C-221-17
Sentencia
C-221/17
CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL-Causal de libertad si transcurridos ciento cincuenta
días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se
haya celebrado la audiencia de lectura de fallo, no configura omisión
legislativa relativa
La Sala concluye que los
derechos a la libertad, a la igualdad y a un debido proceso sin dilaciones del
procesado en segunda instancia, contrario a lo que consideran los demandantes,
se encuentran debidamente protegidos por el artículo 1 de la Ley 1768 de 2016.
Este artículo contiene la regulación que los actores echan de menos, en la
medida en que el plazo máximo de un (1) año de detención cautelar ha sido
estimado, precisamente, tomando como referente el término máximo para la
emisión del fallo de segundo grado. En otros términos, la hipótesis que los
actores estiman excluida de la disposición objetada, está comprendida y
protegida en el supuesto de hecho del citado artículo 1 de la Ley 1768 de 2016,
por todo lo cual, el legislador no incurrió en omisión alguna. En la Sentencia
C-528 de 2003, en que se juzgó un caso similar, la Corte indicó que la
interpretación de las disposiciones jurídicas supone la existencia de un
ordenamiento normativo sistemático, el cual debe interpretarse de manera
integral y coordinada, de modo que ninguno de sus componentes actúe como
compartimento estanco, autónomo e independiente. En el presente asunto, la
protección de la libertad personal, en el marco del derecho a un debido proceso
sin dilaciones injustificadas y a términos razonables de detención preventiva
implica, así mismo, entender que esa salvaguarda se lleva a cabo dentro de un
sistema de reglas dispuestas a partir de las etapas procesales diseñadas por el
legislador y no con base en normas aisladas. Por las anteriores razones, la
Sala encuentra que no se configura la omisión legislativa relativa alegada por
los demandantes y, como consecuencia, declarará la exequibilidad la norma
impugnada.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
LEGISLADOR-Vulneración
de la Constitución por acción y por omisión/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
de procedibilidad
MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO-Naturaleza y límites
LIBERTAD
PERSONAL-Derecho fundamental básico del Estado constitucional y democrático
de derecho
En síntesis, (i) la libertad
personal, consustancial al Estado constitucional y democrático de derecho no
es, sin embargo, un derecho absoluto sino que está sujeto a restricciones. (ii)
Estas tienen lugar esencialmente en el marco del proceso penal, en la forma de
sanciones, pero también a través de medidas cautelares, denominadas medidas de
aseguramiento (iii), en general, con propósitos preventivos, como garantizar la
presencia del imputado, el cumplimiento de las decisiones y la protección de la
comunidad y la víctima. (iv)  Implican la privación o la limitación a la
libertad personal o la imposición de otras obligaciones que garantizan fines
legal y constitucionalmente admisibles. (v) Sin embargo, su incidencia más
importante radica en las intensas injerencias a la libertad personal. (vi)
Debido a este particular impacto, las medidas de aseguramiento se hallan
sometidas a un conjunto de límites constitucionales, que sirven de garantías
para la salvaguarda de la dignidad humana y la proscripción del exceso en su utilización.
DERECHO A LA
LIBERTAD PERSONAL-No es absoluto/DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Sujeto
a privaciones y restricciones temporales/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Decisiones
cautelares de carácter transitorio y preventivo
MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO-Implicaciones/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Finalidad
MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO-Incidencia constitucional/MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Carácter
excepcional
DETENCION
PREVENTIVA-Derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas y dentro de
un plazo razonable
DERECHO A UN
DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Consagración constitucional e
internacional
LEY
ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Celeridad y Oralidad/LEY
ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Eficiencia y diligencia
DEBIDO
PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Plazos de carácter perentorio/DEBIDO
PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Cumplimiento de plazos razonables/DEBIDO
PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Factores relevantes
Como principal herramienta
para asegurar un debido proceso sin dilaciones injustificadas, el legislador
generalmente consagra plazos de carácter perentorio, con arreglo a los cuales
deben ser adelantadas etapas o precisas actuaciones en los diversos sectores
del ordenamiento jurídico, aunque no siempre asocie a ellas específicas
consecuencias jurídicas. Para otros casos, la jurisprudencia constitucional y
de la Corte IDH han construido un conjunto de criterios, sobre la base de los
cuales puede ser evaluado el cumplimiento de plazos razonables, a la luz de los
casos concretos, que permiten determinar si se ha desconocido el derecho a un
debido proceso sin dilaciones. Entre otros, se han subrayado como factores
relevantes: (i) la complejidad del asunto, (ii) el tiempo promedio que demanda
su trámite, (iii)  el número de partes, (iv) el tipo de interés involucrado,
(v) las dificultades probatorias, (vi) el comportamiento procesal de las partes
e intervinientes y (vii) la diligencia de las autoridades judiciales etc. En
materia penal, se ha considerado determinante (viii) la naturaleza del delito
imputado, (ix) su mayor o menor gravedad, (x) el grado de complejidad que su
investigación comporte, (xi) el número de sindicados, los (xii) los efectos
sociales nocivos que de él se desprendan y (xiii) el análisis global del procedimiento.
DEBIDO
PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS EN MATERIA PENAL-Importancia/DEBIDO
PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS EN MATERIA PENAL-Afectación del
derecho a la libertad personal del imputado
DETENCION
PREVENTIVA-Restricción del derecho a
la libertad personal
La Corte ha indicado que la
detención preventiva de una persona acusada de un delito restringe su derecho a
la libertad personal, con el propósito de garantizar otros fines
constitucionales. Sin embargo, también ha precisado que los artículos 29 de la
Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles
impiden que se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto
lapso que, además, de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena,
pues se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención
preventiva y terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la sanción,
con evidente menoscabo del principio de presunción de inocencia. Ha
sostenido también, en el anterior sentido, que la fijación legal de un término
máximo de duración de la detención provisional, aplicable a las etapas de
investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado
equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de
perseguir eficazmente el delito y sancionar a los responsables y, de otro lado,
la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de
garantizar un proceso justo e imparcial. La detención temporal es una medida
cautelar pero, innegablemente, “trasciende sus efectos procesales y repercute
negativamente en la esfera de la libertad personal del inculpado”, lo cual
revela la importancia de señalar términos máximos de su duración.
DERECHO A UN
DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Bloque de constitucionalidad
En resumen, (i) el bloque de
constitucionalidad prevé el derecho a un debido proceso sin dilaciones
injustificadas, (ii) prerrogativa que tiene como correlato para los servidores
judiciales el deber de garantizar una administración de justicia pronta,
cumplida y eficaz, diligente y célere, (iii) pues esto compromete, además del
debido proceso, la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, la
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, el acceso a la
administración de justicia y la eficiencia en la prestación de los servicios
públicos (Arts. 2, 228 y 365 C.P.), (iv) La obligación estatal de adelantar un
proceso sin dilaciones se materializa mediante la previsión normativa de plazos
perentorios y, así mismo, a través de la aplicación de criterios,
jurisprudencialmente construidos, en orden a determinar el empleo de tiempos
razonables, como la complejidad del asunto, el término promedio que implica el
trámite, el número de partes e intervinientes, el tipo de interés involucrado,
las dificultades probatorias, el comportamiento procesal de las partes e
intervinientes y la diligencia de las autoridades judiciales. En materia penal,
además, la naturaleza del delito imputado, su gravedad, la complejidad que
suponga implique su investigación y los efectos sociales nocivos que de él se
desprendan, (v) En los procesos penales, el derecho a un debido proceso sin
dilaciones injustificadas resulta especialmente relevante, debido a las
intensas afectaciones que en su desarrollo, por razones preventivas, se imponen
a veces a la libertad del acusado, (vi) Debido a este drástico impacto, un
proceso sin dilaciones injustificadas comporta un límite sustancial a la
discrecionalidad del legislador en la regulación de la detención preventiva y,
consecuentemente, (vii) resulta fundamental la fijación de términos máximos de
duración de la privación de la libertad.
DEBIDO
PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Reforma mediante Ley 1786 de 2016/DETENCION
PREVENTIVA-Derecho a plazos razonables y un debido proceso sin dilaciones/PROCESO
PENAL-Ninguna persona puede ser objeto de medida de aseguramiento privativa
de la libertad superior a un año
PROCESADO EN
DETENCION PREVENTIVA-Reglas para cumplimiento inmediato de libertad
Para la mayoría de los casos,
la libertad del procesado en detención preventiva se cumplirá de inmediato (i)
si transcurridos 60 días a partir de la fecha de imputación no se ha presentado
el escrito de acusación o solicitado la preclusión; (ii) si pasados 120 días
contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se
ha dado inicio a la audiencia de juicio y (iii) si vencidos 150 días contados a
partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio oral, no se ha celebrado
la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. Pero, además de lo anterior,
(iv) ninguna medida de aseguramiento privativa de la libertad podrá exceder de
un (1) año, plazo luego del cual el detenido deberá ser puesto en libertad. Con
las primeras tres reglas, cada una de las fases principales del proceso penal
quedan ahora gobernadas por el régimen de afirmación de la libertad, de modo
que la privación del derecho del procesado mientras aquellas se adelantan
encuentra estrictos límites temporales en el uso racional y proporcionado de la
detención cautelar. Por su parte, con la última regla, el legislador consagra
una cláusula general de garantía a favor de la libertad del procesado, cuya
privación preventiva en ningún caso puede exceder de un (1) año. En este supuesto,
el legislador, consciente de que la justificación constitucional de la prisión
provisional solo no se diluye si es aplicada por un tiempo razonable y
prudencial y exclusivamente con fines preventivos, consagra un término general
que permite a esa limitación mantener dicho carácter y, correlativamente,
también desvirtuarlo cuando la resulta superar dicho plazo.
DEMANDA
FRENTE A LAS CAUSALES DE LIBERTAD DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Acusados
que esperan decisión de segunda instancia no se encuentran desprotegidos/DESARROLLO
DEL JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL-Límite temporal de la detención del
acusado
La Sala encuentra que la
carencia de regulación a la cual se refieren los demandantes, en realidad, no
tiene sustento. Los acusados que esperan la decisión de segunda instancia no se
encuentran desprotegidos, ni se les viola el derecho a un debido proceso sin
dilaciones injustificadas, pues tampoco están sometidos, como los suponen los
actores, a estar indefinidamente privados de la libertad. Pese a que la
disposición impugnada no haga referencia a ellos, precisamente, la
razonabilidad del término de su detención preventiva está garantizada en el
artículo 1 de la misma Ley 1786 de 2016, según el cual, el tiempo de las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1)
año. Como se indicó, el citado plazo ha sido legislativamente estimado como
razonable, desde la audiencia de formulación de la imputación, hasta la
decisión de la impugnación en segunda instancia. Este término, se dijo,
funciona como una cláusula general de libertad a favor del acusado, fundada en
un cálculo del tiempo prudencial que toma el trámite del proceso, precisamente,
hasta la adopción del fallo que resuelve la apelación contra la sentencia. Por
lo tanto, si bien constituye una causal general de libertad, en el momento
procesal al que se refieren los actores el derecho a un debido proceso sin
dilaciones y la libertad personal del acusado se encuentran resguardados por el
contenido de esa previsión legal.
Referencia:
Expediente D-11685
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2
(parcial) de la Ley 1786 de 2016, “por medio de la cual se modifican algunas
disposiciones de la Ley 1760 de 2015”.
Actores: Manuel
Alejandro Iturralde Sánchez, Angélica Patricia Noriega Villamizar, Jorge
Alejandro Cárdenas Cárdenas, Camilo Sánchez Villamarín, Tomás Orozco García y
Virginia Upegui Caro.
Magistrado
Ponente (E):
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil
diecisiete (2017)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral
4 de la Constitución Política, los demandantes solicitan a la Corte declarar
inexequible artículo 2 (parcial) de la Ley 1786 de 2016, “por medio de la
cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015”.
Mediante providencia de seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016),
el Magistrado Sustanciador dispuso admitir la demanda por considerar reunidos
los requisitos previstos en el Decreto 2067 de 1991, corrió traslado al
Procurador General de la Nación y comunicó el inicio del proceso al Presidente
de la República y al Presidente del Congreso, a los Ministros del Interior y de
Justicia, al Fiscal General de la Nación y al Director de Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC-.
De igual forma, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la
demanda de la referencia, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Decreto
2067 de 1991, invitó a participar en el proceso a las Facultades de Derecho de
las Universidades Externado, Libre y Nacional de Colombia, Javeriana, ICESI de
Cali, Eafit de Medellín, del Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de
la Sabana, de Antioquia y del Rosario, así como a la Defensoría del Pueblo,  a
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho
Procesal, a la Comisión Colombiana de Juristas y al Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia-
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución
Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la
demanda de la referencia.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación se transcribe el parágrafo demandado, subrayando el
numeral objeto de impugnación.
“LEY
1786 DE 2016
(julio
1°)
Diario
Oficial No. 49.921 de 1 de julio de 2016
Por
medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 2°. Modifícase el artículo 4° de la Ley 1760
de 2015, el cual quedará
así:
Artículo 4°. Modificase el artículo 317 de la Ley 906
de 2004, el cual quedará así:
Artículo 317. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento
indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la
actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 307
del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la
libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo
procederá en los siguientes eventos:
(…)
6.
Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha
de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de
lectura de fallo o su equivalente”.
(…)
III.
LA DEMANDA
Los actores consideran
que el numeral acusado incurre en una omisión legislativa relativa que
contraviene los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución Política.
1. Señalan
que, de acuerdo con dicho numeral, si iniciado el juicio oral han transcurrido
150 días sin que se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su
equivalente, el acusado bajo detención preventiva debe ser puesto en libertad.
Según los demandantes, la norma omite hacer mención a los acusados, también
privados de la libertad, en espera de la resolución del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia, ya sea por la víctima o el propio acusado.
Esta exclusión, en su criterio, implica para este segundo grupo de detenidos un
trato desigualitario y violatorio del derecho a la libertad y al debido proceso
sin dilaciones injustificadas.
Afirman que
la expresión “o su equivalente”, prevista en el numeral impugnado, podría
suponer el tratamiento equitativo que se echa de menos. Sin embargo, aseveran
que esta es indeterminada, pues no hay claridad sobre el modo en que debe ser
interpretada. En su opinión, no hay certeza de si se refiere a los dos grupos
de acusados y, de ser ese el caso, tampoco la habría acerca de la manera en que
deben ser contabilizados los  ciento cincuenta (150) días a los que se refiere
la disposición, circunstancia que desconoce también el principio de taxatividad
penal.
Argumentan
que la Constitución no distingue entre acusados privados de la libertad a la
espera de la sentencia de primera instancia y acusados privados de la libertad
que aguardan la resolución de la apelación contra ese fallo, sino que solo
prescribe que el sindicado, esto es, quien no ha sido declarado responsable
mediante una decisión ejecutoriada, tiene derecho a un debido proceso sin
dilaciones injustificadas. Por ello, a su modo de ver, al excluir los detenidos
que esperan la decisión de segundo grado, la disposición menoscaba su derecho a
la libertad, así como la posibilidad, en igualdad de condiciones con los
internos condenados, de participar de programas, actividades y oportunidades
que den sentido y dignidad a su permanencia en prisión.
2. Luego de
hacer algunas consideraciones sobre la competencia de la Corte para conocer
demandas por omisiones relativas del legislador, los actores precisan los
elementos que presuntamente dan lugar a la configuración de una omisión de esa
naturaleza en el presente caso, conforme a los requisitos exigidos por la
jurisprudencia de la Corte. En primer lugar, indican que la omisión se predica
del numeral impugnado. En segundo lugar, consideran que los detenidos en espera
de una sentencia de primera instancia y quienes, también privados de la libertad,
aguardan la de segundo grado son dos grupos asimilables, al estar ambos
restringidos en su derecho a la libertad y no contar con una decisión judicial
en firme.
Consideran
que no hay justificación que permita distinguir legítimamente entre los dos
grupos, pues todos los acusados deben contar con los mismos derechos y
beneficios hasta el momento en que se produzca una decisión ejecutoriada, por
lo cual la norma viola los derechos a la igualdad, a la libertad y al debido
proceso de quienes aguardan la decisión de segunda instancia. En tercer lugar,
en opinión de los demandantes, el trato desigual del que estos son objeto no
tiene justificación alguna, pues no hay razones constitucionales ni legales que
lo sustenten, ni tampoco se inspira en una situación de debilidad manifiesta
del grupo favorecido.
En cuarto
lugar, los actores consideran que la disposición trae como consecuencia la
ausencia de términos procesales perentorios para los acusados en segunda
instancia, la restricción de su derecho a libertad y a acceder a programas de
resocialización y beneficios penales y administrativos en su indefinida
privación de la libertad. Explican que el artículo 179 previó el plazo de 15
días para la resolución del recurso de apelación y la lectura de la decisión
dentro de los 10 días siguientes a su adopción, tiempos que, sin embargo, son
incumplidos en la práctica.
Ilustran que,
según información suministrada en abril de 2016 por el INPEC, en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Modelo de Bogotá hay 456 internos
detenidos en espera de la decisión de segunda instancia. En tal situación,
estarían 1% desde 2011, 3% desde 2012, 16% desde 2013, 19% desde 2014, 51%
desde 2015 y 10% en lo corrido de 2016 a la fecha de los reportes. En quinto
lugar, los demandantes afirman que el legislador desconoce los derechos
fundamentales de todo “sindicado” a un debido proceso sin dilaciones
injustificadas, al debido cumplimiento de los términos de la actuación y a la
libertad personal, los cuales amparan sin distinción a los sentenciados en
primera instancia y segunda instancia.
3. Con
fundamento en jurisprudencia constitucional y en instrumentos de derecho
internacional de los derechos humanos, subrayan que el derecho al debido
proceso sin dilaciones injustificadas implica la posibilidad de que, una vez
transcurrido un “término razonable”, la persona detenida preventivamente
pueda recobrar la libertad, sin perjuicio de la continuación del proceso. Si
bien  podría objetarse la inexistencia, en la jurisprudencia de la Corte IDH,
de un lapso preciso asociado a la noción de “plazo razonable” y, así
mismo, la amplia facultad de configuración normativa que le asiste al
legislador en la materia, estas hipotéticas objeciones no tendrían asidero.
En relación
con lo primero, argumentan que, pese a la aparente indefinición del tiempo
exacto al que se refiere el concepto de “plazo razonable”, es posible
utilizar el término de duración máximo de la detención preventiva de un año
establecido en el artículo 1 de la Ley 1786 de 2016, para concluir que las
personas a la espera de la resolución del recurso de apelación, interpuesto ya
sea por el mismo acusado u otra parte o interviniente, “también deben estar
cobijadas por el término de libertad que establece el artículo 2 de la misma
ley”.
Señalan que
el referido plazo deriva de la proyección realizada por la Fiscalía General y
el Ministerio de Justicia en la exposición motivos del proyecto de ley 114 de
la Ley 1760 de 2015, sobre la duración de un proceso penal, comprendida la resolución
del recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia, de
conformidad con las reglas del CPP. En este sentido, consideran viable que el
término de 150 días expresado en la norma demandada incluya no solo las
audiencias de juicio oral y de lectura de fallo de primera instancia, sino
también la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia.
En lo que
hace relación a la libertad de configuración del legislador, los demandantes
sostienen que, conforme a la doctrina constitucional, constituyen límites al
ejercicio de esa potestad los derechos constituciones y el principio de
taxatividad, que proscribe la ambigüedad de las normas penales, sustantivas  y
procesales, límites que no se ven socavados en este caso. La demanda remarca que
la dilación injustificada  de los términos procesales significa un menoscabo
del derecho a la libertad personal y que el debido proceso en materia penal
implica que la situación del acusado sea resuelta de manera definitiva a la
mayor brevedad posible y conforme a los tiempos establecidos para cada etapa
del proceso.
Por lo
anterior, para los actores, la libertad de configuración del legislador “no
puede ser un argumento constitucionalmente admisible para rechazar las
pretensiones de la demanda”.
4. Como
segundo cargo, los actores consideran que la disposición acusada desconoce el
derecho fundamental a la igualdad, pues no otorga el mismo trato a dos grupos
de personas que se encuentran en situaciones fácticas idénticas. Subrayan que
la norma crea, sin ninguna justificación, un trato diferenciado entre los
acusados bajo detención preventiva que están a la espera de la sentencia de
segunda instancia y aquellos que aguardan la de primer grado, pese a que el
carácter de acusado cesa únicamente cuando la decisión queda en firme, dado que
la apelación interrumpe su ejecutoria y hace que el afectado mantenga su
calidad procesal.
Agregan que
todos los acusados que se hallan privados de la libertad tienen derecho al
debido proceso y a la observancia de los tiempos procesales razonables; así
mismo, que no hay norma alguna que establezca un trato diferencial para los
detenidos de primera y segunda instancia  y, en definitiva, todos constituyen
un único grupo, sin importar el momento procesal en que se encuentren.
Con
fundamento en los anteriores argumentos, los demandantes solicitan a la Corte
declarar la exequibilidad condicionada del numeral impugnado, en el entendido
de que la expresión “o su equivalente” “cubre la audiencia de lectura
de fallo de segunda instancia”. Subsidiariamente, piden a la Sala exhortar
al Congreso de la República para que modifique el numeral impugnado y aclare el
alcance de la expresión “o su equivalente” “en lo relativo a los
acusados sobre quienes se ha emitido un fallo de primera instancia pero cuyo
caso se encuentra en apelación”.
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
4.1. Ministerio de Justicia y del Derecho
1. Diana Alexandra Remolina Botía, Directora  de la
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio,
intervino dentro del proceso para cuestionar la aptitud sustantiva de los
cargos y defender la constitucionalidad de la disposición objetada.
2. Luego de citar jurisprudencia de la
Corte sobre los requisitos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad
para ser analizada de fondo, la interviniente señala que los actores precisan
las normas legales objeto de impugnación y los mandatos constitucionales
supuestamente infringidos, pero no ofrecen un argumento orientado a confrontar
las dos clases de normas, por lo cual el cargo carece de certeza. En el mismo
sentido, indica que no proporcionan razones estrictamente constitucionales,
sino consideraciones fácticas e hipótesis “nacidas de su percepción de una
situación anómala de carácter judicial”, como el reporte de procesos en
espera de la decisión de segunda instancia, de manera que el cargo carece de
pertinencia.
3. La interviniente expone, en todo
caso, los siguientes argumentos en defensa de la constitucionalidad de la
norma. Sostiene que el planteamiento de la demanda es incorrecto porque la
libertad del acusado procede, según el artículo 317.1 del CPP, cuando haya sido
absuelto, y que el numeral impugnado no implica una medida discriminatoria ni
violatoria del debido proceso. A su juicio, existe una diferencia entre los
acusados en primera y segunda instancia que autoriza un tratamiento
diferenciado, pues si bien ambos se encuentran amparados por la presunción de
inocencia, los últimos han sido declarados penalmente responsables mediante una
decisión judicial, por lo cual su privación de la libertad no puede ser
considerada arbitraria.
4. Por otra parte, la representante
del Ministerio señala que la expresión “o su equivalente” utilizada en
la norma acusada no debe tomarse como una remisión genérica o ambigua dado que,
al contrario, permite brindar un tratamiento igualitario a quienes se
encuentren en la misma situación, independientemente del sistema procesal que
rija el trámite, ya sea el de la Ley 906 de 2004 o la Ley 600 de 2000. En su
opinión, como en esta no se encuentra prevista la audiencia de lectura de
fallo, era necesario introducir la citada equivalencia, con el fin de
determinar el momento a partir del cual se debe hace efectivo el derecho a la
libertad del procesado, lo cual ocurre entonces con la terminación de los
alegatos de las partes en el juicio, que es la instancia en que el juez se
halla obligado a emitir la sentencia.
5. Por último, la intervinientes
afirma que si bien existe una norma a la cual los demandantes atribuyen la
alegada omisión legislativa relativa, esta no excluye supuestos que, por
razones constitucionales, debía prever. Argumenta que los acusados a quienes no
les ha sido dictada sentencia de primera instancia y aquellos que la aguardan,
grupos que la demanda equipara, no se hallan realmente en situación similar,
pues mientras que respecto de los primeros ya se superó el término legal para
surtir todas las etapas del proceso sin que se haya proferido una decisión de
fondo, a los segundos se les adelantó la actuación en todas sus fases, pero han
decidido voluntariamente impugnar la decisión.
Tampoco se satisface la exigencia de
que la exclusión de las hipótesis alegadas por la demanda carezca de razón
suficiente. Recalca que, de conformidad con la exposición de motivos, las
personas detenidas en espera de la decisión de segunda instancia no son los
destinatarios de la norma ni estaban vinculados al problema que se pretendía
resolver con su expedición. Explica que la finalidad era atender los
requerimientos de la actualidad normativa, la complejidad procesal y el volumen
de procesos que ingresan al sistema penal, “no de aquellos que han terminado
con sentencia condenatoria”. Esta, en criterio de la interviniente, es una
razón suficiente para la exclusión de la que discrepan los demandantes.
En concordancia con lo anterior, la
interviniente advierte que no puede predicarse la existencia de un deber
constitucional específico y concreto impuesto al legislador para regular la
cesación de las medidas de aseguramiento de los acusados que, habiendo sido
objeto de la decisión del juez de primera instancia, “deciden libre,
voluntaria y espontáneamente recurrir la decisión”. En este orden de ideas,
con fundamento en las anteriores razones, solicita a la Corte inhibirse de
emitir decisión de fondo y, en su defecto, declarar la exequibilidad de
la norma acusada.
4.2. Fiscalía General de la Nación
Javier Hernán Tovar Maldonado, Director Nacional de
Estrategia en Asuntos Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación,
allegó a la Corte escrito de intervención, a través del cual sostiene que la
demanda carece de aptitud sustantiva para ser decidida de fondo.
1. Considera que el cargo formulado no reúne las
exigencias de especificidad, pertinencia, claridad y certeza. Argumenta que no
es específico porque la norma impugnada no infringe la libertad de los acusados
que esperan de una decisión de segunda instancia y, al contrario, el Código de
Procedimiento Penal establece el término de 15 días para la resolución del
recurso de apelación. En el mismo sentido, la inexistencia de una causal de
libertad por vencimiento de términos, según el interviniente, no se deriva de la
norma impugnada, sino que podría predicarse de la causal de libertad del
artículo 317.5 CPP, referida al transcurso de 120 días desde la presentación
del escrito de acusación sin haberse dado inicio al juicio oral.
Pare el representante de la Fiscalía, el cargo no
satisface el requisito de pertinencia, pues, en lugar de llevar a cabo una
confrontación con parámetros constitucionales, los actores señalan al artículo
acusado de no ser consistente con la finalidad de la Ley 1760, sobre la
fijación de límites a la detención preventiva. Desde otro punto de vista, la
demanda no contiene razones claras, por cuanto la circunstancia de que los
detenidos, debido su calidad de acusados, no puedan acceder a tratamiento
penitenciario, “tampoco se puede inferir directamente de la norma demandada”.
2. De acuerdo con el interviniente, pese a que los
demandantes consideran que existe una omisión legislativa relativa en la norma
impugnada, en realidad, las personas detenidas en espera del fallo de primera
instancia “no son asimilables, de aquellas que fueron condenadas en
primera instancia y se encuentran cumpliendo la pena privativa de la libertad”.
Si bien es cierto ambos grupos se identifican en que se hallan privados de
la libertad, en su criterio, lo están con base en decisiones judiciales de
características, naturaleza jurídica, fundamentos fácticos y estándares
probatorios distintos y, por lo tanto, pueden ser objeto de una diferencia de
trato.
Mientras en primera instancia (i) se practican pruebas y
(ii) el acusado se encuentra en detención preventiva, (iii) impuesta ante la
inferencia razonable de que puede ser autor o partícipe de la conducta que se
investiga (iv), con base en elementos materiales probatorios, evidencia física
o información legalmente obtenida; precisa que en segunda instancia (i) solo se
examina si el fallo de primer grado es contrario a derecho y (ii) el acusado se
encuentra detenido con fundamento en esa sentencia, revestida de la presunción
de legalidad, (iii) para cuya emisión  fue necesario el convencimiento de su
responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, (iv) a partir de pruebas
practicadas en el juicio oral.
3. En concordancia con lo anterior, el interviniente
considera que los actores no suministran razones suficientes en orden a
demostrar que los dos grupos de acusados que comparan se hallan en igualdad de
condiciones y el legislador carece de razones al proporcionar un trato
diferenciado. Al contrario, de existir sentencia condenatoria, esta resultaría
una razón que autoriza la no fijación del mismo plazo para los dos grupos de
personas. Tampoco los actores, a juicio de la Fiscalía, pese a advertir la
infracción del derecho a ser juzgado sin dilaciones y a no ser detenido más que
por un término razonable, logran precisar el incumplimiento de un específico
deber de carácter constitucional.
Con fundamento en instrumentos del derecho internacional
de los derechos humanos y decisiones de la Corte IDH y la CIDH, el
interviniente agrega que no existe un elemento objetivo que permita determinar
la razonabilidad del plazo y los únicos criterios en tal sentido son la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de
las autoridades judiciales, pero a la luz de las circunstancias del caso
concreto. Por último, indica que, no obstante la libertad de configuración del
legislador se encuentra limitada por los derechos fundamentales, los
demandantes desconocen que la Corte Constitucional no tiene competencia para
fijar dicho plazos ni los términos cuyo vencimiento da lugar a la libertad del
acusado.
A partir de las anteriores razones, el representante de
la Fiscalía General de la Nación solicita a la Corte declararse inhibida para
fallar.
Intervenciones de instituciones académicas
4.3. Universidad de Ibagué
Constanza Vargas Sanmiguel, Decana (e) de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Ibagué, intervino para justificar la
compatibilidad de la disposición demandada con la Constitución.
1. La interviniente considera que la disposición no
incurre en una omisión legislativa relativa, por cuanto la intención del
legislador no era “referirse a aquellas situaciones prolongadas en el tiempo
por no haber sido desatado el recurso de alzada interpuesto contra el fallo de
juzgado de primera instancia”. Así mismo, estima que los grupos de acusados
comparados por la demanda no se asemejan, dado que quien espera el fallo de
segundo grado ya ha sido notificado de una decisión de condena, que luego fue
objeto de impugnación, situación distinta a la del detenido que aún aguarda el
fallo de primera instancia.
2. De otra parte, la expresión “o su equivalente”,
en su criterio, no es indeterminada, como lo creen los actores, puesto que hace
referencia al acto procedimental semejante a la audiencia de lectura de fallo,
que señala el término de vencimiento previsto en la ley, “pero no lo es,
como lo propone la demanda que esa lectura de fallo cobije tanto la primera
como la segunda instancia”. La voluntad del legislador, “no
puede interpretarse en ese sentido”.
En consecuencia, la interviniente considera que el
numeral demandado es ajustado a la Constitución y la claridad de la norma no
hace aconsejable la exhortación al legislador solicitada por los actores.
4.4. Universidad del Rosario
Álvaro Garzón Alarcón, Coordinador del Área de Derecho
Penal, del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, intervino dentro
del presente proceso para justificar la constitucionalidad de la disposición
acusada
1. Afirma que, no obstante la norma hace relación un
término que se debe contabilizar desde el inicio de la audiencia de juicio
hasta la de lectura de fallo o su equivalente, “no se puede entender como lo
hace el accionante, que se hace referencia a la audiencia de sentido de fallo
en primera instancia, pues debe entenderse que la protección cobija hasta tanto
se desvirtúe efectivamente la presunción de inocencia”. La “audiencia de
lectura de fallo” correspondería entonces a la diligencia en la que se da a
conocer la decisión en firme, ya sea porque no se interponen recursos contra
ella o porque corresponde al fallo de segunda instancia.
En su opinión, la anterior interpretación es armónica con
el principio pro homine y la libertad personal, como principio rector
del proceso y criterio de interpretación de las demás normas. Con fundamento en
los anteriores argumentos, considera que la norma objeto de impugnación es
compatible con la Carta.
4.5. Universidad Industrial de Santander
Clara Inés Tapias Padilla, Directora del Consultorio
Jurídico de la Universidad Industrial de Santander, y varios integrantes del
Grupo de Litigio Estratégico de la Escuela de Derecho de la misma institución,
enviaron escrito de intervención a la Corte mediante el cual respaldan la
demanda de inconstitucionalidad.
1. Los intervinientes sostienen que se satisfacen todos
los requisitos señalados en la jurisprudencia de la Corte para verificar que la
disposición acusada incurre en una omisión legislativa relativa y, por lo
tanto, “es evidente que se están violando los derechos de los sindicados al
no permitir que accedan a este beneficio ya que se encuentra de por medio su
derecho al debido proceso y a gozar de un proceso sin dilaciones injustificadas
y por ende a su derecho a la liberad teniendo en cuenta esto no se encuentran
razones suficiente para que no sea aplicada esta normativa a estos sujetos
procesales”.
3. De otra parte, los intervinientes comparten con la
demanda que la expresión “o su equivalente” no es clara en relación con
las personas a las que se aplica, puesto que permite diversas interpretaciones,
lo que, además, atenta contra el principio de seguridad jurídica. Consideran
que, si bien la norma no excluye expresamente los acusados que han sido
condenados o absueltos en primera instancia, “tampoco es claro en qué
momento esta puede llegar a ser aplicada, por lo tanto se hace necesario que se
haga una aclaración de dicho precepto consagrado en la norma”.
Con base en las razones anteriores, los intervinientes
solicitan a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de la disposición “ya
que se evidencia la omisión legislativa en la que incurre el legislador cuando
deja por fuera a este grupo de la población carcelaria que se encuentra en la
espera de la resolución de su proceso penal ya sea en primera o en segunda
instancia, sin ninguna justificación, desconociendo de este modo sus derechos a
recibir un trato igual, al debido proceso y por ende su derecho a la libertad.
Situación jurídica que los pone en desventaja con respecto de los otros
procesados penales que sí gozan de este derecho y que la norma taxativamente si
cobija”.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad
procesal correspondiente, la Procuradora General de la Nación (e)  presentó el
concepto previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, mediante
el cual solicitar a la Corte declararse inhibida para fallar, por ineptitud
sustantiva de la demanda.
La Vista Fiscal recuerda que el Código de Procedimiento Penal contempla
medidas de aseguramiento privativas y no privativas de la libertad y fija un
conjunto de requisitos para que el juez de control de garantías pueda imponer
cualquiera de ellas. Subraya, además, que, según la jurisprudencia de la Corte,
las medidas de restricción de la libertad tienen carácter preventivo, no
naturaleza sancionatoria. A partir de este marco, estima que la demanda está
relacionada, no con la norma acusada, sino con los artículos 176 y siguientes
del Código de Procedimiento Penal, sobre los términos para interponer y
resolver recursos, especialmente los que atacan autos dictados en desarrollo de
las audiencias  y sentencias condenatorias y absolutorias.
Explica que la omisión alegada no recae en el texto normativo
cuestionado y que los accionantes no demostraron cuáles son los supuestos
legales de hecho equiparables en el procedimiento y en la práctica “a
quienes le han dictado una medida de aseguramiento con detención preventiva en
establecimiento carcelario”. Por esta razón, en su criterio, no se
encuentra verificada violación alguna del derecho a la igualdad. Recalca que,
según la Corte, solo es posible entrar a analizar la configuración de una
omisión legislativa relativa cuando el actor ha dirigido la acusación contra la
norma de cuyo texto surge o emerge esa carencia parcial de legislación.
Con base en los anteriores argumentos, el Ministerio Público estima
que la demanda es inepta y solicita a la Corte declararse inhibida para
fallar.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Corte Constitucional es
competente para resolver la demanda de la referencia, en los términos del
artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de
inconstitucionalidad contra disposiciones contenida en una Ley de la República.
6.2. Cuestión previa. Aptitud
sustantiva de la demanda
6.2.1. Antes de indicar el
problema jurídico que debe ser resuelto y la eventual estructura de la
justificación de la decisión, es necesario determinar la aptitud sustantiva de
la demanda, pues varios de los intervinientes, así como el Ministerio Público,
consideran que no cumple con los requisitos mínimos para ser estudiada y
solicitan a la Corte inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo. El
Ministerio de Justicia y del Derecho afirma que no contiene argumentos orientados a confrontar las normas legales con los mandatos
constitucionales invocados y que solo prevé consideraciones fácticas, derivadas
del reporte de procesos en espera de decisión de segunda instancia, por lo cual
el cargo carece de certeza y pertinencia, respectivamente.
Por su parte, la Fiscalía General de
la Nación argumenta que la omisión alegada no se desprende de la disposición
impugnada, sino del artículo 317.5 CPP. Así mismo, sostiene que el cargo
no es específico, pues, antes que infringir la libertad del procesado en
segunda instancia, el Código de Procedimiento Penal fija el
término de 15 días para la resolución del recurso de la apelación; no es pertinente,
por cuanto se acusa el texto normativo, no de ser incompatible con la
Constitución, sino inconsistente con la finalidad de la Ley 1760; y no es claro,
dado que la imposibilidad para los detenidos de acceder a tratamiento
penitenciario, “tampoco se puede inferir directamente de la norma demandada”.
La Fiscalía considera, de igual forma, que el cargo no
satisface el presupuesto de la suficiencia, en la medida en que no logra
demostrar que los dos grupos de acusados que compara se hallen en igualdad de
condiciones y, correlativamente, el legislador carece de razones para
proporcionar un trato diferenciado. El Ministerio Público suscribe también este
último punto de vista y, adicionalmente, estima que la demanda está
relacionada, no con la norma acusada, sino con los artículos 176 y siguientes
del Código de Procedimiento Penal, sobre los términos para interponer recursos.
6.2.2. De conformidad con el
artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe
contener: “(i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales,
su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación
oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales que
se consideren infringidas; (iii) las razones por las cuales dichos textos se
estiman violados; (iv) cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite
impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma
en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para
conocer de la demanda”.
A la luz de lo anterior, la
demanda debe formular uno o varios cargos, que reúnan ciertos requisitos, para
que se ajusten a la naturaleza normativa, abstracta y comparativa del control
que realiza la Corte y permitan comprender el problema de transgresión
constitucional que se propone. Esto ha sido sintetizado en la necesidad de que
los cargos sean claros, específicos, pertinentes, suficientes y
satisfagan la exigencia de certeza.
La claridad hace relación
a que los argumentos sean determinados y comprensibles y permitan captar en qué
sentido el texto normativo que se controvierte infringe la Carta. Deben ser
entendibles, no contradictorios, ilógicos ni anfibológicos. Conforme la
exigencia de la certeza, de una parte, se requiere que los cargos tengan
por objeto un enunciado normativo perteneciente al ordenamiento jurídico e ir
dirigidos a impugnar la disposición señalada en la demanda y, de la otra, que
la norma sea susceptible de inferirse del enunciado acusado y no constituir el
producto de una construcción exclusivamente subjetiva, con base en
presunciones, conjeturas o sospechas del actor.
La especificidad de los
cargos supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la demostración
de que el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la
explicación de la manera en que esa consecuencia le es atribuible. Es necesario
que los cargos sean también pertinentes y, por lo tanto, por una parte,
que planteen un juicio de contradicción normativa entre una disposición legal y
una de jerarquía constitucional y, por la otra, que el razonamiento que funda
la presunta inconstitucionalidad sea de relevancia constitucional, no legal,
doctrinal, político o moral.
Tampoco el cargo es pertinente
si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones
de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o
es aplicada la disposición. Y, por último, la suficiencia implica que la
demostración de los cargos contenga un mínimo desarrollo, en orden a demostrar
la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El cargo debe
proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la
presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio
democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el
resultado del acto político del legislador[1].
6.2.3. Ahora, como lo ha
reconocido la Corte, el legislador puede vulnerar la Constitución, no solo por
acción sino también por omisión[2].
En este sentido, cuando la demanda se orienta a mostrar que la infracción a la
Carta se origina en una omisión legislativa relativa[3],
a los anteriores requisitos se añade la exigencia de construir un específico
razonamiento tendiente a evidenciar que, en efecto, existe una carencia parcial
de regulación violatoria de preceptos de la Constitución.
De acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte, la existencia de una omisión legislativa relativa requiere
constatar (i) que existe una norma sobre la cual se predique el cargo; (ii) que
la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables,
tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el
precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad
injustificada frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de
la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber
específico impuesto por el constituyente al legislador[4].
De igual forma, al referirse a
los requisitos de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad
cuando el cargo se propone por la vía de una omisión legislativa relativa, la
Sala ha sostenido que la viabilidad de conocer y emitir pronunciamiento de
mérito se halla condicionada a que la omisión sea atribuible directamente al
texto de la disposición impugnada y no a ningún otro u otros enunciados no vinculado
al trámite de constitucionalidad[5].
Particularmente, la Corte ha subrayado la relevancia
de que  la configuración de la presunta inconstitucionalidad no suponga un
ejercicio interpretativo de conjuntos más amplios de disposiciones, de
regulaciones distintas o de normas indeterminadas[6]. Desde otro punto de
vista, este requisito se traduce en que la omisión que se plantea pueda
coherentemente imputársele a la disposición acusada o, en otros términos, que
sea lógicamente atribuible a su texto[7].
Este razonamiento se convierte, así, en la condición
fundamental para que el cargo por incumplimiento de una obligación superior que
hace constitucionalmente incompleta la norma demandada pueda ser conocido y
decidido de fondo. Debe precisarse, sin embargo, que la satisfacción de este
presupuesto solo implica que la demanda es formalmente apta y puede ser
analizada, no que el elemento considerado por el demandante constitucionalmente
obligatorio dentro de la norma efectivamente lo sea y, por lo tanto, se
configure una verdadera omisión del legislador. Este es ya el problema
constitucional de fondo planteado a la Corte, que deberá ser resuelto en el
análisis de fondo de los cargos[8].
6.2.4. Los
demandantes impugnan la causal de libertad prevista en el artículo 317.6
C.P.P., conforme con la cual, si iniciada la audiencia de juicio, han
transcurrido 150 días sin que se haya celebrado la audiencia de lectura de
fallo o su equivalente, el acusado bajo detención preventiva debe ser puesto en
libertad. Para los actores, la norma incurre en una omisión legislativa
relativa al no hacer mención a los acusados, también privados de la libertad y
amparados por la presunción de inocencia, que aguardan la resolución del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. A su
juicio, de tal forma se desconocen sus derechos a la igualdad, a la libertad y
a un debido proceso sin dilaciones injustificadas.
Como
advierten los demandantes, la disposición establece a favor del acusado en
espera de la sentencia de primera instancia el derecho a ser dejado en libertad
si la decisión no ha sido emitida dentro de un término específico y, sin
embargo, no consagra una prerrogativa similar en cabeza del acusado que aguarda
el fallo de segundo grado, pese a que este también es acreedor al debido
proceso dentro de un plazo razonable, se encuentra privado de la libertad y
cobijado aún por la presunción de inocencia. Desde la perspectiva de la coherencia
básica, se observa que los actores vinculan la omisión al contenido normativo
de una disposición a la que podría válidamente a atribuírsele.
La norma contempla una ventaja
para un grupo de acusados que, dentro del proceso penal, solamente se encuentran
pendientes de la decisión judicial de fondo sobre su responsabilidad penal,
mientras que no prevé la misma ventaja para otro conjunto de procesados que, de
forma análoga, únicamente esperan la resolución judicial de mérito sobre su
culpabilidad, aunque por el juez de segundo grado, sin que esto último parezca,
a primera vista, relevante. La demanda no recurre a otras normas diferentes ni
a textos más amplios para la construcción de la omisión, sino que a partir de
la sola disposición objetada logra edificarla de manera lógica.
Contrario a
lo que plantea la Fiscalía General, la omisión alegada no resulta atribuible al
artículo 317.5 C.P.P., que prevé la libertad del procesado si, transcurridos
120 días de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se ha dado
inicio a la audiencia de juicio oral, pues el momento procesal y la situación
del acusado a los que se refiere esta norma no son mínimamente comparables con
los del procesado que aguarda la decisión de segunda instancia. Así mismo, en oposición
a lo que observa el Ministerio Público, la impugnación no se relaciona con los
artículos 176 y siguientes del C.P.P., pues si bien estos prevén términos para
el trámite de la segunda instancia, no contemplan causales de libertad, que es
el elemento distintivo y relevante de la disposición censurada.
El cargo
cumple, así mismo, los requisitos de especificidad y pertinencia, pues si bien
en algún momento la demanda hace referencia a que la norma impugnada es
inconsistente con la finalidad de la Ley 1760 de 2015 y a argumentos de tipo
fáctico, relacionados con porcentajes de personas privadas de la libertad que
esperan la decisión de segunda instancia, estos son evidentemente elementos
accidentales del cargo, el cual se dirige a mostrar el presunto problema de
inconstitucionalidad concretamente del numeral acusado, derivado de una
carencia de regulación, se fundado en un supuesto desconocimiento de los
derechos constitucionales a la igualdad, la libertad y a un debido proceso sin
dilaciones.
El cargo satisface también el
requisito de certeza, por cuanto la construcción de la acusación por
inconstitucionalidad parte de una interpretación razonable de la disposición
que se objeta, deducible con arreglo en una mera lectura  literal de su texto.
Por último, el planteamiento de la demanda es además claro y suficiente, dado
que no induce a confusión ni a ambivalencias y, en los términos explicados,
cuenta con un desarrollo elemental, de modo que genera una mínima duda sobre la
constitucionalidad del precepto que se orienta a impugnar. Además, si bien la
demanda plantea formalmente otro cargo por violación del derecho a la igualdad,
resulta inequívoco que reconduce al primero y a sus fundamentos.
Por último, la Fiscalía sostiene
que los demandantes, “han identificado la norma de la cual se predica una
omisión, con lo cual se reúne el primer elemento. Sin embargo un análisis de la
disposición demandada permite concluir que no contiene una omisión esencial que
impida armonizarla con las obligaciones previstas en la Constitución”. Este
planteamiento también es formulado por  el Ministerio Público. El argumento,
sin embargo, como lo reconoce el interviniente, en realidad se dirige a defender la constitucionalidad de la norma, no a controvertir la
aptitud sustantiva del cargo, por lo cual eventualmente será evaluado en la
oportunidad correspondiente.
6.3.
Problema jurídico y estructura de la decisión
6.3.1. Los
demandantes acusan de incurrir en una omisión legislativa relativa el artículo
317.6 C.P.P., según el cual, transcurridos 150 días contados a partir de la
fecha de inicio de la audiencia de juicio, si no se ha celebrado la audiencia
de lectura de fallo o su equivalente, el acusado debe ser puesto en libertad.
En opinión de los actores, la norma incurre en una omisión porque no incluye a
los acusados, también privados de la libertad y amparados por la presunción de
inocencia, que aguardan la decisión de segunda instancia. En su criterio, de
tal forma se desconocen sus derechos a la igualdad, a la libertad y a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas.
Para el Ministerio de Justicia y del Derecho, existe una diferencia entre
los dos grupos de procesados, lo cual autoriza su tratamiento diferenciado,
pues si bien en uno y otro caso se presumen inocentes,
quienes esperan el fallo de segunda instancia “tienen en su contra una
decisión judicial que los declara penalmente (sic) responsable, de
manera que su privación de la libertad no puede ser considera arbitraria”.
Así mismo, estima que mientras en un caso ya se superó el término legal para
surtir todas las etapas del proceso sin que se haya proferido una decisión de
fondo, en el otro ya se adelantó la actuación en todas sus fases, pero el
acusado ha decidido impugnar voluntariamente la decisión.
La Fiscalía General de la Nación acuerda en lo
fundamental con la anterior opinión, pero considera que ambas clases de
acusados no son asimilables sobre la base de que, si bien se encuentran en
común privación de libertad, lo están con fundamento en decisiones
judiciales de características, naturaleza jurídica, fundamentos fácticos y
estándares probatorios distintos. En sentido similar, el Ministerio Público
sostiene que la demanda no demuestra que los supuestos de hecho que hace objeto
de comparación sean asimilables “en el procedimiento y en la práctica”,
de manera tampoco se puede predicar violación alguna del derecho a la
igualdad.
De forma opuesta, la Universidad Industrial de Santander
respalda los argumentos de la demanda y, según la Universidad del Rosario, el
numeral impugnado debe ser entendido, no en el sentido de que hace referencia “a
la audiencia de sentido de fallo en primera instancia”, sino como una “protección
que cobija hasta tanto se desvirtúe efectivamente la presunción de inocencia”.
Considera, entonces, que la audiencia de lectura de fallo corresponde al
escenario en el que se dé a conocer la decisión en firme, ya sea de primera o
segunda instancia.
6.3.2.
Planteada la discusión en los anteriores términos, corresponde a la Corte
determinar si la disposición, según la cual, transcurridos 150 días contados a
partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, de no haberse celebrado
la audiencia de lectura de fallo o su equivalente, el acusado deber ser puesto
en libertad, comporta una omisión legislativa relativa, violatoria de los
derechos a la igualdad, la libertad y el derecho debido proceso sin dilaciones,
al no amparar con la misma prerrogativa al procesado en espera de la decisión
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia.
6.3.3. Con el propósito de ilustrar los aspectos centrales del debate de constitucionalidad, la
Sala  reiterará su jurisprudencia sobre (i) la naturaleza de las medidas de
aseguramiento y sus límites constitucionales (ii) el derecho a un proceso sin
dilaciones injustificadas y a términos razonables de detención preventiva. A
continuación, (iii) analizará la constitucionalidad de la disposición
demandada.
7. Fundamentos
i. Naturaleza de las medidas
de aseguramiento y límites constitucionales
1. Legado de la tradición
liberal, uno de los derechos fundamentales básicos en el Estado constitucional
y democrático de derecho es la libertad personal, que implica en general la
posibilidad y ejercicio efectivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar
las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los
demás ni entrañen abuso de los propios. Correlativamente, supone la prohibición
de todo acto de coerción física o moral, oficial o proveniente de particulares,
que interfiera o suprima la autonomía de la persona, la sojuzgue, oprima o
reduzca indebidamente[9].
2. No obstante lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la libertad personal
no es absoluto sino que se está sujeto a privaciones y restricciones temporales[10].
Las privaciones legítimas a la libertad son llevadas a cabo esencialmente en el
marco del proceso penal, bajo la forma de sanciones contra el acusado, como
consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal. Sin embargo, también
en el trámite de la actuación el Estado puede afectar la libertad personal a
través de decisiones cautelares, denominas medidas de aseguramiento, de
carácter transitorio, decretadas con fines preventivos[11].
3.
Las medidas de aseguramiento implican la privación efectiva del derecho a la
libertad personal, restricciones a su ejercicio o la imposición de otras
obligaciones, con el objeto de evitar que
el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, no comparezca al
proceso o no cumpla la sentencia o con fines de protección de la sociedad o de
la víctima. Su fin general es, así,
impedir  indeseables situaciones como producto del tiempo transcurrido en la
adopción de la decisión y las medidas de fondo a que haya lugar.
Las
medidas de aseguramiento adquieren, sin embargo, una particular incidencia
constitucional debido a su capacidad para afectar de manera intensa la libertad
personal. El agente sufre un temporal, preventivo y, sin embargo, ostensible
impacto en el derecho a su libertad. Por estos innegables efectos, de acuerdo
con la Constitución y la jurisprudencia de esta Corte, la creación de las medidas
de aseguramiento debe ser estrictamente excepcional y se encuentra sometida a
un conjunto de límites, diseñados en orden a salvaguardar el principio de la
dignidad humana y la prevención del exceso en su utilización.
4. En
síntesis, (i) la libertad personal, consustancial al Estado constitucional y
democrático de derecho no es, sin embargo, un derecho absoluto sino que está
sujeto a restricciones. (ii) Estas tienen lugar esencialmente en el marco del
proceso penal, en la forma de sanciones, pero también a través de medidas
cautelares, denominadas medidas de aseguramiento (iii), en general, con
propósitos preventivos, como garantizar la presencia del imputado, el
cumplimiento de las decisiones y la protección de la comunidad y la víctima.
(iv)  Implican la privación o la limitación a la libertad personal o la
imposición de otras obligaciones que garantizan fines legal y
constitucionalmente admisibles.
(v)
Sin embargo, su incidencia más importante radica en las intensas injerencias a
la libertad personal. (vi) Debido a este particular impacto, las medidas de
aseguramiento se hallan sometidas a un  conjunto de límites constitucionales,
que sirven de garantías para la salvaguarda de la dignidad humana y la
proscripción del exceso en su utilización.
ii. El derecho a un debido proceso sin dilaciones
injustificadas y a un término razonable de detención preventiva
5. De conformidad con el artículo 29 C.P., “toda
persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas”.
En el mismo sentido, el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, sobre garantías judiciales, prevé:
“[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial… en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así mismo, contempla el derecho
“a ser juzgado sin dilaciones indebidas”.
6. Como desarrollo de la anterior garantía
constitucional, el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo
1° de la Ley 1285 de 2009, establece: “Celeridad y Oralidad. La
administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de
fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales
serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios
judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar…”
El artículo 7 de la misma Ley prescribe que
la administración de justicia debe ser eficiente y que los funcionarios y empleados
judiciales “deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a
su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme
a la competencia que les fije la ley” [12]. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, este deber compromete el debido proceso, pero también fines esenciales
del Estado, como la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y la
efectividad de los derechos; así mismo, el acceso a la administración de
justicia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos (Arts. 2,
228 y 365 C.P.)[13].
7. Como
principal herramienta para asegurar un debido proceso sin dilaciones
injustificadas, el legislador generalmente consagra plazos de carácter
perentorio, con arreglo a los cuales deben ser adelantadas etapas o precisas
actuaciones en los diversos sectores del ordenamiento jurídico, aunque no
siempre asocie a ellas específicas consecuencias jurídicas. Para otros casos,
la jurisprudencia constitucional y de la Corte IDH han construido un conjunto
de criterios, sobre la base de los cuales puede ser evaluado el cumplimiento de
plazos razonables, a la luz de los casos concretos, que permiten determinar si
se ha desconocido el derecho a un debido proceso sin dilaciones[14].
Entre otros,
se han subrayado como factores relevantes: (i) la complejidad del asunto, (ii)
el tiempo promedio que demanda su trámite, (iii)  el número de partes, (iv) el
tipo de interés involucrado, (v) las dificultades probatorias, (vi) el
comportamiento procesal de las partes e intervinientes y (vii) la diligencia de
las autoridades judiciales etc. En materia penal, se ha considerado
determinante (viii) la naturaleza del delito imputado, (ix) su mayor o menor
gravedad, (x) el grado de complejidad que su investigación comporte, (xi) el
número de sindicados, los (xii) los efectos sociales nocivos que de él se
desprendan y (xiii) el análisis global del procedimiento[15].
8. En materia
penal, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas adquiere
una importancia vital, por obvias razones vinculadas a la intensa afectación
del derecho a la libertad personal del imputado que ocasionalmente se produce
durante la actuación, como consecuencia de la imposición de medidas cautelares,
con fines preventivos[16].
Como se enunció en la sección anterior, la creación legislativa de las medidas
de aseguramiento se halla sometida a un  conjunto de límites constitucionales
de carácter sustancial, que sirven de garantías para la salvaguarda de la
dignidad humana y la proscripción del exceso en su utilización, límites dentro
de las cuales se encuentra el derecho a un proceso sin dilaciones
injustificadas[17].
La Corte ha
indicado que la detención preventiva de una persona acusada de un delito
restringe su derecho a la libertad personal, con el propósito de garantizar
otros fines constitucionales.  Sin embargo, también ha precisado que los
artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos
Políticos y Civiles impiden que se persista en la prolongación de la detención
luego de un cierto lapso que, además, de ninguna manera puede coincidir con el
término de la pena, pues se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de
la detención preventiva y terminaría convertida en un anticipado cumplimiento
de la sanción, con evidente menoscabo del principio de presunción de inocencia[18].
Ha sostenido
también, en el anterior sentido, que la fijación legal de un término máximo de
duración de la detención provisional, aplicable a las etapas de investigación y
juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que
debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente
el delito y sancionar a los responsables y, de otro lado, la necesidad de
asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso
justo e imparcial[19].
La detención temporal es una medida cautelar pero, innegablemente, “trasciende
sus efectos procesales y repercute negativamente en la esfera de la libertad
personal del inculpado”, lo cual revela la importancia de señalar
términos máximos de su duración[20].
En armonía
con lo anterior, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos consagra que toda persona tiene derecho a “a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Según la Corte IDH,
esta disposición “impone límites temporales a la duración de
la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para
asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar…// 120. Cuando el
plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar
la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su
comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad”[21].
Como
consecuencia de lo anterior, para la Corte IDH, el derecho a un debido proceso
sin dilaciones injustificadas, trae consigo, a su vez, una obligación judicial
de tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales en los que el
imputado se encuentre privado de libertad[22].
9. En
resumen, (i) el bloque de constitucionalidad prevé el derecho a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas, (ii) prerrogativa que tiene como
correlato para los servidores judiciales el deber de garantizar una
administración de justicia pronta, cumplida y eficaz, diligente y célere, (iii)
pues esto compromete, además del debido proceso, la
convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, la efectividad de los
derechos consagrados en la Constitución, el acceso a la administración de
justicia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos (Arts. 2,
228 y 365 C.P.).
(iv) La
obligación estatal de adelantar un proceso sin dilaciones se materializa
mediante la previsión normativa de plazos perentorios y, así mismo, a través de
la aplicación de criterios, jurisprudencialmente construidos, en orden a
determinar el empleo de tiempos razonables, como la complejidad del asunto, el
término promedio que implica el trámite, el número de partes e intervinientes,
el tipo de interés involucrado, las dificultades probatorias, el comportamiento
procesal de las partes e intervinientes y la diligencia de las autoridades
judiciales. En materia penal, además, la naturaleza del delito imputado, su
gravedad, la complejidad que suponga implique su investigación y los efectos
sociales nocivos que de él se desprendan.
(v) En los
procesos penales, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas
resulta especialmente relevante, debido a las intensas afectaciones que en su
desarrollo, por razones preventivas, se imponen a veces a la libertad del
acusado. (vi) Debido a este drástico impacto, un proceso sin dilaciones
injustificadas comporta un límite sustancial a la discrecionalidad del
legislador en la regulación de la detención preventiva y, consecuentemente,
(vii) resulta fundamental la fijación de términos máximos de duración de la
privación de la libertad.
iii.
Análisis de constitucionalidad de la disposición demandada
10. Los
demandantes acusan de incurrir en una omisión legislativa relativa el numeral
6, artículo 2, de la Ley 1786 de 2016, que establece el término máximo de
detención preventiva en desarrollo de la audiencia de juicio oral. Según la
disposición, transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de
la audiencia de juicio, si no se ha celebrado la audiencia de lectura de fallo
o su equivalente, el acusado debe ser puesto en libertad. Para los actores, la
norma incurre en una omisión legislativa relativa porque no incluye a los
acusados, también privados de la libertad, que aguardan la decisión de la
apelación interpuesta contra la sentencia. Desde su punto de vista, la norma
cuestionada desconoce sus derechos a la igualdad, a la libertad y a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas, por no contemplar un plazo máximo de
detención cautelar en segunda instancia.
11. Como
cuestión inicial, la Corte debe subrayar que la Ley acusada subrogó varios
artículos de la Ley 1760 de 2015, la cual, a su vez, había modificado algunas
disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en relación
con las reglas para la aplicación de las medidas de aseguramiento,
especialmente, de las privativas de la libertad. Con el propósito de reforzar
su uso excepcional, a través de dichas leyes el legislador introdujo límites
materiales a la imposición de la prisión preventiva y fijó términos máximos de
duración, tanto en cada una de las fases del proceso, como en general para todo
el trámite. Interesa precisar los aspectos que la Ley 1760 de 2015 modificó del
Código en la materia, para luego comprender los alcances de la Ley 1786 de 2016
impugnada. Dos fueron los cambios importantes de la primera reforma.
12. Por un lado, el parágrafo 1º
del artículo 307 C.P.P., como fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1760
de 2015, estableció que las medidas de
aseguramiento privativas de la libertad no podrían exceder de un (1) año, con
excepción de los siguientes supuestos: cuando (i) “el proceso se surta ante
la justicia penal especializada”, (ii) “sean tres (3) o más los acusados
contra quienes estuviere vigente la detención preventiva” o (iii) “se
trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley
1474 de 2011[23]. En estos casos, el citado término de un (1) año
podría prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta
por el mismo plazo inicial.
13. Por otro lado, el artículo 317 C.P.P., como fue modificado por el
artículo 4 de la Ley 1760 de 2015, estableció como causales de libertad: 1) la
preclusión o absolución del procesado o el cumplimiento de la pena, según su
determinación anticipada; 2) la aplicación  del principio de oportunidad, 3) la
aprobación de un acuerdo aceptado por el juez de conocimiento, 4) el transcurso
de 60 días desde la formulación de la imputación, sin que se hubiera presentado
el escrito de acusación o solicitado la preclusión, 5) el transcurso de 120
días desde la presentación del escrito de acusación, sin haberse dado inicio a
la audiencia de juicio y, además, 6) el transcurso de 150 días desde el inicio
de la audiencia de juicio, sin que se haya celebrado la audiencia de lectura de
fallo o su equivalente.
El mismo artículo 317 C.P.P. también prescribió que
los plazos contenidos en los numerales 4, 5 y 6 se
incrementarían por el mismo término inicial (i) “cuando el proceso se
surta ante la justicia penal especializada”, (ii) “sean
tres (3) o más los imputados o acusados” o (iii) “se trate
de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de
2011”.
14. Conforme
a lo anterior, en la reforma de la Ley 1760 de 2015 resultaron notables dos
regulaciones, antes inexistentes en el Código de Procedimiento Penal: 1) la
introducción un término máximo de duración de las medidas de aseguramiento
privativas de la libertad. El legislador incorporó al régimen de libertades una
garantía en función del debido proceso sin dilaciones injustificadas, de
acuerdo con la cual, si el procesado cumplía un
(1) año en prisión preventiva debía ser puesto en libertad, salvo en los
procesos adelantados ante la justicia penal especializada, contra 3 o más
procesados afectados por detención preventiva  o por actos de corrupción de los
que trata la Ley 1474 de 2011, casos en los cuales dicho terminó se duplicaba;
2) la incorporación de una nueva causal de libertad para el acusado, vinculada
al tiempo transcurrido desde el inicio del juicio oral hasta la celebración de
la audiencia de lectura de fallo, plazo que fue fijado en 150 días. Esto, una
vez más, salvo en los procesos adelantados ante la justicia penal
especializada, contra 3 o más procesados o por actos de corrupción de los que
trata la Ley 1474 de 2011, en cuyos casos el término se duplicaba.
15. El
artículo 5 de la misma Ley 1760 de 2015, sin embargo, postergó la entrada en
vigencia, específicamente, de las dos anteriores reformas, por el término de un
año luego de su promulgación. Esta norma de vigencia traía como consecuencia
que, en tanto la Ley fue promulgada el 6 de julio de 2015, dichas disposiciones
entrarían en vigencia el 6 de julio de 2016. Pese a esto, antes de que se
cumpliera esa fecha, el 1º de julio de 2016, el Congreso promulgó la Ley 1786,
demandada en este asunto, que subrogó varios artículos de la Ley 1760 de 2015
y, concretamente, las dos reglas analizadas en precedencia[24].
16. El artículo 1 de la Ley 1786 de 2016 reemplazó el artículo 1 de la
Ley 1760 de 2015, pero mantuvo prácticamente los mismos contenidos
normativos y, específicamente, el término máximo de un (1) año de
detención preventiva dentro de la actuación procesal. Como novedad, solamente
previó que dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del
apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial, no solo en los
procesos (i) que se surtan ante la justicia penal especializada, (ii) en que
sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención
preventiva y (iii) en los adelantados por actos de corrupción de los que trata
la Ley 1474 de 2011, sino además (iv) en los cuales se investiguen o
juzguen las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599
de 2000, es decir, aquellas que atentan contra la libertad, integridad y
formación sexuales[25].
De la misma
manera, el artículo 2 de la Ley 1786 de 2016 reemplazó el artículo 4 de la Ley
1760 de 2015, pero mantuvo invariables los plazos de detención preventiva, para
la presentación del escrito de acusación o la solicitud de preclusión una vez
realizada la formulación de la imputación (60 días), para el inicio de la
audiencia de juicio luego de presentado el escrito de acusación (120 días) y,
en especial, para la audiencia de lectura de fallo una vez iniciado el juicio
oral (150 días). Como novedad, la disposición únicamente estableció que dichos plazos se incrementan por el mismo término inicial no solo
en los procesos (i) que se surtan ante la justicia penal especializada, (ii) en
que sean tres (3) o más los acusados y (iii) por actos de corrupción de los que
trata la Ley 1474 de 2011, sino además, como en el caso anterior, (iv) en los
cuales se investiguen o juzguen las conductas que atenten contra la
libertad, integridad y formación sexuales.
Lo indicado
puede ser sintetizado en el siguiente esquema:
Ley
1760 de 2015
Ley
1786 de 2016 (se resaltan los apartes novedosos, respecto de la Ley 1760 de
2015)
Artículo 1,
modificatorio del artículo 307 C.P.P. El término de las medidas de
aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año.
Este
término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la
víctima, hasta por el mismo término inicial en procesos: (i) que se surtan
ante la justicia penal especializada, (ii) en los cuales sean tres (3) o más
los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva (iii)
se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la
Ley 1474 de 2011.
Artículo 1,
modificatorio del artículo 1 de la Ley 1760 de 2015, modificatorio del
artículo 307 C.P.P. El término de las medidas de aseguramiento privativas de
la libertad no podrá exceder de un (1) año.
Este
término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la
víctima, hasta por el mismo término inicial en procesos: (i) que se surtan
ante la justicia penal especializada, (ii) en los cuales sean tres (3) o más
los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva (iii)
en los cuales investiguen o juzguen actos de corrupción de los que trata la
Ley 1474 de 2011 o (iv) por conductas contra libertad, integridad y
formación sexuales.
Artículo 4,
modificatorio del artículo 317 C.P.P. Causales de libertad durante el
proceso: (i) el transcurso de 60 días desde la formulación de la imputación,
sin que se hubiera presentado el escrito de acusación o solicitado la
preclusión, (ii) el paso de 120 días desde la presentación del escrito de
acusación, sin haberse dado inicio a la audiencia de juicio (iii) el
vencimiento de 150 días desde el inicio de la audiencia de juicio, sin que se
haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.
En los tres
casos anteriores, los plazos se incrementarán por el mismo término inicial
(i) cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, (ii)
sean tres (3) o más los imputados o acusados o (iii) se trate de
investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de
2011,
Artículo 2,
modificatorio del artículo 4 de la Ley 1760 de 2015, modificatorio del artículo
317 C.P.P. Causales de libertad durante el proceso: (i) el transcurso de 60
días desde la formulación de la imputación, sin que se hubiera presentado el
escrito de acusación o solicitado la preclusión, (ii) el transcurso de 120
días desde la presentación del escrito de acusación, sin haberse dado inicio
a la audiencia de juicio (iii) el vencimiento de 150 días desde el inicio de
la audiencia de juicio, sin que se haya celebrado la audiencia de lectura de
fallo o su equivalente.
En los tres
casos anteriores, los plazos se incrementarán por el mismo término inicial
(i) cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, (ii)
sean tres (3) o más los imputados o acusados o (iii) se trate de
investigación o juicio por actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de
2011, y (iv) por conductas contra libertad, integridad y formación
sexuales.
17. En este
orden de ideas, desde la reforma introducida mediante la Ley 1786 de 2016, se
encuentran vigentes, para la generalidad de los casos, dos normas
trascendentales para el debido proceso sin dilaciones injustificadas, que
completan y consolidan un modelo para la garantía del derecho a plazos
razonables de detención preventiva. Así, ninguna persona puede ser objeto de
una medida de aseguramiento privativa de la libertad superior a (1) año dentro
del proceso penal y, de igual forma, si transcurridos 150 días luego iniciada
la audiencia de juicio oral, no ha sido celebrada la audiencia de lectura de
fallo, el acusado debe ser puesto en libertad.
18. De esta
manera, en el decurso de la actuación, para la mayoría de los casos, la
libertad del procesado en detención preventiva se cumplirá de inmediato (i) si
transcurridos 60 días a partir de la fecha de imputación no se ha presentado el
escrito de acusación o solicitado la preclusión; (ii) si pasados 120 días
contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se
ha dado inicio a la audiencia de juicio y (iii) si vencidos 150 días contados a
partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio oral, no se ha celebrado
la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. Pero, además de lo anterior,
(iv) ninguna medida de aseguramiento privativa de la libertad podrá exceder de
un (1) año, plazo luego del cual el detenido deberá ser puesto en libertad.
Con las
primeras tres reglas, cada una de las fases principales del proceso penal
quedan ahora gobernadas por el régimen de afirmación de la libertad, de modo
que la privación del derecho del procesado mientras aquellas se adelantan
encuentra estrictos límites temporales en el uso racional y proporcionado de la
detención cautelar. Por su parte, con la última regla, el legislador consagra
una cláusula general de garantía a favor de la libertad del procesado, cuya
privación preventiva en ningún caso puede exceder de un (1) año. En este
supuesto, el legislador, consciente de que la justificación constitucional de
la prisión provisional solo no se diluye si es aplicada por un tiempo razonable
y prudencial y exclusivamente con fines preventivos, consagra un término
general que permite a esa limitación mantener dicho carácter y,
correlativamente, también desvirtuarlo cuando la resulta superar dicho plazo.
El esquema
anterior de plazos máximos de detención preventiva, entre cada una de las
etapas del proceso y durante toda la actuación, puede ser ilustrado de la
siguiente manera:
Audiencia
de
imputación
60
días
Escrito
de
acusación
120
días
Audiencia
de acusación
Audiencia
preparatoria
Audiencia
de juicio oral
150
días
Audiencia
de lectura de fallo o su equivalente
Audiencia
de lectura de fallo de segunda instancia
Termino
máximo de detención preventiva durante todo el proceso: Un (1) año
19. Los
demandantes consideran que la específica regla, según la cual, si transcurridos
150 días desde el inicio de la audiencia de juicio, no se ha celebrado la
audiencia de lectura de fallo o su equivalente, el acusado debe ser puesto en
libertad, incurre en una omisión legislativa, al no incluir a los acusados, también
privados de la libertad, que aguardan la decisión de segunda instancia. El
argumento fundamental aquí consiste en que mientras los acusados mencionados en
la norma se hallan amparados en virtud de una cláusula de libertad por
vencimiento de términos, lo  propio no ocurre con los acusados que esperan la
decisión de la impugnación contra la sentencia, quienes entonces podrían estar
indefinidamente privados de la libertad.
A su juicio,
el derecho a un proceso sin dilaciones y a estar privado preventivamente de la
libertad no más que por un tiempo razonable solo se garantiza al primer
procesado, sobre el cual versa exactamente la regla, no al segundo, respecto
del cual nada prevé. A la luz del modelo para la garantía del derecho a plazos
razonables de detención comentado, la Corte encuentra, por el contrario, que no
le asiste razón a la impugnación.
20. Como lo pone de manifiesto la
demanda, conforme a la exposición de motivos de la Ley 1760 de 2015, que por
primera vez previó las dos reglas que se han venido analizando, el plazo máximo
de duración de un (1) año de las medidas de aseguramiento privativas de la
libertad, corresponde al tiempo promedio que toma un proceso penal, desde la
audiencia de formulación de imputación hasta la resolución del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia, a partir de las reglas contenidas en
el Código de Procedimiento Penal.
En el citado documento[26],
en efecto, el Ministro de Justicia y del Derecho y el Fiscal General de la
Nación, funcionarios que presentaron el proyecto de ley,  señalaron que el
límite temporal de la privación preventiva de la libertad debía estar en
armonía con la duración efectiva del proceso penal ordinario, a partir de la
audiencia de formulación de la imputación, de manera que dicho máximo legal no
resultara en contradicción con la debida administración de justicia. En este
sentido, mostraron que, de conformidad con el Código, para la generalidad de
los casos, la duración del proceso, desde la audiencia de formulación de
imputación hasta la decisión por el juez de segunda instancia, era de 220 días.
Advirtieron que este término, sin embargo, no era suficiente en la realidad
para agotar todo la actuación[27].
Explicaron
que el plazo anterior había sido consultado con jueces y fiscales, para comparar
las reglas previstas en la ley con la práctica y que, según indicaron, en
ocho meses, es prácticamente imposible terminar el proceso”[28],
debido a la duración de las sesiones y a las circunstancias que a veces impiden
la realización de las audiencias. Por esta razón, afirmaron que se había
llegado a la conclusión de que un término razonable para evacuar los procesos
con personas privadas de la libertad, que no fuera en contravía de la administración
de justicia y, al mismo tiempo, respetara los derechos de aquellas, podía ser
fijado en un (1) año.
La anterior
propuesta se recogió en el proyecto de ley y fue finalmente aprobada. El marco
precedente explica el sentido y la razón de ser de la regla, con idéntico
contenido, prevista luego en el artículo 1 de la Ley 1786 de 2016. El plazo
aquí consagrado, como se clarificó, parte del cálculo de lo que dura
razonablemente el proceso penal, desde la audiencia de formulación de la
imputación hasta la expedición de la sentencia de segunda instancia.
21. Como consecuencia lógica de
lo anterior, la Sala encuentra que la carencia de regulación a la cual se
refieren los demandantes, en realidad, no tiene sustento. Los acusados que
esperan la decisión de segunda instancia no se encuentran desprotegidos, ni se
les viola el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, pues
tampoco están sometidos, como los suponen los actores, a estar indefinidamente
privados de la libertad. Pese a que la disposición impugnada no haga referencia
a ellos, precisamente, la razonabilidad del término de su detención preventiva
está garantizada en el artículo 1 de la misma Ley 1786 de 2016, según el cual,
el tiempo de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad
no podrá exceder de un (1) año.
Como se
indicó, el citado plazo ha sido legislativamente estimado como razonable, desde
la audiencia de formulación de la imputación, hasta la decisión de la
impugnación en segunda instancia. Este término, se dijo, funciona como una
cláusula general de libertad a favor del acusado, fundada en un cálculo del
tiempo prudencial que toma el trámite del proceso, precisamente, hasta la
adopción del fallo que resuelve la apelación contra la sentencia. Por lo tanto,
si bien constituye una causal general de libertad, en el momento procesal al
que se refieren los actores el derecho a un debido proceso sin dilaciones y la
libertad personal del acusado se encuentran resguardados por el contenido de
esa previsión legal.
22. Los
demandantes hacen una lectura de la regulación sobre la materia a partir de la
sola disposición que acusan, pero dejan de lado que tal regulación se halla en
el conjunto de la ley atacada. Como se explicó atrás, la Ley 1786 de 2016
diseñó un modelo para la garantía del derecho a plazos razonables de detención
preventiva y a un debido proceso sin dilaciones. Este modelo está compuesto, de
un lado, por las reglas relacionadas con etapas específicas de la actuación, a
las cuales se vinculan términos cuyo desconocimiento da lugar a la libertad del
acusado, y de otro lado, por la regla del plazo general para el desarrollo del
proceso hasta la decisión de segunda instancia, cuyo incumplimiento trae la
misma consecuencia anterior.
El texto
impugnado constituye una de las reglas vinculadas con una etapa específica del
proceso, que va del inicio del juicio oral a la audiencia de lectura de la
sentencia de primera instancia. Pero el derecho a un debido proceso sin
dilaciones del acusado que aguarda la decisión de segunda instancia no se
garantiza con esa regla, sino con aquella, también contenida en la Ley
(artículo 1), conforme con la cual, el término de las medidas de aseguramiento
privativas de la libertad no puede exceder de un (1) año. Esta regla parte de
la base de que este tiempo de detención sin haberse emitido la decisión de
segunda instancia es un plazo razonable para que el acusado sea puesto en
libertad.
23. Es además
evidente, conforme a lo anterior, que las situaciones en las cuales se
encuentran, por una parte, el acusado privado de la libertad que, en desarrollo
del juicio oral, espera la sentencia de primera instancia y, por la otra, el
detenido que, en segunda instancia, aguarda la decisión de la revisión de la
sentencia, son sustancialmente distintas.
El legislador
previó para cada una de las fases principales del proceso penal y, en
particular, para el desarrollo del juicio oral, un límite temporal de la
detención del acusado, de conformidad con sus fines y la complejidad del
trámite en particular. Por el contrario, el acusado en segunda instancia ya no
se encuentra sometido a los procedimientos propios de la audiencia de juicio
oral y público, ni a debate probatorio alguno, pues ya ha sido dictada la
correspondiente sentencia, condenatoria o absolutoria, y solo resta su revisión
por el juez de apelación. De ahí que su situación no sea equiparable con la del
acusado que espera el fallo de primera instancia.
No obstante
lo anterior, como se ha subrayado, quien aguarda la decisión de segunda
instancia no queda desprovisto del derecho a tiempos razonables de detención,
pues de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1786 de 2016, las medidas de
aseguramiento privativas de la libertad no pueden exceder de un (1) año, regla
fundada en que este término de detención sin que haya sido resuelta la
apelación de la decisión de primera instancia resulta razonable para que el
acusado sea dejado en libertad.
24. De esta
manera, la Sala concluye que los derechos a la libertad, a la igualdad y a un
debido proceso sin dilaciones del procesado en segunda instancia, contrario a
lo que consideran los demandantes, se encuentran debidamente protegidos por el
artículo 1 de la Ley 1768 de 2016. Este artículo contiene la regulación que los
actores echan de menos, en la medida en que el plazo máximo de un (1) año de
detención cautelar ha sido estimado, precisamente, tomando como referente el
término máximo para la emisión del fallo de segundo grado. En otros términos,
la hipótesis que los actores estiman excluida de la disposición objetada, está
comprendida y protegida en el supuesto de hecho del citado artículo 1 de la Ley
1768 de 2016, por todo lo cual, el legislador no incurrió en omisión alguna.
En la Sentencia C-528 de 2003, en
que se juzgó un caso similar, la Corte indicó que la interpretación de las
disposiciones jurídicas supone la existencia de un ordenamiento normativo
sistemático, el cual debe interpretarse de manera integral y coordinada, de
modo que ninguno de sus componentes actúe como compartimento estanco, autónomo
e independiente[29].
En el presente asunto, la protección de la libertad personal, en el marco del
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y a términos
razonables de detención preventiva implica, así mismo, entender que esa
salvaguarda se lleva a cabo dentro de un sistema de reglas dispuestas a partir
de las etapas procesales diseñadas por el legislador y no con base en normas
aisladas.
Por las
anteriores razones, la Sala encuentra que no se configura la omisión
legislativa relativa alegada por los demandantes y, como consecuencia,
declarará la exequibilidad la norma impugnada.
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE
el numeral 6, del artículo 2,  de la Ley 1786 de 2016, “por medio de la
cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015”, por el cargo
analizado en esta sentencia.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
LUIS
GULLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
María Victoria Calle Correa
Magistrada
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(E)
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (E)
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(E)
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (E)
[1] Una explicación amplia de las exigencias que
deben cumplir los cargos puede encontrarse en la Sentencia C-1052 de 2001, M.
P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2] Cfr., al menos, las Sentencias C-942 de 2010,
C-185 de 2002, C-533 de 2012, C-522 de 2009, C-427 de 2000, C-833 de 2013,
C-497 de 2015, C-583 de 2015, C-533 de 2012, C-1009 de 2005, C-351 de 2013.
[3] Como lo ha sostenido la Corte, pueden existir
omisiones legislativas absolutas y omisiones legislativas de carácter relativo.
Las primeras se predican en aquellos casos en los que preceptos
constitucionales han ordenado expresamente al legislador el desarrollo o la
precisión de determinadas materias y aquél no ha provisto ninguna norma
tendiente a dar cumplimiento al mandato de actuación. A las segundas, en
cambio, se hace referencia cuando el Congreso ha creado una cierta regulación o
régimen dentro del cual, sin embargo, ha omitido incluir ingredientes cuya
incorporación resultaba constitucionalmente obligatoria. Las omisiones
legislativas absolutas escapan por completo de la competencia de la Corte,
debido a que, por definición, no existe ninguna norma susceptible de ser
confrontada, objetiva y materialmente, con las disposiciones constitucionales,
aspecto que técnicamente distingue el control jurisdiccional (241 C.P.). Por el
contrario, las omisiones legislativas relativas pueden ser objeto de revisión
por la Corte, por cuanto este se dirige contra una norma específica, a la que
se atribuye excluir elementos que, desde el punto de vista constitucional, era
imperativo integrar. En la Sentencia C-185 de 2002, la Corte indicó. “Tratándose
de la omisión absoluta, es claro que el órgano de control carece de competencia
para emitir pronunciamiento de fondo, pues la misma comporta una ausencia total
e íntegra de normatividad que, en cualquier caso, impide una confrontación
material, objetiva y verificable con el texto de la Carta Política, aspecto que
resulta relevante al proceso de constitucionalidad, en cuanto responde a la
técnica a partir de la cual éste último se edifica, configura y desarrolla...
Por el contrario, en el caso de la llamada omisión relativa o parcial, la
competencia de la Corte Constitucional para proferir decisión de fondo está
plenamente justificada, pues aquella se edifica sobre una acción normativa del
legislador, específica y concreta, de la que éste ha excluido determinado
ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí
tratada, o que habiéndolo incluido, termina por ser insuficiente e incompleto
frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus
presupuestos fácticos”. Ver, así mismo, las Sentencias C-942 de 2010,
C-1052 de 2001, C-405 de 2009 y C-434 de 2010.
[4] Cfr. Sentencias C-473 de 2016, C-584 de 2015,
C-427 de 2000, C-041 de 2002, C-1549 de 2000, C-509 de 2004, C-1009 de 2005,
C-1266 de 2005,  C-864 de 2008, C-442 de 2009, C-936 de 2010, C-260 de 2011,
C-782 de 2012, C-233 de 2016, C-942 de 2010, C-185 de 2002, C-533 de 2012,
C-522 de 2009, C-427 de 2000, C-833 de 2013, C-497 de 2015, C-583 de 2015,
C-533 de 2012, C-1009 de 2005, C-351 de 2013, C-185 de 2002, C-942 de 2010.
[5] Sentencia C-185 de 2002.
[6] La Corte ha señalado: “la doctrina de esta
corporación ha definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de
una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación
contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este
sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir
pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea
predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u
otros que no hayan sido vinculados al proceso” (Sentencia C-454 de 2006).  Cfr,
en el mismo sentido, los fallos C-533 de 2012, C-528 de 2003, C-185 de 2002,
C-871de 2002, C-041 de 2002, C-427 de 2000, C-1549 de 2000 C-543 de 1996 y
C-1009 de 2005.
[7] La Corte ha indicado algunas veces que se
trata de una exigencia de coherencia. Al respecto, ver la Sentencia C-528 de
2003.
[8] En relación con este aspecto, en la Sentencia C-522 de
2009, la Corte afirmó: “[e]s preciso en todo caso aclarar, frente al texto
de la sentencia C-185 de 2002 citado en precedencia, que cuando la Corte afirma
encontrar cumplido el segundo elemento configurativo de la omisión legislativa
relativa, se refiere simplemente al hecho de que, en efecto, la norma acusada
excluye la situación que la actora entiende constitucionalmente obligatoria, lo
cual para nada implica afirmar también, en este momento, que la inclusión de
ese aspecto “resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta”. Como ha quedado dicho, ese aspecto será dilucidado más
adelante, una vez se analice de fondo el planteamiento contenido en la demanda”. La Corte consideró en este fallo que las condiciones
de la aptitud sustantiva de la demanda por omisión legislativa consistían en i)
la existencia de una norma y ii) la circunstancia de que esta efectivamente
excluyera de sus consecuencias un supuesto o conjunto de supuestos, requisitos
que aquí han sido sintetizados en la segunda exigencia debido a que en verdad
esta supone lógicamente la existencia de la primera.
[9] Cfr. Sentencias C-301 de 1993 y C-327
de 1997.
[10] En la Sentencia C-327 de 1997, la Corte
señaló: “Se deduce de lo expuesto que el Constituyente no concibió la
libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier
forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en
determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación…”.
[11] La Corte ha caracterizado estas medidas de la
siguiente manera: “Las medidas de aseguramiento hacen parte de las
denominadas medidas cautelares, es decir, de aquellas disposiciones que por
petición de parte o de oficio, dispone la autoridad judicial sobre bienes o
personas, cuyo objeto consiste en asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones
adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y
afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad,  bajo la premisa
por virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede
resultar afectado por la demora en la decisión judicial. Sentencia C-774 de
2001, reiterada en la Sentencia C-1154 de 2005.
[12] Cfr. Sentencias C-1198 de 2008 y T-527
de 2009.
[13] En la Sentencia T-292 de 1999, la Corte
señaló: “[e]l cumplimiento de los términos judiciales debe analizarse en
relación directa con el derecho al debido proceso y con el de acceso a la
administración de justicia. Asimismo es necesario señalar que el acatamiento de
los plazos judiciales constituye un elemento indispensable para alcanzar la
convivencia pacífica y el orden justo, los cuales han sido consagrados en la
Constitución de 1991 como fines esenciales del Estado (artículo 1).// En
efecto, el artículo 29 de la Carta hace referencia expresa, como parte del
derecho fundamental en cabeza de toda persona, a "un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas", de tal manera que la observancia
de los términos judiciales es factor esencial para garantizar la no vulneración
de aquél. De igual forma, el artículo 228 ibídem prescribe en relación con la
administración de justicia que "los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado" y, por su parte, el
artículo siguiente establece la garantía de acceder a la administración de
justicia, la cual no puede concebirse desde una óptica simplemente formal o restrictiva
que la circunscriba a la facultad del particular de acudir físicamente ante la
Rama Judicial -de modo que se le reciban sus demandas, escritos y alegatos y se
les dé trámite-, sino que es necesario entenderla desde un punto de vista
material, esto es, como la posibilidad que tiene toda persona de poner en
marcha el aparato judicial, en el entendido -imprescindible para que se pueda
hablar de la efectividad de aquélla- de que la autoridad competente resuelva el
asunto que le ha sido planteado, y de que lo haga oportunamente.// Lo anterior
está en concordancia con el principio de eficiencia en la prestación de los
servicios públicos (artículo 365 C.P.) y con el de efectividad de los derechos
(artículo 2 ibídem). Ver, así mismo, las Sentencias T-612 de 2013, T-647 de
2013 y T-1249 de 2014.
[14] En relación con el nexo entre plazo razonable
y la garantía del derecho al debido proceso, ver entre otras, las Sentencias
T-348 de 1993, T-502 de 1997, T-577 de 1998, T- 1227 de 2001, C-012 de 2002 y
T-1249 de 2004.
[15] Cfr., las Sentencias C-300 de 1994, C-1154 de 2005,
C-411 de 1993, C-496 de 2015, C-647 de 2013, T-527 de 2009, T-1249 de 2004. De
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ver Caso Genie Lacayo, sentencia
de enero 29 de 1997, párrs. 77-81; caso Suárez Rosero, sentencia de noviembre
12 de 1997, párrs. 67-75; caso  Hermanas Serrano Cruz, sentencia de 1 de marzo
de 2005; caso Tibi, sentencia del 7 de septiembre de 2004; caso Ricardo Canese,
sentencia de 31 de agosto de 2004 y caso de los 19 comerciantes, sentencia de 5
de julio de 2004. En algunos casos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos Europeo ha añadido el análisis de la importancia del litigio
para el interesado como un elemento adicional para establecer la razonabilidad
del plazo, el cual, sin embargo, según ha precisado, puede ser sustituido por
el elemento del análisis global del procedimiento indicado en el texto. Sobre
esto, ver  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Motta, sentencia de
febrero 19 de 1991, serie A, N°195A; Caso Vernillo, sentencia de febrero 20 de
1991, serie A, N° 198; Caso Unión Alimentaria Sanders S.A., sentencia de julio
de 1991, serie A, N° 157.7 de 1991, serie A, N° 157. Esta precisión es apuntada
en la Sentencia C-1154 de 2005, nota 119.
[16] La Corte ha subrayado: “[e]l principio de
celeridad que es base fundamental de la administración de justicia debe
caracterizar los procesos penales. Ni el procesado tiene el deber
constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia
condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el
señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra
en la comunidad… una dilación por una causa imputable al Estado no
podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a
concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las
disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto
a la dignidad de la persona, como límite a la actividad sancionadora del Estado.”.
[17] En la Sentencia C-301 de 1993, indicó la
Corte: “[e]n punto de razonabilidad, la Corte considera que la exigencia de
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas es un límite sustancial
a la discrecionalidad del legislador para regular la institución de la
detención preventiva”.
[18] Sentencia C-301 de 1993. La vigencia de este
criterio, aunque se vea flexibilizada de forma importante, no se erosiona
completamente ni siquiera tratándose de delitos graves. En la decisión citada,
la Corte indicó: “[e]l deber del Estado de asegurar la convivencia pacífica
(CP art. 2) mediante la persecución eficaz del delito justifica que, frente a
determinadas formas delincuenciales - criminalidad organizada - y ante
dificultades probatorias ajenas a la actividad y diligencia de los órganos del
Estado, los términos legales para la investigación y juzgamiento de ciertos
delitos sean mayores que los ordinarios de manera que se evite la liberación de
presuntos autores de ilícitos que producen profundas repercusiones en la vida
social. No obstante, el principio de seguridad pública no puede interpretarse
con desconocimiento del principio de efectividad de los derechos y garantías
fundamentales, ni el sindicado o procesado ha de soportar indefinidamente la
ineficacia e ineficiencia del Estado. // La Constitución, en consonancia con
los tratados internacionales de derechos humanos, acogió en su artículo 29 el
criterio de justificación razonable - debido proceso sin dilaciones
injustificadas - para la investigación y el juzgamiento de ilícitos penales. La
jurisprudencia y la doctrina internacionales han precisado lo que debe
entenderse por un plazo razonable para la investigación y el juzgamiento,
condicionando sus límites a las circunstancias del caso y a la existencia de un
verdadero interés público que justifique la restricción del derecho a la
libertad personal sin llegar en ningún caso al extremo de desconocerlo”.
[19] Sentencia C-300 de 1994.
[20] Ibíd. En el fallo citado en la nota anterior,
la Corte analizó la constitucionalidad del Decreto 874 1994, mediante el cual
se había declarado el estado de conmoción interior. La Sala consideró que
inhibir la posibilidad de que, expirado el máximo término de duración de la
detención provisional sin haberse calificado el mérito del sumario, el
sindicado recobrara la libertad (conforme al parágrafo transitorio del 415
C.P.P.), vulneraba de manera “clara e inconcusa” el núcleo esencial del
derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas. Señaló que la causa
de las dilaciones, explicable por diversos problemas estructurales del sector
de la justicia y sobre los cuales el Presidente de la República y el Fiscal
General habían informado abundantemente a la Corte, si bien podría eximir de
responsabilidad personal a las autoridades judiciales, no podía implicar, sin
vaciar el contenido del citado derecho, la no aplicación de la consecuencia
liberatoria para aquellos supuestos de expiración del máximo término de
detención provisional sin haber sido calificado el mérito del sumario.
[21] Corte IDH. Caso Barreto Leiva, sentencia de 17
de noviembre de 2009, párrs. 119-120. Ver, en el mismo sentido, caso Bayarri,
sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 70.
[22] Ibíd.
[23] El parágrafo también previó como excepción lo
previsto en los parágrafos 2º y 3° del artículo 317 C. P. P. Conforme al parágrafo 2º del artículo 317
C.P.P., en las causales de libertad derivadas del transcurso de 60 días desde
la imputación sin haberse presentado el escrito de acusación o solicitud de
preclusión y 120 días desde la presentación del escrito de acusación sin
haberse dado inicio a la audiencia de juicio, se restablecerán los términos si
existió improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la
aplicación del principio de oportunidad. Por su parte, según el parágrafo 3 de
mismo artículo, en la aplicación de las causales de libertad por haber
transcurrido 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito
de acusación, sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio y 150 días
desde la fecha de inicio de la audiencia de juicio, sin que se haya celebrado
la audiencia de lectura de fallo o su equivalente, si el juicio oral no se pudo
iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se
contabilizarán los días empleados en ellas.
[24] La nueva Ley, según la exposición de motivos,
fue justificada en que los procesos penales no habían avanzado con la agilidad
esperada y el sistema jurídico no había logrado las modificaciones requeridas,
que brindarían a los jueces y fiscales las herramientas para adelantar las
actuaciones dentro de los tiempos originalmente previstos por la Ley 1760. Como
consecuencia, se afirmó que era necesaria la extensión del plazo de entrada en
vigencia de términos de detención preventiva para los procesos más complejos, a
fin de evitar un escenario de excarcelación masiva e indiscriminada, que podría
representar un peligro inminente para la seguridad de los ciudadanos y la
administración de justicia. Ver Gaceta del Congreso de la Republica N° 157, del
19 de abril de 2016, pp. 7-8.
[25] El artículo agregó, así mismo, que el juez de control
de garantías, al prorrogar o levantar la medida, debe considerar el tiempo
empleado por la parte acusada en maniobras dilatorias.
[26] Gaceta del Congreso de la Republica N° 660,
del 28 de octubre de 2014, pp. 16-23.
[27] El Ministro y el Fiscal General, a través de
un esquema, mostraron que, de acuerdo con el artículo 175 C.P.P., los plazos
para formular la acusación o solicitar la preclusión es de máximo 90 días luego
de la formulación de la imputación; la celebración de la audiencia preparatoria
debe realizarse a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de
formulación de acusación y la audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro
de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. Así
mismo, que el juicio oral podrá aplazarse máximo por 30 días; la audiencia de
individualización de pena y sentencia debe realizarse dentro de los 15 días
siguientes a la culminación del juicio oral y el plazo para traslados del
recurso de apelación es de 10 días, la adopción de la decisión de segunda
instancia se adoptará en 15 días y el fallo deberá ser leído en audiencia,
durante los 10 días siguientes. La sumatoria de los plazos anteriores, conforme
a su exposición, arroja un estimativo de 220 días de duración del proceso
penal, comprendido el fallo de segunda instancia.
[28] GACETA
DEL CONGRESO N° 57, 23 de febrero de 2015, p. 19.
[29] En esta sentencia, la Corte resolvió la
demanda contra varios artículos de la Ley 600 de 2000, por la supuesta
configuración de una omisión legislativa relativa, al no regular, según el
actor, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos
ocasionados en la privación injusta de la libertad. La Corte encontró que, si
bien el demandante habían vinculado la omisión que alegaba al contenido
normativo de las disposiciones del Código a las cuales aquella podría
válidamente atribuírseles, estas eran exequibles, puesto que otras normas del
ordenamiento jurídico, como la Ley 678 de 2001 (por medio de la cual se
reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición), la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y la propia Constitución Política regulaban la materia que el
demandante consideraba omitida por el legislador.