T-099-16
Sentencia
T-099/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES EN CASO DE AFECTACION GRAVE Y
DIRECTA DEL INTERES COLECTIVO-Criterios de
procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia
por actos que afecten o amenacen derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA EL RUIDO-Procedencia
frente a particulares
La
acción de tutela es una herramienta judicial de carácter subsidiario, que le
exige a los particulares agotar los otros mecanismos judiciales que le permitan
remediar la situación de hecho que le causa una vulneración o amenaza a sus
derechos. Esta exigencia pretende que la acción constitucional no sea considerada
como una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa
que reemplace aquellos otros diseñados por el Legislador.
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS CUANDO
EXISTE VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Requisitos
de procedencia excepcional
La
jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la acción de tutela
procede excepcionalmente, para la protección de derechos e intereses
colectivos, cuando con la presunta vulneración de derechos fundamentales, se
afecten derechos colectivos.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Formas
de vulneración
La Corte ha sostenido que el derecho a la intimidad puede
ser vulnerado de diferentes maneras, como por ejemplo: (i) la intromisión en la
esfera individual del sujeto, lo cual sucede con el simple hecho de ingresar en
el campo que ella se ha reservado. Este es un aspecto meramente material,
físico, objetivo, independiente de que lo encontrado en dicho interior sea
publicado o de los efectos que tal intrusión genere; (ii) en la divulgación de
hechos privados, en la cual incurre quien presenta al público una información
cierta, veraz, pero no susceptible de ser compartida, es decir, perteneciente
al círculo íntimo de cada persona, y la cual no fue autorizada para hacerlo por
el titular de ello o por una autoridad competente; y (iii) la presentación
falsa de hechos íntimos que no corresponde con la realidad.
DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA TRANQUILIDAD Y CONTAMINACION
AUDITIVA-Vulneración por ruido excesivo en
establecimientos de comercio
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido que los derechos a la intimidad y
como una derivación de ello, la tranquilidad, pueden ser vulnerados por
particulares, cuando a través de altos niveles de ruido se produzca una
intromisión y perturbación en los domicilios de las personas, y se impida con
ello gozar de un espacio libre de cualquier injerencia externa.
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARA GARANTIZAR LA INTIMIDAD Y LA TRANQUILIDAD PUBLICA-Medidas preventivas o sancionatorias
El
ordenamiento jurídico le impone a las autoridades municipales, la
responsabilidad de proteger y respetar los derechos de los particulares, crear
las directrices del uso del suelo y velas por la convivencia pacífica y
armónica entre las personas. En este sentido, la administración cuenta con
medidas administrativas propias del poder de policía, para cumplir con las finalidades
establecidas en el artículo 2 de la Constitución.
DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA TRANQUILIDAD Y CONTAMINACION AUDITIVA-Orden a establecimientos de comercio adecúen sus instalaciones para
que cumplan con la insonorización de los mismos
Referencia: expediente T-5.189.167
Acción de tutela instaurada por Ruby Benítez Agudelo y otros
residentes de los barrios “Ipira” y “José María Barbosa” del municipio
Roldanillo (Valle del Cauca), contra el Municipio de Roldanillo, Discoteca el
“Chango” y otros establecimientos de comercio.
Procedencia:
Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Roldanillo, Valle
del Cauca.
Asunto: Reiteración de jurisprudencia sobre
derecho a la intimidad y a la tranquilidad.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., veintinueve
(29) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Jorge Iván Palacio Palacio y la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de la providencia de segunda instancia,
dictada el 24 de mayo de 2015 por el Juzgado
2º Penal Municipal de Roldanillo (Valle del Cauca), y en primera instancia el 3 de julio de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Roldanillo (Valle del Cauca), dentro de la acción de tutela promovida por Ruby Benítez Agudelo y otros residentes de los barrios “Ipira” y
“José María Barbosa” del municipio Roldanillo (Valle del Cauca), contra el
Municipio de Roldanillo, la Discoteca el “Chango” y otros establecimientos de
comercio.
El asunto llegó a esta Corporación, en virtud de lo ordenado por los
artículos 86 (inciso 2°) de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991.
Mediante Auto de 31 de julio de 2015, la Sala Número Siete de Selección de
Tutelas de esta Corporación lo escogió para su
revisión y lo asignó a este despacho para su sustanciación.
I. ANTECEDENTES
La acción de tutela interpuesta por Ruby
Benítez Agudelo y algunos de los residentes de los barrios “Ipira” y “José
María Barbosa” del municipio Roldanillo,  en contra de dicho municipio y los
bares y discotecas “Changó”, “La Fonda de mi Apá”, “Los Compadres” “La
Trampa” “Xambu” “San Blas”  “El Mirador” “Diamantes Club” “Bartolomé” “La
Barra”  “Miscelena Popeye”, “La Clave” ,“Valentino Bar” “Heladeria los Velas” (en
adelante los establecimientos de comercio o establecimientos), tuvo como finalidad la protección de sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, al ambiente sano y a la
intimidad, como quiera que éstos (i) no cumplen con los niveles de ruido
permitidos, (ii) no tienen los permisos para operar, y además, (iii) las
autoridades municipales no han hecho un control y seguimiento adecuado sobre
éstos, lo que ha permitido una proliferación de los mismos.
Hechos y pretensiones en tutela
Los accionantes indicaron que son residentes de los
barrios “Ipira” y “José María Barbosa”, ubicados en el
municipio de Roldanillo Valle del Cauca, y siempre se han caracterizado por ser
zonas residenciales “en los cuales han existido negocios comerciales diurnos,
la mayoría de índole familiar que no afectan en nada nuestra zona”.[1]
No obstante, señalaron que debido a
la falta de control por parte de las autoridades municipales, se ha permitido
la construcción de bares y discotecas en zonas colindantes con dichos barrios[2], lo cual ha afectado
sus derechos fundamentales, ya que dichos establecimientos hacen perifoneo para
patrocinar sus eventos, presentan “shows de strippers”, animadores, eventos
musicales en vivo y queman pólvora, todo ello, sin estar sujetos a un horario
establecido por parte de las autoridades locales.
En refuerzo de ello, sostuvieron
que los establecimientos demandados  superan “ampliamente los 66 decibeles
permitidos para el horario diurno y que equivalen a los ruidos normales que
generan una vivienda (…) y de 55 decibeles para las horas nocturnas según la
resolución 0657 del 7 de abril del 2006 (…)”.[3]
En razón de lo anterior,
indicaron que se “han generado daños irreparables a nuestra salud mental y
nuestro vinculo y tranquilidad en la relación de los individuos que conformamos
nuestro grupo familiar (…)”[4].
Así las cosas,
solicitaron que se protegieran sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al ambiente sano y  a la
intimidad, y que en consecuencia, se le exigiera a los establecimientos de
comercio su insonorización, y a las autoridades municipales un mayor control en
el otorgamiento de permisos para que operen en las zonas de estos barrios
residenciales.
II. ACTUACIONES
PROCESALES
Mediante auto Nº
041 del 15 de mayo de 2015, el Juzgado 2º Penal Municipal de Roldanillo,
admitió la acción de tutela y en consecuencia, ordenó correr traslado al
alcalde municipal, y a los propietarios, arrendatarios o tenedores de  los
siguientes establecimientos de comercio:
Establecimiento de comercio
Dueño o representante legal
Discoteca
Changó
Luz Marina
Russi Avila
La Fonda de mi
Apá
Diana Carolina
Muñoz
Los Compadres
Maria Ofelia
García
La Trampa
Pablo Andrés
Mayor
Xambu
Carlos Hernán
Becerra
San Blas
Jhoanan Hortua
El Mirador
Giovanni
Baldoni
Diamantes Club
Oscar Giovanni
Rodríguez
Bartolomé
Gloria Amparo
Mayor
La Barra
Andres Felipe
Mayor
Miscelena
Popeye
Jhon Arlex
Prieto Santiago
La Clave
Oscar Ramiro
Gómez
Valentino Bar
Ancizar
Orjuela Cruz
Heladeria los
Velas
Janeth Vela
Vargas
Así pues,
solicitó que se pronunciaran en relación con los hechos de la tutela y allegaran
las pruebas correspondientes.
Asimismo, vinculó
al trámite constitucional al director de la Corporación Regional del Valle del
Cauca, a la Secretaría de Planeación Municipal, a la Secretaría de Gobierno
Municipal, a la Personería Municipal y a la Policía Municipal de Roldanillo.
2.1.
Respuesta de los establecimientos de
comercio
Los accionados
manifestaron a través de apoderado judicial que “el sector en el cual se
encuentran ubicados los establecimientos de comercio, es una zona que siempre
ha sido mixta o sea residencial y de comercio, como se puede apreciar en el
mapa de zonificación”.[5]
En refuerzo de
ello, indicaron que el último Plan de Ordenamiento Territorial municipal no se
actualiza hace aproximadamente 15 años, lo cual ha permitido la construcción de
bares y discotecas en dicha zona.
Agregaron que todos
los establecimientos que se encuentran operando en la zona comercial, cuentan
con los permisos necesarios para ello, y lo hacen dentro del horario permitido.
Precisaron que
los establecimientos se han ceñido a las indicaciones y recomendaciones hechos
por las autoridades municipales, de manera que no se han vulnerado los derechos
fundamentales de los accionantes, así como tampoco se han afectado las
relaciones familiares de los residentes de dichos barrios.
Informaron que
alrededor de las 80 personas que laboran en dichos establecimientos de
comercio, también tienen derechos fundamentales como lo son el mínimo vital,
trabajo y vida en condiciones dignas, de modo que al acceder a lo solicitado en
la acción de tutela se afectarían los derechos de estas personas.
2.2.
Respuesta de las autoridades municipales
de Roldanillo
El alcalde y las
secretarías de gobierno y  planeación del municipio accionado, manifestaron que
no han vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes, toda vez que han
verificado que se cumplan los requisitos exigidos por la ley para desarrollar
actividades comerciales en todo el perímetro urbano.
De igual manera,
sostuvieron que según el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, las
viviendas de los accionantes se encuentran en una zona comercial, dentro de la
cual se ubican los establecimientos demandados, los cuales aún no tienen una
medición de sonidos por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca.
Asimismo, manifestaron
que todos los requerimientos hechos por la comunidad han sido atendidos y se
les ha dado una respuesta de fondo, al punto de que se han “socializando las
inconformidades de estos con los administradores y/o propietarios de dichos
establecimientos de comercio”.[6]
2.3.
Policía Nacional
El comandante
del Departamento de Policía del Valle del Cauca manifestó que la Policía
Nacional de Roldanillo, ha venido dando cumplimiento al Código Nacional de
Policía, en lo concerniente a las amonestaciones y al cierre de los
establecimientos públicos de comercio por el incumplimiento de los horarios
establecidos.
De esta manera,
refirió que los siguientes establecimientos fueron amonestados: “La Barra”,
“Babilonia”, “La Clave”, “Los Compadres”, “El Mirador Disco Bar”, “Aquí es
Popeye”, “IX U Coffe Bar”, “Bar el Punto” y “La Fonda de mi Apa”. [7]
Igualmente,
sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo judicial procedente para
proteger los derechos invocados, por cuanto no existe un perjuicio
irremediable.
2.4.
Personería Municipal de Roldanillo
Esta entidad
indicó que según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los barrios Ipira
y José María Barbosa se encuentran en una zona comercial, situación que era de
conocimiento por parte de los accionantes, ya que en respuesta a un derecho de
petición se había dado esta información[8].
Por otro lado,
manifestó que la problemática planteada es de hace aproximadamente 20 años,
pero que ninguna autoridad municipal ha podido solucionar dichos
inconvenientes, ya que tanto la comunidad como los interesados en el
funcionamiento de los establecimientos de comercio tienen derechos
fundamentales que deben ser respetados.
Señaló que los
altos niveles de ruido deben ser controlados por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, entidad que por demás tiene la facultad de
imponer sanciones cuando se afecte el medio ambiente.
Sin perjuicio
de lo dicho hasta el momento, manifestó que la personería municipal ha cumplido
con todos sus deberes constitucionales y legales ya que: i) ha brindado
acompañamiento constante y oportuno a la comunidad, e inclusive le ofreció su
colaboración para la elaboración de una acción de tutela o de grupo[9]; ii) acompañó
a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en la realización de
mediciones de sonido en el sector[10];
iii) adoptó medidas preventivas, cómo fue la solicitud enviada a la Alcaldía y
Secretaría Municipal para que no continuaran expidiendo licencias para el uso comercial
del suelo[11];
iv) ha velado porque las peticiones enviadas por la comunidad afectada a todas
las entidades municipales, fueran contestados de fondo y en el tiempo establecido
por la ley; y v) ha enviado oficios a la Secretaría de Planeación para que
informe, cuáles han sido las medidas adoptadas para recuperar el espacio
público.
2.5.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (en adelante CVC)
La Dirección
Ambiental Regional BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, indicó que “los establecimientos abiertos al público deben cumplir
con la normatividad vigente, como lo dice el artículo 27[12] de
la Ley 962 de 2005, la Ley 232 de 1995 reglamentado por el decreto
1879 de 2008 y cuando se evidencie el comportamiento inadecuado y conductas
que atenten contra la tranquilidad y convivencia ciudadana se debe aplicar el Código
Departamental de Policía (Ordenanza 343 de 2012)”.[13]
De igual
manera, manifestó que ha requerido en varias oportunidades a las autoridades
municipales para que cumplan los preceptos legales en la materia, y de esa
manera garantizar los derechos a la tranquilidad y a la convivencia ciudadana.
Sostuvo que el
municipio y la Policía Nacional, deben ser las entidades administrativas que
hagan respetar y cumplir las normativas que regulan los establecimientos de
comercio.
2.6.
Sentencia de primera instancia
El Juzgado 2º
Penal Municipal de Roldanillo, mediante sentencia del 24 de mayo de 2015,
concedió el amparo de los derechos fundamentales a la tranquilidad, intimidad
familiar y contaminación auditiva de los residentes de los barrios Ipira y José
María Barbosa. En consecuencia, le ordenó al alcalde municipal: (i) tomar los
correctivos necesarios para garantizar la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes, (ii) realizar una vigilancia de los decibeles
de sonido, para que de llegar a ser sobrepasados, se impusieran las multas
correspondientes, y (iii) que informara de manera periódica el cumplimiento de
las órdenes de protección constitucional impartidas.
Igualmente, dispuso
que el Comandante de la Policía Nacional de Roldanillo acatara (si aun no lo
había hecho) los deberes legales y constitucionales que le competen, lo cual
implica tomar medidas preventivas, represivas y sancionatorias.
Por otro lado,
determinó que los propietarios de los establecimientos de comercio accionados, debían
realizar la insonorización de los establecimientos de acuerdo a las directrices
impartidas por la CVC. Asimismo, los requirió para que en un término de 30 días
presentaran un informe en el cual se verificara el cumplimiento de las órdenes
impartidas.
Para el a
quo:  “la administración municipal ha pasado por alto el deber de hacer
cumplir la ley en aras de garantizar el disfrute pleno de los derechos
fundamentales de un conglomerado social, que a través de los años ha expuesto
la problemática que les causa el permiso indiscriminado para que funcionen
Establecimientos de Comercio dentro del área ubicada en la carrera 3 entre
calles 7 y 8 denominadas Zona Rosa, y que a su vez hace parte de una zona
residencial colindante entre carrera 1 y 3 calles 7 y 9, pertenecientes a los
Barrios José María Barbosa e Ipira”.[14]
En refuerzo de
ello, sostuvo que el otorgamiento de permisos indiscriminados ha sido evidente
en casos como: “El Chango”, “La fonda mi apa”, “Los Compadres” y “La Trampa”
entre otros.
Igualmente,
argumentó que según el material probatorio recaudado, algunos de los
establecimientos de comercio no tienen licencia para el uso del suelo vigente,
lo cual demuestra que existe una falta de control por parte de las autoridades
administrativas en la materia, lo cual ha generado la proliferación de este
tipo de establecimientos.
Asimismo,
señaló que frente a los altos niveles de ruido, la administración municipal
también es responsable, ya que omitió dar cumplimiento a los parámetros y
límites impuestos en la ley para este aspecto. Además, indicó que los
accionantes también contribuyeron al resultado, pues no siguieron las
indicaciones impartidas en la Ley y por la CVC.
2.7.
Impugnación
La propietaria
de la “Heladería y Cigarrería los Almendros” y el alcalde municipal, impugnaron
el fallo de tutela.
Para la dueña
de la “Heladería y Cigarrería los Almendros”, su establecimiento no puede ser
catalogado como un bar o discoteca, de manera que no es posible que se emitan ruidos
y sonidos elevados, que perturben a los residentes de los barrios “Ipira y José
María Barbosa”.
Además, sostuvo
que hacer una afirmación de esta naturaleza, puede poner en riesgo el buen
nombre de la heladería y cigarrería, pues a la fecha no hay prueba que
demuestre las afectaciones causadas de manera particular por dicho
establecimiento.
Enfatizó que
su negocio es  un “local comercial dispuesto por más de 35 años a la
atención de la población roldanillense en un ambiente creado para el diálogo,
el desarrollo social, la comunicación, la distracción, la familia, entre muchos
otros, siendo éste un hecho notorio de público conocimiento, sin que hasta la
fecha se haya tenido dificultad o sanción alguna con el desarrollo de la
actividad comercial que realiza la Familia Vela, incluso, de todos los
establecimientos comerciales, es el único que jamás ha estado conectado a los
niveles de contaminación auditiva que se pretenden hacer proteger por parte de
los accionantes”.[15]
También,
destacó que no existe un riesgo inminente que ponga en peligro los derechos
fundamentales de los accionantes, de modo que la acción de tutela no es el
mecanismo judicial procedente, como quiera que se cuenta con la acción popular
para este tipo de situaciones, en donde se invocan derechos colectivos.
Por su parte,
el acalde consideró que desde sus funciones administrativas, el municipio de
Roldanillo ha adelantado todas las gestiones ante los propietarios,
administradores y arrendatarios, para que cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley 232 de 1995[16]
y el Decreto 1879 de 2008[17].
Así mismo, se han impuesto multas y se han formulado llamados de atención, e incluso,
en algunos casos se generó el sellamiento de establecimientos de comercio.
2.8.
Sentencia de segunda instancia
El 3 de julio
de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo, revocó la decisión de
primera instancia y declaró la improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que: (i) no se cumple con el requisito de inmediatez, ya que ésta es
una problemática que lleva más de 10 años que no puede ser resuelta en un
término de 10 días por el juez constitucional, y (ii) existe una colisión de
derechos fundamentales entre los accionantes y accionados, lo cual debe ser
estudiado en el trámite de una acción popular, en la que se cuenta con mayor
amplitud en los términos y más elementos probatorios.
III.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
La Sala Quinta
de Revisión de tutelas, en ejercicio de sus competencias legales y
constitucionales, en particular las señaladas en los artículos 19[18] y 21[19] del
Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 64 del Reglamento Interno de esta
Corporación[20],
el 15 de diciembre de 2015 profirió auto, en el que resolvió:
i.
Oficiar a la Alcaldía
de Roldanillo, para que suministrara la información indicada en el cuadro que se
anexa al presente fallo, explicara cuáles fueron los motivos por los que se
permitió la construcción de inmuebles residenciales en una zona que es
catalogada como comercial, y para que indicara cuáles fueron los controles que
para el uso del suelo, que conforme al POT tiene implementada esta entidad.
ii.Oficiar al
comandante de la Policía de Roldanillo, para que indicara: (i) cuántas quejas por ruido recibió en el último semestre
del presente año en la denominada “zona rosa” de Roldanillo; (ii) cuántas de
ellas fueron atendidas por la Policía; (iii) cuál es el procedimiento
específico y detallado de atención de las mismas; y (iv) cuál ha sido el
resultado obtenido con la atención de dichas quejas, en relación con la
tranquilidad de los residentes de los barrios “Ipira” y “José María Barbosa”.
iii.
Oficiar a la
Secretaría de Gobierno Municipal de Roldanillo, para que  informara sí hay un
mapa de ruido para el municipio, describiera cuál es el plan de acción 2015 en
materia de educación ambiental y de ruido específicamente, e indicara cuál es
el plan de descontaminación auditiva del municipio.
iv.    Poner a disposición de los
accionantes, la Comisión Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Personería
Municipal de Roldanillo, la Secretaría de Planeación Municipal de Roldanillo,
los apoderados judiciales de los establecimientos de comercio accionados o de terceros con interés en la decisión, las pruebas
solicitadas.
Dentro del término concedido, intervinieron en el proceso
las siguientes entidades y personas:
3.1.
Secretaría de Gobierno de Roldanillo
Jorge Alfredo Gómez, secretario de gobierno, indicó que el
13 de enero de 2016, se citó a los propietarios y administradores de los
establecimientos de comercio para conocer de manera detallada las irregularidades
que se están presentando, y para plantear las posibles soluciones al respecto.
Asimismo, señaló que “se exigió la insonorización de los establecimientos
públicos de atención nocturna para evitar perturbaciones a la población que
habita en los barrio Barbosa e Ipira”[21].
Por último, aportó un cuadro de datos, en el cual se
evidencia que: (i) la mayoría de los establecimientos de comercio son bares o
discotecas; (ii) algunos de éstos fueron sancionados y cerrados después de que
se profirió el precitado auto de pruebas; y (iii) la mayoría de éstos no
cumplen con el requisito de insonorización ni plan de manejo de ruido.
3.2.
Policía Nacional
Jose Julián
López, comandante de la estación de Policía de Roldanillo, informó que “muchos
de los establecimientos públicos del municipio y en este caso en particular de
la Zona Rosa, no cumplen con el lleno de los requisitos para su funcionamiento,
documentación que debido a los planes efectuados por la Policía Nacional han
venido gestionando ante la administración Municipal, pero varios locales
comerciales les hace falta certificado de bomberos, registro mercantil,
certificados de la unidad ejecutora de saneamiento entre otros y desde hace
poco tiempo cuenta con un permiso provisional de USO DE SUELOS por parte de la oficina
de planeación Municipal, sin que a la fecha cuenten con un plan efectivo de
insonorización que permitan mejorar las condiciones de ruido del sector”[22].
Igualmente,
anotó que junto con otras entidades municipales, se citó a los propietarios de
los establecimientos accionados, para realizar una serie de compromisos de
convivencia ciudadana, que hasta la fecha han sido incumplidos.
Por otro lado,
destacó que la Policía, en colaboración con la CVC, ha efectuado planes de
medición de ruido de los establecimientos de comercio, y estos registros se
encuentran en la Secretaría de Gobierno.
Expuso que las
peticiones presentadas por la comunidad fueron resueltas “mediante los
planes de prevención realizados por nuestra institución, así como los
diferentes cierres temporales a establecimientos públicos por violación al
Código Nacional de Policía”[23].
Finalmente,
reiteró que en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, se impusieron
diferentes sanciones y amonestaciones.
3.3.
Ruby Benítez Agudelo y Bernardo Rendón
Los
accionantes indicaron que en la actualidad ningún establecimiento de comercio
cumple con los requisitos comprendidos en el artículo 2º de la Ley 232 de 1995,
y aun así, la Secretaría de Gobierno les ha otorgado el permiso del uso del
suelo.
Enfatizaron en
que los establecimientos accionados no tienen plan de insonorización y que
además, se ha presentado una proliferación de los mismos, al punto de que a la
fecha de su intervención existen 3 establecimientos adicionales de los que
había antes del fallo de segunda instancia.
Expusieron que
los barrios “Ipira” y “José María Barbosa”, fueron fundados antes de que la
zona se convirtiera en comercial y se crearan los establecimientos de comercio
demandados.
Por otra
parte, sostuvieron que el cuadro aportado por la Secretaría de Gobierno, no se
ajusta a la realidad, ya que en la columna “cumple todos los requisitos
establecidos en el artículo 2º de la Ley 232 de 1995” se indica que
parcialmente sí lo cumplen, lo que es insuficiente, pues no se indica cuáles de
los requisitos no se están cumpliendo.
En relación
con dicho cuadro, adujeron que ningún establecimiento tiene plan de
insonorización, y “sólo el negocio denominado San Blas, realizó una supuesta
insonorización que no tiene aprobación de la C.V.C., pero en los fines de
semana saca los bafles del local y los ubica en el andén de la vía pública”[24].
Por último,
anotaron que el Comité Interdisciplinario para la Emisión del Ruido Ambiental
de Roldanillo, es inoperante pues no ha realizado ninguna gestión para realizar
un control del ruido en el municipio.
3.4.
Personería Municipal de Roldanillo
Christian
Mauricio Preciado, personero municipal, informó que primero se construyeron los
barrios “Ipira” y “José María Barbosa” y luego aparecieron los diferentes
establecimientos de comercio, entre los cuales se encuentran: bares,
discotecas, estancos, cantinas etc.
Ante dicha
situación y la permisibilidad de las autoridades municipales, los residentes
manifestaron sus inconformidades, pero a la fecha, las mismas no han sido
tenidas en cuenta.
Indicó que los
controles por parte del Alcalde municipal que terminó su periodo en 2015, y de
la Secretaría de Planeación “en relación al uso de suelo, fueron nulos, ya
que en varias visitas con acompañamiento de la Personería Municipal se pudo
detectar que un 95% de los establecimientos no poseían permiso de uso de suelos
o no estaba renovado, o el permiso no correspondía a la actividad desarrollada
para lo cual fue expedido, aunado a lo anterior tampoco contaba con permisos de
otros documentos ordenados por la ley para el funcionamiento de dichos
establecimientos”[25].
Para terminar,
insistió en que la situación ha empeorado, pues además de existir una
proliferación de establecimientos de comercio sin el lleno de los requisitos
legales, también se han presentado amenazas en su contra y en contra de Ruby
Benítez (líder de la comunidad afectada).
3.5.
Secretaría de Planeación
Antonio
Jiménez Patiño, Secretario de Planeación, informó que los barrios “Ipira” y
“José María Barbosa” se encontraban antes en una zona residencial, pero que con
el paso de los años y el desarrollo del municipio, dicho sector se convirtió en
comercial.
3.6.
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca
Paula Andrea
Quintero, Directora Regional, manifestó que es deber del municipio hacer el
seguimiento y control de lo establecimientos que generan alta emisión de ruido.
En este sentido, sostuvo que la Secretaría de Gobierno Municipal debe formular
políticas, planes, programas y estrategias municipales que contribuyan a crear
cultura de convivencia.
Por otro lado,
señaló que la C.V.C adelantó “campañas por contaminación de ruido,
realizando mediciones periódicas en los establecimientos públicos y privados
conforme a la información y solicitudes presentadas por las autoridades
municipales”[26].
De manera
específica, indicó que la C.V.C., ha realizado mediciones de ruido en la Zona
Rosa de Roldanillo, y siempre ha atendido las quejas presentadas por la
comunidad, en lo que a la contaminación por ruido se trata.
3.7.
Establecimientos de Comercio
La Secretaría
General de esta Corporación, informó el 15 de febrero de 2015, que la Oficina
472 devolvió las siguientes comunicaciones:
Ítem
Nº Oficio
Destinatario
Anotación
1
OPT-A-120/2016
Luz Marina
Russi-Changó
Cerrado
2
OPT-A-122/2016
María Ofelia
García-Los Compadres
Cerrado
3
OPT-A-123/2016
Pablo Andrés
Mayor-La Trampa
Cerrado
4
OPT-A-124/2016
Carlos Hernán
Becerra-Xambu
Desconocido
5
OPT-A-125/2016
Jhonatan
Hortúa-San Blas
Cerrado
6
OPT-A-126/2016
Giovanni
Baldoni-El Mirador
Cerrado
7
OPT-A-127/2016
Óscar
Giovanni-Diamantes Club
Desconocido
8
OPT-A-128/2016
Gloria
Amparo Mayor-Bartolomé
Desconocido
9
OPT-A-129/2016
Andrés
Felipe Mayor-La Barra
Cerrado
10
OPT-A-131/2016
Óscar Ramiro
Gómez-La Clave
Cambio de
domicilio
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional
analizar, en Sala de Revisión, las sentencias proferidas dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y problema jurídico
2.
Ruby Benítez Agudelo y
algunos residentes de los barrios “Ipira” y “José María Barbosa” del municipio
Roldanillo presentaron acción de tutela en contra de dicho municipio y algunos
establecimientos de comercio, bares y discotecas, que colindan con dichos
barrios, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, como quiera que éstos
no cumplen con los niveles de ruido permitidos, no tienen los permisos para
operar, y además, las autoridades municipales no han hecho un control y
seguimiento adecuado sobre éstos, lo que ha permitido una proliferación de los
mismos.
Los apoderados de los accionados, manifestaron que
cumplen con toda la normatividad en la materia y que tienen los permisos
vigentes para operar.
Además, enfatizaron en que la zona donde se
encuentran los establecimientos, es comercial, de manera que los comerciantes están
autorizados para tener este tipo de negocios que generan niveles de ruido.
Por otra parte, las entidades departamentales,
manifestaron que se han hecho todos los controles respectivos y que en todo
momento se han realizado seguimientos a los establecimientos de comercio para
que éstos cumplan con la normativa vigente en la materia.
3.
La presente situación fáctica exige resolver los siguientes problemas
jurídicos:
i.     ¿La acción de tutela es el
mecanismo judicial procedente para proteger los derechos a la intimidad y
tranquilidad de los accionantes y residentes de los barrios “Ipira” y “José
María Barbosa” del municipio de Roldanillo?
ii.     ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la intimidad y a la
tranquilidad de los accionantes que residen en
los barrios “Ipira” y “José María Barbosa”, a causa de los altos niveles de
ruido que en horas de la madrugada generan los establecimientos de comercio
colindantes con las viviendas de los tutelantes, ubicadas en la zona comercial?
iii.     ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la intimidad y a la
tranquilidad de los accionantes que residen en
los barrios “Ipira” y “José María Barbosa”, por la presunta inoperancia de las
autoridades municipales de controlar los altos niveles de ruido que producen en
horas de la madrugada los establecimientos de comercio accionados?
Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario analizar los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares; (ii) los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad de la acción de tutela, (iii) la vulneración de los derechos
fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, a causa de los altos niveles
de ruido, (iv) la
administración municipal como entidad responsable de garantizar la intimidad y
la tranquilidad pública, y (v)  el caso concreto.
La procedencia de la acción de tutela en contra de particulares.
Reiteración de jurisprudencia
4.
El inciso final del artículo 86 de la
Constitución, establece que la acción de tutela procede contra “particulares encargados de la prestación de un servicio público o
cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión” (subrayado fuera del texto).
Bajo este mimo presupuesto, el artículo 5º del Decreto 2591
de 1991, determinó que la tutela procede “contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley”, y también, contra
las acciones u omisiones de los particulares.
Respecto a vulneración
de los derechos fundamentales que pueden causar los particulares con sus acciones
y omisiones, esta Corporación ha sostenido que “(…) precisamente al lugar
que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional
colombiano y a su efecto de irradiación se puede sostener que el influjo de éstos
cobija todas las relaciones jurídicas particulares, las cuales se deben ajustar
al ‘orden objetivo de valores’ establecido por la Carta política de 1991”[27]. En este sentido, la acción de
tutela es el mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales en
las relaciones entre particulares, y queda compelida para que proceda solamente
en los supuestos que contempla el inciso final del artículo 86 Superior.
5.
En la sentencia C-134
de 1994[28], la Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia de la tutela
contra particulares, cuando con su acción u omisión se afecte un interés
colectivo. En particular, este Tribunal determinó que por interés colectivo debe
entenderse, la necesidad de proteger un interés que abarca a un número plural
de personas que se ven afectadas por la conducta desplegada por el particular.
Sin embargo, la afectación al interés colectivo debe a su vez ser “grave y directa”, en
la medida en que no toda protección de los derechos colectivos puede darse por
vía de tutela.
6.
En efecto, la gravedad que
se requiere para la procedencia de la tutela contra particulares, se basa
“en
la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su
protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación
oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se
trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae
sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se
anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o
determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces
inconveniente"[29].
7.
También la afectación al interés
colectivo debe ser directa, lo que significa que la tutela
debe propender por la protección de los derechos fundamentales de una persona
que se encuentra a su vez, inmersa en una situación que afecta un interés o un
derecho colectivo, siempre y cuando el amparo del derecho fundamental se
requiera, con el fin de evitar un perjuicio irremediable[30].
Lo anterior, porque en principio, las situaciones en las que se encuentra
de por medio una presunta vulneración de un derecho colectivo, pueden llegar a
ser objeto de protección especial a través de otros medios de defensa
judiciales, como es el caso de las acciones populares de que trata el artículo 88
de la Carta Política y la Ley 472 de 1998. Sin embargo, cuando el derecho
constitucional colectivo se encuentra vinculado con la violación a un derecho
de rango fundamental, prevalece en todo caso, la protección del derecho
constitucional fundamental, y eventualmente en tales casos, se puede otorgar
una protección por vía de tutela.
8.
Asimismo, la Corte ha establecido que en
ciertas situaciones, la acción o la omisión de un particular,  puede afectar a
un número plural de personas, todas ellas identificadas o identificables, en
cuyo caso no se puede predicar una situación de "interés colectivo"
que sea susceptible de ser protegida mediante la figura de las acciones
populares reguladas en el artículo 88 Superior, sino que se trata de una
circunstancia que puede protegerse o remediarse a través instrumentos
jurídicos especiales, como lo es la acción de tutela[31].
9.
De manera
particular, ha dicho que cuando la conducta
desplegada por un particular afecte los derechos fundamentales de una
pluralidad de personas, la acción de tutela es el mecanismo idóneo de
protección[32], y en “la mayoría de los
eventos en los cuales la jurisprudencia constitucional ha reconocido que se
configura este supuesto, han sido casos de contaminación generada por un
particular bien sea por la emisión de ruidos molestos, malos olores, vertido de desechos químicos o cuando se aúnan
varios tipos de contaminación”[33] (subrayado fuera del texto).
10.
En
el caso objeto de estudio, la tutela se presentó en contra de particulares,
estos es propietarios y/o dueños de los establecimientos de comercio, bares y
discotecas, que con la emisión de niveles elevados de ruido en horas de la
madrugada, perturban la tranquilidad e intimidad de las personas que viven en
los barrios que colindan con éstos.
De igual manera, las circunstancias del caso, hacen evidente la posible afectación grave y directa del interés colectivo
relacionado con los derechos a la intimidad y tranquilidad de los residentes de
los barrios “Ipira” y “José María Barbosa”, lo que da cuenta de la existencia
tanto de un interés colectivo posiblemente afectado, como de derechos
fundamentales involucrados.
Requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Reiteración
de jurisprudencia
11.
El artículo 86 Superior determina que de manera general, la
acción de tutela procede para la protección de los derechos fundamentales de
las personas, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, o cuando los
particulares que presten un servicio público, afecten directamente el interés
colectivo o el tutelante se encuentre en situación de subordinación o
indefensión frente a ellos.
En desarrollo de este precepto
constitucional, el Decreto 2591 de 1991, estableció una serie de requisitos que
deben ser satisfechos para que la acción constitucional sea procedente y que el
juez constitucional debe valorar en cada caso concreto.
12.
A continuación, la Sala procede a estudiar cada uno de ellos, para
determinar si se encuentran satisfechos.
-
Requisito de
Inmediatez
13.
La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento
judicial, preferente y sumario, para reclamar “la
protección inmediata” de los
derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten amenazados o
vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas, y
excepcionalmente de los particulares.
En virtud de ello, tanto la
jurisprudencia constitucional como el decreto que regula el trámite de acción
de tutela, han señalado que una de las características esenciales de este
mecanismo es la inmediatez, entendida ésta como la protección actual,
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales que se encuentren amenazados
o conculcados[34].
14.
Esta Corporación ha señalado que dicho principio
permite conservar las competencias jurisdiccionales, la organización procesal
básica, el debido proceso y  la seguridad jurídica que entraña la idea propia
del Estado Social de Derecho. En este sentido, esta Corporación ha expuesto
que:
“(…) la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de
los derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida como un
instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva
aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece
para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para
proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de
amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública
o de particulares en los casos señalados por la ley, a través de una valoración
que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias
del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la acción u
omisión.”[35]
15.
Así las cosas, la Sala encuentra que en el presente caso,
dicho requisito se encuentra satisfecho, pues aunque la problemática ocurre desde
hace 10 años (según lo manifestaron la personería municipal y el juez de
segunda instancia), los actos
y omisiones que presuntamente vulneran los derechos fundamentales de los
accionantes se presentan en la actualidad, de forma que la posible violación de
derechos es actual y se produce de manera permanente.
-
Requisito de
Subsidiariedad
16.
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, determina que la acción de tutela
no es procedente “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante”.
17.
Así
pues, la tutela sólo procederá cuando: (i) el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, (ii) de existir otros medios judiciales éstos
no sean eficaces o idóneos para la protección de los derechos fundamentales,
(iii) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Lo anterior
implica que en principio, cuando “una persona acude a la administración de
justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer
las acciones judiciales ordinarias contempladas en el ordenamiento jurídico para
obtener sus pretensiones”.[36]
18.
Así pues, el principio de subsidiariedad de la
acción de tutela, reconoce la validez y viabilidad de los recursos judiciales
ordinarios como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los
derechos, de modo que al existir tales medios de defensa, se debe acudir a
ellos preferentemente, siempre que sean conducentes para garantizar una eficaz
protección constitucional de los derechos fundamentales de los individuos.
Bajo ese entendido, el sujeto que invoca la
transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe  agotar los
medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Esta exigencia
y deber jurídico, pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada
como un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el Legislador[37].
Al respecto, la sentencia T-1222 de 2001[38]
señaló: “(…) el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la
acción de tutela implica necesariamente la desarticulación del sistema
jurídico. La garantía de los derechos fundamentales está encomendada en primer
término al juez ordinario y solo en caso de que no exista la posibilidad de
acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias
del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la
protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional
no puede intervenir”.
19.
En síntesis, la acción de tutela es una herramienta
judicial de carácter subsidiario, que le exige a los particulares agotar los
otros mecanismos judiciales que le permitan remediar la situación de hecho que
le causa una vulneración o amenaza a sus derechos. Esta exigencia pretende que
la acción constitucional no sea considerada como una instancia más en el
trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el Legislador.
-
La acción de tutela como mecanismo para proteger
derechos colectivos
20.
Ahora bien, una de las derivaciones del
principio de subsidiariedad, es la improcedencia de la acción de tutela para
proteger derechos colectivos, pues en principio, éstos deberían ser
salvaguardados por las acciones contenidas en el artículo 88 de la Constitución
(populares o de grupo) y no por la acción de tutela. Dicho artículo establece la
acción popular como la herramienta idónea para la protección de los derechos e
intereses colectivos.  Al tratarse de un marco constitucional de
protección distinto, el Legislador dotó a cada una de ellas de un procedimiento
especial, y de un juez natural propio.[39]
21.
El artículo 88
Superior, desarrollado en el artículo 2° de la Ley 472 de 1998 señala
precisamente que las acciones populares: “(…) [s]on los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las
acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses
colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
22.
Sin embargo, en los primeros pronunciamientos
de esta Corporación, se definió que aunque se tratara de una afectación a un
derecho colectivo cuya protección debiera perseguirse por la vía de la acción
popular, la acción de tutela podría resultar procedente, si estaba de por
medio, además, la vulneración o amenaza de un derecho fundamental del accionante que tenga una relación de
causalidad existente e inescindible entre la acción u omisión que afecta el
interés colectivo y su propia circunstancia[40]. En tales condiciones,
procede la protección del derecho personal afectado o amenazado, aunque, al
protegerlo, se beneficie o favorezca a la comunidad.
No obstante,
hay que tener en cuenta que para el momento de
esta posición jurisprudencial, no se había expedido la Ley 472
de 1998 “por la
cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan
otras disposiciones”. De
esta manera, la entrada en vigencia de esta normativa, condujo a la Corte a
redefinir su jurisprudencia en la materia.
Fue
por ello que en la Sentencia SU-1116 de 2001[41],
se cual determinó que “para que la
tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además
necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela
(CP art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es
idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental
vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea
necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario”.
23.
Específicamente,
esta sentencia señaló los criterios para que de manera excepcional, la acción
de tutela proteja derechos colectivos. Estos son:
“1. Que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo
y la violación o amenaza a un derecho fundamental de tal suerte que el daño o
la amenaza del derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la
perturbación del derecho colectivo.
2. El peticionario debe ser la persona directa o realmente
afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza
subjetiva.
3. La vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben
ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente.
4. La orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho
fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a
que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta
naturaleza.”
En síntesis, la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que la acción de tutela procede excepcionalmente,
para la protección de derechos e intereses colectivos, cuando con la presunta
vulneración de derechos fundamentales, se afecten derechos colectivos.
24.
En
el caso sub judice, los accionantes
manifiestan que los bares y discotecas que colindan con sus viviendas, vulneran
sus derechos fundamentales a la tranquilidad y a la intimidad, como quiera que
éstos no cumplen con los niveles de ruido permitido y no tienen los permisos
para operar.
Igualmente, señalan que las autoridades
municipales no han hecho un control y seguimiento adecuado sobre los
establecimientos de comercio, lo que ha permitido una proliferación de los
mismos.
25.
Sea lo primero indicar que, en principio, este asunto
debería ser ventilado por la jurisdicción ordinaria a través de una acción
popular, ya que se dirige en contra de particulares, y más específicamente, de
establecimientos de comercio (bares y discotecas)[42], por la presunta vulneración
del derecho a un ambiente libre de contaminación auditiva.
Además, se cumplen algunos de los supuestos enmarcados en la
Ley 472 de 1998, como son la pluralidad de sujetos presuntamente afectados y el
objetivo de hacer cesar la presunta vulneración a sus derechos colectivos.[43]
Bajo dicha consideración, es evidente que la
acción de tutela no sería procedente para contrarrestar la posible afectación
de los derechos colectivos de algunos de los residentes de los barrios “Ipira”
y “José María Barbosa”.
26.
Sin embargo, tal y como quedó establecido en
líneas anteriores, existe la posibilidad de que el mecanismo de amparo proceda
de manera excepcional, cuando se encuentre ante la presunta vulneración de
derechos colectivos, y se cumplan los requisitos trazados por la
jurisprudencia.
27.
En este sentido, la Sala entrará a estudiar el
cumplimiento de dichos supuestos jurisprudenciales, para determinar si la
acción de tutela es procedente en este caso:
(i) Los accionantes alegan la presunta vulneración de sus
derechos a la intimidad y a la tranquilidad, los cuales tienen relación con los
derechos colectivos al ambiente sano y a la salubridad pública (literales a y g de
la Ley 472 de 1998) y en esa medida podrían protegerse mediante una acción
popular.
No obstante, los derechos a la intimidad y a la tranquilidad, a la
luz de la reiterada jurisprudencia constitucional, son susceptibles de ser
protegidos a través de la acción de tutela, ya que son derechos fundamentales
que requieren de una intervención inmediata y oportuna del juez constitucional.
Además, dichas prerrogativas, tienen una relación inescindible con
los derechos a la dignidad humana y a la salud, pues al garantizarse aquellos,
se estaría permitiendo que los accionantes gocen de unas condiciones óptimas y
adecuadas en los niveles de ruido de sus viviendas, sin que ello los exponga a lesiones
o afectaciones a su salud.
Particularmente, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado
que “la violación del derecho fundamental a
la intimidad, de carácter eminentemente individual, [no puede ventilarse a
través de]  una acción cuyo objeto esencial radica en la protección de derechos
e intereses colectivos y cuyo trámite - según se desprende de lo dispuesto en
los artículos 17 a 45 de la Ley 472 de 1998 -, es mucho más dilatado y
dispendioso que el de la acción de tutela”.[44]
En este sentido, la acción popular no es la herramienta idónea
para proteger la vulneración de los derechos de los accionantes, pues: (i)
existe una vulneración grave y directa de los derechos fundamentales a la
intimidad y a la tranquilidad, (ii) la afectación de estos derechos se sigue
presentando con el paso del tiempo, al punto de que después de 10 años la
vulneración es latente, y (iii) se busca proteger derechos fundamentales, los
cuales no son susceptibles de ser amparados a través de la acción popular, sino
exclusivamente a través de la acción de tutela.
(ii) Los peticionarios son los directamente afectados por la
problemática planteada, ya que está probado que sus viviendas colindan con
los establecimientos de comercio que supuestamente producen los niveles
elevados de ruido.
(iii) La vulneración alegada está comprobada en las pruebas que
reposan en el expediente y las que fueron recaudadas en sede de revisión. Dicha
comprobación, se hará de manera específica y detallada al momento de analizar
el caso concreto.
(iv)  Las
medidas que eventualmente se decreten en esta sentencia, tienen por objeto
servir a la protección de los derechos fundamentales a la intimidad, a la
dignidad humana y a la salud de los accionantes y residentes de los barrios
“Ipira” y “José María Barbosa”.
28.
En conclusión, la acción
de tutela es el mecanismo judicial procedente para el presente caso, ya que:
(i) la presunta vulneración de los derechos fundamentales se encuentra vigente,
(ii) la acción de tutela cumple con los requisitos jurisprudenciales para
proteger los derechos presuntamente vulnerados, y (iii) se dirige en contra de
particulares, dueños y/o propietarios de establecimientos de comercio, que presuntamente
afectan un interés colectivo, pero que se concreta en la afectación de los
derechos fundamentales a la tranquilidad e intimidad de los accionantes.
Vulneración de los derechos fundamentales a
la intimidad y a la tranquilidad, a causa de los altos niveles de ruido
29.
La Constitución Política en su artículo 15º establece que “todas las personas
tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.
Esta Corporación ha dicho que el derecho a la intimidad puede ser
interpretado como la “esfera o espacio de vida privada no susceptible de la
interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un
elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente
en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y
familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento
jurídico”.[45]
En este sentido, el derecho a la intimidad implica la posibilidad
de exigirles a los demás individuos el respeto de un ámbito exclusivamente personal,
en donde se resguardan aquellas conductas o actitudes que corresponden al fuero
personal y en el que, en principio no se aceptan las intromisiones externas.
30.
En otras palabras, “lo íntimo, lo
realmente privado y personalísimo de las personas es, como lo ha señalado en
múltiples oportunidades esta Corte, un derecho fundamental del ser humano, y
debe mantener esa condición, es decir, pertenecer a una esfera o a un ámbito
reservado, no conocido, no sabido, no promulgado, a menos que los hechos o
circunstancias relevantes concernientes a dicha intimidad sean conocidos por
terceros por voluntad del titular del derecho o por que han trascendido al
dominio de la opinión pública”.[46]
En este orden de ideas, el núcleo esencial del derecho a la
intimidad protege a cada persona de intervenciones arbitrarias por parte del
Estado o de la sociedad, de manera que puedan lograr un pleno desarrollo de su
vida personal, familiar y social.
31.
Ahora bien, este derecho
presenta diferentes facetas, las cuales pueden ser comprendidas de la siguiente
manera: (i) la personal, que alude a la
salvaguarda del derecho del individuo a ser dejado solo y a reservarse los
aspectos íntimos de su vida únicamente para sí mismo; (ii) la
familiar, que responde al secreto y a la privacidad de lo que acontece en el
núcleo familiar; (iii) la social, que involucra las
relaciones del individuo en un entorno social determinado, como por ejemplo los
vínculos laborales, y, (iv) la
gremial, la cual se relaciona con las libertades económicas e involucra la
posibilidad de reservarse la explotación de cierta información.[47]
Estas facetas, involucran lo relativo a las relaciones familiares,
las prácticas sexuales, la salud, el domicilio, las comunicaciones personales,
las creencias religiosas, los secretos profesionales y, en general, todos los
comportamientos personales que únicamente pueden llegarse a conocer por los
demás, siempre y cuando el titular de este derecho decida relevarlo.
Lo anterior, bajo la premisa de que a la sociedad, de manera
general, solamente le asiste un interés secundario en la información que existe
en dichas esferas, puesto que son asuntos o acontecimientos que única y
exclusivamente afectan o incumben al titular del derecho y que, en últimas, le
permiten a la persona desarrollar su personalidad y sustraerse de cualquier
tipo de opinión pública al respecto.[48]
32.
Por otro lado, la Corte ha sostenido que el derecho a la intimidad puede
ser vulnerado de diferentes maneras, como por ejemplo: (i) la intromisión en la
esfera individual del sujeto, lo cual sucede con el simple hecho de ingresar en
el campo que ella se ha reservado. Este es un aspecto meramente material, físico,
objetivo, independiente de que lo encontrado en dicho interior sea publicado o
de los efectos que tal intrusión genere; (ii) en la divulgación de hechos
privados, en la cual incurre quien presenta al público una información cierta,
veraz, pero no susceptible de ser compartida, es decir, perteneciente al
círculo íntimo de cada persona, y la cual no fue autorizada para hacerlo por el
titular de ello o por una autoridad competente; y (iii) la presentación falsa
de hechos íntimos que no corresponde con la realidad.[49]
33.
Una de las formas en que se puede presentar intromisiones
injustificadas, es a través de la violación de su domicilio, entendido éste como
el espacio físico, donde se desarrolla la vida privada y familiar, en el cual,
las personas tienen derecho a su privacidad y a que se encuentre libre de
ataques materiales e inmateriales, como lo son los ruidos, los olores y las
emisiones, entre otras.
En relación con ello, la jurisprudencia de esta Corporación ha
estudiado diferentes casos en los cuales se involucra el exceso de ruido en ambientes vecinales, los cuales no solo generan
serias implicaciones en la salud y la calidad de vida de quienes deben padecer
la contaminación auditiva, sino también el derecho a la tranquilidad como una
manifestación del derecho a la intimidad personal y familiar.
Al respecto, la Sentencia
T-028 de 1994[50],
estudió el caso de unas personas cuyo domicilio era perturbado, ya que sus
vecinos tenían unas máquinas destinadas para el corte de madera que producían
sonidos muy elevados, y con esto vulneraban sus derechos a la salud, a la
intimidad y a la tranquilidad.
La Sala Novena de
Revisión reconoció a la tranquilidad como bien jurídico protegido, y determinó
que tiene unos “elementos objetivos que
permiten garantizar ese bienestar íntimo de la persona, dada la influencia del
entorno sobre el nivel emocional propio. A nadie se le puede perturbar la
estabilidad de su vivencia sin justo título fundado en el bien común. Y esto
obedece a una razón jurisprudencial evidente: el orden social justo parte del
goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de suerte
que, al no perturbar el derecho ajeno, se logra la común unidad en el
bienestar, es decir, la armonía perfeccionante de los individuos que integran
la sociedad organizada, bajo el imperio de la ley, en forma de Estado”.
34.
Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que existe una
relación entre la contaminación auditiva y el derecho fundamental a la  vida en
condiciones dignas, como en el caso de la Sentencia T-460 de 1996[51],
en el que la Corte tuteló los derechos a la vida, a la salud y al ambiente sano
de una accionante, cuya vivienda colindaba con una fábrica de construcción
de muebles metálicos, en donde las máquinas cortadoras, y el horno para el
procesamiento de la pintura acrílica, generaba niveles elevados de ruido y una
alta contaminación ambiental.
En dicha sentencia, esta Corporación afirmó que “la acción de
tutela es un mecanismo eficaz de protección de los derechos a la vida y a la
salud de personas que se encuentran en estado de indefensión frente a
particulares que contaminan auditivamente el medio ambiente, produciendo
disminución en la calidad de vida de los vecinos”.
Esta línea jurisprudencial, fue retomada en la Sentencia
T- 525 de 2008[52],
en la que este Tribunal analizó la presunta vulneración
de los derechos a la intimidad y tranquilidad de una ciudadana que era
perturbada por el ruido excesivo generado por la celebración de los ritos
religiosos de una iglesia cristiana.
En esa oportunidad, la Corte señaló que el ruido
puede ser comprendido como “(…) un agente contaminante del medio ambiente, una perturbación
sonora a niveles que afecten a las personas, ante la omisión de las autoridades
de controlar las situaciones de abuso, es una interferencia  que
afecta  el  derecho a la  intimidad personal y familiar y
puede  en consecuencia, ser sometida a protección constitucional”.
Asimismo, en la precitada sentencia la Corte sostuvo que si bien
el derecho a la tranquilidad no ha sido reconocido expresamente como un derecho
de carácter fundamental por la Constitución, en virtud de la “interpretación
sistemática de los artículos 1º, 2º, 11, 15, 16, 22, 28, 95-6 y 189-4 de la Constitución
Política ha sido concebido como un derecho inherente a la persona humana
(Art. 94 C.P.), dada su relación estrecha con el derecho a la vida, a la
intimidad y a la dignidad. En efecto, como lo ha examinado la
jurisprudencia constitucional, la conservación de la tranquilidad dentro del
orden constitucional debe considerarse un derecho de los ciudadanos, que
se desprende del Preámbulo de la Carta Política al referirse a la vida, a la
convivencia pacífica y a la paz, las cuales constituyen el sustento de la
tranquilidad, como garantes de un orden justo.”
Finalmente, las Sentencias
T-359 de 2011[53]
y T-343 de 2015[54],
estudiaron casos muy similares al que es objeto de estudio. Los casos se
trataban de habitantes de barrios de Montería y Bogotá (respectivamente), que
alegaban la violación de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la
tranquilidad, a la dignidad humana y a la salud, ya que los establecimientos de
comercio (principalmente bares y discotecas) que colindaban con sus viviendas,
no respetaban los niveles de ruido permitidos y las autoridades municipales no
realizaban los controles necesarios para evitar la perturbación de tales
derechos.
De conformidad con ello, la Corte sostuvo que las
autoridades municipales eran las responsables de proteger y respetar los
derechos invocados, de manera que éstas debían iniciar y tomar las medidas
administrativas para garantizarlos.
35.
En suma, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
los derechos a la intimidad y como una derivación de ello, la tranquilidad,
pueden ser vulnerados por particulares, cuando a través de altos niveles de
ruido se produzca una intromisión y perturbación en los domicilios de las
personas, y se impida con ello gozar de un espacio libre de cualquier
injerencia externa.
La
administración municipal como entidad responsable de garantizar la intimidad y
la tranquilidad pública
36.
El artículo 315 de la Constitución establece
las atribuciones de los alcaldes municipales, como la primera autoridad de
policía. Dentro de estas obligaciones, se encuentran entre otras: cumplir y
hacer cumplir la Constitución y todo el ordenamiento jurídico, y conservar el
orden público en el municipio.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha
dicho que “el mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la
moralidad públicas, exige de las autoridades administrativas -poder de policía
administrativo-, la adopción de medidas tendientes a la prevención de
comportamientos particulares que perturben o alteren estas condiciones mínimas
de orden público que impidan a los miembros de la sociedad o de una comunidad
en particular, disfrutar de sus derechos sin causa legal que lo justifique”. [55]
En este sentido, las autoridades municipales son quienes
deben velar por el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas,
y más específicamente para lograr la eficacia de las normas que propenden por
la convivencia pacífica y armónica entre los mismos (artículo 2° de la
Constitución).
37.
En lo concerniente a los deberes de control y
seguimiento que deben realizar las entidades municipales sobre los
establecimientos de comercio, el artículo 4º de la Ley 232 de 1995 "por medio de la cual se
dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales”,
le impuso a éstas autoridades, la obligación de verificar los requisitos
contenidos en esta normativa para su funcionamiento, de manera que de no
llegarse a cumplir alguno de ellos, la autoridad municipal puede adoptar alguna
de las siguientes medidas:
“1. Requerir por
escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los requisitos
que hagan falta.
2. Imponer multas sucesivas
hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de
incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendario.
3. Ordenar la suspensión de
las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, hasta por un
término de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de ley.
4. Ordenar el cierre
definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber
sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las
disposiciones contenidas en la Ley”.
38.
Así mismo, la administración es competente para
prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y la emisión de ruido que
producen los establecimientos públicos, todo ello a la luz de lo dispuesto de
la Resolución 8321 de 1983 “por la cual se dictan normas sobre
Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las
personas, por causa de la producción y emisión de ruidos”, que establece los niveles sonoros permitidos durante el día y la
noche en zonas residenciales, comerciales, industriales y de tranquilidad.
En otras palabras, la responsabilidad de la
administración municipal de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico
y la preservación del orden público, consiste en adoptar medidas preventivas y
sancionatorias en relación con los establecimientos públicos que no cumplan con
los requisitos legales en la materia, para que de esta manera pueda
garantizarse la preservación del orden público y el interés general.
39.
Otra de las funciones que debe cumplir el
alcalde municipal, en colaboración con las secretarias de planeación municipal,
es la de orientar y dirigir las políticas de planeación territorial de
conformidad con la Constitución y la Ley[56].
Dicha función, se materializa con la expedición del Plan de Ordenamiento
Territorial Municipal, el cual no tiene “como
objetivo único la regulación del espacio físico, sino que involucra una serie
de elementos de vital importancia como los individuos, las redes sociales, el
espacio geográfico, el medio ambiente, los recursos naturales y las tradiciones
históricas y  culturales. Así, la política de ordenamiento territorial
propende por una adecuada regulación no sólo del uso, ocupación, y
transformación del espacio geográfico, sino de una interrelación entre los
diferentes aspectos mencionados”[57].
Así
pues, la función de planeación municipal, no solo funciona como herramienta
para reglamentar el uso del suelo, sino también para conservar el orden público
en el municipio, pues al delinear los sitios en que se pueden ejecutar ciertas
actividades, se garantiza que cada sujeto goce de un espacio delineado y apto
para sus labores[58].
40.
En conclusión, el ordenamiento jurídico le
impone a las autoridades municipales, la responsabilidad de proteger y respetar
los derechos de los particulares, crear las directrices del uso del suelo y
velas por la convivencia pacífica y armónica entre las personas. En este
sentido, la administración cuenta con medidas administrativas propias del poder
de policía, para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 2 de
la Constitución.
Caso concreto
41.
Algunos residentes de los barrios “Ipira” y
“José María Barbosa” del municipio Roldanillo presentaron acción de tutela en
contra de dicho municipio y unos establecimientos de comercio que colindan con tales
barrios, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, como quiera que éstos
no cumplen con los niveles de ruido permitidos, no tienen los permisos para
operar, hacen perifoneo para patrocinar sus eventos, presentan “shows
de strippers”, animadores, eventos musicales en vivo y queman pólvora, todo
ello, sin estar sujetos a un horario establecido por parte de las autoridades
locales.
Igualmente, indicaron que las autoridades
municipales han sido negligentes y descuidadas frente a este tipo de eventos,
pues no han hecho un control y seguimiento efectivo sobre los establecimientos
de comercio, lo que ha permitido la proliferación de los mismos.
Por su parte, los apoderados de los accionados,
manifestaron que cumplen con toda la normatividad en la materia y tienen los
permisos vigentes para operar.
Además, enfatizaron en que la zona en la cual se
encuentran los establecimientos, es comercial que habilita a los comerciantes
para tener este tipo de negocios que generan niveles de ruido.
Las entidades locales, manifestaron que han
actuado conforme a la ley y han hecho todos los controles respectivos, de
manera que en todo momento se ha realizado un seguimiento a los
establecimientos de comercio para que éstos cumplan con la normativa vigente en
la materia, so pena de que sean sancionados.
42.
Ahora bien, la Sala encuentra que los barrios
“Ipira” y “José María Barbosa” fueron construidos en zonas residenciales desde
el año 1978[59],
(lo que en ese momento impediría, la construcción de establecimientos de
comercio o cualquier otro inmueble que no tuviera las características de ser de
uso residencial).
43.
No obstante, “con el paso del paso de los
años y el desarrollo del municipio, este sector pasó a ser comercial, sin dejar
de lado la parte habitacional; teniendo en cuenta la actualización que se le ha
realizado al PBOT a través de los años, cuya actualización fue aprobado por el
honorable Concejo Municipal, mediante el Acuerdo No. 157 del año 2000”[60].
Asimismo, se
evidencia que según el mapa de zonificación urbana, los barrios “Ipira” y “José
María Barbosa”, se encuentran ubicados en una zona comercial[61], de manera que en
principio, se debería privilegiar el uso del suelo para actividades de comercio
y no de uso residencial.
Sin embargo, tal
y como lo afirmó el Secretario de Planeación, “este sector pasó a ser
comercial, sin dejar de lado la parte habitacional”, lo cual demuestra que
actualmente esta es una zona mixta, donde colindan establecimientos de comercio
y zonas residenciales.
44.
Lo anterior muestra con claridad que en la
actualidad, los establecimientos de comercio funcionan en lugares que el Plan
de Ordenamiento Territorial habría habilitado para ello y su funcionamiento
estaría limitado al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la Ley 232 de 1995 y el Decreto 1879 de 2008, es decir, que “estos
negocios por encontrarse dentro de la ZONA COMERCIAL del Municipio, pueden
obtener el USO DE SUELO PARA SU FUNCIONAMIENTO, bajo el cumplimiento de la Ley
232 de 1995, y demás normas complementarias, pero además del acatamiento de la
Resolución 0627 del 2006, emanada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial”.
En otras palabras, si bien los accionados se encuentran ubicados en
una zona comercial que les permite operar como establecimientos de comercio,
ello no los exime de cumplir con las medidas y exigencias que exigen la Ley 232
de 1995 y el Decreto 1879 de 2008.
45.
De esta manera, la Sala procede a realizar un
estudio detallado de cuáles de los establecimientos accionados cumplen con los
requisitos señalados en el artículo 2º de la Ley 232 de 1995, y más
específicamente, en el literal a del mismo (el uso del suelo, la intensidad
auditiva, el horario, la ubicación y destinación)[62].
46.
En primer lugar, se constata que según los
controles realizados por el cuerpo de policías de Roldanillo, la mayoría de los
establecimientos de comercio no cumplen con el uso del suelo[63].
Esta información
también fue respaldada por el Personero Municipal, quien manifestó que “(…)
se pudo detectar que un 95% de los establecimientos no poseían permiso de uso
de suelos o no estaba renovado, o el permiso no correspondía a la actividad
desarrollada para lo cual fue expedido (…)”[64]
En relación con
ello, se encuentra que los pocos permisos de uso del suelo que fueron aportados
a la acción de tutela, ya expiraron, pues los mismos son entregados por un
periodo de 2 o 3 meses y vencieron en el año 2014[65].
47.
En segundo lugar, se evidencia que, con
fundamento en el cuadro de datos que envió el Secretario de Gobierno (anexo al
presente fallo) y demás pruebas recaudadas, ningún establecimiento de comercio,
a excepción del bar “San Blas”,  cumple con el requisito de insonorización y
tampoco con tener un plan de manejo de ruido.
Igualmente, la
CVC realizó un estudio de ruido en la “zona rosa” de Roldanillo e indicó que,
durante el día los niveles de ruido estaban controlados, pero que en la noche,
no cumplían en un 70% debido a las actividades de comercio de bares, discotecas
y estancos[66].
Al respecto, la
Policía indicó que “muchos de los establecimientos públicos del municipio y
en este caso en particular de la Zona Rosa, (…) no cuentan con un plan efectivo
de insonorización que permita mejorar las condiciones de ruido en el sector”[67].
48.
En tercer lugar, el jefe de estación de la
estación de Policía de Roldanillo, informó que en reiteradas oportunidades ha
debido hacer las sanciones y llamados de atención respectivos, como quiera que
varios de los establecimientos de comercio incumplen con los horarios de
funcionamiento que se encuentran comprendidos en el Decreto 057 de 2014 “por
medio del cual se establece el horario de atención al público en los
establecimientos públicos en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca”.
Algunas de las
sanciones que han sido impuestas por dicha entidad, se resumen en el siguiente
cuadro:
Nº
Fecha
Administrador
Establecimiento
Medida
1
31-08-15
Claudia
Sugey García Patiño
La Fonda de
Mi Apa
Cierre
temporal
2
29-09-15
Christian
Camilo Granja Ruiz
IX”U
Cierre
temporal
3
09-09-15
Jhon Freddy
Chaverra Serna
Praga Bar
Cierre
temporal
4
30-11-15
Yuliana
Rivera Millan
Estanco de
Moe
Cierre
temporal
5
01-12-15
Oscar Ramiro
Gómez Carvajal
Orange Video
Disk
Amonestación
6
02-12-15
Jose Willer
García Patiño
Los
Compadres
Cierre
temporal
7
26-12-15
Ancizar
Orjuela Cruz
Valentinos
Bar
Cierre
temporal
8
24-12-15
Jhon Fredy
Chaverra Serna
Praga Bar
Cierre
temporal
9
24-12-15
Martín
Emilio Duque Giraldo
La Tyrampa
Cierre
temporal
10
02-12-15
Gloria
Amparo Mayor Nuñez
Bar Bartolomé
Cierre
temporal
11
28-12-15
Gloria
Amparo Mayor Nuñez
Bar Bartolomé
Cierre
temporal
49.
En cuarto lugar, se encuentra que la ubicación
y destinación de los establecimientos de comercio, no revisten mayores
inconvenientes, pues como fue mencionado en líneas anteriores, éstos se
encuentran operando en los sectores que el POT habilitó para ello.
50.
Por otro lado, la Sala reconoce que han existido
medidas por parte de las autoridades municipales para atenuar y mejorar la
situación estudiada. Algunas de ellas fueron: la capacitación brindada a los
dueños y propietarios de los establecimientos de comercio para combatir la contaminación
auditiva, la creación de un Comité Municipal Interdisciplinario para la Emisión
del Ruido y la eliminación en la amplitud de los horarios de servicio[68].
No obstante, estos esfuerzos y compromisos han sido insuficientes
para contrarrestar la situación estudiada, pues la misma sigue vigente y los derechos
fundamentales de los residentes de los barrios “Ipira” y “José María Barbosa”
siguen vulnerándose.
Al respecto, el Personero Municipal afirmó que se han entregado
permisos  de uso de suelo sin que se tengan los requisitos legales para ello, lo
que ha permitido la proliferación de los establecimientos de comercio, pues no
se tiene un control de los mismos. Particularmente señaló que “en
observancia y cumplimiento de la Ley, que son presuntamente trasgredidas por
las autoridades competentes, se les advierte y previene [al secretario de
planeación municipal y al Alcalde] de que en caso de seguir otorgándose permisos
para apertura de establecimiento expendedores de bebidas embriagantes en el
sector de la zona rosa, permiso para invasión del espacio público en la zona
rosa, renovación del uso de suelo sin los requisito de Ley, inexorablemente se
debe iniciar las investigaciones disciplinarias correspondiente para determinar
las conductas disciplinarias a sancionar por los Ententes de control
correspondiente”[69].
Asimismo,
advirtió que el “Comité Municipal Interdisciplinario para la Emisión del Ruido”
ha sido inoperante, ya que no se cuenta con un mapa de ruido para el municipio
de Roldanillo, como tampoco con un plan de acción en materia de educación
ambiental y de ruido, y de descontaminación auditiva.
51.
Así pues, la Sala se percata de que los niveles
elevados de ruido emitidos por los establecimientos de comercio, debido a la
falta de insonorización de los mismos, ha causado una vulneración en los
derechos fundamentales a la tranquilidad e intimidad de los accionantes.
Igualmente, la Sala resalta que las medidas adoptadas por algunas
entidades administrativas, han sido insuficientes e ineficaces para solucionar
la problemática planteada, de manera que es fundamental que se tracen nuevas
directrices que permitan que la comunidad de los barrios “Ipira” y “José María
Barbosa” convivan de manera armónica y pacífica con los establecimientos de
comercio con los cuales colindan.
Se recuerda que una de las obligaciones constitucionales que tienen
los particulares en el Estado Social de Derecho, es la de respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios y obrar conforme al principio de solidaridad
social (CP artículo 95 -1, -2). De esta manera, es fundamental que los
accionantes gocen de los derechos a la tranquilidad e intimidad, y que los
accionados puedan ejercer su derecho a la libertad económica y empresa, de modo
que convivan de manera pacífica y armónica.
52.
En este orden de ideas, la Sala revocará la
decisión de segunda instancia, proferida el 24
de mayo de 2015 por el Juzgado 2º Penal
Municipal de Roldanillo (Valle del Cauca). En su lugar, concederá la protección
de los derechos fundamentales a la intimidad y tranquilidad de los accionantes.
De igual
manera, se ordenará a los dueños, propietarios y/o representantes legales de
los establecimientos públicos de comercio que en un plazo no mayor a los cuatro
(4) meses siguientes a la notificación del presente fallo, adecuen sus
establecimientos de comercio para que cumplan con el artículo 2º de la Ley 232
de 1995, y más específicamente, con la insonorización del mismo.
Igualmente,
se ordenará a la Secretaría de Planeación Municipal que se abstenga de renovar
permisos de uso del suelo, sin que los propietarios, dueños o representantes
legales de los establecimientos de comercio accionados, cumplan con los
requisitos legales comprendidos en la Ley 232 de 1995.
Asimismo,
se ordenará al comandante de la Estación de la Policía de Roldanillo que, en
cumplimiento de sus competencias legales y constitucionales, proceda a tomar
las medidas policivas que correspondan, en caso tal de que los establecimientos
accionados sigan operando sin cumplir con los requisitos legales.
Finalmente,
se ordenará a la Personería del Pueblo del municipio de Roldanillo, que en un
término no mayor a los cinco (5) meses siguientes a la notificación del
presente fallo, elabore un informe acerca del cumplimiento de las órdenes
impartidas en la presente sentencia y éste sea enviado al Juzgado de primera
instancia en esta tutela, encargado de evaluar el cumplimiento de este fallo.
Conclusión
La Sala Quinta
de Revisión de Tutelas, concluye que se vulneraron los derechos fundamentales a
la intimidad y a la tranquilidad de los accionantes que residen en los barrios “Ipira” y “José María Barbosa”,
como quiera que los establecimientos de comercio accionados, producen niveles elevados
de ruido, debido a que no cuentan con los planes de insonorización exigidos por
la Ley 232 de 1995.
Además, muchos de los establecimientos
accionados, no tienen permisos de uso de suelo vigente, por lo cual, se
encuentran operando sin cumplir con todos los requisitos que señala la ley
vigente en la materia.
Por último, las medidas adoptadas por
algunas de las autoridades municipales han sido insuficientes e ineficaces para
contrarrestar la situación presentada, ya que la proliferación de los
establecimientos de comercio sin el lleno de requisitos legales es una
constante, los acuerdos fijados entre la comunidad y los dueños de los
establecimientos accionados se incumplen, y el Comité creado para atenuar la
situación del ruido ha sido inoperante.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la decisión de segunda
instancia, proferida el 3 de julio de 2015 por
el Juzgado 2º Penal del Circuito de
Roldanillo (Valle del Cauca). En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la intimidad y tranquilidad de los accionantes de los
barrios “Ipira” y “José María Barbosa”.
SEGUNDO.-
ORDENAR a los dueños, propietarios y/o representantes legales
de los establecimientos de comercio, que en un plazo no mayor a cuatro (4)
meses, siguientes a la notificación del presente fallo, adecuen sus establecimientos
de comercio para que cumplan con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 232
de 1995, y más específicamente, con la insonorización del mismo.
TERCERO.-
ORDENAR a la Secretaría de Planeación Municipal de Roldanillo
que se abstenga de renovar u otorgar permisos de uso del suelo, sin que los
propietarios, dueños y/o representantes legales de los establecimientos de
comercio accionados, cumplan con los requisitos legales comprendidos en la Ley
232 de 1995.
CUARTO.- ORDENAR al comandante de la Estación de
Policía de Roldanillo que en cumplimiento de sus competencias legales y
constitucionales, proceda a tomar las medidas policivas que correspondan, en
caso tal de que los establecimientos accionados sigan operando sin cumplir con
los requisitos legales.
QUINTO.-
ORDENAR a la Personería del Pueblo del municipio de Roldanillo, que en
un término no mayor a cinco (5) meses, siguientes a la notificación del
presente fallo, elabore un informe acerca del cumplimiento de las órdenes
impartidas en la presente sentencia y ésta sea enviada al Juzgado de primera
instancia en esta tutela, encargado de evaluar el cumplimiento de este fallo.
SEXTO.- LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno 1,
folio 3. Acción de tutela.
[2] Cuaderno 1.
Folios 18 a 20; Folio 54; Folio 70 a 74. Oficios y derechos de petición
enviados por la comunidad de los barrios Ipira y José María Barbosa a las
diferentes entidades departamentales, en las cuales manifestaron su
inconformidad con el funcionamiento de los establecimientos de comercio por la
invasión del espacio público y los elevados ruidos.
[3]
Cuaderno 1. Folio 3. Acción de tutela.
[4]
Cuaderno 1. Folio 6. Acción de tutela.
[5] Cuaderno 2.
Folio 93. Contestación de la acción de tutela.
[6] Cuaderno 2.
Folio 121. Contestación de la acción de tutela, presentada por las entidades
municipales el 21 de mayo de 2015.
[7] Cuaderno 2.
Folio 22 a 31. Amonestaciones impuestas por la Policía Nacional del municipio
de Roldanillo a los establecimientos de comercio mencionados
[8] Cuaderno 2.
Folio 45. Certificado otorgado por Roberto Valencia Mondragon, Secretario de
Planeación, por medio del cual, comprueba que es una zona comercial.
[9] Cuaderno 2.
Folio 69 y 60. Oficio enviado por el personero municipal a los residentes de
los barrios Ipira y José María Barbosa, para ofrecer colaboración en la
elaboración de una acción de tutela o de grupo.
[10]
Cuaderno 2. Folio 83 y 84. Fotos tomadas durante las inspecciones a los
establecimientos de comercio.
[11]
Cuaderno 2. Folio 47 a 64. Oficios enviados por parte del personero a las
diferentes entidades para que cumplan con la normativa vigente en la materia de
regulación de establecimientos de comercio, y además, para que se abstengan a
seguir otorgando permisos o usos del suelo a establecimientos que no cumplan
con los requisitos necesarios para funcionar.
[12] ARTÍCULO 27. REQUISITOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. Las autoridades y servidores
públicos correspondientes se sujetarán únicamente, a lo dispuesto en la Ley 232 de 1995, por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los
establecimientos comerciales, en
cuanto a los requisitos exigibles para la apertura y funcionamiento de los
establecimientos de comercio.
No podrá condicionarse el cumplimiento de los
requisitos legales a la expedición de conceptos, certificados o constancias que
no se encuentran expresamente enumerados en la citada ley.
La ubicación de los tipos de establecimientos será
determinada dentro del POT, expedido por los respectivos concejos municipales,
teniendo en cuenta que en ningún caso podrán desarrollarse actividades cuyo
objeto sea ilícito de conformidad con las leyes.
[13]
Cuaderno 2. Folio 167. Contestación enviada por la CVC el 22 de mayo de 2015.
[14]
Cuaderno 2. Folio 197. Fallo de primera instancia.
[15]
Cuaderno 2. Folio 239. Impugnación presentada el 28 de mayo de 2015, por la
propietaria de la Heladería y Cigarrería Los Almendros.
[16] "Por medio de la cual se dictan
normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales"
[17]“por el cual se
reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y se
dictan otras disposiciones”.
[18] Artículo 19. Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a la
autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente
administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La
omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.
[19] Artículo 21. Información
adicional. Si del informe resultare que no son ciertos los
hechos, podrá ordenarse de inmediato información adicional que deberá rendirse
dentro de tres días con las pruebas que sean indispensables. Si fuere
necesario, se oirá en forma verbal al solicitante y a aquél contra quien se
hubiere hecho la solicitud, de todo lo cual se levantará el acta
correspondiente de manera sumaria.
En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier
medio probatorio para conceder o negar la tutela.
[20] Artículo
64. Pruebas en revisión de tutelas. Con miras a la protección inmediata y
efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de
revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador,
si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una vez se hayan recepcionado,
se pondrán a disposición de las partes o terceros con interés por un término no
mayor a tres (3) días para que se pronuncien sobre las mismas, plazo durante el
cual el expediente quedará en la Secretaría General.
[21]
Cuaderno 3. Folio 51. Respuesta enviada el 20 de enero de 2016, por Jorge
Alfredo Gómez, Secretario de Gobierno.
[22]
Cuaderno 3. Folio 133. Respuesta enviada el 6 de enero de 2016, por Jose Julián
López, comandante de la estación de la Policía de Roldanillo.
[23] Cuaderno
3. Folio 133. Respuesta enviada el 6 de enero de 2016, por Jose Julián López,
comandante de la estación de la Policía de Roldanillo.
[24]
Cuaderno 3. Folio 248. Oficio enviado el 22 de enero de 2016, por los
accionantes.
[25]
Cuaderno 3. Folio 229. Oficiado enviado el 14 de enero de 2016, por el
personero municipal de Roldanillo
[26]
Cuaderno 3. Folio 279. Oficio enviado el 23 de diciembre de 2015, por Paula
Andrea Quintero, Directora Regional de la CVC.
[27]
T-371 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[28] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[29]
T-225 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[30]
C-134 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[31] Ver
entre otras: T-028 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Su-496 de 1997 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, T-268 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-693
de 2007 M.P. Manuel José Cepeda.
[32]
T-759 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.
[33] T-575 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz.
[34]
T-715 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[35]
T-106 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell
[36] Ver
entre otras: T-313 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-032 de 2011. M.P. Luis
Ernesto Vargas; T-705 de 2012. M.P Jorge Ignacio Pretelt; T-061 de 2013. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt; T-828 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz
[37]
T-417 de 2010. M.P. María Victoria Calle
[38] M.P.
Álvaro Tafur Galvis
[39] T-888 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy.
[40] T-539 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández
[41] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[42] Artículo 15º.- Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del
ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones y omisiones
de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes
sobre la materia.
En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil.
[43] Ley 472 de 1998. Artículo 4º: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias (…)
[44] T-598 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muños.
[45]
C-517 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[46] SU-056 de 1995. M.P Antonio Barrera Carbonell.
[47]
T-889 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas.
[48]
T-411 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[49] Ver
entre otras: T-696 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz, T-768 de 2008. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, C-881 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[50] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[51] M.P.
Antonio Barrera Carbonell
[52] M.P.
Mauricio González Cuervo
[53] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[54] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[55]
SU-476 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[56] Ley 388 de 1997. Artículo 24º.
INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y CONSULTA. El alcalde distrital o municipal, a
través de las oficinas de planeación o de la
dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación
oportuna del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a
consideración del Consejo de Gobierno.
[57]
C-117 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[58]
C-795 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “La función de ordenamiento del territorio comprende una serie de
acciones, decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática,
participativa, racional y planificada, el uso y desarrollo de un determinado
espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de orden
demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y
cultural. Se trata, ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más
trascendentales de la vida comunitaria como es su dimensión y proyección
espacial”.
[59]
Cuaderno 3. Folio 225-226. Certificado del 4 de agosto de 1978, expedido por el
Alcalde de Roldanillo, dentro del cual se constata que los barrios “Ipira” y
“José María Barbosa” son residenciales.
[60]
Cuaderno 3. Folio 228. Oficio enviado el 9 de febrero de 2016, por el Secretario
de Planeación, Antonio Jose Jiménez.
[61]
Cuaderno 2. Folio 113. Mapa de zonificación urbana del municipio de Roldanillo.
[62] ARTÍCULO
2o. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para
el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan
los siguientes requisitos: a) Cumplir con todas las normas referentes al uso
del suelo, intensidad auditiva, horario. ubicación y destinación expedida por
la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas
podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de
planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital
respectiva; b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a
de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia; c) Para aquellos
establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de
pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por
la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23
de 1982 y demás normas complementarias; d) Tener matrícula mercantil vigente de
la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción; e) Comunicar en las
respectivas oficinas de planeación o. quien haga sus veces de la entidad
territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.
[63]
Cuaderno 2. Folio 32. Informe enviado por el comandante de la estación de
Policía de Roldanillo, el 15 de mayo de 2015.
[64]
Cuaderno 3. Folio 229. Oficiado enviado el 14 de enero de 2016, por el
personero municipal de Roldanillo
[65]
Cuaderno 1. Folio 34 a 50. Permiso de uso del suelo de los establecimientos de
comercio: Valentinos, La Clave, La Fonda de Mi Apa, Chango y IX U Coffe Bar.
[66]
Cuaderno 3. Folio 114 y 128. Informe realizado en el 2010 por la CVC en el
municipio de Roldanillo.
[67]
Folio 133. Respuesta enviada el 6 de enero de 2016, por Jose Julián López,
comandante de la estación de la Policía de Roldanillo.
[68]
Cuaderno 1. Folio 71. Carta de compromisos fijados por la comunidad, los dueños
de los establecimientos de comercio y la Secretaría de Planeación.
[69]
Cuaderno 2. Folio 47 y 54. Oficio enviado al secretario de planeación municipal
y alcalde, por parte del Personero Municipal.