T-328-07
Antecedentes:
Sentencia T-328/07
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Procedencia de la acción de tutela como
mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población
desplazada
Tal y como lo ha señalado la Corte, la acción de
tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de
las personas en situación de desplazamiento forzado. En este sentido, dado que
se trata de una población especialmente protegida que se encuentra en una
situación dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección
es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes, la Corte ha
encontrado que resulta desproporcionado exigir el agotamiento previo de los
recursos judiciales ordinarios como requisito para la procedencia de la acción.
DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA-Condiciones para ser considerado como una
persona en esa situación
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Principios que deben guiar la
interpretación y aplicación de las normas/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Registro
de las personas afectadas
La Corte ha sido clara al señalar que “la inscripción
en el RUPD carece de efectos constitutivos de esa condición; por lo que, en
cambio, dicho Registro cumple únicamente las finalidades de servir de
herramienta técnica para la identificación de la población afectada y como
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen
salvaguardar los derechos constitucionales de los desplazados.”. La Corte ha señalado que las normas sobre desplazamiento
y, en particular, las que orientan a los funcionarios encargados de diligenciar
el RUPD, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los siguientes
principios: (1) Las disposiciones legales deben interpretarse y aplicarse a la
luz de las normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de
constitucionalidad sobre el tema de desplazamiento forzado, en particular, el
artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe
del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el
Tema de los Desplazamientos Internos de Personas; (2) el principio de
favorabilidad; (3) el principio de buena fe y el derecho a la confianza
legítima; y (4) el principio de prevalencia del derecho sustancial propio del
Estado Social de Derecho.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
POBLACION DESPLAZADA-Derecho
a ser inscrito si se encuentra en las condiciones materiales que caracterizan
el desplazamiento/INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Reglas
En virtud de los anteriores principios la Corte ha
identificado una serie de reglas relativas al registro de una persona en el
RUPD que vale la pena recordar. (1) En primer lugar, los servidores públicos
deben informar de manera pronta, completa y oportuna a quien pueda encontrarse
en situación de desplazamiento forzado, sobre la totalidad de sus derechos y el
trámite que deben surtir para exigirlos. (2) En segundo término, los
funcionarios que reciben la declaración y diligencian el registro sólo pueden
requerir al solicitante el cumplimiento de los trámites y requisitos
expresamente previstos en la ley para tal fin. (3) En tercer lugar, en virtud
del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, prima facie, las
declaraciones y pruebas aportadas por el declarante. En este sentido, si el
funcionario considera que la declaración o la prueba falta a la verdad, debe
demostrar que ello es así; los indicios deben tenerse como prueba válida; y las
contradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el
solicitante falte a la verdad. (4) La declaración sobre los hechos
constitutivos de desplazamiento debe analizarse de tal forma que se tengan en
cuenta las condiciones particulares de los desplazados así como el principio de
favorabilidad. (5) Finalmente, la Corte ha sostenido que en algunos eventos
exigir que la declaración haya sido rendida dentro del término de un año
definido en las normas vigentes puede resultar irrazonable o desproporcionado,
en atención a las razones que condujeron a la tardanza y a la situación que dio
lugar el desplazamiento y en la cual se encuentra la persona afectada.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
POBLACION DESPLAZADA-Casos
en que resulta procedente ordenar a Acción Social el registro
En virtud de la aplicación de las reglas anteriores, la
Corte ha encontrado procedente ordenar el registro de una persona en el
Registro Único de Población Desplazada o, al menos, la revisión institucional
de la decisión de negar el registro, siempre que ha verificado que Acción
Social (1) ha efectuado una interpretación de las normas aplicables contraria a
los principios de favorabilidad y buena fe; (2) ha exigido requisitos formales
irrazonables o desproporcionados o ha impuesto barreras de acceso al registro
que no se encuentran en las normas aplicables; (3) ha proferido una decisión
que carece de suficiente motivación; o (4) ha negado la inscripción por causas
imputables a la administración y ajenas al solicitante; (5) ha impedido que la
persona pueda exponer las razones por las cuales considera que se encuentra en
circunstancia de desplazamiento forzado o ejercer los recursos arbitrados por
el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que le niega la
inscripción en el Registro.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN NORMAS
RELATIVAS AL DESPLAZAMIENTO/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Es razonable sostener que se encuentra en esta
situación quien no puede regresar a su lugar habitual de trabajo y residencia
por temor a ser asesinado
En aplicación de los principios de favorabilidad y
buena fe, la Corte no puede menos que considerar que el actor se encuentra en
situación de desplazamiento forzado por la violencia. En efecto, en primer
lugar, el principio de buena fe obliga a los servidores públicos y en
particular a los jueces constitucionales a dar credibilidad a las afirmaciones
del actor y a las declaraciones de su antigua compañera sobre las amenazas
proferidas por los grupos paramilitares contra las personas capturadas y
acusadas de ser parte de las FARC. Estas declaraciones se compadecen además con
el accionar de los grupos ilegales y con la aguda situación de violencia vivida
en Viotá en la época de los hechos. De otra parte, el principio de
favorabilidad obliga a los operadores jurídicos a interpretar las normas
relativas al desplazamiento de la manera más favorable a la persona afectada.
En este sentido si bien es cierto que el artículo 1 de la Ley 387 de 1997 se
refiere a quien se ha visto forzado a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, a
causa de amenazas de grupos ilegales, también es cierto que tal disposición es
perfectamente aplicable a quien no puede regresar a su lugar de trabajo o
residencia por esta causa. En efecto, resultaría abiertamente desproporcionado
y contrario al principio de razonabilidad y favorabilidad una interpretación
según la cual cuando la persona se aleja temporalmente del lugar habitual de
trabajo o residencia por causas distintas a las consagradas en la norma en
mención, pero se ve obligada a permanecer alejada de dicho lugar por amenazas
de grupos armados ilegales, no sea considerada como una persona afectada por el
desplazamiento forzado. En este sentido, resulta plenamente razonable sostener
que se encuentra en situación de desplazamiento forzado quien no puede regresar
a su lugar habitual de trabajo y residencia por miedo a ser asesinado por
grupos violentos al margen de la ley.
DERECHO DE PERSONA DESPLAZADA A RECIBIR
INFORMACION
Es fundamental recordar que la Corte Constitucional ya
ha sostenido que es obligación del Estado “suministrar a la persona desplazada
que lo requiera, información sobre sus derechos y cómo ponerlos en marcha, en
forma clara, precisa y oportuna. Teniendo en cuenta que el grupo que lo
requiere es el más vulnerable, ya que se encuentra, en la generalidad de los
casos, en una ciudad extraña, lo que hace más difícil para ellas conocer y
acceder a las instituciones para obtener la ayuda humanitaria a la que tienen derecho.
(...) situaciones como la descrita son lo más alejado a un Estado social de
derecho, porque es al Estado al que le corresponde suministrar atención e
información precisa para la solución de las necesidades de las personas que
sufren el desplazamiento forzado y facilitar los procedimientos, como
reconocimiento de la dignidad humana, principio garantizado por la
Constitución.”
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONA
DESPLAZADA-Vulneración por
cuanto no se reconoció al demandante como desplazado/DERECHO A LA UNIDAD
FAMILIAR DE PERSONA DESPLAZADA-Vulneración por cuanto hubo demora en
conceder la prórroga de ayuda humanitaria para hijos y por eso los entregó al
ICBF/DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONA DESPLAZADA-Vulneración por
la decisión de Acción Social de no girar los recursos aprobados
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONA
DESPLAZADA-El Estado debe
apoyar la reunificación y la estabilización socioeconómica del hogar víctima de
desplazamiento
Tanto la Ley 387 de 1997 como la jurisprudencia de la
Corte Constitucional fundada en el bloque de constitucionalidad, han reconocido
el derecho de quienes integran un núcleo familiar afectado por el
desplazamiento, a mantener la unidad del núcleo. Para ello es necesario que el
Estado apoye vigorosamente la reunificación y la estabilización socioeconómica
del hogar víctima de desplazamiento.
Referencia: T-1454922
Acción de tutela instaurada por Rubén García
Mora contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil siete
(2007).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados
por el Juzgado treinta y uno Civil del Circuito Bogotá D.C. y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial, Sala Civil que resolvieron la acción de tutela
instaurada por Rubén García Mora contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social.
I.      ANTECEDENTES
La acción de tutela interpuesta
El señor Rubén García Mora interpuso acción de tutela
contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida, igualdad, seguridad social, vivienda y trabajo. La
acción interpuesta se fundamenta en los siguientes hechos:
1. El 28 de septiembre de 2003, el accionante fue
detenido en el municipio de Viotá[1], Cundinamarca, en un operativo en el que fueron capturadas 45 personas
acusadas de pertenecer al frente 42 de las FARC. Poco después las personas
capturadas fueron presentadas ante los medios masivos de comunicación como
presuntos guerrilleros de la zona.
2. Producida la captura, dado el ambiente de zozobra
que se vivía en la zona y el temor a ser asesinados por grupos paramilitares
que habían amenazado a las personas capturadas, la compañera permanente del
actor, señora Maria Argeny Perdomo Triana, partió con sus cuatro hijos hacia la
ciudad de Bogotá.
3. Una vez llegó a Bogotá fue recibida por algunos
familiares de su compañero que no obstante ser personas de escasos recursos
económicos, le dieron algún apoyo. Sin embargo, en la medida que pasaba el
tiempo, la situación de la señora Perdomo y sus cuatro hijos era cada vez más
crítica.
4. Gracias a una información suministrada por la Cruz
Roja Internacional al señor García Mora, la sra. Perdomo se acercó a la
Personería de Bogotá para declarar sobre su condición de desplazada. En su
declaración hizo un recuento sumario de los hechos mencionados con especial
énfasis en que su compañero había sido injustamente capturado y que por esta
razón ella y sus hijos habían tenido que desplazarse a Bogotá. El último
párrafo de la declaración formulada dice lo siguiente:
“(….) Preguntado: psicológica y emocionalmente como se
encuentra su familia. Contestó: Deprimida, estoy con anemia y los hijos están emocionalmente
mal. Preguntado: dejó familia en el lugar de los hechos que piensa traer.
Contestó: no, todos nos vinimos. Preguntado: tiene intención de regresar al
lugar del desplazamiento. Contestó: No, por todo lo que nos pasó, además dicen
que a los que tienen detenidos los van a matar tan pronto vuelvan”.
5. El día 13 de febrero de 2004, la Red de Solidaridad
Social (hoy Acción Social) resuelve no inscribir a la señora Perdomo Triana “y
a su núcleo familiar” en el Registro Nacional de Población Desplazada. En su
criterio, de los hechos narrados no quedan claras las circunstancias del
desplazamiento[2].
El día 26 de marzo, la sra. Perdomo impugna esta
decisión. En su escrito señala entre otras cosas que los habitantes de la
vereda ya habían sido objeto de un primer desplazamiento forzado colectivo y
que luego de la captura de su compañero se había sentido amenazada por la
situación de zozobra que se vivía en la zona, la presencia de “hombres que no
eran de la región circundando la casa” y la existencia de información en el
sentido de que las personas capturadas serían asesinadas si regresaban al
municipio. Afirma que por esa razón tuvo mucho miedo y se refugió en casa de
algunos vecinos mientras conseguía los recursos para desplazarse a Bogotá.
El 26 de mayo de 2004, la Red de Solidaridad revoca la
decisión anterior, ordena inscribir en el Registro Único de Población
Desplazada a la señora Perdomo Triana y no inscribir en el Registro a Rubén
García Mora. En criterio de la Red el señor García Mora no puede ser inscrito
en el Registro “ya que el fue capturado por la SIJIN sindicado del delito de
rebelión, lo cual indica que el nunca se desplazó de Viotá por causa del
conflicto armado interno ni se configuró en el  la norma jurídica (artículo 1
de la ley 387 de 1997) pues no se movilizó de su lugar habitual de residencia
por causa de la violencia que vive el país”.[3]
La resolución anterior se notificó a la actora y quedó
en firme. Nunca se notificó al Sr. García Mora. En consecuencia, la compañera
del actor y sus cuatro hijos quedaron inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada. Sin embargo al actor no le fue reconocida la condición de
persona desplazada por la violencia y, por lo tanto, fue excluido de dicho
registro.
6. Una vez producido el registro de la señora Perdomo
y sus hijos, Acción Social entregó al núcleo familiar las ayudas humanitarias
de emergencia durante los primeros tres meses, tal y como lo establece la Ley.
7. El 25 de noviembre de 2004, el accionante “salió
exonerado de las capturas masivas ilegales” y fue puesto en libertad en la
ciudad de Bogotá en donde se unió a su grupo familiar. No obstante, el 10 de
diciembre de 2004, la compañera permanente del accionante decidió apartarse del
núcleo familiar. A partir de ese momento, el Señor Rubén García Mora asumió la
función de padre cabeza de familia, quedando sus tres hijos menores a su cargo.
8. A partir de entonces el señor García Mora, quien al
no ser considerado como persona desplazada por la violencia no tiene ayuda del
Estado para su estabilización socio económica, intenta conseguir distintos trabajos.
Sin embargo, los trabajos que consigue son de corta duración y no le permiten
tener estabilidad y satisfacer todas las necesidades de su familia.
Encontrándose en tales circunstancias, el actor acude
a la Red de Solidaridad social para que le apruebe la prorroga de la ayuda
humanitaria a la cual tienen derecho sus hijos por tratarse de menores
desplazados por la violencia. En efecto, el 31 de marzo de 2005, el accionante
se presentó ante Acción Social para solicitar las ayudas a las que tenía
derecho su núcleo familiar.
En el mes de junio de 2005, Acción Social le informó
al Señor Rubén García Mora que para acceder a su petición de entregar las
ayudas, era necesario que la autoridad civil competente estableciera cual era
la nueva conformación del núcleo familiar y la custodia de los menores. Para
tales efectos, el actor logró que el 29 de noviembre de 2005, la Defensora de
Familia de Bienestar Familiar dirigiera a Acción Social una certificación según
la cual “[los] menores se encuentran bajo la custodia del padre desde
el 10 de diciembre de 2004 fecha en que la madre los abandonó, lo anterior para
que se tenga en cuenta para el suministro de la pensión humanitaria de
emergencia.”
9. Estando en trámite la solicitud para la prorroga de
la ayuda humanitaria, el actor se enferma y debe ser operado de la vesícula.
Por ello, se ve obligado a dejar de trabajar y las condiciones de su familia se
deterioran. En estas circunstancias, se ve obligado a entregar a sus tres hijos
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que les brinden protección
mientras él logra recuperarse de su enfermedad, obtener la prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia y un trabajo estable. Al respecto señala: “no
tenía como sostener a mis niños, (y) al verme tan desesperado, el día 20 de
diciembre de 2005 se los entregué a Bienestar [Familiar] hasta tanto
recibiera las ayuda por parte de la Red para tener como sostener a mis hijos.”
10. El 30 de diciembre de 2005 Acción Social le
informó al accionante que, tomando en consideración el oficio remitido por la
Defensora de Familia del ICBF, se le autorizó para que “en representación de
su núcleo familiar, gestione y reciba los beneficios a que tiene derecho el
hogar desplazado”. Adicionalmente le informó que debe esperar a que Acción
Social adelante los trámites pertinentes para la entrega de las ayudas. Sin
embargo, una vez Acción Social se entera de que los niños se encuentran en una
institución de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decide
abstenerse de “girar” los recursos correspondientes a las respectivas ayudas
hasta tanto no se establezca quien tendrá “la custodia definitiva” de los
menores
11. En vista de lo anterior, en agosto de 2006, el
actor interpuso acción de tutela en contra de Acción Social. Considera que el
Estado lo ha sometido ha múltiples atropellos sin que hasta el momento tenga
una respuesta que permita superar su precaria situación. Adicionalmente, indicó
que, en su criterio, Acción Social ha vulnerado los derechos fundamentales que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido a la población
desplazada y que fueron resumidos en la sentencia T-025 de 2004. En
consecuencia, solicitó que se ordene a Acción Social suministrarle la ayuda
humanitaria, tal y como lo ordena la ley 387 de 1997 y sus decretos
reglamentarios. Además, solicitó advertir a la entidad accionada abstenerse de
incurrir en hechos similares que atentan gravemente contra sus derechos
fundamentales. Adicionalmente, solicitó que en virtud del artículo 7 del
decreto 2591 de 1991, el juez constitucional proceda a ordenar como medida
provisional para la protección de sus derechos fundamentales, que Acción Social
autorice de inmediato el suministro de la ayuda humanitaria que él y su núcleo
familiar requiere con urgencia, “pues en estos momentos mis hijos los tiene
el ICBF ya que no cuento con los recursos para sostenerlos y por ello requiero
de la misma con urgencia manifiesta para cubrir las necesidades prioritarias de
subsistencia”
Respuesta de la entidad accionada
12. Una vez admitida la acción interpuesta, el juez
dio traslado para alegar a Acción Social. En su escrito, esta entidad señaló
que para tener derecho a los beneficios dispuestos en la ley 387 de 1997, se
requiere que el beneficiario presente una declaración de los hechos del
desplazamiento forzado ante las entidades autorizadas por la ley y de esta
forma se pueda realizar la respectiva inscripción en el RUPD, tal y como lo
dispone el artículo 32 de la citada ley 387.
Al respecto, indicó que María Argeny Perdomo,
compañera permanente del accionante, rindió declaración por desplazamiento
forzado, y en su exposición, el accionante, Rubén García Mora “no aparece
siquiera mencionado por la declarante.”. Además, la entidad señaló que una
vez revisado el Sistema Único de Población Desplazada, “se pudo constatar
que ésta entidad resolvió NO INSCRIBIR  al señor RUBEN GARCIA
MORA (…) en el mencionado Registro, decisión que se adoptó mediante
Resolución No. 11001-0237R de fecha 26 de mayo de 2004, suscrita por la Unidad
Territorial Bogotá.” Esta decisión, según Acción Social fue notificada
conforme a la ley, quedando en firme.
Por otra parte, Acción Social indicó: “vale la pena
reiterar que el único que no se encuentra incluido en el RUPD es el señor Rubén
García Mora, puesto los menores hijos del mismo, Luis Alfredo García Perdomo,
Diana Marcela García Perdomo y Lucy Angélica García Perdomo se encuentra
incluidos en el registro, por lo tanto dichos menores son beneficiarios de las
respectivas ayudas a que tiene lugar.”
La entidad accionada considera que la acción de tutela
es improcedente por cuanto el actor pretende que sea reconocido como persona
desplazada de la violencia y en consecuencia, se le entregue la ayuda
humanitaria correspondiente. Para la entidad esta pretensión tiene como objeto
que el juez constitucional reemplace a Acción Social en la labor que le
corresponde según la ley y por medio de una orden judicial, se desconozcan las
normas legales y constitucionales aplicables.
Por otra parte, considera que la tutela también es
improcedente por operar la carencia actual de objeto. Para la entidad, el
peticionario pretende que se le haga entrega de la prórroga de las ayudas
humanitarias que le corresponde a sus hijos por estar inscritos en el RUPD. Sin
embargo afirma que la primera ayuda humanitaria ya fue entregada a la madre de
los menores y que la prórroga está sometida a la verificación previa de las
condiciones de atención de los menores. Al respecto informó:
Decisión de primera instancia
13. El 24 de agosto de 2006 el Juzgado treinta y uno
Civil del Circuito de Bogotá, D.C. resolvió negar la acción de tutela. Para el
juez de instancia no se han cumplido con los requisitos legales para estar
inscrito en el RUPD, y por lo tanto no puede hacerse entrega de las ayudas
correspondientes. El juez de tutela consideró que la entidad accionada no está
vulnerando ningún derecho constitucional. Por otra parte, señaló que si el
accionante considera que sus derechos de tipo legal están siendo vulnerados “podrá
acudir a los entes del Estado que ejercen control y vigilancia sobre la
accionada para defender sus derechos”.
Impugnación
14. El accionante impugnó la sentencia de primera
instancia. En su criterio, el juez de instancia no tomó en consideración los
hechos y pretensiones que fundamentan su acción de tutela. Afirma que es cierto
que llegó a Bogotá a raíz de la captura. Sin embargo, señala que no puede
regresar a Viotá por razón de la violencia. Considera adicionalmente que su
núcleo familiar arribó originalmente a esta ciudad a causa del desplazamiento
forzado, y por tal razón, sus hijos están inscritos en el RUPD. En
consecuencia, son acreedores de las ayudas humanitarias que entrega Acción
Social. Señala que con la acción de tutela pretende que la entidad le haga
entrega de la prórroga de la asistencia humanitaria por cuanto la custodia de
sus hijos está a su cargo, como lo certificó la Defensora de Familia del ICBF,
requisito exigido por la entidad para proceder a entregar las ayudas.
Considera que la actuación de Acción Social es
contradictoria en la medida en que por medio del “oficio UTBO – 16971
corroboraron que tengo la custodia de mis hijos y me autorizan para que en
representación de mi núcleo familiar gestione y reciba los beneficios a que
tiene el hogar desplazado y me han tenido durante 8 meses en espera de las
ayudas y ahora su respuesta es negativa contradiciendo lo escrito en el
comunicado citado”
Finalmente señala que dada su precaria situación
económica y a que no cuenta con un empleo fijo, no puede estar con sus hijos
quienes se encuentran bajo el cuidado de una institución vinculada al ICBF.
Estima que la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria le dará la
posibilidad de estar nuevamente con ellos, en la medida en que le brindarán la
estabilidad necesaria para su sostenimiento.
Decisión de segunda instancia
15. El juez de segunda instancia decidió confirmar la
sentencia impugnada. Para el juez, no es posible obligar a que Acción Social
entregue las ayudas porque “la prorroga (…) se hará efectiva una vez
se determine el estado actual de la custodia sobre los menores.”
Por otra parte, el juez entiende que las ayudas que
solicita el accionante no son para atender sus necesidades por no estar
inscrito en el RUPD sino que son para sus hijos menores y “tener la
posibilidad de estar a su lado.”  Sin embargo, advierte que como lo
certifican la psicóloga y la trabajadora social de la Fundación “Amar”, los
menores Luis Alfredo, Diana Marcela y Lucy Angélica García Perdomo se
encuentran en dicha institución recibiendo todas las atenciones necesarias. Así
que bajo estas condiciones, los menores no están desamparados “como si
podría ocurrir en manos del tutelante, quien a lo largo de esta acción ha
puesto de manifiesto la situación lamentable por la que atraviesa, y que no se
vislumbra la manera de superarla, pese a que se le suministren las ayudas
humanitarias que reclama.”
“Puestas así las cosas como Acción Social tiene en
mira prorrogar esas ayudas y para ello requiere establecer a quien debe
hacerlo, este argumento es suficiente para negar por ahora el amparo solicitado”.
Pruebas decretadas por la Corte
16. Mediante auto del 11 de enero de 2007 se solicitó
al Área de Gestión Documental de Acción Social, que remitiera a este despacho copia
del recurso de reposición interpuesto por María Argeny Perdomo Triana contra la
Resolución No. 11001-0237 del 13 de febrero de 2004 y cualquier otra
declaración de la señora Perdomo.
En el mismo auto, se solicitó a Acción Social, a la
Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento CODHES, al Director
de la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, y al Coordinador de Atención
al Desplazamiento Forzado de la Defensoría del Pueblo para que informaran a la
Corte sobre la situación de desplazamiento en Viotá durante el año 2003.
Adicionalmente, la Corte solicitó al Despacho del
Fiscal General de la Nación para que informara a esta Corte (1) Cuántas capturas
fueron realizadas en el municipio de Viotá, Cundinamarca en los meses de
septiembre, octubre y noviembre del año 2003; (2) si dentro de estas capturas
se encontraba el señor Rubén García Mora, identificado con la cédula de
ciudadanía 4.113.411 de El Cocuy; (3) Copia de la investigación adelantada
contra el señor Rubén García Mora.
De otra parte, se citó al Señor Rubén García Mora para
que ampliara su declaración.
Finalmente, mediante auto del 30 de enero de 2007 se
solicitó al Instituto de Bienestar Familiar ICBF para que informara a esta
Corte cual es el estado de los menores hijos del actor y la situación en la
cual se encuentran.
Intervención de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social
17. Acción Social, por medio del oficio remitido a
esta Corporación el 19 de enero de 2007 dio respuesta al cuestionario formulado
cuyo contenido se resume. En cuanto a la declaración de la señora Perdomo cabe
destacar el siguiente apartado:
17.1 Declaración
de María Argeny Perdomo Triana:
(…) De los hechos narrados, se evidencia
que existen elementos suficientes par establecer que soy una persona desplazada
por cauda del conflicto armado interno; (…) Es evidente a simple vista, que mi
situación y la de mi familia se enmarca dentro de las situaciones descritas por
la norma [artículo 1 de la ley 387 de 1997] como lo son la violencia
generalizada que tiene como antecedente el desplazamiento masivo que se llevo a
cabo en el mes de marzo de 2003; además a causa de la detención de mi esposo
entre otras personas, por supuestos vínculos con la guerrilla, se creó un
ambiente de zozobra, lo que como es apenas obvio no permite el libre desarrollo
mental y económico individual, familiar y social, redundando en una vulneración
a los derechos establecidos en la Carta Constitucional como lo son la libertad,
la igualdad, la intimidad personal y familiar y especialmente a la paz.”.
17.2. En cuanto a la situación de
desplazamiento en Viotá durante el año 2003, anexa cuadro de relación de los
desplazamientos que han ocurrido en dicho municipio a partir del año 2001, así:
Desplazamientos de hogares:
Año 2001: 176
Año 2002: 215
Año 2003: 729
Año 2004: 483
Año 2005: 159
Año 2006: 99
TOTAL: 1861
Desplazamientos individuales:
Año 2001: 2
Año 2002: 3
Año 2003: 19
Año 2004: 7
Año 2005: 3
Año 2006: 2
TOTAL: 36
Desplazamientos masivos:
Año 2003: 3006
En este sentido informa, entre otras cosas,
que en el 2003 en el municipio de Viotá se presentó un evento de desplazamiento
masivo causado por el amedrentamiento de la población realizado por grupos
paramilitares. Acción Social asegura que las
familias desplazadas contaron con programas
de mejoramiento de hábitat, infraestructura y, los beneficios del programa Familias en Acción. Igualmente se indica que recibieron atención humanitaria a través de la
Operación Prolongada de Socorro y acompañamiento psicosocial, así como ayuda
para la reconstrucción de sus viviendas
17.3. Adjunta los siguientes documentos:
·
Oficio SAPD-17001 del
15 de enero de 2007, suscrito por la Subdirectora de Atención a la Población
Desplazada de Acción Social.
·
Copia de la diligencia
de indagatoria efectuada ante la Fiscalia General de la Nación por el señor
Rubén Mora, por cuanto se le sindicaba de Rebelión.
·
Copias de cédulas de
ciudadanía de la declarante y del accionante, así como registros civiles de sus
menores hijos.
·
Formato único de
Declaración debidamente diligenciado
·
Copia de la Resolución
11001-0237 del 13 de febrero de 2004, por la cual se negó inicialmente la
inclusión al Registro único de Población Desplazada a la señora MARIA ARGENY
PERDOMO y a su núcleo familiar.
·
Copia del oficio del 13
de febrero de 2004 donde se le cita a notificarse
·
Copia de la notificación
personal efectuada.
·
Copia del Recurso de
reposición presentado
·
Copia de la Resolución
No. 11001-0237R que resuelve el recurso de reposición presentado y decide la
inscripción de la señora MARIA ARGENY PERDOMO y sus hijos, y decide también la
no inclusión del señor RUBEN GARCIA MORA.
·
Copia del oficio del 26
de mayo de 2004 que cita a la declarante a notificarse de forma personal
·
Cuadro de relación de
desplazamientos desde Viotá – Cundinamarca
Intervención de Marco Alberto Romero, Presidente de
CODHES
18. De acuerdo con los datos recaudados por
Codhes, entre 1999 y el 2005, 9086 personas huyeron por la violencia del
Municipio de Viotá (Cundinamarca). De estas, 8856 se desplazaron durante 2003.
Lo cual significa que el 97% de los desplazamientos producidos en Viotá
tuvieron lugar durante el año 2003. A su vez, la organización afirma que estos
desplazamientos representaron el 4,2% del total de desplazamientos del país en
2003 y el 7,3% del total de desplazamientos producidos en los dos primeros
trimestres de 2003.
Señala la organización que de acuerdo con la información consignada en algunos
comunicados de prensa de organizaciones sociales y de derechos humanos, la
amenaza de una incursión paramilitar en Viotá era conocida por sus pobladores
desde diciembre de 2002. Los hostigamientos y las acciones de violencia
selectiva empezaron a visibilizarse en los primeros días de marzo de 2003, y el
éxodo masivo más grande tuvo lugar entre los días finales del mes de marzo y
principios del mes de abril. Para ese momento un equipo de trabajo de Codhes se
dirigió al municipio a examinar las condiciones en las que se encontraba la
población desplazada, registrando que más de 2500 campesinos del área rural de
Viotá se desplazaron al casco urbano del municipio. Así mismo reproduce un
informe según el cual “Los
compromisos de las autoridades locales y nacionales de brindar atención y
seguridad para permitir el retorno de esta población no se han hecho
efectivos,  vulnerando el proceso de retorno. En este municipio, entre abril y junio de 2003, 10 personas fueron asesinadas por
presuntos paramilitares, dos más fueron asesinadas presuntamente por miembros del
Ejército nacional y tres personas, fueron  víctimas de desaparición forzada,
presuntamente por paramilitares y grupos armados sin identificar[4]
Finalmente, anexa un
informe que contiene distintos relatos de personas que fueron objeto de
desplazamiento forzado en Viotá durante la primera incursión paramilitar de
abril del 2003. En la parte motiva de esta providencia se reproducen algunos de
dichos testimonios.
Intervención de ACNUR
19. El Representante Adjunto de la Agencia de
la ONU para los Refugiados ACNUR, informa que: “Manifestamos y a la vez
lamentamos no tener información al respecto en nuestra oficina en Bogotá, ni en
las respectivas oficinas de ACNUR en el país”
Intervención de la Defensoría del Pueblo
20. En escrito recibido el 19 de enero de 2007,
firmado por Hernando Toro Parra, Coordinador de la Oficina de Atención al
Desplazamiento Forzado de la Defensoría del Pueblo, se informó que de
conformidad con las cifras del Sistema de Información de Población Desplazada
SIPOD a cargo de Acción Social, se registran un total de 3976 personas
desplazadas de Viotá, Cundinamarca, que declararon en el año 2003. De este
total, 3251 (892 hogares) corresponden a desplazamiento masivo y 725 (167
hogares) a desplazamientos individuales o familiares. A este respecto señala
que la importancia de advertir que las víctimas, allí asentadas, no querían rendir
declaración alguna sobre lo sucedido y como medida complementaria se intentó
censar a la población, situación que tampoco fue posible, dado que se
levantaron tres censos que resultaron diferentes, uno estuvo a cargo del CICR,
otro de la Personería Municipal y el otro a cargo de Acción Social que decidió
dejarlo como el censo oficial de víctimas allí asentadas.
Intervención de la Fiscalía General de la Nación
21. En escrito recibido el 22 de Enero de 2007 en esta
Corporación, la Directora Nacional de Fiscalías indicó lo siguiente:
21.1 “Esta dirección pudo determinar por
los sistemas de información que la investigación adelantada por la Fiscalía
General de la Nación  en contra del señor RUBEN GARCIA MORA, (…) por el
delito de REBELIÓN, da cuenta que fue capturado el día 29 de septiembre de 2003
junto con 44 personas en el municipio de Viotá Cundinamarca”
21.2 En relación con el número de capturas
realizadas en el municipio de Viotá en el tiempo comprendido entre los meses de
septiembre y noviembre de 2003, fueron aproximadamente 60, dentro de las cuales
se encuentra la realizada al señor RUBEN GARCIA MORA.
21.3 En la indagatoria practicada el día 30
de septiembre de 2003 por la Fiscalía General de la Nación, Fiscal
Especializada, Unidad Nacional Anti-terrorismo Despacho 14. Al respecto, el
señor Rubén García Mora se lee:
“Mi nombre completo es RUBEN GARCÍA MORA,
no tengo ningún apodo, soy de estado civil unión libre con MARIA ARGENIS
PERDOMO DIANA, con quien tengo cuatro hijos (…) me dedico a la agricultura de
maíz, plátano y café, a eso me he dedicado hace más o menos tres años, y antes
había trabajado aquí en Bogotá en la calle (…) con el ingeniero (…) y ahí dure
de jefe de bodega dos años, (…) y luego el ingeniero volvió y me recibió y me
dio de trabajo arreglar camilla de construcción por contrato (…) busque otra
finca y me salió para la vereda la Victoria (…) PREGUNTADO.  A usted se le
sindica dentro de las presentes diligencias del delito de REBELION.   Esto es
pertenecer de alguna forma al frente 42 de las FARC como colaborador, que tiene
su operancia en el Municipio de Viotá y vereda circunsvecinas.  CONTESTO. Es
falso, ni sé quien me estará acusando de eso, ni se por que. (…) PREGUNTADO.
Dentro de las presentes diligencias EL SEÑOR RAFAEL ANTONIO BRITO CARDENAS lo
sindica a usted de pertenecer al frente 42 de las FARC.  PREGUNTADO.  No se por
que me sindica porque no lo distingo, yo tengo cuatro niños, tengo que pensar
en ellos, no estoy interesado en ninguna clase de subversión, jamás en la vida
he sido colaborador y nada por el estilo. (…) Yo el Caquetá no lo conozco, no
se de ningunos explosivos, ni manejar eso, si me piden bajo un juramento que no
se manejar explosivos, no se manejar explosivos y lo juro, no supe ni cuando lo
de la toma de los pueblos de Quipile, no conozco Agua de Dios ni Quipile,
tampoco estuve asaltando ningún Banco, no conozco la vereda que me nombran,
conozco la Victoria y Quitasol, el resto de veredas, abre pasado por ellas pero
no les se el nombre. (…). “.
Declaración de Rubén García Mora
21.4. El 23 de enero de 2007 se presentó en este
despacho el accionante Rubén García Mora con el fin de rendir testimonio, en
donde de acuerdo con los aspectos señalados en el auto que decretó la prueba
indicó lo siguiente:
Sobre la situación en la que se encontraba antes de su
detención
“PREGUNTADO:  Señor García Mora, por favor
infórmele al Despacho ¿qué actividades desempeñaba usted y su núcleo familiar y
cómo vivían en Viotá?. CONTESTO Ahí ya se cambió la situación, porque estaba
pagando arriendo, la finca estaba cultivada en café, también tenía plátano.
Aparte de eso sembraba maíz, no sólo en esa finca sino en otras en que recibía
para cultivar.  Lo de plátano se dejaba para el sustento de la casa. Luis
Alfredo estaba estudiando, estaba en tercero de primaria.  Había dinero para
los gastos de la casa, incluso para contratar trabajadores para limpiar la
finca y para los cultivos.  Vivíamos en una casa con una pieza y la cocina.  La
pieza era en bloque y la cocina en madera.  Tenía servicio de energía y agua
por manguera de un nacimiento.  Tenía cuatro hijos, Luis Alfredo que es el
mayor (edad actual 10) Diana Marcela (7 años) que le sigue, Lucy Angélica (5
años) y Duly Andrea (va a cumplir 3 años), todos ellos menores de edad. Mi
mujer estaba dedicada a la casa y a mis hijos, a veces me ayudaba. PREGUNTADO
Señor García Mora, infórmele al Despacho cómo calificaría su modo de vida en
Viotá para la época.  CONTESTO. Para mí buena, porque los cultivos me estaban
dando, iba adelantando.  La relación con mi familia era buena, trabajaba
mucho.  La relación con mis vecinos y con la gente de Viotá era buena, tenía
mis créditos, la gente me quería.  No tengo nada de hablar del municipio de
Viotá.  Las necesidades de mi familia estaban satisfechas, la mayoría de
alimentación se producía dentro de la finca, no sólo sembraba maíz, sino
también frijol, para la comida. El plátano la finca lo daba. La familia estaba
tranquila porque no había problemas.  Aún, usted le pregunta a los niños y prefieren
ahora irse para el campo, porque su libertad es distinta a lo que ahora están
pasando. Yo preferiría, de no tener el riesgo al que me han sometido, yo
prefiero irme al campo.  Pero en este momento me da miedo, porque no solamente
me capturaron, sino que el 28 de septiembre de 2003, cuando me llevaron a la
estación de policía de Girardot, fueron las cámaras de televisión y los
filmaron a los más de 46 que nos llevaron ahí.”.
Sobre los hechos de su detención en el municipio de
Viotá, Cundinamarca
“(R)ecuerdo como si fuera hoy que entre el
6 y el 12 de agosto, no recuerdo si era un martes o miércoles, tenía unos
obreros terminando una rocería para sembrar unos terrenos. Ese día bajamos con
los obreros como a las cinco a la tarde. Yo llegué a la casa, saque a la plata
y salí a pagarles.  Ellos estaban en la carretera como a unos 70 metros.  En
ese momento salió la policía y nos pidieron los papeles.  Recuerdo que sacaron
unos datos de mi cédula y se los llevaron.  No me dijeron por qué, nos requisaron
y sacaron los datos.  Preguntaron que qué estábamos haciendo, los otros dijeron
que le estaban ayudando a don Rubén. Los policías no dijeron nada, se fueron.
El 28 de septiembre entre 8 y 9 de la mañana, llegaron los mismos policías, yo
los reconocí. Me pidieron la cédula pero en el momento no la tenía, porque se
la había dado a mi esposa para que hiciera unas vueltas de la escuela de Luis
Alfredo. En el momento ella no se encontraba. Me preguntaron el nombre, yo les
dije que me llamaba Rubén García. Y de una vez dijeron que quedaba detenido.
Yo les pregunté por qué, que yo no le debía nada a la ley.  Lo único que me
contestaron es que no sabían, pero que quedaba detenido.  Me detuvieron sin
saber por qué.  Nos llevaron a Girardot. De ahí sacaron a Belisario, a Luis
Riaño y a Edgar Rodríguez y otro muchacho.  Nos llevaron en unas camionetas,
nos esposaron.  Cuando llegamos a Girardot, ahí en el puesto de policía nos
tuvieron.  Nos tuvieron en un patio encerrado, estuve como de las 9 a 10 que
llegamos allá, como hasta las seis de la tarde.  Allá no nos dieron nada.
Luego nos trajeron para Bogotá, al puesto de policía de Puente Aranda, no estoy
muy seguro de cómo se llama eso. Nos sacaron el siguiente día, el lunes, a
rendir declaración.  Ahí fue cuando ya supe que estaba detenido por el delito
de rebelión, lo supe porque me hicieron unas preguntas sobre si conocía un poco
de gente, que no conozco, porque era muy nuevo en Viotá.  Entre esas personas
iba el nombre del informante. El Fiscal que me interrogó me dijo si conocía al
señor Rafael Antonio Britto Cárdenas, le dije que no lo conocía, que no sabía
quien era.  Hasta el momento no sabía de qué se trataba. Entonces me contestó
que ese señor hablaba muy mal de mí, le dije que no sabía por qué, porque no lo
conozco. Entonces el Fiscal dijo, pero vea lo que dice él de usted.  Ahí fue
cuando me sacaron lo que él había dicho.  Totalmente sorprendido en ese
momento, porque yo no había cometido esos delitos.  Y así fue como me tuvieron
los catorces meses, sobre esas simples versiones de ese informante.”
Sobre los efectos de la captura informó:
“PREGUNTADO Señor García Mora, ¿Usted
recibió algún tipo de amenaza o advertencia de que se fuera antes de su
captura?. CONTESTO. Jamás. En ningún momento. Nunca me acusaron de ser de un
grupo u otro.  Nunca me dijeron nada, yo vivía tranquilo.  PREGUNTADO Señor
García, por favor infórmele a la Corte qué pasó con su familia después de la
captura. CONTESTO.  Yo no puedo certificar porque estaba detenido, pero tuve
conocimiento de que a mi esposa la habían amenazado.  Ella me dijo que le
habían dicho que tenía que desocupar el municipio. Si no desocupaba, la mataban
de todas maneras. Eso me lo dijo de ella en una visita.  Eso yo se lo expuse a
la Fiscalía en Girardot por un derecho de petición.  Las personas que a mí me
enteraron de la Red de Solidaridad, fue la Cruz Roja Internacional, que hace
visitas en la penitenciaría.  Un día que fueron allá les comenté el caso, les
dije que no era justa mi detención y que mi familia desplazada en Bogotá.  Me
preguntaron si mi familia estaba durmiendo en la calle.  Les dije que no, pero
que estaban pasando muchas necesidades. Entonces me dijeron que mi esposa se
hiciera presente en la Red de Solidaridad y me dieron la dirección de allá. Mi familia
se desplazó a Bogotá, porque llegaron y los amenazaron luego de mi captura,
allá dejaron todo botado.  A mi capturaron el 28 de septiembre y en los
siguientes meses los desplazaron, no me acuerdo si fue en octubre y noviembre
se vinieron para Bogotá.  Allá en Viotá, vendió las gallinas, los cerdos, dos
vacas.  Quedó el caballo, pues la bestia es muy difícil de vender.  Quedaron
también las cosas de mi casa, camas, ollas, la loza, una grabadora, el equipo,
el televisor, todo eso quedó allá.  El resto de las personas vecinas no sé si
desplazaron, pues luego de salir de la cárcel, cada cual cogió su camino y no
supe más de ellos. Yo no volví a Viotá por dos razones que me dan miedo. La
una, las amenazas hacia a su familia; lo otro fue que yo fui denunciado por la
televisión como estoy diciendo, como coautor de un frente subversivo.”
Sobre su llegada a la ciudad de Bogotá, una vez es
puesto en libertad el 25 de noviembre de 2004 dijo:
PREGUNTADO Señor García Mora, por favor
infórmele a la Corte cuáles fueron las condiciones a las que llegaron su esposa
y sus hijos a Bogotá. CONTESTO. (…) Cuando salí de la cárcel el 25 de noviembre
y llegué donde ella vivía en arriendo, me dijo que ella no iba a convivir más
conmigo, que porque ya habían pasado cosas diferentes y que la verdad le era
difícil. Yo me fui solo a donde mi hermana Duilia y el 10 de diciembre que
llegué de Madrid (Cund.), llegué como a las seis, siete de la noche, recibí la
noticia que se había ido y había abandonado a los niños, de los cuales me hice
cargo. (…) PREGUNTADO Señor García, por favor informe a la Corte si en este
momento usted conserva algún tipo de comunicación con personas en Viotá y en
caso afirmativo, qué le han comentado respecto de la situación en ese
municipio. CONTESTO. No señora, yo salí el 25 de noviembre de 2004, me vine
para Bogotá y no he vuelto a saber de gente de Viotá, ni siquiera del señor
Arrieta, que él sí vive acá en el barrio Modelia. Yo por allá no he vuelto a
saber de las cosas, porque como dice un dicho, es preferible prevenir que
curar. (…)  PREGUNTADO Señor García Mora, informe al Despacho cómo ha sido su
situación desde que llegó a Bogotá. CONTESTO. Ha sido pésima. Primero, llegué
con una situación económica deteriorada, no tenía nada, todo se había acabado. Segundo,
salí enfermo de la vesícula desde la prisión, que eso me llevó hasta la mesa de
operaciones. Me hice presente a la parroquia de Lisboa en búsqueda de un
trabajo, a la personería y no ha sido posible. Me hice presente ante la
personería de Suba, contándoles lo que me sucedió y diciéndoles que mis
derechos los tenía totalmente vulnerados y me dieron esta respuesta (el
declarante aporta copia de la respuesta del personero local de Suba, en la cual
le informa que no es función de ese despacho colaborarle en la búsqueda de un
trabajo, pero le aconseja dirigirse a la alcaldía local y al Departamento
Administrativo de Bienestar Social, para que le orienten sobre los programas
que lo puedan beneficiar. Adicionalmente le aconseja dirigirse a un consultorio
jurídico para estudiar la eventual posibilidad de demandar al Estado por la
presunta privación injusta de la libertad que puso de presente a la
personería). Ya hubo una audiencia sobre los daños que me había causado, el
proceso está en curso ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Girardot.
La Alcaldía de Suba me mandó para Acción Social y a la Parroquia.  Trabajo he
conseguido en los alrededores de Bogotá pero trabajo de campo, pero es sólo un
trabajo de por días, no es de asiento.  En este momento me encuentro mal en lo
laboral, porque lo que gano no me sirve para recuperar los derechos sobre los
menores.  Ya llevo dos años a la pata y es la fecha en no nos han dado nada en
Acción Social.
Sobre las condiciones actuales en las que se encuentra
y las de sus hijos menores señaló:
PREGUNTADO Señor García Mora, por favor
infórmele a la Corte, en qué condiciones se encuentran sus hijos, si usted los
puede ver y si tiene contacto con ellos. CONTESTO.  Las condiciones de los
niños no son familiares ni son muy buenas, especialmente en lo moral, debido a
que ellos no están amañados en el bienestar familiar y no quieren estar más
ahí.  Me han comentado que los otros niños les pegan, he encontrado al niño con
la cara negra.  Todos esos reclamos ya se los hice al bienestar familiar. Luego
de eso sí les ha cambiado un poco la situación en ese sentido, pero de todas
maneras ellos no están amañados.  Yo a través de la tutela pretendo, como
siempre he dicho, es que el Estado responda por lo que hizo, de todas maneras
ellos son culpables debido a que llegó fue una persona con un poco de mentiras
y no tuvieron en cuenta para haber investigado y haber procedido contra mí,
sino procedieron contra mí para después decir disculpe, que no hay pruebas para
condenas.  Pero ese no es el caso, el caso es que lo que vinieron a pagar a
todo y los que han sufrido más son los niños.  En el bienestar familiar se
encuentran pruebas que tuve demandas por todo el año 2005, por bregar a
defender los derechos a los niños (…)  CONTINÚA EL DECLARANTE.  Me hice
presente el día 30 de octubre de 2006 y hasta el día de hoy no he recibido
respuesta. Estoy pidiendo las ayudas desde marzo de 2005, les he pedido que
colaboren con las ayudas que recibía la señora que abandonó a los niños. Me
dicen que por el hecho que he estado en la penitenciaría, no tengo derecho a
las ayudas.  Pero yo sé que tengo derecho como desplazado, porque éramos un
solo núcleo familiar.  El siguiente punto, yo era el que estaba sindicado como
autor de un frente subversivo, no era mi familia.  Entonces por qué me niegan
que tengan el derecho como desplazado.  Accedí a que no me lo dieran, para no
perjudicar a los niños.  Ellos podían verse perjudicados porque en el momento
pensé que si mandaba una demanda o una tutela, se me iban a demorar las cosas y
yo necesitaba las ayudas rápido para defender los derechos de los niños. Pero
resulta que las cosas no fueron así. Yo a Acción Social le cumplí con todo lo
que me pidieron.  Les entregué el 17 de junio de 2005 declaraciones extrajuicio
que explicaban la pérdida del hogar, fotocopia de los registros civiles de los
menores, fotocopia de mi cédula y fotocopia de la comunicación que me habían
entregado.  Sin embargo, hasta el día de hoy no he recibido las ayudas. (…) Lo
que pasa es que bienestar familiar a mi me exige que reciba a los niños, pero
yo no estoy en condiciones para tenerlos.  Entonces como llevan más de un año,
me los declararon en alto grado de peligro, es decir en riesgo de abandono.
Por eso yo presenté una queja ante la Procuraduría, en la cual tengo cita para
mañana a las dos de la tarde. También solicité un abogado ante la Defensoría
del Pueblo. (El declarante pone de presente (…) la respuesta de un derecho que
petición ante la Defensoría del Pueblo, solicitando que interviniera ante
Bienestar Familiar y Acción Social para que sus hijos pudieran regresar al
hogar y le fueran entregadas las ayudas a que tienen derecho dada su condición
de desplazados). (…) A mi no me han explicado las ayudas en detalle, pero eso
está explicado en la tutela.  A mi nadie me ha explicado en qué consisten esas
ayudas.  Es más, creo que nosotros tenemos más ayudas que otros desplazados,
porque a nosotros fue el Estado el que nos desplazó.  No solamente nos
desplazó, sino nos echó enemigos encima, problemas con la ley.  El Estado nos
desplazó debido a que ellos fueron los que me hicieron el escándalo.  Ellos no
les importó qué pasara.  Vamos a llevar la cámara de televisión y vamos a
filmar videos y vamos a reportarlos por las noticias. En el municipio todo el
mundo supo lo que estaba pasando, a quiénes se llevaron, por cuenta de eso se
formó el riesgo, se fue agrandando la historia.  Creo que el que tuvo la culpa
fue el Estado.  Luego si vinieron amenazas contra mi familia y a mí
prácticamente la Policía me sacó a la fuerza y yo no volví por allá.  Qué más
prueba que fue el mismo Estado.”.
Intervención de Raúl Rodriguez Roncancio, Defensor de
Familia
21.5 A través del oficio recibido en esta Corporación
el 8 de febrero de 2007, el Defensor de Familia Raúl Rodríguez Roncancio
informó a la Corte sobre lo siguiente:
Sobre las condiciones en las cuales vivían los menores
Luis Alfredo, Diana Marcela y Lucy Angélica García Perdomo cuando estaban a
cargo de su padre, Rubén García Mora informó:
Informa el señor Rodriguez que la
Trabajadora Social del Centro Zonal Barrios Unidos emite el siguiente concepto
a fecha 15 de septiembre de 2.005: "Menores en situación de peligro a los
que se les están vulnerando sus derechos. No existe red de apoyo familiar, el
señor García manifiesta que sus hermanas trabajan todo el día y que no podrían
cuidar a los niños. Una forma de ayudar y apoyar a este grupo familiar sería
brindando medida de protección a los menores, mientras el señor padre soluciona
el problema legal el cual dice tener demandada a la nación, fallo del cual se
encuentra en espera". Frente a las condiciones habitacionales de los niños
cuando estaban conviviendo con el padre Rubén García, el señor antes mencionado
vivía en una casa vieja deteriorada, con deficiencias a nivel de higiene y
aseo, quienes apoyaban en el pago de los servicios públicos eran las hermanas
del señor García, el padre de los niños dormía en un solo cuarto con sus hijos
en estado de hacinamiento, cuando se hizo la vista el cuarto estaba desaseado,
la vivienda no contaba con muebles y enseres necesarios, el niño Luis Alfredo
se encontraba desescolarizado, Diana estaba estudiando y Luz Angélica estaba
vinculada al Jardín.
¿Considera que dichas condiciones garantizaban los
derechos fundamentales de los menores?
Se considera que los derechos fundamentales
de los niños se estaban vulnerando, ya que no todos se encontraban estudiando,
la vivienda no contaba con condiciones aptas, para el desarrollo integral de
los niños (vivienda digna), la policía encontró al niño Luis Alfredo pidiendo
limosna en la Carrera 15 No 43 - 51, el día 4 de diciembre de 2.005, porque el
niño manifiestó que él estaba haciendo eso (pidiendo limosna), porque se les
estaba acabando la plata y no tenían con que desayunar, por este motivo el niño
es llevado por la policía al Centro de Emergencia Villa Servita e ingresa a
protección y posteriormente el 20 de diciembre de 2.005, es el mismo padre de
los menores señor RUBEN GARCÍA, quien solicita se ingresen los otros niños a
protección, porque desea que los niños tengan vivienda, estudio y alimentación
hasta la mayoría de edad, que lo hace por los atropellos del Estado, por las
capturas masivas.
¿Bajo qué condiciones viven actualmente los menores
Luis Alfredo, Diana Marcela y Lucy Angélica García Perdomo?
Los niños actualmente se encuentran en
protección y están en la Institución Hogares Club Michin de la ciudad de
Bogotá, donde se encuentran estudiando, tienen una vivienda adecuada, atención
nutricional, Psicosocial y médica, por lo tanto es el Estado que está brindado
a los niños los derechos fundamentales que el padre no les puede suministrar.
Informe si tiene conocimiento de los riesgos y
beneficios que tendría la entrega de los menores Luis Alfredo, Diana Marcela y
Lucy Angélica García Perdomo al señor Rubén García Mora
El señor Rubén García, ha sido afectivo y
cariñoso con sus hijos, los visita en la institución, pero respecto al proceso
administrativo de protección se han dificultado las intervenciones desde el
área Psicosocial, ya que en el proceso terapéutico, se muestra en algunas
oportunidades agresivo, sustenta su situación actual, por haber estado
injustamente detenido y el Estado no le ha resarcido los daños ocasionados con
su detención, lo cual genera una poca actitud reflexiva, no asume su realidad
ni realiza acciones para cambiarla con los recursos personales que él tiene”. ,
desde el área social no ha proporcionado datos de una vivienda estable, donde
pueda estar con sus menores hijos.
(…)
Al haber un posible reintegro de los niños
en mención con el padre correrían riégos, como no tener una vivienda digna y
estable, no tener una alimentación balanceada, ya que el señor García no cuenta
en el momento con una situación laboral fija, en cuanto al aspecto Psicológico
el padre de los niños necesita un proceso de intervención terapéutica, como
también desde el área de Psiquiatría, porque el señor García presenta un
bloqueo emocional, desde el momento que fue detenido y en lo injusto que esa
situación fue para él, por lo tanto emocionalmente el padre de los niños
requiere dicha intervención, para asumir satisfactoriamente su rol, el
reintegro de los niños con el padre, tendría solamente un beneficio a nivel
emocional dada la vinculación afectiva de padre a hijos.
Finalmente anexa informe de seguimiento a
la situación de los menores en el cual se lee:
“15.- En los seguimientos al artículo 84 C
del M se evidencio:
-Se observan buenas condiciones a los
menores, buena presentación personal,
-Todos están estudiando,
- La progenitora los abandono desde hace un
año, se desconoce paradero, los menores refieren que se fue con otro hombre,
- Se perciben relaciones afectuosas entre
el padre y los hijos.
- Luis Alfredo cursa 4 de primaria, Diana
Marcela, primero y Lucy Angélica esta en el jardín,
- El único que visita a los menores es el
progenitor, las cumple cada, 15 días.
- Luis Alfredo se presenta reacio a vivir
con familia extensa. Refieren que solo quieren vivir con el papa.
- El equipo psicosocial de la institución
informan que el progenitor es una persona
muy problemática para abordarla y trabajar terapéuticamente.­
- Al realizar la visita domiciliaria al
lugar de residencia de las tías paternas, se constata rechazo para hacerse
cargo de los niños.”
II.     CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. La Corte Constitucional es
competente para revisar las providencias proferidas dentro de la presente
acción de tutela en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9º de la Constitución Política.
Problema jurídico
2. Se pregunta la Corte (1) si la acción de tutela es
un mecanismo adecuado de protección de los derechos fundamentales de la
población desplazada por la violencia y (2) si en el presente caso el actor
tiene derecho constitucional fundamental a ser reconocido como una persona
desplazada por la violencia y, en consecuencia, a qué él y su núcleo familiar
puedan recibir las ayudas y beneficios que el Estado establece para quienes se
encuentran en tales circunstancias; (3) si, no fuera el caso anterior, debería
la Sala resolver si el actor tiene derecho constitucional fundamental a que le
sea entregada la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia a la que tienen
derecho sus tres hijos que sí han sido reconocidos como personas desplazadas
por la violencia y que se encuentran en una institución de protección del
Estado dado que el padre no se encuentra en condiciones económicas de satisfacer
sus necesidades.
La Corte procederá al estudio de las
cuestiones planteadas, previas las siguientes consideraciones: (1) resumen de
los antecedentes y valoración de las pruebas practicadas por la Sala; (2)
procedibilidad de la acción de tutela para la defensa de los derechos
fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado; (3)
derecho de las personas en situación de desplazamiento a ser reconocidas como
tales; (4) estudio del caso concreto.
Resumen de los antecedentes y valoración de las
pruebas practicadas por la Corte
3. En el presente caso la Sala considera necesario
hacer un breve resumen de los hechos fundamentales del proceso según las
pruebas allegadas por las partes y aquellas practicadas por la Corte, antes de
proceder a resolver los problemas jurídicos planteados. Para la Corte los
hechos fundamentales del caso se resumen como sigue:
Según las pruebas que reposan en el expediente, el
señor Rubén García Mora nació hace 40 años en el Cocuy, Boyacá. El señor García
ha sido fundamentalmente un trabajador del campo. Antes de llegar a Viotá
estuvo trabajando en distintas fincas en Cundinamarca. Durante un corto lapso
trabajó en Bogotá como jefe de Bodega y “reparador de camillas de
construcción”. Sin embargo, decidió regresar a cultivar el campo para lo cual
logró conseguir primero un contrato de aparcería en Viotá y luego una pequeña
finca en arriendo en el mismo municipio.
La finca contaba con un terreno cultivable y una
casita con un cuarto de dormir y una cocina. En la finca vivían el señor
García, su compañera y sus cuatro hijos menores y cultivaban plátano, café,
maíz y fríjol. No tenían comodidades pero según el relato de Rubén García
“había dinero para los gastos de la casa, incluso para contratar trabajadores
para limpiar la finca y para los cultivos”. El hijo mayor de la familia García
Perdomo, que era el único en edad de estudiar, se encontraba escolarizado. Las
otras hijas estaban al cuidado de su madre. Al preguntarle al señor García por
su vida en Viotá respondió: “Para mi era buena, por que los cultivos me estaban
dando (…) la relación con mi familia era buena, trabajaba mucho. La relación
con mis vecinos y con la gente de Viotá era buena. Tenía mis créditos, la gente
me quería. (…) Las necesidades de mi familia estaban satisfechas, la mayoría de
alimentación se producía dentro de la finca (…) La familia estaba tranquila
porque no había problemas. Aún usted le pregunta a los niños y prefieren ahora
irse para el campo, porque su libertad es distinta a lo que ahora están
pasando”.
Sin embargo, en el mes de abril de 2003 la familia
García Perdomo sufrió los efectos de una incursión paramilitar en la zona. Por
tal razón tuvieron que desplazarse y permanecer varios días, junto con más de
700 familias campesinas, en el centro urbano del municipio. Cuando las cosas
parecían mas tranquilas los señores García Perdomo decidieron regresar a su
parcela. Una vez adelantado el retorno, continuaron trabajando en la finca sin
mayores contratiempos. Nunca fueron objeto de amenazas o de actos de violencia
por parte de ninguna persona. Tampoco tuvieron contacto con personas o grupos
al margen de la ley.
Un día de agosto (entre el 6 y el 12 según relata el
actor), la policía retuvo al señor García Mora. Luego de pedirle su documento de
identidad y anotar los datos, le permitieron marcharse. Nunca le dijeron la
razón por la cual le habían pedido la cédula o habían anotado sus datos. No
obstante, el 29[5] de septiembre, entre las 8 y las 9 de la
mañana llegaron a la casa del sr. García los mismos policías y sin dar ninguna
explicación lo detuvieron. Al respecto dice el sr. García: “Yo les pregunté
porqué, que yo no le debía nada a la ley. Lo único que me contestaron es que no
sabían, pero que quedaba detenido. Me detuvieron sin saber porqué. Nos llevaron
a Girardot. De ahí sacaron a Belisario, a Luís Riaño y a Edgar Rodriguez y otro
muchacho,  nos llevaron en unas camionetas. Nos esposaron.”. En ese operativo
fueron capturadas 45 personas de la zona[6]. Ese mismo día llevaron a los detenidos a la estación de policía y los
mostraron ante las cámaras de televisión como presuntos miembros de las FARC.
La prensa escrita nacional reportó el hecho como la captura de presuntos
integrantes de las FARC. En particular el diario El Espectador  en su
edición de 29 de septiembre de 2003, señaló: “Una tercera operación efectuada
en el municipio de Viotá culminó con la captura de 50 sospechosos de integrar
una red de apoyo de esta guerrilla (se refiere a las FARC) en el departamento
de Cundinamarca”.
Al parecer sólo al ser llevado ante la Fiscalía en
Bogotá, al señor García Mora le informaron que había sido detenido por el
presunto delito de sedición. La prueba para detenerlo, investigarlo y juzgarlo,
según vino a saberse en la investigación, era la versión de un informante que
lo identificaba como alias “El Runcho”. Sin embargo, según las decisiones
judiciales del proceso, el testimonio del informante carecía de credibilidad,
en el expediente figuraban otras pruebas que desvirtuaban o al menos hacían
perder verosimilitud al dicho del informante y finalmente alias “El Runcho” se
entregó a la justicia para entrar a los programas de desmovilización
individual. Catorce meses después, el señor García fue dejado en libertad
gracias a que la jueza penal competente lo declaró inocente de todos los
cargos. En ese momento salió de la penitenciaría en Bogotá para encontrarse con
su familia.
4. Para el momento de la captura del señor García, en
Viotá se vivía una difícil situación. Como quedo establecido en el expediente,
desde finales de 2002 pero especialmente durante el 2003 se presentaron graves
incursiones paramilitares dirigidas a tomar posesión del territorio mediante
actos de terror contra la población.
En este sentido, el Observatorio de los Derechos
Humanos en Colombia, del Programa Presidencial de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, señala: “En Viotá (Cundinamarca), una
población históricamente dominada por las Farc, se presentaron incursiones de
miembros de las autodefensas que ingresaron a esta región como parte de una
ofensiva encaminada a establecer presencia territorial en la ciudad de Bogotá y
sus alrededores”. En el mismo sentido, el informe de Acción Social sobre
desplazamientos masivos en Viotá durante el 2003 indica que tales
desplazamientos se produjeron por graves violaciones de derechos humanos
cometidas por los grupos de autodefensa en dicho territorio. Así mismo, en el
informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la Situación de los derechos humanos en Colombia[7] referido al año 2003, se describe claramente la
situación de polarización social y violencia que vivía el país para el periodo
estudiado. En particular, se hace énfasis en la grave situación de derechos
humanos vivida durante el año 2003 en Viotá Cundinamarca, generada por las ejecuciones
extrajudiciales, las torturas y los desplazamientos forzados cometidos por los
grupos paramilitares en dicho municipio durante el periodo mencionado.
En especial, cabe resaltar que de acuerdo con datos
recaudados por Codhes entre 1999 y 2005, 9086 personas huyeron por la violencia
del municipio de Viotá. De estas, 8856 se desplazaron durante 2003. Lo anterior
significa que el 97% de los desplazamientos producidos en Viotá entre 1999 y el
2005, tuvieron lugar en el 2003. En el mismo sentido, Acción Social señala que
mientras en el 2002 se desplazaron de Viotá 215 hogares, en el 2003 se
desplazaron, del mismo municipio 729 hogares. Finalmente, Acción Social informa
a la Corte que durante el año estudiado se produjeron en este municipio 3006
desplazamientos masivos, cifra claramente exorbitante respecto de los mismos
hechos en años anteriores.
Las cifras mencionadas son una clara muestra de la
escalada de violencia que se presentó en el municipio de Viotá durante el 2003,
como estrategia paramilitar para aterrorizar a la población y tomar posesión
del territorio.
5. Sobre la situación de violencia y el miedo que
sentían los campesinos de Viotá por las incursiones paramilitares del 2003
resultan claramente ilustrativas las declaraciones de los campesinos
desplazados que fueron mencionadas en los antecedentes de esta decisión. En uno
de los informes allegados al presente expediente, sobre los procesos de
desplazamiento masivo en el 2003 en Viotá, Cundinamarca, se lee:
“El pasado 1 de abril Yolima* sintió que el mundo se le vino encima. La
esperanza de encontrar a su esposo, desaparecido un día antes, se esfumó cuando
le llegó la noticia de que el cuerpo mutilado había sido encontrado en una fosa
en la vereda Puesto Brasil, desmembrado y con evidentes signos de tortura.
Cerró los ojos y cayó desmayada. Pero el impacto de la noticia no sólo
conmocionó a Yolima. Los más de 2.500 campesinos desplazados de Viotá, quienes
desde el 29 de marzo (de 2003) han arribado al casco urbano huyendo por
amenazas de los paramilitares, entendieron que lo que inicialmente había sido
un rumor, se convirtió en una dolorosa realidad: los paras, comandados por alías `Albeiro', comandante de las
Autodefensas del Casanare, habían llegado a la zona para quedarse. (…)
"Salimos cuando supimos que venían
subiendo los paras por entre
los cafetales y las carreteras. Yo no quería desplazarme porque uno sabe que
viene es a sufrir con los hijos. Pero como uno escucha que esa gente no respeta
nada, ni niños, ni mujeres, era la única opción para salvar la vida. Ha llegado
el rumor de que saquearon las tiendas, las casas, mataron los marranos, las
gallinas. Al casco urbano llegamos a las 6:00 p.m., dormimos en el parque y el
teatro, sobre costales. Fue duro porque la gente del pueblo no entiende el
miedo que se siente. Muchas personas a las que les pedimos ayuda nos dijeron
que para qué nos habíamos venido. Nosotros queremos regresar pero no mientras
los paramilitares estén por allá.”, señalaba una desplazada de la vereda Alto Palmar, quien tuvo que abandonar su finca
junto con sus cuatro hijos de 16, 14, 13 y 11 años. (…)”
6. En este contexto de miedo y violencia generalizada,
el señalamiento de una persona como presunto guerrillero o auxiliador de la
guerrilla puede costarle la vida no sólo a ella sino a sus familiares y
allegados[8]. En efecto, como se sabe bien, los actores
armados ilegales se mueven por meros rumores o incluso sin razón alguna. Basta
con que exista un señalamiento de cualquier tipo contra una persona para que
esta sea identificada como “objetivo militar”. Su propósito es el de generar
terror sobre la población. Por ello, a la muerte y destrucción del presunto
“enemigo” le suman la crueldad de sus actuaciones, el asesinato de sus
familiares, el desarraigo de los sobrevivientes y el despojo de todos sus
bienes.
En particular, para los efectos del presente caso
resulta relevante señalar que, tal y como lo indica el informe mencionado del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
Situación de los derechos humanos en Colombia[9], en el contexto del conflicto interno, las mujeres
suelen ser víctimas de violencia por parte de los grupos armados ilegales, por
ser familiares de una persona identificada como perteneciente al grupo
contrario.
7. En las circunstancias de zozobra descritas y ante
el señalamiento de su compañero como miembro de un frente subversivo, la
presencia de hombres extraños que “circundaban su casa” y la información de que
a las personas que habían sido detenidas las matarían los paramilitares por
tratarse de auxiliadores de la guerrilla, la señora Perdomo, luego de
refugiarse con sus cuatro hijos por algunos días en casa de sus vecinos y de
conseguir los recursos para desplazarse a Bogotá, llegó a esta ciudad. En Viotá
dejo sin embargo todos sus enceres personales. Al respecto indica el señor
García: “mi familia se desplazó a Bogotá porque llegaron y los amenazaron luego
de mi captura, allá dejaron todo botado. (…) Allá en Viotá vendió la gallina, los
cerdos, dos vacas. Quedó el caballo pues la bestia es muy difícil de vender.
Quedaron también las cosas de mi casa, camas, ollas, la loza, una grabadora, el
equipo, el televisor, todo eso quedo allá”.
8. La señora Perdomo llegó a Bogotá escapando de la
violencia de Viotá, con pocos recursos, a vivir con sus cuatro hijos en la
humilde casa de una hermana de su compañero. Sin embargo su cuñada difícilmente
podía ayudarle a satisfacer las necesidades de su familia o a cuidar a los
menores mientras ella intentaba buscar trabajo. Por eso las condiciones para
ella y para sus hijos eran cada vez más difíciles. No obstante, antes de ser
liberado, su compañero, el señor García fue informado por la Cruz Roja
Internacional sobre los derechos que tenía su familia por tratarse de un hogar
víctima del desplazamiento forzado. El informó a su mujer quien asistió a la
Personería de Bogotá y puso de presente las circunstancias que habían debido
vivir. Señaló que requería con urgencia la ayuda humanitaria para ella y sus cuatro
hijos y que no estaba dispuesta a regresar a Viotá. Al respecto en la
declaración rendida ante la Personería se lee:
“(….) Preguntado: psicológica y emocionalmente como se
encuentra su familia. Contestó: Deprimida, estoy con anemia y los hijos están
emocionalmente mal. Preguntado: dejó familia en el lugar de los hechos que
piensa traer. Contestó: no, todos nos vinimos. Preguntado: tiene intención de
regresar al lugar del desplazamiento. Contestó: No, por todo lo que nos pasó,
además dicen que a los que tienen detenidos los van a matar tan pronto
vuelvan”.
9. En una primera decisión la Red de Solidaridad (hoy
Acción Social) no inscribió a la señora Perdomo en el Registro Único de
Población Desplazada. No obstante al resolver el recurso de reposición
interpuesto, resuelve inscribir a la señora Perdomo y “a su núcleo familiar” en
el Registro, pero no inscribir al señor García Mora por considerar que este no
se había desplazado de Viotá por causa del conflicto armado sino porque había
sido capturado. Tanto la primera como la segunda decisión fueron oportunamente
notificadas a la señora Perdomo. Nunca se notificaron al señor García.
10. Gracias a la inscripción en el registro la señora
Perdomo solicita y recibe ayuda humanitaria para ella y sus tres hijos durante
tres meses del último semestre del 2004.
11. El 24 de noviembre de 2004 el señor García Mora es
dejado en libertad por ser considerado inocente de todos los cargos. Para la
jueza del caso el hecho de que una persona hubiera tenido que habitar en un
municipio dominado por grupos armados ilegales no la convierte en auxiliadora o
miembro de dichos grupos. Adicionalmente, como ya se mencionó, descarta por
completo la verosimilitud del testimonio del informante que acusaba al señor
García de ser miembro de las FARC.
12. Una vez en libertad Rubén García busca a su
familia en Bogotá. De inmediato advierte que se encuentran en una difícil
situación económica y emocional. Poco tiempo después, el 10 de diciembre de
2004, la madre de los menores se separa de su compañero llevándose consigo a la
menor de los cuatro hijos. Nunca han vuelto a saber de ella.  A partir de
entonces Rubén García Mora queda en calidad de padre cabeza de familia de sus
tres hijos mayores. No tiene ahorros ni ingresos de ningún tipo; acaba de salir
de la cárcel luego de 14 meses de prisión, acusado de ser miembro de las Farc;
no puede regresar a Viotá porque tiene miedo de que lo asesinen; y esta
comenzando a sufrir una lesión de la vesícula. Adicionalmente Acción Social
considera que no tiene derecho a las ayudas que se reconocen a las personas
desplazadas dado que no se trata de una persona desplazada por la violencia.
En estas condiciones, el señor García intenta
conseguir trabajo. Para ello contacta a párrocos de diversas localidades, a sus
antiguos jefes y a personas que puedan darle algún empleo. Por sus condiciones
no consigue un trabajo estable que le permita salir de la difícil situación en
la que se encuentra. Logra que le permitan vivir en una casa en muy mal estado
a condición de que cuide la propiedad y de vez en cuando logra que lo contraten
como jornalero en alguna finca de las afueras de Bogotá. Sin embargo, nada de
lo anterior le permite una verdadera estabilización socioeconómica.
13. Estando en tales circunstancias, el señor García
solicita a Acción Social la prórroga de la ayuda humanitaria a que tiene
derecho su núcleo familiar. Sin embargo, Acción Social se tarda en responder la
petición y cuando le responde le indica que si bien él no tiene ningún derecho
por no estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada, sus hijos
si tienen derecho a la prórroga de las ayudas pues ellos si son considerados
personas desplazadas. Sin embargo, señala que para obtener las ayudas debe
demostrar que tiene la custodia de los menores. El 29 de noviembre de 2005,
luego de un peregrinaje por distintas entidades públicas, logra que la
Defensora de Familia del Bienestar Familiar expida una certificación según la
cual “los menores se encuentran bajo la custodia del padre desde el 10 de
diciembre del 2004 fecha en que la madre los abandonó. Lo anterior para que se
tenga en cuenta para el suministro de la pensión (sic) humanitaria de
emergencia”.
Para entonces (noviembre-diciembre de 2005) la
situación de la familia era muy difícil pues el padre no tenía como satisfacer
las necesidades de sus hijos; se recuperaba de una operación y no recibía las
ayudas que había solicitado; tampoco estaba en condiciones de conseguir trabajo
estable. La situación llegó a ser tan crítica que el hijo mayor del actor
algunos días tuvo que salir a “pedir limosna porque – según su propio
testimonio - no tenían que desayunar”. En tales circunstancias, dado que Acción
Social no le entrega las ayudas solicitadas, el 20 de diciembre de 2005 el
actor se ve obligado a separarse de sus hijos y dejarlos transitoriamente al
cuidado del Bienestar Familiar mientras logra estabilizarse.
14. Sin embargo, a raíz de la anterior decisión,
comienza una discusión entre el señor García Mora y Acción Social que gira en
torno a la entrega efectiva de la prórroga de la ayuda humanitaria. En efecto,
Acción Social se niega a girar los recursos aprobados dado que los menores se
encuentran en Bienestar Familiar y no están al cuidado del padre. Ciertamente,
pese a que en un primer momento Acción Social aprobó la entrega de las ayudas
para los menores, finalmente resolvió (1) no entregar ninguna ayuda adicional
al señor García dado que no se encuentra inscrito en el Registro Único de
Población Desplazada (2) no autorizar el giro de los recursos – de las ayudas
aprobadas para los menores - hasta que no se establezca quien tiene la custodia
definitiva de los menores teniendo en cuenta que se encuentran en una
institución del Bienestar Familiar.
En suma, desde que el actor es declarado inocente,
-luego de catorce meses de privación de  su libertad -, no ha logrado
estabilizarse socioeconómicamente. No puede volver a Viotá Cundinamarca a
trabajar la tierra o al menos a recuperar sus bienes porque tiene miedo de ser
asesinado. Su compañera, que ha sido inscrita en el Registro Único de Población
Desplazada, se separa del núcleo familiar dejándolo a cargo de sus tres hijos
mayores. La señora Perdomo no hace trámite adicional para solicitar la
protección de los derechos del grupo familiar. Acción Social entiende que Rubén
García no es una persona desplazada por la violencia y, por tal razón, le niega
las ayudas y beneficios de que son titulares quienes se encuentran en esta
circunstancia. Si bien sus hijos están inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada, Acción Social se tarda en reconocer la prórroga de la
ayuda humanitaria. Por esta razón Rubén García debe dejar a sus hijos
temporalmente al cuidado del ICBF. Una vez conoce esta circunstancia, Acción
Social niega la entrega de las ayudas porque los menores ya no están al cuidado
del señor García.
15. Es entonces cuando el señor García Mora decide
interponer la acción de tutela para solicitarle a Acción Social la entrega de
la prórroga de las ayudas humanitarias a las que tienen derecho sus hijos así
como el resto de las ayudas a que tiene derecho para restablecer la unidad del
núcleo familiar. Adicionalmente, en las distintas declaraciones el señor Mora
solicita que el Estado le repare el daño que ha sufrido y le confiera las
ayudas que requiere para estabilizarse socio económicamente luego del
desplazamiento del que fue objeto su familia a raíz de su captura. Advierte en
este sentido que nunca le han informado sobre los derechos que tiene pero considera
que fue desplazado a causa de una arbitrariedad del Estado; que por esta razón
perdió todos sus bienes y no puede regresar a trabajar a Viotá; que a causa de
tal arbitrariedad ha sido separado de sus hijos; y que el Estado debe responder
por sus acciones permitiéndole acceder, al menos, a las ayudas que le permitan
estabilizarse socio económicamente y recuperar a sus hijos.
16. Acción Social considera que la tutela es
improcedente. En su criterio lo que el actor está pidiendo es ser reconocido
como desplazado, calidad que le fue negada conforme a la ley pues, a juicio de
la entidad, la razón de su partida de Viotá no fue la violencia generada por el
conflicto armado sino la captura. Adicionalmente señala que la entrega de las
ayudas para sus hijos – que sí tienen la calidad de desplazados – depende de si
permanecerán o no en Bienestar Familiar o si le son entregados a su padre. En
el evento de que se confirme la custodia definitiva – dice la Agencia – las
ayudas le serán entregadas al actor.
17. Los jueces de primera y segunda instancia negaron
la tutela interpuesta, en su criterio, dado que el señor García Mora no está
inscrito en el Registro Único de Población Desplazada no puede solicitar vía
tutela las ayudas y derechos que reconoce la ley a quien se encuentra en
situación de desplazamiento forzado. Adicionalmente consideran que el padre no
tiene las condiciones socioeconómicas para satisfacer los derechos de sus hijos
y por lo tanto mientras no adquiera estas condiciones resulta razonable que los
menores se encuentren en una Institución de Bienestar Familiar.
18. En el presente caso, tal y como lo reconoce Acción
Social, el actor interpone la acción de tutela, finalmente, para lograr que el
Estado le reconozca los derechos que, en su criterio, tienen  él y su núcleo
familiar por encontrarse en situación de desplazamiento forzado por la
violencia.
En las circunstancias descritas, tal y como fue
manifestado al inicio de la parte motiva de esta providencia, la Corte debe
resolver (1) si la acción de tutela es un mecanismo adecuado de protección de
los derechos fundamentales de la población desplazada por la violencia y (2) si
en el presente caso el actor tiene derecho constitucional fundamental a ser
reconocido como una persona desplazada por la violencia y, en consecuencia, a
que él y su núcleo familiar puedan recibir las ayudas y beneficios que el
Estado establece para quienes se encuentran en tales circunstancias; (3) si, no
fuera el caso anterior, debería la Sala resolver si el actor tiene derecho constitucional
fundamental a que le sea entregada la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia a la que tienen derecho sus tres hijos que sí han sido reconocidos
como personas desplazadas por la violencia y que se encuentran en una
institución de protección del Estado dado que el padre no se encuentra en
condiciones económicas de satisfacer sus necesidades.
Procedencia de la acción de tutela como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales de la población desplazada
19. Tal y como lo ha señalado la Corte, la acción de
tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de
las personas en situación de desplazamiento forzado. En este sentido, dado que
se trata de una población especialmente protegida que se encuentra en una
situación dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección
es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes, la Corte ha
encontrado que resulta desproporcionado exigir el agotamiento previo de los
recursos judiciales ordinarios como requisito para la procedencia de la
acción.
Sobre la procedencia de la acción de tutela para
obtener del juez una orden inmediata dirigida a proteger los derechos
fundamentales de la población desplazada, la Corte se ha pronunciado en
múltiples oportunidades[10]. En una de las decisiones más recientes ha
señalado:
“Debe quedar claro que, debido a la gravedad y a la
extrema urgencia a la que se ven sometidas las personas desplazadas, no se les
puede someter al trámite de las acciones judiciales para cuestionar los actos
administrativos de la Red, ni a la interposición de interminables solicitudes a
la coordinadora del Sistema.  Aquello constituye la imposición de cargas
inaguantables, teniendo en cuenta las condiciones de los connacionales
desplazados, y son factores que justifican la procedencia de la acción de
tutela. En este contexto, se ha admitido que cuando quiera que en una situación
de desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección
para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo
idóneo para la protección de los derechos conculcados.”[11]
En el mismo sentido dijo la Corte:
“Es que, como se verá, por el solo hecho de su
situación, las personas sometidas a desarraigo pueden exigir la atención del
Estado, sin soportar cargas adicionales a la información de su propia
situación, como las que devienen de promover procesos dispendiosos y aguardar
su resolución[12].”[13]
20. En virtud de la doctrina citada, en el presente
caso, al menos desde el punto de vista procedimental, la acción de tutela
resulta procedente. En efecto, lo que se reclama es nada menos que el
reconocimiento de una persona como persona desplazada y la consecuente protección
de los derechos fundamentales que esta persona y su núcleo familiar tendrían en
su condición de personas afectadas por el desplazamiento forzado.
Procede la Corte a estudiar las cuestiones de fondo
planteadas en la acción de tutela que se estudia y a revisar las decisiones de
los jueces constitucionales de instancia.
El derecho de una persona a obtener el reconocimiento
del Estado cuando se encuentra en situación de desplazamiento forzado por la
violencia: (1) Condiciones para ser considerado como una persona en situación
de desplazamiento forzado; (2) Principios que deben guiar la interpretación y
aplicación de las normas en materia de desplazamiento forzado, especialmente en
cuanto se refiere al registro de las personas afectadas por este fenómeno; (3)
Derecho a ser inscrito en el RUPD si se encuentra en las condiciones materiales
que caracterizan el desplazamiento forzado
21. La jurisprudencia de la Corte ha
señalado de manera reiterada que la condición de persona desplazada por la
violencia es una condición de hecho que no se adquiere en virtud de la
declaración administrativa de tal circunstancia, sino al encontrarse
satisfechos los requisitos materiales que la caracterizan. La Corte ha descrito
como sigue tales requisitos:
“Sea cual fuere la descripción que se
adopte sobre desplazados internos, todas contienen dos elementos cruciales: la
coacción que hace necesario el traslado y la permanencia dentro de las
fronteras de la propia nación. Si estas dos condiciones se dan, no hay la menor
duda de que se está ante un problema de desplazados.” [14]
Más recientemente, sobre la misma cuestión, ha dicho
la Corte:
La condición de desplazado se adquiere pues, al estar
en cualquier situación, derivada del conflicto armado interno, contraria a los
derechos de las personas a permanecer pacíficamente y sin apremio alguno, en el
lugar escogido para establecer sus raíces familiares, culturales, sociales y/o
económicas. De lo que además se derive la necesidad de trasladarse para
preservar no sólo la vida sino la tranquilidad y la armonía propias del
desarrollo de la convivencia en un Estado Constitucional de Derecho.[15]
22. En concordancia con lo anterior, la Ley 387 de
1997, indica que la persona en condición de desplazamiento es aquella que se ha
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad
de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de Derechos Humanos, infracciones
al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público. En los mismos términos el artículo 2 del decreto 2569  define la
condición de desplazado por la violencia[16].
23. En virtud de lo anterior, la Corte ha
considerado que si una persona se encuentra en las circunstancias de hecho que
dan lugar al desplazamiento, tiene derecho a ser inscrita en el Registro Único
de Población Desplazada (RUPD) pues esta inscripción es un requisito
fundamental para acceder a los derechos que la Constitución y a Ley reconocen a
quien se encuentra en esta circunstancia.
24. Ahora bien, la entidad encargada de evaluar si el
solicitante es una persona que se encuentra en situación de desplazamiento
forzado, es la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social.  En este sentido, esta Corporación ha resaltado
de manera reiterada la importante misión de Acción Social y la relevancia del
RUPD como instrumento para una adecuada planeación y ejecución de políticas
públicas en materia de desplazamiento forzado. En efecto, en criterio de la
Corporación, la existencia y el adecuado diligenciamiento del RUPD responde a
fines constitucionalmente relevantes, pues es un mecanismo adecuado para la
canalización de la ayuda humanitaria de emergencia y para el diseño y ejecución
ordenada de políticas públicas en la materia. No obstante, la Corte también ha
puesto de presente las limitaciones y dificultades que, desde la perspectiva de
la protección de los derechos fundamentales, encuentra el mecanismo del
registro tal y como opera actualmente.[17]
25. En particular, la Corte se ha
pronunciado en diversas oportunidades sobre el proceso de registro de una
persona en el RUPD y los criterios que deben guiar a los funcionarios
receptores de la declaración  y a la quienes la evalúan, a la hora de definir
si la persona tiene derecho a ser inscrita en el registro.  Todas las
sentencias de la Corte a este respecto, parten de la  premisa de que la
condición de desplazado por la violencia es una circunstancia de carácter
fáctico, que se presenta cuando se ha ejercido cualquier forma de coacción para
el abandono del lugar habitual de residencia o de trabajo a otro lugar dentro
de las fronteras del Estado. En este sentido la Corte ha sido clara al señalar
que “la inscripción en el RUPD carece de efectos constitutivos de esa
condición; por lo que, en cambio, dicho Registro cumple únicamente las
finalidades de servir de herramienta técnica para la identificación de la
población afectada y como instrumento para el diseño e implementación de
políticas públicas que busquen salvaguardar los derechos constitucionales de
los desplazados.”.
26. Es entonces tarea de Acción Social
(antes Red de Solidaridad Social) identificar si la persona declarante se
encuentra en las circunstancias materiales descritas o si, por el contrario, no
se trata de una persona en situación de desplazamiento. En este sentido, es
importante recordar que la Ley facultó a la Red
(Acción Social) para no inscribir el Registro i) a quienes faltaren a la verdad
en su declaración, ii) a aquellos cuyas afirmaciones no permiten concluir que
en realidad existió un fenómeno de desplazamiento forzado, y iii) por hechos
ocurridos con más de un año de antelación a partir del momento en el que se
superó la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que le impidió el
registro[18].
27. Ahora bien, la Corte ha señalado que
las normas sobre desplazamiento y, en particular, las que orientan a los
funcionarios encargados de diligenciar el RUPD, deben interpretarse y aplicarse
a la luz de los siguientes
principios[19]: (1) Las disposiciones legales deben
interpretarse y aplicarse a la luz de las normas de derecho internacional que
hacen parte del bloque de constitucionalidad sobre el tema de desplazamiento
forzado, en particular, el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios
de Ginebra de 1949[20] y los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial
del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos
Internos de Personas[21]; (2) el principio de favorabilidad[22];  (3) el principio de buena fe y el
derecho a la confianza legítima[23]; y (4) el principio de prevalencia del derecho sustancial propio del
Estado Social de Derecho.[24]
28. En virtud de los anteriores principios la Corte ha
identificado una serie de reglas relativas al registro de una persona en el
RUPD que vale la pena recordar[25]. (1) En primer lugar, los servidores
públicos deben informar de manera pronta, completa y oportuna a quien pueda
encontrarse en situación de desplazamiento forzado, sobre la totalidad de sus
derechos y el trámite que deben surtir para exigirlos[26]. (2) En segundo término, los funcionarios que reciben
la declaración y diligencian el registro sólo pueden requerir al solicitante el
cumplimiento de los trámites y requisitos expresamente previstos en la ley para
tal fin[27].  (3) En tercer lugar, en virtud del
principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, prima facie,  las
declaraciones y pruebas aportadas por el declarante[28]. En este sentido, si el funcionario considera que la
declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así[29]; los indicios deben tenerse como prueba
válida[30]; y las contradicciones de la declaración
no son prueba suficiente de que el solicitante falte a la verdad[31]. (4) La declaración sobre los hechos
constitutivos de desplazamiento debe analizarse de tal forma que se tengan en
cuenta las condiciones particulares de los desplazados así como el principio de
favorabilidad[32]. (5) Finalmente, la Corte ha sostenido que
en algunos eventos exigir que la declaración haya sido rendida dentro del
término de un año definido en las normas vigentes puede resultar irrazonable o
desproporcionado, en atención a las razones que condujeron a la tardanza y a la
situación que dio lugar el desplazamiento y en la cual se encuentra la persona
afectada[33].
29. En virtud de la aplicación de las reglas
anteriores, la Corte ha encontrado procedente ordenar el registro de una
persona en el Registro Único de Población Desplazada o, al menos, la revisión
institucional de la decisión de negar el registro[34], siempre que ha verificado que Acción Social (1) ha
efectuado una interpretación de las normas aplicables contraria a los
principios de favorabilidad y buena fe[35]; (2) ha exigido requisitos formales irrazonables o desproporcionados[36]  o ha impuesto barreras de acceso al
registro que no se encuentran en las normas aplicables[37]; (3) ha proferido una decisión que carece de
suficiente motivación[38]; o (4) ha negado la inscripción por causas
imputables a la administración y ajenas al solicitante[39]; (5) ha impedido que la persona pueda exponer las
razones por las cuales considera que se encuentra en circunstancia de
desplazamiento forzado o ejercer los recursos arbitrados por el ordenamiento
para controvertir la decisión administrativa que le niega la inscripción en el
Registro[40].
La Corte procederá entonces a resolver el caso
planteado a la luz de los criterios mencionados en los fundamentos precedentes.
Estudio del caso concreto
30. En virtud de los criterios jurisprudenciales
mencionados, la Corte estudiará si el actor tiene derecho fundamental a ser
reconocido como una persona desplazada por la violencia y, en consecuencia, a
que él y su núcleo familiar puedan recibir las ayudas y beneficios que el
Estado establece para quienes se encuentran en tales circunstancias. Si no
fuera el caso anterior, debería la Sala resolver si el actor o sus hijos tienen
derecho constitucional fundamental a que les sea entregada la prórroga de la
ayuda humanitaria de emergencia a la que tienen derecho sus tres hijos que sí
han sido registrados en el RUPD y reconocidos como personas desplazadas por la
violencia y que se encuentran en una institución de protección del Estado dado
que el padre no se encuentra en condiciones económicas de satisfacer sus
necesidades.
31. Como ya fue explicado, en el presente caso el
actor fue capturado en Viotá en el 2003, en un operativo de capturas masivas,
acusado de ser miembro del grupo ilegal FARC. A raíz de la amenaza de grupos
paramilitares a las personas capturadas y de la situación de zozobra y temor
vivida para entonces en Viotá como consecuencia de las brutales incursiones
paramilitares, la compañera del actor se sintió amenazada, abandonó todos sus
bienes y enseres y se desplazó con sus cuatro hijos y sin muchos recursos, a
Bogotá. En esta ciudad fue inscrita con sus hijos en el RUPD. El actor, sin
embargo, fue excluido del registro pues Acción Social consideró que no se
trataba de una persona desplazada por la violencia. No aparece prueba de
notificación de esta decisión al actor.
Catorce meses después, una vez declarado inocente de
todos los cargos, el actor se encuentra con su familia en Bogotá. Deciden no
volver a Viotá por las amenazas de los grupos paramilitares según las cuales
matarían a las personas capturadas que regresaran al municipio. Pocas semanas
después, su compañera abandona, con su hija menor, el núcleo familiar, dejando
al actor a cargo de tres de sus hijos. Ella nunca solicita las ayudas
tendientes a la estabilización socioeconómica a la que tienen derecho las
personas desplazadas. Para entonces, el señor García no puede regresar a Viotá;
no encuentra trabajo estable; acaba de salir de 14 meses de prisión luego de
ser acusado de pertenecer a las FARC; y se encuentra enfermo. Solicita entonces
a Acción Social, las ayudas que requiere su núcleo familiar para poder
estabilizarse socio económicamente
Acción Social aprueba la prórroga de la ayuda
humanitaria para sus tres hijos, pero tarda en entregar los recursos. La
circunstancia es tan grave que algunos días uno de sus hijos – según su propio
testimonio - se ve obligado a “pedir limosna porque no tienen que desayunar”.
En estas condiciones, el actor se ve en la obligación de dejar a sus hijos en
una institución de protección del Instituto de Bienestar Familiar. Enterado de
esta circunstancia, Acción Social decide no entregar los recursos dado que los
titulares de las ayudas son los menores – pues el padre no está inscrito en el
RUPD - y ellos se encuentran en una institución de protección y no con el
padre. En estas circunstancias, el señor García interpone acción de tutela para
solicitar la protección de sus derechos fundamentales y de los derechos de su
núcleo familiar.
32. La primera pregunta que se formula la Corte es si
realmente el señor Rubén García tiene la condición de desplazado y, por lo
tanto, tiene derecho a que el Estado active a su favor todo el sistema de
protección de los derechos de las personas en estas circunstancias.
A este respecto, no sobra recordar que reiteradamente
la Corte ha indicado que la situación de desplazamiento forzado se constituye a
raíz de la concurrencia de circunstancias materiales determinadas y no de la
inscripción de la persona afectada en el RUPD.  En este sentido, la Corte ha
señalado que la condición de desplazado se adquiere al estar en cualquier
situación, derivada del conflicto armado interno, contraria a los derechos de
las personas a permanecer pacíficamente y sin apremio alguno, en el lugar
escogido para residir o trabajar, de lo que además se derive la necesidad de
trasladarse dentro de las fronteras del Estado para preservar los derechos
fundamentales de la persona afectada o de su núcleo familiar[41]. En este sentido debe ser interpretado el artículo 1
de la Ley 387 de 1997, que indica que la persona en condición de desplazamiento
es aquella que “se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han
sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de
cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios
y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público.”
33. Se pregunta la Corte si la situación en la cual se
encuentra Rubén García Mora puede ser considerada como una de las hipótesis de
desplazamiento según la norma transcrita. A este respecto, no sobra recordar
que tales disposiciones deben ser interpretadas, en todo caso, de conformidad
con (1) las normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de
constitucionalidad sobre el tema de desplazamiento forzado, en particular, el
artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949[42] y los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial
del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos
Internos de Personas[43]; (2) el principio de favorabilidad[44];  (3) el principio de buena fe y el
derecho a la confianza legítima[45]; y (4) el principio de prevalencia del derecho sustancial propio del
Estado Social de Derecho.[46]
34. El señor García fue acusado de ser miembro de las
FARC en un momento de aguda confrontación armada y crueles incursiones
paramilitares en la vereda en la cual habitaba y trabajaba. Fue capturado en un
operativo de capturas masivas y expuesto ante los medios masivos de comunicación
como presunto integrante del grupo ilegal mencionado. A raíz de la captura y
del temor a ser identificada como enemiga de los grupos paramilitares, su
compañera huyó del lugar de residencia de la familia. Poco después fue
reconocida como desplazada y registrada en el RUPD con sus hijos. Para entonces
existían amenazas paramilitares contra las personas que habían sido capturadas
en el operativo en el cual fue capturado el señor García. Según tales amenazas
si las personas capturadas regresaban a la vereda iban a ser asesinadas. Muchas
personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y desplazadas por los
grupos ilegales durante el período en el cual sucedieron los hechos de la
presente tutela. En suma, a la luz de los hechos narrados por el actor y del
contexto de violencia vivido en Viotá y descrito en los antecedentes de esta
decisión, parece altamente razonable que al salir de la cárcel al señor García
le asistiera temor de regresar con su familia al municipio de Viotá, que era su
lugar habitual de trabajo y residencia.
En este sentido, es cierto que el actor no se fue de
su finca en Viotá a causa de amenazas de grupos armados irregulares, pues fue
capturado en un operativo de capturas masivas. Pero también es cierto que su
compañera y sus hijos si se fueron de Viotá, luego de la captura, por el miedo
a las acciones de estos grupos ilegales y no lo es menos que no puede regresar
a la vereda por las amenazas de los mismos. Amenazas que suelen concretarse en
actos de barbarie que esta Corte se abstiene de narrar[47].
En los términos anteriores y en aplicación de los
principios de favorabilidad y buena fe mencionados, la Corte no puede menos que
considerar que el actor se encuentra en situación de desplazamiento forzado por
la violencia. En efecto, en primer lugar, el principio de buena fe obliga a los
servidores públicos y en particular a los jueces constitucionales a dar
credibilidad a las afirmaciones del actor y a las declaraciones de su antigua
compañera sobre las amenazas proferidas por los grupos paramilitares contra las
personas capturadas y acusadas de ser parte de las FARC. Estas declaraciones se
compadecen además con el accionar de los grupos ilegales y con la aguda
situación de violencia vivida en Viotá en la época de los hechos. De otra
parte, el principio de favorabilidad obliga a los operadores jurídicos a
interpretar las normas relativas al desplazamiento de la manera más favorable a
la persona afectada. En este sentido si bien es cierto que el artículo 1 de la
Ley 387 de 1997 se refiere a quien se ha visto forzado a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, a causa de amenazas de grupos ilegales, también es
cierto que tal disposición es perfectamente aplicable a quien no puede regresar
a su lugar de trabajo o residencia por esta causa. En efecto, resultaría
abiertamente desproporcionado y contrario al principio de razonabilidad y
favorabilidad una interpretación según la cual cuando la persona se aleja
temporalmente del lugar habitual de trabajo o residencia por causas distintas a
las consagradas en la norma en mención, pero se ve obligada a permanecer
alejada de dicho lugar por amenazas de grupos armados ilegales, no sea
considerada como una persona afectada por el desplazamiento forzado. En este
sentido, resulta plenamente razonable sostener que se encuentra en situación de
desplazamiento forzado quien no puede regresar a su lugar habitual de trabajo y
residencia por miedo a ser asesinado por grupos violentos al margen de la ley.
En suma, está en situación de desplazamiento una
persona que se ha visto forzada a permanecer alejada de su lugar de residencia
y trabajo, abandonando sus bienes, enseres y actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han
sido amenazadas, con ocasión del conflicto armado interno, la violencia
generalizada, las violaciones masivas de los Derechos Humanos y las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. No cabe duda entonces de que
el señor Rubén García Mora es una persona que fue desplazada por la violencia
del municipio de Viotá, pues no puede regresar a este municipio por amenazas de
grupos paramilitares que, a raíz de su captura y de la exposición pública de
tales hechos, consideran que pertenece al grupo contrario y que por esta razón
debe permanecer alejado de la vereda so pena de ser asesinado.
35. Ahora bien, Acción Social (entonces Red de
Solidaridad) encontró que el señor Rubén García Mora no debía ser inscrito en
el RUPD pero sin embargo, -por los mismos hechos que alega el señor García-,
inscribió a su compañera y a sus hijos. La decisión fue oportunamente
notificada a la señora Perdomo. Sin embargo, no existe prueba de su notificación
al señor García. En esa medida, no existe en el presente expediente prueba
alguna que permita pensar que al señor Ruben García Mora, mientras se
encontraba detenido por un delito del cual fue declarado inocente, se le
permitió el ejercicio pleno del derecho de defensa frente a la decisión
adoptada por Acción Social.
36. De otra parte, tampoco existe prueba en el
expediente de que al señor García Mora alguna institución del Estado le hubiere
informado sobre sus derechos y los mecanismos existentes para ejercerlos. Por
el contrario, en la declaración rendida ante esta Corte, el actor indica que se
enteró de los derechos de su núcleo familiar por una visita de la Cruz Roja
Internacional y menciona tener algún conocimiento vago sobre el derecho que les
asiste a algunas ayudas. Sin embargo, resulta claro de la misma declaración que
el actor desconoce los derechos de los cuales es titular y los requisitos para
exigirlos. En este sentido, es fundamental recordar que la Corte Constitucional
ya ha sostenido que es obligación del Estado “suministrar a la persona
desplazada que lo requiera, información sobre sus derechos y cómo ponerlos en
marcha, en forma clara, precisa y oportuna. Teniendo en cuenta que el grupo que
lo requiere es el más vulnerable, ya que se encuentra, en la generalidad de los
casos, en una ciudad extraña, lo que hace más difícil para ellas conocer y
acceder a las instituciones para obtener la ayuda humanitaria a la que tienen
derecho. (...)  situaciones como la descrita son lo más alejado a un Estado
social de derecho, porque es al Estado al que le corresponde suministrar
atención e información precisa para la solución de las necesidades de las
personas que sufren el desplazamiento forzado y facilitar los procedimientos,
como reconocimiento de la dignidad humana, principio garantizado por la
Constitución.”[48]
37. Finalmente, el no reconocimiento del actor como
desplazado, la demora en conceder la prórroga de la ayuda humanitaria para sus
hijos y la decisión de Acción Social de no girar los recursos aprobados, ha
terminado por vulnerar el derecho a la unidad del núcleo familiar y los
derechos de los menores. En efecto, la razón por la cual el señor García Mora
ha debido separarse de sus hijos es porque no ha recibido las ayudas a las que
él y su núcleo familiar tienen derecho por tratarse de una familia desplazada
por la violencia. En particular, el derecho a la unidad familiar.
En este sentido no sobra recordar que tanto la Ley 387
de 1997 como la jurisprudencia de la Corte Constitucional fundada en el bloque
de constitucionalidad, han reconocido el derecho de quienes integran un núcleo
familiar afectado por el desplazamiento, a mantener la unidad del núcleo. Para
ello es necesario que el Estado apoye vigorosamente la reunificación y la
estabilización socioeconómica del hogar víctima de desplazamiento. Al respecto,
en la sentencia T-025 de 2004, la Corte señaló:
“Entre los derechos constitucionales
fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de
desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado los
siguientes: (…) 6. En no pocos casos, el desplazamiento implica una dispersión
de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la
unidad familiar[49] y a la protección integral de la familia[50].  Los Principios 16 y 17 están dirigidos,
entre otras cosas,  a precisar el alcance del derecho a la reunificación
familiar. (…) A partir de ese criterio, y con base en las obligaciones
internacionales asumidas por Colombia en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario, así como en la compilación de criterios para la
interpretación y aplicación de medidas para atender a la población desplazada
contenida en los Principios Rectores, la Sala considera que los siguientes
derechos mínimos encuadran bajo esta definición y, por ende, integran el mínimo
prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado: (…)  3. El derecho
a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y
precisado para estos casos en el Principio 17, especialmente aunque sin
restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de
especial protección constitucional ‑niños, personas de la tercera edad,
disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia ‑, quienes tienen
derecho a reencontrase con sus familiares.”.
En el presente caso, la decisión de Acción Social de
no inscribir al padre de los menores en el RUPD le impide acceder a los
derechos de estabilización socioeconómica los cuales es titular su núcleo
familiar. Adicionalmente, la tardanza en la entrega de la ayuda humanitaria y
la decisión de no entregarla “mientras se define la custodia definitiva de los
menores” es una de las causas por las cuales el señor Rubén García Mora tuvo
que separarse de sus hijos y dejarlos al cuidado de una institución de
protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En suma, la falta de
apoyo del Estado, en el caso concreto, ha tenido como resultado la separación
del padre de sus hijos y, en consecuencia, la violación del derecho a la unidad
familiar.
38. En virtud de las consideraciones anteriores y de
la situación de urgencia que presenta el caso estudiado la Sala procederá a dar
las órdenes que considera adecuadas para proteger los derechos fundamentales
del señor Rubén García Mora y sus hijos menores.
38.1. En primer lugar, se ordenará a Acción Social que
registre de manera inmediata al señor Rubén García Mora en el Registro Único de
Población Desplazada.
38.2 Adicionalmente, Acción Social deberá informar de
manera inmediata, clara y precisa al actor, cuáles son sus derechos y
asesorarlo y acompañarlo para que pueda protegerlos. Como lo ha señalado la
Corte:
“Estos derechos han sido desarrollados por la ley y
conforman una carta de derechos básicos de toda persona que ha sido víctima de
desplazamiento forzado interno. Así, a cada desplazado se le informará que:
1.        Tiene derecho a ser registrado
como desplazado, solo o con su núcleo familiar.
2.        Conserva todos sus derechos
fundamentales y por el hecho del desplazamiento no ha perdido ninguno de sus
derechos constitucionales sino que por el contrario es sujeto de especial
protección por el Estado;
3.        Tiene derecho a recibir ayuda
humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3
meses, prorrogables por 3 meses más[51] y que tal ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos
esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestido
adecuado, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.
4.        Tiene derecho a que se le
entregue el documento que lo acredita como inscrito en una entidad promotora de
salud, a fin de garantizar su acceso efectivo a los servicios de atención en
salud;
5.        Tiene derecho a retornar en
condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se le pueda obligar a
regresar o a reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional;
6.        Tiene derecho a que se
identifiquen, con su plena participación, las circunstancias específicas de su
situación personal y familiar para definir, mientras no retorne a su lugar de
origen, cómo puede trabajar con miras a generar ingresos que le permita vivir
digna y autónomamente.
7.        Tiene derecho, si es menor de 15
años, a acceder a un cupo en un establecimiento educativo.
8.        Estos derechos deben ser
inmediatamente respetados por las autoridades administrativas competentes, sin
que éstas puedan establecer como condición para otorgarle dichos beneficios que
interponga acciones de tutela, aunque está en libertad para hacerlo;
9.        Como víctima de un delito, tiene
todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por esa
condición para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos
y obtenga de los autores del delito una reparación.
Si bien esta carta de derechos del
desplazado no implica que sus demás derechos puedan ser desconocidos, ni que el
desplazado obtenga, por conocer dicha carta, una protección automática de sus
derechos básicos, sí garantiza, por lo menos, que se le provea información
oportuna y completa sobre los deberes de las autoridades y respecto de la
especial protección que ha de recibir por el hecho del desplazamiento.(…)”[52]
38.3. En virtud de lo anterior, se ordenará a Acción
Social que reconozca y pague al actor los recursos correspondientes a la ayuda
humanitaria de emergencia; que coordine su acceso y el de sus hijos menores a
los servicios de salud y educación; y que lo asesore y acompañe en el proceso
de acceso a las distintas alternativas de estabilización socioeconómica
diseñadas por el Estado para atender los derechos de la población desplazada
por la violencia.  En todo caso, la ayuda humanitaria deberá entregarse en los
términos de lo dispuesto en la sentencia C-278 de 2007 de la Corte
Constitucional.
38.4 Adicionalmente, se ordenara al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar que diseñe un programa de acompañamiento y
monitoreo para garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales de los
menores y la defensa del interés superior de éstos. Para ello deberá reconocer
la condición de padre cabeza de familia del señor García Mora e inscribir al
núcleo familiar en los programas de atención y protección del menor y la
familia a cargo de dicho Instituto. Finalmente, deberá promover y acompañar el
proceso de reunificación familiar, una vez certificado que el actor ha recibido
la ayuda humanitaria de emergencia y ha encontrado un lugar adecuado para
convivir con sus tres pequeños hijos.
38.5 De otra parte, se ordenará al actor que una vez
reciba la ayuda humanitaria de emergencia, encuentre un lugar en el cual pueda
convivir dignamente con sus tres pequeños hijos, asegurando la satisfacción de
sus derechos fundamentales. Para ello, debe atender de manera estricta las
indicaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y seguir las
indicaciones del programa de acompañamiento y seguimiento diseñado
especialmente para garantizar la adecuada defensa de los derechos fundamentales
de los menores.
38.6 Finalmente, conforme al estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, esta Sala
ordenará el envío de una copia de la presente decisión al Procurador General de
la Nación[53] y al Defensor del Pueblo[54] para que, conforme a sus competencias,
hagan seguimiento al cumplimiento del fallo
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR las decisiones del Juzgado
treinta y uno Civil del Circuito Bogotá D.C. y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial, Sala Civil que resolvieron la acción de tutela instaurada
por Rubén García Mora contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social y en su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales del señor Rubén García Mora y sus hijos
menores.
Segundo.- ORDENAR a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, que
inscriba al señor Rubén García Mora en el Registro Único de Población
Desplazada y, consecuentemente, en el Sistema Único de Registro de
Desplazados.  Se ordena adicionalmente que lo registre en el Registro Único de
Población Desplazada su condición de padre cabeza de familia de los hijos
menores que se encuentran bajo su custodia.
Tercero.- ORDENAR la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, que realice
todas las gestiones necesarias para que en un plazo no mayor de 8 días,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, le entregue al
actor, efectivamente, si aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria solicitada,
lo oriente adecuadamente sobre el acceso a los demás programas de atención para
población desplazada y, en caso de que haya presentado alguna otra solicitud
para recibir acceso a los servicios de salud, medicamentos, educación para sus
hijos menores, acceso a los programas de estabilización económica o vivienda
les responda de manera adecuada, pronta y oportuna.
Cuarto.- ORDENAR a la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social que informe
detalladamente al actor sobre los programas de estabilización económica y los
trámites para acceder a ellos. En estos términos las autoridades responsables
de dar respuesta a las solicitudes de ayuda relativas al acceso a alguno de los
programas de estabilización económica –trabajos temporales, proyectos
productivos, capacitación, seguridad alimentaria, etc.‑ y de vivienda,
deberán dar respuesta de fondo a las solicitudes del actor dentro del mes
siguiente a su formulación de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia
T-025 de 2004.
Quinto.-  ORDENAR a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social y a la Secretaría
de Salud de Bogotá D.C., que en el plazo máximo de 15 días contados a partir de
la notificación de la presente tutela, adelanten de manera coordinada, si aún
no lo han hecho, todas las acciones necesarias para garantizar el acceso
efectivo de los hijos del accionante y sus hijos al sistema de salud, y se les
garantice el suministro de los medicamentos que requieran para su tratamiento.
Sexto.- ORDENAR a la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social y a la
Secretaría de Educación de Bogotá D.C. que en el plazo máximo de un mes,
contado a partir de la notificación de la presente tutela, adelanten de manera
coordinada todas las acciones necesarias para garantizar a los accionantes que
así lo hayan solicitado, el acceso efectivo al sistema educativo.
Séptimo.- ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar que, una vez certificado que el actor ha recibido la ayuda
humanitaria de emergencia y ha encontrado un lugar adecuado para convivir con
sus tres pequeños hijos, facilite y acompañe el proceso de reunificación
familiar del señor García Mora y sus hijos. Adicionalmente, deberá diseñar un
programa de acompañamiento y monitoreo para garantizar la satisfacción de los
derechos fundamentales de los menores y la defensa del interés superior de
estos. Para ello deberá reconocer la condición de padre cabeza de familia del
señor García Mora e inscribirlo en los programas de atención y protección del
menor y la familia a cargo de dicho Instituto.
Octavo.- ORDENAR al actor que una vez reciba la
ayuda humanitaria de emergencia, encuentre un lugar en el cual pueda convivir
dignamente con sus tres pequeños hijos, asegurando la satisfacción de sus
derechos fundamentales. Para ello, debe atender de manera estricta las
indicaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las indicaciones
del programa de acompañamiento y seguimiento diseñado especialmente para
garantizar la adecuada defensa de los derechos fundamentales de los menores.
Noveno.- ORDENAR a la Secretaría General de la
Corte Constitucional el envío de una copia de la presente decisión al
Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo para que, conforme a
sus competencias, hagan seguimiento al cumplimiento del fallo
Décimo.- ORDENAR que por Secretaría General se
dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Según el actor fue capturado el 28 de
septiembre del 2003. Sin embargo la Fiscalía afirma que fue capturado el 29 de
septiembre del mismo año.
[2] Resolución
de la Red de Solidaridad Social No. 11001-0237 del 13 de febrero de 2004 “por
medio de la cual se decide sobre la solicitud de inscripción en el Registro
Nacional De Población Desplazada presentada por MARÍA ARGENY PERDOMO TRIANA”
[3] Resolución
de la Red de Solidaridad Social No. 11001-0237R del 26 de mayo de 2004 “por
medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por MARÍA
ARGENY PERDOMO TRIANA”
[4] Comisión Colombiana de Juristas. Informe a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación de desplazamiento
forzado en Colombia, octubre de 2003.
[5] Según el actor la captura se produjo el 28
de septiembre de 2003. Sin embargo, la Fiscalía señala que la misma se produjo
el 29 de septiembre del mismo año.
[6] Según la Fiscalía General de la Nación el
señor Rubén García Mora fue capturado el 29 de septiembre de 2003 en un
operativo en el que fueron capturadas 45 personas. La misma entidad indica que
entre los meses de septiembre y noviembre de 2003 fueron capturadas
“aproximadamente” sesenta personas. En el informe Documentos Temáticos n° 2 del
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la
coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos se informa lo siguiente: “el 27
(sic) de septiembre de 2003, en Viotá (Cundinamarca), durante una operación
conjunta realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fueron
detenidas 45 personas, entre ellas agricultores, comerciantes, amas de casa y
transportadores, quienes fueron señalados de ser auxiliadores del grupo
guerrillero FARC. 12 personas más fueron detenidas los días 27 de septiembre
(sic), 25 de noviembre y 9 de diciembre de 2003 durante operativos militares
realizados en Viotá”. Según este informe, el señor García fue capturado el 27
de septiembre del 2003. El mismo informe indica que el 20 de febrero de 2004 la
Fiscalía resolvió cerrar la investigación a favor de 39 de las personas
detenidas. Posteriormente la investigación contra 5 personas más fue objeto de
preclusión. Finalmente los jueces competentes resolvieron absolver de
responsabilidad a las personas que aún se encontraban vinculadas a la investigación.
Una de ellas era el actor de la presente tutela, señor Rubén García Mora.
[7] E/CN.4/2004/13, de 17 de febrero de 2004.
* Nombre ficticio
para proteger identidad.
[8] Como se menciona adelante, es usual que en
el conflicto interno colombiano las mujeres que son compañeras, esposas o
familiares  de personas identificadas por los grupos armados ilegales como
“enemigos”  sean víctimas directas de actos de violencia como homicidios,
torturas, violación o violencia sexual y desplazamiento forzado, sólo por este
hecho.
[9] E/CN.4/2004/13, de 17 de febrero de 2004
[10]
Una síntesis de las decisiones de la Corte en esta materia puede encontrarse en
la sentencia SU-150 de 2000 y en el anexo 4 de la sentencia T-025 de 2004. Más
recientemente la Corte se ha pronunciado sobre el tema en las sentencias T-740
de 2004, T-175 de 2005, T-1094 de 2004, T-563 de 2005, T-1076 de 2005, T-882 de
2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006 y T-468 de 2006.
[11] Sentencia T-086/06
[12] La Corte ha sostenido, de manera reiterada que la
acción de tutela es procedente para que la población desplazada acceda a la
protección de sus derechos, en razón de la grave situación que afrontan, al
respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-227 de 1997, T-327
de 2001, T-1346 de 2001,  T-098 de 2002, T-268 de 2003, T-813 de 2004, T-1094
de 2004, T- 563 de 2005.
[13] Sentencia T- 882 de 2005.
[14] Sentencias T- 227 de 1997, T-327 de 2001, T-268 de 2003, T-025 de 2004, T-740 de 2004, T-1094 de 2004, y
T-175 de 2005, entre otras.
[15] Sentencia T-468 de
2006.
[16] Este artículo indica:“Es desplazado toda persona
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su
localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas , con ocasión de cualquiera de las
siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público”.
[17] Cfr. Sentencias T-025 de 2005, T-327/01,
T-1094/04 y T-563/05, entre otras.
[18] Al respecto cabe recordar que en la
sentencia C-047 de 2001 la Corte concluyó que, en principio, el plazo de un año
estipulado por el legislador para reclamar las ayudas era razonable, y no
desconocía ni hacía nugatorios los derechos fundamentales de los desplazados.
Sin embargo, la Corte señaló que este plazo sólo era razonable, si la persona
desplazada que estuviera solicitando la ayuda no se encontrara en una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. En consecuencia, la Corte declaró  exequible la norma demandada bajo el entendido de
que el término de un año fijado por el Legislador para acceder a la ayuda
humanitaria comenzará a contarse a partir del momento en que cese la fuerza
mayor o el caso fortuito que impidieron presentar oportunamente la solicitud.
Al respecto en la sentencia T-136 de 2007 la Corte señaló: “En este punto, lo
cierto es que la interpretación de aquello que constituye fuerza mayor o caso
fortuito debe hacerse teniendo en cuenta las situaciones excepcionales de
violencia que causaron el desplazamiento y la especial situación de
marginalidad y debilidad en la que se encuentra la población desplazada. Por
esta razón, el alcance de estos conceptos debe revisarse a la luz de estas
nuevas realidades que el derecho debe regular. En este sentido, lo que no
resultaría admisible es una interpretación de la Ley que resulte insensible a
la especial protección constitucional de la cual es objeto la población
desplazada a través, por ejemplo, de la exigencia de una carga probatoria alta
o desproporcionada que haga prácticamente imposible la protección del
derecho.”.
[19] Sobre la aplicación de las normas en
materia de registro en el RUPD a la luz de los derechos principios y valores
mencionados dijo la Corte: “Desde una perspectiva distinta cabe preguntarse si con la presente
providencia judicial, la Corte Constitucional ha establecido la procedibilidad
de la inscripción de ciudadanos en el Registro Nacional de Desplazados,
haciendo caso omiso al cumplimiento de los requisitos prescritos para ello en
la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000. La respuesta a esto es negativa.
En el caso bajo estudio, la Corte verificó (el cumplimiento
de cada uno de los requisitos exigidos por la Ley encontrando como ) hecho constitutivo de la vulneración de los derechos fundamentales
de la tutelante, la interpretación no ajustada a la Constitución que la Entidad
hizo al evaluar su declaración. Dicha evaluación, como se dijo, invirtió la
carga de la prueba de la ocurrencia de los hechos relatados en cabeza de la
ciudadana. Cuando la existencia o inexistencia de amenaza directa debió ser en
efecto demostrada por la Entidad, cosa que no ocurrió.” Sentencia T-468 de
2006.
[20] “Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos
forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por
razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad
de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento
tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la
población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento,
salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las
personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con
el conflicto”.
[21] Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.
Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas
para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng.
[22] Sentencia T-025/04.
[23] Sobre
inversión de la carga de la prueba y aplicación del principio de buena fe ha
dicho la Corte: ”De acuerdo a la jurisprudencia resumida, para el caso a
resolver es necesario resaltar que en el proceso de recepción y evaluación de
las declaraciones de la persona que dice ser desplazada, los funcionarios
correspondientes deben presumir la buena fe del declarante y ser sensibles a
las condiciones de especial vulnerabilidad en que éste se encuentra y, por lo
tanto, valorarlas en beneficio del que alega ser desplazado. Adicionalmente,
ante hechos iniciales indicativos de desplazamiento la carga de la prueba
acerca de que el declarante no es realmente un desplazado corresponde a las
autoridades, y en caso de duda, la decisión de incluirlo en el registro debe
favorecer al desplazado, sin perjuicio de que después de abrirle la posibilidad
de acceso a los programas de atención, se revise la situación y se adopten las
medidas correspondientes.”. Sentencia T-1094 de 2004.
[24] Sentencia T-025/04.
[25]  En la sentencia T-1076 de 2005 sobre esta
misma cuestión dijo la Corte: “En cuanto se refiere al
registro de una persona en el RUPD la Corte ha sostenido, específicamente, lo
siguiente: (i) La interpretación favorable de las normas que regulan la materia
permite  sostener que la condición de desplazado forzado interno es una
situación fáctica, que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de
la inscripción en el RUPD; (ii) las exigencias procedimentales para esa
inscripción sólo pueden ser aquellas expresamente fijadas en la ley, sin que
los funcionarios encargados de esa labor estén facultados para exigir
requisitos adicionales; (iii) la declaración sobre los hechos constitutivos de
desplazamiento debe analizarse de tal forma que se tengan en cuenta las
condiciones particulares de los desplazados, que en la mayoría de los casos les
dificultan relatarlos con exactitud; y (iv) estas declaraciones están amparadas
por la presunción de buena fe, lo que traslada a los funcionarios competentes
la carga probatoria para desvirtuar los motivos expresados por el afectado.”.
[26] En
la sentencia T-563 de 2005 se describen y explican las etapas de la inscripción
en el RUPD. Sobre el derecho de las personas en situación de desplazamiento a
recibir información plena, eficaz y oportuna ver T-645 de 2003.
[27] Cfr. Sentencia T-1076 de 2005.
[28] Al
respecto la Corte ha sostenido que en materia de desplazamiento forzado la
carga de probar que las declaraciones de la persona no corresponden a la verdad
corresponde al Estado. Así por ejemplo, sobre la presunción de validez de las
pruebas aportadas, la Corte ha señalado: “si una persona desplazada afirma
haber realizado una declaración sobre los hechos que dieron lugar a su traslado
y aporta certificación al respecto proveniente de una de las autoridades
previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor, la Red de Solidaridad
debe presumir que el documento es verdadero y debe dar trámite a la solicitud
de inscripción..”. Sentencia T-563 de 2005.
[29] Al
respecto la Corte ha señalado: “es a quien desea contradecir la afirmación a
quien corresponde  probar la no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la
ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental alguna no es prueba de su no
ocurrencia. Es apenas prueba de la inmanejable dimensión del problema que hace
que en muchas ocasiones las entidades gubernamentales sean desconocedoras del
mismo. En muchas ocasiones las causas del desplazamiento son silenciosas y casi
imperceptibles para la persona que no está siendo víctima de este delito.
Frente a este tipo de situaciones es inminente la necesidad de la presunción de
buena fe si se le pretende dar protección al desplazado.” Sentencia T-327 de
2001.
[30] Al
respecto dijo la Corte: “uno de los elementos que pueden conformar el conjunto
probatorio de un desplazamiento forzado son los indicios y especialmente el
hecho de que la persona haya abandonado sus bienes y comunidad. Es contrario al
principio de celeridad y eficacia de la administración el buscar llegar a la
certeza de la ocurrencia de los hechos, como si se tratara de la tarea de un
juez dentro de un proceso, ya que al hacer esto se está persiguiendo un
objetivo en muchas ocasiones imposible o en extremo complejo, como se ha
expresado anteriormente, la aplicación del principio de buena fe facilita la tarea
del funcionario de la administración y le permite la atención de un número
mayor de desplazados.”. Sentencia  T-327 de 2001.
[31] Para
la Corte la inversión de la carga de la prueba se produce en virtud de la
aplicación de los principios de buena fe y favorabilidad y en atención a las
especiales circunstancias en las que suelen encontrarse las personas en
situación de desplazamiento forzado. Por estas mismas circunstancias la Corte
ha entendido que las inconsistencias en la declaración no pueden ser prueba
suficiente de su falsedad. Al respecto la Corporación ha dicho que al momento
de recibir la correspondiente declaración, los servidores públicos deben tener
en cuenta que: “(i) la mayoría de las personas desplazadas por la
violencia provienen de ambientes donde la educación a la que tuvieron acceso es
exigua -motivo por el cual el grado de analfabetismo es alto-; (ii) en
muchas ocasiones quien es desplazado por la violencia proviene de contextos en
los cuales se ha educado a las personas en una especie de "temor
reverencial" hacia las autoridades públicas; (iii) en el momento de
rendir un testimonio ante las autoridades, el grado de espontaneidad y claridad
con el que podrían hacerlo se reduce considerablemente; (iv) a las
circunstancias del entorno de origen de los desplazados, se añaden las secuelas
de la violencia. No es fácil superar el trauma causado por los hechos
generadores del desplazamiento forzado. Esta situación puede conllevar traumas
sicológicos, heridas físicas y afectivas de difícil recuperación, además de la
inminente violación de derechos humanos que se da desde que la persona es
víctima del delito de desplazamiento que pueden influir en el desenvolvimiento
del desplazado al momento de rendir la declaración; y (v) el temor de
denunciar los hechos que dieron lugar al desplazamiento hace que no exista
espontaneidad en su declaración.”
[32] Ibidem.
[33] Al respecto cabe recordar que en la sentencia C-047 de 2001 la Corte declaró exequible el plazo de un año para
solicitar la ayuda humanitaria, bajo el entendido de que el término de un año
fijado por el Legislador para acceder a la ayuda humanitaria comenzará a
contarse a partir del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito
que impidieron presentar oportunamente la solicitud. Ver nota 38 infra.
[34] En
algunos casos la Corte no ha ordenado directamente la inscripción de la persona
afectada sino la revisión de la decisión adoptada, teniendo en cuenta los
nuevos argumentos de la persona y los principios que deben guiar la
interpretación y aplicación de las normas sobre desplazamiento forzado. Al
respecto la sentencia T-1094 de 04 indica: “A pesar de que la Red en esta
ocasión no ha obrado de forma arbitraria, con el fin de proteger los derechos
fundamentales del núcleo familiar del indígena y de prevenir que se cause un
perjuicio irremediable al accionante, la Corte concederá la acción de tutela.
Esta Corporación ordenará a la Red que realice una segunda evaluación acerca de
la inclusión del solicitante y su familia en el Registro Único de Población
Desplazada, en la cual deberán ser incluidos elementos de juicio adicionales a
los ya considerados, con el fin de que sea disipada la duda acerca de si la
persona declarante es o no desplazada.”
[35] En las sentencias T-098 de 2002, T-327 de 2001, T-268 de 2003, T-1094
de 2004 se precisa claramente que las autoridades administrativas y los
operadores jurídicos están obligados a interpretar las normas relativas al
desplazamiento forzado de conformidad con los principios de favorabilidad y
buena fe. Así por ejemplo, en la sentencia T-327 de 2001, la Corte ordenó a la
Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social) la inscripción de una persona en el
registro único de población desplazada al entender que la no inscripción se
debió a una interpretación legal que desconocía el principio de buena fe dado
que no daba credibilidad, sin aportar argumento alguno para ello, a las
afirmaciones del actor y a las pruebas por este allegadas.  Así mismo, en la
sentencia T-268 de 2003 la Corte ordenó el registro en el RUPD de una serie de
personas que se habían desplazado dentro del mismo municipio (Medellín) a raíz
de combates entre el ejército y un grupo armado ilegal en la localidad en la
cual estas personas tenían sus lugares de residencia. La autoridad
administrativa había negado el registro dado que, en su criterio, no era
posible hablar de desplazamiento cuando la persona no ha abandonado el
municipio en el cual habita. La Corte sin embargo entendió que las normas sobre
desplazamiento debían interpretarse de la forma más favorable a las personas
que se habían visto obligadas a huir de su localidad (en este caso la comuna 13
de Medellín) abandonando sus hogares y todos sus bienes, por razón del
conflicto. En consecuencia, la expresión “localidad de residencia” debía
entenderse como referida a las divisiones territoriales del municipio. En
consecuencia, ordenó, entre otras cosas, que se garantizara la seguridad de los
tutelantes y sus condiciones de retorno si así voluntariamente lo quisieren.
Así mismo, en aplicación del principio de
favorabilidad y buena fe, la Corte ha entendido que deben tenerse como
verdaderas las pruebas aportadas por quien considera encontrarse en situación
de desplazamiento forzado y que corresponde al Estado desvirtuar tales pruebas
si considera que no son auténticas. En este sentido en la sentencia T-563 de
2005 dijo la Corte: “Por último y en concordancia con lo anterior, si una persona
desplazada afirma haber realizado una declaración sobre los hechos que dieron
lugar a su traslado y aporta certificación al respecto proveniente de una de
las autoridades previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor, la Red
de Solidaridad debe presumir que el documento es verdadero y debe dar trámite a
la solicitud de inscripción.”. Adicionalmente la Corte ha entendido que la
existencia de contradicciones en la declaración de una persona que solicita ser
inscrita en el RUPD no es prueba suficiente de que no se encuentra en situación
de desplazamiento. Para que el Estado pueda negarse a tal inscripción se
requiere que existan pruebas razonables y suficientes que desvirtúen la
declaración. Al respecto ver T-1094 de 2004 citada adelante.
[36] En
la sentencia T-740 de 2004 la Corte ordenó el registro de una Persona en el
Registro Único de Población Desplazada por considerar que la negativa de la
autoridad no era razonable ni proporcionada. En este sentido, la Corte ordenó
el registro de una persona que había huido de su parcela ante la amenaza de
reclutamiento forzado que las FARC había hecho sobre sus hijos. Esta persona
había sido beneficiaria de ayuda humanitaria y sin embargo, dado que no se
había registrado en el RUPD dentro del plazo establecido por la Ley, Acción
Social le suspendió toda ayuda. Al respecto dijo la Corte: “Para la Sala, el
estado de desplazamiento reportado por (…) se encuentra demostrado con las
distintas declaraciones rendidas por él ante los jueces de tutela.  Ese estado
material no puede ser desconocido argumentando el carácter extemporáneo de la
solicitud de inscripción en el registro nacional de población desplazada pues
tal condición no se adquiere por virtud del acto formal de inscripción sino por
el hecho cierto del desplazamiento.  Por lo tanto, esa es una razón
sustancialmente insuficiente para negarle la inscripción y para desvincularlo
de los programas de protección dispuestos para tal protección.”. En el mismo
sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-175 de 2005, en la cual ordenó
la inscripción de una persona desplazada en el Registro  Único de Población
Desplazada pese a que la solicitud de inscripción había sido realizada de
manera extemporánea dado el desconocimiento que la actora tenía de sus propios
derechos.
[37] En
la sentencia T-215 de 2002 la Corte protege el derecho de los menores a nombre
de quien se interpone la acción de tutela a ser inscritos en el Sistema Único
de Población Desplazada y, por consiguiente, a recibir los derechos que les
garantiza el sistema integral de protección. En este caso la Corte encuentra
que vulnera la Constitución la exigencia según la cual la solicitud del
registro sólo puede ser hecha por los padres o representantes legales de los
menores, pues se trata de una exigencia irrazonable que establece una barrera
desproporcionada de acceso al sistema de protección. Sobre la exigencia de requisitos que no han sido
contemplados por norma alguna, en la sentencia T-327 de 2001, dijo la Corte: “En
virtud de la aplicación del articulo 83 de la Carta Política, debe presumirse
la buena fe en la actuación de los particulares. En el caso de los desplazados,
se debe presumir la buena fe al estudiar su inclusión en el Registro Nacional
de Desplazados para recibir la ayuda del Gobierno. El exigir aportar nuevos
documentos, sin que estos estén siquiera relacionados en un decreto, implica
presunción de mala fe. Para analizar si una persona es o no desplazada basta
una prueba siquiera sumaria, especialmente si tal desplazamiento se presenta
dentro de una situación de temor generalizado ocasionado por la violencia
existente en la respectiva región.”.
[38] Como
ya se mencionó, en la sentencia T-327 de 2001, la Corte ordenó a la Red de
Solidaridad Social (hoy Acción Social) la inscripción de una persona en el
registro único de población desplazada al entender que la decisión de no
registrarla no se encontraba suficientemente fundamentada. En el mismo sentido,
en la sentencia T-1076 de 2005, la Corte concedió la tutela a una persona cuyo
registro en el RUPD se había negado al considerar que su declaración había sido
inconsistente y en consecuencia faltaba a la verdad. Al respecto, la Corte
observa, en primer lugar, que las presuntas contradicciones temporales se
fundan en un razonamiento insuficiente por parte de la entidad accionada.
Adicionalmente sostiene que la interpretación de la institución resulta no sólo
“fácilmente rebatible”, sino también opuesta a una interpretación acorde con
los postulados constitucionales que protegen a la población desplazada.  En
consecuencia le ordena a la autoridad competente que proceda a realizar una
nueva evaluación de la declaración de la actora, teniendo en cuenta todos los
elementos probatorios y los principios constitucionales que deben guiar la
interpretación y aplicación de las normas en la materia. En el mismo sentido
ver T-882 de 2005. Así mismo en la
sentencia T-086 de 2006, la Corte ordenó el registro de una persona en el RUPD
dado que la decisión institucional de no registrarla no se encuentra soportada
en razones suficientes. Al respecto dijo la sentencia: “La Sala observa,
teniendo en cuenta la declaración presentada ante el personero del municipio de
Cucutilla, que de ninguno de los actos proferidos por la Red de Solidaridad
Social es posible derivar con suficiente claridad las causas jurídicas o
materiales que sirven de sustento o fundamento a la negativa de inscribir a la
señora (…) y su familia en el Registro coordinado por esa entidad. (…) A la
Corte en esta oportunidad, no le queda más que censurar categóricamente la conducta
asumida por los funcionarios de la Unidad Territorial Norte de Santander de la
Red de Solidaridad Social, quienes ante las posibles incoherencias presentes en
la declaración (que, por cierto, la Sala no alcanza a detectar) se limitaron a
expedir unas resoluciones confusas que, sin duda, no tienen la suficiente
entidad para negar la inscripción en el Registro Nacional de Población
Desplazada a la señora (…) y su familia”
[39] Adicionalmente la Corte ordenó la
inscripción de distintas personas en el RUPD cuando la autoridad competente
había fundado la decisión de no inscripción en el hecho de que las personas
concernidas no habían enviado la respectiva declaración al Ministerio del
Interior. En este sentido en la sentencia T-268 de 2003 dijo la Corte: “Si existen, como ocurrió en el caso que da origen a la presente
tutela, numerosas declaraciones ante la Defensoría del Pueblo respecto a un
hecho notorio como fue el desplazamiento de 65 familias de la denominada Comuna
13 de Medellín, no puede negárseles a esos 65 núcleos familiares el
calificativo de desplazados internos y las consecuencias jurídicas y prácticas
que ello conlleva, con la disculpa de que  no se remitió copia de las
declaraciones a una oficina del Ministerio del Interior, máxime cuando esa
solicitud de copia, según el citado inciso, le corresponde hacerlo, como lo
dice el encabezamiento del inciso a ‘la Dirección General para los Derechos
Humanos del Ministerio del Interior o la entidad que esta delegue’. El juez de
tutela no puede invocar circunstancias formales (no provenientes de omisión de
los afectados) para negar la protección a derechos fundamentales de los
desplazados.”. Esta doctrina se reitera en la
sentencia T-563 de 2005.
[40] En
la sentencia T-563 de 2005 la Corte Constitucional concedió la tutela a una
persona a quien le fue negado el derecho a declarar, al afirmar: “En este orden, si la declaración no fue remitida a
una de sus unidades territoriales, no podrá concluir sin prueba adicional, que
la declaración no se realizó, sino que tendrá que tomar una nueva declaración
al peticionario y efectuar su respectiva valoración”. En consecuencia ordenó a la
autoridad competente tomar una nueva declaración al actor sobre los hechos que
afirma dieron lugar a su desplazamiento, y efectúe su respectiva valoración
para efectos de su inscripción y la de su núcleo familiar en el Registro Único
de Población Desplazada.
[41] Sentencia T-468 de 2006.
[42] “Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos
forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por
razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad
de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento
tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la
población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento,
salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las
personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con
el conflicto”.
[43] Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.
Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas
para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng.
[44] T-025/04.
[45] Sobre
inversión de la carga de la prueba y aplicación del principio de buena fe ha
dicho la Corte: ”De acuerdo a la jurisprudencia resumida, para el caso a
resolver es necesario resaltar que en el proceso de recepción y evaluación de
las declaraciones de la persona que dice ser desplazada, los funcionarios
correspondientes deben presumir la buena fe del declarante y ser sensibles a
las condiciones de especial vulnerabilidad en que éste se encuentra y, por lo
tanto, valorarlas en beneficio del que alega ser desplazado. Adicionalmente,
ante hechos iniciales indicativos de desplazamiento la carga de la prueba
acerca de que el declarante no es realmente un desplazado corresponde a las
autoridades, y en caso de duda, la decisión de incluirlo en el registro debe
favorecer al desplazado, sin perjuicio de que después de abrirle la posibilidad
de acceso a los programas de atención, se revise la situación y se adopten las
medidas correspondientes.”. Sentencia T-1094 de 2004 .
[46] Sentencia T-025/04.
[47] Para ilustrar el tipo de actuaciones
de los grupos ilegales en Colombia y las razones por las cuales los pobladores
tienen terror de enfrentarlos baste citar un aparte de un informe publicado por
el diario El Tiempo, titulado “Colombia Busca a sus Muertos” del 24 de abril de
2007. Dice un aparte del informe: “Los testimonios de paramilitares y los resultados de los
equipos forenses permiten concluir que las Autodefensas Unidas de Colombia no
solo diseñaron un método de descuartizar a seres humanos sino que llegaron al
extremo de dictar cursos utilizando a personas vivas que eran llevadas hasta
sus campos de entrenamiento. Francisco Villalba, el paramilitar que dirigió en
terreno la barbarie del Aro (Antioquia), en la que torturaron y masacraron a 15
personas durante 5 días, revela detalles de esos cursos hasta hoy desconocidos.
"Eran personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas (...)
Se repartían entre grupos de a cinco (...) las instrucciones eran quitarles el
brazo, la cabeza... descuartizarlas vivas", dice su expediente.”
[48] Sentencia T-645 de 2003.
[49]  Sentencia SU-1150 de 2000, precitada.
[50]  Sentencia T-1635 de 2000, precitada.
[51]  En virtud de la sentencia C-278 de 2007  “el término de tres (3) meses de la ayuda humanitaria de emergencia
previsto en el parágrafo 15 de la ley 387 de 1997 resulta demasiado rígido para
atender de manera efectiva a la población desplazada y no responde a la
realidad de la permanente vulneración de sus derechos. Para la Corte, el
establecimiento de un término para dicha asistencia no se opone por sí mismo a
la Constitución. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia, dicha ayuda no
puede depender del simple paso del tiempo, sino que debe tener en cuenta las
condiciones objetivas de la población afectada a la que se debe brindar
asistencia, para que sea realmente efectiva y cumpla a cabalidad con la
responsabilidad que le compete al Estado en relación con los afectados. Por
tales razones, la Corte determinó que el término de tres meses y su prórroga por
el mismo tiempo son inconstitucionales, pues resultan notoriamente
insuficientes en la gran mayoría de situaciones para subsanar y atender en
forma eficiente y oportuna, la grave vulneración de múltiples derechos
fundamentales de la población desplazada. Al desaparecer estos términos, la
Corporación precisó que la asistencia humanitaria de emergencia debe extenderse
hasta que la persona afectada pueda asumir su auto sostenimiento. En este
sentido se condicionó la exequibilidad del resto del parágrafo acusado. Por
otro lado,  la Corte declaró inexequible el parágrafo del artículo 18 de la Ley
387 de 1997, toda vez que es claro que la responsabilidad de mejoramiento y
restablecimiento de los derechos conculcados a la población desplazada, es
responsabilidad del Estado, de manera que el legislador no puede imponerle a
los afectados una obligación como la establecida en dicho parágrafo que ordena
de manera perentoria a estas personas cooperar en ese restablecimiento. La
Corte aclaró que esto no obsta para que estas comunidades puedan colaborar por
su propia iniciativa.”
[52] Sentencia T-025 de 2004.
[53]  De acuerdo al artículo vigésimo primero de dicha decisión.
[54]  De conformidad al artículo vigésimo de esa sentencia.