T-033-02
Sentencia No
Sentencia T-033/02
ACCION DE TUTELA-Inmediatez
Al haber
sido notificada la demandante de una decisión administrativa que afectaba
abiertamente su potencial derecho de acceder a un cargo público, era su deber
recurrir al juez constitucional, dentro de un término razonable, con el fin de
obtener de éste el restablecimiento efectivo de su derecho. No obstante, optó
por la opción contraria: esperar más de siete (7) meses para proceder a
reclamar la legalidad de la decisión adoptada por la Administración, término
que incluso desborda el de caducidad previsto en el artículo 136 del C.C.A.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Alcance
Para la Corte, la congruencia es una
regla que condiciona la competencia otorgada a las autoridades públicas, y en
este sentido, delimitan el contenido de las decisiones que deben proferir, de
tal manera que: a) solamente pueden resolver sobre lo solicitado o, b) en
relación directa con aspectos vinculados a lo pedido por los interesados y que
se encuentren debidamente probados. Este es el alcance que tiene el artículo 59
del Código Contencioso Administrativo - previamente citado -, mediante el cual
se reconoce y delimita el poder decisorio de la Administración en relación con
las peticiones presentadas por los administrados en agotamiento de la vía
gubernativa, y ello es así, porque de la aplicación de la regla de la congruencia,
surge como garantía y derecho de los administrados la prohibición de la no
“reformatio in pejus”, institución que se encuentra consagrada en el inciso 2º
del artículo 31 de la Constitución, por virtud del cual: “El superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.
PRINCIPIO
NO REFORMATIO IN PEJUS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Operancia
Se pregunta la Sala si la prohibición de
la no “reformatio in pejus” tiene aplicación en la actuación administrativa?.
La Corte, en múltiples pronunciamientos ha dado respuesta afirmativa a este
interrogante. A este respecto, ha considerado que por ser la no “reformatio in
pejus” un principio general de derecho y una garantía constitucional del debido
proceso es aplicable a todas las actividades del Estado que implique el
ejercicio de su poder sancionatorio. La prohibición de la reformatio in pejus
tiene plena aplicabilidad en materias administrativas, tanto en el agotamiento
de la vía gubernativa como en el desarrollo del procedimiento ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, circunstancia que se origina en
la interpretación armónica y sistemática de los artículos 29 y 31 de la
Constitución Política, logrando de esta manera hacer efectivo el derecho al
debido proceso y por ende de los demás principios y derechos constitucionales
que guardan correspondencia con dicha institución jurídica. De suerte que la
congruencia y la prohibición de la no reformatio in pejus, limitan la actuación
de la Administración en aras de la transparencia, legalidad y garantía en la
actuación administrativa.
VIA
GUBERNATIVA Y PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Al interponer
el recurso se limita el poder decisorio de la administración
Cuando el administrado interpone un
recurso en agotamiento de la vía gubernativa (reposición o apelación), mediante
el ejercicio del derecho de petición, se limita el poder decisorio de la
Administración, de tal manera que no puede fallar más allá ni por fuera de lo
solicitado, pues dicha actuación constituiría una clara vía de hecho por
desconocer los derechos constitucionales al debido proceso y a la prohibición
de la no “reformatio in pejus”.
VIA
DE HECHO EN AGOTAMIENTO DE VIA GUBERNATIVA/REVOCATORIA DIRECTA-No
puede utilizarse cuando se ha hecho uso de recursos administrativos
El uso de la revocatoria directa en la
vía gubernativa comprendería una decisión excesiva de la Administración, por
fuera de lo pedido, desconociendo los lineamientos Constitucionales y legales
que regulan la materia. Por lo tanto, al acumularse en una misma actuación
administrativa, la vía gubernativa y la revocatoria directa, y utilizarse esta
última como fundamento para resolver los recursos, se vulneran los derechos de
petición, al debido proceso y los principios de congruencia y de la no
“reformatio in pejus”. En estos casos, de acuerdo con la doctrina expuesta por
esta Corporación, se estaría ante una vía de hecho, toda vez que la actuación
de la Administración quedaría por fuera del marco procedimental y de
competencia definidos en la Constitución y en la ley para la resolución de  las
peticiones formuladas en la vía gubernativa. En mayor medida, si la revocatoria
directa del acto hace más gravosa o afecta en forma negativa la situación del
administrado frente a lo decidido inicialmente por la Administración y que ha
dado lugar al recurso. La Corte considera que, en atención a las garantías
constitucionales y legales que informan los derechos al debido proceso y al
acceso a la Administración de justicia (artículos 29 y 229 de la Constitución),
no resulta admisible la revocatoria del acto administrativo cuando se ha hecho
uso de los recursos en la vía gubernativa. Cuando al fallar un recurso en la
vía gubernativa la Administración acude a la institución de la revocatoria
directa, se incurre en una vía de hecho por defecto orgánico y procedimental,
toda vez que tal actuación resulta incompatible con el derecho al debido
proceso pues se desvía por completo del procedimiento fijado en la ley para dar
trámite a un determinado asunto.
CONCURSO
DE MERITOS-Cuando
se impugna acto particular la administración no puede utilizar revocatoria
directa
En relación con el concurso público, se
concluye que cuando el administrado, en agotamiento de la vía gubernativa,
impugna un acto de contenido particular no puede la Autoridad pública proceder
a revocar directamente el acto controvertido, pues, como se ha explicado, se
alteraría el ámbito de competencia funcional de la Administración y se afectaría
la situación del recurrente frente al ejercicio de sus derechos y frente al
procedimiento establecido por la ley para ejercer el control de legalidad de
los actos administrativos. No sobra advertir que si lo que pretende la
Administración es revocar su propio acto, cuando este es de carácter particular
y concreto, y no media el consentimiento del interesado, lo que le corresponde
a ésta es demandar dicho acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
ERROR
ARITMETICO EN ACTO ADMINISTRATIVO EN CONCURSO DE MERITOS-Corrección
no puede alterar alcance y sentido del acto administrativo
El error
aritmético se refiere a aquellas equivocaciones derivadas de una operación
matemática que no altere los fundamentos ni las pruebas que sirvieron de base
para adoptar la decisión. De suerte que se limita su desarrollo o práctica a
las modificaciones que no impliquen un cambio jurídico sustancial en la
decisión adoptada, teniendo entonces dicha figura un uso restrictivo y
limitado. Bajo esta consideración, el error aritmético no puede ser utilizado
como herramienta jurídica válida para alterar el sentido y alcance de los actos
administrativos, mediante una nueva evaluación probatoria, la aplicación de
nuevos fundamentos jurídicos, o la inobservancia de los que sirvieron de
sustento a la decisión. Incluso, en el caso de presentarse duda sobre la
naturaleza jurídica del error, es decir, si este es o no aritmético, es deber
de la Administración proceder en el sentido más garantista para el
administrado, de tal manera que no se afecte la posición obtenida por éste
legítimamente. Esta interpretación está acorde con los principios de
imparcialidad y favorabilidad que gobierna el ejercicio de la función
administrativa. La Administración, so pretexto de revocar parcialmente un acto
administrativo por error aritmético, no puede abrogarse competencia para
revisar el acto administrativo en todo su contexto, pues, como se ha venido
señalando, tal actitud le impide al respectivo titular del derecho subjetivo
establecido en el acto, ejercitar la defensa de su situación jurídica y
controvertir la nueva decisión adoptada por la Administración.
VIA DE HECHO EN CONCURSO DE MERITOS POR DEFECTO
ORGANICO-Sala administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura excedió el ámbito de su competencia
funcional
La Corte considera que la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sí vulneró los derechos
constitucionales fundamentales invocados en la demanda, al aplicar la figura de
la revocatoria directa estando en trámite el recurso de apelación interpuesto
por las accionantes contra los actos administrativos -de contenido particular y
concreto- mediante los cuales se calificó su participación en el concurso de
méritos para ocupar distintos cargos en la Rama Judicial. En este sentido, la
entidad accionada incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico y
procedimental, toda vez que excedió el ámbito de su competencia funcional
resolviendo sobre cuestiones que no fueron sometidas a su conocimiento por
quienes actuaron como apelantes únicas, e igualmente, absteniéndose de resolver
el recurso debidamente interpuesto.
PRINCIPIO
DE CONGRUENCIA EN LA FUNCION PUBLICA-Vulneración en
concurso de méritos/PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS EN CONCURSO DE MERITOS-Vulneración
La
actuación de la entidad accionada, de proceder a desmejorar el puntaje obtenido
por las demandantes en lo que respecta al factor de experiencia adicional,
violó, en los términos expuestos en el punto 3.5.2, los principios de
congruencia y de no “reformatio in pejus” que gobiernan el ejercicio de la
función pública y que son aplicables a la actuación administrativa (artículos
31 de la Constitución Política y 59 del C.C.A.), pues hizo más gravosa su
situación de apelantes únicas. Por otra parte, la vía de hecho en que incurrió
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se advierte
también en el uso inadecuado de la figura de la revocatoria parcial del acto
administrativo por error aritmético, la cual, no sobra recordarlo, tiene por
objeto exclusivo la simple corrección de operaciones aritméticas, sin que se
pueda llegar a alterar los factores o elementos que componen la decisión. Esto
último fue lo que tuvo lugar en el presente caso pues, de acuerdo con el
material probatorio allegado al proceso, el Consejo Superior de la Judicatura,
antes que establecer la existencia de un verdadero error de calculo, efectuó un
nuevo análisis probatorio y jurídico del acto recurrido, consistente en
revaluar los puntajes obtenidos por experiencia adicional a la luz del Artículo
2º del Acuerdo 90 de 1996, que exigía la presentación por escrito de los
documentos que acreditaban dicha experiencia.
Referencia:
expedientes T-431.321, T-460.873 y T-455.228 Acumuladas.
Accionantes:María Dolly Vanegas
Hernández, Luz Marina Carvajal Villa y Beatriz Eugenia Revillas Gallego.
Demandado: Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura.
Tema: De la revocatoria directa y
la vía gubernativa.
Magistrado
Ponente:
Dr.
RODRIGO ESCOBAR GIL.
Bogotá,
D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dos (2002).
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo
Escobar Gil - presidente -, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre
Lynett, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
EN
NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR
MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de los procesos de tutela
identificados con los números de radicación T-431.321, T-460.873 y T-455.228
acumulados, instaurados por María Dolly Vanegas Hernández, Beatriz Eugenia
Revillas Gallego y Luz Marina Carvajal Villa contra la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
I.
ANTECEDENTES
1.  La solicitud.
Las
señoras, María Dolly Vanegas Hernández en el
expediente T-431.321, Luz Marina Carvajal Villa en el
T-460.873 y Beatriz Eugenia Revillas Gallego en el T-455.228,  interpusieron
acción de tutela en contra de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, por estimar vulnerados sus derechos al debido proceso, a la no
reformatio in pejus, a la defensa y al trabajo en condiciones dignas y justas,
como consecuencia de la actuación de la entidad demandada, quien mediante
Resoluciones Nos. 742, 688 y 542 de 2000, al resolver los recursos de apelación
interpuestos por las accionantes como apelantes únicas contra la Resolución No.
125 de 1999 expedida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, decidió modificar y desmejorar los puntajes obtenidos
dentro del concurso méritos para proveer cargos en la Rama Judicial, aplicando
el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.
2.  Los hechos.
Debido a la
similitud en los fundamentos fácticos de las demandas sometidas a revisión,
procederá la Corte a enunciar de manera general los motivos expuestos por las
demandantes, a partir de los cuales se sustenta la acción:
2.1. Las tutelantes son empleadas
judiciales que se presentaron a concurso para ser admitidas en distintos cargos
de la carrera judicial, en convocatoria realizada mediante el Acuerdo 160 de
1.993 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2.2.
Luego de agotar todas las pruebas y requisitos, las accionantes fueron
calificadas mediante la Resolución No. 125 de agosto 2 de 1.999 de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, obteniendo
diferentes puntajes en relación con los distintos cargos para los cuales
concursaron[1].
2.3. Frente a esta decisión, las
tutelantes interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación, por
estimar que tenían experiencia adicional y capacitación complementaria que les
daba derecho a tener un mayor puntaje.
Las
accionantes fundamentan la interposición de los citados recursos en la falta de
valoración integral de los documentos aportados al concurso, y en el desconocimiento
del tiempo laborado para la Rama a la fecha en que concluyó la convocatoria.
2.4. Una vez surtido el trámite de
las reposiciones, en el caso de la señora María Dolly Vanegas Hernández, el
citado Consejo Seccional mediante Resolución No. 325, modificó mejorando el
puntaje asignado en cuanto a la experiencia adicional[2].
En el caso de Luz Marina Carvajal
Villa, el Consejo Seccional mediante Resolución No. 310, modificó mejorando el
puntaje asignado en cuanto a la experiencia adicional, en relación con algunos
de los cargos para los cuales se presentó a concurso[3].
Por último y en relación con
Beatriz Eugenia Revillas Gallego, la citada Sala Administrativa del Consejo
Seccional, negó la totalidad de lo solicitado mediante Resolución No. 386 de
1999, por estimar que “...evaluados todos los antecedentes de orden
normativo y probatorio... hay lugar a declarar totalmente infundado el recurso...”.
2.5. En las tres situaciones se
otorgó el recurso de apelación ante la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura:
En el caso de María Dolly Vanegas
Hernández, en lo referente a la capacitación complementaria (toda vez que se
concedió la reposición en relación con la experiencia adicional), en el evento
de Luz Marina Carvajal Villa, en relación con la experiencia adicional y la
capacitación complementaria no reconocida en la reposición, y en frente a
Beatriz Eugenia Revillas Gallego, por todo lo solicitado, al haberse negado la
totalidad de las pretensiones.
2.6. La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante Resoluciones 542, 688 y 742 de
2.000, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las accionantes
como apelantes únicas, decidió modificar el puntaje desmejorando el que le
había sido reconocido en primera instancia referente al factor de experiencia
adicional. Para tales efectos, La Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura se abstuvo de resolver el recurso de apelación interpuesto y, en
su lugar, aplicando el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo,
procedió a decretar la revocatoria directa de los actos administrativos
impugnados[4].
2.7. Para las accionantes - de acuerdo
con los hechos de las demandas -, la decisión de la Administración se ajustó a
una revocatoria parcial por error aritmético. Postura que sustentan a partir de
la posición uniforme adoptada en las Resoluciones objeto de controversia, según
las cuales, toda vez “...Que, el artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo, dispone que: “siempre podrán revocarse parcialmente los actos
administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores
aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión”. Es decir,
que consagró la revocatoria parcial como mecanismo para subsanar las
equivocaciones de hecho o puramente aritméticas en que incurran los órganos
administrativos...”.
3.     Fundamento de la acción.
Las demandantes basan la petición
de tutela en las siguientes consideraciones:
3.1.
Estiman vulnerado el principio constitucional de la prohibición de la
reformatio in pejus (artículo 31 de la Constitución política) y por ende el
debido proceso, aplicable tanto para las actuaciones judiciales como para las
administrativas, por la revocatoria de las Resoluciones No. 325, 310, 386 de
1.999 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, agravando la situación de únicas apelantes dentro del agotamiento de
la vía gubernativa en desarrollo del proceso administrativo.
3.2.
Expresan que es incorrecta la aplicación de la revocatoria directa, ya que no
existió error aritmético, consistente en equivocaciones remediable a través de
simples operaciones matemáticas, sino que por el contrario, se trata de una
disputa en derecho, en relación con la aplicación de la normatividad del
concurso.
4.   Pretensión.
Las tutelantes pretenden que por intermedio de
la acción de tutela se ordene a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, suspender la vulneración de los derechos fundamentales
referenciados y por lo tanto, se mantengan incólumes las Resoluciones emitidas
por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, o, que se
expida una nueva Resolución sin agravar su posición de únicas apelantes.
5.   Oposición a la demanda de tutela.
En respuesta a
la solicitud de las autoridades judiciales, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, se opuso a
las pretensiones de las demandantes, en los siguientes términos:
a.
Considera improcedente
la tutela por la existencia de un acto administrativo discutible en su
legalidad ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
b.     Afirma que las
tutelantes no cumplieron con el requisito establecido en el artículo 2 del
Acuerdo 90 de 1.996, el cual impone un plazo para solicitar por escrito la
actualización de los datos del concursante, que vencía el 28 de junio de 1.996.
Ante la falta de solicitud por escrito de la actualización, no se pueden tener
en cuenta los datos que se pretendieron acreditar. Es decir, requería al menos
una manifestación escrita del concursante de su interés por ampliar la
inscripción, más allá de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Contencioso
Administrativo.
c.      Sostiene que el
principio de la no reformatio in pejus, es una figura exclusiva de las
decisiones de carácter judicial y por lo tanto, no es aplicable a las
actuaciones adelantadas por la vía gubernativa.
d.
Finalmente, en los oficios de oposición a las demandas,
de manera uniforme en relación con la aplicación del artículo 73 del Código
Contencioso Administrativo, la entidad demandada sostiene que: “...En estas
circunstancia, con el fin de preservar la legalidad del concurso era necesario
realizar el ajuste matemático correspondiente, que en la práctica disminuyó el
puntaje asignado a la concursante, decisión que se encuentra amparada en el
artículo 73 del C.C.A...”.
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.     Primera
instancia
En primera
instancia conocieron el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, el
Juzgado Décimo Sexto Penal del Circuito de Medellín y la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Antioquia, quienes concedieron y denegaron la tutela por
las siguientes razones:
1.1  El
Juzgado Décimo Sexto Penal del Circuito de Medellín, en el proceso radicado
bajo el número T-431.321 (accionante: María Dolly Vanegas Hernández), concedió
la tutela por las siguientes razones:
a. Considera que se vulneró el
principio de la no reformatio in pejus, toda vez que un acto administrativo no
puede ser modificado en perjuicio del apelante único.
b.
Manifiesta que la accionante sí acredito su experiencia adicional, ya que de
acuerdo con lo expresado por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, en el acto que resolvió la reposición de la Resolución 125 de 1999,
se señaló que: “...Sobre la experiencia complementaria: Favorable. Se acoge
la impugnación en lo ateniente a la experiencia complementaria porque hubo un
error aritmético en la valoración de la prueba aportada que da cuenta de la experiencia
adicional acreditada. Lo que quiere decir que la concursante si
actualizó, en su debido tiempo, los documentos respectivos de conformidad con
el acuerdo 90/96….”
c.
Por lo anterior el juez a quo concluye que no existió error aritmético
alguno, en primer lugar, porque el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia aumentó los puntajes de los concursantes al servicio de la Rama
Judicial con fundamento en el artículo 10 del C.C.A, y en segundo lugar, porque
no era necesario adjuntar para la carpeta de concurso de la accionante, la
certificación de trabajo a la citada Rama, cuando se sabe que la misma labora
desde la época de inscripción hasta hoy con entidades judiciales.
d.
Concede la tutela por estimar que la accionante se encuentra sometida a un
perjuicio irremediable, consistente, en la desventaja en que se colocaría a
la tutelante en relación con los demás concursantes, hasta que se obtenga el
resultado del proceso, ya que es posible que al ser definido el litigio no se
encuentren vacantes o plazas para su cargo.
e. Falla decretando la nulidad
del acto administrativo expedido por el Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, y ordena expedir uno nuevo sin vulnerar el debido
proceso.
1.2  La Sala
de Familia del Tribunal Superior de Antioquia , en el proceso radicado bajo el
número T-460.873 (accionante: Luz Marina Carvajal Villa), concedió la tutela
por las siguientes razones:
a. Considera que de acuerdo con
el artículo 29 de la Carta Constitucional, el derecho fundamental al debido
proceso, conduce a dos consecuencias básicas:
-
a.1
) La competencia de quien juzga, la cual está determinada por la ley, al igual que
por el principio de la congruencia, “...en virtud del cual la facultad del
órgano que resuelve se circunscribe a las peticiones formuladas por el petente,
principio que opera también en cuanto a los recursos se interpongan, surgiendo
el principio de la no reformatio in pejus, según el cual en ningún caso
puede agravarse la situación inicial del recurrente....”.
-
a.2
) La observancia de las formas propias de cada juicio, derecho que
involucra el principio de la no reformatio in pejus, “...ya que su omisión
al momento de tomar una decisión en virtud de un recurso, bien de reposición, o
bien de apelación, implicaría una falta contra tal institución...”.
b. Sostiene que el principio de
la no reformatio in pejus opera tanto en la actuación administrativa como en el
proceso contencioso administrativo, en virtud de la remisión que hace el
artículo 267 del C.C.A., al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
c.
Manifiesta que el puntaje descontado por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, no constituía un error aritmético, sino una falla en
la valoración probatoria del material incorporado al proceso por la demandante,
por lo cual, el Consejo no podía ejercer la atribución del artículo 73 del
Código Contencioso Administrativo.
d.
Concede la tutela por estimar que la accionante se encuentra sometida a un
perjuicio irremediable, consistente, en la desventaja en que se colocaría a
la tutelante en relación con los demás concursantes, hasta que se obtenga el
resultado del proceso, ya que es posible que al ser definido el litigio no se
encuentren vacantes o plazas para su cargo.
e. Falla decretando la nulidad
del acto administrativo expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, y ordena expedir un nuevo acto sin vulnerar el
debido proceso.
1.3  El
Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, en el proceso radicado bajo el
número T-455.228 (accionante: Beatriz Eugenia Revillas Gallego), denegó la
tutela por considerar que al haber agotado los recursos ante la vía
gubernativa, lo procedente es acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, ya que la tutela es un mecanismo subsidiario ante la presencia
de otros medios judiciales.
2.   Impugnación.
Todos los fallos anteriormente
citados fueron impugnados, con base en las siguientes consideraciones:
2.1 En los procesos radicados
como T-431.321 (accionante: María Dolly Vanegas Hernández), y T-460.873
(accionante: Luz Marina Carvajal Villa), la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura impugnó el fallo de primera instancia, con los
siguientes argumentos:
·
Es
improcedente la tutela por la existencia de otro mecanismo judicial para
debatir el asunto.
·
El
artículo 10 del C.C.A consagra la obligación para las entidades estatales de no
exigir copia de documentos que reposen en sus archivos, pero no faculta para
incumplir con la obligación impuesta por el reglamento de solicitar por escrito
la actualización de los datos del concursante.
·
Sostiene
que el juez de tutela no puede decretar la nulidad de un acto administrativo ni
la suspensión del mismo, las cuales solamente pueden ser decretadas por el juez
administrativo de acuerdo con el artículo 238 de la Constitución Política.
Error que cometió el juez de instancia, al confundir las citadas figuras con la
inaplicación temporal del acto, institución mediante la cual no se aplica un
acto administrativo cuando este vulnera los derechos fundamentales de las
personas, pero con la obligación de acudir a las autoridades competentes para
controvertir la legalidad del acto.
·
Por
último, considera que la prohibición de la reformatio in pejus es inaplicable
en sede administrativa, por lo cual, en el ejercicio de la vía gubernativa las
autoridades administrativas pueden aclarar, modificar o revocar un acto
administrativo sin restricción alguna.
2.2  En el
proceso radicado bajo el número T-455.228, el fallo de primera instancia fue
impugnado por la tutelante Beatriz Eugenia Revillas Gallego, quien estimó que:
·
Insiste
en que se vulneró el derecho al debido proceso, ya que al ser la única
apelante, no podía la autoridad demandada reformar la decisión recurrida en
perjuicio suyo.
·
Sostiene
que el juez de tutela es competente para decidir el asunto, ya que está de por
medio la vulneración de un derecho fundamental.
3.   Segunda
instancia.
En segunda instancia
conocieron la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
y la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, quienes
confirmaron y revocaron las decisiones de instancia, con fundamento en las
consideraciones que se resumen a continuación:
3.1. La Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso
radicado bajo el número T-431.321 (accionante: María Dolly Vanegas Hernández)[5], revocó el fallo y negó la tutela por las siguientes
razones:
·
Considera
que se trata de un hecho superado, ya que la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, al dar cumplimiento a la orden de tutela del Juez de
Primera Instancia, quien decretó la nulidad del acto administrativo que
resolvió la apelación, expidió un nuevo acto siguiendo los parámetros
determinados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
3.2  La Sala
de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso
radicado bajo el número T-460.873 (accionante: Luz Marina Carvajal Villa),
revocó el fallo y negó la tutela por la siguiente razón:
·
Considera
que de acuerdo con un informe rendido por la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, la Resolución mediante la cual se
vulneraron los derechos fundamentales objeto de tutela fue notificada el 22 de
junio de 2000, y la acción se interpuso el 13 de febrero de 2001, cuando había
caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual, no es
legítimo utilizar la tutela para redimir la caducidad de las acciones.
3.3  La Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá , en el proceso
radicado bajo el número T-455.228 (accionante: Beatriz Eugenia Revillas
Gallego), confirma la tutela por las siguientes consideraciones:
·
Estima
que existen otros mecanismos judiciales o administrativos para hacer efectiva
la pretensión solicitada (acción de nulidad o revocatoria directa del acto), y
además, porque la decisión tomada por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, se enmarca dentro de los reglamentos y normas que
rigen sus funciones, y el concurso de méritos de la carrera judicial.
·
Estima que la
prohibición de la no reformatio in pejus, solo tiene operancia en las
actuaciones de orden judicial, y no en las administrativas.
III.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1.     Competencia.
La
Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para
revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 al 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.     Procedencia de la acción de
tutela
2.1.  Legitimación
activa.
Las
solicitantes son personas naturales que actúan directamente (artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991).
2.2.  Legitimación
pasiva.
La
acción se interpuso frente a la actuación de una entidad pública, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (artículo 13 del Decreto
2591 de 1991).
2.3.  Derechos
constitucionales violados o amenazados.
Las
peticionarias solicitan la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la no reformatio in pejus, a la defensa y al trabajo en condiciones
dignas y justas.
2.4.
Procedibilidad de la acción de tutela.
La
acción de tutela procede cuando no existen otros medios de defensa judicial,
restricción que tiene como fundamento jurídico el artículo 86 de la
Constitución política, el cual le otorga una naturaleza subsidiaria, razón por
la cual en principio, no está llamada a prosperar cuando a través de ella se
pretenden sustituir los medios ordinarios de defensa judicial. La Corte ha señalado
al respecto [6]:
“…No
es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a
remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento
sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de
los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito
específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la
Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y
supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales
fundamentales....” (Sentencia C–543/92. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo).
Cuando
se trata de actos administrativos, como lo son las Resoluciones No.742, 542 y
688 de 2000 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante los cuales se decidió modificar los puntajes de las tutelantes, debe
observarse que los mismos se encuentran protegidos por la presunción de
legalidad, razón por la cual, las accionantes tienen el deber de desvirtuar su
fuerza obligatoria y vinculante mediante la utilización de los instrumentos que
la ley concede para el efecto.
Esta
Corte ha precisado que: “...En el ordenamiento jurídico colombiano los
mecanismos que se pueden interponer... para desvirtuar la legalidad de un acto
administrativo son la acción de nulidad y la de nulidad y restablecimiento del
derecho, consagradas en los artículos 84 y 85 del C.C.A, y además, es posible
solicitar de acuerdo con el artículo 238 de la Constitución, desarrollado por
el artículo 152 del C.C.A, la suspensión provisional del acto administrativo
cuando éste se opone manifiestamente a la Constitución o a la ley, causa un
agravio injustificado a una persona o es contrario al interés público o social...”[7].
Los citados
instrumentos jurídicos se ejercen ante la jurisdicción contencioso
administrativa, la cual tiene como objeto primordial, previa solicitud del
interesado, efectuar la revisión de legalidad de todos los actos
administrativos, a la vez que repara los daños sufridos por los particulares.
De
suerte que “... ante acciones instauradas respecto de actos administrativos,
el juez de tutela no puede asumir la facultad que le confiere la norma
mencionada como una autorización de la ley para sustituir al Contencioso
Administrativo en la definición sobre la validez de aquellos, ni suponer que
podría suspenderlos provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito
constitucional de dicha jurisdicción...” ( Sentencia T–203/93. M.P. José
Gregorio Hernández).
No obstante, la Corte ha sostenido que, a aún a pesar
de existir otros mecanismos de defensa judicial, la realidad formal de estos,
no implica por sí mismo que la tutela deba ser decretada improcedente.
Así
lo sostuvo en la Sentencia SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al
considerar que: “...en cada caso, el juez está en la obligación de
determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y
completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios
carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos
maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera
posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para
proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para
evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve
el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las
acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera
integral...”, en este caso, es procedente conceder la tutela de manera
directa, como mecanismo eficaz e idóneo de protección de los derechos
fundamentales.
En
este sentido, tratándose de conflictos suscitados en relación con el agotamiento
de los concursos para proveer cargos públicos, la Corte ha sostenido que las
acciones contenciosas carecen de la eficacia necesaria para otorgar un remedio
integral y eficaz, y que por lo tanto, resulta admisible la tutela, incluso de
manera directa y plena, pues en dichos eventos la duración del proceso
contencioso haría nugatorio durante dicho lapso el derecho ciudadano “a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”,
concretamente, en el aspecto referido al desempeño de funciones y cargos
públicos.
En
tal sentido, sostuvo: “...También en reiterada jurisprudencia y acogiendo el
mandato contenido en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991, esta Corporación
ha determinado que las acciones contencioso administrativas no consiguen en
igual grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de
servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, pues muchas
veces el agotamiento de dichas acciones implica la prolongación en el tiempo de
su vulneración y no consiguen la protección del derecho a la igualdad
concretamente, ya que, en la práctica, ellas tan solo consiguen una
compensación económica del daño causado, la reelaboración de la lista de
elegibles y muchas veces, la orden tardía de nombrar a quien verdaderamente
tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda restablecerse
el derecho a permanecer en él durante todo el tiempo que dura el proceso
contencioso administrativo y con lo cual se ve seriamente comprometido el
derecho, también fundamental, a la participación en la conformación, ejercicio
y control del poder político, en la modalidad de “acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos”...”[8]
Sin embargo, la procedibilidad de la acción de
tutela, exige su  interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo,
de tal manera que la acción no se convierta en un factor de inseguridad
jurídica, premiando con ello la inactividad de los interesados en el ejercicio
oportuno de los recursos, la negligencia y la desidia.
Ciertamente, si con la acción de tutela se busca la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar
dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Una
percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el alcance jurídico dado
por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de
garantizar por esa vía judicial la protección actual y efectiva de tales
derechos.
De suerte que esta Corporación ha determinado que la
tutela tiene como elemento característico la “inmediatez”, y así lo ha
expuesto: “...la Corte ha señalado que dos de las
características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico
colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ...la segunda, puesto
que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente
que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual
del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela
el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios
o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a
las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente
definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la
persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus
derechos constitucionales fundamentales...
...La acción
de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace
preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho
objeto de violación o amenaza..”[9]
De acuerdo con esta característica, la Corte concluye
que: “...si la inactividad del accionante para ejercer
las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que
se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la
inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial,
debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro
medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable
el principio establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543 de 1992),
según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece
para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio,
máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la
decisión...”[10].
Para determinar la procedencia de la acción de
tutela, en relación con el criterio de “inmediatez”, la Corte ha señalado,
entre otros elementos, que el juez constitucional debe constatar: “...si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes...”[11], es decir, si es
predicable la existencia de una justa causa por la cual no ejercitó la acción
de manera oportuna.
Partiendo de estas consideraciones, encuentra la Sala
que, previo al análisis de fondo le corresponde al juez constitucional el
estudio de la procedencia de las acciones de tutela interpuestas.
2.4.1. Del caso de Luz Marina Carvajal
Villa.
Se encuentra en el expediente que la tutelante se
notificó de la Resolución No. 688 de 2000 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, mediante la cual se desmejoró el puntaje asignado en
el concurso, el día 22 de junio del mismo año, proponiendo la presente acción
de tutela el día 13 de febrero de 2001.
Así, la actora interpuso la acción de tutela siete
(7) meses y veintidós (22) días después de notificado el acto administrativo
que considera lesivo de sus derechos, sin que exista en la expediente razón o
causa valida que justifique la demora en el ejercicio de la acción de tutela.
Ello le permite a esta Corporación, sin perjuicio de que se haya ejercido o no
la acción contenciosa, considerar que la demandante no tuvo en cuenta el
principio de “inmediatez” que constituye requisito sine
quo non para el ejercicio de
la acción de tutela.
En efecto, al haber sido notificada la demandante de
una decisión administrativa que afectaba abiertamente su potencial derecho de
acceder a un cargo público, era su deber recurrir al juez constitucional,
dentro de un término razonable, con el fin de obtener de éste el
restablecimiento efectivo de su derecho. No obstante, optó por la opción
contraria: esperar más de siete (7) meses para proceder a reclamar la legalidad
de la decisión adoptada por la Administración, término que incluso desborda el
de caducidad previsto en el artículo 136 del C.C.A., para ejercitar la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, cual es el de “...cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso”.
De
acuerdo con lo expuesto, es impredicable la procedencia de la acción de tutela,
por la aplicación de la regla de la “inmediatez”, hecho por el cual esta Sala
confirmará la sentencia del 17 de abril de 2001 de la Sala de Casación Civil y
Agraria de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual revoca el fallo de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Antioquia, y en su lugar deniega el
amparo solicitado.
2.4.2.
De los casos de María Dolly Vanegas Hernández y Beatriz Eugenia Revillas
Gallego.
En
relación con las acciones de tutela interpuestas por las citadas demandantes,
la presente Sala, mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil uno
(2001), ordenó al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia,  informar cuándo se había realizado la notificación
de la Resolución No.542 de 2.000 a Beatriz Eugenia Revillas Gallego, y cuándo
se surtió el mismo trámite en relación con la Resolución No. 742 de 2.000 en
frente a María Dolly Vanegas Hernández, Resoluciones mediante las cuales en
agotamiento del recurso de apelación, se modificó y desmejoró el puntaje
asignado a las accionantes dentro del concurso judicial. Actos que fueron
expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El
requerido, mediante comunicación del veintidós (22) de agosto de dos mil uno
(2001), respondió que la notificación de la Resolución No. 542 de 2.000, a la
señora Beatriz Eugenia Revillas Gallego, se surtió el día 4 de julio del mismo
año, interponiendo la acción de tutela el día 15 de agosto de 2000, es decir,
un (1) mes once (11) días después de la actuación de la Administración.
En
relación con María Dolly Vanegas Hernández, la notificación de la Resolución
No. 742 de 2.000, se llevó a cabo, el día veintisiete (27) de Junio de 2000,
presentando la acción de tutela el día 24 de octubre de 2000, es decir, tres
(3) meses con veintisiete (27) días de posterioridad al actuar de la
Administración.
De acuerdo con las consideraciones previamente
expuestas es predicable el cumplimiento de las exigencias que determinan la
procedibilidad de la acción, por lo tanto, procederá esta Sala a examinar el
asunto objeto de conflicto, para efectos de determinar la ocurrencia de la
vulneración de los derechos fundamentales y su protección en tutela.
2.5.    Problema jurídico.
De
acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas en sede
de tutela, en esta oportunidad le corresponde a la Corte establecer si la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en una vía de
hecho, por violación del debido proceso, al proceder a revocar parcialmente los
actos administrativos que contenían la calificación dada a las accionantes
dentro del concurso para acceder a los cargos dentro de la Rama judicial, y que
habían llegado a su conocimiento como consecuencia del recurso de apelación
formulado contra estos por las propias demandantes.
La
Sala estima necesario para resolver el citado problema jurídico, examinar las
siguientes materias: el concurso para proveer cargos en la Rama Judicial, el
procedimiento para hacer efectiva la carrera judicial, la vía gubernativa y la
revocatoria directa, el alcance, las limitaciones y la existencia de vía de
hecho en el agotamiento de la vía gubernativa, y por último la revocatoria
directa por error aritmético.
3. Consideraciones
de la Sala.
3.1.
Del concurso para proveer cargos en la Rama Judicial.
El ordenamiento jurídico colombiano ha previsto, como
regla general, el sistema de carrera para la provisión, ascenso, permanencia y
retiro de los servidores públicos en los distintos empleos dentro de los
órganos y entidades del Estado[12], en particular para la Rama Judicial. La fuente de este mandato se remonta a la
Constitución de 1886, concretamente a las Reformas Constitucionales de 1945 y
1957, que en los artículos 62 y 6º, respectivamente, ya hacían referencia al
sistema de la carrera para provisión de cargos en la Ramas Ejecutiva y
Judicial, defiriendo a la ley su reglamentación y desarrollo[13].
En
la actual Carta Política, se adopta el régimen de carrera como un principio
constitucional de aplicación inmediata, que se constituye en cimiento principal
de la estructura funcional del Estado, y se le reconoce al concurso público
como el procedimiento apropiado para el ingreso y acceso a los empleos en los
órganos y entidades públicas[14]. A
partir de la importancia que el Constituyente de 1991 le otorgó al sistema de
carrera y al concurso como medio para acceder a la misma, éste último ha sido
considerado por la jurisprudencia constitucional como: “ el
mecanismo...idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y
objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes
generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger
entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, apartándose en esa función de
consideraciones subjetivas, de preferencias o animadversiones y de toda
influencia política, económica o de otra índole...”[15].
La
exigencia del concurso procura la realización de finalidades constitucionales,
como son las de asegurar la igualdad de los ciudadanos al acceso de la función
pública, garantizar la realización del principio de la estabilidad en el empleo
(artículo 53 C.P.) y la aplicación del mérito como elemento fundamental para
ser vinculado y permanecer al servicio del Estado (artículo 125 de la C.P).
Dentro
de la Rama Judicial, es el artículo 156 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de
la Administración de Justicia), el que se encarga de regular el sistema de
carrera, señalando que: “la carrera judicial se basa en el carácter
profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la
garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los
ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento
principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio”. Y
en relación con el concurso público, el mismo ordenamiento en su artículo 164
dispone que: “el concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a
través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia,
idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos
en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y
se fija su ubicación en el mismo...”.
Dentro
de este contexto, y por expreso mandato de la Constitución Política (artículo
256), al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales, Salas
Administrativas, es a quienes compete regular y administrar la carrera
judicial, salvo en lo que corresponde a aquellas jurisdicciones especiales[16].
3.2.
Del procedimiento para hacer efectiva la carrera judicial.
Para
el adecuado desenvolvimiento de los aludidos mandatos constitucionales y sus
previsiones legales, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia ha optado
por un procedimiento con el que se busca asegurar la selección de aquéllos
candidatos que reúnan las calidades y alcancen los méritos necesarios para
pertenecer a la Rama Judicial. En orden a cumplir dicho objetivo, el proceso de
selección se encuentra ajustado a los principios de igualdad, de transparencia,
de libre concurrencia, de legalidad y de publicidad que gobiernan la función
pública.
A
este respecto, la Corte ha tenido la oportunidad de señalar que: “....El
procedimiento [...mediante el cual se desarrolla el concurso público, se
estructura...] sobre la base del cumplimiento estricto de las reglas o normas
del concurso, la publicidad de la convocatoria..., la libre concurrencia, y la
igualdad en el tratamiento y de oportunidades para quienes participan en el
mismo...”[17].De
esta manera, la selección de los servidores resulta de la observancia de las
reglas que componen el proceso de selección.
Cabe destacar que es el artículo 164 de la Ley 270 de
1996, el que establece las reglas y las etapas que regulan el procedimiento del
concurso de méritos dentro de la Rama Judicial. Así, dicha norma dispone que
los concursos de méritos dentro de la Rama Judicial deberán regirse básicamente
por las siguientes reglas: (i) un sistema de plena concurrencia en el que
pueden participar todas aquellos que reúnan las calidades o requisitos exigidos
por la Administración, (ii) la convocatoria como mecanismo obligatorio para
regular el proceso de selección, y (iii) el deber de los aspirantes de ajustar
su participación a las condiciones previamente establecidas.
En concordancia con lo anterior, el mismo precepto
prevé que el concurso de méritos se compone de dos etapas: la de selección y la
de clasificación. La primera “...tiene por objeto la
escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro de
Elegibles...”, y la segunda
busca “...establecer el orden del registro según el
mérito de cada concursante elegible, asignándole a cada uno un lugar dentro del
Registro para cada clase de cargo y especialidad...”.
Dichas reglas se convierten en mandatos de
obligatorio cumplimiento para los participantes y en especial para la
Administración, quien no está en capacidad de ignorarlas, so pena de
contravenir el sistema de concurso, desconocer los principios que regulan la
actividad administrativa (igualdad, imparcialidad y moralidad), y de contera,
vulnerar derechos fundamentales de quienes en ejercicio del derecho de acceso a
los cargos públicos pretenden pertenecer a la Rama Judicial.
Cabe destacar que el procedimiento previamente
citado, se desarrolla a través de actos y trámites estrechamente
interrelacionados, mediante los cuales se forma la voluntad de la
Administración. Dichos actos administrativos, de trámite o definitivos, en
virtud del principio de legalidad, pueden ser revisados o impugnados por los
administrados y la propia Administración, a través de los recursos u otros
instrumentos jurídicos que permitan determinar posibles desaciertos,
irregularidades o inconveniencia en su aplicación[18].
De esta manera, se pretende hacer efectivo el derecho
al debido proceso, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa y de
contradicción frente a las decisiones ilegales e injustas que en desarrollo del
concurso adopte la Administración de Justicia. Sobre este aspecto, la Corte ha
sostenido que: “...El derecho al debido proceso -que,
según el artículo 29 de la Constitución, [es..] obligatorio en todas las
actuaciones administrativas-..”[19], puede llegar a
ser vulnerado en el trámite de un concurso, y conducir a la vez a la violación
de los derechos al trabajo y al derecho al desempeño de cargos y funciones
públicas[20].
En este sentido, estima la Corte necesario referirse
a los instrumentos jurídicos mediante los cuales puede el administrado e
incluso la propia Administración verificar y controlar la igualdad,
transparencia y legalidad de los concursos.
3.3. De la vía gubernativa y la revocatoria directa.
3.3.1.
Generalidades.
En
desarrollo del principio de legalidad de los actos administrativos, y ante la
potencialidad de existencia de actos irregulares, injustos e inconvenientes, el
ordenamiento jurídico ha reconocido para los particulares y aún para la misma
Administración, medios de impugnación y revisión que permiten ejercer un
control conducente a aclarar, modificar o revocar los actos contrarios a la
Constitución o a la ley, o aquellos que afecten injustificadamente un derecho
fundamental.
Así,
dichos medios se convierten en una garantía para los administrados, en cuanto
permitan revisar las decisiones administrativas y restablecer su legitimidad
eliminando los daños o perjuicios que estas puedan ocasionar.
Con
este propósito, la ley prevé dos tipos de control: uno en el ámbito
administrativo, a través de la interposición de los recursos de reposición,
queja y apelación, con lo cual se entiende agotada la llamada “vía gubernativa”[21], y
otro judicial, mediante el ejercicio del derecho de acción ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
Cabe
destacar que, al margen de los controles citados, también los actos
administrativos pueden ser revocados de oficio o a petición de parte por los
mismos funcionarios que los expidieron o por sus inmediatos superiores, en
aplicación de la figura de la revocatoria directa y en los términos previstos
en los artículos 69 y siguientes del C.C.A..
No
sobra advertir que los citados controles, mediante los cuales se busca
preservar la legalidad, garantizar los derechos ciudadanos y asegurar la
vigencia de un orden justo, son del todo aplicables en el escenario de los
concursos para proveer cargos públicos, cuando en el agotamiento de cada una de
sus etapas la Administración se pronuncia mediante actos, siempre que el uso de
los mismos se ajuste a los parámetros y requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo[22].
3.3.2. Finalidades
y distinción.
La
vía gubernativa regula el procedimiento que deben seguir los administrados para
controvertir las decisiones de la Administración, constituyéndose en requisito
indispensable para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando
el acto que se acusa es de contenido o de carácter particular, y es susceptible
del recurso de apelación (artículo 135 del C.C.A).
La
Corte ha sostenido que la finalidad de la vía gubernativa es entonces: “...permitir
la controversia de los actos contrarios al ordenamiento jurídico ante la misma
administración, previamente a una posible acción ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, de manera que se facilite a las personas la
presentación de la solicitud de revisión, modificación o aclaración de los
mismos sobre la cual habrá de pronunciarse la administración..”[23]
Al
mismo tiempo, y como ya se anotó, el ordenamiento prevé la existencia de la
revocatoria directa, consistente en la atribución concedida al funcionario que
expidió el acto o a su superior inmediato para que de oficio o a petición de
parte, revoque un acto administrativo contrario a  la Constitución o a la Ley,
al interés público o social, o cuando éste cause un agravio injustificado a una
persona.
Para
la Corte, la revocatoria directa tiene una naturaleza y un propósito diferente
al de la vía gubernativa, pues la primera comporta un auténtico privilegio para
la Administración, como titular del poder de imperium del Estado y
gestora del interés público de eliminar del mundo jurídico sus propios actos
por considerarlos contrarios a la Constitución y la ley. De ahí, que esta
Corporación haya declarado que tal facultad consistente en “...dar a la
autoridad la oportunidad de corregir por ella misma, inclusive de oficio, ya no
con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del
recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la
recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño
público..”[24]
La
jurisprudencia, particularmente el Consejo de Estado ha establecido las
diferencias entre las dos figuras previamente reseñadas, de la siguiente
manera:
“...1a.)
La revocación directa de un acto administrativo no podrá operar si se han
ejercitado los recursos de la vía gubernativa, conforme lo estatuye el artículo
70 ibídem, lo cual pone de presente la incompatibilidad que existe entre ellas.
2a.)
Los recursos gubernativos se deciden a solicitud de parte del afectado; la
revocación directa puede proceder a petición de parte o de oficio.
3a.) La revocación directa puede operar
en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aún cuando se
haya acudido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siempre que en este
último caso no se haya proferido auto admisorio de la demanda; los recursos de
la vía gubernativa deben interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a
la notificación personal o por edicto, o a la publicación del acto objeto de
los mismos.
4a.)
La revocación directa procede, por regla general, contra toda clase de actos generales
o particulares; en tanto que la vía gubernativa no procede contra actos de
carácter general, de trámite, preparatorios o de ejecución, salvo las
excepciones que consagre la ley.
5a.) La revocación directa se puede
pedir ante el mismo funcionario que expidió el acto o su inmediato superior;
mientras los recursos gubernativos solamente se pueden intentar así: el de
reposición ante el mismo funcionario que expidió el acto y los de apelación y
queja ante el inmediato superior.
6a.) La revocación directa sólo procede
cuando se dan las causales previstas en el artículo 69 de C.C.A.; mientras en
la vía gubernativa se pueden impugnar los actos por cualesquiera clase de
inconformidad.
7a.)
La revocación directa de los actos de carácter particular está sujeta a normas
especiales contenidas en los artículos 73 y 74 ibídem; en tanto que en la vía
gubernativa no hay restricción alguna...”[25].
Las
anteriores distinciones que la Corte acoge, la llevan a afirmar que la figura
de la revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la vía
gubernativa -entendida esta como la oportunidad que tienen los ciudadanos de
impugnar ante la Administración sus propias decisiones-, ni constituye un
recurso ordinario, sino que se trata de un privilegio de las autoridades
administrativas y de una garantía de los ciudadanos, autónoma e incompatible
con el ejercicio simultaneo de los recursos administrativos[26].
3.4.
De la vía gubernativa: alcance y limitaciones.
3.4.1.
Cuando se interpone un recurso con la finalidad de agotar la vía gubernativa,
la Administración se convierte en sujeto pasivo del ejercicio derecho de
petición, quedando obligada a dar respuesta oportuna, clara y de fondo a la
solicitud formulada.
Al
respecto, la Corte ha sostenido en múltiples oportunidades[27]:“…aun los
recursos por vía gubernativa, que tienen un alcance muy concreto y unos plazos
para su interposición, cuando los administrados acuden a ellos, si bien se
fundan en unas normas legales que los consagran, implican en el fondo el uso
del derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Carta Política. No
tramitar o no resolver a tiempo acerca de tales recursos constituye vulneración
flagrante del derecho de petición...”[28].
3.4.2.
Cuando el administrado en el agotamiento de la vía gubernativa, eleva derecho
de petición, surge para la Administración una limitación consistente en otorgar
no sólo una respuesta clara, oportuna y de fondo, sino también congruente, es
decir, de acuerdo con lo solicitado por el recurrente. Así, la Corte ha
dispuesto que: “...Por lo
tanto, si el derecho de petición se expresa en el derecho a obtener una
respuesta de fondo, clara, oportuna y congruente con lo pedido, los
recursos ante la administración deben incluirse en el núcleo esencial del
artículo 23 de la Carta... ”[29].
En el mismo sentido, esta Corporación sostuvo
que “..el derecho de petición comprende no sólo la manifestación de la
administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que
dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El
derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2º y 86) se
une en este punto con el principio constitucional de la eficacia administrativa
(art.209) (...) Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En
primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la
solicitud planteada....en segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva
para la solución del caso que se plantea...y finalmente, la comunicación debe
ser oportuna...”[30].
Así las cosas,
el administrado puede, al interponer los recursos administrativos, solicitar la
aclaración, modificación o revocatoria de un acto, estando la Administración
obligada a dar respuesta en los términos en que el recurrente formula el
recurso, sin que le sea posible decidir más allá o por fuera de lo pedido, ya
que se estaría actuando en contravía del principio de la congruencia.
El
Código Contencioso Administrativo consagró la regla de la congruencia, en los
siguientes términos (artículo 59 C.C.A): “...la decisión [que agota la vía
gubernativa] resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes..”.
Aunque
en principio parece que la norma permite resolver sobre materias no solicitadas,
al disponer que la decisión puede abarcar cuestiones “..que aparezcan con
motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes..”, la disposición no
tiene dicho alcance, pues se está refiriendo, exclusivamente, a asuntos que si
bien no fueron inicialmente pedidos, guardan una relación de conexidad directa
con el recurso y por lo tanto, son susceptibles de resolución.
Para
la Corte, la congruencia es una regla que condiciona la competencia otorgada a
las autoridades públicas, y en este sentido, delimitan el contenido de las
decisiones que deben proferir, de tal manera que: a) solamente pueden resolver
sobre lo solicitado o, b) en relación directa con aspectos vinculados a lo
pedido por los interesados y que se encuentren debidamente probados.
Este es el
alcance que tiene el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo -
previamente citado -, mediante el cual se reconoce y delimita el poder
decisorio de la Administración en relación con las peticiones presentadas por
los administrados en agotamiento de la vía gubernativa, y ello es así, porque
de la aplicación de la regla de la congruencia, surge como garantía y derecho
de los administrados la prohibición de la no “reformatio in pejus”, institución
que se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución,
por virtud del cual: “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el
condenado sea apelante único”.
Esta
Corte ha sostenido que la citada garantía procesal mediante la cual se
desarrolla el debido proceso, involucra una limitación al superior jerárquico
consistente en la imposibilidad de ejercer libremente sus atribuciones,
restringiendo su competencia o poder decisorio a lo planteado por el apelante
único.
Precisamente
esta Corporación en Sentencia T-233 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández),
señaló que el ejercicio de la doble instancia y de los recursos para
controvertir una decisión, tienen como objetivo que: “...en caso de
prosperar (el recurso), conduzca a una definición de favor y no a una
modificación de la sentencia en su perjuicio...Así, pues, la garantía
reconocida por el artículo 31 de la Carta al apelante único tiene el sentido de
dar a la apelación el carácter de medio de defensa del condenado y no el de
propiciar una revisión “per se” de lo ya resuelto....”
Se
pregunta la Sala si la prohibición de la no “reformatio in pejus” tiene
aplicación en la actuación administrativa?. La Corte, en múltiples
pronunciamientos ha dado respuesta afirmativa a este interrogante. A este
respecto, ha considerado que por ser la no “reformatio in pejus” un principio
general de derecho y una garantía constitucional del debido proceso es
aplicable a todas las actividades del Estado que implique el ejercicio de su
poder sancionatorio. Por ello, esta garantía tiene plena vigencia en las
distintas jurisdicciones reconocidas por el ordenamiento jurídico -penal,
civil, laboral, administrativo, constitucional-, e incluso, en las actuaciones
administrativas.
En
este sentido la Corte, en sentencia C-406 de 1995, (M.P. Fabio Morón Díaz),
haciendo referencia a actuaciones administrativas de naturaleza disciplinaria,
precisó que “...no obstante que se trata en este caso de un régimen
diferente del penal y que en su desarrollo no se imponga una condena ni una
pena en sentido exacto, ni se produzca una sentencia judicial, sino apenas se
surta un procedimiento administrativo y se impongan sanciones administrativas
de naturaleza disciplinaria, a juicio de la Corte debe tenerse en cuenta el
principio de la no reformatio in pejus...”.
Igualmente,
en sentencia T-419 de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez), la Corte estimó,
que todos los principios y derechos que componen el debido proceso, entre
ellos, la prohibición de la reformatio in pejus, “...tienen plena operancia
mutatis mutandi, en las demás ramas del derecho procesal: procesal civil (que
se extiende al laboral, etc.) y a la actividad administrativa que comprende
tanto la actuación gubernativa como la contencioso administrativa...”.
Y
en sentencia T-233 de 1995, al estudiar el alcance del principio de la no
reformatio in pejus y su vinculación con la garantía del debido proceso
exigible en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (artículo 29
de la Carta Fundamental), concluyó que: “...la prohibición de reformar la
condena en perjuicio de apelante único no solamente es aplicable en materia
penal, ni tampoco está limitada a las sentencias judiciales, sino que, por el
contrario, cobija otras ramas del derecho y se hace exigible en las actuaciones
administrativas....”.
Por lo cual,
la prohibición de la reformatio in pejus tiene plena aplicabilidad en materias
administrativas, tanto en el agotamiento de la vía gubernativa como en el
desarrollo del procedimiento ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, circunstancia que se origina en la interpretación armónica y
sistemática de los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, logrando de
esta manera hacer efectivo el derecho al debido proceso y por ende de los demás
principios y derechos constitucionales que guardan correspondencia con dicha
institución jurídica. De suerte que la congruencia y la prohibición de la no
reformatio in pejus, limitan la actuación de la Administración en aras de la
transparencia, legalidad y garantía en la actuación administrativa.
Así
lo reconoció el Consejo de Estado, acogiendo la doctrina expuesta por la misma
Corporación desde el año de 1978, expresada en los siguientes términos:
“...Esta
Sala ha sostenido íntegramente la aplicabilidad de ese principio
[reformatio in pejus] no sólo en el proceso administrativo, sino en el
procedimiento de la vía gubernativa....Por consiguiente, en la vía
gubernativa de actuaciones puramente administrativas, rige el principio de la
reformatio in pejus por virtud de lo preceptuado en el artículo 357 del Código
de Procedimiento Civil conforme al cual el recurso se entiende interpuesto sólo
en lo desfavorable al recurrente.  Muy distinto es el caso frente a actuaciones
de índole penal administrativa, porque entonces la aplicación analógica, ha de
hacerse con referencia al Código de Procedimiento Penal..” (Tomo III
Diccionario Jurídico. Pág. 567)....”[31].
De
tal manera que, cuando el administrado interpone un recurso en agotamiento de
la vía gubernativa (reposición o apelación), mediante el ejercicio del derecho
de petición, se limita el poder decisorio de la Administración, de tal manera
que no puede fallar más allá ni por fuera de lo solicitado, pues dicha
actuación constituiría una clara vía de hecho por desconocer los derechos
constitucionales al debido proceso y a la prohibición de la no “reformatio in
pejus”.
3.5. De
la vía de hecho.
3.5.1. Generalidades.
A
partir de la sentencia C-592 de 1993, esta Corporación tuvo oportunidad de
precisar que toda actuación judicial o administrativa que entre en abierta
contradicción con normas Constitucionales o legales, y violen derechos
fundamentales, constituyen verdaderas actuaciones de hecho que pueden ser
declaradas por el mecanismo judicial de la tutela. Concretamente, la Corte ha
señalado que “...la vía de hecho constituye un abuso de poder, un
comportamiento que se encuentra desvinculado de fundamento normativo alguno, un
acto que traduce la negación de la naturaleza reglada de todo ejercicio del
poder constituido..”[32].
Al
respecto, ha sostenido esta Corporación que:
"...A
los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, les está vedado
actuar por fuera de las funciones atribuidas por la Constitución o la ley. El
Estado Social de Derecho (CP art. 1), los fines sociales del Estado (CP art. 2)
y el principio de igualdad ante la ley (CP. art. 13), constituyen el marco
constitucional de la doctrina de las vías de hecho, la cual tiene por objeto
proscribir las actuaciones arbitrarias de la autoridad que vulneran los
derechos fundamentales de las personas...
....Una
actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del
control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente
carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene
como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la
persona....
...Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria
a la Constitución y a la Ley...[De esta manera, la vía de hecho se convierte
en]...un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores
públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y
aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho
y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al
Estado de Derecho que les da su legitimidad...
...[Por
lo tanto]... En caso de demostrarse  su ocurrencia, el juez de tutela deberá
examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de
los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte
de la autoridad pública...”[33]
Así,
la noción de vía de hecho se involucra con el debido proceso, derecho frente al
cual ha sostenido la jurisprudencia que:
“...Corresponde a la noción de debido
proceso, el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente
diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes
están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando
quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el
juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la
creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una
obligación o sanción....
...En esencia, el derecho al debido
proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia
reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional....
...Del
contenido del artículo 29 de la Carta y de otras disposiciones conexas, se
infiere que el derecho al debido proceso se desagrega en una serie de
principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena y eficaz
del sujeto procesal y a protegerlo de la eventual conducta abusiva que pueda
asumir la autoridad que conoce y resuelve sobre la situación jurídica sometida
a su decisión. En tal virtud, y como garantía de respeto a dichos principios,
el proceso se institucionaliza y normatiza, mediante estatutos escritos que
contienen mandatos reguladores de la conducta de las autoridades
administrativas o judiciales, encaminados a asegurar el ejercicio regular de
sus competencias...”[34].
Dentro
de este contexto, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido cuatro
modalidades de vías de hecho, a saber:
“...cuando
1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando..[una
decisión].. se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso
concreto; 2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando
resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el [fallador] para
aplicar una determinante norma es absolutamente inadecuado; 3) presente un defecto
orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por
completo de competencia para resolver el asunto de que se trate: y, 4)presente
un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el [fallador] se
desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a
determinadas cuestiones...”[35].
3.5.2.
De la vía de hecho en el agotamiento de la vía gubernativa.
Como
se ha señalado, la Administración ve limitada su competencia cuando en
agotamiento de la vía gubernativa los administrados hacen uso de los
respectivos recursos; aspecto este que tiene plena aplicación cuando se revisa
la legalidad de los actos administrativos adoptados en desarrollo de un
concurso público, ya que los lineamientos jurídicos utilizados para la aclaración,
la modificación o la revocación de los citados actos resultan, en este último
caso igualmente aplicables.
De
lo expuesto, surge para la Corte el siguiente interrogante: ¿con ocasión de la
interposición de los recursos en la vía gubernativa, puede la Administración
aplicar la figura de la revocatoria directa y por esa vía darle solución al
recurso, haciendo más gravosa la situación del apelante único?.
Siguiendo
los lineamientos expuestos en este providencia, la respuesta es negativa, toda
vez que de hacerlo, en lugar de dar solución al recurso y por ende a la
petición interpuesta por el peticionario, se estaría excediendo el ámbito de
competencia de la Administración y haciendo más gravosa la situación de quien a
través del recurso pretendía mejorar sus derechos. En otras palabras, el uso de
la revocatoria directa en la vía gubernativa comprendería una decisión excesiva
de la Administración, por fuera de lo pedido, desconociendo los lineamientos
Constitucionales y legales que regulan la materia.
Por
lo tanto, al acumularse en una misma actuación administrativa, la vía
gubernativa y la revocatoria directa, y utilizarse esta última como fundamento
para resolver los recursos, se vulneran los derechos de petición, al debido
proceso y los principios de congruencia y de la no “reformatio in pejus”.
En
estos casos, de acuerdo con la doctrina expuesta por esta Corporación, se
estaría ante una vía de hecho, toda vez que la actuación de la Administración
quedaría por fuera del marco procedimental y de competencia definidos en la
Constitución y en la ley para la resolución de  las peticiones formuladas en la
vía gubernativa. En mayor medida, si la revocatoria directa del acto hace más
gravosa o afecta en forma negativa la situación del administrado frente a lo
decidido inicialmente por la Administración y que ha dado lugar al recurso.
Ahora
bien, se cuestiona la Corte: ¿si la Administración puede en el mismo acto en el
que se resuelve los recursos de la vía gubernativa, proceder a revocar?.
La
Corte considera que, en atención a las garantías constitucionales y legales que
informan los derechos al debido proceso y al acceso a la Administración de
justicia (artículos 29 y 229 de la Constitución), no resulta admisible la
revocatoria del acto administrativo cuando se ha hecho uso de los recursos en
la vía gubernativa. Esto es así, por las siguientes razones:
1.
La revocatoria directa constituye un acto administrativo autónomo, y en este
sentido, independiente de aquél que ha sido objeto de los recursos en la vía gubernativa.
2.
En cuanto el acto impugnado y el que dispone su revocatoria directa constituyen
actuaciones independientes y autónomas, los mismos se apoyan en diversas
motivaciones de hecho y de derecho, por lo cual, cada uno resulta acusable por
distintas razones de legalidad que no pueden plantearse de manera conjunta.
3.
El que se trate de actos autónomos e independientes justifica la existencia de
un régimen procedimental diverso para cada actuación: - la revocatoria directa
en los artículos 28 y 74, y - la vía gubernativa en el titulo II, Libro I,
Parte Primera del C.C.A.
En
apoyo a estas consideraciones, la Corte destaca los criterios fijados por el
Consejo de Estado sobre el tema al señalar que: “...la decisión sobre la
solicitud de revocatoria directa, es un acto administrativo autónomo
cuestionable de manera independiente de aquel a que se refiere y, por ende,
acusable bajo causales de nulidad independientes de las que hubieran podido
plantearse con respecto de aquel otro....
...De
lo anterior se deriva la conclusión que, en relación con el acto que decide
sobre la revocatoria directa de otro anterior, puede alegarse en sede judicial
el no agotamiento del procedimiento previsto para la revocatoria directa de
actos creadores de derechos subjetivos y, además, la misma causa para tal
revocatoria no puede ser otro que una de las citadas en nuestro medio en el
artículo 69 del C.C. A al que se ha hecho referencia...”[36].
De
esta manera, cuando al fallar un recurso en la vía gubernativa la
Administración acude a la institución de la revocatoria directa, se incurre en
una vía de hecho por defecto orgánico y procedimental, toda vez que tal
actuación resulta incompatible con el derecho al debido proceso pues se desvía
por completo del procedimiento fijado en la ley para dar trámite a un
determinado asunto.
En
este sentido, y en armonía con lo expuesto, si bien es cierto que el artículo
71 del C.C.A., dispone que la revocatoria directa “puede cumplirse en
cualquier tiempo, inclusive en relación con los actos en firme o aún cuando se
haya acudido a los tribunales  contencioso administrativos, siempre que en este
último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda”, el artículo
70 del mismo ordenamiento es claro en señalar que no podrá pedirse dicha
revocatoria directa respecto de los actos administrativos a partir de los
cuales “el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa”.
Cabe
destacar que tanto esta Corporación, como el Consejo de Estado, han estimado
que la vía gubernativa y la revocatoria directa no pueden tramitarse,
desarrollarse y decidirse a un mismo tiempo.
Sobre
el particular, la Corte ha señalado que: “...No puede al mismo tiempo la
administración pública decidir la vía gubernativa y revocar directamente un
acto administrativo, o lo que es lo mismo: decidir la vía gubernativa pero con
argumentos propios de la revocatoria directa, a la cual expresamente se remite...”[37].
Y en
el mismo sentido, el Consejo de Estado sostuvo que “...para algunos
doctrinantes la administración ejerce “justicia” en dos casos; cuando resuelve
los recursos interpuestos en la vía gubernativa y cuando decide, de oficio o a
petición de parte, revocar en forma directa una decisión respecto de la cual
existe aparente intangibilidad por no haber sido objeto de recursos en la vía gubernativa
o por cuanto, cuando decide hacerlo de manera oficiosa, éstos se han
resuelto..”[38].
Las
citadas consecuencias jurídicas son susceptibles de aplicación en los concursos
de mérito en la Rama Judicial, toda vez que los mismos corresponde a una
actividad administrativa que se desarrollan mediante un procedimiento
administrativo y culmina en un acto de esa misma naturaleza, susceptible de
impugnación a través de los respectivos recursos en la vía gubernativa.
3.5.3. En
estos términos, y en relación con el concurso público, se concluye que cuando
el administrado, en agotamiento de la vía gubernativa, impugna un acto de
contenido particular no puede la Autoridad pública proceder a revocar
directamente el acto controvertido, pues, como se ha explicado, se alteraría el
ámbito de competencia funcional de la Administración y se afectaría la
situación del recurrente frente al ejercicio de sus derechos y frente al
procedimiento establecido por la ley para ejercer el control de legalidad de
los actos administrativos.
No
sobra advertir que si lo que pretende la Administración es revocar su propio
acto, cuando este es de carácter particular y concreto, y no media el
consentimiento del interesado, lo que le corresponde a ésta es demandar dicho
acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De esta manera, lo
ha dicho la Corte “ al particular se le garantiza que sus derechos se
mantendrán inalterables mientras la Jurisdicción, agotadas las formas propias
de un juicio, no resuelva a favor o en contra de sus intereses”[39].
3.6.
De la revocatoria directa y el error aritmético.
Como
principio general, un acto administrativo de contenido particular, es decir,
aquel que crea, modifica o extingue una situación jurídica individual, no puede
ser revocado directamente por la Administración, a menos que ésta obtenga el
consentimiento expreso y por escrito de su titular (artículo 73 del C.C.A).
No
obstante, de manera excepcional, la ley admite la posibilidad de revocar los
actos administrativos aún sin la voluntad del respectivo titular de la
situación jurídica, cuando estos “...resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o
si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales” (artículo 73 del
C.C.A).
En
este mismo sentido, la norma citada autoriza a la Administración para revocar
parcialmente y en todos los casos sus propios actos cuando sea “necesario
para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el
sentido de la decisión”.
En
relación con esto último, y en lo que importa resolver en el presente caso,  el
error aritmético se refiere a aquellas equivocaciones derivadas de una
operación matemática que no altere los fundamentos ni las pruebas que sirvieron
de base para adoptar la decisión. Al respecto ha determinado esta Corporación
que “...El error aritmético es aquel que surge de un cálculo meramente
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia,
su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética
erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o
elementos que la componen. En otras palabras, la facultad para corregir, en
cualquier tiempo, los errores aritméticos... no constituye un expediente para
que el juez pueda modificar otros aspectos -fácticos o jurídicos- que,
finalmente, impliquen un cambio del contenido jurídico sustancial de la
decisión...”[40].
De
suerte que se limita su desarrollo o práctica a las modificaciones que no
impliquen un cambio jurídico sustancial en la decisión adoptada, teniendo
entonces dicha figura un uso restrictivo y limitado. Bajo esta consideración,
el error aritmético no puede ser utilizado como herramienta jurídica válida
para alterar el sentido y alcance de los actos administrativos, mediante una
nueva evaluación probatoria, la aplicación de nuevos fundamentos jurídicos, o
la inobservancia de los que sirvieron de sustento a la decisión.
Incluso,
en el caso de presentarse duda sobre la naturaleza jurídica del error, es
decir, si este es o no aritmético, es deber de la Administración proceder en el
sentido más garantista para el administrado, de tal manera que no se afecte la
posición obtenida por éste legítimamente. Esta interpretación está acorde con
los principios de imparcialidad y favorabilidad que gobierna el ejercicio de la
función administrativa, según los cuales, “..las autoridades deberán actuar teniendo
en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y
garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de
discriminación...”(artículo 3º del C.C.A en armonía con el artículo 209 de
la C.P).
En
este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: “...
en la hipótesis de que existan diferentes posibilidades de interpretación de un
texto legal lo conducente es adoptar aquélla que sea más favorable al ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales y, en particular, del derecho de acceso
a la justicia...”[41]. Así, tratándose de la aplicación de la
institución de la revocatoria directa por error aritmético, el alcance
interpretativo que guarda mayor armonía con la Carta es aquél que permite
salvaguardar el derecho fundamental de los administrados al debido proceso.
De acuerdo con lo expuesto, la Administración, so
pretexto de revocar parcialmente un acto administrativo por error aritmético,
no puede abrogarse competencia para revisar el acto administrativo en todo su
contexto, pues, como se ha venido señalando, tal actitud le impide al
respectivo titular del derecho subjetivo establecido en el acto, ejercitar la
defensa de su situación jurídica y controvertir la nueva decisión adoptada por
la Administración.
3.7. De los casos en concreto.
De
conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes, se le atribuye a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la no “reformatio in
pejus” de las accionantes (María Dolly Vanegas Hernández y Beatriz Eugenia Revillas Gallego)[42], por
cuanto al resolver los recursos de apelación interpuestos por éstas en contra
de la Resolución No. 125 de 1999, decidió modificar y desmejorar los puntajes
obtenidos dentro del concurso méritos para proveer cargos en la Rama Judicial,
haciendo uso de la figura de la revocatoria directa por error aritmético.
Según
las demandantes, la actuación de la citada entidad no sólo desconoció su
condición de apelantes únicas, sino también excedió la competencia para aplicar
la figura de la revocatoria directa por error aritmético, pues se afectó el
sentido y alcance del acto administrativo objeto de controversia.
Decisión
del caso.
Teniendo
en cuenta las circunstancias fácticas del caso y las consideraciones
previamente expuestas, la Corte considera que la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura sí vulneró los derechos constitucionales
fundamentales invocados en la demanda, al aplicar la figura de la revocatoria
directa estando en trámite el recurso de apelación interpuesto por las
accionantes contra los actos administrativos -de contenido particular y
concreto- mediante los cuales se calificó su participación en el concurso de
méritos para ocupar distintos cargos en la Rama Judicial. En este sentido, la
entidad accionada incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico y
procedimental, toda vez que excedió el ámbito de su competencia funcional
resolviendo sobre cuestiones que no fueron sometidas a su conocimiento por quienes
actuaron como apelantes únicas, e igualmente, absteniéndose de resolver el
recurso debidamente interpuesto.
Ciertamente,
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al expedir las
Resoluciones Nos. 542 del 5 de abril y 742 del 10 de mayo de 2000, por medio de
las cuales decidió revocar parcialmente la Resolución No. 125 del 2 de agosto
de 1999, actúo por fuera del procedimiento establecido en la ley para el
agotamiento de la vía gubernativa, desconociendo a su vez el carácter independiente
y autónomo que informa la institución de la revocatoria directa en relación con
la propia vía gubernativa y la interposición de los recursos que la agotan.
Sobre este aspecto, se reitera lo dicho por la Corte en Sentencia T-393 de
2001, al resolver un caso similar al que se estudia, en el sentido de afirmar
que “..No puede al mismo tiempo la administración pública decidir la vía
gubernativa y revocar directamente un acto administrativo, o lo que es lo
mismo: decidir la vía gubernativa pero con argumentos propios de la revocatoria
directa, a la cual expresamente se remite. Menos aún puede hacerse  si se trata
de actos de carácter particular y concreto...”[43].
De
la misma manera, la actuación de la entidad accionada, de proceder a desmejorar
el puntaje obtenido por las demandantes en lo que respecta al factor de
experiencia adicional, violó, en los términos expuestos en el punto 3.5.2, los
principios de congruencia y de no “reformatio in pejus” que gobiernan el ejercicio
de la función pública y que son aplicables a la actuación administrativa
(artículos 31 de la Constitución Política y 59 del C.C.A.), pues hizo más
gravosa su situación de apelantes únicas[44].
Por
otra parte, la vía de hecho en que incurrió la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura se advierte también en el uso inadecuado de la figura
de la revocatoria parcial del acto administrativo por error aritmético, la
cual, no sobra recordarlo, tiene por objeto exclusivo la simple corrección de
operaciones aritméticas, sin que se pueda llegar a alterar los factores o
elementos que componen la decisión. Esto último fue lo que tuvo lugar en el
presente caso pues, de acuerdo con el material probatorio allegado al proceso,
el Consejo Superior de la Judicatura, antes que establecer la existencia de un
verdadero error de calculo, efectuó un nuevo análisis probatorio y jurídico del
acto recurrido, consistente en revaluar los puntajes obtenidos por experiencia
adicional a la luz del Artículo 2º del Acuerdo 90 de 1996, que exigía la
presentación por escrito de los documentos que acreditaban dicha experiencia.
Ciertamente,
bajo la consideración que se trataba de un ajuste matemático, la controversia
sobre la aplicación de la revocatoria directa se concentró en el hecho de que,
para el Consejo Superior de la Judicatura, resultaba aplicable el procedimiento
de actualización dispuesto en la norma antes citada, según la cual: “...los
interesados deberán presentar, ante la Sala Administrativa que corresponda al
lugar de inscripción, la solicitud por escrito en el lapso
comprendido entre el tres (3) y el veintiocho (28) de junio del año en curso...”
(subrayado del texto original)[45];
mientras que para la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia lo procedente era una valoración oficiosa de la experiencia
adicional de las accionantes,  la cual aplicó sobre la base de que se trataba
de funcionarias judiciales y de que, según lo preceptuado en el artículo 10 del
C.C.A. no era del todo necesario “...exigir a los particulares constancias,
certificaciones o documentos que ellos mismos tengan, o que puedan conseguir en
los archivos de la respectiva entidad”. Obvio que la opción de aplicar el
Acuerdo 90 de 1996 traía como consecuencia necesaria, una modificación en el
puntaje reconocido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía a las
accionantes, al resolver el recurso de reposición interpuesto por las mismas.
Desde
esta perspectiva, es claro que la causa que dio lugar a la revocatoria de los
actos administrativos debatidos no se concentró en un error aritmético, como lo
sostuvo erradamente la entidad accionada, sino en la interpretación y
aplicación de las normas jurídicas que le son propias al concurso público para
acceder a los cargos de la Rama Judicial, analizadas a la luz de la
documentación aportada por las demandantes para acreditar el factor de
experiencia adicional.
En
apoyo de lo anterior, debe resaltarse que la entidad accionada, en las
Resoluciones Nos. 542 del 5 de abril y 742 del 10 de mayo de 2000, materia de
la presente controversia, si bien manifestó hacer uso de las atribuciones
contenidas en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, no entró a
determinar si se trataba o no de un error aritmético. Sólo en los oficios en que daba respuesta a las
acciones de tutela que se revisan, aclaró que la revocatoria directa de los
citados actos se justificaba en razón a un “ajuste matemático”. Dijo sobre el
particular: “...En estas circunstancia, con el fin de preservar la legalidad
del concurso era necesario realizar el ajuste matemático correspondiente,
que en la práctica disminuyó el puntaje asignado a la concursante, decisión que
se encuentra amparada en el artículo 73 del C.C.A...”(subrayado por fuera
del texto original).
En consecuencia, en los actos administrativos que fueron
objeto del recurso de apelación por parte de las demandantes, y que finalmente
se revocaron de manera parcial por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, no se contempló expresamente la causa o motivo de su
revocatoria directa, hecho que también desvirtúa la posible existencia de un error
aritmético, en el entendido que este último supone la existencia de un mero
error de calculo en la operación matemática.
Cuando
la Administración opta por revocar parcialmente un acto administrativo,
aduciendo errores aritméticos, debe limitar su actuación a este tipo de hechos
y además señalarlo expresamente en el acto. Así, invocando la existencia de
errores aritméticos, no pueden las autoridades públicas, como en este caso,
abrogarse competencias para revisar el acto sometido a su conocimiento y realizar
una nueva valoración de la situación fáctica, ya que tal actuación conlleva a
que el respectivo titular del derecho subjetivo consagrado en el acto, no pueda
ejercer la defensa de sus intereses y controvertir la decisión de la
Administración, vulnerándose de esta manera su derecho al debido proceso.
De acuerdo con las consideraciones expuestas en el
punto 2.4, la Corte ha entendido que tratándose de la vulneración de los
derechos fundamentales de las personas que se someten al concurso de méritos para
cargos en la Rama Judicial, la acción de tutela se convierte en el único
mecanismo judicial idóneo para hacer efectivos tales derechos.
En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las
atribuciones que le concede el Decreto 2591 de 1.991, esta Sala procederá a
declarar sin valor ni efecto jurídico las Resoluciones Nos. 542 y 742 de 2000,
expedidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y
por lo tanto, ordenará a la citada entidad proceder a resolver el recurso de
apelación formulado contra la Resolución No. 125 del 2 de agosto de 1999, de la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, de
acuerdo a lo expuesto en esta providencia.
Para efectos de hacer efectiva la decisión tomada, la
Sala procederá a revocar la Sentencia del 22 de enero de 2001, en relación con
la tutelante María Dolly Vanegas Hernández, y la Sentencia del 2 de marzo de 2001,
respecto de la demandante Beatriz Eugenia Revillas Gallego, ambas providencias
proferidas por Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
En relación con la tutela formulada por Luz Marina
Carvajal Villa, tal como se explicó en el punto 2.4.1 de las consideraciones de
esta Sentencia, la tutela es improcedente por haberse desconocido el principio
de inmediatez, y en consecuencia, se ordenará confirmar la providencia de
segunda instancia que denegó la protección solicitada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia,
RESUELVE
Primero:
CONFIRMAR
la sentencia proferida el día 17 de abril de 2.001, por la Sala de Casación
Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en la cual actúo como demandante
la señora Luz Marina Carvajal Villa, de acuerdo a las consideraciones expuestas
en esta providencia.
Segundo:
REVOCAR
la sentencia del 22 de enero de 2001, en relación con la tutelante María Dolly
Vanegas Hernández, y la sentencia del 2 de marzo de 2001, respecto de la
demandante Beatriz Eugenia Revillas Gallego, ambas providencias proferidas por
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Tercero: DECLARAR sin valor ni efecto jurídico las
Resoluciones Nos. 542 del 5 de abril y 742 del 10 de mayo de 2000, expedidas
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y por lo
tanto, ORDENAR a la citada entidad proceder a resolver el recurso de apelación
formulado contra la Resolución No. 125 del 2 de agosto de 1999, de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, de acuerdo
a lo expuesto en esta providencia.
Cuarto:
LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Ponente
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Beatriz
Eugenia Revillas Gallego concurso para los cargos de: Oficial Mayor o
Sustanciador de Juzgados de Circuito y Equivalente Grado Nominado (obtuvo:
555.06 Puntos) , y Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgados de Circuito y
Equivalente Grado 11 (obtuvo: 665.91 Puntos). María Dolly Vanegas
Hernández concurso para ser admitida en el cargo de Citador Juzgado
Municipal y Territorial Grado 03 (obtuvo: 677.17 Puntos). Luz Marina
Carvajal Villa se presentó para los siguientes cargos: Escribiente de
Tribunal Grado 09 (obtuvo: 510.70 Puntos), Escribiente de Tribunal Grado 08
(obtuvo: 561.25 Puntos), Escribiente de Tribunal Grado 05 (Obtuvo: 533.98
Puntos), Escribiente de Juzgado de Circuito y Equivalentes Nominado (obtuvo:
447.54 Puntos), Escribiente de Juzgado de Circuito y Equivalente Grado 07
(obtuvo: 513.25 Puntos), Escribiente de Juzgado de Circuito y Equivalente Grado
06 (obtuvo: 514.48 Puntos), Escribiente de Juzgado Municipal y Territorial
Nominado (obtuvo: 524.92 Puntos), y Escribiente de Juzgado Municipal y
Territorial Grado 06 (obtuvo: 536.22 Puntos).
[2] María Dolly
Vanegas Hernández concurso para ser admitida en el cargo de Citador
Juzgado Municipal y Territorial Grado 03 (obtuvo: 677.17 Puntos, en la
reposición se adjudicó: 686 Puntos).
[3] Luz Marina
Carvajal Villa se presentó para los siguientes cargos: Escribiente de
Tribunal Grado 09 (obtuvo 510.70 Puntos, sin que en  la reposición se haya
modificado el puntaje), Escribiente de Tribunal Grado 08 (obtuvo 561.25 Puntos,
sin que en la reposición se haya modificado el puntaje), Escribiente de
Tribunal Grado 05 (obtuvo 533.98 Puntos, sin que en la reposición se haya
modificado el puntaje), Escribiente de Juzgado de Circuito y Equivalentes
Nominado (obtuvo 447.54 Puntos, en la reposición se adjudicó: 468.54 puntos),
Escribiente de Juzgado de Circuito y Equivalente Grado 07 (obtuvo 513.25
Puntos, sin que en la reposición se haya modificado el puntaje), Escribiente de
Juzgado de Circuito y Equivalente Grado 06 (514.48 Puntos, sin que en la reposición
se haya modificado el puntaje), Escribiente de Juzgado Municipal y Territorial
Nominado (524.92 Puntos, sin que en la reposición se haya modificado el
puntaje), y Escribiente de Juzgado Municipal y Territorial Grado 06 (536.22
Puntos, sin que en la reposición se haya modificado el puntaje).
[4] De esta manera: Beatriz
Eugenia Revillas Gallego quien concurso para los cargos de: Oficial
Mayor o Sustanciador de Juzgados de Circuito y Equivalente Grado Nominado (De:
555.06 Puntos. Paso a: 488.39 Puntos) , y Oficial Mayor o Sustanciador de
Juzgados de Circuito y Equivalente Grado 11 (De: 665.91 Puntos.  Paso a: 599.24
Puntos). María Dolly Vanegas Hernández quien concurso para ser
admitida en el cargo de Citador Juzgado Municipal y Territorial Grado 03 (De:
677.17 Puntos, en la reposición se adjudicó: 686 Puntos, y en la apelación se
otorgó: 613.84 Puntos). Luz Marina Carvajal Villa quien se
presentó para los siguientes cargos: Escribiente de Tribunal Grado 09 (De: 510.70
Puntos. Paso a: 454.23), Escribiente de Tribunal Grado 08 (De: 561.25 Puntos.
Paso a: 504.78), Escribiente de Tribunal Grado 05 (De: 533.98 Puntos. Paso a:
477.51), Escribiente de Juzgado de Circuito y Equivalentes Nominado (De: 447.54
Puntos, en la reposición se adjudicó: 468.54 puntos, y en la apelación se
otorgó: 504.07 Puntos), Escribiente de Juzgado de Circuito y Equivalente Grado
07 (De: 513.25 Puntos. Paso a: 466.78 Puntos), Escribiente de Juzgado de
Circuito y Equivalente Grado 06 (De: 514.48 Puntos. Paso a: 478.01),
Escribiente de Juzgado Municipal y Territorial Nominado (De: 524.92 Puntos.
Paso a: 468.45), y Escribiente de Juzgado Municipal y Territorial Grado 06 (De:
536.22 Puntos. Paso a: 479.75).
[5] No obstante que la
acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el Juzgado 16 Penal del
Circuito de Medellín, y en consecuencia la segunda instancia debía surtirse
ante el Tribunal Superior de Medellín, este último se declaró incompetente por
ser la demandada una entidad del orden nacional con sede en Bogotá - Consejo
Superior de la Judicatura - y propuso colisión negativa de competencias al
Tribunal Superior de Bogotá, quien en últimas decidió asumir la competencia
para resolver el recurso en esta tutela.
[6] Igual doctrina se
encuentra en las sentencias: T – 203/93, T – 483/93, T – 016/95.
[7] Corte
Constitucional. Sentencia T-383 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[8] Sentencia T-388 de
1998. M.P. Fabio Morón Díaz.
[9] Sentencia C-543 de
1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[10] Sentencia SU-961 de
1999.M.P.Vladimiro Naranjo Mesa. Subrayado por fuera del texto original.
[11] Ibídem.
[12] Artículo 125 de la
Carta Fundamental: “ Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los
funcionarios, cuyos sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso
a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar
los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará:
por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o
la ley...”
[13] Acto Legislativo
Nº1 de 1945. Artículo 62: “El artículo 155 de la Constitución quedará así: La
ley establecerá la carrera judicial y reglamentará los sistemas de concurso
para la selección de los candidatos que hayan de desempeñar cargos judiciales y
los del ministerio público...”.
[14] Confrontar, entre otras, la Sentencia C-563 de 2000. M.P. Fabio
Morón Díaz.
[15] Sentencia SU-133 de
1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[16] El citado mandato
constitucional es desarrollado por los artículos 85 y 101 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia.
[17] Sentencia T-256 de
1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[18] Al respecto se
destaca la sentencia T-576 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz.
[19] Sentencia SU-961 de
1999. M.P. Vladimiro Naranjo mesa.
[20] Para la Corte, por
ejemplo, el desconocimiento del primer puesto en el concurso para elegir al
funcionario, es contrario al debido proceso, al trabajo y al derecho de acceso
a cargos y funciones públicas. Cfr. Sentencia SU-961 de 1999 y SU-133 de 1998.
[21] Confrontar
artículos 49 a 61 del C.C.A. De acuerdo con el artículo 51 del Código
Contencioso Administrativo, la apelación es el único recurso obligatorio para
agotar la vía gubernativa, y  poder acceder a la jurisdicción.
[22] Por ejemplo, como
regla general se conceden recursos para la totalidad de los actos
administrativos en el agotamiento de la vía gubernativa, salvo para los actos
de carácter general, los de trámite, preparatorios o de ejecución, a menos que
la ley disponga otra cosa (artículo 49 del C.C.A). Mientras que la institución jurídica
de la revocatoria directa es procedente frente a  cualquier tipo de acto
(artículo 69 del C.C.A).
[23] Sentencia C-095 de
1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[24] Sentencia C-742 de
1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[25] Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 23 de Noviembre de
1992. M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
[26] En este sentido
expresa el artículo 70 del C.C.A: “No podrá pedirse la revocación directa de
los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya
ejercitado los recursos de la vía gubernativa”.
[27] Entre otras, pueden
verse las sentencias T-365 de 1998, T-172 de 1998, T-469 de 1998, T-240 de
1998, T-242 de 1993.
[28] Sentencia T-172 de
1998. M.P Fabio Morón Díaz
[29] Sentencia T-1175 de 2000. M.P. Alejandro Martínez.
Subrayado por fuera del texto original.
[30] Sentencia T-220 de
1994. M.P. Eduardo Cifuentes.  Subrayado por fuera
del texto original.
[31] Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda (M.P. Joaquín Vanín), 19
de marzo de 1987. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 10 de noviembre de 2000. M.P. Alier Hernández.
Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 17 de abril de 2001. M.P. Manuel
Ardila Velázquez. Corte Constitucional. Sentencias C-405 de 1995, T-419 de 1992
y T-233 de 1995.
[32] Sentencia T-533 de
2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[33] Sentencia. T-576 de
1993. M.P. Jorge Arango Mejía.
[34] Sentencia C-214 de
1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[35] Sentencia T-567 de
1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[36] Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 13 de abril de 2000.
M.P. Olga Inés Navarrete. Subrayado por fuera del texto original.
[37]  Sentencia T-393 de
2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[38] Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 13 de abril de 2001.
M.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Subrayado por fuera del texto original.
[39] Sentencia T-315 de
1996. M.P. Jorge Arango Mejía.
[40] Sentencia T-875 de
2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[41] Sentencia T-345 de
1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. También se puede consultar, entre otras, la
sentencia T-538 de 1994.
[42] En el citado punto
(2.4.1), en relación con Luz Marina Carvajal Villa, se determinó por esta Sala
que: “...es impredicable la procedencia de la acción de tutela, por la
aplicación de la regla de la “inmediatez”, hecho por el cual esta Sala
confirmará la Sentencia del 17 de abril de 2001 de la Sala de Casación Civil y
Agraria de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual revoca el fallo de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Antioquia, y en su lugar deniega el
amparo solicitado...”
[43] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[44] Los puntajes de las
demandantes luego de revocados parcialmente los actos administrativos que
fueron materia del recurso de apelación, son:  Beatriz Eugenia Revillas
Gallego quien concurso para los cargos de: Oficial Mayor o Sustanciador
de Juzgados de Circuito y Equivalente Grado Nominado (De: 555.06 Puntos. Paso
a: 488.39 Puntos) , y Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgados de Circuito y
Equivalente Grado 11 (De: 665.91 Puntos.  Paso a: 599.24 Puntos). María
Dolly Vanegas Hernández quien concurso para ser admitida en el cargo de
Citador Juzgado Municipal y Territorial Grado 03 (De: 677.17 Puntos, en la
reposición se adjudicó: 686 Puntos, y en la apelación se otorgó: 613.84
Puntos).
[45] En las
comunicaciones mediante las cuales la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura dio respuesta a las acciones de tutela, y que reposan en cada
uno de los expedientes que se revisan en esta Sentencia, manifestó dicha
entidad que:”...Ahora bien, para el caso de las impugnaciones recibidas de
la Seccional de Antioquia, se encontró que en múltiples casos se había valorado
de oficio la experiencia de los servidores judiciales que participaban en el
concurso hasta el 28 de julio de 1996, sin que se encontrara en los respectivos
expedientes documentos que acreditaran que en dicha fecha se hubiera realizado
la correspondiente solicitud, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 90 de
1996 y sin que estos concursantes hubieran diligenciado el formato de
actualización que esa Seccional había diseñado al efecto; valga la pena
resaltar, en los casos en que dicho formato fue allegado a est Sala, en vía
gubernativa, valoró la experiencia adicional hasta la respectiva fecha de
corte....En consecuencia, si bien el artículo 10 del C.C.A. consagra que no
puede exigirse copia de los documentos que reposen en los archivos de la
entidad, tal disposición no puede confundirse con la obligación impuesta por el
reglamento, según el cual para el concurso en mención se requería al menos la
manifestación escrita del concursante de su interés por actualizar su
inscripción, conforme a los precisos términos del artículo segundo del Acuerdo
No. 90...”.