C-263-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-263/02
CONCORDATO-Finalidad/LIQUIDACION OBLIGATORIA DEL
PATRIMONIO-Finalidad
PROCESO CONCURSAL-Igual estructura conceptual
Los procesos
concursales, ya sean acuerdos de pago o liquidaciones patrimoniales participan
de una misma estructura conceptual, así se destinen a la conservación y
recuperación de la empresa o a la satisfacción ordenada del crédito por cuanto
i) son asuntos de interés general, ii) convocan a todos los acreedores, iii)
vinculan la totalidad de los bienes del deudor, y iv) han de dejar zanjadas las
diferencias surgidas entre el deudor y sus acreedores, a causa del
incumplimiento del primero.
PROCESO CONCURSAL-Objetivos inmediatos difieren
Los objetivos
inmediatos de los procesos en mención difieren, como quiera que el concordato
pretende la reestructuración del pasivo del deudor, con miras a que éste pueda
reactivar su actividad productiva, en tanto la liquidación obligatoria procede
cuando tal reactivación no es posible a fin de lograr la satisfacción ordenada
del crédito.
PROCESO CONCURSAL-Apertura modifica relaciones obligacionales
La apertura del
trámite concordatario modifica las relaciones obligacionales entre el deudor y
el resto de sus acreedores, habida cuenta que en tanto se negocia el acuerdo y
ejecuta lo convenido, uno y otros están obligados a proceder del modo y de la
forma acordada sin considerar las condiciones crediticias inicialmente pactadas
en aras de lograr una solución que incluya todas las acreencias insatisfechas.
En consecuencia las ejecuciones individuales en curso se suspenden, y la
iniciación de las pendientes se aplaza.  No obstante puede acontecer que el
deudor y sus acreedores no lleguen a un acuerdo, dentro del término previsto
para tal fin, o puede suceder que el acuerdo logrado no se cumpla. Y también
puede ocurrir que el proceso liquidatorio culmine sin satisfacer la totalidad
del pasivo a cargo del deudor.
PROCESO CONCURSAL-Ejecución individual del deudor y alegación de la
prescripción extintiva una vez finalizado
PROCESO CONCURSAL-Acciones ejecutivas individuales contra el deudor una vez
finalizado
PROCESO CONCURSAL-Acciones legales contra el deudor persona natural ante
créditos insolutos
PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA-Ejecución individual de acreencias no
satisfechas y alegación de prescripción extintiva como excepción de mérito
PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA-Solicitud
PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA-Terminación y acciones legales ante saldos
insolutos
PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA-Satisfacción ordenada de acreencias
PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA-Exigibilidad de obligaciones no satisfechas
PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA-Advenimiento de la prescripción ante culminación
Culminado el
proceso liquidatorio, y por tanto desaparecida la causa que dio origen a la
interrupción de la prescripción, al acreedor insatisfecho le corresponde tener
presente el advenimiento de la prescripción, y al deudor estar atento a la
ejecución emprendida por fuera del término legal, para oponerse a ella, como se
lo permite el artículo 360 del estatuto procesal.
PROCESO CONCURSAL-Deudor, persona natural, no demanda
atención preferente
El deudor, por su
condición de persona natural, no está incluido entre las personas que per se
tienen derecho a demandar una atención preferente en los términos del artículo
13 constitucional, como quiera que las crisis económicas no generan minusvalía,
y por afrontar una situación transitoria o definitiva de insolvencia los
deudores no están expuestos a ser naturalmente discriminados, así el trámite
concordatario -no obstante haberse erigido como un instrumento de reactivación
del deudor- no logre su cometido, y el activo inventariado no fuere suficiente
para atender el pasivo relacionado.
PROCESO CONCURSAL-Beneficio de competencias de personas
naturales de deudores insolventes
PROCESO CONCURSAL-Beneficios de deudores insolventes
PROCESO DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA-Extinción
de la personalidad jurídica de persona moral frente a la permanencia de persona
natural
PROCESO DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA-Satisfacción
total de acreencias insolutas por personas naturales no excluye a socios de
personas morales
PROCESO CONCURSAL-Cumplimiento de obligaciones por persona
natural o jurídica
PROCESO CONCURSAL-Sistema de recolectores de datos
PROCESO CONCURSAL-Inexistencia de disposición de remisión de
acreencias del acreedor en pro de rehabilitación del deudor
CONCORDATO-Suspensión de exigibilidad de obligaciones
PROCESO CONCURSAL-Exclusión a favor del deudor de vivienda
familiar, patrimonio de manutención y beneficio de competencia
PROCESO CONCURSAL-No extensión de término de prescripción
para acciones penales, civiles y administrativas
Referencia: expediente D-3697
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 90, 92, 93, 94, 97, 100, 102, 103, 106, 111, 120, 124, 133, 135, 143,
148, 199, 209, 219, 222 y 225 de la Ley 222 de 1995.
Actor: Mario Jinete
Manjarrés
Magistrado
Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá
D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil dos (2002).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Mario Jinete Manjarrés
demandó los artículos 90, 92, 93, 94, 97, 100, 102, 103, 106, 111, 120, 124,
133, 135, 143, 148, 199, 209, 219, 222 y 225 de la Ley 222 de 1995, “por la
cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen
de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.”
Mediante
auto de 7 de septiembre del 2001 el Magistrado Sustanciador admitió la demanda
en relación con los artículos 124 y 222 antes relacionados, ordenó fijarla en
lista, dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación
para que rindiera el concepto de su competencia, ordenó comunicar su iniciación
al señor Presidente de la República y al Presidente del Congreso, así como
también a los Ministros de Justicia y del Derecho a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia y a la Superintendencia de Sociedades, a fin de que de estimarlo
oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.
No
obstante el libelo debió inadmitirse en relación con los artículos 90, 92, 93, 94, 97, 100, 102, 103, 106,
111, 120, 133, 135, 143, 148, 199, 209, 219, y 225 de la Ley 222 de 1995, porque el presentado, respecto de estas disposiciones, no
satisfacía las exigencias de los numerales 1 y 3 del artículo 2° del Decreto
2067 de 1999 y, para efectos de su corrección, en cumplimiento de lo previsto
en la misma disposición, se le concedió al actor el término de tres días.
Según
informe de la Secretaría General, visible a folio 14 del expediente, el
demandante guardó silencio, razón por la cual el Magistrado Sustanciador debió
rechazar la demanda respecto de los artículos antes relacionados, en cumplimiento de lo previsto en el inciso
segundo del artículo 6° del decreto en mención.
En
consecuencia, cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos, y
previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a
decidir sobre la inconstitucionalidad de los artículos 124 y 222 de la Ley 222
de 1995.
II.    NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de las
disposiciones acusadas conforme a su publicación en el Diario Oficial número
42.156 del 20 de diciembre de 1995 y se subraya lo demandado:
“LEY 222 de 1995
(20 de diciembre)
por la cual se modifica el Libro II del Código
del Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan
otras disposiciones
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Titulo II
REGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES
CAPITULO II
Del Concordato
SECCION VII
Presentación de
créditos
Artículo 124. ACREEDORES EXTEMPORANEOS. Los acreedores con o sin garantía real que no
concurran oportunamente, no podrán participar en las audiencias y para hacer
efectivos sus créditos sólo podrán perseguir los bienes que le queden al deudor
una vez cumplido el concordato. O cuando éste se incumpla, se declare terminado
y se inicie el trámite de liquidación obligatoria, salvo que en audiencia
preliminar o final, sean admitidos de conformidad con lo previsto en ésta Ley.
CAPITULO V
Trámite ante Juez
Artículo 222. CREDITOS INSOLUTOS. Concluida la liquidación, los acreedores con saldos
insolutos podrán promover contra el deudor persona natural las acciones legales
a que haya lugar, para obtener la satisfacción de sus créditos, sobre los
bienes que posteriormente adquiera o que figuren a su nombre.”
III.    LA
DEMANDA
Considera el
actor que los artículos 124 y 222 de la Ley 222 de 1995 quebrantan los artículos
13, 15, 25, 28, 29 y 53 de la Constitución Política.
Inicialmente
recuerda que el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 derogó el Título XXVIII del
Código de Procedimiento Civil que regulaba el Concurso de Acreedores sujetando
el pago de las obligaciones insolutas de los deudores personas naturales al
mismo trámite al que se somete la solución de las acreencias adquiridas por las
personas jurídicas en estado de insolvencia.
Aduce que las
disposiciones demandadas quebrantan los artículos 13 y 15 de la Constitución
Política, porque sancionan al deudor persona natural con la imprescriptibilidad
de las obligaciones favoreciendo al acreedor que compareció extemporáneamente,
o simplemente no concurrió al proceso concordatario, como quiera que se le
permite perseguir indefinidamente los bienes del deudor, cuando lo que debe
ocurrir es que el término de prescripción de las obligaciones que quedan por
fuera del acuerdo concordatario se limite a tres años, contados a partir de la
iniciación del proceso, por ser éste el término de prescripción de la acción
cambiaria y de las acciones laborales.
Solicita a esta
Corte tener en cuenta i) que “docenas de entidades financieras en
liquidación” no comparecen a los concordatos promovidos por sus deudores “porque
son ineficientes o los consideran insignificantes”, ii) que “(..) millones
de colombianos son víctimas de agiotistas y usureros (..)” y iii) que “(..)
centenares de miles de colombianos deudores de las entidades financieras en
liquidación aparecen reportados en los bancos de datos” sin que puedan
acordar con sus acreedores una fórmula de pago.
Aduce no
entender porqué se autoriza a los acreedores la persecución de los bienes del
deudor una vez finalizado el proceso concordatario, siendo éste de “fuero
superior”.
Así las cosas,
pretende que en aplicación de los derechos a la igualdad, debido proceso, y
trabajo, y por razones de seguridad jurídica, los artículos 124 y 222 de la Ley
222 de 1995, sean declarados inexequibles.
A su vez plantea la
posibilidad de que las disposiciones que demanda permanezcan en el ordenamiento
bajo el entendimiento de que las acciones de los acreedores contra el
patrimonio del deudor que estuvo incurso en un proceso concursal se limiten en
el tiempo, y que las garantías que aseguran el cumplimiento de las obligaciones
a cargo del mismo se cancelen de pleno derecho al advenimiento de la
prescripción, como ocurre con las obligaciones insolutas a cargo de las
personas jurídicas, habida cuenta que en uno y en otro caso la insolvencia del
deudor pudo ser comprobada.
Finalmente aduce que
el deudor persona natural afectado por la presión de sus acreedores se
encuentra en estado de debilidad manifiesta y requiere de la protección
constitucional para lograr un acuerdo concordatario que le permita mantener su
actividad laboral, velar por su familia, y proteger su patrimonio.
IV.
INTERVENCIONES
1.      Superintendencia
de Sociedades
El ciudadano
Francisco Javier Córdoba Acosta interviene a nombre de la Superintendencia de
Sociedades para solicitar que las disposiciones demandadas sean declaradas
conformes al ordenamiento constitucional, por las siguientes consideraciones:
Pone de presente
que el artículo 124 de la Ley 222 de 1995 no prevé la imprescriptibilidad de
las obligaciones a cargo del deudor concordatario, sino que regula la ejecución
de las mismas una vez finalizado el concordato, porque el proceso concordatario
no puede ser utilizado por el deudor para incumplir sus obligaciones, como
tampoco para desconocer los derechos de los acreedores ausentes.
Asegura que,
por razón del fuero de atracción y en cierta manera para beneficiar al deudor
admitido en concordato, la iniciación del proceso suspende las ejecuciones en
contra del deudor e interrumpe el término de prescripción de las acciones
relativas a obligaciones hechas exigibles antes de la iniciación del
concordato, con el objeto de que todas las situaciones generadas por su estado
de insolvencia se resuelvan ante el mismo juez, y dentro del mismo asunto, con
la comparecencia universal de los acreedores.
Aclara que
dicha interrupción es necesaria, porque, de no ser así, cuando se logre y
ejecute el acuerdo las acciones habrían prescrito. Y que el deudor no queda
indefinidamente vinculado a las obligaciones, toda vez que una vez concluido el
trámite concordatario el término ordinario de prescripción de las acciones se
restablece.
Advierte que
“(..) el fuero superior característico del concordato no es ajeno a la
garantía constitucional del debido proceso (..)” y que tal garantía, tanto
en las actuaciones judiciales como administrativas, se cumple necesariamente.
Aduce que el
artículo 222 de la Ley 222 no quebranta el derecho a la igualdad, porque las
diferencias que el actor anota se originan en la naturaleza misma de los
deudores admitidos en concordato, de manera que culminada su liquidación la
personalidad jurídica se extingue, sin que la liquidación universal del patrimonio
de los deudores personas naturales, pueda tener tal alcance.
Considera que
la norma atacada no vulnera el derecho constitucional al trabajo del deudor
persona natural, toda vez que la liquidación afecta su situación patrimonial
tan sólo por un tiempo previamente determinado.
Para
finalizar su
intervención recuerda que la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de
Tutela 7691 de 1999 M. P. José Fernando Ramírez Gómez, aclaró que todo deudor,
sea o no comerciante, puede ser admitido en concordato “pues la calidad de
comerciante solo tiene relevancia para efectos de determinar la competencia,
más no para calificar el sujeto del proceso concursal”.
Por las
anteriores consideraciones solicita declarar constitucionales las normas
demandadas.
2.     Ministerio de Justicia y del Derecho
El ciudadano
José Camilo Guzmán Santos intervino en el asunto de la referencia para
solicitar a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho la
constitucionalidad de las normas acusadas, por las razones que a continuación
se sintetizan.
De antemano
advierte que la Ley 222 de 1995 estableció un solo trámite para los procesos
concursales, de los cuales el concordato se erige como un instrumento destinado
a garantizar la supervivencia de las empresas en crisis, y el concurso
liquidatorio como una herramienta indispensable para la satisfacción ordenada
de las obligaciones, cuando la recuperación empresarial no es posible.
Aclara que el
artículo 124 de la Ley 222 no quebranta los derechos constitucionales del
deudor concordatario, sino que sanciona al acreedor que no compareció al
proceso o lo hizo extemporáneamente, disponiendo que éste sólo podrá perseguir
los bienes que le queden al deudor, una vez cumplido el concordato o concluida
la liquidación obligatoria.
Disiente del
actor en cuanto a la vinculación indefinida del deudor concordatario al pago de
las obligaciones insolutas, como quiera que si bien es cierto que la caducidad
no opera y la prescripción se interrumpe desde la apertura del proceso, también
lo es que los términos para que una y otra se causen se restablecen una vez
concluido el concordato.
Estima que el
artículo 222 demandado no sanciona al deudor concordatario, sino que garantiza
el acceso a la justicia de los acreedores con obligaciones pendientes de pago o
saldos insolutos, previsión que garantiza la realización de un orden justo, por
cuanto los acreedores tienen derecho a demandar la satisfacción total de sus
acreencias.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Señor
Procurador General de la Nación, mediante concepto número 2720 recibido el 16
de noviembre de 2001 en la Secretaría de la Corte Constitucional, solicita a
esta Corporación i) declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la
constitucionalidad de los artículos 90, 92, 93, 97, 103, 106, 111, 120, 133,
143, 148, 149, 209, y 225 de la Ley 222 de 1995 por ineptitud sustancial de la
demanda, ii) estarse a lo resuelto en la sentencia C-233 de 1997 que declaró
exequible el artículo 93 de la Ley 222 de 1995, iii) declarar exequible el
artículo 219 de la misma normatividad “bajo el entendido que las
inhabilidades son imponibles en los casos de concurso liquidatorio y en
cualquiera de los eventos que se compruebe mala fe en el comportamiento del
deudor.”, iv) declarar exequibles los artículos 124 y 222 de la Ley 222 de
1995, “bajo el entendido que la obligación no haya prescrito u operado el
fenómeno de la caducidad, en los términos previstos en el artículo 235 ibídem y
1527 del Código Civil”, y v) declarar exequible el artículo 135 de la Ley
222 de 1995, “bajo el entendido que se reconozcan y respeten los derechos
fundamentales de las personas.”.
En razón de
que la demanda fue admitida únicamente respecto de los artículos 124 y 222 de
la Ley 222 de 1995 –como quedó dicho-, la Corte se limitará a sintetizar el
aparte de la Vista Fiscal relativo a éstas dos disposiciones.
El
representante del Ministerio Público señala que los dos mecanismos establecidos
en la Ley 222 de 1995, uno destinado a la recuperación de las empresas en
dificultades, y el otro a la protección del crédito tienen gran repercusión
social, como quiera que la empresa es generadora de empleo y riqueza y, a su
vez, deudora de diferentes sectores de la economía.
Se detiene en
el estudio de los sujetos concordatarios, como también de los presupuestos y
requisitos del acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, para
concluir que los deudores personas naturales, comerciantes y no comerciantes,
están legitimados para solicitar su admisión a trámite concordatario.
Considera que
no le asiste razón al actor al demandar la inconstitucionalidad de los
artículos 124 y 222 de la Ley 222, porque sancionan al deudor conminándolo a
responder por las obligaciones que no fueron satisfechas, como quiera que el
artículo 235 de la misma normatividad “establece un término prescriptivo (5
años) ”, a partir del cual las obligaciones insolutas se convierten en naturales
–artículo 1527.2 C.C.-, es decir no pueden ser exigidas judicialmente.
Aclara,
además, que “(..) los acreedores extemporáneos como los denomina el
legislador, tienen oportunidad de concurrir al proceso concursal en el término
y las condiciones anotadas, siempre y cuando el concurso liquidatorio no
termine dejando créditos insolutos, pues en esta última situación deberá
estarse a lo dispuesto en el artículo (sic) 199 y 222 con las
especificidades o salvedades indicadas, tiempo durante el cual el acreedor
puede perseguir los bienes que llegare a adquirir el deudor o que aparezcan a
su nombre, sobre los cuales podrán recaer las medidas cautelares consagradas en
la legislación civil.”.
VI.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, porque las normas
demandadas están contenidas en una ley de la República, la 222 de 1995.
2.      Materia
sujeta a examen
Corresponde a la
Corte definir si los artículos 124 y 222 de la Ley 222 de 1995 quebrantan los
artículos 13, 15, 25, 28, 29 y 53 de la Constitución Política, como quiera que
el actor aduce que sancionan al deudor concordatario persona natural
conminándolo indefinidamente al pago de las obligaciones que no pudieron
satisfacerse dentro del proceso concursal, i) quebrantando su derecho a ser
tratado con igualdad frente a la ley y a ser favorecido por razón de su
debilidad manifiesta, ii) estableciendo una pena irredimible, y iii)
desconociendo su derecho a reiniciar una actividad productiva.
El Procurador
General de la Nación solicita a la Corte condicionar la permanencia de las normas
demandadas “bajo el entendido que la obligación no haya prescrito u operado
el fenómeno de la caducidad, en los términos previstos en el artículo 235
ibídem y 1527 del Código Civil”, en tanto los demás intervinientes aducen
que las disposiciones deben ser declaradas exequibles pura y simplemente, en
razón de que la prescripción de las acciones que el deudor reclama se encuentra
prevista en el ordenamiento, y la diferencia de trato que el mismo considera
discriminatoria, se justifica debidamente.
La Corte deberá
definir, previamente, si por haber sido admitido el deudor persona natural en
concordato preventivo, o por haber culminado la ejecución colectiva de su
patrimonio, las obligaciones insolutas a su cargo no prescriben, a efecto de
determinar si los cargos que el actor plantea por vulneración de los artículos
28 y 29 del ordenamiento superior se fundamentan en errores de interpretación,
como lo anotan los intervinientes, para luego estudiar la procedencia de los
cargos por la vulneración de los artículos 13, 15, 25 y 53 de la Constitución.
3.      El
ordenamiento cuenta con previsiones que le permiten al deudor alegar las
prescripciones que el actor echa de menos
La Ley 222 de 1995
modificó los procesos concursales, de manera que por expresa disposición del
artículo 242 de la aludida normatividad los procedimientos concursales quedaron
reducidos al concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor
–que busca la reestructuración del pasivo, a fin de preservar la empresa como
unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo-, y a la
liquidación obligatoria del patrimonio del deudor insolvente –para la
protección adecuada del crédito-.
Desaparecieron,
entonces, los concordatos potestativo y obligatorio, al igual que la quiebra y
el concurso de acreedores, que preveían un acuerdo que permitiera el
restablecimiento del deudor o la ejecución universal de su patrimonio, según su
condición de comerciante o no comerciante respectivamente.
El artículo 91 de la
ley en cita señala los supuestos requeridos para que el deudor sea admitido en
concordato o en liquidación obligatoria, esto es i) que se encuentre en graves
y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de “las mencionadas
obligaciones” (sic), o ii) que se tema razonablemente que pueda llegar a
dicha situación[1].
De manera que las
graves y serias dificultades en la atención oportuna del crédito facultan tanto
al deudor como a sus acreedores para solicitar la apertura del trámite
concordatario, o la liquidación obligatoria de su patrimonio, pretensiones que
pueden ser negadas por la Superintendencia de Sociedades, o por el juez civil
del circuito especializado u ordinario del domicilio principal del deudor
encargados de adelantar su trámite según el caso[2] –artículos 90, 213 y 214 Ley 222 de
1995-
Ahora bien, los
procesos concursales, ya sean acuerdos de pago o liquidaciones patrimoniales
participan de una misma estructura conceptual, así se destinen a la conservación
y recuperación de la empresa o a la satisfacción ordenada del crédito por
cuanto i) son asuntos de interés general, ii) convocan a todos los acreedores,
iii) vinculan la totalidad de los bienes del deudor, y iv) han de dejar
zanjadas las diferencias surgidas entre el deudor y sus acreedores, a causa del
incumplimiento del primero[3].
No obstante los
objetivos inmediatos de los procesos en mención difieren, como quiera que el
concordato pretende la reestructuración del pasivo del deudor, con miras a que
éste pueda reactivar su actividad productiva, en tanto la liquidación
obligatoria procede cuando tal reactivación no es posible a fin de lograr la
satisfacción ordenada del crédito.
De ese modo la
apertura del trámite concordatario modifica las relaciones obligacionales entre
el deudor y el resto de sus acreedores, habida cuenta que en tanto se negocia
el acuerdo y ejecuta lo convenido, uno y otros están obligados a proceder del
modo y de la forma acordada sin considerar las condiciones crediticias
inicialmente pactadas en aras de lograr una solución que incluya todas las
acreencias insatisfechas. En consecuencia las ejecuciones individuales en curso
se suspenden, y la iniciación de las pendientes se aplaza.
No obstante puede
acontecer que el deudor y sus acreedores no lleguen a un acuerdo, dentro del
término previsto para tal fin, o puede suceder que el acuerdo logrado no se
cumpla. Y también puede ocurrir que el proceso liquidatorio culmine sin
satisfacer la totalidad del pasivo a cargo del deudor[4].
3.1. El artículo
124 de la Ley 222 de 1995 restablece el derecho de los acreedores a ejecutar
individualmente al deudor, sin desconocerle a éste la posibilidad de alegar en
su favor la prescripción extintiva de las acciones en curso
No todos los
acreedores de quien está incurso en un trámite concordatario concurren al
llamado del juez del concurso, y no todos acuden oportunamente, como quiera
que, en ejercicio de sus libertades contractual y económica, y en razón de que
les asiste el derecho a disponer libremente de su patrimonio -artículos 16, 58,
332 y 333 C.P.-, algunos de los convocados bien pueden optar por aguardar la terminación
del proceso concordatario para hacer efectivas sus acreencias mediante
ejecuciones individuales, sin quitas ni esperas –artículo 129.3 Ley 222-.
De otro lado, aunque
la finalidad inmediata del acuerdo hace referencia a la reestructuración del pasivo
del deudor y la mediata a la conservación de la empresa preservando su
patrimonio de la liquidación obligatoria, es posible que estos propósitos no se
logren, porque en la consecución de un convenio colectivo interfieren una serie
de intereses particulares que pueden no acoger las propuestas dilatorias y
remisorias del deudor, en especial cuando éste no logra convencerlos de que sus
sacrificios redundaran en la conservación y reactivación de la empresa.
Por ello el artículo
124 de la Ley 222 de 1995, una vez finalizado el concordato, restituye al
deudor concursado a la misma situación en que se encontraba antes de la
apertura del trámite concordatario, determinando que los acreedores ausentes o
extemporáneos podrán promover acciones ejecutivas individuales en su contra,
para la persecución universal de sus bienes, como prenda general de sus
acreedores –artículo 2488 C.C.-.
En consecuencia al
acreedor que resuelve no involucrarse en la reactivación económica de su deudor
asume la contingencia de que su acreencia quede insoluta, y de que las
seguridades pactadas se cancelen o reformen sin su intervención –artículos 138
y 145 idem-.
De ahí que
finalizado el concordato los acreedores que no concurrieron a la convocatoria,
aquellos que lo hicieron por fuera de término, y quienes no obtuvieron la
satisfacción de sus acreencias conforme a lo acordado, puedan perseguir los
bienes presentes del deudor, o aguardar por los futuros, como quiera que la
terminación del trámite concursal permite continuar las ejecuciones
individuales que por razón de su iniciación debieron suspenderse, e instaurar
las acciones que por la misma causa no pudieron iniciarse.
Posibilidad que de
inmediato restablece el computo para que opere la prescripción liberatoria[5], como se
deduce del artículo 102 de la Ley 222[6],
porque el acreedor no puede ser sancionado por la demora en la ejecución de la
obligación, cuando es la misma ley la que le está impidiendo hacerlo, pero si
puede ser compelido a actuar tan pronto como desaparece tal impedimento[7].
3.2 El artículo
222 de la Ley 222 de 1995 prevé la ejecución individual de las acreencias no
satisfechas en el proceso de liquidación obligatoria, y el artículo 306 del
Código de Procedimiento Civil permite alegar la prescripción extintiva de las
acciones emprendidas, como excepción de mérito
La liquidación
obligatoria puede ser solicitada por el deudor, o por el acreedor que ha
iniciado un proceso ejecutivo -cuando los bienes embargados no son suficientes
para atender el pago de la obligación demandada, salvo que el demandado hubiere
prestado caución-. Y para el efecto tanto el juez -que conoce del proceso
ejecutivo, de la oferta de cesión de bienes o acumulación de demandas o
procesos, en los que los bienes embargados resulten insuficientes para atender
las obligaciones-, como la Superintendencia de Sociedades, pueden proceder de
oficio
De otro lado,
culminado el proceso liquidatorio por el pago del pasivo externo e interno,
siempre que hubiese sido iniciado ante el juez[8], “los acreedores con saldos
insolutos podrán promover contra el deudor persona natural las acciones legales
a que haya lugar para obtener la satisfacción de sus créditos, sobre los bienes
que posteriormente adquiera o que figuren a su nombre.” –artículo 222 Ley
222-.
En tanto, sin perjuicio de los créditos
insolutos, por haberse agotado los bienes que conformaron el patrimonio a
liquidar, incluyendo el producto de las acciones de reintegración del
patrimonio, la Superintendencia de Sociedades declarará terminado el trámite y
ordenará archivar el expediente[9].
No huelga anotar
que, en todos los casos –ya sea que el trámite se adelante ante la
Superintendencia o ante el juez- el proceso liquidatorio se erige como un
instrumento para procurar la satisfacción ordenada de las acreencias a cargo
del deudor incurso en una situación anormal y generalizada de incumplimiento,
en aplicación del principio de la par conditio creditorum, y no como un
modo de extinguir las obligaciones.
De suerte que las
obligaciones que el liquidador no logra satisfacer continúan siendo exigibles
y, en consecuencia, deben ser cubiertas por el deudor persona natural,
directamente, y por los asociados, cooperados, socios o accionistas[10], según la
responsabilidad asumida por éstos en la conformación del ente social[11], su
responsabilidad en el resultado[12]
y la naturaleza de las obligaciones pendientes de satisfacer -artículos 573,
793, 794 y 798 E.T., artículo 36 C.S.T. artículos 206 y 207 Ley 222-[13].
Ahora bien, nada
dice el artículo 222 de la Ley 222 de 1995 en estudio sobre los efectos que
causa la apertura del proceso de liquidación en el conteo de la prescripción de
las acciones que podrían emprender los acreedores para ejecutar individualmente
sus acreencias, una vez culminado tal proceso, no obstante el artículo 102 del
mismo ordenamiento, aunque referido al trámite concordatario, se refiere al
asunto. En consecuencia, dada su naturaleza es procedente deferir a esta
disposición para el restablecimiento del conteo que el actor hecha de menos.
De ese modo,
culminado el proceso liquidatorio, y por tanto desaparecida la causa que dio
origen a la interrupción de la prescripción, al acreedor insatisfecho le
corresponde tener presente el advenimiento de la prescripción, y al deudor
estar atento a la ejecución emprendida por fuera del término legal, para
oponerse a ella, como se lo permite el artículo 360 del estatuto procesal.
4. Análisis de
los cargos. Los artículos 124 y 222 de la Ley 222 de 1995, no quebrantan los
artículos 28, 29, 13, 15, 25 y 53, de la Constitución Política
4.1. Dilucidado que
las acciones que pueden intentar los acreedores para la satisfacción de las
obligaciones insolutas del deudor, están sujetas a prescripción extintiva, sin
perjuicio de las interrupciones previstas en el artículo 102 de la Ley 222,
procede concluir que el cargo por violación de los artículos 28 y 29
constitucionales no puede prosperar, porque si bien los artículos demandados no
establecen el término prescriptivo que el actor reclama, éste se puede deducir
de la disposición primeramente nombrada, sin que los artículos 124 y 222 de la
Ley 222 de 1995 impidan su aplicación.
En consecuencia,
concluidos tanto el concordato como la liquidación obligatoria, si bien los
acreedores pueden demandar el pago de las obligaciones insolutas, la
prescripción de las acciones puede operar, y de ser propuesta y probada deberá
ser declarada –artículo 2531 C.C.-.
4.2. De antemano, se
ha de indicar que, el deudor, por su condición de persona natural, no está
incluido entre las personas que per se tienen derecho a demandar una
atención preferente en los términos del artículo 13 constitucional, como quiera
que las crisis económicas no generan minusvalía, y por afrontar una situación
transitoria o definitiva de insolvencia los deudores no están expuestos a ser
naturalmente discriminados, así el trámite concordatario -no obstante haberse
erigido como un instrumento de reactivación del deudor- no logre su cometido, y
el activo inventariado no fuere suficiente para atender el pasivo relacionado.
Como quiera que el
concordato persigue mantener en la actividad productiva a los deudores, siempre
que éstos se encuentren en condiciones de garantizar a los acreedores, que
concurren a su llamado, la satisfacción razonable de sus créditos, y la
liquidación obligatoria fue diseñada para la atención adecuada del crédito. Uno
y otro procedimiento sin considerar las condiciones personales y familiares del
deudor insolvente.
No obstante el
artículo 1684 del Código Civil concede a las personas naturales el beneficio de
competencia, que los acreedores están obligados a acatar cuando es invocado,
entre otros casos cuando el deudor hizo cesión de bienes, y está siendo
perseguido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión en los
que adquirió después, con miras a que el obligado pueda conservar los bienes
indispensables para su “modesta subsistencia, según su clase y
circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejore su fortuna” –artículos
1684 y 1985 C.C.-.
De tal suerte que si
bien los procesos concursales no son instrumentos apropiados para proteger la
vivienda, y para procurar el sustento personal y familiar de los deudores
insolventes, el ordenamiento tiene previstos otros mecanismos para que los
asociados alcancen tal protección, entre los que se cuentan, además del
beneficio ya enunciado, la conformación del patrimonio de familia inembargable,
la afectación a vivienda familiar y la separación patrimonial, erigidos para
preservar el inmueble destinado a vivienda familiar de la acción de los
acreedores, y para sustraer la manutención del empresario y de su familia de
las contingencias que depara el tráfico mercantil -Leyes 70 de 1931, 258 de
1996, 222 de 1995[14].
De ese modo,
corresponde al deudor-empresario utilizar oportuna y debidamente las
herramientas que le permiten separar su patrimonio familiar de su actividad
productiva y, en último caso, invocar el beneficio de competencia con el
compromiso de satisfacer la totalidad del pasivo a su cargo, cuando las
condiciones se lo permitan.
Lo anterior siempre
que el insolvente haya utilizado las herramientas que el ordenamiento le ofrece
para no comprometer íntegramente su patrimonio en la empresa productiva, porque
de haber optado por incursionar en el tráfico mercantil sin salvaguardas, y, si
una vez advertidas sus dificultades, no opta por la cesión de bienes –artículo
1672 a 1683 C.C.-, deberá atender el crédito conforme a las condiciones en que
concurrió a demandarlo –artículo 2488 C.C.-.
También el actor
aduce que el artículo 222 en comento, establece una diferencia injustificada
que perjudica al deudor persona natural, porque éste debe atender su pasivo
insoluto, una vez culminado el proceso de liquidación obligatoria, en tanto a
las personas jurídicas no les corresponde hacerlo, dado que la finalización de
dicho proceso conlleva su extinción.
No obstante, de la
disposición demandada no se advierte ninguna discriminación, en cuanto el trato
diferente que la Corte advierte se relaciona con la extinción de la
personalidad jurídica de la persona moral a causa de la consunción de sus
activos, frente a la permanencia de la persona natural con total independencia
de su situación patrimonial, que se justifica plenamente, como quiera que el
reconocimiento de la dignidad humana le impide al legislador condicionar su
personalidad jurídica –artículos 5° y 14 C.P.-, en tanto la seguridad del
crédito demanda disponer la extinción de las personas morales, por razones puramente
patrimoniales –artículo 95 C.P.-
En consecuencia, los
artículos 124 y 222 demandados no quebrantan el artículo 13 constitucional,
porque prevén la satisfacción total de las acreencias insolutas a cargo de las
personas naturales, en cuanto -contrario a lo planteado por el actor- no
excluyen de tal obligación a los socios de las personas morales, quienes, en
virtud de otras disposiciones –como quedó explicado- bien pueden verse
conminados, no obstante la extinción del ente social, a la misma satisfacción.
Previsiones que consultan el ordenamiento constitucional, toda vez que sin
perjuicio de los trámites concursales, toda persona, natural o jurídica, que
contraiga obligaciones está obligada a cumplirlas –artículos 16, 58 y 95 C.P.-.
Y el trato diverso
que establece el artículo 222 de la Ley 222, contrario a lo afirmado por el
actor, no resulta discriminatorio, como quiera que las personas naturales, en
cuanto sobreviven a los estados de insolvencia, pueden ser conminadas a la
satisfacción total de sus acreencias, y así mismo puede ordenarse la extinción
de las personas morales que carezcan de patrimonio, en concordancia con los
artículos 95, 332 y 333 del ordenamiento constitucional, conforme con los
cuales resulta imperativo respetar el derecho ajeno, y actuar con la
responsabilidad que reclama un sistema económico fundado en la libre iniciativa
económica y empresarial.
4.3. Arguye el actor
que las disposiciones demandadas quebrantan el artículo 15 de la Constitución
Política, y para el efecto pone de presente la permanencia del deudor persona
natural en las bases de datos del deudor, cuando los procesos concursales dan
cuenta de su insolvencia.
De antemano debe
decirse que el cargo no puede prosperar, porque los artículos 124 y 222 de la
Ley 222 de 1995 no disponen lo referente a la permanencia del deudor en los
sistemas recolectores de datos. Además, sobre el punto cabe precisar, que la
existencia misma de la información en tales sistemas no contraría el
ordenamiento constitucional, siempre que la información recogida corresponda a
la verdad, haya sido recogida con autorización de su titular, y se destine a
fines lícitos.
De suerte que el
incumplimiento de los anteriores presupuestos, como no se infiere de las
disposiciones demandadas, no puede dar lugar a su exclusión del ordenamiento,
sin que por esta circunstancia sea dable descartar el quebrantamiento de la
Constitución Política por causa del uso indebido del derecho a recolectar,
mantener y procesar informaciones relativas a la situación económica de los
asociados –que denuncia el actor-, lo que acontece es que para el efecto se
deberá utilizar la vía adecuada –artículo 86 C.P.
4.4. El demandante
considera que los artículos en estudio vulneran el derecho del deudor al
trabajo, en razón de que lo conminan a responder por su pasivo insoluto,
restringiéndole de esta manera el posible restablecimiento de su actividad
productiva, sin considerar que estuvo incurso en un acuerdo de recuperación, y
en un proceso de liquidación obligatoria.
No obstante los
artículos 124 y 222 de la Ley 222 de 1995 no regulan aspectos relativos a las
relaciones laborales del deudor insolvente, y tampoco se dirigen a determinar
su posible ubicación, o su eventual exclusión de la actividad laboral.
Ahora bien, no se
puede desconocer que la situación de insolvencia puede incidir en el
emprendimiento de una actividad económica independiente, pero no existe
disposición constitucional que imponga a los acreedores la remisión de sus
acreencias, en pro de la rehabilitación económica de su deudor. Es más, el
artículo 58 constitucional les garantiza a aquellos la satisfacción del
crédito, en la forma convenida, siempre que el deudor tenga la posibilidad de
atenderlo.
De ese modo las
disposiciones demandadas no quebrantan los artículos 25 y 53 de la Constitución
Política, y asimismo desarrollan debidamente los artículos 16, 58, 332 y 333
del mismo ordenamiento, como quiera que, sin desconocer que en el Estado social
de derecho el trabajo humano es un factor esencial del orden social –Preámbulo
artículos 1°, 25 y 53-, la Carta protege la autonomía privada y la libertad de
empresa dentro de los límites del bien común, previsiones que no permitirían al
legislador condonar a las personas naturales sus obligaciones, sin la aquiescencia
del acreedor y con el extraño argumento de que el deudor demostró su
insolvencia.
5. Conclusión
Los artículos 124 y
222 de la Ley 222 de 1995 no quebrantan los artículos 13, 15, 25, 28, 29 y 53
del ordenamiento superior, porque no le imponen al deudor la atención
indefinida de sus obligaciones, no lo discriminan, no restringen sus derechos
laborales mínimos fundamentales, no le impiden ingresar al mercado laboral, y nada
disponen sobre su imagen o su honra.
Antes por el
contrario, los artículos demandados aplican debidamente el ordenamiento
constitucional, habida cuenta que el concordato suspende la exigibilidad de las
obligaciones con miras a impulsar un convenio entre el deudor y sus acreedores,
que le permita a aquel superar su crisis y reactivar su actividad productiva,
sin desconocer los derechos de los segundos.
Además –como quedó
explicado- en el ordenamiento existen disposiciones que le permiten al deudor-empresario
excluir de la prenda general de sus acreedores el inmueble que destina a su
vivienda familiar, como también aquel que constituye su patrimonio familiar. Y
le está permitido separar su patrimonio con miras a preservar su manutención y
la de su familia, e invocar el beneficio de competencia, para impedir que sus
acreedores persigan los bienes destinados a atender su congrua subsistencia.
Porque toda persona,
natural o jurídica, está obligada a cumplir con sus obligaciones, y sólo ante
una situación anormal y generalizada de incumplimiento el legislador puede
intervenir para propiciar un arreglo, consultando tanto el interés del deudor
en crisis, como el de los acreedores insatisfechos, teniendo presente el
interés general en que se mantengan las empresas generadoras de riqueza, sin
defraudar el crédito –artículos 13, 16, 58, 332 y 333 C.P.-.
Finalmente se debe
precisar que, contrario a lo planteado por la Vista Fiscal, la permanencia en
el ordenamiento de las disposiciones en estudio no requiere ningún
condicionamiento, como quiera que los términos que permiten a los acreedores
hacer efectivas las acreencias insolutas mediante ejecuciones individuales se
rigen por sendas disposiciones, que, consultando la naturaleza de las
obligaciones, establecen prescripciones especiales.
Y, la eventual
omisión del legislador al respecto es resuelta por el artículo 1.536 del Código
Civil, que prevé términos generales de prescripción para las acciones
ejecutivas y para las ordinarias.
Sea menester, para
terminar, atendiendo a la misma petición, poner de presente que el artículo 235
de la Ley 222 establece un término de prescripción de cinco años para las
acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las
obligaciones previstas en el Libro Segundo del Código de Comercio y en la misma
ley, el que no puede hacerse extensivo a las acciones para reclamar el pago de
las obligaciones insolutas a que se refieren los artículos 124 y 222
demandados, como quiera que la solución prevista en estas últimas disposiciones
se relacionan con créditos hechos por razón de la actividad productiva del
deudor.
VII.   DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Declarar EXEQUIBLES por los
cargos formulados los artículos 124 y 222 de la Ley 222 de 1995.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase
y archívese el expediente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Respecto al vacío normativo que se desprende del artículo 91 de la
Ley 222 de 1995 se puede consultar la sentencia C-254 de 1997 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo. –La vigencia de esta disposición y otras mas de la
ley en cita, se encuentra suspendida conforme a lo dispuesto en el artículo 66
de la Ley 550 de 1999.
[2] En la sentencia C-180 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz la
Corporación advirtió: “El artículo 90 de la Ley 222 de 1995, establece que
la Superintendencia de Sociedades “.. Será competente de manera privativa para
tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense
sociedades, cooperativas, corporaciones fundaciones sucursales extranjeras,
siempre que no estén sujetas a un régimen especial de inversión o liquidación.
Los jueces civiles especializados, o en su defecto los jueces civiles del
circuito, tramitarán los procesos concursales de las personas naturales.”
Por su parte, el artículo 214 de la misma ley regula la competencia
de los jueces en los siguientes términos: “El concordato y la liquidación
obligatoria del deudor persona jurídica diferente a las sociedades comerciales
y de las personas naturales, serán conocidos en primera instancia por los
jueces civiles del circuito especializados y a falta de éstos, por los civiles
del circuito del domicilio principal del deudor ...”
De la lectura de las normas anteriores se advierte la existencia de
un conflicto normativo en la Ley 222 de 1995, en lo relativo a la competencia
atribuida tanto a la Superintendencia de Sociedades como a los jueces para
tramitar los procesos concursales, pues está regulada en forma distinta en dos
disposiciones que resultan contradictorias. En consecuencia, corresponde al
mismo legislador ordinario corregir tal yerro” -comillas
en el texto, nota 9-
[3] En virtud del interés general que revisten los procesos concursales
no terminan por desistimiento ni les son aplicables las normas sobre perención;
por razón del principio de igualdad los acreedores de la misma naturaleza deben
recibir igual trato sin considerar la fecha de exigibilidad y presentación de
los créditos, y por causa de la plenitud concursal estos procesos atraen los
activos y pasivos del deudor y resuelven las diferencias en relación con las
mismas. Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-397 de
1995, C-233 de 1997, C-586  y C-1143 de 2001. Y las sentencias de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de 8 de junio de 1979, 10 de
diciembre de 1999, y 5 de octubre de 1992, entre otras.
[4] Artículo 132 Ley 222: “Si algún acreedor, el deudor, el
administrador de la entidad deudora o quien demuestre interés jurídico denuncie
el incumplimiento del concordato, la Superintendencia de Sociedades deberá
investigar dicha situación, cuales fueron las causas si hubo responsabilidad de
sus administradores y en caso afirmativo les impondrá multas hasta de cien
(100) salarios mínimos mensuales a cada uno.
Si la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a petición de
cualquiera de las personas mencionadas en el inciso anterior, previo estudio
financiero de la empresa, verifica que se ha incumplido el concordato, deberá
convocar al deudor y a los acreedores cuyos créditos no hayan sido pagados en
su totalidad a audiencia para deliberar sobre la situación y adoptar decisiones
que puedan resolverla. En caso contrario, declarará terminado el trámite del
concordato y ordenará la apertura del trámite liquidatorio.”
Artículo 140 idem “Si la Superintendencia de Sociedades improbara
el acuerdo, expresará las razones que tuvo para ello, y suspenderá la audiencia
para continuarla el décimo día siguiente, a fin de que se adopten  las reformas
conducentes. Si reanudada la audiencia, se adoptaren las medidas respectivas la
Superintendencia de Sociedades la aprobará. Si no fuere posible el acuerdo, así
lo declarara e iniciará el trámite liquidatorio”.
Artículo 141 ibidem. “Cumplido el acuerdo concordatario, la
Superintendencia de Sociedades así lo declarará mediante providencia que se
inscribirá en la Cámara de Comercio o en la oficina correspondiente y contra la
cual sólo procederá recurso de reposición.”
[5] La prescripción de las acciones puede suspenderse o interrumpirse.
En el primer caso el computo del fenómeno se aplaza o, si ya se inicio, se
suspende para reiniciarlo tan pronto como desaparece la circunstancia que le
dio origen, en tanto la interrupción civil borra el tiempo anterior, y,
simultáneamente, inicia uno nuevo –artículos 2522, 2523, 2530 del C.C.- Sobre
la diferencia entre suspensión e interrupción de la prescripción se puede
consultar Hinestroza Fernando, La prescripción Extintiva, Universidad Externado
de Colombia, agosto de 2000
[6] “Desde la apertura del concordato y hasta la terminación del
mismo o la declaratoria de incumplimiento del acuerdo concordatario, se
interrumpe el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones
respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren perfeccionado o hecho
exigibles antes de la iniciación del concordato.” –Art. 102 Ley 222 de 1995-.
[7] El artículo 1914 del Código
de Comercio preveía la suspensión del término prescriptivo en tanto se
tramitaba el concordato preventivo, y por idéntica solución opta el artículo 14
de la Ley 550 de reestructuración empresarial,[7] de
suerte que en uno y en otro caso el decurso de la prescripción ya iniciada
continúa una vez finalizado el trámite concursal, sin dar lugar a un nuevo
conteo.
[8] Sobre la competencia en la materia se puede consultar sentencia
C-180 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz -nota 2-.
[9] Artículo 199, Ley 222 “Efectuado el pago de los pasivos externo
e interno, la Superintendencia de Sociedades declarará terminada la liquidación
y ordenará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Cumplido
lo anterior, se archivará el expediente, sin perjuicio de la responsabilidad
penal que proceda contra el deudor, los administradores y el liquidador.
Si quedaren créditos insolutos, después de agotados los bienes que
conforman el patrimonio a liquidar, incluyendo el producto de las acciones de
reintegración del patrimonio, la Superintendencia de Sociedades declarará
terminado el trámite y ordenará archivar el expediente.
Copia de la providencia se inscribirá en el registro mercantil o en
el que corresponda y conllevará la extinción de la entidad deudora”.
[10] En virtud del allanamiento de la personalidad jurídica, en todos
los tipos societarios los acreedores pueden demandar de los socios –que
utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores- el pago de las
obligaciones insatisfechas, tal y como lo dispone el artículo 207 de la Ley 222
de 1995.
[11] Respecto de la
responsabilidad solidaria prevista en el artículo 36 del Código Sustantivo del
Trabajo la Corte Suprema de Justicia ha considerado que concluido el proceso
liquidatorio el trabajador puede elegir si demanda al liquidador en representación
de todos los asociados, si persigue a éstos individualmente considerados, o si
convoca a uno y a otros, toda vez que la ley laboral le permite elegir
perseguir al deudor que le represente mayor utilidad –sentencia de mayo 10 de
1995, Sección Primera, M.P Francisco Escobar Henríquez. Y respecto de la
responsabilidad de los accionistas la misma Corporación indicó: “Al respecto
no vale el argumento  de que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo,
al contemplar solo la responsabilidad  solidaria de las sociedades de personas
con sus miembros y de estos entre sí, excluye las de capital, puesto que si se
creyó conveniente regular de manera especial en dicho estatuto tal aspecto de
la responsabilidad, no fue con el ánimo de exonerar de la que incumbe a las
sociedades anónimas, casi siempre con mayor suma de obligaciones laborales por
su vasto radio de acción, sino porque esa materia está regulada en su
integridad  en el derecho comercial aplicable en lo pertinente a las
obligaciones surgidas del contrato de trabajo, a falta de disposición
expresa”-Casación 9 de abril de 1960 y de 28 de marzo de 1969, citada en
T-014 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero-.
[12] Corresponde a los administradores indemnizar a los acreedores cuyas
obligaciones no pudieron ser atendidas, cuando los nombrados hubieren
entorpecido la labor del liquidador, propiciando la insolvencia –artículo 206 idem-
[13] Esta Corporación se ha referido a la responsabilidad de los socios
y de los administradores estando en trámite una liquidación obligatoria
determinando que por celebrar un contrato de fiducia la empresa no puede verse
exonerada de responder por el pasivo pensional, respecto del que son
solidariamente responsables sus socios, aunque la responsabilidad de éstos
surja, según el artículo 191 de la ley 222 de 1995, cuando sean insuficientes
los activos. Sin perjuicio de que en tanto se adelanta el proceso el liquidador
pueda exigir el pago del pasivo externo, de acuerdo al respectivo tipo
societario, derecho susceptible de ser ejercido por los trabajadores y
extrabajadores, si el liquidador en el momento oportuno no lo hace. T-014 de
1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero, nota 11-.
[14] Sobre la inalienabilidad de los bienes afectados a vivienda
familiar se puede consultar la sentencia C-664 de 1998, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, y con relación a la empresa unipersonal, como mecanismo de
separación patrimonial, la sentencia C-624 del mismo año, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.