C-789-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-789/02
COSA JUZGADA
RELATIVA-Régimen de
transición en pensiones
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSION DE VEJEZ/SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Regímenes solidarios y elección
REGIMEN SOLIDARIO
DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Objeto
El régimen solidario de prima media
con prestación definida, es un sistema en el cual los afiliados o beneficiarios
obtienen la pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes, o una
indemnización, las cuales se encuentran de antemano definidas. Esto ocurre
siempre y cuando se cumplan los requisitos legales exigidos, independientemente
del monto de las cotizaciones acumuladas.  En este régimen, los aportes y los
rendimientos de los afiliados  y de los empleadores constituyen un fondo común
de naturaleza pública, y como se mencionó, tanto el monto de la pensión, como
la edad de jubilación y las semanas mínimas de cotización, se encuentran
previamente establecidas.
REGIMEN DE AHORRO
INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD-Objeto
En el régimen de ahorro individual con
solidaridad los aportes efectuados por los afiliados durante su vida laboral y
sus rendimientos, se capitalizan en forma individual en un fondo privado de
capitalización con el fin de obtener el pago de las correspondientes pensiones.
En este régimen, el monto de la pensión es variable y depende de varios
factores como el monto acumulado en la cuenta, la edad a la cual decida
retirarse el afiliado, la modalidad de la pensión, las semanas cotizadas y la
rentabilidad de los ahorros acumulados. En este sistema, la pensión también se
adquiere como derecho, una vez cumplidos los requisitos exigidos en la ley.
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSION PARA REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Requisitos
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-Requisitos para
reconocimiento a una categoría determinable de trabajadores vinculados
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-Protección ante expectativa
legítima por tránsito legislativo
DERECHOS
ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS-Distinción/DERECHOS
ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS EN REGIMEN DE PENSION-Distinción
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE EXPECTATIVAS
La Corte ha sostenido que el legislador no
está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas
conforme a las leyes vigentes en un momento determinado. Ello se debe a que,
por encima de cualquier protección a estos intereses, prevalece su potestad
configurativa, la cual le permite al legislador darle prioridad a otros
intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social
de Derecho.
TRANSITO DE
LEGISLACION-Límites
Esta Corporación ha sostenido que cualquier
tránsito legislativo debe consultar parámetros de justicia y equidad, y que,
como toda actividad del Estado, está sujeta a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.
DERECHOS
ADQUIRIDOS-Configuración/SITUACION
JURIDICA CONSOLIDADA-Prohibición de desconocimiento
La Corte reiteró que para que se consolide
un derecho es necesario que antes de que opere el tránsito legislativo se
reúnan todas las condiciones necesarias adquirirlo. En tal oportunidad sostuvo
que “configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que
han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal
virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al
patrimonio de una persona.” Aclarando posteriormente que “la Constitución
prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas
consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de
nuevas regulaciones legales.”
MERAS
EXPECTATIVAS-Objeto y
alcance de la protección constitucional
DERECHOS
ADQUIRIDOS EN TRANSITO LEGISLATIVO-Protección no es absoluta
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-Restricción
legislativa de acceso
DERECHOS
ADQUIRIDOS Y MERAS EXPECTATIVAS EN MATERIA DE PENSION
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-Expectativa
de acceder por no renuncia al sistema de prima media
MERAS
EXPECTATIVAS EN IRRENUNCIABILIDAD A BENEFICIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN NORMAS
LABORALES-No extensión/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REGIMEN DE TRANSICION PARA SISTEMA DE PENSION-Margen
amplio de fijación de condiciones necesarias para acceso
SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-No
derecho a cuantía determinada por incumplimiento de requisitos
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-No
mantenimiento de fórmula de cálculo de pensión a quien no la ha adquirido
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-Permanencia
continua en régimen de prima media
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-Condiciones
que varían
SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-No
derecho a un monto de pensión predefinido/SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES-No derecho a mantener edad y tiempo de servicio
SISTEMA DE
PENSION-Variables de edad
y tiempo de servicios
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SISTEMA DE PENSION-Transformación de expectativas de edad y tiempo de
servicio
SISTEMA DE
PENSION-Condiciones de
edad, tiempo de servicio y monto
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SISTEMA DE PENSION-Límites en la fijación de edad y tiempo de servicio
para acceso
No significa que la amplia potestad
configurativa del legislador para fijar la edad y el tiempo de servicios
necesarios para acceder a la pensión pueda ejercerse de manera arbitraria, y
terminar desconociendo de facto el derecho constitucional irrenunciable a la
seguridad social. En particular, estas dos condiciones de edad y tiempo de
servicios tienen que ser acordes con la realidad social concreta del país, y
deben tener en cuenta factores esenciales como lo son, entre otros, la
expectativa de vida histórica y actual de los colombianos, y los índices de
mortalidad, y otros aspectos demográficos y financieros, de tal modo que se les
permita a las personas gozar efectivamente del derecho a la pensión.
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-Categorías
EXPECTATIVA
LEGITIMA EN SISTEMA DE PENSION-No transformación arbitraria
EXPECTATIVA
LEGITIMA EN REGIMEN DE TRANSICION EN PENSIONES-Protección
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSIONES-Traslado
nuevamente al régimen de prima media
REGIMEN DE
PENSIONES-Imposibilidad de
comparación
INHIBICION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia
de cargos
Referencia:
expediente D-3958
Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 36, incisos 4 y 5 de la Ley 100 de 1993
Demandante: Luis
Eduardo Hernández Delgado
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Luis Eduardo Hernández Delgado demandó el
artículo 36, incisos 4 y 5 de la Ley 100 de 1993 “Por el cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.  NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme a su publicación en el Diario
Oficial No. 41148 del 23 de diciembre de 1993.  Se resaltan y subrayan los
apartes normativos demandados:
“Ley 100 de 1993
(diciembre 23)
“Por el cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”
“ARTICULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la
pensión de vejez. continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres.
“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de
las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más
años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual
se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo,
cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a
la entrada en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la
pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que
al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres,
no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de
ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las
condiciones previstas para dicho régimen.
“Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el
régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima
media con prestación definida.
“Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen
cumplido los requisitos para acceder a la pensión de Jubilación o de vejez
conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos. a que
se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad
vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.
“PARAGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de
vejez de que trata el inciso primero(1º.) del presente artículo se tendrá en
cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la
presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades
de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como
servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de
servicio.”
III.  LA DEMANDA
El demandante considera que los incisos
demandados vulneran los artículos 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política.
En su criterio, “el RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
constituye un DERECHO LABORAL CONCRETO, ADQUIRIDO por quienes al entrar
a regir la Ley 100 de 1993 cumplían los presupuestos previstos en el inciso 4
del art. 36 (se refiere al inciso 2º[1]),
garantizado por el art. 58 de la C.N.”
Desde la perspectiva del demandante, el
legislador no podía dejar de aplicar el régimen de transición a quienes
cumplieran las condiciones de edad y tiempo de servicios fijadas en el inciso
segundo del artículo 36, porque las personas se afiliaran voluntariamente al
nuevo sistema de ahorro individual con solidaridad, de acuerdo con la opción
consagrada en el inciso cuarto de la Ley 100 de 1993.[2]  Del mismo modo,
tampoco podía excluir a quienes, habiendo escogido inicialmente el sistema de
ahorro individual con solidaridad, se trasladaran nuevamente al de prima media
con prestación definida.
En su parecer, el acceso al régimen de
transición constituye un derecho adquirido, no una mera expectativa, y como tal
debe recibir la protección del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
58 de la Carta.
Sostiene además, que en todo caso las
personas en favor de quienes se consagra el régimen de transición no pueden
renunciar a los derechos que de él se derivan pues la Constitución consagra la
“irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales”
y que la posibilidad de renunciar a tales beneficios contraría el artículo 53
de la Carta.  En el mismo sentido afirma que los incisos demandados son
contrarios al inciso segundo del artículo 48 de la Carta, pues según su
interpretación, esta disposición constitucional que consagra la
irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social tiene el alcance de impedir
el retiro voluntario del régimen de transición, cuando se cumplen las condiciones
consagradas en el inciso segundo del artículo 36.
Finalmente, el actor considera que los
incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 vulneran el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.  Mediante tales
incisos se está excluyendo a personas que cumplían con los requisitos para
acceder al régimen de transición cuando entró en vigencia la ley, por la sola
circunstancia de haberse trasladado al régimen de ahorro individual con
solidaridad, incluso a pesar de que con posterioridad se hayan trasladado
nuevamente al régimen de prima media con prestación definida.
Según su criterio, si cumplen con la edad y
el tiempo de servicios requeridos para entrar en el régimen de transición, a
todas estas personas se les debe aplicar el régimen de transición, pues se
encuentran en la misma situación de hecho, siendo irrelevante que se hayan
trasladado de un régimen a otro.
IV.  INTERVENCIONES
1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El ciudadano, Juan Pablo Cárdenas Mejía,
actuando como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público intervino
en este proceso para solicitar la declaratoria de constitucionalidad de los
incisos demandados, con fundamento en los argumentos que se exponen a
continuación.
Afirma que el artículo 58 de la
Constitución ampara los derechos adquiridos entendidos como aquellas
prerrogativas que confiere el ordenamiento a una persona que ha cumplido las
condiciones previstas por la Ley.
En este sentido, no se presenta vulneración
alguna al citado artículo, si se tiene en cuenta que tratándose del derecho a
la pensión, la jurisprudencia ha establecido que tal derecho solo se adquiere
cuando se ha cumplido la edad y el tiempo de servicios o el número de semanas
cotizadas, en caso contrario, se trata solo de una expectativa que puede ser
modificada en cualquier tiempo por el legislador. En este orden de ideas afirma
que, “No se puede sostener que cuando se ha cumplido la edad o el tiempo de
servicios previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser
beneficiario del régimen de transición se está frente a una situación jurídica
concreta o un derecho adquirido, pues dichos requisitos sólo dan la posibilidad
de pensionarse con la edad y el tiempo previsto en la legislación anterior,
pero en todo caso mientras no se hayan cumplido los requisitos de edad y tiempo
de servicio o número de semanas requeridas para acceder a la pensión, no hay
derecho adquirido.”
En consecuencia, al no ser el régimen de
transición un derecho adquirido, tampoco se presenta una vulneración al
artículo 53 superior que consagra los beneficios laborales mínimos
irrenunciables.
En lo que respecta a la presunta
vulneración al artículo 48 de la Carta, afirma que el hecho de que una persona
escoja el sistema de ahorro individual no implica una renuncia al derecho a la
seguridad social, pues la protección se recibe solo que bajo reglas diferentes.
Explica que la razón de ser de la norma
acusada se funda en el hecho de que a partir de la Ley 100 de 1993, existen dos
alternativas en materia de seguridad social: el régimen de prima media con
prestación definida, y el régimen de ahorro individual con solidaridad.
La regla que consagra el inciso 4
demandado, es consecuencia de la aplicación del régimen de ahorro individual
con solidaridad teniendo en cuenta que el mismo no implica un régimen de
beneficio definido.  En este orden de ideas, “Sostener que una persona que
se encuentra en el régimen de ahorro individual puede invocar el régimen de
transición implicaría entonces que no existe la posibilidad  de optar entre un
régimen y otro, y que en últimas siempre existe el régimen de prima media, lo
cual desconoce tanto la diferente naturaleza de los dos regímenes, así como el
hecho que la propia Corte Constitucional ha señalado que el Constituyente
otorgó al legislador la facultad de organizar el régimen de seguridad social y
optar por diversas alternativas.”
En relación con la presunta vulneración al
artículo 13 superior, reitera que la dualidad de regímenes en materia de
seguridad social, no vulnera el derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que
cada uno opera bajo reglas diferentes, particularmente en lo que concierne al
régimen de transición.  En consecuencia, el tratamiento que se otorga es
proporcional, pues quien se afilia al régimen de ahorro individual pierde
aquello que es incompatible con dicho régimen, en este caso los beneficios
consagrados en el régimen de transición, pero a su vez tiene derecho a otras
ventajas.
2.     Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
El ciudadano Henry Andrey González
Sarmiento, actuando como apoderado del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, intervino en este proceso para defender la constitucionalidad de los
incisos demandados, argumentando que al establecer las causales de pérdida del
régimen de transición el legislador está actuando dentro del ámbito de su
competencia, teniendo en cuenta diferentes variables, lo cual explica la
dualidad de regímenes.
En relación con el derecho a la igualdad y
con base en lo establecido por la jurisprudencia, estima que los dos regímenes
son excluyentes y diferentes, lo que genera un trato diferenciado, pero
razonable y proporcionado entre los afiliados.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
El señor Procurador General de la Nación,
en concepto No. 2881 recibido el quince (15) de mayo de 2002, solicita a la
Corte declarar la exequibilidad de los incisos cuarto y quinto del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 con fundamento en los argumentos que se exponen a
continuación.
En primer lugar, establece que respecto de
la disposición demandada ha operado el fenómeno de la cosa juzgada relativa,
aclarando que en el caso particular por tratarse en esta oportunidad de nuevos
cargos, es procedente un pronunciamiento de fondo sobre los mismos.
Después de hacer una presentación sobre los
regímenes que conforman el Sistema General de Pensiones y sus características,
concluye que en virtud de los principios que rigen el sistema de seguridad
social, tanto los trabajadores del sector público como del privado podían y
pueden seleccionar en forma libre y voluntaria el régimen de pensiones que más
les convenga.
Establece que el régimen de transición
consagrado en la norma demandada, se constituye en un beneficio reconocido por
el legislador a los trabajadores del régimen de prima media con prestación
definida, para quienes tuvieran alguno de los requisitos de edad o tiempo de
servicio o semanas de cotización, siempre y cuando en uno y otro caso estuviere
vigente la relación laboral.
Para tales personas, el beneficio consiste
en acceder a la pensión de vejez, con el cumplimiento de las exigencias
relativas a la edad y tiempo de servicio o semanas de cotización que se exigían
en el régimen pensional al que estuvieren afiliados al momento de entrar a
regir la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo
de la norma demandada.
Lo anterior en virtud de la facultad que el
legislador le concede al afiliado de escoger de manera libre y espontanea
cualquiera de los regímenes solidarios y excluyentes al cual quiere pertenecer,
constancia que debe quedar por escrito al momento de la vinculación o del
traslado. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez  el afiliado concreta su
voluntad en la situación prevista en el régimen de transición, la misma se
torna en irrevocable, hecho que no desconoce la Constitución.
En relación con los derechos adquiridos y
garantizados por el Artículo 58 Superior, en la situación planteada en el
régimen de transición no se presentan derechos adquiridos, toda vez que no se
han satisfecho los requisitos de la edad, tiempo de servicio o número de
semanas cotizadas exigidas para obtener la pensión, siendo una mera expectativa
la que realmente se tiene para alcanzar el derecho.
Tampoco considera que se vulnere el
artículo 53 de la Constitución que consagra la irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, pues de ninguna forma
en la situación contemplada en los incisos demandados, se permite la renuncia
de derechos. Lo anterior, reiterando que no se trata de un derecho adquirido
sobre el reconocimiento de la pensión, sino de una simple expectativa.
Finalmente, y en cuanto a la acusación
sobre la vulneración al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de
la Carta, estima que el régimen de transición consagra de manera clara su
aplicación para aquellos quienes cumplan con alguna de las exigencias
contempladas, surgiendo para dichas personas una situación especial, pues si
alcanzan la edad para acceder a la pensión y han completado el tiempo de
servicio o cotizado el mínimo de semanas, logran obtener el reconocimiento de
la pensión de vejez adquiriendo una calidad diferente, frente a quienes por no
reunir los requisitos quedan sometidos a la Ley 100 de 1993, pudiendo escoger
el régimen al cual quieren pertenecer, escogencia que si bien se torna en
irrevocable no vulnera ninguna disposición constitucional.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241,
numerales 4 y 5 de la Constitución Política, esta Corporación es competente
para resolver la demanda presentada contra la norma en comento, por hacer parte
de un ordenamiento de carácter legal.
2. Asunto objeto de la decisión
2.1     Consideración Preliminar: cosa juzgada relativa sobre el inciso
4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
La Corte, en Sentencia C-410/94 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz), ya se había pronunciado en relación con el inciso 4º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, declarándolo exequible en relación con el
cargo formulado en tal ocasión, que consistía en que la diferencia en la edad
de jubilación entre hombres y mujeres era contraria a la Carta Política.[3]  En aquella
oportunidad, la Corte resolvió:
“Declarar exequibles
las siguientes disposiciones de la Ley 100 de 1993, pero únicamente en lo
relativo al cargo formulado.
“(...)
“-          Artículo
36 inciso primero, inciso segundo en lo acusado y el inciso cuarto en su
totalidad.” (resaltado fuera de texto)
En la medida en que el cargo planteado en
aquella oportunidad difería sustancialmente del que ahora se plantea, y como
quiera que la sentencia C-410/94 circunscribe expresamente su pronunciamiento
al cargo formulado en aquella oportunidad, sobre este inciso no recae el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional consagrado en el artículo 243 de la
Constitución.  Por lo tanto, la Corte puede pronunciarse de fondo sobre la
constitucionalidad de las disposiciones acusadas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241 de la Carta Fundamental.
2.3    Recuento de los cargos de la
demanda
En el presente caso el demandante alega
que el régimen de transición en materia de pensiones consagrado en la Ley 100
de 1993 constituye un derecho adquirido de quienes cumplen los requisitos de
edad o tiempo de servicio, conforme al inciso segundo del artículo 36 de la Ley
100 de 1993; y que la misma ley no puede válidamente excluir de dicho régimen a
quienes hayan renunciado al sistema de prima media con prestación definida.
De tal modo, las disposiciones
consagradas en los incisos 4º y 5º del artículo 36, que excluyen del régimen de
transición a quienes hayan renunciado voluntariamente al sistema de prima media
con prestación definida, es inconstitucional.  Específicamente porque:
a)
El acceso al régimen de transición, según el
cual las personas conservan la edad, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión contemplados en el régimen anterior
al cual estaban afiliados, es un derecho adquirido, protegido por el artículo
58 de la Constitución;
b)    Tal derecho hace parte del derecho general a la seguridad social,
que es irrenunciable conforme al artículo 48 inciso 2º de la Carta;
c)
Así mismo, hace parte del derecho al trabajo
(C.N. art. 25), y en particular, de los beneficios laborales mínimos irrenunciables
que debe contener el Estatuto del trabajo, conforme al artículo 53 ibídem y;
d) Excluir de dicho régimen a quienes han renunciado al sistema de
prima media con prestación definida constituye una discriminación entre quienes
se encuentran en una misma situación de hecho, pues todas estas personas
cumplían los requisitos consagrados en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.  De tal modo que los incisos 4º y 5º consagran un trato diferente
a partir de un criterio que no es aceptable constitucionalmente: haber
renunciado voluntariamente al sistema de prima media con prestación definida.
De conformidad con los incisos
demandados, no serán beneficiarios del régimen de transición quienes se hayan
trasladado voluntariamente al sistema de ahorro individual con solidaridad
(inciso 4º), así posteriormente se hayan devuelto al de prima media con
prestación definida (inciso 5º), a pesar de que cumplieran con la edad, y
afiliación vigente.  A estas personas, en lugar de aplicárseles las condiciones
del régimen anterior al cual estaban afiliados, se les aplican las
disposiciones generales de la Ley 100 de 1993, con respecto a la edad, al
tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y al monto de la pensión.
Con todo, el demandante también ubica
dentro de dicha categoría de personas que pierden el régimen de transición por
trasladarse de un sistema a otro a quienes llevaban 15 años o más de servicios
cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones consagrado
en la Ley 100 de 1993.  Sin embargo, el inciso 4º del artículo 36 se refiere
explícitamente a quienes tuvieran 35 años o más, si son mujeres; y 40 o más si
son hombres, y se encontraran cotizando a la entrada en vigencia del sistema de
pensiones consagrado en la ley.  Tal inciso 4º no se refiere expresamente a
quienes llevaban 15 años o más cotizando a la entrada en vigencia del sistema
de pensiones.
Por lo tanto, de su texto no se puede
establecer si esta última categoría de personas queda excluida del régimen de
transición al trasladarse al sistema de ahorro individual conforme al inciso
4º, o trasladarse a dicho sistema para retornar posteriormente al de prima
media, conforme al inciso 5º del artículo 36.  Este aspecto hermenéutico
resulta constitucionalmente relevante y por lo tanto la Corte lo abordará
dentro del análisis de constitucionalidad de los mencionados incisos.
2.3    Planteamiento del problema
jurídico
Para abordar los anteriores cargos la
Corte debe resolver el siguiente problema jurídico constitucional: ¿Es
admisible constitucionalmente que el legislador imponga como requisito para
aplicar el régimen de transición que las personas no renuncien al sistema de
prima media con prestación definida?
Para resolver el problema jurídico, la
Corte debe analizar entonces los siguientes aspectos:
a)   Si, frente a un tránsito legislativo, el acceso a un régimen de
transición en pensiones corresponde a un derecho constitucional adquirido para
quienes llevan cierto tiempo cotizando pero no habían cumplido los requisitos
para obtener la pensión conforme al sistema anterior.
b) Si la protección otorgada por un régimen de transición en
pensiones es irrenunciable conforme a los artículos 25, 48 o 53 de la
Constitución.
c)    Si el requisito de no haber renunciado al sistema de prima
media con prestación definida, resulta constitucionalmente aplicable a las
personas que llevaban 15 años o más cotizando al entrar en vigencia el sistema.
d)   Si la exclusión de los beneficios propios del régimen de transición
a quienes cumplen los demás requisitos, pero han renunciado voluntariamente al
sistema de prima media, constituye una vulneración del derecho a la igualdad.
3.      Análisis de constitucionalidad de
los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
3.1. Frente a un tránsito
legislativo el acceso a un régimen de transición en pensiones no es un derecho
constitucional adquirido sino una expectativa legítima
En el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
al cual pertenecen los incisos demandados, se configura un régimen de
transición en pensiones, que hace parte de las instituciones pertenecientes a
la prestación social denominada pensión de vejez[4].
A su vez el sistema general de pensiones contempla dos regímenes solidarios
excluyentes pero que coexisten, a saber: el régimen solidario de prima media
con prestación definida o tradicional del ISS, y el régimen de ahorro
individual con solidaridad.  Es importante resaltar que tanto los trabajadores
del sector público como los del sector privado pueden elegir libremente entre
cualquiera de estos dos regímenes que estimen más conveniente.
El primero, es decir el régimen solidario
de prima media con prestación definida, es un sistema en el cual los afiliados
o beneficiarios obtienen la pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes,
o una indemnización, las cuales se encuentran de antemano definidas. Esto
ocurre siempre y cuando se cumplan los requisitos legales exigidos,
independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas.  En este régimen,
los aportes y los rendimientos de los afiliados  y de los empleadores
constituyen un fondo común de naturaleza pública, y como se mencionó, tanto el
monto de la pensión, como la edad de jubilación y las semanas mínimas de cotización,
se encuentran previamente establecidas.
Por su parte, en el régimen de ahorro
individual con solidaridad los aportes efectuados por los afiliados durante su
vida laboral y sus rendimientos, se capitalizan en forma individual en un fondo
privado de capitalización con el fin de obtener el pago de las correspondientes
pensiones.  En este régimen, el monto de la pensión es variable y depende de
varios factores como el monto acumulado en la cuenta, la edad a la cual decida
retirarse el afiliado, la modalidad de la pensión, las semanas cotizadas y la
rentabilidad de los ahorros acumulados.  En este sistema, la pensión también se
adquiere como derecho, una vez cumplidos los requisitos exigidos en la ley.
Como se puede observar, en la actualidad
coexisten dos regímenes diferentes, cada uno sujeto a diferentes reglas, siendo
el régimen de transición reconocido únicamente para los trabajadores que
estaban afiliados al régimen de prima media con prestación definida y que al
entrar en vigencia el sistema de pensiones tenían 35 o más años, si eran
mujeres, o 40 años o más, si se trataba de hombres, o llevaban 15 o más años de
servicios cotizados, siempre y cuando en ambos supuestos, en ese momento
tuvieran vigente el vínculo laboral.[5]
A través del citado beneficio, “[l]a
edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez” serán las del régimen
anterior, siempre y cuando se cumplan los requisitos de edad y tiempo de
servicio o semanas cotizadas exigidas en el régimen de transición, al momento
de entrar en vigencia el sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993.
Lo anterior significa que el régimen de
transición se reconoce a una categoría determinable de trabajadores vinculados
al régimen de prima de media con prestación definida antes de la Ley 100 de
1993, siendo necesario para hacer parte de dicha categoría, conforme lo
establece la ley, cumplir con los requisitos mencionados.
La creación de un régimen de transición
constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos
por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no
han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos
para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar
próximos a cumplir los requisitos para pensionares, en el momento del tránsito
legislativo.
En reiteradas ocasiones esta Corporación se
ha pronunciado de manera general sobre el significado y el alcance de la
protección constitucional a los derechos adquiridos y sobre las diferencias con
la protección que reciben las expectativas legítimas. Así mismo, se ha referido
a las diferencias entre estas dos instituciones jurídicas, en relación con la
aplicación de los regímenes de pensiones a personas que antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, no cumplían los requisitos para acceder a la
pensión.  Recogiendo criterios doctrinarios y jurisprudenciales comúnmente
aceptados sobre la materia, ha estimado que derechos adquiridos presuponen la
consolidación de una serie de condiciones contempladas en la ley, que permiten
a su titular exigir el derecho en cualquier momento.  Entre tanto, en las
expectativas, tales presupuestos no se han consolidado conforme a la ley, pero
resulta probable que lleguen a consolidarse en el futuro, si no se produce un
cambio relevante en el ordenamiento jurídico.
Con todo, la Corte también ha sostenido que
el legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que
tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado.
Ello se debe a que, por encima de cualquier protección a estos intereses,
prevalece su potestad configurativa, la cual le permite al legislador darle
prioridad a otros intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado Social de Derecho.[6]
Aun así, esta Corporación ha sostenido que
cualquier tránsito legislativo debe consultar parámetros de justicia y equidad,
y que, como toda actividad del Estado, está sujeta a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.[7]
En Sentencia C-147 de 1997,[8] reiteró que para que se
consolide un derecho es necesario que antes de que opere el tránsito
legislativo se reúnan todas las condiciones necesarias para adquirirlo.  En tal
oportunidad sostuvo que “configuran derechos adquiridos las situaciones
jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio
de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y
definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona.”  Aclarando
posteriormente que “la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación
de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con
ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales.”
La Corte en dicha sentencia continúa su
análisis diferenciándolas por otra parte de las meras expectativas que reciben
una protección más precaria, aclarando el objeto y alcance de la protección
constitucional a estas expectativas, diciendo que: “la ley nueva sí puede
regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido o se
originaron bajo la vigencia de una ley no tuvieron la virtud de obtener su
consolidación de manera definitiva”. Así mismo, aclaró que las “expectativas
pueden ser objeto de alguna consideración protectora por el legislador, con el
fin de evitar que los cambios de legislación generen situaciones desiguales e
inequitativas o de promover o de asegurar beneficios sociales para ciertos
sectores de la población o, en fin, para perseguir cualquier otro objetivo de
interés público o social.”
Con todo, esa misma sentencia afirma que
el objeto del artículo 58 de la Carta es proteger frente al tránsito
legislativo aquellas situaciones particulares y concretas que se han
consolidado definitivamente durante la vigencia de la ley anterior;
especificando, sin embargo, que esta protección no es absoluta, y que hay
determinadas condiciones bajo las cuales el interés particular en la protección
de estos derechos subjetivos debe ceder frente a la utilidad pública o al
interés social que motivó la expedición de la nueva ley.[9]
En torno al punto específico objeto de
decisión, en la Sentencia C-596 de 1997, la Corte determinó que las personas
que habían cotizado a pensiones en los sistemas anteriores a la Ley 100 de 1993
pero que, cuando entró en vigencia el sistema de pensiones conforme al artículo
151,[10]
no habían cumplido los requisitos para acceder a la pensión conforme al sistema
anterior, tenían una expectativa, no un derecho adquirido a que se les aplicara
el régimen de transición consagrado en el artículo 36.  Por lo tanto, conforme
al criterio jurisprudencial sostenido por esta Corporación, resulta
constitucionalmente admisible que el legislador imponga ciertos requisitos y
restrinja con ello el acceso de las personas al régimen de transición, siempre
y cuando tales restricciones sean razonables y proporcionadas.[11]  Por ese motivo la
Corte en dicha oportunidad declaró exequible la expresión que condicionaba el
acceso a dicho régimen de transición a que la afiliación al sistema anterior
estuviera vigente cuando entró a regir el sistema de pensiones consagrado en la
Ley 100 de 1993.
En tal oportunidad se refirió
específicamente a la diferencia entre derechos adquiridos y expectativas de
derechos en materia de pensiones.  Sostuvo que puede afirmarse que se ha
adquirido un derecho cuando se cumplen las condiciones consagradas en la ley
para acceder a él.  De lo contrario se trata de meras expectativas.  Así,
cuando las personas no han cumplido los requisitos para acceder a la pensión
antes del tránsito legislativo, lo que dichas personas tienen son simples
expectativas legítimas o expectativas de derechos, las cuales no son objeto de
la protección consagrada en el artículo 58 de la Carta Política.
En el aparte respectivo la Corte dijo:
“Justamente por cuanto los derechos a la
seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como
sí sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para
ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos
que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de
la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de
derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario,
durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la
persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se
habla de expectativa de derecho.
“Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto
son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la
Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las
simples expectativas de derecho.”
“Para el caso
concreto de las personas a las que se refiere la norma demandada, esto es las
personas beneficiarias del régimen de transición al que se ha hecho
referencia en esta Sentencia, resulta evidente que, por cuanto ellas, al
momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 no habían cumplido aún con los
requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez por el
régimen pensional al cual estuvieran afiliadas, no habían adquirido ningún
derecho en tal sentido, y sólo tenían al respecto una expectativa de derecho…”
(subrayado y resaltado fuera de texto) Sentencia C-596 de 1997 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa).
En virtud de lo anterior, no resulta
admisible el argumento que esgrime el demandante, en el sentido de que quienes
cumpliendo la edad y teniendo afiliación vigente al momento de entrar a regir
el sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, consolidaron en su cabeza una
situación jurídica o adquirieron un derecho, por el tiempo en que se
mantuvieron en el régimen de prima media con prestación definida, pues para el
momento en que renunciaron voluntariamente a dicho régimen no habían adquirido
el derecho a la pensión.  Tenían apenas una expectativa legítima, a la cual
decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de
ahorro individual con solidaridad.
En efecto, al entrar a regir la Ley 100 de
1993, una de las condiciones para ser beneficiario del régimen de transición y
tener la expectativa de acceder al régimen de transición era precisamente no
renunciar al sistema de prima media con prestación definida. Por lo tanto, no
puede afirmarse que las personas que renuncian a este sistema se les hubiera
siquiera frustrado una expectativa legítima, pues para las personas que no han
adquirido el derecho a la pensión, pero tienen la edad para estar en el régimen
de transición, ésta existe como tal, únicamente en la medida en que cumplan con
no renunciar al régimen de prima media.
Se podría hablar de una frustración de la
expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento
del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la
condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito
legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del
tránsito legislativo.  En tal situación, la nueva ley sí hubiera transformado
–de manera heterónoma- la expectativa legítima de quienes estaban incluidos
dentro del régimen de transición.  Sin embargo, este no es el caso, y por lo
tanto, lo que la Corte observa es que este grupo de personas, al renunciar al
sistema de prima media con prestación definida simplemente no cumplieron los
requisitos necesarios para acceder al régimen de transición.
En virtud de lo anterior, la Corte considera que el cargo
formulado no puede prosperar, pues no se vulnera el artículo 58 de la
Constitución cuando una disposición legal permite que quienes no han adquirido
el derecho a la pensión, pero se encontraron temporalmente dentro del régimen
de transición, renuncien voluntariamente a él.
3.2. La prohibición de renuncia a beneficios laborales mínimos no se extiende
a meras expectativas.  Tratándose del sistema de pensiones, el legislador
dispone de un amplio margen de configuración para fijar las condiciones
necesarias para acceder al régimen de transición
De conformidad con
los incisos demandados, no serán beneficiarios del régimen de transición
quienes se hayan trasladado voluntariamente al sistema de ahorro individual con
solidaridad (inciso 4º), así posteriormente se hayan devuelto al de prima media
con prestación definida (inciso 5º), a pesar de que cumplieran con la edad, y
tuvieran afiliación vigente al entrar en vigencia el sistema de pensiones.  A
estas personas, en lugar de aplicárseles las condiciones del régimen anterior
al cual estaban afiliados, se les aplican las disposiciones generales de la Ley
100 de 1993, con respecto a la edad, al tiempo de servicio o número de semanas
cotizadas y al monto de la pensión.
Para el demandante la aplicación
de las condiciones de la Ley 100 de 1993, en lugar de las del régimen anterior
vulnera –de manera genérica- el derecho al trabajo (C.N. art. 25), y
específicamente implica una renuncia a la seguridad social y a los beneficios
laborales mínimos, prohibida por los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política, respectivamente.
Tanto en el régimen con prestación
definida, como en el régimen –variable- de ahorro individual con solidaridad,
los artículos 34 y 35 de la Ley 100 de 1993 consagraron un mecanismo para el
cálculo de la pensión –que no fue demandado en esta oportunidad-, y además una
pensión mínima, que debe estar garantizada, independientemente de las
contingencias que puedan presentarse como consecuencia de la variación en el
sistema de ahorro voluntario o del salario base para su reconocimiento.[12]  Sin embargo, por
fuera de este límite, las personas que no han cumplido los requisitos para
acceder a la pensión no tienen derecho a que se les mantenga una cuantía
determinada en ninguno de los dos regímenes.[13]
Al respecto, la Corte en reciente
pronunciamiento dijo:
“Descritas las
anteriores características, para la Corte es claro que  el sistema de seguridad
social en pensiones no tiene por finalidad  preservar el equilibrio
cuota-prestación, sino la debida atención de  las contingencias a las que están
expuestas los afiliados y beneficiarios, además porque el régimen de
prestaciones de la seguridad social en pensiones no es un régimen contractual
como el de los seguros privados sino, todo lo contrario, se trata de un régimen
legal que de alguna manera se asienta en el principio contributivo en el
que los empleadores y el mismo Estado participan junto a los trabajadores con
los aportes que resultan determinantes de la cuantía de la pensión. De ahí que los
afiliados a la seguridad social no ostenten un derecho subjetivo a una cuantía
determinada de las pensiones futuras, esto es, las pensiones respecto de las
cuales no se ha producido el hecho que las causa.” (resaltado y
subrayado fuera de texto) C-086/02 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
Al afirmarse que quienes no han adquirido
la pensión no tienen derecho a una cuantía determinada, ello presupone que no
tienen derecho a que se les mantenga indefinidamente la fórmula con base en la
cual se calcula la pensión.  En esa medida, no puede afirmarse que el cambio de
condiciones respecto del monto de la pensión (del régimen anterior al de la Ley
100/93) constituye una renuncia a un beneficio laboral mínimo.  Máxime cuando
dicho cambio no proviene de una ley posterior que haya impuesto un requisito
adicional, sino de la misma ley que creó el régimen de transición, que impuso
como condición para su aplicación la permanencia continua en el régimen de
prima media.
Por otra parte, este mismo análisis resulta
aplicable también a las demás condiciones que varían con el cambio de régimen.
Es decir, el tiempo de servicio exigido y a la edad necesarias para que se
configure el derecho a la pensión de jubilación.  En efecto, del mismo modo
como los afiliados al sistema de seguridad social no ostentan un derecho a un
monto de pensión predefinido, tampoco tienen un derecho a que se les mantengan
en el tiempo las condiciones de edad y tiempo de servicios específico para
pensionarse.  De considerarse que se trata de condiciones adquiridas
contractualmente, y como tales, sometidas a la inmutabilidad de la lex
contractus implicaría que el legislador no podría modificar en el tiempo
estos dos elementos (tiempo de servicios y edad requeridos), que constituyen
dos variables fundamentales en la configuración de un sistema de pensiones.
La Constitución delega al legislador la
función de configurar el sistema de pensiones, y le da un amplio margen de
discrecionalidad para hacerlo, precisamente para garantizar que el sistema
cuente con los “medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante,” y para darle eficacia a los principios
de universalidad, eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la
Carta.  De tal modo, es necesario que el legislador pueda transformar las
expectativas respecto de la edad y tiempo de servicios necesarios para adquirir
la pensión, de tal forma que el Estado pueda cumplir sus obligaciones en
relación con la seguridad social, a pesar de las dificultades que planteen los
cambios en las circunstancias sociales.[14]
Por tal motivo, la Corte, refiriéndose a los regímenes de transición, ha
sostenido que una concepción semejante implicaría la petrificación del
ordenamiento, en desmedro de diversos principios constitucionales.[15]
En tal medida, en relación con las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, la protección
constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir
normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como
mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos
que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se
hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares.[16]
Con todo, ello no significa que la amplia
potestad configurativa del legislador para fijar la edad y el tiempo de
servicios necesarios para acceder a la pensión pueda ejercerse de manera
arbitraria, y terminar desconociendo de facto el derecho constitucional
irrenunciable a la seguridad social.  En particular, estas dos condiciones de
edad y tiempo de servicios tienen que ser acordes con la realidad social
concreta del país, y deben tener en cuenta factores esenciales como lo son,
entre otros, la expectativa de vida histórica y actual de los colombianos, y
los índices de mortalidad, y otros aspectos demográficos y financieros, de tal
modo que se les permita a las personas gozar efectivamente del derecho a la
pensión.[17]
Sin embargo, como ya lo sostuvo esta Corporación,[18] esta situación no se
presenta en relación con la edad requerida por la Ley 100 de 1993, y por lo
tanto, desde este punto de vista, el cargo tampoco puede prosperar.
De esta manera, y teniendo en cuenta que el
régimen de transición consagra únicamente la posibilidad de obtener la pensión
para aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por la misma
norma, no es posible argumentar que se trata de un derecho adquirido, sino de
una circunstancia en la cual las personas no cumplieron los requisitos
definidos por el legislador para acceder al régimen de transición.  Por lo
tanto, el cargo de violación de los artículos 25, 48 y 53 constitucionales no
puede prosperar.
3.3. La protección de las expectativas
legítimas de los trabajadores y la interpretación más favorable
Como se dijo anteriormente, los incisos 4º
y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no están contrariando la prohibición
de renunciar a los beneficios laborales mínimos, pues las personas que cumplen
los requisitos necesarios para hacer parte del régimen de transición no tienen
un derecho adquirido a su pensión.  Sin embargo, el valor constitucional del
trabajo (C.N. preámbulo y art. 1º), y la protección especial que la Carta le otorga
a los trabajadores, imponen un límite a la potestad del legislador para
configurar el régimen de seguridad social.  En virtud de dicha protección, los
tránsitos legislativos deben ser razonables y proporcionales, y por lo tanto,
la ley posterior no podría desconocer la protección que ha otorgado a quienes
al momento de entrada en vigencia del sistema de pensiones llevaban más de
quince años de trabajo cotizados.
Como se desprende de la lectura del inciso
segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador previó el régimen
de transición en favor de tres categorías de trabajadores que, al momento de
entrar en vigor dicha ley, cumplieran con determinados requisitos.  En primer
lugar, los hombres que tuvieran más de cuarenta años;  en segundo lugar, las
mujeres mayores de treinta y cinco y; en tercer lugar, los hombres y mujeres
que, independientemente de su edad, tuvieran más de quince años de servicios
cotizados; requisitos que debían cumplir al momento de entrar en vigencia el
sistema de pensiones, conforme lo establece el artículo 151 de dicha ley.
A su vez, como se desprende del texto del
inciso 4º, este requisito para mantenerse dentro del régimen de transición se
les aplica a las dos primeras categorías de personas; es decir, a las mujeres
mayores de treinta y cinco y a los hombres mayores de cuarenta.  Por el
contrario, ni el inciso 4º, ni el inciso 5º se refieren a la tercera categoría
de trabajadores, es decir, quienes contaban para la fecha (1º de abril de 1994)
con quince años de servicios cotizados.  Estas personas no quedan expresamente
excluidos del régimen de transición al trasladarse al régimen de ahorro
individual con solidaridad, conforme al inciso 4º, y por supuesto, tampoco
quedan excluidos quienes se trasladaron al régimen de prima media, y
posteriormente regresan al de ahorro individual, conforme al inciso 5º.
El intérprete podría llegar a concluir, que
como las personas con más de quince años cotizados se encuentran dentro del
régimen de transición, a ellos también se les aplican las mismas reglas que a
los demás, y su renuncia al régimen de prima media daría lugar a la pérdida
automática de todos los beneficios que otorga el régimen de transición, así
después regresen a dicho régimen.  Sin embargo, esta interpretación resulta
contraria al principio de proporcionalidad.
Conforme al principio de proporcionalidad,
el legislador no puede transformar de manera arbitraria las expectativas
legítimas que tienen los trabajadores respecto de las condiciones en las cuales
aspiran a recibir su pensión, como resultado de su trabajo.[19]  Se estaría
desconociendo la protección que recibe el trabajo, como valor fundamental del
Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-deber (C.N. art. 25). Por lo
tanto, resultaría contrario a este principio de proporcionalidad, y violatorio
del reconocimiento constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el
75% o más del tiempo de trabajo necesario para acceder a la pensión a la
entrada en vigencia del sistema de pensiones, conforme al artículo 151 de la
Ley 100 de 1993 (abril 1º de 1994),[20]
terminen perdiendo las condiciones en las que aspiraban a recibir su pensión.
En tal medida, la Corte establecerá que los
incisos  4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 resultan exequibles en
cuanto se entienda que los incisos no se aplican a las personas que tenían 15
años o más de trabajo cotizados para el momento de entrada en vigor del sistema
de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, conforme a lo dispuesto en el
artículo 151 del mismo estatuto.
Por supuesto, esto no significa que las
personas con más de 15 años cotizados, y que se encuentran en el sistema de
ahorro individual con solidaridad, se les calcule su pensión conforme al
régimen de prima media, pues estos dos regímenes son excluyentes.  Como es
lógico, el monto de la pensión se calculará conforme al sistema en el que se
encuentre la persona.
Adicionalmente, resulta indispensable
armonizar el interés en proteger la expectativa legítima de las personas que
habían cumplido quince años o más cuando entró en vigencia el sistema, con el
interés en que el régimen de prima media tenga los recursos suficientes para
garantizar su viabilidad financiera.  También resultaría contrario al principio
de proporcionalidad, que quienes se trasladaron de este régimen al de ahorro
individual, y después lo hicieron nuevamente al de prima media, reciban su
pensión en las condiciones del régimen anterior, sin consideración del monto
que hubieran cotizado.
Por lo tanto, las personas que hubieran
cotizado durante 15 años o más al entrar en vigencia el sistema de pensiones, y
se encuentren en el régimen de prima media con prestación definida, tendrán
derecho a que se les apliquen las condiciones de tiempo de servicios, edad y
monto de la pensión, consagradas en el régimen anterior, siempre y cuando:
a)
Al cambiarse nuevamente al régimen de prima
media, se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado al régimen de
ahorro individual con solidaridad, y
b)
Dicho ahorro no sea inferior al monto total del
aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de
prima media.
En tal evento, el tiempo trabajado en el
régimen de ahorro individual les será computado al del régimen de prima media
con prestación definida.
3.4    Imposibilidad de realizar un
análisis constitucional de igualdad
Para el actor los incisos demandados crean
una discriminación frente a las personas que, a pesar de ser titulares del
derecho al régimen de transición, lo pierden por trasladarse del régimen de prima
media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad.
Sin embargo, el demandante no establece
que las condiciones del régimen anterior que concretamente estaban siendo
otorgadas y que le fueron removidas con el cambio del sistema de prima media
con prestación definida al de ahorro individual sean más beneficiosas.  En esa
medida, la Corte no puede establecer si se configura una vulneración del
derecho a la igualdad, pues ni siquiera es posible determinar que efectivamente
la condición anterior hubiera sido más benéfica.
En efecto, para que el cargo formulado
por el demandante sea analizado por esta Corporación es necesario que se puedan
verificar tres cuestiones fundamentales: En primer lugar, que la prestación o
prestaciones son separables; en segundo lugar, que la disposición atacada
consagra efectivamente una exclusión de un beneficio; en tercer lugar, que la
exclusión compensada no se ve contrarrestada por un beneficio otorgado en
relación con otras prestaciones, pues la aplicación de los regímenes de
seguridad social es, en principio, integral.  Al respecto la Corte ha dicho:
“8- En varias oportunidades, esta Corporación ha
precisado que, teniendo en cuenta que los regímenes de seguridad social son
complejos e incluyen diversos tipos de prestaciones, en determinados aspectos
uno de los regímenes puede ser más beneficioso que el otro y en otros puntos
puede suceder todo lo contrario, por lo cual, en principio no es procedente un
examen de aspectos aislados de una prestación entre dos regímenes
prestacionales diferentes, ya que la desventaja que se pueda constatar en un
tema, puede aparecer compensada por una prerrogativa en otras materias del
mismo régimen.[21].”
Sentencia C-956/01 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)
Con todo, la misma Sentencia indica que la
complejidad de los regímenes de seguridad social no implica que la Corte no
pueda abordar el estudio de igualdad entre prestaciones específicas de diversos
regímenes de seguridad social, siempre y cuando se pueda identificar, entre
otras, que unos de los dos regímenes consagra un beneficio que no se contempla
en otro régimen.[22]
Sin embargo, cuando no resulta clara la
existencia de un beneficio, la Corte carece de los elementos de comparación
necesarios para llevar a cabo el juicio planteado.  Particularmente, si se
tiene en cuenta que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 coexistían en el sistema una diversidad de regímenes que contenían
diversas regulaciones sobre la edad y tiempo de servicios requeridos y sobre el
monto de la pensión.
Cualquier análisis de igualdad en torno a
un beneficio supone una comparación entre dos situaciones identificables, para
saber si efectivamente son desiguales.  Precisamente en este sentido es que la
Corte ha sostenido que la igualdad es un concepto relacional, el cual, para
poder ser materia de estudio, requiere como condición previa la determinación
de los extremos –prestaciones concretas- que se pretenden comparar.  Sólo
sabiendo de antemano cuáles son estos extremos, es decir, cuáles eran las
circunstancias anteriores –en este caso presuntamente más beneficiosas- podría
esta Corporación establecer si la renuncia a los beneficios contemplado en el
régimen específico anterior resulta contraria a la igualdad.
En este mismo sentido, la Corte ya se
había pronunciado en torno a la imposibilidad de comparar los beneficios de los
anteriores regímenes de pensiones y aquellos contenidos en los incisos 2º y 3º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  Este tipo de análisis resulta imposible
en la medida en que pretende la comparación de una norma general, impersonal y
abstracta, frente a un conjunto indeterminado de regímenes pensionales
particulares.  En la Sentencia C-168/95 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), la Corte
dijo:
“Antes de terminar,
considera la Corte conveniente aclarar al demandante, que la doctrina que cita
para fundamentar la protección de la "condición más beneficiosa",
contenida en la sentencia C-013/93, difiere del caso aquí examinado, puesto que
en esa ocasión se trataba de determinar en una situación concreta, esto es,
respecto a los trabajadores oficiales de Colpuertos, si la ley podía modificar
la conquista lograda por ellos en virtud de una convención colectiva, fuente
creadora de normas jurídicas obligatorias para las partes, llegando a la
conclusión de que los beneficios, prerrogativas, y garantías adquiridas por
este último medio no pueden vulnerarse, pues la Constitución prohibe menoscabar
tales derechos.
“Obsérvese que allí
se confrontó directamente lo consignado en la convención colectiva y el decreto
035 de 1991, materia de impugnación, para adoptar la decisión correspondiente.
En cambio, en el presente evento se acusan normas generales, impersonales y
abstractas que cobijan a todos los habitantes del país, por tanto, como se dejó
consignado en párrafos anteriores, no es posible determinar in genere si
la nueva legislación contiene disposiciones más benéficas para los
trabajadores, frente a los regímenes antes vigentes y, mucho menos cuando se
trata de meras expectativas.
“Obsérvese que allí se confrontó directamente lo
consignado en la convención colectiva y el decreto 035 de 1991, materia de
impugnación, para adoptar la decisión correspondiente. En cambio, en el
presente evento se acusan normas generales, impersonales y abstractas que
cobijan a todos los habitantes del país, por tanto, como se dejó consignado en
párrafos anteriores, no es posible determinar in genere si la nueva
legislación contiene disposiciones más benéficas para los trabajadores, frente
a los regímenes antes vigentes y, mucho menos cuando se trata de meras
expectativas.”
En virtud de lo anterior, la
Corte considera que al no plantear los dos extremos objeto de la comparación,
el demandante no formuló verdaderamente un cargo por violación del derecho a la
igualdad.  En esa medida se abstendrá de pronunciarse de fondo sobre este
punto.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
PRIMERO.- Declarar
EXEQUIBLES los incisos 4º y 5º, del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
siempre y cuando se entienda que estas disposiciones no se aplican a quienes
habían cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de
entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de
1993, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta sentencia.  Con
todo, el monto de la pensión se calculará conforme al sistema en el que se
encuentre la persona.
SEGUNDO.- Declarar así mismo EXEQUIBLE el
inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen
de transición se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con
prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro individual con
solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de
servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad
social en pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media con prestación
definida, siempre y cuando:  a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron
al régimen de ahorro individual con solidaridad; y  b) dicho ahorro no sea
inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren
permanecido en el régimen de prima media.  En tal caso, el tiempo trabajado les
será computado en el régimen de prima media.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor Alvaro Tafur
Galvis, no firma la presente sentencia por cuanto estuvo ausente con excusa,
debidamente autorizada por la Sala Plena de esta Corporación.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Según el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las condiciones para
acceder al régimen de transición son que las personas “... al momento de
entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40
o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados”
y que en ese momento se encuentren afiliados a un sistema de seguridad social
en pensiones.
[2]
Los beneficios consisten en que a los destinatarios del régimen de transición
se les aplicará el régimen anterior en el cual estuvieran afiliados a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en lo que tiene que ver con “La
edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez ...”
[3]
Al comienzo de sus consideraciones la Corte sintetiza el cargo formulado en
aquella oportunidad, de la siguiente manera: “Conforme a los términos de la
demanda que en esta ocasión decide la Corte, el único argumento que el actor
esgrime para fundar la inconstitucionalidad, cuya declaratoria pide a esta
Corporación, radica en que los apartes acusados de los artículos 33, 36, 61,
64, 65, 117 y 133 de la ley 100 de 1993, mediante la cual "se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones",
quebrantan el artículo 13 superior al establecer para variados efectos, entre
los que se destacan el acceso a la pensión de vejez y el disfrute de la pensión
sanción, un requisito de edad que difiere según el trabajador sea de sexo
femenino o masculino; es así como, en sentir del demandante, las mujeres
resultan favorecidas por el señalamiento de una edad menor que la exigida a los
varones, a quienes, en consecuencia, se discrimina.”
[4] El Régimen de Seguridad Social, prevé la protección
de tres tipos de eventos: la vejez, la invalidez, y la muerte, correspondiendo
a cada una, respectivamente, la pensión de vejez, la pensión de invalidez y la
pensión de sobrevivientes.
[5]
El inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece: “La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son
mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. ...”  Por su parte, el artículo 151 de la misma Ley establece: “Vigencia
del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones previsto en
la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1994. ...”
[6]
Sentencia C-613/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) F.J. No. 9.
[7] En relación con la diferencia entre derechos
adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas y expectativas legítimas o
expectativas de derecho, la Corte ha dicho: “Dicho principio está
íntimamente ligado a los derechos adquiridos, que son aquellas situaciones
individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de
una ley y, por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un
derecho subjetivo que debe ser respetado. De ahí que sea válido afirmar que una
ley posterior no puede afectar lo que de manera legítima se ha obtenido bajo la
vigencia de una ley anterior. “Los derechos adquiridos se diferencian de las
meras expectativas, que son aquellas esperanzas o probabilidades que
tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho que, por no
haberse consolidado, puede ser regulado por el legislador según las
conveniencias políticas que imperen en el momento, guiado por parámetros de
justicia y de equidad que la Constitución le fija para el cumplimiento
cabal de sus funciones.” (resaltado y subrayado fuera de texto) Sentencia C-926
de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[8]
(M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[9] Continúa la Sentencia C-147/97: “Cuando el artículo
58 de la Constitución, alude a la garantía de la propiedad privada y a los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, y dispone que tales
derechos ‘no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores’,
indudablemente está otorgando una protección a las situaciones jurídicas que
definitivamente han quedado consolidadas bajo la vigencia de una ley y no a las
meras expectativas de derechos. (..) Sin embargo, es necesario precisar que
la regla precedente no es absoluta, porque ella misma prevé la posibilidad de
que se puedan afectar, los referidos derechos "cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida", evento en el cual "el interés privado deberá ceder al
interés público o social". Ello explica, que no obstante el respeto que
merecen los referidos derechos sea posible decretar su expropiación, utilizando
las modalidades previstas en la Constitución, o que se puedan imponer
limitaciones, obligaciones o cargas especiales, con el fin de asegurar la
función social de la propiedad y de la función ecológica que le es inherente…”
[10]
El sistema de pensiones entró en vigencia el 1º de abril de 1994, conforme lo
establece el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, que dice: “ARTICULO 151.
Vigencia del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones
previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1994. No
obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras
de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones
contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.”
[11]
Ver también la Sentencia C-613/96 F.J. No. 9.
[12] En relación con el artículo 35 y la aplicación de la
pensión mínima a todos los regímenes, la Sentencia C-089/97 (M.P. Jorge Arango
Mejía), sostuvo: “En consecuencia, hoy  no es posible el
reconocimiento de una pensión de vejez que esté por debajo del valor señalado
en el artículo 35. (...) Por consiguiente, sería inexequible el parágrafo
acusado, si la exclusión a la que él hace referencia estuviera encaminada a que
ciertos pensionados no tuvieran derecho a que su pensión fuera por lo menos
igual al salario mínimo. Esta interpretación de la norma acusada, violaría el
derecho del trabajador a que la ley no desconozca sus derechos mínimos
(artículo 53 de la Constitución), toda vez que este monto de la pensión de
vejez o jubilación, es una garantía irrenunciable en favor del pensionado, que
no puede ser desconocida en ningún régimen pensional. (...) En
consecuencia, el monto mínimo de la pensión, es también aplicable a los
servidores a que se refiere el artículo 279 de la ley 100 de 1993, quienes, a
pesar de hallarse excluídos del régimen general que consagra la ley integral de
seguridad social, tienen derecho a que no se desconozcan las garantías y
beneficios mínimos que ella ha determinado, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia de esta Corporación. (...) Por tanto, el aparte acusado del
parágrafo no puede interpretarse en relación con el límite mínimo de la
pensión, para excluir a algunos pensionados de tal beneficio.”
[13]
En la misma Sentencia C-089/97, la Corte sostuvo que: “No existe ninguna razón
de orden constitucional que le impida al legislador variar la situación
jurídica de los destinatarios de una norma, siempre que esa decisión no
implique el desconocimiento de derechos adquiridos (artículo 58 de la
Constitución).”
[14]
La Corte en Sentencia T-1752/00 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) sostuvo en
torno a los requisitos para acceder a la pensión de jubilación: “Con todo, por
tratarse de un derecho prestacional y un mecanismo de ahorro forzoso de la
población laboralmente activa, cuya efectividad depende de la cantidad de
recursos del sistema en un momento histórico determinado, su exigibilidad como
derecho prestacional subjetivo está sujeta a unas restricciones y
condicionamientos específicos, que permiten garantizar que toda la población
tenga acceso a él. (...) El artículo 48 de la Constitución establece que
este servicio estará sujeto a los principios de eficiencia, solidaridad y
universalidad, por lo cual es indispensable que su prestación sea regulada
mediante un proceso legislativo.” (resaltado fuera de texto)
[15] Al respecto, la Corte ha dicho: ““Sin embargo, cabe
preguntarse si este principio debe aplicarse de manera tal que toda mutación
normativa, a través de la cual se pretenda cambiar la regulación legal
preexistente, debe predicarse inconstitucional si permite la subsistencia
temporal del régimen anterior, o no se retrotrae a regular situaciones
consolidadas a su amparo. Este cuestionamiento se revela particularmente
importante aplicado al ámbito de los derechos sociales y económicos, pues
corresponde a su esencia, admitir un desarrollo progresivo, con arreglo a las
posiciones políticas dominantes en las cámaras legislativas y, por supuesto, a
la disponibilidad de recursos públicos.” (...) “Una respuesta positiva a este
interrogante llevaría a la Corte a adoptar una de dos alternativas: (1) la
petrificación del ordenamiento vigente en un determinado momento histórico, con
menoscabo del principio democrático (C.P. art. 1, 2, 3, 40 y 150) y de la
naturaleza misma del sistema jurídico o, (2) la aplicación retroactiva de toda
ley posterior, en abierta contradicción con principios como el de la seguridad
jurídica de tanta importancia para el desarrollo pacífico de una sociedad, en
tanto condición de posibilidad para la realización de los derechos
constitucionales fundamentales y para la progresiva evolución de una economía
social de mercado (C.P. arts. 1, 2, 22, 333).” Sentencia C-613/96 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[16] Al respecto, en la Sentencia C-596/97 previamente
mencionada, que declaró exequible la exclusión del régimen de transición de
quienes no estaban afiliados a un sistema de pensiones al entrar en vigencia la
Ley 100 de 1993, sostuvo en relación con los derechos de seguridad social,
consagrados en el artículo 48 de la Constitución, que “los derechos que
corresponden a esta categoría, como anteriormente se explicara, se adquieren en
los términos que la ley señala”, agregando posteriormente, en relación con
la irrenunciablidad a los beneficios laborales mínimos, que “los beneficios
que son irrenunciables son aquellos que se erigen como derechos ciertos o
adquiridos, y, como se vio, la mera posibilidad de pensionarse con el
cumplimiento de ciertos requisitos y en determinadas condiciones, no constituye
un derecho adquirido sino una simple expectativa de derecho.”
[17]
La Corte en Sentencia C-584/97 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) dijo: “En
principio, corresponde al legislador la definición de los requisitos necesarios
para que una persona acceda a los derechos que integran la seguridad social.
Sin embargo, una limitación desproporcionada, afectaría la norma
constitucional que establece este derecho. Como quedó visto, en el presente
caso, la nueva condición restrictiva tiene una finalidad legitima y es útil y
necesaria para alcanzarla.” (resaltado y subryado fuera de texto).
[18]
Sentencia C-126/95 (M.P. Hernando Herrera Vergara) Acápite No. 4.2.
[19]
La Corte ha sostenido que no es contrario a la Constitución que por virtud de
un tránsito de leyes el legislador trate de manera diferente a personas que
realizan el mismo trabajo durante la misma cantidad de años, y cuya única
diferencia es el momento en el cual adquieren el derecho a pensionarse.  Sin
embargo, este cambio en las condiciones en que las personas se pensionan no
puede ser desproporcionado.  Al respecto, en Sentencia C-613/96 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), F.J. No. 9, la Corte dijo: “En efecto, si bien nada obsta para que tal
transformación produzca un trato disímil entre situaciones que sólo se
diferencian en razón del momento en el cual se consolidaron, también es cierto
que para que dicho tratamiento resulte legítimo se requiere que no afecte el
principio de proporcionalidad, de no discriminación y, en suma, de interdicción
de la arbitrariedad.”
[20]
Nótese que el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia
“al momento de entrar en vigencia del sistema”, no la Ley.
[21] Ver, entre otras, las sentencias C-598 de 1997, C-080
de 1999 y C-890 de 1999.
[22]
La Corte ha establecido los siguientes requisitos para poder estudiar el cargo
por violación del derecho o del principio de igualdad entre prestaciones
específicas dentro de dos regímenes de seguridad social, en aquel caso en
relación con un régimen especial menos favorable: “Así las cosas, es posible
concluir que existe una discriminación (i) si la prestación es separable y (ii)
la ley prevé un beneficio inferior para el régimen especial, sin que
(iii) aparezca otro beneficio superior en ese régimen especial que compense la
desigualdad frente al sistema general  de seguridad social. Sin embargo, en
virtud de la especialidad de cada régimen de seguridad social, en principio
éste es aplicable en su totalidad al usuario, por lo cual la Corte considera
que estos requisitos deben cumplirse de manera manifiesta para que puede
concluirse que existe una violación a la igualdad. Por consiguiente, (i) la
autonomía y separabilidad de la prestación deben ser muy claras, (ii) la
inferioridad del régimen especial debe ser indudable y (iii) la carencia de
compensación debe ser evidente.” Sentencia C-080/99 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).  Estos requisitos para que el cargo de igualdad entre dos regímenes
pensionales sea apto han sido reiterados, entre otras, en las Sentencias C-890/99
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-956/01 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).