T-136-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-136/04
INAPLICACION
DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Casos en
que procede por exclusión de tratamientos y medicamentos de alto costo
PRINCIPIO DE
INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Contenido
ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD-Práctica terapia fotodinámica y
repetición contra el Fosyga/ACCION DE TUTELA-Procedencia para garantizar
la integralidad del tratamiento médico
Reiteración de jurisprudencia
Referencia: expediente T-839394
Acción de tutela
instaurada por José Roberto Montes Valencia contra Susalud EPS
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero
de dos mil cuatro (2004).
1. José Roberto Montes Valencia, “obrando
en nombre y en representación, como agente oficioso” de su padre, el señor
Marco Antonio Montes Mosquera quien tiene 85 años de edad, interpuso el 13 de
agosto de 2003 ante el Juez Penal Municipal (reparto) de Medellín acción de
tutela contra Susalud EPS por considerar que esta entidad le desconoce los
derechos constitucionales a la vida, a la integridad y a la salud. El señor
Montes Mosquera es un adulto mayor imposibilitado para moverse por su avanzada
edad y que padece una grave afección que le llevó a perder su visión en el ojo
derecho. Actualmente corre el riesgo de perder también la visión en su ojo
izquierdo puesto que requiere una terapia fotodinámica, ordenada por su
médico tratante, pero que no puede cubrir con sus propios recursos y su Susalud
EPS se niega a practicar sin que ésta sea cancelada, por tratarse de un
servicio no contemplado por el POS.[1]
2. El Juzgado 32 Penal Municipal, en
sentencia de agosto 28 de 2003, resolvió tutelar el derecho a la vida digna, a
la seguridad social y a la salud, por lo que ordenó a Susalud EPS que
autorizara y realizara de manera efectiva la terapia fotodinámica, “(…)
en la forma y condiciones que lo ordena el médico tratante; tratamiento que
debe ser integral de conformidad con la sentencia T-133 de 2001.” Atendiendo a
la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el Juzgado fundó su decisión
en el hecho de que “(…) el tratamiento solicitado por el accionante le es
indispensable para conservar parcialmente su visión; que su no realización
amenaza derechos a su integridad personal; que es un tratamiento que no puede
ser sustituido por uno de los contemplado en el POS; que el mismo ha sido
ordenado por el médico tratante y finalmente (…) que no tiene él, ni su grupo
familiar capacidad de pago.” El Juzgado tuvo en cuenta para tomar su decisión que
se trataba de una persona de 85 años de edad, que no recibe pensión ni ingreso
alguno y que además de no tener movilidad, ya perdió la visión de su ojo
derecho. La decisión de instancia fue impugnada por Susalud EPS.
3. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Medellín resolvió, en sentencia de octubre 8 de 2003, confirmar la sentencia de
primera instancia “(…) con la modificación de que no se ordena el tratamiento
integral (…)”. Aunque el Juzgado del Circuito coincidió en que Susalud EPS
había vulnerado los derechos fundamentales del accionante al haber puesto en
riesgo su integridad física, decidió no ordenar el tratamiento integral, “(…)
porque las decisiones judiciales deben ser concisas y precisas, y no pueden
hacer relación a casos futuros que escapan de las determinaciones del orden
jurídico; además porque la acción de tutela no se instauró para proteger
derechos fundamentales de amenazas futuras e inciertas, desvirtuando la
naturaleza constitucional y legal de la acción de tutela (…).”
4. La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional coincide con los despachos de instancia en que la entidad
Susalud EPS violó los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud
del señor Marco Antonio Montes Valencia (un sujeto de especial protección
constitucional en razón su avanzada edad y a su estado de salud) al negarse a
garantizarle el acceso a un tratamiento médico (terapia fotodinámica),
servicio médico que (i) es necesario para conservar el único ojo con el
que puede ver, (ii) no puede ser reemplazado con otro tratamiento
incluido en el POS, (iii) no puede ser costeado por el paciente[2] y  (iv) fue
recetado por su médico tratante adscrito a Susalud EPS.[3]
5. Ahora bien, en cuanto al punto de
discordia entre los juzgados de instancia la Corte ha señalado que en virtud
del principio de integralidad en materia de salud, la atención y el
tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga,
intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico
y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante valore como
necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que
se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley.”[4]
Ahora bien, teniendo en cuenta (1) que la
Constitución Política ordena al Estado proteger especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar los abusos y maltratos que
contra ellas se cometan (art.13,CP), como es el caso del señor Marco Antonio
Montes Valencia;  (2) que el Decreto 2591 de 1991 señala que cuando la
solicitud de acción de tutela se dirija contra “(…) la denegación de un acto o
una omisión, el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada,
para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio, (…)” pero que en todo
caso “(…) el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso
concreto.” (art.23, D.2591 /91); y  (3) que a pesar del grave estado del
accionante y a que  la obligación constitucional de prestarle el servicio
médico requerido es clara y cierta, Susalud EPS se negó a autorizarlo; la Sala
Tercera coincide con el Juzgado de primera instancia en cuanto a la necesidad
de garantizar la integralidad del tratamiento.
Así pues, de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,[5] la Sala Tercera de
Revisión decide confirmar parcialmente la sentencia proferida en segunda
instancia en el proceso de la referencia por el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito de Medellín. Para la Sala esta providencia es adecuada en cuanto
resolvió confirmar la decisión de primera instancia del Juzgado 32 Penal
Municipal de Medellín de conceder el amparo de tutela al señor Marco Antonio
Montes Valencia, en virtud de la cual se ordenó a Susalud EPS garantizar el
tratamiento requerido (terapia fotodinámica) y se reconoció el derecho
que le asiste a esta EPS para repetir contra el Fosyga los costos de aquellos
servicios prestados no contemplados por el POS. La sentencia del Juzgado de
Circuito será revocada parcialmente en cuanto modificó el fallo de
primera instancia en el sentido de no reconocer el principio de integralidad
en salud, por lo que se concederá la tutela para que se garantice el acceso al
tratamiento requerido integralmente.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Confirmar
parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Medellín dentro del proceso de la referencia, por cuanto esta providencia
judicial confirma el fallo del Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, que
concedió la tutela y ordenó a Susalud EPS “(…) que en el término de quince días
realizara al señor Marco Antonio Montes Valencia en forma efectiva la terapia
fotodinámica”, y facultó “a la EPS Susalud para hacer el recobro dentro de
los términos legales al Ministerio de la Protección Social, Fosyga, por el
suministro de los medicamentos y/o procedimientos que no le corresponda
asumir.”
Segundo.- Revocar
parcialmente el fallo de instancia proferido por el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito de Medellín dentro del proceso de la referencia, en cuanto
modificó la orden impartida por el fallo de primera instancia en la cual se
reconocía el principio de integralidad en salud. En consecuencia se ordena
a Susalud EPS garantizar la integralidad del tratamiento, aseguran­do el
acceso real y sin dilaciones a todos aquellos servicios que, en virtud de lo
dispuesto por el médico tratante, se entiendan comprendidos para su caso
particular dentro de la terapia fotodinámica.
Tercero.- Líbrese
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario
General (E)
[1] El presente proceso fue seleccionado para revisión por la Sala de
Selección Número Uno de la Corte Constitucional.
[2] A partir de las pruebas aportadas al proceso la Juez de instancia
concluyó la “total insolvencia” del señor Marco Antonio Montes Mosquera, quien
no recibe pensión y carece de cualquier otra fuentes de ingreso; actualmente
depende de sus hijos, quienes tampoco tienen la capacidad de costear el
tratamiento (además de las declaraciones juramentadas, se adjuntan copia de
recibos de servicios públicos).
[3] Según reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha señalado
que se amenazan grave y directamente los derechos fundamentales a la vida y a
la integridad física de quien necesita un tratamiento o un medicamento fuera
del P.O.S. cuando: (i) la falta del medicamento, tratamiento o
diagnóstico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad física
de quien lo requiere; (ii) ese tratamiento, medicamento o diagnóstico no
puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el P.O.S.; (iii)
el interesado no puede directa­mente costear el tratamiento, el medicamento o
la prueba diagnóstica ni las sumas que la E.P.S. se encuentra autorizada
legalmente a cobrar y no puede acceder al tratamiento o a la prueba diagnóstica
por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el tratamiento,
medicamento o diagnóstico ha sido prescrito por un médico adscrito a la E.P.S.
de quien se está solicitando el tratamiento. (Ver al respecto, entre otras, las
sentencias T-1204 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-178 de 2002
(M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[4] En la sentencia T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), una vez
se estableció que “(…) ninguna de las medidas que se discuten en el proceso
bajo revisión, son el resultado de un dictamen médico impropiamente adoptado
por el juez de amparo, o del mero capricho de la accionante”, la Corte decidió
confirmar los fallos de instancia en los que se había concedido la protección
al derecho a la vida y a la salud del accionante, complementándolos en el
sentido de ordenar que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos
que debían entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el
médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio
de integralidad en materia de salud que había asumido en la sentencia T-079 de
2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[5] En la sentencia T-1114 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la
Corte resolvió ordenar a Comfenalco EPS -Antioquia- que, a más tardar, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas, practicara al accionante la terapia
fotodinámica ordenada por su médico. De forma similar, en la sentencia
T-446 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) se resolvió ordenar al
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda que autorizara en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, las terapias fotodinámicas recomendadas
por los médicos tratantes a la accionante, aún cuando no se encuentren en el
listado del P.O.S.”