C-564-95
Sentencia No
Sentencia No.
C-564/95
FUNCION
LEGISLATIVA
La función
legislativa no se ejerce únicamente en el momento de dictar la ley sino que
tiene lugar cuando se la modifica o adiciona, cuando se la interpreta con
autoridad y cuando se la deroga.
LEY-Competencia para modificarla
Es claro que,
establecidas en normas legales las reglas que se aplican a una materia
reservada por la Constitución al legislador, sólo éste puede modificarlas, y,
por ende, fuera de los eventos enunciados, el Presidente de la República y en
general los funcionarios de la Rama Ejecutiva y de los otros órganos estatales,
se hallan excluídos de la función de reformar la ley, ya sea para ampliarla, adicionarla
o restringirla, y, si actúan en alguno de tales sentidos, lo hacen
inconstitucionalmente, en cuanto invaden la órbita propia del legislador.
COMISION NACIONAL
DE TELEVISION
La Comisión
Nacional de Televisión es un organismo de ejecución y desarrollo de la política
trazada por la ley. Sobre la base de la misma, dirige y regula la televisión
como ente autónomo.
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO
Es un bien
público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del
Estado en virtud de competencias que, en lo que atañe a televisión,
corresponden a la Comisión Nacional, pero en los términos que señale la ley.
FUNCION
LEGISLATIVA-No puede el
Congreso desprenderse de ella/PRINCIPIO DE SEPARACION DE FUNCIONES ENTRE
ORGANOS DEL ESTADO-Vulneración/COMISION NACIONAL DE TELEVISION-No
puede modificar porcentajes de programación nacional
Si el Congreso se
desprende de la función que le es propia y la traspasa a otra rama del poder
público, o a uno de sus órganos, viola el artículo 113 de la Constitución, que
consagra, sin perjuicio de la colaboración armónica, la separación de
funciones. Una norma que contravenga este principio despoja a las disposiciones
legales de su estabilidad y les resta jerarquía. Por eso, el parágrafo
demandado, al autorizar de manera permanente e ilimitada a la Junta Directiva
de la Comisión Nacional de Televisión para modificar los porcentajes mínimos de
programación nacional fijados en la propia ley, vulnera la Carta Política.
COMISION NACIONAL
DE TELEVISION-No se puede
asignar función legislativa
La determinación
de la Corte no implica que ella considere opuesta  a la Constitución una
flexibilidad, dispuesta y estructurada por la propia ley, que permita variar
los porcentajes de programación nacional en televisión según el comportamiento
y las necesidades del medio, y de conformidad con la oferta de material y
personal de origen colombiano. Lo que se halla incompatible con los preceptos
superiores es la resignación de funciones legislativas en un ente
administrativo y la delegación en éste de la atribución -exclusiva del
legislador- de modificar las leyes.
-Sala Plena-
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Ref.: Expediente
D-957
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial) de la Ley 182 de 1995.
Actora: María
Teresa Garcés Lloreda
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del treinta (30) de noviembre
de mil novecientos noventa y cinco (1995).
I. ANTECEDENTES
La ciudadana MARIA
TERESA GARCES LLOREDA, invocando como ciudadana el derecho que consagra el
artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política y actuando también en
nombre de la "Asociación Colombiana de Actores, Directores Escénicos  y
Dramaturgos -ACTO-", presentó ante esta Corporación demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial) de la Ley 182 de 1995.
Cumplidos como están
los trámites y requisitos que exige el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a
resolver.
II. TEXTO
El texto acusado es
del siguiente tenor literal (se subraya lo demandado):
"LEY NUMERO 182 DE 1995
(Enero 20)
"Por la cual se reglamenta el servicio
de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el
acceso a éste, se conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la
industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación
de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras
disposiciones en materia de telecomunicaciones"
El Congreso de la República de Colombia,
DECRETA:
(...)
ARTICULO 33.-
Programación Nacional.
Cada operador de televisión abierta, concesionario de espacios de televisión o
contratista de televisión regional, cualquiera que sea el ámbito de cubrimiento
territorial, deberá cumplir mensualmente los siguientes porcentajes mínimos de
programación de producción nacional:
a) Canales
nacionales y zonales:
De las 19:00 horas a
las 22:30 horas (triple A), el 70% de programación de producción nacional.
De las 00:00 horas a
las 10:00 horas, el 100% será de programación libre.
De las 10:00 horas a
las 14:00 horas el 55% será de programación de producción nacional.
De las 14:00 horas a
las 19:00 horas el 40% será de programación de producción nacional.
De las 22:30 horas a
las 00:00 horas, el 55% será de programación de producción nacional.
Sábados, domingos y
festivos el triple A será el 60% de programación de producción nacional, y
b) Canales
regionales y estaciones locales:
En los canales
regionales y estaciones locales, la emisión de programación de producción
nacional deberá ser el 50% de la programación total.
Las repeticiones de
los programas de producción nacional solamente serán incluidas en los
anteriores porcentajes de acuerdo a las siguientes equivalencias:
1. Primera
repetición, la mitad del tiempo de su duración.
2. Segunda
repetición, la tercera parte del tiempo de su duración.
3. La tercera y
sucesivas repeticiones, la cuarta parte del tiempo de su duración.
PARAGRAFO.- La Junta Directiva de la Comisión
Nacional de Televisión podrá modificar dichos porcentajes.
Para efectos de esta
ley se establecerán las siguientes definiciones:
a) Producción
Nacional. Se entiende por producciones de origen nacional aquéllas de
cualquier género realizadas en todas sus etapas por personal artístico y
técnico colombiano, con la participación de actores nacionales en roles
protagónicos y de reparto. La participación de actores extranjeros no alterará
el carácter de nacional siempre y cuando ésta no exceda el 10% del total de los
roles protagónicos.
La participación de
artistas extranjeros se permitirá siempre y cuando la normatividad de su país
de origen permita la contratación de artistas colombianos, y
b) Coproducción.
Se entenderá por coproducción, aquélla en donde la participación nacional en
las áreas artística y técnica no sea inferior a la de cualquier otro país.
El incumplimiento de
estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones por parte de la
Comisión Nacional de Televisión, que según la gravedad y reincidencia, pueden
consistir en la suspensión del servicio por un período de tres (3) a seis (6)
meses o a la declaratoria de caducidad de la concesión respectiva, sin
perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar y del cumplimiento de la
norma y principios del debido proceso"
III. LA DEMANDA
La actora señala
como vulnerados los artículos 150, numerales 1º y 10, 113 y 114 de la
Constitución Política.
En primer término
señala la actora que es función privativa del Congreso, de acuerdo con el
numeral 1º del artículo 150 de la Carta, interpretar, reformar y derogar las
leyes, función ésta que sólo puede delegar en el Presidente de la República,
temporalmente, cuando las necesidades lo exijan o las conveniencias públicas lo
aconsejen (numeral 10 del mismo artículo).
Considera que con la
consagración del artículo 33 de la Ley 182 de 1995, el Congreso optó,
acertadamente, por defender el patrimonio cultural, la identidad nacional y el
trabajo de los artistas colombianos, mediante el señalamiento de unos
porcentajes mínimos de programación nacional mensual.
Pero, en su
criterio, con la inclusión del parágrafo acusado, el legislador está haciendo
una delegación inconstitucional de sus funciones al permitirle a la Junta
Directiva de la Comisión Nacional de Televisión cambiar los porcentajes
inicialmente señalados.
La posibilidad
otorgada a tal ente vulnera, según la demandante, la denominada
"Constitución Cultural", plasmada entre otros en los artículos 44 y
70 de la Carta, cuya promoción y fomento están a cargo del Estado. Ello se
traduce en una garantía de la libertad de pensamiento, en la preservación del
patrimonio cultural, en la democratización del acceso a la cultura y en la
formación del talento artístico.
Afirma que si el
Estado no cumpliera con esta función, infringiría claros deberes
constitucionales, en especial los concernientes a la salvaguarda y respeto de
las identidades culturales de los grupos étnicos.
Por ello, sostiene,
la existencia de una norma como la del artículo 33 es indispensable, pues de no
existir, muy seguramente toda nuestra programación sería extranjera, máxime si
se tiene en cuenta que comprar "enlatados" es menos costoso que
producir programas nacionales.
En su opinión, la
existencia del parágrafo acusado crea el riesgo de que la Junta Directiva de la
Comisión Nacional de Televisión disminuya los porcentajes mínimos de
programación nacional obligatoria, afectando así la garantía para que los
nacionales colombianos dedicados a este tipo de actividad se manifiesten en el
medio de comunicación más importante del siglo XX, quitándoles por contera
oportunidades de trabajo, además de lo que implicaría en cuanto pérdida de
identidad nacional.
Más adelante,
refiriéndose a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Televisión,
señala que se trata de un ente autónomo del orden nacional, sujeto a un régimen
legal propio, cuyo objeto es realizar la intervención estatal en el espectro
electromagnético utilizado para los servicios de televisión y para regular este
servicio.
Dice que la voluntad
del Constituyente al crear este ente fue que el manejo de la televisión no
tuviera interferencias de los gobiernos y no estuviera mediatizado por los
vaivenes de la política, ni por los intereses partidistas, todo con el objeto
de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso, el pluralismo
y la competencia, además de permitirle al Estado garantizar realmente el acceso
de todos los colombianos y de manera prioritaria el de los niños, a la cultura.
La dirección y
ejecución de las funciones del ente -dice- están a cargo de su Junta Directiva,
pero ello no puede llevar a que el legislador delegue su función propia en este
campo, cual es la reglamentación del servicio de televisión, es decir la
fijación de un marco legal dentro del cual la Comisión debe actuar.
IV. DEFENSA DE LA
NORMA ACUSADA
Dentro del término
de fijación en lista, la ciudadana CLARA CECILIA MOSQUERA PAZ, en su calidad de
apoderada del Ministerio de Comunicaciones, presentó a la Corte un escrito
destinado a defender la constitucionalidad de la disposición acusada.
Dice la ciudadana
interviniente que con el parágrafo del artículo 33 de la Ley 182 de 1995 no se
contraría la Constitución sino que, por el contrario, él tiene soporte en los
artículos 76 y 77 de la Carta, que determinan que la televisión será regulada
por una entidad autónoma, del orden nacional, sujeta a un régimen legal propio
y que la dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo
de su Junta Directiva.
Afirma que no es
cierto que se esté autorizando a la Junta para que modifique lo dispuesto por
la ley que establece una base mínima de programación de producción nacional, a
partir de la cual puede ejercerse la función de regulación por la Junta
Directiva, como ente de dirección y ejecución. Lo que hace el parágrafo
-continúa- es simplemente desarrollar la facultad reguladora del servicio de
acuerdo con el artículo 77 de la Carta, el cual resultaría vulnerado si con
fundamento en el parágrafo se modificaran los mínimos porcentajes establecidos,
violación que no se deduce per se del contenido de la norma.
Lo anterior se
corrobora si se tiene en cuenta que "si el legislador hubiera guardado
silencio respecto del porcentaje mínimo de programación de producción nacional,
le correspondería a la Comisión Nacional de Televisión por conducto de su Junta
Directiva, en cumplimiento de la función constitucional de regulación del
servicio y de funciones legales como la consagrada en el literal c) del
artículo 5º de la Ley 182 de 1995, determinar las franjas y el contenido de la
programación".
En cuanto a la
presunta transgresión de la llamada "Constitución Cultural",
manifiesta que está errada la actora al atribuir a una norma que tiene que ver
directamente con la prestación de un servicio público un alcance reglamentario
de derechos y garantías de las personas, pues por la misma vía podrían
desnaturalizarse las diferencias existentes entre una ley ordinaria y una
estatutaria.
Al hacer referencia
a la exposición de motivos de la Ley acusada, dice que la inclusión del
porcentaje mínimo de programación nacional obedeció a la protección que debe
dársele a la industria nacional, resultando, como consecuencia de ello, una
protección a la identidad cultural y a la actividad laboral de quienes, como artistas,
técnicos, directores, guionistas, etc., intervienen en la producción nacional.
En su opinión, si se
hace una interpretación sistemática de toda la Ley, es claro que de la facultad
contenida en el parágrafo demandado no puede inferirse que la Junta Directiva
de la Comisión Nacional de Televisión pueda modificar el porcentaje mínimo de
programación de producción nacional en el sentido de disminuirlo.
En cuanto a la
violación, alegada por la demandante, de los artículos 113 y 114 superiores,
opina que "en desarrollo de la intervención estatal en los servicios
públicos, si bien al Congreso le corresponde determinar la política que debe
seguirse en materia de televisión y establecer el régimen legal a que debe
someterse su entidad rectora, parece confundirse en la demanda la facultad
legislativa con la reguladora del servicio en cabeza de la Comisión Nacional de
Televisión a través de su Junta Directiva, facultades ambas de origen
constitucional que, coexistiendo, se complementan sin contraponerse y de cuya
operancia es claro ejemplo lo dispuesto en el artículo 33 y su parágrafo, el
cual no consagra una delegación de la competencia legislativa".
Igualmente, dentro
del término de fijación en lista, el ciudadano ANDRES QUINTERO MUNERA, obrando
en nombre propio, a través de escrito presentado a la Corte, solicita se
declare la exequibilidad de la norma acusada.
Al analizar el
parágrafo acusado del artículo 33 de la Ley 182 de 1995, anota que el
legislador no se está desprendiendo inconstitucionalmente de funciones
exclusivas y propias.
Señala que "en
la parte inicial de la norma el legislador establece unos porcentajes de
programación nacional a los que están sujetos o estarán obligados algunos de
los particulares que por distintas vías accedan a la prestación del servicio.
Para tal efecto el legislador distingue entre los ámbitos de cobertura (canales
nacionales, zonales, regionales y locales) y entre las diversas franjas
horarias. En seguida dispone el modo como habrán de computarse las repeticiones
para concluir con el parágrafo demandado. En éste se precisa que la Junta
Directiva de la Comisión Nacional de Televisión podrá modificar dichos
porcentajes".
Para el ciudadano
interviniente, la determinación de los porcentajes de programación nacional
obligatorios no es una función constitucionalmente reservada al legislador sino
que, por el contrario, de conformidad con el artículo 77 de la Carta, le está
confiada a la nueva autoridad televisiva.
En el caso de la ley
examinada, sucedió, según los argumentos expuestos por el defensor de la norma,
que el legislador fijó unas reglas básicas en materia de programación nacional,
poniendo de manifiesto que pueden estar sujetas a ajustes y adecuaciones, según
las circunstancias sobrevinientes, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos
en las proximidades de un modelo televisivo completamente novedoso entre
nosotros. Por eso -afirma- quiso el legislador que los comentados porcentajes
tuvieran un expedito mecanismo de adecuación y respuesta a los datos que la
realidad por venir vaya dictando. El sistema sería inadecuado e ineficiente si
se requiriese del pronunciamiento legislativo cada vez que las circunstancias
aconsejaran una revisión de los porcentajes establecidos.
Esa es precisamente
la tarea encomendada a la Comisión Nacional de Televisión: "Ir
documentándose sobre la marcha de los hechos y fijar, racional y prudentemente,
unos porcentajes que concilien todos los intereses que allí confluyen: el
talento nacional, la empresa televisiva, las expectativas de la teleaudiencia y
la misión estatal de proveer un servicio de las mejores condiciones".
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación emitió el concepto de rigor mediante Oficio No. 681 del 21
de julio de 1995, en el cual solicita a la Corte Constitucional que declare la
exequibilidad de la disposición acusada.
A juicio del Jefe
del Ministerio Público las atribuciones otorgadas a la Junta Directiva de la
Comisión Nacional de Televisión no desconocen mandamientos constitucionales
sino que desarrollan los preceptos consagrados en los artículos 76 y 77 de la
Carta, que determinan expresamente que el servicio público de televisión será
regulado por una entidad autónoma, del orden nacional, sujeta a un régimen
propio. Tampoco puede pensarse -dice- que se esté dando autorización de plano
para cambiar lo dispuesto por la misma ley, en la cual se fija la base
mínima de programas de producción nacional, a partir de la cual se ejerce
la función reguladora por parte de la Junta mencionada, en virtud de su
carácter directivo y ejecutivo. No es posible entonces, inferir per se la
conclusión a la que llega la demandante, pues el texto del parágrafo hay que
interpretarlo de acuerdo con toda la Ley y con sus fines específicos
(protección de intereses nacionales en aspectos sociales, económicos y
culturales, incluido el de favorecer el trabajo de quienes laboran en un medio
masivo de tanta trascendencia como la televisión), lo que lleva
indiscutiblemente a afirmar que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Televisión no puede reducir los porcentajes fijados en el artículo 33.
Más adelante, al
referirse a la Comisión Nacional de Televisión, señala que se trata, por
voluntad del mismo Constituyente, de un organismo ajeno al Gobierno, autónomo e
independiente de las ramas tradicionales del Poder Público, naturaleza que se
fundamenta, entre otros, en el inciso 2º del artículo 113 de la Constitución
Política, encargado de manejar y regular el servicio de televisión.
El objeto principal
sobre el que deben versar las funciones del ente son, en opinión del
Procurador, el pluralismo informativo y la competencia y eficiencia, así como
la proscripción de las prácticas monopolísticas en su operación y explotación,
por lo que se le debe dar una verdadera autonomía, similar a la conferida al
Banco de la República y que le permite, en todo caso, investigar, sancionar,
fijar tasas, formular planes, promover estudios sobre televisión y, en general,
cumplir todas las tareas que le corresponden como entidad de dirección,
regulación y control del servicio público de televisión, teniendo como cabeza
principal a su Junta Directiva.
En cuanto al segundo
cargo formulado por la actora, afirma que la Ley 182 de 1995 lo que hace es
reglamentar el servicio público de televisión, en su calidad de medio masivo de
comunicación y, como tal, toca aspectos relativos a derechos fundamentales,
sociales, económicos y culturales, más no por ello los reglamenta.
Sobre la violación
de la separación de las ramas y órganos del Poder Público alegada, no comparte
el Ministerio Público el criterio sostenido por la ciudadana acusadora,
señalando que ambas facultades -tanto la legislativa como la reguladora- tienen
soporte constitucional, por lo que es perfectamente posible que coexistan y se
complementen. Ello se desprende, en su criterio, del artículo 113 Superior.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para resolver de manera definitiva sobre la
demanda incoada, pues ella recae sobre normas pertenecientes a una ley de la
República, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política.
La función de
modificar las leyes, exclusiva del legislador. Distribución constitucional de
competencias entre la ley y el ente regulador de la televisión en lo
relacionado con la política estatal sobre la materia
Al legislador
corresponde la atribución genérica de expedir las reglas jurídicas de carácter
general y abstracto con arreglo a las cuales se debe desarrollar la vida en
sociedad.
Tales reglas son,
después de la Constitución Política, las de mayor jerarquía dentro del orden
jurídico del Estado y la certidumbre acerca de su vigencia y alcances resulta
ser un elemento insustituible para la seguridad de los gobernados y para la
operatividad del Estado de Derecho.
La función
legislativa no se ejerce únicamente en el momento de dictar la ley sino que
tiene lugar cuando se la modifica o adiciona, cuando se la interpreta con
autoridad y cuando se la deroga.
Al definir las
reglas básicas sobre la vigencia de las normas legales, que comienza con su
promulgación y termina con su derogación o con la declaración total o parcial
de inexequibilidad, es indispensable resaltar que, salvo los casos de
condicionamientos surgidos del control de constitucionalidad, aquéllas no
pueden sufrir modificaciones imputables a la actividad de quien carezca de la
competencia legislativa. Esta última puede provenir de la cláusula general de
competencia en cabeza del Congreso o de los casos excepcionales previstos en la
Constitución, en los cuales el Presidente de la República goza de atribuciones
para expedir decretos dotados de la jerarquía y la fuerza de las leyes.
Es claro, entonces,
que, establecidas en normas legales las reglas que se aplican a una materia
reservada por la Constitución al legislador, sólo éste puede modificarlas, y,
por ende, fuera de los eventos enunciados, el Presidente de la República y en
general los funcionarios de la Rama Ejecutiva y de los otros órganos estatales,
se hallan excluídos de la función de reformar la ley, ya sea para ampliarla,
adicionarla o restringirla, y, si actúan en alguno de tales sentidos, lo hacen
inconstitucionalmente, en cuanto invaden la órbita propia del legislador.
En el caso presente,
el artículo 77 de la Constitución distingue con claridad entre la determinación
de la política estatal en materia de televisión -que corresponde a la ley- y la
dirección de la misma, con arreglo a la ley y sin menoscabo de las
libertades consagradas en la Carta, que ha sido confiada al organismo previsto
en los artículos 76 y 77 Ibídem, denominado Comisión Nacional de
Televisión por la Ley 182 de 1995.
La primera de las
mencionadas normas dispone que la intervención estatal en el espectro
electromagnético utilizado para los servicios de televisión estará a cargo de
un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, el
cual desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio
correspondiente. Tales planes y programas deben ser señalados por el
legislador, en cuanto a éste se ha confiado por el artículo 77 de la
Constitución la determinación de la política en la materia.
En ese orden de
ideas, la Comisión Nacional de Televisión es un organismo de ejecución y
desarrollo de la política trazada por la ley. Sobre la base de la misma, dirige
y regula la televisión como ente autónomo.
Pero, claro está,
los dos tipos de funciones han sido delimitados por la propia Carta, de tal
manera que el aludido ente no puede sustituir al legislador en la determinación
de la política de televisión ni en lo relativo a su propia organización y
funcionamiento.
Lo dicho encaja en
las previsiones generales del artículo 75 constitucional, sobre el espectro
electromagnético. Este es un bien público inenajenable e imprescriptible,
sujeto a la gestión y control del Estado en virtud de competencias que, en lo
que atañe a televisión, corresponden a la Comisión Nacional, pero en los
términos que señale la ley.
La Carta ha
dispuesto, como un desarrollo del postulado de igualdad plasmado en el artículo
13, que se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del
espectro electromagnético, también "en los términos que fije la ley"
(artículo 75 C.P.).
Cuando la norma
demandada dispone que cada operador de televisión abierta, concesionario de
espacios de televisión o contratista de televisión regional deberá cumplir
mensualmente con unos porcentajes mínimos de programación de producción
nacional, fija la política del Estado sobre el tema y señala, como lo manda la
Constitución, los términos dentro de los cuales se tendrá acceso al uso del
espectro electromagnético en cuanto a la televisión.
Lo que no puede
hacer el legislador es delegar de manera indefinida en el tiempo y en un ente
administrativo, llamado por la Constitución a ejecutar la ley, la facultad de
establecer esa política y de modificar las condiciones de acceso al espectro electromagnético.
Y tampoco puede transferir a dicho organismo la atribución de modificar los
preceptos legales en una materia que ha sido reservada por la Constitución para
ser ejercida de manera exclusiva por el legislador.
En otros términos,
la función legislativa -salvo la expresa y excepcional posibilidad de otorgar
facultades extraordinarias al Presidente de la República (artículo 150, numeral
10, C.P.)- no puede ser entregada por el Congreso al Gobierno y menos todavía a
otros organismos del Estado, asi gocen de autonomía, ya que ésta únicamente es
comprensible en nuestro sistema jurídico bajo el criterio de que se ejerce con
arreglo a la ley.
Entonces, si el
Congreso se desprende de la función que le es propia y la traspasa a otra rama
del poder público, o a uno de sus órganos, viola el artículo 113 de la
Constitución, que consagra, sin perjuicio de la colaboración armónica, la
separación de funciones. Una norma que contravenga este principio despoja a las
disposiciones legales de su estabilidad y les resta jerarquía.
Por eso, el
parágrafo demandado, al autorizar de manera permanente e ilimitada a la Junta
Directiva de la Comisión Nacional de Televisión para modificar los porcentajes
mínimos de programación nacional fijados en la propia ley, vulnera la Carta
Política.
El aparte normativo
impugnado será declarado inexequible.
La determinación de
la Corte no implica que ella considere opuesta  a la Constitución una
flexibilidad, dispuesta y estructurada por la propia ley, que permita variar
los porcentajes de programación nacional en televisión según el comportamiento
y las necesidades del medio, y de conformidad con la oferta de material y
personal de origen colombiano. Lo que se halla incompatible con los preceptos
superiores es la resignación de funciones legislativas en un ente
administrativo y la delegación en éste de la atribución -exclusiva del
legislador- de modificar las leyes.
Pero, desde luego,
nada se opone a que, dentro de los principios básicos de la Carta Política, la
ley establezca un marco normativo que permita la regulación, en términos
razonables, de las características y el origen de la programación de
televisión, sin desentenderse de competencias propias como la de establecer la
política del Estado en la materia.
DECISIÓN
Con fundamento en
las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos
los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declárase
INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 33 de la Ley 182 de 1995, que dice:
"La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión podrá modificar
dichos porcentajes".
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA                     ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Magistrado                                                        Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                          CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Magistrado
FABIO MORON DIAZ                                    VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General