes para darles una
aplicación diferente y un mandato de tratamiento desigual que implica diferenciar
situaciones diferentes y otorgar un desarrollo disímil, siempre que esta
resulte razonable y proporcional a la luz de los principios y valores
constitucionales.[58]
Así las
cosas, la igualdad termina siendo un concepto relacional que impide aplicarse
de forma automática, lo que trae consigo  la atención igual a quienes se
encuentren en situaciones similares, y en forma desigual a los sujetos que se
hallen en situación diferente.[59]  Un primer parámetro
esbozado por esta Corte para identificar si se está en presencia de una
situación diferente es establecer un criterio de comparación o tertium
comparationis, donde se puede determinar si los hechos son iguales o no.[60]
Con el propósito de analizar si una disposición jurídica vulnera el principio
de igualdad, este Tribunal Constitucional ha diseñado un test o juicio de
igualdad, que pretende otorgar al mencionado análisis objetividad y
transparencia  en aras del estudio de constitucionalidad.
22.  Ahora
bien, en el presente caso el criterio de comparación presentado en la demanda
alude a la situación supuesta de desigualdad que se presenta entre los abogados
que apoderan a víctimas del conflicto armado interno respecto de los restantes
abogados que litigan en diferentes causas que no responden a representaciones
de las mencionadas víctimas.  En este orden de ideas, las normas citadas en la
presente providencia (supra 15 y ss) y en general el ordenamiento jurídico
colombiano, en momento alguno realiza una diferenciación de aquellas personas
que se dedican a la profesión del derecho en relación con el tipo de clientes
que apoderan o las materias a las cuales se dedican. Menos aún lo realiza la
Constitución Política.  Así las cosas, encuentra esta Corte que en principio el
ejercicio de la abogacía no comporta per se diferenciación alguna, al
interior de aquellas personas que ejercen la mencionada profesión.  En
consecuencia, el criterio de comparación mínimo exigido por esta Corporación
está  presente en la demanda, por cuanto el demandante plantea una duda razonable
de trato diferente, al establecer la norma acusada un límite en los honorarios
de aquellos abogados que representan víctimas del conflicto armado interno
respecto de los restantes abogados que apoderan otro tipo de personas.
Diferenciación que en principio no deviene de manera expresa ni directa de la
Constitución.
23.  No
obstante lo anterior, corresponde a esta Corte establecer si dicho trato
diferenciado respecto de los abogados que apoderan víctimas del conflicto armado
interno está respaldado en la propia Constitución, por ser proporcionado,
razonable y tener un objetivo constitucional.  Por ende, para dilucidar el
enunciado planteado, la Corte Constitucional hará uso del test de igualdad
estricto  por la siguiente razón: Si bien es cierto el demandante establece
como criterio de comparación la situación de los abogados de las víctimas del
conflicto armado interno (limitación de sus honorarios) con relación  a los
restantes profesionales del derecho que apoderan otro tipo de personas y que no
ven sus honorarios limitados sino por los criterios establecidos por la ley y
por los colegios de abogados, también es cierto que el demandante plantea que
al limitarse los honorarios de los apoderados de las personas ya especificadas
se ven altamente vulnerados los derechos de las víctimas del conflicto armado
interno.
Así las
cosas, considera esta Corporación que el supuesto planteado en la demanda
respecto de la posible vulneración del derecho de las víctimas trae consigo
aplicar un test de igualdad estricto, por cuanto en amplia jurisprudencia
constitucional (supra 7 y ss)  estas han sido catalogados como sujetos de
especial protección constitucional.  En este orden de ideas, en principio, se
requiere de este tipo de test por cuanto se estaría en presencia de un criterio
que genera sospecha al juez constitucional, por estar en juego los derechos de
las víctimas del conflicto armado interno.  Ciertamente, el demandante plantea
que al limitarse los honorarios a los abogados de las víctimas del conflicto
armado interno (en materia de tutela y en acciones contencioso administrativas)
se está produciendo un menoscabo a este tipo de víctimas por cuanto limita de
manera grave su acceso a la administración de justicia.  Aunque lo afirmado en
la demanda no es un parámetro de obligatorio seguimiento, si genera sospecha al
juez constitucional respecto de los derechos de las víctimas ya indicadas.  En
consecuencia, corresponde al juez constitucional verificar si en efecto la
vulneración planteada en la demanda se está o no presentando.
En este
orden de ideas, y en aplicación del test estricto de igualdad, debe el juez
constitucional determinar si la norma acusada realmente otorga un trato
diferente a las personas colocadas en situación similar, si ello en realidad
ocurre se debe analizar "(i) si la medida es o no "adecuada
", esto es, si ella constituye un medio idóneo para alcanzar un fin
constitucionalmente válido; luego (ii) examina si el trato diferente es o no
"necesario" o "indispensable ", para lo cual
debe el funcionario analizar si existe o no otra medida que sea menos
onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor
constitucional, y que tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia
el fin propuesto. ; (iii) finalmente el juez realiza un análisis de
"proporcionalidad en estricto sentido" para determinar si el trato
desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor
relevancia que los alcanzados con la medida diferencial".[61]
Debe igualmente la Corte “cerciorarse de que el fin perseguido por el
legislador sea legítimo, importante e imperioso; el medio adecuado,
efectivamente conducente y necesario, y la relación medio-fin adecuada,
efectivamente conducente y no susceptible de ser remplazada por otro medio
alternativo o menos lesivo.”[62]
24. El demandante manifiesta que
la norma acusada al señalar un tope en los honorarios de los abogados que
representan a las víctimas del conflicto armado interno, está creando una
desigualdad en relación con los restantes profesionales del derecho que
apoderan a otro tipo de personas y litigan en otro tipo de procesos, los cuales
no cuentan con la limitación establecida en la disposición demandada.  Se
agrega además que el tope en los honorarios referidos produce un grave
detrimento en los derechos de las víctimas ya indicada por cuanto se limita de
manera inmensa su posibilidad de acceso a la administración de justicia, al no
poder contar con abogados calificados y conocedores del tema.
La Corte observa que la norma
demandada  establece un tope a los honorarios de los abogados que representen
las víctimas del conflicto armado interno - exclusivamente en materia de tutela
y acciones contenciosa administrativas – dentro de todo el universo de
profesionales del derecho que litigan representando a otro tipo de personas y
en otro tipo de procesos.  Así entonces, dicha limitación en los honorarios
recae de manera exclusiva y excluyente en los abogados que apoderan víctimas ya
especificadas.  Situación que, en opinión del demandante, apareja de suyo la
violación del acceso a la justicia de las víctimas a representar.  Por
consiguiente, entrará la Corte a constatar si el tope en los honorarios establecido
para los abogados  en el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011-
diferenciado del restante universo de profesionales del derecho- responde a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la justifiquen
constitucionalmente. Y si dicha diferenciación va en menoscabo de los derechos
de las víctimas del conflicto armado interno.
25.  Adecuación de la medida.   Debe
la Corte verificar si la medida adoptada por el legislador es adecuada, quiere
esto decir si es un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente
legítimo, importante e imperioso.  La primera pregunta que surge es cual fue el
propósito del legislador al establecer un tope en los honorarios de los
abogados que representan a las víctimas del conflicto armado interno. Al
respecto se encuentra que la norma acusada hace parte de la ley 1448 de 2011, por
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas
del conflicto armado interno.  A su vez, el parágrafo 1° del artículo 44
hace parte del título sobre los derechos de las  víctimas  dentro de
los procesos judiciales.
Para esta Corporación, el fin
buscado con la medida-  es otorgar protección a las víctimas del conflicto
armado interno de los abusos de los abogados que las representen lo cual
encuentra un amplio respaldo constitucional.  En efecto, los derechos de las
víctimas tienen rango constitucional (supra 7), pero además en múltiple
jurisprudencia, esta Corporación ha indicado que las víctimas del conflicto
armado interno son sujetos de especial protección constitucional, razón por la
cual gozan de la deferencia especial de todas las autoridades, incluyendo al
Congreso de la República.
No obstante lo anterior, la
justificación constitucional no responde necesariamente a la pregunta
formulada, esto es, el porqué  establecer un tope en los honorarios de los
profesionales del derecho que defienden los intereses de las víctimas del
conflicto armado interno.  De los documentos allegados al expediente[63],
pareciera desprenderse que el legislador estableció, que las víctimas
mencionadas estaban siendo objeto de abusos por parte de abogados  que las representaban
los cuales, al parecer, se apropiaban del total de la indemnización recibida,
en otros casos no trasladaban a las víctimas el porcentaje que les
correspondía, en otros casos no informaban sobre las resultas del litigio y
menos aún sobre los dineros recibidos, en otros casos cobraban porcentajes
exagerados y por encima de los criterios señalados en esta providencia (supra
18 y 19) , entre muchas otras situaciones.
En este orden de ideas, el
legislador al dictar el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011,
hizo eco de la situación particular en que se encontraban las víctimas del
conflicto armado interno respecto de los abusos a que estaban siendo sometidas
por abogados que las representaban en los procesos de tutela y en las acciones
contencioso administrativas.  Reafirmando el Congreso de la República, como se
mencionó anteriormente, la legitimidad constitucional que la protección a las
víctimas implica para  todas las autoridades  públicas.
Así las cosas, la Corte encuentra
que la medida legislativa tomada y analizada en esta providencia, claramente
persigue un objetivo constitucional que no solo resulta legítimo, sino
igualmente importante e imperioso; lo anterior por cuanto es deber de todas las
autoridades del Estado velar por la protección de las víctimas del conflicto
armado interno, pero aún más debido a su situación de sujetos de especial
protección constitucional y a su manifiesta debilidad, lo que trae consigo un
quehacer mayor por parte del andamiaje estatal.
Igualmente la medida resulta idónea
por cuanto al establecer la norma acusada un tope en los honorarios de los
profesionales del derecho que apoderan a las víctimas del conflicto armado
interno, se evita de manera radical los abusos a los que han estado sometidas
las mencionadas víctimas en la relación cliente-apoderado.  Señalar unos topes
máximos para el cobro de honorarios permite que la víctima goce de la remuneración
o indemnización reconocida dentro de un proceso judicial por el daño que se le
ha causado. Se logra que los abogados se circunscriban a los beneficios legales
que la norma establece sin que se desborden dichos límites. Permite igualmente
que los abogados que apoderan este tipo de causas se vean constreñidos a
respetar la voluntad de la Constitución en la protección de este tipo de
víctimas y se garantiza los derechos de las víctimas que se ven realzados al
obtener una parte mayoritaria del porcentaje monetario reconocido
judicialmente.  En últimas, es a las víctimas a quienes concierne la
indemnización otorgada.  En este orden de ideas, la medida es idónea por cuanto
permite lograr el fin perseguido constitucionalmente, que no es otro que la
salvaguarda de los derechos de las víctimas ya referidas, respecto de los
abusos a que se han visto sometidas por parte de sus apoderados judiciales.
Así entonces, la medida
establecida en el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011 tiene
como propósito cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo, importante e
imperioso- como es la salvaguarda de los derechos de las víctimas del conflicto
armado interno, en su calidad de sujetos de especial protección constitucional
y de manifiesta debilidad- y además resulta idónea para lograr dicho propósito
por cuanto evita los abusos a los que las víctimas se habían visto sometidas;
por ende la Corte encuentra adecuada la medida señalada en los términos
de la jurisprudencia constitucional.
26. Necesidad de la medida.  Corresponde
a la Corte verificar si establecer que los apoderados que representen a las
víctimas del conflicto armado interno no pueden en ningún caso recibir, pactar
o acordar honorarios que superen los límites impuestos por la normas, para
acciones de tutela y acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa,
constituye un requisito indispensable para obtener el fin constitucional ya
analizado o si era posible acudir a otra medida menos gravosa para los derechos
de los abogados.  El demandante plantea como medidas alternativas al tope de
los honorarios de los abogados- impuesto por la norma acusada-, el
establecimiento de un techo legal para la cuota litis, la sanción disciplinaria
a los profesionales del derecho infractores, el fortalecimiento del amparo de
pobreza y una regularización parametrizada de los honorarios profesionales de
los abogados.
Al respecto encuentra la Corte
que las medidas alternativas propuestas no suplen la necesidad de la medida
legislativa tomada, para obtener el fin constitucional buscado – evitar el
abuso de los abogados que apoderan víctimas del conflicto armado interno-.
En efecto, (i) el establecimiento
de un techo legal para la cuota litis se constituiría en una medida diferente
pero similar a la establecida en la norma bajo estudio.  Ciertamente, el
señalamiento de un tope legal para la cuota litis podría evitar el abuso que
pretende la norma.  No obstante, dicha opción recae en la libertad de
configuración legislativa en este tipo de materias. El Constituyente de  1991
le otorgó al Congreso la potestad de establecer  medidas  concretas respecto de
la actividad profesional que se desarrolle, como la abogacía.   Así entonces,
es competencia del Congreso determinar los parámetros específicos para el
ejercicio de cualquier profesión u oficio, como lo es el asunto de la abogacía
(supra 16).  Por consiguiente, en este caso, el legislador no prefirió
establecer un límite a la cuota litis en los procesos que se vienen analizando,
sino que fruto de su libertad de configuración optó por señalar los límites a
los honorarios de base y no en la cuota litis.  Ambas decisiones serían
resultado de la facultad constitucional del Congreso.  Ello no implica que el
establecimiento del límite en la cuota litis supla la necesidad de la medida
tomada porque ambas cumplirían el mismo fin, esto es, evitar el abuso señalado.
En este orden de ideas, en aras de salvaguardar la facultad de configuración
del legislador, esta Corte respetando la mencionada potestad, entiende que fue
opción del legislador preferir  la medida bajo análisis y no el establecimiento
de un límite a la cuota litis, la cual claramente no reemplaza la necesidad de
la medida tomada por cuanto cualquiera de las dos cumpliría el mismo fin.
(ii) La sanción disciplinaria
ante abusos de profesionales del derecho, tampoco suple la necesidad de la
medida legislativa bajo estudio. La ley 1123 de 2007 estableció dentro de los
deberes del abogado el obrar con lealtad y honradez en sus relaciones
profesionales, por lo tanto, en desarrollo de dicha obligación este profesional
debe fijar sus honorarios con criterios equitativos, justificados y
proporcionales respecto al servicio prestado o de acuerdo con las normas
que se dicten para el efecto, y suscribir recibos cada vez que perciba dineros,
cualquiera sea su concepto. De igual manera, el profesional del derecho debe
acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los
costos, la contraprestación y la forma de pago.  La misma ley estipuló como
faltas de estos a la lealtad con el cliente el adquirir de éste
directamente o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título
distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales;
y como faltas a la honradez el acordar, exigir u obtener honorarios que
superen la participación correspondiente del cliente, exigir u obtener dinero o
cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas, no entregar a
quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos
recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de
este recibo, no rendir, a la mayor brevedad posible, a quien corresponda, las
cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda,
disposición o administración le hayan sido confiados por virtud del mandato, o
con ocasión del mismo y no expedir recibos donde consten los pagos de
honorarios o de gastos (supra 18).
Ahora bien, el establecimiento de
sanciones a los profesionales de derecho que cometan abusos en su relación con
el cliente, en este caso las víctimas del conflicto armado interno, se
constituyen en situaciones jurídicas que se presentan posteriores al abuso
cometido.  En efecto, los procesos disciplinarios contra los abogados por las
faltas que ellos cometan en su relación con el cliente son hechos ulteriores al
abuso cometido y más aún cuando no existen- en reglas generales- límites en
honorarios en la generalidad de procesos judiciales.   La situación jurídica de
las víctimas del conflicto armado interno es diferente, acorde con  la
Constitución, como ya se ha explicado.  Precisamente, la medida tomada por el
legislador opta por proteger - de manera preventiva y no posterior- a las
víctimas señaladas.  El establecimiento de topes específicos en los honorarios
a los abogados pretende que tanto estos como las víctimas conozcan de manera
previa cuales son los parámetros a seguir en materia de honorarios.  Situación
diferente plantean las simples sanciones –que son posteriores- y están guidas
por criterios de equidad, justicia y proporcionalidad, que por ser conceptos
amplios no permiten a las víctimas del conflicto armado interno conocer el
derecho que les asiste en su relación con los profesionales del derecho.  Por
consiguiente, las sanciones a los abogados tampoco suplen la necesidad de la
medida legislativa tomada por cuanto no evitan a priori el abuso que se
pretende evitar.
(iii) El fortalecimiento del
amparo de pobreza y (iv) la regularización de parámetros en los honorarios de
los abogados, son medidas que pueden ir complementadas con la norma legislativa
analizada, pero que no suplantan la necesidad del tope de honorarios para
evitar los abusos.  Ciertamente, el fortalecimiento del amparo de pobreza
radica en las víctimas la posibilidad de contar con abogados que las
representen, pero en sí mismo no garantiza la inexistencia de abusos por parte de
estos.  Por su parte, el señalamiento de límites generales a los honorarios de
los abogados, termina siendo facultad del Congreso de la República en su
libertad de configuración legislativa, y en ese sentido ya quedaron atrás
expuestos los argumentos (supra 16).
Ahora bien, otras medidas que
podrían pensarse como alternativas a la tomada por  el legislador, consisten en
establecer un registro de abogados que representen a las víctimas o determinar
el manejo de las indemnizaciones en cabeza de la Defensoría del Pueblo, de
manera similar a  como lo establece la ley 472 de 1998[64].
La primera de ellas en momento alguno suplanta la necesidad de la disposición
tomada; un registro de profesionales del derecho dedicado a representar a los
mencionados sujetos de especial protección constitucional no evita por sí misma
que estos cometan abusos en relación con los honorarios a cobrar.  Simplemente
permite identificar – de manera posterior- cual o cuales abogados fueron los
que incurrieron en la arbitrariedad.  La segunda, parte de un supuesto errado.
Ciertamente, la ley 472 de 1998 señala que existirá un fondo para la defensa de
los derechos e intereses colectivos, el cual será manejado por la Defensoría
del Pueblo.[65]  Por tal razón,
corresponde a dicha entidad manejar el monto de las indemnizaciones de las
acciones populares y de grupo a las cuales hubiere renunciado expresamente el
beneficiario.[66]  En este orden de ideas,
trasladar el mencionado concepto a las indemnizaciones obtenidas por las
víctimas del conflicto armado interno, implica que se parta de la base que los
beneficiarios hubieren renunciado expresamente a su derecho.  Muy por el
contrario, lo que ha requerido el legislador a través del parágrafo 1° del art.
44 de la ley 1448 de 2011, es que la víctima como sujeto de manifiesta
debilidad, pueda disponer y gozar, en un alto porcentaje, del resarcimiento a
que ha tenido derecho.  En este orden de ideas, la referida medida alternativa
tampoco reemplaza la necesidad de la norma acusada.
En  consecuencia,  concluye la
Sala que el establecimiento de límites a los honorarios de los abogados que
apoderen víctimas del conflicto armado interno en procesos de tutela y en
procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, sí  constituye  una
medida necesaria para evitar los abusos a que han estado sometidas este tipo de
víctimas por parte de los abogados, por cuanto ninguna otra medida podría
sustituir el efecto que esta tendría en prevenir este tipo de actos
atentatorios contra los derechos de esa población manifiestamente débil.
Cualquier otra medida, además de ser posterior al abuso, traería el riesgo de
que la víctima no conociera el límite impuesto a los profesionales de la
abogacía ni el derecho que pueden exigir respecto de estos.
27.  Proporcionalidad en
sentido estricto.  En este acápite examinará la Corte si la norma acusada
es estrictamente proporcionada, es decir si sacrifica valores y principios
constitucionales que tengan más relevancia que los beneficios constitucionales
alcanzados con la medida.
Así las cosas, esta Corte
encuentra que la medida legislativa tomada a través del parágrafo 1° del
artículo 44 de la ley 1448 de 2011 es proporcional y razonable a la luz de la
Constitución por las siguientes razones:
27.1.  Afirma el demandante que
la norma aludida violenta – además del derecho a la igualdad- los derechos de
los abogados de las víctimas del conflicto armado interno, al limitar de forma
grave la libertad contractual, la libertad de escoger profesión u oficio y el
derecho al trabajo.  Al respecto se encuentra que (i) la libertad contractual
en momento alguno se encuentra menoscabada en su núcleo esencial; lo que
pretende la norma analizada es relativizar constitucionalmente dicha libertad,
con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto
armado interno.  En efecto, esta Corporación ha afirmado que  la autonomía de
la voluntad privada se manifiesta en la existencia de la libertad contractual
pero sujeta a especiales restricciones cuando están en juego derechos
fundamentales, se trata de servicios públicos, una de las partes ocupa una
posición dominante o los acuerdos versan sobre prácticas restrictivas de la
competencia; cuando se entiende que el ejercicio de la voluntad y la libertad
contractual persigue no sólo el interés particular sino también el interés
público o bienestar común; en estos casos corresponde al Estado intervenir para
controlar la producción de efectos jurídicos o económicos, con el propósito de
evitar abusos de los derechos.  Así entonces, el papel del juez consiste en
velar por la efectiva protección de los derechos de las partes, sin atender
exclusivamente la intención de los contratantes.[67]
En este orden de ideas, los
límites impuestos por la norma a la libertad contractual encuentran
justificación suficiente en la jurisprudencia constitucional, por cuanto como
se esbozó atrás, dicha limitante pretende la salvaguarda de un interés
particular a favor de sujetos de especial protección constitucional y
manifiesta debilidad, como lo son las víctimas del conflicto armado interno.
Además, una de las razones para limitar la libertad contractual es evitar el
abuso en los derechos, razón principal buscada por el legislador en la norma en
comento.  Por consiguiente, el Congreso de la República pretendió velar por la
protección de los derechos de una de las partes- en este caso las víctimas
referidas- sin necesariamente atender de manera absoluta los derechos de la
otra parte- los abogados apoderados de las víctimas aludidas.
(ii) Con relación a la
vulneración supuesta de la libertad de escoger profesión u oficio, no encuentra
este Tribunal sustento para dicha afirmación, debido a que la norma analizada
en momento alguno está impidiendo que las personas opten por elegir como
profesión el derecho.  La disposición jurídica acá evaluada en momento alguno
imposibilita que cualquier persona decida ejercer la profesión de abogado  u
optar por ser profesional del derecho; simplemente limita el monto de los
honorarios  en  beneficio de los derechos de las víctimas.  Cosa diferente es
que la norma evitara a cualquier persona escoger convertirse en abogado,
situación que no se presenta como se viene afirmando.   La libertad de escoger
profesión u oficio implica, entre otras, la posibilidad de decidir que labor se
quiere desarrollar; por ende la disposición demandada no impide ni constriñe la
posibilidad de que cualquier persona decida dedicarse al ejercicio profesional
del derecho.
(iii) Respecto de la posible
vulneración del derecho al trabajo, tampoco halla esta Corte que se encuentre
violentado.  La norma acusada no restringe ni limita el ejercicio del derecho
al trabajo de los abogados, más aún cuando se ciñe simplemente a un tipo
especial de procesos- acciones de tutela y acciones ante la jurisdicción
contencioso administrativa- y a un grupo exclusivo y protegido
constitucionalmente de clientes, como lo son las víctimas del conflicto armado
interno.   Por consiguiente, en el evento de que un profesional del derecho no
considere adecuado ajustarse a los lineamientos en honorarios fijados por el parágrafo
1° del art. 44 de la ley 1448 de 2011, puede elegir ejercer su profesión en los
variados procesos diferentes a los acá mencionados- procesos civiles, penales,
laborales, de familia, etc- y con otro tipo de clientes disímiles a las
víctimas del conflicto armado interno.  Inclusive apoderando a estas últimas,
siempre y cuando los intereses a defender    no necesiten hacerlo a través de
procesos de acciones de tutela o acciones ante la jurisdicción contencioso
administrativa.   En consecuencia, la norma bajo examen no menoscaba ni vulnera
el derecho al trabajo de los profesionales del derecho, simplemente establece
que aquellos abogados que decidan apoderar a las víctimas del conflicto armado
interno- como resultado de su decisión voluntaria- deberán someterse a los
parámetros señalados en la disposición jurídica tantas veces mencionada.
Es de agregar, como lo manifiesta
un interviniente, que en Colombia no existen abogados adscritos en su ejercicio
profesional a una determinada jurisdicción,  no existe en realidad una
categoría denominada de “abogado de tutela” o “abogado de procesos contenciosos
administrativos”, respecto de los cuales la norma estaría otorgando un trato
desigual e inconstitucional.  Así las cosas, la disposición jurídica no está
creando un trato discriminado respecto de un grupo específico de abogados.  En
otras palabras, la norma no está creando una diferenciación entre abogados –con
relación al ejercicio de la profesión- sino que está estableciendo unos
específicos parámetros en honorarios con base en el proceso que se lleve y el
cliente que se represente.
Debe recordar la
Sala que los abogados cumplen una especial función en un Estado Social de
Derecho, deben colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento
del ordenamiento jurídico y en la realización de una recta y cumplida
administración de justicia. Deben defender en justicia los derechos de la
sociedad y de los particulares,  observar la Constitución y la ley, defender y
promocionar los derechos humanos, colaborar en la realización de la justicia y
los fines del Estado, prevenir litigios “innecesarios, innocuos o
fraudulentos”, facilitar mecanismos de solución alternativa de conflictos y
abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias (supra 15). Deberes estos que
justifican la limitación impuesta por la norma analizada.
27.2.  Señala igualmente el
demandante, que los derechos de las víctimas del conflicto armado interno se
ven menoscabados por la disposición jurídica acusada, en esencia,  por cuanto
se limita de manera grave su derecho al acceso a la administración de
justicia   debido a que no podrían contar con una oferta suficiente de
profesionales del derecho que les permita acudir a la administración de
justicia, para que el Estado les repare los daños causados.  Se indica también
que  la aplicación del parágrafo acusado afectaría seriamente los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, al imponerse
obstáculos para que puedan contar con abogados que los representen en procesos
contencioso administrativos contra el Estado; teniendo en cuenta que los
mencionados límites reducen al mínimo la posibilidad  que los abogados se
puedan interesar en impulsar este tipo de procesos. Afirma, se recortaría el
derecho a la justicia, porque las víctimas no podrían acudir a la
administración judicial para que les proteja los derechos conculcados.
Contrario a lo manifestado en la
demanda, la norma analizada no restringe el derecho de acceso a la justicia por
parte de las víctimas del conflicto armado interno.  Las víctimas continúan
gozando de manera plena, de la posibilidad de reclamar sus derechos ante el
aparato judicial; en momento alguno la disposición restringe este evento. Estos
especiales sujetos de protección constitucional continúan con la posibilidad de
contratar abogados que defiendan sus intereses tanto en los procesos de tutela
como en los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En
momento alguno la norma establece un obstáculo para que las víctimas del
conflicto armado interno acudan ante la justicia a defender sus derechos.  La
posibilidad de acceso a la administración de justicia está suficientemente
garantizada.
Cosa diferente es que, ante la
posibilidad de contratar abogados para que defiendan sus intereses, las
víctimas del conflicto armado interno cuentan con la posibilidad de conocer que
existen unos límites en los honorarios de aquellos profesionales del derecho
que defiendan sus derechos.  A la inversa de lo manifestado en la demanda, las
personas que han sufrido menoscabo en sus derechos como resultado del conflicto
armado, y ante el conocimiento de la norma, pueden evitar los abusos que la
norma pretende. En otras palabras, es en este evento que los derechos de las
víctimas se encuentran ampliamente resguardados con la medida legislativa.  La
oferta de abogados para defender los derechos de las víctimas continúa
incólume, la diferencia radica en que estos abogados deben someterse a los nuevos
parámetros de honorarios indicados por la disposición jurídica en comento.
Dentro de la misma lógica, como lo afirma un interviniente, no cabe suponer que
todo abogado que asume la defensa de la víctima persigue necesariamente
enriquecerse con la causa.  Como la acción de tutela no está creada para
solicitar indemnizaciones, es claro que no cabría imaginar una reducción
significativa de los abogados dispuestos a litigar en el caso.  En los procesos
contencioso administrativos tampoco cabría esperar la reducción de abogados por
causa de la limitación de los honorarios, por cuanto la norma no impide el
cobro de la misma cifra por procesos distintos de diferentes víctimas que no
puedan acumularse por estar basados en causas diferentes.
Es de agregar
que la misma ley 1448 de 2011[68], prevé una carga
especial en cabeza de la Defensoría del Pueblo, con el propósito de prestar
servicios de orientación, asesoría y representación judicial a las víctimas
mencionadas, por tal razón, el Defensor del Pueblo debe efectuar los ajuste o
modificaciones que sean necesarios para adecuar su capacidad institucional en
el cumplimiento de este mandato legal.  Igualmente la Defensoría del Pueblo,
debe prestar los servicios de representación judicial a las víctimas que lo
soliciten mediante el sistema nacional de defensoría pública.  Para lo
anterior, está en la obligación de designar representantes judiciales que se
dediquen exclusivamente a la asistencia judicial de las víctimas a través de un
programa especial que cumpla tal cometido, incorporando criterios de asesoría
diferenciales y un componente de asistencia para las mujeres víctimas.
Lo precedente
garantiza la representación de las víctimas del conflicto armado interno ante
los jueces de la República.
28.  En consecuencia, esta Corte
encuentra que el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011 es
proporcional y razonable a la luz de la Constitución. Aunque en aras de
discusión se podría aceptar que la norma establece un límite  respecto de la
libertad contractual de los abogados que apoderan víctimas del conflicto armado
interno en relación con el universo de abogados que se dedican a otro tipo de
procesos y con otro tipo de clientes; lo cierto es que dicha restricción
encuentra justificación constitucional en los fines – también provenientes de la
Carta – en cabeza de sujetos de especial protección y de manifiesta debilidad,
como los son las víctimas del conflicto armado interno. Esto es, prevenir y
evitar que éstas sufran de abusos por parte de los abogados en el manejo de los
honorarios.
Ratifica dicha proporcionalidad
el hecho que la misma ley 1448 de 2011, señala que regirá a partir de su
promulgación teniendo una vigencia de diez (10) años[69].
La anterior circunstancia permite aseverar que  la limitante ya mencionada no
es absoluta en el tiempo, sino que por el contrario tiene una vigencia
específica.
29. En este orden de ideas, esta
Corte declarará exequible el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de
2011, por los cargos analizados.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE  el parágrafo 1° del artículo
44 de la ley 1448 de 2011, por los cargos analizados.
Segundo.  Declararse INHIBIDA
para emitir un pronunciamiento de fondo, respecto del cargo de falta de unidad
de materia, por las razones expuestas.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
Con
salvamento de voto
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
ADRIANA
MARÍA GUILLÉN ARANGO
Magistrada
(E)
Con
salvamento de voto
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento de voto
LUIS
CARLOS MARIN PULGARIN
Secretario
Ad-Hoc
SALVAMENTO  DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-609/12
Referencia:
Expediente D-8928
Demanda de
inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 44 de la Ley 1448 de
2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones”
Magistrado
Ponente:
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Con el debido respeto por las
decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto a la
presente sentencia, en la cual se resolvió declarar exequible el parágrafo 1º
del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, por los cargos analizados. Las razones
de mi disenso se basan en los siguientes argumentos:
1. En esta
ocasión se demanda la expresión que contiene el límite al monto de honorarios a
cobrar a las víctimas del conflicto armado interno cuando interpongan acción de
tutela o acudan a la justicia contenciosa administrativa para una reparación o
indemnización por el daño sufrido, por ser violatoria del derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 C.P.
2. La
presente decisión analiza (i) los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación; (ii) la profesión de abogado y la libertad de
configuración del Legislador para regular el ejercicio de esa profesión; (iii)
para con base en ello concluir que la norma es constitucional. Lo anterior, se
fundamenta en que (i) el límite que prevé la disposición se fijó para la
protección y garantía de los derechos de las víctimas; (ii) el Legislador puede
entrar a regular la materia, esto es, el límite de los honorarios que se puedan
pactar; y (iii) la norma no vulnera ni el derecho al trabajo, ni la libertad de
escoger profesión u oficio, sino que se trata de una medida razonable y
proporcional, que cumple con el test de razonabilidad y proporcionalidad, ya
que (a) tiene una finalidad constitucional asociada a la protección de los
derechos de las víctimas; (b) es una medida adecuada e idónea para la
consecución de dicho fin; (c) es una medida necesaria para garantizar la
finalidad constitucional de protección de los derechos de las víctimas; y (d)
es proporcional en sentido estricto, ya que no afecta de manera grave otros
derechos, específicamente los derechos de los abogados en cuanto a que no
restringe la posibilidad de ejercer libremente su profesión.  Con fundamento en
todo lo anterior, en este pronunciamiento se concluye que la norma no viola el
derecho a la igualdad y se declara por tanto su exequibilidad.
3. Si bien el
suscrito Magistrado comparte parcialmente los argumentos que constituyen la ratio
decidendi de este fallo, en cuanto pueden esgrimirse buenas razones para defender
que la norma puede entenderse e interpretarse como una medida orientada a la protección
de los derechos de las víctimas, encuentro que existe mayor peso argumentativo
en la interpretación normativa según la cual, esta medida adolece de serias
objeciones desde el punto de vista constitucional. Lo anterior, ya que si bien
la disposición acusada pone un límite a los honorarios de los abogados, en
forma de cuantía máxima, con la finalidad de frenar el posible abuso por parte
de abogados inescrupulosos a la hora de pactar los honorarios como
contraprestación por la labor de reivindicar judicialmente los derechos
asociados a la reparación de las víctimas, y en consecuencia puede entenderse
que propende por la garantía del goce efectivo de este derecho, tanto por la
vía administrativa como por la vía judicial; considero que este precepto antes
que proteger los derechos de las víctimas a la reparación, puede terminar
entorpeciendo y obstaculizando el ejercicio efectivo de sus derechos
fundamentales y la debida e idónea representación judicial que se requiere para
ello, ya que constituye el típico caso en que el exceso de protección termina
generando desprotección.
Así las
cosas, a juicio de este Magistrado la presente decisión no valoró debida y
suficientemente los posibles efectos perversos que puede generar la norma al
disponer un límite máximo al monto de honorarios a cobrar a las víctimas del
conflicto armado interno cuando interpongan acción de tutela o acudan a la
justicia contenciosa administrativa para una reparación o indemnización por el
daño sufrido, sobretodo cuando se trata de la defensa y representación judicial
en procesos contencioso administrativos, en los cuales es indispensable la
presencia de un abogado cualificado. Esto se pone en evidencia, ya que la
medida puede implicar un efecto negativo en cuanto a la posibilidad de
representación judicial idónea, adecuada y de calidad de las víctimas en estos complejos
procesos, debido a la precariedad de la tasa máxima que se fija para los
honorarios de los abogados, lo cual termina vulnerando, antes que protegiendo,
los derechos de las víctimas.
Por
consiguiente, considero que la decisión correcta que se debió adoptar en este
caso era una inexequibilidad parcial de la norma acusada, en lo que se refiere
al monto de honorarios para las actuaciones ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.
Con
fundamento en lo expuesto salvo mi voto a la presente decisión.
Fecha ut supra.
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
A LA SENTENCIA
C-609/12
LIMITE A
HONORARIOS DE ABOGADOS QUE REPRESENTEN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
EN MATERIA DE TUTELA Y ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Constituye una
medida innecesaria, inconducente y desproporcionada (Salvamento de voto)/LIMITE
A HONORARIOS DE APODERADOS QUE REPRESENTEN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO-Afecta el derecho de las víctimas al acceso efectivo a la
administración de justicia (Salvamento de voto)
La medida prevista en el
parágrafo 1º del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011 no solo no resultaba
efectivamente conducente e innecesaria, sino desproporcionada, al afectar el
derecho de las víctimas al acceso a la administración de justicia, al impedirles
contar con apoderados con la experiencia y la idoneidad profesional y moral
necesarias para representar sus intereses, especialmente en la jurisdicción
contencioso administrativa.
JUICIO DE
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD-Inadecuada aplicación en norma que limita
honorarios de abogados que representen a víctimas del conflicto armado
(Salvamento de voto)
En mi opinión, hubo un
desacierto en la aplicación del juicio de razonabilidad y proporcionalidad,
como quiera que al examinar si una medida que restringe derechos es necesaria,
se evalúa que no exista otro medio o medios alternativos que resulten menos
lesivos de tales derechos, y en el presente caso, si existían otros medios
menos lesivos para asegurar una asesoría adecuada a las víctimas y evitar el
abuso de abogados corruptos, terminando por convalidar una fórmula que debilitó las posibilidades de la víctima que acude a la
justicia para buscar la reparación integral por el daño sufrido y creó un
beneficio manifiestamente desproporcionado a favor del Estado o de los
victimarios.
Referencia: expediente D-8928
Demanda
contra el parágrafo 1º del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones.”
Magistrado
Ponente:
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Con el acostumbrado respeto, a
continuación expongo las razones que me llevaron a salvar el voto en la
presente sentencia. La posición mayoritaria de la cual me aparto, compartió los
argumentos que condujeron a la declaratoria de exequibilidad del parágrafo 1°
del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011. Al respecto se consideró
que el establecimiento de un valor máximo como límite a los honorarios de los
abogados que apoderan a las víctimas del conflicto armado interno en procesos
de tutela y en procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa
constituía una medida adecuada para evitar los abusos a que han sido sometidas
por parte de abogados inescrupulosos. Igualmente se sostuvo que tal medida era
necesaria ya que ninguna otra opción podría sustituir el efecto que esta
tendría en prevenir este tipo de actos atentatorios contra los derechos de esa
población manifiestamente débil.
En mi opinión, la medida no solo
no resultaba efectivamente conducente e innecesaria, sino desproporcionada, al afectar el derecho de las víctimas al acceso efectivo a la
administración de justicia. Lejos de evitar abusos por parte de abogados
inescrupulosos, tal medida no detiene la corrupción pero sí puede dejar
desprotegidos los derechos de las víctimas al impedirles contar con apoderados
con la experiencia y la idoneidad profesional y moral necesarias para
representar sus intereses, especialmente ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
Si bien la finalidad de otorgar a
las víctimas del conflicto armado interno protección frente a abusos, dada su
debilidad manifiesta, es un fin legítimo e importante, existía también un fin
imperioso que debía ser sopesado: el de garantizar a las víctimas el acceso
efectivo a la justicia, el cual no puede ser sometido a restricciones como las
que propone la norma. En mi opinión, la fórmula escogida por el legislador
impuso un límite desproporcionado a las víctimas para acceder efectivamente a
la justicia.
No obstante el fin legítimo e
importante buscado por la disposición, la debilidad manifiesta de las víctimas
se acentúa cuando el Estado desestimula de manera irrazonable que las víctimas
acudan a procedimientos judiciales en donde su derecho a la reparación integral
pueda ser garantizado de mejor manera. El supuesto de la norma es por lo menos
incongruente, al presumir que sólo los abogados que cobran honorarios por
encima del techo fijado en la disposición son proclives a abusar de las
víctimas, mientras que los que acepten unos honorarios dentro del tope, lo son
menos o más garantistas. Por ello considero que el medio escogido no resultaba
adecuado ni efectivamente conducente para evitar abusos.
La disposición parte, a mi juicio
de una premisa falsa: que la corrupción de los abogados aumenta a medida que
cobran más y disminuye cuando cobran menos. Si el objetivo de la norma era
prevenir el abuso de las víctimas, la forma como fue diseñada no las hace menos
vulnerables. Incluso, resultaba más adecuado reforzar la vigilancia
disciplinaria de los abogados o establecer controles preventivos sobre quienes
apoderan a las víctimas. Como tal límite no se impone al victimario o al
Estado, cuando éste es responsable, por ejemplo, por falla en el deber de
protección, la medida resulta adecuada para que el Estado o el victimario
tengan mejores instrumentos para defenderse y no deban pagar sumas cuantiosas
cuando sean condenados.
Durante el debate de la norma en
el Congreso se citó como ejemplo del abuso que se pretendía corregir, el caso
de miles de víctimas de desplazamiento forzado que eran engañadas por abogados
inescrupulosos para obtener la reparación administrativa prevista en el Decreto
1290 de 2008 o la entrega de ayuda humanitaria de emergencia y quienes a pesar
de saber que no requerían de apoderados para solicitar las ayudas, ante la
situación desesperada que enfrentaban preferían entregar el 50% o más de lo que
pudieran recibir, que esperar indefinidamente la respuesta estatal. Esta
situación que continúan enfrentando miles de víctimas de desplazamiento fue
corregida en algunas zonas mediante la provisión de servicios de asesoría
jurídica gratuita y la judicialización de los abogados corruptos.
En términos de protección, la
norma parece dirigirse a un fin distinto al de  garantizar los derechos de los
más débiles, en cuanto establece este límite pero sólo a los honorarios de los
apoderados de las víctimas cuando éstas “voluntariamente” decidan apartarse del
procedimiento previsto en la Ley 1448 de 2011 y acudan a la acción de tutela o
a la acción contencioso administrativa para solicitar la reparación o la
indemnización por el daño sufrido.
Insisto en que el establecimiento
de un tope fijo y bajo para remunerar a los apoderados de las víctimas, limita
el tipo, la experiencia y calidad de abogados que podrán contratar las víctimas
y en esa medida, sus intereses no necesariamente estarán mejor protegidos. A
pesar de la diferencia de honorarios que prevé la norma entre procesos de
tutela y contencioso administrativos, tal tope no tiene en cuenta
necesariamente la dificultad de los procesos, la duración de los mismos, la
labor que debe realizar el abogado, la complejidad del asunto, el monto o la
cuantía en litigio o la capacidad económica del cliente. La norma establece en
realidad un desincentivo para que las víctimas que pueden demostrar un daño
objetivo superior al monto de reparación contenida en la disposición, acudan a
otros procedimientos judiciales para buscar la reparación integral por el daño
sufrido y se queden dentro del proceso administrativo previsto por la Ley 1448
de 2011.
En mi opinión, existían otros
medios menos lesivos para asegurar una asesoría adecuada a las víctimas y
evitar el abuso de abogados corruptos. En la demanda se proponían como medios
alternativos, el establecimiento de un tope porcentual a la cuota litis; el
incremento de los servicios de abogados de oficio; la ampliación del amparo de
pobreza y el mejoramiento de los mecanismos disciplinarios y penales contra los
abusos de abogados. Frente a tales propuestas, la posición mayoritaria
consideró que ninguna de las alternativas propuestas suplía la necesidad de la
medida. Tal conclusión parte de un desacierto en la aplicación del juicio de
razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que al examinar si una medida que
restringe derechos es necesaria, se evalúa que no exista otro medio o medios
alternativos que resulten menos lesivos de tales derechos, no que tales medios
alternativos hagan desaparecer la necesidad de la medida.
Si se examina solo una de las
alternativas propuestas como menos gravosas, por ejemplo, el establecimiento de
un tope porcentual a la cuota litis, era posible concluir que el medio escogido
por el legislador no era necesario. A pesar de que tanto la fórmula elegida por
el legislador como la alternativa de fijar límites a la cuota litis, buscan
restringir el cobro de honorarios onerosos y asegurar que los abogados cumplan
con su función social y cobren con criterios equitativos, justificados y
proporcionales, resultaba menos oneroso en términos de garantía de los derechos
de las víctimas el establecimiento del límite porcentual, pues tal criterio
tenía en cuenta la complejidad del asunto y hubiera permitido a quienes no se
sintieran reparados integralmente bajo los supuestos de la Ley 1448 de 2011,
contratar abogados con la experiencia y seriedad necesarias para enfrentar las
complejidades de un proceso contencioso administrativo. La posición mayoritaria
concluyó que tal alternativa confirmaba que la finalidad perseguida por la
norma era legítima.
Tal razonamiento en mi opinión
resulta equivocado y terminó por convalidar una fórmula que debilitó las posibilidades de la víctima que acude a la justicia
para buscar la reparación integral por el daño sufrido y creó un beneficio
manifiestamente desproporcionado a favor del Estado o de los victimarios.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
[1] Ver en este sentido la sentencia C-1052 de 2001, reiterada
en varias sentencias, ente ellas la C-831 de 2002,C-170 de 2004 , C-504 de
2005, C-1084 de 2008.
[2] Sentencia C-1052 de 2001.
[3] Art. 2 C.P.
[4] Art. 1 C.P.
[5] Art. 229 C.P.
[6] Sentencia C- 936 de 2010.
[7] Sentencia C-802 de 2002 Corte Constitucional.
[8] Art.1 Ley 975 de 2005.
[9] Art. 5 ibidem.
[10] Sentencia C-370 de 2006 Corte Constitucional.
[11] Ibídem.
[12] Capítulo VIII
[13] Art. 37 ley 975 de 2005.
[14] Sentencia C-575 de 2006 Corte Constitucional “'en el entendido
que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de
la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las
víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren
condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a
las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron”
[15] Sentencia C- 370 de 2006 Corte Constitucional “'en el entendido que conforme al artículo 30 de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con la exequibilidad condicionada de esa norma declarada
mediante la sentencia C- 228 de 2002, la víctima o los perjudicados pueden
acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los
derechos a la verdad, justicia y reparación'.
[16] Art. 1.  Ley 1448 de 2011.
[17] Art. 3. Ibídem.
[18] Art. 3 Ley 1448 de 2011  “PARÁGRAFO 1o.
Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del
presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la
que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la
misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición
señaladas en la presente ley.
PARÁGRAFO
2o. Los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o
adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen
de la ley siendo menores de edad.
Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge,
compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas
directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente
artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros
de dichos grupos.
PARÁGRAFO
3o. Para los
efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán
considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como
consecuencia de actos de delincuencia común.
PARÁGRAFO
4o. Las
personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de
1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las
garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del
conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.
PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima contemplada en el presente
artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno
de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que
hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente
ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos
Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o)
común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y
funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores
criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la
presente ley. “
[19] Art. 28 ley 1448 de 2011.
[20] Ley 975
[21] Art. 35 ley 1448 de 2011.
[22] Art. 36.  Ibidem
[23] Art. 37, Ibidem
[24] Art. 39 Ibidem.
[25] Art. 40 Ibidem.
[26] Art. 41 Ibidem.
[27] Sentencia C-370 de 2006
[28] Sentencia T-045 de 2010
[29] Se pueden observar entre otras las sentencias T-025 de 2004,
T-045 de 2010, T-1094 de 2007, entre otras.
[30] Sentencia T-1094 de 2007.
[31] En relación con el concepto de víctima y la jurisprudencia
constitucional al respecto se pueden consultar las Sentencias C-052 de 2012,
C-771 de 2011, C-936 de 2010, C-1199 de 2008, C-228 de 2008, C-370 de 2006 y la Sentencia C-456 de 2006, entre otras.
[32] Sentencia T-1134 de 2008.
[33] Sentencia C- 936 de 2010.
[34] Art. 26 C.P. “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio.
La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones,
artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo
aquellas que impliquen un riesgo social.
Las
profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La
ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.
[35] Art.
1 Decreto 196 de 1971.  Conc. Art. 112  ley 1123 de 2007
[36] Art. 2 Decreto 196 de 1971.
[37] Arts. 1, 2, 6, 13 y 16 de la ley 1123 de 2007.
[38] Al respecto se pueden observar las siguientes Sentencias C-060 de 1994, C-393 de 2006  y C-884 de 2007.
[39] Sentencia T-969 de 2009.
[40] Se pueden observar  las Sentencias C-196
de 1999, C-393 de 2006  y  C-884 de 2007.
[41] Sentencia C-398 de 2011.
[42] Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1993. También pueden
consultarse, entre muchas otras, las Sentencias T-408 de 1992, T-610 de 1992,
C-540 de 1993, C-377 de 1994, C-619 de 1996, C-505 de 2001 y C-1213 de 2001.
[43] Corte Constitucional, Sentencia C-002 de 1993.
[44] Sentencia C-002 de 1993.
[45] Cfr. Sentencia C-212 de 2007 y Sentencia C-190 de 1996.
[46] Art. 28 ley 1123 de 2007
[47] Sentencia C-819 de 2010.
[48] Al respecto se pueden ver las Sentencias C-398 de 2011,
C-098 de 2003, C-1053 de 2001, C-087 de 1998 y C-077 de 1999.
[49] Sentencia T-1143 de 2003
[50] Se hace referencia  al Decreto de 1971 debido a que de la lectura
del artículo 112 de la ley 1123 de 2007 , que establece la vigencia y
derogatorias , se determina  que se deroga en lo pertinente el Decreto
196 de 1971.  Art. 112 Ley 1123 de 2007.   VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El
presente código entrará a regir cuatro (4) meses después de su promulgación y
deroga en lo pertinente el Decreto 196 de 1971, el artículo 13 del Decreto 1137
de 1971, la Ley 20 de 1972, y demás normas que le sean contrarias
[51] Art. 28  ley 1123 de 2007.
[52] Ibídem.
[53] Art. 34, ley 1123 de 2007.
[54] Art. 35, ley 1123 de 2007.
[55] Sentencia T-1143 de 2003.
[56] Régimen Disciplinario de los Abogados, normas y
jurisprudencia. Publicación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Director Leovigildo Andrade, Tomo I. Santafé de Bogotá 1998-1999, pág. 146.
[57] Sentencia T-1143 de 2003
[58] Al respecto se pueden observar las Sentencias C-431 de 2010,
C-643 de 2011,  C-748 de 2009, C-106 de 2004; entre otras.
[59] Ibidem.
[60] Ibidem
[61] Sentencia C-663 de 2009. Se pueden observar igualmente las
Sentencias C-093 de 2001 y la C-673 de 2001.
[62] Ibidem.
[63] Folios 211 a 284 del expediente.  Entre otros: “Mafia de
abogados tramita ayudas para desplazados y luego se quedan con el 20 y hasta el
100% de ellas” El Tiempo, 5 de abril 2009; “Aviones ofrecen ayuda a
desplazados” Revista Semana Noviembre 9 de 2008; “ Abogados engañan a víctimas
del Conflicto armado denuncia Ministerio de Justicia” WRadio.com.co febrero 21
de 2012; “Víctimas de la toma a las Delicias denuncian abusos de los abogados”
El Espectador.com.co Octubre 14 de 2011; “Piden Reglamentar la ley de víctimas
para que abogados no reciban dineros de los beneficiados” Caracol Radio, Junio
12 de 2011; “Avivatos están buscando provecho de la ley de víctimas” El Tiempo
Septiembre 8 de 2011; “Mafias de Abogados están tras millonarias demandas de
desplazados, dice el Gobierno” Caracol Radio Junio de 2010;  “Denuncian Cartel
de Abogados,” El periódico.com.co Febrero 23 de 2012; “Cazadores de Fortunas”
Revista Dinero Agosto 5 de 2011; “Abogados engañan a víctimas con prácticas
inescrupulosas” El Nuevo Siglo Septiembre 19 de 2011; “ Investigan a abogados
que estarían tras manipulación de ley de víctimas” El Espectador Septiembre 19
de 2011; “Denuncian excesos de abogados de víctimas de toma de las Delicias”
Noticiero la FM, Octubre 14 de 2011; “Abogados pretendían apropiarse de
indemnizaciones de afectados de masacre de las Delicias” RCN Radio Octubre 14
de 2011; “Denuncian que abogados cobran el 60 por ciento en indemnización por
toma de las Delicias” Noticias RCN, Octubre de 2011; “Quien dijo víctimas” El
Tiempo Febrero 27 de 2012.
[64] Art. 70 ley 472 de 1998.
[65] Art. 72 ley 472 de 1998
[66] Literal  C. Art. 70 ley 472 de 1998.
[67] Sentencia C-186 de 2011.  Al respecto se pueden observar también
las sentencias C-254 de 1995 y la Sentencia T- 1001 de 2000, entre otras.
[68] Ley 1448 de 2011 ARTÍCULO
43. ASISTENCIA JUDICIAL. La Defensoría del Pueblo prestará los servicios de
orientación, asesoría y representación judicial a las víctimas a que se refiere
la presente ley. Para tal efecto, el Defensor del Pueblo efectuará los ajustes
o modificaciones que sean necesarios para adecuar su capacidad institucional en
el cumplimiento de este mandato.
PARÁGRAFO
1o. El Defensor del Pueblo, en el término de seis (6) meses, reorganizará la
estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo con el fin de garantizar el
cumplimiento de las funciones asignadas en la presente ley.
PARÁGRAFO
2o. La Defensoría del Pueblo prestará los servicios de representación judicial
a las víctimas que lo soliciten mediante el Sistema Nacional de Defensoría
Pública. Para ello, designará representantes judiciales que se dedicarán
exclusivamente a la asistencia judicial de las víctimas a través de un programa
especial que cumpla tal cometido, incorporando criterios de asesoría
diferenciales y un componente de asistencia para mujeres víctimas.
[69] Ley 1448 de
2011, art. 208.  ARTÍCULO 208.
VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y
tendrá una vigencia de diez (10) años, y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias, en particular los artículos 50,51,52 y 53 de la Ley 975 de 2005