T-254-18
Sentencia T-506/12
Sentencia T-254/18
DESISTIMIENTO DE LA ACCION DE
TUTELA-Procedencia durante el trámite de las
instancias siempre que refiera intereses personales del peticionario/DESISTIMIENTO
DE LA ACCION DE TUTELA-Improcedencia cuando es elevado después de la
escogencia de un expediente por la Corte Constitucional
La sentencia T-376 de 2012 refirió que el desistimiento de la
acción tuitiva era procedente en el trámite de las instancias y siempre que se
relacione con los intereses personales del accionante. Pero cuando se intenta “después
de la escogencia de un expediente por parte de la Corte Constitucional se torna
improcedente, debido a que las decisiones que adopta esta Corporación al
revisar los fallos proferidos por todos los jueces cuando ejercen funciones
propias de la jurisdicción constitucional se orientan a satisfacer propósitos
que trascienden los intereses individuales del accionante, asociados
primordialmente a la unificación de la interpretación de los derechos
constitucionales y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional”.
DESISTIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA-Improcedencia
en el caso concreto por cuanto fue radicado con posterioridad a la selección
del asunto
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional
La Corte
Constitucional ha sujetado el reconocimiento de las prestaciones pensionales a
través de la acción de tutela a las siguientes reglas:“(i) procede como mecanismo
transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa
para el reconocimiento de la prestación, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; (ii)
procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario
dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a
las especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, (iii) cuando la
acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en
condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros, el
examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos”.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO
DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia
excepcional cuando se vulneran derechos de las personas de la tercera edad
SUSTITUCION PATRONAL-Marco normativo
SUSTITUCION PATRONAL-Jurisprudencia constitucional
SUSTITUCION PATRONAL-Finalidad y elementos
La Corte
Constitucional ha considerado que la citada figura tiene como finalidad “amparar a los asalariados
contra un imprevisto e intempestivo fin del contrato de trabajo producido por
el traspaso o cambio de dominio o de administración de la empresa”. Así
mismo, ha sostenido que para estructurar la sustitución patronal se requiere la
presencia de tres requisitos: (i) un cambio de empleador; (ii) la continuidad
de la empresa o afinidad en sus operaciones; y (iii) la continuidad del trabajador.
SUSTITUCION PATRONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia
SUSTITUCION PATRONAL Y OBLIGACION
DE NUEVO EMPLEADOR DE RECONOCER TIEMPOS DE APORTES PARA PENSION DE VEJEZ
SISTEMA PENSIONAL EN COLOMBIA-Evolución
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental y
autónomo
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Servicio público de carácter obligatorio y
derecho irrenunciable
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Instrumentos internacionales que reconocen su importancia
AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
MORA EN EL PAGO DE APORTES Y
COTIZACIONES PENSIONALES-Reiteración de jurisprudencia
MORA EN EL PAGO DE APORTES Y
COTIZACIONES PENSIONALES-Entidad administradora de
pensiones no puede hacer recaer sobre el trabajador las consecuencias negativas
que se puedan derivar de la mora del empleador en el pago de dichos aportes
MORA EN EL PAGO DE APORTES Y
COTIZACIONES PENSIONALES-Obligación de las entidades
administradoras de cobrar a los empleadores morosos los aportes adeudados
PENSION
DE VEJEZ-Naturaleza y finalidad
PENSION DE VEJEZ-Requisitos
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Aplicación
DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ-Orden a Colpensiones proceder a
realizar las acciones necesarias tendientes al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez a favor del accionante
Referencia: Expediente T-6.568.257
Acción de tutela instaurada por el señor Manuel Esteban Otero
Beltrán contra Colpensiones y Agrícola Sara Palma S.A.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C.,  cuatro
(4) de julio de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido,
Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
profiere la presente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos emitidos
el 23 de agosto de 2017 por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia)
en primera instancia, y el 11 de octubre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia en segunda, al interior de la
acción de tutela interpuesta en el asunto de la referencia.
ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado el 14 de agosto de 2017
en la Secretaría del Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó (Antioquia), el
señor Manuel Esteban Otero Beltrán interpuso acción de tutela contra Colpensiones y la empresa Agrícola Sara Palma S.A. invocando
el amparo de los derechos fundamentales a la pensión, mínimo vital y vida digna.
Lo anterior porque, a través de la Resolución SUB
129635 del 18 de julio de 2017, Colpensiones le negó la pensión de vejez al
considerar que no cumplía con el mínimo de semanas cotizadas exigidas por la
Ley. Para fundamentar la acción relató los siguientes:
Hechos[1]
1. Manifestó
que desde el 6 de enero de 1987, se vinculó como trabajador de la finca “El
Guineo”[2] (que fue propiedad de la empresa Jaramillo
Plantaciones Río de Oro S.A.) en oficios varios. Asimismo, indicó que
actualmente su empleadora es la sociedad Agrícola Sara Palma S.A. toda vez que,
entre ésta y las compañías Agrícola Río León S.A. y C.I. Proban S.A. se
presentaron algunas fusiones y escisiones que determinaron la sustitución
patronal.
2. Aseveró
que es una persona de 70 años de edad[3] y con afecciones de salud (en la
visión, columna vertebral y cansancio en sus piernas) que le impiden continuar
laborando[4].
3. Expresó
que a pesar de haber iniciado sus labores en 1987, fue afiliado al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones del Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones) a partir de 1994. Por tanto, precisó que en el período 1987-1994
no presenta aportes al fondo[5] ante la omisión del empleador de
realizarlos.
4. Indicó que el
2 de julio de 2017, solicitó a Colpensiones la pensión de vejez, pero le fue
negada a través de Resolución SUB 129635 del 18 de julio de 2017, bajo el
argumento que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas, puesto que solo
acreditó “un total de 8.276 días laborados correspondientes a 1.182 semanas
válidamente cotizadas al ISS hoy Colpensiones”[6]. Y si bien se le reconoció
que era beneficiario del régimen de transición, tampoco cumplía con la
exigencia de haber cotizado en el período de vigencia del Acuerdo 049 de 1990.
5. A través de la presente acción
de tutela demanda el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna,
seguridad social en pensiones, mínimo vital y debido proceso (contenidos en los
arts. 1º, 11, 29, 46 y 48 de la C. P.) y, en consecuencia, se ordene a la firma
Agrícola Sara Palma S.A. realizar los aportes en pensiones correspondientes al
período 1987 a 1994, y a Colpensiones que le reconozca y pague la pensión de
vejez.
Trámite procesal
6. Por auto del 15 de agosto de 2017[7],
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó (Ant.) admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a las entidades accionadas.
Respuestas de las entidades accionadas
7. La apoderada de la sociedad Agrícola
Sara Palma S.A. aceptó que desde el 2009 entre el actor y su representada
existe una relación laboral. Con anterioridad a ese año su empleador fueron
otras sociedades.
Con relación a la afiliación de los trabajadores a
la Seguridad Social expuso que en 1986, cuando surgió esa obligación para los
empresarios, no pudieron cumplirla “porque las organizaciones mayoritarias
que agrupaban a los trabajadores (Sintagro, Sintrabanano y Sintrainagro) se opusieron
frontalmente a consentir esa afiliación, y se negaron sistemáticamente a
cumplir con los requisitos (firma de formulario y entrega de copia de los
documentos de identidad propios y los de su grupo de beneficiarios) que debían
cumplir para cumplir con la afiliación al Instituto de Seguros Sociales”[8].
Aunado a lo anterior, señaló que al momento de
interponer la acción de tutela, el actor se encontraba en licencia y, aun así,
se le estaba pagando su salario y los aportes para pensión.
Manifestó que no se ha vulnerado ningún derecho
fundamental del actor, puesto que la pensión “no está consagrada como un
derecho fundamental y, no lo es, entre otras razones, porque no en todos los
casos la afiliación de una persona al Sistema General de Pensiones genera el
derecho al reconocimiento de una pensión y, en esos casos se termina
percibiendo del sistema una indemnización sustitutiva de la pensión o la
devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual, dependiendo del régimen
pensional del afiliado”[9]. En ese orden,
destacó que el mínimo vital y la vida digna, que sí son derechos fundamentales,
no se han violentado porque la entidad de manera oportuna le ha pagado sus salarios,
incluso en el período de licencia.
Consideró, además, que la acción invocada en este
caso es improcedente, toda vez que la controversia está relacionada con el
presunto incumplimiento del empleador de 1987 a 1994 en afiliarlo al sistema de
seguridad social, para lo cual cuenta con otro medio judicial, que no ha sido
activado por el señor Manuel Esteban Otero Beltrán.
8. Colpensiones guardó silencio frente al
traslado de la acción de tutela, a pesar de haber sido vinculada y notificada.
Pruebas que obran en el
expediente
9. Las pruebas relevantes
aportadas con la acción de tutela y la respuesta de la demandada son las que a
continuación se relacionan:
- Fotocopia de la cédula de
ciudadanía No. 6.687.173 a nombre del señor Manuel Esteban Otero Beltrán[10], que da cuenta que
nació el 13 de julio de 1947.
- Copia de la Resolución No. SUB
129635 del 18 de julio de 2017, firmada por el Subdirector de Determinación IV
(A) de Colpensiones, a través de la cual se negó el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez al accionante, porque solo tiene 1.182 semanas cotizadas. Y si
bien es beneficiario del régimen de transición, tampoco podía accederse a la
pensión, porque requiere acreditar cotizaciones antes de la vigencia del
Sistema de Seguridad Social, según lo señalado en la Circular 01 de 2012,
expedida por la Vicepresidencia Jurídica y de Prestaciones y Beneficios de
Colpensiones[11].
- Copia del Reporte de semanas
cotizadas en pensiones correspondiente al señor Otero Beltrán, actualizado al
15 de junio de 2017[12], donde se advierte que el actor
cotizó 1.178 semanas.
- Fotocopia –poco legible- de un
contrato de trabajo individual a término indefinido a nombre del señor “Manuel
Otero”[13], celebrado con Gustavo Jaramillo.
- Fotocopia de formulario de
novedades de ingreso de trabajador dependiente a la Administradora de Riegos
Profesionales “La Previsora Vida S.A.”[14].
- Fotocopia de formulario único
de afiliación e inscripción a la EPS-Régimen Contributivo -Solsalud- a nombre
del actor[15].
- Fotocopia de formulario de
vinculación o actualización al Sistema General de Pensiones, a nombre del señor
Otero Beltrán del 3 de agosto de 2002 y cuyo empleador era C.I. Proban S.A.[16].
- Fotocopia de escrito del 28 de
junio de 2017 del señor Otero Beltrán, dirigido a Agrícola Sara Palma S.A., a
través del cual solicita una licencia remunerada al básico de dos (2) meses a
partir de esa fecha por encontrarse “mal de salud”[17].
- Copias de 7 desprendibles de
pago al señor Manuel Esteban Otero Beltrán por la Agrícola Sara Palma S.A.
correspondientes a las quincenas comprendidas entre el 24 de abril y el 7 de
mayo, 8 al 21 de mayo, 22 de mayo al 4 de junio, 5 al 18 de junio, 19 de junio
al 2 de julio, 3 al 16 de julio y 17 al 30 de julio de 2017[18].
Decisiones de
tutela objeto de revisión
Primera instancia
10. El
Juzgado 2º Penal del Circuito de Apartadó (Ant.) mediante sentencia del 23 de
agosto de 2017 declaró improcedente el amparo. La providencia analizó las
causales de improcedencia de la acción de tutela, para lo cual citó
jurisprudencia de esta Corporación. De este modo concluyó que en el caso
concreto no se demostró que el actor hubiese agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios que tenía a su alcance en la jurisdicción laboral. Además,
que el problema jurídico planteado era netamente legal y su competente el juez
laboral.
Impugnación
11. En
escrito del 28 de agosto de 2017, el señor Manuel Esteban Otero Beltrán impugnó
la decisión de primera instancia. Indicó que agotó “todas las vías
administrativas y todos los recursos ante estas entidades, me he dirigido en
más de varias ocasiones ante estas entidades de manera personal”[19]. Además, recordó
que si bien la jurisprudencia constitucional ha señalado que la tutela no
procede en principio para el pago de acreencias laborales, también ha reiterado
su procedencia cuando el no pago de las mismas pone en peligro los derechos a la
vida digna y el mínimo vital.
Manifestó que
los inconvenientes administrativos de las entidades no pueden servir de excusa válida
para sustraerse “de la obligación contraída con sus trabajadores y
extrabajadores, de garantizar el pago completo y cumplido de las obligaciones
laborales, de tal manera que ha concedido la protección constitucional en casos
en que está claramente amenazado el mínimo vital”[20].
Segunda
instancia
12. Mediante
sentencia del 11 de octubre de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia confirmó la primera instancia. La providencia
resaltó los requisitos de procedencia de la acción de tutela: la inmediatez y
subsidiariedad. Destacó que la decisión impugnada fue acertada en la medida que
no se reúnen las condiciones exigidas por la jurisprudencia para ordenar, de
manera excepcional, el reconocimiento de la pensión de vejez. Ello, porque el
accionante tiene a su disposición otro mecanismo de defensa judicial “idóneo
y adecuado para buscar el establecimiento (sic) de sus derechos, esto es, la
jurisdicción laboral”[21].
De otro lado,
señaló que tampoco se demostró el perjuicio irremediable, de tal magnitud que
exija la intervención inmediata de la medida, ya que la apoderada de la empresa
afirmó que el accionante “mantiene un contrato vigente con esa
administración y que éste disfruta de una licencia temporal remunerada, lo que
sin duda alguna permite concluir que no se está frente a una afectación de su
mínimo vital que haga entonces, como ya se dijo, procedente este mecanismo
excepcional”[22].
Finalmente, expuso
que la resolución expedida por Colpensiones, a través de la cual se negó el
derecho a la pensión, no deviene ilegal o inconstitucional, puesto que lo que
se discute es que el actor no cumple con el número de semanas cotizadas al sistema.
TRÁMITE SURTIDO EN SEDE DE
REVISIÓN
13. La Sala de Selección número dos[23] de la Corte
Constitucional mediante auto del 16 de febrero de 2018 seleccionó el expediente
T-6.568.257 para revisión, con fundamento en los criterios orientadores de selección
subjetivo por la urgencia de proteger un derecho fundamental y el objetivo,
posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte
Constitucional.
14. A través de auto del 9 de
marzo de 2018, el Magistrado sustanciador ordenó vincular al trámite a la
sociedad Agrícola Río León S.A., porque al parecer fue la primera empleadora
del actor y, además, con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015
(Reglamento Interno de la Corte), que faculta a esta Corporación para arrimar
elementos de convicción en sede de revisión, decretó las siguientes pruebas:
- Se solicitó
al Secretario General de la Cámara de Comercio de Urabá que remitiera
certificaciones sobre la existencia y representación de las sociedades Agrícola
Río León S.A. y Agrícola Sara Palma S.A.
- Se requirió
a la abogada Gloria Alexandra Restrepo Albarracín que aportara el poder
otorgado para actuar al interior de la presente acción de tutela y copia del
certificado de existencia y representación de la Agrícola Sara Palma S.A. Además,
que informara si el señor Manuel Esteban Otero Beltrán aún laboraba allí y con
cual entidad laboró anteriormente. Así mismo que remitiera copia del contrato
de trabajo y del documento que existiera sobre la presunta sustitución del
empleador.
- Se pidió al señor Manuel Esteban Otero Beltrán que informara cómo
se encontraba conformado su núcleo familiar, cuantas personas dependían de él,
si aún laboraba en la Agrícola Sara Palma S.A., y cuáles eran sus ingresos. Que
indicara si aún existía la sociedad Agrícola Río León S.A. Adicionalmente, que
remitiera fotocopia de los contratos de trabajo que hubiere suscrito con sus
empleadores; copia de los documentos como fórmulas, exámenes y diagnósticos
médicos demostrativos de las enfermedades que padece y de los desprendibles de
pago de salarios realizados por Agrícola Río León S.A. u otro documento que
acreditara su vinculación con la misma.
- Se solicitó a Colpensiones que remitiera copia actualizada del
Reporte de semanas cotizadas en pensiones a nombre del señor Manuel Esteban
Otero Beltrán.
- Se pidió información a Salud Darien[24] y
a Coomeva -Eps- sobre el tiempo que el señor Manuel Esteban Otero Beltrán,
estuvo vinculado a esas instituciones y por cuenta de qué entidades.
- Se requirió a La Previsora Vida S.A.[25] y
a Positiva Antioquia que informaran si el señor Manuel Esteban Otero Beltrán,
se encontraba afiliado a esa compañía, desde qué fecha y por parte de que
entidad.
- Se pidió a
Sintrainagro que informara si en esa colectividad aparecía afiliado el señor
Manuel Esteban Otero Beltrán, por cuenta de alguna empresa y desde cuándo.
15. Por auto del 14 de marzo de
2018 se ordenó vincular a la actuación a la empresa C.I. Proban S.A. y se
dispuso practicar las siguientes pruebas:
- Se requirió
al Secretario General de la Cámara de Comercio de Urabá para que remitiera
certificación sobre la existencia y representación de la firma C.I. Promotora
Bananera S.A. -Proban S.A.- y si existía alguna relación entre esta y las
Agrícolas Río León S.A. y Sara Palma S.A.
- Se solicitó
a la Superintendencia de Sociedades –Regional Medellín- que informara el estado
de las sociedades Agrícola Río León S.A., C.I. Promotora Bananera S.A. -Proban
S.A.- y Agrícola Sara Palma S.A., si actualmente existían y si alguna fue fusionada
con la otra. Es decir, que indicara si existía o existió alguna relación entre
ellas.
- Se pidió al
Gerente de Sara Palma S.A. que informara si existía alguna relación de esa
firma con la C.I. Promotora Bananera S.A. -Proban S.A.- y Agrícola Río León
S.A. Además, que informara por qué conducto se vinculó el señor Manuel Esteban
Otero Beltrán a esa sociedad, si aún laboraba allí o de haber sido desvinculado
que explicara las razones. Y que remitiera (a) copia del (los) contrato (s) de
trabajo suscritos con el trabajador; (b) todos los documentos que, en caso de
haber existido sustitución patronal, se tuvieran del mismo; y (c) de los
documentos que acreditaran la venta, sustitución o fusión de la empresa que
representa con la Agrícola Río León S.A. y C.I. Promotora Bananera S.A. -Proban
S.A.-, en caso de existir.
16. Por auto del 14 de abril de 2018 se ordenó como prueba
solicitar a la Representante Legal de Sara Palma S.A. que indicara cuál era la
situación laboral actual del actor, explicando en qué consiste la “licencia
remunerada” de que goza el mismo. De otro lado, se dispuso requerir al
accionante para que responda lo solicitado por el despacho en auto del 9 de
marzo de 2018.
17. En respuesta a las anteriores solicitudes, se allegaron las
siguientes pruebas relevantes:
- El Representante Legal de la Promotora Bananera S.A. -Proban
S.A.-, a través de escrito del 22 de marzo de 2018, informó que la citada
sociedad efectivamente suscribió un convenio de “fusión por absorción con la
sociedad Agrícola Rio León S.A. que fue aprobado el 2 de agosto de 2002, en
consecuencia en virtud de este acuerdo la sociedad absorbida Agrícola Rio León,
se encuentra disuelta”.
Señaló que para la época en que el accionante dice haber ingresado
a laborar en la finca “Guineo”, (6 de enero de 1987), el inmueble se
denominaba “Finca San Ramón”, de propiedad de la sociedad Jaramillo
Plantaciones Rio de Oro & Cía. S. en C., la cual fue la primera empleadora.
Posteriormente, en julio de 1987, el inmueble fue adquirido por la firma
Agrícola Rio León S.A., asumiendo la misma calidad hasta el 2 de agosto de
2002, cuando “fue absorbida por Proban S.A. y, en consecuencia, esta última
asumió la posición de empleadora del accionante”.
Finalmente, aseveró que en febrero de 2009 Proban S.A. y Agrícola
Sara Palma S.A. oficiaron un acuerdo de escisión, quedando ésta última con la
finca y, por tanto, como empleadora del actor.
Con relación a la afiliación del señor Manuel Esteban Otero
Beltrán al Instituto de Seguros Sociales, explicó que la cobertura de esta
entidad en el municipio de Turbo, lugar de asentamiento de la finca “Guineo”,
se inició a partir del 12 de agosto de 1986, no obstante, las organizaciones
sindicales se opusieron al llamado de la entidad y se negaron a realizar las
afiliaciones. En noviembre de 1993, en el marco de una negociación entre
Sintrainagro y los empresarios del sector bananero se acordó presentar los
documentos para su afiliación al Seguro Social, dentro de los 60 días
siguientes a la vigencia de la convención colectiva.
Y si bien, adujo que el comportamiento omisivo de los trabajadores
para entregar la documentación se calificó como falta disciplinaria, también advirtió
que la afiliación del actor al Seguro Social -abril de 1994- coincidió con la
época en que entró en vigencia el acuerdo de Sintrainagro y los empresarios,
incluyendo allí a la sociedad Agrícola Rio León S.A., que era el empleador para
ese momento.
En ese orden, concluyó que no podía afirmarse que fue la empresa
la que incumplió el deber de afiliar al accionante al Seguro Social; así mismo,
indicó que “tampoco puede señalarse que la empleadora habría podido realizar
la afiliación del accionante sin contar con su consentimiento porque el Reglamento
General de Registro, Inscripción, Afiliación y Adscripción a los Seguros
Sociales Obligatorios del Instituto de Seguros Sociales prohibía realizar el
procedimiento de afiliación de un trabajador si este no suscribía los
formularios de afiliación”. Así, solicitó se declarara improcedente el
amparo en tanto no existe vulneración a los derechos del accionante, toda vez
que la seguridad social y el mínimo vital se encuentran garantizados a través del
contrato de trabajo que aún se encuentra vigente[26].
Adicionalmente, adjunto:
- Certificado de existencia y
representación de Proban S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Medellín[27].
- Certificado de tradición de la
finca “San Ramón”[28].
- Pliego de peticiones que
presentan Sintagro y Sintrabanao a las empresas bananeras de Urabá (1987)[29].
- Pliego de peticiones que
presentan Sintagro a las empresas bananeras de Urabá (julio 1988)[30].
- Resolución No. 04118 del 28 de
octubre de 1988, a través de la cual el Ministro de Trabajo suspende la
Personería Jurídica a Sintagro por un año[31].
- Resolución No. 04986 del 26 de
diciembre de 1988, a través de la cual se resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra la anterior resolución, la cual es confirmada en todas sus
partes[32].
- Pliego de peticiones que
Sintrainagro presenta a las empresas bananeras y Platanera de Urabá (30 abril
de 1989)[33].
- Copia de boletín de
Sintrainagro en el cual se lee un artículo sobre “Trabajadores bananeros
rechazan afiliación al ISS” de agosto de 1990[34].
- Copia de boletín “Nosotros”
en el cual se advierte un artículo sobre “Suspendidas afiliaciones y aportes
al ISS” de agosto de 1991[35].
- Copia de un artículo denominado
“Bienvenidos al futuro”, solo un discurso, publicado en “De sol a sol”,
periódico de Sintrainagro de diciembre de 1992[36].
- Copia del acta de acuerdo con
fecha del 6 de noviembre de 1993, entre empleadores y sindicato, en el cual hay
una cláusula que señala que cuando un trabajador no presenta los documentos
para su afiliación al I.S.S. será sancionado disciplinariamente[37].
- La apoderada general de la
sociedad Agrícola Sara Palma S.A. informó que el señor Manuel Esteban Otero
Beltrán continúa en licencia remunerada y, además, remitió copia de:
- Contrato individual de trabajo
a término indefinido entre Gustavo Jaramillo, en calidad de empleador, y Manuel
Otero como trabajador, fechado el 6 de enero de 1987[38].
- Copia del escrito del 2 de
enero de 2009, mediante el cual se le informa al señor Manuel Esteban Otero
Beltrán sobre la sustitución patronal entre Proban S.A. y Agrícola Sara Palma
S.A.[39]
- Escritura Pública No. 1287 del
2 de septiembre de 2016 de la Notaría Única de Carepa, a través de la cual se
le otorgó poder general para representar a la empresa[40].
- Certificado de existencia y
representación legal de Agrícola Sara Palma S.A[41].
- Certificado de la Compañía de
Seguros S.A. “Positiva”, donde se señala que el accionante se encontraba
afiliado a dicha Administradora de Riesgos Laborales por cuenta de los
empleadores C.I. Promotora Bananera S.A. entre el 1 de agosto de 2002 al 4 de
febrero de 2009[42] y Agrícola Sara Palma S.A. entre el 2
de febrero de 2009 al 31 de mayo de 2011.
- La Cámara de Comercio de Urabá
remitió los certificados de existencia y representación de las empresas
Agropecuarias Rio León Ltda. en liquidación, Agrícola Sara Palma S.A. y
Promotora Bananera S.A[43].
- Colpensiones, por intermedio
del Director de Acciones Constitucionales envió copia de la Historia Laboral
actualizada al 27 de marzo de 2018 que evidencia un aporte de 1215,71 semanas.[44].
- Salud Darién informó que el señor
Manuel Esteban Otero Beltrán se encuentra afiliado a la Nueva EPS y registra
atenciones en los años 2011 y 2017[45].
- La Promotora Bananera S.A.
–Proban S.A.-, en escrito del 2 de abril de 2018, manifestó que como la empresa
en calidad de sociedad absorbente de Agrícola Rio León S.A. concurrió a este
trámite, se ratificaba en el pronunciamiento realizado a través del escrito
citado anteriormente[46].
- La representante legal suplente
de Sara Palma S.A., en el comunicado del 6 de abril de 2018, informó que en la
actualidad la empresa posee el 0,02% de las acciones en las que se divide el
capital de Proban S.A. Y sobre la vinculación del actor con la Agrícola expresó
que, tuvo lugar en febrero de 2009 en virtud a la sustitución patronal que
operó entre ésta y Proban S.A. Adujo que el contrato de trabajo con el actor se
encuentra vigente, hallándose actualmente en licencia remunerada, por tanto,
los derechos a la seguridad social y mínimo vital están garantizados.
De otro lado, indicó que el señor
Otero Beltrán inicialmente suscribió contrato de trabajo con Gustavo Jaramillo
para la prestación de servicios a la bananera “El Guineo”, la cual fue
sustituida por la sociedad Agrícola Río León S.A. hasta agosto de 2002 cuando “en
virtud de la fusión por absorción entre esta sociedad y Proban S.A. la posición
de empleadora del accionante fue asumida por esa sociedad y hasta febrero de
2009”[47].
- El 19 de abril de 2018, se
recibió en la Secretaría de la Corte Constitucional escrito del señor Manuel
Esteban Otero Beltrán, a través del cual desiste de la acción de tutela, sin
explicar las razones para ello[48].
- El 30 de abril de 2018 se
recibió escrito de la representante legal suplente de Agrícola Sara Palma S.A.
en el que reiteró que el contrato de trabajo del actor se halla vigente. Así
mismo, afirmó que el trabajador se encuentra en licencia remunerada, puesto que
se le viene reconociendo un auxilio económico mensual por valor de $806.273 y,
además, están cotizando al sistema de seguridad social en salud y pensiones[49].
- Escrito recibido el 21 de mayo
de 2018, a través del cual el Gerente de Defensa Judicial con funciones de
Director de Acciones Constitucionales de Colpensiones solicitó se le
desvinculara por ausencia de legitimación por pasiva y, además, se negara el
amparo, puesto que la entidad no tenía conocimiento de la relación laboral que
tenía el actor con la sociedad agrícola durante el período no cotizado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
18. Esta Sala es
competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cuestión
previa: El desistimiento del accionante
19. Antes
de adentrarse la Sala en la presentación del asunto, establecer el problema
jurídico y su desarrollo, conviene dejar en claro que, estando la presente
tutela en el trámite de revisión, esto es, el 19 de abril de 2018, se arrimó al
expediente un escrito del señor Manuel Esteban Otero Beltrán en el que
desiste de la acción, sin explicar las razones de la decisión.
20. Ahora, la figura del
desistimiento en la acción de tutela ha sido objeto de pronunciamiento por la
Corte para enseñar que la misma procede en las instancias, pero no cuando el
expediente ha sido seleccionado para revisión, puesto que ese espacio está
destinado no solo para la protección efectiva de los derechos fundamentales,
sino para el análisis sobre la forma en que se deben interpretar los mismos,
unificar y consolidar la jurisprudencia, además, es una etapa de interés
público[50]. En efecto, en Auto de Sala Plena 345
de 2010, esta Corporación sostuvo:
“(…) en lo que atañe a la oportunidad del desistimiento,
se ha señalado que cuando la acción de tutela está ya bajo conocimiento de la
Corte Constitucional por haber sido seleccionada para revisión, resulta
improcedente, pues en esa etapa procesal, que según se ha aclarado no es una
instancia, el caso adquiere otra connotación, precisamente al ser considerado
como un asunto de interés público. Esta calificación se sustenta en la especial
finalidad que cumple la revisión de sentencias de tutela por parte de esta
corporación, que como es sabido, persigue principalmente que sean efectivamente
amparados los derechos fundamentales, además de la consolidación y unificación
de la jurisprudencia sobre ellos[51], propósito que sin duda excede
considerablemente los intereses individuales de las partes, que de ordinario
son los únicos que se afectan con este tipo de decisión”[52].
En ese mismo
sentido, la sentencia T-376 de 2012 refirió que el desistimiento de la acción
tuitiva era procedente en el trámite de las instancias y siempre que se
relacione con los intereses personales del accionante. Pero cuando se intenta “después
de la escogencia de un expediente por parte de la Corte Constitucional se torna
improcedente, debido a que las decisiones que
adopta esta Corporación al revisar los fallos proferidos por todos los jueces
cuando ejercen funciones propias de la jurisdicción constitucional se orientan
a satisfacer propósitos que trascienden los intereses individuales del
accionante, asociados primordialmente a la unificación de la interpretación de
los derechos constitucionales y el desarrollo de la jurisprudencia
constitucional”.
21. En el presente
asunto la Sala no puede acceder al desistimiento presentado, porque el mismo
fue radicado con posterioridad a la selección del asunto (la tutela fue
seleccionada para su revisión a través de auto del 16 de febrero de 2018,
mientras que el escrito de desistimiento se arrimó el 19 de abril de 2018).
Presentación
del caso
22. El accionante interpuso
acción de tutela contra Colpensiones al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la seguridad social en pensiones, mínimo vital y vida digna, porque
se le negó la pensión de vejez argumentando que no cumplía con el requisito
relacionado con la densidad de semanas cotizadas. De igual manera, requirió el
amparo contra la sociedad Agrícola Sara Palma S.A. por no haber cancelado a
Colpensiones las cotizaciones para pensión por el período 1987 a 1994, tiempo
que laboró al servicio de la empresa Agrícola Río León S.A.
En esos términos, solicitó se
ordenara a la sociedad demandada que cancelara los aportes respectivos y a
Colpensiones que reconociera la pensión de vejez, a la cual tiene derecho por registrar
1560 semanas aportadas al Régimen de Seguridad Social.
Problemas jurídicos
23. De acuerdo con la situación
fáctica planteada y las decisiones de instancia, corresponde a la Sala Octava de Revisión determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela es el
mecanismo procedente para analizar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados. De encontrarse satisfechos los requisitos de
procedibilidad, se deberá establecer ¿si la sociedad accionada vulnera los derechos
fundamentales a la vida digna, seguridad social y mínimo vital (arts. 1º, 11,
46 y 48 C.P.) del actor por no haber cotizado para la Seguridad social en
pensión entre los años 1987 y 1994?
Así mismo, se deberá determinar ¿si Colpensiones
vulnera los derechos fundamentales a la  a la vida digna, a la seguridad social
y al mínimo vital del actor por no reconocerle la pensión de vejez, bajo el
argumento de que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas?
Para
resolver los problemas jurídicos planteados, la Corte examinará los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela para
reconocimiento de pensiones. De cumplirse con dichas exigencias, se continuará
con: (ii) la sustitución patronal en la
legislación y la jurisprudencia; (iii) la fundamentalidad del derecho a la
seguridad social; (iv) el funcionamiento del Seguro Social; (v) la mora
en el pago de los aportes pensionales; (vi) la pensión de vejez;  y (vii) el
análisis del caso concreto.
Procedencia de la acción de
tutela para reconocimiento de pensiones
24. El artículo 86 de la
Constitución Política consagra la acción de tutela como un recurso para la
protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por las
entidades públicas o, en algunos casos, por las privadas.  Esta Corporación ha
señalado que por regla general la acción de tutela no es procedente para el
reconocimiento y pago de las pensiones por tratarse de una acreencia laboral,
respecto de la cual existen otros medios judiciales que deben utilizarse de manera
previa al amparo constitucional[53].
No obstante, esa regla general puede modificarse cuando se trata de
garantizar los derechos fundamentales que precisan de protección inmediata, puesto
que el trámite de un proceso ordinario puede constituirse en una carga desproporcionada
para el sujeto de especial protección constitucional o el accionante que, por
otros motivos, se encuentra expuesto a sufrir un perjuicio irremediable[54].
La Corte Constitucional ha
sujetado el reconocimiento de las prestaciones pensionales a través de la
acción de tutela a las siguientes reglas:
“(i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la
existencia de un medio ordinario de defensa para el reconocimiento de la
prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme
a la especial situación del peticionario[55];
(ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio
ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz,
conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia[56]. Además, (iii) cuando la acción de
tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en
condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros, el
examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos”[57].
Así mismo, ha señalado que los
sujetos de especial protección constitucional son los niños, las madres cabeza
de familia, las personas con discapacidad, la población desplazada, los adultos
mayores “y todas aquellas personas que por su
situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad
material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera
que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en
la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones
de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de
acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de
garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a
favor de los grupos mencionados”[58].
Adicionalmente, se ha señalado
que la idoneidad de los medios judiciales para reclamar los derechos
pensionales se debe analizar de cara a las circunstancias del caso concreto. En
ese sentido, deberá establecerse la edad, la composición del núcleo familiar,
el estado de salud, su situación económica, el grado de escolaridad y su
posible conocimiento sobre los derechos, la forma de hacerlos efectivos y el
tiempo que lleva esperando su derecho[59].
En sentencia T-194 de 2017 la
Sala Sexta de Revisión sostuvo que la acción de tutela es el mecanismo ideal
para la defensa de los derechos de las personas de la tercera edad, puesto “que
no resulta proporcional someterlos a un proceso ordinario cuya decisión se
difiere en el tiempo y, por tanto, sería prolongar la incertidumbre
acerca del derecho fundamental que se busca proteger, tornándose el recurso de
amparo en ese evento como el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz”[60].
25. En torno a
la acción de tutela contra las decisiones de los fondos de pensiones, la Corte
ha considerado que debe demostrarse “un grado mínimo de diligencia al momento
de buscar la salvaguarda del derecho invocado por parte del actor, y la
afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho
pensional. Asimismo, para la prosperidad material de la acción (presupuesto de
fondo), la Corporación ha exigido que se presente un adecuado nivel de
convicción sobre la existencia y titularidad del derecho reclamado”[61].
26. En suma, si
bien la acción de tutela no procede para reclamar prestaciones pensionales,
excepcionalmente se admite su procedencia cuando el accionante es una persona
de especial protección constitucional.
La sustitución de empleadores en la legislación y la
jurisprudencia
27. Fue introducida por primera vez al ordenamiento
jurídico a través del artículo 27 del Decreto 652 de 1935, reglamentario de la
Ley 10 de 1934 “en lo relativo a los derechos de los empleados particulares”.
En efecto la norma establece: “Para los efectos de la ley que se
reglamenta, se considerara como una misma empresa la que haya conservado en sus
líneas generales el mismo giro de negocios u ocupaciones, con las variaciones
naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de
nombre, patrono o dueños”.
A partir del Decreto Ley 2350
de 1944, por el cual “se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de
trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción
especial del trabajo”, se estipuló que el contrato de trabajo no se
extinguía por el mero cambio de empleador: “Artículo 11. (…) La sola
sustitución del patrono no extingue el contrato de trabajo. El sustituido
responderá solidariamente con el sustituto, durante el año siguiente a la
sustitución, por todas las obligaciones anteriores”.
Posteriormente, la Ley 6ª de
1945[62], el Decreto 2127 de 1945[63] y la Ley 64 de 1946[64], reiteraron lo
expuesto anteriormente[65] y, actualmente, el Código Sustantivo
del Trabajo establece que la sustitución del empleador es “todo cambio de un
empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del
establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el
giro de sus actividades o negocios”, según el artículo 67, y conforme con
el 68 “La sola sustitución de empleadores no extingue ni modifica los
contratos de trabajo existentes”.
De otro lado, el artículo 69
consagra los deberes de los empleadores respecto de los trabajadores, verbi
gratia: (i) ambos responden solidariamente por las obligaciones que al
momento de la sustitución sean exigibles al anterior empresario; (ii) el nuevo
responde de las que surjan con posterioridad; (iii) si el derecho a la pensión
de jubilación nació antes de la subrogación, las mensualidades exigibles con
posterioridad deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pero puede repetir
contra el antiguo; y (iv) el anterior empleador puede acordar con los
trabajadores el pago definitivo de sus cesantías hasta el momento del cambio,
como si se tratara de retiro voluntario, sin que se entienda terminado el
contrato de trabajo, pero si no se hace dicho acuerdo, debe entregar al nuevo
el valor de las cesantías y, a partir de ahí quedan por cuenta del nuevo, aun
cuando el antiguo no cumpla con la obligación.
28. La Corte Constitucional ha
considerado que la citada figura tiene como finalidad “amparar a los
asalariados contra un imprevisto e intempestivo fin del contrato de trabajo
producido por el traspaso o cambio de dominio o de administración de la
empresa”[66].
Así mismo, ha sostenido que
para estructurar la sustitución patronal se requiere la presencia de tres
requisitos: (i) un cambio de empleador; (ii) la continuidad de la empresa o
afinidad en sus operaciones; y (iii) la continuidad del trabajador[67].
29. En torno a los deberes de
los empleadores para con los trabajadores, ha expresado que son transmitidos
por la empresa anterior a la nueva. En ese sentido, la sucede tanto en las
obligaciones de dar como de hacer y aún en las impuestas en fallos judiciales
que vinculan a la compañía extinta. En ese sentido, encontramos la sentencia
T-395 de 2001 que analizó el caso de tres trabajadores despedidos de la
Electrificadora del Atlántico y, una vez el juez de la jurisdicción ordinaria
laboral ordenó su reintegro, la empresa transfirió todos los activos a la
compañía Electrificadora del Caribe -Electricaribe-, mediante escritura
pública.
En ese evento, Electrificadora
del Atlántico se negó a reintegrar a los trabajadores bajo el argumento que no
tenía planta de personal. Por su parte, Electricaribe alegó que si bien hubo
sustitución patronal, ella solo se refirió a los trabajadores y pensionados que
existían al momento de suscribir el convenio, no encontrándose los accionantes
en ese grupo, por tanto, como Electrificadora del Atlántico era la demandada
era la obligada al reintegro; además, se trataba de derechos litigiosos no
comprendidos en los asuntos cedidos.
La Sala Sexta de Revisión,
concedió el amparo y ordenó a Electricaribe reintegrar a los tres accionantes,
luego de advertir que, si en la cláusula del contrato celebrado entre las dos
electrificadoras se estableció, como es lo legal, la sustitución de una por
otra, “no puede decirse que vale para todos los trabajadores y pensionados
pero no vale para tres, precisamente protegidos por sentencia judicial”.
30. Por su parte la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia también identifica la suma de aquellas tres
exigencias para la estructuración de la sustitución del empleador. Solo de esa
manera puede entenderse que existe continuidad de la relación laboral. En ese
sentido, si faltare alguno de los requisitos simplemente no se configura. En
efecto, en sentencia SCL31952 del 28 de julio de 2009 se indicó:
“significa
lo anterior que, cuando la norma establece qué se entiende por sustitución,
remite este concepto al cambio de una empresa por otra, siempre y cuando
conserve el giro ordinario de sus negocios; siempre y cuando conserve el mismo
objeto social; siempre y cuando continúe prestando el mismo servicio que
prestaba la empresa sustituida.
Obsérvese que este concepto de sustitución, hace referencia
a la sustitución de una empresa por otra, por cualquier causa, incluida en
ella, la liquidación, considerándose en este sentido la sustitución patronal
como un efecto y no como una causa por cuanto, producida la sustitución de una
empresa por la otra debió haberse respetado el contrato de trabajo a fin de que
se configurara la sustitución patronal; obsérvese que cuando el artículo 53 del
Decreto Ley 2127 del 45 establece que la sustitución puede ser total o parcial
hace referencia a que puede existir sustitución de empresa sobre una porción
del negocio o de la empresa susceptible de ser considerada y manejada como una
unidad económica independiente cual es el argumento alegado por las demandadas
para aducir la inexistencia de la sustitución patronal, totalmente contrario a
lo que establece la norma antedicha”[68].
31. De lo expuesto se infiere
que, a pesar de cambio de una empresa por otra, siempre que se conserve
afinidad en sus negocios, los contratos de trabajo se mantienen sin
modificación alguna y la sustituyente asume las obligaciones de la sustituida.
Evolución del sistema pensional en Colombia
32. El Sistema pensional en
Colombia antes de la Ley de Seguridad Social Integral -100 de 1993- era extenso
en tanto que las normas se expedían para pequeños grupos de la población, por
ejemplo, las Leyes 1ª de 1932[69] y 42 de 1933[70]. En 1945, con la
finalidad de apaciguar los ánimos sindicalistas, surgió la Ley 6, calificada
como el primer Código Laboral, de la cual se rescatan los artículos 12 y 14,
que establecieron la obligación para el empleador de pagar una pensión de
jubilación a los trabajadores con 20 años de servicio y 50 años de edad:
“Art. 14. La empresa cuyo capital exceda de
un millón de pesos ($1.000.000) estará también obligada:
(…)
c) A pagar al trabajador que haya
llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad después de veinte (20) años
de servicios continuos o discontinuos, una pensión vitalicia de jubilación
equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados,
sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200), en
cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en
cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales, o préstamos que se le hayan
hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión
de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión”[71].
En 1946, se inició una nueva
etapa, puesto que con la Ley 90 se estableció el seguro social obligatorio y se
creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Allí se establecieron mejores
privilegios para los trabajadores, verbi gratia, la pensión de
jubilación no dependería de la situación económica del empleador, sino que
siempre estaría garantizada a pesar de la quiebra o desaparición de la empresa[72] . De otro lado, se
determinó que el Seguro Social
se subrogaría en la pensión -que
cambiaba la denominación de jubilación por vejez-, pero con la condición de que
el empresario aportara las cuotas proporcionales[73].
En efecto, indicó de manera
expresa que los beneficios “que venían causándose en virtud de disposiciones
anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales
disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por
haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha
empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de
aplicarse aquellas disposiciones anteriores”[74].
Posteriormente, el Decreto Ley
2663 del 5 de agosto de 1950 adoptó el Código Sustantivo del Trabajo, en el
cual se estableció que mientras entraba a funcionar el Seguro Social, la
pensión de jubilación estaría a cargo del empleador:
“Art. 260. Derecho
a la pensión. <Artículo derogado por el artículo 289 de
la Ley 100 de 1993. El texto derogado continúa vigente para los trabajadores
sometidos al régimen de transición creado por el artículo 36 de la
Ley 100. El texto original es el siguiente:
1. Todo
trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos
mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y
cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer,
después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión
mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio.
2. El
trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad
expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya
cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio”.
Finalmente, la Constitución
Política de 1991 introdujo el derecho al trabajo, como fundamento del Estado
social de derecho, y la seguridad social –artículo 48[75]- como un servicio
público obligatorio, irrenunciable y controlado por el Estado y con ella la Ley
100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral.
Fundamentalidad del derecho a la seguridad social
33.
Según el artículo 48 de la Carta, el derecho fundamental a la Seguridad Social se
caracteriza por ser un derecho constitucional irrenunciable y un servicio público
obligatorio que debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, conforme con los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad y
progresividad. Ello implica que los recursos de la Seguridad Social deben utilizarse
de la mejor manera que permita la protección progresiva de todas las personas
en las diversas fases de la vida.
Este
derecho ha sido considerado como de segunda generación, puesto que en la Carta
se encuentra situado el Título II, capítulo segundo que hace referencia a “los
derechos sociales, económicos y culturales”. No obstante, esta Corte ha
dejado de calificarlo como tal al considerarlo, en sentencia T-201 de 2013, que
“todos los derechos constitucionales son fundamentales[76], pues se conectan de manera directa con los valores que los
constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes
especialmente protegidos por la Constitución”.
En
efecto, en un principio la Corte consideró la improcedencia de la acción de
tutela parta proteger los derechos sociales, económicos y culturales, puesto
que ellos implicaban que el Estado situara partidas presupuestales para ciertos
servicios, ubicándolos como “derechos prestacionales programáticos, no
justiciables ni exigibles, en consecuencia no fundamentales”[77].
Posteriormente
se asumió la tesis del amparo por conexidad de los derechos de segunda
generación, dado que podían ser protegidos mediante la acción de tutela,
siempre que se demostrara “un nexo inescindible entre los derechos de orden
prestacional y un derecho fundamental”[78].
Finalmente,
se ha reconocido que “el carácter fundamental de un derecho lo otorga su
consagración en la Constitución Política Colombiana, debido a que todos los
allí consignados son fruto del desarrollo de los principios y valores en que se
funda este Estado Social de Derecho, razón por la cual la distinción que otrora
se realizó hoy resulta inocua”[79]. De ahí, que la
jurisprudencia constitucional sostiene que “el carácter prestacional del
derecho a la seguridad social no lo excluye de su reconocimiento como
fundamental, bajo la idea de que cualquier derecho consagrado en la Carta
Política, sin distinción, ostenta esa calidad”[80].
34. Sobre la Seguridad Social también los instrumentos
internacionales se han pronunciado para salvaguardarlos. En efecto, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 22 establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad”.
El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el
artículo 9º dispone: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social".
Por su parte,
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 9º manda:
“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o
mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En
caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán
aplicadas a sus dependientes (…) Cuando se trate de personas que se encuentren
trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención
médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo, o de
enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por
maternidad antes y después del parto”.
Finalmente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer determina que “Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad
con los hombres, los mismos derechos, en particular (…) e) El derecho a la
seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad,
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a
vacaciones pagadas”.
35.
En desarrollo del artículo 48 constitucional surgió la Ley 100 de 1993, cuyo
objetivo principal es el de garantizar los derechos irrenunciables de las personas
que les permita vivir de manera digna, mediante la protección de las
contingencias que puedan afectarlos[81]. En ese orden, la
normatividad consagra los instrumentos a través de los cuales pueden
materializarse los derechos relacionados con pensiones, salud, riesgos
profesionales y servicios complementarios[82].
36.
De acuerdo con lo expuesto, la seguridad social es un derecho fundamental que debe
ser garantizado por el Estado y susceptible de ser reconocido por medio de la
acción de tutela, siempre que se cumpla con los requisitos de procedencia y se
demuestre su vulneración.
Afiliación a la Seguridad Social en Pensiones
37.
La Ley 90 de 1946 creo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y estableció
el seguro social como obligatorio para todos aquellos que prestaban servicios
con ocasión de un contrato de trabajo o aprendizaje con el fin de amparar los riesgos
de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y no profesionales,
invalidez, vejez y muerte.
El funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales se
realizó de manera gradual, al punto que el 1º de abril de 1948 se inscribieron
las primeras personas en la capital del país. En ese mismo año, nacieron las
oficinas de Medellín, Quindío, Valle, Valle del Cauca, Zona Bananera y del
Caribe[83]
y a finales de 1969, fuera de las ya citadas, existían las Seccionales de
Pereira, Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga,
Sogamoso, Villavicencio, Quibdó, Manizales, Ibagué, Neiva, Popayán y Pasto.
En el Urabá antioqueño, se hizo el llamado para
afiliar a los trabajadores, a partir del 1º de agosto de 1986, mediante la
Resolución No. 2352 de ese año. No obstante, mientras se iba organizando el
funcionamiento del seguro, los empleadores tenían la obligación de hacer los
aprovisionamientos necesarios para cancelar las cotizaciones al sistema de
seguridad social[84].
38. Es decir, la obligación de afiliar al Seguro Social surgió con la
Ley 90 de 1946 y “no quedó condicionada en el
tiempo, toda vez que lo que se prorrogó fue únicamente la transferencia de las
cotizaciones al Instituto Colombiano de Seguros Sociales”[85].
Mora en el pago de los aportes pensionales
39. El pago de los aportes a la seguridad social es
una obligación del empleador. En efecto, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el 4º de la Ley 797 de 2003, establece:
“Durante la vigencia de la relación
laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse
cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por
parte de los afiliados, los empleadores y
contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios
que aquellos devenguen.
La obligación de cotizar cesa al momento
en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de
vejez, o cuando el afiliado se
pensione por invalidez o anticipadamente.
Lo anterior sin perjuicio de los aportes
voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los
dos regímenes”. (Negrilla fuera del
texto original).
Por su parte el artículo 22[86] de la citada Ley dispone
que el empleador será el responsable del pago de su aporte y el del trabajador,
y “responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador”.
La omisión de estas obligaciones acarrea sanciones de
tipo pecuniario, según lo ordenado en los artículos 23 y 53 de la Ley 100 de
1993.
Esta Corte ha considerado que la falta de pago de los aportes para seguridad
social no puede generar la negativa al reconocimiento de una prestación
pensional de una persona que ha cumplido con todos los requisitos legales. En
efecto en sentencia T-398 de 2013 se indicó: “la omisión del empleador en el aporte de las cotizaciones al
sistema, no puede ser imputada al trabajador, ni podrá derivarse de ésta
consecuencias adversas. Estos resultados negativos se traducen en la no
obtención de la pensión mínima, la cual se configura como una prestación
económica que asegura las condiciones mínimas de subsistencia, y pondría en
riesgo los derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana y seguridad
social del trabajador”.
En ese mismo sentido, la sentencia T-079 de 2016 señala que existe
una regla jurisprudencial, en su sentir, “consolidada”, en torno a la
imposibilidad de trasladar a los trabajadores los resultados negativos de la
mora del empleador y la ausencia de gestión por los
fondos de pensión para recaudar los aportes. “Tal regla ha sido estructurada
considerando que el sistema de pensiones opera sobre la base de una relación
tripartita, a cuyas partes -trabajador, empleador y administradoras de
pensiones- les fueron atribuidas responsabilidades concretas”.
En sentencia T-321 de 2016, se reiteró que “cuando el empleador no efectué
el pago de las cotizaciones al Sistema
General en Pensiones de sus trabajadores, corresponde a los fondos de pensiones
iniciar el respectivo cobro coactivo por las cotizaciones insolutas, sin que
pueda negarse el reconocimiento de los derechos pensionales reclamados por mora
en el pago”.
Recientemente, en sentencia T-241 de 2017 se mantuvo
esa posición, al indicar que “la mora patronal no constituye un argumento
válido que permita a un fondo de pensiones fundamentar la negativa del
reconocimiento de la pensión de vejez de un afiliado”. Y en la T-327 del
mismo año, se concluyó, que esta Corporación, de manera uniforme, ha
establecido que “la omisión del empleador en el pago de los
aportes al sistema de pensiones no es oponible al trabajador y a su derecho a
obtener el pleno reconocimiento de sus derechos laborales”.
40. En suma, los empleadores
están obligados a cotizar para las pensiones de sus trabajadores, de no
hacerlo, las administradoras de fondos deben ejercer su poder para el cobro de
las mismas pero, de ninguna manera, la omisión en el pago de los aportes no puede
generar la negativa a la prestación pensional.
Pensión de vejez
41.
La Ley 100 de 1993 en el Libro Primero consagra el Sistema General de
Pensiones, el cual tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra
las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, a través del
reconocimiento de las prestaciones que determina la ley[87].
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional la pensión de vejez es “una
prestación económica producto del ahorro forzoso que tiene como objeto mantener
las condiciones de vida de quienes han cotizado al sistema pensional durante
toda su vida laboral”[88].
Sobre el carácter fundamental de la pensión, esta
Corporación en sentencia T-194 de 2017, sostuvo que “como la pensión -vejez
o jubilación- está orientada a amparar a las personas de la tercera edad[89] y se relaciona
con la dignidad[90], el derecho a la seguridad social[91] y la vida[92], esta
Corporación le ha dado el carácter de fundamental[93].
En ese sentido, “la fundamentalidad del derecho a la
pensión [de vejez] como una prestación derivada de la seguridad social, está
dirigida a la protección de la vida del actor y la de su familia, en cuanto a
lograr una subsistencia digna. En punto a la fundamentalidad de la totalidad de
los derechos contemplados en nuestra Constitución, entre ellos la pensión de
vejez, la Corte viene sosteniendo que la “fundamentalidad de los
derechos no depende -ni puede depender- de la manera como estos derechos se
hacen efectivos en la práctica. Los derechos todos son fundamentales
pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes
quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente
protegidos por la Constitución”[94].
El
Sistema General de Pensiones comprende dos regímenes: (i) el Solidario de Prima
Media con Prestación Definida y (ii) el de Ahorro Individual con Solidaridad.
En ambos se reconocen las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, así
como las indemnizaciones. En
el primero de ellos, el artículo 33 establece dos requisitos para acceder a la pensión
de vejez:
(i) Haber cumplido 55 años de edad si es mujer o 60 si
es hombre. No obstante, a partir del 1º de enero de 2014, la edad se incrementó
a 57 años de edad para la mujer y 62 para el hombre.
(ii) Haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en
cualquier tiempo. Empero a partir del 1º de enero de 2005 se incrementó en 50
semanas y, a partir, del 1º de enero de 2006 en 25 semanas cada año hasta
llegar a 1300 semanas en el año 2015.
Los
derechos pensionales hacen parte de la Seguridad Social, por tanto, “resultan
fundamentales al momento de garantizar los preceptos constitucionales de
dignidad humana, mínimo vital y al debido proceso”[95].
42.
En síntesis, la pensión de vejez es un derecho fundamental, susceptible de ser
amparado por la acción de tutela. Para su reconocimiento se precisa de dos
exigencias: (i) un mínimo de 1000 semanas, según el momento en que se cause, y
(ii) que se cuente con la edad requerida por la ley (55 años si es mujer o 60
si es hombre, con los respectivos aumentos).
Principio de favorabilidad
43. La Constitución Política
en el artículo 53 estableció los postulados mínimos que deben guiar las
relaciones laborales. Dentro de esos principios se encuentra el de
favorabilidad al establecer la “situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho”.
La Corte ha definido la máxima
como la obligación que tienen los funcionarios judiciales, en caso de duda, de
preferir las condiciones más favorables al trabajador. Así, el postulado se
aplica en los eventos donde se presente polémica sobre el empleo de dos normas
o cuando existiendo una disposición admite varias interpretaciones[96].
De acuerdo con lo expuesto,
solo ante la incertidumbre sobre la norma a aplicar, surge la necesidad de
aplicar el principio de favorabilidad, pues en esos eventos “los cánones
protectores de los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la
elección de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o
al afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social”[97].
En ese mismo sentido, el
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el postulado de
favorabilidad y lo supedita al principio de inescindibilidad  o conglobamento, al
establecer que la norma escogida debe aplicarse íntegramente, esto es, no es
posible hacer “escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las
disposiciones en conflicto, utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un
régimen normativo distinto al elegido”[98].
La jurisprudencia de esta
Corte ha establecido que la aplicación del principio de favorabilidad es
obligatoria, tanto para las entidades administrativas como judiciales, cuando
se trata de interpretar las exigencias para adquirir la pensión[99].
44. En síntesis, en caso de
duda en la aplicación de normas sobre la seguridad social, el funcionario
judicial está obligado a emplear la que resulte más favorable al trabajador.
Caso concreto
Presentación del asunto
45. La acción de tutela que
ahora se revisa corresponde a la interpuesta por el señor Manuel Esteban Otero
Beltrán, de 70 años de edad, contra la empresa Agrícola Sara Palma S.A. y
Colpensiones. Dentro del trámite de revisión, fueron vinculadas las firmas
Agrícola Río León y C.I. Promotora Bananera S.-A. -Proban S.A.-
El actor reclama el amparo de
los derechos fundamentales a la seguridad social en pensión, mínimo vital y
vida digna, los cuales considera vulnerados por la Agrícola Sara Palma S.A. por
no haber realizado las cotizaciones respectivas entre los años 1987 y 1994.
Así mismo, considera que, a
través de la Resolución del 18 de julio de 2017, Colpensiones le ha vulnerado
los derechos fundamentales, al negarle la pensión de vejez, argumentando que no
cumple con el mínimo de semanas cotizadas.
46. En respuesta a la acción
de tutela, la apoderada general de la Agrícola demandada admitió que el
accionante es trabajador de la sociedad desde el año 2009 después de sustituir
a los anteriores empleadores. Afirmó que entre agosto de 1986 y 1994, los
empleadores del sector bananero no pudieron afiliar a sus trabajadores a los
riesgos de vejez, invalidez y muerte, porque los sindicatos se opusieron “frontalmente
a consentir esa afiliación”.
Señaló que, si bien el señor
Manuel Esteban Otero Beltrán no posee el número mínimo de semanas cotizadas
para acceder a la pensión, sí se encuentra muy cerca de cumplir con ese requisito,
puesto que su relación laboral se encuentra vigente.
Finalmente, solicitó se decretara
la improcedencia de la acción de tutela, no sólo porque el actor tiene otro
medio de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral sino porque,
en su sentir, no se ha vulnerado el derecho al mínimo vital, puesto que a pesar
de que el actor se halla en licencia se le está cancelando el salario y se
garantiza la salud del mismo.
47. Por su parte, Colpensiones,
en las instancias, no respondió la tutela, solo en el trámite de revisión, en
escrito recibido el 21 de mayo de 2018, solicitó desvincular a la entidad de la
acción por falta de legitimación en la causa y negar el amparo, puesto que la
administradora de pensiones sólo tiene conocimiento de una relación laboral así
como de la escogencia del régimen pensional, cuando se presenta la afiliación
del trabajador. Antes de ello, no le es posible establecer su existencia, por
tanto, la entidad no tiene obligación de adelantar acciones para su cobro.
48. El Juzgado 2º Penal del
Circuito de Apartadó (Ant.) declaró improcedente el amparo por existir otro
medio de defensa judicial. En ese mismo sentido, se refirió la Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia, al confirmar la sentencia.
Procedibilidad formal de
la acción de tutela
49. La Corte ha establecido
que la acción de tutela no es procedente para reconocer derechos sociales como
las pensiones, en tanto se trata de asuntos legales. No obstante, considera que,
de manera excepcional, el amparo procede cuando los medios de defensa judicial
no resultan efectivos para la protección del derecho[100].
En esos casos se ha dicho que lo legal pasa al plano constitucional[101],
por ejemplo, cuando se trata de una persona de especial protección
constitucional, a quienes someterlos a un proceso ordinario resulta
desproporcionado y menoscaba su dignidad[102].
50. Legitimación por
activa. La acción de tutela puede ser interpuesta por todas las
personas cuyos derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o los particulares
en determinados casos, según los artículos 86 de la Carta y 10 del Decreto 2591
de 1991. En este evento, se encuentra establecido que son los derechos
fundamentales del señor Manuel Esteban Otero Beltrán los que presuntamente
fueron quebrantados, por tanto, se hallaba legitimado para actuar.
51. Legitimación por
pasiva. La Constitución establece que los legitimados por pasiva pueden
ser las autoridades públicas y, en algunos eventos, los particulares siempre
que (i) presten un servicio público; (ii) que su conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo; y (iii) cuando el accionante se halla en
estado de subordinación o indefensión respecto del particular. En el caso que
nos ocupa, Colpensiones es una entidad de naturaleza pública que al parecer ha
vulnerado los derechos del actor. Entre tanto, la firma Agrícola Sara Palma
S.A. es una empresa de carácter particular, pero que por ser la empleadora del
accionante posee una relación de subordinación con este y, por lo mismo, se
legitima para ser demandada en esta acción constitucional.
52. Principio de
inmediatez. La Corte ha considerado que la acción de tutela debe
presentarse dentro de un término razonable con respecto al momento en que se
generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En este evento, el
requisito se cumple puesto que una vez se negó la pensión de vejez por parte de
Colpensiones, a través de resolución SUB 129635 del 18 de julio de 2017, el
actor, en menos de un mes, presentó la solicitud de amparo (14 agosto de 2017),
lo cual es un término más que razonable.
53. Principio de
subsidiariedad. El señor Manuel Esteban Otero Beltrán es una persona de
especial protección constitucional, ya que a la fecha tiene 70 años de edad[103] y, además, según
lo expuso en el escrito de tutela, presenta algunas afecciones en su salud
(columna vertebral, visión y “cansancio en sus piernas). Situación que
no fue controvertida por las accionadas en este trámite. Además, por ser un
sujeto de especial protección constitucional el examen de procedibilidad se
flexibiliza.
En esas condiciones, sería
desproporcionado e irrazonable remitir al actor a la jurisdicción ordinaria
laboral para que trámite un proceso, cuando es palmaria la permanencia en el
tiempo de estos litigios[104] y, por lo mismo, el medio idóneo se
torna en ineficaz para procurar la protección de los derechos fundamentales,
dada su duración. Pretender que el señor Otero Beltrán acuda a la jurisdicción
laboral, donde tiene que esperar una serie de diligencias que retardan la
decisión, equivale a posponer la posibilidad de acceder a la prestación que le
permita vivir con dignidad y que con apremio requiere dada su avanzada edad.
Estas circunstancias sin duda permiten el análisis de fondo del amparo, como
mecanismo definitivo.
Procedibilidad material de la acción de tutela
54. Descontada la procedencia formal de la acción de tutela, debe ahora
la Corte establecer si las entidades accionadas -Colpensiones y Agrícola Sara
Palma S.A.- vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida digna del señor Manuel Esteban Otero Beltrán, al no
habérsele reconocido y pagado la pensión de vejez por no contar con el número
mínimo de cotizaciones, y no haber realizado los aportes para el Sistema de
Seguridad en Pensiones en el período 1987-1994. Para ello, se deberá determinar
(i) si existe relación laboral entre el actor y la empresa demandada producto
de la sustitución patronal; y (ii) quién debe responder por los aportes para
pensión del actor por el tiempo que no se hizo.
Existencia de la relación laboral como producto de la sustitución
del empleador
55. De acuerdo con la normatividad laboral y la jurisprudencia de esta
Corporación relacionada en la parte dogmática de esta sentencia, la sustitución
patronal se constituye con la concurrencia de tres requisitos: (a) que haya
cambio de empleador; (b) que exista afinidad en las operaciones de las empresas
y (c) la continuidad del trabajador. De faltar alguna de las exigencias,
simplemente, no se estructura la misma.
56. En el caso objeto de esta decisión, de entrada se advierte que la citada
figura se encuentra debidamente constituida, puesto que las condiciones antes
señaladas fueron probadas en el trámite de revisión.
En efecto, se estableció que el contrato de trabajo suscrito el 6 de
enero de 1987 entre el actor y Gustavo Jaramillo[105] es el que sostiene
actualmente la relación laboral de aquel con la sociedad Agrícola Sara Palma
S.A., luego de que esta hubiera sustituido a las empresas Proban S.A., Agrícola
Río León y Jaramillo Plantaciones Río de Oro & Cía S. en
C., las cuales tienen como actividad principal el cultivo y comercialización de
banano y plátano, según se observa en los certificados de existencia y
representación de cada una de las sociedades expedidos por la Cámara de
Comercio de Medellín[106].
La sustitución patronal en este evento, está debidamente probada con los
diversos medios de convicción allegados a este trámite. Verbi gratia:
(i) La aceptación por parte del Representante Legal suplente de Agrícola
Sara Palma S.A. quien en informe 14.01-6459 del 6 de abril de 2018 dirigido a
esta Corte, afirmó:
“es necesario informar que este contrato –del actor, se aclara por la
Sala- se celebró inicialmente con el Sr. Gustavo Jaramillo para la
prestación de servicios en la bananera ‘El Guineo’, empleador que fue
sustituido por la sociedad Agrícola Rio León S.A. hasta agosto de 2002, ya
que a partir de esa fecha en virtud de la fusión por absorción entre esta
sociedad y Proban S.A. la posición de empleadora del accionante fue asumida por
esa sociedad y hasta febrero de 2009, tal como consta en el certificado de
existencia y representación legal de Proban S.A. que se adjunta, fecha en la
que esta sociedad fue sustituida patronalmente por Agrícola Sara Palma S.A.”[107] (resalto fuera de
texto).
(ii) Escrito del 22 de marzo de 2018, enviado por el representante legal
de la Promotora Bananera S.A. –Proban S.A.- a esta Corporación en el cual
señala que la sociedad Agrícola Río León S.A. se encuentra disuelta, al ser “absorbida”
por la sociedad Proban S.A. En torno a la vinculación laboral del actor,
indicó:
“Para la época en la que el accionante relata que se inició la
relación laboral este inmueble se denominaba ‘Finca San Ramón’ y su propietaria
era la sociedad Jaramillo Plantaciones Rio de Oro & Cía. S. en C., siendo
esta su primera empleadora. Posteriormente, en julio de 1987 este inmueble fue
adquirido por la sociedad Agrícola Rio León S.A., quien asumió la posición de
empleadora del Sr. Manuel Esteban Otero Beltrán hasta el día 02de agosto de
2002, fecha en la que fue absorbida por Proban S.A. y, en consecuencia, ésta
última asumió la posición de empleadora del accionante; en febrero del año 2009
Proban S.A. y Agrícola Sara Palma S.A. celebraron un acuerdo de escisión y en
virtud de este, Agrícola Sara Palma S.A. en calidad de sociedad beneficiaria
recibió ese inmueble y asumió la posición de empleadora del accionante”[108].
(iii) El certificado de tradición correspondiente al predio rural
denominado “Finca San Ramón”, matricula inmobiliaria No. 034-12685, el
cual fue adquirido por Plantaciones Río de Oro Ltda. el 22 de febrero de 1964 y
vendida posteriormente, el 7 de junio de 1989, a la Agrícola Río León y esta a
su vez, la traspasó a C.I. Proban S.A. el 19 de noviembre de 2002.
(iv) El Intendente de Medellín de la Superintendencia de Sociedades[109]informó que la
Promotora Bananera S.A., por escritura 1556 del 2 de agosto de 2002, absorbió
a varias sociedades, entre ellas, a la sociedad Agrícola Río León S.A.,
y que por escritura No. 7261 del 29 de diciembre de 2008 “se solemnizó la
ESCISION entre las sociedades C.I. PROBAN S.A., sociedad escindida y LA NUEVA
CULTIVOS S.A. NUEVA PLANTACIÓN S.A, AGRICOLA SARA PALMA S.A. e INBAPALMA S.A.,
sociedades beneficiarias”.
(v) Certificado de existencia y representación de la Promotora Bananera
S.A. -Proban S.A-, donde se dice que el 9 de noviembre de 2001, se solemnizó la
“Escisión de las sociedades Agrícola Montecristo S.A. (…), Agropecuaria Bahía
Grande S.A. (…), Agrícola Rio León S.A., la cual (sic) transfieren en
bloque parte del patrimonio a la sociedad C.I. PROMOTORA BANANERA S.A.”[110] (Resalto nuestro).
En otra anotación se menciona que se aprobó un compromiso de fusión por absorción
de la sociedad C.I. Promotora Bananera S.A. respecto de las sociedades Arizona
Invesment Corporatión (domiciliada en Panamá), Agrícola Buritaca S.A.,
Agropecuaria Bahía Grande, Agrícola Montecristo S.A., Agrícola Río León S.A.,
Agropecuaria Bebara S.A., Agropecuarias Fronteras S.A., El Camello del Caribe
Ltda. y Palmicol S.A.
Finalmente, se indica que se solemnizó la “Escisión entre las
sociedades C.I. Proban S.A., sociedad escindida y La Nueva Cultivos
S.A., La Nueva Plantación S.A., Agrícola Sara Palma S.A. e Inbapalma
S.A., sociedades beneficiarias”[111].
(vi) Copia del escrito del 2 de enero de 2009, mediante el cual los
Representantes legales de C.I. Proban S.A., como “Empleadora sustituida”,
y Agrícola Sara Palma S.A., como “Empleadora sustituyente” notifican al
señor Manuel Esteban Otero Beltrán el cambio de empleador, así:
“Como consecuencia de la celebración de un acuerdo de escisión
múltiple de las sociedades C.I. Proban S.A. (…) y Agrícola Sara Palma S.A. (…)
entre otras, la empresa “Finca Guineo”, en la que Usted viene prestando sus
servicios, ha sido transferida a la sociedad Agrícola Sara Palma S.A.
A partir del día 01 de enero de 2009, la sociedad Agrícola Sara Palma
S.A. será la nueva empleadora y responderá directamente por las obligaciones
que se hubieren hecho legal o contractualmente exigibles con anterioridad a la
ocurrencia de la sustitución patronal y de las obligaciones que se causen y se
hagan exigibles en el futuro.
Este cambio en la propiedad de la empresa-finca solo significa la
ocurrencia de un cambio en la persona de la parte empleadora y, por tanto, su
contrato de trabajo no se extinguirá ni sufrirá modificación alguna”[112].
57. De lo expuesto surge de manera clara que efectivamente el señor
Manuel Esteban Otero Beltrán se vinculó con Jaramillo Plantaciones Río de Oro
el 6 de enero de 1987 y, a través de las diversas escisiones y absorciones, se
mantuvo como trabajador de la Agrícola Río León S.A., Proban S.A y con Agrícola
Sara Palma S.A. De otro lado, se acreditó que la actividad principal de las
mencionadas empresas era el cultivo y comercialización de banano y plátano.
58. Significa lo anterior que el actor ha laborado para las empresas
bananeras, ubicadas en la región de Urabá, por espacio de 30 años, sin que a
sus 70 años haya logrado obtener la pensión de vejez porque, según
Colpensiones, no cumple con el número mínimo de semanas cotizadas al Sistema de
Seguridad en Pensiones, cuando existe un período de 7 años 4 meses no cotizado
por las empleadoras.
Responsable de las cotizaciones del período 6 de enero de 1987 y
el 11 de mayo de 1994
59. Siguiendo el hilo conductor,
el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo establece la responsabilidad
de los empleadores cuando existió sustitución patronal. En efecto, la norma
señala que tanto el antiguo como el nuevo empleador responden solidariamente
de las obligaciones exigibles al momento de la sustitución, pero si el
nuevo las satisficiere, puede repetir contra el antiguo. Es decir, que los
deberes del anterior empleador se trasmiten al nuevo, puesto que la finalidad
de la figura es amparar a la parte débil de la relación laboral.
En este evento, la obligación de
aportar al Régimen de pensiones por el período 1987-1994 se hallaba en cabeza
de Jaramillo Plantaciones Rio de Oro Ltda. y Agrícola Río León S.A., pero como
las mismas se encuentran disueltas y fueron sustituidas por Proban S.A. y
actualmente por Agrícola Sara Palma S.A., la llamada a responder por los
aportes es esta última, la cual, como lo señala la norma, puede repetir contra
las sustituidas.
60. Ahora, la sociedad accionada alega que la falta de afiliación al
Seguro Social se debió a que las organizaciones sindicales que agrupaban a los
trabajadores se negaron a ello. Esa circunstancia no es de recibo por la Corte,
por lo siguiente:
En primer lugar, los derechos derivados de una relación laboral en
materia pensional son irrenunciables, por tanto, aun cuando el sindicato se
hubiese opuesto a la afiliación de los trabajadores, ello no supone la
desaparición de la obligación legal de los empleadores para hacerlo.
En segundo término, no hay registro de que el actor estuviere afiliado a
dichos sindicatos y las decisiones adoptadas por tal organización pudieran
válidamente comprometer sus derechos.
Tercero, si bien es cierto que entre  1986 y 1994 se generó una lucha
social en la zona de Urabá y los sindicatos que agrupaba a la mayoría de los
trabajadores se rehusaron a la afiliación al Seguro Social e incluso se
presentaron algunos ceses de actividades que determinaron la suspensión, por un
año, de la Personería Jurídica del Sindicato Nacional de Trabajadores
Agropecuarios de Colombia[113] -Sintagro-, ello no es obstáculo
para decidir la pretensión pensional del actor, puesto que el trabajo realizado
por los obreros no puede excluirse del mundo como si jamás hubiese existido. Una
vez recuperada la zona –como se advierte en el Acta de Acuerdo del 6 de
noviembre de 1993 entre empleadores y sindicato-, la empresa pudo ponerse a paz
y salvo, pero contrario a ello, al parecer, guardaron absoluto silencio.
Cuarto, no puede desconocerse que la jurisprudencia consolidada de esta
Corporación, ha establecido que la mora en el pago de los aportes por el
empleador no puede originar la negativa al reconocimiento de la pensión, es
decir, la omisión del empleador en el pago de las cotizaciones “no es
oponible al trabajador y a su derecho a obtener el pleno reconocimiento de sus
derechos laborales”[114].
En ese mismo sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia consideró que “ante la hipótesis de omisión en la afiliación del
trabajador al sistema de pensiones, sea por culpa o no del empleador, es deber
de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido, como
tiempo efectivamente cotizado, y obligación del empleador pagar un cálculo
actuarial por los tiempos omitidos a satisfacción de la respectiva entidad”[115].
Quinto, debe tenerse en cuenta que conforme con el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, desde antes de la Ley 100 de 1993, los
empleadores tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones de sus
trabajadores, por lo tanto, tenían el deber de aprovisionar los recursos
necesarios para el pago de los aportes mientras el Seguro Social se subrogaba
en dichas obligaciones.
61. En ese orden de ideas, para la Sala la accionada Agrícola Sara Palma
S.A. vulnera los derechos fundamentales de la seguridad social en pensiones, la
vida digna y el mínimo vital del señor Manuel Esteban Otero Beltrán, en tanto
no ha cancelado los aportes correspondientes al período 1987 a 1994, que corresponde
aproximadamente a 367 semanas.
Se vulnera la seguridad social porque esta como derecho fundamental
(artículo 48 C. Pol.) orientada a garantizar la subsistencia de las personas y
su entorno familiar, se restringe en la medida que se desconoce el derecho a las
cotizaciones que le permitan acceder a la pensión.
Así mismo, se vulnera el derecho a la vida digna y el mínimo vital, en
tanto que la imposibilidad de obtener  la pensión de vejez le impide asegurarse
el sustrato mínimo que le permita mantener las condiciones materiales de
subsistencia, de acuerdo con su condición de sujeto de la tercera edad y
especial protección constitucional.
En esa medida, la omisión en el pago de los aportes le obstaculiza al
actor la posibilidad de que obtenga el sustrato mínimo para su subsistencia y
la de su familia sin necesidad de que, a sus 70 años de edad y con afecciones
de salud, tenga que mantenerse atado a un contrato de trabajo y asistir a sus
labores cuando por esas mismas condiciones le es difícil desarrollar las tareas
dispuestas por el empleador.
Y no puede afirmarse, como lo hace la demandada, que por hallarse en
licencia remunerada no existe vulneración para los derechos del actor puesto
que el salario que recibe deviene de la circunstancia misma de encontrarse vigente
el contrato de trabajo que, de terminarse, quedaría desamparado y sin la
prestación pensional que le permitiría obtener el mínimo vital y sobrevivir de
acuerdo con la condición de persona de especial protección constitucional.
62. En torno al segundo problema jurídico planteado, considera la Sala
que Colpensiones a pesar de haber negado el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez al actor, no ha vulnerado los derechos fundamentales del mismo, puesto
que del material probatorio arrimado al expediente, en especial la intervención
de la entidad se desprende que ésta no tenía conocimiento de la relación
laboral que existió entre el trabajador con otras sociedades antes de 1994 y
que se hubiese omitido cancelar los aportes para pensión. En ese orden, no
puede inferirse responsabilidad alguna para la Administradora de Fondos de
Pensiones en cita.
Régimen pensional
63. Ahora bien, examinado en su conjunto los diversos medios de
convicción arrimados a este trámite de tutela, la Sala advierte que el
accionante tiene 70 años de edad y 1215 semanas cotizadas al Sistema de
Seguridad Social en pensiones, más 367 provenientes de los 7 años y 4 meses que
el empleador dejó de cotizar, para un total de 1583 semanas cotizadas. Ello significa
que el señor Otero Beltrán es beneficiario de la pensión de vejez, regulada en
la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003[116].
No obstante,  como al 1º de abril
de 1994, fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, el actor tenía 46 años
de edad -nació el 13 de julio de 1947-, también puede acceder a la prestación
por el régimen anterior a aquella legislación, puesto que cumple con los
requisitos de la transición, consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En efecto, de acuerdo con esta
última norma, la edad, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas requeridas para la pensión de vejez y el monto de
la misma, son las que se encuentran determinadas en el sistema anterior al que
se hallaba afiliado el trabajador al momento en que entró a regir el Estatuto
de la Seguridad Social -1º de abril de 1994-, siempre y cuando cumplan uno de
los siguientes requisitos:
EDAD
TIEMPO COTIZADO
Mujeres:
35 años o más de edad.
Hombres:
40 o más años de edad.
Tener 15 años o más de servicios cotizados.
Ahora, el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, señala como
condiciones para acceder a la pensión de vejez que la persona tenga (i)  60
años o más de edad si es varón o 55 o más, si es mujer y (ii)  500
semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de
la edad mínima o 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo.
En ese orden, considera la Sala que el
accionante tiene derecho a la pensión de vejez conforme con el Acuerdo 049 de
1990 y la Ley 797 de 2003. Es decir, cumple los requisitos de los dos
regímenes.
Ahora, como la jurisprudencia constitucional ha establecido que el
principio de favorabilidad debe aplicarse obligatoriamente por las entidades
administrativas y judiciales[117], y en este expediente no se cuenta
con los elementos de juicio suficientes para establecer cuál de los dos
sistemas es el más favorable al accionante, será Colpensiones la que, una vez
tenga a su disposición la información entregada por el empleador y realice los cálculos
respectivos, la que deberá establecer el régimen más favorable y bajo ese
reconocerá la prestación. El acto administrativo expresará de manera clara las
razones por las cuales resulta más favorable el sistema escogido. En esa medida
se garantiza el principio de favorabilidad en materia de seguridad social.
Decisiones a adoptar
64. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará las decisiones de
primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado 2º Penal del Circuito de
Apartadó (Antioquia) y la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, que
declararon improcedente la tutela y, en su lugar, se concederá el amparo a los
derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones y a la vida en
condiciones dignas del accionante.
En esas circunstancias, se ordenará (i) a la Agrícola Sara Palma S.A.
que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este fallo,
envíe a Colpensiones la documentación necesaria en la cual se informe el
salario devengado por el actor entre los años 1987 y 1994.
(ii) A Colpensiones se le solicitará que, dentro de los 5 días siguientes
al recibo de la documentación enviada por la accionada, establezca el monto a
pagar por la empresa por las semanas dejadas de cotizar entre 1987 y 1994.
(iii) Se ordenará a la sociedad Agrícola Sara Palma S.A. que, dentro de
las 48 horas siguientes al recibo del cálculo actuarial, proceda a transferir a
Colpensiones el valor del mismo.
(iv) Una vez el empleador cancele el monto del cálculo actuarial, Colpensiones
procederá, dentro de las 48 horas siguientes, a realizar las acciones
necesarias tendientes al reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor
Manuel Esteban Otero Beltrán, incluyendo el valor retroactivo a que haya lugar,
aplicando el sistema que más le favorece.
(v) Mientras que se empieza a pagar al actor la pensión, la sociedad Sara
Palma S.A. deberá suministrarle el salario que ha venido cancelando mes a mes.
Conclusión
65. En esta sentencia se examinó
la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Esteban Otero Beltrán que
solicitó la pensión de vejez a Colpensiones pero se resolvió de manera
negativa, porque no cumplía con el número mínimo de semanas cotizadas, cuando
existía un período de 7 años y 4 meses dejado de cotizar por el empleador.
66. Como problema jurídico se
estableció ¿si la sociedad accionada y Colpensiones vulneran los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la seguridad social y al
mínimo vital (arts. 1º, 11, 46 y 48 C.P.)  del actor por no haber cotizado para
la Seguridad social en pensión entre los años 1987 y 1994 y no reconocerle la
pensión de vejez, bajo el argumento de que no cumplía con el requisito de
semanas cotizadas?
67. Para resolver el debate planteado se hizo un reconocimiento sobre la
normatividad de la sustitución de empleadores;
la fundamentalidad del derecho a la seguridad social; el funcionamiento
del Seguro Social; la mora en el pago de los aportes pensionales; y la pensión de
vejez. En ese sentido, se consideró oportuno analizar de fondo la tutela.
68. Se halló que las accionadas vulneraron los derechos fundamentales a
la seguridad social y ala vida digna del actor, puesto que se negó la pensión
de vejez argumentando falta del requisito de semanas cotizadas, cuando el actor
cuenta con más de 1500 semanas cotizadas, contando aquellas que el empleador
dejó de pagar en el periodo 1987-1994.
69. En ese orden, se revocó la sentencia de tutela de instancia y, en su
lugar, se concedió el derecho pensional.
IV.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias del 11 de octubre de 2017 emitida por
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en
segunda instancia, y la del 28 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado 2º
Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia) en primera instancia, a través de
las cuales se declaró improcedente el amparo invocado por el señor Manuel
Esteban Otero Beltrán. En su lugar, CONCEDER el amparo respecto de
los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, a la vida en
condiciones dignas y el mínimo vital del accionante.
Segundo.- ORDENAR
a la sociedad Agrícola Sara Palma S.A. que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación de este fallo, envíe a Colpensiones la
documentación necesaria en la cual se informe el salario devengado por el actor
entre los años 1987 y 1994.
Tercero.- ORDENAR
a Colpensiones que, dentro de los cinco (5) días siguientes al
recibo de la documentación enviada por la sociedad agrícola, realice el cálculo
actuarial bajo el régimen que más favorezca al accionante. Una vez
recibidos los pagos de la empresa accionada, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes, proceda a realizar las acciones necesarias tendientes al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Manuel Esteban Otero
Beltrán, incluyendo el valor retroactivo a que haya lugar. El acto
administrativo que emita deberá motivarse debidamente, especialmente en lo que
tiene que ver con la favorabilidad del sistema que escoja para conceder la
prestación.
Cuarto.- ORDENAR a la empresa Agrícola
Sara Palma S.A. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al
recibo del cálculo actuarial realizado por Colpensiones, proceda a transferirle
el valor correspondiente a las cotizaciones. Así mismo, mientras que se empieza
a pagar al actor la pensión de vejez, deberá suministrarle el salario que ha
venido cancelando.
Quinto.- Líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de
voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-254/18
Referencia:
Expediente No. T-6.568.257
Magistrado Ponente:
José Fernando Reyes
En atención a la decisión
adoptada por la Sala Octava de Revisión el día 22 de mayo de 2018 en el
Expediente T-6.568.257, me permito presentar Salvamento de Voto, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
No estoy de acuerdo
con el análisis de subsidiariedad en cuanto a la ineficacia del medio judicial
ordinario. Se advierte que el mecanismo es el proceso ordinario laboral ante la
jurisdicción ordinaria laboral. Si bien el accionante tiene 70 años, no se puede
evidenciar condiciones adicionales de riesgo que lo sitúen en una condición de
vulnerabilidad tal que la intervención del juez de tutela sea indispensable. En
efecto, la situación del accionante es la misma que tienen todos los afiliados
a quienes se les niega una pensión de vejez. De tal forma, la edad no es el
único factor que pueda dar posibilidad para acudir directamente a la acción de
tutela. Esta lectura implica el vaciamiento de la competencia de la
jurisdicción ordinaria laboral.
En el caso concreto no
existe prueba ni siquiera alusión a una enfermedad específica que padezca el
accionante. La relación de sus afecciones en la visión, columna vertebral y
cansancio en las piernas, fue tan general y sin ninguna prueba de lo dicho que
el mismo ponente le solicita por medio de una prueba allegar su historia
clínica o algún elemento que verifique la existencia de estas afecciones. El
accionante no dio respuesta al requerimiento. Frente a este punto, consideramos
que la valoración no puede ser asumir la existencia de enfermedades graves que
puedan elevar la situación de vulnerabilidad, por cuanto, la propia vejez viene
acompañada de enfermedades que no tienen tal entidad como para sumarse como una
condición especial.
Ahora bien, los derechos
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital no están afectados. Lo
anterior, por cuanto el contrato de trabajo se encuentra vigente, el trabajador
está recibiendo un auxilio económico y se están realizando las cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social Integral. De igual manera, no es posible
una desvinculación laboral porque el accionante tiene la calidad de
prepensionable, lo cual asegura su estabilidad hasta tanto adquiera la pensión
de vejez.
Finalmente, la valoración que se
realiza al desistimiento presentado por el accionante resulta insuficiente.
Atentamente,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Los
hechos fueron complementados con la información posterior allegada al
expediente.
[2] Jurisdicción
del municipio de Turbo (Ant.).
[3] Nació
el 13 de julio de 1947 en Montería (Córdoba).
[4] Según
la respuesta de la representante de la accionada, para el momento de interponer
la acción el actor se encuentra en licencia por dos meses remunerada.
[5] Fl.
1 cuaderno principal.
[6] Fl.
1.
[7] Fl. 30 cuaderno principal.
[8] Fl. 35 cuaderno
principal.
[9] Fl. 37, cuaderno
principal.
[10] Fl. 9.
[11] Fls. 11 a 15.
[12] Fls. 16 a 28.
[13] Fl. 29.
[14] Fl. 39
[15] Fl. 40.
[16] Fl. 41.
[17] Fl. 42.
[18] Fls. 43 a 49.
[19] Fl. 58, cuaderno
principal.
[20] Fls. 58 a 61.
[21] Fl. 78 c. ppal.
[22] Fl. 69 vto. c. ppal.
[23] Conformada por los
Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[24] Sede Apartadó calle
103 No. 94-76, barrio Chinita, PBX: 8264050.
[25] Calle 99 No. 10-08 Bogotá.
[26] Fls. 39 a 42 c. de revisión.
[27] Fls. 43 a 50 c. r.
[28] Fls. 51 a 54 c. r.
[29] Fls. 55 a 64 c. r.
[30] Fls. 65 a 84 c. r.
[31] Fls. 85 a 86 c. r.
[32] Fls. 87 a 93 c. r.
[33] Fls. 94 a 103 c. r.
[34] Fls. 104 a 105 c. r.
[35] Fl. 107 c. r.
[36] Fls. 126 a 127 c. r.
[37] Fls. 128 a 143 c. r.
[38] Fl. 163 a 164 c. r.
[39] Fl. 165.
[40] Fl. 166 y ss.
[41] Fls. 169 a 175.
[42] Fls. 188 a 189.
[43] Fls. 232 a 252.
[44] Fls. 176 a 185.
[45] Fl. 186.
[46] Fls. 223 y ss.
[47] Fls. 254 y ss.
[48] Fl. 316 c. r.
[49] Fls. 332 y ss.
[50] Auto 283 de 2015.
[51] Sobre
la importancia y los alcances de la función de eventual revisión de los fallos
de tutela y sobre las reglas que le son aplicable ver también el auto A-031A de
2002.
[52] Auto 345 de 2010.
[53] “Así, la persona
que considere lesionados o amenazados sus derechos fundamentales debe acudir,
en primer lugar, a las vías ordinarias idóneas de defensa para lograr la
protección de aquellos y, en segundo lugar, podrá solicitar la tutela como
mecanismo transitorio para conjurar la consumación de un perjuicio irremediable”.
Sentencia T-1088 de 2005.
[54] Sentencia T-079 de
2016.
[55] Sentencias T–800 de
2012 y T–859 de 2004.
[56] Sentencias T–800 de
2012, T–436 de 2005 y T–108 de 2007, entre otras.
[57] Sentencia T-471 de 2017. Ver igualmente las sentencias
T–328 de 2011, T-456 de 2004 y T-789 de 2003, entre otras.
[58] Sentencias T-194 de 2017, T-736 de 2013 y T-495 de 2010.
[59] Sentencia
T-079 de 2016.
[60] Sentencia T-194 de
2017 y T-549 de 2012.
[61] Sentencia T-194 de
2017.
[62]  “Artículo 8. (…) La sola sustitución del patrón no extingue
el contrato de trabajo. El sustituido responderá solidariamente con el
sustituto, durante el año siguiente a la sustitución, por todas las
obligaciones anteriores.
[63] “Artículo 53. La sola
sustitución del patrono no interrumpe, modifica ni extingue los contratos de
trabajo celebrados por el sustituido. Entiéndase por sustitución toda mutación
del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración, sea
por muerte del primitivo dueño o por enajenación a cualquier título, o por
transformación de la sociedad empresaria, o por contrato de administración
delegada o por otras causas análogas. La sustitución puede ser total o parcial,
teniéndose como parcial la que se refiere a una porción del negocio o empresa,
susceptible de ser considerada y manejada como unidad económica independiente.”
[64] "La sola sustitución del patrón no extingue el contrato de trabajo.
El sustituido responderá solidariamente con el sustituto, durante el año
siguiente a la sustitución, por todas las obligaciones anteriores".
[65] Tomado de la sentencia T-395 de 2001.
[66] Sentencia T-395 de
2001.
[67] Sentencia T-1238 de
2008 y T-954 de 2011.
[68]Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 28 de julio de 2009.
Ver otros pronunciamientos que señalan los mismos criterios en sentencias de
mayo 27 de 1999, 13 de febrero de 1991 y de agosto 27 de 1973.
[69] A través de la cual
se institucionalizó la pensión para trabajadores ferroviarios: “Art. 1º.
Todo empleado u obrero de edad no inferior a cincuenta y cinco años que haya
servido por espacio de veinte años, continua o discontinuamente a una empresa
ferroviaria oficial o particular, tiene derecho a que ésta le pague, en el caso
de su retiro, una pensión mensual vitalicia de jubilación”.
[70] Para algunos
profesores de educación pública y privada: “Artículo 1. Los individuos que
hubieren desempeñado durante más de 15 años puestos en el magisterio como
profesores en establecimientos públicos o privados y que tuvieren más de 70
años, tendrán derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación de ochenta
pesos ($ 80) pagaderos del erario público nacional”.
[71] Negrilla y subraya fuera del texto.
[72] Así lo señaló “Adán Arriaga Andrade es considerado como el padre
del Derecho Laboral en Colombia. Natural de Quibdó y proveniente de una cuna
humilde, se interesó por darle a la clase trabajadora colombiana un respaldo en
todo lo relacionado con los beneficios sociales, asistencia médica y una
política de seguridad social (…) También son de su autoría los Códigos
Sustantivos y Procesal del Trabajo”. I.S.S., 60 años de seguridad social,
Bogotá, 2006, pág. 37:
“b)
“En el régimen de prestaciones patronales, resulta forzoso disminuir las
cargas a los pequeños capitales, de donde la gran masa de asalariados queda
desamparada al pago que se establecen minorías privilegiadas entre los mismos
trabajadores. En el de seguros sociales, todos los empresarios cotizan en
proporción a los salarios que pagan, y todos los trabajadores se benefician por
igual.
c)
En el régimen de prestaciones patronales, aún las grandes empresas soportan una
carga excesiva, al convertirse en aseguradores de sus trabajadores contra todos
los riesgos profesionales, sin la compensación que las compañías de seguros
encuentran en la especialización de los riesgos, en la “ley de los grandes
números”, y en el cálculo de probabilidades. En el de seguros sociales, la
carga financiera es infinitamente menor, pues al distribuirse los riesgos entre
toda la población activa, se reduce la incidencia individual de cada siniestro
y, además, el Estado contribuye a la debida financiación”.
[73] “El seguro de vejez a que
se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación
que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda
asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad
a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales
correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de conformidad con la
legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de jubilación a sus
trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales
normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles,
hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones
eventuales.
En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos
empleados y obreros que en el momento de la subrogación lleven a lo menos diez
(10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o empresas que se
trate de subrogar en dicho riesgo, serán menos favorables que las establecidas
para ellos por la legislación sobre jubilación, anterior a la presente ley”.
[74] Art.
72 Ley 90 de 1946.
[75] “Se garantiza a
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni
utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines
diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”.
[76] Sentencia T-016 de 2007 sobre el derecho a la
salud, T-585 de 2008 sobre el derecho a la vivienda y T-580 de 2007 sobre el
derecho a la seguridad social.
[77] Sentencia T-334 de
2011.
[78] Sentencia T-122 de
2010.
[79] Sentencia T-334 de
2011.
[80] Sentencia T-466 de
2015.
[81] Artículo 1º.
[82] Artículo 8.
[83] Arenas
Monsalve, Gerardo. El Derecho Colombiano a la Seguridad Social.
[84] Sentencia T-784 de 2010.
[85] Sentencia T-760 de
2014.
[86]  “El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte
de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de
cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias
y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el
afiliado y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, justo
con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazas que para el efecto
determine el gobierno.
El empleador
responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador”.
[87] Artículo 10.
[88] Sentencia T-639 de
2016.
[89] “El Estado, la
sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las
personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y
comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social
integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
[90] “Colombia es un
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general”.
[91] “La Seguridad
Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La Seguridad
Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con
la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de
la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios
para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo
constante”.
[92] “El derecho a la
vida es inviolable”.
[93] Sentencia
T-456 de 1994.
[94] Sentencia
T-016 de 2007.
[95] Sentencia T-086 de
2017.
[96] Sentencia T-248 de 2008.
[97] Sentencia T-832ª de 2013.
[98] Ibidem.
[99] Sentencias T-158 de 2006 y T-476 de
2013.
[100] Sentencia
SU-130 de 2013.
[101] Sentencia T-920 de 2009.
[102] Sentencia
SU-130 de 2013.
[103] Ver
copia de la cédula de ciudadanía obrante a folios 9 del cuaderno principal, y
en la cual consta que nació el 13 de julio de 1947.
[104] Sentencia T-1093
de 2012. En ella se precisa, que para concretar el principio de igualdad material
del art. 13 de la C. Política y la garantía del derecho a acceder en igualdad
de condiciones a la administración de justicia, el examen de las tutelas
presentadas por sujetos de especial protección constitucional debe abordarse “bajo
criterios amplios o flexibles, dada la tutela que la Carta concede en favor de
esos colectivos y tomar en cuenta que aún dentro de la categoría de personas de
especial protección constitucional existen diferencias materiales relevantes
que rompen su horizontalidad y los sitúan en disímiles posiciones de
vulnerabilidad que merecen distintos grados de protección”.  En ese mismo
sentido, ver sentencia T-079 de 2016.
[105] Fl. 163 cuaderno de
revisión.
[106] Fls. 43 a 50 y 148 a 160 c. de
revisión.
[107] Fl. 254 cuaderno
constitucional.
[108] Fls. 39 y ss. c.
rev.
[109] F. 245 c. revisión.
[110] Fl. 246 vuelto y
247.
[111] Fls. 246 y ss. c.
revisión
[112] Fl. 255 c. de rev.
[113] Resoluciones Nos. 4118 del 28 de
octubre de 1988 y 49896 del 26 de diciembre de 1988, en folios 85 a 93.
[114] Sentencia T-327 de 2017.
[115] Sentencia SL4072 de 2017.
[116] “Requisitos para obtener la Pensión de
Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir
las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad
si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se
incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y
dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en
cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de
semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015”.
[117] Sentencias T-158 de 2006 y T-476 de
2013.