C-458-15
Sentencia C-458/15
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Lenguaje puede tener implicaciones
inconstitucionales por ser entendido y utilizado con fines discriminatorios/EXPRESIONES
REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Uso como parte del lenguaje técnico
jurídico pretende definir situación legal y no hacer descalificación subjetiva
de ciertos individuos
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Cuestionamiento por irrelevancia
constitucional de presuntas impropiedades lingüísticas del legislador
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Escrutinio judicial versa sobre contenido
normativo de enunciados legales más no sobre terminología de prescripciones
jurídicas/JUEZ CONSTITUCIONAL-Evaluación regulativa de expresión
integrada en enunciado del que hace parte determinando compatibilidad de
prescripción resultante con el ordenamiento superior
TERMINOLOGIA O DEFINICIONES LEGALES INDEPENDIENTE DE
SUS EFECTOS JURIDICOS-Fallos
inhibitorios o reconfiguración de controversia limitados a evaluar contenido
normativo de enunciados legales/TERMINOLOGIA O DEFINICIONES LEGALES
INDEPENDIENTE DE SUS EFECTOS JURIDICOS-Jurisprudencia constitucional
JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TERMINOLOGIA LEGAL-Función
instrumental y simbólica del léxico jurídico
CONTROL JUDICIAL DE TERMINOLOGIA LEGAL Y META NORMAS
DEL SISTEMA JURIDICO-Jurisprudencia
constitucional
EXPRESIONES LINGÜISTICAS-Inexequibilidad por considerarse lesivas de la
prohibición de discriminación o del principio de dignidad humana
ESCRUTINIO JUDICIAL DEL LENGUAJE LEGAL-Dificultades inherentes
LENGUAJE JURIDICO-Control Constitucional
JUICIO DE VALIDEZ-Tiene por objeto identificar la incompatibilidad entre
una prescripción infraconstitucional y el ordenamiento superior
SIGNOS LINGÜISTICOS-Considerados aisladamente al margen de su contenido
normativo no son susceptibles del control constitucional material
SIGNOS LINGÜISTICOS-Función referencial o denotativa y connotativa con
carga emotiva e ideológica
PERVIVENCIA DE LA VOLUNTAD LEGISLATIVA QUE MANTIENE
VIGENTE EL DERECHO POSITIVO-Actualización
del vocabulario con parámetros lingüísticos vigentes cuando vocablo se degrada
con el tiempo y adquiere connotación peyorativa después de expedición de la
norma
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Demanda cuestiona léxico empleado mientras
que ley fija políticas estatales y no enmienda ni corrige presunta falencia
lingüística
La Corte
Constitucional concluye que (i) el juez constitucional se encuentra facultado
para ejercer el control constitucional del lenguaje legal; (ii) el examen
anterior está orientado a establecer si mediante la utilización de signos
lingüísticos con una alta carga emotiva, el legislador transmite de manera
tácita o encubierta mensajes que descalifican a determinados grupos sociales, y
si la emisión de los mismos se encuentra prohibida constitucionalmente, en
virtud del deber de neutralidad del órgano parlamentario frente a todos los
grupos sociales; (iii) el escrutinio judicial se efectuará en relación con los
dos principios anteriores, más no en relación con el deber constitucional del
Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración, y
de adoptar medidas para garantizar los derechos reconocidos en la CADH, el
PIDCP y el PIDESC y con el propósito de promover, proteger y asegurar el pleno
goce de los derechos reconocidos en tales instrumentos, normas respecto de las
cuales no se indicó la razón de su transgresión.
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Marco normativo/DERECHOS DE PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Reglas y lenguaje en permanente evolución
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Bloque de constitucionalidad
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Función hermenéutica
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Carácter vinculante de la normatividad
constitucional/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Noción/BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Distinción de acepciones del concepto/BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Carácter de las disposiciones/BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Funciones
PROTECCION DE PERSONAS EN ESTADO DE DISCAPACIDAD-Normativa internacional y bloque de constitucionalidad
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Concepción estructurada en la Constitución
Política de 1991
DERECHO A LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACION Y DIGNIDAD
HUMANA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Establecimiento
de acciones afirmativas
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Implicaciones constitucionales del lenguaje
cuando objetivo es dar definición legal y otorgar medidas a favor de sujetos de
especial protección constitucional/EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Comprensión constitucional frente a dinámicas nacional e
internacional que demandan transformaciones constantes
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Falta de neutralidad o enfoque
discriminatorio en construcción de conceptos técnico jurídicos/EXPRESIONES
REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Carga peyorativa que afecta derechos
de quienes son referidos en disposiciones jurídicas
NORMA DEMANDADA EN MATERIA DE EXPRESIONES REFERIDAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Modelo
social de la discapacidad
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-No son inconstitucionales definiciones
técnico jurídicas aunque no asuman vocabulario propio de tendencias actuales
del DIDH
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
LABORALES-Demanda contra
expresiones referidas a personas con discapacidad/SISTEMA GENERAL DE
EDUCACION Y MECANISMOS DE INTEGRACION SOCIAL-Demanda contra expresiones
referidas a personas con discapacidad/DERECHOS DE POBLACION SORDA-Demanda
contra expresiones referidas a personas con discapacidad
La Corte
considera que la ubicación de estas disposiciones dentro de los subsistemas
mencionados es relevante para entender sus finalidades, como puede observarse
todas las expresiones acusadas hacen parte de cuerpos normativos que pretenden
hacer definiciones para atribuir consecuencias relacionadas con seguridad
social, educación, integración social en general y medidas de protección a las
personas sordas. En efecto, las palabras consideradas inconstitucionales por
los demandantes pretenden describir situaciones fácticas que son consideradas
relevantes en términos jurídicos y por eso el derecho les atribuye
consecuencias específicas. Gracias a estas definiciones se pueden consolidar
situaciones jurídicas que otorgan beneficios, que buscan protección de ciertos
sujetos y que reconocen la necesidad de adoptar medidas especiales. De tal
suerte, este tipo de expresiones no tiene como fin agraviar a los sujetos
descritos por la norma por medio del vocabulario utilizado, sólo desarrolla la
parte descriptiva de una prescripción jurídica. 49. La función de estas expresiones no es agraviar
o restar dignidad a las personas en condición de discapacidad. Las palabras
acusadas son elementos normativos de disposiciones que regulan sistemas
complejos, que interactúan constantemente con otros, por ejemplo el sistema de
seguridad social en pensiones. Además, pretenden determinar los procedimientos
y destinatarios de ciertas prestaciones sociales, que obviamente tienen como
objetivo proteger a poblaciones consideradas vulnerables y que han perdido
capacidad laboral. También regulan esquemas de educación y acceso a
oportunidades laborales, por lo cual no tienen una finalidad inconstitucional,
por el contrario persiguen objetivos constitucionalmente imperiosos. Aunque las
expresiones consideradas de manera aislada puedan parecer discriminatorias
–dada su carga emotiva- cuando se entienden como parte del entramado de un
sistema jurídico esa visión cambia. Tal transformación se presenta no sólo por
el análisis normativo ya mencionado sino por las consecuencias de una declaratoria
de inconstitucionalidad. En efecto, considerar que se trata de disposiciones
inexequibles, anularía beneficios para las personas a las que aluden las
normas, les quitaría medidas diseñadas en su favor, sin considerar su rol
descriptivo dentro de proposiciones jurídicas complejas y que se trata de
preceptos previos a varios tratados sobre la materia que han incorporado el
llamado enfoque social.
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Carecen de connotación peyorativa
La Corte
considera que aunque estas expresiones pueden tener en algunos escenarios,
distintos al normativo, el sesgo discriminatorio que los accionantes les
atribuyen, porque establecen una asociación entre la discapacidad y el valor de
las personas y porque -de hecho- en algunos casos son utilizadas como una
descalificación. Con todo, en las disposiciones demandadas, las palabras
cuestionadas carecen de una connotación peyorativa, y tampoco transmiten ideas
negativas en contra de los miembros de este colectivo, aunque ya se han ideado
alternativas léxicas que responden directamente a la necesidad de dignificar a
las personas con discapacidad y a la de sensibilizar al conglomerado social
frente a esta realidad. En este entendido, para la Corte es un hecho
constitucionalmente relevante que la normatividad demandada fue expedida entre
los años 1993 y 2012, periodo de tiempo en el cual las expresiones demandadas
no tenían la connotación peyorativa que hoy los accionantes le atribuyen. De
hecho, muchas de las palabras hoy cuestionadas fueron concebidas en su momento
como una alternativa léxica neutra, y sustituyeron otros vocablos que
adquirieron un matiz discriminatorio. Además, las expresiones cuestionadas
cumplen, en los textos legales de los que hacen parte, una función denotativa o
referencial, orientada a delimitar el universo de individuos de los que se
predican los efectos jurídicos allí establecidos. Es decir, como los enunciados
censurados tienen por objeto definir el catálogo de derechos de las personas
con discapacidad, así como los obligaciones del Estado y de los particulares en
relación con este colectivo, es decir, en la medida en que la normativa
cuestionada cumple un rol prescriptivo, la función de palabras “sordo”, no es
la de caracterizar, describir o representar a este grupo social, sino la de
acotar el objeto de la prescripción legal. Asimismo, las definiciones legales
de expresiones como “sordo” o “inválido” son de tipo estipulativo y operativo,
y no están orientadas a indicar las propiedades reales de un grupo social
determinado, sino a fijar el ámbito subjetivo de las respectivas leyes.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA E IGUALDAD DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD-Violación
cuando expresiones normativas no son neutrales
Aunque
expresiones hacen parte de subsistemas normativos que buscan la protección de
los sujetos a los que hacen referencia, la Corte considera que el lenguaje
utilizado sí atenta contra la dignidad humana y la igualdad, pues no se trata
de palabras o frases que respondan a criterios definitorios de técnica
jurídica; son solamente formas escogidas para referirse a ciertos sujetos o
situaciones, opciones para designar que no son sensibles a los enfoques más
respetuosos de la dignidad humana. Los fragmentos acusados generan
discriminación porque corresponden a un tipo de marginación sutil y silenciosa
consistente en usar expresiones reduccionistas y que radican la discapacidad en
el sujeto y no en la sociedad. Con ello, definen a los sujetos por una sola de sus
características, que además no les es imputable a ellos, sino a una sociedad
que no se ha adaptado a la diversidad funcional de ciertas personas. No cabe
ninguna duda del poder del lenguaje y más del lenguaje como forma en la que se
manifiesta la legislación, que es un vehículo de construcción y preservación de
estructuras sociales y culturales. Ese rol de las palabras explica que las
normas demandadas puedan ser consideradas inconstitucionales por mantener
tratos discriminatorios en sus vocablos. Cabe recordar que el mandato de
abstención de tratos discriminatorios ostenta rango constitucional (art. 13 CP)
y por tanto cualquier acto de este tipo –incluso cuando se expresa a través de
la normativa- está proscrito.
Las expresiones usadas por el Legislador no son neutrales, tienen una carga
no sólo peyorativa en términos de lenguaje natural, sino violatoria de derechos
en términos de las últimas tendencias del DIDH que ha asumido el enfoque social
de la discapacidad. En ese sentido no podrían ser exequibles expresiones que no
reconozcan a las personas en condición de discapacidad como sujetos plenos de
derechos, quienes a pesar de tener características que los hacen diversos
funcionalmente, deben contar con un entorno que les permita desenvolverse con
la mayor autonomía posible, pues son mucho más que los rasgos que los hacen
diversos y pueden ser parte de la sociedad si ella se adapta a sus
singularidades y les da el valor que les corresponde como individuos, en
concordancia con el derecho a la dignidad humana (art. 1º CP).
DEMANDADA CONTRA EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Alcance del
fallo y necesidad de usar lenguaje acorde con cambios sociales manifestados en
cambios normativos
La Corte
considera que no es factible adoptar un fallo de inexequibilidad simple debido
a la naturaleza de las normas que, a pesar de que quisieron adoptar medidas
para las personas en condición de discapacidad usaron una terminología
vejatoria y discriminatoria. En efecto, de declararse la inconstitucionalidad
de las normas, que cumplen fines constitucionales imperiosos –buscar la
igualdad real y efectiva, dignificar a una población marginada, integrar a esa
población a la sociedad, entre otros- a través de diversos sistemas -seguridad
social, educación, mecanismos de integración y de acceso a la vivienda-
generaría un mayor grado de desprotección para esta población. De tal suerte,
el resultado de una declaratoria de inexequibilidad simple no sólo es
indeseable sino que generaría efectos claramente inconstitucionales por ir en
contra de las obligaciones del Estado encaminadas a la protección especial de
sujetos vulnerables ordenada por la Carta Política y por los tratados
internacionales en la materia. Bajo estas circunstancias, se impone adoptar un
fallo que tenga un alcance diferente, aunque seguirá circunscrito a los cargos
analizados en esta oportunidad. Cabe anotar que este mecanismo no cuestiona la
labor del Legislador al producir estas normas, pues varias tienen cierta
antigüedad, se trata de un llamado a la actualización del vocabulario a través
de las herramientas que otorga el bloque de constitucionalidad, por eso la
mejor fórmula de solución en este caso será la declaratoria de exequibilidad
condicionada con base en las tendencias más recientes del DIDH.
DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD ORDINARIA-Jurisprudencia constitucional
SENTENCIA DIFERIDA O INTEGRADORA-Jurisprudencia constitucional
DEMANDADA CONTRA EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Fallo
integrador interpretativo/EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Remplazo
por fórmulas lingüísticas que no tengan carga peyorativa
En el presente
caso, la ausencia del texto que parece inexequible puede resultar más gravosa
que su presencia debido al vacío normativo en la protección de los derechos de
las personas en situación de discapacidad. Con todo, una sentencia diferida no
tendría mucho sentido ya que es imposible que la normativa legal se adapte al
mismo ritmo que imponen los cambios sociales y de paradigmas a nivel nacional e
internacional, por tanto, la Corte encuentra el fallo integrador interpretativo
como el más razonable en este asunto. Para actualizar estas disposiciones sin
generar contradicciones sistémicas insalvables, y con el objetivo de respetar
al máximo el principio democrático y el trabajo del Legislador, la Corte
acudirá al bloque de constitucionalidad que ha demostrado la tendencia del DIDH
a acoger un enfoque social para entender sus obligaciones frente a las personas
en condición de discapacidad. De tal forma, las expresiones estigmatizantes y
descalificadoras contenidas en las normas precitadas, deberán ser reemplazadas
por fórmulas lingüísticas que no tengan esa carga peyorativa para la población
a la que se quieren referir.
EXPRESIONES “DISCAPACITADOS FISICOS, PSIQUICOS Y SENSORIALES”
CONTENIDAS EN ARTICULO 26 DE LA LEY 100 DE 1993-Reemplazo por
“personas en situación de discapacidad física, psíquica y sensorial”
EXPRESIONES “Y MINUSVALIA” DE ARTICULOS 41 DE LA LEY 100 DE
1993 Y 18 DE LA LEY 1562 DE 2012; “MINUSVALIA” “Y MINUSVALIAS” DE LOS ARTICULOS
7º Y 8º DE LA LEY 361 DE 1997-Reemplazo por expresiones “e
invalidez” o “invalidez”
EXPRESION “LOS DISCAPACITADOS” CONTENIDA EN EL ARTICULO 157
DE LA LEY 100 DE 1993-Reemplazo por la expresión “persona en situación de
discapacidad”
EXPRESIONES “PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS”, “SENSORIALES PSIQUICAS O
MENTALES, COGNOSITIVAS Y EMOCIONALES” CONTENIDAS EN ARTICULOS 1 Y
46 DE LA LEY 115 DE 1994-Reemplazo por la expresión “personas en situación de
discapacidad física, sensorial y psíquica”
EXPRESION “PERSONAS CON LIMITACIONES” CONTENIDA EN EL
TITULO DEL CAPITULO I, EN LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE LA LEY 115 DE 1994-Reemplazo por
la expresión “personas en situación de discapacidad”
EXPRESION “PERSONAS DISCAPACITADAS” DEL ARTICULO 4º DE LA
LEY 119 DE 1994-Reemplazo por la expresión “personas en situación de
discapacidad”
EXPRESION “LIMITADO AUDITIVO” CONTENIDA EN ARTICULOS 1º Y
11 “LIMITADOS AUDITIVOS” DEL ARTICULO 10º, TODOS DE LA LEY 324 DE 1996-Reemplazo por
las expresiones “persona con discapacidad auditiva” y “personas con
discapacidad auditiva”
EXPRESIONES “PERSONAS CON LIMITACION”, “PERSONAS CON
LIMITACIONES”, “PERSONA CON LIMITACION”, “POBLACION CON LIMITACION” O
“PERSONAS LIMITADAS FISICAMENTE”, “POBLACION LIMITADA” CONTENIDAS EN TITULO
Y ARTICULOS 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 54, 59, 66, 69 Y 72 DE LA LEY
361 DE 1997-Reemplazo por las expresiones “persona o personas en
situación de discapacidad”
EXPRESIONES “LIMITACION”,
“LIMITACIONES” O “DISMINUCION PADECIDA” CONTENIDAS EN ARTICULOS
5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 45, 50, 51, 59,
60, 63, 67 DE LA LEY 361 DE 1997-Reemplazo por las expresiones “discapacidad”
o “en situación de discapacidad”
EXPRESIONES “LIMITADOS” O “LIMITADA” CONTENIDAS EN
ARTICULOS 13, 18, 19, 21, 26, 33, 40 Y 42 DE LA LEY 361 DE 1997-Reemplazo
por la expresión “personas en situación de discapacidad”
EXPRESIONES “POBLACION MINUSVALIDA” Y “MINUSVALIDOS” DEL
PARAGRAFO 3 DEL ARTICULO 29 DE LA LEY 546 DE 1999 Y DEL ARTICULO 1 DE LA LEY
1114 DE 2006-Reemplazo por la expresión “personas en situación de
discapacidad”
EXPRESIONES “DISCAPACITADO”
Y “DISCAPACITADOS” CONTENIDAS EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY 1438 DE 2011-Reemplazo por
la expresión “persona en situación de discapacidad”
Referencia:
Expediente D-10585
Demanda
de inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en las leyes 100
de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860
de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012.
Actores:
Nicolás Eduardo Buitrago Rey, Arturo Vallejo Abdalá, Luisa Fernanda Hurtado
Castrillón y Andrés Cadavid Moncayo Clavijo.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá
D. C.,  veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Mauricio González Cuervo, Luís Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, Alberto Rojas Ríos, y las magistradas Myriam Ávila, María Victoria
Calle y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
La
demanda fue originalmente repartida al Magistrado Luís Guillermo Guerrero
Pérez, pero su ponencia fue derrotada en la Sala Plena. El nuevo reparto
correspondió a la ahora Magistrada Ponente, siguiente en orden alfabético. La
primera parte de esta ponencia se tomó de la ponencia inicial con algunas
modificaciones[1],
de acuerdo con la posición mayoritaria.
1.     La demanda de inconstitucionalidad
1.1.
Normas demandadas
En ejercicio de la acción
pública de constitucionalidad, los ciudadanos Nicolás Eduardo Buitrago Rey,
Luisa Fernanda Hurtado Castrillón, Andrés David Moncayo Clavijo y Arturo
Vallejo Abdalá presentaron de demanda de inconstitucionalidad contra las
siguientes expresiones[2]:
(i)
“Los discapacitados físicos,
psíquicos y sensoriales”, “invalidez”, “inválido”, “minusvalía” o
“discapacitados”, contenidas en los
artículos 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 157 de la Ley 100 de 1993, “por
la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones”.
(ii)
“Personas con limitaciones
físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales”,  “personas
con limitaciones”, y “personas con limitaciones físicas, sensoriales,
psíquicas, cognoscitivas, emocionales” previstas en el artículo 1, en el
enunciado del capítulo 1 del título 3, y en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley
115 de 1994, “por la cual se expide la Ley General de Educación”.
(iii)
“Personas discapacitadas”, contenida
en el artículo 4 de la Ley 119 de 1994, “por la cual se reestructura el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones”.
(iv)
“Limitado auditivo”, “sordo” y
“población sorda”, que se encuentran en los artículos 1, 7, 10 y 11 de la
Ley 324 de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la
población sorda”.
(v)
“Personas con limitación”, “limitación”,
“minusvalía”, “población con limitación”, “limitados”, “disminución padecida”,
“trabajadores con limitación”, “normal o limitada”, “individuos con
limitaciones”, previstas en el título y en los artículos 1, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 54, 59, 60, 63,
66, 67, 69 y 72 de la Ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos
de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones”.
(vi)
“Población minusválida” y “minusválidos”,
contenidas en el artículo 29 de la Ley 546 de 1999, “por la cual se dictan
normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a
los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a
dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros
costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden
otras disposiciones”.
(vii)
“Invalidez” e “inválido”, que se encuentran en el
artículo 1 de la Ley 860 de 2003, “por la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se dictan otras disposiciones”.
(viii)
“Inválido” e “invalidez
física o mental”, previstas en el parágrafo 4 del artículo 9 y en el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, “por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”.
(ix)   “Minusválidos” y “población minusválida”, contenidas
en el artículo 1 de la Ley 1114 de 2006, “por la cual se modifica la Ley 546
de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 6 de
la Ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés social”.
(x)
“Discapacitado”, que se encuentra en el artículo 66 de la Ley 1438 de
2011, “por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
(xi) “Invalidez” y
“minusvalía”, previstas en el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012,
“por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional”.
1.2.
Solicitud
Los accionantes solicitan:
(i) primero, que se declare la inexequibilidad simple de los vocablos
anteriores, o en su defecto, que se declare la constitucionalidad condicionada
de los mismos, “en el entendido que en las disposiciones demandadas se entiendan
conforme al lenguaje acogido internacionalmente por las Convenciones de
Derechos Humanos relacionadas con las Personas con Discapacidad, ratificadas
por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad”; con
respecto a la expresión sordo, se propone al alternativa lingüística de “persona
con discapacidad auditiva severa o profunda”; (ii) segundo, que se exhorte
al gobierno nacional para que diseñe e implemente una política pública
orientada a concientizar a las autoridades sobre la importancia del uso
adecuado del lenguaje referido a las personas con discapacidad.
1.3.
Fundamentos de la demanda
Los
demandantes estiman que la terminología impugnada desconoce los siguientes
preceptos del ordenamiento superior: (i) los artículos 1, 13, 47 y 93 del texto
constitucional; (ii) los instrumentos que integran el sistema mundial de
derechos humanos, y en particular, los artículos 2 y 26 del PIDCP, 2 del
PIDESC, y 1 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; (iii) los instrumentos que conforman el sistema interamericano
de derechos humanos, especialmente los artículos 1, 2 y 24 de la CADH, y 1
y 2 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Para
respaldar esta idea, en la demanda se efectúan dos tipos de aproximaciones: en
primer lugar, se indican las razones por las que la utilización en la ley de
una terminología con un sesgo discriminatorio, contraviene el ordenamiento
superior; y en segundo lugar, se realiza un análisis individualizado de las
expresiones impugnadas, señalando las falencias que explican su
inconstitucionalidad.
Con
respecto al primer tipo de análisis, los demandantes recogen los planteamientos
de este tribunal sobre las funciones del lenguaje jurídico,  sobre la necesidad
de que éste refleje el sistema de valores y principios recogidos en el
ordenamiento superior, y sobre el deber del juez constitucional de retirar del
sistema jurídico aquellos vocablos que tienen una carga peyorativa y ofensiva
en contra de algún grupo de personas.
En
este sentido, se destaca que el lenguaje, incluido el lenguaje legal, no solo
es un instrumento para el intercambio de pensamientos y para la definición de
las reglas a las que se debe sujetar la vida en sociedad, sino que además
cumple funciones simbólicas y pedagógicas, en tanto refleja y construye las
ideas y concepciones dominantes. Por este motivo, cuando los órganos de
producción normativa apelan a un léxico que “incorpora un trato peyorativo,
que imponen prohibiciones genéricas e injustificadas (…) o que invisibilizan
y/o exotizan” a ciertos colectivos, y en general cuando “no están a tono
con los derechos humanos”, la Corte debe expulsarlo del sistema jurídico.
A
la luz de este enfoque, los accionantes evalúan la terminología legal
demandada, indicando las razones de su oposición al ordenamiento superior. En
términos generales se argumenta que la terminología empleada en el derecho
positivo refleja unos paradigmas sobre la discapacidad ya superados, en los que
esta condición es concebida, o bien como una deficiencia que anula el valor de
los individuos que la padecen, y que implicaría una carga familiar y social que
justifica la exclusión social o incluso la supresión física de dichas personas
(el denominado “modelo de la prescindencia”), o bien como una anomalía
de orden físico, síquica o sensorial atribuible a algunos sujetos, que debe ser
corregida, tratada o intervenida desde una perspectiva médica para “normalizar”
o “estandarizar” a todas las personas (el denominado “modelo médico o
rehabilitador”).
Específicamente,
se sostiene que los vocablos demandados ya han sido suprimidos del léxico que
se maneja en los escenarios internacionales de derechos humanos, por expresar
ideas de inferioridad, así:
-
Las palabras relacionadas con el
término “limitación”  (“personas con limitación”, “limitaciones”,
“población con limitación”, “limitados”, “personas limitadas”) serían
lesivas de la dignidad humana, en tanto sugieren tres ideas inaceptables: (i)
que las personas con discapacidad son distintas y menos valiosas que las demás;
(ii) que estos individuos tienen impedimentos que son  inherentes a ellos
mismos, cuando en realidad las dificultades que atraviesan son el resultado de
una construcción social; (iii) que estos sujetos tienen menos valor que los
otros.
-
Las palabras asociadas a los
términos “discapacitado” o “persona discapacitada”, insinúan que las
dificultades del grupo poblacional aludido provienen de las condiciones innatas
de las personas, y no en el entorno en el que se desenvuelven.
-
Las expresiones afines al término “minusvalía”
(“minusválidos”, “población minusválida”) tendrían dos deficiencias: (i)
por un lado, el significado que se les atribuye en la legislación nacional
difiere del que se le ha asignado en los escenarios internacionales; en efecto,
mientras que según las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad, “‘minusvalía’ es la pérdida o limitación de
oportunidades de participar en la vida de la comunidad en condiciones de
igualdad con los demás (…), describe la situación de la persona con
discapacidad en función de su entorno (…) y centra el interés en las
deficiencias de diseño físico y de muchas que se oponen a que las personas con
discapacidad participen en condiciones de igualdad”, en las normas
demandadas “hace referencia a la persona misma que se encuentra en situación
de discapacidad” y a presuntas carencias del propio individuo; (ii) la
terminología es atentatoria de la dignidad, porque la minusvalía, según el
Diccionario de la Real Academia Española, significa “detrimento o
disminución del valor de algo”, y por tanto, sugiere que las personas con
discapacidad valen menos que las demás.
-
El vocablo “disminución”, según
la Real Academia Española, significa “merma o menoscabo de algo, tanto en lo
físico como en lo moral”, por lo que tendría una connotación despectiva y
peyorativa.
-
Los vocablos relacionados con “invalidez”
(“inválido”, “invalidez”, “invalidarse”) aluden a una situación de
discapacidad permanente, pero nuevamente, la situación discapacitante se radica
en las personas mismas y no en el entorno que dichos individuos deben sortear, “lo
cual no es conforme al concepto que sobre este colectivo impone el DIDH”.
-
En el contexto específico de las
leyes demandadas, las locuciones “excepcionalidad” y “personas con
capacidades excepcionales” no se refieren a las personas que cuentan con capacidades
o con talentos especiales sino a los individuos con discapacidad, que
justamente en razón de esta condición, son calificados tácitamente como
diferentes e inferiores a los demás. En este orden de ideas, la terminología
aludida envuelve una diferenciación negativa en contra de este grupo
poblacional, y además, tiene una carga ofensiva y humillante.
-
Finalmente, los vocablos afines a
la palabra “sordo” también son inconstitucionales, porque aun cuando la
comunidad de sordos se auto-designa de este modo, en realidad existen distintos
niveles de pérdida auditiva, y únicamente cuando es severa y profunda, superior
a los 50 decibeles, se generan dificultades del habla y del aprendizaje, por lo
que únicamente en dicho escenario se justifica su utilización. Pese a lo
anterior, la expresión demandada reúne en un solo concepto distintas realidades
que no siempre designan la discapacidad auditiva calificada, por lo que el
vocablo aludido debe ser sustituido por “persona con discapacidad auditiva
severa o profunda”.
En
este orden de ideas, los accionantes instan a la Corte para que declare la
inexequibilidad simple de las disposiciones atacadas, o para que, en defecto de
lo anterior, condicione la interpretación de las expresiones atacadas,
entendiéndose sustituidas por la nueva terminología acogida en los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Esta nueva terminología sí refleja el
actual paradigma de la discapacidad (el denominado “modelo social”), en
el que ésta es concebida como el resultado de un modelo de organización social
excluyente y opresora de las personas cuyas condiciones físicas, mentales o
sensoriales son distintas pero no irregulares o inferiores.
2.
Admisión
Mediante auto del 21 de enero
de 2014, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó: (i) correr
traslado de la misma al Procurador General de la Nación, para la presentación
del correspondiente concepto; (ii) fijar en lista la ley acusada para las
respectivas intervenciones ciudadanas; (iii) comunicar de la iniciación del
proceso a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, a los
ministerios de Educación Nacional, de Justicia y del Derecho, y de Cultura, al
Consejo Nacional de Discapacidad, al Consejo Distrital de Discapacidad de
Bogotá, al Comité Técnico Distrital de Discapacidad de Bogotá y al Comité
Municipal de Discapacidad de Medellín; (iv) invitar a participar dentro del
proceso a las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana,
Externado de Colombia, de los Andes, Nacional de Colombia, Libre y de
Antioquia, a las facultades de filosofía de la Universidad Javeriana y de la
Universidad del Rosario, al Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión
Social de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la Academia
Colombia de Jurisprudencia, a la Comisión Colombia de Juristas, al Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y al Instituto Pensar.
3.     Intervenciones
3.1.
Intervenciones que
solicitan un fallo inhibitorio
(Departamento para la Prosperidad Social[3]
y Ministerio del Trabajo[4])
Los
intervinientes señalados solicitan un fallo inhibitorio, por cuanto a su
juicio, el escrito de acusación adolece de tres tipos de deficiencias:
En
primer lugar, la demanda no habría planteado una auténtica controversia de
orden constitucional, sino únicamente un cuestionamiento a la pertinencia de la
terminología empleada por el legislador para regular el fenómeno de la
discapacidad. Como consecuencia de este error de base en el debate propuesto,
los referentes normativos para cuestionar la validez de los textos acusados no
son ni la Carta Política ni los instrumentos que sirven como parámetro de
constitucionalidad del sistema jurídico, sino, en el mejor de los casos,
recomendaciones de la comunidad especializada sobre el léxico que debería
acogerse para abordar esta problemática[5].
En
segundo lugar, la demanda únicamente habría señalado una inconformidad genérica
con la terminología demandada en razón de su supuesto sesgo discriminatorio,
pero sin que se hubiese indicado la razón de dicha connotación, ni el vínculo
entre el presunto tono ofensivo y vejatorio, y  la lesión de los derechos de
las personas con discapacidad[6].
Así, los demandantes omitieron señalar “clara y específicamente por qué
razón y en qué forma, la norma acusada es contraria al contenido material de
los artículos constitucionales citados”[7].
Finalmente,
las acusaciones se habrían sustentado en una comprensión manifiestamente
inadecuada de la legislación, ya que el contenido y alcance de la terminología
que hoy se cuestiona ya fue precisada en la Ley 1618 de 2013, por lo que
actualmente, y justamente en razón de la evolución legislativa, el vocabulario
legal carece del tono humillante que los demandantes le atribuyen: “en el
caso de las personas con discapacidad el legislador, atendiendo a su iniciativa
en su materia legislativa, ya se encargó de precisar las palabras y de
definirlas, tarea que adelantó en el artículo 2 de la Ley 1618 de 2013 y
dispuso además en el artículo 27, una adición legislativa para entender que
tales disposiciones (…) se incorporan a todo el marco jurídico ya existente en
esta materia (…).  Estando tales definiciones, (…) es claro que esta acción
data sobre una particular interpretación que el actor pretende dar a las
expresiones y a las definiciones que el legislador ya precisó, por lo que
escapa al control de la Corte Constitucional un pronunciamiento en relación con
la subjetividad emotiva individual”[8].
3.2.
Intervenciones que
solicitan la declaratoria de exequibilidad simple
(Ministerio de Salud[9],
Departamento para la Prosperidad Social[10],
Ministerio del Trabajo[11],
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social[12])
3.2.1.
El Ministerio del Trabajo y el
Ministerio de Salud solicitaron la declaratoria de exequibilidad simple de las
normas demandadas, por las siguientes razones:
En
primer lugar, para determinar el sesgo discriminatorio de una expresión
lingüística se debe tener en cuenta no solo su significado literal, sino el uso
que efectivamente se hace de la misma en la comunidad, el contexto histórico
específico en el que se inscribe el enunciado cuestionado, así como el
propósito y la intención de quienes intervienen en el proceso de interlocución:
“en cuanto a los diferentes términos utilizados en la normativa mencionada,
se precisa que para poder determinar si son discriminatorios, peyorativos o
despectivos se debe observar el uso, intención y propósitos e
interpretarlos teniendo en cuenta la situación, lugar y momento histórico, por
lo tanto su percepción e interpretación es subjetiva y está sujeta al entorno
cultural y social donde se apliquen”[13].
Desde
esta perspectiva, aunque una interpretación textual de los vocablos impugnados
podría avalar la conclusión de los demandantes sobre la impertinencia de la
terminología legal, ésta sola circunstancia no envuelve su
inconstitucionalidad.
En
efecto, en el contexto de las disposiciones cuestionadas, los vocablos fueron
utilizados para delimitar el ámbito de aplicación de distintas leyes orientadas
a proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, y en
ningún caso a afianzar o profundizar su situación de discriminación. Es decir,
la normativa en la que se enmarcan las expresiones lingüísticas demandadas
tienen por objeto promover condiciones de igualdad real y efectiva para un
grupo poblacional, y con este propósito, el legislador empleó el vocabulario
que en su momento servía para individualizar el colectivo beneficiado,
terminología que incluso coincide con la que consta en el propio texto
constitucional, tal como ocurre con las palabras “minusválidos” y “disminuídos”,
utilizadas en los artículos 54 y 47, respectivamente.
Adicionalmente,
el entendimiento de la preceptiva demandada debe ser actualizada teniendo como
referente la normativa nacional e internacional en esta materia. En este
sentido, existe una amplia gama de instrumentos que además de crear una serie
de herramientas para prevenir y eliminar la discriminación en contra de la
personas con discapacidad, han fijado una nueva terminología acorde con un
enfoque de derechos, tal como se puede evidenciar con la Ley 762 de 2002,
aprobatoria de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Ley 1346 de
2009, aprobatoria de  la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por medio
de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el Pleno Ejercicio
de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Por
tal motivo, las acusaciones de la demanda serían infundadas y no estarían
llamadas a prosperar.
3.2.2.
Por su parte, el Programa de
Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los
Andes solicita la declaratoria de exequibilidad de la expresión “sordo”,
en atención a que este vocablo es utilizado para individualizar una comunidad
social, cultural, política y lingüística que a lo largo de la historia ha
construido progresivamente su identidad. Dentro de este proceso de construcción
cultural se destaca la creación de colegios, la promoción del bilingüismo de
lenguaje de señas y de la lengua española, la estandarización de la lengua de
señas en el país, la movilización política, y la creación de espacios de
participación política para que las medidas que tienen impacto directo o
indirecto en su vida, tengan como referente exclusivo a las personas que lo
integran; la confluencia de todos estos elementos ha permitido la cohesión de
este grupo y la conformación de una comunidad minoritaria con un origen, una
historia y un patrimonio cultural común que conserva una posición de
resistencia frente a un poder mayoritario y opresor.
En este orden de ideas, la sustitución de dicha
expresión por la de “persona con discapacidad auditiva severa o profunda” constituiría
un retroceso, porque eliminaría los componentes sociales, culturales, políticos
y lingüísticos que hoy en día identifican al referido colectivo a través de la
palabra “sordos”, y los remplazaría por un criterio reduccionista, de orden
médico, que desconoce la riqueza de los elementos que hoy en día caracterizan
este grupo.
3.3.
Intervenciones que solicitan la
declaratoria de constitucionalidad condicionada (Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión
Social de la Universidad de los Andes[14],
Ministerio de Educación[15])
3.3.1.
El Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y el Ministerio de Educación solicitan
una sentencia de exequibilidad condicionada. El primero de estos intervinientes
solicita un condicionamiento en relación con las expresiones afines a los
términos “limitación” y “disminución”, y el segundo, en relación
con todos los vocablos impugnados que están insertos en leyes relacionadas con
el sistema educativo. En uno y otro caso, el requerimiento apunta a que esta
Corporación determine que la terminología cuestionada debe sustituirse porque
la que se utiliza actualmente en los escenarios propios del derecho
internacional de los derechos humanos.
3.3.2.
La necesidad del condicionamiento
anterior se explicaría por la confluencia de dos circunstancias: (i) primero,
porque las expresiones atacadas parten del falso supuesto de que existen
personas que en sí mismas tienen una limitación o una deficiencia, cuando en
realidad la discapacidad no es una condición intrínseca de tales individuos, sino
el resultado de un modelo excluyente de sociedad en el que todas las
estructuras e instituciones son diseñadas bajo un parámetro de normalidad que
invisibiliza a los sujetos que no se adecúan a los estándares dominantes, y
que, de manera indirecta, crean distintos tipos de barreras para el goce de los
derechos de estas otras personas[16];
(ii) y por otro lado, porque a las locuciones mencionadas subyace un juicio de
disvalor frente al colectivo referido, que resulta lesivo de su dignidad y de
la prohibición de discriminación. En otras palabras, la terminología legal
responde a unos paradigmas de la discapacidad que hoy en día son inaceptables,
porque asumen que quienes tienen esta condición constituyen una carga y un
problema social y que deben ser marginados o exterminados (modelo de la
prescindencia), o que tienen deficiencias que deben ser intervenidas
médicamente para su normalización (modelo médico – rehabilitador).
Por tales motivos resulta imperativo el ajuste en la
terminología que designa a este segmento social, para eliminar la carga
peyorativa que tradicionalmente han tenido este tipo de expresiones, y para
adecuarla a los estándares del denominado “modelo social de discapacidad”.
3.3.3.
Pese a la connotación prejuiciosa
de las expresiones demandadas, en todo caso no hay lugar a una declaratoria de
inexequibilidad simple sino al  condicionamiento señalado anteriormente, por
las siguientes razones[17]:
(i) las locuciones impugnadas, consideradas en sí mismas, no producen ningún
efecto jurídico, y por ello, el análisis de su constitucionalidad debe tener en
cuenta el contexto normativo; desde esta perspectiva, la consecuencia jurídica
de una eventual declaratoria de inexequibilidad sería el retiro del sistema
jurídico de los correspondientes vocablos, con lo cual no sería posible adoptar
las medidas en favor de las personas con discapacidad previstas en las leyes
impugnadas; y en el mejor de los casos, “se generaría una incertidumbre para
las entidades públicas competentes, respecto de los beneficiarios de las
regulaciones contenidas en dichas leyes”[18];
(ii) la legislación y la jurisprudencia que enfatiza la importancia de la
utilización de terminología libre de cargas despectivas y humillantes se ha
producido con posterioridad a la expedición de las leyes impugnadas; (iii) la
normatividad cuestionada no concibe la discapacidad como una enfermedad sino
como una realidad que deben afrontar algunas personas, y frente a la cual los
Estados deben adoptar medidas especiales para evitar que esta condición limite
la efectividad de los derechos del referido grupo[19]; (iv) aunque con
frecuencia las expresiones demandadas se asocian a patrones discriminatorios,
el legislador les otorgó un sentido especial para designar a las personas con
discapacidad como sujetos de especial protección[20].
3.4.
Intervenciones en favor de la
declaratoria de inexequibilidad (Programa
de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes)
3.4.1.
El Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión de la Universidad de los Andes solicita a esta
Corporación que declare inexequibles las expresiones relacionadas con los
términos “discapacitado”, “minusvalía”, “minusválido”, “invalidez”,
“excepcionalidad” y “personas con capacidades excepcionales”.
3.4.2.
A juicio del interviniente, el
examen que se efectúa en el marco del control abstracto no versa solamente
sobre el contenido de las leyes, sino que también se extiende a la terminología
utilizada en tales cuerpos normativos. Esto se explicaría porque el vocabulario
empleado por los órganos de producción normativa podría tener como efecto la
reproducción de esquemas de discriminación, opresión y exclusión, en razón de
la denominada “función de validación” del derecho. Por este motivo, cuando la
Corte Constitucional se ha enfrentado a disposiciones que contienen expresiones
claramente lesivas de la dignidad ha declarado su constitucionalidad
condicionada, o, subsidiariamente, ha declarado su inexequibilidad.
En este sentido, se citan varias sentencias de esta
Corporación en las que se han retirado del ordenamiento los vocablos que tienen
una connotación despectiva. En particular, se reseñan las siguientes
providencias: (i) la sentencia C-983 de 2002[21],
que retiró del sistema jurídico la expresión “suficiente inteligencia”,
utilizada en la ley para designar a las personas con discapacidad auditiva;
(ii) la sentencia C-478 de 2003[22],
que declaró la inexequibilidad de las palabras “furiosos locos”,
“mentecatos”, “imbecilidad”, “idiotismo”, “locura furiosa” y “casa de
locos”, utilizadas para referirse a personas algún tipo de discapacidad
psicosocial; (iii) la sentencia C-1235 de 2005[23],
que ordenó la sustitución de las expresiones “amos”, “sirvientes” y
“criados”, por las de “empleadores” y “trabajadores”, según
el caso; (iv) la sentencia C-804 de 2009[24],
que aclaró que la locución “idoneidad física”, utilizada en la
legislación común para estipular uno de los requisitos para la adopción, no
debía ser entendida como una prohibición de adopción por parte de este grupo
poblacional.
3.4.3.
Sobre este marco conceptual,
PAIIS sostiene que las expresiones señaladas deben ser retiradas del
ordenamiento, de acuerdo con el siguiente análisis:
-
Las palabras afines al término “discapacitado”
son inaceptables desde tres perspectivas: (i) primero, porque al reducir a los
individuos a su faceta de discapacidad, como si dicho estado fuese lo único que
los caracterizara, también se reproduce en el imaginario colectivo la idea de
que dichos sujetos son únicamente discapacitados, y de que su existencia se
reduce a sortear dicha condición; (ii) segundo, porque el vocabulario sugiere
que la discapacidad es inherente a los individuos mismos, cuando  por el
contrario, es el producto de la interacción de los seres humanos con un entorno
excluyente y opresivo; (iii) finalmente, la palabra invisibiliza el status de
persona de los individuos aludidos. Todas estas dificultades quedarían
solventadas si se sustituye la expresión “discapacitado” por la de “persona
con discapacidad”, porque con esta última se hace explícito el status de
sujeto de derecho, se reconoce que dicha situación es tan solo una de las
muchas facetas vitales de dichos individuos, y que además es el resultado de la
estructura y el funcionamiento social, más que de deficiencias o anomalías
intrínsecas de las personas.
-
Por su parte, los vocablos afines
a los términos “minusvalía” y “minusválido” sugieren que las
personas con discapacidad tienen un menor valor y que son inferiores
biológicamente, lo cual no solo es claramente discriminatorio y excluyente,
sino también incorrecto desde el punto de vista empírico.
-
Con respecto a las palabras relacionadas
con el término “invalidez”, se hacen dos tipos de precisiones: (i) de
una parte, se reitera que a la expresión subyace un juicio de disvalor porque
insinúa que las personas que la padecen valen menos; (ii) y de otro lado, se
aclara que aunque la invalidez ha sido asimilada a la discapacidad, se trata de
nociones autónomas e independientes, porque mientras en el primer caso se alude
a una
pérdida
de la capacidad para trabajar que se tuvo en algún momento, y que puede ser
cuantificada y medida en función de la habilidad, destreza o aptitud inicial,
la discapacidad  “es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con una condición diversa con las barreras del
entorno que evitan la participación plena y efectiva de una persona en la
sociedad, en igualdad de condiciones”.
-
Y finalmente, las expresiones
vinculadas a las palabras “excepcionalidad” y “personas con
capacidades excepcionales”, evocan inferioridad y anormalidad, y tienen una
carga negativa porque son utilizadas para designar a los individuos que no se
ajustan a los parámetros dominantes de normalidad.
Por las razones expuestas, PAIIS estima necesario
retirar del orden jurídico todas estas expresiones lingüísticas.
4.       Concepto del Ministerio Público
Mediante concepto rendido el día 2 de marzo de 2015,
la Procuraduría General de la Nación presenta dos tipos de requerimientos: (i)
En relación con las expresiones “personas limitadas”, “población limitada”,
“los limitados”, y “limitados auditivos”, contenidas en las leyes
324 de 1996 y 361 de 1997, se solicita de manera principal la declaratoria de
exequibilidad condicionada, para que se entienda que dichos términos únicamente
describen un estado en el que se encuentran las personas con algún tipo de
discapacidad, y no que se trata de un juicio valorativo sobre estos sujetos; y
subsidiariamente, en caso de no acogerse el requerimiento principal, la
Procuraduría solicita una sentencia sustitutiva que ordene el reemplazo de las
locuciones anteriores por las expresiones “personas con algún tipo de
discapacidad”, “población en situación de discapacidad” y “persona con
discapacidad auditiva”. (ii) por otro lado, en relación con las demás
palabras cuestionadas, la Vista Fiscal solicita que se declare su
exequibilidad.
Para justificar el planteamiento anterior, la entidad
presenta dos tipos de consideraciones: por un lado, se identifican los
parámetros del control constitucional del lenguaje legal, y por otro, se
evalúan las expresiones demandadas a la luz de los estándares anteriores.
Con respecto al primer tipo de aproximación, la Vista
Fiscal destaca las siguientes ideas: (i) en principio, el escrutinio judicial
de la legislación versa sobre su contenido prescriptivo, y sólo de manera
excepcional se extiende a la terminología empleada por los órganos de
producción normativa; (ii) cuando excepcionalmente se emprende este tipo de
examen, los patrones de análisis se modifican, en tanto el examen se orienta
exclusivamente a determinar si las expresiones legales son claramente lesivas
de la dignidad humana, y en tanto, en virtud del principio de conservación del
derecho, únicamente cuando no exista ninguna interpretación de la legislación que
se adecue a este estándar, se puede eliminar el vocablo del ordenamiento
jurídico; (iii) el ejercicio analítico anterior debe tener en cuenta el uso que
el propio legislador le otorgó a la terminología cuestionada, y en particular,
debe orientarse a establecer si dichos vocablos fueron utilizados como un
juicio de disvalor respecto de cierto grupo de personas, o si por el contrario
tenía finalidades meramente descriptivas, para acotar el objeto de la regla en
la que se inscribe la palabra cuestionada.
En este entendido, la Vista Fiscal evalúa la validez
de las expresiones demandadas, tal como se indica a continuación:
Aunque en principio los vocablos “personas
limitadas”, “población limitada”, “los limitados” y “limitados auditivos” no
tienen la connotación discriminatoria que los accionantes le atribuyen,  porque
fueron utilizadas por el legislador, no con el propósito de calificar o de
valorar a las personas que tienen esta condición, sino de acotar el campo de
aplicación de las disposiciones legales en las que se enmarcan, y porque
además, la expresión “limitación” no tiene el tono peyorativo que los
accionantes suponen, según se desprende del significado que consta en el
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española; no
obstante, como quiera que eventualmente las palabras aludidas podrían ser
interpretadas como un juicio de disvalor, eventualmente la Corte podría
introducir un condicionamiento a la declaratoria de exequibilidad, para que
aclare que los vocablos no contienen ningún calificativo, o que en su defecto,
ordene su sustitución por “personas con discapacidad”, “población en
situación de discapacidad” y “persona con discapacidad auditiva”.
Con respecto a las demás expresiones censuradas, la
Vista Fiscal concluyó que tampoco adolecen de la deficiencia señalada, porque
consideradas en sí mismas, y en el contexto de las leyes en el que se
encuentran insertas, tienen un contenido meramente descriptivo de la situación
de un grupo poblacional determinado, y no una calificación de tales sujetos,
como erróneamente supusieron los accionantes. En efecto, nociones como la de
discapacidad o invalidez fueron definidas en la propia legislación en términos
neutros, con el propósito de identificar los sujetos que serían beneficiarios
de las medidas establecidas en las respectivas leyes, e incluso a tono con la
terminología empleada en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En estos términos, la Procuraduría General de la
Nación solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada de las
expresiones afines a la palabra “limitados”, y la declaratoria de
exequibilidad simple de los demás vocablos cuestionados.
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1.
En virtud del artículo 241.4 de la
Carta Política, esta Corporación es competente para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de los textos demandados, como quiera se trata de enunciados
contenidos en Leyes de la República.
Asuntos a resolver
2.
De acuerdo con los antecedentes
expuestos, la Corte debe resolver los siguientes asuntos.
En primer lugar, como a
juicio del Departamento para la Prosperidad Social  y del Ministerio de
Trabajo, el escrito de acusación no reúne las condiciones básicas para la
estructuración del juicio de constitucionalidad, se evaluará la aptitud de la
demanda a la luz de los reparos expuestos por los intervinientes, y se
determinará el alcance del pronunciamiento judicial.
Y en segundo lugar, en caso
de concluir que hay lugar a un fallo de fondo, se procederá a evaluar la
constitucionalidad de las expresiones censuradas, teniendo en cuenta los
señalamientos del escrito de acusación, así como los argumentos que frente a
tales cuestionamientos presentaron la Vista Fiscal y los intervinientes en el
proceso judicial.
Aptitud de la demanda
Cuestionamientos de los intervinientes a la aptitud de la demanda
3.
En el auto admisorio de la demanda
el magistrado sustanciador[25]
efectuó una valoración provisional del escrito de acusación, concluyendo que,
en principio, la Corte era competente para evaluar los requerimientos allí
contenidos, y que los cargos formulados en contra de las disposiciones
impugnadas admitían un pronunciamiento de fondo. Posteriormente, sin embargo,
algunos de los intervinientes consideraron que había lugar a un fallo
inhibitorio, por ineptitud sustantiva de la demanda. En este contexto, la Corte
deberá determinar la procedencia del examen propuesto por los peticionarios,
teniendo en cuenta las objeciones expresadas a lo largo del proceso.
Estos
reparos son de tres tipos: (i) en primer lugar, se sostiene que los accionantes
no habrían planteado una auténtica controversia constitucional, sino únicamente
una crítica, fundada o no, sobre la pertinencia de la terminología empleada por
el legislador para designar a las personas con discapacidad; por este motivo,
el déficit de orden lingüístico de los textos impugnados, de existir,
únicamente tendría la potencialidad de infringir algunas convenciones sociales
sobre el uso de la lengua, pero en ningún caso la Carta Política o los demás
instrumentos que integran el ordenamiento superior; (ii) en segundo lugar,
tampoco se habría precisado el déficit normativo de las disposiciones
demandadas, porque los actores se limitaron a hacer señalamientos genéricos
sobre la connotación discriminatoria de la terminología legal, sin indicar los
componentes peyorativos de tales expresiones, ni las razones por las que este
presunto sesgo envuelve la transgresión de los derechos de las personas con
discapacidad; (iii) finalmente, la censura de los accionantes carecería
actualmente de todo referente en el derecho positivo, por cuanto las
expresiones atacadas habrían sido actualizadas con las precisiones de las Leyes
1346 de 2009 y 1618 de 2013, que acogen el vocabulario generalmente aceptado a
la luz de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
La
Corte procede a evaluar estos señalamientos.
El cuestionamiento por la irrelevancia constitucional de las presuntas
impropiedades lingüísticas del legislador
4.
La primera crítica apunta a poner
en entredicho la relevancia constitucional del debate propuesto por los
demandantes, en la medida en que las discrepancias de orden terminológico que
se plasman en el escrito de acusación no tendrían la virtualidad de afectar la
validez de los vocablos impugnados, sino, en el mejor de los casos, de
demostrar las impropiedades lingüísticas del legislador. Por tal motivo, la
demanda no habría puesto en evidencia la incompatibilidad entre las locuciones
impugnadas y el ordenamiento superior, sino únicamente la inconsistencia entre
la utilización de tales expresiones, y las reglas de orden lingüístico que
informalmente ha acogido la comunidad jurídica especializada para designar a
grupos de personas históricamente discriminados, con el objeto de superar los
imaginarios sociales que subyacen al fenómeno discriminatorio.
5.
La inquietud planteada por algunos
de los intervinientes revela las complejidades del control judicial del
lenguaje legal. De hecho, la jurisprudencia de esta Corporación no ofrece una
respuesta única y definitiva al interrogante sobre la viabilidad del escrutinio
del lenguaje legal ni a las dudas sobre los criterios para valorar el léxico
del derecho positivo, pues ello depende de múltiples variables.
6.
En efecto, dentro de una primera
línea, se ha sostenido que, en general, el escrutinio judicial versa únicamente
sobre el contenido normativo de los enunciados legales, más no sobre la terminología
en la que se expresan las prescripciones jurídicas, porque en principio esta
dimensión lingüística del Derecho carece en sí misma de relevancia normativa.
En este orden de ideas, se ha concluido que cuando se demanda una palabra
aisladamente considerada, la tarea del juez constitucional consiste, de
ordinario, en evaluar su faceta regulativa, una vez integrada la expresión en
el enunciado del que hace parte, y determinando la compatibilidad de la
prescripción resultante con el ordenamiento superior. En este contexto,
entonces, no sería factible valorar los signos lingüísticos como tal.
Así
por ejemplo, aunque en la sentencia C-910 de 2012[26] la Corte evaluó la
validez de la expresión “la personalidad”, contenida en el artículo 27.2
de la Ley 1142 de 2007, el análisis se efectuó respecto de la regla que resulta
de insertar la palabra en la disposición de la que se hace parte; en este
entendido, esta Corporación no determinó si el signo lingüístico “la personalidad”,
considerado en abstracto, se oponía a la Carta Política, sino si la
regla que supedita el beneficio de la sustitución de la detención preventiva en
establecimiento carcelario por la del lugar de la residencia para personas
mayores de 65 años, a la evaluación de su personalidad, vulneraba el debido
proceso o las libertades públicas.
Con
la misma lógica, en la sentencia C-105 de 2013[27] este tribunal se
pronunció sobre la validez de las expresiones “previo concurso público de
méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación” y “la
Procuraduría General de la Nación”, contenidas en el artículo 35 de la Ley
1551 de 2012. Nuevamente, aunque estos vocablos no conforman por sí solos
ninguna prescripción que pueda resultar lesiva del ordenamiento superior, el
juicio versó sobre el contenido normativo que tales expresiones adquieren en el
contexto específico del artículo 35 de la referida ley, según el cual, los
personeros municipales y distritales son elegidos por los concejos municipales,
previa realización de un concurso público dirigido y organizado por la
Procuraduría General de la Nación. En este orden de ideas, en la aludida
providencia se examinó si a la luz del principio de autonomía de las entidades territoriales,
de las competencias constitucionales de los concejos municipales y distritales
y del derecho a la igualdad, resultaba admisible la intervención de la
Procuraduría en la elección de los personeros mediante la dirección y operación
del correspondiente concurso de méritos, concluyendo que dicha participación
era inaceptable desde la perspectiva constitucional.
También se ha evaluado la
validez de conjunciones gramaticales como “y”, u “o”, cuando en
el marco de una disposición jurídica se configura una prescripción susceptible
de vulnerar el ordenamiento superior. Este es el caso de la sentencia C-966
de 2012[28],
en la que se declaró la exequibilidad de la expresión “y” prevista en el
artículo 69 de la Ley 44 de 1993. Dentro de la referida disposición, la
conjunción “y” implicaba que los derechos patrimoniales por la
reproducción al público de fonogramas, debían repartirse por partes iguales
entre los artistas, intérpretes y ejecutantes, por una parte, y el productor,
por otra. Así las cosas, la Corte examinó si la mencionada distribución del
aporte patrimonial, determinado por la conjunción “y”, resultaba lesivo
del principio de igualdad, concluyendo que como este no era el caso, se debía
declarar la exequibilidad de la conjunción controvertida.
En otros casos, incluso,
cuando los demandantes cuestionan directamente la terminología o las
definiciones legales independientemente de sus efectos jurídicos, la Corte, o
se ha inhibido de pronunciarse sobre este tipo de señalamientos, o ha
reconfigurado la controversia constitucional, limitándose a evaluar el
contenido normativo de los enunciados legales.
Este
es el caso de la sentencia C-507 de 2004[29], expedida con ocasión de
la demanda en contra del artículo 34 del Código Civil, que definía al impúber
como “el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido
doce”. En este fallo se sostuvo que no era posible pronunciarse sobre la
constitucionalidad de enunciados que se limitan a fijar el uso dado por el
legislador a una expresión lingüística, porque tales definiciones, consideradas
en sí mismas, carecen de todo contenido regulativo, y por tanto, no tienen la
potencialidad de vulnerar la Carta Política[30].
En este orden de ideas, la Corte se inhibió de fallar sobre la base de que
“la simple lectura del texto del artículo 34 del
Código Civil muestra que (…) éste se limita a establecer cuál es el uso que se
les da a las expresiones mencionadas en los textos legales (…) En consecuencia,
el alegato no es susceptible de ser analizado en sede de constitucionalidad,
pues la norma que formalmente se demandó no contiene la regla jurídica acusada
(…) No desconoce la Corte que el artículo 34 del Código Civil está
estrechamente relacionado con las reglas de capacidad fijadas en muchas otras
disposiciones del sistema legal. Pero para que proceda la demanda en contra del
artículo 34 por esta razón, deben demandarse también aquellas otras
disposiciones que abordan el tema, en especial el artículo 1504 del mismo
Código (…) la norma fija una definición estipulativa que cobra importancia en
materia de capacidad en tanto genere efectos y consecuencias jurídicas. El
artículo 34 del Código Civil, por sí solo, no los genera”.
Dentro
de esta misma línea, en la sentencia C-1298 de 2001[31] este tribunal también se
inhibió de pronunciarse con respecto a los vocablos “legítimo” y “legítimos”
contenidos en el título y en el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, en el
artículo 1º de la Ley 54 de 1989, y en los artículos 24, 236, 246, 288, 397,
403, 457 y 586 del Código Civil. Aunque a juicio del demandante dichas palabras
eran contrarias a la Constitución por atentar contra la dignidad y la igualdad
humana, en tanto descalificaban a algunos tipos de hijos según su origen
familiar, la Corte estimó que los preceptos demandados no establecían una trato
diferenciado entre tales sujetos, y que, al no existir ningún efecto jurídico
susceptible de violentar el principio de igualdad, no era factible el
escrutinio judicial propuesto por el actor. Es decir, aunque el actor planteaba
un cuestionamiento a la terminología legal, la Corte valoró exclusivamente la
faceta prescriptiva del derecho positivo.
Y
en la sentencia C-534 de 2005[32],
aunque originalmente el demandante cuestionó la definición de la expresión “impúber”,
contenida en el artículo 34 del Código Civil, la Corte estimó que el examen
propuesto carecía de sentido porque la sola definición no producía efectos
jurídicos, y que por tanto, dicho enunciado debía articularse con otras normas
del mismo Código Civil que fijan las consecuencias jurídicas de la calificación
legal de “impúber”. Así reconfigurado el debate, se examinaron las
disposiciones acusadas en su dimensión regulativa, vinculándola a los efectos
en materia de capacidad, tutelas, curadurías, e inhabilidades testamentarias, y
se declaró la inexequibilidad de las expresiones “varón” y “y de la
mujer que no ha cumplido doce”, contenidas en el artículo 34 del Código
Civil, para que fuesen considerados impúberes quienes no han cumplido 14 años,
sean hombres o mujeres.
Incluso,
la Corte ha llegado a hacer notar que algunas palabras empleadas por el
legislador tienen un tono ofensivo o despectivo, pero a pesar de lo anterior,
el juicio de constitucionalidad no se ha extendido a la terminología legal. En
la sentencia C-320 de 1997[33],
por ejemplo,  se concluyó que a pesar de lo odiosa que pudiere resultar la
expresión “transferencia de deportistas”, por sugerir que los clubes
deportivos son dueños de estas personas, mientras que en estricto sentido “sólo
se transfiere, se vende y se presta aquello de que se es propietarios”, el
control constitucional debía recaer sobre el uso regulativo del enunciado, y
que desde esta perspectiva, “si el contenido normativo de esas disposiciones
es constitucionalmente admisible, no sería lógico que la Corte declarara la
inexequibilidad de los artículos estudiados, puesto que, debido únicamente a
los defectos del lenguaje utilizados por el legislador, se estaría retirando
del ordenamiento una regulación que es materialmente legítima”. En este
orden de ideas, y en consideración a que la transferencia del deportista no
constituye una venta del jugador como tal, sino que alude a las compensaciones
económicas que se otorgan al club de origen por haber descubierto y patrocinado
al deportista por su cuenta y riesgo, y a que el sistema de retribuciones entre
clubes cumple una importante y legítima función dentro del sistema deportivo
nacional e internacional, la Corte se abstuvo de retirar la norma del
ordenamiento, pese a lo “chocante” de la terminología legal.
Por
su parte, en la sentencia C-804 de 2009[34]
la Corte tomó nota del posible carácter peyorativo de la expresión “idoneidad
física” contenida en el artículo 68 del Código de la Infancia y la
Adolescencia para referirse a los requisitos para la adopción de menores. No
obstante, y aunque la Corte se refirió ampliamente a la relevancia constitucional
del lenguaje legal y a su incidencia en el conjunto de valores, principios y
derechos establecidos en la Carta Política, el escrutinio judicial no versó
sobre el aspecto terminológico del enunciado legal, sino sobre sus efectos
jurídicos, analizando si la exigencia de la idoneidad física para la adopción
de niños constituía un requisito legítimo a la luz de la preceptiva
constitucional. Así replanteado el debate, se concluyó que la medida
cuestionada era constitucionalmente admisible porque respondía a la necesidad
de asegurar las mejores condiciones para el cuidado y atención de las
necesidades de los niños que se integran a una nueva familia, pero que, en
cualquier caso, esta idoneidad no debía ser entendida como una prohibición
absoluta e incondicionada para la adopción de niños por parte de personas con
discapacidad, y que “no se puede descalificar a una persona como posible
padre o madre adoptante, por el solo hecho de que tenga una discapacidad, sino
que dicha condición debe ser evaluada en cada caso concreto por las autoridades
y expertos (…)”.
En
la sentencia C-379 de 1998[35]
la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 89 del Código
Civil, que establecía que el domicilio de una persona es el mismo de sus
criados y dependientes que residen en su misma casa. Aunque explícitamente se
advirtió que la palabra “criado” tenía una connotación “despreciativa,
en abierta oposición a la dignidad humana”, el juicio de validez no estuvo
orientado a controlar el léxico, sino únicamente a determinar la
constitucionalidad de la prescripción demandada, es decir, de la regla que fija
el domicilio de los empleados domésticos en función del domicilio de la persona
para la cual laboran. Así acotado el problema jurídico, se concluyó que en
razón de la autonomía individual, los empleados que trabajen en la residencia
de su empleador deben tener la opción de poder fijar su domicilio en lugar
distinto, y que, en todo caso, cuando existe una coincidencia en el domicilio
de uno y otro, es porque confluye el hecho objetivo de la residencia y el ánimo
del empleador de fijar allí su domicilio. Con fundamento en esta consideración,
la Corte concluyó que “no puede subsistir una imposición legal como la
contemplada en la norma objeto de examen. El carácter fijo, forzoso y exclusivo
de la definición que hace el precepto, y el hecho de que el domicilio de una
persona se considere accesorio del de otra, son elementos que chocan
abiertamente con las aludidas prescripciones constitucionales”. Así las
cosas, en la referida providencia se declaró la inexequibilidad del precepto
legal, y no de la expresión “criado”, pese a su carga peyorativa.
Recientemente,
en la sentencia C-066 de 2013[36]
se advirtió sobre  la posible impropiedad del legislador al utilizar la
expresión “normalización” en el artículo 3 de la Ley 361 de 1997, para
referirse a los deberes del Estado en relación con las personas que tienen
algún tipo de limitación física, síquica o sensorial, porque podría sugerir que
se trata de individuos anormales, incompletos o deficientes, que deben ser
sometidos a un proceso de estandarización. Sin embargo, pese al cuestionable
tono del vocablo, el análisis no estuvo orientado a controlar el vocabulario
del derecho positivo, sino a valorar los efectos jurídicos establecidos en el
enunciado legal, concluyendo que el deber de normalización previsto en la
disposición no podía referirse  a la obligación del Estado de formular e
implementar políticas orientadas a tratar, curar o rehabilitar a los individuos
con discapacidad, sino al deber de eliminar las barreras físicas y sociales que
impiden a estas personas gozar plenamente de sus derechos. En este orden de
ideas, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “la normalización
social plena” contenida en el artículo 3º de la Ley 361 de 1997, “en el
entendido de que se refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del
Estado y de la sociedad de eliminar las barreras de entorno físico y social”.
De
acogerse esta línea interpretativa, entonces, palabras como “sordo”,
“limitado auditivo”, “personas con limitaciones físicas” o  “minusválidas”
no podrían ser inconstitucionales en sí mismas, como sostienen los
accionantes, sino tan solo en la medida en que, una vez insertadas en un texto
legal específico, configuren una regla contraria a la Carta Política. Así, no
se podría poner en entredicho la validez de la expresión “personas con limitaciones”
contenida en el artículo 46 de la Ley General de Educación porque el
vocablo se estima inapropiado, sino únicamente la regla que resulta de tal
locución, en el sentido de que el servicio público educativo comprende la
educación para este grupo poblacional[37];
asimismo, las palabras “limitados auditivos” y “población sorda”, previstas
en el artículo 10 de la Ley 324 de 1996 sólo podrían cuestionarse en cuanto la
regla resultante se oponga al ordenamiento constitucional, es decir, en la medida
en que el establecimiento de cuotas laborales en las entidades estatales para
este segmento social, o la priorización de su inclusión en el régimen
subsidiado de salud, vulnere la Carta Política.
7.
En contraste con esta tendencia,
en algunas oportunidades el juicio de constitucionalidad se ha extendido a la
terminología legal como tal, sobre la base de que el léxico jurídico no solo
tiene una función instrumental, como mecanismo para la regulación de la
conducta humana, sino que también tiene una función simbólica, en tanto los
discursos jurídicos representan, reproducen, crean, definen y perpetúan  “concepciones
del mundo, valores, (…) ideas, cosmovisiones, valores y  normas”[38]. En
este orden de ideas, y habida cuenta que el lenguaje también puede encarnar
esquemas ideológicos y conceptuales contrarios al sistema de principios y
valores de la Constitución, la Corte se encontraría habilitada para ampliar el
espectro del escrutinio judicial, independientemente de los efectos jurídicos
de los enunciados legales.
Apoyada
en esta vertiente conceptual, en distintas ocasiones esta Corporación ha
efectuado el control judicial de la terminología legal y de la
meta-normatividad del sistema jurídico.
En
la sentencia C-804 de 2006[39],
por ejemplo, se declaró la inexequibilidad del precepto del Código Civil que
fijaba una regla interpretativa sobre el sentido de la expresión “hombre”
en la legislación civil;  según el precepto, salvo disposición expresa en
contrario,  la referida palabra designa a los seres humanos de ambos sexos. Sin
embargo, como a juicio de la Corte este uso de la palabra desconoce e
invisibiliza la realidad femenina, la regla fue declarada inexequible en su
integridad, independientemente de las consideraciones sobre los efectos
jurídicos de la definición[40].
Bajo
este mismo esquema conceptual, en numerosas oportunidades se ha declarado la
inexequibilidad de distintas expresiones lingüísticas, normalmente porque se
consideran lesivas de la prohibición de discriminación o del principio de
dignidad humana.
Por
tan solo mencionar algunos ejemplos: (i) en la sentencia C-478 de 2003
se declaró la inconstitucionalidad de las expresiones del Código Civil que
asociaban la discapacidad mental a categorías como “furiosos locos”,
“mentecatos” e “idiotismo y locura furiosa”[41];
(ii) en la sentencia C-1235 de 2005 se hizo lo propio en relación
con los vocablos “amos”, “criados” y “sirvientes”, contenidos en
el artículo 2349 del Código Civil, y se ordenó su sustitución por “empleadores”
y “trabajadores”, respectivamente; (iii) en la sentencia C-037 de
1996[42]
se expulsó del ordenamiento jurídico la locución “recursos humanos”
contenida en el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
sobre la base de que esta terminología concibe a los seres humanos como
instrumentos, medios u objetos manipulables;  (iv) en la sentencia C-078 de
2001[43]
se advirtió que el vocablo “robo”, utilizado en el Código Civil para
referirse a la sustracción violenta de una mujer como causal de nulidad de
matrimonio, admitía varios sentidos, uno de los cuales era inconstitucional por
cosificar e instrumentalizar a la mujer, pero que como quiera que también tenía
un significado que carecía de esta connotación, como sinónimo de rapto, debía
ser declarado exequible; (vi) en la sentencia C-253 de 2013 se demandó
el término “comunidades negras” utilizado en la Ley 70 de 1993 y en el
Decreto 2374 de 1993, por estimarse que aunque las medidas allí contenidas
favorecían a este grupo poblacional, la expresión podía resulta oprobiosa y
ofensiva para este segmento social; la Corte concluyó que el uso de tal
expresión carecía de la carga despectiva o peyorativa que el actor le atribuía,
y que por tanto, no debía ser retirada del ordenamiento jurídico[44].
8.
El panorama anterior pone de
presente las dificultades inherentes al escrutinio judicial del lenguaje legal.
Por
una parte, no resulta razonable entender que el vocabulario legal pueda ser
objeto de un control constitucional material, como en algunas ocasiones parece
haberlo concebido este tribunal.
En
segundo lugar, desde una perspectiva lógica, la validez se predica de las
prescripciones jurídicas y no de las palabras individualmente consideradas, del
mismo modo en que el valor veritativo se predica de los enunciados y no de los
vocablos. Así, la oración “todos los hombres son mortales” es verdadera
y la oración “los insectos son mamíferos” es falsa, pero en ningún caso “hombres”,
“mortales”, “insectos” o “mamíferos” pueden ser verdaderos o falsos.
Asimismo, es posible afirmar que prescripciones que penalizan los actos de
discriminación[45],
que establecen como inhabilidad para contratar con entidades de la
Administración Pública por haber dado lugar a la declaratoria de caducidad de
un contrato estatal[46],
o que determinan que la atención en salud de las personas que tienen
enfermedades huérfanas no puede ser objeto de limitaciones administrativas o
económicas[47],
son susceptibles de ser valoradas en términos constitucionales, y que por
tanto, pueden ser declaradas exequibles o inexequibles. Pero no pareciera
posible efectuar el juicio de constitucionalidad respecto de signos lingüísticos
aislados como “delito”, “persona”, “comunidad”, “consulta” o “propiedad”.
Es
cierto que en múltiples oportunidades la Corte ha evaluado la
constitucionalidad de expresiones jurídicas que por sí solas no constituyen una
prescripción autónoma, como “la personalidad”[48],
“Procuraduría General de la Nación”[49]
o incluso de la conjunción “y”[50].
Pero en estas hipótesis el análisis se ha efectuado respecto de la regla
jurídica que resulta de insertar estas locuciones en la disposición en la que
se enmarcan, y no del vocablo considerado en sí mismo. Por ello, en casos como este
el examen de constitucionalidad no se orienta a establecer si “la
personalidad”, “la Procuraduría General de la Nación” o “y” se
ajustan al ordenamiento superior, sino si reglas como aquella que supedita el
beneficio de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del
lugar de la residencia para personas mayores de 65 años a la evaluación de la
personalidad, o como aquella que ordena a la Procuraduría General de la Nación
organizar y realizar los concursos para la designación de personeros
municipales, o como aquella otra que establece que los derechos patrimoniales
por la reproducción al público de fonogramas se reparten por partes iguales
entre los artistas, intérpretes y ejecutantes, por una parte, y el productor,
por otra, son compatibles con el ordenamiento superior. El juicio que se
propone en esta oportunidad a la Corte, en cambio, no es de este último tipo,
porque se encamina a determinar la exequibilidad de expresiones lingüísticas
aisladamente consideradas.
Y
finalmente, como las acusaciones de tipo terminológico no versan sobre la
dimensión normativa de los enunciados legales, y como a su vez las categorías
de constitucionalidad e inconstitucionalidad fueron diseñadas para evaluar el
contenido normativo de los enunciados lingüísticos, tampoco es factible la
valoración del lenguaje legal por fuera de su uso prescriptivo.
En
efecto, el juicio de validez que efectúa este tribunal tiene por objeto
identificar la incompatibilidad entre una prescripción infra-constitucional y
el ordenamiento superior. Como puede advertirse, la condición de posibilidad de
este juicio es que los enunciados objeto de confrontación, es decir, el
enunciado constitucional y el enunciado legal, se encuentren en el mismo nivel
lógico y lingüístico, y en particular, que el cotejo se efectúe entre dos
contenidos normativos. Es posible afirmar que la norma que permite matar a
discreción es inconstitucional, porque existe un precepto de la Carta Política
que consagra el derecho a la vida y el deber del Estado de protegerla y
garantizarla; tiene sentido preguntarse por la validez de una disposición que
avala ciertas formas de censura, porque existe un precepto constitucional que
consagra la libertad de expresión y que prohíbe la censura. En todos estos
casos es posible establecer la relación de contradicción porque se confronta el
uso normativo de dos enunciados lingüísticos.
No
obstante, cuando el cotejo se pretende realizar entre enunciados de naturaleza
distinta, no parece posible determinar la relación de contradicción entre unos
y otros. Así, no pareciera posible confrontar enunciados lingüísticos a los que
se le ha adjudicado un uso directivo o prescriptivo, con enunciados descriptivos,
como si por ejemplo se pretende enjuiciar la norma que proscribe las penas
perpetuas con la ley de la inercia, ni a la inversa, poner en relación un
enunciado descriptivo del tipo “todos los hombres son mortales”, que
puede ser verdadero o falso, con una prescripción normativa como la prohibición
de censura.
En
definitiva, los signos lingüísticos considerados aisladamente, al margen de su
contenido normativo, no son susceptibles del control constitucional material, o
al menos lo son en un sentido sustancialmente distinto al que lo son los
enunciados lingüísticos que tienen un uso prescriptivo.
9.
La anterior precisión, sin
embargo, no agota la problemática planteada por los accionantes sobre la
relevancia constitucional del lenguaje legal, y tampoco descarta
automáticamente la posibilidad de que el juez constitucional controle la
terminología legal.
En
efecto, desde otro punto de vista también parece claro que el léxico de toda
lengua encarna, reproduce y afianza las construcciones sociales, económicas,
políticas,  culturales e ideológicas dominantes, y que por tanto, los
enunciados legales podrían ser analizados y valorados no solo a la luz de los
efectos jurídicos que allí se establecen, sino también a la luz de los
imaginarios que expresan.
La
distinción entre “humanos” y “bestias” no es del todo equivalente
a la distinción entre “animales humanos” y “animales no humanos”, y
la palabra “bestia”, utilizada en los artículos 1180, 2331 y 2333 del
Código Civil parece tener una connotación y transmitir un mensaje distinto al
del vocablo “animal no humano”, incluso cuando ambos sean utilizados
para designar la misma realidad. De hecho, la palabra “bestia” suele ser
utilizada en contextos como el Código Civil, en el que los animales son
concebidos como objetos, mientras que “animal no humano” o “seres
sintientes” suelen ser parte del léxico del movimiento animalista. Y en un
escenario como este, resultaría al menos inquietante y paradójico que las
pretensiones del movimiento de Liberación Animal para que cese la investigación
con animales o la producción y el consumo masivo de carne se expresaran a
través de vocablos como “bestia”, que cosifican a los animales o que
marcan una distancia infranqueable entre éstos y los seres humanos[51].
Lo
anterior significa que los signos lingüísticos cumplen no solo una función
referencial o denotativa, sino también connotativa, y que muchas veces tienen
una carga emotiva e ideológica[52].
Y dado que las palabras, incluidas las palabras de la ley, suelen inscribirse
en marcos conceptuales determinados, y normalmente no son ideológicamente
neutros, los enunciados legales no solo tienen un uso prescriptivo a través de
la regulación de las relaciones jurídicas, sino que también pueden tener otro
tipo de usos “paralelos”, cumpliendo roles representativos o asertivos,
expresivos, constitutivos o declarativos, relacionados con la representación de
la realidad, con la reproducción de percepciones, concepciones, cosmovisiones e
imaginarios, con la manifestación de sentimientos y emociones, o con
insinuaciones sobre el status o condición de ciertos sujetos[53].
Desde
este punto de vista, y retornado al ejemplo propuesto, podría entonces
pensarse que no resulta indiferente la utilización en la legislación de la
expresión “bestia” o de las expresiones “ser sintiente” o “animal
no humano”, aunque todos estos signos tengan la misma denotación, y por
tanto, refieran al mismo universo de individuos. Si una norma establece que las
personas tienen el deber de “prevenir que los animales no humanos causen
daño a los vecinos, peatones o a los bienes de éstos”, podría pensarse
razonablemente que a través de dicha regla no solo se radica en las personas un
deber jurídico, sino que además, se transmite un mensaje sobre el status de los
animales, a través de ideas implícitas del tipo “ellos son parecidos a
nosotros”, o “la diferencia entre ellos y nosotros es de grado y
relativa”.
¿Qué
sucede entonces cuando intuitivamente se advierte una especie de inconsistencia
entre un enunciado implícito de este tipo y el ordenamiento constitucional? Por
supuesto, y tal como ya se expuso anteriormente, estos “mensajes paralelos” de
la legislación, de orden descriptivo, de orden expresivo o de orden directivo,
no podrían ser en sí mismos materialmente constitucionales o
inconstitucionales, sino, en el mejor de los casos, verdaderos o falsos,
apropiados o inapropiados, así como la proposición “los perros tienen cinco
patas” puede ser falsa, pero no inconstitucional.
La
indagación no está orientada a examinar la constitucionalidad de la expresión
lingüística considerada en sí misma, sino en relación con  los
interlocutores de la comunicación. En particular, la evaluación se realiza en
función del sistema de habilitaciones, facultades y prohibiciones
constitucionales del órgano legislativo. Por ello, mientras el Congreso
eventualmente puede tener vedada la posibilidad de emitir de manera encubierta
juicios de valor o efectuar insinuaciones a través de la legislación sobre el
status o condición de colectivos históricamente discriminados por medio de
signos lingüísticos que tienen una alta carga emotiva o ideológica, otros
sujetos eventualmente sí pueden hacerlo[54].
En
segundo lugar, el examen del operador jurídico no está orientado a evaluar en
abstracto la constitucionalidad de un signo lingüístico, ni a avalarlo o
vetarlo en general, sino a considerarlo en el contexto lingüístico y extra
lingüístico específico del que hace parte. No se trata, entonces, de determinar
si en general los vocablos “discapacitado”, “minusválido” o “inválido”
son incompatibles con la dignidad humana o con la prohibición de
discriminación, sino si la utilización de tales expresiones, en el marco
específico en el que se encuentran, desborda las competencias del órgano de
producción normativa, por transmitir un mensaje implícito cuya emisión le
estaba vedada.
De
modo semejante, el operador jurídico debe buscar una aproximación diacrónica, e
intentar ubicarse en el sistema lingüístico vigente en el momento en que fue
expedida la normatividad cuestionada posteriormente, de la misma manera en que
para entender un texto literario escrito en otro contexto, resulta
imprescindible situarse lingüísticamente en ese escenario. Por ello, para
valorar la expresión “persona con limitación” contenida en la Ley 361 de
1991, habría no sólo que preguntarse si al día de hoy dicha locución tiene una
connotación peyorativa, sino si en ese momento histórico lo tenía, según los
sistemas de adjudicación de significación vigentes en aquel momento. El mismo
tipo de indagación habría que intentar respecto de las demás expresiones
atacadas.
Lo
anterior, sin perjuicio de que en razón de la pervivencia de la voluntad
legislativa que mantiene vigente el derecho positivo, sea posible actualizar el
vocabulario a la luz los parámetros lingüísticos vigentes, especialmente en
aquellos casos en que un vocablo se degrada con el tiempo, y adquiere, con
posterioridad a la expedición de la normatividad en la que se enmarca, una
connotación peyorativa.
En
definitiva, como los signos lingüísticos contenidos en un enunciado legal no
solo cumplen una función referencial, sino que también tienen una connotación y
una carga emotiva, su utilización dentro de las prescripciones jurídicas podría
implicar la transmisión de mensajes paralelos o adicionales a la regla jurídica
establecidas en el enunciado, y la emisión de algunos de ellos por parte del
legislador podría estar prohibida en virtud del deber de neutralidad que el
sistema constitucional le asigna al Congreso Nacional. Por ello los
cuestionamientos de los accionantes a las expresiones demandadas sí son
susceptibles de ser valorados en el escenario del control abstracto de
constitucionalidad, y la función de los tribunales constitucionales consiste
entonces en identificar estos enunciados implícitos que se transmiten a través
de signos lingüísticos con altas cargas emotivas e ideológicas, y verificar si
su emisión configura una violación a la Carta Política.
El cuestionamiento por la
falta de especificación del déficit normativo
10.
La segunda censura de algunos
intervinientes apunta a demostrar que el escrito de acusación no identifica los
vicios de las expresiones demandadas, y que, por el contrario, únicamente se
alega una deficiencia global por la presunta utilización de un lenguaje
peyorativo e insultante.
11.
La Corte encuentra que este
cuestionamiento es parcialmente correcto.
Por
un lado, la demanda sí precisa la presunta falencia de los textos legales
impugnados, indicando en qué consiste su carga despectiva y humillante, y la
forma en que esta carga provoca la lesión del ordenamiento superior.
En
particular, los accionantes argumentan lo siguiente: (i) la terminología
empleada por el legislador encierra un juicio de disvalor frente a las personas
con discapacidad, pues la etimología de palabras como “minusválidos” o
“inválidos” vincula esta condición al valor de los individuos, en términos
negativos; (ii) asimismo, las expresiones demandadas invisibilizan el status de
sujeto de estas personas; (iii) además, estas palabras insinúan que quienes
integran este grupo poblacional tienen limitaciones que son inherentes a ellos
mismos, cuando en realidad los obstáculos que enfrentan son el fruto de
estructuras sociales excluyentes; (iii) el léxico empleado por el legislador
reduce a los individuos a su faceta de discapacidad, sugiriendo que no existen
otros espacios vitales desde los cuales pueden ser caracterizados y valorados;
A partir de este análisis, los accionantes concluyen que los textos legales
atacados desconocen el ordenamiento superior.
12.
Sin embargo, las acusaciones
precedentes solo apuntan a demostrar la vulneración del principio de dignidad
humana y la prohibición de discriminación, previstos en los artículos 1 y 13 de
la Carta Política, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 2 de
la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Con respecto a las demás
disposiciones que se estiman violadas por los accionantes, en cambio, la
demanda no contiene ninguna acusación que pueda ser objeto de valoración por
parte de esta Corporación; así por ejemplo, en el escrito no se indican las
razones por las que la terminología cuestionada desconoce el deber del Estado
de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración para las
personas con discapacidad (art. 47 C.P.), el deber del Estado colombiano de adoptar
las medidas para garantizar los derechos reconocidos en la CADH, el PIDCP y el
PIDESC y de implementar los recursos administrados y judiciales para su
exigibilidad  (arts. 1, 2 y 24 de la CADH, 1 PIDCP y 2 del PIDESC), el
propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos
humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad (art. 1 de
la CDPD), o la definición de discapacidad o de discriminación (art. 1 de la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad).
Por
este motivo, el pronunciamiento judicial recaerá exclusivamente sobre los
cargos por la presunta afectación indirecta de la dignidad humana y de la
prohibición de discriminación.
El cuestionamiento por la
actualización normativa proveniente de la Ley 1618 de 2013
13.
Finalmente, algunos de los
intervinientes sostuvieron que no había lugar a un pronunciamiento de fondo,
como quiera que la normatividad demandada había sido alterada en razón de la
expedición de la Ley 1618 de 2013, que se encargó de precisar el sentido y
alcance de la terminología empleada para designar a las personas con
discapacidad, eliminando cualquier sesgo discriminatorio, y de actualizar la
normatividad anterior a partir de estos nuevos parámetros. En este orden de
ideas, los reproches de la demanda se habrían amparado en una interpretación
inadecuada del derecho positivo, al prescindir de un elemento normativo
relevante, como son las precisiones legislativas recientes.
14.
La Corte no comparte este
planteamiento, puesto que el déficit atribuido en el escrito de acusación a los
apartes impugnados no fue eliminado directa y expresamente en la Ley 1618 de
2013.
En
efecto, esta ley fija los lineamientos fundamentales de las políticas que deben
ser adoptadas por el Estado para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad[55],
que deben comprender medidas de inclusión, acción afirmativa, de ajustes
razonables y de eliminación de toda forma de discriminación. En este marco, el
artículo 2 del referido cuerpo normativo contiene una serie de definiciones
relativas a la discapacidad, como las de las expresiones “personas con y/o
en situación de discapacidad”, “inclusión social”, “acciones afirmativas”,
“rehabilitación funcional”, “rehabilitación integral”, “barreras actitudinales,
comunicativas y físicas”, y el artículo 28 establece “la presente ley se
adiciona a las demás normas que protegen los derechos de las personas con
discapacidad, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos,
así como su exigibilidad”.
15.
Sin embargo, tales disposiciones
no solventan las dificultades planteadas por los accionantes, puesto que
mientras éstas apuntan a cuestionar el léxico empleado para regular el fenómeno
de la discapacidad, la ley mencionada fija las directrices de las políticas
estatales en esta materia, y no enmienda ni corrige la presunta falencia de
orden lingüístico.
En
este marco, las definiciones contenidas en el artículo 2 tienen por objeto
acotar el ámbito de aplicación de la misma Ley 1618 de 2013 y de la
normatividad concordante, más no sustituir las expresiones que a juicio de los
accionantes resultan lesivas de la dignidad humana y de la prohibición de
discriminación; y el artículo 27 tampoco dispone una sustitución terminológica,
sino que únicamente aclara que la ley adiciona y complementa la normatividad ya
existente en materia de discapacidad.
En
síntesis, en atención a que la Ley 1618 de 2013 no altera las bases de la
censura de los demandantes, las observaciones de los intervinientes no afectan
la viabilidad del juicio de constitucionalidad propuesto en este proceso
judicial.
Alcance del
pronunciamiento judicial
16.
De acuerdo con las consideraciones
precedentes, la Corte Constitucional concluye lo siguiente: (i) el juez
constitucional se encuentra facultado para ejercer el control constitucional
del lenguaje legal; (ii) el examen anterior está orientado a establecer si
mediante la utilización de signos lingüísticos con una alta carga emotiva, el
legislador transmite de manera tácita o encubierta mensajes que descalifican a
determinados grupos sociales, y si la emisión de los mismos se encuentra
prohibida constitucionalmente, en virtud del deber de neutralidad del órgano
parlamentario frente a todos los grupos sociales; (iii) el escrutinio judicial
se efectuará en relación con los dos principios anteriores, más no en relación
con el deber constitucional del Estado de adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración, y de adoptar medidas para garantizar los derechos
reconocidos en la CADH, el PIDCP y el PIDESC y con el propósito de promover,
proteger y asegurar el pleno goce de los derechos reconocidos en tales
instrumentos, normas respecto de las cuales no se indicó la razón de su
transgresión.
Planteamiento del problema
jurídico y metodología de resolución
17.
Los accionantes y los
intervinientes que coadyuvaron las pretensiones de la demanda consideran que la
terminología empleada por el legislador para regular la condición de discapacidad,
y en particular, expresiones afines a “discapacitado”, “inválido”, “limitado”,
“sordo”, “minusválido”, “persona con capacidades excepcionales” y
“disminuído”, contenidas en las Leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de
1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de
2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012, deben ser retiradas del ordenamiento
jurídico.
A
su juicio, aunque la dimensión regulativa de tales vocablos se orienta a
garantizar los derechos del referido grupo poblacional, son constitucionalmente
inadmisibles por tener una connotación peyorativa que contribuiría a perpetuar
las concepciones, imaginarios y actitudes del conglomerado social que subyacen
a modelos de discapacidad ya superados, como el denominado “modelo de la
prescindencia”, que concibe esta condición como una carga social y propone
la marginación, el aislamiento y la exclusión del entorno social las personas
con discapacidad, o como el “modelo médico–rehabilitador”, que la
entiende como una anomalía y como una patología que debe ser intervenida y tratada
desde una perspectiva médica, a efectos de “normalizar” y estandarizar a los
individuos que la padecen. Ambos modelos, a su vez, impedirían a este colectivo
gozar plenamente de sus derechos.
En
particular, se sostiene que las expresiones referidas tienen un tono despectivo,
por la confluencia de varias circunstancias:
Por
un lado, porque los vocablos atacados contendrían una descalificación, por  insinuar
que los sujetos que hacen parte de este colectivo valen menos que los demás. Esta
conclusión, a su vez, se ampara en el análisis etimológico de las referidas
expresiones, teniendo en cuenta que palabras como “minusválido” o “inválido”
significan, desde esa perspectiva, que las personas con discapacidad valen
menos o que no tienen ningún valor.
Asimismo,
la utilización de adjetivos que califican a las personas a partir de un único
atributo como la situación de discapacidad, transmitiría indirectamente ideas ofensivas
y humillantes acerca de este grupo, por la confluencia de las siguientes
circunstancias: (i) se relega a un segundo plano la condición de persona de
estos individuos, por no hacerla explícita en el léxico legal; (ii) se
invisibilizan las demás dimensiones vitales de los referidos sujetos, como si su
estado fuese constitutivo y definitorio de todo su ser, y no sólo una
circunstancia accesoria; (iii) se radican en el propio individuo unas supuestas
deficiencias físicas, mentales o sensoriales, cuando la discapacidad es un
constructo social.
Así
las cosas, y en la medida en que la terminología legal demandada transmitiría
ideas equivocadas, inaceptables y ya revaluadas sobre la discapacidad, la Corte
Constitucional debe retirarla del ordenamiento jurídico por su incompatibilidad
con el principio de dignidad humana y con la prohibición de discriminación, y
ordenar su sustitución por las expresiones lingüísticas acogidas en los
escenarios internacionales de derechos humanos que se enmarcan dentro del
denominado “modelo social de la discapacidad”. Este esquema conceptual propone
un cambio de paradigma en el entendimiento del fenómeno, porque en lugar de
radicar en los propios individuos unas presuntas anomalías, deficiencias o
taras, concibe la discapacidad como el resultado de estructuras sociales,
económicas, políticas y culturales excluyentes.[56]
18.
De acuerdo con el planteamiento
anterior, corresponde a la Corte valorar las dos premisas que sustentan la
pretensión de la demanda: (i) por un lado, las implicaciones constitucionales
del lenguaje cuando su objetivo es definir legalmente un concepto y otorgar
medidas a favor de sujetos de especial protección constitucional; y (ii) la comprensión
de ciertas expresiones legales desde el punto de vista constitucional frente a
una dinámica nacional e internacional que demanda transformaciones constantes.
Con base en estos planteamientos, los problemas jurídicos que abordará la
sentencia son los siguientes:
(i)
¿ciertas expresiones, que
eventualmente pueden ser consideradas no neutrales y que han sido tomadas por
el Legislador para definir o describir situaciones que acarrean un trato
especial por parte del Estado, resultan inconstitucionales por violar el
derecho a la igualdad y a la dignidad humana?
(ii)
¿ciertas palabras o expresiones contenidas
en normas legales que podrían ser consideradas como peyorativas -en el marco de
un contexto social determinado- son inconstitucionales por violar el derecho a
la igualdad y a la dignidad humana?
19.
Para resolver estos interrogantes
la sentencia (i) establecerá el marco normativo de protección a las personas en
situación de discapacidad y su interpretación a través del bloque de
constitucionalidad; (ii) reconstruirá la línea jurisprudencial vigente sobre la
igualdad y la dignidad humana de las personas en situación de discapacidad; y (iii)
evaluará los cargos de la demanda, teniendo en cuenta que las normas acusadas
se dividen en dos grupos: las cuestionadas por su falta de neutralidad en la
construcción de conceptos técnico jurídicos, y las que parecen tener una carga
peyorativa –según el contexto social vigente- que afectaría los derechos de las
personas mencionadas por las disposiciones.
El marco normativo sobre
los derechos de las personas en situación de discapacidad: reglas y lenguaje en
permanente evolución.
20. La normativa nacional e
internacional se ha ocupado de los derechos de las personas en condición de
discapacidad. La complejidad en el uso del lenguaje en los diferentes
escenarios jurídicos y las grandes dificultades para alcanzar acuerdos ha
llevado a que sea destacable el diálogo normativo a fin de dinamizar la
comprensión de las expresiones y dar protección plena a los sujetos en situación
de discapacidad. En efecto, las disposiciones internacionales e internas
conforman un entramado en constante evolución e interacción como consecuencia
de la figura del bloque de constitucionalidad (art. 93 CP[57]).
El bloque de constitucionalidad y su función
hermenéutica
21.
La jurisprudencia
ha sido enfática en afirmar que el carácter vinculante del que goza la
normatividad constitucional, no es privilegio exclusivo de los artículos que
formalmente integran el texto de la Carta Política, pues según desarrollos doctrinales
y jurisprudenciales, se ha estatuido que la Constitución está compuesta por un
grupo más amplio de principios, reglas y normas que conforman el denominado
“bloque de constitucionalidad”.
En otras palabras, la noción de bloque de constitucionalidad
se circunscribe a un conjunto “de normas y principios que, aun cuando no
aparecen en el texto constitucional, se entienden integrados a la Constitución
y formalmente hacen parte de ella” [58].
En este sentido, la noción
“bloque de constitucionalidad” busca transmitir la idea de que la Constitución
no solamente se circunscribe a lo que se encuentra escrito dentro de ella, sino
que existen otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones,
que también son normas de la misma jerarquía.
22.
Este concepto que tuvo sus orígenes en la jurisprudencia del
Consejo Constitucional francés en 1958, no tuvo acogida durante la vigencia de
la Constitución de 1886, pues en su momento la Corte Suprema de Justicia,
consideró que “en ejercicio de la jurisdicción constitucional
sólo le es dado confrontar a la Corte la ley con los textos de la Carta, cuya
integridad se le ha confiado”[59].
Sin embargo, la expedición de
la Constitución de 1991
marcó una nueva pauta en el acoplamiento de las disposiciones internacionales
al orden constitucional interno, pues aunque no “fue sino a partir del año 1995 que
la Corte Constitucional adoptó sin ambages el concepto de bloque de
constitucionalidad -tal como se utiliza hoy en día- muchos de los fallos
producidos antes de ese año reconocieron ya la jerarquía constitucional a
ciertos instrumentos internacionales.”[60]
23.
Con la entrada de esta figura al ordenamiento constitucional
interno, se fijó una nueva directriz de control constitucional, pues la propia
Carta impuso analizar las normas no solo a la luz de los postulados que
consagra expresamente la Constitución Política, sino también con las reglas y
principios que integran el denominado bloque de constitucionalidad.
En otras palabras, el control constitucional de una ley deberá
verificarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también a partir
de su comparación con otras disposiciones con carácter "supralegal"
que tienen relevancia constitucional, es decir, que “pueden
presentarse situaciones en las cuales las normas que, por su naturaleza, se
convierten en parámetros para el enjuiciamiento de la constitucionalidad de una
ley, pueden integrar el bloque de constitucionalidad”[61].
24.
En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado que es posible
distinguir dos acepciones del concepto de bloque de constitucionalidad. El
primero se refiere al stricto sensu, que es conformado por aquellos
principios y normas que han sido integrados a la Constitución por diversas vías
y por mandato expreso de la Carta, por lo que entonces gozan de rango
constitucional.
El segundo de
ellos, se refiere al lato sensu, que recoge las disposiciones que tienen
un rango normativo superior a las leyes ordinarias, aunque a veces no tengan
rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que sirven
como referente necesario para la creación legal y para el control
constitucional[62].
25.
De acuerdo con esta teoría, las disposiciones que hacen parte del
bloque de constitucionalidad ostentan una jerarquía constitucional por estar
situadas a la altura de las normas del texto de la Carta, lo que las convierte
en verdaderas fuentes de derecho y genera el deber de los jueces de acatarlas en
sus providencias. Igualmente, tales disposiciones reflejan los valores y
principios que rigen y fundan el Estado y también regulan la producción de las
demás normas del ordenamiento doméstico, de modo que el hecho de compartir la
misma jerarquía de la Constitución, las convierte en un “eje y factor de unidad y cohesión
de la sociedad”[63].
Debido a la jerarquía
atribuida a las normas del bloque, toda la legislación interna debe acomodarse
a su contenido. La Corte enfatizó en la Sentencia C-225 de 1995[64] que “la imperatividad de las normas
humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el
Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden
jurídico interno a los
contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la
realización material de tales valores”.
26.
De esta manera, se evidencia que la principal función que cumple
el bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico interno es “controlar
la exequibilidad de las leyes y de las normas de inferior jerarquía, por cuanto
la propia Constitución Política, mediante cláusulas de remisión, confiere
fuerza jurídica especial a esas reglas y principios, admitiendo que algunas
disposiciones de leyes estatutarias y orgánicas sirvan de parámetros para
determinar el valor constitucional de las disposiciones sometidas a control”[65].
Igualmente,
esta Corporación ha indicado que entre las otras funciones que tiene el bloque
de constitucionalidad se encuentran: (i) la “interpretativa”, que sirve
de parámetro hermenéutico sobre el contenido de las cláusulas constitucionales
y en la identificación de las limitaciones admisibles a los derechos
fundamentales, y (ii) la función “integradora”, que brinda una
provisión de parámetros específicos de constitucionalidad en ausencia de
disposiciones constitucionales expresas, por remisión directa de los artículos
93, 94, 44 y 53 Superiores[66].
Adicionalmente, dicho bloque sirve para:
“(i) orientar las políticas públicas, de conformidad con la
normatividad internacional incorporada al ordenamiento interno; (iii) cumple un
papel de complementariedad, en tanto amplía el alcance del contenido de los
derechos fundamentales reconocidos en el texto de la Constitución; (iv) implica
la ampliación del catálogo de derechos reconocidos en el ámbito interno por la
Carta Fundamental, en tanto incorpora a ésta derechos no incluidos en la
Constitución; y, (v) cumple una función de actualización en la labor
hermenéutica de los derechos fundamentales constitucionales”[67].
Con
todo, la sentencia C-028 de 2006[68], señaló
que las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, no constituyen referentes autónomos del control de
constitucionalidad, de manera que la Corte Constitucional no es juez de
convencionalidad, por lo cual “(…) la confrontación de una ley con un
tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de
constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez,
interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución.”.
27.
En este orden de ideas, es evidente que si los preceptos,
principios y valores contenidos en el bloque de constitucionalidad irradian el
texto de la normatividad interna, también las decisiones judiciales tienen que
guardar respeto y concordancia con ellas. De esta manera, no sólo el Legislador
queda compelido a ello, sino también el ejecutor y su intérprete, ya que en
dicha sumisión reside la legalidad y validez jurídica de sus actuaciones.
28.
En conclusión, todo el ordenamiento jurídico -tanto en la expedición
de preceptos como en su aplicación e interpretación- debe ajustarse y leerse a
la luz de las disposiciones de jerarquía constitucional, dentro de las cuales
se encuentra el bloque de constitucionalidad, las cuales son verdaderas normas
constitucionales.
Normativa internacional relevante
sobre la protección de los sujetos en condición de discapacidad
29.   Teniendo en cuenta la noción de bloque de
constitucionalidad, es importante mencionar algunas normas internacionales
sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad que han sido
referidas por la jurisprudencia de esta Corte[69].
Varios instrumentos son parte del soft law, sin embargo resultan
relevantes por demostrar las tendencias del Derecho Internacional sobre la
especial protección y búsqueda de efectividad de los derechos de las personas en
situación de discapacidad, además son un parámetro interpretativo para los Estados. Con todo, el
contenido y la naturaleza de las medidas concretas que el Estado debe adoptar,
es objeto de discusión en el ámbito del Derecho Internacional de los derechos
humanos (DIDH), debido a la vulnerabilidad de este grupo poblacional y el tipo
de discriminación que la afecta, ligada a la posición social frente a su
situación. En efecto, las personas en situación de discapacidad han
tenido que enfrentar a distintas barreras que les han impedido el goce efectivo
de sus derechos. Se han presentado obstáculos culturales -que perpetúan los
prejuicios-, físicos -que limitan la movilidad, la integración social y la efectiva
participación comunitaria-, y legales -que impiden los avances normativos en
distintas materias-.
Uno de los
documentos regionales más relevantes y que ha sido constantemente mencionado
por la jurisprudencia constitucional es la Convención Interamericana
Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas
Con Discapacidad, aprobada
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en ciudad de
Guatemala el 6 de julio de 1999, e incorporada al derecho interno mediante la
Ley 762 de 2002[70].
Ésta tiene como objetivo central contribuir a la
eliminación de la discriminación[71] contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración a la sociedad.
Otros instrumentos
internacionales sobre los derechos de este grupo[72] son: el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad –documento del sistema universal de protección de derechos humanos
que se considera que ha asumido un enfoque de vanguardia-, la Convención sobre los
Derechos del Niño[73] (art. 23). También existen
numerosas declaraciones y
recomendaciones: la
Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas de 1948,
la Declaración de los
Derechos del Retrasado Mental, la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación,
aprobada por la Resolución 3447 de la ONU del 9 de diciembre de 1975, la
Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, la Declaración de las
Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983, la
recomendación 168 de la OIT de 1983, el Convenio 159 de la OIT “sobre la readaptación profesional y el
empleo de personas inválidas” aprobado mediante la Ley 82 de 1988[74]; la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de
1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre
la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, las Declaraciones
sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, el Programa de Acción Mundial para
las Personas con Discapacidad, la
Declaración de Copenhague[75],
la
Observación General No. 5 sobre las personas en situación de discapacidad
proferida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre
otros.
29.
Sin embargo, una somera revisión de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, que a juicio de los accionantes
constituyen el estándar de validez de la terminología legal, revela que una
buena parte del vocabulario censurado fue empleado sistemática y neutralmente[76] en
determinados momentos. Hasta hace unos años se usaban locuciones como “limitados”
o “personas con limitación”, tal como consta en la Declaración de los
Derechos de las Personas con Limitación de la ONU del año 1975 y en la
Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las Personas con Limitación
de 1983. De igual modo, la expresión “inválido” tiene un fuerte arraigo
en las instituciones afines al derecho social, como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que la utiliza con frecuencia y sin reservas,
tal como consta en el Convenio 159 y en la Recomendación 168 de dicha
organización. Del mismo modo han sido redactados otros referentes normativos
como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (ONU, 1971), la
Declaración de los Derechos de los Impedidos (ONU, 1975), el Convenio sobre la
Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (OIT, 1983), los
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la
Atención en la Salud Mental (ONU, 1991) o la Declaración de Salamanca y Marco
de Acción para las Necesidades Educativas Especiales (UNESCO, 1994). La
Organización Mundial de la Salud, por su parte, distingue claramente las
expresiones “discapacidad” y “minusvalía”, y ambas hacen parte de
su léxico común.
En este marco, un lector
desprevenido que se aproxima a la Declaración de las Naciones Unidas
concerniente a las Personas con Limitación de 1983, a los Principios para la
Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención en la Salud
Mental de la ONU de 1991[77]
puede encontrar vocabulario que no corresponde con el usado en el modelo actual
de comprensión y abordaje de la situación de las personas en condición de
discapacidad. No obstante, el uso del lenguaje ha cambiado, ha tomado un papel
importante como elemento para eliminar la discriminación y, sin duda, es
relevante para la construcción e interpretación de las normas.
La
Constitución frente a los derechos de las personas en condición de discapacidad
30.
La
Constitución Política de 1991, estructuró una concepción encaminada a permitir
la protección y el amparo reforzado de las personas en situación de
discapacidad a fin de garantizar el goce pleno de sus derechos fundamentales. Además
de la figura del bloque de constitucionalidad, la Carta prevé varias
disposiciones específicas sobre la materia.
Los artículos 13[78]
-mandato a las autoridades para que adopten todas las medidas orientadas a
asegurar igualdad real-, 47[79]
-obligación para el Estado de implementar una política pública de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos-, 54[80]
-deber de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran y de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con
sus condiciones de salud- y 68[81]
-obligación de fomentar la educación de personas con limitaciones físicas
o mentales, o con capacidades excepcionales[82]-
establecieron, entre otras cosas, una serie de obligaciones a cargo del Estado,
tendientes
a adoptar medidas para lograr una igualdad real de trato, condiciones,
protección y oportunidades de todas las personas, con un especial interés en la
promoción, protección y garantía de quienes se encuentran en condición de
discapacidad. Estos preceptos han sido desarrollados en copiosa jurisprudencia;
a continuación será reseñada la que se ocupa de temáticas relacionadas con los
cargos de la demanda.
La jurisprudencia constitucional sobre los derechos a
la igualdad, no discriminación y dignidad humana de personas en situación de
discapacidad
31.
Diversas sentencias han reconocido las diferencias y
barreras que deben ser enfrentadas por las personas en situación de
discapacidad, por eso el Estado tiene la obligación de brindar una protección cualificada
a este grupo poblacional, en ese sentido debe
“(i) procurar su igualdad de derechos y
oportunidades frente a los demás miembros de la sociedad, (ii) adelantar las
políticas pertinentes para lograr su rehabilitación e integración social de
acuerdo a sus condiciones y (iii) otorgarles un trato especial, pues la no
aplicación de la diferenciación positiva contribuye a perpetuar la marginación
o la discriminación”[83].
De esta manera, era claro que la voluntad del Constituyente
estuvo dirigida a
“eliminar, mediante actuaciones positivas del Estado y de la
sociedad, la silenciosa y sutil marginación de las personas con cualquier tipo
de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo más profundo de las
estructuras sociales, culturales y económicas predominantes en nuestro país, y
[que] es fundamentalmente contraria al principio de dignidad humana sobre el
que se construye el Estado Social de Derecho”[84].
32.
Desde esa misma perspectiva, el ordenamiento
constitucional colombiano estructuró otro de los imperativos constitucionales
que fundamenta el Estado Social de Derecho: el principio y derecho fundamental
a la igualdad.
Este principio, derecho y valor constitucional, más
allá de la perspectiva puramente formal, se erige como un postulado que pretende
la realización de condiciones de igualdad material, ámbito en el cual tiene
particular relevancia la protección de grupos tradicionalmente discriminados o
marginados, ya que “tiene una doble dimensión, en la medida en que comporta,
por un lado, un mandato de abstención o interdicción de tratos discriminatorios
y, por otro, un mandato de intervención, a través del cual el Estado está
obligado a realizar acciones tendientes a superar las condiciones de
desigualdad material que enfrentan dichos grupos”[85].
Respecto a la primera dimensión, esta Corporación ha
sostenido que el Estado debe “… abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas,
programas o medidas que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de
exclusión, marginamiento o discriminación de grupos tradicionalmente
desventajados en la sociedad”[86] y de manera
especial, ha destacado que el mandato de abstención que se deriva del primer
inciso del artículo 13 constitucional, no se dirige exclusivamente a evitar que
se adopten por el Estado medidas o políticas, abiertamente discriminatorias,
sino que también pretende “(…) evitar que medidas, programas o políticas, así éstas hayan
sido adoptadas bajo el marco de presupuestos generales y abstractos, impacten
desproporcionadamente a grupos marginados o discriminados o, en otras palabras,
los coloque en una situación de mayor adversidad”[87].
De manera
específica, la Corte sostuvo que la Constitución prohíbe que se presenten
cualquier tipo de discriminaciones (directas[88] o indirectas[89])
que conlleven a marginar e impedir la integración de los sujetos en
condición de discapacidad.[90]
33.
Asimismo, esta Corporación ha
indicado que, del artículo 13 superior se deriva e interpreta
la existencia de contenidos normativos que ordenan lo siguiente
“(i) la igualdad ante la ley, comprendida como el
deber estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, previsión que dispone que las
actuaciones del Estado y los particulares no deban, prima facie, prodigar
tratos desiguales a partir de criterios definidos como “sospechosos” y
referidos a razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica; y (iii) un mandato de promoción de la
igualdad de oportunidades o igualdad material, comprendido como el deber de
ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a los grupos discriminados y
marginados, bien sea a través de cambios políticos a prestaciones concretas”[91].
Frente a esta última manifestación del artículo
13, se integra la cláusula constitucional de promoción de la igualdad, la cual
consiste en imponerle al Estado un deber o una carga de protección en relación
con aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.
Para lograr el precitado mandato constitucional, se han creado y
establecido las denominadas “acciones afirmativas”, entendidas
como “las políticas o medidas
dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de
eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que
los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado,
usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación”[92].
En otras palabras, las acciones afirmativas van encaminadas a (i) favorecer
a determinadas personas o grupos de personas, con el fin de eliminar o
disminuir las desigualdades de tipo social, cultural o económico, que los
afectan, y (ii) conseguir que los miembros de un grupo que
usualmente ha sido discriminado, tenga una mayor representación y participación
social.
34.
Ahora bien, en materia
de igualdad y de rechazo a la discriminación contra las personas con
discapacidad, esta Corporación se ha pronunciado en diferentes oportunidades.
La
sentencia C-935 de 2013[93],
reiteró varios pronunciamientos previos sobre la efectividad del derecho a la
igualdad de la población en situación de discapacidad. Por ejemplo, la sentencia
C-478 de 2003[94],
al referirse a los deberes asignados al Estado para garantizar la efectividad
del derecho a la igualdad a la población con discapacidad, estableció lo
siguiente:
“De tal suerte, que de conformidad con la Constitución
el compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas es
doble: por una parte, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida
administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por
otra, con el fin de garantizar una igualdad de oportunidades, remover todos los
obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren
efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los
derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas.”[95]
Por su parte, y en
concordancia con esa línea, la sentencia C-606 de 2012[96]
precisó:
“las personas en situación de discapacidad
son sujetos de especial protección por parte del Estado y de la sociedad en
general, por lo que, tanto instituciones como individuos deben facilitar de una
forma activa el ejercicio de los derechos de este sector de la población. (…)
Por ende las personas en situación de discapacidad deben ser tuteladas en
primer lugar (i) mediante la prohibición de medidas negativas o restrictivas
que constituyan obstáculos o barreras para hacer efectivos sus derechos; y en
segundo término (ii) mediante medidas de acción positiva o acciones afirmativas
de tipo legislativo, administrativo o de otra índole que sean pertinentes para
hacer efectivos los derechos de dicho colectivo de personas. En este último
caso dichas medidas no deben ser entendidas como una forma de discriminación,
sino como una preferencia que tiene como fin promover la integración social o
el desarrollo individual de las personas en situación de discapacidad para su
integración efectiva en la sociedad.”[97]
La
sentencia C-983
de 2002[98] analizó
algunas disposiciones del Código Civil que desarrollan la capacidad de los
sujetos en condición de discapacidad para comunicarse y al respecto sostuvo que: “los artículos acusados reconocen capacidad sólo a los
discapacitados que puedan darse a entender por escrito. Estas disposiciones
resultan sin lugar a dudas discriminatorias, en cuanto excluyen sin razón
justificada a aquellas personas que pueden comunicarse mediante señas u otra
forma de lenguaje, pero desconocen la escritura”[99].
Por su parte, la sentencia C-401 de 1999[100] consideró que el artículo 127
del Código Civil era discriminatorio, pues impedía que las personas en
situación de discapacidad fueran testigos de un matrimonio. En esta
oportunidad, la Corte indicó que el trato legal impartido por esta norma
restringía
“la posibilidad a un grupo de personas para que sean testigos de
un matrimonio, lo cual, a no dudarlo resulta discriminatorio, irrazonable,
desproporcionado e injustificado, contrario en últimas al artículo 13 de la
Carta, pues si bien es cierto que ellos carecen o están limitados de un órgano
o sentido, ello no impide que perciban la ocurrencia de los fenómenos
naturales, sociales, económicos, morales, éticos, etc., mediante otro sentido u
órgano y que tales hechos del mundo externo, no pueden ser expuestos o vertidos
en forma cierta y verídica, o fidedigna ante un funcionario judicial, para que
éste se forme un juicio o una idea y pueda valorarla, y en consecuencia actuar
positiva o  negativamente frente a la misma, máxime cuando hoy en día, los
adelantos científicos y tecnológicos  permiten su completa realización
personal y su total integración económica, social y cultural el mundo
contemporáneo”.
35.
Particularmente, la jurisprudencia constitucional
ha dicho que se está frente a una discriminación injustificada contra las
personas en situación de discapacidad, cuando se presentan acciones u omisiones
que tengan por objeto imponer barreras para el goce y ejercicio de los derechos
de esta población, es decir, que estos actos no solo se reducen a actuaciones
materiales, sino que también incorporan la discriminación derivada por el
tratamiento que las normas jurídicas otorgan a las personas con discapacidad.
La protección de estos derechos
depende de la remoción de barreras estructurales, a través de diversas medidas,
una de ellas la toma de conciencia sobre la discapacidad, que sustituye la
marginación de los individuos por su reconocimiento como sujetos de derecho que
afrontan día a día obstáculos impuestos por la sociedad. Esta exclusión y configuración de barreras
sociales, se presenta más aún, cuando: (i) existe una conducta, actitud o
trato, consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir derechos,
libertades u oportunidades, sin justificación objetiva y razonable, o (ii)
cuando se presente una omisión injustificada en el trato especial a que tienen
derecho estos sujetos y tiene como consecuencia directa la exclusión de un
beneficio, ventaja u oportunidad.[101]
36.
Esto explica que la mayoría de obligaciones que se encuentren en cabeza del Estado frente a
las personas con discapacidad, se dirijan a la remoción de barreras que impidan
su plena inclusión social, campo donde cobran especial relevancia deberes derivados
de la perspectiva desde el cual se entienda el manejo del tema.
La sentencia C-035 de 2015[102] retomó la jurisprudencia
sobre los distintos enfoques adoptados históricamente para la comprensión de la
situación de las personas en condición de discapacidad: “de prescindencia”, “de marginación”[103]
“rehabilitador (o médico)”, y “social” (sentencias C-804 de 2009[104] y T-340 de
2010).
Cada perspectiva
responde, sin duda, a un momento histórico y deriva de la comprensión de los
derechos que ha imperado en cada época. Algunos ya resultan inaceptables, pero
otros aún contienen elementos que pueden ser útiles para garantizar plenamente
los derechos de las personas en situación de discapacidad. Además, aunque no se
trate de criterios estrictamente normativos, si son marcos de comprensión
útiles e ilustrativos que revelan los debates actuales sobre la materia, en
distintos niveles, y que permiten entender de mejor manera la situación de los
sujetos en condición de discapacidad. Evidentemente no se trata de modelos
estáticos o inmutables, por el contrario, constituyen tendencias en constante
transformación, tal como lo está la sociedad a la que deben ser integrados
estos sujetos de especial protección.
37.  El enfoque
de la “prescindencia” entiende la discapacidad desde una perspectiva sobrenatural
y propone, como medida para enfrentarla, la eliminación o aislamiento de la
persona que la padece; lo cual claramente desconoce la dignidad humana.[105]
El modelo de la
“marginación”, considera anormales y dependientes a las
personas con discapacidad, por tanto deben ser tratadas como objeto de caridad
y sujetos de asistencia cuyo aislamiento es legítimo (C-804 de 2009).
La perspectiva
de “rehabilitación” (o enfoque médico) concibe la discapacidad como la
manifestación de diversas condiciones físicas, fisiológicas o psicológicas que
alteran la normalidad orgánica, por eso las medidas adoptadas se centran en el
tratamiento de la condición médica que se considera constitutiva de la
discapacidad. Esta visión, en principio respeta la dignidad humana pero ha
tenido manifestaciones incompatibles con el respeto por los derechos humanos,
como el internamiento forzado, o la facultad de los médicos de decidir sobre
los aspectos vitales del sujeto en situación de discapacidad. Sin embargo, puede
aportar información científica relevante para el diseño de sistemas de atención
en seguridad social de las personas en condición de discapacidad.
El enfoque “social”
asocia la discapacidad a la reacción social o a las dificultades de interacción
con su entorno, derivadas de esa condición. Tal reacción es el límite a la
autodeterminación de la persona con discapacidad y le impide integrarse
adecuadamente a la comunidad. Por tal razón, este abordaje propende por medidas
que
“(i) permitan al mayor nivel posible el ejercicio de
la autonomía de la persona con discapacidad; (ii) aseguren su participación en
todas las decisiones que los afecten; (iii) garanticen la adaptación del
entorno a las necesidades de la persona con discapacidad; y (iv), aprovechen al
máximo las capacidades de la persona, desplazando así el concepto de
“discapacidad” por el de “diversidad funcional”.[106]
38.   Como ya lo ha reconocido esta Corporación (sentencia
C-035 de 2015) en Colombia coexisten los enfoques “social” y “médico”.
Con todo, uno de los instrumentos internacionales más importantes en la
materia, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, desarrolla
un enfoque social, lo que hace que éste adquiera cada vez mayor fuerza
normativa en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, el enfoque médico mantiene
relevancia para el diseño de políticas de seguridad social, y de atención en salud
y educación de la población con discapacidad, lo que explica su permanencia,
pese a sus falencias e incompletitud.
A partir del
enfoque social, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad incorpora valiosas herramientas normativas y hermenéuticas para la
adopción de medidas y políticas de protección para esa población que, vale la
pena insistir, merece especial protección constitucional.
Los principios
de la Convención guían a los Estados sobre la manera de entender los derechos
de las personas con discapacidad a fin de respetar las diferencias y la
diversidad funcional, de buscar la realización humana, en lugar de la tutela,
rehabilitación o curación, como únicos medios para lograr la inclusión social
de esta población. Bajo esa comprensión resultan destacables los derechos a la
autonomía individual, la independencia, la inclusión plena, la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad[107],
postulados retomados por la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que define las
obligaciones del Estado hacia las personas con discapacidad.[108]
La Convención
incorpora una serie de conceptos que van más allá del enfoque médico de la
discapacidad, la idea de “ajustes razonables” se refiere a los
cambios en la infraestructura y la política pública para adecuar el entorno a
las personas con discapacidad sin incurrir en gastos desmesurados; el “diseño
universal” establece el desarrollo de productos e instalaciones que sea
adecuado para el uso de todos los grupos poblacionales, independientemente de
las diversidades funcionales[109];
y el principio de “toma de conciencia”, ordena la capacitación de todos
los agentes del Estado para la comprensión de la diversidad funcional, y la
eliminación de barreras sociales.[110]
37.
Con respecto a estos enfoques la Corte ha señalado que
“…la protección de los derechos humanos de las
personas que se encuentran en alguna circunstancia de discapacidad se aborda en
la actualidad desde el modelo social, esto es, la discapacidad entendida como una realidad, no como una
enfermedad que requiere ser superada a toda costa, en otras palabras, se asume
desde el punto de vista de la diversidad, de aceptar la diferencia. Este modelo
tiene una visión amplia, pues (i) supera un primer modelo centrado en la caridad y el asistencialismo y, (ii) además, parte de que no sólo debe abordarse
la discapacidad desde el punto de vista médico o de rehabilitación sino que se centra en el aprovechamiento de todas
las potencialidades que tienen los seres humanos, independientemente del tipo
de discapacidades que tengan”[111].
El modelo social
permite la participación de las personas con discapacidad en la definición de
sus intereses, prioridades y necesidades dentro de la sociedad, de manera que propende porque
no se margine a este grupo ni se le aísle de la toma de decisiones.
Por eso,
este modelo brinda un enfoque sobre la discapacidad, en el cual la persona no
se encuentra marginada o discriminada por razón de una condición física,
sensorial o psíquica determinada “sino que las dificultades que enfrenta
para su adecuada integración se deben a la imposición de barreras por parte de
una sociedad que no está preparada para satisfacer las necesidades de todas las
personas que la componen. Las causas de la discapacidad, si bien no exclusivamente,
sí son preponderantemente sociales”[112].
38.
Igualmente, el modelo social erige a la
dignidad de humana como un presupuesto ineludible para que las personas en
situación de discapacidad puedan aportar a la sociedad, y junto con ello,
sentirse parte de la misma sin ser excluidos por sus condiciones, de manera que
rechaza la idea de la rehabilitación como un proceso de normalización del
individuo. En este sentido, las medidas que persigue el modelo se dirigen
a garantizar el mayor nivel de autonomía posible del individuo, mediante los
ajustes requeridos por su condición, que no se concibe como limitación sino
como diversidad funcional.
39.
Esta forma de abordar y tratar la discapacidad, permite que la
sociedad se adapte a las necesidades y aspiraciones de las personas en
situación de discapacidad y no que ellas tengan la gravosa obligación de ajustarse
al entorno en el que se encuentran. En este orden de ideas, las personas en condición de
discapacidad son reconocidas en su diferencia, lo que señala hacia el Estado el
deber de adelantar acciones dirigidas a lograr la satisfacción de sus derechos,
en un plano de igualdad de oportunidades y remoción de las barreras de acceso a
la sociedad. Esta visión evita el trato que tradicionalmente han recibido
las personas en condición de discapacidad, basado en la marginación a través de
su invisibilización. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que:
“[t]al como ha ocurrido con otros grupos sociales, los discapacitados
han sido objeto constante de marginación social a través de los siglos. La
discriminación contra los discapacitados presenta, sin embargo, características
que le son propias y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el
sector de los discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta
o invisible, en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas por
discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por fuera del
ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de los
discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones que
pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades. Y
finalmente, porque la discriminación contra los discapacitados frecuentemente
es ajena al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad que acompaña otras
formas de discriminación, tal como la que causa la segregación racial (…)”[113].
40.
De conformidad
con lo expuesto, es necesario que, para alcanzar una  igualdad real, el Estado se quite “el velo que le impide
identificar las verdaderas circunstancias en las que se encuentran las personas
a cuyo favor se consagra este derecho [igualdad y no discriminación]”[114], de modo que una vez
revelado el panorama real, el Estado diseñe herramientas jurídicas y sociales
que van tras el fin de superar las barreras existentes que impiden y segregan a
una población. De tal suerte, las personas en situación de discapacidad son sujetos de
derechos, y cuando cuentan con las herramientas para enfrentar las barreras
físicas o sociales que limitan su posibilidad de desenvolverse, pueden incluso
dejar de ser consideradas en condición de discapacidad. En relación con lo
anterior, la Corte ha reiterado la necesidad de que se supere la visión de la
discapacidad como enfermedad para abordarla “desde una perspectiva holística
que considere no sólo la deficiencia funcional sino su interacción con el
entorno”[115].
41.
No obstante, a pesar de la tendencia hacia el modelo social,
persisten normas que han usado expresiones que pueden ser consideradas
peyorativas e indignas. El propio texto
constitucional emplea expresiones como “los minusválidos” o “personas
con limitaciones físicas o mentales”, como cuando en el artículo 54 se
dispone que “el Estado debe (…) garantizar a los minusválidos el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud”,  o como cuando en el
artículo 68 se determina que “la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado”.
Además,
esta Corte ha apelado frecuentemente a algunas de estas expresiones, sin que en
ningún caso se derive del texto de las sentencias una descalificación. Por tan
solo mencionar algunos ejemplos a título ilustrativo, de manera reiterada se ha
empleado la palabra “discapacitado” para reconocer el derecho a la estabilidad
laboral reforzada de este grupo de trabajadores[116], el derecho a la
pensión de vejez de padre o madre con hijo discapacitado[117], el derecho al servicio
integral de salud de menores discapacitados[118],
el derecho a terapias médicas alternativas para niños discapacitados[119], el
derecho a la educación de niños discapacitados[120], el derecho a la
pensión de sobrevivientes de hijos discapacitados o a la sustitución pensional
en favor de discapacitados[121],
el derecho a la supresión de barreras físicas y arquitectónicas[122], la
validez de los mecanismos de integración social de discapacitados[123], la
procedencia de la agencia oficiosa frente a discapacitados[124], entre muchos otros. La
expresión “minusválido” ha venido cayendo en desuso, pero fue utilizada
con frecuencia entre los años 1992 y 2002, en contextos como el derecho a la
estabilidad reforzada, las cargas reforzadas del empleador para despedir a los
minusválidos, la inaplicación de las restricciones al Plan Obligatorio de Salud
en hipótesis en que se afecta gravemente la salud de un minusválido, los
talleres de trabajo protegido para minusválidos, los mecanismos de integración
social, entre otros[125].
La discapacidad mental y la discapacidad en general han sido rotuladas
sucesivamente con expresiones como “retrasado mental”, “personas
excepcionales”, “niños especiales”[126]
o “discapacitados mentales”, vocablos que a juicio de los accionantes
deberían estar vetados.[127]
Análisis de los cargos
42.
Los
accionantes demandaron las expresiones afines a las palabras “discapacitados”,
“inválidos”, “minusválidos”, “personas con limitación”, “limitados”  y “sordos”,
contenidas en las Leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361
de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y
1562 de 2012, porque a su juicio, estos vocablos tienen una connotación
peyorativa que lesiona el ordenamiento superior. El sesgo discriminatorio se
explica por la confluencia de dos circunstancias: (i) por la etimología de
algunas de estas palabras, como “minusválido” o “inválido”, que asocian
la condición de discapacidad al menor valor de las personas; (ii) porque la
terminología demandada no hace explícitos datos relevantes sobre la condición
de discapacidad: el status de persona de estos individuos, la existencia de
otras dimensiones vitales distintas a la discapacidad, y el rol determinante
del entorno en la generación de la discapacidad.
En
la medida en que la terminología legal demandada transmitiría ideas
equivocadas, inaceptables y ya revaluadas sobre la discapacidad, los
demandantes consideran que la Corte Constitucional debe retirarla del
ordenamiento jurídico por su incompatibilidad con el principio de dignidad
humana y con la prohibición de discriminación, y ordenar su sustitución por las
expresiones lingüísticas acogidas en los escenarios internacionales de derechos
humanos que se enmarcan dentro del denominado “modelo social de la
discapacidad”. Este esquema conceptual propone un cambio de paradigma en el
entendimiento del fenómeno, porque en lugar de radicar en los propios
individuos unas presuntas anomalías, deficiencias o taras, concibe la
discapacidad como el resultado de estructuras sociales, económicas, políticas y
culturales excluyentes.[128]
Algunos
de los intervinientes estimaron que no había lugar a un pronunciamiento de
fondo, porque las discrepancias terminológicas plasmadas en el escrito de
acusación no dan lugar a un debate de naturaleza constitucional, porque el
presunto déficit lingüístico ya habría sido superado en virtud de las reformas
legislativas recientes que contienen un léxico neutro, y porque los accionantes
no habrían señalado la insuficiencia terminológica ni la forma en que esto
lesiona el texto constitucional. Otros coadyuvaron las pretensiones de la
demanda.
43.
De acuerdo con el planteamiento anterior,
corresponde a la Corte estudiar los dos argumentos que sustentan la pretensión
de la demanda con respecto a una importante cantidad de expresiones acusadas
que tienen objetivos distintos dentro del sistema jurídico: (i) las
implicaciones constitucionales del lenguaje cuando su objetivo es dar una
definición legal y otorgar medidas a favor de sujetos de especial protección
constitucional; y (ii) la comprensión de ciertas expresiones legales, desde el
punto de vista constitucional, frente a las dinámicas nacional e internacional
que demandan transformaciones constantes.
Con
base en estos planteamientos, las normas acusadas se dividen en dos grupos, que
corresponden con los dos problemas jurídicos planteados: las cuestionadas por
su falta de neutralidad –o enfoque discriminatorio- en la construcción de
conceptos técnico jurídicos, y las que parecen tener una carga peyorativa que
afectaría los derechos de quienes pretenden ser referidos por las
disposiciones.
44.
Teniendo en cuenta estos dos
conjuntos de normas, una primera aclaración metodológica es que el análisis se
hará por separado en cada grupo normativo.
En segundo lugar, aunque los
demandantes insisten en que las normas cuestionadas no hacen explícitos los
presupuestos conceptuales e ideológicos del modelo social de la discapacidad, es
importante aclarar que para la Corte este enfoque no es relevante desde el
punto de vista de la discusión académica, sino que cobra preeminencia
constitucional debido a su marcada irradiación en los tratados de DIDH más
recientes sobre la materia. En ese sentido, el modelo social es un asunto de
relevancia constitucional debido a que corresponde a una tendencia acogida en
tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad. De tal suerte, la
normativa que incorpora esta visión de la discapacidad no es soslayable en
nuestro sistema de fuentes y en la función hermenéutica que nuestro
ordenamiento le atribuye al bloque de constitucionalidad que, como ya fue
expuesto, determina no sólo parámetros de control constitucional, sino
estándares interpretativos.
45.
En efecto, el “modelo social de la
discapacidad”[129]
constituye un nuevo entendimiento de esta condición en, al menos, los
siguientes sentidos:
(i)
frente a la idea de que la discapacidad proviene de estados
inmanentes e innatos a los individuos, el modelo social ubica la discapacidad
en el entorno social, en tanto que considera que son las estructuras sociales,
económicas, políticas y culturales opresivas y excluyentes las que generan esta
condición;
(ii)
frente a la idea de que a la discapacidad subyacen defectos,
insuficiencias, anomalías, alteraciones o deficiencias de los individuos, para
el modelo social se trata únicamente de diferencias que deben ser reconocidas y
aceptadas, y que en ningún caso agotan la individualidad de las personas, las
cuales tienen una vida más allá de los problemas derivados de sus diferencias;
(iii)
frente a la idea de que las personas con discapacidad deben ser
tratadas desde una perspectiva médica, con el objeto de buscar su
normalización, el modelo social propone una aceptación social de la diferencia,
y en su lugar, una intervención, no en los individuos con discapacidad, sino directamente
en las estructuras sociales de base, que son aquellas que impiden la
realización y el pleno goce de los derechos de todas las personas.
Este enfoque, entonces, ha abierto nuevos horizontes en el
entendimiento de este fenómeno y en el diseño de herramientas para enfrentar
los obstáculos de este colectivo en el goce de sus derechos. Entre otras cosas,
por ejemplo, esta nueva aproximación no solo ha tenido la virtud de enfatizar
el status de las personas con discapacidad como titulares de derechos, sino que
también ha promovido un “giro” en las políticas públicas relativas a la
discapacidad, enfatizando en la importancia de replantear la estructuras
económicas, políticas, sociales y culturales, para hacer posible la inclusión
de este segmento social.[130]
Con
base en estas consideraciones metodológicas previas la Corte procede a estudiar
los cargos de la demanda.
No son inconstitucionales
las definiciones técnico jurídicas que pretenden proteger a las personas en
situación de discapacidad- aunque no asuman el vocabulario propio de las
tendencias actuales del DIDH
46.
El primer grupo de análisis está
conformado por las siguientes expresiones y normas, consideradas
inconstitucionales por los demandantes por no integrar el enfoque social de la
discapacidad:
a.
“inválida” contenida en el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993; “inválido” e “inválidos” en los artículos 39
y 44 de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003) y en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; “invalidez”
contenida en el título del Capítulo III, en los artículos 38, 39, 40 , 41, 42,
43, 44 y 45 de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003), en los artículos 9 y 13 de la Ley 797 de 2003 y en el
18 de la Ley 1562 de 2012 e “invalidarse” contenida en el artículo 45 de la Ley
100 de 1993.
b.
“con capacidades excepcionales”
contenida en el artículo 1º de la Ley 115 de 1994 y “con excepcionalidad” del
artículo 16 de la Ley 361 de 1997.
c.
“sordo” del artículo 1º; “personas
sordas” y “sordos” del artículo 7º  y “población sorda” del artículo 10, todos
de la Ley 324 de 1996.
47.
Para comprender estas normas y
expresiones dentro del sistema jurídico y adelantar un ejercicio hermenéutico
inicial sobre sus objetivos, vale la pena recordar el subsistema al que pertenecen
y sus finalidades. En efecto, las palabras acusadas no podrían entenderse
plenamente por fuera de su dimensión normativa, para efectos de adelantar el
juicio de constitucionalidad. De hecho, pueden ser cuestionadas en esta sede
porque son parte de normas jurídicas cuyo análisis es de competencia de esta
Corporación.
Aunque las expresiones
demandadas pueden ser consideradas de manera aislada porque tienen un impacto
en la dimensión pragmática de la interacción comunicativa, tal situación no es
la que habilita la competencia de este Tribunal. La función que esta Corte
realiza corresponde a un cotejo de las palabras acusadas –como parte de normas
jurídicas- con la Constitución, para establecer si hay una contradicción o no,
y si la misma amerita una declaratoria de inconstitucionalidad (arts. 1º y 241
CP). Con base en estas ideas, la Corte hará un análisis de las expresiones de
técnica jurídica que fueron demandadas, consideradas como parte de un
subsistema normativo y de una proposición jurídica, para determinar si su uso
en ciertos preceptos viola la Constitución. Tal vulneración podría presentarse
porque reproduce la exclusión de una población especialmente protegida sin
ninguna razón, porque atenta, sin sustento alguno, contra la neutralidad del Legislador
al generar un lenguaje peyorativo que vulnera los artículos 1º y 13 CP. También
podría concluirse que estos fragmentos pueden no usar el lenguaje de vanguardia
dentro del DIDH, pero tienen objetivos constitucionalmente valiosos que
ameritan su permanencia en el ordenamiento jurídico.
48.
El primer conjunto de normas
demandadas hacen parte del sistema general de seguridad social e incluye una
norma sobre riesgos laborales. El segundo se refiere al sistema general de
educación y a la ley que establece los mecanismos de integración social de las
personas con limitación. El tercero corresponde a una ley específica sobre los
derechos de un grupo de personas en una situación concreta de discapacidad: la
población sorda.
La Corte considera que la
ubicación de estas disposiciones dentro de los subsistemas mencionados es
relevante para entender sus finalidades, como puede observarse todas las
expresiones acusadas hacen parte de cuerpos normativos que pretenden hacer
definiciones para atribuir consecuencias relacionadas con seguridad social,
educación, integración social en general y medidas de protección a las personas
sordas. En efecto, las palabras consideradas inconstitucionales por los
demandantes pretenden describir situaciones fácticas que son consideradas
relevantes en términos jurídicos y por eso el derecho les atribuye
consecuencias específicas. Gracias a estas definiciones se pueden consolidar
situaciones jurídicas que otorgan beneficios, que buscan protección de ciertos
sujetos y que reconocen la necesidad de adoptar medidas especiales. De tal
suerte, este tipo de expresiones no tiene como fin agraviar a los sujetos
descritos por la norma por medio del vocabulario utilizado, sólo desarrolla la
parte descriptiva de una prescripción jurídica.
Estas conclusiones son más
claras cuando se analiza, en particular, cada expresión acusada y se hace
evidente que es parte de disposiciones que tienen también diversos objetivos:
a.
“inválida” está contenida en el artículo
38 de la Ley 100 de 1993, que define la pérdida de capacidad laboral para ser
considerado inválido.
b.
“inválido” e “inválidos” son parte
de los artículos 39 -que establece los requisitos y tipos de invalidez- y 44 -que
reglamenta la revisión de las  pensiones de invalidez- de la Ley 100 de 1993
(tal y como fue reformada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003). La
expresión también hace parte del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que
determina los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
c.
“invalidez” está contenida en el
título del Capítulo III, en los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 (también
contiene la expresión “invalidarse”) de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue
reformada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003) que  definen el estado de
invalidez, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, el monto de la
pensión de invalidez, la calificación del estado de invalidez, el
funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez, los impedimentos,
recusaciones y sanciones de los miembros de estas juntas, la revisión de las
pensiones de invalidez y la indemnización sustitutiva de la pensión de
invalidez. La Ley 797 de 2003 regula, en su artículo 9º la pensión especial de
vejez para madres y padres de hijos en situación de discapacidad y en el 13 determina
los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. El artículo 18 de la Ley
1562 de 2012 se refiere a la calificación de invalidez.
d.
La expresión “con capacidades
excepcionales” es parte del artículo 1º de la Ley 115 de 1994 que hace la
definición de educación y la frase “con excepcionalidad” del artículo 16 de la
Ley 361 de 1997, es parte de la norma que regula la formación integral de las
personas según sus necesidades.
e.
Las expresiones “sordo” del
artículo 1º; “personas sordas” y “sordos” del artículo 7º y “población sorda”
del artículo 10, todas de la Ley 324 de 1996, se ocupan de las definiciones, de
la obligación del Estado de proveer intérpretes y escuelas de formación, y determina
un mínimo de vinculación laboral para la población sorda.
49.
La función de estas expresiones no
es agraviar o restar dignidad a las personas en condición de discapacidad. Las
palabras acusadas son elementos normativos de disposiciones que regulan
sistemas complejos, que interactúan constantemente con otros, por ejemplo el
sistema de seguridad social en pensiones. Además, pretenden determinar los
procedimientos y destinatarios de ciertas prestaciones sociales, que obviamente
tienen como objetivo proteger a poblaciones consideradas vulnerables y que han
perdido capacidad laboral. También regulan esquemas de educación y acceso a
oportunidades laborales, por lo cual no tienen una finalidad inconstitucional,
por el contrario persiguen objetivos constitucionalmente imperiosos. Aunque las
expresiones consideradas de manera aislada puedan parecer discriminatorias
–dada su carga emotiva- cuando se entienden como parte del entramado de un
sistema jurídico esa visión cambia. Tal transformación se presenta no sólo por
el análisis normativo ya mencionado sino por las consecuencias de una
declaratoria de inconstitucionalidad. En efecto, considerar que se trata de
disposiciones inexequibles, anularía beneficios para las personas a las que
aluden las normas, les quitaría medidas diseñadas en su favor, sin considerar
su rol descriptivo dentro de proposiciones jurídicas complejas y que se trata
de preceptos previos a varios tratados sobre la materia que han incorporado el
llamado enfoque social.
50.
La Corte considera que aunque estas
expresiones pueden tener en algunos escenarios, distintos al normativo, el
sesgo discriminatorio que los accionantes les atribuyen, porque establecen una
asociación entre la discapacidad y el valor de las personas y porque -de hecho-
en algunos casos son utilizadas como una descalificación. Con todo, en las
disposiciones demandadas, las palabras cuestionadas carecen de una connotación
peyorativa, y tampoco transmiten ideas negativas en contra de los miembros de
este colectivo, aunque ya se han ideado alternativas léxicas que responden
directamente a la necesidad de dignificar a las personas con discapacidad y a
la de sensibilizar al conglomerado social frente a esta realidad.
En
este entendido, para la Corte es un hecho constitucionalmente relevante que la
normatividad demandada fue expedida entre los años 1993 y 2012, periodo de
tiempo en el cual las expresiones demandadas no tenían la connotación
peyorativa que hoy los accionantes le atribuyen. De hecho, muchas de las
palabras hoy cuestionadas fueron concebidas en su momento como una alternativa
léxica neutra, y sustituyeron otros vocablos que adquirieron un matiz
discriminatorio.
Además, las expresiones
cuestionadas cumplen, en los textos legales de los que hacen parte, una función
denotativa o referencial, orientada a delimitar el universo de individuos de
los que se predican los efectos jurídicos allí establecidos. Es decir, como los
enunciados censurados tienen por objeto definir el catálogo de derechos de las
personas con discapacidad, así como los obligaciones del Estado y de los
particulares en relación con este colectivo, es decir, en la medida en que la
normativa cuestionada cumple un rol prescriptivo, la función de palabras “sordo”,
no es la de caracterizar, describir o representar a este grupo social, sino
la de acotar el objeto de la prescripción legal. Asimismo, las definiciones
legales de expresiones como “sordo” o “inválido” son de tipo
estipulativo y operativo, y no están orientadas a indicar las propiedades
reales de un grupo social determinado, sino a fijar el ámbito subjetivo de las
respectivas leyes.
Asimismo, cuando el artículo
38 de la Ley 100 de 1993 define “estado de invalidez”, determinando que “se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional,
no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral”, lo hace con el objeto de fijar los requisitos de acceso a la
pensión de invalidez, y no con el propósito de caracterizar o de valorar a
estos individuos. Por su parte, cuando el artículo 1º de la Ley 324 de 1996
define las expresiones “limitado auditivo”[131], “sordo”[132] e
“hipoacúsico”[133],
no hace una valoración de la realidad, sino únicamente fija una regla, para
que sean comprensibles las demás previsiones de la ley que contienen esa
palabra.[134]
Por lo tanto, las expresiones
mencionadas serán declaradas exequibles por los cargos analizados en esta
oportunidad.
Las expresiones que no son
neutrales para referirse a las personas en condición de discapacidad pueden
resultar violatorias de los derechos a la dignidad humana y a la igualdad
51.
Los demandantes consideran que las
palabras acusadas son inconstitucionales por las siguientes razones: (i)
Reducen a la persona a una sola de muchas facetas vitales que la caracterizan;
(ii) Radican la discapacidad en la persona y no en la sociedad; (iii) Invisibilizan
el estatus de los individuos en condición de discapacidad. Además la palabra
minusvalía claramente atribuye un menor valor a los sujetos.
Esta
parte del análisis agrupa las siguientes expresiones y normas:
a.
“los discapacitados físicos, psíquicos
y sensoriales” contenida en el artículo 26 de la Ley 100 de 1993.
b.
“y minusvalía” de los artículos 41
de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley 1562 de 2012; “minusvalía” “y minusvalías”
de los artículos 7º y 8º de la Ley 361 de 1997.
c.
“los discapacitados” contenida en
el artículo 157 de la Ley 100 de 1993.
d.
“personas con limitaciones
físicas, sensoriales y psíquicas” del artículo 1º; “personas con limitaciones
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales” y “personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales” –ambas contenidas en
el artículo 46-; todas estas expresiones contempladas en la Ley 115 de 199.
e.
“personas con limitaciones”
contenida en el título del Capítulo I, en los artículos 47 y 48 de la Ley 115
de 1994.
f.
“personas discapacitadas” del
artículo 4º de la Ley 119 de 1994.
g.
“limitado auditivo” contenida en
los artículos 1º y 11 “limitados auditivos” del artículo 10º, todos de la Ley
324 de 1996.
h.
“personas con limitación”,
“personas con limitaciones”, “persona con limitación”, “población con
limitación” o “personas limitadas físicamente”, “población limitada” contenidas
en el título y en los artículos 1º, 3º, 5º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 54, 59, 66,
69 y 72 de la Ley 361 de 1997.
i.
“limitación”, “limitaciones” o
“disminución padecida” contenidas en los artículos 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14,
18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 45, 50, 51, 59, 60, 63, 67 de la Ley 361 de
1997.
j.
“limitados” o “limitada”
contenidas en los artículos 13, 18, 19, 21, 26, 33, 40 y 42 de la Ley 361 de
1997.
k.
“población minusválida” y
“minusválidos” del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 546 de 1999 y del artículo
1º de la Ley 1114 de 2006.
l.
“discapacitado” y “discapacitados”
contenidas en el artículo 66 de la Ley 1438 de 2011.
52.
Aunque todas estas expresiones
también hacen parte de subsistemas normativos que buscan la protección de los
sujetos a los que hacen referencia, la Corte considera que el lenguaje utilizado
sí atenta contra la dignidad humana y la igualdad, pues no se trata de palabras
o frases que respondan a criterios definitorios de técnica jurídica; son
solamente formas escogidas para referirse a ciertos sujetos o situaciones,
opciones para designar que no son sensibles a los enfoques más respetuosos de
la dignidad humana.
53.
En efecto, la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, establece en su artículo 4º, numeral
1º literal b, que el Estado tiene la obligación de “Tomar todas las medidas
pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad”.
Los
fragmentos acusados generan discriminación porque corresponden a un tipo de
marginación sutil y silenciosa consistente en usar expresiones reduccionistas y
que radican la discapacidad en el sujeto y no en la sociedad. Con ello, definen
a los sujetos por una sola de sus características, que además no les es
imputable a ellos, sino a una sociedad que no se ha adaptado a la diversidad
funcional de ciertas personas.
No
cabe ninguna duda del poder del lenguaje y más del lenguaje como forma en la
que se manifiesta la legislación, que es un vehículo de construcción y
preservación de estructuras sociales y culturales. Ese rol de las palabras
explica que las normas demandadas puedan ser consideradas inconstitucionales
por mantener tratos discriminatorios en sus vocablos. Cabe recordar que el
mandato de abstención de tratos discriminatorios ostenta rango constitucional
(art. 13 CP) y por tanto cualquier acto de este tipo –incluso cuando se expresa
a través de la normativa- está proscrito.
54.  La discriminación aludida se manifiesta porque las
expresiones acusadas -“los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales”, “y
minusvalía”, “minusvalía” “y minusvalías”, “los discapacitados”, “personas con
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas”, “personas con limitaciones
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales”, “personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales”, “personas con
limitaciones”, “personas discapacitadas”, “limitado auditivo”, “limitados
auditivos”, “personas con limitación”, “personas con limitaciones”, “persona
con limitación”, “población con limitación” o “personas limitadas físicamente”,
“población limitada”, “limitación”, “limitaciones”, “disminución padecida”,
“limitados”, “limitada”, “población minusválida”, “minusválidos”,
“discapacitado” y “discapacitados”- contribuyen a la generación de una mayor
adversidad para las personas en situación de discapacidad, pues ubican su
situación como un defecto personal, que además los convierte en seres con
capacidades restringidas que tienen un menor valor. Esta carga propia de las
palabras citadas hace que los procesos de dignificación, integración e igualdad
sean más complejos.
En efecto, las expresiones
usadas por el Legislador no son neutrales, tienen una carga no sólo peyorativa
en términos de lenguaje natural, sino violatoria de derechos en términos de las
últimas tendencias del DIDH que ha asumido el enfoque social de la
discapacidad. En ese sentido no podrían ser exequibles expresiones que no
reconozcan a las personas en condición de discapacidad como sujetos plenos de
derechos, quienes a pesar de tener características que los hacen diversos
funcionalmente, deben contar con un entorno que les permita desenvolverse con
la mayor autonomía posible, pues son mucho más que los rasgos que los hacen
diversos y pueden ser parte de la sociedad si ella se adapta a sus
singularidades y les da el valor que les corresponde como individuos, en
concordancia con el derecho a la dignidad humana (art. 1º CP).
55.
De los fundamentos anteriores
puede concluirse que los fragmentos acusados son inconstitucionales por
utilizar un lenguaje vejatorio frente a sujetos de especial protección
constitucional.
Alcance del fallo y necesidad de usar un lenguaje acorde con los cambios
sociales que se manifiestan en cambios normativos
56.
Sin embargo, la Corte considera
que no es factible adoptar un fallo de inexequibilidad simple debido a la
naturaleza de las normas que, a pesar de que quisieron adoptar medidas para las
personas en condición de discapacidad usaron una terminología vejatoria y
discriminatoria. En efecto, de declararse la inconstitucionalidad de las normas,
que cumplen fines constitucionales imperiosos –buscar la igualdad real y
efectiva, dignificar a una población marginada, integrar a esa población a la
sociedad, entre otros- a través de diversos sistemas -seguridad social, educación,
mecanismos de integración y de acceso a la vivienda- generaría un mayor grado
de desprotección para esta población.
De
tal suerte, el resultado de una declaratoria de inexequibilidad simple no sólo
es indeseable sino que generaría efectos claramente inconstitucionales por ir
en contra de las obligaciones del Estado encaminadas a la protección especial de
sujetos vulnerables ordenada por la Carta Política y por los tratados
internacionales en la materia. Bajo estas circunstancias, se impone adoptar un
fallo que tenga un alcance diferente, aunque seguirá circunscrito a los cargos
analizados en esta oportunidad.
Cabe
anotar que este mecanismo no cuestiona la labor del Legislador al producir
estas normas, pues varias tienen cierta antigüedad, se trata de un llamado a la
actualización del vocabulario a través de las herramientas que otorga el bloque
de constitucionalidad, por eso la mejor fórmula de solución en este caso será
la declaratoria de exequibilidad condicionada con base en las tendencias más
recientes del DIDH.
57.
La jurisprudencia se ha referido a
diversas situaciones que han llevado a considerar opciones adicionales a la
declaratoria de inexequibilidad ordinaria. La Sentencia C-325 de 2009[135]
consideró que, aunque se encuentre una clara inexequibilidad simple, debe
valorarse la eventual generación de vacíos e inconsistencias normativas que
podrían tener resultados inconstitucionales, que lógicamente son indeseables
para el sistema jurídico. Ante estas circunstancias hay al menos dos opciones[136] -permitidas por el ordenamiento para mantener la
integridad y supremacía de la Constitución y del sistema jurídico como un todo
que debe estar acorde con ella- que no van más allá de las competencias de la
Corte Constitucional: (i)
proferir una sentencia de inconstitucionalidad diferida, concediendo un tiempo
al Legislador para que expida una nueva norma en reemplazo de la que se
considere contraria a la Carta en ejercicio de su libertad de configuración
pero dentro del respeto a la Constitución,[137]
o (ii) expedir una sentencia integradora, situación en la que la propia Corte
llena el vacío que deja la norma inconstitucional al salir del sistema
jurídico.[138]
58.
Sobre la metodología para la escogencia entre una sentencia
diferida o una integradora la sentencia C-112 de 2000[139]
estableció lo siguiente:
“Aun cuando no existen reglas simples al respecto, la
Corte considera que, como lo demuestra la práctica constitucional[140],
el punto decisivo es el siguiente: si el mantenimiento de la disposición
inconstitucional no es particularmente lesivo de los valores superiores, y el
legislador goza de múltiples opciones de regulación de la materia, entonces es
preferible otorgar un plazo prudencial al Congreso para que corrija la
situación inconstitucional, ya que en tal evento, una sentencia integra­dora
afecta desproporcionadamente el principio democrático (CP, art. 3º) pues el
tribunal constitucional estaría limitando la libertad de configuración del
Legislador. La extensión del plazo conferido al legislador dependerá, a su vez,
de esas variables.”
Pero
también procede una sentencia integradora, por medio de la cual, el juez
constitucional “proyecta los mandatos constitucionales en la legislación
ordinaria, para de esa manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer
frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal”[141].
Estas sentencias pueden ser interpretativas, aditivas o sustitutivas y “encuentran
fundamento en el carácter normativo de la Carta Política (C.P. art. 4°) y en
los principios de efectividad (C.P. art. 2°) y conservación del derecho (C.P.
art. 241), llamados a gobernar el ejercicio del control de constitucionalidad”[142], ya
que facilitan la labor de “mantener vigente en el ordenamiento jurídico la
norma que ofrece insuficiencias desde la perspectiva constitucional, en el
sentido que le permite al órgano de control constitucional ajustar su contenido
a los mandatos superiores parcialmente ignorados por el legislador”[143]. [144]
59.
En el presente caso, la ausencia del texto que parece
inexe­quible puede resultar más gravosa que su presencia debido al vacío
normativo en la protección de los derechos de las personas en situación de
discapacidad. Con todo, una sentencia diferida no tendría mucho sentido ya que
es imposible que la normativa legal se adapte al mismo ritmo que imponen los
cambios sociales y de paradigmas a nivel nacional e internacional, por tanto,
la Corte encuentra el fallo integrador interpretativo como el más razonable en
este asunto.
Para actualizar estas disposiciones sin generar
contradicciones sistémicas insalvables, y con el objetivo de respetar al máximo
el principio democrático y el trabajo del Legislador, la Corte acudirá al
bloque de constitucionalidad que ha demostrado la tendencia del DIDH a acoger
un enfoque social para entender sus obligaciones frente a las personas en
condición de discapacidad. De tal forma, las expresiones estigmatizantes y
descalificadoras contenidas en las normas precitadas, deberán ser reemplazadas
por fórmulas lingüísticas que no tengan esa carga peyorativa para la población
a la que se quieren referir.
Conclusión
60.
Los accionantes demandaron las
expresiones afines a las  palabras “discapacitados”, “inválidos”,
“minusválidos”, “personas con limitación”, “limitados”  y “sordos”, contenidas
en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546
de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012, porque
a su juicio, estos vocablos tienen una connotación peyorativa que lesiona el
ordenamiento superior. El sesgo discriminatorio se explica por la confluencia
de dos circunstancias: (i) por la etimología de algunas de estas palabras, como
“minusválido” o “inválido”, que asocian la condición de discapacidad al
menor valor de las personas; (ii) porque la terminología demandada no hace
explícitos tres datos relevantes sobre la condición de discapacidad: el status de
persona de estos individuos, la existencia de otras dimensiones vitales
distintas a la discapacidad, y el rol determinante del entorno en la generación
de la discapacidad.
Algunos
de los intervinientes estimaron que no había lugar a un pronunciamiento de
fondo, porque las discrepancias terminológicas plasmadas en el escrito de
acusación no dan lugar a un debate de naturaleza constitucional, porque el
presunto déficit lingüístico ya habría sido superado en virtud de las reformas
legislativas recientes que contienen un léxico neutro, y porque los accionantes
no habrían señalado la insuficiencia terminológica ni la forma en que esto lesiona
el texto constitucional.
61.
La Corte encontró que, aunque el lenguaje sí puede tener
implicaciones inconstitucionales, pues podría ser entendido y utilizado con
fines discriminatorios, el uso de algunas expresiones como parte del lenguaje
técnico jurídico pretende definir una situación legal y no hacer una
descalificación subjetiva de ciertos individuos. En ese sentido, varias
expresiones serán declaradas exequibles, por los cargos analizados en esta
oportunidad.
De otro lado, la
relevancia del análisis del lenguaje en sede constitucional, también debe
considerar que éste responde a un contexto temporal que determina las
categorías socialmente aceptadas. Sin embargo, tales contextos y categorías
admitidas por la sociedad son dinámicos y por tanto deben ser actualizados a
medida que se presentan cambios. No obstante, es indiscutible la imposibilidad
de actualizar –por medio del trámite legislativo- un amplio cúmulo normativo en
sincronía perfecta con el cambio social. Por esta y otras razones, el
ordenamiento constitucional ha previsto algunos elementos de actualización que
pretenden preservar los derechos de las personas, en particular de quienes
enfrentan una situación de discapacidad o de capacidad excepcional, a fin de
evitar el estigma o la descalificación. Uno de estos dispositivos de
actualización es el bloque de constitucionalidad, que al integrar diversos
instrumentos internacionales de protección de las personas en discapacidad al
ordenamiento colombiano, permite transformar el lenguaje a los estándares
sociales vigentes, a la vez que preserva los derechos de sujetos que merecen
especial protección constitucional. Con base en estas circunstancias, la Corte
analizó varias expresiones que podrían contener una carga discriminatoria y condicionará
su constitucionalidad a una comprensión ligada a la normativa internacional
vigente, que no tiene cargas peyorativas para los sujetos que el ordenamiento
pretende proteger.
III.      DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia y en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos analizados
en esta sentencia, las siguientes expresiones:
a.
“inválida” contenida en el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993; “inválido” e “inválidos” en los artículos 39
y 44 de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003) y en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; “invalidez”
contenida en el título del Capítulo III, en los artículos 38, 39, 40 , 41, 42,
43, 44 y 45 de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003), en los artículos 9 y 13 de la Ley 797 de 2003 y en el
18 de la Ley 1562 de 2012 e “invalidarse” contenida en el artículo 45 de la Ley
100 de 1993.
b.
“con capacidades excepcionales”
contenida en el artículo 1º de la Ley 115 de 1994 y “con excepcionalidad” del
artículo 16 de la Ley 361 de 1997.
c.
“sordo” del artículo 1º; “personas
sordas” y “sordos” del artículo 7º  y “población sorda” del artículo 10, todos
de la Ley 324 de 1996.
SEGUNDO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, por
los cargos analizados en esta sentencia, de las siguientes expresiones:
a.
“los discapacitados físicos,
psíquicos y sensoriales” contenida en el artículo 26 de la Ley 100 de 1993, en
el entendido de que deberá reemplazarse por “personas en situación de
discapacidad física, psíquica y sensorial”.
b.
“y minusvalía” de los artículos 41
de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley 1562 de 2012; “minusvalía” “y minusvalías”
de los artículos 7º y 8º de la Ley 361 de 1997, respectivamente, en el
entendido de que deberán reemplazarse por las expresiones “e invalidez” o
“invalidez”.
c.
“los discapacitados” contenida en
el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que deberá
reemplazarse por la expresión “persona en situación de discapacidad”.
d.
“personas con limitaciones
físicas, sensoriales y psíquicas” del artículo 1º; “personas con limitaciones
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales” y “personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales” –ambas contenidas en
el artículo 46-; todas estas expresiones contempladas en la Ley 115 de 1994, en
el entendido de que deberá reemplazarse por la expresión “personas en situación
de discapacidad física, sensorial y psíquica”.
e.
“personas con limitaciones”
contenida en el título del Capítulo I, en los artículos 47 y 48 de la Ley 115
de 1994 en el entendido de que deberá reemplazarse por la expresión “personas
en situación de discapacidad”.
f.
“personas discapacitadas” del
artículo 4º de la Ley 119 de 1994, en el entendido que debe reemplazarse por la
expresión “personas en situación de discapacidad”.
g.
“limitado auditivo” contenida en
los artículos 1º y 11 “limitados auditivos” del artículo 10º, todos de la Ley
324 de 1996, en el entendido de que esas frases deberán reemplazarse por las
expresiones “persona con discapacidad auditiva” y “personas con discapacidad
auditiva”.
h.
“personas con limitación”,
“personas con limitaciones”, “persona con limitación”, “población con
limitación” o “personas limitadas físicamente”, “población limitada” contenidas
en el título y en los artículos 1º, 3º, 5º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 54, 59, 66,
69 y 72 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse por
las expresiones “persona o personas en situación de discapacidad.
i.
“limitación”, “limitaciones” o
“disminución padecida” contenidas en los artículos 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14,
18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 45, 50, 51, 59, 60, 63, 67 de la Ley 361 de
1997, en el entendido de que deberán reemplazarse por las expresiones
“discapacidad” o “en situación de discapacidad”.
j.
“limitados” o “limitada”
contenidas en los artículos 13, 18, 19, 21, 26, 33, 40 y 42 de la Ley 361 de
1997, en el entendido de que deberán reemplazarse por la expresión “personas en
situación de discapacidad”.
k.
“población minusválida” y
“minusválidos” del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 546 de 1999 y del
artículo 1º de la Ley 1114 de 2006, en el entendido de que deberá reemplazarse
por la expresión “personas en situación de discapacidad”.
l.
“discapacitado” y “discapacitados”
contenidas en el artículo 66 de la Ley 1438 de 2011, en el entendido de que
deberá reemplazarse por la expresión “persona en situación de discapacidad”.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional
y archívese el expediente.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Norma
Título
de la norma
Expresiones
demandadas
Ley 100 de 1993
Por la cual se crea el Sistema
de Seguridad Social integral y se dictan otras disposiciones.
-
Art 26: El fondo de
solidaridad pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen
general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del
sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la
totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos,
compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres
comunitarias, los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las
cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno
Nacional.
El subsidio se concederá parcialmente para
reemplazar los aportes del empleador y del trabajador, o de este último en
caso de que tenga la calidad de trabajador independiente, hasta por un
salario mínimo como base de cotización. El Gobierno Nacional reglamentará la
proporción del subsidio de que trata este inciso.
Los beneficiarios de estos subsidios podrán
escoger entre el régimen solidario de prima media con prestación definida y
el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero en el evento de
seleccionar esta última opción, sólo podrán afiliarse a fondos que
administren las sociedades administradoras que pertenezcan al sector social
solidario, siempre y cuando su rentabilidad real sea por lo menos igual al
promedio de los demás fondos de pensiones de conformidad con lo establecido
en la presente ley.
Para hacerse acreedor al subsidio el
trabajador deberá acreditar su condición de afiliado del régimen general de
seguridad social en salud, y pagar la porción del aporte que allí le
corresponda.
Estos subsidios se otorgan a partir del 1º de
enero de 1995.
-
Art 38º: Estado de invalidez. Para los efectos del presente
capítulo se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el
50% o más de su capacidad
laboral.
-
Art 39º: Requisitos para obtener la pensión de invalidez.
Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada
por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración
2. Invalidez causada
por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma,
PARÁGRAFO
1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar
que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente
anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria.
PARÁGRAFO
2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
-
Art 40º: Monto de la pensión de invalidez. El
monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:
a. El 45%
del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando
la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior
al 66%.
b. El 54%
del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando
la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.
La pensión
por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base
de liquidación.
En ningún
caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al
salario mínimo legal mensual.
La pensión
de invalidez se reconocerá a solicitud de parte
interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que
se produzca tal estado.
-
Art 41º: Calificación del estado de invalidez.
El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para Ia
calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este
manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los
criterios técnicos de evaluación para calificar Ia imposibilidad que tenga el
afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.
Corresponde
al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales<6> -
ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y
muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera
oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y
el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de
acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los
diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional
dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en
un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones
legales.
El acto que
declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores
entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho
que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el
interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta Regional y la
facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional.
Cuando la
incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS,
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones-, ARP, aseguradora o
entidad promotora de salud) sea inferior en no menos del diez por ciento (10%)
a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse
en forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez por
cuenta de la respectiva entidad.
Para los
casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable
de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de
Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta
por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario
adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal
reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al
seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la
entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la
Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la
incapacidad que venía disfrutando el trabajador.
Las
Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho concepto antes de
cumplirse el día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo antes
de cumplirse el día ciento cincuenta (150), a cada una de las Administradoras
de Fondos de Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien se
le expida el concepto respectivo, según corresponda. Cuando la Entidad
Promotora de Salud no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a
ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva
incapacidad temporal después de los ciento ochenta (180) días iniciales con
cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente
concepto.
Sin
perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la calificación en
primera oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera
instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y
determinar su origen.
A la Junta
de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en
segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales.
La
calificación se realizará con base en el manual único para la calificación
de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la
fecha de calificación, que deberá contener los criterios técnicos-científicos
de evaluación y calificación de pérdida de capacidad laboral porcentual por
sistemas ante una deficiencia, discapacidad y minusvalía
que hayan generado secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente.
PARÁGRAFO
1. Para la selección de los miembros de las Juntas Regionales y
Nacional de Calificación de Invalidez, el Ministerio del Trabajo
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
La
selección se hará mediante concurso público y objetivo, cuya convocatoria se
deberá hacer con no menos de dos (2) meses de antelación a la fecha del
concurso e incluirá los criterios de ponderación con base en los cuales se
seleccionará a los miembros de estos organismos. La convocatoria deberá
publicarse en un medio de amplia difusión nacional.
Dentro de
los criterios de ponderación se incluirán aspectos como experiencia
profesional mínima de cinco (5) años y un examen escrito de antecedentes
académicos sobre el uso del manual de pérdida de capacidad laboral y de invalidez,
el cual se realizará a través de una entidad académica de reconocido
prestigio. Los resultados del concurso serán públicos y los miembros de las
Juntas serán designados por el Ministro del Trabajo, comenzando por quienes
obtuvieran mayor puntaje.
La
conformación de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez podrá
ser regionalizada y el manejo de sus recursos será reglamentado por el
Gobierno Nacional de manera equitativa. El proceso de selección de los
integrantes de las juntas de calificación de invalidez se financiará con
recursos del Fondo de Riesgos Profesionales.
PARÁGRAFO
2. Las entidades de seguridad social, los miembros de las Juntas
Regionales y Nacional de Invalidez y los profesionales que
califiquen serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan
perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de Seguridad
Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.
-Art
42º: Naturaleza, administración y funcionamiento de las
juntas regionales y nacional de calificación de invalidez.  Las
Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son
organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación
legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica,
de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario,
sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los
dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin
perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme
a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo.
Será
conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo, la
integración, administración operativa y financiera, los términos en
tiempo y procedimiento para la expedición de dictámenes, funcionamiento y la
inspección, vigilancia y control de estos aspectos, así como la
regionalización del país para los efectos de funcionamiento de las
Juntas, escala de honorarios a sus integrantes, procedimientos
operativos y recursos de reposición y apelación.
PARÁGRAFO
1o.  Los integrantes de las Juntas Nacional y Regionales de
Calificación de Invalidez se regirán por la presente ley y su
reglamentación, actuarán dentro del respectivo período y, en caso necesario,
permanecerán en sus cargos hasta tanto se realice la posesión de los nuevos
integrantes para el período correspondiente, serán designados de acuerdo
a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.
PARÁGRAFO
2o. Las entidades de seguridad social y los integrantes de las
Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los
profesionales que califiquen, serán responsables solidariamente por los
dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores
del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente
probado.
Es
obligación de los diferentes actores de los Sistemas de Seguridad Social en
Salud y Riesgos Laborales la entrega oportuna de la información requerida y
de la cual se disponga para fundamentar la calificación del origen, entre las
entidades competentes para calificar al trabajador.
PARÁGRAFO
3o. El Ministerio de Trabajo deberá organizar dentro de los seis (6)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la estructura y
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez como
parte de la estructura del Ministerio de Trabajo.
-Art
43º: Impedimentos, recusaciones y sanciones.  Los
integrantes principales y suplentes de las Juntas Regionales y Nacional, en
número impar serán designados, de acuerdo a la reglamentación que expida el
Ministerio de Trabajo. Los integrantes serán particulares que ejercen una
función pública en la prestación de dicho servicio y mientras sean parte de
las Juntas de Calificación de Invalidez, no podrán tener vinculación
alguna, ni realizar actividades relacionadas con la calificación del origen y
grado de pérdida de la capacidad laboral o labores administrativas o
comerciales en las Entidades Administradoras del Sistema Seguridad Social
Integral, ni con sus entidades de dirección, vigilancia y control.
Los
integrantes de las Juntas estarán sujetos al régimen de impedimentos y
recusaciones aplicables a los Jueces de la República, conforme a lo dispuesto
en el Código de Procedimiento Civil y su trámite será efectuado de acuerdo
con el artículo 30 del
Código Contencioso Administrativo y, como a particulares que ejercen
funciones públicas, les es aplicable el Código Disciplinario Único.
PARÁGRAFO
1o. Los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas
Regionales de Calificación de invalidez no tienen el
carácter de servidores públicos, no devengan salarios, ni prestaciones
sociales y sólo tienen derecho a los honorarios establecidos por el
Ministerio de Trabajo.
PARÁGRAFO
2o. Los integrantes de la Junta Nacional y los de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez no podrán permanecer
más de dos (2) periodos continuos.
- Art
44º: Revisión de las pensiones de invalidez.  El
estado de invalidez podrá revisarse:
a. Por
solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada
tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el
dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su
beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si
a ello hubiera lugar.
Este nuevo
dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El
pensionado tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de
dicha solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez.
Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha
revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión.
Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el
pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión
prescribirá.
Para
readquirir el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido deberá
someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán
pagados por el afiliado;
b. Por
solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa.
-Art
45º: Indemnización sustitutiva de la
pensión de invalidez. El afiliado que al momento de invalidarse no
hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez,
tendrá derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la
que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la
presente ley.
-
Art 157º: Tipos de participantes en el sistema
general de seguridad social en salud.  A partir de la sanción de la
presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud
que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en
su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo
harán en forma temporal como participantes vinculados.
A.
Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán
dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los
afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del
régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente
Ley.
2. Los
afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el
Artículo 211 de
la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto
total de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas
rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo,
personas tales como las madres durante el embarazo, parto y postparto y período
de lactancia, las madres comunitarias*, las mujeres cabeza de familia, los
niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de
Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los
campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales
independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos,
periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles,
taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago.
B. Personas
vinculadas al Sistema.
Los
participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de incapacidad
de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán
derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones
públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.
A partir
del año 2.000, todo colombiano deberá estar vinculado al Sistema a través de
los regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente se
unificarán los planes de salud para que todos los habitantes del territorio
nacional reciban el Plan Obligatorio de Salud de que habla el artículo 162.
PARÁGRAFO
1o. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de estímulos,
términos, controles y sanciones para garantizar la universalidad de la
afiliación.
PARÁGRAFO
2o. La afiliación podrá ser individual o colectiva, a través de las
empresas, las agremiaciones, o por asentamientos geográficos, de acuerdo a la
reglamentación que para el efecto se expida. El carácter colectivo de la
afiliación será voluntario, por lo cual el afiliado no perderá el derecho a
elegir o trasladarse libremente entre Entidades Promotoras de Salud.
PARÁGRAFO
3o. Podrán establecerse alianzas o asociaciones de usuarios, las
cuales serán promovidas y reglamentadas por el Gobierno Nacional con el fin
de fortalecer la capacidad negociadora, la protección de los derechos y la
participación comunitaria de los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Estas agrupaciones de usuarios podrán tener como referencia
empresas, sociedades mutuales, ramas de actividad social y económica,
sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos de asociación, y podrán
cobrar una cuota de afiliación.
Ley 115 de 1994.
Por la cual se expide la ley
general de educación
-
Art 1º: La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de
la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala
las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que
cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas,
de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona,
en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su
carácter de servicio público.
De conformidad con el
artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización
y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica
(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes
en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales,
y a personas que requieran rehabilitación social. La Educación Superior es
regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley.
-
Capítulo I: Educación para personas con limitaciones o
capacidades excepcionales
-
Art 46º: Integración con el servicio educativo. La educación
para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas,
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte
integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos
organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y
terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de
dichos educandos. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación
correspondiente.
Parágrafo primero.
Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán contratar con
entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos
necesarios para la atención de las personas a las cuales se refiere este
artículo, sin sujeción al artículo 8° de la Ley 60 de 1993 hasta cuando los
establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación.
Parágrafo segundo.
Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen educación para
personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo
los requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los
programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada atención
integral de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas
o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de seis
(6) años y será requisito esencial para que las instituciones particulares o
sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado.
-
Art 47º: Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en
los artículos 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes
y programas de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las
instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada
atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de
esta Ley.
Igualmente fomentará
programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con este mismo
fin.
El reglamento podrá
definir los mecanismos de subsidio a las personas con limitaciones,
cuando provengan de familias de escasos recursos económicos
-
Art 48º: Aulas especializadas. Los Gobiernos Nacional, y de las
entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo, programas
de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas
con limitaciones.
El Gobierno Nacional
dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de
apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su
jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de
atender, en forma integral, a las personas con limitaciones.
Ley 119 de 1994
Por la cual se reestructura el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones
-
Art 4º:  Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
Impulsar la
promoción social del trabajador, a través de su formación profesional
integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de
valores morales éticos, culturales y ecológicos.
Velar por el
mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de
aprendizaje.
Organizar,
desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional
integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del
sector productivo.
Velar porque
en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga
la unidad técnica.
Crear y
administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral.
Adelantar
programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas.
Diseñar,
promover y ejecutar programas de formación profesional integral para
sectores desprotegidos de la población.
Dar
capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y
comunidades del sector informal urbano y rural.
Organizar
programas de formación profesional integral para personas desempleadas y
subempleadas y programas de readaptación profesional para personas
discapacitadas.
Expedir
títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide,
dentro de los campos propios de la formación profesional integral, en
los niveles que las disposiciones legales le autoricen.
Desarrollar
investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el
avance tecnológico del país, en función de los programas de formación
profesional.
Asesorar al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de
investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente
actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de
insumo a la planeación y elaboración de planes y programas de formación
profesional integral.
Asesorar al
Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de
educación media técnica, para articularlos con la formación profesional
integral.
Prestar
servicios tecnológicos en función de la formación profesional integral,
cuyos costos serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, siempre y
cuando no se afecte la prestación de los programas de formación
profesional.
Ley 324 de 1996
Por la cual se crean algunas
normas a favor d la población sorda
-
Art 1º: Para efectos de la presente ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos.
Limitado Auditivo. Es una expresión genérica que se utiliza para definir una
persona que posea una pérdida auditiva.
Sordos. Es aquella persona que presenta una pérdida auditiva
mayor de noventa Decibeles (90) que le impide adquirir y utilizar el lenguaje
oral en forma adecuada.
Hipoacúsico. Disminución de la audición que en sentido
estricto no llega a ser total, lo que se denomina con el término de COFOSIS.
Lengua Manual Colombiana. Es la que se expresa en la modalidad viso -
manual.
Es el código cuyo medio es el visual más que
el auditivo. Como cualquiera otra lengua tiene su propio vocabulario,
expresiones idiomáticas, gramáticas, sintaxis diferentes del español. Los
elementos de esta lengua (Las señas individuales) son la configuración, la
posición y la orientación de las manos en relación con el cuerpo y con el
individuo, la lengua también utiliza el espacio, dirección y velocidad de
movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir el
significado del mensaje, esta es una lengua visogestual.
Comunicación. Es un proceso social en el cual es necesario como
mínimo que haya dos personas en situación de interrelación de ideas o
mensajes, un emisor o locutor y un receptor.
Para que la comunicación se produzca es
necesario que exista entre los interlocutores motivación para transmitir y
recibir.
El preciso que haya intervenido explícita o
implícita, un acuerdo entre los interlocutores respecto de la utilización de
un código que permita la organización de los mensajes transmitidos tomando un
medio o canal de comunicación determinado.
Prevención. Se entiende como la adopción de medidas
encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico
o sensorial (Prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una
discapacidad o limitación funcional permanente (Prevención secundaria). La
prevención puede incluir muchos tipos de acción diferentes, como atención
primaria de la salud, puericultura prenatal y posnatal, educación en materia
de nutrición, campañas de vacunación contra enfermedades transmitibles,
medidas de lucha contra las enfermedades endémicas, normas y programas de
seguridad, la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la
adaptación de los lugares de trabajo para evitar discapacidades y
enfermedades profesionales y prevención de la discapacidad resultante de la
contaminación del medio ambiente u ocasionada por los conflictos armados.
Rehabilitación. La rehabilitación es un proceso encaminado a
lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y
mantener un estado funcional óptimo, desde el punto de vista físico,
sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios
para modificar su propia vida y ser más independientes. La rehabilitación
puede abarcar medidas para proporcionar o restablecer funciones o para
compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación funcional. El
proceso de rehabilitación no supone la prestación de atención médica
preliminar.
Abarca una amplia variedad de medidas y
actividades, desde la rehabilitación más básica y general hasta las
actividades de orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación
profesional.
Intérprete para Sordos. Personas con amplios conocimientos de la
Lengua Manual Colombiana que puede realizar interpretación simultánea del
español hablado en la Lengua Manual y viceversa.
-
Art 7º: El Estado
garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos para que sea éste un
medio a través del cual las personas sordas puedan acceder a todos los
servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para
ello el Estado organizará a través de Entes Oficiales o por Convenios con
Asociaciones de Sordos,
la presencia de intérpretes para el acceso a los Servicios mencionados.
El Estado igualmente promoverá la creación de
Escuelas de formación de intérpretes para sordos.
-
Art 10º: El Estado
garantizará que los establecimientos o empresas del Orden Nacional,
Departamental, Distrital y Municipal en que tenga participación, se vincule
laboralmente un porcentaje de limitados
auditivos. A la población
sorda que no pueda ser
incluida laboralmente el Estado la considerará como prioritaria para ser
incluido en el Régimen Subsidiado de Seguridad Social.
-
Art 11º: El Estado
establecerá la protección legal para que el padre, la madre o quien tenga
bajo su cuidado o protección legal al limitado
auditivo, disponga de facilidades en sus horas laborales, para la
atención médica, terapéutica y educativa para sus hijos.
Ley 361 de 1997
Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones
-
Título: Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación
y se dictan otras disposiciones.
-
Art 1º: Los principios que inspiran la presente Ley, se
fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen
en consideración a la dignidad que le es propia a las personas con
limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y
culturales para su completa realización personal y su total integración
social y a las personas con limitaciones severas y profundas, la
asistencia y protección necesarias.
-
Art 3º: El Estado Colombiano inspira esta ley para la
normalización social plena y la total integración de las personas con
limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre la materia
en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas
en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental
aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los
Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de
la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la
OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la
Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación
de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983.
-
Art 5º: Las personas con limitación deberán aparecer
calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en
Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las
empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva
limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el
formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través
de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.
Dicho carné especificará
el carácter de persona con limitación y el grado de limitación
moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse como
titular de los derechos establecidos en la presente Ley.
El Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones necesarias al
formulario de afiliación y al carné de los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud con el objeto de incorporar las modificaciones aquí
señaladas. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las
políticas que con relación a las personas con limitación establezca el
"Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación"
a que se refiere el artículo siguiente.
-
Art 7º: El Gobierno junto con el Comité Consultivo velará por
que se tomen las medidas preventivas necesarias para disminuir y en lo
posible eliminar las distintas circunstancias causantes de limitación,
evitando de este modo consecuencias físicas y psicosociales posteriores que
pueden llevar hasta la propia minusvalía, tales como: el control pre y
post natal, el mejoramiento de las prácticas nutricionales, el mejoramiento
de las acciones educativas en salud, el mejoramiento de los servicios
sanitarios, la debida educación en materia de higiene y de seguridad en el
hogar, en el trabajo y en el medio ambiente, el control de accidentes, entre
otras.
Para tal efecto, las
Entidades Promotoras de Salud incluirán en su plan obligatorio de Salud las
acciones encaminadas a la detección temprana y la intervención oportuna de la
limitación, y las Administradoras de Riesgos Profesionales deberán
incluir en sus programas de Salud Ocupacional las directrices que sobre
seguridad laboral dicte el Comité Consultivo; las autoridades Departamentales
o Municipales correspondientes deberán adoptar las medidas de tránsito que
les recomiende el Comité Consultivo.
Lo previsto en este
artículo incluye las medidas de apoyo, diagnóstico de deficiencia,
discapacidad y minusvalía y las acciones terapéuticas correspondientes
realizadas por profesionales especializados en el campo médico, de la
enfermería y terapéutico.
-
Art 8º: El Gobierno a través del Ministerio de Educación
Nacional tomará las medidas necesarias para que tanto en el proceso educativo
como en el de culturización en general, se asegure dentro de la formación
integral de la persona la prevención de aquellas condiciones generalmente
causantes de limitación.
Para estos efectos las
entidades públicas y privadas que tengan por objeto la formación y
capacitación de profesionales de la educación, la salud, trabajadores
sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, o cualquier otra profesión que
pueda tener injerencia en el tema, deberán incluir en sus currículos
temáticas referentes a la atención y prevención de las enfermedades y demás
causas de limitación y minusvalías.
-
Art 9º: A partir de la vigencia de la presente Ley el
Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación,
deberá incluir en sus planes y programas el desarrollo de un Plan Nacional de
Prevención con miras a la disminución y en lo posible la eliminación de las
condiciones causantes de limitación y a la atención de sus
consecuencias. Para estos efectos deberán tomarse las medidas pertinentes en
los sectores laboral, salud y de seguridad social.
-
Art 10º: El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación
Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles
primario, secundario, profesional y técnico para las personas con
limitación, quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro
del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.
-
Art 11º: En concordancia con lo establecido en la Ley
115 de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de su limitación,
para acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública o privada
y para cualquier nivel de formación.
Para estos efectos y de
acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el Gobierno Nacional
promoverá la integración de la población con limitación a las aulas
regulares en establecimientos educativos que se organicen directamente o por
convenio con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se
adoptarán las acciones pedagógicas necesarias para integrar académica y
socialmente a los limitados, en el marco de un Proyecto Educativo
Institucional.
Las entidades
territoriales y el Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de
Cofinanciación, apoyarán estas instituciones en el desarrollo de los
programas establecidos en este capítulo y las dotará de los materiales
educativos que respondan a las necesidades específicas según el tipo de limitación
que presenten los alumnos
-
Art 12º: Para efectos de lo previsto en este capítulo, el
Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para el diseño y ejecución
de programas educativos especiales de carácter individual según el tipo de limitación,
que garanticen el ambiente menos restrictivo para la formación integral de
las personas con limitación.
-
Art 13º: El Ministerio de Educación Nacional establecerá
el diseño, producción y difusión de materiales educativos especializados, así
como de estrategias de capacitación y actualización para docentes en
servicio. Así mismo deberá impulsar la realización de convenios entre las
administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no
gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, psicología,
trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y
fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos terapéuticos y
educativos dirigidos a esta población.
Tanto las Organizaciones
No Gubernamentales como las demás instituciones de cualquier naturaleza que
presten servicios de capacitación a los limitados, deberán incluir la
rehabilitación como elemento preponderante de sus programas.
PARÁGRAFO. Todo
centro educativo de cualquier nivel deberá contar con los medios y recursos
que garanticen la atención educativa apropiada a las personas con
limitaciones. Ningún centro educativo podrá negar los servicios
educativos a personas limitadas físicamente, so pena de hacerse
acreedor de sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional o la
Secretaría de Educación en las que delegue esta facultad, que pueden ir desde
multas sucesivas de carácter pecuniario de 50 a 100 salarios mínimos legales
mensuales hasta el cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la
Tesorería Nacional, Departamental o Municipal según el caso.
-
Art 14º: El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes,
establecerán los procedimientos y mecanismos especiales que faciliten a las personas
con limitaciones físicas y sensoriales la presentación de exámenes de
estado y conjuntamente con el Icetex, facilitará el acceso a créditos
educativos y becas a quienes llenen los requisitos previstos por el Estado
para tal efecto. Así mismo, Coldeportes promoverá y dará apoyo financiero con
un porcentaje no inferior al 10% de sus presupuestos regionales, a las
entidades territoriales para el desarrollo de programas de recreación y
deporte dirigidos a la población limitada física, sensorial y
síquicamente. Estos programas deberán ser incluidos en el plan nacional del
deporte, recreación y educación física.
-
Art 15º: El Gobierno a través
de las instituciones que promueven la cultura suministrará los recursos
humanos, técnicos y económicos que faciliten el desarrollo artístico y
cultural de la persona
con limitación. Así mismo las bibliotecas públicas y privadas
tendrán servicios especiales que garanticen el acceso para las personas con limitación.
Dichas
instituciones tomarán para el efecto, las medidas pertinentes en materia de
barreras arquitectónicas dentro del año siguiente a la vigencia de la
presente Ley, so pena de sanciones que impondrá el Ministerio de Educación
Nacional o las Secretarías de Educación en quienes delegue, que pueden ir
desde multas de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales hasta el cierre
del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la Tesorería Nacional,
Departamental o Municipal según el caso.
-
Art 16º: Lo
dispuesto en este capítulo será igualmente aplicable para las personas con excepcionalidad, a quienes
también se les garantiza el derecho a una formación integral dentro del
ambiente más apropiada, según las necesidades específicas individuales y de
acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes.
-
Art 18º: Toda persona con limitación que no haya desarrollado al máximo
sus capacidades, o que con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido
la limitación,
tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos
niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y
social.
Para
estos efectos el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Trabajo,
Salud y Educación Nacional, establecerá los mecanismos necesarios para que
los limitados
cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral, en
términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en
general cuenten con los instrumentos que les permita autorregalizarse,
cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir a su ambiente inmediato y en
la sociedad.
Lo
anterior sin perjuicio de las obligaciones en materia de rehabilitación
establecidas en el Plan Obligatorio de Salud para la Empresas Promotoras de
Salud y para las Administradoras de Riesgos Profesionales cuando se trate de limitaciones surgidas por enfermedad profesional
o accidentes de trabajo.
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Art 19º: Los limitados de escasos recursos serán beneficiarios del Régimen
Subsidiado de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993.
Para
efectos de este artículo y con el fin ampliar la oferta de servicios a la población con limitación beneficiaria de dicho régimen, el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud establecidos en la Ley 100 de
1993, deberá incluir en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, los
servicios de tratamiento y rehabilitación de la población con limitación, lo cual
deberá ser plasmado en un decreto expedido por el Ministerio de Salud.
Parágrafo.- El
Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
determinarán los beneficios a los que tendrán acceso los limitados de escasos recursos no afiliados al
Régimen de Seguridad Social en Salud establecido en la Ley 100 de 1993, hasta
el año 2001, fecha en que la cobertura será universal.
-
Art 20º: Los
Municipios podrán destinar recursos de su participación en los ingresos
corrientes de la Nación a subsidiar la adquisición de prótesis, aparatos
ortopédicos u otros elementos necesarios para la población con limitación de escasos recursos, dentro de las
atenciones del Plan Obligatorio de Salud.
-
Art 21º: Con el fin
de mejorar la oferta de servicios integrales de rehabilitación a los limitados, la Consejería
Presidencial promoverá iniciativas para poner en marcha proyectos en cabeza
de las entidades territoriales, las organizaciones no gubernamentales y la
cooperación técnica internacional, de manera que toda persona limitada, durante su proceso de
educación, capacitación, habilitación o rehabilitación según el caso, tenga
derecho a que se le suministren los equipos y ayudas especiales requeridas
para cumplir con éxito su procesos.
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Art 22º: El Gobierno dentro de la
política nacional de empleo adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la
creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitación,
para lo cual utilizará todos los mecanismos adecuados a través de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación Nacional
y otras entidades gubernamentales, organizaciones de personas con limitación que se dediquen a la educación, a la
educación especial, a la capacitación, a la habilitación y rehabilitación.
Igualmente el Gobierno establecerá programas de empleo
protegido para aquellos casos en que la disminución padecida no
permita la inserción al sistema competitivo.
-
Art 23º: El Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena realizará acciones de promoción de sus cursos
entre la población con limitación y permitirá el acceso en igualdad de
condiciones de dicha población previa valoración de sus potencialidades a los
diferentes programas de formación. Así mismo a través de los servicios de
información para el empleo establecerá unas líneas de orientación laboral que
permita relacionar las capacidades del beneficiario y su adecuación con la
demanda laboral.
-
Art 24º: Los particulares empleadores
que vinculen laboralmente personas con limitación tendrán
las siguientes garantías:
A  que sean preferidos en igualdad de condiciones en
los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos,
sean estos públicos o privados si estos tiene en sus nóminas por lo
menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de
discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por
la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos
con anterioridad de un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso
igual al de la contratación;
Prelación
en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales,
siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas
que impliquen la participación activa y permanente de personas con
limitación;
El
Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y
equipo especialmente adoptados o destinados al manejo de personas
con limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de
equipos que se consideran cubiertos por el beneficiario.
-
Art 25º: El Gobierno
a través del Comité Consultivo a que se refiere el artículo 6, podrá
solicitar estadísticas detalladas y actualizadas sobre los beneficios y
resultados de los programas para las personas
con limitación.
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Art 26º: En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado
por razón de su limitación,
salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su
contrato terminado por razón de su limitación,
sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán
derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario,
sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar
de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo
modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
-
Art 27º: En los
concursos que se organicen para el ingresos al servicio público, serán
admitidas en igualdad de condiciones las personas
con limitación,
y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la personas con limitación,
siempre y cuando el tipo o clase de limitación no resulten extremo incompatibles o
insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos lo
medio posibles de capacitación
-
Art 28º: Las
Entidades Públicas podrán establecer convenios de formación y capacitación
profesional con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, con las
universidades, centro educativos, organizaciones no gubernamentales o con
instituciones especializadas para preparar las personas con limitación,
según los requisitos y aptitudes exigidas para el cargo y según el grado de
especialización del mismo
-
Art 29º: Las personas con limitación que con base en certificación médica
autoriza, no pueda gozar de un empleo competitivo y por lo tanto no puedan
producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal vigente,
tendrán derecho a ser beneficiarios del Régimen Subsidiado de Seguridad
Social, establecido en la Ley 100 de 1993.
-
Art 30º: Las entidades
estatales de todo orden, preferirán en igualdad de condiciones, los
productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo
de lucro constituídas por las personas
con limitación.
Las
entidades estatales que cuenten con conmutadores telefónicos, preferirán en
igualdad de condiciones para su operación a personas
con limitaciones diferentes
a las auditivas debidamente capacitadas para el efecto.
-
Art 31º: Los empleadores que
ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que
estén obligados a presentar declaración de renta y complementario, tienen
derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y
prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores
con limitación,
mientras esta subsista.
Parágrafo.- La cuota de
aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un
50%, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no
inferior al 25%.
-
Art 33º: El ingreso
al servicio público o privado de una persona limitada que se encuentre pensionada, no
implicará la pérdida ni suspensión de su mesada pensional, siempre que no
implique doble asignación del tesoro público.
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Art 34º: El Gobierno
Nacional a través de Ministerio de Desarrollo (Instituto de Fomento
Industrial - -FI), establecerá líneas de créditos blandos para el
funcionamiento y constitución de pequeñas y medianas empresas cualquiera que
sea su forma jurídicas, dedicada a la producción de materiales, equipos,
accesorios, partes o ayudas que permitan a las personas con limitación desarrollar actividades cotidianas,
o que les sirva para la prevención, restauración o corrección de la
correspondiente limitación o que sean utilizadas para la
práctica deportiva o recreativa de estas personas. Para tener acceso a estas
líneas de crédito dichas empresas deberán ser propiedad de una o más personas
limitadas y su planta de personal estará integrada en no menos del 80%
por personas con limitación.
-
Art 35º: En desarrollo de lo
establecido en los artículos 1, 13, 47 54, 68 y 366 de la Constitución
Política, el Estado garantizará que las personas
con limitación reciban
la atención social que requieran, según su grado de limitación.
Dentro
de dichos servicios se dará especial prioridad a las labores de información y
orientación familiar; así como la instalación de residencias, hogares
comunitarios y la realización de actividades culturales, deportivas y
recreativas.
Parágrafo.- Sin perjuicio
de las labores que sobre este aspecto corresponda a otras entidades y
organismos, lo previsto en este artículo en especial las actividades
relativas a la orientación e información de la población limitada,
estará a cargo de la Consejería Presidencial, la cual para estos efectos
organizará una oficina especial de orientación e información, abierta
constantemente al público.
-
Art 36º: Los
servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo informar y capacitar
a las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de aquellos
de sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a
lograr la normalización de su entorno familiar como uno de los elementos
preponderantes de su formación integral.
-
Art 37: El Gobierno
a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en cooperación con
las organizaciones de personas
con limitación, apropiará los recursos necesarios para crear una red
nacional de residencias, hogares comunitarios y escuelas de trabajo cuyo
objetivos será atender las necesidades de aquellas personas con
limitaciones severas,
carentes de familiar, o que aún teniéndola adolezcan de severos problemas de
integración.
-
Art 38º: Todo envío
postal nacional de material especial para la atención, educación,
capacitación y rehabilitación de personas
con limitación, gozará de franquicia postal. Para estos efectos se
requerirá prueba acerca de la naturaleza del material. La Administración
Postal Nacional - Adpostal- abrirá un registro de organizaciones públicas o
privadas que representen o agrupen personas
con limitación. En todo caso se establecerá un cupo máximo mensual de envíos
con franquicia de este tipo.
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Art 39º: El Gobierno
a través de Coldeportes organizará y financiará el desarrollo de eventos
deportivos y de recreación a nivel nacional para la participación de personas
con limitación, así como para aquellas organizaciones, que les prestan
servicios en eventos de esta naturaleza a nivel internacional.
-
Art 40º: Los campos
y escenarios deportivos públicos deberán ser facilitados a los organismos
oficiales o privadas que se dediquen a la educación, habilitación y rehabilitación
de personas con limitación,
previa solicitud por escrito ante Coldeportes o las juntas administradoras
del deporte. Estos organismos facilitarán y coordinarán el uso de dichos
campos y escenarios deportivos por parte de la población con limitación.
-
Art 41º: Los
escenarios culturales de propiedad de la Nación o de cualquier otra entidad
pública, deberán ser facilitados a las entidades oficiales o privadas
dedicadas a la educación, rehabilitación y capacitación de personas con limitación o sus organizaciones, previa
solicitud en tal sentido ante Colcultura o las entidades regionales
correspondientes.
-
Art 42º: A partir de la vigencia de la presente ley, la Junta Directiva del
Banco de la República deberá tener en cuenta que todo papel moneda y moneda
metálica deberá diferenciarse de tal manera que pueda ser fácilmente
distinguible por toda persona, sea está normal o limitada.
-
Art 43º: El presente título
establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a
las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya
capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se busca
suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de
las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la
construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.
Lo
dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e
instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.
Parágrafo.- Los
espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán
adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y
tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación.
-
Art 45º: Son
destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del
entorno en que se encuentran, tiene necesidades especiales y en particular
los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención
especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia
temporal.
-
Art 49º:  Como mínimo un 10% de los proyectos elaborados por el
Gobierno para la construcción de vivienda de interés social, se programarán
con las características constructivas necesarias para facilitar el acceso de
los destinatarios de la presente ley, así como el desenvolvimiento normal de
sus actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.
Lo
previsto en este artículo rige también para los proyectos de vivienda de
cualquier otra clase que se construya o promuevan por entidades oficiales o
privadas. El Gobierno expedirá las disposiciones reglamentarias para dar
cumplimiento a lo previsto en este artículo y en especial para garantizar la
instalación de ascensores con capacidad para transportar al menos una persona
en su silla de ruedas.
Parágrafo.- Cuando el
Proyecto se refiere a conjuntos de edificios e instalaciones que constituyan
un complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en condiciones
que permitan, en todo caso, la accesibilidad de las personas con limitación a los diferentes inmuebles e
instalaciones complementarias.
-
Art 50º: Sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos anteriores y en concordancia con las normas que
regulen los asuntos relativos a la elaboración, proyección y diseño de
proyectos básicos de construcción, el Gobierno Nacional expedirá las
disposiciones que establezcan las condiciones mínimas que deberán tenerse en
cuenta en los edificios de cualquier clase, con el fin de permitir la
accesibilidad de las personas con cualquier tipo de limitación.
La
autoridad competente de todo orden se abstendrá de otorgar el permiso
correspondiente para aquellos proyectos de construcción que no cumplan con lo
dispuesto en este artículo.
-
Art 51º: Para los
efectos de este título, se entiende por "Rehabilitación de
viviendas", las reformas y reparaciones que las personas a que se
refiere la presente ley, tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente
por causa de su limitación.
Para esos efectos, el Gobierno Nacional dictará las normas mediante las
cuales se regulen líneas de crédito especiales, así como las condiciones
requeridos para la concesión de subsidios, para financiar las
rehabilitaciones de vivienda a que se refiere el presente artículo.
-
Art 54º: En toda
construcción temporal o permanente que pueda ofrecer peligro para las personas con limitación,
deberá estar provista de la protección correspondiente y de la adecuada
señalización.
-
Art 59º: Las empresas de
carácter público, privado o mixto cuyo objeto sea el transporte aéreo,
terrestre, marítimo, ferroviario o fluvial, deberán facilitar sin costo
adicional alguno para la personas
con limitación,
el transporte de los equipos de ayuda biomecánica, sillas de ruedas u otros
implementos directamente relacionados con la limitación, así
como los perros guías que acompañen las personas
con limitación visual.
-
Así mismo se deberán reservar las
sillas de la primera fila para las personas
con limitación,
en el evento de que en el respectivo viaje se encuentre como pasajero alguna persona
limitada.
-
Art 60º: Los
automóviles así como cualquier otra clase de vehículos conducidos por una personas
con limitación, siempre que
lleven el distintivo, nombre o iniciales respectivos, tendrán derechos a
estacionar en lugares específicamente demarcados con el símbolo internacional
de accesibilidad. Lo mismo se aplicará para el caso de los vehículos
pertenecientes a centros educativos especiales o de rehabilitación. El
Gobierno reglamentará la materia.
-
Art 63º: En las
principales calles y avenidas de los distritos y municipios donde haya
semáforos, las autoridades correspondientes deberán disponer lo necesario
para la instalación de señales sonoras que permitan la circulación segura de
las personas con limitación visual.
-
Art 66º: El Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Comunicaciones, adoptará las medidas
necesarias para garantizarle a las personas
con limitación el derecho a
la información.
-
Art 67º: De acuerdo con lo
establecido en el artículo anterior, las emisiones televisivas de interés
cultural e informativo en el territorio nacional, deberán disponer de
servicios de intérpretes o letras que reproduzcan el mensaje para personas
con limitación auditiva. El Ministerio de
Comunicaciones en un término de seis meses a partir de la promulgación de
esta ley deberá expedir resolución que especifique los criterios para
establecer qué programas están obligados pro lo dispuesto en este artículo.
La
empresa Programadora que no cumpla con lo dispuesto en este artículo se hará
acreedora de multas sucesivas de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes
hasta que cumpla con su obligación. La sanción la impondrá el Ministerio de
Comunicaciones y los dineros ingresarán al Tesoro Nacional.
-
Art 69º: Para los
efectos previstos en este capítulo, el Gobierno Nacional compilará en un solo
orgánico todas las normas y disposiciones que permitan a las diferentes personas
con limitación acceder al
servicio de comunicaciones. Deberá así mismo incluirse en dicho estatuto, un
régimen especial de sanciones por el incumplimiento de dichas normas.
-
Art 72º: El Estado
garantizará los adecuados mecanismos de concertación en el diseño y ejecución
de las políticas que tengan que ver con la población
limitada, con las organizaciones de y para personas con limitación.
Ley 546 de 1999
Por la cual se dictan en
materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado
a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y
otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se
expiden otras disposiciones.
-
Art 29º: De conformidad con el numeral 2 del artículo 359 de la
Constitución Política, durante los cinco (5) años siguientes a la vigencia de
la presente ley, se asignará de los recursos del presupuesto nacional una
suma anual equivalente a ciento cincuenta mil millones de pesos
($150.000.000.000.00) expresados en UVR, con el fin de destinarlos al
otorgamiento de subsidios para la Vivienda de Interés Social, VIS,
subsidiable. La partida presupuestal de que trata este artículo no podrá ser
objeto en ningún caso de recortes presupuestales.
Para dar cumplimiento al
artículo 51 de la Constitución Política de Colombia las entidades del Estado
o de carácter mixto, que promuevan, financien, subsidien o ejecuten planes de
vivienda de interés social subsidiable, directa o indirectamente diseñarán y
ejecutarán programas de vivienda urbana y rural, especialmente para las
personas que devengan hasta dos (2) salarios mínimos y para los desempleados.
Dichos programas se realizarán en distintas modalidades en los términos de la
Ley 3ª de 1991.
Parágrafo 1°. El
Gobierno Nacional destinará anualmente el veinte por ciento (20%) de los
recursos presupuestales apropiados para el subsidio a la vivienda de interés
social VIS para atender la demanda de la población rural. Al final de cada
semestre si no se hubiere colocado el total de los recursos en la vivienda
rural, el remanente se destinará a atender la demanda urbana.
Parágrafo 2°. Las
autoridades municipales y distritales exigirán a todos los proyectos de
vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las
viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien (100) viviendas de
una de ellas para la población minusválida. Las viviendas para minusválidos
no tendrán barreras arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas para
dicha población, de acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto
expida el Gobierno Nacional.
-
Ley 797 de 2003
Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
-
Art 9º: El
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez.
Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las
siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años
de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad
se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y
sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000)
semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el
número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
Parágrafo 1°. Para efectos del cómputo de las semanas a que
se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en
cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores
públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes
exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores
vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la
vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados
con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas
previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a
su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.
En los casos previstos en los literales b),
c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la
caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma
correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad
administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.
Los fondos encargados reconocerán la pensión
en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud
por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su
derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han
expedido el bono pensional o la cuota parte.
Parágrafo 2°. Para los efectos de las disposiciones
contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de
siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán
sobre el número de días cotizados en cada período.
Parágrafo  3°. Se considera justa causa para dar por
terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el
trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador
podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o
reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las
administradoras del sistema general de pensiones.
Transcurridos treinta (30) días después de que
el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en
este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el
empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.
Lo dispuesto en este artículo rige para todos
los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de
pensiones.
Parágrafo 4°. Se exceptúan de los requisitos establecidos en
los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una
deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de
edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas
al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.
La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental,
debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como
dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de
vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de
Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima
media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la
trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el
padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los
requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo.
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Art 13º: Los artículos 47 y 74 quedarán
así:
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años.
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su
propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante
aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo
de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea
y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de
condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de forma total y
absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el
vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código
Civil.
Ley 860 de 2003
Por la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se dictan otras disposiciones
-
Art 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior
sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos t res (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración y
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores al hecho causante de la misma, y
su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20)
años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas
en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez
o su declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya
cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a
la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los
últimos tres (3) años.
Ley 1114 de 2006
Por la cual se modifica la ley
546 de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la ley 789 de 2002 y el artículo
6 de la ley 973 de 2005 y se destinan recursos para la vivienda de interés
social
-
Art 1º: Destinación de subsidios para vivienda de
interés social. De conformidad con el artículo 51 y el numeral 2 del artículo
359 de la Constitución Nacional, de los recursos del Presupuesto Nacional se
asignará una suma anual. como mínimo equivalente a un millón cuatro mil
novecientos un (1.004.901) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el
objeto de destinarlos al otorgamiento de Subsidios de Vivienda de Interés
Social Urbana y Rural. La partida presupuestal de que trata este artículo no
podrá ser objeto en ningún caso de recorte presupuestal.
-
Parágrafo 1. El Gobierno destinará anualmente el 20% de
los recursos presupuéstales apropiados para VIS rural. Al final de cada
vigencia si no se hubiese colocado el total de los recursos en la vivienda
rural, el remanente se destinará a atender la demanda urbana.
-
Parágrafo 2. Los oficiales, suboficiales y soldados
profesionales de las Fuerzas Militares; los oficiales, suboficiales y
miembros del nivel ejecutivo, agentes de la Policía Nacional; el personal
civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas
Militares y de Policía Nacional; el personal docente oficial; los docentes
vinculados a establecimientos educativos privados; los trabajadores
independientes y quienes devenguen salario integral, podrán afiliarse al
Fondo Nacional de Ahorro. La afiliación se hará previa solicitud del
interesado a través de ahorro voluntario de acuerdo con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional. En ningún caso este ahorro voluntario hará parte
del ahorro ordinario que a la Caja de Vivienda Militar hagan los oficiales,
suboficiales, nivel ejecutivo, agentes, soldados profesionales, y personal
civil o no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y
Policía Nacional. Las cesantías de este personal continuarán siendo
transferidas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para su
administración, conforme lo establecido en el Decreto 353 de 1994, modificado
por la Ley 973 de julio de 2005. Los colombianos residentes en el exterior
podrán afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro I bajo las mismas condiciones
previstas en el presente parágrafo.
-
Parágrafo 3. Las autoridades municipales y distritales exigirán
a todos los proyectos de vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por
ciento (1%) de las viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien
(100) viviendas de una de ellas para la población minusválida. Las
viviendas para minusválidos no .tendrán barreras arquitectónicas en su
interior y estarán adaptadas para dicha población, de acuerdo con las
reglamentaciones que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Ley 1438 de 2011
Por medio de la cual se reforma
el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.
-
Art 66º: Atención integral en salud a discapacitados. Las
acciones de salud deben incluir la garantía a la salud del discapacitado,
mediante una atención integral y una implementación de una política nacional
de salud con un enfoque diferencial con base en un plan de salud del
Ministerio de Protección Social.
Ley 1562 de 2012
Por la cual se modifica el Sistema
de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional
-
Art 18º: Adiciónese un inciso al artículo 142 del Decreto número
19 de 2012. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, respecto de la
calificación en primera oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales
calificar en primera  instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de
invalidez y determinar su origen.
A la Junta de
Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en segunda
instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales.
La calificación se
realizará con base en el manual único para la calificación de invalidez,
expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que
deberá contener los criterios técnicos - científicos de evaluación y
calificación de pérdida de capacidad laboral porcentual por sistemas ante una
deficiencia, discapacidad y minusvalía que hayan generado secuelas
como consecuencia de una enfermedad o accidente.
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-458/15
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Vocablos
no transmiten ni implícita ni explícitamente juicio de disvalor ni contienen
descalificación tácita o expresa sobre sobre condición de discapacidad
(Salvamento parcial de voto)
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Terminología empleada por el legislador entre los años
1993 y 2012 coincidía con el léxico aceptado para designar dichas personas en
términos neutros y desprovistos de componentes peyorativos (Salvamento parcial de voto)/EXPRESIONES
REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Terminología
cuestionada cumple una función referencial (Salvamento parcial de voto
EXPRESIONES REFERIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Definiciones legales y lexicográficas de las
expresiones "discapacitado", "inválido",
"sordo", "minusválido", "persona con
limitaciones" y "limitados" están desprovistas de
componentes peyorativos por lo cual debían haber sido declaradas exequibles (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expediente D-10585
Asunto:
Demanda de
inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en las leyes 100 de
1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de
2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012.
Magistrada Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte, me permito explicar las razones que me llevaron a salvar parcialmente el
voto en el asunto de la referencia.
Mi discrepancia con la decisión mayoritaria en este
caso radica en la declaratoria de exequibilidad condicionada de las expresiones
demandadas contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324
de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012.[145]
La mayoría de la Sala avaló la exequibilidad
condicionada de dichas normas al considerar que, en primer lugar, el lenguaje
sí puede tener implicaciones inconstitucionales, toda vez que podría ser
entendido y utilizado con fines discriminatorios y, en segundo lugar, al
determinar que si bien el lenguaje responde a un contexto temporal que
determina las categorías socialmente aceptadas por la sociedad, dicho contexto
y categorías son dinámicos y por tanto deben ser actualizados a medida que se
presentan cambios. Sin embargo, ante la imposibilidad de actualizar, por medio
del trámite legislativo, un amplio cúmulo normativo en sincronía perfecta con
el cambio social, el ordenamiento constitucional ha previsto algunos elementos
de actualización que pretenden preservar los derechos de las personas, en
particular, de quienes enfrentan una situación de discapacidad o de capacidad
excepcional, a fin de evitar el estigma o la descalificación. Uno de estos
dispositivos de actualización es el bloque de constitucionalidad, que al
integrar diversos instrumentos internacionales de protección de las personas en
discapacidad al ordenamiento colombiano, permite transformar el lenguaje a los
estándares sociales vigentes, a la vez que preserva los derechos de sujetos que
merecen especial protección constitucional. Con base en estas circunstancias,
la Corte analizó varias expresiones que podrían contener una carga
discriminatoria y condicionó su constitucionalidad a una comprensión ligada a
la normativa internacional vigente, que no tiene cargas peyorativas para los
sujetos que el ordenamiento pretende proteger.
En esta oportunidad, disiento de tales consideraciones,
toda vez que, a mi juicio, en el contexto específico de las leyes 100/93,
115/94, 119/94, 324/96, 361/97, 546/99, 1114/06, 1438/11 y 1562/12, dichos
vocablos no transmiten ni implícita ni explícitamente un juicio de disvalor
sobre la condición de discapacidad, ni tampoco contienen una descalificación
tácita o expresa sobre este estado, por las siguientes razones:
En mi opinión, los destinatarios de las leyes y
potenciales receptores del presunto mensaje agravioso e infamante, usualmente
tienen en cuenta el contexto en que fueron expedidas las normas impugnadas.
Entonces, entre los años 1993 y 2012, la terminología empleada por el
legislador coincidía con el léxico generalmente aceptado para designar a las
personas con discapacidad en términos neutros y desprovistos de los componentes
peyorativos que hoy le adjudican los accionantes. Así mismo, la terminología
cuestionada cumple, en el marco de las leyes atacadas, una función referencial,
de modo que es utilizada por el legislador para acotar el ámbito subjetivo de
la normatividad, y no para representar, describir o valorar esa realidad.
Ahora bien, el derecho positivo en general y las leyes
demandadas en particular, reconocen el status de sujeto de las personas con
discapacidad, la existencia de otras esferas vitales y el papel determinante de
la estructura y el funcionamiento en el goce de los derechos de este grupo
poblacional; por ello, el que no se hagan explícitas estas ideas a través de la
terminología legal, no transmite la idea contraria. A su vez, en el lenguaje
ordinario y en el lenguaje jurídico se designa a las personas en función del
rasgo relevante, sin que se sea necesario hacer explícito su status de sujeto o
la existencia de otras dimensiones vitales desde las cuales podrán ser
caracterizados.
Finalmente, estimo que las definiciones legales y
lexicográficas de las expresiones "discapacitado",
"inválido", "sordo", "minusválido", "persona
con limitaciones" y "limitados" están desprovistas de los
componentes peyorativos que los demandantes les atribuyen. Por estas razones,
las mencionadas expresiones contenidas en las normas acusadas debían haber sido
declaradas exequibles.
Fecha ut supra
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
Hasta el fundamento 17, es decir todos los antecedentes y las consideraciones
sobre la aptitud de la demanda.
[2]
Las disposiciones que contienen los vocablos demandados se encuentran
en el documento anexo a esta sentencia.
[3]
Como pretensión principal.
[4]
Como pretensión principal.
[5]
Falencia señalada por el Departamento para la Prosperidad
Social y el Ministerio de Trabajo.
[6]
Deficiencia señalada por el Departamento para la Prosperidad
Social y el Ministerio de Trabajo.
[7]
Concepto del Departamento para la Prosperidad Social.
[8]
Intervención del Ministerio del Trabajo.
[9]
Como pretensión principal.
[10]
Como pretensión subsidiaria.
[11]
Como pretensión subsidiaria.
[12]
La solicitud de exequibilidad se presenta exclusivamente en
relación con la expresión “sordo”.
[13]
Intervención del Ministerio de Salud.
[14]
Respecto de las expresiones relacionadas con los términos “limitación”
y “disminución”.
[15]
Como pretensión principal.
[16]
Argumento del PAIIS.
[17]
Argumentos del Ministerio de Educación.
[18]
Ministerio de Educación.
[19]
Ministerio de Educación.
[20]
Ministerio de Educación.
[21]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[22]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[23]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[24]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[25]
Este proceso correspondió inicialmente al despacho del Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[26]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[27]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[28]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[29]  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30]
Estas definiciones hacen parte de lo que la dogmática
denomina “reglas de segundo orden” o meta-normas”, es decir,
reglas sobre las reglas de conducta. Sobre la distinción entre las normas
reguladoras o meta normas, y las normas reguladas o normas-objeto, cfr. Gustavo
González Solano, “El control constitucional en Costa Rica, Sobre incoherencias,
paradojas e inconstitucionalidades de nuestro control constitucional”, en
Revista de Ciencias Jurídicas, San José de Costa Rica, Nro. 101, 2003.
Documento disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/issue/view/1391. Último acceso: 4 de mayo de 2015
[31]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[32]
M.P. Humberto Sierra Porto.
[33]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[34]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[35]  M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[36]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[37]
En este sentido, el artículo 46 de la Ley 115 de 1994
establece que “la educación para personas con limitaciones físicas,
sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales, es parte del servicio público educativo”.
[38]
Sentencia C-804 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[39]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[40]
En este fallo se declaró la inexequibilidad parcial del
artículo 33 del Código Civil, según el cual “las palabras hombre, niño,
adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de
la especie humana, se entenderán que comprenden ambos sexos, en las
disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o
el contexto se limitan manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las
palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino,
no se aplicarán a otro sexo, menos que expresamente las extienda la ley a él”.
[41]
En particular, declaró la inexequibilidad simple de las
expresiones “los furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en
los mentecatos”, contenida en el artículo 140 del Código Civil, y de “de
imbecilidad o idiotismo”, “locura furiosa”, y “de locos”, previstas
en el artículo 554 del mismo cuerpo normativo.
[42]  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[43]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[44]
Con todo, los efectos jurídicos de las decisiones judiciales anteriores no son
del todo claros. Con excepción de la sentencia C-1235 de 2005[44]
que junto a la declaratoria de inconstitucionalidad ordenó la sustitución de
las expresiones “amos”, “criados” y “sirvientes” por las de “empleadores”
y “trabajadores”, según el caso, en los demás fallos la declaratoria
de inexequibilidad simple podría dejar algunos interrogantes sobre las
consecuencias jurídicas de la determinación judicial. Habiéndose declarado la
inconstitucionalidad de la norma que habilita a los operadores jurídicos a
reconocer el uso genérico del masculino, surge la duda sobre el alcance que se
debe otorgar a las normas del derecho positivo que de hecho han dado este uso
al masculino; si, al modo de ejemplo, el artículo 54 del Código de Comercio
dispone que “el comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia
que dirija en relación con los negocios (…)”, deberá entenderse que esta
obligación sólo está dirigida a los comerciantes y no a las comerciantes, en
virtud de la declaratoria de inexequibilidad de la habilitación anterior?. O
cómo entender el artículo 140.3 del Código Civil según el cual “se presume
falta de consentimiento [para el matrimonio] en los furiosos locos, mientras
permanezcan en la locura y en los mentecatos en quienes se haya impuesto
interdicción judicial para el manejo de sus bienes”, si las locuciones “furiosos
locos, mientras permanezcan en la locura y en los mentecatos” fue declarada
inexequible? Habría que entender que todo a quien se le haya impuesto
interdicción judicial para el manejo de sus bienes está impedido para contraer
matrimonio?
[45]
Artículo 3 de la Ley 1482 de 2011, “por medio de la cual
se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones”.
[46]
Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
[47]
Artículo 11 de la Ley 1751 de 2015, “por medio de la cual
se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”
[48]
Sentencia C-910 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[49]
Sentencia C-105 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[50]
Sentencia C-966 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
[51]
Sobre las bases conceptuales del movimiento de Liberación
Animal cfr. Peter Singer, Liberación Animal, Ed. Trotta, Madrid,
1999.
[52]
Sobre función denotativa y connotativa de los signos
lingüísticos cfr., Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del
Derecho, Ed. Ariel, Buenos Aires, 1984, pp. 248-256. Documento disponible
en: http://es.slideshare.net/rubenradaescobar/introduccion-al-analisisdelderechocarlossantiagonino. Último acceso: 23 de junio de 2015.
[53]
Según John Searle, los actos de habla pueden cumplir
funciones representativas, directivas, comisivas, expresivas o declarativas.
Sobre la clasificación de los actos de habla cfr., John Searle, Actos
de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje, Ed. Planeta Agostini,
Barcelona, 1994. Documento disponible en: http://www.textosenlinea.com.ar/libros/Searle%20-%20Actos%20de%20Habla.pdf. Último acceso: 16 de junio de 2015; sobre el uso descriptivo,
expresivo, directivo y operativo cfr. J. L. Austin, Cómo hacer cosas
con palabras, 1955. Documento disponible en: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/117185/170d785d8cfed13cd022cee1adf3f6e2.pdf?sequence=1. Último acceso: 26 de junio de 2015.
[54]
Este tipo de exploración ya ha sido efectuado por otros tribunales
constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, por
ejemplo, ha descartado la posibilidad de valorar en abstracto las expresiones
lingüísticas, y por el contrario, ha entendido que el examen se realiza
teniendo en cuenta, por un lado, el rol social y el status del emisor y las
calidades de los destinatarios, y por otro, el contexto fáctico y lingüístico
en el que se utiliza y el vocablo cuestionado. Por ello, mientras un ciudadano
ordinario, en su calidad de simple individuo, tiene un amplio margen de
maniobra lingüística, los medios de comunicación tienen facultades
restringidas; y mientras en algunos escenarios una palabra oprobiosa puede
estar protegida constitucionalmente, en otros no. En un reciente fallo, el
referido tribunal se refirió a palabras que en ese país son percibidas como
insultantes e indecentes como “puñal” y “lambiscón”, y que fueron
utilizadas por un medio de comunicación para referirse a un columnista; en
fallo se sostuvo que aunque en otros escenarios la utilización de esas mismas
palabras se encontraba protegida, la circunstancia de que en el caso particular
los vocablos fueron emitidos por la prensa, es decir, por un medio de
comunicación que tiene un rol definitivo en la formación de la opinión pública,
y de que el mensaje estuvo mediado por un propósito deliberadamente ofensivo,
llevaba a la conclusión contraria (Sentencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, amparo directo en
revisión 2806/2012, M.P. Arturo Zaldívar Lelo Larrea, http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=143425. Último acceso: 27 de junio de 2012).
[55]
El artículo 1 de la Ley 1618 de 2013 establece que “el
objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de
discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de
2009”.
[56]
Hasta este párrafo fue retomada la ponencia original presentada por el Dr. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[57] Establece el artículo 93 de la Constitución que: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”
[58]
C-018 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[59] Sentencia del 23 de marzo de 1973. M.P. Dr. Eustorgio Sarriá. Gaceta
Judicial N° 2390-2391 Pág.105. Citada por la sentencia C-067 de 2013. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[60] C-067 de 2013. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[61] C-582 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[62]
Ver entre otras: C-191 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
C-664 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos y C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[63]
C-531 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[64]
M.P. Alejandro Martínez Caballero
[65] C-307 de 2009. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
[66]
C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas.
[67]
C-394 de 2007. M.P. Humberto Sierra Porto. Aclaración de
Voto (Humberto Sierra Porto). Ver Bobbio,
Principi Generali del Diritto, NDI, XIII, UTET, Torino, p. 887. Estas reglas
sirven como: “i) regla de interpretación respecto de la dudas que puedan
suscitarse al momento de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad
cuando no exista norma directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las
funciones del operador jurídico, y iv) la de limitar la validez de las
regulaciones subordinadas”. Tomado de la sentencia: C-067 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra
[68]
M.P.
Humberto Sierra Porto
[69] C-804
de 2009. M.P. María Victoria Calle; C-935 de 2013. M.P. Alberto Rojas
Ríos; C-131 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[70]
Declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-401 de 2003
[71]
“Discriminación contra las personas con discapacidad” es “toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades
fundamentales.” (artículo 2)
[72]
De acuerdo con el segundo inciso del artículo 1º de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad son “aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás”.
[73]
Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 y aprobada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991.
[74]
Revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-824 de
2011.
[75]
Instrumentos citados en la sentencia T-051 de 2011; MP Jorge
Iván Palacio.
[76]
El repertorio de instrumentos del sistema mundial de derechos
humanos en materia de discapacidad se encuentra en: http://usuarios.discapnet.es/ajimenez/docsint.htm. Último acceso: 25 de junio de 2015.
[77]
El fundamento 29 hasta esta parte, ha sido retomado de la
ponencia original presentada por el Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[78]
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
[79]
Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
[80]
Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar
y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud.
[81]
Artículo 64. (…)La erradicación del
analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o
con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.
[82]
C-804 de 2009 M.P. María Victoria Calle y T-397 de 2004 M.P.
Manuel José Cepeda.
[83] C-804 de
2009 (M.P. María Victoria Calle)
[84]
Ibídem
[85]
C-793 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo
[86]
Ibídem
[87]
Ibídem
[88]
C-792 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza. “Actos que apelan a criterios sospechosos o potencialmente
prohibidos, para coartar o excluir a una persona o grupo de personas del
ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio”.
[89]
Ibídem. “Las que se
derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en la práctica
generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente
marginado o discriminado”.
[90]
La obligación de asegurar la igualdad y de propiciar
la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, ha sido
reiteradamente resaltada por la Corte, ver las sentencias C-293 de 2010. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla: C-824 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas;  C-765 de
2012, C-066 de 2013.M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[91]
C-221 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
[92]
Ibídem
[93]
M.P. Alberto Rojas Ríos
[94]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[95]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[96]
M.P. Adriana María Guillén
[97]
Criterio que reitera lo que ha expuesto la Cote Constitucional, entre otras
sentencias, en la T-288/95, T-378/97 y la C-401 de 2003.
[98]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[99]
MP. Jaime Córdoba Triviño
[100]
MP. Fabio Morón Díaz
[101]
Sentencia T-288 de 1995; MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[102]
M.P. María Victoria Calle
[103]
En la sentencia T-340 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), se expusieron
bajo en un solo apartado los enfoques de marginación y la eliminación; en el
fallo C-804 de 2009, en cambio, se efectuó una exposición independiente de cada
uno.
[104]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[105] Ver sentencias C-804 de 2009 y T-340 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez).
[106]T-109 de 2012. M.P. María Victoria Calle. Dicho
argumento fue recogido posteriormente por la sentencia C-765 de 2012. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[107] Especialmente relevante resulta el artículo 3º de la
Convención, donde se establecen los siguientes principios: “a) El respeto de
la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no
discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad
de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la
mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas
con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.
[108]
Ley 1618 de 2013, artículo 3º: “Artículo 3o. Principios. La presente ley se rige por los
principios de dignidad humana, respeto, autonomía individual, independencia,
igualdad, equidad, Justicia, inclusión, progresividad en la financiación,
equiparación de oportunidades, protección, no discriminación, solidaridad,
pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y
participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de 2009.”
[109]
Cfr. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 2º. Dicho argumento fue recogido posteriormente por la sentencia C-035
de 2015. M.P. María Victoria Calle
[110] Ibídem, artículo 8º. Estas son algunas decisiones en las que se han
aplicado medidas de trato especial en relación con la población con
discapacidad: T-207 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),  sentencia T-340 de
2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-1253 de 2008 (M.P. Mauricio González
Cuervo) , T-010 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[111]
C-066 de 2013. M.P Luis Ernesto Vargas
[112]
Ibídem
[113]
T-207 de 1999. Eduardo Cifuentes Muñoz. Argumento retomado posteriormente en la
sentencia C-983 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[114]
C-559 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería
[115]
C-804 de 2009.
[116]
Al respecto cfr. las sentencias T-447 de 2013 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva), T-018 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
T-992 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-192 de 2012 (M.P. Mauricio
González Cuervo), T-492 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), y T-281 de 2010
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[117]
Al respecto cfr. las sentencias T-758 de 2014 (M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez), T-101 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-563 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), y T-176 de 2010
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[118]
Al respecto cfr. las sentencias T-374 de 2013 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio) y T-636 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[119]
Al respecto cfr. las sentencias T-586 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla) y T-116ª de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[120]
Al respecto cfr. las sentencias T-694 de 2011 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[121]
Al respecto cfr. las sentencias T-014 de 2012 (M.P.
Juan Carlos Henao), T-353 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao)  y T-231 de 2011
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[122]  Al respecto cfr. la sentencia T-030 de 2010 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[123]
Al respecto cfr. la sentencia C-824 de 2011 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva)
[124]
Al respecto cfr. la sentencia T-816 de 2007 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández).
[125]
Al respecto cfr. las sentencias T-976 de 2006 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-002 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-239 de 2002 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-608 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-443 de 2001 (M.P.
Jaime Araujo Rentería), T-813 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
C-531 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-093 de 1997 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), T-292 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y Jorge Arango
Mejía), T-117 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-049 de 1995
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), y T-124 d e1994 (M.P. Jorge Arango Mejía y
Vladimiro Naranjo Mesa).
[126]
Al respecto cfr. las sentencias T-731 de 2012 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chalub), T-610 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo),
T-233 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao),  T-212 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez), T-473 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-170 de 2007 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño), T-826 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-440 de
2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-097 de 2004 (M.P. Jaime Araujo
Rentería), T-1083 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-382 de 2002
(M.P. Álvaro Tafur Galvis), SU-337 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero),
T-414 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-204 de 1994 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero).
[127]
El fundamento 41 ha sido retomado de la ponencia original presentada por el Dr.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[128]
Este párrafo ha sido retomado de la ponencia original presentada por el Dr. Luis
Guillermo Guerrero Pérez
[129]  Sobre el denominado “modelo social de la discapacidad” cfr., Paul
Abberley, “The concept of oppression and the development of a social theory of
disability”, en Disability, Handicap and Society, Vol. 2, Nro. 1, 1987. Documento disponible en: http://www.um.es/discatif/PROYECTO_DISCATIF/Textos_discapacidad/00_Aberley.pdf. Último acceso: 15 de junio de 2015; Colin Barnes, “Las teorías de
la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas discapacitadas en
la sociedad occidental”, en Colin Barnes (ed.), Discapacidad y sociedad, Ed.
Morata – Fundación Paideia, Madrid, pp- 59-76; John
Briscout, Shirley L. Paterfield, Colleen M. Tracey, Matthew O. Howard, Linking
Models of Discability for Children with Developmental Disabilities; documento
disponible en: http://cmhsr.wustl.edu/Resources/Documents/Linking%20models%20of%20disability%20for%20children%20with%20developmental%20disabilities.pdf. Último acceso: 15 de junio 2015.
[130]
El fundamento 45 ha sido retomado de la ponencia original presentada por el Dr.
Luis Guillermo Guerrero Pérez
[131]
Según el artículo 1 de la Ley 324 de 1996, “limitado
auditivo es una expresión genérica que se utiliza para definir una persona que
posea una pérdida auditiva”.
[132]
Según el artículo 1 de la Ley 324 de 1996, es sordo “aquella
persona que presenta una pérdida auditiva de mayor de noventa decibeles que le
impide adquirir y utilizar el lenguaje oral en forma adecuada”.
[133]
Según el artículo 1 de la Ley 324 de 1996, es hipoacúsico
quien tiene una “disminución de la audición que en sentido estricto no llega
a ser total, lo que se denomina con el término COFOSIS”.
[134]
El fundamento 50 ha sido retomado de la ponencia original presentada por el Dr.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[135] MP Gabriel Eduardo
Mendoza.
[136] Dijo la Corte en la
sentencia C-112 de 2000, MP Alejandro Martínez Caballero, “(…) es doctrina
reiterada de esta Corte que el juez constitucional no está atrapada (sic) en la
disyuntiva de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración
de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de
inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte
compete "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten
los ciudadanos contra las leyes" (CP 241 ord 4º). Por consiguiente, al
decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia
que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución.”
[137] En la sentencia C-112
de 2000 se dijo: “(…) de un lado, puede recurrir a una inconstitucionalidad
diferida, o constitucionalidad temporal, a fin de establecer un plazo
prudencial para que el Legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido
constatada, tal y como esta Corte lo ha aceptado en anteriores oportunidades
(…)”Al respecto, ver entre otras la sentencias: C-221 de 1997, MP Alejandro
Martínez Caballero, C-700 de 1999 MP José Gregorio Hernández Galindo.
[138] “De otro lado, puede
también la Corte llenar, ella misma, el vacío legal que produce la declaración
de inexequibilidad de la disposición acusada, por medio de una modalidad de
sentencia integradora, pues el vacío de regulación, es llenado por medio de un
nuevo mandato que la sentencia integra al sistema jurídico,
proyectando directamente los mandatos constitucionales en el ordenamiento
legal. Esta Corporación ha recurrido en el pasado a ese tipo de decisiones (…)”
Sentencia C-112 de 2000.
[139]
M.P. Alejandro Martínez Caballero
[140] “Ver sentencia C-109
de 1995 y C221 de 1997, fundamento 22. Y en derecho comparado, ver Thierry DI
MANNO. Le juge constitutionnel et la technique des decisiones “interpretatives”
en France et en Italie. Paris: Economica, 1997”. Cita contenida en la
sentencia C-112 de 2000
[141] Sentencia
C-109 de 1995 MP Alejandro Martínez.
[142] Sentencia
C-1230 de 2005 MP Rodrigo Escobar.
[143] Sentencia
C-748 de 2009 MP Rodrigo Escobar.
[144]
Los fundamentos 55 y 56 han sido retomados de la sentencia
C-291 de 2015 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[145]  "'Segundo.
Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, por los cargos analizados en esta
sentencia, de las siguientes expresiones:
a.   "los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales" contenida en el artículo
26 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que deberá reemplazarse por "personas
en situación de discapacidad física, psíquica y sensorial".
b.  "y
minusvalía" de los artículos 41 de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley 1562
de 2012; "minusvalía" "y minusvalías" de los artículos 7o
y 8° de la Ley 361 de 1997, respectivamente, en el entendido de que deberán
reemplazarse por las expresiones "e invalidez" o
"invalidez".
c.   "los
discapacitados" contenida en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, en el
entendido de que deberá reemplazarse por la expresión "persona en
situación de discapacidad".
d.  "personas con
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas" del artículo 1o;
"personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas,
emocionales" y "personas con limitaciones físicas, sensoriales,
psíquicas o mentales" -ambas contenidas en el artículo 46-; todas estas
expresiones contempladas en la Ley 115 de 1994, en el entendido de que deberá
reemplazarse por la expresión "personas en situación de discapacidad
física, sensorial y psíquica".
e.  "personas con
limitaciones" contenida en el título del Capítulo [, en los artículos 47 y
48 de la Ley 115 de 1994 en el entendido de que deberá reemplazarse por la
expresión "personas en situación de discapacidad".
f.   "personas
discapacitadas" del artículo 4o de la Ley 119 de 1994, en el
entendido que debe reemplazarse por la expresión "personas en situación de
discapacidad".
g.  "limitado
auditivo" contenida en los artículos 1o y 11 "limitados
auditivos" del artículo 10°, todos de la Ley 324 de 1996, en el entendido
de que esas frases deberán reemplazarse por las expresiones "persona con
discapacidad auditiva" y "personas con discapacidad auditiva".
h.  "personas con
limitación", "personas con limitaciones", "persona con
limitación", "población con limitación" o "personas
limitadas físicamente", "población limitada" contenidas en el
título y en los artículos 1o, 3o, 5o, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23,24,25,27,28,29, 30, 34,35,37,38, 39,
40,41,43,49, 54, 59, 66, 69 y 72 Comunicado No. 30. Corte Constitucional. Julio
22 de 2015 7 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse
por las expresiones "persona o personas en situación de discapacidad.
i.   "limitación",
"limitaciones" o "disminución padecida" contenidas en los
artículos 5o, 7o, 8o, 9o, 11, 12,
14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 43, 45, 50, 51, 59, 60, 63, 67 de la Ley
361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse por las expresiones
"discapacidad" o "en situación de discapacidad".
j. "limitados" o
"limitada" contenidas en los artículos 13, 18, 19, 21, 26, 33, 40 y
42 de la Ley 361 de 1997, en el entendido de que deberán reemplazarse por la
expresión "personas en situación de discapacidad".
k. "población minusválida" y
"minusválidos" del parágrafo 3o del artículo 29 de la Ley
546 de 1999 y del artículo 1o
de la Ley 1114 de 2006, en el entendido de que deberá reemplazarse por la
expresión "personas en situación de discapacidad".
l.
“discapacitado” y “discapacitados” contenidas en el artículo 66 de la Ley 1438
de 2011, en el entendido de que deberá reemplazarse por la expresión  “persona
en situación de discapacidad”.