T-312-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-312/15
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Caso en que víctimas y medios de comunicación
presentaron opiniones y valoraciones críticas contra el desempeño profesional
del fiscal encargado de la investigación por la muerte de dos menores de edad
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y
OPINION-Protección constitucional
El sistema constitucional consagra así
simultáneamente varios derechos y libertades fundamentales distintas.
Principalmente, establece la libertad de expresión en sentido
estricto, entendida como el derecho de las personas a expresar y difundir
libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin
limitación, a través del medio y la forma escogidos. Por otro lado, protege
la libertad de información, la cual hace referencia a la comunicación de
versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,
personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere
de lo que está ocurriendo, y en atención a su finalidad, es objeto de mayores
restricciones.
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Concepto
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Diferencias
MEDIOS DE
COMUNICACION-Dimensiones de la responsabilidad social
El régimen constitucional colombiano al tiempo que garantiza la
libertad de los medios de comunicación, prescribe que la misma debe
desarrollarse con “responsabilidad social”. Esta se hace extensiva a los
periodistas y particulares que se expresan a través de los medios, en atención
a los riesgos que éstos plantean y su potencial de lesionar derechos de
terceros, así como por su poder social y su importancia para el sistema
democrático. Concretamente,
los medios están sujetos a los parámetros de: (i) distinción entre
informaciones y opiniones, (ii) veracidad, (iii) imparcialidad y (iv) garantía
del derecho de rectificación. A continuación, se profundizarán cada uno de
estos límites.
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE
OPINION-Diferencias
La primera hace referencia a la circulación y
recepción de noticias sobre un determinado suceso de la realidad, relacionadas
con el entorno físico, social, cultural, económico y político; mientras que la
segunda comprende un espectro más subjetivo, vinculado a los pensamientos, las
opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias de hechos reales o
imaginarios, manifestados en ámbitos sociales, académicos, culturales o
políticos, en obras literarias o artísticas, o en medios masivos de
comunicación.
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e
imparcialidad
La veracidad de una información hace referencia a
hechos o a enunciados de carácter fáctico, que pueden ser verificados. La carga
que se exige al periodista en este aspecto es que haga un esfuerzo (a) previo y
(b) razonable de constatación de la información que pretende presentar como un
hecho. El comunicador “solo debe transmitir como hechos, lo que ha sido objeto
de previo contraste con datos objetivos”. En lo
referente al principio de imparcialidad de la información, la Corte Constitucional
desde un principio estableció que “envuelve una dimensión interpretativa de los
hechos, la cual incluye elementos valorativos y está a mitad de camino entre el
hecho y la opinión”. No significa esto que los medios “deban presentar las
noticias como relatos puros sobre los hechos acaecidos, pues la libertad de
opinión de los periodistas y la defensa del pluralismo autorizan que los medios
valoren de determinada manera lo sucedido”. La pretensión positivista del
investigador que se limita a transmitir objetivamente un hecho corre el riesgo
de “llevarse al extremo de vaciar de contenido la libertad de información”. En
últimas, toda interpretación y procesamiento de la información guarda algo de
subjetivo.
RECTIFICACION DE INFORMACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Características
Se trata de un derecho que tiene el afectado por
la información errónea o falsa para que ésta sea corregida o aclarada, por una
parte; y por otra, de una obligación del medio de comunicación de aclarar,
actualizar o corregir la información emitida.
DISCURSOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS EN MEDIOS DE
COMUNICACION
Dentro del amplio rango de
expresiones posibles existen algunos, destacados tanto por el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos como por la Corte Constitucional, que gozan
de un especial nivel de protección por su importancia crítica para el
funcionamiento de la democracia, como medio de control ciudadano o para el
ejercicio de los demás derechos. Estos son: (i) el discurso político y sobre
asuntos de interés público y (ii) el discurso sobre funcionarios o personajes
públicos.
ACCION DE TUTELA CONTRA
MEDIO DE COMUNICACIÓN-No se vulnera el derecho a la vida, al buen nombre, a la honra y a la
imagen propia cuando se proyectan imágenes de la esfera pública y se hacen
referencias al desempeño de un funcionario público en labores propias de su
cargo
El evento tiene como
escenario la esfera social del accionante, que corresponde a las
características propias de una persona en sus relaciones de trabajo, en donde
la protección constitucional a la intimidad es mucho menor. Más aún, cuando se
trata de un funcionario público quien es cuestionado por temas inherentes a su
cargo. Adicionalmente, urge resaltar que el periodista se identificó
debidamente en horas laborales, dando incluso su número de celular para
posterior contacto y precisando el objeto de su reportaje, luego no puede
calificarse como una maniobra subrepticia ni abrupta.
ACCION DE TUTELA CONTRA
MEDIO DE COMUNICACION-Improcedencia por cuanto programa de televisión no presentó una
versión unilateral, acabada y pre-valorada, sino un trabajo periodístico
legítimo
Referencia: Expediente T-4717145
Acción de tutela interpuesta por Jesús Aureliano Gómez
Jiménez contra el programa “Séptimo Día” y otros.
Asunto: Libertad de expresión y crítica a las
autoridades públicas.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil quince
(2015).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela
emitido por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión de
Familia, en el expediente T-4.717.145.
I. ANTECEDENTES.
Jesús Aureliano Gómez Jiménez interpuso
acción de tutela contra el Canal Caracol S.A. y el programa Séptimo día, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a
la vida y a la imagen personal, por el documental periodístico elaborado y que
al parecer alude directamente a su identidad y desempeño como fiscal encargado
de la investigación por la muerte de dos menores de edad en la ciudad de
Medellín. Fundamenta su solicitud en los siguientes:
1. Hechos.
1.  El señor Jesús Aureliano Gómez Jiménez afirma que obra como Fiscal
Delegado desde el 8 de septiembre de 1994. En la actualidad se encuentra
adscrito a la Unidad de Vida de la Dirección de Fiscalías de Medellín. Sostiene
que en ejercicio de su cargo debe “llevar investigaciones contra personas de
reconocida peligrosidad de la ciudad, en muchos eventos integrantes de grupos
organizados de la criminalidad”[1].
2.  Manifiesta que dentro de los diferentes procesos de su conocimiento
le correspondió la investigación del presunto asesinato de las menores de edad
Catherine Ochoa Patiño y Cindy Lorena Giraldo Correa ocurrido el 9 de marzo de
2009 en el barrio Boston de Medellín. Siniestro que ocasionó gran conmoción en
la sociedad por la edad de las víctimas y la forma en que fueron encontrados sus
cuerpos (desmembrados y almacenados en canecas con cemento). Asegura, sin
embargo, que por lo complejo de la investigación esta fue reasignada a otra
Fiscal el día 25 de noviembre de 2013, con lo cual terminó su participación en
el asunto.
3.  Relata que el 14 de agosto de 2014, pese a que ya no tenía a su
cargo la investigación referida, siendo las 10:00 de la mañana se hizo presente
en su lugar de trabajo el periodista Juan Guillermo Mercado del programa
“Séptimo día”, en compañía de un camarógrafo: “quien de manera arbitraria me
abordó en el baño, me estrujó hasta que llegué a mi Despacho, indagándome por
el proceso que tuvo esta Fiscalía en adelantar por la muerte de las menores”[2].
4.  Asegura que en medio del acoso le preguntó por qué no se había
condenado al responsable de este hecho, que si no era injusto que éste
estuviera en libertad, que por qué no se había hecho nada. Ante lo cual le
respondió que “como funcionarios no podíamos prejuzgar, que quien decide la
responsabilidad de un ciudadano es un Juez de la República a través de un
debido proceso” y que “cualquier información al respecto debía ser
canalizada a través de la Oficina de Prensa de la Fiscalía, según directrices
del propio Fiscal General de la Nación”[3].
5.  Con ocasión de los anteriores sucesos, y aunque aún no se había
proyectado el reportaje televisivo, radicó acción de tutela el 15 de agosto de
2014 solicitando la protección de sus derechos al buen nombre, a la honra, a la
vida y a la imagen personal, de manera tal que se ordenase al medio de
comunicación eliminar toda alusión a su nombre, imagen y desempeño. Sostuvo que
la emisión del programa pondría en inminente riesgo su vida y la de sus familiares
por el peligro que acarrearía hacer pública su identidad y ejercicio en una
ciudad como Medellín. Asimismo, reprochó la forma abusiva en que fue abordado
por el equipo periodístico:
“es
preocupante que estos medios de comunicación irrumpan a una Funcionario público
de manera violenta y arbitraria, que ni siquiera pidan de manera formal y
educada hablar con el suscrito funcionario, si no que te abordan y te empujan
de tal forma que quedas al frente de la Cámara de manera inerme, provocándote
para ver cómo reaccionas, para que te filmen sin autorización su imagen y voz y
en tu oficina de trabajo, exponiéndome en una ciudad como Medellín, donde
debido a nuestro trabajo como Fiscales de la Unidad de Vida, estamos en
constante riesgo”[4].
2. Trámite procesal.
Mediante auto calendado el 19 de agosto de 2014, el Juzgado 14 de
Familia de Oralidad de Medellín admitió la acción de tutela, vinculó al
Director del Programa, Manuel Teodoro Bermúdez, y como medida provisional
ordenó al canal abstenerse de difundir el nombre del accionante, así como sus
imágenes y comentarios dentro del documental que elabora con respecto a la
muerte de las jóvenes, hasta tanto el Despacho emitiese el fallo definitivo.
Posteriormente, profirió auto complementario de pruebas, con el cual
dispuso escuchar en testimonio al accionante y a su asistente, la señora Dora
Elena Piedrahita sobre los sucesos ocurridos en el Palacio de Justicia de
Medellín entre el equipo de grabación y el accionante. Igualmente, ofició al
Director Seccional de Fiscalías de Medellín, a fin de que explicara el
conocimiento que le asistía respecto a los eventos que dieron origen a la
presente demanda.
3. Contestación de la entidad
demandada.
3.1. El Canal Caracol S.A. y Manuel
Teodoro, en contestación conjunta, se opusieron a las pretensiones de la
tutela. En primer lugar, calificaron la medida cautelar proferida como una acto
de censura previa, el cual según el ordenamiento nacional y regional de
derechos humanos está absolutamente proscrito. Con respecto al fondo del
reclamo, hicieron las siguientes consideraciones: (i) el medio no requería la
autorización del accionante para que su imagen fuera grabada y posteriormente
publicada, teniendo en cuenta la calidad de la persona como Fiscal
especializado, el contenido de la información y que la entrevista se realizó en
un espacio público; (ii) los periodistas de Séptimo Día han sido lo
suficientemente diligentes en la investigación de los hechos acudiendo a
diversas fuentes; y (iii) el riesgo que podría correr el funcionario obedece a
su calidad de Fiscal, que ya es de público conocimiento y no a la emisión
televisiva.
3.2. El Director Seccional de Fiscalías
de Medellín efectuó el siguiente pronunciamiento:
“[D]entro de mis funciones administrativas no
está la de, de manera directa, dar información a los medios de comunicación,
pero sí debo atender las directrices que el señor Director Nacional encargado
de impartir el trámite a las solicitudes que elevan los medios de comunicación
al ente acusador una vez se cumpla con todos los protocolos que establece la
Resolución 01344 de fecha 31 de julio de 2014, en tal sentido me permito anexar
la certificación y sus anexos que en virtud del trámite de su solicitud,
expidió el periodista Luis Fernando Marulanda, quien misionalmente depende del
señor Director de Comunicación y Prensa de la Fiscalía General de la Nación”[5].
De igual manera, remitió certificación sobre la
asignación a la Fiscal 87 Seccional, María del Socorro Pineda López, quien
viene direccionando la investigación de marras, en virtud de encargo especial
que le hiciera el señor Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 04101
del 25 de noviembre de 2013.
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
En sentencia calendada el 1º de septiembre de 2014, el Juzgado 14
de Familia de Oralidad de Medellín concedió el amparo y mantuvo la medida
cautelar de prohibir al canal presentar referencias directas al señor Jesús
Aureliano Gómez Jiménez, entendidas ellas dentro del curso de la filmación no
autorizada que se realizó. Comenzó por reprochar la forma en que fue abordado
el accionante en su lugar de trabajo, por cuanto se lanzaron afirmaciones sobre
la injusticia de la libertad del indiciado y en “forma abrupta y por demás
descortés se dio a la tarea de indagarlo sobre los antecedentes del caso,
empujarlo hacia la oficina y filmarlo sin la autorización de su parte”[6].
Argumentó igualmente que si aunque la investigación en curso es de
evidente relevancia social, la información a desplegar pone en grave riesgo la
vida del Fiscal[7].
Por último, precisó que el ente acusador tiene su propio protocolo de atención
a medios de comunicación[8],
por lo cual no le era permitido al señor Gómez Jiménez realizar algún tipo de
pronunciamiento, sin la autorización previa del nivel central.
En segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, Sala
Quinta de Decisión de Familia revocó el fallo y en su lugar negó el amparo
impetrado. Sostuvo que (i) el señor Gómez Jiménez representa una figura pública
por su cargo y la relevancia social que el proceso penal adquirió para la
ciudadanía; (ii) el temor que siente el actor por su integridad personal “no
tiene como origen la trasmisión que de su imagen pudiese realizar el programa
Séptimo Día, sino que tiene su venero en la actividad laboral que desarrolla
–Fiscal Delegado Adscrito a la Unidad de Vida de Medellín”; (iii) el
procedimiento interno de la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía General de
la Nación no es oponible a la Constitución Política y no puede erigirse como
una limitación al derecho fundamental a la libertad de información.
III. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN.
1.
Mediante auto del 10 de abril de la presente
anualidad, la Sala Sexta de Revisión profirió auto de pruebas para allegar al
proceso de tutela elementos de juicio relevantes e integrar el contradictorio
así:
“PRIMERO.-
ORDENAR al Canal Caracol S.A. y al programa “Séptimo Día” que, dentro de
los cuatro (4) días siguientes a la notificación de esta providencia,
respondan, sin necesidad de revelar la identidad de las fuentes empleadas:
(i) ¿Qué elementos o criterios sirvieron de
soporte previo para confiar en la veracidad e imparcialidad de las denuncias
presentadas en contra de los funcionarios de la Fiscalía en este caso?
(ii) ¿Por qué considera que la investigación
periodística y el nivel de diligencia del programa fue suficiente y objetivo?
SEGUNDO.-
ORDENAR al Canal Caracol S.A. y al programa “Séptimo Día” que, dentro de
los cuatro (4) días siguientes a la notificación de esta providencia, envíen a
esta Corporación copia, en medio digital, del video sin editar que se grabó el
día 14 de agosto de 2014 en la oficina del accionante así como de la emisión
televisiva en la que se trató la muerte de las menores de edad en la ciudad de
Medellín y en la que supuestamente se pone en entredicho la labor del
accionante como fiscal.
TERCERO.-
VINCULAR y poner en conocimiento del Fiscal General de la Nación el contenido
de este auto y de la acción de tutela interpuesta para que, dentro de los
cuatro (4) días siguientes a la notificación de esta providencia se pronuncie
acerca del amparo interpuesto por el señor Jesús Aureliano Gómez Jiménez, en lo
que sea de su competencia; y que responda específicamente:
(i) ¿A qué hacen referencia los criterios
de discrecionalidad, oportunidad y conveniencia señalados en la Circular 006 de
2014 en relación con el manejo de la información?
(ii) ¿Cuál era el procedimiento correcto
que debería seguir un medio de comunicación para elaborar un documento
periodístico en un caso como el de la referencia?
(iii) ¿Qué requisitos son valorados por la
Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo para otorgar a los
funcionarios de la Fiscalía la autorización previa para ruedas de prensa,
entrevistas o declaraciones?
(iv) ¿Se ha iniciado algún proceso
disciplinario o penal por el incumplimiento de las precitadas disposiciones”.
2.
En respuesta a dicha providencia, el Director
Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo de la Fiscalía General explicó
así los criterios de discrecionalidad, oportunidad y conveniencia en el manejo
de la información:
“Lo
que corresponde a criterios de discrecionalidad hace referencia a los
lineamientos y manejo de la información pública de nuestra institución que son
de responsabilidad y manejo de la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa
y Protocolo.
(…)
En
lo referente a la oportunidad contemplada en la circular 006 de 2014, se
entiende como el momento en que la difusión de una información permite tener
mayor cubrimiento, mayor sintonía e impacto.
Este
criterio se aplica como consecuencia de la función que tiene la Dirección
Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo de entregar a la ciudadanía
información en virtud de la necesidad de la sociedad de conocer cuáles son las
actuaciones de los organismos que componen el Estado.
(…)
Y
finalmente lo correspondiente al criterio de conveniencia la Fiscalía
General de la Nación realiza sus comunicados y declaraciones de prensa buscando
mejorar la imagen de la entidad, acercar a la ciudadanía a nuestra institución
y presentar nuestros resultados misionales, identificando siempre si los hechos
susceptibles a declaración afectan la investigación en curso y la reserva
procesal; respetando siempre la integridad de las víctimas, los derechos
humanos y el interés general”[9].
Con respecto a la segunda pregunta relacionada con el procedimiento
correcto que debería seguir un medio de comunicación, aseveró que en lo que respecta
a la Fiscalía General el proceso inicia con una solicitud a la Dirección de
Comunicaciones, referida a los hechos o temas que el medio de comunicación
desea investigar. Seguidamente, esta dependencia analiza y determina la
factibilidad legal, la viabilidad del tema y la posibilidad de autorizar el
suministro de la información o entrevista. En armonía con lo anterior, resumió
los principales criterios que son valorados para conceder la autorización:
“Los
requisitos que determinan la autorización o negación para el otorgamiento de
declaraciones o ruedas de prensa son: A) identificar primero si algunos procesos
tienen reserva procesal; B) si estas declaraciones afectan la integridad de las
víctimas; C) si se encuentran en contra vía de los derechos humanos; D) otro
factor importante es determinar si es de interés público y si no va en contra
de la misión, visión e imagen [sic] de la Fiscalía General de la Nación”[10].
Trajo a colación el Manual de ética y buen gobierno de la entidad el
cual indica que: “Las relaciones con medios de comunicación se ajustan a los
procedimientos y conductos que establezcan las directivas de la entidad, en
todo caso será respetuosa y conscientes de la importancia de hacer valer el
respeto por los derechos y la dignidad de la institución y de los diferentes
usuarios y actores del sistema de justicia penal. Para la Fiscalía no es solo
importante mantener informada a la sociedad, sino también garantizar la
dignidad de las personas involucradas en la investigación penal y asegurar el
logro de la verdad como fin último de la administración de justicia”[11].
Por último, indicó que no existían procesos disciplinarios o penales
activos al interior de la entidad por manejo indebido de la información e
incumplimiento de los protocolos dispuestos en la Circular interna 006 de 2014.
3.
El apoderado judicial de Caracol
Televisión S.A., por su parte, explicó que como soporte previo para confiar
en la veracidad de las denuncias presentadas en contra de los funcionarios de
la Fiscalía tuvo los siguientes elementos:
“a)
La denuncia de los familiares de las víctimas, el artículo publicado en la
revista semana el 15 de abril de 2014 y otros medios de comunicación, así como
el gran impacto que generó en la población civil la macabra forma en fueron
asesinadas, desmembrados y ocultados los cuerpos de dos menores de edad en el
barrio Boston de la ciudad de Medellín y la sensación en la población de la
falta de presencia del Estado y de impunidad al haber transcurrido más de cinco
años sin que se produjera ningún resultado de la investigación adelantada por
la Fiscalía, toda vez que era de público conocimiento que el supuesto asesino
se encontraba en libertad no obstante que él había confesado a través de las
redes sociales que había desmembrado los cuerpos, hechos éstos que se
verificaron a través de entrevistas a personas de la ciudad de Medellín
diferentes a las denunciantes.
b)
Fuentes del más alto nivel de la Fiscalía General de la Nación consultadas  por
los periodistas del programa Séptimo Día manifestaron que, en su concepto, en
la etapa inicial de la investigación el Fiscal Jesús Aureliano Gómez faltó al
rigor requerido en la investigación, debido a que, según ellas, hizo juicios de
valor previos con respecto a la supuesta condiciones de “lesbianas y
drogadictas” de las menores asesinadas, lo cual influyó en su acercamiento al
caso”[12].
En relación al espectro de fuentes que se consultaron
para cotejar la denuncia, el medio televisivo aduce que: “El equipo periodístico se Séptimo Día fue especialmente
cuidadoso y diligente en el recaudo de la información que documentó la
investigación, por cuanto no se limitó a dar credibilidad únicamente al clamor de
justicia de las denunciantes”, sino que acudió a cotejar la información con
otras fuentes provenientes de la población civil de Medellín así como a
funcionarios del más alto nivel de la Fiscalía General de la Nación conocedoras
de los pormenores de la investigación penal adelantada. Adicional a todo lo
anterior, se acudió al propio accionante a quien se le brindó la oportunidad de
expresarse sobre el caso objeto de investigación periodística y defenderse
frente a las acusaciones realizados por los familiares de las víctimas, presentando
su versión de los hechos[13].
Con respecto a la supuesta grabación no autorizada
ocurrida dentro del Palacio de Justicia de Medellín relató:
“No
es cierto que el periodista lo hubiese abordado en el baño; se acercó a él en
un pasillo y lo acompañó hasta su despacho, momento en el cual el periodista se
retiró por solicitud del accionante. En consecuencia, no es cierto que el
acercamiento del mencionado periodista hubiese sido arbitrario y no tuvo otro
propósito diferente a darle la oportunidad al accionante de expresar sus
opiniones sobre las acusaciones”[14].
En armonía con lo dicho concluyó que el canal no
requería autorización del accionante para que su imagen fuera grabada y posteriormente
publicada, por cuanto el video se realizó en un espacio público, y además la
información que se transmitiría era de relevancia pública.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución, así
como en los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico.
De los antecedentes referidos, la Sala Sexta de Revisión
observa que el presente caso se centra en el reclamo impetrado por el Fiscal
Jesús Aureliano Gómez Jiménez en contra del programa “Séptimo Día”, por la
emisión de un documental relacionado con su desempeño como funcionario del ente
investigador en el esclarecimiento del supuesto asesinato de dos menores de
edad en la ciudad de Medellín. El accionante reprocha la forma arbitraria en
que fue abordado en su lugar de trabajo por el periodista y asegura que el
programa vulnera su derecho al buen nombre, la honra, a la imagen propia y la
vida misma por el riesgo que acarrearía hacer pública su identidad y labor en
una ciudad como Medellín.
El medio de comunicación, por su parte, se opone a las
pretensiones de amparo en tanto: (i) el canal no requería la autorización del
accionante para que su imagen fuera grabada y posteriormente publicada; (ii)
los periodistas de Séptimo Día han sido lo suficientemente diligentes en la
investigación de los hechos acudiendo a diversas fuentes; y (iii) el riesgo que
podría correr el funcionario obedece a su calidad de Fiscal, y no a la nota
periodística.
En fallo de primera instancia el a-quo dispuso
como medida cautelar, prohibir al canal presentar referencias directas al señor
Gómez Jiménez, entendidas ellas dentro del curso de la filmación no autorizada
que se realizó. Decisión que fue confirmada en la sentencia al considerar que
si bien la investigación en curso era de evidente relevancia social, la
información ponía en grave riesgo la vida del Fiscal. Por último, precisó que
el ente acusador tenía su propio protocolo de atención a medios de
comunicación, el cual no fue respetado. En segunda instancia, el Tribunal
Superior de Medellín, revocó el fallo y en su lugar negó el amparo impetrado.
Sostuvo que (i) el señor Gómez Jiménez representa una figura pública por su
cargo y la relevancia social que el proceso penal adquirió para la ciudadanía;
(ii) el temor que siente el actor por su integridad personal “no tiene como
origen la trasmisión que de su imagen pudiese realizar el programa Séptimo Día,
sino que tiene su venero en la actividad laboral que desarrolla –Fiscal
Delegado Adscrito a la Unidad de Vida de Medellín”; (iii) el procedimiento
interno de la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación no
es oponible a la Constitución Política.
En sede de revisión, Caracol Televisión reiteró sus
argumentos y allegó en medio magnético una copia del programa denominado “borrando
la evidencia” que fue proyectado el 28 de septiembre de 2014 y el cual
abordó el fatal suceso ocurrido en el barrio Boston de Medellín. La Dirección
de Comunicaciones de la Fiscalía, por su parte, explicó los criterios diseñados
por la entidad para autorizar entrevistas y ruedas de prensa con respecto a
procesos en curso.
De la reseña fáctica trascrita, así como de las pruebas
recolectadas por esta Corporación, se advierte que la vulneración denunciada
por el accionante denota una dificultad de raigambre constitucional relacionada
con la libertad de prensa y la colisión que surge con otros derechos de rango
fundamental. El principal problema jurídico del caso puede enunciarse entonces
así:
¿Vulneró Caracol Televisión S.A. los derechos fundamentales
al buen nombre, a la honra, a la imagen propia y a la vida de Jesús Aureliano
Gómez Jiménez, con ocasión del reportaje periodístico realizado y la emisión
del programa “Borrando la evidencia” en el que se hacen referencias
directas e indirectas a la labor del accionante como Fiscal?
Para dar respuesta a lo anterior, la Corte se
pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) el derecho fundamental a la
libertad de expresión y de información en el sistema constitucional colombiano;
(ii) la responsabilidad social de los medios de comunicación; (iii) los
discursos especialmente protegidos y la información relacionada con hechos
sometidos a investigación judicial; y finalmente, (iv) resolverá el caso
concreto.
3. El derecho fundamental a la libertad de expresión
y de información en el sistema constitucional colombiano. Reiteración de
jurisprudencia[15].
3.1 La Constitución
Política de 1991 dispone en su artículo 20 lo referente a la protección de la
libertad de expresión, en sentido amplio, de la siguiente forma:
“Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación.
Estos
son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”
El sistema constitucional consagra así simultáneamente
varios derechos y libertades fundamentales distintas. Principalmente, establece
la libertad de expresión en sentido estricto, entendida como el
derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento,
opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma
escogidos. Por otro lado, protege la libertad de información, la
cual hace referencia a la comunicación de versiones sobre hechos, eventos,
acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general
situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo, y
en atención a su finalidad, es objeto de mayores restricciones[16]. En atención
al objeto de esta acción de tutela, se analizará en mayor medida la libertad de
información.
El orden jurídico nacional, aunque promueve de forma
general la libertad de información, igualmente: (i) formula esta garantía desde
la perspectiva del receptor, (ii) dispone límites, en términos de veracidad e
imparcialidad; (iii) incluye una prohibición expresa de la censura; (iv) al
tiempo que consagra la herramienta de rectificación.
3.2 Es preciso advertir
asimismo que esta disposición debe entenderse armónicamente con el artículo
inmediatamente siguiente que consagra, con igual rango constitucional como lo
son el derecho al buen nombre (CP. art. 15) y a la honra (CP. art. 21).
La Corte ha precisado que el “Estado de Social de Derecho al fundarse en el
respeto a la dignidad de la persona humana (art. 1 C.P.), protege de manera
especial la honra como derecho (Arts. 2 y 21 C.P.)”[17].
Ha puntualizado que esta alude a la reputación de la
persona en un sentido de valoración intrínseca por cuanto “la honra o reputación
es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás
tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es
el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto
objetivo externo que se tiene de nosotros –honra–”[18]; mientras
que el buen nombre hace referencia a “la buena opinión o fama adquirida por
un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de
las acciones protagonizadas por él”[19],
es decir, es un concepto que gira alrededor de la conducta que observe la
persona en su desempeño dentro de la sociedad[20].
Más recientemente la sentencia C-442 de 2011[21]
aclaró que el buen nombre alude a la reputación de la persona, es decir, a la
apreciación que la sociedad tiene de ella como consecuencia de su
comportamiento en ámbitos públicos, mientras que la honra, por su parte, se
refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como la
valoración en sí misma de la persona. Por consiguiente, el buen nombre se
refiere a la apreciación que se otorga a la persona por asuntos relacionales
(cumplimiento de obligaciones dinerarias, aptitud para dirigir un equipo
deportivo, entre otras), mientras que la honra se refiere es a la apreciación
de la sociedad hacia una persona, a partir de su propia personalidad y
comportamientos privados directamente ligados con ella.
La mencionada distinción frente a los alcances de los
dos derechos, genera unas consecuencias tanto en su ámbito de protección como
en su relación con otros derechos:
“La
distinción entre los ámbitos protegidos del buen nombre y la honra tiene
repercusiones en cuanto a las conductas restringidas en aras de su protección.
En la mencionada sentencia C-489 de 2002 la Corte precisó que “el derecho al
buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona,
se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin
fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.
Ello implica que la afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la
emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera
la distorsión del concepto público. || Por el contrario, la honra se afecta
tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente
tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en
sí misma. No es necesario en este caso, que la información sea falsa o errónea,
se cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la persona”[22].
3.3 Una característica
definitoria de la libertad de información en nuestro país es su declaración
como un derecho de “doble sentido o vía”. Tiene que ver, por un lado,
con el derecho subjetivo de la persona para difundir unos hechos sin verse
sometido a una coacción desproporcionada y, por el otro, con el derecho en
cabeza del receptor, para recibir una información veraz e imparcial. Se
reafirma así la responsabilidad social asignada a quien hace uso de este
derecho[23].
La inclusión de la perspectiva del receptor conlleva a que no cualquier tipo de
información encuentre respaldo constitucional:
“Recuérdese,
sin embargo, que el derecho a la información es de doble vía, característica
trascendental cuando se trata de definir su exacto alcance: no cobija
únicamente a quien informa (sujeto activo), sino que cubre también a los
receptores del mensaje informativo (sujetos pasivos), quienes pueden y deben
reclamar de aquel, con fundamento en la misma garantía constitucional, una
cierta calidad en la información. Esta debe ser, siguiendo el mandato que
reconoce el derecho, ¨veraz e imparcial¨.  Significa ello que no se tiene
simplemente un derecho a informar, pues el constituyente ha calificado este
derecho defendiendo cuál es el tipo de información que protege. Vale decir, la que
se suministra desbordando los enunciados límites, - que son implícitos y
esenciales al derecho garantizado – realiza anti-valores (falsedad,
parcialidad) y, por ende, no goza de protección jurídica; al contrario, tiene
que ser sancionada y rechazada porque así lo impone un recto entendimiento de
la preceptiva constitucional” [24].
Como resultado de lo anterior no es posible establecer
una jerarquía general de la libertad de información frente a otros derechos de
rango constitucional como lo son la dignidad y la honra de los ciudadanos, en
la medida en que dentro del régimen jurídico colombiano esta libertad no se
concede exclusivamente en cabeza del comunicador, sino que con igual fuerza
cobija al receptor.
Es cierto que en ocasiones la jurisprudencia constitucional
ha sostenido que “cuando quiera que el ejercicio de la libertad de expresión
entre en conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales,
su posición privilegiada exige que se haya de otorgar, en principio, una
primacía a la libertad de expresión”[25].
En efecto, los medios de comunicación tienen un impacto determinante en la
difusión de opiniones e informaciones en la sociedad, lo “que hace de su
actividad un componente fundamental de la democracia, ya que contribuyen a la
formación de la opinión pública, al funcionamiento del sistema político,
promueven el pluralismo, la libertad de pensamiento y expresión, y favorecen el
control sobre los poderes públicos y privados facilitando el debate libre y
abierto entre los diversos sectores”[26].
Pero igualmente cierto es que la Corte Constitucional ha
sostenido que tal prevalencia “es algo que no puede fijarse de antemano, en
abstracto y de manera general”[27],
por lo cual cesará en los eventos en que se demuestre “que el otro derecho,
valor o principio constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la
luz de las circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado”[28].
No resultaría legítimo que bajo la premisa de un irrestricto ejercicio de la
libertad de comunicación se permita el monopolio en el flujo de la información
y la consecuente fijación de una audiencia cautiva y acrítica, en detrimento de
una verdadera opinión libre, pluralista y democrática[29].
Es por esto que la jurisprudencia ha hecho énfasis en
que se presume un estado de indefensión del ciudadano ante el amplio espectro
de influencia de los medios de comunicación[30],
no solo por el poder económico[31]
que los respalda, sino también en la medida en que los sistemas de información
son verdaderas estructuras de poder gracias a su vasto nivel de penetración en
la sociedad:
“[los medios de comunicación son] verdaderas estructuras de poder cuyo
creciente influjo en los más variados ámbitos de la vida social los sustrae de
la simple calificación de "particulares", por oposición al concepto
de "autoridades públicas", para ubicarlos, dentro de un contexto
realista, como organizaciones privadas cuya misma actividad las dota de gran
fortaleza, razón por la cual sus actos u omisiones afectan a la comunidad
entera y, en caso de lesionar los derechos fundamentales de los asociados, lo
hacen con un incontrastable efecto multiplicador”[32].
3.4 En atención a lo
expuesto, la manera más adecuada de resolver los conflictos que surgen
alrededor del ejercicio de la libertad de información no consiste en establecer
jerarquías abstractas frente a otros derechos y valores, sino en “hacer una
cuidadosa ponderación de los intereses en juego teniendo en cuenta las
circunstancias concretas”[33].
Por esta misma razón, debe seguirse el principio de armonización y “pluralismo
valorativo”, orientado a la coexistencia entre derechos y a evitar el
absolutismo axiológico[34].
Se trata entonces de ponderar, en cada caso, los
derechos fundamentales en tensión, “de forma que se armonicen o que se evite
el sacrificio desproporcionado de alguno de ellos en función de la preservación
de los otros”[35].
Para el correcto desarrollo de este examen constitucional, la jurisprudencia de
esta corporación ha formulado una serie de directrices que delimitan la
responsabilidad social de los medios de comunicación, aspecto que se desarrolla
en el siguiente capítulo.
4. La responsabilidad social de los medios de
comunicación. Cuatro límites concretos a su ejercicio. Reiteración de
jurisprudencia[36].
Como se concluyó en el capítulo anterior, el régimen
constitucional colombiano al tiempo que garantiza la libertad de los medios de
comunicación, prescribe que la misma debe desarrollarse con “responsabilidad
social”. Esta se hace extensiva a los periodistas y particulares que se
expresan a través de los medios, en atención a los riesgos que éstos plantean y
su potencial de lesionar derechos de terceros, así como por su poder social y
su importancia para el sistema democrático[37].
Concretamente, los medios están sujetos a los parámetros
de: (i) distinción entre informaciones y opiniones, (ii) veracidad, (iii)
imparcialidad y (iv) garantía del derecho de rectificación. A continuación, se
profundizarán cada uno de estos límites.
4.1 Distinción entre informaciones y opiniones.
La cláusula constitucional (C.P. art. 20) que
salvaguarda la libertad de expresión, en sentido amplio, concede la protección
tanto a la información como a la opinión. La primera hace referencia a la
circulación y recepción de noticias sobre un determinado suceso de la realidad,
relacionadas con el entorno físico, social, cultural, económico y político;
mientras que la segunda comprende un espectro más subjetivo, vinculado a los
pensamientos, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias de hechos
reales o imaginarios, manifestados en ámbitos sociales, académicos, culturales
o políticos, en obras literarias o artísticas, o en medios masivos de
comunicación[38].
Esta distinción adquiere relevancia en la medida que la
información sobre hechos ha de ser veraz e imparcial, “mientras que la
expresión de opiniones sobre dichos hechos, cubierta por la libertad de
expresión stricto senso, no está sujeta a estos parámetros. Las opiniones
equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las
acertadas y ecuánimes”[39].
No tendría sentido exigir una opinión veraz, en la medida en que no transmite
hechos sino apreciaciones sobre los mismos; tampoco debería reclamarse
imparcialidad, ya que la opinión es un producto eminentemente subjetivo:
“No
existe centro a partir del cual emana la verdad, a la cual los miembros de la
sociedad accedan. Por el contrario, la “verdad” se traduce en un concepto
relativo, producto de la construcción de imaginarios y de sistemas de valores
en la sociedad. Cada grupo social, cada persona y cada sistema de la sociedad
ofrecen versiones propias sobre la realidad, que califica de verdaderas. No
existe un monopolio sobre la verdad.
Admitir
lo contrario, implica un régimen absolutamente totalitario, en la medida en que
cada persona se ve constreñida a diseñar su proyecto de vida a partir de
determinada concepción acerca de lo que se considera verdadero. Se controla,
así, no el diseño del proyecto de vida en sus aspectos particulares, sino que
se impide seleccionar la concepción de lo verdadero que cada persona considera
razonable”[40].
Una vez precisado el fundamento teórico, surge la
dificultad práctica de distinguir en qué momento estamos en presencia de una
información o de una opinión. La Corte ha reconocido que “resulta complejo
fijar tajantemente una distinción entre hechos y juicios de valor”[41].
En efecto, los medios de comunicación emiten diariamente en sus programas una
gran cantidad de registros, en los cuales se mezclan valoraciones e
informaciones. La situación es particularmente grave tratándose de los
programas informativos, “en donde el oyente está predispuesto a que el medio
presentará exclusivamente datos sobre hechos que han ocurrido”, por lo que
los riesgos de confusión y engaño son mayores. Caso contrario es el del
programa humorístico o recreativo, donde la audiencia “comprende, sin mucha
dificultad, que puede estarse haciendo una parodia de un personaje conocido”[42].
Con base en varios conceptos de las facultades de
comunicación social suministrados en un proceso de tutela, la Corte ha sugerido
unos criterios que el juez debe explorar en cada proceso para resolver si está
en presencia de informaciones u opiniones:
“[i]
las secciones donde se expresen opiniones (la columna de opinión, la editorial,
el suelto o glosa, la columna de análisis) deben diferenciarse claramente de
las secciones que sólo contienen información, a través de una presentación
gráfica diferente. Destacaron también su [ii] corta extensión y su [iii] tono
fuertemente subjetivo, en el que “prima la personalidad de cada autor, su
estilo propio, su entendimiento y dominio del lenguaje” el cual “suele incluir
adjetivos ricos en significado y connotación y juicios de valor.” Por eso,
atendiendo la [iv] alta carga emotiva y subjetiva que caracteriza este género,
ha sido clasificado dentro del ámbito del derecho a la libertad de expresión”[43].
De lo anterior se desprende que las características del
medio (v.gr. si es humorístico o informativo, las subsecciones que
contiene) así como la forma en que se presentan los hechos (lenguaje, extensión
y carga emotiva) resultan de gran ayuda para identificar las situaciones en las
que el medio transmite una información o un juicio de valor con respecto a unos
sucesos[44].
4.2 Veracidad.
4.2.1 La veracidad de una
información hace referencia a hechos o a enunciados de carácter fáctico, que
pueden ser verificados[45].
La carga que se exige al periodista en este aspecto es que haga un esfuerzo (a)
previo y (b) razonable de constatación de la información que pretende presentar
como un hecho. El comunicador “solo debe transmitir como hechos, lo que ha
sido objeto de previo contraste con datos objetivos”[46].
En este sentido, la labor informativa exige una diligencia
mínima consistente en un ejercicio previo de verificación de los hechos
incluidos en la información. De este modo, “la Corte le da importancia a la
actitud que el periodista asume en el proceso de búsqueda de la verdad y lo
protege cuando ha sido diligente a lo largo del proceso informativo, así la
información no sea totalmente exacta”[47].
Para ilustrar lo anterior, se puede citar el caso (T-634
de 2001) del contralmirante José Luis Cuenca contra la Revista Cambio, en el
cual se abordó la publicación que vinculaba al militar con el narcotraficante
José Castrillón Henao. La revisión constitucional adelantada no encontró
vulneración alguna al principio de veracidad en la medida que la nota difundida
contó con un proceso investigativo previo que incluyó la “presunta
conversación sostenida entre el actor y su interlocutor la cual fue grabada y
transcrita para conocimiento de la opinión pública, así mismo, el mapa y
algunas comunicaciones, informes u oficios cruzados entre  el mismo personal de
la Armada Nacional y al cual se hace referencia en el artículo publicado por la
Revista Cambio. A más de lo anterior, se encuentra formando parte de la
publicación las manifestaciones hechas a la Revista Cambio por el señor Gian
Macchi y la entrevista que la Revista Cambio realizara al mismo actor en torno
a los hechos”.
Ahora bien, el concepto de veracidad también demanda un
proceso de verificación razonable de la información. Es razonable en la
medida que esta responsabilidad “no equivale a la verdad absoluta de los
hechos que se denuncian, pues esto haría imposible la actividad periodística”[48].
Lo que se exige entonces no es una “prueba incontrovertible” acerca de
que la información publicada o emitida[49],
sino “un deber de diligencia razonable con base en el cual sea
factible afirmar que: (i) se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las
fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo expreso de presentar como
ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la intención directa y maliciosa de
perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras
personas”[50].
Tal exigencia de razonabilidad en la presentación de la
información se puede ejemplificar en el caso de Hernando Salazar Pérez contra
“El Cazanoticias” (T-260 de 2010), en el que el accionante denunció que, de
manera irresponsable, se publicó un video que fue reportado como un evento de
corrupción en un despacho judicial, al observarse al accionante exigiendo
dinero a cambio de agilizar el desarchivo de unos procesos. En aquella ocasión
la Corte estimó que a partir de lo observado en el video aportado por el
ciudadano denunciante era razonable transmitir la situación como un caso de
corrupción.
“En
primer término, el hecho de que se haya calificado al accionante como
“empleado” judicial no es desproporcionado, puesto que tal aserción hubiera
podido hacerla cualquier ciudadano, en especial porque el señor Salazar Pérez
aparentaba ser funcionario del Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá, y como se
dijo anteriormente, era indistinguible de las personas que efectivamente
laboraban en el despacho, tanto por su actitud, como por las funciones que
parecía estar desempeñando, y la total aquiescencia frente al adelantamiento de
dichas labores, evidente por la inacción de los funcionarios del Juzgado 27
Civil Municipal de Bogotá, frente al señor Salazar Pérez.
(…)
Así
fuera para el transporte, o para lo que fuera, es razonable pensar que el
accionante exigía dinero para el desarchivo de los procesos, cuestión reforzada
por situaciones como las que se aprecian en las grabaciones sin editar en donde
la reportera ciudadana cuestiona al accionante sobre la suma a entregar, este
asiente, recibe el dinero y vuelve a explicarle a la señora que le entrega el
dinero el proceso, de manera que es razonable pensar que la entrega del billete
correspondía a la gestión del desarchivo. Finalmente, el escrito de tutela no
desmiente que el señor Salazar Pérez hubiera recibido alguna suma para
adelantar la gestión de desarchivo del expediente -fuere para lo que fuere
destinada finalmente- pues, se reitera, se dice claramente que el aquí
accionante recibió sumas de dinero, no autorizadas en la normativa aplicable”.
Es válido entonces que los investigadores y periodistas
profieran afirmaciones sobre la ocurrencia de un hecho, cuando a partir del
contexto examinado, resulten inferencias plausibles, incluso si no son
necesariamente ciertas. En todo caso, si luego de publicada resulta que la
información es falsa y afecta los derechos fundamentales de una persona, el
medio debe publicar los hechos correctos[51].
Vale la pena precisar que existen hechos de difícil constatación (ya sea por
razones empíricas o de seguridad), frente a los cuales la jurisprudencia lo que
exige es que no se trasmitan como ciertos y definitivos[52].
En este mismo contexto, la Corte ha enseñado que el
principio de veracidad no implica el uso correcto del lenguaje técnico o
coloquial[53].
A manera de ilustración, la sentencia T-1225 de 2003 no aceptó el reclamo
invocado por un concejal que fue presentado por un diario como “sindicado”
de hurto y “con las manos en la masa”, aunque en sentido estrictamente
legal, no había sido vinculado al proceso penal ni capturado en flagrancia:
“Por
eso, en el presente caso, el uso no técnico, sino natural de la expresión
sindicado por parte del medio de comunicación, no permite entrever la
exposición manifiestamente errónea de los hechos reportados ni un ánimo de
distorsionar la realidad. El antetítulo señalaba claramente que estaba en curso
una investigación por el robo de mercancías y que ésta la estaba adelantando la
policía. Además, el grueso de la información publicada por el diario se refería
a la investigación que la Policía y los organismos de seguridad venían haciendo
del hurto de un camión con una carga de cerveza, agua y gaseosa. El lenguaje
empleado por el reportero para describir los hechos–captura de unas personas,
entre ellas un concejal, recuperación del vehículo y de la mercancía, forma en
que fueron localizados– fue de alto contenido fáctico, absteniéndose de
opiniones o juicios de valor sobre lo informado. El medio no responsabilizó o
condenó a ninguno de los involucrados.
(…)
La
función semántica de la expresión “cogidos con la  mano en la masa”, apreciada
en el contexto de la información, fue la de informar sobre la aparición de la
mercancía robada que, unido a las declaraciones de la persona capturada en el
lugar, asociaban a los accionantes a los hechos investigados. La expresión
empleada no tuvo como propósito responsabilizar a los actores, lo cual fue
aclarado en dos oportunidades por el periodista que, luego de solicitada la
rectificación de la información, corrigió al aire la misma en los términos de
lo pedido. En su connotación habitual, la expresión “cogido con la mano en la
masa” puede significar que la persona ha sido encontrada con la mercancía,
hecho sustentado en el presente contexto con los boletines de la policía, sin
que ello implique necesariamente que se está en una situación de flagrancia
–consistente en haber sido capturado durante la comisión del delito–, como
afirman los accionantes.”[54].
4.2.2 Lo que no protege
el régimen constitucional es cuando la difusión de información se produce “con
evidente desprecio por la verdad (es decir, evidente negligencia o imprudencia
en la investigación de unos hechos que no tenían por qué merecer credibilidad)”[55].
A partir de la jurisprudencia[56]
promulgada por esta corporación, es posible identificar tres casos
representativos en los que un medio de comunicación incumple las cargas mínimas
de veracidad que impone la Constitución Política:
i- Cuando el dato fáctico es contrario a la realidad y
fue publicado por (a) negligencia (soportado solo en rumores,
invenciones) o (b) mala intención del emisor.
Un ejemplo de este tipo de irregularidad se constata en
el caso (T-259 de 1994) de María Auxiliadora Méndez contra “El Espacio”. El
periódico demandado publicó la fotografía del cadáver de su hijo, prácticamente
desnudo, en primera página, bajo un inmenso titular que decía: “¡Tanga
Mortal!”. En el sentir de la solicitante, el despliegue sensacionalista
dado al suceso por el medio informativo no buscaba sino llamar la atención para
incrementar sus ventas. La Corte concedió el amparo al encontrar que el diario
no aportó prueba alguna para justificar la relación que supuestamente existía
entre el uso de la tanga y la muerte violenta:
“El
periódico no podía, sin desconocer expresos mandatos constitucionales,
presentar el fallecimiento de la persona como ligado al uso de la llamada
"tanga", pues no tenía pruebas al respecto. Ni siquiera podía afirmar
que la víctima llevara puesta dicha prenda en el momento de su muerte o en el
del posible ataque del que fue objeto. Menos todavía que aquella hubiera sido
la causa mediata o inmediata de los hechos, pues tal cosa no aparece probada de
manera alguna en el expediente. Por el contrario, la información desplegada en
la página 2 de la mencionada edición permite suponer que el occiso fue víctima
de una dosis de escopolamina u otra clase de droga”.
ii- Cuando la información emitida en realidad
corresponde a un juicio de valor u opinión pero se presenta como un
hecho cierto.
La sentencia T-1198 de 2004 expone un caso en este
sentido. La señora Claudia Triana Soto de Vargas solicitó protección de sus
derechos fundamentales al buen nombre, honra y rectificación de información
falsa, los cuales consideró vulnerados por el columnista Lisandro Duque Naranjo
y por el semanario El Espectador, con ocasión de la publicación de la columna
de opinión titulada "Yo conozco a Claudia" en la cual se leía,
entre otras denuncias, lo siguiente:
“(...)
Mientras tanto los cineastas llevamos siete años sin chistar frente a los
abusos de una señora Claudia Triana de Vargas (sic), directora de la empresa
mixta “Proimágenes en movimiento”, quien nos ha tratado como a bobos. Y tal vez
lo hemos sido. Pero antojados de todo este fervor contestatario, envidiosos de
los otros artistas levantiscos, estamos remitiéndonos a la Procuraduría y a la
Contraloría para que visiten a dicha funcionaria, pues el pillaje y los
favoritismos bajo su gestión cruzaron hace rato la raya de la desvergüenza:
contratos innecesarios y sin licitación, apertura de una cuenta con dineros
públicos -sin adquirir póliza y sin solicitar autorización a la junta
directiva- en un banco de amigos al que le faltaba menos de un mes para
quebrarse (¡que prisa!), manipulación de jurados internacionales, a punta de
prebendas, para que premiaran por partida triple (370 millones) al
"representante" de los cineastas escogido a dedo por ella durante
tres períodos seguidos, amén de varias adjudicaciones al mismo avivato a través
de testaferros, son algunos de los hechos punibles cometidos por quien, no
obstante esos antecedentes, ha ejercido el cargo durante tres gobiernos. Una
joyita. Sobre todo porque derrocha con descaro, y entre amigos, los tres pesos
que la avaricia del Estado le destina al cine Y que uno paga en impuestos”.
Teniendo en cuenta la forma en que fue redactada la
columna de opinión, la Corte declaró un abuso del ejercicio de la libertad de
expresión, “al no distinguir la presentación de los hechos de lo que
constituyen sus juicios de valor sobre la gestión de la actora”. De este
modo, el confuso veredicto emitido por el columnista propició que los lectores
percibieran a la accionante “como si fuera realmente responsable penal,
disciplinaria y fiscalmente de las irregularidades denunciadas”.
iii- Cuando la información pese a ser literalmente
cierta, es presentada de manera tal que induce al lector a conclusiones
falsas o erróneas.
La veracidad y la imparcialidad de una información son
cualidades que se predican del conjunto de ella, es decir, para que tales
requerimientos constitucionales se cumplan, es necesario que todos los factores
integrantes del material informativo (título, imágenes, etc.) que llega al
público contribuyan a su realización y no se orienten a la manipulación o tratamiento
arbitrario de una noticia que, en principio, se ajusta a la realidad[57].
Esto se conoce como unidad informativa[58].
De nada sirve que el contenido de la noticia sea exacto
si el titular usado para encabezarla no lo es y viceversa. “Los titulares
determinan, con frecuencia de modo irreversible, el criterio que se forma el
receptor de las informaciones acerca del alcance de las mismas y, en
consecuencia, cuando son erróneos, inexactos o sesgados, comunican el vicio a
la integridad de la información publicada”[59]. Siguiendo este
razonamiento, la Corte (T-040 de 2013) protegió los derechos del señor
Guillermo Martínez Trujillo frente a una nota publicada en el diario “El
Tiempo” que, por su forma de redacción, se prestaba para confundir al lector
sobre la participación del accionante en redes de narcotráfico:
“En
primer lugar, obsérvese cómo el titular de la noticia, y posteriormente el
listado de personas referido al final del artículo –en donde se encuentra el
señor Guillermo Martínez Trujillo- los encabeza como “El cartel de los Llanos”, inducen al receptor a tener por ciertos los hechos
de su membrecía a la mafia descrita, y en ese orden, resulta confusa la
información emitida”.
4.3 Imparcialidad.
En lo referente al principio de imparcialidad de la información,
la Corte Constitucional desde un principio (T-080 de 1993) estableció que “envuelve
una dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos
valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión”. No
significa esto que los medios “deban presentar las noticias como relatos
puros sobre los hechos acaecidos, pues la libertad de opinión de los
periodistas y la defensa del pluralismo autorizan que los medios valoren de
determinada manera lo sucedido”[60].
La pretensión positivista del investigador que se limita a transmitir
objetivamente un hecho corre el riesgo de “llevarse al extremo de vaciar de
contenido la libertad de información”[61].
En últimas, toda interpretación y procesamiento de la información guarda algo
de subjetivo.
El Constituyente del 91 no quiso llegar hasta ese
extremo y optó por vincular la exigencia de imparcialidad al equilibrio
informativo, es decir, al “derecho al público a formarse libremente una
opinión, esto es, a no recibir una versión unilateral, acabada y pre-valorada
de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de
vista contrarios expuestos objetivamente”[62].
En esa medida, cuando un periodista desea emitir una información debe
contrarrestarla con diferentes fuentes y confirmarla, si es el caso, con
expertos en la materia o con la parte directamente implicada, para plantear
todas las aristas del debate[63].
El propósito de esta directriz ha sido explicado por la
Corte Constitucional en razón al altísimo riesgo que implicaría una sociedad
cautiva por medios de comunicación que presentasen exclusivamente la posición
mayoritaria de forma acrítica:
“En
este sentido, debe advertirse que la función estructural que cumple la libertad
de expresión, y en particular la libertad de prensa, de crear condiciones para
una real democracia deliberativa, dentro de la cual sea posible el ejercicio de
control del poder, impone al medio de comunicación que establezca escenarios
dentro de los cuales la opinión pueda ser confrontada por las contrapartes. El
espacio deliberativo se ha de trasladar, de alguna manera, al ámbito
periodístico. A fin de que el foro sea realmente público y democrático, en el
cual se genera una opinión libre, no pueden faltar elementos propios del
debate. La ausencia de contradictores torna a la audiencia en cautiva y con
reducidas opciones para formarse su propia opinión sobre el tema debatido en el
foro. Se trata, pues, de lograr un equilibrio informativo”[64].
Ahora bien, en el contexto de la libertad de expresión,
esto no significa que la persona señalada por el medio de comunicación invoque
un “derecho al micrófono” cuando lo considere pertinente, de quien se
considera afectado con la noticia[65].
El caso (T-298 de 2009) del senador Hernán Andrade
Serrano contra el Diario del Huila ilustra el alcance del deber de
imparcialidad en cabeza de los medios. En este proceso la Corte estudió la
demanda del parlamentario contra el periódico que había publicado una denuncia
en su contra con fundamento en una carta suscrita por empleados del Hospital de
Neiva. Al estudiar el asunto, la Sala de Revisión encontró probada la
vulneración del principio de imparcialidad (aunque la misma hubiese sido
corregida posteriormente) en la medida que “lo mínimo que se exige al medio
es que hubiere llamado al Senador para preguntar su versión”. Sólo después
de hacer este cotejo el medio podía realmente juzgar la relevancia y seriedad
de la información. Adicionalmente, tal confrontación es la que “permite que
los lectores puedan tener una visión completa sobre los hechos que se denuncian”.
Contrario a lo anterior, en el proceso (T-260 de 2010)
de Hernando Salazar Pérez contra “el caza noticias” –mencionado anteriormente-
la Corte encontró que la presentación de la denuncia ciudadana fue legítima
pese a que no se contó con la perspectiva de la persona implicada, pero sí de
un tercero experto e imparcial:
“En
este punto es conveniente aclarar que el contenido analizado en el presente
caso exhibe una faceta informativa, aquella en la que se hace la introducción por
parte del presentador, Felipe Arias, y los reporteros ciudadanos, y una
segunda, bien diferenciada, en donde un experto en el tema da su opinión. En
punto a la imparcialidad, debe pues destacarse que en la presentación del
contenido, los accionados no desconocieron su deber de presentar la información
sin sesgos y de establecer una diferenciación entre comunicación de hechos y
opiniones.
(…)
Como
antes se mencionó, en el “Cazanoticias” de RCN, no solo se presenta un
contenido informativo, sino que además se escucha la opinión de un experto en
el tema presentado, que en el presente caso correspondió a un profesional del
derecho que conceptuó acerca del video presentado en la introducción de la
sección”.
Es importante mencionar, por último, que para la Corte
fue relevante en este caso que (i) el abogado invitado no hizo imputación
alguna de delitos al accionante, sino más bien realizó una explicación
pedagógica sobre los tipos penales en discusión; y que (ii) las Directivas de
Noticias RCN le propusieron al accionante una fórmula de rectificación, lo que
mostraba la actitud por parte del canal de acceder a las solicitudes elevadas
por el demandante.
4.4 Rectificación en condiciones de equidad.
El artículo 20 de la Constitución Política al consagrar
el derecho fundamental a la libertad de expresión también estipula la garantía
paralela en cabeza del receptor a exigir la “rectificación en condiciones de
equidad”. Se trata, entonces, (i) de un derecho que tiene el afectado por
la información errónea o falsa para que ésta sea corregida o aclarada, por una
parte; y por otra, (ii) de una obligación del medio de comunicación de aclarar,
actualizar o corregir la información emitida[66].
La Corte Constitucional, en sentencia T-260 de 2010,
resumió las características definitorias de este derecho fundamental, de la
siguiente forma:
“(i)
constituye un mecanismo menos intimidatorio que la sanción penal y más cercano
en el tiempo a la concreción del daño; (ii) garantiza la protección de los
derechos a la honra y al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea, los
derechos a la libertad de expresión y de información; (iii) no presupone para
su ejercicio que se declare, previamente, la existencia de responsabilidad
civil o penal del comunicador o que se establezca la intención de dañar o la
negligencia al momento de trasmitir la información no veraz o parcial; (iv)
basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se
exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de
fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla; (v) ofrece
una reparación distinta a la que se deriva a partir de la declaratoria de
responsabilidad civil o penal, pues una rectificación oportuna “impide que los
efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales”.
(vi) no persigue imponer una sanción o definir una indemnización en cabeza del
agresor por cuanto su objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la
reputación de quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer –con
igual despliegue e importancia que el mensaje que produjo la lesión– un espacio
destinado a facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que
fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o carente de imparcialidad.
Así, “según los términos del acto comunicativo vulnerador, a los sujetos
pasivos deberá aclarárseles que las aseveraciones son realmente sus
valoraciones, que los hechos divulgados se alejan de la realidad o que sus
denuncias no son arbitrarias sino que tienen unos hechos que lo sustentan”.
(vii) no excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y
moral–, mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento
jurídico”.
El derecho de rectificación ofrece de este modo una
reparación de diferente naturaleza que la que se puede obtener a través de una
declaración de responsabilidad civil o penal. Si bien no sanciona con una pena
ni define una indemnización a cargo del agresor, en tanto su objetivo último es
la reparación del buen nombre, la imagen y reputación de la persona afectada,
tiene la ventaja de impedir que los efectos difamatorios se prolonguen en el
tiempo como acontecimientos reales[67].
La jurisprudencia constitucional[68] ha diseñado
un conjunto de subreglas aplicables para el restablecimiento del ejercicio
informativo veraz e imparcial, las cuales en atención a su importancia se citan
in extenso:
(i) En relación con la garantía de equivalencia ha indicado que ésta no supone una
correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la
publicación inicial y su aclaración o rectificación. Lo fundamental es que la
rectificación o aclaración de la información falsa o parcializada constituya un
verdadero remedio a la vulneración de los derechos de la persona concernida,
para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia,
pues “de lo que se trata es
que el lector – o
receptor – pueda
identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el
artículo enmendado”
(ii) Sobre la oportunidad con la que la rectificación debe ser efectuada para
que cumpla con su cometido de garantizar la protección efectiva de los derechos
de  quien ha sido afectado por una información errónea, ha establecido
que “el medio llamado a
rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud
correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos”
(iii) Respecto de la carga de la prueba
en cabeza de quien solicita la rectificación la Corte ha considerado dos
situaciones distintas: (1) cuando se solicita rectificación de una
información donde se hacen aseveraciones sobre unos hechos concretos, la
persona que se considera afectada con estas informaciones debe presentar las
pruebas pertinentes para sustentar su solicitud de rectificación; (2) cuando las afirmaciones del medio informativo son
injuriosas y se refieren a una persona específica, pero tienen un carácter
amplio e indefinido, es decir no fundadas en hechos concretos, se releva a la
persona afectada de la carga de demostrar su inexactitud por la imposibilidad
en que se encuentra de hacerlo. En estos eventos, surge para el medio la
carga  de sustentar su negativa a rectificar y la de demostrar la
veracidad e imparcialidad de la información trasmitida.
(iv) Ha establecido también la
jurisprudencia que el derecho a la rectificación en condiciones de equidad es
una garantía de la persona frente a los medios de comunicación, que sólo es
predicable de las informaciones más no de los pensamientos u opiniones
considerados en sí mismos. De ahí la imposibilidad de solicitar la
rectificación cuando el contenido que se pretende atacar está exclusivamente en
el campo de las opiniones. Este criterio se ha matizado con la consideración
que existe en cabeza del periodista un deber de cerciorarse razonablemente de
la veracidad de los hechos o de las premisas en los cuales fundamenta su
opinión o juicio de valor, bajo el presupuesto de la buena fe.
(v) Por último, la posibilidad de
réplica por parte del lesionado, no goza de la misma estirpe constitucional
del derecho de rectificación en condiciones de equidad. Si bien la publicación
de un texto en el que la persona afectada asuma su defensa controvirtiendo las
afirmaciones difundidas, favorece el equilibrio con la exposición de diferentes
puntos de vista ante el público receptor, el constituyente optó por exigir la
preservación de la verdad, más que la promoción del equilibrio informativo. En
consecuencia, el mecanismo que la Constitución concibe y consagra para el
restablecimiento extrajudicial de los derechos fundamentales que sean
vulnerados como consecuencia de la extralimitación en el ejercicio informativo,
es el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no la réplica.
En esta medida el contenido de la retractación dependerá
de los derechos que se hayan vulnerado y de la difusión que haya tenido el
texto controvertido: “a los sujetos pasivos deberá aclarárseles que las
aseveraciones son realmente sus valoraciones, que los hechos divulgados se
alejan de la realidad o que sus denuncias no son arbitrarias sino que tienen
unos hechos que lo sustentan”[69].
Este último supuesto de hecho se explica en tanto que el derecho/obligación de
rectificación no debe silenciar a los ciudadanos sino constituir un “límite
orientado a que la acción comunicativa se aleje de afirmaciones irresponsables
que generen confusión en la colectividad que confía en la profesionalidad, el
prestigio y la credibilidad de los comunicadores”[70].
Un aspecto medular de la rectificación en condiciones de
equidad es el deber del medio de comunicación a reconocer explícitamente que
se ha equivocado. Este fue una de las consideraciones de la Corte para
sancionar el comportamiento de CM& (T-626 de 2007) por unas denuncias
erróneas que divulgó el noticiero sobre los supuestos nexos familiares de
Carlos Alfonso Potes Victoria con personas que trabajaban en las empresas (Open
System y Swedtl) acusadas de incurrir en operaciones de triangulación con la
fundación contratante. La Sala de Revisión encontró que si bien en la emisión
de agosto 25 de 2006 “la presentadora admitió que no se refería a familiares
o allegados del demandante, no reconoció explícitamente que se equivocó. Por el
contrario, acudió a argumentos gramaticales y de puntuación irrelevantes que
pusieron en evidencia la reticencia a la rectificación”[71].
Por esta misma razón, se ha insistido que no basta
ofrecer una columna o espacio en el medio de comunicación para que la persona
implicada presente su defensa en relación con la información difundida,
cuando se han presentado hechos y datos ajenos a la realidad. En la sentencia
T-1198 de 2004 de Claudia Trono Soto contra “El Espectador” –mencionada
anteriormente- la Sala de Revisión recordó que aunque propiciar el equilibrio
informativo es una manera de mostrarle a los lectores las diferentes posiciones
en torno a un debate público, “la Constitución exige que sea el mismo
comunicador quien repare los perjuicios a través de la rectificación en
términos de equidad, y no que sea el mismo sujeto afectado quien deba defenderse
de la agresión con un escrito de réplica”.
Tampoco resulta suficiente que el medio se limite a
leer un comunicado suscrito por la persona afectada. En el caso de Jeanette
Mireya Duran contra el “Noticiero TV Hoy” (T-332 de 1993), el informativo había
emitido el 6 de diciembre de 1992 una nota según la cual “a dos
ex-secretarios del Gobierno de Arauca se les comprobó vinculación con la
guerrilla, entre ellos a la Secretaria de Hacienda”. Ante el fallo
condenatorio de tutela de instancia el medio procedió a dar lectura a los
apartes pertinentes de la rectificación invocada por la demandante. Inconforme
con tal proceder, la Sala de Revisión señaló que el deber de rectificación “[n]o
se trata de una liberalidad o de un acto generoso de su parte”. Es por ello
que “mal puede entenderse que se rectifique cuando el medio circunscribe su
acción a difundir lo que dice la persona o entidad que ha sido perjudicada con
la información”, ya que esto equivale a “disimular su falta de veracidad
u objetividad trasladando a la persona lesionada la responsabilidad de
desempeñar el papel que en justicia debe cumplir el autor de las afirmaciones”.
Existe una excepción a la anterior subregla. En los
eventos en que el ejercicio de reparación en cabeza del medio de comunicación se
origina no por la difusión de una información falsa (carga de veracidad), sino
por no haberse contrastado las fuentes de la información (carga de
imparcialidad), la rectificación debida se satisface con la presentación de la
opinión del afectado. En el caso del Senador Hernán Andrade Serrano contra el
Diario del Huila (T-298 de 2009), la Corte constató una trasgresión al
principio de imparcialidad en atención a que el medio no consultó la posición
del actor. No obstante, se produjo la rectificación, aunque tardía e
inoportuna, en tanto el periódico incluyó posteriormente un comunicado del
implicado:
“La
no publicación de la opinión de la persona afectada compromete el principio de
imparcialidad y, en consecuencia, da lugar a la publicación posterior de la
información pertinente. Ahora bien, en casos como el presente  en los cuales la
falta consiste en haber dejado de contrastar la información publicada
(vulneración del principio de imparcialidad), la rectificación destinada a
reparar dicha falta, no puede tener otro contenido obligatorio más que la
versión del actor sobre los hechos y los argumentos que, a su juicio,
descalifican la fuente reservada que dio al periódico esas afirmaciones. En
efecto, nada distinto se puede ordenar en casos como el presente, pues pese a
que la información afecta el principio de imparcialidad, no compromete el
estándar de veracidad en los términos señalados por esta Corte”.
En igual sentido, este tribunal en
sentencia T-040 de 2013 afirmó que: “la imparcialidad hace referencia, y
exige al emisor de la información, a establecer cierta distancia entre la
crítica personal de los hechos relatados y las fuentes y lo que se quiere
emitir como noticia objetiva. En esa medida, cuando un periodista desea emitir
una información debe contrarrestarla con diferentes fuentes y confirmarla, si
es el caso, con expertos en la materia, y evitar que lo recolectado y
confirmado se “contamine” con sus prejuicios y valoraciones personales o del
medio donde trabaja”
5. Discursos especialmente protegidos y cubrimiento
de procesos judiciales.
5.1. En principio, todos
los discursos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión,
independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y
estatal con la que cuenten. Esta presunción se explica por la obligación de
neutralidad del Estado ante los contenidos, y como consecuencia de la necesidad
de garantizar que no existan, a priori, personas, grupos, ideas o medios de
expresión excluidos del debate público[72].
Sin embargo, dentro del amplio rango de expresiones
posibles existen algunos, destacados tanto por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos como por la Corte Constitucional, que gozan de un especial
nivel de protección por su importancia crítica para el funcionamiento de la
democracia, como medio de control ciudadano o para el ejercicio de los demás
derechos. Estos son: (i) el discurso político y sobre asuntos de interés
público y (ii) el discurso sobre funcionarios o personajes públicos.
A. Discursos políticos y sobre asuntos de interés
público:
Este primer grupo comprende tanto aquellos de contenido
electoral como toda expresión relacionada con el gobierno de la polis y,
con mayor razón, las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos. En
consecuencia, toda restricción en su contra es vista con sospecha, debido a
que:
“(i)
a través de ellos no sólo se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y
libertad de expresión, sino que se realizan todas las demás finalidades por las
cuáles se confiere a ésta una posición preferente en los estados
constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen ser los más amenazados,
incluso en las democracias más vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor
poder social, político o económico pueden llegar a ser afectados por tales
formas de expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su poder
para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus autores”[73].
En la misma dirección, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha explicado que la protección reforzada de este discurso -incluso
de aquel que irrita y choca al Estado- obedece al ejercicio activo que se
espera de los ciudadanos en todo sistema democrático y a la eficacia de la
denuncia pública en el control de la corrupción:
“El
funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión
pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus
aspectos, esto es, sobre los asuntos de interés público. En un sistema
democrático y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus
funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, no sólo por los órganos
internos de control, sino también por la prensa y la opinión pública. La
gestión pública y los asuntos de interés común deben ser objeto de control por
la sociedad en su conjunto. El control democrático de la gestión pública, a
través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades del
Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones,
y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De allí
que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor circulación
de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público[74].
En
este mismo sentido, la jurisprudencia interamericana ha definido la libertad de
expresión como, “el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar
en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos
vinculados al funcionamiento normal  y armónico de la sociedad”; ha
enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de
denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de
interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien
recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan
a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o
a un sector cualquiera de la población[75]”[76] (subrayado fuera del
original).
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha
precisado que no resulta suficiente la simple curiosidad generalizada para
calificar un asunto como uno de valor público: “Es preciso examinar que el
contenido de una información obedezca a un verdadero y legítimo interés general
de conformidad con la trascendencia y el impacto social. Así, la libertad de
información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos surge la
necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general”[77].
En consecuencia, en este punto se exige un interés público, real, serio y
además, actual, donde nunca es de recibo una finalidad meramente difamatoria o
tendenciosa.
B. Discurso sobre funcionarios o personajes públicos.
Quienes por razón de sus cargos, actividades y de su
desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad
pública, inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser
afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena
parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. Además,
su mayor exposición ante el foro público fomenta la transparencia de las
actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre
su gestión. En estos eventos, ha dicho la Corte Constitucional, el derecho a
informar se torna más amplio[78].
En efecto, se entiende que están dispuestos a someterse
al escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos de su fuero privado
sobre los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y
debatir, por estar referidos: (i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii)
al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida
privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las
que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades
requeridas para ejercer sus funciones[79].
El mayor grado de escrutinio para este grupo de personas
se justifica por el carácter de interés público de las actividades que
realizan, porque se han expuesto voluntariamente a una mayor exposición al
ocupar un determinado cargo y porque tienen una enorme capacidad de
controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública[80].
En todo caso, esta relevancia prima facie no
puede versar sobre cualquier tipo de información relacionada con la persona
pública porque el riesgo de afectar la intimidad, el honor o cualquier otro
derecho quedaría siempre latente. Para resolver esta tensión, la Corte ha
acogido la jurisprudencia alemana sobre las diferentes esferas de intimidad de
la que goza un individuo así como el correspondiente nivel de injerencia
permitido:
“Adicionalmente,
para graduar el nivel de protección del derecho “a ser dejado solo” y a no ser
objeto de injerencias ajenas, en función de los espacios los que las personas
desarrollan sus actividades, la Corte se ha valido de la doctrina del Tribunal
Constitucional alemán que distingue tres (3) ámbitos: (i) la esfera más íntima, que corresponde a los pensamientos o sentimientos
más personales que un individuo sólo ha expresado a través de medios muy
confidenciales, como cartas o diarios estrictamente privados, ámbito dentro del
cual la garantía de la intimidad es casi absoluta, de suerte que sólo
situaciones o intereses excepcionalmente importantes justifican una
intromisión; (ii) la esfera
privada en sentido amplio, que
corresponde a la vida en ámbitos usualmente considerados reservados, como la
casa o el ambiente familiar de las personas, en donde también hay una intensa
protección constitucional, pero hay mayores posibilidades de injerencia ajena
legítima; (iii) la esfera
social, que corresponde a las
características propias de una persona en sus relaciones de trabajo o más
públicas, en donde la protección constitucional a la intimidad es mucho menor,
aun cuando no desaparece, pues de esta mayor exposición a los demás no se
infiere que los medios de comunicación estén autorizados para indagar, informar
y opinar sobre todo lo que una persona hace por fuera de su casa, sin violar su
intimidad”[81].
5.2. Una consideración
especial merecen los hechos sometidos a investigación por parte de los entes de
control y aquellos judiciales de los que se derivan imputaciones de conductas
punibles, administrativas o civiles, por cuanto aunque pueden constituir
eventos de relevancia pública, también es cierto que generan un debate en torno
a la conducta de los órganos de administración de justicia y el acatamiento de
sus decisiones, así como en la reputación que se tiene de una persona, sobre
todo cuando la noticia alude a la comisión de actos delictivos o al trámite de
procesos penales en curso[82].
Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tales
informes requieren de un especial cuidado en su tratamiento[83].
Los medios de comunicación, y los ciudadanos en general,
ciertamente tienen derecho a denunciar públicamente los hechos y actuaciones
irregulares de los que tengan conocimiento en virtud de su función, por lo que
no están obligados a esperar a que se produzca un fallo para comunicar al
respecto[84].
Dentro de una acción de amparo impetrada por una Fiscal en contra de la
publicación de un libro -“La corrupción de la
justicia en Colombia”- que reprochaba su desempeño al interior del ente
acusador, la Corte Constitucional (T-213 de 2004) admitió incluso que dentro de
un Estado social y democrático de derecho, los comunicadores, periodistas y
formadores de opinión pueden legítimamente reprochar una conducta que
consideren irregular, amañada o maliciosa, pese a que la situación haya sido ya
dirimida en sentido contrario ante los órganos jurisdiccionales del Estado, por
cuanto nadie –incluido los poderes públicos- se puede atribuir el dominio
exclusivo sobre el conocimiento y la rectitud:
“Ya
se indicó antes que en una sociedad multicultural y pluralista no existe un
monopolio sobre la verdad (Fundamento 18). En la democracia
constitucional el respeto por el pluralismo valorativo de la sociedad, no puede
conducir a que se entienda que la definición de la corrección de la conducta de
los funcionarios públicos se limite a su conformidad con la ley. La sociedad
tiene derecho a (y requiere) controlar la actuación de tales funcionarios y de
valorar si, a pesar de que no ha incurrido en conductas irregulares en términos
jurídicos, su comportamiento resulta inaceptable en otros términos sociales.
(…)
De
una parte, que en una democracia constitucional no es posible centralizar en el
sistema jurídico la calificación de la conducta de las personas. La separación
entre derecho y moral, así como del derecho del sistema de valores religiosos,
(separación indispensable para lograr una sociedad plural), obliga a aceptar
que a partir de cada sistema social es posible realizar juicios de valor
respecto de la conducta de las personas y, en particular, de los funcionarios
estatales.
(…)
Por
otra parte, pretender un monopolio absoluto sobre el reproche en cabeza del
sistema jurídico, conduciría a paralizar el proceso de transformación del
sistema de valores de la sociedad, en la medida en que sólo resultarían
legítimos los reproches jurídicamente sancionados”. (Subrayado fuera del original).
El libre ejercicio de la opinión, por su parte, permite
revelar conductas socialmente reprochables que se escudan en lo legal así como
poner en evidencia la necesidad de modificaciones al sistema normativo
jurídico. Todos los órganos del Estado están, en consecuencia, sujetos al
escrutinio público. Sus decisiones, aunque deban ser acatadas, son
absolutamente cuestionables y criticables. El ordenamiento constitucional
colombiano no pretende imponerse sobre un grupo de autómatas que se limitan a
obedecer ciegamente, sino regular las relaciones entre ciudadanos activos,
vigilantes y corresponsables de su destino común.
Esta misma sentencia (T-213 de 2004), empero, advierte
que la libertad de expresión en procesos judiciales no resulta absoluta y toda
información que se profiera debe partir de un mínimo de plausibilidad -entendida
como condiciones de veracidad y credibilidad- y no sobre información falsa o meramente
hirientes:
“Críticas
de este tipo han de soportarse en una democracia constitucional. Por ello se
avanzó sobre la imposibilidad de que se prohíba o restrinja el ejercicio de la
libertad de opinión respecto de la administración de justicia misma. La
cuestión es cuál debe ser el límite de la libertad de expresión. Para la Corte,
dicho límite se define con base en la plausibilidad (la Corte advierte que no
se trata de corrección) de tales opiniones a partir del contexto descrito.
Según se ha precisado en la sentencia C-489 de 2002, la afectación del buen
nombre parte de informaciones falsas o erróneas, que distorsionan el concepto
público sobre un individuo. También se indicó que bajo el amparo del derecho al
buen nombre, las opiniones meramente insultantes, están proscritas (fundamento
15)”.
En efecto, las garantías que rodean a la libertad de
expresión no deben servir como excusa para “defraudar a la comunidad”[85]
con información falsa ni para afectar la presunción de inocencia de la que goza
cualquier ciudadano[86].
El valioso rol que cumplen los medios de comunicación exige que estos indaguen
siempre “más allá”[87],
contrastando fuentes, realizando con rigurosidad su ejercicio periodístico, y
comprometidos con la búsqueda de la verdad y el interés general.
En resumen, valorar hechos es legítimo así como
cuestionar decisiones o pronunciamiento judiciales, por cuanto ninguna
autoridad pública es intocable ni perfecta; pero no lo es distribuir contenido
falso o presentar opiniones deliberadamente insultantes que defrauden el
derecho de la comunidad a recibir información veraz e imparcial. Las actuaciones que se encuentran en investigación por los órganos
del Estado merecen un especial cuidado por parte de los medios de comunicación,
los cuales deben realizar una verificación juiciosa de los hechos y abstenerse
de sustituir a las autoridades de la República en la adjudicación de
responsabilidades de orden legal. Lo anterior no obsta para que los medios
divulguen los datos disponibles, sin tener que esperar que se profiera el fallo
correspondiente, e incluso, una vez publicado este, continúen reprochando una
determinada conducta desde otras esferas de control social.
6. Resolución del caso concreto.
6.1. Asunto previo: cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad.
En el presente expediente se encuentran acreditados los
requisitos generales de procedibilidad. En primer lugar, se trata de un reclamo
ius fundamental en tanto el señor Jesús Aureliano Gómez Jiménez
demanda la protección de sus derechos al buen nombre, a la honra, a la vida y a
la integridad personal. Asimismo, se cumple evidentemente con el requisito de
la inmediatez, en la medida que la acción de amparo fue
interpuesta incluso antes de que se emitiera el reportaje periodístico, con el
fin de prevenir un posible perjuicio irremediable.
También se satisface el presupuesto de subsidiariedad,
ya que el recurso ante la jurisdicción civil o penal no garantizaba una
protección oportuna de los derechos que, a juicio de la accionante, estaban
siendo vulnerados y que podrían conducir, en su parecer, a su muerte ante el
alto grado de amenaza que ocasionaría la publicación en medio televisivo de su
imagen e identificación como Fiscal adscrito a la unidad de vida de la ciudad
de Medellín[88].
Igualmente se cumple con los criterios de legitimación.
Quien demanda en nombre propio es Jesús Aureliano Gómez Jiménez, asegurando ser
víctima de la violación de sus derechos fundamentales. Y del otro lado, la
tutela se dirige tanto contra el Canal Caracol S.A. como contra el Director del
programa Séptimo Día, Manuel Teodoro Bermúdez. Además, fueron vinculados el
Director Seccional de Fiscalías de Medellín y la Fiscalía General de la Nación
como terceros interesados, quienes pudieron ejercer su derecho de defensa y
contradicción.
Por último, en el presente caso no era preciso exigir la
solicitud de rectificación previa como condición de
procedibilidad de la acción de tutela[89],
por cuanto: (i) el accionante no cuestiona la veracidad o la exactitud de la
información difundida por los medios, con lo cual no se está ante el supuesto
previsto en el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991; (ii) lo que
pretende realmente es que se elimine toda alusión a su nombre, imagen y
desempeño del reportaje que elabora el canal, incluyendo las tomas que se
hicieron en su despacho.
6.2. El reportaje periodístico “Borrando la evidencia”,
elaborado por Séptimo Día, se encuentra especialmente protegido en el marco de
la libertad de expresión y resulta legítimo al presentar inferencias plausibles
y críticas en relación con el proceso penal iniciado por el presunto asesinato
de dos menores.
6.2.1. En primer lugar,
esta Corporación advierte que la nota periodística difundida por Séptimo Día el
28 de septiembre de 2014 y titulada “Borrando la evidencia” se enmarca
dentro del discurso sobre asuntos de interés público, por lo que merece una
protección reforzada de parte del Estado. En efecto, no solo aborda una posible
conducta criminal que conmocionó a la ciudad de Medellín, por la edad de las
víctimas y la manera en que se produjo el deceso, sino que también cuestiona la
actuación y diligencia de las autoridades públicas en el esclarecimiento del deceso.
Como se mencionó en los acápites anteriores, una de las
principales misiones que explican la trascendencia de la libertad de prensa
dentro de un ordenamiento democrático tiene que ver con la veeduría social que
lleva a cabo sobre el gobierno de la polis y, con mayor razón,
las críticas hacia el Estado y sus funcionarios públicos, con el objetivo de
promover la responsabilidad y la mayor transparencia posible. En este contexto,
aunque por momentos las observaciones de los periodistas pudiesen resultar
chocantes e irritantes a los miembros de la administración de justicia, su
libre ejercicio resulta ser un imperativo y un beneficio para el Estado, en su
conjunto.
6.2.2. Ahora bien, en el
expediente de marras y en particular en la copia magnética del programa emitido
por el Canal Caracol se observa una labor responsable del equipo periodístico
de Séptimo Día, la cual satisface los requisitos mínimos de veracidad e
imparcialidad exigidos por la Carta Política de 1991 y desarrollados por la
jurisprudencia de esta Corte. Así, a partir del contexto analizado por el
equipo de producción del programa, se realizan inferencias plausibles, incluso
si no son necesariamente ciertas o se exponen por momentos argumentos más
emotivos que legales, sobre los sucesos acaecidos y la correspondiente
investigación judicial.
“Borrando la evidencia” es un capítulo que dura
alrededor de 41 minutos. Presenta una narración cronológica de los principales
sucesos alrededor de la muerte de las menores Cindy Lorena Jimena Patiño y
María Catherine Ochoa: Comienza por reconstruir la última vez que éstas fueron
vistas en la noche del sábado 28 de febrero de 2009 en la ciudad de Medellín y
continúa con el hallazgo de sus cuerpos desmembrados en el barrio Boston cuatro
días después, y el desafío forense que representó para los peritos de medicina
legal encargados de la autopsia. Luego expone la elaboración del perfil del
principal sospechoso (Sergio Hurtado), a partir de los elementos materiales
probatorios -aunque no se denominen técnicamente así en la emisión-
encontrados, y que llevaron a su captura en diciembre de 2013 y posterior condena.
Concluye con la libertad condicional del señor Hurtado y la expectativa por que
se realice una exhumación de los cadáveres que permitan auscultar con mayor
nivel de convencimiento las causas de la muerte.
Ahora bien, en cumplimiento del deber de imparcialidad
es preciso destacar que se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las
fuentes consultadas. A partir de los múltiples testigos y expertos consultados
por el medio, es posible extraer el siguiente resumen de los intervinientes y
los temas abordados por estos:
Interviniente
Tema
Elsy del Pilar Correa (madre de Cindy Lorena Jimena
Patiño)
- Relato de los hechos, su situación familiar y crítica
a la labor de la Fiscalía y el Juez.
Jackeline Herrera (madre de María Catherine Ochoa)
- Relato de los hechos, su situación familiar y
crítica a la labor de la Fiscalía y el Juez.
Diana Milena Alzate, Luisa Fernanda García, Juliana
Durán Quiceno, Vanesa Flores, Laura Cristina Valdes, “Antonia”[90]
(Amigas y conocidas de las menores)
- Relato de la personalidad de las menores y de la
última noche que fueron vistas.
Everet Palacios (Investigador CTI)
- Condiciones en que fueron hallados los cadáveres y
captura del sospechoso.
Germán Giraldo (Director Seccional de Fiscalías de
Medellín)
- Explicación del proceder del ente acusador.
Alberto Trujillo (Juez que condenó a Sergio Hurtado
por ocultamiento de pruebas)
- Explicación de la libertad condicional concedida.
Máximo Duque (experto forense y ex director de
Medicina Legal)
- Concepto relacionado con el ocultamiento de pruebas
en casos de homicidio.
Jesús Alberto Gómez Jiménez (Fiscal que tuvo a su
cargo en un comienzo la investigación del caso)
- Se negó a hablar con los periodistas.
Sergio Hurtado (condenado por ocultamiento de pruebas
y sospechoso del presunto homicidio de las menores)
- Se negó a hablar con los periodistas.
En complemento a las intervenciones referidas, el
reportaje transcribe algunos extractos de documentos obrantes en el proceso
penal, tales como: (i) el informe de medicina legal sobre la causa de la muerte
y (ii) los correos electrónicos suscritos por Sergio Hurtado explicando su
versión de los hechos. Adicionalmente, el programa anunció haber publicado en
su página web la entrevista completa a Máximo Duque, ex director de Medicina
Legal.
Visto lo anterior, esta Sala concluye que el medio de
comunicación demandado exhibió un mínimo de diligencia para buscar la verdad de
los hechos así como para contrastar las distintas fuentes. Fue más allá del
relato de las víctimas -cuyo dolor y reclamos son apenas entendibles por el
paso del tiempo y las terribles condiciones en que fallecieron sus hijas
menores de edad-, indagando también por la versión de las amigas y personas
cercanas a las jóvenes, y luego, intentando obtener la correspondiente
explicación de las autoridades y servidores públicos responsables (investigador
del CTI, fiscal y juez). Esta Corporación valora positivamente que también se
haya acudido a un experto forense con el objetivo de contar con un concepto
técnico e imparcial de los hechos. En esta medida, Séptimo Día no presentó una versión
unilateral, acabada y pre-valorada, sino un trabajo periodístico legítimo.
6.3. No se vulnera el derecho a la vida, al buen
nombre, a la honra y a la imagen propia cuando se proyectan imágenes de la
esfera pública y se hacen referencias al desempeño de un funcionario público en
labores propias de su cargo.
6.3.1. Aunque no fue
posible obtener copia de la grabación que se hizo el 14 de agosto de 2014 en el
Palacio de Justicia de Medellín[91],
no se observa prima facie que la misma haya vulnerado los derechos a la
vida, al buen nombre, a la honra y a la imagen propia, invocados por el
accionante.
En efecto, (i) el periodista Juan Guillermo Mercado de
Séptimo Día se presentó con un camarógrafo en un lugar público, a saber, el
Palacio de Justicia de Medellín donde se desempeñaba como Fiscal el señor Jesús
Aureliano Gómez Jiménez. Como lo reconoce el propio accionante, (ii) el
comunicador se aproximó con el fin de cuestionarlo sobre sus decisiones y
diligencia en el proceso de investigación por la muerte de las dos jóvenes en el
barrio Boston, es decir, por cuestiones propias de su cargo[92].
El evento tiene como escenario la esfera social
del accionante, que corresponde a las características propias de una persona en
sus relaciones de trabajo, en donde la protección constitucional a la intimidad
es mucho menor. Más aún, cuando se trata de un funcionario público quien es
cuestionado por temas inherentes a su cargo. Adicionalmente, urge resaltar que
el periodista se identificó debidamente en horas laborales, dando incluso su
número de celular para posterior contacto y precisando el objeto de su
reportaje, luego no puede calificarse como una maniobra subrepticia ni abrupta.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha
enseñado que la libertad de expresión por parte de los funcionarios públicos,
con sus connotaciones y restricciones particulares, en algunas ocasiones se
torna en un auténtico deber ante la comunidad frente a cuestiones de interés
público. Reflexión que comparte este Tribunal:
“199. Los
funcionarios públicos, como todas las personas, son titulares del derecho a la
libertad de expresión en sus diversas manifestaciones. No obstante, en su caso,
el ejercicio de esta libertad fundamental adquiere ciertas connotaciones y
características específicas que han sido reconocidas por la jurisprudencia
interamericana, particularmente en los ámbitos de: (a) los especiales deberes a
los que están sujetos por causa de su condición de funcionarios estatales; (b)
el deber de confidencialidad al que pueden estar sujetos ciertos tipos de
información manejada por el Estado; (c) el derecho y deber de los funcionarios
públicos de efectuar denuncias de violaciones a los derechos humanos; y (d) la
situación particular de los miembros de las Fuerzas Armadas.
201. Deber de
pronunciarse en ciertos casos, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, sobre asuntos de interés público. Para la Corte
Interamericana, la trascendente función democrática de la libertad de expresión
exige que en determinados casos, los funcionarios públicos efectúen
pronunciamientos sobre asuntos de interés público en cumplimiento de sus
atribuciones legales. En otras palabras, bajo ciertas circunstancias el
ejercicio de su libertad de expresión no es solamente un derecho, sino un deber[93].
En términos del tribunal, “[l]a Corte [Interamericana] ha reiterado
numerosas veces la importancia que posee la libertad de expresión en una
sociedad democrática, especialmente aquella referida a asuntos de interés
público. […] Por lo anterior, no sólo es legítimo sino que en ciertas
ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre
cuestiones de interés público”[94]”[95] (subrayado fuera del
original).
Por su parte, la Opinión Consultiva Número 5, del
13 de noviembre de 1985 afirmó en sus párrafos 38 y 39 lo siguiente:
“El artículo 13.2 de la Convención define a través de qué medios
pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de expresión.
Estipula, en primer lugar, la prohibición de la censura previa la cual es
siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados por el
artículo 13, salvo las excepciones contempladas en el inciso 4 referentes a
espectáculos públicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese
medio un abuso eventual de la libertad de expresión. En esta materia toda
medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad
garantizada por la Convención.
El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de
control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya
cometido”.
En este
orden de ideas, tal y como lo afirmó este tribunal en sentencia C-592 de 2012,
“una cosa es la prohibición previa, pero que genera responsabilidades
ulteriores, la cual es legítima, y otra distinta es la censura previa de una
publicación o de una emisión radial, que se encuentra proscrita por la
Constitución y la Convención Interamericana”.
Dicho lo anterior, es claro que el medio de comunicación
estaba legitimado para consultar al señor Jesús Aureliano Gómez Jiménez, en su
calidad de Fiscal, y buscar contrastar los reclamos ciudadanos que cuestionaban
la forma en que se había venido adelantando la investigación por la muerte de
las menores Cindy Lorena Jimena Patiño y María Catherine Ochoa. Es más, era su
deber informar a las víctimas el resultado de sus actuaciones y los fundamentos
jurídicos de las mismas, claro está con las limitaciones propias de la reserva
del sumario y los protocolos trazados por la Fiscalía General a través de su
Circular interna 006 de 2014. Condición esta que debió haber explicado mejor al
periodista y a las víctimas, antes que pretender que su imagen, nombre y
desempeño laboral fueran totalmente excluidos del reportaje.
En todo caso, si el señor Fiscal considera que existen
amenazas contra su integridad personal puede acudir a las autoridades
competentes para solicitar la protección a la que haya lugar. Pero sacrificar
el ejercicio de la libertad de información tratándose de un asunto de
relevancia pública, por posibles amenazas a un servidor público, no es una
decisión proporcional. En efecto, existen otros mecanismos legales para
salvaguardar la vida del funcionario sin menoscabar el libre flujo de ideas en
el foro público.
6.3.2. Por último, el
accionante pone de presente -en un memorial presentado en el trámite de segunda
instancia de tutela- su inconformidad ante las imágenes suyas e identificación
que reiteradamente se proyectaron por el programa Séptimo Día en su reportaje.
Una vez vista la copia del capítulo de la referencia, esta Sala extrae que a
partir del minuto 25.38´´ se hacen las siguientes referencias directas e
indirectas al rol cumplido por el funcionario Jesús Aureliano Gómez, cuya
transcripción se hace in extenso:
·
Séptimo Día: “Para las familias de las dos
jóvenes, la credibilidad de Sergio era cada vez menor. Pero por razones que
ellas no entienden el Fiscal Jesús Aureliano Gómez a quien le fue asignado el
caso nunca lo llamó a un interrogatorio, a pesar de que él había confesado ser
un descuartizador, que huyó de una escena de un crimen. La familia de las
niñas muertas cuestionó la actuación del Fiscal Gómez”.
·
Madre de la menor: “…que sí que ellas habían
muerto por descuido de sus padres, por haber sido lo que habían sido. Y de una
fue diciendo que ellas murieron por sobredosis. Y ya, esa fue la investigación”.
(…)
·
Séptimo Día: “Hace un tiempo las familiares
de las dos adolescentes muertas le tomaron fotografías en un sitio público al
Fiscal Jesús Aureliano Gómez [*se proyectan fotos (min. 26.35´´) del Fiscal
Gómez al parecer en un calle y una estación del metro*], pero además las
mamás de Cindy Lorena y María Katherine denunciaron que el Fiscal Gómez se negó
a entregarles copias del proceso de investigación pese a que la ley lo obligaba”.
·
Madre de la menor: “Tuvimos que colocar como
más de una tutela, lo tuvimos que demandar ante la Corte hasta que él ya
accedió y nos entregó los papeles”.
(…)
·
Séptimo Día: “Pasaron cuatro años en los que
según las mamás de las adolescentes muertes y la Personería de Medellín, que
las apoyó con un abogado, sin que se ordenara ninguna captura en el caso […]
Según el expediente del caso durante ese tiempo no hubo ninguna búsqueda
ordenada por la Fiscalía contra él”.
(…)
·
Séptimo Día: “Séptimo Día buscó al Fiscal
Jesús Aureliano Gómez en su oficina de los Juzgados de Medellín”.
[* Periodista Juan Guillermo Mercado narra frente a un
computador así los hechos*]
·
Juan Guillermo Mercado: “Justo en este
momento salió el Fiscal Jesús Aureliano Gómez pero usted televidente no va a
poder ver ni escuchar sus respuesta porque hace tres semanas, el pasado dos de
septiembre, el Canal Caracol recibió una notificación de la Juez Gloria Montoya
de Medellín prohibiéndole sacar al aire esta entrevista. Esto ocurrió porque el
Fiscal Gómez interpuso una tutela en la cual alegaba que su vida estaba en
riesgo si difundíamos este material. En muchos sectores, esto podría ser
considerado como censura, siéndolo o no, Séptimo Día acata la decisión de la
Juez Montoya (…).
Lo que sí podemos decir, mas no mostrar, es que en la
entrevista al Fiscal Jesús Aureliano Gómez dijo básicamente que no podía
prejuzgar a Sergio Hurtado solo porque huyó de la escena de un crimen y que
otros fiscales también habían tenido acceso al caso”.
·
Séptimo Día: “En septiembre del año pasado,
el Fiscal General Eduardo Montealegre ordenó quitarle al caso al Fiscal Jesús
Aureliano Gómez y entregárselo a la Fiscal María del Socorro Pineda. La Fiscal
Pineda debía buscar a Sergio Hurtado; ella, encargó en octubre del año pasado
al investigador del CTI Everth Palacios que recogiera pruebas en su contra”.
(…)
[*En este punto (min. 32.12´´) se presenta una
entrevista a German Giraldo, Director Seccional de Fiscalías de Medellín*]
·
Germán Giraldo: “Las pruebas, los elementos
materiales probatorios, no arrojan ninguna evidencia sobre quién pudo haber
asesinado a las dos niñas. Si no se determina procesalmente la causa de la
muerte, es muy difícil determinar quién fue el homicida”.
·
Séptimo día: “¿Faltó una decisión del Fiscal
en el momento oportuno?”
·
Germán Giraldo: “En este momento precisamente
estamos en Bogotá, en medicina legal, tratando de analizar la evidencia que
tenemos”.
·
Manuel Teodoro: “En manos de medicina legal
estaría la respuesta sobre la posible causa de muerte de las dos jóvenes. Ahora
la pregunta de todos es ¿será que medicina legal exhumará estos cuerpos por
segunda vez?”
(…)
[*Luego de un corte comercial (min. 33.15´´), reaparece
Manuel Teodoro*]
·
Manuel Teodoro: “Un estudio realizado por el
Medic Forense Consultants señala que el 95% de los cuerpos descuartizados
encontrados en canecas en el mundo estarían vinculados a un homicidio […]
Sin embargo, para el primer Fiscal Jesús Aureliano Gómez esto no fue razón
suficiente para sindicar a Sergio Hurtado como el posible homicida”.
(…)
[*El reportaje concluye (min. 40.15´´) con el reclamo
final de las madres y la conclusión presentada por Manuel Teodoro*]
·
Madres de las menores: “No es justo que
nosotros como madres tengamos que escuchar estas cosas tan horribles. Porque
hayan sido lo que hayan sido, unas prostitutas, unas drogadictas, unas
lesbianas, unas desechables, pero eran nuestras hijas. Carne de nuestra carne.
No era cualquier cosa (…) Que se haga justicia, que por favor lo enjuicien”.
·
Manuel Teodoro: “Ahora está en manos de
medicina legal decidir si exhumarán o no los cuerpos. La Fiscalía está pendiente.
Las víctimas están pendientes. Desde luego al que no le conviene que se realice
esta exhumación es a Sergio Hurtado quien goza de su libertad en Montería”.
De la anterior transcripción es posible extraer que el
medio de comunicación realiza dos reproches centrales: (i) que pese a existir
graves indicios en contra del principal sospechoso, el Fiscal Gómez no lo
sindicó ni vinculó oportunamente al proceso; (ii) que en relación con la extraña
muerte de las dos jóvenes en la ciudad de Medellín aún no se ha hecho justicia.
Como se observa, el primer reproche recae directamente
sobre el demandante de la presente acción de tutela. Al respecto la Corte
comienza por recordar que este, en su calidad de funcionario público, debe estar
preparado para la exposición ante los medios, en especial, cuando asume la
investigación sobre casos de notorio interés general. La crítica impetrada en
contra de su labor resulta por demás plausible y apenas entendible, en tanto efectivamente
transcurrieron alrededor de cuatro años desde el siniestro, hasta el momento en
que fue llevado a la justicia el presunto responsable. Además, en el intervalo de
este tiempo el Fiscal General de la Nación reasignó el caso a otro de sus
funcionarios. En este escenario, es razonable que las víctimas y los medios de
comunicación presentaran opiniones y valoraciones críticas contra el desempeño
profesional del señor Jesús Aureliano Gómez, quien por su parte no controvirtió
los reclamos cuando el medio de comunicación le dio la oportunidad para
explicar su proceder.
El segundo reproche y mensaje que transmite a la
audiencia el reportaje periodístico es más general, al formular una especie de
frustración e indignación ante la impunidad y misterio que aún hoy rodea a la
muerte de las dos jóvenes. Sentimiento que es comprensible dadas las
particularidades del caso que han impedido que tras seis años del fatal
desenlace no se haya esclarecido la verdad de lo ocurrido. Crítica y
cuestionamiento social al que todas las ramas del poder público, incluida el
poder judicial, estamos expuestos dentro de un régimen democrático.
6.4 Conclusión y decisión a proferir.
El amparo iusfundamental impetrado por el señor Jesús
Aureliano Gómez no está llamado a prosperar. En su condición de funcionario
público ha de estar expuesto a las preguntas, el control e incluso el reproche
ciudadano, sobretodo cuando se trata de procesos de notorio interés general. En
este contexto, está en el deber de atender los requerimientos de las víctimas y
de explicar en un lenguaje accesible, según los parámetros del ente acusador y
la confidencialidad del proceso, sus actuaciones.
Los reclamos de las familias de las menores, canalizados
a través del programa Séptimo Día, aparecen plausibles, aunque no
necesariamente ciertos, y completamente legítimos dentro de un régimen
constitucional como el de nuestro país, que ha venido reivindicando el valor
supremo de la libertad de expresión y la loable misión que cumplen los medios
de comunicación. Por supuesto, estos deben satisfacer los requisitos mínimos de
veracidad e imparcialidad cuando presenten informes, con mayor ahínco si se
trate de asuntos sometidos a un proceso judicial, y siempre respetando con
particular sensibilidad la intimidad, dignidad y demás derechos humanos de las
víctimas.
La Corte Constitucional, consciente de la importancia
del aparato de justicia, también ha reivindicado la labor del juez en el Estado
social y democrático de derecho[96]
y de los demás funcionarios responsables del aparato judicial en sentido amplio.
Más aún, destaca los desafíos y dificultades a los que diariamente se enfrentan
funcionarios, empleados e investigadores judiciales -y con mayor razón aquellos
inmersos en el derecho penal-, pero todo esto no los convierte en “intocables” dentro
del foro público de deliberación.
Se confirmará entonces, por las razones expuestas en
esta providencia, la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual se revocó el fallo
de instancia y en su lugar se negó la protección de los derechos invocados.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR por las razones
expuestas en esta sentencia, el fallo de tutela de segunda instancia proferido por
el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión de Familia, el 15 de
octubre de 2014, dentro de la acción de tutela instaurada por Jesús Aureliano
Gómez Jiménez, mediante el cual se negó el amparo.
SEGUNDO.- LÍBRESE por Secretaría General
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-312/15
LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y PRENSA-Carácter
preferente no implica que sean absolutos (Aclaración de voto)
Las libertades de expresión y de prensa también
protegen a la ciudadanía, puesto que le facilitan el acceso a la información,
condición indispensable para que la persona construya una concepción propia que
permita su participación serena y fundada en la deliberación pública y en el
proceso democrático. Dicha salvaguarda sólo se obtiene, siempre que la
presentación de la información se acoja a una imparcialidad que vaya más allá
de mostrar simplemente la versión del implicado.
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD A QUE ESTAN SOMETIDOS
MEDIOS DE COMUNICACION (Aclaración de voto)
Las razones que me
llevaron a aclarar mi voto frente a la Sentencia T-312 de 2015, en relación con
la explicación del contenido del deber de imparcialidad que deben tener los
medios de comunicación cuando emiten alguna información, es una visión
constitucional que impide en una democracia que los medios de comunicación se
conviertan en instrumento ciego, pero interesado, de estigmatización o
propaganda, dejando a salvo, obviamente, el axioma conforme al cual “los hechos son sagrados y la
opinión es libre”.
Referencia:
Expediente T-4717145
Acción de tutela
presentada por Jesús Aureliano Gómez Jiménez contra el programa Séptimo Día y
otros.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
LIBERTAD DE EXPRESION: “LOS HECHOS SON SAGRADOS, LA
OPINION ES LIBRE”
Aclaro mi voto en la decisión
asumida en esta oportunidad por la Corte Constitucional. Lo hago con inmenso respeto por las decisiones adoptadas por los
miembros de la Sala. Comparto el sentido de la sentencia T-312 de 2015 y
los argumentos que sustentaron la decisión. Sin embargo, considero necesario
realizar una precisión en relación con la parte motiva de la providencia.
En el fallo objeto de aclaración
se indicó que la libertad de información implica que los medios de comunicación
tienen una responsabilidad social al manejar las diferentes noticias. Esta
obligación consiste en: i) distinguir entre opiniones e informaciones; ii)
veracidad de los hechos; iii) imparcialidad en el manejo de la noticia; y iv)
garantía de rectificación. Mi preocupación surge en que frente a la
imparcialidad, la Sala indicó que ese parámetro de sujeción que tienen los
medios de comunicación se agota con la presentación de la versión del
implicado.
A mi juicio, esa afirmación no
recoge de manera completa la jurisprudencia en la materia, ni los contenidos
normativos consagrados en la Carta Política.
El artículo 20 de la Constitución
incluye dos ámbitos de la libertad de expresión e información. De un lado, se
salvaguarda la libertad de emitir opiniones e ideas. De otro lado, se protege
la circulación de información de los sucesos cotidianos, esto es, recibir y
enviar datos. La Carta Política, advierte que el objeto de esa comunicación
debe ser veraz e imparcial. Finalmente, garantiza el derecho a crear medios
masivos de comunicación libres, empero con responsabilidad social.
Ante ese contenido normativo,
esta Corporación ha manifestado que el ordenamiento superior protege el proceso
comunicativo libre, pluralista e igualitario[97],
condiciones que posibilitan la garantía de los derechos fundamentales
correlativos. Para que ello se logre, la sociedad requiere de una prensa
independiente y libre que presente la información de manera adecuada, así como
oportuna. Con este propósito la Corte ha advertido: “Recuérdese, sin embargo, que el derecho a la información es de doble vía,
característica trascendental cuando se trata de definir su exacto alcance: no
cobija únicamente a quien informa (sujeto activo) sino que cubre también a los
receptores del mensaje informativo (sujetos pasivos), quienes pueden y deben
reclamar de aquel, con fundamento en la misma garantía constitucional, una
cierta calidad de la información. Esta debe ser, siguiendo el mandato
de la misma norma que reconoce el derecho, "veraz e imparcial".
Significa ello que no se tiene simplemente un derecho a informar, pues el
Constituyente ha calificado ese derecho definiendo cuál es el tipo de
información que protege. Vale decir, la que se suministra desbordando los
enunciados límites -que son implícitos y esenciales al derecho garantizado-
realiza anti-valores (falsedad, parcialidad) y, por ende, no goza de protección
jurídica; al contrario, tiene que ser sancionada y rechazada porque así lo
impone un recto entendimiento de la preceptiva constitucional” [98].
En esta ocasión me referiré a la
garantía que tienen los receptores a recibir una oportuna y adecuada
información, derecho que supone la intervención en el proceso arbitrario de
comunicación[99],
la defensa de la  pluralidad de las fuentes de información[100] y la obligación que
tiene el locutor de enviar un mensaje veraz, es decir íntegro, completo,  así
como imparcial[101].
Cabe resaltar que, el último deber tiene reconocimiento expreso en la
Constitución, de modo que su sujeción es especial.
La veracidad, en términos de
integridad o completitud, se refiere a que los hechos informados deben ser
verificados. “Por ello, lo que cabe concluir es que la aplicación del
principio de veracidad difiere según la situación de que se trate. Así, si bien
en algunos casos se puede ser muy estricto en la exigencia de la verdad -
puesto que se advierte que lo publicado difiere notoriamente de los hechos
reales, como ocurre, por ejemplo, cuando un medio manifiesta que sus
afirmaciones se fundamentan en documentos emitidos por una entidad determinada,
y ésta demuestra que sus escritos expresaban todo lo contrario-, en otros casos
lo que se puede exigir es que el medio precise su información - cuando, por
ejemplo, la información suministrada en sí misma es cierta, pero hace caso
omiso de algunos elementos, cuya presencia le otorga un cariz completamente
distinto a la noticia -, y en otros, en los que es imposible determinar  la
total veracidad de un suceso, que el medio demuestre que ha  sido
suficientemente diligente en la búsqueda de la verdad [102]. Es
incontrovertible que “las verdades parciales son mentiras virtuales”
El principio de imparcialidad se
vulnera cuando la información del emisor implica una “dimensión
interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos y está a
mitad de camino entre el hecho y la opinión”[103].
El reconocimiento constitucional de ese mandato de optimización significa
que el constituyente reconoció a las personas el derecho de que ellas mismas
formen y construyan sus propias ideas sobre la sociedad, y den pábulo o
fundamento a sus concepciones políticas. Nótese que la norma superior reprocha
las noticias que muestran una versión unilateral, incompleta o pre-valorada de
la realidad. Esas presentaciones impiden que el ciudadano delibere y adopte una
posición en un debate determinado[104],
pues queda convertido en rehén de equivocas “percepciones y
sentimientos”. Por ende, los periodistas tienen la obligación de tomar
distancia frente a las circunstancias que quieren reseñar y de sus fuentes de
información. Además, tienen el deber de contrastar la comunicación con el
concepto de expertos o con otras versiones que la hagan completa y universal.
Es más, el comunicador tiene la obligación de “cuestionar sus propias
impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias y
prejuicios afecten su percepción de los hechos”[105].
Recientemente, las Salas de
Revisión han confirmado ese contenido del principio de imparcialidad, al
manifestar que “hace referencia, y exige al emisor de la información,
establecer cierta distancia entre la crítica personal de los hechos relatados y
las fuentes y lo que se quiere emitir como noticia objetiva. En esa medida,
cuando un periodista desea emitir una información debe contrarrestarla con
diferentes fuentes y confirmarla, si es el caso, con expertos en la materia, y
evitar que lo recolectado y confirmado se ‘contamine’ con sus prejuicios y
valoraciones personales o del medio donde trabaja”[106].
La precisión reseñada es
importante, dado que evita que la presentación de una información quede
determinada exclusivamente por posiciones subjetivas del comunicador, situación
que puede afectar la veracidad de la comunicación y “la percepción y el
sentimiento” de la comunidad sobre hechos o temas tratados. Adicionalmente,
no puede perderse de vista que el poder de los grandes medios de comunicación
ha generado una asimetría en la emisión de la información, desigualdad que ha
llegado a callar ciertas voces, eliminar la crítica a los conglomerados de la
comunicación y prefigurar un consenso falso en la comunidad. Por ejemplo, Noam
Chomsky[107]
explica como el Presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson, a través de la
propaganda, convirtió al pueblo pacifista americano que no le interesaba entrar
a un conflicto europeo, en un grupo histérico y belicista que sólo quería
ingresar a la primera guerra mundial para destruir a los alemanes. En la
sentencia T-611 de 1992, esta Corporación evidenció esa importancia de los
medios de comunicación, al advertir que “su inmensa capacidad de penetración
en las distintas capas de la sociedad, al excepcional dominio que ejercen sobre
el conglomerado por la posesión y el manejo de las informaciones y a su influjo
en la configuración de opiniones y creencias, no menos que al significativo
proceso de expansión que han mostrado en las últimas décadas por virtud de los
avances tecnológicos.”
Para lograr una imparcialidad,
contrariamente a como lo afirmó la sentencia, no es suficiente que se presente
la versión del implicado, porque el emisor de la comunicación puede impregnar
con perjuicios o valoraciones en forma extrema, la presentación de una noticia
que solo contenga la versión del afectado, eventualmente abrumado por la
asimetría que genera la presión mediática con prejuicios o valoraciones.
En realidad, el grado mínimo de
objetividad en el manejo de la información, el contraste de las diferentes
visiones y versiones que surjan de la investigación periodística, así como la
distancia del emisor de la información con la información misma y con la
fuente, en relación con el caso, garantizan la imparcialidad que se espera de
los medios de comunicación al presentar una información. De igual forma, el
comunicador debe adelantar una deliberación con las fuentes de la información,
proceso que incluye intercambio de opiniones y argumentos de todas las
versiones sobre un acontecimiento –de científicos y legos-. Lo antepuesto
ayudará a que el periodista cumpla la obligación de imparcialidad, pues
facilitará que él cambie sus percepciones y deje de lado sus prejuicios[108],
además reducirá la ausencia de ponderación en el poder de producción de
información de los medios. Con la observancia de dichas condiciones, el manejo
de las noticias cumplirá con su obligación de dar a conocer al público los
acontecimientos, guardando el respeto por los derechos correlativos
fundamentales de las personas en una sociedad democrática, tales como el buen
nombre y la dignidad, la intimidad y la honra, y el mismo derechos a la
libertad de expresión e información
En mi criterio, el juez
constitucional tiene la obligación de interferir en el libre juego e
intercambio de las ideas con el fin de asegurar una vigorosa deliberación
democrática. La autoridad judicial debe corregir la desproporción en el poder
de producción de la información y permitir mayor equidad participativa en el
debate público de las voces que poco poder comunicativo tienen, es decir, debe
promover el intercambio equitativo de las ideas[109]. Así, el juez Oliver
Holmes de la Suprema Corte de los Estados Unidos, no fue afortunado al
pronunciar su célebre mensaje de “el mejor criterio de verdad es el poder
que el pensamiento puede tener de ser aceptado en libre competencia del
mercado”[110],
porque esas consideraciones otorgan a los medios de comunicación un poder
omnímodo, libre de control, que no incluye los derechos de los receptores de la
información, y resultan ajenas a nuestro régimen constitucional de conformidad
con la garantía dispuesta en el artículo 20 de la Carta Política. Sólo tiene
presente los derechos del emisor a emitir su “propia verdad”.
Lo anterior adquiere relevancia
si se tiene en cuenta que las libertades de expresión y de prensa también
protegen a la ciudadanía, puesto que le facilitan el acceso a la información,
condición indispensable para que la persona construya una concepción propia que
permita su participación serena y fundada en la deliberación pública y en el
proceso democrático[111].
Dicha salvaguarda sólo se obtiene, siempre que la presentación de la
información se acoja a una imparcialidad que vaya más allá de mostrar
simplemente la versión del implicado.
La libertad no fluye en una
sociedad que vigilando todos los aspectos más íntimos de los individuos muestra
percepciones que distorsionan la realidad, dado que éstas visiones impiden al
ciudadano construir una opinión pública, libre e informada. La persona requiere
de la opacidad para ser autónoma, así como de la autocrítica. A su vez, la
emancipación necesita del proceso democrático, y éste requiere de la
deliberación de los asuntos públicos, al punto que los ciudadanos sean los
soberanos y vigilen constantemente el poder público. Ello se logra con una
concepción de la democracia que articule los intereses individuales y los
colectivos de la sociedad, que no elimine la autodeterminación en la esfera
privada de los sujetos y que facilite la publicidad en cuanto hace relación con
asuntos públicos o de interés público. Tales consideraciones corresponden a que
las constituciones democráticas son “interpretación y elaboración de un
sistema de derechos en los cuales la autonomía privada y pública se encuentran
internamente vinculadas”[112].
Dejo aquí las razones que me
llevaron a aclarar mi voto frente a la Sentencia T-312 de 2015, en relación con
la explicación del contenido del deber de imparcialidad que deben tener los
medios de comunicación cuando emiten alguna información. Lo expuesto
precedentemente, es una visión constitucional que impide en una democracia que
los medios de comunicación se conviertan en instrumento ciego, pero interesado,
de estigmatización o propaganda, dejando a salvo, obviamente, el axioma conforme
al cual “los hechos son sagrados y la opinión es libre”.
Fecha ut supra,
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
[1]
Cuaderno de primera instancia, folio 1.
[2]
Cuaderno de primera instancia, folio 2.
[3]
Cuaderno de primera instancia, folio 2.
[4]
Ibíd.
[5]
Cuaderno de primera instancia, folio 91.
[6]
Cuaderno de primera instancia, folio 114.
[7]
“La cara de la justicia es el rostro de quienes desempeñan
individualmente los cargos públicos y aun cuando se parte del suministro de
aseguramiento del caso, lo cierto es que la protección del Estado se vuelve
ilusoria al punto que no han sido pocos los casos en los que los funcionarios
judiciales han solicitado traslados incompatibles con sus intereses personales
y familiares; costean su propia seguridad e incluso abandonan el país para
amparar su derecho a la vida e integridad personal”. Cuaderno de revisión,
fl. 115.
[8]
Resolución 01344 del 31 de julio de 2014, “Por medio de la cual se organiza
administrativamente la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa, y Protocolo”
y Circular 006 del 1 de agosto de 2014.
[9]
Cuaderno de revisión, folios 15-17.
[10] Cuaderno de revisión,
folio 17.
[11] Cuaderno de revisión,
folio 18.
[12] Cuaderno
de revisión, folio 33.
[13] Cuaderno
de revisión, folio 33.
[14] Ibíd.
[15] Según las
consideraciones presentadas en la sentencia T-135 de 2014.
[16] Sentencia
T-391 de 2007.
[17] Sentencia T-332 de 1993.
[18] Sentencia C-063 de 1994
[19] Sentencia T-411 de 1995.
[20] Sentencia T-260 de 2010.
[21] En este
sentido ver también la sentencia T-914 de 2014.
[22] Sentencia C-442 de 2011.
[23] Sentencia SU-1723 de
2000.
[24] Sentencias T-552 de 1992
y SU-056 de 1995, T-605 de 1998 y SU-1723 de 2000.
[25] Sentencia
T-391 de 2007. Ver también T-260 de 2010.
[26] Sentencia T-219 de 2009.
[27] Sentencia T-260 de 2010. De acuerdo a Rodrigo Uprimny et al “Se trata
entonces, según la terminología de ciertos autores y de los propios órganos
judiciales, de una relación de preferencia condicionada, y no abstracta o
absoluta, pues la decisión con base en uno de los principios no depende de su
primacía en todos los eventos de conflicto, sino de su mayor peso relativo en
el caso concreto” Análisis de la jurisprudencia
constitucional en Colombia (1992 - 2005). Uprimny
Rodrigo et al. Bogotá: Dejusticia y Konrad Adenauer Stiftung, 2006. p. 73.
[28] Sentencia T-391 de 2007.
[29] Sentencia T-1319 de 2001
y T-213 de 2004. En el sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión
ha denominado este riesgo latente como restricciones indirectas a la libertad
de expresión por causas distintas al abuso de restricciones estatales: “Los
relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE han
abordado el tema de las restricciones indirectas a la libertad de expresión
derivadas de factores económicos y comerciales en distintas declaraciones
conjuntas. Así, por ejemplo, en la Declaración Conjunta de 2001 afirmaron que,
“deben adoptarse medidas efectivas para evitar una concentración indebida de la
propiedad en los medios de difusión”, y que, “los propietarios y los
profesionales de los medios de difusión deben ser estimulados para concertar
contratos que garanticen la independencia editorial; los aspectos comerciales
no deben incidir indebidamente en el contenido de los medios de difusión”. De
igual forma, en la Declaración Conjunta de 2002 se declararon conscientes de, “la
amenaza que plantea la creciente concentración de la propiedad de los medios de
prensa y los medios de comunicación, en particular para la diversidad y la
independencia editorial”; y afirmaron que “los propietarios de los medios de
prensa tienen la responsabilidad de respetar la libertad de expresión y, en
particular, la independencia editorial”. Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Op. cit. p. 59.
[30] Sentencia
T-040 de 2013.
[31] “No cabe duda a la
Corte en el sentido de que los periódicos y en general los medios de
comunicación son en efecto organizaciones privadas que deben su poder, aparte
de la fortaleza económica que poseen en muchos casos, a su inmensa capacidad de
penetración en las distintas capas de la sociedad, al excepcional dominio que
ejercen sobre el conglomerado por la posesión y el manejo de las informaciones
y a su influjo en la configuración de opiniones y creencias, no menos que al
significativo proceso de expansión que han mostrado en las últimas décadas por
virtud de los avances tecnológicos”. Sentencia T-611 de 1992, reiterada en
T-259 de 1994.
[32] T-611 de 1992. Reiterada
en sentencia T-260 de 2010.
[33] Sentencias
T-403 de 1992, T-1000 de 2000, SU-1723 de 2000, T-787 de 2004 y T-040 de 2013.
[34] Sentencia C-475 de 1997:
“A fin de promover la aplicación armónica e integral de los valores
constitucionales, la mayoría de los derechos fundamentales se consagraron en
disposiciones normativas que tienen una estructura lógica que admite
ponderaciones. En efecto, más que normas que adopten expresamente las
condiciones de hecho en las cuales es obligatoria su aplicación, la Carta
consagra estándares de actuación que deben ser aplicados atendiendo a las
condiciones que, circunstancialmente, pueden dar un mayor peso relativo a un
derecho sobre otro. Ciertamente, al optar por un sistema de “pluralismo
valorativo”, la Carta adoptó un modelo en el cual las normas iusfundamentales
tienen una estructura lógica que exige acudir a la metodología de la
ponderación para resolver los eventuales conflictos. En suma, la Constitución
no consagró un sistema jerárquico entre sus normas, sino un modelo de
preferencia relativa, condicionada a las circunstancias específicas de cada
caso”.
[35] Sentencia
T-1198 de 2004.
[36] Según las
consideraciones presentadas en la sentencia T-135 de 2014.
[37] Sentencia T-391 de 2007.
[38] Sentencia T-1194 de 2004.
[39] Sentencia
T-391 de 2007, reiterada en T-040 de 2013.
[40] Sentencia
T-213 de 2004.
[41] Sentencia SU-1723 de
2000.
[42] Sentencias
C-010 de 200.
[43] Sentencia
T-1198 de 2004.
[44] Sentencia SU-1723 de
2000.
[45] Ver entre otras, sentencias T-080 de 1993, T-074 de 1995,
T-040 de 2013.
[46] Sentencia T-040 de 2013.
[47] Sentencias T-094 de
1993, T-219 de 2009 y T-260 de 2010.
[48] Sentencia T-298 de 2009.
[49] Sentencia T-260 de 2010.
[50] Ibíd.
[51] Sentencia T-298 de 2009.
[52] Sentencias
T-626 de 2007 y T-298 de 2009.
[53] “La
libertad de prensa y de los medios masivos de comunicación comprende el derecho
a escoger el lenguaje que se estime apropiado para comunicar la información o
la opinión correspondiente (…) Exigir un uso técnicamente correcto a los
periodistas, propio de especialistas de todas las disciplinas del saber,
atentaría contra la libertad de prensa, no sólo por los efectos discriminadores
que tal medida puede tener sobre los pequeños medios de comunicación que no
pueden financiar la contratación de especialistas para cada una de las materias
sobre las que informan, sino sobre todo por el control indebido e invasivo de
la libertad que por vía de la corrección técnica del lenguaje, o so pretexto de
ella, se podría llegar a hacer sobre el contenido de lo informado.”
Sentencia T-1225 de 2003.
[54] Sentencia
T-1225 de 2003.
[55] Sentencia T-298 de 2009.
[56] Ver,
entre muchas otras sentencias, T-259 de 1994, SU-1720 de 2000, T-298 de 2009,
T-439 de 2009 y T-040 de 2013.
[57] Sentencia T-040 de 2013.
[58] Sentencia T-259 de 1994.
[59] Ibíd.
[60] Sentencia C-010 de 2000.
[61] Sentencia T-260 de 2010.
[62] Sentencia
T-626 de 2007.
[63] Sentencia T-626 de 2007
y T-260 de 2010.
[64] Sentencias T-1319 de
2001, T-213 de 2004 y T-391 de 2007.
[65] Sentencias T-1319 de
2001 y T-213 de 2004.
[66] La jurisprudencia
constitucional denomina el derecho a la información como un derecho de doble
vía porque su titular no es solamente quien difunde la información (sujeto
activo), sino también quien la recibe (sujeto pasivo). Este criterio surgió
desde la sentencia T-512 de 1992, reiterado recientemente en las sentencias
T-260 de 2010 y T-040 de 2013.
[67] Sentencia T-1198 de
2004.
[68] Sentencia
T-626 de 2007 reiterada en T-040 de 2013.
[69] Sentencia
T-260 de 2010.
[70] Ibíd.
[71] Así contestó la
presentadora al reclamo hecho por el accionante:
“Respondo el segundo
punto.
El noticiero dice
textualmente: Funcionarios, coma, familiares, coma, esposas de familiares del
flamante interventor de las empresas públicas trabajan en Swedtel y en Open
System” empresas vinculadas en el peculado denunciado (…) marqué las comas,
porque pudo existir un error de lectura de la puntuación o gramatical en la
construcción de la frase. Una cosa es un error gramatical o una coma mal puesta
y otra cosa es faltar a la verdad. Los familiares y las esposas de los
familiares a quienes me referí en el comentario son de los funcionarios de la
empresa que se ganó el contrato. Me explico y doy un caso: la esposa de un
funcionario de Emsirva, es hoy alta funcionaria de Open System, en Swedtel
trabajan también exfuncionarios de Emcali. Mal podría referirme a esposas del
señor Potes o de familiares suyos.
Aludí a esposas de
funcionarios de las compañías comprometidas con la triangulación denunciada por
el abogado Lombana”
[72] Una Agenda
hemisférica para la defensa de la libertad de expresión. Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos..
(OEA documentos oficiales ; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.)(OAS official records
; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.) ISBN 978-0-8270-5447-9. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Agenda%20Hemisf%C3%A9rica%20Espa%C3%B1ol%20FINA%20con%20portada.pdf
[73] Sentencia T-904 de 2013.
[74] Corte I.D.H., Caso Kimel
Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 57 y 87;
Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de
septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 84, 86 y 87; Corte I.D.H., Caso
Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No.
135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2
de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127
[75] Corte I.D.H., Caso Kimel
Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 88; Corte
I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile.
Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso
Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74,
párr. 152; Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de
agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83
[76] Marco jurídico
interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. (OEA documentos oficiales ; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.)(OAS
official records; OEA Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.) ISBN 978-0-8270-5457-8.
Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/temas/estandares.asp
[77] Sentencia
SU-1723 de 2000.
[78] Sentencia
SU-1723 de 2000.
[79] Sentencia T-256 de 2013.
[80]  Corte I.D.H., Caso
Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs.
86- 88; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso “La Última
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de
febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein
Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 152 y 155,
Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de
2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 125 a 129; Corte
I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie
C No. 151, párr. 87; Corte I.D.H., Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009
Serie C No. 193, párr. 115
[81] Sentencia
T-904 de 2013.
[82] Sentencias
T-512 de 1992 y T-040 de 2013.
[83] Sentencia T-626 de 2007.
[84] Sentencia T-040 de 2013.
[85] Sentencia
T-626 de 2007.
[86] Sentencia
T-934 de 2014.
[87] Sentencia T-066 de 1998.
[88] Adicionalmente,
la Corte ha enseñado que la procedencia de la acción de tutela en caso de
afectaciones a derechos fundamentales generadas a raíz de la divulgación de
información y opiniones en los medios de comunicación, no está supeditada al
previo agotamiento de los mecanismos civiles o penales de defensa judicial. Ver
sentencias T-288 de 2013.
[89] En sentencia T-904 de
2013 se presentan las siguientes consideraciones: “tal
condición de procedibilidad sólo es exigible cuando el afectado cuestione la
exactitud o veracidad de la información publicada por el medio, más no cuando el
motivo de reproche consiste en la divulgación de información que, aun siendo
verdadera, pertenece al ámbito protegido por el derecho a la intimidad. A este
respecto, se ha establecido que: “(…) tratándose del derecho a la intimidad, en
principio no puede hablarse de rectificación pues la lesión se produce aunque
los hechos sean exactos, salvo que, además de invadirse la esfera íntima de la
persona o la familia, se están transmitiendo o publicando datos que riñan con
la verdad [Sentencia T-512 de 1992]”.
[90] Cuyo
verdadero nombre es reservado por el Canal Caracol.
[91] Esto manifestó el Canal
Caracol en su respuesta ante la Corte: “No se aporta la grabación sin editar
del día 14 de agosto de 2014 solicitada por su despacho, por cuanto, una vez
editada el material audiovisual y se emite el programa, se vuelven a utilizar
los discos de almacenamiento para realizar nuevas grabaciones”.
[92] En la demanda de tutela
el accionante relata que: “[el periodista] de manera
arbitraria me abordó en el baño, me estrujó hasta que llegué a mi Despacho,
indagándome por el proceso que tuvo esta Fiscalía en adelantar por la muerte de
las menores […] En su acoso me preguntó qué por qué no se había
condenado al responsable de este hecho, que si no era injusto que el
responsable estuviera en libertad, que por qué no se había hecho nada”.
Cuaderno de primera instancia, folio 2.
[93] Corte I.D.H., Caso Ríos
y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 139; Corte I.D.H.,
Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr.
151.
[94] Corte I.D.H., Caso Apitz
Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs.
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5
de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131.
[95] Marco
jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. Op. cit.
[96] Ver, por ejemplo,
sentencia SU-768 de 2014.
[97]
Sentencia T-066 de 1998
[98]
Sentencia T-332 de 1993
[99][99]
Sentencia T-706 de 1996
[100]
Ibídem
[101]
Sentencias T-904 de 2013
[102]
Sentencia T-066 de 1998
[103] Botero Catalina,
Jaramillo Juan Fernando y Urprimny Rodrigo, Libertad de información, democracia
y control judicial, en Libertad de expresión: debates, alcances y nueva
agenda, editores  María Paz Ávila Ordoñez Ramiro Ávila Santamaría Gustavo
Gómez Germano, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
[104]
Sentencia T-080 de 1993
[105]
Sentencia T-066 de 1998
[106]
Sentencias T-040 y T-904 de 2013
[107]
Chomsky Noam, El control de los medios de comunicación, en Cómo nos venden la
moto de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, Ed Icaria Más Madera, 15 edición,
Córdoba España 2002, pág. 8-9
[108] Gagarrella Roberto,
Representación Plena, deliberación e imparcialidad, en la Democracia
Deliberativa, Jhon Elster, Ed Gedisa, 2013 Barcelona, pp 324 – 325.
[109] Acepción acusada por
Botero Catalina, Jaramillo Juan Fernando y Urprimny Rodrigo, Libertad de
información, democracia y control judicial, en Libertad de expresión:
debates, alcances y nueva agenda, p 315
[110]
Suprema Corte de los Estados Unidos, caso Abrams v United States de 1919
[111]
Dworkin Ronlad, Una cuestión de principios, Grupo Editorial Siglo XXI, Buenos
Aíres 2012, Parte VI Censura y Prensa Libre.
[112] Habermas Jurguen,
Between facts and norm, Contributions to a discourse of law and democracy MIT,
Press, Cambrídge, 1995, p. 280.