C-426-00
Sentencia C-426/00
Sentencia C-426/00
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance
El control de constitucionalidad que esta
Corporación debe ejercer en esta materia, es posterior, en cuanto se produce
una vez la respectiva ley haya sido aprobada por el Congreso y sancionada por
el Presidente de la República, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de
la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el
cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad
correspondiente, que le permita al Jefe de Estado efectuar el correspondiente
canje de notas.
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control formal
En cumplimiento de la Constitución
Política, el control formal de constitucionalidad que la Corte debe ejercer
sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, recae sobre la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento, la competencia de los funcionarios intervinientes
y el trámite dado a la ley aprobatoria en el Congreso.
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control material
El examen de fondo que le corresponde
efectuar a esta Corporación, consiste en comparar las disposiciones del texto
del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, con la
totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para determinar si
las primeras se ajustan o no a la Constitución Política, independientemente de
consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad, utilidad o
eficiencia, las cuales son extrañas al examen que debe efectuar la Corte
Constitucional, que se limita a factores exclusivamente jurídicos.
PROTOCOLOS DE
ENMIENDA Y LEY APROBATORIA-Convenio
objeto de modificación en su oportunidad fueron incorporados a nuestro
ordenamiento
PROTOCOLOS DE
ENMIENDA Y LEY APROBATORIA-Convenio
objeto de modificación tramitado y suscrito antes de 1991
PROTOCOLOS DE
ENMIENDA Y LEY APROBATORIA-Contenido
y alcance de convenios originarios
CONVENIO
INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDO A CONTAMINACION
POR HIDROCARBUROS 1969-Convenio
fondo
PROTOCOLO DE 1992
QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS
DEBIDO A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 1969-Realización efectiva del convenio originario
DIVERSIDAD E
INTEGRIDAD DEL AMBIENTE-Protección
por el Estado
SERVICIO PUBLICO
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-Atención
y garantía de prestación efectiva por el Estado
SANEAMIENTO
AMBIENTAL POR DERRAME DE HIDROCARBUROS-Responsabilidad del Estado
SANEAMIENTO
AMBIENTAL POR DERRAME DE HIDROCARBUROS-Reparación patrimonial
PROTOCOLO DE 1992
QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCION DE UN FONDO
INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION DE DAÑOS DEBIDO A CONTAMINACION POR
HIDROCARBUROS 1971-Objetivo
y alcance del Convenio Fondo originario y actualización de términos del mismo
FUERO
INTERNACIONAL DE COMPENSACION POR CONTAMINACION DE PETROLEO-Finalidad
Referencia:
expediente L.A.T. 158
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 523 de 12 de agosto de 1999 "por medio de la
cual se aprueba el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio
Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 que
enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo
Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1971", hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre
de mil novecientos noventa y dos (1992).
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON
DIAZ.
Santafé de Bogotá D.C.,  doce (12) de abril
de dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El 18 de agosto de 1999, la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República, a través de oficio sin número,
remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10
del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley 523 de 12 de
agosto de 1999 "por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 1992
que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969", y el
"Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la
constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1971", hechos en Londres, el veintisiete
(27) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992).
El día 6 de septiembre de 1999, el
Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión
de la Ley 523 de 12 de agosto de 1999 y de la Convención que la misma aprobó,
para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: Solicitó a las
Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, el envío de copia del expediente legislativo correspondiente al
trámite de dicha ley en el Congreso de la República, así mismo ofició al
Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara quien suscribió y con
qué poderes los protocolos de la referencia a nombre de la República de
Colombia, y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se
procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado del
expediente al despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos
de recibir el concepto de su competencia.
Una vez cumplidos todos los trámites
indicados para esta clase de actuaciones procesales de control de
constitucionalidad, procede la Corte a pronunciar su decisión.
II. EL TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY
APROBATORIA
LEY 523 DE 1999
(agosto 12)
por medio de la cual se aprueba el
"Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 que enmienda el
Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971",
hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa
y dos (1992).
El Congreso de Colombia
Visto el texto del Protocolo de 1992 que
enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, y el Protocolo de 1992 que
enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional
de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971,
hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa
y dos (1992), que a la letra dicen:
(Para ser transcrito: Se adjuntan
fotocopias de los textos íntegros de los instrumentos Internacionales
mencionados, debidamente autenticados por el Jefe de la Oficina Jurídica del
Ministerio de Relaciones Exteriores).
«PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO
INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A
CONTAMINACION
POR HIDROCARBUROS, 1969
Las partes en el Presente Protocolo,
Habiendo examinado el Convenio
internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1969, y el correspondiente Protocolo de 1984,
Habiendo tomado nota de que el Protocolo de
1984 relativo a dicho convenio, por el que se amplía el ámbito de aplicación y
se aumenta la indemnización, no ha entrado en vigor,
Afirmando la importancia de mantener la
viabilidad del sistema internacional de responsabilidad e indemnización por
daños debidos a contaminación por hidrocarburos,
Conscientes de la necesidad de garantizar
que el contenido del Protocolo de 1984 entre en vigor lo antes posible,
Reconociendo que se precisan disposiciones
especiales en relación con la introducción de las enmiendas correspondientes al
Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971,
Convienen:
Artículo 1
El Convenio enmendado por las disposiciones
del presente Protocolo es el convenio internacional sobre responsabilidad civil
nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, en adelante
llamado el "Convenio de Responsabilidad Civil, 1969". Por lo que
respecta a los Estados que son Partes en el Protocolo de 1976 correspondiente
al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, toda referencia a éste se entenderá
como hecha también al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma
enmendada por dicho Protocolo.
Artículo 2
El artículo I del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, queda enmendado como a continuación se indica:
1.     Se sustituye el párrafo 1 por el siguiente
texto:
"1 ‘Buque’: toda nave apta para la
navegación marítima y todo artefacto flotante en el mar, del tipo que sea,
construido o adaptado para el transporte de hidrocarburos a granel como carga,
a condición de que el buque en el que se puedan transportar hidrocarburos y
otras cargas sea considerado como tal sólo cuando esté efectivamente
transportando hidrocarburos a granel como carga y durante cualquier viaje
efectuado a continuación de ese transporte a menos que se demuestre que no hay
a bordo residuos de los hidrocarburos a granel de dicho transporte."
2. Se sustituye el párrafo 5 por el
siguiente texto:
"5 ‘Hidrocarburos’: todos los
hidrocarburos persistentes de origen mineral, como crudos de petróleo, fueloil,
aceite diesel pesado y aceite lubricante, ya se transporten éstos a bordo de un
buque como carga o en los depósitos de combustible líquido de ese buque".
3. Se sustituye el párrafo 6 por el
siguiente texto:
"6 ‘Daños ocasionados por
contaminación’:
a) Pérdidas o daños causados fuera del
buque por la impurificación resultante de las fugas o descargas de
hidrocarburos procedentes de ese buque, dondequiera que se produzcan tales
fugas o descargas, si bien la indemnización por deterioro del medio, aparte de
la pérdida de beneficios resultante de dicho deterioro, estará limitada al
costo de las medidas razonables de restauración efectivamente tomadas o que
vayan a tomarse;
b) El costo de las medidas preventivas y
las pérdidas o los daños ulteriormente ocasionados por tales medidas".
4. Se sustituye el párrafo 8 por el
siguiente texto:
"8 ‘Suceso’: todo acaecimiento o serie
de acaecimientos de origen común de los que se deriven daños ocasionados por
contaminación o que creen una amenaza grave e inminente de causar dichos
daños".
5. Se sustituye el párrafo 9 por el
siguiente texto:
"9 ‘Organización’: La organización
Marítima Internacional".
6. A continuación del párrafo 9 se añade un
nuevo párrafo con el siguiente texto:
"10 ‘Convenio de Responsabilidad
Civil, 1969’: el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969. Por lo que respecta a
los Estados Partes en el Protocolo de 1976 correspondiente a ese convenio se
entenderá que la expresión incluye el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969,
en su forma enmendada por dicho Protocolo".
Artículo 3
Se sustituye el artículo II del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, por el siguiente texto:
"El presente convenio se aplicará
exclusivamente a:
a) Los daños ocasionados por contaminación:
i) en el territorio de un Estado
Contratante, incluido su mar territorial, y
ii) en la zona económica exclusiva de un
Estado Contratante establecida de conformidad con el derecho internacional, o,
si un Estado Contratante no ha establecido tal zona, en un área situada más
allá del mar territorial de ese Estado y adyacente a dicho mar territorial
determinada por ese Estado de conformidad con el derecho internacional y que no
se extienda más allá de doscientas millas marinas contadas desde las líneas de
base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de dicho
Estado.
b) Las medidas preventivas, dondequiera que
se tomen, para evitar o reducir al mínimo tales daños".
Artículo 4
El artículo III del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, queda enmendado como a continuación se indica:
1. Se sustituye el párrafo 1º por el
siguiente texto:
"1 Salvo en los casos estipulados en
los párrafos 2º y 3º del presente artículo, el propietario del buque al tiempo
de producirse un suceso o, si el suceso está constituido por una serie de
acaecimientos, al tiempo de producirse el primero de éstos, será responsable de
todos los daños ocasionados por contaminación que se deriven del buque a
consecuencia del suceso".
2.     Se sustituye el párrafo 4º por el siguiente
texto:
"4 No podrá promoverse contra el
propietario ninguna reclamación de indemnización de daños ocasionados por
contaminación que no se ajuste al presente convenio. A reserva de lo dispuesto
en el párrafo 5 del presente artículo, no podrá promoverse ninguna reclamación
de indemnización de daños ocasionados por contaminación, ajustada o no al
presente convenio, contra:
a) Los empleados o agentes del propietario
ni los tripulantes;
b) El práctico o cualquier otra persona
que, sin ser tripulante, preste servicios para el buque;
c) Ningún fletador (comoquiera que se le
describa, incluido el fletador del buque sin tripulación), gestor naval o
armador;
d) Ninguna persona que realice operaciones
de salvamento con el consentimiento del propietario o siguiendo instrucciones
de una autoridad pública competente;
e) Ninguna persona que tome medidas
preventivas;
f) Ningún empleado o agente de las personas
mencionadas en los subpárrafos c), d) y e);
a menos que los daños hayan sido originados
por una acción o una omisión de tales personas, y que éstas hayan actuado así
con intención de causar esos daños, o bien temerariamente y a sabiendas de que
probablemente se originarían tales daños".
Artículo 5
Se sustituye el artículo IV del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, por el siguiente texto:
"Cuando se produzca un suceso en el
que participen dos o más buques y de él se deriven daños ocasionados por
contaminación, los propietarios de todos los buques de que se trate, a menos
que en virtud del artículo III gocen de exoneración, serán solidariamente
responsables respecto de todos los daños que no quepa asignar razonablemente a
nadie por separado".
Artículo 6
El artículo V del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, queda enmendado como a continuación se indica:
1.     Se sustituye el párrafo 1 por el siguiente
texto:
"1 El propietario de un buque tendrá
derecho a limitar la responsabilidad que le corresponda en virtud del presente
Convenio, respecto de cada suceso, a una cuantía total que se calculará del
modo siguiente:
a) Tres millones de unidades de cuenta para
buques cuyo arqueo no exceda de 5.000 unidades de arqueo;
b) Para buques cuyo arqueo exceda del
arriba indicado, por cada unidad de arqueo adicional se sumarán 420 unidades de
cuenta a la cantidad mencionada en el subpárrafo a);
Si bien la cantidad total no excederá en
ningún caso de 59,7 millones de unidades de cuenta".
2. Se sustituye el párrafo 2º por el
siguiente texto:
"2 El propietario no tendrá derecho a
limitar su responsabilidad en virtud del presente convenio si se prueba que los
daños ocasionados por contaminación se debieron a una acción o a una omisión
suyas, y que actuó así con intención de causar esos daños, o bien
temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originarían tales
daños".
3. Se sustituye el párrafo 3º por el
siguiente texto:
"3 Para poder beneficiarse de la
limitación estipulada en el párrafo 1º del presente artículo, el propietario
tendrá que constituir un fondo cuya suma total sea equivalente al límite de su
responsabilidad, ante el tribunal u otra autoridad competente de cualquiera de
los Estados Contratantes en que se interponga la acción en virtud del artículo
IX o, si no se interpone ninguna acción, ante cualquier tribunal u otra
autoridad competente de cualquiera de los Estados Contratantes en que pueda
interponerse la acción en virtud del artículo IX. El fondo podrá constituirse
depositando la suma o aportando una garantía bancaria o de otra clase que
resulte aceptable con arreglo a la legislación del Estado Contratante en que
aquél sea constituido y que el tribunal u otra autoridad competente considere
suficiente".
4. Se sustituye el párrafo 9º por el
siguiente texto:
"9 a) La unidad de cuenta a que se
hace referencia en el párrafo 1º del presente artículo es el Derecho Especial
de Giro, tal como éste ha sido definido por el Fondo Monetario Internacional.
Las cuantías mencionadas en el párrafo 1º se convertirán en moneda nacional
utilizando como base el valor que tenga esa moneda en relación con el Derecho
Especial de Giro, en la fecha de constitución del fondo a que se hace
referencia en el párrafo 3º. Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor
de la moneda nacional de un Estado Contratante que sea miembro del Fondo
Monetario Internacional se calculará por el método de evaluación efectivamente
aplicado en la fecha de que se trate por el Fondo Monetario Internacional a sus
operaciones y transacciones. Con respecto al Derecho Especial de Giro, el valor
de la moneda nacional de un Estado Contratante que no sea miembro del Fondo
Monetario Internacional se calculará del modo que determine dicho Estado.
9 b) No obstante, un Estado Contratante que
no sea miembro del Fondo Monetario Internacional y cuya ley no permita aplicar
las disposiciones del párrafo 9 a) podrá, cuando se produzcan la ratificación,
aceptación o aprobación del presente convenio, o la adhesión al mismo, o en
cualquier momento posterior, declarar que la unidad de cuenta a que se hace
referencia en el párrafo 9 a) será igual a 15 francos oro. El franco oro a que
se hace referencia en el presente párrafo corresponde a 65 miligramos y medio
de oro de 900 milésimas. La conversión de estas cuantías a la moneda nacional
se efectuará de acuerdo con la legislación del Estado interesado.
9 c) El cálculo a que se hace referencia en
la última frase del párrafo 9 a) y la conversión mencionada en el párrafo 9 b)
se efectuarán de modo que, en la medida de lo posible, expresen en la moneda
nacional del Estado Contratante las cuantías a que se hace referencia en el
párrafo 1º, dando a éstas el mismo valor real que el que resultaría de la
aplicación de las tres primeras frases del párrafo 9 a). Los Estados
Contratantes informarán al depositario de cuál fue el método de cálculo seguido
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 a), o bien el resultado de la
conversión establecida en el párrafo 9 b), según sea el caso, al depositar el
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación del presente convenio o de
adhesión al mismo, y cuando se registre un cambio en el método de cálculo o en
las características de la conversión".
5. Se sustituye el párrafo 10 por el
siguiente texto:
"10 A los efectos del presente
artículo, el arqueo de buques será el arqueo bruto calculado de conformidad con
las reglas relativas a la determinación del arqueo que figuran en el Anexo I
del Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969".
6. Se sustituye la segunda frase del
párrafo 11 por el siguiente texto:
"Podrá constituirse tal fondo incluso
si, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2, el propietario no tiene derecho
a limitar su responsabilidad, pero en tal caso esa constitución no irá en
perjuicio de los derechos de ningún reclamante contra el propietario".
Artículo 7
El artículo VII del Convenio de Responsabilidad
Civil, 1969, queda enmendado como a continuación se indica:
1. Se sustituye las dos primeras frases del
párrafo 2 por el texto siguiente:
"A cada buque se le expedirá un
certificado que atestigüe que el seguro o la otra garantía financiera tienen
plena vigencia de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio, tras
haber establecido la autoridad competente de un Estado Contratante que se ha
dado cumplimiento a lo prescrito en el párrafo 1. Por lo que respecta a un
buque que esté matriculado en un Estado Contratante, extenderá el certificado o
lo refrendará la autoridad competente del Estado de matrícula del buque; por lo
que respecta a un buque que no esté matriculado en un Estado Contratante lo
podrá expedir o refrendar la autoridad competente de cualquier Estado
Contratante".
2. Se sustituye el párrafo 4 por el
siguiente:
"4. El certificado se llevará a bordo
del buque, y se depositará una copia ante las autoridades que tengan a su cargo
el registro de matrícula del buque o, si el buque no está matriculado en un
Estado Contratante, ante las autoridades que hayan expedido o refrendado el
certificado".
3. Se sustituye la primera frase del
párrafo 7 por el siguiente texto:
"Los certificados expedidos o
refrendados con la autoridad conferida por un Estado Contratante de conformidad
con el párrafo 2 serán aceptados por los otros Estados Contratantes a los
efectos del presente convenio y serán considerados por los demás Estados
Contratantes como dotados de la misma validez que los certificados expedidos o
refrendados por ellos incluso si han sido expedidos o refrendados respecto de
un buque no matriculado en un Estado Contratante."
4. En la segunda frase del párrafo 7, se
sustituyen las palabras "con el Estado de matrícula de un buque" por
las siguientes palabras: "con el Estado que haya expedido o refrendado el
certificado."
5. Se sustituye la segunda frase del
párrafo 8 por el siguiente texto:
"En tal caso el demandado podrá, aun
cuando el propietario no tenga derecho a limitar su responsabilidad de
conformidad con el artículo V, párrafo 2, valerse de los límites de
responsabilidad que prescribe el Artículo V, párrafo 1."
Artículo 8
El artículo IX del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, queda enmendado como a continuación se indica:
Se sustituye el párrafo 1 por el siguiente
texto:
"1 Cuando de un suceso se hayan
derivado daños ocasionados por contaminación en el territorio, incluido el mar
territorial, o en una zona a la que se hace referencia en el artículo II, de
uno o más Estados Contratantes, o se hayan tomado medidas preventivas para
evitar o reducir al mínimo los daños ocasionado por contaminación en ese
territorio, incluido el mar territorial o la zona, sólo podrán promoverse
reclamaciones de indemnización ante los tribunales de ese o de esos Estados
Contratantes. El demandado será informado de ello con antelación
suficiente".
Artículo 9
A continuación del artículo XII del
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, se intercalan dos nuevos artículos
cuyo texto es el siguiente:
Artículo XII bis
Disposiciones transitorias
Las disposiciones transitorias siguientes
serán aplicables en el caso de un Estado que en el momento en que se produzca
un suceso sea parte en el presente convenio y en el Convenio de Responsabilidad
Civil, 1969:
a) Cuando de un suceso se deriven daños
ocasionados por contaminación que queden comprendidos en el ámbito del presente
convenio, se entenderá que la obligación contraída en virtud del presente
convenio ha de cumplirse si también se da en virtud del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, y en la medida que se fije;
b) Cuando de un suceso se deriven daños
ocasionados por contaminación que queden comprendidos en el ámbito del presente
convenio, y el Estado sea parte en el presente convenio y en el convenio
internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, la obligación
pendiente de cumplimiento tras haber aplicado el subpárrafo a) del presente artículo
sólo se dará en virtud del presente convenio en la medida en que siga habiendo
daños ocasionados por contaminación no indemnizados tras haber aplicado el
Convenio del Fondo, 1971;
c) En la aplicación del artículo III,
párrafo 4, del presente convenio la expresión "el presente convenio"
se interpretará como referida al presente convenio o al Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, según proceda;
d) En la aplicación del artículo V, párrafo
3, del presente convenio, la suma total del fondo que haya que constituir se
reducirá en la cuantía de la obligación pendiente de cumplimiento de
conformidad con el subpárrafo a) del presente artículo.
Artículo XII ter
Cláusulas finales
Los artículos 12 a 18 del Protocolo de 1992
que enmienda el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, constituirán las
cláusulas finales del presente convenio. Las referencias que en el presente
convenio se hagan a los Estados Contratantes se entenderán como referencias a
los Estados Contratantes del citado protocolo.
Artículo 10
Se sustituye el modelo de certificado
adjunto al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, por el modelo que acompaña
al presente protocolo.
Artículo 11
1. El Convenio de Responsabilidad Civil,
1969, y el presente protocolo se leerán e interpretarán entre las partes en el
presente protocolo como constitutivos de un instrumento único.
2. Los artículos I al XII ter, incluido el
modelo de certificado, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma
enmendada por el presente protocolo, tendrán la designación del Convenio
internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1992 (Convenio de Responsabilidad Civil,
1992).
CLAUSULAS FINALES
Artículo 12
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1. El presente protocolo estará abierto a
la firma de todos los Estados en Londres desde el 15 de enero de 1993 hasta el
14 de enero de 1994.
2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo
4, todo Estado podrá constituirse en parte en el presente protocolo mediante:
a) Firma a reserva de ratificación,
aceptación o aprobación seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o
b) Adhesión.
3. La ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión se efectuará mediante el depósito del oportuno instrumento oficial
ante el Secretario General de la Organización.
4. Todo Estado Contratante del Convenio
internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, en adelante llamado
el Convenio del Fondo, 1971, podrá ratificar, aceptar o aprobar el presente
protocolo a adherirse a este, siempre que al mismo tiempo ratifique, acepte o
apruebe el protocolo de 1992 que enmienda ese convenio o se adhiera al mismo, a
menos que denuncie el Convenio del Fondo, 1971 para que la denuncia surta
efecto en la fecha en que, respecto de ese Estado, entre vigor el presente
protocolo.
5. Un Estado que sea parte del Protocolo,
pero que no sea parte en el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, estará
obligado por lo dispuesto en el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su
forma enmendada por el presente protocolo, en relación con los demás Estados
Partes en el presente protocolo, pero no estará obligado por lo dispuesto en el
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, respecto de los Estados Partes en
dicho Convenio.
6. Todo instrumento de ratificado,
aceptación, aprobación o adhesión depositado después de la entrada en vigor de
una enmienda al Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada
por el presente protocolo, se considerará aplicable al Convenio en su forma
enmendada por el presente protocolo tal como el convenio queda modificado por
esa enmienda.
Artículo 13
Entrada en vigor
1. El presente protocolo entrará en vigor
doce meses después de la fecha en que diez Estados, entre los cuales figuren
cuatro Estados que respectivamente cuenten con no menos de un millón de
unidades de arqueo bruto de buques tanque, hayan depositado ante el Secretario
General de la Organización instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión.
2. No obstante, cualquier Estado
Contratante del Convenio del Fondo, 1971, podrá, en el momento de efectuar el
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
respecto del presente protocolo, declarar que se considerará que dicho
instrumento no surtirá efecto, a los fines del presente artículo, hasta el
último día del período de seis meses a que se hace referencia en el artículo 31
del protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del Fondo, 1971. Un Estado que
no sea Estado Contratante del Convenio del Fondo 1971, pero que deposite un
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del
protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del Fondo, 1971, podrá también hacer
al mismo tiempo una declaración de conformidad con lo dispuesto en el presente
párrafo.
3. Todo Estado que haya hecho una
declaración de conformidad con el párrafo procedente podrá retirarla en
cualquier momento mediante una notificación dirigida al Secretario General de
la Organización. Ese retiro surtirá efecto en la fecha en que se reciba la
notificación, con la condición de que se entenderá que dicho Estado ha depositado
en esa misma fecha su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión respecto del presente protocolo.
4. Para todo Estado que lo ratifique,
acepte o apruebe, o que se adhiera a él, una vez cumplidas las condiciones
relativas a la entrada en vigor que establece el párrafo 1, el presente
protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que el Estado de
que se trate haya depositado el oportuno instrumento.
Artículo 14
Revisión y enmienda
1. La Organización podrá convocar una
conferencia con objeto de revisar o enmendar el Convenio de Responsabilidad
Civil, 1992.
2. La Organización convocará una
conferencia de los Estados Contratantes con objeto de revisar o enmendar el
Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, a petición de no menos de un tercio de
los Estados Contratantes.
Artículo 15
Enmiendas de las cuantías de limitación
1. A petición de por lo menos un cuarto de
los Estados Contratantes, el Secretario General distribuirá entre todos los
miembros de la Organización y todos los Estados Contratantes toda propuesta
destinada a enmendar los límites de responsabilidad establecidos en el artículo
V, párrafo 1, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma
enmendada por el presente protocolo.
2. Toda enmienda propuesta y distribuida
como acaba de indicarse, se presentará a fines de examen al Comité Jurídico de
la Organización, al menos seis meses después de la fecha de su distribución.
3. Todos los Estados Contratantes del
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente
protocolo, sean o no miembros de la Organización, tendrán derecho a participar
en las deliberaciones del Comité Jurídico cuyo objeto sea examinar y aprobar
enmiendas.
4. Las enmiendas se aprobarán por mayoría
de dos tercios de los Estados Contratantes presentes y votantes en el Comité
Jurídico, ampliado tal como dispone el párrafo 3, a condición de que al menos
la mitad de los Estados Contratantes esté presente en el momento de la
votación.
5. En su decisión relativa a propuestas
destinadas a enmendar los límites, el Comité Jurídico tendrán en cuenta la
experiencia que se tenga de los sucesos y especialmente la cuantía de los daños
que de ellos se deriven, la fluctuación registrada en el valor de la moneda y
el efecto que tenga la enmienda propuesta en el costo del seguro. Tendrá
también en cuenta la relación existente entre los límites señalados en el
artículo V, párrafo 1, del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma
enmendada por el presente protocolo y los que estipula el párrafo 4 del
artículo 4 del Convenio internacional sobre la constitución de un fondo
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1992.
6 a) No se examinará ninguna enmienda
relativa a los límites de responsabilidad propuesta en virtud del presente
artículo antes del 15 de enero de 1998 ni en un plazo inferior a cinco años
contados a partir de la fecha de entrada en vigor de una enmienda anterior
introducida en virtud del presente artículo. No se examinará ninguna enmienda
propuesta en virtud del presente artículo antes de la entrada en vigor del
presente protocolo.
6 b) No se podrá aumentar ningún límite de
modo que exceda de la cuantía correspondiente al límite estableció en el
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente
protocolo incrementado en un 6% anual, calculado como si se tratase de interés
compuesto, a partir del 15 enero de 1993.
6 c) No se podrá aumentar ningún límite de
modo que exceda de la cuantía correspondiente al límite establecido en el
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su forma enmendada por el presente
protocolo, multiplicado por tres.
7. La organización notificará a todos los
Estados Contratantes toda enmienda que se apruebe de conformidad con el párrafo
4. Se entenderá que la enmienda ha sido aceptada al término de un período de 18
meses contados a partir de la fecha de notificación, a menos que en ese período
no menos de un cuarto de los Estados que eran Estados Contratantes en el
momento de la adopción de la enmienda por parte del Comité Jurídico hayan
comunicado a la Organización que no aceptan dicha enmienda, en cuyo caso la
enmienda se considerará rechazada y no surtirá efecto alguno.
8. Una enmienda considerada, aceptada de
conformidad con el párrafo 7 entrará en vigor 18 meses después de su
aceptación.
9. Todos los Estados Contratantes estarán
obligados por la enmienda, a menos que denuncien el presente protocolo de
conformidad con el artículo 16, párrafos 1 y 2, al menos seis meses antes de
que la enmienda entre en vigor. Tal denuncia surtirá efecto cuando la citada
enmienda entre en vigor.
10. Cuando una enmienda haya sido aprobada
por el Comité Jurídico, pero el período de dieciocho meses necesarios para su
aceptación no haya transcurrido aún, un Estado que se haya constituido en
Estado Contratante durante ese período estará obligado por la enmienda si esta
entra en vigor. Un Estado que se constituya un Estado Contratante después de
ese período estará obligado por toda enmienda que haya sido aceptada de
conformidad con el párrafo 7. En los casos a que se hace referencia en el
presente párrafo, un estado empezará a estar obligado por una enmienda cuando
esta entre en vigor, o cuando el presente protocolo entre en vigor respecto de
ese Estado, si la fecha en que ocurra esto último es posterior.
Artículo 16
Denuncia
1. El presente protocolo puede ser
denunciado por cualquiera de las partes en cualquier momento a partir de la
fecha en que entre en vigor para dicha parte.
2. La denuncia se efectuará depositando un
instrumento ante el Secretario General de la Organización.
3. La denuncia surtirá efecto doce meses
después de la fecha en que se haya depositado ante el Secretario General de la
Organización el instrumento de denuncia, o transcurrido cualquier otro período
mayor que el citado que pueda estipularse en dicho instrumento.
4. Entre las partes en el presente
protocolo, la denuncia por cualquiera de ellas del Convenio de Responsabilidad
Civil, 1969, de conformidad con el artículo XVI de este, no se interpretará en
modo alguno como denuncia del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, en su
forma enmendada por el presente protocolo.
5. Se entenderá que la denuncia del
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del Fondo, 1971, por parte de un
Estado que siga siendo parte en el Convenio del Fondo, 1971, constituye una
denuncia del presente protocolo. Dicha denuncia surtirá efecto en la fecha en
que surta efecto la denuncia del protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del
Fondo, 1971, de conformidad con el artículo 34 de ese protocolo.
Artículo 17.
Depositario
1. El presente protocolo y todas las
enmiendas aceptadas en virtud del artículo 15 serán depositados ante el
Secretario General de la Organización.
2. El Secretario General de la
Organización:
a) Informará a todos los Estados que hayan
firmado el protocolo o se
hayan adherido al mismo, de:
i) Cada nueva firma o cada nuevo depósito
de instrumento, así como la fecha en que se produzcan tales firma o depósito;
ii) Cada declaración y notificación que se
produzcan en virtud del artículo 13, y cada declaración y comunicación que se
produzcan en virtud del artículo V, párrafo 9º del Convenio de Responsabilidad
Civil, 1992;
iii) La fecha de entrada en vigor del
presente protocolo;
iv) Toda propuesta destinada a enmendar los
límites de responsabilidad que haya sido pedida de conformidad con el artículo
15, párrafo 1;
v) Toda enmienda que haya sido aprobada de
conformidad con el artículo 15, párrafo 4;
vi) Toda enmienda de la que se considere
que ha sido aceptada de conformidad con el artículo 15, párrafo 7, junto con la
fecha en que tal enmienda entre en vigor de conformidad con los párrafos 8 y 9
de dicho artículo;
vii) El depósito de todo instrumento de
denuncia del presente protocolo, junto con la fecha del depósito y la fecha en
que dicha denuncia surta efecto;
viii) Toda denuncia de la que se considere
que ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 5;
ix) Toda notificación que se exija en
cualquier artículo del presente protocolo;
b) Remitirá ejemplares certificados
auténticos del presente protocolo a todos los Estados signatarios y a todos los
Estados que se adhieran al presente protocolo.
3. Tan pronto como el presente protocolo
entre en vigor, el Secretario General de la Organización remitirá a la
Secretaría de las Naciones Unidas el texto del mismo a fines de registro y
publicación de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas.
Artículo 18
Idiomas
El presente protocolo está redactado en un
solo original en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, y
cada uno de los textos tendrá la misma autenticidad.
Hecho en Londres el día veintisiete de
noviembre de mil novecientos noventa y dos.
En fe de lo cual los infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos al efecto, firman el
presente protocolo.
ANEXO
Certificado de seguro o de otra garantía
financiera relativo a la responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos
Expedido en virtud de lo dispuesto en el
artículo VII del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992.
Nombre Número o letras Puerto de Nombre y
dirección
del buque
distintivos matrícula del propietario
Se certifica que el buque arriba mencionado
está cubierto por una póliza de seguro u otra garantía financiera que satisface
lo prescrito en el artículo VII del Convenio Internacional sobre
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1992.
Tipo de garantía
Duración de la garantía
Nombre y dirección del asegurador (de los
aseguradores) y (o) del fiador (de los fiadores)
Nombre
Dirección
Este certificado es válido hasta
Expedido o refrendado por el gobierno de
(Nombre completo del Estado)
En................................ a
............................................................
(Lugar)
(Fecha)
(Firma y título del funcionario que expide
o refrenda el certificado)
Notas explicativas:
1. A discreción, al designar el Estado se
puede mencionar la autoridad pública competente del país en que se expide el
certificado.
2. Si el importe total de la garantía
procede de varias fuentes, se indicará la cuantía consignada por cada una de
ellas.
3. Si la garantía se consigna en diversas
formas, enumérense éstas.
4. En el epígrafe "Duración de la
garantía", indíquese la fecha en que empieza a surtir efecto tal
garantía.»
El suscrito Jefe de la Oficina Jurídica del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel
fotocopia tomada de la copia certificada, del texto en español del
"Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1969", hecho en Londres, el veintisiete (27) de noviembre
de mil novecientos noventa y dos (1992).
Dada en Santa Fe
de Bogotá, D. C., a 17 diecisiete días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y siete (1997).
El Jefe de la Oficina Jurídica,
«PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO
INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCION DE UN FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION
DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1971
Las partes en el presente protocolo.
Habiendo examinado el Convenio
Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, y el correspondiente
protocolo de 1984.
Habiendo tomado nota de que el protocolo de
1984 relativo a dicho convenio, por el que se amplía el ámbito de aplicación y
se aumenta la indemnización, no ha entrado en vigor.
Afirmando la importancia de mantener la
viabilidad del sistema internacional de responsabilidad e indemnización por
daños debidos a contaminación por hidrocarburos.
Conscientes de la necesidad de garantizar
que el contenido del protocolo de 1984 entre en vigor lo antes posible.
Reconociendo las ventajas para los Estados
Partes de hacer que el Convenio enmendado coexista con el Convenio original y
lo complete por un período transitorio.
Convencidas de que las consecuencias
económicas de los daños por contaminación resultantes del transporte marítimo
de hidrocarburos a granel por los buques deben seguir siendo compartidas por el
sector naviero y por los intereses de las cargas de hidrocarburos.
Teniendo presente la adopción del protocolo
de 1992 que enmienda el convenio internacional sobre responsabilidad civil
nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969.
Convienen:
Artículo 1
El Convenio enmendado por las disposiciones
del presente protocolo es el Convenio Internacional sobre la constitución de un
fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1971, en adelante llamado el "Convenio del Fondo,
1971". Por lo que respecta a los Estados Partes en el Protocolo de 1976
correspondiente al Convenio del Fondo, 1971, toda referencia a éste se
entenderá como hecha también al Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada
por dicho protocolo.
Artículo 2
El artículo 1º del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. Se sustituye el párrafo 1 por el
siguiente texto:
"1. ‘Convenio de responsabilidad
Civil, 1992’: el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992."
2. A continuación del párrafo 1 se
intercala el nuevo párrafo siguiente:
"1 bis ‘Convenio del Fondo,
1971": el Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos,
1971. Por lo que respecta a los Estados Partes en el Protocolo de 1976
correspondiente a ese convenio, se entenderá que la expresión incluye el
Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por dicho protocolo."
3. Se sustituye el párrafo 2 por el
siguiente texto:
"2. ‘Buque’, ‘persona’, ‘propietario’,
‘hidrocarburos’, ‘daños ocasionados por contaminación’, ‘medidas preventivas’,
‘sucesos’ y ‘Organización’: términos y expresiones cuyo sentido es el que se
les da en el artículo I del Convenio de Responsabilidad Civil, 1992".
4. Se sustituye el párrafo 4 por el
siguiente texto:
"4. ‘Unidad de cuenta’: expresión que
tiene el mismo significado que en el artículo V, párrafo 9, del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1992."
5. Se sustituye el párrafo 5 por el
siguiente texto:
"5. ‘Arqueo del buque’: expresión que
tiene el mismo significado que en el artículo V, párrafo 10, del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1992."
6. Se sustituye el párrafo 7 por el
siguiente texto:
"7. ‘Fiador’: toda persona que provee
un seguro u otra garantía financiera destinada a cubrir la responsabilidad del
propietario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo VII, párrafo 1, del
Convenio de Responsabilidad Civil, 1992."
Artículo 3
El artículo 2 del Convenio del Fondo, 1971,
queda enmendado como a continuación se indica:
Se sustituye el párrafo 1 por el siguiente
texto:
"1 Por el presente convenio se
constituye un ‘Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1992’, en adelante llamado ‘el Fondo’, con los
fines siguientes:
a) Indemnizar a las víctimas de los daños
ocasionados por contaminación en la medida en que la protección establecida por
el Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, resulte insuficiente;
b) Lograr los objetivos conexos estipulados
en el presente convenio."
Artículo 4
Se sustituye el artículo 3º del Convenio
del Fondo, 1971, por el siguiente texto:
"El presente convenio se aplicará
exclusivamente a:
a) Los daños ocasionados por contaminación:
i) En el territorio de un Estado
Contratante, incluido su mar territorial, y
ii) En la zona económica exclusiva de un
Estado Contratante establecida de conformidad con el derecho internacional, o,
si un Estado Contratante no ha establecido tal zona, en un área situada más
allá del mar territorial de ese Estado y adyacente a dicho mar territorial
determinada por ese Estado de conformidad con el derecho internacional y que no
se extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir
de las cuales se mide la anchura del mar territorial de dicho Estado;
b) Las medidas preventivas, dondequiera que
se tomen, para evitar o reducir al mínimo tales daños."
Artículo 5
El encabezamiento que precede a los
artículos 4º a 9º del Convenio del Fondo, 1971, queda enmendado mediante la
supresión de las palabras "y resarcimiento".
Artículo 6
El artículo 4º del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. En el párrafo 1 las cinco referencias al
"Convenio de Responsabilidad" se sustituyen por referencias al
"Convenio de Responsabilidad Civil, 1992".
2. Se sustituye el párrafo 3 por el
siguiente texto:
"3. Si el Fondo prueba que los daños
ocasionados por contaminación se debieron total o parcialmente a la acción o a
la omisión de la persona que los sufrió, la cual actuó así con la intención de
causarlos, o a la negligencia de esa persona, el Fondo podrá ser exonerado
total o parcialmente de su obligación de indemnizar a dicha persona. En todo
caso, el Fondo será exonerado en la medida en que el propietario del buque haya
sido exonerado en virtud del artículo III, párrafo 3, del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1992. No obstante, no habrá tal exoneración del Fondo respecto
de las medidas preventivas."
3. Se sustituye el
párrafo 4 por el siguiente texto:
"4. a) Salvo que se disponga otra cosa
en los subpárrafos b) y c) del presente párrafo, la cuantía total de la
indemnización pagadera por el Fondo en virtud del presente artículo estará
limitada, en relación con un suceso cualquiera, de modo que la suma total de
dicha cuantía y la cuantía de indemnización efectivamente pagada en virtud del
Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, respecto de los daños ocasionados por
contaminación que queden comprendidos en el ámbito del presente convenio, según
quedan definidos en el artículo 3, no exceda de 135 millones de unidades de
cuenta;
b) Salvo que se disponga otra cosa en el
subpárrafo c), la cuantía total de la indemnización pagadera por el Fondo en
virtud del presente artículo respecto de daños ocasionados por contaminación
resultantes de un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e
irresistible no excederá de 135 millones de unidades de cuenta;
c) La máxima cuantía de indemnización a que
se hace referencia en los subpárrafos a) y b) será de 200 millones de unidades
de cuenta en relación con todo suceso que se produzca durante un período
cualquiera en que se dé la circunstancia de que hayan tres partes en el presente
convenio respecto de las cuales la pertinente cantidad combinada de
hidrocarburos sujetos a contribución recibida por personas en los territorios
de tales partes, durante el año civil precedente, haya sido igual o superior a
600 millones de toneladas;
d) Los intereses acumulados con respecto a
un fondo constituido de conformidad con el artículo 5º, párrafo 3, del Convenio
de Responsabilidad Civil, 1992, si los hubiere, no se tendrán en cuenta para la
determinación de la indemnización máxima pagadera por el Fondo en virtud del
presente artículo;
e) Las cuantías mencionadas en el presente
artículo serán convertidas en moneda nacional utilizando como base el valor que
tenga la moneda de que se trate en relación con el Derecho Especial de Giro, en
la fecha de la decisión de la Asamblea del Fondo acerca de la primera fecha de
pago de indemnización."
4. Se sustituye el párrafo 5 por el
siguiente texto:
"5. Si la cuantía de las reclamaciones
que hayan sido reconocidas contra el Fondo rebasa la cuantía total de las
indemnizaciones pagaderas por éste en virtud del párrafo 4, se distribuirá la
cuantía disponible de manera que la proporción existente entre una reclamación
reconocida y la cuantía de indemnización efectivamente cobrada por el
reclamante en virtud del presente convenio sea igual para todos los
reclamantes."
5. Se sustituye e párrafo 6 por el
siguiente texto:
"6. La Asamblea del Fondo podrá
acordar, en casos excepcionales, el pago de indemnización en virtud del
presente Convenio, incluso si el propietario del buque no ha constituido un
fondo de conformidad con el artículo V, párrafo 3, del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1992. En este caso se aplicará el párrafo 4 e) del
presente artículo como corresponda."
Artículo 7
Se suprime el artículo 5º del Convenio del
Fondo, 1971.
Artículo 8
El artículo 6º del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. En el párrafo 1 se suprimen el número
del párrafo y las palabras "o los de resarcimiento estipulados en el artículo
5º".
2. Se suprime el párrafo 2.
Artículo 9
El artículo 7º del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. En los párrafos 1, 3, 4 y 6 las siete
referencias al "Convenio de Responsabilidad Civil" se sustituyen por
referencia al "Convenio de Responsabilidad Civil, 1992".
2. En el párrafo 1 se suprimen las palabras
"o de resarcimiento, en virtud del artículo 5º".
3. En la primera frase del párrafo 3 se
suprimen las palabras "o de resarcimiento" y "o en el artículo 5º".
4. En la segunda frase del párrafo 3 se
suprimen las palabras "o del artículo 5, párrafo 1".
Artículo 10
En el artículo 8º del Convenio del Fondo,
1971, se sustituye la referencia al "Convenio de Responsabilidad" por
una referencia al "Convenio de Responsabilidad Civil, 1992".
Artículo 11
El artículo 9º del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. El párrafo 1 queda sustituido por el
siguiente texto:
"1. El Fondo podrá, respecto de
cualquier cuantía de indemnización de daños ocasionados por contaminación que
el Fondo pague de conformidad con el artículo 4º, párrafo 1, del presente
Convenio, adquirir por subrogación, en virtud del Convenio de Responsabilidad
Civil, 1992, los derechos de que pudiera gozar la persona así indemnizada
contra el propietario o su fiador."
2. En el párrafo 2 se suprimen las palabras
"o de resarcimiento".
Artículo 12
El artículo 10 del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
La frase inicial del párrafo 1 queda
reemplazada por el siguiente texto:
"Las contribuciones anuales al Fondo
se pagarán, respecto de cada Estado Contratante, por cualquier persona que
durante el año civil a que se hace referencia en el artículo 12, párrafo 2 a) o
párrafo 2 b), haya recibido hidrocarburos sujetos a contribución en cantidades
que en total excedan de 150.000 toneladas."
Artículo 13
Se suprime el artículo 11 del Convenio del
Fondo, 1971.
Artículo 14
El artículo 12 del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. En la frase inicial del párrafo 1 se
suprimen las palabras "respecto de cada una de las personas a las que se
hace referencia en el artículo 10".
• 2. En el párrafo 1 i), subpárrafos b) y
c), se suprimen las palabras "o del artículo 5º" y se sustituyen las
palabras "15 millones de francos" por las palabras "cuatro
millones de unidades de cuenta".
3. Se suprime el párrafo 1 ii) b).
4. En el párrafo 1 ii) el subpárrafo c)
pasa a ser el b) y el subpárrafo d) pasa a ser el c).
5. Se sustituye la frase inicial del
párrafo 2 por el siguiente texto:
"La Asamblea fijará el monto total de
las contribuciones que proceda imponer. Sobre la base de esta decisión, el
Director calculará, respecto de cada Estado Contratante, el monto de la
contribución anual de cada una de las personas a las que se hace referencia en
el artículo 10".
6. Se sustituye el párrafo 4 por el
siguiente texto:
"4. La contribución anual empezará a
adeudarse en la fecha que ha de determinarse en el Reglamento interior del
Fondo. La Asamblea podrá fijar una fecha de pago distinta."
7. Se sustituye el párrafo 5 por el
siguiente texto:
"5. En las condiciones que fije el
Reglamento financiero del Fondo, la Asamblea podrá decidir que se hagan
transferencias entre los fondos recibidos de conformidad con el artículo 12.2
a) y los fondos recibidos de conformidad con el artículo 12.2 b)."
8. Se suprime el párrafo 6.
Artículo 15
El artículo 13 del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. Se sustituye el párrafo 1 por el
siguiente texto:
"1. El monto de toda contribución que
se adeude en virtud del artículo 12 y esté atrasada devengará intereses a una
tasa que será establecida de conformidad con el Reglamento interior del Fondo,
pudiéndose fijar distintas tasas para distintas circunstancias."
2. En el párrafo 3 las palabras
"artículos 10 y 11" se sustituyen por las palabras "artículos 10
y 12" y se suprimen las palabras "un período que exceda de tres
meses".
Artículo 16
Se añade un nuevo párrafo 4 al artículo 15
del Convenio del Fondo, 1971:
"4. Cuando un Estado Contratante no
cumpla con su obligación de transmitir al Director la comunicación mencionada
en el párrafo 2 y de ello se derive una pérdida financiera para el Fondo, dicho
Estado Contratante estará obligado a indemnizar al Fondo de esa pérdida. La
Asamblea, oída la opinión del Director, decidirá si el Estado Contratante de
que se trate habrá de pagar la indemnización."
Artículo 17
El artículo 16 del Convenio del Fondo,
1971, se sustituye por el siguiente texto:
"El Fondo estará formado por una
Asamblea y una Secretaría, al frente de la cual habrá un Director."
Artículo 18
El artículo 18 del Convenio del Fondo, 1971,
queda enmendado como a continuación se indica:
1. Se suprime la expresión "A reserva
de lo dispuesto en el artículo 26", que figura en la primera frase del
artículo.
2. Se suprime el párrafo 8.
3. El párrafo 9 se sustituye por el
siguiente texto:
"9. Crear los órganos auxiliares de
carácter provisional o permanente que considere necesarios, determinar sus
respectivos mandatos y conferirles la autoridad necesaria para desempeñar las
funciones que se les haya asignado; al nombrar los miembros constitutivos de
tales órganos, la Asamblea se esforzará por lograr una distribución geográfica
equitativa de dichos miembros y asegurar que los Estados Contratantes respecto
de los cuales se reciban las mayores cantidades de hidrocarburos sujetos a
contribución estén debidamente representados; el Reglamento interior de la
Asamblea podrá aplicarse, mutatis mutandis, a la labor de tales órganos
auxiliares."
4. En el párrafo 10 se suprimen las
palabras "del Comité Ejecutivo".
5. En el párrafo 11 se suprimen las
palabras "al Comité Ejecutivo".
6. Se suprime el párrafo 12.
Artículo 19
El artículo 19 del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. El párrafo 1 se sustituye por el
siguiente texto:
"1. La Asamblea se reunirá en período
de sesiones ordinario una vez cada año civil, previa convocatoria del
Director."
2. En el párrafo 2 se suprimen las palabras
"del Comité Ejecutivo o".
Artículo 20
Se suprimen los artículos 21 a 27 del
Convenio del Fondo, 1971 y los títulos de dichos artículos.
Artículo 21
El artículo 29 del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. El párrafo 1 se sustituye por el
siguiente texto:
"1. El Director será el más alto
funcionario administrativo del Fondo. Con sujeción a las instrucciones que
reciba de la Asamblea, desempeñará las funciones que le sean asignadas por el
presente Convenio, el Reglamento interior del Fondo y la Asamblea."
2. En el párrafo 2 e) se suprimen las
palabras "o el Comité Ejecutivo".
3. En el párrafo 2 f) se suprimen las
palabras "o al Comité Ejecutivo, según corresponda".
4. El párrafo 2 g) se sustituye por el
siguiente texto:
"g) Elaborar en consulta con el
Presidente de la Asamblea un informe sobre las actividades del Fondo
correspondientes al año civil precedente, y publicar dicho informe".
5. En el párrafo 2 h) se suprimen las
palabras "del Comité Ejecutivo".
Artículo 22
En el párrafo 1 del artículo 31 del
Convenio del Fondo, 1971, se suprimen las palabras "en el Comité Ejecutivo
y".
Artículo 23
El artículo 32 del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. En la frase inicial se suprimen las
palabras "y en el Comité Ejecutivo".
2. En el apartado b) se suprimen las
palabras "y del Comité Ejecutivo".
Artículo 24
El artículo 33 del Convenio del Fondo,
1971, queda enmendado como a continuación se indica:
1. Se suprime el párrafo 1.
2. En el párrafo 2 se suprime la numeración
del párrafo.
3. Se sustituye el subpárrafo c) por el
siguiente texto:
"c) La creación de órganos auxiliares
en virtud del artículo 18, párrafo 9, y cuestiones relativas a esa
creación."
Artículo 25
El artículo 35 del Convenio del Fondo,
1971, se sustituye por el siguiente texto:
"No podrán promoverse contra el Fondo
las reclamaciones de indemnización estipuladas en el artículo 4º por sucesos
ocurridos después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, antes
de que hayan transcurrido 120 días contados a partir de esa fecha."
Artículo 26
A continuación del artículo 36 del Convenio
del Fondo, 1971, se intercalan cuatro nuevos artículos, cuyo texto es el
siguiente:
"Artículo 36 bis
Las disposiciones transitorias siguientes
serán aplicables durante el período, en adelante llamado período de transición,
que comienza con la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y termina
con la fecha en que surtan efecto las denuncias estipuladas en el artículo 31
del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio del Fondo, 1971:
a) En la aplicación del párrafo 1 a) del
artículo 2º del presente Convenio, la referencia al Convenio sobre
Responsabilidad Civil, 1992, incluirá referencias al Convenio internacional
sobre la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1969, en su versión original o en su forma enmendada por el
Protocolo de 1976 correspondiente a ese Convenio (al que se alude en el
presente artículo como ‘Convenio de Responsabilidad Civil, 1969’) y así mismo,
al Convenio del Fondo, 1971;
b) Cuando de un suceso se deriven daños
ocasionados por contaminación que queden comprendidos en el ámbito del presente
Convenio, el Fondo indemnizará a toda persona que haya sufrido daños
ocasionados por contaminación sólo en la medida en que ésta no haya podido
obtener indemnización completa y suficiente en virtud de lo dispuesto en el
Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, el Convenio del Fondo, 1971 y el
Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, bien entendido por lo que respecta a
los daños ocasionados por contaminación que queden comprendidos en el ámbito
del presente Convenio, respecto de una Parte en el presente Convenio que no sea
Parte en el Convenio del Fondo, 1971, el Fondo indemnizará a toda persona que
haya sufrido daños ocasionados por contaminación sólo en la medida en que ésta
no habría podido obtener indemnización completa y suficiente si dicho Estado
hubiera sido Parte en cada uno de los Convenios arriba mencionados;
c) En la aplicación del artículo 4º del
presente Convenio la cuantía que deberá tenerse en cuenta al determinar el
valor total de la indemnización que el Fondo haya de pagar también incluirá
toda cuantía de indemnización efectivamente pagada en virtud del Convenio de
Responsabilidad Civil, 1969, si se produjo ese pago y la cuantía de
indemnización efectivamente pagada o de la que se considere que ha sido pagada
en virtud del Convenio del Fondo, 1971;
d) El párrafo 1 del artículo 9º del
presente Convenio se aplicará también a los derechos que se tengan en virtud
del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969.
Artículo 36 ter
1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo
4 del presente artículo, la cuantía total de las contribuciones anuales
pagaderas con respecto a los hidrocarburos sujetos a contribución recibidos en
un solo Estado Contratante durante un año civil no superará el 27,5% de la
cuantía total de las contribuciones anuales de conformidad con el Protocolo de
1992 que enmienda el Convenio del Fondo, 1971, con respecto a ese año civil.
2. Si la aplicación de lo dispuesto en los
párrafos 2 y 3 del presente artículo diere lugar a que la cuantía total de las
contribuciones pagaderas por los contribuyentes de un solo Estado Contratante
con respecto a un año civil determinado supere el 27,5% del total de las
contribuciones anuales, las contribuciones que deban pagar todos los
contribuyentes de dicho Estado se reducirán a prorrata de forma que el total de
esas contribuciones sea igual al 27,5% del total de las contribuciones anuales
al Fondo con respecto a dicho año.
3. Si las contribuciones pagaderas por las
personas de un Estado Contratante determinado se reducen de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, las contribuciones que deban
pagar las personas de todos los demás Estados Contratantes se incrementarán a
prorrata de forma que la cuantía total de las contribuciones pagaderas por
todas las personas obligadas a contribuir al Fondo con respecto al año civil en
cuestión ascienda a la cuantía total de las contribuciones decididas por la
Asamblea.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 a 3
del presente artículo serán de aplicación hasta que la cantidad total de
hidrocarburos sujetos a contribución recibidos en todos los Estados
Contratantes en un año civil ascienda a 750 millones de toneladas o hasta que
haya transcurrido un período de cinco años desde la fecha de entrada en vigor
del Protocolo de 1992, si esto último ocurre antes.
Artículo 36 quater
No obstante lo dispuesto en el presente
Convenio, se aplicarán las siguientes disposiciones a la administración del
Fondo durante el período en que tanto el Convenio del Fondo, 1971, como el
presente Convenio estén en vigor:
a) La Secretaría del Fondo constituido en
virtud del Convenio del Fondo, 1971 (en adelante llamado el ‘Fondo 1971’)
dirigida por el Director, podrá también desempeñar las funciones de Secretaría
y de Director del Fondo;
b) Si, de conformidad con el subpárrafo a),
la Secretaría y el Director del Fondo 1971, desempeñan también las funciones de
Secretaría y de Director del Fondo, el Fondo, en los casos en que pueda
producirse un conflicto de intereses entre el Fondo 1971 y el Fondo, estará
representado por el Presidente de la Asamblea del Fondo;
c) No se considerará que ni el Director ni
el personal y los expertos nombrados por él que desempeñen sus funciones en
virtud del presente Convenio y del Convenio del Fondo, 1971, hayan infringido
lo dispuesto en el artículo 30 del presente Convenio, en la medida en que
desempeñen sus funciones de conformidad con el presente artículo;
d) La Asamblea del Fondo se esforzará por
no tomar decisiones que sean incompatibles con las tomadas por la Asamblea del
Fondo 1971. Si surgen diferencias de opinión respecto de asuntos
administrativos comunes, la Asamblea del Fondo tratará de llegar a un consenso
con la Asamblea del Fondo 1971, dentro de un espíritu de cooperación mutua y
teniendo en cuenta los objetivos comunes de ambas organizaciones;
e) El Fondo podrá adquirir por sucesión los
derechos, las obligaciones y los bienes del Fondo 1971, si así lo decide la
Asamblea del Fondo 1971, de conformidad con el artículo 44, párrafo 2, del
Convenio del Fondo, 1971;
f) El Fondo reembolsará al Fondo 1971 todos
los gastos y los costos que se deriven de los servicios administrativos
desempeñados por el Fondo 1971 en nombre del Fondo.
Artículo 36 quinquies
CLAUSULAS FINALES
Los artículos 28 a 39 del Protocolo de 1992
que enmienda el Convenio del Fondo, 1971, constituirán las cláusulas finales
del presente Convenio. Las referencias que en el presente Convenio se hagan a
los Estados Contratantes se entenderán como referencias a los Estados
Contratantes del citado Protocolo."
Artículo 27
1. El Convenio del Fondo, 1971, y el
presente protocolo se leerán e interpretarán entre las partes en el presente
protocolo como constitutivos de un documento único.
2. Los artículos 1 a 36 quinquies del
Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por el presente protocolo,
tendrán la designación de convenio internacional sobre la constitución de un
fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1992 (Convenio del Fondo, 1992).
CLAUSULAS FINALES
Artículo 28
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1. El presente protocolo estará abierto a
la firma de todos los Estados que hayan firmado el Convenio de Responsabilidad
Civil, 1992, desde el 15 de enero de 1993 hasta el 14 de enero de 1994, en
Londres.
2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo
4, el presente Protocolo habrá de ser ratificado, aceptado o aprobado por los
Estados que lo hayan firmado.
3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo
4, los Estados que no hayan firmado el presente protocolo podrán adherirse al
mismo.
4. Sólo los Estados que hayan ratificado,
aceptado o aprobado el Convenio de Responsabilidad Civil, 1992, o que se hayan
adherido al mismo, podrán ratificar, aceptar o aprobar el presente Protocolo o
adherirse al mismo.
5. La ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento oficial que
proceda ante el Secretario General de la Organización.
6. Un Estado que sea parte en el presente
Protocolo, pero que no sea parte en el Convenio del Fondo, 1971, estará
obligado por lo dispuesto en el Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada
por el presente Protocolo, en relación con las demás partes en el presente
Protocolo, pero no estará obligado por lo dispuesto en el Convenio del Fondo,
1971, respecto de las partes en ese Convenio.
7. Todo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión depositado después de la entrada en vigor de
una enmienda al Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por el presente
Protocolo, se considerará aplicable al Convenio en su forma enmendada por el
presente Protocolo tal como el Convenio quede modificado por esa enmienda.
Artículo 29
Información relativa a los hidrocarburos sujetos a
contribución
1. Antes de que entre en vigor el presente
Protocolo para un Estado, ese Estado, al depositar el instrumento a que se hace
referencia en el artículo 28, párrafo 5, y a partir de entonces anualmente en fecha
que fijará el Secretario General de la Organización, comunicará a éste el
nombre y la dirección de las personas que respecto de aquel Estado se hallen
obligadas a contribuir al Fondo en virtud del artículo 10 del Convenio del
Fondo, 1971, en su forma enmendada por el presente Protocolo, así como datos
relativos a las cantidades de hidrocarburos sujetos a contribución recibidas
por ellas en el territorio de dicho Estado durante el año civil precedente.
2. Durante el período de transición, el
Director comunicará anualmente al Secretario General de la Organización, por lo
que respecta a las partes, datos relativos a las cantidades de hidrocarburos
sujetos a contribución recibidas por personas que se hallen obligadas a
contribuir al Fondo en virtud del artículo 10 del Convenio del Fondo, 1971, en
su forma enmendada por el presente Protocolo.
Artículo 30
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor
doce meses después de la fecha en que se hayan cumplido los siguientes
requisitos:
a) Por lo menos ocho Estados deberán haber
depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
ante el Secretario General de la Organización; y
b) El Secretario General de la Organización
deberá haber sido informado, de conformidad con el artículo 29, de que las
personas que se hallen obligadas a contribuir al Fondo en virtud del artículo
10 del Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por el presente
protocolo, han recibido durante el año civil precedente una cantidad total de
por lo menos 450 millones de toneladas de hidrocarburos sujetos a contribución.
2. No obstante, el presente Protocolo no
entrará en vigor antes de la entrada en vigor del Convenio de Responsabilidad
Civil, 1992.
3. Para todo Estado que ratifique, acepte o
apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él una vez cumplidas las
condiciones relativas a la entrada en vigor que establece el párrafo 1, el
presente Protocolo entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que el
Estado de que se trate haya depositado el oportuno instrumento.
4. Todo Estado, en el momento de efectuar
el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del
presente Protocolo o de adhesión al mismo, podrá declarar que dicho instrumento
no surtirá efecto a los fines del presente artículo hasta que haya terminado el
período de seis meses estipulado en el artículo 31.
5. Todo Estado que haya hecho una
declaración de conformidad con el párrafo precedente podrá retirarla en
cualquier momento mediante una notificación dirigida al Secretario General de
la Organización. Ese retiro surtirá efecto en la fecha en que se reciba la
notificación, y se entenderá que todo Estado que efectúe tal retiro ha
depositado en esa misma fecha su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión respecto del presente Protocolo.
6. Se entenderá que todo Estado que haya
hecho una declaración de conformidad con el artículo 13, párrafo 2, del
Protocolo 1992 que enmienda el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, ha
hecho también una declaración de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4
del presente artículo. Se entenderá que el retiro de una declaración hecha en
virtud de dicho artículo 13, párrafo 2, también constituye un retiro en virtud
del párrafo 5 del presente artículo.
Artículo 31
Denuncia de los Convenios de 1969 y de 1971
A reserva de lo dispuesto en el artículo
30, dentro de un período de seis meses después de la fecha en que se hayan
cumplido los siguientes requisitos:
a) Que por lo menos ocho Estados se hayan
constituido en partes en el presente protocolo o hayan depositado ante el
Secretario General de la Organización instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, ya con sujeción a lo dispuesto en el artículo 30,
párrafo 4, ya independientemente de esto, y
b) Que el Secretario General de la
Organización haya recibido información, de conformidad con el artículo 29, de
que las personas que están o que estarían obligadas a contribuir al Fondo en
virtud del artículo 10 del Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por
el presente Protocolo, han recibido durante el año civil precedente una
cantidad total de por lo menos 750 millones de toneladas de hidrocarburos
sujetos a contribución,
cada parte en el presente Protocolo y cada
Estado que haya depositado un instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, ya con sujeción a lo dispuesto en el artículo 30,
párrafo 4, ya independientemente de esto, denunciará el Convenio del Fondo,
1971, y el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, para que dicha denuncia
surta efecto 12 meses después de que haya expirado el citado período de seis
meses, si es parte en dichos convenios.
Artículo 32
Revisión y enmienda
1. La organización podrá convocar una
conferencia con objeto de revisar o enmendar el Convenio del Fondo, 1992.
2. La Organización convocará una
conferencia de Estados Contratantes con objeto de revisar o enmendar el
Convenio del Fondo, 1992, a petición de no menos de un tercio de los Estados
Contratantes.
Artículo 33
Enmienda de los límites de indemnización
1. A petición de por lo menos un cuarto de
los Estados Contratantes, el Secretario General distribuirá entre todos los
miembros de la organización y todos los Estados Contratantes toda propuesta
destinada a enmendar los límites de las cuantías de indemnización establecidos
en el artículo 4, párrafo 4, del Convenio del Fondo, 1971, en su forma
enmendada por el presente Protocolo.
2. Toda enmienda propuesta y distribuida
como acaba de indicarse, se presentará a fines de examen al Comité Jurídico de
la organización, al menos seis meses después de la fecha de su distribución.
3. Todos los Estados Contratantes del
Convenio del Fondo, 1971, en su
forma enmendada por el presente Protocolo,
sean o no miembros de la organización, tendrán derecho a participar en las
deliberaciones del Comité Jurídico cuyo objeto sea examinar y aprobar
enmiendas.
4. Las enmiendas se aprobarán por mayoría
de dos tercios de los Estados contratantes presentes y votantes en el Comité
Jurídico, ampliado tal como dispone el párrafo 3, a condición de que al menos
la mitad de los Estados contratantes esté presente en el momento de la
votación.
5. En su decisión relativa a propuestas
destinadas a enmendar los límites, el Comité Jurídico tendrá en cuenta la
experiencia que se tenga de los sucesos y especialmente la cuantía de los daños
que de ellos se deriven, y la fluctuación registrada en el valor de la moneda.
Se tendrá también en cuenta la relación existente entre los límites señalados
en el artículo 4, párrafo 4, del Convenio del Fondo, 1971, en su forma
enmendada por el presente Protocolo, y los que estipule el artículo V, párrafo
1, del Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños
debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992.
6. a) No se examinará ninguna enmienda
relativa a los límites propuesta en virtud del presente artículo antes del 15
de enero de 1998 ni en un plazo inferior a cinco años contados a partir de la
fecha de entrada en vigor de una enmienda anterior introducida en virtud del
presente artículo. No se examinará ninguna enmienda propuesta en virtud del
presente artículo antes de la entrada en vigor del presente protocolo.
b) No se podrá aumentar ningún límite de
modo que exceda de la cuantía correspondiente al límite establecido en el
Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por el presente Protocolo,
incrementado en un 6% anual, calculado como si se tratase de interés compuesto,
a partir del 15 de enero de 1993.
c) No se podrá aumentar ningún límite de
modo que exceda la cuantía correspondiente al límite establecido en el Convenio
del Fondo, 1971, en su forma enmendada por el presente Protocolo, multiplicado
por tres.
7. La Organización notificará a todos los
Estados Contratantes toda enmienda que se apruebe de conformidad con el párrafo
4. Se entenderá que la enmienda ha sido aceptada al término de un período de 18
meses contados a partir de la fecha de notificación, a menos que en ese período
no menos de un cuarto de los Estados que eran Estados contratantes en el
momento de la adopción de la enmienda por parte del Comité Jurídico hayan
comunicado a la Organización que no aceptan dicha enmienda, en cuyo caso la
enmienda se considerará rechazada y no surtirá efecto alguno.
8. Una encomienda considerada aceptada de
conformidad con el párrafo 7, entrará en vigor dieciocho meses después de su
aceptación.
9. Todos los Estados contratantes estarán
obligados por la enmienda, a menos que denuncien el presente Protocolo de
conformidad con el artículo 34, párrafos 1 y 2, al menos seis meses antes de
que la enmienda entre en vigor. Tal denuncia surtirá efecto cuando la citada
enmienda entre en vigor.
10. Cuando una enmienda haya sido aprobada
por el Comité Jurídico, pero el período de dieciocho meses necesario para su
aceptación no haya transcurrido aún, un Estado que se haya constituido en
Estado Contratante durante ese período estará obligado por la enmienda si ésta
entra en vigor. Un Estado que se constituya en Estado Contratante después de
ese período estará obligado por toda enmienda que haya sido aceptada de
conformidad con el párrafo 7. En los casos a que se hace referencia en el
presente párrafo, un Estado empezará a estar obligado por una enmienda cuando
ésta entre en vigor, o cuando el presente Protocolo entre en vigor respecto de
ese Estado, si la fecha en que ocurra esto último es posterior.
Artículo 34
Denuncia
1. El presente convenio puede ser
denunciado por cualquiera de las partes en cualquier momento a partir de la
fecha en que entre en vigor para dicha parte.
2. La denuncia se efectuará depositando un
instrumento ante el Secretario General de la Organización.
3. La denuncia surtirá efecto doce meses
después de la fecha en que se haya depositado ante el Secretario General de la
Organización el instrumento de denuncia, o transcurrido cualquier otro período
mayor que el citado que pueda estipularse en dicho instrumento.
4. Se entenderá que la denuncia del Convenio
de Responsabilidad Civil, 1992, constituye una denuncia del presente Protocolo.
Dicha denuncia surtirá efecto en la fecha en que surta efecto la denuncia del
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, de
conformidad con el artículo 16 de ese Protocolo.
5. Se entenderá que todo Estado Contratante
del presente protocolo que no haya denunciado, en la forma establecida por el
artículo 31, el Convenio del Fondo, 1971, y el Convenio de Responsabilidad
Civil, 1969, ha denunciado el presente protocolo para que dicha denuncia surta
efecto doce meses después de que haya terminado el período de seis meses
mencionado en ese artículo. A partir de la fecha en que surtan efecto las
denuncias estipuladas en el artículo 31, se entenderá que cualquier parte en el
presente Protocolo que deposite un instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, o de adhesión al mismo,
ha denunciado el presente Protocolo con efecto a partir de la fecha en que
surta efecto ese instrumento.
6. Entre las partes en el presente
protocolo, la denuncia por cualquiera de ellas del Convenio del Fondo, 1971, de
conformidad con el artículo 41 de éste no se interpretará en modo alguno como
denuncia del Convenio del Fondo, 1971, en su forma enmendada por el presente
protocolo.
7. No obstante la denuncia del presente
Protocolo que una parte pueda efectuar de conformidad con el presente artículo,
las disposiciones del Protocolo relativas a la obligación de contribuir en virtud
del artículo 10 del Convenio del Fondo, 1971, en su forma modificada por el
presente Protocolo, por un suceso al que quepa referir el artículo 12, párrafo
2 b), de ese Convenio en su forma enmendada y que se produzca antes de que la
denuncia surta efecto, continuarán siendo de aplicación.
Artículo 35
Períodos de sesiones extraordinarios de la asamblea
1. Todo Estado Contratante podrá, dentro de
los noventa días siguientes a la fecha en que se haya depositado un instrumento
de denuncia que en su opinión origine un aumento considerable en el nivel de
las contribuciones de los demás Estados contratantes, pedir al Director que
convoque un período de sesiones extraordinario de la Asamblea. El director
convocará la asamblea a más tardar, dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha de recepción de la petición.
2. El director podrá convocar por
iniciativa propia un período de sesiones extraordinario de la Asamblea dentro
de los sesenta días siguientes a la fecha en que se haya depositado un
instrumento de denuncia si estima que tal denuncia originará un aumento
considerable en el nivel de las contribuciones de los demás Estados
contratantes.
3. Si en el curso de un período de sesiones
extraordinario convocado de conformidad con los párrafos 1 ó 2, la asamblea
decide que la denuncia va a originar un aumento considerable en el nivel de las
contribuciones de los demás Estados contratantes, cualquiera de éstos podrá, a
más tardar, dentro de los ciento veinte días previos a la fecha en que la
denuncia surta efecto, denunciar a su vez el presente Protocolo, y esta segunda
denuncia surtirá efecto a partir de la misma fecha que la primera.
Artículo 36
Terminación
1.     El presente Protocolo dejará de estar en
vigor si el número de Estados Contratantes llega a ser inferior a tres.
2.     Los Estados que estén obligados por el
presente protocolo la víspera de la fecha en que éste deje de estar en vigor,
permitirán al Fondo que desempeñe sus funciones según lo estipulado en el artículo
37 del presente Protocolo y, a estos fines solamente, seguirán estando
obligados por el presente Protocolo.
Artículo 37
Liquidación del Fondo
1.     Aun cuando el presente Protocolo deje de
estar en vigor, el Fondo:
a)
satisfará las
obligaciones que le correspondan respecto de un suceso ocurrido antes de que el
Protocolo haya dejado de estar en vigor;
b)
podrá ejercer sus
derechos por lo que hace a las contribuciones adeudadas en la medida en que
éstas sean necesarias para satisfacer las obligaciones contraídas en virtud del
subpárrafo a), incluidos los gastos de administración del Fondo necesarios para
este fin.
1.     La Asamblea tomará todas las medidas
adecuadas para dar fin a la liquidación del Fondo, incluida la distribución
equitativa, entre las personas que hayan contribuido al mismo, de cualesquiera
bienes que puedan quedar.
2.     A los efectos del presente artículo, el
Fondo seguirá siendo una persona jurídica.
Artículo 38
Depositario
1.     El presente Protocolo y todas las enmiendas
adoptadas en virtud del artículo 33 serán depositados ante el Secretario
General de la Organización.
2.     El Secretario General de la Organización:
a)
Informará a toso los
Estados que hayan firmado el Protocolo o se hayan adherido al mismo, de:
i) cada nueva firma
y cada nuevo depósito de un instrumentos, así como de la fecha en que se
produzcan tales firma o depósito;
ii) cada declaración
y notificación que se produzcan en virtud del artículo 30, incluidos las
declaraciones y los retiros que se considere que han sido efectuados de
conformidad con dicho artículo;
iii) la fecha de
entrada en vigor del presente Protocolo;
iv) las fechas en
que se deban efectuar las denuncias establecidas en el artículo 31;
v) toda propuesta
destinada a enmendar los límites de las cuantías de indemnización que haya sido
hecha de conformidad con el artículo 33, párrafo 1;
vi) toda enmienda
que haya sido aprobada de conformidad con el artículo 33, párrafo 4;
vii) toda enmienda
de la que se considere que ha sido aceptada de conformidad con el artículo 33,
párrafo 7, junto con la  fecha en que tal enmienda entre en vigor de
conformidad con los párrafos 8 y 9 de dicho artículo;
viii) la realización
del depósito de un instrumento de denuncia del presente Protocolo, junto con la
fecha en que se efectuó el depósito y la fecha en que la denuncia surtirá
efecto;
ix) toda denuncia de
la que se considere que ha sido hecha de conformidad con el artículo 34,
párrafo 5;
x) toda notificación
que se estipule en cualquier artículo del presente Protocolo;
b)
remitirá ejemplares
certificados auténticos del presente Protocolo a todos los Estados signatarios
y a todos los Estados que se adhieran al presente Protocolo.
1.     Tan pronto como el presente Protocolo entre
en vigor, el Secretario General de la Organización remitirá el texto a la
Secretaría de las Naciones Unidas a fines de registro y publicación de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 39
Terminación
El presente Protocolo está redactado en un
solo original en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, y
cada uno de los textos tendrá la misma autenticidad.
HECHO EN LONDRES el día veintisiete de
noviembre de mil novecientos noventa y dos.
EN FE DE LO CUAL los infrascritos,
debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo.
III. EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION
El señor Procurador General de la Nación
emitió, dentro del término establecido, concepto favorable sobre la
constitucionalidad del instrumento internacional que se revisa y de la ley que
lo aprobó; no obstante, señala que es necesario verificar previamente algunos
requisitos de forma, en relación con el trámite de dicha ley aprobatoria.
En lo relacionado con la suscripción de los
Protocolos, expresa la vista fiscal, que dado que el mismo no fue suscrito por
ningún funcionario que invocara la representación de nuestro país, sino que de
ser declarado constitucional el gobierno procederá a adherirse al instrumento,
previo su depósito en la Secretaría General de la Organización Marítima
Internacional -OMI- siguiendo lo previsto en el artículo 15 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, encuentra que el procedimiento surtido
se aviene en todo a la Constitución.
En cuanto al trámite que se le debió dar a
la Ley 523 de 1999, señala que a ésta le correspondía el establecido en la
Constitución para las leyes ordinarias, según lo establecido en  los artículos
157, 158 y 160 de la Carta.
En efecto, dice el señor Procurador que el
proyecto de ley y su exposición de motivos fueron presentados al Senado de la
República por los entonces Ministros de Relaciones Exteriores, Dra. María Emma
Mejía Vélez y de Minas y Energía, Dr. Orlando Cabrales Martínez, el día 8 de
octubre de 1997, siendo publicados en la Gaceta del Congreso No. 423 del 9 de
octubre de 1997; así mismo, que su discusión se inició en la Comisión Segunda
del Senado con la ponencia presentada por los Congresistas Luis Alfonso Hoyos
Aristizábal y Gustavo Galvis Hernández, ponencia que fue publicada en la Gaceta
del Congreso No. 496 de 1997.
Una vez presentadas las respectivas
ponencias, los debates se produjeron de conformidad con los términos que para la
iniciación y la aprobación están dispuestos en la Constitución, es decir, de
ocho días entre el primero y segundo debate en cada Cámara y de no menos de
quince días entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la
iniciación del debate en la otra; sin embargo, anota el Procurador, que esta
Corporación debe verificar la aprobación del proyecto de ley en primer debate
en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes. Agrega
finalmente, que el proyecto de ley obtuvo la correspondiente sanción
presidencial que lo convirtió en ley de la República.
Una vez verificado el trámite de la ley,
concluye el representante del Ministerio Público, que el mismo se ajustó a las
disposiciones constitucionales y por lo tanto le solicita a esta Corporación
que así lo declare, una vez confirme la aprobación del proyecto de ley en
primer debate en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de
Representantes.
En lo referente al análisis material del
tratado, el Procurador no hace ningún reparo constitucional al mismo, pues en
su criterio, éste guarda perfecta consonancia con nuestra Carta Política, ya
que en esencia sus disposiciones están dirigidas en preservar el medio ambiente
de los países signatarios, imponiendo mecanismos que tiendan a evitar la
contaminación de las aguas marítimas, con el derrame de hidrocarburos, para la
cual establece la responsabilidad civil de los propietarios de buques y otras
personas involucradas en el transporte por mar de esta clase de sustancias y
diseña mecanismos que permitan hacerla efectiva, especialmente para las
víctimas de dichos siniestros, encontrando tales objetivos pleno respaldo en
los artículos 79 y 80 del ordenamiento superior, que reflejan la concepción
ambientalista que inspira nuestro máximo estatuto.
El instrumento, concluye el Procurador en
su concepto, es “...un avance de la comunidad internacional en su lucha contra
los efectos depredatorios del derrame en el mar de un elemento de inmensa
capacidad contaminante como los hidrocarburos, los cuales con frecuencia
ocasionan verdaderas catástrofes ecológicas en los mares del mundo.”
IV.  CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto de control
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241 de la Constitución Política y de acuerdo con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional en cuanto a su competencia, le corresponde a ella el
examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes
aprobatorias de los mismos, después de su sanción presidencial y antes del
perfeccionamiento del instrumento.
El control de constitucionalidad que esta
Corporación debe ejercer en esta materia, es posterior, en cuanto se produce
una vez la respectiva ley haya sido aprobada por el Congreso y sancionada por
el Presidente de la República, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de
la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el
cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad
correspondiente, que le permita al Jefe de Estado efectuar el correspondiente
canje de notas.
2. Examen de forma
2.1 Aspectos del Control
En cumplimiento del numeral 10 del artículo
241 de la Constitución Política, el control formal de constitucionalidad que la
Corte debe ejercer sobre los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban, recae sobre la representación del Estado colombiano en los procesos
de negociación y celebración del instrumento, la competencia de los
funcionarios intervinientes y el trámite dado a la ley aprobatoria en el
Congreso.
2.2 La representación del Estado colombiano
en el proceso de celebración y suscripción del instrumento.
En el caso de la referencia, de conformidad
con la certificación expedida por la Oficina Jurídica del Ministerio de
Relaciones Exteriores[1],
contenida en oficio del 17 de septiembre de 1999, el Gobierno de Colombia no
participó en el proceso de negociación de los protocolos objeto de estudio, por
lo cual, de una parte no hay lugar a que la Corte verifique el poder de los
negociadores o firmantes del mismo, y de otra, como lo ha señalado en anteriores
oportunidades[2],
de la presente revisión depende, en los términos del artículo 241-10 de la
Carta, la posibilidad de que el Presidente de la República manifieste la
voluntad del Estado de obligarse a dicho instrumento adhiriendo al mismo, tal
como lo señalan los artículos 12 del Protocolo 1992, que enmienda el Convenio
de Responsabilidad Civil, y el artículo 28 del Protocolo 1992 que enmienda el
Convenio Fondo 1971.
2.3  El trámite en el Congreso.
De acuerdo con el material probatorio que
obra en el expediente, esta Corporación observa que fueron cumplidos los
trámites que a continuación se enuncian:
a)      El proyecto de ley fue presentado al
Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de los entonces
Ministros de Relaciones Exteriores y de Minas y Energía, doctora María Emma
Mejía Velez y doctor Orlando Cabrales Martínez, el día 8 de octubre de 1997. El
texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la
Gaceta del Congreso No. 423 del 9 de octubre de 1997. (folio 250)
b)     La Comisión Segunda del Senado de la
República designó como ponentes para primer debate a los congresistas  Luis
Alfonso Hoyos Aristizábal y Gustavo Galvis Hernández cuya ponencia fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 496 de 1997. (folio 266)
c)      El proyecto de ley fue aprobado por
unanimidad en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 26 de
noviembre de 1997 por 7 votos a favor y ninguno en contra, según certificación
expedida por la Secretaría General de la misma, de fecha septiembre 14 de 1999
(folio 249).
d)     La ponencia para segundo debate en el
Senado de la República fue presentada por los Congresistas antes mencionados y
publicada en la Gaceta del Congreso No. 523 del día 10 de diciembre de 1997.
(folio 272)
e)      El proyecto de ley con el cumplimiento de
los requisitos reglamentarios, legales y constitucionales, fue aprobado en
segundo debate en la sesión plenaria del 16 de diciembre de 1997, acta No. 23
publicada en la Gaceta del Congreso No. 554 del 23 de diciembre del mismo año
(página 15), según constancia expedida por el Secretario General de esa
Corporación el día 27 de septiembre de 1999. (folios 280-281)
f)       La ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el
Congresista Mario Alvaro Celis (folios 91-92) y publicada en la Gaceta del
Congreso No. 104 del 20 de mayo de 1999.
g)     La ponencia para segundo debate fue
presentada por el mismo representante (folios 86-87) y publicada en la Gaceta
del Congreso No. 146 del 8 de junio de 1999, con lo cual se verifica el
requisito al que se refiere el señor Procurador en su concepto.
h)    El proyecto de ley, de conformidad con lo
certificado por el Presidente de la Cámara de Representantes en oficio SG22
1694/99 de junio 22 de 1999 (folio 84), fue aprobado en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de esa Corporación, el día 19 de mayo, y en sesión
plenaria de la misma el 15 de junio de 1999, tal como aparece registrado en la
Gaceta del Congreso No. 236 del 9 de agosto de 1999. Con lo anterior se
constata el cumplimiento del requisito cuya verificación solicitó el Procurador
en su concepto.
i)        El Presidente de la República sancionó la
ley aprobatoria del tratado el día 12 de agosto de 1998.
De otra parte, ordena el artículo 160
superior que entre el primero y el segundo debate en cada Cámara deberá mediar
un plazo no inferior a ocho días, y que entre la aprobación del proyecto en una
de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por
lo menos quince días, requisitos formales que se cumplieron de manera estricta
según se desprende de las Gacetas del Congreso en las que se hicieron las
respectivas publicaciones y de las certificaciones y constancias expedidas y
remitidas por las Secretarías Generales de las respectivas cámaras legislativas
a esta Corporación.
En conclusión, la ley 523 de 12 de agosto
de 1999, en su aspecto formal, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 145,
146, 154, 157, 158 y 160 de la Constitución Política.
V. EXAMEN DE FONDO
El examen de fondo que le corresponde
efectuar a esta Corporación, consiste en comparar las disposiciones del texto
del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, con la
totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para determinar si
las primeras se ajustan o no a la Constitución Política, independientemente de
consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad, utilidad o
eficiencia, las cuales son extrañas al examen que debe efectuar la Corte
Constitucional, que se limita a factores exclusivamente jurídicos.
El "Protocolo de 1992 que enmienda el
Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 que
enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo
Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos,
1971", hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil
novecientos noventa y dos (1992), conforman el instrumento objeto de revisión.
Ellos constan, el primero de 18 artículos y un anexo, y el segundo de 39
artículos, a través de los cuales los países signatarios de los Convenios
originarios, acuerdan modificar y complementar algunos aspectos de sus
respectivos contenidos, con el objeto de hacer efectiva, justa y equitativa, la
responsabilidad civil que surge en los eventos en que se producen siniestros
por derrame de hidrocarburos transportados en buques de un país a otro.
A continuación se examinarán las
disposiciones esenciales de cada uno de esos Protocolos, con el objeto de
verificar la constitucionalidad de las mismas y determinar si el gobierno
nacional puede proceder a adherir a los mismos, si al hacerlo debe manifestar
su consentimiento pero formulando alguna reserva de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 superior, o si por el contrario
debe abstenerse de hacerlo.
1. Los Convenios objeto de modificación en
su oportunidad fueron incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.
Dado que esta oportunidad le corresponde a
la Corte verificar la constitucionalidad de las disposiciones de un instrumento
internacional compuesto por dos protocolos, que modifican y complementan el
contenido de dos anteriores, lo primero que deberá establecer es si los
Convenios originales fueron debidamente incorporados al ordenamiento jurídico
nacional.
En efecto, son dos los Protocolos que
integran el instrumento objeto de revisión, ambos producidos en Londres el 27
de noviembre de 1992; el primero modifica “el Convenio Internacional sobre
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos
1969”, el cual fue aprobado, junto con su Protocolo de 1976, a través de la Ley
55 del 7 de noviembre de 1989, con lo que se entiende debidamente incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico, pues por tratarse de un instrumento tramitado y
suscrito antes de 1991, esto es bajo la vigencia de la Constitución de 1886 y
de la Ley 7ª. de 1944, éste no estaba sometido a control constitucional previo,
el cual como lo ha señalado esta Corporación,
“...no se puede
ejercer respecto de instrumentos públicos internacionales ya perfeccionados,
[lo que] se entiende como un reflejo natural de la supranacionalidad en este
tipo de convenios que comprometen a la Nación, como persona de derecho público
internacional, en un acto en el que ha perfeccionado su voluntad y en donde
ningún organismo de carácter interno, ni siquiera el órgano encargado de la
jurisdicción constitucional, puede entrar a revisar aquello que es ley entre
las partes, siendo tales los Estados vinculados. ...” (Corte Constitucional,
Sentencia C-276 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)
Lo anterior indica, que lo que le
corresponde analizar a la Corte en esta ocasión, es si las normas
modificatorias y complemenatarias que contiene ese Protocolo, se avienen y son
concordantes con el ordenamiento superior actualmente vigente, esto es con las
disposiciones de la Carta Política de 1991.
El segundo Protocolo objeto de examen de
constitucionalidad, enmienda “el Convenio Internacional sobre constitución de
un Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación de
hidrocarburos, 1971”, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional a través de
la Ley 257 de 1996, y previo el control de constitucionalidad que ordena el
artículo 241 de la C.P, posteriormente declarado exequible por esta Corporación,
junto con su ley aprobatoria, a través de la Sentencia C-359 de 1996[3], con lo cual quedó
debidamente incorporado al ordenamiento jurídico nacional.
Así las cosas, procederá la Corte a
verificar si las normas modificatorias y complementarias contenidas en los
protocolos sobre los que recae el control de constitucionalidad, se avienen y
son armónicas con las disposiciones del ordenamiento superior vigente.
2. Del contenido y alcance de los Convenios
Originarios, modificados por los protocolos que constituyen el instrumento
objeto de control de constitucionalidad.
El Convenio de Responsabilidad Civil, que
como se anotó antes fue aprobado por el Congreso a través de la ley 55 de 1989,
“rige la responsabilidad de los dueños de los buques que causen daños por
derrame de petróleo”, creando un “sistema de aseguramiento obligatorio por
responsabilidad”, en virtud del cual el dueño del buque podía limitar su responsabilidad
a un monto relacionado con el tonelaje de su barco.
El Convenio Fondo, complementario del
anterior, lo que hace es establecer un régimen de compensación que opera
paralelo al Convenio de Responsabilidad Civil, en los eventos en que las víctimas
de los respectivos siniestros tengan una compensación insuficiente o inadecuada
proveniente del convenio de responsabilidad.
“El Convenio
Fondo, “... crea el Fondo Internacional de Compensación por contaminación de
petróleo (Fondo IOPC) existente desde 1978, el cual es una organización
intergubernamental mundial establecida con el propósito de administrar el
régimen de compensación creado por el Convenio Fondo. Al Convertirse en parte
del Convenio Fondo, un Estado se convierte en miembro del Fondo IOPC, del cual
el 1º. de julio de 1996, 69 estados eran parte,  así como 96 formaban parte del
Convenio de Responsabilidad Civil (incluyendo a Colombia).”[4]
Sobre los objetivos y alcance de dicho
Convenio Fondo, al efectuar el respectivo control de constitucionalidad, esta
Corporación, remitiéndose al aparte introductivo del mismo consignó lo
siguiente:
“Los Estados
Partes, partícipes del “Convenio de Responsabilidad”, son conscientes de los
peligros de contaminación que crea el transporte marítimo internacional de
hidrocarburos a granel, de la necesidad de asegurar una indemnización a la
víctimas de los daños por contaminación causados por derrames y descargas de
hidrocarburos de buques, dado que dicho Convenio no proporciona en todos los
casos una indemnización plena a las víctimas de los daños por contaminación de
hidrocarburos, y que los referidos daños no deben ser soportados exclusivamente
por la industria naviera sino también por los intereses de la carga, expresan
la necesidad de crear un sistema de compensación e indemnización que
complemente lo establecido por el referido Convenio para asegurar una plena
indemnización a las víctimas de los daños de la contaminación y exonerar al
mismo tiempo al propietario de las obligaciones suplenatarias previstas en
éste.”[5]
Para la Corte el contenido de ese Convenio
Fondo se ajusta en todo a la Constitución, razón por la cual, a través de la ya
citada Sentencia C-359 de 1996, lo declaró exequible; dijo entonces esta
Corporación:
“ La conformación
del Fondo es un desarrollo práctico del mandato consignado en el artículo 226,
pues es una forma de promover la internacionalización de las relaciones
ecológicas y de asegurar la cooperación de otros Estados, con miras a
contrarrestar los efectos de la contaminación por el derrame de hidrocarburos
en el territorio o en el mar territorial, con motivo de su transporte, y de
asegurar la reparación de los perjuicios ocasionados a las víctimas de los
correspondientes siniestros.
“ El Convenio,
consulta en un todo el sistema normativo ambiental contenido en la Constitución
y al cual se hizo referencia y desarrolla  los principios que rigen la
responsabilidad en materia ambiental, en el sentido de que todo aquél que causa
un daño al ambiente debe indemnizarlo, indemnización que comprende diferentes
variables, es decir que no está sólo destinada a reparar, restaurar o sustituir
los elementos ambientales afectados, sino también a minimizar o reducir sus
efectos, y a reparar los perjuicios a las víctimas que han sufrido en concreto
el daño.”[6]
Ahora bien, el instrumento objeto de
control en esta oportunidad, que como se anotó antes está constituido por dos
protocolos que enmiendan, uno el Convenio de Responsabilidad y otro del
Convenio Fondo, lo que hace es modificar el contenido de varias de las
disposiciones de aquéllos, ampliándolas o precisándolas, e introducir algunas
cláusulas complementarias, lo que indica que la Corte deberá a continuación
establecer, si las mismas no sólo no desvirtúan el objeto y contenido de los
convenios originarios, sino si son armónicas con la Constitución. Al efecto,
realizará el análisis individual de cada uno de los Protocolos.
3. El Protocolo de 1992, que enmienda el
Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1969.
En la exposición de motivos que presentó el
Gobierno ante el Congreso, se señala que los protocolos objeto de control,
“ofrecen límites de compensación más altos y un alcance más amplio en su
aplicación que las convenciones originales”. Esta afirmación, en lo que hace al
Convenio de Responsabilidad se corrobora al comparar los respectivos textos,
pues se encuentra lo siguiente:
En primer lugar, en el artículo 2 del
Protocolo sobre el que se ejerce control, sustituyendo las respectivas
definiciones se precisan y actualizan conceptos básicos y esenciales para la
implementación y operatividad de los Convenios, las cuales en los textos
originales aparecían restringidas en su contenido; es el caso de los conceptos
de “buque”, “hidrocarburos”, “daños ocasionados por contaminación”, “suceso”,
etc.
En el artículo 3, se precisa el ámbito de
aplicación del Convenio de Responsabilidad, incluyendo, además del territorio
del Estado contratante con su mar territorial, la zona económica exclusiva de
un Estado contratante, establecida de conformidad con el derecho internacional,
o de no estarlo, un área situada más allá del mar territorial, adyacente a
dicho mar, que no se extienda más de doscientas millas marinas contadas desde
las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial de dicho Estado.
En el artículo 4, que enmienda el artículo
III del Convenio originario, de una parte se precisa la responsabilidad del
propietario del buque y de otra, se relacionan taxativamente aquéllos contra
quienes no es viable reclamación por indemnización de daños ocasionados por contaminación,
entre ellos, los empleados o agentes del propietario del buque, sus
tripulantes, los fletadores, gestores navales o armadores, y las personas que
realicen operaciones de salvamento.
En cuanto a los artículos 5 y 6, como lo
anota el Procurador en su concepto, éstos desarrollan lo correspondiente a la
responsabilidad propiamente dicha, estableciendo cuando ella es solidaria si en
el siniestro intervienen varios buques, y cuando se limita a uno de los
propietarios.
El artículo 7, que enmienda el artículo VII
del convenio originario, contiene precisiones relativas la expedición de
seguros y garantías financieras y a la refrendación de autorizaciones en los
respectivos Estados Partes. Así mismo, se precisa lo relativo a límites de
responsabilidad, a su aplicabilidad y a la legitimidad para exigirlos.
El artículo 9 introduce algunas nuevas
disposiciones, dirigidas en su mayoría a regular el procedimiento aplicable
respecto de siniestros ocurridos antes o durante el trámite de expedición de
los protocolos modificatorios.
Los demás artículos, esto es los
comprendidos entre el 12 y el 18, consagran lo relativo a la firma,
ratificación y adhesión del instrumento que se revisa, a su entrada en vigor, a
la revisión y enmienda de los protocolos que lo constituyen, al proceso que se
debe surtir para enmendar los límites de responsabilidad que ellos consagran, y
lo concerniente a la denuncia y depósito de dicho instrumento.
Es claro, que cada una de las disposiciones
del Protocolo de 1992, que enmendó el Convenio de Responsabilidad Civil por
daños debidos a contaminación por hidrocarburos 1969, esta concebida para
propiciar una realización efectiva de lo dispuesto en el Convenio originario,
cuyo objeto es garantizar una indemnización suficiente a las personas que
sufran daños causados por la contaminación resultante del derrame de
hidrocarburos y adoptar a escala internacional reglas y procedimientos para
dirimir toda cuestión de responsabilidad y prever una indemnización equitativa.
Al efecto, el Protocolo modificatorio
introduce cambios y normas  complementarias con las que pretende hacer más
ágiles y fluidos los distintos procedimientos aplicables, y actualiza los
términos y conceptos básicos que se desarrollan en el mismo, propósito que
encuentra plena justificación en las disposiciones de nuestro ordenamiento
superior, que no sólo propenden por la protección integral del medio ambiente,
entendido como un derecho fundamental colectivo de cuya realización depende, en
gran medida, la garantía que el ordenamiento superior consagra para derechos
fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física,
sino que le imponen al Estado la obligación, específicamente a través del
inciso segundo del artículo 79 de la Carta, de “proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el logro de estos fines”, precepto sobre el cual
esta Corporación ha dicho lo siguiente:
“Del mandato
constitucional consagrado en el artículo 79, se colige que es responsabilidad
del Estado atender y garantizar la prestación efectiva del servicio público de
saneamiento ambiental, conforme a los principios de universalidad y
solidaridad. Todas esas obligaciones  están dirigidas a la preservación ,
conservación y protección del medio ambiente, a fin de obtener el mejoramiento
de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar
general.” (Corte Constitucional, Sentencia SU-442 de 1997)
Es decir, que el saneamiento ambiental es
una obligación a cargo del Estado, de rango constitucional, cuyo desarrollo
implica, entre otras muchas responsabilidades, la adopción de medidas que
sirvan para enfrentar situaciones de siniestro y por lo menos compensen las
pérdidas individuales y el detrimento patrimonial de las personas que se ven
afectadas, en este caso por el derrame de hidrocarburos transportados por vía
marítima, cumpliendo así de manera simultánea el mandato consagrado en el
artículo 2 de la Carta, que señala como fines esenciales del Estado, garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, y le atribuye a las autoridades de la República el deber de
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes
y demás derechos libertades.
De otra parte, las normas analizadas
contribuyen y desarrollan el mandato constitucional consagrado en el artículo
80 superior, que le ordena al Estado “prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados” y cooperar “...con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en la zona fronteriza”, propósitos que encuentran plena
realización en los convenios originarios y en los protocolos que los enmiendan,
éstos últimos sometidos ahora a control de constitucionalidad.
Ahora bien, es tal la dimensión de dichos
siniestros, y el costo de las labores de recuperación, que sólo un esfuerzo
solidario y mancomunado de los países involucrados, garantiza una atención
inmediata y eficaz para contrarrestarlos y la posibilidad de reparación
patrimonial. Tales propósitos, que son los del Protocolo objeto de revisión,
realizan también lo dispuesto en el artículo 226 de la Carta Política, que
establece que el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales, y ecológicas, sobre bases
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
4. El Protocolo de 1992, que enmienda el
Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971.
Cuando la Corte, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 241-10 de la C.P., ejerció control de
constitucionalidad sobre el Convenio Fondo, resolvió declararlo ajustado al
ordenamiento superior, sustentando su decisión, entre otros, en los siguientes
argumentos:
“Se conviene
constituir un Fondo internacional de daños causados por la contaminación de
hidrocarburos, cuyos fines básicos son: indemnizar a las víctimas de los daños
causados por contaminación en la medida en que la protección establecida en el
Convenio de Responsabilidad resulte insuficiente y exonerar a los propietarios
de las obligaciones financieras suplementarias  que para ello se derivan del
Convenio de Responsabilidad.
“ (...)
“Los problemas
ambientales y específicamente los factores que conducen al deterioro ambiental,
no se pueden considerar en sus consecuencias, como asuntos que atañan
exclusivamente a un país en particular, pues aquéllos pueden tener efectos y
repercutir y por lo tanto concernir a alguno o todos los estados. Es decir, que
la necesidad de preservar un ambiente sano, constituye un interés universal de
los Estados. La repercusión internacional en el manejo, administración y
explotación de los recursos y de los problemas ambientales, impone la necesidad
de que a través de tratados o convenios internacionales se establezcan normas
reguladoras de la conducta de los Estados, que apunten a facilitar, hacer
operativas y viables, en todo sentido, las acciones que concierne al referido
manejo y aprovechamiento y a asegurar la cooperación de los Estados en lo que
concierne a la protección del ambiente y a contrarrestar las causas y efectos
del deterioro ambiental. (Corte Constitucional, Sentencia C-359 de 1996, M.P.
Dr. Antonio Barrera Carbonell)
Teniendo claro los objetivos y alcances del
Convenio Fondo originario, las preguntas qué surgen son las siguientes: ¿cuál
fue la enmienda o modificación que introdujo el Protocolo de 1992 a dicho
Convenio?; ¿su contenido es armónico con el ordenamiento superior?
Como se anotó antes, el Convenio Fondo que
complementa el Convenio de Responsabilidad Civil, establece un régimen de
compensación para víctimas de derrames de hidrocarburos, en los casos en que la
compensación derivada del Convenio de Responsabilidad Civil resulte inadecuada
o insuficiente. Al efecto, creó el Fondo Internacional de Compensación por
contaminación de Petróleo (Fondo IOPC), existente desde 1978, que opera “...como
una organización intergubernamental mundial establecida con el propósito de
administrar el régimen de compensaciones creado por el Convenio Fondo”[7], lo que implica que
cuando un Estado hace parte del Convenio Fondo, como el caso de Colombia, éste
se reconoce como miembro del IOPC.
“Desde su establecimiento en 1978, el Fondo
IOPC se ha visto involucrado en unos 75 incidentes y ha pagado más de US$180
millones en compensaciones, incidentes éstos, en su mayoría, resueltos sin
necesidad de acciones legales...”. Estos pagos los realiza con los recursos que
obtiene de las contribuciones obligatorias impuestas a cualquier persona que
haya recibido dentro de un mismo año calendario más de 150.000 toneladas de
petróleo crudo, heaby fuel oil (petróleo de contribución), en un estado Parte
del Convenio Fondo, correspondiéndole a dicho Estado reportar a dichas
personas.
Así las cosas, al analizar el contenido del
Protocolo de 1992, que enmendó el Convenio Fondo, se encuentra lo siguiente:
Que éste incluye un aumento en el límite de
compensación a cargo del Fondo IOPC, que incluye la compensación pagadera por
el armador bajo el Protocolo que modificó el Convenio de Responsabilidad Civil
Que consagra un proceso simplificado para
aumentar los límites en los dos Convenios.
Que extiende el rango de aplicación
geográfica del Convenio, a la zona económica exclusiva (ZEE) que un país parte
establezca de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
al mar, del 10 de diciembre de 1982.
Que se complementan los alcances del
Convenio Fondo, en la medida que se establece que se cubrirán también, daños
por contaminación causados por derrame de “persistent oil” de tanqueros no
cargados.
En cuanto a los gastos en que se incurra
por concepto de medidas preventivas, se prevé que éstos serán recuperables, aún
cuando no ocurra un derrame de petróleo, siempre y cuando hubiese existido
peligro grave e inminente de daños por contaminación.
También incluye disposiciones que colocan
un límite a las contribuciones pagaderas por recibidores de petróleo al Fondo
1992, en cualquier Estado.
Tales enmiendas, al igual que las efectuadas
al Protocolo de 1992 que modificó el Convenio de Responsabilidad Civil, no
hacen más que actualizar los términos del Convenio Fondo, haciéndolo más
operativo y funcional, e introduciendo fórmulas de distribución y definición de
límites mucho más equitativas, lo que a su vez viabiliza la efectividad y
oportunidad en el reconocimiento de las indemnizaciones, todo lo cual se aviene
de manera clara a las disposiciones de nuestra Constitución, pues garantiza los
derechos patrimoniales de las personas y contribuye al cumplimento de la
función de saneamiento ambiental que tiene a cargo del Estado, permitiendo el
acceso a recursos provenientes de los transportadores de hidrocarburos, que con
sus aportes fortalecen a la comunidad internacional, que acude a cubrir los
enormes gastos derivados de este tipo de siniestros.
Vale pena destacar, que el Gobierno
Nacional, en la exposición de motivos con la que sustentó la presentación del
proyecto de ley, se refirió a la urgencia que tiene el país de incorporar a su
ordenamiento interno los dos protocolos que constituyen el instrumento objeto
de revisión, dada la terminación de otros esquemas de protección que para estos
eventos había implementado la industria privada, pues si bien tales argumentos
constituyen razones de conveniencia que no puede atender esta Corporación, la
desaparición de dichas organizaciones refuerza la importancia del instrumento
multilateral de protección para el medio ambiente y los derechos de las
personas, que constituyen los convenios originarios y los protocolos que los
enmiendan, los cuales están dotados de legitimidad y validez a la luz de
nuestro ordenamiento superior.
En efecto, señaló el Gobierno en esa
oportunidad, que si bien es cierto que durante casi 20 años existieron dos
esquemas voluntarios de la industria -TOVALOP[8]
y CRISTAL[9]-,
cuyo objetivo era ofrecer  beneficios comparables a aquéllos disponibles bajo
el Convenio de Responsabilidad Civil y el Convenio Fondo, en Estados donde
éstos o sus Protocolos de modificación no habían sido ratificados, éstos
constituyeron soluciones provisionales en tanto debían funcionar sólo hasta que
aquéllos entraran en vigencia en todo el mundo. Por eso, en 1995 las juntas
directivas de dichos fondos de la industria decidieron no renovarlos, lo que
implicó que operaran hasta el 20 de febrero de 1997, fecha en que estaba
prevista la terminación de su vigencia.
Lo anterior indica que los Estados que como
Colombia, aún no han aprobado los protocolos de 1992, desde 1997 no cuentan con
esquemas privados de protección para brindarle compensación a las víctimas de
daños por contaminación de petróleo, debiendo adherir a los instrumentos objeto
de control, que hoy por hoy constituyen el único mecanismo que sirve para el
efecto.
VI.  DECISION
Por las razones expuestas, la Corte
encuentra que existe la debida conformidad material del instrumento objeto de
revisión, conformado por los dos protocolos de 1992 a los que se ha hecho
referencia, con las disposiciones de la Carta Política. En consecuencia, la
Sala Plena de la Corporación, oído el concepto del señor Procurador General de
la Nación, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución.
R
E S U E L V E :
Primero.-  Declarar EXEQUIBLE
la Ley 523 de 12 de agosto de 1999, “Por
medio de la cual se aprueba el
"Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos, 1969", y el "Protocolo de 1992 que enmienda el
Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971",
hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa
y dos (1992).
Segundo. Comuníquese esta decisión
al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia
de la República, y envíese copia auténtica de la misma para los efectos
constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta
Política.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] El Magistrado Sustanciador, a través de auto de fecha 6 de
septiembre de 1999, le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que a
través de la Oficina Jurídica expidiera dicha certificación.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-316 de 1998 M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo.
[3] El Magistrado Ponente en la Sentencia C-359 de 1996, fue el
doctor Antonio Barrera Carbonell.
[4] Ver texto del documento contentivo de la exposición de motivos
que presentó el Gobierno Nacional, para justificar el proyecto que se
convertiría en la Ley 523 de 1999. Folio 224 a 239 del Expediente.
[5] Ver texto de la Sentencia C-359 de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera
Carbonell.
[6] Corte Constitucional, Sentencia C-359 de 1996, M.P. Dr. Antonio
Barrera Carbonell
[7] Ver documento contentivo de la exposición de motivos que presentó
el Gobierno Nacional ante el Congreso, Folio 226 del Expediente.
[8] Tanker Owners Voluntary Agrement Concerning Liability for Oil
Pollution
[9] Contract Regarding a Supplement to Tanker Liability for Oil
Pollution