C-841-08
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-841/08
ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA
PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES
ILICITAS-Finalidad
ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA
PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES
ILICITAS-Contenido
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Características del control constitucional
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido,
que el control de constitucionalidad de los Tratados Públicos y de sus leyes
aprobatorias, goza de las siguientes características: (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación presidencial subsana cualquier
posible vicio de procedimiento en el trámite de suscripción del tratado
Si bien el Acuerdo de cooperación para la Prevención,
Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad
ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Perú fue suscrito por la señora Ministra de Relaciones Exteriores,
en representación del Estado colombiano, quien conforme con lo establecido en
el literal a) del numeral 2º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, en virtud de sus funciones, no requería de la
presentación de plenos poderes para ejecutar los actos relativos a dicha
celebración, la aprobación ejecutiva impartida por el Presidente de la
República, autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el Acuerdo de la
referencia. Dicha aprobación subsana cualquier posible vicio de procedimiento
en el trámite de suscripción de un tratado internacional.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo
Desde el punto de vista formal, la Ley 1165 de 2007
cumple con los requerimientos constitucionales y legales
LAVADO DE ACTIVOS-Dimensión transnacional/LAVADO
DE ACTIVOS-Instrumentos
diseñados encaminados a prevenir, controlar y reprimir esta conducta delictiva
PRECEDENTE EN SENTENCIA SOBRE TRATADO INTERNACIONAL-Contenido idéntico y reiteración de
jurisprudencia
PRECEDENTE EN SENTENCIA SOBRE TRATADO INTERNACIONAL-Disposiciones con identidad de textos o
variaciones menores
PRECEDENTE EN SENTENCIA SOBRE TRATADO INTERNACIONAL-Exclusión de aplicación a partir de
posibles reformas constitucionales
ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA
PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES
ILICITAS-Desarrollo de
principios de autodeterminación y soberanía
LAVADO DE ACTIVOS-Ampliación del concepto información financiera
ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION,
CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Actividad ilícita definida por la
normativa nacional y no por el tratado
LAVADO DE ACTIVOS-Referencias a la confiscación y el decomiso
ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION,
CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Secreto bancario, tributario y bursátil
ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION,
CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Medidas de adopción y asistencia
Referencia: expediente LAT-318
Revisión oficiosa de la Ley 1165 de 2007 “Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención,
Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad
ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de
dos mil cuatro (2004)”.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., veintisiete (27)
de agosto de dos mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados, doctores Humberto Antonio Sierra Porto -quien
la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente
sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1165 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de
Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú” hecho en
Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.
I.       ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 12 de octubre de 2007, el Secretario
Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional
copia auténtica de la Ley 1165
de 2007 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la
Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier
actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de
febrero de dos mil cuatro (2004)”.
Por Auto del 19 de noviembre de
2007 del mismo año, el Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento de la Ley
de la referencia y notificó a las Secretarías Generales de la Cámara y Senado
para que remitieran toda la información concerniente al trámite legislativo
dado a la ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al
Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad
del Rosario.
Cumplidos los trámites
indicados para este tipo de actuaciones, procede la Corte a pronunciar su
decisión.
II. TEXTO DEL CONVENIO QUE SE
REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
Se transcribe el texto completo
de la Ley aprobatoria del Acuerdo:
LEY 1165 DE 2007
(octubre 9)
Diario Oficial No. 46.776 de 9
de octubre de 2007
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado
de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá,
D. C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004).
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Acuerdo de
Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos
derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D. C., el
veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004), que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se
adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
ACUERDO DE COOPERACION PARA LA
PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE CUALQUIER
ACTIVIDAD ILICITA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DEL PERU.
El Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú, en adelante denominados las
Partes,
CONSCIENTES de que el lavado de
activos es una conducta delictiva que por sus características ha adquirido un
alcance internacional que requiere la cooperación de los Estados para hacerle
frente de manera eficaz;
QUE la naturaleza transnacional
de esta actividad exige la adopción de acciones conjuntas de los Estados con el
fin de erradicarla;
RECONOCIENDO que una forma
efectiva para combatir la criminalidad organizada, consiste en privarla de los
rendimientos económicos obtenidos por sus actividades delictivas;
CONVENCIDOS de la necesidad de
fortalecer la cooperación mutua para combatir el lavado de activos derivado de
cualquier conducta ilícita;
TENIENDO en cuenta, entre otros
instrumentos de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, las
recomendaciones contenidas en la “Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, suscrita el 20
de diciembre de 1988.
EN OBSERVANCIA de las normas y
principios del derecho internacional, y de las normas constitucionales de cada
una de las Partes,
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO I. - DEFINICIONES.
A los fines del presente
Acuerdo, se entiende por:
1. “Información sobre
transacciones”: La información o los registros que lleva una institución
financiera, así como los informes que esta elabore sobre transacciones de
fondos en efectivo que excedan la cantidad establecida por la autoridad
competente de cada Parte.
2. “Información financiera”: La información que esté en
poder de las Partes sobre transacciones financieras, comerciales, bursátiles y
demás transacciones, personas naturales y jurídicas, y grupos de personas y
empresas, que pudieran considerarse relacionadas con el lavado de activos,
conforme a la legislación vigente de las Partes.
3. “Institución Financiera”: En la República del Perú
comprende las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, los
almacenes generales de depósito, las empresas de transferencias de fondos, las
empresas administradoras privadas de fondos de pensiones, las sociedades
agentes de bolsa, las sociedades intermediarias de valores, la Bolsa de
Valores, la Bolsa de Productos, entre otras personas naturales y jurídicas señaladas,
y cualquier otra entidad que por la naturaleza de sus operaciones actúe como
tal, según la legislación vigente.
En la República de Colombia
comprende a los establecimientos de Crédito -bancos, corporaciones financieras,
compañías de financiamiento comercial, sociedades de servicios financieros,
sociedades de capitalización, organismos cooperativos de grado superior de
carácter financiero y cualquier otra entidad que por la naturaleza de sus
operaciones actúe como tal, según la legislación vigente.
Para los fines de este Acuerdo,
a los actores del mercado público de valores tales como las bolsas,
comisionistas de bolsa, comisionistas
independientes de valores,
administradores de fondos de inversión, administradoras de depósitos
centralizados de valores, calificadoras de valores; así como a las casas de
intermediación en la venta de divisas o casas de cambio, a las cooperativas de
ahorro y crédito, casinos, casas de juego y azar, personas que se dedican a
actividades de comercio exterior, entidades aseguradoras e intermediarios de
seguros y reaseguros, se les aplicará las medidas del presente Acuerdo, así
como las demás que las Partes determinen de común acuerdo mediante canje de
notas diplomáticas.
4. “Actividad Ilícita”: Toda actividad definida de
manera inequívoca por la ley de las Partes como generadora de una sanción penal
o administrativa o sujeta a una consecuencia accesoria del delito y, para el
caso colombiano, también de una consecuencia jurídica que conlleve la extinción
de dominio.
5. “Bienes”: Todo activo de cualquier tipo,
corporal o incorporal, mueble o inmueble, tangible o intangible, y los
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos
sobre dichos activos.
6. “Producto del delito”: Todo bien derivado u obtenido
directa o indirectamente de la comisión de un delito o el equivalente de tales
bienes.
7. “Decomiso”: La privación con carácter
definitivo de algún bien por decisión firme de un tribunal o de otra autoridad
competente. Para el caso peruano, se entiende que dicho bien es efecto,
ganancia o instrumento de un delito.
8. “Medidas provisionales” o
“Embargo, secuestro preventivo o incautación de bienes”: Prohibición temporal de
transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes o la custodia o control
temporales de bienes, por mandamiento expedido por una autoridad competente.
ARTÍCULO II.- ALCANCE DEL
ACUERDO.
Las Partes se comprometen a
establecer un mecanismo de cooperación y asistencia mutua para los siguientes
fines:
1. Prevenir, controlar y
reprimir el lavado de activos a través de las actividades realizadas por las
instituciones financieras, definidas en el artículo I numeral 30 del presente Acuerdo.
2. Prevenir, controlar y
reprimir el lavado de activos realizado a través de la inversión,
comercialización internacional de bienes, servicios o transferencia de
tecnología.
3. Prevenir, controlar y
reprimir el lavado de activos a través de la movilización física de capitales,
desde o hacia el territorio de una de las Partes.
4. Las Partes se prestarán la
más amplia cooperación técnica, tal como intercambio de experiencias,
capacitación sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir,
detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos.
ARTÍCULO III.- MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA EL SECTOR FINANCIERO, BURSATIL Y OTROS OBLIGADOS.
1. Las Partes asegurarán que
las instituciones financieras sujetas a sus leyes nacionales, conserven y
reporten la información pertinente a cada transacción sometida a control y en
especial cualquier transacción sospechosa realizada por alguno de sus clientes.
2. Las Partes alentarán a que
las instituciones financieras, de acuerdo con su ordenamiento interno, establezcan
mecanismos de conocimiento del cliente y de su actividad económica, así como el
volumen, frecuencia y características de sus transacciones financieras.
3. Las Partes podrán considerar
el establecimiento de redes de información financiera, cuyo objetivo será
colaborar con las autoridades encargadas de la investigación de las operaciones
de lavado de activos.
4. Las Partes se prestarán la
más amplia cooperación técnica, tal como intercambio de experiencias,
capacitación sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir,
detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos.
ARTÍCULO IV.- MEDIDAS PARA LA
PREVENCION Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE BIENES, SERVICIOS Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
1. Las Partes adoptarán las
medidas pertinentes para que las personas naturales y jurídicas cooperen con
las autoridades, tanto nacionales como extranjeras, para la prevención del
lavado a través de la inversión, comercialización internacional de bienes,
servicios y transferencia de tecnología, desde o hacia el territorio de una de
las Partes.
2. Las Partes ejercerán
especial control sobre las actividades de los productores y comercializadores
de aquellos bienes, servicios y transferencia de tecnología, que puedan ser
utilizados para lavar bienes o activos de origen ilícito, desde o hacia el
territorio de una de las Partes.
3. Las Partes establecerán los
controles necesarios para asegurar que las personas o empresas exportadoras o
importadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología desde o hacia
el territorio de una de ellas, adopten mecanismos adecuados para conocer a sus
clientes, así como para impedir que estos realicen los pagos con dineros de
origen ilícito.
4. Las Partes adoptarán las
medidas pertinentes para que las empresas y personas importadoras o
exportadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología desde o hacia
el territorio de una de las Partes, reporten de forma inmediata a las
autoridades competentes de las Partes, cualquier información que pueda conducir
a sospechar que se están usando estas actividades para el lavado de activos.
5. Las Partes se prestarán la
más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos
para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado
de activos realizados mediante la comercialización internacional de bienes,
servicios y transferencia de tecnología.
ARTÍCULO V.- MEDIDAS DE
PREVENCION Y CONTROL PARA LA MOVILIZACION FISICA DE CAPITALES.
1. Las Partes adoptarán las
medidas necesarias para realizar controles a la movilización de moneda en
efectivo, cheques de viajeros, órdenes de pago y demás medios que puedan ser
utilizados para transferir recursos del territorio de una Parte al territorio
de la otra.
2. Los controles a que se
refiere el presente artículo podrán consistir en constancias documentales que
reflejen el movimiento de las especies descritas en el numeral 1 del presente
artículo, cuando su valor exceda a los montos establecidos por la autoridad
competente de cada una de las Partes, incluyendo la fecha, el monto, el puerto
o punto de entrada y el nombre y la identificación de la persona o personas que
efectúen la respectiva operación.
3. Las Partes se prestarán la
más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos
para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos del lavado
de activos provenientes del movimiento físico de capitales.
ARTÍCULO VI.- AUTORIDADES
CENTRALES.
1. Cada una de las Partes
designará, dentro de los noventa (90) días siguientes a la firma del presente
Acuerdo, sus Autoridades Centrales encargadas de presentar y recibir las
solicitudes de asistencia materia de este Acuerdo.
2. Las Autoridades Centrales se
comunicarán directamente entre ellas y remitirán las solicitudes a sus
autoridades competentes.
3. Una vez designadas las
Autoridades Centrales, las Partes, podrán comunicarse por la vía diplomática la
modificación de dicha designación.
ARTÍCULO VII.- INTERCAMBIO DE
INFORMACION.
1. De conformidad con los
términos del presente Acuerdo, las Partes a través de las Autoridades Centrales
se facilitarán asistencia para el intercambio ágil y seguro, de información
financiera, cambiaria, comercial y de otros sectores de la economía, a fin de
detectar y realizar el seguimiento de presuntas operaciones de lavado.
2. Para tal efecto, se
establecerá comunicación directa entre las Autoridades Centrales de cada Estado
Parte, a fin de obtener y suministrar dicha información de conformidad con su
legislación interna.
3. Las Partes cooperarán para
obtener, ampliar y analizar información financiera que esté en su poder
referente a las transacciones financieras sospechosas de estar relacionadas con
el lavado de activos.
ARTÍCULO VIII.- COOPERACION Y
ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA.
1. De conformidad con los
términos del presente Acuerdo, las Partes se prestarán asistencia mutua en el
intercambio de pruebas o elementos materiales probatorios y la realización de
actuaciones judiciales que puedan utilizarse en las respectivas
investigaciones, indagaciones preliminares, procesos o enjuiciamientos por el
delito de lavado de activos. Dicha asistencia comprenderá entre otras:
a) Localización e
identificación de personas y bienes o sus equivalentes, y elementos que puedan
servir de prueba;
b) Notificación de actos
judiciales;
c) Remisión de documentos e
informaciones;
d) Ejecución de registros
domiciliarios e inspecciones judiciales;
e) Recepción de testimonios y
ejecución de peritajes;
f) Citación y traslado
voluntario de personas en calidad de testigos o peritos;
g) Embargo, incautación,
decomiso de bienes o extinción de dominio y otras medidas cautelares o
definitivas sobre bienes;
h) Cualquier otra forma de
asistencia, siempre que la legislación de la Parte Requerida lo permita.
2. La solicitud de asistencia
judicial deberá formularse por escrito y deberá contener:
a) Nombre de la autoridad
competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento judicial;
b) Propósito de la solicitud y
descripción de la asistencia solicitada;
c) Un breve resumen del asunto
que se investiga o enjuicia, adjuntándose el texto de las disposiciones legales
pertinentes;
d) Detalle y fundamento de
cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desee que se
practique;
e) Término dentro del cual la
Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
f) Si fuere del caso, la
identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que deberá ser
citada o notificada, si se conoce, y la relación que dicha persona guarda con
la investigación o proceso;
g) Si fuere del caso, la
identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que sea citada
para la ejecución de pruebas, si se conoce;
h) La información disponible
relativa a las transacciones que constituyen el objeto de la solicitud de
asistencia, entre ellas, si se conoce, el número de la cuenta, monto,
movimiento y balance promedio de la misma, el nombre del titular, el nombre y
la ubicación de la institución financiera participante en la transacción y la
fecha en la cual esta tuvo lugar.
3. La comparecencia de personas
en calidad de testigos o peritos se regirá por lo dispuesto en el artículo 10
del Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito entre las
Partes, en Lima, el 12 de julio de 1994.
4. En caso de urgencia y si la
legislación de la Parte Requerida lo permite, la solicitud de asistencia podrá
hacerse vía facsímil, télex u otro medio equivalente, debiendo remitirse el
original dentro del plazo de quince (15) días.
5. La asistencia se prestará
aún cuando el hecho por el cual se procede en la Parte Requirente no sea
considerado como delito de Lavado de Activos por la ley de la Parte Requerida.
No obstante, para la ejecución
de las inspecciones judiciales, requisas, registros y medidas cautelares o
definitivas sobre bienes, la asistencia se prestará solamente si la legislación
de la Parte Requerida prevé como delito de Lavado de Activos el hecho por el
cual se procede en la Parte Requirente.
6. La Autoridad Central de la
Parte Requerida, podrá aplazar el cumplimiento o condicionar una solicitud de
asistencia judicial si considera que obstaculiza alguna investigación o
procedimiento judicial en curso en dicho Estado.
7. La Parte Requerida podrá
negar la solicitud de asistencia judicial cuando sea contraria a su
ordenamiento jurídico, obstaculice una actuación o proceso penal en curso o
cuando afecte el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los
intereses públicos fundamentales de este. Dicha negativa deberá informarse al
Estado Requirente mediante escrito motivado.
8. La Parte Requirente no podrá
utilizar para ningún fin distinto al declarado en la solicitud de asistencia,
pruebas o información obtenidas como resultado de la misma, salvo que medie
consentimiento o autorización de la Parte Requerida.
9. Los gastos que ocasione la
ejecución de una solicitud de asistencia serán sufragados por la Parte
Requerida, salvo que las Partes acuerden otra cosa. Cuando se requieran a este
fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, estos serán asumidos por la
Parte Requirente.
10. Sin menoscabo del derecho
interno, las Autoridades Centrales podrán, sin que medie solicitud previa,
transmitir cualquier tipo de información o asistencia objeto de este Acuerdo, a
la Autoridad Central de la otra Parte.
11. Este artículo se aplicará
de manera coordinada con otros Acuerdos que puedan tener las Partes sobre la
materia.
ARTÍCULO IX.- RESERVA.
1. Las Partes no podrán invocar
el secreto bancario, tributario y bursátil para negarse a prestar la asistencia
judicial recíproca con arreglo al presente Acuerdo.
2. Las Partes se comprometen a
no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario, la reserva
tributaria o bursátil, obtenidas en virtud de este Acuerdo, para ningún fin
distinto al contenido en la solicitud de asistencia.
ARTÍCULO X.- MEDIDAS
PROVISIONALES SOBRE BIENES.
1. La autoridad competente de
una Parte, por conducto de las Autoridades Centrales, podrá solicitar la
identificación y/o la adopción de medidas provisionales sobre bienes
instrumento o producto de un delito, que se encuentren ubicados en el
territorio de la otra Parte.
Cuando se trate de la
identificación del producto del delito, la Parte Requerida informará acerca del
resultado de la búsqueda.
2. Una vez identificado el
producto del delito, o cuando se trate del instrumento del delito, a solicitud
de la Parte Requirente, la Parte Requerida, en la medida en que su legislación
interna lo permita, adoptará las medidas provisionales correspondientes sobre tales
bienes.
3. Un requerimiento efectuado
en virtud del numeral anterior deberá incluir:
a) Una copia de la medida
provisional;
b) Un resumen de los hechos del
caso, incluyendo una descripción del delito o actividad ilícita, dónde y cuándo
se cometió, y una referencia a las disposiciones legales pertinentes.
c) Descripción de los bienes
respecto de los cuales se pretende efectuar la medida provisional y su valor
comercial y la relación de estos con la persona contra la que se inició.
d) Una estimación de la suma a
la que se pretende aplicar la medida provisional y de los fundamentos del
cálculo de la misma.
ARTÍCULO XI.- MEDIDAS
DEFINITIVAS SOBRE BIENES.
Las Partes, de conformidad con
su legislación interna, podrán prestarse cooperación en el cumplimiento de
medidas definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de una actividad
ilícita en cualquiera de las Partes.
Las Partes en la medida que su
ordenamiento jurídico lo permita, y en los términos que lo consideren
adecuados, podrán compartir bienes decomisados o sujetos a extinción de
dominio, o el producto de su venta.
ARTÍCULO XII.- PROTECCION DE
DERECHOS DE TERCEROS.
Lo dispuesto en el presente
Acuerdo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de
buena fe de conformidad con la normatividad de cada Parte.
ARTÍCULO XIII.- LEGALIZACION DE
DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS.
Los documentos provenientes de
una de las Partes, que deban ser presentados en el territorio de la otra Parte,
que se tramiten por intermedio de las Autoridades Centrales, no requerirán de
legalización o cualquier otra formalidad análoga.
ARTÍCULO XIV.- RELACION CON
OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS.
El presente Acuerdo no afectará
los derechos y compromisos derivados de Acuerdos y Convenios internacionales
bilaterales o multilaterales vigentes entre las Partes.
ARTÍCULO XV.- SOLUCION DE
CONTROVERSIAS, DENUNCIA Y ENTRADA EN VIGOR.
1. Cualquier duda que surja de
una solicitud será resuelta por consulta entre las Autoridades Centrales.
Cualquier controversia que
pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será
resuelta por las Partes por vía diplomática y por los medios de solución de
controversias establecidos en el derecho Internacional.
2. Este Acuerdo podrá ser
denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación a la otra por vía
diplomática. Su vigencia cesará a los seis (6) meses de la fecha de recepción
de tal notificación. Las solicitudes de asistencia realizadas dentro de este
término, serán atendidas por la Parte Requerida.
3. El presente Acuerdo entrará
en vigor a los treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción de
la última nota diplomática en la que las Partes se comuniquen el cumplimiento
de los procedimientos exigidos por sus respectivos ordenamientos
constitucionales.
EN FE DE LO CUAL, los abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos suscriben el presente
Acuerdo.
HECHO en Bogotá, D. C.,
República de Colombia a los veinte (20) días del mes de febrero de 2004, en dos
ejemplares en idioma español, ambos textos igualmente válidos y auténticos.
Por el Gobierno de la República
de Colombia,
CAROLINA BARCO,
Ministra de Relaciones
Exteriores.
Por el Gobierno de la República
del Perú,
MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS,
Ministro de Relaciones Exteriores.
III.- INTERVENCIONES
1.      Intervención
del Ministerio del Interior y de Justicia
El Ministerio del Interior y de Justicia intervino en
el proceso de Constitucionalidad de la ley aprobatoria que se revisa, mediante
apoderado judicial.
Tras el análisis del trámite, el apoderado del Ministerio
desarrolló de manera somera el contenido del Tratado Internacional, para lo
cual señaló que el mismo está constituido por un Preámbulo y 15 artículos. Agregó
que la lucha contra el lavado de activos se constituye en uno de los pilares de
la lucha contra la delincuencia organizada. En efecto, ésta exige la creación
de conductos ágiles que permitan a las autoridades de cada país actuar de forma
certera y eficaz.
Además, el Acuerdo Internacional evita que las
organizaciones delictivas se amparen en la exigibilidad del principio de doble
incriminación, para evitar de esa manera el requerimiento de autoridades
judiciales extranjeras. Lo anterior, porque el Acuerdo, a diferencia de otros
de su mismo tipo, no se edifica en un listado taxativo de conductas, sino que
lo hace sobre la base de un amplio espectro de conductas subyacentes al lavado
de activos.
En consecuencia, solicita la declaración de
constitucionalidad de la Ley 1165 de 2007 y del Acuerdo que aprueba, toda vez
que éste redunda en la protección del orden económico y social del país, lo
cual se revierte en protección de los derechos y garantías fundamentales de los
ciudadanos.
2.      Intervención de la Universidad del Rosario
La Universidad del Rosario, a través de dos de sus
profesores, intervino en el proceso de la referencia y solicitan la
declaratoria de exequibilidad del Acuerdo de Cooperación para la Prevención,
Control y Represión del Lavado de Activos Derivado de Cualquier Actividad
Ilícita entre los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Perú.
Los catedráticos inician su intervención señalando lo
que ha entendido la doctrina y la legislación colombiano como “lavado de
activos”. Agregan que el artículo 17 de la Ley 1121 de 2006 define este delito
como el “adquirir, resguardar, transportar, transformar, custodiar  o
administrar “bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas,
extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de
armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados
con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra
la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados
bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas
actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la
verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre
tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen
ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós
(22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales vigentes.”
Por otro lado, reconocen el compromiso del Estado
Colombiano en la lucha contra el lavado de activos, responsabilidad que
adquirió al hacerse parte de la Convención de las Naciones Unidas de Viena de
1988, en la cual se comprometió a desarrollar un marco jurídico interno que
hiciera efectivo el compromiso adquirido. Esta pretensión se empieza a
materializar con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando se establece,
por primera vez, la obligación de las instituciones financieras de implementar
acciones para evitar la canalización de recursos de origen ilícito, y por
tanto, el Acuerdo de Cooperación entre las Repúblicas de Colombia y Perú es un
ejemplo de esa obligación.
Para los intervinientes, este acuerdo de cooperación
permitirá a las instancias judiciales colombianas solicitar a las autoridades
peruanas y viceversa, “la práctica de pruebas, así como la ejecución de
medidas preventivas y definitivas sobre bienes de propiedad del sindicado o
condenado según el caso, posibilitando así el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados con la conducta punible y evitando que los derechos de las víctimas
se vean afectados”
En el cuerpo de la intervención se presentan una
enumeración de la normatividad y los Tratados que sustentan la lucha
internacional contra el lavado de activos y resaltan que Colombia es parte del
Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.
Agregan que Colombia ha suscrito otros acuerdos
bilaterales de cooperación para la prevención del lavado de activos, que tienen
una estructura similar con el Acuerdo ahora estudiado, específicamente con la
República del Paraguay, Acuerdo aprobado mediante la Ley 517 de 1999 y
analizado en la Sentencia C-326 de 2000, y con la República Dominicana,
aprobado por la Ley 674 de 2001, y estudiado en la Sentencia C-288 de 2002.
Consideran entonces que la similitud entre las normas
permite que su estudio se realice de manera comparativa, por lo que es
pertinente la aplicación de los precedentes jurisprudenciales fijados por la
Corte Constitucional en las Sentencias C-326 de 2000 y C-288 de 2002, teniendo
en cuenta que no puede hablarse de cosa juzgada, pues cada ley establece
relaciones jurídicas con diversos Estados.
Con base en lo anterior, los representantes de la Universidad
del Rosario destacaron cada uno de los artículos y numerales que crean puntos
de divergencia con los otros dos Acuerdos y puntualizaron que las disposiciones
resaltadas no contrarían en nada la Constitución Política, y por el contrario
se hace necesaria la reiteración del precedente, puesto que no ha existido
cambio constitucional o a nivel de tratados que lo impida.
En adición a los argumentos antes expuestos, resaltan  que
el Acuerdo desarrolla los propósitos y principios de la Constitución Política,
en materia de relaciones internacionales, así mismo busca garantizar el orden
público y la unión fraterna con los pueblos latinoamericanos y del Caribe, tal
como lo señala el inciso segundo del artículo 9 Superior.
IV.- CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
En la oportunidad procesal
prevista, el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón,
presentó el concepto de rigor para solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad
de las normas objeto de estudio.
Como consideración preliminar, estima
que el instrumento internacional se inscribe dentro del conjunto de acciones
que el Gobierno ha adoptado para combatir el lavado de activos. En este sentido,
Colombia ha suscrito otros Convenios con similar contenido normativo con la
República del Paraguay, aprobado por la Ley 517 de 1999, estudiado por la Corte
en Sentencia C-326 de 2000, y con el Gobierno de  República Dominicana,
aprobado mediante Ley 674 de 2001 y analizado en la providencia C-288 de 2002.
De la misma manera, la Ley 624
de 2000, aprobó el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de
España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control de
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. Señala,
además, que organismos especializados en el tema del blanqueo de capitales,
como el Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI, han establecido los
lineamientos generales encaminados a fortalecer los sistemas jurídicos contra
este flagelo.
Establecido lo anterior, el
Procurador observa que el trámite a que se sometió la Ley 1165 de 2007 se
ajustó a los cánones constitucionales. Sobre el particular, señala que el
Proyecto de Ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Interior y de Justicia y por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el 3 de agosto de 2006. La exposición de motivos
aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 283 del 11 de agosto de 2006 de
2005.
Posteriormente, la ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado en sentido favorable, fue
presentada por la senadora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda y aparece
publicada en la Gaceta del Congreso No. 418 del 29 de septiembre de 2006. Así
mismo, el Proyecto de Ley fue discutido y aprobado en la sesión del 7 de
noviembre de 2006, tal y como consta en la Gaceta No. 268 del 13 de junio de
2007.
En relación con el trámite en
Plenaria, la ponencia favorable aparece publicada en la Gaceta No. 583 del 30
de noviembre de 2006 y el Proyecto de Ley fue aprobado y discutido el 11 de
diciembre de 2006.
En cuanto al cumplimiento a la
exigencia constitucional prevista en el Acto Legislativo 01 de 2003, el
Ministerio Público señala que éste fue observado tanto en Comisión como en
Plenaria, por cuanto se respetó la cadena de anuncios.
En cuanto al proceso de
discusión en la Cámara de Representantes, el Procurador consideró que cumple
con todas las exigencias legales y constitucionales. En efecto, la ponencia del
debate aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 188 de 2007. Así mismo,
el Proyecto de Ley fue debatido y aprobado en la sesión del 19 de junio de 2007
y fue anunciado con anterioridad de conformidad con el artículo 160 de la
Carta. Por otro lado, en Plenaria de Cámara de Representantes, la ponencia para
segundo debate fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 396 del 17 de agosto
de 2007. El proyecto fue discutido y aprobado, con previo anuncio, el 4 de
septiembre de 2007.
En lo que tiene que ver con el
fondo de las normas estudiadas, la Vista Fiscal considera que el Acuerdo objeto
en estudio, no obstante sus particularidades, contiene, en esencia, el mismo
contenido normativo que el suscrito con las República de Paraguay y República
Dominicana, razón por la cual la Corte debe reiterar su posición, establecida
en las Sentencias C-326 de 2000 y C-288 de 2002.
El Procurador General señala las
especificidades del Acuerdo, resaltando que los mismos no desconocen la Carta
Política en ninguno de sus principios o normas, y por el contrario, desarrollan
los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución, en lo relacionado con la
internacionalización y la integración latinoamericana.
Dentro de algunos de los puntos
de diferencia resalta los siguientes. En el numeral 2 del artículo I se
adiciona una definición, la de “Información Financiera”, que alude al
reporte que esté en poder de las partes sobre “transacciones financieras,
comerciales, bursátiles y demás transacciones, personas naturales y jurídicas,
y grupos de personas y empresas que pudieran considerarse relacionadas con el
lavado de activos”. Para el Procurador, tal definición se requiere para
determinar qué información puede ser intercambiada y no desconoce ninguna
disposición constitucional, por cuanto condiciona a la legislación interna la
forma de adquirir dicha información y por tanto, ésta habrá de tener en cuenta
el derecho fundamental del habeas data, de  acuerdo con los parámetros de la
jurisprudencia.
Por otro lado, el Convenio
amplía el campo de acción no sólo a actividades de tipo financiero, sino otras
actividades que pueden ser utilizadas para lograr el lavado de capitales. Así
mismo, agrega que las medidas para evitar el lavado no sólo son penales, sino
administrativas.
En relación con el numeral 7
del artículo I del Acuerdo considera que a pesar de que la medida de “Decomiso”,
tiene una redacción distinta con los otros dos Acuerdos, puede predicarse una
semejanza en sus contenidos normativos.
Por otro lado, algunas
disposiciones del Instrumento remiten al “Convenio sobre Asistencia Judicial
en materia Penal”, suscrito entre Colombia y Perú en Lima el 12 de julio de
1994. Para el Procurador, esto resulta acorde con la Constitución, si se
tiene en cuenta que este último fue aprobado mediante la Ley 479 de 1998 y
declarado exequible mediante providencia C-406 de 1999.
De todo lo anterior, la Vista
Fiscal concluye que el Acuerdo desarrolla y respeta los preceptos consagrados
en la Carta Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del
Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacionales.
V. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
1. Competencia
De acuerdo a lo establecido en
el numeral 10 artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para
ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 1165 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de
Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”, es aprobatoria de un Tratado
Público por lo que tanto desde el punto de vista material como formal, esta
Corporación es competente para adelantar su estudio.
De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación
ha establecido, en múltiples oportunidades, que el control de
constitucionalidad de los Tratados Públicos y de sus leyes aprobatorias, goza
de las siguientes características[1]: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero
posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii)
automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la
sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe
analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el
tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de
cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.”[2] En este sentido, en
Sentencia C-468 de 1997[3] esta Corporación señaló:
“Ahora bien, como lo ha señalado en
repetidas ocasiones esta Corporación[4], este
control constitucional de los tratados internacionales se caracteriza porque es
previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; es automático,
por cuanto no está supeditado a la presentación en debida forma de una acción
ciudadana sino que la ley debe ser enviada directamente por el Presidente de la
República dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; es integral,
en la medida en que la Corte debe analizar el aspecto formal y material de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; tiene
fuerza de cosa juzgada, pues la Corte debe "decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueban" (C.P. art. 241-10), lo que excluye la revisión
posterior por vía de acción pública de inconstitucionalidad; y, finalmente, es
una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo,
esto es, para que el respectivo convenio pueda surgir como acto jurídico en el
ámbito internacional.
(…)
Así, estas leyes son normas jurídicas
generales, objetivas y obligatorias que, además de encontrarse sometidas a un
requisito particular, cual es el examen previo de constitucionalidad por parte
de esta Corporación, tiene un sentido normativo particular. En efecto,
estas leyes pretenden exclusivamente permitir que el país se relacione
jurídicamente con otros Estados, toda vez que la aprobación por medio de una
ley de un tratado es una etapa indispensable para el perfeccionamiento del acto
jurídico que obliga al Estado internacionalmente.  Por consiguiente, a
través de este tipo de leyes se perfeccionan situaciones jurídicas con una
consecuencia jurídica clara: la posibilidad de que el Ejecutivo ratifique el
tratado y se generen para el país derechos y obligaciones en el campo
supranacional. Así mismo, las leyes aprobatorias de tratados son normas
especiales que regulan materias específicas, pues sus objetivos están señalados
expresamente en la Constitución, toda vez que se dirigen a promover o
consolidar la integración económica, social y política con otros Estados (C.P.
art. 150-16 y 227), o a modificar los límites de la República y reconocer
derechos de nacionalidad a los miembros de pueblos indígenas que comparten
territorios fronterizos (C.P. art. 96-c y 101), o aprueban el reconocimiento de
derechos humanos y prohiben su limitación en estados de excepción (C.P. art. 44
y 93), o regulan relaciones de trabajo en el derecho interno (C.P. art. 53).
Como puede entonces concluirse, las
características del control de constitucionalidad de los Tratados y de las
leyes que los aprueban, excluye la revisión posterior por vía de acción pública
de inconstitucionalidad, y la sentencia que procede a su estudio previo,
automático e integral tiene la naturaleza de cosa juzgada absoluta. En
consecuencia, no puede revivirse, posteriormente, el debate constitucional, so
pretexto de presentarse nuevos argumentos, si se tiene en consideración que la
decisión de la Corporación referida a la exequibilidad o inexequibilidad de la
ley y del tratado, abarca tanto el aspecto formal y material de los mismos,
confrontándolos con todo el texto constitucional.
2. Suscripción del Convenio
El “Acuerdo de Cooperación para la
Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier
actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Perú” fue suscrito por la señora Ministra de Relaciones
Exteriores, doctora Carolina Barco, en representación del Estado colombiano,
quien conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2º, del artículo
7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha el 23 de
mayo de 1969 y aprobada por la Ley 32 de 1985, en virtud de sus funciones, no
requería de la presentación de plenos poderes para ejecutar los actos relativos
a dicha celebración.
Por otro lado, mediante aprobación
ejecutiva impartida el 10 de agosto de 2005, el entonces Presidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez, autorizó y ordenó someter a aprobación del
Congreso el Acuerdo de la referencia. Dicha autorización, cuya referencia
consta a folio 2 del cuaderno N°1 de pruebas, ha sido considerada por la Corte
como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción de
un tratado internacional.
De conformidad con lo dicho en la
Sentencia C-251 de 1997, la aprobación presidencial subsana cualquier posible
vicio de procedimiento en el trámite de suscripción de un tratado internacional,
en tanto que la autoridad del jefe de Estado, como encargado de la dirección de
las relaciones internacionales del Estado, es la única válidamente reconocida
para comprometer la voluntad del mismo en el escenario internacional. Al
respecto, la Sentencia citada dijo:
"El Presidente dio su
aprobación ejecutiva al presente tratado y decidió someterlo a la aprobación
del Congreso. Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los
tratados codificado en la  Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º,
subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio
es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que
corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las
relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho
internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord 2º)". (Sentencia C-251
de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero)
3. El trámite de aprobación del
Convenio
3.1. De acuerdo con el inciso
final del artículo 154 de la Carta, “Los proyectos de ley relativos a los
tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se
refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.
El Proyecto de Ley que culminó
con la expedición de la Ley 1165 de 2007 comenzó sus debates en el Senado de la
República, donde fue radicado por la señora Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco y el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la
Vega. Se le asignó el número 52 de 2006, Senado. Por este aspecto, el
procedimiento cumplió con el requisito previsto en el artículo constitucional
citado.
3.2. En relación con el trámite
restante, el proyecto de la referencia también cumple con las exigencias
procedimentales constitucionales y legales previstas para la aprobación de
leyes ordinarias, pues la Constitución no establece un procedimiento especial
para la aprobación de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados. Sobre el
particular la Corte ha sostenido:
“Cabe, señalar en relación a
este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes
aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias,
pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto
a  la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo
establece el inciso final del artículo 154 de la Carta”. (Sentencia C-334 de 2002
M.P. Álvaro Tafur Galvis )
Procede entonces la Corte a
verificar el cumplimiento de los demás requisitos de forma.
a) Trámite ante el Senado de la República
a.1. El 3 de agosto de 2005 la señora
Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco y el Ministro del Interior y
de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, presentaron ante el Senado de la
República, en representación del Gobierno Nacional, el Proyecto de Ley
aprobatoria del “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y
Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”(Gaceta
283 del 11 de agosto de 2007)
a.2. La exposición de motivos
del Gobierno, junto con el texto de las disposiciones puestas a consideración
del Congreso, fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 283 del 11 de agosto
de 2007 (folios Pág. 60-14 Cuad. 2).
a.3. El Proyecto de Ley fue repartido a la senadora Nancy
Patricia Gutiérrez Castañeda, quien presentó ponencia favorable para primer
debate ante la Comisión Segunda del Senado. La ponencia fue publicada en la
Gaceta N° 418 del 29 de septiembre de 2006 (folios 55 a 57 Cuad. 2).
a.4. De conformidad con el artículo 8º del Acto Legislativo
01 de 2003, “Ningún Proyecto de Ley será sometido a votación en sesión
diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”.
Tal como consta en el Acta N° 19 del 1 de noviembre de 2006
(Contenida en la Gaceta 267 de 13 de junio de 2007)  la Comisión Segunda realizó
el anunció correspondiente de los proyectos que, anunciados, serían votados en
la próxima sesión. Y al final del Acta se señala que la próxima sesión se
llevará a cabo el día siguiente.
El siguiente es el texto del anuncio, transcrito de la copia
del Acta N° 19 del 1 de noviembre de 2006:
El señor Secretario, doctor Felipe Ortiz
Marulanda:
Informa a la Presidencia que se anuncian para la
próxima sesión, la discusión y votación de los siguientes proyectos de ley:
-      Proyecto de ley número 52 de 2007 Senado.
(…)
La señora Presidente agradece a todos los
asistentes, nuestros amigos de los gremios, Se tendrá sesión el día de mañana
jueves a las 9:00 a.m”
Sin embargo, revisada el Acta
20 del jueves 2 de noviembre de 2006, se constata que la sesión no contó con el
quórum deliberatorio, razón por la cual, fueron nuevamente anunciados los
proyectos que serían votados en la siguiente sesión. El anuncio fue hecho de la
siguiente manera.
“Toma la palabra la señora
Presidenta, Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón:
(…)
Por favor proceda a anunciar
los proyectos para el día martes, que son otros adicionales para el día de hoy
(…)
El señor Secretario procede con
el anuncio de los proyectos:
Se anuncian para la próxima
sesión los siguientes proyectos:
a) Proyecto de ley número 52 de
2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y
Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”
hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.
a.5. Efectivamente,
el Proyecto fue discutido y aprobado en la siguiente sesión, esto es, el martes
7 de noviembre de 2006 por parte de la Comisión Segunda del Senado, tal como
consta en el Acta N° 21 de 2006, contenida en la Gaceta No. 268 del 13 de junio
de 2007. (Folio 2 del Cuaderno 2 de Pruebas). Según certificación del
Secretario de la Comisión Segunda, el Proyecto fue aprobado “por los
Senadores conforme al inciso 1 del artículo 129 del Reglamento del Congreso”.
a.6. La ponencia para segundo
debate al Proyecto de Ley de la referencia fue publicada en la Gaceta N°. 583
del 30 de noviembre de 2006, siendo ponente la senadora Nancy Patricia
Gutiérrez Castañeda.
a.7. En cumplimiento del
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 y tal como consta en el Acta N° 35
de la sesión ordinaria del día 6 de diciembre de 2006 (Gaceta del Congreso N°
57 del 1 de marzo de 2007, Pág. 45y 46), se dijo:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán la próxima
semana:
Proyecto de Ley número 52 de
2006 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo  de Cooperación para la Prevención, Control y Represión
del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”
hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.
Así mismo, al final de la
sesión, se dijo: “la Presidencia levante la sesión y convoca para el día 11 de
diciembre de 2006, a las 10 a.m”. Posteriormente, el proyecto fue aprobado y
discutido en esta sesión.
a.8. Según consta en el Acta N°
36 del 11 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso N° 58 del 1
de marzo de 2007 (Pág 80 cuaderno de pruebas #3), la plenaria del Senado contó
con un quórum de 97 Senadores, y el Proyecto fue “aprobado por la mayoría
exigida constitucionalmente” según lo ratifica la certificación expedida por
el Secretario General del Senado de la República (certificación del Secretario
General del Senado, folio 1, cuaderno de pruebas #3).
b) Trámite ante la Cámara de Representantes
b.1. El Proyecto de Ley de la
referencia fue radicado con el número 229 de 2007 en la Cámara de
Representantes. La ponencia para primer debate se encuentra publicada en la
Gaceta del Congreso N°. 188 del 17 de mayo de 2007 y el ponente designado fue
el Representante a la Cámara Augusto Posada Sánchez.
b.2. De conformidad con el texto del Acta N°. 37 del 14 de
junio de 2007, la Secretaria de la Comisión señaló “Anuncio de Proyectos de
Ley para discusión y votación en la próxima Sesión de Comisión para dar
cumplimiento al Artículo 8 del Acto Legislativo No. 01/2003”, dentro de los
que relacionó el proyecto de la ley de esta referencia. Así mismo, al final de la
Sesión se señaló: “Se levanta la Sesión y se convoca para el próximo martes.
Muchas gracias a todos.
b.3. Efectivamente, la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el Proyecto de Ley señalado
en sesión del martes 19 de junio de 2007. La aprobación contó con el voto
favorable de los 13 representantes asistentes, según certificación del
Secretario General de la Comisión, expedida el 28 de febrero de 2008. La
votación consta en el Acta N° 38 de 2007 (Folio 9-15 Cuad. De pruebas #4).
b.4. La ponencia para segundo
debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta N° 396
del 17 de agosto de 2007 (pág. 2), con ponencia del mismo representante a la
Cámara, Augusto Posada Sánchez.
b.5. El anuncio de votación del
Proyecto de Ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo el 28 de
agosto de 2007, en la sesión que figura en el Acta N° 66 de esa fecha y que se
encuentra publicada en la Gaceta del Congreso N°. 456 de 18 de septiembre de
2007 (página 17, folio 102, cuaderno de pruebas #5). La transcripción del
anuncio es la siguiente:
“Señor Secretario, antes de
someter a discusión si se archiva o no, por favor anuncie los Proyectos que se
van a discutir próximamente. Señor Secretario, por favor (…) Proyecto de ley
número 229 de 2007 Cámara (…).
Al finalizar se dijo: “Han
sido anunciados los Proyectos de acuerdo al Acto Legislativo que así lo ordena,
para ser discutido y votados en la Sesión del próximo martes”
Así mismo, se aclaró que la sesión
en donde se discutirían y aprobarían estos procesos, sería la del 4 de septiembre
de 2007, puesto que la sesión del día siguiente, sería sólo de control
político. En la Gaceta consta:
“El próximo martes 4, a las
3:00 de la tarde. Mañana habrá a las 3:00 de la tarde de control político.”
b.6. Tal como consta en el Acta
N° 68 de la sesión del martes 4 de septiembre de 2007, la plenaria de la Cámara
de Representantes aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría
de los 154 representantes asistentes (Gaceta del Congreso N° 489 de 2 de
octubre de 2007), según lo ratifica la certificación expedida el 6 de diciembre
de 2007 por el Secretario General de la Cámara de Representantes (folio 59,
cuaderno de pruebas #5).
c)
Constitucionalidad del trámite dado a la Ley 1165 de 2007
Luego del recuento anterior,
pasa la Corte a analizar la constitucionalidad del trámite de aprobación de la
Ley 1165 de 2007.
c.1 Para comenzar, esta Corte
constata que el Proyecto de la Ley fue publicado en el Congreso antes de darle
curso en la comisión respectiva (art. 157-1 C.P.), aprobado en primer debate en
las correspondientes comisiones de cada cámara (art. 157-2 C.P.), aprobado en segundo
debate en las plenarias de cada cámara (art. 157-3 C.P.) y recibió la debida
sanción presidencial (art. 157-4 C.P.).
c.2 Entre el primero y segundo
debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a los ocho
días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional, así: la aprobación en
primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 7 de noviembre de
2006, mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 11 de diciembre de
2006. Del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara ocurrió el 19 de junio de 2007 y el segundo debate tuvo lugar el 4 de
septiembre de 2007.
c.3 De otro lado, entre la
aprobación del proyecto en el Senado (11 de diciembre de 2006) y la iniciación
del debate en la Cámara de Representantes (19 de junio de 2007) transcurrió un
lapso no inferior a los quince días, tal como lo ordena el artículo 160 de la
Carta Política.
c. 4 A lo anterior se suma que
las sesiones de comisión y plenaria se realizaron con el cumplimiento del quórum
requerido y el proyecto fue aprobado por mayoría de los congresistas
asistentes, tal como lo ratifican las certificaciones expedidas por los
respectivos secretarios generales de las comisiones constitucionales permanentes
y de las plenarias de cada Cámara y que previamente fueron relacionadas.
d)
Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como
fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003
El artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone lo
siguiente:
“Ningún Proyecto de Ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”.
El fin de la norma, a la luz de la
jurisprudencia constitucional, es evitar que los congresistas se vean
sorprendidos por proyectos cuyo debate y aprobación ignoraban que iba a tener
lugar[5]. Según la Corte, el
objetivo del anuncio es “permitir a los Congresistas saber con anterioridad
cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos
a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por
ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”[6].
La jurisprudencia ha señalado que es obligación del
los cuerpos legislativos presentar los anuncios en una sesión anterior a
aquella en la cual se planea someter a votación el proyecto. La calidad del
anuncio, ha insistido la Corte, impone que se establezca con certeza
–determinada o determinable- la fecha en que la votación debe tener lugar.
Así mismo, la Corporación ha establecido los
requisitos con los que debe contar  el referido anuncio “…del texto de la
norma constitucional se desprende que el anuncio constitucional a que se hace
referencia debe cumplir los siguientes requisitos[7]:
a) El anuncio debe estar presente en la votación de todo Proyecto de Ley. b) El
anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión
distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto.
c)La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo
menos, determinable. d) Un Proyecto de Ley no puede votarse en una sesión
distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
A la luz de tales requisitos se realizará
un análisis de los anuncios realizados en cada una de las células legislativas
en el asunto sometido a revisión.
a. Tal como consta en el Acta N° 19 del 1 de noviembre de
2006, por la Secretaría de la Comisión Segunda del Senado de la República,
dicha Comisión realizó el anunció correspondiente de los proyectos que serían
votados en la próxima sesión. Al final del acta se señala que la próxima sesión
se llevaría a cabo el día siguiente, y por tanto, el anuncio fue hecho para una
fecha determinada.
Sin embargo, revisada el Acta
20 del jueves 2 de noviembre de 2006, se constata que aquella sesión no contó
con el quórum deliberatorio, razón por la cual, fueron nuevamente anunciados
los proyectos.
Efectivamente, el proyecto fue discutido y
aprobado en la siguiente sesión, esto es, el martes 7 de noviembre de 2006 por
parte de la Comisión Segunda del Senado, tal como consta en el Acta N° 21 de
2006, contenida en la Gaceta No. 268 del 13 de junio de 2007. (Folio 2 del
Cuaderno 2 de Pruebas).
El texto del anuncio del Acta N° 19 del 1
de noviembre de 2006, es el siguiente
El señor Secretario, doctor Felipe Ortiz
Marulanda:
Informa a la Presidencia que se anuncian para la
próxima sesión, la discusión y votación de los siguientes proyectos de ley:
-      Proyecto de ley número 52 de 2007 Senado.
(…)
La señora Presidente agradece a todos los
asistentes, nuestros amigos de los gremios, Se tendrá sesión el día de mañana
jueves a las 9:00 a.m”
Por otro lado, el Acta 20 del
jueves 2 de noviembre de 2006, señala:
“Toma la palabra la señora
Presidenta, Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón:
(…)
Por favor proceda a anunciar
los proyectos para el día martes, que son otros adicionales para el día de hoy
(…)
El señor Secretario procede con
el anuncio de los proyectos:
Se anuncian para la próxima
sesión los siguientes proyectos:
a) Proyecto de ley número 52 de
2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y
Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”
hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.
Así mismo, al final de la
sesión se informa que se cita para el martes de la siguiente manera:
“La señora Presidente
informa que se cita para la próxima sesión el martes a las 9:0 a.m, a las 9:30
señor Secretario haremos el primer llamado a lista. Muchas gracias a todos los
presentes”
El Proyecto de Ley fue aprobado
el martes siguiente a aquél en la que se anunció la votación y no se presentó
un rompimiento en la cadena de anuncios.
Cabe hacer las siguientes precisiones en
relación con la determinación de la fecha de discusión y aprobación y en lo que
tiene que ver con la expresión utilizada.
En primer lugar debe
considerarse que la exigencia de la jurisprudencia es que el anuncio se
haga para fecha determinada o determinable. La misma jurisprudencia ha admitido
que el contexto de las discusiones sirve para calificar la determinabilidad de
la fecha del anuncio. Así, acudiendo al contexto de la sesión, la Corte admite
que la expresión “para la próxima semana” o para “la próxima sesión”, puede ser
manifestación válida de la intención de someter a votación un proyecto de ley
cuando se entienda que la votación se hará en la sesión siguiente o en la
sesión de la semana siguiente a aquella en que se proclama el anuncio. Sobre
este particular, la Corte dijo:
“Ejemplo adicional de que la Corte ha
acudido al contexto de las discusiones para determinar, por ejemplo, la fecha
de votación de proyecto, lo constituye el fallo contenido en la Sentencia C-780
de 2004[8]. Frente al
anuncio del Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara en el que
dicho funcionario informó los proyectos que serían incluidos en la sesión de
“la próxima semana”, la Corte determinó que pese a que dicha expresión no
permitía fijar con precisión la sesión en la cual serían discutidos, del
contexto de las discusiones se entendía que la “próxima semana” era la manera de
referirse a la siguiente sesión de la Comisión, que tendría lugar a los ocho
días de aquél en el que se hizo el anuncio. Por ello, determinó que el anuncio,
hecho en esas condiciones y en ese contexto, era válido. En esa oportunidad, la
Corte admitió que aunque la expresión utilizada por el Secretario de la
Comisión podría considerarse como una irregularidad, la misma no adquiría la
categoría de vicio de inconstitucionalidad[9].” (Auto
311 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
De lo anterior, puede
concluirse que el contexto de la discusión es el que permite establecer con
precisión en qué oportunidad ha debido tener lugar el debate y la discusión de
un proyecto anunciado previamente[10].
En esta oportunidad, la lectura
integral de la Gaceta en donde se encuentra contenido el anuncio de la Comisión
Segunda en el Senado, nos permite observar que: (i) el jueves 2 de noviembre de
2006 fue anunciado el Proyecto con la expresión “Por favor proceda a
anunciar los proyectos para el día martes” así mismo se dijo “Se
anuncian para la próxima sesión los siguientes proyectos, (ii) a pesar de
que no se señaló expresamente la fecha en que tendría lugar la discusión y
votación, del contexto del Acta se concluye que esta se llevaría a cabo el
“próximo martes”. En efecto, al final de la sesión se dijo: “La señora
Presidente informa que se cita para la próxima sesión el martes a las 9:0 a.m”
y (iii) en consecuencia, a pesar de que la fecha no fue determinada si era
determinable del contexto de la discusión y por tanto, se cumple con el
requisito establecido en el artículo 160. Esta situación se corrobora en el
consecutivo de actas y en el hecho que el Proyecto fue aprobado el día martes 7
de noviembre de 2006, siguiente al jueves 2 de noviembre del año 2006.
En cuanto al segundo punto,
esto es la expresión utilizada en cumplimiento del artículo 160 es pertinente
reiterar la jurisprudencia sobre este tema. En efecto, en el anuncio hecho en
Comisión del Senado el 2 de noviembre de 2006 no se utilizó la expresión “discusión
y aprobación”, sino “anuncio”.
Para empezar es indispensable advertir que
según la interpretación que de la norma ha dado el Tribunal Constitucional, el
anuncio del artículo 160 de la Carta Política (artículo
8 del Acto Legislativo 01 de 2003) no exige la utilización de ninguna
fórmula sacramental. En efecto, a tal conclusión llegó esta Corporación  en el
Auto 311 de 2006[11], luego de realizar un
recuento de la jurisprudencia pertinente. En efecto, para la Corte, si la
finalidad del anuncio es alertar a los Congresistas y a los interesados
–ciudadanos participantes en el proceso aprobatorio- sobre los proyectos que
habrán de debatirse y votarse en una sesión determinada o determinable, es
claro que cualquier expresión verbal que inequívocamente transmita dicha idea
garantiza el cumplimiento de la exigencia constitucional.
Así, por ejemplo, en Sentencia C-473 de
2005, la Corte consideró exequible que el Congreso hubiera utilizado la
expresión “considerar” para cumplir con el requisito del artículo 160
superior, al tiempo que en la Sentencia C-241 de 2006 la Corte declaró
inexequible la Ley 968 de 2005 “Por medio de la cual se aprueba el estatuto
migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, Firmado en Bogotá, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”, pero no sin antes reconocer
que “no existe una fórmula textual específica para realizar el anuncio. Lo
esencial es verificar si se cumplió la finalidad del anuncio, para lo cual se
deben atender las circunstancias de cada caso”. Por lo anterior, al fijar
los requisitos del anuncio en cuestión, señaló:
“(i) se hace necesario que así no esté
exactamente determinada, la fecha de votación sea determinable; (ii) se hace
imposible el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, si el anuncio para la votación se da el mismo día que ésta; (iii)
la contextualización que se da con la mención de que se está cumpliendo con los
requisitos del Acto Legislativo fortalece el que el anuncio de votación sea
válido a la luz de la Carta; (iv) no existe una fórmula textual específica
para realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la finalidad
del anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada caso; (vi)
si bien la omisión del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003
es, en principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves
irregularidades en el anuncio se presentan en el primero de los debates de todo
el trámite de aprobación de la ley.” (Sentencia C-241 de 2006 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra)
El mismo criterio fue aplicado en la
Sentencia C-322 de 2006, por la cual se estudió la exequibilidad de la Ley 984
de 2005, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de
octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999)” En la providencia la
Corte Constitucional reiteró la tesis de que no existen fórmulas sacramentales
o textuales para cumplir con el requisito del anuncio del artículo 160
constitucional.[12]
Ahora bien, el hecho de que no exista una
expresión específica diseñada para cumplir con el requisito del artículo 160
constitucional no significa que cualquier expresión verbal vinculada con este
tema supla la exigencia de anuncio impuesta por la Carta. Tal como se dijo
previamente, es requisito que dichas expresiones sinónimas transmitan la idea
consignada en el artículo 160.
Con todo, de lo dicho por la jurisprudencia
es necesario tener en cuenta que la expresión “anuncio”, consignada en
la propia Constitución, cuando la “misma se utiliza en los debates
legislativos con la finalidad de mencionar los proyectos que serán debatidos en
otra sesión, debe entenderse circunscrita principalmente al cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 160 constitucional, pues, como lo
estableció la Sentencia C-1040 de 2005, el aviso previo es requerido por la
Constitución Política únicamente para efectos del cumplimiento de dicha norma,
en tanto que el ordenamiento superior no lo impone para ninguno otro trámite.”
La Sentencia C-276 de 2006[13]
la Corte manifestó que si bien “(…) lo ideal al hacer el anuncio a que se
refiere el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión
“votación”, cuando ello no es así, tal situación no implica un incumplimiento
de esta exigencia constitucional, si del contexto general se puede inferir que la
expresión empleada para anunciar el proyecto comprende su votación”. Por
ello, al considerar el anuncio en el contexto de la sesión correspondiente,
consideró que el mismo había cumplido con el requisito constitucional previsto[14]
En consideración de la jurisprudencia
anteriormente desarrollada el Auto 311 de 2006 concluye:
“De todo lo dicho y citado puede concluirse
entonces que, respecto del requisito de anuncio, contenido en el artículo 160
constitucional, la Corte ha establecido que i) no existe fórmula sacramental o
frase textual que deba usarse en el Congreso para hacer el aviso; ii) el uso de
la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán
“considerados” o “debatidos” en otras sesiones debe entenderse como inclusivo
de la intención de votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al
requisito del artículo 160 constitucional; iii) que el contexto de las
discusiones y los debates puede utilizarse como referencia de validación para
determinar si un anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la
secretaría a solicitud de la presidencia incluía la intención de debatir y
votar el proyecto anunciado y, finalmente, si la sesión para la cual se anunció
la votación es una fecha determinable y, finalmente, iv) que el contexto del
cual pueden extraerse los criterios de validación no se limita al de la sesión
en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo
aquellas en que tuvo lugar la votación.”
De loa anterior se concluye lo siguiente:
que pese a que no utilizó la expresión “discutir y votar”, sino “anuncio”,
debe entenderse como inclusivo de la intención de votar dichos proyectos y, por
tanto, de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional, pues
como lo estableció la Sentencia C-1040 de 2005, el aviso previo es requerido
por la Constitución Política únicamente para efectos del cumplimiento de dicha
norma, en tanto que el ordenamiento superior no lo impone para ninguno otro
trámite.
b. En relación con el anuncio en Plenaria
del Senado consta que en el Acta N° 35 de la sesión
ordinaria del día 6 de diciembre de 2006 (Gaceta del Congreso N° 57 del 1 de
marzo de 2007, Pág. 45y 46), se anunció el Proyecto para la sesión del 11 de
diciembre de 2006. El proyecto fue discutido y aprobado en esta misma fecha. El
anuncio fue hecho de la siguiente manera:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán la próxima
semana:
Proyecto de Ley número 52 de
2006 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo  de Cooperación para la Prevención, Control y Represión
del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”
hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.
Al final del Acta se dijo que la sesión
sería el 11 de diciembre de 2006, y por ello la fecha fue determinada.
c. En cuanto al trámite de primer debate en
la Cámara de Representantes, se observa que en el Acta No. 37 de 2007, la
Secretaría de la Comisión dijo “Anuncio de Proyectos de Ley para discusión y
votación en la próxima Sesión de Comisión para dar cumplimiento al Artículo 8
del Acto Legislativo No. 01/2003”, dentro de los que relacionó el proyecto
de la ley de esta referencia. Estos serían discutidos y votados para la sesión
del “martes próximo”
Efectivamente, la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el Proyecto de Ley
señalado en sesión del martes 19 de junio de 2007. Así mismo, la numeración de
las actas en que se consigna el anuncio, la votación y aprobación del Proyecto
de Ley da cuenta de que la sesión en que se aprobó el mismo fue el martes
siguiente al de la fecha del anuncio.
Esta Corporación considera que, a pesar de que no se señaló
la fecha determinada en que se llevaría a cabo la votación, la expresión “martes
próximo”, da cuenta que la fecha era determinable y por tanto, se dio
cumplimiento a la exigencia constitucional del artículo 160. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el anuncio se hizo el 14 de junio de 2007, y la votación
se hizo el martes siguiente de ese año, es decir el 19 de junio.
d. En Plenaria, el anuncio de
votación del Proyecto de Ley se realizó el 28 de agosto de 2007, en la sesión
que figura en el Acta N° 66 de esa fecha y que se encuentra publicada en la
Gaceta del Congreso N°. 456 de 18 de septiembre de 2007 (página 17, folio 102,
cuaderno de pruebas #5). En dicha sesión se señaló:
“Señor Secretario, antes de
someter a discusión si se archiva o no, por favor anuncie los Proyectos que se
van a discutir próximamente. Señor Secretario, por favor (…) Proyecto de ley
número 229 de 2007 Cámara (…).
A finalizar se dijo: “Han
sido anunciados los Proyectos de acuerdo al Acto Legislativo que así lo ordena,
para ser discutido y votados en la Sesión del próximo martes”
Por otro lado, cabe resaltar
que la Secretaría aclaró que la sesión en donde se discutirían y aprobarían
estos procesos, sería la del 4 de septiembre de 2007, puesto que la Sesión del
día siguiente, sería sólo de control político. Visto el consecutivo de actas,
el Proyecto fue aprobado en esta sesión.
Como puede entonces concluirse,
los anuncios hechos tanto en Senado como en la Cámara de Representantes cumplen
con los requisitos establecidos por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
2003 por cuanto; (i) los anuncios se realizaron en forma previa a la
deliberación y votación, (ii) fueron hechos en una fecha distinta en la que el proyecto
fue debatido y aprobado en Comisiones o en Plenarias y (iii) la fecha del
debate y de la votación siempre fue determinada o determinable.
Finalizado el análisis de forma
del procedimiento de aprobación del Proyecto de la Ley de la referencia y
concluido que el mismo cumple con los requerimientos constitucionales y
legales, procede la Corte a hacer el estudio material del Acuerdo objeto de
revisión.
4.      El
contenido material del Acuerdo de Cooperación para la Acuerdo de Cooperación para la Prevención,
Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Perú
El Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y
Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú, está compuesto por 15
artículos, organizados de la siguiente manera:
El objeto del acuerdo en revisión, consiste
precisamente en sentar los marcos de cooperación entre los dos Estados para
lograr una acción conjunta para la represión, prevención y control del lavado
de activos.
El Artículo I del
Acuerdo establece 8 definiciones encaminadas a la interpretación que las partes
deben dar al articulado del instrumento internacional. Entre éstas se
encuentran lo que debe entenderse por información sobre transacciones,
información financiera, los sujetos y personas jurídicas que se consideran
“instituciones financieras”, tanto en Colombia como en la República del Perú, lo
que debe ser considerado como una actividad ilícita, la definición de bienes,
producto del delito, decomiso, medidas provisiones o embargo, secuestro
preventivo o incautación de bienes. La enunciación hecha de las actividades que quedan comprendidas
en el ámbito del acuerdo, tales como las que efectúa el sector asegurador, el
bursátil  y de valores;  las casas de azar, juego y casinos, las actividades de
comercio exterior, etc., deja claro que el Acuerdo no tiene como objetivo único
el sistema financiero, sino que se hace extensible a otras actividades, que
pueden ser utilizadas como medios para la materialización de este delito.
De la misma manera, el Artículo
II señala no sólo al
sector financiero y el bursátil como instrumentos para la realización de este
delito, sino abarca otras  modalidades para el blanqueo de activos,  tales como
las operaciones de comercio nacional o internacional de bienes y servicios, la
inversión, la transferencia de tecnología y los movimientos de capital en las
zonas de frontera (Artículo II). Así mismo, las partes se comprometen a
la cooperación técnica e intercambio de experiencia para la prevención del
lavado de activos.
Los Artículos III, IV y V señalan
las medidas que pueden crearse para la prevención y control del delito en
cuestión, en sus diversas modalidades.
En relación con el Artículo III se
señalan las medidas preventivas y de control para el sector financiero, bursátil
y otros obligados. Ente éstas podemos encontrar la necesidad de que la
legislación interna establezca mecanismos que permitan a las personas naturales
y jurídicas que ejerzan alguna de las actividades enunciadas en el artículo I
del Acuerdo, el conocimiento de sus clientes, de su actividad  económica, del
origen de sus dineros, así como el deber, en especial,  de las instituciones
financieras y bursátil, de conservar y reportar la información relacionada con
sus usuarios, cuando las transacciones y movimientos efectuados por éstos, puedan
exceder de cierta cuantía o puedan ser sospechosas; información que cada
establecimiento estará obligada a reportar a las autoridades en la forma en que
la legislación interna de cada Estado disponga.
El Artículo IV consagra que los
Estados Partes establecerán medidas para que las personas naturales o jurídicas
cooperen con las autoridades para la prevención del lavado a través de la
inversión, comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia
de tecnología desde o hacia el territorio de una de las Partes. Así mismo, se
obliga a ejercer especial control sobre las actividades que puedan ser
utilizadas para el lavado de dinero y para que se obligue a las personas o
empresas importadoras o exportadores a conocer a sus clientes y se reporte de
forma inmediata actividades sospechosas.
El Artículo V desarrolla las medidas
de prevención y control para la movilización física de capitales, obligando a
los Estados a establecer los controles frente a la moneda en efectivo, cheques
viajeros, órdenes de pago y demás medios que pueden ser utilizados para
transferir recursos del territorio de una Parte al territorio de la otra. Estos
controles podrán consistir en constancias documentales que reflejen el
movimiento cuando su valor excede del monto determinado por la normatividad de
cada una de las partes.
El Artículo VI establece un canal de
comunicación en cada uno de los Estados Parte, denominado Autoridad Central,
que deberá ser designado por estos y a los cuales se les encomienda la
presentación y recepción de solicitudes de asistencia materia del Acuerdo.
El Artículo VII consagra que a
través de estas Autoridades Centrales, las Partes se facilitarán asistencia
para el intercambio ágil y seguro de información financiera, cambiaria,
comercial y de otros sectores de la economía a fin de detectar y realizar el
seguimiento de presentas operaciones de lavado.
El Artículo VIII,  trata sobre la
cooperación y asistencia judicial mutua. La asistencia en materia judicial, de
que trata el instrumento en revisión,  se concreta en: a) Localización e
identificación de personas y bienes o sus equivalentes; b) Notificación de
actos judiciales; c) Remisión de documentos e informaciones sobre las
transacciones financieras sometidas a control; d) Ejecución de registros
domiciliarios e inspecciones judiciales; e) Recepción de testimonios y
ejecución de peritajes; f) Citación y traslado voluntario de personas en calidad
de imputados, testigos o peritos; g) Embargo, secuestro y decomiso de bienes.
En relación con las inspecciones
judiciales, requisas, medidas cautelares o definitivas, el propio Acuerdo prevé
en el numeral 7 del artículo VIII, que ellas sólo serán procedente
cuando la legislación de la parte requerida prevea  como delito de lavado de
activos, el hecho por el cual procede la solicitud.  Dentro de este contexto,
también serán aplicables los artículos X y XI , que se relacionan con
las medidas cautelares y el decomiso de bienes.
El Artículo IX hace expresa
referencia a que la reserva bancaria, tributaria y bursátil no podrá invocarse
para negar la asistencia judicial de que trata el Acuerdo. La información
obtenida de esta manera, en todo caso, por disposición del mismo Acuerdo, no
podrá ser utilizada para fin distinto al contenido en la solicitud de
asistencia, salvo autorización expresa de las Partes (artículo IX, numeral
2).
La disposición X establece las
medidas provisionales sobre bienes. Entre estas se encuentra la posibilidad de
que una de las Partes, por intermedio de las Autoridades Centrales, solicite la
identificación o adopción de medidas provisionales sobre bienes instrumento o
producto de un delito, que se encuentren ubicados en el territorio de la otra
parte. La medida será tomada por el Estado Parte, en la medida que su
legislación interna lo permita.
El Artículo XI consagra que Las
Partes, de acuerdo con su legislación interna, podrán prestarse cooperación en
el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de
un delito. De la misma manera señala que se podrán compartir bienes decomisados
o sujetos a extinción de dominio o el producto de su venta.
El Artículo XII consagra la protección
de los derechos de terceros de buena fe. En relación con los Artículos XIII,
XIV Y XV, se hace referencia la legalización de documentos, el no
desconocimiento de instrumentos internacionales adoptados con anterioridad por
las mismas partes.
Por último, en el Artículo
XV se señalan los mecanismos para la solución de controversias, puesta en
vigor y denuncia.
5)      Constitucionalidad del
Acuerdo sometido a revisión
El problema del delito de lavado
de activos y su capacidad de traspasar las fronteras nacionales ha llevado a
nuestro país y, en general, a la comunidad internacional a elaborar una serie
de instrumentos encaminados a establecer medidas conjuntas para prevenir,
controlar y reprimir esta conducta delictiva. Entre ellos podemos encontrar:
- Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de
Europa (1980).
Señala por primera vez que el sistema financiero tiene un papel determinante en
la lucha contra el blanqueo de activos.
- Convención de Viena de 1988. Eleva a la categoría de delito autónomo el
lavado de dinero, al tiempo que reitera la necesidad de fortalecer la
cooperación internacional.
- Declaración de Principios de Basilea
(1989). Establece las políticas y procedimientos que debe tener en cuenta
el sector financiero para contribuir a la represión del lavado de dinero.
- Directivas del Consejo de la Comunidad Económica
Europea (1990). Ratifica las recomendaciones de Basilea, y
adopta la tipificación de lavado de dinero y el deber de reporte de operaciones
sospechosas, entre otras medidas.
- Convenio sobre Blanqueo, Detención,
Embargo y Confiscación de Productos del Delito, elaborado en Estrasburgo en
1990.
- Recomendaciones de la comisión Interamericana contra
el abuso de las drogas
(CICAD). Promueve la lucha hemisférica contra el narcotráfico y lavado
de activos, a través de un reglamento modelo para la región.
- Declaración de principios y Plan de
Acción, del mandato de la cumbre de las Américas 1994.
- Declaración de principios y Plan de
Acción de Nápoles.
- Conferencia internacional sobre la
prevención  y la represión del blanqueo del dinero y el producto del delito.
Courmayeur  (Italia). 1994.
- Modelo de legislación sobre blanqueo
de activos y decomiso de drogas,  preparado en 1995 por el Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas.
- La Declaración de principios y plan de
acción de Buenos Aires. 1995.
- Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban (1996). Plantea la autorregulación en el ámbito
latinoamericano.
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Plantea 40 recomendaciones para prevenir
el lavado de dinero.
- Grupo de
Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Plantea 19
recomendaciones en materia de lavado de dinero.[15]
En este contexto internacional,
Colombia suscribió con la República del Perú el Acuerdo de Cooperación para la
Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier
actividad ilícita. Sin embargo, este
Acuerdo tiene, en términos generales, el mismo contenido normativo que los
suscritos con los Gobiernos del Paraguay y con República Dominicana. El primero
de ellos, aprobado mediante la Ley 517 de 1999 y estudiado por esta Corporación
mediante Sentencia C-326 de 2000[16]. El segundo, mediante la
Ley 674 de 2001 y estudiado en la providencia C-288 de 2002[17].
En la Sentencia C-288 de 2002, al estudiar
la constitucionalidad del Convenio suscrito con la República Dominicana, la
Corte Constitucional señaló que el principio general es que, en relación con
los tratados públicos con idéntico contenido, la Corte Constitucional debe
reiterar la posición asumida, salvo que  el juez constitucional observe “posibles
reformas constitucionales que hayan podido ocurrir entre la primera y la
segunda intervención de la Corte, a efectos de determinar la eventualidad de un
fallo en sentido distinto, a la luz de las nuevas disposiciones
constitucionales. En esta hipótesis quedan comprendidas también las nuevas
normas o las modificaciones de derecho internacional, que tengan relevancia
constitucional de acuerdo con nuestro ordenamiento. De la misma manera
consideró que “debe tenerse en cuenta que tal variación en la Constitución,
si bien de ordinario comporta un cambio en el texto mismo de la Carta puede
ser, en circunstancias excepcionales, producto también, del nuevo entendimiento
que las disposiciones constitucionales tengan a la luz de los desarrollos
sociales y las concepciones jurídicas.”
En el presente caso, la Corte puede
constatar que desde la fecha de las Sentencias C-326 de 2000 y C-288 de 2002,
hasta el momento en el que debe proferirse el presente fallo no se han
presentado cambios en la Constitución que sean relevantes para efectos de
determinar la validez de este Trtado.
Según estas consideraciones, la Corte
procede a analizar cada una de las disposiciones del Acuerdo.
5.1.
Finalidad del Acuerdo
El surgimiento y consolidación de las organizaciones
delictivas y la obligación estatal de protección de los sistemas financieros,
económicos y productivos. Así como la necesidad de atacar de los volúmenes de recursos
provenientes de actividades ilícitas y a las estrategias empleadas por estas
organizaciones para esconder el origen ilícito de sus recursos, hace necesario
la consolidación de acuerdos con otros Estados encaminados a debilitar y
erradicar este flagelo.
A nivel interno, el ordenamiento jurídico
colombiano ha adoptado diversas medidas, tanto penales como administrativas,
para evitar, proteger y sancionar la comisión del delito del lavado de activos.
Así, por ejemplo, el Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero) destina el Capítulo XVI (Artículos 102 a 107) a la
prevención de actividades delictivas. El Artículo 102 del Decreto ley 663
de 1993 (modificado por la Ley 1121 de 2006)
establece que las instituciones sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria estarán obligadas a adoptar medidas de control
apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus
operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento,
manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes
provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a
las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las
mismas.
Para tal fin se obliga a los representantes legales, directores,
administradores y funcionarios a adoptar mecanismos y reglas de conducta con
los siguientes propósitos: (i) conocer
adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su magnitud,
las características básicas de las transacciones en que se involucran
corrientemente y, en particular, la de quienes efectúan cualquier tipo de
depósitos a la vista, a término o de ahorro, o entregan bienes en fiducia o
encargo fiduciario; o los depositan en cajillas de seguridad; (ii) establecer
la frecuencia, volumen y características de las transacciones financieras de
sus usuarios; (iii) establecer que el
volumen y movimiento de fondos de sus clientes guarde relación con la actividad
económica de los mismos y (iv) reportar
de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis
Financiero cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía
o características no guarden relación con la actividad económica de sus
clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las
cantidades transadas o por las características particulares de las mismas,
puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la
entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos
provenientes de actividades delictivas.
Por su parte, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en diversas oportunidades[18] acerca de las medidas
encaminadas a la prevención del lavado de activos. En la Sentencia SU-157 de
1999,[19] la Corte señaló que era
necesario  que el Estado adoptara medidas tanto judiciales como administrativas
para evitar que el sistema financiero fuese utilizado como instrumento de
actividades ilícitas, y en particular para prevenir que sirviera a los
intereses de las organizaciones criminales.  Se dijo en esa oportunidad:
“... resulta claro que el Estado debe tomar
las medidas necesarias para combatir el lavado de activos y el enriquecimiento
ilícito, lo cual ha realizado no sólo a partir de la penalización de las
conductas (a posteriori) sino por medio de medidas administrativas de carácter
preventivas. Ahora bien, es indudable que el sector financiero puede ser
utilizado para la práctica de hechos delictivos, como es el lavado de activos,
por lo que la Legislación actual se ha preocupado por crear instrumentos
jurídicos suficientes para que la Superintendencia Bancaria, principal órgano
de control de esa actividad, desarrolle esa tarea.”
Se concluye entonces que el Acuerdo celebrado
entre la República del Perú y Colombia se enmarca dentro de las políticas
conjuntas de los Estados Americanos contra el crimen organizado y para evitar
que el sistema financiero sea objeto de ocultamiento de delitos en estos países,
desarrollando el proceso de integración latinoamericana establecido en los
artículos 9 y 227 de la Carta.
Cabe observar que el Tratado condiciona la
adopción de medidas concretas a la legislación de cada Estado y de esta manera
se garantiza que el principio de autodeterminación y la soberanía en que se
deben fundar las relaciones internacionales del Estado colombiano se observen
ampliamente (artículo 9 C.P.).
Procede esta Corporación a efectuar el
examen de cada uno de las normas del acuerdo en revisión,  para establecer su
conformidad con el ordenamiento constitucional.
5.2 Constitucionalidad de las disposiciones
del Acuerdo
En relación con las
definiciones contenidas en el Artículo I, esta Corporación considera que
no se desconoce norma alguna
de la Constitución, pues se limita a establecer conceptos sobre institutos
jurídicos que hacen parte de nuestra legislación. Estas medidas en todo caso,
sólo serán procedentes cuando se cumplan los requisitos señalados para su
aplicación por las normas de cada Estado.
Así mismo, cabe resaltar que, a diferencia
de los otros Acuerdos suscritos con la República de Paraguay y con República
Dominicana, se adicionaron los siguientes conceptos. Primero, el de información
financiera, entendido como:
2. “Información financiera”: La información que esté en
poder de las Partes sobre transacciones financieras, comerciales, bursátiles y
demás transacciones, personas naturales y jurídicas, y grupos de personas y
empresas, que pudieran considerarse relacionadas con el lavado de activos,
conforme a la legislación vigente de las Partes.
Segundo, en el concepto de
actividad ilícita se adiciona la frase subrayada “4. “Actividad Ilícita”:
Toda
actividad definida de manera inequívoca por la ley de las Partes como
generadora de una sanción penal o administrativa o sujeta a una consecuencia
accesoria del delito y, para el caso colombiano, también de una consecuencia
jurídica que conlleve la extinción de dominio.
De lo anterior, puede concluirse lo
siguiente: (i) el Tratado amplía el ámbito de la disposición,
que ya había sido objeto de pronunciamiento de la Corte y complementa las
definiciones para hacer más comprensiva el ámbito de cooperación entre las
Partes, incluyendo el concepto de información financiera.
Así mismo, adiciona las
actividades consideradas  ilícitas, incluyendo en ella la figura de la
extinción de dominio y de otras faltas administrativas. Encuentra la
Corporación que esa ampliación, en la  medida en que la misma se hace depender
de la legislación colombiana sobre la materia, al señalar que toda actividad
considerada ilícita debe estar “definida de manera inequívoca por la ley de
las Partes” no comporta elemento alguno que pueda resultar contrario a la
Constitución.
Lo anterior teniendo cuenta que
la medida condiciona la aplicación a los ordenamientos jurídicos de cada Estado
y por tanto, se aplica de conformidad con la legislación colombiana. Ello se
traduce en que no es el Tratado el que define las conductas ilicititas sino la
normativa nacional, lo que está acorde con la Constitución.
En relación con la figura de extinción de
dominio, cabe recordar que de
acuerdo con el artículo 34 de la Constitución se prohíben las penas de
destierro, prisión perpetua y confiscación.  No obstante, por sentencia
judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos
mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave
deterioro de la moral social.
Ahora bien, la Corte considera pertinente
señalar que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 793 de 2002 la extinción de
dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestación
ni compensación de naturaleza alguna para su titular.   Esta acción es autónoma
en los términos a que alude dicha Ley cuyo artículo 4° precisa que la acción de
extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de
contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o
accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya
adquirido y sobre los bienes comprometidos. Así mismo, que esta acción es
distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya
iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera
origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa.
Para efectos del presente proceso resulta pertinente
recordar que de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 793 de 2003 en el
ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el
debido proceso, de la misma manera que según el artículo 9º de la misma Ley,
durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de los
afectados, y en particular los siguientes: “i) Probar el origen legítimo de
su patrimonio, y de bienes cuya titularidad se discute; ii) Probar que los
bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción
de extinción de dominio; iii) Probar que, respecto de
su patrimonio, o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la
acción, se ha producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como
cosa juzgada dentro de un proceso de extinción de dominio, por identidad
respecto a los sujetos, al objeto y a la causa del proceso.”
Por último, en relación con las
definiciones, se observa que la palabra “Decomiso” establecida en el
numeral 7 es distinta a la establecida en los Acuerdos suscritos con la
República Dominicana y Paraguay. En efecto, en ellos se definió como “cualquier
medida en firme adoptada por un Tribunal o autoridad competente, que tenga como
resultado extinguir el derecho de dominio sobre bienes, productos o instrumento
de lavado de activos”. En el Acuerdo ahora estudiado se define como “la
privación con carácter definitivo de algún bien por decisión firme de un
tribunal o de otra autoridad competente. Para el caso peruano, se entiende que
dicho bien es efecto, ganancia o instrumento de un delito.”
En relación con la consagración de la
figura de decomiso en los Acuerdos Internacionales contra el lavado de activos,
las Sentencias C-326 de 2000  y C-288 de 2002, consideraron que tal situación
resultaba acorde con el ordenamiento jurídico, bajo el entendido de que ésta no
se podía asimilar a la confiscación. Dijo la Sentencia C-288 de 2002:
“En el numeral 6 del Artículo I, el tratado
ya revisado por la Corte se refería a “medida definitiva o decomiso”, mientras
éste lo hace a “Decomiso o confiscación”. Observa la Corte que no obstante la
diferencia en el título del numeral, el texto de la disposición es idéntico y
por consiguiente la misma identidad puede predicarse de los contenidos normativos.
Es claro que la expresión “confiscación” no tiene alcance distinto que el de,
cómo lo dice el texto del tratado, “[c]ualquier
medida en firme adoptada por un Tribunal o autoridad competente, que tenga como
resultado extinguir el derecho de dominio sobre bienes, productos o
instrumentos del delito de lavado de activos.”, y no puede asimilarse a
la pena de confiscación prohibida en la Constitución.”
Basta decir que, en diversas providencias
de esta Corporación, precisamente referidas a la aplicación de los instrumentos
internacionales en materia de asistencia judicial, se ha precisado que la
procedencia del decomiso y de las medidas cautelares y definitivas, para que
sean  procedentes,  deben ajustarse a los términos señalados en nuestra
legislación (sentencias C-176-94; C-187-99; C-225-99 y 404-99, entre otras).”
Esta Corporación concluye
entonces que la medida resulta constitucional puesto que no se equipara a la
restricción constitucional del artículo 34 de la Carta, que  prohíbe la pena de confiscación y
además al establecer que la orden de decomiso debe provenir de un Tribunal “o
de otra autoridad competente”, permite que la medida sea aplicada por las
autoridades que, de acuerdo con la legislación penal y sancionatoria del Estado
Colombiano, tienen la competencia para adoptar este tipo de medidas.
En efecto, si se analiza esta
definición, en conjunto con otros artículos del Acuerdo, se concluye que la
aplicación de medidas definitivas y temporales sobre bienes debe hacerse de
conformidad con el orden interno. El numeral 2 del Artículo X,
relacionado con las medidas provisionales sobre bienes consagra que ana vez identificado el
producto del delito, o cuando se trate del instrumento del delito, a solicitud
de la Parte Requirente, la Parte Requerida, en la medida en que su
legislación interna lo permita, adoptará las medidas provisionales
correspondientes sobre tales bienes.
De la misma manera, en relación
con las medidas definitivas sobre bienes, el Artículo XI, se establece
en forma clara que “Las Partes, de conformidad con su legislación
interna, podrán prestarse cooperación en el cumplimiento de medidas
definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de una actividad ilícita en
cualquiera de las Partes.”
En el artículo II,  se fijan los
fines que, con la suscripción del mencionado acuerdo, buscan los Estados
partes, y que no son otros que la prevención, control y represión de lavado de
activos, el que puede darse a través de:
i) las  instituciones financieras, definidas éstas en el
numeral 2º del artículo I, en donde se incluyen una serie de actividades que no
son propias de éstas instituciones, pero que quedan comprendidas en el radio de
aplicación del instrumento público en revisión, tales como las realizadas por
las casas de juego y azar, el comercio exterior, y todas aquellas que los
Estados, en acuerdos complementarios, puedan llegar a establecer;
ii) la comercialización internacional de bienes, servicios
o transferencia tecnológica;
iii) movilización física de capitales,
desde o hacia sus fronteras territoriales.
Por otro lado, en relación con
el Artículo II relacionado con el “Alcance del Acuerdo”, se
adiciona la expresión “inversión” del numeral 2 y se incluye el numeral 4 de la
siguiente forma:
“2. Prevenir, controlar y
reprimir el lavado de activos realizado a través de la inversión,
comercialización internacional de bienes, servicios o transferencia de
tecnología.
4. Las Partes se prestarán la
más amplia cooperación técnica, tal como intercambio de experiencias,
capacitación sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir,
detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos.”
Esta Corporación considera que esta
disposición no desconoce ningún precepto constitucional, puesto que se limita a
señalar las actividades que pueden servir para el blanqueo de capitales, y
frente a las que se deben adoptar las medidas que permitan su utilización como
instrumento para la materialización de esta conducta.
Los artículos III, IV y V señalan
las medidas que pueden crearse para la prevención y control del delito en
cuestión, en sus diversas modalidades. Estas medidas crean la necesidad de que
la legislación interna establezca mecanismos que permitan a las personas
naturales y jurídicas que ejerzan alguna de las actividades enunciadas en el
artículo I del Acuerdo, el conocimiento de sus clientes, de su actividad
económica, del origen de sus dineros, así como el deber, en especial,  de las
instituciones financieras y bursátil, de conservar y reportar la información
relacionada con sus usuarios, cuando las transacciones y movimientos efectuados
por éstos, puedan exceder de cierta cuantía, o puedan ser sospechosas.
Información que cada establecimiento estará obligada a reportar a las
autoridades en la forma en que la legislación interna de cada Estado disponga.
Frente a estas medidas es preciso señalar,
tal y como se dijo en la Sentencia C-326 de 2000, que “al estar
condicionadas las disposiciones que se revisan a la legislación interna que
cada Estado implemente, es claro, entonces, que la ejecución de las normas que
se analizan,  sólo será posible en la medida en que las autoridades colombianas
con fundamento en sus competencias, dicten las normas correspondientes, y éstas
se ajusten a las disposiciones de orden constitucional.”
En relación con el establecimiento de
Autoridades Centrales, establecidas en el Artículo VI se trata del
establecimiento de una instancia de coordinación internacional, cuya función es
tramitar las solicitudes ante las autoridades competentes en cada Estado, sin
que en ello sea posible encontrar contradicción alguna con la Constitución.
Por otro lado, en cuanto al artículo VII,
relacionado con el intercambio de información financiera, comercial y cambiaria
que permita detectar operaciones de lavado de activos, esta Corporación reitera
que no resulta  contraria la Constitución, “siempre y cuando la información
que llegue a ser intercambiada,  se hubiese recaudado de conformidad con la
legislación interna que para el efecto cada Estado implemente, la cual, se
repite, ha de estar en concordancia con las normas constitucionales”.[20]
El Acuerdo suscrito con la República del
Perú agrega que las Autoridades Centrales se facilitarán la información
relacionada no sólo con el ámbito financiero, cambiario o comercial, sino
también “de otros sectores de la economía”. Por su parte, se adiciona el
numeral 3 que consagra:
“3. Las Partes cooperarán para
obtener, ampliar y analizar información financiera que esté en su poder
referente a las transacciones financieras sospechosas de estar relacionadas con
el lavado de activos.”
Estas modificaciones son consecuencia de la
filosofía del Acuerdo que considera que debe prevenirse el lavado de activos no
sólo desde el sector financiero o el bursátil, sino que otros sectores de de le
economía pueden ser utilizados como instrumentos para el blanqueo de activos,
tales como la inversión, la transferencia de tecnología y los movimientos de
capital en las zonas de frontera.
El Artículo VIII, trata sobre la
cooperación y asistencia judicial mutua. Al respecto,
es necesario hacer mención que el Estado Colombiano y el Estado del Perú,
tienen suscrito un Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal del
12 de julio de 1994, aprobado
mediante Ley 479 de 1998, declarado exequibles en sentencia C-406
de 1999 de esta Corporación.
Esta disposición -VIII- guarda
estrecha relación con las medidas temporales y definitivas sobre bienes
establecidas por Acuerdo en los Artículos X y XI y por tanto, se
estudiarán en forma conjunta.
Los mecanismos judiciales y de medidas
sobre bienes se concretan en: a) Localización e identificación de personas y
bienes o sus equivalentes; b) Notificación de actos judiciales; c) Remisión de
documentos e informaciones sobre las transacciones financieras sometidas a
control; d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales; e)
Recepción de testimonios y ejecución de peritajes; f) Citación y traslado
voluntario de personas en calidad de imputados, testigos o peritos; g) Embargo,
secuestro y decomiso de bienes.
En cuanto a estas medidas, la Corte
Constitucional en las Sentencias C-326 de 2000 y C-288 de 2002 consideró que no
resultaban contrarias a la Carta Política, en cuento difieren la aplicación de
las medidas a la legislación interna de cada Parte. Lo anterior, no obsta para
aquellas operen con respeto al debido proceso establecido en las legislación
interna. Señalaron las providencias referidas:
“Medidas todas éstas que se podrán
practicar, siempre y cuando se observen las garantías y procedimientos que,
para su procedencia,  tiene establecida la legislación de cada país, y que, en
todo caso, han de respetar las garantías propias del debido proceso y el
derecho de defensa, en especial de los principios de contradicción y publicidad
( artículo 29 de la Constitución).
En relación con los registros
domiciliarios, y a efectos de asegurar la garantía que nuestra Constitución
tiene consagrado para el domicilio en el artículo 28, será necesario,  para que
el registro sea procedente que:   i) la orden provenga de autoridad judicial
competente en el Estado requirente, ii) se efectúe observando las formalidades
propias establecidas en nuestra legislación y, iii) que el hecho que da origen
a la solicitud de registro, esté previsto en nuestra legislación como parte del
tipo penal del lavado de activos.
Lo anterior, por cuanto la asistencia
judicial,  en el marco de las relaciones internacionales, no puede dejar de
lado garantías propias de los Estados democráticos.
En relación con las inspecciones
judiciales, requisas, medidas cautelares o definitivas, el propio Acuerdo prevé
en el numeral 7 del artículo VIII, que ellas sólo serán procedente cuando la
legislación de la parte requerida prevea  como delito de lavado de activos, el
hecho por el cual procede la solicitud.  Dentro de este contexto, también serán
aplicables los artículos X y XI , que se relacionan con las medidas cautelares
y el decomiso de bienes. Normas éstas que no se oponen a precepto alguno de la
Constitución, más aún cuando en el artículo XII,  se consagra la protección
que, en todo caso, debe darse a los derechos de terceros de buena fe.”
Así mismo, en cuanto al numeral 3 del
artículo VIII, que se remite al artículo 10 del Convenio de Asistencia
Judicial, en Sentencia C-406 de 1999 se dijo:
“Con ello, el Estado colombiano no se
obliga más que a asistir, en sus propios términos, a un Estado amigo, como la
República del Perú.  De otro lado, tal como se aprecia en el artículo 10, la
asistencia no supone menoscabo o desprotección de los nacionales colombianos.
Por otra parte, no se evidencia que en la remisión de documentos se habilite al
Estado requirente para acceder, de manera indiscriminada, a la información que
posea el estado requerido, sino que ésta se sujeta al control discrecional del
Estado colombiano y a las reservas propias del juicio penal”.
Por otro lado debe señalarse que esta
disposición prevé lo que se ha denominado en la mayoría de acuerdos de
asistencia judicial, garantía temporal, que consiste en la prohibición que se
le impone al Estado requirente de detener o juzgar a la persona que concurra a
su territorio como testigo o perito en desarrollo de un instrumento
internacional sobre asistencia judicial, por delitos cometidos en el territorio
de la Parte Requerida. La Corte ha señalado que  aquella disposición  “garantiza
la soberanía del Estado requerido para juzgar y hacer cumplir, en su
territorio, el  jus punendi que le es propio. Dado que el Estado requirente, en
desarrollo de un Acuerdo de esta naturaleza, no puede arrogarse la facultad de
juzgar y hacer cumplir en su territorio sentencias dictadas por el Estado
requerido. Garantía ésta de carácter temporal, pues pasado determinado lapso,
si el testigo o perito continúa en el territorio del Estado requirente, podrá
ser procesado, detenido por hechos o condenas anteriores a su salida del
territorio del Estado requerido, cumpliéndose para el efecto las garantías y procedimiento
que se han impuesto para el efecto.”[21]
Cabe señalar que el nuevo Acuerdo incluyó
aspectos en relación con la asistencia judicial. En efecto, existen las
siguientes diferencias: (i) en el parágrafo “g” se adiciona que la asistencia
judicial abarca medidas tales como embargo, incautación decomiso de bienes o
“extinción de dominio”, (ii) en el numeral 8 se señala el principio general que
La Parte Requirente no podrá utilizar para ningún fin
distinto al declarado en la solicitud de asistencia, pruebas o información
obtenidas como resultado de la misma. Sin embargo, se adiciona que “salvo
consentimiento o autorización de la Parte Requerida”, (iii) se incluye el
numeral 10 que consagra: Sin menoscabo del derecho interno, las Autoridades
Centrales podrán, sin que medie solicitud previa, transmitir cualquier tipo de
información o asistencia objeto de este Acuerdo, a la Autoridad Central de la
otra Parte.
En relación con estos puntos,
esta Corporación considera que al contar con el consentimiento de los Estados y
supeditar las medidas al derecho interno no desconocen la Carta Política.
Finalmente, se tiene que en el Artículo
XI relacionado con medidas definitivas sobre bienes, se varió la redacción
del parágrafo segundo y se dijo que “Las Partes en
la medida que su ordenamiento jurídico lo permita, y en los términos que lo
consideren adecuados, podrán compartir bienes decomisados o sujetos a extinción
de dominio, o el producto de su venta.
Medidas similares están
consagradas en los anteriores Acuerdos y han sido encontradas constitucionales
por parte de esta Corporación. Además, esta disposición se enmarca dentro de
los principios de equidad, reciprocidad y cooperación mutua. Así mismo, la sola
posibilidad, prevista en el artículo que se analiza, no resulta contraria a la
Constitución, en la medida en que su ejecución está supeditada a la legislación
interna de cada uno de los Estados, al señalar “en la medida en que su
ordenamiento jurídico lo permita”.[22]
En cuanto al Artículo IX se incluye
que el secreto bancario no podrá invocarse para negar la asistencia. El Acuerdo
bajo estudio incluye al secreto tributario y bursátil.
Frente al punto del levantamiento de la
reserva bancaria- aplicable también a la reserva tributaria y bursátil-, la
Sentencia C-397 de 1998,[23] al revisar la constitucionalidad
de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su ley aprobatoria,
señaló que aún cuando el cliente tiene el derecho a que la Institución
financiera no divulgue ni utilice la información que recibe por razón de su
relación comercial, ese deber, sin embargo, en nuestro ordenamiento no tiene
carácter absoluto, pues no obliga a la entidad receptora de la información a un
silencio pleno, o a un total hermetismo que impida definitiva y categóricamente
el acceso a esa información, bien sea por parte del Estado o de particulares
interesados en ella, siempre que se cumplan determinados presupuestos. La
providencia agregó que esta restricción del derecho a la intimidad está
sometida a precisos límites y condiciones para ser ejercida. Dijo en dicha
oportunidad:
“...la intimidad es... elemento esencial de
la personalidad y como tal tiene una conexión inescendible con la dignidad
humana. En consecuencia, ontológicamente es parte esencial del ser humano. Sólo
puede ser objeto de limitaciones en guarda de un verdadero interés general que
responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1 de la Constitución.
No basta, pues, con la simple y genérica proclamación de su necesidad: es
necesario que ella responda a los principios y valores fundamentales de la
nueva Constitución entre los cuales, como es sabido, aparece en primer término
el respeto a la dignidad humana.” (Corte Constitucional, Sentencia T-022 de
1993, MP. Ciro Angarita Barón)
En esa perspectiva, la circulación del
“dato económico personal” que recepciona la entidad financiera, en principio
protegido con la reserva o el secreto bancario al que aquella está obligada,
sólo es posible, como lo impone la norma del instrumento multilateral que se
revisa, si se presenta alguna de las siguientes situaciones: la primera, que
esté precedida por formal y expresa autorización de su titular, quien en
ejercicio de su autonomía está habilitado para “introducir una limitación
permitida por el ordenamiento a su libertad personal”(…); y la segunda, que se
origine en la “...prevalencia de un verdadero interés general construido con
todos los elementos que ofrece la Constitución de 1991 a través de sus valores,
principios y normas...” (….) caso en el cual ella se despoja de cualquier
elemento de arbitrariedad, mucho más si tal información acredita la calidad de
antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales, según lo
dispone el artículo 248 de la Carta Política.
Es decir, que en tratándose de cumplir el
objetivo de la Convención que se somete a examen de constitucionalidad, de
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, el cual ha encontrado la
Corte que se ajusta plenamente a la filosofía y principios de la Constitución
Política, el compromiso que adquiere el Estado colombiano al suscribirla, de
levantar la reserva bancaria a solicitud de otro de los Estados-parte, en
manera alguna vulnera dicho ordenamiento, pues se configura inequívocamente una
situación en la que se impone hacer prevalecer el interés general, artículo 1o.
de la C.P., el cual se ve gravemente amenazado por prácticas de corrupción que,
como se dijo, atentan contra las bases mismas de la organización
jurídico-política por la que optó el Constituyente, y contra sus principios y
valores fundamentales.”
En conclusión, la Corte encuentra ajustada
esta disposición a la Carta Política, pero teniendo en cuenta que “será
necesaria la existencia de una norma de carácter interno que consagre la
mencionada develación. La información obtenida de esta manera, en todo caso,
por disposición del mismo Acuerdo, no podrá ser utilizada para fin distinto al
contenido en la solicitud de asistencia, excepto con consentimiento de alguna
de las Partes (artículo IX, numeral 2).”[24]
En relación con el Artículo XII que
hace referencia a los derechos de terceros de buena fe. Esta disposición  no es
más que una consecuencia del postulado de buena fe establecido en nuestra Carta
Política, y por tanto, no contraviene disposición constitucional alguna.
El Artículo XIII establece que los
documentos provenientes de una de las Partes que se tramiten a través de las Autoridades
Centrales no requieren legalización alguna. Este artículo busca la cooperación
eficaz y ágil de las peticiones de las Partes en el desarrollo del Acuerdo y
por tanto, no desconoce ningún precepto constitucional.
El XIV consagra que el Acuerdo “no
afectará los derechos y compromisos derivados de Acuerdos y Convenios
internacionales bilaterales o multilaterales vigentes entre las Partes”y
el XV la solución de controversias y denuncias. Para esta Corporación no
existe en ellos nada que contraríe la Constitución, y por el contrario
desarrollan los principios de derecho internacional señalados en el artículo
226 de la Norma Superior. En efecto, estas normas incluidas en el Tratado
objeto de revisión constitucional, no contrarían ninguna disposición
constitucional, en tanto que se limitan a fijar los mecanismos de entrada en
rigor del instrumento, así como los medios de solución de controversias.
VI.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Cooperación para la Prevención,
Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad
ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Perú” hecho
en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley
1165 de 2007 “Por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y
Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”
hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Con salvamento de voto
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
Ausente en comisión
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Ausente en comisión
CLARA INÉS VARGAS  HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-841 DE 2008 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
REQUISITO DE ANUNCIO  PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento (Salvamento de voto)
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT-318
Revisión oficiosa de la Ley 1165 de 2007,
“Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención,
Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad
ilícita entre el Gobierno de la República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el
veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”
Magistrada Ponente:
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por
cuanto en mi concepto la Ley 1165 de 2007 adolece de un vicio de procedimiento
insubsanable, consistente en no haberse cumplido en debida forma con los avisos
previos y en sesión diferente de la sesión en la que se debatirá y votará sobre
el respectivo proyecto de ley, establecido en el inciso final del artículo 160
de la Carta Política, en lo relacionado con el anuncio previo de la sesión
futura en la que se discutirá y votará sobre un proyecto de ley, acorde con el
principio democrático y de publicidad del procedimiento legislativo. Por consiguiente, a mi juicio, la citada
ley ha debido ser declarada inexequible.
En este orden de ideas, me permito reiterar los
argumentos con base en los cuales sostengo que el requisito del anuncio previo
para votación con el lleno de todas las exigencias constitucionales es
fundamental para la validez de las normas jurídicas y su falta constituye un
vicio insubsanable. A este respecto me referiré (i) en primer lugar, al
problema de teoría del derecho respecto de la producción de las normas
jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la naturaleza del anuncio previo
para votación de los proyectos como requisito constitucional.
1. El problema de la producción de las normas
jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional
El problema de la producción de las normas jurídicas
dentro de un sistema jurídico, el cual apareja a su vez el de la validez de las
normas jurídicas, supone una posición de principio de teoría y filosofía del
derecho, que tiene importantes consecuencias teóricas y prácticas para el tema
del control constitucional.
Se hace necesario entonces tomar una postura clara de
teoría y filosofía del derecho, en relación con el concepto de norma jurídica, el
cual entraña el concepto de validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva
necesariamente la pregunta por el modo de producción jurídico-institucional de
las normas. De este modo, tenemos que en un sistema jurídico es fundamental
determinar en primer término, qué es norma jurídica, elemento básico y esencial
del derecho, como el concepto de “célula” para la biología. Por ello, la
primera parte de teoría del derecho se encuentra dedicada al análisis y
determinación de lo que es norma jurídica, parte esencial de la cual, es la
pregunta de cuándo un enunciado normativo hace parte del sistema jurídico, o en
otros términos, a la pregunta por la validez de los preceptos jurídicos[25].
Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda la parte
estática del derecho[26].
No obstante, el derecho no está compuesto por una sola
norma sino por una pluralidad de normas jurídicas. En consecuencia, la segunda
parte de la teoría del derecho es la que se refiere a la teoría del
ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica de las normas[27].
En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las antinomias jurídicas,
para resolver las cuales hay que acudir a los criterios de vigencia en el
tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así como los
problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos jurídicos.
Vista la estructura fundamental de la teoría del
derecho, es claro entonces que el primer problema fundamental del sistema
jurídico es la determinación de qué es una norma jurídica, cuándo una norma
nace al ordenamiento jurídico, o en otros términos, qué normas pertenecen y
cuáles no al sistema jurídico, problema que se encuentra analítica e
intrínsecamente ligado al problema de la validez de la norma jurídica, el cual
es un problema tan fundamental y esencial en el derecho que es anterior al
problema de la vigencia y de la eficacia de las normas, puesto que la respuesta
a este primer interrogante permite esclarecer la cuestión de la carta de
nacimiento o naturaleza jurídica propiamente dicha de las normas, la pertenencia
de las normas a un sistema jurídico, o con otras palabras, la cuestión del reconocimiento
de las normas como jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir,
como enunciados normativos jurídicos-positivos.
En este orden de ideas, aparece claro que la pregunta
fundamental en el derecho es la pregunta por la existencia y validez de las
normas jurídicas, por qué es norma jurídica, cuestiones que determinan la
teoría de los actos jurídicos y la teoría de la nulidad en el derecho, desde la
inexistencia de norma, la nulidad de la norma, hasta la existencia de norma con
vicio o sin vicio de producción o formación. De manera que el cuestionamiento
esencial en el derecho es entonces el de cómo surgen las normas en el mundo
jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido correctamente en el mundo
jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de todos los requisitos
establecidos para su creación. Este cuestionamiento corresponde exactamente a
la pregunta por la validez.
La pregunta por la validez de las normas jurídicas, es
decir, por la cuestión de si un enunciado normativo es norma jurídica, o en
otros términos, si  pertenece al sistema jurídico, de conformidad con las
reglas prefijadas por el propio sistema para su reproducción, es la pregunta
fundamental que se debe hacer en el derecho, para posteriormente, y sólo si es
contestada afirmativamente esta pregunta por la validez, se pueda continuar
preguntando por la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas válidas.
Esta característica propia de las normas jurídicas
como válidas, es lo que llevó  a Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece
al mundo del “deber ser” y no al mundo del “ser”, ya que la
pregunta por el derecho es la pregunta por la validez de la norma jurídica, es
decir, por la existencia deontológica, y no la pregunta por la existencia
fenomenológica de las cosas, lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a
sostener que por ello mismo la lógica formal no funciona para el derecho, por
cuanto su finalidad es la constatación de una correspondencia con un fenómeno
del mundo del ser, mientras que en cambio en el derecho de lo que se trata es
de constatar si una norma es válida, es decir de si existe en el mundo del
derecho o del “deber ser” y ello de acuerdo con aquellas reglas que
estipulan y prevén los presupuestos para su producción jurídica[28].
Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho, es lo que
permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas válidas que se
opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto, hay que recordar que el sistema
jurídico es como el ave fénix que se crea y se reproduce a sí mismo, y contiene
por tanto normas que estipulan la forma de la reproducción de las normas
jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas secundarias”[29].
Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la determinación
de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de conformidad con
las normas o reglas previstas por el propio sistema para su reproducción, es lo
que Hart identificó como el problema del reconocimiento de las normas jurídicas
como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la “regla de
reconocimiento y validez jurídica”[30].
Así entonces, el
derecho será válido siempre y cuando satisfaga los requisitos que se establecen
para la producción del mismo derecho y que están señalados por las reglas de
producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo
ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la siguiente manera: “Si
se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es jurídicamente válida, para
resolverla debemos usar un criterio de validez suministrado por otra regla. ¿Es
válida esta pretendida ordenanza del County Council de Oxfordshire? Sí:  porque
fue dictada en ejercicio de potestades conferidas y de acuerdo con el
procedimiento especificado, por un decreto del Ministerio de Salud Pública. A
este primer nivel, el decreto suministra los criterios para apreciar la validez
de la ordenanza.  Puede no haber necesidad práctica de seguir adelante; pero
existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos cuestionar la validez del decreto y
apreciarla en términos de la ley que faculta al Ministro a adoptar tales
medidas“[31]
Así también
nuestra Constitución contempla para la producción de normas con fuerza de ley,
por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto de ley (inc.1 art.
157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las cámaras, y en cada una de
ellas un primero en la comisión correspondiente y un segundo en plenaria (inc.
2 art. 57, 165); la existencia de quórum deliberatorio y de determinadas
mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del anuncio de votación del proyecto
en cuestión, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la propia
Carta (art. 160 C.P); términos específicos entre cada debate en cada Cámara y
entre los debates en una y otra Cámara (art. 160); límites de trámite en los
periodos legislativos (art. 162), la sanción presidencial (art.168), entre
otros.
Ahora bien, cuando se hace control de
constitucionalidad, éste apunta en primerísimo lugar a comprobar la validez de
la norma jurídica, a constatar si se respetó o no el camino demarcado por el
propio sistema jurídico, esto es, los procedimientos de producción del derecho,
para que pueda catalogarse tal norma como norma válida. El control
constitucional en este aspecto no es por tanto cosa de poca monta, ya que
cuando el constituyente dice que exige ciertos requisitos para poder otorgar
carta de validez a las normas jurídicas, al Tribunal Constitucional le
corresponde controlar y verificar que dichos requisitos se hayan respetado y
cumplido a cabalidad. Por tanto esta labor es de suma importancia, este control
constitucional sobre la forma de producción de las normas jurídicas y sobre la
validez de las mismas, es lo más importante, porque a partir de este control se
debe determinar qué norma es reconocida como válida, es decir, qué norma
pertenece al sistema jurídico, o en otros términos, qué enunciado normativo es
en realidad norma jurídica. En este sentido, el control constitucional formal
no es una cuestión de simple formalismo, por cuanto no puede existir derecho
sin que se respeten las condiciones procedimentales de formación de las normas
jurídicas preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una
característica fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por la validez jurídica de las normas y el
control constitucional respecto de dicha validez jurídica, sigue siendo por
tanto un tema de trascendental importancia para el derecho y esto es
precisamente lo que controla en primera instancia el Tribunal Constitucional,
la pregunta sobre cuáles enunciados normativos pertenecen efectivamente o no al
ordenamiento jurídico. Todos los demás temas son por tanto posteriores al tema
de la validez, es decir, el tema de la vigencia, de la eficacia y el análisis
de si el contenido sustancial de la norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta razón
que la producción del Derecho y sus formas, permiten entender al pueblo que el
producto realizado está acorde con el objetivo popular y con la misma
existencia del Estado, y les otorga una presunción de validez.  Los trámites y
cauces en los cuales se encamina la producción normativa deviene de la misma
legitimidad que el pueblo otorga al producto final, es decir el Derecho.
En consecuencia,
sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y legítimas las reglas de
obligación si provienen de las reglas de reconocimiento y de su aplicación
adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente contraria al Estado
absolutista donde el único criterio para identificar algo como derecho era
aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas, debe decirse que la
manera para identificar el derecho aceptado por los individuos esta basada en
aquel derecho que provenga o sea el resultante de las reglas de reconocimiento
o formas de producción establecidas en la Constitución.
Cualquier otra
cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento de estas reglas de
reconocimiento constitucionales no puede avalarse como derecho legítimo
aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad de que el
legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la
suplantación de la forma de producción de derecho, sin dudas elimina la
legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta inmediatamente su validez y
hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es así, por cuanto es el propio
derecho el que determina su forma de producción y ello es la garantía que el
pueblo mismo tiene que la producción de parámetros de convivencia social
pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él mismo, en cabeza del
Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por fruto del capricho o el
deseo de quien produzca normas, lo que estaría más cercano a la vivencia del
Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de un ente diferente del
soberano.
2. El anuncio previo como requisito constitucional para votación de los proyectos de ley
(Artículo 160 C. P)
Respecto de la trascendencia constitucional del
requisito establecido en el artículo 160 constitucional, esta Corte ha
manifestado:
“El inciso final del artículo 160 de la
Constitución Política dispone que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado.  En
el mismo sentido, establece que el aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la materia,[32] el anuncio
de la votación pretende hacer eficaces valores y principios constitucionales
primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el anuncio permite que
los congresistas conozcan con la debida antelación qué proyectos de ley van a
ser sometidos a votación, requisito indispensable para la concreción del
principio de publicidad propio de la actividad congresional y, por ende, para
la adecuada formación de la voluntad democrática al interior de las cámaras.
Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la actuación de los
ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de aprobación de los
proyectos de ley, lo cual materializa la democracia participativa y el
ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 40 C.P.
Este precedente ha previsto, además, las condiciones
fácticas requeridas para acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio
de la votación.  Así, resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio
de la votación de un proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende,
distinta a la que se lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la
Presidencia de la cámara correspondiente informa expresa y claramente a sus
integrantes que determinado proyecto de ley será sometido a votación en sesión
posterior; y (iii) la fecha de esa sesión posterior para la cual fue convocada
la votación sea determinada o, al menos, determinable.
En el mismo sentido, la Corte ha estimado que el
incumplimiento del requisito mencionado es un vicio de naturaleza insubsanable,
que acarrea la inexequibilidad de la disposición.  Ello debido a que se trata
de una instancia del procedimiento legislativo prevista de forma expresa por la
Carta Política.  Por ende, hace parte de las disposiciones que conforman el
parámetro superior para la validez del procedimiento legislativo destinado a la
creación de normas jurídicas, por lo cual debe ser aplicada de forma preferente
en virtud del principio de supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma perspectiva y de conformidad con lo
expresado anteriormente, esta exigencia busca hacer eficaces tanto el principio
de publicidad y transparencia en el trámite legislativo, como la democracia
participativa y el respeto de las minorías parlamentarias. Así, se trata de un
presupuesto formal relevante para la adecuada formación de la voluntad
democrática de las cámaras legislativas, esto es, que hace parte del mínimo de
requisitos exigibles para que el procedimiento de formación de las leyes cumpla
con sus propósitos constitucionales.
Por último, la omisión del anuncio para la votación es
un vicio de procedimiento que afecta el trámite subsiguiente puesto que, en
atención del principio de consecutividad, la validez de cada una de las etapas
del procedimiento para la formación de las leyes depende, a su vez, de la
validez de las actuaciones antecedentes.  En esa medida, no sería posible
aplicar la facultad de subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241
C.P.
( … ) La Sala insiste en que el requisito para el
procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P.
obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de
manera específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán
sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o
determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[33](Negrilla fuera de texto)
En conclusión, el cumplimiento del anuncio previo con
el lleno de las exigencias constitucionales hace efectivo al interior del
trámite parlamentario de leyes y actos legislativos una serie de principios
constitucionales, dentro de los que se realza el Estado Social de derecho.
Principios éstos que pretenden que los congresistas conozcan qué
proyectos van a ser sometidos a debate y votación.  Lo anterior, como resultado
del principio de contradicción, pilar de las sociedades democráticas, el cual
busca que las normas que rigen la sociedad sean debatidas, discutidas y
posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es indispensable que los
congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué momento del trámite
parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y votados.
Ahora bien, de no cumplirse dicho conocimiento
antecedente por parte de los congresistas, no existiría la idónea formación de
la ley o del acto legislativo como expresión de la voluntad democrática. Esto
por cuanto dicho desconocimiento impediría la oportunidad de debatir, discutir
y hasta votar dichos proyectos por parte de los congresistas. En consecuencia,
la norma resultante de un proceso que adolece del requisito señalado, no
responde a la expectativa cierta de los asociados quienes depositan su confianza
en los órganos del Estado, en este caso el Congreso, de que las normas se
guiarán por los causes de producción que la Constitución, como norma de normas,
establece para su fabricación.
Adicionalmente, otras cuatro razones fortalecen y
ratifican la exigencia, dentro del trámite de aprobación de una ley, del
requisito establecido en el artículo 160 Constitucional.  Estas son:
a.  La Constitución Política de Colombia establece en
su artículo 183 las causales de pérdida de  investidura de los congresistas;
dentro de las cuales se encuentra la señalada en el numeral segundo que indica:
“Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley
o mociones de censura. “  (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, el ordenamiento superior prevé que un
congresista de la República puede perder su investidura por el hecho de no
asistir en un mismo período de sesiones a seis reuniones plenarias en las que
se voten proyectos de ley.  En este orden de ideas, el anuncio previo de los
proyectos de ley que serán debatidos y votados en sesión posterior cierta y
determinada (artículo 160 constitucional) es sin duda una garantía que la misma
norma superior estableció para los congresistas, los cuales, conocedores de que
un proyecto se debatirá y votará en sesión posterior cierta y determinada y, de
las consecuencias señaladas en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución,
asumen las responsabilidades que la propia Constitución y la ley les exigen.
Por el contrario, el no cumplimiento del anuncio
previo de que trata el artículo 160 constitucional, deja sin sustento la
garantía constitucional que la norma superior ha otorgado a los congresistas
para que asuman sus funciones con la responsabilidad que les es debida.  En
otras palabras, el no cumplimiento del requisito esbozado impediría exigir
responsabilidad a los congresistas con base en el artículo 183 numeral 2
constitucional, por falta de conocimiento de la reunión plenaria en la que se
votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo orden de ideas, cualquier ciudadano
necesita conocer, de manera cierta y determinada, cuándo se va a votar un
proyecto de ley que lo puede afectar, ya que se debe legislar consultando el
interés general. Lo anterior, con el propósito de que pueda hacer valedero el
principio constitucional de participación en las decisiones políticas en cabeza
de todos los ciudadanos, consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103,
153, 154, 155, 159 de la Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano
puede ejercer no sólo la vigilancia y el control social sobre la producción de
las normas jurídicas que le van a ser aplicadas sino que igualmente puede
participar de manera activa en la toma de esas decisiones, lo cual es un
presupuesto del ordenamiento jurídico democrático y la cultura participativa.
Así pues, el desconocimiento del anuncio previo
expresado en la norma constitucional ya mencionada con anterioridad, impide que
el ciudadano vigile y controle socialmente la producción de las normas
jurídicas y que participe, como lo señala la Constitución Política, y asista,
como  lo permite el artículo 71 de la Ley 5ª de 1992 al desarrollo de las
sesiones y toma de decisiones por parte del Congreso. Específicamente, el
ciudadano, carecería del conocimiento respecto de la sesión cierta en la cual
se va a debatir y aprobar un proyecto de ley que sin dudas le incumbe.
c.  El artículo 160 de la Constitución al exigir que
ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella
que previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe realizarse
en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación, en realidad lo
que está señalando es un prerrequisito de competencia del Congreso de la
República para votar proyectos de ley y actos legislativos.
En otras palabras, la Constitución establece que el
Congreso de la República, sea las comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente
para votar un proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de
manera única cuando se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata
el artículo 160 constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la
competencia constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior
por falta del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución
mencionada.
Por tanto, si el Congreso vota un proyecto de ley sin
la realización o la mala realización del anuncio previo, tantas veces
mencionado, estaría actuando por fuera de las competencias asignadas
constitucionalmente y por consiguiente el acto constituye una irregularidad
superlativa a la luz de la Constitución por ser contrario a ésta, lo cual
acarrea una sanción mayor por no respetar el procedimiento establecido, sanción
ésta consistente en la expulsión del ordenamiento jurídico.
Así pues, al señalar la Constitución de manera expresa
una prohibición – que ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que por
consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la cual
se realiza la votación – su no cumplimiento genera de manera inmediata la
incompetencia del Congreso de la República – comisiones o Cámara en pleno –
para votar dicho proyecto de ley. En consecuencia, de votarse un proyecto de
ley sin el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos para el anuncio previo
para votación consagrado en el artículo 160 constitucional se estaría violando
la prohibición constitucional anotada, se estaría actuando sin competencia y dicho
acto traería consigo un vicio mayor que aparejaría como sanción su expulsión
del ordenamiento jurídico.
d. Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo
160 por el Acto Legislativo 01 del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”
(negrilla fuera de texto), con el fin de darle mayor seriedad, solemnidad y
certeza a la determinación de la sesión en la cual se llevará a cabo la
votación.
De conformidad con esta disposición superior es claro
que la obligación del anuncio para votación tiene que ser realizada por la
presidencia de cada Cámara o de la comisión correspondiente, de lo cual resulta
evidente que el cumplimiento de este requisito constitucional es tan importante
que el mismo constituyente no se lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó
al propio presiente(a) de cada Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de la Corte, la exigencia de que el anuncio
lo haga la presidencia de cada Cámara o comisión trae importantes consecuencias
jurídicas a saber: (i) en primer lugar, que si el anuncio no lo hace la
presidencia de cada Cámara o comisión, entonces no existe anuncio alguno; (ii)
en segundo lugar, que si se llega a presentar una discrepancia entre lo
anunciado por la presidencia frente a lo anunciado por el secretario, prevalece
en todo momento el anuncio hecho por la presidencia; (iii) en tercer lugar, que
esta función se le otorgó a la presidencia de la Cámara o comisión
correspondiente, con el fin de que no existiera duda respecto de cuándo se va a
votar de forma cierta y determinada el proyecto legislativo, al otorgarle mayor
seriedad, solemnidad y certeza al anuncio.
Pues bien, en síntesis la exigencia constitucional
establecida en el artículo 160 determina como norma de producción del derecho,
que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a
aquella que previamente se haya anunciado.  El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación“
Así las cosas, requisitos de producción del derecho,
como el del anuncio previo,  establecido en la propia Constitución hace que el
vicio que respecto de éste se presente sea insubsanable, por la alta
trascendencia que al interior de un Estado de Derecho posee la decisión popular
vertida en la Constitución Política, al optar por  la forma de producción del
derecho que va a seguir.
3. Con fundamento en lo anterior, el
suscrito magistrado reitera, como lo he sostenido en innumerables
oportunidades, que la exigencia de cumplimiento del anuncio para votación
contenido en el artículo 160 Superior no es un simple formalismo sino que es de
fundamental importancia en un Estado constitucional y democrático de Derecho
puesto que atañe directamente al problema de la validez de las normas jurídicas
y de su legitimidad democrática, y que su falta o irregularidad constituye un
vicio procedimental insubsanable por ser una exigencia de origen constitucional
que insisto, se encuentra fundamentada en la exigencia de validez de las normas
jurídicas y en la garantía de la transparencia y la participación en el
procedimiento democrático de creación de leyes.
En consecuencia, discrepo de la
declaratoria de exequibilidad adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Ver, Sentencias C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero;
C-376 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2000, M.P. Fabio
Morón Díaz; C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[3] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4]Sobre el punto, pueden verse las sentencias C-574 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón, C-276 de 1993 y C-059 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
C-333 de 1994, C-178 de 1995, C-682 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz. C-408 de 1996.
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[5] Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[6] Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[7] Cfr. Sentencia C-576 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SV
Jaime Araújo Rentería
[8] M.P. Jaime Córdoba Triviño, SSVV Alfredo
Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentaría, Rodrigo Uprimny
Yepes
[9] Concluye la Sentencia C-780 de 2004 “…aunque la situación
presentada puede considerarse como irregular, en tanto -se repite- el anuncio
de que trata el último inciso del artículo 167 (sic) de la Constitución debe
ser claro y con fecha precisa, tal irregularidad no genera en este evento un
vicio que conlleve a la inconstitucionalidad de la Ley aprobada”
[10] CFr. C-665 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[11] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[12] El aparte pertinente de la sentencia en
cita establece: “…por último, se cumplió con la
finalidad del Acto Legislativo pues no se tomó por sorpresa a los congresistas
en la votación del proyecto. En efecto, a pesar de no haberse empleado
expresiones como se discutirá, se debatirá, se votará o aprobará, del contexto
en el cual se dio el anuncio, y toda vez que “no
existe una fórmula textual específica para realizar el anuncio” (Sentencia C-241/06),  del contexto
en el cual se hizo la afirmación es dable aseverar que los congresistas
pudieron tener previo conocimiento de que la votación se iba a realizar en la
siguiente sesión. Al decirse “leeremos los proyectos que se anunciarán para
el día de mañana”, teniendo en cuenta que tal expresión se dio al finalizar
la sesión, era entendible que lo que con esta expresión se pretendía -y
se logró cumplir- era no sorprender a los congresistas con la votación del
proyecto.” (Sentencia C-322 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra SV Alfredo
Beltrán Sierra)
[13] MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Marco
Gerardo Monroy Cabra. SS.VV. Humberto Sierra Porto, Alfredo Beltrán Sierra
[14] El aparte pertinente de la providencia señala “En el caso bajo
estudio, si bien los distintos anuncios se hicieron para “debatir”,
“para la próxima sesión”, “para discusión”, tal
anuncio comprendía tanto deliberar como votar el proyecto. A pesar de no
emplear la expresión “votación” o “aprobación”, del
contexto en que se anunció el Proyecto de ley 234 de 2004 Senado, 015 de 2004
Cámara, se deduce que los parlamentarios sabían que el anuncio correspondía al
exigido por la Constitución.” (Sentencia C-276 de 2006 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, Marco Gerardo Monroy Cabra. SS.VV. Humberto Sierra
Porto, Alfredo Beltrán Sierra)
[15] Sentencia SU 157 de 1999
[16] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[17] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[18] La Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad de
disposiciones que establecen el deber de colaboración entre Estados para
prevenir, controlar y sancionar el lavado de activos. Ven entre otras las
sentencias C-176 de 1994, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-160 de 1998,
MP(E): Carmenza Isaza de Gómez; y C-326 de 2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
[19] Corte Constitucional, SU-157 de 1999, MP: Alejandro Martínez
Caballero, donde la Corte examina la tutela interpuesta por varias personas
incluidas en la denominada “Lista Clinton” contra algunas de las entidades
financieras que terminaron los contratos bancarios con los peticionarios por
las implicaciones económicas que podría traer el mantener relaciones
comerciales con las personas incluidas en esa lista.
[20] C-326 de 2000
[21] C-326 de 2000
[22] Ver Sentencias C-176 de 1991 y C-288 de 2002
[23] Corte Constitucional, C-397-1998, MP: Fabio Morón Díaz.
[24] C-326 de 2000
[25] Sobre el concepto y la validez de las normas jurídicas ver Hans
Kelsen, Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho, Fontamara, México,
1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo, Riccardo Guastini, Distinguiendo,
estudios de teoría y metateoría del derecho, Editorial Gedisa, Barcelona,
1999, págs. 92-110, 307-343.
[26] Norberto Bobbio, Teoría del Derecho, Editorial Temis,
2007, Págs. 3-139.
[27] Ibidem, Págs. 143-265.
[28] Sobre este tema consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho,
Porrua, 1998.
[29] Ver H.L.A. Hart, El concepto del Derecho, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[30] Ver H.L.A. Hart, El concepto del Derecho, Editorial
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 125-137.
[31] Ibidem, Pág. 133.
[32] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,
C-333/05,  C-400/05, y C-473/05.
[33] Corte Constitucional Sentencia C- 930 de
2005.