T-171-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-171/09
ACCION DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO-Procede si se verifica la existencia de las causales
De acuerdo a
la jurisprudencia vigente, la acción de tutela es procedente de manera
excepcional frente a las decisiones proferidas en el trámite del incidente de
desacato, siempre que se cumplan con dos presupuestos: Que se demuestre la
existencia de una de las causales de procedibilidad de tutela contra
providencias judiciales y, Que el trámite del incidente haya finalizado con
decisión debidamente ejecutoriada.
DOCTRINA CONSTITUCIONAL VIGENTE EN MATERIA DE DESACATO
La figura del
desacato ha sido entendida como una medida que tiene un carácter coercitivo,
con la que cuenta el juez constitucional para conseguir el cumplimiento de las
obligaciones que emanan de sentencias de tutela proferidas para evitar o
reparar la vulneración de derechos constitucionales. El desacato se convierte
en uno de los instrumentos con los que dispone el juez constitucional para
lograr la protección de derechos fundamentales, cuya violación ha sido
evidenciada a partir de una providencia judicial que surgió con ocasión de la
resolución de una acción de tutela. Dicho mecanismo consiste en la posibilidad
de imponer ciertas sanciones con el propósito de obtener el cumplimiento de lo
ordenado en la respectiva sentencia. Dentro de éste contexto, se encuentra que
el procedimiento del desacato puede concluir con uno de los siguientes
supuestos: (i) la expedición de una decisión adversa al accionado,
circunstancia en la cual debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante
el superior jerárquico con el propósito de que se revise la actuación de
primera instancia, quien después de confirmar la respectiva medida, deja en
firme o no la mencionada decisión para que proceda su ejecución, en ningún caso
esta providencia puede ser objeto de apelación por no haber sido consagrada su
procedencia por parte del legislador, y (ii) la emisión de un fallo que no
impone sanción alguna, evento en el cual se da por terminado el respetivo
incidente con una decisión ejecutoriada.
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias
El cumplimiento es de carácter principal pues tiene
su origen en la Constitución y hace parte de la esencia misma de la acción de
tutela, bastando una responsabilidad objetiva para su configuración; por su
parte, el desacato es una cuestión accesoria de origen legal y para que exista
se requiere una responsabilidad de tipo subjetivo consistente en que el solo
incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es
necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la
sentencia de tutela.
JUEZ DE TUTELA Y ACCION DE TUTELA CONTRA DESACATO-Límites, competencias y facultades cuando resuelve el incidente
Según la
jurisprudencia trazada por esta Corporación, el juez constitucional cuando
conoce y estudia la procedencia del recurso de amparo contra desacatos, debe
limitarse a estudiar: (i) si el juez del desacato actúo de conformidad con la
decisión de tutela originalmente proferida; (ii) si respetó el debido proceso
de las partes; y, finalmente, y (iii) si la sanción impuesta – si fuere el caso
– no es arbitraria. Con relación a los límites, competencias y facultades del
juez constitucional cuando resuelve una acción de tutela contra incidente de
desacato, esta Corporación se ha pronunciado reiteradamente en otras
oportunidades, y ha precisado que el ámbito de acción del juez que conoce de la
tutela contra un desacato está determinado y limitado por la parte resolutiva
del respectivo fallo. Por tanto, es su deber verificar: (i) a quién esta
dirigida la orden; (ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; y (iii)
el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de
la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)".
Para esta Corte resulta claro que, una de las limitaciones a las facultades
otorgadas al juez constitucional dentro del trámite del incidente de desacato,
viene dada por los aspectos que ya fueron objeto de pronunciamiento por el
fallador de instancia respecto de los hechos que motivaron la acción de tutela,
por tanto, no puede reabrirse el debate jurídico que fue resuelto en su
oportunidad, pues con relación a éstos opera el fenómeno de cosa juzgada
constitucional.
JUEZ DE TUTELA-Competencia restringida
para modificar órdenes
De manera
concreta, la jurisprudencia constitucional ha determinado que cuando el juez de
tutela resuelve amparar el derecho cuya protección se invoca, conserva la
competencia para dictar órdenes que aseguren que el derecho sea plenamente
restablecido o las causas de la amenaza sean eliminadas. Lo anterior, implica
que pueden introducirse ajustes a la orden original siempre y cuando ello se
haga dentro de los siguientes lineamientos a fin de que se respete la cosa
juzgada: “(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de
hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien
porque: (a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque
implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el
interés público o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible
de cumplir. (2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad:
las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y
el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto
de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le
es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las
condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para
alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la
menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción
de manera inmediata y eficaz.”
ALCANCE DE LA DECISION DENTRO DEL INCIDENTE DE DESACATO
SANCION POR DESACATO-Casos en que no
puede imponerse
Esta
Corporación ha señalado que, no puede imponerse sanción por desacato cuando:
(i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se
determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el
obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad
de hacerlo.
PROVIDENCIAS EMITIDAS EN TRAMITE DE DESACATO-Caso en que se configuró un defecto sustantivo por lo que se violó
el debido proceso del demandante en tutela contra el desacato
De acuerdo
con esta línea de argumentación, la Corte evidencia claramente que en las
providencias emitidas dentro del trámite de desacato cuestionado se configuró
un (i) Defecto Sustantivo consistente en la verificación de una insuficiente
sustentación o justificación de las actuaciones y decisiones, así como la
indebida aplicación de las normas legales que rigen la materia, circunstancias
que terminaron afectando los derechos fundamentales del actor, las cuales
concluyeron en una violación flagrante concretamente al debido proceso. El juez
desconoció las normas del Código de Comercio y trasladó de manera automática la
obligación de cancelar las deudas surgida en virtud de la acción de tutela que
correspondían a la Sociedad Casa Succar Ltda en liquidación, a los socios
individualmente considerados sin ningún tipo de argumentación jurídica
suficiente, los cuales a todas luces no hicieron parte en el proceso de amparo
que dio origen a la sentencia del diez (10) de agosto de dos mil uno (2001),
por tanto el fallador debió tener en cuenta que las decisiones tomadas dentro
del trámite de desacato no podían supeditarse a consideraciones posteriores,
toda vez que éstas no habían surgido de la lectura de la orden. De lo anterior
resulta claro que, los jueces que conocieron del respectivo trámite modificaron
de manera sustancial la decisión contenida en la tutela, al tomar como sujetos
pasivos a personas que no fueron parte dentro del recurso de amparo. Adicionalmente
debe recordarse que dentro de un trámite de desacato no es posible modificar la
orden de tutela, que en esta ocasión iba claramente dirigida en contra de la
Sociedad Casa Succar Ltda. en liquidación, bajo el argumento de que en este
tipo de sociedades al no existir liquidador quienes debe responder son los
socios, con lo cual, la sustentación de tal decisión con base en el artículo
358 del Código de Comercio, sin ningún tipo de argumentación jurídica adicional
con el propósito de inferir de forma automática la existencia de responsabilidad,
como lo hace el juez demandado, es claramente contraria los postulados
constitucionales, pues a partir de estas consideraciones se traslada la
obligación de pagar de su patrimonio los socios deben pagar de su patrimonio
las deudas de la persona jurídica.
PROVIDENCIAS EMITIDAS EN TRAMITE DE DESACATO-Caso en que se configuró un defecto fáctico por cuanto Juez no tuvo
apoyo probatorio que permitiera aplicación del supuesto legal en que sustenta
decisión
Se encuentra que también existió un (ii) Defecto Fáctico pues
el juez no tuvo apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión”. Lo anterior, por cuanto el Juez Sexto Civil
del Circuito de Cartagena a partir del auto de veintitrés (23) de noviembre de
dos mil siete (2007) decidió prescindir del período probatorio, toda vez que
tuvo como tales, no sólo los documentos recaudados por él, sino aquellos que
reposan en el expediente contentivo de la acción de tutela, así como los demás
incidentes de desacato que se han rituado en el presente asunto. Dentro de este
contexto, estima la Sala que la sola afirmación de la existencias de pruebas en
otros expediente, sin que medie valoración alguna de cada una de ellas con
relación al asunto que se pretende resolver, resulta insuficiente, en la medida
que, no puede perderse de vista que un procedimiento que culmina en la
imposición de una sanción debe fundarse en pruebas claras, concretas y
determinadas, que si bien pueden ser trasladadas de otros procesos deben ser
apreciadas y valoradas nuevamente por el juez en el caso particular, situación
que extraña la Sala dentro de las providencias que son objeto de revisión. Se
encuentra que los jueces que decidieron el desacato, después de constatar la
existencia de un incumplimiento de la orden por parte del peticionario,
debieron verificar cuáles fueron las razones que produjeron tal omisión, con el
fin de establecer si debían tomarse medidas sancionatorias. Sin embargo, se
aplicó la sanción de arresto y multa al accionante sin que existiera prueba de
la responsabilidad subjetiva, sin tener en cuenta que resulta inconstitucional
presumir la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.
INCIDENTE DE DESACATO-Caso en que a
persona de especial protección constitucional se le impuso sanción de arresto
excesiva y desproporcionada
A partir de
los hechos dentro de los cuales se enmarca el presente asunto, resulta
importante mencionar que la orden de captura expedida en contra del
peticionario, quien tiene 71 años de edad, fundada en las decisiones proferidas
dentro el respectivo incidente de desacato para hacer efectiva la sanción
impuesta correspondiente a cinco (5) días de arresto la Cárcel Nacional de
Sumariados de Ternera resulta excesiva y desproporcionada en el caso concreto,
por estar en juego el derecho a la libertad personal de un sujeto de especial
protección constitucional, quien en virtud de su avanzada edad puede sufrir
graves perjuicios a su salud e integridad física al ser internado en el
mencionado establecimiento carcelario y penitenciario.
INCIDENTE DE DESACATO-Caso en que se
ordena al Juez proferir una nueva decisión atendiendo criterios constitucionales
expuestos
Referencia: expediente
T-2.029.353
Acción de Tutela presentada por Emilio Succar Succar en contra de la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C.,
dieciocho (18) de marzo de dos mil nueve (2009).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Juan
Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de única instancia dictado por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el diecisiete (17) de Julio de
dos mil ocho (2008).
I. ANTECEDENTES.
Por intermedio de apoderado judicial, el ciudadano Emilio Succar
Succar interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio, en contra de las
providencia judiciales dictadas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Cartagena, a fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, la presunción de inocencia, la defensa, la salud, y la vida digna de
su representado. Su solicitud de amparo se basa en la exposición de los
siguientes
Hechos y pretensiones
1.- Manifestó el accionante que, en el
año de 1999, la señora Marylin Murra viuda de Succar, en representación de sus
hijos menores interpuso una primera acción de tutela contra la Sociedad Casa Succar
Ltda., la que por reparto correspondió al Juez Cuarto Civil del Circuito de
Cartagena, quien decidió de manera favorable las pretensiones de los niños, por
medio de sentencia de nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve
1999, en la que se resolvió condenar a pagar a la accionada de sus utilidades
las sumas que se adeudaban hasta ese momento a los colegios en los que estudiaban
los accionantes.
2.- Posteriormente en el año 2001, la
señora Murra elevó una nueva acción constitucional contra la Sociedad Casa
Succar Ltda., por medio de la cual solicitó la protección de los derechos
fundamentales a la educación y a la vida digna de sus hijos. En consecuencia,
pidió que se obligara a la demandada continuar sufragando las matrículas y
pensiones de los menores, mientras éstos fueran socios de la misma y
percibieran las respectivas “utilidades”.
3.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Cartagena, que conoció de esta acción de tutela en primera instancia,
mediante sentencia del diez (10) de agosto de dos mil uno (2001) condenó
a la accionada y resolvió:
1). Tutelar los derechos a la vida digna,
educación, familia y vida de los menores JOSE DAVID, NIDIA SOFÍA Y ROBERT
ISMAEL SUCCAR MURRA.
2).- Concedese (sic) a la demandada Casa
Succar a través de su liquidador un término de diez (10) días para que de las
utilidades que tengan los menores citados en el numeral primero anterior en su
calidad de socios de la sociedad demandada, pague a el (sic) Colegio ALTAIR
y GIMNASIO CARTAGENA DE INDIAS, las deudas que tienen los menores que les
permitan matricularse y pagar las mensualidades y demás conceptos causados y
los que se causen en caso de existir utilidades a su favor, presentando al
despacho las correspondientes constancia de pago” (…)[1]
(Negritas fuera del texto original)
Una vez impugnada la anterior decisión, la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, por medio de sentencia de
siete (7) de noviembre de dos mil uno (2001), confirmó el fallo proferido por
el a quo.
4.- El accionante en su escrito de
tutela puso de presente que, desde el año de 2002, se han venido fallando
varios incidentes de desacato. Menciona de manera concreta algunos de ellos.
Por ejemplo, señala que en el año de 2002 la señora Marylin Murra presentó
incidente de desacato ante el Juez Cuarto Civil del Circuito de Cartagena,
quien mediante providencia de veintiséis (26) de junio del mismo año, impuso a la
Liquidadora de la Sociedad Casa Succar Ltda. una sanción de cuatro (4) meses de
arresto; sentencia que fue modificada parcialmente por el Tribunal de Distrito
Judicial de Cartagena, mediante fallo de veinticinco (25) de julio de dos mil
dos (2002) que decidió disminuirla a sólo tres (3) días de arresto.
5.-Tiempo después, fue interpuesto un
nuevo incidente de desacato por la señora Murra, el cual fue resuelto por el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena por medio de providencia de veintiséis
(26) de septiembre de dos mil seis (2006) en la que se sancionó con dos (2)
días de arresto a la representante legal de Casa Succar (en liquidación) Dra.
Yesenia Bula Raad, al igual que se impuso la multa equivalente a dos (2) salarios
mínimos legales vigentes[2].
6.- Ahora bien, el tutelante resalta que
nuevamente en el año de 2007 la señora Marylin Murra presentó otro
incidente de desacato ante el Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena, quien
mediante providencia de once (11) de diciembre de dos mil siete (2007)
consideró que, debido a la renuncia de la liquidadora de esa época Dra. Yesenia
Bula Raad y a la falta de suplente, el mencionado trámite debía dirigirse en
contra de la Junta de Socios de Casa Succar Ltda. (en liquidación) razón por la
cual resolvió imponer la sanción de quince (15) días de arresto a cada uno de
los socios “EMILIO SUCCAR SUCCAR, ANTONIO SUCCAR SUCCAR, MARCOS A SUCCAR
CASTILLO, CARLOS A. SUCCAR CASTILLO”, así como sendas multas equivalentes a
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes[3].
7.- Respecto de la anterior providencia
se surtió el grado jurisdiccional de consulta ante la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la cual manifestó que:
“Para el caso
concreto, dado el desistimiento que del incidente de desacato hace la parte
accionada en relación con los señores MARCO ANTONIO Y CARLOS ALBERTO SUCCAR
CASTILLO (Fol. 36 – 37 Cuaderno del Tribunal), procederá la Sala a revisar
y pronunciarse sobre la sentencia que impuso la sanción que hoy llega a
consulta en relación con los demás accionados, atendiendo a la procedencia del
citado desistimiento”[4] (Negrillas fiera del
texto original)
8.- De acuerdo con estas consideraciones,
dicho Tribunal en la parte resolutiva de su providencia con fecha de dieciocho
(18) de enero de dos mil ocho (2008), confirmó parcialmente la decisión del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena anteriormente referida, en el
sentido que la sanción consistente en cinco (5) días de arresto y la respectiva
multa sólo sería impuesta al señor Emilio Succar Succar[5].
9.- El accionante manifestó en su
escrito que, durante el trámite de desacato le había solicitado al juez que
definiera las sumas de dinero que supuestamente adeudaba, razón por la cual se
nombraron peritos cuyos dictámenes fueron objetados por error grave. Sin
embargo, a pesar de no existir pronunciamientos al respecto decretó la orden de
captura que hoy es objeto de cuestionamiento jurídico.
10.- Así pues, por medio de providencia
de veinticinco (25) de marzo de dos mil ocho (2008), el Juzgado Sexto Civil del
Circuito consideró viable hacer efectiva la sanción de arresto de cinco (5)
días, puesto que no se acreditó que el señor Emilio Succar Succar padeciera una
enfermedad de tal gravedad que impidiera su reclusión “extramuralmente”;
por lo anterior ordenó su captura a fin de ponerlo a disposición del respectivo
Juzgado en la Cárcel Nacional de Sumariados de Ternera en un Pabellón Especial,
con el propósito de que se cumpliera la sanción de arresto impuesta.
11.- De manera concreta, se encuentra
que el Juzgado accionado por medio de oficio No. 761 de seis (6) de junio de
dos mil ocho (2008) solicitó al Comandante de la Policía Metropolitana de
Cartagena capturar al señor Emilio Succar Succar, para que se cumpliera la
sanción de cinco (5) días de arresto impuesta mediante auto de once (11) de
diciembre de dos mil siete (2007) confirmada por providencia de dieciocho (18)
de enero de dos mil ocho (2008), por incumplimiento de la acción de tutela
emitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena el diez (10) de
agosto de dos mil uno (2001).
12.- En consonancia con los hechos antes
relatados, el ciudadano Emilio Succar Succar, por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio, en contra las
providencias judiciales proferidas por el Juez Sexto Civil del Circuito de
Cartagena los días 1.) Once (11) de diciembre de dos mil siete (2007), 2.)
El veinticinco (25) de marzo de dos mil ocho (2008) y 3.) El seis (6) de
junio de dos mil ocho (2008),
Desde su punto de vista tales decisiones encuadraban dentro de las
causales genéricas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales
consistente en defecto procedimental, fáctico, sustantivo y ausencia de
motivación. Lo anterior, a fin de que se protegieran los derechos fundamentales
al debido proceso, presunción de inocencia, defensa, salud, vida digna de su
representado.
13.- De manera expresa dentro del
escrito de tutela se encuentra que el accionante solicita que:
“Como consecuencia de lo anterior se dejen
sin efectos las siguientes providencias:
2.1. Providencia de diciembre 11 de dos mil
siete (2007), proferida por el Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena, por
la cual se decide el incidente de desacato y se impone sanción de arresto por
quince días a mi poderdante.
2.2. Providencia de veinticinco de marzo de
dos mil ocho (2008), proferida por el juez sexto civil del Circuito de
Cartagena, mediante la cual el despacho considera viable efectivizar la sanción
de arresto de cinco días a mi poderdante
2.3 Providencia de junio seis (6) de dos
mil ocho (2008), proferida por el juez sexto civil del Circuito de Cartagena”
Intervención de las entidades demandadas
14.- Por medio de escrito enviado a la
Corte Suprema de Justicia el diez (10) de julio de dos mil ocho (2008), la Sala
Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena reiteró
el relato de los hechos contenidos en la providencia que hoy es objeto de
estudio en sede de revisión por parte de esta Corporación. Así mismo, recordó
que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena resolvió que la
incidentada CASA SUCCAR LTDA EN LIQUIDACIÓN, incurrió en desacato al fallo de
tutela del diez (10) de agosto de dos mil uno (2001), por lo que se impuso una
sanción de arresto por quince (15) días además de sendas multas equivalentes a diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a los socios EMILIO SUCCAR
SUCCAR, ANTONIO SUCCAR, MARCO SUCCAR CASTILLO Y CARLOS SUCCAR CASTILLO, toda
vez que al momento del fallo no se encontraba inscrito el representante legal o
liquidador.
Agrega el Tribunal que, en el curso de trámite encontró probado que
hubo desacato a la decisión de tutela, razón por la cual, confirmó parcialmente
el proveído consultado, en la medida que modificó la sanción de arresto a cinco
(5) días.  Así pues, indicó que:
“(…) se corroboró existían cuentas de
cobro; y ante la imposibilidad de imponer sanción a la representante de la
liquidación, por cuanto estaba de registrada ante la Cámara de Comercio su
renuncia, y que por ello asumían los socios como representantes legales de la
sociedad de Responsabilidad Limitada, todos y cada uno de ellos dicha
responsabilidad, por esas motivaciones se dictó el proveído de enero 18 de 2008”[6]
A partir de las anteriores consideraciones, indicó que a su juicio la
Sala Civil – Familia no vulneró derecho fundamental alguno, y en consecuencia
solicitó al juez de tutela NEGAR la acción constitucional propuesta.
15.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Cartagena mediante providencia de diecisiete (17) de julio de dos mil ocho
(2008)[7] manifestó que, a raíz de
la imposición de la sanción de desacato contra Emilio Succar Succar ha sido
sujeto de afirmaciones por parte del apoderado del accionante que han generado
animadversión en contra de éste; circunstancia que, desde su punto de vista le
hacen perder la ecuanimidad, serenidad e imparcialidad, razón por la cual puso
de presente la existencia de una grave enemistad con el procurador judicial,
situación que ameritaba su separación de este asunto por perder la objetividad
con ocasión de los hechos descritos.
De acuerdo con lo anterior, se acogió a lo preceptuado en el
articulo 39 del decreto 2591 de 1991, en conexidad con el artículo 56 de la Ley
906 de 2004 del Código de Procedimiento Penal[8]. En
consecuencia, se ordenó pasar este asunto al Juzgado Séptimo Civil del Circuito
de Cartagena para que asumiera conocimiento.
16.- El trece
(13) de marzo de dos mil nueve (2009) el Juzgado Séptimo Civil del Circuito, el
cual conoce actualmente del incidente de desacato No. 0433 – 06 envió a este
Despacho un escrito en el que se relatan los hechos ocurridos dentro del
respectivo trámite.
Decisión
Judicial Objeto de Revisión
Fallo de
única instancia.
17.- Mediante auto de fecha ocho (8) de octubre de dos mil ocho (2008) la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de
tutela instaurada por el señor Emilio Succar Succar contra el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Cartagena, extensiva a la Sala Civil –
Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.
A su vez, en la
misma providencia ordenó la comunicación de su decisión al Juzgado y al
Tribunal accionado. Adicionalmente, resolvió no acceder a la suspensión
provisional del cumplimiento de la sanción impuesta en el trámite del presente
incidente de desacato.
18.- La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, que conoció en única
instancia por medio de sentencia de diecisiete (17) de julio de dos mil ocho (2008)
decidió NEGAR las pretensiones impetradas, por los motivos que se exponen a
continuación:
“4. En los términos antecedentes, pronto se
advierte que no resulta posible acceder al amparo implorado, por cuanto los
argumentos en que se soporta la solicitud constituyen un cuestionamiento a las
decisiones adoptadas por los Jueces constitucionales acusados dentro del ámbito
de la acción de tutela, respecto de las cuales no puede emprenderse un nuevo
análisis, debiendo centrar nuestro estudio solamente en lo atinente a
determinar si dentro del trámite de incidente de desacato se respetó el debido
proceso que constitucionalmente asistía al incidentante aquí accionante” (folio
150).
En ese mismo sentido afirmó la Sala que:
“(…) ha de expresarse que revisadas las
actuaciones desplegadas por los funcionarios acusados, no se evidencia en las
mismas una situación de desconocimiento flagrante al debido proceso, en tanto
que en ellas resulta palmario que el aquí interesado accionante intervino de
manera activa dentro del trámite del referido incidente no encontrándose por
ende vulneración alguna a los derechos que proclama conculcados con ocasión de
dicha actuación” (folios 150 y 151)
Para finalizar, concluyó el a quo que:
“5. Ahora, si bien para lograr el efectivo
cumplimiento de la sentencia de tutela, la competencia para resolver el
incidente de desacato corresponde al Juez de primera instancia en virtud de lo
dispuesto en los artículo 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, aún en los casos en
los que la decisión adoptada sea del superior, o de la Corte Constitucional en
sede de revisión, esto es, que el Juez de Tutela incluso después de proferida
la sentencia, mantiene competencia hasta que esté completamente restablecido el
derecho o eliminada la causa de la amenaza, encuentre la (sic) Sala que al
margen de lo que podría decirse en el plano estrictamente legal no
constitucional en punto a la competencia asumida para conocer del incidente de
desacato y teniendo en cuenta que las nulidades pueden sanearse, acá de lo
que se trata, es de una petición de amparo contra un incidente de desacato en
concordancia con la jurisprudencia de la Sala, debe concluirse que la misma, es
improcedente por lo que se procederá a negar el amparo” (folio 151)
(Negrillas fuera del texto original).
19.- En suma, la negativa de amparo de la
Corte Suprema de Justicia se basa en tres razones principalmente: (i) no
es posible entrar a cuestionar decisiones que han sido tomadas mediante
sentencia que pone fin a una acción de tutela, (ii) no se evidenció
vulneración alguna al debido proceso del accionante, toda vez que éste tuvo la
oportunidad de participar durante todo el trámite, y (iii) el recurso de
amparo no procede contra las providencia judiciales emitidas dentro de el
trámite de desacato.
II. ACTUACIONES SURTIDAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.- Por medio de auto del cinco (5) de
noviembre de dos mil ocho (2008) la Sala de Selección Número Once decidió la
revisión del expediente T-2.029.353 y ordenó su reparto al despacho del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
2.- El día tres (3) de diciembre de dos
mil ocho (2008), mediante escrito radicado ante la Corte Constitucional, el
Doctor Roberto José Mercado Montalvo, abogado del señor Emilio Succar Succar,
solicitó la suspensión provisional de la orden de captura que obra sobre el
accionante hasta tanto esta Corporación decidiera de fondo sobre las diversas
pretensiones que obran en el expediente de la referencia.
3.- En decisión adoptada por medio de
auto de dieciséis (16) de diciembre de dos mil ocho (2008), el Magistrado
sustanciador resolvió:
PRIMERO.- ORDENAR que por Secretaría General de esta
Corporación se solicite al Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Cartagena (Bolívar), que dentro de tres (3) días hábiles siguiente a
la notificación del presente auto, remita a este Despacho copia de todo el
expediente contentivo del trámite de incidente de desacato No. 0433-06
propuesto por la señora MARYLIN MURRA VDA. DE SUCCAR en representación de sus
hijos menores NIDIA SOFIA, JOSE DAVID Y ROBERTO ISMAEL SUCCAR MURRA contra la
CASA SUCCAR LTDA. EN LIQUIDACIÓN.
SEGUNDO.- ORDENAR que por Secretaría General de esta
Corporación se solicite al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Cartagena (Bolívar), que dentro de tres (3) días hábiles siguiente a
la notificación del presente auto, remita a este Despacho copia del expediente contentivo
del trámite de la acción de tutela propuesto por la señora MARYLIN MURRA
VDA. DE SUCCA en representación de sus hijos menores NIDIA SOFIA, JOSE DAVID Y
ROBERTO ISMAEL SUCCAR MURRA contra la CASA SUCCAR LTDA. EN LIQUIDACIÓN.
4.- El veintitrés (23) de enero de dos
mil nueve (2009), la Secretaría General de la Corte Constitucional informó a
este Despacho que durante el término probatorio se recibió el oficio No. 1053
de diecinueve (19) de diciembre de dos mil ocho (2008), firmado por el doctor
José Camilo de Ávila Fernández, Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena en
virtud del cual se comunicó que el Incidente de desacato No. 0433 – 06 se encontraba
en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena donde pasó por
impedimento del mencionado juez.
5.- Mediante auto de veintiséis (26) de
enero de dos mil ocho (2008), el Magistrado Sustanciador resolvió:
ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación se solicite
al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena (Bolívar),
que dentro de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente
auto, remita a este Despacho copia de todo el expediente contentivo del trámite
de incidente de desacato No. 0433-06 propuesto por la señora MARYLIN MURRA VDA.
DE SUCCAR en representación de sus hijos menores NIDIA SOFIA, JOSE DAVID Y
ROBERTO ISMAEL SUCCAR MURRA contra la CASA SUCCAR LTDA. EN LIQUIDACIÓN
6.- Adicionalmente, mediante oficio de veintiséis (26) de enero dos mil
nueve (2009), se solicitó al Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar, Dr. Hernando García Muñoz que,
certificara que en la actualidad el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de
Cartagena se encuentra en reparaciones locativas, circunstancia que ha traído
como consecuencia la suspensión de los procesos que cursan en el mencionado Despacho.
Lo anterior, con el propósito de incluir la respectiva certificación en el
expediente T-2.029.353 contentivo de la acción de tutela presentada por Emilio
Succar Succar en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena,
dentro del cual es necesario decretar pruebas a fin de recaudar copias del
expediente contentivo del trámite del incidente de desacato No. 0433-06, cuya
obtención se ha dificultado por las circunstancias antes descritas.
7.- El Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar Dr. Hernando
García Muñoz, el día veintisiete (27) de Enero de dos mil nueve (2009) expido
la siguiente constancia:
Que mediante Acuerdo PSA-2009-001 del 13 de
enero del año en curso, se autorizó el cierre extraordinario, entre otros
despachos al Juzgado 7° Civil del Circuito de Cartagena del 13 al 26 de Enero
de 2009.
Que mediante acuerdo PSA – O1O del 27 de
Enero del año en curso, se autorizó el cierre extraordinario entre otros
despachos al Juzgado 7° Civil del Circuito de Cartagena del 27 al 30 de Enero
de 2009.
8.- La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto
No. 072 de diecisiete (17) de febrero de dos mil nueve (2009), a fin de evitar vulneración de los derechos fundamentales, en especial el de la
libertad personal, del señor Emilio Succar Succar, consideró necesario decretar una medida provisional en la que resolvió:
SUSPENDER la orden de captura emitida por el Juez Sexto Civil
del Circuito de Cartagena contra el señor Emilio Succar Succar, la cual tenía
por objeto ponerlo a disposición del respectivo Despacho, con el propósito de
cumplir la sanción correspondiente a cinco (5) días de arresto impuesta por la
autoridad competente. Lo anterior, hasta tanto esta Sala de Revisión decida de
fondo las pretensiones expuestas por el accionante.
9.- Vencidos los términos probatorios se
radicaron en la secretaría de la Corte Constitucional las pruebas solicitadas
al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena y al Juzgado Séptimo Civil
del Circuito de Cartagena.
10. – Mediante auto de cinco (5) de
marzo de dos mil nueve (2009) el Magistrado Sustanciador ordenó poner en
conocimiento la acción de tutela de la referencia al Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Cartagena por ser el órgano judicial que actualmente se encuentra
tramitando el incidente de desacato No. 0433 – 06.
11.- El trece (13) de marzo de dos mil
nueve (2009) el Juzgado Séptimo Civil del Circuito, el cual conoce actualmente
del incidente de desacato No. 0433 – 06 envió a este Despacho un escrito en el
que se relataron los hechos ocurridos dentro del respectivo trámite.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la
decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Asunto a tratar y problema jurídico.
2.- A partir de la lectura del
expediente es posible concluir que, el actor circunscribe su solicitud de
tutela en contra del incidente de desacato No. 0433-06 propuesto
por la señora MARYLIN MURRA VDA. DE SUCCAR en representación de sus hijos
menores NIDIA SOFIA, JOSE DAVID Y ROBERTO ISMAEL SUCCAR MURRA contra la
SOCIEDAD CASA SUCCAR LTDA. EN LIQUIDACIÓN. Dicho trámite fue conocido en un
primer momento por el Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena, y en grado
jurisdiccional de consulta por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cartagena. Sin embargo, tal proceso fue enviado al Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Cartagena a fin de que asumiera conocimiento
debido al impedimento manifestado por el anterior Juzgado.
3.- A decir del demandado, el presunto defecto judicial de las
providencias proferidas por los jueces accionados se centra en el
desconocimiento del derecho al debido proceso del accionado, así como sus
derechos fundamentales a la salud, vida digna e integridad física.
4.- En el presente caso corresponde a la
Sala resolver dos problemas jurídicos distintos. En primer lugar, es necesario
definir si la acción de tutela procede contra las decisiones tomadas en el
curso de un incidente desacato y cuáles son los requisitos para que esta
proceda. Si fuere procedente la acción de tutela, la Corte debe establecer si
las providencias proferidas por el Juez Sexto Civil del
Circuito de Cartagena, modificada parcialmente por la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena mediante las cuales se
impuso las sanciones de arresto y multa, que luego sirvieron de fundamento para
la expedición de la orden de captura expedida en contra de Emilio Succar Succar, vulneran los derechos fundamentales del actor.
5.- Para resolver los problemas
jurídicos planteados, la Sala procederá en primera instancia, a (i)
analizar la procedencia de la acción de tutela contra  incidentes de desacato, (ii)
realizar un recuento sobre la doctrina constitucional vigente en materia de
desacato, y finalmente (iii) entrará a resolver el caso concreto en
virtud de las reglas previamente sintetizadas.
Procedencia de la acción de tutela frente al
incidente de desacato.
6.- La acción de tutela procede excepcionalmente contra decisiones
tomadas dentro del incidente de desacato siempre que se verifique la existencia
de una de las causales de procedibilidad que se explicaran a continuación. Lo
anterior resulta claro en la medida en que en el curso del mencionado trámite
pueden realizarse actuaciones o proferirse decisiones que atenten contra los
postulados constitucionales.
7.- Esta corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse en
diferentes ocasiones acerca de la procedencia de la acción de tutela contra
incidente de desacato y al revisar la jurisprudencia constitucional se han
identificado dos presupuestos para su procedencia; I) el primero de
ellos está referido a la existencia de algunas de las causales que darían lugar
a la presentación de una acción de tutela contra providencias judiciales y II)
el segundo está relacionado con la exigencia de que, la decisión proferida en
el trámite de desacato que da origen a la tutela se encuentre ejecutoriada.
I)- Causales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
8.- Con relación a este punto se ha presentado una variación en cuanto
a los criterios señalados por la Corte para la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales. De acuerdo con lo anterior, se mostrará la
doctrina jurisprudencial predominante sobre este punto en la actualidad.
9.- Para comenzar puede mencionarse, una de las sentencias que ha
tratado este tema es la T- 421 de 2003 en la que se afirma de manera
clara que:
“Al ser el incidente de desacato una
providencia judicial en la cual se debe respetar el debido proceso, también
procede contra éste la tutela cuando se evidencie la existencia de una vía de
hecho. Esta Corporación ha señalado que la vía de hecho, no corresponde a una
simple irregularidad procesal, sino que debe reunir en términos generales las
siguientes características: 1) Que se esté ante derechos fundamentales cuya
violación sea grave e inminente; 2) Debe surgir como una actuación abiertamente
contraria al ordenamiento jurídico; y 3) Que se manifieste como una  actuación
caprichosa y arbitraria por parte del juez de conocimiento.[9]
Los tres requisitos se reúnen en caso de que se estudie de nuevo la tutela de
la cual se debe juzgar el cumplimiento”.
10.- Esta Corporación ha señalado que, la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, exige que esté plenamente probado dentro
del proceso la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de
procedibilidad, las cuales han sido identificadas como posibles vicios o
defectos que al estar presentes en la decisión judicial, permiten que el juez
constitucional revise el fallo cuestionado.[10]
11.- En efecto, la Corte Constitucional ha desarrollado toda una extensa
línea jurisprudencial acerca de este tema, la cual ha ido precisando con el
propósito de definir el concepto y campo de acción de cada uno de los vicios o
defectos que pueden presentarse en las providencias judiciales, cuya
enunciación no pretende ser exhaustiva, pero sí registra los principales casos
en los que este Tribunal ha encontrado  “una manifiesta desconexión entre la
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial”.[11]
A continuación se hará una breve explicación de algunos de estos defectos.
En lo que atañe
al denominado (i) defecto sustantivo, el cual en términos generales, se
presenta “cuando la actuación controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable”. En relación con este defecto, recientemente
en sentencia T-087 de 2007 precisó que: “Existe un defecto sustantivo en la
decisión judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable[12], ya sea
porque[13] (a) la
norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[14],
(b) es inconstitucional[15], (c) o
porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso[16]. También
puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (d) un grave error en la interpretación de la norma[17],
el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución[18].
Así mismo, en la
mencionada sentencia se precisó que se considera también que existe un
defecto sustantivo en las providencias judiciales que tengan problemas
determinantes relacionados: “(e) con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación[19] que
afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[20]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[21];
o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre
que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso[22].
A su turno, se
encuentra el llamado (ii) defecto orgánico, se ha establecido que
se presenta “cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello”[23].
Respecto del (iii) defecto procedimental absoluto, se ha
expresado que surge “cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido”[24], es decir, se desvía
ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de cada
juicio”[25], con la
consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de las partes.
En estos casos, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la
decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado[26].
Por su parte, (iv)
el defecto fáctico, ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que surge “cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión”[27].
La Corte
Constitucional en sentencia T-458 de 2007 enunció diversos casos en los que se
configura de manera clara un defecto fáctico a saber: (i) Defecto fáctico
por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas; (ii) Defecto fáctico por
la no valoración del acervo probatorio (iii) Defecto fáctico por
desconocimiento de las reglas de la sana crítica.[28]De
igual forma, esta Corporación ha explicado que el defecto fáctico se
presenta cuando están de por medio problemas relacionados con soportes
probatorios.
De igual forma,
esta Corporación ha establecido otros tipos de defectos, entre los cuales
encontramos (v) el error inducido “Error inducido, que se
presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales”; (vi) decisión sin motivación, “que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”; (vii) desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[29]”;
(viii) Violación directa a la Constitución[30].
(negrillas fuera del texto).
II.) - Ejecutoria
de la sentencia que da origen al incidente
12.- El segundo presupuesto de procedencia está relacionado con la
exigencia de que la decisión proferida en el trámite de desacato que da origen
a la tutela se encuentre ejecutoriada, razón por la cual resulta improcedente
el recurso de amparo en aquellos casos en los que, siendo necesario, no se haya
agotado el grado jurisdiccional de consulta.
En sentencia
T-1113 de 2005, esta Corporación manifestó que:
"Una vez queda en firme la decisión
del incidente de desacato resulta procedente la acción de tutela. Sin embargo,
la acción será improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite, incluyendo
en este, la etapa de consulta."
13.- En conclusión, de acuerdo a la jurisprudencia vigente, la acción de
tutela es procedente de manera excepcional frente a las decisiones proferidas
en el trámite del incidente de desacato, siempre que se cumplan con dos
presupuestos:
1.
Que se demuestre la existencia de una de las
causales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales y,
2.
Que el trámite del incidente haya finalizado
con decisión debidamente ejecutoriada
Ahora bien, a
partir de las consideraciones antes expuestas, procederá la Sala Octava de
Revisión a desarrollar el siguiente tema objeto de estudio en esta providencia
enunciado anteriormente.
La doctrina
constitucional sobre el incidente de desacato.
A.- El incidente de desacato
14.- El desacato es un mecanismo de creación legal, que procede a
petición de la parte interesada, a fin de que el juez constitucional en
ejercicio de sus potestades disciplinarias sancione con arresto o multa a quien
con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas mediante
sentencias que buscan proteger los derechos fundamentales.
En consonancia
con lo anterior, debe precisarse que la figura del desacato ha sido entendida
como una medida que tiene un carácter coercitivo[31],
con la que cuenta el juez constitucional para conseguir el cumplimiento de las
obligaciones que emanan de sentencias de tutela proferidas para evitar o
reparar la vulneración de derechos constitucionales.
15.- Concretamente, el fundamento legal
del desacato está consagrado en los artículos 52 y 27 del Decreto 2591 de 1991,
en virtud de los cuales se establece:
"Artículo 52. Desacato. La
persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente
Decreto, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses
y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que en este
Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá
dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. ".
“Artículo 27. (…) El juez podrá
sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su
sentencia (…)”
16.- De esta manera se tiene que, el desacato se convierte en uno de los
instrumentos con los que dispone el juez constitucional para lograr la
protección de derechos fundamentales, cuya violación ha sido evidenciada a
partir de una providencia judicial que surgió con ocasión de la resolución de
una acción de tutela. Dicho mecanismo consiste en la posibilidad de imponer
ciertas sanciones con el propósito de obtener el cumplimiento de lo ordenado en
la respectiva sentencia.
Acorde con lo establecido legalmente, el trámite del desacato tiene
un carácter incidental, el cual puede finalizar con la expedición de un auto
que imponga una sanción de “arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de
veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones
penales a que hubiere lugar”.
17.- Dentro de éste contexto, se encuentra que el procedimiento del
desacato puede concluir con uno de los siguientes supuestos: (i) la expedición
de una decisión adversa al accionado, circunstancia en la cual debe surtirse el
grado jurisdiccional de consulta ante el superior jerárquico con el propósito
de que se revise la actuación de primera instancia, quien después de confirmar
la respectiva medida, deja en firme o no la mencionada decisión para que
proceda su ejecución, en ningún caso esta providencia puede ser objeto de
apelación por no haber sido consagrada su procedencia por parte del legislador,
y (ii) la emisión de un fallo  que no impone sanción alguna, evento en el cual
se da por terminado el respetivo incidente con una decisión ejecutoriada.
B.- Objeto del incidente de desacato
18.- Ahora bien, en este punto ya ha quedado claro que, el juez
constitucional además de tener la obligación de velar por la observancia de la
sentencia de tutela, tiene la posibilidad de tramitar a petición de parte, un
incidente de desacato. De acuerdo con esto, se encuentra que el principal
propósito de este trámite se centra en conseguir que el obligado obedezca la
orden impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de un
recurso de amparo constitucional. Por tal motivo, debe precisarse que la
finalidad del mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí
misma, sino que debe considerarse como una de las formas de buscar el
cumplimiento de la respectiva sentencia[32].
19.- En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional[33]
ha precisado que la imposición o no de una sanción en el curso del incidente de
desacato puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la
orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a tramitar un incidente
de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por
el juez de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar
la sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo el
procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que se
imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los
derechos fundamentales del actor.
20.- Adicionalmente, el incidente de desacato debe entenderse como un
instrumento procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional a la
administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), puesto que éste permite
la materialización de la decisión emitida en sede de tutela, con lo cual no
basta con que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a la tutela y
que con ella se protejan sus derechos fundamentales, sino que existan medios
que ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez
constitucional.
21.-
Por su parte, esta Corporación ha establecido que la finalidad del grado
jurisdiccional de consulta está prevista para proteger los derechos del
incidentado, toda vez que éste se encuentra en una situación de indefensión. Lo
anterior, por cuanto se trata de un sujeto a quien se le ha impuesto una
sanción de multa o privación de la libertad por el incumpliendo de la orden de
tutela. En este contexto, se encuentra que la consulta al proceder sin
necesidad de solicitud de las partes comprometidas en el trámite, debe ser
considerada como un mecanismo automático que conduce al juez de nivel superior
a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente
con base en motivos de interés público o con el objeto de proteger a una de las
partes dentro del mencionado procedimiento. De tal manera que, su estudio debe
limitarse a la primera providencia, por tanto la consulta del incidente no
puede extenderse al análisis de la legalidad de la sentencia de tutela en la
cual se dio la orden que se alega como incumplida[34].
C. - El desacato y su diferencia con el
cumplimiento del fallo de tutela
22.- La competencia para asegurar el cumplimiento de una sentencia de
tutela, así como la de tramitar el respectivo incidente de desacato corresponde
siempre al juez que conoció el recurso de amparo en primera instancia.
23.- Ahora bien, debe indicarse que el desacato es una
figura jurídica distinta a la del cumplimiento de la sentencia de tutela. Tal
afirmación, ha sido desarrollada por esta Corporación a lo largo de su
jurisprudencia, en virtud de la cual se ha puesto de presente con bastante
claridad, cuáles son las diferencias existentes entre los conceptos de desacato
y cumplimiento. En términos generales, se ha establecido que, todo desacato
implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato. De
manera concreta la Corte Constitucional en sentencia T-458 de 2003 precisó:
“Las diferencias entre el desacato y el cumplimiento son las
siguientes:
i.)
El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la
garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento
disciplinario de creación legal.
ii.)
La responsabilidad exigida para el cumplimiento
es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva.
iii.)
La competencia y las circunstancias  para el
cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591
de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del
mencionado decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen
puntos de conjunción y de diferencia.
iv.)
El desacato es a petición de parte interesada;
el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o
por el Ministerio Público.”
24.- De las anteriores
diferencias se concluye que, el cumplimiento es de carácter principal pues
tiene su origen en la Constitución y hace parte de la esencia misma de la
acción de tutela, bastando una responsabilidad objetiva para su configuración;
por su parte, el desacato es una cuestión accesoria de origen legal y para que
exista se requiere una responsabilidad de tipo subjetivo consistente en que el
solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que
es necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la
sentencia de tutela.
D.- Limites,
competencias y facultades del juez de tutela cuando resuelve una acción de
tutela contra incidente de desacato.
25.- Según la jurisprudencia trazada por esta Corporación, el juez
constitucional cuando conoce y estudia la procedencia del recurso de amparo
contra desacatos, debe limitarse a estudiar:
(i) si el juez del desacato actúo de conformidad con la decisión de
tutela originalmente proferida;
(ii) si respetó el debido proceso de las partes; y, finalmente, y
(iii) si la sanción impuesta – si fuere el caso – no es arbitraria[35].[36]
26.- Con relación a los límites,
competencias y facultades del juez constitucional cuando resuelve una acción de
tutela contra incidente de desacato, esta Corporación se ha pronunciado
reiteradamente en otras oportunidades, y ha precisado que el ámbito de acción
del juez que conoce de la tutela contra un desacato está determinado y limitado
por la parte resolutiva del respectivo fallo. Por tanto, es su deber verificar:
(i) a quién esta dirigida la
orden;
(ii) cuál fue el
término otorgado para ejecutarla; y
(iii) el alcance
de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la
cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)"[37].
27.- Para esta Corte resulta claro que, una de las limitaciones a las
facultades otorgadas al juez constitucional dentro del trámite del incidente de
desacato, viene dada por los aspectos que ya fueron objeto de pronunciamiento por
el fallador de instancia respecto de los hechos que motivaron la acción de
tutela, por tanto, no puede reabrirse el debate jurídico que fue resuelto en su
oportunidad, pues con relación a éstos opera el fenómeno de cosa juzgada
constitucional.
28.- De manera concreta, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que cuando el juez de tutela
resuelve amparar el derecho cuya protección se invoca, conserva la competencia
para dictar órdenes que aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o
las causas de la amenaza sean eliminadas. Lo anterior, implica que pueden
introducirse ajustes a la orden original siempre y cuando ello se haga dentro
de los siguientes lineamientos a fin de que se respete la cosa juzgada:
“(1) La facultad puede ejercerse cuando
debido a las condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus
aspectos accidentales, bien porque:
(a) la orden original nunca garantizó el
goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero
luego devino inane;
(b) porque implica afectar de forma grave,
directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o
(c) porque es evidente que lo ordenado
siempre será imposible de cumplir.
(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a
la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el
cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden
impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado.
(3) Al juez le es dado alterar la orden en
sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo
y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad.
(4) La nueva orden que se profiera, debe
buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha
reducción de manera inmediata y eficaz.”[38]
E.- Alcance de la decisión dentro del
incidente de desacato.
a.- La demostración de la responsabilidad subjetiva como uno de los
elementos esenciales para que el juez en virtud de su facultad disciplinaria
pueda imponer la sanción por desacato.
29.- De acuerdo con las consideraciones que han sido expuestas hasta
ahora, se encuentra que constituye un deber ineludible del juez constitucional
verificar si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la
orden proferida por la sentencia de tutela, con lo cual, una vez precisada la
anterior situación tiene la obligación de indagar cuáles fueron las razones por
las que el accionado no cumplió con la decisión tomada dentro del proceso; lo
anterior a fin de establecer cuáles son las medidas necesarias para proteger
efectivamente los derechos fundamentales invocados.
30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente
tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos
a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por
tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que
desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la
responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador
tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia
de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada –
proporcionada y razonable – a los hechos[39].
31.- De acuerdo con las anteriores
consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerción que
surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las
cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen
que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre
será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la
existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe
haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando
eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del
incumplimiento.
32.- En este punto cabe recordar que, la
mera adecuación de la conducta del accionado con base en
la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la utilización
del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la Constitución
y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el
comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal
sustentado en la culpa o el dolo.
33.- Dentro de este contexto, resulta imperativo remitirse a aquellas
consideraciones según las cuales el juez constitucional a fin de hacer cumplir
las órdenes de tutela puede utilizar medidas de carácter disciplinario, las
cuales deben sujetarse a las normas constitucionales que buscan garantizar el
Estado Social de Derecho, y los derechos fundamentales que rigen nuestro
ordenamiento jurídico, siendo la culpabilidad uno de ellos según lo consagrado
en el artículo 29 Superior.
Concretamente,
el artículo 29 de la Constitución Política expresa que el derecho fundamental
al debido proceso, debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Razón por la cual se establece que “Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.
Es decir, que en
nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva a fin de
imponer sanciones y, por lo tanto, la culpabilidad es “Supuesto ineludible y
necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa
que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la
responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga”[40].
Principio constitucional que recoge el artículo 14 del C.D.U. al disponer
que “en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”. Así
lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que “el
hecho de que el Código establezca que las faltas disciplinarias solo son
sancionables a título de dolo o culpa, implica que solamente pueden ser
sancionados disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente
proceso – con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general,
del debido proceso -, y que dentro de éste se haya establecido la
responsabilidad del disciplinado”[41].
Si la razón de
ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se
configure violación por su incumplimiento, el infractor, sólo puede ser
sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues como ya se dijo, el
principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de
carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho
sancionatorio, entre ellas, por ejemplo el derecho disciplinario de los
servidores públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad
de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se
aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular consagración de
garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se
realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en
comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado”[42].[43]
La
Corte Constitucional en sentencia T-763 de 1998 precisó que para que exista
culpabilidad, y con ello sea posible imponer una sanción por desacato, es
necesario comprobar la negligencia de la persona  para el incumplimiento del
fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del
incumplimiento. De igual forma se dejó claridad que: “si se trata del
superior inmediato del funcionario que ha debido cumplir la orden, tratándose
de la tutela, adicionalmente ha debido existir una orden del juez requiriéndolo
para que hiciere cumplir por el inferior el fallo de tutela, dándosele un
término de cuarenta y ocho horas porque así expresamente lo indica el artículo
27 del decreto 2591 de 1991
b.- El juez constitucional debe abstenerse de imponer la respectiva
sanción cuando la obligación que se deriva de una orden de tutela no ha sido
determinada ni se ha dado la oportunidad de cumplirla a pesar de la buena fe
del obligado
34.- En este orden de ideas, debe precisarse que tanto el juez como el
responsable de la obligación surgida en virtud de la sentencia de tutela, deben
tener certeza acerca de cuál es la conducta esperada y en qué forma específica
debe materializarse la orden. En todo caso, es indispensable que el sujeto
obligado siempre demuestre que desarrolló conductas positivas de las cuales
puede inferirse que obró de buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos
de la autoridad judicial[44]
35.- En concordancia con esta línea argumentativa, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha indicado que al momento de evaluar si existió o no
desacato, no pueden dejarse de lado el examen de situaciones especiales que
pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad dependiendo de cada
caso concreto, es decir, debe tenerse en cuenta si ocurrieron circunstancia de
fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para
cumplir, las cuales siempre deben ser estudiadas a la luz del principio de la
buena fe del demandado[45].
36.- Dentro de este contexto, esta Corporación ha señalado que, no puede
imponerse sanción por desacato cuando:
(i)
la orden impartida por el juez de tutela no ha
sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es
difuso y,
(ii)
cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la
orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo[46].
37.- En efecto, es improcedente la imposición de una sanción consistente
en multa o privación de la libertad como consecuencia del desacato, siempre que
se considere que medidas de tales proporciones son impuestas para cumplir un
fallo de tutela que no ha sido determinado, ni se ha dado la oportunidad de
cumplirla a pesar de la buena fe del demandado.
De acuerdo con
las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala de Revisión analizará el
caso concreto objeto de la presente sentencia.
Análisis del caso concreto
Primero - Acción de tutela proferida por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito del Cartagena, el 10 de agosto de 2001, contra la
cual se interpuso el incidente de desacato objeto de estudio.
38.- La señora Marlyn Murra, en representación de sus hijos menores
Nidia Sofía Succar Murra, José David Succar Murra y Roberto Ismael Succar
Murra, interpuso acción de tutela contra la Sociedad Casa Succar Ltda. ante el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, a fin de que se protegieran los
derechos fundamentales a la educación, la vida digna, y a la familia. Como
consecuencia pidió se ordenara al demandado que de las utilidades que tuvieran
los menores en su calidad de socios de Casa Succar se pagaran a los Colegios
Altair y Gimnasio Cartagena de Indias, las matrículas pensiones y los demás
elementos necesarios para que pudieran seguir estudiando.
39.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, que conoció de la
anterior acción de tutela en primera instancia, mediante sentencia de diez
(10) de agosto de dos mil uno (2001) condenó a la accionada. En sus
consideraciones manifestó, que en el caso concreto los menores aparecían en
relación de indefensión respecto de la sociedad demandada, de la cual eran
socios. Así mismo, estimó que aún cuando existía otro mecanismo de defensa para
la obtención de las utilidades de los accionantes, tal medio no era suficiente
para proteger los derechos constitucionales de los menores, razón por la cual,
tenía cabida la acción de tutela a fin de evitar un perjuicio irremediable que
afectara sus derechos fundamentales de acceso a la educación.
A juicio del
juez de a quo, el hecho básico que dio origen a la tutela se concretaba
en:
“No estar los menores NIDIA SOFIA, JOSE
DAVID Y ROBERT ISMAEL SUCCAR MURRA, matriculados en el Colegio Altair y
Gimnasio  Cartagena de Indias para el período del 2001 al 2002 por el no pago
de las utilidades a que tienen derecho en la sociedad demanda, períodos que no
fueron reconocidos en anterior tutela, por tanto no pudieron hacerse efectivos”
Posteriormente, en
la mencionada providencia se indicó que:
“Así mismo, se deja establecido que no
se hecha mano de los dictámenes a que alude el demandado, pues a la fecha
en que aparece estudiada la contabilidad a la fecha actual han podido variar
las circunstancias que existían en ese momento, no existiendo certeza de que se
hubieren o no producido utilidades a favor de los menores, o de que se hubieren
repartido, pues sabemos que la sociedad demandada es una sociedad casi en su
totalidad de familia”[47] (Negrillas fuera del
texto)
40.- De acuerdo con las anteriores consideraciones, el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Cartagena, mediante providencia del diez (10) de
agosto de dos mil uno (2001) resolvió:
1). Tutelar los derechos a la vida digna,
educación, familia y vida de los menores JOSE DAVID, NIDIA SOFÍA Y ROBERT
ISMAEL SUCCAR MURRA.
2).- Concedese (sic) a la demandada Casa
Succar a  través de su liquidador un término de diez (10) días para que de las
utilidades que tengan los menores citados en el numeral primero anterior en su
calidad de socios de la sociedad demandada, pague a el (sic) Colegio ALTAIR
y GIMNASIO CARTAGENA DE INDIAS, las deudas que tienen los menores que les
permitan matricularse y pagar las mensualidades y demás conceptos causados y
los que se causen en caso de existir utilidades a su favor, presentando al
despacho las correspondientes constancia de pago” (…)[48]
(Negritas fuera del texto original)
41.- La Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, por medio de sentencia de
siete (7) de noviembre de dos mil uno (2001), confirmó el fallo proferido
por el a quo dentro de la tutela propuesta por
Marlyn Murra, en representación de sus hijos menores contra la Sociedad Casa
Succar Ltda.
42.- En este contexto, resulta de gran importancia precisar que, para la
Corte Constitucional es claro que, con independencia de si el fallo de tutela
fue adecuado o inadecuado, el mismo fue objeto de impugnación y confirmado en
segunda instancia de manera íntegra. A lo anterior debe sumarse que la
mencionada providencia no fue seleccionada para su revisión por esta Corporación.
Razón por la cual, la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada y debe ser
cumplida en los términos en que fue proferida, sin que luego puedan realizarse
consideraciones adicionales que restrinjan o limiten el alcance de la
protección que se estableció en la parte resolutiva.
Segundo – Análisis en concreto del desacato.
43.- Después de haber sido presentados y
fallados varios incidentes de desacato, los cuales, no son objeto de estudio en
esta ocasión por parte de la Corte Constitucional por no haber sido demandados.
En el año de 2007, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena
mediante providencia del once (11) de diciembre de dos mil siete (2007) decidió
uno de los varios trámites de desacato propuestos por la señora Marilyn Murra
en representación de sus hijos, el cual será analizada por esta Sala de
Revisión. En esa oportunidad, el Juez consideró que,
debido a la renuncia de la liquidadora de esa
época Dra. Yesenia Bula Raad y a la falta de suplente, el incidente debía
dirigirse en contra de la Junta de Socios de Casa Succar Ltda.
44.- Concretamente, en la providencia de
once (11) de diciembre de dos mil siete (2007) el Juzgado demandado
realizó ciertas afirmaciones a fin de sustentar su decisión, las cuales por su
importancia serán trascritas y analizadas por esta Corporación a continuación:
En primer lugar, consideró el juez demandado que:
“esta vez a falta de liquidadora quienes
deben responder son los demás asociados, ya que estos se han venido escudando
en la figura de la liquidadora para burlar el fallo de tutela”
(…)
“Ocurre que la liquidadora la anterior
(sic) Dra. YESENIA BULA RADD, presentó renuncia y por ello este incidente de
desacato se orientó contra la Junta de Socios de CASA SUCCAR LTDA. En vista de
no existir en el momento de su promoción liquidador suplente luego estos en
virtud de la ley asumen la responsabilidad y deberes previstos en la ley 222 de
1999 y por ello en este instante al no haberse acreditado la inscripción del
nuevo liquidador designado -- según se reporta en este asunto acaeció el día
ocho (8) de octubre hogaño – indefectiblemente el incumplimiento recae el (sic)
Junta De Socios, claro está con excepción de aquellos socios que cedieron sus
cuotas, esto es ANA SOFÍA SUCCAR MANZUR, MARÍA VICTORIA SUCCAR MANZUR Y JOSE
NICOLAS ARRÁZOLA.
Entonces, para este juzgado contrastando lo
anterior con lo fallado en este asunto; la no inscripción del nuevo liquidador
designado y las previsiones del artículo 358 del CC (sic) que determina que
la representación legal de las sociedades de responsabilidad limitada en
principio recae en todos y cada uno de sus socios y estos podrán delegar la
representación y la administración en un gerente  -- en este caso de
liquidación en un liquidador – resulta claro que a raíz de la renuncia y sin
que exista liquidador, ya que no está inscrita su designación, deviene en este
evento que los socios asumen la responsabilidad como tales, y por ello se harán
acreedores a las sanciones por desacato al fallo que nos ocupa”[49]
(Negrillas fuera del texto)
Como consecuencia de lo anterior, el mencionado juzgado resolvió
imponer la sanción de quince (15) día arresto a cada uno de los socios “EMILIO
SUCCAR SUCCAR, ANTONIO SUCCAR SUCCAR, MARCOS A SUCCAR CASTILLO, CARLOS A.
SUCCAR CASTILLO”, así como sendas multas equivalentes a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes[50].
45.- En este punto la Sala debe precisar
que, el tenor literal del artículo 358 del Código de Comercio al que
hace referencia el Juzgado accionado se consagra expresamente lo siguiente:
“La representación de la sociedad y la
administración de los negocios sociales corresponde a todos y a cada uno de los
socios; éstos tendrán además de las atribuciones que señala el artículo
187, las siguientes:
(…)
5) Elegir y remover libremente a los
funcionarios cuya designación le corresponda. La junta de socios podrá
delegar la representación y la administración de la sociedad en un gerente,
estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones”. (Negrillas fuera
del texto original)
A su vez, cabe
resaltar que de acuerdo con la el artículo 353 del Código de Comercio se
establece que:
“En las compañías de responsabilidad
limitada los socios responderán hasta el monto de sus aportes.
En los estatutos podrá estipularse para
todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones
accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía,
duración y modalidades”.
46.- Como consecuencia de lo mencionado
anteriormente, esta Sala estima que no es posible confundir los conceptos de
responsabilidad social con los de representación y administración de los
negocios sociales, puesto que estos últimos corresponden a todos y cada uno de
los socios; en cambio, el primero, de acuerdo con la legislación colombiana, en
principio recae sobre la persona jurídica societaria, puesto en este tipo de
sociedades los socios responden hasta el monto de sus aportes[51].
Lo anterior, por cuanto la constitución de esta figura jurídica se hace con la
finalidad misma de limitar la responsabilidad, con el propósito de que no se
vea afectado el patrimonio personal de cada uno de los asociados[52].
47.- En tal sentido, conviene reiterar
que en las sociedades limitadas existe un postulado según el cual los socios
responden hasta el monto de sus aportes, con lo cual, una vez cumplida su
obligación de efectuar dichos aportes, no responden por las deudas sociales, lo
que en últimas evidencia con claridad la separación de patrimonios: (i) el de
cada uno de los socios y (ii) el de la sociedad. En efecto, quien responde por
los negocios y las deudas sociales es el patrimonio radicado en la persona
jurídica distinta a la de sus integrantes y es por eso que se dice que aquel
sirve como prenda general a los terceros.
48.- No obstante, la ley prevé
circunstancia en las cuales el principio de responsabilidad limitada puede
ampliarse o limitarse: (i) cuando en los estatutos se ha estipulado determinada
responsabilidad adicional a sus aportes, (ii) Si se pactan prestaciones
accesorias a favor de la sociedad y (iii) si se ha obligado a otorgar
determinadas garantías a favor de acreedores sociales.
Adicionalmente en materia laboral y tributaria se ha hecho claridad
que los socios responden solidariamente hasta el monto de sus aportes respecto
de los créditos laborales y fiscales[53].[54]
Esta Corporación
a partir de la revisión constitucional del Artículo 794 (Modificado Ley 223 de
1995 art. 163) profirió la sentencia C-210 de 2000 en la que se indicó que
resulta exequible que el legislador introduzca la responsabilidad solidaria como
un mecanismo tendiente a impedir, la práctica de la evasión tributaria, sin que
ello signifique desconocimiento de los principios y normas superiores. Tal
fenómeno encuentra fundamento en la función social del derecho de propiedad
(art. 58 superior), y en la necesidad de financiar permanentemente los gastos e
inversiones públicas (art. 95-9 ibídem), ya que es incuestionable que exista un
interés patrimonial del socio en los resultados de las actividades que cumpla
la sociedad, por tanto la suerte de ésta y las obligaciones que se causen por
razón de la misma no deben ser enteramente ajenas al asociado, por lo que el
legislador entendió que el miembro del ente social asume los riesgos inherentes
a las vicisitudes de este tipo de negocios jurídicos contractuales.
Por su parte, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-
865 de 2004 con ocasión del estudio de constitucionalidad respecto de las
normas del Código de Comercio que regulan la responsabilidad limitada de las
sociedades anónimas precisó que el principio de limitación del riesgo de una
sociedad de capital no es absoluto, pues tal derecho no puede ser utilizado
para defraudar los intereses legítimos de terceros, entre éstos, los derechos
de los trabajadores y pensionados a fin de evitar tales situaciones puede
acudirse a herramientas legales propias del levantamiento del velo corporativo,
para obtener la reparación del daño[55].
Aunado a lo
anterior, conviene hacer referencia expresa al artículo 36 del código
individual del trabajo. “Son solidariamente responsables de todas las
obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y
sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el
límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una
misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión”.
49.- La Sala advierte que el presente
asunto no encaja en alguno de los supuestos anteriores, por tanto éste
se rige por el principio según el cual el riesgo de cada socio se circunscribe
al monto de su aporte.  Razón por la cual, la responsabilidad que el juez
demandado imputa de manera automática e individual sobre cada uno de los socios
de Casa Succar Ltda., no se sustenta en ninguno de los supuestos legales o
jurisprudenciales anteriormente mencionados, por lo tanto, en principio, a
ninguno le corresponde asumir las deudas que deben ser cubiertas con el
patrimonio social.
50.- De las anteriores consideraciones,
puede deducirse claramente que el Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena,
al afirmar de manera ligera y sin ningún tipo de argumentación jurídica
suficiente que, al no existir liquidador inscrito de la sociedad Casa
Succar Ltda.[56], la representación y la
administración de los negocios sociales recae sobre todos y a cada uno de los
socios, y en esa medida son ellos los llamados a responder por las deudas
adquiridas por la Sociedad limitada, constituye de forma clara un cambio
sustancial en la decisión consignada en la sentencia de tutela emitida por el
Juzgado accionado el once (11) de agosto de dos mil uno (2001), pues en
aquella oportunidad el recurso de amparo fue dirigido únicamente contra la
Sociedad Casa Succar Ltda.
Así pues, se encuentra en la acción de tutela que da origen al
incidente de desacato, la persona jurídica societaria se configuró como el
extremo pasivo de la demanda, no los socios singularmente considerados, los
cuales no participaron dentro del proceso iniciado con ocasión del recurso de
amparo interpuesto por Marylin Murra, toda vez que, tal y como se ha afirmado a
lo largo de ésta providencia, la acción se interpuso contra la Casa Succar Sociedad
Limitada. Razón por la cual, la decisión de extender la responsabilidad de ésta
a los socios individualmente considerados y en consecuencia imponerles una
sanción por desacato consistente en multa o arresto a cada uno de ellos sólo
por el hecho de ser los representantes y administradores de la compañía,
constituye una causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
que se encuadra claramente en un defecto sustantivo y fáctico que a todas luces
viola derechos fundamentales del accionante, en especial el debido proceso.
51.- En efecto, de acuerdo con esta línea de argumentación, la Corte
evidencia claramente que en las providencias emitidas dentro del trámite de
desacato cuestionado se configuró un (i) Defecto Sustantivo
consistente en la verificación de una insuficiente
sustentación o justificación de las actuaciones y decisiones, así como la
indebida aplicación de las normas legales que rigen la materia[57],
circunstancias que terminaron afectando los derechos fundamentales del actor,
las cuales concluyeron en una violación flagrante concretamente al debido
proceso del señor Emilio Succar Succar por las situaciones que a continuación
se explican.
52.- El juez desconoció las normas del Código de Comercio y trasladó de
manera automática la obligación de cancelar las deudas surgida en virtud de la
acción de tutela que correspondían a la Sociedad Casa Succar Ltda en
liquidación, a los socios individualmente considerados sin ningún tipo de
argumentación jurídica suficiente, los cuales a todas luces no hicieron parte
en el proceso de amparo que dio origen a la sentencia del diez (10) de agosto
de dos mil uno (2001), por tanto el fallador debió tener en cuenta que las
decisiones tomadas dentro del trámite de desacato no podían supeditarse a
consideraciones posteriores, toda vez que éstas no habían surgido de la lectura
de la orden. De lo anterior resulta claro que, los jueces que conocieron del
respectivo trámite modificaron de manera sustancial la decisión contenida en la
tutela, al tomar como sujetos pasivos a personas que no fueron parte dentro del
recurso de amparo.[58]
53.- Adicionalmente debe recordarse que
dentro de un trámite de desacato no es posible modificar la orden de tutela,
que en esta ocasión iba claramente dirigida en contra de la Sociedad Casa
Succar Ltda. en liquidación, bajo el argumento de que en este tipo de
sociedades al no existir liquidador quienes debe responder son los socios, con
lo cual, la sustentación de tal decisión con base en el artículo 358 del Código
de Comercio, sin ningún tipo de argumentación jurídica adicional con el
propósito de inferir de forma automática la existencia de responsabilidad, como
lo hace el juez demandado, es claramente contraria los postulados
constitucionales, pues a partir de estas consideraciones se traslada la
obligación de pagar de su patrimonio los socios deben pagar de su patrimonio
las deudas de la persona jurídica.
54.- Por su parte, se encuentra que
también existió un (ii) Defecto Fáctico pues el juez no tuvo apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[59].
Lo anterior, por cuanto el Juez Sexto Civil del
Circuito de Cartagena a partir del auto de veintitrés (23) de noviembre de dos mil siete (2007) decidió
prescindir del período probatorio, toda vez que tuvo como tales, no sólo los
documentos recaudados por él, sino aquellos que reposan en el expediente
contentivo de la acción de tutela, así como los demás incidentes de desacato
que se han rituado en el presente asunto. Dentro de este contexto, estima la
Sala que la sola afirmación de la existencias de pruebas en otros expediente,
sin que medie valoración alguna de cada una de ellas con relación al asunto que
se pretende resolver, resulta insuficiente, en la medida que, no puede perderse
de vista que un procedimiento que culmina en la imposición de una sanción debe
fundarse en pruebas claras, concretas y determinadas, que si bien pueden ser
trasladadas de otros procesos deben ser apreciadas y valoradas nuevamente por
el juez en el caso particular, situación que extraña la Sala dentro de las
providencias que son objeto de revisión.
55.- En el asunto que hoy ocupa la atención de la Sala de Revisión, se encuentra
que los jueces que decidieron el desacato, después de constatar la existencia
de un incumplimiento de la orden por parte del señor Emilio Succar Succar,
debieron verificar cuáles fueron las razones que produjeron tal omisión, con el
fin de establecer si debían tomarse medidas sancionatorias. Sin embargo, se
aplicó la sanción de arresto y multa al señor Emilio Succar sin que
existiera prueba de la responsabilidad subjetiva, sin tener en cuenta que
resulta inconstitucional presumir la responsabilidad
por el sólo hecho del incumplimiento.
56.- Ahora bien, esta Corporación
considera que al examinar la orden de tutela objeto del incidente de desacato,
ésta se circunscribe únicamente a que la Sociedad Casa Succar Ltda., pague al “Colegio
ALTAIR y GIMNASIO CARTAGENA DE INDIAS, las deudas que tienen los menores que
les permitan matricularse y pagar las mensualidades y demás conceptos causados
y los que se causen en caso de existir utilidades a su favor, presentando
al despacho las correspondientes constancia de pago” (Subrayados y
negrillas fuera del texto original).
57.- Así pues, el Juzgado accionado en
virtud de su competencia para hacer cumplir la orden en ningún momento
especificó la cuantía de la utilidades de la sociedad en virtud de las cuales
se debía cumplir con la obligaciones adquiridas por Casa Succar Ltda., pues si
bien, hace referencia a unos dictámenes periciales realizados en procesos
anteriores, en ningún momento determina el monto de las utilidades que van a
ser definitivas para concretar el contenido de la obligación y mucho menos hace
un análisis específicas de las mismas, omisión que, en vez facilitar el
cumplimiento de la orden, dificultan la observancia y concreción de misma, lo
cual imposibilita la satisfacción de las obligaciones surgidas, pues no existe
certeza de la suma que debe pagarse a los menores accionantes con el propósito
de cancelar sus matriculas escolares.
58.- Por otra parte, a partir de la
lectura del expediente, esta Corporación no encuentra dentro de las decisiones
emitidas por el Juez Sexto Civil del Circuito una valoración de las pruebas
dirigidas a determinar la existencia de culpabilidad respecto del accionado,
toda vez que el sustento real de su providencia, no va encaminado a verificar
la presencia de responsabilidad subjetiva del demandado a fin de imponer la
sanción; sino que se limita únicamente a precisar que en el caso particular,
debido a que no existe la figura del liquidador, los socios asumen la
responsabilidad como tales “y por ello se harán acreedores a las sanciones
por desacato al fallo de tutela que nos ocupa”[60].
Circunstancia que va en contra de las normas constitucionales que proscriben la
imposición de sanciones disciplinarias con base en la responsabilidad objetiva,
es decir, para se tomen medidas sancionatorias como el arresto o la multa,
resulta necesario demostrar con anterioridad la existencia de culpabilidad de
cada uno de los demandados.
59.- En efecto, el juez constitucional
al momento de decidir este tipo de procesos debió verificar la presencia de los
elementos dirigidos a demostrar que hubo negligencia de la persona que
desconoció el referido fallo, por tanto no podía presumir la responsabilidad
por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juez tenía la
obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de
responsabilidad subjetiva del accionado cual debía ser la sanción adecuada –
proporcionada y razonable – a los hechos[61].
60.- En tal sentido, a partir de los
documentos probatorios recaudados durante este proceso se encuentra que el
señor Emilio Succar Succar realizó conductas positivas con la intención de
cumplir con sus obligaciones, de las cuales puede inferirse que obró de buena
fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la autoridad judicial[62].
A lo anterior
se suma que, el artículo 83 Superior reconoce el principio de buena fe en las
actuaciones de los particulares, el cual tiene desarrollo legislativo expreso,
en materia contractual, en los artículos 1603 de Código Civil[63]
y 871 del Código de Comercio[64]. En efecto, según este
principio, las partes obligadas por un acto jurídico actúan bajo los parámetros
de la recta disposición de la razón dirigida al cumplimiento fiel de las
obligaciones derivadas del acto. De acuerdo a lo anterior la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, no podría considerarse que el ejercicio del
derecho de asociación para constituir una persona jurídica sea con el ánimo de
defraudar los intereses de terceros. Por el contrario, la constitución y
creación de sociedades de riesgo limitado, es con el propósito firme de
contribuir al crecimiento y desarrollo económico de la nación[65].
Prueba de ello lo constituye el oficio presentado por el apoderado
judicial del accionante al Juzgado demandado en virtud del cual manifiesta su intención
de cumplir con el fallo, no obstante tal situación no fue tenida en cuenta por
los jueces demandados al momento de resolver el incidente[66].
Lo anterior, encuentra sustento en el memorial presentado por el
apoderado judicial del señor Emilio Succar Succar ante el Juzgado Séptimo Civil
del Circuito de Cartagena el día once (11) de diciembre de dos mil ocho (2008)[67]
mediante el cual se manifiesta expresamente:
“Nos hemos limitado a exponer nuestros
argumentos jurídicos, reclamando se defina cuánto es el monto de lo que
eventualmente debe cancelar el señor Emilio Succar en su condición de socio de
la sociedad CASA SUCCAR LTADA EN LIQUIDACIÓN, lo que hasta la fecha y hora de
presentación de este memorial no ha sido posible conocer ni por parte del
anterior juez del conocimiento, ni de su despacho; lo que nos mantiene en un
estado de incertidumbre porque no sabemos con la certeza que un proceso formal
como el que nos ocupa supone, el valor que eventualmente se ha de cancelar.
(…)
Señor Juez, que le haga ver a la accionante
que no es que mi apadrinado se niegue a pagar algún concepto en este asunto,
sino es que ni su Despacho siquiera, y mucho menos mi mandante ni ningún otro
sujeto procesal, sabemos aún cuanto es lo que eventualmente tuviera que pagar.
(…)
Precisamente por ello es que hemos
presentado varios memoriales rogándole antes al Juez Sexto y ahora a su
Despacho, que se impulse el proceso y se permita concluir el trámite que hará
posible conocer cual sería el monto y los conceptos correspondientes, sin
perjuicio de lo que resulte de la tutela en curso”[68]
61.- Por otra parte se encuentra que, respecto de la providencia
expedida por el Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena se surtió el grado jurisdiccional de consulta ante la Sala Civil –
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, cuyo fallo
también incurrió en defectos sustantivos y fácticos, toda vez que confirmó
parcialmente la decisión de su inferior jerárquico.
Concretamente,
el mencionado Tribunal mediante fallo de dieciocho (18)
de enero de dos mil ocho (2008) resolvió:
“PRIMERO: Se confirma parcialmente el
numeral segundo de la parte resolutiva del proveído de diciembre 11 de 2007
dictado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena dentro del trámite
de incidente de desacato de MARYLIN MURRA VDA. DE SUCCAR en representación de
sus menores hijos NIDIA SOFIA, JOSE DAVID Y ROBERTO ISMAEL SUCCAR MURRA contra
CASSA SUCCAR SUCCAR LTDA. EN LIQUIDACIÓN, en el sentido que la multa que viene
impuesta solo lo es a cargo del señor EMILIO SUCCAR S.
SEGUNDO: Reformase el numeral primero de la
providencia de fecha 11 de diciembre de 2007 dictada en este asunto, la que
quedará así: “Impóngase al socio EMILIO SUCCAR S., sanción consistente en cinco
(5) días de arresto en un lugar que oportunamente se señalará”[69]
Expresamente, en la parte motiva de la sentencia el Tribunal
expresó:
“Para el caso concreto, dado el
desistimiento que del incidente de desacato hace la parte accionada en relación
con los señores MARCO ANTONIO Y CARLOS ALBERTO SUCCAR CASTILLO (Fol. 36 – 37
Cuaderno del Tribunal), procederá la Sala a revisar y pronunciarse sobre la
sentencia que impuso la sanción que hoy llega a consulta en relación con los
demás accionados, atendiendo a la procedencia del citado desistimiento”[70]
Así mismo, hizo claridad sobre:
“De dicho fallo se
desprende (el de tutela) que nación una obligación para la sociedad demandada,
Casa Succar en Liquidación, para con los menores JOSE DAVID, NIDIA SOFIA y
ROBERT ISMAEL SUCCAR MURRA, esto es la de solventar las deudas contraídas por
los menores por concepto de matrículas y las que se causaran, en caso de
existir utilidades, es precisamente por el incumplimiento de esta obligación
que la señora MARYLIN MURRA interpone nuevamente incidente, el cual reposa a
folios 74 y 75, en donde hace una relación de lo dejado de pagar”
62.- De las anteriores afirmaciones se
desprende que durante el trámite correspondiente al grado jurisdiccional de
consulta se realizó un acuerdo conciliatorio que conllevo al desistimiento de
la señora Marylin Murra respecto de dos de los socios demandados, razón por la
cual se termina imponiendo sanción por desacato únicamente al señor Emilio
Succar Succar.
En efecto, en memorial presentado por la Señora Marylin Murra ante
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena el día 19 de junio de 2008 se
indicó:
“Como es de su conocimiento después de
tanto tiempo, exactamente seis meses de confirmar una orden de captura ante el
Tribunal Superior contra el sindicado y haberse pasado la cuenta discriminada
de la deuda de la cual, los socios hermanos Succar Castillo, que no tienen que
ver nada con este problema, tuvieron que llegar a un acuerdo conmigo para
cancelar un mínimo de $7.000.000 de su bolsillo para no tener que
perjudicarse con sus empleos e ir a la cárcel (…)
En este contexto, se encuentra probado en el expediente que, el día
dieciocho (18) de enero de dos mil ocho (2008), los señores Marco Antonio
Succar Castillo, Carlos Alberto Succar Castillo y Marylin Murra suscribieron un
acuerdo, el cual consistió en la cancelación de una suma de dinero por una sola
vez equivalente a SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) Mtce, que la señora
MARYLIN MURRA VDA. DE SUCCAR manifestó aceptar incondicionalmente.[71]
A partir del anterior acuerdo, la señora Marylin Murra, mediante
memorial de fecha dieciocho (18) de enero de dos mil ocho (2008) presentado
ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, puso en
conocimiento el acuerdo al que había llegado con los socios Marco Antonio
Succar Castillo, Carlos Alberto Succar Castillo, donde ellos, según
afirmaciones de la accionante, reconocen su responsabilidad social obligándose
a cancelar de lo que le corresponde la suma de siete millones de pesos
($7.000.000) de los $64.066.000 relacionados dentro del proceso. En
consecuencia, desistió del presente incidente en relación con los las personas
mencionadas anteriormente.
63.- Para la Sala resulta claro que en
el caso concreto, se verificó que los juzgadores tenían la posibilidad de determinar
la cuantía de la obligación consignada en la orden expedida por el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito el 10 de agosto de 2001, la cual resultaba indeterminada.
Sin embargo, no hicieron uso de esa facultad, pues si bien existían algunos
dictámenes periciales como ya se mencionó, en ningún momento fueron valorados a
fin de identificar de manera concreta el monto de la obligación.
64.- No puede perderse de vista que, un procedimiento que culmina en la
imposición de una sanción debe fundarse en pruebas claras, concretas y
determinadas, que si bien pueden ser trasladadas de otros procesos deben ser
apreciadas y valoradas nuevamente por el juez en el caso particular, situación
que extraña la Sala dentro de las providencias que son objeto de revisión, dado
que de haberse valorado las pruebas habría podido evidenciarse la inexistencia
de responsabilidad subjetiva del actor, puesto que nunca se comprobó la
negligencia de su parte para cumplir con la mencionada obligación. En efecto,
dentro del trámite incidental, en ningún momento quedó claramente probado que
el accionante se hubiera negado de manera rotunda como socio de Casa Succar
Ltda. (en liquidación) a entregar las sumas debidas por concepto de utilidades
a los menores a fin de culminar sus estudios en los respectivos colegios.
Contrario a ello, se encuentran documentos a partir de los cuales el señor
Succar Succar manifiesta su intención de cancelar lo que le corresponde, sin
embargo, tal monto no ha sido del todo determinado, pues la orden de tutela no
señala el monto exacto de la obligación; muchos menos las providencias
proferidas dentro del incidente de desacato que hoy se estudia. De acuerdo con
esto, mal haría el juez constitucional en imponer una sanción al tutelante sin
haberse demostrado la existencia de una responsabilidad subjetiva en el
incumplimiento de la obligación.
65.- A juicio de la Corte, las consideraciones precedentes permiten
concluir que le asiste razón al actor cuando alega que no podía imponerse una
sanción sin que previamente se hubiera definido cuál era el monto de la
obligación y si ella estaba insatisfecha. En efecto, dadas las particulares
condiciones en las que se profirieron las ordenes emitidas por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena
para proteger los derechos fundamentales de los menores Nidia Sofía Succar Murra,
José David Succar Murra y Roberto Ismael Succar Murra, cuya fuerza de cosa juzgada
no puede controvertirse en esta oportunidad; en su momento era difícil saber
cual era el monto de las utilidades debidas a los infantes, mas aún cuando ésta
se encontraba en liquidación. Razón por la cual, debido al grado de
indeterminación de la decisión de tutela era necesario cuantificar el monto de
la obligación surgida con ocasión de los mencionados fallos.
66.- Adicionalmente, la Sala Octava de Revisión de esta Corporación encontró
demostrada la existencia del segundo requisito de procedencia de tutela contra
incidente de desacato inicialmente mencionado, es decir, que la decisión que
pone fin al desacato se encuentra ejecutoriada, esto es, que se agotaron en su
totalidad las etapas del trámite incidental. Como se desprende del relato
realizado, el desacato propuesto por la señora Marilyn Burra, en representación
de sus hijos menores contra la sociedad Succar Succar Ltda., cumplió todo el
procedimiento establecido, hasta al Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cartagena, el cual conoció y falló el grado jurisdiccional de consulta.
67.- En definitiva la Sala Octava de Revisión considera que las
providencias proferidas por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena el
día once (11) de diciembre de dos mil siete (2007) y la Sala Civil – Familia
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena el día dieciocho (18)
de enero de dos mil ocho (2008) mediante las cuales se sancionó al seño Emilio
Succar Succar con cinco (5) días de arresto y con multa de diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigente, que a su vez sirvieron de fundamento a la
orden de captura decretada en contra del accionante, vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, la salud, la integridad física y la vida
digna.
68.- Para finalizar debe hacerse mención que, a partir de los hechos
dentro de los cuales se enmarca el presente asunto, resulta importante
mencionar que la orden de captura expedida en contra del señor Emilio Succar
Succar, quien tiene 71 años de edad, fundada en las decisiones proferidas
dentro el respectivo incidente de desacato para hacer efectiva la sanción
impuesta correspondiente a cinco (5) días de arresto la
Cárcel Nacional de Sumariados de Ternera resulta excesiva y desproporcionada en
el caso concreto, por estar en juego el derecho a la libertad personal de un
sujeto de especial protección constitucional, quien en virtud de su avanzada
edad puede sufrir graves perjuicios a su salud e integridad física al ser
internado en el mencionado establecimiento carcelario y penitenciario.
Prueba de ello
la constituye el dictamen pericial emitido por Medicina Legal en donde se
indica expresamente:
“(…) En el caso del examinado presenta un
Episodio Actual Depresivo Leves con Ataques de Pánico en Remisión Parcial”
(…) No se haya criterios de hospitalización
actual, pero sí continuación del tratamiento psiquiátrico y seguimiento
psicoterapéutico para lograr la remisión total y evitar su recaída (…)”[72]
69.- De igual manera, por las razones
antes trascritas se revocará la sentencia proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia el diecisiete (17) de Julio de dos mil
ocho (2008). Así mismo, se dejarán sin efecto el trámite de desacato No. 0433 –
06 adelantado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, el cual
fue presentado por la señora Marylin Murra en representación de sus hijos en
contra de la Sociedad Casa Succar Ltda., en liquidación, incluyendo la orden de
captura proferida por el Juzgado accionado el seis de junio de dos mil ocho
(2008) en contra el señor Emilio Succar Succar, a fin de proteger sus derechos
fundamentales al debido proceso, la salud, la integridad física y la dignidad
humana.
70.- En consecuencia, se ordenará al
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que profiera una nueva decisión
atendiendo a los criterios constitucionales expuestos en la presente
providencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala considera que existe
una obligación emanada de la orden de tutela proferida en sentencia de diez
(10) de agosto de dos mil uno (2001), la cual no ha sido satisfecha, pues los
jueces que conocieron del desacato incurrieron en errores que constituyeron
causales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales por
configurarse defectos sustantivos y fácticos. Por tal motivo se estima que tal
obligación debe ser cumplida por parte de la Sociedad Succar Ltda., en
liquidación para ello deberán nombrarse peritos especiales a fin de que
realicen un peritaje claro con base en los libros de contabilidad y las actas
de junta directiva de socios, acompañados de la inspección de Superintendencia
de Sociedades para que pueda cumplirse la sentencia, y pueda determinarse el
monto de la obligación de acuerdo con las utilidades percibidas por la Sociedad
demandada, lo anterior teniendo en cuenta su situación actual de liquidación.
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el
diecisiete (17) de Julio de dos mil ocho (2008).
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO el trámite de desacato No. 0433 – 06 adelantado por el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, el cual fue presentado por la señora
Marylin Murra en representación de sus hijos en contra de la Sociedad Casa
Succar Ltda., en liquidación incluyendo la orden de captura proferida por el
Juzgado accionado el seis de junio de dos mil ocho (2008) en contra el señor
Emilio Succar Succar, a fin de proteger sus derechos fundamentales al debido
proceso, la salud, la integridad física y la dignidad humana.
Tercero.- ORDENAR al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que profiera una
nueva decisión atendiendo los criterios constitucionales expuestos en la
presente providencia.
Cuarto.- ORDENAR al Juzgado Séptimo
Civil del Circuito de Cartagena buscar el cumplimiento de la obligación emanada
de la orden de tutela proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito de Cartagena
en sentencia de diez (10) de agosto de dos mil uno (2001) para lo cual deberán
nombrarse peritos especiales a fin de que realicen un dictamen claro con base
en los libros de contabilidad y las actas de Junta Directiva de Socios,
acompañados de la inspección de Superintendencia de Sociedades para que pueda
cumplirse la mencionada sentencia, y pueda determinarse el monto de la
obligación de acuerdo con las utilidades percibidas por la Sociedad Casa Succar
Ltda., en liquidación, lo anterior teniendo en cuenta su situación actual.
Quinto.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Folio 58 de cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[2]
Ver folios 59 a 82 del Cuaderno 1 del expediente
T-2.029.353. Correspondiente a la providencia emitida por el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Cartagena dentro del Incidente de desacato No. 00135 –
2005.
[3]
Folios del 66 al 69 del Cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[4]
Folio 76 del cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[5]
Folio 77 del cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[6]
Folio 138 del cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[7]
Debe tenerse en cuenta que este escrito es presentado dentro
del incidente de desacato No 0433 – 06 el  día diecisiete (17) de julio de dos
mil ocho (2008) fecha en que la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil Familia
– se pronunció respecto de la tutela objeto de revisión.
[8]
Ley 906 de 2004. Artículo 56: Causales de impedimento: Son
causales de impedimento: (…) 5. Que exista amistad íntima o enemistad
grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el
funcionario judicial.
[9] Cfr. sentencias T-173 y T-442/93, T-055, T-175 y T-327/94, T-336 y
T-518/95; T-500/97 ; T-162,     T-204 y T-460/98,  T-057/99, entre otras.
[10]
Ver entre otras sentencias C- 590 de 2005 y T-086 de 2007
[11] Sentencia T-231 de 1994.
[12]
Sentencia T-774 de 2004.
[13]
Sentencia SU-120 de 2003.
[14]
Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[15]
Sentencia T-292 de 2006.
[16] Sentencia SU-1185 de 2001.
[17]
En la sentencia T-1031 de 2001 la Corte decidió que la acción
de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna,
los precedentes aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados”. Puede verse además la sentencia T-1285 de 2005. y la
sentencia T-567 de 1998.
[18]
Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de
2001.  También la T-047 de 2005. En estos casos, si bien el
juez de la causa es quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede
hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de
manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe
forzosamente acoger aquél que se ajuste a la Carta política.
[19]
Sentencia T-114 de 2002,  T- 1285 de 2005.
[20]
Ver la sentencias T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y  T-462 de 2003.
[21]Ver
Sentencia T-1285 de 2005. Además, en la sentencia T-193 de 1995, esta
Corporación señaló: "Es razonable exigir, en aras del principio de
igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que
consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial
trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de
manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían
infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de
infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse
la sentencia T-949 de 2003.
[22]
Sobre el tema pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001; T-1625
de 2000; T-522 de 2001;  T-047 de 2005. En la sentencia
T-522 de 2001, la Corte señaló que:  “es evidente que se desconocería y
contraven­dría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo
contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das
de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces
especializados”, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría
que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
[23]
Sentencia C- 590 de 2005
[24]
Sentencia C-590 de 2005
[25] Sentencia SU-1185 de 2001.
[26] En la sentencia SU-158 de 2002 se consideran que este
tipo de defecto puede producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas
en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen
a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar
con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -,
ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que
considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la
iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se
les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo
con la ley, deben serles notificadas.
[27] Ver Sentencias C-590 de 2005.  y a T-087 de 2007.
[28] Ver
sentencia T- 458 de 2007.
[29] Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001;
T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.
[30]
Al respecto ver sentencia C-590 de 2001.
[31]
Cfr. Sentencia T-188 de 2002.
[32]
Ver sentencia T-421 de 2003 y T-368 de 2005. Adicionalmente,
ver artículos 23, 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
[33]
Ver sentencia T-421 de 2003
[34]
Ver sentencia C-533 de 1993
[35]
Ver sentencia T- 1113 de 2005.
[36]
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua:
arbitrariedad es acto o proceder contrario a la
justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho. www.rae.com
[37]
Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005.
[38]
Sentencia T-086 de 2003
[39]
Cfr. T- 1113 de 2005
[40]
C- 626 de 1996
[41]
C- 728 de 2000
[42]
Cfr. Sentencias C-195 de 1993, C-280 de 1996, C-306 de 1996, C-310 de 1997,
entre otras
[43] En consonancia con ello, se encuentra que el artículo
12 de la ley 599 de 2000 indica que la culpabilidad en material penal debe
entenderse que sólo se puede imponer penas por conductas  realizadas con
culpabilidad, lo cual trae como consecuencia que quede relegada toda forma de
responsabilidad objetiva. Aunado a lo anterior, en el código penal en el
artículo 23 define que una conducta es culposa cuando el resultado típico es
producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió
haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder
evitarlo.
[44]
Cfr. Sentencia T-368 de 2005.
[45]
Sentencia T- 1113 de 2005
[46]
Ver sentencias T-1113 y  T-368 de 2005.
[47]
Folio 57 de cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[48]
Folio 58 de cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[49]
Folios 66 al 69 del Cuaderno 1 del expediente
T-2.029.353.
[50]
Folios del 66 al 69 del Cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[51]
Ver artículos 354, 355 y 357 del Código de Comercio.
[52]
Ver sentencia C-865 de 2004.
[53] “Artículo
794 (Modificado Ley
223 de 1995 art. 163) Responsabilidad solidaria de los socios por
los impuestos de la sociedad. Los socios, copartícipes, asociados, cooperados y
comuneros, responden solidariamente por los impuestos de la sociedad
correspondientes a los años gravables 1987 y siguientes, a prorrata de sus
aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el
respectivo período gravable. Se deja expresamente establecido que esta
responsabilidad solidaria no involucra las sanciones e intereses, ni
actualizaciones por inflación. La solidaridad de que trata este artículo no se
aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los
accionistas de sociedades anónimas inscritas en la Bolsa de Valores, a los
miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones
de jubilación e invalidez y a los suscriptores de los fondos de inversión y de
los fondos mutuos de inversión. (Subrayado fuera del texto)
[54] Por
medio de la Sentencia C-210 de 2000 la Corte Constitucional estimó que: (…)la figura de la solidaridad es de creación legal, y
también el establecimiento de sus excepciones.  Por lo tanto, bien puede el
legislador, como lo hizo en la norma cuestionada, introducir la responsabilidad
solidaria como un mecanismo tendiente a impedir, se reitera, la práctica de la
evasión tributaria, sin que ello signifique desconocimiento de los principios y
normas superiores, pues es evidente que los socios tienen y mantienen, durante
la existencia de la sociedad, un interés económico y patrimonial en los
resultados de la gestión social que se adelante por parte de los órganos
directivos, gerentes, juntas directivas, etc.. Por otro lado, en opinión de la
Sala, la solidaridad en materia impositiva descansa también en la función
social del derecho de propiedad (art. 58 superior), y en la necesidad de
financiar permanentemente los gastos e inversiones públicas (art. 95-9 ibídem),
ya que es incuestionable que exista un interés patrimonial del socio en los
resultados de las actividades que cumpla la sociedad. Ello explica por qué la
suerte de ésta y las obligaciones que se causen por razón de la misma no deben
ser enteramente ajenas al asociado, socio, comunero, cooperado o suscriptor,
por lo que el legislador entendió que el miembro del ente social asume los
riesgos inherentes a las vicisitudes de este tipo de negocios jurídicos
contractuales”.
[55] En sentencia C-865 de 2004 se indicó: Es preciso
concluir entonces que lejos de existir una omisión legislativa relativa, la
separación patrimonial prevista en las disposiciones acusadas, permiten el
logro de diversos fines constitucionales y salvaguardan la integridad del
derecho de asociación. Para la protección de los derechos de los trabajadores y
pensionados, sin vulnerar los derechos de los empresarios, se han consagrado,
entre otras, las siguientes herramientas jurídicas:
-
La posibilidad de llamar a responder a los asociados cuando su conducta infiera
daño a los trabajadores o pensionados, en atención al incumplimiento del deber
constitucional y legal de no hacer daño a otro (neminen laedere).
(artículo 2341 del Código Civil).
-
La interposición de las acciones contra los asociados por el abuso en ejercicio
del derecho de limitación patrimonial. (artículo 830 del Código de Comercio).
-
La interposición de acciones de simulación, paulina o revocatoria, en aras de
reintegrar el patrimonio de la sociedad, cuando sean insuficientes los bienes
para garantizar el pago de las obligaciones labores asumidas (artículos 1766 y
2491 del Código Civil, y los artículos 183 y 184 de la Ley 222 de 1995).
-
La acción de nulidad de los contratos celebrados por la sociedad, cuando los
mismos incurran en causa u objeto ilícito (artículos 1740 y subsiguientes del
Código Civil y 899 y subsiguientes del Código de Comercio).
-
La exigibilidad por parte de las autoridades de control de acreditar el pago
efectivo de las reservas legales (artículo 452 del Código de Comercio).
-
La imposibilidad de distribuir utilidades entre los accionistas mientras “no
se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital
social” (artículo 151 del Código de Comercio).
-
La responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores por los perjuicios
que dolosa o culposamente ocasiones a la sociedad, a los socios o a terceros
(artículo 200 del Código de Comercio).
-
La responsabilidad subsidiaria en casos de concordato o liquidación de
sociedades subordinadas (parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995)
-
La responsabilidad por actos defraudatorios de los socios (artículo 207 de la
Ley 222 de 1995).
-
La responsabilidad de los administradores por insuficiencia de los bienes para
solucionar el pasivo externo, en casos de liquidación obligatoria de sociedades
(artículo 206 de la  Ley 222 de 1995.
-
Las acciones de los liquidadores para integrar el capital social en casos de
liquidación obligatoria (artículo 191 de la Ley 222 de 1995).
-
La responsabilidad por los perjuicios que se generen a los terceros por parte
de los administradores y revisores fiscales, cuando omiten preparar y/o
difundir los estados financieros (artículo 42 de la Ley 222 de 1995).
-
La responsabilidad patrimonial del Estado por las fallas en la inspección,
vigilancia y control de las sociedades comerciales (artículo 90 de la Constitución
Política).
[56]
En este punto conviene precisar que, de acuerdo con el material probatorio
recaudado durante el proceso de tutela, concretamente, mediante escrito de
fecha de 6 de marzo de 2009, enviado mediante fax a este Despacho el día 9 de
marzo del mismo año, se demostró que a la fecha el señor Agustín Carrascal
Campillo es el actual liquidador de la Sociedad Succar Siccar Ltda., en
liquidación, según consta en certificado de Cámara de Comercio No 6208688 de
fecha 6 de marzo de 2009 (ver cuaderno principal)
[57]
Sentencia T-114 de 2002,  T- 1285 de 2005.
[58] Sin embargo, en ciertas ocasiones a fin de garantizar
el cumplimiento de la ordene de tutela puede 1.) Ajustar la orden, en sus
aspectos accidentales, bien porque: (a) la orden original nunca garantizó el
goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero
luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta,
manifiesta e inminente el interés público o (c) porque es evidente que lo
ordenado siempre será imposible de cumplir. 2.) La facultad debe ejercerse de
acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr
el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida
en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental
tutelado.  3.) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos
accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar,
siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. 4.) La nueva
orden que se profiera, debe buscar la menor reducción posible de la protección
concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz.”
[59] Ver Sentencias C-590 de 2005.  y a T-087 de 2007.
[60]
Folio 68 del Cuaderno 1 del expediente T-2.029.353
[61]
Cfr. T- 1113 de 2005
[62]
Cfr. Sentencia T-368 de 2005.
[63]
Dispone la norma en cita: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que la ley
pertenecen a ella”
[64]
Señala la norma: “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe
y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino
a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la
costumbre o la equidad natural”.
[65]
Ver sentencia C- 865 de 2004.
[66] Dentro de este contexto, esta Corporación ha señalado
que, no puede imponerse sanción por desacato cuando: 1. la orden impartida por
el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe
cumplirla o su contenido es difuso y, 2. cuando el obligado de buena fe quiere
cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo. Ver sentencias
T-1113 y  T-368 de 2005.
[67]
Escrito presentado por el apoderado del accionante, Emilio Succar Succar, el 23
de febrero de 2009.
[68]
Escrito presentado por el apoderado del accionante, Emilio Succar Succar, el 23
de febrero de 2009
[69]
Folio 77 del Cuaderno 1 del expediente T-2.029.353
[70]
Folio 76 del cuaderno 1 del expediente T-2.029.353.
[71]
Folio 37 del cuaderno de pruebas número 2 del expediente
T-2029353.
[72]
Folios 209 a 211 del cuaderno 1 del expediente T-2029353