C-836-01
Sentencia C-833/01
Sentencia
C-836/01
DOCTRINA
PROBABLE-Ambito de
aplicación/DOCTRINA PROBABLE-Alcance
FUNCION JUDICIAL-Sujeción a la Constitución/CONSTITUCION
POLITICA-Composición
ESTADO-Finalidad de garantizar efectividad de
principios, derechos y deberes constitucionales
AUTORIDAD
PUBLICA-Límites
constitucionales/AUTORIDAD PUBLICA-Potestades constitucionales
interpretadas a partir del complejo dogmático
CONSTITUCION
POLITICA-Partes dogmática
y orgánica
AUTORIDAD
PUBLICA-Prerrogativas
justificadas en una razón suficiente
PODER JUDICIAL-Límites constitucionales en
interpretación autónoma
JUEZ-Sometimiento al imperio de la ley/AUTONOMIA
INTERPRETATIVA DEL JUEZ-Nivel/AUTORIDAD-Prerrogativas orgánicas
sujetas a una razón suficiente/PODER JUDICIAL-Autonomía e independencia
como garantías institucionales/PODER JUDICIAL-Legitimación de autonomía
e independencia
Para
interpretar correctamente el concepto de sometimiento de los jueces a la ley y
establecer el nivel de autonomía que tienen para interpretar el ordenamiento,
el juez constitucional debe partir de la premisa de que las potestades y
prerrogativas otorgadas a las autoridades estatales en la parte orgánica de la
Constitución están sometidas a un principio de razón suficiente.  En esa
medida, la autonomía e independencia son garantías institucionales del poder
judicial, que se legitiman constitucionalmente en tanto que son necesarias para
realizar los fines que la Carta les asigna.
JUEZ-Promoción y protección de la dignidad de la persona
DERECHO A LA
IGUALDAD-Fundamental/DERECHO A LA IGUALDAD-Garantías
fundamentales/ACTIVIDAD JUDICIAL-Operancia de garantías fundamentales de
la igualdad/ACTIVIDAD JUDICIAL-Igualdad de trato/ACTIVIDAD JUDICIAL-Igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley
La
igualdad, además de ser un principio vinculante para toda la actividad estatal,
está consagrado en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las
personas. Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante
la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades.  Sin
embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la
actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia
materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas
consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio.  Por lo
tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las
autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad y en la
interpretación en la aplicación de la ley.
COLABORACION
ARMONICA ENTRE ORGANOS DEL ESTADO-Labor compartida de creación del derecho
ORGANOS DEL
ESTADO-Creación del
derecho es una labor compartida/ORGANOS DEL ESTADO-Límites a creación
del derecho/LEY-Interpretación
JUEZ-Interpretación de la ley con sujeción a
la igualdad
JUEZ-Justificación del papel creador
JUEZ-Función creadora en jurisprudencia/JUEZ-Agente
racionalizador e integrador del derecho/DOCTRINA PROBABLE-Alcance de la
expresión
Esta
función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la
construcción y ponderación de principios de derecho, que dan sentido a las
instituciones jurídicas a partir de su labor de interpretación e integración
del ordenamiento positivo. Ello supone un grado de abstracción o de concreción
respecto de normas particulares, para darle integridad al conjunto del
ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un significado concreto,
coherente y útil, permitiendo encausar este ordenamiento hacia la realización
de los fines constitucionales.  Por tal motivo, la labor del juez no pueda reducirse
a una simple atribución mecánica de los postulados generales, impersonales y
abstractos consagrados en la ley a casos concretos, pues se estarían
desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social, la cual
no puede ser abarcada por completo dentro del ordenamiento positivo. De ahí se
derivan la importancia del papel del juez como un agente racionalizador e
integrador del derecho dentro de un Estado y el sentido de la expresión
“probable” que la norma acuña a la doctrina jurisprudencial a partir de la
expedición de la Ley 169 de 1896. La palabra probable, que hace alusión a un
determinado nivel de certeza empírica respecto de la doctrina, no implica una
anulación del sentido normativo de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
DOCTRINA
JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Emanación de fuerza normativa
La fuerza
normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la
autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de
su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2)
de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de
igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena
fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del
Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento
jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la
realidad social que pretende regular.
DOCTRINA
PROBABLE-Constitución por número plural de
decisiones judiciales
DOCTRINA
JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Fundamento
constitucional de la fuerza normativa/IGUALDAD ANTE LA LEY-Obliga al
juez/IGUALDAD DE TRATO-Obliga al juez
El
fundamento constitucional de la fuerza normativa de la doctrina elaborada por
la Corte Suprema se encuentra en el derecho de los ciudadanos a que las
decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y consistente
del ordenamiento jurídico. Las dos garantías constitucionales de igualdad ante
la ley –entendida ésta como el conjunto del ordenamiento jurídico- y de
igualdad de trato por parte de las autoridades, tomada desde la perspectiva del
principio de igualdad –como objetivo y límite de la actividad estatal-, suponen
que la igualdad de trato frente a casos iguales y la desigualdad de trato entre
situaciones desiguales obliga especialmente a los jueces.
AUTONOMIA
INTERPRETATIVA DEL JUEZ FRENTE A LA IGUALDAD ANTE LA LEY-Armonía/AUTONOMIA INTERPRETATIVA DEL JUEZ FRENTE A LA IGUALDAD
DE TRATO-Armonía/JUEZ-Realización de la igualdad material
JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Desconocimiento
caprichoso/DEBERES CONSTITUCIONALES-Desconocimiento caprichoso de la
jurisprudencia
Una decisión
judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera
distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la
autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el
cumplimiento de un deber constitucional.
JUEZ-Actividad creadora/JUEZ-Atribución de criterios materiales
de igualdad
DERECHO-Estabilización de relaciones humanas/DERECHO-Nivel de
certeza respecto de comportamientos
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Estabilidad de la interpretación
y aplicación del ordenamiento jurídico
PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JUDICIAL-Alcance/PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA-Decisión de casos iguales
La certeza que
la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los casos iguales
de la misma forma es una garantía que se relaciona con el principio de la
seguridad jurídica. La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza
sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y
la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en
principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el
ordenamiento de manera estable y consistente.  Esta certeza hace posible a las
personas actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite
inferir que es un comportamiento protegido por la ley.  La falta de seguridad
jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al desorden social, porque
los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus derechos y de sus
obligaciones.  Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la posibilidad de
interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello impide que
las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se
encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles
interpretaciones de la ley.
DOCTRINA
JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No
facultad omnímoda del juez para interpretar la ley/JUEZ-No facultad
omnímoda de interpretar la ley/JURISDICCION ORDINARIA-Interpretación y
aplicación consistente de la ley
PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA-Aspecto subjetivo/PRINCIPIO
DE LA CONFIANZA LEGITIMA EN LA ACTIVIDAD JUDICIAL-Alcance
En su
aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe,
consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la
confianza legítima. Esta garantía sólo adquiere su plena dimensión
constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades
judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún tipo de
fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina venire
contra factum proprium non valet. El derecho de acceso a la administración de
justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del
Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la
sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción
nominal del principio de legalidad.  Comprende además la protección a las
expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de
la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme.  En
virtud de lo anterior, el análisis de la actividad del Estado como
administrador de justicia no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada
decisión tomada como un acto jurídico individual, pues no se trata de hacer un
estudio sobre la validez de la sentencia, sino de la razonabilidad de una
conducta estatal, entendida ésta en términos más amplios, a partir de los
principios de continuidad y de unidad de la jurisdicción.
ORDENAMIENTO
JURIDICO-Unidad/ESTRUCTURA JURISDICCIONAL-Jerarquía
funcional/AUTONOMIA INTERPRETATIVA DEL JUEZ-Vinculación de
interpretación del órgano máximo de la jurisdicción
El
artículo 1º de la Constitución establece que nuestro país es un “Estado social
de derecho, organizado en forma de República unitaria”.  Esta forma de
organización implica la unidad del ordenamiento jurídico, que se vería
desdibujada si se acepta que la autonomía judicial implica la facultad de
interpretar el ordenamiento sin tener en cuenta la interpretación que haga la
cabeza de la respectiva jurisdicción. La consagración constitucional de una
estructura jurisdiccional que, aun cuando desconcentrada, es funcionalmente
jerárquica, implica que, si bien los jueces tienen competencias específicas
asignadas, dentro de la jerarquía habrá –en principio- un juez superior
encargado de conocer las decisiones de los inferiores.  En la justicia
ordinaria dicha estructura tiene a la Corte Suprema en la cabeza, y eso
significa que ella es la encargada de establecer la interpretación que se debe
dar al ordenamiento dentro de su respectiva jurisdicción, de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución.
UNIFICACION
DE JURISPRUDENCIA-Alcance
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL-Alcance
El
principio de publicidad de la actividad judicial, que implica el derecho de
acceso de la comunidad en general a sus decisiones, comprende la obligación de
las autoridades de motivar sus propios actos.  Este deber incluye el de
considerar explícita y razonadamente la doctrina judicial que sustenta cada
decisión.  Esta garantía tiene como objetivo que los sujetos procesales y la
comunidad en general tengan certeza, no sólo sobre el texto de la ley y la
jurisprudencia, sino que se extiende a asegurar que el ordenamiento está siendo
y va a seguir siendo interpretado y aplicado de manera consistente y uniforme.
Sólo de esta forma pueden las personas tener certeza de que la interpretación y
aplicación consistente y uniforme del ordenamiento es una garantía
jurídicamente protegida y no un mero uso sin valor normativo alguno, y del cual
los jueces pueden apartarse cuando lo deseen, sin necesidad de justificar su
decisión.
CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Labor de interpretación/CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Creación judicial de derecho/CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Flexibilidad de labor de creación judicial de derecho
Corresponde
a los jueces, y particularmente a la Corte Suprema, como autoridad encargada de
unificar la jurisprudencia nacional, interpretar el ordenamiento jurídico. En
esa medida, la labor creadora de este máximo tribunal consiste en formular
explícitamente principios generales y reglas que sirvan como parámetros de
integración, ponderación e interpretación de las normas del ordenamiento.  Sin
embargo, esta labor no es cognitiva sino constructiva, estos principios y
reglas no son inmanentes al ordenamiento, ni son descubiertos por el juez, sino
que, como fuentes materiales, son un producto social creado judicialmente,
necesario para permitir que el sistema jurídico sirva su propósito como
elemento regulador y transformador de la realidad social. Con todo, para
cumplir su propósito como elemento de regulación y transformación social, la
creación judicial de derecho debe contar también con la suficiente flexibilidad
para adecuarse a realidades y necesidades sociales cambiantes.  Por lo tanto,
no se puede dar a la doctrina judicial un carácter tan obligatorio que con ello
se sacrifiquen otros valores y principios constitucionalmente protegidos, o que
petrifique el derecho hasta el punto de impedirle responder a las necesidades
sociales.
ACTIVIDAD
JUDICIAL-Sujeción al
imperio de la ley
La
sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley no puede reducirse a la
observación minuciosa y literal de un texto legal específico, sino que se
refiere al ordenamiento jurídico como conjunto integrado y armónico de normas,
estructurado para la realización de los valores y objetivos consagrados en la
Constitución.
LEY FORMAL-Interpretación conforme a la Constitución
CONSTITUCION
POLITICA-Función
integradora del ordenamiento
ACTIVIDAD
JUDICIAL-Puntos de
partida necesarios/ACTIVIDAD JUDICIAL-Respeto de los propios actos
Son la Constitución y la ley los puntos de partida
necesarios de la actividad judicial, que se complementan e integran a través de
la formulación de principios jurídicos más o menos específicos, construidos
judicialmente, y que permiten la realización de la justicia material en los
casos concretos.  La referencia a la Constitución y a la ley, como puntos de
partida de la actividad judicial, significa que los jueces se encuentran
sujetos principalmente a estas dos fuentes de derecho.  Precisamente en virtud
de la sujeción a los derechos, garantías y libertades constitucionales
fundamentales, estos jueces están obligados a respetar los fundamentos
jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores.
Esta obligación de respeto por los propios actos implica, no sólo el deber de
resolver casos similares de la misma manera, sino, además, el de tenerlos en
cuenta de manera expresa, es decir, la obligación de motivar sus decisiones con
base en su propia doctrina judicial.
JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Determinación de cuando los jueces se pueden apartar/JURISPRUDENCIA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Forma como los jueces deben manifestar decisión de
apartarse
CAMBIO DE
JURISPRUDENCIA-Motivación
en cambio de legislación
JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Cambio de situación social, política o económica
Un cambio
en la situación social, política o económica podría llevar a que la ponderación
e interpretación del ordenamiento tal como lo venía haciendo la Corte Suprema,
no resulten adecuadas para responder a las exigencias sociales. Esto impone la
necesidad de formular nuevos principios o doctrinas jurídicas, modificando la
jurisprudencia existente, tal como ocurrió en el siglo pasado, cuando la Corte
Suprema y el Consejo de Estado establecieron las teorías de la imprevisión y de
la responsabilidad patrimonial del Estado. En estos casos se justifica un
replanteamiento de la jurisprudencia.  Sin embargo, ello no significa que los
jueces puedan cambiar arbitrariamente su jurisprudencia aduciendo, sin más, que
sus decisiones anteriores fueron tomadas bajo una situación social, económica o
política diferente. Es necesario que tal transformación tenga injerencia sobre
la manera como se había formulado inicialmente el principio jurídico que
fundamentó cada aspecto de la decisión, y que el cambio en la jurisprudencia
esté razonablemente justificado conforme a una ponderación de los bienes
jurídicos involucrados en el caso particular.
JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Falta de unidad
Ante falta
de unidad en la jurisprudencia, los jueces deben hacer explícita la diversidad
de criterios, y optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el
imperio de la ley, a partir de una adecuada determinación de los hechos
materialmente relevantes en el caso.  De la misma forma, ante la imprecisión de
los fundamentos, pueden los jueces interpretar el sentido que se le debe dar a
la doctrina judicial de la Corte Suprema.
DOCTRINA
PROBABLE-Emanación de fuerza normativa
La fuerza
normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada
constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la
jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de la
interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo,
mediante una continua confrontación  y adecuación a la realidad social
y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b)
la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4)  del principio de
buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar
contra sus propios actos.
UNIFICACION
DE JURISPRUDENCIA POR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Fundamento/DOCTRINA
PROBABLE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Carga argumentativa mayor del juez
inferior para apartarse
La
autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su
fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las
personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo
mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de
los jueces de la jurisdicción ordinaria.  Ello supone que la carga
argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia
decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano
para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.
DOCTRINA
PROBABLE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Variación
por juzgar erróneas decisiones anteriores/CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Fundamento
explícito suficiente
La
expresión “erróneas” que predica la norma de las decisiones de la Corte Suprema
puede entenderse de tres maneras diferentes, y cada interpretación da lugar a
cambios jurisprudenciales por razones distintas.  En primer lugar, cuando la
doctrina, habiendo sido adecuada en una situación social determinada, no
responda adecuadamente al cambio social posterior. Este tipo de error
sobreviniente justifica que la Corte cambie su propia jurisprudencia. En
segundo lugar, la Corte puede considerar que la jurisprudencia resulta errónea,
por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico. En estos casos también está justificado
que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para evitar prolongar en el
tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión. En tercer
lugar, como resulta apenas obvio, por cambios en el ordenamiento jurídico
positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevante. Debe
entenderse que el error judicial al que hace referencia la norma demandada
justifica el cambio de jurisprudencia en los términos expresados, pero no
constituye una facultad del juez para desechar la doctrina de la Corte Suprema
de Justicia sin un fundamento explícito suficiente.
DECISION
JUDICIAL-Parte que tiene fuerza normativa/SENTENCIA-Parte
que tiene fuerza normativa
Si la
parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los principios y reglas
jurídicas, ello significa que no todo el texto de su motivación resulta
obligatorio.  Para determinar qué parte de la motivación de las sentencias
tiene fuerza normativa resulta útil la distinción conceptual que ha hecho en
diversas oportunidades esta Corporación entre los llamados obiter dicta o
afirmaciones dichas de paso, y los ratione decidendi o fundamentos jurídicos
suficientes, que son inescindibles de la decisión sobre un determinado punto de
derecho. Sólo estos últimos resultan obligatorios, mientras los obiter dicta, o
aquellas afirmaciones que no se relacionan de manera directa y necesaria con la
decisión, constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial.
SENTENCIA-Importancia de los obiter dicta
Los
obiter dicta o dichos de paso, no necesariamente deben ser descartados como
materiales irrelevantes en la interpretación del derecho.  En muchos casos
permiten interpretar cuestiones jurídicas importantes en casos posteriores que
tengan situaciones de hecho distintas, aunque no necesariamente deban ser
seguidos en posteriores decisiones.
DOCTRINA
JUDICIAL-Criterios de
igualación o de diferenciación
Referencia:
expediente D-3374
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la ley 169 de 1.896.
Actor: Carlos
Alberto Maya Restrepo.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá
D.C., agosto nueve (9) de dos mil uno (2001)
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Carlos
Alberto Maya Restrepo, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, demandó la inexequibilidad del artículo 4º de la ley 169 de 1896.
La Corte mediante
auto de febrero dos (2) de 2001, proferido por el Despacho del magistrado
sustanciador, admitió la demanda y dio traslado al señor Procurador General de
la Nación para que rindiera el concepto de su competencia.
Una vez cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto
2067 de 1991, procede la Corte a pronunciarse sobre la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LA
NORMA ACUSADA
El tenor de la
disposición demandada es el siguiente:
“Artículo 4. Tres
decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación,
sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces
podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la
doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.”
III. LA DEMANDA
1. Normas
constitucionales que se consideran infringidas
Considera el actor
que la disposición acusada es contraria al preámbulo y a los artículos 1, 2, 3,
4, 5, 29, 228, 230, y 243 de la Constitución Política.
2. Fundamentos
de la demanda
Sostiene el
escrito, que el artículo 4° de la ley 169 de 1.896, no se ajusta a los
principios y valores de la Constitución Política de 1.991.  El demandante
considera que la disposición es inconstitucional por dos razones principales.
En primer lugar,
afirma que la disposición demandada resulta arcaica y que fue redactada en el
contexto de un país parroquial con una población muy pequeña, y con un número
bastante menor de conflictos sociales al que existe hoy en día, lo cual explica
la referencia a tres decisiones uniformes respecto de un mismo punto de
derecho.  Con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional, afirma
que la uniformidad de la jurisprudencia ordinaria permite asegurar la
efectividad de los derechos y la prevalencia del derecho sustancial.  Estos objetivos
constitucionales son obligatorios para las autoridades estatales, y por lo
tanto, resulta contrario a la Constitución, que los jueces en sus decisiones
puedan desconocerlos apartándose de la jurisprudencia.  Afirma que los recursos
de casación y de súplica, aun cuando son diferentes en su naturaleza, tienen
como objetivo unificar la jurisprudencia. Siendo ello así, los jueces
inferiores están constitucionalmente obligados a seguir las decisiones de la
Corte Suprema de Justicia, como juez de casación.
Por otra parte, el demandante esgrime un segundo
motivo de inconstitucionalidad fundamentado en la posibilidad que tiene la
Corte Suprema de Justicia para apartarse de su propia jurisprudencia cuando la
considere errónea.  Al respecto dice:
“El art. 4º de la
Ley 169 de 1.896 le otorga un poder discrecional a la Corte Suprema de
Justicia, entre otras cosas para que varíe la doctrina en caso de que juzgue
erróneas las decisiones anteriores.”
“Por ello, viola la
Constitución Política de 1.991, porque no asegura la efectividad de los
derechos, porque no procura la exactitud, porque no otorga seguridad jurídica,
porque no le da prevalencia al derecho sustancial, porque no respeta el imperio
de la ley, porque no señala una fuerza vinculante de la Carta para los jueces
de la República.”
Dice, de
manera general, que la vigencia de un orden justo en el cual prevalece el
derecho sustancial implica un nuevo entendimiento del sometimiento que tienen
los jueces al imperio de la ley.  Afirma que ya no se trata del sometimiento a
la ley en sentido formal, sino que el concepto de ley se debe entender, en este
momento, en un sentido amplio.  En particular afirma que la actividad de la
Corte Suprema se encuentra sujeta a la Constitución Política.  En esa medida,
la disposición deviene inconstitucional al permitirle a la Corte Suprema
cambiar su jurisprudencia cuando considere que esta es errónea.
Para mostrar las
repercusiones que dicha potestad tiene narra cómo la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia ha variado sustancialmente su jurisprudencia respecto de la
indexación de salarios y demás prestaciones laborales sin que para ello exista
fundamento alguno y anexa un listado de fallos en los que casos similares se
han resuelto de manera distinta.
IV.    INTERVENCIONES
Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho.
El ciudadano
José Camilo Guzmán Santos, actuando en representación del Ministerio de
Justicia y del Derecho, y dentro de la oportunidad procesal prevista, presentó
escrito de intervención en defensa de la disposición demandada, solicitando en
consecuencia la declaratoria de exequibilidad de la misma.
Afirma el
mencionado ciudadano, que la norma demandada plasmó de manera clara que las
tres decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de
Casación constituyen doctrina probable, es decir doctrina viable, aceptable,
plausible y no una doctrina obligatoria para el juez o funcionario, puesto que
lo obligatorio en desarrollo de la ley es precisamente la ley emanada del
legislador.
En éste mismo
orden de ideas, argumenta el interviniente, la controvertida norma –artículo 4°
de la ley 169 de 1896- contiene el vocablo “podrán”, es decir que como criterio
o fuente auxiliar de derecho, se impone tan sólo en los eventos de vacíos de la
ley sustancial.
En
consecuencia, a juicio del ciudadano, la norma atacada frente a los artículos
228 y 230 de la Constitución encuentra perfecta correspondencia y armonía, pues
si bien el primero de los artículos mencionados se refiere a la prevalencia del
derecho sustancial, el artículo atacado señala la doctrina probable de manera
facultativa o discrecional y no de manera obligatoria.  En cuanto a lo
dispuesto en el artículo 230 superior, continúa el escrito, es allí donde se
establece que los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley, y que la
doctrina es un criterio auxiliar de la actividad judicial.
Con todo,
dice el concepto mencionado:
“Con base de (sic) esta concepción sistemática y
jerarquizada del ordenamiento jurídico subyacen posiciones conceptuales de
alguna manera superadas por la Carta Política de 1991.  El Estado Social de
Derecho se estructura sobre valores y principios, en muchos caos diferentes a
los que dieron paso al estado liberal de derecho, dentro del cual nació la concepción
normativa jerarquizadaque acaba de reseñarse.   Este modelo estatal,
responsable de la obligación de sepultar para siempre el régimen absolutista,
dio prevalencia a la posición del legislador
“De lo dicho se deriva la idea de que el juez, en el
estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del
interés general.  El juez al poner en relación la constitución- sus principios
y sus normas- con la ley y con los hechos hace uso de una discrecionalidad
interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos
constitucionales.  En ese sentido la legislación y la decisión judicial son
ambas procesos de creación de derecho.”
Así las
cosas, concluye el mencionado ciudadano afirmando que la jurisprudencia y la doctrina
son criterios auxiliares del juez, son optativos, más no vinculantes, es decir
no son fuentes obligatorias, ellos son un instrumento orientador.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la
constitucionalidad de la norma demandada, dándole una interpretación según la
cual los jueces son autónomos en sus decisiones, lo que implica que si bien
pueden separarse de los criterios establecidos por los altos tribunales, deben
justificar las razones por las cuales lo hacen, con el fin de racionalizar la
administración de justicia y garantizar el principio de igualdad frente a la
aplicación de la ley.
Empieza el
concepto planteando que el problema jurídico consiste en determinar si la
doctrina probable, -la cual equipara al sistema de precedentes- es contraria al
imperio de la ley y a los principios de autonomía judicial y de prevalencia del
derecho sustancial.
Posteriormente
hace un recuento de la evolución del sistema de fuentes dentro del sistema
jurídico colombiano, sosteniendo que una concepción tradicionalista, como la
que originó aquella que subyace a la disposición acusada, parte de la
distinción entre fuentes materiales y formales.  Establece que dentro de las fuentes
formales están la Constitución, la ley y los contratos, y que, dentro de las
fuentes materiales están “las circunstancias históricas, políticas, económicas,
sociales y culturales que dan origen a la norma jurídica y que modulan la
interpretación de la misma”.  Sin embargo, dice, a pesar de que siguen estando
vigentes algunos de los elementos que se sostenían en el momento en que fue
creada la norma, la importancia que se les asignaba antaño no parece ser
adecuada a las actuales circunstancias jurídicas y sociales de nuestro país.
Afirma que un
correcto entendimiento del artículo 113 lleva a concluir que si bien se debe
preservar el valor del principio democrático que subyace a la expresión
“imperio de la ley”, tampoco se puede desconocer que la finalidad de los
poderes públicos como poderes constituidos está en el logro de los fines del
Estado, consagrados en el artículo 2º de la Constitución.  Este razonamiento
resulta aplicable a la rama judicial, y fue consagrado expresamente en la
exposición de motivos y en el artículo 1º de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.  Para realizar las finalidades constitucionales
resulta imperativo armonizarlas con la autonomía judicial y en esa medida,
estima necesario ponderar nuestro actual sistema de fuentes y otorgarles un
valor determinado a partir de los postulados constitucionales relevantes.
Después de
hacer un recuento de las competencias normativas asignadas constitucionalmente
a los diversos entes administrativos, legislativos y autónomos, tanto
nacionales como territoriales, pasa a decir que la producción de dichas normas,
su interpretación y su aplicación están sujetas a ciertos principios
constitucionales como la dignidad, la realización de la igualdad, la
responsabilidad, el debido proceso, el derecho de acceso a la administración de
justicia y otras, que se refieren a la forma en que se ejercen funcional y
orgánicamente las potestades del Estado, dentro de las cuales incluye la
prevalencia del derecho sustancial, así como la independencia y la autonomía de
los jueces.
Posteriormente
sostiene que la independencia y autonomía de la rama judicial no se oponen a
que en su interior haya una organización administrativa jerarquizada.  Estas
características de la función judicial tienen dos referentes básicos, el
primero, que prohibe la interferencia de las demás ramas del poder en las
decisiones judiciales, y el segundo, que supone una independencia de los
funcionarios judiciales respecto de sus superiores.  Esta autonomía de los
funcionarios respecto de sus superiores está consagrada en aras de promover los
derechos y garantías de las personas y en particular, el principio de la doble
instancia consagrado en tratados internacionales de derechos humanos.
Después de
hacer un recuento de las decisiones de la Corte Constitucional que se
relacionan con el valor normativo de las decisiones judiciales, resalta
aquellas instituciones jurídicas mediante las cuales esta Corporación ha
extendido el valor interpartes de las decisiones judiciales para darles el
carácter de normas generales aplicables a casos similares.  Dichas
instituciones jurídicas, dice, están encaminadas a realizar el derecho a la
igualdad en la administración de justicia, garantizando la aplicación de la ley
con los mismos criterios, con el objetivo de erradicar la arbitrariedad de la
actividad judicial.
Sostiene que
el análisis sistemático de las normas y la jurisprudencia constitucionales
determinan un sistema de fuentes con las siguientes características:
-Un sistema
legal que logre su coherencia y plenitud mediante la integración de fuentes
formales y materiales.
-La
Constitución, como norma fundamental de ese sistema debe sujetar la actividad
productora de derecho en todas las esferas, tanto públicas o como privadas.
-El principio
general de la sujeción a la ley no desvirtúa la aplicación directa de la
Constitución, especialmente cuando sea necesaria para la protección de los
derechos fundamentales.
-La doctrina
y la jurisprudencia constitucional del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional son obligatorias en sus respectivo campos.
-La doctrina
constitucional es obligatoria frente a vacíos legislativos.
-Las
interpretaciones que haga la Corte del texto constitucional, hacen una unidad
con éste y son obligatorias para los jueces.
-Los altos
tribunales unifican e integran el ordenamiento, garantizando la igualdad en la
aplicación de la ley.
-Los jueces
interpretan autónomamente la ley pero no la Constitución.
-Los jueces
deben argumentar porqué se separan de las interpretaciones de los altos
tribunales y estos a su vez, cuando lo hagan respecto de su propia
jurisprudencia.
Según la
vista fiscal, las características anteriormente mencionadas compaginan
adecuadamente la autonomía judicial con los valores, principios, fines y
derechos constitucionales.  Dicha autonomía, dice, no se puede entender como
impermeabilidad total a la finalidad de los altos tribunales como unificadores
de la jurisprudencia nacional.  La jurisprudencia determina las expectativas de
la comunidad jurídica en torno a la aplicación del ordenamiento y, en esa
medida, es la forma como se realiza la seguridad jurídica, sin la cual se
vulneraría la igualdad frente a la aplicación de la ley.  Esto, sin embargo, no
significa la adopción de un sistema de precedentes como el anglosajón, sino una
revaluación del papel de la jurisprudencia como mero criterio auxiliar
facultativo de la actividad judicial.  En esa medida, si el juez decide
apartarse de la jurisprudencia, lo puede hacer, pero tiene la carga
argumentativa de fundamentarlas razones que lo llevaron a hacerlo.  Señala el
procurador que del mismo modo, el juez puede apartarse de la ley, cuando no
hacerlo sea abiertamente inconstitucional, pero, también en estos casos tiene
la carga argumentativa de mostrar porqué lo hizo.
Por otra
parte, respecto del seguimiento de las propias decisiones, por parte de los
altos tribunales, señala que estos pueden cambiar su propia jurisprudencia, sin
embargo, es indispensable que muestren explícitamente los motivos que los
llevan a hacerlo.  Es normal, prosigue, que los cambios en la realidad social y
jurídica sean tenidos en cuenta por parte de los altos tribunales.
Finaliza su
escrito afirmando que tanto una concepción de la jurisprudencia como criterio
auxiliar, como una que establezca la imperatividad absoluta del precedente
niega el carácter discursivo del derecho, y por lo tanto, reitera, la
jurisprudencia debe seguirse prima facie, a menos que haya elementos que
justifiquen apartarse de ella.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241,
numerales 4 y 5 de la Constitución Política, esta Corporación es competente
para resolver la demanda presentada contra la norma en comento, por hacer parte
de un ordenamiento de carácter legal.
Fundamentos
y Consideraciones
El demandante
aduce dos cargos contra el artículo 4º de la Ley 169 de 1896.  Según el primer
cargo, la potestad de los jueces inferiores para desviarse de la doctrina
probable impide darle uniformidad de la jurisprudencia nacional y de ese modo
hace imposible lograr los objetivos constitucionales de eficacia de los
derechos y de prevalencia del derecho sustancial.           En segundo lugar,
afirma que la norma demandada resulta inconstitucional al permitir que la Corte
Suprema varíe su jurisprudencia cuando la considere errónea, porque otorgarle
esta facultad para cambiar su propia jurisprudencia con fundamento en errores
cometidos anteriormente implica un alto grado de inseguridad jurídica, que
impide garantizar el ejercicio de los derechos subjetivos.
Los cargos
presentados en la demanda ponen de presente que el artículo demandado contiene
dos normas que otorgan la facultad de los distintos jueces para apartarse de la
jurisprudencia de la Corte Suprema.  Una de tales normas que faculta a los
jueces (inferiores) para apartarse de la doctrina probable –tres decisiones
uniformes de la Corte Suprema de Justicia como juez de casación sobre un mismo
punto de derecho-, y otra que permite que la Corte Suprema cambie su
jurisprudencia cuando la considere errónea.
Antes de
plantear los problemas jurídicos que debe resolver esta Corporación, resulta
indispensable establecer el ámbito de aplicación y el alcance que la
disposición demandada tiene en la actualidad, dado que hace parte de una ley
que fue promulgada a finales del Siglo XIX.
1.  Ambito
de aplicación y  alcance actual de la disposición demandada
1.  La figura
de la doctrina legal más probable, como fuente de derecho fue consagrada
inicialmente en el artículo 10º de la Ley 153 de 1887, que adicionó y reformó
los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la Ley 57 de 1887, establecía que
“[e]n casos dudosos, los Jueces aplicarán la doctrina legal más
probable.  Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal
de Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal más
probable.”   Posteriormente, la Ley 105 de 1890 sobre reformas a los
procedimientos judiciales, en su artículo 371 especificó aun más los casos en
que resultaba obligatorio para los jueces seguir la interpretación hecha por la
Corte Suprema y cambió el nombre de doctrina legal más probable a doctrina legal,
estableciendo que “[e]s doctrina legal la interpretación que la Corte
Suprema dé a unas mismas leyes en dos decisiones uniformes.  También
constituyen doctrina legal las declaraciones que la misma Corte haga en dos
decisiones uniformes para llenar los vacíos que ocurran, es decir, en fuerza de
la necesidad de que una cuestión dada no quede sin resolver por no existir
leyes apropiadas al caso.”  A su vez, el numeral 1º del artículo 369 de
dicha ley estableció como causales de casación, la violación de la ley
sustantiva y de la doctrina legal.[1]
Posteriormente,
en el artículo 4º demandado, la Ley 169 de 1896 estableció la facultad de los
jueces inferiores y de la Corte Suprema para apartarse de las decisiones de
éste última, y la institución de la doctrina legal fue remplazada por la de
doctrina probable.  Sin embargo, con ello no se estaba avalando la plena
autonomía de los jueces inferiores para interpretar la ley, pues la misma Ley
169, en su artículo 2º, determinó que, como causal de casación, la violación
directa de la ley sustantiva, podía surgir por “efecto de una
interpretación errónea de la misma”, o por la “indebida aplicación de
ésta al caso del pleito”.
Por lo tanto,
si bien la contradicción de la doctrina legal fue excluida como causal de
casación, y se permitió a los jueces inferiores y a la Corte Suprema apartarse
de las decisiones de ésta última, las causales de casación por “interpretación
errónea” y por “aplicación indebida de la ley” debían entenderse como
contradicciones con la interpretación y aplicación hechas por la Corte Suprema
de Justicia como juez de casación.  Esto resulta evidente si tiene en cuenta
que, en su artículo 1º, dicha ley dispone que los fines principales de la
casación son “uniformar la jurisprudencia” y “[e]nmendar los
agravios inferidos a las partes”.[2]
De tal modo,
la Ley 169 de 1896 pretendió flexibilizar la obligación de los jueces  de
seguir la doctrina legal dictada por la Corte Suprema,[3] abriendo la posibilidad
de transformar el Derecho por vía jurisprudencial, sin que ello significara
prescindir de la casación como mecanismo para unificar la interpretación y la
aplicación del ordenamiento jurídico, centralizando dicha función en la Corte
Suprema de Justicia.  El que en el momento de expedición de la Ley 169 de 1896
la contradicción de la doctrina probable fuera considerada una “violación de la
ley”, y constituyera causal de casación, pone de presente que, en su sentido
originario, el concepto de ley al que hace referencia la norma iba más allá de
su acepción en sentido formal, y que interpretarla erróneamente o aplicarla
indebidamente al caso concreto era contradecirla.  Con todo, posteriormente la
Corte Suprema interpretó dicha expresión como una figura optativa para el juez,
restringiendo de ese modo la causal de casación por violación de la ley y
descartando la contradicción de la jurisprudencia –en las modalidades de
interpretación errónea o aplicación indebida de la ley- como causales de
casación, o de revisión.[4]
Por otra
parte, sin embargo, al interpretar jurisprudencialmente el artículo 16 de la
Constitución de 1886, la Corte Suprema fue incorporando paulatinamente el
principio de igualdad ante la ley.[5]
Con ello fue desarrollando sus diversas facetas, y dándole un carácter
material, cuya aplicación el juez está obligado a argumentar en sus decisiones,
anticipándose al concepto de igualdad de trato en casos iguales,[6] que quedaría
posteriormente plasmada en el artículo 13 de la Constitución de 1991 como
obligación para todas las autoridades del Estado.
Desde un
punto de vista orgánico, es necesario tener en cuenta que para el año de 1896,
la Corte Suprema de Justicia era la cabeza única de la jurisdicción y que, a
pesar de que el Consejo de Estado también contaba con un fundamento
constitucional como cabeza de la justicia contencioso administrativa, el
ejercicio de esta competencia estaba supeditado constitucionalmente a que la
ley estableciera dicha jurisdicción.  Posteriormente, en 1905, el Acto
Legislativo No. 10 suprimió el Consejo de Estado, sin que jamás hubiera
ejercido su función jurisdiccional. No fue sino hasta el año de 1910, mediante
el Acto Legislativo 03, desarrollado por la Ley 130 de 1913, que se dispuso la
creación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, restableciéndose
el Consejo de Estado a través del Acto Legislativo 01 de 1914.  Fue sólo hasta
entonces que se estableció en nuestro país la dualidad de organizaciones
jurisdiccionales.
En la medida
en que el Consejo de Estado carecía legalmente de funciones jurisdiccionales en
el momento en que fueron expedidas las normas que crearon la doctrina legal y
la doctrina probable, estas dos instituciones, y los grados de autonomía que
conferían, resultaban aplicables a toda la actividad judicial.  Con todo, la
regulación actual de los procedimientos judiciales ante las diversas
jurisdicciones y de las facultades de los jueces pertenecientes a cada una de
ellas son independientes.  A pesar de ello, y sin desconocer que la autonomía
judicial varía dependiendo de la jurisdicción y de la especialidad funcional,
el análisis general de dicha prerrogativa es predicable de los jueces que
integran la administración de justicia, tanto los que corresponden a la
denominada jurisdicción ordinaria, como a los que pertenecen a la justicia
administrativa y constitucional.
2.
Planteamiento de los diversos problemas jurídicos y metodología de la
exposición
Esta
Corporación debe analizar los siguientes problemas:
a)      Si a
la luz de la Constitución Política actual, los jueces inferiores que pertenecen
a la jurisdicción ordinaria pueden apartarse de las decisiones tomadas por la
Corte Suprema de Justicia como juez de casación.  En tal evento, es necesario
determinar también, si dicha facultad es constitucionalmente admisible en todos
los casos, o si, por el contrario, es limitada.  De tratarse de una facultad
limitada, esta Corporación debe establecer cuáles son y cómo se dan tales
limitaciones.  Es decir, qué parte de las decisiones de la Corte Suprema
resulta obligatoria para los jueces inferiores, y cómo están obligados a
aplicarlas.
b) Si la
Corte Suprema puede variar su propia jurisprudencia por considerarla errónea.
Esto supone necesariamente el análisis del concepto de error y, por
consiguiente, de los casos en que la Corte puede considerar errónea su
doctrina.  Por otra parte, en caso de tratarse de una facultad limitada y en la
medida en que la Corte sí esté vinculada en algunos casos por su propia
doctrina jurisprudencial, resulta indispensable determinar qué parte de ésta
resulta obligatoria y cómo está obligada a seguirla.
El problema
jurídico planteado se relaciona directamente con el valor constitucional de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria:
(1) para las decisiones de los jueces ordinarios inferiores –llamado
“precedente vertical”- y (2) para las futuras decisiones de esa misma
Corporación –precedente horizontal-.  En particular, el problema se relaciona
con las condiciones en que, tanto los jueces inferiores, como la misma Corte,
pueden apartarse de las decisiones de ésta, en virtud de la función
uniformadora de la jurisprudencia que tiene el recurso extraordinario de
casación.
3.  El
fundamento constitucional de respeto de la propia jurisprudencia, por parte de
la Corte Suprema de Justicia
3.1
Cuestiones preliminares: la interpretación de la autonomía e independencia
judicial
El artículo
230 de la Constitución establece que los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley, y que la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina, son criterios auxiliares de la actividad
judicial.  Por otra parte, el artículo 228 establece que la administración de
justicia es una función pública, cuyas decisiones son independientes y cuyo
funcionamiento es autónomo.
Es necesario
preguntarse entonces, ¿cuál es el sentido que debe darse al sometimiento de
los jueces al imperio de la ley, y a su autonomía para interpretar y
aplicar el ordenamiento jurídico?  Para responder a dicha pregunta se debe
tener en cuenta, a su vez, que: (1) el artículo 113 de la Carta establece que
los diversos órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente; (2) que están constitucionalmente encaminados a garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y a asegurar la vigencia de un orden justo; (3) que la
Constitución garantiza la prevalencia del derecho sustancial y; (4) que el
principio de igualdad consagrado en el preámbulo de la Carta, en armonía con
las diversas manifestaciones constitucionales de la igualdad –como derecho-
tienen como presupuestos la igualdad frente a la ley, y la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades del Estado (art. 13).
1.      La
función judicial, y por lo tanto, también las atribuciones y potestades
asignadas constitucional y legalmente para cumplirla deben entenderse
enmarcadas dentro de los límites que establece la Carta.  Si bien la
Constitución debe considerarse como una unidad de regulación, está compuesta
por una parte dogmática, que comprende los valores, principios y derechos
fundamentales, y por una parte orgánica en la cual se establecen, entre otras,
la estructura fundamental del Estado y las atribuciones y potestades básicas
otorgadas a los órganos y autoridades estatales para permitirles cumplir con
sus funciones.  En la parte dogmática de la Constitución, a su vez, se
encuentra el artículo 2º, que establece que el Estado está estructurado para
cumplir determinadas finalidades y que sus autoridades –entre ellas las que
componen la jurisdicción ordinaria- están instituidas para proteger los
derechos, deberes y libertades de las personas residentes en Colombia.
Como
finalidades constitucionales el Estado debe garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Carta.  El hecho de que la
Constitución establezca en su parte dogmática que las autoridades del Estado
están encaminadas a garantizar los principios y derechos constitucionales tiene
repercusiones fundamentales respecto de la interpretación constitucional del
alcance de las potestades de las autoridades estatales, y por lo tanto, también
de la forma como dichas autoridades deben ejercer sus funciones.
La distinción
entre las partes orgánica y dogmática de la Constitución permite establecer
unos criterios de ponderación en la propia Carta, que permiten interpretar los
límites constitucionales de las potestades otorgadas a las autoridades.  En
efecto, esas potestades constitucionales deben ser interpretadas a partir del
complejo dogmático de la Constitución.  Este principio hermenéutico ha sido
reconocido por esta Corporación desde sus inicios:
“En síntesis, la
Constitución esta concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma
solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los
principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma.
La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la
estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control,
las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se
comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y
valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución
o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos
materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales.”  (resaltado
fuera de texto) Sentencia T-406/92 (M.P. Ciro Angarita Barón)
A su vez, en
otra Sentencia, esta Corporación estableció que el alcance de las prerrogativas
otorgadas a las autoridades públicas debe estar justificado en un principio de
razón suficiente:
“Como antes se vio, la
noción de poder público
que se deriva del Estatuto Superior se fundamenta en una autoridad que la
trasciende, toda vez que sólo existe y se legitima a partir de su vinculación a
los fines esenciales que, según la Constitución, el Estado está llamado a
cumplir.”
“En consecuencia, como ya fue mencionado, para que una
prerrogativa pública se encuentre adecuada a la Constitución es necesario
exista para cumplir una finalidad constitucionalmente legítima y que sea útil,
necesaria y proporcionada a dicha finalidad.” Sentencia C-539/99 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz)
Refiriéndose específicamente a los
límites del poder judicial para interpretar autónomamente el ordenamiento
jurídico, a la luz de lo dispuesto por la parte dogmática de la Constitución,
la Corte Constitucional ha sostenido:
“23.  Finalmente, debe esta Sala reiterar la
prevalencia de la parte dogmática de la Constitución, (...) respecto de aquella
que determina la organización estatal, pues son éstos [principios y valores, en
conjunto con los derechos fundamentales] los que orientan y legitiman la
actividad del Estado.[7]
En virtud de esta jerarquía, (...) la autonomía judicial y la libertad que
tienen los jueces de interpretar y aplicar la ley no puede llegar al extremo de
implicar un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas,
ni un incumplimiento del deber de proteger especialmente a aquellas que se
encuentren en situaciones de debilidad manifiesta, reduciendo el ámbito de
aplicación y por ende la eficacia de los mecanismos legales que desarrollen el
objetivo constitucional de la igualdad.” (resaltado fuera de texto) Sentencia
T-1072/00 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)[8]
2.      Lo
anterior supone que para interpretar correctamente el concepto de sometimiento
de los jueces a la ley y establecer el nivel de autonomía que tienen para
interpretar el ordenamiento, el juez constitucional debe partir de la premisa
de que las potestades y prerrogativas otorgadas a las autoridades estatales en
la parte orgánica de la Constitución están sometidas a un principio de razón suficiente.
En esa medida, la autonomía e independencia son garantías institucionales del
poder judicial, que se legitiman constitucionalmente en tanto que son necesarias
para realizar los fines que la Carta les asigna.
3.2  El
valor normativo de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y la igualdad
3.  Según lo
establecen expresamente el preámbulo y los artículos 1º y 2º de la Carta
Política, dentro de los propósitos constitucionales que orientan la actividad
de los jueces –como sucede con todas las autoridades públicas- están las de
propugnar por la promoción y protección de la dignidad de la persona, y por el
respeto de la vida, la justicia, la libertad y la igualdad.
La igualdad,
además de ser un principio vinculante para toda la actividad estatal, está
consagrado en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las
personas.  Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad
ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las
autoridades.  Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo
que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como
consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen
determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el
litigio.  Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad
de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una
igualdad y en la interpretación en la aplicación de la ley.
La
comprensión integrada de estas dos garantías resulta indispensable para darle
sentido a la expresión “imperio de la ley”, al cual están sometidos los
jueces, según el artículo 230 de la Constitución.  En efecto, cualquier sistema
jurídico, ético, moral y en fin, cualquier sistema de regulación que pretenda
ordenar la conducta social humana necesita reducir la multiplicidad de
comportamientos y situaciones a categorías más o menos generales.  Sólo de esta
forma puede dicho sistema atribuir consecuencias a un número indeterminado de acciones
y situaciones sociales.  En un sistema de derecho legislado, estas
consecuencias jurídicas se atribuyen mediante la formulación de normas
escritas, generales, impersonales y abstractas.  Estas características de la
ley, si bien son indispensables para regular adecuadamente un conjunto bastante
amplio de conductas sociales, implican también una limitación en su capacidad
para comprender la singularidad y la complejidad de las situaciones sociales, y
por lo tanto, no es susceptible de producir por sí misma el efecto regulatorio
que se pretende darle, y mucho menos permite tratar igual los casos iguales y
desigual los desiguales.  Para que estos objetivos sean realizables, es
necesario que al texto de la ley se le fije un sentido que le permita realizar
su función normativa.
4.      La
Carta, en su artículo 113, establece que “los diferentes órganos del Estado
tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de
sus fines.”  Con fundamento en este mandato constitucional, la creación del
derecho en nuestro sistema jurídico es una labor compartida en la cual
participan diversos órganos estatales, que en el ejercicio de sus funciones
están limitados por una serie de condicionamientos materiales.  El texto de la
ley no es, por sí mismo, susceptible de aplicarse mecánicamente a todos los
casos, y ello justifica la necesidad de que el juez lo interprete y aplique,
integrándolo y dándole coherencia, de tal forma que se pueda realizar la
igualdad en su sentido constitucional más completo.[9]  A este respecto, la
Corte Constitucional ha resaltado que el ordenamiento jurídico, y dentro tal la
ley, tanto en sentido material como en sentido formal, requieren de la
actividad del juez para darle sentido al ordenamiento jurídico:
“Lo primero digno de destacarse en la teoría de
Cossio, es que subraya el hecho innegable de que el juez constituye un momento
esencial del derecho, puesto que la vocación inherente a las normas jurídicas
generales es la aplicación. Más fácil se concibe un sistema jurídico sin
legislador que sin jueces, puesto que sin la posibilidad de proyectar la norma
sobre el caso concreto, el derecho deja de ser lo que es. A diferencia de
las otras normas que simplemente se observan o no, las normas jurídicas se
aplican, ha dicho Kelsen[10]
en su propósito de discernir el derecho de los demás sistemas reguladores de la
conducta humana. El juez no puede menos que fallar, halle o no en el
ordenamiento elementos que le permitan justificar su decisión. (...)”
(Resaltado fuera de texto) Sentencia C-083/95
Especificando
la labor de colaboración armónica entre las ramas del poder en nuestro contexto
actual, es necesario reconocer que el papel creador del juez en el Estado
contemporáneo no se justifica exclusivamente por las limitaciones materiales de
la actividad legislativa y el aumento de la complejidad social. Tiene una
justificación adicional a partir de los aspectos teleológicos y normativos,
sustanciales del Estado Social de Derecho.  Esta ha sido la posición adoptada
por esta Corporación desde sus inicios.  Al respecto, la Sentencia T-406 de
1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), estableció:
“8. El aumento de la complejidad fáctica y
jurídica en el Estado contemporáneo ha traído como consecuencia un agotamiento
de la capacidad reguladora de los postulados generales y abstractos. En estas
circunstancias la ley pierde su tradicional posición predominante y los
principios y las decisiones judiciales, antes considerados como secundarios
dentro del sistema normativo, adquieren importancia excepcional. Esta redistribución
se explica ante todo por razones funcionales: no pudiendo  el derecho, prever
todas las soluciones posibles a través de los textos  legales, necesita de
criterios finalistas (principios) y de instrumentos de solución concreta (juez)
para obtener una mejor comunicación con la sociedad. Pero también se explica
por razones sustanciales: el nuevo papel del juez en el Estado social de
derecho es la consecuencia directa de la enérgica pretensión de validez y
efectividad de los contenidos materiales de la Constitución, claramente
señalada en su artículo 228 ("Las actuaciones [de la administración de
justicia] serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la
ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial").”
5.      Esta
función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la
construcción y ponderación de principios de derecho, que dan sentido a las
instituciones jurídicas a partir de su labor de interpretación e integración
del ordenamiento positivo. Ello supone un grado de abstracción o de concreción
respecto de normas particulares, para darle integridad al conjunto del
ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un significado concreto,
coherente y útil, permitiendo encausar este ordenamiento hacia la realización
de los fines constitucionales. Por tal motivo, la labor del juez no pueda
reducirse a una simple atribución mecánica de los postulados generales,
impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos concretos, pues se
estarían desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social,
la cual no puede ser abarcada por completo dentro del ordenamiento positivo. De
ahí se derivan la importancia del papel del juez como un agente racionalizador
e integrador del derecho dentro de un Estado y el sentido de la expresión “probable”
que la norma demandada acuña a la doctrina jurisprudencial a partir de la
expedición de la Ley 169 de 1896.[11]
La palabra probable, que hace alusión a un determinado nivel de certeza
empírica respecto de la doctrina, no implica una anulación del sentido
normativo de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
6.  La fuerza
normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la
autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de
su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2)
de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de
igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena
fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado;
(4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que
dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad
social que pretende regular.
Este último
fundamento de autoridad de las decisiones de la Corte Suprema, muestra porqué
la norma dispone que la doctrina probable está constituida por un número plural
de decisiones judiciales (tres decisiones uniformes sobre un mismo punto de
derecho).  Precisamente para permitir que la Corte Suprema, al confrontar reiteradamente
la doctrina judicial con un conjunto más o menos amplio de situaciones sociales
concretas, pueda formular adecuadamente el alcance de los principios que
fundamentan su decisión.  Aun así, dada la complejidad de la realidad social,
tres decisiones en un mismo sentido pueden no ser suficientes para dar certeza
a los jueces respecto del alcance de los principios formulados, y de ahí que la
doctrina dictada por la Corte como juez de casación, sobre un mismo punto de
derecho, se repute probable.  Sin embargo, el carácter probable de la
doctrina no debe interpretarse como una facultad omnímoda para desconocer las
interpretaciones del ordenamiento jurídico hechas por la Corte Suprema.
7.      El
fundamento constitucional de la fuerza normativa de la doctrina elaborada por
la Corte Suprema se encuentra en el derecho de los ciudadanos a que las
decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y consistente
del ordenamiento jurídico.  Las dos garantías constitucionales de igualdad ante
la ley –entendida ésta como el conjunto del ordenamiento jurídico- y de
igualdad de trato por parte de las autoridades, tomada desde la perspectiva del
principio de igualdad –como objetivo y límite de la actividad estatal-, suponen
que la igualdad de trato frente a casos iguales y la desigualdad de trato entre
situaciones desiguales obliga especialmente a los jueces.
Si se
aceptara la plena autonomía de los jueces para interpretar y aplicar la ley a
partir –únicamente- de su entendimiento individual del texto, se estaría
reduciendo la garantía de la igualdad ante la ley a una mera igualdad formal,
ignorando del todo que la Constitución consagra –además- las garantías de la
igualdad de trato y protección por parte de todas las autoridades del Estado,
incluidos los jueces.  Por el contrario, una interpretación de la autonomía
judicial que resulte armónica con la igualdad frente a la ley y con la igualdad
de trato por parte de las autoridades, la concibe como una prerrogativa
constitucional que les permite a los jueces realizar la igualdad material
mediante la ponderación de un amplio espectro de elementos tanto fácticos como
jurídicos.
Sólo mediante
la aplicación consistente del ordenamiento jurídico se pueden concretar los
derechos subjetivos.  Como se dijo anteriormente, la Constitución garantiza la
efectividad de los derechos a todas las personas y los jueces en sus decisiones
determinan en gran medida su contenido y alcance frente a las diversas
situaciones en las que se ven comprometidos.   Por lo tanto, una decisión
judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera
distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la
autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el
cumplimiento de un deber constitucional.
8.  Lo dicho
hasta ahora justifica la actividad creadora del juez, para que éste atribuya
los criterios materiales de igualdad establecidos en la Constitución y la ley
en cada caso.  Sin embargo, aun cuando la consagración constitucional de la
igualdad es una condición necesaria, por sí misma no justifica la obligación de
los jueces y de la Corte Suprema de seguir formalmente las decisiones de ésta
última.
En efecto, si
el objetivo constitucional de la realización de la igualdad fuera el único
fundamento de su obligatoriedad, no sería suficiente para que los jueces y,
como tales, también la Corte Suprema de Justicia como juez de casación,
estuvieran vinculados por la doctrina judicial.  Bastaría con que atribuyeran
materialmente los mismos efectos a los casos similares, sin necesidad de hacer
explícita su adhesión, o las razones para desviarse de sus decisiones
precedentes.  Sin embargo, la obligatoriedad formal de la doctrina judicial
como tal, no se deriva únicamente de la necesidad de preservar la igualdad.[12]
3.3  El
valor normativo formal de la doctrina judicial es una consecuencia de la
seguridad jurídica y de la confianza legítima en la administración de justicia,
cuya garantía resulta indispensable para el ejercicio de las libertades
individuales
9.       El derecho, como instrumento de ordenación social, pretende
regular ciertos aspectos de las relaciones humanas, estabilizándolos.
Cualquier comunidad política que pretenda organizarse como tal a partir del
derecho requiere para tal fin, que sus miembros tengan cierto nivel de certeza
respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad.  En una
sociedad altamente compleja como lo es el Estado contemporáneo, caracterizada
por un aumento en la intensidad y en la variedad de la actividad social, el
nivel de certeza requerido respecto de la protección social de determinadas
conductas es mayor.  Nuestra forma de organización político jurídica protege a
todas las personas, imponiendo a las autoridades la obligación de garantizar la
efectividad de los derechos y deberes (C.P. artículo 2º), a través del derecho,
como sistema estable de ordenación social.  Sin embargo, en un Estado
contemporáneo, establecido como social de derecho, en el cual la labor de
creación del derecho es compartida, la estabilidad de la ley en el territorio
del Estado y en el tiempo no son garantías jurídicas suficientes.  En nuestro
Estado actual, es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica con la
que puedan contar los administrados y que cobije también a la interpretación y
aplicación del ordenamiento jurídico.  Sólo así se puede asegurar la
vigencia de un orden justo (C.P. art. 2º)
La certeza que la
comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los casos iguales de
la misma forma es una garantía que se relaciona con el principio de la
seguridad jurídica.  Ahora bien, podría afirmarse que la necesidad de preservar
la seguridad jurídica no es una finalidad constitucional que por sí misma
justifique una limitación de la autonomía judicial para interpretar y aplicar
el ordenamiento.  En esa medida, los jueces tampoco estarían
constitucionalmente obligados a seguir formalmente la jurisprudencia de la
Corte Suprema en virtud de la necesidad de preservar la seguridad jurídica.
Sin embargo, ésta tiene un valor instrumental indiscutible como garantía general
para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas.[13]
La previsibilidad
de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los
derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha
certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van
a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente.  Esta
certeza hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la
práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la
ley.  La falta de seguridad jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y
al desorden social, porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus
derechos y de sus obligaciones.  Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene
la posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta,
ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al
actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las
posibles interpretaciones de la ley.
Con todo, podría
decirse que la coherencia en cuanto al sentido y alcance de la ley está
garantizada con el principio de la doble instancia, y los demás recursos
judiciales ante los jueces superiores.  Ello es cierto.  Sin embargo, el
derecho de acceso a la administración de justicia implica la pronta resolución
de los litigios.  De aceptarse la facultad omnímoda de los jueces para
interpretar la ley, sin consideración de la doctrina de la Corte Suprema, nada impediría
que los sujetos procesales hicieran un uso desmedido de los diversos recursos
judiciales, sin tener elementos para inferir la plausibilidad de sus
pretensiones y de sus argumentos jurídicos.  Mediante la interpretación y
aplicación consistente de la ley por parte de toda la jurisdicción ordinaria,
en cambio, se impide el ejercicio desmedido e inútil del derecho de acceso a
los diversos recursos, que congestiona los despachos judiciales e impide darles
pronto trámite a los procesos.
10.  En su aspecto
subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada
en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza
legítima.  Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el
Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que,
analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas,
resulten contradictorias.  En estos casos, la actuación posterior es contraria
al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se
puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento
anterior frente a una misma situación.  Esta garantía sólo adquiere su plena
dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades
judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún tipo de
fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina venire
contra factum proprium non valet.  En efecto, si esta máxima se predica de
la actividad del Estado en general, y se extiende también a las acciones de los
particulares, donde –en principio- la autonomía privada prima sobre el deber de
coherencia, no existe un principio de razón suficiente por el cual un
comportamiento semejante no sea exigible también a la actividad judicial.[14]  El derecho de acceso
a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en
la actividad del Estado[15]
como administrador de justicia.[16]
Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni
se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad.
Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de
que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser
razonable, consistente y uniforme.
En virtud de
lo anterior, el análisis de la actividad del Estado como administrador de
justicia no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada
como un acto jurídico individual, pues no se trata de hacer un estudio sobre la
validez de la sentencia, sino de la razonabilidad de una conducta estatal,
entendida ésta en términos más amplios, a partir de los principios de
continuidad y de unidad de la jurisdicción.
11. Con todo,
podría afirmarse que las decisiones de la Corte Suprema no vinculan a los
jueces inferiores, pues se trata de autoridades judiciales que ejercen sus
funciones de manera autónoma.  Según tal interpretación, las decisiones de
dicha Corporación no podrían ser consideradas “actos propios” de los jueces
inferiores, y estos no estarían obligados a respetarlos.  Ello no es así, pues
la administración de justicia, y en general todo el funcionamiento de los
órganos estatales está determinado por el tipo de Estado al que pertenecen. El
artículo 1º de la Constitución establece que nuestro país es un “Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria”.
Esta forma de organización implica la unidad del ordenamiento jurídico, que se
vería desdibujada si se acepta que la autonomía judicial implica la facultad de
interpretar el ordenamiento sin tener en cuenta la interpretación que haga la
cabeza de la respectiva jurisdicción. La consagración constitucional de una
estructura jurisdiccional que, aun cuando desconcentrada, es funcionalmente
jerárquica, implica que, si bien los jueces tienen competencias específicas
asignadas, dentro de la jerarquía habrá –en principio- un juez superior
encargado de conocer las decisiones de los inferiores. En la justicia ordinaria
dicha estructura tiene a la Corte Suprema en la cabeza, y eso significa que
ella es la encargada de establecer la interpretación que se debe dar al
ordenamiento dentro de su respectiva jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto
en la Constitución.
Esta
Corporación se refirió al papel que cumple la unificación de la jurisprudencia
para darle unidad al ordenamiento jurídico.  Al declarar la exequibilidad de la
contradicción de la jurisprudencia como causal del recurso de súplica en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo hizo explícita la similitud entre
éste y el recurso de casación.  Al respecto dijo:
“Pues bien, ¿cómo se
logra entonces la unidad de un ordenamiento jurídico?
“La respuesta es
clara. Mediante la unificación de la jurisprudencia.
“En efecto, si cada
juez, al momento de interpretar la ley, le confiere en sus sentencias un
sentido diferente a una misma norma, sin que el propio ordenamiento consagre
mecanismos orientados a tal unificación, habrá caos, inestabilidad e
inseguridad jurídica. Las personas no podrían saber, en un momento dado, cuál
es el derecho que rige en un país.
“Luego es
indispensable para el normal funcionamiento del sistema jurídico jerárquico y
único el establecimiento de mecanismos que permitan conferirle uniformidad a la
jurisprudencia.
“Así lo ha
establecido la Sala Plena de la Corte Constitucional a propósito de la
unificación de la jurisprudencia de la acción de tutela, cuando afirmó:
“Aun cuando los
efectos jurídicos emanados de la parte resolutiva de un fallo de revisión
solamente obligan a las partes, el valor doctrinal de los fundamentos jurídicos
o consideraciones de estas sentencias trasciende el asunto revisado. La
interpretación constitucional fijada por la Corte determina el contenido y
alcance de los preceptos de la Carta y hace parte, a su vez, del "imperio
de la ley" a que están sujetos los jueces según lo dispuesto en el
artículo 230 de la Constitución.[17]
“Por otra parte, la
uniformidad no es un fin despreciable. Ella busca garantizar los siguientes
altos objetivos:
1) Asegurar la
efectividad de los derechos y colabora así en la realización de la justicia
material -art. 2° CP-.
2) Procurar
exactitud.
3) Conferir
confianza y credibilidad de la sociedad civil en el Estado, a partir del
principio de la buena fé de los jueces -art- 83 CP-.
4) Unificar la
interpretación razonable y disminuye la arbitrariedad.
5) Permitir estabilidad.
6) Otorgar seguridad
jurídica materialmente justa.
7) Llenar el vacío
generado por la ausencia de mecanismos tutelares contra providencias
judiciales.
“El recurso de casación -arts. 365 CPC, 218 CPP y 86
CPT- y la súplica -art. 130 CCA-, bien que distintos, se establecieron con el
mismo objetivo: unificar la jurisprudencia.” Sentencia C-104/93 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero)
12.    Por otra
parte, el principio de publicidad de la actividad judicial (C.P. art. 228), que
implica el derecho de acceso de la comunidad en general a sus decisiones,
comprende la obligación de las autoridades de motivar sus propios actos.  Este
deber incluye el de considerar explícita y razonadamente la doctrina judicial
que sustenta cada decisión.  Esta garantía tiene como objetivo que los sujetos
procesales y la comunidad en general tengan certeza, no sólo sobre el texto de
la ley y la jurisprudencia, sino que se extiende a asegurar que el ordenamiento
está siendo y va a seguir siendo interpretado y aplicado de manera consistente
y uniforme.  Sólo de esta forma pueden las personas tener certeza de que la
interpretación y aplicación consistente y uniforme del ordenamiento es una
garantía jurídicamente protegida y no un mero uso sin valor normativo alguno, y
del cual los jueces pueden apartarse cuando lo deseen, sin necesidad de
justificar su decisión.
Al analizar
la obligación que en materia penal tiene la Corte Suprema de Justicia de
motivar de manera explícita y razonada sus propias providencias con base en
decisiones judiciales previas, esta Corporación, en Sentencia C-252/01 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz) declaró inconstitucional el artículo 10 de la Ley 553 de 2000,
y consideró este problema tan crucial, que integró la respectiva unidad
normativa declarando inexequible también el artículo 214 de la Ley 600 de 2000,
fundamentando su decisión en las siguientes consideraciones:
“Pues
bien: las decisiones que toma el juez, que resuelven asuntos sustanciales
dentro de un proceso -v.gr. una sentencia-, deben consignar las
razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del
que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues, en
efecto, si hay alguna justificación en la base de las garantías que reconocen
la defensa técnica, el principio de favorabilidad, la presunción de inocencia,
el principio de contradicción o el de impugnación –todos reconocidos por el
artículo 29 C.P.-, ha de ser precisamente la necesidad de exponer los
fundamentos que respaldan cada determinación, la obligación de motivar
jurídicamente los pronunciamientos que profiere el funcionario judicial.  Siempre
será necesario, entonces, aportar razones y motivos suficientes en favor de la
decisión que se toma[18], mucho más si de lo que se
trata es de garantizar el derecho a la igualdad, acogiendo argumentos ya
esbozados por la jurisprudencia para la resolución de un caso.”
“Buena parte de la
eficacia de un sistema respetuoso de los precedentes judiciales radica en la
necesidad de establecer un espacio de argumentación jurídica en el que el
funcionario judicial exponga razonadamente los motivos que lo llevan a insistir
o cambiar la jurisprudencia vigente, pues es él quien, frente a la realidad de
las circunstancias que analiza, y conocedor de la naturaleza de las normas que
debe aplicar, debe escoger la mejor forma de concretar la defensa  del
principio de justicia material que se predica de su labor.”
13.    En
efecto, corresponde a los jueces, y particularmente a la Corte Suprema, como
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia nacional, interpretar el
ordenamiento jurídico.  En esa medida, la labor creadora de este máximo
tribunal consiste en formular explícitamente principios generales y reglas que
sirvan como parámetros de integración, ponderación e interpretación de las
normas del ordenamiento.  Sin embargo, esta labor no es cognitiva sino
constructiva, estos principios y reglas no son inmanentes al ordenamiento, ni
son descubiertos por el juez, sino que, como fuentes materiales, son un
producto social creado judicialmente, necesario para permitir que el sistema
jurídico sirva su propósito como elemento regulador y transformador de la
realidad social.
Con todo,
para cumplir su propósito como elemento de regulación y transformación social,
la creación judicial de derecho debe contar también con la suficiente
flexibilidad para adecuarse a realidades y necesidades sociales cambiantes.
Por lo tanto, no se puede dar a la doctrina judicial un carácter tan
obligatorio que con ello se sacrifiquen otros valores y principios
constitucionalmente protegidos, o que petrifique el derecho hasta el punto de
impedirle responder a las necesidades sociales. Esto lleva necesariamente a la
pregunta acerca de cuándo tienen fuerza normativa las decisiones de la Corte
Suprema.
4.      La
forma como resulta obligatoria la doctrina judicial dictada por la Corte
Suprema de Justicia
4.1    ¿Cuándo
resultan obligatorios para los jueces y para la Corte Suprema de Justicia las
decisiones de ésta como tribunal de casación?
14. La
sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, como se dijo
anteriormente, no puede reducirse a la observación minuciosa y literal de un
texto legal específico, sino que se refiere al ordenamiento jurídico como
conjunto integrado y armónico de normas, estructurado para la realización de
los valores y objetivos consagrados en la Constitución.  La Corte ha avalado
desde sus comienzos esta interpretación constitucional del concepto de “imperio
de la ley” contenido en el art. 230 constitucional.  Al respecto, en la
Sentencia C-486/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) dijo:
“Podría continuarse la enumeración de consecuencias
irrazonables que se derivarían de dar curso favorable a la tesis formulada. Sin
embargo, las esbozadas son suficientes para concluir que el cometido propio de
los jueces está referido a la aplicación del ordenamiento jurídico, el cual no
se compone de una norma aislada - la "ley" captada en su acepción
puramente formal - sino que se integra por poderes organizados que ejercen un
tipo específico de control social a través de un conjunto integrado y armónico
de normas jurídicas. El ordenamiento jurídico, desde el punto de vista
normativo, no puede reducirse a la ley. De ahí que la palabra "ley"
que emplea el primer inciso del artículo 230 de la C.P. necesariamente designe
"ordenamiento jurídico". En este mismo sentido se utilizan en la
Constitución las expresiones "Marco Jurídico"  (Preámbulo) y
"orden jurídico(Cart. 16).”
Por supuesto,
esta no fue la intención del constituyente, quien, por el contrario, estableció
explícitamente la prevalencia de la Constitución sobre las demás normas
jurídicas (art. 4º), permitiendo así la aplicación judicial directa de sus
contenidos.  Sin embargo, esta jerarquía normativa no requiere ser explícita
–como cláusula positiva- para que la comunidad jurídica la reconozca, ni supone
como única consecuencia la aplicación directa de las normas constitucionales
por parte de los jueces y de los demás operadores jurídicos.  Implica, además,
que la ley misma, la ley en sentido formal, dictada por el legislador, debe ser
interpretada a partir de los valores, principios, objetivos y derechos
consagrados en la Constitución.  En esa medida, la Carta cumple una función
integradora del ordenamiento, que se desarrolla primordialmente dentro de la
actividad judicial, y en la cual los más altos tribunales de las diversas
jurisdicciones tienen una importante responsabilidad.[19]
15.    Son
entonces la Constitución y la ley los puntos de partida necesarios de la
actividad judicial, que se complementan e integran a través de la formulación
de principios jurídicos más o menos específicos, construidos judicialmente, y
que permiten la realización de la justicia material en los casos concretos.  La
referencia a la Constitución y a la ley, como puntos de partida de la actividad
judicial, significa que los jueces se encuentran sujetos principalmente a estas
dos fuentes de derecho.  Precisamente en virtud de la sujeción a los derechos,
garantías y libertades constitucionales fundamentales, estos jueces están
obligados a respetar los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han
resuelto situaciones análogas anteriores.  Como ya se dijo, esta obligación de
respeto por los propios actos implica, no sólo el deber de resolver casos
similares de la misma manera, sino, además, el de tenerlos en cuenta de manera
expresa, es decir, la obligación de motivar sus decisiones con base en su
propia doctrina judicial, pues, como quedó sentado en la Sentencia C-252/01
antes citada, esto constituye una garantía general para el ejercicio de los
derechos de las personas y una garantía específica de la confianza legítima en
la administración de justicia.
16.    La
sujeción del juez al ordenamiento jurídico le impone el deber de tratar
explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de
manera distinta, y caracteriza su función dentro del Estado social de derecho
como creador de principios jurídicos que permitan que el derecho responda
adecuadamente a las necesidades sociales.  Esta doble finalidad constitucional
de la actividad judicial determina cuándo puede el juez apartarse de la
jurisprudencia del máximo órgano de la respectiva jurisdicción.  A su vez, la
obligación de fundamentar expresamente sus decisiones a partir de la
jurisprudencia determina la forma como los jueces deben manifestar la
decisión de apartarse de las decisiones de la Corte Suprema como juez de
casación.
17.    En
principio, un cambio en la legislación motivaría un cambio de jurisprudencia,
pues de no ser así, se estaría contraviniendo la voluntad del legislador, y por
supuesto, ello implicaría una contradicción con el principio de colaboración
armónica entre las ramas del poder (artículo 113) y vulneraría el principio
democrático de soberanía popular (artículos 1º y 3º).
18.    Por
otra parte, cuando no ha habido un tránsito legislativo relevante, los jueces
están obligados a seguir explícitamente la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia en todos los casos en que el principio o regla jurisprudencial,
sigan teniendo aplicación.  Con todo, la aplicabilidad de los principios y
reglas jurisprudenciales depende de su capacidad para responder adecuadamente a
una realidad social cambiante.  En esa medida, un cambio en la situación
social, política o económica podría llevar a que la ponderación e
interpretación del ordenamiento tal como lo venía haciendo la Corte Suprema, no
resulten adecuadas para responder a las exigencias sociales.  Esto impone la
necesidad de formular nuevos principios o doctrinas jurídicas, modificando la
jurisprudencia existente, tal como ocurrió en el siglo pasado, cuando la Corte
Suprema y el Consejo de Estado establecieron las teorías de la imprevisión y de
la responsabilidad patrimonial del Estado.  En estos casos se justifica un
replanteamiento de la jurisprudencia.  Sin embargo, ello no significa que los
jueces puedan cambiar arbitrariamente su jurisprudencia aduciendo, sin más, que
sus decisiones anteriores fueron tomadas bajo una situación social, económica o
política diferente.  Es necesario que tal transformación tenga injerencia sobre
la manera como se había formulado inicialmente el principio jurídico que
fundamentó cada aspecto de la decisión, y que el cambio en la jurisprudencia
esté razonablemente justificado conforme a una ponderación de los bienes
jurídicos involucrados en el caso particular.
19.    Es
posible, de otro lado, que no exista claridad en cuanto al precedente
aplicable, debido a que la jurisprudencia sobre un determinado aspecto de
derecho sea contradictoria o imprecisa.  Puede ocurrir que haya sentencias en
las cuales frente a unos mismo supuestos de hecho relevantes, la Corte haya
adoptado decisiones contradictorias o que el fundamento de una decisión no
pueda extractarse con precisión.  En estos casos, por supuesto, compete a la
Corte Suprema unificar y precisar su propia jurisprudencia.  Ante falta de
unidad en la jurisprudencia, los jueces deben hacer explícita la diversidad de
criterios, y optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el
imperio de la ley, a partir de una adecuada determinación de los hechos
materialmente relevantes en el caso.  De la misma forma, ante la imprecisión de
los fundamentos, pueden los jueces interpretar el sentido que se le debe dar a
la doctrina judicial de la Corte Suprema.
20.  Con
todo, como se dijo antes, la fuerza normativa de la doctrina probable proviene
(1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de
establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter
decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del
ordenamiento positivo, mediante una continua confrontación  y adecuación a
la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la
igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades
y; (4)  del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional,
prohibiéndole actuar contra sus propios actos.  Por otra parte, la autoridad de
la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la
necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta
atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus”
a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la
jurisdicción ordinaria.  Ello supone que la carga argumentativa que corresponde
a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la
Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de
sus propias decisiones por considerarlas erróneas.
21.  La
expresión “erróneas” que predica la norma demandada de las decisiones de la
Corte Suprema puede entenderse de tres maneras diferentes, y cada
interpretación da lugar a cambios jurisprudenciales por razones distintas.  En
primer lugar, cuando la doctrina, habiendo sido adecuada en una situación
social determinada, no responda adecuadamente al cambio social posterior.  Como
se analizó de manera general en el numeral 18 supra, este tipo de error
sobreviniente justifica que la Corte cambie su propia jurisprudencia.  En
segundo lugar, la Corte puede considerar que la jurisprudencia resulta errónea,
por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico.  En estos casos también está justificado
que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para evitar prolongar en el
tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión.  En tercer
lugar, como resulta apenas obvio, por cambios en el ordenamiento jurídico
positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevante.
Esta
Corporación se ha pronunciado sobre las anteriores dos posibilidades de variar
la jurisprudencia, en los siguientes términos:
“44- El
respeto al precedente es entonces esencial en un Estado de derecho; sin
embargo, también es claro que este principio no debe ser sacralizado, puesto
que no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría
provocar inaceptables injusticias en la decisión de un caso. Así, las
eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de
inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros eventos,
una doctrina jurídica o una interpretación de ciertas normas puede haber sido
útil y adecuada para resolver ciertos conflictos en un determinado momento pero
su aplicación puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos
similares, pero en otro contexto histórico, por lo cual en tal evento resulta
irrazonable adherir a la vieja hermenéutica. Es entonces necesario aceptar que
todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la
búsqueda de la seguridad jurídica -que implica unos jueces respetuosos de los
precedentes- y la realización de la justicia material del caso concreto -que
implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las
situaciones nuevas-.” SU-047/99 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
Debe
entenderse entonces que el error judicial al que hace referencia la norma
demandada justifica el cambio de jurisprudencia en los términos expresados,
pero no constituye una facultad del juez para desechar la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia sin un fundamento explícito suficiente.
4.2.   ¿Cómo
resultan vinculantes las decisiones judiciales?
22.    Si la
parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los principios y reglas
jurídicas, ello significa que no todo el texto de su motivación resulta
obligatorio.  Para determinar qué parte de la motivación de las sentencias
tiene fuerza normativa resulta útil la distinción conceptual que ha hecho en
diversas oportunidades esta Corporación entre los llamados obiter dicta o
afirmaciones dichas de paso, y los ratione decidendi o fundamentos
jurídicos suficientes, que son inescindibles de la decisión sobre un
determinado punto de derecho.[20]
Sólo estos últimos resultan obligatorios, mientras los obiter dicta, o
aquellas afirmaciones que no se relacionan de manera directa y necesaria con la
decisión, constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial en los
términos del inciso 2º del artículo 230 de la Constitución.  Por supuesto, la
definición general de dichos elementos no es unívoca, y la distinción entre
unos y otros en cada caso no resulta siempre clara.  Sin embargo, la identificación,
interpretación y formulación de los fundamentos jurídicos inescindibles de una
decisión, son labores de interpretación que corresponden a los jueces, y
principalmente a las altas Cortes.  La ratio decidendi de un caso, por
supuesto, no siempre es fácil de extraer de la parte motiva de una sentencia
judicial como tal, y por lo tanto, su obligatoriedad no implica la vinculación
formal del juez a determinado fragmento de la sentencia descontextualizado de
los hechos y de la decisión, aun cuando resulta conveniente que las altas
Cortes planteen dichos principios de la manera más adecuada y explícita en el
texto de la providencia, sin extender ni limitar su aplicabilidad,
desconociendo o sobrevalorando la relevancia material de aquellos aspectos fácticos
y jurídicos necesarios para su formulación en cada caso concreto.
23.    Con
todo, los obiter dicta o dichos de paso, no necesariamente deben ser
descartados como materiales irrelevantes en la interpretación del derecho.  En
efecto, en muchos casos permiten interpretar cuestiones jurídicas importantes
en casos posteriores que tengan situaciones de hecho distintas, aunque no
necesariamente deban ser seguidos en posteriores decisiones.  Así, puede
ocurrir que carezcan completamente de relevancia jurídica, que contengan
elementos importantes pero no suficientes ni necesarios para sustentar la
respectiva decisión, que sirvan para resolver aspectos tangenciales que se
plantean en la sentencia, pero que no se relacionan directamente con la
decisión adoptada, o que pongan de presente aspectos que serán esenciales en
decisiones posteriores, pero que no lo sean en el caso que se pretende decidir.
24.    Adicionalmente,
el juez puede observar que a pesar de las similitudes entre el caso que debe
resolver y uno resuelto anteriormente existen diferencias relevantes no
consideradas en el primero, y que impiden igualarlos, y en consecuencia,
estaría permitido que el juez se desviara de la doctrina judicial que en
apariencia resulta aplicable.  A contrario sensu, puede haber dos casos
que en principio parezcan diferentes, pero que, observados detalladamente,
tengan un término de comparación –tertium comparationis- que permita
asimilarlos en algún aspecto.  En esa medida, resulta adecuado que el juez
emplee criterios de igualación entre los dos, siempre y cuando la equiparación
se restrinja a aquellos aspectos en que son equiparables, y solamente en la
medida en que lo sean.  En este caso, el juez debe hacer explícitas las razones
por las cuales, a pesar de las similitudes aparentes, los casos no merezcan un
tratamiento igualitario o, a la inversa, debe argumentar porqué, a pesar de las
diferencias aparentes, los casos deben recibir un trato idéntico o similar.
Tanto en una como en otra hipótesis, los criterios de igualación o de
diferenciación deben ser jurídicamente relevantes, y el trato debe ser
proporcional a la diferencia en la situación de hecho.
Por lo expuesto la
Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución, adopta la
DECISIÓN
De declarar
exequible el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda
que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que
conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable
dictada por aquella, están obligados exponer clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los
numerales 14 a 24 de la presente Sentencia.
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 4º
de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de
Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que conforman la
jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por
aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los numerales 14 a 24
de la presente Sentencia.
Cópiese,
notifíquese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional  y archívese el expediente.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Aclaración
de voto a la Sentencia C-836/01
PRECEDENTE
JUDICIAL-Obligación de
considerarlo (Aclaración de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Extensión a la
jurisdicción ordinaria  (Aclaración de voto)
DOCTRINA
PROBABLE-Condiciones en
que el juez puede tomar decisión de apartarse de decisiones (Aclaración de
voto)
FAMILIAS
JURIDICAS-Acercamiento/DERECHO
COMPARADO-Valor para superar barreras analíticas (Aclaración de voto)
SISTEMAS DE
DERECHO COMUN-Incremento
de presencia y valor de la ley (Aclaración de voto)
SISTEMAS DE
TRADICION ROMANO GERMANICA-Mayor
importancia de la jurisprudencia (Aclaración de voto)
SENTENCIA EN
SISTEMAS DE TRADICION ROMANO GERMANICA-Fuerza jurídica (Aclaración de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL EN SISTEMAS DE DERECHO COMUN Y DE TRADICION ROMANO GERMANICA-Alcance (Aclaración de voto)
JUEZ-Sometimiento al imperio de la ley/JUEZ-Sometimiento
al imperio del derecho (Aclaración de voto)
Se dice que la palabra “ley” en dicho
inciso muestra que el juez sólo puede referirse a una fuente de derecho, v.gr.,
las leyes en sentido material. Esta interpretación es insostenible. Excluiría
la ley superior, es decir, la Constitución que según el art. 4 de la Carta es
norma de normas. Excluiría también los tratados que en virtud del art. 93,
cuando se den las condiciones en él señaladas, prevalecen en el orden interno.
Excluiría además los decretos que no tienen fuerza de ley, como aquellos que
desarrollan las leyes marco o los decretos dictados en ejercicio de la potestad
reglamentaria ordinaria. Igualmente, excluiría los acuerdos municipales y las
ordenanzas departamentales. Finalmente, todas las demás fuentes de rango
inferior a la ley dejarían de ser obligatorias para los jueces. De tal manera,
que la palabra ley sólo puede ser interpretada en el sentido de “derecho” para
evitar contradicciones con otras normas de la Constitución.
SENTENCIA-Fuerza vinculante de ratio decidendi/JURISPRUDENCIA-Fuerza
vinculante de ratio decidendi/PRECEDENTE JUDICIAL-Valor normativo como
fuente formal del derecho (Aclaración de voto)
Si bien no todas las partes de una
sentencia ni mucho menos toda la jurisprudencia constituyen fuente formal de
derecho, la ratio decidendi de los fallos, por lo menos, tiene fuerza
vinculante. Posteriormente se verá que dicha fuerza no es igual a la del
derecho legislado pero ello no significa que el precedente judicial carezca de
valor normativo como fuente formal de derecho.
PRECEDENTE
JUDICIAL EN LA JURISDICCION ORDINARIA-Fuerza normativa (Aclaración de voto)
TRADICION
JURIDICA-Evolución
(Aclaración de voto)
PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-Fuerza
vinculante (Aclaración de voto)
Como la
Constitución es norma de normas el precedente constitucional sentado por la
Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Carta tiene  fuerza
vinculante no solo para la interpretación de la Constitución sino también para
la interpretación de las leyes que obviamente debe hacerse de conformidad con
la Carta. Las sentencias constitucionales interpretan la Constitución o pueden
interpretar las leyes, y en todo caso su lugar en el sistema de fuentes no es
inferior al que ocupan las leyes. En principio, los jueces deben seguir la
jurisprudencia constitucional y cuando no lo hacen por razones del respeto al
principio de igualdad, de seguridad jurídica, o de confianza legítima deben
indicar las razones que los llevaron a apartarse de la jurisprudencia.
SENTENCIA DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Fuente
obligatoria de derecho (Aclaración de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Equilibrio entre
evolución del derecho y consistencia jurídica (Aclaración de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Teoría jurídica
(Aclaración de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Vinculación en
varios sentidos (Aclaración de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL HORIZONTAL/PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-3374
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 4° de la Ley 169 de 1896
Demandante:
Carlos Alberto Maya
Restrepo
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el acostumbrado respeto, los
suscritos magistrados aclaramos nuestro voto. Si bien estamos de acuerdo con la
parte resolutiva de la sentencia y con la mayoría de las consideraciones en que
ésta se fundamenta, estimamos que es necesario presentar algunos argumentos
sobre la noción y la fuerza del precedente en un sistema de tradición
romano-germánica, como el colombiano, y el valor de la jurisprudencia dentro
del marco de la Constitución de 1991.
1. La importancia de lo resuelto por
la Corte Constitucional.
En primer lugar, estimamos pertinente
subrayar la importancia de la parte resolutiva de la sentencia que ha proferido
la Corte Constitucional sobre el artículo 4 de la Ley 169 de 1896.
Consideramos, además, que el
condicionamiento introducido en la parte resolutiva con efectos erga omnes
tiene un alcance trascendental. Por ello, subrayamos a continuación los
elementos del condicionamiento cuyas implicaciones son de la mayor magnitud,
dice la sentencia:
“Declarar exequible
el art. 4 de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda que la Corte
Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que conforman la
jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por
aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los
numerales 14 a 24 de la presente sentencia”
Lo primero que queremos resaltar es que la sentencia define una
obligación, no una facultad. Bien hubiera podido la Corte limitarse a señalar,
por ejemplo, que los jueces “podrán apartarse de la doctrina probable dictada
por la Corte Suprema de Justicia como juez de casación, siempre y cuando al
hacerlo justifiquen la interpretación adoptada en ejercicio de su autonomía”.
No obstante, la Corte consideró que el condicionamiento debería ser distinto y
de mayor alcance y, por lo tanto, ser formulado, no a partir de la facultad de
apartarse o de seguir el precedente, sino de la obligación del juez de
considerar los precedentes existentes. Esta obligación es doble. Primero,
comprende el deber general de seguir el precedente, tema al cual nos
referiremos posteriormente para mostrar la compatibilidad de esta posición
dentro de un sistema de tradición romano-germánica como el nuestro. Segundo,
incluye la carga especial de argumentación que debe ser satisfecha para que se
cumplan las condiciones en las cuales existe una excepción a este deber
general.
El segundo elemento que estimamos importante subrayar (tercero en la
cita del condicionamiento) tiene que ver con la caracterización, a partir de la
norma acusada, de lo que hace el juez respecto del precedente: adopta una
“decisión” relativa a seguir otra “decisión” anterior. La Corte respeta,
entonces, la manera como el legislador se refiere a las providencias judiciales
y los aspectos de ellas sobre las que versa el artículo 4 – “decisiones
uniformes” y decisiones anteriores” -. Así, el objeto referido por la norma
acusada, al igual que el objeto del condicionamiento, son las partes de las sentencias
de la Corte Suprema de Justicia que constituyen una decisión sobre una regla
jurisprudencial (ratio
decidendi), no una consideración general o descriptiva
del derecho incluida en la parte motiva (obiter dicta) o la resolución
específica del caso concreto adoptada en la parte resolutiva (decisum). Es
decir, la Corte, con razón, acoge la distinción entre ratio decidendi, obiter dicta, y decisum, que ha
sido desarrollada en el ámbito del derecho constitucional en numerosas
providencias tanto de constitucionalidad como de tutela. Sin duda, el tema del
precedente, en particular la cuestión de su noción y el problema de su fuerza
vinculante, se extiende del campo del derecho constitucional a las demás ramas
del derecho y cobija no sólo a la jurisdicción constitucional sino también a la
jurisdicción ordinaria, y aunque se trata de un asunto que tiene
especificidades en cada una de las ramas del derecho, no le correspondía a la
Corte Constitucional pronunciarse en esta oportunidad sobre ellas, sino sentar
un común denominador mínimo aplicable en todas las ramas del saber jurídico.
El tercer elemento que consideramos necesario resaltar (segundo y
cuarto en el texto subrayado) tiene que ver con las condiciones en las cuales
el juez puede tomar la “decisión” de apartarse de “las decisiones” que
constituyen doctrina probable. En la sentencia se establecen dos tipos de
condiciones. El primero,  se refiere a las condiciones de exposición de los
fundamentos jurídicos que justifican la decisión que define el precedente.
Tales fundamentos deben ser expuestos de manera “clara”, lo cual significa que
la determinación de no seguir el precedente crea en el juez una carga de transparencia en la medida en que debe decir diáfanamente de qué precedente se
está apartando y qué elemento de éste está cambiando. El segundo, se refiere a
las condiciones de motivación de los fundamentos jurídicos que justifican dicha
decisión. Estos deben referirse a las circunstancias especiales y excepcionales
que hacen legítimo que un juez no siga el precedente, lo cual significa que no
cualquier razón es suficiente para apartarse del precedente puesto que el juez
tiene una carga de
argumentación en la medida en que debe demostrar
“razonadamente” que se cumplen los requisitos mencionados en los numerales 14 a
24 de la sentencia. De esta forma, se desarrolla el concepto de error empleado
en la norma demandada puesto que la propia Corte Suprema de Justicia, y con
mayor razón los jueces funcionalmente inferiores a ella, al variar su doctrina
deben, como lo dice la norma demandada, “juzg(ar) erróneas las decisiones
anteriores”. Así, no basta el cambio de opinión, fruto de una reintegración del
órgano judicial o de una evolución en el criterio de algunos de sus miembros,
ni tampoco la invocación de la autonomía del juez para aplicar la ley. La
autonomía interpretativa del juez y su opinión jurídica debidamente sustentada
son suficientes para adoptar por primera vez una decisión sobre una determinada
cuestión jurídica, pero no lo son cuando ya existe un precedente “sobre un
mismo punto de derecho”, como lo dice la norma demandada; en este último evento
la carga de argumentación es más exigente, en los términos de la sentencia.
Cierto es que el enfoque jurídico dentro del cual se enmarca el
condicionamiento acogido por la mayoría de los magistrados merece numerosos
comentarios y cada uno de los elementos tanto de la norma demandada como del
condicionamiento podría ser objeto de un amplio análisis. Sin embargo, ello
corresponde a los doctrinantes y no a la Corte Constitucional ni a la presente
aclaración de voto. En esta oportunidad, nos limitamos a  poner de relieve los
aspectos del condicionamiento que a nuestro juicio constituyen un significativo
avance, pues representan, sin duda, un paso de suma importancia en la evolución
de nuestro derecho. Seguramente, después de éste habrá otros en los cuales se
puedan desarrollar los elementos de la noción y de la fuerza vinculante del
precedente en la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa.
Obviamente, la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la jurisdicción
ordinaria y el Consejo de Estado como máxima autoridad judicial de lo
contencioso administrativo, tienen un papel preponderante en el rumbo y en el
ritmo de esta evolución, así como lo tiene la Corte Constitucional en materia
de derecho constitucional y en la jurisdicción constitucional.
Pasamos ahora a  formular algunas consideraciones adicionales
relativas a la noción y a la fuerza del precedente.
2. Algunos argumentos adicionales para justificar lo resuelto por la
Corte
Procedemos a exponer algunos argumentos
que, aunque pueden representar en ciertos aspectos matices o enfoques distintos
respecto de los esgrimidos en la sentencia, apuntan a complementar las
consideraciones en que se fundó la Corte.
Los argumentos se refieren a cuestiones
que tradicionalmente han gravitado, con mayor o menor fortuna alrededor del
debate sobre la fuerza vinculante de los precedentes en nuestro sistema
jurídico. En particular, haremos alusión a los argumentos basados en (i) el
derecho comparado, (ii) el sistema de fuentes y el lugar de la jurisprudencia,
(iii) la tradición jurídica colombiana, (iv) la integridad de un ordenamiento
jurídico donde la Constitución es norma de normas, (v) el equilibrio entre
evolución del derecho y consistencia jurídica, y (vi) la teoría jurídica sobre
el precedente. En cada caso, nos limitaremos a esbozar las líneas básicas del
argumento.
2.1 El acercamiento de las familias
jurídicas: el valor del derecho comparado para superar barreras analíticas
Uno de los argumentos más comunes contra
el reconocimiento del valor y la fuerza jurídica que tienen los precedentes
judiciales parte del derecho comparado, o mejor, de una visión particular de
las diferencias que existen entre el sistema de derecho común anglosajón y el
sistema romano- germánico o de derecho civil. Esta visión que tiende a subrayar
las diferencias, no tiene en cuenta los desarrollos que se han presentado en
ambos sistemas o familias jurídicas durante el siglo XX, los cuales han
acortado la distancia entre ellos, así subsistan importantes distinciones.
Así, una de las principales diferencias
sobre las cuales recaban quienes se oponen a reconocer el valor del precedente
en nuestro derecho es precisamente que el derecho común anglosajón es
jurisprudencial, lo cual explica el valor que tiene el precedente en dicho
sistema, mientras que el derecho romano germánico es legislado, lo cual explica
el lugar predominante de la ley. De esta constatación general se concluye que
otorgarle valor de precedente a las sentencias en nuestro ordenamiento jurídico
sería extraño y contrario a sus rasgos esenciales.
Sin embargo, no puede perderse de vista
que, principalmente, a partir de la segunda post-guerra mundial del siglo
pasado, se ha presentado una convergencia entre las dos familias jurídicas en
punto a la importancia de la jurisprudencia y de la ley. La disminución de la
distancia entre ambas familias torna en inadecuada e incompleta la visión
diferenciadora anteriormente descrita.
En efecto, en los sistemas de derecho
común, en especial en los Estados Unidos, la ley ha incrementado
significativamente su presencia y su valor. Ello ha ocurrido en numerosos
campos dentro de los cuales se destacan tres por su especial relevancia: a) el
derecho constitucional, puesto que la Constitución de los Estados Unidos es un
texto normativo adoptado por una convención constituyente y puesto que a los
textos que  tradicionalmente han integrado la Constitución Británica se han
sumado recientemente otros como una Carta de Derechos que incorpora la
convención europea de derechos humanos[21];
b) el derecho federal, por oposición al derecho de las unidades estatales
federadas, que es primordialmente un derecho legislado sobre todo en Estados
Unidos[22];
y c) las ramas especializadas del derecho, respecto de las cuales, por su
novedad relativa y por otras razones que no viene al caso mencionar, el órgano
legislativo ha definido y desarrollado sus contornos básicos mediante leyes,
conocidas como acts o statutes[23].
Por eso un magistrado  norteamericano escribió un polémico ensayo intitulado
“las cortes de derecho común en un sistema de derecho civil: el papel de las
cortes federales de los Estados Unidos en la interpretación de la Constitución
y de las leyes”[24],
en el cual fija su posición sobre esta nueva realidad jurídica consistente en
que el derecho en su país en ciertas materias, pero cada día en un mayor número
de ellas, es derecho legislado y no derecho originado en la creación
jurisprudencial, sin que ello implique que las cortes dejen de realizar una
tarea creativa. Lo sorprendente es que a los ojos de un anglosajón acostumbrado
a estar atado por los precedentes centenarios, dicha tarea creativa en la
“aplicación” judicial de las leyes es bastante más amplia que la típica en las
áreas tradicionales del derecho común.
En cambio, en los sistemas de tradición
romano germánica, en mayor o menor grado según cada país, se ha presentado el
fenómeno contrario: la jurisprudencia ha cobrado mayor importancia, en especial
la de los órganos que se encuentran en la cúspide de sus respectivas
jurisdicciones[25].
El ejemplo más conocido se encuentra, paradójicamente, en la rama del derecho
público donde hemos recibido en Colombia la más grande influencia francesa. Se
trata obviamente del derecho administrativo francés que, como es bien sabido,
ha sido de creación jurisprudencial bajo la égida del Consejo de Estado. Por eso,
una autoridad en el tema anotaba sugestivamente que el Consejo de Estado era la
más anglosajona de las instituciones de Francia[26]. Otro ejemplo lo
constituye el derecho laboral alemán cuya creación y desarrollo ha sido obra de
los jueces germanos[27].
Además, si se tomaran materias dentro de cada rama del derecho los ejemplos
mostrarían que derecho legislado y derecho jurisprudencial conviven y que en
varias de ellas el lugar del juez ha sido más importante que el de la ley. Como
esta realidad no ha sido incorporada a la visión predominante en Colombia
respecto de las características de los sistemas jurídicos romano-germánicos
estimamos necesario señalar la percepción que respetados doctrinantes tienen
sobre lo que está pasando en sus respectivos países.
La experiencia registrada por
observadores académicos de la práctica judicial y de los criterios adoptados
por los jueces en los países de las principales familias jurídicas demuestra
que las sentencias judiciales distan mucho de tener un simple valor ilustrativo
o ejemplificativo en los sistemas jurídicos de tradición romano germánica. Si
bien en algunos de éstos su valor no es el de un precedente obligatorio, en
otros, notablemente en Alemania, la fuerza jurídica de las sentencias se acerca
a la que éstas tienen en los sistemas de derecho común. Subsiste, claro está,
una diferencia. El estudio comparativo más cuidadoso la resume así: en un
sistema de derecho común el juez inferior nunca puede apartarse abiertamente
del precedente sentado por un juez superior, mientras que en los sistemas
romano germánicos ello si es posible siempre y cuando el juez inferior cumpla
unas condiciones, más o menos exigentes en cada país y con consecuencias
distintas en cada uno de ellos, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional
en la presente sentencia.[28]
Por eso el balance general de la práctica del precedente en Alemania,
Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Polonia, España, Suecia, Reino Unido,
Estados Unidos (Estado de Nueva York), y la Comunidad Europea fue sintetizado
de la siguiente manera en el estudio más completo que se haya publicado sobre
la materia:
“Dos grandes similitudes deben ser subrayadas. La
primera es que el precedente juega ahora un papel significativo en el proceso
de decisión judicial y en el desarrollo del derecho en todos los países y
tradiciones jurídicas que han sido revisadas en este libro. Ello es así sin
importar si el precedente ha sido oficialmente reconocido como formalmente
obligatorio o como vinculante en algún grado por su fuerza normativa. Por
razones históricas, en algunos sistemas jurídicos se ha formalmente
desestimulado o incluso descartado que los precedentes sean citados
abiertamente en las sentencias proferidas por las altas cortes. Pero aún en
estos casos, el precedente juega en realidad un papel crucial. El derecho
francés contemporáneo, por ejemplo, sería incomprensible si no se hiciera
referencia a los precedentes sentados por las altas cortes para llenar vacíos o
para complementar los códigos y otras fuentes formales tradicionales del
derecho. Y en Francia, aún el precedente que interpreta estrictamente las leyes
y los códigos, tiene significado normativo. La segunda gran similitud es que
todos los sistemas han encontrado una manera de acomodar cambios y evolución en
los precedentes a través de la propia actividad judicial”[29].
2.2 El sistema de fuentes y el lugar
de la jurisprudencia
La conclusión, derivada de la observación
de la práctica judicial contemporánea anteriormente citada conduce a analizar
un segundo argumento en contra de que en Colombia, por ser un país de tradición
jurídica romano germánica o de derecho civil, la jurisprudencia sea considerada
fuente formal de derecho, y no como usualmente ha sido clasificada, es decir,
como fuente material de derecho.
En la presente sentencia la Corte
Constitucional sostiene que el precedente es fuente formal de derecho y analiza
las razones por las cuales ello es así dentro del marco de la Constitución de
1991 que introdujo transformaciones sustanciales y orgánicas que llevan
ineludiblemente a esta conclusión[30].
No viene al caso abundar en tales razones. Basta con resaltar que no existe un
fundamento empírico para sostener que dichas razones jurídicas de orden
constitucional son contrarias a la naturaleza de nuestro sistema jurídico y a
su sistema de fuentes.
Sin embargo, frecuentemente se invoca un
artículo de la Constitución, el 230, para sostener que, así la práctica
judicial indique lo contrario y así existan poderosas razones para justificar
la fuerza vinculante de los precedentes judiciales, dicho artículo de la
Constitución estableció un sistema de fuentes dentro del cual sólo es fuente
formal de derecho la ley y el juez sólo está obligado a referirse a ella. En
esta sentencia y en otras citadas en el fallo se acoge una interpretación
sistemática de la Constitución para mostrar que una interpretación literal y
aislada de este artículo es inapropiada.
Estimamos, en todo caso, que aún a partir
de una interpretación simplemente literal y aislada de la norma no se deduce
que el sistema de fuentes en Colombia excluye a los precedentes judiciales.
Así, del inciso primero del artículo 230
no se puede concluir que la ley es la única fuente formal de derecho. Este dice
que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la
ley”. Este inciso define en qué consiste la independencia de los jueces, v.gr.,
en que sus fallos no pueden responder a consideraciones extrañas a la ley como
prejuicios, presiones, pasiones o intereses. También indica que el juez debe
someterse al imperio de la ley, lo cual plantea un límite a la independencia
del juez en la medida en que no puede fallar según su opinión personal, ni
mucho menos según su parecer o capricho. El juez es independiente para respetar
el derecho no para apartase de él.
Se dice que la palabra “ley” en dicho
inciso muestra que el juez sólo puede referirse a una fuente de derecho, v.gr.,
las leyes en sentido material. Esta interpretación es insostenible. Excluiría
la ley superior, es decir, la Constitución que según el art. 4 de la Carta es
norma de normas. Excluiría también los tratados que en virtud del art. 93,
cuando se den las condiciones en él señaladas, prevalecen en el orden interno.
Excluiría además los decretos que no tienen fuerza de ley, como aquellos que
desarrollan las leyes marco o los decretos dictados en ejercicio de la potestad
reglamentaria ordinaria. Igualmente, excluiría los acuerdos municipales y las
ordenanzas departamentales. Finalmente, todas las demás fuentes de rango
inferior a la ley dejarían de ser obligatorias para los jueces. De tal manera,
que la palabra ley sólo puede ser interpretada en el sentido de “derecho” para
evitar contradicciones con otras normas de la Constitución.
La cuestión a determinar, es entonces, si
la jurisprudencia está incluida dentro del concepto de derecho. Obviamente, lo
ha estado y lo sigue estando. Sin embargo, se dice que aunque la jurisprudencia
es derecho, en virtud del inciso segundo del artículo 230 es derecho auxiliar,
pues dicho artículo señala que: “La equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial.” No obstante, cabe recordar que ni aún en la sentencia mediante la
cual la Corte Constitucional declaró inexequible parcialmente el artículo del
Decreto 2067 de 1991 en el cual se decía que la doctrina constitucional
enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional era criterio auxiliar
“obligatorio” (artículo 23), la Corte sostuvo que las sentencias carecían de
fuerza vinculante para los jueces en casos futuros. En efecto, la Corte hizo
una distinción entre obiter dicta y ratio decidendi con el fin de
precisar el concepto de jurisprudencia empleado en el artículo de la
Constitución citado – se refiere a las sentencias en general - y el de doctrina
utilizado en el artículo del decreto demandado – se refiere al obiter  dicta
-. Se indicó, pues, que la ratio decidendi, e inclusive otros
fundamentos de la parte motiva que cumplieran ciertas condiciones, eran
obligatorios: “los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte
Constitucional que guarde relación directa con la parte resolutiva, así como
los que la corporación misma indique ... en la medida en que tengan un nexo
causal con la parte resolutiva, son también obligatorios ...”[31].
Esta sentencia fue reiterada y
desarrollada en fallos posteriores y en especial en la sentencia mediante la
cual la Corte Constitucional se pronunció sobre el proyecto de Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia. La Corte declaró inexequibles las expresiones
subrayadas de la última frase del numeral primero del art. 48 que decía que “sólo
la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la
República tiene carácter obligatorio general”, y declaró exequible el resto
de la norma bajo el entendido de que “la interpretación que por vía de
autoridad hace la Corte Constitucional tiene carácter obligatorio general”.
Igualmente, declaró exequible el numeral segundo de dicho artículo de la Ley
Estatutaria, sobre el alcance obligatorio de las decisiones judiciales
adoptadas en ejercicio de la acción de tutela, el cual dice que “su motivación
constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”. Dicha
exequibilidad, es necesario enfatizarlo, fue condicionada “bajo el entendido de
que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional en las que se precise
el contenido y alcance de los derechos constitucionales sirven como criterio
auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la
línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente
y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio
de igualdad”[32].
En conclusión, si bien no todas las
partes de una sentencia ni mucho menos toda la jurisprudencia constituyen
fuente formal de derecho, la ratio decidendi de los fallos, por lo
menos, tiene fuerza vinculante. Posteriormente se verá que dicha fuerza no es
igual a la del derecho legislado pero ello no significa que el precedente
judicial carezca de valor normativo como fuente formal de derecho.
2.3. La tradición jurídica colombiana
Un tercer argumento en contra del
reconocimiento del valor normativo de los precedentes judiciales es que ello es
contrario a la tradición jurídica colombiana. Según esta tesis la Carta de 1991
hizo distinciones sobre el sistema de fuentes aplicable al derecho constitucional,
por un lado, y a las demás ramas del derecho, por el otro. Por eso el
precedente constitucional puede tener valor normativo, en los términos de los
fallos de la Corte Constitucional sobre el tema, pero en otras disciplinas
jurídicas las sentencias carecen de dicho valor.
En el presente fallo, la Corte
Constitucional se aparta del enfoque según el cual el derecho constitucional es
especial y diferente en este punto. Al reconocer la fuerza normativa del
precedente al campo del derecho civil, laboral, comercial, penal, entre otros,
la Corte no está yendo en contra de la tradición jurídica colombiana. No es
este el momento de hacer un recuento de los debates que se han presentado en
Colombia respecto a este punto ni una descripción de la evolución de nuestra
tradición jurídica. Sin embargo, estimamos necesario recordar que la Ley 153 de
1887, cuya trascendencia fundante en nuestra tradición jurídica es
indiscutible, difícilmente puede ser leída como un estatuto inspirado en las
posiciones más extremas de la escuela de la exégesis y del culto a la ley. Su
tratamiento de las reglas de la jurisprudencia, de la doctrina constitucional,
y de las fuentes del derecho en general no se enmarca dentro de una filosofía
reduccionista del derecho según la cual el derecho emana de la ley y sólo de la
ley.
Además, la idea de que una tradición no
puede evolucionar es contraevidente. Las tradiciones jurídicas son
esencialmente cambiantes, así las transformaciones se lleven a cabo
gradualmente o inclusive imperceptiblemente[33].
Pero las tradiciones también evolucionan mediante cambios notorios y radicales.
El mejor ejemplo de ello es, nuevamente, la tradición romano germánica en la
cual se inscribe nuestro sistema jurídico. El derecho romano era esencialmente
pretoriano, no legislado. No obstante, la codificación en Francia y en
Alemania, en diferentes momentos históricos y por razones distintas en cada
país, le dio un lugar privilegiado a la legislación. Posteriormente, el
precedente judicial adquirió un papel crucial en determinados campos del
derecho y, como se resaltó en la sección 2.1. de esta aclaración, ha pasado a
jugar un papel crucial tanto en Francia como en Alemania.
2.4. La integridad de un ordenamiento
jurídico donde la Constitución es norma de normas
Lo anterior no significa que no existan
diferencias entre países ni entre ramas del derecho en punto a la fuerza
normativa de los precedentes. Entre nosotros, por ejemplo, uno de los aspectos
donde el derecho constitucional tiene una especificidad en materia de
precedentes, es el del lugar del precedente constitucional dentro del
ordenamiento jurídico y su función para preservar la integridad del mismo.
Como la Constitución es norma de normas
el precedente constitucional sentado por la Corte Constitucional como guardiana
de la supremacía de la Carta tiene  fuerza vinculante no solo para la
interpretación de la Constitución sino también para la interpretación de las
leyes que obviamente debe hacerse de conformidad con la Carta. Las sentencias
constitucionales interpretan la Constitución o pueden interpretar las leyes, y
en todo caso su lugar en el sistema de fuentes no es inferior al que ocupan las
leyes. En principio, los jueces deben seguir la jurisprudencia constitucional y
cuando no lo hacen por razones del respeto al principio de igualdad, de
seguridad jurídica, o de confianza legítima deben indicar las razones que los
llevaron a apartarse de la jurisprudencia. En sentencia T-321 de 1998 la Corte
dijo: “3.4. Sin embargo, a efectos de no vulnerar el derecho a la igualdad y el
principio de seguridad jurídica (que tiene como uno de sus fundamentos, el que
se otorgue la misma solución dada a casos similares - precedentes -), el
funcionario que decide modificar su criterio, tiene la carga de exponer las
razones y fundamentos que lo han llevado a ese cambio”. No se olvide que la
norma fundante del ordenamiento jurídico es la Constitución, según el artículo
4 de la Carta, que la define como “norma de normas” y que, por lo tanto, como
lo afirma un tratadista español, ya citado en la sentencia C-104 de 1993, dice
que “la Constitución vincula al juez más fuertemente que las leyes, las cuales
sólo pueden ser aplicadas si son conformes a la Constitución”[34]. Por eso, las
sentencias de la Corte Constitucional son para un juez fuente obligatoria de
derecho. En una sentencia reciente, esta Corte de manera unánime subrayó que
los funcionarios judiciales al aplicar las leyes deben respetar lo decidido por
la Corte Constitucional en lo sustancial y que dentro de las causales de
casación, previstas en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, se
incluye el desconocimiento de la cosa juzgada y de la doctrina constitucional[35].
Finalmente, la integridad del
ordenamiento jurídico sólo puede preservarse si hay coherencia entre la
interpretación que fija el contenido material de las leyes y la interpretación
que fija el sentido de la Constitución. Por ejemplo, si una norma declarada
exequible por la Corte Constitucional es interpretada por los jueces de una
manera contraria a la Constitución se rompe la integridad del ordenamiento
jurídico. Por esta razón la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en
el artículo 48 al que hacíamos alusión dice que “la interpretación que  por vía
de autoridad hace (la Corte Constitucional) tiene carácter obligatorio
general”.
2.5. El equilibrio entre evolución del
derecho y consistencia jurídica
Los planteamientos de la Corte
Constitucional sobre el precedente han suscitado otra inquietud. Se dice que no
es una buena política reconocerle un carácter vinculante a los precedentes
judiciales porque ello petrifica la jurisprudencia y obstaculiza la evolución
del derecho.
No compartimos esta afirmación. En primer
lugar, refleja una visión caricaturesca de un derecho común anclado en el
pasado en contraste con un derecho romano germánico que sí sería capaz de
ajustarse a los nuevos tiempos y a las realidades cambiantes. La experiencia
observada en diferentes países con el tratamiento de los precedentes muestra
que ello no es así. En los sistemas de derecho común los jueces han
desarrollado numerosos criterios y técnicas de interpretación de los
precedentes para abrirle espacio suficiente a la evolución del derecho y a la
posibilidad de que éste responda a nuevas realidades y concepciones. Lo mismo
ha sucedido en los sistemas de tradición romano germánica con la interpretación
judicial de los códigos puesto que en varias materias, dentro de las cuales se
destaca la relativa a la responsabilidad extracontractual, los jueces han
impulsado la evolución del derecho de tal manera que el legislador o bien ha
aceptado las creaciones jurisprudenciales o bien ha optado por legislar para
reaccionar a ellas lo cual también representa una evolución.[36]
En segundo lugar, la afirmación de que
reconocerle fuerza vinculante al precedente impide la evolución del derecho
contradice la tesis de que los jueces no tienen una función creativa y por lo
tanto sus decisiones no pueden ser consideradas fuente formal de derecho. En
efecto, si el derecho puede evolucionar por vía jurisprudencial es precisamente
porque sus contenidos cambian a medida que los jueces ejercen su actividad
interpretativa, y si los contenidos jurídicos cambian es porque las sentencias
en mayor o menor grado, de una u otra forma, son fuente creadora de derecho.
En tercer lugar, afirmar la fuerza
normativa de los precedentes no conduce a la petrificación del derecho. Por
eso, no puede asociarse respeto al precedente y conservadurismo jurídico, o,
viceversa, apego exclusivo a la ley y progresismo jurídico. Quizás en otro
momento de la historia de la tradición romano germánica ello fue así puesto que
la ley representó un avance frente a las doctrinas predominantes en algunas
jurisdicciones. También significó una concreción, por lo menos en Francia, de
una revolución democrática. No obstante, no se puede trasladar automáticamente
esa realidad histórica a la situación colombiana contemporánea ni convertir en
axioma eterno que la ley es progresista y el juez es conservador. Además, respetar
el precedente no significa que es imposible apartarse de él. En esta sentencia
como en todas las demás en las cuales la Corte Constitucional ha abordado el
tema[37],
se ha admitido expresamente que es posible no seguir el precedente, siempre y
cuando se cumplan unos requisitos sobre los cuales ha elaborado esta
Corporación.
Pero esta cuestión exige abordar un
último punto: el relativo a en qué consiste la fuerza normativa de un
precedente. Esto nos lleva ha hacer algunas consideraciones de teoría jurídica.
2.6. Algunas consideraciones sobre la
teoría jurídica relativas al precedente.
El debate sobre los precedentes y la
función del juez, en especial sobre la discrecionalidad judicial, ha sido
amplio, rico y sostenido en la teoría jurídica. No le corresponde a la Corte,
ni mucho menos a una aclaración de voto, resumir dicho debate o tomar partido
por alguna de las múltiples posiciones que han sido esgrimidas.
Sin embargo, desde el punto de vista de
la explicación de lo que sucede – teorías descriptivas del derecho – no de la
justificación de lo que debe suceder – teorías prescriptivas del derecho - se
ha realizado una importante distinción entre el valor vinculante de la ley y el
valor vinculante de los precedentes judiciales, al cual es necesario referirse
para responder a las inquietudes mencionadas anteriormente.
En efecto, un precedente judicial puede
ser vinculante en varios sentidos. En primer lugar, puede obligar a todos los
jueces en la medida en que éstos deben decidir los casos futuros de una manera
idéntica a como fueron decididos los casos anteriores. Esta primera modalidad
de vinculación es sólo concebible en abstracto y no se presenta ni siquiera en
un sistema de derecho común ya que los jueces al decidir los casos futuros pueden
distinguir el nuevo caso del caso anterior y así liberarse de fallar de manera
idéntica a como fue decidido el “precedente”. Si los precedentes tuvieran esta
modalidad de fuerza normativa, su carácter vinculante se asemejaría al de la
ley ya que la regla sentada por el juez anterior debería ser aplicada también
posteriormente como si fuera una regla contenida en la legislación.[38]
En segundo lugar, un precedente puede
obligar a todos los jueces inferiores a la alta corte que lo sentó, a riesgo de
que si un juez inferior se aparta de él, la alta corte correspondiente revocará
la sentencia de éste juez inferior. Es en este sentido que se dice que un
precedente es formalmente obligatorio en sentido estricto. Esto es lo que
sucede generalmente en los países de derecho común donde impera la regla del “stare
decisis”.
En tercer lugar, un precedente puede ser
obligatorio para todos los jueces inferiores a la alta corte que lo sentó, y
aceptarse que un juez inferior (i) después de hacer referencia expresa al
precedente, y (ii) de resumir su esencia y razón de ser, (iii) se aparte de él
exponiendo razones poderosas para justificar su decisión. En este sentido se
dice que el precedente es formalmente obligatorio, pero no estrictamente
obligatorio.
En cuarto lugar, puede considerarse que
un precedente es un referente obligado para los jueces inferiores pero éstos
pueden apartarse de él cuando lo consideren, en forma razonada, adecuado para
resolver el caso. La alta corte que sentó el precedente podrá criticar la
decisión del juez inferior y podrá por lo tanto revocar su sentencia, pero el
juez inferior conserva un amplio margen para interpretar el derecho. En este
caso el precedente no es formalmente obligatorio pero tiene cierta fuerza en la
medida en que los jueces deben tenerlo en cuenta y referirse a él en el momento
de fallar[39].
Las cuatro hipótesis anteriores también
pueden ser formuladas desde una perspectiva horizontal, o sea, a partir de la
relación de un juez con sus sentencias anteriores.
Es posible concebir otras hipótesis
relativas a los precedentes en las cuales éstos carecen de fuerza vinculante
alguna. Su valor puede consistir en suministrar apoyo adicional a la
interpretación del juez inferior o, en el grado de importancia menor, un fallo
anterior puede servir de simple ejemplo.
En esta sentencia la Corte Constitucional
no ha definido que la fuerza vinculante del precedente sea semejante al de una
ley, lo cual como se anotó sería extraño no sólo a nuestra tradición jurídica
sino contrario a la experiencia observada aún en países de derecho común.
Tampoco ha definido que su fuerza vinculante sea la de la segunda hipótesis
anteriormente mencionada, la cual es característica de los sistemas de derecho
común, con diferentes modalidades que hacen la cuestión más compleja pero sobre
las cuales no es necesario detenerse en esta oportunidad.
En esta sentencia la Corte ha definido la
fuerza vinculante del precedente acudiendo a la tercera y cuarta hipótesis. La
diferencia entre la tercera y la cuarta para efectos de éste fallo surge de una
distinción adicional entre precedente horizontal y precedente vertical. Este
último se predica de la situación de los jueces inferiores respecto de lo
decidido por los superiores funcionales dentro de su jurisdicción. El primero
se predica de la situación de una corte respecto de sus propios fallos. En esta
sentencia la Corte ubicó la fuerza vinculante del precedente vertical en la
tercera modalidad mencionada y la fuerza vinculante del precedente horizontal
en la cuarta modalidad enunciada, lo cual reconoce a la Corte Suprema de
Justicia un margen mayor para modificar sus precedentes de manera razonada.
Obviamente, las condiciones en las cuales es posible apartarse en uno u otro
caso de un precedente seguramente serán objeto de posteriores desarrollos
jurisprudenciales. En materia constitucional esta Corte ya ha precisado algunos
criterios que no es pertinente resumir en esta oportunidad.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
Salvamento
parcial de voto a la Sentencia C-836/01
DOCTRINA
PROBABLE-Criterio
auxiliar (Salvamento parcial de voto)
El
carácter de doctrina probable que le atribuye a tres decisiones uniformes dadas
por la Corte Suprema de Justicia, es congruente las previsiones del canon 230
Superior en virtud del cual “la equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial”. Entonces, siendo criterio auxiliar la doctrina probable no puede ser
obligatoria para los jueces de inferior jerarquía y menos aún para la propia
Corte Suprema de Justicia que, como bien lo advierte el mandato acusado, puede
variar su jurisprudencia cuando juzgue erróneas las decisiones anteriores.
PRINCIPIO DE
INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LA DOCTRINA PROBABLE-Expresión razonada de causas para acoger criterio
diferente (Salvamento parcial de voto)
CAMBIO DE
JURISPRUDENCIA-Carga
argumentativa para todos los jueces (Salvamento parcial de voto)
Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil
Proceso D-3374
Respetuosamente discrepo de la decisión
adoptada en la parte resolutiva del fallo en referencia, pues considero que el
artículo 4° de la Ley 169 de 1896 ha debido ser declarado exequible por la
Corte Constitucional, sin sujetar su conformidad con el Ordenamiento Superior a
que se entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los
demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la
doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y
razonadamente los términos jurídicos que justifican su decisión.
Estos son los motivos de mi disentimiento:
§   El precepto impugnado se adecua
perfectamente a los dictados de la Ley Fundamental, por cuanto el carácter de
doctrina probable que le atribuye a tres decisiones uniformes dadas por la
Corte Suprema de Justicia, es congruente las previsiones del canon 230 Superior
en virtud del cual “la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del
derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.
Entonces, siendo criterio auxiliar la doctrina probable no puede ser
obligatoria para los jueces de inferior jerarquía y menos aún para la propia
Corte Suprema de Justicia que, como bien lo advierte el mandato acusado, puede
variar su jurisprudencia cuando juzgue erróneas las decisiones anteriores.
§   El condicionamiento impuesto por la Corte
es a todas luces innecesario, toda vez que  la obligación que tienen los jueces
de motivar sus decisiones dimana directamente de los preceptos de la Carta
Política que establecen el debido proceso (art. 29), el acceso de toda persona
a la administración de justicia (art. 229) y la independencia de la función
jurisdiccional (art. 230), principalmente.[40]
§   La exigencia de una motivación para
efectos de poder apartarse de la doctrina probable sentada por la Corte Suprema
de Justicia, lejos de propender por la autonomía funcional de los jueces puede
atentar contra la efectividad de este principio si se tiene en cuenta que según
la sentencia “una decisión judicial que desconozca caprichosamente la
jurisprudencia y trate de manera distinta casos previamente analizados por la
jurisprudencia, so pretexto de la autonomía judicial, en realidad está
desconociéndolos y omitiendo el cumplimiento de un deber constitucional”.
Parece  que se quisiera invertir los valores y que so
pretexto de hacer efectivos los principios de igualdad y de seguridad jurídica
se sacrifique el principio constitucional de la  independencia judicial,
olvidando que en una adecuada ponderación  de estos principios lo justo y
aconsejable es que el fallador exprese razonadamente las causas que los llevan
a acoger un criterio diferente. En esté sentido se ha pronunciado
contundentemente la jurisprudencia constitucional.[41]
§   Finalmente, no parece lógico sostener,
como lo hace la aludida decisión,  que en razón de la función unificadora que
cumple la Corte Suprema de Justicia como juez de casación, la carga
argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la
jurisprudencia decantada por ese alto Tribunal es mayor que la que le asiste a
éste órgano para apartarse de sus propias decisiones cuando las considera
erróneas, puesto que la obligación de argumentar un cambio jurisprudencial es
igualmente comprometedora para todos los jueces, sin importar su posición en la
jerarquía jurisdiccional.
Ciertamente, tanto
el juez de inferior jerarquía como la Corte Suprema de Justicia están en el
deber de sopesar las razones que los llevan a cambiar de opinión en un momento
determinado. En el primer caso, la Corte debe justificar el cambio
jurisprudencial argumentando por qué considera que incurrió en un error en
anterior decisión; y en el segundo evento, el juez debe exponer las razones que
lo llevan a apartarse del precedente judicial sentado por la Corte Suprema de
Justicia.[42]
Fecha ut supra
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
Salvamento de voto a la
Sentencia C-836/01
PRECEDENTE
JUDICIAL-Separación en
observancia de quien emana respecto del inferior (Salvamento de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Separación
(Salvamento de voto)
JURISPRUDENCIA-Es o no fuente del derecho (Salvamento de
voto)
JURISPRUDENCIA-Creadora o no de derecho (Salvamento de
voto)
JURISPRUDENCIA-Importancia respecto de otras fuentes
jurídicas (Salvamento de voto)
JURISPRUDENCIA-No obligatoria (Salvamento de voto)
JURISPRUDENCIA
DE ALTAS CORTES-Inexistencia
de anarquía por no obligatoriedad (Salvamento de voto)
Referencia:
expediente D-3374
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 169 de 1896.
Con el respeto acostumbrado por las
determinaciones de esta Corporación, me permito separarme de la decisión que en
su parte resolutiva condicionó la exequibilidad del artículo 4º de la Ley 169
de 1896, por las siguientes razones:
1.     Porque en mi sentir se mezclan temas que
deben mantenerse separados como son: a) respeto de las Supremas Cortes a su
propio precedente judicial y no el respeto del precedente por los jueces que se
encuentran funcionalmente (no jerárquicamente) por debajo de las Supremas Cortes.
2.     En relación con el tema de si las Cortes
Supremas quedan o no ligadas por su precedente judicial es claro que en nuestro
sistema jurídico (y así lo consagra la norma que se examina) las Cortes se
pueden separar del precedente.  No sobra recordar que nuestro sistema de
derecho no es un sistema de precedentes, como el sistema norteamericano o el
sistema inglés, sino de derecho legislado.  Ni siquiera en esos dos sistemas
jurídicos (inglés y americano), las Cortes Supremas quedan ligadas a su propio precedente,
pues no son obligatorios para el Tribunal Supremo de Estados Unidos ni del
Reino Unido; en el caso de los Estados Unidos la Corte Suprema Federal, ha
declarado en muchas oportunidades que no está obligada a seguir sus propios
precedentes y en el caso del Reino Unido, el máximo tribunal judicial de ese
país, que es la Cámara de los Lores, si bien declaró en 1898 que ella estaba
obligada a respetar sus propios precedentes, el día 26 de julio de 1966 declaró
que de ahí en adelante no quedaría sujeta a sus propios precedentes, por lo que
se volvió a la situación existente antes de 1898.
Como se puede
observar ni siquiera en los sistemas jurídicos de precedentes, cuyos dos
paradigmas son la Cámara de los Lores del Reino Unido y la Corte Suprema
Federal de Estados Unidos, están hoy en día atados a sus propios precedentes y
si ésto sucede en esos sistemas jurídicos, con mayor razón nuestras Supremas
Cortes pueden apartarse de sus propios fallos.  Los magistrados que votaron el
respeto por el precedente de las Supremas Cortes trataron de ser más papistas
que el Papa.
3.     El problema de los fallos de las Supremas
Cortes y cuándo éstos deben ser seguidos o no por los jueces en casos análogos,
debe distinguirse claramente del anterior y plantea el problema de la
jurisprudencia como fuente del derecho y su valor para los jueces.
La existencia de la
jurisprudencia trae una serie de interrogantes cuyos principales aspectos son
los siguientes:
a.
Si la jurisprudencia
es o no fuente del derecho.
b.
Si es creadora o no
del derecho
c.
Su importancia
respecto de otras fuentes jurídicas
d.
La obligatoriedad de
la jurisprudencia
e.
El cambio de la
jurisprudencia
f.
La unificación de la
jurisprudencia
a.     Si la jurisprudencia es o no fuente del
derecho.  Más
exactamente, si es o no fuente general del derecho.  Sobre este tema hay por lo
menos tres posiciones: las que sostienen que la jurisprudencia nunca es fuente
del derecho, según esta concepción el juez se limita a la aplicación de la ley
(ley en sentido amplio) y en consecuencia la fuente del derecho es siempre la
ley; la segunda posición es la de quienes sostienen que la jurisprudencia es
siempre fuente general del derecho, y la tercera la de quienes sostienen que la
jurisprudencia es a veces fuente general del derecho.
Quienes acogen esta
última posición distinguen entre los casos previstos por la ley y los casos no
previstos por ella, para concluir que en el primer evento no es fuente y en el
segundo si, pues al no existir ley que lo regule y existiendo, por otro lado,
el deber que tiene el juez de fallar, el juez crea la norma y la jurisprudencia
es fuente de derecho.
b.    Si es creadora o no del derecho. La jurisprudencia crea o declara el
derecho. Este problema está íntimamente ligado al anterior y respecto de él
existen por lo menos los siguientes criterios: El primero, que sostiene que la
jurisprudencia y más exactamente la sentencia es siempre declarativa, ya que el
juez no hace más que declarar en el fallo lo que ya está en la ley; la segunda,
que sostiene que la jurisprudencia es siempre creadora del derecho, pues
siempre aporta elementos nuevos a los ya establecidos en la ley y en el peor de
los casos creará cuando menos la cosa juzgada, que no contenía la ley; y la
tercera posición que sostiene que la jurisprudencia es creadora, sólo cuando el
juez llena una laguna de la legislación.
c.
Su importancia
respecto de otras fuentes jurídicas. El tercer problema está íntimamente ligado a la
diferencia entre los regímenes jurídicos predominantemente legislados y los
regímenes de precedente (o Common Law). En los primeros, la ley (en sentido
amplio, incluida la constitución) es la principal fuente del derecho y la
jurisprudencia es una fuente subordinada a la ley; en los sistemas de
precedente la jurisprudencia es fuente general del derecho.
d.    La obligatoriedad de la jurisprudencia. El problema a resolver es si la
jurisprudencia de los altos tribunales es obligatoria para los jueces cuando
les toque fallar casos análogos.
Para resolver este
interrogante hay que referirlo a una época y un país determinado, ya que puede
variar de un país a otro, e incluso dentro de un mismo Estado, en épocas
diversas.
Sobre este tema
sosn posibles dos soluciones: que el precedente judicial no sea obligatorio,
cuando se trate de resolver casos similares; o segundo, que sea obligatorio;
bien porque lo establezca la ley, o porque haya surgido de una verdadera
costumbre judicial, como sucede en el Common Law. Es importante señalar que
cada sistema jurídico determina cuando la jurisprudencia es fuente del derecho
y si es obligatoria o no.
En ciertos sistemas
jurídicos se requiere, para que haya jurisprudencia, que haya más de una
decisión sobre el mismo punto del derecho; por ejemplo, en el caso de Colombia,
por lo menos 3 decisiones (en el caso de México se requieren cinco decisiones);
de tal manera que una decisión o dos decisiones no hacen a la jurisprudencia
fuente del derecho.  En algunos sistemas jurídicos, como el mexicano, no basta
cualquier decisión, exigese además que se adopten por una cierta mayoría, de
modo que las decisiones que no tengan esa mayoría no pueden contarse dentro de
las cinco que constituyen fuente del derecho.
Es importante
señalar que, habiéndose producido el número suficiente de decisiones que le dan
el valor de fuente del derecho, es posible que la jurisprudencia deje de ser
fuente del derecho y esto sucede cuando se producen decisiones distintas o
contrarias a la jurisprudencia anterior. En ese caso, la jurisprudencia deja de
ser obligatoria, aun en los sistemas donde la jurisprudencia es obligatoria, de
manera tal que los jueces de inferior jerarquía ya no están obligados a seguir
la jurisprudencia anterior.  El efecto de una sola jurisprudencia contraria es
que deroga la jurisprudencia anterior y extingue su obligatoriedad general y
para restablecer la jurisprudencia anterior se requieren las mismas condiciones
que para establecer una misma jurisprudencia.
Tema íntimamente
ligado con el anterior, es el de la modificación de la jurisprudencia, ya que
una decisión en contra produce el efecto de derogar la jurisprudencia anterior
y de quitarle su obligatoriedad, pero no crea necesariamente una nueva
jurisprudencia, ya que para que exista la nueva jurisprudencia como fuente del
derecho se necesita observar las mismas reglas establecidas por la ley para su
formación, y en el ejemplo de Colombia se necesitarían por lo menos otras dos
decisiones en el mismo sentido, para tener tres decisiones como mínimo que la
constituyan en fuente del derecho (la primera decisión que interrumpió la
jurisprudencia anterior y otras dos idénticas sobre el mismo punto del
derecho).
Según la teoría
pura del derecho de Kelsen, las normas jurídicas tienen más de una
interpretación, ya que en realidad siempre hay un marco interpretativo, con más
de una posibilidad y todas ellas tienen el mismo valor jurídico; el juez puede
dentro de la misma ley y sin salirse de ella acoger una interpretación distinta
a la que venía acogiendo; puede elegir otra de las posibilidades de la ley y de
esta forma modificar la jurisprudencia. Con esto queda resuelto el problema
planteado del cambio de la jurisprudencia.
El otro
interrogante es de si la jurisprudencia es obligatoria o no. Ya hemos visto cómo
aun en los casos en que lo es, su obligatoriedad puede interrumpirse por una
decisión en contrario. En el caso de Colombia es claro que el legislador no la
hizo obligatoria, ya que expresamente le da el carácter de doctrina probable y
señala que los jueces podrán o no aplicarla en casos análogos.
No sobra recordar
que por mandato constitucional, en nuestro país los jueces, para dictar sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley (artículo 230 de la
Constitución). Esto no es más que la consagración positiva del principio
fundamental del estado de derecho de la independencia de los jueces. "Esta
independencia es producto histórico de la lucha entre la nobleza y el monarca.
La nobleza quería que el Rey registrase las leyes que expedía ante los jueces y
de esa manera tener seguridad en sus derechos. Poco a poco los jueces se van
independizando del monarca, llegando incluso a proferir fallos contra las
decisiones de éste.
La función
legislativa es el desarrollo inmediato de la Constitución.  La función
ejecutiva y jurisdiccional son desarrollo mediato de la Constitución e
inmediato de la Ley, ejecución de la Ley. Lo que diferencia estas dos formas de
ejecución de la ley, es que en la rama ejecutiva, el órgano de superior
jerarquía puede darle órdenes al de menor jerarquía (la administración pública
es jerarquizada), en cambio, en la rama jurisdiccional lo típico es
precisamente lo contrario: que el órgano de superior jerarquía (el juez
superior), no puede dar órdenes al inferior, no puede decirle que aplique la
ley de tal o cual manera. El juez sólo está atado a la ley: en el Estado de
derecho el juez es independiente en un doble sentido: en el sentido de que la
rama jurisdiccional no está bajo las órdenes de otra rama del poder público y
de que el juez al fallar sólo está atado a la ley."[43] Como se ve, por
mandato constitucional en nuestro sistema jurídico los jueces de inferior
jerarquía no están sometidos a la jurisprudencia de los jueces de superior
jerarquía. ¿Cuál es entonces el valor de la jurisprudencia en nuestro sistema
jurídico? El propio artículo 230 de la Constitución da la respuesta al señalar
que la jurisprudencia no es más que un criterio auxiliar de la actividad
judicial, de modo que el juez de inferior jerarquía al momento de fallar
estudiará esta jurisprudencia y la acogerá si la encuentra razonable, pero
podrá separarse de ella si la encuentra irracional, ya que no está obligado a
seguirla.
Desde el punto de
vista práctico, no es cierto que cuando la jurisprudencia de las altas cortes
no es obligatoria, se presente una situación de anarquía jurídica, de
desigualdad o de inseguridad jurídica, como paso a demostrarlo:
a)
Porque a pesar de no
ser obligatoria la jurisprudencia, los jueces pueden seguirla voluntariamente;
b)
Porque hay una
tendencia psicológica a hacer lo más fácil, y lo más fácil es seguir la
jurisprudencia de los tribunales superiores; mucho más difícil es la de tener
que pensar o reflexionar para apartarse del precedente;
c)
Porque el sistema
judicial está organizado en instancias y existiendo tribunales de apelación, el
juez de apelación puede revocar la decisión que se ha apartado del precedente y
ajustarla al precedente, y finalmente porque existen ciertos procedimientos que
buscan unificar la jurisprudencia, como es el recurso de casación y con este
último absolvemos también el punto final que habíamos planteado.
En síntesis podemos
afirmar que el sistema jurídico colombiano es diverso a los sistemas de
precedente o del Common Law, que algunos magistrados quisieron extrapolar a
nuestro sistema jurídico; que por mandato constitucional nuestros jueces son
independientes y que sólo están atados a la ley y no al precedente judicial;
que el precedente sólo tiene un criterio auxiliar de la actividad judicial,
pero que jamás es obligatorio y que por mandato legal aún cuando la
jurisprudencia se haya constituido en fuente del derecho, porque existen tres
decisiones uniformes sólo constituye doctrina probable y que tampoco es cierto,
desde el punto de vista práctico, que de no ser obligatoria la jurisprudencia
se esté creando un caos jurídico.
Fecha ut supra
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia
C-836/01
DOCTRINA
PROBABLE-Valor especial (Salvamento de voto)
JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Criterio auxiliar
de la actividad judicial/DOCTRINA PROBABLE-Criterio auxiliar de la
actividad judicial (Salvamento de voto)
JURISPRUDENCIA-Distinción del sistema anglosajón del latino (Salvamento de voto)
Con el debido respeto por la decisión
mayoritariamente adoptada por la Corte Constitucional, en virtud de la cual se
declaró “exequible el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se
entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás
jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina
probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente
los fundamentos jurídicos que justifican su decisión”, según los términos
expresados en el fallo citado, nos vemos precisados a salvar nuestro voto, por
las razones que a continuación señalamos:
1ª. En la sentencia C-836 de 9 de agosto
de 2001, la Corte declara la exequibilidad del artículo 4 de la Ley 169 de
1896, pero agrega como condición que cuando los jueces se separen de la
jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia como juez de casación,
se encuentran en el deber de exponer en forma clara y razonada los fundamentos
jurídicos en que se basan para el efecto.
2ª. A nuestro juicio, la regla general
contenida en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 en el sentido de que “tres
decisiones uniformes” que versen “sobre un mismo punto de derecho”,
provenientes de la Corte Suprema de Justicia como juez de casación,
“constituyen doctrina probable”, en nada vulnera la Constitución Política.
Simplemente lo que ocurre es que el
legislador, dada la alta jerarquía que como máximo tribunal de la justicia
ordinaria se le asigna a la Corte Suprema de Justicia, como expresamente se
dispone por el artículo 234 de la Carta, le atribuye un valor especial a la
jurisprudencia de esa Corporación cuando ella se reitera, al menos, en tres
ocasiones diferentes sobre el mismo asunto jurídico.
Esa jurisprudencia, entonces, de acuerdo
con el artículo 230 de la Constitución, por voluntad del constituyente se erige
como uno de los “criterios auxiliares de la actividad judicial”, en orden a que
los tribunales y los jueces lo utilicen en el ejercicio de sus funciones al
aplicar la ley a los casos análogos concretos sometidos a su conocimiento, lo
cual, en nada quebranta la Constitución Política.  Al contrario, por la fuerza
misma de la argumentación que contengan los fallos proferidos por la Corte Suprema
de Justicia al analizar el ordenamiento jurídico, resulta apenas obvio que
sirvan de pauta, que obren como guía, que ilustren el criterio para la
interpretación de la ley, lo que resulta de trascendental importancia para los
ciudadanos como destinatarios de las normas que les son aplicables por decisión
del Estado.
La regla general establecida por el
artículo 4 de la Ley 169 de 1896, se encuentra estrictamente ligada al concepto
filosófico-jurídico sobre el papel que se atribuye a la jurisprudencia como
fuente de derecho, que, como se sabe, es distinto en el sistema anglo-sajón, al
que se le asigna en el sistema jurídico de estirpe latina.
Baste recordar para el efecto, que para
el derecho británico y norteamericano, la jurisprudencia obra como principal
fuente del derecho, de manera tal que el juez, para decidir, necesariamente ha
de consultar los antecedentes que sobre el particular existan en las sentencias
anteriores, al punto que en ese sistema jurídico el derecho se aplica por los
jueces siguiendo los “casos precedentes”, de cuya solución sólo puede el juez
apartarse en forma excepcional.  Es decir, para el derecho anglo-sajón, la
jurisprudencia es fuente principal, mientras la ley sólo lo es de carácter
secundario.
En el derecho de origen latino, como el
nuestro, ocurre exactamente lo contrario, pues, como es de amplio conocimiento,
aquí la fuente principal es la ley y, la secundaria, la jurisprudencia.
Por eso, pretender que los ciudadanos se
encuentran sometidos a la jurisprudencia y no a la ley, es tanto como invertir
el orden que en nuestro sistema jurídico se le asigna a las fuentes del
derecho, lo que deviene, además, en la incertidumbre de los derechos de los
ciudadanos, que, de esa manera, se verían compelidos a seguir reglas
establecidas jurisprudencialmente en forma principal, y sólo de manera marginal
las señaladas por el legislador.
3ª. La innovación que se pretende al
declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 4 de la Ley 169 de
1896, es ninguna. En efecto,  desde la iniciación misma de la vigencia de esa
norma, y no por lo dicho en la sentencia C-836 del 9 de agosto de 2001, cuando
los jueces así lo consideren podrán aplicar a los casos concretos la “doctrina
probable” conforme a la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia,
por una parte.  Y, por otra, tampoco es cierto que sólo a partir de la
sentencia de la que discrepamos se establezca para la Corte Suprema de Justicia
el deber jurídico de explicar en forma debidamente fundamentada las razones por
las cuales, en un momento determinado, juzgue necesario abandonar la doctrina
jurisprudencial anterior sobre un punto específico de derecho, para adoptar un
criterio nuevo, pues esa regla siempre ha existido.
De esta suerte, a nuestro juicio, la
decisión de la Corte debería haber sido la de declarar exequible el artículo 4
de la Ley 169 de 1896, sin condicionamiento alguno pues este resulta
innecesario, y, por lo mismo, inane.  No lo decidió así la Corporación en
votación mayoritaria, razón esta por la cual salvamos nuestro voto.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA              ALVARO
TAFUR GALVIS
[1] Así, la Corte Suprema de Justicia analizaba en cada caso, si la
Sentencia objeto del recurso vulneraba la doctrina legal establecida por dicha
Corporación.  Al respecto ver Corte Suprema de justicia, Sentencia de agosto 23
de 1891, p. 282 y Sentencia de septiembre 18 de 1891, p. 234.
[2] Aun cuando hoy en día la Corte Suprema acepta jurisprudencialmente
la interpretación errónea como una violación de la ley, no refiere de manera
explícita la corrección de una interpretación a la jurisprudencia vigente, sino
que acepta la autonomía de los jueces inferiores para darle diversas
interpretaciones a la ley, bajo la figura de la “presunción de acierto” de
dichas sentencias.  Ver Corte Suprema de justicia, Cas. Civil, Sentencia de
abril 23 de 1998, Exp. 5014 (M.P. Rafael Romero Sierra).
[3] En aquel entonces, la obligatoriedad de la doctrina legal se
extendía más allá de los jueces, pues a ésta “debían sujetarse también las
órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno expedidos en ejercicio de la
potestad reglamentaria”. Corte Suprema de Justicia, Auto de enero 2 de 1900,
Unica Instancia No. 3957 (M.P. Gustavo Gómez Velásquez).
[4] Así, en 1924, la Corte estableció que “la violación a la doctrina
probable no da lugar a casación porque la ley no ha tratado la doctrina legal
como obligatoria sino como doctrina probable”. CSJ Sentencia de septiembre 26
de 1916, Tomo XXV, p. 461.
[5] Así, ya en 1950, la Corte Suprema de Justicia resaltó la
importancia de analizar la igualdad a partir de los términos concretos y
específicos de la situación analizada, afirmando que: “el principio de igualdad
ante la ley, no es una norma rígida y absoluta que pueda indiscriminadamente
aplicarse a todas y cada una de las personas o entidades a las cuales se dirige
sino muy por el contrario, de naturaleza relativa a las múltiples aptitudes de
quienes deben contribuir al bienestar común, y a las necesidades que está
llamado a satisfacer, para que ‘quien tiene mucho pague mucho, el que posee
poco pague poco y el indigente no pague nada’.  Dentro de este concepto de
relatividad en la aplicación del principio, la ley inferior no puede reputarse
incompatible con el contenido de aquél, sino cuando los términos concretos y
específicos de que se valga, consagren la desigualdad” (resaltado fuera de
texto original).
[6]
CSJ Sentencia de septiembre 4 de 1970 (M.P. Eustorgio Sarria).
[7] Ver, entre otras, Sentencias T-474 de 1992, SU-327 de 1995 y,
refiriéndose en particular a la prevalencia de los derechos fundamentales
respecto de la autonomía judicial, ver T-1017 de 1999.
[8] En esta Sentencia, la Sala Octava de Revisión concedió la tutela al
demandante por considerar que la decisión de un juez ordinario en un proceso
ejecutivo había interpretado y aplicado incorrectamente el ordenamiento
jurídico, desconociendo una disposición del Código de Comercio que ordena que
para que la firma de los ciegos los obligue es necesario que un notario o un
juez lea el documento a firmar  y autentique la firma. En  esta sentencia la
Corte revocó la decisión de tutela en segunda instancia, proferida por la Corte
Suprema de Justicia, que avalaba las interpretaciones judiciales
independientemente de que se incumpliera el deber constitucional de reconocer
la diferencia –física en este caso- para realizar la igualdad promocional entre
las personas.
[9] En la Sentencia C-104/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la
Corte estableció que el contenido del derecho de acceso a la administración de
justicia implica también el derecho a recibir un tratamiento igualitario.
Dijo: “El artículo 229 de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 idem,
de tal manera que el derecho a "acceder" igualitariamente ante los
jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados
judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse
por parte de jueces y tribunales ante situaciones similares. Ya no basta que
las personas gocen de iguales derechos en las normas positivas ni que sean
juzgadas por los mismos órganos. Ahora se exige además que en la aplicación de
la ley las personas reciban un tratamiento igualitario. La igualdad en la
aplicación de la ley impone pues que un mismo órgano no pueda modificar
arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales.”
[10] Teoría Pura del Derecho, Eudeba, 1960.
[11] Al respecto, la Corte ha dicho:  “El hecho de que la
ley consagre formas jurídicas de regulación de la conducta, originadas en
fuentes distintas de la propia legislación, plantea el clásico problema, axial
dentro de la teoría del derecho: ¿hay lagunas en el ordenamiento? Como no es la
sentencia un espacio adecuado para la práctica de ejercicios escolares, deja de
lado la Corte el examen de un sinnúmero de doctrinas que al respecto se han
elaborado, y responde desde la perspectiva que juzga correcta y pertinente para
el caso que se analiza: en el derecho no hay lagunas, porque hay jueces. La
fina elaboración, hito sobresaliente en una larga cadena de propuestas que han
enriquecido y paulatinamente mejorado la teoría jurídica, pertenece al
jusfilósofo argentino Carlos Cossio, quien la ha expuesto de modo
persuasivo y lógicamente impecable. Señalará la Sala los aspectos relevantes
para el caso que se examina.” SC-083/95 (M.P. Carlos Gaviria Díaz)
[12] Al respecto, la Corte en Sentencia SU-047/99 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero) estableció: “43- El respeto a los precedentes
cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los
sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta
Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el
juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas, al menos
por cuatro razones de gran importancia constitucional.  En primer término, por elementales consideraciones de
seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se
quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un
significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente
previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta
seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el
desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de
interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad
de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan
sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente
pueden programar autónomamente sus actividades.  En tercer término, en virtud
del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean
resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un
mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente
impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga
a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían
dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres
análogos. Por todo lo anterior, es natural que en un
Estado de derecho, los ciudadanos esperen de sus jueces que sigan interpretando
las normas de la misma manera, por lo cual resulta válido exigirle un respeto
por sus decisiones previas.”
[13] La Corte Constitucional ha aceptado desde sus
comienzos la necesidad de que los cambios jurisprudenciales por parte de una
misma autoridad judicial obedezcan a razones fundamentadas explícitamente.  En
la Sentencia T-256/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), dijo: “17. El derecho
de igualdad ante la ley abarca dos hipótesis claramente distinguibles: la
igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La primera está
dirigida a impedir que el Legislador o el Ejecutivo en ejercicio de su poder
reglamentario concedan un tratamiento jurídico a situaciones de hecho iguales
sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. La segunda,
en cambio, vincula a los jueces y obliga a aplicar las normas de manera
uniforme a todos aquellos que se encuentren en la misma situación, lo que
excluye que un mismo órgano judicial modifique arbitrariamente el sentido de
decisiones suyas anteriores.”
“La igualdad en la
aplicación de la ley por parte de los órganos judiciales guarda íntima relación
con el derecho fundamental a recibir la misma protección y trato de las
autoridades (CP art.13). En este orden de ideas, un mismo órgano judicial no
puede otorgar diferentes consecuencias jurídicas a dos o más situaciones de
hecho iguales, sin que exista una justificación razonable  para el cambio de
criterio.”
“La desigual aplicación de la
ley se concreta, en consecuencia, no obstante existir una doctrina jurisprudencial
aplicable a supuestos de hecho similiares - término de comparación - el
órgano que profirió el fallo se aparta de su criterio jurídico previo de forma
no razonada o arbitraria, dando lugar a fallos contradictorios y allanando el
camino a la inseguridad jurídica y a la discriminación.” (resaltado fuera
de texto)
[14] La Corte ha referido la prohibición de venirse contra el acto
propio y el principio de la confianza legítima tanto a la autoridades
estatales, como a los particulares. Refiriendo este principio a la actuación de
la administración, ver Sentencias T-475/92 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-578/94 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), entre otras.  Refiriéndolo a
la actividad de los particulares ver: Sentencia T-503/99 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz), T-295/99 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), entre otras.
[15] La Corte ha definido el principio de la confianza legítima de la
siguiente manera: “Este principio pretende proteger al administrado y al
ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las
autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no
tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable
por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para
confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma
altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza
legítima la protege.”  Sentencia C-478/98 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[16] Aplicando el principio de la confianza legítima en
relación con las autoridades judiciales, ver Sentencia T-321/98 (M.P. Alfredo
Beltrán Sierra).  Así mismo, la Sentencia T-538/94 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) estableció la aplicación de este principio respecto del servicio de
administración de justicia y de la actividad judicial diciendo: “El sindicado
es sujeto procesal y no víctima procesal. Las consecuencias del error
judicial que enmienda y corrige el superior, no pueden gravitar negativamente
en la parte procesal hasta el punto de que ésta pierda la oportunidad de
utilizar un recurso de defensa por haberlo presentado dentro del término que le
indicó el juzgado de la causa con base en una interpretación prima facie razonable, esto es, por haber conformado su conducta
procesal a los autos y demás actos procedentes de dicho despacho judicial.”
“La
corrección del error judicial por el superior, ha podido hacerse sin necesidad
de colocar a su víctima en estado de indefensión, limitando la función de
enmienda al acto del juez, pero conservando para la parte la posibilidad de
sustentar el recurso. Así no se habría castigado la buena fe del apelante
que libró su defensa con base en la contabilización oficial del término, más
tarde desvirtuada. En estas condiciones, la notificación de la
desestimación de la apelación interpuesta, sin posibilidad de intentarla de
nuevo, se hace en el momento en que la parte se encuentra más impotente y
desguarnecida procesalmente. La respuesta a la buena fe del sindicado, a quien
no se le puede reprochar haber conformado su actuación a la contabilización
judicial del término, es la indefensión y la ejecutoria de la condena. A juicio
de esta Corte, objetivamente, esta consecuencia no puede ser de recibo. La
administración de justicia, a través de las diferentes instancias, debe
corregir sus propios errores, pero no a costa del sacrificio del legítimo
derecho de defensa de los sindicados y menos escarmentando la buena fe que
ellos razonadamente hayan puesto en los actos de las autoridades. Los
dictados de la buena fe se ignoran al obrar con tan máxima severidad y dar
lugar a iniquidad manifiesta. En definitiva, para corregir el error judicial -
falencia interna del servicio de administración de justicia - no era necesario
sacrificar de manera tan palmaria el derecho de defensa del sindicado (CP art.
29) y considerar falta suya el haber confiado razonadamente en la autoridad
pública (CP art. 83).”
[17]Cfr. Corte Constitucional. Proceso N° D-043. Enero 25 de 1993
[18] Sobre la necesidad de presentar las razones y motivos
que soportan el seguimiento o modificación de una línea jurisprudencial pueden
consultarse las siguientes sentencias: T-175 de 1997. M.P. José Gregorio
Hernández, T-123 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-267 de 2000.
M.P. Alejandro Martinez Caballero.
[19] La Corte ha reconocido previamente que la responsabilidad que les
compete a los órganos situados en el vértice de las respectivas especialidades
de la rama judicial es aun mayor, puesto que la labor de unificación de la
jurisprudencia nacional implica una forma de realización del principio de
igualdad.  Ver Sentencia T-123/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), citada a su
vez, en la Sentencia T-321/98 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[20] Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta ver las
siguientes providencias: SU-168/99, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-047/99
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-640/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-961/00 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-937/99 (M.P. Alvaro Tafur Galvis),
Auto A-016/00 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), T-022/01 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger), T-1003/00 (M.P. Alvaro Tafur Galvis)
[21] Robert Blackburn and Raymond Plant. Constitutional Reform. Longman.
New York. 1999.
[22] Guido Calabresi. A Common Law for the Age of Statutes. Harvard
University Press. Cambridge. 1982.
[23] Idem.
[24] Antonin Scalia. A Matter of Interpretation. Federal Courts and The
Law. Princeton. New Jersey. 1997.
[25] Guido Alpa. L’Arte Di Giudicare. Biblioteca di Cultura Moderna Laterza.
1996. Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon. Éléments de
Common Law. Carswell. Canadá. 1997. Adele Anzon. Il
Valore del Precedente Nel Giudizio Sulle Leggi. Giuffré Editore. Milano. 1995.
[26] Georges Vedel and Pierre Delvolvé. Droit
Administratif. Presses Universitaires de France. París.
1958. L. Neville Brown and John S. Bell. French Administrative Law. Clarendon
Press. Oxford. 1993. Danièle Lochak. La justice
administrative. Montchrestien. París.1998.
[27]
R. Alexi y R Dreier. Precedents in the Republic of Germany, en
Neil MacCormick and Roberts S. Summers. Interpreting Precedents. Ashgate
Dartmouth – Aldershot et al. París. 1997.
[28] Neil MacCormick and Roberts S. Summers. ob. cit. 1997. pág. 538.
[29] Idem, pág. 532
[30] Este cambio no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Como lo
resalta un académico francés las transformaciones en el sistema de fuentes
responden a una evolución del Estado de Derecho hacia una concepción
sustancial. Jacques Chevallier. L’État de droit. Montchrestien. París. 1992.
[31] Sentencia  C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[32] Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[33] Alan Watson. Sources of Law, Legal Change and Ambiguity. University
of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1984 y R.C. Van Caenegem. Judges,
Legislators & Professors. Cambridge University Press, 1987.
[34] García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho
Administrativo, tomo 1, Cuarta edición, ed. Civitas, Madrid, 1988, pág. 100.
[35] Sentencia  C-739 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[36] D. Neil MacCormick and Roberts S. Summers. ob. cit. 1997 págs. 519 y ss.
[37] Por ejemplo, en la SU-995 de 1995 la Corte dijo: “El respeto al
precedente es entonces esencial en un Estado derecho; sin embargo, también es
claro que este principio no debe ser sacralizado, puesto que no sólo puede
petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar
inaceptables injusticias en la decisión de un caso. Así, las eventuales
equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de
inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro”.
[38] Así lo anotó un estudio clásico de derecho comparado. René David. Les grands systèmes de droit contemporains. Dalloz. París. 1982, págs. 431 y ss.
[39] Idem pág. 554.
[40] En la Sentencia T-259 de 2000. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo la Corte dijo al respecto: “La función del
juez radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se
inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias estén
clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las
decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constitución
para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos,
principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna
manera emanan de la simple voluntad o de la imposición que pretenda hacer el
juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo
del fallo. De modo que toda sentencia debe estar razonablemente fundada en el
sistema jurídico, mediante la aplicación de sus reglas a las circunstancias de
hecho sobre las cuales haya recaído el debate jurídico surtido en el curso del
proceso y la evaluación que el propio juez, al impartir justicia, haya
adelantado en virtud de la sana crítica y de la autonomía funcional que los
preceptos fundamentales le garantizan”.
[41] En la Sentencia T-321 de 1998. M.P:
Alfredo Beltrán Sierra la Corte hizo las siguientes apreciaciones: “3.1. En nuestro
sistema jurídico, el juez sólo está sometido al imperio de la ley (artículo 230
de la Constitución). Los precedentes  (providencias adoptadas con
anterioridad), sólo cumplen una función  auxiliar. Es decir, los  jueces no
estarían obligados a fallar en la misma forma a como lo han hecho en casos
anteriores. Sin embargo, el mandato del artículo 13 de la Constitución, según
el cual “...las personas deben recibir la misma protección y trato de las
autoridades”, aplicable por igual a los jueces, requiere ser conciliado en este
esquema de administrar justicia. Por tanto, en tratándose de las autoridades
judiciales, este precepto debe interpretarse así: al juez, individual o
colegiado, no le es dado apartarse de sus  pronunciamientos (precedentes),
cuando el asunto a resolver presente características iguales o similares a los
que ha fallado con anterioridad (principio de igualdad).  3.2. Entonces, ¿cómo
conciliar el mandato del artículo 230 de la Constitución y el principio de
igualdad? Sencillamente, aceptando que el funcionario judicial no está obligado
a mantener inalterables sus criterios e interpretaciones. Propio de la labor
humana, la función dialéctica del juez, está sujeta a las modificaciones y
alteraciones, producto del estudio o de los cambio sociales y doctrinales,
etc,  que  necesariamente se reflejarán en sus decisiones. Lo que justifica el
hecho de que casos similares, puedan recibir un tratamiento disímil por parte
de un mismo juez. 3.3. Exigir al juez que mantenga inalterable su criterio,
e imponerle la obligación de fallar irrestrictamente de la misma forma todos
los casos que lleguen a su conocimiento, cuando éstos compartan en esencia los
mismos elementos, a efectos de no desconocer el principio de igualdad,
implicaría una intromisión y una restricción a su autonomía e independencia.
Principios éstos igualmente protegidos por la Constitución (artículo 228), y un
obstáculo a la evolución y modernización de las decisiones judiciales, en favor
de los mismos administrados. 3.4. Sin embargo, a efectos de no vulnerar el
derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica (que tiene como uno
de sus fundamentos, el que se otorgue la misma solución dada a casos similares
-precedentes-), el funcionario que decide modificar su criterio, tiene la carga
de exponer las razones y fundamentos que lo han llevado a ese cambio.  No podrá
argumentarse, entonces, la violación del derecho a la igualdad, en los casos en
que el juez expone las razones para no dar la misma solución a casos substancialmente
iguales. En razón a los principios de autonomía e independencia que rigen
el ejercicio de la función judicial, el juzgador, en casos similares, puede
optar por decisiones diversas, cuando existen las motivaciones suficientes para
ello”. Se resalta.
[42] En auto 013 de 1997 la Corte dijo al
respecto: “Si bien el juez está sometido ante todo a la Constitución y a la
ley al adoptar sus decisiones, siendo la jurisprudencia apenas un criterio
auxiliar que no por valioso resulta obligatorio, cuando ella se altera
inopinadamente resultan creados factores de inestabilidad del Derecho, por lo
cual el juez que razonada y fundadamente precisa introducir modificaciones
jurisprudenciales, hallándose facultado para ello, resguarda mejor los derechos
del conglomerado a la igualdad y a la justicia si hace explícitas las
motivaciones de su nuevo criterio y advierte acerca de las implicaciones de la
innovación acogida. De ahí que la propia Carta Política reconozca la
autonomía interpretativa del juez y, por tanto, sus plenas atribuciones para
modificar los criterios jurisprudenciales que lo han inspirado anteriormente,
con el fin de obtener progresos efectivos en la aplicación del Derecho. Pero los
cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca
corresponden en el fondo a una arbitrariedad del juez, que entonces deja
irrealizada la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias
frente a las mismas normas. En guarda de la seguridad jurídica y de la
estabilidad que se espera de la aplicación del Derecho a los casos concretos
por la vía judicial, tales modificaciones -que siempre serán posibles, salvo el
obstáculo de la cosa juzgada- exigen del juez, en especial el de
constitucionalidad, la verificación razonada de los motivos que lo llevan a
variar su entendimiento del orden jurídico y la expresión clara e indudable de
que, al decidir como decide, según los nuevos enfoques que adopta, lo hace a
plena conciencia y no solamente en razón del asunto singular objeto de su
consideración, es decir, en virtud del sustento jurídico que lo convence, en el
plano interpretativo, para introducir mutaciones al rumbo jurisprudencial”.
Se resalta
[43] Jaime Araújo Rentería, Teoría de la Constitución, Editorial Ecoe,
Pag. 113.