T-098-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-098/02
DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Vulneración múltiple, masiva y continua de
derechos fundamentales
ACCION DE
TUTELA-Procedencia respecto de desplazados/ACCION
DE GRUPO-Improcedencia respecto de desplazados
La acción de grupo es exclusivamente
para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios, algo que
no se ha planteado en el presente caso.  No hay la menor duda  sobre la
procedibilidad de la tutela interpuesta por desplazados que señalan
concretamente la violación de varios de sus derechos fundamentales.
SERVICIO DE
SALUD DE DESPLAZADO-Debe prestársele aunque no esté
carnetizado
Aunque no esté carnetizado el
desplazado, debe prestársele el servicio a la salud. Es derecho fundamental en
los niños y respecto a los mayores se protege  por conexidad con el derecho a
la vida.
DERECHO DE
DESPLAZADO A EJERCER OFICIO-Se debe dar enseñanza a
través del SENA y fomentar proyectos
En el presente
caso de los desplazados, se les afecta el oficio de  agricultores  porque por
el desplazamiento forzado a la ciudad no pueden continuar desarrollando sus
labores. Esto implica que se presenta una colisión entre las normas aplicables
para la protección  de los derechos de los desplazados. En efecto, el Estado
debe proteger el derecho a la libertad de oficio y hacer cumplir  el artículo
65 de la Carta  sobre "fomento agropecuario, forestal y pesquero",
pero por otro lado esos agricultores no pueden volver a sus parcelas y el
artículo 54  establece como obligación del Estado "propiciar la ubicación
laboral de las personas en edad de trabajar”. Si el desplazado considera que
corre peligro su vida al regresar, obviamente está sacrificando la libre
elección de su trabajo pero eso no significa que quede desprotegido. La
sentencia SU.360/99 enuncia  los instrumentos jurídicos expedidos por la OIT
sobre una correcta política de empleo  y dice  que “El Convenio 111 también se
refiere  al empleo y es interesante  en cuanto señala que los términos empleo y
ocupación incluye tanto el acceso a los medios de formación profesional como la
orientación y admisión  en el empleo y las diversas ocupaciones”. Es decir que,
obligados los desplazados a buscar otra ocupación para sobrevivir, hay que
darles elementos que les ayuden a ingresar al mercado laboral, uno de los
cuales es precisamente la enseñanza que se da en el SENA y otro el de fomentar
proyectos específicos.
DERECHO A
LA EDUCACION DE DESPLAZADO-Exoneración de pago de
matrícula y pensión
DERECHO A
LA VIVIENDA DE DESPLAZADO-El subsidio de vivienda
debe darse por el INURBE
RED DE
SOLIDARIDAD SOCIAL-Protección a desplazados
Si bien es cierto
la Red de Solidaridad Social es una entidad coordinadora, las medidas que
proponga, diseñe, promueva, propicie, concerte  o coordine deben cristalizarse
en primer lugar en la atención humanitaria de emergencia durante los tres
primeros meses de la contingencia prorrogables por tres meses mas y, además, en
todos los componentes de los programas de estabilización económica y por
supuesto en la efectividad de la protección a los derechos fundamentales.
SENTENCIA
DE TUTELA-Efectividad de la orden de tutela en
casos de desplazados
La labor del Juez
no es solamente tramitar el incidente de desacato, cuando se instaure por
incumplimiento de lo ordenado, sino lo fundamental es que sea efectivo  el
respeto a los derechos fundamentales. El Juez de primera instancia no pierde
competencia hasta tanto la orden sea completamente cumplida.
Referencia:
expedientes  T-525195, T- 529460 y otros
Peticionarios: Luz
Mosquera Aluma y otros
Procedencia: Juzgado
Civil del Circuito de Quibdó
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dos (2002).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra quien
la preside, Eduardo Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos dictados por el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó en los  expedientes
acumulados a la tutela de Luz Clarinda Mosquera Aluma por determinación de la
Sala de Selección # 12 del 4 de diciembre de 2001. Todas estas tutelas fueron
dirigidas contra la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL.
ANTECEDENTES
I. HECHOS
1.      En el año de 1997, por presión de
los grupos paramilitares, un gran número de habitantes de los municipios de
Turbo, Bojayá, Carmen de Atrato, Rio Sucio, Apartadó,  Cantón de San Pablo, El
Carmen, Las Mercedes, El Bagre, Murrí, Chigorodó, Urabá, Vigia del Fuerte,  se
vieron obligados a abandonar viviendas, bienes y lugares de asentamiento y se
trasladaron a la ciudad de Quibdó.
2.      Está demostrado en  los
respectivos expedientes que  todos los peticionarios son desplazados. Las
solicitudes  las formulan las cabezas de familia. Lo hacen a nombre propio y
relacionan las personas que integran el grupo familiar que vivía en el hogar
que tenían antes del desplazamiento forzado interno. Son en su mayoría madres y
menores de edad. Se indica que la mayor parte son pertenecientes a las
comunidades negras y algunos hacen parte de  etnias indígenas.
3.      Cada grupo familiar presentó
tutela separada. Cada uno de los expedientes incluye como personas afectadas  a
las siguientes:
T-529.460:
Luz Clarinda Mosquera Aluma y Jesús Arnolio Perea Santos y Yadira Perea
Mosquera.
T-529.461:
Jesús Antonio Moreno y Sandra Milena Sánchez.
T-529.462:
Lainis Algumedo Cuesta y Héctor, Sandra Milena, Yofadys, Deiby, José Dámaso,
Ana Milady y Dayron Andrés Sánchez Cuesta  y Dámaso Sánchez Romaña.
T-529.463:
Justino Ibarguen Ibarguen y Justino y Dámaso Ibarguen Murillo.
T-529.464: Justiniano
Romaña Andrade y Maria Libia Hinestroza Palacio, José Dolores, José Humerto y
Libia Maria Romaña Mosquera.
T-529.465: Leopoldino
Moreno Manyoma y Nelly Maria Ramos, Carlos Enrique, Enmanuel, Juán David y
Yanierd Daniel Moreno Ramos.
T-529.466:
Leovigildo Bejarano Mena y Elena Manquilón Borja y Simón Bejarano Mena.
T-529.467:
Librada Córdoba Cuesta y Cilson, José, Yamilis, Sunilda, Lisdaris,
Arlenis y Antun Romaña Córdoba.
T-529.468:
Ligia del Socorro Saldarriaga y Oswaldo, Adriana María, Faber y
Dairon Arley Restrepo Saldarriaga.
T-529.469:
Luis Carlos Mosquera Martínez y Carlos Mario y Viviana Mosquera
Lizarda.
T-529.470:
Luis Fernando Monterosa Ochoa y Teresa de Jesús Ochoa Pérez, Nelly
Palacio Mena, Miriam, Luis F. y Jairo Monterosa Bailarín, Maribel Monterosa
Mena, Yair y Jhon Monterosa Palacios.
T-529.471:
Luis Oney Tapias Obregón y Jorge Nelson y Edwin Oney Tapias Gómez.
T-529.472:
Luz Amparo Ibarguén Mosquera y Duvier Stiwar Palacio Ibarguen.
T-529.473:
Luz Amparo Mosquera Marmolejo y Soris, Yorladi, Leidi Yuset, Erenia y
Fermina Mosquera Mosquera, Jhon Eduardo Palacio Mosquera, Carlos Córdoba,
Jassón Palomeque y Fermín Mosquera López.
T-529.474:
Luz Amparo Perea Ríos y Juán Bautista López, Claudia Milena, Rosa
Helena y William Alberto Serna Perea, Carlos Mario, Luz Leidi, Luz Dary y Danny
Meliza López Perea.
T-529.475: Josefina
Murillo Córdoba y Dejary Murillo Murillo.
T-529.476:
José Dolores Perea Chala y Fidela Bejarano Sánchez, José Dolores,
Evangelina y Ana Dolres Perea Bejarano.
T-529.477: Laureana
Palacios Moreno y Eduarda Mosquera Palacios.
T-529.478:
Luis Delio Martínez M. y Aurelina Córdoba y Aura Celiz Martínez
Córdoba.
T-529.479: Israel
Liscano Salas y Odilia Panesso Palacios, Dominga, Yulmery, Karen y Eric Lizcano
Panesso y Juana Vicenta Salas Campuzano.
T-529.480: Juana
Silveria Córdoba Mesa y Geiler, Rosiris, Rosa Yurleidy, Nuris y Yurany Mosquera
Córdoba y Senen Mosquera.
T-529.481: Juana
Blando Córdoba y Edilberto Gerleisy, Marelbys, Liris Stella y Nazly Francisca
Romaña Blandón y Fortu Romaña.
T-529.482: Juan
Perea García y Maria Aida Luz Perea Romaña.
T-529.483: Juan
García Abadía y Cruz Eladia Rentería Palacios, Wilton, Eladio, Ricardo, Afranio
y Fradi García Rentería.
T-529.484: José
Vidal Mosquera y Jorge Andrés, Luis David, Johan Manuel e Iván Camilo Mosquera
Sanchez.
T-529.485: José
Seferino Mosquera Braham y Onoria Moreno Palacio, José Seferino Mosquera
Moreno, José Franklin Mosquera Mosquera, Ana Lisandra, Grangelio y Onoria
Mosquera Moreno.
T-529.486: Jorge
Elias Vivas Córdoba y Domitila Mosquera Moreno, Naufa, Amparo, Mirna, Ever y
Yesica Vivas Mosquera y Yinela Mosquera Valencia.
T-529.487: José
Amín Murria Quinto y Maria Oneida Orejuela, Reinaldo Murrai, José Elimen,
Damaris, Javier y Elidis Patricia Murria Orejuela.
T-529.488: Andrés
José Moreno Palacio y Heidi Johana y Cristina Moreno Asprilla, Melba Asprilla
Mena y Kelly Vanesa Murillo Asprilla.
T-529.489: José
de la Paz Romaña y Telma Maria Valoyes Cuesta, Leidy, Ismel y Leides Romaña.
T-529.490: Jaminton
Robledo Maturana y Dinaris Palacios Mosquera.
T-529.491: Jairo
García Ríos y Yolanda, Johana, Lali y Jhon Jairo Garcia.
T-529.492: Jacob
Orjuela Mosquera y  Riner Key, Yeny Yirley, Yenny Yuleima, Yenny Yesenia, Jacob
y Yenny Orica Orejuela Cuesta, Yenny Cuesta Córdoba, Domitila y Catherine
Mosquera Murillo, Neider y Leider Orejuela Murillo, José Mauricio Pino Murillo
y Marina Murillo Torres.
T-529.493: Leonel
Bejarano Sánchez y Walter Dario, Even L y David Bejarano Moreno, Fabiola
Bejarano Parra, Eder Leonel Bajarano Asprilla, Maeina Arias Asprilla y Carlos
Bejarano Quinto.
T-529.494: Anatividad
Murillo Palacios y Wendi Sirley, Jaklin, Hailin Maria, Yenifer Yirlesa y Ana
Beatriz Murillo Palacios y Zulli Lorena Mena Murillo.
T-529.495: Leiman
Arboleda Romaña y Ana Paola Aguilar Arboleda, Luz Danni, Davian, Luz Enith y
Yeiner Arboleda Aguilar y Roso Arboleda Murillo.
T-529.496: Julia
Nieves Quejada Quejada y Haminton, Yasiris, Rosa Yulisa, Carlos Andrés y Andrés
Felipe Romaña.
T-529.497: Julia
Valoyes Valoyes y Ramón Emilio, Sandra, Biunny, Dora Liliana, Jhony, Gilberth
Emilio, Ingrid Paola y Yurleiby Moreno Valoyes.
T-529.498: José
Gil López Cuesta y Heliodoro López Arango, Eusebia Cuesta Romaña, Yasira,
Wilson José y Eidre López Sánchez.
T-529.499: Isabel
Valencia Moya y Francisca Ramirez de Lemus, Yamilet y Yhajaira Lemus Robledo y
Yoriset Rivas Robledo.
T-529.500: José
Luis López Sánchez y Luz Elida Mosquera.
T-529.501: Inocencia
Hinestroza Palacio y Paula Araminta Mosquera Palacios, Jhon Eiber, José Tito y
Ana Julia Mosquera Hinestroza.
T-529.502: Isabel
Cristina Valencia Navia y Cristian Camilo Valencia Navia.
T-529.503: Irsa
María Robledo Gutiérrez y  Angel Pio Mosquera, José Angel, José Derni, Jesús
Ariel, Manuel Alirio e Irsa María Mosquera Gutiérrez.
T-529.504: Lilia Doris Polo Gutiérrez
y Hamer Ademir, Dioselina, Erika Yised, Eusebio, Yasiris y Manuel Mosquera,
Yasiris y Eusebio Sánchez Mosquera.
T-529.505: Liliana
Valdés García y Kelly Johana y José Elvis Asprilla Valdes, Ester Célimo
Asprilla Moreno.
T-529.506: Lorenza
Rentería Lemus y Hernando Mosquera Palomeque, Vladimir Ramos Lemus y Eduardo
Mosquera Romaña.
T-529.507: Lucía
Elvira Jiménez Turizo y Juán Camilo, Levi Yuste, Juan Carlos y Yuliuza Ramírez
Chaverra, Luis Simón y Leidi Viviana López Jiménez.
T-529.508: Lucinda
Palacio Hinestroza y Colombia, Eliza y Aurelio Romaña Palacio y Paola Palacio
Romaña.
T-529.509: Lucio
Lara Moya, y Lucio, Diego, Rosa, Fredy, César, Zunilda, Darlis, Onny, Mary
Sera, Yurley y Anyi Lara Rodríguez y Olivia Rodríguez Moreno.
T-529.510: Luis
Armando Robles Pérez.
T-529.511: Juan
Romaña Valoyes y Erlaidis Sánchez Pérez, Sindy Yorleidis, Beiser Leani, Neisy
Milena, Narlin Manuela y Juana Yised Romaña Sánchez, Manuela Valoyes de Romaña
y Cirilo Romaña Moreno.
T-529.512: Isoleria
Palacios Palacios.
T-529.513: Ibeth
Rodríguez Machado y  Jhon Fredy, Berledi y Margarita Arias Rodríguez.
T-529.514: Eván
Ester Padilla Valoyes y Jeiver y Yeiner Padilla, Feliciana, Yeiler y Francisca
Yarleisa Padilla Valoyes.
T-529.515: Ilda
María Mosquera Mosquera.
T-529.516: Enedina
Orejuela Córdoba y Julio Rivas Mena, Darwin, Julio, Esneda, Franklin y Heison
Rivas Orejuela.
T-529.517: Enma
María Mendoza Palacios y Mario Enrique y Hanier Alberto Palacios Mena y Pedro
Mendoza Palacios.
T-529.518: Erlin
Antonia Mena Ortiz y Yarlin, Duvainer, Willinton, Manuel, Carlos, Antenor,
Yarelidi, Julia, Ilmi y Yover Valencia Mena.
T-529.519: Euclides
Gutiérrez Calvo y Rosina Prado Palacios.
T-529.520  Eulalio
Blandón Mosquera y Felipe Romero Mosquera, Marileis y Jeremis Romero Blandón,
Otoniel Romero Moreno, Eucaris Perea Chalá y Faustino Valoyes.
T-529.521: Eulalia
Cuesta Arias y Yudi Paola y Camila Andrea Moreno Cuesta.
T-529.522: Eulogia
Serna Cuesta y Junier Ever, Marleny, José Didier, Jhon Jairo, Yusareiza, Karen
Sirleny y Ana Marina Salazar Serna.
T-529.523: Eunices
Gamboa Palacios y Miguel Salcedo Mosquera, Wilber Alexander, Luis Miguel,
Marisol, Víctor Manuel y Luis Angel Salcedo Gamboa.
T-529.524: Euclides
Gutiérrez Prado y Cándida Rosa Córdoba Moya, Wilmer, Ever Emilio, Deimer
Antonio, Densy Liseth, Euclides y Neisy Lorena Gutiérrez Córdoba.
T-529.525: Ingrid
Johana Palacios Robledo y Kevin Andrés Mena Palacios.
T-529.526: Hernán
Palomeque Hinestroza.
T-529.527: Herminio
Quejada Córdoba y Maria Romana Guarda Mena, Jhon Fredy Quejada González y
Teresa Córdoba González.
T-529.528: Hermes
Copete y Marlon de Jesús Copete Ariza.
T-529.529: Harry
W. Garces Martínez y  Maria Dolores Cardona Caro, Julio C. Castillo Cardona,
Elizabeth Manco Fernández, Oscar Rafael Cantillo Cvardona, Harry Manuel Garcés
Córdoba y Paula Andrea Castillo Manco.
T-529.530: Gumercinda
Lemus Rivas y Fernando Palacios Mejía.
T-529.531: Graceliana
Palacios Mena y Aristarco Lemus Agregría, Leidi, Leonisa, Cruz Yadira, Yenifer,
Yesenia y Johan Lemus Palacios.
T-529.532: Gorgonio
Romaña Cuesta y Enemesia Cuesta Sánchez y Yina Luz Romaña Córdoba.
T-529.533: Gloria
del Carmen Bejarano Córdoba y Elimeleth Moreno Martínez, Yirla, Yudy Sirley,
Carlos Andrés, Yessica Lorena y Luz Nereida Moreno Bejarano.
T-529.534:
Gorgonia Cuesta Romaña y Yasiris, Yair y Arcadio Torres Cuesta.
T-529.535: Gissela
Robledo Moreno y Yilmar y Sindy Paola Mosquera Robledo.
T-529.536: Gildardo
Tapias Obregón y Darwin Tapias Obregón, Jhoana, Madinson y Lider Emérito Tapias
Rentería.
T-529.537: Encarnación
Mena Moreno y Manuel Netolio, Everth, Neber, Alirio, Klevin y Yesina Cuesta
Mena y Stefan Cuesta Ruiz.
T-529.538: Emilia
Bejarano Córdoba y Emilia, Wili y Víctor Bejarano González, Juán Palacios Mena,
Jacinto Martínez González y Carlos Antonio Bejarano.
T-529.539: Emelino
Valoyes Palacios y Miguel Andrés Valoyes Rubiano.
T-529.540: Eloisa
Córdoba Valencia y Juaquin, Candelaria, Eloiza, Eduardo y Leidi Liseth
Rodríguez Córdoba.
T-529.541: Elsomina
Palacios Álvarez y Mari Leci, Yimi, Margarita, Ana Felipa, Ana Isabel, Edilma,
Enilda, Alfonzo, Felipe, Adán y Bleidis Rodríguez Palacios.
T-529.542: Elsa
Maryori Valencia Romaña y Aníbal Palacio Polo, Johan Andrés Murillo Valencia y
Sandra Maritza Palacio  Valencia.
T-529.543: Elpidio
Ibarguen Palacios y Candelaria Rodríguez Córdoba y Yanelis Ibarguen Rodríguez.
T-529.544: Elpidio
Ibarguen Murillo y Norma Palacios Palacios y Norma Irlenis Ibarguen Palacios.
T-529.545: Elida
Rubiano Bailarin, y Dario, Nelson, Enrique, Diana Patricia, Jeremías y Elideisa
Córdoba Rubiano.
T-529.546: Eleana
Córdoba Palomeque y Yeni Yadira y Yania Rentería Córdoba, Yessica Palacios
Córdoba, Yordy y Maria Isabel Córdoba Córodoba y Enit Inestroza Córdoba.
T-529.547: Eladia
Serna y Luz Nalli, Edinson, Maria, Maria Janeth, Jarledis, Sención y Javier
Moreno Serna, Alfonso Palacios Mosquera, Sención Moreno Palacios, Gleny Jhoana
Córodoba Moreno y Yeison Estiber Moya Moreno.
T-529.548: Efigenia
Aragón Palacios y Arturo Asprilla Moreno, Abimelet, Rodes Maria, Yesit, Yuseli,
Yassy, Eli Yaneth Asprilla Aragón.
T-529.549:
Georgina Ramírez Córdoba y Yimi Rojas Ramos y Yidier Esneider Rojas
Ramírez.
T-529.550: Georgina
Palacios Rivas y Marisel, Carlos Alberto y Daniel Palacios Palacios, Ana
Milena, Javier y Yuber de Jesús Palacios.
T-529.586: Tirsa
María Mena Palomeque y José Angel, Yasmina, Gustavo, Carlos Albeiro, Evanny,
Soraida, Robinson, Didier y Gloria Amparo Moreno Córdoba, Juán de Dios Martínez
Moreno.
T-529.588: Francy
Elena Moreno Romaña y Andrés David y Luis Dario Chaverra Moreno.
T-529.589: Francisca
Ramírez de Lemos y Yamilet y Yhajaira Lemos Robledo y Yoriset Rivas Robledo.
T-529.590: Francisco
Antonio Serna Murillo y Cruz del Carmen y Elizabeth Murillo Chaverra, Jader
Antonio Serna Murillo y Francisco Antonio Serna Mena.
T-529.591: Francisca
Casas Rodríguez y José Nereo Palacio Córdoba, Nereo, Fredis, Magno y Jheferson
Palacio Casas.
T-529.909: Francia
Sánchez Mosquera y Humberto, Jhon, Fredy, Edwin, María y Luis Gilberto Rojas
Sánchez.
T-529.910: Floripe
Córdoba y Juán Fernando y Carlos Andrés Moreno Córdoba.
T-529.911: Flor
María Murray Córdoba y Rubén Dario Mosquera Ibargue, Iván Dario y Nellys Yorley
Mosquera Murray.
T-529.912: Flor
Alba Mosquera Salazar y Yarisa Córdoba Mosquera.
T-529.913: Fidelina
Torres Mena y Luiciano, Yuslei, Yanit, Luciano, Lufredys, Nelly Stella y
Evelidis Cuesta Torres y Luciano Cuesta Denis.
T-529.914: Fanny
Palacios Martínez y Eusebio Córdoba Mosquera, Senobia, Rosendo, Manuel Eusebio,
Aida Luz, Fanny y Sobenny Córdoba Palacios, Neysi Sánchez Córdoba y Yaleisson
Moreno Palacios.
T-529.915: Fanny
García Caicedo y Candelario Lemos Rivas, José Antonio Lemos García, Rosibeth
Moreno Robledo y Didier Lemos Caicedo.
T-529.916: Fabio
Córdoba Palacios y Fabiola Córdoba Palacios.
T-529.917: Domitila
Allín Chaverra y Waner y Elvis Rentería Allin.
T-529.918: Edelmira
Robledo Moya y Gabriel A. Mena Murillo, Elidi Yuliana Rodríguez R. Y Gabriela
Mena Palacios.
T-529.919: Domingo
Benítez Mosquera.
T-529.920: Dominga
Benítez de Rodríguez y Hernando Rodríguez Benítez, Luz Dari, Yirle Vanesa y
Dari Paola Palacios Benítez.
T-529.921: Jesusita
Palacios Cuesta y  Mirian, Julian, Yorlenis, Jesús Antonio, Yaneth Paola y Juán
Carlos Rodríguez Palacios y Maria Santo Lozano Aguilar.
T-529.922: Saul
Santos Baldrich y Kevin Andrés Mena Palacios, Saul Santos Beldrich, Saul Santos
Flórez,  Pedro José Santos Florez, Marisela Ramos Florez y Karen Marcela
González Ramos.
T-529.923: Jacob
Mosquera Orjuela y Liliana Quinto.
T-529.924: María
Navia Mosquera y Carlos Julio, Martha y Estela Valencia Viana.
T-529.925: Milis
Celmira Rodríguez Moya y Kevin Felipe Rodríguez Moya.
T-529.926: Andrés
Cuesta Cuesta y Natividad del Socorro Lanses Navarro, Andrés, Arley, Areison y
Ana Yorledis Cuesta Rodríguez, Miladis, Alex y Ariel Cuesta Lances.
T-529.927: Isolina
Palacio Palacio y Cerbelión Palacio Moreno, Mariela, José Arley, Geiler, Mayda,
Nelsy Rocío, Carlos Mario y Wendi Marcela Palacio Palacio.
T-529.928: Yunier
Mosquera Mena y Francisco Mosquera Bejarano.
T-529.929: Licenia
Palacios Rentería y Marlenis, Jorge Enrique y Luz Carmenza Serna Palacios.
T-529.930: José
Iris García Maturana y  Julia Rosa Velásquez, Jefferson, Jaqueline  y José Iris
Garcia y Gloria Emilsen Romaña.
T-529.931: Narcilo
Palacios Córdoba y  Cleonilde, Eulice, Nelson y Sandra Paola Mosquera Palacios,
Luz Emilsen, Ana Deivis Palacios Martíenz, Maria Rosario Mosquera Córdoba y
Juán Bautista Palacios Córdoba.
T-529.932: Yaneth
Mosquera Mosquera y  Yarleidy Moreno Mosquera.
T-529.933: Betty
del Carmen Ramírez Cordoba y Manuel Benito Ramírez Córdoba, Margarita Palacio
Ramírez, Rubén Dario Palacio Ramírez y Yanersy Lemus Rentería.
T-529.934: Leila
Algumedo Cuesta y Elcy, Héctor Rodolfo, Yefer Yesid y Cristina Alberto Mena
Algumedo.
T-529.935: Luz
Mery Quinto Murillo y Juán Carlos Martínez Quinto,  Yomar Stiwar y Carlos
Enrique Quinto Murillo y Claudio Martínez Durán.
T-529.936: Matilde
Argumedo Romaña y Carlos Andrés Palacio Argumedo.
T-529.937: Matilde
Gutiérrez Chaverra y Arnulfo Argumedo Blandon, Diana Marcela, Juan David,
Edinson y Heidi Milena Argumedo Gutiérrez.
T-529.938: Juan
Alberto Mosquera Mosquera y Carmen Custodia Mena Santos, Catherine y Oscar
Alberto Santos Mena y Yuneidis Mosquera Mena.
T-529.939: Floriselda
Rodríguez Tabares y Johatan Xavier, Argüi Liset Cuesta Rodríguez y Jorge
Enrique Cuesta.
T-525195   :  Ana Celina Serna Martínez y
Eleuterio Mosquera Palacio, Cindy Paola y Angi Vanesa Serna Martínez, Jarlinson
y Jarlenis Mosquera Serna.
4. Todos y cada uno de los anteriores
grupos familiares consideran que el peligro que corrían era muy grave y que no
están dadas las condiciones para retornar a su lugar de origen. Pero, agregan
los desplazados, que en Quibdó, “desesperados por la situación de abandono,
y al no tener un albergue donde guarecernos decidimos tomarnos pacíficamente
las instalaciones del Coliseo Municipal de Quibdó y ‘La Cascorba’ lugares donde
nos encontramos en la actualidad en unas pésimas condiciones de salubridad, lo
que genera serios problemas de salud sobre todo en los niños, pues la
concentración de tanto personal, sin contar con agua potable para las comidas,
para bañarnos, ni lugares adecuados para hacer nuestras necesidades
fisiológicas convierten el lugar en un foco de infecciones”. Para  los
peticionarios,  la atención en salud es pésima porque no se realizan exámenes
médicos de diagnóstico, no hay tratamiento por especialista, no entregan
medicamentos porque  la Red de Solidaridad Social no los ha pagado.
5. Respecto de los niños, afirman los
peticionarios que no ha habido para ellos en Quibdó posibilidades de estudio ni
de alimentación adecuada.
6. Consideran que se les han violado los
siguientes derechos: el derecho a la vida y a la dignidad personal, el derecho
al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la
vivienda digna, el derecho a la educación y el acceso a la tierra de los
trabajadores agrarios. Expresan que por el desarraigo se han convertido en un
grupo humano muy vulnerable y que lo consagrado en la ley 387 de 1997 no se ha
cumplido. Esa omisión ha significado que se encuentran “sumidos en la mas
absoluta miseria, como parias en su propia patria y sin ningún tipo de
oportunidades para ser útiles a la sociedad. Los niños son los mas afectados
con al violación de sus derechos, para ellos no ha infancia, no hay sueños, no
hay educación, no hay alimentación, no hay salud”.
7. Según los peticionarios se han
efectuado varias conversaciones  con autoridades gubernamentales, pero han sido
infructuosas. En efecto, dicen que hay  acuerdos, pero no se han producido
resultados concretos.
8. Afirman que han pedido reiteradamente
que se les respeten sus derechos y una reubicación y estabilización
socioeconómica. Así mismo agregan  que la Cruz Roja Colombiana donó un terreno
para la reubicación, pero que no se han destinado recursos suficientes para
construir las viviendas.
II. CONTESTACION DE LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL A LOS
RECLAMOS QUE MEDIANTE TUTELA HACEN LOS DESPLAZADOS
La Jefe de la Oficina de la Asesoría
Jurídica de la Red de Solidaridad Social, en los expedientes de tutela
relacionados anteriormente,  presentó las respectivas   contestaciones. En
primer término hace consideraciones  generales. Como  los antecedentes de la
ley 387 de 1997, el registro único de desplazados, su valoración, inscripción y
derechos;  la política de atención y los programas que figuran en las normas
jurídicas. Agrega que su misión es  reunir “los esfuerzos de las
instituciones del Estado relacionadas con las políticas dirigidas a esta
población. Así mismo mantiene una interlocución permanente con las
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales dedicadas a la
problemática del desplazamiento”.
Concretamente sobre el caso que motiva la
presente tutela, la Red de Solidaridad Social le informa  al juez de primera
instancia que cumplió con la atención humanitaria de emergencia ordenada en el
artículo 15 de la ley 387/97, consistente en socorrerlos, asistirlos y
protegerlos por tres meses prorrogables por otros tres meses. Aclara que las
ayudas deben entregarse a través de ONG’s nacionales o internacionales. Pero no
dice a cuales ONG’s  se acudió, ni el monto de la asistencia prestada.
Sobre la prestación del servicio de salud,
expresa  que la RSS los ha enviado a los hospitales de Quibdó e Itsmina “donde
se les cubre los servicios de promoción, prevención y atención”.
Respecto a la educación de los niños, dice
que “ha coordinado con la Secretaría de  educación municipal y departamental
el ingreso a la educación primaria de 1587 cupos, para secundaria 739 cupos y
para preescolar 90 cupos, de acuerdo con la demanda estudiantil”. No dice
concretamente a quienes se ha beneficiado. Por el contrario, dice que su rol es
generar información y por eso adjunta una circular general dirigida a varios
Departamentos y firmada  por el Ministro de Educación y el Gerente de la Red.
En esa circular se dice que se atiendan los requerimientos de la población
desplazada. Agrega que “Los interesados a ser vinculados al sistema
educativo elevan su solicitud como personas desplazadas a la Unidad Territorial
de la Red de Solidaridad Social, la cual elabora la respectiva remisión, previa
verificación del Registro, a la Secretaría de Educación competente, la que a su
vez remite al núcleo educativo correspondiente, quien finalmente vincula a los
interesados a la institución educativa”.
En lo que tiene que ver con el
restablecimiento socioeconómico, explicó  que debe haber información básica
como condición previa, se deben llenar determinados requisitos y que ha habido
mesas de trabajo al respecto, el 22 de marzo y el 23 de abril de 2001.
Expresamente dice: “Ahora bién, en el momento están en estudio en el nivel
central nueve proyectos productivos en diferentes áreas agrícolas,
implementación de microempresas, mejoramiento de tiendas misceláneas, etc. Por
un monto total de $1.006’020.950,oo para atender a 372 familias en proceso de
reubicación en la ciudad de Quibdó y 600 familias que retornaron a las
comunidades rurales del Rio Negua y Las Mercedes”.
Agrega que se ha puesto en marcha un
proyecto de reubicación para 90 familias. Informa que existe el Convenio 231/99
entre la Organización de Estados Iberoamericanos ,OEI, y la Red de Solidaridad
Social por $143’392.815 pero que faltan algo mas de diez y seis millones que se
solicitaron a la OEI. También se refiere a un proyecto con INURBE-CHOCO cuya aprobación
está sujeta  al plan de ordenamiento territorial del municipio de Quibdó para
desarrollar un proyecto habitacional para 100 familias, en una etapa inicial.
Afirma que se han realizado  jornadas y
talleres de atención sicosocial en taller con 16 grupos constituidos por 333
cabezas de familia.
Con fundamento en las anteriores
afirmaciones,  la Red de Solidaridad Social solicita  que no se conceda la
tutela.
III. PRUEBAS
Existen en los diferentes expedientes de
tutela pruebas similares que sirven de elementos de juicio, a saber:
1. Comunicaciones individualizadas, de
fecha marzo de 2001, de la Red de Solidaridad del Chocó, señalando  que los
peticionarios de la tutela son desplazados y que la familia está integrada por
diversas personas, designándolas por sus nombres  conforme se indicó en los
hechos de la demanda. Estas comunicaciones son dirigidas al Director del
Hospital y mediante ellas se  remite, a los desplazados para ser atendidos en
el servicio de salud.
2. Comunicación de la oficina de la Red
de Solidaridad Social en Chocó a la Jefe de la oficina  jurídica de la RSS en
Bogotá informando sobre el caso de los desplazados en Quibdó. Esta comunicación
tiene fecha 3 de agosto de 2001, es decir, después de presentada la tutela.
3. Comunicación de 25 de marzo de 2000,
del Asesor de Restablecimiento del Programa de Atención Integral a la población
desplazada, dirigida a la Directora Técnica sobre el proyecto Villa España en
Quibdó, en la cual se afirma que  se han invertido $120’775.837.
4. Comunicación de fecha 27 de marzo de
2001,  del Subdirector Administrativo y Financiero a la representante de la
OEI  pidiendo para el convenio 231-00 una adición de $16’409.892,oo.
5. Acta de mesa de trabajo de 21 de
febrero de 2001, para presentar a  seis estudiantes de la Universidad Nacional
que van a colaborar en la elaboración de proyectos y para mencionar proyectos
de vivienda, proyectos productivos, proyectos de retorno y proyectos de
educación y atención sicosocial. Sobre educación y salud se  expresó en lo
pertinente:
“SALUD: Vinculación de las familias
desplazadas al régimen subsidiado en salud (carnetización),.... Dotación
inmediata de botiquines en los asentamientos de población desplazada......
Implementación de programas  de control prenatal, crecimiento y desarrollo en
los asentamientos.... Construcción y puesta en funcionamiento de Centros de
Salud,...Creación de un fondo para subsanar los gastos que originen las remisiones
de pacientes a otras ciudades.
EDUCACION Y ATENCION SICOSOCIAL. Garantizar
cupos en los colegios, escuelas, universidades y diferentes centros
educativos,... Construcción y/o reparación y dotación de las escuelas en los
sitio9s de reubicación y retorno,.Creación de hogares infantiles comunitarios
en los asentamientos.. Gestionar la reactivación del programa de madres y
padres cabeza de familia, consistente en la donación de bonos escolares .
Implementar programas de atención sicosocial dirigido a las familias
desplazadas,...”
6. Acta del Comité Departamental para la
población desplazada el dia 22 de marzo de 2001. Este Comité  se reunió en la
Estación de Policía. En el acta constan estas afirmaciones y compromisos, a
saber:
a.  Que
en Quibdó hay 2.700 familias desplazadas, que se traducen en 13.000 personas.
b.  Se
señala la función de la Red de Solidaridad Social  y los   compromisos del
SENA, “concientización a la población desplazada en cuanto a la
reconstrucción como nuevos ciudadanos”.
c.  Respecto
a la Gobernación: “Hacer contactos  entre las instituciones”.
d.
En cuanto a la Defensa
Civil:  hacer “llegar sus comentarios acerca del plan”.
e.  En
lo referente a las instituciones de SALUD: “Ofrecer servicios de atención
psicosocial, nutricional, saneamiento ambiental, salud”.
f.   Respecto
al ICBF, “Se compromete a garantizar la comercialización para algunos de los
proyectos que surjan con la población de Villa España” .
g.  En
lo atinente a la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL se dispone que “ Realizará la
coordinación de todos los procesos que se desarrollen con la población
desplazada”.
7. Obra en autos un acta de reunión de
trabajo, efectuada el 10 de julio (no se dice el año) que se refiere a la
presentación de cuatro  proyectos del UMATA y uno de la Cruz Roja Colombiana
para el restablecimiento de las familias asentadas en Quibdó; se consignó que “existen
ideas de proyectos que faltan para su elaboración y realización”; la
petición de la comunidad ubicada en el sitio Villa España para que se les ponga
alumbrado público. Se afirma que quienes ocupan el coliseo de Quibdó  han
permito el ingreso de nuevas familias desplazadas y explicación de los
ocupantes de que eso hace parte de un proceso interno de organización.
8. Obra en el expediente un
cuadro presentado por la Red de Solidaridad y denominado: “Atención  a la
población desplazada por la violencia, Plán de acción para el Departamento del
Chocó 2001”. Figuran en el cuadro estas acciones que se deben realizar:
Asistencia humanitaria a través del Convenio 0178 entre la OEI y Cruz Roja
Colombiana; adquisición de terrenos para el desarrollo de cuatro programas de
vivienda, cooperando INURBE, Banco Agrario, población desplazada y ONG’s;
formulación de proyectos productivos colaborando la RSS, el SENA, los
desplazados, UTCH,  Alcaldía y Gobernación; mejoramiento de vivienda para 180
familias colaborando RSS, INURBE, alcaldías y población desplazada; plan de
retorno para familias que voluntariamente lo decidan, interviniendo RSS,
alcaldías, Universidad Nacional, UTCH; seguimiento al proyecto de construcción
de cinco tambos para las comunidades indígenas, por parte de la RSS y Orewa.
9. También obra en autos otro
cuadro que se refiere a nueve proyectos comunitarios de comercialización.
10. Obra en autos la circular, firmada
conjuntamente por el Ministro de Educación y el Director General de la Red de
Solidaridad Social, sin fecha, dirigida a todas las Secretarías de Educación
Departamentales, Distritales y Municipales del país, fijando las políticas
educativas frente a la población desplazada, a saber, ofrecer el servicio
educativo a los niños desplazados en cualquier momento del año, matriculándolos
sin exigir la presentación de documentos, eximiéndolos del pago de costos
educativos y expidiendo los certificados de rendimiento académico.
11. Obran en autos cuatro listados de
personas (6.206, 975, 2780, 1232)  que según  la Red de Solidaridad Social ,
han sido atendidas en la prestación del servicio de salud, pero sin especificar
ninguna clase de atención.
IV. ACTUACIONES PROCESALES EFECTUADAS EN EL JUZGADO DE INSTANCIA Y
PREVIAS A LOS FALLOS PROFERIDOS
1. Aunque todos los peticionarios
dirigieron la tutela contra la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, la primera actuación
del Juez Civil del Circuito de Quibdó fue la de vincular mediante auto  a
entidades del Estado comprometidas con la solución a los problemas de los
desplazados. Ordenó oficiar al INCORA,  al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, al Instituto de Fomento Industrial, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, a la Gobernación del Chocó, al Municipio de Quibdó, al
Ministerio de Educación Nacional, a la Secretaría de Educación Departamental y
Municipal, al SENA, a la Defensoría del Pueblo y al INURBE.
En relación con la anterior disposición
del juez mencionado,  respondieron por escrito y mediante los respectivos
oficios las siguientes entidades: Incora, Sena, Secretaría de Educación
Municipal, ICBF, Inurbe, Municipio de Quibdó, Procuraduría y Gobernación de
Chocó.
2. Igualmente el Juzgado decretó una
inspección judicial que se realizó el 8 de agosto de 2001, en las instalaciones
del Coliseo Cubierto de Quibdó para constatar la situación de los desplazados.
En esa inspección consta lo siguiente: “Dentro de la inspección judicial
practicada por el Juzgado, en las instalaciones del Coliseo cubierto de Quibdó,
se pudo constatar que existían en dicho asentamiento unas doscientas cincuenta
familias con siete hijos en promedio; allí fuimos atendidos por el señor Jacob
Orejuela Mosquera, con cédula de ciudadanía  #4.830.710 de Itsmina,
constatándose allí las necesidades básicas y las limitaciones, en cuanto a la
capacitación, la atención a la salud, la educación, el hacinamiento, y
principalmente por cuanto el lugar en donde se encuentran no es el adecuado
para vivir un ser humano, máxime que es un lugar ocupado por muchas familias
con niños, no hay servicios sanitarios, ni agua potable, ni dormitorio o camas
adecuadas, no tienen una atención médica adecuada”.
3. Antes de proferirse todas y cada una
de las sentencias, el Juzgado dictó un auto, con fundamento en el artículo 185
del C. de P. C., trasladando a cada uno de los expedientes las pruebas obrantes
en la tutela instaurada por Abelardo Palacios Michive contra la Red de
Solidaridad Social (esta tutela no fue seleccionada por la Corte
Constitucional). Es por eso que en los fallos proferidos por el Juzgado Civil
del Circuito de Quibdó se hace mención a la inspección judicial y a las
respuestas de las entidades a quienes se notificó sobre la existencia de la
tutela.
V. DECISIONES OBJETO DE REVISION POR
LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Sala de Selección  estimó que por
presentarse unidad de materia, los casos que se estudian en el presente fallo
“sean fallados en una sola sentencia”.
Todos los fallos que se revisan fueron
proferidos por el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó, en las fechas que a
continuación se mencionan:
T-529.460
Luz Clarinda Mosquera Aluma y otros. Fallo: 24-VIII-01
T-529.461  Jesús
Antonio Moreno y otra. Fallo: 21-VIII-01
T-529.462  Laina
Argumdeo Cuesta y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.463  Justino
Ibarguen Ibarguen y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.464  Justiniano
Romaña Andrade y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.465  Leopoldino
Moreno Manyoma y otros. Fallo: 15-VIII-01
T-529.466  Leovigildo
Bejarano Mena y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.467  Librada
Córdoba Cuesta y otros. Fallo: 21 de agosto de 01
T-529.468  Ligia
del Socorro Saldarriaga. Fallo: 21-VIII-01
T-529.469  Luis
Carlos Mosquera Martínez y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.470  Luis
Fernando Monterosa Ochoa y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.471  Luis
Oney Tapias Obregón y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.472  Luz
Amparo Ibarguén Mosquera y otro. Fallo: 24-VIII-01
T-529.473  Luz
Amparo Mosquera Marmolejo y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.474  Luz
Amparo Perea Ríos y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.475  Josefina
Murillo Córdoba y otro. Fallo: 21-VIII-01
T-529.476  José
Dolores Perea Chala y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.477  Laureana
Palacios Moreno y otra. Fallo: 21-VIII-01
T-529.478  Luis
Delio Martínez M. y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.479  Israel
Liscano Salas y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.480  Juana
Silveria Córdoba Mesa y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.481  Juana
Blando Córdoba y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.482  Juan
Perea García y otra. Fallo: 21-VIII-01
T-529.483  Juan
García Abadía y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.484  José
Vidal Mosquera y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.485  José
Seferino Mosquera Braham y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.486  Jorge
Elias Vivas Córdoba y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.487  José
Amín Murria Quinto y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.488  Andrés
José Moreno Palacio y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.489  José
de la Paz Romaña y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-529.490  Jaminto
Robledo Maturana y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.491  Jairo
García Ríos y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.492  Jacob
Orjuela Mosquera y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.493  Leonel
Bejarano Sánchez y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.494  Anatividad
Murillo Palacios y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.495  Leiman
Arboleda Romaña y otros. Fallo: 24-VIII-01
T-529.496  Julia
Nieves Quejada Quejada y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.497  Julia
Valoyes Valoyes y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.498  José
Gil López Cuesta y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.499  Isabel
Valencia Moya y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.500  José
Luis López Sánchez y otra. Fallo: 21-VIII-01
T-529.501  Inocencia
Hinestroza Palacio y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.502  Isabel
Cristina Valencia Navia y otro. Fallo: 21-VIII-01
T-529.503  Irsa
María Robledo Gutiérrez y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.504  Lilia Doris Polo
Gutiérrez y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.505  Liliana
Valdés García y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.506  Lorenza
Rentería Lemus y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.507  Lucía
Elvira Jiménez Turizo y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.508  Luncinda
Palacio Hinestroza y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.509  Lucio
Lara Moya y otros. Fallo: 24-VIII-01
T-529.510  Luis
Armando Robles Pérez y otros. Fallo: 24-VIII-01
T-529.511  Juan
Romaña Valoyes y otros. Fallo: 24-VIII-01
T-529.512  Isoleria
Palacios Palacios y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.513  Ibeth
Rodríguez Machado y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.514  Eván
Ester Padilla Valoyes y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.515  Ilda
María Mosquera Mosquera y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.516  Enedina
Orejuela Córdoba y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.517  Enma
María Mendoza Palacios y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.518  Erlin
Antonia Mena Ortiz y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.519  Euclides
Gutiérrez Calvo y otra. Fallo: 21-VIII-01
T-529.520  Eulalio
Blandón Mosquera y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.521  Eulalia
Cuesta Arias y otras. Fallo: 21-VIII-01
T-529.522  Eulogia
Serna Cuesta y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.523  Eunices
Gamboa Palacios y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.524  Euclides
Gutiérrez Prado y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-529.525  Ingri
Johana Palacios Robledo y otros. Fallo: 15-VIII-01
T-529.526  Hernán
Palomeque Hinestroza y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.527  Herminio
Quejada Córdoba y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.528  Hermes
Copete y otros. Fallo: 15-VIII-01
T-529.529  Harry
W. Garces Martínez y otros. Fallo: 15-VIII-01
T-529.530  Gumercinda
Lemus Rivas y otro. Fallo: 21-VIII-01
T-529.531  Graceliana
Palacios Mena y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.532  Gorgonio
Romaña Cuesta y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.533  Gloria
del Carmen Bejarano C. y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.534  Gorgonia
Cuesta Romaña y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.535  Gissela
Robledo Moreno. Fallo: 15-VIII-01
T-529.536  Gildardo
Tapias Obregón y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.537  Encarnación
Mena Moreno y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.538  Emilia
Bejarano Córdoba y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.539  Emelino
Valoyes Palacios y otro. Fallo: 17-VIII-01
T-529.540  Eloisa
Córdoba Valencia y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.541  Elsomina
Palacios Álvarez y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.542  Elsa
MaryoriValencia Romaña y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.543  Elpidio
Ibarguen Palacios y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.544  Elpidio
Ibaguen Murillo y otros. Fallo: 17 de agosto de 2001
T-529.545  Elida
Rubiano Bailarin y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.546  Eleana
Córdoba Palomeque y otros. Fallo: 17-VIII-01
T-529.547  Eladia
Serna y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.548  Efigenia
Aragón Palacios. Fallo: 17-VIII-01
T-529.549  Georgina
Ramírez Córdoba y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.550  Georgina
Palacios Rivas y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.586  Tirsa
María Mena Palomeque y otros. Fallo: 25-IX-01
T-529.588  Francy
Elena Moreno Romaña y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.589  Francisca
Ramírez de Lemos y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.590  Francisco
Antonio Serna Murillo y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.591  Francisca
Casas Rodríguez y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.909  Francia
Sánchez Mosquera y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.910  Floripe
Córdoba y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.911  Flor
María Murray Córdoba y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.912  Flor
Alba Mosquera Salazar y otra. Fallo: 21-VIII-01
T-529.913  Fidelina
Torres Mena y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.914  Fanny
Palacios Martínez y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.915  Fanny
García Caicedo y otros. Fallo: 21-VIII-01
T-529.916  Fabio
Córdoba Palacios y otra. Fallo: 24-VIII-01
T-529.917  Domitila
Allín Chaverra y otros. Fallo: 17-VIII-01
T-529.918  Edelmira
Robledo Moya y otros. Fallo: 17-VIII-01
T-529.919  Domingo
Benítez Mosquera y otros. Fallo: 17-VIII-01
T-529.920  Dominga
Benítez de Rodríguez y otros. Fallo: 17-VIII-01
T-529.921  Jesusita
Palacios Cuesta y otros. Fallo: 25-IX-01
T-529.922  Saul
Santos Baldrich y otros. Fallo: 25-IX-01
T-529.923  Jacob
Mosquera Orjuela y otra. Fallo: 25-IX-01
T-529.924  María
Navia Mosquera y otros. Fallo: 25-IX-01
T-529.925  Milis
Celmira Rodríguez Moya y otro. Fallo: 25-IX-01
T-529.926  Andrés
Cuesta Cuesta y otros. Fallo: 25-IX-01
T-529.927  Isolina
Palacio Palacio y otros. Fallo: 25-IX-01
T-529.928  Yunier
Mosquera Mena y otro. Fallo: 25-IX-01
T-529.929  Licenia
Palacios Rentería y otros. Fallo: 25-IX-01
T-529.930  José
Iris García Maturana y otros. Fallo: 14-IX-01
T-529.931  Narcilo
Palacios Córdoba y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-529.932  Yaneth
Mosquera Mosquera y otra. Fallo: 24-VIII-01
T-529.933  Betty
del Carmen Ramírez Cordoba y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-529.934  Leila
Algumedo Cuesta y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-529.935  Luz
Mery Quinto Murillo y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-529.936  Matilde
Argumedo Romaña y otro. Fallo: 28-VIII-01
T-529.937  Matilde
Gutiérrez Chaverra y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-529.938  Juan
Alberto Mosquera Mosquera y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-529.939  Floriselda
Rodríguez Tabares y otros. Fallo: 28-VIII-01
T-525195    Ana Celina Serna Martínez y
otros. Fallo: 15-VIII-01
La tutela se concedió en todos los casos
objeto de la presente revisión.
El Juzgado consideró que se incurrió en
violación al derecho al trabajo,  y en consecuencia  ordenó  “al delegado de
la Red de Solidaridad Social –Chocó, concertar, asesorar y gestionar los
recursos necesarios de un proyecto productivo para el tutelante y su grupo
familiar, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de este fallo y
según lo establecido en la ley 387 de 1997”.  Para garantizar el
cumplimiento de lo anteriormente ordenado se le dijo al SENA que en 30 días
diera la capacitación necesaria.
En lo referente  a la ubicación de los
desplazados,  dispuso el Juzgado que se protege el derecho a la vivienda digna
y ordenó al Alcalde de Quibdó  que en el término de doce meses, y luego de
aprobado y sancionado el plan de ordenamiento territorial, a través del Fondo
de vivienda municipal o cualquier otro organismo o por medio de convenio con
organizaciones internacionales, se construya y adjudique vivienda digna para
los peticionarios de la tutela. Para contribuir a dicho propósito, se le señaló
al INURBE que asignara a cada uno de los  tutelantes y su grupo familiar  el
subsidio de vivienda de acuerdo con lo señalado en el decreto 951 de 2001.
En cuanto a la educación, se ordenó que a
través de la Secretaría de Educación y Cultura Departamental se implementaran
los mecanismo  para garantizar el acceso  de los niños desplazados a los cupos
en los diferentes planteles educativos. Para garantizar lo anterior, se le
ordenó al gobernador que  elaborara un plan  para prever la demanda de cupos en
el 2002.
Se dieron órdenes respecto de los niños:
“Ordénase a la Directora Regional  del ICBF-Chocó, incluir a los menores que
componen el grupo familiar del tutelante, el los diferentes programas que el
Instituto tiene para la población infantil, mujeres en estado de lactancia,
tales como los hogares de bienestar, el programa FAMI, el programa de comedores
escolares, los hogares infantiles, para lo cual utilizará la capacidad actual o
procederá a ampliar la cobertura y crear los hogares necesarios, gestionando al
nivel central los recursos necesarios”.
Para el Juzgado la salud es un derecho
fundamental y determinó que a cada grupo familiar se le preste el servicio
médico general y de especialista y se le entreguen los medicamentos requeridos.
Se determinó que se remita al despacho
del Juzgado la información que de cuenta del cumplimiento del fallo.
Ninguno de los fallos fue impugnado, ni por
la Red de Solidaridad Social, ni por entidad alguna de las citadas por el Juez
de instancia  y cobijadas por órdenes dadas en los fallos proferidos por el
Juez Civil del Circuito de Quibdó.
FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES
I. COMPETENCIA
Esta Corte es competente para revisar
los fallos de tutela de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución Nacional y el decreto 2591 de 1991; así mismo por la selección de
los respectivos expedientes y la acumulación decretada.
II. TEMAS JURIDICOS A TRATAR
En primer lugar  se
reiterará la jurisprudencia sobre la protección a la población desplazada,
expresando los fundamentos normativos que la Corte Constitucional ha tenido
para hacerlo. Luego se analizará la procedencia de la tutela en el presente
caso de desplazamiento masivo interno de campesinos  desde poblaciones de alto
riesgo hacia la ciudad de Quibdó. Por último, con base en precedentes
jurisprudenciales, se indicará la manera cómo se protegen en la práctica las
órdenes que se dan en los fallos de tutela.
1. El derecho al
urgente trato preferente es  punto de apoyo para proteger a quienes se hallan
en situación de indefensión por el desplazamiento forzado
La violencia en
Colombia ha generado gran cantidad  de  desplazamientos internos  y, en la
situación específica del departamento del Chocó,  los mas afectados por este
fenómeno son las comunidades afrocolombianas y las comunidades indígenas.
En la sentencia
T-227 de 1997[1]
se  dibujó el desolador panorama que presenta tal fenómeno: "Cuando
mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer
grandes distancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir
a sus compañeros, como les ha ocurrido a los colonos de la hacienda, la
explicable huida no es un problema de orden público propiciado por quienes
desean seguir viviendo sino un problema de humanidad que debe ser afrontado
solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los
funcionarios del Estado. "
El desplazamiento
masivo de por sí ubica a los afectados en una gravísima e inusual  situación de
desprotección e indefensión. El Estado, por consiguiente, tiene la obligación
de emplear rápidamente las medidas  efectivas para que sean una realidad  los
derechos constitucionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas
sobre desplazamiento forzado.
El grupo social de
los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación de las
medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con  el artículo 13
de la Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten  la igualdad como
diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.
La sentencia
T-530/93   señaló los requisitos para justificar el trato diferente:
“El principio de
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato
distinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones:
- En primer
lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de
hecho;
- En segundo
lugar, que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad;
- En tercer
lugar, que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la
perspectiva de los valores y principios constitucionales;
- En cuarto
lugar, que el supuesto de hecho - esto es, la diferencia de situación, la
finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes
entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna;
- Y en quinto
lugar, que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia
jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción
con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.
Cuando concurren  estas cinco
circunstancias, la diferenciación es constitucionalmente legítima; y por ende
se justifica ordenar medidas para la protección de los derechos fundamentales
de los desplazados.  Se otorga, por ejemplo, subsidio de vivienda (decreto
951/01), prioridades en los cupos educativos ( decreto 2231/89), preferencia
para inclusión dentro de los grupos prioritarios  de atención en el SISBEN  (
documento CONPES 3057), preferencia en los programas preventivos y de
protección del ICBF, (artículo 17 de la ley 418/97), prioridad para las mujeres
embarazadas, lactantes y menores de 18 años desplazados (Acuerdo 006/97). Estas
medidas se justifican teniendo en cuenta la grave  urgencia  en que se
encuentra el  desplazado. La preferencia se refuerza  cuando los desplazados
pertenecen a etnias o minorías porque uno de los Principios Rectores expresa
que “Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de
protección contra los desplazamientos de grupos indígenas, minorías,
campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su
tierra o un apego particular a la misma”. El incumplimiento de este mandato
viola el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales,
ratificado por Colombia mediante Ley 21 de 1991.
Esas medidas de
protección preferente  se  predican de todo el grupo familiar, que no
solamente es el resultante de vínculos consanguíneos y de afinidad,  sino
también “aquel en el cual  las responsabilidades las asume  un hombre o una
mujer  en su condición de jefe de hogar comprometido  con el desarrollo de la
unidad de producción”. (Acuerdo 8 de 1996).
Además, esa especial
protección debe interpretarse con criterio de favorabilidad. En la T-327/01[2] la Corte expresó: “La
interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los
desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del
Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del Representante Especial del
Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos
Internos de Personas[3],
los cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque
de constitucionalidad de este caso”.
2. Las normas
aplicables al desplazamiento forzado son tanto de carácter interno como
internacional
Tratándose del
desplazamiento interno forzado, por motivo de la violencia política en nuestro
país, son numerosas las normas proferidas.  Regulan este fenómeno las leyes:
387/97, 418/97, 548/99, 589/00, 599/00;  los decretos 1458/97, 173/98, 2007/01,
2217/96, 2231/89, 2569/00, 2620/00, 48/90, 501/98, 951/01, 976/97, 290/99; los
Acuerdos Nacionales 06/97, 18/95, 185/00, 59/97, 8/96.
Todas estas  normas
tienden a la protección de los derechos de los desplazados, por lo cual su
aplicación es indispensable  para que dichas personas puedan gozar de la
dignidad humana y de la plenitud de sus derechos.
La T-1635/2000,
reafirmada por la T-327/01, referentes al desplazamiento interno por la
violencia en Colombia,  integran el ordenamiento interno con el internacional.
La jurisprudencia se sustenta en la teoría del bloque de constitucionalidad y
en el precedente que figura  en la C-225/95 que revisó la ley que aprobó el “Protocolo
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
(Protocolo II)”. Dicho Protocolo, al referirse al desplazamiento indica:
“Artículo 17.
Prohibición de los desplazamientos forzados.
1. No se podrá
ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el
conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o
razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se
tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en
condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y
alimentación.
2. No se podrá
forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones
relacionadas con el conflicto”.
La jurisprudencia de
la Corte no solo consideró ajustada a la Constitución la anterior norma sino
que integró todo el cuerpo normativo del Protocolo a la Constitución. La Corte
expresó en la sentencia C-225/95:
“12- A partir de
todo lo anterior se concluye que los convenios de derecho internacional humanitario
prevalecen en el orden interno. Sin embargo, ¿cuál es el alcance de esta
prevalencia? Algunos doctrinantes y algunos intervinientes en este proceso la
han entendido como una verdadera supraconstitucionalidad, por ser estos
convenios normas de ius cogens. Esto puede ser válido desde la perspectiva del
derecho internacional puesto que, conforme al artículo 27 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, una Parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado. Con menor razón aún podrán los Estados invocar el derecho interno para
incumplir normas de ius cogens como las del derecho internacional humanitario.
Pero, desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, esta
interpretación debe ser matizada, puesto que la Constitución es norma de normas
(CP art. 4º).  ¿Cómo armonizar entonces el mandato del artículo 93, que
confiere prevalencia y por ende supremacía en el orden interno a ciertos
contenidos de los convenios de derechos humanos, con el artículo 4º que
establece la supremacía no de los tratados sino de la Constitución?
La Corte
considera que la noción de "bloque de constitucionalidad",
proveniente del derecho francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional
comparado[4],
permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de
los artículos 4º y 93 de nuestra Carta”.
Las condiciones, establecidas en el
artículo 17 del Protocolo II, antes transcrito,  están suficientemente
desarrolladas en los Principios Rectores del Desplazamiento Interno. Se deben
mencionar  para el caso que se examina en la presente tutela, el Principio 19
sobre atención a enfermos, mujeres y prevención de enfermedades infecciosas y
contagiosas; el Principio 23 sobre educación gratuita y obligatoria a nivel
primario, respetando identidad cultural, idioma y religión; el Principio 18 que
textualmente dice:
“PRINCIPIO  18
1.  Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida
adecuado;
2.  Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades
competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los
siguientes suministros o se asegurarán de que disfruten de libre acceso a los
mismos:
a.  Alimentos esenciales y agua potable,
b.  Alojamiento y vivienda básicos,
c.  Vestido adecuado,
d.  Servicios médicos y saneamiento esenciales”.
La normatividad
internacional permite diseñar una protección efectiva cuando los derechos
fundamentales de los desplazados son vulnerados. Y las normas  nacionales, como
ya se ha  reseñado en el texto de este fallo, también es muy prolija sobre las
medidas a tomar.
3. El
desplazamiento forzado conlleva violaciones a los derechos fundamentales
“El
desplazamiento forzado es un fenómeno social que da lugar a la vulneración
múltiple, masiva y contínua de los derechos fundamentales de los colombianos
obligados a emigrar internamente” (SU.1150/2000)
El
desplazamiento forzado afecta el derecho a permanecer en el sitio escogido para
vivir  y el derecho a circular libremente por el territorio nacional.
En la
T-227/97,[5]
se reafirmó que toda persona  tiene  libertad de residencia,  pero ante
circunstancias que impiden que las personas estén en el lugar que han escogido
para ellas y su núcleo familiar, deben darse soluciones al hecho
incontrovertible de que a los desplazados son numerosos los derechos
fundamentales que se les afecta.
Según la sentencia
SU.1150 de 2000,[6]
el desplazamiento interno implica múltiples violaciones a los   derechos
fundamentales:
“No existe discusión acerca de que el
desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los
derechos de las personas obligadas a migrar. Por una parte, es claro que estas
personas tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan
para su vida e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas
directas que les son formuladas o de la percepción que desarrollan por los
múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia.
El desplazamiento forzado comporta
obviamente una vulneración del derecho de los nacionales a escoger su lugar de
domicilio, al igual que de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Asimismo, dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos,
estas personas ven conculcados sus derechos de expresión y de asociación.
De igual manera, en razón de las
precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a
desplazarse, se presenta un atropello de los derechos de los niños, de las
mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de la
tercera edad. Además, todas las personas forzadas a abandonar sus lugares de
origen sufren un detrimento en sus ya de por sí muy afectados derechos
económicos, sociales y culturales, y frecuentemente son sometidos a la
dispersión de sus familias”.
En  la T-1365 de 2000
[7] la Corte  expresa:
“En numerosas
disposiciones constitucionales, que también encuentran reiteración en tratados
internacionales sobre derechos humanos, se contempla la protección a
elementales garantías y derechos de la persona, como el de la vida en
condiciones de dignidad, la salud en conexión con ella, la integridad personal,
la libre circulación por el territorio nacional, el trabajo, el derecho a una
vivienda digna, la educación, la alimentación mínima, la prohibición del
destierro, entre otros, además de los prevalentes, asegurados por el artículo
44 de la Carta Política y por el Derecho Internacional en favor de los niños.
También se
garantiza en la Constitución la protección integral de la familia,
estableciendo en forma expresa que cualquier forma de violencia o abandono en
relación con ella se considera destructiva de su armonía y unidad y será
sancionada conforme a la ley.
Todos estos
preceptos y los valores constitucionales y humanitarios que los inspiran se ven
amenazados y con certeza vulnerados cuando la familia, no por propia voluntad
sino por la fuerza de circunstancias externas que escapan a su control, tiene
que abandonar su territorio y el lugar de su domicilio para, al huir de los
violentos, sobrevivir aun en condiciones angustiosas y preservar, cuando menos,
la esperanza de un futuro regreso o de nuevas oportunidades de
subsistencia."[8]
Y, en la T-327/01[9] la Corte Constitucional
sostuvo lo siguiente:
“1. La persona
que ha sido desplazada de su territorio a causa de la violencia ve vulnerados
una larga lista de derechos fundamentales entre los cuales se puede mencionar,
entre otros, el derecho a la vida, a la paz, la libre circulación por el
territorio nacional, el trabajo, la integridad personal, la dignidad humana, la
educación - particularmente de los menores que se ven obligados a huir -, la
vivienda en condiciones dignas.  Frente a tales vulneraciones el Estado
colombiano, siendo consecuente con su naturaleza de Estado Social de Derecho,
tiene la obligación de brindar atención a los desplazados para que cesen las
privaciones del goce de los derechos fundamentales por este grupo poblacional.
Al existir tal obligación, se genera el consecuente derecho en cabeza de los
desplazados de ser atendidos con prontitud, y en condiciones que respeten su
dignidad humana, por parte de las entidades del Estado competentes para prestar
apoyo y protección.
2. Además, toda
víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de
desplazamiento[10];
de ahí se derivan los  derechos de justicia, verdad y reparación.
Al referirnos al
derecho a la verdad entendemos que, como lo ha establecido esta Corporación en
anterior jurisprudencia[11],
se debe buscar el mayor esclarecimiento, dentro del proceso penal, de las
circunstancias del desplazamiento - agentes causantes (no sólo el grupo armado
culpable, sino también los autores intelectuales y materiales concretos),
móviles de los agentes para la perpetuación del delito de desplazamiento
forzado, etc… Además, como dijo la Corte Constitucional en su sentencia T-265
de 1994, la participación del perjudicado dentro del proceso penal, también
hace parte del derecho a la verdad en cuanto implica conocimiento del curso del
proceso y facilita la investigación por parte de los funcionarios del Estado en
la medida en que las víctimas fueron testigos directos del hecho. Reafirman el
derecho a la verdad los principios 16.1 y 16.2 de los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos que dicen:
"1. Los
desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus
familiares desaparecidos.
2. Las
autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de los
desplazados internos desaparecidos y cooperarán con los organismos
internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes
más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles
resultados."
En cuanto el
derecho a la justicia se debe entender que este delito no debe quedar impune.
Por lo tanto, se debe garantizar el acceso a la administración de justicia a
quien fue víctima del delito y el Estado colombiano debe velar por que la
ocurrencia de tal hecho punible sea castigada por su aparato jurisdiccional a
través del procesamiento, condena y ejecución de la pena del sujeto activo del
delito.
Finalmente, el
derecho a la reparación conlleva, como lo consagra el principio 29.2 de los
Principios Rectores de los desplazados internos a una actuación diligente del
Estado en la efectiva recuperación de los bienes que se vieron compelidos a
abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente”.
El desplazamiento forzado conlleva
múltiples violaciones a los derechos fundamentales,  y, por tanto, los
desplazados tienen derecho a ejercitar  la acción de tutela, como mecanismo
idóneo para la protección de tales derechos.
4. Procedencia de
la tutela respecto de desplazados
En numerosas
oportunidades la Corte ha considerado que la tutela es el medio adecuado para
proteger los derechos conculcados al desplazado. (SU.1150/00, T-1635/00,
T-227/97, T-327/01).
La existencia de
normas inferiores a la Constitución que se refieran a esos derechos
fundamentales, como por ejemplo, leyes sobre educación, seguridad social,
vivienda, diversidad étnica, debido proceso, no significa que se torna
improcedente la tutela y solo cabría la acción de cumplimiento. Esta opinión no
es aceptable por  las siguientes razones:
a.  La ley
393/97, que reglamentó la acción de cumplimiento, en su  artículo 9°
expresamente dice: “La acción de cumplimiento no procederá para la
protección de derechos  que puedan ser garantizados mediante  la acción de
tutela. En estos eventos, el juez le dará a la solicitud el trámite
correspondiente al derecho de tutela.”
b.  Con
posterioridad a la expedición de dicha ley son muchas las tutelas que se han
tramitado sobre el tema del desplazamiento, inclusive la jurisprudencia sobre
este aspecto  ha tenido particular importancia a partir del año 2000.
c.  La tutela es
el medio idóneo y eficaz porque se trata de proteger en forma urgente  e
inmediata  los derechos fundamentales de personas  que requieren salvar su
vida  y tener acceso a condiciones que les permitan una vida digna. La tutela
ha resultado ser un mecanismo eficaz y por ello, aún si procedieran las
acciones de cumplimiento o populares, no hay duda que sería preferente porque
en el desplazamiento lo notorio es la violación de varios derechos
fundamentales  que requieren protección inmediata.
Otro punto a definir es si  tratándose
de un grupo numeroso de personas se pudiera estar ante una acción de grupo o
popular. Lo primero que hay que decir es que la acción de grupo es
exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de
perjuicios, algo que no se ha planteado en el presente caso.
Aún si procedieran las  acciones
populares, en la T-574/96[12]
la Corte expresó: “Entonces, aunque el tema sea de acciones populares,
también tiene cabida la tutela cuando tiene conexión con un derecho fundamental
que esté individualizado y debidamente probado.”
No sobra agregar que  en  la T-574/96
se  indicó que puede ser viable la tutela si se afecta a toda una colectividad:
“La finalidad de
la acción de tutela es dar unas órdenes que sirvan para proteger los derechos
fundamentales violados o que amenacen ser violentados. No es la acción un
proceso que signifique poner fin a una controversia, por eso en numerosas
oportunidades la Corte Constitucional ha dado órdenes a entidades del Estado
que aunque no hubieren sido informadas de la existencia de la tutela de todas
maneras su contribución es indispensable para el buen éxito de la protección,
esto en razón de los principios de celeridad, informalidad y objeto útil de la
acción;  en otras oportunidades se les recuerda a las autoridades que pongan en
marcha las medidas que hagan efectivos los derechos de las personas”.
Significa lo anterior que no hay la
menor duda  sobre la procedibilidad de la tutela interpuesta por desplazados
que señalan concretamente la violación de varios de sus derechos fundamentales.
5. La orden
Todo fallo de tutela incluye una orden.
Así lo establece el artículo 86 de la C.P. Las sentencias que se revisan
contienen órdenes muy concretas, han sido reseñadas anteriormente. Esta Sala de
Revisión considera  que es necesario precisar las órdenes que se van a dar y
compaginarlas con la normatividad existente, según cada una de las violaciones.
5.1. Protección al menor.  En el
presente caso, se está  ante situaciones que afectan a menores de edad, que
tienen derecho a un trato preferencial[13].
En la T-715/99 se
dijo que la protección al menor se traduce en un “conjunto de
acciones, tanto de la comunidad como del Estado, encaminadas a lograr el
desarrollo de niños, niñas y jóvenes, mediante una labor centrada en ellos y
con la activa participación de la familia y del grupo social del que hacen
parte”.[14]
Es decir que las normas legales traducen un objetivo constitucional. Esto
armoniza con el artículo 53 de la ley 75 de 1968 que creó el ICBF y
estableció con criterio finalístico  que la protección al niño es prioritaria:
“Para el cumplimiento de sus fines esenciales, que son los de proveer a la
protección del menor  y en general el mejoramiento de la estabilidad y del
bienestar de las familias colombianas…”.
Se parte de la base
de que cada grupo familiar  de desplazados tiene derecho a mantenerse unido,
luego los planes de protección no pueden ir en contra de este propósito.  En
este contexto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una serie de
programas. Entre otros los siguientes:
Los menores de un
año tienen  atención gratuita por parte de las instituciones de salud que
reciban aportes del Estado.[15]
Este programa está en concordancia con la Ley 100 de 1993 artículo 166; además
del plan de salud, las mujeres en estado de embarazo y las madres de los niños
de un año, del régimen subsidiado, recibirán un subsidio alimentario en la
forma como lo determinen los planes y programas del ICBF y con cargo a éste.
Existe la protección
al menor en jardines comunitarios, con la autorización de los padres.
También, previa
autorización,  hay programa de protección al menor a través de hogares
comunitarios de bienestar infantil.
El proyecto de
“Asistencia a la atención del menor de 0 a 7 años”, consiste en la atención del
menor de 7 años en la  modalidad de intervención nutricional materno infantil.
Existe  el programa
de mejoramiento y apoyo nutricional a los programas dirigidos a los menores de
7 años.
Se  establece  la
adquisición, promoción y distribución de sales orales para evitar que la
población menor de 7 años  presente enfermedad diarréica aguda y
deshidratación.
Se regula  la
distribución  del  bono alimentario para niños en edad preescolar no cubiertos
por hogares comunitarios de bienestar. Por otro lado, están los programas de
almuerzo, (empresa privada), almuerzo (Asociación de padres), almuerzo (Hogares
Juveniles campesinos), refrigerio (asociación de padres), almuerzo con dieta
mas abundante  para los indígenas.
Se consagra la
asistencia integral al joven a través de clubes juveniles , para niños entre
7 y 12 años y jóvenes entre 13 y 18 años, escolarizados y desescolarizados
de estratos 1 y 2 o que se encuentren en situación de alto riesgo.
Los anteriores
programas se compaginan íntegramente  con el Acuerdo 006/97 del Ministerio de
Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que señala la política
para la atención prioritaria a la población desplazada por la violencia. Se
establecen varios proyectos, entre ellos: asistencia y asesoría a la familia,
atención integral al menor de 7 años, atención complementaria  al escolar y
adolescente. Se expresa que la actuación debe ser rápida e inmediata  y que
depende de la DIRECCION GENERAL. Por consiguiente la orden se dirigirá a dicho
funcionario.
5.2. Salud. El Acuerdo 59 de 1997 declaró al
desplazamiento forzado como evento catastrófico, ubicable por consiguiente
dentro de los riesgos señalados en el artículo 167 de la ley 100 de 1993. Habrá
lugar a la atención correspondiente y como dice el mencionado artículo 167, in
fine: “El Fondo de Solidaridad y Garantía pagará directamente a la
institución que haya prestado el servicio a la tarifa que establezca el
gobierno nacional de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud”. Es por eso que  el Acuerdo 185 de 2000 dice que
la reclamación por los servicios de salud prestados a los desplazados se hará
directamente al Fondo de Solidaridad y Garantía.
Lo anterior sin
perjuicio de lo señalado en el Documento CONPES 3057 que  determinó: “ El
Ministerio de Salud pondrá en consideración  del Consejo Nacional de Seguridad
Social la inclusión de la población desplazada dentro de los grupos
prioritarios en la ampliación del régimen subsidiado”.
Aunque no esté carnetizado el desplazado,
debe prestársele el servicio a la salud. Es derecho fundamental en los niños y
respecto a los mayores se protege  por conexidad con el derecho a la vida[16].
5.3. Vivienda.  La ley 3 de 1991 y su decreto
reglamentario 599 del mismo año, crearon el sistema nacional de vivienda  y
regularon el subsidio familiar de vivienda. Los decretos 706 de 1995 y
2620 de 2000,   se refieren a la manera de facilitar la adquisición, construcción
y mejoramiento de vivienda. El decreto 951 de 2001 estableció el subsidio de
vivienda para la población desplazada e incluye la reubicación “en
municipios distintos al de origen del desplazamiento cuando no sea posible su
retorno”.
En el presente caso,
se dispuso que momentáneamente se les permita  a los desplazados ubicarse  en
Quibdó y  ocupar un espacio público. Esta determinación es razonable, pero no
es la solución definitiva, que no es otra que la reubicación, para lo cual debe
colaborar el INURBE y dentro de sus posibilidades presupuestales el Municipio
de Quibdó.
5.4. Derecho al
trabajo. Una de las
libertades que por su misma esencia debe ser una libertad fáctica, es la
libertad de oficio, que no se refiere solamente a la libertad de escogencia,
sino que, por ser de tracto sucesivo, es el libre ejercicio, como lo consigna
la parte final del primer inciso del artículo 26 de la Constitución Política.
La Corte se ha
referido al derecho fundamental a la libertad de oficio: “La libertad de
escoger profesión u oficio (CP art. 26) es un derecho fundamental reconocido a
toda persona. Este involucra tanto la capacidad de optar por una ocupación como
de practicarla sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y
en la ley.[17]”
En el presente caso
de los desplazados, se les afecta el oficio de  agricultores  porque por el
desplazamiento forzado a la ciudad no pueden continuar desarrollando sus
labores.  Esto implica que se presenta una colisión entre las normas aplicables
para la protección  de los derechos de los desplazados. En efecto, el Estado
debe proteger el derecho a la libertad de oficio y hacer cumplir  el artículo
65 de la Carta  sobre "fomento agropecuario, forestal y pesquero",
pero por otro lado esos agricultores no pueden volver a sus parcelas y el
artículo 54  establece como obligación del Estado "propiciar la ubicación
laboral de las personas en edad de trabajar”. Si el desplazado considera que
corre peligro su vida al regresar, obviamente está sacrificando la libre
elección de su trabajo pero eso no significa que quede desprotegido. La
sentencia SU.360/99 enuncia  los instrumentos jurídicos expedidos por la OIT
sobre una correcta política de empleo  y dice  que “El Convenio 111 también
se refiere  al empleo y es interesante  en cuanto señala que los términos
empleo y ocupación incluye tanto el acceso a los medios de formación
profesional como la orientación y admisión  en el empleo y las diversas ocupaciones”.
Es decir que, obligados los desplazados a buscar otra ocupación para
sobrevivir, hay que darles elementos que les ayuden a ingresar al mercado
laboral, uno de los cuales es precisamente la enseñanza que se da en el SENA y
otro el de fomentar proyectos específicos.
5.5. Educación. La educación es un derecho fundamental,
protegida constitucionalmente hasta los quince años de edad  y comprenderá como
mínimo un año de preescolar  y nueve de educación básica.
El decreto 2231 de
1989 favoreció con prioridad en los cupos educativos  a las familias de las
víctimas de la violencia, lo cual armoniza con uno de los Principios Rectores
del Desplazamiento Interno (Principio 23). El citado decreto también dice que
habrá exoneración total del pago de matrícula y pensión para los desplazados.
Por consiguiente,
debe darse orden de protección en este aspecto.
5.6.
Una entidad  que viabiliza y coordina  las anteriores medidas de  protección:
La Red de solidaridad social
Otro de los Principios Rectores del
Desplazamiento Interno, es el 26, que dice claramente que la obligación frente
a la solución de los problemas del desplazamiento interno forzado, corresponde
a las autoridades nacionales.  De ahí la importancia de la Red de Solidaridad
Social. La sentencia  T- 327/01[18],
expresó  al respecto:
“Precisamente para hacer frente a
esta nueva categoría de colombianos, el ordenamiento jurídico ha confiado a la
Red de Solidaridad Social -que es un establecimiento público del orden
nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República- la tarea de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población más pobre y vulnerable del país, de la que indudablemente hace
parte la franja de los desplazados. Ellos, por las terribles circunstancias a
que los ha conducido la confrontación armada, tienen derecho constitucional a
que el Estado despliegue su acción de manera efectiva, oportuna y eficiente,
con miras a su amparo y al disfrute de garantías básicas de las que han sido
violentamente despojados.”
Si bien es cierto la
Red de Solidaridad Social es una entidad coordinadora, las medidas que
proponga, diseñe, promueva, propicie, concerte  o coordine deben cristalizarse
en primer lugar en la atención humanitaria de emergencia durante los tres
primeros meses de la contingencia prorrogables por tres meses mas y, además, en
todos los componentes de los programas de estabilización económica (artículos
25 y ss. Del decreto 2569 de 2000) y por supuesto en la efectividad de la
protección a los derechos fundamentales.
5.7. La validez de los Acuerdos. Se han
mencionado en este fallo algunos Acuerdos de orden interinstitucional. Estos
programas deben cumplirse. La Corte Constitucional al referirse a estos
acuerdos, en la T-07/95 estableció una jurisprudencia que es aplicable por
analogía:
“Hay que
considerar adicionalmente, que el Estado a través de las entidades públicas
intervinientes en la celebración del Acuerdo se comprometió a la realización de
una serie de acciones tendientes a garantizar de manera concreta el derecho al
trabajo de la comunidad Wayúu con la organización y funcionamiento de una
empresa que se encargara de la explotación de la sal y, además, a adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo social y cultural de dicha comunidad. Por
lo tanto, a juicio de la Sala, el compromiso asumido tiende a hacer efectivos
derechos que se estiman fundamentales, no meramente programáticos, sino ciertos
y reales, que se consideran medulares para la supervivencia y el desarrollo
socio-cultural de la etnia Wayúu como grupo social que merece la especial
protección del Estado en los términos de los artículos 1, 7 y 8 de la C.P. A esta
solución llegó esta misma Sala en la sentencia No. T-342 de fecha julio 27 de
1994 cuando ordenó proteger la diversidad étnica y cultural de la Tribu
Nukak-Maku.
La efectividad de
los aludidos derechos (art. 2 C.P.)  contribuye además a hacer realidad el
principio de igualdad (art. 13 C.P.) y la justicia material, porque en este
caso el Estado en dicho Acuerdo se obligó a promover, con acciones concretas,
las condiciones para lograr la igualdad material de una comunidad discriminada
y marginada.
Llama la atención
de la Sala la circunstancia de muy común ocurrencia en que el Estado para
superar una emergencia derivada de un conflicto social con un grupo humano
determinado, asume obligaciones a través de convenios con las partes en
conflicto, que luego son incumplidos.
El incumplimiento
de este tipo de obligaciones, resta credibilidad y legitimidad a la acción del
Estado, frustra las aspiraciones legítimas de la comunidad, alienta las
soluciones violentas a sus reclamaciones y, además, es contrario a la filosofía
que emana del preámbulo de la Carta y al principio de la buena fe (art. 83
C.P.). El Estado Social de Derecho no sólo demanda de éste la proyección de
estratégias para dar soluciones a las necesidades básicas de la comunidad en lo
social y en lo económico, sino que exige acciones concretas para satisfacerlas;
por lo tanto, la oferta o el compromiso estatal para atender en concreto dichas
necesidades requiere ser traducido a la realidad, más aún cuando se trata de
proteger o amparar derechos fundamentales.
El cumplimiento
de esas obligaciones, en cuanto contribuyan a realizar efectivamente los
derechos fundamentales, puede demandarse a través de la acción de tutela, no
propiamente porque el respectivo convenio o acuerdo creé el derecho
fundamental, pues éste ya aparece determinado en el ordenamiento
constitucional, sino porque la unión de las voluntades -la estatal y la de la
comunidad-  se constituye en un instrumento de determinación, concreción y
materialización del derecho, que le imprime un vigor adicional para su
exigibilidad.”
6. La efectividad
de la orden de tutela
El Artículo 86 de la
Constitución Política establece que a consecuencia de la acción de tutela la
protección de los derechos fundamentales se traduce en una ORDEN, es decir, una
decisión que debe ser obedecida o satisfecha. No se trata solamente de exigir
que se adopten programas sino de producir definiciones ágiles y prontas.
Un fallo de tutela
debe ser concreto y se cristaliza en órdenes que deben cumplirse sin demora
(artículo 27 del decreto 2591/91) y es deber de las autoridades garantizar su
cumplimiento ( artículo 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos).
El mismo decreto
2591 de 1991 señala en cabeza del Juez de primera instancia el cumplimiento
cabal de la orden impartida.
La labor del Juez no
es solamente tramitar el incidente de desacato[19],
cuando se instaure por incumplimiento de lo ordenado, sino lo fundamental es
que sea efectivo  el respeto a los derechos fundamentales. El Juez de primera
instancia no pierde competencia hasta tanto la orden sea completamente
cumplida.
En la sentencia
T-942/00 la Corte Constitucional expresó:
“6. Competencia y
funciones del juez de primera instancia
En conclusión, el
incidente de desacato no es el punto final de una tutela incumplida. El
desacato es un simple incidente que puede o no tramitarse. Lo que es
obligatorio para el juez de primera instancia, en cuanto no pierde competencia
para ello, es hacer cumplir la orden de tutela. Para ello debe dar los
siguientes pasos:
1°. Hacer cumplir la
sentencia que hubiere proferido la orden (bién sea en la primera o en la
segunda instancia o en la revisión). El término para cumplir figura en la parte
resolutiva de cada fallo. ...
2°  En la
jurisprudencia antes citada (T-081/2000) se dio un plazo de tres meses para
“….que las autoridades administrativas deberán adelantar las diligencias
pertinentes para garantizar la existencia de las partidas presupuestales
correspondientes, dentro del término perentorio de 3 meses. De igual manera,
los ordenadores del gasto deberán garantizar que los pagos que se originan en
las obligaciones laborales sean prioritarios y prevalentes respecto de otros
pagos”. Pero el plazo pudiere ser diferente (por ejemplo 1 mes o 15 días) según
el criterio del juzgador. De todas maneras esos términos para garantizar
partidas y pagos es perentorio.
3° Si fenece el plazo
y pasan 48 horas y el juez tiene conocimiento del incumplimiento, entonces, ese
juzgador de primera instancia se dirigirá al superior del incumplido y el juez
requerirá al superior para dos efectos:
a. Que el superior haga cumplir al inferior la orden de
tutela,
b. Que el superior inicie u ordene iniciar un procedimiento
disciplinario contra el funcionario remiso.”
Tratándose de funcionarios respecto de
quienes se sabe quién es su superior, no hay problema práctico. Surge esta
inquietud cuando se trata  de los funcionario electos popularmente como el
Gobernador o el Alcalde. En estos casos la sentencia dijo que para efectos de
la tutela el superior es el Procurador General de la Nación porque “La autoridad que constitucionalmente está
facultada para vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales es el
Procurador General de la Nación (artículo 277 C.P.). Inclusive, el artículo 278
ibídem expresamente señala como función específica del Procurador General de la
Nación “Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante resolución motivada,
al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir
de manera manifiesta la Constitución o la ley….”. Es palpable la violación a la
Constitución cuando un Juez, protegiendo un derecho fundamental constitucional,
profiere una sentencia  en ejercicio de la función pública que le corresponde,
dando órdenes que son de inmediato cumplimiento (artículo 86 C.P.) y el
funcionario público a quien se dirige tal orden no la cumple, en este evento no
solamente viola el artículo 86 de la C. P. sino la norma constitucional que
establece el derecho fundamental que se ha infringido. Se podrá argüir que el
Procurador sí puede iniciar la investigación y sancionar pero no puede dar la
orden de cumplimiento de la sentencia de tutela; se responde que la parte final
del artículo 277 dice: “Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría
tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que
considere necesarias”.
III. EL CASO
CONCRETO
1. Desde el año de
1997 quienes instauran las tutelas acumuladas en el presente caso, se vieron
obligados a abandonar sus hogares y sitios de trabajo y trasladarse a la ciudad
de Quibdó para proteger la vida frente a la arremetida de los grupos
paramilitares. No existe ninguna objeción a la calidad de desplazados de tales
personas. La Red de Solidaridad Social lo acepta, aunque no dice si están o no
carnetizados. De todas maneras son sujetos activos de protección, como ya se
indicó en el texto de este fallo.
2. En cuanto a los sujetos pasivos de la
acción de tutela, inicialmente la acción se dirigió contra la Red de Solidaridad
Social. Pero, por determinación acertada del Juez, otras instituciones del
Estado fueron citadas. Respondieron por escrito al juez de instancia y en los
fallos  se dieron órdenes contra tales instituciones.
3. De las pruebas
obrantes en los expedientes surgen estos  hechos:
a.   Aunque el
desplazamiento tuvo ocurrencia en 1997, la asistencia humanitaria que debe
prestarse dentro de los tres primeros meses, prorrogables por otros tres meses,
solo figura en el cuadro que la Red de Solidaridad  presentó “Para el
Departamento del Chocó, 2001”.
b.  En lo que
tiene que ver con la educación de los niños desplazados, solamente existe una
circular y no hay constancia alguna de que hayan sido protegidos por el trato
preferente en cuanto a su educación.
c.   Respecto a
los programas del ICBF, la única tarea a la cual se comprometió fue la de
garantizar una comercialización para algunos proyectos.
d.  Respecto a
la salud de los desplazados, en marzo de 2001 la Red de Solidaridad hizo unas
comunicaciones individualizadas al Director del Hospital de Quibdó diciendo que
requieren del servicio de salud. En las mesas de trabajo se fijaron unos
propósitos, entre ellos, vinculación al régimen subsidiado.
e.   Sobre
vivienda, aunque la Cruz Roja ya tiene un inmueble para la  reubicación de los
desplazados, no hay prueba de que se haya llevado a efecto.
f.   En cuanto
a la atención integral y especialmente en lo referente a fuentes de trabajo, se
dispuso la elaboración de proyectos, de comunicaciones a algunas entidades  y
de peticiones a organismos nacionales e internacionales , pero lo único
concreto es un proyecto en que se han invertido algo mas de ciento veinte
millones y se indica que se están solicitando diez y seis millones mas.
Respecto del SENA  se le señaló como contribución “la concientización a la
población desplazada”.
En conclusión:  si
bién ha existido intención de solucionar  la situación de los desplazados, es
necesario concretar acciones para que la protección de los derechos
fundamentales de aquellos sea efectiva.
4. La misma Red de
Solidaridad Social reconoce en comunicaciones que cada uno de los desplazados
requiere el servicio de salud,  admite que la no prestación del servicio viola
el derecho fundamental de los niños a la salud y de los adultos en conexión con
el derecho a la vida. El solo envío de la comunicación no puede ser la
solución. En las solicitudes de tutela se afirma que el servicio no es el
adecuado, ni los medicamentos se entregan porque la Red no ha cubierto lo
debido. En verdad, como se ha consignado en esta tutela, es el FOSIGA el
encargado de cancelar lo que se requiera para atender la salud de los
desplazados, luego la orden se dará en tal sentido.
5.  Respecto a la
educación la Red de Solidaridad Social debe averiguar quienes son los niños
menores de quince años  que requieren del preescolar y de los nueve años de
educación básica y ubicarlos, sin costo alguno, en los respectivos
establecimientos oficiales de Quibdó.
6. La vivienda digna
y los planes de reubicación para los desplazados que han instaurado la tutela,
deben concretarse con el aprovechamiento de inmuebles destinados para tal
efecto y el INURBE debe dar el subsidio de vivienda correspondiente.
7. La atención para
que los desplazados, mayores de edad, puedan tener un oficio digno mientras
están en Quibdó debe consistir en educación por parte del SENA para efectuar
labores productivas.
Por el mismo hecho del desplazamiento
interno y forzado, se les han violado a los desplazados los derechos a “la
integridad personal, la dignidad humana, la educación - particularmente de los
menores que se ven obligados a huir -, la vivienda en condiciones dignas” (T-371/01)
y las entidades del Estado encargadas  de la  solución  no han  actuado
prontamente  y lo escaso  que han
hecho no alcanza a constituir  condiciones
satisfactorias para la población civil desplazada como lo establece el artículo
17 del Protocolo II, lo desarrolla los Principios Rectores del Desplazamiento
Interno, y lo determinan leyes, decretos y acuerdos colombianos citados en este
fallo. Todas estas omisiones, individualmente afectan a los solicitantes de la
tutela y por lo tanto la acción está llamada a prosperar.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.
CONFIRMAR  las sentencias
objeto de revisión,  indicadas en el texto de este fallo, en cuanto concedieron
la tutela,  con las precisiones que en el numeral segundo se especificarán.
SEGUNDO. Las órdenes que se dan para todos los casos
objeto de la presente sentencia de revisión, son las siguientes:
a. El Director Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
en el término de cuarenta y ocho horas deberá   iniciar, si es que aún no lo ha
hecho, la realización de los programas que le corresponden, respecto a los
niños que en su condición de desplazados han instaurado las tutelas que motivan
el presente fallo. Son especialmente los siguientes programas: hogares de
bienestar, jardines comunitarios, programa FAMI, intervención nutricional
materno infantil, mejoramiento y apoyo nutricional para menores de siete años,
distribución de sales orales a población infantil, distribución de bono
alimentario para niños en edad preescolar, programa de comedores escolares,
creación y asistencia de clubes juveniles.
b. El Gerente  Nacional del  INURBE, iniciará
en el término de cuarenta y ocho horas, si es que no lo ha hecho,  los trámites
para  otorgar, de manera preferencial y rápida,  el subsidio familiar de
vivienda para los desplazados que han interpuesto la tutela que motiva el
presente fallo.
c. El Alcalde Municipal de Quibdó, dentro de
la disponibilidad presupuestal, en el término de tres meses contribuirá a la
solución de las viviendas dignas para los grupos familiares de los tutelantes
d. El Director Nacional de  la Red de
Solidaridad Social y  los Secretarios de Educación del Chocó y de Quibdó, en el
término de cuarenta y ocho horas,  buscarán  los cupos para los niños
desplazados que han instaurado las tutelas que se revisan,  para que esos niños
inmediatamente ingresen a la educación preescolar, de primaria  y de secundaria
hasta el grado 9 y los 15 años de edad, sin que para los menores haya costo
alguno en cuanto a matrícula y mensualidad.
e. El Director Nacional de la Red de
Solidaridad Social, en el término de treinta dias iniciará las diligencias
pertinentes para ubicar a los desplazados que instauran la presente tutela, en
el régimen del SISBEN, sin perjuicio de  exigirle al Hospital de Quibdó que
desde ya los atienda de manera eficiente  y les dé los medicamentos necesarios,
para luego repetir contra el FOSIGA, debiendo esta última entidad, de manera
preferente e inmediata, cubrir lo debido.
f. El Director Nacional de la Red de Solidaridad
Social, en el término de cuarenta horas, en colaboración con el SENA ,
incluirá en los  programas de capacitación a los desplazados que instauraron
las tutelas objeto de revisión  y acelerará  los programas y planes
comunitarios  ofrecidos por acuerdos efectuados con los desplazados que se
encuentran en Quibdó y que han presentado las correspondientes tutelas.
TERCERO. Por Secretaria, LÍBRESE la
comunicación prevista por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
CUARTO. El
Juez de primera instancia, con la asesoría de la Defensoría del Pueblo, hará
cumplir lo ordenado en el presente fallo.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
[1] M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[2] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[3]
Naciones Unidas, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema
de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng.
[4]
Sobre esta noción, ver  Louis Favoreu "El bloque de
constitucionalidad" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales.,
No 5 pp 46 y ss. Igualmente Javier Pardo Falcón. El Consejo Constitucional
Francés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp 115 y ss.
[5] Caso de la Hacienda Bella Cruz
[6] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[7] M.P. José Gregorio Hernández
[8]
Ver sentencia T- 1635/00
[9]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[10]
1. Artículo 284 A del Código Penal Vigente:
"Desplazamiento forzado. El que de manera
arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un
sector de la población ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el
lugar de su residencia, incurrirá(…)
No se entenderá por desplazamiento forzado, el
movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto
la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares,
de acuerdo con el derecho internacional humanitario."
2. Artículo 159 del nuevo Código Penal (ley 599 de
2000) que entrará en vigencia este año:
"Deportación, expulsión, traslado o
desplazamiento forzado de población civil. El que con ocasión y en desarrollo
de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, o
desplace forzadamente de su sitio de asentamiento ala población civil,
incurrirá (…)"
3. Artículo 17, Protocolo adicional a los Convenios de
Ginebra:
"1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas.  Si
tal  desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán las medidas posibles
para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de
alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.
2. No se podrá forzar a las personas civiles a
abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto."
[11]
Ver sentencias T-275/94, C-293/95, y SU.717/98
[12]
M.P. Alejandro Martínez Caballero
[13] El artículo 17 de la ley 418/97
dice que el ICBF, en programas preventivos y de protección, preferenciará a los
menores que se hubieran quedado sin familia  o la familia no esté en
condiciones de cuidarlos. El gobierno apropiará los recursos para este
programa  y especialmente para quienes hayan sido víctimas  en el conflicto
armado interno.
[14] Reflexiones para la
intervención en la problemática familiar. Consejería presidencial para la
política social. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Febrero/95.
[15] Artículo 50 de la
Constitución: “Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de
protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en
todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley
reglamentará la materia”.
[16]
Algunas normas que establecen  las medidas de protección preferencial a los
desplazados, exigen para su operatividad que el postulante se halle inscrito en
el registro único de población desplazada (artículo 4° del decreto 2569/00).
Esta misma Sala Sexta de Revisión en la T-327/01 preferenció la realidad
objetiva a una certificación.
[17]
Sentencia T-498/94, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[19]
Una cosa es el incidente de desacato donde la responsabilidad de la autoridad o
particular contra quien se dirige la orden, es subjetiva, y otra muy diferente,
el cumplimiento de lo ordenado donde la responsabilidad es objetiva.