T-250-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-250/08
IUS VARIANDI-Alcance y límites
IUS VARIANDI-Reglas que deben observarse
IUS VARIANDI-Ejercicio por el patrono dentro de un marco de
razonabilidad sometido al cumplimiento de condiciones
IUS VARIANDI-Procedencia excepcional en caso de traslados de
funcionarios
ACCION DE TUTELA-Procedencia para ordenar traslado de docente con el
fin de proteger los derechos fundamentales de los hijos menores y de cónyuge
gravemente enferma
Referencia:
expediente T-1781507
Acción de tutela instaurada por José
Alberto Gualdrón Barón contra Departamento de Santander y otros.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil
ocho (2008).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra
Porto, quien la preside, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución
Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de revisión de la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga.
I.
ANTECEDENTES.
El señor José Alberto Gualdrón
Barón instauró acción de tutela contra el Departamento de Santander- Secretaría
de Educación, con base en los siguientes hechos:
1.     Asegura que se ha desempeñado como docente
al servicio del Departamento de Santander desde el 25 de marzo de 2003, fecha
en la cual se posesionó como docente en provisionalidad para el área de física
del Colegio Luís Carlos Galán Sarmiento del municipio de Piedecuesta, “el
cual se encuentra dentro de su casco urbano”.
2.     Afirma que mediante las resoluciones 12065
y 16187 de octubre 12 y diciembre 21 de 2004 respectivamente, se convocó a
concurso de méritos para proveer cargos de directivos docentes y profesores de
los municipios no certificados del Departamento, “convocatoria en la que
participé y ocupé el primer lugar en la lista de elegibles para el área de
física”.
3.     Explica que pese a haber obtenido el primer
puntaje en el área de física en todo el Departamento, en vez de tener como
estímulo o premio por el mérito obtenido, “considero que soy castigado
puesto que con la resolución No. 8280 de julio 8 de 2005 se me da por terminada
mi provisionalidad en el Colegio Luís Carlos Galán Sarmiento y con la
resolución 03955 de abril 07 de 2006 se me nombra en período de prueba en el
Centro Educativo Faltriquera del municipio de Piedecuesta el cual se encuentra
en predios rurales de difícil acceso en vías como en comunicaciones”.
4.     Comenta que su esposa presenta un grado de
invalidez del 98% a causa de secuelas permanentes posquirúrgicas de meningioma,
“con cuadro de cefalea permanente. Se le ha tratado la enfermedad con
diferentes medicamentos pero a la fecha solo le ha sido favorables entre otros
los siguientes: Gabapetin 400 miligramos por 90 unidades, clonacepan 0.5
miligramos por 60 unidades, venlafaxina cápsulas efexor por 30 unidades,
amitriptilina por 25 miligramos por 120 unidades”.
5.     Manifiesta que desde la vereda en donde
labora hasta su casa tarda alrededor de dos horas en moto, no se cuenta con señal
de celular, lo cual le genera un gran inconveniente en su hogar, ya que es
padre de dos hijos de 9 y 12 años de edad, “y una esposa con un alto grado
de invalidez con imposibilidad de defenderme (sic) por mi (sic) misma en tareas
como el vestirse, el aseo personal, las actividades cotidianas, el mismo
caminar, siendo hechos de vital importancia para todo ser humano”.
En este orden de ideas, el
accionante solicita en concreto ser reubicado en un colegio del casco urbano
del municipio de Piedecuesta, y de ser posible, en el plantel Luís Carlos Galán
Sarmiento, en el cual se venía desempeñando en el momento que ocupó el primer
lugar en la convocatoria, “y en el que actualmente hay vacantes para mi área”.
2. Respuesta de la autoridad
pública accionada. Gobernación de Santander.
La Gobernación de Santander dio respuesta a la acción
de tutela señalando que el peticionario se encuentra vinculado como docente en
el Centro Educativo Faltriquera del área rural del municipio de Piedecuesta
desde julio de 2005, “y viene solicitando traslado para el área urbana del
mismo municipio”.
Asegura que históricamente los docentes aceptan los
nombramientos para áreas rurales y municipios apartados y al poco tiempo de
posesionados solicitan el correspondiente traslado para las cabeceras
municipales o el área metropolitana de Bucaramanga, alegando razones de salud,
estudios o unidad familiar.
En cuanto al traslado para el área metropolitana,
explica que aquél no depende del Departamento sino de la aceptación por parte
de éstos, ya que en desarrollo de la ley 715 fueron certificados y manejan
autónomamente el servicio educativo.
Respecto al municipio de Piedecuesta sostiene que es
el único del área metropolitana de Bucaramanga a cargo del Departamento
respecto al servicio educativo, pero que “aún hay docentes nombrados sin
asignación académica pendientes de reubicación y ello hace improcedente el
traslado de optros (sic).”
3. Sentencia de instancia única.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga, mediante sentencia del 29 de octubre de 2007, decidió negar el
amparo solicitado por el señor Gualdrón Barón, por las siguientes razones.
El concurso de méritos en el cual participó el
accionante le permite ingresar al modelo de carrera, y por ende, acceder a los
beneficios que la misma le otorga, mas no la opción de elegir la sede en la
cual desearía desempeñar el cargo, ya que ello depende de las vacantes de
docentes que se presenten, de acuerdo con la especialidad del docente.
La separación que alega de su familia no es
definitiva, ni generadora de pérdida inminente de las relaciones afectivas.
Además, quien presenta las dolencias de salud no es peticionario sino su
esposa.
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional
ha considerado improcedente la acción de tutela a efectos de lograr un traslado
laboral, toda vez que se cuenta con la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. De igual manera, en el presente caso no se trata realmente de
un traslado sino de un nombramiento que en propiedad se hizo, como consecuencia
del resultado del concurso de méritos en el cual participó.
4. Pruebas.
En el expediente reposan las siguientes pruebas
documentales:
-
Petición de amparo.
-
Fotocopia del acta de
posesión núm. 2038 del 25 de marzo de 2003.
-
Fotocopia de la
resolución núm. 8280 del 8 de julio de 2005.
-
Fotocopia de la
resolución núm. 03955 del 7 de abril de 2006.
-
Fotocopia de la tabla
de resultados de la convocatoria a concurso de méritos.
-
Fotocopia de la
historia clínica de la señora Yaneth Plata.
5. Integración del contradictorio y decreto de
pruebas.
El Despacho mediante auto del 5 de febrero de 2008
decidió notificar la presente acción de tutela a los municipios del Área
Metropolitana de Bucaramanga: Girón, Piedecuesta, Floridablanca.
De igual manera, se le solicitó a la Secretaría de
Educación de Santander que se sirviera informar en detalle la manera como se
llevó a cabo el concurso de méritos en el cual participó el accionante,
indicando si era cierto que quien ocupase el primer lugar el mismo tenía
derecho a seleccionar una plaza.
El Municipio de Girón, mediante escrito del 14 de
febrero de 2008 dio respuesta en el sentido de que no existe vacante alguna en
la cual pueda ser ubicado el accionante.
A su vez, la Secretaría de Educación de Santander
manifestó que el gobierno departamental, mediante resolución 16187 de diciembre
de 2004 convocó a un concurso de méritos a efectos de llenar las vacantes de
docentes y directivos de los 83 municipios no certificados del ente
territorial.
En el mencionado acto administrativo se fijó el número
de cargos a cubrir en los distintos niveles y áreas académicas, los requisitos
exigibles a llenar por los aspirantes y las diferentes etapas a cumplirse.
Afirma que “En ninguna parte de la convocatoria ni en los actos administrativos
de su desarrollo se determinó qué procedimiento debía observar el nominador
para el nombramiento de los elegibles diferente a que debía seguirse el orden
descendente de la ubicación en la lista, de manera que el lugar o
establecimiento para donde se produjo el nombramiento dependió exclusivamente
de la discrecionalidad del nominador”.
De tal suerte que, según la Secretaría de Educación de
Santander, no se estableció que el lugar en la lista de elegibles confiriera
alguna prelación a los primeros lugares; “tampoco el hecho que los
aspirantes de dicha lista vinieran vinculados en provisionalidad en un
determinado establecimiento le daba el derecho a ser nombrado en el mismo. No
existe acto administrativo que permita afirmar lo contrario”.
II.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.
Competencia
Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar y decidir la
presente acción de tutela.
2. Presentación del caso y
de los problemas jurídicos.
El presente caso se trata de una persona que fue
nombrada en provisionalidad el 21 de marzo de 2003 como docente en el
Colegio Luís Carlos Galán de Piedecuesta (Santander), el cual se encuentra
dentro de su casco urbano.
Mediante resoluciones 12065 y 16187 de octubre 12 y
diciembre 21 de 2004 respectivamente, el Departamento convocó a un
concurso de méritos para proveer cargos de directivos y docentes de municipios
no certificados del Departamento, entre ellos Piedecuesta, sin que se hubiese
establecido que quienes ocupasen los primeros lugares de aquél pudiesen elegir
la plaza docente en la cual desearía laborar. El accionante obtuvo el primer
puesto en la lista de elegibles para el área de física.
La Gobernación de Santander, mediante resolución del 8
de julio de 2005, resolvió que “para efectos de los traslados en
propiedad, se hace necesario dar por terminado (sic) las vinculaciones
provisionales y contar con la respectiva disponibilidad presupuestal”, motivo
por el cual decidió dar por terminada la vinculación en provisionalidad de un
grupo de docentes, entre ellos, el peticionario. En tal sentido, el artículo 1º
de la mencionada resolución reza:
“A partir de la fecha de la presente resolución, dar
por terminada la vinculación provisional a los docentes que se relacionan a continuación:
No.
NOMBRE
CÉDULA
MUNICIPIO
SEDE
79
JOSÉ ALBERTO GUALDRÓN BARON
91.345.418
PIEDECUESTA
INST. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
Mediante resolución núm. 03955 del 7 de abril de
2006, el Departamento nombró en propiedad al señor Gualdrón Barón en
el Centro Educativo Faltriquera, ubicado en la zona rural del Municipio
de Piedecuesta. Quiere ello significar que desde el 8 de julio de 2005 hasta el
7 de abril del 2006, el accionante no estuvo vinculado a la administración.
El accionante alega que su esposa presenta un grado de
invalidez del 98% a causa de secuelas permanentes posquirúrgicas de meningioma,
“con cuadro de cefalea permanente. Se le ha tratado la enfermedad con
diferentes medicamentos pero a la fecha solo le ha sido favorables entre otros
los siguientes: Gabapetin 400 miligramos por 90 unidades, clonacepan 0.5
miligramos por 60 unidades, venlafaxina cápsulas efexor por 30 unidades,
amitriptilina po 25 miligramos por 120 unidades”. Que igualmente, desde la
vereda en donde labora hasta su casa tarda alrededor de dos horas en moto, no
se cuenta con señal de celular, lo cual le genera un gran inconveniente en su
hogar, ya que es padre de dos hijos de 9 y 12 años de edad, “y una esposa
con un alto grado de invalidez con imposibilidad de defenderme (sic) por mi
(sic) misma en tareas como el vestirse, el aseo personal, las actividades
cotidianas, el mismo caminar, siendo hechos de vital importancia para todo ser
humano”.
Alega por tanto que debido al hecho de haber ocupado
el primer lugar en el concurso docente que convocó el Departamento de
Santander, le asiste un derecho a ser traslado al caso urbano de Piedecuesta, al
colegio en el cual ya laboró en provisionalidad, del cual fue desvinculado, lugar
donde se encuentra su familia, la cual, como se explicó, atraviesa una difícil
situación debido a la grave invalidez (98%) que padece la cónyuge y la
consecuente desatención de dos menores de edad.
El Municipio de Piedecuesta, único que no está
certificado en el Área Metropolitana de Bucaramanga, alega que la competencia
para realizar traslados está en cabeza del Departamento. Este último, a su vez,
sostiene que las condiciones del concurso de méritos no implicaban que quienes
encabezasen la lista de elegibles fuesen titulares de un derecho a seleccionar
la plaza en la cual querían laborar, y que igualmente, aún existen docentes
nombrados sin asignación académica “pendientes de reubicación y ello hace
improcedente el traslado de optros (sic)”.
Así las cosas, le corresponde en esta oportunidad resolver
si, por vía de acción de tutela, una administración departamental debe
trasladar a un docente que ha sido nombrado en propiedad en un colegio ubicado
en una zona rural al caso urbano de un municipio, teniendo en cuanta que (i)
obtuvo el primer lugar en una lista de elegibles elaborada luego de un concurso
de méritos; y (ii) su familia se encuentra ante una compleja situación dado el
estado de salud de la cónyuge (98% de invalidez). Lo anterior, teniendo en
cuanta la actual inexistencia de plazas docentes en el sitio al cual aspira a
ser traslado el accionante.
Para tales efectos, la Corte reiterará (i) su
jurisprudencia en relación con el ejercicio del ius variandi (ii); la
procedencia excepcional de la acción de tutela en casos de traslados de
funcionarios y (iii) resolverá el caso concreto.
3. Alcance y límites al ejercicio del ius variandi.
Reiteración de jurisprudencia.
La Corte Constitucional ha considerado que
el ius variandi “es una de las manifestaciones del poder
de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en
la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal
del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo”[1].
De igual manera, de forma reiterada, esta
Corporación ha precisado que el ejercicio del ius variandi no tiene
carácter absoluto[2], por cuanto tal potestad se encuentra limitada constitucionalmente,
en especial, por las disposiciones superiores que exigen que el trabajo se
desarrolle en condiciones dignas y justas y, en general, por los principios
mínimos fundamentales que deben regular las relaciones de trabajo, en los términos
del artículo 53 Superior.
Así las cosas, de manera constante, el
juez constitucional ha considerado que la facultad legal de que dispone el
empleador privado o público para modificar las condiciones laborales de sus
trabajadores debe desarrollarse consultando, entre otros aspectos, (i) las
circunstancias que afectan al trabajador; (ii) la situación familiar; (iii) su
estado de salud y el de sus allegados; (iv) el lugar y el tiempo de trabajo;
(v) las condiciones salariales; (vi) el comportamiento que ha venido observando
y el rendimiento demostrado[3]. Así, frente al ejercicio
del ius variandi, en cada caso particular el empleador tiene la carga de
observar el conjunto de estos elementos y tomar una decisión que los consulte
de forma adecuada y coherente, teniendo siempre presente que dicha potestad no
lo reviste “de atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza
integrante de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en
quien debe cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del
patrono”[4].
En este orden de ideas, uno
de los aspectos de mayor relevancia que presenta el ejercicio del ius
variandi está precisamente en la facultad del empleador para ordenar
traslados, ya sea en cuanto al reparto funcional de competencias (factor
funcional), o bien teniendo en cuenta la sede o lugar de trabajo (factor
territorial)[5]. Frente al sector público, ha señalado la Corte que
la administración goza de un margen adecuado de discrecionalidad para modificar
la ubicación funcional o territorial de sus funcionarios, con miras a una
adecuada y mejor prestación del servicio. Específicamente ha sostenido “que
la estructura interna que tienen muchas de las entidades del Estado, en razón a
los fines que constitucionalmente les ha sido confiados, requieren de una
planta de personal de carácter global y flexible, que les permita tener la
capacidad suficiente para cumplir cabalmente con las funciones a su cargo,
pudiendo por lo tanto, reubicar o trasladar a sus funcionarios en cualquiera de
sus diferentes sedes o dependencias, en el nivel territorial o nacional”[6].
En lo que concierne al
servicio público de educación, recientemente la Corte en sentencia T- 065 de
2007 consideró lo siguiente:
“Tratándose del servicio público de
educación que interesa a esta causa, se viene afirmando que el mismo guarda una
íntima relación con los derechos fundamentales de los niños y debe
prestarse a nivel nacional, sin tener en cuenta la categoría y grado de
desarrollo de los municipios o regiones. Por estas razones, y en atención al
mandato constitucional impartido al Estado de solucionar las necesidades
insatisfechas de la población en materia de educación y de garantizar tanto la
continuidad como el funcionamiento eficaz del mismo, resulta apenas obvio que
la administración pública pueda contar con amplias facultades para trasladar
a sus funcionarios y docentes de acuerdo con las necesidades del servicio[7],
constituyéndose tales facultades en instrumentos para el desarrollo del mandato
educativo institucional.
No obstante lo anterior, si bien este Tribunal
ha admitido que el margen de discrecionalidad del empleador resulta ser más
amplio cuando así lo demandan las funciones atribuidas a algunas entidades o la
propia naturaleza de ciertos servicios, como ocurre por ejemplo con el servicio
público de educación, igualmente ha aclarado que, el hecho que sea la
propia Constitución la que prohíba cualquier atentado contra la dignidad de los
trabajados, implica que la decisión de traslado no puede ser en ningún caso
arbitraria, con lo cual, también en estas hipótesis el ius variandi debe
ejercerse por el patrono dentro de un marco de razonabilidad, sometido al
cumplimiento de las siguientes condiciones[8]: (i) que
los traslados se realicen a cargos similares o equivalentes al que venía
desempeñando el trabajador, e igualmente, (ii) que la decisión, en la medida en
que modifica las condiciones de trabajo, consulte el entorno social del
trabajador y tenga en cuenta factores como la situación familiar, su lugar y
tiempo de trabajo, el rendimiento demostrado, el ingreso salarial y el estado
de salud, entre otros[9], a fin de
impedir que por su intermedio se causen perjuicios de cierta significación.
Y es que, lo ha sostenido la Corte[10],
la figura del traslado no está prevista únicamente como una herramienta del
empleador -público o privado- para ajustar su planta de personal a los
requerimientos que imponen las necesidades del servicio. Para la Corte, el
traslado también comporta un
derecho de los trabajadores íntimamente relacionado con otros derechos como la
vida, la dignidad, la integridad personal y el libre desarrollo de la
personalidad, en la medida que el mismo puede ser solicitado por
éstos para garantizar su seguridad o sus condiciones de salud, e, igualmente,
como un medio idóneo para implementar autónomamente sus proyectos de vida a
nivel personal o familiar. En este sentido, la discrecionalidad de la
administración no sólo debe consultar los límites establecidos expresamente por
la legislación, sino que debe procurar la realización de los derechos fundamentales
de los docentes conforme a los mandatos previstos en la Constitución Política.
Por último, cabe señalar que las consideraciones en
cuanto al ius variandi han sido aplicadas tanto en casos en los cuales
la administración pública decide trasladar a un funcionario a otro lugar, como
cuando es éste quien habiéndolo solicitado le ha sido negado.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela en
casos de traslados de funcionarios. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte Constitucional, de manera reiterada, ha
considerado que, como regla general, la acción de tutela resulta ser
improcedente a efectos de controvertir decisiones de la administración pública
referentes a traslados, por cuanto existen en el ordenamiento jurídico otras
vías procesales especiales, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho[11]. No obstante lo
anterior, de manera excepcional, esta Corporación ha admitido la procedencia de
la acción de tutela ante situaciones fácticas muy especiales en las cuales se
evidencie la existencia de una amenaza o vulneración a derechos fundamentales
del trabajador o de su núcleo familiar[12].
De allí que se precisa que (i) la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en
el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las
circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus
condiciones de trabajo[13]; y (ii) que afecte en
forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su
núcleo familiar. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha elaborado las
siguientes subreglas:
a.
Cuando el traslado
laboral genera serios problemas de salud, “especialmente porque en la
localidad de destino no existan condiciones para brindarle el cuidado médico
requerido”[14].
b.
Cuando el traslado pone
en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia[15].
c.
En los casos en que las
condiciones de salud de los familiares del trabajador, pueden incidir,
dada su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la
constitucionalidad del traslado.
d.
Y, en aquellos eventos
donde la ruptura del núcleo familiar va más allá de una simple separación
transitoria, ha sido originada por causas distintas al traslado mismo o se
trata de circunstancias de carácter superable.
De llegar a configurarse alguna de las
anteriores hipótesis, “es deber de la administración, y en su debida
oportunidad del juez de tutela, reconocer un trato diferencial positivo al
trabajador, buscando garantizar con ello sus derechos al trabajo en condiciones
dignas y justas, a la unidad familiar y a la salud en conexidad con la vida”[16].
Sobre el particular, cabe señalar que en
algunos casos excepcionales la Corte ha ordenado realizar el traslado
solicitado por el funcionario, ya que ha estimado que la defensa de la
administración, en el sentido de carecer de plazas disponibles no resultaba
admisible, dadas las pruebas obrantes en el expediente. Así en sentencia T- 797
de 2005, esta Corporación consideró lo siguiente:
“Ahora bien, una consideración especial merece
la supuesta ausencia de vacantes en el Municipio de Pasto, que es lo que
interesa particularmente para este caso. Con relación a esta aseveración, no
entiende la Sala por qué se presenta como argumento para negar el traslado de
la accionante si el Subsecretario Administrativo y Financiero de la Secretaría
de Educación Municipal de Pasto informa que las vacantes actualmente ocupadas
en provisionalidad serán proveídas próximamente debido al concurso de méritos
que se realizó y, conforme a lo establecido por el parágrafo del artículo 53
del Decreto Ley 1278 de 2002, como principio se tiene que los traslados
prevalecen sobre los listados de elegibles de los concursos dentro de la respectiva
entidad territorial certificada; es decir, que las vacantes sí existen y que
éstas pueden ser proveídas a través de la figura del traslado.
Lo anterior, pone de manifiesto el
desinterés y falta de coordinación de las autoridades departamentales por solucionar
la situación de la señora Delgado Enríquez, toda vez que indagando con las
autoridades competentes del Municipio de Pasto era factible definir
favorablemente la solicitud de la actora, sin que la autonomía de esta última
entidad territorial en materia educativa derivada de su certificación sea
obstáculo para ello, pues el ordenamiento jurídico tiene previsto esta
circunstancia y ha habilitado a las entidades territoriales certificadas para
que efectúen traslado entre ellas mediante la figura de los convenios
interadministrativos.
En suma, la acción de tutela contra
decisiones negando u ordenando traslados de funcionarios públicos sólo procede
excepcionalmente cuando se estima que aquéllas son arbitrarias y violatorias de
los derechos fundamentales del peticionario o de su núcleo familiar.
5. Análisis del caso concreto.
Como se ha explicado, el peticionario es un docente
que obtuvo el primer lugar en concurso de méritos organizado por la Gobernación
de Santander. En atención a ello, fue nombrado en propiedad en un colegio que
se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Piedecuesta (Santander).
Ha solicitado a la administración, sin éxito, su traslado a un plantel que se
encuentra localizado en el casco urbano del mencionado ente territorial, concretamente
al Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento, centro educativo en el cual trabajó
en provisionalidad durante algún tiempo y del cual fue desvinculado, alegando
que su esposa, quien padece una invalidez del 98% y sus dos hijos menores,
habitan a dos horas en moto de su lugar de trabajo, al cual tampoco entra señal
de teléfono celular, lo cual le impide estar pendiente de su familia.
El municipio de Piedecuesta, a su vez, alega
incompetencia para llevar a cabo el traslado dado que, al no ser un municipio
certificado, el manejo de la planta docente es del resorte de la Secretaría de
Educación Departamental, la cual sostiene que jamás en el concurso se estableció
prioridad alguna a quien ocupase el primer lugar, en relación con el sitio de
trabajo, y que igualmente, en la actualidad no se cuenta con plazas disponibles
en Piedecuesta; es más, que aún existen docentes nombrados sin asignación
académica “pendientes de reubicación y ello hace improcedente el traslado de
optros (sic)”.
Examinadas las pruebas obrantes en el expediente la
Sala considera lo siguiente.
Efectivamente, no le asiste un derecho al peticionario
a ser trasladado al lugar de su preferencia por el hecho de haber ocupado el
primer lugar en el concurso docente. En efecto, no sólo jamás se estableció tal
privilegio a lo largo de la organización de aquél, ni tampoco se puede estimar
que la administración esté obligada a hacerlo, por cuanto aquello podría
afectar gravemente la prestación del servicio de educación en lugares apartados
del territorio nacional, afectando de esta forma el derecho fundamental de los
niños a recibir una educación de calidad.
Ahora bien, es indudable que el peticionario se
encuentra en una situación familiar particularmente compleja y excepcional. Su
esposa padece una invalidez casi absoluta (98%), lo cual impide que pueda velar
por sus dos hijos menores de edad. Se encuentra asimismo probado en el
expediente que el sitio de trabajo se halla a dos horas en moto y que la
comunicación con la familia es imposible por vía de teléfono celular, lo cual
afecta la labor de vigilancia del padre sobre los menores y la cónyuge enferma.
De igual manera, resulta claro que la decisión sobre
el traslado del docente es de competencia de la Secretaría de Educación
Departamental, al no ser Piedecuesta un Municipio certificado. Con todo, la
administración alega la imposibilidad de poder adelantar el traslado por
acrecencia actual de plazas.
En este orden de ideas, la Sala considera que si bien
el peticionario reúne, prima facie, los requisitos constitucionales para
ordenar su traslado a un colegio del casco urbano de Piedecuesta, también lo es
que la decisión de la administración departamental no resulta ser “manifiestamente
arbitraria”, como quiera que no cuenta actualmente con plazas docentes
disponibles.
Estándole vedado al juez de tutela ordenar la creación
de plazas docentes, pero viendo la apremiante necesidad de proteger los
derechos fundamentales del peticionario y de su núcleo familiar, la Corte le
ordenará a la Secretaría Departamental de Educación de Santander que
inmediatamente se presente una vacante en una plaza docente ubicada en el casco
urbano del Municipio de Piedecuesta, acorde con el perfil profesional del peticionario,
se ordene su traslado. A efectos de garantizar la efectividad de la orden de
amparo, la Secretaría Departamental de Educación de Santander deberá mantener
constantemente informado al accionante sobre la mencionada situación.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Bucaramanga, mediante la cual se negó el amparo solicitado por el señor José
Alberto Gualdrón Barón.
SEGUNDO: CONCEDER la tutela para la protección de los derechos fundamentales de
los hijos menores del peticionario y de su cónyuge gravemente enferma. ORDENAR
a la Secretaría Departamental de Santander que inmediatamente se presente una
vacante en una plaza docente ubicada en el casco urbano del Municipio de
Piedecuesta, acorde con el perfil profesional del peticionario, se ordene su
traslado. A efectos de garantizar la efectividad de la orden de amparo, la
Secretaría Departamental de Educación de Santander deberá mantener
constantemente informado al accionante sobre la mencionada situación.
TERCERO.
LIBRENSE, por la
Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON ACLARACIÓN DE VOTO
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO A LA SENTENCIA T-250 DEL 2008 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
PLAZAS DOCENTES-Disponibilidad en cabeza del Departamento
de Santander afecta el cumplimiento del fallo (Aclaración de voto)
PLAZAS DOCENTES-Posibilidad para el demandante de ocupar la
plaza que venía ocupando en provisionalidad (Aclaración de voto)
Referencia: expediente T-1781507
Acción de tutela instaurada por José
Alberto Gualdrón Barón contra el Departamento de Santander
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta
Corporación, me permito presentar aclaración de voto frente a esta sentencia.
El suscrito magistrado considera necesario señalar que
me encuentro de acuerdo con que en el presente caso debía ser concedido el
amparo, sin embargo observo que la orden impartida por la Sala en este caso no
resulta adecuada. Ello porque la protección del derecho fundamental, en la
medida en la que se sujeta a la disponibilidad de las plazas docentes en el
casco urbano del municipio de Piedecuesta, queda enteramente en cabeza de la
entidad demandada; esto significa que el cumplimiento del fallo queda al
arbitrio de la entidad demandada.
En este sentido, no comprendo cómo puede alegar la
entidad demandada la inexistencia de plazas docentes que se adecuen a las
extremas necesidades del actor. Como se observa con claridad en la presentación
de los hechos que hace el ponente, sí existía una plaza que podía ocupar el
demandante, que no es otra que la que ya venía ocupando en el colegio Luís
Carlos Galán Sarmiento, en el municipio de Piedecuesta, cuando se desempeñaba
ahí en provisionalidad.
Con fundamento en lo expuesto, aclaro mi voto a la
presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Sentencia T-797 de 2005.
[2] Entre muchas otras, ver las sentencias T-407
de 1992, T-532, T-584, T-707 de 1998, T-503 de 1999, T-1571 de 2000, T-077,
T-346, T-704, T-1041 de 2001, T-026 de 2002, T-256 de 2003, T-165 de 2004 y
T-797 de 2005.
[3] Entre muchas otras, se pueden consultar las
siguientes sentencias: T-483 de 1993, T-503 de 1999, T-1156 de 2004 y T-797 de
2005.
[4] Sentencia T-483 de 1993.
[5] Sentencia T- 065 de 2007.
[6] Sentencia T-752 de 2001.
[7] Ver las sentencias SU-559 de 1997, T-694 de 1998 y
T-797 de 2005, entre otras.
[8] Ver las sentencias SU-559 de 1997, T-1156 de 2004 y
T-796 de 2005.
[9] Entre otras sentencias se pueden consultar las
siguientes : T-752 de 2001, T-026 de 2002, T-503 de 1999, T-1156 de 2004 y
T-797 de 2005.
[10] Sentencia T-797 de 2005.
[11] En este sentido pueden verse las sentencias T-1156 de
2004, T-346 de 2001, T-1498 de 2000, T-965 de 2000, T-288 de 1998, T-715 de
1996, T-016 de 1995 y T-483 de 1993.
[12] Entre muchas otras sentencias : T-468 de 2002, T-346
de 2001, T-077 de 2001, T-1498 de 2000, T-965 de 2000, T-355 de 2000, T-503 de
1999, T-288 de 1998, T-715 de 1996, T-016 de 1995.
[13] T-715/96 y T-288/98.
[14] En este sentido consultar las sentencias T- 330 de
1993, T 483 de 1993, T-131 de 1995, T- 514 de 1996,  T-181 de 1996, T- 715 de
1996, T-516 de 1997, T-208 de 1998 y T-532 de 1998.
[15] Al respecto, ver las Sentencias T-532 de 1996 y T-120 de
1997.
[16] En este sentido consultar la sentencia T-486 de 2004.