T-678-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-678/03
DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA-Orden a la Corte
Suprema para que se falle de fondo una acción de tutela
Dejará sin efectos la decisión objeto de revisión
mediante su anulación, concederá la tutela del derecho fundamental a acceder a
la justicia y ordenará que se falle de fondo de conformidad con la doctrina
constitucional que más adelante se expone, todo ello con fundamento en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 que al respecto dispone: “Efectos de la
revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos
en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal
competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a
las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a
lo dispuesto por ésta”. La orden de adecuar el fallo de tutela de primera
instancia a lo aquí dispuesto tiene su explicación en que, por una parte, la
Sala de Casación Civil, actuando como Tribunal de tutela, debe fallar de fondo
la acción de tutela interpuesta por el actor de forma que no se pretermitan las
posibles instancias en el proceso de tutela, y, por otra parte, la decisión
contra la cual se interpusiera la acción de tutela debe ser analizada a la luz
de la doctrina constitucional expuesta en la presente sentencia, dada la
obligatoriedad de las decisiones constitucionales con efectos erga omnes.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Obligación de dar trámite a la acción de
tutela y de resolver mediante sentencia
Es contrario a la Constitución y a la
ley que los jueces o tribunales de tutela resuelvan sobre acciones de tutela
presentadas contra una autoridad pública, en especial las autoridades
judiciales, mediante decisiones distintas a la sentencia que concede o deniega
la acción de tutela. Por eso, la decisión de improcedencia, así este consignada
en un auto, equivale a un fallo donde se deniega la acción por razones
procedimentales. La práctica judicial que se pretende imponer por parte de
algunas Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al dictar autos
inadmitiendo la acción de tutela contra providencias judiciales para luego
simplemente afirmar que no hay lugar a remitir dicha decisión a la Corte
Constitucional para su eventual revisión por no “tratarse de una sentencia” o
“ser ellas cumbre judicial cuyas decisiones no pueden ser objeto de impugnación
o ataque”, es inconstitucional e ilegal. Los jueces y tribunales del país no
pueden abstenerse de conocer las acciones de tutela elevadas por cualquier
persona contra una autoridad pública, incluidos las autoridades judiciales, por
más importantes que ellas sean. Tampoco basta afirmar que la acción de tutela
no procede nunca contra sentencias, lo cual es contrario a la Constitución y a
la jurisprudencia constitucional autorizada para interpretar con autoridad la
Constitución en este preciso punto, puesto que la acción de tutela sí procede
contra sentencias cuando se configura una vía de hecho. Además, la decisión de
no dar trámite a la acción de tutela vulnera ella misma el derecho fundamental
al acceso a la justicia.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA-Vulneración
El derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva es manifestación concreta de los derechos fundamentales a
acceder a la justicia, a la defensa y al debido proceso. Este derecho se
vulnera cuando las autoridades judiciales, en este caso las autoridades
competentes para decidir sobre las acciones de tutela de los derechos
fundamentales, no ejercen las funciones a ellas atribuidas en materia de
defensa y protección de los derechos fundamentales y restan así toda
efectividad del goce de los mismos por parte de sus titulares. Tal es el caso
cuando el juez o tribunal de tutela no admite a trámite una acción de tutela,
pese a que las dos únicas opciones según los principios de inmediación,
informalidad y efectividad que gobiernan la acción de tutela de los derechos
fundamentales son la concesión de la tutela o su denegatoria, bien por razones
de fondo o de procedencia. Se vulnera el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva de los derechos fundamentales cuando un juez o tribunal de
tutela decide no dar trámite a la misma cualquiera sean los fundamentos en que
se base, puesto que el fallo judicial respectivo –positivo o negativo– debe ser
susceptible de revisión eventual por parte de la Corte Constitucional como
órgano de cierre del ordenamiento jurídico en el ámbito constitucional en lo
atinente a los derechos constitucionales.
VIA DE HECHO POR ERROR AL INADVERTIR
EXISTENCIA DE FALLO DE INEXEQUIBILIDAD-Procedencia
Estamos ante una hipótesis de vía de
hecho por aplicar una norma que fue expulsada con anterioridad del ordenamiento
jurídico. Se trata de una vía de hecho por un error resultado de una
inadvertencia respecto de la parte resolutiva de unas sentencia de
inexequibilidad con efectos erga omnes. Existe una vía de hecho, por defecto
sustancial cuando el juez aplica a la resolución de un caso una norma que ya no
hace parte del ordenamiento, vgr. por haber sido declarada inexequible. Esto es
lo que sucede en el presente caso. El único fundamento legal posible para
inadmitir la casación presentada por el apoderado del actor porque la pena
privativa de la libertad máxima señalada para el delito por el cual fue
condenado no excedía de ocho (8) años, era la Ley 533 de 2000, específicamente
su artículo 18 transitorio, el cual expresamente establecía respecto de la
vigencia de la ley que ella se aplicaría a las casaciones interpuestas luego de
su expedición. No obstante, tal disposición fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional con fundamento en el principio de favorabilidad penal,
precisándose en el fallo que a los hechos acaecidos bajo la vigencia de la
anterior ley procesal penal les seguiría siendo aplicable dicha normatividad,
en virtud del principio constitucionalidad de favorabilidad penal.
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION PENAL-Admisión teniendo
en cuenta que se declaró inexequible norma que establecía el quantum punitivo
La decisión de inadmitir la casación
presentada por el apoderado del actor con base en el quantum punitivo
establecido en la ley procesal penal más restrictiva, incurrió inadvertidamente
en un grave error constitutivo de una vía de hecho por desconocimiento de la
normatividad aplicable que vulneró en forma manifiesta sus derechos
fundamentales al debido proceso y a acceder a la justicia. En efecto, no habría
podido la autoridad judicial demandada llegar a la conclusión de que la
casación interpuesta por el actor era inadmisible por haberse dictado la
sentencia condenatoria en vigencia de la Ley 553 de 2000 –que señala como
requisito para acceder a la casación que se trate de delitos con pena privativa
de la libertad cuyo máximo exceda los ocho (8) años– y  haber sido condenado el
autor por un delito cuya pena no cumplía dicho quantum. Ello porque
anteriormente la sentencia de inconstitucionalidad con efectos erga omnes había
excluido previamente del ordenamiento el artículo 18 transitorio de la
susodicha ley que regulaba la vigencia de la misma, dejando en claro en la
ratio decidendi de la decisión que de la Ley 533 de 2000 debía aplicarse a
hechos punibles sucedidos a partir de su vigencia, porque de lo contrario se
vulneraba el principio constitucional de favorabilidad penal, como en efecto sucedió
en el presente proceso cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia aplicó al caso una norma declarada previamente inexequible mediante
sentencia de la Corte Constitucional. La Sala estima que de subsistir el error
manifiesto cometido en el caso del actor se ocasionaría no sólo la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, sino
además se incurriría en una grave injusticia al impedir el acceso a la
administración de justicia a una persona mediante una decisión judicial
adoptada, así sea inadvertidamente, sin fundamento normativo alguno.
Referencia: expediente T-727102
Acción de tutela instaurada por Asmeth
Yamith Salazar Palencia contra la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Penal
Magistrado Ponente:
Dr.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil tres
(2003).
En el proceso de revisión del fallo proferido, por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de tutela
iniciado Asmeth Yamith Salazar Palencia contra la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
I. ANTECEDENTES
Asmeth
Yamith Salazar Palencia interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia por considerar que ésta violó sus
derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29 C.P.) y a acceder a la
justicia (artículos 228 y 229 C.P.).  Los hechos que fundamentan la acción  de
tutela son los siguientes:
1. La oficina de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría General de la Nación, vinculó a Asmeth Yamith
Salazar Palencia a la investigación por el incremento patrimonial injustificado
de Francy Linares Bejarano, pues al parecer el primero prestó su nombre a esta
última para aparecer como propietario de un apartamento adquirido ilícitamente
mediante la escritura pública No. 330 del 1 de marzo de 1993.
2. El Juzgado 28 Penal del Circuito de
Bogotá, en sentencia del 22 de febrero de 2000, encontró penalmente responsable
a Asmeth Yamith Salazar Palencia por el delito de enriquecimiento ilícito
establecido en el inciso 2° del artículo 148 del Decreto 100 de 1980 (que
correspondía al Código Penal de la época) y lo condenó a la pena principal de
doce (12) meses de prisión y multa por valor de $20.000. Tal decisión fue
apelada por el condenado y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el 6 de marzo de 2001.
3. Por intermedio de apoderado, el actor
radicó demanda de casación ante el mismo Tribunal. Este admitió el recurso y
ordenó la remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal.
4. La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante providencia del cinco (5) de diciembre de 2002,
inadmitió la demanda y declaró desierta la casación. Consideró la Sala que:
El delito por el cual se condenó al actor
fue el contemplado en el inciso 2° del artículo 148 del anterior Código Penal
(Decreto 100 de 1980), el cual preveía para tal conducta punible la pena de uno
(1) a ocho (8) años de prisión;
La sentencia condenatoria se dictó en
vigencia de la Ley 553 de 2000 (enero 13), la cual señala como requisitos para
acceder a la casación por vía común que se trate de delitos con pena privativa
de la libertad cuyo máximo exceda los ocho (8) años. Puesto que tal requisito
no se cumplió en este caso, el recurso de casación era improcedente.
5. El accionante considera que esta providencia es
violatoria de sus derechos fundamentales, por cuanto desconoce el principio de
legalidad y favorabilidad  en materia penal consagrados en el artículo 29 de la
Constitución. Según este precepto, la ley permisiva o favorable debe preferirse
a la restrictiva o desfavorable. Estima que en virtud del principio de
favorabilidad penal debía aplicársele el Código de Procedimiento Penal  vigente
cuando sucedieron los hechos punibles (Decreto 2700 de Noviembre 30 de 1991) y
no la ley más restrictiva (Ley 553 de 2000) que dispuso que para acudir en
casación debía tratarse de un delito con pena privativa de la libertad cuyo
máximo exceda los ocho (8) años, norma ésta vigente a la fecha de la sentencia
condenatoria. Además, invoca a su favor la sentencia de esta Corporación C-252
de 2001, en la que se señala que la Ley 553 de 2000 sólo puede aplicarse para
delitos que se cometan durante su vigencia.
Con fundamento en lo anterior solicita que se tutelen
sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y se
ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitir la demanda de
casación interpuesta por el apoderado del actor.
II. DECISIÓN JUDICIAL
La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, mediante fallo del veinticuatro (24) de enero de 2003,
M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, decidió no admitir a trámite la demanda de
tutela, por cuanto ésta no procede contra una decisión proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Argumenta esta Sala que  “… ya
esta sala, en ocasiones anteriores, ha expuesto su imposibilidad de conocer de
acción de tutela contra decisiones de cualquier Sala de la Corte, merced a la
calidad de órgano límite y de cierre de la Jurisdicción ordinaria que tiene la
Corporación por disposición constitucional, la que impide que sus decisiones
puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras
autoridades, en tanto que su condición de cumbre judicial y de expresión máxima
de la jerarquía  jurisdiccional, evidencia la ausencia de más altos órganos y,
por ello, de mayores posibilidades de impugnación o ataque, de suerte que se
convierte en un imposible lógico y jurídico la sola probabilidad de nuevas
instancias, aún en senda de acción constitucional. Ello, además, impone la
necesidad de no admitir a trámite el asunto y, no remitir a revisión de la
Corte Constitucional, pues no se está definiendo de fondo la tutela”.
En aclaración de voto a la anterior
decisión, el Magistrado José Fernando Ramírez Gómez señala que, aunque comparte
el criterio mayoritario respecto de la improcedencia de la acción de tutela en
el caso, la providencia  mayoritaria tiene la naturaleza de sentencia, pues
está definiendo la cuestión  de  fondo, por lo que “más coherente estaría la
mayoría que adopta la totalidad de la providencia si de manera segura y
convencida mantuviera el criterio de que la providencia que aquí se dicta es un
auto, porque si entiende como sentencia pero le extirpa las oportunidades
señaladas (refiriéndose a la revisión), se apropia de competencias que no tiene
y torna de única instancia el procedimiento que la misma Constitución quiso que
fuera de doble instancia”.
III. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Mediante auto del 27 de febrero de 2003,
la Corte Constitucional ofició a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
para que remitiera la acción de tutela radicada bajo el número
1100102030002003-00016-02, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, luego de tener
conocimiento por vía del Presidente de la Corporación de que dicha tutela no se
había enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cumplido lo
ordenado por el citado auto, el respectivo fallo fue seleccionado para revisión
mediante auto del 25 de abril de 2003, proferido por la Sala de Selección
Número 4, y asignado por el mismo a este despacho.
IV.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta
Sala es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en el artículo 241 numeral 9 de la
Constitución Política.
2. Reiteración de jurisprudencia
respecto de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
2.1 La Sala de Revisión considera
claramente infundado el argumento esgrimido por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia para ordenar el archivo del expediente de tutela sin
proceder a remitirlo a la Corte Constitucional para su eventual revisión en
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y la ley. Afirma la mencionada
Sala Civil que como máximo tribunal de su jurisdicción sus decisiones son
intangibles e inmutables, por lo que ni siquiera hay lugar a tramitar la acción
de tutela presentada en contra de otra de sus Salas de Casación y procede el
archivo del respetivo expediente sin ser necesaria su remisión a la Corte
Constitucional. A este respecto basta reiterar lo ya expuesto por esta Corte
con ocasión de la misma conducta ahora analizada:
“Según la Sala de
Casación (...) de la Corte Suprema de Justicia, la posición reiterada de esa
Corporación ha sido la de rechazar por improcedente las acciones de tutela
instauradas en contra de decisiones proferidas por esa Corporación, por cuanto
se trata de sentencias dictadas por el máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria que tiene como atribución propia la de actuar como tribunal de
casación, lo que implica que los pronunciamientos que en sede de casación
profiera son intangibles e inmutables, sin que pueda ningún otro organismo
pronunciarse sobre ellos, entre otras cosas, porque se violarían los principios
de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica.
Indiscutiblemente el
artículo 234 de la Constitución Política establece que “La Corte Suprema de
Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria” y, en tal virtud, a
ella se le asigna, entre otras funciones, la de “Actuar como tribunal de
casación”, según lo preceptuado por el artículo 235, numeral 1 de la Carta
Política. Así mismo, resulta indudable que las sentencias de casación que
profiera la Corte Suprema de Justicia, hacen tránsito a cosa juzgada.
Precisamente por ello, la Corte Constitucional desde sus inicios, en sentencia
C-543 de 1992, dejó por sentado que la cosa juzgada como expresión del
principio a la seguridad jurídica, forma parte de la garantía constitucional al
debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución Política. En efecto,
en la citada sentencia se dijo que: “La cosa juzgada, que confiere a las
providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del
asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica,
la cual para estos efectos, reside en el certeza por parte de la colectividad y
sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al
conocimiento de los jueces”.
(...)
El principio de la
cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no
se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución.
Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las
partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de
la solución judicial a su conflicto. En consecuencia hay un verdadero derecho
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de
la cosa juzgada”.
Con todo, el artículo
86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela procede contra
cualquier autoridad pública, cuando éstas con su acción u omisión vulneren o
amenacen vulnerar derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el
artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, establece la procedencia de la mencionada
acción “contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar” cualquiera de los derechos constitucionales
fundamentales. Siendo ello así, es importante recordar lo que en relación con
el concepto de autoridades, se señaló en la sentencia C-543 de 1992, ya citada.
Se dijo en esa oportunidad lo siguiente:
“Ahora bien, de
conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela
se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización
de esa figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por
medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni
tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual
sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo
transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal
y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario
competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8° del Decreto 2591 de
1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia”.
Resulta claro
entonces, que la Corte Suprema de Justicia, al igual que todos los demás
organismos del Estado y los particulares, se encuentra sometida a la
Constitución Política. Además, es también indiscutible su carácter de autoridad
pública y, en ese orden de ideas, con sus actos u omisiones podría de manera
excepcional, vulnerar o amenazar de vulneración derechos constitucionales
fundamentales que deben ser protegidos por el Estado. De ahí, que no se entendería
que las actuaciones de esa Corporación quedaran excluidas de la acción de
tutela como mecanismo democrático que puede invocar cualquier ciudadano para la
protección de tales derechos.
2.3.  Ahora bien, la
Sala de Casación (...) de la Corte Suprema de Justicia, en el asunto sub
examine, rechazó la acción de tutela interpuesta por (...) contra el Tribunal
Superior (...) y contra la Sala de Casación (...) de la Corte Suprema de
Justicia, bajo el argumento, como ya se dijo, según el cual dicha acción no es
procedente contra las sentencias que en sede de casación se dicten por
cualquiera de sus salas.
2.4.  Teniendo
en cuenta, que se trata de una providencia que dio por terminado
definitivamente el trámite de la acción de tutela a que se ha hecho referencia,
ha de entenderse que contiene una decisión de mérito sobre la protección
invocada por el actor para el derecho fundamental que considera quebrantado y,
por lo mismo, ha de ser objeto de revisión por la Corte Constitucional, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta Política y por el
artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, pues así no revista la forma exterior de
una sentencia judicial, desde el punto de vista material a ella equivale la
providencia ... .”[1]
(Se subraya fuera de texto).
Dado que la Corte Constitucional se
encuentra ante una situación equiparable a la referida en la cita anterior, en
la presente sentencia se estará a lo allí resuelto; en consecuencia, dejará sin
efectos la decisión objeto de revisión mediante su anulación, concederá la
tutela del derecho fundamental a acceder a la justicia y ordenará que se falle
de fondo de conformidad con la doctrina constitucional que más adelante se expone
(ver infra acápite 4), todo ello con fundamento en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991 que al respecto dispone: “Efectos de la revisión. Las
sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el
caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal
competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a
las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo
dispuesto por ésta” (se agrega el subrayado). La orden de adecuar el fallo
de tutela de primera instancia a lo aquí dispuesto tiene su explicación en que,
por una parte, la Sala de Casación Civil, actuando como Tribunal de tutela,
debe fallar de fondo la acción de tutela interpuesta por el actor de forma que
no se pretermitan las posibles instancias en el proceso de tutela, y, por otra
parte, la decisión contra la cual se interpusiera la acción de tutela debe ser
analizada a la luz de la doctrina constitucional expuesta en la presente
sentencia, dada la obligatoriedad de las decisiones constitucionales con
efectos erga omnes, como se expondrá en el punto 4 de esta providencia.
La anterior decisión se fundamenta en lo
siguiente:
1) La acción de tutela por virtud del
artículo 86 de la Constitución procede contra “cualquier autoridad pública”,
incluidas las autoridades judiciales, cuando se presenta una vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales.
2) Respecto a la acción de tutela contra
autoridades judiciales, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en
cuanto a la procedencia de  dicha acción contra decisiones judiciales
constitutivas de una vía de hecho (sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993,
T-231 de 1994).
3) Los jueces de tutela deben resolver
las acciones de tutela que se presenten por violación o amenaza de los derechos
fundamentales contra cualquier autoridad pública bien sea concediendo o negando
la tutela. En la segunda hipótesis, el fallo puede obedecer a que no era
procedente la mencionada acción o a que siendo procedente, no existió vulneración
o amenaza de derechos fundamentales. Las acciones de tutela presentadas contra
autoridades judiciales no pueden ser decididas mediante auto en el que se
resuelva no dar trámite a dicha acción, ya que ello constituye una vulneración
del derecho fundamental al acceso a la justicia. En caso de que el juez o
tribunal de tutela considere que la acción de tutela no es procedente, dicta
una sentencia denegatoria por improcedente de la acción, fallo que debe ser
necesariamente remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión
(artículos 86 C.P. y 33 del Decreto 2591 de 1991).
4) Es contrario a la Constitución y a la
ley que los jueces o tribunales de tutela resuelvan sobre acciones de tutela
presentadas contra una autoridad pública, en especial las autoridades
judiciales, mediante decisiones distintas a la sentencia que concede o deniega
la acción de tutela. Por eso, la decisión de improcedencia, así este consignada
en un auto, equivale a un fallo donde se deniega la acción por razones procedimentales.
5) La práctica judicial que se pretende
imponer por parte de algunas Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia
al dictar autos inadmitiendo la acción de tutela contra providencias judiciales
para luego simplemente afirmar que no hay lugar a remitir dicha decisión a la
Corte Constitucional para su eventual revisión por no “tratarse de una
sentencia” o “ser ellas cumbre judicial cuyas decisiones no pueden ser objeto
de impugnación o ataque”, es inconstitucional e ilegal. Los jueces y tribunales
del país no pueden abstenerse de conocer las acciones de tutela elevadas por
cualquier persona contra una autoridad pública, incluidos las autoridades
judiciales, por más importantes que ellas sean. Tampoco basta afirmar que la
acción de tutela no procede nunca contra sentencias, lo cual es contrario a la
Constitución (artículo 86, inciso 1, C.P.) y a la jurisprudencia constitucional
autorizada para interpretar con autoridad la Constitución en este preciso
punto, puesto que la acción de tutela sí procede contra sentencias cuando se
configura una vía de hecho. Además, la decisión de no dar trámite a la acción
de tutela vulnera ella misma el derecho fundamental al acceso a la justicia.
6) Se equivoca el tribunal de tutela en
el presente caso al justificar su decisión de no dar trámite a la acción de
tutela interpuesta por el actor contra la decisión de otra de las Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia en razones de orden
orgánico-funcional, como por ejemplo que dichas Salas son “cumbre judicial” y
expresión máxima de la jerarquía jurisdiccional, siendo un “imposible lógico y
jurídico la sola probabilidad de nuevas instancias, aún en senda de acción
constitucional”. Se trata en este caso, como bien lo sostiene el Magistrado de
la misma Sala de Casación Civil, José Fernando Ramírez Gómez, de una
providencia con naturaleza de sentencia, “pues está definiendo la cuestión de
fondo”. Además, no es ésta una discusión referida a aspectos organizacionales,
funcionales o de jerarquías en la Rama Jurisdiccional, ni siquiera un asunto
sobre qué autoridades judiciales tienen más autoridad que otras. Por el
contrario, se trata de la primacía de los derechos fundamentales en un Estado
constitucional, social, democrático y participativo de derecho (artículo 1 C.P.),
en el cual todas las autoridades públicas (artículos 5 y 86 C.P.) deben
respetar, proteger y promover los derechos fundamentales. Por lo demás, las
competencias entre la Corte Constitucional y las otras autoridades judiciales,
en relación con la revisión de las decisiones de tutela, bien sean de primera
instancia o de segunda cuando medió impugnación, ha sido claramente establecida
en la Constitución y la ley (artículos 86 C.P., 32 y 33 del Decreto 2591 de
1991). La reglamentación posterior (Decreto 1382 de 2000, artículo 1 numeral 2
inciso 2) ratifica la posibilidad constitucional y legal de elevar acciones de
tutela contra sentencias judiciales cuando regula las competencias para el
conocimiento de dichas acciones por parte de las Salas y Secciones de la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la
Judicatura. Aún cuando el Decreto 1382 de 2000 dispone que “lo accionado contra
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma
corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el
artículo 4° del presente decreto”[2]
(se subraya fuera de texto), es claro a la luz del artículo 86 de la
Constitución que la resolución de la acción de tutela repartida a las
diferentes Salas, Secciones o Subsecciones debe ser mediante fallo, esto es,
concediendo la tutela de los derechos fundamentales o denegándola, bien sea por
improcedencia de la acción o por no vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales. Cualquier decisión adicional, en especial la de no tramitar la
acción de tutela, constituye una vulneración del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva, manifestación del derecho fundamental al acceso a la
justicia (artículos 229 y 86 C.P.), también garantizado por los tratados
internacionales ratificados por Colombia (ver sección 2.2. de esta sentencia).
8) La anterior doctrina, a saber, la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales cuando ellas
constituyen una vía de hecho ha sido reiterada en diversas oportunidades por
esta Corporación en sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes,
lo que refuerza la obligatoriedad de esta doctrina constitucional
particularmente para los jueces de la República, en especial los jueces de
tutela. En efecto, en sentencia SU-058 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, la Sala Plena de la Corte Constitucional resumió la jurisprudencia
constitucional sobre la materia y resaltó que varias sentencias de constitucionalidad
con efectos erga omnes reafirmaron la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias, después de la sentencia C-543 de 1992:
“La
Corte Constitucional se ha ocupado de la procedencia de la tutela contra
sentencias judiciales que constituyen vías de hecho (inválidas por violar o
amenazar derechos fundamentales) en distintas ocasiones. Así, en sentencia
C-037 de 1993, la Corte declaró exequible de manera condicionada el artículo 66
de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. En dicha oportunidad, la
Corte precisó expresamente que cabía la tutela, en los términos de la sentencia
C-543 de 1992, contra determinadas providencias judiciales:
“Por otra parte,
conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez de
tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el
artículo 86 superior, no pueda revisar las providencias proferidas por
cualquier autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una “vía
de hecho”, en los términos que han sido definidos en la Sentencia C-543 de 1992
y demás jurisprudencia de esta Corporación, se amenace o se vulnere un derecho
constitucional fundamental. Nótese que en este caso se trata de una facultad de
origen constitucional, que no implica la resolución de fondo del conflicto
jurídico contenido en la providencia bajo revisión , ni se enmarca dentro del
análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado -como es el caso del
artículo que se examina-. Se trata simplemente del reconocimiento de que el
juez, al igual que cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido
con el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los asociados
dentro de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una actuación
judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho,
será posible su amparo a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la
definición de las demás responsabilidades en los términos que han sido
descritos en esta sentencia.
En estas
condiciones el artículo será declarado exequible.”
De
igual manera, en la misma oportunidad, al referirse a la naturaleza de
sentencias judiciales de las decisiones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura (art. 111 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia), la Corte dijo:
“Se tiene, entonces, que las providencias que dicte la
Sala Jurisdiccional Disciplinarias son en realidad sentencias y, por tanto,
cuentan con la misma fuerza y efectos jurídicos que aquellas que profiera cualquier
otra autoridad judicial. No obstante, si una providencia que resuelva un asunto
disciplinario contiene, en los términos que ha definido la Corte
Constitucional, una vía de hecho que acarree la ostensible vulneración de un
derecho constitucional fundamental, entonces será posible acudir a un medio de
defensa judicial como la acción de tutela para reparar el menoscabo que se ha
causado mediante esa decisión.
La norma será declarada exequible, pero en lo que
respecta a sus dos últimos incisos, habrá de atenerse a lo dispuesto en esta
providencia.”
Con posterioridad, en sentencia C-666 de
1996, la Corte al analizar normas relativas a las sentencias inhibitorias,
declaró exequibles de manera condicionada expresiones del artículo 91, numeral
3, del Código de Procedimiento Civil, reformado por el 1, modificación 42, del
Decreto 2282 de 1989 y el numeral 4 del artículo 333. En el análisis realizado
por la Corte, de manera expresa se indica que la inhibición, cuando no provenga
de causas o hechos imputables al demandante o cuando no se adopta “cuando,
ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de
las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte
absolutamente imposible proferir decisión de fondo”, constituye una vía de
hecho y, por lo tanto procede acción de tutela contra la decisión judicial.
En la sentencia C-384 de 2000, la Corte, de
manera expresa, condicionó la exequibilidad de las normas acusadas a que se
admitiera la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.  En dicha
oportunidad la Corte resolvió:
“Primero:
Declarar EXEQUIBLE el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 510 de 1999, bajo el
entendido de que no impide el ejercicio de la acción de tutela contra las
providencia adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones
jurisdiccionales, ni las acciones contencioso administrativas en caso que
dichos entes actuaren excediendo sus competencias jurisdiccionales.”
Así mismo, motivó su decisión
en los siguientes términos:
“Desde este punto de vista, la Corte encuentra que la
norma bajo examen, en cuanto se refiere a la improcedencia  de  recursos, se
ajusta a los mandatos superiores. En efecto, la libertad configurativa del
legislador se ha ejercido acudiendo a criterios que hacen referencia a
situaciones procesales particulares y diferenciadas de cualquier otra, por lo
cual el principio de igualdad resulta respetado. Las funciones jurisdiccionales
que ejercen las superintendencias, no se llevan a cabo bajo principios
absolutamente iguales a los que rigen  las funciones que ejercen los organismos
que componen la Rama Judicial; antes bien existen justamente para adelantarse
respondiendo a principios propios, en circunstancias diversas de aquellas en
las cuales se administra justicia de manera ordinaria, similarmente con lo que
sucede con la justicia arbitral. Así, aunque en ciertos casos un mismo litigio
pueda ser llevado a conocimiento bien de tales superintendencias o bien de la
justicia ordinaria, como sucede, por ejemplo en el caso del artículo 148 de la
Ley 446 de 1998 modificado por el artículo 52 de la Ley 510 ahora bajo examen,
lo cierto es que justamente lo que el legislador ha querido es facilitar un mecanismo
procesal diferente, por lo cual las particularidades con las que lo reviste son
igualmente distintas. Por esa razón, la previsión contenida en la disposición
que se examina, según la cual en este tipo de procesos no cabrá la
interposición de recurso alguno, salvo los expresamente mencionados, no vulnera
la Constitución.
7. No sucede lo mismo en lo relativo a la
improcedencia que establece la norma respecto de todo tipo de acciones que
puedan ser incoadas ante las autoridades judiciales en relación con los actos
que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales. En
este caso la restricción introducida por el legislador rebasa ostensiblemente
la libertad configurativa de que es titular en materia de procedimientos
judiciales. En efecto, al prescribir tal prohibición en términos así de
absolutos, ha impedido la interposición de la acción de tutela respecto de las
decisiones que en ejercicio de funciones jurisdiccionales adopten las
superintendencias, con lo cual ha vulnerado el artículo 86 superior que
autoriza esa posibilidad. Dichas decisiones bien pueden llegar a desconocer o
amenazar por acción o por omisión derechos fundamentales de los ciudadanos, y
en esos eventos es claro que la situación sería la descrita en la norma constitucional
mencionada, frente a la cual se otorga a la persona la posibilidad de buscar
amparo y protección inmediata a través de la acción referida.”
La Corte ha reconocido que contra las decisiones
judiciales ejecutoriadas procede en ciertos casos la acción de tutela. De
conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, en especial la
contenida en la Sentencia C-543 de 1992, la tutela procede contra providencias
judiciales cuando respecto de ellas se configura una vía de hecho, concepto que
esta Corporación ha definido así:
"Obsérvese que los defectos
calificados como vía de hecho  son aquellos que tienen una dimensión
superlativa y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento jurídico. Los
errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in
procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo
visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se
apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en
la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente
voluntarista por parte del juez que los profiere."[3]
Como resulta evidente que la Superintendencias, en
ejercicio de las funciones jurisdiccionales que les competen, pueden, al igual
que los funcionarios de la Rama Judicial, incurrir en vías de hecho como las
definidas anteriormente, es claro que la acción de tutela vendría a ser el
mecanismo de defensa judicial propio para defender los derechos fundamentales
involucrados en el caso, máxime cuando por prescripción de la norma acusada, no
existiría ningún otro mecanismo de defensa judicial, salvo el recurso de
apelación en los casos que menciona la disposición.
(...)
10. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la
Corte declarará la exequibilidad de la disposición parcialmente demandada, bajo
el entendido de que ella no impide el ejercicio de la acción de tutela contra
las providencia adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones
jurisdiccionales.”
De las
sentencias anotadas, resulta forzoso concluir que la Corte Constitucional,
mediante sentencias con fuerza erga omnes, ha admitido la posibilidad de
que se demande, mediante la acción de tutela, sentencias judiciales que violen
o amenacen derechos fundamentales y, por lo mismo, constituyan vías de hecho.”
2.2 Derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva
La protección constitucional de los
derechos fundamentales respecto de todas las “autoridades públicas” (artículo
86 C.P.) por sus acciones u omisiones es un fin esencial del Estado de Derecho
que impide la existencia de autoridades o decisiones inmunes al control
constitucional de los derechos fundamentales (artículos 1 y 2 de la
Constitución) y porque el órgano límite en materia de interpretación de la
Constitución es la Corte Constitucional (artículo 241de la Constitución) como
máxima autoridad judicial de la jurisdicción constitucional, y no la Corte
Suprema de Justicia que es la máxima autoridad en la interpretación de leyes,
todas sometidas a la Constitución, como tribunal de casación, que no como
última autoridad judicial en materia de interpretación de los derechos
fundamentales.
La acción de tutela consagrada en el
artículo 86 C.P., en concordancia con el artículo 229 C.P., que establece el
derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia, y el
artículo 2 C.P., que erige en fin esencial del Estado garantizar la efectividad
de los derechos consagrados en la Constitución, sirven de fundamento al derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido por la jurisprudencia
constitucional así como por los tratados internacionales ratificados por
Colombia. Al respecto es procedente citar lo sostenido por esta Corporación
respecto de este derecho en anterior ocasión:
“[El derecho a la tutela judicial efectiva] se traduce en la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder
acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia,
para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección
o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia
de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Por su
intermedio, se le otorga a los individuos una garantía real y efectiva, previa
al proceso, que busca asegurar la realización material de éste, previniendo en
todo caso que pueda existir algún grado de indefensión[4]
frente a la inminente necesidad de resolver las diferencias o controversias que
surjan entre los particulares -como consecuencia de sus relaciones
interpersonales-, o entre éstos y la propia organización estatal.
6.2. Según lo ha venido señalando esta Corporación[5], el derecho de acceso a
la administración de justicia constituye un pilar fundamental de la estructura
de nuestro actual Estado Social de Derecho, en cuanto contribuye decididamente
a la realización material de sus fines esenciales e inmediatos como son, entre
otros, los de garantizar un orden político, económico y social justo, promover
la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad
humana y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades públicas (C.P. arts. 1° y 2°).
En este sentido, el acceso a la administración de justicia es para
los coasociados una necesidad inherente a su propia condición humana, ya que
-lo ha sostenido la jurisprudencia- “sin él los sujetos y la sociedad misma no
podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial para garantizar
su convivencia armónica, como es la aplicación oportuna y eficaz del
ordenamiento jurídico que rige a la sociedad, y se daría paso a la primacía del
interés particular sobre el general, contrariando postulados básicos del modelo
de organización jurídica-política por el cual optó el Constituyente de 1991.”[6]
6.3. Por ello, el derecho que se le reconoce a las personas,
naturales o jurídicas, de demandar justicia le impone a las autoridades
públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garante de todos los
derechos ciudadanos, la obligación correlativa de promover e impulsar las
condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo. No existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena“garantiza[r]
el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”,
está adoptando como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad,
el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente
nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden
jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.
6.4. Cabe
puntualizar que el fundamento del derecho a la protección judicial efectiva no
sólo se encuentra en los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política.
También aparece consagrado en las normas de derecho internacional,
concretamente, en los tratados y declaraciones de derechos que han sido
suscritas y ratificadas por Colombia. Así, por ejemplo, el artículo 25 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos declara que: “Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales”. En igual medida, el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara que: “Toda persona
tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.”
6.5. Teniendo en cuenta su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha venido reconociendo al acceso a la administración de
justicia el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata[7], integrándolo a su vez
con el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Esto último, por cuanto
la proclamación del derecho a la tutela judicial efectiva es, como quedó
expresado, el medio a través del cual se asegura el acceso al servicio público
de la administración de justicia -cuando se dan las circunstancias requeridas-,
de manera que, sin su previo reconocimiento, no podrían hacerse plenamente
efectivas el conjunto de garantías sustanciales e instrumentales que han sido
estatuidas para gobernar y desarrollar la actuación judicial. (...)
Cabe precisar, que si bien la tutela judicial efectiva se define
como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica
es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño
de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno
ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se
agotan en si mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general,
impersonal y abstracta, de realización de justicia”[8]. Ciertamente, en virtud
de la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 2° del artículo
150 Superior, la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso,
etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del
legislador, el cual, atendiendo a las circunstancias socio-políticas del país y
a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen
de configuración tan sólo limitado “por la razonabilidad y proporcionalidad de
las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías
constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos
sustanciales”[9].
6.8. Siendo el acceso a la administración de justicia también un
derecho de configuración legal, los cauces que fije el legislador en torno a la
regulación y ejecución material del mismo, que incluyen la posibilidad de
establecer limitaciones y condicionamientos para el uso adecuado del servicio,
deben respetar siempre su núcleo esencial y ajustarse a las reglas que sobre el
tema ha definido la Constitución, sin que resulten admisibles aquellas medidas
excesivas que no encuentren una justificación razonable y que, por el
contrario, tiendan a obstaculizar la efectividad y operancia del derecho
fundamental en cuestión y la prevalencia de los demás derechos fundamentales.
Esto conduce a que su desarrollo legislativo deba estar siempre orientado a
garantizar el marco jurídico de aplicación que, como ya se anotó, comprende en
su parte más íntima los derechos de acceso a un juez o tribunal imparcial
-derecho de acción-, a obtener la sentencia que resuelva las pretensiones
planteadas de conformidad con las normas vigentes, y a que el fallo adoptado se
cumpla efectivamente -si hay lugar a ello-; derechos cuya ejecución supone, entonces,
la previa definición de las condiciones y requisitos de operatividad.
6.9. En relación con esto último, es de observarse que el derecho
fundamental de acceso a la justicia no se entiende agotado con el mero diseño
normativo de las condiciones de operatividad. En consonancia con el principio
de efectividad que lo identifica, su ámbito de protección constitucional
obliga igualmente a que tales reglas sean interpretadas a la luz del
ordenamiento superior, en el sentido que resulten más favorable al logro y
realización del derecho sustancial y consultando en todo caso el verdadero
espíritu y finalidad de la ley. Téngase en cuenta que, frente a la garantía de
la tutela judicial efectiva, el deber primigenio del Estado -representado por
los jueces y tribunales- es precisamente el de prestar el servicio de la
jurisdicción, posibilitando el libre acceso de las partes al proceso y
permitiendo su directa participación; objetivo al cual se accede cuando se
atiende al contenido de las garantías superiores y se aplican con mayor
amplitud y en sentido más razonable las formas y requisitos que regulan la
actuación procesal. Sobre el particular, la Corte ha sido enfática en señalar
que:
“El debido proceso y el acceso a la justicia (CP arts. 29, 228 y
229) son derechos fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales
como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las soluciones
que permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los
jueces (principio pro actione). Si bien los derechos mencionados no se
vulneran cuando se inadmite un recurso o acción por no concurrir los
presupuestos legales para su aceptación, la decisión judicial no debe ser
arbitraria ni irrazonable. Se impone, por lo tanto, adoptar la interpretación
que tome en cuenta el espíritu y finalidad de la norma y que sea más favorable
para la efectividad del derecho fundamental.” (Sentencia T-538/94, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
6.10. Integrar los conceptos de antiformalismo e interpretación
conforme a la garantía consagrada en el artículo 229 de la Carta, en manera
alguna busca desconocer o debilitar el papel protagónico que cumplen las reglas
de procedimiento en la ordenación y preservación del derecho de acceso a la
justicia, ni contrariar el amplio margen de interpretación que el propio orden
jurídico le reconoce a las autoridades judiciales para el logro de sus
funciones públicas. Por su intermedio, lo que se pretende es armonizar y
racionalizar el ejercicio de tales prerrogativas, evitando que los criterios de
aplicación de la ley, excesivamente formalistas, en cierta medida
injustificados o contrarios al espíritu o finalidad de las normas aplicables,
puedan convertirse en un obstáculo insuperable que terminen por hacer nugatorio
el precitado derecho a la protección judicial y, por su intermedio, el
desconocimiento de valores superiores como la igualdad de trato, la libertad y
el debido proceso.
6.11. Con razón
esta Corporación ha sostenido que “[e]l derecho a acceder a la justicia no
cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y
procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y
eficaces”[10].
Este criterio hermenéutico, que recoge en gran medida el fundamento universal
de lo que en esencia es el derecho a la tutela judicial efectiva, juega un
papel de singular importancia en su proceso de consolidación y desarrollo a
nivel legal, pues permite concluir que la aplicación de la ley sustancial y
procesal debe cumplirse a partir de un criterio de interpretación sistemática,
que obligue al operador a fijar su alcance consultando los principios, derechos
y garantías que consagra la Constitución Política, los cuales, como es sabido,
constituyen a su vez la base o punto de partida de todo el ordenamiento
jurídico.”[11]
El derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva es manifestación concreta de los derechos fundamentales a
acceder a la justicia, a la defensa y al debido proceso. Este derecho se
vulnera cuando las autoridades judiciales, en este caso las autoridades
competentes para decidir sobre las acciones de tutela de los derechos
fundamentales, no ejercen las funciones a ellas atribuidas en materia de
defensa y protección de los derechos fundamentales y restan así toda
efectividad del goce de los mismos por parte de sus titulares. Tal es el caso
cuando el juez o tribunal de tutela no admite a trámite una acción de tutela,
pese a que las dos únicas opciones según los principios de inmediación,
informalidad y efectividad que gobiernan la acción de tutela de los derechos
fundamentales son la concesión de la tutela o su denegatoria, bien por razones
de fondo o de procedencia. Se vulnera el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva de los derechos fundamentales cuando un juez o tribunal de
tutela decide no dar trámite a la misma cualquiera sean los fundamentos en que
se base, puesto que el fallo judicial respectivo –positivo o negativo– debe ser
susceptible de revisión eventual por parte de la Corte Constitucional como
órgano de cierre del ordenamiento jurídico en el ámbito constitucional en lo
atinente a los derechos constitucionales.
Como órgano de cierre, la Corte Constitucional
ha respetado la autonomía de los jueces, en especial de la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado, cabezas de la jurisdicción ordinaria y de la
jurisdicción contencioso administrativa, respectivamente. Por esta razón, ha
interpretado de manera restrictiva la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales[12]
e inclusive ha valorado la autoridad de la jurisprudencia sentada por estos
altos órganos judiciales en tanto derecho viviente que fija el sentido de las
leyes.[13]
No obstante, esa autonomía no consiste en desconocer el derecho a la tutela
judicial efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3. Problema jurídico
La actora con fundamento en la sentencia
de esta Corporación C-252 de 2001,[14]
acusa la decisión que inadmitió la casación interpuesta contra una sentencia,
por considerarla una vía de hecho que vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, particularmente al
desconocer el principio de favorabilidad mediante la aplicación de una ley
posterior más restrictiva en cuanto a la procedibilidad de la casación, que la
ley vigente al momento de sucedidos los hechos punibles. Debe entonces la Corte
Constitucional resolver el siguiente interrogante constitucional: ¿Constituye
una vía de hecho violatoria de los derechos fundamentales del actor la
inadmisión de la casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con
fundamento en la aplicación de la Ley 553 de 2000, siendo que la Corte
Constitucional ya se había pronunciado sobre la inexequibilidad parcial de
dicha ley en la sentencia C-252 de 2001?
4. Vía de hecho por error al
inadvertir la existencia de fallo de inexequibilidad sobre la materia
4.1 Los cambios normativos
Antes de la reforma introducida a la
casación por la Ley 553 de 2000 (enero 13), la normatividad procesal penal
establecía como uno de los requisitos de procedencia de la casación que se
tratara de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad fuera o excediera
de cinco (5) años (artículo 218 del Código de Procedimiento Penal – Decreto
2700 de 1991).[15]
La mencionada normatividad era la ley
vigente cuando sucedieron los hechos por los cuales el actor fue encontrado
penalmente responsable.
En enero de 2000, el legislador introdujo
modificaciones al régimen de casación. Una de dichas modificaciones consistió
en restringir la procedencia de la casación común –por oposición a la casación
para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos
fundamentales–, haciendo más exigentes los requisitos para poder acudir en
casación al elevar el quantum exigido a sentencias condenatorias en procesos
relativos a delitos que tengan señalada como pena máxima privativa de la
libertad una que exceda de ocho (8) años (artículo 1 de la Ley 553 de 2000,
modificatorio del artículo 218 del Decreto 2700 de 1991).[16]
La sentencia condenatoria contra el actor
se profirió en el mes de febrero de 2000, cuando ya se encontraba vigente la
Ley 553 de 2000, lo mismo que la sentencia confirmatoria de segunda instancia y
la casación interpuesta por el actor mediante apoderado judicial.
4.2 Un fallo de constitucionalidad
relevante
Para resolver el problema jurídico
planteado, resulta pertinente recordar la sentencia de la Corte Constitucional
sobre la Ley 553 de 2000.
Algunos ciudadanos demandaron por
inconstitucionales diversos artículos de la Ley 553 de 2000, entre ellos el
artículo 18, el cual se refería a los procesos a los cuales se aplicaría la
nueva ley y cuyo contenido era el siguiente:
“Artículo 18.
Transitorio. Esta ley sólo se aplicará a los procesos en que se interponga la
casación a partir de su vigencia, salvo lo relativo a la respuesta inmediata y
al desistimiento, que se aplicarán también para los procesos que actualmente se
encuentran en curso en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.”
Según el texto de este artículo, por
haber el actor interpuesto la casación contra la sentencia condenatoria bajo la
vigencia de la Ley 553 de 2000, se aplicaba respecto de la procedencia de la
casación lo establecido en el artículo 1 de la misma, a saber, que para admitir
la casación debía tratarse, entre otras condiciones, de una sentencia proferida
en un proceso relativo a un delito cuya pena privativa de la libertad máxima
excediera los ocho (8) años de prisión.
No obstante, el artículo 18 de la Ley 553
de 2000 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-252 de 2001, esto es, con anterioridad a la decisión ahora
tutelada, con fundamento en la siguiente ratio decidendi:
“El demandante considera que el artículo 18
transitorio, de conformidad con el cual la ley 553 de 2000 “sólo se aplicará
a los procesos en que se interponga la casación a partir de su vigencia, salvo
lo relativo a la respuesta inmediata y al desistimiento, que se aplicarán
también para los procesos que actualmente se encuentran en curso en la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, es lesivo del principio
constitucional de favorabilidad. En su criterio, esta ley se debería aplicar a
los procesos penales que se inicien por hechos posteriores al momento de
su entrada en vigor, y no a aquellos en los que se interponga la casación
a partir de su vigencia, puesto que en ella se consagran condiciones más
gravosas que las impuestas por el anterior ordenamiento, que no se pueden aplicar
de manera retroactiva en los procesos iniciados con anterioridad a su
promulgación.
Considera la Corte que le asiste razón al
demandante, pues la norma acusada infringe el principio de favorabilidad, al
aumentar el quantum de la pena de los delitos por los que procede la casación
que hoy es de ocho (8) años. Veámos:
El principio de favorabilidad, como
elemento integrante del debido proceso en materia penal, se encuentra
consagrado en el artículo 29 del Estatuto Superior, en estos términos:
"En materia penal, la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable."
(...)
En materia procesal, el artículo 40 de la
ley 153 de 1887 establece: "Las leyes concernientes a la sustanciación
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y
las actuaciones y diligencias que ya estuviesen iniciadas, se regirán por la
ley vigente al tiempo de su iniciación."
Esta regla general no puede desconocer el
principio de favorabilidad, por cuanto la Constitución no hace diferenciación
alguna. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han aceptado que ello sea
así, siempre y cuando las normas procesales no sean de contenido sustancial.
En efecto: las normas procesales son de dos
clases: 1. Las que tienen contenido sustancial y 2. Las simplemente procesales,
es decir, aquellas que se limitan a señalar ciertas ritualidades del proceso
que no afectan en forma positiva ni negativa a los sujetos procesales.
En cuanto a las primeras es claro que al
aplicarlas se debe tener en cuenta el principio de favorabilidad; no sucede lo
mismo con las segundas por cuanto, como ya se ha anotado, no son en sí mismas
ni benéficas ni perjudiciales para los sujetos procesales.
En el caso que aquí se examina, la norma
aparentemente podría considerarse de carácter procesal; sin embargo, ello no es
así pues de su contenido se deduce una situación desfavorable para los procesados
que interpongan la casación, ya que ordena que se aplique a las casaciones que
se interpongan a partir de su vigencia sin tener en cuenta el momento en que el
hecho delictivo tuvo ocurrencia.
Es principio general de derecho que las
leyes rigen a partir de su promulgación, a menos que la misma ley indique otra
fecha, evento en el cual la nueva ley no puede desconocer derechos adquiridos.
En el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable
en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los
hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la
doctrina denomina ultractividad de la ley.
La retroactividad, por el contrario,
significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las
contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos
delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia.
En consecuencia, se vulnera el principio
de favorabilidad, cuando la norma demandada aumenta a ocho (8) años la pena de
los delitos en los que procede la casación penal y dispone que ella se aplicará
a los procesos en los que se interponga la casación a partir de la vigencia de
la nueva ley, pues ella tan sólo puede aplicarse a los procesos por los delitos
que se hubieran cometido con posterioridad a la fecha en que entró a regir,
esto es, el 13 de enero de 2000.
La aplicación de una nueva ley sólo debe
llevarse a efecto cuando con ella no se agraven las condiciones del acusado, de
no ser así, la ley nueva, lejos de tutelar los intereses del procesado, los
restringe en perjuicio de éste.
En razón de
lo anotado, el artículo 18 transitorio de la ley 553/2000 será declarado
inexequible.”[17]
(Subraya la Sala fuera de texto).
Con la declaratoria de inexequibilidad
del artículo 18 transitorio de la Ley 533 de 2000, esta norma fue retirada del
ordenamiento por vulnerar el principio de favorabilidad en materia penal. De
conformidad con la ratio decidendi en la citada sentencia, la norma más
restrictiva en materia de procedencia de la casación (artículo 1) sólo debe
aplicarse a los procesos penales por hechos ocurridos con posterioridad a la
vigencia de dicha ley, y de ninguna forma a hechos ocurridos antes de su
vigencia. Esta consecuencia jurídica se desprende clara y directamente de la
decisión de constitucionalidad, con efecto erga omnes, proferida por
esta Corporación en 2001.
Se tiene entonces que la Corte
Constitucional declaró inexequible el referido artículo 18 el 21 de febrero de
2001, mientras que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la
casación el 5 de diciembre de 2002, y la Sala Civil de la misma corporación se
negó a dar trámite a la respectiva acción de tutela el 24 de enero de 2003. Es
manifiesto así que a la fecha en que se inadmitió la casación (diciembre de
2002) el mencionado artículo 18 transitorio de la Ley 553 de 2000 no estaba
vigente por haber sido retirado del ordenamiento jurídico mediante fallo de
inexequibilidad desde febrero de 2001.
4.3 La doctrina constitucional en
materia de favorabilidad y ley procesal
La doctrina constitucional sobre
aplicación inmediata de las reformas procesales, principio de favorabilidad y
distinción entre normas procesales de contenido sustancial o meramente
procedimentales, ha sido reiterada posteriormente por esta Corporación en
diversas sentencias. Baste aquí mencionar únicamente un fallo reciente. En
sentencia C-207 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, acogiendo la jurisprudencia
constitucional sobre la materia, sostuvo la Corte:
“En efecto, de
acuerdo con el artículo 29 Superior, en materia penal, la ley permisiva o
favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. Tal principio, que por extensión se predica de todo
del derecho sancionatorio, tiene aplicación tanto en aspectos sustanciales como
procedimentales. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, bajo la vigencia de
la Constitución de 1886, expresó los siguientes criterios, que mantienen su
actualidad a la luz del ordenamiento constitucional de 1991:
“3ª En la ley penal, tomada en su contenido
sustantivo, que define los hechos punibles y determina las sanciones, el
principio general de la no retroactividad rige para el común de las leyes, pero
está excepcionado, por razones preponderantes, en beneficio de los infractores,
para hacer retroactiva cuando es más favorable o benigna que la ley anterior
bajo cuyo imperio pudieron tener ocurrencia hechos todavía no juzgados, e
incluso sentenciados.
4ª La consagración por el constituyente del
equitativo principio de que ‘la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable’, a que
alude el inciso 2° del artículo 26, no ampara a la persona en el juicio
criminal solo por el aspecto sustantivo del derecho penal, como pudiera
entenderse de las normas contenidas en los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de
1887.
Lo que la Carta establece en cuanto a la
ley preexistente, en materia criminal, comprende por igual los preceptos
sustantivos y de procedimiento dejando, eso si, a salvo el canon fundamental de
la retroactividad cuando la ley posterior es más favorable al imputado de la
comisión de un delito.
5ª Admitido que las normas procesales son
de orden público, no sujetas a dilaciones en su cumplimiento y aplicación,
porque respecto de ellas no puede hablarse de ‘derechos adquiridos’ que inhiban
al legislador para modificar la competencia y ritualidad de los procesos que
cursan, y que por tal razón no prima la ley de procedimiento vigente al momento
de la infracción, como es opinión de algunos tratadistas de derecho
constitucional y de derecho procesal penal, lo evidente es que, aun frente a
ese supuesto que interpretaría con arbitrarias restricciones la primera parte
del artículo 26 de que se trata, la segunda parte del mismo texto hace imperativo,
en lo sustantivo y en lo procesal, caso de tránsito entre las legislaciones,
aplicar la ley más favorable.
6ª Las leyes de procedimiento no solo están
destinadas para fijar competencias y disponer ritualidades adjetivas de los
juicios criminales. Muchas de sus disposiciones, las más importantes, consagran
los recursos contra las providencias judiciales, los términos probatorios, el
debate dentro del plenario, la asistencia profesional del acusado, los medios
de defensa, los recursos extraordinarios, los motivos de detención preventiva,
entre otras cosas, todas ellas fundamentales, que de un procedimiento a otro
puedan, de modo esencial, afectar los derechos del sujeto pasivo de la acción
penal.
7ª Sería contrario a la Constitución
nacional imponer a un procesado un régimen de excepción en materia de
procedimiento, limitado y estrecho en cuanto a recursos y medios de defensa, si
cuando este acusado delinquió regía un sistema, una institución de
procedimiento criminal más favorable en lo tocante al derecho inalienable de
defensa.
8ª El alcance del artículo 26 de la
Constitución Nacional y de los textos penales antes transcritos no permiten
dudar sobre las anteriores consideraciones. El juicio previo debe descansar en
la ley anterior al hecho del proceso, y la aplicación de una ley posterior a
ese evento está condicionada a su carácter permisivo favorable para el
acusado.”[18]
La Corte Constitucional ha expresado que
esos principios del debido proceso en materia de favorabilidad, delimitan el
ámbito de la potestad de configuración legislativa en los eventos de tránsito
de legislación.[19]
Sobre este último particular, la Corte en la Sentencia C-619 de 2001, expresó:
“Dicho régimen legal está contenido en los
artículos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que de manera general, en relación con
diversos tipos de leyes, prescriben que ellas rigen hacia el futuro y regulan
todas las situaciones jurídicas que ocurran con posterioridad a su vigencia. A
contrario sensu, las situaciones jurídicas extinguidas al entrar en
vigencia una nueva ley, se rigen por la ley antigua. Ahora bien, cuando
no se trata de situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la ley
anterior, sino de aquellas que están en curso en el momento de entrar en
vigencia la nueva ley, ni de derechos adquiridos en ese momento, sino de
simples expectativas, la nueva ley es de aplicación inmediata. La aplicación o
efecto general inmediato de la ley es la proyección de sus disposiciones a
situaciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia.
El efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues
por consistir en su aplicación a situaciones jurídicas que aun no se han
consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos.
En cuanto a la proyección futura de los
efectos de una ley derogada, (ultraactividad de la ley), el régimen legal
general contenido en las normas mencionadas lo contempla para ciertos eventos.
La ultraactividad en sí misma no contraviene tampoco la Constitución, siempre y
cuando, en el caso particular, no tenga el alcance de desconocer derechos
adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, ni el principio de
favorabilidad penal.”
Y
más adelante, al referirse de manera específica a las normas de carácter
procesal, la Corte señaló:
“Dado
que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad
de los procedimientos son de aplicación general inmediata. En efecto, todo
proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados
cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una
sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada
sino como una situación en curso.  Por lo tanto, las nuevas disposiciones
instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en
vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido
de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme. En este
sentido, a manera de norma general aplicable al tránsito de las leyes rituales,
el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, antes mencionado, prescribe lo siguiente:
“Las leyes concernientes a la sustanciación
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y
las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la
ley vigente al tiempo de su iniciación.”
(...)
De acuerdo con
lo hasta aquí expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general
inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los
términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta
norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no
tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas
consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior. Sin
embargo, su aplicación debe respetar el principio de favorabilidad penal.”[20]
4.4 La decisión judicial acusada de
vía de hecho y el defecto sustantivo manifiesto
No advirtiendo la existencia de la decisión de
inexequibilidad de la Corte Constitucional en la sentencia C-252 de 2001, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 5 de
diciembre de 2002, inadmitió la casación presentada por el apoderado del actor
con base en las siguientes razones:
“... la sentencia se dictó dentro de la
vigencia de la ley 553 de 2000, que estatuyó que para acceder a la casación por
vía común se debe proceder por delitos que tengan señalada pena privativa de la
libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años, requisito que no se cumple en
este caso, por lo que la casación es improcedente”.
La anterior determinación se acusa de
constituir una vía de hecho que vulnera los derechos fundamentales del actor al
debido proceso y a acceder a la justicia, ya que se toma en cuenta como
criterio para la aplicación de la ley procesal penal más restrictiva el momento
en que se dictó sentencia condenatoria y no aquel en que ocurrieron los hechos,
en contravía de la decisión de inexequibilidad del artículo 18 transitorio de
la citada ley proferida por la Corte Constitucional (C-252 de 2001). Antes de
entrar a establecer si en el caso sub examine se ha constituido una vía de
hecho, considera importante la Corte referirse a la fuerza vinculante del
precedente constitucional y su relación con la vía de hecho por defecto
sustantivo.
4.5 La fuerza vinculante del
precedente constitucional y la vía de hecho por defecto sustantivo
Al respecto, es necesario recordar
algunas distinciones básicas sobre los componentes de una sentencia y la fuerza
vinculante de cada uno de ellos, puesto que en el presente caso no existía una
divergencia meramente interpretativa entre dos jueces.
Una sentencia de constitucionalidad tiene varias
partes o componentes. Algunos son vinculantes y otros no lo son. Por ejemplo,
no es vinculante la descripción de los antecedentes argumentativos ni de la
actividad probatoria realizada. Sin embargo, sí es vinculante la parte
resolutiva de la sentencia en la cual se determina con efectos erga omnes
si la norma juzgada es válida. Así, una disposición declarada inválida no puede
ser aplicada por ninguna autoridad o persona. Por ejemplo, el artículo 18
transitorio de la Ley 553 de 2000 es una disposición declarada inexequible en
su integridad por la Corte Constitucional en la sentencia C-252 de 2001 y por
ende ninguna de las normas contenidas en dicha disposición puede ser aplicada.
Tampoco puede serlo la proposición normativa o la parte de una norma contenida
en una disposición declarada incompatible con la Constitución y por ende
inexequible. Esto último puede suceder de varias maneras: por
inconstitucionalidad de toda la disposición (inexequibilidad total), por
inconstitucionalidad de parte de la disposición (inexequibilidad parcial), por
inexequibilidad de una de las normas contenidas en una disposición juzgada que
ofrece varias interpretaciones (sentencia condicionada), por inexequibilidad de
un contenido normativo adscrito a la disposición juzgada por la jurisprudencia
que representa el derecho viviente[21]
(otro tipo de sentencia condicionada). Es así, por ejemplo, como la Corte
Constitucional mediante sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil,
declaró exequible el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo,
“siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra
los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es
exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del  acto”, con lo cual
excluyó del ordenamiento jurídico la interpretación que se venía haciendo de
tal artículo en el sentido de que la acción de nulidad sólo procedería contra
los actos de contenido particular cuando así lo indicara la ley o cuando éstos
representaran un interés para la comunidad.[22]
En otra oportunidad, la Corporación mediante sentencia C-207 de 2003, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, declaró exequible el artículo 17 de la Ley 144 de 1994,
complementado por el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, en el entendido de que
el recurso extraordinario de revisión allí previsto también procede para todas
las sentencias ejecutoriadas antes de la vigencia de la Ley 144 de 1994. De
esta forma, la Corte excluyó del ordenamiento jurídico la interpretación que se
venía haciendo por algunos jueces en el sentido de que tal recurso no procedía
contra sentencias de pérdida de investidura ejecutoriadas con anterioridad a la
mencionada ley.[23]
Además, la Corte en otras sentencias ha declarado
inexequibles omisiones legislativas relativas y ha procedido a integrar la
omisión mediante la aplicación directa de la Constitución y de otras normas
pertinentes, con el fin de superar la inconstitucionalidad resultante de este
tipo de omisión (sentencia integrativa); a su vez, ha proferido otro tipo de
sentencias modulativas que excluyen del ordenamiento jurídico normas en los
términos en que fueron concebidos por el legislador. Todas estas alternativas
constituyen, en una u otra forma declaraciones de invalidez de todo o parte del
objeto juzgado por inexequibilidad por la Corte Constitucional. Lo que varía es
la modalidad de la sentencia en la cual se declara dicha invalidez. Así, la
sentencia condicionada, cualquiera que sea la técnica de modulación empleada,
excluye del ordenamiento jurídico una proposición normativa.[24]
Nunca se ha discutido si la parte resolutiva de una
sentencia de la Corte Constitucional en la cual se juzga una norma –o de la
Corte Suprema de Justicia cuando ejercía las funciones de guardiana de la
Constitución antes de la Constitución de 1991– es  vinculante para todos porque
estas providencias tienen  efectos erga omnes (artículos 243 de la
Constitución y 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia –Ley
270 de 1996), hacen tránsito a cosa juzgada constitucional (artículos 243
inciso 1 de la Constitución y 21 del Decreto 2067 de 1991) y son por ende
definitivas e inmutables (artículos 243 inciso 2 de la Constitución y artículo
23 del Decreto 2067 de 1991).
En cambio, sí se ha presentado un debate doctrinario y
jurisprudencial respecto del carácter vinculante de otros componentes de una
sentencia que  generalmente se encuentran no en la parte resolutiva de la misma
sino en sus “considerandos”.[25]
Estos son: la decisión (decisum), la razón que determina la decisión (ratio
decidendi), y las consideraciones hechas para contextualizar las
conclusiones a las que se llega en la sentencia pero que no eran necesarias
para justificar la ratio decidendi que determinó la decisión (obiter
dicta). Este debate fue resuelto por el legislador estatutario y por la
Corte Constitucional en el sentido de que la decisión y la ratio decidendi
que la determina son vinculantes para todas las autoridades y personas.
En efecto, la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia claramente establece que las sentencias de constitucionalidad
proferidas por la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento en su
parte resolutiva y la interpretación hecha en la parte motiva de a sentencia
por vía de autoridad tiene carácter obligatorio general.[26] La Corte
Constitucional determinó al respecto que “sólo será de obligatorio
cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional,
la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a
la parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye criterio auxiliar
para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en
general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta
parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte
resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se
considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de
soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente
en ella.”[27]
En conclusión, después de que la Corte Constitucional
ha proferido una sentencia sobre la validez de una norma, se pueden presentar
varias hipótesis con las siguientes soluciones:
(i)      que el juez en un
caso concreto este en desacuerdo con la parte resolutiva de la sentencia. Esto
ocurre cuando el juez penal, por ejemplo, estima que una disposición declarada
inexequible, y las normas en ella contenidas, debió haber sido considerada
exequible. En esta hipótesis, no se está ante una divergencia interpretativa
sobre el alcance de una disposición legal –en el ejemplo la disposición juzgada
por la Corte Constitucional– porque dicha disposición ha sido excluida del
ordenamiento jurídico. El juez en el caso concreto debe por lo tanto abstenerse
de aplicar no solo la disposición sino todos sus contenidos normativos juzgados
inválidos por la Corte Constitucional;
(ii)     que el juez en un
caso concreto este en desacuerdo con la decisión y la ratio decidendi consignadas
en una sentencia con efectos erga omnes. Esto ocurre cuando una norma
legal de la cual depende la resolución de un caso concreto no ha sido juzgada
por la Corte, pero la ratio decidendi y la decisión contenida en otro
fallo de inexequibilidad, en el cual se excluyó del ordenamiento jurídico otra
disposición, sí resulta directa y específicamente pertinente para la resolución
del caso concreto e indica que la norma jurídica, aún no controlada por la
Corte, no puede ser aplicada en un determinado caso. En este evento, el juez no
puede dejar de referirse a la sentencia en la cual se consignó dicha ratio
decidendi para sustentar la decisión, ni puede apartarse de la conclusión
de que determinada proposición normativa es inconstitucional. Sin embargo, como
la disposición legal relevante para el caso no ha sido excluida del
ordenamiento jurídico, el juez debe analizar si es necesario acudir a la
llamada excepción de inconstitucionalidad y, por ende, inaplicar la norma legal
y aplicar de manera preferente la Constitución (artículo 4° de la
Constitución). El juez puede, no obstante, con base en razones poderosas
argumentar que la norma legal, aparentemente contraria a la Carta, en realidad
no lo es y, por ende, aplicarla para resolver el caso concreto.[28]
(iii)    que el juez en un
caso esté en desacuerdo con el obiter dicta de una sentencia de la Corte
Constitucional, respecto al alcance de una norma constitucional. Esto
ocurre cuando el juez como intérprete del derecho ejerce su autonomía
interpretativa y se separa de las afirmaciones y argumentos expuestos en una
sentencia de constitucionalidad que no son indispensables para fundar el
sentido de la decisión. Se trata de un desacuerdo doctrinal entre autoridades
judiciales, el cual no sólo es inevitable en una sociedad democrática sino
conducente al progreso del derecho. Para apartarse de esa interpretación de la
Constitución efectuada, obiter dicta, por la Corte, el juez no puede
simplemente desconocerla, sino que ha de referirse a ella y justificar su
desacuerdo.
(iv)    que el juez en un
caso concreto esté en desacuerdo con la interpretación de una norma legal, no
de una norma constitucional, consignada en los obiter dicta de una
sentencia proferida por la Corte Constitucional. Esto ocurre como resultado de
la autonomía interpretativa de los jueces pertenecientes a las diferentes
jurisdicciones, que pueden no atenerse a los argumentos dichos de paso y no
vinculantes de la parte motiva de una sentencia de la Corte Constitucional.
(v)     que un juez
ordinario este en desacuerdo con la interpretación de una norma legal efectuada
por la Corporación responsable de unificar jurisprudencia. El desacuerdo bien
puede ser la expresión de la autonomía judicial garantizada en el artículo 230
de la Constitución; no obstante, tal autonomía tiene sus límites en los
derechos constitucionales de las personas que acceden a la justicia, en
especial en la igualdad de derechos y de trato (artículo 13 de la Constitución)
así como en principios de confianza legítima (artículo
84 C.P.), de seguridad jurídica y en la estructura funcionalmente jerárquica de
cada jurisdicción especializada (artículos 234, 237 y 241 C.P.). El juez
inferior debe en aplicación de la doctrina probable interpretada de conformidad
con la Constitución atender la doctrina reiterada que un superior ha hecho de
las normas legales pertinentes, pudiéndose separar de la misma siempre y cuando
satisfaga la mayor carga argumentativa que le corresponde asumir para apartarse
de la jurisprudencia decantada por sus superiores funcionales.[29]
(vi)    que entre varios
jueces ordinarios existan posiciones encontradas en torno al contenido, el
alcance o los efectos de una norma de inferior jerarquía a la Constitución.[30] Esto ocurre como
consecuencia de la independencia y autonomía de los jueces (artículo 230 de la
Constitución). Un juez ordinario no está obligado a seguir la doctrina de otro
juez ordinario que no es su superior funcional.
(vii)   que la Corte Suprema
o el Consejo de Estado estén en desacuerdo con su propia interpretación
anterior y decidan modificarla o cambiarla totalmente. En estos eventos, no
obstante, la decisión de apartarse de la doctrina probable dictada por las
propias Corporaciones exige exponer clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión, de forma que se respeten los principios
constitucionales, en particular el principio de igualdad”.[31]
Solo en la sexta hipótesis mencionada se puede decir
que existe una mera discrepancia interpretativa de orden legal, legítima en un
sistema jurídico, respecto de la cual uno de los jueces ordinarios no tiene la
carga argumentativa de, primero, constatar la existencia de la divergencia
interpretativa y, segundo, expresar las razones por las cuales está en
desacuerdo con la interpretación diferente adoptada por otro juez que no es el
responsable de unificar jurisprudencia en el punto de derecho controvertido. En
todos las demás hipótesis no se puede hablar de simple discrepancia
interpretativa. Es más, en la primera hipótesis (desacuerdo del juez con la
parte resolutiva de una sentencia de inexequibilidad de la Corte
Constitucional) el juez no puede en ningún caso separarse de la sentencia, así
esgrima las razones más poderosas concebibles, por la sencilla razón de que las
normas inexequibles son excluidas del ordenamiento jurídico y se tornan
inaplicables. El juez está absoluta e indefectiblemente obligado a acatar lo
resuelto en la sentencia de inexequibilidad.[32]
En el presente proceso, la hipótesis pertinente es la
primera mencionada puesto que el artículo 18 transitorio de la Ley 553 de 2000
fue declarado inexequible. Ello hace que esta disposición y las normas en ella
contenidas no puedan ser aplicadas por ningún juez ni cualquiera otra
autoridad. Una de esas normas era la que permitía que la Ley 553 de 2000 fuera
aplicada “a los procesos en que se interponga la casación a partir de su
vigencia”.
A favor de la decisión del máximo
Tribunal de Casación Penal podría esgrimirse que una divergencia interpretativa
–en este caso si el criterio para establecer la ley aplicable es el momento de
la ocurrencia de los hechos punibles o el momento en que se interpone la
casación–, no constituye una vía de hecho, y que la decisión de éste de no
acoger la interpretación de la Corte Constitucional en relación con los
alcances de la Ley 533 de 2000 es a lo sumo una divergencia interpretativa. Ello
porque la vía de hecho, por definición, es una “conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona” (T-079
de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sin que la decisión judicial basada en
una determinada interpretación pueda ser calificada de “vía de hecho”.
Lo expuesto en el acápite anterior
muestra, sin embargo, la necesidad de un análisis más diferenciado en materia
de interpretaciones admisibles o claramente inadmisibles. En un caso concreto
pueden coexistir diversas interpretaciones en torno a una norma legal, todas
ellas plausibles, controvertibles pero legítimas. Incluso puede haber en muchas
ocasiones interpretaciones alternativas mejores que la efectivamente adoptada
para decidir, lo cual no invalida la interpretación que sirvió de ratio
decidendi o de obiter dicta en un fallo. Todo lo anterior es ajeno a
la vía de hecho y por ello a la acción de tutela por violación de los derechos
fundamentales. Algo diferente sucede con las interpretaciones manifiestamente
inconstitucionales, aquellas en las que no hay lugar a dudas que existe un
error judicial ostensible que vulnera derechos fundamentales. En este caso,
procede la acción de tutela por vía de hecho.
En efecto, una interpretación
manifiestamente errónea puede constituir una decisión carente de fundamento
jurídico y por lo mismo privada del carácter de decisión en derecho. Al
respecto ha sostenido la Corte:
“En efecto, la competencia del juez de
tutela para controvertir la interpretación hecha por un juez ordinario está
limitada por la autonomía e independencia que éste tiene en el ejercicio de su
función (art. 228 C.P.). Sin embargo, estos dos principios constitucionales,
propios de la administración de justicia, están condicionados, al igual que
todo el conjunto de las acciones del Estado, por el principio de razonabilidad.
Una interpretación legal que de manera manifiesta vaya en contra del
ordenamiento jurídico, en detrimento de los derechos fundamentales de las
personas no constituye un ejercicio de la autonomía, sino, una decisión ultra o
extra vires, es decir, desviación de su juridicidad.”
6. Esta evolución
de la jurisprudencia implica que la Corte ha decantado los conceptos de
capricho y arbitrariedad judicial. No sólo se trata de los casos en que el juez
impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que
incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin
argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
(arbitrariedad).”[33]
(Subraya la Sala fuera del texto).
Sin embargo, en el presente caso no
estamos ante una divergencia  interpretativa, ni ante una interpretación que de
manera manifiesta le de a una norma legal un sentido que no tiene. Estamos ante
una hipótesis de vía de hecho por aplicar una norma que fue expulsada con
anterioridad del ordenamiento jurídico. Se trata de una vía de hecho por un
error resultado de una inadvertencia respecto de la parte resolutiva de unas
sentencia de inexequibilidad con efectos erga omnes.
4.7 Vía de hecho por aplicar un
contenido normativo inexequible e incontrovertible
Existe una vía de hecho, por defecto
sustancial cuando[34]
el juez aplica a la resolución de un caso una norma que ya no hace parte del
ordenamiento, vgr. por haber sido declarada inexequible. Esto es lo que sucede
en el presente caso. El único fundamento legal posible para inadmitir la
casación presentada por el apoderado del actor porque la pena privativa de la
libertad máxima señalada para el delito por el cual fue condenado no excedía de
ocho (8) años, era la Ley 533 de 2000, específicamente su artículo 18
transitorio, el cual expresamente establecía respecto de la vigencia de la ley
que ella se aplicaría a las casaciones interpuestas luego de su expedición. No
obstante, tal disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional
con fundamento en el principio de favorabilidad penal, precisándose en el fallo
que a los hechos acaecidos bajo la vigencia de la anterior ley procesal penal
les seguiría siendo aplicable dicha normatividad, en virtud del principio
constitucionalidad de favorabilidad penal.
La anterior decisión de inexequibilidad,
con efectos erga omnes, fue proferida antes de dictarse el auto
inadmisorio de la Sala de Casación Penal ahora impugnado por vía de tutela. En
efecto, la sentencia de inexequibilidad data del 21 de febrero de 2001,
mientras que la providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
inadmitiendo el recurso de casación fue adoptada el 5 de diciembre de 2002. Así
las cosas, la autoridad judicial carecía de fundamento normativo objetivo que
justificara la inadmisión de la casación por la circunstancia invocada, a
saber, el quantum punitivo exigido para poder acudir en casación común. Ello
porque la decisión de inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 533 de 2000 no
sólo retiró dicha norma del ordenamiento jurídico, sino porque la ratio
decidendi del fallo constitucional, cuando precisó los alcances del
principio constitucional de la favorabilidad en materia penal en relación con
normas penales procesales e hizo una lectura de la ley conforme a los principios
constitucionales, llegó a la conclusión que la única manera de respetar el
principio constitucional de favorabilidad era decidiendo que la nueva ley más
restrictiva no se aplicaría a los procesos penales por hechos punibles
sucedidos antes de la vigencia de la misma.
Por último, puntualiza la Sala que el
fallo de inexequibilidad del artículo 18 transitorio de la Ley 533 de 2000
contiene dos partes con efectos erga omnes: la primera es la parte
resolutiva que excluye del ordenamiento la disposición cuyo contenido se
encontró incompatible con el texto constitucional, o sea, el mencionado
artículo 18; la segunda, es la ratio decidendi de la decisión, a saber,
que una lectura de la ley a partir de los principios constitucionales en
materia penal conduce a la conclusión que la ley procesal penal restrictiva del
acceso a la casación, por el principio de favorabilidad, sólo puede ser
aplicable a hechos punibles ocurridos a partir de su vigencia.
En conclusión, la decisión de inadmitir
la casación presentada por el apoderado del actor con base en el quantum
punitivo establecido en la ley procesal penal más restrictiva, incurrió
inadvertidamente en un grave error constitutivo de una vía de hecho por
desconocimiento de la normatividad aplicable que vulneró en forma manifiesta
sus derechos fundamentales al debido proceso y a acceder a la justicia. En
efecto, no habría podido la autoridad judicial demandada llegar a la conclusión
de que la casación interpuesta por el actor era inadmisible por haberse dictado
la sentencia condenatoria en vigencia de la Ley 553 de 2000 –que señala como
requisito para acceder a la casación que se trate de delitos con pena privativa
de la libertad cuyo máximo exceda los ocho (8) años– y  haber sido condenado el
autor por un delito cuya pena no cumplía dicho quantum. Ello porque como ya se
expuso anteriormente la sentencia de inconstitucionalidad con efectos erga
omnes había excluido previamente del ordenamiento el artículo 18
transitorio de la susodicha ley que regulaba la vigencia de la misma, dejando
en claro en la ratio decidendi de la decisión que de la Ley 533 de 2000
debía aplicarse a hechos punibles sucedidos a partir de su vigencia, porque de
lo contrario se vulneraba el principio constitucional de favorabilidad penal,
como en efecto sucedió en el presente proceso cuando la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia aplicó al caso una norma declarada previamente
inexequible mediante sentencia de la Corte Constitucional.
La Sala estima que de subsistir el error
manifiesto cometido en el caso del actor se ocasionaría no sólo la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, sino
además se incurriría en una grave injusticia al impedir el acceso a la
administración de justicia a una persona mediante una decisión judicial
adoptada, así sea inadvertidamente, sin fundamento normativo alguno.
5. Orden a impartir
En el presente caso es necesario distinguir
claramente entre dos providencias judiciales: 1) la providencia del Tribunal de
tutela que resolviera no dar trámite a la acción de tutela interpuesta por el
actor; y, 2) la providencia de la autoridad judicial demandada, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta clara distinción es
necesaria para adoptar las ordenes correspondientes, ya que en uno y otro caso
es necesario tanto garantizar la supremacía de los derechos fundamentales de
las personas en particular el derecho fundamental al acceso a la justicia, así
como respetar el ejercicio de la autonomía de las diferentes autoridades
judiciales.
En cuanto a la decisión de tutela que se
negó a darle trámite a la correspondiente acción, en sede de revisión la Corte
encuentra que tal decisión es contraria a la Constitución y a la ley además de
desconocer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del accionante
(ver supra 2.2). Es por ello que la Corte procederá primero a dejar sin
efectos la mencionada decisión mediante la declaratoria de nulidad; segundo,
concederá la tutela del derecho fundamental a la tutela efectiva de sus
derechos constitucionales fundamentales al peticionario; en concordancia con el
debido proceso y el derecho de defensa, de forma que éste obtenga una decisión
de mérito respecto de la acción de tutela interpuesta; y, tercero, ordenará a la
Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia que adopte una fallo
de mérito con respecto a la acción de tutela elevada por el accionante, según
lo expuesto en los numerales 2 a 4 de la presente sentencia.
En cuanto a la decisión adoptada por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia e impugnada mediante la
acción de tutela, se tiene que ella vulnera necesariamente los derechos
fundamentales a acceder a la justicia, al debido proceso y a la defensa, ya que
inadvertidamente incurre en una vía de hecho al desconocer una sentencia de
constitucionalidad con efectos erga omnes que impedía inadmitir la
casación penal con fundamento en una norma declarada inexequible con
anterioridad a la decisión penal. Ahora bien, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, como autoridad judicial competente, goza de
autonomía para resolver sobre la admisión de la casación presentada por el
actor, ya no con base en el quantum de la pena, sino en los demás requisitos
vigentes al momento de sucedidos los hechos punibles por los que fuera
condenado.
VI. DECISIÓN
Por
consiguiente, la Corte Constitucional decide, por una parte, que vulnera el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que el juez o tribunal de
tutela no de trámite a la acción de tutela, puesto que ésta debe ser resuelta
mediante fallo bien concediéndola o negándola por razones de procedimiento o de
fondo. Además, la Corte decide que constituye una vía de hecho la providencia
judicial que aplica una norma jurídica anteriormente declarada inconstitucional
por la Corte Constitucional. Esto en razón a que las sentencias de
inexequibilidad vinculan a todas las personas y autoridades, incluidas las
judiciales sin importar su jerarquía, porque tienen efectos erga omnes y
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- DECLARAR LA NULIDAD de la decisión de tutela del
veinticuatro (24) de enero de 2003, proferida por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se decidió no admitir a trámite
la demanda de tutela.
Segundo.-
CONCEDER al accionante la tutela de sus derechos
fundamentales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa.
Tercero.- ORDENAR a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, que de conformidad con lo expuesto en la presente providencia proceda
a decidir de fondo sobre la acción de tutela elevada por el accionante contra
el auto del cinco (5) de diciembre de 2002 de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia. Esta decisión deberá respetar lo resuelto en la
sentencia de inexequibilidad C-252 de 2001, decisión ésta con efectos erga
omnes, de tal manera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad de la demanda de
casación presentada por el apoderado de Asmeth Yamit Salazar Palencia contra la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de fecha 6 de marzo de 2001, sin
exigir que el delito por el cual fue condenado tenga señalada la pena privativa
de la libertad requerida por el artículo 1 de la Ley 533 de 2000, normatividad
que fuera expedida con posterioridad a la ocurrencia de los hechos  punibles
por los cuales fuera condenado el actor.
Cuarto.- ORDENAR que el expediente de tutela radicado bajo
el número T-727102, correspondiente a la acción de tutela instaurada por Asmeth
Yamith Salazar Palencia contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, sea remitido por la Secretaría de la Corte Constitucional a la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Silvio Fernando Trejos
Bueno, con el fin de que proceda a adoptar una decisión de fondo dentro de los
parámetros constitucionales establecidos en los fundamentos 2 a 5 de la
presente sentencia.
Quinto.- Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MANUEL JOSE CEPEDA  ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencia T-420 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[2]
Artículo 4º. Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento
de la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por Salas de
Decisión, Secciones o Subsecciones conformadas para tal fin. Así mismo
determinará la conformación de Salas de Decisión, Secciones o Subsecciones para
el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la
propia corporación, a las que se refiere el inciso 2° del numeral 2 del
artículo 1° del presente decreto.
[3]
Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4]
Para estos efectos, se entiende por indefensión la ausencia del derecho
a alegar y la imposibilidad de defender en juicio los propios derechos.
[5]
Sobre el tema se pueden confrontar, entre otras, las Sentencias C-416/94,
C-037/96 y C-1341/2000.
[6]
Sentencia T-476/98.
[7]
Cfr., entre otras, las Sentencias T-006/92,  C-059/93, T-538/94,
C-037/96,C-215/99 y C-1195/2001.
[8]
Sentencia C-1043/2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[9]
Sentencia C-428/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10]
Sentencia C-1195 de 2001 MM.PP., Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[11]
Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[12]
Ver entre otras las sentencias T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-575 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-684 de 1998, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra; T-871 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13]
Ver entre otras las sentencias C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
C-955 y C-1294 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-426 de 2002 y C-207
de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-666 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[14]
Esta sentencia, entre otras cosas declaró la inexequibilidad del artículo 18 de
la Ley 553 de 2000 que establecía la aplicación de la ley a las casaciones
presentadas con posterioridad a su vigencia.
[15]
“Decreto 2700 de 1991, Artículo 218. Procedencia. El recurso extraordinario de
casación procede contra las sentencias proferidas por el Tribunal Nacional, los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en
segunda instancia, por delitos que tengan señalada pena privativa de la
libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco años, aun cuando la sanción impuesta
haya sido una medida de seguridad. || El recurso se extiende a los delitos
conexos, aunque la pena prevista para éstos, sea inferior a la señalada en el
inciso anterior. || De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de casación en casos
distintos a los arriba mencionados, a solicitud del Procurador, su delegado, o
del defensor, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la
jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.”
[16]
“Ley 553 de 2002, Artículo 1°. El artículo 218 del Código de Procedimiento
Penal quedará así: || Artículo 218. Procedencia de la casación. La casación
procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, (el Tribunal Nacional), el
Tribunal Penal Militar y el Tribunal Superior que cree la ley para el
conocimiento de la segunda instancia de los procesos por los delitos de
competencia de los jueces penales de circuito especializados, en los procesos
que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa
de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta
haya sido una medida de seguridad. || La casación se extiende a los delitos
conexos, aunque la pena prevista para estos sea inferior a la señalada en el
inciso anterior. || De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra
sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la
solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere
necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos
fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley.
[17]
M.P. Carlos Gaviria Díaz. (Con salvamento de voto de los magistrados Alfredo
Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis y aclaración de voto del Magistrado Manuel
José Cepeda Espinosa).
[18]
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia marzo 15 de 1961.
G.J. Núm. 2238. La Corte Constitucional ha desarrollado el tema de la
favorabilidad, entre otras, en las Sentencias C-922 de 2001, C-581 de 2001,
T-1625 de 2000, C-619 de 2001.
[19]
Ver Sentencia C-619 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20]
Sentencia C-207 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. (En esta ocasión la Corte
declaró exequible “el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, complementado por el
artículo 33 de la Ley 446 de 1998, en el entendido que el recurso
extraordinario de revisión allí previsto también procede para todas las
sentencias ejecutoriadas antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998, incluidas
las proferidas con anterioridad  a la vigencia de la Ley 144 de 1994, y que el
término de caducidad de cinco años, para éstos casos, se cuenta a partir del 8
de julio de 1998, fecha de publicación de esta última ley.”)
[21]
Ver las sentencias C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-955 de
2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-426 de 2002 y C-207 de 2003, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[22]
Sostuvo la Corte es dicha oportunidad respecto a la interpretación del artículo
84 del Código Contencioso Administrativo no acorde con la Constitución: “Establecer como orientación jurisprudencial dominante, que la acción
de nulidad sólo procede contra los actos de contenido particular cuando lo
indique la ley o cuando éstos representen un interés para la comunidad, no sólo
comporta una interpretación inexacta del contenido del artículo 84 del C.C.A.,
cuyo texto permite demandar por vía de la simple nulidad todos los actos de la
Administración, sino también, una inversión de la regla allí establecida, en
cuanto que la citada orientación lleva a la conclusión de que sólo por
excepción los actos administrativos de contenido particular son demandables a
través de la acción de simple nulidad, sentido que jamás podría extraerse del
texto de la preceptiva impugnada ni del alcance que la propia Constitución y la
ley le han fijado a la acción Pública de nulidad. (...) Reconocerle a la acción
de nulidad un carácter eminentemente restrictivo tratándose de los actos
administrativos de contenido particular, resulta, entonces, contraria al
principio pro actione o de promoción de la actividad judicial, que, como
garantía fundamental de los derechos de acceso a la justicia y al debido
proceso, le impone al operador jurídico, en este caso a los órganos que
integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el deber jurídico de
aplicar e interpretar las normas legales -en particular las procesales-
consultado su verdadero espíritu y alcance, en plena armonía con las garantías
constitucionales que le sirven de sustento y en el sentido que resulten más
favorables y útiles para la realización del derecho sustancial; el cual, por
mandato expreso del artículo 228 Superior, está llamado a prevalecer sobre el
derecho adjetivo o formal.”
[23] Sostuvo la Corte en esta oportunidad
respecto de la interpretación del artículo 17 de la Ley 144 de 1994: “En el
caso que ocupa la atención de la Corte, la ley estableció un recurso
extraordinario para controvertir las sentencias ejecutoriadas por medio de las
cuales se hubiese decidido la pérdida de la investidura de un congresista. Por
virtud del efecto general inmediato de la ley procesal, tal recurso operaría
respecto de todas las sentencias ejecutoriadas que se encontrasen dentro del
término de caducidad previsto en la ley para el mismo, incluidas aquellas que
quedaron ejecutoriadas con anterioridad a la vigencia de la ley que establece
el recurso. El  Consejo de Estado ha interpretado que, puesto que la ley no
contempló efectos retroactivos para el recurso, el mismo sólo procede frente a
las sentencias ejecutoriadas a partir de su vigencia. Tal sentido de la norma,
sin embargo, resultaría contrario al principio de favorabilidad en materia
sancionatoria. || Destaca la Corte, que tal como de manera reiterada se ha
señalado por la jurisprudencia, la pérdida de la investidura, tiene naturaleza
eminentemente sancionatoria y por consiguiente participa de los principios que
gobiernan el ejercicio del ius puniendi del Estado. Por tal razón,
cuando ello resultase procedente en razón de un tránsito de legislación, los
congresistas afectados por la sanción pueden ampararse en el principio de
favorabilidad. (...) || Encuentra, así, la Corte, que (i) el contenido
normativo acusado resulta contrario al derecho de acceso a la administración de
justicia, (ii) establece una diferencia de trato no justificada para
situaciones esencialmente iguales, y (iii) a partir de la interpretación
realizada por el Consejo de Estado, resultaría violatorio  principio de favorabilidad
previsto en el artículo 29 superior, y, por consiguiente, será excluido del
ordenamiento jurídico mediante una sentencia de exequibilidad condicionada.”
[24]
Sobre las diversas técnicas de sentencias modulativas ver las sentencias C-955
de 2000 y T-441 de 2000.
[25]
No obstante, en algunas sentencias la decisión es resumida expresamente en la
parte denominada “decisión”, ubicada entre las “consideraciones” y el
“resuelve”. Por ejemplo, en sentencia C-157 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, se lee: “VII. DECISIÓN || En conclusión, no desconoce los
derechos del menor, una norma legal al permitir su per­manen­cia en un centro
de reclusión, hasta los tres años, junto a su madre privada de la libertad,
siempre que condiciones de vida adecuadas y sistemas de protección efectivos
garanticen la prevalencia de los derechos de los niños y protejan el interés
superior del menor, el cual puede consistir en algunos casos en que el menor
sea separado de la madre por decisión del juez competente. || En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, adminis­tran­do justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, || RESUELVE || (...).”
Esto también ocurre en las sentencia de tutela. Ver, por ejemplo, la sentencia
T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: “III.
DECISIÓN || En conclusión, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, desco­noció el interés superior de Alicia
y su derecho a tener una familia y no ser separada de ella, al aplicar en este
caso la norma legal sobre irrevocabilidad del consentimiento para dar en
adopción transcurrido un mes, y en consecuencia negarle a su madre biológica la
posibilidad de recuperar a su hija, puesto que dicho consentimiento no es idóneo
constitucionalmente, al no ser apto, asesorado, e informado.
|| En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de
la Corte Constitu­cional, en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución, || RESUELVE  || (..).”
[26]
Ley 270 de 1996, “ARTICULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL
CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control
constitucional tienen el siguiente efecto: || 1. Las de la Corte Constitucional
dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de
acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de
constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga
omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar
para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en
general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter
obligatorio general. || 2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de
la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su
motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.”
[27]
Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimirio Naranjo Mesa.
(Mediante esta sentencia la Corte Constitucional realizó la revisión previa del
proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, tal como lo prevé
el numeral 8o. del artículo 241 de la Constitución Política).
[28]
Sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa (vía de hecho por no
aplicar la excepción de inconstitucionalidad).
[29]
Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil (Aclaración de voto de Manuel
José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta ocasión la Corte
resolvió declarar exequible el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, “siempre y
cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y
los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la
doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los
términos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia.”
[30]
Esta hipótesis tiene variantes dado que existen diversas especialidades
jurisdiccionales y reglas de competencia basadas en el factor territorial, pero
no es necesario en este caso detenerse en ello.
[31]
Sentencia C-836 de 2001, ya citada.
[32]
No entra la Sala a analizar la hipótesis de los fallos de exequibilidad
proferidos por la Corte Constitucional ni algunos tipos de sentencias
modulativas, como la exequibilidad temporal.
[33]
Sentencia T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[34]
Con respecto a la relación entre defecto sustancial e interpretación
manifiestamente errónea, ha sostenido la Corte: “En relación con el defecto
sustancial en las providencias, que también da lugar a la configuración de una
vía de hecho, la cuestión no es diferente: la mera interpretación de la ley no
implica una vía de hecho por parte del juez, en virtud de la autonomía
funcional de que goza al impartir justicia y aplicar las leyes, salvo que se
evidencie ‘una ruptura patente y grave de las normas que han debido ser
aplicadas al proceso. La tutela entonces se hace necesaria para restaurar el
respeto del (sic) ordenamiento jurídico sustantivo en el caso concreto.
Cuando la labor interpretativa del juez se encuentra lejos de estar
razonablemente sustentada y razonada, nace una vía judicial de hecho.’”
(Sentencia T-1306 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).