SU198-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU198/13
DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA EFECTIVA-Es violado por una Corporación judicial cuando se
niega a conocer de fondo una acción de tutela/DERECHO FUNDAMENTAL A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Competencia de la Corte Constitucional para
conocer
Cuando
el derecho fundamental a la tutela efectiva de una persona es violado por una
corporación judicial al negarse a conocer de fondo una acción de tutela, el
reclamo se puede presentar ante otra autoridad judicial. Específicamente, en el
Auto 04 de 2004, la Corte Constitucional estableció la regla según la cual,
cuando la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela
contra una de sus providencias, la persona afectada puede  (i) ‘presentar la
acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante
una corporación judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de
Justicia.’ Posteriormente, la imposibilidad de garantizar el acceso a la
justicia mediante la aplicación de esta regla en algunos casos, llevó a la
Corte Constitucional a establecer una segunda alternativa para garantizar el
derecho a una tutela judicial efectiva, en el Auto 100 de 2008. Así, la persona
afectada también puede (ii) ‘solicitar ante la Secretaría General de la Corte
Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte
Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las
normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el
interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la
decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela.’ Estas reglas jurisprudenciales también han sido
aplicadas en casos similares, en los cuales el Consejo de Estado desconoció el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de alguna persona.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reglas de procedencia y procedibilidad conforme a la
sentencia C-590/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO
COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
Esta Corte ha sostenido, en forma reiterada, que la
probada incompetencia del funcionario judicial configura un defecto orgánico
que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el grado de jurisdicción
correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de
la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que
“representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la
medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en
los términos que la Constitución y la ley establecen”.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO
De
acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, este defecto se produce cuando
el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente
en el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una
omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración
irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento
de un alcance contraevidente a los medios probatorios. Para la Corte, el
defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los
supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de
una decisión en una prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa,
es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el
decreto de pruebas de carácter esencial.
CARACTERIZACION DE LA CAUSAL DE VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION
Se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i)  deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al
margen  de los dictados de la Constitución. En el primer caso, la Corte ha
dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales por violación
directa de la Constitución  (a) cuando en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución. En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez
debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la
Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o
se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe
aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
FUERO ESPECIAL DE CONGRESISTA-Naturaleza y finalidad
Esta
institución se ha considerado como: a) el cumplimiento de un trámite procesal
especial de definición de la procedencia subjetiva y en concreto  del
juicio penal que logra la realización de los objetivos propios y esenciales del
Estado Social de Derecho; b) la razón de ser del fuero especial es la de servir
de garantía de la independencia, autonomía y funcionamiento ordenado de los
órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el fuero;
iii) la existencia del fuero garantiza la independencia e imparcialidad del
juez en el proceso; (iv) el fueron no entraña un privilegio personal
establecido en  favor de los aforados.
DEBIDO PROCESO EN JUICIO PENAL DE UNICA INSTANCIA PARA
ALTOS DIGNATARIOS-Reiteración de
jurisprudencia/JUICIOS DE UNICA INSTANCIA NO IMPLICAN DESCONOCIMIENTO DEL
DEBIDO PROCESO
Desde
el inicio de su jurisprudencia, la Corte Constitucional analizó la cuestión
relativa a si los juicios de única instancia, incluyendo los de carácter penal
consagrados por la Constitución Política para altos dignatarios del Estado,
implican un desconocimiento del derecho al debido proceso. Sobre el particular
indicó que “no es acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución
perjudica a sus beneficiarios”. Para la Corte Constitucional, “la legislación
colombiana en esta materia, se ajusta a los tratados internacionales”. La
jurisprudencia constitucional ha reiterado en varias ocasiones que juzgar a los
altos dignatarios del Estado en procesos de única instancia no es una situación
que implique un desconocimiento del derecho al debido proceso. Ha encontrado
compatible la interpretación que en esta materia se ha hecho de los artículos
29 y 31 de la Constitución, con las normas del bloque de constitucionalidad y
con los pronunciamientos producidos en el sistema interamericano de Derechos
Humanos
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Recuento jurisprudencial acerca de la competencia para
investigar y juzgar a los congresistas
INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No conlleva
violación del debido proceso
El
modelo de competencia integral de la Corte Suprema de Justicia para la
investigación y el juzgamiento de parlamentarios, no conlleva violación al
debido proceso toda vez que constituye un ineludible mandato constitucional que
forma parte de un delicado diseño institucional que responde a los principios
de separación de poderes y de frenos y contrapesos. Se trata de procesos
especiales que pueden apartarse de los procedimientos ordinarios, con
fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique discriminación
alguna. Este esquema está orientado a garantizar la celeridad que demanda un
fallo que genera un gran impacto por cobijar a un miembro del poder
legislativo, y además en él concurren las condiciones necesarias para reducir
las posibilidades de incurrir en error judicial (la formación del juez, su
experiencia, la independencia institucional, y la conformación plural del
juez).
INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Interpretación
de la Sala Penal en torno al elemento normativo “conductas punibles que
tuvieren relación con las funciones desempeñadas” para conservar la competencia
La
reorientación de su jurisprudencia que hizo la Sala de Casación Penal Corte
Suprema de Justicia, a partir del auto del 1º de septiembre de 2009, en el
sentido de considerar  que  no solamente los “delitos propios” habilitan a esa
corporación para retener la competencia en caso de pérdida o renuncia a la
investidura, sino aquellas conductas que tiene relación con la función desempeñada,
no solamente respondía a la necesidad de ajustar el criterio de competencia al
parámetro constitucional del cual se había desviado, sino a la exigencia de
adecuar la interpretación de dicho criterio, a nuevas realidades y a desafíos
sobrevinientes que imponía a la jurisprudencia penal el juzgamiento de
conductas desarrolladas en un contexto de violencia generalizada, por
organizaciones delictivas, para lo cual resultaban insuficientes las categorías
dogmáticas y las interpretaciones que se desarrollaron frente a expresiones
delincuenciales individuales, ajenas a contextos de violencia sistemática que
desafiaban los fundamentos mismos de la institucionalidad.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Necesidad de adecuar los precedentes a los cambios
políticos, económicos o sociales
INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Precedente
jurisprudencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia
por inexistencia de defecto orgánico al reasumir competencia la Corte Suprema
de Justicia para conocer de la investigación y juzgamiento del delito de
concierto para delinquir de Congresista, aunque hubiera renunciado
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia
por inexistencia de defecto fáctico, por cuanto valoración de la prueba se
encuentra dentro del margen de una interpretación razonable en proceso de
juzgamiento del delito de concierto para delinquir de Ex congresista
Referencia:
expediente T-3258107
Acción de tutela instaurada por Humberto Builes
Correa contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado
Ponente:
LUÍS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C.,   once  (11) de abril  de dos mil trece (2013)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, 33 y siguientes del Decreto 2591 de
1991 y 54A del Acuerdo 05 de 1992, profiere la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo tutela dictado el 13 de julio de 2011 por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
I.  ANTECEDENTES
1. De los hechos y la demanda
1.1. El demandante, señor Humberto Builes Correa se
inscribió como segundo renglón de una lista para el Senado de la República, encabezada
por el señor Rubén Darío Quintero Villada, en la contienda electoral para la
conformación del Congreso de la República, correspondiente al período 2002-2006.
Se indica en los antecedentes del proceso penal que dicha lista tuvo como
aliado al Movimiento Político Regional de Urabá denominado “Por una Urabá
Grande Unida y en Paz” en el cual se camuflaron los grupos paramilitares
con asiento en la zona, y que operaba bajo la dirección de Fredy Rendón Herrera
(a. Alemán).
1.2.  Posteriormente se presentó a las elecciones para
Congreso de la República, llevadas a cabo en el año 2006, como aspirante a una
curul en el Senado de la República por el partido cambio radical, sin que
hubiese obtenido los votos necesarios para salir electo.
1.3. No obstante, el 3 de septiembre de 2006 el señor
Builes Correa se posesionó como Senador de la República, en reemplazo del congresista
Luís Carlos Torres Rueda quien renunció a su curul. Por tal virtud, el ahora
demandante quedó amparado por el correspondiente fuero para el juzgamiento en
materia penal.
1.4.   El 8 de abril de 2008 la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia abrió investigación formal en contra del Senador Humberto de
Jesús Builes Correa, y ordenó su vinculación y captura. Oído en indagatoria, el
día 16 del mismo mes y año fue cobijado con medida de aseguramiento de
detención preventiva como presunto autor del delito de concierto para delinquir
agravado, previsto en el inciso 2° del artículo 340 de la Ley 599 de 2000.
1.5  El 17 de septiembre de 2008, ante la aceptación de la
renuncia presentada por el parlamentario Humberto de Jesús Builes Correa a la
curul de congresista, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por
mayoría, determinó que a partir de esa fecha no era competente para investigar
y juzgar al procesado. Para sustentar esta determinación señaló dicha
corporación:
“El señor HUMBERTO BUILES
CORREA se encuentra vinculado a la presente investigación en calidad de
sindicado por hechos ocurridos durante las elecciones al Senado de la República
para el período 2002-2006, en los cuales fue integrante de una lista encabezada
por el doctor QUINTERO VILLADA, a cuyos miembros se les imputa haber fraguado
nexos con el frente “Elmer Cárdenas” de la autodefensas en el Urabá antioqueño.
El doctor Builes Correa detenta actualmente la condición de Senador para el
período 2006 – 2010, a cuya curul accedió por razón de la renuncia de Luís
Carlos Torres Rueda por la lista de Cambio Radical.
De acuerdo con la
documentación allegada al expediente ha quedado acreditada la renuncia y su
aceptación a la representación popular que ocupa en el Senado de la República.
En consecuencia, como es claro que la conducta que se le imputa, consistente
en concierto para delinquir agravado previsto en el artículo 340.2 del Código
Penal y cometido cuando hizo campaña política como integrante de una lista al
Senado para el período 2002-2006, no guarda relación con las funciones desempeñadas
como congresista y que en esa medida decae el fuero constitucional, se
dispone remitir el expediente con destino a la Fiscalía General de la Nación”. (Se
destaca).
Lo anterior, en reiteración de la tesis sostenida por la
Corte Suprema, y expresada en el siguiente sentido:
“De ahí resulta claro que
cuando los congresistas hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, la
competencia para conocer de los delitos que no guardan nexo alguno con las
funciones oficiales, cometidos mientras eran miembros del congreso o con
anterioridad a su vinculación al órgano legislativo, deja de corresponder a la
Corte y se determinará por los factores que señala el Código de Procedimiento
Penal, ya que sólo si los hechos imputados tienen relación con las funciones
desempeñadas, el fuero del congresista se mantiene una vez ha hecho
dejación del cargo, pues la garantía de ser investigado y juzgado por un juez
colegiado constitucionalmente predeterminado por hechos vinculados
funcionalmente a su condición de servidor oficial, se conserva”.
1.6. Remitido a la Fiscalía General de la Nación, el 2 de
diciembre de 2008  la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de
Justicia profirió resolución acusatoria  contra Humberto de Jesús  Builes
Correa “como probable autor responsable del delito de concierto para
delinquir agravado (Art. 340. 2 de la Ley 599 de 2000)”, cuyo fundamento
fáctico radicó en la probabilidad de haberse concertado con las autodefensas en
la campaña para obtener una curul para el período 2002-2006. Impugnada
esta decisión por la defensa, fue confirmada integralmente por el Despacho del
Vicefiscal General de la Nación.
1.7. Inicialmente el proceso fue asignado al Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia para el adelantamiento
del juicio. Por cambio de radicación dispuesto por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, a instancia de la Fiscalía General de la Nación, el
proceso fue radicado en Bogotá y asignado al Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de esta ciudad.
1.8. El 23 de septiembre de 2009 el proceso fue remitido
nuevamente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como
consecuencia de la reinterpretación jurisprudencial que se produjo en esa
corporación  en torno a la competencia que le otorga el artículo 235-3 de la
Constitución Política para la investigación y juzgamiento de ex congresistas.
1.9. El 28 de octubre de 2009 la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia reasumió el conocimiento del proceso en el estado en que se
encontraba, es decir, con resolución acusatoria por el delito de  “concierto
para delinquir agravado en la modalidad de promotor de grupos armados ilegales,
por cuenta de las relaciones y acuerdos realizados con fines electorales con el
frente ¨Elmer Cárdenas¨ de las autodefensas del Urabá antioqueño.
1.9.1. Para fundamentar la reasunción de la competencia la
alta Corporación – en posición mayoritaria[1] - reiteró su postura
actual sobre el fuero de los ex congresistas que renuncian a la curul:
“En este orden de ideas y de
acuerdo con la nueva hermenéutica asumida por la mayoría de los integrantes de la
Sala respecto de los alcances del parágrafo del artículo 235 de la Constitución
Política en cuanto a la competencia que le asiste a la Corte para conocer de
los delitos funcionales inherentes al cargo; esto es que la conducta tenga
origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, o que en
el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y
oportunidad propicia para la ejecución del punible, o que represente un
desviado o abusivo ejercicio de funciones[2]” (Se destaca).
(…)  [E]l parágrafo del
artículo 235 de la Constitución no establece que las conductas a través de las
cuales se dota de competencia a la Corte sean realizadas “durante” el desempeño
como congresista sino que simplemente que ¨tengan relación con las funciones
desempeñadas¨, de tal suerte que resulta factible que el comportamiento o
iter críminis  pueda iniciarse antes de acceder a la curul y consumarse y
agotarse con posterioridad a la dejación del cargo, sin que por ello se pierda
la condición de aforado para efectos penales”[3].
1.9.2. Al aplicar la regla establecida, al caso del ex
senador Builes Correa, la Corte expuso:
“[N]o hay duda para afirmar
que el cargo atribuido al señor Builes Correa consistente en haberse
asociado con grupos de autodefensa para que la lista de su movimiento político
pudiera conseguir con su ayuda una curul en el Congreso, encaja dentro del
género de aquellas conductas punibles vinculadas con la función, por cuanto
¨el vínculo de congresistas con los miembros de las autodefensas unidas de
Colombia, no contaba con pretensión diversa a la de aportar cada uno lo que le
correspondía para trabajar conjuntamente con el propósito común. Unos a partir
de sus destrezas, otros con su capacidad económica o delincuencial; algunos,
desde el ejercicio de su condición de servidores públicos dada su
representanción [d]el pueblo y dentro del ámbito de sus competencias regladas,
específicamente su función legislativa. Y, esto último, en cuanto constituía
propósito medular de los cabecillas de la organización infiltrar todas las
instancias del Estado.¨”[4]
1.9.3. Ante la inquietud de la defensa relativa a que la
situación del acusado Builes Correa no cae dentro  del ámbito del parágrafo del
artículo 235 de la Constitución, por cuanto los hechos materia de la
investigación se refieren a las elecciones del año 2002 y la razón por la cual la
Corte asumió el conocimiento de los mismos obedeció a su desempeño como Senador,
como consecuencia de un proceso electoral diferente, correspondiente al año
2006,  la Corte señaló:
“(…) La razón del fuero nada
tiene que ver con que deba coincidir el período constitucional desempeñado por
el congresista con el momento en que la Corte asume el conocimiento del asunto,
pues lo sustancial para definir este tema radica en establecer si la conducta o
conductas punibles atribuidas tienen o no relación con la función cuando el
senador o representante ha cesado en su actividad congresional, y en esa medida
basta con afirmar que el señor Humberto de Jesús Builes Correa asumió la curul
en el Senado de la República para el período 2002-2006, período durante el cual
se le acusa de haber tomado parte en un proceso electoral donde se hicieron
acuerdos con grupos de autodefensas dirigidos a allanarles la posibilidad de
acceder al ámbito de la política mediante la figura de colocar aliados suyos en
cargos de representación popular”[5].
2.  La demanda de tutela.
El ex congresista Humberto de Jesús Builes Correa,
manifiesta en la demanda de tutela, que la sentencia de única instancia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su
contra es violatoria del debido proceso toda vez que: (i) Se profirió
sin que el tribunal de casación tuviera competencia sobre el asunto; (ii)
se conculcó el derecho al debido proceso y a la defensa por habérsele privado
de la doble instancia; haberse condenado sin que existiera prueba sobre la
conducta, y desconocido el principio de imparcialidad del juzgador.
Estima que tales actuaciones configuran un defecto
orgánico, toda vez que la  Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia no era la competente para juzgar al ex Senador Humberto Builes Correa;
un defecto fáctico, por cuanto en el proceso no existe prueba, conforme
al artículo 232 del C. de P.P. que lleve a la certeza de que el procesado
hubiese incurrido en el delito de concierto para delinquir agravado; y una
violación directa a la Constitución (debido proceso) comoquiera que el
proceso se tramitó en única instancia, y no se garantizó el principio de
imparcialidad del juez.
A través de los mencionados defectos se habrían vulnerado
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la garantía de
impugnación del fallo condenatorio, a la imparcialidad del juez, y a ser
juzgado por un tribunal competente.
A continuación se reseñan los argumentos del demandante
para sustentar los cargos formulados.
2.1. Cargo por presunta estructuración de un error
orgánico. Carencia de competencia en el tribunal de casación, y violación del
principio de juez natural.
Al respecto señala que el fuero especial para congresistas
está regido por  los artículos 186[6] y 235[7]
de la Constitución Política. De acuerdo con estos preceptos, la competencia
exclusiva para investigar y juzgar los delitos que cometan los congresistas,
reposa en la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con los siguientes
criterios: a). El criterio personal que garantiza que quien ostente la dignidad
de congresista sólo puede ser detenido, investigado o juzgado por la máxima
instancia de la justicia ordinaria; b) el temporal, que limita dicho fuero  a
los hechos delictivos cometidos durante el ejercicio de las funciones como
congresistas.  c) El parágrafo del artículo 235 C.P. establece un tercer criterio, como excepción al temporal, conforme al cual la Corte Suprema
de Justicia conserva la competencia para investigar y juzgar a los
congresistas, incluso con posterioridad a la cesación del cargo, pero siempre y
cuando dichos delitos tengan relación con las funciones desempeñadas.
El concepto de “funciones desempeñadas” a juicio
del actor, se contrae a aquellas relacionadas con “debatir y votar proyectos
de ley o de acto legislativo y citar a funcionarios para control político”[8].
De modo que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para investigar o
juzgar a los congresistas que hagan dejación del cargo, cuando los hechos
punibles por los que se les investiga sean comunes y no guarden relación con la
función desempeñada.
En el caso del ex congresista Builes Correa, destaca el
actor, los hechos por los cuales fue investigado y juzgado ocurrieron en los
años 2001 y 2002, época en la que el investigado no ostentaba la calidad de
congresista, y además los hechos no guardan relación alguna con la función del
legislador. Por ende la Corte Suprema de Justicia no era competente para
investigarlo y juzgarlo. Sin embargo, el 17 de agosto de 2010, contrariando el
concepto del Ministerio Público[9], dicha corporación
decidió condenar a Humberto de Jesús Builes Correa por el delito de concierto
para delinquir agravado, por unos hechos sucedidos en el año 2001 y 2002, época
en la que el procesado no era senador, no se encontraba domiciliado en el país,
y no había aspirado al Senado como titular sino como segundo renglón en una
lista por el partido cambio radical.
2.2. Cargos por violación del debido proceso
Fundamenta el demandante la violación de esta garantía
constitucional en tres situaciones: (i) El trámite del proceso en única
instancia; (ii) Ausencia de la garantía de imparcialidad; (iii) La
imposición de una condena sin que obrara prueba que conduzca a la certeza sobre
la conducta;
(i) Cargo por violación del debido proceso  por ausencia
de doble instancia
Sostiene que el proceso en contra del ex parlamentario Humberto
de Jesús Builes Correa se tramitó en única instancia, hecho que vulnera el
debido proceso, toda vez que de conformidad con las normas internacionales
(Art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7° de la Convención Europea),
en concordancia con los artículos 29 y 93 de la Constitución, existe la
obligación de garantizar una doble instancia a las personas sometidas a proceso
penal. El derecho a “impugnar” la sentencia condenatoria a que alude el
artículo 29 de la Constitución no se puede sustituir por la atribución del
juzgamiento al máximo tribunal de la justicia ordinaria en materia penal. En
apoyo de su planteamiento cita doctrina del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana Sobre
Derechos Humanos.
(ii) Cargo por violación del debido proceso por falta
de prueba que conduzca a la certeza sobre la conducta punible
Fundamenta esta censura el demandante en que “no hay
una sola prueba contundente que lleve a la certeza de que el Dr. Humberto
Builes Correa cometió delito alguno, ni tampoco de que supiera que el primer
renglón de la lista haya realizado acuerdos ilegítimos con grupos armados
ilegales”.
Para sustentar esta afirmación sostiene que con las
anotaciones en el pasaporte del sentenciado se demuestra que no se encontraba
en el país durante las fechas en que se habrían llevado a cabo los acuerdos
entre integrantes del movimiento político al que pertenecía y grupos armados
ilegales.
Así mismo hace una crítica de cinco de los testimonios
recibidos por la Corte Suprema de Justicia, para señalar que no existe prueba
contundente sobre el hecho de que el condenado Builes Correa hubiese tenido
conocimiento de los acuerdos celebrados entre el primero de la lista Rubén
Darío Quintero, o que hubiese mantenido una relación con Vicente Castaño. Se detiene
en el testimonio de Fredy Rendón Herrera (a. el Alemán), quien en una de sus
varias declaraciones se refiere a una reunión del implicado con Vicente
Castaño. El actor descalifica esta versión por contradictoria frente a otras
declaraciones del mismo testigo. Para ello se apoya en el concepto del
Procurador Delegado en el proceso penal, quien critica igualmente el testimonio
de Fredy Rendón Herrera por “contradictorio y mentiroso”.
(iii) Cargo por violación del debido proceso por
ausencia de la garantía de imparcialidad en el juez.
Sostiene que el artículo 8.1 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a ser oída por un
tribunal “competente, independiente e imparcial”. Manifiesta que en el
caso particular del ex parlamentario Humberto Builes Correa, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia no era un juez imparcial para adelantar el juicio,
toda vez que fue esa misma corporación quien lo investigó durante seis meses y
ordenó su captura, formándose así una idea, antes del juicio, de lo que iba a
ser su sentencia.
2.3. En escrito radicado por el apoderado del actor en la Secretaría
General de esta corporación, el 27 de agosto de 2012, se reiteran los
argumentos  ya expuestos en la demanda sobre la falta de competencia de la
Corte Suprema de Justicia para juzgar al ex parlamentario Humberto de Jesús
Builes Correa, insistiendo en que “los hechos por los cuales fue investigado
y juzgado no guardan relación alguna con la función de legislar”.
Reitera igualmente su planteamiento acerca de lo que
considera una violación al debido proceso originada en que el proceso se
hubiere tramitado en única instancia.
3.  Decisiones objeto de
la tutela
El
demandante solicita que se ampare el  derecho fundamental al debido proceso de
Humberto Builes Correa, y que en consecuencia “se declare la nulidad de la
sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”. No
obstante, los hechos de la demanda y los cargos que formula hacen referencia a
la totalidad de la actuación surtida en esa corporación dentro del proceso
radicado bajo el número 26.585 en contra Humberto de Jesús Builes Correa, por
el delito de concierto para delinquir agravado.
3.1.
La  sentencia condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia contra el ex senador Humberto de Jesús Builes Correa.
3.1.1.
El 17 de agosto de 2010 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, profirió sentencia de única instancia dentro del proceso No. 26585 en
la que adoptó las siguientes determinaciones:
Primero. Declarar al doctor Humberto de Jesús Builes
Correa responsable del delito de concierto para promover grupos armados al
margen de la ley, previsto en el artículo 340, inciso 2° de la Ley 599 de 2000,
por el cual se formuló la resolución de acusación, y, consecuencialmente,
condenarlo a las penas principales de 90 meses de prisión y 6.500 salarios
mínimos legales mensuales de multa, más las accesorias de inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la
privación de la libertad.
Segundo. Declarar que no son procedentes la condena de
ejecución condicional, la prisión ni la reclusión domiciliaria, acorde con lo
advertido en la fundamentación; por consecuencia, negarlas.
Tercero. Compulsar copia de las piezas procesales
pertinentes para investigar por separado la presunta participación del doctor
Humberto de Jesús Builes Correa en los delitos perpetrados por el grupos armado
ilegal con el cual se concertó, con ocasión de su elección al Congreso de la
República para el período 2002-2006.
(…)”
3.1.2.
Como fundamento fáctico, probatorio y jurídico de dichas  determinaciones la
Corte Suprema de Justicia expuso:
3.1.2.1.
“La intromisión de grupos paramilitares a través del movimiento político ¨Por
una Urabá Grande Unida y en Paz¨ en las elecciones del Congreso de la República
del año 2002 fue una realidad incontrastable, de donde se saca que quienes
obtuvieron puestos en la Corporación Legislativa a través de esa colectividad
no lo hicieron a través de las reglas de la democracia, a ¨voto limpio¨ como se
dijo con insistencia durante la audiencia pública; esas curules estuvieron
contaminadas delictivamente, por que fueron conseguidas mediante un poder
militar de facto, que despojó de derechos políticos a toda una masa
poblacional, coartada en su libertad de elegir y ser elegidos”[10].
3.1.2.2.
El movimiento político ¨Por  una Urabá Grande Unida y en Paz¨, en el
cual se camuflaron los grupos paramilitares con asiento en la zona, operaba
bajo la dirección de Fredy Rendón Herrera (a. Alemán). Este individuo, quien
declaró como testigo en la investigación penal, refiere que no hizo presencia
en los cascos urbanos  donde se llevaba a cabo las votaciones, con sus hombres
armados y uniformados, pero sí influyó determinantemente ese proceso, desde sus
campamentos: “Yo soñaba y vibraba con eso …Cuando comenzamos a trabajar el
proyecto ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨ (…) muchos me acompañaban en ese
sueño (…) motivábamos a la gente a votar para defender la institucionalidad,
armados pero con vocación transitoria, ellos mismos se escogían pero yo estaba
ahí”[11].
3.1.2.3.
Humberto de Jesús Builes Correa, “se situó dentro de ese colectivo y tomó
sus banderas haciendo política asido a fines comunes, promovió socialmente esos
grupos armados  ilegales”. (…) El movimiento ¨Por una Urabá Grande Unida
y en Paz¨ era del seno paramilitar y el ex senador Builes Correa como
integrante de la ¨Nueva Forma de Hacer Política¨ hizo causa común con él.
Uniendo fuerzas lograron victorias electorales que significaron la asunción de
grupos armados ilegales a posiciones de poder dentro de la estructura del
Estado, justo en el Congreso de la República, epicentro de las más importantes
decisiones políticas”[12].
3.1.2.4.
El vínculo  establecido entre Humberto de Jesús Builes Correa y el movimiento
político regional del Urabá, que contaba con el apoyo armado del ejército
irregular comandado por Fredy Rendón Herrera, fue establecido por la Corte
Suprema de Justicia a partir de los testimonios de Dagoberto Tordecilla
Blanquet, líder político de la región del Urabá antioqueño con asiento en
Arboletes, quien señaló que el grupo de Rubén Darío Quintero Villada y Humberto
de Jesús Builes Correa se alió con el mencionado movimiento, e hicieron plancha
para aspirar al Senado en las elecciones de 2002.
Esta
alianza es corroborada con la versión libre de Quintero Villada quien sostuvo
que el ex senador Builes Correa, quien le secundaba la aspiración al Senado de la
República, tenía arraigo político y empresarial en esa región “y fue él
quien me motivó a hacer política en esa región (…) allá el trabajo político lo
hacía él en la zona (…) cuando se decidió el aval nuestro en la última semana
de enero (…), él se dedicó a trabajar en la región casi de manera permanente”[13].
Igualmente
Claudia María Angarita Gómez, quien manejó la información financiera de la
campaña al Senado de la República de la lista encabezada por Rubén Darío
Quintero, indicó que Builes Correa “era la persona que se movía en esa
región, teniendo acogida electoral porque había sido diputado a la Asamblea
Departamental, asumiendo su representación”.
En
el mismo sentido Sigifredo Díaz Duque, contador de la campaña desarrollada por
la lista que encabezara Rubén Darío Quintero al Senado de la República 2002,
sostuvo que era Builes Correa quien “manejaba esa zona” (Urabá antioqueño).
Por
su parte el testigo César Augusto Andrade, manifestó que la alianza entre los
grupos políticos ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨, bajo la égida de Fredy
Rendón Herrera y “La Nueva Forma de Hacer Política¨ representada por Rubén
Darío Quintero Villada, se gestó meses antes de las elecciones al Congreso de la
República que tuvieron lugar el 10 de marzo de 2002.  Según el declarante el
pacto se selló en el mes de enero de dicho año[14].
Guillermo
Gómez Mesa y Sol Beatriz Orozco Vélez, empleados de Humberto de Jesús Builes
Correa, informaron a la Corte Suprema acerca de los aportes en dinero y en
especie que realizó su empleador para la campaña del 2002, desarrollada por la
lista encabezada por Rubén Darío Quintero Villada.
3.1.2.4.
Para desvirtuar el argumento en que insistieron la Procuraduría y la defensa
del investigado, en el sentido que se presentaba imposibilidad material de los
señalados vínculos, dado que el ex senador Builes Correa se encontraba radicado
para la época de la contienda electoral mencionada en el exterior (Honduras), la
Corte Suprema de Justicia examinó el registro de entradas y salidas del país
del implicado y constató que “permaneció en Colombia en época preelectoral,
entre el 31 de enero y el 15 de febrero de 2002, cuando estuvo en su mayor vigor
el acuerdo político-paramilitar pro elecciones al Congreso de la República.
Fueron dos semanas en correrías proselitistas por Urabá, tal como lo declaró
cuando fue testigo y repitió en su primera indagatoria. La gente de Urabá lo
vio y compartió con él[15]”.
3.1.2.5.
Respecto del elemento subjetivo para la configuración del punible de concierto
para delinquir  agravado, la sentencia objeto de cuestionamiento señaló: “El
doctor Humberto Builes estuvo al tanto del hecho que el movimiento ¨Por una
Urabá Grande Unida y en Paz¨ estaba bajo el control y mando del señor Fredy
Rendón Herrera (…). Y a pesar de eso, con toda determinación se integró a su
causa política durante la campaña electoral al Congreso de la República del
período legislativo 2002-2006. A través de esa alianza logró una curul en el
Senado de la República como sucesor del doctor Rubén Darío Quintero Villada,
cuando este renunció a ella tres meses después de conseguida para aspirar a la
gobernación del Departamento de Antioquia.” Esta conclusión la deduce la
sentencia del testimonio de Fredy Rendón Herrera, quien manifestó que Builes
Correa “estaba suficientemente enterado que él lideraba el proyecto político
¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨”[16]
Sobre
el particular se puso de presente el testimonio de Fredy Rendón Herrera quien informó
al pleno de la Sala Penal que en una conversación con Humberto de Jesús Builes
le expuso sus preocupaciones sobre el hecho de que “se estaban generando
divisiones en el equipo coordinador del proyecto político, por que él (Builes)
(…) estaba ofreciendo UTLs y otras cosas”.[17] Expuso este
declarante que se produjo entre él y Builes un diálogo franco respecto a que “era
nuestro candidato al Senado”.
3.1.2.6.
A partir de las pruebas reseñadas se estableció la responsabilidad del ex
senador Humberto de Jesús Builes Correa en relación con el delito de concierto
para delinquir con la finalidad de promover un aparato organizado de poder
ilegal que lo apoyó en sus proyectos políticos. No obstante, la Sala Penal
dispuso que se investigaran adicionalmente los posibles atentados contra la
dignidad humana y la vida, que pudieren ser imputados al acusado, en desarrollo
del plan criminal de la organización a la cual pertenecía.
Fundamentó
esta última decisión en que:
“Como se ha conocido, era designio de los grupos
paramilitares arrasar ciudadanos  u organismos que se opusieran a consolidar su
poder y expansión y, por ello, dentro de sus actividades ordinarias ejecutaron
múltiples conductas criminales, entre otras calificadas como delitos de lesa
humanidad – tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, etc. -, y
ataques a la dignidad de las personas, sin que fuera ningún secreto para cada
uno de sus miembros, dentro de los cuales inclusive se contaban servidores
públicos vinculados a todas las instituciones estatales, aún desde el momento
de la  creación de aquellas tropas.[18]
(…) El político en su condición de miembro de la
organización criminal impulsaba no solo a obtener la permanencia del irregular
grupo sino que pretendía ejercer en espacios o crear los mismos en procura de
resultar funcionales a la empresa delictiva, en pro de la estrategia del crimen
constituyéndose en un paso más en el proceso de la toma de todos los poderes e
instancias de decisión del Estado.
Entonces en opinión de la Sala[19]
el aforado hacía parte de una estructura criminal integrada por un número
plural de personas articuladas de manera jerárquica y subordinada a una
organización criminal, quienes mediante división de tareas y concurrencia de
aportes (los cuales pueden consistir en órdenes en secuencia y descendentes)
realizan conductas punibles, fenómeno que es factible comprenderlo a través de
la metáfora de la cadena, motivo por el cual, también debe responder penalmente
por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de
los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la organización criminal.
(…)
Esta solución que se da a través de la intervención de
múltiples sujetos en la acción criminal se aproxima a las respuestas dadas por la
Corte a otros asuntos conocidos con anterioridad[20]
y que resulta cercana a expresiones recientes de la doctrina[21]
y la jurisprudencia[22] foránea aplicada a
fenómenos similares”[23].
4.
Intervención de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
El
magistrado Javier de Jesús Zapata Ortiz, en calidad de Presidente de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentó un escrito en el que
se opone a la demanda con los siguientes argumentos:
(i)
La jurisdicción disciplinaria carece
de competencia para asumir el conocimiento de la acción de tutela. Aún si la
tuviera, enfatiza, la demanda no debe prosperar y debe ser rechazada, toda vez
que constituye un abuso del derecho a acceder a la administración de justicia,
y por ende es preciso emitir los oficios necesarios para que sea investigado el
profesional que la presentó, por falta a la ética en el ejercicio de la
profesión de abogado.
(ii)
Lo que el demandante pretende no es
que se corrijan errores judiciales protuberantes, sino que se de paso a otra
instancia judicial que ni la Constitución ni la ley, prevén.
(iii)
La tutela es improcedente por
violación del principio de inmediatez, comoquiera que fue instaurada cerca de
dos años después de que la Sala asumiera competencia para conocer el caso del ex
senador Humberto de Jesús Builes Correa, sin que se evidencie razón alguna que
justifique esa tardía actuación.
(iv)
La demanda plantea divergencias del
actor con las decisiones del juez natural del ex congresista, las cuales no
configuran ninguna de las causales objetivas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, decantadas por la jurisprudencia
constitucional. Se trata de una controversia que carece de relevancia
constitucional y cuya resolución compete de manera privativa al juez del
proceso. En particular, el problema de la competencia fue planteado por la
Procuraduría al solicitar la nulidad, y allí el actor tuvo la oportunidad de
intervenir.
5.
Del fallo objeto de revisión.
Inadmitida
la demanda por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, fue
nuevamente presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. En
providencia de junio 13 de 2011, esta corporación declaró improcedente la
solicitud de tutela, con fundamento en las consideraciones que se reseñan a
continuación.
4.1.
La tutela se dirige contra un auto de trámite proferido por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal que instruía
contra el aquí actor, decisión que data del 28 de octubre de 2009, esto es, un
año, siete meses y quince días atrás; y una sentencia de única instancia del 17
de agosto de 2010, esto es proferida con una antelación de nueve meses y 26
días.
Para
cumplir con el presupuesto de la inmediatez la acción de tutela debe ser
interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno, para evitar que este
mecanismo de defensa judicial sea utilizado como herramienta que  premie la
desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en factor de
inseguridad jurídica.
Bajo
tales premisas, no se considera que el demandante haya cumplido con el plazo
razonable exigido por la jurisprudencia, y “no se evidencia una justa causa
que explique los motivos por los cuales el solicitante de amparo constitucional
no formuló esta acción de manera oportuna, dentro de un término razonable,
prudencial o adecuado, ni se infiere la ocurrencia de hechos que impongan la
protección de los derechos fundamentales invocados”.
Para
sustentar esta declaratoria de improcedencia cita ampliamente la sentencia
T-890 de 2006, en la que el plazo de un año y medio transcurrido entre el acto
acusado y la presentación de la tutela, se consideró irrazonable.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del auto del quince (15) de noviembre de dos mil once
(2011), expedido por la Sala de
Selección Número Once de esta Corporación, que decidió seleccionar el presente
asunto para su revisión.
2.
Competencia de la Corte Constitucional para conocer acciones de tutela en casos
de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Reiteración de jurisprudencia
2.1.
En la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de esta acción
de tutela, el presidente de dicha corporación manifestó que la jurisdicción
disciplinaria carece de competencia para asumir el conocimiento de la acción de
tutela, y que, aún si la tuviera, la demanda no debía prosperar y habría  de
ser rechazada, toda vez que constituye “un abuso del derecho a acceder a la
administración de justicia, y por ende es preciso emitir los oficios necesarios
para que sea investigado el profesional que la presentó, por falta a la ética
en el ejercicio de la profesión de abogado”[24].
2.2.
Lo anterior conlleva a recordar que según la jurisprudencia constitucional,
cuando el derecho fundamental a la tutela efectiva de una persona es violado
por una corporación judicial al negarse a conocer de fondo una acción de
tutela, el reclamo se puede presentar ante otra autoridad judicial.
Específicamente,
en el Auto 04 de 2004, la Corte Constitucional estableció la regla según la
cual, cuando la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de
tutela contra una de sus providencias, la persona afectada puede  (i) ‘presentar
la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso
ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de
Justicia.’ Posteriormente, la imposibilidad de garantizar el acceso a la
justicia mediante la aplicación de esta regla en algunos casos, llevó a la
Corte Constitucional a establecer una segunda alternativa para garantizar el
derecho a una tutela judicial efectiva, en el Auto 100 de 2008. Así, la persona
afectada también puede (ii) ‘solicitar ante la Secretaría General de la
Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la
Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las
normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el
interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la
decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela.’[25]
Estas
reglas jurisprudenciales también han sido aplicadas en casos similares, en los
cuales el Consejo de Estado desconoció el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva de alguna persona.[26]
2.3.
En el presente caso, la acción de tutela fue tramitada por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca. Expresamente, en el fallo de tutela de
primera instancia, la Magistrado ponente invoca como fuente de su competencia
el auto 004 del 3 de febrero de 2005, toda vez que “la actuación tutelar que
adelanta esta Sala de Decisión se limita a dar cumplimiento a lo resuelto por
la máxima autoridad colegiada funcional en la materia, porque en providencia del
25 de mayo de 2011, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
representada por el Magistrado Jaime Arrubla Paucar, no la admitió a trámite.
Así,
al no haberse surtido el trámite correspondiente en relación con el amparo
formulado ante la Corte Suprema de Justicia, esta Magistratura tiene vía libre
para avocar, tramitar y definir este asunto”.
De
manera que, contrario a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca se encontraba habilitado
para conocer y fallar la tutela de la referencia, en procura de garantizar el
derecho a la tutela judicial efectiva, en lo términos establecidos por la
jurisprudencia de esta Corte.
Resuelta
esta cuestión previa acerca del trámite de la presente acción de tutela, pasa la
Sala a plantear los problemas jurídicos a resolver en la presente sentencia.
3. Problemas jurídicos y estructura de la decisión
3.1. En la acción de tutela de Humberto de Jesús Builes
Correa se acusa a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de
haber violado el debido proceso por haber incurrido en una serie de
irregularidades, en el trámite del proceso de única instancia 26.585 que el
demandante sistematiza en tres cargos: (i) La configuración de un defecto
orgánico, toda vez que la  Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia no era la competente para juzgar al ex Senador Humberto Builes Correa;
(ii) un defecto fáctico, por cuanto en el proceso no existe prueba, conforme
al artículo 232 del C. de P.P. que lleve a la certeza de que el procesado
hubiese incurrido en el delito de concierto para delinquir agravado; y (iii) la
violación directa a la Constitución (debido proceso) comoquiera que el
proceso se tramitó en única instancia, y no se garantizó el principio de
imparcialidad del juez.
3.2.
Los problemas jurídicos de fondo que se derivan de esos cargos, se pueden
formular así:
(i)
¿La corporación acusada, violó el derecho al debido proceso del ex
parlamentario Builes Correa, al reasumir la competencia para su juzgamiento a
pesar de que había presentado renuncia a su cargo, y que la misma corporación por
tal razón, se había despojado de la competencia?
(ii)
¿La corporación acusada violó el debido proceso por haber condenado al ex
parlamentario Builes Correa por el delito de concierto para delinquir agravado,
con base en pruebas que el demandante considera insuficientes?
(iii)
¿La corporación acusada violó el debido proceso y el principio de imparcialidad
judicial por haber juzgado al ex parlamentario demandante en proceso de única
instancia, y asumiendo la competencia integral para juzgarlo cuando previamente
había actuado como su investigador?.
No
obstante, previamente a abordar estos problemas de fondo, debe la Sala
constatar si concurren los presupuestos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisión judicial.
De
modo que para analizar cada uno de los cargos planteados y llegar a la solución
de los mismos la Sala: (i) Reiterará su jurisprudencia sobre la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con énfasis en las reglas
sobre error orgánico, error fáctico y violación directa de la Constitución;
(ii) recordará el precedente de esta corporación en materia de única instancia
y competencia integral en los procesos contra congresistas atribuidos a  la
Corte Suprema de Justicia; (iii) presentará la jurisprudencia sobre la
naturaleza y fines del fuero para la investigación y juzgamiento de los
congresistas. En ese marco resolverá los problemas jurídicos planteados.
4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Esta
Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra sentencias y providencias emitidas por los jueces de la república en
virtud del artículo 86 Superior que, al consagrar la acción de tutela, previó
expresamente que ella puede ser elevada para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”
(negrilla fuera del texto).
Sin
embargo, ha subrayado que para salvaguardar la autonomía judicial y la
seguridad jurídica, principios que también ostentan relevancia constitucional y
que pueden verse afectados por la revisión en sede de tutela de los fallos
judiciales, en estos casos el amparo procede solo cuando se reúnen estrictos
requisitos contemplados en la jurisprudencia. En efecto, en numerosos fallos y,
en especial, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte estableció las causales de
orden general y especial que debe examinar el juez constitucional para
determinar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección frente a
la decisión adoptada por otro juez.
4.1.
En primer lugar, ha dicho la Corte que la tutela procede únicamente cuando se
verifica la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad que
se mencionan a continuación:
(i)
“Que la cuestión que se
discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…)
(ii)
Que se hayan agotado todos
los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;(…)
(iii)
Que se cumpla con el
requisito de la inmediatez; (…)
(iv)
Que, tratándose de una
irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (…)
(v)
Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…)  y
(vi)
Que no se trate de sentencias
de tutela (…)”.
Solo
cuando la acción de tutela promovida contra un fallo judicial ha superado este
examen de forma completa, puede el juez constitucional entrar a analizar si en
la decisión judicial se configura al menos uno de los requisitos especiales de
procedibilidad.
4.2.
Los requisitos especiales de procedibilidad, no son otra cosa que los defectos
en que puede incurrir la sentencia que se impugna, y que constituyen el aspecto
nuclear de los cargos elevados contra la sentencia. La citada providencia C-590
de 2005 sintetizó de la siguiente forma las causales especiales de procedencia.
Estas son:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.  Violación directa de la Constitución.”
Así
las cosas, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales no está relacionada con la jerarquía del juez que emite
la sentencia, sino que  depende de la verificación de la configuración de todos
los requisitos generales y, al menos, de una causal específica de
procedibilidad. De este modo se protegen los elevados intereses
constitucionales que se materializan en la ejecutoria de las providencias
judiciales, al tiempo que se garantiza el carácter supremo de la Constitución y
la vigencia de los derechos fundamentales.
4.2.1. Breve caracterización del defecto orgánico
Esta Corte ha sostenido, en forma reiterada, que la
probada incompetencia del funcionario judicial configura un defecto orgánico
que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el grado de jurisdicción
correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de
la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que
“representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la
medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en
los términos que la Constitución y la ley establecen”[27].
Ha considerado así mismo que “la extralimitación de
la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y,
entre otros supuestos, se produce cuando los jueces desconocen su competencia o
asumen una que no les corresponde”[28] y también cuando
adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de los términos
jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones.”[29]
En consecuencia, la actuación judicial está enmarcada
dentro de una competencia funcional y temporal, determinada, constitucional y
legalmente, que de ser desbordada conlleva la configuración de un defecto
orgánico, y por ende, el desconocimiento del derecho al debido proceso.
4.2.2.
Breve caracterización del defecto fáctico
De
acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[30], este defecto se produce cuando el juez toma una
decisión sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto
de hecho que legalmente la determina[31], como consecuencia de una omisión en el decreto[32] o valoración de las pruebas; de una valoración
irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento
de un alcance contraevidente a los medios probatorios.
Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en
una dimensión positiva[33], que comprende los supuestos de una valoración por
completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una
prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa[34], es decir, por la omisión en la valoración de una
prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial[35].
En cuanto a los fundamentos y al marco de intervención
que compete al juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un
defecto fáctico, este Tribunal ha sentado los siguientes criterios:
En
primer lugar, el fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las
amplias facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis
del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la
sana crítica, es decir, su actividad evaluativa probatoria debe estar basada en
criterios objetivos y racionales. En este orden de ideas, “no se adecua a
este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa
de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u
omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[36]”[37]
A
pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía judicial y
del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo
del material probatorio. La Corte ha subrayado que “en lo que hace al
análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia”[38].
En
segundo lugar, cuando se trata de pruebas testimoniales, el campo de acción del
juez de tutela es aún más restringido, pues el principio de inmediación indica
que quien está en mejor posición para determinar el alcance de este medio
probatorio, es el juez natural. Así, ha señalado la Corte que: “En estas
situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla
general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez
del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los
declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en
que responde al cuestionario judicial, etc”.[39]
En tercer lugar, las diferencias de valoración en la
apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos. Frente a
interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar,
conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto. El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se
presumen de buena fe[40]. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar
que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural
es razonable[41].
En
cuarto lugar, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[42].
4.2.3.
Breve caracterización de la causal de violación directa de la Constitución
Esta
causal de procedencia de la acción de tutela encuentra fundamento en que el
actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados[43].
Se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i)  deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto[44];
o porque (ii) aplica la ley al margen  de los dictados de la Constitución[45].
En
el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución  (a) cuando en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental
de aplicación inmediata[46] y  (c) cuando el juez en
sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución[47].
En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que
el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la
C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre,
deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la
Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad[48].
5.
La naturaleza y finalidades del fuero especial de los congresistas. Su carácter
irrenunciable
5.1.
La Asamblea Nacional Constituyente consideró adecuado para proteger la
inviolabilidad de los miembros del poder legislativo que la reserva expresa y
absoluta de competencia para ordenar la privación de la libertad de un
congresista quedara radicada única y exclusivamente en la Corte
Suprema de Justicia, independientemente de si se trataba de la etapa de
investigación o juzgamiento, y de la época de la comisión del delito. Estimó
que dicha reserva judicial calificada, constituía suficiente garantía
institucional para el Congreso, y personal para cada uno de sus integrantes, de
que no se interferiría de manera arbitraria e inconveniente en el correcto
funcionamiento de aquel y en el ejercicio de los deberes y derechos de estos.
Este
propósito fue plasmado en el artículo 186 de la Constitución que establece: “De
los delitos que cometan los congresistas, conocerán en forma privativa la Corte
Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de
flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a
disposición de la misma corporación”.
Al
señalar las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 235 de la
Carta prescribió que corresponde a esta Corporación “3. Investigar y juzgar
a los miembros del Congreso”, y en su parágrafo indicó que “Cuando los
funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el
fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las
funciones desempeñadas”.
5.2.
El fuero constitucional protege la función, no es un privilegio para el
aforado. Desde los primeros desarrollos jurisprudenciales relativos al
fuero penal de los congresistas, la Corte Constitucional precisó que se trata
de una institución que no puede ser considerada como un privilegio, un
beneficio personal o una potestad de los sujetos aforados, sino como una
garantía institucional, de la justicia y de la propia cámara a la que
pertenecen los congresistas. Recalcó que “el origen popular del poder y la
alta misión que la Constitución confía a las autoridades públicas - con mayor
razón si se trata de sus representantes - de proteger y hacer cumplir los
derechos y las libertades, no se concilia con la creación de prerrogativas que
vulneran el principio democrático de la igualdad de todos ante la ley. El
estatuto de los servidores públicos debe guiarse por el principio de la
responsabilidad y no de su exoneración”[49].
Este criterio ha sido reiterado
y complementado en pronunciamientos más recientes: “el fuero otorgado a los
congresistas para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, (…) no se
instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la
investidura y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del
Congreso de la República. Por eso no puede admitirse que sólo tenga operancia
respecto de hechos presuntamente delictuosos que sean cometidos por el
sindicado cuando ostente la calidad de miembro del Congreso, pues, aun cuando
en este caso tiene fuero, también este se extiende a hechos anteriores a su
posesión como Senadores de la República o Representantes a la Cámara si el
proceso penal se adelanta cuando se encuentran en ejercicio de sus funciones.
Es decir, si el hecho se cometió antes de que el sindicado ostentara la calidad
de miembro del Congreso pero el proceso penal respectivo se inicia después de
que adquiera dicha calidad, el fuero ha de aplicarse necesariamente para
cumplir con la finalidad constitucional que se le asigna que, se repite, no es
de carácter individual ni en beneficio personal sino institucional”[50]. (Se destaca).
Pese
a que el juzgamiento de los aforados constitucionales por el máximo tribunal de
la justicia ordinaria, no representa un privilegio personal del aforado que
pueda ser aceptado o declinado soberanamente, sí comporta algunas ventajas que
han sido identificadas por la jurisprudencia constitucional: “cuando la Corte Suprema conoce en única instancia del
proceso, como ocurre en tratándose de los altos funcionarios, el sindicado
tiene a su favor dos ventajas: la primera, la economía procesal;  la
segunda, el escapar a la posibilidad de los errores cometidos por los jueces o
tribunales inferiores.  A las cuales  se suma la posibilidad de
ejercer la acción de revisión, una vez ejecutoriada la sentencia. No es pues,
acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución perjudica a sus
beneficiarios”[51].
5.3.
El fuero especial para ciertos funcionarios entre los que se hallan los
congresistas, ha sido considerado por la jurisprudencia como un elemento característico de los estados
democráticos de régimen presidencial de gobierno, y además una expresión del
principio institucional de equilibrio entre las ramas y órganos del poder
público, puesto que con éste se “pretende garantizar, de una parte la
dignidad del cargo y de las instituciones que representa, y de otra la
independencia y autonomía de algunos órganos del poder público para garantizar
el pleno ejercicio de sus funciones y la investidura de sus principales
titulares, las cuales se podrían ver afectadas por decisiones ordinarias
originadas en otros poderes del Estado, distintos de aquel al cual pertenece el
funcionario protegido con un fuero especial; de otra parte, el fuero sirve
también para garantizar que las decisiones de la voluntad general, bien sea que
ésta se haya expresado directamente o a través de sus representantes, no serán
desconocidas, y que en todo caso prevalecerán los principios y procedimientos
consagrados en la Constitución y en la ley”[52].
Igualmente, precisó que el fuero especial “no
implica el sometimiento a jueces y tribunales especiales, esto es, distintos de
los ordinarios, en aquellos casos en que sean objeto de investigaciones y
eventualmente acusaciones, determinados funcionarios del Estado, sino el
cumplimiento de un trámite procesal especial de definición de la procedencia
subjetiva y en concreto  del juicio penal”[53].
En efecto, el fuero no es un privilegio y
se refiere, de manera específica, al cumplimiento de un trámite procesal
especial, cuyo propósito es el de preservar la autonomía y la independencia
legítima de aquellos funcionarios que ampara. Al mismo tiempo, pretende evitar que
mediante el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la justicia, se impida
irregularmente el normal desarrollo de las funciones estatales y el debido
ejercicio del poder por parte de quienes mediante la expresión soberana, fuente
del poder público, legítimamente lo detentan. De la misma forma, aseveró que
esta institución representa el cumplimiento de un trámite procesal especial de
definición de la procedencia subjetiva y en concreto  del juicio penal[54].
5.4. En desarrollo del precepto superior la
Corte ha fijado ciertos criterios relativos al fuero de los congresistas, que
se pueden sintetizar así[55]: (i) la Sala de Casación Penal es sin lugar a dudas
competente para conocer de los delitos cometidos por los congresistas, y puede
adelantar esas investigaciones en todo momento, sin necesidad de ninguna
autorización especial; (ii) esa competencia de la Sala de Casación Penal
no cubre únicamente los delitos cometidos por los congresistas como ciudadanos
corrientes sino que se extiende a aquellos hechos punibles ligados al
ejercicio de sus funciones como parlamentarios. En efecto, el parágrafo del
artículo 235, que señala las competencias de la Corte Suprema, precisa que, una
vez que la persona ha cesado en el ejercicio del cargo, el fuero “sólo se
mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones
desempeñadas”; y (iii) el fuero se aplica y extiende tanto a la investigación como al
juzgamiento de los miembros del Congreso, conforme fue establecido en el
artículo 235, numeral 3° superior[56].
En ese orden de ideas, existen dos hipótesis en el
ejercicio del fuero para congresistas por parte del máximo tribunal de la
justicia ordinaria que consisten en que: “mientras una persona sea
congresista, será investigada por la Corte Suprema por cualquier delito; sin
embargo, si la persona ha cesado en su cargo, entonces sólo será juzgada por
esa alta corporación judicial si se trata de delitos relacionados con el
cargo”[57].  (Se destaca).
5.5.
En suma, esta institución se ha considerado como: a) el cumplimiento de un
trámite procesal especial de definición de la procedencia subjetiva y en
concreto  del juicio penal que logra la realización de los objetivos
propios y esenciales del Estado Social de Derecho; b) la razón de ser del fuero
especial es la de servir de garantía de la independencia, autonomía y
funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los
funcionarios vinculados por el fuero; iii) la existencia del fuero garantiza la
independencia e imparcialidad del juez en el proceso; (iv) el fueron no entraña
un privilegio personal establecido en  favor de los aforados.
6.
El derecho al debido proceso en los juicios penales de única instancia, consagrados
por la Constitución Política para altos dignatarios. Reiteración de
jurisprudencia
6.1.
Desde el inicio de su jurisprudencia, la Corte Constitucional analizó la
cuestión relativa a si los juicios de única instancia, incluyendo los de
carácter penal consagrados por la Constitución Política para altos dignatarios
del Estado, implican un desconocimiento del derecho al debido proceso. Sobre el
particular indicó que “no es acertado afirmar que el fuero consagrado en la
Constitución perjudica a sus beneficiarios”.[58]
Para la Corte Constitucional, “la legislación colombiana en esta materia, se
ajusta a los tratados internacionales”.[59]
6.2.
Precisó así mismo, que si bien es cierto que existe una regla de carácter
general en la Constitución y en los tratados que forman parte del bloque de
constitucionalidad, que asegura a toda persona condenada de un delito la
posibilidad de que la sentencia y la pena impuesta puedan ser recurridas ante
un tribunal superior, “para los casos de juzgamientos de altos dignatarios
del Estado, la posición institucional que ocupan dentro de la arquitectura de
poder constitucional, implica que las decisiones judiciales acerca de su
culpabilidad en la comisión de delitos, consideren las particularidades del
poder y la jerarquía que éstos ostentan. En el caso de las reglas
internacionales aplicables, éstas han de tener una generalidad tal, que
respeten la especial forma de juzgamiento que pueda derivarse del tipo de
Estado, del modelo de democracia o de la forma de República específica que
tenga el estado parte en cuestión”[60].
6.3.
En el caso de la Constitución colombiana, el artículo 29 establece expresamente
que quien sea sindicado tiene, entre otros, el derecho a ‘impugnar la
sentencia condenatoria’. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos (PIDCP, 1996), en su artículo 14, numeral 7, prevé que ‘toda
persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,
conforme a lo prescrito por la ley’. En sentido similar, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 8, literal
h, establece dentro de las ‘garantías judiciales’, que toda persona inculpada
de un delito tiene ‘derecho de recurrir [el] fallo ante juez o
tribunal superior’.  Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha
señalado que “esta regla de carácter general, puede encontrar
especificidades propias, derivadas de la particular situación jerárquica y de
poder que ocupa un alto dignatario del Estado”[61].
6.4.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado en varias ocasiones que juzgar a
los altos dignatarios del Estado en procesos de única instancia no es una
situación que implique un desconocimiento del derecho al debido proceso.[62]
Ha encontrado compatible la interpretación que en esta materia se ha hecho de
los artículos 29 y 31 de la Constitución, con las normas del bloque de
constitucionalidad y con los pronunciamientos producidos en el sistema
interamericano de Derechos Humanos:
“Sobre
el alcance y sentido del principio de la doble instancia, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, se ha pronunciado en varias oportunidades,[63] pero
ninguna de ellas ha versado sobre el juzgamiento de altos funcionarios con
fuero constitucional.
En
el mismo sentido, el Comité del Pacto concluyó, en un caso que no versó sobre
un alto funcionario aforado,[64]
que la ausencia del derecho a revisión por un tribunal superior de la condena
impuesta por un tribunal de apelación, después de que la persona hubiera sido
declarada inocente por un tribunal inferior, constituía una violación del
artículo 14, párrafo 5 del Pacto.
De
lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2 del Pacto de San José
que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con
la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 de la Carta Política
en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en
que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los
juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de
la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la
que existe para otros juicios penales. […]”[65]
En
la citada sentencia la Corte Constitucional concluyó, entre otras cosas, que “cada
Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para
diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté
ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos
funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia.”[66]
6.5.
En un caso similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, frente a un
reparo análogo al que ahora se enfrenta, la Corte señaló: “Las reglas del
bloque de constitucionalidad invocadas, en estricto sentido, no son aplicables
al caso concreto. En efecto, en ambos casos la regla señala que toda sentencia
condenatoria debe poderse recurrir ante un tribunal o juez superior, lo cual es
inaplicable cuando, de forma excepcional y extraordinaria, es el máximo
tribunal penal el que dicta la sentencia. Cuando la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia dicta un fallo condenatorio, no es posible que esa
decisión sea recurrida ante un cuerpo judicial superior, por cuanto ese es el
tribunal supremo en materia penal que tiene el sistema”[67].
7.
La concentración de las funciones de investigación y juzgamiento en la Corte
Suprema de Justicia respecto de los congresistas. Reiteración de
jurisprudencia.
7.1.
La Constitución Política (Art. 235.3) le asignó a la Corte Suprema de Justicia
la competencia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento en
relación con los delitos atribuidos a miembros del Congreso. Esta materia, ha sido objeto de pronunciamientos por
parte de esta corporación, en sede de constitucionalidad y de tutela.
Así, al declarar la constitucionalidad del artículo
533 de la Ley 906 de 2004, según el cual “Los casos de que trata el numeral
3° del artículo 235 de la Constitución Política[68]
continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, la Corte
concluyó que la competencia integral que se asigna a la Corte Suprema de
Justicia para investigar y juzgar a los congresistas constituye un ineludible
mandato constitucional, acorde con el diseño realizado por el constituyente. No
obstante, formuló un llamado al Congreso para que en futuras regulaciones
propenda por que dentro del mismo seno de la corporación judicial competente,
se establezcan mecanismos que conduzcan a la separación de las aludidas
funciones, con el fin ponerse a tono con el alcance que el derecho
internacional y la doctrina contemporánea le imprimen al principio de imparcialidad
del juez[69].
Sobre el particular indicó:
“(…)
Además de señalar que el fuero de los altos
dignatarios del Estado busca preservar la autonomía y la independencia de los
funcionarios amparados por el mismo, esta corporación ha puntualizado, que los procesos
especiales que contra ellos se adelanten pueden apartarse de los procedimientos
ordinarios, con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique
discriminación alguna.
Como la Carta Política sigue avalando y
obligando a la Corte Suprema a investigar y juzgar, ella misma, a los
Congresistas, la total exclusión del servidor judicial de cualquier actividad
previa en el asunto que vaya a ser sometido a su juzgamiento, es en Colombia
una vía para extremar a futuro la adecuación de los procedimientos a las
evoluciones internacionales, que se reflejan en los tratados que forman el bloque
de constitucionalidad.
(…)
Esa actual tendencia demuestra que, aunque la
competencia integral que la Constitución colombiana le asigna a la Corte
Suprema de Justicia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento
de los miembros del Congreso es un ineludible mandato constitucional, el
legislador, dentro de su amplio margen de configuración, al reglamentar el
procedimiento aplicable a esa clase de acciones penales, debe obedecer a un ejercicio
razonable y proporcionado de dicha facultad, asegurando que el juicio sea
realizado por un juez o tribunal establecido con anterioridad por la ley,
competente, “independiente e imparcial”[70],
concepto este último que ha venido evolucionando en la doctrina internacional,
para que se evite ya no solo la parcialización intencional sino el apego a
preconceptos.
Bajo tales supuestos, si bien el aparte demandado del
artículo 533 de la Ley 906 de 2004 es exequible, la dinámica del derecho impone
que a partir de la expedición de esta providencia[71], para
efectos de los procesos adelantados contra quienes ostenten la calidad de
aforados conforme al artículo 235.3 superior, por conductas punibles cometidas
con posterioridad a la misma, el legislador adopte en ejercicio de las facultades
estatuidas en el artículo 234 ibídem las medidas necesarias para que sea
separada, dentro de la misma Corte Suprema como juez natural en estos casos, la
función de investigación de aquella correspondiente al juzgamiento.”[72]
7.2.
En sede de tutela[73] a partir de una
interpretación sistemática del postulado de imparcialidad del juez, con otros
principios constitucionales como la separación de poderes, el sistema de frenos
y contrapesos, la necesidad de celeridad y de minimizar las posibilidades de
error judicial, en procesos de particular envergadura jurídica y política, la
Corte consideró que son varias las razones por las que se puede concluir que en
el caso del juzgamiento de delitos de los congresistas, confiar a la Corte
Suprema de Justicia, el máximo tribunal del sistema judicial en materia penal, competencia
integral, no conlleva una violación del derecho al debido proceso y al derecho
a la defensa:
7.2.1.
Se trata de un diseño institucional que responde a los principios de
separación de poderes y de frenos y contrapesos:
“El juicio a un congresista, en cuanto representante
político del pueblo, supone una situación en la que uno de los integrantes de
una rama del poder público —la rama legislativa—, va a ser controlado por un
‘juez’, lo que implica que se trate de un funcionario que pertenece a otra rama
del poder público —la rama judicial—. Esta actuación de una rama del poder
sobre otra implica un delicado diseño institucional que respete el principio de
separación de poderes, por una parte, y el de frenos y contrapesos, por otra.
Así pues, este diseño institucional responde a cuestiones tales como, por
ejemplo, tener que asegurar que la corporación o entidad judicial que vaya a
juzgar el congresista tenga la suficiente capacidad para analizar y resolver el
problema jurídico”[74].
7.2.2.
Dado el impacto que presenta un fallo que cobija a un miembro del poder
legislativo, es imprescindible que su resolución sea pronta:
“9.4.3.2. Es también una cuestión de economía
procesal, por cuanto, dada la importancia y trascendencia pública que un juicio
de tal magnitud puede tener, es preciso que se trate de seguir un proceso que
no sea tan demorado y que resuelva la cuestión prontamente. Si un proceso
judicial de carácter penal se inicia en contra de un parlamentario, el poder
político que éste representa se va a ver limitado, y con ello, los derechos
políticos de sus electores”[75].
7.2.3.
La necesidad de reducir las posibilidades de incurrir en error judicial:
“9.4.3.3. […] Aunque el hecho de que el más alto
tribunal en lo penal, o en la materia que sea, no garantice por completo que no
se va a incurrir en un ‘error judicial’, sí ofrece las condiciones propicias
para reducir las posibilidades de que éste ocurra. Las herramientas principales
para garantizar la neutralidad y calidad de una decisión judicial son: (i) la
adecuada formación de los jueces,  (ii) la experiencia que tengan, (iii) la
independencia institucional con que cuenten y (iv) que no sea un solo
funcionario quien tome la decisión. En el caso de la Corte Suprema de Justicia
ello se garantiza cabalmente. Se trata de un cuerpo colegiado en el que se
encuentran jueces de la más alta formación, que han demostrado una amplia
experiencia profesional y que gozan de la mayor independencia institucional.
Además, ofrecen a quien sea juzgado por ellos contar con el mayor número de
jueces considerando un caso y aportando a la decisión desde su criterio. Los
demás ciudadanos, así tengan dos instancias, contarán con el criterio de un
menor número de jueces para resolver y considerar su caso”.
7.3.
En conclusión, el  modelo de competencia integral de la Corte Suprema de
Justicia para la investigación y el juzgamiento de parlamentarios, no conlleva
violación al debido proceso toda vez que constituye un ineludible mandato
constitucional que forma parte de un delicado diseño institucional que responde
a los principios de separación de poderes y de frenos y contrapesos. Se trata
de procesos especiales que pueden apartarse de los procedimientos ordinarios,
con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique
discriminación alguna. Este esquema está orientado a garantizar la celeridad
que demanda un fallo que genera un gran impacto por cobijar a un miembro del
poder legislativo, y además en él concurren las condiciones necesarias para
reducir  las posibilidades de incurrir en error judicial (la formación del
juez, su experiencia, la independencia institucional, y la conformación plural
del juez).
8.
Del caso concreto
El ex congresista Humberto de Jesús Builes Correa
manifiesta, a través de apoderado, que la sentencia de única instancia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su
contra es violatoria del debido proceso toda vez que: (i) Se profirió
sin que el tribunal de casación tuviera competencia sobre el asunto, lo cual
configuraría un defecto orgánico; (ii) se conculcó el derecho al
debido proceso y a la defensa por habérsele privado de la doble instancia y
desconocido el principio de imparcialidad del juzgador, lo que comportaría “la
violación directa de Constitución”; (iii)  se impuso condena al actor sin
que, a su juicio, existiera prueba sobre la conducta, circunstancia que
entrañaría un defecto fáctico.
8.1
La constatación sobre los presupuestos generales de procedibilidad
Examinada
la demanda del señor Humberto de Jesús Builes Correa a la luz de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,
enunciados en el fundamento jurídico 4.1 de esta sentencia, constata la Corte
que se satisfacen dichos presupuestos comoquiera que:
(i)
La discusión que plantea presenta
evidente relevancia constitucional en la medida que acusa la presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso originada en la falta de
competencia del juez, la afectación del principio de imparcialidad y del
derecho de defensa por haber sido juzgado en única instancia, aspectos de
indudable impacto sobre el derecho a la libertad de un procesado;
(ii)
El actor agotó los mecanismos
ordinarios de defensa que estaban a su disposición dentro del proceso con fuero
especial y de única instancia, diseñado para la investigación y juzgamiento de
los miembros del congreso;
(iii)
Contrario a lo sostenido por el juez
de tutela, el presupuesto de la inmediatez también se satisface, toda vez que
la acción de tutela se interpuso no solamente contra el auto de trámite de
octubre 28 de 2009, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia reasumió la
competencia del proceso seguido en contra del ex senador Builes Correa, como lo
entendió el juez de tutela, sino contra toda la actuación surtida en la Corte
Suprema de Justicia luego de que reasumiera la competencia, lo que incluye el
fallo condenatorio de agosto 17 de 2010. El mecanismo constitucional fue
activado por primera vez en mayo de 2011 ante la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, e inadmitido por ese órgano, el día 25 de ese mes y año. Lo que
implica que la acción de tutela se presentó dentro de un plazo razonable[76]
(nueve meses) tomando en consideración para ello la complejidad del asunto y la
actualidad de la vulneración que se alega, dado que el solicitante del amparo
se encuentra privado de la libertad.
(iv)
Aunque el demandante no canalizó su
disenso con la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a
través del error procedimental, por lo que en estricto sentido no aplicaría el
requisito de trascendencia de la irregularidad procesal en la sentencia, es
claro que el vicio de competencia que acusa y las objeciones al trámite, tienen
clara incidencia en el fallo que impugna, en tanto que fue proferido por el
juez cuya competencia cuestiona, y como producto del trámite que impugna.
(v) El demandante identificó de manera razonable, tanto
los hechos en que fundamenta su reclamo, como los derechos fundamentales que
estima vulnerados (debido proceso, en sus aspectos de juez natural, defensa y
doble instancia). Adicionalmente, su planteamiento sobre la incompetencia del
órgano que asumió el juzgamiento y la naturaleza del trámite aplicado, fue
expuesto en varias oportunidades en el curso del proceso penal, así ocurrió en
la audiencia preparatoria a través de una nulidad[77],
y en la audiencia del juicio oral como estrategia central de la defensa.
(vi)
Finalmente la actuación impugnada es
la surtida dentro del proceso No. 26.585, luego de que la Corte Suprema de
Justicia reasumiera la competencia frente al caso del ex senador Humberto
Builes Correa, y desde luego el fallo penal de agosto 17 de 2010, en el que se
le impuso condena por el delito de concierto para delinquir agravado. No se
está, en consecuencia, frente al factor de improcedencia consistente en que, de
manera general, no procede la tutela contra otro fallo de esta misma índole.
Superado
así el test relativo a los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, queda habilitada la Sala Plena
para ingresar en el análisis de los cargos específicos formulados contra la
actuación de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en particular,
8.2.
Análisis de los cargos de la demanda
8.2.1.
La reasunción de la competencia por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, no configura el error orgánico alegado en la demanda.
En
este aparte corresponde dar solución al primer problema jurídico planteado
consistente en determinar si la corporación acusada, violó el derecho al debido
proceso del ex parlamentario Builes Correa, al reasumir la competencia para su
juzgamiento a pesar de que presentara renuncia a su cargo, y que la misma
corporación por tal razón, se hubiere despojado de la competencia.
El
demandante fundamenta esta acusación en que a la Corte Suprema de Justicia le
estaba vedado retomar la competencia para el juzgamiento del ex parlamentario Humberto
de Jesús Builes Correa, con sustento en el parágrafo del artículo 235 de la
Constitución Política, toda vez que considera que el delito de concierto para
delinquir agravado por el cual se le impuso sentencia condenatoria no guarda
relación con las funciones desempeñadas, exigencia esta plasmada en el
precepto en mención para mantener el fuero especial respecto de altos
dignatarios del Estado, entre ellos los congresistas, cuando hubieren cesado en
el ejercicio de su cargo.
Observa
la Corte que en el caso del demandante, tal como lo informa en la tutela, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia de septiembre de 2007
estimó, con fundamento en la prueba recaudada en ese momento, que la conducta
que se le imputaba, concierto para delinquir agravado, no guardaba relación con
las funciones desempeñadas como congresista, y que por ende, decaía el fuero
constitucional. Posteriormente, mediante auto de octubre 28 de 2009, la misma
corporación, en decisión mayoritaria dispuso:
“Reasumir el conocimiento del proceso , atendiendo el
estado del mismo y los cargos elevados contra Humberto de Jesús Builes Correa
en la resolución acusatoria, esto es, haberse concertado con las autodefensas
para lograr la curul de senador que ostentó en el período 2002-2006, lo cual
traduce el vínculo entre la función como congresista y el delito atribuido,
aspecto que de conformidad con lo señalado por el artículo 235.3 de la Carta
Política determina la competencia de la Corte para conocer del asunto, como lo
había advertido desde el 1° de septiembre anterior – radicado 31653-”[78].
(Destaca la Sala).
No
encuentra la Corte que con esta determinación, que desde luego trasciende toda
la actuación posterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiese
incurrido en quebrantamiento de garantías adscritas al debido proceso, en
especial del principio de juez natural.
En
primer lugar, por que lo que hace la Corte Suprema en realidad es aplicar, en
el caso concreto del ex senador Humberto de Jesús Builes Correa, el criterio de
competencia establecido en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución,
según el cual respecto de los aforados que hubiesen cesado en el ejercicio del
cargo, la competencia sólo se mantiene respecto de las conductas punibles que
tuvieren relación con las funciones desempeñadas.
Adicionalmente,
no se trata de un factor de competencia que hubiese sido aplicado de manera selectiva,
insular o discriminatoria respecto del aquí demandante. Son múltiples las
ocasiones en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
invocado este parámetro de origen constitucional, a fin de retener o retomar la
competencia derivada del fuero especial instituido para los congresistas, una
vez estos han cesado en el ejercicio del cargo. Así se puede constatar por
ejemplo en los autos de febrero 15 de 1995 proferido en el proceso radicado con
el número 9675[79]; auto de febrero 10 de
1997, radicación 10684[80]; auto de noviembre 29 de
2000, radicación 11.507[81]; auto de junio 2 de 2004,
radicación 23.254[82]; auto de septiembre 1°
de 2009, radicación 31.653[83].
En
la última providencia mencionada la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, reiteró su jurisprudencia sobre la relación que debe mediar,
entre las conductas punibles investigadas y las funciones desempeñadas,
como criterio para mantener la competencia cuando los aforados hubiesen cesado
en ejercicio del cargo. Sin embargo, realizó algunas precisiones, encaminadas a
reorientar el criterio hacia un mayor apego al parámetro constitucional,
replanteando algunos matices interpretativos identificados en pronunciamientos
anteriores que introducían elementos restrictivos de la norma superior. En este
sentido señaló:
“Como viene de verse, en el auto del 18 de abril de
2007, radicado 26.942, se exige para mantener el fuero a los congresistas
después de haber cesado en el desempeño de sus labores, que se proceda por un
delito de los denominados “propios”, cuando lo cierto es que el parágrafo del
artículo 235 de la Normativa fundamental establece que el fuero se mantendrá
“para las conductas punibles que tengan relación con las funciones
desempeñadas”, sin aludir de manera alguna a la exigencia asumida antes por la
Sala, que se convertiría por consiguiente en un requisito adicional a los
previstos en la Constitución Política.
“Ciertamente, respecto de “delitos propios” el fuero
congresional se mantiene en cuanto se trate de conductas inherentes al
ejercicio de la función pública que corresponde a senadores y representantes
(artículos 150 y ss. de la Carta Política), pero a la par de ello se debe
acudir al referido parágrafo del artículo 235 de la Constitución cuando no se
trata específicamente de “delitos propios”, sino de punibles “que tengan
relación con las funciones desempeñadas” por los congresistas, siempre que de
su contexto se advierta el vínculo con la función pública propia del Congreso.
“La relación del delito con la función pública tiene
lugar cuando se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en
ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la conducta tenga
origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, o que el
ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y
oportunidad propicia para la ejecución del punible, o que represente un
desviado o abusivo ejercicio de funciones.
(…)
“Debe reiterarse que el parágrafo del artículo 235
constitucional no establece que las conductas a través de las cuales se dota de
competencia a la Corte sean realizadas “durante” el desempeño como congresista
sino simplemente que “tengan relación con las funciones desempeñadas”, de tal
suerte que resulta factible que el comportamiento o iter criminal pueda
iniciarse antes de acceder a la curul y consumarse o agotarse con posterioridad
a la dejación del cargo, sin que por ello se pierda la condición de aforado
para efectos penales.
“Pero también ocurre que durante el desempeño del
cargo, el aforado ejecuta conductas delictivas, no propias de la función, pero
sí íntimamente ligadas con ella, como podría suceder, a título de ejemplo, con
el congresista que bajo el pretexto de hacer proselitismo político, se reúne
con jefes de grupos armados al margen de la ley, en aras de asegurar apoyo
logístico que le permita conservar la curul en las elecciones venideras, a
cambio de prebendas tales como otorgar –de inmediato y dada la condición de
senador o representante que para ese momento se ostenta- contratos a esos
grupos.
“Igualmente, puede suceder que un aspirante a una
curul en el congreso reciba dineros para adelantar su campaña, con el compromiso
de que una vez alcanzado el propósito se erigirá representante o emisario en el
seno congresional de quienes favorecieron ilícitamente la elección.
“En tal caso, la investidura y la tarea desarrollada
en el Congreso por el aforado no resultan ajenas a ese hecho fundacional
concreto o, en otras palabras, no se puede sostener que ese manejo proselitista
previo no tiene relación con las funciones desempeñadas, cuando no se duda que
las dichas funciones representan cumplimiento de lo pactado previamente”[84].
Esta
interpretación de la Corte Suprema de Justicia referida al elemento normativo “conductas
punible que tengan relación con las funciones desempeñadas” contenido en el
parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, no se muestra como irrazonable
o manifiestamente arbitraria. Por el contrario, se armoniza con la pretensión
del Constituyente de establecer una reserva judicial calificada para la
investigación y juzgamiento penal de los congresistas, como garantía
institucional para el correcto funcionamiento del congreso, y para brindar el
máximo estándar de independencia y autonomía al juzgamiento de los
representantes del poder popular.
Dicha
reserva judicial calificada, en efecto, no fue establecida únicamente para las
conductas punibles inherentes a la función pública, o perpetradas en el desempeño
de las funciones, o en el ejercicio del cargo, sino que presenta un espectro
mayor en la medida que puede incluir aquellas “relacionadas con las
funciones desempeñadas”.
El
demandante pretende hacer prevalecer su propia interpretación frente a la
efectuada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en tormo al
elemento normativo “conductas punibles que tengan relación con las funciones
desempeñadas”. Para aquel este concepto debe restringirse a las conductas
punibles relacionadas con su función legislativa, “la cual se resume en
debatir y votar los proyectos de ley o de acto legislativo y citar a funcionarios
para control político”[85].
Como
puede advertirse, se trata de una interpretación que reduce la alta misión que la
Constitución confía a  los congresistas como representantes del poder popular, agentes
que controlan el poder político, depositarios de la facultad de hacer las leyes
que regirán a la sociedad, y administradores de justicia respecto de los más
altos dignatarios del Estado (Art. 174 C.P.). Sus acciones deben consultar la justicia y el bien común, y responden políticamente ante la sociedad y
frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su
investidura (Art. 133 C.P.). La valoración de este nexo funcional no puede ser
ajena a consideraciones relacionadas con el papel que cumplen los congresistas en
el modelo democrático que los acoge, la relevancia de la investidura que
ostentan, o la dignidad del cargo que desempeñan o al que aspiran.
El
hecho de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiese
afinado y precisado el sentido y alcance del elemento normativo “conductas
punibles que tuvieren relación con las funciones desempeñadas” al que ha
adecuado su competencia respecto de congresistas que renuncian a su investidura,
no comporta vulneración alguna a los derechos fundamentales del actor, puesto
que con tal proceder se ha ajustado al parámetro constitucional. Tal como lo
reconoció esta corporación en el caso de otro ex parlamentario en el cual se
debatió la misma problemática: “La
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la competencia
dispuesta en los artículos 186 y 235 num. 3º de la Carta Política para que ésta
investigue y juzgue a los congresistas, ha sido pacífica en punto de mantener
el fuero congresional respecto de “conductas punibles que tengan relación con
las funciones desempeñadas”, como en efecto lo dispone el parágrafo del
artículo 235 de la Constitución”[86].
Aspecto
distinto, y en el cual hace énfasis el demandante, es la constatación de la
relación de la conducta punible investigada con las funciones desempeñadas por
el aforado, el cual se ubica en un terreno fáctico y probatorio respecto del
cual el juez del proceso, en virtud del principio de autonomía judicial, cuenta
con un amplio margen de valoración.
En
el caso particular del ex senador Humberto de Jesús Builes Correa, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció ese nexo, entre otros
elementos probatorios, con prueba testimonial. Al respecto señaló:
“177. En esa misma audiencia el señor FREDY RENDÓN HERRERA
dijo ante el pleno de la Sala, como lo había sostenido desde el 14 de abril de
2009, que por el tiempo de la campaña se encontró con Humberto de Jesús Builes
Correa ¨en Pavarandó, finca la secreta¨, tras citarlo a través de Gladys
Bedoya, coordinadora del movimiento `Por una Urabá Grande, Unida y en Paz`; que
el encuentro obedeció a que se estaban generando obligaciones en el `equipo
coordinador´ del `proyecto político´, por que él le dio una moto a Germán
Guerra Guerra y estaba ofreciendo UTLs  y otras cosas; que en esa
reunión refirieron a que `era nuestro candidato al Congreso´, les dio un par de
motocicletas y se comprometió con unas UTLs”.  (Se destaca).
De
manera que la relación del delito de concierto para delinquir agravado con las
funciones propias del congresista, la dedujo la Corte Suprema de Justicia, no
solamente del hecho global, - del contexto acreditado en este y otros procesos
que cursaron en esa corporación en el marco del denominado fenómeno de la
“parapolítica”-, consistente en la pretensión de los llamados “grupos
paramilitares”, en este caso de los que operaban en la zona del Urabá
antioqueño, de tomarse el poder político, sino también del hecho particular del
ofrecimiento, como estrategia de campaña, a personas vinculadas a esas
organizaciones armadas ilegales, los cargos a través de los cuales se
desarrolla el trabajo institucional en el Congreso de la República (las UTLs).
Adicionalmente,
la reorientación de su jurisprudencia que hizo la Sala de Casación Penal Corte
Suprema de Justicia, a partir del auto del 1º de septiembre de 2009, en el
sentido de considerar  que  no solamente los “delitos propios”[87]
habilitan a esa corporación para retener la competencia en caso de pérdida o
renuncia a la investidura, sino aquellas conductas que tiene relación con la
función desempeñada, no solamente respondía a la necesidad de ajustar el
criterio de competencia al parámetro constitucional del cual se había desviado,
sino a la exigencia de adecuar la interpretación de dicho criterio, a  nuevas realidades
y a  desafíos sobrevinientes que imponía a la jurisprudencia penal el
juzgamiento de conductas desarrolladas en un contexto de violencia
generalizada, por organizaciones delictivas, para lo cual resultaban
insuficientes las categorías dogmáticas y las interpretaciones que se
desarrollaron frente a expresiones delincuenciales individuales, ajenas a
contextos de violencia sistemática que desafiaban los fundamentos mismos de la
institucionalidad.
Esta
corporación se ha pronunciado sobre el papel que cumple la jurisprudencia de
las altas cortes, en el propósito de
permitir que el sistema jurídico sirva a su cometido de erigirse en elemento
regulador y transformador de la realidad social. También lo ha hecho respecto
de la necesidad de adecuar los precedentes jurisprudenciales a los cambios
políticos, económicos o sociales, no obstante el carácter vinculante que tiene
el mismo, incluso para la propia corporación creadora. Al respecto señaló:
“Corresponde a los jueces, y
particularmente a la Corte Suprema, como autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia nacional, interpretar el ordenamiento jurídico. En esa medida,
la labor creadora de este máximo tribunal consiste en formular explícitamente
principios generales y reglas que sirvan como parámetros de integración,
ponderación e interpretación de las normas del ordenamiento.  Sin embargo,
esta labor no es cognitiva sino constructiva, estos principios y reglas no son
inmanentes al ordenamiento, ni son descubiertos por el juez, sino que, como
fuentes materiales, son un producto social creado judicialmente, necesario para
permitir que el sistema jurídico sirva su propósito como elemento regulador y
transformador de la realidad social. Con todo, para cumplir su propósito como
elemento de regulación y transformación social, la creación judicial de derecho
debe contar también con la suficiente flexibilidad para adecuarse a realidades
y necesidades sociales cambiantes.
(…)
18.    (…) Un
cambio en la situación social, política o económica podría llevar a que la
ponderación e interpretación del ordenamiento tal como lo venía haciendo la
Corte Suprema, no resulten adecuadas para responder a las exigencias
sociales.  Esto impone la necesidad de formular nuevos principios o
doctrinas jurídicas, modificando la jurisprudencia existente, tal como ocurrió
en el siglo pasado, cuando la Corte Suprema y el Consejo de Estado
establecieron las teorías de la imprevisión y de la responsabilidad patrimonial
del Estado.  En estos casos se justifica un replanteamiento de la
jurisprudencia.  Sin embargo, ello no significa que los jueces puedan
cambiar arbitrariamente su jurisprudencia aduciendo, sin más, que sus decisiones
anteriores fueron tomadas bajo una situación social, económica o política
diferente.  Es necesario que tal transformación tenga injerencia sobre la
manera como se había formulado inicialmente el principio jurídico que
fundamentó cada aspecto de la decisión, y que el cambio en la jurisprudencia
esté razonablemente justificado conforme a una ponderación de los bienes
jurídicos involucrados en el caso particular”[88].
Esta Corporación también se ha
pronunciado sobre las posibilidades de variar la jurisprudencia, en los
siguientes términos:
“44- El respeto al precedente es entonces
esencial en un Estado de derecho; sin embargo, también es claro que este
principio no debe ser sacralizado, puesto que no sólo puede petrificar el
ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables
injusticias en la decisión de un caso. Así, las eventuales equivocaciones del
pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en
el presente y en el futuro. O, en otros eventos, una doctrina jurídica o una
interpretación de ciertas normas puede haber sido útil y adecuada para resolver
ciertos conflictos en un determinado momento pero su aplicación puede provocar
consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro
contexto histórico, por lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la
vieja hermenéutica. Es entonces necesario aceptar que todo sistema jurídico se
estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad
jurídica -que implica unos jueces respetuosos de los precedentes- y la
realización de la justicia material del caso concreto -que implica que los
jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas-.”[89]
Si
bien la Corte Suprema de Justicia, en estricto sentido, no efectuó un cambio de
jurisprudencia, puesto que tal como lo reconoció esta corporación en la
sentencia T-965 de 2009, en eventos como el que aquí se examina ha venido
aplicando el criterio de competencia previsto en el parágrafo del artículo 235
de la Constitución, vale decir, la relación de la conducta punible con la
función desempeñada, la reinterpretación que hizo de este elemento normativo
definitorio de su competencia en los casos en que los congresistas  se despojan
de su investidura, se encuentra amparada por la necesidad de reconducir la
aplicación de la norma al tenor y el propósito del texto constitucional,
respecto del cual se venía presentando un paulatino distanciamiento, así como a
la exigencia de cumplir con uno de los cometidos fundamentales de la
jurisprudencia como es el de propiciar que el sistema jurídico sirva su propósito como elemento regulador y
transformador de la realidad social.
Finalmente,
conviene recordar que el fuero establecido para los congresistas en el artículo
235.3 de la Carta, no
fue instituido como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la
investidura y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del
Congreso de la República. Por ello no resultan admisibles los argumentos del
demandante en el sentido que su decisión personal de despojarse de la
investidura parlamentaria, constituía el factor determinante de la competencia.
Por las consideraciones anteriormente expuestas,
concluye la Sala que la Corte Suprema de Justicia contaba con la competencia
para juzgar ex congresista Humberto de Jesús Builes Correa, por lo que no se
configura el defecto orgánico alegado en la demanda.
8.2.2.
No configura violación directa de la Constitución, el trámite de
única instancia y con concentración de funciones, en proceso contra congresista
8.2.2.1.
El segundo reparo que formula el demandante contra la actuación surtida en la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en  contra del ex parlamentario
Humberto de Jesús Builes Correa, tiene que ver con el hecho de que el proceso
se hubiere tramitado en única instancia, y mediante el ejercicio de la
competencia integral (investigación y juzgamiento) adscrita a la Corte Suprema
de Justicia. A juicio del demandante con tal proceder se vulneraron los
artículos 29 y 93 de la Constitución, así como los preceptos 8, 14 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  de la
Convención Europea, respectivamente.
Este
cargo plantea nuevamente dos problemas jurídicos respecto de los  cuales la
jurisprudencia de esta corporación tiene un precedente consolidado[90] que reiterará en la presente oportunidad.
En
relación con el trámite del proceso en única instancia  ha considerado esta
corporación que los juicios de esta naturaleza, seguidos en contra de altos
dignatarios del Estado no son violatorios per se del derecho fundamental
al debido proceso establecido en la norma superior (Arts. 29 y 31 C.P.), ni contraviene los preceptos del bloque de constitucionalidad que invoca el demandante.
Ha
llegado a esta conclusión tomando en cuenta la posición institucional
que estos altos funcionarios ocupan dentro de la arquitectura de poder
constitucional, lo que implica que las decisiones judiciales sobre su
responsabilidad penal, consideren las particularidades del poder y la jerarquía
que éstos ostentan. Las normas internacionales aplicables, deben tener una
generalidad tal, que respeten la especial forma de juzgamiento que pueda
derivarse del tipo de Estado, del modelo de democracia o de la forma de
República específica que tenga el estado parte en cuestión[91]
Ha expresado que el artículo 29 C.P. contiene una “regla de carácter
general, (que) puede encontrar especificidades propias, derivadas de la
particular situación jerárquica y de poder que ocupa un alto dignatario del
Estado”[92].
Ha
considerado así mismo, que “cada Estado goza de un amplio margen para
configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de
protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia
vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la
segunda instancia.”[93]  Por consiguiente, la
regla según la cual toda sentencia penal podrá ser apelada resulta “inaplicable
cuando, de forma excepcional y extraordinaria, es el máximo tribunal penal el
que dicta la sentencia. Cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia dicta un fallo condenatorio no es posible que esa decisión sea
recurrida ante un cuerpo judicial superior, por cuanto ese es el tribunal
supremo en materia penal que tiene el sistema”[94].
La
Corte reiterará este precedente en el caso del ex parlamentario Humberto de
Jesús Builes Correa, y con fundamento en él desechará el cargo por presunta
violación del debido proceso derivada del trámite en única instancia, dispuesto
desde la Constitución.
8.2.2.2.
En lo que tiene que ver con la censura relacionada con que la Corte Suprema de
Justicia hubiese ejercido, en el caso del ex parlamentario Builes Correa, la
competencia integral para investigar y juzgar a los congresistas que le asigna la
Constitución, la Corte reiterará igualmente el precedente[95]
desarrollado en esta materia, según el cual confiar
al máximo tribunal del sistema judicial en materia penal, competencia integral,
no conlleva una violación del derecho al debido proceso y al derecho a la
defensa.
Indicó
la Corte (Fundamento jurídico 7) que el  modelo de competencia integral de la Corte
Suprema de Justicia para la investigación y el juzgamiento de parlamentarios,
no conlleva violación al debido proceso toda vez que constituye un ineludible
mandato constitucional que forma parte de un delicado diseño institucional que
responde a los principios de separación de poderes y de frenos y contrapesos.
Adicionalmente,
se trata de un procedimiento especial que puede apartarse de los procedimientos
ordinarios, con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique
discriminación alguna. Este esquema está orientado a garantizar la celeridad
que demanda un fallo de gran envergadura, el cual genera un gran impacto político
y social por cobijar a un representante del poder popular. Además, en el
tribunal supremo de la justicia ordinaria concurren las condiciones necesarias
para reducir  las posibilidades de incurrir en error judicial, como son la
formación jurídica del juez, su experiencia, la garantía de independencia
institucional que ofrece, y la conformación plural.
El
hecho de que esta corporación hubiese formulado un llamado al órgano
legislativo para que en futuras regulaciones adecue el procedimiento que se
sigue a los congresistas al modelo de separación de funciones de investigación
y juzgamiento, propio del sistema acusatorio por considerarlo más compatible
con el concepto contemporáneo del principio de imparcialidad judicial[96],
no deriva en la inconstitucionalidad  de estos procedimientos. De hecho la
Corte declaró su exequibilidad en la sentencia C-545 de 2008.
Con
fundamento en la reiteración del precedente enunciado, la Corte desestimará el
cargo por presunta vulneración al debido proceso, derivado del ejercicio de la
competencia integral por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en el caso del ex parlamentario Humberto de Jesús Builes Correa.
8.2.3.
No se estructura el defecto fáctico alegado por el demandante. La valoración de las pruebas aportadas se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable.
Fundamenta esta censura el demandante en que “no hay
una sola prueba contundente que lleve a la certeza de que el Dr. Humberto
Builes Correa cometió delito alguno, ni tampoco de que supiera que el primer
renglón de la lista – Rubén Darío Quintero Villada - haya realizado acuerdos
ilegítimos con grupos armados ilegales”.
Para sustentar esta afirmación plantea argumentos similares
a los expuestos en el juicio surtido ante la Corte Suprema de Justicia: (i) las
anotaciones en el pasaporte del sentenciado demuestran que no se encontraba en
el país durante las fechas en que se habrían llevado a cabo los acuerdos entre
integrantes del movimiento político al que pertenecía y grupos armados
ilegales; (ii) Invoca cinco de los testimonios recibidos por la Corte Suprema
de Justicia[97], para señalar que no
existe prueba contundente sobre el hecho de que el condenado Builes Correa
hubiese tenido conocimiento de los acuerdos celebrados por Rubén Darío Quintero
Villada (primero de la lista), o que hubiese mantenido una relación con Vicente
Castaño; (iii) hace una crítica puntual al testimonio de Fredy Rendón Herrera
(a. el Alemán), descalificándolo por contradictorio, con apoyo en el concepto
del Procurador Delegado en el proceso penal.
Como puede advertirse el demandante fundamenta su
censura en la dimensión positiva del defecto fáctico, aduciendo una valoración
por completo equivocada del material probatorio recaudado. No obstante, observa
la Sala  que, dentro del amplio margen de discrecionalidad que posee el juez
natural para la valoración probatoria, la sentencia de agosto 17 de 2010
mediante la cual se impuso condena por el delito de concierto para delinquir
agravado al ex congresista Builes Correa realizó un pormenorizado análisis del
material probatorio, fundado en criterios objetivos y racionales sobre los diferentes
aspectos que concurren a establecer la responsabilidad del aquí demandante en
el delito de concierto para delinquir agravado que le fuera imputado.
A través de alguna prueba documental (los registros
del pasaporte) y abundante prueba testimonial la sentencia establece el complejo
contexto en el que se desarrolló el proceso electoral con miras a la
conformación del Congreso de la República para el período 2002- 2006; la
contaminación de ese proceso mediante la intervención de grupos armados con
poder militar de facto; los vínculos establecidos entre el movimiento político “Por
una Urabá Grande Unida y en Paz” surgido del seno paramilitar y bajo la
dirección Fredy Rendón Herrera (a. el Alemán), con el grupo político “Nueva
Forma de Hacer Política” al que pertenecían Rubén Darío Quintero Villada y
Humberto de Jesús Builes Correa; las contribuciones económicas que el
investigado suministró a esa alianza.
Estos elementos fueron acreditados a través de los
testimonios de una serie de personas que ocupaban posiciones estratégicas que
les permitían un conocimiento directo de los elementos concurrentes antes
mencionados, para la acreditación del ilícito y la responsabilidad del
implicado. En este sentido se contó con el testimonio de Fredy Rendón Herrera
(líder paramilitar a través del cual se gestó la alianza); la versión libre del
propio Rubén Darío Quintero Villada (compañero de lista del aquí demandante);
Dagoberto Tordecilla Blanquet (líder político de la región);  Claudia María
Angarita Gómez (encargada de la información financiera del movimiento de
Quintero y Builes); Sigifredo Díaz Duque (contador de la campaña de Quintero
Villada para el Senado en el año 2002); Cesar Augusto Andrade , Guillermo Gómez
Mesa y Sol Beatriz Orozco Vélez (estos dos últimos empleados de Builes Correa).
Como lo indica el demandante el testimonio de Fredy
Rendón Herrera (a. el alemán) constituyó un elemento probatorio al que el
tribunal sentenciador le dio credibilidad, no obstante haber ofrecido varias
versiones contradictorias, aspecto que originó una fuerte crítica por parte de la
Procuraduría y la defensa. Sin embargo, el tribunal sentenciador, en el marco
de los criterios objetivos y racionales que le provee la sana crítica, efectuó
un ejercicio de ponderación atribuyéndole credibilidad a su última versión,
rendida en la audiencia pública, opción que resulta factible dentro del amplio
margen de autonomía y discrecionalidad que se le reconoce al juez en el proceso
de valoración probatoria.
Sobre esta prueba particularmente controvertida por la
defensa del acusado y la Procuraduría, así discurrió la Sala de Casación Penal:
“175. El doctor HUMBERTO BUILES estuvo al tanto del
hecho que el movimiento político “Por una Urabá Grande Unida y el Paz” estaba
bajo control y mando del señor FREDY RENDÓN HERRERA (a. Alemán) siendo
intestino de grupos de autodefensas, Y a pesar de eso, con toda determinación
se integró a su causa política durante la campaña electoral al Congreso de la
República del período legislativo 2002-2006. A través de esta alianza logró una curul en el Senado de la República como sucesor del doctor RUBÉN DARÍO QUINTERO
VILLADA, cuando este renunció a ella tres meses después de conseguida para
aspirar a la gobernación del Departamento de Antioquia.
176. Así lo informó el señor FREDY RENDÓN HERRERA (a.
Alemán) y la Sala le cree. Siendo comandante del bloque “Elmer Càrdenas” de las
autodefensas asentado en Urabá, cuestionado durante la audiencia pública acerca
de si el doctor HUMBERTO DE JESÚS BUILES CORREA sabía, o “estaba
suficientemente enterado” que él lideraba el proyecto político “Por una Urabá
Grande Unida y en Paz”, respondió con un categórico “claro que sí”, y que no
solamente el señor BUILES sino también el señor RUBÉN DARÍO QUINTERO, porque
primero conocí a QUINTERO y posterior lo conocí a él”, agregando que “quien
tenga interés en la región de Urabá, o haya tenido interés en la región de
Urabá, si es un líder político y de una u otra forma tiene amigos allí, sabía
quien era el señor Alemán en ese momento en esa región, yo estuve durante diez
años allí.
177. En esa misma audiencia el señor FREDY RENDÓN
HERRERA dijo ante el pleno de la Sala, como lo había sostenido desde el 14 de
abril de 2009, que por el tiempo de la campaña se encontró con HUMBERTO DE
JESÚS BUILES `Pavarandó, finca la secreta´, tras citarlo a través de GLADYS
BEDOYA, coordinadora del movimiento `Por una Urabá Grande Unida y en Paz´; que
el encuentro obedeció a que se estaban generando divisiones en el `equipo
coordinador´ del ´proyecto político´ (…).
178. Y agregó el testigo FREDY RENDÓN HERRERA (a.
Alemán) durante la audiencia pública, que el doctor HUMEBRTO DE JESÚS BUILES
CORREA no recibió contribución económica de su grupo paramilitar, pero sí `todo
el trabajo nuestro, diseccionado por intermedio del proyecto político, que sí
era financiado en parte por nosotros´; que `al contrario de recibir apoyo
económico de parte nuestra, recibimos nosotros alguna moto o dos´, y que de
todas maneras él `recibió el apoyo irrestricto del Movimiento Político´; que
fue distinto con el doctor RUBEN DARÍO QUINTERO, a quien entregaron cien o
doscientos millones para esa misma campaña política, pero fuera del Urabá”.
179. De es modo, según FREDY RENDÓN HERRERA (a,
Alemán), el doctor HUMBERTO DE JESÚS BUILES CORREA sabía que estaba haciendo
coalición con grupos paramilitares, cuando en los comicios del año 2002 se unió
al movimiento político `Por una Urabá Grande Unida y en Paz´, constituyéndose
en segundo renglón de su fórmula al Senado de la República. Fue conciente de
ello por que en palabras de RENDÓN HERRERA hubo entre los dos un diálogo franco
respecto de que `era nuestro candidato´ al Senado, pero además por que como
éste mismo también lo dijo, tratándose de un líder de su nivel y trayectoria,
arraigado política y empresarialmente al Urabá, era un imposible social que no
lo supiera, por mucho que paralelamente también hiciera vida familiar y
empresarial en Honduras”.
180. Pero además porque de las costumbres políticas se
sigue, según reglas de la experiencia común, que si alguien, y más un grupo de
paramilitares en ejercicio de `jurisdicción´, se vuelca en apoyo electoral a
favor de un movimiento político o un candidato, convocando con el poder de sus
ejércitos masas de electores, amenazándolos, presionándolos, etc., eso no lo
hace por simple admiración, bondad, para ocupar el tiempo o a cambio de nada,
sino pretendiendo sacar sus propios réditos; y para que eso tenga efecto, se
esfuerza y asegura de que los potenciales elegidos lo sepan, porque de lo
contrario todo ese ´trabajo político´ de antemano estaría echado a perder; de
ahí las alianzas, coaliciones o acuerdos político-paramilitares.
181. Razón de más para dejar de creer en las primeras
versiones del `Alemán´, donde dejó al margen de los hechos a los ´políticos`,
tanto como a los miembros de la fuerza pública, contra lo que dijeron varios
testigos que vivieron la influencia paramilitar en la gesta de 2002 en lugares
como Arboletes-Antioquia, aunados los motivos que él expuso para cambiar tan
radicalmente la estructura de su versión, teniendo por ciertas sus últimas
declaraciones, incluida la vertida durante la audiencia pública cuando a cada
cual y de manera coherente, adscribió un rol que completa la historia, y de
contera resta méritos a las primeras. Esa toma de la política por los
paramilitares, no pudo pasar sin la participación de los políticos; al menos
algunos.
182. El mismo BUILES CORREA desde cuando declaró como
testigo aceptó que se reunió con FREDY RENDÓN HERRERA (a. Alemán), `una o dos
veces´, negando haber tratado temas políticos, lo que significa que no fue
ajeno ni lejano a la toma del Urabá por los grupos paramilitares, que de modo
determinante fue conocida por todos los estamentos públicos y privados de esa
comunidad. Según el testigo la mayor parte de los recursos con los cuales se
financió el proyecto político `los sacó´las autodefensas, de `contribuciones
voluntarias y no voluntarias que nos hacían todas aquellas personas que
desarrollaban actividades lícitas o ilícitas en esa región, llámese madereros,
bananeros, plataneros, finqueros, comerciantes, transportadores,
narcotraficantes, contrabandistas, todos teníamos que pagar una contribución
porque teníamos un ejército luchando por este país y por esa región”[98].
Los apartes transcritos de la sentencia cuestionada,
desvirtúan la afirmación del demandante en el sentido de que “no hay una
sola prueba contundente que lleve a la certeza de que el Dr. Humberto Builes
Correa cometió delito alguno, ni tampoco de que supiera que el primer renglón
de la lista – Rubén Darío Quintero Villada - haya realizado acuerdos ilegítimos
con grupos armados ilegales”.
El
juez competente fundamentó su decisión en abundante prueba testimonial, en
particular en el testimonio de FREDY RENDÓN HERRERA, efectuando respecto de
este medio una minuciosa valoración acerca de la veracidad de sus afirmaciones,
dando plena credibilidad a su exposición vertida en el juicio público.
Adicionalmente, apoyó su decisión en otros testimonios, menos contundentes,
pero que confluían con la versión del testigo principal, e incluso en la
declaración del propio acusado, así como de su compañero de lista, Rubén Darío
Quintero Villada.
No
encuentra la Corte el error ostensible, flagrante y manifiesto, en la
valoración de la prueba, que alega el demandante, que además tuviere incidencia
directa en la decisión, y por ende idoneidad para estructurar un defecto fáctico.
La valoración probatoria efectuada por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia se encuentra dentro
del margen de interpretación razonable. No puede en consecuencia esta sala
asumir, como lo pretende el demandante, una suerte de instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que conoció del asunto, que implique un examen exhaustivo del material
probatorio.
Ante
la ausencia de un error manifiesto y ostensible en la valoración probatoria
realizada en la sentencia censurada, esta se encuentra amparada por los
principios de autonomía judicial y de juez natural. Lo que el demandante
propone frente a la prueba recaudada, es otra valoración probatoria, que de
mayor relevancia a un grupo de testigos que según su criterio apoyan su
estrategia de defensa, lo cual resulta inadmisible toda vez que, como lo ha
reiterado la jurisprudencia de esta Corte, las diferencias valorativas en la
apreciación de las pruebas no constituyen errores fácticos. Frente a
interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar,
conforme con los criterios objetivos que le suministra la sana crítica cuál es
la que mejor se ajusta al caso concreto. No sobra recordar que cuando se trata
de pruebas testimoniales, como ocurre en el presente asunto, el campo de acción
del juez de tutela es aún más restringido, pues de acuerdo con el principio de inmediación,
quien está en mejor posición para determinar el alcance de este medio
probatorio, es el juez de conocimiento.
La
discrepancia valorativa probatoria en la que el demandante fundamenta este
cargo, no reviste la entidad necesaria, conforme a la jurisprudencia de esta
Corte, para configurar un error fáctico que entrañe vulneración al debido
proceso, lo cual conduce a la Sala a desestimar este cargo.
9.
Conclusión
El
señor Humberto de Jesús Builes Correa, ex congresista sentenciado por la Corte
Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado,
interpuso acción de tutela en contra de esa corporación por considerar que con
su actuación, y en particular con la sentencia condenatoria proferida el 17 de
agosto de 2010, vulneró sus derecho fundamental al debido proceso.
Formuló
contra la mencionada actuación tres cargos: (i) La configuración de un defecto
orgánico en razón de que la Corte Suprema de Justicia, reasumió la
competencia para adelantar el juicio, pese a que con antelación había declinado
su competencia, en virtud de la renuncia a su investidura congresional que
hiciera el investigado; (ii) la violación directa de la Constitución por
haberse tramitado el proceso que concluyó en su condena, en única instancia y
con competencia integral (concentración de funciones de investigación y
juzgamiento) por parte de la corporación acusada; (iii) la configuración de un defecto
fáctico por haberse proferido sentencia condenatoria por el delito de
concierto para delinquir agravado, sin que obrara prueba contundente sobre su
responsabilidad.
La
Corte recordó las reglas jurisprudenciales establecidas por esta corporación en
materia de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
con énfasis en las causales de defecto orgánico, defecto fáctico y violación
directa de la Constitución; la naturaleza y finalidades del fuero especial
previsto en los artículos 186 y 235.3 de la Constitución para los congresistas;
el debido proceso en los procesos de única instancia contra altos dignatario
del Estado, y con competencia integral de la Corte Suprema de Justicia.
Estudiados
cada uno de los cargos presentados, la Sala concluyó que no se configura
ninguno de ellos. No se constató el defecto orgánico alegado, toda vez que la
Corte tenía plena competencia para asumir el juicio en contra del ex
parlamentario. La Corte en el caso bajo examen aplicó el criterio de
competencia previsto en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución para retener
la competencia en los eventos en que el congresista se ha separado de su
investidura, es decir la relación que debe existir entre las conductas punibles
investigadas y las funciones desempeñadas. La reinterpretación que hizo la Sala
de Casación Penal de este elemento normativo definitorio de la competencia, se
encuentra amparada por la necesidad de reconducir la aplicación de la norma al
tenor y el propósito del texto constitucional, respecto del cual se venía
presentando un paulatino distanciamiento, así como a la exigencia de cumplir
con uno de los cometidos fundamentales de la jurisprudencia como es el de
propiciar que el sistema jurídico sirva su propósito como elemento regulador y
transformador de la realidad social.
No
se estableció la violación directa de la Constitución, debido proceso,  en
virtud del trámite impartido al proceso, -en única instancia y con competencia
integral de la Corte Suprema de Justicia-, toda
vez que se trata de un modelo que se deriva de un ineludible mandato
constitucional que forma parte de un delicado diseño institucional que responde
a los principios de separación de poderes y de frenos y contrapesos. Se trata
de procesos especiales que pueden apartarse de los procedimientos ordinarios,
con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique discriminación
alguna. Este esquema está orientado a garantizar la celeridad que demanda un
fallo que genera un gran impacto, por cobijar a un miembro del poder
legislativo, y además en él concurren las condiciones necesarias para reducir
las posibilidades de incurrir en error judicial (la formación del juez, su
experiencia, la independencia institucional, y la conformación plural del
juez).
Tampoco
se constató la violación del debido proceso fundado en un defecto fáctico,
comoquiera que la valoración de la prueba efectuada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia se  encuentra dentro del margen de una
interpretación razonable, amparada por el principio de autonomía judicial.
Dentro de estrecho margen de apreciación que corresponde al juez de tutela en
el análisis de un eventual defecto orgánico por errónea valoración de la prueba
testimonial, no encontró la Sala un error manifiesto, ostensible o protuberante
con incidencia en el fallo acusado. El demandante planteó una discrepancia en
la valoración probatoria, mediante la cual pretendía darle mayor peso a unos
testigos respecto de otros, a los cuales el juez de conocimiento de les dio mayor
preponderancia. Un planteamiento de tal naturaleza carece de entidad para
estructurar un error fáctico.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar
los términos suspendidos mediante auto del 14 de marzo de 2012, de conformidad
con lo previsto en los artículos 53 y 54 del Reglamento Interno de la
Corporación.
Segundo.-  CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo de junio 13
de 2011 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, que declaró IMPROCEDENTE la acción de
tutela instaurada por el señor HUMBERTO DE JESÚS BUILES CORREA contra la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Tercero.- COMUNICAR esta providencia para los fines previstos en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUÍS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado (E)
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA SU198/13
Referencia: expediente T-3258107
Acción de tutela presentada por el señor Humberto
Builes Correa contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado sustanciador:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
Habiendo votado positivamente y firmado el proyecto
presentado en este caso por el Magistrado sustanciador, estimo necesario
consignar por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de mi voto en
el presente asunto.
Si bien participo de la resolución adoptada, por
cuanto comparto la percepción de que en este caso no se configuró ninguna
violación a la Constitución ni existió vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el actor, debo aclarar mi voto pues siempre he
disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y
en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la
decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más
amplitud frente a otras decisiones[99], no comparto el alcance,
en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de la Corte
Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales
(consideración 4ª), y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo
se pone de presente en las argumentaciones relacionadas con la sentencia C-590
de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyos planteamientos
discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha sentencia radica en el hecho
de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, y que
aquí son traídas a colación en las consideraciones (páginas 19 a 24), abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común contra
una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la
acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la acción de
tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más)
nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido
por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una
(o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el
respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito de
protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al constituyente
de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación
con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea
jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones que se dejaron
planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad
ese pronunciamiento[100], de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia de 1992
se consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que
no puede ser quebrantada, que la tutela contra decisiones judiciales atentaba
contra la seguridad jurídica y contra otros importantes valores
constitucionales, como el “principio democrático de la autonomía funcional
del juez”, “la independencia y desconcentración que caracterizan a la
administración de justicia” y “la función garantizadora del Derecho”
que cumple el proceso, y en consecuencia se declaró inexequible la preceptiva
que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590 de 2005 se presenta un amplio
listado de situaciones, creyéndose que de inferirse la materialización de
alguna de ellas, en opinión de quien realiza el control tutelar, de por sí le
está permitido remover o dejar sin efecto la decisión judicial, cual si
aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha desquiciado gravemente su
carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha abatido la seguridad
jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión adoptada con
mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con alcances de tal
índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Esta materia
fue muy debatida en el seno de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se identifican fundamentalmente dos posturas, aunque
algunos magistrados introdujeron algunos matices a su posición: (i) La
renuncia a la curul por parte del parlamentario investigado por la Corte, no implica la de su condición de aforado, pues, en tales eventos debe examinarse la vinculación
de las conductas presuntamente delictivas con la función congresional.
En consecuencia, la constatación de la conexión entre unas y otra, implica la
prórroga de la competencia por parte de la Corte para seguir adelantando el proceso. Es inadmisible hacer valer la sola voluntad del investigado como factor
de determinación del funcionario competente para tramitar el proceso penal;
(ii)) Una segunda tesis sustentada en que el fuero entraña un derecho subjetivo
para el aforado; que la interpretación sobre las reglas de competencia debe ser
restrictiva; el delito de concierto para delinquir no guarda relación con la
función de congresista, y que en el caso particular del parlamentario Builes
Correa ya la Corte había fijado de manera definitiva la competencia y ello
genera garantías procesales y sustanciales al procesado; el cambio  de
jurisprudencia aplicable de manera inmediata afecta el principio de seguridad
jurídica; es imposible que el fuero opere para acciones iniciadas antes de la
posesión como congresistas y agotadas después de que se dejase la investidura.
[2] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 1 de septiembre de 2009, radicado
31.653.
[3] Ibídem.
[4]
Auto de septiembre 1° de 2009 Rad. 31.653, trascrito en auto de octubre 28 de
2009, Rad. 26.585, Humberto Builes Correa.
[5] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 28 de octubre de 2009. Radicación
26. 585. Proceso de única instancia contra Humberto de Jesús Builes Correa.
[6] Artículo 186.
De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de
flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a
disposición de la misma corporación.
[7] Artículo 235.
Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: […] PARÁGRAFO. Cuando los
funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el
fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las
funcione desempeñadas”.
[8]
Folio 6 de  la demanda.
[9] El
representante del Ministerio Público solicitó la absolución de Humberto Builes
Correa, por considerar que no existía prueba sobre el conocimiento del acusado
acerca del respaldo que los paramilitares habrían dado al Movimiento Regional
de Urabá; el acusado se encontraba fuera del país en la época en que se
realizaron los pactos, y la existencia de prueba exigua sobre el contenido de
estos pactos.
[10] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, única instancia 26585, sentencia de agosto
17 de 2010, folio 64..
[11] Ibídem. Fol.
67.  Declaración rendida por Fredy Rendón Herrera el abril 14 de 2008.
[12] Ibidem. Fol.
69.
[13] Ibídem, Fol.
72.
[14] Ibídem. Fol.
76.
[15] Ibídem, fol.
78.
[16] Ibídem, fol.
88.
[17] Ibídem, fol.
89.
[18] En esta
sentencia, la Corte Suprema de Justicia reiteró su jurisprudencia aplicada en
el caso radicado bajo el No. 32.805. Proceso contra el ex congresista Álvaro
Araújo Castro.
[19]
Casación 02/09/2009, radicación 29221.
[20] Por ejemplo,
siguiendo los ejes conceptuales de Jackobs se aplicó la teoría de la coautoría
impropia que permitió imponer similares penas a los ordenadores y a los
ejecutores del hecho en los siguientes asuntos: Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, sentencia de casación de 7 de marzo de 2007,  radicación
23825 (Caso de la masacre de Machuca); y de 12 de septiembre de 2007,
radicación 24448  (Masacre de la Gabarra).
[21] Héctor Olásolo,
« Relexiones sobre la doctrina de la empresa criminal común en Derecho
Penal Internacional », Barcelona, Indret – Revista para el análisis del
derecho, Universidad Pompeu Fabra, julio de 2009, quien advierte que la primera
jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en los caso LUBANGA, KATAMGA Y
NGUDJOLO, el artículo 25(3) del Estatuto de Roma (ER) : (i) Acoje la
teoría del dominio del hecho como criterio básico de distinción entre autoría y
participación ; (ii) configura la forma de responsabilidad individual que más
parece asemejarse a la doctrina de la empresa criminal conjunta (ECC) de las
recogidas en el artículo 25 del ER (aquella prevista en el párrafo (3)(d) del
artículo 25 del ER) como una forma residual de complicidad. Veáse
también Silvana Bacigalupo Saggese, « La responsabilidad penal de las
personas jurídica », Barcelona, Editorial Bosch, 1998, pag. 35 y ss.
[22] En la sentencia
de condena proferida contra Alberto Fujimori se dijo que (i) para atribuir a
una persona la realización de un hecho delictivo por dominio de organización no
se necesita probar el dominio del hecho concreto, esto es, el control del curso
causal del delito cometido (por ejemplo el control directo sobre el
desplazamiento o desaparición forzada de personas), sino que se necesita
demostrar el control de la fuente del riesgo, es decir, el aparato de
poder ; (ii) no se necesita probar la orden directa de cometer los delitos
concretos, dado que quien está en la cabeza de la cadena también puede ser
imputado de la omisión de controlar el aparato de poder pudiendo y debiendo
hacerlo. Y, (iii) tampoco se necesita probar que el hombre de atrás quiso que
los actos ilícitos se realizaran, por que basta con demostrar que el dirigente
conocía el aparato de poder organizado y sus actividades ilícitas y decidió que
continuara con ellas (Véase Corte Suprema de la República del Perú, Sala Penal Especial, expediente No. AV 19-2001,
sentencia de 7 de abril de 2009, hechos de Barrios Altos, La Cantuta y sótanos SIE).
[23]
Corte Suprema de Justicia, sentencia de agosto 17 de 2010.
[24]
Intervención del magistrado Javier Zapara Ortiz (Fol. 367 y ss.).
[25]
Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 100 de 2008. En este caso, la Corte resolvió, en el caso concreto, que “la providencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fechada el catorce de diciembre de
2007, mediante la cual decidió “MANTENER intacta la
determinación adoptada mediante auto del 11 de octubre de 2006, sin
consideración a los efectos que le suprimió la Corte Constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”,
sea enviada a la Secretaría General de la Corte Constitucional, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes
al proceso de selección.” Además, resolvió que “para otros casos en que
exista la misma situación de vulneración de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, por la
no admisión a trámite de una acción de tutela instaurada contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 los
ciudadanos tienen el derecho a escoger alguna” de las reglas citadas.
[26] En
la sentencia T-1029 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo) se estudió una acción
de tutela contra la Sub sección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que había
sido rechazada de plano por la Sección Cuarta de la misma Corporación, en calidad de juez de tutela. Tal decisión se adoptó con base en lo resuelto por la Sala Plena de
la Corte Constitucional en el Auto 100 de 2008 y en el hecho de que el Consejo
de Estado no surtió el trámite propio de instancias de la acción de tutela. El
trámite dado en ese caso fue el siguiente: “3.1. La  Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante
providencia del 5 de febrero de 2008 rechazó la solicitud de amparo por considerar
que ‘al haberse instaurado esta acción por el mismo actor en contra de esta
Corporación, por los mismos hechos e idénticas pretensiones que la anterior,
debe la Sección Cuarta rechazarla de plano’.  ||  3.2. Inconforme con la
decisión adoptada el demandante la impugnó.  ||  3.3. En providencia del 6 de
marzo de 2008 la  Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado confirmó la decisión adoptada el 5 de febrero de 2008,
acogiendo los lineamientos allí planteados.”  En sentido similar ver, entre
otras, la sentencia T-051 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[27] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-1057 de 2002 (M. P. Jaime Araújo Rentaría). Con
reiteración en las sentencias T-929 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
y T-757 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[28] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-446 de 2007. (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[29]
Sentencia T-929 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[30] Ver,
especialmente, la sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Otros
fallos sobre el mismo tema son: T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),  T-442
de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell),  T-008 de 1998 y T-567 de 1998 ( M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-025 de 2001 (M.P. Eduardo Montealgre Lynett), T-109
de 2005 (M.P.), y T-639  de 2006 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),  T-737 de 2007
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-264 de 2009, T-310 de 2009 y T-590 de 2009
(M.P.. Luís
Ernesto Vargas Silva).
[31] Así, por
ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del
supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[32] Cabe resaltar
que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una
prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental,
que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[33] Cfr. Sentencias
SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-538 de 1994 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz)  y T-061 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[34]
Ver sentencias T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-567 de 1998 (M.P.
Eduardo
Cifuentes Muñoz),  y SU–159 de 2002.
[35] Nuevamente,
remite la Sala a la sentencia SU-159 de 2002.
[36]
Sentencia T-442 de 1994
[37]
Sentencia T-590 de 2009  (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[38]
Entre otras, las sentencia T-055 de 1997 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz),  y T-590 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva)
[39] Ver sentencias
T-055 de 1997 y T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Reiteradas en
T-590 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva). .
[40] “En
el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336
de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998.
[41] Sentencia T-008
de 1998. Reiterada en las sentencia T-636 de 2006, y T-590 de 2009.
[42] Sentencias
T-636 de 2006  (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-590 de 2009.
[43]
Sentencias T-310 y T-555 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[44]
Dice la Corte en la Sentencia C – 590 de 2002 (M.P Jaime
Córdoba Triviño), que se deja de aplicar una disposición
iusfundamental en los casos en  que, “… si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
[45] En
la sentencia C
– 590 de 2005 se reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la
acción de tutela, y se establecieron algunos criterios para su aplicación.
[46]Sentencias
T-765 de 1998 y T-001 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández). Los derechos de
aplicación inmediata están consagrados en el artículo 85 de la C.P, que establece que los derechos de aplicación inmediata son el derecho a la vida, a la
integridad personal, a la igualdad, a la personalidad jurídica, intimidad, al
buen nombre, la honra, al libre desarrollo de la personalidad, libertad, de
conciencia, de cultos, expresión, de petición, a la libertad de escoger
profesión u oficio, a la libertad personal, a la libre circulación, al debido
proceso, al habeas corpus y a la segunda instancia en materia penal, a la
inviolabilidad del domicilio, a la no incriminación, de reunión, de asociación
y los derechos políticos.
[47] Ver
entre otras, las sentencia T – 199 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra);
T-590 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva) y T-809 de 2010.  (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez).
[48] En
la Sentencia T – 522 de 2001 (Manuel José Cepeda Espinosa), se dijo que
la solicitud  debía ser expresa.
[49] Sentencia C-025 de 1993 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz). En esta sentencia la Corte declaró la inexequibilidad del parágrafo del artículo 267 de la Ley 5 de 1992, norma que luego de reproducir el artículo 186 de la C.P. establecía una prerrogativa no prevista en este consistente en que “La privación de
la libertad sólo es procedente cuando se haya proferido resolución acusatoria
debidamente ejecutoriada”.  En esta sentencia la Corte declaró que la precisión que “se introduce en la ley acusada desconoce la
independencia (CP art. 228) y la competencia funcional de la Corte Suprema de Justicia para ordenar la detención del Congresista (CP art. 186) y configura
en favor de este último la consagración de un privilegio - adicional a su fuero
- no previsto por el Constituyente y, por tanto, de imposible concesión
unilateral por parte del mismo poder constituido beneficiario del mismo. //De
otra parte, la reserva expresa y absoluta de competencia para ordenar la
privación de la libertad de un Congresista que la Constitución atribuye única y exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia - máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria -, independientemente de la etapa de investigación o juzgamiento y de
la época de la comisión del delito, constituye suficiente garantía para el
Congreso como institución y para cada uno de sus miembros, que no se interferirá
de manera arbitraria e inconveniente en su correcto funcionamiento y en el
ejercicio de sus deberes y derechos”.
[50] Sentencia T-1320
de 2001 y Auto 026 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[51] Sentencia
C-142 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía). Este criterio fue reiterado
posteriormente en la sentencia C-545 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), y
adicionado en el sentido de subrayar la independencia del juez, como
valor adicional que proporciona el juzgamiento por parte de la Corte Suprema de justicia.
[52]
Corte Constitucional C-222 de 1996 (M.P. Fabio Morón Diaz).
[53] Ibídem.
[54] Sentencia
C-245 de 1996 (Vladimiro Naranjo Mesa).
[55] Sentencia SU
-047 de 1999 (MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
[56] Sentencia T-1320
de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[57]
Corte Constitucional, sentencia SU-047 de 1999 (MM..P.P. Carlos Gaviria Díaz Y
Alejandro Martínez Caballero).
[58] En
la
sentencia C-142 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte señaló lo siguiente: “El legislador ha consagrado el principio de la intangibilidad
de los fallos definitivos del máximo tribunal, en esta materia la Corte Suprema de Justicia definida por el artículo 234 de la Constitución como el ‘máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’. La razón de esto es
evidente: los pleitos, todas las controversias judiciales, tienen que terminar.
Por esto, siempre hay un juez o tribunal que dice la última palabra. (…)  Pues
bien: si la Corte Suprema de Justicia,  es el ‘más alto tribunal de la
jurisdicción ordinaria’, la mayor aspiración de todo sindicado es ser  juzgado
por ella. En general, esto se logra por el recurso de apelación, por el
extraordinario  de casación,  o por la acción de revisión. (…)  Pero cuando la Corte Suprema conoce en única instancia del proceso, como ocurre en tratándose de los altos
funcionarios, el sindicado tiene a su favor dos ventajas: la primera, la
economía procesal;  la segunda, el escapar a la posibilidad de los errores
cometidos por los jueces o tribunales inferiores.  A las cuales  se suma la
posibilidad de ejercer la acción de revisión, una vez ejecutoriada la
sentencia. (…)  No es pues, acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios”. Corte Constitucional, sentencia C-142 de
1993 (MP Jorge Arango Mejía). [En este caso se resolvió una demanda de
inconstitucionalidad contra de una serie de normas de carácter legal, que
consagraban o  permitían, de manera directa o indirecta, una única instancia
para el juzgamiento penal de ciudadanos, y, en particular, de altos
funcionarios del Estado].
[59] Corte
Constitucional, sentencia C-142 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía).
[60]
Sentencia T-146 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa). En esta sentencia la Corte desvirtuó un cargo por violación al debido proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de única instancia seguido contra el ex
parlamentario  Juan Manuel López Cabrales.
[61]
Ibídem.
[62] Ver, entre
otras, las sentencias C-411 de 1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-934
de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y SU-811 de 2009 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-146 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[63] Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en relación con la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrafos 121-123, en donde se señaló lo
siguiente: “b) Doble instancia y recurso efectivo” ║ 121. La garantía
procesal anterior se complementa con la posibilidad de que exista un tribunal
superior que pueda revisar las actuaciones del inferior. Esta facultad ha
quedado plasmada en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana y en el artículo 40.b inciso v) de la Convención sobre los Derechos del Niño  que manifiesta: ║ v)
Si se considerare que [el niño]
ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida
impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano
judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley […].”  En
el año 2004, en el caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la conformidad de los juicios
penales por difamación, por la condena penal impuesta a un periodista por
cuatro publicaciones supuestamente difamatorias, en donde dijo lo siguiente: “161.
De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos (…), se
debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado
debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal
superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al
derecho.  Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el
ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que
infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo.  Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos
deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el
cual fueron concebidos (…). ║ 162. Con base en lo expuesto en los
párrafos anteriores, la Corte pasa a resolver si el recurso de casación al que
tuvo acceso el señor Mauricio Herrera Ulloa cumplió con los parámetros
anteriormente establecidos y, por ende, si se trató de un recurso regulado y
aplicado de conformidad con lo estipulado en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana. ║163. El juez o tribunal superior encargado de resolver el
recurso interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de
protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes
que intervienen en el proceso penal de conformidad con los principios que lo
rigen. ║ 164. La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible,
sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. ║165.
Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para
recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen
integral de la decisión recurrida.  (…) ║ 167. En el presente caso, los
recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de
noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de
manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis  o
examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en
el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de casación
interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa,
y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La Nación”, respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no
satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado. ║
168. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el
artículo 8.2.h. de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa.”
[64] Comité de Derechos Humanos, caso Gomariz c. España,
dictamen de 22 de julio de 2005, párr. 9.2 – en un juicio penal por
apropiación indebida en el cual se condenó a un promotor de ventas que había
firmado un documento de reconocimiento de deuda a la empresa que posteriormente
lo denunció. El Comité dijo lo siguiente “(…) El Comité observa que en los
sistemas legales de muchos países los tribunales de apelación pueden rebajar,
confirmar o aumentar las penas impuestas por los tribunales inferiores. Aunque
el Tribunal Supremo, en el presente caso, adoptó una opinión diferente respecto
a los hechos considerados probados por el tribunal inferior, en el sentido de
concluir que el Sr. Pérez Escolar era autor y no simplemente cómplice del
delito de apropiación indebida, el Comité considera que la sentencia del
Tribunal Supremo no modificó de manera esencial la caracterización del delito,
sino que reflejó meramente que la valoración por parte del Tribunal de la
gravedad de las circunstancias del delito conllevaba la imposición de una pena
mayor. Por consiguiente, no existe fundamento para afirmar que se haya
producido, en el caso presente, una violación del artículo 14, párrafo 5 del
Pacto. ║ 9.3 Respecto del resto de las alegaciones del autor relacionadas
con el artículo 14, párrafo 5, del Pacto, el Comité observa que varios de los
motivos de casación que el autor planteó ante el Tribunal Supremo se referían a
presuntos errores de hecho en la apreciación de las pruebas y vulneración del
principio de presunción de inocencia. Del fallo del Tribunal Supremo se
desprende que éste examinó con detenimiento las alegaciones del autor, analizó
los elementos de prueba existentes en el proceso y aquellos a los que el autor
se refirió en su recurso y consideró que existía amplia prueba de cargo
incriminatorio como para descartar la existencia de errores en la apreciación
de la prueba y contrarrestar la presunción de inocencia del autor (3). El
Comité concluye que esta parte de la queja relativa a la presunta violación al
párrafo 5 del artículo 14 no ha sido fundamentada suficientemente por el autor.
[65] Corte
Constitucional, sentencia C-934 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En
este caso la Corte resolvió Declarar exequibles los numerales 5,
6, 7, y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, ‘Código de Procedimiento
Penal’.
[66] Corte
Constitucional, sentencia C-934 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[68] “Son
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: […] 3. Investigar y juzgar a los
miembros del Congreso.”
[69] El
Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso Karttunen c. Finlandia, párr.
7.2, sostuvo que “La ¨imparcialidad del tribunal¨ supone que los jueces no
deben tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que no
deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las partes”. (Oficina
del Alto Comisionado de la ONU para Colombia. Normativa, jurisprudencia y
doctrina de los sistemas universal e interamericano. Daniel O´Donell. Nuevas
Ediciones Ltda..2007. pág. 378.
[70]
Arts. 6°-1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; 14-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8°-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[71] En el artículo
45 de la Ley 270 de 1996 se establece que las sentencias proferidas por esta
corporación sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo
241 de la Constitución, tienen efecto hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario (no está en negrilla en el texto original).
[72] Sentencia
C-545 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[73] Sentencia
T-146 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[74] Sentencia
T-146 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[75] Ibídem.
[76] De
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, en virtud de la naturaleza cautelar
de la acción de tutela, la necesidad de proteger valores jurídicos importantes
como la seguridad jurídica, los derechos de terceros de buena fe y la
estabilidad de las decisiones judiciales, esta acción debe ser presentada, de
manera general, dentro de un término oportuno, justo y razonable, “dentro
del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y
realmente produce un daño palpable.” Tratándose de tutela contra decisiones
judiciales el análisis sobre la oportunidad se hace más exigente y se
incrementa la carga argumentativa para el demandante. No existe un parámetro
que permita establecer a priori el plazo razonable para la
interposición, pero sí criterios que pueden ayudar a establecer la razonabilidad
del plazo como son: la carga desproporcionada de interposición de la tutela
respecto de la situación de indefensión del accionante, la afectación de
derechos de terceros, la justificación para la interposición tardía; la
vulneración prolongada en el tiempo. (Corte Constitucional, Sentencias SU-961
de 199M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-1229 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-173 de 2002 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-797 de 2002
(M.P. Jaime Córdoba Triviño); T-558 de 2002, T-684 de 2003, T-1000 de 2006,
T-1050 de 2006, T-1056 de 2006, T-185 de 2007 y T-364 de 2007  (M.P. Jaime
Araújo rentaría); T-681 de 2007 (Manuel José Cepeda Espinosa) , T-095 de 2009  (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-265 de 2009 (Humberto Antonio Sierra Porto),
entre muchas otras).
[77] En
providencia de marzo 5 de 2010, se negaron las solicitudes de nulidad
presentadas por el Ministerio Público y la defensa, contra el auto en el que la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento del proceso seguido contra
el aquí demandante.
[78]
Proceso 26.585. Sentencia del 17 de agosto de 2010, folio 258.
[79] En esta oportunidad dijo la Corte Suprema: “Dentro de los parámetros de la aplicación del artículo 235.3 de la Constitución Nacional, la Sala ha entendido que el fuero integral de investigación y juzgamiento allí consagrado para
los Senadores y Representantes a la Cámara cobra vigencia frente a cualquier ciudadano que ostente una de esas dos calidades, sea cual fuere la índole del
hecho punible que se le atribuya, y se mantiene, aún cuando el imputado o
procesado se haya separado del ejercicio de ese cargo de elección popular, a
condición de que la conducta que se le imputa ‘tengan relación con las
funciones desempeñadas’” .
[80] Esta vez indicó: “El fuero constitucional creado
por la Carta Política de 1991, en contraposición a la inmunidad que garantizaba
la de 1886, debe entenderse entonces desde un doble punto de vista: Desde la
óptica de protección de la actividad parlamentaria como función, caso en el
cual la competencia de la Corte, en el supuesto de la desvinculación del sujeto
pasivo de la acción penal, se mantiene para todos aquellos ilícitos cometidos por
razón o con ocasión de la función congresional; y, desde la perspectiva de
la protección personal de sus miembros, pues en tanto estén vinculados a la
actividad legislativa solo pueden ser investigados y juzgados por el máximo
Tribunal de la Jurisdicción ordinaria, cualquiera que sea la época en que se
haya cometido la infracción que origina la actuación judicial”.
[81] Sobre el particular sostuvo: “Son entonces el
cargo, o las funciones discernidas, los factores que determinan la aplicación
del fuero constitucional y el rango del tribunal al que le compete conocer del
asunto, independientemente de la persona individualmente considerada o de la
existencia en contra suya de otras investigaciones o procesos penales; por ello
se le caracteriza como funcional e impersonal y, su origen se radica en la
conveniencia de sustraer a éstas específicas dignidades de las reglas generales
que gobiernan la competencia judicial, para garantizar, como ha sido visto, de
una parte la dignidad del cargo y de las instituciones que representan, y, de
otra, la independencia y autonomía de algunos órganos del poder público a fin
de que sus actuaciones no se vean entorpecidas por el ejercicio abusivo del
derecho de acceso a la justicia o la injerencia de otras autoridades”.
[82] En
esta ocasión la Sala de Casación Penal sostuvo: “La Corte Constitucional ha dicho que ‘razones elementales de sentido común y claras
prescripciones constitucionales indican que esa competencia de la Sala de Casación Penal no cubre únicamente los delitos cometidos por los congresistas como
ciudadanos corrientes sino que se extiende a aquellos hechos punibles ligados
al ejercicio de sus funciones como parlamentarios. En efecto, el parágrafo del
artículo 235, que señala las competencias de la Corte Suprema, precisa que, una vez que la persona ha cesado en el ejercicio del cargo, el
fuero ‘sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con
las funciones desempeñadas’. Esto significa que la Carta distingue dos hipótesis: mientras una persona sea congresista, será investigada por la Corte Suprema por cualquier delito; sin embargo, si la persona ha cesado en su cargo,
entonces sólo será juzgada por esa alta corporación judicial si se trata de
delitos relacionados con el cargo’
[83]
[84]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de septiembre 1° de
2009. Radicación No. 31653.
[85] Demanda
de tutela, Fol. 6.
[86]
Sentencia T-965 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa). Acción de tutela
instaurada por Iván Díaz Mateus contra la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
[87] De
acuerdo con la doctrina penal tradicional los delitos propios son una categoría
de los delitos especiales, que toma como criterio de clasificación la calidad
del sujeto activo. Se trata de aquellos delitos de los que solo pueden ser
sujetos activos quienes posean ciertas condiciones especiales que requiera la
ley. Así, “son delitos especiales propios los que describen una conducta que
solo es punible a título de autor si es realizada por ciertos sujetos”, como
por ejemplo en el prevaricato se requiere la condición de “servidor público”.
(Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General, PPU, Barcelona, 3ª ed.,
pag.220).
[88] Sentencia
C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[89] Sentencia
SU-047 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[90] Ver, entre
otras, las sentencias C-142 de 1993, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-411 de
1997 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-934 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), SU-811 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-146 de 2010 (M.P.
María Victoria Calle Correa).
[91] Sentencia
T-146 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[92] Ibídem.
[93] Corte
Constitucional, sentencia C-934 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[94]
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[95]
Sentencia C-545 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), y T-146 de 2010 (M.P.
María Victoria Calle Correa).
[96] Ver pie
de página 69.
[97] Fredy
Rendón Herrera (en las versiones anteriores al juicio), José Iván Baena, Elbo
Enrique Escobar, Ever Veloza (a. H.H), Raúl Emilio Hasbún (a, Pedro Bonito).
[98] Corte
Suprema de Justicia. Sentencia de agosto 17 de 2010, radicación 26.585. Fols. 88 a 92.
[99] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464,
T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 y SU-026 de 2012.
[100] C-590 de 2005.