T-737-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-737/10
(Septiembre 13; Bogotá DC)
PRINCIPIOS
DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos de
procedibilidad
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACIÓN DESPLAZADA
INTERPRETACION
FAVORABLE DE LAS NORMAS APLICABLES A LA POBLACION DESPLAZADA-Reiteración de
jurisprudencia
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA
Referencia: Expedientes T-2.570.380, T-2.601.630,
T-2.635.356 y T-2.658.617
Accionante: Victoria Eugenia Arenas Guirales; Luis
Arturo Franco Saavedra; Jesús Emigdio Pantoja Revelo; y Eyicela Polanía Vargas
(respectivamente).
Accionado: Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- y
otros.
Fallo objeto de revisión: Sentencia del 13 de enero de
2010 proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil; Sentencia
del 9 de febrero de 2010 proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva – Sala Cuarta de Decisión Penal; Sentencia del 12 de febrero
de 2010 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto; Sentencia
del 12 de abril de 2010 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila – Sala Cuarta de Decisión (respectivamente).
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y pretensión
1.1 Elementos de la demanda
1.1.1 Derechos fundamentales
cuya protección se invoca:
1.1.1.1 Expediente T-2.570.380:
La ciudadana Victoria Eugenia Arenas Guirales, identificada con la cédula de
ciudadanía 42.751.949 de Itagüí, argumentó que el Fondo Nacional de Vivienda
–FONVIVIENDA- y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
vulneraron su derecho a la vivienda digna, en conexidad con los derechos al
mínimo vital, a la vida digna, la igualdad y los derechos de los niños.
1.1.1.2 Expediente T-2.601.630: El
ciudadano Luis Arturo Franco Saavedra, identificado con la cédula de ciudadanía
91.230.626 de Bucaramanga, argumentó que el Fondo Nacional de Vivienda
–FONVIVIENDA- y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
vulneraron sus derechos a la vivienda digna, a la vida digna, la igualdad y los
derechos de los niños.
1.1.1.3 Expediente T-2.635.356: El
ciudadano Jesús Emigdio Pantoja Revelo, identificado con la cédula de
ciudadanía 1.901.804 de Túquerres, argumentó que el Fondo Nacional de Vivienda
–FONVIVIENDA- vulneró sus derechos a la vivienda digna, a la vida digna, la
igualdad y al debido proceso.
1.1.1.4 Expediente T-2.658.617: La
ciudadana Eyicela Polanía Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía
36.300.802 de Neiva, argumentó que el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-
y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial vulneraron su
derecho a la vivienda digna, a la vida digna, la igualdad y los derechos de los
niños.
1.1.2 Conductas que
causan la vulneración:
1.1.2.1 Expediente T-2.570.380
La
ciudadana Victoria Eugenia Arenas Guirales considera que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos por cuanto en la resolución 602 del 16 de
diciembre de 2008 de FONVIVIENDA se le negó el subsidio de vivienda por “doble
postulación en una misma asignación”[1]
y porque “el hogar tiene una o mas (sic) propiedades en un sitio
diferente al de expulsión”[2].
Al respecto destaca que no es cierto que tenga otra propiedad en el
departamento de Antioquia[3]
como se afirma en la resolución antes mencionada, que acudió en dos ocasiones
al proceso a través de cajas de compensación diferentes por desconocimiento de
las consecuencias que la doble postulación le generaría, y que no se tuvo en
cuenta su condición de extrema vulnerabilidad por ser madre cabeza de familia[4], estar en
situación de desplazamiento[5],
por padecer de cáncer[6]
y por tener a su cargo tres hijos menores, uno de los cuales padece “retraso
mental grave”[7].
1.1.2.2. Expediente T-2.601.630
El
ciudadano Luis Arturo Franco Saavedra considera que las entidades accionadas vulneraron
sus derechos, por cuanto en la resolución 506 del 23 de Julio de 2009, en la
que se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por él y otros
participantes del proceso no beneficiados con los subsidios incluidos en la
resolución 602 del 16 de diciembre de 2008, se le negó el subsidio de vivienda.
En la resolución mencionada, FONVIVIENDA negó el subsidio al señor Franco
argumentando que uno de los miembros de su grupo familiar, Johana Andrea Franco
Jiménez -su hija-, aparece en las bases de datos del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (en adelante IGAC) como propietaria de un predio en el
municipio de Granada, Meta. Para el accionante, esta información no es verídica
puesto que afirma que su hija no tiene ni ha tenido inmuebles en dicho municipio,
lo que fundamentó mediante certificación expedida por el Registrador de
Instrumentos Públicos de San Martín - Meta, en donde consta que Johana Andrea
Franco Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía 40’670,533 de Florencia,
Caquetá, “no aparece inscrito (sic) como propietario (sic) de
bien alguno”[8].
El
accionante manifestó igualmente que él y su familia hacen parte de la población
desplazada y que al momento de presentar la acción de tutela se encontraban aún
sin una solución a su problema de habitación y “viviendo de manera
infrahumana”[9].
1.1.1.3 Expediente T-2.635.356
El
ciudadano Jesús Emigdio Pantoja Revelo considera que FONVIVIENDA vulneró sus
derechos fundamentales por cuanto en la resolución 602 del 16 de diciembre de
2008 la entidad le negó el subsidio argumentando que uno de los miembros de su
grupo familiar, María Bertha Goyez Cuasapud -su esposa-, aparece en las bases
de datos como propietaria de un predio en lugar diferente al de expulsión. Para
el accionante, esta información si bien es cierta, no puede ser el sustento de
la denegación del subsidio, pues tal predio está ubicado, de acuerdo al esquema
de ordenamiento territorial del Municipio de Potosí - Nariño, en zona de alto
riesgo por lo cual no es apto para la construcción de vivienda. El accionante
expuso la situación a la entidad mediante recurso de reposición contra la
resolución 602 del 16 de diciembre de 2008, pero la entidad persistió en su
negativa en la resolución 424 del 3 de julio de 2009, en la que en su opinión
se desconoció su derecho al debido proceso “considerando que las pruebas
aportadas no fueron tenidas en cuenta para revocar la resolución 602”[10].
El
accionante manifestó que él y su familia residen “en el municipio de Consacá
en una casa en arriendo ubicada en la vereda SAN RAFAEL con las dificultades
que ello amerita ya que dependo de la buena voluntad del propietario que me
cobra de acuerdo al contexto, sin embargo me es imposible sostener a mi familia
en la situación en la que me encuentro, por supuesto por mi condición de víctima
de desplazamiento forzado, me ha impedido enormemente la posibilidad de brindar
a mi hogar una vivienda digna propia […]”[11],
que fueron desplazados del municipio de San Miguel – Putumayo en el año 2000 y
que su grupo familiar está compuesto por él, su esposa y dos hijos menores de
edad.
1.1.1.4 Expediente T-2.658.617
La
ciudadana Eyicela Polanía Vargas considera que las entidades accionadas
vulneraron sus derechos por cuanto se le negó la posibilidad de acceder al
subsidio de vivienda ofrecido por FONVIVIENDA con el argumento de que
presentaba “cruce con Registraduría donde informan que la cédula de mi hijo
YEFERSON LEANDRO MONTENEGRO POLANIA no existe en el archivo magnético”[12]. Al respecto
aportó copia del recurso de reposición contra la resolución 904 de 2009 de
FONVIVIENDA, en donde se destaca que cuando presentó la postulación para
acceder al subsidio de vivienda su “hijo era menor de edad, pero hoy en día
cuenta la mayoría de edad (sic) y como documento de identidad solo (sic)
porta la contraseña”[13].
La
accionante manifestó igualmente que es madre jefe de hogar[14], que ella y su núcleo
familiar hacen parte de la población desplazada[15], que tres de los
miembros del mismo son menores de edad y que al momento de presentar la acción
de tutela se encontraban aún sin una solución a su problema de habitación.
1.1.3. Pretensión.
1.1.3.1
Expediente T-2.570.380.
La
ciudadana Victoria Eugenia Arenas Guirales solicitó que se tutelaran los
derechos por ella invocados y se ordenara a FONVIVIENDA y al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial asignarle “un subsidio de
vivienda que me permita acceder de manera efectiva a una vivienda en
condiciones dignas y adecuadas”[16].
1.1.3.2 Expediente T- 2. 601.630
El
ciudadano Luis Arturo Franco Saavedra solicitó que se tutelaran los derechos
por él invocados, ordenando a FONVIVIENDA y al Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial que realizaran las gestiones pertinentes para
solucionar “el error cometido por dichas entidades verificando mi registro
en la Acción Social y me sea asignado el subsidio de vivienda nueva o usada”[17].
1.1.3.3 Expediente T-2.635.356
El
ciudadano Jesús Emigdio Pantoja Revelo solicitó que se tutelaran los derechos
por él invocados, ordenándose dejar sin efecto las resoluciones “602 del 16
de Diciembre de 2008 y 725 del 18 de Septiembre de 2009”[18]
mediante las cuales se excluyó a su núcleo familiar del proceso de adjudicación
de subsidios de vivienda. Igualmente, que se ordenara su inclusión en el
listado de beneficiarios del subsidio de vivienda en la modalidad de “compra de
vivienda usada en sitio diferente al de expulsión”.
1.1.3.4 Expediente T-2.658.617
La
ciudadana Eyicela Polanía Vargas solicitó que se tutelaran los derechos por
ella invocados, ordenando a FONVIVIENDA y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial que realizaran las gestiones pertinentes para que le
fuera asignado el subsidio de vivienda nueva o usada.
1.2
Fundamento de la pretensión.
1.2.1
Expediente T-2.570.380[19].
La accionante, Victoria Eugenia Arenas Guirales, rebatió los argumentos
expuestos por FONVIVIENDA para negarle el acceso al subsidio de vivienda. En
primer lugar, destacó que ella no es propietaria de un inmueble en el municipio
de Itagüí según reporta el sistema del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, aportando como prueba de su dicho una certificación de
no poseer bienes inmuebles, expedido por el Director de Sistemas y Catastro del
Departamento de Antioquia, en donde consta que: “NO FIGURA INSCRITO EN ESTA
OFICINA COMO PROPIETARIO DE BIENES INMUEBLES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA A EXCEPCIÓN DE MEDELLIN”[20].
Frente a esto manifestó que por la supuesta propiedad del inmueble en el
municipio de Itagüí se le negó el subsidio mediante la resolución 602 del 16 de
diciembre de 2008, especificando que “en relación a esta última causal de
rechazo presenté recurso de reposición ante CONFAMILIAR  (sic) a fin de
desvirtuar dicha motivación ya que ‘no soy propietaria de bienes inmuebles
en los municipios del departamento de Antioquia’ ”[21].
Del mismo modo manifestó que la doble postulación utilizada por la
entidad como argumento para negarle el subsidio, desconoce la grave situación
que afronta con su familia como desplazada, madre cabeza de familia, paciente
en tratamiento de cáncer que considera terminal[22] y madre de un menor
discapacitado[23].
Destacó que efectivamente acudió a dos cajas de compensación familiar para
hacerse parte en el proceso de asignación de los subsidio, pero que lo hizo “debido
a la desesperación en la que me encontraba por el diagnóstico de enfermedad
terminal que tengo y así ver que pronto me voy a morir y mis hijos quedarían
desamparados ya que no cuentan con nadie que los acoja, asimismo la doble
postulación la hice ignorando que traería este tipo de consecuencias que me
inhabilitan para acceder a un subsidio de vivienda hasta tanto no se abran
nuevas convocatorias, lo cual puede suceder en muchísimo tiempo y muy
probablemente no estaré con vida para postularme”[24].
Frente a la situación antes expuesta, aportó declaración juramentada
realizada ante la Notaría Sexta de Barranquilla en la que manifestó que: “Soy
madre cabeza de hogar mis hijos DEISY KATHERINE ARENAS RESTREPO, JONATHAN ALEXIS
RESTREPO Y CARLOS ANDRES, y mi señora madre LUCILA GUIRALES DE ARENAS, dependen
económicamente de mi ya que no reciben pensión ni renta de entidad alguna y
vivimos bajo el mismo techo […] que soy trabajadora independiente
dedicándome a la labor de venta de queso, hago rifas de dichas labores recibo
unos ingresos aproximados de $80.000 […]”[25].
Igualmente allegó constancia expedida por el Coordinador de Atención a
Población Desplazada de la Unidad Territorial Atlántico, en donde consta que la
accionante y su grupo familiar, que incluye a sus tres hijos menores, está
inscrita en el Registro Único de Población Desplazada desde el 30 de septiembre
de 2002[26].
Del mismo modo, para comprobar su acuciante situación de salud incluyó con su
escrito de tutela certificación expedida por el Dr. Carlos Rodríguez, médico
oncólogo frente al diagnóstico de cáncer de seno, en donde se especificó que la
paciente “con su estado actual no le permite trabajar”[27]. Igualmente aportó una
epicrisis en donde constan los antecedentes por cáncer de cuello uterino en
2003 y mastectomía por cáncer de seno en el año 2007, además de un diagnóstico
de “carcinoma in situ del cuello del útero […]”[28].
1.2.2
Expediente T- 2. 601.630[29].
El
accionante, Luis Arturo Franco Saavedra, destacó que la razón por la cual
FONVIVIENDA le negó el acceso al subsidio familiar de vivienda en la bolsa
especial de población desplazada, para la convocatoria realizada en el 2007, no
se ajusta a la realidad de la situación de su familia, pues no es cierto que
alguno de sus miembros sea propietario de bien alguno, en concreto en la
comprensión territorial del municipio de Granada – Meta. Así, aportó
certificación del Registrador de Instrumentos Públicos competente, el de San
Martín - Meta, en donde consta que Johana Andrea Franco Jiménez, identificada
con cédula de ciudadanía 40’670,533 de Florencia, Caquetá, “no aparece
inscrito (sic) como propietario (sic) de bien alguno”[30].
De
mismo modo destacó que esta circunstancia la puso de presente en el trámite del
recurso de reposición que inició frente a la resolución 602 del 16 de diciembre
de 2008 de FONVIVIENDA, pero que la entidad persistió en su decisión de negar
el subsidio.
Agregó
igualmente que él y su familia están incluidos en el RUPD desde el 12 de abril
de 2007[31]
y destacó que con la decisión de la entidad se desconocen sus derechos como
desplazado, ampliamente reconocidos por la jurisprudencia de esta Corte, en
especial en la sentencia T-025 de 2004.
1.2.3 Expediente T-2.635.356
El accionante, Jesús Emigdio
Pantoja Revelo, consideró que FONVIVIENDA vulneró sus derechos fundamentales
por cuanto no tuvo en cuenta en el proceso de adjudicación de los subsidios de vivienda
para la población desplazada el hecho de que, si bien su esposa era propietaria
de un inmueble en el municipio de Potosí – Nariño, el mismo no era apto para la
construcción de vivienda por encontrarse en zona de alto riesgo. Al respecto
agregó que “al momento de analizar mi situación solo se hizo un análisis
objetivista sin consideración a las características del inmueble de mi
propiedad”[32]
y por cuanto en su opinión el análisis de las solicitudes debe encaminarse a “determinar
si una persona propietaria de un lote de terreno cuyas características físicas
demostradas, lograría efectivamente brindarse el (sic) y su familia un
lugar digno donde recuperar la estabilidad socioeconómica perturbada por los
actores violentos dentro del conflicto armado”[33] situación que no se
puede concretar en el caso de su familia porque jamás podrían habitarlo, pues
como se dijo, el lote del que son propietarios se encuentra calificado por la
Secretaría de Planeación e Inversión Social del municipio de Potosí – Nariño, “en
zona de alto riesgo según el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Potosí, por lo cual no es apto para la construcción de vivienda”[34].
Igualmente
argumentó que la interpretación que se hizo por parte de FONVIVIENDA de las
disposiciones contenidas en el Decreto 975 de 2004 fue errada, pues en su
artículo 28, literal d., se dice que habrá imposibilidad para postular al
subsidio “En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, cuando
alguno de los miembros del hogar sea propietario o poseedor de una vivienda
a la fecha de postular” (subrayas del tutelante), disposición que no cobija
la situación del grupo familiar del accionante, pues este es apenas propietario
de un lote de terreno en el que está claro que no se puede emprender
construcción de vivienda. “En fin, el literal d) del decreto 974 (sic) aludido
no es aplicable por cuanto no se trata de una vivienda ya que el ejercicio del
derecho real de propiedad lo ejerce mi esposa sobre un lote de terreno que no
es garantía ni efectividad de mi derecho a la vivienda en condiciones de
dignidad”[35].
1.2.4 Expediente T-2.658.617
La
accionante Eyicela Polanía Vargas se declaró abiertamente inconforme con la
razón por la cual FONVIVIENDA le negó el acceso al subsidio familiar de
vivienda en la bolsa especial de población desplazada, pues lo único que
aconteció en el trámite que inició el 2007 fue que su hijo pasó a ser mayor de
edad, lo que generó una inconsistencia en la información reportada por la
Registraduría al proceso referente a su hijo Yeferson Leandro Montenegro, ya
que informa que “[l]a cédula no existe en archivo magnético”[36]. A pesar de
lo anterior, la accionante aportó copia de la contraseña del joven nacido el 18
de febrero de 1989[37],
lo que indicaría que su cédula definitiva se encuentra en trámite.
De
mismo modo destacó que esta circunstancia la puso de presente en el trámite del
recurso de reposición que inició frente a la resolución 904 de 2009 de
FONVIVIENDA[38],
a pesar del cual la entidad persistió en su decisión de negar el subsidio[39].
2. Respuesta de las entidades accionadas.
2.1 Expediente T-2.570.380.
2.1.1 FONVIVIENDA.
En
primera instancia destacó que la accionante no atacó la resolución 602 de 2008,
cobijada por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos, a
través de los mecanismos propios de la vía gubernativa. Igualmente señaló que
la accionante ha dejado transcurrir demasiado tiempo entre el momento en que se
profirió el mencionado acto administrativo y el inicio de la acción de tutela,
con lo cual adopta una conducta contraria a los fines constitucionales de la
acción de tutela, pretendiendo “subsanar su propia incuria por la vía
excepcional de la acción de tutela”[40].
FONVIVIENDA
citó lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto 2190 de 2009[41] y resaltó que el grupo
familiar de la accionante aparece en el módulo de consultas del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial con dos situaciones de cruce:
“(i) De acuerdo con la información reportada por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cabeza de la señora Victoria Eugenia
Arenas Guirales – accionante-, existe registrada una propiedad en el municipio
de Itagüí – Departamento de Antioquia, identificado con el número de matrícula
inmobiliaria 001-0697007, siendo incompatible esa situación con la modalidad en
la cual se postuló, es decir con la modalidad de Adquisición de vivienda nueva
o usada y dentro del programa de reubicación.
Además de lo anterior, el hogar presenta otra
situación de cruce y/o rechazo consistente en ‘postulación rechazada para
población vulnerable (doble postulación en una misma asignación)’ […]”
Destacó
que por la presencia de las anteriores circunstancias, no es procedente
conceder el subsidio pues se contrapone con lo dispuesto en los Arts. 6 y 7 de la
Ley 3 de 1991[42],
que centran el propósito de los subsidios a darle la oportunidad a personas que
no puedan costear su propia vivienda. Igualmente señala que el literal d. del
Art. 28 del entonces vigente Decreto 975 de 2004 (disposición reproducida en el
literal d. del Art. 34 del Decreto 2190 de 2009) impone que no podrán
presentarse postulaciones “cuando alguno de los miembros del hogar sea
propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular”[43].
De
lo anterior resaltó que dado que FONVIVIENDA no es la entidad encargada de
administrar las bases de datos, no es la responsable de la situación de la
accionante, quien en su concepto “debe utilizar los instrumentos legales
para adelantar las correcciones a que haya lugar frente a su situación, a fin
de satisfacer sus necesidades habitacionales”[44].
Frente
a la doble postulación destacó que esta es penalizada de acuerdo con la
normativa contenida en los decretos 975 de 2004[45] (vigente en el momento
que la accionante realizó su postulación) y 2190 de 2009[46], con –al menos- la
eliminación inmediata de las solicitudes.
Finalmente,
y de acuerdo con su argumentación, solicitó que la tutela no prosperara –bien
por negarla o declararla improcedente-, pues considera la entidad que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental y por el contrario ha actuado de acuerdo
con la Constitución y la Ley.
2.1.2 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
El
Ministerio se opuso a las pretensiones del accionante por considerar que dicha
entidad no participó en los hechos que motivaron la interposición de la acción
de tutela de la referencia, “pues se refiere a trámites adelantados ante el
Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA-, como entidad otorgante del subsidio”[47]. Desde esta
perspectiva, considera que falta el requisito de legitimación en la causa por
pasiva, y que por ende la accionante incumplió uno de los requisitos mínimos de
la acción de tutela, como es que la misma se dirija en contra de las
autoridades que causen la vulneración alegada contra los derechos
fundamentales.
Manifestó
que la situación del accionante en las bases de datos del Módulo de Consultas
del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial reporta que:
“El hogar de la señora VICTORIA EUGENIA ARENAS
GUIRALES, presentó postulación para acceder al subsidio familiar de vivienda en
la bolsa especial de población desplazada ente la Caja de Compensación Familiar
CAJACOPI Barranquilla y COMFAMILIAR Atlántico, en la modalidad de adquisición
de vivienda nueva o usada en el programa de REUBICACIÓN, y la postulación
fue rechazada durante el proceso de verificación de la información, cruces y
validación adelantado por la entidad otorgante mediante resolución No. 602 del
19 de diciembre de 2008, en razón a las siguientes causales:
La señora VICTORIA EUGENIA ARENAS GUIRALES, presenta
cruce como propietaria de un bien inmueble ubicado en el municipio de ITAGUI (sic)
Antioquia, distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 001-0697007,
según reporte de CATASTRO Antioquia (sitio diferente al de expulsión reportado
en el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social, situación que le
imposibilita acceder al subsidio en la modalidad de reubicación.
La señora VICTORIA EUGENIA ARENAS GUIRALES, presentó
doble postulación para acceder al subsidio de vivienda, ante las Cajas de
Compensación Familiar COMFAMILIAR Atlántico y CAJACOPI Barranquilla, con
distintos grupos familiares, situación que conllevó al rechazo de plano de las
postulaciones”[48].
Esta
situación hace necesario recordar lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto 2190
de 2009 (por el cual se derogó el Decreto 975 de 2004), que establece como
fuentes de información para la evaluación del cumplimiento de los requisitos
necesarios para acceder al subsidio los datos remitidos por las oficinas de
catastro de las ciudades de Bogotá, Medellín Cali y el departamento de
Antioquia. Al respecto recordó que el mismo artículo prevé que “las
entidades otorgantes tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la
consistencia y/o veracidad de la información suministrada por el postulante. Si
antes de la asignación o de la entrega del subsidio se comprueba que existió
falsedad o imprecisión en los datos suministrados en el formulario de solicitud
del subsidio y/o en los documentos que lo acompañan, o en las condiciones o
requisitos de la postulación, preselección y/o asignación, se eliminarán las
postulaciones presentadas y las preselecciones y/o asignaciones efectuadas”[49].
Igualmente
anotó que en el presente caso el Ministerio no vulneró derecho fundamental
alguno a la accionante, en especial porque no es el encargado de otorgar el
subsidio además de recordar el carácter de prestacional del derecho a la
vivienda, de modo que “este derecho de contenido social no le otorga a la
persona un derecho subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del
Estado su plena satisfacción, pues se requiere del cumplimiento de
condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible”[50].
Por
las anteriores consideraciones solicitó denegar las pretensiones frente al
Ministerio.
2.1.3 Alcaldía de Barranquilla.
La
Alcaldía de Barranquilla destacó que la acción de tutela se dirigió
inicialmente contra el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
y FONVIVIENDA, aunque el Juzgado de primera instancia determinó la necesidad de
vincularla.
Destacó
que a la Alcaldía de Barranquilla se le dio traslado de parte del Grupo de
Poblaciones Prioritarias del Ministerio de Protección Social, “con el fin
de que sea incluida junto con su grupo familiar, en los programas a que
tiene derecho; solicitándonos además brindar orientación a la peticionaria e
informar a dicha dependencia de lo actuado”[51]. Frente a la petición de
la accionante la Alcaldía de Barranquilla y sus dependencias verificaron que:
·
La accionante se encuentra
inscrita en el régimen subsidiado como población desplazada, en la EPS SOLSALUD
(informe a cargo de la Secretaría de Salud Distrital).
·
Se le dio a conocer la existencia
del Macroproyecto “Villas de San Pablo”, para la construcción de viviendas de
interés social (informe a cargo de la Secretaría de Planeación Distrital).
·
La accionante y su grupo familiar
se encuentran en el sistema como beneficiarios activos y se aclaró que “las
inscripciones al programa para las personas en condición de desplazamiento, se
realizan de manera permanente y constituyen junto con la atención de emergencia
que le brinda la Unidad de atención y Orientación al Desplazado (U.A.O.) la
asistencia básica de las personas desplazadas (informe a cargo de la Secretaría
de Gestión Social por intermedio del enlace municipal del programa Familias en
Acción).
La
Alcaldía destacó que los informes antes mencionados fueron remitidos a la
accionante de manera oportuna y completa, atendiendo el requerimiento de los
funcionarios del Ministerio de Protección Social al respecto, por lo que la
Alcaldía considera que no ha vulnerado los derechos de la accionante o su grupo
familiar al cumplir a cabalidad con sus expectativas desde la perspectiva de
las responsabilidades y programas a cargo de las respectivas secretarías.
2.2.3 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional
La Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (en adelante
Acción Social) no presentó escrito alguno durante el trámite, a pesar de que se
les corrió traslado de la respectiva acción de tutela.
2.2 Expediente T- 2. 601.630
2.2.1 Comfamiliar Huila
La
Caja de Compensación familiar del Huila destacó en principio que el accionante
“entabló similar acción ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial –
Sala Penal. Radicación 2009-00203-00. La acción fue negada mediante providencia
del 30 de octubre de 2009, por lo que en principio debe analizarse la
procedencia del rechazo por dicha circunstancia”[52].
En
cualquier caso adujo que Comfamiliar Huila solamente actúa como una simple
gestora en el proceso al recibir la documentación y realizar la auditoría
previa de la misma, careciendo por completo de competencia para hacer las
asignaciones de los subsidios, en especial porque no maneja los recursos, que
provienen de FONVIVIENDA. Destacó que de acuerdo con la información que reposa
en la entidad, consta que el núcleo familiar del accionante es propietario de
un inmueble en el municipio de Granada – Meta, de acuerdo con la información
reportada por el IGAC, frente a lo cual aportó las impresiones de pantalla del
sistema de información de la Unión Temporal CAVIS, que reúne a las Cajas de
Compensación que participan en el proceso de asignación de este tipo de
subsidios y a la cual pertenece Comfamiliar Huila[53].
Por
las anteriores consideraciones solicitó que “se nos debe exonerar o
desvincularnos (sic) de cualquier amparo que su despacho eventualmente declare”[54].
2.2.2 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
El
Ministerio se opuso a las pretensiones del accionante por considerar que dicha
entidad “NO tiene injerencia alguna en los hechos que motivaron la presente
acción […] por cuanto esta entidad NO es el ente encargado de otorgar la
ayuda humanitaria de emergencia y tampoco de los subsidios de interés social;
estas funciones corresponden respectivamente, de manera exclusiva a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN
SOCIAL) y al Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y a otras entidades”[55].
Manifestó
que la situación del accionante en las bases de datos del Módulo de Consultas
del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial reporta que:
“El hogar del señor LUIS ARTURO FRANCO SAAVEDRA
presentó postulación para acceder al subsidio familiar de vivienda en la bolsa
especial de población desplazada ente la Caja de Compensación Familiar del
HUILA – NEIVA en el municipio de Campoalegre (Huila) en el día 11 de julio de
2007, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada en el programa
de REUBICACIÓN, y la postulación fue rechazada durante el proceso de
verificación de la información, cruces y validación adelantado por la entidad
otorgante (FONVIVIENDA), en la razón a que el hogar ya tiene una propiedad a
nivel nacional ‘en un sitio diferente al de expulsión’, según cruce realizado
con la base de datos suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), (con un predio ubicado en el municipio de Granada, departamento del
Meta), situación que lo imposibilita para acceder a un subsidio de vivienda en
la modalidad de adquisición ya que al solicitar el Subsidio el accionante
pretendía reubicarse en otro lugar diferente al sitio de su expulsión pero
según el IGAC ya contaba con un predio en otro municipio”[56].
Esta
situación hace necesario recordar lo dispuesto en el Art. 35 del Decreto 975 de
2004, modificado por el Art. 3 del Decreto 3169 de 2004, que establece como
fuente de información para la evaluación del cumplimiento de los requisitos
necesarios para acceder al subsidio los datos remitidos por el IGAC. Al
respecto recordó que el mismo artículo prevé que “las entidades otorgantes
tendrán la facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o
veracidad de la información suministrada por el postulante. Si antes de la
asignación o de la entrega del subsidio se comprueba que existió falsedad o
imprecisión en los datos suministrados en el formulario de solicitud del subsidio
y/o en los documentos que lo acompañan, o en las condiciones o requisitos de la
postulación, preselección y/o asignación, se eliminarán las postulaciones
presentadas y las preselecciones y/o asignaciones efectuadas”.
Finalmente
la entidad solicitó denegar la acción de tutela por “falta de legitimación por pasiva”[57], ya que el Ministerio no
es competente para conocer de las pretensiones elevadas por el accionante.
2.2.3 Otras entidades vinculadas
La Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (en adelante
Acción Social) y FONVIVIENDA no presentaron escrito alguno durante el trámite,
a pesar de que se les corrió traslado de la respectiva acción de tutela.
2.3 Expediente T-2.635.356
2.3.1 FONVIVIENDA.
FONVIVIENDA
citó lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto 2190 de 2009 y resaltó que el grupo
familiar de la accionante aparece en el módulo de consultas del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial con la siguiente situación:
“[E]l hogar quedaba en estado rechazado y/o cruzado
por la causal “el hogar tiene una o más propiedades en sitio diferente al de
expulsión”, en razón que a nombre de la señora MARÍA BERTA GOYES REVELO,
cónyuge o compañera permanente del accionante, aparecía un inmueble en el
Municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo, con matrícula inmobiliaria
442-0050516, según información remitida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi –IGAC, situación que les fue notificada con la resolución No. 602 de
2008.
Contra este acto administrativo el accionante presentó
impugnación y ésta le fue resuelta desfavorablemente con la Resolución 424 de
2009, por cuanto no aportó las pruebas que le permitieran desvirtuar la causal
de rechazo.
Con ocasión del tercer proceso de asignación llevado a
cabo en diciembre de 2009, nuevamente se reprocesó la información suministrada
por los hogares postulantes y el hogar del accionante presentó el mismo cruce
porque a nombre de él y de su esposa figuraba el mismo inmueble.
Esta determinación les será notificada a través de la
Resolución No. 904 de diciembre 17 de 2009, contra la cual, de no estar
conforme con ella, pueden presentar el recurso, aportando las pruebas que
permitan desvirtuar la causal de rechazo […]”[58]
La
entidad resaltó que el señor Pantoja cuenta con otros mecanismos para obtener
lo pretendido en sede de tutela, “como lo es el recurso de impugnación que
podrá presentar ante la Caja de Compensación Familiar del lugar donde se
postuló, o en cualquier otra, allegando los medios de prueba que le permitan
demostrar que el inmueble que figura a su nombre se encuentra ubicado en un
sector de alto riesgo”[59].
Finalmente,
y de acuerdo con su argumentación, solicitó que la tutela no prosperara –bien
por negarla o declararla improcedente-, pues considera la entidad que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental y por el contrario ha actuado de acuerdo
con la Constitución y la Ley.
2.4 Expediente T-2.658.617
2.4.1 Caja de Compensación Familiar COMCAJA.
COMCAJA
manifestó que actúa en el proceso de asignación de subsidios como un simple
intermediario, y que en el ejercicio de dicha intermediación verificó varios
cruces en el estado de la tutelante, que presenta el estado de
“RECHAZADO/CRUZADO” en la modalidad de “adquisición de vivienda nueva o usada
para hogares propietarios” en la convocatoria realizada en el año 2007.
Frente
a los cruces en el sistema debidos a inconsistencias presentadas en la
información reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, destacó
que “La tutelante, para tal efecto […] debe adjuntar copia de la
cédula del señor YEFERSON LEANDRO MONTENEGRO POLANÍA, para así subsanar las
observaciones efectuadas por FONVIVIENDA a esta postulación”[60].
En
cualquier caso, la Caja de Compensación señaló que el recurso de reposición
elevado por la accionante en contra de la resolución por medio de la cual se
negó el subsidio se encuentra en trámite y que la decisión frente al mismo
depende del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial a través
de FONVIVIENDA, y no de COMCAJA que “no tiene competencia ni injerencia en
la toma de tales decisiones”[61].
2.4.2 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
El
Ministerio se opuso a las pretensiones del accionante por considerar que dicha
entidad “no es la entidad otorgante del subsidio de vivienda que pretende el
accionante, correspondiéndole su otorgamiento al Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda-. ”[62],
de manera que considera no haber vulnerado los derechos invocados por la
accionante.
Manifestó
que la situación de la accionante en las bases de datos del Módulo de Consultas
del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial reporta que:
“El hogar de la señora EYICELA POLONIA (sic) VARGAS
presentó postulación en la Bolsa Especial de Atención a la Población Desplazada
abierta por FONVIVIENDA en el año 2007, ante la Caja de Compensación Familiar
Campesina, y la postulación fue rechazada durante el proceso de verificación de
la información, cruces y validación adelantado por la entidad otorgante
mediante resolución No. 904 de diciembre de 2009, en razón a que ‘el señor
JEFERSON (sic) LEANDRO MONTENEGRO POLANIA con C.C. 1082214848 (miembro
del hogar del actor) (sic), presenta cruce con las bases de datos
remitidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en razón a que la
cédula no existe en el archivo magnético de dicha entidad’, lo que conllevó al
rechazo de la postulación, por imposibilidad de realizar el proceso de
verificación de las condiciones para el acceso al subsidio de vivienda”[63].
Esta
situación hace necesario recordar lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto 2190
de 2009, que establece como fuente de información para la evaluación del
cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al subsidio los datos
remitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al respecto recordó
que el mismo artículo prevé que “las entidades otorgantes tendrán la
facultad de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la
información suministrada por el postulante. Si antes de la asignación o de la
entrega del subsidio se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los
datos suministrados en el formulario de solicitud del subsidio y/o en los
documentos que lo acompañan, o en las condiciones o requisitos de la
postulación, preselección y/o asignación, se eliminarán las postulaciones
presentadas y las preselecciones y/o asignaciones efectuadas”.
Finalmente
la entidad solicitó denegar la acción de tutela por “falta de legitimación por pasiva”[64], ya que el Ministerio no
es competente para conocer de las pretensiones elevadas por el accionante.
2.4.3 Otras entidades vinculadas
La Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (en adelante
Acción Social) y FONVIVIENDA no presentaron escrito alguno dentro del término
abierto por el despacho de tutela, a pesar de que se les corrió traslado de la
respectiva acción de tutela.
Sin
embargo, luego de que el juzgado tutelara el derecho al debido proceso de la
actora, ordenando a FONVIVIENDA resolver el recurso de reposición presentado
por la accionante frente a la resolución 904 del 17 de diciembre de 2009,
allegó al despacho copia de la resolución 0293 del 5 de abril de 2010 dando
cumplimiento a la orden. En la mencionada decisión se confirmó la negativa del
subsidio por persistir el cruce con la información remitida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
3.
Decisiones de tutela objeto de revisión.
3.1
Expediente T-2.570.380
3.1.1
Sentencia de primera instancia proferida el 28 de octubre de 2009 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Primera de
Decisión Civil-Familia
El
Tribunal de primera instancia considera que los sujetos pasivos de la acción de
tutela no vulneraron los derechos de la accionante y que “por el contrario
se observa que está recibiendo protección completa por parte del Estado en
atención a su situación especial de madre cabeza de familia en situación de
desplazamiento”[65].
En
opinión del Tribunal, sus derechos como parte de la población desplazada se han
concretado en la provisión de las ayudas humanitarias a las que tiene derecho.
Destacó como los derechos derivados de la calidad de desplazados de la
accionante y su grupo familiar se encuentran cubiertos por el sistema debido a
su inclusión en el RUPD, destacando que debía presumirse que las necesidades
básicas de la tutelante se encontraban cubiertas por el hecho de estar incluida
en ese registro y por el hecho de que la presente acción de tutela no se
dirigió concretamente con ese propósito. Al respecto manifestó que: “hace
concluir a la Corporación que se encuentra recibiendo desde esa fecha las
ayudas humanitarias que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional proporciona a este grupo de población”[66]. Frente al
derecho a la salud destacó la respuesta dada por la Alcaldía de Barranquilla,
en la que se menciona la certificación emitida por la Secretaría Distrital de
Salud en cuanto a la vinculación de la accionante al SISBEN, con lo cual
comprueba que ese derecho fundamental se encuentra resguardado.
Adentrándose
en el tema central de la acción de tutela, el derecho a la vivienda, destacó
que la labor de FONVIVIENDA en cuanto a la provisión de subsidios para las
poblaciones más necesitadas “está sometido dado su carácter prestacional a
una disponibilidad de recursos lo que impide considerar que el derecho a una
vivienda digna sea de aquellos exigibles de manera directa e inmediata, sino
que está supeditado a un cronograma temporal y presupuestal y al cumplimiento
de ciertas condiciones a efecto de otorgarse el derecho al solicitante”[67]. Además de
lo anterior, destaca que la situación a la que se ve abocada la accionante no
obedece a una decisión arbitraria de la entidad sino a su propio acto, al
haberse postulado simultáneamente en dos cajas de compensación para el proceso.
Señala sin embargo que la entidad no dio aplicación al inciso final del Art. 33
del Decreto 975 de 2004[68],
vigente al momento de la solicitud de la accionante, y que acarrearía la
pérdida del derecho de postulación a los subsidios por un término de 10 años en
los casos de doble postulación[69],
lo que implica que a la accionante no se le está negando el derecho a aspirar a
un subsidio, pues podría acudir a una convocatoria futura o bien acceder a
alternativas como las que planteó la Alcaldía de Barranquilla a través del
macroproyecto “Villas de San Pablo”.
Frente
al tema de la eventual existencia de otro inmueble a nombre suyo en el
municipio de Itagüí, destaca la sentencia que las pruebas aportadas en la
acción de tutela no fueron puestas en conocimiento de la administración a
través del recurso de reposición frente a la resolución 602 de 2008, no siendo
pues la sede de tutela el escenario para sanear la falta de presentación
oportuna de las mismas ante la entidad. Del mismo modo destaca que en caso que
no sea cierto que tiene un inmueble de su propiedad, podrá acudir a una nueva
convocatoria para obtener el subsidio que solicita, con lo que no se vería
afectado su derecho a la vivienda.
Por
las anteriores consideraciones denegó el amparo.
3.2.2
Impugnación
La
accionante se opuso a la argumentación en la cual basó su sentencia el juez de
primera instancia pues consideró que las aseveraciones frente a derechos
fundamentales diferentes al de la vivienda en conexidad con la vida digna, el
mínimo vital, la igualdad y la protección especial a los menores de edad, no
estaban justificados y lo único que hacían era distraer del punto central de la
tutela, que era obtener el acceso a la vivienda.
Reiteró
su explicación en torno a la doble postulación y manifestó que incurrió en
dicho error “debido a la ignorancia que tenía en aquel entonces sobre el
castigo que implicaría postularme en CONFAMILIAR (sic) en el año 2007 y además
de ello a la desesperación en la que me encontraba y que actualmente sigo
padeciendo debido a mi situación de carácter extremadamente vulnerable como
madre cabeza de familia en situación de desplazamiento forzado con cáncer en
estado de metástasis y adicionalmente con tres hijos menores DAESY
KATHERINE ARENAS RESTREPO de 14 años de edad, JONATHAN ARENAS GUIRALES de 16
años de edad y CARLOS ANDRÉS ARENAS GUIRALES de 12 años de edad, este último
en situación de discapacidad a quien debo mucha más dedicación y cuidados
permanentes con el fin de mantener su bienestar”[70].
Destacó
que el 9 de junio de 2008, luego de enterada de la decisión de negarle el
subsidio, desistió de su postulación en el proceso ante CAJACOPI, buscando
solucionar el inconveniente presentado en la primera convocatoria. Destaca que
la decisión de la entidad de negarle el acceso al presente proceso de
adjudicación implica para ella la inminencia de un perjuicio irremediable pues
debido a su delicado estado de salud no podría esperar a que se haga una nueva
convocatoria, menos cuando se tiene en cuenta que hasta la fecha sólo se han
presentado dos procesos, uno en el 2005 y el segundo, al que aspiró en 2007.
Señala además que muchos de los beneficiarios de dichos procesos aún no han
recibido efectivamente el beneficio y se encuentran en el sistema como
“calificados” y a la espera de que se desembolsen los recursos. Destacó además
que en caso de que se abriera una nueva convocatoria, el tortuoso proceso de
evaluación sería demasiado prolongado teniendo en cuenta su situación, pues
para acceder al subsidio en el año 2007 empezó los trámites en 2005, sin que
cuatro años después hubiera obtenido una respuesta satisfactoria a sus
necesidades y derechos.
La
accionante apeló a los principios de favorabilidad, buena fe y prevalencia del
derecho sustancial con el fin de que se tomara en consideración su delicada
situación y se accediera a lo pedido en su acción de tutela, entendiendo que el
error en el que incurrió por la doble postulación se debió a su ignorancia y
desesperación, situaciones que no merecen el castigo de negarle tajantemente la
posibilidad de acceder a una vivienda que requiere.
Expuso
igualmente que existen elementos en su caso particular que exponen a sus hijos
a un perjuicio irremediable, y solicitó por ende que se revocara el fallo que
denegó el amparo para en su lugar tutelar tanto los derechos invocados como
propios, al igual que los de sus menores hijos.
3.1.2
Sentencia de segunda instancia proferida el 13 de enero de 2010 por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil
La
Corte Suprema puso de presente que si bien la jurisprudencia constitucional ha
establecido una protección especial a favor de las personas en situación de
desplazamiento, tal circunstancia no los exime de seguir los procedimientos
establecidos para acceder, por ejemplo, a los subsidios de vivienda, “sin
que sea dable acudir a este mecanismo de defensa con el propósito de
soslayarlos, ya que el juez de tutela no puede invadir la órbita de competencia
de otras autoridades”[71].
Señaló además que en el caso concreto se verificaba que la postulación de la
accionante adolecía de dos defectos que hacían inviable la concesión del
subsidio –la doble postulación y la existencia de un inmueble a su nombre en el
municipio de Itagüí- de manera que la decisión de FONVIVIENDA de negarle el
subsidio “obedece a la normatividad prevista para tales fines y no se puede
pretender que por este instrumento excepcional, se pretermitan los
procedimientos establecidos”[72].
Finalmente,
manifestó que de acuerdo a la respuesta del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial al derecho de petición presentado por la accionante el
11 de Septiembre de 2009, lo que debe hacer la señora Arenas es “estar
atenta al siguiente proceso de asignación y agotar el procedimiento establecido
en el Decreto 2190 de 2009”[73], con miras a
concretar el derecho cuya protección invoca.
Por
las anteriores razones confirmó en su integridad el fallo de primera instancia.
3.2
Expediente T- 2. 601.630
3.2.1
Sentencia de primera instancia proferida el 10 de diciembre de 2009 por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva.
Luego
de citar in extenso el Auto 008 de 2009 de la Corte Constitucional[74], el juez de
instancia consideró que de acuerdo con la visión que sobre la política de
vivienda de la población desplazada expuso la Corte, “emitir órdenes para
seguir ejecutando la política de vivienda, sería perjudicial no sólo para los
derechos de millones de desplazados que en todo caso no recibirán ayudas de
vivienda, sino para la política de atención a la población desplazada en su
integridad, al provocar la destinación de una cantidad enorme de recursos para
proteger relativamente a pocos desplazados [… lo que hace …] improcedente
la acción propuesta para el fin perseguido por la accionante (sic)”[75].
Consideró
igualmente que en el caso concreto no se cumplieron los requisitos de la
convocatoria, y de contera se desconoció el deber de seguir los lineamientos
para la asignación de los subsidios de vivienda, pues tiene claro que existe un
inmueble registrado a favor de uno de los integrantes de su grupo familiar en
un lugar diferente al de la expulsión. De esta manera, la decisión de
FONVIVIENDA, que consta en un acto administrativo que goza de presunción de
legalidad, sería apropiada mientras la misma no sea anulada o suspendida en la
jurisdicción competente.
El
juez de primera instancia considera pues que el acto está cobijado por la
mencionada presunción de legalidad y a falta de una acción ante la jurisdicción
competente que permita declarar la nulidad del acto, este debe permanecer en el
ordenamiento surtiendo los respectivos efectos. Por las anteriores razones
determinó “NO TUTELAR los hechos puestos en consideración al despacho por el
accionante”[76].
3.2.2
Impugnación
El
accionante en su impugnación reiteró los argumentos planteados en su acción de
tutela, haciendo énfasis en la persistencia de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, y la falta de atención a su situación de especial
vulnerabilidad como desplazado por la violencia.
El
accionante cuestionó nuevamente los fundamentos de los actos administrativos
por los cuales FONVIVIENDA le negó el acceso al subsidio de vivienda, pues
expuso que no era cierto que ni él ni ningún miembro de su grupo familiar fuera
propietario de bien inmueble alguno. Al respecto aclaró que su hija, Johana Andrea
Franco Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía 40’670,533, no posee bien
alguno y aportó certificaciones tanto del registrador de instrumentos públicos
de San Martín – Meta[77],
como el certificado 00035692, expedido por el propio Instituto Geográfico
Agustín Codazzi en el que consta que “revisados
los archivos catastrales de todo el país actualizados a: 31-AGO-2009, no se
halló inscripción alguna a nombre de […] franco Jimenez johana andrea || c 000040670533”[78]
3.2.3
Sentencia de segunda instancia proferida el 9 de febrero de 2010 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Sala Cuarta de Decisión
Penal.
El
Tribunal confirmó la decisión de primera instancia al considerar que en el caso
concreto, y dado el argumento fáctico planteado por el accionante, no podía
tramitarse a través del procedimiento subsidiario de la acción de tutela lo que
debía definirse en el escenario ordinario de la jurisdicción contencioso
administrativa. Así, determinó que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho era la adecuada, ya que a través de la misma se podía cuestionar la
fundamentación y obtener la suspensión del acto administrativo que lo excluyó
de la convocatoria. Igualmente descartó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, de manera que en virtud del principio de subsidiariedad era
improcedente conceder el amparo.
3.3 Expediente T-2.635.356.
3.3.1
Sentencia de única instancia proferida el 12 de febrero de 2010 por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Pasto.
Considera
el juez de primera instancia que el accionante tiene a disposición suya otro
mecanismo de defensa, como sería el recurso de impugnación que podrá presentar
ante la Caja de Compensación Familiar del lugar donde se postuló, de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 57 del Decreto 2190 de 2009[79], de manera que la acción
de tutela “no es el mecanismo más expedito para controvertir los actos
administrativos expedidos por FONVIVIENDA”[80].
De
este modo decide denegar el amparo invocando el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad y alegando la ausencia de existencia o inminencia de un
perjuicio irremediable.
3.4 Expediente T-2.658.617
3.4.1
Sentencia de única instancia proferida el 12 de abril de 2010 por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila – Sala Cuarta de Decisión.
El
Tribunal recordó que el derecho a la vivienda, por su contenido prestacional,
no es susceptible de protección directa por vía de tutela, salvo que se demuestre
que de manera conexa se está afectando algún derecho fundamental. Al respecto
destacó que en la jurisprudencia constitucional se ha establecido la
procedencia de la acción de amparo constitucional en el caso de sujetos de
especial protección, como los pertenecientes a la población desplazada, con
ciertas limitaciones, como sería el no “inmiscuirse en los diseños de los
programas o en la calificación de las personas que hacen parte de un registro
específico para alterar el listado de potenciales beneficiarios”[81]. Frente a
este tema, citó apartes de la sentencia T-175 de 2008 y destacó que por el solo
hecho de pertenecer a una población digna de especial protección no se deriva
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Frente
al caso concreto señaló que no se vulneró ningún derecho fundamental de los
invocados por la accionante, pues es claro que se presentó una inconsistencia
en las bases de datos que se consultan en el proceso de evaluación de las
postulaciones. Sin embargo, al revisar el expediente se percató que “en el
momento en que se radicó la acción, aún no había expirado el término para
resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 904 de 2009;
pero a la fecha dicho plazo se encuentra superado; soslayando el artículo 60
del Código Contencioso Administrativo. En tal virtud es menester amparar el
derecho fundamental al debido proceso; de contera, se ordenará al Fondo
Nacional de Vivienda que si aún no lo hubiere hecho, proceda a resolver el
referido recurso dentro de las 48 horas siguientes […]”[82].
De
este modo, se denegó el amparo de los derechos a la vida en condiciones dignas,
la igualdad real y efectiva y los derechos del niño, mientras que se tuteló el
derecho al debido proceso de la accionante.
4.
Actuación de la Corte Constitucional en sede de revisión
Mediante
auto del 28 de Julio de 2010, proferido por la Sala Segunda de Revisión, se
dispuso la acumulación entre sí de los expedientes T-2570380 y T-2635356,
correspondientes a las acciones de tutela presentadas por los ciudadanos Victoria
Eugenia Arenas Guirales y Jesús Emigdio Pantoja Revelo, seleccionados y
acumulados mediante el auto proferido el Trece (13) de mayo de dos mil diez
(2010) por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte
Constitucional y los expedientes T-2601630 y T-2658617, correspondientes a las acciones de tutela promovidas
por los ciudadanos Luis Arturo Franco
Saavedra y Eyicela Polanía Vargas, seleccionados y acumulados a través de auto
proferido el Veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010) por la Sala de
Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte Constitucional, al advertirse que
todos ellos se referían a problemas jurídicos análogos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La
Sala es competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de los Autos del Trece (13) de mayo de dos mil
diez (2010), y del Veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010), de la Sala
de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte Constitucional.
2. Cuestión de constitucionalidad
2.1 Procedencia de la
acción de tutela.
2.1.1 El requisito de
inmediatez.
Debe recordarse que es claro que
la acción de tutela puede interponerse “en todo momento”[83], lo
que no puede llevar a desconocer que es un “remedio de aplicación urgente
[encaminado a la] guarda de la efectividad concreta y actual del derecho
objeto de violación o amenaza”[84],
y en tal sentido se ha configurado jurisprudencialmente el requisito de la
inmediatez –o plazo razonable- en la interposición de la acción como un
mecanismo para evitar el uso de la acción de tutela “con temeridad,
negligencia o desidia o que sea convertido en un factor de inseguridad jurídica”[85].
Frente a este tema, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-961 de 1999, declaró:
“la
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los
hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se
vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de
tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice
la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción
de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la
inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos
de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal
naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la
interposición oportuna y justa de la acción”[86].
Frente a este requisito se han
establecido algunos criterios útiles para determinar el desconocimiento del
requisito de inmediatez por parte del actor, en atención a los hechos
relevantes de cada caso “a saber: i) que la inactividad del peticionario no
se encuentre validamente justificada; ii) que se vulneren derechos de terceros
o se desnaturalice el amparo solicitado; y iii) que se configure un nexo causal
suficiente entre los dos requisitos anteriores”[87].
2.1.1.1 Cumplimiento del
requisito de inmediatez en el expediente T-2.570.380.
FONVIVIENDA en su intervención
frente al caso de la señora Arenas Guirales manifestó que consideraba
incumplido el requisito de inmediatez en la interposición de la acción de
tutela, por el tiempo transcurrido entre la fecha de expedición de la
resolución 602 del 16 de diciembre de 2008, y el momento de radicación de la
acción de amparo, el 5 de octubre de 2009, lo que haría improcedente la
concesión del amparo deprecado.
Al respecto debe resaltarse que
de acuerdo con el fundamento antes reseñado, la evaluación del cumplimiento del
requisito de inmediatez depende de las circunstancias del caso concreto que en
esta ocasión indican que la accionante a pesar de haber dejado transcurrir un
tiempo relativamente prolongado, no lo hizo de manera injustificada.
Sobre este punto es necesario
recordar que la accionante, además de ser integrante de la población desplazada
es madre cabeza de familia, padece una enfermedad terminal y debe cuidar a tres
hijos menores, uno de los cuales es discapacitado[88]. Estas circunstancias
por sí mismas obligan a evaluar el requisito de manera mucho más flexible y
excluirían en el presente caso la determinación de incumplimiento del requisito
e improcedencia de la acción. Además de esto, la accionante no ha permanecido
impávida ante el paso del tiempo, y por el contrario ha utilizado mecanismos,
que si bien pueden no ser los más indicados para tramitar sus pretensiones, si
demuestran un mínimo de diligencia en su actuar que mitigan aún más el
argumento de FONVIVIENDA. Es así como está probado en el expediente que la
accionante acudió al Presidente de la República mediante derecho de petición
radicado el 2 de junio de 2009, que posteriormente fue remitido a las entidades
competentes, como por ejemplo el Viceministro de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de Salud de
Barranquilla, la Coordinación de Grupo Área Discapacidad y Adulto Mayor del Ministerio
de Protección Social y Acción Social[89].
Igualmente puede verificarse, de
acuerdo con los dictámenes médicos y las epicrisis aportadas al expediente[90], que en el
trascurso del año 2009 la accionante tuvo que afrontar quimioterapias (marzo de
2009), y diagnósticos de nuevos tumores metastáticos que amenazaron su vida y
su salud (agosto de 2009).
En estas condiciones es necesario
concluir que el transcurso de alrededor de 10 meses para interponer la acción
de tutela no desconoce en este caso específico, el requisito de inmediatez en
la interposición de la acción de tutela, en consideración a las especiales
condiciones de vulnerabilidad de la accionante y a la razonabilidad en la
demora de acuerdo con las circunstancias específicas del caso, relacionadas con
la salud de la accionante y de las obligaciones derivadas del cuidado de un
menor discapacitado.
2.1.1.2 Cumplimiento del
requisito de inmediatez en los demás casos analizados.
Frente a los tres casos restantes
no se aprecia el incumplimiento del requisito de inmediatez, dado el poco
tiempo transcurrido entre la última actuación dentro del proceso de asignación
de subsidios y la interposición de la acción de tutela. Así, frente al
expediente T-2.601.630, se puede apreciar que la última de las notificaciones
de la negación del subsidio de vivienda solicitado por Luis Arturo Franco
Saavedra se hizo a través de comunicación dirigida por Comfamiliar Huila el 12
de agosto de 2009[91],
y que solo transcurrieron un mes y tres días para que el accionante acudiera a
la acción de tutela[92].
En el caso correspondiente al expediente T-2.635.356, se debe destacar lo dicho
por FONVIVIENDA en su contestación en la que destaca que “[c]on ocasión del
tercer proceso de asignación llevado a cabo en diciembre de 2009, nuevamente se
reprocesó la información suministrada por los hogares postulantes y el hogar
del accionante presentó el mismo cruce porque a nombre de él y de su esposa
figuraba el mismo inmueble”[93],
de manera que la acción de tutela presentada por el ciudadano Jesús Emigdio
Pantoja Revelo se presenta como oportuna, dado que se radicó el 29 de enero de
2010. Finalmente, frente al expediente T-2.658.617, la situación de la
accionante fue definida en la resolución 904 de diciembre de 2009[94], y la tutela
fue presentada por Eyicela Polanía Vargas el 23 de marzo de 2010, plazo que se
presenta completamente razonable.
2.1.2 El requisito de
subsidiariedad.
Frente al principio de subsidiariedad
de la acción de tutela, la Corte ha decantado las principales reglas
jurisprudenciales destacándose que, como regla general, “el juez
constitucional deberá declarar improcedente la tutela cuando encuentre que
existe otro medio o recurso judicial a través del cual pueda el ciudadano
obtener la protección de sus derechos”[95].
La anterior regla deberá matizarse e incluso excepcionarse si el mecanismo
ordinario no es eficaz o idóneo o bien cuando se invoca la tutela como un
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En cuanto al criterio de
idoneidad del mecanismo ordinario, ha dicho la Corte que el mismo “debe ser
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales”[96],
mientras que frente a la eficacia del mismo, se ha dicho que el criterio se
refiere a la capacidad del mecanismo para brindar una protección oportuna. Ha
dicho la jurisprudencia que:
“Para
determinar la concurrencia de estas dos características, deben examinarse los
planteamientos fácticos de cada caso y establecerse (i) si la utilización del
medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma
protección que se lograría a través de la acción de tutela[97]; (ii) si es posible
hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya
promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[98]; (iii) si la persona que
solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, y por lo
tanto su situación requiere de particular consideración[99]”[100].
Cuando la acción de tutela se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, es
indispensable que se demuestre por parte de quien solicite el amparo que es una
medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, es
decir, que reúna las siguientes características[101]:
(i) Que el
perjuicio sea cierto e inminente. Es decir, que “su existencia
actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluación
razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones
especulativas”[102],
de suerte que, de no frenarse la causa, el daño se generará prontamente[103].
(ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con
lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de
alta significación para el afectado. (iii) Se requiere de la adopción de
medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera
precisa y proporcional a la inminencia del daño ya que, de no tomarse, la
generación del daño es inevitable.
2.1.2.1 Los casos concretos
frente a la subsidiariedad.
En los casos sometidos a estudio
en la presente sentencia, se ha planteado de manera genérica la improcedencia
de la acción de tutela por la existencia de otros mecanismos de carácter
judicial para tramitar las pretensiones encaminadas a la realización del
derecho a la vivienda digna contemplado en el Art. 51 de la Carta Política y de
especial importancia para la población desplazada, reconocida entre otras, en la
sentencia T-025 de 2004.
Los argumentos se centran en que
las alegadas vulneraciones ocurren por decisiones que se encuentran plasmadas
en actos administrativos, susceptibles de acciones ordinarias ante la
jurisdicción contencioso administrativa que, prima facie, harían
inviable la acción de tutela en aplicación del principio de subsidiariedad. Sin
embargo, al analizar los casos concretos se aprecia que el mecanismo ordinario
al que estarían sujetos los accionantes no se presenta como el más idóneo para
la garantía de los derechos invocados por la duración de los procesos y porque
tal vía procesal no tendría la misma efectividad que la de la acción de tutela[104].
Igualmente es necesario recalcar que los solicitantes en los presentes casos
son sujetos de especial protección constitucional por pertenecer a la población
desplazada y porque dentro de los núcleos familiares hay menores de edad,
además de que manifiestan en sus escritos de tutela que no aún no han podido
satisfacer su derecho a la vivienda.
Del
mismo modo, en los cuatro casos los accionantes intentaron por la vía del
recurso de reposición obtener la reconsideración de las entidades accionadas
frente a la negación del subsidio, por lo que es claro que no se está ante
actores negligentes o que pretendan suplantar los mecanismos ordinarios a
través de la acción de tutela.
Las anteriores circunstancias
conducen a afirmar que en los presentes casos el procedimiento contencioso
administrativo no puede considerarse “materialmente apto para producir el
efecto protector de los derechos fundamentales”[105], pues única y
exclusivamente para los casos concretos, la protección que ofrece no sería
oportuna para solucionar las cuestiones planteadas por los accionantes, todas
las cuales requieren de particular consideración[106] en atención a las
condiciones de vulnerabilidad específicas expuestas en los casos concretos.
2.2.
Problemas de constitucionalidad.
En el
presente asunto corresponde a la Sala establecer si las entidades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes -quienes se encuentran
en condición de desplazamiento- a la vivienda, a la vida digna, a la igualdad y
al debido proceso administrativo, al rechazar sus postulaciones para obtener un
subsidio de vivienda nueva o usada, argumentando que, con posterioridad al
cruce de información entre entidades:
a)     Algún
miembro del grupo familiar aparece como propietario de un inmueble, pero los
solicitantes aportan prueba válida de que no lo son.
b)    Algún
miembro del grupo familiar es efectivamente propietario de un lote de terreno
en un municipio diferente al de expulsión, pero este no es apto para la
construcción de vivienda por encontrarse en zona de alto riesgo.
c)     Existe
una doble postulación al proceso de asignación de subsidios.
d)    Existe
una inconsistencia en la determinación del número de identificación de uno de
los miembros del grupo familiar.
3. Aspectos Generales
3.1 El derecho a la vivienda
digna de la población desplazada.
3.1.1 El artículo 51 de la
Constitución consagra el goce de la vivienda en condiciones dignas como un
derecho económico, social y cultural del que son titulares todos los
colombianos y colombianas: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda”. La Corte ha dicho que derivados de esta norma constitucional,
únicamente pueden protegerse por vía de tutela, aquellos casos en los cuales se
ven involucrados los elementos mínimos del derecho a la vivienda y cuando se observe
el desconocimiento de otros derechos tales como la vida digna, el mínimo vital,
y el debido proceso[107].
Es necesario recordar que el
derecho a la vivienda digna que está ubicado en el Capítulo II del Título II de
la Carta[108],
comprendido dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, frente a
los cuales la Corte Constitucional, en sentencia de unificación, ha
conceptuado:
“Los derechos
económicos, sociales y culturales, pese a su vinculación con la dignidad
humana, la vida, la igualdad y la libertad, no son de aplicación inmediata,
pues necesariamente requieren de la activa intervención del legislador con
miras a la definición de las políticas públicas y de su adecuada
instrumentación organizativa y presupuestal. Los derechos individuales de
prestación, que surgen de la ejecución legal del mandato de procura existencial
que se deriva del Estado social, se concretan y estructuran en los términos de la
ley. Le corresponde a ella igualmente definir los procedimientos que deben
surtirse para su adscripción y, de otro lado, establecer los esquemas
correlativos de protección judicial”[109].
Debido a que para la realización
de estos derechos es indispensable recurrir al proceso político, donde “la
participación ciudadana y […] su deseo positivo de contribuir al fisco y
exigir del Estado la prestación de determinados servicios”[110] lleve a la formulación
de normas de rango legal y administrativo -siendo conscientes de las cargas que
impone la realización progresiva de estos derechos- se ha considerado por parte
de esta Corporación que la procedencia de la acción de tutela para hacer
realidad esta categoría de derechos constitucionales ha de ser extraordinaria,
so pena de terminar desconociendo el Estado Social de Derecho que precisamente
pretende protegerse[111].
Al respecto ha considerado la Corte:
“El Estado social de derecho que para su construcción
prescinda del proceso democrático y que se apoye exclusivamente sobre las
sentencias de los jueces que ordenan prestaciones, sin fundamento legal y
presupuestal, no tarda en convertirse en Estado judicial totalitario y en
extirpar toda función a los otros órganos del Estado y a los ciudadanos mismos
como dueños y responsables de su propio destino.
16. Por lo expuesto, la Corte, con arreglo a la
Constitución, ha restringido el alcance procesal de la acción de tutela a la
protección de los derechos fundamentales. Excepcionalmente ha considerado que
los derechos económicos, sociales y culturales, tienen conexidad con
pretensiones amparables a través de la acción de tutela. Ello se presenta
cuando se comprueba un atentado grave contra la dignidad humana de personas
pertenecientes a sectores vulnerables de la población y el Estado, pudiéndolo
hacer, ha dejado de concurrir a prestar el apoyo material mínimo sin el cual la
persona indefensa sucumbe ante su propia impotencia. En estas situaciones,
comprendidas bajo el concepto del mínimo vital, la abstención o la negligencia
del Estado se ha identificado como la causante de una lesión directa a los
derechos fundamentales que amerita la puesta en acción de las garantías
constitucionales”[112]
Se ha contemplado en reiterada
jurisprudencia que, el acceso a una vivienda en condiciones dignas podría ser
objeto de protección a través del amparo constitucional, siempre y cuando se
evidencie la conexidad con la afectación o amenaza de derechos fundamentales[113]. En
sentencia T-125 de 2008 la Corte estableció unas pautas útiles para analizar la
procedibilidad de la acción a la luz de las anteriores consideraciones:
“Entonces, al
pretenderse el amparo del derecho a una vivienda digna, se hace necesario el
estudio de las causas jurídico-materiales que rodean cada caso en particular,
con respecto a: (i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos
de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del
mínimo vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones
degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de
otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con
ello se concluirá si la protección tutelar procede.
Con respecto a
la inminencia del peligro a que se encuentre expuesta la persona, debe ser de
tal magnitud y actualidad que ponga en riesgo la vida, la salud, la integridad
física o la dignidad del interesado y su núcleo familiar, y que no exista otra
forma de conjurar dicha situación.
Igualmente,
la presencia de menores en el entorno amenazado convierte en más apremiante la
situación, ya que los derechos de los niños se encuentran en un rango superior,
según disposiciones internacionales y constitucionales, jurisprudencialmente
desarrolladas”[114].
3.1.2. Junto con la orientación
antes reseñada, debe recordarse que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha considerado en recientes fallos que el derecho a la vivienda
digna adquiere el carácter de fundamental en caso de que la población afectada
hubiera sido desplazada por la violencia[115].
En esencia, la protección ofrecida a la población desplazada se ha enfocado
hacia la garantía de acceso a programas eficaces de provisión de vivienda
-siguiendo los lineamientos y la orientación de la sentencia T-025 de 2004[116]- y a
la garantía de una vivienda adecuada a lo largo del proceso de reasentamiento.
En la sentencia T-585 de 2006, la
Corte Constitucional analizó las responsabilidades del Estado para la
satisfacción del derecho a la vivienda digna de la población desplazada por la
violencia, haciendo énfasis en 5 puntos fundamentales:
o
Proporcionar y dar auxilios para alojamiento transitorio.
o
Otorgar con prioridad subsidios familiares de vivienda rural o
urbana a las familias desplazadas.
o
Promover planes de vivienda destinados a la población
desplazada por la violencia.
o
Promover créditos de vivienda a largo plazo con condiciones
favorables para esta población.
o
Promover un tipo de solución de vivienda adecuada para las
necesidades de cada hogar.
En suma, para la jurisprudencia
constitucional el derecho a la vivienda digna de la población desplazada pasa a
ubicarse como derecho fundamental, exigible por medio de la acción de tutela, y
por ende de aplicación inmediata, en atención a las condiciones que debe
afrontar esta población objeto de especial protección constitucional.
3.1.3. Es conveniente especificar
que la Corte ha determinado que las autoridades que forman parte del Sistema
Nacional de Atención a la Población Desplazada (en adelante, SNAIPD) deben
cumplir con las siguientes obligaciones en materia de vivienda:
:“(i)
reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto
obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas
soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el
acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha
precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si
mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en
condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas
sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) en
el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en consideración las
especiales necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que
existen al interior de ésta –personas de la tercera edad, madres cabeza de
familia, niños, personas discapacitadas, etc.-; y (v) eliminar las barreras que
impiden el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia
social del Estado, entre otras”[117].
3.2.
En tratándose de situaciones en las que esté involucrada la población
desplazada debe realizarse una interpretación favorable de las normas.
En
la Sentencia T-025 de 2004 se identificó con claridad la difícil situación que
enfrenta la población desplazada por la múltiple y persistente vulneración de
derechos constitucionales, que la ubica en circunstancias de especial
debilidad, vulnerabilidad e indefensión, e implica la existencia de un estado
de cosas inconstitucional frente a la misma.
Como
resultado de lo anterior se determinó que en vista de su situación, y como
mecanismo para hacer realidad el mandato de igualdad consagrado en el Art. 13
de la Constitución, esta población tiene derecho a recibir un trato preferente
por parte del Estado, que se expresa, entre otras, en la aplicación de
principios como el de favorabilidad en la interpretación de las normas que los
cobijan y el principio de prevalencia del derecho sustancial en el contexto del
Estado Social de Derecho[118].
La
Corte también ha destacado que “los jueces, al momento de atender una
situación específica que involucre los derechos de la población desplazada debe
atender estas pautas de interpretación y además reconocer que las personas
puestas en situación de desplazamiento forzado: (i) suelen desconocer sus
propios derechos, sin que sea posible evaluar este fenómeno en aplicación
estricta del principio general en virtud del cual el desconocimiento de la ley
no sirve de excusa para su incumplimiento; y (ii) que pueden verse
enfrentadas a situaciones extraordinarias que les impiden o dificultan el
acceso a las autoridades”[119].
4. Consideraciones frente a los
casos concretos.
4.1
Expediente T-2.570.380
4.1.1. Frente
al presente caso es necesario resolver los puntos a. y c. del problema jurídico
planteado, en torno a la eventual vulneración de los derechos fundamentales
invocados frente a la decisión de la entidad accionada de negar el subsidio con
los argumentos de que en las bases de datos consultadas alguno de los miembros
del grupo familiar aparece como propietario de un predio y que existió una
doble postulación al proceso de asignación de subsidios por parte de la señora
Arenas.
4.1.2. En el
primero de lo asuntos que concita la atención de la Corte se refiere a la
decisión de la entidad de negar la posibilidad de acceder al subsidio
argumentando que la accionante se encuentra en la base de datos aportada por el
IGAC como propietaria de un inmueble en Itagüí, departamento de Antioquia. Esto
es rebatido por la accionante aportando una certificación de la Dirección de
Sistemas de Información y Catastro del departamento de Antioquia en donde
consta con claridad que la accionante no figura inscrita en dicha dependencia
como propietaria de bienes inmuebles en los municipios del departamento,
incluyendo por obvias razones a Itagüí.
Esta
situación hace evidente una divergencia en las bases de datos que deben ser
tomadas en cuenta por FONVIVIENDA para definir la situación de los solicitantes
del subsidio, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 42 del Decreto 2190 de 2009[120]:
“Articulo 42. Verificación de información. Antes de proceder a la
calificación de las postulaciones, la entidad otorgante del subsidio familiar
de vivienda verificará la información suministrada por los postulantes.
Mensualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, las Oficinas de Catastro de las
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y el departamento de Antioquia, la
Superintendencia de Notariado y Registro, las Entidades Financieras, los Fondos
de Pensiones y Cesantías, el INURBE en Liquidación, las Cajas de Compensación
Familiar, el Fondo Nacional de Vivienda, el Banco Agrario, la Caja Promotora de
Vivienda Militar y las demás entidades que el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial determine, deberán entregar a éste o a la entidad que
éste designe, sin costo alguno y en medio magnético, electrónico o similar, la
información necesaria para verificar la información suministrada por los
postulantes” (subrayas fuera del texto original)
No hay que
olvidar que la accionante manifestó que “en relación a esta última causal de
rechazo [refiriéndose al rechazo por aparecer como propietaria] presenté
recurso de reposición ante CONFAMILIAR (sic) a fin de desvirtuar dicha
motivación ya que no soy ‘propietaria de bienes inmuebles en los municipios
del Departamento de Antioquia’ tal como consta en el certificado adjunto
expedido por la Gobernación de Antioquia”[121], aunque FONVIVIENDA
controvirtió tal aseveración en su contestación, en la que manifestó que la
accionante no había acudido a los recursos de la vía gubernativa para atacar la
decisión. A pesar de esto, la información aportada por la accionante ya debía
ser de conocimiento de la entidad, pues la base de datos de la oficina de
catastro del departamento de Antioquia hace parte de sus insumos para realizar
el proceso de evaluación.
De igual
manera, con ocasión de la vinculación de FONVIVIENDA en el proceso de tutela,
se le brindó la posibilidad de explicar las divergencias, pero se limitó a
ratificar su hallazgo de acuerdo en la base de datos del IGAC, sin que siquiera
hubiera intentado explicar la razón de los reportes diferentes o de por qué no
había tenido en cuenta la información proveniente de otra de las bases de datos
que sirven como fuente en el proceso de evaluación de las postulaciones, o por
qué había preferido una base de datos sobre la otra, pues no había razón para
dudar de la veracidad de la información procedente de la oficina de catastro de
Antioquia.
En este
escenario es claro que la señora Arenas ha logrado controvertir el fundamento
de la entidad accionada para negar el acceso al programa por reportarse una
propiedad, de manera que la causal invocada[122]
no podría esgrimirse como legítima, pues la accionante ha manifestado y probado
de manera adecuada que no es propietaria de bien inmueble alguno, sin que la
entidad hubiera desmentido o controvertido tal circunstancia.
4.1.3. Frente
a la segunda causal invocada por la entidad para negar el subsidio pretendido
por la accionante se encuentra la existencia de una doble postulación por parte
de la accionante, una realizada ante Comfamiliar Atlántico y la segunda ante
Cajacopi Barranquilla, lo que en aplicación de lo dispuesto en el Art. 33 del
Decreto 975 de 2004[123]
implicaba la negación de ambas solicitudes.
Hay que
destacar que la accionante en su escrito de tutela es clara en indicar que lo
hizo “debido a la desesperación en la que me encontraba por el diagnóstico
de enfermedad terminal que tengo y así ver que pronto me voy a morir y mis
hijos quedarían desamparados ya que no cuentan con nadie que los acoja,
asimismo la doble postulación la hice ignorando que traería este tipo de
consecuencias que me inhabilitan para acceder a un subsidio de vivienda hasta
tanto no se abran nuevas convocatorias, lo cual puede suceder en muchísimo
tiempo y muy probablemente no estaré con vida para postularme”[124],
además de que manifestó que tiempo después, y al enterarse de las consecuencias
de la situación, retiró una de las solicitudes[125].
En
este punto es necesario traer a colación una de las subreglas de la
jurisprudencia más reciente frente al tema de la asignación de subsidios de
vivienda de la población desplazada, contenida en la Sentencia T-742 de 2009,
en la que se ha indicado que “los jueces, al momento de atender una
situación específica que involucre los derechos de la población desplazada debe
atender estas pautas de interpretación y además reconocer que las personas
puestas en situación de desplazamiento forzado: (i) suelen desconocer sus
propios derechos, sin que sea posible evaluar este fenómeno en aplicación
estricta del principio general en virtud del cual el desconocimiento de la ley
no sirve de excusa para su incumplimiento”. En el presente caso, en el
que existe un abundante material probatorio que corrobora lo sostenido por la
accionante, debe tenerse en cuenta esta regla favorable de interpretación para
analizar la situación que ubica a la señora Arenas en una posición
especialmente vulnerable por la enfermedad que padece, además de ser madre
cabeza de familia, desplazada, incapacitada para laborar y responsable de un
menor de edad en estado de discapacidad[126].
Así, es válido suponer que por la ignorancia y la angustia en la que se veía la
accionante, sus condiciones la llevaron a postularse en dos ocasiones, sin que
fuera posible para ella medir las consecuencias de su actuar, tal como lo
manifestó en su escrito de tutela. Igualmente, es necesario destacar que la
accionante, luego de entender las consecuencias de su actuar, ha obrado de
buena fe reconociendo el error de la doble postulación e intentando, dentro de
sus posibilidades, mitigar las consecuencias del mismo. Esta situación se puede
apreciar claramente en la  solicitud que elevó la accionante a CAJACOPI
-radicado en la entidad el 10 de junio de 2008- en la que manifestó su
intención de “renunciar a dicha postulación”[127].
Desde
este punto de vista sería válido exceptuar, por las especiales condiciones
demostradas por la accionante, y sólo para este caso concreto, la
aplicación estricta del Art. 33 del Decreto 975 de 2004, más aún cuando la
accionante, al haber sido enterada de la consecuencia prevista por la norma,
intentó corregir su actuar para conseguir la protección de su derecho a la
vivienda, al igual del de su grupo familiar.
No sobra anotar en este punto que
la Corte Constitucional ha considerado que “entre el grupo poblacional de
personas desplazadas, que de por sí amerita un tratamiento prioritario por su
condición de especial protección constitucional, pueden encontrarse casos de
individuos o familias que se encuentran en una situación de particular
indefensión y vulnerabilidad, incluso mayor a la de la generalidad de personas
desplazadas. Se trata de casos individuales y excepcionales, cuyas
condiciones son especialmente extremas, y que por lo mismo requieren un
tratamiento particularmente atento, por haber adquirido el status de sujetos de
protección constitucional reforzada, en virtud de las condiciones concurrentes
de debilidad que les asisten”[128].
Lo anterior implica un reconocimiento expreso de la jurisprudencia de un deber
mayor de protección frente a personas que además de estar en la situación de
desplazamiento, que ya de por sí merece una consideración especial, presentan
otras particularidades que las colocan en situaciones aún más precarias.
4.1.4. Consecuencialmente,
se revocará la decisión de instancia para en su lugar conceder el amparo y se
ordenará a Fonvivienda, por
intermedio de su Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no lo
ha realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta sentencia incluya a la accionante Victoria
Eugenia Arenas Guirales, en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o
usada, y que modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se
rechazó la postulación de la misma, para lo cual deberá adelantar los ajustes
administrativos a que haya lugar.
Debe
destacarse que la negativa para la postulación del subsidio de vivienda de los
accionantes, por los requisitos aquí analizados, no tiene un sustento
constitucional. Sin embargo, dicha circunstancia no conduce necesariamente a la
asignación del subsidio, como quiera que los demandantes deben seguir el
proceso al que están sujetas todas las personas que se encuentran en igualdad
de condiciones (Decretos 951 de 2001, 2060 de 2000, entre otros). Por lo que se
ordenará, en cada uno de los casos, como se hizo en sentencia de tutela T-044
de 2010, la inclusión de los peticionarios en la lista de aspirantes al
subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada para la población desplazada.
4.2
Expediente T-2.601.630
4.2.1. Como
cuestión previa es necesario aclarar el punto referente a una posible temeridad
por parte del accionante en la interposición de la acción de tutela,
argumentada por la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar – Huila, “entabló
similar acción ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Penal.
Radicación 2009-00203-00. La acción fue negada mediante providencia del 30 de
octubre de 2009, por lo que en principio debe analizarse la procedencia del
rechazo por dicha circunstancia”[129].
Esta situación
erradamente interpretada por la entidad vinculada, se debió a que en el proceso
de la referencia se decretó la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, “del
auto del 18 de septiembre de 2009 por cuyo medio se avocó conocimiento de la
demanda de tutela”[130],
determinado en providencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Penal. Al proceso inicialmente adelantado se le otorgó la radicación
2009-00203-00, pero ante la nulidad se le asignó un nuevo número de proceso
2009-00182-00, con lo cual se descarta la temeridad o la concurrencia de
acciones de tutela sobre los mismos hechos.
4.2.2. Una
vez aclarado lo anterior, frente al presente caso es necesario resolver el
punto a. del problema jurídico planteado, en torno a la eventual
vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la decisión de la
entidad accionada de negar el subsidio con los argumentos de que en las bases
de datos consultadas alguno de los miembros del grupo familiar de Luis Arturo
Franco Saavedra aparece como propietario de un predio.
4.2.3. El
punto central del presente caso se refiere a la decisión de la entidad de negar
la posibilidad de acceder al subsidio argumentando que una de las hijas del
accionante, Johana Andrea Franco Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía
40’670,533 de Florencia, Caquetá, se encuentra en la base de datos aportada por
el IGAC como propietaria de un inmueble en Granada, departamento del Meta. Esto
es rebatido por el accionante aportando una certificación de la oficina de
registro de instrumentos públicos del municipio de San Martín – Meta, en donde
consta con claridad que Johana Andrea Franco Jiménez no figura inscrita en
dicha dependencia como propietaria de bienes inmuebles en los municipios a
cargo de dicha oficina.
En este caso,
si bien la prueba proviene de una fuente diferente a las previstas en el Art.
42 del Decreto 2190 de 2009[131],
se presenta como un instrumento válido para desmentir el fundamento del acto
administrativo por medio del cual se le negó a él y a su grupo familiar el
acceso al subsidio de vivienda destinado a la población desplazada, cual es que
alguno de los miembros del núcleo familiar del solicitante fuera propietario de
una vivienda en lugar distinto al de expulsión.
Es necesario
resaltar que FONVIVIENDA si bien no aportó una contestación en el proceso, en
el anterior -que fue anulado mediante providencia del 19 de Noviembre de 2009
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia- se
había referido a dicho instrumento, argumentando que el mismo no era conducente
por cuanto la oficina de registro de San Martín - Meta, no sería competente en
el municipio de Granada[132].
Esta circunstancia, única que podría desvirtuar el valor del documento aportado
por el accionante en sede de tutela (el cual ya había sido puesto de presente
ante la entidad en sede de recurso de reposición[133]), no es cierta puesto
que al verificar la asignación de competencias de dicha oficina de registro,
cuya última modificación se dio mediante Decreto 3109 de 2007, se dejó claro
que la comprensión municipal de Granada le corresponde a dicha oficina. Sobre
el particular, el Decreto en mención dispone:
“ARTÍCULO SEGUNDO. En razón a la creación de la Oficina de Registro
dispuesta en el artículo anterior, modificase la comprensión municipal de la
Oficina de Registro de San Martín (Meta), la cual quedará así:
DEPARTAMENTO DEL META
OFICINA DE
REGISTRO SECCIONAL
SAN MARTIN
COMPRENSION MUNICIPAL
San Martín
Mapiripán
Mesetas
Uribe
Vista hermosa
La Macarena
Lejanías
Puerto Rico
Puerto Concordia
Fuente de Oro
Granada
El Castillo
san Carlos de Guaroa
Puerto Lleras
San Juan de
Arama”[134].
Esta
circunstancia reafirma el poder probatorio del certificado aportado, por lo
cual deberá tenerse en cuenta como prueba válida que no fue desmentida en modo
alguno por FONVIVIENDA, y que primordialmente permite afirmar que el sustento
probatorio de la negación del acceso al subsidio ha sido controvertido
válidamente por el accionante, con lo cual quedaría sin un fundamento válido el
mismo.
En este
escenario es claro que el señor Luis Arturo Franco Saavedra ha logrado controvertir
el fundamento de la entidad accionada para negar el acceso al subsidio por
reportarse una propiedad, de manera que la causal invocada[135] no podría esgrimirse
como legítima, pues en la presente tutela el accionante ha manifestado y
probado de manera adecuada que su hija, Johana Andrea Franco Jiménez, no es
propietaria de bien inmueble alguno, sin que la entidad hubiera desmentido o
controvertido tal circunstancia.
4.2.4. Consecuencialmente,
se revocará la decisión de instancia para en su lugar conceder el amparo y se
ordenará a Fonvivienda, por
intermedio de su Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no lo
ha realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta sentencia incluya al accionante Luis Arturo
Franco Saavedra en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, y que
modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se rechazó la
postulación del mismo, para lo cual deberá adelantar los ajustes
administrativos a que haya lugar.
Debe
destacarse que la negativa para la postulación del subsidio de vivienda de los
accionantes, por los requisitos aquí analizados, no tiene un sustento
constitucional. Sin embargo, dicha circunstancia no conduce necesariamente a la
asignación del subsidio, como quiera que los demandantes deben seguir el
proceso al que están sujetas todas las personas que se encuentran en igualdad
de condiciones (Decretos 951 de 2001, 2060 de 2000, entre otros). Por lo que se
ordenará, en cada uno de los casos, como se hizo en sentencia de tutela T-044
de 2010, la inclusión de los peticionarios en la lista de aspirantes al
subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada para la población desplazada.
4.3
Expediente T-2.635.356
4.3.1. Frente
al presente caso es necesario resolver el puntos a. y b. del problema
jurídico planteado, en torno a la eventual vulneración de los derechos
fundamentales invocados frente a la decisión de la entidad accionada de negar
el subsidio con los argumentos de que en las bases de datos consultadas alguno
de los miembros del grupo familiar de Jesús Emigdio Pantoja Revelo, aparece
como propietario de un predio uno de los cuales se encuentra en zona de alto
riesgo y no es apto para construcción de vivienda.
4.3.2. El
primer punto a resolver se encamina a analizar la razón de la decisión de la
entidad de negar la posibilidad de acceder al subsidio sostenida en la
contestación de la tutela de la referencia, en la que FONVIVIENDA sostuvo que
la esposa del accionante, María Berta Goyes Revelo, se encontraba en la base de
datos aportada por el IGAC como propietaria de un inmueble en el municipio de San
Miguel, Departamento del Putumayo. Al respecto es necesario recordar que en su
acción de tutela, el señor Pantoja Revelo manifestó que había sido desplazado
junto con su grupo familiar del municipio de San Miguel – Putumayo en el año
2000. De este modo podría reducirse la cuestión central del caso en determinar
si la motivación para negar el subsidio de vivienda destinado a la población
desplazada en la modalidad de reubicación[136],
puede basarse en que los solicitantes son propietarios en el lugar de la
expulsión.
La respuesta
a lo anterior debe ser un categórico no, que se basa en el propósito de la
modalidad del subsidio, pues lo que se busca es el reasentamiento de la familia
desplazada en un lugar diferente al del desplazamiento, como expresión de la
decisión de los afectados de optar por no regresar a aquel municipio. Así, ha
expresado la Corte Constitucional que “si de la valoración
constitucionalmente aceptable de la prueba se colige que el hogar postulante
cuenta con un único inmueble en el municipio del que se desplazó, es forzoso
admitir que el hogar desplazado cumple a cabalidad los requisitos exigidos en
la modalidad de vivienda a la cual se presentó”[137] y por ende, la
decisión de la entidad de negar el subsidio bajo este pretexto desconoce los
derechos del postulante y su grupo familiar.
Cabe anotar
igualmente que en el presente caso FONVIVIENDA, a pesar de sólo argumentar la
negativa en la concesión del subsidio en la propiedad de la señora María Berta
Goyes Revelo de un predio en el lugar de expulsión, no complementó tal
argumento con “una evaluación sobre las condiciones de orden público
existentes en las regiones o localidades hacia las cuales se pretenda retornar”[138], que
por lo menos indicara que les era seguro a los solicitantes optar por regresar
al área de expulsión, y por tal motivo negarles el acceso al subsidio de
vivienda por la existencia de ese bien inmueble.
Al
respecto cabe recordar que la sentencia T-025 de 2004 estableció que:
“(...) En relación con el derecho al retorno y al
restablecimiento, las autoridades están obligadas a (i) no aplicar medidas de
coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que
se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las personas desplazadas
retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto del
territorio, precisándose que cuando existan condiciones de orden público que
hagan prever un riesgo para la seguridad del desplazado o su familia en su
lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades deben advertir en forma
clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les informen sobre su propósito
de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la información necesaria sobre
las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el
compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado
asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv)
abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión
implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad
personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de llegada por lo
cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o colectivo de
personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento en otro punto
geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las condiciones de orden
público del lugar al cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán
comunicarse a los interesados en forma previa al acto de retornar o
restablecerse”.
Desde este
punto de vista, la decisión de FONVIVIENDA de negar de plano el acceso al
subsidio de vivienda con el simple argumento de la propiedad de la señora María
Berta Goyes Revelo, sin que se haya adelantado estudio de seguridad de la
región de expulsión y sin que tal estudio hubiere sido comunicado al accionante
como cabeza del grupo familiar y solicitante del subsidio, desconoció el deber de la
entidad de “verificar que se cumplen las condiciones de voluntariedad, seguridad y
dignidad respecto de cada una de las personas en condición de
desplazamiento”[139] para el retorno, y con ello,
el sustento de la negativa del subsidio carecería de validez, pues ni tan
siquiera se verificó que la ubicación del predio que pertenecería al núcleo
familiar del accionante fuera un lugar viable para el retorno[140].
4.3.3.
Además de lo anterior, el accionante expone que su esposa aparece cómo
propietaria de un inmueble en lugar diferente al de expulsión ubicado en el
municipio de Potosí - Nariño, y el cual está localizado, según el esquema de
ordenamiento territorial de dicho municipio, en zona de alto riesgo por lo cual
no es apto para la construcción de vivienda. Este hecho no fue expuesto por la
entidad en su contestación, por lo que no puede considerarse que el mismo
sirvió como sustento para la negación del subsidio, a pesar de lo cual la Sala
hará una consideración al respecto, para determinar la posibilidad del
accionante y su grupo familiar de acceder al subsidio.
Para
la Sala, el simple hecho de que el solicitante de un subsidio de vivienda de
interés social dirigido a la población desplazada tenga un inmueble, no
constituye per se una razón válida para que se presente la negación de
su solicitud. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el punto antes analizado,
frente al cual se ha reconocido que cuando el solicitante desea optar por el
subsidio en la modalidad de reubicación, el hecho de que se tenga una propiedad
en el lugar de la expulsión no implica una razón válida para negar el subsidio.
La determinación de cuándo el hecho de ser propietario es un impedimento válido
para acceder al subsidio de vivienda de interés social está dado por el
propósito del subsidio, que está encaminado a ofrecer una solución de vivienda
a alguien que no la tenga. Esto último implica tanto que no la tenga
formalmente, es decir no esté registrado como poseedor o propietario, tanto
como para quien teniendo una vivienda, no pueda disfrutarla, por ejemplo por
encontrarse en el lugar del desplazamiento.
Aplicando
las anteriores consideraciones al caso concreto es fácil de apreciar como a
pesar de que el grupo familiar del accionante es propietario de un lote de
terreno en un lugar distinto al de expulsión, la localización del mismo en una
zona de alto riesgo implica que el mismo no podrá ser utilizado para la
construcción de vivienda[141],
de manera que no puede constituirse como una alternativa para la realización
del derecho a la vivienda digna, de manera que en el caso concreto el
accionante, a pesar de propietario, no podrá conjurar, utilizando dicha
propiedad, la falta de realización del derecho a la vivienda, que se ha
considerado fundamental cuando se refiera a la población desplazada, situación
que se verifica de la manifestación del accionante que expresó en su tutela que
él y su familia residen “en el municipio de Consacá en una casa en arriendo
ubicada en la vereda SAN RAFAEL con las dificultades que ellos amerita ya que
dependo de la buena voluntad del propietario que me cobra de acuerdo al
contexto, sin embargo me es imposible sostener a mi familia en la situación en
la que me encuentro, por supuesto por mi condición de víctima de desplazamiento
forzado, me ha impedido enormemente la posibilidad de brindar a mi hogar una
vivienda digna propia […]”[142].
Además
de lo anterior, es claro que la interpretación que se hizo por parte de
FONVIVIENDA de las disposiciones contenidas en el Decreto 975 de 2004
desconoció la obligación de origen jurisprudencial de hacer una interpretación
favorable de las normas que se refieran a la situación de la población
desplazada. Esto es así por cuanto el artículo 28, referido a las situaciones
en las cuales no se podrá postular al subsidio de vivienda, en su literal d.
sostiene que “En el caso de adquisición o construcción en sitio propio,
cuando alguno de los miembros del hogar sea propietario o poseedor de una
vivienda a la fecha de postular”[143],
de manera que la imposibilidad de postular, en este caso concreto se ha debido
referir a la propiedad sobre una vivienda, entendido esta como una casa de
habitación, que como lo expuso el accionante no es la situación de su grupo
familiar, pues este es apenas propietario de un lote de terreno en el que está
claro que no se puede emprender construcción de vivienda.
Como
conclusión de lo anterior puede decirse que las razones expuestas por
FONVIVIENDA no pueden servir como fundamento para negar la solicitud de
subsidio del accionante en especial porque la propiedad de la esposa del mismo
no es garantía de efectividad de su derecho a la vivienda en condiciones de
dignidad.
4.3.4. Consecuencialmente,
se revocará la decisión de instancia para en su lugar conceder el amparo y se
ordenará a Fonvivienda, por
intermedio de su Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no lo
ha realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta sentencia incluya al accionante Jesús
Emigdio Pantoja Revelo en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o
usada, y que modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se
rechazó la postulación del mismo, para lo cual deberá adelantar los ajustes
administrativos a que haya lugar.
Debe
destacarse que la negativa para la postulación del subsidio de vivienda de los
accionantes, por los requisitos aquí analizados, no tiene un sustento
constitucional. Sin embargo, dicha circunstancia no conduce necesariamente a la
asignación del subsidio, como quiera que los demandantes deben seguir el
proceso al que están sujetas todas las personas que se encuentran en igualdad
de condiciones (Decretos 951 de 2001, 2060 de 2000, entre otros). Por lo que se
ordenará, en cada uno de los casos, como se hizo en sentencia de tutela T-044
de 2010, la inclusión de los peticionarios en la lista de aspirantes al
subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada para la población desplazada.
4.4 Expediente T-2.658.617
4.4.1. Frente
al presente caso es necesario resolver el punto d. del problema jurídico
planteado, en torno a la eventual vulneración de los derechos fundamentales
invocados frente a la decisión de la entidad accionada de negar el subsidio con
los argumentos de que en las bases de datos consultadas aparecen
inconsistencias en la determinación del número de identificación de uno de los
miembros del grupo familiar de Eyicela Polanía Vargas.
4.4.2. En el
presente caso la decisión de FONVIVIENDA de negar la posibilidad de acceder al
subsidio de vivienda, radica en que el hijo de la accionante, Yeferson Leandro
Montenegro, aparece con inconsistencias en la base de datos remitida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, pues aparece en ella que “[l]a
cédula [del señor Montenegro] no existe en archivo magnético”[144].
Esto fue rebatido por la accionante aportando la copia de la contraseña del señor
Montenegro, que consta en el folio 8 del expediente.
Cabe destacar
que esta circunstancia fue puesta de presente en el trámite del recurso de
reposición que inició frente a la resolución 904 de 2009 de FONVIVIENDA, pero
que la entidad persistió en su decisión de negar el subsidio[145]. De igual manera, con
ocasión de la vinculación de FONVIVIENDA en el proceso de tutela, se le brindó
la posibilidad de explicar las divergencias, pero se limitó a ratificar su
hallazgo de acuerdo con la base de datos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, sin que siquiera hubiera intentado explicar la razón de la
existencia de la contraseña, o indagado sobre los efectos que tiene la
transición entre la minoría y la mayoría de edad en cuestiones de
identificación.
Es necesario
resaltar lo expresado por la accionante en su escrito de tutela en torno al hecho
de que en el recurso de reposición que elevó contra la resolución 904 de 2009
de FONVIVIENDA puso de presente que cuando se postuló para acceder al subsidio
de vivienda su “hijo era menor de edad, pero hoy en día cuenta la mayoría de
edad (sic) y como documento de identidad solo porta la contraseña”[146], de
manera que intentó explicar la causa de las divergencias en las bases de datos
aportadas por la Registraduría. A pesar de lo anterior, la entidad persistió en
su negativa, pero no controvirtió tal aserto, ni argumentó así fuera
mínimamente por qué no tiene como válida una contraseña que si bien no puede
ser tenida como documento de identidad si es muestra de que la cédula
definitiva se encuentra en trámite.
Tampoco es
claro por qué, si se admite que el señor Montenegro pertenece al grupo familiar
del accionante en el Registro Único de Población Desplazada, el hecho de que
tenga una u otra identificación, o carezca de ella, no implica que deje de ser
sujeto de derechos, pierda su estatus como desplazado o se eleve alguna
circunstancia que le impida acceder al subsidio, pues las causales de exclusión
son taxativas, estando consagradas en las disposiciones pertinentes del Decreto
2190 de 2009[147],
menos aún cuando la accionante ha puesto de presente la existencia de la
mencionada contraseña, sin que la entidad controvierta su validez o existencia.
La situación
del accionante, en cuanto presenta un “cruce” de información incongruente o en
el que se reporta la inexistencia de un archivo magnético no puede ser tenido per
se como base para encuadrar la situación del hogar de la señora Eyicela
Polanía Vargas en alguna de las siete causales contempladas en la norma para
negar el acceso al subsidio, de manera que la decisión de FONVIVIENDA de
apartarlos del proceso con el argumento de que se presentan “cruces” de
información, sin que los mismos redunden en la configuración de alguna de las
causales que la norma contempla como válidas para negar el acceso al subsidio,
es inaceptable desde todo punto de vista, apareciendo como vulneratoria de los
derechos fundamentales de la accionante
4.4.3. Consecuencialmente,
se revocará parcialmente la decisión de instancia manteniendo la protección
otorgada frente al derecho al debido proceso, y disponiendo la tutela a los
derechos a la vida en condiciones dignas, la igualdad real y efectiva y los
derechos del niño, ordenando a Fonvivienda,
por intermedio de su Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no
lo ha realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta sentencia incluya a la accionante Eyicela
Polanía Vargas en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, y que
modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se rechazó la
postulación del mismo, para lo cual deberá adelantar los ajustes
administrativos a que haya lugar.
Debe
destacarse que la negativa para la postulación del subsidio de vivienda de los
accionantes, por los requisitos aquí analizados, no tiene un sustento
constitucional. Sin embargo, dicha circunstancia no conduce necesariamente a la
asignación del subsidio, como quiera que los demandantes deben seguir el
proceso al que están sujetas todas las personas que se encuentran en igualdad
de condiciones (Decretos 951 de 2001, 2060 de 2000, entre otros). Por lo que se
ordenará, en cada uno de los casos, como se hizo en sentencia de tutela T-044
de 2010, la inclusión de los peticionarios en la lista de aspirantes al subsidio
de adquisición de vivienda nueva o usada para la población desplazada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO:- Respecto
del expediente T-2.570.380, REVOCAR el fallo proferido el 13 de
enero de 2010 por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, que
confirmó el proveído del 28 de octubre de 2009 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Primera de Decisión Civil-Familia, que
denegó la acción de tutela formulada por Victoria Eugenia Arenas Guirales, y en
su lugar TUTELAR los derechos invocados por la accionante. Como
consecuencia de lo anterior, se ordena al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, por intermedio de su
Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro
del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia incluya a la accionante Victoria Eugenia Arenas
Guirales, en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés
Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, y que
modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se rechazó la
postulación de la misma, para lo cual deberá adelantar los ajustes
administrativos a que haya lugar.
SEGUNDO:- Respecto
del expediente T-2.601.630, REVOCAR el fallo proferido el 9 de
febrero de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Sala
Cuarta de Decisión Penal, que confirmó el proveído del 10 de diciembre de 2009
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, que denegó la acción de
tutela formulada por Luis Arturo Franco Saavedra, y en su lugar TUTELAR
los derechos invocados por el accionante. Como consecuencia de lo anterior, se
ordena al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda,
por intermedio de su Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no
lo ha realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia incluya al accionante
Luis Arturo Franco Saavedra en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o
usada, y que modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se
rechazó la postulación del mismo, para lo cual deberá adelantar los ajustes
administrativos a que haya lugar.
TERCERO:- Respecto
del expediente T-2.635.356, revocar
la sentencia proferida el 12 de febrero de 2010 por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Pasto, que negó la solicitud de amparo elevada por Jesús
Emigdio Pantoja Revelo, y en su lugar TUTELAR los derechos invocados por
la accionante. Como consecuencia de lo anterior, se ordena al Fondo
Nacional de Vivienda, Fonvivienda,
por intermedio de su Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no
lo ha realizado, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia incluya al accionante
Jesús Emigdio Pantoja Revelo en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o
usada, y que modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se
rechazó la postulación del mismo, para lo cual deberá adelantar los ajustes
administrativos a que haya lugar.
CUARTO:- Respecto
del expediente T-2.658.617, revocar
parcialmente la sentencia proferida el 12 de abril de 2010 por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila – Sala Cuarta de Decisión, en
cuanto negó la solicitud de amparo elevado por Eyicela Polanía Vargas frente a
los derechos a la vida en condiciones dignas, la igualdad real y efectiva y los
derechos del niño, para en su lugar tutelar los derechos antes mencionados, y CONFIRMAR
el fallo en cuanto tuteló el derecho fundamental al debido proceso. Como
consecuencia de lo anterior, se ordena al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, por intermedio de su
Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro
del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia incluya a la accionante Eyicela Polanía Vargas
en la lista de aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en
la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, y que modifique en lo
pertinente la resolución mediante la cual se rechazó la postulación del mismo,
para lo cual deberá adelantar los ajustes administrativos a que haya lugar.
QUINTO:- Por la Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Expediente T-2.570.380, folio 1.
[2]
Ibíd.
[3]
Expediente T-2.570.380, folio 10.
[4]
Expediente T-2.570.380, folio 17.
[5]
Expediente T-2.570.380, folio 9.
[6]
Expediente T-2.570.380, folios 14 y 15.
[7]
Expediente T-2.570.380, folio 16.
[8]
Expediente T-2.601.630, folio 8.
[9]
Expediente T-2.601.630, folio 1.
[10]
Expediente T-2.635.356, folio 3.
[11]
Expediente T-2.635.356, folios 2 y 3.
[12]
Expediente T-2.658.617, folio 1.
[13]
Expediente T-2.658.617, folio 4.
[14]
Expediente T-2.658.617, folio 1.
[15]
Cfr. Expediente T-2.658.617, folio 9.
[16]
Expediente T-2.570.380, folio 6.
[17]
Expediente T-2.601.630, folio 3.
[18]
Expediente T-2.635.356, folio 7.
[19]
Acción de tutela interpuesta el 5 de octubre de 2009.
[20]
Expediente T-2.570.380, folio 10.
[21]
Expediente T-2.570.380, folio 1 (negrilla en el texto).
[22]
Expediente T-2.570.380, folio 3.
[23]
Ibíd.
[24]
Ibíd.
[25]
Expediente T-2.570.380, folio 17.
[26]
Expediente T-2.570.380, folio 9.
[27]
Expediente T-2.570.380, folio 14.
[28]
Expediente T-2.570.380, folios 14 y 15.
[29]
Acción de tutela interpuesta el 15 de septiembre de 2009.
[30]
Expediente T-2.601.630, folio 8.
[31]
Expediente T-2.601.630, folio 2.
[32]
Expediente T-2.635.356, folio 5.
[33]
Ibíd.
[34]
Expediente T-2.635.356, folio 13.
[35]
Expediente T-2.635.356, folio 6.
[36]
Expediente T-2.658.617, folio 7.
[37]
Expediente T-2.658.617, folio 8.
[38]
Expediente T-2.658.617, folios 4 y 5.
[39]
Expediente T-2.658.617, folios 56 a 64.
[40]
Expediente T-2.570.380, folio 76.
[41] Articulo 42. Verificación de información. Antes de
proceder a la calificación de las postulaciones, la entidad otorgante del
subsidio familiar de vivienda verificará la información suministrada por los postulantes.
Mensualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAC, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las Oficinas de Catastro de
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y el departamento de Antioquia, la Superintendencia de Notariado y Registro, las Entidades Financieras, los Fondos de Pensiones
y Cesantías, el INURBE en Liquidación, las Cajas de Compensación Familiar, el
Fondo Nacional de Vivienda, el Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar y las demás entidades que el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial determine, deberán entregar a éste o a la
entidad que éste designe, sin costo alguno y en medio magnético, electrónico o
similar, la información necesaria para verificar la información suministrada
por los postulantes.
El incumplimiento en la remisión oportuna de la
información a la que se hizo alusión en el inciso anterior dará lugar a la
aplicación de las sanciones a que haya lugar conforme a la normatividad
vigente.
Las entidades otorgantes tendrán la facultad de
revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información
suministrada por el postulante. Si antes de la asignación o de la transferencia
de la propiedad de la vivienda al hogar, se comprueba que existió falsedad o
imprecisión en los datos suministrados en el formulario de solicitud del
subsidio y/o en los documentos que lo acompañan, o en las condiciones o
requisitos de la postulación, y/o asignación, se eliminarán las postulaciones
presentadas y/o las asignaciones efectuadas.
Si después de girado el subsidio familiar de vivienda,
la entidad otorgante comprueba que existió imprecisión en los datos
suministrados en el formulario de postulación y/o en los documentos que lo
acompañan, en las condiciones o requisitos de la postulación, y/o asignación, o
en los documentos de cobro del subsidio, o que la información suministrada para
la postulación no corresponde a la verdad, el monto entregado deberá ser
restituido por el hogar beneficiario a la entidad otorgante. El valor a
restituir será el monto del subsidio asignado, indexado con el Índice de
Precios al Consumidor, IPC, desde la fecha del desembolso, más los intereses
corrientes causados desde esa misma fecha.
Adicional a lo expresado, y sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar, la imprecisión en la información que se detectare
en cualquier etapa del proceso, así como la comprobación de que la información
suministrada para la postulación al subsidio familiar de vivienda, no
corresponde a la verdad, generará la imposibilidad para solicitar de nuevo el
subsidio por parte del postulante durante un término de diez (10) años, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 3ª de 1991.
Parágrafo. Con el propósito de facilitar y agilizar el
proceso de postulación de los hogares, las entidades otorgantes del Subsidio
Familiar de Vivienda de Interés Social, podrán establecer mecanismos de
consulta en línea con las entidades a que haya lugar para verificar la
información de las postulaciones presentadas. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentará la materia. En todo caso, los hogares, directamente, o a través de los gestores u oferentes de
proyectos de vivienda, las entidades territoriales u oficinas encargadas en los
municipios de impulsar el tema de vivienda, podrán solicitar dentro de los
primeros cinco (5) días de cada mes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial el cruce de la información de los posibles hogares
postulantes, para verificar el cumplimiento de los requisitos antes de la postulación. Dicho Ministerio dará respuesta a esas solicitudes durante los diez (10) días
siguientes a la fecha en que fue realizada la solicitud.
[42] ARTICULO
6o. Establécese el Subsidio Familiar de Vivienda
como un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez al
beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés
social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las
condiciones que establece esta Ley. La cuantía del subsidio será determinada
por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor
final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas de los
beneficiarios.
ARTICULO
7o. *CONDICIONALMENTE exequible Ver Sentencia C-029/2009* Podrán ser beneficiarios del Subsidio
Familiar de Vivienda los hogares de quienes se postulen para recibir el
Subsidio, por carecer de recursos suficientes para obtener una vivienda,
mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma; el reglamento
establecerá las formas de comprobar tales circunstancias.
A las
postulaciones aceptables se les definirá un orden secuencial para recibir la
asignación del subsidio de acuerdo con la calificación de los aportes del
beneficiario a la solución de vivienda, tales como ahorro previo, cuota
inicial, materiales, trabajo o su vinculación a una organización popular de
vivienda.
El acto
de postularse implica la aceptación por parte del beneficiario de las
condiciones bajo las cuales se otorga el Subsidio.
[43]
Lit. d., Art. 28 Decreto 975 de 2004 y Lit. d., Art. 34 Decreto 2190 de 2009.
[44]
Expediente T-2.570.380, folio 80.
[45] Artículo
33.Duplicidad de postulaciones. Ningún
hogar podrá presentar simultáneamente más de una postulación para el acceso al
subsidio familiar de vivienda, así sea a través de diferentes registros de las
personas integrantes del mismo. Si se incurre en esta conducta, las solicitudes
correspondientes serán eliminadas de inmediato por la entidad competente. Si se
detectare la infracción con posterioridad a la asignación del subsidio, se
revocará su asignación y por ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado en
parte o totalmente, se ordenará su restitución indexado con el Índice de
Precios al Consumidor, IPC, desde la fecha en que se asignó.
La infracción
de esta norma implicará la pérdida del derecho a nuevas postulaciones durante
un período de diez (10) años para todos los miembros del hogar.
[46] Artículo 40. Duplicidad
de postulaciones. Ningún hogar podrá presentar simultáneamente más de una
postulación para el acceso al subsidio familiar de vivienda, así sea a través
de diferentes registros de las personas integrantes del mismo. Si deliberadamente
se incurre en esta conducta, las solicitudes correspondientes serán eliminadas
de inmediato por la entidad competente. Si se detectare la infracción intencional
con posterioridad a la asignación del subsidio, se revocará su asignación y por
ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará
su restitución indexado con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, desde la
fecha en que se asignó. (Subrayas fuera del texto original)
[47]
Expediente T-2.570.380, folio 124.
[48]
Expediente T-2.570.380, folio 130.
[49]
Expediente T-2.570.380, folio 131.
[50]
Expediente T-2.570.380, folio 132, citando la sentencia T-791 de 2004.
[51]
Expediente T-2.570.380, folio 34. (Subrayas y negrilla en el texto original).
[52]
[53]
Expediente T-2.601.630, folios 25-26.
[54]
Expediente T-2.601.630, folio 20.
[55]
Expediente T-2.601.630, folio 21.
[56]
Expediente T-2.601.630, folio 30.
[57]
Expediente T-2.601.630, folio 32.
[58]
Expediente T-2.635.356, folio 23 y 24.
[59]
Ibíd.
[60]
Expediente T-2.658.617, folio 20
[61]
Ibíd.
[62]
Expediente T-2.601.630, folio 21.
[63]
Expediente T-2.601.630, folio 30.
[64]
Expediente T-2.601.630, folio 32.
[65]
Expediente T-2.570.380, folio 94.
[66]
Ibíd.
[67]
Expediente T-2.570.380, folio 95.
[68]
Decreto 975 de 2004, Art. 33. “[…]La infracción de esta norma
implicará la pérdida del derecho a nuevas postulaciones durante un período de
diez (10) años para todos los miembros del hogar”.
[69]
Expediente T-2.570.380, folio 13.
[70]
Expediente T-2.570.380, folio 106. (Negrilla en el texto original).
[71]
Expediente T-2.570.380, Segundo Cuaderno, folio 7.
[72]
Ibíd.
[73]
Ibíd.
[74]
Se citaron los fundamentos 4 a 6, 9, 14 a 16, 35, 39, 61 a 69 y del resuelve las órdenes primera y séptima.
[75]
Expediente T-2.601.630, folio 55.
[76]
Expediente T-2.601.630, folio 57.
[77]
Expediente T-2.601.630, folio 68. (Expedida el 3 de septiembre de 2009).
[78]
Expediente T-2.601.630, folio 69. (Expedido el 6 de octubre de 2009).
[79] Artículo
57. Reclamaciones. Los postulantes no beneficiados que se sientan afectados por
el resultado de los procesos de asignación de subsidios adelantados por el
Fondo Nacional de Vivienda podrán interponer ante dicha entidad, en los
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a que haya lugar
contra las resoluciones expedidas.
En el caso de
las Cajas de Compensación Familiar, el procedimiento de reclamación se surtirá
mediante la presentación por escrito ante la entidad otorgante de las
observaciones y reclamos que les merecen los procesos adelantados, para lo cual
contarán con un plazo de quince (15) días contados a partir de la publicación
de los listados de beneficiarios del subsidio, transcurrido el cual no se
atenderán reclamaciones. En este caso, sólo serán atendidos los reclamos
fundados en errores de hecho no imputables a los postulantes, previo informe
motivado y suscrito por el representante legal de la entidad otorgante, de
acuerdo con el procedimiento que para el efecto cada entidad establezca; si
aceptada la reclamación los recursos resultaren insuficientes, las
postulaciones respectivas se harán efectivas en la siguiente asignación o
posteriores.
Parágrafo.
Cada entidad otorgante deducirá los valores de los subsidios correspondientes a
reclamaciones aceptadas de la suma destinada a la asignación correspondiente o
de asignaciones posteriores.
[80]
Expediente T-2.635.356, folio 41.
[81]
Expediente T-2.658.617, folio 44.
[82]
Expediente T-2.658.617, folios 46 – 47.
[83] Constitución Política,
Art. 86.
[84] Sentencia T-001 de 1992.
[85] Sentencia T-108 de 2006.
[86] (Subrayas fuera del
texto original).
[87] Sentencia T-108 de 2006.
[88]
Expediente T-2.570.380, folio 16.
[89]
Expediente T-2.570.380, folios 18 a 24.
[90]
Expediente T-2.570.380, folios 14 y 15.
[91]
Expediente T-2.601.630, folios 6 y 7.
[92]
Cfr. Expediente T-2.601.630, folio 4.
[93]
Expediente T-2.635.356, folio 23
[94]
Esto se puede verificar en las consultas al sistema CAVIS aportadas por
COMCAJA, obrante en el Expediente T-2.658.617, folio 21. Igualmente debe
destacarse que luego de la sentencia de tutela que se revisa, FONVIVIENDA
aportó copia de la resolución 0293 del 5 de abril de 2010 en la cual,
cumpliendo con la orden del juez de tutela de primera instancia, persistió en
su negación del subsidio por inconsistencias en la base de datos reportada por la Registraduría, registrando que la cédula de YEFFERSON LEANDRO MONTENEGRO POLANÍA no existe en
el archivo magnético.
[95] Sentencia T-211 de 2009.
[96] Ibíd.
[97] T-068/06,
T-822/02, T-384/98, y T-414/92.
[98] Ibidem.
[99] Ver, entre
otras, las sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de
2004, y T-1012 de 2003.
[100] Sentencia T-211 de
2009.
[101] Cfr.
Sentencias T-211 de 2009, T-494/06, SU-544/01, T-142/98 y T-225/93.
[102] T-456/04.
[103] Cfr
T-234/94.
[104] Cfr.
Sentencias T-068 de 2006, T-822 de 2002, T-384 de 1998, y T-414 de 1992.
[105] Sentencia T-211 de
2009.
[106] Ver,
entre otras, las sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651
de 2004, y T-1012 de 2003.
[107] Ver. T-1091/05 “El
derecho a la vivienda puede ser protegido por el juez de tutela, cuando dadas
las circunstancias particulares de debilidad manifiesta en que se encuentra
quien la posee, es o puede ser injustamente despojado de ella y con ello se
afecta su mínimo vital o el de su familia, o cuando adquiere el rango de
fundamental por el factor de conexidad con otro derecho fundamental. Las
anteriores circunstancias pueden ser consideradas por el juez de tutela, para
otorgar una protección bien definitivamente o de manera transitoria, aún
tratándose de relaciones contractuales entre particulares, cuando por la acción
o la omisión de quien abusando de su posición dominante y vulnerando el
principio de confianza legítima, coloca a quien se encuentra en estado de
debilidad manifiesta en condiciones de poder la propiedad de la vivienda en la
que habita”. En el mismo sentido se pueden consulta entre otras sentencias:
T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09.
[108] La Constitución Política de Colombia
estatuye en su artículo 51:
“Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. || El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
[109] Sentencia SU-111 de
1997.
[110] Ibíd.
[111] Cfr. Sentencia SU-111
de 1997.
[112] Sentencia SU-111 de
1997.
[113] Cfr. Entre otras,
Sentencias T-569 de 2009, T-473 de 2008, T-637 de 1997.
[114] Sentencia T-125 de
2008. (subrayas fuera del texto original).
[115] Cfr. Entre otras,
sentencias T-966 de 2007 y T-585 de 2006.
[116] Recuérdese que la sentencia T-025 de 2004 declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de atención a
la población desplazada, y en ella se reconoció que uno de los problemas más
acuciantes para la población desplazada es precisamente la realización efectiva
del derecho a la vivienda digna.
[117] T-585/06
[118]
Cfr. Sentencias T-025 de 2004 y T-268 de 2003.
[119]
Sentencia T-742 de 2009
[120]
Este artículo es idéntico, en lo pertinente al Art. 35 del Decreto 975 de 2004,
vigente al momento de la postulación.
[121]
Expediente T-2.570.380, folio 1.
[122]
Decreto 975 de 2004, Art. 28:
Artículo 28. Imposibilidad para
postular al subsidio. No podrán
postular al Subsidio Familiar de vivienda de que trata este decreto, los
hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones:
[…]
d) En el caso de adquisición o
construcción en sitio propio, cuando alguno de los miembros del hogar sea
propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular;
[…]
[123] Artículo
33.Duplicidad de postulaciones. Ningún
hogar podrá presentar simultáneamente más de una postulación para el acceso al
subsidio familiar de vivienda, así sea a través de diferentes registros de las
personas integrantes del mismo. Si se incurre en esta conducta, las solicitudes
correspondientes serán eliminadas de inmediato por la entidad competente. Si se
detectare la infracción con posterioridad a la asignación del subsidio, se
revocará su asignación y por ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado en
parte o totalmente, se ordenará su restitución indexado con el Índice de
Precios al Consumidor, IPC, desde la fecha en que se asignó.
La infracción
de esta norma implicará la pérdida del derecho a nuevas postulaciones durante
un período de diez (10) años para todos los miembros del hogar.
[124]
Ibíd.
[125] Cfr. Expediente T-2.570.380,
folio 112. En este folio, consta que la accionante presentó un escrito ante
CAJACOPI Barranquilla, “para manifestarles mi intención de renunciar a dicha
postulación, ya que también me encuentro postulada por Comfamiliar y ello ha
generado inconvenientes y la negatividad de otorgarme dicho subsidio”.
[126]
Expediente T-2.570.380, folio 16.
[127]
Expediente T-2.570.380, folio 112.
[128]
Sentencia T-919 de 2006.
[129]
[130]
Expediente T-2.601.630, Cuaderno 4, folio 11.
[131]
Este artículo es idéntico, en lo pertinente al Art. 35 del Decreto 975 de 2004,
vigente al momento de la postulación.
[132]
Expediente T-2.601.630, Cuaderno 3, folios 37 a 41.
[133]
Negado por la entidad mediante resolución 506 de 2009.
[134]
Subrayas y negrilla fuera del texto original.
[135]
Decreto 975 de 2004, Art. 28:
Artículo 28. Imposibilidad para
postular al subsidio. No podrán
postular al Subsidio Familiar de vivienda de que trata este decreto, los
hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones:
[…]
d) En el caso de adquisición o
construcción en sitio propio, cuando alguno de los miembros del hogar sea
propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular;
[…]
[136]
Así consta en la contestación de FONVIVIENDA, Expediente T-2.635.356, Folio 16.
[137]
Sentencia T-177 de 2010 (subrayas fuera del texto original).
[138]
Decreto 2569 de 2000, Art. 28.
[139]
Sentencia T-177 de 2010.
[140]
Recuérdese que “Las autoridades tienen la obligación de presentar a la persona
desplazada, antes de que ella tome la decisión respecto de su retorno o
reubicación, una información completa, objetiva, actualizada y exacta sobre las
condiciones de orden público del lugar en el que desea asentarse, y sobre las
posibilidades de acceder a los demás componentes del restablecimiento
socioeconómico”. (Decreto 2569 de 2000, Art. 28)
[141]
Así loi afirma la Secretaría de Planeación e Inversión Social del municipio de
Potosí – Nariño. Expediente T-2.635.356, folio 13.
[142]
Expediente T-2.635.356, folios 2 y 3.
[143]
Subrayas fuera del texto original.
[144]
Expediente T-2.658.617, folio 7.
[145]
Expediente T-2.658.617, folios 4 y 5.
[146]
Expediente T-2.658.617, folio 4.
[147] Artículo 34.
Imposibilidad para postular al subsidio. No podrán postular al Subsidio
Familiar de Vivienda de que trata este decreto los hogares que presenten alguna
de las siguientes condiciones:
a) Que alguno de los
miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda del Instituto de Crédito
Territorial o construido una solución habitacional con aplicación de créditos
de tal entidad, a través de cualquiera de los sistemas que hayan regulado
dichos beneficios, sea directamente o a través de algún tipo de organización
popular de vivienda. Lo anterior se aplicará aun cuando la vivienda haya sido
transferida o hubiere sido uno de los cónyuges el titular de tales beneficios;
b) Quienes como
beneficiarios hayan recibido subsidios familiares de vivienda, o quienes siendo
favorecidos con la asignación no hubieren presentado antes del vencimiento del
subsidio su renuncia a la utilización. Lo anterior cobija los subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda; el Instituto Nacional de Vivienda y
Reforma Urbana, INURBE, hoy en liquidación; la Caja Agraria hoy en liquidación; el Banco Agrario; FOCAFÉ y las Cajas de Compensación
Familiar, en los términos de la Ley 3" de 1991, Ley 49 de 1990 y normas
reglamentarias y por el FOREC hoy en liquidación, de acuerdo con el Decreto-ley
350 de 1999 y demás entidades u organismos que se establezcan en el futuro para
atender calamidades naturales. Lo anterior, no se aplicará en caso de que el
beneficiario hubiere restituido el subsidio a la respectiva entidad otorgante;
c) Quienes de acuerdo con
las normas legales, tengan derecho a solicitar subsidios de carácter nacional
para vivienda en otras entidades otorgantes, diferentes de los recursos que
asigna el Fondo Nacional de Vivienda;
d) En el caso de
adquisición o construcción en sitio propio, cuando alguno de los miembros del
hogar sea propietario de otra vivienda a la fecha de postular;
e) En el caso del
mejoramiento de que trata el numeral 2.6.4 del articulo 22 del presente
decreto, cuando la vivienda se localice en desarrollos ilegales o cuando alguno
de los miembros sea poseedor o propietario de otra vivienda a la fecha de
postular;
f) En el caso de planes de
construcción en sitio propio, cuando la solución de vivienda se localice en
desarrollos ilegales, o cuando ningún miembro del hogar sea propietario del
terreno que se pretende construir;
g) Quienes hubieren
presentado información que no corresponda a la verdad en cualquiera de los
procesos de acceso al subsidio, restricción que estará vigente durante el
término de diez (10) años conforme a lo dispuesto por la Ley 3' de 1991.
Parágrafo. No se aplicará
lo aquí dispuesto en el evento de legalización de la propiedad de la vivienda o
cuando haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable a consecuencia
de sismos, incendios, inundaciones, fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
que no sean imputables al beneficiario, en cada
caso debidamente
certificadas por la autoridad competente