T-041-14
Nota de Relatoría:
A través del auto 131 de fecha 13 de mayo de 2014,
se dispuso aclarar el contenido de la presente sentencia, en el sentido de
retirar del párrafo final de la sección denominada estudio de los casos
concretos,
la
frase
“la indemniza
Nota
de Relatoría:  A través del auto 131 de fecha 13 de mayo de 2014, se
dispuso aclarar el contenido de la presente sentencia, en el sentido de retirar
del párrafo final de la sección denominada estudio de los casos concretos,
la  frase  “la
indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Sentencia
T-041/14
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA RESPECTO DE PERSONAS CON
LIMITACIONES-Casos en que empresas terminan relaciones
laborales con trabajadores que padecían diversas enfermedades y afectaciones de
salud
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración
de jurisprudencia
De acuerdo con este requisito, la acción de tutela solo
será procedente cuando (i) no exista en el ordenamiento jurídico un mecanismo
judicial, o (ii) existiendo sea ineficaz y/o (iii) inidóneo. En todo caso, (iv)
será procedente de manera transitoria cuando se constate la existencia de un
perjuicio irremediable. Pues bien, en materia laboral el requisito de
subsidiariedad adquiere una connotación particular. La Corte ha sostenido que
cuando se trate de controversias relativas al derecho al trabajo, la acción de
tutela en principio no es el mecanismo adecuado para debatirlas pues en “el
ordenamiento jurídico colombiano prevé para el efecto acciones judiciales
específicas cuyo conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria
laboral y a la de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación
de que se trate, y afirmar lo contrario sería desnaturalizar la acción de
tutela, concretamente su carácter subsidiario y residual”.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO
LABORAL DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Procedencia
Si bien la acción de tutela no es, por regla general, el
mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral, en algunos casos, como
por ejemplo cuando el titular del derecho encuentre protección relativa a la
estabilidad laboral reforzada, este trámite se convierte, transitoria o
definitivamente, en el mecanismo más adecuado de protección del derecho. Al
adquirir dicha connotación, remplaza los mecanismos ordinarios permitiendo
solicitar el reintegro de las personas que se enmarcan en tales condiciones.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA RESPECTO DE
PERSONAS CON LIMITACIONES-Protección/GARANTIAS
CONSTITUCIONALES DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA RESPECTO DE SUJETOS CON
LIMITACIONES-Reiteración de jurisprudencia
Esta protección constitucional, implica
que “aquellas personas que se
encuentren en un estado de vulnerabilidad manifiesta deben ser protegidas y no
pueden ser desvinculadas sin que medie una autorización especial”. Si bien todos los trabajadores tienen
el derecho a no ser despedidos de manera abrupta, esa estabilidad adquiere el
carácter de reforzada cuando se trate de, entre otros, personas en condición de
discapacidad o en general con limitaciones físicas y/o sicológicas para
realizar su trabajo. A estos sujetos se les debe respetar “la permanencia en el empleo (…) luego
de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica,
como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral”. Así
las cosas, la jurisprudencia constitucional ha establecido que esta garantía
constitucional, es predicable de aquellos sujetos con limitaciones de salud
para desarrollar cierto tipo de actividades laborales. Cobija a quienes padecen
algún tipo de problema en su estado de salud que les impide realizar sus
funciones.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA POR RAZONES DE SALUD CUANDO NO SE HA CALIFICADO SU DISCAPACIDAD POR
LA AUTORIDAD COMPETENTE-Protección
especial
Ha entendido este Tribunal que cuando el sujeto no haya sido
calificado científicamente por un médico que determine el nivel de discapacidad,
el amparo será transitorio. En otros términos, “la garantía a la
estabilidad laboral reforzada no sólo se predica de las personas en invalidez,
sino también de aquellos que por su estado de salud, limitación física o
psíquica se encuentran discapacitados y en circunstancias de debilidad
manifiesta, cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición como
mecanismo transitorio, así no se haya calificado su nivel de discapacidad,
hasta tanto la autoridad judicial competente tome las decisiones
respectivas”. Por el contrario, si se tiene certeza del grado de
discapacidad, el amparo será definitivo.
ESTABILIDAD LABORAL FRENTE A CUALQUIER
TIPO DE VINCULACION LABORAL
Para esta Corte, la
garantía de la estabilidad en el empleo cobija todas las modalidades de
contratos, incluidos los que suscriben las empresas de servicios temporales,
los cuales tienen, en principio, una vigencia condicionada al cumplimiento
pactado o a la finalización de la obra. Lo anterior, por cuanto el principio de
estabilidad en el empleo se predica de todos los trabajadores, sin distingo de
la naturaleza del vínculo contractual, en tanto lo que se busca es asegurar al
empleado la certeza mínima de que el vínculo laboral contraído no se romperá de
manera abrupta y sorpresiva, de manera tal que este no quede expuesto, en forma
permanente, a perder su trabajo y con él los ingresos que permiten su propio
sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del empleador.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA RESPECTO DE PERSONAS CON
LIMITACIONES-Procedencia como mecanismo transitorio
hasta que jurisdicción ordinaria resuelva
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA RESPECTO DE PERSONAS CON
LIMITACIONES-Orden a alcaldía municipal
reintegrar al actor al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía
PAGO DE INCAPACIDAD LABORAL POR ENFERMEDAD GENERAL SUPERIOR
A 180 DIAS-Orden a empresa pagar las
incapacidades laborales
Referencia: expedientes T-4031539, T-4033418, T-4033839,
T-4035749, T-4043423, T-4044178, T-4045089, T-4032850, T-4032700.
Acción de tutela instaurada por Pedro Saúl Vásquez Cadena en
contra de Alcaldía Municipal de Barrancabermeja; Eliécer Ríos en contra de
Sociedad Luna Sánchez LTDA; Omar Gutiérrez Rodríguez en contra de Empresa
Industrias Metalvar E.U.; Willis Alfredo Cárdenas Hernández en contra de Ciplas
S.A.; Wilson Hernando Arias en contra de Grupo Tasaca LTDA.; Guillermo López
Arias en contra de Extras S.A; José Ángel Villegas Guerrero en contra de Aseo
Urbano S.A. y Altxer S.A.; César
Carlos Castañeda en contra de Servicios y Asesorías el Litoral y Jorge Enrique
Cabezas Cerón en contra de Prensa Moderna Impresores S.A.S.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil catorce (2014).
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva
y Mauricio González Cuervo y la
Magistrada María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1997,
profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados por
los correspondientes juzgados de instancia que resolvieron las acciones de
tutela promovidas por Pedro Saúl Vásquez Cadena, Eliécer Ríos, Omar Gutiérrez
Rodríguez, Jorge Enrique Cabezas Cerón, Willis Alfredo Cárdenas Hernández,
Wilson Hernando Arias, Guillermo López Arias, José Ángel Villegas Guerrero y César
Carlos Castañeda Cantillo.
I. ANTECEDENTES
1.
La Corte Constitucional
mediante auto del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013) expedido por la
Sala de Selección Número nueve, decidió acumular los siguientes expedientes: T-4031539,
T-4033418, T-4033839, T-4035749, T-4043423, T-4044178, T-4045089, T-4032850 y
T-4032700.
2.
Los expedientes acumulados tienen en común la terminación de
relaciones laborales de varios trabajadores que padecen limitaciones físicas que
les impiden el normal desarrollo de sus actividades. Los accionantes solicitan
la protección de sus derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad
laboral reforzada, los cuales consideran vulnerados por las empresas demandadas.
No obstante, por las circunstancias concretas de cada uno de los casos, se
procederá a precisar sus especificidades:
EXPEDIENTE
T-4031539 PEDRO SAÚL VÁSQUEZ CADENA EN CONTRA DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.
3. Manifiesta el
tutelante que ingresó a laborar con el Municipio de Barrancabermeja el día
veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012) en el cargo de auxiliar
de servicios generales grado 03 código 470 de la planta de temporales. Sus
funciones las realizaba en la
Secretaría Local de Salud, específicamente, ejerciendo labores de mensajería.
4. El diecisiete (17)
de diciembre de dos mil doce (2012), en horario laboral, sintió un fuerte dolor
de cadera y pierna. Por ello, acudió a su EPS para ser atendido. Dicha entidad,
una vez realizados varios exámenes, determinó que “se me habían partido unos
tutores que tenía implantados, lo que motivó que me expidieran incapacidad y
tratamiento con el especialista en ortopedia”. Debido a su estado de salud,
su médico tratante le expidió varias incapacidades laborales entre el
diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013) y el siete (07) de mayo de dos
mil trece (2013).
5. Manifiesta el
accionante que debido a su problema de salud, el veintitrés (23) de abril de
dos mil trece (2013), su empleador le notificó la terminación del contrato
laboral. Pese a su estado médico, dice, no acudieron al Ministerio de Protección
Social para obtener su autorización de conformidad con el artículo 26 de la ley
361 de 1997.
6. Por todas estas
razones, el accionante solicita se le protejan sus derechos fundamentales,
especialmente, a la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, se ordene
el reintegro a su trabajo.
Respuesta
de las entidades demandadas y vinculadas
Municipio
de Barrancabermeja
7. El señor
Juan Carlos Espinosa, actuando como Secretario General del Municipio, dijo que
esa entidad en ningún momento vulneró los derechos fundamentales del
accionante. En efecto, sostuvo que inicialmente el contrato de trabajo del
accionante terminaba el treinta y uno (31)  de diciembre de dos mil doce (2012).
Sin embargo, al estar incapacitado, el Municipio decidió prorrogar en varias
ocasiones dicho vínculo laboral, teniendo en cuenta sus problemas de salud. Manifestó
que la última incapacidad registrada fue el día veinticuatro (24) de marzo de
dos mil trece (2013) y su desvinculación fue realizada el primero (01) de abril
de ese mismo año. Según la entidad demandada, se le protegieron sus derechos
pues se esperó hasta que cesara su enfermedad para terminar el contrato.
Departamento
Administrativo de la Función Pública
8. Sostuvo que
ninguna de las pretensiones del demandante puede hacerse extensivas a ellos, en
tanto esa entidad no participó ni en la vinculación ni despido del tutelante. Para
el Departamento Administrativo de la
Función Pública, su entidad no “tiene competencia para ordenar
eventualmente su reintegro o el pago de salarios y prestaciones sociales, o
ejercer el control de legalidad sobre todas las actuaciones, lo que evidencia
su falta de legitimación en la causa por pasiva”.
Saludcoop
EPS.
9. Solicitó
excluirla del trámite de tutela pues en su criterio no tiene competencia para
decidir sobre la vinculación o desvinculación del tutelante.
Actuaciones
judiciales de instancia
Primera
instancia
10. El Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja, mediante providencia con fecha del
veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013), concedió el amparo
constitucional tras encontrar probada la inminencia de un perjuicio
irremediable. Fundamentó su decisión diciendo que ante la existencia de la vía
administrativa, la tutela solo es procedente como mecanismo transitorio. En
efecto, consideró que si bien los cargos de provisionalidad son temporales, la
desvinculación del trabajador debe estar motivada. Dijo que en el caso
examinado, el Secretario tan solo se limitó a decir que la terminación del
contrato no se dio por cuestiones médicas del trabajador, guardando silencio
sobre las razones objetivas del despido.
Impugnación
11. La
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja consideró que la decisión del juez de
primera instancia es errónea. En su criterio, el accionante fue contratado para
ocupar un cargo temporal y no, como sostuvo el juez de instancia, en
provisionalidad. Adicionalmente, reiteró que la condición médica del trabajador
fue superada desde el veinticuatro (24) de marzo de dos mil trece (2013) y el
despido se dio el primero (01) de abril de ese mismo año. Por tal motivo,
solicita que no sea concedido el amparo.
Segunda
instancia
12. El Juzgado
Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja revocó la sentencia de primera
instancia. En su lugar, declaró improcedente el amparo constitucional. Según el
juzgado, la tutela no es el mecanismo adecuado para discutir estos asuntos pues
existen otras vías como la jurisdicción contenciosa administrativa, en la cual
se puede solicitar la nulidad de los actos de desvinculación y su respectivo
reintegro e indemnización.
EXPEDIENTE
T-4033418 ELIÉCER RÍOS EN CONTRA DE SOCIEDAD LUNA SÁNCHEZ LTDA.
13. Sostiene el
accionante que desde el año mil novecientos noventa y seis (1996) se encuentra
vinculado laboralmente a la empresa Luna Sánchez LTDA. Ejerce labores de
vigilancia nocturna. Desde que ingresó a trabajar no fue afiliado al sistema de
seguridad social.
14. El treinta y uno
(31) de mayo de dos mil trece (2013), fue internado de urgencia en la
Clínica Chicamocha para que se le practicara el procedimiento llamado “ARTERIOGRAFIA
CORONARIA, ECOCARDIOGRAMA ESTENOSIS VALVULAR AÓRTICA LEVE CON FEVI NORMAL”.
El médico le ordenó dos días de reposo sin incapacidad, debido a que, según él,
no se encuentra afiliado a ningún sistema de seguridad social.
15. El primero (01)
de junio de dos mil trece (2013), dijo, su empresa le terminó el contrato de
trabajo “pues me indicaron que ya no necesitaban de mis servicios por que
vivía muy enfermo y porque habían puesto cámaras de vigilancia”. Adicionalmente,
dicha entidad no solicitó autorización a la oficina de trabajo para despedirlo
de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
16. Por ese motivo,
interpuso acción de tutela al considerar vulnerado su derecho a la estabilidad
laboral reforzada y como consecuencia de ello, pide el reintegro inmediato a su
trabajo.
Respuesta
de las entidades demandadas
Luna
Sánchez LTDA.
17. Sostuvo
que con el señor Eliécer Ríos nunca existió ninguna relación laboral. Durante
muchos años el accionante se desempeñaba como conductor de un camión de forma
independiente. Manifiesta la accionada que debido a la difícil situación
económica del tutelante, se le permitió vivir con su familia en un espacio
dentro del establecimiento de comercio de la empresa, sin que por ello se
hubiese contratado un vigilante nocturno como lo señala el actor.
Ocasionalmente, él o su esposa realizaban algunas labores menores que eran
canceladas en debida forma, dice. Por estas razones, no se puede decir que el señor
Ríos fue despedido dado que nunca existió relación laboral alguna.
Actuaciones
judiciales de instancia
Primera
instancia
18. Para el
Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga, si existió una vulneración a los
derechos fundamentales del accionante toda vez que existió una relación laboral
entre este y la empresa accionada. Así, sostuvo que si bien la acción de
tutela, en principio, no es el medio adecuado para discutir asuntos laborales
como el contrato realidad o la terminación de vínculos contractuales,
excepcionalmente, es la vía cuando los mecanismos con los que cuente el
accionante no sean idóneos o eficaces. Este caso, la justicia ordinaria laboral
no cumple con estos requisitos.
19. Por otra
parte, dijo que en efecto existe una relación laboral entre el tutelante y la
accionada pues revisadas las pruebas que obran en el expediente, existen
indicios (medios de prueba) que permiten concluir que en realidad el actor es
empleado de Luna Sánchez LTDA. Por ello, al existir un contrato laboral, es
objeto de la protección que ello implica. Por ejemplo, el derecho a la
estabilidad laboral reforzada. Por tales motivos, concedió el amparo
constitucional.
Impugnación
20. La empresa
accionada controvirtió la providencia del juez de primera instancia. Consideró
que el fallador le dio un valor y alcance que no tienen las pruebas aportadas
por el accionante. En efecto, en primer lugar, dice que el actor aportó dichas
pruebas después del traslado de la tutela sin que la accionada pudiera
controvertirlas. Advirtió cómo, aunque no los señaló con exactitud, existen
documentos que el juez de primera instancia tomó como prueba y que la accionada
nunca había suscrito. Así mismo, manifestó que no es posible afirmar que existe
una relación laboral, porque su empresa fue constituida en el año dos mil uno
(2001) y el demandante afirma que comenzó a trabajar para ellos en mil
novecientos noventa y seis (1996). Adicionalmente, los problemas de salud del señor
Ríos se dan por su edad y no por discapacidad certificada por un médico.
Segunda
instancia
21. El Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga revocó el fallo de primera instancia pues
el peticionario “1.- No allega prueba de la existencia del contrato de
trabajo, 2.- no menciona ni expone las condiciones y circunstancias que
rodearon la relación laboral (…) 3.- manifiesta que labora para Luna Sánchez
desde 1996 pero allega un certificado de existencia y representación de la
sociedad limitada Luna Sánchez que da cuenta de la existencia de la sociedad
por lo menos desde el año 2005. 4.- Que de los recibos adjuntos y visibles no
puede predicarse el pago de salario  (…) 5.- que de la historia clínica anexada
no puede extraerse que la enfermedad que padece el señor Eliécer Ríos se deba a
la labor que supuestamente desempeña en la sociedad (…)”.
EXPEDIENTE
T-4033839 OMAR GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ EN CONTRA DE EMPRESA INDUSTRIAS METALVAR
E.U.
22. Manifiesta
el accionante que en agosto dos mil once (2011) ingresó a trabajar en la
empresa Industrias Metalvar E.U. mediante contrato verbal de trabajo.
Desempeñaba el cargo de tornero mecánico. Sostiene que nunca fue afiliado a
seguridad social, razón por la cual se encontraba vinculado como beneficiario
de su esposa a la EPS Salud Total.
24. Para
el mes de mayo de dos mil doce (2012) sufrió un accidente laboral cuando una
maquina planeadora para madera de 35 cms le cayó encima de sus piernas. Dice
que le avisó a su empleador sin recibir ningún tipo de ayuda. Al día siguiente
comenzó a sentir un fuerte dolor lumbar por lo cual al cabo del tiempo, acudió
al médico.
25. El
diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012) le fue diagnosticada una
hernia discal con comprensión de las raíces nerviosas y espondilolitesis. Así,
el veintiocho (28) de diciembre de dos mil doce (2012) fue intervenido
quirúrgicamente razón por la cual fue incapacitado por unos días.
26. Dice el accionante que luego de la operación, sufrió varios
detrimentos en su salud, padeciendo fuertes dolores lumbares, dificultándosele
caminar. Ante ello, solicitó en varias ocasiones su afiliación al sistema de
seguridad social sin obtener respuesta alguna.
27. Por tal motivo, el peticionario manifiesta que acudió a la
Defensoría del Pueblo quien remitió un oficio a su empleador solicitándole que
afiliara a su empleado al sistema de seguridad social. Por este motivo, el tres
(03) de abril le fue comunicado verbalmente por su empleador que había sido
despedido, según el actor, “aduciendo que la empresa (industrias Metalvar
E.U.) no da trabajo a personas que demanden a la misma”. Manifiesta que el
despido se dio cuando estaba recuperándose de la operación.
28. Por estas razones el accionante considera vulnerado su derecho a
la estabilidad laboral reforzada y seguridad social. En consecuencia, solicita
que se ordene el reintegro inmediato a su puesto de trabajo atendiendo a sus
limitaciones de salud.
Respuesta
de las entidades demandadas y vinculadas
Industrias
Metalvar E.U.
29. El
señor Alejandro Baldivieso, actuando en calidad de representante legal de la
empresa Industrias Metalvar E.U., señaló reiteradamente que entre el accionante
y su empresa no existe ningún tipo de relación laboral. En consecuencia,
solicita que se declare la ausencia de responsabilidad de su empresa.
Salud
Total EPS
30. María
Antonia Bernal, gerente y representante judicial de Salud Total S.A. sucursal
Bogotá, respondió al juzgado de primera instancia diciendo que evidentemente si
existe vulneración a los derechos del accionante pero por causa de las
conductas del empleador. Sostuvo que su representada no tiene nada que ver con
los temas que se discuten. Por ello, solicita la desvinculación del trámite
constitucional.
Actuaciones
judiciales de instancia
Primera
instancia
31. El
Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, declaró
improcedente el amparo constitucional. Para este juzgado, es la acción de
tutela un trámite excepcional y residual que opera ante la ausencia de otros
mecanismos para proteger un derecho. En consecuencia, al solicitarse el reintegro,
el asunto que se discute involucra otras jurisdicciones como por ejemplo, la
ordinaria laboral. Pese a ello, en la parte resolutiva ordenó al accionado
reconocer y pagar la totalidad de incapacidades fruto del accidente laboral
sufrido por el peticionario.
Impugnación
32. La
empresa demandada, inconforme con la decisión, impugnó la providencia del juez
de primera instancia argumentando que se vulneraba su derecho al debido proceso
dado que se le permitió al accionante aportar pruebas después de habérsele
corrido traslado a la parte demandada. En consecuencia, dice, el juez valoró
pruebas que no pudo controvertirlas.
Segunda
instancia
33. El
Juzgado Treinta y dos penal del Circuito con funciones de Conocimiento revocó
la integralmente la decisión del juez de primera instancia. En su concepto, el
accionante no probó de ninguna manera la existencia de alguna relación laboral
que lo hiciera acreedor de la protección ofrecida por la estabilidad laboral
reforzada. Adicionalmente, reafirmó que el reintegro debe decidirse por la
justicia ordinaria laboral.
EXPEDIENTE
T-4035749 WILLIS ALFREDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ EN CONTRA DE CIPLAS S.A.
34. Manifiesta
el accionante que el dos (2) de junio de (2011) ingresó a trabajar a la empresa
CIPLAS S.A. Su vinculación fue a través de contrato a término fijo por un año.
El contrato se prorrogaría por un año más.
35. Sostiene el señor Cárdenas que el veinte (20) de junio de dos
mil doce (2012) sufrió un accidente de trabajo. Al acudir a la
Clínica Palermo le diagnosticaron “TRAUMA EN CADERA Y REGION LUMBOSACRA”,
razón por la cual le incapacitaron, inicialmente, siete (7) días. Tiempo
después fue valorado por su ARL Sura quien determinó que padecía de “TRAUMATISMO
SUPERFICIAL DEL TRONCO, NIVEL NO ESPECIFICADO”.
36. Luego de dicho dictamen, el tutelante manifiesta que ha estado
en frecuentes terapias.
37.  El veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013) el Dr.
Víctor Elías Arrieta, médico de la ARL Sura, hizo algunas recomendaciones al
empleador del tutelante. Principalmente “no trabajar agachado, no realizar
movimientos repetitivos de flexo-extensión o rotación del tronco, no levantar
objetos de peso superior a 7 Kg”.
38. Según el peticionario, el dieciséis (16) de abril del dos mil
trece (2013) se presentó a trabajar normalmente. Citado a la oficina de
recursos humanos, le entregaron la carta de terminación de contrato. En ese
escrito, la empresa le decía que el contrato celebrado entre ellos “se
terminará sin justa causa, a partir del dieciséis (16) de abril de dos mil
crece (2013)”. Por tal motivo, pagaría una la indemnización
correspondiente.
39. Sostiene el accionante que gracias a ese despido se desconoce su
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Por ello solicita el
reintegro a su puesto de trabajo en las condiciones médicas apropiadas.
Respuesta
de las entidades demandadas y vinculadas
CIPLAS
S.A.
40. El
señor Gustavo Reyes Silva actuando como representante legal de la accionada,
mediante comunicación remitida al juez de primera instancia el trece (13) de
mayo de dos mil trece (2013), sostiene que su empresa no le ha vulnerado los
derechos fundamentales al accionante. Lo anterior, debido a que cuando decidió
dar por finalizado el vínculo contractual, pese a hacerlo antes del
vencimiento, indemnizó al trabajador y realizó todos los pagos de ley.
42. Por
otra parte, considera que “al momento de dar por terminada la relación
laboral el accionante no contaba con algún tipo de recomendación o incapacidad
médica vigente que permitiera a la empresa considerar que el accionante se
encontraba incapacitado. Dentro del plenario el accionante no aporta prueba
alguna que permita determinar que al momento de dar por terminada la relación
laboral se encontraba en curso de algún tipo de tratamiento médico, terapia,
incapacidad médica o recomendación médica vigente conocida por parte de la
empresa”.
Así
mismo, la acción de tutela es improcedente pues, dice, no cumple con el
requisito de subsidiariedad. En efecto, dice, la
Ley 712 de 2001 establece expresamente que esta clase de discusiones derivadas
de los contratos laborales deben ser dirimidas por un juez laboral, previo
agotamiento de un proceso ordinario laboral.
Clínica
Palermo
43. A través de la señora Tania Beatriz
Pérez Santos, obrando en nombre y representación de la entidad vinculada,
sostuvo que la clínica no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante. Dice que son una institución que presta servicios médicos y que no
es responsable por las conductas y consecuencias causadas por la ejecución y
terminación de contratos laborales. Además, durante todos los problemas de
salud del tutelante le prestaron la atención requerida. Finalmente, aportaron
al expediente copia de la historia clínica del paciente.
ARL
Sura
44. Solicita
que se declare la improcedencia de la acción de tutela frente a ella, pues en
su criterio cumplió con todas sus obligaciones relativas a la prestación de
servicios asistenciales causados por el accidente del señor Cárdenas.
Sociedad
Médica de Ortopedia y Accidentes laborales
45. Aportó
al expediente historia clínica del paciente y anexos de los procedimientos
realizados.
Actuaciones
judiciales de instancia
Primera
instancia
46. El
Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, denegó la acción de tutela
interpuesta por el señor Cárdenas, pues en su criterio el accionante no
demostró que no contaba con otros mecanismos judiciales para defender sus
derechos ni tampoco la existencia de un perjuicio irremediable. Según el
fallador, el actor cuenta con mecanismos ordinarios como la justicia laboral para
solicitar el reintegro y aportes a seguridad social.
Impugnación
47. El
peticionario impugnó la providencia proferida en primera instancia. Reiteró los
argumentos esbozados en la acción de tutela, especialmente, el hecho de encontrarse
en tratamiento médico por causa del accidente sufrido en la empresa accionada.
Por su parte, CIPLAS S.A. se opuso a la impugnación resaltando las razones
expuestas en la contestación del amparo, especialmente, el relacionado con la
ausencia de pruebas que acrediten la discapacidad del señor Cárdenas.
Segunda
instancia
48. El
Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia proferida el
veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013), confirmó la sentencia de
primera instancia. En su concepto, la decisión adoptada por el fallador apelado
es acertada en tanto el accionante cuenta con otros recursos judiciales para
defender sus derechos. En consecuencia, la tutela no es la vía adecuada para
debatir estos asuntos. Adicionalmente, no se probó la inminencia de un
perjuicio irremediable.
EXPEDIENTE
T-4043423 WILSON HERNANDO ARIAS EN CONTRA DE GRUPO TASACA LTDA.
49. Manifiesta
el accionante que desde el primero (01) de enero de dos mil once (2011) se
vinculó laboralmente a la empresa Grupo Tasaca LTDA. Su contrato fue a término
indefinido. Sostiene que “las labores asignadas fueron las de barista” y
su salario ascendía aproximadamente a setecientos cincuenta mil pesos ($
750.000) más auxilio de transporte.
50. En el amparo presentado, dice que el veintinueve (29) de marzo
de dos mil once (2011), cuando “se encontraba desempeñando sus funciones
sufrió un accidente de trabajo consistente en la caída de una altura de cinco
(5) escalones” razón por la cual fue remitido por urgencias al Hospital
Clínica San Rafael. Sostiene que hasta la fecha de la presentación de la tutela
ha permanecido incapacitado por el accidente sufrido. Para el día del accidente
no se encontraba afiliado a ninguna administradora de riesgos profesionales. Tan
solo hasta marzo de dos mil once (2011) fue asegurado por su empleador a la
empresa POSITIVA Compañía de Seguros S.A. Declara el peticionario que tampoco
fue afiliado a salud ni pensión.
52. El treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), su
empleador, dada las limitaciones del tutelante, solicitó al Ministerio de
Protección Social autorización para la terminación del contrato, de conformidad
con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Pese a ello, mediante Resolución
00001194 del veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012), la oficina de
trabajo resolvió negar la solicitud.
53. Pese a ello, declara el actor, el cuatro (04) de abril de dos
mil trece (2013), su empleador le envió una comunicación donde manifestaba que “desde
el día veinte de marzo del presente año en el banco agrario reposa un título
judicial a su nombre con el valor de la liquidación correspondiente al tiempo
laborado para el GRUPO TASACA LTDA”. Considera que el empleador lo despidió
unilateralmente sin ningún fundamento legal y a pesar de conocer su condición
médica.
54. Solicita el tutelante que se protejan sus derechos fundamentales
a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad
laboral reforzada. Como consecuencia, se ordene su reintegro inmediato.
Respuesta
de las entidades demandadas y vinculadas
Grupo
Tasaca LTDA.
55. Doris
Patiño Ramírez, representante legal de la empresa accionada sostuvo que la
empresa como empleador del accionante nunca ha vulnerado sus derechos
fundamentales. Manifestó que cuando el señor Arias ingresó a trabajar con ellos
ya presentaba problemas en su brazo. En consecuencia, dice, aunque
efectivamente sufrió un accidente en horario laboral, su discapacidad se dio
por los problemas presentados antes de ingresar a trabajar en la empresa.
Adicionalmente,
afirma que las razones para el despido fueron ajenas a su condición de
discapacidad. Afirma que el señor Arias llevaba varios días sin asistir a su
trabajo sin aportar ninguna incapacidad ni tampoco justificación. Por tal
motivo, dice que esta situación “conlleva al factor objetivo de su
desvinculación por abandono de su trabajo”.
Positiva
Compañía de Seguros S.A.
56. Dijo
que una vez revisados los registros en los sistemas de información de su
compañía, no se registra reporte alguno de accidente laboral ocurrido al
accionante. Por tal motivo, solicita se desvincule del trámite.
Protección
Pensiones y Cesantías
57. Manifestó
que desconoce las razones del despido del señor Arias y por tal motivo, no
puede realizar pronunciamientos de fondo sobre el asunto. Así mismo, dijo que
en sus bases de datos se encuentra registrado un trámite en cabeza del
accionante solicitando pensión por invalidez.
Actuaciones
judiciales de instancia
58. El
Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia expedida el
dieciséis de Julio de dos mil trece (2013), denegó el amparo constitucional
tras no cumplirse con el requisito de subsidiariedad de la acción. Para el
fallador, es claro que el accionante quiere discutir asuntos laborales a través
de un instrumento residual y subsidiario como es la tutela. En concreto, resultaría
una intromisión de la justicia constitucional en la laboral. Por ello, al
existir otras vías para debatir tales asuntos, la acción de tutela es
improcedente.
EXPEDIENTE
T-4045089 GUILLERMO LÓPEZ ARIAS EN CONTRA DE EXTRAS S.A.
59. El
señor Guillermo López Arias manifiesta que desde el (9) de noviembre de dos mil
doce (2012) fue contratado por la empresa de servicio temporal Extras S.A. para
desempeñar el cargo de “oficial de constructor” en la empresa usuaria GAIA
ENERGY INVESTMENTS LTDA. Una de las funciones de su cargo era la “extracción
de minerales en el Departamento de Caldas”.
60. Sostiene el tutelante que en desarrollo de sus labores, el
catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), tuvo un accidente que le
causó lesiones en el ligamento de la rodilla. Por esta razón acudió al Hospital
Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de Norcasia, Caldas. En el diagnóstico
realizado, los médicos tratantes le dieron tres (3) días de incapacidad y
ordenaron una valoración especializada con el ortopedista.
61. El cuatro (4) de enero de dos mil trece (2013), su EPS (Nueva
EPS) autorizó la consulta con el especialista en ortopedia. Este último lo
remitió al médico cirujano para realizar exámenes adicionales. Posteriormente,
el catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013), su cirujano le informó que
era necesario practicarle una cirugía para su recuperación.
62. Manifiesta el actor que a pesar de informar a su empresa sobre
la cirugía, el veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013) su empleador,
Extras S.A., le informó que daba por terminado su contrato. Como consecuencia,
fue desvinculado de su EPS y por tal motivo, no ha sido posible practicar la
operación que necesita.
63. El
peticionario solicita se le protejan sus derechos fundamentales al mínimo
vital, trabajo y seguridad social. Pretende además el reintegro inmediato a su
trabajo y a su EPS.
Respuesta
de las entidades demandadas y vinculadas
Extras
S.A.
64. La
señora Diana Cristina Orrego Ortiz, actuando como apoderada especial de Extras
S.A., contestó la acción de tutela diciendo que la empresa a la que representa
no violó los derechos fundamentales del señor López. Principalmente, considera,
porque el señor López no aportó ninguna prueba al proceso que acreditara la
necesidad de practicársele ninguna cirugía y mucho menos que se encontraba
incapacitado para realizar sus labores. Así, argumenta que “el señor López
requiere una cirugía pero no presenta ningún documento médico que soporte su
afirmación. En el documento a folio 6, se evidencia que efectivamente el señor
López tuvo cita con ortopedia el 16 de enero de 2013, pero es claro que de esta
cita no resultó incapacidad médica, restricciones ocupacionales o remisión a
cirugía como expone el accionante”.  Así mismo, sostiene que la incapacidad
otorgada fue de tan solo (3) días, razón por la cual, no lo coloca en ninguna
situación de indefensión que amerite garantizar su derecho a la estabilidad
laboral reforzada.
E.S.E
Hospital Sagrado Corazón de Jesús
65. Luego
de que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La
Dorada, Caldas, decretara la nulidad de lo actuado por indebida integración
del contradictorio y vinculara a esta entidad, el Hospital guardó silencio
sobre los hechos de la tutela.
Clínica
de Especialistas S.A.
66. Una
vez decretada la nulidad del proceso y vinculada al trámite, la
Clínica respondió que le ha prestado al actor todos los servicios que ha
requerido. En efecto, el Dr. Herman Gómez le atendió el catorce (14) de febrero
de dos mil trece (2013) y de su consulta se ordenó el procedimiento quirúrgico “RECONSTRUCCION
ARTROSCÓPICA DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR CON INJERTO”.
Nueva
EPS
67. Sostuvo
que el accionante se encuentra afiliado al Régimen Contributivo del sistema
General de Seguridad Social en Salud. Manifestó que las pretensiones del
accionante van dirigidas a que se reintegre a su trabajo y no respecto de
alguna acción de esta. Así mismo, dijo que mientras estuvo afiliado le prestó
todos los servicios requeridos.
Actuaciones
judiciales de instancia
68. El
Juzgado Promiscuo Municipal de Norcasia, Caldas, mediante sentencia del ocho
(08) de julio de dos mil trece (2013), declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por el señor López. Lo anterior dado que, en su criterio, no cumple
con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. Según el fallador,
existen otros mecanismos judiciales para defender los derechos invocados por el
tutelante. Para la juez, la vía adecuada para discutir este asunto es la
jurisdicción ordinaria laboral.
EXPEDIENTE
T-4032850 JOSÉ ÁNGEL VILLEGAS GUERRERO EN CONTRA DE ASEO URBANO S.A. Y ALTXER
S.A.S
69. Manifiesta el accionante que ingresó a trabajar el día nueve
(09) de noviembre de dos mil (2000) en la empresa de Aseo Urbano S.A. a través
de, inicialmente, la
Cooperativa Progresemos. Posteriormente, luego de varias sustituciones
patronales, fue vinculado en Altxer S.A.S.
70. Desde el año dos mil once (2011) comenzó a sentir fuertes
dolores en el hombro izquierdo. Al acudir al médico le diagnosticaron “BURSITIS
SUB-ACROMIO SUB-DELTOIDEAO”. Realizados nuevos exámenes se le diagnosticó “TUNEL
DEL CARPIO DERECHO SENSITIVO MILENIO GRADO LEVE”.
71. Sin consideración a su estado de salud, dice el peticionario,
Altxer S.A.S. le manifestó que su contrato laboral terminaría el treinta y uno (31)
de diciembre de dos mil doce (2012). Según él, eso se dio por el impedimento
físico que presentaba.
72. Por estos motivos, interpuso acción de tutela para que se le
protejan sus derechos fundamentales, especialmente, al trabajo, mínimo vital y
estabilidad laboral reforzada. Considera que acudir a un proceso laboral puede
causarle un perjuicio irremediable.
Respuesta
de entidades accionadas o vinculadas
Aseo
Urbano S.A.S ESP.
73. El
señor Ángel Uriel García Torres, actuando como representante legal de la
empresa de Aseo Urbano S.A., sostuvo que su empresa no ha vulnerado los
derechos fundamentales del accionante, en tanto nunca ha existido ningún
vínculo laboral entre ellos. Manifiesta que los trabajadores de dicha empresa
siempre han estado vinculados a través de contratos de trabajo bajo el estricto
cumplimiento de las normas legales. Dijo además que algunas de las empresas
accionadas han sido contratadas para prestar servicios generales y no para
contratar personal. Así mismo, declara que no conocen ni son responsables por
el tipo de vinculación de aquellos trabajadores. Por estas razones, solicita
sean eximidos de toda responsabilidad.
Altxer
S.A.S
74. La
señora Vanessa Luque Buitrago, representante legal de la empresa accionada, se
opuso a las pretensiones del actor. Manifiesta que en efecto entre las partes
existió un vinculo laboral vigente desde el veintisiete (27) de junio de dos
mil once (2011) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012).
Este contrato estaba previsto para durar mientras se ejecutaba un contrato
“matriz” celebrado entre Altxer y Aseo Urbano. Es decir, mientras se
desempeñaba como contratista de la empresa mencionada. Tras la terminación de
estas labores, dijo, el contrato del accionante también finalizó.
Por
otra parte, sostuvo que durante la relación laboral “no se presentó ningún
accidente de trabajo que le ocasionara quebrantamientos graves de salud al hoy
accionante, como tampoco se presentaron incapacidades por parte de la
EPS. Las recomendaciones médicas emitidas por parte de la
EPS de manera temporal, no le impidieron realizar de manera normal sus
funciones (…)”.  Por tal motivo, la protección relativa a la estabilidad
laboral reforzada no le es aplicable.
Finalmente,
manifestó que la acción de tutela no es procedente al contar con otros
mecanismos judiciales para controvertir las decisiones tomadas por su empresa.
Para ello, por ejemplo, pudo haber acudido a la jurisdicción ordinaria laboral
y presentar sus reclamos conforme a la ley.
Nueva
EPS.
75. Informó
al juzgado las condiciones de vinculación del señor Villegas. Dijo que su EPS
ha prestado todos los servicios de salud que el accionante ha requerido, tales
como atención por urgencias y un insumo ortopédico. Así mismo, dijo que el
accionante se encuentra registrado como cotizante dependiente en estado
retirado desde el primero (01) de enero de dos mil trece (2013).
ARP
Sura
76. Aportó
al expediente los sucesos y valoraciones médicas del tutelante, donde
manifiesta que “dichos eventos fueron calificados por parte de ARP Sura como
de origen profesional, de los cuales fue atendido el evento agudo y no
generaron secuelas”. Por este motivo, dijo, no se generaron recomendaciones
laborales u órdenes de reubicación.
Actuaciones
judiciales de instancia
Primera
instancia
77. El
Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta, decidió no tutelar los derechos
fundamentales del accionante, toda vez que, de acuerdo con las pruebas que
reposan en el expediente, no se evidencia que los accidentes sufridos hayan
generado secuelas o impedimentos médicos para continuar trabajando. Por tal
motivo, sostuvo, no se enmarca dentro de las hipótesis fijadas por la
Corte Constitucional para otorgar la protección relativa a la estabilidad
laboral reforzada.
Impugnación
78. El
accionante impugnó la tutela al no estar de acuerdo con la decisión adoptada
por el juez de primera instancia. Además de reiterar los argumentos esgrimidos
en la acción de tutela, considera que desde hace diez años lleva trabajando
para la empresa Aseo Urbano. Dijo que así hayan variado las empresas temporales
que le prestaban servicios a la accionada, no es menos cierto que existe un
“contrato realidad” entre él y la empresa Aseo Urbano. Reiteró además que el
médico Adolfo Mario Manotas Navarro le diagnosticó “SINDROME DE TUNEL
CARPIANO Y EPICONDILITIS BILATERAL Y CERVICALGIA” ordenando modificar sus
condiciones de trabajo.
Segunda
instancia
79. El
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, confirmó la decisión del juez de
primera instancia. Además de reiterar los argumentos de la sentencia impugnada,
sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para debatir estos
asuntos. Dijo que le corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral dirimir
esta controversia. Por tanto, la presente acción no cumple con el requisito de
subsidiariedad de la tutela.
EXPEDIENTE
T-4032700 CÉSAR CARLOS CASTAÑEDA CANTILLO EN CONTRA DE SERVICIOS Y ASESORÍAS EL
LITORAL Y OTROS.
80. La
señora Micellys Leonor Manotas, actuando como abogada del señor César Carlos
Castañeda, manifiesta que desde el siete (07) de abril de dos mil once (2011)
el señor Castañeda se encuentra vinculado laboralmente “en el cargo de
conductor de Lácteos del Cesar para la empresa Klarens”.
81. Sostiene
que su representado comenzó a padecer múltiples inflamaciones en los pies, haciéndole
más difícil desarrollar sus actividades laborales. Por esta razón, acudió a su
EPS Salud Total para ser valorado. Luego de realizados varios exámenes, le
diagnosticaron “LIFENDEMEA MAS INSUFICIENCIA VASCULAR PROFUNDA”.
82. Declara que desde agosto de dos mil once (2011), fecha en que le
fue valorada su patología, inició un tratamiento en el que le fueron ordenadas
varias terapias físicas y un drenaje linfático dos veces al día para mejorar su
salud y continuar con su trabajo.
83. Debido a sus problemas de salud, fue remitido a la
Junta Regional de Calificación de Invalidez. Pese a ello, dice, su contrato
laboral fue terminado el día once (11) de octubre de dos mil once (2012).
84. Dice la representante que a pesar del tratamiento recibido, su
estado de salud empeora y su estado anímico es mucho más complicado. Sostiene
que no cuenta con recursos económicos para mantener a su familia pues su único
ingreso era el que percibía por su trabajo como conductor.
85. Por tales razones, solicita que se protejan sus derechos
fundamentales al mínimo vital, dignidad humana, seguridad social, al trabajo y
a la vida. Así mismo, pretende el reintegro inmediato a su trabajo y el
mejoramiento de sus condiciones.
Respuesta
de las entidades accionadas o vinculadas
Servicios
y Asesorías del Litoral S.A.
86. Oscar
Armando Argote Royero, actuando en nombre y representación judicial de la
empresa Servicios y Asesorías del Litoral LTDA. respondió la acción de tutela
diciendo que su representada no ha vulnerado los derechos del tutelante. Antes
de iniciar con los aspectos de fondo, el señor Argote resaltó que la presente
acción no cumple con el requisito de inmediatez de la acción de tutela. En
efecto, dijo, la fecha de terminación del contrato fue once (11) de octubre de
dos mil doce (2012) y la acción de tutela presentada el quince (15) de abril de
dos mil trece (2013), es decir, seis meses después de los hechos que dan lugar
a la presunta vulneración de derechos fundamentales.
Por
otra parte, sostuvo que el accionante nunca informó a su representada sobre su
estado de salud. Así mismo, consideró que no existe ninguna prueba contundente
que evidencie la necesidad de otorgar la protección relativa a la estabilidad
laboral reforzada. Finalmente, manifiesta que la acción de tutela es
improcedente al contar con otros recursos judiciales como por ejemplo, acudir a
la justicia laboral.
Empresa
Lácteos del Cesar S.A.
87. Rafael
Mauricio Rueda Cala, actuando como representante legal de la sociedad
accionada, mediante comunicación recibida por el juez de primera instancia el
veintitrés (23) de abril de dos mil trece (2013), se opuso a las pretensiones
del accionante. Dijo que la acción de tutela se dirige en contra de Klarens y
no contra Lácteos el Cesar. Sostuvo que el tutelante nunca ha trabajado en su
empresa y como tal no ha existido jamás algún vínculo laboral.
Actuaciones
judiciales de instancia
88. El
Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, mediante fallo proferido el
veintinueve (29) de abril de dos mil trece (2013), negó el amparo
constitucional. Para el juez de instancia, no existe vulneración a los derechos
fundamentales del accionante pues pese a ser diagnosticado con “LINFEDEMA +
INSUFICIENCIA VASCULAR PROFUNDA”, no existe ningún tipo de incapacidad que
pruebe que el accionante no puede continuar con el desarrollo de sus
actividades laborales. Así mismo, sostuvo que la accionada nunca fue notificada
de los padecimientos del peticionario durante la vigencia del contrato. Por
ello, no tenía cómo saber que contaba con algún tipo de discapacidad laboral.
EXPEDIENTE
T-4044178 JORGE ENRIQUE CABEZAS EN CONTRA DE PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A.
89. Manifiesta el señor Jorge Enrique Cabezas Cerón que desde hace
aproximadamente 21 años trabaja como operario de terminados en la empresa
Prensa Moderna Impresores S.A. de la ciudad de Cali. Sostiene que la
vinculación con su empleador siempre ha sido a través de contrato laboral a
término fijo.
90. Durante
su trabajo presentó varios problemas de salud. Por ese motivo, acudió a su
médico tratante quien luego de practicar varios exámenes le diagnosticó “MANGUITO
ROTADOR BILATERAL, RUPTURAS PARCIALES Y TOTALES, ADEMÁS COMPROMISO DEL LABRUM
GLENOIDEO IZQUIERDO”. Debido a ello, sostiene el actor, ha estado
incapacitado en varias oportunidades y actualmente sigue presentando afecciones
en su salud que le impiden laborar en condiciones regulares. Dada su
enfermedad, el médico tratante le ordenó al tutelante que en sus actividades
laborales no podía levantar los brazos por encima del hombro.
91. Pese
a su estado de salud, dice el peticionario, el veinticuatro (24) de enero de
dos mil trece (2013), su empleador puso en su conocimiento la decisión de no
prorrogarle el contrato. Dicho aviso fue notificado treinta (30) días antes de
que expirara el vínculo laboral, de conformidad con el artículo 46 del Código
Sustantivo del Trabajo y el 3 de la Ley 50 de 1990. En la comunicación
recibida, su empleador sostiene que la empresa cuenta con dificultades
financieras lo que le impiden prorrogar el contrato.
92. Sostiene
el accionante que su despido se debió a su condición de discapacidad pues una
vez retirado del cargo, este se mantuvo. Considera que la discapacidad que
padece, probablemente generaría más incapacidades laborales en un futuro y esa
es la razón principal del empleador para no prorrogar su contrato.
93. Adicionalmente,
considera vulnerado su derecho al debido proceso pues si bien el Código
Sustantivo del Trabajo permite terminar el contrato de trabajo por vencimiento
del tiempo pactado, su empresa no acudió al Ministerio de Protección Social
para solicitar autorización. Lo anterior, debido a que el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997 establece que no podrá despedirse a una persona por razón de
su discapacidad y que en todo caso, respecto de aquellas personas, deberá
mediar la autorización del Ministerio de Protección Social[1].
94. Por
tales motivos solicita que se le protejan sus derechos fundamentales al
trabajo, mínimo vital, la seguridad social y a la estabilidad laboral
reforzada. Para ello, pretende el reintegro inmediato a su trabajo.
Respuesta
de la entidad demandada
95. El
señor Juan Guillermo Jaramillo Franco, obrando como representante legal de la
empresa Prensa Moderna Impresores S.A, mediante comunicación remitida al
juzgado de primera instancia, se opuso a las pretensiones del accionante.
En
su escrito manifestó que la empresa que representa no vulneró sus derechos
fundamentales del peticionario pues actuó de conformidad con el artículo 46 del
código sustantivo del trabajo[2].
Lo anterior dado que con más de treinta días de antelación a la terminación del
contrato, es decir, el veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), le
enviaron un aviso en el cual se decidía no continuar con sus servicios. Ello además,
porque la empresa contaba con problemas financieros para continuar con él como
trabajador.
Por
otra parte, sostiene el accionado que la acción de tutela es improcedente pues
no es el mecanismo apropiado para ventilar estas discusiones. Manifiesta que
este trámite constitucional está diseñado para proteger derechos fundamentales
cuando el interesado no cuente con otros mecanismos judiciales para
defenderlos. En consecuencia, dice, la acción de tutela no es el recurso
apropiado para ejercer acciones de reintegro  con el correlativo cobro de
derechos y prestaciones económicas de carácter laboral. Para ello existe la
jurisdicción ordinaria laboral.
Finalmente,
considera el demandado que la acción de tutela presentada por el señor Cabezas
carece de fundamentos constitucionales y legales para solicitar su reintegro.
Así, sostiene que al momento de presentarse la expiración del plazo el
tutelante no se encontraba discapacitado. Manifiesta que de conformidad con el
artículo 5 de la ley 361 de 1997 las personas con limitación deberán aparecer
calificadas como tales en el carné de afiliado al sistema de seguridad en
salud, ya sea contributivo o subsidiado. En consecuencia, la protección alegada
por el trabajador no le es aplicable pues ninguna entidad competente para
dictaminar su discapacidad lo ha certificado. Así mismo, según el demandado la
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en Sentencia del quince
(15) de julio de dos mil ocho (2008) estableció que la discapacidad debe ser declarada
por la entidad competente, pero además debe ser superior al quince por ciento
(15 %).
Actuaciones
judiciales de instancia
Primera
instancia
96. El
juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, a
través de Sentencia proferida el cinco (05) de abril de (2013), declaró
improcedente el amparo constitucional. Para ese despacho, existen otros
mecanismos judiciales para ventilar esta controversia. En efecto, el accionante
puede formular sus pretensiones en la jurisdicción ordinaria laboral.
Para
el juez de primera instancia, está claro que en efecto el contrato laboral
puede terminarse por expiración del plazo inicialmente pactado siempre y cuando
se dé un preaviso con treinta días de anticipación a esa fecha. Sin embargo,
ello es un asunto que no compete a los jueces constitucionales. Así, manifiesta
que si bien el tutelante “hace referencia a una serie de acontecimientos y
momentos médicos que suponen la existencia de un antecedente eventualmente
patológico que, según su concepto lo única como un trabajador despedido en
condiciones de disminución física”, no existen pruebas suficientes que lo
lleven a considerar que determinen que se encontraba limitado o incapacitado
para desempeñar sus funciones laborales. No existe informe médico que indique
la existencia de una enfermedad profesional o común que demande su protección a
través de la figura de la “protección laboral reforzada”.
Impugnación
97. El
diez (10) de abril de dos mil trece (2013) el señor Cabezas impugnó la decisión
del juez de primera instancia. Además de reiterar los argumentos señalados en
la acción de tutela, sostuvo que de conformidad con el artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia debe recibir un trato especial al
encontrarse limitado físicamente. Ello lo pone en una situación de debilidad
manifiesta protegida por la
Corte Constitucional.
98. El
Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali, mediante
decisión del dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013) confirmó la
sentencia proferida en primera instancia. Lo anterior, por las siguientes
razones.
Para
este Juzgado, existen otros mecanismos judiciales para discutir estos asuntos.
En efecto, sostiene, la jurisdicción ordinaria laboral es la vía apropiada.
Para este fallador, el asunto examinado no se enmarca dentro de los supuestos
fijados por la Corte Constitucional sobre estabilidad laboral reforzada. Lo
anterior pues las pruebas aportadas al expediente evidencian que la enfermedad
que el accionante sufría, podía padecerla toda clase de trabajador y no era una
de aquellas que le impidiera continuar con su trabajo. Por ello, no era
merecedor de una protección especial.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de
revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1997 y en cumplimiento del
auto expedido el doce (12) de septiembre de dos mil
doce (2013) por la Sala de Selección número nueve.
Problema jurídico y metodología de la decisión
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la
Sala Novena de revisión determinar si ¿las empresas demandadas vulneraron los
derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y
al mínimo vital, al dar por terminadas las alegadas relaciones laborales de sus
empleados, pese a padecer problemas de salud que les impedía trabajar en
condiciones regulares?
Para resolver
este interrogante, esta Sala (i) estudiará la procedibilidad de la acción de
tutela, (ii) reiterará su jurisprudencia sobre el protección otorgada a los
trabajadores a través de la figura de la estabilidad laboral reforzada y; (ii) resolverá
los casos concretos.
Procedencia
de la acción de tutela para solicitar el reintegro laboral. Reiteración de
jurisprudencia.
El artículo 86
de la Constitución Política de Colombia establece que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Adicionalmente, dice que el amparo solo será procedente cuando no
exista en el ordenamiento jurídico un recurso judicial para defender el derecho
presuntamente vulnerado. Este concepto ha sido entendido por la
Corte como principio o requisito de subsidiariedad[3].
De acuerdo con este requisito, la acción de tutela solo
será procedente cuando (i) no exista en el ordenamiento jurídico un mecanismo
judicial, o (ii) existiendo sea ineficaz y/o (iii) inidóneo. En todo caso, (iv)
será procedente de manera transitoria cuando se constate la existencia de un
perjuicio irremediable[4].
Pues bien, en materia laboral el requisito de subsidiariedad adquiere una connotación
particular. La Corte ha sostenido que cuando se trate de controversias
relativas al derecho al trabajo, la acción de tutela en principio no es el
mecanismo adecuado para debatirlas pues en “el ordenamiento
jurídico colombiano prevé para el efecto acciones judiciales específicas cuyo
conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo
contencioso administrativo, según la forma de vinculación de que se trate, y
afirmar lo contrario sería desnaturalizar la acción de tutela, concretamente su
carácter subsidiario y residual”[5].
Pese a ello,
excepcionalmente, este Tribunal ha entendido que es procedente cuando se trata
personas que se encuentran en “circunstancias de debilidad manifiesta por
causa de su condición económica, física o mental y que formulan pretensiones
dirigidas a lograr la tutela del derecho constitucional a la estabilidad
laboral reforzada”[6].
Este punto ha sido reiterado en varias ocasiones por la Corte[7].
De acuerdo con
ello, en la Sentencia T-663 de 2011, este Tribunal Constitucional sostuvo que
la procedencia preferencial del amparo constitucional “proviene
de la necesidad de un mecanismo célere y expedito para dirimir esta clase de
conflictos cuando el afectado es un sujeto que amerite la estabilidad laboral
reforzada, (…). Ante tales eventos, la acción constitucional aventaja al
mecanismo ordinario de defensa judicial, por resultar eficaz en medida y
oportunidad, frente a las circunstancias particulares del actor para cada caso
concreto”. En otros términos, ante la condición de debilidad
del o la accionante, el amparo constitucional remplaza al mecanismo ordinario
de tal suerte que las posibilidades de reintegro dependerán de la verificación
de circunstancias de fondo estrechamente relacionadas con la estabilidad
laboral reforzada.
Así mismo,
mediante Sentencia T-864 de 2011, esta Corporación sostuvo que “la
jurisprudencia de la Corte también ha reconocido que la acción de tutela
procede como mecanismo de protección de manera excepcional, en los casos en que
el accionante se encuentra en una condición de debilidad manifiesta o sea un
sujeto protegido por el derecho a la estabilidad laboral reforzada, es decir,
en los casos de mujeres en estado de embarazo, de trabajadores con fuero
sindical y de personas que se encuentren incapacitadas para trabajar por su
estado de salud o que tengan limitaciones físicas.[8]"
En igual
sentido:
“en los casos de personas protegidas por la estabilidad laboral
reforzada no existe dentro de los procesos ordinarios un mecanismo preferente y
sumario para que opere el restablecimiento de sus derechos como trabajadores.
Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional “considera [que] la acción de
tutela [es] procedente para ordenar el reintegro al trabajo (…) de los
trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, despedidos sin
autorización de la oficina del trabajo así mediare una indemnización.”[9]. Lo anterior,
con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas en situación
de debilidad y evitar que los trabajadores despedidos bajo estas circunstancias
deban adelantar un proceso engorroso que no sea idóneo o eficaz para la
protección de sus derechos fundamentales.
Se entiende
entonces que, aunque en principio la acción de tutela dada su naturaleza
subsidiaria, no es el mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral,
en los casos en que el accionante sea titular del derecho a la estabilidad
laboral reforzada por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y
sea desvinculado de su empleo sin autorización de la oficina del trabajo o del
juez constitucional, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se
convierte en el mecanismo de protección principal”[10]
En síntesis,
si bien la acción de tutela no es, por regla general, el mecanismo adecuado
para solicitar el reintegro laboral, en algunos casos, como por ejemplo cuando
el titular del derecho encuentre protección relativa a la estabilidad laboral
reforzada, este trámite se convierte, transitoria o definitivamente[11], en el
mecanismo más adecuado de protección del derecho. Al adquirir dicha
connotación, remplaza los mecanismos ordinarios permitiendo solicitar el
reintegro de las personas que se enmarcan en tales condiciones.
Estabilidad
laboral reforzada. Reiteración de jurisprudencia.
De conformidad
con el artículo 13 de la Constitución, el Estado está en la obligación de
adoptar medidas tendientes a la protección de personas en estado de debilidad
manifiesta, ya sea por su condición física o mental o por ser sujetos
tradicionalmente discriminados. Por su parte, el artículo 47 Superior obliga a
las entidades públicas a adelantar políticas para la previsión, integración y
rehabilitación de aquellos sujetos que tengan algún impedimento físico o
psíquico. Finalmente, el artículo 53 consagra el principio relativo a la
estabilidad laboral de los trabajadores.
De la
integración y armonización de estos y otros artículos, la
Corte ha fijado algunas reglas relativas a la estabilidad laboral reforzada[12]. Esta
protección constitucional, implica que “aquellas personas que se encuentren
en un estado de vulnerabilidad manifiesta deben ser protegidas y no pueden ser
desvinculadas sin que medie una autorización especial”[13]. Si
bien todos los trabajadores tienen el derecho a no ser despedidos de manera
abrupta, esa estabilidad adquiere el carácter de reforzada cuando se trate de,
entre otros[14],
personas en condición de discapacidad o en general con limitaciones físicas y/o
sicológicas para realizar su trabajo. A estos sujetos se les debe respetar “la
permanencia en el empleo (…) luego de haber adquirido la respectiva limitación
física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en
conformidad con su capacidad laboral”[15]
Este concepto
ha sido complementado por estándares internacionales vinculantes para Colombia.
Sobre este aspecto, en la
Sentencia T-691 de 2013, aplicando normas internacionales, esta Corporación
que “la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en su artículo 27, literal a., [establece que
los Estados deben]
“reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en
igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes,
incluida la promulgación de legislación, entre ellas: a) Prohibir la
discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección,
contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción
profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; deberían tener
en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad[16]”[17]. (Subraya
por fuera del texto).
En el plano
interno, la protección laboral de estas personas ha sido desarrollada tanto por
el legislador como por los jueces. Por ejemplo,
el Congreso, a través de la Ley 361 de 1997“por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se
dictan otras disposiciones”, impuso restricciones más fuertes a los
empleadores que quisieran despedir a personas en condición de discapacidad[18]. En efecto,
el artículo 26 de dicha ley les prohibió despedir a sus trabajadores en razón
de las discapacidades que puedan sufrir, a menos que obtengan autorización de
la oficina de trabajo. En todo caso, ordenó pagársele al trabajador despedido una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario. Así, “quienes procedan en forma contraria a ella, estarán
obligados al pago de una indemnización equivalente a ciento ochenta días de
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a las que
hubiere lugar de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo y demás
normas que lo modifiquen, adicionen o complementen”[19].
De esta forma, cuando el empleador contraríe tal
norma, el despido del trabajador será ineficaz. Sobre el punto, la
Corte en sentencia C-531 de 2000 expresó que “el despido del
trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su
limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos
jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva
autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá
asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la
respectiva indemnización sancionatoria.”[20].
Como se aprecia, el objetivo de esta norma es evitar que los trabajadores en
condición de discapacidad sean discriminados por sus condiciones personales,
aumentando los requisitos e imponiendo sanciones al empleador por su despido.
Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que la estabilidad
laboral reforzada es una protección constitucional que no se garantiza
simplemente con la imposibilidad que tiene el empleador de terminar el contrato
del titular del derecho. Ello significa “que el núcleo esencial del referido
derecho en los discapacitados no se agota en el permiso de la autoridad de
trabajo correspondiente, por el contrario el empleador también está obligado a
intentar la reubicación de la persona en un cargo de acuerdo a su estado de
salud”[21].
En otros términos, significa:
“i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en
razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta
que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve
la desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente
autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la
causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del
trabajador, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena
que, de no establecerse, el despido sea declarado ineficaz.[22]”[23]
Así las cosas, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que esta garantía constitucional, es predicable
de aquellos sujetos con limitaciones de salud para desarrollar cierto tipo de
actividades laborales. Cobija a quienes padecen algún tipo de problema en su
estado de salud que les impide realizar sus funciones. Esta regla fue resaltada
por la Corte en la sentencia T-516 de 2011 cuando sostuvo que “[e]l amparo
cobija a quienes sufren una disminución que les dificulta o impide el desempeño
normal de sus funciones, por padecer i) deficiencia, entendida como una pérdida
o anormalidad, permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o
anatómica de estructura o función; ii) discapacidad, esto es, cualquier
restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionado por
un desmedro en la forma o dentro del ámbito normal del ser humano; iii)
minusvalidez, que constituye una desventaja humana, que impide o limita el
desempeño de una función normal de la persona, acorde con la edad, sexo y los
factores sociales o culturales”. Dicho de otra forma, protege un amplio
número de personas con problemas de salud. No se restringe solo a quienes hayan
sido calificados con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
Para la
Corte, si bien es cierto la protección radica en cabeza de quienes sufran
limitaciones físicas que les impida realizar su trabajo, también ha distinguido
en su jurisprudencia los efectos del amparo. Así por ejemplo, en Sentencia
T-111 de 2012, la Corte sostuvo que “para saber qué sujetos
deben estar protegidos por la figura de la estabilidad laboral reforzada se
deben distinguir los conceptos de disminución física, discapacidad e invalidez”.
De acuerdo con ello:
“podría
afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la
especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente
nos encontramos frente a una persona invalida. La invalidez sería el producto
de una discapacidad severa.”. [Por lo tanto,] “para la protección especial de
quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta
se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su
situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredite su condición de inválido.
(…) [Asimismo]
la jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada
establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores
discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de
salud en el desarrollo de sus funciones. En efecto, en virtud de la aplicación
directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el despido de
un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la cual procede
la tutela como mecanismo de protección”.[24]
La Sentencia T- 211 de 2012 reiteró y aclaró el anterior punto. Así,
señaló que “los trabajadores que sean catalogables como (i) inválidos, (ii)
discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv) en
general  todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud; (b) esa
circunstancia les “impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares”, y (c) se toma que, en esas condiciones
particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, están en
circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la
“estabilidad laboral reforzada”[25].
En este orden
de ideas, ha entendido este Tribunal que cuando el sujeto no haya sido
calificado científicamente por un médico que determine el nivel de discapacidad[26], el amparo será
transitorio. En otros términos, “la garantía a la estabilidad laboral
reforzada no sólo se predica de las personas en invalidez, sino también de
aquellos que por su estado de salud, limitación física o psíquica se encuentran
discapacitados y en circunstancias de debilidad manifiesta, cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición como mecanismo
transitorio, así no se haya calificado su nivel de discapacidad, hasta tanto la
autoridad judicial competente tome las decisiones respectivas”[27]. Por el contrario, si se tiene
certeza del grado de discapacidad, el amparo será definitivo. Ello se explica
pues una vez conocido dicho porcentaje se sabrá si, por ejemplo, el titular del
derecho es beneficiario de una pensión por invalidez.
En relación con el tipo de vinculación laboral, esta
Corporación ha dicho que si bien por el tipo de contrato pueden existir causas
objetivas para el despido de un trabajador, cuando se trate de personas que
gozan de estabilidad laboral reforzada dichas causales no son suficientes si no
se cumplen con las cargas contenidas el artículo 26 de la ley 361 de 1997 y la
comprobación de una causal objetiva. Por ejemplo, en sentencia T-864 de 2011,
este Tribunal dijo que si bien la expiración del plazo pactado en los contratos
a término fijo es una causa objetiva para terminar el contrato de un
trabajador, cuando opere la estabilidad laboral reforzada no es posible aplicar
esta regla[28].
En otras palabras, “en los casos en los que una persona ha
suscrito un contrato laboral, y se encuentra cobijada por el principio de
estabilidad laboral reforzada, la expiración del plazo no es razón suficiente
para justificar el despido de la persona sin que medie la autorización de la
Oficina del Trabajo”[29].
Igualmente sucede con el caso de los contratos de
obra. La Corte ha sostenido que a pesar de que la terminación de la obra sea
una causal para finalizar el contrato de una persona, en los casos de
estabilidad laboral reforzada tales reglas no aplican de la misma forma. Al
igual que en el contrato a término fijo, el empleador tendrá que cumplir con
las cargas impuestas por el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997.
En consecuencia, para este Tribunal “como la
estabilidad laboral reforzada se amplió para las personas con afectaciones de
su salud sin consideración a una previa calificación, igualmente evolucionó en
considerar que no sólo aplicaba para los contratos a término indefinido sino
también para aquellos de duración específica como los contratos de labor u
obra”[30].
En el mismo sentido, “(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido que
la simple finalización de un contrato laboral de tales características,
arguyendo la culminación de la labor, no es una razón suficiente para dar por
terminado un vínculo de esta naturaleza, en especial, si la empresa escudada en
la finalización del contrato de obra, desconoce los requisitos legales para su
terminación o finiquita un contrato bajo supuestos que denoten discriminación.
Estas consideraciones resultan particularmente relevantes cuando se trata de la
terminación de contratos laborales celebrados con personas en condiciones de
debilidad manifiesta”[31].
Ello quiere decir que en los casos de estabilidad laboral reforzada si la
causa del contrato se mantiene, el vínculo laboral deberá igualmente continuar[32].
De la misma
forma opera con las vinculaciones con empresas de servicio temporal. Para esta
Corte, “la garantía de la estabilidad
en el empleo cobija todas las modalidades de contratos, incluidos los que
suscriben las empresas de servicios temporales, los cuales tienen, en
principio, una vigencia condicionada al cumplimiento pactado o a la
finalización de la obra. Lo anterior, por cuanto el principio de estabilidad en
el empleo se predica de todos los trabajadores, sin distingo de la naturaleza
del vínculo contractual, “en tanto lo que se busca es asegurar al empleado la
certeza mínima de que el vínculo laboral contraído no se romperá de manera
abrupta y sorpresiva, de manera tal que este no quede expuesto, en forma
permanente, a perder su trabajo y con él los ingresos que permiten su propio
sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del empleador.”[33]”[34].
Como se
aprecia, si bien esta Corte distingue entre el tipo de vinculación laboral y
las condiciones contractuales del trabajador, ello no parece ser razón
suficiente para negar la protección laboral reforzada a los trabajadores. Es
decir, la estabilidad laboral reforzada es una garantía del trabajador en
condición de vulnerabilidad independientemente del tipo de contrato laboral que
tenga.
Finalmente, en
materia probatoria la Corte ha establecido que los casos de los trabajadores
que se encuentren en situación de vulnerabilidad por padecer algún tipo de
limitación física que les impida ejercer sus actividades, “recae
sobre el empleador una “presunción de despido sin justa causa”.  Esto implica
que se invierte la carga de la prueba y por tanto, el empleador debe demostrar
que existen causales objetivas y razonables para que el vínculo laboral se haya
quebrantado. En consecuencia, el empleador debe demostrar que el motivo del
despido no fue la limitación física del empleado”[35].
Ello quiere decir que la carga de la prueba recae sobre el empleador y no sobre
el empleado. El empleador deberá demostrar que existen causas objetivas para
poder efectuar la terminación del contrato. Estas causas deberán demostrar que
la razón para terminar es diferente a las limitaciones físicas o psíquicas que
pueda padecer el afectado.
En síntesis,
la garantía de estabilidad laboral reforzada (i) protege a aquellos
trabajadores que padezcan algún tipo de limitación física o sicológica que no
les permita realizar su trabajo regularmente, independientemente del tipo de
vinculación, para que su relación laboral no sea terminada en razón a esa
limitación.  En consecuencia, son beneficiarios del (ii) artículo 26 de la ley
361 de 1997 que le impone al empleador, si quiere efectuar el despido, (iii)
demostrar (inversión de la carga de la prueba) una causa objetiva (no
discriminatoria), (iv) solicitar autorización a la oficina del trabajo y (v)
pagarle una indemnización de 180 días de salario. Si se incumplen estos
deberes, (vi) el despido será ineficaz y por tanto se deberá reintegrar y,
según el caso, reubicar al trabajador afectado. En todo caso (vii), si no se
tiene certeza sobre el grado de discapacidad, el amparo será transitorio. De lo
contrario, definitivo.
Estudio de los casos concretos
Una vez
estudiada la jurisprudencia constitucional sobre estabilidad laboral reforzada,
esta Sala resolverá el fondo del asunto de los expedientes revisados. Para tal
fin, reiterará brevemente las reglas aplicables a los casos concretos. De
acuerdo con ello, el concepto de estabilidad laboral reforzada (i) cobija a los
trabajadores que padezcan algún tipo de limitación física o sicológica que
dificulte su desempeño como trabajadores, independientemente del tipo de
vinculación laboral. En esos eventos (ii) opera el artículo 26 de la ley 361 de
1997 el cual obliga al empleador, si quiere efectuar el despido, a (iii)
demostrar una causa objetiva, (iv) solicitar autorización a la oficina del
trabajo y (v) pagar al trabajador una indemnización de 180 días de salario. Si
ello no ocurre, (vi) el despido será ineficaz y por tanto se deberá reintegrar
y, según el caso, reubicar al trabajador. Finalmente (vii), si no se tiene
certeza sobre el grado de discapacidad, el amparo será transitorio. De lo
contrario, definitivo.
EXPEDIENTE
T-4031539 PEDRO SAÚL VÁSQUEZ CADENA EN CONTRA DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.
Manifiesta el
accionante que debido a su estado de salud, su empleador, la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, lo despidió arbitrariamente. Sostiene
que se encontraba laborando como mensajero en dicha entidad desde diciembre de
dos mil doce (2012) y debido a un fuerte dolor de cadera y pierna, su médico
tratante le expidió varias incapacidades. Por este motivo, su empleador le
notificó la terminación de su contrato el veintitrés (23) de abril de dos mil
trece (2013) a pesar de sus problemas de salud y sin autorización de la oficina
de trabajo[36].
Por su parte,
la entidad demandada consideró no haber vulnerado los derechos fundamentales
del actor, en tanto, dada su enfermedad, prorrogó en varias ocasiones su
contrato. Así, dice, cuando decidió dar por terminado el vínculo laboral, esto
es, el primero (01) de abril de dos mil trece (2013), no existían incapacidades
médicas vigentes. Por tal motivo, solicita se niegue el amparo constitucional.
El juzgado de
primera instancia concedió la tutela tras considerar que el empleador no había
probado alguna causa objetiva del despido. Por el contrario, dijo, se limitó a
señalar que sus razones no fueron discriminatorias sin enunciar si quiera
sumariamente los motivos de su decisión. En diferente sentido, el juzgado de
segunda instancia revocó la decisión y en su lugar negó el amparo
constitucional. Para este fallador, a la fecha de terminación del contrato,
primero (01) de abril de dos mil trece (2013), no existía ninguna incapacidad
vigente que probara limitación alguna del peticionario.
De acuerdo con
las pruebas halladas en el expediente, esta Sala encuentra que en efecto sí
existió vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Lo anterior
por las siguientes razones. En primer lugar, esta Corte advierte que
efectivamente el señor Vázquez padece una enfermedad que le impide realizar su
trabajo en condiciones regulares. En efecto quedó demostrado que desde
diciembre de dos mil doce (2012) el trabajador padecía fuertes dolores en su
cadera y pierna. Debido a ello, su EPS determinó que se habían roto varios
tutores implantados, lo cual motivó la expedición de distintas incapacidades
médicas entre el diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013) y el siete
(07) de mayo del mismo año.
Pese a ello,
la entidad sostuvo que a la fecha de terminación del contrato[37] el peticionario no se
encontraba incapacitado. No obstante, revisadas las pruebas, esta Sala
encuentra que dicha afirmación no es cierta. En efecto, para la fecha de
notificación del despido, esto es, veintitrés de abril (23) de dos mil trece
(2013), se estaban vigentes varias incapacidades expedidas por su médico
tratante. La última incapacidad certificada por su EPS tiene como fecha final
el siete (07) de mayo de dos mil trece (2013)[38],
lo cual permite advertir que para la fecha de la notificación del despido,
primero (1º) de abril de dos mil trece (2013), el accionante aún se encontraba
incapacitado.
En segundo
lugar, el Municipio de Barrancabermeja no cumplió con las cargas exigidas por
la ley 361 de 1997 y la jurisprudencia constitucional. En suma, no logró
demostrar una causa objetiva para efectuar el despido. En su respuesta se
limitó a señalar, sin prueba alguna, que las causas del despido no fueron
discriminatorias. Adicionalmente, no solicitó en ningún momento autorización a
la oficina de trabajo ni mucho menos pagó la indemnización de 180 días de
salario prevista en el artículo 26 de la mencionada ley. Al no cumplir con
tales reglas, el despido se torna ineficaz y tendrá que reintegrarse al señor
Vásquez. Sin embargo, dado que no se tiene certeza del grado de discapacidad
del actor, el amparo será transitorio.
A partir de
tales consideraciones, esta Sala revocará la decisión proferida por el juez de
segunda instancia y en su lugar concederá el amparo transitoriamente. En
consecuencia, ordenará a la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre al señor Pedro
Saúl Vásquez Cadena en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de
semejante jerarquía al que el demandante venía desempeñando. En todo caso, si
por las prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
La accionada deberá
pagarle al accionante, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, la indemnización
correspondiente a los 180 días que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse al
día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la
Corte advertirá al peticionario para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada.
EXPEDIENTE
T-4033418 ELIÉCER RÍOS EN CONTRA DE SOCIEDAD LUNA SÁNCHEZ LTDA.
El Señor
Eliecer Ríos manifestó que desde hace varios años ha sido trabajador de la
empresa Luna Sánchez LTDA. desempeñando funciones de vigilancia nocturna.
Sostuvo que el treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) fue internado
de urgencia para practicarle el procedimiento “ARTERIOGRAFIA CORONARIA,
ECOCARDIOGRAMA ESTENOSIS VALVULAR AÓRTICA LEVE CON FEVI NORMAL” al padecer
una enfermedad severa en el corazón[39].
Señaló que pocos días después su empleador decidió terminar su contrato laboral
aun conociendo su estado de salud.
Por su parte,
la entidad demandada sostiene que entre las partes nunca existió algún tipo de
relación y/o contrato laboral. Manifestó que el accionante desde hace muchos
años prestaba servicios ocasionales a su empresa, recibiendo por ellos el pago
respectivo. No obstante, desde hace un tiempo, lo dejaron vivir en las
instalaciones de dicha entidad por su difícil situación económica, pero que en
ningún momento fue contratado como vigilante.
El juzgado de
primera instancia concedió el amparo pues consideró que efectivamente, a pesar
de no existir un contrato por escrito, se configuraron los elementos de la
relación laboral entre el accionante y el accionado. En consecuencia, tuteló su
derecho a la estabilidad laboral reforzada. Por su parte, el juez de segunda
instancia revocó esa decisión y en su lugar negó el amparo constitucional. Lo
anterior pues en su criterio el accionante no demostró de ninguna manera la
existencia de relación laboral alguna.
Como primera
medida, esta Sala entrará a resolver la procedencia de la acción de tutela para
definir o no la existencia de un contrato realidad, pues es un asunto que en
principio correspondería a la jurisdicción ordinaria laboral. Una vez resuelto este
primer interrogante, analizará si efectivamente al señor Ríos le vulneraron su
derecho a la estabilidad laboral reforzada.
En este orden
de ideas, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en principio la
acción de tutela no es procedente para verificar la existencia de un contrato
laboral bajo el concepto “contrato realidad”. Esta competencia radica, en
primer término, a la jurisdicción ordinaria laboral. Pese a ello,
excepcionalmente, la acción de tutela es el mecanismo más adecuado para
ventilar estas discusiones. Ello ocurre por ejemplo cuando el accionante es un
sujeto de especial protección constitucional[40].
En esos casos, la justicia constitucional adquiere competencia para conocer del
asunto y la acción de tutela se torna, transitoria o definitivamente,
procedente.
Analizados los
hechos del caso, esta Sala encuentra que el actor es un sujeto de especial
protección constitucional. En primer lugar, es una persona de la tercera edad
pues tiene más de setenta años, pero además padece una enfermedad coronaria
severa. Adicionalmente, es responsable por su familia compuesta, entre otros,
por varios menores de edad. Estas circunstancias ameritan un trato preferencial
por la justicia constitucional. Como tal, al tratarse de un sujeto de especial
protección, el requisito de procedibilidad de la acción se flexibiliza
haciéndola procedente. No obstante, como pasará a explicarse los efectos de la
protección serán transitorios pues no encuentra esta Corte elementos
probatorios suficientes que le permitan determinar la existencia o no de un
contrato realidad. Por tanto, será la justicia ordinaria laboral quien,
siguiendo el principio de la inmediación probatoria, deberá definir este
asunto. Ello, nuevamente, no implica que no se de algún tipo de protección.
En este orden
de ideas, la jurisprudencia constitucional ha entendido que para que se
configure una relación laboral, deben concurrir al menos tres elementos. En
primer lugar la subordinación; en segundo lugar la prestación personal del
servicio y en tercer lugar; la remuneración por el trabajo realizado. De
acuerdo con ello, en el presente caso, de conformidad con las pruebas que obran
en el expediente, no existe certeza de la existencia o no de una verdadera
relación laboral. En efecto, si bien existen indicios que permitirían concluir
que entre las partes existió un vínculo laboral, ellos no son suficientes para
así considerarlo ni tampoco para descartarlo. Lo anterior por al menos las
siguientes razones.
En primer
lugar, el demandante aporta ciertas pruebas que no demuestran plenamente que
efectivamente existió un contrato realidad. Por ejemplo, suministró unos
recibos que indican la aparente liquidación de varias obligaciones laborales[41]. En dichos
recibos, su empleador, paga ciertas acreencias como salario, cesantías, primas,
vacaciones, etc. Esos documentos llevarían a concluir a este juez
constitucional que efectivamente el empleador reconoce obligaciones típicamente
laborales. No obstante, en los escritos enviados a los jueces de instancia, la
empresa accionada pone en entre dicho la autenticidad de tales medios de
prueba. De hecho, el representante de la empresa manifestó en varias
oportunidades que esos escritos no fueron expedidos por la empresa Luna Sánchez
LTDA pues en ellos no se evidencia ninguna firma. La autenticidad de un medio
probatorio es un asunto que escapa de la órbita constitucional y que le compete
al juez natural de la controversia presentada.
En segundo
lugar, de las declaraciones recibidas en la diligencia de inspección judicial
realizada en el trámite de segunda instancia[42],
no se logra definir con certeza si el señor Ríos era o no empleado de Luna
Sánchez LTDA. Como se puede apreciar en el expediente, algunas declaraciones
darían lugar a pensar que el peticionario, como lo afirmó la empresa accionada,
simplemente vivía en las instalaciones del establecimiento. Otras, por el
contrario, llevarían a esta Corte a entender que efectivamente el señor Ríos sí
ejercía labores de vigilancia nocturna y como tal era trabajador de la empresa
vinculada.
Pues bien,
todos estos interrogantes son asuntos que deben ser resueltos por el juez
natural de la controversia. Ello, como es apenas lógico, siguiendo el principio
de la inmediación probatoria. La autenticidad y alcance de las pruebas
recaudadas que den cuenta de la existencia o no de una relación de trabajo, son
competencia de la justicia laboral. A pesar de lo anterior, ello no es razón
suficiente para que esta Sala deje sin protección alguna a un sujeto que por
sus condiciones debe recibir un trato especial por parte de la justicia
constitucional. De acuerdo con ello, nuevamente, si bien esta Sala no logra
certeza de un contrato y/o una relación laboral, si encuentra probado la
existencia de un perjuicio irremediable. La
Corte ha decantado los elementos que deben concurrir en el acaecimiento de un
perjuicio irremediable:
“(i) que  se esté ante
un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un
grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio
debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible
de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se
requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben
ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar
las circunstancias particulares del caso; y
(iv) las medidas de protección
deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a
condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño
irreparable.”[43]
En este orden de ideas, esta Sala evidencia
que en el presente caso se reúnen dichos elementos. En primer lugar, la
inminencia del perjuicio es latente. Los hechos del presente caso muestran un
escenario en el cual una persona de más de setenta años (adulto mayor) fue
presuntamente despedido sin razón constitucionalmente legítima, pero además
padece una grave enfermedad coronaria que le impide conseguir trabajo para
mantener a su familia. Ello implica un alto grado de afectación del bien
jurídico tutelado pues incluso, se pueden involucrar otros como el derecho al
mínimo vital.
Adicionalmente, es grave pues al perder,
presuntamente, su empleo, también cercenó toda posibilidad de sobrevivir. Es
responsable por su familia que se compone, entre otros, por varios menores de
edad y no cuenta con ningún tipo de renta adicional que le permita sufragar sus
gastos mínimos. No proteger transitoriamente el derecho sería aumentar el
riesgo de lesión y como tal, agravar la situación. Ello, hace que el amparo
transitorio se haga urgente pues no hacerlo sería desconocer la situación de
indefensión por la que atraviesa el accionante.
Finalmente, dichas medidas deben adoptarse de
manera inmediata pues de no hacerlo, la protección de los derechos
fundamentales del accionante, e incluso de su familia, se tornaría ineficaz o
inoportuna. Es decir, de no proteger transitoriamente tales derechos, se puede
consumar un daño irreparable. Esta Sala advierte que lo que está en juego no es
solo el trabajo del accionante sino también, por su elevada edad y su
enfermedad, su derecho a la vida.
En este orden,
la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando exista riesgo o se
cause un perjuicio irremediable, la acción de tutela será viable y el amparo se
otorga hasta tanto la situación sea definida en la jurisdicción competente.
Para ello, el demandante tendrá que ejercer sus derechos dentro de un término
máximo de cuatro (04) meses contados a partir del fallo. Mientras tanto, la
Corte ordenará a la empresa afiliar al sistema de seguridad social al
peticionario, en aras de garantizar principalmente su atención médica por su
estado de salud. Lo anterior, teniendo en cuenta, que si bien no es posible
determinar en esta oportunidad la existencia de un contrato realidad, se
acredita con suficiencia la protección inminente que requiere el peticionario.
Al respecto, la Corte observa que la empresa admite que permitió al accionante
vivir en sus instalaciones sin contraprestación alguna, lo cual denota un
comportamiento empresarial inusual que si bien reitera la
Sala no permite demostrar la existencia de un contrato laboral en sede
constitucional si da lugar al que se conceda el amparo en los términos
señalados.
Esta Sala
advierte al peticionario que el amparo será concedido como mecanismo transitorio y regirá hasta que
la jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe formular o, si
no la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia.
EXPEDIENTE
T-4033839 OMAR GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ EN CONTRA DE EMPRESA INDUSTRIAS METALVAR
E.U.
Manifiesta el
accionante que desde agosto de dos mil once (2011) fue contratado verbalmente
por la empresa Industrias Metalvar E.U. para desempeñar el cargo de tornero
mecánico. En el mes de mayo de dos mil doce (2012) sufrió un accidente laboral
cuando una máquina planeadora le cayó encima de sus piernas. El diecisiete (17)
de octubre de dos mil doce (2012) sus médicos tratantes le diagnosticaron una
hernia discal con comprensión de las raíces nerviosas y espondilolitesis. Luego
de una intervención quirúrgica, le fueron prescritos varios días de
incapacidad. El tres (03) de abril de dos mil trece (2013), dice el accionante,
su empleador le comunicó verbalmente la terminación de su contrato. Por su
parte, la empresa Industrias Metalvar E.U. señaló a lo largo de su escrito de
contestación que entre las partes nunca existió vínculo laboral alguno. Por tal
motivo, el accionante no debía ser titular del derecho a la estabilidad laboral
reforzada, pues esta es una protección exclusiva de los trabajadores.
El Juzgado de
primera instancia declaró improcedente el amparo constitucional. Para este
juzgado, es la acción de tutela un trámite excepcional y residual que opera
ante la ausencia de otros mecanismos para proteger un derecho. En consecuencia,
al solicitarse el reintegro, el asunto que se discute involucra otras
jurisdicciones como por ejemplo, la ordinaria laboral. Pese a ello, en la parte
resolutiva ordenó al accionado reconocer y pagar la totalidad de incapacidades
fruto del accidente laboral sufrido por el peticionario. En segunda instancia
el juez revocó integralmente la decisión del juez de primera instancia. En su
concepto, el accionante no probó de ninguna manera la existencia de alguna
relación laboral que lo hiciera acreedor de la protección ofrecida por la
estabilidad laboral reforzada. Adicionalmente, reafirmó que el reintegro debe
decidirse por la justicia ordinaria laboral.
De conformidad
con los antecedentes expuestos y las pruebas que reposan en el expediente, esta
Sala encuentra que efectivamente si se lesionaron los derechos fundamentales
del actor. Lo anterior por al menos las siguientes razones. En primer lugar, el
señor Gutiérrez efectivamente padecía una disminución física por causa del
accidente sufrido en mayo de dos mil doce (2012). Desde esa fecha, tras haberle
caído una maquina planeadora para madera de 35
centímetros, el actor no pudo continuar trabajando regularmente. Incluso, el
diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012) le fue diagnosticada una
hernia discal con comprensión de las raíces nerviosas y espondilolitesis, por
lo cual tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.
En ese orden,
el accionante si se encontraba enfermo al momento del despido. Sin embargo, la
empresa accionada alega que entre las partes nunca existió vínculo laboral
alguno. No obstante, esta Sala advierte que dicha afirmación es falsa. En
efecto, existe una certificación expedida por la empresa demandada en la que
consta el cargo, salario y tiempo de permanencia en el cargo del señor
Gutiérrez[44].
Este documento firmado por Alejandro Baldivieso Patiño “certifica que el
Señor Omar Gutiérrez Rodríguez, identificado con C.C. 13´846.969 de
Bucaramanga, se encuentra laborando en INDUSTRIAS METALVAR EU desde el mes de
julio de 2011 en el cargo de tornero de metalmecánica, devengando un salario
básico mensual de $ 1´100.000”. Dicha certificación fue expedida el
veintidós (22) de septiembre de dos mil once (2011), lo que significa que para
el momento de la lesión[45]
el actor ya desempeñaba sus labores en la entidad demandada.
En segundo
lugar, la accionada no probó ninguna causal objetiva para terminar el contrato
laboral. Su respuesta se centró en indicar la ausencia de relación laboral
entre el señor Gutiérrez y ella, argumento desvirtuado por las pruebas
aportadas por el accionante. Adicionalmente, tampoco solicitó autorización a la
oficina del trabajo ni indemnizó al trabajador con los 180 días de salario que
trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997. En consecuencia, al incumplirse con
dichas cargas, el despido es ineficaz. Por tanto, se ordenará reintegrar y/o
reubicar al afectado. Este amparo se concederá transitoriamente en tanto no se
conoce el grado de discapacidad del accionante.
De conformidad
con las anteriores consideraciones, esta Sala encuentra probada la vinculación
del demandante como trabajador de la accionada y también la imposibilidad de
continuar trabajando. Lo anterior implica, entonces, que el señor Gutiérrez es
sujeto de protección a través de la figura de la estabilidad laboral reforzada.
Adicionalmente, en ningún momento Industrias Metalvar probó una causa objetiva
ni mucho menos aportó autorización de la oficina de trabajo para poder realizar
el despido de conformidad con el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Esta
situación demuestra que efectivamente hubo vulneración a los derechos del señor
Gutiérrez.
A partir de
todo lo anterior, esta Sala revocará la decisión proferida por el juez de
segunda instancia y en su lugar concederá el amparo transitorio de la acción.
En consecuencia, ordenará Industrias Metalvar que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre al Señor Omar
Gutiérrez Rodríguez en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de
semejante jerarquía al que venía desempeñando. En todo caso, si por las
prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
La empresa
deberá pagarle a la accionante, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, el la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse
al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la
Corte advertirá al tutelante para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada.
EXPEDIENTE
T-4035749 WILLIS ALFREDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ EN CONTRA DE CIPLAS S.A.
Manifiesta el
accionante que desde el dos (02) de junio de dos mil once (2011) ingresó a
trabajar a la empresa CIPLAS S.A. Su contrato fue a término fijo por un año,
prorrogado por uno más. El veinte (20) de junio de dos mil doce (2012) sufrió
un accidente laboral. Una vez realizada la valoración médica le diagnosticaron “TRAUMA
EN CADERA Y REGION LUMBOSACRA”, razón por la cual le incapacitaron,
inicialmente (7) días. Tiempo después fue valorado por su ARL Sura quien
determinó que padecía de “TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL TRONCO, NIVEL NO
ESPECIFICADO”. Para tratarlo, su médico le ordenó varias terapias físicas y
medicamentos para el dolor. Tiempo después, el Dr. Víctor Elías Arrieta, le recomendó
“no trabajar agachado, no realizar movimientos repetitivos de
flexo-extensión o rotación del tronco, no levantar objetos de peso superior a 7
Kg”. Pese a su estado de salud, dijo, el dieciséis (16) de abril del dos
mil trece (2013) su empleador decidió despedirlo.
Por su parte,
la empresa demandada sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del
señor Cárdenas en tanto, mientras estaba incapacitado, prorrogó en varias
ocasiones su contrato. Adicionalmente, al terminarlo unilateralmente, le
indemnizó y cumplió con todos los pagos de ley.
Los jueces de
instancia negaron el amparo constitucional, pues consideraron que el accionante
contaba con otros medios para ventilar estos asuntos. En efecto, pudo haber
acudido a la justicia ordinaria laboral para discutir temas relativos al
cumplimiento de obligaciones del contrato de trabajo. Por ello, la acción se
tornaba improcedente.
Revisados los
hechos del caso y verificadas las pruebas que obran en el expediente, esta Corte
encuentra que el señor Cárdenas padecía de una enfermedad que le impedía
continuar desarrollando sus funciones laborales como lo había venido haciendo.
De acuerdo con varios dictámenes médicos[46],
el señor Cárdenas sufría limitaciones físicas (traumatismo superficial del
tronco, nivel no especificado), razón por la cual, su médico, el Dr. Víctor
Arrieta, recomendó  ciertas rutinas de trabajo y le prohibió continuar con
algunas actividades que venía ejecutado. Por ejemplo, no trabajar agachado o
levantar cierto peso.
A pesar de
conocer la situación del actor, incluso admitiendo su despido sin justa causa,
la empresa demandada decidió finalizar el vínculo contractual vigente entre las
partes. Así, siguiendo las reglas fijadas por esta Corporación, la accionada no
probó ninguna causa objetiva para terminar la relación laboral. Tampoco, como
debió hacerlo, solicitó autorización a la oficina de trabajo. Mucho menos,
indemnizó al trabajador con los 180 días de salario, tal y como lo establece el
artículo 26 de la ley 361 de 1997. En ese orden, al no cumplirse con estas
cargas, el despido se torna ineficaz. En consecuencia, deberá reintegrarse y/o
reubicarse al accionante. Este amparo será concedido transitoriamente pues no
se conoce con certeza el grado de discapacidad del peticionario.
Por todo lo
anterior, esta Sala encuentra que el demandante fue despedido sin respetar su
derecho a la estabilidad laboral reforzada. Por tal motivo, esta Corte revocará
las decisiones de instancia y en su lugar concederá el amparo constitucional.
En consecuencia, ordenará a la empresa Ciplas S.A. que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre
al Señor Willis Alfredo Cárdenas Hernández en forma inmediata al cargo que
venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que desempeñaba. En todo caso,
si por las prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
La empresa accionada
deberá pagarle a la accionante, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse
al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la
Corte advertirá al tutelante para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada.
EXPEDIENTE
T-4043423 WILSON HERNANDO ARIAS EN CONTRA DE GRUPO TASACA LTDA.
Sostiene el
accionante que desde el primero (01) de enero de dos mil once (2011) se vinculó
laboralmente con la empresa Grupo Tasaca LTDA. Su contrato fue a término
indefinido para realizar “las labores asignadas (…) de barista”. Dice
que el veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011), cuando “se
encontraba desempeñando sus funciones sufrió un accidente de trabajo
consistente en la caída de una altura de cinco (5) escalones”. Fue remitido
por urgencias al Hospital Clínica San Rafael. Sostiene que hasta la fecha, ha
permanecido incapacitado por el accidente sufrido. Su empleador acudió a la
oficina de trabajo para solicitar la autorización correspondiente del artículo
26 de la ley 361 de 1997. No obstante, dicha entidad no autorizó el despido.
Pese a ello, declara el actor, el cuatro (04) de abril de dos mil trece (2013),
su empleador le envió una comunicación donde manifestaba termina el vinculo
contractual. Considera que su empleador lo despidió por su condición médica.
Por su parte,
el Grupo Tasaca LTDA. sostuvo que no vulneró los derechos del trabajador en
tanto la enfermedad que padecía, fue adquirida antes de trabajar con su
empresa. Manifestó que el accionante duró varios días sin ir a trabajar y ello
constituye una causal objetiva de despido como lo es “abandono de su cargo”.
El juzgado de
instancia negó el amparo bajo el argumento de que la acción no cumplía con el
requisito de subsidiariedad. Consideró que al tratarse de asuntos netamente
laborales, conceder la acción de tutela resultaría ser una intromisión de la
justicia constitucional en otras jurisdicciones.
Luego de
analizar las pruebas encontradas en el expediente, esta Sala advierte una
vulneración de los derechos fundamentales del señor Arias, ocasionados por el
actuar de la empresa Grupo Tasaca LTDA. Así, es evidente que luego de que el
veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011) sufriera el accidente de
trabajo, el actor continuó con problemas y padecimientos en su salud. Desde esa
fecha fue incapacitado en varias ocasiones; circunstancia conocida por su
empleador.
Por su parte,
el Grupo Tasaca LTDA no logró probar ninguna causa objetiva para terminar el
contrato del señor Arias. Por el contrario, en la contestación y en las pruebas
aportadas al proceso, la empresa se limitó a reiterar que los problemas físicos
del señor Arias fueron adquiridos antes de ingresar a trabajar. Sin embargo,
esta Sala no estima como razón suficiente este hecho. Incluso, al acudir a la
oficina de trabajo a solicitar autorización para el despido, dicha petición fue
negada. Tal y como obra en el expediente, mediante resolución 00001194 del
veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012), el Ministerio del Trabajo
resolvió en forma negativa la mencionada solicitud, por considerar que “solo
se puede autorizar la desvinculación de un trabajador discapacitado cuando esté
plenamente demostrada la ineptitud del trabajador para realizar la labor
encomendada”. Para el Ministerio, el empleador no logró probar de ninguna
manera que efectivamente el señor Arias no podía continuar realizando las
labores que veía gestionando. Tampoco cumplió con la indemnización prevista en
el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Por tales razones, el despido efectuado
por el Grupo Tasaca es ineficaz. El amparo se concederá de manera transitoria,
pues no se sabe con exactitud el porcentaje de discapacidad del accionante.
Por estas
razones, la presente tutela será concedida al peticionario. Así, este Tribunal
Constitucional revocará las decisiones de instancia y en su lugar concederá el
amparo. En consecuencia, ordenará a la empresa accionada que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre
al Señor Wilson Hernando Arias en forma inmediata al cargo que venía ocupando o
a uno de semejante jerarquía al que desempeñaba. En todo caso, si por las
prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
La empresa accionada
deberá pagarle a la accionante, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse
al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la
Corte advertirá al tutelante para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada.
EXPEDIENTE
T-4045089 GUILLERMO LÓPEZ ARIAS EN CONTRA DE EXTRAS S.A Y OTROS.
Manifiesta el
actor que desde el (9) de noviembre de dos mil doce (2012) trabajaba para la
empresa de servicio temporal Extras S.A. Fue contratado para desempeñar el
cargo de “oficial de constructor” en la empresa usuaria GAIA ENERGY
INVESTMENTS LTDA. Una de las funciones de su cargo era la “extracción de
minerales en el Departamento de Caldas”. Sostiene que en sufrió un
accidente que le causó lesiones en el ligamento de la rodilla. En el
diagnóstico realizado, los médicos tratantes le dieron tres (3) días de
incapacidad y ordenaron una valoración especializada con el ortopedista quien
lo remitió al médico cirujano para realizar exámenes adicionales.
Posteriormente, el catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013), el médico
cirujano le informó que era necesario practicarle una cirugía para su
recuperación. Manifiesta el actor que a pesar de informar a su empresa sobre la
cirugía, el veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013) su empleador,
Extras S.A., le informó que daba por terminado su contrato.
Por su parte,
la empresa Extras S.A. sostuvo que el accionante no aportó ninguna prueba que
acreditara que necesitaba una cirugía para recuperar su salud. Dijo que “el
señor López requiere una cirugía pero no presenta ningún documento médico que
soporte su afirmación. En el documento a folio 6, se evidencia que
efectivamente el señor López tuvo cita con ortopedia el 16 de enero de 2013,
pero es claro que de esta cita no resultó incapacidad médica, restricciones
ocupacionales o remisión a cirugía como expone el accionante”.
Adicionalmente, considera que la incapacidad de tres días otorgada por su médico
no es suficiente para considerarlo en estado de indefensión. Por tal motivo, no
es sujeto titular de estabilidad laboral reforzada.
El juzgado de
primera y única instancia negó el amparo pues consideró que la tutela no cumple
con el requisito de subsidiariedad de la acción. Para este juez, existen otros
medios más apropiados que la acción de tutela donde se pueden debatir estas
controversias como por ejemplo la jurisdicción ordinaria laboral. Por ello, el
amparo fue improcedente.
Una vez
analizadas las pruebas halladas en el expediente, esta Sala encuentra que la
empresa Extras S.A. vulneró los derechos fundamentales del señor López, pues no
cumplió con las reglas establecidas por esta Corporación sobre estabilidad
laboral reforzada. Lo anterior, por al menos las siguientes razones. Queda
demostrado que el accionante padecía una enfermedad que le dificultaba sus
actividades diarias, especialmente, las laborales. En efecto, el accionante
debía asistir a diferentes controles médicos para que le fueran programados
nuevos procedimientos. Estas visitas a su tratante se dieron entre el catorce
(14) de diciembre de dos mil doce (2012) y catorce (14) de febrero de dos mil
trece (2013), fecha en la que su cirujano le informó la necesidad de
practicarle una cirugía. Pese a ello, ocho días después fue despedido con el
argumento que la incapacidad otorgada era de tan solo tres días, pero
desconociendo todos los demás requerimientos médicos que el peticionario debía
cumplir.
Así las cosas,
la empresa Extras S.A., no probó de ninguna manera causa objetiva en el asunto
que se discute. Como se mencionó, tan solo se refirió a la incapacidad de tres
(03) días que según ellos, no es suficiente para considerar a una persona en
estado de indefensión. De esta manera, al padecer limitaciones físicas para
continuar con sus labores, la empresa tratante debió acudir a la oficina de
trabajo y solicitar autorización para el respectivo despido y pagar los 180
días de salario como indemnización tal y como lo establece el artículo 26 de la
ley 361 de 1997. Estas cargas no fueron cumplidas por el empleador. Por estos
motivos, el despido se torna ineficaz y por tanto se deberá reintegrar y, según
el caso, reubicar al señor López. El amparo será transitorio al no tenerse
certeza del grado de discapacidad del actor.
A partir de
tales consideraciones, esta Sala revocará la decisión proferida por el juez de
instancia y en su lugar concederá el amparo transitorio de la acción. En
consecuencia, ordenará a la empresa accionada que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si la accionante así lo desea –  reintegre al Señor
Guillermo López Arias en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de
semejante jerarquía. En todo caso, si por las prescripciones médicas debe ser
reubicado, así deberá hacerlo.
La empresa
Extras S.A. deberá pagar al accionante, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de este fallo, la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse
al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la
Corte advertirá al Señor López para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada.
EXPEDIENTE
T-4032850 JOSÉ ÁNGEL VILLEGAS GUERRERO EN CONTRA DE ASEO URBANO S.A. Y OTRO.
Según el
accionante, ingresó a trabajar con la empresa Aseo Urbano S.A. desde el año dos
mil (2000). Inicialmente la empresa se llamaba Cooperativa Progresemos. Sostuvo
que luego de varias sustituciones patronales fue vinculado como trabajador en
Altxer S.A. como auxiliar de barrido que prestaba sus servicios a la empresa
Aseo Urbano S.A. En el año dos mil once (2011) comenzó a sentir dolores en su
brazo izquierdo, por lo cual sus médicos tratantes le diagnosticaron “BURSITIS
SUB-ACROMIO SUB-DELTOIDEAO”. Realizados nuevos exámenes se le diagnosticó “TUNEL
DEL CARPIO DERECHO SENSITIVO MILENIO GRADO LEVE”. Manifiesta que su
empleador le comunicó que su contrato llegaría hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil doce (2012), en razón de sus limitaciones físicas.
Por su parte,
Aseo Urbano S.A. dijo que entre ellos y el accionante nunca existió vínculo
laboral. Relata que son una empresa encargada de prestar el servicio público de
aseo y para tal fin, contrató con Altxer S.A. para ejecutar dichas actividades.
Para tal fin, la entidad contratista sería la encargada de contratar el
personal correspondiente. Altxer S.A. dijo que en efecto entre el accionante y
ellos existió un contrato laboral pero que tenía una duración definida. Este
contrato estaba previsto mientras se ejecutaba el contrato “matriz” celebrado
con Aseo Urbano. En consecuencia, dijo, tras la terminación de estas labores el
contrato del accionante también finalizó.
El juez de
primera instancia decidió no tutelar los derechos fundamentales del accionante,
toda vez que de acuerdo con las pruebas halladas en el expediente, no se
evidencia que los accidentes sufridos hayan generado secuelas o impedimentos
médicos para continuar trabajando. Por su parte, en segunda instancia, el
fallador confirmó la decisión agregando que el juez laboral era el competente
para dirimir esta controversia.
Así las cosas,
entrando en el fondo del asunto, esta Sala advierte que si existió una
vulneración a los derechos fundamentales del actor. En primer lugar, están
probadas las limitaciones del peticionario para realizar sus actividades
laborales regularmente. Revisadas las pruebas que obran en el expediente, este
Tribunal Constitucional encuentra que al accionante le fue diagnosticado “TUNEL
DEL CARPIO DERECHO SENSITIVO MILENIO GRADO LEVE”. Esta enfermedad no le
permitía ejecutar sus funciones laborales. Pese a ello, Altxer S.A. decidió
finalizar el contrato el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce
(2012).
De esta
manera, el empleador argumentó que al tratarse de un contrato de obra, este
terminaría tras la finalización del contrato matriz para el cual fue
contratado. Es decir, aquel celebrado con la empresa Aseo Urbano S.A.S. Así
pues, de acuerdo con las reglas fijadas por esta Corporación, no importa el
tipo de vinculo laboral que exista entre las partes, pues la garantía de
estabilidad laboral reforzada cobija a toda clase de trabajador
independientemente de su contrato. Ello implica que, para el caso de los
contratos de obra, si la causa del contrato subsiste la relación laboral debe
continuar. Pese a ello, aunque en efecto la empresa Aseo Urbano no continuaría
contratando los servicios de la entidad demandada, Altxer S.A. no cumplió con
las cargas del artículo 26 de la ley 361 de 1991. En efecto, despidió al señor
Villegas sin autorización de la oficina del trabajo y sin efectuar el pago de
la indemnización de 180 días de salario. En el expediente no se encuentra
prueba alguna que compruebe lo anteriormente señalado. Por tanto, al
incumplirse con estas obligaciones, la terminación del vínculo es ineficaz.
En ese orden,
esta Sala revocará la decisión proferida por los jueces de instancia y en su
lugar ordenará a la empresa Altxer S.A. el reintegro del señor Villegas y/o,
según el caso, su reubicación a un cargo de igual o mayor jerarquía.
Adicionalmente, deberá pagar a la accionante, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de este fallo, la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse
al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la
Corte advertirá al tutelante para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada.
EXPEDIENTE
T-4032700 CÉSAR CARLOS CASTAÑEDA EN CONTRA DE SERVICIOS Y ASESORÍAS EL LITORAL.
La señora
Micellys Leonor Manotas, abogada del señor César Carlos Castañeda, manifiesta
que desde el siete (07) de abril de dos mil trece (2011) el señor Castañeda se
encuentra vinculado laboralmente “en el cargo de conductor de Lácteos del
Cesar para la empresa Klarens”. El actor comenzó a padecer múltiples
inflamaciones en los pies haciéndole más difícil desarrollar sus actividades
laborales. Por ello, acudió a su EPS Salud Total para ser valorado y luego de
realizados varios exámenes, le diagnosticaron “LIFENDEMEA MAS INSUFICIENCIA
VASCULAR PROFUNDA”. Desde que le descubrieron su patología, su médico le
ordenó varias terapias físicas y un drenaje linfático dos veces al día para
mejorar su salud y continuar normalmente con su trabajo. Pese a ello, su
contrato laboral fue terminado por su empleador el día once (11) de octubre de
dos mil once (2012).
La entidad
accionada, en primer lugar, puso de presente que el amparo constitucional debía
tornarse improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez. Manifestó
que el supuesto despido injusto tuvo como fecha el once (11) de octubre de dos
mil doce (2012) y la acción de tutela fue interpuesta aproximadamente seis
meses después, sin existir ningún tipo de justificación. Adicionalmente, en
segundo lugar, dijo que el señor Castañeda nunca aportó las incapacidades de
las que habla en la demanda. Por ello, al no conocer su situación no podían
tomar las medidas respectivas. En ese orden, el amparo no debería ser
concedido.
El juez de
primera y única instancia negó la tutela pues a pesar de que el señor Castañeda
le fue diagnosticado con “LINFEDEMA + INSUFICIENCIA VASCULAR PROFUNDA”,
no existe ningún tipo de incapacidad que pruebe que el accionante no puede
continuar con sus actividades laborales. Así mismo, sostuvo que la accionada
nunca fue notificada de los padecimientos del peticionario durante la vigencia
del contrato. Por ello, no tenía cómo saber que contaba con algún tipo de
discapacidad laboral.
En este orden
de ideas, esta Sala encuentra que los derechos fundamentales del señor
Castañeda le fueron vulnerados por la empresa Servicios y Asesorías el Litoral.
En efecto, el accionante padecía una enfermedad denominada “LINFEDEMA +
INSUFICIENCIA VASCULAR PROFUNDA”.  Debido a esta patología, su médico
tratante le ordenó terapias diarias y un drenaje linfático dos veces al día
para mejorar su salud. Así, es claro para esta Corporación que el peticionario
no podía continuar trabajando tal y como lo venía haciendo pues padecía
limitaciones físicas que así se lo impedían. Pese a ello, su empresa decidió
despedirlo. Adicionalmente, queda demostrado que la accionada conocía de la
enfermedad del actor pues pese a su negativa para reconocerlo, mediante
comunicación recibida el veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012), el
señor Juan José Ariño Brito médico laboral de Salud Total EPS le puso de
presente a la empresa que el actor requería un tratamiento para la mencionada
patología.
Al quedar
probados los padecimientos del peticionario y de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte, el empleador debió demostrar que existía una causa objetiva para
el despido y además solicitar autorización a la oficina de trabajo. Pese a
ello, esta Sala encuentra que el empleador incumplió con tales cargas. No
aportó prueba alguna que justificara su decisión de terminar el contrato
laboral con el accionante. Tampoco solicitó permiso a la oficina de trabajo.
Tan solo indicó que no conocía los hechos que daban lugar a la acción y que no
era responsable por situaciones que no fueron puestas en su conocimiento por
parte del peticionario. En consecuencia, es evidente que la empresa accionada
violó la garantía de estabilidad laboral reforzada del peticionario. En
consecuencia, el despido se torna ineficaz y por tanto será ordenado su
reintegro. El amparo será concedido de manera transitoria pues no se tiene
certeza del grado de discapacidad sufrido por el accionante.
Ahora bien, en
lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, esta Corte ha señalado en
diferentes ocasiones que si bien la acción de tutela no tiene un término de
caducidad, ello no es óbice para pensar que el titular del derecho deba, en
principio, interponerla en un plazo o tiempo razonable. De tal manera, “si entre la ocurrencia de la alegada
conculcación o amenaza contra derechos cardinales y la presentación de la
acción de tutela transcurre un lapso inexplicablemente extenso, es entendible
que se infiera una menor gravedad o, aún más, irrealidad de la violación
acusada, por lo cual no es razonable brindar la protección que caracteriza este
medio de amparo, que ya no sería inmediato sino inoportuno”[47].
No obstante, cuando se trate de sujetos de especial protección, como por
ejemplo las personas con algún tipo de discapacidad, los requisitos de
procedibilidad de la acción se flexibilizan[48].
De acuerdo con lo anterior, encuentra esta
Sala que el requisito de inmediatez debe ser analizado de manera flexible en el
caso concreto. Así, encuentra esta Sala que si bien transcurrieron seis meses
desde que ocurrieron los hechos que dieron origen a la acción, este tiempo es
razonable en la medida de que se trata de un sujeto que padece limitaciones
físicas. Para esta Corte, no es posible analizar el requisito de inmediatez de
la misma manera frente a sujetos diferentes. Si bien seis meses pudo haber sido
un tiempo relativamente amplio para presentar la acción de tutela, para el caso
del señor Castañeda es un término prudencial. Esta Sala no puede desconocer el
estado de su salud y todos aquellos tratamientos a los que debe someterse para
solucionarlo. Por ello, considera este Tribunal que en el presente caso la
acción de tutela no se torna improcedente pues ello sería imponerle cargas
desproporcionadas al demandante.
Por estas razones, esta Sala concederá la
presente acción de tutela. Por tanto, se revocará la decisión proferida
por el juez de instancia y en su lugar concederá el amparo transitorio de la
acción. En consecuencia, ordenará a la entidad accionada que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre
al señor César Carlos Castañeda Cantillo en forma inmediata al cargo que venía
ocupando o a uno de semejante jerarquía al que el demandante venía realizando.
En todo caso, si por las prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá
hacerlo.
Así mismo, la
empresa Servicios y Asesorías el Litoral deberá pagarle al accionante, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de este
fallo, la indemnización correspondiente a los 180 días de que trata la
ley 361 de 1997 y deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión
y riesgos profesionales del accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán
ser presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones
atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la
Corte advertirá al tutelante para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada.
EXPEDIENTE
T-4044178 JORGE ENRIQUE CABEZAS EN CONTRA DE PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A.
Manifiesta el
peticionario que trabajaba como operario de terminados en la empresa Prensa
Moderna Impresores S.A. de la ciudad de Cali desde aproximadamente veinte (20)
años. Su vinculación fue a través de contrato laboral a término fijo. Durante
su trabajo presentó varios problemas de salud por lo cual acudió a su médico
tratante quien luego de practicar varios exámenes, le diagnosticó “MANGUITO
ROTADOR BILATERAL, RUPTURAS PARCIALES Y TOTALES, ADEMÁS COMPROMISO DEL LABRUM
GLENOIDEO IZQUIERDO”. Debido a ello, sostiene el actor, ha estado
incapacitado en varias oportunidades y actualmente sigue presentando afecciones
en su salud que le impiden laborar en condiciones regulares. Incluso su médico
le ordenó que no levantar los brazos por encima del hombro cuando realizara
actividades laborales.
El
veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), su empleador le puso en
conocimiento la decisión de no prorrogarle el contrato. Dicho aviso fue
notificado treinta (30) días antes de que expirara el vínculo laboral. En la
comunicación recibida, su empleador sostiene que la empresa cuenta con
dificultades financieras que impiden prorrogar el contrato.
Considera la
empresa Prensa Moderna Impresores S.A. que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante, en tanto cumplió con todos los requisitos legales
para terminar su vinculo laboral con el peticionario. En su criterio, al
tratarse de un contrato a término fijo, su obligación era comunicar la decisión
de no prórroga treinta días antes del vencimiento de la vigencia del contrato.
En efecto, dice, eso fue lo que hizo. Sostiene que sus razones fueron ajustadas
a la ley y que en ningún momento discriminó al tutelante por razones de
discapacidad.
Los juzgados
de instancia declararon improcedente el amparo tras considerar que la justicia
constitucional no es competente para dirimir estas controversias que, por regla
general, las debe asumir la jurisdicción laboral. Así mismo, no encontraron
probado el hecho que la enfermedad sufrida por el peticionario fuera de
aquellas que dan lugar al derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Entrando al
análisis del caso concreto, esta Sala advierte que si se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante. En primer lugar, queda demostrado que
efectivamente entre el peticionario y la entidad demandada existió un verdadero
contrato de trabajo, tal y como obra en las pruebas y declaraciones que reposan
en el expediente. Adicionalmente, es claro que al accionante le diagnosticaron “manguito
rotador bilateral, rupturas parciales y totales, además compromiso del labrum
glenoideo izquierdo” lo que le impedía ejecutar sus labores con facilidad[49]. Incluso, su
médico tratante previó ciertas restricciones laborales que nunca fueron
acatadas por la empresa. Como se aprecia en el expediente, poco antes de la
terminación del contrato el empleador conocía que su trabajador continuaba enfermo[50] y aún así
decidió despedirlo.
En segundo
lugar, la empresa demandada no probó causa objetiva ni solicitó autorización en
la oficina de trabajo para el despido del peticionario, ni mucho menos pagó la indemnización
correspondiente a los 180 días de salario tal y como lo establece la ley 361 de
1997. Así, si bien la expiración de la vigencia del contrato, en situaciones
diferentes, sumado al preaviso con treinta días de anticipación, es una causa
justa para finalizar el vinculo contractual, está claro que de acuerdo con las
reglas de la jurisprudencia constitucional cuando se encuentre de por medio un
trabajador protegido de estabilidad laboral reforzada, ello no es razón
suficiente para despedirlo. Esta Sala considera que el motivo ofrecido por el
accionado para terminar el contrato no es suficiente en el caso concreto. Por
tanto, el despido es ineficaz. En consecuencia, se ordenará el reintegro y/o
reubicación del trabajador. Adicionalmente, el amparo será concedido
transitoriamente al no tenerse certeza sobre la discapacidad del actor.
A partir de
tales consideraciones, esta Sala revocará la decisión proferida por el juez de
segunda instancia y en su lugar concederá el amparo transitorio de la acción.
En consecuencia, ordenará la empresa demandada que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre al Señor Jorge
Enrique Cabezas Cerón en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de
semejante jerarquía al que desempeñaba. En todo caso, si por las prescripciones
médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
La empresa Prensa
Moderna Impresores S.A. deberá pagarle al accionante, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, la
indemnización correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y
deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos
profesionales del accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser
presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones
atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la
Corte advertirá al peticionario para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR las decisiones proferidas por los
Juzgados Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja y Primero Civil del Circuito
de la misma ciudad, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales del señor Pedro Saúl Vásquez Cadena
como mecanismo transitorio que regirá hasta que la
jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe formular o, si no
la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia. En consecuencia, se ordenará a la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si el accionante así lo desea – reintegre al peticionario
en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía
al que el demandante venía desempeñando. En todo caso, si por las
prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
SEGUNDO: ORDENAR a la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja pagar al señor Pedro Saúl Vásquez Cadena,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
este fallo, la indemnización correspondiente a los 180 días de salario previstos
en la ley 361 de 1997, y deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud,
pensión y riesgos profesionales del accionante, dejadas de cancelar. Tales
pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de
cotizaciones atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
TERCERO: REVOCAR
las decisiones proferidas por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Bucaramanga, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales del señor Eliecer Ríos como mecanismo
transitorio que regirá hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la
acción que el actor debe formular o, si no la instaura, hasta que transcurran
cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
En consecuencia, se ordenará a la empresa Luna Sánchez LTDA que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia– si el accionante así lo desea – afilie al peticionario al sistema de seguridad social, en
aras de garantizar su atención médica por su estado de salud. Al no encontrar
pruebas suficientes para decretar una relación laboral, esta Sala se abstendrá
de ordenar el pago de la indemnización por los 180 días de salario prevista en
la ley 361 de 1997.
CUARTO:
ADVERTIR al señor Ríos para que en el término de cuatro (04) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia, acuda a la
jurisdicción ordinaria laboral para controvertir la existencia de la relación
laboral con la empresa Luna Sánchez LTDA, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia. Dicha protección, en caso de cumplir con esta carga, se mantendrá
vigente hasta tanto el juez laboral decida definitivamente el asunto.
QUINTO: REVOCAR las sentencias proferidas por Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento y Treinta y Dos Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Bogotá, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales del señor Omar Gutiérrez Rodríguez como mecanismo transitorio que regirá hasta que la
jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe formular o, si no
la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia.. En
consecuencia, se ordenará a la empresa Industrias Metalvar
E.U. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente sentencia– si el peticionario
así lo desea –  reintegre al accionante en forma inmediata al cargo que
venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que el demandante venía
desempeñando. En todo caso, si por las prescripciones médicas debe ser
reubicado, así deberá hacerlo.
SEXTO: ORDENAR a la empresa Industrias
Metalvar E.U. pagar al señor Omar Gutiérrez Rodríguez, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, la
indemnización correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y
deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos
profesionales del accionante, dejadas de cancelar. Tales pagos no podrán ser
presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones
atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
SÉPTIMO:
REVOCAR las sentencias proferidas por los Juzgados Treinta
y Cuatro Civil Municipal de Bogotá y Veinte Civil del Circuito de la misma
ciudad, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
del señor Willis Alfredo Cárdenas Hernández como mecanismo transitorio que regirá hasta que la
jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe formular o, si no
la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia. En consecuencia,
se ordenará a la empresa Ciplas S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre al peticionario
en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al
que el demandante venía desempeñando. En todo caso, si por las prescripciones
médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
OCTAVO: ORDENAR a la empresa Ciplas S.A.
pagar al señor Willis Alfredo Cárdenas Hernández, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, la
indemnización correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y
deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos
profesionales del accionante, dejadas de cancelar. Tales pagos no podrán ser
presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones
atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
NOVENO:
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco
Civil Municipal de Bogotá, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales del señor Wilson Hernando
Arias como mecanismo transitorio que
regirá hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe
formular o, si no la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados
a partir de la notificación de esta sentencia. En consecuencia, ordenar
a la empresa Grupo Tasaca LTDA. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre al peticionario
en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al
que el demandante venía desempeñando. En todo caso, si por las prescripciones
médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
DECIMO:
ORDENAR a la empresa Grupo Tasaca LTDA. pagar a Wilson
Hernando Arias, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse
al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de cancelar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
DECIMOPRIMERO:
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Norcasia, Caldas, y en su lugar CONCEDER la acción
de tutela promovida por el señor Guillermo López Arias como mecanismo transitorio que regirá
hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe
formular o, si no la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados
a partir de la notificación de esta sentencia.. En
consecuencia, ordenar a la empresa Extras S.A. que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre al peticionario
en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía
al que el demandante venía desempeñando. En todo caso, si por las
prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
DECIMOSEGUNDO:
ORDENAR a la empresa Extras S.A. pagar al señor Guillermo
López Arias, dentro de los diez (10) días siguientes
a la notificación de este fallo, la indemnización correspondiente a los
180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse al día con las
cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del accionante, dejadas
de cancelar. Tales pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación,
sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la ineficacia del despido
efectuado.
DECIMOTERCERO:
REVOCAR las sentencias
proferidas por el Juzgado Quinto Civil Municipal de
Cúcuta y Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, y en su lugar CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales del señor José Ángel Villegas Guerrero como mecanismo transitorio que regirá
hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe
formular o, si no la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados
a partir de la notificación de esta sentencia. En consecuencia, se
ordenará a la empresa Altxer S.A.S. que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre al peticionario
en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía
al que el demandante venía desempeñando. En todo caso, si por las
prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
DECIMOCUARTO:
ORDENAR a la empresa Altxer S.A.S. pagar al señor José
Ángel Villegas Guerrero, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse
al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de cancelar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
DECIMOQUINTO:
REVOCAR la decisión del Juzgado Segundo Civil Municipal de
Valledupar, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales del señor César Carlos Castañeda Cantillo como mecanismo transitorio que regirá
hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe
formular o, si no la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados
a partir de la notificación de esta sentencia. En consecuencia, se
ordenará a la empresa Servicios y Asesorías el Litoral que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre
al peticionario en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de
semejante jerarquía al que el demandante venía desempeñando. En todo caso, si
por las prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
DECIMOSEXTO: ORDENAR a la empresa Servicios y Asesorías el Litoral pagar
al señor César Carlos Castañeda Cantillo, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, la
indemnización correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y
deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos
profesionales del accionante, dejadas de cancelar. Tales pagos no podrán ser
presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones
atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
DECIMOSÉPTIMO: REVOCAR las sentencias proferidas
el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Cali y Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la
misma ciudad, y en su lugar CONCEDER la tutela del señor Jorge Enrique
Cabezas como mecanismo
transitorio que regirá hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la
acción que el actor debe formular o, si no la instaura, hasta que transcurran
cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
En consecuencia, ordenar a la empresa Prensa Moderna Impresores S.A. que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
la presente sentencia– si el accionante así lo desea –  reintegre
al peticionario en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de
semejante jerarquía al que el demandante venía desempeñando. En todo caso, si
por las prescripciones médicas debe ser reubicado, así deberá hacerlo.
DECIMOCTAVO:
ORDENAR a la empresa Prensa Moderna Impresores S.A. pagar al señor Jorge Enrique Cabezas, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de este fallo, la indemnización
correspondiente a los 180 días de que trata la ley 361 de 1997 y deberá ponerse
al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos profesionales del
accionante, dejadas de cancelar. Tales pagos no podrán ser presentados como una
nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas, dada la
ineficacia del despido efectuado.
Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1997.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 131/14
Referencia:
Aclaración Sentencia T- 041 de 2014.
Acciones de tutela promovidas por Pedro Saúl Vásquez Cadena
en contra de Alcaldía Municipal de Barrancabermeja; Eliécer Ríos en contra de
Sociedad Luna Sánchez LTDA; Omar Gutiérrez Rodríguez en contra de Empresa
Industrias Metalvar E.U.; Willis Alfredo Cárdenas Hernández en contra de Ciplas
S.A.; Wilson Hernando Arias en contra de Grupo Tasaca LTDA.; Guillermo López
Arias en contra de Extras S.A; José Ángel Villegas Guerrero en contra de Aseo
Urbano S.A. y Altxer S.A.;César Carlos Castañeda en
contra de Servicios y Asesorías el Litoral y Jorge Enrique Cabezas Cerón en
contra de Prensa Moderna Impresores S.A.S.
Magistrado
Ponente
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá D.C., trece (13) de mayo
de dos mil catorce (2014).
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
Mauricio González Cuervo y la
Magistrada María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1997,
profiere el siguiente auto:
I.
ANTECEDENTES
1.
Los señores Pedro
Saúl Vásquez Cadena, Eliécer Ríos, Omar Gutiérrez Rodríguez, Willis Alfredo
Cárdenas Hernández, Wilson Hernando Arias, Guillermo López Arias, José Ángel
Villegas Guerrero, César Carlos Castañeda y Jorge Enrique Cabezas Cerón
promovieron acción de tutela en contra de sus empleadores a fin de que se les
reconociera su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, por ser
despedidos encontrándose en condición de discapacidad.
2.
Mediante sentencia T-041 de 2014, esta Corte tuteló los derechos
fundamentales de los accionantes, impartió unas órdenes y advirtió a los
peticionarios sobre la posibilidad de acudir a la vía ordinara para el
reconocimiento de algunas indemnizaciones.
3.
Del estudio de los casos concretos, la
Sala Novena de Revisión advirtió a los tutelantes “para que
en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del
presente fallo instaure acción ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la
indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo
y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculado de la empresa demandada” (Subraya por fuera del texto).
4.
A partir de lo anterior, esta Corte aclarará algunas partes de esa
decisión.
II.
CONSIDERACIONES
A.
Respecto de la aclaración de sentencias ante la
Corte Constitucional
Esta Corte ha
sostenido en varias oportunidades que no es procedente la aclaración de
sentencias, “pues tal procedimiento desconoce la intangibilidad de la cosa
juzgada, dando lugar a que se exceda el ámbito de competencias que le han sido
asignadas por el artículo 241 de la Constitución[51]”[52]. Pese a
ello, excepcionalmente, es posible que este Tribunal proceda a aclarar sus
decisiones cuando quiera que se cumplan los requisitos previstos en el artículo
309 del Código de Procedimiento Civil:
“Artículo 309. Modificado. D. E. 2282/89, artículo 1º, num. 139.
Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud
de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que
ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. La aclaración de auto
procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte
presentada dentro del mismo término. El auto que resuelva sobre la aclaración
no tiene recursos.”
En igual
sentido, el Código General del Proceso, vigente desde el primero (01) de enero
de dos mil catorce (2014), establece en su artículo 285 que:
“Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni
reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de
oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan
verdadero motivo de duda, siempre que estén contenida en la parte motiva
resolutiva de la sentencia o que influyan en ella (…).” (Sic)
Ahora bien,
sobre la procedencia de la aclaración,  esta Corte ha señalado que:
“… se aclara
lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar
perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de
los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella. Es
decir, mientras esa hipótesis no se encuentre establecida a plenitud, se
mantiene incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse de nuevo sobre la
sentencia ya proferida, pues, se repite, ella es intangible para el juez que la
hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla, aún a pretexto
de aclararla.”[53]
Por tanto, la posibilidad de aclarar
una providencia depende de la existencia de una razón objetiva de duda que
impida el entendimiento de la misma, siempre que tal perplejidad repercuta en
la parte resolutiva del fallo, o en la parte motiva cuando de manera directa
esta última influya sobre la decisión adoptada[54].
B. Aclaración de la
Sentencia T-041 de 2014 expedida el treinta y uno (31) de enero de dos mil
catorce (2014) por la Sala Novena de Revisión.
Tal y como se sostuvo en los
fundamentos normativo de este auto, es viable aclarar una providencia siempre y
cuando exista una razón objetiva de duda que no permita el correcto
entendimiento de la decisión adoptada por la
Corte. Este error debe estar en la parte resolutiva del fallo o en la parte
considerativa cuando quiera que esta última incida directamente en las
decisiones tomadas. A partir de las anteriores consideraciones, esta Sala
aclarará algunos apartes de la parte motiva de la
Sentencia T-041 de 2014 expedida el treinta y uno (31) de enero de dos mil
catorce (2014).
Esta Corte constató que en el
estudio de los casos concretos de las acciones de tutela promovidas por los
señores Acción de tutela instaurada por Pedro Saúl
Vásquez Cadena en contra de Alcaldía Municipal de Barrancabermeja; Omar
Gutiérrez Rodríguez en contra de Empresa Industrias Metalvar E.U.; Willis
Alfredo Cárdenas Hernández en contra de Ciplas S.A.; Wilson Hernando Arias en
contra de Grupo Tasaca LTDA.; Guillermo López Arias en contra de Extras S.A;
José Ángel Villegas Guerrero en contra de Aseo Urbano S.A. y Altxer
S.A.;César Carlos Castañeda en contra de Servicios y Asesorías el
Litoral y Jorge Enrique Cabezas Cerón en contra de Prensa Moderna Impresores
S.A.S. se incurrió en un error involuntario que puede tener incidencia en la
parte resolutiva del fallo.
En efecto, el párrafo final de
los casos concretos resaltados anteriormente, esta Corporación consideró lo
siguiente:
“Finalmente, la Corte advertirá al peticionario para que en el
término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente
fallo instaure acción ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la
indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo
y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculado de la empresa demandada” (Subraya por fuera del texto).
En esta consideración, la
Corte advirtió a los tutelantes que podían acudir a los jueces laborales para
pedir la indemnización del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta
disposición, sin embargo, regula la situación de mujeres gestantes, de manera
que no es aplicable a los peticionarios. Por ese motivo, aunque el error no se
trascribió en las órdenes de la sentencia, sí podría generar equívocos y
confusiones, especialmente, en caso de que los peticionarios decidan acudir a
la justicia laboral. Para evitar esa situación, la
Sala procede a aclarar que cuando se dijo “la indemnización prevista en
el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo” se hacía referencia
a la posibilidad que tienen para acudir a la jurisdicción ordinaria a solicitar
la indemnización por los salarios dejados de percibir durante el tiempo que
fueron despedidos[55].
En consecuencia, se ordenará
eliminar esta frase del párrafo final del estudio de los casos concretos de las
acciones de tutela interpuestas por los señores Pedro Saúl Vásquez Cadena en
contra de Alcaldía Municipal de Barrancabermeja; Omar Gutiérrez Rodríguez en
contra de Empresa Industrias Metalvar E.U.; Willis Alfredo Cárdenas Hernández
en contra de Ciplas S.A.; Wilson Hernando Arias en contra de Grupo Tasaca
LTDA.; Guillermo López Arias en contra de Extras S.A; José Ángel Villegas
Guerrero en contra de Aseo Urbano S.A. y Altxer S.A.;César
Carlos Castañeda en contra de Servicios y Asesorías el Litoral y Jorge Enrique
Cabezas Cerón en contra de Prensa Moderna Impresores S.A.S. El resto de la
sentencia se mantendrá igual.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales,
RESUELVE
PRIMERO.- ACLARAR el
párrafo “Finalmente, la Corte advertirá al peticionario para que en el
término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente
fallo instaure acción ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la
indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y
demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue desvinculado
de la empresa demandada” contenido en la parte final del estudio de los
casos concretos de las acciones de tutela promovidas por los señores Pedro Saúl
Vásquez Cadena en contra de Alcaldía Municipal de Barrancabermeja; Omar
Gutiérrez Rodríguez en contra de Empresa Industrias Metalvar E.U.; Willis Alfredo
Cárdenas Hernández en contra de Ciplas S.A.; Wilson Hernando Arias en contra de
Grupo Tasaca LTDA.; Guillermo López Arias en contra de Extras S.A; José Ángel
Villegas Guerrero en contra de Aseo Urbano S.A. y Altxer S.A.;César
Carlos Castañeda en contra de Servicios y Asesorías el Litoral y Jorge Enrique
Cabezas Cerón en contra de Prensa Moderna Impresores S.A.S.
SEGUNDO.- En su lugar, ELIMINAR
la frase “la indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo
del Trabajo” por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. El resto de los párrafos se mantendrá igual.
Contra el
presente auto no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]ARTÍCULO 26. NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD. En
ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
[2]ARTICULO 46. CONTRATO A TERMINO FIJO. <Artículo
subrogado por el artículo 3o. de la  Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el
siguiente:> El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por
escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable
indefinidamente. 1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado,
ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no
prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste
se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así
sucesivamente.
[3] Para un análisis
detallado de este requisito, ver: Sentencia T-581 de 2011.
[4]Decreto 2591 de 1997. Artículo 8: Aun
cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará
expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo
sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá
ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del
fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste. Cuando se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción
de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de
las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el
acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se
solicita, mientras dure el proceso
[5] Sentencia T-663 de
2011.
[6] Ibíd.
[7] Ver: Sentencias T-576
de 1998, T-633 de 2011, T-198 de 2006
[8] Sentencia T-198 de
2006.
[9] Sentencia T-661 de
2006.
[10] Sentencia T-864 de
2011.
[11]  Sentencia T-111 de
2012: “la garantía a la estabilidad laboral reforzada no sólo se predica de
las personas en invalidez, sino también de aquellos que por su estado de salud,
limitación física o psíquica se encuentran discapacitados y en circunstancias
de debilidad manifiesta, cuya seriedad impone al juez de tutela conceder
la petición como mecanismo transitorio, así no se haya calificado su nivel de
discapacidad, hasta tanto la autoridad judicial competente tome las decisiones
respectivas”
[12] Sentencia T-864 de
2011.
[13] Ibíd.
[14] Por ejemplo, mujeres
embarazadas, en licencia de maternidad, sindicalistas, etc.
[15] T-449 de 2008.
[16] La convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, fue aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York.
[17]Sentencia T-691 de 2013
[18] Como se verá, la
Corte Constitucional amplió el marco de protección a sujetos que padezcan
limitaciones físicas o sicológicas para desarrollar sus trabajos.
[19] Sentencia T-081 de
2013.
[20] Sentencia C-531 de
2000.
[21]Sentencia T- 018 de 2013.
[22] Ver Sentencias T-337 de 2009 y T-791
de 2009.
[23]Sentencia T-118 de
2010.
[24] Sentencia T- 198 de
2006 citada en la sentencia T-111 de 2012.
[25] Cita por fuera del
texto: Sentencia 198 de 2010:
“podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez
es la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad
necesariamente nos encontramos frente a una persona invalida (sic). La
invalidez sería el producto de una discapacidad severa.”
[26] Por ejemplo para
determinar si es beneficiario de pensión por invalidez.
[27] Sentencia T-111 de
2012.
[28] Ver entre otras: Sentencia T-1083 de
2007, C-016
de 1998, T-040 A de 2001, T-546 de 2006 y T-1083 de 2007.
[29] Sentencia T-864 de
2011. En igual sentido, Sentencia T-449 de 2008: “La jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que el principio de la “estabilidad
laboral forzada”, propio de las relaciones jurídicas en las que esté inmersa
una de aquellas personas que por razones de orden económico, físico o mental,
se encuentre en estado de “debilidad manifiesta”, no es aplicable
exclusivamente a aquellos celebrados a término indefinido sino también, a
aquellos contratos pactados a un término fijo. En ese sentido, también es una
exigencia acudir a la Oficina del Trabajo para obtener la autorización
necesaria para dar por terminado el contrato laboral al vencimiento del plazo
inicialmente pactado o de una de las prórrogas, si el trabajador es sujeto de
especial protección constitucional ya que, en esos casos la llegada del término
no es razón suficiente para darlo por terminado”
[30] Sentencia T-226 de
2012.
[31] Sentencia T-1046 de
2008 citada en Sentencia T-019 de 2011.
[32] Sentencia T-687 de
2008. Ver también: Sentencia
T-263 de 2009 “5.2
Para resolver el presente caso, en las consideraciones generales de esta
Sentencia, en primer lugar, esta Sala concluyó queen virtud del derecho
a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una
situación de debilidad manifiesta como resultado de la afectación de su salud,
tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de su
situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta que se configure una
causal objetiva que amerite su desvinculación laboral, previa verificación y
autorización de la autoridad laboral correspondiente. En tal sentido, afirmó
que cuando la relación laboral depende de un contrato de trabajo a
término fijo o de obra o labor contratada, el trabajador tiene el derecho de
conservar su trabajo aunque el término del contrato haya expirado o la labor
para la cual fue contratado haya expirado, esto si subsisten las causas que
dieron origen a la relación laboral, y se tenga que el trabajador ha cumplido
de manera adecuada sus funciones. Al respecto, por último, reiteró
que para efectos del fallo de tutela, el despido que se produzca sin el lleno
de los requisitos legales y jurisprudenciales será ineficaz, y por tanto, el
juez de amparo deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro del
trabajador a un cargo acorde con su estado de salud.”
[33]Sentencia T-889 de 2005.
[34] Sentencia T-019 de
2012.
[35] Sentencia T-864 de
2004. En igual sentido, Sentencia T-860 de 2010.
[36] La fecha de esa
resolución es el primero de abril de dos mil trece
[37] Primero (01) de abril
de dos mil dos mil trece (2013)
[38] EXPEDIENTE T-4031539
Cuaderno 1, folio 11.
[39] Cuaderno 1, folio 4.
[40] Sentencia T-903 de
2010.
[41] Expediente T-4033418
folios 43 a 50 del cuaderno 1
[42] Expediente T-4033418
Folio 5 y siguientes cuaderno 2.
[43] Sentencias T-107 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-816 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1309 de 2005
M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[44] EXPEDIENTE T-4033839
Folio 94 cuaderno 1.
[45] El accidente fue
sufrido a mediados del mes de mayo de dos mil doce (2012). Ver Cuaderno 1
folios 1 y siguientes.
[46] EXPEDIENTE T-4035749
Cuaderno 1, pruebas aportadas por el actor.
[47] Sentencia T-183 de
2013.
[48] Ver por ejemplo
Sentencia T-662 de 2013. Así mismo, la
Sentencia T-589 de 2011 sostuvo que “el operador judicial debe examinar la
situación fáctica que define el asunto sometido a su conocimiento, y las
particularidades de quien reclama el amparo constitucional, pues, si se trata
de sujetos de especial protección constitucional (personas de la tercera edad o
en condición de discapacidad, etc.) o de personas que se encuentren en
condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad se flexibiliza
haciéndose menos exigente”
[49] EXPEDIENTE T-4044178
Cuaderno 1 folios 21 y siguientes.
[50] EXPEDIENTE T-4044178
Cuaderno 1 folio 21.
[51] En la sentencia C-113 de marzo 25 de 1993 con
ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía, esta corporación declaró
inexequible el inciso tercero del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 que
contemplaba la posibilidad de solicitar la aclaración de las sentencias
dictadas por la Corte Constitucional.
[52] Auto 082 de dos mil trece 2013.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[53] Auto 004 de enero 26 de 2000,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra, citado en Auto 082 de dos mil trece 2013.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[54] Cfr. A-058 de junio 12 de 2002,
M. P. Álvaro Tafur Galvis; A-018 de marzo 2 de 2004,
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[55]Ver Sentencias T-337 de 2009, T-791 de 2009
y T-118 de 2010.