C-718-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-718/06
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites
SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO-Características
ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO-Modificaciones
que introdujo en el sistema procesal penal
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Funciones constitucionales
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Tratamiento diferenciado
TOGA-Uso obligatorio por juez en audiencia/PRINCIPIO DE
IGUALDAD-No vulneración
La Corte constata  que ninguna vulneración
del principio de igualdad puede configurarse, dado que ni siquiera los
supuestos a que alude  el actor resultan comparables y desde esta perspectiva
el juicio de igualdad planteado por el demandante no puede realizarse. En
efecto, es claro que  la obligación de usar la toga se prevé exclusivamente
para los  jueces encargados de  la aplicación del nuevo sistema penal
acusatorio  y ello en función  de las características  de dicho sistema que no
resulta comparable  con el sistema penal anterior ni con las características de
la actuación en las demás jurisdicciones. Si bien  en otras jurisdicciones esta
prevista la realización de algunas audiencias, ellas no tienen las
características, particularmente en materia de publicidad, que el Legislador
estableció en este caso,  ni el procedimiento se estructura a partir de la
realización de las mismas  audiencias como si sucede en el sistema penal
acusatorio. Las exigencias operativas de dichas audiencias ligadas al principio
de oralidad y a la presencia  como regla general de público en las mismas
hacen que el uso de la toga no pueda verse como una exigencia  aislada, sin
justificación ni relación con los requerimientos del nuevo sistema que permita
asimilar ese procedimiento con el de las demás jurisdicciones. Tampoco puede
desconocerse que el Legislador  lo que hizo al  establecer unas nuevas pautas
atendiendo  la voluntad del Constituyente derivado que introdujo en el Acto
Legislativo 03 de 2002 nuevos principios  en materia procesal penal,  fue
evidenciar una clara diferencia  entre este nuevo sistema y  el resto de las
actuaciones judiciales. Así las cosas la situación de los  jueces  encargados
de dar aplicación al referido sistema no resulta comparable con  la de los
jueces penales  de transición que aplican  bajo presupuestos bien distintos el
procedimiento señalado en la Ley 600 de 2000,   ni con los demás Jueces de la
República.
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Límites
TOGA-Uso obligatorio no viola derecho al libre
desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia y dignidad humana
Existe claramente una finalidad legítima para el
establecimiento de la obligación de portar la toga en  la audiencia, cual es la
de facilitar  en el desarrollo de la misma la identificación por todos los
asistentes  del Juez o de los Magistrados encargados de dirigirla o de
presidirla. Es igualmente claro para la Corte  que   la medida adoptada por el
Legislador  resulta idónea para alcanzar las finalidades aludidas pues  es
indudable que  el uso de la toga tiene un contenido simbólico que  facilita el
desarrollo de la audiencia pública -particularmente para el juez encargado de
su dirección- y que su utilización por dicho servidor contribuye a marcar una
clara diferencia con el régimen procesal anterior en el que los presupuestos de
oralidad, inmediación, concentración y publicidad, o bien no existían o no
tenían en todo caso la significación que la  reforma constitucional introducida
por el Acto legislativo 03 de 2002 ha llevado a otorgarles. Ahora bien la
utilización de la toga en función de dichas finalidades no  puede entenderse
que comporte  una  limitación desproporcionada  de los derechos de la persona,
en este caso del juez llamado a utilizarla. Téngase en cuenta que la
disposición acusada  no obliga al juez a portar la toga en toda circunstancia de la vida diaria o siquiera durante todas sus
actuaciones como juez,  sino exclusivamente  durante las audiencias
establecidas en la Ley 906 de 2004. Ahora bien, dado que la supuesta
vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad evidentemente no
se presenta,  tampoco cabe entender vulnerados los  demás derechos  que el
actor invoca, a saber la libertad de conciencia y la dignidad humana.
PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL-No
desconocimiento /TOGA-No uso no afecta validez de la actuación
Ninguna garantía fundamental ligada al debido proceso
puede verse comprometida  por el uso por el Juez  de la toga exigida en el
artículo 148  acusado, por el contrario, dado que, como se ha explicado,  su
utilización  se justifica  en función de facilitar el desarrollo de las
audiencias establecidas como eje del procedimiento penal en la Ley 906 de 2004
puede considerarse que mas bien  con ello se   contribuye al  cumplimiento de
los objetivos señalados para las mismas en la Ley  y por ende a la realización
del derecho sustancial que en ellas se examina. En gracia de discusión, si
pudiera considerarse que ello no es así y resultara indiferente su utilización
para tales efectos, esa circunstancia tampoco  tornaría la medida en
inconstitucional. En efecto el uso como el no uso de la toga pueden encontrar
sustento constitucional y en tanto no se evidencia vulneración  alguna de los
derechos de los jueces o de los demás sujetos procesales mal puede considerarse
que con la determinación adoptada por el Legislador este haya desbordado el
amplio margen de configuración que tiene para regular las formas procesales. En
ese orden de ideas, bien cabe señalar que circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito podrían llevar a que  en un proceso determinado, en la audiencia
correspondiente no pudiera usarse la toga.  En tal evento es claro que  dicha circunstancia
no estaría llamada a  afectar la validez de la actuación. Lo que claramente
demuestra que el cago  formulado por  el supuesto desconocimiento de la
primacía del derecho sustancial tampoco está llamada a prosperar.
DIVERSIDAD CULTURAL-No desconocimiento por uso obligatorio de
toga en audiencia penal
El establecimiento por el Legislador de la
obligación para los jueces encargados de dar aplicación al sistema penal
acusatorio establecido a partir de los mandatos del Acto legislativo 03 de 2002
por la Ley 906 de 2004  no compromete en manera alguna el carácter pluralista
de la Constitución, ni la diversidad étnica y cultural de la Nación contrario a
lo afirmado por el actor. Recuérdese que lo exigido por  el artículo acusado no
es el porte de la toga por el juez en toda circunstancia de la vida diaria o
siquiera durante todas sus actuaciones como juez, sino exclusivamente  durante
las audiencias establecidas en la Ley 906 de 2004. En ese orden de ideas es claro
para la Corte que así como su proyecto de vida no puede entenderse truncado,
tampoco su identidad  cultural  y menos aún étnica puede entenderse
comprometida con el porte de la toga.
IGUALDAD CULTURAL-Posibilidad de establecer un símbolo de
identificación del juez en todo el territorio nacional
El reconocimiento del derecho a la
igualdad de todas las culturas (art. 70 C.P.) no puede significar la negación
de la posibilidad  para el Legislador de adoptar en ejercicio de su potestad de
configuración un símbolo concreto  de identificación del juez  -común en todo
el territorio- para el ejercicio de  la función judicial en un ámbito
específico como es el que desarrolla la Ley 906 de 2004 para el establecimiento
y desarrollo del sistema penal acusatorio.
Referencia: expediente D-6055
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 148 de la Ley 906 de 2004“Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”
Actor: Juan Francisco Álvarez Cardona
Magistrado Ponente:
Dr. ÁLVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto
dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad establecida en el artículo 241 de la Constitución
Política, el ciudadano Juan Francisco Álvarez Cardona solicita ante esta
Corporación la declaratoria de inexequibilidad del artículo 148 de la Ley 906
de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante auto del cinco (5) de diciembre de 2005, el
Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la
misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de
rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención
ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la
República y al Presidente del Congreso de la República, así como al Ministro
del Interior y de Justicia, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptuaran
sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
A través de oficio No. DP-0042 del 3 de
enero  de 2006, el Procurador General de la Nación manifestó a la Corte que
tanto él como el Viceprocurador General de la Nación, se encontraban impedidos
para conceptuar sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, toda vez
que, en su condición de Procurador General participó en la comisión redactora y
el Viceprocurador General participó en la subcomisión redactora del proyecto
que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004- objeto
de revisión.   En consecuencia, solicitó a esta Corporación que, de aceptar el
impedimento manifestado, dispusiera que el Procurador General en cumplimiento
de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262
de 2000 designara al funcionario que debe rendir el correspondiente concepto.
Mediante auto del veintiséis (26) de enero
de 2006, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió el impedimento
manifestado por el Procurador General de la Nación para rendir el concepto
fiscal dispuesto por el artículo 242, numeral 2, en concordancia con el
artículo 278 numeral 5 de la Carta Política, en el expediente D-6055.  En dicha
providencia, la Sala aceptó el impedimento manifestado por el Procurador
General y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 numeral 3 del
Decreto 262 de 2000, ordenó que una vez levantada la suspensión decretada en el
proceso de la referencia con ocasión del impedimento propuesto por el
Procurador General de la Nación, se corriera traslado por el término restante
al funcionario que designe el Procurador General de la Nación para que rindiera
el concepto de su competencia.
Cumplidos
los trámites propios de esta clase de procesos, previo el concepto rendido por la
Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, la Corte procede a decidir
sobre las pretensiones de la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la norma
acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.658, del
1º de septiembre de 2004.
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal.
El Congreso de la República
DECRETA
(...)
LIBRO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
(…)
TITULO VI.
LA ACTUACION.
CAPITULO I.
ORALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS
Articulo 148 Toga. Sin excepción, durante
el desarrollo de las audiencias los jueces deberán usar la toga, según
reglamento.
III. LA DEMANDA
El demandante, Juan Francisco Álvarez
Cardona, solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad
del articulo 148 de la Ley 906 de 2004, por cuanto  considera que el mismo
viola el Preámbulo y los artículos 1°, 2°, 5°, 7°, 13°, 16°, 18°, 28° y 228 de la
Constitución Política.
El actor considera que el artículo
demandado vulnera el derecho a la igualdad al imponer al juez penal, “de forma
discriminatoria”, determinada forma de vestir -el uso de la toga- , excluyendo
de esta medida a, i) las demás personas que administran justicia, según el
artículo 116 de la Constitución Política, ii) a los diferentes sujetos
procesales que participan en audiencia, iii) a los mismos jueces penales de
transición, y, iv) a los demás jueces de la República que tienen distinta
especialidad a la penal y que también actúan como jueces de tutela.
Para el actor el uso de la toga en un
Estado Social y Democrático de Derecho contraría el derecho al libre desarrollo
de la personalidad, y consecuentemente  la libertad de conciencia y la dignidad
humana. Específicamente considera que dicha medida que no toma en cuenta las
preferencias de los interesados es: i) inadecuada, porque no fue establecida
para alcanzar una finalidad determinada;  ii) innecesaria, porque el juez penal
puede administrar justicia con la absoluta libertad de elegir su vestido; iii)
desproporcionada, porque su imposición no justifica la limitación de derechos
fundamentales que ello comporta; e iv) irrazonable, porque si los otros jueces
dentro de su especialidad administran justicia sin toga, igual lo tiene que
hacer el juez penal como tradicionalmente lo ha hecho.
Asevera que constituye una arbitrariedad o
una discriminación restringir al juez penal de los derechos mencionados, al
darle un trato desigual sin una justificación constitucional objetiva y
razonable, dentro de un sistema procesal penal basado, entre otros, en los
principios de independencia y autonomía judicial. Así como, a su juicio, el uso
de la toga no tiene ninguna finalidad pues la función jurisdiccional en materia
penal no va ser más ni menos justa o eficiente por el hecho de vestir con ella
con lo que se desconocería además el principio de primacía de lo sustancial
sobre   lo formal.
Al respecto destaca que  al no existir un
fundamento para la exigencia del uso de la toga el deber de usarla “es  solo
rito, mera parafernalia inocua, puro formalismo hueco o y aislado  o parcelado
en el ejercicio  de administrar justicia por parte de los jueces, que no puede
primar sobre los derechos sustanciales  de decidir como vestirse”.
El demandante señala finalmente que a pesar
de que la estructura del nuevo sistema procesal penal pertenece a los modelos
acusatorios americanos y continental europeo, el juez penal colombiano debe
seguir siendo independiente y libre en su forma de vestir. Afirma que no
existen  referentes nacionales  históricos sobre uso de togas por los
servidores judiciales Y concluye que al juez penal no tiene por qué imponérsele
una forma de vestir que riñe con su idiosincrasia y cultura nacional y en
consecuencia se viola el artículo 7 superior.
IV. INTERVENCIONES
1.- Ministerio del Interior y de Justicia
El Ministerio del Interior y de Justicia,
actuando a través de apoderado judicial, una vez vencido el término de fijación
en lista, solicita la declaratoria de exequibilidad de la disposición acusada, con base en las razones que a continuación se
sintetizan.
El interviniente señala que la
obligación para los jueces penales de utilizar la toga en las audiencias no
desconoce el derecho a la igualdad, por cuanto, en este caso, la medida se está
aplicando a personas que se encuentra en igual situación de hecho. En efecto, a
todos los jueces penales que impartan justicia en el sistema acusatorio se les
exige vestir la toga en audiencias. Por el contrario, se estaría vulnerando
este derecho si  solo a unos jueces dentro de este sistema se le impusiera el
uso de la toga en audiencias y a otros no.
Advierte que la finalidad de la
medida es brindar uniformidad y reconocimiento al ejercicio de administrar
justicia en el sistema penal acusatorio, cuando se ejerce frente al acusado,
los testigos y las víctimas. Aclara que el nuevo sistema penal acusatorio se
caracteriza por ser un proceso público, oral, regido por principios como el de
la inmediación de la prueba y  que impone la realización de audiencias como eje
de la actuación,  situación que no se presenta en las demás jurisdicciones.
En cuanto
a la violación del derecho a la igualdad frente a los jueces de la misma
especialidad, considera que el actor incurre en una errada interpretación del
artículo acusado, puesto que, de conformidad con lo previsto en dicha
disposición legal, lo que da lugar al uso de la toga es el hecho de realizar
audiencias bajo el nuevo sistema penal acusatorio. En este orden de ideas, se
justifica la diferenciación que hace la norma frente a los jueces de la misma
especialidad. Aclara que el juez de tutela no está obligado en cuanto éste no
resuelve la acción en audiencia, como tampoco lo están jueces de transición que
se encuentren conociendo de procesos penales iniciados bajo la vigencia Ley 600
de 2000.
Precisa
que los  derechos a la libertad  y al libre desarrollo de la personalidad no se
vulneran con el artículo acusado. Al respecto  el interviniente señala que  el
uso de la toga es una medida, i) proporcionada pues no impide al funcionario
que luzca su propio atuendo, sólo que por el tiempo que dure la audiencia
tendrá que llevar sobre éste la toga, y es ii) racional de acuerdo con los
fines que persigue: recordar al funcionario y a los asistentes a la audiencia
la investidura que ostenta, la delicada responsabilidad que asume y el alto grado
de dignidad que acompaña su labor, además de generar diferenciación y respeto
ante quienes ejercen su importante función.
En ese
orden de ideas sostiene que el articulo demandado no vulnera el núcleo esencial
del derecho al libre desarrollo de la personalidad al imponer del funcionario
judicial el uso de un atuendo  específico en audiencia, situación que se
presenta en relación con muchas otras profesiones que exigen el uso de uniforme
en horas laborales Esta medida tampoco le genera incomodidad a los jueces por
razones meteorológicas, dado que según el artículo 148 acusado, la utilización
de la toga se haría según reglamento y en desarrollo de este mandato, el
Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. 2680 de 2004[1]
en el cual se estableció claramente que la utilización de la toga y las
calidades de la misma, se harán teniendo en cuenta la región del país en la que
debe usarse.
El interviniente señala igualmente que
ninguna  vulneración del derecho sustancial puede configurarse por el uso de la
toga. Como tampoco  cabe entender desconocida la diversidad cultural  por el
hecho de que para el cumplimiento de la función judicial  en audiencia pública
se acuda a una vestimenta específica  sobria como la toga  que contrario a lo
afirmado por el actor no es  ajena a nuestra cultura.  Precisa que cosa
diferente sería si  la ley señalara por ejemplo el uso de pelucas ellas, si
totalmente ajenas a nuestra idiosincrasia.
2.
Fiscalía General de la Nación
El Fiscal
General de la Nación, interviene en el presente proceso para solicitar a la
Corte que declare exequible el artículo demandado, con base en los argumentos
que se resumen a continuación.
Precisa
que el uso de la toga no vulnera el derecho a la igualdad puesto que  son los
jueces que dirigen las audiencias orales y publicas de los procesos penales que
cursen bajo la Ley 906 de 2004 en atención precisamente a la introducción de
ese nuevo sistema los que  tendrán que usar toga.
Precisa
que  lo que se busca con la toga es darle decoro a la función judicial, sobre
todo en esta nueva forma de administración de justicia penal, que se hace en
desarrollo de audiencias publicas.
Advierte
en el mismo sentido que mal puede entenderse desconocido el derecho al libre
desarrollo de la personalidad o la dignidad de los jueces  penales  cuando lo
que se busca con la disposición acusada es  dar majestad a la administración de
justicia  en función de la dignidad del cargo que  ellos ostentan y  de la
función que cumplen en el contexto del nuevo sistema penal.
3.  Intervenciones ciudadanas
3.1. El ciudadano Alberto José Vélez Otálvaro, solicita se
declare la inexequibilidad del artículo acusado, dado que éste vulnera  en su
criterio los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad.
Afirma que las personas son libres de decidir cómo vestirse según
su  voluntad, creencias o deseos. Ninguna persona, ni el Legislador, es
competente para imponer una determinada forma de vestirse a algunos de los
sujetos que administran justicia. Además, el uso de la toga no hace parte de la
tradición ni la cultura colombiana, a diferencia del uso de los uniformes
militares, así que implementar esta forma de vestir para los jueces, no
mejorará su tarea de juzgar ni llevará la majestad de la justicia, en cambio sí
implicará un gasto innecesario del Estado para obtener las mismas.
3.2. La ciudadana Fanny Lucía Correa Osorio señala que en
un país como Colombia, donde no existen los recursos económicos necesarios para
garantizar la universalidad y eficacia del derecho a la administración de
justicia, no es posible  disponer de dicho presupuesto para adquirir una vestimenta
especial, que, por demás, es exclusiva de una clase de jueces, dejando de lado
necesidades básicas insatisfechas del sector justicia.
Sostiene que la imposición, discriminatoria, al juez penal
del uso de la toga negra, para solemnizar su actuación le impide al individuo
definir su identidad con base en sus diferencias específicas y valores étnicos
y culturales concretos. Esta idea de imponer vestidos o comportamientos a los
ciudadanos, sin razones de utilidad general, se contrapone a la concepción pluralista
de las relaciones interculturales que establece la Constitución Política de
1991. Señala que para que una medida como ésta esté justificada
constitucionalmente, es necesario que se funde en un principio constitucional
de un valor superior al de la diversidad étnica y cultural. De lo contrario, se
restaría toda eficacia al pluralismo que inspira el texto de la Carta
Fundamental.
3.3. La ciudadana Claudia Elena López Pérez por su parte
afirma que el uso de la toga por los jueces no contribuye a un orden social más
justo, a la paz  y al logro efectivo de la justicia; no mejora el modelo penal
que requiere una serie de inversiones logísticas, materiales y de personal, ni
reduce la impunidad;  esto simplemente da mayor importancia a las formas que a
la búsqueda de la justicia material. Así mismo, considera que Legislador le dio
mayor relevancia a dotar a los jueces de un vestido, en lugar de brindar otros
instrumentos de mayor envergadura con los cuales se permitiría una mayor
operatividad del nuevo sistema penal.
Afirma que con el uso de la toga se está desconociendo el
derecho de algunos jueces de tener su propia imagen,  derecho que no va en
detrimento del respeto y decoro con que éstos deban vestir, aspecto que ya fue
previsto por la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-
cuando señaló que todo servidor de la Rama Judicial, debe cuidar que su
presentación personal para que corresponda al decoro que debe caracterizar el
ejercicio de su elevada misión. En su criterio dicha previsión estatutaria
resulta más acorde con la Constitución pues permite al individuo exteriorizar
su imagen, respetando  la diversidad y el pluralismo de un Estado Social y
Democrático de Derecho.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
La Procuradora Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, doctora Maria Claudia Zea  Ramírez,  designada por el
Procurador General de la Nación mediante la Resolución 059 del 7 de marzo de
2006, para rendir concepto dentro del proceso de la referencia, allegó el
concepto No. 4077 recibido por esta corporación el día 5 de abril de 2006. En
dicho escrito solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de
exequibilidad del artículo 148 de la Ley 906 de 2004, a partir de las
siguientes consideraciones.
La Vista Fiscal afirma que la argumentación
del demandante se concreta  en la supuesta vulneración de los principios de
igualdad y de libre desarrollo de la personalidad   por lo que limita a estos
aspectos el análisis respectivo.
Afirma que por las especificidades propias
del derecho penal  el juez no está en la misma situación fáctica de  los demás
funcionarios de la rama judicial ni mucho menos puede compararse con los  demás
intervinientes en el proceso pues  es él quien como administrador de justicia
lo “regenta, dirige y conduce”, por lo que en manera alguna puede entenderse
vulnerado el derecho a la igualdad.
Recuerda  que la Corte Constitucional en la
Sentencia C-037 de 1996    declaró ajustadas  a la Constitución las
disposiciones que establecen que los funcionarios de la Rama Judicial deben
vestir de modo decoroso (Ley 270 de 1996, articulo 153, numeral 14)[2].
Precisa que  la imposición del uso de la
toga se encuentra justificada toda vez que el Congreso, competente para regular
lo referente a las formalidades de los juicios que se surten en cada una de las
jurisdicciones, encontró que esta medida es acorde y proporcional con el origen
y desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio,  en el cual la audiencia
pública  se estableció como elemento central del procedimiento penal.
Respecto del derecho al libre desarrollo de
la personalidad, la Procuradora Auxiliar realiza,  de acuerdo con la
metodología señalada en la jurisprudencia constitucional, el siguiente juicio
de proporcionalidad para concluir que la disposición acusada no viola este
derecho fundamental.
Al respecto señala:
“(T)eniendo
en cuenta que el derecho al libre desarrollo de la personalidad consiste en la
potestad de todo individuo de elegir su propia opción de vida, potestad que
encuentra su limitación en los derechos de los demás y en el ordenamiento
jurídico existente (Sentencia T-124 de 1998), debe el Despacho analizar si este
derecho resulta vulnerado con la exigencia a los jueces penales que usen toga
durante las audiencias públicas que dirigen. Entonces
habrá que recurrir al juicio de proporcionalidad con el fin de
determinar si la restricción anotada se ajusta a la Carta, atendiéndose a la
evaluación de los tres subprincipios, los de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en estricto sentido.
3.4.1. De
conformidad con el subprincipio de idoneidad, una medida estatal es idónea, si
su adopción conduce  a que se alcance un fin legítimo perseguido por el Estado.
En el presente caso, pueden ser fijadas como finalidades estatales perseguidas
con el uso de la toga, todas aquellas relacionadas con la realización y
cumplimiento de la función de administrar justicia. En este sentido, la toga
cumpliría el objetivo simbólico de dar mayor valor al hecho del juzgamiento,
resaltando la dignidad de la función jurisdiccional y solemnizando sus actos.
Adicionalmente, debe resaltarse que permite el perfeccionamiento y la
adaptación del sistema oral, introducido en el sistema jurídico colombiano
como ya se mencionó, a partir del Acto Legislativo No. 3 de 2002, que implica
una verdadera reformulación de las prácticas procesales en el sistema penal
colombiano, entre las cuales fácilmente podría encuadrarse la actividad de los
sujetos procesales en las diferentes audiencias y las del juez, como ejecutor y
director del proceso en el acto mismo de la audiencia. En este sentido, la
finalidad de la toga resulta adecuada a la Constitución.
3.4.2. El
segundo subprincipio es el de necesidad que implica que la medida adoptada
resulte adecuada para fomentar el fin legítimo, sin que afecte otras posiciones
de derechos fundamentales. En el presente caso la medida adoptada para obtener
los fines relacionados con la administración de justicia y, más precisamente,
con el ejercicio del principio de oralidad dentro del proceso penal, es
justamente la del uso de la toga por parte de los jueces penales.
Lo primero
que hay que precisar es que la medida no afecta posición alguna de derechos
fundamentales predicables en quien resulte “togado”. La órbita de sus
preferencias personales, su intimidad, su imagen, sus creencias, todas ellas
resultarán preservadas, pues el ejercicio de la función de administrar justicia
y la investidura de la toga, que le es accesoria en virtud de la medida
legislativa que se adopta, resultarán conformes al cargo de juez que se ejerce.
En consecuencia, en nada se afecta la integridad del plan de vida del juez por
el uso de la toga, durante las audiencias públicas; por el contrario y de modo
análogo a como históricamente el ejercicio de ciertas funciones y de ciertos
trabajos exigen una determinada  indumentaria, la majestad de juez y de sus
actos, dentro del sistema oral, resultará fortalecida por el respetuoso uso de
la toga, elemento simbólico, históricamente aceptado en las democracias
continentales y americanas de tradición anglosajona.
3.4.3.
Finalmente y en virtud del subprincipio de proporcionalidad, se exige llevar a
cabo una ponderación entre la gravedad de la intervención que implica la
diferencia de trato y el peso de las razones que la justifiquen. En el caso en
estudio resulta fácil concluir que la intervención del legislador respecto de
la presentación personal de los jueces penales, durante las audiencias
públicas, no es de ninguna manera lesiva, no entraña gravedad alguna y, por el
contrario, ofrece innegables ventajas de orden sociológico y operativo en el
ejercicio de la administración de justicia en la rama penal y, más,
concretamente en la conducción de la audiencia.
En sentido
contrario, no se perciben en principio desventajas notorias con la diferencia
de trato que afecten el ejercicio de la función de administrar justicia, ni la
autonomía del juez, ni su independencia, ni mucho menos posiciones relacionadas
con el derecho a la imagen, tal y como equivocadamente lo plantea el
accionante; por el contrario, en opinión del Ministerio Público, ésta resulta
fortalecida.”
A partir de los anteriores presupuestos
concluye que la norma no vulnera ni el principio de igualdad ni el libre
desarrollo de la personalidad  a que alude el actor en su demanda.
VI.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues el artículo
acusado hace parte de una  Ley de la República.
2.      La materia sujeta a examen
Para el demandante el artículo  148 de la
Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
en cuanto señala que  sin excepción, durante el desarrollo de las audiencias
los jueces deberán usar toga, según reglamento,  vulnera i) el principio de
igualdad por cuanto  impone al juez penal  determinada forma de vestir que no
es exigida  a las demás personas que administran justicia, a los demás sujetos
procesales ni a los mismos jueces penales de transición, como tampoco a los
jueces  de otras ramas del derecho que son empero todos jueces de tutela; ii)
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y
la dignidad humana pues  les impone  a los jueces  el uso de la toga sin que
ello resulte justificado para alcanzar los fines de la justicia, y entonces en
su criterio es   innecesario, desproporcionado e irrazonable  que se exija tal atuendo
que limita dichos derechos fundamentales sin ninguna justificación; iii) la
prevalencia del  derecho sustancial  pues al no existir un fundamento para la
exigencia del uso de la toga el deber de usarla “es  solo rito, mera
parafernalia inocua, puro formalismo hueco y aislado  o parcelado en el
ejercicio  de administrar justicia por parte de los jueces, que no puede primar
sobre los derechos sustanciales de decidir como vestirse”;  y iv) el derecho a
la diversidad cultural  pues se le impone a los jueces  una forma de vestir que
riñe con su idiosincrasia y cultura, sin que existan referentes nacionales
históricos para ello.
Los ciudadanos  Fanny Lucia Correa
Osorio,   Claudia Elena  Lopez Pérez   y
Alberto José Vélez Otálvaro coadyuvan la
demanda. Para el efecto al tiempo que exponen similares argumentos a los
planteados por el actor sobre la vulneración del principio de igualdad y el
libre desarrollo de la personalidad y la diversidad cultural,  hacen énfasis en
la irracionalidad que en su criterio represente destinar  los recursos escasos
de la justicia al pago de togas.
El señor Fiscal General de la Nación, así
como el interviniente en representación del Ministerio de Justicia y del
Derecho  solicitan a la Corte declarar la exequibilidad del artículo 148 de la
Ley 906 de 2004  acusado  y para el efecto hacen énfasis en que i)  la
disposición acusada debe examinarse en el contexto de la introducción de un
nuevo sistema de procedimiento penal en el que  la actuación del juez penal en
audiencia  se convierte en uno de sus elementos relevantes;  ii) desde esta
perspectiva no cabe comparar al juez penal encargado de  administrar justicia
bajo el sistema penal acusatorio  regulado en la Ley 906 de 2004  con los demás
jueces de la República y ni siquiera con los mismos jueces penales “de
transición” que desarrollan su actuación en cumplimiento de la ley 600 de 2000.
Menos aún  cabe compararlos con los demás intervinientes en el proceso penal;
iii) no cabe entender vulnerado el derecho a la libertad, la dignidad humana ni
el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad por
exigir  a los jueces penales el uso de toga para el cumplimiento de sus labores
en audiencia pública, situación que se presenta en relación con muchas otras
profesiones que exigen el uso de uniforme en horas laborales y que en el
presente caso se encuenta claramente justificada por las características del
nuevo sistema penal acusatorio iv) ninguna  vulneración del derecho sustancial
cabe entender  configurada con el uso de la toga  v) la diversidad cultural no
se desconoce por el hecho de que para el cumplimiento de la función judicial
en audiencia pública se acuda a una vestimenta específica  que contrario a lo
afirmado por el actor no es  totalmente ajena a nuestra cultura.
La Procuradora Auxiliar para asuntos
constitucionales por su parte solicita a la Corte declarar la exequibilidad del
artículo acusado  frente a los cargos planteados en la demanda -que considera
se limitan en realidad   a la supuesta violación de los derechos a la igualdad
y al libre desarrollo de la personalidad-  Destaca que i) no es posible
comparar la actuación del juez penal en el marco de la Ley 906 de 2004 con la
de los demás jueces de la  República y mucho menos con los demás intervinientes
en el proceso, por lo que ninguna vulneración del derecho de igualdad puede
entenderse configurada en este caso; ii) frente a la supuesta vulneración del
derecho al libre desarrollo de la personalidad  señala que la  restricción a
que alude el actor  en materia de  atuendo del juez penal en audiencia por la
obligación de usar toga  i)es una medida idónea  pues  no solo pretende la
realización de un fin legitimo constitucionalmente, a saber  resaltar  la
dignidad de la función jurisdiccional en el marco de la audiencia pública, sino
que ello resulta adecuado para  contribuir a la readecuación  de las prácticas
procesales  en  función de los presupuestos del sistema penal acusatorio
introducido en el Acto Legislativo 03 de 2002; ii) es una medida
adecuada para fomentar el fin legítimo perseguido sin que con ello  se afecten
los derechos fundamentales de los jueces penales, pues sus preferencias
personales, su imagen, su intimidad, sus creencias  se preservan, sin que el
uso de la toga,  que debe portarse es  en función del cargo que ejercen  y
exclusivamente en la audiencia, pueda considerarse que  afecte el “plan de vida
del Juez” ;  iii) es una medida proporcionada  pues no es de
manera alguna lesiva de los derechos de los jueces  y por el contrario  ofrece
innegables ventajas  de orden sociológico y operativo  en el ejercicio de la
administración de justicia, particularmente en materia de conducción de la
audiencia.
Corresponde a  la Corte en consecuencia
establecer si asiste o no razón al demandante cuando afirma que el artículo
148 de la Ley 906 de 2004  -donde se establece la obligatoriedad  para el juez
penal del uso de la toga  en las audiencias que se desarrollen en el marco de
la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio-  vulnera los derechos de
igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, dignidad
humana, respeto de la diversidad étnica y cultural de la Nación así como el
principio de  primacía de lo sustancial sobre lo formal.
3.  Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario
efectuar algunas precisiones relativas a: i) la amplia potestad de
configuración del legislador en materia de  regulación del ejercicio de las
funciones públicas, así como de las formas procesales, ii)  los antecedentes y
características del sistema penal acusatorio a que alude  la Ley 906 de 2004 y
el contenido y alcance del artículo acusado,  que resultan pertinentes para el
análisis de los cargos planteados en la demanda.
3.1 La amplia
potestad de configuración del legislador en materia de  regulación del
ejercicio de las funciones públicas, así como de  las formas procesales
El artículo 123 de la Carta Política señala que los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento;
así mismo, el artículo 150-23 superior[3] establece que el
legislador expedirá las leyes que regirán el ejercicio de las funciones
públicas y la prestación de los servicios públicos.
De conformidad con las normas citadas, compete al
legislador regular las funciones públicas y dentro de ella la función
pública judicial (art. 228 C.P.)[4] y establecer los
requisitos, exigencias, condiciones o calidades que deben reunir las personas
que  a ella aspiran así como las condiciones de su ejercicio. En este sentido
la Corte ha señalado de manera reiterada[5] que el
Legislador goza de un amplio margen de configuración en la regulación  de
ésta,  como de las demás funciones públicas, que debe respetar, sin embargo,
los límites que en este campo impone la Carta Política, bien por que ella haya
fijado de manera explicita determinados parámetros[6],
bien porque la actuación del Legislador deba subordinarse a los valores,
principios y derechos constitucionalmente reconocidos y en particular los
determinados en los artículos 13, 25, 26 y 40-7 superiores[7].
De otra parte,  la Corte recuerda que el establecimiento de las
reglas procesales tiene igualmente un origen legal. En efecto, el legislador,
autorizado por el artículo 150, numerales 1o. y 2o., de la Constitución
Política, cuenta con una amplia potestad de configuración para instituir las
formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias
jurídicas que surjan entre las personas[8].
Sin embargo, esa discrecionalidad para establecer una vía, forma o
actuación procesal o administrativa no es absoluta; es decir, debe ejercitarse
dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y
jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y
de  los derechos fundamentales de las personas. Igualmente, debe hacer vigente
el principio de la  primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P.,
art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de
realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial[9]
en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se
tornaría arbitraria.
De ahí que la Corte haya señalado que la legitimidad de las normas
procesales está dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad “pues
sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva
aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de
los intereses en conflicto”.[10] Así las cosas, la
violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la
omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para
alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el
evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que
se pretende obtener con su utilización[11].
La Corporación considera pertinente
recordar también que en oportunidades anteriores ha examinado la razón de ser
de la potestad de configuración política del Congreso (arts 1º, 3º, 8º y 150
C.P.), y de los límites de la misma y ha concluido que si bien el legislador no
puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es
norma de normas (art. 4º C.P.), ello no es óbice para que en función del
pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas
opciones dentro del marco de la Carta[12].
Dicha potestad de configuración, así
como la propia naturaleza de ciertos conceptos constitucionales, ha dicho la
Corte, permiten precisar los alcances del control constitucional de las
definiciones legislativas de las categorías constitucionales en el sentido de
que el control de estas definiciones legislativas busca preservar al mismo
tiempo la supremacía de la Carta y la libertad del Legislador.  Por ello, ha
precisado igualmente la Corporación, que el control constitucional en este
campo es ante todo un control de límites, pues no puede la Corte aceptar
definiciones legales que contraríen la estructura constitucional o vulneren principios
y derechos reconocidos por la Carta. Pero tampoco puede la Corte interpretar la
Constitución de manera tal que desconozca el pluralismo político y la
alternancia de diferentes políticas, pues la Carta es un marco de coincidencias
básico, dentro del cual coexisten visiones políticas diversas[13].
3.2.  Los antecedentes y
características del sistema penal acusatorio a que alude  la Ley 906 de 2004 y
el contenido y alcance del artículo acusado
3.2.1 La Corte en las sentencias C-873 de
2003[14]  C-591[15]
y C-592[16] de 2005 hizo
un extenso análisis tanto de los elementos esenciales y las principales
características  del nuevo
sistema de investigación, acusación y juzgamiento en materia penal introducido
mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que reformó los artículos 116, 250 y
251 de la Constitución, como de los parámetros de
interpretación aplicables a las normas dictadas en desarrollo de dicha
reforma,  al cual resulta pertinente remitirse para introducir el análisis  de
los cargos planteados en el presente proceso contra el artículo 148 de la Ley
906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” .
La jurisprudencia de la Corte ha  señalado unas pautas
generales para comprender el nuevo esquema procesal penal y algunas importantes
precisiones que resultan fundamentales para el cabal entendimiento del nuevo
sistema procesal penal.
Al respecto la jurisprudencia ha expresado que en
líneas generales, las finalidades perseguidas con la reforma constitucional
fueron: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la
Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la
prueba; (ii) la configuración de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado;
(iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de
investigar, acusar y juzgar; (iv) descongestionar los despachos judiciales
mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar
a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin
dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la
prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi)
introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de
control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema
acusatorio[17].
En las referidas sentencias  C-873 de 2003
C-591 y C-592 de 2005 la Corte hizo  algunas precisiones sobre: i)  las nuevas funciones de la fiscalía ii)
las fuentes del derecho aplicables; iii) los principios fundamentales que rigen
el proceso iv)  los actores que intervienen en la relación jurídica y en el
proceso penal; (v) los rasgos estructurales del nuevo procedimiento penal; (vi)
los poderes atribuidos a quienes participan en el mismo; y los parámetros para
la interpretación  de las normas del nuevo Código de procedimiento Penal.
De la síntesis efectuada en las referidas
sentencias  es pertinente destacar, para efectos del presente proceso  los
siguientes elementos.
-Respecto de los actores que intervienen en la
relación jurídica y en el proceso penal
Con respecto a los actores que
intervienen en la relación jurídica y en el proceso penal, se resalta que el
nuevo esquema constitucional prevé la intervención (a) del imputado, (b) del
Fiscal, (c) del Juez de conocimiento de la causa, (d) del Ministerio Público a
través de la Procuraduría General de la Nación, (e) del juez de control de
garantías, y (f) de los jurados, encargados ahora de administrar
justicia en forma transitoria en los términos que señale la ley. Así mismo, el
Acto Legislativo faculta al Legislador para fijar los términos precisos en los
cuales (g) las víctimas del delito habrán de intervenir en el proceso
penal[18].
Particular mención ha hecho la
jurisprudencia al caso de la figura del juez de control de garantías[19].
Destaca así que una de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto
Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del
juez de control de garantías, sin perjuicio de la interposición y ejercicio de
las acciones de tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar (i)
un control sobre la aplicación del principio de oportunidad; (ii) un control
posterior sobre las capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación;
(iii) un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento,
incautación e interceptación de llamadas; (iv) un control previo para la
adopción de medidas restrictivas de la libertad y (v) decretar medidas
cautelares sobre bienes; (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida
adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una
autorización expresa en la Constitución. De tal suerte que el juez de control
de garantías examinará si las medidas de intervención en el ejercicio de los
derechos fundamentales, practicada por la Fiscalía General de la Nación, no
sólo se adecúan a la ley, sino si son o no proporcionales, es decir, (i) si la
medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es adecuada para
contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; (ii) si la
medida es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar
el fin; y (iii) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los
sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.
La jurisprudencia se ha referido igualmente al
mantenimiento del Ministerio Público como actor en el nuevo proceso Penal[20]
- Respecto de  los rasgos estructurales del nuevo
procedimiento penal
Los rasgos estructurales del procedimiento penal
han sido objeto de una modificación considerable a través del Acto
Legislativo No. 3 de 2002, en la medida en que:
En cuanto a las etapas del procedimiento, se
mantuvo la distinción entre la fase de investigación –encaminada a determinar
si hay méritos para acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara
preponderancia, bajo el nuevo sistema, a ésta última; ya se vio cómo el
Constituyente derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como una etapa
regida por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la
contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías
fundamentales. La etapa del juicio se constituye, así, en el centro de gravedad
del proceso penal bajo el sistema instituido por el Acto Legislativo, a
diferencia del sistema de 1991, que conservó la importancia de la etapa de
investigación[21]. En efecto, bajo el
sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía
que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte
de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo
tiempo. En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía
constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante
el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación
directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación
de los principios de inmediación judicial  y contradicción de la
prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud
del cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global
durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al jurado
según el caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones
en la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual
publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la
responsabilidad penal del acusado[22].
3.2.2.   Ahora bien, cabe precisar que
el artículo acusado en el presente proceso  se encuentra incluido  en el Capitulo I  -sobre Oralidad en
los procedimientos-  del Titulo VI -sobre La actuación-  del Libro I
-sobre  Disposiciones generales- de  la Ley 906 de 2004 “por la cual
se expide el Código de Procedimiento Penal”
De acuerdo con  dicho artículo sin excepción, durante
el desarrollo de las audiencias los jueces deberán usar la toga, según
reglamento.
Cabe señalar que  en   concordancia con los
principios  de  oralidad[23],   inmediación[24],
concentración[25] y publicidad[26],
incluidos  dentro de los principios rectores y garantías procesales que
orientan el nuevo sistema penal,  la Ley 906 de 2004 estructura la  actuación
procesal a través de  una serie de audiencias. Así se señala la realización de
audiencias preliminares (art 153 y ss)[27],  audiencia
de formulación  de la imputación (art 286 y ss)[28],
audiencia de formulación de la  acusación (art 338 y ss)[29],
audiencia preparatoria (art 355 y ss)[30], audiencia del juicio
oral  (art 366 y ss)[31], audiencia de reparación
integral (art 102 y ss)[32].
Cabe señalar a su vez que  diferentes
disposiciones de la Ley se ocupan de fijar reglas para  dichas audiencias   en
materia de registro de la actuación (art 146)[33], celeridad y
oralidad (art 147)[34], publicidad de las
mismas y  sus excepciones (arts 149 a 152 y 155)[35]
y el uso de la toga por el Juez (art 148).
Ahora bien en cuanto al reglamento  a que
alude el artículo 148  en relación con el uso de la toga en la audiencia ha de
entenderse que el Legislador quiso de esta manera  dejar  a la autoridad
competente el margen suficiente para  atender las particularidades de
aplicación de dicha disposición. No sobra precisar que el Consejo Superior de
la Judicatura expidió al respecto el  Acuerdo 2680 de 2004.
4.      Análisis de los cargos
Para el demandante el artículo
148 de la Ley 906 de 2004 vulnera
i) el principio de igualdad por cuanto impone al juez penal  determinada forma
de vestir que no es exigida  a las demás personas que administran justicia, a
los demás sujetos procesales, ni a los mismos jueces penales de transición,
como tampoco a los jueces  de otras ramas del derecho que son empero todos
jueces de tutela; ii) el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la
libertad de conciencia y la dignidad humana pues  les impone  a los jueces  el
uso de la toga, sin consideración a sus preferencias y  sin que ello resulte
justificado para alcanzar los fines de la justicia, y entonces en su criterio
es   innecesario, desproporcionado e irrazonable  que se exija tal atuendo que
limita dichos derechos fundamentales sin ninguna justificación; iii) la
prevalencia del  derecho sustancial  pues al no existir un fundamento para la
exigencia del uso de la toga el deber de usarla “es solo rito, mera
parafernalia inocua, puro formalismo hueco o y aislado  o parcelado en el
ejercicio de administrar justicia por parte de los jueces, que no puede primar
sobre los derechos sustanciales de decidir como vestirse”;  y iv) el derecho a
la diversidad cultural  pues se le impone a los jueces  una forma de vestir que
riñe con su idiosincrasia y cultura, sin que existan referentes nacionales
históricos para ello.
Procede entonces la Corte al análisis de cada
uno de los elementos  de la acusación enunciados  por el actor en su demanda.
4.1  El  examen
de la acusación por la supuesta vulneración  del principio de igualdad
El actor considera que el artículo
demandado vulnera el derecho a la igualdad al imponer al juez penal el uso de
la toga, excluyendo de esta medida a, i) las demás personas que administran
justicia, según el artículo 116 de la Constitución Política, ii) a los
diferentes sujetos procesales que participan en audiencia, iii) a los mismos
jueces penales de transición, y, iv) a los demás jueces de la República que
tienen distinta especialidad a la penal y que también actúan como jueces de
tutela, con lo que se estaría dando un tratamiento discriminatorio  para
quienes se ven obligados a portar la toga frente a quienes no tienen esa
obligación.
Al respecto ha de reiterarse que sobre el particular
la jurisprudencia  tiene precisado, de manera invariable que  en desarrollo del
principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política,
corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas
situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes
diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles[36].
La Corporación ha establecido en múltiples ocasiones que un tratamiento
legislativo diferente no implica per se una violación del principio de
igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable[37].
La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico-sobre cuyo alcance y
límites se ha pronunciado reiteradamente[38]-,  para
verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato
diferenciado[39].
Se busca
así establecer en cada caso  i.)  si se está frente a supuestos
de hecho diversos o si estos son comparables; ii.) si el fin perseguido por la
norma es un fin objetivo y legítimo a la luz de la Constitución; iii.) si
los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual
otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad
entre ellos; iv.) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de
que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la
norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres
pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser
adecuados para la consecución del fin perseguido; b)  los medios empleados
deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados
deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio
satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales
más importantes[40].
La Corte ha señalado que  el hecho de no  cumplirse
la  primera condición impide que se desarrolle el instrumento metodológico
expresado[41]. Desde esta perspectiva
solamente resulta posible establecer la eventual vulneración del principio de
igualdad cuando las situaciones de hecho que se comparan  atienden a dichos
presupuestos[42].
Ahora bien, en el presente caso la Corte constata  que
ninguna vulneración del principio de igualdad puede configurarse,  dado que ni
siquiera los supuestos a que alude  el actor resultan comparables y desde esta
perspectiva el juicio de igualdad planteado por el demandante no puede
realizarse.
En efecto, como lo ponen de presente los
intervinientes institucionales y la vista fiscal  y como se desprende de los
apartes preliminares de esta sentencia,   es claro que  la obligación de usar
la toga se prevé exclusivamente  para los  jueces encargados de  la aplicación
del nuevo sistema penal acusatorio  y ello en función  de las características
de dicho sistema  que no resulta comparable  con el sistema penal anterior ni
con las características de la actuación en las demás jurisdicciones.
Si bien  en otras jurisdicciones  esta prevista la
realización de  algunas audiencias,  ellas no tienen las características,
particularmente en materia de publicidad, que el Legislador  estableció en este
caso,  ni el procedimiento se estructura  a partir de la realización de las
mismas  audiencias como si sucede en el sistema penal acusatorio.
En efecto, como ya se explicó en el parte
pertinente de esta sentencia, en  armonía con los presupuestos señalados por el
Acto Legislativo 03 de 2002   sobre la exigencia de un “juicio público, oral,
con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las
garantías” (art. 250 C.P.) y en concordancia con los principios  de
oralidad,   inmediación, concentración y publicidad, incluidos  dentro de los
principios rectores y garantías procesales que orientan el nuevo sistema
penal,  la Ley 906 de 2004 estructura la  actuación procesal a través de  una
serie de audiencias -preliminares (art 153 y ss),  de formulación  de la
imputación (art 286 y ss),  de formulación de la  acusación (art 338 y ss),
preparatoria (art 355 y ss),  del juicio oral  (art 366 y ss), de reparación
integral (art 102 y ss)-. Cabe señalar a su vez que  diferentes disposiciones
de la Ley se ocupan de fijar reglas para  dichas audiencias   en materia de
registro de la actuación (art 146), celeridad y oralidad (art 147), publicidad
de las mismas y  sus excepciones (arts 149 a 152 y 155) regulaciones todas que
no encuentran su equivalente en las demás  jurisdicciones.
Las exigencias  operativas de dichas audiencias
ligadas al principio de oralidad y a la presencia  como regla general de
público en las mismas  hacen que el uso de la toga no pueda verse como una
exigencia  aislada, sin justificación ni relación con los requerimientos del
nuevo sistema que permita asimilar ese procedimiento con el de las demás
jurisdicciones. Tampoco puede desconocerse que el Legislador  lo que hizo al
establecer unas nuevas pautas   atendiendo  la voluntad del Constituyente derivado
que introdujo en el Acto Legislativo 03 de 2002 nuevos principios  en materia
procesal penal,  fue  evidenciar una clara diferencia  entre este nuevo sistema
y  el resto de las actuaciones judiciales.
Así las cosas la situación de los  jueces  encargados
de dar aplicación al referido sistema no resulta comparable  -contrario a lo
afirmado  por el actor- con  la de los  jueces penales  de transición que
aplican  bajo presupuestos bien distintos el procedimiento señalado en la Ley
600 de 2000,   ni con los demás Jueces de la República.
El hecho de que todos administren justicia  o que
integren la jurisdicción constitucional   no puede hacer olvidar  que los
jueces penales  en el sistema acusatorio lo hacen en un nuevo marco procesal
querido por el Constituyente  que impide compararlos  con el resto de
servidores que administran justicia.
Ahora bien,  es evidente que menos  aún cabe comparar
la situación del juez   de garantías o de conocimiento- encargados de dirigir
las diferentes  audiencias  a que alude la Ley 906 de 2004  con los demás
intervinientes en ella como sujetos procesales,  pues precisamente es en
atención  a la función  que  aquel cumple  en dichas audiencias y a su
investidura que  el Legislador estableció el uso de la toga.
En ese orden de ideas  es claro para la Corte que el
cargo por el supuesto desconocimiento del principio de igualdad  formulado por
el actor en la demanda a partir de la posible  asimilación de los diferentes
jueces, así como de los  diversos sujetos procesales que intervienen  en las
audiencias  no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
4.2  El  examen de la acusación por la supuesta
vulneración del  derecho al libre desarrollo de la personalidad  y
consecuentemente de  la libertad de conciencia y la dignidad humana
Para el actor el artículo acusado vulnera el derecho
al libre desarrollo de la personalidad,  y consecuentemente la libertad de
conciencia y la dignidad humana pues  les impone  a los jueces  el uso de la
toga sin  atender a sus preferencias y sin que ello resulte justificado para
alcanzar los fines de la justicia, por lo que  en su criterio es innecesario,
desproporcionado e irrazonable  que se exija tal atuendo que limita dichos
derechos fundamentales sin ninguna justificación.
Al respecto la Corte  recuerda que  de acuerdo con el
artículo 16 de la Constitución “Todas las personas tienen derecho al libre
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico”.
Dicho principio que la Corte ha señalado íntimamente
vinculado al principio de dignidad humana[43] “tiene sus
consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas
consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben
ser decididos”. Pues “Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su
condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla
en medio para los fines que por fuera de ella se eligen[44].
La Corte ha explicado que ello es así porque del
reconocimiento de la dignidad del ser humano como fundamento del orden jurídico
se sigue el reconocimiento de éste como un ser libre, esto es, como un ser con
capacidad de autodeterminación y con legitimidad para exigir la protección de
esa capacidad[45]; como un ser susceptible
de trazarse sus propias expectativas, habilitado para tomar sus propias
decisiones[46], legitimado para elegir
sus opciones vitales[47] y capaz de actuar o no
de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones[48]; en fin, como
un ser que se sabe amparado por una cláusula general de libertad[49]
y dispuesto a hacer uso de ella para realizar su existencia[50].
La Corte ha precisado que dicho derecho debe ejercerse
en el contexto social en el que la persona se desenvuelve.  De allí que el
ejercicio responsable de la libertad sea un supuesto de civilidad del Estado
moderno pues cuando se trata del libre desarrollo de la personalidad debe
tenerse en cuenta que es un derecho que también está sujeto a límites[51].
De acuerdo con ello, en el ámbito del libre desarrollo de la personalidad, es
claro que no se trata sólo del ejercicio de las propias facultades sino también
de la necesidad de armonizar ese ejercicio con el reconocimiento y respeto de
los derechos ajenos.  Esto es así porque la protección legítima que el
ordenamiento jurídico suministra a estos derechos constituye el límite de ese
derecho fundamental[52].
En similar sentido cabe recordar  para efectos de la
presente sentencia que la Corte al analizar dicho derecho en concordancia con
el derecho a escoger libremente profesión u oficio  ha señalado que  “La
decisión individual puede tener límites por la trascendencia colectiva o
general que puede conllevar el ejercicio de determinadas labores, en especial
si  se trata de una actividad en la que se desarrollen fines del Estado. Sin
embargo, tales limitaciones, dentro de un marco constitucional, deben ser razonables
y proporcionales[53].
La Corporación ha igualmente precisado que con ese
proceder del Constituyente  -al consagrar una cláusula general de libertad y
los derechos de los demás y el orden jurídico como su límite-, si bien se ha
sometido el ejercicio de la libertad a las exigencias de la vida en sociedad,
también se ha sujetado a los poderes públicos pues éstos sólo podrán limitar el
libre desarrollo de la personalidad cuando se trate de salvaguardar tales
derechos y de hacerlo de acuerdo con las legítimas previsiones del orden
jurídico constituido[54].  De allí que cuando se
trate de examinar la legitimidad constitucional de una regla de derecho que
constituye un límite al libre desarrollo de la personalidad deba tenerse en
cuenta su finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad como parámetros
para establecer si se trata de un límite ajustado a la Carta[55].
Al respecto la Corporación ha señalado lo
siguiente:
“Junto al ámbito absolutamente
intangible del libre desarrollo de la personalidad, varias veces indicado por la
Corte Constitucional, que puede expresarse en la completa autonomía del
individuo para trazarse así mismo y practicar su propio plan de vida -siempre
que no interfiera con los derechos fundamentales de los demás-,  debe
reconocerse que la persona humana como miembro de la comunidad tiene una
condición social que constituye un factor a tener en cuenta por la ley con
miras a armonizar el despliegue simultáneo de las libertades individuales y la
necesaria conjugación de las conductas cuando ello sea necesario para alcanzar
fines sociales merecedores de tutela constitucional. Cabe, pues, distinguir un
ámbito del derecho al libre desarrollo de la personalidad, donde el sujeto
puede plantear ante las autoridades y los demás una pretensión absoluta de no
injerencia, indispensable para que pueda forjarse un plan de vida propio, y un
ámbito de libertad personal que tiene carácter prima facie, en el cual resulta
menester armonizar debidamente las exigencias individuales y las comunitarias.
Tratándose de este ámbito de la libertad, las exigencias sociales sólo podrán
restringir válidamente la libertad si su finalidad se ajusta a la Constitución,
si la medida legal es idónea respecto del fin pretendido, si la restricción es
necesaria por no existir alternativa razonable menos limitativa de la libertad
e igualmente eficaz y, finalmente, si el sacrificio a la autonomía resulta
adecuado y estrictamente proporcional en relación con la finalidad pretendida”[56].
De lo anterior se desprende que para asegurar el
respeto del derecho al  libre desarrollo de la personalidad  se debe armonizar
tanto el ámbito intangible de dicho derecho varias veces indicado por la Corte
para que el individuo pueda forjarse un plan de vida propio[57],
como las exigencias sociales, las que solamente podrán  llevar a restringir
validamente su ejercicio si las medidas que se adopten tienen una finalidad
ajustada a la Constitución y  si ellas resultan proporcionadas, en los términos
a que se ha hecho referencia  en  reiterada jurisprudencia[58].
Ahora bien en el presente caso, la Corte constata que
la obligación impuesta por la norma acusada a los jueces encargados de  aplicar
la ley 906 de 2004 implica  obviamente que éstos  deberán portar la toga y no
otra indumentaria  de su elección durante las audiencias  que les corresponde
realizar en cumplimiento de sus funciones en el marco del sistema penal
acusatorio
Dicha obligación, -que  para el caso de los jueces
penales encargados de aplicar el sistema penal acusatorio  va entonces mas allá
del deber establecido para todos los Jueces y Magistrados  de    “Cuidar de
que su presentación personal corresponda al decoro que debe caracterizar el
ejercicio de su elevada misión” (numeral 14 del artículo  153  de la Ley
270 de 2006)- si bien limita de alguna manera la  posibilidad de optar por una
determinada indumentaria en esas circunstancias  no puede entenderse que
constituya una restricción ilegitima desde el punto de vista constitucional del
libre desarrollo de la personalidad  de los jueces llamados a portar la toga
exclusivamente durante las audiencias en que ellos participan.
En efecto para la Corte  es claro  no solamente que
el cumplimiento de dicha obligación  en manera alguna puede considerarse como
un hecho que altere o  ponga en entredicho el “plan de vida”[59]
o “las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia”[60]
de los jueces llamados a utilizar  en las circunstancias precisas aludidas
dicha indumentaria,  como tampoco que ella constituya una  medida carente de
todo fundamento, idoneidad y necesidad para la realización de los fines de la
justicia y específicamente del nuevo sistema penal  y mucho menos que comporte
una limitación desproporcionada de los  derechos  de los jueces  en esas
circunstancias.
Existe claramente una finalidad legítima para el
establecimiento de la obligación de portar la toga en  la audiencia, cual es la
de facilitar  en el desarrollo de la misma la identificación por todos los
asistentes  del Juez o de los Magistrados encargados de dirigirla o de
presidirla.
A ello debe sumarse la voluntad del Legislador  de
evidenciar  de esta manera en armonía con los mandatos señalados  por el
Constituyente derivado en el Acto legislativo 03 de 2002  una clara diferenciación
entre el sistema anterior y el nuevo sistema regido por  principios procesales
específicos (art 250 C.P.).
Es igualmente claro para la Corte  que   la medida
adoptada por el Legislador  resulta idónea para alcanzar las finalidades
aludidas pues  es indudable que  el uso de la toga tiene un contenido simbólico
que  facilita el desarrollo de la audiencia pública -particularmente para el
juez encargado de su dirección- y que su utilización por dicho servidor
contribuye a marcar una clara diferencia con el régimen procesal anterior en el
que los presupuestos de oralidad[61],   inmediación[62],
concentración[63] y publicidad[64],
o bien no existían o no tenían en todo caso la significación que la  reforma
constitucional introducida por el Acto legislativo 03 de 2002 ha llevado a
otorgarles y que han requerido de esfuerzos pedagógicos particulares  dentro de
los cuales bien puede incluirse la medida que se examina.
Ahora bien la utilización de la toga en función de
dichas finalidades no  puede entenderse que comporte  una  limitación
desproporcionada  de los derechos de la persona, en este caso del juez llamado
a utilizarla.
Téngase en cuenta que la disposición acusada  no
obliga al juez a portar la toga en toda circunstancia
de la vida diaria o siquiera durante todas sus actuaciones como juez,  sino
exclusivamente  durante las audiencias establecidas en la Ley 906 de 2004.
Desde esta perspectiva es claro que la toga  debe
mirarse es como símbolo  de la labor desarrollada por el juez penal en las
audiencias previstas en el sistema penal acusatorio regulado por la Ley 906 de
2004, función  a la que libremente las personas que la cumplen han decidido
acceder,   y no como un instrumento para eliminar o desconocer   las opciones
vitales, los planes de vida, las convicciones personales o aún las
preferencias  estéticas individuales de quien la porta, que se mantienen
incólumes, y en nada se ven afectados con la medida acusada.
Ahora bien, dado que la supuesta vulneración del
derecho al libre desarrollo de la personalidad evidentemente no se presenta,
tampoco cabe entender vulnerados los  demás derechos  que el actor invoca, a
saber la libertad de conciencia y la dignidad humana, cuya supuesta violación
deriva el actor   precisamente del desconocimiento que en su criterio se da en
este caso del derecho al libre desarrollos de la personalidad y que como se ha
visto en manera alguna cabe entender configurado.
Así las cosas, tampoco tiene posibilidad de prosperar
el cargo formulado por el actor en su demanda contra la disposición acusada por
la supuesta vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad y
consecuentemente de la libertad de conciencia y la dignidad humana y  así se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.3 El  examen
de la acusación por la supuesta vulneración del principio de prevalencia del
derecho sustancial
Para el actor con la disposición acusada se desconoce
el principio de  prevalencia del  derecho sustancial (art 228 C.P.)  pues al no
existir un fundamento para la exigencia del uso de la toga el deber de usarla
“es  solo rito, mera parafernalia inocua, puro formalismo hueco  y aislado  o
parcelado en el ejercicio  de administrar justicia por parte de los jueces, que
no puede primar sobre los derechos sustanciales de decidir como vestirse”
Ahora bien, como se ha visto el presupuesto del que
parte el actor para formular su acusación sobre este punto a saber, la
ausencia  absoluta de justificación para el uso de la toga,  no es cierto,
pues es claro que  como se desprende de las consideraciones hechas en esta sentencia
no puede considerarse que el Legislador haya impuesto dicha obligación sin
ningún tipo de fundamento  ni finalidad constitucionalmente legítima.
Como se ha explicado  el uso de la toga encuentra
clara justificación en  las características de las audiencias establecidas en
el sistema penal acusatorio como ejes de la actuación procesal, además de  la
voluntad del Legislador de marcar  una clara diferencia entre el sistema
anterior y el nuevo sistema penal introducido a partir del Acto Legislativo 03
de 2002.
Dado que el actor parte de un presupuesto que no
resulta cierto para formular su acusación ello bastaría para señalar que el
cargo formulado no está llamado a prosperar. Empero resulta  pertinente afirmar
además que en el presente caso  no encuentra la Corte en que pueda verse
vulnerado el principio de primacía del derecho sustancial  con el uso de la
toga por el juez penal dentro del sistema penal acusatorio regulado por la Ley
906 de 2004.
Al respecto la Corte recuerda que si bien Legislador, por mandato
constitucional, tiene una  amplia potestad de configuración legislativa para
evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que
integran cada procedimiento judicial[65], éste no
puede desconocer las garantías fundamentales consagradas en la Constitución, y
debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad  con
el fin de asegurar precisamente  la  primacía del derecho  sustancial (art. 228
C.P.) así como el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de
justicia (art. 229 C.P.)[66]
Ahora bien, ninguna garantía fundamental ligada al
debido proceso puede verse comprometida  por el uso por el Juez  de la toga
exigida en el artículo 148  acusado, por el contrario, dado que, como se ha
explicado,  su utilización  se justifica  en función de facilitar el desarrollo
de las audiencias establecidas como eje del procedimiento penal en la Ley 906
de 2004  puede considerarse que mas bien  con ello se   contribuye al
cumplimiento de los objetivos señalados para las mismas en la Ley  y por ende a
la realización del derecho sustancial que en ellas se examina.
En gracia de discusión, si  pudiera considerarse que
ello no es así y resultara indiferente su utilización para tales efectos, esa
circunstancia tampoco  tornaría la medida en inconstitucional.  En efecto el
uso como el no uso de la toga pueden encontrar  sustento constitucional y en
tanto como se ha visto en este caso no se evidencia vulneración  alguna de los
derechos de los jueces o de los demás sujetos procesales mal puede considerarse
que con la determinación adoptada por el Legislador este haya desbordado el
amplio margen de configuración que tiene  para regular las formas procesales.
En ese orden de ideas, bien cabe señalar  que
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito  podrían llevar a que  en un
proceso determinado, en la audiencia correspondiente no pudiera usarse la
toga.  En tal evento es claro que  dicha circunstancia  no estaría llamada a
afectar la validez de la actuación.
A ello cabe agregar que sobre este punto son más
razones de conveniencia o inconveniencia las que en últimas se exponen por el
actor para sustentar su acusación, lo que claramente  demuestra que el cago
formulado por  el supuesto desconocimiento de la primacía del derecho
sustancial tampoco está llamada a prosperar y así se señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
4.4. El  examen
de la acusación por la supuesta vulneración del principio de diversidad
cultural
Para el actor el artículo 148 de la Ley 906de 2004
vulnera el derecho a la diversidad cultural  pues se le impone a los jueces
una forma de vestir que riñe con su idiosincrasia y cultura, sin que existan
referentes nacionales  históricos para ello.
Al respecto conviene recordar que la Constitución no
sólo reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana
(CP art. 7°) sino que además establece que es deber del Estado proteger las
riquezas culturales de la Nación (CP art. 8°). Y precisa igualmente que la “cultura
en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad” y que por
ello el “Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en
el país” (CP art. 70). Estas disposiciones constitucionales muestran  ha
dicho  la Corte que la Constitución aspira a construir una Nación, en donde
todas las culturas puedan convivir en forma pacífica e igualitaria[67].
Sobre el particular en reiterada
jurisprudencia[68] la Corte ha
puesto de presente  el necesario reconocimiento de las diversas culturas y el
respeto de la diferencia. Así por ejemplo en la sentencia C-1192 de 2005 la
Corte señaló:
“Los artículos 7°, 8°, 70 y 71 de la
Constitución Política disponen que la cultura en sus diversas manifestaciones
es fundamento de la nacionalidad, que el Estado reconoce y protege las riquezas
culturales y la diversidad étnica y cultural de la Nación,  al tiempo que debe
promover por el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, garantizando la libertad en el desarrollo de las expresiones
artísticas.
En términos constitucionales, como lo ha
sostenido esta Corporación[69], la
diversidad cultural de la Nación hace referencia a formas de vida y
concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la
mayoría en aspectos, tales como, la raza, religión, lengua, arte, folclor y
tradiciones artísticas. Los grupos humanos que por sus características
culturales no se ajustan a las creencias, costumbres y parámetros sociales
propios de la mayoría o difieren de los gustos y anhelos de ésta, tienen
derecho constitucional al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en
los principios de dignidad humana (Preámbulo y C.P. art. 1°), pluralismo (C.P
art. 1°) y protección de las minorías (C.P. arts. 1° y 7), así como en los
derechos fundamentales a la identidad personal y al libre desarrollo de la
personalidad (C.P. art. 16).”[70]
Dicho reconocimiento de la diversidad
cultural así como  particularmente de la autonomía -en el marco de la
Constitución[71]- que  en
determinados ámbitos es reconocida a las comunidades indígenas (arts  246  y 330
C.P.) ha llevado a la Corte a señalar que “el Estado está obligado, a un mismo tiempo, a
garantizar los derechos de todas las personas en su calidad de ciudadanas y a
reconocer las diferencias y necesidades particulares que surgen de la
pertenencia de esas personas a grupos culturales específicos. En esa labor de
equilibrio, el Estado debe cuidarse de imponer alguna particular concepción del
mundo pues atentaría contra el principio pluralista y contra la igualdad de
todas las culturas”[72].
Ahora bien,  la Corte  constata que  el
establecimiento por el Legislador de la obligación para los jueces encargados
de dar aplicación al sistema penal acusatorio establecido a partir de los
mandatos del Acto legislativo 03 de 2002 por la Ley 906 de 2004  no compromete
en manera alguna el carácter pluralista de la Constitución, ni la diversidad
étnica y cultural de la Nación contrario a lo afirmado por el actor.
Recuérdese que lo exigido por  el artículo
acusado no es el porte de la toga  por el juez en toda circunstancia de la vida
diaria o siquiera durante todas sus actuaciones como juez,  sino
exclusivamente  durante las audiencias establecidas en la Ley 906 de 2004.
En ese orden de ideas es claro para la
Corte que así como su proyecto de vida no puede entenderse truncado, tampoco su
identidad  cultural  y menos aún étnica puede entenderse comprometida con el
porte de la toga.
No debe olvidarse además que en ejercicio
de sus funciones  todo  juez  de la República está sometido a la Constitución y
a la ley  y que la disposición acusada se refiere es a  las  condiciones de
ejercicio de una  función pública en  desarrollo de la Constitución en general
en el territorio nacional y no tiene ninguna incidencia en la jurisdicción
especial  establecida para el caso de  los pueblos indígenas (art 246 C.P.).
Así mismo que el reconocimiento del
derecho a la igualdad de todas las culturas (art. 70 C.P.)   no puede
significar la negación de la posibilidad  para el Legislador de adoptar en
ejercicio de su potestad de configuración un símbolo concreto  de
identificación del juez  -común  en todo el territorio- para el ejercicio de
la función judicial en un ámbito específico como es el que desarrolla la Ley
906 de 2004 para el establecimiento y desarrollo del sistema penal acusatorio.
En ese orden de ideas ha de concluirse
que tampoco este  aspecto de la acusación está llamado a prosperar y así se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Declarar
EXEQUIBLE, por los cargos analizados,  el artículo 148 de la Ley 906 de
2004 “por la cual se expide el Código  de Procedimiento Penal”.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GÁLVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA
SENTENCIA C-718 DE 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Referencia: expediente D-6055
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 148 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el acostumbrado respeto por las decisiones
mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto a la presente
sentencia, por cuanto considero que el legislador no puede imponer el uso de
una determinada indumentaria al juez como parte de las reglas procesales,
puesto que esto desconoce, a mi juicio, los derechos y libertades
constitucionales invocados por el demandante.
Por lo anterior, manifiesto mi disenso frente a esta
decisión.
Fecha ut supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] ACUERDO No. 2680 DE 2004 (Noviembre 10) “Por
medio del cual se reglamenta el uso de la Toga”. LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA En ejercicio de sus funciones constitucionales
y reglamentarias, en especial de las establecidas en el artículo 148 de la Ley
906 de 2004 y en el artículo 85 numeral 13 de la Ley 270 de 1996,  ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO.- Para las
audiencias penales que se constituyan de conformidad con la Ley 906 del 2004,
adóptase el uso obligatorio de toga por parte de los Jueces y Magistrados de la
República, durante todo el tiempo que dure la audiencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial suministrará a los Jueces y Magistrados
una vez al año, una toga de color negro, y
uniforme para todo el país, teniendo en cuenta la calidad del material para
satisfacer las distintas regiones del país.
PARÁGRAFO. Solamente se proveerá de togas a los jueces que
hagan parte del sistema oral efectivamente implementado, de conformidad con la
Ley 906 del 2004 y la primera dotación se proveerá en el mes de enero del año
2005.
ARTÍCULO TERCERO.- De igual modo, la Dirección
Ejecutiva proveerá a cada Salón de Audiencias de un martillo de estilo como
instrumento para que el Juez llame al orden en la Sala.
ARTICULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a
partir de su publicación en la Gaceta de la Judicatura.
[2] Dicho artículo señala:
ARTICULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según
corresponda, los siguientes: (…)
14. Cuidar de que su presentación personal corresponda al decoro que
debe caracterizar el ejercicio de su elevada misión.
(…)
Al respecto en la referida sentencia sobre este punto se señaló:
“Los deberes que se estipulan en la disposición bajo examen son, en
principio, constitucionales habida cuenta de que propenden por el ejercicio
respetuoso, responsable -tanto profesional como patrimonialmente- y serio de la
administración de justicia (Art. 228 C.P.). Adicionalmente, los compromisos en
mención se convierten en reglas de conducta mínimas que deben ser observadas en
todo momento por los funcionarios judiciales, de forma tal que, por una parte,
las relaciones autoridad-asociados se tornen en amables y deferentes; y, por la
otra, se logre el cumplimiento oportuno de los objetivos y obligaciones que tanto
la Constitución como la ley le imponen a los miembros de la rama judicial.
(…)
Bajo estas condiciones, la norma se declarará exequible, salvo las
expresiones “Su incumplimiento constituye causal de mala conducta” del numeral
7o y “haciendo testar las frases inconvenientes” del numeral 21, así como los
numerales 16 y 17, que serán declarados inexequibles.”
[3] ARTÍCULO
150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones: (…)
23. Expedir las leyes que regirán el
ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.
[4] ARTÍCULOS
228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones
son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
[5] Ver en este sentido, entre otras las sentencias
C-200/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-247/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz,
C-952/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis, C-1212/01 M.P. Jaime Araujo Rentería,  C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[6] Ver  entre otras las Sentencias C-1412 /00 M.P.
Martha  Victoria Sáchica  Méndez  y C-200/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[7]Ver  entre otras las Sentencias  C-952/01
M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-1212/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[8] Ver la Sentencia C-680 de 1998.
[9] Ver la Sentencia T-323/99.
[10] Sentencia C-925 de 1999M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] Ver   la Sentencia C-1512/00 M.P. Álvaro Tafur
Galvis. En similar sentido ver entre otras la  Sentencia C-346/97 M.P. Antonio
Barrera Carbonell  donde se señaló: “La Corte ha señalado igualmente que en
el establecimiento de las formas propias de cada actuación judicial, que
comprende así mismo la regulación de las diferentes acciones, el legislador
debe tomar como punto de referencia la realidad social y extraer de ellas
reglas útiles que hagan expedito y eficaz el derecho de acción. Por lo tanto,
si bien el legislador goza de libertad para establecer las formas procesales,
en el diseño de éstas deben observarse los criterios de razonabilidad,
racionabilidad, proporcionalidad y finalidad. No son válidas
constitucionalmente, en consecuencia, aquéllas formas procesales que se desvían
de dichos criterios y que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio
del derecho de acción.”.
[12] Sentencia C- 081/96. M.P. Alejandro Martínez Caballero,
En el mismo Sentido ver la Sentencia C-404/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Ibídem Sentencia C- 081/96. M.P . Alejandro Martínez Caballero.
[14] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[16] M.P. Alvaro Tafur Galvis
[17] Ver Sentencia C-591/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[18] Ibidem
[19] Ver Sentencia C-1092/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[20] Ver sentencia C-966de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[21]  En este sentido, en la Exposición de Motivos del proyecto de
Acto Legislativo se expresó: “...mientras el centro de gravedad del sistema
inquisitivo es la investigación, el centro de gravedad del sistema acusatorio
es el juicio público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, la falta de
actividad probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por
la Fiscalía, daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario
apropiado para desarrollar el debate probatorio entre la fiscalía y la
acusación. (sic) Esto permitirá que el proceso penal se conciba como la
contienda entre dos sujetos procesales –defensa y acusador- ubicadas en un
mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y
dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomará una decisión.// Mediante
el fortalecimiento del juicio público, eje central en todo sistema acusatorio,
se podrían subsanar varias de las deficiencias que presenta el sistema actual…”
[22] Ver Sentencia C-873/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[23] ARTÍCULO 9o. ORALIDAD. La actuación procesal será
oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que
permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar
registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la
actuación.
[24]
ARTÍCULO 16. INMEDIACIÓN. En el juicio únicamente se estimará como prueba
la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y
sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún
caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las
circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como
prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante
el juez de control de garantías.
[25] ARTÍCULO
17. CONCENTRACIÓN. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el
debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día;
si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el
juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta
de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo
justifiquen. En todo caso el juez velará porque no surjan otras audiencias
concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto.
[26] ARTÍCULO 18. PUBLICIDAD. La
actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los
intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se
exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los
procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y
demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño
psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho
del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la
investigación
[27] ARTÍCULO 153. NOCIÓN. Las actuaciones, peticiones y decisiones
que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de
acusación, preparatoria o del juicio oral, se adelantarán, resolverán o
decidirán en audiencia preliminar, ante el juez de control de garantías.
ARTÍCULO 154.
MODALIDADES. Se tramitará en audiencia preliminar:
1. El acto de poner a
disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos en
registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la
Fiscalía, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes.
2. La práctica de una
prueba anticipada.
3. La que ordena la adopción de
medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos.
4. La que resuelve sobre la
petición de medida de aseguramiento.
5. La que resuelve sobre la
petición de medidas cautelares reales.
6. La formulación de la
imputación.
7. El control de legalidad
sobre la aplicación del principio de oportunidad.
8. Las que resuelvan
asuntos similares a los anteriores.
[28] ARTÍCULO 286. CONCEPTO. La formulación de la imputación es el
acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona
su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de
control de garantías.
[29] ARTÍCULO 338. CITACIÓN. Dentro de los tres (3) días siguientes
al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para
la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el
juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo.
ARTÍCULO 339.
TRÁMITE. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito
de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio
Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia,
impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones
sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el
artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
Resuelto lo anterior
concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación.
El juez deberá presidir
toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del
abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee
hacerlo o sea renuente a su traslado.
También podrán concurrir el
acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su
ausencia afecte la validez.
[30] ARTÍCULO 355. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA. El juez
declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el
acusado, el Ministerio Público y la representación de las víctimas, si la
hubiere.
Para la validez de esta
audiencia será indispensable la presencia del juez, fiscal y defensor.
[31] ARTÍCULO
366. INICIO DEL JUICIO ORAL. El día y hora señalados en la audiencia
preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la
presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio, el juez velará
porque las personas presentes en el mismo guarden silencio, si no tienen la
palabra, y observen decoro y respeto. Igualmente, concederá turnos breves para
las intervenciones de las partes con el fin de que se refieran al orden de la
audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe
el desarrollo de la audiencia.
[32] ARTÍCULO 102. PROCEDENCIA Y EJERCICIO DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN
INTEGRAL. Emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del
acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del
Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente
el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta
criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días
siguientes.
Cuando la pretensión sea
exclusivamente económica, solo podrá ser formulada por la víctima directa, sus
herederos, sucesores o causahabientes.
[33] ARTÍCULO 146. REGISTRO DE LA ACTUACIÓN. Se dispondrá el empleo
de los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo
actuado, de conformidad con las siguientes reglas, y se prohíben las
reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código
expresamente autorice:
1. En las actuaciones de la
Fiscalía General de la Nación o de la Policía Judicial que requieran declaración
juramentada, conservación de la escena de hechos delictivos, registro y
allanamiento, interceptación de comunicaciones o cualquier otro acto
investigativo que pueda ser necesario en los procedimientos formales, será
registrado y reproducido mediante cualquier medio técnico que garantice su
fidelidad, genuinidad u originalidad.
2. En las audiencias ante
el juez que ejerce la función de control de garantías se utilizará el medio
técnico que garantice la fidelidad, genuinidad u originalidad de su registro y
su eventual reproducción escrita para efecto de los recursos. Al finalizar la
diligencia se elaborará un acta en la que conste únicamente la fecha, lugar,
nombre de los intervinientes, la duración de la misma y la decisión adoptada.
3. En las audiencias ante
el juez de conocimiento, además de lo anterior, deberá realizarse una
reproducción de seguridad con el medio técnico más idóneo posible, la cual solo
se incorporará a la actuación para el trámite de los recursos consagrados en
este código.
4. El juicio oral deberá
registrarse íntegramente, por cualquier medio de audio video, o en su defecto
audio, que asegure fidelidad.
El registro del juicio
servirá únicamente para probar lo ocurrido en el juicio oral, para efectos del
recurso de apelación.
Una vez anunciado el
sentido del fallo, el secretario elaborará un acta del juicio donde constará la
individualización del acusado, la tipificación dada a los hechos por la
Fiscalía, la autoridad que profirió la decisión y el sentido del fallo.
Igualmente, el secretario será responsable de la inalterabilidad del registro
oral del juicio.
5. Cuando este código exija
la presencia del imputado ante el juez para efectos de llevar a cabo la
audiencia preparatoria o cualquier audiencia anterior al juicio oral, a discreción
del juez dicha audiencia podrá realizarse a través de comunicación de audio
video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del imputado ante
el juez.
El dispositivo de audio
video deberá permitirle al juez observar y establecer comunicación oral y
simultánea con el imputado y su defensor, o con cualquier testigo. El
dispositivo de comunicación por audio video deberá permitir que el imputado
pueda sostener conversaciones en privado con su defensor.
La señal del dispositivo de
comunicación por audio video se transmitirá en vivo y en directo, y deberá ser
protegida contra cualquier tipo de interceptación.
En las audiencias que deban
ser públicas, se situarán monitores en la sala y en el lugar de
encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez y el imputado puedan
observar en forma clara la audiencia.
Cualquier documento
utilizado durante la audiencia que se realice a través de dispositivo de audio
video, debe poder transmitirse por medios electrónicos. Tendrán valor de firmas
originales aquellas que consten en documentos transmitidos electrónicamente.
PARÁGRAFO. La conservación y archivo de
los registros será responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación durante
la actuación previa a la formulación de la imputación. A partir de ella del
secretario de las audiencias. En todo caso, los intervinientes tendrán derecho
a la expedición de copias de los registros.
[34] ARTÍCULO 147. CELERIDAD Y ORALIDAD. En las audiencias que tengan
lugar con ocasión de la persecución penal, las cuestiones que se debatan serán
resueltas en la misma audiencia. Las personas allí presentes se considerarán
notificadas por el solo proferimiento oral de una decisión o providencia.
[35] ARTÍCULO 149. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. Todas las audiencias que
se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá
denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite
la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía, el acusado, la
defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representación legal.
El juez podrá limitar la
publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, previa audiencia
privada con los intervinientes, de conformidad con los artículos siguientes y
sin limitar el principio de contradicción.
Estas medidas deberán sujetarse
al principio de necesidad y si desaparecieren las causas que dieron origen a
esa restricción, el juez la levantará de oficio o a petición de parte.
No se podrá, en ningún caso,
presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable. Tampoco se podrá,
antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a los
medios de comunicación so pena de la imposición de las sanciones que
corresponda.
ARTÍCULO
150. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE ORDEN
PÚBLICO, SEGURIDAD NACIONAL O MORAL PÚBLICA. Cuando el orden público o la
seguridad nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en
particular, o se comprometa la preservación de la moral pública, el juez,
mediante auto motivado, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas:
1. Limitación total o parcial del
acceso al público o a la prensa.
2. Imposición a los presentes del
deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben.
ARTÍCULO
151. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
O RESPETO A LAS VÍCTIMAS MENORES DE EDAD. En caso de que fuere llamada a
declarar una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcialmente
el acceso al público o a la prensa.
ARTÍCULO
152. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE INTERÉS DE
LA JUSTICIA. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o
amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad
del juez pueda afectarse, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los
presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o
limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa.
(…)
ARTÍCULO
155. PUBLICIDAD. Las audiencias preliminares deben realizarse con la
presencia del imputado o de su defensor. La asistencia del Ministerio Público
no es obligatoria.
Serán de carácter reservado las
audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, registros,
interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de
cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa para la
realización de inspección corporal, obtención de muestras que involucren al
imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de a gresiones
sexuales. Igualmente aquella en la que decrete una medida cautelar.
[36] Ver Sentencia C-100/04 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[37] Ver, entre muchas otras, la sentencia
C-530 de 1993 M.P. Alejandro Martínez  Caballero.
[38]  La metodología de análisis  para establecer una
eventual vulneración al principio de igualdad ha ocupado varias veces a la
Corte Constitucional, entre muchas otras pueden verse las siguientes
sentencias: T-422/92, C-230/94 y C-1141/00  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
C-040/93 M.P. Ciro Angarita Barón; C-410/94, C-507/97 y C-952/00 M.P. Carlos
Gaviria Díaz; C-265/94,C-445/95 y C-093/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673/01
y  C-980/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V Jaime Araujo Rentaría, C-1191/01 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-973/02 y C-043/03 M.P.
Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa; C-475/03 M.P. Jaime
Córdoba Triviño A.V. Jaime Araujo Rentaría.
[39] Al respecto Ver,  entre otras,  las
sentencias  T-230 de 1994, C-022 de 1996,  C-093/01 M.P. Alejandro Martínez
Caballero, C-1108/01 MP Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra,
C-1176/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1191/01
M.P. Rodrigo Uprimny Yépes ,  C-043/03  y C-100/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[40] Sentencia C-1176/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[41]  En múltiples oportunidades esta Corporación ha
explicado que. “la aplicación de los "tests" de razonabilidad y
proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (…)El orden de
estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también
metodológicas: el test del trato desigual  pasa a una etapa subsiguiente sólo
si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior.”Ver Sentencia
C-022/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[42] Ver Sentencia C-1063/00 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[43]
Ver entre otras la Sentencia C-239/97 Carlos Gaviria Díaz donde se señaló:  “La
Constitución respeto a la dignidad de la persona establece que el Estado
colombiano está fundado en el humana; esto significa que, como valor supremo,
la dignidad irradia el conjunto de derechos fundamentales reconocidos, los
cuales encuentran en el libre desarrollo de la personalidad su máxima
expresión. El principio de la dignidad humana atiende necesariamente a la
superación de la persona, respetando en todo momento su autonomía e identidad.”
[44] Sentencia C-221/94. M.P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz. En similar sentido Ver la Sentencia C- 098/03 M.P. Jaime Araujo
Rentería y la síntesis que en ella se hace sobre este tema.
[45] Ver entre otras la Sentencia C-481/98 M. P. Alejandro
Martínez Caballero donde se señaló:  “Al interpretar el artículo 16
constitucional que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
el intérprete debe hacer énfasis en la palabra "libre", más que en la
expresión "desarrollo de la personalidad", pues esta norma no establece
que existen determinados modelos de personalidad que son admisibles y otros que
se encuentran excluidos por el ordenamiento, sino que esa disposición señala
"que corresponde a la propia persona optar por su plan de vida y
desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones,
siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden
constitucional". Por ello esta Corte y la doctrina han entendido que ese
derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución
reconoce a las personas para autodeterminarse, esto es, a darse sus propias
normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten
derechos de terceros”..
[46]
Ver entre otras la Sentencia C-481/98.  M. P. Alejandro Martínez Caballero
donde se señaló:  “El núcleo del libre desarrollo de la personalidad se
refiere entonces a aquellas decisiones que una persona toma durante su
existencia y que son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo
de vida y de una visión de su dignidad como persona. En una sociedad respetuosa
de la autonomía y la dignidad, es la propia persona quien define, sin
interferencias ajenas, el sentido de su propia existencia y el significado que
atribuye a la vida y al universo, pues tales determinaciones constituyen la
base misma de lo que significa ser una persona humana”.  .
[47]
Ver entre otras la Sentencia T-124/98.  M. P. Alejandro Martínez Caballero
donde se señaló: “Vivir en comunidad y experimentar la sensación de ser
iguales y libres constitucionalmente frente a los demás, incluye también la
posibilidad de actuar y sentir de una manera diferente, en lo que concierne a
las aspiraciones y a la autodeterminación personal. La potestad de cada quien
para fijar esas opciones de vida de conformidad con las propias elecciones y
anhelos, sin desconocer con ello los derechos de los demás y el ordenamiento
jurídico existente, es lo que llamamos el derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Este derecho, protegido constitucionalmente y ligado  sin duda
alguna a los factores mas internos de la persona y a su dignidad, se manifiesta
singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede
hacer frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y
colectivamente, en  la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de
los demás miembros de la sociedad”.  En similar sentido ver entre muchas
otras la Sentencia C-660/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[48]
Ver entre otras la Sentencia T-067/98.  M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz  donde
se señaló: “El ámbito que encierra el libre desarrollo de la personalidad,
comprende la libertad general de acción, esto es, "la libertad general de
hacer o no hacer lo que se considere conveniente". La amplitud de su  objeto se explica
por el propósito del Constituyente de reconocer un derecho completo a la
autonomía personal, de suerte que la protección de este bien no se limite a los
derechos especiales de libertad que se recogen en el texto constitucional, sino
que las restantes manifestaciones bajo la forma de derechos subjetivos de
autonomía ingresen en el campo del libre desarrollo de la personalidad. En este
sentido, se ha sostenido con acierto que el mencionado derecho representa la
cláusula de cierre de la libertad individual”.  .
[49]
Ver entre otras la Sentencia SU-642/98.  M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz
donde se señaló: “El derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad protege la capacidad de las personas para definir, en forma
autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia.
En esta medida, ha señalado que, en el artículo 16 de la Carta Política, se
consagra la libertad in nuce, toda vez que cualquier tipo de libertad se reduce
finalmente a ella o, dicho de otro modo, la anotada norma constitucional
constituye una cláusula general de libertad. Así caracterizado, el derecho al
libre desarrollo de la personalidad presupone, en cuanto a su efectividad, que
el titular del mismo tenga la capacidad volitiva y autonomía suficientes para
llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer las opciones vitales
conforme a las cuales dirigirá su senda existencial”.  .
[50] Ver Sentencia C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño
S.V. Rodrigo Escobar Gil Eduardo Montealegre Lynnet. En el mismo sentido ver
entre muchas otras la Sentencia T-473/03 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[51]  Ver entre otras la Sentencia  SU-642/98.  M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz  donde se señaló: “Para la Sala, no existe duda alguna de
que todo colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo ha
manifestado la Corte, constituye emanación directa y principal del principio de
dignidad humana. Sin embargo, el hecho de que el libre desarrollo de la
personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del
individuo, no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados
frente a otros bienes y derechos constitucionales o que existan ámbitos en los
cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros.
Ciertamente, en tanto lo que este derecho protege son las opciones de vida que
los individuos adoptan en uso de sus facultades de juicio y autodeterminación,
es natural que la protección constitucional a las mismas sea más intensa cuanto
más desarrolladas y maduras sean las facultades intelecto-volitivas de las
personas con base en las cuales éstas deciden el sentido de su existencia”.   En
el mismo sentido ver entre muchas otras la sentencia C-449/03 M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[52] Ver Sentencia C-373/02
M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Rodrigo Escobar Gil Eduardo Montealegre Lynnet.
[53]
Sentencia T-457/03 M.P. Marco Geardo Monroy Cabra.
[54] Ver la sentencia
C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Rodrigo Escobar Gil Eduardo
Montealegre Lynnet.
[55] Ver entre otras las
sentencias C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Rodrigo Escobar Gil Eduardo
Montealegre Lynnet  y C-355/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra A.V. Jaime
Araujo Rentería.
[56]
Sentencia  T-067/98.  M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[57] Ver  entre otras las sentencias
T-523/92 y 065/93 M.P. Ciro Angarita Barón, T-067/98 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. Ver igualmente las sentencias C-221/94 MP. Carlos Gaviria Díaz. T-477/95
MP. Alejandro Martínez Caballero; T-090/96 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz;
C-239/97 MP. Carlos Gaviria Díaz; C-309/97 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[58] Ver ,entre otras, las sentencias
C-093/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-142/01 M.P. Eduardo Montealegre
Lynnett, C-648/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra , T-435/02 M.P. Rodrigo
Escobar Gil,  C233/02 y C-421/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[59] Sentencia  T-067/98.  M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[60] Sentencia SU-642-98.  M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[61] ARTÍCULO
9o. ORALIDAD. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán
los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y
fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos
efectos se dejará constancia de la actuación.
[62]
ARTÍCULO 16. INMEDIACIÓN. En el juicio únicamente se estimará como prueba
la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y
sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún
caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las
circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como
prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante
el juez de control de garantías.
[63] ARTÍCULO
17. CONCENTRACIÓN. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el
debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día;
si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el
juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta
de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo
justifiquen. En todo caso el juez velará porque no surjan otras audiencias
concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto.
[64] ARTÍCULO 18. PUBLICIDAD. La actuación procesal será pública. Tendrán
acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la
comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere
que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas,
jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad
nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban
intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se
comprometa seriamente el éxito de la investigación
[65] Ver entre otras las sentencias C-742 de 1999, C-803 de
2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000,  C-927 de 2000, C-1717 de 2000
[66] Sentencia C-1512/00 M.P. Alvaro Tafur Galvis.  Sobre le mismo
tema ver igualmente  entre otras la Sentencias   C-012/02 M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[67] Ver sentencia T-778/05 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[68] Ver entre otras la sentencias T-174/98
M.P. Alejandro Martínez Caballero,  SU-510/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
C-370/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet S.V. Rodrigo Escobar Gil,T-048/02 M.P.
Álvaro Tafur Galvis   C-127/03 M.P. Alfredo Beltran Sierra A.V  Manuel José
Cepeda Espinosa,T-811/04 M.P. Jaime Córdoba Triviño,    T-603/05 M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, T-778/05 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa , C-1192/05
M.P. Rodrigo Escobar Gil S.P.V y AV  Humberto Antonio Sierra Porto.
[69]
Véase, sentencia T-605 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[70] Sentencia C-1192/05 M.P.
Rodrigo Escobar Gil S.P.V. y A.V. Humberto Antonio Sierra Porto  Salvamento del
que cabe resaltar el siguiente aparte “La identidad nacional a la que se
refiere la Constitución de 1991 es una identidad pluralista. No presupone ni
exige coincidencias. No implica homogeneidad. Todo lo contrario, se orienta a
reconocer la riqueza de la diversidad. La Constitución de 1991 ofrece un
espacio para la convivencia de distintos puntos de vista y cosmovisiones, de la
visión femenina así como de la visión masculina y de aquellas perspectivas no
coincidentes ni con la una ni con la otra. El hilo conductor que recorre de
principio a fin la Constitución colombiana procura hacer visibles a quienes
durante mucho tiempo fueron opacados hasta el límite de la invisibilidad: las
mujeres, las minorías étnicas, los discapacitados, los ancianos, los niños y
pretende generar un espacio para desarrollar sus derechos culturales.”
[71] No sobra recordar que
para el caso del análisis de las normas constitucionales relativas a los
pueblos indígenas La Corte Constitucional en Sentencia T-254 de 1994, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló  algunas  reglas de interpretación a ser
aplicadas cuando se presenten diferencias conceptuales y conflictos valorativos
en la aplicación de órdenes jurídicos diversos. Ellas son:
“7.1 A mayor conservación de sus usos y costumbres,
mayor autonomía. La realidad colombiana muestra que las numerosas
comunidades indígenas existentes en el territorio nacional han sufrido una
mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento al orden
colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley 89 de
1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades de
algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco
normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social
dentro de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos
que conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en principio,
respetados -, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse
en mayor grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden
constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los
extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación
de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones.
7.2 Los derechos fundamentales constitucionales
constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares.
Pese a que la sujeción a la Constitución y a la ley es un deber de todos los
nacionales en general (CP arts. 4, 6 y 95), dentro de los que se incluyen los
indígenas, no sobra subrayar que el sistema axiológico contenido en la Carta de
derechos y deberes, particularmente los derechos fundamentales, constituyen un
límite material al principio de diversidad étnica y cultural y a los códigos de
valores propios de las diversas comunidades indígenas que habitan el territorio
nacional, las que, dicho sea de paso, estuvieron representadas en la Asamblea
Nacional Constituyente.
7.3 Las normas legales imperativas (de orden
público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades
indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional
superior al principio de diversidad étnica y cultural. La interpretación de
la ley como límite al reconocimiento de los usos y costumbres no puede llegar
hasta el extremo de hacer nugatorio el contenido de éstas por la simple
existencia de la norma legal. El carácter normativo de la Constitución impone
la necesidad de sopesar la importancia relativa de los valores protegidos por
la norma constitucional - diversidad, pluralismo - y aquellos tutelados por las
normas legales imperativas. Hay un ámbito intangible del pluralismo y de la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede ser objeto
de disposición por parte de la ley, pues se pondría en peligro su preservación
y se socavaría su riqueza, la que justamente reside en el mantenimiento de la
diferencia cultural. La jurisdicción especial (CP art. 246) y las funciones de
autogobierno encomendadas a los consejos indígenas (CP art. 330) deben
ejercerse, en consecuencia, según sus usos y costumbres, pero respetando las
leyes imperativas sobre la materia que protejan valores constitucionales
superiores.
7.4 Los usos y costumbres de una comunidad indígena
priman sobre las normas legales dispositivas. Esta regla es consecuente con
los principios de pluralismo y de diversidad, y no significa la aceptación de
la costumbre contra legem por tratarse de normas dispositivas. La naturaleza de
las leyes civiles, por ejemplo, otorga un amplio margen a la autonomía de la
voluntad privada, lo que, mutatis mutandis, fundamenta la prevalencia de los
usos y costumbres en la materia sobre normas que sólo deben tener aplicación en
ausencia de una autorregulación por parte de las comunidades indígenas.”
La Corte ha señalado que  las anteriores reglas serán
las aplicables en casos en que sea necesario establecer la aplicabilidad de los
usos y costumbres de una comunidad indígena, la real autonomía de la que gozan
para autogobernarse y la vulneración de los derechos fundamentales de sus
asociados. En similar sentido Ver entre otras las sentencias T-603/05
M.P. Clara  Inés Vargas Hernández y la Sentencia C-127/03 M.P. Alfredo Beltran
Sierra, particularmente la Aclaración de Voto del Magistrado Manuel José Cepeda
Espinosa.
[72] Sentencia SU-510 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En
similar sentido ver entre otras la sentencia T-603/05 M.P. Clara  Inés Vargas
Hernández.