T-571-98
Sentencia T-571/98
Sentencia
T-571/98
DEBIDO PROCESO
PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Procedencia de tutela
Referencia:
Expediente T-169.295
Acción de tutela
contra el Ejército Nacional, Batallón No. 3 de Policía Militar, por una
presunta violación de los derechos al trabajo, de petición y al debido proceso.
Tema:
Dilación
injustificada en la adopción de decisiones judiciales
Actor: César
Mauricio Betancourt Tovar
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DÍAZ
Santafé de Bogotá
D.C., trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, éste último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
procede a revisar la
sentencia que profirió el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali en el trámite
del proceso radicado bajo el número T-169.295.
ANTECEDENTES
1. Hechos.
El actor ingresó al
Ejército Nacional el 11 de noviembre de 1992, y actualmente se encuentra en
calidad de soldado activo.
Afirmó en su
solicitud de tutela que "no me han dado de baja y me han hecho cuatro
consejos de guerra y en todos he sido absuelto, voy a cumplir seis años en el
Ejército; hace 15 meses estoy averiguando por mi petición, o mejor mi situación
verbal y he hablado con el secretario de nombre don Adolfo, y este señor me
dice que hay que esperar que contesten de Bogotá sobre mi caso. Legalmente yo
hace un año debí haber salido del Ejército pagando tanto el servicio como mis
condenas"
2. Fallo de
instancia.
El 26 de mayo de
1998, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali resolvió denegar la tutela de
los derechos del actor; a propósito consideró:
a) "el
derecho de petición no se ha vulnerado porque a su requerimiento verbal le han
dado una respuesta también en forma verbal y la suministrada corresponde a la
realidad, porque a este despacho compareció el Teniente Coronel Manuel Enrique
Sánchez Mayorga, Comandante del Batallón de Policía No. 3 a indicar que en lo
que concierne a Cesar Mauricio Betancourt Tovar su situación militar no ha sido
resuelta porque para el dos de octubre de 1997 se le dictó sentencia
absolutoria dentro de un proceso por el delito de lesiones personales la cual
está en consulta ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá, que una vez
regrese confirmada la misma debe iniciar los trámites para definir su situación
militar...".
b) "en
cuanto al derecho al trabajo donde lógicamente se espera una retribución, el
accionante no se encuentra tan desamparado como parece darlo a entender porque
a su decir el Batallón le cancela mensualmente un sueldo por el hecho de estar
vinculado a esa institución hasta tanto se le resuelva su situación
militar".
No consideró el
Juez  Octavo Penal Municipal de Cali si el derecho al debido proceso había sido
violado al actor.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo del Juzgado Octavo Penal
Municipal de Cali, según los artículos 86 y 241 de la Carta Política;
corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la sentencia
respectiva, de acuerdo con el reglamento interno y el auto del 7 de julio de
1998 de la Sala de Selección Número Siete.
2. Breve
justificación del fallo.
A folio 13 del
expediente de tutela, aparece una copia del oficio No. 167 del 16 de octubre de
1997, en el que consta que en esa fecha se envió el proceso No. 1063, "adelantado
en contra del SL. SANCHEZ GARCIA ALEXANDER Y OTROS, por el delito de lesiones
personales y otros, a fin de que se surta el efecto de la consulta de la
sentencia emitida por la Presidencia del Consejo Verbal de Guerra".
El trámite que debe
surtirse a la consulta de las sentencias de primera instancia proferidas por un
Consejo Verbal de Guerra, está consagrado en el artículo 696 del Decreto No.
2550 de 1988, Código Penal Militar, en los siguientes términos:
"Artículo
696. Trámite. La apelación o consulta de las sentencias en el Tribunal
Superior Militar se surtirán así: repartido el expediente, el magistrado a
quien corresponda dará traslado al fiscal por el término de tres (3) días y
luego se fijará en lista por igual término para que las demás partes presenten
sus alegatos. Vencidos los términos de traslado y fijación en lista, se
resolverán dentro de los diez (10) días siguientes".
Ya que los términos
contemplados en la norma legal transcrita están vencidos desde hace varios
meses, es claro que se vulneró el derecho al debido proceso del actor, y como
éste no cuenta con otro mecanismo judicial de defensa, esta Sala de Revisión
considera que la doctrina contenida en la sentencia C-543/92[1], sobre la procedencia
de la tutela en casos de dilación injustificada en la adopción de decisiones
judiciales, es aplicable en el proceso bajo revisión:
"...Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que
ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo
que proceda a resolver o  que observe con diligencia los términos judiciales,
ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones
de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de
la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente.   En hipótesis como estas no puede hablarse
de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia..." (subraya fuera del texto).
En consecuencia, en
la parte resolutiva de esta providencia se revocará el fallo de instancia, y se
ordenará al Tribunal Superior Militar que, si aún no lo ha hecho, proceda a
resolver la consulta de la sentencia por medio de la cual fue absuelto el actor
del cargo de lesiones personales.
DECISIÓN
En mérito de la
breve consideración que antecede, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali el 26 de
mayo de 1998 y, en su lugar, tutelar el derecho al debido proceso del actor.
Segundo. ORDENAR
al Tribunal Superior Militar que, si aún no lo ha hecho, resuelva dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de esta providencia, la
consulta de la sentencia por medio de la cual se absolvió a  Cesar Mauricio
Betancourt Tovar del cargo de lesiones personales.
Tercero. COMUNICAR
esta sentencia al Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali para los efectos
previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese,
norifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.