T-649-12
Sentencia T-054/11
Sentencia
T-649/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DEFECTO
FACTICO-Configuración
El defecto fáctico se presenta cuando la autoridad judicial adopta una
decisión con absoluto desconocimiento del material probatorio que obra en el
proceso, de tal forma que el derecho sustancial se ve afectado por la toma de
una decisión que va abiertamente en contravía de lo que indica la evidencia. “En
consecuencia, la labor del juez de tutela en relación con el defecto fáctico
está estrictamente limitada a aquellos eventos en que la actividad probatoria
realizada por el funcionario judicial, incurre en errores de tal magnitud que,
por su evidencia, ocasionan que la decisión judicial se torne arbitraria e
irrazonable.” para que pueda alegarse que una providencia adolece de un defecto
fáctico se requiere que: i) la irregularidad tenga una incidencia sustancial en
el proceso, y ii) que exista una evidente y absoluta falta de correspondencia
entre el material probatorio que obre en el expediente y la decisión adoptada.
Esta situación puede darse de un modo negativo cuando la autoridad omite
groseramente la valoración del material probatorio; o en uno positivo, cuando
aquello se da con desconocimiento del orden constitucional.
DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración
La Corte consideró que este
defecto se presenta cuando la autoridad decide con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión. En otros términos, cuando el juez
desconoce que los límites de su actividad se encuentran establecidos
precisamente en la Constitución y la ley. Es claro que en términos generales
para “que la interpretación o aplicación de la
norma al caso concreto constituya defecto sustantivo, se debe estar con una
decisión judicial en la que el funcionario en su labor hermenéutica desconozca
o se aparte de forma abierta de los parámetros constitucionales y legales, de
tal manera que vulnere o amenace derechos fundamentales de las partes.”
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Configuración
El defecto procedimental se
presenta cuando el juez actúa con desconocimiento absoluto del procedimiento
establecido por la ley, o en otros términos, “cuando el funcionario judicial
encargado de adoptar la decisión no actúa ciñéndose a los postulados procesales
aplicables al caso concreto, desconociendo de manera evidente los supuestos
legales”. Como consecuencia de lo anterior, no todo desconocimiento o
irregularidad es motivo suficiente para conceder el amparo.
DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Esta Corporación ha delimitado el alcance del defecto procedimental
mediante la aplicación del principio de la primacía del derecho sustancial
sobre el procedimental en la administración de justicia. En virtud de ello, se
“ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas
no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho
sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las
normas procesales son  un medio para lograr la efectividad de los derechos
subjetivos y no fines en sí mismas.” Como desarrollo de este postulado, a
partir de la sentencia T-1306 de 2001 la Corte ha venido sosteniendo la tesis
de que una de las maneras en las que se materializa el defecto en cuestión, es
cuando el juez incurre en lo que se ha denominado un “exceso ritual manifiesto”
Para verificar la existencia de un exceso ritual manifiesto en materia de
notificaciones, deberá el juez constitucional como primera medida determinar si
con la actuación se cumplió la finalidad de que el afectado haya podido ejercer
su derecho de defensa de manera real, efectiva y sin contratiempos. Si habiendo
ocurrido ello, la autoridad insiste en darle prevalencia a la aplicación
mecánica de las formas procesales, se desconoce la verdad jurídica objetiva de
los hechos y de ello se deriva una vulneración de la justicia material y del
principio de la prevalencia del derecho sustancial por un apego excesivo a las
ritualidades formalistas. En ese momento el juez incurre en un defecto procedimental,
justificando así la procedibilidad de la acción de tutela encaminada a
restablecer el orden constitucional alterado.
PRESCRIPCION
DE LA ACCION LABORAL-Naturaleza/PRESCRIPCION DE LA ACCION LABORAL-Trabajador
deberá acudir a la jurisdicción laboral en un plazo máximo de tres años desde
que su derecho se haya hecho exigible
Las diferentes normas que
rigen los procesos judiciales consagran la figura de la prescripción como “un
medio de extinguir la acción referente a una pretensión concreta, pero no el
derecho sustancial fundamental protegido por el artículo 25 de la C.P.”. En cuanto a la manera en la que la prescripción puede ser alegada
y declarada, debe señalarse que por regla general esta figura tiene la
naturaleza de excepción de mérito por estar encaminada a atacar las
pretensiones de la demanda y no los aspectos previos al trámite procesal. Sin
embargo, en material laboral, el artículo 32 del CPT consagró expresamente la
posibilidad de alegarla como excepción previa, permitiéndole al juez declarar
extinto el derecho de acción desde la audiencia obligatoria de conciliación a
la que hace alusión el artículo 77 del CPT. En cuanto al caso específico
de la prescripción del derecho de acción en materia laboral, el artículo 488
del CST establece que “las acciones correspondientes a los derechos regulados
en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones
especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente
estatuto.” De esta manera, por regla general el trabajador que pretenda
la iniciación de un proceso laboral ordinario, deberá acudir a la jurisdicción
en el plazo máximo de tres años desde que su derecho se haya hecho exigible, so
pena de que el derecho de acción se entienda extinto por el paso del tiempo.
PRESCRIPCION DE LA ACCION
LABORAL-Interrupción
El artículo 90 del CPC
contempla la posibilidad de que el término de tres años se entienda
interrumpido desde la fecha de radicación de la demanda, siempre que el
auto admisorio se notifique al demandado dentro del año siguiente a que ocurra
lo propio con el demandante. Una vez trascurrido ese tiempo, el efecto solo se
producirá con la notificación del auto admisorio. En otros términos, la
autoridad judicial aceptará que la interrupción de la prescripción se dé desde
el día de presentación del libelo, sólo si se cumple el requisito de que el
auto admisorio sea notificado a la parte demandada en un tiempo máximo de un
año contado desde que el actor se hubiera notificado de la admisión de la
demanda. Si aquello no ocurre, el fenómeno prescriptivo solo se interrumpirá
cuando se lleve a cabo la notificación de la demanda al demandado.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, por cuanto se prolongó injustificadamente procedimiento de
notificación del auto admisorio, lo cual conllevó a declaratoria de
prescripción y consecuente archivo en proceso laboral
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico por falta de
correspondencia entre el material probatorio y la medida adoptada en proceso
laboral
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden al juez laboral volver a citar
a la audiencia del art. 77 del CPT en proceso laboral
Referencia: expediente T-3.425.578
Acción de
tutela interpuesta por José Alfredo Fonseca Díaz contra la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el
Juzgado 6° Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
veintitrés (23) de agosto de dos mil doce (2012).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados NILSON PINILLA PINILLA, JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB y JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 33 y concordantes del Decreto ley
2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo invocado en la acción de tutela instaurada
por el ciudadano José Alfredo Fonseca Díaz contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 6° Laboral del Circuito
de la misma ciudad.
I. Antecedentes
El ciudadano Fonseca Díaz
instauró acción de tutela contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 6° Laboral del Circuito
de la misma ciudad, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la asociación
sindical, al haber sido declarada probada la excepción previa de prescripción
dentro del proceso laboral ordinario que adelantó en contra de la empresa
Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante ALPINA).
1.
Hechos y planteamiento de la acción.
1.1.
El 16 de diciembre de 2006 el accionante fue despedido del cargo de
operario de producción que desempañaba en ALPINA, lugar en donde venía
laborando desde abril de 1992.
1.2.
Señala que el 14 de diciembre de 2009 instauró demanda laboral ordinaria
contra la empresa en mención, al considerar que no podía ser retirado de su
cargo por gozar de fuero sindical.
1.3.
El 2 de marzo de 2010 fue notificado por estado el auto admisorio de la
demanda interpuesta.
1.4.
Debido a que aún no había sido enviado el citatorio para la notificación
personal de ALPINA, el 8 de febrero de 2011 el apoderado judicial del señor
Fonseca Díaz procedió a elaborar y enviar dicho documento a la carrera 63
número 14-97, el cual fue recibido por la empresa en la misma fecha.
1.5.
El 11 de febrero de 2011 el apoderado judicial de la parte actora radicó
en la secretaría del Juzgado Laboral copia de la guía de transporte con la que se
realizó el respectivo envío, en la cual se aprecia sello de recibo de fecha 8
de febrero de 2011. Igualmente aportó una certificación de la empresa de
correos afirmando que el 7 de febrero de 2011 fue enviado el referido citatorio
a la dirección carrera 63 número 14–97. Por último, le solicitó al juez de
conocimiento que “si transcurrido el término legal la demandada no se acerca
a recibir la notificación, sírvase, proceder a elaborar el aviso de conformidad
con lo determinado en el artículo 320 del CPC”.
1.6.
El 24 de febrero del mismo año el apoderado judicial del señor Fonseca
Díaz envió a la misma dirección del citatorio un aviso, adjuntando copia de la
demanda y del auto admisorio. Según consta en la guía de transporte y en la
certificación de la empresa postal, el documento fue recibido por ALPINA el día
25 del mismo mes.
1.7.
Mediante auto del 23 de febrero de 2011, el Juez 6° Laboral decidió no
dar valor al citatorio enviado por el demandante, por considerar que éste había
sido entregado en una dirección distinta a la que aparecía en el texto de la
demanda. En consecuencia ordenó realizar la actuación directamente por la secretaría
del despacho.
1.8.
A pesar de que la empresa recibió la citación para notificación personal
desde el 8 de febrero de 2011 y el aviso el 24 del mismo mes, sólo hasta el 9
de marzo de la misma anualidad el apoderado judicial de la compañía acudió al juzgado
para notificarse personalmente del proceso que obraba en su contra. De esta
manera, el accionante argumenta que ALPINA quedó realmente notificada mediante
aviso el 25 de febrero y no el 9 de marzo.
1.9.
El día 24 de marzo de 2011, la empresa presentó un memorial haciendo
alusión a la forma irregular en la que se llevó a cabo la notificación del auto
admisorio de la demanda, afirmando que el aviso radicado por el demandante el
25 de febrero no cumplía con los requisitos legales de haber sido expedido
directamente por el Juzgado y ser entregado en la dirección aportada en la
demanda. En el mismo sentido, alegó que días antes de la diligencia de
notificación personal, el apoderado judicial de la empresa se había acercado al
despacho judicial para indagar acerca del citatorio y el aviso recibidos, sin
que se le permitiera ver el expediente por no haberse surtido la notificación
personal. Afirmó igualmente que la demanda entregada el 9 de marzo presentaba
diferencias de la adjuntada con el aviso. Por último, solicitó compulsar copias
a la autoridad competente para que se surtieran las investigaciones
disciplinarias que fueran del caso contra el apoderado de la parte actora.
1.10.    El 16 de junio
de 2011 se llevó a cabo audiencia de conciliación dentro del proceso laboral.
Allí fueron decididas las excepciones previas de cosa juzgada y prescripción
que fueron propuestas por la parte demandada. Luego de despachar negativamente
la primera, la autoridad judicial señaló que en el caso particular se había
configurado el fenómeno de la prescripción, toda vez que el auto admisorio no
había sido notificado a ALPINA dentro del año siguiente a que se le hubiera
notificado por estado a la parte demandante, como lo ordena el artículo 90[1] del Código de
Procedimiento Civil –CPC-. Así, bajo el entendido de que el vínculo laboral
finalizó el 16 de diciembre de 2006, en el caso particular ya habrían transcurrido
los tres años establecidos por el artículo 488[2]
del Código Sustantivo del Trabajo –CST- para acudir a la jurisdicción laboral. En
virtud de ello declaró prescrito el derecho de acción y ordenó el archivo del
proceso.
1.11.    En la misma
diligencia fue interpuesto recurso de apelación por la parte actora, argumentando
que no había operado la mencionada figura, toda vez que el auto admisorio quedó
notificado por aviso desde el día 25 de febrero, por lo que el requisito del artículo
90 sí se había cumplido.
1.12.    Concedido el
recurso, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, mediante auto del 31 de octubre de 2011, confirmó la
decisión de declarar probada la prescripción. De la providencia se extrae:
“En el caso
sub judice, manifiesta el apelante que se le envió el citatorio al demandante,
con certificado de recibido por la empresa Alpina de Colombia el 8 de febrero
de 2001 y, como no se presentó se procedió a remitir la notificación por aviso;
sin embargo, revisado el expediente, se encuentra que, mediante providencia de
23 de febrero de 2011 la cual no fue recurrida, el a quo se abstuvo de
considerar el citatorio remitido, por cuanto se dirigió a una dirección
diferente a la señalada en la demanda, razón por la cual, lo procedente era
librar una nueva citación, tal como lo realizó el despacho y no como procedió
el demandante, remitiendo un aviso por voluntad propia sin ponerlo previamente
a consideración del juzgado. En ese orden, en manera alguna puede desconocerse
que el fenómeno prescriptivo esta presente, pues, para la data de la
notificación de la demanda al demandado (9 de marzo de 2011), ya había
transcurrido el año de la interrupción de la prescripción a la cual se refiere
el artículo 90 del CPC, y tres años desde la terminación del vinculo laboral,
el cual tuvo lugar el 16 de diciembre de 2006. Como corolario de todo lo
anterior, tenemos entonces que los derechos reclamados por el actor, se
encuentran prescritos y, en esa medida, resulta forzoso concluir que se debe
confirmación por esta colegiatura el auto impugnado.”
1.13.    Inconforme con
la decisión, el 23 de enero de 2012 el señor Fonseca Díaz interpuso acción de
tutela contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y del Juzgado 6° Laboral del Circuito de Bogotá, para
que por este medio se invalidaran o dejaran sin efecto las providencias del 16
del junio y del 31 de octubre de 2011, por medio de las cuales se declaró y
confirmó respectivamente la prescripción del derecho de acción laboral. En
consecuencia de lo anterior, solicitó se le ordenara al Juez de instancia que continuara
con el proceso hasta que se dictara sentencia. Adicionalmente, con el título de
“pretensión especial”, el accionante solicitó que como medida previa se suspendieran
los efectos de estas providencias, se ordenara su reintegro provisional y el
pago de los salarios dejados de devengar.
Para sustentar su petición expuso
que con las decisiones se configuraron los siguientes defectos: i) fáctico y
sustancial, al desconocer el valor probatorio de las certificaciones allegadas
al juzgado, en donde consta claramente que tanto la citación para notificación
personal y como el aviso, fueron oportunamente recibidos por la empresa, según
consta en los sellos del 8 y 25 de febrero de 2011 respectivamente. De esta
manera, no sería cierto que se hubiese completado el término de un año señalado
en el artículo 90 del CPC. Adiciona que si bien existió una diferencia entre la
dirección aportada en la demanda y aquella a la que fueron enviados los
documentos, no puede negarse que el objetivo de la notificación se cumplió,
toda vez que ALPINA recibió efectivamente los documentos. ii) Defecto
procedimental al dejar de aplicar los artículos 315[3] y 320[4] del CPC. Al respecto manifestó
que “cuando se trata de  una empresa renuente a la notificación debemos
hacer las gestiones los interesados lo cual se hizo, y no esperar que lo haga
el Despacho de turno, pues en el asunto bajo examen es de observarse que el
Juzgado de turno duró casi un año, para elaborar un citatorio lo cual desdice
de la diligencia y la prontitud con la que deben actuar, pero más grave la
situación cuando pretenden endilgar semejante omisión al aquí accionante,
cuando está demostrado que fui diligente.”
1.14. Fueron aportados como
pruebas documentales las siguientes:
-     Copia
de la demanda laboral ordinaria.
-     Copia
del auto admisorio.
-     Copia
del citatorio enviado por el demandante con el respectivo sello de recibo.
-     Copia
del aviso enviado por el demandante con el respectivo sello de recibo.
-     Copia
de la constancia de notificación personal.
-     Copia
de la contestación de la demanda laboral por parte de ALPINA.
-     Copia
del acta de la audiencia celebrada el 16 de junio de 2011.
-     Copia
del auto del 31 de octubre de 2011.
-     Copia
del certificado de existencia y representación legal de ALPINA.
2.
Trámite de la acción de tutela.
2.1. Habiendo sido
admitida la acción de tutela, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia ordenó vincular a ALPINA al proceso por considerar que tenía interés
en la decisión. Así mismo, requirió a los jueces de instancia para que remitieran
el expediente del proceso laboral y negó la medida provisional de ordenar el reintegro
del accionante y el pago de los salarios dejados de devengar.
2.2. El 1° de febrero de
2012 el juez laboral de primera instancia envió el respectivo expediente, guardando
silencio sobre los hechos que le dieron origen a la solicitud de amparo.
2.3. El día siguiente fue
presentado informe de contestación por ALPINA, argumentando lo siguiente:
-     La
acción de tutela es improcedente, simplemente el accionante no está de acuerdo
con la decisión adoptada por los jueces laborales.
-     La
demanda laboral fue notificada al demandante el día 2 de marzo de 2010 y no el
20 como se dijo en el escrito de tutela.
-     El
citatorio para notificación personal que la parte actora afirma haber enviado nunca
fue radicado realmente en las oficinas principales de ALPINA.
-     En
auto del 23 de febrero de 2011, el Juzgado de conocimiento decidió no tener en
cuenta el citatorio enviado por el demandante, ya que este no cumplía con los
requisitos de ley. Además, el hecho de que procediera a hacerlo él directamente
sólo demuestra lo indebido de su actuación.
-     Luego
de recibir el citatorio, el apoderado judicial de la empresa precedió a
acercarse al Juzgado para indagar acerca del proceso. Sin embargo, en esa
oportunidad no se le permitió ver el expediente debido a que no se había surtido
la notificación personal y porque estaba pendiente la elaboración de la nueva
citación.
-      No
puede decirse que la empresa hubiera actuado de mala fe, toda vez que ésta se
ciñó a lo ordenado por los documentos enviados y las indicaciones otorgadas directamente
por el Juzgado. Por el contrario, el hecho de que la notificación ocurriera en
la fecha mencionada, se debe a las infracciones que cometió la parte actora, “quien
en su afán por subsanar un error, cometió otros aún mayores que conllevaron la
declaratoria de la prescripción por parte del juzgado de conocimiento.”
-     Las
normas procedimentales que establecen la forma en la que debe llevarse a cabo
las notificaciones en los procesos judiciales son de orden público y no
permiten modificaciones o excepciones por parte de los particulares.
-     Los
hechos que fueron objeto de discusión en el proceso laboral ordinario ya fueron
discutidos en un proceso especial de fuero sindical, en el cual el Juez 5°
Laboral del Circuito de Bogotá declaró la prescripción de la acción, decisión
que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de abril de
2009.
2.4. En la contestación fueron
aportados como pruebas:
-     Copia
del memorial presentado dentro del proceso laboral ordinario, en el cual ALPINA
pone de presente las irregularidades en la notificación del auto admisorio de
la demanda.
-     Copia
de las sentencias de primera y segunda instancia dentro del proceso especial de
fuero sindical.
-      Impresiones
de pantalla del Registro de la Página Web de la Rama Judicial del proceso laboral
ordinario en donde se aprecian la siguientes actuaciones:
·
01-mar-10: Auto que admite la demanda laboral.
·
01-mar-10: Fijación de estado.
·
23-feb-11: Auto de trámite en donde “se abstiene de considerar
citatorio dirigido a la demandada, ordena a secretaría elaborar citatorio en
dirección indicada en demanda”.
·
23-feb-11: Fijación de estado.
·
24-feb-11: Elabora citatorio del artículo 315 del CPC.
3.
Sentencia de tutela objeto de revisión.
En sentencia del 7 de febrero de
2012, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió negar
la solicitud de amparo por considerar que “en el presente caso tanto el
Juzgado como el tribunal accionados no vulneraron el derecho fundamental
invocado por la parte accionante, toda vez que sus decisiones estaban
soportadas en las pruebas y en la interpretación de las normas que gobiernan el
asunto sometido a su consideración frente a la situación fáctica que
razonablemente dilucidaron, motivo por el cual no es posible tildarlas como abiertamente
arbitrarias pues simplemente son el fruto del ejercicio de las atribuciones constitucionales
que les corresponden.”
4.
Actuaciones en sede de revisión ante la Corte Constitucional.
4.1. Seleccionado el proceso por la
Corte Constitucional, en auto del 17 de julio de 2012 la Sala consideró
necesario requerir al Juzgado 6° Laboral del Circuito de Bogotá para que
allegara en calidad de préstamo el expediente del proceso laboral ordinario de
José Alfredo Fonseca Díaz contra ALPINA. Lo anterior debido a la necesidad de tener
claridad acerca del orden cronológico en el cual se desarrolló la actuación y a
la existencia de dudas acerca del contenido de los pronunciamientos.
4.2. De la lectura del expediente
se pudo determinar esencialmente lo siguiente:
-     14
de diciembre de 2009. Radicación de demanda laboral a la que le fue otorgado el
número 2009-0959 y asignado al Juez 6° Laboral del Circuito. En el texto se
aprecia como dirección de notificación de la parte demandada la carrera 63
número 15-67/97 en la ciudad Bogotá, mientras que en el certificado de
existencia y representación legal de la compañía aportado como anexo, aparece
como “dirección de notificación judicial” la carrera 63 número 14-97.
-     20
de enero de 2010. Notificación por estado del auto del 19 de enero de 2010 en
donde se inadmitió la demanda. Allí se hizo alusión a que el poder otorgado no
facultaba al apoderado judicial para actuar respecto de la pretensión cuarta
referente al pago de las prestaciones sociales y a que de los hechos narrados
podría existir confusión acerca de la naturaleza del proceso.
-     27
de enero de 2010. Se presenta memorial subsanando la demanda. En este se lee: “En
lo que se refiere a la pretensión cuarta, me permito renunciar, quedando el
poder facultado para demandar sobre las demás pretensiones. 2. es un proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia. Por lo anterior, le manifiesto a su
señoría, que dejo subsanada la presente demanda, a lo cual le solicito
respetuosamente se sirva admitirla y ordenar notificar.”
-     2
de marzo de 2010. Notificación por estado del auto admisorio en donde se
dispone correr traslado por diez días a la parte demandada para contestar.
-     8
de febrero de 2011. Entrega del citatorio elaborado por el abogado del
demandante en la dirección carrera 63 número 14-97 con sello y firma de recibo
de ALPINA.
-     11
de febrero de 2011. El apoderado de la parte demandante radica en el Juzgado de
conocimiento un memorial allegando certificación de la entrega del citatorio
junto con las respectivas guías de transporte con firma y sello de recibo del 8
del mismo mes. Allí se le solicitó al juez la elaboración del respectivo aviso,
en caso que ALPINA no se acercara a notificarse personalmente.
-     24
de febrero de 2011. Notificación por estado del auto del 23 del mismo mes, en
donde se lee lo siguiente: “Visto el informe secretarial que antecede, y
como quiera que el citatorio remitido por el apoderado del demandante fue
dirigido a la dirección ‘Cra. 63 14-97’, esto es a una dirección diferente a la
indicada en demanda: ‘Cra. 63 No. 15-61/97’, el despacho se abstiene de
considerar el citatorio remitido a folios 63 a 66. Por secretaría procédase a la elaboración del citatorio de la demandada en la dirección indicada en la demanda:
‘Cra. 63 No. 15-61/97’.”
-     9
de marzo de 2011. Notificación personal al demandado en la que se le hace entrega
de una copia de la demanda y sus anexos, así como del auto admisorio.
-     24
de marzo de 2011. El apoderado de ALPINA radica un memorial con el título de “notificación
irregular del auto admisorio de la demanda” en la que afirma que: i) el
aviso radicado por el demandante el 25 de febrero no fue expedido por el
Juzgado sino elaborado a mano en un formato genérico; ii) este fue entregado en
una dirección distinta a la aportada en la demanda; y iii) que la demanda
entregada en la diligencia de notificación personal era diferente a la que fue
adjuntada con el aviso, ya que no contenía las modificaciones que se realizaron
cuando fue subsanada. De igual forma, refirió que antes del 9 de marzo la
apoderada judicial de la empresa se acercó al Juzgado sin que le dejaran ver el
expediente, toda vez que no se había notificado personalmente y se encontraba pendiente
la expedición de un nuevo citatorio directamente por el juzgado. El mismo día la
apoderada de ALPINA radicó la contestación de la demanda oponiéndose a todas las
pretensiones. En el documento fueron propuestas como excepciones previas las de
cosa juzgada y de prescripción.
-     26
de abril de 2011. Notificación por estado del auto de fecha 25 de abril del
mismo año, en la que el juez de conocimiento negó la compulsa de copias por la
actuación del abogado de la parte actora. Sin embargo, señaló que el documento
de notificación por aviso elaborado y radicado en las oficinas de ALPINA por la
parte demandante el día 25 de febrero, nunca fue allegado al Juzgado, ni
tampoco reúne las exigencias del artículo 320 del CPC. De la misma forma “se
aclara a la parte demandante que antes de dar trámite a formatos de citatorios
o avisos judiciales deberá elevar solicitudes al respectivo juzgado, acatando
lo normado en el Código de Procedimiento Civil.” Por último, citó a las
partes para el día 16 de junio de 2011, con el objeto de llevar a cabo la
audiencia obligatoria de conciliación a la que hace alusión el artículo 77[5] del Código
Procesal del Trabajo -CPT-.
-     16
de junio de 2011. Celebración de la audiencia del numeral anterior. Allí se
negó la excepción previa de cosa juzgada, pero se declaró probada la de prescripción,
“pues, para la data de la notificación de la demanda al demandado (9 de marzo
de 2011), ya había transcurrido el año de la interrupción de la prescripción a
la cual se refiere el artículo 90 del CPC, y tres años desde la terminación del
vínculo laboral, el cual tuvo lugar el 16 de diciembre de 2006.”
-     18
de julio de 2011. Se radicó memorial de sustentación del recurso de apelación por
parte del apoderado de la parte demandante en la que se argumenta que se debe
tener como fecha de notificación de la demanda a la empresa el 25 de febrero de
2011, momento en que recibió el aviso enviado por la parte actora y no el 9 de
marzo, día de la notificación personal. Esto encuentra sustento en que es la
misma compañía de correos la que certifica que ALPINA sí recibió el aviso junto
con copia de la demanda y del auto admisorio, por lo que no puede decirse que
la actuación del actor fue negligente, siendo que éste procedió a enviar la
citación y el aviso ante la inactividad del Juzgado, quien sólo procedió a hacerlo
hasta el 24 de febrero de 2011, es decir un año después de la admisión de la
demanda. Adicionalmente, indica que el término de traslado empezó a correr
desde el 28 de febrero de 2011, por lo que el escrito de contestación fue presentado
de manera extemporánea. En virtud de ello, solicita se revoque la declaratoria
de prescripción y, en su lugar, se ordene la continuación del proceso teniendo
como no contestada la demanda. En esta oportunidad fueron aportados como anexos
los siguientes:
·
Documento de fecha 24 de febrero de 2011 con el título de “NOTIFICACIÓN
POR AVISO ART 320 DEL CPC” dentro del proceso 2009-0959, dirigido a ALPINA
a la dirección carrera 63 número 14 – 97 y sin sello de la autoridad judicial.
Allí fueron aportadas copia informal de la demanda y del auto admisorio.
·
Original de la guía de transporte expedida por la empresa
Interpostal, la cual fue enviada a la carrera 63 número 14 – 97 con fecha y
sello de recibo de ALPINA del 25 de febrero de 2011.
·
Certificación expedida por la empresa de correos Interpostal, en la
que se aprecia que el 25 de febrero de 2011 fue entregado en las oficinas de
ALPINA en la carrera 63 número 14 – 97, el respectivo aviso dentro del proceso
2009-0959. En el documento se lee que “quien atiende informa que la empresa
sí funciona en la dirección aportada en el aviso.”
-     25
de octubre de 2011. Notificación por estado del auto del 24 del mismo mes en
donde se cita a las partes el día 31 de octubre, para llevar a cabo la audiencia
de lectura de la decisión que resolvió el recurso de apelación.
-     2
de noviembre de 2011. Notificación por estado del auto del 31 de octubre en
donde la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá confirmó
la decisión de declarar probada la prescripción con base en las mismas
motivaciones.
-     16
de enero de 2012. Notificación por estado del auto del 13 de enero del mismo
año, en la que el juez de conocimiento ordena el archivo del proceso.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
2.
Planteamiento de la acción y problema jurídico.
Teniendo en cuenta los
antecedentes expuestos, en el caso particular se tiene que el señor Fonseca
Díaz fue despedido el día 16 de diciembre de 2006, por lo que el término de
tres años de prescripción de la acción laboral contemplado en el artículo 488
del CST, se cumplía el 17 de diciembre del año 2009. Por su parte, la demanda
laboral fue interpuesta el día 14 de diciembre de 2009 y el auto admisorio
notificado por estado al demandante el día 2 de marzo de 2010. Posteriormente, el
8 de febrero de 2011, el apoderado judicial del señor Fonseca Díaz elaboró y
envió un citatorio para notificación personal en la dirección carrera 63 número
14 – 97, la cual coincide con la de notificación judicial de la empresa, según
consta en el certificado de existencia y representación legal aportado con la
demanda. El 24 de febrero del mismo año se notificó por estado un auto en donde
el juez de conocimiento decidió negar el valor procesal del citatorio, debido a
que la dirección en la que había sido radicado no correspondía con la que
aparecía en el texto de la demanda (carrera 63 número 15 - 61/97). Al día
siguiente (25 de febrero), la parte demandante procedió a radicar un aviso
junto con copia de la demanda en el mismo lugar de la citación. Ante esta
situación, la abogada de la empresa acudió al juzgado con la intención de
indagar acerca del proceso, sin que en esa oportunidad se le hubiera permitido tener
acceso al expediente por estar pendiente la elaboración de una nueva citación directamente
por la secretaría del juzgado. El 9 de marzo la compañía se presentó nuevamente
en el despacho judicial, realizándose en esa fecha la diligencia de
notificación personal, siendo ese el momento que el juez laboral consideró para
efectos de interrumpir la prescripción.
Así las cosas, mediante providencias
del 16 de junio de 2011 y del 31 de octubre del mismo año,  el Juzgado 6°
Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior de la misma ciudad, declararon y confirmaron, respectivamente, la excepción
previa de prescripción alegada por ALPINA. El sustento de las decisiones fue
que al no haberse generado la notificación del auto admisorio a la empresa
dentro del año siguiente a que ello hubiera ocurrido con el demandante, no
operó la interrupción del término prescriptivo desde la presentación de la
demanda (art. 90 del CPC), por lo que la acción laboral se extinguió el 17 de
diciembre del año 2009, esto es, tres años después de la fecha del despido el
16 de diciembre de 2006.
Como consecuencia de lo anterior, el señor Fonseca Díaz interpuso la
presente acción de tutela con la pretensión de que por este medio se dejen sin
efectos las anteriores providencias y de esta forma se le ordene al juez
laboral de conocimiento que continúe el proceso hasta dictar sentencia,
teniendo además como no contestada la demanda. Solicita que como medida transitoria
se ordene su reintegro al cargo que ocupaba en ALPINA antes de ser despedido,
así como todos los salarios dejados de devengar. El accionante sustenta su
petición en que con los pronunciamientos judiciales se configuraron los
defectos fáctico, sustancial y procedimental, al habérsele negado valor
jurídico al citatorio y al aviso enviados directamente por él a la dirección de
notificación judicial que aparece en el certificado de existencia y
representación legal de la empresa.
De esta manera, le corresponde a la Corte en primer lugar determinar si
en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En caso afirmativo, pasará la
Sala a estudiar de fondo si dichas autoridades incurrieron en alguna de las
causales específicas de procedibilidad. Particularmente se le dará solución al siguiente
problema jurídico:
¿Se configura un defecto fáctico, sustancial o procedimental al declarar
probada la excepción previa de prescripción como consecuencia de negar el valor
procesal de un citatorio para notificación personal y de su posterior aviso,
enviados por el demandante a una dirección distinta a la aportada en la demanda
pero que coincide con la dirección de notificación judicial de la entidad
demandada?
Para dar respuesta al anterior interrogante se abordarán los siguientes
temas: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) la configuración
de los defectos fáctico, sustancial y procedimental en la notificación de
providencias judiciales; y iii) la figura de la prescripción de la acción
laboral ordinaria. Finalmente se abordará el caso concreto.
3.
Acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
La posibilidad que tienen las partes de acudir a la solicitud de amparo
para atacar providencias dictadas dentro de un proceso judicial proviene de la
aplicación directa de los artículos 4[6]
y 86[7] de la Carta.
Estas normas hacen referencia al principio de supremacía de la Constitución y a
la procedencia de la acción de tutela como medio de protección inmediato de los
derechos fundamentales, cuando estos se vean amenazados o violados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública. Derivado de lo anterior, esta
Corporación ha fijado una posición reiterada y decantada en el sentido de
reconocer la calidad de autoridad pública que tienen los jueces de la República
y, de esta manera, aceptar la procedibilidad de la tutela cuando sus actuaciones
atentan contra el orden constitucional. Sin embargo, derivado del carácter
residual y subsidiario ordenado por el mismo artículo 86, la jurisprudencia de
esta Corte ha venido constituyéndose al definir los casos en los cuales
considera procedente acudir a esta figura.
El primer pronunciamiento que abordó la materia se dio en la sentencia
T-006 de 1992 en la que se aceptó la viabilidad del mecanismo de manera
genérica contra pronunciamientos judiciales que fueran violatorios de los derechos
fundamentales. En esa oportunidad se le dio plena aplicabilidad al artículo 11[8] del Decreto ley
2591 de 1991 todavía vigente, al reconocerle la calidad de autoridad pública de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y su consecuente sometimiento
a la Constitución en sus actuaciones. Sin que existiera un antecedente
jurisprudencial en similar sentido, se dejó sin efectos una sentencia proferida
por ese alto tribunal, por considerar que había incurrido en una violación al
derecho fundamental al debido proceso[9].
Meses después, al resolver una acción pública de inconstitucionalidad interpuesta
contra los artículos 11[10],
12[11] y 25[12] del Decreto
ley 2591 de 1991 que hacían referencia al término de caducidad de la tutela
contra providencias judiciales (arts. 11 y 12) y a la posibilidad de solicitar
indemnizaciones en abstracto por esa vía (art. 25), la sentencia C-543 de 1992 que
declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40[13] (por unidad normativa), le
dio continuidad a la postura de considerar a los jueces como autoridades
públicas y partió de los postulados de subsidiariedad e inmediatez para fundar la
tesis de la procedibilidad restrictiva del amparo contra pronunciamientos
judiciales. De esta manera, se limitó la posibilidad de acudir al amparo a dos
escenarios específicos: i) que se configurara lo que en esa oportunidad se
denominó como “actuaciones de hecho” por parte de los funcionarios
judiciales cando no existiera otro medio de defensa judicial; y ii) como
mecanismo transitorio para evitar la causación de un perjuicio irremediable. Al
respecto, dijo la Corte:
“Ahora bien,
de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado.  En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o  que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991).   En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia. (…)”
Si bien en
el pronunciamiento anterior se declaró inexequible la norma que consagraba
formalmente la solicitud de amparo contra providencias judiciales (art. 11 del
Decreto ley 2195 de 1991), también se dejó abierta la posibilidad de acudir al mecanismo
cuando los jueces incurrieran en actuaciones que fueran directamente contrarias
a la Constitución, lo que posteriormente en la sentencia T-079 de 1993 se
denominó como “vías de hecho”. Al respecto se dijo que “una actuación
de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control
constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.” [14]
Esta casual
de procedibilidad sería luego desarrollada dogmáticamente por una serie de pronunciamientos
en donde se le dio alcance al vocablo “vía de hecho”, dando paso a la
teoría de los “defectos” como aquellos casos en donde la actuación del
juez implicaba una grosera violación a la Constitución. Los primeros elementos
fueron dados por la sentencia T-231 de 1994 en los siguientes términos:
“Si este
comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma -
se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento
para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el
ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial. (…) El control
constitucional de la vía de hecho judicial, no obstante ser definitivamente
excepcional y de procedencia limitada a los supuestos de defectos sustantivos,
orgánicos, fácticos o procedimentales, en que se incurra en grado absoluto, es
tanto de forma como de fondo, pues su referente es la arbitrariedad que puede
ser tanto formal como material.”[15]
A partir del año 2003 esta Corporación introdujo los conceptos de
casuales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y otros de carácter específico de procedibilidad, al querer
significar que los primeros era presupuestos básicos que debía cumplir una actuación
para poder ser atacada por vía de tutela, mientras que los segundos hacían
referencia al contenido mismo de la actuación y que apuntaban a la viabilidad
de conceder el amparo. Si bien esta postura fue sugerida en pronunciamientos
anteriores[16],
la tesis fue desarrollada conceptualmente en la sentencia C-590 de 2005 en la
que la Corte se pronunció sobre el apego a la Constitución del artículo 185[17] de la Ley
906 de 2004 “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”, en donde se
hacía explícita la improcedencia del amparo contra sentencias de casación
dictadas por la Corte Suprema de Justicia en materia penal. En esa oportunidad
se abandonó el vocablo “vía de hecho” y se consolidó la tesis de las casuales
a las que se acaba de hacer mención, las cuales representan el estado del arte
en la jurisprudencia de esta Corporación. A continuación se cita en extenso lo
dicho en esa oportunidad, dada la pertinencia y la vigencia que tienen los
conceptos expuestos, siendo entonces el punto de referencia de la posición
actual de la Corte:
“22.  Con
todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias
es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales,
con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción
de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
23. En ese
marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en
fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela.  Esta línea
jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido
objeto de detenidos desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha
entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto.
24.  Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[18]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[19].  De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[20].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[21].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[22].  Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se
trate de sentencias de tutela[23].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Superados los requisitos generales que justifican un pronunciamiento de
fondo por parte del juez de tutela, la misma providencia recogió el vocablo “defecto”[24] que
había sido adoptado por la jurisprudencia pasada y estableció puntualmente los casos
en los que, desde un punto de vista constitucional, debe el juez de tutela
entrar a proteger los derechos fundamentales de las partes dentro de un proceso
judicial:
“25.  Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[25]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.
f.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[26].
h.  Violación
directa de la Constitución.”
Como se puede apreciar, si bien la jurisprudencia de esta Corporación
nunca ha desconocido la posibilidad de acudir a la acción de tutela contra
providencias judiciales en virtud de la calidad de autoridad pública de quienes
las profieren, sí ha delimitado los casos en los cuales los pronunciamientos de
los jueces son susceptibles de ser atacados por esa vía y aquellos en los que
además procede el amparo. Así las cosas, la tesis imperante en la actualidad es
la redefinición dogmática realizada por la sentencia C-590 de 2005 en donde se
establece que “para que proceda la acción de tutela contra una providencia
judicial es necesario que: (i) se cumplan las causales genéricas de
procedibilidad; y (ii) se configure por lo menos uno de los defectos o criterios
específicos de procedibilidad.”[27]
Es importante precisar que al utilizar el término “providencias
judiciales”, esta Corporación ha incluido tanto las sentencias como los autos,
especialmente los interlocutorios, en oposición a los de sustanciación o de mero
trámite, por tener los primeros una mayor potencialidad de vulnerar los
derechos fundamentales de las partes. En esa línea, ha manifestado que aunque
por regla general las decisiones adoptadas en ese tipo de pronunciamientos deben
ser atacadas por medio de los recursos ordinarios dispuestos por legislador
para tal fin, frente estos “la acción de tutela procederá solamente (i)
cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de
las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa
judicial. Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han
vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma
indebida; (ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan
idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la
protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable.[28]
En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
generales de procedencia y los requisitos especiales de procedibilidad de la
acción tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta
Corporación.”[29]
A continuación se hará una breve reseña de las casuales específicas de defecto
fáctico, sustancial y procedimental, por su relevancia para el caso particular
y por ser éstos los alegados por el accionante.
4.
Configuración de los defectos fáctico, sustancial y procedimental.
4.1. El defecto fáctico se presenta cuando la autoridad judicial adopta
una decisión con absoluto desconocimiento del material probatorio que obra en
el proceso, de tal forma que el derecho sustancial se ve afectado por la toma
de una decisión que va abiertamente en contravía de lo que indica la evidencia.
“En consecuencia, la labor del juez de tutela en relación con el defecto
fáctico está estrictamente limitada a aquellos eventos en que la actividad
probatoria realizada por el funcionario judicial, incurre en errores de tal
magnitud que, por su evidencia, ocasionan que la decisión judicial se torne
arbitraria e irrazonable.”[30]
Esta posición que ha sido reiterada y decantada por la jurisprudencia de
esta Corporación quedó registrada en la sentencia T-446 de 2007 en los
siguientes términos:
“Se produce un
defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida
por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió[31] la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez[32].
En esta situación se incurre cuando se produce ‘la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente’[33].
En una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando ‘la
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede
apreciar, sin desconocer la Constitución’[34].
Ello ocurre generalmente cuando el juez ‘aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.)[35]
o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio
que respalde su decisión’[36].
En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela  por
vía de hecho cuando se observa que de una manera manifiesta, aparece arbitraria
la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia.
El error en el juicio valorativo de la prueba ‘debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia’.”[37]
En conclusión, para que pueda alegarse que una providencia adolece de un
defecto fáctico se requiere que: i) la irregularidad tenga una incidencia
sustancial en el proceso, y ii) que exista una evidente y absoluta falta de
correspondencia entre el material probatorio que obre en el expediente y la
decisión adoptada. Esta situación puede darse de un modo negativo cuando la
autoridad omite groseramente la valoración del material probatorio; o en uno
positivo, cuando aquello se da con desconocimiento del orden constitucional.
4.2. En cuanto al defecto
sustantivo, de la aplicación del artículo 230[38]
Superior se desprende que la posibilidad de que se configure “parte del
reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de
autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.”[39]
En consideración a ello, al pronunciarse
sobre las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Corte consideró que este defecto se presenta cuando la autoridad
decide con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. En otros términos, cuando el juez desconoce que los límites de su
actividad se encuentran establecidos precisamente en la Constitución y la ley.
A partir de lo anterior, la Corte
ha venido defendiendo los casos en los se que se presenta la figura, los cuales
fueron sintetizados en la sentencia T-015 de 2012 de la siguiente manera:
“(i)
Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la actuación
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable,[40] ya sea
porque[41]
(a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[42] (b) es
inconstitucional,[43]
(c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso.[44]
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (d) un grave error en la interpretación de la norma constitucional
pertinente,[45]
el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte
Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya
en una interpretación  claramente contraria a la Constitución.[46]
Se considera
igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga
problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación[47]
que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente
judicial[48]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente[49]
o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre
que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[50]”[51]
De cualquier manera, es claro que
en términos generales para “que la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto constituya defecto sustantivo, se
debe estar con una decisión judicial en la que el funcionario en su labor
hermenéutica desconozca o se aparte de forma abierta de los parámetros
constitucionales y legales, de tal manera que vulnere o amenace derechos
fundamentales de las partes.”[52]
4.3. Finalmente, el defecto
procedimental se presenta cuando el juez actúa con desconocimiento absoluto del
procedimiento establecido por la ley, o en otros términos, “cuando el
funcionario judicial encargado de adoptar la decisión no actúa ciñéndose a los
postulados procesales aplicables al caso concreto, desconociendo de manera
evidente los supuestos legales”[53].
Como consecuencia de lo anterior,
no todo desconocimiento o irregularidad es motivo suficiente para conceder el
amparo. Por el contrario, “para la jurisprudencia constitucional es claro
que verificar una discrepancia en torno a la interpretación jurídica de unas
normas aplicables a un caso, no implica constatar una violación al debido
proceso. Si se trata de una interpretación jurídica razonable, el juez de
tutela no puede interferir la decisión judicial, so pretexto de estar
defendiendo la Constitución.”[54].
Ahora bien, esta Corporación ha
delimitado el alcance del defecto procedimental mediante la aplicación del
principio de la primacía del derecho sustancial sobre el procedimental en la
administración de justicia. En virtud de ello, se “ha señalado que, por
disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un
obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender
por su realización. Es decir, que las normas procesales son  un medio para
lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas.”[55] Como
desarrollo de este postulado, a partir de la sentencia T-1306 de 2001 la Corte
ha venido sosteniendo la tesis de que una de las maneras en las que se
materializa el defecto en cuestión, es cuando el juez incurre en lo que se ha
denominado un “exceso ritual manifiesto”[56].
Este fenómeno fue definido en la sentencia
T-268 de 2010,  en donde luego de hacerse una completa exposición de la línea
jurisprudencial de los casos en los que se ha aceptado su ocurrencia, concluye
que aquel se presenta “cuando el funcionario judicial, por un apego extremo
y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad
jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una
inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del
derecho sustancial.”[57]
Desde el punto de vista constitucional[58],
la posibilidad de que se configure esta causal por irregularidades en la
notificación de providencias judiciales, se encuentra estrechamente relacionada
con el cumplimiento de la finalidad de todo medio de notificación, que no es
otro que el destinatario de la decisión pueda ejercer de manera real y efectiva
su derecho de defensa. En virtud de ello, “la Corte ha mantenido una sólida
línea jurisprudencial, en el sentido de que la notificación, en cualquier clase
de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor
efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones
judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la
vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada,
así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el
derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y
excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio
de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de
las decisiones judiciales.”[59]
Como consecuencia de lo anterior, es claro que “existe una relación de
causalidad entre el derecho de defensa y la notificación de las providencias
judiciales, pues solamente éstas últimas, están llamadas a producir efectos, en
la medida en que hayan sido puestas en conocimiento de quienes puedan verse
afectados por las mismas[60],
situación que cobra una especial relevancia cuando se trata de la primera
providencia dictada dentro un proceso, dado que a través de ella se le permite
a la parte demandada tener noticia de que sus derechos se encuentra en disputa[61].
En conclusión, para verificar la existencia de un exceso ritual
manifiesto en materia de notificaciones, deberá el juez constitucional como
primera medida determinar si con la actuación se cumplió la finalidad de que el
afectado haya podido ejercer su derecho de defensa de manera real, efectiva y
sin contratiempos. Si habiendo ocurrido ello, la autoridad insiste en darle
prevalencia a la aplicación mecánica de las formas procesales, se desconoce la
verdad jurídica objetiva de los hechos y de ello se deriva una vulneración de la
justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial por
un apego excesivo a las ritualidades formalistas. En ese momento el juez
incurre en un defecto procedimental, justificando así la procedibilidad de la
acción de tutela encaminada a restablecer el orden constitucional alterado.
5.
La figura de la prescripción de la acción laboral.
En virtud de las facultades
otorgadas por los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución[62], le “corresponde
al legislador regular los procedimientos judiciales. En ejercicio de tal
facultad, puede definir las ritualidades propias de cada juicio, la competencia
de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, los recursos, los
términos, el régimen probatorio, los mecanismos de publicidad de las
actuaciones, etc”[63].
Si bien las anteriores disposiciones reconocen una amplia libertad en la
regulación de los procedimientos judiciales, la misma Carta establece los principios
a los que debe ceñirse la administración de justicia, los cuales deberán ser
tenidos en cuenta en el ejercicio de esa competencia legislativa.
Dentro de los límites
a la libertad de configuración, el artículo 209[64] Superior señala que la
función administrativa se debe desarrollar con fundamento en los principios de eficacia,
economía y celeridad, entre otros. “Estos principios son aplicables a la
administración de justicia, y sobre los de la celeridad y la eficacia hace
énfasis la misma Constitución, cuando en el artículo 228 prescribe que en la
administración de justicia, ‘[l]os términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado’.”[65] En desarrollo de este
mandato, el artículo 4 de la Ley 270 de 1996 establece que “la
administración de justicia debe ser pronta, cumplida
y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su
conocimiento”.
En virtud de lo anterior, las
diferentes normas que rigen los procesos judiciales consagran la figura de la
prescripción como “un medio de extinguir la acción referente a una
pretensión concreta, pero no el derecho sustancial fundamental protegido por el
artículo 25 de la C.P.” [66]
La Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre la diferencia entre
prescripción y caducidad afirmó:
“(...) es
sabido que estas dos figuras, caducidad y prescripción, tienen en común un
transcurrir de tiempo, pero en ellas se presentan ciertas diferencias, señaladas
así por la Corte en sentencia del 19 de noviembre de 1976 (G.J. Nº 2393, pág.
505): ‘La caducidad, en concepto de la doctrina y la jurisprudencia, está
ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e
improrrogable; el que vencido la produce sin necesidad de actividad alguna ni
del juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad
cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por
la ley para su ejercicio. El fin de la prescripción es tener extinguido un
derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha
abandonado; mientras que el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en
el cual el derecho puede ser útilmente ejercitado. Por ello en la prescripción
se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia
real o supuesta del titular; mientras que en la caducidad se considera
únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término
prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún
la imposibilidad del hecho’.”[67]
En cuanto a la
manera en la que la prescripción puede ser alegada y declarada, debe señalarse que
por regla general esta figura tiene la naturaleza de excepción de mérito por
estar encaminada a atacar las pretensiones de la demanda y no los aspectos
previos al trámite procesal. Sin embargo, en material laboral, el artículo 32[68] del CPT
consagró expresamente la posibilidad de alegarla como excepción previa,
permitiéndole al juez declarar extinto el derecho de acción desde la audiencia obligatoria
de conciliación a la que hace alusión el artículo 77 del CPT. Este aspecto fue
explicado por esta Corporación:
“17. Existe cierto tipo de razones de defensa del
demandado que no obstante responder a la naturaleza de las excepciones de
mérito o de fondo, en cuanto tienen la potencialidad de atacar la pretensión,
por decisión del legislador pueden proponerse también como previas, adquiriendo
por virtud de esta determinación un carácter mixto. Tal es el caso de las
excepciones de prescripción y cosa juzgada, las cuales de conformidad con el
artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, podrán proponerse por el demandado
como previas  durante la primera audiencia, y ser resueltas en la misma. (…) 23.
No sobra recordar que las excepciones de prescripción y cosa juzgada tienen
naturaleza objetiva. Su acreditación se produce mediante la contabilización del
transcurso del tiempo, en el caso de la prescripción, al margen de la
intención, el ánimo o la razón por la cual el acreedor permaneció inactivo.
Además, su declaratoria anticipada, en la primera audiencia, sólo es posible
cuando existe certeza sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, o de su
interrupción o suspensión. De manera que si se presenta alguna discusión en
torno a estos tópicos su decisión se diferirá a la sentencia. (…) 24. El
fortalecimiento de los poderes de dirección del juez, quien tal como lo prevé
el artículo 48 de la Ley 1149 de 2007 ‘asumirá la dirección del proceso
adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su
trámite’, representa una garantía para los sujetos procesales, comoquiera que
el funcionario judicial, en ejercicio de esta potestad, deberá valorar si las
excepciones de cosa juzgada y prescripción formuladas por el demandando para
que sean resueltas como previas, se encuentran clara y solventemente
acreditadas, de tal manera que resulte manifiesto que la continuación del
proceso iría en desmedro de los derechos de las partes a una pronta y cumplida
justicia, a la seguridad jurídica y a la estabilidad de los derechos.”[69]
En cuanto al caso específico de
la prescripción del derecho de acción en materia laboral, el artículo 488 del
CST establece que “las acciones correspondientes a los derechos regulados en
este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones
especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente
estatuto.”[70]
De esta manera, por regla general el trabajador que pretenda la iniciación de
un proceso laboral ordinario, deberá acudir a la jurisdicción en el plazo
máximo de tres años desde que su derecho se haya hecho exigible, so pena de
que el derecho de acción se entienda extinto por el paso del tiempo. Al
pronunciarse sobre la exequibilidad de esta limitación dijo la Corte:
“(i) El núcleo esencial del derecho al trabajo no se
desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta.
(ii) La prescripción extintiva lo es de
la acción, pero en momento alguno hace referencia al derecho protegido por el
artículo 25 constitucional. (iii) No se lesiona al trabajador por el hecho de
que la ley fije términos para el ejercicio de la acción laboral. El derecho de
los trabajadores se respeta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, y
se le da un término razonable para ello. El núcleo esencial del derecho al
trabajo no sólo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto
plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción,
dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de
acción y protección oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a
hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en estricto sentido, prescribe es
la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero
nunca el derecho-deber del trabajo. (iv) La finalidad de la prescripción es adecuar
a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, con lo cual logra
que no se desvanezca el principio de la inmediatez, que, obviamente, favorece
al trabajador, por ser la parte más necesitada en la relación laboral. (v) Es
acertado el racionamiento del legislador ya que, por unanimidad doctrinal -y
también por elementales principios de conveniencia- lo justo jamás puede ser
inoportuno, puesto que al ser una perfección social, siempre será adecuado a
las circunstancias determinadas por el tiempo, como factor en el que opera lo
jurídico. (vi) Las prescripciones de corto plazo buscan también la seguridad
jurídica, que al ser de interés general, es prevalente (art. 1o.
superior).  Y hacen posible la vigencia de un orden justo (art. 2o. superior),
el cual no puede ser jamás legitimador de lo que atente contra la seguridad
jurídica, como sería el caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción
concreta derivada del derecho substancial. (vii) Las normas acusadas, lejos de
atentar contra la dignidad del trabajador, se caracterizan por establecer una
seguridad jurídica, por razones de beneficio mutuo de los extremos de la
relación laboral, que se ven en situación de inmediatez y prontitud,
razón por la cual una prescripción de largo plazo dificultaría a patronos y a
trabajadores la tenencia o conservación de pruebas que faciliten su
demostración en el juicio. Es por ello que la prescripción de tres años de la
acción laboral es proporcionada con las necesidades, y por tanto no es
contraria a la igualdad, ya que ésta consiste en una equivalencia proporcional,
y no en una homologación jurídica absoluta de materias diversas, lo cual sería,
a todas luces, un absurdo. (viii) Las normas acusadas son en beneficio directo
del trabajador, pues buscan la seguridad en la vida jurídica. Se le brinda a
aquel la oportunidad para reclamar el derecho que le ha sido concedido, pero
ponen a dicha oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que
emana de la relación laboral. Después de ese lapso, no hay un verdadero interés
en el reclamo, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo
prudente para exteriorizar su razón jurídica.”[71]
Ahora bien, el artículo 90 del
CPC contempla la posibilidad de que el término de tres años se entienda
interrumpido desde la fecha de radicación de la demanda, siempre que el auto
admisorio se notifique al demandado dentro del año siguiente a que ocurra lo
propio con el demandante. Una vez trascurrido ese tiempo, el efecto solo se
producirá con la notificación del auto admisorio. En otros términos, la
autoridad judicial aceptará que la interrupción de la prescripción se dé desde
el día de presentación del libelo, sólo si se cumple el requisito de que el
auto admisorio sea notificado a la parte demandada en un tiempo máximo de un
año contado desde que el actor se hubiera notificado de la admisión de la
demanda. Si aquello no ocurre, el fenómeno prescriptivo solo se interrumpirá
cuando se lleve a cabo la notificación de la demanda al demandado.
6.
Análisis del caso concreto.
Como quedó dicho, en el presente asunto le corresponde a la Sala
determinar en primer lugar si con las providencias dictadas por el Juzgado 6°
Laboral del Circuito de Bogotá el 16 de junio de 2011 y por la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de la misma ciudad el 31 de octubre del
mismo año, se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. De superarse este punto, pasará la Sala
a estudiar de fondo si dichas autoridades judiciales incurrieron en alguna de
las causales específicas desarrolladas en esta providencia, al haber declarado
probada la excepción previa de prescripción dentro del proceso laboral
ordinario 2009-0959 de José Alfredo Fonseca Díaz contra ALPINA.
6.1.
Causales generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
A continuación se verificará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia en el caso concreto.
i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Las providencias que se pretenden dejar sin efecto
conllevan  el archivo del proceso 2009-0959. De esta forma, la relevancia
constitucional en el presente asunto se deriva de que con la actuación pueden
estar siendo amenazados los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso (art. 29[72]),
a la contradicción (art. 29) y al acceso a la administración de justicia (art.
229[73]).
Sumado a ello, en la presente acción de tutela es objeto de debate la forma en
la cual se llevó a cabo la notificación de la demanda al demandante, lo cual,
como quedó explicado, tiene estrecha relación con el principio de publicidad en
la administración de justicia y además es garantía del respeto a los derechos
mencionados.
ii)
Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio irremediable. Frente a la decisión del Juez Laboral de
declarar probada la excepción previa de prescripción, fue interpuesto recurso
de apelación decidido por el Tribunal Superior de Bogotá confirmando la medida.
De esta manera, en el caso concreto el accionante agotó todos los medios de
defensa judiciales para hacer respetar los derechos que considera vulnerados.
Si en gracia de discusión se considerara la posibilidad de acudir a un
incidente de nulidad, esta Sala estima que las actuaciones no se enmarcan
dentro de ninguna de las casuales contempladas en el artículo 140[74] del CPC
(aplicable por remisión expresa del artículo 145[75] del CPT), las cuales son
de consagración taxativa en la norma. Por estas razones se encuentra satisfecho
el requisito.
iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Las providencias
atacadas son respectivamente del 16 de junio de 2011 y del 31 de octubre del
mismo año. Por su parte, la acción de tutela fue intentada el 23 de enero de
2012. Dadas las particularidades del caso, haber acudido a la solicitud de
amparo en un tiempo menor a tres meses no implica el transcurso de un lapso desproporcionado
o irrazonable.
iv)
Que la irregularidad procesal tenga un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. Las providencias que son cuestionadas en
el presente caso conllevan al archivo del proceso. En esta medida no cabe duda
del efecto decisivo de las mismas y de la potencialidad de afectar los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
accionante.
v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible. Del texto de la acción de tutela y de las diferentes
intervenciones se encuentra claro que los hechos que le dan origen a la
solicitud de amparo corresponden a la negación de valor procesal a la citación
y el aviso enviados directamente por la parte actora, y la consecuente
declaratoria de prescripción. A su turno, es posible identificar que los
derechos amenazados son el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. Ambos aspectos fueron puestos de presente por el actor en la
audiencia del 16 de junio de 2011 y en la sustentación del recurso de apelación
presentada por el accionante el 18 de julio del mismo año. Por estos motivos,
se cumple el requisito.
vi)
Que no se trate de sentencias de tutela. Las providencias que
son objeto de debate son autos interlocutorios dictados dentro de un proceso
laboral ordinario.
6.2.
Causales específicas de procedibilidad del amparo contra
providencias judiciales.
Teniendo en cuenta que “la
acción de tutela no está sujeta a complejas exigencias técnicas, sino que rige
el principio de informalidad”[76]
y que el juez constitucional está llamado a desentrañar los hechos que le dan
origen a la solicitud de amparo en aras de garantizar la efectividad de todos
los derechos involucrados[77],
la Sala abordará el estudio de las causales específicas de la forma que
considera más adecuada, empezando por aquellas que, según los antecedentes del
caso, demuestran un clara violación del orden constitucional. Así las cosas, se
observa que el origen del debate en el presente asunto, así como el sustento de
la declaratoria de prescripción, es la negación del valor procesal del
citatorio para notificación personal. Esta fue la actuación que conllevó a que
el juez de instancia procediera a elaborar una nueva citación, a que se le
impidiera conocer el expediente a la parte demandada cuando acudió al despacho,
a que se le negara valor al aviso enviado posteriormente y a que se cumpliera
el año para notificación al demandado consagrado en el artículo 90 del CPC,
todo lo cual derivó en la extinción del derecho del señor Fonseca Díaz. La
Corte encuentra que de habérsele reconocido eficacia a esa actuación, no se
habrían presentado las posteriores circunstancias y por ende no se habría suscitado
el presente debate.
Por esta razón, en el análisis de
fondo la Corte hará especial énfasis en ese aspecto particular, para determinar
si al haber declarado la prescripción en el caso concreto, se configuró un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Hecho esto, se abordará el
defecto fáctico, el cual, dadas las particularidades del caso, tiene estrecha
relación con la primea causal. Finalmente se descartará la existencia del
defecto sustantivo.
6.2.1. Las autoridades judiciales
incurrieron en un defecto procedimental y fáctico al haber declarado probada la
excepción previa de prescripción como consecuencia de desconocer el valor procesal
de la citación radicada en la dirección de notificación judicial de ALPINA y al
haber desconocido el acervo probatorio obrante en el expediente.
En primer lugar, la Corte
considera necesario analizar de manera integral el contexto en el que se
presentaron lo anteriores hechos, en aras de no limitarse a verificar simplemente
la legalidad de la norma procesal.
Lo primero que debe tenerse en
cuenta es que mediante el memorial presentado el 27 de enero de 2010 en el que
se subsanó la demanda, el accionante le solicitó al Juez Laboral que procediera
a notificar el auto admisorio a la empresa. A pesar de ello, para el 8 de
febrero de 2011, cuando el apoderado judicial del señor Fonseca Díaz procedió a
elaborar y enviar directamente el citatorio, la autoridad judicial aún no había
emprendido dicho procedimiento (más de un año después). Acerca de la forma en
la que debe surtirse la notificación personal el artículo 315 del CPC dispone:
“1. La parte interesada solicitará al secretario que
se efectué la notificación y esté sin necesidad de auto que lo ordene, remitirá
en un plazo máximo de cinco (5) días una comunicación a quien debe ser
notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal
autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, en la que informará sobre la
existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe
notificar, previniéndolo para que comparezca al Juzgado, a recibir
notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega
en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio
distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez
(10) días; si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días. En
el evento de que el Secretario no envíe la comunicación en el término señalado,
la comunicación podrá ser remitida directamente, por la parte interesada en que
se efectúe la notificación. Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para
todos los efectos legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido
entregada. (…)” (Negrilla fuera de texto)
La Sala encuentra que existió una
falta de diligencia y un desconocimiento del deber de impulso procesal que
radica en cabeza del juez, el cual indica que a éste le corresponde adelantar
los procesos por sí mismos, dirigirlos, velar por su rápida solución, adoptar
las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que
ocurran[78].
En ese sentido, como director y suprema autoridad procesal, al juez le compete de
manera principal acudir a todos los medios para que con prontitud y celeridad
se llegue a una sentencia de fondo que resuelva materialmente la controversia
que se somete a su consideración. Esta Corte, al pronunciarse sobre la
exequibilidad del artículo 37 del CPC manifestó:
“Como puede
apreciarse, los anteriores deberes tienden a que el juez cumpla su misión de
verdadero director del proceso, busque la verdad real, decretando oficiosamente
las pruebas necesarias para la verificación de los hechos objeto del proceso,
castigue la deslealtad y la mala fe, integre el contradictorio, evite
las sentencias inhibitorias mediante la analogía, las costumbres y los
principios generales de derecho procesal, y evite la morosidad en la decisión,
todo lo cual hace que si se cumplen tales deberes, se habrá cumplido el objeto
primordial del proceso, que es la debida aplicación de la justicia y la
búsqueda de la verdad. Nótese además, que si el juez incumple con estos deberes
incurre en responsabilidad disciplinaria. 13. De lo que se ha expuesto se
deduce que en el actual procedimiento civil existe un deber de impulso del
proceso por parte del juez, que lo obliga a hacer progresar el trámite buscando
la rápida solución del asunto debatido, por medio de un fallo que resuelva en
el fondo la cuestión jurídica sometida a su decisión. Para ello la ley le
impone una serie de deberes concretos, a los que se refiere especial pero no
exclusivamente el artículo 37 del Código, cuya finalidad es evitar la
paralización del trámite, y que deben ser cumplidos bajo apremio de sanción
disciplinaria. (…) En suma, como bien lo dice el artículo 2° del Código, se
adelante el proceso bajo el impulso oficioso del juez y bajo su responsabilidad
por las demoras injustificadas. Lo anterior evidencia nuevamente que no rige
más entre nosotros el esquema dispositivo, en donde la responsabilidad por el
adelantamiento del trámite competía a las partes, pues ahora es el juez el
verdadero impulsor del proceso, para lo cual la ley le atribuye poderes suficientes
y le señala deberes y responsabilidades ineludibles.”[79] (Negrilla fuera
de texto)
En materia de notificaciones, esta
Corporación ha reconocido que “en todo caso, la carga de vincular al proceso
a quien ha sido demandado, está directamente en cabeza del juez de
conocimiento, pues es la autoridad encargada de impulsar esta clase de
actuaciones. De manera indirecta, recae en la parte demandante, quien deberá
actuar en forma diligente, leal, atendiendo al principio de buena fe (art. 83 C.P.), tendiente a que se integre debidamente el contradictorio, garantizando así el debido
proceso.”[80]
Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala encuentra que atendiendo a una demora injustificada por parte del despacho
judicial en la integración del contradictorio y a la inminencia del
cumplimiento del año del artículo 90 del CPC para que operara la prescripción,
la parte actora se vio compelida a gestionar directamente el procedimiento de
notificación de la demanda y a enviar la respectiva citación, tal y como se lo
autoriza el artículo 315 citado.
Posteriormente, el Juzgado
Laboral decidió desconocer el referido citatorio debido a que la dirección que
aparecía en el texto de la demanda (carrera 63 número 15-67/97) difería de aquella
a la que había sido enviado el documento (carrera 63 número 14-97), pero que coincide
con la del certificado de Cámara de Comercio. Acerca del lugar al que deben ser
enviadas las citaciones, de la entrega del comprobante del envío en el juzgado
y del procedimiento que se debe seguir cuando el demandado comparece al
despacho, el artículo 315 del CPC dispone:
“Dicha comunicación deberá ser enviada a la dirección
que le hubiere sido informada al Juez de conocimiento como lugar de habitación
o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente. Si se trata de
persona jurídica de derecho privado con domicilio en Colombia, la comunicación
se remitirá a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio
o en la oficina que haga sus veces.
Una copia de la comunicación, cotejada y sellada por
la empresa de servicio postal, deberá ser entregada al funcionario judicial o a la parte que la remitió, acompañada de constancia
expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la dirección correspondiente,
para efectos de ser incorporada al expediente.
2. Si la persona por notificar comparece al
juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia, previa su
identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se extenderá
acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre del
notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquél
y el empleado que haga la notificación. Al notificado no se le admitirán otras
manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo
actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de los
recursos de apelación y casación. (…)” (Negrillas fuera de texto)
Al cotejar la actuación del
apoderado del señor Fonseca Díaz con lo que dispone la norma procesal se llega
a las siguientes conclusiones: i) si bien es cierto que la dirección que
aparece en el texto del libelo difiere en parte de aquella a la que se hizo el envío,
la norma es clara en afirmar que la que debe tenerse en cuenta en el caso de
una empresa privada es la que aparezca en el respectivo certificado de Cámara
de Comercio; ii) desde la presentación de la demanda el Juez Laboral tuvo en su
poder el mencionado certificado, en donde podía corroborar que el lugar donde
se remitió el citatorio coincidía con el de notificación judicial de la compañía;
iii) ALPINA efectivamente recibió el documento el 8 de febrero de 2011, según
consta en el sello y firma que aparecen en la guía de transporte; iv) el 11 de
febrero de 2011 el apoderado judicial del demandante radicó en el Juzgado la
constancia de la entrega del citatorio junto con las respectivas guías de
transporte; y v) el objeto de la citación finalmente se cumplió toda vez que el
apoderado judicial de la empresa se acercó al despacho judicial para indagar
por el proceso, como lo expresó en el memorial radicado el 24 de marzo de 2011
en el despacho[81].
Para la Corte es claro que el
defecto procedimental al que aquí se hace alusión se configura cuando por un
excesivo apego a las formas procesales se abandona la verdad jurídica objetiva
de los hechos, desconociendo la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procedimental y la justicia material. Así las cosas, la Sala considera que por
una aplicación mecánica de la norma se desconoció que la parte demandada había
tenido conocimiento del proceso laboral que cursaba en su contra. En ese
sentido, no puede decirse que los derechos de defensa y de contradicción de la
empresa se hubieran visto coartados o siquiera limitados por la diferencia
entre ambas direcciones, no solo porque a la que se hizo el envío coincidía con
la de notificación judicial, sino porque de cualquier manera el fin
constitucional de la citación se cumplió.
Sumado a ello, de los hechos del
caso se desprende que aun cuando la parte demandada había acudido al despacho
judicial, se le impidió ver el expediente por encontrarse pendiente la
elaboración de un nuevo citatorio por secretaría[82]. Con esta actuación la
autoridad judicial desconoció el contenido del artículo 315 del CPC e incurrió
en un nuevo exceso de ritualismo, al desconocer el hecho de que la apoderada de
la parte demanda efectivamente había acudido al despacho. Además, si se tiene en
cuenta que la elaboración de esta nueva citación se llevó a cabo el 24 de
febrero, según consta en las impresiones de la pagina web de la Rama Judicial aportadas
por la empresa, es claro que dicho acercamiento tuvo que haber ocurrido antes
de esa fecha, ya que de lo contrario no le habrían dicho que aún estaba pendiente
el envío del nuevo citatorio.
De esta forma, en el caso
concreto el defecto procedimental se configuró no solo  mediante la negación de
valor procesal del citatorio, sino también al haberle impedido  tener acceso al
expediente a la demandada, aun cuando era claro que con su presencia en el
despacho se hacía evidente la efectividad de aquel. Así las cosas, al darle
prevalencia a la ritualidad procesal, el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia del señor Fonseca Díaz sí se vio cercenado, en la
medida en la que por un mero formalismo se prolongó injustificadamente el
procedimiento de notificación del auto admisorio, lo cual conllevó luego a la
declaratoria de prescripción y al consecuente archivo del proceso.
Teniendo en cuenta esto, la Sala
encuentra que la forma en la que se presentaron los posteriores sucesos se
debió simplemente a que, por una actuación inconstitucional previa, se acercara
de manera apremiante la fecha en que se cumpliría el año para que procediera la
interrupción del fenómeno prescriptivo. Al desconocerse el valor procesal del
citatorio se prolongó el procedimiento, haciendo que entre la notificación del
auto admisorio al demandante (el 2 de marzo de 2010) y al demandado (el 9 de
marzo de 2011), transcurriera poco más de un año. Con ello se impidió que
operara el supuesto del artículo 90 del CPC de que se interrumpiera la
prescripción desde la presentación de la demanda el 14 de diciembre de 2009,
generando que aquello solo ocurriera hasta la notificación personal de ALPINA
el 9 de marzo de 2011. De esta forma, es claro que entre el despido del
accionante el 16 de diciembre de 2006 y el momento de la interrupción
transcurrió más de los tres años contemplados por el artículo 488 del CST como
plazo máximo para acudir a la jurisdicción laboral.
De otra parte, el defecto fáctico
se presentó en el caso concreto en el momento en el que el juez decidió desconocer
la verdad sustancial de que ALPINA efectivamente recibió el citatorio para
notificación personal y de que procedió a acercarse al juzgado. Las pruebas que
conducen a esa conclusión son: i) la guía de transporte en donde se aprecia
claramente el sello y firma de recibo de ALPINA del 8 de febrero de 2011; ii)
la certificación de entrega expedida por la empresa de correos; y iii) el
documento radicado por la parte demandada en donde afirma haber acudido al
juzgado sin que se le permitiera ver el expediente.
En ese sentido, en el caso
concreto se dio por no probado el hecho de que el objetivo de la citación se
cumplió a cabalidad y en consecuencia se decidió declarar probada la
prescripción como resultado de la negación de valor procesal del citatorio
enviado. Con esta actuación las autoridades judiciales incurrieron en un
defecto fáctico, al haber proferido una decisión con una evidente y absoluta
falta de correspondencia entre el material probatorio y la medida adoptada.
Finalmente, la Corte encuentra
que no se configuró el defecto sustancial alegado por el accionante, toda vez
que en las providencias cuestionadas los jueces laborales le dieron aplicación
a los artículos 90, 315 y 320 del CPC, y 488 del CST, los cuales resultan ser
las normas aplicables a la interrupción del término de prescripción, así como
al procedimiento de notificación del auto admisorio de la demanda. Si bien como
quedó explicado las medidas adoptadas contradicen el orden constitucional,
aquello no ocurrió por la aplicación de reglas que no vienen al caso, sino por un
exceso de ritualismo en su interpretación y por un desconocimiento de la verdad
material de los hechos. Por esta razón, la Corte no encuentra probada la
existencia del defecto sustancial alegado por el accionante.
6.3.
Contenido de la decisión.
En atención a que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en dos casuales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela, deberá la Corte entrar a reestablecer el orden
constitucional alterado y dejar sin efectos las providencias mediante las
cuales se declaró probada la excepción previa de prescripción.
Sin embargo, no puede desconocer la
Sala que para la fecha de esta sentencia, la empresa demandada ya ejerció su
derecho de defensa mediante memorial de contestación de demanda radicado el 24
de marzo de 2011. De esta manera, en aras de garantizar el respeto al derecho
sustancial se ordenará devolver la actuación al momento de la celebración de la
audiencia de conciliación a la que hace alusión el artículo 77 del CPT (en la
cual fue inicialmente declarada la prescripción), partiendo del supuesto de que
el derecho de acción del señor Fonseca Díaz no prescribió, aspecto del cual se
deberá dejar constancia en el acta que allí se levante.
Por otro lado, no se accederá a
la pretensión del accionante de tener como no contestado el libelo, toda vez
que la empresa no tiene porque asumir las consecuencias de los defectos
cometidos por las autoridades judiciales, ni mucho menos ver restringido su
derecho de defensa a través de una sentencia de tutela. Por esta razón, al
devolver la actuación a la audiencia del artículo 77, se deberá también
entender que la demanda se contestó en tiempo.
En síntesis, se le ordenará al
juez laboral de conocimiento volver a citar a la audiencia del artículo 77 del
CPT bajo los supuestos de que: i) el derecho de acción del señor Fonseca Díaz
no prescribió y ii) que la demanda fue contestada en tiempo.
Por último, la Corte no accederá
a la pretensión especial de ordenar el reintegro provisional al mismo cargo que
venía desempeñando ni al pago de los salarios dejados de devengar desde su
despido. Según el artículo 7[83]
del Decreto ley 2591 de 1991, estas medidas provisionales sólo proceden cuando
se considere necesario y urgente para proteger los derechos fundamentales
vulnerados. De las consideraciones expuestas en esta providencia se extrae que
con la declaratoria de prescripción se vieron vulnerados los derechos
fundamentales a la primacía del derecho sustancial, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del accionante. En ese sentido, la
presente decisión debe estar encaminada a garantizar la efectividad de esos
derechos, en el sentido de evitar que se declare el archivo del proceso de una
manera contraria a la Constitución. Por el contrario, la legalidad del despido,
el otorgamiento del reintegro y el pago de los salarios, no corresponden a los
hechos que le dieron origen a la solicitud de amparo, sino que son los que
integran el contradictorio en el proceso 2009-0959. Por esta razón, aquellos deberán
ser decididos por el juez laboral dentro de su competencia, sin que le corresponda
a esta Corporación abordarlos de fondo en sede de revisión. Una medida de esa
naturaleza sería procedente siempre que se estuviera ante la inminencia de un
perjuicio irreparable. Sin embargo, de los hechos del caso y de los diferentes
pronunciamientos del accionante no se encuentran elementos de juicio que
pudieran llevar a esa conclusión.
III. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR el fallo dictado el 7 de febrero de 2012 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que
negó el amparo invocado por el ciudadano José Alfredo Fonseca Díaz. En su lugar CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la prevalencia del derecho sustancial, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del accionante, vulnerados por el Juzgado
6° Laboral del Circuito de Bogotá mediante providencia del 16 de junio de 2011
y por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el 31 de octubre del 2011, dentro del proceso laboral
ordinario 2009-0959.
SEGUNDO.-
DEJAR sin valor y sin efectos las mencionadas providencias del 16 de junio
y el 31 de octubre del 2011 que declararon probada la excepción previa de
prescripción dentro del proceso laboral ordinario 2009-0959.
TERCERO.- ORDENAR al
Juzgado 6° Laboral del Circuito de Bogotá volver a citar a la audiencia a la
que hace alusión el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, de tal forma
que ésta se lleve a cabo bajo los supuestos de que: i) el derecho de acción del
señor Fonseca Díaz no prescribió y ii) que la demanda fue contestada en tiempo.
De estos aspectos deberá dejarse constancia en el acta que allí se levante.
CUARTO.- NEGAR la petición
realizada por el accionante de ordenar su reintegro y el pago de los salarios
dejados de devengar por no encontrarse acreditados los requisitos para que
aquello tuviera lugar.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, comuníquese,
notifíquese, publíquese, insértese y cúmplase.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-649/12
Referencia:
expediente T-3425578.
Acción de
tutela presentada por José Alfredo Fonseca Díaz contra la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el
Juzgado 6° Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrado
sustanciador:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO.
Fecha ut supra
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
existían razones suficientes y trascendentales que justificaron invalidar las
providencias emitidas por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 6° Laboral del Circuito
de la misma cuidad dentro del proceso laboral ordinario que adelantó el
accionante contra la empresa Alpina Productos Alimenticios S. A., debo aclarar
mi voto, pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción
de “vía de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que
se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[84], no comparto
el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte
de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales,
y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente
en la cita que se efectúa (consideración 3ª, páginas 16 a 23) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas
consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la
fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las
llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia
se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían
justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la
imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso
complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[85],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad
jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] “Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y
constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para
la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto
admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique
al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día
siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o
personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán
con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la
demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del
requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo
exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes. Si fueren varios los
demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de
la notificación a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno
separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el
litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos
para que se surtan dichos efectos.”  Conforme
al literal b) del artículo 626 y el numeral 4° del artículo 627 del Código
General del Proceso, a partir del 1° de octubre de 2012, este artículo queda
derogado y en remplazo regirá el artículo 94 de la nueva codificación.
[2] Las acciones correspondientes a los derechos
regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en
el presente estatuto.
[3] Práctica de la notificación personal. Para la práctica de la
notificación personal se procederá así: 1. La parte interesada solicitará al
secretario que se efectué la notificación y esté sin necesidad de auto que lo
ordene, remitirá en un plazo máximo de cinco (5) días una comunicación a quien
debe ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio
postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, en la que informará
sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que
se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al Juzgado, a recibir
notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega
en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio
distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez
(10) días; si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días. En el
evento de que el Secretario no envíe la comunicación en el término señalado, la
comunicación podrá ser remitida directamente, por la parte interesada en que se
efectúe la notificación. Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos
los efectos legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada.
Dicha comunicación deberá ser enviada a la dirección que le hubiere sido
informada al Juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de
quien debe ser notificado personalmente. Si se trata de persona jurídica de
derecho privado con domicilio en Colombia, la comunicación se remitirá a la
dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o en la oficina que haga sus veces. Una copia de la comunicación, cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deberá ser entregada al funcionario judicial o a la parte que la remitió, acompañada de constancia expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la dirección correspondiente, para efectos de ser incorporada al expediente. 2. Si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia, previa su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se extenderá acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquél y el empleado que haga la notificación. Al notificado no se le admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la
interposición de los recursos de apelación y casación. Si el notificado no
sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa circunstancia
en el acta; el informe del notificador se considerará rendido bajo juramento,
que se entenderá prestado con su firma. 3. Cuando el citado no comparezca
dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue al proceso la copia
de la comunicación y la constancia de su entrega en el lugar de destino, el
secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, procederá en forma inmediata a
practicar la notificación por aviso en la forma establecida en el artículo 320.
4. Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la persona no reside
o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, se procederá, a
petición del interesado, como lo dispone el artículo 318. Parágrafo. Para efectos de las
notificaciones personales, los comerciantes inscritos en el registro mercantil
y las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia, deberán
registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica si se registran varias direcciones, el trámite de la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas. (Por disposición del artículo 627, numeral 6° del nuevo Código
General del Proceso, la práctica de la notificación personal se regirá por lo
dispuesto en el artículo 315 del CPC hasta 1° de enero del 2014. A partir de esa fecha se aplicará el artículo 291 de la nueva codificación).
[4] Notificación por aviso.
Cuando no se pueda hacer la notificación personal al demandado del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o la del auto que ordena
citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se deba realizar
personalmente, se hará por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de
la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su
naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en
el lugar de destino. Cuando deba surtirse un traslado con entrega de copias, el
notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de los tres días
siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término respectivo. El
aviso se entregará a la parte interesada en que se practique la notificación,
quien lo remitirá a través de servicio postal a la misma dirección a la que fue
enviada la comunicación a que se refiere el numeral 1 del artículo 315. Cuando
se trate de auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago, el aviso deberá
ir acompañado de copia informal de la providencia que se notifica y de la
demanda, sin incluir sus anexos. El secretario agregará al expediente copia del
aviso, acompañada de constancia expedida por la empresa de servicio postal de
haber sido entregado en la respectiva dirección. En el caso de las personas
jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia, el aviso podrá
remitirse a la dirección electrónica registrada según el parágrafo único del
artículo 315, siempre que la parte interesada suministre la demanda en medio
magnético. En este último evento en el aviso se deberá fijar la firma digital
del secretario y se remitirá acompañado de los documentos a que se refiere el
inciso tercero de este artículo, caso en el cual se presumirá que el
destinatario ha recibido el aviso y sus anexos cuando el iniciador recepcione
acuse de recibo. El secretario hará constar este hecho en el expediente y
adjuntará una impresión del mensaje de datos. Así mismo, conservará un archivo impreso
de los avisos enviados por esta vía, hasta la terminación del proceso. Parágrafo
primero. El Consejo Superior de la Judicatura implementará la creación de las firmas digitales certificadas, dentro del año siguiente a la promulgación de
esta ley. Parágrafo segundo. El remitente conservará una copia de los
documentos enviados, la cual deberá ser cotejada y sellada por la empresa de
servicio postal. El incumplimiento de esta obligación o de cualquiera otra
establecida en este Código, por parte de las empresas de servicio postal, dará
lugar a las sanciones a que ellas se encuentren sometidas. (Por disposición del artículo 627, numeral 6° del nuevo Código
General del Proceso, la práctica de la notificación personal se regirá por lo
dispuesto en el artículo 315 del CPC hasta 1° de enero del 2014. A partir de esa fecha se aplicará el artículo 291 de la nueva codificación).
[5] Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas,
saneamiento y fijación del litigio. Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o
cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y
hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a
audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres
(3) meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda. Para efectos de
esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación
surtida y será él quien la dirija. En la audiencia de conciliación se
observarán las siguientes reglas: Si alguno de los demandantes o de los
demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. Si antes de la
hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera
sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha
para celebrarla, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento. Excepto
los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el
demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará
clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales: 1. Si se
trata del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión
contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. 2.
Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda
susceptibles de confesión. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda
de reconvención. 3. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no
comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra. 4. En
el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de
cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor
del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un (1) salario mínimo
mensual vigente. Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin
apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia
concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y
si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello
signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen
confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo entre el
juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de
asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación. Si se llegare a un acuerdo
total se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se
declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el
acuerdo fuese parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente.
Parágrafo 1°. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada
la etapa de conciliación y en la misma audiencia: 1. Decidirá las excepciones
previas conforme a lo previsto en el artículo 32. 2. Adoptará las medidas que
considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias. 3.
Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que
estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales
se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas
que versen sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que
queden excluidas como resultado de la conciliación parcial. Igualmente, si lo
considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen las
pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Inciso 3º adicionado
por la Ley 1395 de 2010.
4. A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y
necesarias, señalará día y hora para audiencia de trámite y juzgamiento, que
habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes; extenderá las
órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará
todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas en la audiencia de
trámite y juzgamiento; y respecto al dictamen pericial ordenará su traslado a
las partes con antelación suficiente a la fecha de esta audiencia.
[6] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros
en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades.
[7] Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún
caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede
contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
[8] Antes de ser declarado inexequible por la sentencia
C-543 de 1992 el artículo versaba de la siguiente manera: “La acción de tutela
podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o
providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos
meses de ejecutoriada la providencia correspondiente.”
[9] Al respecto dijo la Corte en esa oportunidad: “La Constitución edifica  una múltiple  garantía de protección en favor de la víctima
de la violación  de un derecho fundamental: la acción de tutela ante el juez
competente, la impugnación  del fallo de tutela y su eventual revisión  por la Corte Constitucional. Se  consagra así, por voluntad del propio constituyente, para las
controversias sobre violación de derechos fundamentales por autoridades
públicas, el principio de la doble instancia judicial, a lo cual,  se agrega la
eventual revisión del fallo de tutela por parte de la Corte Constitucional. Este conjunto de garantías, que configuran un verdadero derecho
constitucional para reclamar de las autoridades una conducta de obediencia
estricta a los derechos fundamentales de los ciudadanos,  sería nugatorio si
sólo pudiere ejecutarse ante las mismas autoridades públicas que las vulneren.
(…) 9. La Corte Suprema de Justicia y cada una de sus salas, constituyen
autoridad pública para los efectos del artículo 86 de la C.P., en cuanto ejercen  jurisdicción y para el efecto están  investidas de poder público.
Sus actuaciones como emanación  del poder  público se imputan a una peculiar
actuación  del estado y están revestidas de autoridad. 10. La  configuración
de la acción de tutela contra acciones u omisiones  de las autoridades que
violen o pongan en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos,  indica
que no existe en Colombia una presunción  de derecho que ampare la
constitucionalidad de la actuación  de los poderes públicos.  Todas las
autoridades  deben respetar en sus actuaciones las normas de la Constitución y, en especial, las que consagran los derechos fundamentales de las personas. La Constitución contempla  sanciones  y prevé acciones -la tutela es una de ellas- para el caso
de que las autoridades se aparten  del cumplimiento de sus obligaciones y
deberes constitucionales. No cabe, pues, aceptar,  que la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, o a través de una de sus salas especializadas, no
pueda en ningún caso violar con sus acciones u omisiones la carta fundamental.
Si contra tales acciones u omisiones violatorias de derechos fundamentales,
imputables a la Corte Suprema de Justicia o a una de sus salas,  no existiera
acción o recurso alguno, ello sería la comprobación  que aquéllas son entes
supremos no vinculados por la Constitución Política. La observancia  de la Constitución Política por la Corte sólo  tendría una explicación moral y no sería la consecuencia
de un deber positivo impuesto a su cargo. (…) No será fácil convencer a las
víctimas  de un desafuero constitucional que sus derechos fundamentales no han
sido violados porque en el mundo jurídico  el acto o la omisión que pudo
vulnerarlos goza de una presunción de constitucionalidad que bajo ninguna
circunstancia podrá ser atacada. No. La Constitución ha construido un sistema absolutamente contrario al descrito. Un estado social de derecho, democrático, cuya
finalidad es asegurar la convivencia  pacífica y la vigencia de un orden justo,
no tolera un poder público  como el que podría tener acomodo en la Corte Suprema de Justicia si sus sentencias  estuvieran  revestidas de inmunidad
constitucional. El artículo 86 no exonera  de la acción de tutela a los actos u
omisiones de la Corte Suprema de Justicia. El precepto autoriza que la acción
se dirija "contra cualquier autoridad  pública".
[10] Este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992,
confirmada en la Sentencia C-018 de 1993.
El artículo versaba de la siguiente forma: “Caducidad. La acción de tutela
podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o
providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos
meses de ejecutoriada la providencia correspondiente.”
[11] Este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992,
confirmada en la Sentencia C-018 de 1993.
El artículo versaba de la siguiente forma: “Efectos de la Caducidad. La caducidad de la acción de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la
actuación mediante otra acción, si fuere posible hacerlo de conformidad con la
ley.”
[12] Indemnizaciones y Costas. Cuando el afectado
no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y
consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo
dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el
juez de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del
daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo
del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del
mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de
los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la
tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. La condena será
contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si
se considerara que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin
perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en
que haya incurrido. Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste
condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que
incurrió en temeridad.
[13] Este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992,
confirmada en las sentencias C-018 de 1993
y C-054 de 1993.
El artículo 40 del referido Decreto ley versaba: “Competencia Especial.
Cuando las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan término a
un proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental,
será competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico
correspondiente. Cuando dichas providencias emanen de Magistrados, conocerá el
Magistrado que le siga en turno, cuya actuación podrá ser impugnada ante la
correspondiente sala o sección.  Tratándose de sentencias emanadas de una sala
o sección, conocerá la sala o sección que le sigue en orden, cuya actuación
podrá ser impugnada ante la sala plena correspondiente de la misma corporación.
Parágrafo 1o. La acción de tutela contra tales providencias judiciales sólo
procederá cuando la lesión del derecho sea consecuencia directa de éstas por
deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolutiva, se hubieren
agotado todos los recursos en la vía judicial y no exista otro mecanismo idóneo
para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado. Cuando el
derecho invocado sea el debido proceso, la tutela deberá interponerse
conjuntamente con el recurso procedente. Quién hubiere interpuesto un recurso,
o disponga de medios de defensa judicial, podrá solicitar también la tutela si
ésta es utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. También podrá hacerlo quien, en el caso concreto, careciere de
otro mecanismo de defensa judicial, siempre y cuando la acción sea interpuesta
dentro de los sesenta días siguientes a la firmeza de la providencia que
hubiere puesto fin al proceso. La tutela no procederá por errónea
interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas.  Parágrafo. 2o.
El ejercicio temerario de la acción de tutela sobre sentencias emanadas de
autoridad judicial por parte de apoderado será causal de sanción disciplinaria.
Para estos efectos, se dará traslado a la autoridad correspondiente. Parágrafo.
3o. La presentación de la solicitud de tutela no suspende la ejecución de la
sentencia o de la providencia que puso fin al proceso. Parágrafo.4o. No
procederá la tutela contra fallos de tutela.”
[14] Al resolver el caso concreto, la sentencia T-079 de
1993 se refirió a la actuación del juez en los siguientes términos: “La
vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que
actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas,
desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5),
la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la
prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse  su
ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo
jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el
curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública. El Juez Promiscuo
de Familia de San Andrés al homologar la resolución de la Defensoría de Familia de la misma localidad, violatoria de los derechos fundamentales de la
peticionaria, actuó por fuera de la ley. El error manifiesto del fallador, la
falta de fundamentación de la sentencia y el incumplimiento del control de
legalidad dispuesto por la ley respecto de las resoluciones de abandono
proferidas por las autoridades administrativas, ocasionaron la vulneración de
los derechos de defensa y debido proceso de la señora CLAUDIA PATRICIA ROJAS.
En particular, la forma como fue adelantado el proceso de abandono por parte de
la Defensora de Familia y la posterior convalidación de estas actuaciones por
parte del Juez de Familia, colocaron a la peticionaria en posición de
desventaja frente a la contraparte, vulnerando el principio de igualdad
procesal y sus derechos fundamentales.”
[15] En el mismo sentido puede verse las sentencias T-055 de 1994, T-008 de
1998 y T-1017 de 1999 entre muchos otros. En esta última la existencia de una
de las causales fue consagrada a manera de “test” en los siguientes
términos: “Sin embargo, la Corte ha reconocido que la acción de tutela
procede, excepcionalmente, contra decisiones judiciales, cuando éstas
constituyen vías de hecho. En estos casos, los principios de autonomía judicial
y de seguridad jurídica deben ceder parcialmente ante la protección
privilegiada que la Carta otorga a los derechos fundamentales de los asociados[15].
Ahora bien, dado que se trata de la ponderación de principios de importancia
capital dentro del orden constitucional, la jurisprudencia ha establecido un
estricto test para definir si una determinada decisión judicial adquiere el
carácter de vía de hecho. Al respecto, la Corte ha indicado que una decisión judicial podrá ser impugnada a través de la acción de tutela cuando se
presenten, de manera ostensible, uno de los siguientes cuatro defectos: (1) defecto
sustantivo, por encontrarse fundada en una norma claramente inaplicable al caso
concreto; (2) defecto fáctico, cuando resulte evidente que el fundamento
fáctico o probatorio de la decisión es absolutamente inadecuado; (3) defecto
orgánico, que se produce en aquellos eventos en los cuales el funcionario
judicial carece por completo de competencia para resolver el proceso; y, (4) defecto
procedimental, si el fallador se desvía por completo del procedimiento fijado
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”
[16] Al respecto ver por ejemplo las sentencias T-441
de 2003, T-462 de 2003  y T-949 de 2003, entre otras.
[17] La norma versaba: “Decisión.
Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas,
dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la audiencia de
sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo
la de revisión. La Corte está facultada para señalar
en qué estado queda el proceso en el caso de determinar que este pueda
recuperar alguna vigencia. En caso contrario procederá a dictar el fallo que
corresponda. Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más
tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura
del mismo.” (Nota:
La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005.).
[18]  Sentencia 173 de 1993.
[19] Sentencia T-504 de 2000.
[20] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005
[21] Sentencias T-008 de 98 y SU-159 de 2000.
[22] Sentencia T-658 de 1998.
[23] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[24] Al momento de referirse a las causales
específicas de procedibilidad, la jurisprudencia de la Corte ha utilizado indistintamente los términos “defecto” o “vía de hecho”, al
igual que ha acudido a los pronunciamientos que en sentencias anteriores a la
C-590 de 2005 desarrollaron y explicaron esas
figuras.
[25] Sentencia T-522 de 2001
[26] Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001;
T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.
[27] Sentencia T-512 de 2011
[28] Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006.
[29] Sentencia T-125 de 2010. En el mismo sentido ver las sentencias T-1047
de 2003, T-489 de 2006 y T-554 de 2011.
[30] Sentencia T-310 de 2009.
[31] Sentencia SU-159 de 2002.
[32] Cfr., por ejemplo, la sentencia T-442 de 1994.
[33] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
[34] Ibídem.
[35] En la sentencia SU-159 de 2002, se precisó
que en tales casos, “aún en el evento
en el que en el conjunto de pruebas sobre las que se apoya un proceso penal se
detecte la existencia de una ilícitamente obtenida, los efectos de esta
irregularidad son limitados. Para la Corte, ‘el hecho de que un juez tenga en
cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica,
necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como vía de
hecho”. Así, “sólo en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho
constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría
de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión
judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los
restantes requisitos de procedibilidad de la acción’. De tal manera que la
incidencia de la prueba viciada debe ser determinante de lo resuelto en la
providencia cuestionada.”
[36] Sentencia T-102 de 2006.
[37] Sentencia SU-159 de 2002.
[38] “ARTICULO
230. Los jueces,
en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.”
[39] Sentencia T-757 de 2009. En el mismo sentido la
sentencia T-284 de 2006 manifestó: “La jurisprudencia constitucional
también ha sido enfática en sostener que, en todo caso, la competencia asignada
a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas,
fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún
caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función
pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho. Así
entonces, pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas
pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para
establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en
esta labor no les es dable apartarse de las disposiciones de la constitución o
la ley. Recuérdese que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, tales como, de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, pro
homine, entre otros (artículos 6°, 29, 228 y 230 de la Constitución Política).”
[40] Sentencia T-774 de 2004.
[41] Sentencia SU-120 de 2003.
[42] Vgr. ha sido derogada o declarada
inexequible.
[43] Sentencia T-292 de 2006.
[44] Sentencia SU-1185 de 2001.
[45] Ver las sentencias T-567 de 1998, T-1031 de
2001 y T-1285 de 2005.
[46] Ver las sentencias T-1625 de 2000, SU-1184 de
2001, T-1031 de 2001 y T-047 de 2005.
[47] Sentencias T-114 de 2002 y T- 1285 de 2005.
[48] Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003 y
T-292 de 2006.
[49] Sentencias T-193 de 1995, T-949 de 2003 y
T-1285 de 2005.
[50] Sobre el tema pueden consultarse además, las
sentencias T-1625 de 2000, SU-1184 de 2001, T-522 de 2001 y T-047 de 2005.
[51] Sentencia T-015 de 2012.
[52] Sentencia T-358 de 2012.
[53] Sentencia T-508 de 2011.
[54] Sentencia T-131 de 2010. En el mismo sentido, en la sentencia T-051
de 2009, citada en la T-131 de 2010, se dijo que “un juez de la República no viola el derecho al debido proceso de una persona cuando, prima facie, su
lectura de las normas jurídicas aplicables, o no aplicables, se encuentra
dentro del margen de interpretación razonable”.
[55] Sentencia  T-268 de 2010. En el mismo sentido
pueden consultarse las sentencias C-029 de 1995 y C-131 de 2002. En la primera
de ellas se dijo: “Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial", está reconociendo que el fin de la actividad
jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en
abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los
conflictos de intereses.  Es evidente que en relación con la realización de los
derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y
específicamente el proceso, es un medio.”
[56] En esta oportunidad se dijo: “Los jueces
deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho
procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del
marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado
por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un
marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material. Sin
embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva
realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal
haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del
cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando
a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la
efectiva realización del derecho material (art. 228). De lo contrario se
estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es
aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de
la justicia material.”
[57] Los pronunciamientos que fueron referenciados
en esta sentencia y que se exponen la línea jurisprudencial son: T-1306 de 2001, T-1123 de 2002, T-950 de 2003, T-974 de 2003, T-289 de
2005, T-1091 de 2008, T-052 de 2009, T- 264 de 2009.
[58] Sobre la relevancia constitucional de los medios de notificación en un
proceso judicial la Corte en sentencia T-1209 de 2005 manifestó: “3.2.  A
propósito de estos criterios, la Corte ha previsto que las anomalías que
afectan la notificación de las decisiones judiciales tienen la suficiente
entidad constitucional para catalogarlas como vías de hecho por defecto
procedimental[58].  En efecto, en la
ejecución de los diferentes tipos o categorías de notificación judicial o
administrativa se ha reconocido la materialización del principio de publicidad
y la garantía de los derechos de defensa, contradicción y el debido proceso.”
[59] Sentencia C-670 de 2004.
[60] Sentencia T-270 de 2008. En el mismo puede verse la
Sentencia T-099 de 1995 en donde se dijo: “Desde el
punto de vista constitucional importa dejar en claro que la notificación,
entendida como el conocimiento formal del administrado o de quien es parte o
interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las providencias
que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que lo afectan, tiene
por fundamento específico la garantía del derecho de defensa, aspecto esencial
del debido proceso, exigible en todas las actuaciones judiciales y
administrativas, como lo impone el artículo 29 de la Carta.”
[61] En el mismo sentido puede verse la sentencia T-081 de 2009 en donde se
dijo: “En conclusión,
la notificación constituye una figura esencial en los procesos judiciales, pues
la finalidad de dar a conocer a una persona que sus derechos están en disputa y
que tiene la facultad de ser oído en el proceso, característica que tiene mayor
entidad cuando se trata del conocimiento de la primera providencia judicial
(auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago)”
[62] Corresponde
al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. 2. Expedir códigos en
todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. (…)
[63] Sentencia
C-555 de 2001. En el  mismo sentido, pueden verse las sentencias C-832 de
2001,  C-012 de 2002 y C-814 de 2009.
[64] La
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
[65] Sentencia C-803 de 2000.
[66] Sentencia C- 072 de 1994.
[67]  Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 8 de noviembre de 1999, Exp. 6185.
[68]  Trámite de las excepciones. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de
conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del
litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción
cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de
su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa
juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas
en el acto y el juez resolverá allí mismo.
[69] Sentencia C-820 de 2011.
[70] Una de las excepciones a la regla general se
da con la acción sindical en donde el
artículo 118A del CPT contempla un término de prescripción de dos meses.
[71] Sentencia C-916 de 2010.
[72] El
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se
la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a
la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso.
[73] Se garantiza el derecho de toda persona para acceder
a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin
la representación de abogado.
[74] “Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos: 1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción. 2. Cuando el juez carece
de competencia. 3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del
superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la
respectiva instancia. 4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al
que corresponde. 5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se
reanuda antes de la oportunidad debida. 6. Cuando se omiten los términos u
oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de
conclusión. 7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose
de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de
poder para el respectivo proceso. 8. Cuando no se practica en legal forma la
notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de
éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento
ejecutivo, o su corrección o adición. 9. Cuando no se practica en legal forma
la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de
aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la
ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los
casos de ley. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de
notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se
corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación
posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de
notificar haya actuado sin proponerla. Parágrafo.-Las demás irregularidades del
proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de
los recursos que este Código establece.” El contenido de esta norma se mantuvo casi en su
totalidad en el artículo 133 del nuevo Código General del Proceso, el cual
empezará a regir a partir del 1° de enero del 2014 según lo dispuesto por su
artículo 627, numeral 6°. Al respecto dice la nueva disposición: “Causales de nulidad. El
proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1.
Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción
o de competencia. 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del
superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después
de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión,
o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las
partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de
poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o
practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de
una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la
oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer
su traslado. 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que
escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación
del recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la
notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en
el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se
cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en
el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto
se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación
posterior que dependa de dicha providencia, salvo que
se haya saneado en la forma establecida en este código. Parágrafo. Las demás
irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece.”
[75] Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el
procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto, y,
en su defecto, las del Código judicial (Código de Procedimiento Civil).
[76] Sentencia T-268 de 2010.
[77] Ver sentencia T-535 de 1998 en donde se afirmó: “Es necesario tener en cuenta que en desarrollo
del postulado constitucional de la efectividad de los derechos fundamentales,
el juez ha de guiar el proceso a la luz del principio de oficiosidad. En tal
virtud, el juez está obligado a asumir un papel activo, de impulso del proceso,
con el fin de dilucidar si realmente existe la violación o la amenaza de los
derechos que el peticionario invocó, o de otros, y además debe considerar si
las pruebas pedidas son suficientes para resolver, y si los hechos expuestos
constituyen un conjunto completo, o si, por el contrario, son tan inconexos y
aislados que exijan complemento informativo suficiente para que el fallador
pueda formarse cabal concepto acerca del asunto objeto de su examen. (…) De
conformidad con lo anterior, el Decreto 2591 de 1991 le otorgó al juez de
tutela amplios poderes para desentrañar todos aquellos factores y hechos que
dieron origen a la solicitud de amparo constitucional, habida cuenta de la
prevalencia que el Constituyente ha conferido a la dignidad de la persona
humana y a la función que, en guarda de ella debe cumplir el juez en el Estado
Social de Derecho. Así, por ejemplo, el juzgador puede pedir la corrección de
la demanda cuando ésta no haya sido lo suficientemente clara; tiene además la
facultad de pedir informes a las autoridades demandadas y de realizar las
averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos que motivaron la acción;
puede decretar las pruebas que considere pertinentes; y dicho Decreto contempla
la posibilidad para el juez de pedir informes adicionales no solamente a la
autoridad demandada, sino también al peticionario; e incluso, le es posible
suspender la aplicación del acto concreto desde la presentación de la
solicitud, cuando lo considere necesario y urgente para proteger derechos
fundamentales en peligro. (…) El juez constitucional debe resolver la
controversia en su integridad, verificados todos los aspectos fácticos que influyen
en el caso, examinada la interrelación existente entre ellos y evaluada la
totalidad del problema, sobre la base de las circunstancias específicas del
solicitante frente a la normatividad constitucional. Por ello, ha de resolver
teniendo en cuenta tanto el escrito inicial como el acta de ampliación de la
demanda, sin que le sea posible rechazarla y menos denegar el amparo sólo por
hallar discrepancia entre lo expuesto en aquélla y lo dicho en la diligencia de
ampliación judicialmente decretada. (…) Es natural que la persona condenada o
detenida preventivamente vea restringidos algunos de sus derechos. No podrá,
por ejemplo, ejercer la libertad de locomoción; se reduce ostensiblemente
-aunque no desaparece- su ámbito de privacidad; surgen límites evidentes al
libre desarrollo de su personalidad, y en el caso de los condenados, la ley ha
establecido la interdicción de derechos y funciones públicas. Pero, a juicio de
la Corte, eso no significa que el recluso quede indefenso ante el ordenamiento
jurídico y menos que se halle imposibilitado, en cuanto persona, para reclamar
el respeto al núcleo esencial de la generalidad de sus derechos fundamentales.”
[78] Cfr. arts 2 y 37 del CPC.
[79] Sentencia C-874 de 2003.
[80] Sentencia T-276 de 2008.
[81] Con base en la jurisprudencia de esta Corte, “el
demandado puede decidir libremente si comparece al despacho judicial  a
notificarse personalmente o se notifica posteriormente, en el lugar donde
reside o trabaja y sin necesidad de desplazarse, por medio del aviso como
mecanismo supletivo. En esta forma, la práctica de la notificación personal
depende exclusivamente de la voluntad del demandado. En este sentido no es
válido jurídicamente afirmar que las disposiciones impugnadas, al prever la
notificación subsidiaria por aviso, presumen la mala fe de aquel, pues sólo le
otorgan la posibilidad de notificarse en una u otra de las mencionadas formas. (sentencia
C-783 de 2004)
[82] Ese proceder esta de acuerdo con la doctrina
expuesta en la sentencia C-783 de 2004 en el sentido de que “Al llegar la
citación al lugar de residencia o de trabajo del demandado lo lógico y lo
normal es que éste tenga conocimiento de su contenido en forma inmediata o en
un tiempo breve, ya que el mismo y sus allegados por razones personales o
laborales, como todas las personas, saben que las relaciones con la Administración de Justicia son importantes, tanto por la carga de atención y defensa de los
propios derechos ante ella como por la exigencia constitucional de colaborar
para su buen funcionamiento, por causa del interés general, establecida en el
Art. 95, Num. 7, superior.”
[83] Medidas provisionales para proteger un derecho.
Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere
necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto
concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio
se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar
perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá
ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer
ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión
de la aplicación se notificará inmediatamente a aquel contra quien se hubiere
hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de
oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad
encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como
con secuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las
circunstancias del caso. El juez podrá, de oficio o a petición de parte por
resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la
autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.
[84] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703
y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 de 2012.
[85] C-590 de 2005.