C-467-97
Sentencia C-467/97
Sentencia
C-467/97
INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES-Finalidad
La presente ley
aprueba diversos instrumentos internacionales para fortalecer la protección de
los bienes culturales en situaciones de conflicto armado. Estos instrumentos
pretenden evitar estragos innecesarios en los conflictos armados, mediante la
aplicación de normas y de mecanismos de protección, que eviten daños en los
bienes culturales, la finalidad de estos instrumentos internacionales armoniza
claramente con la Constitución pues es una expresión de los principios y reglas
propios del derecho internacional humanitario,los cuales, conforme lo establece
la Carta, deben respetarse en todo caso.
CONVENCION
INTERNACIONAL-Ambito de
aplicación/CONVENCION INTERNACIONAL-Conflictos armados internos
Según los
artículos 18 y 19 de la Convención, sus normas no sólo se aplican en los casos
de guerras internacionales sino también en los eventos de conflictos armados
internos, las partes enfrentadas  en un conflicto interno se encuentran
obligadas a respetar las normas humanitarias relativas a la conducción de las
hostilidades  y a la protección de los bienes que no tienen carácter militar.
Además, esas normas no erosionan la soberanía del Estado colombiano puesto que,
al igual que sucede con el Protocolo II, la aplicación de las disposiciones de
la presente Convención no modifican el estatuto jurídico de las partes en
conflicto, lo cual significa que los alzados en armas no adquieren el status de
beligerantes por la mera aplicación de las normas humanitarias, y siguen
entonces sometidos al ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado.
INMUNIDAD DE
BIENES CULTURALES
Los bienes
culturales y las personas que tienen su custodia gozan que inmunidad ya que no
pueden ser objeto de ataque militar, norma que se debe interpretar de
conformidad al principio de proporcionalidad, según el cual, las partes deben
en todo caso evitar los males superfluos o innecesarios, por lo cual las
anteriores obligaciones de respeto a los bienes culturales, sólo pueden dejarse
de cumplir cuando existan necesidades militares imperiosas.La inmunidad de los
bienes culturales no legitima a ninguna de las partes a utilizarlos como escudo
para su defensa, pues en tal caso, esa parte estaría incurriendo en un acto de
perfidia, que se no sólo se encuentra proscrito por las reglas del derecho
internacional humanitario sino que, además, pondría en amenaza la existencia
misma de los bienes culturales.
PROTOCOLO
INTERNACIONAL-Protección
de bienes culturales en situaciones de conflicto armado/PROTOCOLO
INTERNACIONAL-Armonización con la Constitución
El Protocolo
amplia los deberes de los Estados en relación con los bienes culturales, pues no
sólo deben abstenerse de destruirlos, sino que tampoco es legítimo que se
apropien de las riquezas culturales de su enemigo. Por ello se prohibe la
exportación de bienes culturales desde territorios ocupados durante un
conflicto armado. Todas
las obligaciones para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado armonizan claramente con la Constitución pues, son una
expresión del principio de distinción que gobierna el derecho internacional
humanitario y, en virtud del cual las partes en conflicto deben siempre
diferenciar entre combatientes y no combatien­tes, y entre objetivos militares
y no militares, de tal manera que sus acciones no pueden afectar a aquellas
personas o a aquellos bienes que no contribuyen a la dinámica de la guerra.
Además, en el caso de los bienes culturales, el sustento constitucional es
todavía más claro, pues la Carta señala que el Estado debe proteger las
riquezas culturales y el patrimonio cultural de la Nación.
MECANISMOS
ESPECIALES DE PROTECCION Y TRANSPORTE-Salvaguardia de los bienes culturales en situaciones
de conflicto armado
Los mecanismos
especiales de protección y transporte en manera alguna violan la Constitución,
puesto que son simplemente instrumentos para lograr una salvaguardia efectiva
de los bienes culturales en las situaciones de conflicto armados. Además, las
exigencias que se establecen a los Estados son razonables, pues de no ser
cumplidas, las necesidades de la guerra harían muy difícil asegurar la
inmunidad de los bienes culturales. En efecto, no es posible olvidar que el
derecho internacional humanitario, que parte del doloroso reconocimiento de la
existencia de conflictos bélicos, busca un difícil equilibrio  entre la lógica
de la guerra y las razones humanitarias, por lo cual la protección de los
bienes culturales debe hacerse dentro del marco de las propias necesidades de
la guerra, así como los operativos bélicos deben adelantarse dentro de los espacios
normativos delimitados por el derechos humanitario.
DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO-Mecanismos
de mediación y verificación
Los acuerdos
especiales de derecho humanitario, los mecanismos internacionales de
verificación del cumplimiento de las normas humanitarias, como la llamada
Comisión Internacional de Encuesta la institución de las Potencias protectoras
y sus sustitutos, y la existencia de instancias de mediación entre las partes
enfrentadas en un conflicto bélico, se ajustan perfectamente a la Carta y son
aplicables también en los conflictos armados internos que se desarrollen en el
territorio colombiano[1].
En efecto, esos mecanismos, como no sólo no representan un riesgo para la
soberanía del Estado colombiano, sino que, además, las gestiones de estas
entidades puede ser fundamental para que el derecho internacional humanitario
tenga eficacia práctica y no simplemente una validez normativa. En efecto, la
experiencia internacional enseña que la participación de estas instituciones en
tareas de verificación sobre el cumplimiento efectivo de las normas
humanitarias puede Potenciar no sólo la humanización de los conflictos armados
sino también favorecer la búsqueda de la paz.
CONVENIO DE
DERECHO HUMANITARIO-Deber
de divulgación/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas de derecho
humanitario
No sólo este
tratado sino todos los convenios de derechos humanitario confieren especial
trascendencia a la labor de divulgación de las normas humanitarias, no sólo
entre las partes enfrentadas sino también entre la población civil, para que
esta última conozca sus derechos frente al conflicto armado. Además, en la
medida en que las normas humanitarias hacen parte del bloque de
constitucionalidad, se debe entender no sólo que el Estado debe divulgarlas
sino que su estudio es obligatorio en las instituciones educativas. En
particular, la Corte encuentra indispensable el conocimiento por parte de los
miembros de la Fuerza Pública  de las normas humanitarias, no sólo por ser
ellos naturales destinatarios de esta normatividad sino, además, porque la
propia Constitución señala que se les deberá impartir la enseñanza de los
derechos humanos.
Referencia:
Expediente L.A.T.-096
Revisión
constitucional de “Convención para la protección de los bienes culturales en
caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención”
y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos
cincuenta y cuatro 1954 y de la Ley aprobatoria No 340 del 26 de diciembre de
1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
Tema:
Protección de bienes
culturales en situaciones de conflicto armado.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
D.C., veinticinco (25) de  septiembre de mil novecientos noventa y siete
(1997).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Antonio
Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo
Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
De la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia auténtica de la
Ley No 340 del 26 de diciembre de 1996, "por medio de la cual se aprueban
la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”,
firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro 1954”,
proceso que fue radicado con el No L.A.T.-096. Cumplidos, como están, los
trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede
la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
II. TEXTO DE LA NORMA REVISADA
La ley bajo revisión
establece:
Ley No  340  26 DIC. 1996
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LA
“CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO
ARMADO”, EL “REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN” Y EL “PROTOCOLO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO”,
FIRMADOS EN LA HAYA EL 14 DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 1954”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
Vistos los textos
de la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado” el “Reglamento para la aplicación de la convención” y el
“Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y
cuatro 1954.
(Para ser
transcrito: se adjunta fotocopia de los textos íntegros de los instrumentos
internacionales mencionados, debidamente autenticados por la Jefe de la Oficina
Jurídica (E), del Ministerio de Relaciones Exteriores).
ACTA FINAL DE
LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES
EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, LA HAYA, 1954
La conferencia
convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Culturales, con objeto de preparar y aprobar una Convención para
la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado,  un
Reglamento para la Aplicación de dicha Convención, un Protocolo relativo a la
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado.
Se ha reunido en
La Haya por invitación del Gobierno de los Países Bajos desde el 21 de abril al
14 de mayo de 1954 y deliberando sobre proyectos preparados por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La conferencia ha
adoptado los textos siguientes:
La Convención de
La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
y el Reglamento para la Aplicación de dicha Convención, y un Protocolo para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.
Esa Convención,
ese Reglamento y ese Protocolo, cuyos textos han sido redactados en español,
francés, inglés y ruso, aparecen anexos a la presente Acta.
La Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura realizará la
traducción de estos textos en las otras lenguas oficiales de su Conferencia
General.
La conferencia ha
adoptado además tres Resoluciones, igualmente anexas a la presente Acta.
En fe de lo cual,
los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han
firmado la presente Acta Final.
Otorgada en La
Haya, el 14 de mayo de 1954, en español, francés, inglés y ruso. El original y
los documentos que la acompañan serán depositados en los archivos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
CONVENCIÓN
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO.
Las Altas Partes
Contratantes,
Reconociendo que
los bienes culturales han sufrido graves daños en el curso de los últimos
conflictos armados y que, como consecuencia del desarrollo de la técnica de la
guerra, están cada vez más amenazados de destrucción;
Convencidas de
que los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier
pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad,
puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial;
Considerando que
la conservación del patrimonio cultural presenta una gran importancia para
todos los pueblos del mundo y que conviene que ese patrimonio tengan una
protección internacional;
Inspirándose en
los principios relativos a la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, proclamados en las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907
y en el pacto de Washington del 15 de abril de 1935;
Considerando que
esta protección no puede ser eficaz a menos que se organice en tiempo de paz,
adoptando medidas tanto en la esfera nacional como en la internacional;
Resueltas a
adoptar todas las disposiciones posibles para proteger los bienes culturales;
Han convenido en
las disposiciones siguientes:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCION
ARTICULO 1º
Definición de los Bienes Culturales
Para los fines de
la presente Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que sea
su origen y propietario:
a)
Los bienes, muebles, o inmuebles que tengan una gran
importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los
monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los
campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan
un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y
otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las
colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o
de reproducciones de los bienes antes definidos;
b)
Los edificios cuyo destino
principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles
definidos en el apartado a), tales como los museos, las grandes bibliotecas,
los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso
de conflictos armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a);
c)
Los centros que comprendan un número considerable de
bienes culturales definidos en los apartados a) y b), que se denominarán “centros
monumentales”.
ARTICULO 2º
Protección de los Bienes Culturales
La protección de
los bienes culturales, a los efectos de la presente Convención, entraña la
salvaguardia y el respeto de dichos bienes.
ARTICULO 3º
Salvaguardia de los Bienes Culturales
Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a preparar en tiempo de paz, la salvaguardia de los
bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos
previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que consideren
apropiadas.
ARTICULO 4º
Respeto a los Bienes Culturales
1.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
respetar los bienes situados tanto en su propio territorio como en el de las
otras Altas Partes Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas
de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer
dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y
absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes.
2.
Las obligaciones definidas en el párrafo 1º del
presente artículo no podrán dejar cumplirse más que en el caso de que una
necesidad militar impida de manera imperativa su cumplimiento.
3.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen además a
prohibir, a impedir y a hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de robo,
de pillaje, de ocultación apropiación de bienes culturales, bajo cualquier
forma que se practique, así como todos los actos de vandalismo respecto de
dichos bienes. Se comprometen también a no requisar bienes culturales muebles
situados en el territorio de otra Alta Parte Contratante.
4.
Aceptan el compromiso de no tomar medidas de
represalia contra los bienes culturales.
5.
Ninguna de las Altas Partes Contratantes puede
desligarse de las obligaciones estipuladas en el presente artículo, con
respecto a otra Alta Parte Contratante, pretextando que esta última no hubiera
aplicado las medidas de salvaguardia establecidas en el artículo 3º.
ARTICULO 5º
Ocupación
1.
Las Altas Partes Contratantes que ocupen total o
parcialmente el territorio de otra Alta Parte Contratante deben en la medida de
lo posible, prestar su apoyo a las autoridades nacionales competentes del
territorio ocupado a fin de asegurar la salvaguardia y la conservación de los
bienes culturales de ésta.
2.
Si para la conservación de los bienes culturales
situados en el territorio ocupado que hubiesen sido damnificados en el curso de
operaciones militares, fuera precisa una intervención urgente y las autoridades
nacionales competentes no pudieran encargarse de ella, la Potencia ocupante
adoptará, con la mayor amplitud posible y en estrecha colaboración con esas
autoridades, las medidas más necesarias de conservación.
3.
Cada Altas Parte Contratante cuyo Gobierno sea
considerado por los miembros de un movimiento de resistencia como su Gobierno
legítimo, señalará a éstos, si ello es hacedero, la obligación de observar las
disposiciones de esta Convención relativas al respeto de los bienes culturales.
ARTICULO 6º
Identificación de los Bienes Culturales
De acuerdo con lo
que establece el artículo 16, los bienes culturales podrán ostentar un emblema
que facilite su identificación.
ARTICULO 7º
Deberes de Carácter Militar
1.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
introducir en tiempo de paz en los reglamentos u ordenanzas para uso de sus
tropas, disposiciones encaminadas a asegurar la observancia de la presente
Convención y a inculcar en el personal de sus fuerzas armadas un espíritu de
respeto a la cultura y a los bienes culturales de todos los pueblos.
2.
Se comprometen asimismo a preparar o establecer en
tiempo de paz y en el seno sus unidades militares, servicios o personal
especializado cuya misión consista en velar por el respeto a los bienes
culturales y colaborar con las autoridades civiles encargadas de la salvaguarda
de dichos bienes.
CAPITULO II
DE LA PROTECCION ESPECIAL
ARTICULO 8º
Concesión de la Protección Especial
1.
Podrán colocarse bajo protección especial un número
restringido de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en
caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros bienes culturales
inmuebles de importancia muy grande, a condición que:
a) Se encuentren
a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier objetivo
militar importante considerado como punto sensible, como por ejemplo un
aeródromo, una estación de radio, un establecimiento destinado a trabajos de
defensa nacional, un puerto o una estación ferroviaria de cierta importancia o
una gran línea de comunicaciones;
b) No sean utilizadas para fines militares.
2.
Puede asimismo colocarse bajo protección especial todo
refugio para bienes culturales muebles, cualquiera que sea su situación,
siempre que esté construido de tal manera que según todas las probabilidades no
haya de sufrir daños como consecuencia de bombardeos.
3.
Se considerará que un centro monumental está siendo
utilizado para fines militares cuando se emplee para el transporte de personal
o material militares, aunque sólo se trate de simple tránsito, así como cuando
se realicen dentro de dicho centro actividades directamente relacionadas con
las operaciones militares, el acantonamiento de tropas o la producción de
material de guerra.
4.
No se considerará como utilización para fines
militares la custodia de uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo
1º por guardas armados, especialmente habilitados para dicho fin, ni la
presencia cerca de ese bien cultural de fuerzas de policía normalmente
encargadas de asegurar el orden público.
5.
Si uno de los bienes culturales enumerados en el
párrafo 1º del presente artículo está situado cerca de un objetivo militar
importante en el sentido de ese párrafo, se le podrá colocar bajo protección
especial siempre que la Alta Parte Contratante que lo pida se comprometa a no
hacer uso ninguno en caso de conflicto armado del objetivo en cuestión, y
especialmente, si se tratase de un puerto, de una estación ferroviaria de un
aeródromo, a desviar del mismo todo tráfico. En tal caso, la desviación debe
prepararse en tiempo de paz.
6.
La protección especial se concederá a los bienes
culturales mediante su inscripción en el “Registro Internacional de Bienes
Culturales bajo protección especial”. Esta inscripción no podrá efectuarse más
que conforme a las disposiciones de la presente Convención y en las condiciones
previstas en el Reglamento para su aplicación.
ARTICULO 9º
Inmunidad de los Bienes Culturales Bajo
Protección Especial
Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a garantizar la inmunidad de los bienes culturales
bajo protección especial absteniéndose, desde el momento de la inscripción en
el Registro Internacional, de cualquier acto de hostilidad respecto a ellos
salvo lo establecido en el párrafo 5º del artículo 8º y de toda utilización de
dichos bienes de sus proximidades inmediatas con fines militares.
ARTICULO 10
Señalamiento y vigilancia
En el curso de un
conflicto armado, los bienes culturales bajo protección especial deberán
ostentar el emblema descrito en el artículo 16 y podrán ser objeto de
inspección y vigilancia internacional, del modo previsto en el Reglamento para la
aplicación de la Convención.
ARTICULO 11
Suspensión de la inmunidad
1.
Si una de las Altas Partes Contratantes cometiere, con
relación a un bien cultural bajo protección especial, una violación del
compromiso adquirido en virtud del artículo 9º, la Parte adversa queda
desligada, mientras la violación subsista, de su obligación de asegurar la
inmunidad de dicho bien. Sin embargo, siempre que le sea posible pedirá
previamente que cese dicha violación dentro de un plazo razonable.
2.
A reserva de lo establecido en el párrafo 1º del
presente artículo, sólo podrá suspenderse la inmunidad de un bien cultural bajo
la protección especial en casos excepcionales de necesidad militar ineludible y
mientras subsista dicha necesidad. La necesidad no podrá ser determinada más
que por el jefe de una formación igual o superior en importancia a una
división. Siempre que las circunstancias lo permitan, la decisión de suspender
la inmunidad se notificará a la parte adversaria con una antelación razonable.
3.
La Parte que suspenda la inmunidad deberá en el plazo
más breve posible, notificarlo, por escrito, especificando las razones, al
Comisario General de Bienes Culturales previsto en el Reglamento para la
aplicación de la Convención.
CAPITULO III
DEL TRANSPORTE DE BIENES CULTURALES
ARTICULO 12
Transporte Bajo Protección Especial
1.
A petición de la Alta Parte Contratante interesada,
podrá efectuarse bajo protección especial el transporte exclusivamente
destinado al traslado de bienes culturales, tanto en el interior de un
territorio como en dirección a otro, en las condiciones previstas por el
Reglamento para la aplicación de la presente Convención.
2.
El transporte que sea objeto de protección especial se
efectuará bajo la inspección internacional prevista en el Reglamento para la
aplicación de la presente Convención, y los convoyes ostentarán el emblema
descrito en el artículo 16.
3.
Las Altas Partes Contratantes se abstendrán de todo
acto de hostilidad contra un transporte efectuado bajo protección especial.
ARTICULO 13
Transporte en casos de urgencia
1.
Si una de las Altas Partes Contratantes considerase
que la seguridad de determinados bienes culturales exige su traslado y que no
puede aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 12 por existir una
situación de urgencia, especialmente al estallar un conflicto armado, se podrá
utilizar en el transporte el emblema descrito en el artículo 16, a menos que
previamente se haya formulado la petición de inmunidad prevista en el
artículo12 y haya sido rechazada. Dentro de lo posible, el traslado deberá ser
notificado a las partes adversarias. Sin embargo, en el transporte al
territorio de otro país no se podrá en ningún caso utilizar el emblema a menos
que se haya concedido expresamente la inmunidad.
2.
Las Altas Partes Contratantes tomarán en la medida de
sus posibilidades, las precauciones necesarias para que los transportes
amparados por el emblema a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo
sean protegidos contra actos hostiles.
ARTICULO 14
Inmunidad de Embargo, de Captura y de Presa
1.
Se otorgará la inmunidad de embargo, de captura y de
presa a:
a) Los bienes
culturales que gocen de la protección prevista en el artículo 12 o de la que
prevé el artículo 13.
b) Los medios de transporte dedicados
exclusivamente al traslado de dichos bienes.
2.
En el presente artículo no hay limitación alguna al
derecho de visita y de vigilancia.
CAPITULO IV
DEL PERSONAL
ARTICULO 15
Personal
En interés de los
bienes culturales, se respetará en la medida en que sea compatible con las
exigencias de la seguridad, al personal encargado de la protección de aquellos,
si ese personal cayere en manos de la parte adversa se le permitirá que
continúe ejerciendo sus funciones, siempre que los bienes culturales a su cargo
hubieren caído también en manos de la parte adversaria.
CAPITULO V
DEL EMBLEMA
ARTICULO 16
Emblema de la Convención
1.
El emblema de la Convención consiste en un escudo en
punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco (el escudo contiene un
cuadrado azul ultramar, uno de cuyos vértices ocupa la parte inferior del
escudo, y un triángulo también azul ultramar en la parte superior; en los flancos
se hallan sendos triángulos blancos limitados por las áreas azul ultramar y los
bordes laterales del escudo).
2.
El emblema se empleará aislado o repetido tres veces
en formación de triángulo (un escudo en la parte inferior), de acuerdo con las
circunstancias enumeradas en el artículo 17.
ARTICULO 17
Uso del Emblema
1.
El emblema repetido tres veces sólo podrá emplearse
para identificar:
a)
Los bienes culturales inmuebles que gocen de
protección especial;
b)
Los transportes de bienes culturales
en las condiciones previstas en los artículos 12 y 13;
c)
Los refugios improvisados en las condiciones previstas
en el Reglamento para la aplicación de la Convención.
2.
El emblema aislado sólo podrá emplearse para definir:
a)
Los bienes culturales que no gozan de protección
especial;
b)
Las personas encargadas de
las funciones de vigilancia, según las disposiciones del Reglamento para la
aplicación de la Convención;
c)
El personal perteneciente a los servicios de
protección de los bienes culturales;
d)
Las tarjetas de identidad
prevista en el Reglamento de aplicación de la Convención.
3.
En caso de conflicto armado queda prohibido el empleo
del emblema en otros casos que no sean los mencionados en los párrafos
precedentes del presente artículo, queda también prohibido utilizar para
cualquier fin un emblema parecido al de la Convención.
4.
No podrá utilizarse el emblema para la identificación
de un bien cultural inmueble mas que cuando vaya acompañado de una
autorización, fechada y firmada de la autoridad competente de la Alta Parte
Contratante.
CAPITULO VI
CAMPO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCION
ARTICULO 18
Aplicación de la Convención
1.
Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor
en tiempo de paz, la presente Convención se aplicará en caso de guerra
declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o más
de las Altas Partes Contratantes, aun cuando alguna de ellas no reconozca el
estado de guerra.
2.
La Convención se aplicará igualmente en todos los
casos de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta Parte
Contratante, aun cuando esa ocupación no encuentre ninguna resistencia militar.
3.
Las Potencias Partes en la presente Convención
quedarán obligadas por la misma, aun cuando una de las Potencias que
intervengan en el conflicto no sea Parte en la Convención. Estarán además
obligadas por la Convención con respecto a tal Potencia, siempre que ésta haya
declarado que acepta los principios de la Convención y en tanto los aplique.
ARTICULO 19
Conflictos de carácter no internacional
1.
En caso de conflicto armado que no tenga carácter
internacional y que haya surgido en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes, cada una de las partes en conflicto estará obligada a aplicar,
como mínimo, las disposiciones de esta Convención, relativa al respeto de los
bienes culturales.
2.
Las partes en conflicto procurarán poner en vigor,
mediante acuerdos especiales, todas las demás disposiciones de la presente
Convención o parte de ellas.
3.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura podrá ofrecer sus servicios a las partes en
conflicto.
4.
La aplicación  de las precedentes disposiciones no
producirán efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.
CAPITULO VII
DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCION
ARTICULO 20
Reglamento para la Aplicación
Las modalidades
de aplicación de la presente Convención quedan definidas en el Reglamento para
su aplicación, que forma parte integrante de la misma.
ARTICULO 21
Potencias Protectoras
Las disposiciones
de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación se llevarán a la
práctica con la cooperación de las Potencias protectoras encargadas de
salvaguardar los intereses de las partes en conflicto.
ARTICULO 22
Procedimiento de Conciliación
1.
Las Potencias protectoras interpondrán sus buenos
oficios, siempre que lo juzguen conveniente en interés de la salvaguardia de
los bienes culturales, y, en especial, si hay desacuerdo entre las partes en
conflicto sobre la aplicación o la interpretación de las disposiciones de la
presente Convención o del Reglamento para la aplicación de la misma.
2.
A este efecto, cada una de las Potencias protectoras
podrá, a petición de una de las partes o del Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
o por propia iniciativa, proponer a las partes en conflicto una reunión de sus
representantes, y en particular, de las autoridades encargadas de la protección
de los bienes culturales, que podrá celebrarse eventualmente en un territorio
neutral que resulte conveniente escoger al efecto. Las Partes en conflicto estarán
obligadas a poner en práctica las propuestas en reunión que se les hagan. Las
Potencias Protectoras propondrán a las partes en conflicto, para su aprobación
el nombre de una personalidad súbdito de una Potencia neutral, o, en su defecto
presentada por el Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicha personalidad será invitada a
participar en esa reunión en calidad de Presidente.
ARTICULO 23
Colaboración de la Unesco
1.
Las Altas Partes Contratantes podrán recurrir a la
ayuda técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura para organizar la protección de sus bienes culturales o en
relación con cualquier otro problema derivado del cumplimiento de la presente
Convención y del Reglamento para su aplicación. La Organización prestará su
ayuda dentro de los límites de su programa y de sus posibilidades.
2.
La Organización está autorizada para presentar por
propia iniciativa a las Altas Partes Contratantes proposiciones a este
respecto.
ARTICULO 24
Acuerdos Especiales
1.
Las Altas Partes Contratantes podrán concertar
acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que juzguen oportuno solventar por
separado.
2.
No se podrá concertar ningún acuerdo especial que
disminuya la protección ofrecida por la presente Convención a los bienes
culturales y al personal encargado de la salvaguardia de los mismos.
ARTICULO 25
Difusión de la Convención
Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en sus
respectivos países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado,
el texto de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación. En
especial, se comprometen a introducir su estudio en los programas de
instrucción militar, y de ser posible, en los de instrucción cívica, de tal
modo que los principios puedan ser conocidos por el conjunto de la población, y
en particular por las fuerzas armadas y el personal adscrito a la protección de
los bienes culturales.
ARTICULO 26
Traduciones e Informes
1.
Las Altas Partes Contratantes se comunicarán por
conducto del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, las traducciones oficiales de la presente
Convención y del Reglamento para la aplicación de la misma.
2.
Además, dirigirán al Director General, por lo menos
una vez cada cuatro años, informes en los que figuren los datos que estimen
oportunos sobre las medidas tomadas, preparadas o estudiadas por sus
respectivas administraciones para el cumplimiento de la presente Convención y
del Reglamento para la aplicación de la misma.
ARTICULO 27
Reuniones
1.
El Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá, con la aprobación del
Consejo Ejecutivo, convocar reuniones de representantes de las Altas Partes
Contratantes. Cuando lo solicite un quinto, por lo menos, de las Altas Partes
Contratantes tendrá la obligación de convocarlas.
2.
Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que le
confiera la presente Convenio o el Reglamento para su aplicación, la reunión
estará facultada para estudiar los problemas relativos a la interpretación o a
la aplicación de la Convención y de su Reglamento y formular las
recomendaciones pertinentes a ese propósito.
3.
Además, si se halla representada en la reunión la
mayoría de las Altas Partes Contratantes, se podrá proceder a la revisión de la
Convención o del Reglamento para su aplicación, con arreglo a las disposiciones
del artículo 39.
ARTICULO 28
Sanciones
Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a tomar, dentro del marco de su sistema de derecho
penal, todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones
penales o disciplinarias a las personas cualquiera que sea su nacionalidad, que
hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infracción de la presente
Convención.
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 29
Lenguas
1.
La presente Convención está redactada en español,
francés, inglés y ruso; los cuatro textos, son igualmente fidedignos.
2.
Las Organizaciones de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura se encargará de realizar las traducciones a
los demás idiomas oficiales de su Conferencia General.
ARTICULO 30
Firma
La presente
Convención llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y quedará abierta hasta el
31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a la Conferencia
reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954.
ARTICULO 31
Ratificación
1.
La presente Convención será sometida a la ratificación
de los Estados signatarios con arreglo a sus respectivos procedimientos
constitucionales.
2.
Los instrumentos de ratificación serán depositados
ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
ARTICULO 32
Adhesión
A partir de la
fecha de su  entrada en vigor, la presente Convención quedará abierta a la
adhesión de todos los Estados no signatarios a los que se hace referencia en el
artículo 29 (sic)[2], así como a cualquier otro Estado invitado
a adherirse a ella por el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión se efectuará
mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el Director General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
ARTICULO 33
Entrada en vigor
1.
La presente Convención entrará en vigor tres meses
después de haberse depositado cinco instrumentos de ratificación.
2.
Ulteriormente, la Convención entrará en vigor para
cada una de las demás Altas Partes Contratantes tres meses después de la fecha
en que hubieren depositado el respectivo instrumento de ratificación de
adhesión.
3.
Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19
determinarán que las ratificaciones y adhesiones, depositadas por las partes en
conflicto antes o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación,
surtan efecto inmediato. En esos casos, el Director General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura enviará, por
la vía más rápida las notificaciones previstas en el artículo 38.
ARTICULO 34
Aplicación
1.
Cada Estado Parte en la Convención en la fecha de su
entrada en vigor adoptará todas las medidas necesarias para que ésta sea
efectivamente aplicada en un plazo de seis meses.
2.
Para todos aquellos Estados que depositaren su
instrumento de ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en
vigor de la Convención, el plazo será de seis meses a contar desde la fecha del
depósito del instrumento de ratificación de adhesión.
ARTICULO 35
Extensión de la Convención a otros
territorios
Cualquiera de las
Altas Partes Contratantes podrá en el momento de la ratificación o de la
adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, declarar mediante notificación
dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, que la presente Convención se hará
extensiva al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones
internacionales sea responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses
después de la fecha de su recepción.
ARTICULO 36
Relación con las Convenciones anteriores
1.
En las relaciones entre las Potencias que estén
obligadas por las Convenciones de La Haya relativas a las leyes y uso de la
guerra terrestre (IV) y a los bombardeos por fuerzas navales en tiempo de
guerra (IX), ya se trate de las del 29 de julio de 1899 o de las del 18 de
octubre de 1907, y que sean partes de la presente Convención, esta última
completará la anterior Convención (IX) y el Reglamento anexo a la Convención
(IV) y se reemplazará el emblema descrito en el artículo 5º de la Convención
(IX) por el descrito en el artículo 16 de la presente Convención en los casos
en que ésta y el Reglamento para su aplicación, prevén el empleo de dicho
emblema.
2.
En las relaciones entre las Potencias que estén
obligadas por el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935 para la protección
de Instituciones Artísticas y Científicas y los Monumentos Históricos (Pacto
Roerich) y que sean también partes en la presente Convención, esta última
completará el Pacto Roerich y se reemplazará la bandera distintiva adscrita en
el artículo 3º del Pacto por el emblema descrito en el artículo 16 de la
presente Convención, en los casos en que ésta y el Reglamento para su
aplicación prevén el empleo de dicho emblema.
ARTICULO 37
Denuncia
1.
Cada una de las Altas partes contratantes podrá
denunciar la presente Convención en nombre propio o en el de los territorios de
cuyas relaciones internacionales sea responsable.
2.
Dicha denuncia se notificará mediante un instrumento
escrito que será depositado ante el Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
3.
La denuncia producirá efecto un año después del recibo
del instrumento correspondiente. Sin embargo, si al expirar el año, la Parte
denunciante se encuentra implicada en un conflicto armado, el efecto de la
denuncia quedará en suspenso hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso,
hasta que hayan terminado las operaciones de repatriación de los bienes
culturales.
ARTICULO 38
Notificaciones
El Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura informará a los Estados que se hace referencia en los artículos 30
y 32, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de
ratificación de adhesión o de aceptación previstos en los artículos 31, 32 y 39
y de las notificaciones y denuncias previstas respectivamente en los artículos
35, 37 y 39.
ARTICULO 39
Revisión de la convención y del reglamento
para su aplicación
1.
Cada una de las Altas Partes Contratantes puede
proponer modificaciones a la presente Convención y al Reglamento para su
aplicación. Cualquiera modificación así propuesta será transmitida al Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, quien la comunicará a cada una de las Altas Partes Contratantes
solicitando, al mismo tiempo, que éstas le hagan saber, dentro de un plazo de
cuatro meses.
a)
Si desean que se convoque una Conferencia para
discutir la modificación propuesta;
b)
Si, por el contrario,
favorecen la aceptación de la propuesta sin necesidad de Conferencia;
c)
Si rechazan la modificación propuesta sin necesidad de
Conferencia.
2.
El Director General transmitirá las respuestas
recibidas en cumplimiento del párrafo 1º del presente artículo a todas las
Altas Partes Contratantes.
3.
Si la totalidad de las Altas Partes Contratantes que
hayan respondido en el plazo previsto a la petición del Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
conforme al apartado b) del párrafo 1º del presente artículo, informan al
Director General que están de acuerdo en adoptar la modificación sin que se
reúna una conferencia, el Director General notificará dicha decisión según lo
dispuesto en el artículo 38. La modificación tendrá efecto, respecto a todas
las Altas Partes Contratantes, después de un plazo de noventa días a contar de
la fecha de dicha notificación.
4.
El Director General convocará una conferencia de las
Altas Partes Contratantes, a fin de estudiar la modificación propuesta, siempre
que la convocatoria de dicha Conferencia haya sido solicitada por más de un
tercio de las Altas Partes Contratantes.
5.
Las propuestas de modificaciones de la Convención y
del Reglamento para su aplicación que sean objeto del procedimiento establecido
en el párrafo precedente, sólo entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas
unánimemente por las Altas Partes Contratantes representadas en la conferencia,
y aceptadas por cada uno de los Estados Partes en la Convención.
6.
La aceptación por las Altas Partes Contratantes de las
modificaciones de la Convención o del Reglamento para su aplicación que hayan
sido adoptadas por la Conferencia prevista en los párrafos 4º y 5º, se
efectuarán mediante el depósito de un instrumento formal ante el Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
7.
Después de la entrada en vigor de las modificaciones
de la presente Convención o del Reglamento para su aplicación, únicamente el
texto así modificado de dicha Convención o del reglamento para su aplicación
quedará abierto a la ratificación o adhesión.
ARTICULO 40
Registro
En cumplimiento
del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención
será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del
Director General de la Organización de las Naciones para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
En fe de lo cual,
los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la presente Convención.
Hecha en la Haya
el 14 de mayo de 1954, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conformes a todos los
Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32, así como a las
Naciones Unidas.
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA
CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO
ARMADO
CAPITULO I
DE LA VIGILANCIA E INSPECCION
ARTICULO 1º
Lista internacional de personalidades
Desde el momento
de la entrada en vigor de la Convención, el Director General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura redactará una
lista internacional de personalidades aptas para desempeñar las funciones de
Comisario General de Bienes Culturales con los nombres de los candidatos
presentados por cada una de las Altas Partes Contratantes. Esta lista será
objeto de revisiones periódicas a iniciativa del Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
que tendrá en cuenta las peticiones de las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 2º
Organización de la vigilancia y la
inspección
Tan pronto como
una de las Altas Partes Contratantes participe en un conflicto armado al que se
aplique el artículo 18 de la Convención:
a)
Designará un representante para las cuestiones
relativas a los bienes culturales situados en su territorio; si esa Potencia
ocupa el territorio de otro país, deberá nombrar un representante especial para
las cuestiones relativas a los bienes culturales que se encuentren en él;
b)
La Potencia protectora de
cada Potencia adversaria de esa Alta Parte Contratante designará delegados ante
esta última, con arreglo a lo previsto en el artículo 3º del Reglamento;
c)
Se designará un Comisario General de Bienes Culturales
ante esa Alta Parte, con arreglo a la forma prevista en el artículo 4º del
Reglamento.
ARTICULO 3º
Designación de delegados de las Potencias
Protectoras
La Potencia
protectora escogerá sus delegados entre los miembros de su cuerpo diplomático o
consular o, previo asentimiento de la Parte ante la cual haya de estar
acreditados, entre otras personas.
ARTICULO 4º
Designación del Comisario General
1.
El Comisario General de Bienes Culturales será elegido
de común acuerdo por la Parte ante la cual haya de estar acreditado y por las
Potencias protectoras de las Partes adversarias, entre las personalidades que
figuren en la lista internacional.
2.
Si las Partes no llegasen a un acuerdo durante las
tres semanas siguientes a la apertura de sus conversaciones sobre dicho punto,
solicitarán del Presidente de la Corte Internacional de Justicia que designe el
Comisario General, quien no entrará en funciones hasta haber obtenido el placet
de la Parte ante la que hubiere de ejercer su misión.
ARTICULO 5º
Atribuciones de los delegados
Será función de
los delegados de las Potencias Protectoras comprobar las violaciones de la
Convención, investigar, con el consentimiento de la Parte ante la cual ejercen
su misión, las circunstancias en que se hayan producido, efectuar gestiones en
el lugar donde aquéllas hayan ocurrido para hacerlas cesar y, en caso
necesario, notificar tales violaciones al Comisario General. Los delegados
deberán tener informado a éste de sus actividades.
ARTICULO 6º
Atribuciones del Comisario General
1.
El Comisario General de Bienes Culturales tratará con
el representante de la Parte ante la cual esté acreditado y con los delegados
interesados las cuestiones que se le  hayan planteado respecto a la aplicación
de la Convención.
2.
Podrá tomar decisiones y hacer nombramiento en los
casos previstos en el presente Reglamento.
3.
Con la aquiescencia de la Parte ante la cual esté
acreditado, tendrá derecho a ordenar que se proceda a una investigación o a
realizarla personalmente.
4.
Hará ante las Partes en conflicto o ante sus Potencias
protectoras todas las gestiones que considere útiles para la aplicación de la
Convención.
5.
Preparará los informes necesarios sobre la aplicación
de la Convención y los comunicará a las Partes interesadas y a sus Potencias
protectoras. Remitirá copias al Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual sólo podrán
utilizar los datos técnicos.
6.
Cuando no haya Potencia protectora, el Comisario
General ejercerá las funciones atribuidas a la Potencia protectora por los
artículos 21 y 22 de la Convención.
ARTICULO 7º
Inspectores y expertos
1.
Siempre que el Comisario General de Bienes Culturales,
a petición de los delegados interesados o después de consultar con ellos, lo
juzgue necesario, propondrá a la Parte ante la cual esté acreditada el
nombramiento de una persona que, en calidad de inspector de bienes culturales
se encargará de una misión determinada. Estos inspectores no serán responsables
más que ante el Comisario General.
2.
El Comisario General, los delegados y los inspectores
podrán recurrir a los servicios de los expertos, que serán igualmente
propuestos a la aprobación de la Parte mencionada en el párrafo anterior.
ARTICULO 8º
Ejercicio de la misión de vigilancia
Los Comisarios
Generales de Bienes Culturales, los delegados de las Potencias protectoras, los
inspectores y los expertos no deberán excederse en ningún caso de los límites
de su misión. En especial, deberán tener en cuenta las necesidades de seguridad
de la Alta Parte Contratante  cerca de la cual ejercen sus funciones y, en toda
circunstancia, tener presentes las necesidades de la situación militar tal como
les hayan sido comunicadas por dicha Alta Parte Contratante.
ARTICULO 9º
Substitutos de las Potencias protectoras
Si una de las
Partes en conflicto no cuenta con los servicios de una Potencia protectora, o
deja de contar con ellos, podrá pedir a un Estado neutral que asuma las
funciones de Potencia protectora a los efectos de designar un Comisario General
de Bienes Culturales según el procedimiento previsto en el artículo 4º. El
Comisario General así designados podrá confiar a los inspectores las funciones
de delegados de las Potencias protectoras determinadas por el presente
Reglamento.
ARTICULO 10
Gastos
La remuneración y
los gastos del Comisario General de Bienes Culturales, de los inspectores y de
los expertos correrán a cargo de la Parte ante la cual estén acreditados; los
correspondientes a los delegados de las Potencias protectoras serán objeto de
un acuerdo entre esas Potencias y los Estados cuyos intereses protejan.
CAPITULO II
DE LA PROTECCION ESPECIAL
ARTICULO 11
Refugios improvisados
1.
Si en el curso de un conflicto armado una de las Altas
Partes Contratantes se viera obligada por circunstancias imprevistas a
construir un refugio improvisado y desea que se coloque bajo protección
especial, deberá comunicarlo inmediatamente al Comisario General ante ella
acreditado.
2.
Si el Comisario General opina que las circunstancias y
la importancia de los bienes culturales protegidos en ese refugio improvisado
justifican tal medida, podrá autorizar a la Alta Parte Contratante a colocar en
él el emblema descrito en el artículo 16 de la Convención. Deberá comunicar su
decisión inmediatamente a los delegados interesados de las Potencias
protectoras, cada uno de los cuales podrá, dentro de un plazo de 30 días,
ordenar la retirada inmediata del emblema.
3.
En cuanto dichos delegados hayan manifestado su
acuerdo o una vez transcurrido el plazo de 30 días sin que ninguno de los delegados
interesados haya manifestado su oposición, y si el refugio improvisado reúne,
en opinión del Comisario General, las condiciones previstas en el artículo 8º
de la Convención, el Comisario General solicitará del Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
la inscripción del refugio en el Registro de Bienes Culturales bajo protección
especial.
ARTICULO 12
Registro Internacional de Bienes Culturales
bajo Protección Especial
1.
Se establecerá un “Registro Internacional de Bienes
Culturales bajo Protección  Especial”.
2.
El Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se encargará de ese registro,
y remitirá duplicados del mismo al Secretario General de las Naciones Unidas
así como a las Altas Partes Contratantes.
3.
El registro estará dividido en secciones, cada una de
las cuales corresponderá a una de las Altas Partes Contratantes. Cada sección
se subdividirá en tres epígrafes, titulados respectivamente: refugios, centros
monumentales y otros bienes culturales inmuebles. Compete al Director General
decidir los datos que deban figurar en cada sección.
ARTICULO 13
Solicitudes de inscripción
1.
Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá pedir
al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción en el Registro de
determinados refugios, centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles
sitos (sic) en su territorio. Las peticiones contendrán indicaciones sobre el
emplazamiento de dichos bienes y certificará que éstos reúnan las condiciones
previstas en el artículo 8º de la Convención.
2.
En el caso de ocupación, la Potencia ocupante podrá
formular la petición de inscripción.
3.
El Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura enviará sin pérdida de tiempo
copia de las peticiones de inscripción a cada una de las Altas Partes
Contratantes.
ARTICULO 14
Oposición
1.
Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá
oponerse a la inscripción en el registro de un bien cultural, por carta
dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta carta deberá ser recibida por el
Director General, en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en que se
haya expedido la copia de la petición de inscripción.
2.
Tal oposición deberá ser motivada. Los únicos motivos
admisibles podrán ser:
a)
Que el bien que se trate no sea un bien cultural;
b)
Que no se cumplan las
condiciones mencionadas en el artículo 8º de la Convención.
3.
El Director General enviará sin demora copia de la
carta de la oposición a las Altas Partes Contratantes. En caso necesario,
solicitará el asesoramiento del Comité Internacional de Monumentos, lugares de
interés artístico e histórico y excavaciones arqueológicas, y además, si lo
juzgare conveniente, de cualquier otro organismo o personalidad calificados
para ello.
4.
El Director General o la Alta Parte Contratante que
haya pedido la inscripción podrán hacer todas las gestiones oportunas ante las
Altas Partes Contratantes que hayan formulado su oposición, para que desistan de
ella.
5.
Si una de las Altas Partes Contratantes que hubiese
solicitado en tiempo de paz la inscripción de un bien cultural en el registro
participase de un conflicto armado antes de haberse efectuado dicha
inscripción, el bien cultural de que se trate será inscrito inmediatamente por
el Director General en el registro, a título provisional, en espera de la
confirmación, desistimiento o anulación de cualquier procedimiento de oposición
que pudiera o hubiese podido ser iniciado.
6.
Si en un plazo de seis meses contados desde la fecha
en que recibió la carta de oposición, el Director General no recibe de la Alta
Parte Contratante que formuló la oposición una comunicación notificándole que
ha desistido de la misma, la Alta Parte Contratante que haya presentado la
petición de inscripción podrá recurrir al procedimiento de arbitraje previsto
en el párrafo siguiente.
7.
La petición de arbitraje deberá formularse a más
tardar, un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la
carta de oposición. Cada una de las dos Partes en controversia designará un
árbitro. En el caso de que una petición de inscripción hubiere sido objeto de
más de una oposición, las Altas Partes Contratantes que hubiesen formulado la
oposición designarán conjuntamente un árbitro. Los dos árbitros elegirán un
arbitro-presidente de la lista internacional de personalidades previstas en el
artículo primero del presente Reglamento, si los árbitros no pudiesen llegar a
ponerse de acuerdo para hacer esa elección, pedirán al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia que designe un árbitro-presidente, quien no será
necesario que figure en la lista internacional de personalidades. El tribunal
arbitral así formado fijará su propio procedimiento y sus decisiones serán
inapelables.
8.
Cada una de las Altas Partes Contratantes puede
declarar, en el momento en que se inicie una controversia en la cual sea ella
Parte, que no desea aplicar el procedimiento de arbitraje previsto en el
párrafo precedente. En ese caso, la oposición a la petición de inscripción se
someterá por el Director General de las Altas Partes Contratantes. Sólo se
mantendrá la oposición si las Altas Partes Contratantes lo deciden por una mayoría
de dos tercios de votantes. La votación se efectuará por correspondencia, a
menos que el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, juzgando indispensable la convocatoria de
una reunión en virtud de los poderes que le confiere el artículo 27 de la
Convención, procediese a convocarla. Si el Director General decide que se vote
por correspondencia invitará a las Altas Partes Contratantes a que le envíen su
voto bajo sobre sellado, en un plazo de seis meses a partir del día en que se
les hayan dirigido la invitación correspondiente.
ARTICULO 15
Inscripción
1.
El Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura hará inscribir en el
registro, bajo un número de orden, cada uno de los bienes con respecto a los
cuales se hubiese hecho una petición de inscripción, siempre que esa petición
no hubiese sido objeto de oposición en el plazo previsto en el párrafo primero
del artículo 14.
2.
En el caso de que se hubiera formulado una oposición,
y salvo lo dispuesto en el párrafo 5º del artículo 14, el Director General no
procederá a la inscripción del bien cultural en el registro más que si la
oposición ha sido retirada o si no hubiese sido confirmada después de los
procedimientos previstos en el párrafo 7º del artículo 14 o en el párrafo 8º
del mismo artículo.
3.
Siempre que sea aplicable el párrafo 3º del artículo
11, el Director General procederá a la inscripción, a requerimiento del
Comisario General de bienes Culturales.
4.
El Director General enviará sin demora al Secretario
General de las Naciones Unidas, a las Altas Partes Contratantes y, a petición
de la Parte que hubiese solicitado la inscripción, a todos los demás Estados a
que se refieren los artículos 30 y 32 de la Convención, copia certificada de
cada inscripción en el registro. La inscripción surtirá efecto treinta días
después de dicho envío.
ARTICULO 16
Cancelación
1.
El Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura cancelará la inscripción de
un bien cultural en el registro:
a)
A petición de la Alta Parte Contratante sobre cuyo
territorio se encuentre el bien cultural;
b)
Cuando la alta Parte
Contratante que hubiere solicitado la inscripción hubiese denunciado la
Convención, y a partir del momento en que surta efecto tal denuncia:
c)
En el caso especial previsto por el párrafo 5º del
artículo 14, cuando se haya confirmado una oposición, como consecuencia de los
procedimientos previstos en el párrafo 7º del artículo 14 o en el párrafo 8º
del mismo artículo.
2.
El Director General enviará sin demora al Secretario
General de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hubiesen recibido
copia de la inscripción, copia certificada de toda cancelación de inscripción.
La cancelación surtirá efecto a los treinta días del envío de la notificación.
CAPITULO III
DEL TRANSPORTE DE BIENES CULTURALES
ARTICULO 17
Procedimiento para obtener la inmunidad
1.
La petición a que se refiere el párrafo primero del
artículo 12 de la Convención deberá dirigirse al Comisario General de Bienes
Culturales. En ella se mencionarán las razones que la motiva, detallándose el
número aproximado y la importancia de los bienes culturales que hayan de ser
trasladados, el lugar donde se encuentren, el lugar adonde hayan de ser
trasladados, los medios de transportes, el itinerario proyectado, la fecha
propuesta para su traslado y cualquiera otros datos pertinentes.
2.
Si el Comisario General, después de haber recabado los
asesoramientos que considere oportunos, estima que el traslado está
justificado, consultará a los delegados interesados de las Potencias
protectoras sobre las medidas propuestas para la ejecución del mismo. Después
de dichas consultas, notificará el transporte a las Partes interesadas en el
conflicto, incluyendo en esa notificación todos los datos que puedan ser
útiles.
3.
El Comisario General designará uno o varios
inspectores, quienes cuidarán de que se trasladen sólo los objetos indicados en
la petición, de que el transporte se realice en la forma aprobada y de que se
utilice el emblema. El inspector o los inspectores acompañarán a los bienes
hasta el punto de destino.
ARTICULO 18
Traslados al extranjero
Todo traslado que
se efectúe bajo protección especial al territorio de otro país, quedará sujeto,
no sólo a las disposiciones del artículo 12 de la Convención y del artículo 17
del presente Reglamento, sino también a las normas siguientes:
a)
Durante la permanencia de los bienes culturales en el
territorio de otro Estado, éste será el depositario de los mismos y presentará
a dichos bienes iguales cuidados, por lo menos, que a sus propios bienes
culturales de importancia similar;
b)
El Estado depositario no
devolverá esos bienes más que una vez terminado el conflicto; esa devolución se
efectuará dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha en que se
pida;
c)
En los sucesivos traslados y durante su permanencia en
el territorio de otro Estado, esos bienes no podrán ser objeto de ninguna
medida de embargo y ni el depositante ni el depositario tendrán la facultad de
disponer de ellos. No obstante, cuando así lo exija la salvaguardia de esos
bienes, el depositario, previo asentimiento del depositante, podrá ordenar su
traslado al territorio de un tercer país, en las condiciones previstas en el
presente artículo;
d)
La petición de protección
especial deberá indicar que el Estado a cuyo territorio haya de efectuarse, el
traslado acepta las disposiciones del presente artículo.
ARTICULO 19
Territorio ocupado
Cuando una Alta
Parte Contratante que ocupe el territorio de otra Alta Parte Contratante
trasladare bienes culturales a un refugio situado en otro punto de este
territorio, sin poder observar el procedimiento previsto en el artículo 17 del
Reglamento, dicho traslado no se considerará como ocultación o apropiación en
el sentido del artículo 4º de la Convención, si el Comisario General certifica
por escrito, previa consulta con el personal normal de protección, que las
circunstancias hacen necesario ese traslado.
CAPITULO IV
DEL EMBLEMA
ARTICULO 20
Colocación del emblema
1.
La colocación del emblema y su grado de visibilidad
quedan a la apreciación de las autoridades competentes de cada una de las Altas
Partes Contratantes. El emblema podrá figurar en las banderas y en los
brazaletes. Podrá  estar pintado sobre un objeto o estar representado en el
mismo en cualquier otra forma apropiada.
2.
Sin embargo, en caso de conflicto armado, y sin
perjuicio de emplear eventualmente un sistema de señales más completo, el
emblema deberá colocarse de manera bien visible durante el día, tanto desde el
aire como en tierra, sobre los vehículos de los transportes previstos en los
artículos 12 y 13 de la Convención.
El emblema deberá
ser visible desde tierra:
a)
A intervalos regulares de distancia suficiente para
delimitar claramente el perímetro de un centro monumental bajo protección
especial;
b)
A la entrada de otros
bienes culturales inmuebles bajo protección especial.
ARTICULO 21
Identificación de personas
1.
Las personas a que se refieren los apartados b) y c)
párrafo segundo del artículo 17 de la Convención, podrán llevar un brazalete
con el emblema, expedido y sellado por las autoridades competentes.
2.
Serán portadores de una tarjeta especial de identidad
en la que figure el emblema. Esta tarjeta mencionará, por lo menos, el nombre y
apellidos, la fecha de nacimiento, el título o grado, y la función del
interesado. La tarjeta llevará una fotografía del titular del interesado. La
tarjeta llevará una fotografía del titular y su firma o sus huellas digitales,
o ambas cosas. Ostentará además el sello en seco de la autoridades competentes.
3.
Cada una de las Altas Partes Contratantes establecerá
su modelo de tarjeta de identidad, inspirándose para ello en el modelo anexo, a
título de ejemplo, al presente Reglamento. Las Altas Partes Contratantes se
comunicarán el modelo por ellas adoptado. A ser posible, de cada tarjeta de
identidad expedida se hará, por lo menos un duplicado, archivando uno de ellos
la Potencia responsable.
4.
No podrá privarse sin motivo justificado a las
personas mencionadas en este artículo de su tarjeta de identidad ni del derecho
a llevar el brazalete.
TARJETA DE
IDENTIDAD
para el personal
encargado de la protección de los bienes culturales
Apellidos
Nombre (s)
Fecha de
nacimiento
Título o grado
Función
es titular de la
presente tarjeta en virtud de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954,
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.
Fecha de
expedición de la tarjeta
Número de la
tarjeta
Reverso
Fotografía del
titular
Firma o huellas
digitales o ambas cosas
Sello en seco de
la autoridad que expida la tarjeta
Talla Ojos
Cabellos
Otras señales
personales
PROTOCOLO
Las Altas Partes
Contratantes han convenido lo siguiente:
1.  Cada una de las Altas Partes Contratantes se
comprometen a impedir la exportación de bienes culturales de un territorio
ocupado por ella durante un conflicto armado. Dichos bienes culturales se
encuentran definidos en el artículo primero de la Convención para la protección
de los bienes culturales en caso de conflicto armado, firmado en la Haya el 14
de mayo de 1954.
2.  Cada una de las Altas Partes Contratantes se
comprometen a colocar bajo secuestro los bienes culturales importados en su
territorio, que procedan directa o indirectamente  de cualquier territorio
ocupado. Este secuestro se declarará, bien de oficio en el momento de la
importación, o, en otro caso, a petición de las autoridades de dicho
territorio.
3.  Cada una de las Altas Partes Contratantes se
comprometen a devolver, al término de las hostilidades, a las autoridades
competentes del territorio anteriormente ocupado, los bienes culturales que se
encuentren en el suyo, si dichos bienes han sido exportados en contravención
del principio establecido en el párrafo primero. En ningún caso los bienes
culturales podrán retenerse a título de reparaciones de guerra.
4.  La Alta Parte Contratante que tuviera la obligación de
impedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado por ella,
deberá indemnizar a los poseedores de buena fe de los bienes culturales que
hayan de ser devueltos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente.
II
5.  Los bienes culturales procedentes del territorio de
una Alta Parte Contratante depositados por ella, a fin de protegerlos contra
los peligros de un conflicto armado, en el territorio de otra Alta Parte
Contratante, serán devueltos por ésta, al término de las hostilidades a las
autoridades competentes del territorio de procedencia.
III
6.  El presente Protocolo llevará la fecha del 14 de mayo
de 1954 y permanecerá abierto hasta la fecha del 31 de diciembre de 1954 a la
firma de todos los Estados invitados a la Conferencia reunida en La Haya del 21
de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954.
7.  a) El presente Protocolo será sometido a la
ratificación de los Estados signatarios, conforme a sus procedimientos
constitucionales respectivos;
b) Los instrumentos de ratificación se
depositarán ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
8.  A partir de la fecha de su entrada en vigor, el
presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados no
firmantes, a que se refiere el párrafo 6º, así como a la de cualquier otro
Estado invitado a adherirse al mismo por el Consejo Ejecutivo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La adhesión se verificará mediante el depósito de un instrumento de adhesión
ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
9.  Los Estados a los que hacen referencia los párrafos 6º
y 8º podrán, en el acto de la firma, de la ratificación o de la adhesión,
declarar que no se consideran ligados por las disposiciones de la Sección I o
por los de la Sección II del presente protocolo.
10. a) El presente Protocolo entrará en vigor
tres meses después de que hayan sido depositados cinco instrumentos de
ratificación;
b) Posteriormente, entrará en vigor para cada
Alta Parte Contratante tres meses después del depósito de su instrumento de
ratificación de adhesión;
c)  Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de
la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado, firmada en La Haya en 14 de mayo de 1954, darán inmediato efecto a las
ratificaciones y a las adhesiones depositadas por la Parte en conflicto antes o
después del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. El Director General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura comunicará estas ratificaciones o adhesiones por la vía más rápida.
11. a) Los Estados Partes en el Protocolo en la
fecha de su entrada en vigor, tomarán cada uno en aquello que le concierna,
todas las medidas requeridas para su aplicación efectiva en un plazo de seis
meses.
b) Ese plazo será de seis meses, contados a
partir del depósito del instrumento de ratificación  o de adhesión, para todos
los Estados que depositasen sus instrumentos de ratificación de adhesión
después de la fecha de entrada en vigor del Protocolo.
12. Toda Alta Parte Contratante podrá, en el
momento de la ratificación o de la adhesión o en cualquier momento posterior,
declarar por una notificación dirigida al Director General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que el
presente Protocolo se extenderá al conjunto o a uno cualquiera de los
territorios de cuyas relaciones internacionales sea ella responsable. Dicha
notificación producirá efecto tres meses después de la fecha de su recepción.
13. a) Cada una de las Altas Partes
Contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente Protocolo en nombre
propio o en el de cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea
responsable;
b) La denuncia se notificará por un
instrumento escrito depositado ante el Director General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
c)  La denuncia será efectiva un año después de la
recepción del instrumento de denuncias. Sin embargo, si en el momento de la
expiración de ese año la Parte denunciante se encontrase implicada en un
conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin
de las hostilidades y, en todo caso, mientras duren las operaciones de
repatriación de los bienes culturales.
14. El Director General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, informará a los
Estados a que hacen referencia los párrafos 6º y 8º, así como a la organización
de las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación,
de adhesión o de aceptación mencionados en los párrafos 7º, 8º y 15, lo mismo
que las modificaciones y denuncias previstas respectivamente en los párrafos 12
y 13.
15. a) El presente Protocolo puede ser revisado
si la revisión la solicita más de un tercio de las Altas Partes Contratantes;
b) El Director General de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura convocará una Conferencia con dicho
objeto;
c)  Las modificaciones al presente Protocolo no estarán en
vigor más que después de adoptadas por unanimidad por las Altas Partes
Contratantes representadas en la Conferencia y de haber sido aceptadas por cada
una de las Altas Partes Contratantes;
d) La aceptación por las Altas Partes
Contratantes de las modificaciones al presente Protocolo que hayan sido
adoptadas por la Conferencia a la que se refieren los apartados b) y c), se
llevará a efecto por el depósito de un instrumento formal ante el Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura;
e)  Después de la entrada en vigor de las modificaciones
al presente Protocolo, sólo este texto modificado permanecerá abierto para la
ratificación o adhesión.
Conforme al
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas el presente Protocolo será
registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
En fe de lo cual
los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en La Haya
el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, en español, en
francés, en inglés en ruso, haciendo fe por igual los cuatro textos, en un solo
ejemplar que e depositará en los archivos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y cuyas copias certificadas
y conformes se remitirán a todos los Estados a que se refieren los párrafos 6º
y 8º, así como a la Organización de las Naciones Unidas.
RESOLUCIONES
RESOLUCION  I
La Conferencia formula
el voto de que los órganos competentes de las Naciones Unidas decidan que, en
caso de acción militar emprendida en cumplimiento de su Carta, las fuerzas
armadas que participaren en dicha acción apliquen las disposiciones de la
Convención.
RESOLUCION  II
La Conferencia
formula el voto de que cada una de las Altas Partes Contratantes al adherirse a
la Convención, cree, de acuerdo con su sistema constitucional y administrativo,
un Comité Consultivo Nacional, compuesto de un reducido número de personalidades,
como por ejemplo: altos funcionarios de los servicios arqueológicos, de museos,
etc., un representante del Alto Estado Mayor, un representante del Ministerio
de Negocios Extranjeros, un especialista de derecho Internacional y dos o tres
miembros más, cuyas funciones y competencias guarden relación con las distintas
cuestiones a que se refiere la Convención.
Este Comité, que
funcionaría dependiente de la autoridad del Ministerio o del jefe de los
servicios nacional encargados de la custodia de los bienes culturales, podría
tener principalmente las atribuciones siguientes:
a)  Asesorar al Gobierno respecto a las medidas necesarias
para la aplicación de la Convención en sus aspectos legislativos, técnico o
militar, en tiempo de paz o de conflicto armado;
b) Intervenir cerca de su gobierno en caso de
conflicto armado o de inminencia del mismo, con el fin de asegurar que los
bienes culturales situados en el territorio nacional o en el de otros países
sean conocidos, respetados y protegidos por las fuerzas armadas del país de
acuerdo con las disposiciones  de la Convención;
c)  Asegurar, de acuerdo con su gobierno, el enlace y la
cooperación con los demás Comités Nacionales de esta clase y con cualquier
organismo internacional competente.
RESOLUCION III
La Conferencia
formula el voto de que el Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura convoque, tan pronto como sea
posible después de la entrada en vigor de la Convención para la Protección de
los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, una reunión de las Altas
Partes Contratantes.
Copia certificada
conforme y completa del ejemplar original del acta final de la Conferencia
Intergubernamental sobre la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado y del Protocolo para la protección de los Bienes
Culturales en Caso de Conflicto Armado, firmados en La Haya el 14 de mayo de 1954,
y de las Resoluciones anexas al Acta final.
París ,
Consejero
Jurídico
de la
Organización de las Naciones Unidas
para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
La suscrita Jefe, encargada de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “Convención
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el
“Reglamento para la aplicación de la Convención” y el Protocolo para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en
La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954), documentos
que reposan en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y seis (1996).
Sonia Pereira Portilla,
Jefe Oficina Jurídica (E),
Rama Ejecutiva
del poder Público
Presidencia de la
República
Santafé de
Bogotá, D.C., 15 de enero de 1996
Aprobado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.)          ERNESTO
SAMPER PIZANO
El Ministro de
Relaciones Exteriores,
(Firmado) Rodrigo
Pardo García-Peña.
DECRETA:
Artículo 1º.
Apruébanse la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso
de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el
“Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de 1954.
Artículo 2º. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7º de 1944, la
“Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado”, el “Reglamento para la Aplicación de la Convención” y el “Protocolo
para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado”,
firmado en La Haya el 14 de mayo de 1954, que por el artículo 1º de esta ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3º. La
presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
EL PRESIDENTE DEL
H. SENADO DE LA REPUBLICA,
LUIS FERNANDO
LONDOÑO CAPURRO
EL SECRETARIO
GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,
PEDRO PUMAREJO
VEGA
EL PRESIDENTE DE
LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES,
GIOVANNY
LAMBOGLIA MAZZILLI
EL SECRETARIO
GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES,
DIEGO VIVAS
TAFFUR
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
EJECÚTESE previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los 26 DIC. 1996
LA MINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES,
MARIA EMMA MEJÍA VÉLEZ
LA
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
OLGA DUQUE DE OSPI NA
III- INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES
3.1. Intervención
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La ciudadana Blanca
Lucía González Ríos, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores,
interviene en el proceso y defiende la constitucionalidad de los convenios
revisados. Luego de mostrar la importancia de que los bienes culturales sean
protegidos durante las confrontaciones armadas, la ciudadana reseña los
diversos intentos de la comunidad internacional en este campo,  los cuáles se
concretan en la presente convención, que “se fundamenta en la idea de que la
conservación del patrimonio cultural no es un asunto sólo concerniente  al
Estado en cuyo territorio se encuentran  los bienes culturales, sino que
conservar el patrimonio común de la humanidad es un problema cuyo interés
rebasa las fronteras nacionales.”
Luego la ciudadana
analiza en detalle el contenido de la Convención y del Protocolo, y concluye
que éstas armonizan con la Carta, por lo cual considera que “la declaratoria de
exequibilidad de la ley 340 de 1996 y de los instrumentos internacionales que
aprueba es, sin lugar a dudas, un paso importante en favor de la conservación y
preservación del patrimonio arqueológico, artístico, histórico y cultural del
país.”
3.2. Intervención
del Defensor del Pueblo.
El señor Ricardo
Wilches Rojas, Defensor del Pueblo (E), interviene en el proceso y defiende la
constitucionalidad del tratado revisado.  Según su criterio, es de “gran
importancia que Colombia sea Estado Parte en la Convención mencionada porque,
de esta manera se consolida la voluntad internacional referida a la protección
de los bienes culturales que son patrimonio de la humanidad.” Además, añade el
Defensor, de esa manera se fortalece en el plano interno la protección
constitucional que sobre los bienes culturales consagró la Asamblea Nacional
Constituyente. Este aumento de la protección a los bienes culturales se
justifica por cuanto ellos “han resultado destruidos por los efectos
devastadores del conflicto armado, pero aún de mayor gravedad cuando los
elementos bélicos son mas desarrollados, quedando expuestos  cada día los
bienes culturales a su inminente destrucción.”
IV. DEL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN.
En su concepto de
rigor, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, solicita a la
Corte que declare exequibles los instrumentos internacionales revisados y su
ley aprobatoria.
La Vista Fiscal
comienza por analizar el proceso de aprobación del tratado y de la ley, y
concluye que estos tramites fueron efectuados en forma regular, si bien es
necesario que la Corte verifique si hubo quórum decisorio en el primer debate
en el Senado.  Luego el Procurador analiza la finalidad y el contenido material
de los instrumentos internacionales bajo revisión, los cuáles, según su
criterio, “se fundamentan, por un lado en el supuesto de que el patrimonio
cultural de la humanidad no es un asunto que concierne únicamente al Estado en
cuyo territorio se encuentran esta clase de bienes, y por el otro, en la idea
según la cual dicha conservación de planificarse y organizarse en tiempos de
paz, mediante las oportunas medidas nacionales de aplicación de las normas
convencionales”, finalidades que encuentran pleno sustento constitucional,
pues la Carta reconoce y protege ampliamente los bienes culturales. En efecto,
señala el Procurador, “el Constituyente de 1991 hizo un reconocimiento de
nuestro patrimonio cultural, elevando a norma constitucional numerosas
disposiciones de carácter legal y de principios consagrados en tratados
internacionales, en las cuales se determina la naturaleza jurídica y le señala
al Estado funciones y deberes para la defensa del mismo, cuyos contenidos son
el fundamento para valorar e interpretar el instrumento adoptado para la
legislación interna, mediante la Ley 340 de 1996.”
V. FUNDAMENTO JURÍDICO
Competencia
1- En los términos
del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente
para ejercer un control integral, previo y automático sobre la
constitucionalidad de los proyectos de tratados internacionales y de sus leyes
aprobatorias. Tal es el caso de la “Convención para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado”, el “Reglamento para la Aplicación de
la Convención”, y el “Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en
caso de Conflicto Armado”, firmados en la Haya el 14 de mayo de 1954, y de su
Ley aprobatoria 340 del 26 de diciembre de 1996. Por eso, en esta sentencia se
revisará tanto la regularidad del trámite de la Ley aprobatoria, como el
contenido de la misma y del Tratado.
Examen formal de
la suscripción del tratado y la aprobación de la Ley 340 del 26 de diciembre de
1996
2- Según constancia
del Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores
incorporada al presente expediente (Folio 223), Colombia no suscribió el
tratado bajo revisión, el cual fue firmado en la Haya el 14 de mayo de 1954.
Sin embargo, consta en el presente expediente (Folios 83 y 224) que el 15 de
enero de 1996 el Presidente dio su aprobación ejecutiva al presente tratado y
decidió someterlo a la aprobación del Congreso (folio 224). Esta confirmación
presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención
de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de
representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho
constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la
República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y
celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o
Convenios (CP art. 189 ord. 2º). Es natural entonces que la confirmación
presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de
suscripción de un tratado.
3- El trámite del
proyecto de ley aprobatoria de un tratado debe iniciar en el Senado de la
República, pues se trata de un asunto referido a las relaciones internacionales
(inciso final artículo 154 CP).  Posteriormente, en la continuación del trámite
debe reunir los mismos requisitos de cualquier proyecto de ley ordinaria
señalados por los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución, a saber:
- Ser publicado
oficialmente por el Congreso antes de iniciar el curso en la comisión
respectiva.
- Surtir los
correspondientes debates en las comisiones y plenarias de las Cámaras luego de
haberse discutido y aprobado las ponencias respectivas, teniendo en cuenta los
quórums previstos por los artículos 145 y 146 de la Constitución.
- Observar los
términos para los debates previstos por el artículo 160 de la Constitución, de
ocho (8) días entre el primer y segundo debate en cada Cámara, y de quince (15)
días entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del
debate en la otra.
- Por último, haber
obtenido la sanción gubernamental.
Luego, la ley
aprobatoria del Tratado debe ser remitida dentro de los seis (6) días
siguientes para su revisión por la Corte Constitucional.
Pues bien, dentro
del expediente legislativo se observa que el día 6 de mayo de 1996, el
Ejecutivo presentó al Senado, a través del Ministro de Relaciones Exteriores
(E), el proyecto de ley No 266 de 1996 por la cual se aprueba la “Convención
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, el
“Reglamento para la Aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, firmados en
la Haya el 14 de mayo de 1954. El proyecto fue publicado en la Gaceta del
Congreso del 7 de mayo de 1996 y se repartió a la Comisión Segunda
Constitucional del Senado[3],
en donde fue aprobado el 12 de mayo de 1996, con el cumplimiento del quórum
exigido por la Carta[4].
Luego, se presentó y publicó la ponencia para segundo debate en el Senado[5].  La ponencia fue
aprobada en la Plenaria del Senado de la República el 30 de julio de 1996[6].  Posteriormente, el
proyecto se envió a la Cámara de Representantes en donde se radicó con el
número 064/96 y se publicó la ponencia para primer debate, aprobada en primer
debate por la Comisión Segunda Constitucional el día 18 de septiembre de 1996[7].  Más tarde se publicó
la ponencia para segundo debate[8]
y el proyecto fue aprobado en la Plenaria de la Cámara el día 10 de diciembre
de 1996 con la asistencia de 137 Representantes[9].
Luego, el proyecto fue debidamente sancionado como Ley 340 del 26 de diciembre
de 1996, tal como consta en la copia auténtica incorporada al expediente (Folio
2).   La Ley fue remitida a la Corte Constitucional para su revisión mediante
comunicación de enero 14 de 1997, y fue recibida por esta Corporación el 15 de
enero del año en curso. (folio 1). El envío se hizo entonces dentro de los seis
días hábiles  previstos por la Carta, puesto que entre el 19 de diciembre de 1996
y el 12 de enero de 1997 hubo vacancia judicial.
El tratado fue
entonces debidamente aprobado, por lo cual entra la Corte al examen de su
contenido material.
Finalidad de los
instrumentos bajo revisión (Preámbulo y artículo 1º de la Convención).
4- La presente ley
aprueba diversos instrumentos internacionales íntimamente relacionados, a
saber, de un lado, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en
caso de conflicto armado, de otro lado, un Reglamento relativo a la aplicación
de la citada Convención y, finalmente, un Protocolo y unas resoluciones, que
amplían algunas de las obligaciones de los Estados en el tema y formulan
recomendaciones a distintos órganos de las Naciones Unidas sobre la divulgación
y aplicación de estas normas internacionales. Como se ve, todos estos
documentos internacionales forman una unidad temática, pues constituyen
instrumentos jurídicos para fortalecer la protección de los bienes culturales
en situaciones de conflicto armado. Es más, todos los textos fueron aprobados
en una misma conferencia internacional, que se desarrolló en La Haya, entre el
21 de abril y el 14 de mayo de 1954, con base en proyectos preparados por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), institución que, como se verá en esta sentencia, tiene una papel
esencial en la aplicación de estos instrumentos internacionales. Es pues
razonable que estos documentos internacionales hayan sido aprobados por una
misma ley, por lo cual la Corte considera que no ha habido, en manera alguna,
violación de la regla de la unidad de materia
5- Estos
instrumentos pretenden evitar estragos innecesarios en los conflictos armados,
mediante la aplicación de normas y de mecanismos de protección, que eviten
daños en los bienes culturales, los cuales son definidos en el primer artículo
de la Convención. Así, según esa disposición, son bienes culturales, cualquiera
que sea su origen y propietario, los bienes, muebles o inmuebles, que tengan
una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, los cuales
pueden ser de muy diversa índole, pues puede tratarse de monumentos
arquitectónicos, obras de arte, vestigios históricos, etc. Igualmente, deben
incluirse en tal categoría los edificios cuyo destino principal y efectivo sea
conservar o exponer los bienes culturales antes mencionados, como podría ser un
museo, una biblioteca o un archivo. También deben protegerse los llamados
“centros monumentales”, que son lugares que comprenden un número considerable
de bienes culturales
Esta finalidad de
proteger esos bienes culturales surge de una dolorosa constatación histórica, a
saber, que estos objetos -que en el fondo materializan valores espirituales
esenciales para el ser humano- han sufrido graves daños en los distintos
conflictos armados y que, debido al perfeccionamiento de las técnicas de
destrucción, se encuentran cada vez más amenazados, por lo cual resulta
imperioso protegerlos, ya que, como lo señala el Preámbulo, “los daños
ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo
constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto
que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial.” En ese orden de
ideas, estos instrumentos establecen deberes para  los actores en los conflictos
armados, a fin de que no hagan de los bienes culturales objetivos militares, ni
los utilicen como mecanismos para perfidamente obtener ventajas militares. De
esa manera, se pretende sustraer estos bienes culturales de la lógica misma de
la guerra, a fin de que queden amparados por el derecho internacional
humanitario, y pueda prohibirse su destrucción, puesto que, tal y como esta
Corte ya lo ha señalado, conforme a esta normatividad, las partes enfrentadas
en un conflicto bélico no pueden elegir libremente los medios de combate, ni
los objetivos de sus ataques[10].
Por ello, estos instrumentos, luego de señalar las obligaciones de los Estados
en relación con los bienes culturales, establecen unos mecanismos especiales
para la protección de estos bienes y para el cumplimiento de las obligaciones
de las partes enfrentadas en un conflicto armado.
6- La Corte
considera que la finalidad de estos instrumentos internacionales armoniza claramente
con la Constitución pues es una expresión de los principios y reglas propios
del derecho internacional humanitario, en el sentido amplio de esta expresión[11], los cuales, conforme
lo establece la Carta, deben respetarse en todo caso (CP art. 214). Por ello
esta Corporación ha señalado que esas normas se encuentran integradas al bloque
de constitucionalidad y condicionan la validez de la normas de inferior
jerarquía. Por ende, ninguna objeción constitucional se puede hacer al
contenido general de los instrumentos internacionales bajo revisión, pues la
protección de los bienes culturales es un mandato connatural a los principios
del derecho humanitario, tal y como esta Corte lo señaló al declarar la
exequibilidad del artículo 53 del Protocolo I y del artículo 16 del Protocolo
II, normas que precisamente establecen que, sin perjuicio de las disposiciones
de la Convención que la Corte revisa en la presente ocasión, queda prohibido
cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las
obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o
espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar, o tomar
represalias contra tales bienes[12].
Ambito de
aplicación (artículos 18 y 19 de la Convención).
7- Según los
artículos 18 y 19 de la Convención, sus normas no sólo se aplican en los casos
de guerras internacionales sino también en los eventos de conflictos armados
internos, aspecto que no suscita ningún problema de constitucionalidad puesto
que, como se mostró largamente en la sentencia C-225 de 1995, relativa al
Protocolo II de Ginebra, conforme a la Constitución, las partes enfrentadas  en
un conflicto interno se encuentran obligadas a respetar las normas humanitarias
relativas a la conducción de las hostilidades  y a la protección de los bienes
que no tienen carácter militar. Además, esas normas no erosionan la soberanía del
Estado colombiano puesto que, al igual que sucede con el Protocolo II, la
aplicación de las disposiciones de la presente Convención no modifican el
estatuto jurídico de las partes en conflicto, lo cual significa que los alzados
en armas no adquieren el status de beligerantes por la mera aplicación de las
normas humanitarias, y siguen entonces sometidos al ordenamiento jurídico
interno del respectivo Estado.
Las obligaciones
generales de los Estados y de las partes enfrentadas (artículos 2º a 7º, 15, 16
y 17 de la Convención, artículos 20 y 21  del Reglamento, y artículos 1º a 5º
del Protocolo)
8- Las primeras
disposiciones de la Convención señalan las obligaciones esenciales que los
Estados adquieren en relación con los bienes culturales, las cuales no sólo
operan en tiempo de hostilidades sino también se proyectan en tiempo de paz,
con un carácter preventivo. Así, cuando no hay conflicto armado, el deber de
los Estados es preparar la salvaguardia de los bienes culturales situados en su
propio territorio contra los efectos previsibles de un conflicto armado,
adoptando las medidas que se consideren apropiadas (arts 2º y 3º). Igualmente
las Partes, en caso de conflicto armado, adquieren un deber de respeto (art. 4º),
por lo cual deben abstenerse de utilizar sus propios bienes culturales como
sistemas de protección, así como atacar los bienes culturales de los enemigos,
o tomar represalias contra tales bienes. Deben igualmente los Estados evitar
los robos o pillajes de tales bienes.
Esta obligación de
respeto (art. 4º) constituye una clara expresión del llamado principio de
distinción, que constituye una de las normas esenciales del derecho
internacional humanitario, tal y como esta Corte ya lo señaló[13]. En efecto, si la
guerra pretende debilitar militarmente al enemigo, no existe ninguna razón para
que sean admisibles los ataques contra personas u objetos que no contribuyen al
Potencial militar de las partes, por lo cual no es legítima la destrucción de
los bienes culturales. En ese orden de ideas, también es lógico que queden
amparados por las normas de la Convención, el personal que tiene a su cargo la
custodia de tales bienes, ya que ellos no hacen parte del conflicto bélico
(art. 15). Estos bienes y estas personas gozan de inmunidad ya que no pueden
ser objeto de ataque militar, norma que se debe interpretar de conformidad al
principio de proporcionalidad, según el cual, las partes deben en todo caso evitar
los males superfluos o innecesarios, por lo cual las anteriores obligaciones de
respeto a los bienes culturales, sólo pueden dejarse de cumplir cuando existan
necesidades militares imperiosas.
Sin embargo, la
inmunidad de los bienes culturales no legitima a ninguna de las partes a
utilizarlos como escudo para su defensa, pues en tal caso, esa parte estaría
incurriendo en un acto de perfidia, que se no sólo se encuentra proscrito por
las reglas del derecho internacional humanitario sino que, además, pondría en
amenaza la existencia misma de los bienes culturales. Finalmente, este artículo
4º de la Convención reitera que las obligaciones humanitarias no se encuentran
sujetas al principio de reciprocidad, por lo cual no puede una parte sustraerse
al observancia de sus obligaciones, con el argumento de que la otra no ha
cumplido sus compromisos. Y es natural que así sea pues, como ya lo señaló la
Corte, el derecho humanitario tiene la particularidad de que sus reglas
constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen
obligaciones a los actores arma­dos, en beneficio no propio sino de terceros:
la población no combatiente, las víctimas de ese enfrentamiento bélico y sus
bienes.
9- Los artículos 5º
a 7º de la Convención detallan el alcance de esos deberes de salvaguardia y
respeto. Así, se establece que en el evento de ocupación, el Estado ocupante
está sujeto a la obligación de prestar, en la medida de lo posible, su apoyo a
las autoridades competentes del territorio ocupado a fin de asegurar la
salvaguardia y la conservación de los bienes culturales de ese país. El Estado
ocupante está también obligado a adoptar medidas para preservar los bienes
culturales situados en el territorio ocupado y dañados por operaciones
militares, si la autoridad nacional competente del Estado ocupado no pudiera
encargarse de esas tareas. (art. 5º).
Igualmente, y con el
fin de Potenciar la protección de los bienes culturales, se establece que se
podrá utilizar un emblema que facilite su identificación (art. 6º). Los
artículos 16 y 17 de la Convención, así como los artículos 20 y 21 del
Reglamento, describen entonces en detalle el emblema para identificar los
bienes culturales y el personal que lo custodia, y establecen reglas
específicas para su uso, a fin de evitar que estos emblemas sean utilizados
indebidamente por algunas de las partes para obtener ventajas militares.
En función del deber
de salvaguardia, el artículo 7º señala además que los Estados deben introducir,
en tiempo de paz, en los reglamentos de las tropas, disposiciones encaminadas a
proteger los bienes culturales. Igualmente, deben los Estados establecer
unidades especiales cuya misión consista en velar por el respeto a los bienes
culturales y colaborar con las autoridades civiles encargadas de la salvaguarda
de dichos bienes.
10- Por su parte, el
Protocolo amplia los deberes de los Estados en relación con los bienes
culturales, pues no sólo deben abstenerse de destruirlos, sino que tampoco es
legítimo que se apropien de las riquezas culturales de su enemigo. Por ello se
prohibe la exportación de bienes culturales desde territorios ocupados durante
un conflicto armado (art. 1º). Las Partes se comprometen a devolver, al término
de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio ocupado, los
bienes culturales que se encuentren en el suyo, si dichos bienes han sido
exportados  en contravención a la prohibición de exportar bienes culturales
desde territorios ocupados o fueron desplazados por razones de protección (arts
2º y 5º). El Protocolo también prohibe la apropiación o retención de bienes
culturales como reparaciones de guerra. (art. 3º).
11- La Corte
considera que todas las anteriores obligaciones para la protección de los
bienes culturales en caso de conflicto armado armonizan claramente con la
Constitución pues, como se señaló, son una expresión del principio de
distinción que gobierna el derecho internacional humanitario y, en virtud del
cual las partes en conflicto deben siempre diferenciar entre combatientes y no
combatien­tes, y entre objetivos militares y no militares, de tal manera que
sus acciones no pueden afectar a aquellas personas o a aquellos bienes que no
contribuyen a la dinámica de la guerra. Además, en el caso de los bienes
culturales, el sustento constitucional es todavía más claro, pues la Carta
señala que el Estado debe proteger las riquezas culturales y el patrimonio
cultural de la Nación (CP arts 8º y 72).
Los mecanismos
especiales de protección y de transporte (artículos 8º a 14 de la Convención y
artículos 11 a 19 del Reglamento).
12- En caso de
conflicto armado, la protección de los bienes culturales, si quiere ser
efectiva, requiere de una serie de mecanismos muy específicos. Así, para que
las partes no ataquen esos bienes por error, es necesario precisar en donde se
encuentran localizados, por lo cual es necesario identificarlos claramente;
igualmente puede ser necesario construir refugios en donde se puedan preservar
esos bienes; en determinados casos es incluso forzoso proceder a transportar esos
objetos de un lugar a otro, a fin de alejarlos de los escenarios de guerra.
Esto explica el contenido de numerosas disposiciones de la Convención y del
Reglamento, en donde se regulan en detalle dos mecanismos especiales de
protección, a fin de hacer efectivo y operativo el amparo concedido a los
bienes culturales, a saber un sistema de depósito y registro, y  procedimientos
especiales de transporte.
Así, los artículos
8º a 11 de la Convención, en armonía con los artículos 11 a 16 del Reglamento,
consagran el llamado sistema especial de protección, que consiste en la
creación de un número de refugios destinados a preservar los bienes culturales
muebles en caso de conflicto armado, así como los centros monumentales y otros
bienes culturales inmuebles de gran importancia. Esas normas establecen los
requisitos de fondo y de forma para que los bienes culturales gocen de esta
especial protección, y tengan entonces una inmunidad reforzada, pues no puedan
ser objeto de ataques bélicos. De un lado, se requiere que tales bienes no se
encuentren muy próximos a objetivos militares, ni que sean utilizados para
fines militares, por lo cual el artículo 8º de la Convención especifica cuando
se considera que un centro monumental está o no siendo empleado para fines bélicos.
De otro lado, la Convención establece un “Registro Internacional de Bienes
Culturales bajo protección especial”, a cargo de la UNESCO, en donde las partes
deben inscribir los bienes culturales a fin de que se les conceda expresamente
la inmunidad consagrada por la Convención. Las normas de la Convención y el
Reglamento describen entonces de manera muy minuciosa cómo se deben hacer las
solicitudes de registro de un bien ante la UNESCO, la manera y las razones por
las cuales los otros Estados pueden oponerse a una tal solicitud, los
procedimientos de arreglo en caso de discrepancias entre los Estados sobre la
materia, así como  el comienzo, la suspensión y la terminación de la respectiva
inmunidad. Igualmente, se prevé la forma como se deben identificar en el
terreno los refugios y los bienes sometidos a esta protección especial, así
como la posibilidad de construir, en casos de urgencia, refugios improvisados,
que podrían también recibir la protección especial prevista por la Convención.
Por su parte, los
artículos 12 a 14 de la Convención, así como los artículos 17 a 19 del
Reglamento, especifican la forma como se deben realizar los transportes de
bienes culturales, ya sea dentro del territorio de un Estado, ya sea hacia otro
Estado, a fin de que puedan gozar de inmunidad, y no sean entonces atacados por
el enemigo. Así, se especifica que el transporte se debe efectuar bajo
inspección internacional y con el cumplimiento de algunas formalidades, como el
señalamiento de la ruta y del listado de bienes que serán desplazados. Sin
embargo se admite que en determinadas situaciones de urgencia, puedan
realizarse transportes de emergencia, que en principio también gozan de
protección contra actos hostiles.
13- La Corte
encuentra que estos mecanismos especiales de protección y transporte en manera
alguna violan la Constitución, puesto que son simplemente instrumentos para
lograr una salvaguardia efectiva de los bienes culturales en las situaciones de
conflicto armados. Además, las exigencias que se establecen a los Estados son
razonables, pues de no ser cumplidas, las necesidades de la guerra harían muy
difícil asegurar la inmunidad de los bienes culturales. En efecto, no es
posible olvidar que el derecho internacional humanitario, que parte del doloroso
reconocimiento de la existencia de conflictos bélicos, busca un difícil
equilibrio  entre la lógica de la guerra y las razones humanitarias, por lo
cual la protección de los bienes culturales debe hacerse dentro del marco de
las propias necesidades de la guerra, así como los operativos bélicos deben
adelantarse dentro de los espacios normativos delimitados por el derechos
humanitario.
Los problemas de
aplicación: mecanismos internacionales de mediación y de verificación
(artículos 20 a 24, y 26 y 27 de la Convención, y artículos 10 a 10 del
Reglamento).
14- Uno de los
problemas esenciales del derecho humanitario es el de su aplicación, pues tales
normas no pueden ser simplemente postulados teóricos sino que deben
efectivamente limitar los estragos innecesarios de la guerra. Por ello es
natural que la Convención y el Reglamento prevean y regulen en detalle una
serie de mecanismos destinados a lograr el mayor respeto posible de las normas
de protección a los bienes culturales
De un lado, se
establece que las partes en conflicto pueden concertar acuerdos especiales
sobre puntos que les parezcan pertinentes, y que permitan así una mejor
protección de los bienes culturales
De otro lado, la
Convención y el Reglamento prevén la existencia de las llamadas “Potencias
protectoras” destinadas a salvaguardar los intereses de las partes en
conflicto. Como se sabe, el concepto de Potencias protectoras es una categoría
clásica del derecho humanitario pues se encuentra asociada a las Convenciones
de Ginebra de 1949 y al Protocolo I, sobre todo en relación con el cuidado de
los prisioneros de guerra, puesto que en principio se trata de Estados
neutrales encargados de velar por el respeto de los derechos de los cautivos.
De manera más genérica, se entiende entonces por Potencia protectora un Estado
que no es parte en un conflicto armado y que, habiendo sido designado  por una
parte en el conflicto y aceptado por la parte  adversa, desempeña funciones
mediadoras y de supervisión a fin de que se logre el mayor cumplimiento de las
normas humanitarias[14].
Debido a la dificultad para que a veces se logre la intervención de un Potencia
protectora aceptada por las partes enfrentadas, las normas humanitarias también
prevén que determinados organismos internacionales puedan asumir el papel
asignado en principio a estas Potencias protectoras. Así, el artículo 5º del
Protocolo I de Ginebra señala que esa función puede ser cumplida por el Comité
Internacional de la Cruz Roja o por cualquier  otra organización que presente
las mismas garantías  de  imparcialidad  y  eficacia.
Dentro de esa
tradición propia del derecho humanitario, las normas bajo revisión confieren un
papel esencial a las Potencias protectoras, o a sus sustitutos, pues su
cooperación es considerada un elemento determinante para la propia aplicación
de las normas de defensa de los bienes culturales, así como para labores de
mediación entre las partes enfrentadas.
Finalmente, la
Convención y el Reglamento crean mecanismos específicos y establecen
responsabilidades particulares para la UNESCO, en  las labores de aplicación de
las normas previstas en la Convención. Así, los Estados pueden recurrir a la
UNESCO para organizar la protección de sus bienes culturales o en relación con
cualquier otro problema derivado del cumplimiento de la Convención. Igualmente
se prevé que esta entidad reciba y divulgue los informes de los Estados sobre
el cumplimiento de la Convención y que, si es el caso, convoque a reuniones
internacionales para estudiar los problemas relativos a la interpretación o a
la aplicación de estos textos, así como para la formulación de las
recomendaciones pertinentes a ese propósito. Además, se consagra la existencia
de una “Comisario General de Bienes Culturales”, que debe ser elegido por las
partes enfrentadas de una lista de personalidades internacionales elaborada por
la UNESCO, y que tiene a su cargo esencialmente labores de verificación del cumplimiento
de la Convención, para lo cual puede a su vez nombrar inspectores de bienes
culturales encargados de llevar a cabo misiones específicas.
15- La Corte no
encuentra ninguna objeción a la existencia de tales mecanismos, puesto que son
instrumentos adecuados para que efectivamente se logre una verdadera protección
de los bienes culturales en situaciones de conflicto armado, que es la
finalidad de la Convención. Además, en anteriores oportunidades, esta
Corporación ya había tenido la oportunidad de mostrar que los acuerdos
especiales de derecho humanitario, los mecanismos internacionales de
verificación del cumplimiento de las normas humanitarias, como la llamada
Comisión Internacional de Encuesta prevista por el artículo 90 del Protocolo I,
la institución de las Potencias protectoras y sus sustitutos, y la existencia
de instancias de mediación entre las partes enfrentadas en un conflicto bélico,
se ajustan perfectamente a la Carta y son aplicables también en los conflictos
armados internos que se desarrollen en el territorio colombiano[15]. En efecto, esos
mecanismos, como se mostró largamente en esas sentencias, no sólo no
representan un riesgo para la soberanía del Estado colombiano, sino que,
además, las gestiones de estas entidades puede ser fundamental para que el
derecho internacional humanitario tenga eficacia práctica y no simplemente una
validez normativa. En efecto, la experiencia internacional enseña que la
participación de estas instituciones en tareas de verificación sobre el
cumplimiento efectivo de las normas humanitarias puede Potenciar no sólo la
humanización de los conflictos armados sino también favorecer la búsqueda de la
paz.
Deber de divulgar
y sancionar las infracciones (artículos 25 y 28) .
16- El artículos 25
de la Convención establece el deber de los Estados de difundir lo más
ampliamente posible en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como
durante los conflictos armados, el texto de la presente Convención y del
Reglamento para su aplicación. En especial, se señala que ese deber es más
imperioso en los programas de instrucción militar, y de ser posible, en los de
instrucción cívica, de tal modo que los principios puedan ser conocidos por el
conjunto de la población, y en particular por las fuerzas armadas y el personal
adscrito a la protección de los bienes culturales.
La Corte considera
que esta norma es no sólo perfectamente compatible con la Constitución sino de
vital importancia, por cuanto el conocimiento del derecho internacional
humanitario es un requisito esencial para su respeto por las partes
enfrentadas. Por ello, y tal y como esta Corte ya lo señaló[16], no sólo este tratado
sino todos los convenios de derechos humanitario confieren especial
trascendencia a la labor de divulgación de las normas humanitarias, no sólo
entre las partes enfrentadas sino también entre la población civil, para que
esta última conozca sus derechos frente al conflicto armado. Además, en la
medida en que las normas humanitarias hacen parte del bloque de constitucionalidad,
se debe entender no sólo que el Estado debe divulgarlas sino que su estudio es
obligatorio en las instituciones educativas (CP art. 41). En particular, la
Corte encuentra indispensable el conocimiento por parte de los miembros de la
Fuerza Pública  de las normas humanitarias, no sólo por ser ellos naturales
destinatarios de esta normatividad sino, además, porque la propia Constitución
señala que se les deberá impartir la enseñanza de los derechos humanos (CP art.
222).
17- Por su parte, el
artículo 28 de la Convención señala que los Estados deben tomar todas las
medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones penales o
disciplinarias a las personas que hubieren cometido u ordenado que se cometa
una infracción de la presente Convención. La  Corte no encuentra ninguna
objeción a esa norma, pues si el derecho humanitario hace parte del bloque de
constitucionalidad, resulta natural que el ordenamiento prevea distintos tipos
de sanciones para aquellas personas que violan sus mandatos.
Disposiciones
instrumentales (Artículos 29 a 40 de la Convención y artículos 7º a 15 del
Protocolo).
17- Como es usual,
diversas normas de la Convención y el Protocolo consagran reglas instrumentales
para la adopción y ejecución de esos tratados. Así,  la Convención señala
cuáles son las lenguas oficiales (art. 29), los procedimientos de firma,
ratificación y adhesión (arts 30 a 32), su entrada en vigor (art. 33), la
aplicación de sus disposiciones a los Estados partes y a sus territorios (arts
34 y 35), la relación con tratados precedentes (art. 36), las formas de
registro y depósito, y los mecanismos de denuncia y de reforma del texto de la
convención y de su reglamento de aplicación (arts 37 a 40). Igualmente, el
Protocolo establece los mecanismos de firma, ratificación y adhesión  (arts 6º
a 9º), el momento de entrada en vigor (art. 10), la aplicación de sus
disposiciones a los Estados partes y a sus territorios (arts 11 y 12), así como
las formas de registro y depósito, y los mecanismos de denuncia y de reforma
del contenido del Protocolo (arts 13 a 15)  La Corte no encuentra ninguna
objeción a esas disposiciones pues ellas armonizan con los principios que en
esta materia rigen en el derecho internacional y que han sido aceptados por
Colombia (CP art. 9º).
La
constitucionalidad de la Ley 340 de 1996.
18- Conforme a lo
anterior, la Corte concluye que la “Convención para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de
la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en
caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos
cincuenta y cuatro, se ajustan a la Carta y serán entonces declarados
exequible. En ese mismo orden de ideas, esta Corporación considera que es
igualmente constitucional la Ley 340 de 1996 bajo revisión, la cual se limita a
aprobar el texto de estos instrumentos internacionales (art. 1º) y a señalar
que sus normas sólo obligarán al país cuando se perfeccione el respectivo vínculo
internacional (art. 2º), lo cual concuerda perfectamente con los principios
generales del derecho de los tratados (CP art. 9º).
VI. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLES
la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”,
firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954).
Segundo: Declarar EXEQUIBLE
la Ley No 340 del 26 de diciembre de 1996, "por medio de la cual se
aprueban la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el
“Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y
cuatro (1954)”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE
ARANGO MEJÍA                        EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO                 Magistrado
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA         ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado                                                Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ                             VLADIMIRO
NARANJO MESA          Magistrado                                  Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia C-574 de 1992. MP Ciro Angarita Barón.  Consideración
de la Corte E.  Sentencia C-225 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamentos
Jurídicos No 17 y 18.
[2] Nota de la Corte Constitucional. Debe entenderse que artículo 30,
pues no sólo así se señala en el texto de las otras lenguas oficiales, sino que
sólo así adquiere sentido la remisión hecha por este artículo.
[3]Gaceta del Congreso, Año V, No. 160 del 7 de mayo de 1996. Págs. 1
y ss.
[4] Ver constancia del Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado, incorporada al presente expediente, Folio 363.
[5]Gaceta del Congreso, Año V, No. 239 del 18 de junio de 1996. Págs.
13 y 14.
[6]Según acta 03 de la sesión ordinaria del 30 de julio de 1996,
publicada en la Gaceta del Congreso, Año V, No. 314 del 5 de agosto de 1996.
[7]Según Acta Nº 006 de la Comisión Segunda incorporada al presente
expediente (folio 93).
[8]Gaceta del Congreso, Año V, No. 542 del 28 de noviembre de 1996.
Págs. 8 y 9.
[9] Ver constancia respectiva del Secretario General de la Cámara de
Representantes del 10 de diciembre de 1996 incorporada a este expediente (Folio
91).
[10] Ver, en particular, las sentencias C-574 de 1992 y C-225 de 1995.
[11] Ver sentencia C-225 de 1995. Fundamento Jurídico No 6.
[12] Ver sentencias C-574 de 1992 y C-225 de 1995. Fundamento Jurídico
No 31.
[13] Sentencia C-225 de 1995. Fundamentos Jurídicos No 28 y ss.
[14] Sobre la regulación de las funciones de  las Potencias
protectoras, ver los artículos 2º y 5º del Protocolo I
[15] Sentencia C-574 de 1992. MP Ciro Angarita Barón.  Consideración
de la Corte E.  Sentencia C-225 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero.
Fundamentos Jurídicos No 17 y 18.
[16] Sentencia C-225 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero.
Fundamento Jurídico No 44