C-296-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-296/12
COMPUTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL A PARTIR DE LA
EXPEDICION DE LA MATRICULA DE INGENIERO, PROFESIONES AFINES O AUXILIARES-No vulnera los derechos a la igualdad y trabajo
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aptitud para emitir un pronunciamiento de fondo
LIBRE CONFIGURACION LEGISLATIVA PARA IMPOSICION DE
LIMITES EN EL EJERCICIO DE PROFESION-Jurisprudencia
Constitucional
DERECHO A ESCOGER PROFESION U OFICIO-Contenido normativo
REGLAMENTACION DEL EJERCICIO DE INGENIERIA-Cómputo de la experiencia profesional
POTESTAD LEGISLATIVA PARA  REGULACION DE REQUISITOS DE
IDONEIDAD DE PROFESIONES-Contenido
normativo
LIBERTAD PARA ESCOGER PROFESION U OFICIO-Se fundamenta en el libre desarrollo de la
personalidad y el derecho al trabajo
DERECHO AL TRABAJO-Instrumentos internacionales que lo consagran
LIBRE EJERCICIO DE PROFESION U OFICIO-No es absoluto
LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Título de
Idoneidad
TITULO DE IDONEIDAD-Jurisprudencia constitucional/TITULO DE IDONEIDAD-Importancia/TITULO
DE IDONEIDAD PROFESIONAL-Exigencia por parte del Legislador responde a la
necesidad social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad
de sus titulares/POTESTAD LEGISLATIVA PARA IMPONER REQUISITOS DE IDONEIDAD-Límites/POTESTAD
LEGISLATIVA PARA IMPONER REQUISITOS DE IDONEIDAD-No puede llegar a que se
establezcan condiciones poco razonables que terminen por anular el derecho al
trabajo/TITULOS PROFESIONALES-Razón de ser responde a la necesidad
social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus
titulares
DERECHO A ESCOGER PROFESION U OFICIO-Límites
Es
claro que el legislador está expresamente autorizado para intervenir en el
ejercicio del derecho fundamental de escoger profesión u oficio. Pero dadas las
garantías de igualdad y libertad que protegen este derecho, las limitaciones
establecidas por el legislador deben estar enmarcadas en parámetros concretos,
so pena de vulnerar el llamado ‘límite de los límites’, vale decir, el
contenido esencial del derecho que se estudia.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN TITULO DE
IDONEIDAD-Premisas a tener en cuenta
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que la libertad de configuración
política del Legislador para determinar los requisitos para obtener el título
profesional debe enmarcarse dentro de las siguientes premisas: (i) regulación
legislativa, pues es un asunto sometido a reserva de ley; (ii) necesidad de los
requisitos para demostrar la idoneidad profesional, por lo que las exigencias
innecesarias son contrarias a la Constitución; (iii) adecuación de las reglas
que se imponen para comprobar la preparación técnica; y (iv) las condiciones
para ejercer la profesión no pueden favorecer discriminaciones prohibidas por la
Carta.
LIMITES A LA FACULTAD DE REGULAR EL EJERCICIO DE
PROFESIONES U OFICIOS-Clases
La Constitución Política de 1991 establece tres clases de límites a la
facultad de regular el ejercicio de las profesiones y oficios, unos de carácter
material, otros de carácter competencial y por último unos de carácter
procedimental. En cuanto a los límites materiales, son aquellos que tiene como
postulado fundamental que las limitaciones impuestas por el Legislador deben
ser razonables y proporcionadas, como se describió anteriormente. En segundo
lugar, los límites de carácter competencial, son aquellos que señalan que el
legislador no puede trasladar al ejecutivo decisiones que están reservadas al
Congreso de la República en virtud del principio democrático, y por último, en
cuanto a los límites procedimentales que han sido expresamente reconocidos por
la jurisprudencia constitucional, la sentencia C-191 de 2005 recordó algunos de
ellos, entre los que citó los siguientes: “(1) No puede conceder a los órganos
de vigilancia y control de una profesión la facultad de crear o suprimir organismos
del orden nacional, facultad que concede la Constitución al Congreso y al
Presidente de la República, únicamente” y que,“(2) No puede, por su propia
iniciativa, reformar los órganos encargados de controlar y vigilar a los
profesionales de una misma disciplina, cuando tales órganos son de naturaleza
pública y forman parte de la estructura de la administración pública”.
ERROR DE TECNICA LEGISLATIVA-Jurisprudencia constitucional
LEGISLADOR-Puede
crear una reglamentación específica para determinadas profesiones, así exista
una reglamentación general anterior
TITULO DE IDONEIDAD-Exigencia/TITULO DE IDONEIDAD-Reserva de ley/PROFESION U
OFICIO-Restricciones materiales, competenciales y procedimentales/CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN TITULO DE IDONEIDAD-Medidas adoptadas deben ser razonables y
proporcionadas
Sobre
la exigencia de títulos de idoneidad, la Corte ha reiterado en varias de sus sentencias
que dichos requerimientos son indispensables para acreditar la preparación
académica y científica de ciertas profesiones y oficios con alta
responsabilidad social y que impliquen un riesgo social a la comunidad. Del
mismo modo se ha establecido que la libertad de configuración del legislador
está limitada ya que debe estar sometida a la regulación legislativa y tiene
reserva de ley y no se pueden dar exigencias innecesarias o desproporcionadas
que den lugar a discriminaciones prohibidas por la Carta. Por otra parte se han
establecido las restricciones materiales, competenciales y procedimentales en
el sentido que las medidas adoptadas por el legislador deben ser razonables y
proporcionadas, que dichas competencias no pueden ser trasladadas al ejecutivo
ya que están reservadas al Congreso de la República y por último la existencia
de límites procedimentales que se refieren a que no se puede conceder a los
órganos de vigilancia y control de una profesión la facultad de crear o
suprimir organismos del orden nacional, que no se puede por su propia
iniciativa reformar los órganos encargados de controlar y vigilar a los
profesionales de una misma disciplina, cuando son de naturaleza pública y
forman parte de la estructura de la administración pública. Por último se tiene
que defectos relacionados con la mala técnica legislativa en la regulación de
las profesiones u oficios, una modificación que se hace con posterioridad a una
reglamentación anterior, o específica de una profesión, así exista una
reglamentación general y anterior, pueden convertirse en violaciones de forma o
fondo que ameriten la inconstitucionalidad de la regulación.
EJERCICIO DE PROFESION Y RIESGO SOCIAL-Concepto/EXIGENCIA
DE TITULO-Debe reducir los riesgos de la actividad/EXIGENCIA DE TITULO-Requisitos
que se deben verificar/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA PARA REGULAR
PROFESION U OFICIO-No es una potestad  arbitraria/LIBERTAD DE PROFESION
U OFICIO-Facultad del legislador para exigir título académico/EJERCICIO
DE UNA PROFESION U OFICIO-No está condicionado por la posesión de un titulo
académico sino cuando lo exige la ley y que ésta sólo puede exigirlo para
precaver un riesgo social/FORMACION ACADEMICA PARA PROFESION DETERMINADA-Exigencia
es innecesaria y carece de efectos prácticos, si los riesgos que implica el
ejercicio de tal profesión no se reducen con dicho requisito
EJERCICIO DE LA INGENIERIA-Evolución normativa
EJERCICIO DE LA INGENIERIA-Regulación teniendo en cuenta el riesgo social
IGUALDAD-Pilar
fundamental/DERECHO A LA IGUALDAD-Concepto relacional/TRATO IGUAL A
LOS IGUALES Y DESIGUAL A LOS DESIGUALES-Jurisprudencia constitucional/IGUALDAD-Exige
el mismo trato para los entes y hechos que se encuentren cobijados bajo una
misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan
características desiguales
IGUALDAD-Conlleva
a la elaboración de un ejercicio comparativo entre más de un extremo de una
relación
IGUALDAD-Elementos
subjetivo, objetivo y valorativo
DERECHO A LA IGUALDAD-No supone una paridad mecánica o aritmética, sino que
las autoridades pueden en determinadas ocasiones emitir regulaciones que
impliquen ciertas diferencias de trato
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD COMO HERRAMIENTA
HERMENEUTICA-Alcance
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Subprincipios
La
proporcionalidad del medio se determina, mediante una evaluación de su “idoneidad
para obtener el fin (constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio
de razón suficiente); necesidad, en el sentido de que no existan medios
alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin, pero
menos restrictivos de los principios afectados; y proporcionalidad en
sentido estricto, esto es, que el fin que la efectividad del fin que se
persigue se alcance en una medida mayor a la afectación de los principios que
sufren restricción, y particularmente, del principio de igualdad”.
TEST DE IGUALDAD-Grados de intensidad/TEST DE IGUALDAD-Niveles de intensidad
EXIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL EN REGLAMENTACION
DE INGENIERIA Y FUNCIONES Y REQUISITOS PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS PUBLICOS DE
LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES-Enunciados
normativos que representan los extremos de la relación comparativa
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA COPNIA-Facultades
LEGISLADOR-No
tiene la potestad de regular todas las profesiones, sino solo aquellas que no
son de libre ejercicio porque implican riesgo social/LEGISLADOR-Potestad
de exigir títulos de idoneidad para profesiones que implican riesgo social
PROFESIONES-Resulta
ajustado a la Constitución que existan distinciones en cuanto a los requisitos
que cada una de ellas requiera para que la misma sea ejercida de manera legal
TERTIUM COMPARATIONIS-Criterio para determinar si las situaciones o las
personas son o no iguales
EJERCICIO DE LA INGENIERIA-Implicaciones
EJERCICIO DE LA INGENIERIA-Exigencia de mayores requisitos se deriva de verificar
el grado de idoneidad y experticia respecto de la práctica de la profesión y
evitar el ejercicio ilegal
EJERCICIO DE LA INGENIERIA-Mayor exigencia en el cómputo de la experiencia
profesional no viola de manera desproporcionada e irrazonable el derecho a la
igualdad y derecho al trabajo
PROFESION DE INGENIERO, PROFESIONES AFINES Y
AUXILIARES-Actividades que involucran
un claro riesgo social
EJERCICIO DE LA INGENIERIA-Exigencia del cómputo de la experiencia profesional a
partir de la expedición de la matrícula profesional se justifica razonablemente
Referencia: expediente No. D-8790
Demanda de inconstitucionalidad contra  el artículo
12º de la Ley 842 de 2003
Demandantes: René Horacio Torres López y otro.
Magistrado Ponente:
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Bogotá,
D.C, dieciocho (18) de abril de dos mil doce (2012)
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 superior los
ciudadanos René Horacio Torres López y Diego Andrés Cárdenas Briceño,
instauraron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12º de la
Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de
la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se
adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”.
Cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto
2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en
referencia.
II. NORMA DEMANDADA
El
texto del artículo demandado es el siguiente:
“LEY 842 DE 2003
(octubre 9)
Diario Oficial No. 45.340 de 14 de octubre de 2003
Por la cual se
modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética
Profesional y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA
PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional,
respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de
inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad
a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen
auténticas”.
III. LA DEMANDA
3.1.
Los demandantes manifiestan que el artículo 12º de la Ley 842 de 2005[1],
vulnera el artículo 13 Superior[2], porque dicha norma podría llegar a diferenciar de
manera discriminatoria entre profesiones o carreras, haciendo que para el
ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares
se contabilice la experiencia profesional solo a partir de la expedición de la
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, mientras
que en las otras profesiones se contabiliza la experiencia profesional desde la
terminación de materias.
3.2. Señalan que  el derecho a la igualdad se ve
vulnerado en este caso porque en el momento de ser evaluada la experiencia
profesional de una persona perteneciente a uno de los 535 grupos de
profesiones, que tenga como requisito la inscripción al COPNIA, se toma como
fecha de inicio de la experiencia laboral la terminación de materias de acuerdo
con el artículo 14 del Decreto 2772 de 2005, mientras que para las personas que
ejercen la ingeniería, o sus profesiones auxiliares y afines, se está
contabilizando la experiencia laboral conforme a lo establecido en el artículo
12 de la ley 842 de 2003, es decir, a partir de la expedición de la matricula
profesional[3]. Para los actores dicho
tratamiento pone de relieve que se está evaluando bajo dos criterios diferentes
“una situación que debe tener igual trato”[4].
3.3. Por otro lado indican que después de revisar la
normatividad que reglamenta las diferentes profesiones y oficios,
concretamente, lo relativo a la experiencia profesional(Decreto 2772 de 2005,
Acuerdo 106 de 2009, Decreto 590 de 1993, Decreto 861 de 2000), se encuentra
que las personas que ostentan el título en un área de la ingeniería o de
profesiones auxiliares y afines son objeto de un trato distinto no justificado,
ya que para proveer los demás cargos se empieza a contabilizar la experiencia
profesional desde la terminación de materias y no desde la obtención del título
profesional[5].
3.4. Por último señalan que se está vulnerando el
derecho a la igualdad porque “todo profesional debe tener las mismas
garantías y su experiencia profesional debe ser evaluada en las mismas
condiciones (…)”[6].Así pues, cuando
se está en un concurso de méritos en el cual se requiere certificación de la
experiencia profesional, a los ingenieros, profesiones auxiliares y afines, se
les está dando un trato diferente puesto que “en el concurso por un mismo
cargo, se ponen en competencia profesionales de la ingeniería y profesionales
de la economía o arquitectura y se ve que estos dos últimos están en ventaja y
castigando en virtud del artículo 12 de la Ley 842 de 2003 a los ingenieros”[7].
3.5.
Por otra parte, aducen que se está vulnerando con esta norma el derecho al
trabajo. Sobre este cargo citan la sentencia C-606 de 1992[8],
en la que se ha definido este derecho como un “elemento estructural del
orden político y social que instituye la Constitución colombiana de 1991” y que garantiza, “…el
respeto a las condiciones de igualdad para acceder a un puesto de trabajo,
siempre que se cumplan los requisitos de capacitación que exige cada tarea en
particular”.
3.6.
Del mismo modo indican que en dicha jurisprudencia se dice que, “(…) dichos
requisitos deben ser fijados de tal manera que obedezcan a criterios estrictos
de equivalencia entre el interés protegido y las limitaciones fijadas, pues una
excesiva, innecesaria o irrazonable reglamentación violaría el contenido
esencial del derecho…”. Finalmente explican que en esta misma Sentencia se
dice que los requisitos que condiciona el ejercicio de una profesión u oficio
deben ser de carácter “general y abstracto” y que al poder público le
está vedado, sin justificación razonable acorde con el sistema constitucional
vigente “establecer condiciones desiguales para circunstancia iguales y
viceversa”.
3.7.
Concluyen manifestando que la norma demandada establece un trato diferente no
justificado en tanto la experiencia profesional de un ingeniero o de alguna de
sus profesiones afines o auxiliares, solo se computa a partir de la fecha de
expedición de la matricula profesional, mientras que otras profesiones como por
ejemplo, la medicina y el derecho, las cuales tienen igual o mayor responsabilidad
social, la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación de
materias conforme al artículo 14 del Decreto 2772 de 2005.
IV. PRECISION PRELIMINAR
4.1.
Antes de pasar al análisis de fondo de la expresión acusada, es pertinente resaltar
que mediante Auto de 14 de octubre de 2011, el Magistrado Sustanciador
inadmitió la demanda debido a que no se cumplía con las exigencias elementales
señaladas en el artículo 2º del Decreto ley 2067 de 1991.
4.2. En efecto, el citado precepto establece que las
demandas en las acciones públicas de constitucionalidad deben cumplir los
requisitos siguientes: (i) el señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, bien a través de su trascripción literal o un ejemplar de
la publicación oficial de las mismas; (ii) la indicación de las normas
constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando resultare aplicable,
el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la
Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda.
4.3.
En relación con los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto en
mención, el Magistrado Sustanciador hizo énfasis en que la demanda no cumplía
con el tercer requisito exigido en dicha norma; el cual se refiere a “las
razones por las cuales dichos textos se consideran violados”, debido a que
la construcción argumentativa encaminada a demostrar de manera cierta, clara,
específica, pertinente y suficiente la forma en que las normas demandadas
vulneran los postulados constitucionales, partía de opiniones del actor.
4.4.
Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° del Decreto 2067 de
1991, se concedieron tres (3) días para que los accionantes procedieran con la
corrección de la demanda.
4.5.
El día veinticuatro (24) de octubre de 2011, los accionantes encontrándose
dentro del término, presentaron escrito de corrección de la demanda, en el que
la corrigieron y precisaron. Revisada la corrección de la demanda, el
Magistrado Sustanciador mediante Auto de nueve (9) de noviembre de 2011,
concluyó que la misma debía admitirse debido a que cumplía con las exigencias
señaladas en el artículo 2º del Decreto Ley 2067 de 1991.
V. INTERVENCIONES
5.1. Intervención del Departamento Administrativo de la Función Pública
5.1.1.
El ciudadano Camilo Escovar Plata, en representación de la Nación- Departamento
Administrativo de la Función Pública, solicita  que se declare la
exequibilidad del artículo demandado. Comienza por afirmar que “carece
de todo fundamento el cargo formulado por el actor en el sentido en que el
artículo 12 de la ley 842 de 2003 viola el artículo 13 constitucional, por las
siguientes razones: la regulación del ejercicio de las funciones públicas
(artículo 150-23 de la Carta Política), y la exigencia de títulos de idoneidad
(artículo 26 Constitución Nacional), constituyen potestades privativas del
Congreso de la Republica: Corporación que goza de un amplio margen de
apreciación y regulación cuando se ocupa de la función pública”[9].
5.1.2.
Igualmente indica que corresponde al Congreso de la República fijar mediante
ley las calidades y requisitos para desempeñar cargos públicos, exceptuando los
casos en los cuales la Constitución señale expresamente las calidades que deben
reunir algunos aspirantes a ciertos cargos del Estado. Con base en lo anterior,
explica que como los requisitos exigidos para el ejercicio de la ingeniería no
fueron establecidos por el Constituyente, corresponde al Congreso la
determinación de los mismos, como en efecto lo hizo en el artículo 12 de la Ley
482 de 2003.
5.1.3.
Por otro lado afirma que la norma demandada no es contraria al principio de igualdad,
al derecho a desempeñar funciones públicas, ni al derecho al trabajo, puesto
que debido a las “delicadas labores y responsabilidades profesionales e
institucionales que están llamados a cumplir los ingenieros”, el legislador
debe ejercer un control más estricto que el ejercido en relación con otras
profesiones[10].
5.1.4.
Del mismo modo dice que el legislador tuvo en cuenta en la promulgación de la
norma demandada los postulados constitucionales y jurisprudenciales sobre el
acceso a los cargos públicos, sin establecer unas exigencias “irrazonables o
desproporcionadas que impidan ejercer el derecho de acceso a los cargos
públicos”[11].
5.1.5.
En igual sentido manifiesta que el legislador en uso de sus facultades para
reglamentar los requisitos de determinadas profesiones u oficios, puede
válidamente efectuar distinciones en torno al ejercicio de dichas profesiones,
siempre y cuando ese tratamiento diferenciado se encuentre justificado objetiva
y razonablemente.
5.1.6.
Finalmente concluye diciendo que: “en el presente caso no es posible hablar
de violación del principio de igualdad, por cuanto la exigencia del artículo 12
de la ley 842 de 2003 no es comparable ni equiparable con el ejercicio
abstracto de otras profesiones, igualmente reglamentadas por la ley, es decir,
no estamos en presencia de supuestos iguales o análogos, razón por la cual la
diferenciación tampoco puede tenerse como irracional o desproporcionada”.
5.2.  Intervención del ciudadano Carlos Ricardo Castillo Cuartas
5.2.1.
El ciudadano señala que el artículo citado afecta sus intereses y experiencia
profesional “generando el incumplimiento de requisitos que pueda cumplir al
momento de aspirar a un cargo en alguna entidad pública”. Dice que es
profesional graduado en Ingeniería Industrial el 14 de noviembre de 1998 y que
desde esa fecha ha estado trabajando y ejerciendo labores como profesional en
dicha área. Sin embargo, apunta que a pesar de que ha venido trabajando como
ingeniero aproximadamente por 13 años, de acuerdo con la ley, solo cuenta con
cinco (5) años con anterioridad a la expedición de la ley 842 de 2003, y un año
y ocho meses de experiencia a partir de la expedición de la Tarjeta
Profesional, “…dado que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
expidió mi tarjeta profesional el 18 de Marzo (sic) de 2010”[12].
5.2.2.
Del mismo modo explica que el Decreto 2772 de 2005 en su artículo 14,
modificado por el art. 1º del Decreto Nacional 4776 de 2007, define la
experiencia profesional como “…la adquirida a partir de la terminación y
aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la
respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y
Tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o
disciplina exigida para el desempeño del empleo”. Subraya, sin embargo, que
la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) ha venido evaluando la
experiencia profesional de todas las personas que se presentan a estos
concursos excepto a las que están asociadas a las ingenierías, carreras
auxiliares y afines; para lo cual evalúan dicha experiencia de acuerdo a lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003[13].
5.2.3.
Finaliza su intervención diciendo que es evidente la violación al derecho a la
igualdad, “…dado que se está dando un trato diferente ante una situación que
amerita un trato igual”[14].
5.3. Intervención de los estudiantes Laura Gallo Martínez y otros,
miembros del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes
5.3.1.
Los ciudadanos Laura Gallo Martínez, Fernando Galeano Granados y Jinú
Carvajalino Guerreo, miembros activos del Consultorio Jurídico de la
Universidad de los Andes, consideran que la norma demandada “aunque suscita
un problema constitucional, no vulnera el principio/derecho a la igualdad”[15]
y por ende piden la declaratoria de exequibilidad del precepto.
5.3.2.
Dicen que el Congreso de la República tiene la competencia de regular el
ejercicio de las profesiones que impliquen riesgo social. Para ampliar lo
anterior, citan las Sentencias C-239 de 2010 y C-149 de 2009[16]
de las que concluyen que “en casos de profesiones que puedan poner en
peligro la sociedad, es razonable y legítimo exigir títulos de idoneidad como
una herramienta para disminuir el riesgo que el desarrollo de estas profesiones
podrían tener en el conglomerado social”[17].
5.3.3.
En relación con el derecho a la igualdad, dicen que los actores están
comparando el contenido de dos disposiciones “contenidas en instrumentos
jurídicos de diferentes rangos”, como lo son la Ley 842 de 2003, de mayor
jerarquía y especialidad que establece específicamente la reglamentación del
ejercicio de la ingeniería, y el Decreto 2772 de 2005, de carácter general, que
reglamenta los concursos de mérito para acceder a los empleos públicos. En este
caso primaría la ley sobre lo que establece el Decreto.
5.3.4.
Por último, consideran que la ley en mención no vulnera el derecho a la
igualdad pues “el examen del derecho a la igualdad, requiere iniciar con un
tertium comparitionis, es decir señalando expresamente los grupos que en
comparación reciben un tratamiento diferenciado, a pesar de encontrarse en
situaciones de hecho y de derecho similares. No es posible comparar al grupo de
los ingenieros y carreras afines con las profesiones que no requieren de
matrícula profesional para su ejercicio legal, y que se enmarcarían entonces en
la regla general del artículo 14 del Decreto 2772, para quienes la experiencia
comienza a contabilizarse desde la culminación del pensum académico”[18].
5.3.5.
Concluyen diciendo que el cargo formulado contra el artículo 12 de la Ley 842
de 2003 no está llamado a prosperar.
5.4. Intervención del Ministerio del Trabajo
5.4.1.
La ciudadana Myriam Herlinda Roncancio Téllez, actuando en representación del
Ministerio de Trabajo, pide a la Corte declarar exequible el artículo 12
de la Ley 842 de 2003, por las  razones que se enunciaran a continuación.
5.4.2.
En primer lugar, plantea que para poder analizar el artículo demandado es
menester estudiar los artículos 6, 7, 8, 11 y 13 de la misma ley, pues de
conformidad con dicha normatividad, y sin tener en cuenta lo regulado por el
artículo 12, se concluye que para “poder ejercer legalmente la ingeniería y
sus profesiones afines o auxiliares en el territorio nacional debe haberse
matriculado en el registro profesional de ingenieros (…) o en el registro
profesional respectivo”[19]. Igualmente
explica que “es apenas obvio que la experiencia profesional solo se puede
adquirir después de cumplir con los citados requisitos”[20].
5.4.3.
Aunado a lo anterior, explica que la Corte Constitucional ha considerado en
varias sentencias que el legislador en ejercicio de sus funciones goza de la
potestad para limitar el derecho a ejercer un oficio, principalmente cuando se
busca proteger a la colectividad contra un riesgo social producido por el
ejercicio de una determinada actividad.
5.4.4.
Con el fin de ejemplificar el posible riesgo que acarrea el ejercicio de la
ingeniería, la interviniente hace referencia a la construcción como una de las
principales actividades desarrolladas por los profesionales en mención. Sobre
este punto explica que, “es evidente, sin que requiera de mayores análisis,
que la actividad de la construcción genera riesgos de magnitud considerable
para la comunidad, ya que cualquier error de diseño, cálculo o cimentación
puede producir consecuencia graves e irremediables (…) lo que suele ocasionar
pérdidas de vidas humanas, lesiones personales y daños materiales
considerables”[21].
5.4.5.
Sobre este tema, cita la Sentencia C-964 de 1999, en la que esta Corporación
señala, en torno al ejercicio de una profesión u oficio y al concepto de riesgo
social, que el Legislador está facultado para limitar el derecho a ejercer un
oficio cuando se trata de la protección de la colectividad contra un “riesgo
social” producido por el ejercicio de una determinada actividad. Se indica por
parte de la entidad interviniente que el concepto de “riesgo social” no se
refiere a la protección constitucional contra contingencias individuales
eventuales sino según la jurisprudencia citada, al “(…) amparo del interés
general, esto es, a la defensa y salvaguarda de intereses colectivos que se
materializan en la protección de los derechos constitucionales de los posibles
usuarios del servicio.(…) Por ende, en primer término, el riesgo social que
genera la actividad social debe ser claro y afectar, o poner en peligro, el
interés general y derechos fundamentales; pero eso no es suficiente; es además
necesario que ese riesgo pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a
una formación académica específica”[22].
5.4.6.
Después de citar dicha sentencia, afirma que el legislador goza de un amplio
poder de configuración, que lo faculta para exigir títulos de idoneidad y
ciertos requisitos para el ejercicio de una profesión u oficio al tenor del
artículo 26 de la Constitución. Por ello, no es contraria a la Constitución la
exigencia requerida por el legislador para el caso concreto de la profesión de
los ingenieros.
5.4.7.
En segundo lugar, en cuanto a la violación del derecho a la igualdad, la
interviniente, citando la sentencia T-530 de 1993, manifestó que “el derecho
a la igualdad se vulnera cuando se da un trato diferente a aquellas personas
que se encuentran en las mismas condiciones. Sin embargo, si el trato
diferencial se da entre personas que se encuentras [sic] en condiciones
disímiles y ese trato diferencial se justifica desde el punto de vista
constitucional, no se vulnera el derecho a la igualdad”[23].
5.4.8.
Concluye diciendo que, “En la disposición acusada, el legislador no realiza
ningún trato diferencial, por el contrario, lo que hace es establecer unos
requisitos mínimos a partir de los cuales se computará la experiencia
profesional en el ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones
afines o auxiliares. Es decir, que se está otorgando el mismo trato para
profesiones que se pueden considerar similares”[24].
5.5. Intervención del Ministerio de Educación Nacional
5.5.1.
La ciudadana Sonia Guzmán Muñoz, apoderada del Ministerio de Educación Nacional
aduce que, la regla general para el acceso a los cargos públicos consagra que
la experiencia profesional se entiende como la adquirida a partir de la
culminación del pensum académico, sin la exigencia de títulos de
idoneidad, lo que posibilita el inmediato ejercicio profesional. Sin embargo, la
Ley 842 de 2003, ley especial que regula lo atinente al ejercicio de la
ingeniería, de sus profesiones afines y auxiliares, agregó un elemento
normativo no contenido en la regla general, cual es la contabilización de la
experiencia profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula
profesional o del certificado de inscripción profesional.
5.5.2.
A renglón seguido, la interviniente incluye la ponencia para segundo debate al
proyecto de ley número 218 de 2002 Cámara, en el cual se expuso:
“Sin embargo, a pesar de que una profesión se puede
ejercer con la mayor libertad posible, existen otras que en la práctica de la
misma, pueden conllevar a que pongan en peligro el conglomerado social (…). En
consecuencia, el proyecto de ley que modifica la reglamentación de la profesión
de ingeniería busca establecer de manera clara el concepto de la ingeniería  en
cuanto a su ejercicio, al igual que de las profesiones afines y auxiliares, estableciendo
los requisitos para su ejercicio legal entre los cuales se encuentra el de la
obligación de estar matriculado o inscrito en el registro profesional
respectivo. Esto como una manera de certificar la idoneidad del profesional que
pretende ejercer la profesión en Colombia, controlando de esta manera su
ejercicio como imperativo de seguridad social (…). Sin embargo, consideramos
que para establecer una mayor idoneidad respecto de la práctica de las
profesiones y para poder evitar el ejercicio ilegal de la profesión, se debe
adicionar el proyecto, con la exigencia de que la experiencia profesional se
contara a partir de la fecha en que se expida la Matricula Profesional o el
Certificado de Inscripción Profesional, pues de Lo (sic) contrario se estaría
admitiendo el ejercicio profesional de manera ilegal”[25].
5.5.3.
Por otra parte indica que la Ley 842 de 2003, definió el ejercicio ilegal de la
ingeniería, incorporó el Código de ética profesional del ingeniero y el
correspondiente régimen disciplinario, y elevó a rango legal la forma de
contabilizar la experiencia profesional. Lo anterior, se ratifica con base en
el contenido de los antecedentes del trámite legislativo de la Ley, del cual se
“puede concluir que la voluntad del legislador fue la de revisar la
totalidad de la reglamentación existente para la profesión de la ingeniería y
sus profesiones afines y auxiliares”[26].
5.5.4.
En refuerzo de este planteamiento, se cita un concepto dado por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el que se indicó que las
leyes que  regulaban el ejercicio de la ingeniería (Ley 94 de 1937 y 64 de
1978), no definieron la experiencia profesional y tampoco la forma de
contabilizarla mientras que las normas que reglamentan la vinculación a cargos
públicos (Decreto 590 de 1993 y 861 de 2000) sí consagraban a partir de cuándo
contabilizar la experiencia profesional.
5.5.5.
De lo anterior, concluye que “de acuerdo con la consulta es claro para la
sala, que el régimen de contabilización de la experiencia profesional contenido
en este artículo[27] es el que la
administración venía aplicando para todos los cargos públicos incluidos los de
ingeniería hasta antes de entrar en vigencia la ley 842 de 2003. Lo anterior
supone que a los servidores públicos vinculados hasta esa fecha, se les
contabilizó el requisito de experiencia profesional a partir de la terminación
y aprobación del pensum académico respectivo”[28]. Señala que la
regla general es que la norma rige hacia el futuro, entonces, la Ley 842 de
2003 cobija a las personas que van a empezar a adquirir experiencia profesional
a partir o con posterioridad a la vigencia de la ley, y no a los ingenieros o
profesionales afines y auxiliares, que ejercen la profesión antes de la entrada
en vigencia de la ley en mención.
5.5.6.
Por último señala que en aras de proteger el principio de confianza legítima y
el respeto por el acto propio, no se debe, ni se puede aplicar la Ley 842 de 2003 a situaciones anteriores a la vigencia de la misma.
5.5.7.
Finalmente la entidad interviniente solicita declarar exequible el
artículo demandado.
5.6. Intervención del Defensor del Pueblo
5.6.1.
Fernando Iregüi Camelo, en calidad de Defensor Delegado para Asuntos
Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, presentó intervención
extemporánea solicitando se declare la constitucionalidad de la norma
acusada.
5.6.2.
Para fundamentar su posición dividió la intervención en dos partes: en primer
lugar, se hizo una breve referencia a la forma en la que la Corte Constitucional
ha tratado el derecho fundamental a escoger profesión u oficio. En este
apartado se citaron las Sentencias C-191 de 2005 y C-964 de 1999en las cuales
se enfatiza que, el derecho a ejercer una profesión o un oficio goza de amplia
protección constitucional por encontrarse íntimamente ligado a otros derechos
constitucionales, tales como la igualdad, el trabajo y el libre desarrollo de
la personalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, indica que el legislador está
facultado para limitar este derecho únicamente en aquellos casos en donde la
actividad desplegada por el profesional pueda generar un riesgo para la
colectividad.
5.6.3.
Por otra parte anotó que, “la mencionada libertad no solo se remite al
ámbito volitivo o puramente subjetivo que expresa la decisión de la persona,
sino que también supone el amparo- y consiguiente regulación- del ejercicio de
la profesión u oficio elegido. A esto justamente se refiere la competencia del
legislador para exigir títulos de idoneidad”[29].
5.6.4.
Aunado a lo anterior, dice en un segundo punto de la intervención que la
exigencia de títulos de idoneidad busca reducir los riesgos sociales que
implica el ejercicio de cualquier profesión y a la vez, hacer pública la
habilitación adquirida para ejercerla y por ende lo que se está exigiendo con
esta ley es establecer requisitos de idoneidad para ejercer dicha profesión u
oficio.
5.6.5.
Reforzando este argumento, cita la Sentencia C-191 de 2005 en la cual se
reitera que la competencia del Legislador para la regulación del ejercicio de
las profesiones y oficios se encuentra limitada por restricciones de carácter
competencial, procedimental y material[30]. Y, “para la
Defensoría del Pueblo, en el presente caso la regulación demandada se atiene a
los límites impuestos por la Constitución y desarrollados por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, por dos razones. En primer lugar, por que se trata
de un ejercicio de la libertad de configuración legislativa cuya relevancia
constitucional –dado el principio democrático- es fundamental y que se mueve
legítimamente en el margen de acción para la elección de medios[31]
con que cuenta el Legislador para ejercer su función. En segundo lugar, porque
no se afecta la igualdad con la regulación acusada, pues dicho valor al que
apunta la Constitución y que se despliega por todo el ordenamiento como uno de
sus principios fundamentales, supone más que una simple paridad entre todos y
exige por el contrario, dados los fines a los que apunta, la consideración de
las condiciones concretas en que se predica la igualdad o su afectación”[32].
5.6.6.
Acto seguido, indica que el legislador al regular el ejercicio de la ingeniería
y de sus profesiones afines y auxiliares, no desbordó su competencia ya que en
ningún momento estableció privilegios injustificados. Por el contrario,
reglamentó de manera íntegra el ejercicio de una profesión que implica un alto riesgo,
el cual se debe prevenir y reducir. Señala que cumplido el requisito de la
competencia, debe demostrarse que la disposición acusada no afecta de manera
desproporcionada el derecho fundamental a la igualdad, y en este supuesto, no
es claro respecto a quiénes consideran los actores que se estaría dando un
trato discriminatorio.
5.6.7.
A este propósito el interviniente trae a colación la sentencia C-022 de 1996,
en la cual esta Corporación estableció que, “hablar de igualdad o
desigualdad, siguiendo alguna variante de la fórmula clásica (como la contenida
en el artículo 13 de la Constitución Política), tiene sentido solo en la medida
en que se respondan las siguientes tres preguntas: ¿igualdad entre quienes?,
¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterios? Los sujetos pueden ser
todos, muchos o pocos; los bienes a repartir pueden ser derechos, ventajas
económicas, cargos, poder, etc.; los criterios pueden ser la necesidad, el mérito,
la capacidad, la clase, el esfuerzo, etc.”
5.6.8.
Con relación al caso concreto, considera que en relación con la primera
pregunta ¿igualdad entre quiénes? la norma en cuestión va dirigida a un grupo
especial de personas, a saber, los ingenieros y los profesionales afines o
auxiliares de la ingeniería, por lo que no se encuentra que se esté dando un
trato injustificado a alguna de las personas pertenecientes a ese grupo.
Respecto de la segunda pregunta ¿igualdad en qué? puede decirse que se está
haciendo referencia al acceso a cargos públicos y, por eso es razonable que si
la convocatoria es para servicios relacionados con la ingeniería, la
experiencia profesional le sea computada a partir de la fecha de expedición de
la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional.
Finalmente respecto de la tercera pregunta ¿igualdad con base en qué criterio?
el interviniente considera que el criterio del cual se parte es el del mérito
académico, dando así cumplimiento al requisito de la idoneidad, el cual apunta
al cumplimiento de un fin constitucionalmente legítimo, para así garantizar la
reducción de los riesgos que acarrea el ejercicio de la ingeniería y las
profesiones afines y auxiliares.
5.7. Intervención de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad del
Rosario
Los
Doctores Francisco Bernate Ochoa, Manuel Restrepo Medina y Andrea Mateus
Rugeles, catedráticos de la Facultad de Jurisprudencia, manifiestan que el
legislador al establecer las condiciones específicas para el ejercicio de
determinadas profesiones ha actuado dentro del marco que el constituyente le ha
concedido para la reglamentación de las profesiones y oficios. Por ello, estiman
que la demanda no debe prosperar y en consecuencia la norma debe ser declarada
exequible[33].
5.8.
Intervención del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA)
5.8.1.
Mario Andrés Herrera Arévalo, en su calidad de Director Jurídico del COPNIA,
presentó intervención pidiendo la declaratoria de constitucionalidad de la
norma.
5.8.2.
Después de hacer un análisis de los elementos normativos que se desprenden del
artículo 26 Superior, el interviniente indica que este artículo protege el
libre ejercicio de aquellas profesiones que no exigen formación académica y que
no implican riesgo social. Acto seguido, consagra que el ejercicio de las
profesiones que sí exigen formación académica y su desempeño implica riesgo
social no gozan de tal libertad. En este último supuesto, se desprende del
artículo 26 superior, que dichas profesiones solo se pueden ejercer con la
autorización respectiva.
5.8.3.
En ese orden de ideas, aduce que “es la propia Constitución la que regula de
manera diferente dos supuestos de hecho: las profesiones de libre ejercicio y
las profesiones que no son de libre ejercicio, siendo este último evento el que
otorga el fundamento a la Reglamentación de la respectiva profesión que define
los elementos que permiten su ejercicio legal en el territorio nacional”[34].
De lo anterior, se desprende que la Ingeniería es una profesión cuyo ejercicio
no es libre, por el contrario, se encuentra restringido a quienes cumplan los
requisitos legales exigidos para su desempeño.
5.8.4.
Para comprobar esta hipótesis el interviniente trae a colación las normas que
han regulado el tema de la ingeniería (Ley 94 de 1937, Ley 141 de 1961, Ley 64
de 1978), para concluir que “la ley ha restringido –como lo hace actualmente
a través de la Ley 842- el ejercicio de la ingeniería sin Matrícula Profesional
que es la forma como se autoriza el desempeño de la misma dado que exige
formación académica y su ejercicio implica riesgo social (…). La consecuencia
lógica de que el ejercicio, sin el cumplimiento de los requisitos sea
catalogado como ilegal, es que cualquier práctica así adquirida, no pueda ser
válida para ningún efecto legal, pues la ingeniería no es una profesión de
libre ejercicio sino que para ello requiere de la autorización estatal”[35].
5.8.5.
Teniendo en cuenta lo anterior afirma que ni la Ley 842 de 2003 es novedosa al
reglamentar el tema de la experiencia profesional, ni tampoco, había con
anterioridad a la misma un vacío normativo en relación con el cómputo de la
experiencia profesional. Por el contrario, “con la expedición de la Ley 842
de 2003, existe una continuidad normativa teleológicamente definida desde el
año 1937, ahora vertida exactamente en el artículo 12”[36].
5.8.6.
Finalmente, el interviniente encuentra que hay una aparente incompatibilidad
normativa entre las leyes que regulan el ejercicio de la ingeniería (Ley 64 de
1978) y las que regulan los requisitos para acceder a cargos públicos (Decretos
590 de 1993 y 861 de 2000). Al respecto, señaló que la incompatibilidad es
aparente pues “los decretos que establecen los requisitos generales para
acceder a cargos públicos, regulan la experiencia de las profesiones de libre
ejercicio, mientras que las leyes de reglamentación profesional regulan los
requisitos para poder ejercer y por lo mismo poder adquirir experiencia de las
profesiones cuyo ejercicio no es libre”[37].
VI.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
6.1.
El Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional “que se declare
inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la
disposición contenida en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, por ineptitud
sustantiva de la demanda”[38].
6.2.
En relación con el cargo formulado por los demandantes, considera que este no
cumple los requisitos establecidos para las demandas de inconstitucionalidad,
específicamente con el concepto de violación, una de las exigencias consagradas
en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991.
6.3.
En este sentido concluye diciendo que el cargo invocado no cumple con los
requisitos de claridad, especificidad y suficiencia, pues no logra demostrar la
forma en que la disposición acusada vulnera el artículo 13 superior,
circunstancia que hace inepta la demanda de inconstitucionalidad formulada en
contra del artículo 12 de la Ley 842 de 2003.
6.4.
Lo anterior, por cuanto “(…) los actores no muestran y, mucho menos
demuestran, que las personas a las que se refiere la norma demandada sean
equiparables a las que se refiere el Decreto 2772 de 2005; y que la aparente
existencia de un conflicto entre una ley y un decreto reglamentario, que es
inferior a ésta en rango y jerarquía, genere per se un caso de relevancia
constitucional”[39].
VII. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer de
la presente demanda, en los términos previstos por el numeral 4 del artículo
241 de la Constitución Política, al dirigirse contra disposiciones que integran
una ley.
2. Norma demandada
2.1.
La demanda de inconstitucionalidad incoada dentro del presente proceso, se
dirige contra el artículo 12º de la Ley 842 de 2003, el cual define la
experiencia profesional en el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones
afines o auxiliares. Consideran los actores que dicho artículo vulnera los artículos
13 y 25 de la Constitución Política por cuanto las personas que ejercen la ingeniería
o alguna de sus profesiones afines o auxiliares, se les contabiliza la
experiencia profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula
profesional o del certificado de inscripción profesional, mientras que, los
demás profesionales se rigen por lo establecido en el Decreto 2772 de 2005[40],
según el cual, la experiencia
profesional es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas
las materias que conforman el pensum académico.
2.2.
En los conceptos rendidos por los intervinientes, tanto el Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio
de Educación, el Defensor del Pueblo, algunos miembros del Consultorio Jurídico
de la Universidad de los Andes y la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario coinciden en defender la constitucionalidad de la norma
demandada, apoyándose en argumentos similares, como se mostró en cada una de
las intervenciones. Por su parte el Ministerio Público pide que la Corte se
declare inhibida para fallar debido a que no se cumple con los requisitos de claridad,
especificidad y suficiencia que puedan determinar el concepto de violación de
la norma en la demanda presentada.
3.
Cuestiones previas. La demanda es apta para emitir un pronunciamiento de fondo
3.1.
Como quedó dicho anteriormente, la Procuraduría General de la Nación solicita a
la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo
formulado por ineptitud sustantiva de la demanda. Por tanto antes de proceder a
realizar el análisis específico de los argumentos de inconstitucionalidad en el
asunto de la referencia pasa la Sala a verificar la aptitud sustantiva de la
demanda.
3.2.
Esta Corporación, de manera reiterada y en concordancia con lo prescrito por el
artículo  2° del Decreto Ley 2067 de 1991ha sostenido que cuando un ciudadano
ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada,
debe señalar con precisión: “1.
Las normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción literal por
cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El
señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3.
Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuere
el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la
expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón
por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.
3.3. En el caso concreto los accionantes citan como norma constitucional
violada el artículo 13 (igualdad) y por ende su argumentación y cargos
formulados se centran en la violación de este derecho. Para la Sala, el cargo
formulado por los accionantes cumple con los requisitos constitucionales antes
mencionados. En efecto, los accionantes, (i) identifican y transcriben la norma
acusada como inconstitucional, el artículo 12 de la Ley 842 de 2003;
(ii)señalan la norma constitucional que resulta vulnerada por la disposición
legal impugnada, que para el efecto es el artículo 13 de la Constitución y el
artículo 25 sobre el derecho al trabajo; y (iii) presentan las razones por las
cuales el texto normativo demandado viola la Constitución.
3.4. Encuentra la Corte, que contrario a lo sostenido
por el Procurador General de la Nación, los accionantes exponen los cargos de
inconstitucionalidad en debida forma. En efecto, la demanda formula un cargo claro
que permite comprender el contenido de la misma y las justificaciones en las
que se basa la supuesta inconstitucionalidad de la norma cuando expresa que la
vulneración  del artículo 13 de la Carta, se produce debido a que la
disposición acusada hace que en un concurso de méritos al momento de ser
evaluada la experiencia profesional de una persona que tenga como profesión la
ingeniería, o una de sus profesiones afines o auxiliares, ésta se le
contabilice conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 842 de 2003,
es decir, a partir de la expedición de la matricula profesional, mientras que
todos las demás profesionales que deseen acceder a los diferentes empleos
públicos de los organismos y entidades del orden nacional son evaluadas
conforme al artículo 14 del decreto 2772 de 2005, tomando como fecha de inicio de
la experiencia laboral, la terminación de materias.
3.5. Asimismo, encuentra la Corte que el cargo es cierto
porque de la lectura de la disposición demandada se desprende la
posibilidad de que se esté dando un trato diferenciado a los profesionales en
la rama de la ingeniería en relación con otras profesiones. Del mismo modo el
cargo cumple con el requisito de pertinencia porque plantea un problema
de relevancia constitucional, como es la posible vulneración del derecho a la igualdad
y a ejercer libremente la profesión u oficio elegido. Por último, se afirma que
el cargo es suficiente, porque lo planteado en la demanda genera una
mínima duda razonable y relevante sobre la exequibilidad de la norma demandada.
3.6. Teniendo en cuenta lo anterior esta Sala
encuentra que la demanda satisface las exigencias mínimas que ha definido esta
Corporación en su jurisprudencia para emitir un pronunciamiento de fondo y que
por ende se puede realizar un juicio de constitucionalidad de la norma de la
demandada.
4. Problema Jurídico y esquema de resolución
4.1. Los accionantes aducen que el artículo 12 de la
Ley 842 de 2003 está dando un trato diferente a los grupos de personas que
pretenden acceder a cargos públicos y ejercen la ingeniería, profesiones afines
y auxiliares, en tanto la experiencia profesional se empieza a computar a
partir de expedición de la matrícula profesional o del certificado de
inscripción profesional y no a partir de la terminación de materias, como sí se
contabiliza para los demás profesionales que también aspiran a ocupar un cargo
público, los cuales se rigen por el Decreto 2772 de 2005. Teniendo en cuenta lo
anterior los demandantes señalan que dicha normatividad establece un trato
discriminatorio que violaría el artículo 13 de la C.N., principalmente cuando
se está en un concurso de méritos en aras de ocupar un cargo público. Lo
anterior genera, según los actores, una desventaja  para los ingenieros,
profesiones afines y auxiliares con relación a los 535 grupos de profesiones
que tienen como requisito la inscripción al COPNIA para ejercer su profesión.
Esta desventaja que se configura en el momento de ser evaluada la experiencia
profesional cuando se está en un concurso de méritos ya que todas las demás
profesiones se rigen conforme al artículo 14 del Decreto 2772 de 2005, tomando
como fechas de inicio la experiencia profesional, la terminación de materias y
no conforme al artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que establece que la
experiencia profesional para el ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus
profesiones afines o auxiliares se computa a partir de la fecha de expedición de
“(…)la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional
respectivamente (…)”.
4.2. Por tanto le corresponde a la Corte resolver el
problema jurídico que consiste en determinar si el artículo 12 de la Ley 842 de
2003 que establece desde qué momento se empieza a contabilizar la experiencia
profesional para ingenieros, y demás profesiones afines y auxiliares vulnera
los artículos 13 sobre el derecho a la igualdad y el artículo 25 sobre el
derecho al trabajo, al establecer mayores requisitos no justificados y
proporcionales que para las demás profesiones y oficios.
4.3. Para los efectos de resolver el problema jurídico
planteado, la Corte analizará en primer lugar (i) lo relacionado con la
potestad legislativa para la regulación de los requisitos de idoneidad de las
profesiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política
y en la jurisprudencia constitucional. En segundo término (ii) estudiará la
Corte la normatividad que se ha dado sobre el cómputo de la experiencia laboral
en materia de ingeniería, profesiones afines y auxiliares. En este mismo
numeral se analizarán los antecedentes legislativos de la Ley 842 de 2003, para
verificar las motivaciones que estableció el legislador en la aprobación del
artículo demandado. En tercer término (iii) se estudiará si en el caso concreto
existe una vulneración del artículo 13  y del artículo 25 de la Constitución
por parte de la norma demandada, utilizando para dicho estudio lo que se ha
venido analizando en los puntos (i) y (ii) de esta providencia y empleando el
test de igualdad implementado por la Corte en casos similares.
5. Libre configuración  del Legislador para la imposición de límites en
el ejercicio de una determinada profesión u oficio. Reiteración de
Jurisprudencia
5.1.
La Constitución de 1991 consagró en el artículo 26 el derecho a escoger
profesión u oficio. En dicho artículo se establece que, “Toda persona es libre de escoger profesión
u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones,
artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo
aquellas que impliquen un riesgo social”.
5.2.
Teniendo en cuenta lo anterior de acuerdo con la Constitución, la libertad para
escoger profesión u oficio constituye la regla general, derecho que se
fundamenta en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho al
trabajo consagrado no solo en la misma Constitución, sino también en normas que
hacen parte del bloque de constitucionalidad.
5.3.
La realidad de la sociedad contemporánea ha implicado que el derecho tanto a
nivel nacional como internacional, se haya ido articulando en torno a nuevas
situaciones y circunstancias que han dado lugar, entre otros, a la protección
del derecho al trabajo. La Constitución Política colombiana reconoce
explícitamente el derecho al trabajo, al establecer que este “es un derecho y una obligación social y
goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”(CP,
art. 25). La protección del trabajo no tiene solamente origen constitucional,
también las convenciones y los tratados internacionales se han encargado de
desarrollar, delimitar y esclarecer el contenido de este derecho, en tanto
buscan, en últimas, dotar de garantías el ejercicio del mismo.
5.4.
Son numerosos los instrumentos internacionales que hay en torno al derecho al
trabajo, su libre ejercicio e igualdad en el mismo. La Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948), en su artículo 23 consagra que “toda persona tiene
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966) en el artículo 7, señala las condiciones en que debe
desarrollarse este derecho. Al respecto dijo que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias (…).
5.5.
Por último, es pertinente agregar que uno de los propósitos de la OIT es
luchar contra la injusticia social, por ende mejorar las condiciones de los
trabajadores.En este sentido el convenio 111 de la OIT, en el numeral 2 del
artículo 1° define el término discriminación para los efectos de dicho
convenio como, “cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos
apropiados”.
5.6.
No obstante lo anterior, el mismo artículo 26 establece que el libre ejercicio
de la profesión elegida no es absoluto, y el legislador puede llegar a
limitarlo exigiendo “títulos de idoneidad” si se exige determinada formación
académica o si implica un riesgo social.
5.7.
En cuanto a la exigencia de títulos de idoneidadesta Corporación señaló
en la Sentencia C-191 de 2005[41] que la potestad que
otorga la Constitución al legislador es la “manera de hacer pública la
aptitud adquirida merced a la formación académica”[42].
Del mismo modo se dijo en la Sentencia C-377 de 1994 que los títulos de
idoneidad “son indispensables para acreditar la preparación académica y
científica que exija la ley tanto en relación con la profesión en sí misma,
como en lo relativo a sus especialidades”.[43]En el mismo sentido se
dijo en la Sentencia C- 050 de 1997[44]que la exigencia por
parte del Legislador de los títulos de idoneidad profesional “responde,
entre otras cosas, a la necesidad social de contar con una certificación
académica sobre la idoneidad de sus titulares”[45].
5.8. Por otra parte la facultad del legislador de
exigir títulos de idoneidad según la Sentencia C- 191 de 2005[46]
restringe no tanto al derecho a escoger profesión u oficio, como al derecho de
ejercer la actividad elegida. No obstante lo anterior, la facultad que tiene el
legislador para imponer ciertos requisitos de idoneidad no puede llegar a que
se establezcan condiciones poco razonables que terminen por anular el derecho
al trabajo consagrado en el artículo 26 Superior ya que como se estableció en la
Sentencia C-050 de 1997, “la razón de ser de los títulos profesionales no
obedece al capricho del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la
necesidad social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad
de sus titulares”.
5.9.
En el mismo sentido se estableció en la Sentencia C-606 de 1992 que, “Es
claro que el legislador está expresamente autorizado para intervenir en el
ejercicio del derecho fundamental de escoger profesión u oficio. Pero dadas las
garantías de igualdad y libertad que protegen este derecho, las limitaciones
establecidas por el legislador deben estar enmarcadas en parámetros concretos,
so pena de vulnerar el llamado ‘límite de los límites’, vale decir, el
contenido esencial del derecho que se estudia.”[47]
5.10. En cuanto a las limitaciones que debe tener en
cuenta el legislador, en la misma sentencia C-964 de 1999[48]
se estableció que, “(…) la jurisprudencia constitucional ha señalado que la
libertad de configuración política del Legislador para determinar los
requisitos para obtener el título profesional debe enmarcarse dentro de las
siguientes premisas: (i) regulación legislativa, pues es un asunto sometido a
reserva de ley; (ii) necesidad de los requisitos para demostrar la idoneidad
profesional, por lo que las exigencias innecesarias son contrarias a la
Constitución; (iii) adecuación de las reglas que se imponen para comprobar la
preparación técnica; y (iv) las condiciones para ejercer la profesión no pueden
favorecer discriminaciones prohibidas por la Carta.”[49].
5.11. Por otra parte se debe subrayar que la Constitución Política de
1991 establece tres clases de límites a la facultad de regular el ejercicio de
las profesiones y oficios, unos de carácter material, otros de carácter
competencial y por último unos de carácter procedimental. En cuanto a los
límites materiales, son aquellos que tiene como postulado fundamental que
las limitaciones impuestas por el Legislador deben ser razonables y
proporcionadas, como se describió anteriormente[50].En
segundo lugar, los límites de carácter competencial, son aquellos que
señalan que el legislador no puede trasladar al ejecutivo decisiones que están
reservadas al Congreso de la República en virtud del principio democrático[51],
y por último, en cuanto a los límites procedimentales que han sido
expresamente reconocidos por la jurisprudencia constitucional, la sentencia
C-191 de 2005 recordó algunos de ellos, entre los que citó los siguientes: “(1)
No puede conceder a los órganos de vigilancia y control de una profesión la
facultad de crear o suprimir organismos del orden nacional, facultad que
concede la Constitución al Congreso y al Presidente de la República, únicamente”[52]y
que,“(2) No puede, por su propia iniciativa, reformar los órganos encargados
de controlar y vigilar a los profesionales de una misma disciplina, cuando
tales órganos son de naturaleza pública y forman parte de la estructura de la
administración pública”[53].
5.12.
Una vez realizado este breve recuento sobre los límites impuestos al legislador
con relación a la potestad de regular los títulos de idoneidad de profesiones u
oficios, debe también mencionarse que en varias oportunidades se ha cuestionado
al legislador por la manera en que ha ejercido dicha facultad. Por ejemplo, la
Corte ha considerado que los errores de técnica legislativa, pese a no ser
deseables en las disposiciones legales que regulan el ejercicio de las
profesiones u oficios, no constituyen en principio, por sí solos, una violación
de aquella libertad[54]. Del mismo modo se ha
dicho que tampoco se desconoce la libertad del legislador cuando se modifica la
legislación en torno al tema con posterioridad a una ley previa sobre el mismo.
Sobre el particular en la Sentencia C- 191 de 2005 se dijo que, “el hecho de
haber regulado el ejercicio de una profesión u oficio en el pasado no
constituye, en principio, un límite al legislador. (…) Para la Corte no es
aceptable considerar, por ejemplo, que existe una violación a la igualdad por
el factor temporal, debido a que las leyes, en épocas distintas, han regulado
de manera diversa una actividad profesional.”[55]
5.13.
Por último se estableció en la Sentencia C- 964 de 1999 que el legislador puede
crear una reglamentación específica para determinadas profesiones, así exista
una reglamentación general y anterior. Sobre el particular estableció la Corte
en dicha Sentencia que se puede “crear una reglamentación
específica para determinadas ramas, pese a existir una reglamentación, general
y anterior. Por ejemplo, puede someter a
una rama de profesionales de un mismo campo a un órgano de control mientras que
los pertenecientes a otra rama son sometidos a otro órgano de control”[56].
5.14.
En síntesis sobre la exigencia de títulos de idoneidad, la Corte ha reiterado
en varias de sus sentencias que dichos requerimientos son indispensables para
acreditar la preparación académica y científica de ciertas profesiones y
oficios con alta responsabilidad social y que impliquen un riesgo social a la
comunidad. Del mismo modo se ha establecido que la libertad de configuración
del legislador está limitada ya que debe estar sometida a la regulación
legislativa y tiene reserva de ley y no se pueden dar exigencias innecesarias o
desproporcionadas que den lugar a discriminaciones prohibidas por la Carta. Por
otra parte se han establecido las restricciones materiales, competenciales y
procedimentales en el sentido que las medidas adoptadas por el legislador deben
ser razonables y proporcionadas, que dichas competencias no pueden ser
trasladadas al ejecutivo ya que están reservadas al Congreso de la República y
por último la existencia de límites procedimentales que se refieren a que no se
puede conceder a los órganos de vigilancia y control de una profesión la
facultad de crear o suprimir organismos del orden nacional, que no se puede por
su propia iniciativa reformar los órganos encargados de controlar y vigilar a
los profesionales de una misma disciplina, cuando son de naturaleza pública y
forman parte de la estructura de la administración pública. Por último se tiene
que defectos relacionados con la mala técnica legislativa en la regulación de
las profesiones u oficios, una modificación que se hace con posterioridad a una
reglamentación anterior, o específica de una profesión, así exista una
reglamentación general y anterior, pueden convertirse en violaciones de forma o
fondo que ameriten la inconstitucionalidad de la regulación.
5.15.
En cuanto al concepto de riesgo socialla Corte dispuso en la Sentencia C-964
de 1999 que, “es posible interpretar esa expresión, en forma amplia o
restringida. Así, la hermenéutica amplia del concepto riesgo social permite
argumentar que todas las actividades tienen una implicación social inevitable,
pues es difícil concebir un oficio que no trascienda de la esfera individual”.
Por esta razón la Corte Constitucional ha preferido utilizar el sentido de
riesgo social de carácter restrictivo y ha establecido que, “(…) el concepto
de riesgo social no se refiere a la protección constitucional contra
contingencias individuales eventuales sino al amparo del interés general, esto
es, a la defensa y salvaguarda de intereses colectivos que se materializan en
la protección de los derechos constitucionales de los posibles usuarios del
servicio”.
5.16.
Del mismo modo se dispuso en la misma Sentencia C-964 de 1999 queel riesgo
social que genera la actividad social debe ser claro y afectar, o poner en
peligro,“el interés general y los derechos fundamentales”; pero que
además pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una formación
académica específica. Igualmente se dijo en dicha Sentencia que la exigencia
del título debe reducir los riesgos de la actividad, pues de no ser así, “la
exigencia del título sería inadecuada e innecesaria”. Teniendo en cuenta lo
anterior se dijo que existen dos requisitos que se deben verificar para exigir
los títulos de idoneidad: “(i) cuando se trata de un riesgo de magnitud
considerable” y “(ii) cuando dicho riesgo es susceptible de control o de
disminución a través de una formación académica específica”.
5.17. Por otra parte se estableció en la Sentencia la
C-087 de 1998[57] que la potestad
conferida al legislador para regular profesión u oficio no es una potestad
arbitraria sino, “(…) una
competencia que debe ser ejercida razonablemente en vista de una finalidad que
el Constituyente juzga plausible (y aun inaplazable): impedir que el ejercicio
torpe de un oficio (arte o profesión), produzca efectos nocivos en la comunidad
(…)”. Sobre este punto se dijo que,
“(…) el ejercicio de un arte,
oficio o profesión, no está condicionado por la posesión de un título académico
sino cuando lo exige la ley, y que ésta sólo puede exigirlo para precaver un
riesgo social. Inevitable pensar, a modo de ejemplos que ilustran casos en que
la restricción parece pertinente, en prácticas profesionales como la ingeniería
y la medicina. Es claro que un puente mal construido o un edificio torpemente
calculado constituyen un riesgo social. Y ni qué decir del tratamiento clínico
o quirúrgico de un paciente, por quien carece de conocimientos médicos. El
legislador, entonces, no sólo puede sino debe exigir títulos de idoneidad
académica a quienes vayan a dedicarse al ejercicio de esas profesiones”.
5.18.
Igualmente se dijo que se desprende que la exigencia de formación académica
para una profesión determinada, es innecesaria y carece de efectos prácticos,
si los riesgos que implica el ejercicio de tal profesión no se reducen con
dicho requisito. Siguiendo este principio en la Sentencia C- 964 de 1999 se
dijo que, “(…) no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos oficios e
imponga, como requisito para su ejercicio, un título de idoneidad, si los
riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a una
formación, pues, de no ser así, la exigencia del título sería inadecuada e
innecesaria. Por ende, sólo puede limitarse el derecho a ejercer un oficio y
exigirse un título de idoneidad, cuando la actividad genera (i) un riesgo de
magnitud considerable, (ii) que es susceptible de control o de disminución a
través de una formación académica específica”.
5.19.
En conclusión sobre el concepto de “riesgo social”, se puede decir que la
reglamentación de una profesión u oficio radica, no en el capricho del
legislador, sino, en la protección de la sociedad contra un riesgo derivado del
ejercicio de esa profesión en amparo del interés general. Por otro lado se debe
hacer énfasis en que el riesgo debe ser “claro”, es decir que pueda afectar “el
interés general” y los “derechos fundamentales”. Igualmente el
riesgo social se comprueba cuando (i) se trata de un riesgo de magnitud
considerable y (ii) cuando dicho riesgo es susceptible de control o disminución
a través de una formación académica específica. Finalmente la jurisprudencia
estableció que el riesgo social no puede ser utilizado de manera arbitraria ya
que tiene como finalidad el ejercicio torpe de un oficio que pueda producir
efectos nocivos a la comunidad.
6.
Normatividad en torno al ejercicio de la ingeniería, profesiones afines o
auxiliares y antecedentes legislativos de la Ley 842 de 2003
Una
vez analizados los elementos necesarios para exigir títulos de idoneidad, pasa la
Sala a estudiar la normatividad que se ha dado sobre el cómputo de la
experiencia laboral en materia de ingeniería, profesiones afines y auxiliares.
Así mismo se estudiarán en este acápite los antecedentes legislativos de la Ley
842 de 2003, para establecer las motivaciones que tuvo el legislador en la
aprobación del artículo demandado.
6.1. Normatividad en torno al ejercicio de la ingeniería, profesiones
afines o auxiliares con anterioridad a la expedición de la Ley 842 de 2003
6.1.1.
Como se analizó anteriormente, el artículo 26 de la Constitución establece dos
supuestos de hecho diferentes. En primer lugar las profesiones que son de libre
ejercicio, es decir, que no se encuentran limitadas por la ley, y en segundo
término las profesiones que implican riesgo social y que por ende requieren de
una formación académica especializada. En este último supuesto se encuentran la
ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, las cuales deben someterse a
los requisitos que fije el Legislador para que su ejercicio sea legal.
6.1.2.
Desde el punto de vista histórico se tiene que desde el año 1932 la profesión
de la ingeniería en Colombia ha sido reglamentada por el Legislador en
ejercicio de la potestad establecida por el constituyente y en congruencia con
el principio de libre configuración del legislador. En efecto en el artículo
único del Acto Legislativo No 01 de 1932 se facultó al Legislador para exigir
título de idoneidad para ejercer la ingeniería, y se dijo que, “Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u
ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores.
(…)También podrá la ley ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y
reglamentos de las empresas públicas de transporte o conducciones y exigir
título de idoneidad para el ejercicio de las profesiones de ingeniero en sus
distintos ramos, abogado, médico y sus similares.”
6.1.3.
Con posterioridad el artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 1936 dispuso que,
“Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y reglamentar el
ejercicio de las profesiones”.En
atención a dicha disposición constitucional en el artículo primero de la Ley 94 de 1937[58], “Por la cual se
reglamenta el ejercicio de la profesión de ingeniería”, se ordenó a los
ingenieros tener la matrícula correspondiente para el desarrollo de una
determinada labor y se dijo que, “La dirección, superintendencia e
interventoría técnicas de la ingeniería en las obras o empresas nacionales,
departamentales y municipales, y el desempeño de cargos públicos cuya función
principal requiera conocimientos de ingeniería, serán encomendados a
ingenieros que tengan la correspondiente matrícula, de acuerdo con la presente
Ley”[59]. Se tiene que
anotar que con esta Ley, se empezó a perfilar la exigencia a los ingenieros, de
la matrícula profesional para ejercer dicha profesión. Sin embargo, en esta
época no se reguló lo concerniente a la experiencia profesional para poder
acceder a concursos o cargos del Estado.
6.1.4.
Con posterioridad a esta ley se expidió el Decreto Legislativo 1782 de 1954, “por
el cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones de Ingeniería y
Arquitectura”. En el artículo primero de dicha normatividad se estableció
nuevamente la exigencia de la correspondiente matrícula para el ejercicio de la
profesión de la ingeniería en obras o empresas públicas, y se dijo que, “La
dirección, ejecución, superintendencia e interventoría técnica de ingeniería y
arquitectura en las obras o empresas públicas nacionales, departamentales o
municipales, y el desempeño de cargos públicos cuya función principal requiere
conocimientos de ingeniería o arquitectura en cualquiera de sus ramas, serán
encomendados a ingenieros o arquitectos que tengan la correspondiente y
adecuada matrícula, de acuerdo con el presente Decreto. (…)”. Del mismo
modo se dispuso en el parágrafo segundo de la misma norma que, “Las
entidades oficiales de cualquier orden solo aceptarán documentos, planos, etc.,
relacionados con la ingeniería, la arquitectura o cualquiera de sus
especialidades o ramas, que vayan firmados por un ingeniero o arquitecto que
posea la matrícula correspondiente”[60].
6.1.5.
Por otra parte, en el artículo 2° del mismo Decreto Legislativo 1782 de 1954 se
dispuso que, “quien reciba el nombramiento de Director, Superintendente o
Interventor Técnico de Ingeniería de las obras o empresas públicas nacionales,
departamentales o municipales, o de otros cargos públicos cuyas funciones
requieren conocimiento de ingeniería, con excepción de los casos previstos en
el parágrafo del artículo 1º de la Ley 94 de 1937, no podrá tomar posesión
del cargo sin presentar al funcionario que debe darla, el certificado en que
conste que ha sido matriculado como ingeniero por el Consejo Profesional
Nacional o por un Consejo Profesional Seccional de Ingeniería. En la
diligencia de posesión se dejará constancia de la presentación del certificado
de matrícula y del Consejo Profesional que lo expidió”[61].
6.1.6.
Posteriormente en el artículo 2º de la Ley 64 de 1978[62],
que derogó el Decreto Legislativo 1782 de 1954 se definió el ejercicio ilegal
de la ingeniería, concretando y dándole vigor a la normatividad anterior. En
dicho artículo se dijo que, “Salvo lo dispuesto en el inciso 3º[63]
del artículo anterior, nadie podrá ejercer la Ingeniería o Arquitectura en
cualquiera de sus ramas, sin la correspondiente matrícula expedida por un
Consejo Profesional Seccional de Ingeniería y Arquitectura y confirmada por
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, de acuerdo con el
reglamento que sobre el particular dicte el Gobierno. Se presume la
autenticidad de la matricula así expedida”[64].
6.1.7.
Del mismo modo en el artículo 3º de la misma normatividad se estableció que, “(…)
con las excepciones consagradas en el inciso 3º del artículo 1º de esta Ley, para
ejercer cualquiera de las profesiones auxiliares de la Arquitectura o de la
Ingeniería, se requiere certificado expedido por un Consejo Profesional
Seccional de Ingeniería y Arquitectura, confirmado por el Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería y Arquitectura, de acuerdo con el reglamento que sobre
el particular dicte el Gobierno. El Certificado así expedido se presume
auténtico”[65].
6.1.8.
Por otra parte en el artículo 9º de la misma normatividad se dijo que, “(...)
Ejerce ilegalmente la profesión de Ingeniero o de Arquitecto y por tanto,
incurrirá en las sanciones para la respectiva infracción, la persona que, sin
haber llenado los requisitos previstos en esta Ley, practique cualquier acto
comprendido en el ejercicio de dichas profesiones, así como la persona que,
mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales, instalación de oficinas,
fijación de placas murales o en cualquiera otras forma, actúe o se anuncie como
Ingeniero o Arquitecto sin poseer tal calidad ni reunir los requisitos exigidos
en la presente Ley”[66].
6.1.9.
En el mismo sentido se estableció en el artículo 13 de dicha normatividad que,
“Para tomar posesión de cualquier cargo oficial cuyo desempeño demande
conocimientos de ingeniería o arquitectura en cualquiera de sus ramas, o
implique el ejercicio de una de dichas profesiones, la persona nombrada deberá
presentar, ante el funcionario a quien corresponda darle posesión, su matrícula
profesional. En el acta de posesión se dejará constancia del número
de la matrícula, del Consejo Profesional que la hubiere expedido y de la
especialidad del posesionado”[67].
6.1.10.
Como conclusión sobre este punto se puede afirmar que desde el año 1932 con el
Acto Legislativo 01, y con la reglamentación que le sobrevino, la exigencia
impuesta por el Legislador de contar con un título de idoneidad para el
ejercicio de la ingeniería, implica que para su ejercicio en el territorio
nacional, se debe contar con una autorización de tipo oficial por el riesgo
social que implica dicha profesión. Lo anterior significa que, para ejercer de
manera legal tal actividad es necesario contar con la matrícula o certificado
profesional. Esto plantea implícitamente, la cuestión que se debate con ocasión
de la presente acción, y es desde cuándo se comienza a computar la experiencia
profesional de las personas que se dedican al ejercicio de la ingeniería,
profesiones afines o auxiliares. Sobre esta cuestión se puede establecer
preliminarmente que históricamente la normatividad en torno al tema de la
profesión de la ingeniería ha establecido que en razón del riesgo social de
dicho oficio, el profesional debe tener la matrícula para ejercer legal y
libremente la profesión en el territorio nacional.
6.2.
Antecedentes legislativos de la Ley 842 de 2003
6.2.1.
Una vez analizada la normatividad en torno al ejercicio de la ingeniería y
profesiones afines o auxiliares pasa la Corte a estudiar los antecedentes
legislativos de la Ley 842 de 2003, para verificar cuáles fueron las
motivaciones que tuvo el legislador en la introducción de la norma demandada.
En primer término hay que tener en cuenta la “Exposición de Motivos” del proyecto
44 de 2001 Senado y 218 2002 Cámara. En dicha Exposición el Senador José
Jaime Nicholls, resalta la importancia de este proyecto y explica que, “El
proyecto de ley que se presenta en este texto en siete títulos con sus
respectivos capítulos, establece los requisitos mínimos que se deben cumplir
para ejercer una profesión, que por las implicaciones que desarrolla su
eventual mal ejercicio, conlleva un riesgo social del cual se debe
preservar a los ciudadanos, con la vigilancia e inspección que el Estado debe
ejercer sobre los individuos que han optado por el ejercicio profesional de
dichas actividades, sin que se infrinja el núcleo esencial del derecho al
trabajo (…)”[68].
6.2.2.
Por otra parte se dice en la misma Exposición de Motivos que, “En la
mayoría de las legislaciones modernas, las profesiones cuyo ejercicio implica
un riesgo social, son vigiladas, inspeccionadas y controladas por el Estado”.
Del mismo modo, se hizo un repaso histórico de la legislación que se ha
establecido con anterioridad a la Ley 842 de 2003[69]
entre las que se encuentran, entre otras, el ya referido Acto Legislativo
número 1 de 1936, la Constitución de 1991, y las reglamentaciones que se
expidieron para la profesión de la ingeniería, las cuales no han producido los
efectos que se buscaban con las mismas.
6.2.3. Igualmente se debe tener en cuenta que en la ponencia para
primer debate al Proyecto de Ley número 44 de 2001 en el Senado, que se
encuentra trascrito en la Gaceta del Congreso No 433 de 31 de agosto de 2001,
el Senador Mauricio Jaramillo Martínez señaló que “la ingeniería y sus
profesiones auxiliares han sido reglamentadas en Colombia desde la expedición
de la Ley 94 de 1937 y que esta normatividad se ha venido modificando, de
manera general, hasta la expedición de la Ley 64 de 1978, y en forma adicional
para algunas de sus ramas o especialidades en forma particular”.
6.2.4. En dicho debate se establece en el artículo 6º del texto
propuesto con relación al ejercicio ilegal de la profesión, lo siguiente: “Para
poder ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus
profesiones auxiliares en el Territorio Nacional, en las ramas o especialidades
regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el
Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se
acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado para tal fin”[70].
Esta misma regulación se conserva en la Ponencia para segundo debate en el
Senado.
6.2.5.
De otro lado en la ponencia[71]para primer debate en la
Cámara de Representantes al Proyecto de Ley Número 218 de 2002 Cámara, 044 de
2001 Senado, se dejó plasmado que:“(…) a pesar de que una profesión
se puede ejercer con la mayor libertad posible, existen otras que en la
práctica de la misma, pueden conllevar a que pongan en peligro el conglomerado
social. En el caso de algunas profesiones como la medicina, la abogacía,
bacteriología, odontología, y en este caso la ingeniería y sus profesiones
afines y auxiliares que conllevan algún compromiso de mayor cuidado en el
ejercicio de la misma, porque su desempeño repercute directamente en la
sociedad. (…)”.
6.2.6.Acto
seguido, los Representantes a la Cámara[72] citan el artículo 2° del
proyecto de ley, en el cual se consagran algunas de las actividades de la
profesión de ingeniería[73], para posteriormente
afirmar que, “estas actividades que, por su misma naturaleza, implican un
riesgo, hacen necesario que se regule de manera estricta la profesión de
ingeniería y sus afines, o que se modifique la reglamentación existente”
6.2.7.
Del mismo modo en la Exposición de Motivos de dicho debate se dijo que el “(…)
proyecto de ley que modifica la reglamentación de la profesión de ingeniería
busca establecer de manera clara el concepto de la ingeniería en cuanto a su
ejercicio, al igual que de las profesiones afines y auxiliares, estableciendo
los requisitos para su ejercicio legal entre los cuales se encuentra el de
la obligación de estar matriculado o inscrito en el registro profesional
respectivo. Esto como una manera de certificar la idoneidad del profesional que
pretende ejercer la profesión en Colombia, controlando de esta manera su
ejercicio. (…)”[74]. Por otro lado, se anotó
que dicha normatividad estaba dirigida a, “(…) establecer una mayor
idoneidad respecto de la práctica de las profesiones y para poder evitar el
ejercicio ilegal de la profesión, se debe adicionar el proyecto mencionado, con
la exigencia de que la experiencia profesional se contara a partir de la fecha
en que se expida la Matricula Profesional o el Certificado de Inscripción
Profesional”[75].
6.2.8.
Por otro lado se debe subrayar que en la Ponencia para Primer Debate[76]
en la Cámara de Representantes al proyecto de Ley número 218 de 2002 Cámara,
044 de 2001 Senado, fue donde se incluyó como uno de los requisitos para
ejercer la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares, el artículo 12 en
el que se estableció la reglamentación de la experiencia profesional donde se
señaló a partir de qué momento se empieza a contabilizar esta experiencia.
6.2.9.
Después, para segundo debate al Proyecto en la Cámara de Ley Número 218 de 2002[77]
se reiteró lo dicho en primer debate, en cuanto a la importancia de incluir la
reglamentación de la experiencia profesional para evitar el ejercicio ilegal de
la profesión y “establecer una mayor idoneidad  respecto de la práctica de
las profesiones”[78]. También, se
hizo énfasis en la importancia de reglamentar el ejercicio de la ingeniería por
el impacto que su ejercicio representa, el cual “repercute directamente en
la sociedad en la seguridad, salubridad y la moralidad públicas como elementos
esenciales del orden público”[79].
6.2.10.
En conclusión, teniendo en cuenta los antecedentes de la ley demandada el
legislador pone de presente que la intención de la Ley 842 de 2003 fue regular
la profesión de ingeniería, profesiones afines y auxiliares teniendo en cuenta
su riesgo social. De ahí se explica la exigencia de los títulos de idoneidad y
el momento en el cual se empieza a contabilizar la experiencia profesional.
Igualmente se verifica que de la discusión de la Ley 842 de 2003 se puede
inferir que i) las actividades desarrolladas (art. 2 proyecto de ley) por
quienes ejercen la ingeniería, profesiones afines y auxiliares generan impacto
directo en la sociedad; ii) por lo tanto, por ser ésta una actividad que tiene
un alto riesgo social se encuentra entre aquellas profesiones que no son de
libre ejercicio y por ende, el Legislador tiene la potestad para regularla;
iii) es claro entonces que, para su ejercicio legal se debe contar con la
respectiva Matrícula o Certificado Profesional; iv) lo que llevó a concluir al
Legislador que es razonable, proporcionado y ajustado al ordenamiento jurídico
que la experiencia profesional se contabilice a partir de la expedición de la
matrícula o certificado profesional. Teniendo en cuenta los antecedentes
históricos de la regulación referente a la profesión de ingeniería, profesiones
afines y auxiliares pasa la Corte a verificar si en el caso concreto se vulneró
el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo expuestos por los actores.
7.
Caso Concreto. Análisis de la violación del derecho a la igualdad y del derecho
al trabajo en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003
7.1.
Como reiteradamente se ha dicho por la Corte constitucional[80],
la igualdad es uno de los pilares sobre los que se funda el Estado colombiano.
La definición y concreción de la igualdad como pilar del orden jurídico, ha
representado uno de los retos esenciales del juez constitucional. De allí la
rica y prolífica jurisprudencia de esta Corporación tanto de constitucionalidad
como de tutela, que se ha ido definiendo a lo largo de su historia
institucional sobre el principio y derecho a la igualdad y la forma en que se
vulnera dicho derecho principio y la forma en que se hace o se debe hacer
efectivo en las actuaciones públicas y en las relaciones entre particulares.
7.2.
Así, desde sus fallos iniciales, la Corte expresó que la igualdad constituye
un concepto relacional[81], en la medida en
que su estudio parte de la determinación de una relación, característica o
elemento común entre dos situaciones o normas. Además, desde tempranos fallos, la
Sala acogió un concepto de justicia ampliamente difundido, de acuerdo con el
cual debe darse un trato igual a lo igual y un trato desigual a situaciones
desiguales[82]. Así por ejemplo en la
Sentencia C- 094 de 1993 se estableció que, “La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se
encuentren cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación
respecto de los que presentan características desiguales, bien por las
condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias
particulares que los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base
en criterios proporcionales de aquéllas, el Estado procure el equilibrio, cuyo
sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta”.[83]
7.3.
Del mismo modo la Corte ha establecido en otras oportunidades, que el principio
de igualdad se tiene que concretar ya que la igualdad en sí misma nada
significa y por ende se tiene que determinar de qué entes se trata, respeto a
qué cosa son iguales y qué criterio valorativo se acoge, es decir que se debe
estar en condiciones de responder las preguntas de ¿igualdad entre quiénes?,
¿igualdad en qué? e ¿igualdad con qué criterio?[84],
clasificación que ha sido acogida por la Corte desde la Sentencia C-022 de 1996
como elementos subjetivo, objetivo y valorativo de la igualdad.
7.4.
En este sentido se debe tener en cuenta
que la igualdad debe determinar desde qué punto de vista una situación, persona
o grupo es igual a otro. Por ello, en planteamientos recogidos por este
Tribunal, el profesor Robert Alexy ha explicado que, dado que ninguna
situación, persona o grupo son idénticos a otros, determinar la igualdad y la
desigualdad supone siempre un juicio de valor sobre cuál característica o
propiedad resulta relevante para establecer el examen de igualdad por parte del
juez[85].
7.5.
Este examen relacional, siguiendo la sentencia C-455 de 2011 la igualdad, “conlleva
a la elaboración de un ejercicio comparativo entre más de un extremo de una
relación. Por lo tanto, cuando se aduce la desigualdad de determinada
normatividad es preciso su contraste con uno o más regímenes jurídicos en lo
que tiene que ver, generalmente, con aquellos aspectos que son relevantes desde
el punto de vista de la finalidad de la diferenciación.[86]
Es decir que, grosso modo, la igualdad constituye un concepto relativo, dado
que la diferenciación es predicable de aspectos puntuales susceptibles de
confrontación, mas no de las normas o supuestos abstractamente considerados, y
comprende además la valoración de ambos preceptos amén del principio de
igualdad. Una vez fijados los extremos de la relación, surge la obligación de
efectuar un estudio de razonabilidad de la medida en particular, cuyos
lineamientos dependen de la naturaleza de la norma en cuestión”[87].
7.6.
Ahora bien, tanto el legislador como la administración tienen un margen de
acción para adoptar decisiones políticas que, en alguna medida, pueden afectar
la situación de unas personas y privilegiar la de otras en la sociedad, siempre
y cuando se establezca una justificación constitucionalmente razonable y
proporcionada que determine la diferenciación. Por eso, la igualdad
constitucionalmente protegida, de acuerdo con la sentencia C-040 de 1993 no
supone una paridad “mecánica o aritmética”, sino que las autoridades
pueden en determinadas ocasiones emitir regulaciones que impliquen ciertas
diferencias de trato, siempre que esas decisiones estén soportadas en una razón
suficiente, es decir, constitucionalmente legítima o admisible[88].
7.7.
Las razones que resultan legítimas para adoptar tratos diferenciales deben
procurar, además, restringir en la menor medida posible, tanto el derecho
general a la igualdad, como los demás derechos y principios constitucionales
que puedan verse involucrados, afectados o intervenidos en la decisión. En tal
sentido, las medidas deben ser razonables y proporcionales[89],
juicio de igualdad de origen europeo[90], que ha constituido una
herramienta analítica útil para el desarrollo de dicho derecho en sede
constitucional. Por esa razón, la Corte ha expresado que para que un trato
diferenciado sea válido a la luz de la Constitución, debe tener un propósito
constitucionalmente legítimo, y debe ser proporcional, en el sentido de que no
implique afectaciones excesivas a otros propósitos constitucionalmente
protegidos.
7.8.
La proporcionalidad[91] del medio se determina,
entonces, mediante una evaluación de su “idoneidad para
obtener el fin (constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio de
razón suficiente); necesidad, en el sentido de que no existan medios
alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin, pero
menos restrictivos de los principios afectados; y proporcionalidad en
sentido estricto, esto es, que el fin que la efectividad del fin que se
persigue se alcance en una medida mayor a la afectación de los principios que
sufren restricción, y particularmente, del principio de igualdad”[92].
7.9.
No obstante lo anterior, como se estableció en las sentencias C-093 de 2001 y
C-671 de 2001, ante la diversidad de materias sobre las que puede recaer la
actuación del Estado, se encontró oportuno incluir en el estudio de la igualdad
por parte del juez constitucional, herramientas de interpretación de origen
estadounidense, que hacen posible realizar escrutinios sobre el derecho a la
igualdad teniendo en consideración diferentes grados de intensidad dependiendo
de los sujetos o grupos de personas de que se trata. Este test de igualdad, como
quedó dicho, se caracteriza porque el examen se desarrolla mediante tres
niveles de intensidad: suave, intermedio y débil.
7.10.
Así las cosas, la Corte ha dispuesto que se aplica un control débil o
flexible[93], “a medidas legislativas referidas a materias económicas,
tributarias, de política internacional o aquellas para cuya regulación es competente,
por expreso mandato constitucional, el legislador en ejercicio de su amplio
margen de configuración normativa. En este caso basta con que el fin buscado y
el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos, y que el instrumento
edificado sea adecuado para la consecución del fin propuesto”[94].
7.11. De otro lado, se utiliza
el juicio intermedio para la evaluación de “medidas
legislativas con la virtualidad de afectar el goce de un derecho constitucional
no fundamental o frente a circunstancias en las que se percibe un viso de
arbitrariedad reflejado en las posibilidades de acceso a un derecho”.[95]
En este análisis, el examen consiste en determinar que el sacrificio de parte
de la población resulte proporcional al beneficio esperado por la medida frente
al grupo que se pretende promover (medidas afirmativas). En este supuesto, se
debe llevar a cabo un examen más riguroso, en el cual se debe tener en cuenta
no sólo la conveniencia del medio, sino también su conducencia para la
materialización efectiva del fin perseguido con la norma que es objeto de
estudio.
7.12.
Por último, el examen estricto de constitucionalidad “envuelve
el análisis de una medida que, por su mayor proximidad con derechos, valores y
principios superiores, reclama un estudio íntegro de proporcionalidad”.
Este tipo de escrutinio se efectúa cuando el legislador, al establecer un trato
discriminatorio, parte de categorías sospechosas, como la raza, la
orientación sexual o la filiación política. En tal caso, el legislador debe
perseguir un fin imperioso, y la medida debe mostrarse como la única adecuada
para lograrlo.
7.13.
Estos dos tipos de escrutinio han sido utilizados por esta Corporación,
aprovechando de este modo los elementos analíticos y objetivos del juicio de
proporcionalidad, con el carácter diferencial y de análisis subjetivo del test
de igualdad, constituyéndose en un “test mixto de constitucionalidad”.
7.14.
En el caso concreto la Corte debe verificar la supuesta violación del
principio de igualdad. En consecuencia, siguiendo la sentencia C- 455 de 2011
se debe hacer una comparación “internormativa entre los supuestos de una
norma y otra, para la posterior valoración de la medida conforme el test de
igualdad, en cualesquiera de sus modalidades, resultado de lo cual se
establecerá si la misma es o no una medida razonablemente discriminatoria”[96].
7.15.
En este caso, los enunciados normativos que representan los extremos de la
relación comparativa son, el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 – específico a
la ingeniería - y el artículo 14 del Decreto 2772 de 2005 – general a las
funciones y requisitos para los diferentes empleos públicos de los organismos y
entidades del orden nacional - los cuales preceptúan: el primero de ellos, que la experiencia profesional solo se computará a
partir de la fecha de expedición de la “Matrícula Profesional o del
Certificado de inscripción Profesional” y, el segundo, que la
experiencia profesional es la adquirida a partir de la terminación y aprobación
de todas las materias que conforman el pensum académico.
7.16. Con relación a la exigencia de la
Matrícula Profesional se tiene que decir que ésta consiste en la certificación
oficial dada por el Estado para poder ejercer la profesión de ingeniero. La Ley
842 de 2003 estableció en el artículo 7º los requisitos para obtener la
Matrícula profesional e indica que sólo podrán ser matriculados en el Registro
Profesional de Ingenieros y obtener su tarjeta de matrícula profesional quienes
hayan adquirido el título académico de ingeniero en cualquiera de sus ramas,
otorgado por Instituciones de Educación Superior oficialmente reconocidas. Así
mismo se estableció que pueden ser matriculados las personas que hayan
adquirido el título académico o cualquiera de sus ramas, otorgados por
Instituciones de Educación Superior que funcionen en países con los cuales
Colombia haya celebrado tratados o convenios de reciprocidad de títulos siempre
y cuando hayan sido homologados[97].Este
Certificado será expedido por el COPNIA (Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería) que es la entidad encargada de controlar y vigilar la profesión de
ingeniería. Del mismo modo se tiene que resaltar que de acuerdo al artículo 9º
de la Ley 842 de 2003, la persona interesada en obtener dicha Matrícula deberá
presentarse ante el Consejo Profesional Seccional o Regional de ingeniería del
domicilio de la Universidad o Institución que otorgó el título para que se le
emita la respectiva Matricula o certificado de inscripción profesional[98].
7.17. Por otra parte se tiene que decir
que la Matrícula Profesional de Ingeniero tiene como finalidad probar la
idoneidad para ejercer la profesión para evitar de esta manera un riesgo social
para la comunidad en el ejercicio de la profesión de Ingeniero o actividades
afines y auxiliares. La Matrícula o el certificado es la manera que tiene
cualquier persona que ejerza dicha profesión para probar su capacidad y su
experticia profesional y técnica ya que comprueba que le ha sido otorgado
oficialmente el título académico de ingeniero o de una profesión afín o
auxiliar por una institución de Educación Superior oficialmente reconocidas en
Colombia o en el exterior.
7.18. Una vez explicado brevemente la razón de ser de la Matrícula
Profesional procede la Sala a analizar el contenido de la norma demandada y de
esta manera examinar si le asiste o no razón a los accionantes al considerar
que se está violando el principio a la igualdad teniendo en cuenta los extremos
de la comparación, que en este caso se trata del posible tratamiento desigual
para contabilizar la experiencia profesional en dos normas legales, y la
justificación o no de la medida diferenciadora. Para realizar dicho estudio se
tendrá en cuenta los elementos del juicio de igualdad analizados anteriormente,
el concepto de riesgo social y la potestad de exigir títulos de idoneidad por
parte del Legislador.
7.19. El primer extremo de la comparación es el artículo 12 de la
Ley 842 de 2003 demandado por los actores, el cual establece que “(…) Para
los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines
o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha
de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción
profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados
de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con
anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se
presumen auténticas”.
7.20. Como se puede apreciar el contenido de la norma demandada,
que opera como primer extremo de la comparación, se refiere a que para el
ejercicio de la profesión de ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o
auxiliares, la experiencia profesional se empezará a contar solamente a partir
de la expedición de la matrícula profesional o el certificado de inscripción
profesional. Es decir que el computo de la experiencia solo se puede verificar
a partir de la fecha de la expedición de la Matrícula o el certificado de
inscripción profesional y no se puede probar con otro documento o
certificación.
7.21. Por otra parte y en cuanto el segundo extremo de la
comparación,, los demandantes ponen de manifiesto que dicha regulación y
exigencia de la Matricula profesional para comprobar la experiencia profesional
violaría el principio de igualdad es el artículo 14 del Decreto 2772 de 2005,
modificado por el artículo 1 del Decreto 4476 de 2007, que establece que, “Se entiende por experiencia los conocimientos, las
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de
una profesión, arte u oficio. Para los efectos del presente decreto, la
experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.
(…)Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y
aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la
respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el
ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para
el desempeño del empleo”[99].
7.22. De las disposiciones citadas, se evidencia que es posible
establecer una relación comparativa entre los dos extremos normativos ya que se
encuentra un elemento común susceptible
de confrontación, como es el cómputo de la experiencia profesional. Así pues, las formulaciones bajo consideración hacen
referencia al momento en el cual se entiende que la experiencia profesional se
empieza a contar a los diferentes profesionales, situación que puede, según lo
planteado por los actores, ubicar en desventaja a quienes ejerzan la
ingeniería, profesiones afines o auxiliares respecto a las demás profesiones
que tengan como requisito la inscripción en el COPNIA.
7.23. Con relación al trato diferenciado, manifiestan
los accionantes que de lo dispuesto en los artículos 14 del Decreto 590 de 1993[100]
y 15 del Decreto 861 de 2000[101], se desprende que la
experiencia profesional se empieza a contabilizar a partir de la terminación de
materias, y por ende, se está aplicando un doble rasero en la evaluación de
quienes quieren acceder a un cargo público.
7.24. Como se dijo en párrafos anteriores, los
accionantes señalan como argumento central de la demanda, que el derecho
fundamental a la igualdad (artículo 13 Superior) se conculca “en el momento
de ser evaluada la experiencia profesional de una persona perteneciente a uno
de los 535 grupos de profesiones (ver anexo 1) que tenga como requisito la
inscripción al COPNIA para ejercer como profesional, en un concurso de meritos,
actualmente todas las demás profesiones son evaluadas conforme al artículo 14
del decreto 2772 de 2005, tomando como fecha de inicio de esa experiencia
laboral, la terminación de materias y para las personas en el ejercicio de la
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se está
contabilizando conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 842 de
2003, es decir a partir de la expedición de la matricula profesional”[102].
Lo anterior pone de relieve que “se está evaluando bajo dos criterios
diferentes una situación que debe tener igual trato”[103].
7.25.
Con base en lo expuesto, es pertinente recordar que el Legislador no tiene la
potestad de regular todas las profesiones, sino solo aquellas que no son de
libre ejercicio porque implican riesgo social. Por esto, y con base en
reiterada jurisprudencia de esta Corporación en cuanto a los límites que el
Legislador puede imponer para el ejercicio de determinadas profesiones, para la
Sala resulta ajustado a la Constitución que entre las diferentes profesiones
existan distinciones en cuanto a los requisitos que cada una de ellas requiera
para que la misma sea ejercida de manera legal.
7.26. En efecto, es palmario que, entre las profesiones reglamentadas por el Legislador y
aquellas que no lo están[104], por no implicar riesgo
social alguno, haya distinciones, incluso para el acceso a cargos públicos.
Hay, pues, una regla general, Decreto 2772 de 2005, por la cual se establecen las funciones y requisitos
generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades
del orden nacional, en la cual se reglamenta el tema de la experiencia
profesional, y por otra parte, se encuentra en el ordenamiento jurídico la ley
especial, que reglamenta la experiencia profesional específicamente para
quienes ejercen la profesión de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares.
7.27.
En relación con este caso considera la Sala, que es pertinente traer a colación
la reglamentación del ejercicio de la abogacía y el cómputo de la experiencia
profesional a partir de la obtención del título profesional para los notarios,
actividades que cuentan con unas exigencias específicas que le son propias ya
que solo se exigen dichos requerimientos para su ejercicio y no para el de
otras profesiones.
7.28.
Sobre los requerimientos necesarios para el ejercicio de la profesión de
abogacía sostuvo la Corte en la sentencia C-212 de 2007[105],
que la exigencia del título de abogado para poder ejercer la profesión, no
vulnera el derecho al trabajo ni el derecho a la igualdad, pues, “la
distinción que se genera es razonable y proporcional para con los fines
buscados. Estos han sido condensados de manera adecuada en los artículos 1° y
2° del Decreto 196 de 1971: Artículo 1°. La abogacía tiene como función social
la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del
orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida
administración de justicia. Artículo 2°. La principal misión del abogado es
defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También
es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y
desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas"[106].
7.29.
Por otro lado, en el caso concreto del concurso para la carrera notarial, en el
parágrafo 1° del artículo 4° de la ley 588 de 2000[107],
se señala que la experiencia profesional de los aspirantes a notarios que se
presenten al concurso correspondiente, se comienza a contar a partir de la
obtención del título profesional.
7.30. Volviendo al caso concreto, para establecer si
la exigencia de mayores requisitos con relación a otras profesiones y oficios
en el cómputo de la experiencia profesional de los ingenieros, profesiones
afines y auxiliares la Corte debe establecer un criterio o tertium
comparationis, el cual se debe construir con base en la finalidad que
persigue la normatividad objeto de análisis y la cual debe, necesariamente,
ajustarse a la Constitución en el sentido que la diferenciación tenga una
explicación idónea, suficiente, proporcional que lleve a establecer que la
medida es razonable.
7.31. Como se ha venido diciendo, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que en principio se debe dar igual trato a las
personas que se encuentren en similar situación, pero que se puede dar un trato
desigual o diferente siempre y cuando se encuentre una explicación razonable
para realizar la diferenciación.
7.32. Empero el criterio para realizar la equiparación
o la diferenciación resultará vacío si no se determina desde qué punto de vista
una situación, persona o grupo es igual a otro, es decir sino se responde
preliminarmente a las preguntas de la igualdad entre quiénes y la igualdad en
qué. Por ello, en planteamientos recogidos por este Tribunal de la doctrina
alemana[108], se ha explicado que,
dado que ninguna situación, persona o grupo son idénticos a otros, determinar
la igualdad y la desigualdad supone siempre un juicio de valor sobre cuál
característica o propiedad resulta relevante para establecer el examen de
igualdad por parte del juez – criterio valorativo- .
7.33. Como en el caso concreto no se trata de sujetos
de especial protección constitucional en donde se admita una mayor o menor
intensidad en el juicio de igualdad, se utilizará el test de proporcionalidad
para establecer de manera objetiva si los requisitos para computar la
experiencia profesional de los ingenieros, profesiones afines y auxiliares es
desigual respecto a las demás profesiones y oficios generales que tienen que
inscribirse en el COPNIA, y si en este caso no existe una razón suficiente no
existe una razón suficiente para justificar dicha medida.
7.34. En consecuencia, un juicio sobre la eventual
violación al derecho a la igualdad, o sobre la mejor forma de aplicar este
principio no parte entonces de presupuestos idénticos, ni tampoco de
situaciones por completo diferentes, sino que se efectúa en relación con
igualdades y desigualdades parciales, a partir de propiedades relevantes desde
el punto de vista jurídico-constitucional. Por tanto en los eventos en que
concurren tanto igualdades como desigualdades, debe el juez determinar
si existen razones suficientes para mantener un trato igual frente a
situaciones en alguna medida disímiles, o si existen razones suficientes para
establecer un trato distinto entre situaciones con algún grado de similitud.Siguiendo
lo señalado en la sentencia C-221 de
2011, “Esto exige que el escrutinio
judicial identifique, como presupuesto lógico de todo juicio de igualdad, los
sujetos entre los cuales se predica el tratamiento presuntamente desigual y el
parámetro que los hace comparables entre sí”.
7.35.
Por otra parte se tiene que hacer hincapié en que la carrera administrativa como postulado estructural de
la función pública, se materializa mediante el principio de igualdad en el
acceso a los cargos públicos; “es decir, mediante la posibilidad de que todo
ciudadano pueda postularse para un cargo público, y que su ingreso depende
exclusivamente del mérito”[109]. La Corte
Constitucional en la sentencia C-1079 de
2002 se pronunció acerca del concurso de méritos y recordó lo siguiente: “La
carrera y el sistema de concurso de méritos constituyen (…) un sistema técnico
de administración de personal y un mecanismo de promoción de los principios de
igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan que a la organización estatal, y
concretamente a la función pública, accedan los mejores y los más capaces
funcionarios”.
7.36.
Por tal motivo la regulación de la experiencia profesional, en tanto es uno de
los requisitos para acceder a cargos públicos, debe plantear exigencias
enfocadas a dotar de garantías a los aspirantes y a la colectividad: a los
primeros en cuanto a la igualdad en el ingreso, y a los segundos, en tanto
confían en que los sujetos que aspiran acceder al cargo público ofertado, tengan
la calidad e idoneidad para desempeñarse en el mismo, y de esta manera
disminuir los posibles riesgos sociales que acarrea desempeñar dicha labor. En esa medida, el margen de configuración del
legislador presenta una barrera especial que se genera por la naturaleza misma
de la materia que se debate, la igualdad de los participantes en un concurso de
méritos por una parte y la protección a la comunidad y la prevención del riesgo
social.
7.37. Como se analizó en el punto 6.1.
de esta providencia, desde 1932 profesión de ingeniería en Colombia ha sido
reglamentada por el Legislador y se ha ordenado a los ingenieros desde la Ley
94 de 1937 tener la matrícula correspondiente para el desarrollo de su labor.
La exigencia de la matrícula se estableció nuevamente como requerimiento en el
Decreto Legislativo 1782 de 1954 y en el artículo 2º de la Ley 64 de 1978, que
dispuso que “(…) nadie podrá ejercer la Ingeniería o la Arquitectura en
cualquiera de sus ramas, sin la correspondiente matrícula expedida por un
Consejo Profesional Seccional de Ingeniería”. Es decir que la exigencia de
unos requisitos rigurosos relacionados con la obtención de un título de
idoneidad a través de la matrícula no es novedosa y tiene una explicación
constitucionalmente legítima y por ende es idónea, ya que la
diferenciación de los requisitos para obtener la experiencia profesional se
deriva de la potestad que tiene el legislador de exigir títulos de idoneidad
para profesiones que implican riesgo social que establece el artículo 26 de la
C.P.
7.38. Por otra parte, encuentra la
Corte que la medida es necesaria ya que como se evidenció en el análisis
de los antecedentes legislativos de la Ley 842 de 2003, referenciados en el
punto 6.2. de esta providencia, lo que pretendió el legislador fue proteger a
los ciudadanos y la comunidad de un eventual mal ejercicio de la profesión de
ingeniero, profesiones afines y auxiliares que impliquen un riesgo social. Las
explicaciones del legislador para exigir mayores requisitos se derivan entonces
del deber del Estado de ejercer la vigilancia e inspección de actividades y
profesiones que pueden configurar un peligro o riesgo social.
7.39.
Como se establece en el artículo 2º de la Ley 842 de 2003, las funciones del
ejercicio de ingeniero implican actividades tales como los estudios, la
planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la
consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la
administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole[110].
Del mismo modo el ejercicio de dicha actividad permite “la construcción de
puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales,
aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos,
drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas
de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y
en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la
comunidad”[111]. Por otra parte
se puede ejercer en desarrollo de esta actividad labores como “estudios
proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos,
termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de
computación, de sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos,
agrícolas, agrológicos, de alimentos, agrometeorológicos, ambientales,
geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos,
geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos” y
actividades como “La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y
en general (…)”[112].
7.40.
Como se puede apreciar, dicha profesión implica una serie de actividades que se
consideran como riesgosas y de interés de la comunidad que requieren la
vigilancia y la inspección del Estado y la posibilidad de exigencia de títulos
de idoneidad como la expedición de la matrícula profesional o el certificado de
inscripción profesional, porque de otro modo no se puede sustentar no solo el
título profesional sino también la posibilidad de ejercer de manera legal dicha
profesión.
7.41.
En este sentido la razón de computar la experiencia profesional a partir de la
fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de
inscripción profesional, tiene como finalidad la de evitar o minimizar los
riesgos que puede implicar su ejercicio; pues su desempeño repercute
directamente en la sociedad, lo que justifica el establecimiento de una
normatividad especial, más exigente y rigurosa que la que se establece para
otras profesiones y actividades que no implican dicho riesgo.
7.42.
Como se viene diciendo, la exigencia de mayores requisitos en el cómputo de la
experiencia profesional del artículo 12 de la Ley 842 de 2003 se deriva de
verificar el grado de idoneidad y experticia respecto a la práctica de la
profesión y evitar de este modo el ejercicio ilegal de la misma[113].
Del mismo modo el ejercicio de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares,
a diferencia de los economistas o administradores de empresas, profesiones con
base en las cuales los actores ejemplifican el trato desigual, admite
diferenciación, ya que las primeras actividades implican un mayor riesgo para
la sociedad que se determina por el alto grado de confianza y responsabilidad
que se deposita en las personas que llevan a cabo dichas actividades. Además,
no puede dejarse de lado el hecho de que, aún los pequeños errores de diseño,
cálculo, planeación y mantenimiento pueden producir consecuencias graves e
irremediables para los ciudadanos como son pérdidas en vidas humanas, lesiones
a la integridad personal y daños materiales considerables.
7.43.
Teniendo en cuenta lo anterior, estima la Corte que computar la experiencia
profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o
del certificado de inscripción profesional, se considera como una medida
posible para cumplir con el propósito de minimizar los riesgos que puede
implicar su ejercicio; pues como quedó visto su desempeño repercute
directamente en la sociedad. De este modo se puede concluir que la norma
demandada cumple con el presupuesto de necesidad, ya que la mayor exigencia de
requisitos para el cómputo de la experiencia profesional es una medida posible
para proteger a la comunidad de eventuales riesgos que se derivan de la mala
praxis de dicha actividad y la mayor exigencia busca la protección de los
derechos de los ciudadanos en su vida e integridad personal, salud y seguridad
personal y en otros derechos fundamentales como el derecho de propiedad y la
libertad de circulación.
7.44.
Por último, en cuanto a si  el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 se puede
entender como una medida desproporcionada en sentido estricto, ya que
podría violar conjuntamente los derechos a la igualdad y al trabajo
contemplados en los artículos 13 y  25 de la Constitución Nacional, encuentra la
Corte, que la medida no es irrazonable ni desproporcionada ya que el fin que
persigue la norma es menos lesivo de los derechos fundamentales que la
afectación de los principios que se consideran en este caso vulnerados. En
efecto, como se ha venido explicando, la mayor exigencia del cómputo de la
experiencia profesional a los ingenieros y a las profesiones afines y
auxiliares se deriva de la necesidad de
evitar o disminuir, en la medida de lo posible, los riesgos sociales vinculados
con el ejercicio de tales profesiones que como se veía se puede relacionar con
la protección de derechos fundamentales de primerísimo orden como la vida, la
integridad personal, la seguridad personal y la salud.
7.45.
En este caso no se estaría dando una violación al derecho a la igualdad y al
trabajo de carácter injustificada, desproporcionada o irrazonable, ya que no se
incumple de ningún modo con los aspectos expuestos en la Sentencia C- 191 de
2005 y que se refieren a las limitaciones materiales en la regulación del
ejercicio de las profesiones y oficios y la exigencia de títulos de idoneidad.
En este caso el legislador no violó las limitaciones materiales, competenciales
y procedimentales que se analizaron en el punto 5.11. de esta providencia y que
se refieren a la prohibición de que se establezcan exigencias desproporcionados
que den lugar a discriminaciones prohibidas o requisitos innecesarios que
limiten el derecho al trabajo.
7.46.
Comprueba la Corte que en este caso la mayor exigencia en el cómputo de la
experiencia profesional no viola de manera desproporcionada e irrazonable el
derecho a la igualdad y el derecho al trabajo, ya que el artículo 12 de la Ley
842 de 2003 tiene como objetivo la regulación de una actividad que por su alto
impacto y riesgo social sobre la colectividad debe ser sujeto a requerimientos
especiales como la exigencia del título de idoneidad y el cómputo de la
experticia a partir de este.
7.47. En el mismo sentido no se
violaría el artículo 25 de la C.P. sobre el derecho al trabajo porque en este
caso no se está limitando la posibilidad de trabajar y acceder al concurso de
méritos por parte los ingenieros, profesiones afines y auxiliares, sino que
establece una exigencia mayor a los profesionales que se dediquen a dicha la
actividad para computar los años de experiencia, exigencia que se establece
para todos los profesionales que se dediquen a dicha actividad. Por otra parte
se repite que dicha diferenciación tiene una justificación  razonable ya que
dichas actividades suponen un riesgo social que puede afectar derechos fundamentales
de la comunidad y que amerita ser regulada de manera diferenciada en ejercicio
de la libre configuración del legislador establecida en el artículo 26 de la
C.P.
7.48. De acuerdo con lo anterior se
puede decir en primer lugar (i) que la profesión de ingeniero, profesiones
afines y auxiliares son todas ellas actividades que involucran un claro riesgo
social; en segundo término que (ii) la exigencia de aportar un título académico
está destinada a conjurar una serie de amenazas, peligros y riesgos que se
ciernen sobre los ciudadanos y que pueden amenazar su vida, integridad
personal, seguridad y su salud; en tercer término (iii) que de ninguna manera
se trata de discriminar con esta norma a un grupo de profesionales sobre otros,
sino que a partir de los mayores requerimientos para el cómputo de la
experiencia profesional en actividades relacionadas con la ingeniería,
profesiones afines y auxiliares se trata de proteger a la comunidad y la
sociedad de eventuales riesgos sociales; en cuarto lugar (iv) que dicha
diferenciación cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida, ya que el legislador en su potestad de libre
configuración en el establecimiento de títulos de idoneidad de actividades que
impliquen riesgo social lo que estableció fue la posibilidad de que se valorara
en este caso la experticia a partir de la expedición de la matrícula
profesional o del certificado de inscripción profesional, circunstancia que
tiene como finalidad evitar riesgos sociales por el ejercicio de esta
actividad; por último y en quinto lugar (v) tampoco se comprueba que esta norma
viole el derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la C.P, porque en
este caso no se está restringiendo la posibilidad de trabajar y acceder al
concurso de méritos, sino que se establece una diferenciación razonable y
justificada que se deriva de la libre configuración del legislador en la
exigencia del título de la idoneidad para evitar el riesgo social en el
ejercicio de determinadas profesiones que pueden afectar los intereses de la
comunidad.
7.49.
En conclusión estima la Corte que
el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 no desconoció el derecho a la igualdad
contenido en el artículo 13 superior ni el artículo 25 de la C.P referente al
trabajo, y por ende la norma demandada debe declararse exequible ya que
en este caso la mayor exigencia del cómputo de la experiencia profesional a partir
de la expedición de la matrícula profesional se justifica razonablemente. En
efecto, en este caso la norma demandada tiene una explicación
constitucionalmente legítima, es idónea y proporcional ya que trata de prevenir
y evitar el riesgo social que conlleva el ejercicio de la ingeniería,
profesiones afines y auxiliares. En este caso se admite la diferenciación del
cómputo de la experiencia profesional con relación a otras actividades y
oficios, ya que la exigencia de la matrícula profesional o el certificado de
inscripción profesional tiene una finalidad constitucionalmente legítima que
consiste en demostrar que se cuenta con una formación académica y una
experiencia específica para asumir la responsabilidad que implica el ejercicio
de estas profesiones que pueden afectar derechos fundamentales de primerísimo
orden.
VIII.
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 por
el cargo propuesto.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] El año de la Ley demandada es el 2003.
[2] Artículo 13. C.P.: “Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados
o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.”
[3] Folios 6 y 7 de la demanda.
[4] Folio 13 de la demanda.
[5] Folio 5 de la demanda.
[6] Folio 193.
[7] Ibíd.
[8] M.P. Ciro Angarita Barón.
[9]Folio 127.
[10]Se
dice en la intervención que, “Debe reseñarse que la regulación establecida
en el precepto demandado no resulta materialmente odiosa ni contraria al
principio de igualdad o al derecho a desempeñar funciones públicas, o al
derecho al trabajo, si se revisan las delicadas tareas y responsabilidades
profesionales e institucionales que están llamados a cumplir los ingenieros,
que, para el caso colombiano, se enfatizan en la necesidad de dar solución y
solventar los distintos factores de riesgo existentes en materia de
infraestructura y de aguas, donde las fallas geológicas, topográficas y los
derrumbes en puentes y carreteras son el pan de cada día, enfatizadas en la
necesidad de generar desarrollo en un país carente de vías transitables y con
déficit de maquinaria productiva, falencias que representan un escollo frente a
los retos que demanda la apertura económica; circunstancias que se suman a la
necesidad de garantizar, con el quehacer ordinario de dicha profesión, otros
derechos fundamentales de la población, como, como por ejemplo, el de la
vivienda en condiciones dignas, exigen del legislador ejercer un control más
estricto sobre la profesión de ingeniero y de algunas profesiones afines, en razón
de de (sic) la responsabilidad superior que de suyo les pertenece” (Folio
228).
[11] Ibíd.
[12]
Folio 245 del expediente.
[13] Folio 244.
[14]Folio 245.
[15]Folio 253.
[16] En la Sentencia C- 149 de 2009 se establece que, “… la competencia
del Congreso al regular el ejercicio de las profesiones que impliquen riesgo
social incluye la posibilidad de expedir las normas sobre ‘(i) la
identificación y reconocimiento de las profesiones; (ii) la exigencia de
títulos de idoneidad; (iii) los requisitos de formación académica; (iv) la
definición de las ocupaciones y oficios que, aun sin necesitar la formación
académica; generan riesgo social y requieren de un mayor grado de injerencia
estatal; y, en general (v) el régimen jurídico que aplica al desempeño de las
profesiones, dentro del cual deben incluirse, además de los principios y pautas
generales y específicas, las faltas contra la ética en que puedan incurrir sus
destinatarios, y correlativamente, las sanciones que cabe imponer” (Folio
253). Dicen los intervinientes quela posición de la Corte ha sido unánime y reiterada al sostener que la posibilidad de exigir títulos de
idoneidad de acuerdo a la Sentencia C- 239 de 2010  “no resulta de abstrusos
razonamientos, sino del texto inequívoco de la norma constitucional [art. 216
de la C.N]”. Además indican que, “En casos de profesiones que puedan
poner en peligro la sociedad es razonable y legítimo exigir títulos de
idoneidad como una herramienta para disminuir el riesgo que el desarrollo de
estas profesiones podría tener en el conglomerado social” (Folio 253).
[17]Ibíd.
[18]Folio 254.
[19]Folio 267.
[20]Folios 267-268.
[21]Folio 268.
[22]Folios 269-270.
[23]Folio 274.
[24]Folio 275.
[25]Negrillas fuera del texto. Folio 290.
[26]Folio 291.
[27]Decreto 861 de 2000, “Artículo 15. De la experiencia. Se
entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u
oficio. Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en
profesional, específica, relacionada, general y docente”.
[28] Folio 291
[29]Folio 295.
[30]Folio 299.
[31]ALEXY, Robert, Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales,
Madrid,Centro de Estudios- Fundación Beneficiaria Et Peritia Iuris, 2004, pp.
34 y ss.
[32]Folio 302.
[33]Folio
314.
[34] Folio 322.
[35]Folio 325.
[36]Folio 326.
[37]Folio 328-329
[38] Negrilla fuera del texto. Folio 337.
[39] Folio 337.
[40]“Por
el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes
empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan
otras disposiciones”.
[41] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se demandaba los artículos 5°, 18 y 20 de la Ley 842 de 2003.
[42] En la sentencia C-377 de 1994, la Corte resolvió declarar exequibles tres apartes de la Ley 14 de 1962, “Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la Medicina y Cirugía” —el literal (a) y los parágrafos 1 y 2 del artículo 2°—. Lo
que se debatió en esta sentencia fue lo siguiente: “Sostiene
el demandante, trayendo en apoyo de su tesis diversos artículos de la Constitución, que las normas demandadas no pueden prohibir el ejercicio de la medicina a los
empíricos, porque al hacerlo violan derechos constitucionales fundamentales del
que ejerce la profesión médica sin estar legalmente autorizado, lo mismo
que  quien decide ser paciente suyo”.
[43] Sentencia T-408 de 1992. En este caso la Corte estudió una acción de tutela presentada contra el Instituto Metropolitano de Salud de
Medellín (División de Atención al Medio Ambiente, Sección Control de
Medicamentos) por una persona a la que se “(…) le prohibió ‘practicar’
cualquier acto reservado al ejercicio de las profesiones de la salud (medicina,
farmacia y otras), así como ‘la práctica de cualquier otro acto que por medio
de cualquier terapéutica se dedique a tratar enfer­me­dades’, conminándolo con
una sanción de multa”, decisión con la cual, a juicio del accionantes se le
violaban “sus derechos al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a
la libre escogencia de profesión, a la investi­gación, y a la igualdad real y
efectiva”.
[44] M.P. Jorge Arango Mejía. La Corte resolvió en esta Sentencia declarar inexequibles el artículo 64 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 2° de
la Ley 72 de 1993, por considerar que se viola el principio de igualdad cuando
una norma, “(…) sin una clara jus­ti­ficación, permite que personas con
preparación inferior a la impartida en las universidades colombianas, puedan,
por el simple hecho de exhibir un título expedido por un centro educativo
extranjero, ejercer su profe­sión en nuestro país, en igualdad de condiciones
con los profesionales formados en Colombia.”
[45] Se dijo en aquella ocasión que, “La
disposición faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad, sugiriendo,
por el uso del verbo ‘podrá’, que tal potestad es una mera posibilidad y no una
obligación.  Sin embargo, a juicio de la Corte, la exigencia a los profesionales de sus respectivos títulos académicos de idoneidad, no es una simple
facultad sino una verdadera obligación. Porque, dejando de lado la exégesis
aislada de la norma, la interpretación sistemática de la Constitución así lo indica. No se concibe cómo la ausencia de la obligación mínima de
acreditar la idoneidad profesional con títulos académicos, contribuya a
proteger los derechos de la comunidad, si resulta que los usuarios de los
servicios, por no ser expertos, están, en la mayoría de los casos, en absoluta
imposibilidad de juzgar sobre la real capacidad de los profesionales que los
atienden.La razón de ser de los títulos profesionales no obedece al capricho
del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad social de
contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus titulares, aun
para las profesiones distintas del derecho y las ciencias de la salud”.
[46] En dicha sentencia se dijo que: “Para
la Corte, que la Constitución permita requerir títulos de idoneidad es la
‘manera de hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica’,
a la vez que ‘son indispensables para acreditar la preparación académica y
científica que exija la ley tanto en relación con la profesión en sí misma,
como en lo relativo a sus especialidades’. Es por ello que la jurisprudencia ha
considerado que ‘la razón de ser de los títulos profesionales no obedece al
capricho del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad
social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus
titulares’”.
[47] Como se explicaba anteriormente en la Sentencia C-606 de 1992 la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de varios
artículos de la Ley 70 de 1979, ‘Por la cual se reglamenta la profesión de
topógrafo y se dictan otras disposiciones sobre la materia’. La Corte en este caso dispuso que era viable en este caso exigir como requisito para el
ejercicio de esta profesión de la licencia profesional y se estableció que, “(…)
claramente la voluntad del legislador de crear como requisito para el ejercicio
de la profesión de topografía una licencia profesional (…). Su existencia es
indudable a partir de un análisis sistemático de la norma y de los contenidos
concretos de los artículos citados, especialmente del artículo décimo
transcrito. Se trata pues, a juicio de esta Corporación, de un error de técnica
legislativa, subsanable a partir de la  interpretación racional de la ley.
Error que, salvo que implique una ambigüedad tal que conlleve una violación de la Carta, carece de relevancia constitucional. Así, el artículo segundo y los otros de la ley
que se estudian y que hacen referencia a la licencia son constitucionales en lo
que se refiere a la existencia de la mencionada licencia.”
[48] Citada en la sentencia C- 191 de 2005.
[49] Sentencia C-964 de 1999. Sin embargo, ya antes la Corte en la sentencia C-606 de 1992, había señalado que la legítima reglamentación de una
profesión “no puede favorecer, implícita o explícitamente, discrimi­naciones
injustas, fundadas en distin­ciones artificiosas entre trabajo manual o trabajo
intelectual o entre oficios y profesiones”.
[50] Al respecto, la sentencia C-191 de 2005 señaló lo siguiente: “En cuanto a los límites materiales, además del propósito básico,
consistente en que las limitaciones deben ser razonables y proporcionadas, la Corte ha señalado, por ejemplo, los siguientes límites específicos: (1) No puede el
legislador expedir normas disciplinarias en las que se sancionen conductas
descritas de manera vaga e indeterminada; (2) No
puede el legislador establecer normas que tipifiquen como faltas conductas que
no guarden relación con las exigencias propias del desempeño profesional ni
afecten la integridad de la profesión como tal; (3) También desconoce el legislador la libertad en cuestión, así como la libertad
de asociación, cuando se exige a un profesional ser miembro de una asociación
privada para desempeñarse como tal; (4) Tampoco puede el legislador excluir de
la realización de una actividad específica, a profesionales que tienen un nivel
de idoneidad, acreditado por un título profesional, expedido conforme a las
normas vigentes, equivalente o superior al que el legislador estimó suficiente
para realizar dicha actividad”. Ver también
sentencias: C-570 de 2004, C-373 de 2002 Y C-606 de
1992.
[51]Ver por ejemplo, las
sentencias C-791 de 2002, C-974 de 2002 y C-734 de 2003.
[52] En la sentencia C-570 de 2004 la Corte consideró que “(…) de acuerdo con la Constitución, los únicos autorizados para crear o suprimir
organismos del orden nacional son el Congreso (C.P., art. 150, num. 7) y el
Presidente de la República, este último siempre de conformidad con la ley
(C.P., art. 189, num. 15), o facultado por el Congreso de la República (C.P., art. 150, num. 10).” En consecuencia, resolvió al respecto declarar
inexequible la norma de la Ley 842 de 2003 que otorgaba dichas facultades al
COPNIA (artículo 27).
[53] En tal sentido se pronunció la sentencia C-078 de 2003, caso en
el que se resolvió declarar fundadas las objeciones presidenciales a los
artículos 25, 26, 27, 28 y 80 del  proyecto de Ley número 44 de 2001, Senado, y
218 de 2002, Cámara de Representantes, “Por la cual se modifica la
reglamentación del ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan
otras disposiciones”.  Posteriormente, en la precitada sentencia C-570 de
2004, caso en el que se estudió la constitucionalidad de varias normas de la Ley 842 de 2003, se consideró que “(…) el legislador no podía derogar de manera
indiscriminada todas las leyes enunciadas en el artículo 78, por cuanto varias
de ellas habían creado consejos profesionales, que tenían naturaleza pública,
razón por la cual su abrogación general requería que la ley hubiese sido de
iniciativa gubernamental, puesto que ella estaba modificando la estructurade la
administración. Lo anterior no significa que la Ley 842 no pudiera derogar los apartes de las leyes comentadas que no se refirieran a los Consejos Profesionales
y a sus funciones.”
[54]Así en la Sentencia C-606
de 1992, esta Corporación se pronunció sobre un error de técnica legislativa,
subsanable a partir de la  interpretación racional de la ley.
[55] Sentencia C-191 de 2005.
[56] Negrilla fuera del texto. Del mismo modo en la sentencia C-012 de
2000, la Corte Constitucional consideró, con base en el artículo 26 de la Constitución Política, que “(…) no se agota la facultad del
legislador por el hecho de que una ley reglamente, en forma general, una
profesión, y, otra ley, de manera específica, entre a reglamentar a algunas
ramas de esa profesión”;concretamente se consideró que el legislador
podía reglamentar el ejercicio de las profesiones de
ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y profesiones afines (Ley 51 de 1986), así existiera una regulación anterior,
general a todos los profesionales de la ingeniería.
[57]M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[58]DIARIO
OFICIAL NUMERO 23640, Bogotá, viernes 26 de noviembre de 1937. Por la cual se
reglamenta el ejercicio de la profesión de ingeniería.
[59]Negrilla
fuera del texto.
[60]Negrilla
fuera del texto.
[61]Negrilla
fuera del texto.
[62]DIARIO
OFICIAL No 35182, viernes 19 de enero de 1979. Por el cual se reglamenta el
ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones auxiliares.
[63] Inciso tercero artículo 1° ley 64 de 1978. “La
presente reglamentación no se aplicará al ejercicio profesional de Las
especialidades de la Ingeniería, la Arquitectura y profesiones auxiliares ya reguladas por medio de las Leyes 20 de 1971, 14 de 1975 y 18 de 1976, así como
en virtud de cualesquiera otras disposiciones legales, que al empezar a regir
esta Ley, estuvieren vigentes”.
[64]Negrillas
fuera del texto.
[65]Negrillas
fuera del texto.
[66] Negrillas fuera del texto.
[67]Negrilla
fuera del texto.
[68] GACETA DEL CONGRESO, número 361 de jueves 2 de agosto de 2001.
Proyecto de Ley Número 44 de 2001 Senado. Exposición de motivos elaborada por
el Senador de la República José Jaime Nicholls.
[69]En
esta parte se dijo que, “La Ingeniería y sus profesiones auxiliares han sido reglamentadas en nuestra legislación, desde la expedición del Acto
Legislativo número 1 de 1936, inicialmente con la Ley 94 de 1937, reglamentación que se ha venido modificando al introducirse algunas reformas,
de acuerdo con los nuevos programas o ramas de la ingeniería que han ido
apareciendo con los avances de la ciencia y la tecnología (…) La Ley 64 de 1978, expedida con base en normas anteriores de igual rango, en especial de la Ley 94 de 1937, creó el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura (hoy
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares), como
el organismo encargado de inspeccionar y vigilar el ejercicio de dichas
profesiones, sin establecer su naturaleza jurídica, ni el carácter de sus
recursos, conllevando diversas interpretaciones respecto de su funcionamiento;
lo que hace necesario que mediante la ley, se aclaren o determinen estos
aspectos. Así mismo, la Ley 64 de 1978 estableció las sanciones a los
profesionales por la violación del Código de Ética, pero delegó en el Consejo
creado establecerlo, para que fuera adoptado mediante resolución por el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, circunstancia que debe acoplarse hoy
y de manera urgente, a los principios de la nueva Constitución, la cual
establece como de exclusiva competencia del legislador ordinario, dicha
adopción o expedición, así como la de establecer el procedimiento para su
aplicación (…)” (Ibíd., pp. 23 a 24). También se dijo que, “(…) con anterioridad
a la vigencia de la Constitución de 1991, se expidieron algunas
reglamentaciones profesionales, en particular para algunas ramas de la
ingeniería, como para algunas de sus profesiones auxiliares, sin que hasta la
fecha se hayan producido los efectos que con tales reglamentaciones se
buscaban, llegando al caso en que ni siquiera se ha instalado los Consejos
creados por ellas, perjudicando a los profesionales respectivos, como es el
caso de los Ingenieros Pesqueros, a los que la ley les exige estar matriculados
y sin embargo, nunca se instaló el Consejo que según ésta, debe otorgarles la Matrícula; circunstancia que se traduce en impedimento legal para su ejercicio profesional,
haciéndose imperativo retomar legalmente ese control ajustándolo al reglamento
propuesto. Situación análoga ocurre con los ingenieros Agrícolas, Agronómicos y
Forestales (…)”.
[70] El parágrafo de dicha disposición estableció que, “En los
casos en que los contratantes del sector público o privado, o cualquier usuario
de los servicios de Ingeniería pretendan establecer si un profesional se
encuentra legalmente habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin
perjuicio de los requisitos establecidos en el presente artículo, requerir al
Copnia la expedición del respectivo certificado de vigencia”.Del
mismo modo en el artículo 7º de dicha normatividad se establece los Requisitos
para obtener la matrícula y la tarjeta de matrícula profesional. En dicho
artículo se dice que, “Sólo podrán ser matriculados en el Registro
Profesional de Ingeniería y obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional, para poder ejercer la profesión en territorio nacional quienes: a) Hayan adquirido
el título de académico de Ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado por
Instituciones de Educación Superior oficialmente reconocidas de acuerdo con las
normas legales vigentes; b) Hayan adquirido el título académico de Ingeniero en
cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación Superior que
funcionen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios
sobre reciprocidad de títulos, situación que debe ser avalada por el Icfes o
por el organismo que se determine para tal efecto; c) Hayan adquirido el título
académico de Ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones
de Educación Superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya
celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos, siempre y cuando
hayan obtenido la homologación o convalidación del título académico ante las
autoridades competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia”.
[71] GACETA DEL CONGRESO, número 169 de 17 de mayo de 2002. Ponencia
para primer debate al Proyecto de Ley 218 de 2002 Cámara, 044 de 2001 Senado.
Presentada por los Representantes a la Cámara Armando Amaya Álvarez, María Isabel Mejía, Plinio Olano Becerra, Gustavo López Cortés
y Claribel Mejía Sierra.
[72] GACETA DEL CONGRESO, número 169 de 17 de mayo de 2002.
[73]ARTÍCULO 2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería,
el desempeño de actividades tales como: a) Los estudios, la planeación, el
diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la
interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de
construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas,
muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos,
ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y
pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de
conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en
general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la
comunidad (…)”
[74]Negrilla
fuera del texto.
[75]Del
mismo modo se dijo que, “Se pretende también en este proyecto tratar de
adecuar a al jurisprudencia constitucional la reglamentación de las
profesiones, haciendo de eta ley un modelo de referencia para las demás
reglamentaciones profesionales que debe expedir el Congreso en ejercicio de sus
funciones y en desarrollo de los artículos 26 y 150, numeral 8, de la Carta Política”. (Gaceta del Congreso No 361, jueves 2 de agosto de 2001, p. 24).
[76]Gaceta
del Congreso 169 de 17 de mayo de 2002.
[77]Gaceta
del Congreso 228 de 14 de junio de 2002.
[78]Gaceta
del Congreso 228 de 14 de junio de 2002.
[79] GACETA DEL CONGRESO, número 228 de 14 de junio de 2002. Ponencia
para segundo debate al Proyecto de Ley 218 de 2002 Cámara, 044 de 2001 Senado.
Presentada por los Representantes a la Cámara Armando Amaya Álvarez, María Isabel Mejía, Plinio Olano Becerra, Gustavo López Cortés
y Claribel Mejía Sierra.  ISSN 0123-9066.
[80] Se siguen, en especial, las sentencias T-291 de 2009 y T-340 de
2010.
[81] Sentencias T-352 de 1997 y C-090 de 2001.
[82]Véase
Sentencias C-345 de 1993 y C-058 de 1994, C-094 de 1993 y
T-152 de 2007.
[83] Véase Sentencias C-094 de 1993 y T-152 de 2007.
[84] BOBBIO, Norberto. Igualdad y libertad, Barcelona, Paidós, 1993,
pp. 53 - 54
[85] ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, pp. 381 y ss.
[86] Sentencia C-1125 de 2008.
[87] En la sentencia C-455 de 2011, la Corte estudió la acción pública instaurada contra un precepto que según el accionante
es palmaria la “supuesta contradicción entre el aparte
acusado y el contenido del derecho a la igualdad pues, según el actor, la norma
plantea una trato discriminatorio injustificado entre los patrulleros y los
demás miembros del cuerpo de Policía Nacional  pues los primeros, a diferencia
de los segundos, para ascender dentro de la estructura policial tienen que
acreditar “no haber sido sancionado[s] en los últimos tres (3) años.”
[88]Ver por ejemplo las sentencias T-422 de 1992, T-530 de 1993, C-1043 de
2006 y C-075 de 2007.
[89]Ver, sobre el principio de proporcionalidad, las
sentencias T-015 de 1994, C-022 de 1996, C, T-230 de 1994, C-584 de 1997, C-309 de 1997 y T-916 de 2002.
[90] Empleada inauguralmente por el Tribunal Constitucional Alemán y la Corte Europea de Derechos Humanos, según explicó la Corte en sentencias T-422 de 1992, C-026
de 1996 y C-093 de 2001.
[91]Cfr.
Sentencia C-022 de 1996. Sobre el alcance del principio de proporcionalidad
como herramienta hermenéutica, ver también los fallos T-015 de 1994, C-309 de
1997. C-475 de 1997, C-392 de 2002.
[92] Ibíd.
[93]En cuanto a esta hipótesis, el estudio se limita a determinar si la
medida adoptada por el legislador es potencialmente adecuada o idónea para
alcanzar un fin que no se encuentra prohibido por la Constitución, “Dado que esta modalidad del juicio de igualdad se aplica sobre ámbitos
donde el legislador goza de una amplia libertad de configuración política, el
grado de intensidad del escrutinio que lleva a cabo el juez constitucional no
puede ser de tal magnitud que termine por sustituir la función que le
corresponde desarrollar al Congreso como representante de la voluntad popular.”
Sentencia C-563 de 1997.
[94]Sentencia
C 445 de 2011.
[95] Sentencia C-227 de 2004.
[96]Sentencia
C-455 de 2011.
[97]El artículo 7º de la Ley 842 de 2003 dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 7o.
REQUISITOS PARA OBTENER LA MATRÍCULA Y LA TARJETA DE MATRÍCULA PROFESIONAL. Sólo podrán ser matriculados en el Registro Profesional de Ingenieros y
obtener tarjeta de matrícula profesional, para poder ejercer la profesión en el
territorio nacional, quienes: a) Hayan adquirido el título académico de
Ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación
Superior oficialmente reconocidas, de acuerdo con las normas legales vigentes;
b) Hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cualquiera de sus ramas,
otorgado por Instituciones de Educación Superior que funcionen en países con
los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de
títulos, situación que debe ser avalada por el ICFES o por el organismo que se
determine para tal efecto; c) Hayan adquirido el título académico de
Ingeniero en cualquiera de sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación
Superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado
tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos; siempre y cuando hayan
obtenido la homologación o convalidación del título académico ante las
autoridades competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia.
PARÁGRAFO 1o. Los títulos académicos de postgrado de los profesionales
matriculados no serán susceptibles de inscripción en el registro profesional de
ingeniería, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastará con
la presentación del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por
universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto. Si el
título de postgrado fue otorgado en el exterior, solo se aceptará debidamente
consularizado o apostillado de acuerdo con las normas que rigen la materia.
PARÁGRAFO 2o. La información que los profesionales aporten como requisitos de
su inscripción en el registro profesional respectivo, solamente podrá ser
afiliada por el Copnia para efectos del control y vigilancia del ejercicio
profesional correspondiente, excepto cuando sea requerida por las demás
autoridades de fiscalización y control para lo de su competencia o cuandomedie
orden judicial”.
[98] El artículo 9º de la Ley 842 de 2003 establece lo siguiente: “Para obtener la matrículaprofesional o el
certificado de que trata la presente ley, el interesado deberápresentar ante el
Consejo Profesional Seccional o Regional de ingeniería deldomicilio de la Universidad o Institución que otorgó el título, el originalcorrespondiente con su respectiva
acta de grado, fotocopia del documento deidentidad y el recibo de consignación
de los derechos que para el efecto fije elCopnia. Verificados los requisitos,
el Seccional o Regional correspondiente, otorgará lamatrícula o el certificado,
según el caso, el cual deberá ser confirmado por elConsejo Nacional de
Ingeniería en la sesión ordinaria siguiente a su recibo, ordenando la
expedición del documento respectivo”.
[99] Negrillas fuera del texto.
[100] “Artículo 14º.- De la experiencia.
Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas
adquiridos o desarrollados mediante el ejercicio de una profesión, ocupación,
arte u oficio. Para los efectos del presente Decreto, la experiencia se
clasifica en profesional, específica, relacionada y general: a) Experiencia
profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de
todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación
universitaria, profesional o especialización tecnológica, en el ejercicio de
las actividades propias de la profesión o especialidad.
[101] “Artículo 15. De la experiencia. Se entiende
por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Para los
efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, específica,
relacionada, general y docente. Experiencia profesional. Es la adquirida
a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el
pénsum académico de la respectiva formación técnica profesional, tecnológica o
universitaria, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o
especialidad. (…)”
[102] Folio 6-7.
[103] Folio 13.
[104] Consultar, entre otras, las Sentencias C-002 de 1993; C-190 de
1996; C-049 de 1996; C-617 de 1996; C-619 de 1996; C-034 de 1997; C-744 de
1998; C-507 de 2001; C-098 de 2003; C-293 de 2006; C-034 de 1997.
[105]En ejercicio de la acción pública, se solicitó ante la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 56
del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de
la abogacía”.  Según la demandante, al exigir la disposición acusada que el
abogado interesado en “gestionar una demanda deb[a] recibir la aceptación de
su colega antecesor”, se vulnera el derecho a la igualdad y al trabajo. La Corte consideró que tal disposición no
desconocía la libertad de ejercer profesión u oficio, por ende, declaró
exequible dicho artículo.
[106] Continuando con la Sentencia C- 212 de 2007, se dijo que el Decreto 196 de 1971, por el cual se dicta el Estatuto de Ejercicio de la Abogacía lo referente a la necesidad de inscripción previa para ejercer la profesión.
[107]“ARTICULO 4o. Para la calificación de los
concursos se valorará especialmente la experiencia de los candidatos (…)
PARAGRAFO 1o. Para efectos del presente artículo, se contabilizará la
experiencia en el ejercicio de la profesión de Abogado desde la fecha de
obtención del respectivo título.”
[108]ALEXY, Robert, Op. cit. p. 112
[109] Sentencia T- 729 de 2010.
[110] Literal a) de la Ley 842 de 2003.
[111] Ibíd.
[112]En cuanto a las profesiones auxiliares a
la ingeniería se estableció en el artículo 3º de la Ley 842 de 2003 que, “Se entiende por Profesiones Auxiliares de la Ingeniería, aquellas actividades que se ejercen en nivel medio, como auxiliares de los
ingenieros, amparadas por un título académico en las modalidades educativas de
formación técnica y tecnológica profesional, conferido por instituciones de
educación superior legalmente autorizadas, tales como: Técnicos y tecnólogos en
obras civiles, técnicos y tecnólogos laboratoristas, técnicos y tecnólogos
constructores, técnicos y tecnólogos en topografía, técnicos y tecnólogos en
minas, técnicos y tecnólogos delineantes en ingeniería, técnicos y tecnólogos
en sistemas o en computación, analistas de sistemas y programadores, técnicos y
tecnólogos en alimentos, técnicos y tecnólogos industriales, técnicos y
tecnólogos hidráulicos y sanitarios, técnicos y tecnólogos teleinformáticos,
técnicos y tecnólogos agroindustriales y los maestros de obras de construcción
en sus diversas modalidades, que demuestren una experiencia de más de diez (10)
años en actividades de la construcción, mediante certificaciones expedidas por
ingenieros y/o arquitectos debidamente matriculados y, excepcionalmente, por
las autoridades de obras públicas y/o de planeación, municipales”.
[113] Ver numeral 6.2.7. de esta providencia en donde se explica la Exposición de Motivos del Primer Debate de la Cámara.