T-858-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-858/14
DERECHO
A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Definición y finalidad
La sustitución pensional
se puede definir como la prestación económica que se reconoce al grupo de quien
se encontraba disfrutando del pago de una pensión de vejez o de invalidez. Así,
a este grupo se le reconocerá y pagará la pensión del causante, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos legalmente establecidos para ello. Tal
prestación, además, ha sido considerada por esta Corporación como de carácter
asistencial. Puede decirse que la sustitución pensional está destinada a
mantener las condiciones de vida (digna) a ciertas personas allegadas al
pensionado que ha muerto. Estas personas son denominadas por la ley,
primeramente y de manera general, como grupo familiar.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Principios que definen su contenido constitucional como prestación
asistencial
1. Principio de
estabilidad económica y social para los allegados del causante. 2. Principio
de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados. 3. Principio
material para la definición del beneficiario.
SUSTITUCION
PENSIONAL-Beneficiarios
SUSTITUCION
PENSIONAL-Requisitos
que debe acreditar el hijo inválido para ser beneficiario
La
jurisprudencia de la Corte ha puntualizado sobre los requisitos que de
la ley se derivan y que deben acreditarse cuando se pretenda el reconocimiento
de la sustitución pensional. A saber: (i)
parentesco; (ii) estado de invalidez; y (iii) dependencia económica respecto
del causante. En aras de acceder al derecho a la sustitución pensional exige
que (i) la persona beneficiaria acredite una pérdida de la capacidad
laboral, al menos, del 50% originaria en una causa no laboral, (ii) que
la estructuración de la misma sea anterior o concomitante con la fecha de la
muerte del causante de la pensión, y (iii) que dicha condición
persista en el tiempo. Circunstancias que, además, deben ser acreditadas por
las entidades autorizadas legalmente.
DERECHO
A LA SUSTITUCION PENSIONAL-No existe violación al debido proceso por cuanto se hizo una
acertada valoración del material probatorio aportado al proceso, así como también realizaron una
interpretación razonable de las normas aplicables al caso
DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL DE PERSONA INTERDICTA-Orden
a Fondo Pensional realizar examen de calificación de pérdida de capacidad
laboral
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONA INTERDICTA-Orden a Fondo Pensional reconocer
sustitución pensional en caso de confirmarse que el accionante era una persona
inválida para el momento del fallecimiento de su padre
Referencia: expediente T-3.807.360
Acción de tutela instaurada por Luz Teresita Zuluaga
Gómez como curadora general del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez contra la
Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia —hoy Fondo Pensional—,
el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., doce
(12) de noviembre de dos mil catorce (2014).
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos por las Salas de Casación Penal y Civil de la
Corte Suprema de Justicia[1].
I.    ANTECEDENTES
El 11 de febrero
de 2013 la señora Luz Teresita Zuluaga Gómez, obrando como Curadora General de
su hermano Fabio de Jesús Zuluaga Gómez declarado judicialmente interdicto, presentó
acción de tutela contra la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional
de Colombia –Hoy Fondo Pensional-, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de
Medellín, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que las
accionadas desconocieron los derechos fundamentales de su hermano, a la vida en
condiciones dignas, a la seguridad social y a la igualdad, al negarle el
reconocimiento de la sustitución pensional solicitada tras la muerte de sus
padres.
1. Demanda
1.1
Hechos
1.1.1 La accionante
manifiesta que su hermano Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, nacido el 11 de julio
de 1944[2],
siempre dependió de sus padres en razón a la discapacidad mental que lo afecta.[3]
1.1.2 Explicó, que
su padre Mauro Hernando Zuluaga Zuluaga laboró en la Universidad Nacional de
Colombia – sede Medellín-, entre el 1° de enero de 1972 y el 31 de diciembre de
1984, siéndole reconocida la pensión de retiro por vejez, mediante Resolución
No. 005 del 18 de diciembre de 1984. Tras su fallecimiento ocurrido el 12 de
febrero de 1989[4],
su pensión fue reconocida por sustitución a su esposa Cándida Rosa Gómez, hasta
su fallecimiento  ocurrido el 26 de marzo del año 2000.[5]
1.1.3 En razón a
que Fabio de Jesús Zuluaga Gómez se encontraba al cuidado de sus padres, tras
el fallecimiento de estos, la accionante lo acogió en su hogar para su manutención
y cuidado.
1.1.4 En vista de la
especial condición mental de su hermano, la actora tramitó el correspondiente proceso
de interdicción judicial. Así, mediante sentencia del 21 de febrero de 2005, el
Juzgado Sexto de Familia de Medellín reconoció la interdicción judicial de
Fabio de Jesús Zuluaga Gómez y designó a Luz Teresita Zuluaga Gómez como su
curadora general.
1.1.5 El juez de
dicho proceso, apoyó su decisión en dos conceptos médicos: (i)  el
primero, correspondiente a la certificación expedida por el siquiatra Gabriel
Jaime López Calle, en el que señaló que Fabio de Jesús Zuluaga Gómez presentaba
“un retardo mental moderado, que lo inhabilita para su manutención como
persona independiente de forma definitiva”[6]; (ii) el  segundo
derivado de la designación judicial hecha al médico Julián Vallejo Amaya para
realizar un examen a Fabio de Jesús Zuluaga, quien luego de diagnosticar
“retardo mental moderado”, explicó que el pronóstico de dicha condición era el
siguiente:
“PRONÓSTICO: La mayoría de las personas con retardo
mental viven dentro de una comunidad y se adaptan a la sociedad de manera
satisfactoria pudiendo algunos, dependiendo del grado de retardo, desempeñarse
en labores que no impliquen exigencia ni estrés intelectual.
TRATAMIENTO: No existe ningún tratamiento médico que
mejore las condiciones mentales de estos pacientes. La educación en escuelas
especiales, o el entrenamiento en el hogar, son una ayuda importante porque les
enseña a mecanizar algunas conductas, desarrollándose ciertas destrezas y
habilidades simples, pero de ninguna manera esta educación impartida disminuye
el retardo mental inherente a esta anomalía.
CONCLUSIÓN: Fabio sufre de un retardo mental moderado
de etiología desconocida. Presenta un pensamiento primitivo, poca capacidad
para la lógica, el razonamiento y la abstracción, una capacidad intelectual
básica. Por todo esto requiere de la curaduría permanente de una persona que le
posibilite continuar, como hasta ahora, con una calidad de vida digna y en caso
de poseer bienes materiales o disfrutar de alguna pensión se los administre…”[7]
1.1.6 Mediante fallo del 26 de abril de 2005, la Sala
Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, confirmó la
decisión judicial de interdicción judicial de Fabio de Jesús.[8]
1.1.7 En vista de la
decretada interdicción judicial de su hermano, la accionante solicitó ante la
Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia- hoy Fondo
Pensional-, el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de éste, pues
insiste, que su hermano siempre dependió de sus padres y estuvo bajo su cuidado
hasta el fallecimiento de estos.[9]
1.1.8 No obstante,
la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia –hoy Fondo
Pensional-, en escrito del 17 de agosto de 2005[10],
negó tal reconocimiento, argumentando para ello, que el señor Fabio de Jesús
Zuluaga Gómez no cumplía los requisitos legales contenidos en el artículo 46 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que
establece que solo tendrán derecho a la pensión de sobreviviente, los miembros
del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que
fallezca.[11]
1.1.9 La
accionante manifestó que en la respuesta que diera la referida Caja de
Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia –hoy Fondo Pensional-, le
fue explicado que la sustitución pensional solicitada no era viable por cuanto
el señor Fabio de Jesús no cumplía con lo dispuesto en el literal c) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que exige, que para determinar si una
persona es inválida, debe cumplir con lo dispuesto por el artículo 38 de la
referida ley, es decir, someterse a la realización de un examen de calificación
de pérdida de capacidad laboral, el cual permite establecer la invalidez de una
persona cuando se compruebe que ha perdido el cincuenta por ciento (50%) o más
de su capacidad laboral. Por ello, a pesar de que al señor Zuluaga Gómez fue declarado
judicialmente interdicto por incapacidad absoluta, ello no implicaba que
estuviese probado su estado de invalidez. En este punto, la accionante afirma
que la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia -hoy
Fondo Pensional- pretende establecer una diferenciación conceptual entre
incapacidad absoluta e invalidez.
1.1.10 Contra la
decisión adoptada por la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de
Colombia -hoy Fondo Pensional-, la accionante inició el proceso judicial
ordinario en procura del reconocimiento de la sustitución pensional a favor de
su hermano.
1.1.11 Mediante
sentencia del 26 de septiembre de 2007, el Juzgado Quince Laboral del Circuito
de Medellín denegó las pretensiones anotadas. Explicó la accionante, que el referido
juzgado consideró que no se había desplegado ninguna actividad probatoria tendiente
a demostrar que el trastorno que afectaba a su hermano era de origen congénito,
lo que de haberse demostrado habría confirmado la dependencia de éste respecto
de sus padres.
1.1.12 Señaló la
actora que el juzgado aclaró en su fallo, que el anterior argumento no era el
fundamento principal de su decisión, pues la verdadera razón estaba dada en que
la norma aplicable al caso concreto era la Ley 33 de 1973 y su Decreto
Reglamentario 670 de 1974 (art. 1° Par. 1°). Frente a este fundamento, la
tutelante señaló que la norma referida por el juez de instancia no era
aplicable al caso de su hermano, pues en la medida en que el deceso de su padre
se produjo en el año de 1989, la norma pertinente al caso, era el artículo 3°
de la Ley 71 de 1988.[12]
1.1.13. Impugnada
la anterior decisión, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín
la cual confirmó lo resuelto por el a quo, en sentencia de segunda
instancia[13],
cuya fecha la accionante no menciona.
1.1.14. Explica la
accionante que si bien el argumento de su apelación se circunscribió a alegar
la indebida aplicación normativa hecha al caso, el ad quem tuvo como fundamento
de su decisión, el que no se probó que el señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez hubiese
tenido la condición de invalidez para la fecha en que su padre falleció.
1.1.15 Frente a
esta consideración, la actora alega que existen testimonios que demuestran la
condición de invalidez de toda la vida de su hermano, y explica que si bien la declaratoria
de interdicción judicial se produjo de manera tardía, ello obedeció a razones
de índole cultural y al hecho de que para familias antioqueñas de hace sesenta
años, no era muy cómodo aceptar o poner en conocimiento de todos, la condición
de retraso mental de uno de sus hijos. Por ello, al fundar el ad quem su
decisión en un argumento que no fue motivo de apelación, se rompe con la
finalidad para la cual fue establecido tal recurso en los términos del artículo
357 del C.P.C.
1.1.16 De otra
parte, señaló que de haber sido el argumento expuesto por el ad quem el
real fundamento para su apelación, entonces ha debido considerarse igualmente, que
la caja de previsión social accionada tampoco probó que la condición de
invalidez de su hermano se hubiese estructurado con posterioridad a la muerte
de su padre.
1.1.17 Tramitado
el recurso extraordinario de casación, este fue resuelto en forma negativa por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2
de mayo de 2012.[14]
En el texto de la demanda de tutela, la accionante transcribió un aparte del
fallo de casación que a su tenor dice:
“A mas de lo expresado, que por sí mismo basta para
dar la (sic) traste con las cargas, la acusación no se preocupó por confrontar
el verdadero soporte argumentativo de la decisión del Tribunal, cual fue que de
la sola declaración judicial de interdicción por demencia del demandante,
contenido en la sentencia emanada de la autoridad competente, ‘no es dado
inferir como verdad incontestable, que el demandante para el deceso de su
padre, tuviere la condición de inválido’.
Sin duda la falta de confrontación, del argumento
esencial de la determinación del ad quem, traduce su conservación como pilar de
la sentencia gravada y a que esta salga indemne del estadio procesal de la
casación, en razón de que a presunción de acierto y legalidad que precede al
fallo de segunda instancia no fue desmoronada por la censura y cuyo cargo de
hacerlo incumbía”.
1.2
Pretensiones
Luego de exponer
los hechos que motivan la interposición de esta acción de tutela, la accionante
solicita que a través de ella, le sea reconocida a su hermano, la sustitución pensional
de su fallecido padre Mauro Hernando Zuluaga Zuluaga. Señala así mismo, que
dicho reconocimiento deberá contemplar todos los factores legales, económicos,
prestacionales y de cobertura en salud, así como los demás beneficios
reconocidos a dicha pensión. Finalmente, pide que dicho reconocimiento se haga
a partir del mes de marzo del año 2000, fecha en que murió su madre.
1.3
Medios de prueba
La accionante
aportó como pruebas los siguientes documentos:
1.3.1
Copia de la sentencia
de interdicción judicial proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Medellín
el 21 de febrero de 2005 (folios 31 a 34, Cuaderno Uno).
1.3.2
Copia de la sentencia proferida
por la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, que
al decidir la consulta de la sentencia de primera instancia en el proceso de
interdicción judicial del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez confirmó lo
resuelto por el Juzgado Sexto de Familia de Medellín mediante sentencia del 26
de abril de 2005 (folios 35 a 39, Cuaderno Uno).
1.3.3
Copia de la Resolución
No. 005 de diciembre 18 de 1984, por la cual la Caja de Previsión Social de la Universidad
Nacional de Colombia -hoy Fondo Pensional- reconoció la pensión de retiro por
vejez al señor Mauro Hernando Zuluaga Zuluaga, padre del accionante (folios 40
a 42, Cuaderno Uno).
1.3.4
Copia del Registro
Civil de Defunción del señor Mauro Hernando Zuluaga Zuluaga, padre del
accionante (folio 43, Cuaderno Uno).
1.3.5
Copia del Registro
Civil de Defunción de la señora Cándida Rosa Gómez, madre del accionante (folio
44, Cuaderno Uno).
1.3.6
Copia de la partida de
bautismo del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, que confirma que éste nació el
11 de julio de 1944, por lo que para la fecha de interposición de esta acción
de tutela contaba con 67 años de edad (folio 45, Cuaderno Uno).
1.4
Trámite procesal
1.4.1
Explica la actora que
una vez agotado el trámite ante la justicia laboral en el que le fue negado el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de su hermano interdicto, interpuso
acción de tutela.
1.4.2
Así, en sentencia del
30 de agosto de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
declaró la improcedencia de la misma, al señalar que el alcance de la acción de
tutela contra providencias judiciales es excepcional y restringido, y que la
misma solo procede cuando las decisiones judiciales controvertidas carezcan de
fundamento objetivo, o cuando se hayan proferido a partir de consideraciones
personales y subjetivas del funcionario judicial, en cuyo caso se estaría ante
un pronunciamiento arbitrario. Sin embargo, en este caso ello no ocurrió, pues
los jueces en cada una de las instancias, luego de valorar los elementos
probatorios y fácticos, no encontraron fundamentos para reconocer la pensión
deprecada. Finalmente, recordó la Sala de Casación Civil, que en sentencia del
15 de diciembre de 2008, esa misma Sala había resuelto de manera negativa una
tutela igual que fuera interpuesta por la misma accionante, decisión que en su
momento confirmó el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de esa Corporación.
1.4.3
Impugnada la decisión
de agosto de 2012, conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, la cual, en sentencia del 16 de octubre de 2012, de manera breve,
consideró que esta acción de tutela no ha debido admitirse en razón a la
intangibilidad de las sentencias judiciales emitidas por las Salas del máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria, por cuanto no existe una instancia funcional
superior de conocimiento de sus providencias. Por esta razón, resolvió (i) declarar
la nulidad de todo lo actuado, para en su lugar, (ii) inadmitir la solicitud de
amparo y (iii) ordenar la devolución del escrito y sus anexos sin desglose.
1.4.4
Con todo, la accionante
promueve una nueva acción de tutela en contra de las mismas entidades
accionadas.
2. SENTENCIAS
DE INSTANCIA
2.1 Primera
instancia
La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 28 de noviembre de 2012,
negó el amparo solicitado, argumentando para ello, que la sentencia de casación
objetada fue consecuencia de un análisis jurídico racional y acorde con la
normatividad vigente para el caso concreto, razón por la cual no es viable que
el juez constitucional entre a revisarla con el único argumento de que el
accionante no comparte lo allí resuelto.
2.2 Segunda
instancia
Impugnada la
anterior decisión, conoció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, la cual en sentencia del 19 de diciembre de 2012, tras recordar que
esa Corporación ya había declarado la nulidad de una tutela anterior que había
sido tramitada entre las mismas partes y con base en similares hechos, insiste
en que en esta oportunidad, ésta acción de tutela no ha debido admitirse pues
se orienta contra una decisión de ese máximo tribunal en su condición de órgano
de cierre de la jurisdicción ordinaria. Explicó igualmente, que no es viable
reabrir el debate judicial que negó el reconocimiento pensional ya resuelto,
razón por la cual resolvió (i) declarar la nulidad de toda la actuación, (ii)
inadmitir la acción de tutela y (iii) ordenar la devolución de la misma, sin
necesidad de desglose.
2. 3 Actuación
surtida por la accionante
En vista de que la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del
19 de diciembre de 2012, había inadmitido a trámite la demanda de tutela
presentada por la señora Luz Teresita Zuluaga Gómez, ésta, mediante escrito
radicado el 11 de febrero de 2013 en la Secretaría General de la Corte
Constitucional, anexó la acción de tutela de la referencia a efectos de que la
misma fuese tramitada en virtud a lo dispuesto por la misma Corte Constitucional
en el Auto 100 de 2008.[15]
Así, la Sala de
Selección Número Cuatro resolvió mediante Auto del 24 de abril de 2013,
seleccionar el presente expediente para su revisión, siendo repartido a la Sala
Tercera de Revisión.
3. PRUEBAS
PRACTICADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1 Auto de
pruebas del 28 de junio de 2013
3.1.1 Mediante
Auto del 28 de junio de 2013, el Magistrado Sustanciador consideró que, si bien
lo pretendido en esta tutela es controvertir las decisiones judiciales y
administrativas que negaron el reconocimiento de la sustitución pensional a
favor de su hermano discapacitado, se advirtió que la accionante solo hizo
referencia parcial e incompleta a los fundamentos o razones que llevaron, tanto
a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia -hoy Fondo
Pensional- como a las diferentes instancias judiciales, a tomar las anotadas
decisiones en el trámite del referido proceso laboral, razón por la cual, se
consideró pertinente contar con la integridad de los fundamentos expuestos por
cada una de las entidades accionadas.
3.1.2 Por esta
razón, a través de la Secretaría General de esta Corporación se ofició a la
señora Luz Teresita Zuluaga Gómez para que en el término de tres (3) días
contados a partir de la notificación de este auto, remitiera a esta Corporación
copia de los siguientes documentos: (1) Resolución por la cual la Caja de
Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia negó el reconocimiento
de la sustitución pensional a favor de su hermano Fabio de Jesús Zuluaga Gómez;
(2) sentencia del 26 de septiembre de 2007, por la cual el Juzgado Quince
Laboral del Circuito de Medellín negó la sustitución pensional a favor de su
hermano Fabio de Jesús Zuluaga Gómez; (3) sentencia de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín que confirmó la decisión proferida por el Juzgado
Quince Laboral del Circuito de Medellín; y (4) sentencia del 2 de mayo de 2012
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que
decidió no casar la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, que a su vez confirmó la decisión del Juzgado Quince Laboral del
Circuito de esa misma ciudad que negaron la sustitución pensional referida.
3.1.3 Mediante
oficio del 17 de julio de 2013, la Secretaría General de la Corte remitió al
despacho del Magistrado Sustanciador escrito de fecha 8 de julio de 2013,
suscrito por la señora Luz Teresita Zuluaga Gómez, al cual adjunto 27 folios
contentivos de los documentos que le fueron solicitados por esta Corporación.
3.1.4 Para efectos
de conocer el contenido de los documentos ya anotados, se procederá a hacer una
relación de los fundamentos relevantes de cada uno de ellos.
3.1.4.1 Comunicación de fecha 17 de agosto
de 2005 suscrita por la Directora de la Caja de Previsión Social de la Universidad
Nacional de Colombia –sede Medellín-.
La referida
comunicación dirigida a la señora Luz Teresita Zuluaga Gómez dice lo siguiente:
“Ateniendo el escrito presentado por usted, actuando
en calidad de representante legal del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez,
radicado el 22 de julio de 2005 en la Caja de Previsión de la Universidad
Nacional de Colombia de Colombia sede Medellín, le informo que pese a que en su
solicitud no se adjuntó la documentación requerida para estos casos, no es
posible tramitar la pensión de sobreviviente solicitada, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
12 de la ley 797 de 2003, el cual establece que sólo tendrán derecho a la
pensión de sobreviviente, los miembros del grupo familiar del pensionado por
vejez o invalidez por riesgo común que fallezca.
En el caso del señor FABIO DE JESÚS ZULUAGA GÓMEZ se
esta solicitando la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de la madre
Cándida Rosa Gómez de Zuluaga, a quien se le reconoció pensión de sustitución
el 12 de abril de 1989 por la muerte de su esposo Mauro Zuluaga Zuluaga, es decir
se está solicitando la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de una
persona que venía beneficiándose de una pensión sustitución, situación ésta, no
establecida por la ley.”
3.1.4.2 Sentencia proferida por el 26 de
septiembre de 2007 por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín
En las
consideraciones del anotado fallo se explica inicialmente, que la norma
aplicable al caso concreto era el artículo 1° de la Ley 33 de 1973, y el  parágrafo
primero del artículo 1° del Decreto Reglamentario 670 de 1974. De otra parte, se
sostiene igualmente, que no es claro el origen congénito de la condición de
retardo mental moderado del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez. Se indica
además, que lo afirmado por la curadora general del señor Gómez Zuluaga en
cuanto a la condición de incapacidad de su hermano, puede ser controvertido o
desvirtuado en razón a numerosas actuaciones cumplidas por el señor Fabio de
Jesús, conductas de las que se puede inferir que para el momento de la muerte
de sus padres, era una persona capaz y sana. Los hechos que motivan esta
consideración pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(i)   El señor Fabio de Jesús actuó de manera
capaz y plena, en por lo menos tres oportunidades en las que junto con sus
hermanos “otorgó” poder o “recibió” autorización para adelantar las siguientes
actuaciones:
1)
el 7 de abril de 2000 el
señor Fabio de Jesús hizo presentación personal en la Notaría Octava del
Circuito de Medellín y dejó la impronta de su huella dactilar, pues sus
hermanos Gustavo, Pedro y Luis le otorgaron poder para reclamar una mesada
pensional causada a nombre de su madre;
2)
El 10 de abril de 2000 adelantó
una nueva actuación ante el Notario Segundo de Medellín. En esta oportunidad, sus
hermanos Fabiola, Blanca, Luz Teresita, Marina y Jhon Jairo le otorgaron poder
para reclamar la mesada pensional ya referida en el numeral anterior.
3)
El 23 de marzo de 2004
ante la Notaría 16 de Medellín, el señor Fabio de Jesús otorgó poder adelantar una
reclamación en la que manifestaba  que llevaría hasta su terminación “la
demanda de reclamación de la sustitución pensional de mí amada madre…” [16]
(ii) Para la fecha en la que falleció el señor
Mauro Zuluaga Zuluaga causante de la pensión cuya sustitución se reclama ahora,
el accionante contaba ya con 44 años, 6 meses y 21 días, y la sustitución
pensional solo se hizo en favor de su madre, Cándida Rosa Gómez, como cónyuge
supérstite, reconocimiento que, según el juez de instancia, debió solicitarse a
nombre de la esposa y de  Fabio de Jesús, dada su especial condición de
dependencia que se dice tenía desde siempre, y que por lo mismo debió hacerse pública
a partir del mismo momento en que alcanzó la mayoría de edad.
(iii) En la medida en que su declaratoria de
interdicción fue establecida judicialmente en sentencia del 21 de febrero de
2005 y confirmada el 26 de abril de ese mismo año, ello permite confirmar que ésta
actuación judicial y el establecimiento de su condición de interdicto fue
declarada mucho tiempo después de la muerte de sus progenitores.
Con base en las
anteriores consideraciones, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín
resolvió absolver a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de
Colombia -seccional Medellín-, de las pretensiones planteadas.
3.1.4.3 Decisión del 3 de octubre de 2008
de la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín
Considera el ad
quem que la reclamación o petición de pensión de sobreviviente ha de
entenderse respecto del padre del accionante, fallecido el 8 de febrero de 1989,
y no frente a la muerte de su madre ocurrida el 22 de marzo del año 2000, a
quien se le había sustituido la aludida prestación. Ello, por cuanto la
reclamación se soporta en el hecho de que la alegada dependencia económica del
señor Fabio de Jesús de sus padres fue permanente, es decir, desde siempre.
Atendiendo esta
consideración, la normatividad aplicable al caso, es la vigente al momento del
fallecimiento del causante de la pensión y no otra, pues de aplicarse alguna
norma posterior se vulneraria el principio de irretroactividad de la ley
laboral.
En efecto, tras
hacerse un recuento de la evolución normativa en torno al tema de la sustitución
pensional y las condiciones que se deben cumplir para acceder a tal
reconocimiento económico, el Tribunal concluyó que la norma aplicable al caso
concreto era el inciso 1° del artículo 3° de la Ley 71 de 1988, y que la
sustitución pensional debió hacerse a nombre de su esposa y de  Fabio de Jesús,
por partes iguales, con la posibilidad de que este último acrecentara su cuota
parte pensional de ocurrir el fallecimiento de su madre. No obstante, su condición
de interdicción judicial no puede hacerse efectiva con una decisión judicial
producida 15 años después del fallecimiento del causante del derecho pensional,
pues el que dicha interdicción judicial se hubiese decretado en el año 2005, no
permite inferir que tal condición estuviere presente para el año de 1989, fecha
en que falleció el causante de la pensión.
Así, con este
argumentó y respaldado en una amplia cita jurisprudencial de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema en torno al tema en cuestión, el Tribunal
confirmó la decisión adoptada en primera instancia.
3.1.4.4 Sentencia de Casación proferida el
2 de mayo de 2012 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia
El recurso de
casación tramitado, se estructuró en dos cargos: (i) el primero referido a la violación
directa de algunas normas de carácter sustancial que al sentir del casacionista
fueron inaplicadas; y (ii) el segundo cargo, orientado a señalar que existió un
error de hecho al no haberse valorado los testimonios recaudados en dicho
proceso laboral, pues de haberse tenido en cuenta, la decisión judicial habría
sido diferente.
Frente a los
referidos cargos, la Corte Suprema de Justicia concluye que los mismos carecen de
desarrollo o demostración.
Respecto del
primero, la Sala de Casación manifestó que no se explicaron las razones por las
cuales el juzgador de segundo grado debió aplicar las normas denunciadas como
inaplicadas, refiriéndose de manera específica al artículo 3° de la Ley 71 de
1988, y al numeral 2 del artículo 6° del Decreto 1160 de 1989.
En cuanto al
segundo cargo, consideró el juez casacionista que tampoco se  señalaron los
errores fácticos por la falta de valoración de los testimonios. Sin embargo, aclaró
que los testimonios no son prueba hábil para estructurar a partir de ellos la
existencia de un error de hecho, tal y como lo señala el artículo 7° de la Ley
16 de 1969[17].
Finalmente, señala
la Corte Suprema de Justicia que no se confrontó el verdadero argumento propuesto
por el juez de segunda instancia, como quiera que del contenido de la sentencia
judicial que estableció la interdicción judicial del señor Fabio de Jesús, no se
puede inferir que para el momento del deceso del padre del interdicto, éste último
ya tenía la condición de inválido. Por ello, no se casó la sentencia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín.
3.2 Auto de
pruebas del 22 de agosto de 2013
3.2.1    En este
segundo auto de pruebas, la Sala de Revisión consideró  necesario contar con
más elementos probatorios para tomar una decisión judicial en el presente caso.
Por ello, ante la ausencia de una historia clínica o un dictamen médico que
permitiese inferir de manera precisa desde cuando la discapacidad mental de Fabio
de Jesús le generó una condición de invalidez, y si la misma ha evolucionado o variado
con el tiempo, la Sala de Revisión consideró pertinente solicitar a la
accionante algunas pruebas, en las que informara:
1.
Si su hermano Fabio de
Jesús Zuluaga Gómez se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS). De estar afiliado, deberá aclarar en su respuesta, si
pertenece al régimen contributivo o al régimen subsidiado, señalando además, la
fecha a partir de la cual fue vinculado.
2.
Si su hermano Fabio de
Jesús Zuluaga Gómez ha sido objeto de algún dictamen o procedimiento de
calificación de pérdida de la capacidad laboral. En caso afirmativo, se pidió remitir
copia del mismo.
3.
Si cuenta con copia de
la historia clínica de su hermano Fabio de Jesús Zuluaga Gómez.  De ser así, se
solicitó igualmente remitir copia de la misma.
4.
Si cuenta con
dictámenes médicos cuya fecha de expedición sea anterior al 12 de febrero de
1989, día del fallecimiento de su padre Mauro Zuluaga Zuluaga, en los que conste
cuando menos, que la condición mental de su hermano ya existía y era
incapacitante, y que dicho dictamen indique la fecha en que esa condición
médica tuvo origen. De disponer de estos documentos, se pidió igualmente remitir
copia de los mismos.
En esta
oportunidad probatoria, la Sala de Revisión procedió a suspender los términos
del proceso.
3.2.2 Mediante
oficio del 10 de septiembre de 2013, la Secretaria General de esta Corporación
remitió al despacho del Magistrado Sustanciador la respuesta dada por la señora
Luz Teresita Zuluaga Gómez a las pruebas solicitadas.
3.2.2.1 En escrito
de fecha 2 de septiembre de 2013, la accionante Zuluaga Gómez informó lo
siguiente:
“1. En vista de la situación de desprotección de mi
hermano, y estando mi hermano desprovisto de toda protección en salud, mi
hermano GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GÓMEZ propietario del establecimiento de
comercio TIENDA BAKRI, afilió a mi hermano Fabio al SGSSS, ello en el
año de 2007 y hasta la fecha, gracias a dios con ello hemos podido proteger a
mi hermano ante cualquier eventualidad en salud, puesto que no era posible
afiliarlo sólo a salud, sino que debía ser a pensiones, riesgos profesionales.
A tal efecto anexo Certificado de Registro Mercantil del establecimiento de
comercio TIENDA BAKRI (1 fl.); Copia de la vinculación o actualización
al sistema general de pensiones, (1 fl.); Copia de pago de salud (Salud Total)
(1 fl.); Copia de vinculación a riesgos profesionales (1 fl.); Copia de
vinculación a Caja de Compensación (1 fl.), total folios cinco (5)
.
Efectivamente mi hermano fue dictaminado por el Dr. GABRIEL
JAIME LÓPEZ CALLE médico psiquiatra de la ciudad de Medellín en varias
oportunidades y fue dictaminado con RETARDO MENTAL MODERADO lo inhabilita para
su manutención como persona independiente de forma definitiva, así el doctor JULIAN
VALLEJO MAYA actuando como perito en proceso de interdicción ratificó el
dictamen del psiquiatra, a tal efecto anexo copia del dictamen del Dr. GABRIEL
JAIME LÓPEZ CALLE (1 fl.), del Dr. JULIAN VALLEJO MAYA (2 fls.),
copia del emplazamiento en el proceso de interdicción (1 fl.); Copia del edicto
emplazatorio (1 fl.); y copia de la sentencia de 1ª y 2ª instancia en el
proceso de interdicción (9 fls).
Desafortunadamente como han pasado tantos años, no
cuento en el momento con otros documentos de la historia clínica de Fabio, y
además valga decir con todo el amor que le profeso al recuerdo de mis padres,
personas que fueron humildes campesinos procedentes de Santuario – Antioquia y
los que por ignorancia nunca se preocuparon por el estado de salud de FABIO,
pues ellos estuvieron al tanto de sus necesidades y nunca previeron la difícil
situación que le tocaría afrontar al faltar estos. Debe tenerse en cuenta que
un proceso de interdicción siendo una actuación judicial y citados o emplazados
los interesados, declarada la interdicción se trata de una decisión judicial
que tiene efectos erga omnes y por lo tanto obliga al afectado y terceros,
nunca hemos pretendido sino que se haga justicia, la cual se ha desconocido en
la instancia laboral, puesto que tal y como lo exponen los profesionales de la
medicina psiquiátrica FABIO padece de un trastorno mental moderado.
Como ya lo dije mis padres nunca se preocuparon por el
estado mental de mi hermano, dado pues su cultura ancestral campesina, en dos
ocasiones el médico que lo trato le hizo comentario a mis padres y el dictamen
desafortunadamente no esta en mi poder y no recuerdo el médico tratante de
entonces. (…).”
3.2.2.2
La accionante anexó igualmente,
copia de los fallos del Juzgado Sexto de Familia y de la Sala Segunda de
Decisión de Familia del Tribunal Superior ambos de Medellín, correspondientes al
proceso de interdicción judicial de su hermano Fabio de Jesús Zuluaga Gómez,
decisiones judiciales que por haberse explicado su contenido con antelación, no
serán objeto de ningún comentario adicional.
Respecto de las demás
pruebas, obran los siguientes documentos:
-
Original de certificado
de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, de fecha
3 de septiembre de 2013, en el que se certifica la existencia del
establecimiento comercial Tienda Bakri y a Gustavo Alfonso Zuluaga Gómez como
su representante legal.
-
Fotocopia del
emplazamiento judicial publicado en el periódico El Mundo de fecha 26 de enero
de 2005, correspondiente al proceso de interdicción judicial por demencia seguido
a Fabio de Jesús Zuluaga Gómez por el  Juzgado Sexto de Familia de Medellín.
-
Copia del dictamen
pericial rendido en el mes de diciembre de 2004, por el médico psiquiatra
Julián Vallejo Maya, dentro del proceso de interdicción judicial adelantado
contra el señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez.
Posteriormente, en
comunicación telefónica sostenida con la señora Luz Teresita Zuluaga Gómez el
día 2 de octubre de 2013 a las 11.57 a.m., se le pidió que remitiera vía fax,
la totalidad del dictamen pericial referido, pues desafortunadamente, el
documento que aportó como contestación al auto de pruebas del 22 de agosto de
2013, estaba incompleto.
Así, en respuesta
a dicha comunicación telefónica, la accionante envió el día 3 de octubre de
2013 por fax a esta Corporación, el anotado documento[18],
que en punto al diagnóstico pericial solicitado, dijo lo siguiente:
“El suscrito médico general Julián Vallejo Maya
identificado con c.c. 70.066.051 de Medellín, mayor de edad y residente en
Medellín, nombrado y debidamente posesionado en su despacho, en calidad de
auxiliar de la justicia como perito médico, evalué por primera vez a Fabio de
Jesús Zuluaga Gómez con c.c. 3.607.676 de Santuario para dictaminar sobre su
estado mental.
Fuente de la historia. Su hermana Luz Teresita Zuluaga Gómez con
c.c. 42.891.561 de Santuario y la constancia del psiquiatra Gabriel Jaime López
Calle.
Identificación. Paciente de sexo masculino, de 60 años de edad,
soltero, sin hijos, piel blanca. Residente la carrera 73C No. 74-107 apto 501
barrio La Pilarica, Medellín. Teléfono 421 71 98
Antecedentes personales. Hijo de Cándida Rosa y Luis Hernando
(finados). Producto del primer embarazo. No hay datos sobre gestación y periodo
perinatal, los padres vivían en el campo. Refiere la hermana que desde pequeño
presentó dificultad para el aprendizaje, no aprendió a leer ni a escribir a
pesar de que fue ingresado a escuela rural, no ha presentado patología digna de
mención. No toma ningún medicamento. Siempre ha estado bajo la protección,
inicialmente de sus padres y desde hace cinco años de su hermana Luz Teresita
con quien convive.
Antecedentes familiares. Hipertensión arterial. El padre falleció
como consecuencia de un tumor cerebral. La madre falleció al parecer por un
infarto del miocardio.
Historia socioeconómica. Hace cinco años vive con su hermana la
señora Luz Teresita Zuluaga Gómez, su esposo y sus tres hijos, quienes son los
encargados de velar por el bienestar de Fabio de Jesús. Económicamente depende
de ellos.
Examen físico. En buenas condiciones generales, aspecto saludable.
Aseado. Colabora con la entrevista.
Sostiene una conversación sencilla correctamente. No
sabe leer ni escribir, no identifica claramente los valores monetarios. No
interpreta refranes comunes. Distorsión en la percepción de la realidad. No es
conciente de la muerte de sus padres; cree que aún viven y que volverá a vivir
con ellos. No observó déficit neurológico.
Impresión diagnóstica. Retardo mental moderado.
Definición y etiología. El retardo mental es un síntoma asociado
a gran número de entidades patológicas que afectan el organismo en sus primeras
etapas de crecimiento y desarrollo. No constituye una entidad clínica en sí
misma. Se caracteriza por amplias diferencias en etiología, manifestaciones
clínicas y patología, relacionándose entre sí, solo por el criterio común de un
intelecto subnormal. Su capacidad intelectual no tiene un desarrollo suficiente
para hacer frente a las exigencias del ambiente, y poder así establecer una
existencia social independiente.  Su origen puede ser una limitación congénita
en el desarrollo del cerebro, por una enfermedad o por una lesión cerebral que
se produjeron durante o inmediatamente después del nacimiento o bien como
consecuencia de una falta de maduración debida a que los estímulos ambientales
provenientes de fuentes familiares y culturales han sido insuficientes para
estimular su desarrollo.
Al retardado mental le es difícil retener y recordar,
por lo tanto no puede adquirir información, lo que limita su capacidad para
analizar y sintetizar la información y para realizar procesos relativamente
complejos. Cuando estas personas se encuentran en circunstancias que no les
exijan un desempeño complejo, pueden funcionar bien dentro del marco social que
le es familiar, siempre que su desarrollo emocional hay sido sano.
Pronóstico. La mayoría de los (sic) de las personas con retardo
mental vive dentro de una comunidad y se adaptan a la sociedad de manera
satisfactoria pudiendo algunos, dependiendo del grado de retardo, desempeñarse
en labores que no impliquen exigencia ni estrés intelectual.
Tratamiento. No existe ningún tratamiento médico que mejore las
condiciones mentales de estos pacientes. La educación en escuelas especiales, o
el entrenamiento en el hogar, son una ayuda importante porque les enseña a
mecanizar algunas conductas, desarrollándose ciertas destrezas y habilidades
simples, pero de ninguna manera esta educación impartida disminuye el retardo
mental inherente a esta anomalía.
Conclusión. Fabio sufre un retardo mental moderado de etiología
desconocida. Presenta un pensamiento primitivo, poca capacidad para la lógica,
el razonamiento y la abstracción, poca capacidad intelectual básica. Por todo
esto requiere de la curaduría permanente de una persona que le posibilite
continuar, como hasta ahora, con una calidad de vida digna, y en caso de poseer
bienes materiales o disfrutar de alguna pensión se los administre.”
-
Fotocopia de dictamen
médico suscrito el 3 de marzo de 2004 por el médico Gabriel Jaime López Calle
en el que manifiesta que el señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez presenta un
retardo mental moderado que lo inhabilita en forma definitiva, para su
manutención como persona independiente.
Finalmente, obran
fotocopias de los formularios de afiliación o recibos de autoliquidación del
señor Fabio de Jesús a los siguientes servicios:
-
Formulario de afiliación
a la A.R.P., hoy A.R.L. del Seguro Social realizada el mes de abril de 2006 por
parte del empleador Gustavo Alfonso Zuluaga Gómez.
-
Formulario de inscripción
a la caja de compensación familiar Comfenalco – Medellín, del 30 de abril de
2007.[19]
-
Formulario de afiliación
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones a través del Seguro Social
– Pensiones con fecha 29 de mayo de 2007, como trabajador de su hermano Gustavo
Alfonso Zuluaga Gómez, representante legal del establecimiento de comercio
Tienda Bakri.
-
Sistema General de
Seguridad Social en Salud - E.P.S. Salud Total. El documento aportado,
corresponde a un formulario de autoliquidación del 6 de febrero de 2008, en el
que consta que el accionante Fabio de Jesús Zuluaga Gómez se encuentra
registrado como afiliado.
II.  REVISIÓN
POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Radicado el
expediente en la Secretaría de esta Corporación, la Sala de Selección de
Tutelas Número Cuatro, mediante Auto del 24 de abril de 2013, dispuso su
revisión por la Corte Constitucional.
1. Competencia
1.1 Esta Sala es
competente para revisar la decisión proferida dentro del expediente de la
referencia, con fundamento en los Artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y el Auto
100 de 2008, así como por la escogencia del caso que hizo la Sala de Selección
Número Cuatro.
1.2 Además, es de tenerse en cuenta que el presente proceso de tutela
llega a conocimiento de esta Corporación sin que se hubiese tramitado la segunda
instancia, toda vez que en auto proferido el 19 de diciembre de 2012, la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolvió (i) declarar
la nulidad de lo actuado, (ii) no admitir a trámite la solicitud de
amparo y (iii) no enviar el expediente a la Corte Constitucional, bajo
la consideración de que no procede acción de tutela contra las sentencias
dictadas por la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria.
Al respecto, es de tener en cuenta que, mediante Auto 100 de 2008, la
Sala Plena esta Corporación adoptó medidas tendientes a garantizar el derecho
al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, de las personas
que presentaron acción de tutela contra providencias de la Corte Suprema de Justicia,
y a quienes no les fue admitida a trámite dicha acción constitucional.
1.2.1 En dicho
Auto, esta Corte consideró que no admitir a trámite una acción de tutela contra
providencias de la Corte Suprema de Justicia vulnera el derecho al acceso a la
administración de justicia, razón por la cual resolvió, con fundamento en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, que los accionantes a quienes se les haya negado el trámite de una
demanda de tutela contra dicha Corporación, tienen derecho a escoger alguna de
las siguientes alternativas:
(i) “acudir a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de
febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela ante cualquier juez
(unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma
jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o
(ii) solicitar ante la Secretaría General de la Corte
Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte
Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las
normas correspondientes al proceso de selección Para este efecto, el interesado
adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que
la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la
acción de tutela”.
1.2.2 En este contexto, constata esta Corporación que
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al proferir el auto
del 19 de diciembre de 2012, afectó los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de Fabio de Jesús
Zuluaga Gómez. Razón por la cual  la accionante estaba facultada, como en
efecto lo hizo, para solicitar a la Secretaría General de esta Corporación,
radicar para selección las decisiones proferidas por las Salas de Casación
Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, junto con la correspondiente
acción de tutela y las providencias objeto de la misma, con el fin de que se
surtiera el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de
selección.
Así las cosas, la presente Sala ordenará revocar la providencia
señalada, y pasará a pronunciarse sobre la demanda de tutela en la que la Sala
de Selección de Tutelas Número Cuatro de esta Corporación, mediante Auto del 24
de abril de 2013, dispuso su revisión.
2.   Trámite surtido ante la Corte Constitucional
2.1 Una vez seleccionado y repartido el expediente a la Sala Tercera de
Revisión, esta puso el asunto en conocimiento de la Sala Plena en cumplimiento
de lo previsto en el inciso 2° del artículo 54A del Reglamento Interno de esta
Corporación (Acuerdo 05 de 1992). Así, el 20 de agosto de 2014, la Sala Plena
resolvió no asumir el conocimiento de esta demanda de tutela, manteniendo la
Sala Tercera de Revisión la competencia para decidir el asunto.
2.2 Mediante auto del veintiocho (28) de agosto de 2014, el magistrado
ponente dispuso comunicar a la Caja de Previsión
Social de la Universidad Nacional de Colombia —sede Medellín—, hoy Fondo
Pensional-, al Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, a la Sala Laboral
del Tribunal Superior de la misma ciudad y a la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la selección para su revisión del expediente de
tutela T-3.807.360, y ordenó remitirles copia del escrito presentado por la
accionante ante esta Corporación, así como de la demanda de tutela obrante en
el expediente para que se pronunciasen al respecto dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación.
2.3 Notificada la anterior decisión a las referidas entidades y
autoridades, se recibió respuesta del Juzgado Quince Laboral del Circuito de
Medellín, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y de la
Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional –Sede Medellín- hoy Fondo
Pensional. Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín,
guardaron silencio.
2.3.1 La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
respondió al requerimiento hecho por esta Corporación, mediante escrito
radicado en la Secretaría General de esta Corte el 4 de septiembre de 2014, señalando
para el efecto lo siguiente:
“1. Según el artículo 235 de la
Constitución Política, el conocimiento del recurso de casación es atribución
exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, ningún otro órgano ni corporación
de justicia puede ‘actuar como tribunal de casación’, ni producir decisiones en
este campo.
Como ‘máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria’, la Corte Suprema de Justicia es un órgano límite y, por tanto, sus
decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna
autoridad, pues la propia Constitución les da el sello de intangibilidad, de
modo que son últimas y definitivas dentro de la respectiva especialidad, dado
que, adicionalmente, no existe órgano judicial superior, de acuerdo con la
misma Carta Política.
No es entonces jurídicamente posible que
otra autoridad judicial pretenda imponerle a la Corte Suprema de Justicia un
criterio interpretativo contrario a su jurisprudencia.
2. De otro lado, no sobra indicar que en la
providencia atacada se expusieron las razones fácticas y jurídicas que soportaron
la decisión que se tomó. De suerte, esta Sala se remite a las mismas, en tanto
se encuentran ajustadas a derecho.
3. Finalmente, no sobra indicar que la
acción de tutela que intentó la curadora general del señor Fabio de Jesús
Zuluaga Gómez, fue presentada ante la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, negándose la misma, mediante proveído del 28 de noviembre
del año 2012, por resultar razonables las decisiones atacadas, y confirmada por
la Sala de Casación Civil en decisión del 19 de diciembre de 2012.
Por lo anterior, se solicita que la
presente acción se declare improcedente.”
2.3.2 Por su parte, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín,
en escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 11 de
septiembre de 2014, indicó lo siguiente:
“2. Luego de desarchivado el proceso, al
ser revisado el mismo, se pudo establecer que este Despacho profirió sentencia
absolutoria el 26 de septiembre de 2007, con fundamento en las leyes preexistentes
para el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes aplicables para el
momento del fallecimiento del causante -Ley 33 de 1973, Decreto reglamentario
670 de 1974-.
3. En la actuación se garantizaron los
derechos legales y constitucionales, como el debido proceso, el derecho de
defensa y la doble instancia puesto que, se concedió el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia, la que mereció confirmación por parte de
la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 03 de
octubre de 2008, quien además se fundamentó para ello en el Decreto Ley 3135 de
1968, Decreto Ley 434 de 1971, Ley 33 de 1973, Ley 12 de 1975, Ley 33 de 1985,
Ley 113 de 1985 y Ley 71 de 1988. Tanto es así, que al intentarse el recurso
extraordinario de casación, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, no caso la sentencia conforme a la lectura de su decisión que obra en
el expediente en los folios 171 a 179.”
2.3.3 Finalmente, en escrito recibido en la
Secretaría General de esta Corte el día 18 de septiembre del presente año, la
directora del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia –antigua
Caja de Previsión Social de la citada universidad-, solicitó la confirmación de
las decisiones aquí controvertidas.
Explicó la referida entendida, que al
verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, se advierte que no se cumple
con el requisitos concerniente a “d) cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora” por cuanto la intención de la accionante siempre ha sido la
de alcanzar el reconocimiento pensional a favor de su hermano, a partir de una sentencia
de interdicción, que “no da muestra ni del grado de invalidez ni de la fecha
de estructuración, hecho que fue confirmado por las sentencias hoy
controvertidas” Frente a esta situación, se insiste en que ante la falta de
pertinencia y conducencia de las pruebas aportadas por la demandante, ello, no
supone en sí mismo, uno vulneración de  derechos fundamentales, máxime cuando
este problema probatorio se hubiera podido subsanar desde un principio con la
obtención de un dictamen de pérdida de capacidad laboral al iniciar la
reclamación por la vía judicial ordinaria.
Además, esta misma circunstancias ya le
había sido indicada en sentencia de tutela proferida por el Juzgado 4 Laboral
del Circuito de Medellín. Lo mismo hizo en su momento el Juzgado Once de
Familia de Medellín en sentencia del 28 de noviembre de 2005.
Explicó seguidamente la entidad accionada,
que al verificarse las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, se puede confirmar que en efecto no se
estructuró ninguno de los defectos definidos por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
Tras hacer un recuento de las decisiones
judiciales dictadas en el trámite del proceso laboral, tanto por el Juzgado 15
Laboral del Circuito de Medellín, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa
misma ciudad, y lo resuelto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, se confirma que tales decisiones fueron dictadas en derecho.
De otra parte, la Caja de Previsión Social
de la Universidad Nacional de Colombia, -hoy Fondo Pensional-, explicó que
existía un desconocimiento por parte de la accionante, de los requisitos
legales para alcanzar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Es
claro, a la luz de la actual normatividad, que el reconocimiento pensional
reclamado se alcanza si se cumple con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993 (requisitos de los hijos discapacitados para reclamar la pensión de
sobrevivientes), así como por lo dispuesto en el artículo 38 (calificación de
pérdida de capacidad laboral) y lo señalado en los artículos 41 a 44 de la
referida ley (procedimiento y responsables de realizar dicha calificación).
Por todo lo anterior, se concluye que no
puede pretender la accionante, alcanzar el reconocimiento pensional a partir de
una sentencia de interdicción judicial, en tanto no es la forma conducente para
probar el estado de invalidez.
3. Consideraciones
3.1 Problema jurídico y esquema de resolución
La presente acción
de tutela se plantea en torno a la reclamación de la sustitución pensional a
favor de Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, quien a causa de una enfermedad mental,
ha sido declarado judicialmente interdicto. Para tal efecto, su hermana Luz
Teresita Zuluaga Gómez, que ejerce como su curadora, solicitó el reconocimiento
de la pensión, primero ante la Caja de Previsión Social de la Universidad
Nacional de Colombia —hoy Fondo Pensional—, y luego, ante la jurisdicción
laboral, toda vez que, en su sentir, la condición de interdicto era prueba
suficiente para demostrar la invalidez que le permitiese acceder al derecho.
Sin embargo, tanto la entidad administrativa como los jueces de instancia en el
procedimiento laboral, negaron la pretensión con el argumento de que no se
habían satisfecho los requisitos legales para acceder a la pensión, en
particular, la certificación de pérdida de la capacidad laboral igual o mayor
al 50% y con fecha de estructuración anterior a la muerte del causante de la
pensión.
Esta situación determinó
que la señora Luz Teresita Zuluaga estimara vulnerados los derechos a la vida
digna, a la seguridad social y a la igualdad de su hermano, tanto por parte de
la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia —hoy Fondo
Pensional—, a quien correspondía reconocer el derecho pensional, como por parte
de los jueces dentro del proceso laboral porque, en su opinión, no  tuvieron en
cuenta de la interdicción judicial como elemento determinante a la hora de
valorar la situación de invalidez de su hermano y por ende desconocieron el
derecho a recibir la pensión de sobreviviente.
En este contexto,
el problema jurídico que se plantea en el presente caso consiste en determinar si,
ante la negativa al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, el señor Fabio
de Jesús Zuluaga Gómez se encuentra en una situación de indefensión, teniendo
en cuenta que, en razón de su edad (70 años) y de la enfermedad mental que
padece, es un sujeto de especial protección constitucional. Y si, en tal caso,
se hace preciso que el juez de tutela adopte alguna medida tendiente a asegurar
el amparo de sus derechos fundamentales.
Para resolver la
presente cuestión, entonces, se pasará, en primer lugar, a realizar algunas
consideraciones generales sobre (i) la sustitución pensional y el caso del
hijo inválido, y (ii) la interdicción como una situación especial de
protección y su implicación en la calificación de la invalidez. Lo cual
permitirá, a continuación, resolver el caso concreto, en cuanto a (iii)
la violación al derecho al debido proceso que alega la accionante dentro del
proceso laboral en el que se negó la sustitución pensional, a partir de un
examen de procedibilidad de la acción de tutela frente a las providencias
judiciales cuestionadas, y, finamente, (iv) se pasará a hacer un análisis
de la situación pensional del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez teniendo en
cuenta su condición de sujeto de especial protección constitucional.
3.2 La
sustitución pensional y el caso del hijo inválido
3.2.1 Es
pertinente tener claridad que cuando se habla de sustitución pensional
se está haciendo referencia a una de las modalidades de la pensión de
sobreviviente consagrada en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003). Ésta contempla dos situaciones que
han sido claramente distinguidas por esta Corporación[20]: de una
parte la denominada sustitución pensional que se refiere a la situación
en la que “ante la muerte del pensionado por vejez o invalidez, (…) tiene
lugar la subrogación de los miembros del grupo familiar en el pago de la
prestación que venía recibiendo su titular y no la generación de una prestación
nueva o diferente”[21];
y de otro lado, la pensión de sobrevivientes propiamente dicha, que se
refiere al evento en el cual muere la persona afiliada al sistema de pensiones
y se genera a favor de sus  familiares “una nueva prestación de la que no
gozaba el causante, que se genera –previo el cumplimiento de los requisitos
señalados en la ley- en razón de su muerte”[22].
Así las cosas, la
sustitución pensional se puede definir como la prestación económica que se
reconoce al grupo de quien se encontraba disfrutando del pago de una pensión de
vejez o de invalidez. Así, a este grupo se le reconocerá y pagará la pensión
del causante, siempre y cuando se satisfagan los requisitos legalmente
establecidos para ello. Tal prestación, además, ha sido considerada por esta
Corporación como de carácter asistencial a partir de los principios que se
mencionan en la sentencia C-1035 de 2008[23], los cuales
quedaron sintetizados en los siguientes tres puntos:
“1.     Principio de estabilidad económica y
social para los allegados del causante: Desde esta perspectiva, ha
dicho la Corte que ‘la sustitución pensional responde a la necesidad de
mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y
económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse
puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y
posiblemente a la miseria’[24].
La ley prevé un determinado orden de prelación, según el cual las personas más
cercanas y que dependían y compartían su vida con el causante, reciban una
pensión para satisfacer sus necesidades[25].
2. Principio de reciprocidad y solidaridad entre
el causante y sus allegados: Ha concluido la Corte que la sustitución
pensional busca impedir que sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la
pareja, el otro se vea obligado a soportar individualmente las cargas
materiales y espirituales, por lo cual ‘el factor determinante para
establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de
conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es
el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la
pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes’[26]
3. Principio material para la definición del
beneficiario: En la sentencia C-389 de 1996[27]
esta Corporación concluyó que:
‘(...) la legislación colombiana acoge un criterio
material -esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte- como
elemento central para determinar quien es el beneficiario de la sustitución
pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya
procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la
sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido’.”
De esta manera, la
sustitución pensional no se reduce a asegurar un mínimo vital a quienes se
beneficiaban de la pensión del causante fallecido, sino que pretende, más
ampliamente, mantener unas condiciones económicas similares a las que se tenía
antes del fallecimiento del titular de la pensión. En sentencia C-111 de 2006,
esta Corporación estableció lo siguiente:
“la sustitución pensional responde a la necesidad de
mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y
económica con que contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que
al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente
desprotección y posiblemente a la miseria[28]. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más
dependían del causante y que, además, en muchos casos compartían con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades mínimas”[29].
Es necesario
insistir, pues, en que la sustitución pensional por muerte del causante, lo que
busca es evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias
del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su
fallecimiento en el desamparo o la desprotección”.[30]
Por ello, esta Corporación en otro pronunciamiento similar, señaló que el
propósito de este tipo de pensión “es garantizar a sus beneficiarios el
acceso a los recursos necesarios para continuar viviendo en condiciones
dignas, tal como la hacían durante la vida del causante”[31].
3.2.2 Visto lo
anterior, puede decirse que la sustitución pensional está destinada a mantener
las condiciones de vida (digna) a ciertas personas allegadas al pensionado que
ha muerto. Estas personas son denominadas por la ley, primeramente y de manera
general, como grupo familiar, y así lo indica el ya citado artículo 46
de la Ley 100 de 1993 cuando en el numeral primero establece quiénes pueden ser
beneficiarios de la pensión de sobreviviente en sentido amplio, lo cual,
evidentemente incluye el caso de la sustitución pensional:
“[1.]  Los miembros del grupo familiar del pensionado
por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca (…)”.
Así las cosas, en
la consagración legal de la sustitución pensional se manifiesta el principio
constitucional de solidaridad consagrado en el artículo 1 de la Carta, que reconoce
la función del pago pensional como medio para garantizar el bienestar del grupo
familiar del pensionado que fallece. Con lo cual, las personas allegadas al
pensionado y quienes pudieran depender de sus ingresos económicos tengan la
posibilidad de continuar viviendo en condiciones dignas.
En estos términos,
el artículo 47 de la misma Ley 100 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003) señala en detalle
quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, es decir,
quiénes son las personas que, en desarrollo del numeral primero del artículo
46, componen el grupo familiar que se podría ver afectado con el cese del pago
de la asignación pensional. Aquella norma dispone:
“a) En forma
vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;
b) En forma
temporal, el cónyuge
o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y
tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá
cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión.
Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto
de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta
y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b)
del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción
al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y
se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos
menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,[32]
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas
que establezca el Gobierno;[33] y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar
cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 199”.[34] (Énfasis agregado)
d A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos
con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de este;
e) A falta
de cónyuge, compañero
o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
PARÁGRAFO.
Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil”.
Así establecido,
no debe pasarse por alto que en algunas circunstancias pueden concurrir varios beneficiarios
dentro del mismo grupo familiar, lo que en atención a lo comentado respecto al
principio de subsidiariedad, no constituye una situación conflictiva en la que
sea necesario establecer preferencias o exclusiones. Esto, por cuanto, como antes
se anotó, la sustitución pensional está destinada a que las necesidades del
grupo familiar —todo el— no se vean afectadas a causa de la muerte del sujeto
pensionado. De lo que se puede entender que en los casos de concurrencia de
beneficiarios, son todos ellos los destinatarios de la prestación.
3.2.3 Ahora
bien, con miras en la solución de la presente acción de tutela, resulta útil
detenerse en el caso del hijo inválido que depende económicamente del causante,
como uno de los sujetos beneficiarios contemplados en el literal c) de la norma
citada anteriormente. Esta disposición permite que cuando un sujeto pensionado
fallece, su derecho se traslade en favor de, entre otros beneficiarios, a los
hijos inválidos que dependían económicamente del causante y mientras subsistan
las causales de invalidez. Condición de invalidez que es determinada por la
misma ley en su artículo 38[35], según los criterios
establecidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Sobre este
respecto, la jurisprudencia de la Corte[36] ha
puntualizado sobre los requisitos que de la ley se derivan y que deben
acreditarse cuando se pretenda el reconocimiento de la sustitución pensional. A
saber:
(i)
parentesco;
(ii)
estado de invalidez; y,
(iii)
dependencia económica
respecto del causante[37].
En relación con el
primer requisito, el parentesco debe estar probado con el registro civil
de nacimiento en tanto es la prueba idónea para acreditar tal relación entre
padres e hijos, comoquiera que dicho documento goza de presunción de
autenticidad. De hecho, el registro civil solo puede ser alterado por una
decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados de conformidad
con la ley.[38]
Respecto al segundo
requisito, la condición de invalidez debe haberse calificado en debida
forma, es decir, de acuerdo con las exigencias contempladas por el artículo 38
y siguientes de la Ley 100 de 1993. Así, el requisito legal impone a la persona
que reclama la condición de invalidez, que acredite una pérdida de su capacidad
laboral de al menos el cincuenta por ciento (50%), y que la misma tenga origen
en cualquier causa no profesional; requiriéndose, además, que la estructuración
de la misma sea anterior o concomitante con la fecha de la muerte del causante
de la pensión, y que dicha condición persista en el tiempo. En este sentido,
esta Corporación tiene dicho que “las citadas condiciones deben mantenerse
en el tiempo para asegurar la continuidad en el pago de tal prestación, de tal
manera que si éstas desaparecen, se extinguirá el derecho a la pensión de
sobrevivientes”.[39]
En este orden de
ideas, este proceso de  calificación se propone como elemento basilar y
determinante a la hora de valorarse el reconocimiento de una sustitución
pensional en los casos del hijo inválido. No solo porque indica si una persona,
por cualquier causa no profesional, y no provocada intencionalmente, pierde el
50% o más de su capacidad laboral, concretándose el estatus de invalidez, sino
porque, además, determina el momento de estructuración de la pérdida de
capacidad. Esta estructuración, según el  artículo 3 del Decreto 917 de 1999,
indica “la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su
capacidad laboral en forma permanente y definitiva”, que puede ser anterior
o coincidir con la fecha de la calificación. De manera que, para efectos de la
sustitución pensional, el procedimiento de calificación de la pérdida de
capacidad laboral permite establecer si existía la situación de invalidez al
momento del fallecimiento del causante de la pensión, y por tanto si es posible
acceder al derecho pensional.
Por su parte, el
artículo 41 de la norma en comento señala cuáles son las entidades idóneas para
dictaminar la pérdida de capacidad laboral:
(i)
el Instituto de
Seguros Sociales, actualmente Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-;
(ii)
las Administradoras
de Riesgos Profesionales -ARP-, ahora denominadas Administradoras de Riesgos
Laborales –ARL-;
(iii)
las compañías de
seguros que asuman el riesgo de invalidez, además de muerte; y,
(iv)
las Entidades
Promotoras de Salud –EPS-.[40]
El interesado en
obtener el reconocimiento pensional podrá impugnar la tasación de su
minusvalía, ante las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez,
instituciones que tendrán la última palabra administrativa sobre el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral de una persona. Debe anotarse que la
impugnación de dicha tasación podrá recaer sobre el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral, así como respecto de la fecha establecida como momento
exacto de la estructuración de la invalidez.
Finalmente, en
cuanto al tercer requisito, correspondiente a la demostración de la
dependencia económica, la Corte se ha pronunciado sobre el mismo tanto en
sentencias de control abstracto —demandas de constitucionalidad— como a través
de sentencias de tutela.
En efecto,
mediante sentencia C-111 de 2006[41],
al estudiar una demanda contra el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 13, literal d), parcial, de la Ley 797 de 2003, en la que se
censuraba la exigencia que se imponía para acreditar la total y absoluta
dependencia económica del causante[42],
la Corte declaró inexequible la expresión “total y absoluta”. Si bien se
consideró que con la misma se buscaba salvaguardar la sostenibilidad financiera
del Sistema General de Pensiones, ésta desconocía el principio de
proporcionalidad frente a los derechos al mínimo vital y los deberes del Estado
de Solidaridad[43].
En efecto, la demostración de dicha dependencia absoluta y total de los
ingresos percibidos por el causante de la pensión, comprometía de manera grave
las condiciones mínimas de vida digna de quienes pretendían beneficiarse con el
reconocimiento pensional reclamado.
De igual manera,
la Corte consideró que la dependencia económica que debe ser demostrada para
obtener el reconocimiento pensional anotado, corresponde a aquella según la
cual el reclamante haya (i) dependido de manera completa o parcial del
causante; o que (ii) de no haber contado con la ayuda económica del
cotizante o pensionado fallecido, habría supuesto una grave afectación en sus
condiciones mínimas de vida, al punto de ver comprometida la satisfacción de
sus necesidades básicas.
3.3 La
interdicción como una situación especial de protección y su implicación en la
calificación de la invalidez
3.3.1 Como se
viene sosteniendo, una de las personas incluidas dentro del grupo familiar que puede
aspirar al reconocimiento de la sustitución pensional es el hijo (o hija) de
quien es pensionado y fallece, en aquellos eventos en que se encuentra en un
estado de invalidez dependencia económica. En este sentido, el estado de
invalidez constituye una condición sine qua non, y que además tiene un
carácter objetivo según el método de determinación previsto en el artículo 38 y
siguientes de la Ley 100 de 1993. Este requisito, según la misma ley, y en aras
de acceder al derecho a la sustitución pensional exige que (i) la
persona beneficiaria acredite una pérdida de la capacidad laboral, al menos,
del 50% originaria en una causa no laboral, (ii) que la estructuración
de la misma sea anterior o concomitante con la fecha de la muerte del causante
de la pensión, y (iii) que dicha condición persista en el tiempo. Circunstancias
que, además, deben ser acreditadas por las entidades autorizadas legalmente.
Así, en la medida
en que este dictamen, además de establecer en términos porcentuales una pérdida
cuantitativa de la capacidad laboral de una persona, señala igualmente, un
momento en el tiempo a partir del cual dicha condición de invalidez se
encuentra estructurada. Con ello es la pieza probatoria por excelencia para
definir esta condición de invalidez, sin perjuicio que ello pueda ser
complementado con otras pruebas que ayudan a definir dichas circunstancias,
como son la historia clínica, exámenes de valoraciones médicas previas,
testimonios, etc.
3.3.2 Sin embargo,
el caso objeto de la presente Revisión propone una situación a considerar, y
que no ha sido ajena para la jurisprudencia de esta Corporación, pues el señor
Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, si bien no cuenta con una calificación en este
sentido, si presenta una enfermedad mental de tal índole que ha sido causa de
una declaratoria de interdicción judicial. Al respecto, entonces, resulta
pertinente pasar a establecer cómo esta situación puede, o no, ser tenida en
cuenta a la hora de establecer el estado de incapacidad con efectos
pensionales.
3.3.2.1 La
interdicción judicial, reglada actualmente por la Ley 1306 de 2009[44],
ha de ser entendida como una herramienta jurídica cuyo trámite se cumple ante
los jueces de familia, para que mediante una decisión judicial apoyada en un dictamen
técnico científico (médico-siquiatra), pueda determinarse el nivel de
discapacidad mental de una persona, o de quien al adoptar conductas que la
inhabilitan para su normal desempeño en sociedad, le impiden comprender el
alcance de sus actos. Frente a estos supuestos, han de adoptarse medidas de
restricción o limitación en el ejercicio de sus derechos, las cuales deberán
estar correlacionadas con el nivel de su limitación o discapacidad mental, ya
sea esta de carácter absoluta o relativa.
Este tipo de
procesos restringe la autonomía de la persona por no encontrarse en capacidad
para valerse por sí misma, o porque, como ya se indicó, no puede administrar o
acceder al adecuado manejo de sus bienes, con el consecuente riesgo de su
dilapidación, así como por estar expuesta a la posibilidad de ser víctima de
terceras personas que a través de engaños logren hacerse de manera fraudulenta
a los bienes de esta. Ante estas circunstancias, quien por su condición no ha
sido declarada como persona interdicta, estaría expuesta a un grave riesgo,
comprometiendo sus derechos y su patrimonio, y por lo mismo, sus condiciones
mínimas de vida digna y de quienes de ella dependen. En este caso, las
consecuencias de la decisión judicial de interdicción se hacen efectivas desde
su ejecutoria y afecta todas las esferas de desarrollo personal del individuo
cuando ha sido declarado interdicto absoluto[45]. Así, en el caso
de las personas declaradas interdictas absolutas, cualquier actuación cumplida
con posterioridad a dicha declaratoria será tenida por nula.
Si bien la
interdicción judicial restringe la autonomía e independencia de una persona en
el manejo de sus bienes y en la defensa de sus derechos, al ponerlos en manos
de un tercero legalmente designado para ello, esta medida genera un efecto
secundario, como es la garantía en la protección de los mismos, pues puede
servir como razón jurídica suficiente para que a futuro, de ser necesario,
pueda reclamarse el reconocimiento de algún derecho tendiente, en todo caso, a
una mayor protección que responda a permitir la igualdad material que establece
el artículo 13 y 47 de la Constitución Política.
3.3.2.2 Así puede
suceder con la reclamación de, por ejemplo, la pensión por sobrevivencia,
mediante la cual se procure por la calidad de vida de una persona interdicta.
Ello significa que, si bien la persona es interdicta, ello no la releva de la
posibilidad que por vía de una interpuesta persona, —su curador general—, pueda
perseguir la garantía efectiva y la protección constitucional de sus derechos,
así como de tener la posibilidad de procurar el reconocimiento de aquellos
derechos a los que por ley podría reclamar.
En estos eventos,
ciertamente, vale la pena reconocer que las causas médicas que originen la declaratoria
de interdicción pueden, en ciertos casos, coincidir con las circunstancias que
determinen un posible estado de invalidez que permita acceder a la pensión.
Ante lo cual, esta Corporación ha definido que eventualmente y de manera
excepcional, tras verificarse el cumplimiento de los demás requisitos
legalmente establecidos para el reconocimiento de la pensión (dependencia
económica y parentesco), el dictamen técnico científico y las demás pruebas que
fueron aportadas al proceso de interdicción judicial, pueden suplir de manera
suficiente el requisito de calificación de invalidez contenido en el artículo
38 de la Ley 100 de 1993. Esto, siempre y cuando dichos documentos y pruebas,
permitan establecer, con claridad, que la condición física y/o mental del
interdicto, así como el origen y complejidad de su patología, son de tal entidad
y vigencia en el tiempo que permiten tener certeza del estado de “invalidez” de
la persona interdicta y de la fecha de estructuración. De modo que, en aquellos
casos en los que exista dicha claridad, no resulta aceptable someter al sujeto interdicto
a nuevas valoraciones  médicas, con el único fin —formalista— de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo 38, pues ello resultaría una
carga desproporcionada a todas luces inconstitucional.
Sobre el
particular, debe recordarse lo resuelto por esta Corporación en la sentencia
T-730 de 2012[46],
en particular en el caso de Luis Fernando Rebolledo Zabaleta (exp.
T-3.473.523), en el que a pesar de que al accionante le había sido reconocida
la pensión de sobreviviente tras la muerte del padre, dicha prestación le fue
suspendida cuando alcanzó la mayoría de edad. La reactivación del pago de dicha
pensión fue negada a pesar de que su hermano, actuando como su curador general
lo había solicitado, luego de demostrar que el beneficiario de dicha pensión se
encontraba afectado de retraso mental y epilepsia. En este caso, la Corte
consideró que someter al joven Luis Fernando a la realización de un examen de
calificación de invalidez (art. 38 de la ley 100 de 1993) no solo era
inconstitucional sino innecesario, por cuanto del informe médico rendido en el
proceso de interdicción judicial se había  señalado de manera explícita y clara
que la condición mental que lo invalidaba era de carácter absoluto y su origen
era congénito. Es decir, la condición de invalidez era preexistente a la fecha
de la muerte del padre, titular de la pensión.
Igual situación se
advirtió en la sentencia T-395 de 2013[47], en la que la
Corte consideró que, si bien al accionante le fue realizado el examen de
calificación de invalidez referido en la Ley 100 de 1993, éste había definido que
la condición de invalidez se había estructurado unos días después del
fallecimiento del titular de la pensión cuya sustitución se reclamaba. En esta
oportunidad, la Corte, reconoció que la prueba técnico-científica practicada en
el proceso de interdicción judicial que precedió a la reclamación pensional,
había dejado en claro que la afección de esquizofrenia paranoide que padecía el
accionante era de origen genético, es decir, su condición de invalidez lo
acompañaba desde su nacimiento, por lo que pretender considerar una situación
episódica, como lo fue el trauma por la muerte del padre, como el “origen” de
la invalidez, no correspondía a la verdad.
Con todo, existen
circunstancias, fácticas, así como legales, que no permiten hacer las mismas
inferencias como las realizadas en los referidos casos, pues en algunas
oportunidades, a pesar de existir un dictamen técnico- científico (médico)
dentro de un proceso de interdicción judicial, éste se limita a exponer (i)
unas características generales de una patología, (ii) a establecer un panorama
de la condición físico-mental actual de la persona, y a (iii)  proponer un
diagnóstico futuro de su condición, pero no aclara las dudas sobre la evolución
previa, ni de la o las patologías que afectan a la persona objeto de
interdicción; o si las mismas ya comprometían desde tiempo atrás las facultades
físicas o mentales de ese individuo al punto de poderlo considerar una persona
inválida; o si dicha afectación, con el pasar del tiempo fue agravando la
condición de salud de esa persona hasta el punto de estructurar un estado de
invalidez tan solo en un pasado reciente.
Y esta
incompatibilidad se produce, en principio, porque la finalidad de la
declaración de interdicción es distinta que la de la calificación de la pérdida
de la capacidad laboral. Así, en el caso de la calificación de pérdida de
capacidad laboral, la cual define la invalidez, pretende proteger a la persona
que habiendo perdido su capacidad laboral en más de un 50%, vea garantizados
sus derechos fundamentales. De modo que, tras la calificación y el cumplimiento
de otros requisitos de rango legal, esa persona podrá reclamar el
reconocimiento de una prestación económica denominada pensión, ya sea por
invalidez si era un trabajador activo, o por sustitución si se trata de un
individuo que dependía económicamente del progenitor que fallece.
Es claro,
entonces, que la calificación de invalidez no se orienta a la restricción o
limitación de los derechos de la persona en estricto sentido, pues quien es
declarado inválido no por ello queda relevado en todos los casos del manejo y
administración de sus bienes, como sucede en el supuesto de la interdicción
judicial absoluta. Sin embargo, podría darse la situación en que la condición
de invalidez de esa persona sea de tal entidad o magnitud, que la misma
comprometa su autonomía y su capacidad de actuar razonadamente, de tal manera,
que si bien ya fue declarada inválida, deberá tramitarse igualmente su
interdicción judicial, si de sus condiciones mentales (peritaje
técnico-científico) se desprende tal estado. Lo anterior, con el fin de que
alguien, judicialmente designado para tal efecto, actúe en su nombre y
representación de sus intereses y derechos.
3.3.3 En este
orden de ideas, son dos procesos distintos, que si bien del orden médico, sus
valoraciones persiguen finalidades distintas. Y si, no obstante que, como se
anotó, existen casos en los cuales resulta posible asimilar el concepto médico
usado en el proceso de interdicción como una verificación de la pérdida de
capacidad laboral suficiente para poder acceder a un derecho pensional, esta
situación tiene el carácter de excepcional y está condicionada a que exista
cierta rigurosidad y claridad en las valoraciones y conceptos médicos que permitan
establecer, con precisión, que la condición física y/o mental del interdicto,
así como el origen y complejidad de su patología, son de tal entidad y vigencia
en el tiempo, que se puede deducir el estado de “invalidez” y su fecha de
estructuración.
Y es en virtud de
esta claridad y certeza que no resulta aceptable someter al interdicto a nuevas
valoraciones  médicas, pero de ninguna manera cabe partir de que el simple
estado de interdicción es, automáticamente, prueba supletoria del estado de
invalidez. De modo que, cuando no se presente tal claridad, y tal certeza, se
hace necesario una calificación de la pérdida de la capacidad laboral.
4. Caso
Concreto
Vistas las
consideraciones generales en torno al reconocimiento de la sustitución
pensional a favor de un hijo inválido, y la circunstancia de la interdicción
judicial como elemento que puede tener influencia en la calificación de la
pérdida de la capacidad laboral, a continuación se pasará a resolver, bajo
estas luces, el caso concreto del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, quien, a
través de su hermana, reclama el reconocimiento de la sustitución pensional.
Para tal efecto, se pasará, antes, a verificar si en el proceso ordinario que
antecedió a la presente acción de tutela se cometió una violación al debido
proceso, tal y como lo indica la accionante. Posteriormente, se pasará a
analizar el problema constitucional en torno a la condición especial en la que
se encuentra el señor Zuluaga Gómez de frente a la sustitución pensional reclamada.
4.1 Respecto a
la procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales en el
caso concreto
La accionante encuentra vulnerado el
derecho al debido proceso de su hermano, a quien representa, al considerar que
los jueces que conocieron del proceso laboral (el Juzgado 15 Laboral del
Circuito de Medellín, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad
y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia) incurrieron en
un defecto fáctico y otro sustantivo al proferir sus decisiones. Por lo tanto,
a continuación se pasará a hacer un examen de procedencia de la presente acción
de tutela en los términos de la sentencia C-590 de 2005, en lo respectivo a los
defectos alegados por la parte actora. Para tal efecto se hará un análisis,
primero, de los requisitos generales, y luego de los específicos en relación
con los defectos denunciados. Esto, en cuanto que, como la jurisprudencia de
esta Corporación ha señalado, y en la mencionada sentencia se reiteró, siempre
que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales
específicas de procedibilidad contra providencias judiciales, es procedente
ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración del
derecho fundamental al debido proceso.
4.1.1 Respecto a los requisitos generales de procedencia desarrollados
en la sentencia C-590 de 2005[48],
observa la Sala que en el presente caso los mismos se encuentran plenamente
cumplidos de la siguiente manera:
a.
Que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Es evidente que la reclamación tutelar
recae sobre un tema de relevancia constitucional, como quiera que se
encuentra involucrada la protección efectiva de los derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas, a la seguridad social y a la igualdad del señor
Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, en razón a que dada la especial condición de
vulnerabilidad justificada por la discapacidad mental judicialmente
determinada, y su avanzada edad, la carencia de la prestación pensional
reclamada compromete su digna subsistencia y la satisfacción de sus más
elementales necesidades.
b.
En lo que respecta al agotamiento
previo de las vías judiciales ordinarias y extraordinarias, se puede
confirmar que ello se cumplió a cabalidad por parte de la señora Luz Teresita
Zuluaga Gómez, en su calidad de curadora general de Fabio de Jesús.
En efecto, la búsqueda del reconocimiento pensional a favor de su
hermano inició mediante el correspondiente proceso laboral, el cual fue
resuelto negativamente en primera instancia por el Juzgado 15 Laboral del
Circuito de Medellín y en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad. Igual resultado se alcanzó en sede del recurso
extraordinario de casación, el cual fue resuelto negativamente por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Así, tras agotarse el trámite
judicial referido, y entendido que aún persistía la vulneración de los derechos
de su hermano interdicto, en su calidad de curadora general, acudió a la acción
de tutela pues ya no contaba con otro mecanismo judicial ordinario y
extraordinario para reclamar por los derechos de su hermano.
c.
Respecto al requisito
de la inmediatez, vale decir que la presente acción de tutela se
interpuso en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. Sobre este punto, debe aclararse que en la medida en
que en el presente caso, la acción de tutela se dirige contra varias
decisiones, la oportunidad en su interposición, debe contabilizarse a partir de
la última decisión judicial producida en el trámite del proceso laboral.
Tras resolverse el recurso extraordinario de casación, mediante
sentencia del 2 de mayo de
2012, la accionante presentó una primera acción de tutela que fue negada en
primera instancia el 30 de agosto de 2012 por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, y posteriormente revocada para ser inadmitida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 16 de
octubre de 2012.
En vista de la actuación surtida por la Corte Suprema de Justicia, la
actora interpuso una segunda acción de tutela cuyas decisiones, similares a las
citadas anteriormente —negada en primera instancia y revocada para inadmitirse
en segunda instancia—,  fueron resueltas por las Salas de Casación Penal y
Civil, en sentencias del 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2012
respectivamente, cuya decisión de segunda instancia ordenó de nuevo su
inadmisión y la devolución de la actuación judicial sin necesidad de desglose.
En vista de lo sucedido respecto de las anteriores tutelas, la
accionante presentó ante la Secretaría General de la Corte Constitucional un
escrito en el que le solicitaba conocer de manera directa su caso, pues era
evidente que las decisiones dictadas en su momento por la Corte Suprema de
Justicia en sede de tutela, no serían remitidas a esta Corporación para su
eventual revisión. Así, se observa que tras agotar el proceso laboral en todas
sus instancias, la primera acción de tutela fue resuelta en su primera
instancia tan solo dos meses y medio después del fallo de casación lo que
supone un término razonable. Igual sucedió cuando interpuso la segunda acción
de tutela, la cual promovió tan solo un mes después de la decisión de
inadmisión, y finalmente, la radicación del escrito de revisión ante esta
Corte, se hizo tan solo un mes y medio después de la segunda acción de tutela,
que corrió la misma suerte que la primera tutela, aclarándose que entre la
decisión de segunda instancia de la segunda acción de tutela y el escrito
radicado ante la Corte Constitucional, transcurrió la vacancia judicial.
Por todo lo anterior, se puede concluir, que la solitud de amparo
constitucional que ahora se revisa en esta providencia, se interpuso de manera
oportuna y dentro de un término razonable, por lo que se da por cumplido al
requisito de la inmediatez.
d.
Sobre la clara relación
de los hechos motivo de la acción de tutela así como de la identificación de
las partes accionadas, se puede afirmar a partir del relato de los hechos
expuesto en los antecedentes de esta providencia, que es clara la razón que
motiva la presente acción de tutela en razón a la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante por el no reconocimiento de la sustitución
pensional por parte de la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional
–sede Medellín-, hoy Fondo Pensional, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de
Medellín, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
e.
Finalmente, la presente
acción de tutela no controvierte una sentencia de tutela anterior, pues
como se explicó ampliamente, la misma se orienta contra decisiones judiciales
proferidas en el trámite de un proceso laboral.
4.1.2 Ahora bien,
superado el examen de procedencia de los requisitos generales, corresponde
pasar a hacer la evaluación de los defectos en particular que la accionante
alega: (i) el primero, referido a un defecto fáctico,
originado por la falta de valoración probatoria de la interdicción judicial que
se predica de su hermano y de unas declaraciones extrajudiciales aportadas al
proceso ordinario laboral, que confirmaban la condición de invalidez y
dependencia económica y personal de Fabio de Jesús respecto de sus padres, como
una condición que devenía desde su infancia. (ii) El segundo
orientado a la estructuración de un defecto sustantivo, justificado en
la discrepancia planteada por la accionante, en el sentido de que no resultaba
jurídicamente necesario la realización de un examen de pérdida de capacidad
laboral, cuando quiera que ya existía una decisión judicial que ya había
definido la condición de interdicción absoluta de su representado.
a.
En lo que respecta al defecto
fáctico[49],
observa la Sala de Revisión, que la presunta falta de valoración probatoria por
parte de las autoridades judiciales, se materializa en el hecho de que los
dictámenes periciales, y los testimonios rendidos extrajudicialmente por dos
personas cercanas a la familia Zuluaga Gómez, que daban fe de la dependencia
total y permanente que Fabio de Jesús tuvo respecto de su padres hasta el
fallecimiento de estos, no fueron tenidos en cuenta en el proceso laboral
adelantado para reclamar el reconocimiento pensional anotado. Sobre el
particular, debe señalarse, que tal y como se advirtió en los antecedentes de
esta providencia, así como de las consideraciones hechas previamente, es claro
que el camino jurídico diseñado por el Legislador para que proceda el
reconocimiento pensional por sustitución deberá atenerse a lo dispuesto en las
normas que para tal efecto existen. Es decir, debe contarse con un dictamen de
calificación de invalidez en los términos contenidos en la Ley 100 de 1993.
Así, en el presente caso, tal y como se explicó en el considerando 3.2.3, los
artículos 38 a 44 de la Ley 100 de 1993, señalan el procedimiento a seguir para
calificar la invalidez, insistiéndose en que solo el examen de pérdida de
capacidad laboral contemplado en el citado artículo 38 es el mecanismo jurídico
idóneo para tal calificación, siendo éste tan solo uno de los requisitos que
deben cumplirse cuando se pretende obtener el reconocimiento de la sustitución
pensional por parte de un hijo inválido.
Así, para el caso objeto de revisión surge con suma
claridad que el dictamen pericial con el cual el señor Fabio de Jesús Zuluaga
Gómez fue declarado interdicto, no cumple los requisitos mínimos a que se
refiere la Ley 100 de 1993, es decir, con el mismo no se puede conocer con
certeza si la discapacidad mental moderada que lo acompaña, corresponde a una
pérdida de capacidad laboral superior al 50%, además de que tampoco permite
establecer desde qué momento esa discapacidad lo afectó. Por ello, pretender
que el reconocimiento pensional se sustente en un dictamen médico que no
precisa el nivel de invalidez ni su fecha de estructuración, y en testimonios,
que como se anotó, son un criterio complementario más no principal, no resulta
posible que con las pruebas aportadas al plenario, se produzca la asimilación a
la calificación de la pérdida de la capacidad laboral.
Ciertamente, en los casos citados en esta providencia
en los cuales se asimiló la interdicción a la condición de invalidez, los
dictámenes periciales proferidos en sede de los respectivos procesos de
interdicción judicial, cumplían a cabalidad con tales elementos, es decir,
dejaban absolutamente claro la tipología de la invalidez (en esos casos incapacidad
absoluta), y la fecha en que esa condición se había estructurado, concluyéndose
que en efecto esa condición se encontraba presente con antelación a la muerte
del causante de la pensión cuyo reconocimiento se reclamaba. De esta manera,
existían razones jurídicas suficientes para relevar a esas personas de tener
que someterse a una nueva valoración médica para demostrar su condición de
invalidez, razones que no se encuentran presentes en este caso.
El dictamen pericial que la accionante pretende sea
tenido en cuenta como fundamento jurídico y fáctico para reconocer la
sustitución pensional a favor de su hermano Fabio de Jesús, es ambiguo en su contenido,
en el cual solo se cuenta con un diagnóstico de “retardo mental moderado”,
“de etiología desconocida”, sin mayores especificaciones sobre los tipos
de incapacidad ni su origen, y los testimonios aportados no son jurídicamente
relevantes para ser considerados como la mejor manera de probar la condición de
invalidez y la dependencia del accionante respecto de sus padres. Y en lo que
respecta al dictamen médico, éste se limita a (i) exponer el panorama mental
del señor Fabio de Jesús vigente para ese momento —año 2005—; (ii) explica
algunas características generales que definen la discapacidad mental; (iii)
señala las limitaciones que esta discapacidad causa a la persona para su
integración a la sociedad, y (iv) diagnostica un panorama de la atención que
esa persona deben tener a futuro. Sin embargo, nada de lo allí explicado,
permite inferir de manera medianamente clara si la condición mental del
accionante ha sido la misma en todo momento. Además, el referido concepto
médico crea una mayor incertidumbre cuando afirma que el origen de la condición
mental del señor Fabio de Jesús “puede ser una limitación
congénita en el desarrollo del cerebro, por una enfermedad o por una
lesión cerebral que se produjeron durante o inmediatamente después del
nacimiento o bien como consecuencia de una falta de maduración debida o
que los estímulos ambientales provenientes de fuentes familiares y culturales
han sido insuficientes para estimular su desarrollo.” (Énfasis
agregado).
A estas luces, la Sala estima que las autoridades
judiciales realizaron una actividad probatoria ajustada a los requisitos que la
ley establece para la valoración de la condición de invalidez. De manera que no
procede el requisito especial de defecto fáctico.
b.
Ahora bien, en lo que
respecta al alegado defecto sustantivo, debe anotarse que desde el
momento en que la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de
Colombia negó el reconocimiento de la sustitución pensional, señaló de manera
explícita el incumplimiento de los requisitos legales contenidos en la Ley 100
de 1993 para alcanzar tal reconocimiento. Este mismo argumento fue igualmente
mencionado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al
resolver el recurso extraordinario de casación. Indicó esa instancia judicial,
que el verdadero cargo que debió promoverse en sede de dicho recurso, debió ser
el concerniente a la suficiencia probatoria respecto de la “probada invalidez”.
Ciertamente, las entidades aquí accionadas, sostuvieron en todo momento que la
condición de invalidez solo podía probarse en los términos señalados en el
artículo 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993, y si bien este requisito ha
tenido puntuales excepciones, bajo ciertos parámetros, éstos no se presentan en
el caso de Fabio de Jesús, pues el contexto fáctico y probatorio no permite dar
por cumplidas las exigencias legales.
Por las anteriores consideraciones, queda igualmente
demostrado que las decisiones judiciales aquí controvertidas tampoco
incurrieron en un defecto sustancial, razón por la cual la Sala considera que
las decisiones adoptadas por las autoridades accionadas, hicieron una acertada
valoración del material probatorio aportado al proceso, así como también
realizaron una interpretación razonable de las normas aplicables al caso, razón
por la cual por lo que se confirmarán las decisiones de instancia
controvertidas en esta acción de tutela.
4.1.3 El anterior
análisis permite determinar, entonces, que no se estructura ninguno de los
defectos alegados en la acción de amparo, y en tal sentido, no se observa una
vulneración del derecho al debido proceso a partir de las actuaciones
realizadas por las autoridades judiciales dentro del trámite  laboral que
resolvió sobre la sustitución pensional a favor del señor Zuluaga Gómez. Sin
embargo, no obstante que la Corte no haya encontrado una violación al debido
proceso, esto no significa que no exista un problema de relevancia
constitucional respecto al derecho a la seguridad social y la vida digna del
señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, toda vez que, si bien en el proceso laboral
no fue posible probar la condición de invalidez por falta de la calificación de
la incapacidad laboral, como medio idóneo para tal efecto, ello no implica que,
necesariamente, dicha condición no exista. De modo que pasa la Sala a estudiar
las supuestas violaciones a los derechos a la vida digna y la seguridad social
alegadas por la accionante en razón de que la Caja de Previsión Social de la
Universidad Nacional de Colombia —hoy fondo de Pensiones— negó el reconocimiento
de la sustitución pensional. Para lo cual se tendrá en cuenta la condición de
sujeto de especial protección constitucional del señor Fabio de Jesús Zuluaga
Gómez.
4.2 La
sustitución pensional del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez en su condición de
sujeto de especial protección.
4.2.1 El presente caso expone un conflicto en torno a la solicitud de
reconocimiento de una sustitución pensional a favor del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, en calidad de
hijo inválido. Esta pensión tuvo origen en la pensión de jubilación en cabeza
de su padre, y que, a su fallecimiento fue sustituida en favor de la cónyuge,
madre de Fabio de Jesús. En este contexto, y ante la muerte de ésta, la
accionante reclama la sustitución de la pensión a favor de su hermano, en tanto
que padece una enfermedad mental por la cual fue declarado interdicto
judicialmente, pertenece a la tercera edad y había siempre dependido
económicamente de sus padres. Sin embargo, la Caja de Previsión Social de la
Universidad Nacional de Colombia —hoy Fondo Pensional— negó el reconocimiento
de la sustitución pensional al decir que, por una parte, no es posible
solicitar una sustitución de una pensión que ya fue sustituida previamente en
favor de la cónyuge del causante, y, por la otra, que como quiera, no se
contaba con un dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral que
acreditara la condición de invalidez: elemento indispensable para acceder al
derecho.
4.2.2 De los supuestos fácticos es preciso destacar la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra el señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez. O si se quiere, podría
decirse de doble vulnerabilidad, pues, de un lado, padece una discapacidad en
razón de la enfermedad mental por la cual fue declarado judicialmente como
persona interdicta, mediante sentencia del 21 de febrero del 2005; y del otro,
es de tenerse en cuenta su avanzada edad (70 años al día presente). Situaciones
que lo ubican como una persona de especial protección constitucional que
requiere de una atención particular por parte del Estado[50]. Y es esta
condición de vulnerabilidad la que llama al juez de tutela a hacer un examen exhaustivo
de la condición del sujeto, y, de ser preciso,  adoptar las medidas necesarias
para procurar el amparo de sus derechos fundamentales.
En este orden de ideas, se muestra evidente que la ausencia de sustento
económico redunda en una situación de riesgo para la condición del señor
Zuluaga Gómez. Y es en este sentido que cobra relevancia constitucional la
discusión sobre la sustitución pensional, pues en ciertos casos, como lo ha
dicho esta Corporación, el derecho a la pensión puede devenir en derecho
fundamental[51].
Sin embargo, por otro lado, no puede llevarse al punto de que la condición
especial de la persona afectada por la pensión lleve al desconocimiento de exigencias
que la ley establece para el acceso a ciertos derechos que, como en el acceso a
la pensión, son las que determinarían el nacimiento de la obligación a cargo de
la aquí accionada Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de
Colombia —hoy Fondo Pensional— en cuanto al pago de la pensión solicitada. Sólo
que, en atención a la condición de sujeto de especial protección
constitucional, las valoraciones que haga el juez de tutela deben realizarse
con un criterio más amplio y garantista[52].
4.2.3 El primero de estos requisitos legales, determina que el derecho
a la sustitución pensional se causa en favor de ciertos beneficiarios. Y como
se explicó en las consideraciones generales de la presente providencia, la
figura de la sustitución está destinada a atender las condiciones de vida digna
del grupo familiar de la persona pensionada que ha muerto. En
estos mismos términos, se indicó que la Ley 100 de 1993, en el artículo 47,
establece quiénes son las personas que componen el grupo familiar, y que, en
este orden, son las posibles beneficiarias de la sustitución. Así las cosas,
quedó establecido que nada obsta para que en algún caso, como en el presente,
se presenten varios beneficiaros de una misma sustitución.
En tal sentido, no es de recibo la afirmación de la Universidad
Nacional de Colombia —hoy Fondo Pensional—, al decir que no resulta posible que
el señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez pretenda reclamar la sustitución en
condición de hijo inválido, cuando la misma ya había sido concedida, tiempo
atrás, en favor de su madre, pues ello significaría, dice la entidad, una doble
sustitución. Debe aclararse, entonces, que en estos casos se trata de una misma
y única sustitución pero que cuenta con varios beneficiarios, quienes, como
grupo familiar, satisfacían sus necesidades a partir del pago de la pensión que
recibía el causante en razón de su jubilación. Solo que, en el caso concreto, se
manifiesta una deficiencia en la representación del señor Fabio de Jesús
Zuluaga Gómez, en favor de quien, en su momento, no fue reclamada la
sustitución, quizá porque a su tiempo su madre se encargó de solventar —con la
misma sustitución pensional— los gastos de su manutención. Pero, en todo caso,
esta falta en la gestión de sus derechos no impide que, ahora, de verificarse
los requisitos legales, sea reconocido un derecho que originalmente le podía
haber pertenecido como beneficiario de la pensión reclamada.
4.2.4 Ahora bien, aclarada la legitimación de Fabio de Jesús Zuluaga
Gómez para, en calidad de hijo inválido, reclamar la sustitución pensional,
debe tenerse en cuenta que la ley exige que para efectos del reconocimiento de
la misma se demuestre la condición de invalidez a la luz de las reglas
establecidas en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. Así pues, se hace preciso
que el dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral arroje un
resultado mínimo del 50%, y que enseñe como fecha de estructuración un momento anterior
a la muerte del causante de la pensión, en este caso del padre del señor
Zuluaga Gómez, quien fue el titular de la pensión de jubilación objeto de la
sustitución reclamada.
Efectivamente, como ya se apuntó, en el presente caso no consta que en
algún momento se haya realizado la calificación de pérdida de la capacidad
laboral, ni tampoco fue posible que, a partir del dictamen médico que sirvió de
sustento para la declaratoria de interdicción, se pudiese suplir la ausencia de
dicha calificación. Sin embargo, encuentra la Sala que, sea por desconocimiento
o por negligencia de las personas que han estado a cargo del cuidado del señor Fabio
Zuluaga Gómez, esta omisión no puede repercutir en un perjuicio de los derechos
del sujeto de especial protección. Es decir, que no puede trasladarse al sujeto
protegible un perjuicio causado por la omisión de sus representantes, quienes
no han procedido a solicitar la calificación de pérdida de la capacidad
laboral, buscando, sin resultado, que sea suplida por la declaratoria de
interdicción.
Así las cosas, no se encuentra razón para que, al presente, no se
realice, como debió hacerse previamente, la calificación de pérdida de la
capacidad laboral de Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, toda vez que este es el
mecanismo establecido por la ley para determinar si se configuraba la invalidez
al momento de la muerte de su padre. Con lo cual se busca que, por causa de las
deficiencias en la representación, no se desconozca un derecho que en la
eventualidad de tenerse, permita garantizar el sustento y cuidado de un sujeto
de especial protección constitucional.
4.2.5 En estos términos, la Sala estima que la negación de la entidad
accionada a reconocer la sustitución pensional a favor del señor Fabio de Jesús
Zuluaga Gómez, sin contar con  una valoración sobre su estado de invalidez,
pone en riesgo los derechos fundamentales de un sujeto que requiere de una
especial protección constitucional en virtud de su estado de vulnerabilidad y
dependencia. Ahora que, como de esta falencia probatoria no puede tampoco endilgarse
a cargo de la Universidad Nacional de Colombia —hoy Fondo Pensional—  una
obligación hasta ahora incierta, lo que procede es que la entidad verifique el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración, para
lo cual deberá asumir a su cargo la realización de esta calificación,
encargándola y pagando a las entidades autorizadas para realizarla; y sólo en
caso de que los resultados de la misma acrediten el estado de  invalidez, con
una fecha de estructuración previa a la muerte del padre de Fabio de Jesús
Zuluaga Gómez, estará en la obligación de reconocer la sustitución pensional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos
ordenada por auto del 22 de agosto de 2013.
SEGUNDO.- REVOCAR
la sentencia dictada el 28
de noviembre de 2012 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, y la proferida el 19 de diciembre de 2012 por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negaron la presente acción de tutela,
para, en su lugar, TUTELAR el derecho fundamental a la seguridad social
de Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, por las consideraciones aquí expuestas.
TERCERO.- ORDENAR a la Caja de Previsión
Social de la Universidad Nacional de Colombia – hoy Fondo Pensional-, que en un
periodo no mayor a quince (15) días, contados a partir de la notificación de la
presente sentencia,  asuma la realización del examen de calificación de pérdida
de capacidad laboral del señor Fabio de Jesús Zuluaga Gómez, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993.
Si como
consecuencia de dicha calificación se confirma que el accionante era   una
persona inválida para el momento del fallecimiento de su padre —causante de la
pensión que se reclama—, la entidad tutelada deberá dictar el respectivo acto
administrativo que reconozca la sustitución pensional en favor de Fabio de
Jesús Zuluaga Gómez, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición
del referido dictamen. Caso en el cual, deberá incluirlo en nómina  de manera
inmediata y, dentro de los 15 días siguientes a la expedición del acto
administrativo de reconocimiento, proceder a pagarle las mesadas dejadas de
percibir, y que en los términos de ley no hayan prescrito para su cobro.
Recuerda la Sala
que en la medida en que el accionante Fabio de Jesús Zuluaga Gómez fue
declarado judicialmente interdicto, la Caja de Previsión Social de la Universidad
Nacional de Colombia —hoy Fondo Pensional—, deberá atender dicha consideración
jurídica a efectos de que el acto administrativo que reconozca la sustitución
pensional, vincule a la curadora general judicialmente designada: Luz Teresita
Zuluaga Gómez.
CUARTO.- Por secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-858/14
Referencia: Expediente T-3.807.360
Acción de tutela instaurada por Luz
Teresita Zuluaga Gómez como curadora general del señor Fabio de Jesús Zuluaga
Gómez contra La Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia
-hoy Fondo Pensional-, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Si bien comparto la decisión adoptada por
la Sala de Revisión en el caso de la referencia, debo precisar que la norma
aplicable y que regula los beneficiarios de la sustitución pensional en el caso
sub
examine lo es la Ley 71 de 1988[53], norma vigente al momento del fallecimiento del causante de
la pensión.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la
Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, mediante Auto del 24 de abril de
2013.
[2] A folio 45 del
Cuaderno 1 del expediente obra fotocopia de la partida de bautismo del señor
Zuluaga Gómez en la que consta que nació el 11 de julio de 1944, contando para
la fecha de interposición de esta acción de tutela con 68 años de edad.
[3] A folio 32 del
Cuaderno 1 del expediente de tutela, obra copia de la sentencia proferida el 21
de febrero de 2005 por el Juzgado Sexto de Familia de Medellín que declaró la
interdicción judicial del señor Zuluaga Gómez por tener un diagnóstico de
retardo mental moderado.
[4] A folio 43 del
Cuaderno 1del expediente de tutela, obra el correspondiente registro de
defunción del señor Mauro Hernando Zuluaga Zuluaga en el que se constata su
fallecimiento el día 12 de febrero de 1989.
[5] A folio 44 del
Cuaderno 1 del expediente de tutela, obra el correspondiente certificado de
defunción de la señora Cándida Rosa Gómez de Zuluaga en el que se confirma su
fallecimiento el día 26 de marzo de 2000.
[6] Ver folio 32
del Cuaderno 1 del expediente de tutela. La expresión entre comillas es la
única mención que el fallo de interdicción judicial de primera instancia hace
respecto del contenido de la certificación médica expedida por el siquiatra
Gabriel Jaime López Calle.
[7] Ver folios 32 y
33 del Cuaderno 1 del Expediente de tutela.
[8] A folios 31
a 39 del Cuaderno 1 del expediente de tutela, obran los dos fallos judiciales
en los que se declaró y confirmó la interdicción judicial del señor Fabio de
Jesús Zuluaga Gómez.
[9] De los
documentos obrantes en el expediente de tutela, no consta prueba alguna que
permita determinar con certeza, la fecha en que la señora Luz Teresita Zuluaga
Gómez dio trámite a la petición de sustitución pensional ante la
Caja de Previsión Social de la
Universidad Nacional.
[10] Ver folio 23
del Cuaderno 2 del expediente de tutela
[11] Ídem.
[12] La
Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, “por la cual se expiden normas sobre
pensiones y se dictan otras disposiciones” dispone en su artículo 3 lo
siguiente:
“Artículo 3 .- Extiéndase las previsiones
sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la
Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la
Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite compañero o
compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los padres o hermanos
inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a
continuación se establecen:
1. El cónyuge sobreviviente o compañero o
compañera permanente, tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos
menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión con
derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tengan extinguido su derecho.
De igual manera respecto de los hijos entre sí.
2. Si no hubiere cónyuge o compañero o
compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a
los hijos menores o inválidos por partes iguales.
3. Si no hubiere cónyuge supérstite o
compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución
de la pensión corresponderá a los padres.
4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero
o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución
de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan
económicamente del causante.”
[13] Por Auto de
pruebas del 28 de junio de 2013, ésta Corporación obtuvo de manos de la
accionante, copia del fallo de segunda instancia, pudiéndose establecer que el
mismo fue proferido el 3 de octubre de 2008 por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Lo anterior se debió a que
los fallos judiciales atacados por la actora en su demanda de tutela, incluido
el dictado en sede de casación, son citas fragmentadas o parciales, de tales
decisiones las cuales corresponden a versiones hechas por la accionante.
[14] De acuerdo a
los antecedentes de la sentencia de tutela de primera instancia dictada por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 30 de agosto de
2012, se señala que la decisión de casación se profirió el anotado 2 de mayo de
2012 (ver folio 49 del Cuaderno 1 del expediente de tutela). Posteriormente, y
en razón a la práctica de pruebas ordenada por la
Corte Constitucional, la accionante remitió copia íntegra de todos los fallos
dictados en el proceso ordinario laboral tramitado por ella, incluido el
dictado en sede de casación por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia de fecha 2 de mayo de 2012.
[15] Debe
recordarse que en la citada providencia se señaló: “Cuando se presente una
situación (…) en la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una
acción de tutela contra una de sus providencias, el tutelante tendrá la opción
de: (i) acudir a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es
decir, presentar la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la
Corte Suprema de Justicia; o (ii) solicitar ante la
Secretaría General de la
Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la
Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las
normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el
interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la
decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela”.
[16] Ver folio 29
del cuaderno 2 expediente de tutela.
[17] Ley 16 de 1969, ARTICULO 7o. El artículo 23 de la
Ley 16 de 1968 quedará así:
“El error de hecho será motivo de casación
laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea
de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección
ocular; pero es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto,
demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que éste aparezca de
manifiesto en los autos.”
[18] Cabe recordar
que el referido dictamen médico fue elaborado en diciembre de 2004 y recibido
más exactamente el 14 de diciembre de 2004 por el Juzgado Sexto de Familia de
Medellín, según consta en sello que obra al final del documento en cuestión.
[19] Obra en el
referido documento sello del Departamento de Registro y Subsidio de la
Caja de Compensación Familiar Comfenalco, de fecha 30 de abril de 2007,
impuesto por Francisco Alfonso Gómez A.
[20] En la
Sentencia C-617 de 2001 se hace un análisis al respecto.
[21] Sentencia
T1067 de 2006.
[22] Ibídem
[23] Magistrado
Ponente Jaime Córdoba Triviño.
[24] Sentencia
C-002 de 1999 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[25] Sentencia
C-080 de 1999 M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[26] Sentencia
T-190 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido ver sentencia
T-553 de 1994 M. P. José Gregorio Hernández Galindo, y C-617 de 2001
M. P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
[27] Magistrado
Ponente Alejandro Martínez Caballero.
[28] Sentencia
C-002 de 1999 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[29] Sentencia
T-606 de 2005 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[30] Sentencia
C-617 de 2001 M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[31] Magistrado
Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
[32] Aparte
subrayado declarado exequible en sentencia C-451 de 2005
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[33] Aparte tachado
declarado inexequible en sentencia C-1094 de 2003
M. P Jaime Córdoba Triviño.
[34] Las
expresiones “compañera o compañero permanente” y “compañero o compañera
permanente” presentes en todo el artículo y que se encuentran en negrilla
fueron declaradas condicionalmente exequibles en sentencia C-336 de 2008
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35] El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 38. ESTADO
DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente
capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de
su capacidad laboral.” El aparte subrayado fue declarado exequible en sentencia
C-589 de 2012 M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[36] Consultar
entre otras las siguientes sentencias T-941 de 2005, T-595 de 2006 y T-701 de
2008, T-326 de 2007, T-014 y T-730 de 2012, t-395 y T-609  de 2013.
[37] La
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en sentencia del 27 de
agosto de 2002, señaló que los hijos inválidos deben demostrar: “a) que se
trate de hijos del causante, b) que sean inválidos, c) que dependan
económicamente de él, y, d) que se mantenga la condición de invalidez”. Aparte
jurisprudencial extraído del libro Régimen General de Pensiones Comentado, del
autor Jorge Gamboa Jiménez. Editorial Leyer, 2009, página 107.
[38] Sentencia
T-140 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[39] Sentencia
T-326 de 2007, en cuyo pie de página cita la sentencia T-1283 de 2001
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Este planteamiento fue reiterado más recientemente,
en la sentencia T-577 de 2010 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[40] Artículo 41 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012
“ARTÍCULO 41. CALIFICACIÓN DEL ESTADO
DE INVALIDEZ. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo
dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la
calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será
expedido por el Gobierno Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de
evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para
desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral. Corresponde al
Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las
Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de
estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días
siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de
cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.  // El
acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas entidades,
deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron
origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado
puede solicitar la calificación por parte de la junta regional y la facultad de
recurrir esta calificación ante la junta nacional (…)”.
[41] Magistrado
Ponente Rodrigo Escobar Gil.
[42] El artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13, literal d), parcial, de la
Ley 797 de 2003 establece: “[a] falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios (a la pensión de
sobrevivientes) los padres del causante si dependían económicamente de forma
total y absoluta de éste”. El aparte subrayado y en negrilla fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil, unánime), bajo el entendido que: “(…) dicha medida
legislativa sacrifica los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, y
los deberes que le incumben al Estado de solidaridad y protección integral de
la familia, que en términos constitucionales se consideran más importantes en
defensa y protección del Estado Social de [Derecho]”.
[43] Ibídem.
[44] “Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados”. Ver Diario Oficial No. 47.371
de 5 de junio de 2009.
[45] De manera expresa el artículo 119 de la
Ley 1306 de 2009, ARTÍCULO 119. derogó los  artículos
261; 428 a 632 del Código
Civil. Igualmente modificó parcialmente el artículo 34 del Código
Civil, los artículos 427, 447, 649, 655, 659, 660 del Código de
Procedimiento Civil; el artículo 5o del Decreto 2272 de 1989 y las demás normas
que sean contrarias a esta ley. Así, el artículo 2° de la referida ley define
los sujetos con discapacidad mental así:
“ARTÍCULO 2o. LOS SUJETOS CON DISCAPACIDAD
MENTAL. Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece
limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el
alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de
su patrimonio.
La incapacidad jurídica de las personas con discapacidad mental será
correlativa a su afectación, sin perjuicio de la seguridad negocial y el
derecho de los terceros que obren de buena fe.
PARÁGRAFO. El término ‘demente’ que aparece actualmente en las demás
leyes, se entenderá sustituido por ‘persona con discapacidad mental’ y en la
valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente ley en lo
pertinente.”
[46] M.P.
Alexei Julio Estrada
[47] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva
[48] En dicha
sentencia la Corte indicó:
“Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[48]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad
y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[48]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo
de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de
las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[48].  De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[48]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de
imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello
hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[48].  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no
se trate de sentencias de tutela[48].  Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[48]
[49] En la
sentencia C-590 de 2005 esta Corporación estableció que el defecto fáctico,
“surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.
[50] La Carta Política colombiana, en los artículos 13 y 47, describe el
marco general de vinculación del Estado a la protección especial de las
personas en condición de discapacidad, el cual dispone que debe adoptarse una
política de previsión, rehabilitación e integración social. Esto es, que en
términos generales, se generen a favor de estas personas, medidas que propendan
por la consecución de una igualdad real y efectiva; y sean de esta manera
protegidos y sancionados de los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
[51] “La Corte ha considerado en reiteradas oportunidades que la pensión
de sobrevivientes se constituye en un derecho de contenido fundamental, en
tanto mediante ella se garantiza el mínimo vital de las personas que se
encontraban al cuidado del causante.” (Sentencia T-1229 de 2003.
M.P. Rodrigo Escobar Gil) En igual sentido puede verse la
Sentencia T-049 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[52] Sentencia T-577 de 2010 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En efecto, en sentencia T-326 de 2007[52],
al estudiarse el caso del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a
favor de una mujer inválida, la Corte señaló lo siguiente:
“(…) el
derecho a la pensión de sobrevivientes adquiere el carácter de fundamental
cuando de éste depende la materialización de los mandatos constitucionales que
propenden por el establecimiento de medidas de especial protección a favor de
las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, tales
como los niños, las personas de la tercera edad y los discapacitados o
inválidos”.
[53]
Artículo 3o
"Extiéndase
las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973. de la Ley 12
de 1975. de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al
cónyuge supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos menores o
inválidos y a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del
pensionado (…)”