C-782-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-782/12
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Adición de
la sentencia penal para obtener pronunciamiento definitivo sobre los bienes
afectados con fines de comiso
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS-Límites constitucionales
LEGISLADOR-Inactividad puede ser objeto de control a través de la
acción pública de inconstitucionalidad
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Carga
argumentativa
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos para
admisión
Para
que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa
sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el contenido normativo
específicamente vinculado con la omisión. De esta suerte, no resultan
atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto
indeterminado de normas con el argumento de que omiten la regulación de un
aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de las cuales no
emerge el precepto que el demandante echa de menos.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Existencia
de cargos y su relación con preceptiva impugnada
La existencia de cargos y la necesidad de que éstos se
prediquen de la preceptiva impugnada, constituye, entonces, condición
indispensable para activar el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Por
su intermedio, además de preservarse el origen popular y participativo que
caracteriza esta clase de juicio - promovido mediante el ejercicio de una
acción pública con intervención activa de la sociedad -, se persigue limitar el
ámbito de competencia funcional del organismo de control constitucional,
definiendo con antelación las normas que han sido válidamente acusadas y sobre
las cuales aquél debe pronunciarse de fondo. Así las cosas, al margen de las
condiciones que son necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión
relativa, es claro que las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se
extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no
pueden ser resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por
cuanto se ha desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la
acción - acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta -,
sino además, ( y en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la
Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex
officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los
ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
(C.P. art. 241-4-5).
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
En
las demandas en las cuales se invoca una omisión legislativa relativa, es
necesario que el ciudadano plantee una problemática de orden constitucional,
relacionada con las deficiencias en la actividad del legislador, la ausencia de
motivos fundados para ello y el incumplimiento de un deber constitucional en la
materia. Así, los requisitos de este tipo de demandas se han concretado en los
siguientes términos: “Como se ve, esta Corporación ha definido que para que el
cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que se
cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente
manera:  a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión
en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser
asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha
exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de
una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad
injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las
consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el
incumplimiento de un deber constitucional del legislador.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS-No es absoluta
Ha
precisado la jurisprudencia que la mencionada facultad de configuración en el
diseño de los procedimientos y etapas judiciales no es absoluta, puesto que se
encuentra limitada por los derechos sustanciales y la defensa de las garantías
esenciales de las personas. Al
respecto ha indicado que hay limitaciones que surgen de la propia Constitución,
y por ende el Congreso no puede configurar a su arbitrio, o de manera
caprichosa los procesos, “pues no puede desconocer las garantías fundamentales,
y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a
fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de
una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben
propender por  hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de
imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o
procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros
que conforman la noción de debido proceso.
COMISO Y DECOMISO DE BIENES-Limitación legítima del derecho de dominio
COMISO Y DECOMISO DE BIENES-Relación con el derecho de las víctimas del delito a
la reparación integral
COMISO Y DECOMISO DE BIENES-Naturaleza
y fines/COMISO-Aunque en materia penal no esta catalogado en estricto
sentido como una pena, si se trata de una consecuencia jurídica de la conducta
punible/PROTECCION ESTATAL DE LA PROPIEDAD-No cobija a la riqueza que
proviene de la actividad delictuosa de las personas
En materia penal, la
legislación colombiana ha establecido que los instrumentos y efectos con los
que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución,
pasarán a manos de la Fiscalía General de la Nación, a través del Fondo
especial para la administración de bienes, a menos que la ley disponga su
destrucción o destinación diferente. No obstante, la ley deja a salvo los
derechos de las víctimas y de los terceros de buena fe. Aunque en materia penal
el comiso no está catalogado en estricto sentido como una pena, sí se trata de
una consecuencia jurídica de la conducta punible, toda vez que “el Estado no
puede avalar o legitimar la adquisición de la propiedad que no tenga como
fuente un título válido y honesto; es decir, que la propiedad se obtiene en
cierto modo mediante la observancia de los principios éticos”. La protección
estatal de la propiedad, “no cobija a la riqueza que proviene de la actividad
delictuosa de las personas; es decir, no puede premiarse con el amparo de la
autoridad estatal la adquisición de bienes por la vía del delito”. De esta
manera la naturaleza y fines del comiso están vinculados a una estrategia de
política criminal orientada a la prevención general y especial del delito. En
efecto, una eficaz labor investigativa tendente a identificar no sólo al
delincuente, sino a los medios e instrumentos que despliega para la preparación
y ejecución de la actividad criminal, así como el destino y ubicación de los
beneficios que la actividad delictiva reporta, con fines de incautación, son
objetivos que se encuentran en la base de esta institución.
COMISO-Definición/COMISO-Bienes o especies
sobre los que recae/COMISO-Aplicación sin perjuicio de los derechos de
las víctimas del delito y terceros de buena fe
El  artículo 100 define el comiso en los siguientes
términos: “Comiso. Los
instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que
provengan de su ejecución, y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la
Fiscalía General de la Nación o a la entidad que ésta designe, a menos que la
ley disponga su destrucción. Igual medida se aplicará en los delitos dolosos,
cuando los bienes, que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable
penalmente, sean utilizados para la realización de la conducta punible, o
provengan de su ejecución”.  Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal
(Título II, capítulo II) establece que el objeto sobre el cual recae el comiso
está conformado por las siguientes especies: (i) los bienes y recursos del
penalmente responsable que provengan o que sean producto directo o indirecto del
delito; (ii) los bienes utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos
dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo; (iii) los bienes
y recursos del penalmente responsable en un valor equivalente al estimado como
producto del ilícito, cuando los bienes o recursos producto directo o indirecto
del delito sean mezclados o encubiertos con bienes de lícita procedencia; (iv)
la totalidad de los bienes comprometidos en la mezcla de bienes de ilícita y
lícita procedencia, o en el encubrimiento de bienes ilícitos, cuando con tal
conducta se configure otro delito; (v) los bienes del penalmente responsable en
un valor equivalente al de los bienes producto directo o indirecto del delito,
cuando no sea posible la localización, identificación o afectación material de
estos. Todas estas hipótesis en las que resulta
legalmente posible acudir a la figura del comiso, deben ser aplicadas sin
perjuicio de los derechos de las victimas del delito y de los terceros de buena
fe (Art.82 C.P.P.). La incautación u ocupación de bienes o recursos con fines
de comiso, debe ser sometida, por parte del fiscal,  a audiencia de control de
garantías dentro de las 36 horas siguientes (Art. 84).
BIENES OBJETO DE COMISO O DECOMISO-Proceso de devolución/PROCESO DE DEVOLUCION DE
BIENES OBJETO DE COMISO O DECOMISO-Medidas patrimoniales que deben
ser ordenadas o autorizadas por el fiscal a favor de las víctimas del delito
En cuanto a la devolución de bienes y
recursos que hubiesen sido objeto de incautación u ocupación, la ley procesal
prevé que antes de formularse la acusación, por orden del fiscal, y en un
término que no podrá exceder de seis meses desde la aprehensión, aquellos serán
devueltos a quien tenga derecho a recibirlos cuando: (i) no sean necesarios
para la indagación o investigación; ó (ii) se determine que no se encuentran en
una circunstancia en la cual procede su comiso (art. 88). De otra parte, la
misma normatividad contempla una serie de medidas patrimoniales que deben ser
ordenadas o autorizadas por el fiscal, a favor de las víctimas del delito,
tales como: (i) la restitución inmediata de los bienes objeto del delito que
hubieren sido recuperados; (ii) el uso y disfrute provisional de bienes que,
habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieren sido objeto del delito; (iii) el
reconocimiento de las ayudas provisionales, con cargo al fondo de compensación
para las víctimas (Art. 99 C.P.P.).
COMISO-No se
trata de una institución establecida para la satisfacción de los derechos de
las víctimas/COMISO-Obedece a una medida de política criminal que
involucra una finalidad preventiva especial y general frente al fenómeno
delictivo/ACCION DE INCAUTACION U OCUPACION DE BIENES-Debe efectuarse
sin perjuicio de los derechos de las victimas o de los terceros de buena fe
DERECHOS DE LA VICTIMA COMO INTERVINIENTE ESPECIAL EN
EL PROCESO PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Si bien la
Constitución Política no define el concepto, el mismo hace parte del numeral 6
del artículo 250 sobre atribuciones de la Fiscalía General de la Nación
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Responsabilidades
en relación con las víctimas
En
el mismo sentido el Acto Legislativo 03 de 2002 asignó diversas responsabilidades
a la Fiscalía General de la Nación en relación con las víctimas (art. 250 CP),
tales como: (i) solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias
para “la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”; (ii)
solicitar al juez de conocimiento las medidas judiciales indispensables
para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento
del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito; y (iii)
velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y los demás
intervinientes en el proceso penal.
VICTIMA-Derecho
de participación en el derecho penal/VICTIMA-Actuación como
interviniente especial sin desplazar al fiscal/VICTIMA EN SISTEMA PENAL DE
TENDENCIA ACUSATORIA-Factores de los cuales depende su intervención
La Corte ha precisado que aún cuando en el proceso
penal con tendencia acusatoria el fiscal representa los intereses del Estado y
de la víctima, ello no implica que la víctima carezca del derecho de
participación en el proceso penal. Sobre el particular, ha indicado, con base
en el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución, que la víctima actúa como
interviniente especial sin sustituir ni desplazar al fiscal. Es decir, que a
pesar de no contar con las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía,
la víctima tiene capacidades especiales que le permiten intervenir activamente
en el proceso, actuación que depende de varios factores: “(i) del papel
asignado a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol que le
reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el cual ha
previsto su participación; (iv) de las características de cada una de las
etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto
para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del
sistema penal acusatorio”.
VICTIMA EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Su intervención directa es mayor en las etapas previas
o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio
En
la medida en que la competencia atribuida al legislador para desarrollar la
intervención de la víctima, está supeditada a la estructura del proceso
acusatorio (investigación, imputación, acusación, juzgamiento, sentencia,
incidente de reparación integral), su lógica propia y la proyección de la misma
en cada etapa, la Corte ha señalado que en tanto el constituyente sólo precisó
respecto de la etapa del juicio, sus características, enfatizando su carácter
adversarial, rasgo que implica una confrontación entre acusado y acusador, debe
entenderse que la posibilidad de actuación directa y separada de la víctima al
margen del fiscal,  es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y
menor en la etapa del juicio.
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA
VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION EN LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO PENAL-Jurisprudencia
constitucional/VICTIMA-Derechos y facultades en el sistema penal
acusatorio
En
el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado por el Acto Legislativo 03
de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004, los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación, en las etapas previas al juicio han
sido protegidos a través del reconocimiento de los derechos y facultades que a
continuación se presentan: (i)  El derecho a que se les comunique el archivo de
las diligencias protegido en la sentencia C-1154 de 2005. (ii) El derecho a que
se les comunique la inadmisión de las denuncias garantizado en la sentencia
C-1177 de 2005. (iii) El derecho a intervenir en los preacuerdos y
negociaciones con poder de afectar su derecho a un recurso judicial efectivo para
obtener la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación
integral, resguardado en la sentencia C-516 de 2007. (iv) El derecho de
representación técnica durante el proceso garantizado en la sentencia C-516 de
2007, en la que la Corte reconoció la posibilidad de una intervención plural de
las víctimas a través de sus representantes durante la investigación. (v)
Derechos de las víctimas en materia probatoria. En la sentencia C-209 de 2007, la
Corte realizó un estudio sistemático de las normas que concurren a estructurar
un esquema de intervención de las víctimas en materia probatoria, conforme al
modelo diseñado por la ley 906 de 2004. En esa oportunidad, la Corte reiteró
que hacen parte esencial del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia
y a la reparación, los derechos a probar (C-454 de 2006) y a intervenir en los
diferentes momentos procesales, atendiendo las especificidades del sistema.
(vi) El derecho a solicitar medidas de aseguramiento y de protección
garantizado en la sentencia C-209 de 2007, en la que la Corte determinó que las
víctimas pueden acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de
control de garantías o el de conocimiento, para solicitar la medida de
aseguramiento o de protección, según corresponda. (vii) Derechos en relación
con la aplicación del principio de oportunidad protegido en la sentencia C-209
de 2007, fallo en el cual, la Corte sostuvo que su aplicación por parte del
Fiscal supone la valoración de los derechos de las víctimas, la realización del
principio de verdad y de justicia, y no excluye la posibilidad de acudir a la
acción civil para buscar la reparación de los daños. (viii)  Derechos frente a
la solicitud de preclusión del Fiscal amparados en la sentencia C-209 de 2007,
en la que la Corte reconoció a las víctimas  la posibilidad de hacer uso de la
palabra para controvertir la petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar
la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no
se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de
preclusión, y el ejercicio del derecho de apelación contra la sentencia que
resuelve la solicitud de preclusión. (ix) Derecho a participar en la
formulación de la acusación con el fin de elevar observaciones al escrito de
acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia,
recusaciones, impedimentos o nulidades, garantizado en la sentencia C-209 de
2007.
VICTIMA-Participación en la etapa del juicio oral
En
la etapa del juicio oral, se ha establecido que la víctima tiene la posibilidad
de participar, a través de su abogado, tal y como ocurre en otras etapas del
proceso, como la audiencia de formulación de acusación y la audiencia
preparatoria. En la etapa del juicio la intervención de la víctima está mediada
por el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima, sin perjuicio, de la
intervención del Ministerio Público quien como garante de las prerrogativas
procesales, puede abogar por los derechos de las partes e intervinientes,
incluidas las víctimas, sin sustituir al fiscal ni a la defensa. Dada la
importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga,
esta Corporación ha precisado que el juez deberá velar para que dicha
comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso,
decretar un receso para facilitarla. Específicamente, en la sentencia C-209 de
2007 la Corte sostuvo que en la etapa del juicio oral, el conducto para el
ejercicio de los derechos de las víctimas es el fiscal, quien debe oír al
abogado de la víctima. En el evento de que la víctima y su abogado estén en
desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho a impugnarla, de
conformidad con el artículo 176 de la Ley 906 de 2004. En tal ocasión, la Corte
declaró la constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de
2004 que excluyen a las víctimas de los actores procesales que pueden
controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la
evidencia física en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y
oponerse a las preguntas que se planteen en esta etapa. Sobre este aspecto
consideró la Corte que la participación directa de las víctimas en el juicio
oral implicaría una modificación de los rasgos estructurales del sistema
acusatorio, convirtiendo a la víctima en un segundo acusador o contradictor del
acusado en desmedro de la dimensión adversarial del proceso.
VICTIMA-Participación en la fase posterior a la sentencia
En
la fase posterior a la sentencia, el derecho de participación de la víctima en
el proceso adquiere una especial relevancia, toda vez que de conformidad con la
configuración prevista en el A.L. 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, la discusión
sobre la responsabilidad civil se trasladó a esta etapa, una vez establecida la
responsabilidad del acusado. En efecto, en el capítulo cuarto del título
segundo del C.P.P. el legislador penal reguló lo atinente al incidente de
reparación integral de los daños ocasionados con la conducta punible, escenario
en el cual la víctima podrá desplegar a cabalidad todas sus facultades con
miras a la satisfacción de sus derechos.
VICTIMA-Puede solicitar en audiencia, la adición de la
sentencia o de la decisión con efectos equivalentes que omita un
pronunciamiento definitivo sobres los bienes afectados con fines de comiso
Si bien el
legislador cuenta con una amplia potestad de configuración de los
procedimientos, y específicamente para el diseño de los mecanismos de
participación de la víctima en el proceso penal de tendencia acusatoria, se
trata de una facultad sujeta a límites constitucionales, en particular a las
garantías de acceso efectivo e igualitario de la víctima a la justicia. La
norma que excluye a la víctima de los actores procesales autorizados para
solicitar la adición de la sentencia o la decisión equivalente, con miras a que
se produzca un pronunciamiento definitivo sobre los bienes incautados con fines
de comiso, entraña una omisión legislativa relativa, comoquiera que dicha
exclusión se produce frente a un sujeto que se encuentra en una posición
jurídica asimilable a aquellos que si fueron considerados, sin que exista para
ello una justificación objetiva y razonable, derivando dicho trato en
discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se proyecta en un desmedro de
la garantía de acceso pleno y efectivo a la justicia, en procura de una
reparación integral del daño inferido con el delito.
Referencia: expediente  D-9041
Demanda de inconstitucionalidad contra  el artículo 90
de la Ley 906 de 2004 “Por medio de la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
Actor: Luís Daniel Mantilla Arango.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., diez (10) de octubre de dos mil doce  (2012)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, el ciudadano Luís Daniel Mantilla Arango presentó demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Ley 906 de 2004 “Por medio
de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante
providencia del dos (2) de agosto de dos mil once (2011), el Magistrado Luís
Ernesto Vargas Silva dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía los
requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. Invitó a
participar en el presente juicio a los Decanos de las Facultades de Derecho de
las Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de
los Andes, de la Sabana, Libre, Eafit de Medellín, de Antioquia, Icesi de Cali,
de Ibagué, y del Rosario, al igual que a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –
Dejusticia-, y a la Comisión Colombiana de Juristas,  con el objeto de que
emitieran concepto técnico sobre la demanda, de conformidad con lo previsto en
el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de
la referencia.
II.
LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe
el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el
Diario Oficial No. 45.657 del31 de agosto de 2004:
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Diario Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA
(….)
CAPITULO III
MEDIDAS CAUTELARES
ARTÍCULO 90. OMISIÓN DE
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS BIENES. Si en la sentencia o decisión con efectos
equivalentes se omite el pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados
con fines de comiso, la defensa, el fiscal o el Ministerio Público podrán
solicitar en la misma audiencia la adición de la decisión con el fin de obtener
el respectivo pronunciamiento”.
III.
LA DEMANDA
El ciudadano
Luís Daniel Mantilla Arango, solicita a la Corte declarar la exequibilidad
condicionada del artículo 90 de la ley 906 de 2004 “en el entendido que la
víctima, reconocida como tal en el momento procesal oportuno, también puede
pedir la adición de la decisión que omite pronunciarse sobre los bienes
afectados con fines de comiso”.
Sostiene que el legislador incurrió en una omisión
legislativa relativa que vulnera los artículos 13 y 229 de la Constitución,
toda vez que priva a la víctima de la posibilidad de solicitar la adición de la
sentencia o de la providencia con efectos equivalentes, cuando en ésta el
fallador omite pronunciarse sobre los bienes afectados con fines de comiso, en
tanto que sí prevé tal oportunidad para la defensa, el fiscal y el
representante del Ministerio Público.
Esta regulación pone a la víctima en un plano de
desigualdad evidente frente a los demás intervinientes en el proceso, sin que
exista ninguna justificación razonable que la sustente, y además va en
contravía de los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre los derechos
de las víctimas. “La desproporcionalidad de esa limitación se hace
particularmente diáfana cuando se considera que, mientras que la víctima puede
incluso, apelar la sentencia que decide sobre la responsabilidad penal del
encausado, no le es permitido pedir una simple adición en relación con la
providencia que omite decidir sobre bienes sujetos a comiso”.
De otra parte, en consonancia con la jurisprudencia de
la Corte, el permitir que la víctima presente la solicitud de que trata la
norma no tiene el alcance de desnaturalizar el carácter adversarial del
proceso, ni comporta la afectación de garantías al procesado. Por el contrario,
“permitirlo es la consecuencia apenas lógica, de reconocer a la víctima como
un sujeto activo dentro del proceso y que goza de las facultades para hacer
valer sus derechos”.
El derecho de las víctimas de acceder real y
efectivamente a la administración de justicia  se ve así mismo afectado,
comoquiera que “supedita su derecho a conocer un aspecto importante de una
providencia judicial (esto es, lo tocante a los bienes afectados con comiso) a
que sea otro sujeto procesal quien solicita una adición de la providencia,
cuando el fallador accidentalmente omite hacerlo de manera oficiosa”. Adicionalmente,
del pronunciamiento sobre el comiso, puede depender la consolidación de su
derecho a la reparación.
Finalmente, sostiene el actor que los elementos de la
omisión legislativa relativa concurren frente al precepto acusado toda vez que:
(i) la norma de la cual se predica la omisión es el artículo 90 demandado; (ii)
el precepto excluye de su campo de aplicación a las víctimas quienes se
encuentran en una situación asimilable, en cuanto a derechos y facultades, a
los sujetos que si se encuentran incluidos en la norma; (iii) no se encuentra
una razón objetiva que justifique la discriminación; (iv) la omisión conlleva
una violación de los deberes que la Constitución impone al legislador, en lo
que concierne a los derechos de las víctimas en el proceso penal (Art. 250 C.P.).
En conclusión, a juicio del actor, el artículo 90 de la
Ley 906 de 2004, resulta violatorio de los artículos 13 y 229 de la Carta, toda
vez que genera una discriminación odiosa e injustificada en contra de las
víctimas dentro del proceso penal, al no permitirle a éstas, aunque sí a los
demás sujetos procesales solicitar la adición de una providencia que no se
pronuncia sobre los bienes sujetos a comiso. Esa discriminación sería
consecuencia de una omisión legislativa relativa, que conduciría a una
sentencia condicionada, que subsane dicha omisión.
IV.
INTERVENCIONES
1.
De entidades públicas
1.1.
Del Ministerio del Interior
y de Justicia
Jesús Arcángel Alonso
Guzmán, apoderado de este ministerio interviene para solicitar la
exequibilidad, condicionada, de la norma acusada, al considerar que “para
garantizar el derecho a la igualdad de las víctimas como interviniente especial
en el sistema penal acusatorio, se debe declarar exequible el artículo 90 de la
Ley 906 de 2004, en el entendido de que las víctimas podrán solicitar la
adición de la respectiva decisión con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento
sobre los bienes objeto de comiso”.
Para sustentar esta
posición cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la
sentencia C-209 de 2007, haciendo específica referencia a los ámbitos de
intervención que en esta providencia se establecen para las víctimas a lo largo
del proceso penal, en la fase de investigación; en la etapa de imputación; en
el trámite de las medidas de aseguramiento y de protección; en relación con el
principio de oportunidad; en la fase de preclusión de la acción penal; y en la
etapa de acusación.
Recuerda que de acuerdo
con la jurisprudencia, en la etapa del juicio la intervención de la víctima se
encuentra limitada, en la medida que solo podrá ejercer sus derechos a través
del fiscal, quien es el facultado para presentar la teoría del caso que ha
construido a lo largo de la investigación. Sin embargo, destaca la importancia
de que el juez garantice una adecuada comunicación entre el fiscal, las
víctimas y su apoderado.
Destaca la importancia de
que en el proceso penal acusatorio se garantice la participación de la víctima
como interviniente especial, con el fin de hacer efectivos los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación. Sostiene que garantizar a la víctima la
facultad de elevar la solicitud de que trata la norma acusada no genera una
ruptura con los principios del sistema penal acusatorio, ni vulnera ningún
derecho del procesado.
No existe ninguna razón
objetiva que impida extender a la víctima la facultad de solicitar la adición
de la sentencia, cuando hay omisión de pronunciamiento sobre bienes afectados
con fines de comiso, y en cambio sí contribuye a asegurar el derecho a la
igualdad y al debido proceso, acceso a la justicia, y a la  reparación
integral.
1.2. Del Consejo Superior
de la Judicatura
Leonor
Cristina Padilla Godín, interviene en nombre de la Coordinación de Asuntos
Internacionales y Asesoría Jurídica de la Rama Judicial. Luego de transcribir
ampliamente jurisprudencia de esta Corte sobre los derechos de las víctimas a
la verdad, a que se haga justicia y a la reparación, solicita declarar
exequible el precepto acusado en el entendido que al igual que la defensa, el fiscal
o el Ministerio Público, las víctimas también se encuentran facultadas para
ejercer plenamente su derecho de defensa y el debido proceso e relación con la
solicitud de adición de la decisión y para obtener el respectivo
pronunciamiento sobre los bienes afectados con fines de comiso, en caso de
haberse omitido en la sentencia.
2.  De Instituciones Educativas.
2.1. Universidad de Ibagué.
Nidia Chaparro Cuervo, Decana (E) de la Faculta de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de esta institución educativa interviene
para solicitar la exequibilidad condicionada del precepto acusado, en el sentido
que la víctima también puede solicitar en la misma audiencia la adición para
los efectos previstos en el artículo 90.
Recuerda la evolución que se ha presentado en la
jurisprudencia constitucional en cuanto a  la participación de la víctima, en
su condición de interviniente especial, en el proceso penal de tendencia
acusatoria.
Hace referencia a las sentencias C-228 de 2002, C-591
de 2005, C-454 de 2006 y cita la sentencia C-209 de  2007, para deducir que
dentro de la amplia gama de situaciones en las que la jurisprudencia ha
extendido la participación de la víctima, no se encuentra la de intervenir
directa y autónomamente para corregir la omisión de pronunciamiento en la
sentencia o en la providencia equivalente acerca de los bienes afectados con
fines de comiso.
Sostiene que la limitación que establece la norma
acusada carece de sentido comoquiera que la víctima es la más interesada en el
pronunciamiento sobre bienes que garanticen la reparación y no se la puede
obligar a que actúe como apéndice de la Fiscalía. Este tratamiento vulnera el
artículo 13 de la Constitución, toda vez que a este interviniente especial se
le limita su autonomía para incidir en un asunto que es de su particular
interés. El ejercicio de este derecho no afecta en nada el principio
adversarial que orienta el sistema penal acusatorio.
3.
De organizaciones
gremiales, sociales y académicas.
3.1.
Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Luís
Augusto Cangrejo Cobos, miembro correspondiente de la academia presenta argumentos
en apoyo de la demanda. En este sentido solicita declarar la exequibilidad
condicionada del artículo 90 de la Ley 906 de 204 en el entendido de que la
víctima también puede elevar la solicitud de que trata dicha disposición.
Para
sustentar esta solicitud manifiesta que en el sistema penal acusatorio el
fiscal es el titular de la acción penal, y en tal condición debe representar
los intereses del Estado y los de la víctima. Sin embargo, ello no implica que
esta carezca del derecho de participación en el proceso. De acuerdo con la
jurisprudencia, la Constitución no supedita a las víctimas a recibir la
protección del fiscal exclusivamente, sino que ellas pueden actuar en el proceso
como intervinientes especiales  y en tal condición pueden hacer valer sus
derechos dentro del proceso.
El
artículo 90 acusado comporta una omisión legislativa relativa porque excluye a
la víctima de los actores procesales que pueden solicitar la adición de la
sentencia o de la decisión que omite el pronunciamiento definitivo sobre los
bienes afectados con fines de comiso. En consecuencia, el precepto demandado
desconoce los postulados constitucionales y la jurisprudencia constitucional
pues no tiene en cuenta los derechos de la víctima desde una perspectiva de
igualdad material.
La
exclusión de la víctima de las facultades contempladas en el artículo 90 del C.
de P.P. no se fundamenta en una razón objetiva, comoquiera que su participación
en esta fase no conlleva a la modificación de los rasgos estructurales del
sistema penal acusatorio, pues no altera el principio de igualdad de armas ni
modifica la condición de la víctima como interviniente especial.
La
omisión legislativa en que incurrió el legislador vulnera el artículo 13 de la
Constitución pues genera una desigualdad negativa e injustificada entre los
distintos actores del proceso penal en cuanto a la solicitud de adición de la
sentencia o de la decisión que omite el pronunciamiento definitivo sobre los
bienes afectados con fines de comiso lo que puede derivar en la vulneración de
otros de sus derechos fundamentales como el de acceso a la justicia.
El
artículo 250 de la Constitución contempla el mandato para el legislador de
fijar los términos en los cuales las víctimas de los delitos podrán intervenir
en el curso del proceso penal y además debe diseñar los mecanismos de justicia
restaurativa a los que haya lugar. Por lo tanto, existe un mandato
constitucional que vincula al legislador a regular la intervención de las
víctimas en el proceso penal, de modo que la norma acusada entraña un
incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una verdadera
intervención de la víctima en el proceso penal.
Quien
tiene un mayor interés en el proceso para solicitar la adición de la sentencia
o de la decisión que omita el pronunciamiento definitivo sobre los bienes
afectados con fines de comiso es la víctima, comoquiera que es fundamental para
garantizar su derecho a la reparación integral.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante concepto No. 5381 del 7
de junio de 2012, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte
declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del
artículo 90 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda, o en
su defecto, que se declare la exequibilidad de la norma.
Sobre el primer aspecto de su
solicitud manifiesta que el demandante solicita a la Corte que se pronuncie a
través de una sentencia aditiva, pretensión que no se encuentra amparada por el
artículo 241.4 de la Constitución, comoquiera que este precepto no regula la
posibilidad de conocer de demandas en las cuales se solicite a la Corte agregar
uno o varios elementos al contenido normativo de la ley demandada.
Sostiene que cuando la demanda no
contiene de manera concreta una pretensión de inconstitucionalidad sino que lo
buscado por el actor es que la Corte declare la constitucionalidad de la
disposición acusada pero condicionada en el sentido que el actor considera
ajustado a la Constitución, procede una decisión inhibitoria.
De otra parte, fundamenta su
solicitud subsidiaria de exequibilidad en que no encuentra razones válidas,
ciertas y suficientes que permitan justificar la pretensión del actor. Este, a
juicio del Procurador, pasa por alto dos circunstancias que afectan su
argumentación: la primera, que la norma regula una mera situación eventual, en
la cual el juez omita pronunciarse de manera definitiva sobre los bienes
afectados con fines de comiso, y la segunda, que el ciudadano omite aludir  a
la naturaleza, el fin, el procedimiento y los requisitos con arreglo a los
cuales se puede afectar bienes con fines de comiso. Al no considerar estas
circunstancias, sostiene el Procurador, “el actor desdibuja tanto los
derechos como el rol de las víctimas dentro del proceso penal regido por el
Código de Procedimiento Penal”. Cita los artículos 82 y 88 de este estatuto.
A partir de las normas procesales
invocadas deduce el Ministerio Público que el procedimiento relativo al comiso
de los bienes únicamente se surte “sobre los bienes y recursos del
penalmente responsable que provengan o sean producto directo o indirecto del
delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los
delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo”, así
como “sobre los bienes del penalmente responsable cuyo valor corresponda o
sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto del delito”. Afirma
que este procedimiento está sometido a un término específico y, en todo caso,
se encuentra sujeto al control por parte del juez penal con función de
garantías, a quien podrán dirigirse tanto el fiscal como “quien tenga
interés legítimo en la pretensión” , lo cual podría incluir a la víctima.
De otra parte, sostiene, conforme
a la norma demandada, la defensa, el fiscal y el Ministerio Público, pueden
solicitar al juez pronunciarse definitivamente sobre el bien afectado con fines
de comiso. Destaca que dentro de las funciones que la Ley 906/04 establece para
el Ministerio Público (111.1.c y 111.2.c) están las de “procurar que las
decisiones judiciales cumplan con los cometidos de velar por la verdad y la
justicia”, así como “velar por que se respeten los derechos de las
víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar
su efectiva protección por el Estado”.
Aduce que el mero hecho de que el
artículo 90 del Código de Procedimiento Penal no incluya a la víctima entre los
sujetos que pueden pedir al juez que se pronuncie definitivamente sobre los
bienes afectados con fines de comiso, no se sigue per se la vulneración
del derecho a la igualdad o del derecho a acceder a la administración de
justicia, ni la afectación de sus derechos a la reparación.
La víctima, señala el Ministerio
Público, sí tiene la oportunidad de pronunciarse respecto del comiso, y puede
incluso acudir ante el juez de garantías si tiene interés legítimo para ello.
La omisión en la que eventualmente incurra el juez respecto de los bienes
afectados por comiso, en el caso extraordinario en que además ninguno de los
sujetos previstos en la norma actuare, no tiene efectos directos sobre la
reparación de la víctima, asunto que es materia del incidente de reparación de
perjuicios. La norma demandada “no le impide a la víctima conocer la decisión
respecto de los bienes afectados con fines de comiso y, por tanto, en nada
afecta su derecho a la verdad”. En todo caso, la víctima no es parte en el
proceso penal como sí los son la fiscalía y la defensa, sino un interviniente
especial en el mismo (Cita la sentencia C-209/07).
Finalmente, afirma que el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración para el diseño de la
política criminal y la regulación de los procedimientos.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
de la Corte
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la
Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la
referencia, pues las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la
República, en este caso, de la Ley  906 de 2004.
Problema jurídico
planteado
2. El demandante sostiene
que el legislador, incurrió en una omisión legislativa relativa al diseñar la
norma acusada, toda vez que no incluyó a la víctima dentro de los sujetos
procesales legitimados para  solicitar en la audiencia de comunicación de la
providencia, la adición de la misma con el fin de obtener pronunciamiento sobre
los bienes afectados con fines de comisos, cuando no incluya un pronunciamiento
al respecto.
3. Los intervinientes
coinciden con el demandante en el sentido que la norma prevé una omisión
legislativa relativa que resulta inconstitucional en cuanto limita de manera
injustificada la participación de las víctimas en el proceso y por ende,
corresponde a la Corte corregirla mediante una sentencia de exequibilidad
condicionada.
4. El Procurador, en cambio, sostiene en primer lugar, que el fallo debe
ser inhibitorio comoquiera que el artículo 241.4 de la Constitución no regula la
posibilidad de conocer de demandas en las cuales se solicite a la Corte agregar
uno o varios elementos al contenido normativo de la ley demandada. Como planteamiento subsidiario señala que la norma es exequible, puesto
que el comiso tiene un trámite especial, está sujeto al control del juez de
garantías, y por ende ante este puede acudir cualquier  persona con interés
legítimo en el proceso, incluyendo las víctimas. Adicionalmente, la norma prevé
la posibilidad de que el Ministerio Publico solicite la adición, siendo
competencia de este órgano velar por que se respeten los derechos de las
víctimas.
5. Plateado así el debate
que suscitó la demanda, corresponde a la Corte establecer en primer lugar, y
como cuestión previa: si el hecho de que desde la demanda se proponga una
sentencia modulada, conduce a un fallo inhibitorio. De ser negativa la
respuesta  a este interrogante, debe la Sala resolver el siguiente problema
jurídico:
¿Es
violatoria del principio de igualdad y del derecho de acceso a la justicia de
las víctimas, la norma que prevé la posibilidad de que la defensa, el fiscal y el
ministerio público puedan solicitar la adición de la sentencia o la decisión
con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento definitivo sobre los
bienes afectados con fines de comiso, sin que incluya a las víctimas en tal
relación?
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala
reiterará su jurisprudencia sobre: los límites constitucionales a la potestad
de configuración del legislador en materia de procedimientos; los derechos de
participación de las víctimas en el proceso penal acusatorio; aludirá a la
figura del comiso de bienes y su relación con los derechos de las víctimas; y
recordará  su jurisprudencia sobre la omisión legislativa relativa. En ese
marco se pronunciará sobre los cargos de la demanda.
No obstante, antes de abordar el problema de fondo,
debe la Corte pronunciarse sobre el planteamiento del Jefe del Ministerio
Público acerca de la existencia de razones que inhiben un pronunciamiento de
mérito.
Aptitud sustantiva
de la demanda
7. El Procurador General de la
Nación solicita un fallo inhibitorio indicando que “cuando la demanda no
contiene de manera concreta una pretensión de inconstitucionalidad sino que lo
buscado por el actor es que la Corte declare la constitucionalidad de la
disposición acusada pero condicionada en el sentido que el actor considera
ajustado a la Constitución, procede una decisión inhibitoria”.
8. Al respecto
precisa la Sala que la jurisprudencia vigente de esta corporación[1], ha admitido que
la inactividad del Legislador puede ser objeto de control a través de la acción
pública de inconstitucionalidad. Ello tiene relevancia frente a omisiones
legislativas relativas (no absolutas), es decir, en aquellos eventos en los
cuales el legislador ha desplegado una actividad reguladora en algún ámbito,
pero al hacerlo incurre en deficiencias de orden constitucional, con lo cual “ha
excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta
imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina
por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se
han debido integrar a sus presupuestos fácticos”[2]
9. No obstante, la
posibilidad de estudiar de fondo una demanda con el propósito señalado, exige
el cumplimiento de unos requisitos de argumentación acordes con esta modalidad
de control. Al respecto la Corte ha explicado que para abordar un examen de
fondo es necesario que el ciudadano demande el contenido normativo vinculado
directamente con la omisión que se reprocha. En palabras de esta Corporación:
“Para que una demanda de inconstitucionalidad contra
una omisión legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor
acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta
suerte, no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un
conjunto indeterminado de normas (C-543/96) con el argumento de que omiten la
regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de
las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos”[3].
En
la misma dirección, ha indicado que “sólo es posible entrar a evaluar la
ocurrencia de una omisión legislativa relativa cuando el actor ha dirigido la
acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada”[4]. De lo
contrario, la demanda incumplirá el requisito de certeza en la formulación del
cargo y, por lo tanto, habrá de proferirse un fallo inhibitorio, más aún cuando
no corresponde a la Corte abordar un análisis oficioso de las leyes ordinarias.
Ha dicho al respecto:
“La existencia de cargos y la necesidad de que éstos
se prediquen de la preceptiva impugnada, constituye, entonces, condición
indispensable para activar el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Por
su intermedio, además de preservarse el origen popular y participativo que
caracteriza esta clase de juicio - promovido mediante el ejercicio de una
acción pública con intervención activa de la sociedad -, se persigue limitar el
ámbito de competencia funcional del organismo de control constitucional,
definiendo con antelación las normas que han sido válidamente acusadas y sobre
las cuales aquél debe pronunciarse de fondo.
Así las cosas, al margen de las condiciones que son
necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que
las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma
directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no pueden ser
resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha
desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción
-acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta-, sino
además, (y en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la Constitución
Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio,
aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos
mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art.
241.4-5)”[5].
10.
Adicionalmente, en las demandas en las cuales se invoca una omisión legislativa
relativa, es necesario que el ciudadano plantee una problemática de orden
constitucional, relacionada con las deficiencias en la actividad del legislador,
la ausencia de motivos fundados para ello y el incumplimiento de un deber
constitucional en la materia. Así, los requisitos de este tipo de demandas se
han concretado en los siguientes términos:
“Como se ve, esta Corporación ha definido que
para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es
necesario que se cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de
la siguiente manera:  a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que
una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por
ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que
dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al
carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad
injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las
consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el
incumplimiento de un deber constitucional del legislador”[6].
11. La Sala
constata que en esta oportunidad la demanda ha sido formulada conforme a las
exigencias trazadas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y desarrolladas
en la jurisprudencia de esta Corporación, particularmente en cuanto al cargo
por omisión legislativa relativa y el deber de exponer de manera clara, cierta,
específica, pertinente y suficiente las razones de inconstitucionalidad. Lo
anterior, teniendo como base el principio pro actione, según el cual “el
examen de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un
riguroso escrutinio y se debe preferir una decisión de fondo antes que una
inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de
participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante esta
Corte”[7].
Al presentar su
acusación el ciudadano Luís Daniel Mantilla Arango cumplió con la carga de
exponer, uno a uno, por qué consideraba que se cumplían los requisitos propios
de una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. En efecto:
(i) Su demanda recae sobre el artículo 90 del código
de procedimiento penal (en adelante CPP), norma que está vinculada directamente
a la omisión que reprocha, por cuanto regula el procedimiento y las facultades
de los sujetos procesales e intervinientes frente a la omisión de
pronunciamiento, en la sentencia o su equivalente, respecto de los bienes
afectados con fines de comiso.
(ii) Explica que esa norma excluye de su campo de
aplicación a las víctimas, quienes se encuentran en una situación asimilable,
en cuanto a derechos y facultades, a los sujetos que sí se encuentran incluidos
en la norma.
(iii) Señala por qué, en su sentir, no existe una razón
objetiva y suficiente para justificar la exclusión de la víctima. Dice al
respecto: “La desproporcionalidad de esa limitación se hace particularmente
diáfana cuando se considera que, mientras que la víctima puede, incluso, apelar
la sentencia que decide sobre la responsabilidad penal del encausado, no le es
permitido pedir una simple adición en relación con la providencia que omite
decidir sobre bienes objeto de comiso ”.
(iv) Ligado a ello, precisa que por carecer de razón
objetiva y suficiente, la omisión genera una desigualdad injustificada entre
los diferentes actores del proceso penal.
(v) Finalmente, considera que el Legislador ha
incumplido el deber constitucional de configurar una intervención directa de la
víctima en esta fase del proceso penal, acorde con los artículos 13 y 229 de la
Constitución.
En este orden de
ideas, el ciudadano ha expuesto una secuencia argumentativa atendible y
coherente que plantea una problemática de orden constitucional, relacionada con
los derechos de la víctima y la existencia de una omisión legislativa que, e su
criterio, es contraria a la Carta Política. El cumplimiento de estos requisitos
solamente tiene el efecto de activar la competencia de la Corte para abordar un
análisis material del asunto, sin que implique que los reproches de
inconstitucionalidad estén llamados, por ese solo hecho, a tener éxito.
Superado este juicio previo de procedibilidad, queda
habilitada la Corte para continuar con el análisis de los cargos de la demanda.
Los límites constitucionales a la libertad de
configuración del legislador en materia de procedimientos
12.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 150, numerales 1 y 2, de la
Constitución, que consagra la llamada cláusula general de competencia, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera constante, que el Congreso tiene un amplio margen de
configuración normativa para la determinación de los procedimientos judiciales
y administrativos, pues en el diseño propio de los estados democráticos al
legislador no sólo corresponde hacer la ley, expresión de la voluntad popular
dirigida a regular las conductas humanas como instrumento de convivencia
civilizada y pacífica, sino también la determinación de los procedimientos y
actuaciones que deben surtirse ante los jueces para la defensa de las
libertades y derechos ciudadanos, o para la mediación estatal en situaciones de
conflicto.[8]
Es competencia del legislador, en ejercicio de la
potestad de configuración normativa, establecer las formas propias de cada
juicio y fijar las reglas y condiciones para acceder a los jueces en búsqueda
de la adecuada administración de justicia (artículos 29 y 229 de la Carta).
Según la jurisprudencia constitucional, el legislador en desarrollo de esta
potestad, puede fijar nuevos procedimientos,[9]
determinar la naturaleza de actuaciones judiciales[10], eliminar etapas
procesales,[11]
requerir la intervención estatal o particular en el curso de las actuaciones
judiciales,[12]
imponer cargas procesales[13]
o establecer plazos para el ejercicio del derecho de acceso a la administración
de justicia.[14]
De tal manera que, por regla general, la determinación de los sujetos
procesales y de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos
judiciales hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador
que debe responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual
evalúa la conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos
procesales para hacer efectivos los derechos, libertades ciudadanas y las
garantías públicas respecto de ellos.[15]
13. No obstante,
también ha precisado la jurisprudencia que la mencionada facultad de
configuración en el diseño de los procedimientos y etapas judiciales no es
absoluta, puesto que se encuentra limitada por los derechos sustanciales y la
defensa de las garantías esenciales de las personas. [16]
Al respecto ha indicado que hay limitaciones que surgen de la
propia Constitución, y por ende el Congreso no puede configurar a su arbitrio,
o de manera caprichosa los procesos, “pues no puede desconocer las garantías
fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y
razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la
administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen
procedimientos deben propender por  hacer efectivos los derechos de defensa, de
contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre
lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones
y los otros que conforman la noción de debido proceso.”[17]
El
comiso o decomiso de bienes y su relación con el derecho de las víctimas del
delito a la reparación integral
14. La norma objeto de control regula el
procedimiento aplicable en el evento en que en la sentencia, o en la decisión
con efectos equivalentes, se omita pronunciamiento definitivo sobre los bienes
incautados con fines de comiso. El precepto reconoce a la defensa, al fiscal y
al Ministerio Público la potestad de solicitar, en la misma audiencia, la
adición de la decisión  con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.
El precepto hace referencia a la sentencia
o a la decisión con efectos equivalentes, es decir, a aquellas decisiones que
ponen fin al proceso y hacen tránsito a cosa juzgada, como la sentencia
proferida una vez culminado el proceso de manera regular;  la que se emite como
consecuencia de acuerdos realizados entre imputado o acusado, y la Fiscalía
General de la Nación (Art. 446); aquella producto de una solicitud de
preclusión por parte del fiscal del caso (Art. 332); e incluso la decisión a
través de la cual la fiscalía aplica el principio de oportunidad, una vez sometida
al control del juez de garantías (Arts. 327 y 329).
15. En cuanto a la naturaleza y fines del
comiso - o decomiso -, es preciso señalar que se trata de una medida que
comporta la privación definitiva del dominio de un bien o de un derecho,
padecida por su titular, y derivada de la vinculación del objeto con un hecho
antijurídico, que puede ser un delito o una falta administrativa. La privación
del derecho de dominio por parte de su titular origina el correlativo
desplazamiento de la titularidad del bien o del derecho, al Estado.
La jurisprudencia de esta corporación ha caracterizado
esta institución como una limitación legítima  del derecho de dominio “que
priva de la propiedad del bien a su titular sin indemnización alguna, por estar
vinculado con la infracción objeto de sanción o ser el resultado de su
comisión”.[18]
En virtud de esta figura “el autor o copartícipe de un hecho punible,
pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se
cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la
ejecución del delito.”[19].
En materia penal, la
legislación colombiana ha establecido que los instrumentos y efectos con los
que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución,
pasarán a manos de la Fiscalía General de la Nación, a través del Fondo
especial para la administración de bienes, a menos que la ley disponga su
destrucción o destinación diferente[20].
No obstante, la ley deja a salvo los derechos de las víctimas y de los terceros
de buena fe[21].
Aunque en materia penal el
comiso no está catalogado en estricto sentido como una pena,[22] sí se trata de una
consecuencia jurídica de la conducta punible, toda vez que “el Estado no
puede avalar o legitimar la adquisición de la propiedad que no tenga como
fuente un título válido y honesto; es decir, que la propiedad se obtiene en
cierto modo mediante la observancia de los principios éticos”[23]. La
protección estatal de la propiedad, “no cobija a la riqueza que proviene de
la actividad delictuosa de las personas; es decir, no puede premiarse con el
amparo de la autoridad estatal la adquisición de bienes por la vía del delito”[24].
De esta manera la naturaleza
y fines del comiso están vinculados a una estrategia de política criminal
orientada a la prevención general y especial del delito. En efecto, una eficaz
labor investigativa tendente a identificar no sólo al delincuente, sino a los
medios e instrumentos que despliega para la preparación y ejecución de la
actividad criminal, así como el destino y ubicación de los beneficios que la actividad
delictiva reporta, con fines de incautación, son objetivos que se encuentran en
la base de esta institución.
16. El  artículo 100 define el comiso en los siguientes
términos:
“Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya
cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución, y que no tengan
libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o a la
entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción. Igual
medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes, que tengan libre
comercio y pertenezcan al responsable penalmente, sean utilizados para la
realización de la conducta punible, o provengan de su ejecución”.
Por otra
parte, el Código de Procedimiento Penal (Título II[25], capítulo II[26]) establece
que el objeto sobre el cual recae el comiso está conformado por las siguientes
especies: (i) los bienes y recursos del penalmente responsable que provengan o
que sean producto directo o indirecto del delito; (ii) los bienes utilizados o
destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumento
para la ejecución del mismo[27];
(iii) los bienes y recursos del penalmente responsable en un valor equivalente
al estimado como producto del ilícito, cuando los bienes o recursos producto
directo o indirecto del delito sean mezclados o encubiertos con bienes de
lícita procedencia; (iv) la totalidad de los bienes comprometidos en la mezcla
de bienes de ilícita y lícita procedencia, o en el encubrimiento de bienes
ilícitos, cuando con tal conducta se configure otro delito[28]; (v) los bienes del
penalmente responsable en un valor equivalente al de los bienes producto
directo o indirecto del delito, cuando no sea posible la localización,
identificación o afectación material de estos[29].
Todas estas hipótesis en las que resulta
legalmente posible acudir a la figura del comiso, deben ser aplicadas sin
perjuicio de los derechos de las victimas del delito y de los terceros de buena
fe (Art.82 C.P.P.). La incautación u ocupación de bienes o recursos con
fines de comiso, debe ser sometida, por parte del fiscal,  a audiencia de
control de garantías dentro de las 36 horas siguientes (Art. 84).
17. En cuanto a la devolución de bienes y
recursos que hubiesen sido objeto de incautación u ocupación, la ley procesal
prevé que antes de formularse la acusación, por orden del fiscal, y en un
término que no podrá exceder de seis meses desde la aprehensión, aquellos serán
devueltos a quien tenga derecho a recibirlos cuando: (i) no sean necesarios
para la indagación o investigación; ó (ii) se determine que no se encuentran en
una circunstancia en la cual procede su comiso (art. 88).
De otra parte, la misma normatividad
contempla una serie de medidas patrimoniales que deben ser ordenadas o
autorizadas por el fiscal, a favor de las víctimas del delito, tales como: (i)
la restitución inmediata de los bienes objeto del delito que hubieren sido
recuperados; (ii) el uso y disfrute provisional de bienes que, habiendo sido
adquiridos de buena fe, hubieren sido objeto del delito; (iii) el
reconocimiento de las ayudas provisionales, con cargo al fondo de compensación
para las víctimas (Art. 99 C.P.P.).
18. La anterior reseña acerca de la
naturaleza y fines de la figura del comiso permite concluir que en estricto
sentido no se trata de una institución establecida para la satisfacción de los
derechos de las víctimas, sino que obedece con mayor acierto a una medida de
política criminal que involucra una finalidad preventiva (especial y general)
frente al fenómeno delictivo, y es a su vez portadora de un mensaje ético en el
sentido que el delito no es un medio legítimo para producir riqueza, de donde deviene
que la propiedad que protege el orden jurídico es aquella que se obtiene por
medios lícitos.
Sin
embargo, es muy probable que la víctima del delito pueda salir afectada con una
acción de incautación u ocupación de bienes, y aunque el ordenamiento jurídico
establece mecanismos de restitución de los mismos a favor  de los sujetos
pasivos del acto antijurídico, antes de la sentencia, como la devolución
inmediata de los bienes recuperados (Art. 99 C.P.), o su restitución antes de formularse la acusación (Art. 88), puede ocurrir que esa restitución tenga
carácter provisional, o que esté condicionada a las necesidades de la
investigación. En consecuencia, es factible que llegado el momento de la
sentencia exista una indefinición, sobre bienes que fueron objeto de comiso, y
respecto de los cuales las víctimas tengan un legítimo interés jurídico.
De
otra parte, obsérvese que la regulación reseñada hace énfasis en que la
incautación de bines con fines de comiso, debe efectuarse sin perjuicio de los
derechos de las víctimas o de los terceros de buena fe, lo que implica que el
legislador previó la posibilidad de que en las actividades de incautación de
bienes podrían salir afectados los derechos de las víctimas, ya sea por que aquellas
recayeran sobre bienes objeto de restitución, o por que la incautación de
bienes del penalmente responsable pudiera afectar las posibilidades de
garantizar la reparación integral del daño ocasionado con el delito.
Aclarado
el sentido de la norma acusada dentro del contexto normativo al cual pertenece,
es preciso recordar la jurisprudencia de la Corte sobre los derechos de la
víctima como interviniente especial en el proceso penal de tendencia
acusatoria.
El
derecho de participación de la víctima, como interviniente especial, en el
proceso penal de tendencia acusatoria. Reiteración de jurisprudencia
19. En diversos pronunciamientos esta corporación ha
expresado que el sistema procesal penal adoptado por el ordenamiento jurídico
colombiano recoge un modelo propio, singular, específico[30]. Conforme al Acto
legislativo No. 03 de 2002, a su desarrollo normativo a partir de la Ley 906 de
2004, y a la jurisprudencia constitucional emitida sobre la materia, la marcada
tendencia acusatoria del modelo[31],
procura la separación clara entre la etapa de investigación y la del juicio, la
sujeción a ciertos principios de actuación que pretenden asegurar las mejores
condiciones para que la decisión que se adopte sea a la vez respetuosa de los
derechos fundamentales del inculpado o acusado y de los derechos de las
víctimas, así como garante del deber constitucional de perseguir y punir el
delito[32].
20.
En cuanto a los derechos de las víctimas la jurisprudencia de esta Corporación
ha precisado que si bien la Constitución no define el concepto de víctima, el
mismo hace parte de la Carta Política, en la medida en que el numeral 6º del artículo 250 establece entre las  atribuciones
de la Fiscalía General de la Nación, la de solicitar ante el juez de
conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las
víctimas y disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a
los afectados con el delito.[33]
En
el mismo sentido el Acto Legislativo 03 de 2002 asignó diversas
responsabilidades a la Fiscalía General de la Nación en relación con las
víctimas (art. 250 CP), tales como: (i) solicitar al juez de control de
garantías las medidas necesarias para “la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas”; (ii) solicitar al juez de conocimiento las
medidas judiciales indispensables para la asistencia a las víctimas, lo mismo
que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito; y (iii) velar por la protección de las víctimas, los
jurados, los testigos y los demás intervinientes en el proceso penal.[34]
21. No obstante la jurisprudencia de esta Corte también
ha precisado que aún cuando en el proceso penal con tendencia acusatoria el fiscal
representa los intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que la
víctima carezca del derecho de participación en el proceso penal. Sobre el
particular, ha indicado, con base en el numeral 7° del artículo 250 de la
Constitución, que la víctima actúa como interviniente especial sin
sustituir ni desplazar al fiscal. Es decir, que a pesar de no contar con las
mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, la víctima tiene capacidades
especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso, actuación que
depende de varios factores: “(i)
del papel asignado a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol
que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el
cual ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de
las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga
tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias
del sistema penal acusatorio”.[35]
22. En la medida en que la competencia atribuida al
legislador para desarrollar la intervención de la víctima, está supeditada a la
estructura del proceso acusatorio (investigación,
imputación, acusación, juzgamiento, sentencia, incidente de reparación integral),
su lógica propia y la proyección de la misma en cada etapa, la Corte ha
señalado que en tanto el constituyente sólo precisó respecto de la etapa del
juicio, sus características, enfatizando su carácter adversarial, rasgo que
implica una confrontación entre acusado y acusador, debe entenderse que la
posibilidad de actuación directa y separada de la víctima al margen del
fiscal,  es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la
etapa del juicio,[36]
como a continuación se verá.
22.1.
Siguiendo este parámetro, en el sistema penal con tendencia acusatoria
instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de
2004, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en
las etapas previas al juicio han sido protegidos[37] a través del
reconocimiento de los derechos y facultades que a continuación se presentan:
(i)
El derecho a que se les comunique el archivo de las diligencias protegido en la
sentencia C-1154 de 2005.[38]
(ii) El derecho a que se les comunique la inadmisión
de las denuncias garantizado en la sentencia C-1177 de 2005.[39]
(iii) El derecho a intervenir en los preacuerdos y
negociaciones con poder de afectar su derecho a un recurso judicial efectivo
para obtener la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación integral, resguardado en la sentencia C-516 de 2007.[40]
(iv)
El derecho de representación técnica durante el proceso garantizado en la
sentencia C-516 de 2007,[41]
en la que la Corte reconoció la posibilidad de una intervención plural de las
víctimas a través de sus representantes durante la investigación.
(v)
Derechos de las víctimas en materia probatoria. En la sentencia C-209 de 2007,[42] la Corte
realizó un estudio sistemático de las normas que concurren a estructurar un
esquema de intervención de las víctimas en materia probatoria, conforme al
modelo diseñado por la ley 906 de 2004. En esa oportunidad, la Corte reiteró
que hacen parte esencial del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia
y a la reparación, los derechos a probar (C-454 de 2006[43]) y a intervenir en los
diferentes momentos procesales, atendiendo las especificidades del sistema.
(vi) El derecho a solicitar medidas de aseguramiento y de
protección garantizado en la sentencia C-209 de 2007, en la que la Corte
determinó que las víctimas pueden acudir directamente ante el juez competente,
ya sea el de control de garantías o el de conocimiento, para solicitar la
medida de aseguramiento o de protección, según corresponda.[44]
(vii) Derechos en relación con la aplicación del principio
de oportunidad protegido en la sentencia C-209 de 2007, fallo en el cual, la
Corte sostuvo que su aplicación por parte del Fiscal supone la valoración de
los derechos de las víctimas, la realización del principio de verdad y de
justicia, y no excluye la posibilidad de acudir a la acción civil para buscar
la reparación de los daños.[45]
(viii)  Derechos frente a la solicitud de preclusión del
Fiscal amparados en la sentencia C-209 de 2007, en la que la Corte reconoció a
las víctimas  la posibilidad de hacer uso de la palabra para controvertir la
petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas que
muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las
circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión, y el
ejercicio del derecho de apelación contra la sentencia que resuelve la
solicitud de preclusión.[46]
(ix) Derecho a participar en la formulación de la
acusación con el fin de elevar observaciones al escrito de acusación o
manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones,
impedimentos o nulidades, garantizado en la sentencia C-209 de 2007.[47]
22.2.
En la etapa del juicio oral, se ha establecido que la víctima tiene la
posibilidad de participar, a través de su abogado, tal y como ocurre en otras
etapas del proceso, como la audiencia de formulación de acusación[48] y la
audiencia preparatoria.[49]
En la etapa del juicio la intervención de la víctima está mediada por el
fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima, sin perjuicio, de la intervención
del Ministerio Público quien como garante de las prerrogativas procesales,
puede abogar por los derechos de las partes e intervinientes, incluidas las
víctimas, sin sustituir al fiscal ni a la defensa. Dada la importancia que
tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, esta Corporación
ha precisado que el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva,
y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para
facilitarla.[50]
Específicamente,
en la sentencia C-209 de 2007[51]
la Corte sostuvo que en la etapa del juicio oral, el conducto para el ejercicio
de los derechos de las víctimas es el fiscal, quien debe oír al abogado de la
víctima. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la
sentencia podrán ejercer el derecho a impugnarla, de conformidad con el
artículo 176 de la Ley 906 de 2004. En tal ocasión, la Corte declaró la
constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 que
excluyen a las víctimas de los actores procesales que pueden controvertir los
medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física en
la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las
preguntas que se planteen en esta etapa. Sobre este aspecto consideró la Corte
que la participación directa de las víctimas en el juicio oral implicaría una
modificación de los rasgos estructurales del sistema acusatorio, convirtiendo a
la víctima en un segundo acusador o contradictor del acusado en desmedro de la
dimensión adversarial del proceso.
22.3.
En la fase posterior a la sentencia, el derecho de participación de la víctima
en el proceso adquiere una especial relevancia, toda vez que de conformidad con
la configuración prevista en el A.L. 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, la
discusión sobre la responsabilidad civil se trasladó a esta etapa, una vez
establecida la responsabilidad del acusado[52].
En efecto, en el capítulo cuarto del título segundo del C.P.P.[53] el legislador penal
reguló lo atinente al incidente de reparación integral de los daños ocasionados
con la conducta punible, escenario en el cual la víctima podrá desplegar a
cabalidad todas sus facultades con miras a la satisfacción de sus derechos.
En
la sentencia C-250 de 2011, la Corte adoptó una decisión encaminada a garantizar
la intervención directa de las víctimas, en la fase posterior a la sentencia
condenatoria. En efecto, en esa ocasión juzgó la constitucionalidad del
artículo 447 del C.P.P., modificado por el 100 de la Ley 1395 de 2010, que autorizaba
al juez para conceder únicamente al fiscal y a la defensa el uso de la palabra para
referirse “a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de
vivir y antecedentes de todo orden del culpable”, en aquellos eventos en
que el fallo fuere condenatorio o se aceptare el acuerdo celebrado con la
Fiscalía. La Corte estimó, en el mencionado precedente, que el legislador había
incurrido en una omisión legislativa relativa, por no incluir a las víctimas
dentro del grupo de quienes podían hacer uso de la palabra en la etapa de
individualización de la pena y la sentencia.
En
esencia, la Corporación consideró que esa omisión era contraria a los derechos
que tienen las víctimas a ser tratadas de igual forma que el condenado (CP,
13), pues la defensa sí tenía derecho a intervenir para efectuar las
declaraciones del caso, mientras que las víctimas no. Además, la Corte manifestó
que se violaba también el derecho al debido proceso (CP, 29) y limitaba el
derecho de acceso a la administración de justicia (CP, 229), en tanto no había
razones constitucionales para restringir su derecho a perseguir el mayor nivel
posible de verdad, justicia y reparación, en una etapa en la cual ya se ha
tomado la decisión de condenar al individuo.  Por lo tanto, procedió a declarar
la exequibilidad condicionada de la disposición demandada, bajo el entendido de
que “las víctimas y/o sus representantes en el proceso penal, podrán ser
oídos en la etapa de individualización de la pena y la sentencia”.
23.
Como se puede concluir de la anterior reseña jurisprudencial, la Corte ha
desarrollado en relación con la víctima del delito un esquema de participación
en el proceso penal, caracterizado por ampliar los espacios de intervención, a
fin de asegurar su derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial
efectiva, en su condición de interviniente especial, pero armonizando dicha
participación con los rasgos propios del sistema penal acusatorio diseñado por
el constituyente (A.L. 03/02) y el legislador (L.906/04). Dentro de ese modelo
específico, propio y singular se ha garantizado el derecho de la víctima a
participar directamente, en igualdad de condiciones que la defensa y al
Ministerio Público, en momentos determinantes de la fase de investigación, y de
manera más limitada a través del fiscal, en el juicio, etapa en la que se
encuentran presentes de manera más definida los rasgos del sistema penal
acusatorio, en particular su carácter adversarial, signado por el principio de
igualdad de armas. Definida la responsabilidad penal del acusado, la víctima
adquiere un papel particularmente protagónico, comoquiera que en el modelo
procesal establecido constitucional y legalmente, se defirió a la fase
posterior a la sentencia la discusión acerca de la reparación civil del daño
ocasionado con el delito.
El
legislador incurrió en el artículo 90 en una omisión legislativa que menoscaba
el derecho de la víctima a la reparación
24.
Establecido el marco teórico que habrá de regir este pronunciamiento,
corresponde a la Corte resolver el problema jurídico planteado, consistente en
determinar si es violatoria del principio de igualdad y del derecho de acceso a
la justicia de las víctimas, la norma que prevé la posibilidad de que la
defensa, el fiscal y el ministerio público puedan solicitar la adición de la
sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, para que se emita un
pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, en
tanto que a la víctima no se reconoce tal prerrogativa.
Como se expuso en
su oportunidad, el demandante considera que el Congreso incurrió en una omisión
legislativa relativa que vulnera los derechos de las víctimas al debido proceso
y al acceso efectivo a la justicia. En su sentir, no existe ninguna
justificación para que no se permita a la víctima intervenir en la audiencia en
que se profiere y comunica la sentencia, con el fin de propugnar por que se
subsane la omisión de pronunciamiento definitivo sobre los bienes incautados
con fines de comiso.
25. Procede la
Corte a aplicar el test que la jurisprudencia de esta corporación ha
establecido[54] para definir si se configura una omisión
legislativa relativa que resulte contraria a preceptos constitucionales:
(i) En primer lugar, observa la Corte que la demanda
recae sobre una norma de la cual se predica la omisión legislativa que se
acusa. En efecto, el cargo se dirige contra el artículo 90 del código de
procedimiento penal, disposición que en efecto prevé unas facultades de
intervención en el momento en que se comunica el contenido de la sentencia.
Dichas facultades de intervención tienen el propósito de subsanar omisiones en
que hubiere incurrido el funcionario judicial en relación con la disposición
definitiva de los bienes incautados con fines de comiso.
(ii) Constata la Corte que la regulación normativa
acusada, en efecto, autoriza la intervención del fiscal, la defensa y el
Ministerio Público, para que soliciten al operador jurídico la adición del
fallo o su equivalente, a fin de que sea complementado incluyendo un
pronunciamiento definitivo sobre los bienes incautados con fines de comiso. Se
excluye a la víctima o su representante, de la relación de sujetos  legitimados
para intervenir, cuando es claro que aquella se encuentra en una posición
jurídica no solo equiparable a la de los sujetos procesales e intervinientes autorizados,
sino que convoca un interés más directo y específico sobre la materia regulada.
Si bien como se
explicó en los fundamentos jurídicos 14 a 18 de este fallo, la finalidad del comiso no es la de garantizar los perjuicios ocasionados con el hecho
antijurídico, los intereses de restitución y reparación integral de la víctima
sí pueden resultar afectados con la omisión de un pronunciamiento sobre la
disposición definitiva de los bienes incautados. Esta afectación puede provenir
por ejemplo, del hecho de que la incautación hubiese recaído sobre bienes de la
víctima objeto del punible y le hubieren sido restituidos de manera provisional
mientras se adelantaba la investigación (Art. 99.2); ó que no le hubieren sido
restituidos por que eran elementos de prueba necesarios apara adelantar la
investigación (Art. 88). Así mismo, las decisiones sobre comiso de bienes
pueden afectar las posibilidades de la victima de obtener una reparación
integral, comoquiera que dicha medida implica el desplazamiento del bien, del
patrimonio del condenado al Estado, por lo que podrían verse mermadas las
posibilidades de garantizar la compensación del daño y los perjuicios. Las
anteriores son solo de algunas de las eventualidades en las que el
pronunciamiento sobre bienes incautados con fines de comiso, podría tener una
particular relevancia frente a la satisfacción de los derechos de reparación de
la víctima del punible.
(iii) No existe una razón objetiva y suficiente para justificar
la exclusión de la víctima del grupo de actores procesales autorizados para
solicitar la adición de la sentencia con miras a subsanar la omisión del
funcionario en torno a un pronunciamiento definitivo sobre bienes incautados.
Los derechos de intervención de la víctima en el proceso penal con tendencia
acusatoria se han definido por la jurisprudencia constitucional atendiendo la
estructura de este proceso y los principios que lo orientan, en particular el
principio de igualdad de armas. Garantizar la intervención de la víctima en una
fase en que ya se ha definido la responsabilidad del acusado, en tanto que se
ha proferido el fallo o su equivalente, no involucra amenaza alguna  al
equilibrio que debe existir entre acusación y defensa, ni afecta garantías del
procesado y en cambio sí introduce una limitación desproporcionada a los
derechos de la víctima, quien tiene un interés legítimo en velar por que se
adopten medidas que no afecten su derecho a la restitución y a la reparación
del daño.
No es razonable ni para los derechos de la víctima, ni para el
desarrollo del proceso, que se le someta a que las observaciones, el disenso o
los reparos que pueda presentar respecto de las decisiones relativas a los
bienes incautados, deban ser canalizados a través del recurso de apelación, cuando
podría subsanarse en la audiencia de comunicación del fallo.
Y si bien el
fiscal tiene el deber constitucional de velar por el restablecimiento de los
derechos de las víctimas, en la situación particular a que alude el precepto
acusado, el fiscal podría encontrarse en una situación que no ofrece plenas
garantías a los derechos de la víctima, comoquiera que, de acuerdo con la ley
(Art. 82), los bienes incautados pasarán definitivamente a la Fiscalía General
de la Nación. Eventualmente, en esta específica circunstancia que la norma
regula, podría presentarse un conflicto entre los intereses de la víctima y los
de la fiscalía. Adicionalmente, cuando el proceso termina mediante la
aplicación del principio de oportunidad, la omisión referida a un
pronunciamiento definitivo sobre bienes incautados, podría ser atribuible al
fiscal. Por consiguiente, la manera de garantizar en esta fase los derechos de
la víctima  es permitiendo su intervención directa, o a través de su
representante.
No comparte la
Corte los argumentos del señor Procurador General de la Nación para sugerir una
declaratoria de exequibilidad simple de la norma, toda vez que si bien como él
lo destaca, la ley procesal le asigna a ese órgano de control, funciones orientada
a propender por la satisfacción de los derechos de las víctimas del delito,
nada se opone a que en esta fase en que ya existe sentencia, converjan su
agencia institucional con la gestión directa de la propia víctima. No puede tampoco
acogerse su argumento según el cual la norma
demandada “no le impide a la víctima conocer la decisión respecto de los
bienes afectados con fines de comiso y, por tanto, en nada afecta su derecho a
la verdad”, expresión que plasma una visión formalista de los derechos de
las víctimas, que no se corresponde con la visión amplia y material que la
jurisprudencia de esta Corte ha desarrollado sobre la garantía de acceso a la
justicia y a la tutela judicial efectiva de las víctimas y perjudicados con el
delito.
(iv) Al no existir una justificación objetiva y razonable
para dar a la víctima un tratamiento distinto al establecido respecto de otros
sujetos procesales (defensa y fiscal) e intervinientes (Ministerio Público), su
exclusión como sujeto legitimado para solicitar la adición de la sentencia  con
el fin de provocar un pronunciamiento definitivo sobre los bienes incautados
con fines de comiso, se torna discriminatoria y lesiva de sus derechos de
acceso igualitario a la justicia, a la vez que menoscaba el derecho a obtener
la reparación integral. No puede perderse de vista que bien la Carta acoge una
concepción amplia de la protección de los derechos de las víctimas de un hecho
punible, ésta no disminuye la importancia del derecho del afectado la
indemnización de los daños que se le hayan ocasionado, aspecto que se afecta
con la configuración analizada.
(v) Finalmente, con la regulación enjuiciada el
legislador incumplió el deber constitucional (Art. 250.7)[55] de configurar una
intervención directa de la víctima en esta fase del proceso penal, acorde con
los artículos 13 y 229 de la Constitución.
26. En
conclusión, si bien el legislador cuenta con una amplia potestad de
configuración de los procedimientos, y específicamente para el diseño de los
mecanismos de participación de la víctima en el proceso penal de tendencia
acusatoria, se trata de una facultad sujeta a límites constitucionales, en
particular a las garantías de acceso efectivo e igualitario de la víctima a la
justicia. La norma que excluye a la víctima de los actores procesales
autorizados para solicitar la adición de la sentencia o la decisión
equivalente, con miras a que se produzca un pronunciamiento definitivo sobre
los bienes incautados con fines de comiso, entraña una omisión legislativa
relativa, comoquiera que dicha exclusión se produce frente a un sujeto que se
encuentra en una posición jurídica asimilable a aquellos que si fueron
considerados, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable,
derivando dicho trato en discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se proyecta
en un desmedro de la garantía de acceso pleno y efectivo a la justicia, en
procura de una reparación integral del daño inferido con el delito.
VII. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE, el  artículo
90 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que también la víctima podrá
solicitar en la audiencia de que trata esta norma, la adición de la sentencia o
de la decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento
definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con el fin de
obtener el respectivo pronunciamiento.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y
archívese el expediente.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado (E)
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Ver
también las Sentencias C-543 de 1996 (M.P.Carlos Gaviria Díaz), C-067de 1999
(M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), C-427 de 2000 (M.P.Vladimiro Naranjo
mesa), C-1549 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez); C-090 de 2002,
C-809de 2002 y C-509 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); C-1009 de 2005
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-1266 de 2005 (M.P. Humberto Sierra Porto),
C-454 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-864 de 2008 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), C-209 de 2007 (M.P: Manuel José Cepeda Espinosa), C-516 de 2007
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-442 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto), C-260
de 211 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras.
[2]
Corte Constitucional Sentencias C-185 de 2002, reiteración en C-260 de 2011.
[3]
Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[4]
Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[5]
Ibidem.
[6]
Corte Constitucional, Sentencia C-427 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En
la misma dirección pueden consultarse, entre muchas otras, las Sentencias C-041
de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1549 de 2000 M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez); C-090 de 2002, C-809de 2002 y C-509 de 2004 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett); C-1009 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
C-1266 de 2005 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-454 de 2006 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), C-864 de 2008 (M.P. Marco Gerrado Monroy Cabra), C-209 de
2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-516 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), C-442 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto), C-260 de 211 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio), entre muchas otras.
[7]
Sentencias C-1052 de 2001 (M.P.Manuel José Cepeda Espinosa), C-480 de 2003  y C-371
de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-451 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), C-127 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa) y C-260 de 2011
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[8]
Sentencias C-038 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero);  C-327 de 1997 (M.P.
Fabio Morón Díaz); C-555 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-965 de
2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-591 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández); C-210 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-692 de 2008 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa); y C-814 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub); C-820 de 2011 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[9]
Por ejemplo, la sentencia C-510 de 2004 (M.P.Álvaro Tafur Galvis), declaró la
exequibilidad de la norma que establecía un nuevo procedimiento y términos para
los cobros o las reclamaciones ante el FOSYGA, por cuanto consideró, entre
otras cosas, que el legislador es libre para establecer condiciones previas al
acceso a la justicia.
[10] Por ejemplo, en
sentencia C-163 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), la Corte consideró ajustada a la Constitución la consagración de la figura de la parte civil en
el proceso penal, a pesar de que la naturaleza de sus pretensiones podrían ser
únicamente pecuniarias. De igual manera, en sentencia C-1149 de 2001 (M.P.
Jaime Araújo Rentería), la Corte dijo que, dentro de la libertad de
configuración normativa, era válido que la ley autorice la intervención de la
parte civil en el proceso penal militar.
[11] La sentencia C-180 de
2006 (M.P. Jaime Araújo Rentería) declaró la exequibilidad de la eliminación
del recurso extraordinario de súplica en los procesos contencioso
administrativos, por cuanto la Constitución confiere al legislador “libertad de configuración amplia en materia de procedimientos judiciales.”
[12] Por ejemplo, en la
sentencia C-1264 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte se refirió a la libertad de configuración normativa del legislador para regular la
forma cómo debe adelantarse la notificación personal en el procedimiento civil.
[13] En este asunto, entre
otros casos, se recuerdan las sentencias C-316 de 2002 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), respecto de la caución en el proceso penal; C-043 de 2004 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra) que declaró la exequibilidad del pago de condena en
costas y C-641 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en cuanto consideró ajustado
a la Carta el término de ejecutoria de las sentencias como carga procesal a las
partes.
[14] En sentencia C-1232 de
2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la Corte Constitucional dijo que el legislador goza de amplio margen de configuración normativa
para consagrar el término de prescripción de las acciones derivadas del fuero
sindical.
[15] Sentencia C-210 de 2007
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[16] Sentencias C-800 de 2000
(MP. José Gregorio Hernández Galindo), C-927 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra), C-555 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-640 de 2002 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra), C-736 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería), C-788
de 2002 y C-561 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[17]
Sentencia C-555 de 2001(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), criterio reiterado,
entre otras, en las sentencias  C-651 de  2011 (M.P. María Victoria Calle
Correa) y C- 820 de 2011  (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[18] Sentencias C-459 de
2011, (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), y C-364 de 2012, (M.P. Luís Ernesto
Vargas Silva).
[19]
Sentencia C-459 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Prtelt Chaljub).
[20]
Artículo 100 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y 82 del Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
[21]
El artículo 82 del C.P.P. establece: “El comiso procederá sobre los bienes y
recursos del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o
indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados
en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo, sin
perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los
terceros de buena fe. //Cuando los bienes o recursos producto directo o
indirecto del delito sean mezclados o encubiertos con bienes de lícita
procedencia, el comiso procederá hasta el valor estimado del producto ilícito,
salvo que con tal conducta se configure otro delito, pues en este último evento
procederá sobre la totalidad de los bienes comprometidos en ella. //Sin
perjuicio también de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe,
el comiso procederá sobre los bienes del penalmente responsable cuyo valor
corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto del
delito, cuando de estos no sea posible su localización, identificación o
afectación material, o no resulte procedente el comiso en los términos
previstos en los incisos precedentes. //Decretado el comiso, los bienes pasarán
en forma definitiva a la Fiscalía General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes, a menos que la ley disponga su
destrucción o destinación diferente”.
[22] El artículo 100 del
Código Penal, regula la figura del comiso en el capítulo Sexto del Libro
Primero, dedicado a la “Responsabilidad civil derivada del hecho punible”.
Las penas, sus clases y sus efectos se encuentran están previstas en el
capítulo primero del título primero.
[23]
Sentencia C-389 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[24]
Ibídem.
[25]
De la acción penal.
[26]
Del comiso, artículos 82 a 91.
[27] Estas dos alternativas
se encuentran previstas en el inciso primero del artículo 82 del Código de
Procedimiento Penal.
[28]
Las hipótesis  (iii) y (iv) está contenidas en el inciso segundo del artículo
82 ibídem. En las sentencias C-176 de 1994 y C-931 de 2007, a propósito de la revisión de dos tratados internacionales, esta Corporación admitió que el
legislador podía autorizar el decomiso de  bienes diferentes, cuyo avalúo
fuere equivalente a los que deberían ser decomisados; esta figura se conoce con
el nombre de “decomiso de valor o por equivalencia”.  Teniendo en cuenta
que esta clase de decomiso hace parte de un proceso penal, sólo los jueces de
esta jurisdicción son competentes para decretarlo. (C-459 de 2011).
[29]
Artículo 82 C.P.P. inciso tercero.
[30] A este respecto se pueden consultar las sentencias
C-591 de 2005 y C-1260 de 2005 ((M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C-454 de
2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-396 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), entre otras.
[31] Así, por ejemplo, en sentencias C-762 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez), C-070 de 2009 (M.P. Clara Helena Reales Gutiérrez (e) y Humberto Sierra
Porto, C-069 de 2009 (M. Clara Inés Vargas Hernández), C-025 de 2009 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), T-920 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C-879
de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-806 de 2008 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), C-144 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-651 de
2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[32]
Sentencia C-144 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[33] Constitución Política. “ARTICULO
250. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de
2002.  (…) //  En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: // (…) // 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. (…).”
[34]  Sentencia C-591 de 2005
y T-1057 de 2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), C-516 de 2007 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[35]
Sentencia C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), reiteración en
C-651 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[36] Ibídem.
[37] Ver: sentencias C-591 de
2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); C-1154 de 2005 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa); C-1177 de 2005 y C-979 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño);
C-1154 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-454 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño); C-209 de 2007; y C-516 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[38]
Sentencia C-1154 de 2005, en donde la Corte decidió lo siguiente: “Décimo
octavo.- Declarar por el cargo analizado la exequibilidad condicionada del
artículo 79 de la Ley 906 de 2004 en el entendido de que la expresión “motivos
o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito”
corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión será motivada y
comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus
derechos y funciones.” En sentido similar, en la sentencia C-1177 de 2005, la Corte dispuso la comunicación a las víctimas o denunciantes en el evento de inadmisión de
denuncias o demandas cuando éstas carecen de fundamento. en donde la Corte resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “En todo caso se
inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando
el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión,
debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al
denunciante y al Ministerio Público.”
[39]M.P.
Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad la Corte resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “En todo caso se inadmitirán las denuncias
sin fundamento”, del inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando
el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión,
debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al
denunciante y al Ministerio Público.”
[40] MP. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad la Corte resolvió lo siguiente: Tercero: Declarar la  EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, por los cargos analizados en esta sentencia, de los artículos
348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, en el entendido  que la
víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdo
entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e
informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el
acuerdo.
[41] MP. Jaime Córdoba Triviño.
En cuanto a la posibilidad de limitar mediante una regulación legislativa el
número de apoderados de las víctimas que intervienen en determinada fase del
proceso penal, la corte encontró  que era contraria a la Carta y procedió a declarar la inexequibilidad del numeral 4° del artículo 137 de la Ley 906 de 2004.
[42] MP. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[43] MP. Jaime Córdoba
Triviño.
[44] Al respecto, la Corte decidió declarar la exequibilidad del artículo 306, del artículo 316 y del artículo 342
de la Ley 906 de 2004, “en el entendido de que la víctima también puede
acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida
correspondiente.”
[45] En esta ocasión la Corte decidió declarar la exequibilidad del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 por los cargos analizados en esta sentencia.
[46] La Corte declaró la exequibilidad del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido de
que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y
evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal.”
[47] La Corte decidió en esta oportunidad declarar la exequibilidad del artículo 339 “en el
entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de
formulación de acusación para elevar observaciones al escrito de acusación o
manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones,
impedimentos o nulidades.”
[48] En la
sentencia C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte declaró la exequibilidad del artículo 344 de la Ley 906 de 2004 en el entendido de que
la víctima también puede solicitar el descubrimiento de un elemento material
probatorio específico o de evidencia física específica.
[49] En la
sentencia C-454 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte declaró la exequibilidad del artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el
representante de las víctimas también podrá hacer  en esta audiencia
solicitudes probatorias. En la sentencia C- 209 de 2007, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 358 ib., en el entendido que la
víctima también puede solicitar la exhibición de los elementos materiales
probatorio y evidencia física que serán llevado al juicio oral con el fin de
ser conocidos y estudiados.
[50] Sentencia C-209 de 2007.
[51] MP. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[52] Al respecto C-409 de
2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[53] Artículos 101 a 108 C.P.C.
[54]
Corte Constitucional, Sentencia C-427 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En
la misma dirección pueden consultarse, entre muchas otras, las Sentencias C-041
de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1549 de 2000 (M.P.Martha Victoria
Sáchica Méndez); C-090 de 2002 , C-809 de 2002, y C-509 de 2004 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett); C-1009 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-1266
de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-864 de 2008 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra),  C-442 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-936 de
2010 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), y C-260 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[55]
Art. 250. 7. (….). “La ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.