C-420-02
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-420/02
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Derogación de norma que no está produciendo efectos
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA
DEROGADA-Producción de efectos
PRINCIPIO DE ULTRACTIVIDAD DE
LA LEY PENAL MAS FAVORABLE-Legislación
derogada
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Derogación de norma cobijada actualmente por circunstancias de
agravación punitiva/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No producción
de efectos jurídicos ante efectos punitivos más benévolos
UNIDAD NORMATIVA EN MATERIA PENAL-No integración con nueva normatividad por variación en naturaleza o
intensidad de la pena
NORMA PENAL-Modificación
de la pena varía contenido/NORMA PENAL-Modificación de la pena varía
naturaleza o intensidad
NORMA PENAL-Modificación
de sanción varía estructura
UNIDAD NORMATIVA EN MATERIA PENAL-No integración por variación en naturaleza o intensidad de la pena
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
POLITICA CRIMINAL-Titularidad/LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL-Penalización de
comportamientos
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
POLITICA CRIMINAL-Tipificación de conductas penales
y atribución de penas y medidas de seguridad
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
POLITICA CRIMINAL-Alcance/LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL-Límites
El legislador cuenta con un margen de
libertad para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia,
para la tipificación de conductas punibles. Sin embargo, es evidente que no se
trata de una potestad ilimitada, pues en el constitucionalismo no existen
poderes absolutos. En el caso de la política criminal, no obstante contar el
legislador con un margen de maniobra, es claro que no podrán concebirse
mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico,
los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Esto es así por
cuanto el diseño de la política criminal del Estado implica ejercicio de poder
público y no existe un solo espacio de éste que se halle sustraído al efecto
vinculante del Texto Fundamental.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN POLITICA
CRIMINAL DEL LEGISLADOR-Normas que controvierten la
Constitución/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN POLITICA CRIMINAL DEL
LEGISLADOR-No cuestionamiento de modelo sino legitimidad de reglas de
derecho por contrariar la Constitución
El único supuesto en el que el criterio
político-criminal del legislador sería susceptible de controvertirse ante el
juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas
que controvierten el Texto Fundamental.  No obstante, en este caso es claro que
lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la
legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí
que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico
tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que
involucran. Si la decisión del legislador de tipificar conductas punibles se
estima equivocada por reflejar una política criminal que no se comparte, tal
divergencia de criterio es irrelevante para efectos de cuestionar la
legitimidad constitucional de esas disposiciones.
CORTE CONSTITUCIONAL EN POLITICA CRIMINAL-No impone modelo que ha de seguir el Estado
Si el legislativo es titular de la
capacidad de configuración normativa en materia de tipificación de conductas
punibles y si el único límite que existe para el ejercicio de esa facultad está
determinado por el sistema de valores, principios y derechos fundamentales
previsto en el Texto Superior, el demandante no puede pretender que la Corte, a
través de sus fallos, imponga el modelo de política criminal que ha de seguir
el Estado pues sólo le está permitido confrontar con la Carta las normas
legales que, habiendo sido demandadas, desarrollen ese modelo para retirar del
ordenamiento aquellas que lo contraríen y mantener aquellas que lo respetan.
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Cuestionamiento de tipificación
TIPIFICACION DE CONDUCTA PUNIBLE POR
LEGISLADOR-Cuestionamiento
SISTEMA DE IMPUTACION PENAL-Contenido de injusticia que se atribuye al delito
ANTIJURIDICIDAD-Concepto en el tiempo
DELITO-Contenido
sustancial que remita a afección de derechos ajenos
DELITO-Contenido
material
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO-Ser humano digno
LIBERTAD-Alcance
y límites
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-No habilita para comisión de delitos/CONDUCTA PENAL EN LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Tipificación constituye un límite
El derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad no habilita a la persona para la comisión
indiscriminada de delitos. De allí que la tipificación de conductas penales
constituya un límite al libre desarrollo de la personalidad impuesto por el
ordenamiento jurídico.  No obstante, tal límite sólo será legítimo si las
conductas tipificadas son susceptibles de vulnerar o poner en peligro los
derechos de los demás. Si ello no ocurre, a la sombra de la  penalización de
conductas se encontrarán delirios autoritarios.
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Antijuridicidad formal y material
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Tipificación
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Consecuencias
NARCOTRAFICO-Consecuencias
En el narcotráfico no sólo se advierta
menoscabo de bienes jurídicos que remiten a derechos ajenos, sino que confluyan
también, de un lado, una indiferencia total por el daño causado a los titulares
de tales derechos y, por otro, una capacidad corruptora que ha permitido
incluso el cuestionamiento de los ámbitos de poder político interferidos por
ella.
POLITICA CRIMINAL EN MATERIA DE
NARCOTRAFICO-Incompetencia de la Corte en
determinación del modelo/TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Penalización y gama
de conductas
Si bien a la Corte no le incumbe la
determinación del modelo de política criminal que ha de adoptar el Estado
colombiano en materia de narcotráfico, si advierte que la penalización del
tráfico de estupefacientes no contraría los fundamentos constitucionales de la
imputación penal en cuanto comprende una gama de conductas que trascienden el
fuero interno de la persona y que se proyectan en una amplia gama de derechos
ajenos.
DERECHOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE
CONDUCTA PUNIBLE-Carácter disponible no se opone a
tipificación como delito
Aún admitiendo la existencia de derechos
fundamentales disponibles, el carácter disponible de un derecho no se opone a
la tipificación como delito de la conducta que lo vulnere o que lo ponga en
peligro si el legislador estima que se trata de un bien jurídico fundamental
que es preciso proteger de lesiones o puestas en peligro socialmente
intolerables.
DERECHOS DISPONIBLES EN MATERIA DE
CONDUCTA PUNIBLE
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Consentimiento en relación con bienes jurídicos colectivos
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Naturaleza de bienes jurídicos protegidos/TRAFICO DE
ESTUPEFACIENTES-No exoneración de responsabilidad penal por consentimiento
de víctima
Es claro que los bienes jurídicos protegidos por el tráfico de
estupefacientes son de naturaleza colectiva, indisponibles por personas
individualmente consideras y, en consecuencia, no susceptibles de exonerar de
responsabilidad penal por el consentimiento de la víctima.
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Legitimidad constitucional de penalización
CONSTITUCION POLITICA EN MATERIA DE
POLÍTICA CRIMINAL-No inferencia de mecanismos que
forzosamente han de concebirse
CONDUCTA PENAL-Titularidad
del legislador para tipificación
POLITICA CRIMINAL-No penalización de producción y comercialización de tabaco y
bebidas alcohólicas
DERECHO PENAL-Carácter
subsidiario y fragmentario
ALCOHOL Y TABACO-Licitud y campañas de prevención/ALCOHOL Y TABACO FRENTE A
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-fenómenos sociales
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Conciencia en la comunidad internacional
NARCOTRAFICO-Tipificación
como punibles de conductas relacionadas
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-Suministro a menor de dieciséis años
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
TIPO PENAL-Rangos de edad
TIPO PENAL-Edad
TIPO PENAL-Objeto
de protección por ser menor y responsabilidad por ser mayor
Referencia: expediente D-3665
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
32, 33, 34, 35, 36, 37 parcial, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley 30 de 1986 y
contra el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989.
Actor:  Pedro
Augusto Nieto Góngora
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., veintiocho  (28)  de mayo de dos mil dos  (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en relación con la demanda de inconstitucionalidad que, en uso de su
derecho político, presentó el ciudadano Pedro Augusto Nieto Góngora contra los
artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 parcial, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley 30
de 1986 y contra el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989.
I.  TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de
proceso:
"LEY No.30  DE 1986
(Enero 31)
Por la cual se adopta el estatuto nacional de
estupefacientes y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
ARTICULO 32. El que sin permiso de autoridad competente
cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta
de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra  droga
que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas,
incurrirá en prisión de  cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a
cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales.
Si la cantidad de
plantas de que trata  este artículo lo (sic) excediere de veinte (20) sin
sobrepasar la cantidad de cien (100), la pena será de uno (1) a tres (3) años
de prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos
mensuales.
ARTICULO 33. (Modificado por el artículo 17 de la
Ley 365, sancionada en 1997). El que sin permiso de autoridad competente,
salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea
en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve,
elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título
droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) a veinte (20)
años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales.
Si la cantidad de
droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de
hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de
cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200)
gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3)
años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales.
Si la cantidad de
droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de
diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos
mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o
sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de
metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de
prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
ARTICULO 34.
(Modificado por el artículo 18 de la Ley 365, sancionada en 1997). El que destine ilícitamente bien mueble o
inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna
de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o autorice o tolere en ellos
tal destinación incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de
mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Decreto-ley 522 de
1971 (artículo 208, ordinal 5° y 214, ordinal 3° del Código Nacional de
Policía).
Si la cantidad de
droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, trescientos (300) gramos de
hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de
cocaína, veinte (20)gramos de derivados de la amapola o doscientos (200) gramos
de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de
prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales.
Si la cantidad de
droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de
diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos
mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o
sesenta (60) gramos de derivados de la amapola o cuatro mil (4.000) gramos de
metacualona o droga sintética, la pena será de tres (3) a ocho (8) años de
prisión y multa de diez (10) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales.
ARTICULO 35. El que en cualquier forma estimule o
propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia
incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.
ARTICULO 36. El profesional o practicante de medicina,
odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones
auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o
aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho
(8) años.
Además de la sanción
establecida en el inciso anterior, se impondrá la suspensión en el ejercicio de
la profesión por un término de cinco (5) a diez (10) años.
ARTICULO 37. El que suministre, administre o facilite a
un menor de dieciséis (16) años  droga que produzca dependencia o
lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.
ARTICULO 38. El mínimo de las penas previstas en los
artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
1. Cuando el hecho
se realice:
a) Valiéndose de la
actividad de un menor de dieciséis (16) años, o de quien padezca trastorno
mental, o de persona habituada;
b) En centros
educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos,
vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se
celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en
sitios aledaños a los anteriores;
c) Por parte de
quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud, y
d) El (sic) inmueble
que se tenga a título de tutor o curador.
2. Cuando el agente
hubiere ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin
autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan
presentarse.
3. Cuando la
cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a
cien (100) kilos si se trata  de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos  si se
trata de cocaína metacualona.
ARTICULO 39. El funcionario empleado público o
trabajador oficial encargado de investigar, juzgar o custodiar a personas
comprometidas en delitos o contravenciones de que trata el presente estatuto,
que procure la impunidad del delito, o la ocultación, alteración o sustracción
de los elementos o sustancias decomisados o facilite la evasión de persona
capturada, detenida o condenada, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12)
años, pérdida del empleo e interdicción de derechos y funciones públicas por el
mismo término.
Si el hecho tuviere
lugar por culpa del funcionario o empleado oficial incurrirá en la sanción
respectiva, disminuida hasta la mitad.
ARTICULO 40.
(Modificado por el Artículo 19 de la Ley 365, sancionada en 1997).  En la providencia en la que se imponga
medida de aseguramiento por alguno de los delitos previstos en los artículos
33, 34 y 43 de esta Ley, el funcionario judicial decretará el embargo y
secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado que no se hallen
incautados con ocasión del hecho punible, en cuantía que considere suficiente
para garantizar el pago de la multa prevista en tales artículos, y designará
secuestre.  Una vez decretado el embargo y secuestro, tanto su práctica como el
régimen de formulación, decisión y trámite de las oposiciones a la misma, se
adelantará conforme a las normas que regulan la materia en el Código de
Procedimiento Civil.
En la sentencia
condenatoria se ordenará el remate de los bienes embargados y secuestrados
dentro del proceso, para lo cual se tendrán en cuenta los trámites prescritos
en el Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 41.
(Derogado por el Artículo 26 de la Ley 365 del 21 de febrero de 1997).
ARTICULO 42. En casos de flagrancia, la Policía
Nacional y los cuerpos de policía judicial podrán ocupar los aeropuertos y
pistas de aterrizaje de propiedad particular, que se usen para la comisión  de
algunas de las conductas descritas en este capítulo y su licencia de
funcionamiento, se cancelará temporalmente.
ARTICULO 43
(Modificado por el Artículo 20 de la Ley 365 sancionada en 1997). El que ilegalmente introduzca al país, así
sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que
sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca
dependencia, tales como:  éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de
potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes,
disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional
de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres
(3) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales.
Salvo lo previsto en
el artículo 54 del Decreto-ley 099 de 1991, adoptado como legislación
permanente por el artículo 1° del Decreto-ley 2271 de 1991, tales elementos,
una vez identificados pericialmente, serán puestos por el funcionario judicial
a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá disponer
de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para
fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave
peligro para la salubridad o seguridad públicas.
Cuando la cantidad
de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas
por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de dos (2) a cinco
(5) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales.
Decreto 1856 de 1989
(agosto 18)
Por el cual se toman medidas para el
restablecimiento del orden público.
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere
el artículo 121 de la Constitución Política
y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984...
DECRETA:
Artículo 6 (Adoptado como legislación permanente por
el Decreto Extraordinario 2266 de 1991, Artículo 7°).  Quien preste su nombre
para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y
conexos, incurrirá en pena de prisión de cinco a diez años y multa de dos mil
(2.000)  a cinco mil  (5.000)  salarios mínimos mensuales, sin perjuicio del
decomiso de los respectivos bienes.
II.  LA DEMANDA
El actor señala que las normas demandas vulneran los artículos 1, 2,
6, 11, 13, 16, 22, 44, 45 y 214 de la Constitución Política y por ello solicita
se declaren inexequibles.  Para ello expone los siguientes argumentos:
1.  En las conductas tipificadas por las normas demandadas no existe
antijuridicidad formal.  Esas normas se limitan a tipificar como punibles una
serie de pasos tendientes a la comercialización y venta de sustancias
psicoactivas tales como la producción, comercialización o venta de estupefacientes.
2.  Toda persona puede disponer de su salud y de su vida y como
éstos son los bienes jurídicos protegidos por las conductas tipificadas en las
normas demandadas, es claro que quien comete esas conductas consiente en la
vulneración de tales bienes y por ello su tipificación no tiene fundamento.
Mucho más si el Nuevo Código Penal dispone que el consentimiento exonera de
responsabilidad penal siempre que él sea válidamente emitido por el titular del
bien jurídico y  que se efectúe en los casos en que se pueda disponer de tal
bien.
3.  En esas conductas no existe antijuridicidad material pues su
fundamento radica no en la vulneración de bienes jurídicos sino en posturas
moralistas de corte puritano que surgieron en Estados Unidos y se extendieron
por todo el mundo.
4.  La tipificación de esos comportamientos vulnera el derecho de
igualdad pues existe un tratamiento diferenciado no justificado entre las
personas que producen, comercializan o consumen sustancias psicoactivas, las
que son criminalizadas, y las personas que consumen bebidas alcohólicas o
cigarrillos, pues estas actividades no solo no están criminalizadas sino que
constituyen fuente de ingresos estatales.
5.  La tipificación de esos comportamientos vulnera el derecho a la
paz porque hace que el tráfico de sustancias psicoactivas sea controlado por
organizaciones criminales, genera ganancias exorbitantes, desencadena el
terrorismo contra el Estado y la ciudadanía en general, beneficia a grupos
insurgentes y paramilitares que se financian con el narcotráfico, la guerra por
el control de los mercados genera múltiples modalidades criminales, corrompe el
sistema financiero, económico y político y puede conducir a un alzamiento en
armas.
6.  La capacidad de configuración normativa del legislador en
materia de tipificación de delitos encuentra límites en la Constitución
Política, fundamentalmente en la libertad como supuesto del Estado de derecho,
límites que han sido irrespetados por las normas demandadas.
III.  INTERVENCIONES
A.  De la Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación considera que la Corte debe
pronunciarse sobre la exequibilidad de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41
y 43 y sobre el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989 pues esas normas si bien
fueron derogadas por la Ley 599 de 2000, fueron incorporadas con idéntico texto
en ese Estatuto.  En cambio, en relación con los artículos 37, 39, 40 y 42 considera
que Corte debe abstenerse de emitir pronunciamiento alguno pues esas normas
fueron retiradas del ordenamiento jurídico y no se reprodujeron con el mismo
contenido en el nuevo estatuto penal.
La Fiscalía apoya en los siguientes criterios la solicitud de
declaratoria de exequibilidad de aquellas de las normas demandadas sobre las
que debe pronunciarse la Corte:
1.  Es al legislador a quien le corresponde determinar qué conductas
son relevantes para el derecho penal y cuáles son las consecuencias jurídicas
que debe soportar quien las comete, con fundamento en la realidad social
imperante y criterios de dañosidad social.
2.  El sustrato racional que subyace en la decisión estatal de punir
las conductas derivadas del tráfico de estupefacientes no puede ser otro que el
de garantizar el orden pacífico externo.
3.  La protección del bien jurídico denominado salud pública a
través de la tipificación de las normas demandadas resulta razonable y
proporcionada pues se orienta a la consecución de un orden justo, la paz social
y la dignidad humana.
4.  Esta situación no puede tacharse como violatoria al principio de
igualdad ya que, comparados los grupos poblacionales de alcohólicos, fumadores
de cigarrillo y consumidores de sustancias psicotrópicas, se observa que se
encuentran en situaciones diferentes y por eso hay lugar a un tratamiento
diferenciado.
B.  Del Ministerio de Justicia y del Derecho.
El Ministerio de Justicia y del Derecho solicita a la Corte la
emisión de una sentencia inhibitoria.  Los razonamientos en que apoya la
solicitud son los siguientes:
1.  El artículo 474 de la Ley 599 de 2000 derogó el Decreto 100 de
1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver
con la consagración de prohibiciones y mandatos penales.  Si ello es así, la
Corte debe dictar sentencia inhibitoria en relación con los artículos 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39 y 43 de la Ley 30 de 1986 y con el artículo 6 del
Decreto 1856 de 1989.
2.  Los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 30 de 1986 se encuentran
vigentes pues no son normas prohibitivas ni mandatos penales sino que regulan
asuntos de trámite.  Sin embargo, en relación con ellos el actor no ha
formulado cargos ni ha expuesto las razones por las cuales estima tales normas contrarias
a la Carta Política.
3.  No es posible que la Corte se pronuncie sobre las normas
prohibitivas derogadas que han sido objeto de demanda pues si bien ellas
aparecen incorporadas en la Ley 599 de 2000, han sido objeto de diversas
modificaciones.  Así, los delitos tipificados en los artículos 32, 33, 34, 35 y
36 de la Ley 30 de 1986 aparecen en el nuevo estatuto pero se ha incrementado
su punibilidad; el delito tipificado en el artículo 37 ha sido consagrado pero
sin referencia a los menores de edad; el artículo 39 no fue incorporado como
delito autónomo y a los artículos 38 y 43 de esa ley y al artículo 6 del
Decreto acusado se les han introducido varias modificaciones.
C.  De la Dirección Nacional de Estupefacientes
La Dirección Nacional de Estupefacientes solicita la declaratoria de
exequibilidad de las normas demandadas.  Para ello se apoya en los siguientes
razonamientos:
1.  El narcotráfico comporta una serie de aspectos económicos,
sociales, políticos, estructurales, ambientales y regionales que generan graves
impactos para el país, inclusive violaciones de derechos consagrados en la
Carta Política como la vida, la salud, el trabajo y la integridad personal.
Por ello resulta importante mantener vigente la represión de conductas
delictivas relacionadas con el narcotráfico, el cultivo de plantaciones
ilícitas, la destinación ilícita de bienes inmuebles para almacenar o elaborar
droga, el suministro de drogas a menores pues se trata de uno de los instrumentos
con que cuenta el Estado para repudiar y combatir el fenómeno de las drogas.
2.  La declaratoria de inexequibilidad pretendida por el actor es
improcedente pues el derecho a la libertad no es un derecho absoluto.  Además,
sería una decisión que iría contra las políticas del Estado, que convertiría al
país en un paraíso de la mafia y que desconocería que el monopolio del Estado
colombiano en la producción, distribución y consumo de las drogas no es viable.
3.  El procesamiento, distribución, venta y consumo de narcóticos,
causa un impacto social, económico, político, ambiental e internacional ni
siquiera equiparable al consumo de alcohol, no solo en Colombia sino en el
mundo.  Ello es así porque Colombia es quizá la principal víctima del negocio
de las drogas ilegales; la capacidad de los narcotraficantes para idear
mecanismos que les permitan la distribución del producto terminado es tan
amplia como la misma imaginación; el control del tráfico de estupefacientes se
ha fragmentado en grupos; existen dificultades para controlar los precursores;
se han asentado muchos laboratorios de producción; la compra de tierras ha
incrementado el problema agrario colombiano y se ha generado un grave impacto
ambiental.  Además, el consumo de tabaco y alcohol es socialmente aceptado, su
comercialización produce recursos a la economía, no genera la tala
indiscriminada de bosques y no trae como consecuencia personas desplazadas por
la violencia.
4.  La despenalización no es la solución a la problemática suscitada
por el narcotráfico pues Colombia no está preparada para afrontar las
consecuencias de una decisión de tamañas proporciones.
IV.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicita que la Corte se
pronuncie sobre la exequibilidad de las normas demandadas y en relación con las
cuales se admitió la demanda pues ellas son sustancialmente idénticas en su
contenido y finalidad a múltiples disposiciones de las leyes 599 y 600 de
2000.  Partiendo de esa base, pide la declaratoria de exequibilidad de los
artículos 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley 30 de 1986; del
artículo 6 del Decreto 1856 de 1986 y de los artículos 375, 376, 377, 378, 379
y 326 de la Ley 599 de 2000 en aplicación del principio de unidad normativa.
Solicita también la declaratoria de inexequibilidad de la expresión  “de
dieciséis  (16)  años”  contenida en el artículo 37 y en el Literal a) del
numeral l del artículo 38 de la Ley 30 de 1986.  Tales solicitudes las apoya en
los siguientes argumentos:
1.  La Corte Constitucional despenalizó el consumo personal de
drogas estupefacientes por considerarlo asunto propio de la moral de cada
individuo, fundado en la dignidad humana, la autonomía personal o ejercicio del
libre albedrío y el libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, sustraído
del control jurídico imperante pues él sólo puede ejercerse en aquellos casos
en que la conducta del consumidor afecte el entorno social.
2.  Si bien dentro de nuestro orden jurídico al Estado no le es permitido
invadir la esfera de la autonomía individual, también se tiene que las
limitaciones jurídicas se empiezan a permitir en la medida en que el ejercicio
de la referida autonomía entre en conflicto con sus pares ajenos.  Por ello el
Estado no interfiere sobre el consumo de drogas personalmente considerado, pero
sí actúa, y debe hacerlo, en lo atinente a la prevención y represión del
entorno que facilita el consumo, comprendiendo en él actividades como el
narcotráfico y los delitos conexos por cuanto estas actividades comprometen una
serie de órdenes que no son indiferentes para el Estado y que trascienden en la
sociedad misma y en la familia, instituciones que está en la obligación de
proteger.
3.  Si bien es cierto que desde el punto de vista puramente
individual el consumo de drogas en Colombia se considera un asunto propio del
libre desarrollo de la personalidad, y por tanto escapa al control jurídico,
también lo es que la penalización del tráfico de drogas estupefacientes y
conductas conexas, entendiéndose la actividad integralmente considerada, tiene
pleno asidero constitucional, y por tanto resulta razonable y proporcionada, en
cuanto a la obligación del Estado de garantizar el bien común y realizar el
interés general representados en la represión de conductas o actividades que se
consideran contrarias a los intereses del Estado mismo y la sociedad, puesto
que se busca prevenir, controlar y reprimir de la manera más radical y
legítima, un negocio que genera consecuencias negativas que recaen sobre el
entorno político, económico y social, en donde son percibidas sus ganancias,
las que inclusive amenazan la existencia misma del Estado.
4.  El legislador, al penalizar las actividades de narcotráfico y
conexas, busca proteger bienes jurídicos relevantes para su misma pervivencia,
pues dicha actividad económica distorsiona sus instituciones, al convertirse en
un factor desestabilizador no sólo de las instituciones sino de la sociedad.
El concepto de antijuridicidad representa la obligación que tiene el Estado de
prohibir, reprimir y prevenir aquellos comportamientos que atentan contra su
estabilidad social, política y económica, y el tráfico de drogas lo es en tanto
que pone en jaque intereses que el Estado ha considerado deben ser protegidos.
5.  Colombia ha suscrito una serie de instrumentos internacionales
para combatir el narcotráfico, entre ellos   “La Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”,
aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de
diciembre de 1988.  En ella se establece muy bien la diferencia entre asuntos
de narcotráfico y consumo y los Estados Partes se obligan automáticamente a
adoptar las medidas necesarias para tipificar como delitos en su derecho
interno lo referente a las actividades relacionadas con el narcotráfico y
conexas, mientras que lo relacionado con el consumo de sustancias
estupefacientes queda bajo la reserva del orden constitucional de cada Estado
Parte.  Colombia incorporó el referido instrumento mediante la Ley 67 de 1993,
cuyo control de constitucionalidad se surtió a través de la Sentencia C-176 de
1994.  De acuerdo con ello, se tiene un elemento adicional propio del derecho
internacional que le impone al Estado Colombiano la obligación de tipificar en
su derecho interno como delitos penales lo referente a todas las actividades
que genéricamente encuadran dentro del concepto de narcotráfico y sus conexas,
en desarrollo del principio pacta sunt servanda, que se consagra en los
artículos 9, 226 y 227 constitucionales.  El objeto mismo de dicha Convención
era el de crear instrumentos para reprimir el menoscabo económico, cultural y
político que representa el tráfico de estupefacientes y no sólo la salud pública.
6.  La tipificación de los delitos de narcotráfico y conexos se
justifica constitucionalmente porque se trata de actividades de industria y
comercio que lesionan derechos individuales y colectivos y que ponen en peligro
la existencia de la sociedad y del Estado; porque el consentimiento como causal
de exclusión de responsabilidad penal opera en relación con bienes jurídicos de
interés particular y de libre disposición; porque la penalización de la
producción, distribución y consumo de sustancias psicotrópicas se explica por
razones de orden médico-científico consistentes en la proporción de riesgo de
adicción por consumo y en los efectos nocivos en los campos personal, familiar
y social y porque los atentados contra la paz que el actor deriva de la penalización
de esos comportamientos también pueden predicarse de la delincuencia en
general.
7.  Constitucional y penalmente el ejercicio de la mayoría de edad
se establece a partir de los 18 años y por ello el artículo 33 del Código Penal
dispone que los menores de 18 años estarán sometidos al Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil definido en la ley.  Por ello, es contrario a la
Carta que en normas penales se deriven consecuencias jurídicas adversas para
quien suministre, administre, o facilite a un menor de 16 años drogas que
produzcan dependencia o lo induzca a usarla o para quien realice las conductas
de narcotráfico y conexos valiéndose de menores de 16 años y que esas
consecuencias no se deriven para quien despliegue ese comportamiento con mayores
de 16 y menores de 18 años.
V.  FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.  El actor presenta demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 parcial, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley 30
de 1986 y contra el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989 pues estima que ellos
vulneran los artículos 1, 2, 6, 11, 13, 16, 22, 44, 45 y 214 de la Carta en
cuanto tipifican comportamientos en los que no concurre antijuridicidad formal
ni antijuridicidad material,  desconocen que el consentimiento de la víctima
exonera de responsabilidad penal si es válidamente emitido, vulneran el derecho
a la igualdad pues discriminan al consumidor de estupefacientes al asignarle un
tratamiento no previsto para los consumidores de bebidas alcohólicas y para los
fumadores y vulnera el derecho a la paz.
La Fiscalía General de la Nación le solicita a la Corte pronunciarse
de fondo sobre la exequibilidad de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 y
43 de la Ley 30 de 1986 y del artículo 6 del Decreto 1856 de 1989 pues tales
normas, si bien fueron derogadas por la Ley 599 de 2000, fueron incorporadas a
ella con idéntico texto.  Pide que esas normas sean declaradas exequibles pues
corresponden al ejercicio de una facultad del legislador, se orientan a
garantizar el orden pacífico externo y a proteger de manera razonable y
proporcionada el bien jurídico salud pública.  Por otra parte, la Fiscalía le
solicita a la Corte que se inhiba de decidir de fondo en relación con la
demanda presentada contra los artículos 37, 39, 40 y 42 de la Ley 30 de 1986
por haber sido derogadas y no reproducidas en la Ley 599 de 2000.
El Ministerio de Justicia y del Derecho le solicita a la Corte
emitir una sentencia inhibitoria pues los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39 y 43 de la Ley 30 de 1986 y el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989 fueron
derogados por el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, circunstancia que impide
emitir un pronunciamiento de fondo.  De otro lado, argumenta, los artículos 40,
41 y 42 de la Ley 30 de 1986 sí se encuentran vigentes pero en relación con
ellos el actor no ha formulado cargo alguno y por tanto también la Corte debe
declararse inhibida.  Finalmente, estima que esta Corporación no puede
pronunciarse sobre aquellas normas de la Ley 599 de 2000 que han reproducido
esos artículos por haber sido objeto de múltiples modificaciones.
La Dirección
Nacional de Estupefacientes considera que la Corte debe declarar la
exequibilidad de las normas demandadas pues el narcotráfico genera graves
impactos para el país, inclusive violación de derechos fundamentales; la
libertad no es un derecho absoluto; la no penalización del tabaquismo y del
alcoholismo se explica por tratarse de conductas socialmente aceptadas y la
despenalización del narcotráfico no es la solución a los múltiples problemas
que desencadena.
Por último, el
Procurador General de la Nación le solicita a la Corte declarar la
exequibilidad de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 y 43 de la
Ley 30 de 1986 y del artículo 6 del Decreto 1856 de 1986 y, en aplicación del
principio de unidad normativa, de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 326
de la Ley 599 de 2000.  Para ello plantea que si bien al Estado no le está
permitido invadir la esfera de la autonomía individual, tal interferencia es
posible cuando la autonomía entra en conflicto con los demás y por ello el
Estado debe prevenir y reprimir el entorno que facilita el consumo de
estupefacientes; garantizar el bien común y realizar el interés general
mediante la represión de conductas lesivas del Estado y de la sociedad;
proteger bienes jurídicos relevantes; cumplir compromisos internacionales que
disponen la tipificación del narcotráfico y ser consecuente con el ánimo de
lucro implícito en esa práctica.
El Procurador
solicita también que se declare la inexequibilidad de la expresión  “de dieciséis  (16)  años”  contenida en los artículos 37 y 38, numeral 1), literal a), de la
Ley 30 de 1986 pues si un menor es quien aún no ha cumplido 18 años, vulnera el
derecho de igualdad la consagración de dos tratamientos diferenciados no
justificados ya que el delito y la agravación punitiva consagrados en los
artículos 37 y 38 de esa ley concurrirían cuando aquél recae sobre menores de
16 años pero no sobre mayores de 16 pero menores de 18 años.
Como puede
advertirse, son múltiples los problemas jurídicos sobre los que debe
pronunciarse la Corte con ocasión de la demanda instaurada, así:
-
En primer lugar, debe
determinarse si la Corte puede o no pronunciarse de fondo en relación con las
normas demandadas que fueron derogadas por la Ley 599 de 2000.
-
En segundo lugar,
asumiendo que la Corte sí debe pronunciarse de fondo, debe establecerse si hay
lugar a integrar unidad normativa con aquellas disposiciones de la Ley 599 de
2000 que tipifican los comportamientos previstos en las normas demandadas.
-
Finalmente, debe
establecerse si la tipificación de las conductas punibles relacionadas con el
tráfico de estupefacientes vulnera la Carta Política.
2.  La demanda
se instaura contra los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 parcial, 38, 39, 40,
41, 42 y 43 de la Ley 30 de 1986 y contra el artículo 6 del Decreto 1856 de
1989, normas en las cuales se tipifican múltiples comportamientos y se regulan
algunos aspectos procesales relacionados con el tráfico de estupefacientes.
En primer lugar hay que indicar que el
artículo 41 de la Ley 30 de 1986 fue derogado por el artículo 26 de la Ley 365
del 21 de febrero de 1997 y que en este momento no se encuentra produciendo
efectos jurídicos[1].
Esto es así por cuanto, para efectos del remate de los bienes embargados y
secuestrados en los procesos adelantados por delitos tipificados en la Ley 30
de 1986, a partir de la derogatoria de ese artículo debe seguirse el trámite
previsto en el Código de Procedimiento Penal.  De este modo, tratándose de una
norma derogada que no está produciendo efectos jurídicos, a la Corte no le
queda alternativa diferente que la de declararse inhibida para decidir de
fondo.
En segundo
lugar, el artículo 474 de la Ley 599 de 2000 derogó “el
Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que
tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales”.  Y, por su parte, el artículo 535 de la
Ley 600 de 2000 derogó  “el Decreto 2700 de noviembre
30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas
complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias”  a esa ley.  En estas condiciones se
tiene que, con excepción del artículo 42, las normas demandadas por el actor
que no habían sido derogadas antes de la expedición de tales estatutos, hoy se
encuentran derogadas por el Nuevo Código Penal  -artículos 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40 y 43 de la Ley 30 de 1986 y artículo 6 del Decreto 1856 de
1989-.
No obstante,
las normas derogadas por el artículo 474 de la Ley 599 de 2000 aún hoy se
encuentran produciendo efectos jurídicos en todos aquellos procesos adelantados
por delitos cometidos antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal.
Esto es así por cuanto, como luego se verá, la nueva legislación impone consecuencias
jurídicas más severas a tales comportamientos y ante ello, quienes hayan
cometido esas conductas antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen
tienen derecho a que se les aplique la legislación derogada, en cumplimiento
del principio de ultractividad de la ley penal más favorable.  Entonces, por
tratarse de normas derogadas que se encuentran produciendo efectos jurídicos,
la Corte se pronunciará de fondo sobre la demanda interpuesta contra los
artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 43 de la Ley 30 de 1986 y contra el
artículo 6 del Decreto 1856 de 1989.
El caso de los
artículos 39, 40 y 42 de la Ley 30 de 1986 es diferente.  El artículo 39
tipificaba un delito especial imputable a los funcionarios encargados de
investigar, juzgar o custodiar a personas comprometidas en hechos punibles de
narcotráfico.  Esta norma no fue reproducida por la Ley 599 de 2000.  No
obstante, esa hipótesis queda ahora cobijada por las circunstancias de
agravación punitiva previstas para el delito de prevaricato en el artículo 415
de ese Estatuto. De esta manera, como el artículo 39 de la Ley 30 fue derogado
y como el artículo 415 del Nuevo Código Penal tiene unos efectos punitivos más
benévolos que aquél[2],
no existe ninguna posibilidad que esa disposición produzca efectos jurídicos,
motivo por el cual la Corte se declarará inhibida para decidir la demanda
interpuesta en su contra.
El artículo 40
fijaba un procedimiento para hacer efectiva la pena de multa.  No obstante, ese
procedimiento ahora se encuentra regulado en el artículo 41 del Nuevo Código
Penal y en esas condiciones es claro que el ya citado artículo 40 de la Ley 30
de 1986 ha sido derogado.  Y como ésta era una norma de trámite que a esta
fecha no produce efectos de ninguna índole por cuanto la ejecución de la pena
de multa debe ahora someterse al nuevo procedimiento fijado en la ley, es claro
que la Corte debe también declararse inhibida para conocer de la demanda
instaurada contra el artículo 40.
Y en relación
con el artículo 42 de la Ley 30 de 1986 hay que decir que se trata de una norma
que faculta a la Policía Nacional y a la policía judicial para la ocupación de
aeropuertos y pistas de aterrizaje usados para la comisión de conductas de
narcotráfico y que permite la cancelación temporal de sus licencias de
funcionamiento.  Esta norma no fue derogada por el Nuevo Código de
Procedimiento Penal pues no hacía parte del anterior estatuto ni es tampoco
contraria a ese nuevo régimen.  Por el contrario, se trata de una norma que
está mucho más a tono con la nueva legislación penal si se tiene en cuenta que
la existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje dejó
de ser una contravención y es hoy un delito tipificado en el artículo 385 de la
Ley 599 de 2000.  En estas condiciones, como se trata de una norma vigente, la
Corte se pronunciará sobre su exequibilidad.  No se comparte el criterio del
Ministerio de Justicia y del Derecho según el cual el actor no ha formulado
cargo alguno contra esa disposición pues no puede perderse de vista que él sí
aporta argumentos para afirmar la inconstitucionalidad de la penalización del
narcotráfico y, de asistirle razón, resultaría también contraria a la Carta la
ocupación de aeropuertos y pistas de aterrizaje y la cancelación temporal de
sus licencias de funcionamiento por el hecho de dedicarse a actividades relacionadas
con el narcotráfico.
3.  La Corte
debe determinar ahora si existe unidad normativa entre las normas demandadas y
aquellas del Nuevo Código Penal que penalizan el tráfico de estupefacientes
-Artículos 375 a 385 de la Ley 599 de 2000-.
De la comparación
entre las normas demandadas y aquellas disposiciones que tipifican el tráfico
de estupefacientes en la Ley 599 de 2000 se infiere que se han introducido
múltiples modificaciones a las penas previstas para tales conductas, así:
-
En relación con el artículo 32  -que corresponde
al artículo 375 de la Ley 599 de 2000-, inciso primero, se incrementaron el
mínimo de la pena de prisión y el mínimo y el máximo de la pena de multa y en
el inciso segundo se incrementaron los mínimos y máximos de esas dos penas.
-
En relación con el artículo 33  -que corresponde
al artículo 376 de la Ley 599 de 2000-, inciso primero, se incrementaron el
mínimo de la pena de prisión y el mínimo de la pena de multa; en el inciso
segundo se incrementaron el mínimo y el máximo de la pena de prisión y en el
inciso tercero se incrementaron los mínimos y máximos de las dos penas.
-
En relación con el artículo 34  -que corresponde
al artículo 377 de la Ley 599 de 2000-, se incrementó el mínimo de la pena de
prisión y además se excluyó la referencia a los artículos 124 y 125 del Decreto
ley 522 de 1971.
-
En relación con el artículo 35 –que corresponde
al artículo 378 de la Ley 599 de 2000-, se introdujo, al lado de la pena de
prisión, la pena de multa también como pena principal.
-
En relación con el artículo 36  -que corresponde
al artículo 379 de la Ley 599 de 2000-, se amplió la cobertura de la pena de
suspensión en el ejercicio de la profesión y se introdujo la pena de multa como
pena principal.
-
En relación con el artículo 37  -que corresponde
al artículo 381 de la Ley 599 de 2000-, se suprimió la referencia a la edad del
menor.
-
En relación con el artículo 38  -que corresponde
al artículo 384 de la Ley 599 de 2000-, se suprimió la referencia a la edad del
menor en el literal a) del numeral 1) y se incluyó la expresión  “o dos
(2)  kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola” en el numeral
3).
-
El artículo 39 no fue reproducido en el Nuevo
Código Penal.
-
En relación con el artículo 43  -que corresponde
al artículo 382 de la Ley 599 de 2000-, inciso primero, se incrementó el mínimo
de la pena privativa de la libertad y en relación con el inciso tercero se
incrementaron el mínimo y el máximo de la pena privativa de la libertad.
-
Finalmente, en relación con el artículo 6 del
Decreto 1856 de 1989  -que corresponde al artículo 326 de la Ley 599 de 2000-,
se incrementaron el mínimo y el máximo de la pena privativa de la libertad, se
disminuyó el mínimo de la pena de multa y se incrementó el máximo.
Entonces se
advierte cómo, si bien en las nuevas disposiciones se mantienen los verbos
rectores y los modelos descriptivos de varios de los tipos penales consagrados
en las normas demandadas, no ha ocurrido lo mismo con las consecuencias
jurídicas sobrevinientes a esos presupuestos fácticos.  Esta circunstancia es
relevante pues las normas penales se caracterizan precisamente porque a un
supuesto de hecho adscriben una sanción consistente en una pena o en una medida
de seguridad, según el caso.  De allí que al introducir una modificación a la
pena se esté variando el contenido de la norma penal pues se está alterando la
naturaleza o la intensidad de la respuesta que el Estado da al delito con fines
de prevención y resocialización.  Esa variación en la naturaleza o en la
intensidad de la pena plantea la reconsideración de los presupuestos
político-criminales valorados por el legislador penal y es jurídicamente
relevante en cuanto la pena, al lado del delito, es una institución nuclear del
derecho penal que comporta la legítima privación o restricción de derechos a
que se somete a quien ha sido encontrado responsable de una conducta punible.
En estas
condiciones, como quiera que cuando se modifica la sanción se varía la
estructura de la norma jurídico penal, no puede decirse que existe identidad
entre una norma penal y otra posterior en la que, si bien se ha mantenido el
mismo supuesto de hecho, se ha alterado la naturaleza o intensidad de la pena.
Por ese
motivo, la Corte circunscribirá este pronunciamiento únicamente a las normas
que han sido demandadas por el actor y se abstendrá de integrar unidad
normativa con aquellas disposiciones que en el Nuevo Código Penal tipifican las
conductas punibles relativas al tráfico de estupefacientes.
4.  La
pretensión que alienta el demandante es bastante clara:  La despenalización del
narcotráfico.  Y el camino que ha elegido para intentar materializar esa
pretensión es el ejercicio de la acción de constitucionalidad contra las normas
que tipifican los delitos de tráfico de estupefacientes y que regulan aspectos
procesales relacionados con esa actividad.  No obstante, el actor, a pesar de
demandar una multiplicidad de disposiciones, se abstiene de cuestionar la
legitimidad constitucional de las distintas reglas de derecho contenidas en
esas normas por su contradicción con el Texto Superior y, en lugar de ello,
opta por cuestionar el criterio político-criminal implícito en la tipificación
de esas conductas punibles y por exponer argumentos generales extensivos a
todas esas disposiciones como son la ausencia de antijuridicidad formal y
material, la relevancia en materia penal del consentimiento de la víctima de la
conducta punible y la vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la
paz.
De ese proceder del demandante surge un interrogante:  ¿El criterio
político-criminal del legislador, que le conduce a la tipificación del tráfico
de estupefacientes, es susceptible de control constitucional?.  En otros
términos:  ¿La decisión del legislador de tipificar el tráfico de
estupefacientes, como un mecanismo de política criminal orientado a la
prevención y represión de ese tipo de comportamientos, independientemente del
alcance particular de cada una de las reglas de derecho promulgadas, puede ser
objeto de confrontación con el Texto Superior para determinar su legitimidad o
ilegitimidad?
Para responder ese interrogante debe tenerse en cuenta que el
legislador es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de
política criminal.  Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos,
la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de
política criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la
penalización de comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por
tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque
ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático[3].  Es una conquista del
mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos
fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y
medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto de un debate
dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento
pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se
ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o
necesidades coyunturales.
De este modo, entonces, el legislador cuenta con un margen de
libertad para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia,
para la tipificación de conductas punibles.  Sin embargo, es evidente que no se
trata de una potestad ilimitada, pues, como se sabe, en el constitucionalismo
no existen poderes absolutos.  En el caso de la política criminal, no obstante
contar el legislador con un margen de maniobra, es claro que no podrán
concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento
jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales.  Esto
es así por cuanto el diseño de la política criminal del Estado implica
ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de éste que se halle
sustraído al efecto vinculante del Texto Fundamental.
Entonces, el único supuesto en el que el criterio político-criminal
del legislador sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional
se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierten el
Texto Fundamental.  No obstante, en este caso es claro que lo que se
cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad
de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos
supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como
referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que
involucran.
De acuerdo con ello, si la decisión del legislador de tipificar
conductas punibles se estima equivocada por reflejar una política criminal que
no se comparte, tal divergencia de criterio es irrelevante para efectos de
cuestionar la legitimidad constitucional de esas disposiciones.  De allí que el
cuestionamiento de la constitucionalidad de las normas que tipifican el tráfico
de estupefacientes no deba hacerse genéricamente cuestionando una política
criminal que se estima equivocada sino específicamente, esto es, considerando
cada una de las reglas de derecho contenidas en esas disposiciones y confrontándolas
con el Texto Superior para evidenciar su incompatibilidad.
Este enfoque permite colocar las cosas en su punto:  Si el
legislativo es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de
tipificación de conductas punibles y si el único límite que existe para el
ejercicio de esa facultad está determinado por el sistema de valores,
principios y derechos fundamentales previsto en el Texto Superior, el
demandante no puede pretender que la Corte, a través de sus fallos, imponga el
modelo de política criminal que ha de seguir el Estado pues sólo le está
permitido confrontar con la Carta las normas legales que, habiendo sido
demandadas, desarrollen ese modelo para retirar del ordenamiento aquellas que
lo contraríen y mantener aquellas que lo respetan.
5.  Ahora bien.  Como el actor, a más de cuestionar la tipificación
del tráfico de estupefacientes como reflejo de una política criminal que no
comparte, expone argumentos generales encaminados a cuestionar, en conjunto, la
legitimidad constitucional de todas las disposiciones demandadas, la Corte se
ocupa de tales argumentos, el primero de los cuales se circunscribe a la
ausencia de antijuridicidad formal y material en las normas que tipifican el
tráfico de estupefacientes.
Haciendo abstracción de las distintas fases, escuelas y esquemas que
han confluido en el derecho penal, lo cierto es que el único elemento común a
cualquier sistema de imputación penal radica en el contenido de injusticia que
se atribuye al delito, esto es, la antijuridicidad.  Pero el concepto de
antijuridicidad no ha sido siempre el mismo.  Durante mucho tiempo se creyó que
el contenido de injusticia del delito se determinaba sólo por la relación de
contradicción existente entre la prohibición o el mandato contenido en la norma
penal y la conducta del autor o partícipe.  Eran los tiempos de apogeo del
positivismo formalista, tiempos en los que se creía que el ámbito de
racionalidad de los delitos y de las penas estaba determinado por el tenor
literal de la ley.  No cabe duda que un tal sistema de imputación penal se
ajustaba a la racionalidad propia del Estado legal de derecho:  Una conducta
era delito por el sólo hecho de que la ley la calificara como tal.
Pero el tiempo se encargó de develar la insuficiencia de esa concepción
del injusto penal pues se presentaban muchos supuestos en los que, pese a
concurrir esa relación de contradicción entre el mandato normativo y la
conducta, ésta estaba desprovista de contenido alguno de injusticia.  Entonces
se cayó en cuenta que el delito debía tener un contenido de ilicitud no solo
formal frente a la norma sino también un contenido material que consistía en la
lesión o, al menos, en la puesta en peligro de un bien jurídico.  Así, la
injusticia del delito radicaba en la afección de derechos ajenos.  De esta
manera, el delito se dotó de un referente material que, a través de la
categoría del bien jurídico, racionalizó el ejercicio del poder punitivo.
Siendo así, el solo tenor literal de la ley no definía ya el delito pues se
precisaba también de un contenido sustancial que remitiera a la afección de
derechos ajenos.
Este modelo de imputación es compatible con el constitucionalismo:
En el Estado constitucional de derecho se parte de la consideración del ser
humano como un ser digno, como un ser cuya instrumentalización, indistintamente
de la naturaleza de los fines que se esgriman, está vedada.  Pero al
reconocimiento de esa dignidad es consustancial una cláusula general de
libertad:  No se es digno ni en la esclavitud, ni en el autoritarismo, ni al
abrigo de un mal entendido paternalismo.  No obstante, esa cláusula general de
libertad no implica el reconocimiento de atribuciones ilimitadas.  Ella tiene
como barrera el límite impuesto por los derechos de los demás y el orden
jurídico.  De allí que el ejercicio responsable de la libertad implique no
afectar derechos ajenos y, al tiempo, no desconocer la capacidad reguladora del
derecho, como instrumento de vida civilizada, en todo aquello que trascienda el
ámbito interno de la persona.
En ese marco, el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad no habilita a la persona para la comisión indiscriminada de
delitos.  De allí que la tipificación de conductas penales constituya un límite
al libre desarrollo de la personalidad impuesto por el ordenamiento jurídico.
No obstante, tal límite sólo será legítimo si las conductas tipificadas son
susceptibles de vulnerar o poner en peligro los derechos de los demás.  Si ello
no ocurre, a la sombra de la  penalización de conductas se encontrarán delirios
autoritarios.
Pues bien.  En este marco debe ubicarse el argumento expuesto por el
actor en cuanto atribuye ausencia de antijuridicidad formal y material a las
normas demandadas como tipificadoras del tráfico de estupefacientes.  El argumento
de ausencia de antijuridicidad formal es equivocado pues si por tal se entiende
la relación de contradicción entre el mandato o prohibición contenido en la
norma penal y la conducta del autor o partícipe, tal categoría de la conducta
punible siempre concurrirá, aunque, desde luego, será  insuficiente para la
derivación de responsabilidad penal.  En cambio, el argumento referido a la
ausencia de antijuridicidad material si es fundado pues de ser cierto
implicaría que en los delitos de narcotráfico se imputa responsabilidad penal
por conductas desprovistas de referente material, esto es, por conductas no
susceptibles de vulnerar derechos ajenos.
En cuanto a ello hay que decir que hay una amplia gama de derechos
interferidos por el narcotráfico. Inicialmente la tipificación del tráfico de
estupefacientes se ligó a la necesidad de proteger un bien jurídico en
particular, la salud pública, postura esta que resultaba compatible con el
deber que el constituyente impuso a toda persona de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunicad  -Artículo 49, inciso final, de la
Carta-  y con el deber que le asiste a la persona y al ciudadano de obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas  -Artículo 95, numeral 2°-.
Pero luego ese ámbito de protección se amplió al punto que hoy ya no
se trata sólo de un tipo penal orientado a proteger la salud pública sino
también la seguridad pública y el orden económico y social.  Lo primero, porque
la alta rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la
alternativa de financiación de grupos de delincuencia organizada, armados y
jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como
presupuesto de convivencia.  Y lo segundo, porque en el tráfico de
estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a
vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de
generar inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas
económicas de los países afectados por ella.
De allí que en el narcotráfico no sólo se advierta menoscabo de
bienes jurídicos que remiten a derechos ajenos, sino que confluyan también, de
un lado, una indiferencia total por el daño causado a los titulares de tales
derechos y, por otro, una capacidad corruptora que ha permitido incluso el
cuestionamiento de los ámbitos de poder político interferidos por ella.
En las condiciones expuestas, si bien a la Corte no le incumbe la
determinación del modelo de política criminal que ha de adoptar el Estado
colombiano en materia de narcotráfico, si advierte que la penalización del
tráfico de estupefacientes no contraría los fundamentos constitucionales de la
imputación penal en cuanto comprende una gama de conductas que trascienden el
fuero interno de la persona y que se proyectan en una amplia gama de derechos
ajenos.
6.  Esta postura es compatible con la línea jurisprudencial trazada
por la Corte en la Sentencia C-221-94[4].
En ese pronunciamiento se dejó claro que, para efectos de la despenalización
que se dispuso, debía distinguirse entre el porte, conservación o consumo de
sustancias estupefacientes en cantidad considerada como dosis de uso personal y
el narcotráfico como actividad ilícita alentada por el afán de lucro pues los
efectos del fallo únicamente se extendían a aquella actividad y no a ésta:
“En cuanto al literal j) del artículo 2o., también demandado,
encuentra la Corte que se ajusta a la Norma Básica, pues constituye un
ejercicio de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su
competencia. Porque determinar una dosis para consumo personal, implica fijar
los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la libertad del
consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro,
estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables.
...Cabe reiterar, entonces, que no afecta este fallo las disposiciones
de la ley 30 del 86, relativas al transporte, almacenamiento, producción,
elaboración, distribución, venta y otras similares de estupefacientes,
enunciadas en el mismo estatuto”.
7.  El segundo argumento del actor para afirmar la inexequibilidad
de las normas de la Ley 30 de 1986 que tipifican el delito de tráfico de
estupefacientes remite a la disponibilidad que toda persona tiene sobre su
salud y su vida y, en consecuencia, a la facultad que le asiste de consentir
la  vulneración de tales bienes jurídicos y, por esa vía, de exonerar de
responsabilidad penal a los autores o partícipes de tales delitos.
En cuanto a ello hay que decir que, aún
admitiendo la existencia de derechos fundamentales disponibles, el carácter
disponible de un derecho no se opone a la tipificación como delito de la
conducta que lo vulnere o que lo ponga en peligro si el legislador estima que
se trata de un bien jurídico fundamental que es preciso proteger de lesiones o
puestas en peligro socialmente intolerables.
Mucho menos el carácter disponible de un
derecho constituye argumento para afirmar la inexequibilidad de la norma que
tipifique como punible la conducta de quien lo lesiona o pone en peligro pues
la consideración legal del consentimiento como causal de exclusión de
responsabilidad penal remite, en cada caso, al titular de un bien jurídico
individual ya que es éste el que decide si consiente o no la lesión o puesta en
peligro del derecho de que es titular.
Adviértase que, así como se presentarán
eventos en que los titulares de derechos disponibles consientan su lesión o
puesta en peligro, concurrirán otros en los que los titulares no brindarán su
consentimiento.  En relación con éstos es claro que se tipificaría el delito y,
dado el caso, habría lugar a la imposición de las penas correspondientes.  Con
la lógica argumentativa del actor, habría que afirmar que por ser el patrimonio
económico un bien jurídico disponible y, por tanto, por estar sus titulares
habilitados para consentir su vulneración, carecerían de sentido los delitos
previstos en el Código Penal para proteger ese bien jurídico y que, además,
tales disposiciones devendrían inconstitucionales por desconocer esa
disponibilidad y esa posibilidad de consentimiento.
Por otra parte, el actor pierde de vista que
el consentimiento procede en relación con bienes jurídicos individuales y no en
relación con bienes jurídicos colectivos, naturaleza que tienen precisamente
los bienes jurídicos que se protegen con la penalización del tráfico de
estupefacientes:  Salud pública, seguridad pública y orden económico y social.
Esto es así porque en el caso de los bienes jurídicos colectivos su titular es
la comunidad en general y no las personas aisladamente consideradas y, ante
esta circunstancia, es claro que el bien jurídico no está a disposición de
quien individualmente consienta la lesión por no ser éste su titular.
Luego, es claro que los bienes jurídicos
protegidos por el tráfico de estupefacientes son de naturaleza colectiva,
indisponibles por personas individualmente consideras y, en consecuencia, no
susceptibles de exonerar de responsabilidad penal por el consentimiento de la
víctima.  Ante ello, carece de sentido afirmar que las normas legales que
tipifican el tráfico de estupefacientes son inexequibles por desconocer el
carácter disponible de bienes jurídicos desprovistos de ese carácter, mucho más
si frente a la Carta es legitima aún la penalización de conductas que atentan
contra bienes jurídicos disponibles.
8.  El siguiente argumento expuesto por el actor radica en la
vulneración del derecho de igualdad por el distinto tratamiento que el
legislador da al tráfico de estupefacientes en relación con el tabaco y las
bebidas alcohólicas.  Según su criterio, como la producción y comercialización
de éstos no está penalizada, tampoco debería estarlo el tráfico de
estupefacientes.  De allí que el legislador haya incurrido en un tratamiento
diferenciado no justificado que debe conducir a la Corte a retirar del
ordenamiento jurídico tales disposiciones por su contrariedad con el Texto
Fundamental.
En las consideraciones anteriores de este pronunciamiento, la Corte
determinó la legitimidad constitucional de la penalización del tráfico de
estupefacientes tanto porque el legislador no desconoció los límites que la
Carta impone al diseño de la política criminal del Estado como porque respetó
el fundamento de la imputación penal derivado de la dignidad del ser humano, de
la cláusula general de libertad y de los límites que al ejercicio de ésta
impuso el constituyente.  No obstante, como el cargo planteado por el actor, a
más de cuestionar la legitimidad constitucional del tráfico de estupefacientes
como fenómeno individualmente considerado, remite también a la vulneración del
derecho de igualdad por el diverso tratamiento dado por el legislador al
narcotráfico en relación con otros fenómenos, surge un nuevo cuestionamiento:
¿El hecho de que el legislador no haya penalizado la producción y
comercialización de tabaco y de bebidas alcohólicas y sí haya penalizado el
tráfico de estupefacientes implica la inexequibilidad de las normas que
dispusieron tal penalización?
Para la Corte, la respuesta a este interrogante es negativa pues de
la Carta no pueden inferirse los distintos mecanismos de política criminal que
el Estado forzosamente ha de concebir para atender los retos que le asisten en
materia de política criminal.  Si ello fuera así, concurriría la posibilidad de
cuestionar la legitimidad constitucional de la decisión legislativa de
consagrar o no tales mecanismos.  No obstante, es evidente que las cosas no son
de ese talante pues, tal como se expuso en precedencia, el legislador es
titular de la facultad de configuración normativa para acudir a la tipificación
de conductas penales como estrategia de política criminal, facultad que es
compatible con el principio democrático y que está sujeta al sistema de
valores, principios y derechos impuestos por la Carta.
En ese marco, que el legislador no haya penalizado la producción y
comercialización de tabaco y de bebidas alcohólicas y que en lugar de ello haya
optado por afirmar la licitud de esas actividades y por ordenar campañas de
prevención contra el consumo de alcohol y del tabaco, tal como lo hace en los artículos
15 a 19 de la Ley 30[5],
pone de presente que no estimó necesario acudir a ese mecanismo de política
criminal en relación con tales fenómenos.  Esa decisión no solo es fundada
constitucionalmente sino que además es compatible con el carácter subsidiario y
fragmentario que desde hace mucho se le reconoce al derecho penal pues, no
obstante la  legitimidad de su ejercicio racional, es imperativo que, dados los
profundos niveles de violencia institucional que convoca, sólo se acuda a él
cuando es absolutamente necesario para la defensa de bienes jurídicos
fundamentales para la convivencia.
Con todo, de esa particular valoración que el legislador hizo de la
producción y comercialización del alcohol y del tabaco y de su decisión de
mantener la licitud de esas actividades y de adelantar campañas de prevención
del consumo, no se sigue que necesariamente haya debido valorar también en el
mismo sentido el tráfico de estupefacientes y que por tanto su decisión de
penalizar esta actividad devenga inconstitucional.  Ello es así por cuanto del
Texto Superior no se infiere, en manera alguna, la obligación del legislador de
valorar de la misma manera fenómenos sociales diversos y, mucho menos, el deber
constitucional de sujetarlos a los mismos mecanismos de control social.
Si el juez constitucional, desconociendo la ausencia de
condicionamientos constitucionales en materia de política criminal  -distintos
al sistema de valores, principios y derechos fundamentales y a los mandatos y
prohibiciones expresamente dirigidos al legislador penal- e ignorando la
facultad legítima que le asiste al legislativo de concebir mecanismos
específicos en ese ámbito, interfiere ese campo de competencias para forzar la
despenalización de conductas como el tráfico de estupefacientes, estará
abandonando el rol que le asiste en una democracia constitucional pues de la
defensa del Texto Superior y de los derechos fundamentales pasaría a adentrarse
en la configuración de un ámbito de la política que es ajeno a su competencia.
Finalmente, no es cierto que la legislación penal colombiana sea
indiferente a las implicaciones penales del consumo de alcohol.  En efecto,
tanto la legislación penal derogada como la actualmente vigente le han
reconocido efectos a la incidencia que el consumo de alcohol tiene en la
comisión de conductas punibles. En ese sentido, por ejemplo, se ha facultado al
juez para imponer la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas como pena
accesoria cuando ese consumo ha sido uno de los motivos determinantes de la
comisión de la conducta punible  -Artículo 59 del Decreto 100 de 1980 y
artículo 43, Num. 8° de la Ley 599 de 2000-.  No obstante, en tal supuesto,
como tuvo oportunidad de indicarlo la Corte, el sujeto no es sancionado por el
consumo de bebidas embriagantes sino por haber incurrido en una conducta
punible como consecuencia del estado de ebriedad[6].
9.  Por otra
parte, la Corte debe advertir que la tipificación del tráfico de
estupefacientes es un mecanismo de política criminal de cuya necesidad es
consciente la comunidad internacional.  Recuérdese que esta Corporación,
mediante Sentencia C-176-94[7],
por medio de la cual cumplió la revisión constitucional de la Ley 67 de 23 de
agosto de 1993, aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra el
tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas suscrito en Viena el 20 de
diciembre de 1988,  declaró la constitucionalidad de la obligación adquirida
por el Estado colombiano de tipificar como punibles ciertas conductas
relacionadas con el narcotráfico.  Se expuso en esa oportunidad que esa
Convención era la culminación de los esfuerzos adelantados por la comunidad
internacional para enfrentar los problemas derivados del narcotráfico y que
ella implicaba no solo el compromiso de tipificar el tráfico de estupefacientes
sino también el desvío de sustancias químicas, el lavado de dinero, introducir
innovaciones procesales y decomisar el producto del narcotráfico, entre otras
cosas.  En esa ocasión, la Corte resaltó la compatibilidad existente entre las
finalidades de la Convención y la Carta Política, la obligación de tipificar
comportamientos que de ella se derivaba y el carácter variable de esa
obligación.  Expuso:
“La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, más conocida como la Convención de
Viena, es la culminación de un proceso relativo al control del consumo y abuso
de ciertas sustancias alteradoras de la conciencia definidas como
estupefacientes o sustancias sicotrópicas. En virtud de ese proceso, la
comunidad  internacional, en gran parte bajo el liderazgo de los Estados
Unidos, ha considerado que la mejor forma de enfrentar estos problemas sociales
es mediante la prohibición en forma absoluta de la producción, el uso o tráfico
de esas sustancias cuando éstos se efectúan con finali­da­des diferentes a las
estricta­mente médicas o cientí­fi­cas. En ese sentido la Convención de 1988
aparece como la continuación de tratados anteriores, en especial de la
Convención Única de Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de
modificaciones de 1972, aprobada por Colombia por medio de la Ley 13 de 1974, y
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1973, aprobado por nuestro país
por medio de la Ley 66 de 1979. Por eso algunos mandatos de la Convención de
Viena de 1988 reproducen disposiciones de esos instrumentos internacionales
anteriores.
Sin embargo, la Convención de 1988 no es una simple reproducción o
actualización de los tratados anteriores pues introduce importantes novedades.
Esto por cuanto su objetivo no es únicamente reprimir y criminalizar, en nombre
de la salud pública, el tráfico de esas sustancias definidas como
estupefacientes o sustancias sicotrópicas sino también lograr otras
finalidades. En particular, la Convención pretende "privar a las personas
dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y
eliminar así su principal incentivo para tal actividad" (Preámbulo de la
Convención). Por eso la Convención busca criminalizar también el desvío de
sustancias químicas (los llamados precursores) para la producción de las drogas
ilegales; también pretende convertir en delito el llamado lavado de dinero;
establece numerosas innovaciones procesales como la posibilidad de invertir en
ciertos contextos la carga de la prueba o utilizar la figura del agente
provocador; busca decomisar los dineros provenientes del narcotráfico; y,
consagra también formas de ampliación de la cooperación judicial y la
extradición entre los países partícipes de este tratado multilateral.
Esas finalidades globales de la Convención -señaladas en su
preámbulo- se ajustan al ordenamiento colombiano, puesto que la Constitución
autoriza que nuestro país efectúe formas de cooperación internacional para
prevenir y reprimir formas delictivas, obviamente dentro del respeto de la
soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de
los principios del derecho internacional (CP art 9). Esos objetivos explican
también el contenido de esta Convención que es entonces, de un lado, un Tratado
de derecho penal y procedimiento penal destinado a que los países se
comprometan a definir ciertas conductas como delictivas y a adoptar ciertos
procedimientos, entre los cuales se destaca como central el decomiso del
producto y de los bienes provenientes directa o indirectamente del narcotráfico;
de otro lado, es un tratado de  cooperación entre los países para la represión
del narcotráfico que da un especial relieve a la extradición y a la asistencia
judicial recíproca.
Así, luego de establecer el alcance de la Convención y precisar la definición
de algunos términos esenciales (artículos 1 y 2), los numerales 1 y 2 del
extenso artículo 3 definen una amplia lista de conductas que deberán ser
criminalizadas, en grado variable, por los Estados que ratifiquen la
Convención. Esas conductas pueden ser clasificadas en varios grupos. Así,
algunas de ellas están relacionadas en términos generales con la producción y
distribución de las sustancias sicotrópicas y estupefacientes; otras hacen
referencia a la criminalización del desvío de precursores químicos para la
producción de estas sustancias; un tercer grupo está referido a la penalización
de muy diversas formas de lavado del producto y de los dineros provenientes del
narcotráfico; y, finalmente, la Convención también prevé ciertas formas de penalización
del consumo.
Sin embargo, la obligación que los Estados adquieren sobre la
tipificación de esas conductas como delitos es de diversa naturaleza según las
conductas. Mientras que los Estados que ratifiquen la Convención se comprometen
sin condiciones "a adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar
como delitos penales" todas las conductas descritas en los literales a y b
del numeral 1, en cambio su compromiso internacional frente a las conductas del
literal c y del numeral 2 es condicionada, puesto que ella se hace "a
reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de
su ordenamiento jurídico".
En el mismo sentido, en la Sentencia C-344-95[8], en la que la Corte
declaró exequible el artículo 72 de la Ley 104 de 1993  -de acuerdo con el cual
el Presidente de la República celebrará convenios con otros Estados y
organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la
información y la colaboración necesaria para el desarrollo del Programa de
Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios-,
se precisó que el legislador no podía ignorar la referencia a tratados o
convenios internacionales como elementos integrantes de la política criminal
del Estado y especialmente en lo relacionado con el narcotráfico.  Se indicó:
Así las cosas, por tratarse de materias que en algún momento deben
contar con el beneplácito, la actividad o la respuesta de entes ajenos al
ámbito de soberanía colombiana, mal podía el legislador ignorar la referencia a
los tratados o convenios, como elementos integrantes de una política global del
Estado tendiente a la persecución y represión del delito, particularmente si
éste -como ocurre con el narcotráfico- es perpetrado dentro y fuera del
territorio y merced al establecimiento de complejas redes delictivas que
afectan a numerosos estados.
De igual manera, en la Sentencia C-756-01[9], en la que esta Corporación
declaró exequible el Acuerdo suscrito entre la República de Colombia y el Reino
de España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control
del tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, firmado el 14 de
septiembre de 1998, y la Ley 624 de 2000, se resaltó que el trabajo conjunto de
los Estados para solucionar los problemas derivados del narcotráfico guardaba
correspondencia con los fines y principios de la Carta Política.  Se dijo:
“El estudio de constitucionalidad que hace la Corte, del Acuerdo
suscrito entre el Gobierno de Colombia y el Reino de España, parte por
reconocer la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el
tráfico de estupefacientes y la necesidad de desarrollar programas de salud
pública tanto para prevenir el consumo de estas sustancias como para el diseño
de programas de deshabituación. El trabajo conjunto entre Estados para
enfrentar uno de los problemas de mayor impacto social, económico y cultural de
las comunidades contemporáneas, se relaciona estrechamente con los fines y
principios básicos establecidos en la Constitución Política de Colombia.
El Acuerdo guarda especial afinidad con
los propósitos establecidos en el artículo 2º de la Carta Política y se
relaciona con el deber de las autoridades de proteger a las personas en sus
derechos y libertades y de asegurar la vigencia de un orden justo”.
Así mismo, mediante Sentencia C-835-01[10], la Corte declaró la
exequibilidad del Acuerdo suscrito entre la República de Colombia y la
República de Cuba para la prevención, el control y la represión, del tráfico
ilícito de estupefacientes firmado el 14 de enero de 1999 y de la Ley 625 de
2000, por medio de la cual se lo aprobó.  En ella se destacó la importancia de
los convenios internacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de
sustancias psicotrópicas y la compatibilidad existente entre las medidas
adoptadas mediante esos convenios y los deberes constitucionales de las
autoridades.  Se indicó:
“El estudio de constitucionalidad que hace la Corte, del Acuerdo
suscrito entre la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba,
parte por reconocer y destacar la importancia de los convenios internacionales
para poder llevar a acabo con eficiencia y efectividad la lucha contra el
tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Los propósitos de cooperación,
intercambio y control de los precursores químicos que motivan la firma del
instrumento bilateral son plenamente afines con los principios rectores del la
Carta Política.
Las medidas tendientes a optimizar la lucha contra el tráfico de
sustancias psicotrópicas se relaciona en especial con el deber de las
autoridades de proteger a las personas en sus derechos y libertades y de asegurar
la vigencia de un orden justo establecido en el artículo 2° de la
Constitución”.
10.  Finalmente, el actor ejerce también la acción de
inconstitucionalidad contra la expresión  “menor de dieciséis  (16)  años”
contenida en el artículo 37 de la Ley 30 de 1986 por considerar que constituye
una discriminación el hecho de que se tipifique como delito el suministro a
menores de 16 años de drogas que produzcan dependencia o inducirlos a su
consumo y que la misma desvaloración no sea hecha por el legislador cuando esos
comportamientos se cometen con menores que oscilen entre 16 y 18 años.  Este
criterio es compartido por el Procurador Judicial de la Nación quien, con base
en el mismo argumento, solicita que se declare inexequible ese aparte tanto del
artículo 37 ya citado como del artículo 38, numeral 1°), literal a).
Para precisar esta situación, se debe tener en cuenta que el
artículo 37 de la Ley 30 de 1986 tipificaba el suministro de drogas que
produzcan dependencia a menores o su inducción al consumo y que el ámbito de
prohibición de la norma se extendía a esas conductas únicamente cuando se
cometían con menores de 16 años de edad.  Ello era entendible, pues para el
momento de expedición de esa ley se encontraba vigente el Código Penal de 1980,
de acuerdo con el cual se consideraba inimputable al menor de 16 años
-Artículo 34-.  Posteriormente, esta norma fue modificada por el artículo 165
del Decreto 2737 de 1989, el que incrementó esa edad a 18 años.  Hoy, el
artículo 33 del Nuevo Código Penal establece que los menores de 18 años estarán
sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil.
Admitiendo que la norma demandada eventualmente podría producir
efectos jurídicos, la Corte no advierte que ella contraríe el Texto Fundamental
pues, por una parte, el legislador, en ejercicio de su facultad de
configuración normativa, bien puede determinar los rangos de edad susceptibles
de protección a través de un tipo penal.  Por otro lado, no se advierte por qué
motivo constitucionalmente relevante debe existir equivalencia entre ese rango
y aquél a partir del cual se ejerce la mayoría de edad y se responde penalmente
como tal.
En cuanto a lo primero, el artículo 37 contiene una regla de derecho
que prohíbe suministrar, administrar o facilitar a un menor de 16 años droga
que produzca dependencia o inducirlo a usarla.  La edad del menor es un
elemento que hace parte del modelo descriptivo del tipo y refleja el criterio
político-criminal del legislador de excluir del ámbito de la prohibición la
comisión de esa conducta en relación con personas que oscilaban entre 16 y 18
años de edad.
Ese criterio por sí mismo no es cuestionable pues el legislador bien
puede asumir que, una persona cuya edad oscile entre 16 y 18 debe excluirse del
ámbito de protección de una norma penal.  Y tal criterio es razonable ya que,
independientemente de su incapacidad para responder penalmente como mayor de
edad, el legislador puede considerar que la conducta prohibida tiene
connotaciones diferentes cuando se comete sobre personas cuya edad oscila entre
16 y 18 años y estimar que en relación con ellos los mecanismos de control no
tienen que ser necesariamente penales.
Y en cuanto a lo segundo, no debe confundirse el objeto de
regulación del artículo 37 de la Ley 30 de 1986 con el de una norma que
establece la edad a partir de la cual una persona responde penalmente como
mayor de edad. El espacio de regulación de esas normas es completamente
diferente.
La primera prohíbe desplegar ciertas conductas con menores hasta de
16 años y por ello si esas conductas se cometen con personas mayores de 16 años
la prohibición no opera. Luego, lo que hace el legislador con esa regla de
derecho es acudir a la prohibición penal para evitar conductas en relación con
ciertos menores de edad, esto es, protegerlos de ciertas conductas que sobre
ellos pueden cometer terceras personas. En cambio, la segunda norma establece
la edad a partir de la cual una persona responde penalmente, esto es, no
detalla qué personas, en razón de su edad, han de ser objeto de protección a
través de una prohibición impuesta a terceros sino que fija la edad a partir de
la cual esa persona, y no un tercero, puede ser sujeto de imputación penal.
De este modo, existe una gran diferencia entre ser objeto de
protección de una norma penal por ser menor de 16 años y ser susceptible de
responder penalmente por ser mayor de 18 años.  Se trata de supuestos de hecho
diferentes y por ello no hay razones constitucionalmente relevantes para exigir
que como una persona sólo responde penalmente a partir de los 18 años, la
protección penal que otra norma establece para los menores de 16 años deba
extenderse hasta los 18 años.
Así, tratándose de normas que regulan situaciones diferentes, no
puede inferirse un criterio de comparación a partir del cual exigir un igual
tratamiento legal.  Por tanto, no es cierto que la norma demandada vulnere el
artículo 13 Superior.  Por este motivo, se declarará la exequibilidad, en lo
demandado, del artículo 37 de la Ley 30 de 1986.
11.  Por último, debe comprenderse que la despenalización del
tráfico de estupefacientes es una decisión de política criminal cuya
consideración le incumbe a cada Estado y a la comunidad internacional pero que
en manera alguna se trata de un problema que se ha de resolver en sede de
control constitucional.  El proceso de constitucionalidad implica un juicio
técnico de confrontación entre una norma legal y la Carta para excluir aquellas
que le sean contrarias pero no es una instancia para diseñar mecanismo alguno
de política criminal.
En suma pues, la Corte no advierte que la penalización del tráfico
de estupefacientes sea contraria a la Carta Política, motivo por el cual se
declarará la exequibilidad de las normas demandadas que se hallan vigentes y de
aquellas que habiendo sido derogadas están produciendo efectos jurídicos.
DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.  Inhibirse de decidir de fondo
en relación con la demanda interpuesta contra los artículos 39, 40 y 41 de la
Ley 30 de 1986.
SEGUNDO.  Declarar exequibles los
artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 en lo demandado, 38, 42 y 43 de la Ley 30 de
1986 y el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA                   ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA    JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL             EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS  CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
El texto del artículo 41 de la Ley 30 de 1986 era el siguiente:
“En
firme la sentencia condenatoria, los bienes embargados y secuestrados dentro
del proceso serán rematados por el juez de conocimiento y para el efecto se
tendrán en cuenta los trámites previstos en el Código de Procedimiento Civil.
Con
el producto del remate se pagará primero a los acreedores hipotecarios o a
quienes demuestren un derecho lícito y con el remate  (sic)  se satisfará la
multa”.
[2]
El artículo 413 del Nuevo Código Penal contempla para el delito de prevaricato
las penas de prisión de tres  (3)  a ocho  (8)  años, multa de cincuenta  (50)
a doscientos  (200)  salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas.  Y de acuerdo con el artículo 415,
esta pena se aumenta hasta en una tercera parte, entre otros casos, cuando tal
conducta se cometa en actuaciones adelantadas por delitos de narcotráfico.  De
este modo, la pena privativa de la libertad imponible a quien cometa el delito
anteriormente tipificado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986,  oscilaría
entre tres años y un día de prisión y doce años.
[3] Desde luego que la política criminal del Estado no se
agota en el ejercicio de su poder punitivo.  En un reciente pronunciamiento
esta Corporación definió en un sentido amplio el concepto de política criminal
y la amplia gama de medidas que comprendía:  “Dada la multiplicidad de
intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y
complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de
cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que
cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado
definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de
respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a
conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin
de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los
derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho
conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social,
como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan
responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos
extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito.  También puede
ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser
económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado
comportamiento o desincentivos  para incrementarles los costos a quienes
realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se
adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para
generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado
comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser
administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria.
Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera
sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un
hecho constitutivo de una conducta típica”.  Corte Constitucional,
Sentencia C-646-01.  M. P., Manuel José Cepeda Espinoza.
[4]
Magistrado Ponente, Carlos Gaviria Díaz.
[5]
Estos artículos prohíben el trabajo de personas menores de catorce  (14)  años
durante la jornada nocturna en establecimientos donde se expendan y consuman
bebidas alcohólicas; ordenan la impresión, en los empaques de tales productos,
de etiquetas sobre el daño a la salud producido por el exceso de alcohol y por
el tabaco; prohíben la venta de licores, cigarrillo y tabaco que no contengan
esa impresión y disponen que la propaganda sobre esos productos sólo podrá
transmitirse en los horarios y con la intensidad determinada por el Consejo
Nacional de Estupefacientes.
[6]
Corte Constitucional.  Sentencia C-026-95.  M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[7]
Magistrado Ponente, Alejandro Martínez Caballero.
[8]
Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández Galindo.
[9]
Magistrado Ponente, Jaime Córdoba Triviño.
[10]
Magistrado Ponente, Jaime Córdoba Triviño.