T-280-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-280/15
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES-Procedencia excepcional
Este Tribunal
Constitucional ha contemplado que la acción de tutela procede de manera
excepcional cuando el desconocimiento del derecho de pensión compromete el
núcleo esencial de un derecho fundamental. En este sentido, la Corte ha establecido que la acción
de tutela es procedente, cuando se verifican los siguientes supuestos: (i) que
sea interpuesta para evitar un perjuicio irremediable; (ii) que la falta de
reconocimiento de la prestación social vulnere algún derecho fundamental, como
lo es la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del
reconocimiento tenga su origen en actuaciones que sean manifiestamente
contrarias a preceptos superiores, con lo cual se desvirtúe la presunción de
legalidad que recae sobre todas las actuaciones administrativas.
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Naturaleza y términos para
hacerlo efectivo
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos para resolver
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Término de cuatro y seis meses
para resolver reconocimiento y pago
Cuando se le
solicita el reconocimiento de una pensión a la entidad encargada de ello, ésta
última tiene cuatro meses para dar respuesta a la solicitud de fondo, y seis
meses para tomar las medidas que sean necesarias para empezar a pagar las
mesadas pensionales. El desconocimiento de dichos términos según lo establece
la jurisprudencia constitucional, acarrea vulneración a los derechos
fundamentales de petición, mínimo vital y vida digna, por cual se vuelve
procedente el amparo constitucional.
INCLUSION EN NOMINA DE PENSIONADOS-Vulneración del mínimo vital
como consecuencia de la demora en la inclusión
La inclusión
en nómina de una persona a la que se le ha reconocido su pensión de jubilación,
constituye un elemento esencial del libre y pleno goce de dicha garantía
laboral. El reconocer la prestación sin cumplir dicho requisito, genera una
vulneración al derecho a la seguridad social, al mínimo vital y a otros
derechos fundamentales vinculados estrechamente con ellos, que deberán ser
motivo de estudio por parte del juez constitucional en cada caso concreto, como
pueden ser: el derecho a la vida digna, a la salud o al debido proceso entre
otros, generando una trasgresión de la dignidad humana de quien resulta titular
del derecho a la pensión, pero no puede acceder a él.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL
La estabilidad laboral
reforzada, es un tipo de protección relativa y no absoluta, que se predica de
manera objetiva de todos los trabajadores que se encuentran afectados en su
salud, sin importar el vínculo laboral adoptado por las partes o si se el
empleador es una entidad de naturaleza pública o privada. Por su parte el
reintegro es una medida que procede cuando se cumplen los siguientes tres
requisitos: “(i) que el peticionario pueda considerarse una persona
discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; (ii) que el empleador tenga
conocimiento de tal situación, y, (iii) que el despido se lleve a cabo sin
permiso del Ministerio de la Protección Social”. Lo anterior, siempre
teniendo presente la salud de la persona que por su enfermedad goza de especial
protección.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD
Cuando se trata de un
funcionario que ejerce su función en provisionalidad y además está en
condiciones de debilidad manifiesta, requiere el respeto de su derecho a la
estabilidad laboral reforzada, sin desconocer la posición de quien accedió al
cargo por aprobar el respectivo concurso de méritos.
INCLUSION EN NOMINA DE PENSIONADOS-Orden a Colpensiones incluir en nómina al accionante, iniciar
el pago efectivo de las mesadas pensionales a favor y pagar a modo de
retroactivo el valor dejado de percibir
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Orden a Gobernación reintegrar a trabajadora a un cargo en
provisionalidad, de condiciones iguales o mejores al que venía desempeñando al
momento de su desvinculación
Referencia:
expedientes T-3.836.925 y T-3.847.387 (AC)
Acciones de tutela presentadas por Jaime Ernesto Suárez Hernández
contra Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES y Rebeca Valencia
Ayala contra el Departamento de Santander, representado por el doctor Richard
Alfonso Aguilar Villa.
Magistrada (e)
Sustanciadora:
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Bogotá, D.C.,
trece (13) de mayo de dos mil quince (2015).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por el  Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva y las Magistradas María Victoria
Calle y Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente, las previstas en el
artículo 241, numeral 9° de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la
cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela
dictados dentro de los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-3.836.925
Primera
Instancia: Sentencia del Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Bogotá, del 30 de enero de 2013.
T-3.847.387
Primera
Instancia: Sentencia del Juzgado Primero
de  Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga., del 28 de
diciembre de 2012.
Segunda
Instancia: Sentencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil, del 12 de febrero de 2013.
I.       ANTECEDENTES
Mediante auto del
15 de abril de 2013 la Sala de Selección Número Cuatro seleccionó para revisión
y acumuló entre sí los expedientes T-3.836.925 y T-3.847.387 para que fuesen
fallados en una sola sentencia, tras considerar que presentan unidad de
materia.
1.      Expediente
T-3.836.925
1.1. Hechos y demanda
El 15 de enero
de 2014, el señor Jaime Ernesto Suárez Hernández, instauró acción de tutela
contra Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la vida, la salud y al mínimo vital, atendiendo a
los siguientes hechos:
a. Afirma que mediante Resolución 029098 del 24 de agosto de 2011,
el ISS reconoció a su favor la pensión de jubilación por vejez. (Folios No. 2-7)
b. Menciona que por medio del Decreto 352 del 18 de mayo de 2012, la
Personería de Bogotá, declaró insubsistente su nombramiento provisional, en
cumplimiento de la lista de elegibles contenida en el artículo 1 de la
Resolución 3446 del 30 de junio de 2011 de la Comisión Nacional del Servicio
Civil. (Folios No. 11-14)
c. En virtud de lo anterior, manifiesta que el 13 de julio de 2012,
presentó derecho de petición solicitando el ingreso en la nómina de pensionados
de COLPENSIONES (Folio No. 10), petición, que fue reiterada por la Personería
de Bogotá mediante oficio 5584 del 22 de noviembre de 2012 (Folio No. 9), sin
que a la fecha de la instauración de la acción constitucional se llevará a cabo
dicha inclusión. (Folio No. 8)
d. Por lo anterior, solicita se ordene a la accionada incluirlo en la
nómina de pensionados y realizar los respectivos pagos de las mesadas y aportes
en salud entendiendo que se está viendo vulnerado su mínimo vital.
1.2. Respuesta
de la entidad accionada
A pesar de
haberse notificado a COLPENSIONES el inicio del trámite de la acción mediante
oficio del 17 de enero de 2013, dicha entidad no respondió en el término
establecido, guardando silencio frente a la protección de tutelar solicitada.
1.3. Sentencia  de única instancia
El 30 de enero de 2013, el Juzgado Octavo Civil del
Circuito Bogotá D.C., resolvió conceder el amparo tutelar únicamente frente al
derecho fundamental de petición. Lo anterior, ya que se consideró que el no dar
respuesta habiendo transcurrido más de cinco (5) meses desde la presentación de
la solicitud, constituye una vulneración del mencionado derecho.
No obstante lo anterior, concluye el juez que el
amparo con respecto a los derechos fundamentales al mínimo vital, la vida y la
salud, es improcedente. Esto, debido a que se aprecia que (i) no se
acreditó dificultad que imposibilite hacer uso de los mecanismos ordinarios
previstos por la ley y (ii) no existe perjuicio irremediable que permita
la procedencia excepcional de la tutela en lo que a reclamación de prestaciones
económicas se refiere.
No se presentó recurso de impugnación por ninguna de
las partes.
2.
Expediente T-3.847.387
2.1. Hechos y demanda
El 19 de diciembre
de 2012, la señora Rebeca Valencia Ayala, instauró acción de tutela contra el
Departamento de Santander, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
a la estabilidad laboral reforzada, la vida digna, al debido proceso, a la
seguridad social y a la salud, conforme a los siguientes hechos:
a. Manifiesta que desde hace quince años trabajaba como secretaria
en el Colegio Nuestra Señora de la Paz, al servicio de la Secretaría de
Educación de Santander (Folio No. 8), en cuyo desempeño desarrolló síndrome
del túnel carpiano bilateral de predominio derecho.
b. Debido a la enfermedad que presentaba, solicitó a EPS SALUDCOOP la
calificación de invalidez. Esta entidad confirmó el diagnóstico de la
enfermedad de origen laboral y recomendó solicitar a la ARP correspondiente la
adopción de medidas asistenciales y económicas con respecto a su condición.
(Folios No. 11-25)
c. Por lo anterior, menciona que solicitó la calificación de su
enfermedad a Liberty Seguros de Vida S.A. ARL. Sin embargo, dicha entidad
manifestó a la EPS SALUDCOOP, que no se reconoce el origen de la enfermedad
como profesional y debido a ello, recae en la EPS continuar con la cobertura
correspondiente. (Folios No. 27-29) Decisión, frente a la cual la accionante
presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. (Folio No. 26)
d. Inicialmente, en su acción de tutela sostuvo que posteriormente,
el ISS la calificó y le reconoció una pérdida de capacidad laboral del 55.46%;
y que además, su caso está siendo actualmente estudiado por la Junta de
Calificación Regional. Sin embargo, mediante comunicación enviada a la Corte en
sede de revisión el 13 de febrero de 2015, corrigió este punto y manifestó que
a esa fecha no se había “(…) hecho la calificación de pérdida de la
capacidad laboral (…)”. (Folio No. 18, Cuaderno Revisión).
e. Adicionalmente, indica que el 21 de septiembre de 2012 mediante la
Resolución No. 015533, la Gobernación de Santander dio por terminado el
nombramiento provisional de la accionante, nombrando en su lugar al señor
Alexander Otero Silva, quién –según informa la accionante- al momento de la
interposición de la acción de tutela, aún no se había posesionado. (Folios No. 9
y 10)
f. Solicita, que se deje parcialmente sin efecto la Resolución No.
015533 de 2012, en lo que concierne a la declaración de insubsistente con
respecto a la accionante, y así se ordene el correspondiente reintegro y
reubicación laboral.
2.2.
Respuesta de la entidad accionada
Se notificó al
Departamento de Santander el inicio del trámite de la acción mediante oficio
del 19 de diciembre de 2012, dicha entidad respondió en el término establecido
solicitando que se declarara la improcedencia de la acción de tutela basados en
los siguientes argumentos
En primer
lugar, sostienen que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia,
consagra que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la responsable de la
administración y la vigilancia de las carreras de los servidores públicos.
Correspondiéndole entonces, a este órgano autónomo e independiente, la
competencia exclusiva frente al tema.
Por otro lado,
argumentan que el retiro de la señora Rebeca Valencia Ayala, se debió a que la
misma ostentaba un puesto en calidad de provisional, mientras se surtía el
proceso del concurso de méritos. En esta medida, al surtirse el procedimiento
legal, el señor Alexander Otero Silva ostentó el derecho a ser nombrado en
periodo de prueba en el cargo de Secretaria Código 440 grado 12; hecho por el
cual se terminó la provisionalidad de la accionante y fue retirada del puesto
mediante Resolución 015533 del 21 de septiembre 2012, debidamente notificada el
27 de septiembre de 2012.
2.3. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bucaramanga, mediante fallo del 28 de diciembre de 2012, decidió negar
el amparo de los derechos fundamentales invocados. Lo anterior, al encontrar
probado que no se cumple con los requisitos para la procedencia excepcional de
la acción con respecto al reintegro. Esto, debido a que no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable puesto que la terminación del vínculo
laboral no es obstáculo en el proceso de calificación laboral.
Adicionalmente, se consideró que teniendo en cuenta la
provisionalidad del cargo que desempeñaba, la accionante cuenta con otros
medios de defensa más efectivos como lo sería la acción contencioso
administrativa que permite solicitar la suspensión provisional del acto
administrativo.
2.4. Impugnación
La accionante impugnó el fallo de primera instancia,
al considerar que su grave estado de salud es un factor que permite en el caso
en concreto, la protección constitucional residual de carácter transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. De esta manera, insiste en que se debe
proceder a proteger su derecho al trabajo por un hecho manifiesto de
incapacidad y ordenar el reintegro y reubicación acorde con su estado de salud.
2.5. Sentencia de segunda instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en
sentencia del 12 de febrero de 2013, decide confirmar la decisión de primera
instancia, en vista de que lo que busca la accionante es dejar sin efectos un
acto administrativo válidamente proferido por la autoridad competente, para lo
cual al no identificarse perjuicio irremediable, cuenta con otro medio de
defensa como vía idónea: acción contencioso administrativa.
Por otro lado, no se cumple con el nexo de causalidad
que debe existir entre la desvinculación laboral y la debilidad manifiesta. Lo
anterior, ya que se considera claro que dada la provisionalidad del cargo de la
tutelante y culminado el proceso de selección, conforme a la normatividad
vigente, se debía dar por terminado el encargo.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos
proferidos dentro de la acción de tutela de referencia, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral 9° de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento a lo dispuesto en el antes mencionado
auto del 15 de abril de 2013.
2.
Problema jurídico y planteamiento del
caso
La Corte
Constitucional buscará dar respuesta en esta ocasión, a dos problemas jurídicos
independientes derivados, por un lado, del expediente T-3.836.925 y por el otro,
del proceso T-3.847.387, acumulado por decisión de la Sala de Selección Número
Cuatro del 15 de abril de 2013.
En cuanto al
primer caso, que corresponde al expediente T-3.836.925 el cual contiene la
acción de tutela instaurada por el señor Jaime Ernesto Suárez Hernández contra
la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, corresponderá a la
Sala establecer, si la mencionada Administradora vulneró los derechos al mínimo
vital y a la seguridad social del accionante al no haberlo incluido en la
nómina de pensionados, así como su derecho de petición por no haberle dado respuesta
a las solicitudes presentadas, directamente por él y por la Personería de
Bogotá –entidad en la que laboraba- en favor suyo.
En cuanto al
expediente T-3.847.387, este contiene la acción de tutela presentada por la
señora Rebeca Valencia Ayala contra la Gobernación de Santander, en el marco
del cual, la Sala deberá establecer, si la entidad territorial vulneró el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionante desconociendo su
situación de salud, consistente en Síndrome del Túnel Carpiano Bilateral de
predominio derecho, desplazándola en sus funciones en razón de que su cargo fue
ocupado por concurso, sin proveerle ninguna alternativa laboral que le
permitiera continuar con un ingreso para el sostenimiento de su familia y de la
atención médica que requiere.
Con el fin de resolver los problemas derivados de los casos de
referencia, la Corte realizará las siguientes consideraciones generales antes
de dar paso a la resolución de los libelos sujetos a revisión: (i) la procedencia
de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones de carácter
pensional, (ii) el alcance del derecho fundamental de petición y los términos
para resolver solicitudes en materia pensional, (iii) la vulneración del mínimo
vital como consecuencia de la demora en la inclusión de nómina para el pago de
pensión, (iv) la estabilidad laboral reforzada cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional y finalmente, (v) los cargos proveídos por
concurso en relación con la estabilidad laboral reforzada y la provisionalidad.
3.
Procedencia de la acción de tutela para el
reconocimiento de prestaciones de carácter pensional. Reiteración de
jurisprudencia
Esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que
la acción de tutela es un instrumento jurídico de naturaleza especial, mediante
el cual se pretende la protección de los derechos fundamentales cuando éstos
sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o
en los eventos previstos para los particulares. En este sentido, la acción de
tutela es un mecanismo “residual y subsidiario”, el cual sólo puede
ejercerse cuando la persona no cuente con otro medio de defensa judicial
idóneo, salvo que se utilice como instrumento transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.  En este sentido la Corte en Sentencia T-075 de 2009 se
pronunció de la siguiente manera:
“La acción de tutela se creó como un mecanismo
transitorio para garantizar la protección efectiva de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución política de Colombia y como tal,
el Decreto 2591 de 1991 la reglamentó y señaló las reglas básicas de
aplicación. Es así como el artículo 6º de dicha normativa delimitó su
procedencia para situaciones en las cuales no existieran recursos o mecanismos
judiciales ordinarios, lo cual no obsta para que se analice en cada caso si el
procedimiento correspondiente resulta eficaz de acuerdo a las circunstancias de
hecho.”
Adicionalmente, en la Sentencia SU-622 de 2001, la
Corte Constitucional se refirió al tema de la siguiente manera:
“La Corte ha señalado que dos de las características
esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad
y la inmediatez:  la primera por cuanto tan sólo resulta procedente
instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal
diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el
afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que
busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3°, de la
Constitución); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida
como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de
la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.”[1]
Por otro lado, ésta Corporación ha sido enfática en
establecer que la acción de tutela no procede para
reclamar el pago de prestaciones sociales, ya que este tipo de controversias
son competencia de la jurisdicción laboral.[2]
Sin embargo, este Tribunal Constitucional ha contemplado que la acción de
tutela procede de manera excepcional cuando el desconocimiento del derecho de
pensión compromete el núcleo esencial de un derecho fundamental.[3]
En este sentido, la Corte ha establecido que la acción
de tutela es procedente, cuando se verifican los siguientes supuestos: (i) que
sea interpuesta para evitar un perjuicio irremediable; (ii) que la falta de
reconocimiento de la prestación social vulnere algún derecho fundamental, como
lo es la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del
reconocimiento tenga su origen en actuaciones que sean manifiestamente
contrarias a preceptos superiores, con lo cual se desvirtúe la presunción de
legalidad que recae sobre todas las actuaciones administrativas.[4]
Dicho lo anterior, “el reconocimiento de la pensión
puede adquirir una connotación de derecho fundamental cuando por conexidad
ponga en peligro otros derechos de naturaleza fundamental, entre ellos la vida,
el mínimo vital, la dignidad humana de las personas de la tercera edad. Bajo
esta premisa, cuando se niegue el reconocimiento de una pensión y dicha
condición involucre directamente a personas de avanzada edad – las cuales
por su condición se consideran sujetos de especial protección – deberá
considerarse la procedencia de la acción de tutela.”[5] (Subrayado
fuera de texto)
Por otra parte, cuando la tutela es promovida con el
fin de obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, el examen del
requisito de subsidiariedad es más exhaustivo. La Corte ha establecido ese
requisito, sobre el entendido de que la solución de dicho asunto, atañe en
principio a las jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativa.[6]
En lo ateniente al primer requisito mencionado, el
accionante debe acreditar la inminencia de un perjuicio irremediable. Con ese
fin, la doctrina constitucional prevé que para que se compruebe este requisito
debe acreditarse en el caso concreto[7]
lo siguiente:
“(i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o
suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y
la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la
afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente
significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para
superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del
perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del
caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa
que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la
consumación del daño irreparable.”[8]
De la misma manera, se establece en la doctrina
constitucional, que la evaluación de los requisitos mencionados no corresponde
a un simple escrutinio fáctico, por el contrario, se deben tener en cuenta las
circunstancias particulares del accionante de manera tal que se pueda
determinar la existencia o no del perjuicio. La Corte, en este aspecto ha puntualizado:
“(…) deberá analizarse si el afectado pertenece a
alguna de las categorías sujetas a la especial protección del Estado.
Para la Corte, la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia
directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las
condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en
términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin
de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a
favor de los grupos mencionados. Desde esta perspectiva, “tratándose de sujetos
de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser
interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva.  De
un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del
grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía
privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la
persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto.”[9]
Así mismo,
esta Corporación ha destacado que el juicio de procedibilidad de la acción de
tutela debe ser flexible cuando se trata de personas que se encuentran en
estado de debilidad manifiesta y demandan una protección constitucional
especial como son, los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, las madres
o padres cabeza de familia o las personas que padecen algún tipo de
discapacidad física o mental.[10]
En el caso
específico de la materialización del derecho a la pensión de jubilación,
presuntamente vulnerado por la falta de inclusión en nómina, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que: “El pago de las pensiones se hace efectivo
si previamente al mismo se realiza la inclusión en la nómina de
pensionados" que constituye un acto de trámite o preparatorio, no
atacable en vía gubernativa ni susceptible de controversia ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, de donde surge "que el único medio
judicial de defensa para la protección del derecho fundamental, es precisamente
la acción de tutela".[11]
4.
Derecho fundamental de petición y
términos para resolver escritos de petición en materia pensional
El derecho de
petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política
de la siguiente manera: “toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
Con respecto a
este derecho, esta Corporación ha establecido que el núcleo esencial del
derecho de petición está conformado por cuatro elementos[12], a saber:  (i)
la posibilidad de presentar de manera respetuosa solicitudes ante las
autoridades, “sin que estas se nieguen a recibirlas o tramitarlas”; (ii) la
potestad de obtener una respuesta pronta y oportuna dentro del término legal;
(iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de forma clara, precisa y
adecuada; y (iv) el derecho a que la respuesta sea puesta en conocimiento del
interesado oficiosamente.[13]
Así mismo,
este tribunal constitucional en reiterada jurisprudencia[14], ha
determinado que las empresas encargadas de garantizar el acceso a la pensión
tienen el deber de responder las peticiones de reconocimiento pensional según
los siguientes criterios:
“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia
pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes
hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o
los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera
para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un
término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado
señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a
la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya
interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.
“(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de
la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del
Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;
“(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales,
ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.
“Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales,
en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho
fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses
respectivamente amenaza la vulneración del derecho a la seguridad social.”[15]
(subrayas originales)
De acuerdo con
lo anterior, es claro que cuando se le solicita el reconocimiento de una
pensión a la entidad encargada de ello, ésta última tiene cuatro meses para dar
respuesta a la solicitud de fondo, y seis meses para tomar las medidas que sean
necesarias para empezar a pagar las mesadas pensionales. El desconocimiento de
dichos términos según lo establece la jurisprudencia constitucional, acarrea
vulneración a los derechos fundamentales de petición, mínimo vital y vida
digna, por cual se vuelve procedente el amparo constitucional.[16]
Adicionalmente,
la jurisprudencia ha sido clara en estimar que debido a que en principio el
reconocimiento, la definición y titularidad del derecho a la pensión es ajena
al ámbito del juez de tutela, este debe delimitar su competencia a la
verificación de los términos establecidos para dar respuesta. En este sentido
la Corte ha dicho que “mediante la acción de tutela es posible lograr que el
juez de tutela imparta una orden para que la autoridad morosa resuelva, sin
embargo, el sentido de la decisión atañe a la respectiva autoridad que,
debiendo entrar al fondo de lo solicitado, se encuentra obligada a generar
respuesta.”[17]
Para concluir,
en virtud del artículo 23 de la Carta política, todas las personas tienen el
derecho de presentar peticiones respetuosas a la administración, y así mismo
deben recibir una respuesta que cumpla con los requisitos establecidos por la jurisprudencia
en la materia. Este derecho cobija a todas las solicitudes que se hagan en
materia de pensiones, para lo cual la entidad frente a la cual se hace la
solicitud, tiene cuatro meses para dar una respuesta de fondo. Cuando hay
incumplimiento de ese plazo, se vulnera el derecho de petición, e igualmente se
ponen en riesgo los derechos al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad
social, para lo cual el juez constitucional es competente con el fin de
proteger a la persona.
5.
La vulneración del mínimo vital como
consecuencia de la demora en la inclusión de nómina para el pago de pensión.
Reiteración de jurisprudencia
El derecho a
gozar de un mínimo vital, que surge como desarrollo directo del Estado Social
de Derecho y de los principios a la dignidad humana y a la solidaridad, ha sido
reconocido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como aquel “que tienen todas las personas a vivir bajo unas
condiciones (…) que garanticen un mínimo de subsistencia digna, a través de los
ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades más urgentes como son la
alimentación, el vestuario, la vivienda, el acceso a los servicios públicos
domiciliarios, la atención en salud, la educación, entre otras”.[18]
Bajo ese
concepto, considera la Sala que existe un estrecho vínculo entre el
reconocimiento de la pensión de vejez y el mínimo vital, toda vez que este
último se garantiza con el acceso a unos ingresos regulares derivados de la mencionada
prestación. La pensión de vejez, le debe permitir al trabajador satisfacer sus
necesidades y las de su familia, cuando se haya desvinculado de la vida laboral
porque haya alcanzado la edad de jubilación o por cualquier otra de las razones
extraordinarias previstas.
Adicionalmente,
ha entendido la Corte que la garantía del derecho a acceder a una pensión, no
se limita exclusivamente a la expedición del acto administrativo que la
reconozca, como consecuencia del cumplimiento previo de los requisitos para tal
fin, sino que por el contrario, es necesario que se adelanten todas las etapas
posteriores a ello tendientes a la efectiva materialización del derecho como lo
es la inclusión en nómina,[19]
para evitar que al dejar de hacerlo se genere un lapso en el que se obstaculice
el acceso a los ingresos de la pensión, generando así la vulneración de derechos
como la dignidad o el mínimo vital.[20]
La relevancia
que tiene la inclusión en nómina de las personas a las que les ha sido
reconocida su pensión de vejez con el fin de salvaguardar una remuneración
vital, como un paso necesario para la materialización efectiva del derecho de
acceso a ella, ha sido desarrollada por esta Corporación. En ese sentido ha
sostenido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional colombiano:
“El reconocimiento
de derechos por parte de entidades públicas o privadas, presenta dos
circunstancias necesarias para que se dé el efectivo goce del derecho
reconocido: Primero, el reconocimiento del derecho por la entidad obligada, el
cual se hará con el lleno de todos los requisitos legales exigidos para el
caso; y segundo, la materialización de tal derecho mediante el agotamiento de
los trámites para que el titular del derecho haga efectivo el goce del mismo.
Sin embargo, en muchas ocasiones las entidades que han reconocido tales
derechos, omiten el cumplimiento de los trámites necesarios para que las
personas beneficiadas puedan disfrutar efectivamente de sus derechos. En el
caso de las personas a quienes les ha sido reconocido el derecho a gozar de una
pensión de jubilación, es necesario, no sólo la expedición del correspondiente
acto  jurídico en el cual se declare el derecho en cabeza de alguien, sino
también que los trámites posteriores a dicho acto, es decir, los relacionados
con su inclusión en nómina entre otros, también se hayan cumplido”.[21]
Así mismo, ha considerado la Corte qué,
si bien el acto que reconoce la pensión resulta ser generador de obligaciones
claras, expresas y en ese sentido exigibles por la vía ejecutiva, “es un
deber de la entidad pública o privada que administra el fondo de pensiones
agotar el trámite necesario para que el  derecho adquirido pueda
materializarse, pues de lo contrario el reconocimiento previo sería nugatorio”.[22]
En la sentencia T-1007 de 1999, la Corte
se enfrentó al problema jurídico que se deriva del despido de un trabajador que
ha cumplido con los requisitos para pensionarse, sin que el derecho a su
pensión se haya hecho efectivo con su inclusión a nómina. En esa oportunidad
sostuvo la Corte que: “el retiro del servicio está condicionado a la
inclusión del pensionado en nómina. Mientras ella no se haga efectiva, la
decisión administrativa de retirarlo carece de eficacia y el trabajador sigue
devengando”.
Siguiendo la misma línea, años más tarde
en la Sentencia C-1037 de 2003, esta Corporación analizó la constitucionalidad
de la disposición que preveía como una causal para la terminación de una
relación laboral,[23]
el cumplimiento por parte de un trabajador de los requisitos para obtener su
pensión de vejez. La Corte encontró razonable dicha provisión, entendiendo que
el empleado no podría en ningún momento quedar desamparado, “pues tendrá derecho a disfrutar de
la pensión como una contraprestación de los ahorros efectuados durante su vida
laboral, y será un medio para gozar de un descanso en condiciones dignas”.
Como segundo punto, estableció que era necesario adicionar una segunda
notificación a la dispuesta en la norma que versaba sobre cumplimiento de los
requisitos, con el fin de asegurar que efectivamente al empleado se le hubiese
incluido en nómina y se le fuera a garantizar el efectivo acceso a su pensión.  Al
respecto consideró la Sala Plena en esa oportunidad:
“La Corte considera que el mandato
constitucional previsto en el artículo 2° de la Constitución, según el cual el
Estado debe garantizar la “efectividad de los derechos”, en este caso del
empleado, público o privado, retirado del servicio asegurándole la
“remuneración vital” que garantice su subsistencia, su dignidad humana y
los derechos de los trabajadores impone el deber de dictar una sentencia
aditiva, esto es que agregue un supuesto de hecho o requisito a los señalados
por el legislador con el fin de hacer compatible la norma con la Constitución
Política. En este caso es necesario adicionar a la notificación de la
pensión la notificación de su inclusión en las nóminas de pensionados
correspondiente.
La desmejora en los ingresos del
trabajador al cambiar su status de trabajador activo al de pensionado, dado que en el mejor de los casos
recibirá lo equivalente al 75% de su salario, no puede traducirse tampoco en
que no reciba la mesada pensional durante ese intervalo de tiempo, puesto
que dicha situación cercenaría, también, la primacía que la Carta reconoce a
los derechos inalienables de la persona, en este evento del trabajador.
Esta circunstancia permite a la Corte
concluir que no puede existir solución de continuidad entre la terminación
de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada
pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos
mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos (C.P.,
arts. 2° y 5°). Por tanto, la única posibilidad de que el precepto acusado
devenga constitucional es mediante una sentencia aditiva para que el trabajador
particular o servidor público sea retirado sólo cuando se le garantice el pago
de su mesada pensional, con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez
se haya reconocido su pensión”.[24]
(Negrillas no son del texto original).
En casos similares al sometido a revisión
por la Sala en esta oportunidad, desde sus primeras decisiones el tribunal constitucional
colombiano, planteó el problema de la ineficacia de los derechos fundamentales
propios de nuestro Estado Social de Derecho, que se deriva del haberse
reconocido en favor de una persona la pensión de jubilación sin que se haya
incluido en la nómina, obstaculizando así el consecuente pago de las mesadas.
Al respecto la Sentencia T-135 de 1993 sostuvo:
“Las solicitudes de los peticionarios
para ser incluidos en la nómina de pensionados y así recibir efectivamente
sus respectivas pensiones, no ha sido atendida por la entidad demandada. Es
más, ni siquiera ha existido al respecto pronunciamiento alguno.
La anterior omisión involucra un problema
jurídico constitucional sobre la eficacia de los derechos: es suficiente el
reconocimiento de las respectivas pensiones de los peticionarios por parte de
la Caja Nacional o, si por el contrario, se necesita el pago efectivo de las
mismas para dar cumplimiento con el mandato constitucional de la efectividad
real de los derechos fundamentales?
Esta Corporación considera, en
concordancia con lo expuesto anteriormente, que la conducta omisiva de la Caja
Nacional,  atenta contra el principio fundamental que rige nuestro
Estado Social de Derecho y que constituye uno de sus fines esenciales,
consistente en la eficacia real y no formal de los derechos fundamentales
de los asociados.
En efecto, el simple reconocimiento de
las pensiones, que si bien es un requisito indispensable, no implica que el
derecho haya sido satisfecho en su debida forma. Para ello, y en aras de darle
eficacia material, es necesario que a los peticionarios se les incluya en la
nómina de pensionados y, lo que es aún más importante, que efectivamente se les
empiece a cancelar cumplidamente las mesadas futuras y las atrasadas”.[25]
(Negrilla fuera del texto original).
Posteriormente,
en la Sentencia T-264 de 1998 esta Corporación estudió el caso de un accionante
de 84 años quien interpuso acción de tutela en contra del Instituto de
Seguros Sociales en vista de la negativa de esta entidad en pagarle la pensión
por aportes que legalmente le fueron reconocidos mediante decisiones de la
Jurisdicción ordinaria. La Corte concedió el amparo al actor y ordenó al ISS
incluirlo en la nómina, pues consideró que “[s]i está de por medio el mínimo vital de
una persona de la tercera edad, cuyo único ingreso es la mesada
pensional, no cancelársela oportunamente o, como ocurre en esta ocasión, ni
siquiera incorporar su nombre a la nómina, teniendo ya derecho a reclamar los
pagos, según decisiones judiciales que así lo confirmaron, implica grave
amenaza para su subsistencia”.
En la Sentencia T-498 de 2002, la Corte
concedió el amparo de los derechos de una mujer, que afrontaba una precaria
situación económica, a la que se le había reconocido su pensión de
sobreviviente pero el ISS no la había incluido en nómina. Consideró la Sala de
revisión en la decisión referenciada:
“La Corte ha sido reiterativa en decir
que si está de por medio el mínimo vital de una persona al no cancelarle
oportunamente la pensión a la que tiene derecho, y más grave aún si no ha sido
incluida en nómina, se le estaría amenazando la subsistencia a la accionante.
(…)
La inclusión en nómina de pensionados es
un requisito para que el beneficiado pueda gozar de su derecho adquirido y por
consiguiente recibir la mesada necesaria para su mínimo vital. La inclusión es
un acto que de no efectuarse afecta el derecho a la Seguridad Social”.
Bajo una
plataforma fáctica muy similar, en la Sentencia T-720 de 2002 la Corte revisó
el caso de una señora a la que le habían reconocido, mediante decisión judicial
laboral, pensión de sobrevivientes como consecuencia de la muerte de su esposo
quien se encontraba afiliado al ISS, entidad que no había procedido a incluirla
en la nómina de pensionados. La Sala decidió en esa oportunidad, conceder el
amparo y ordenar al ISS la inclusión en nómina de la accionante, considerando
qué: “[d]ebe entenderse, entonces, que el derecho pensional no se encuentra
satisfecho con el mero reconocimiento, sino que es necesaria la inclusión en
nómina y que el pago efectivamente empiece a realizarse, pues de lo contrario,
será el pensionado quien además de adelantar todos los trámites dispendiosos
para obtener a su favor un reconocimiento, deberá soportar las continuas
negligencias administrativas, o lo que es peor, otro largo proceso laboral para
que su derecho se materialice”.[26]
En el mismo
sentido sostuvo la Corte en la Sentencia T-614 de 2007, en la que la Caja
Nacional de Previsión no había incluido en nómina a una señora a la que se le
había reconocido la pensión de sobrevinientes, lo cual alegaba la accionante
vulneraba sus derechos y los de sus hijos menores de edad, que con respecto a
dicho deber, se trata de: “(…) una obligación del fondo de pensiones de la
cual depende el efectivo goce de un derecho pensional adquirido, que a su vez
está estrechamente ligado con derechos fundamentales como la dignidad humana,
el mínimo vital y la salud, es deber del juez de tutela valorar cuidadosamente
el material probatorio y si es necesario conceder la tutela para proteger los
derechos invocados”.
En la
Sentencia T-046 de 2008, la Corte desarrolló la vulneración al mínimo vital del
accionante como criterio para que la tutela sea procedente, el cual  estableció
que se presumía como transgredido en los casos en que no se cancelaban las
acreencias pensionales por un prolongado periodo de tiempo. Puntualmente
consideró esta Corporación:
“Así pues, esta Corte tiene establecido que la acción de tutela es
procedente para lograr la inclusión de una persona en la nómina de pensionados
de una entidad, cuando el no pago de una pensión judicialmente reconocida
comprometa el mínimo vital del pensionado. Pero  adicionalmente, esta
Corporación ha establecido que (i) la cesación prolongada e indefinida del pago
de acreencias laborales, entre ellas las mesadas pensionales, hace presumir
la vulneración del mínimo vital del pensionado y de los que de ellos
dependen, y (iii)  que le corresponde a la entidad encargada de pagar esta
prestación desvirtuar tal presunción[27]”.
(Subrayado original).
Finalmente, en
la Sentencia T-686 de 2012 la Sala de Revisión amparó los derechos al mínimo
vital, al debido proceso y a la seguridad social de un accionante que alegaba que
existió solución de continuidad entre el retiro del cargo que ocupaba, decisión
que tuvo como fundamento la resolución en que se le reconocía la pensión de
vejez, y el momento en que efectivamente fue incluido en la nómina de
pensionados correspondiente. Sostuvo la Corte:
[E]l deber de incluir en nómina al
trabajador a quien se le ha reconocido la pensión, es un acto esencial para
materializar el derecho al acceso a la pensión a través de su pago mensual.
Esta omisión por parte de la entidad responsable, genera la vulneración de
derechos fundamentales que se encuentran en cabeza del pensionado, tales como
la seguridad social que adquiere la condición de fundamental en tratándose de
personas de la tercera edad y el derecho al mínimo vital. Así, se advierte que
el acceso a la pensión no se agota con el reconocimiento del derecho a la
pensión sino con la inclusión en nómina de pensionados, porque de nada sirve
que el Estado reconozca a una persona un derecho si no le asegura efectivamente
su ejercicio y disfrute.
En conclusión,
la inclusión en nómina de una persona a la que se le ha reconocido su pensión
de jubilación, constituye un elemento esencial del libre y pleno goce de dicha
garantía laboral. El reconocer la prestación sin cumplir dicho requisito,
genera una vulneración al derecho a la seguridad social, al mínimo vital y a
otros derechos fundamentales vinculados estrechamente con ellos, que deberán
ser motivo de estudio por parte del juez constitucional en cada caso concreto,
como pueden ser: el derecho a la vida digna, a la salud o al debido proceso
entre otros, generando una trasgresión de la dignidad humana de quien resulta
titular del derecho a la pensión, pero no puede acceder a él.
6.
Estabilidad laboral reforzada cuando se
trata de sujetos de especial protección constitucional
La Corporación ha reiterado la protección de la cual gozan las
personas en situaciones particulares de protección, por su condición
vulnerable. En relación con estas condiciones, por ejemplo en la acción de
tutela T-504 de 2008[28],
expresó:
“De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, el
Estado debe proteger especialmente a las personas que se encuentren en
debilidad manifiesta con motivo de su condición económica, física o mental. En
concordancia con este mandato constitucional, el artículo 47 Superior establece
que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. Por su
parte, el artículo 54 de la Carta dispone el deber del Estado de garantizar a
los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
(…)
La Corte Constitucional, con base en
las normas citadas precedentemente, ha señalado que las personas con
limitaciones físicas, sensoriales o síquicas tienen derecho a una estabilidad
laboral reforzada, que se concreta en la prerrogativa de permanecer en el
empleo y de gozar de cierta seguridad de continuidad, mientras no se configure
una causal objetiva que justifique su desvinculación[29],
siendo una de sus mayores implicaciones la inversión de la carga de la prueba,
de suerte que se constituye una presunción de discriminación sobre todos los
actos que tengan por finalidad desmejorar las condiciones laborales de los
trabajadores con alguna discapacidad, al punto que corresponde al empleador
desvirtuar la presunción y demostrar que tales actuaciones atienden a una
causal objetiva”.[30]
Este criterio involucra la
consideración de un tratamiento distinto para aquellas personas que presentan
una discapacidad en el ejercicio de la actividad laboral. Ahora bien, no existe
una inamovilidad absoluta del trabajador, aquella puede sobrevenir cuando
ocurre una causa objetiva como cuando la administración somete los cargos a
concurso de méritos, o  se trata de la restructuración de la entidad.
La Corte, al asumir la especial
protección para personas con discapacidad, entiende la proporcionalidad  entre
los derechos de las personas sujetos de la estabilidad laboral reforzada y la
necesidad de que la entidad acredite, objetivamente, las causas para desplazar
al trabajador objeto de la protección. Este criterio se garantiza a partir de
la inversión de la carga de la prueba  para exigir a la entidad demostrar una
causa objetiva que permita la desvinculación. Esta postura evita la vulneración
de los derechos fundamentales de quienes, por razones de salud, entre otras, no
cuentan con las mismas posibilidades de los demás y es garantía del derecho a
la igualdad.  Cabe precisar, que en fallos recientes la Corporación ha acogido
el criterio expuesto por la Sentencia SU-446 de 2011, con el fin de no hacer
más gravosa la situación de aquellas personas discapacitadas. En desarrollo de
este criterio, en un caso en el cual la accionante interpuso acción de tutela
en contra del Consejo Superior de la Judicatura, por desplazarla del cargo que
ostentó en calidad de provisionalidad[31], la Sala aseveró:
“Siguiendo lo indicado por la Sala Plena de esta Corporación en la
sentencia de unificación de jurisprudencia SU-446 de 2011, cuando con
fundamento en el principio del mérito (art. 125 C.P.) surja en cabeza del
nominador la obligación de nombrar de la lista de elegibles a quien superó las
etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por una
persona calificada de padre o madre cabeza de familia, limitados físicos,
psíquicos o sensoriales y prepensionados, en aplicación de medidas afirmativas
dispuestas en la constitución (art. 13 numeral 3º), y en la materialización del
principio de solidaridad social (art. 95 ibídem), se debe proceder con especial
cuidado previendo dispositivos tendientes a no lesionar sus derechos y en caso
de no adoptarse tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo
en provisionalidad en un cargo similar o equivalente  al que venían ocupando,
de existir la vacante y, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones,
tanto para la época de su desvinculación, como en el momento del posible
nombramiento”.
La Jurisprudencia[32]
de la Corporación en relación con el estado de afectación física de una persona
ha puesto de presente que:
“La especial protección laboral de las personas discapacitadas, en
el ámbito  positivo y negativo, ocurre cuando quiera que la imposibilidad de
acceder al mercado laboral o la exclusión del mismo se produzcan como
consecuencia de su estado de debilidad manifiesta, por cuanto la protección se
dirige a evitar precisamente que ellos sean objeto de discriminación con
ocasión de sus limitaciones. Ahora bien, resulta necesario destacar que, para
la Corte, están amparados por la protección prevista en el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, no solamente aquellas personas que tienen la condición de
discapacitados, de acuerdo con la calificación efectuada por los organismos
competentes, sino también, quienes se encuentran en una situación de debilidad
manifiesta, ya sea por acaecimiento de un evento que afecta su salud, o de una
limitación física, sin importar si ésta tiene el carácter de accidente,
enfermedad profesional, o enfermedad común, ni si es de carácter transitorio o
permanente. No obstante lo anterior, aun cuando la situación de los
trabajadores calificados como discapacitados es distinta a la de aquellos que
padecen una afectación significativa de su salud pero aún no han sido objeto de
calificación por los organismos establecidos para el efecto, la Corte ha
sostenido que en ambos casos existen razones que justifican la existencia de
una especial protección laboral”. (Negrilla fuera del texto original).
Así, la
jurisprudencia constitucional permite concluir que la estabilidad laboral
reforzada no se predica únicamente de las personas que padecen invalidez o
discapacidad, sino también de las personas que han padecido graves deterioros
en su estado de salud, por lo que se considera, se encuentran en una situación
de debilidad manifiesta[33].
Específicamente, la Corte en sentencia T-198 de 2006 precisó:
“En materia laboral, la protección especial de quienes por su
condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende
también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitado”[34]
En el mismo sentido también se pronunció el tribunal constitucional
colombiano en sede de tutela, en la Sentencia T-633 de 2011, considerando qué:
“La concepción amplia del término
“limitación” ha sido acogida mayoritariamente por la jurisprudencia reciente de
esta Corporación en el sentido de hacer extensiva la protección señalada en la
Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad
manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez.
(…)
En este orden de ideas, la Corte
Constitucional también ha sido enfática en señalar que toda persona que se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado del
padecimiento de una enfermedad y sin importar el tipo de relación laboral
existente, ‘tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral
reforzada por estar en una condición de debilidad manifiesta. Por tanto, el empleador
podrá únicamente mediante autorización del inspector de trabajo y por una justa
causa objetiva, desvincular al trabajador que presente una disminución física o
psíquica en su organismo (Sentencia T-490 de 2010)’. Es claro entonces que la
protección con que cuenta este grupo de personas es relativa y no absoluta, ya
que, como se acaba de mencionar, cuando el trabajador incurra en una justa
causa de terminación unilateral del contrato, el empleador puede tramitar la
autorización de despido ante el respectivo inspector.
Es de concluir, entonces, que los
trabajadores que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta e
indefensión por la afectación en su estado de salud tienen derecho al
reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, con independencia de (i)
el vínculo contractual adoptado por las partes y; (ii) que su condición haya
sido certificada como discapacidad por el organismo correspondiente. En virtud
de ello detentan el derecho a permanecer en su cargo hasta tanto se
configure una causal objetiva que extinga la relación laboral, circunstancia
que de todas formas debe ser verificada y autorizada por el inspector del
trabajo. Igualmente, tendrá derecho al pago de la indemnización contemplada
en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el evento en que
la desvinculación laboral se produzca sin la autorización de la autoridad
competente”. (Negrilla fuera del texto original).
Ahora bien, si se llegase a demostrar que la gravedad de la
enfermedad que presenta trabajador al que presuntamente se le haya vulnerado su
estabilidad reforzada, afecta de manera permanente su capacidad laboral,
esa persona deberá ser calificada por parte de la seguridad social para
establecer si tiene derecho a una pensión de invalidez como consecuencia de su
padecimiento o a cualquier otro beneficio. Por ello la jurisprudencia ha
ordenado el reintegro del trabajador previa valoración de carácter médico, con
el fin de preservar ante todo la salud de quien es sujeto de especial
protección habida cuenta de la disminución que padece.[35]
En conclusión, la estabilidad laboral reforzada, es un tipo de
protección relativa y no absoluta[36],
que se predica de manera objetiva de todos los trabajadores que se encuentran
afectados en su salud, sin importar el vínculo laboral adoptado por las partes
o si se el empleador es una entidad de naturaleza pública o privada. Por su
parte el reintegro es una medida que procede cuando se cumplen los siguientes
tres requisitos: “(i) que el peticionario pueda considerarse una persona
discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; (ii) que el empleador tenga
conocimiento de tal situación, y, (iii) que el despido se lleve a cabo sin
permiso del Ministerio de la Protección Social”.[37] Lo anterior,
siempre teniendo presente la salud de la persona que por su enfermedad goza de
especial protección.
No obstante, frente al segundo requisito, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación, estableció que la protección
constitucional reforzada no depende del conocimiento del empleador, como quiera
que la circunstancia que da lugar a esa forma especial de amparo es un hecho
objetivo[38].
Así, el conocimiento por parte del empleador de la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra su empleado, será determinante para fijar el
grado de protección, pero no la protección misma.
7.
Los cargos proveídos por concurso en
relación con la estabilidad laboral reforzada y la provisionalidad
La jurisprudencia de la Corte ha reiterado el trato preferencial
que las entidades deben observar  en relación con la condición especial de
algunas personas. En este sentido ha expresado la especial protección respecto
a (i) las madres y padres cabeza de familia; a (ii) las personas próximas a
pensionarse; a (iii)  las personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad derivada de una enfermedad que afecta su desempeño laboral.
De otra parte, la protección de los funcionarios que están en
provisionalidad es relativa en el entendido de que ejercen su función con la
posibilidad de ser desplazados cuando el cargo se provea en concurso de
méritos, condición esta que tiene un derecho preferente en relación con quienes
no participaron en el mismo. Ahora bien, cuando se trata de un funcionario que
ejerce su función en provisionalidad y además está en condiciones de debilidad
manifiesta, de conformidad con lo ya expuesto requiere el respeto de su derecho
a la estabilidad laboral reforzada, sin desconocer la posición de quien accedió
al cargo por aprobar el respectivo concurso de méritos.
Sin embargo, la Corte ha precisado algunas medidas tendientes a no
desconocer los derechos de quienes se encuentran en las condiciones de
vulnerabilidad que implican una especial protección. Así en la sentencia de
unificación SU-446 de 2011, al pronunciarse en relación con los cargos
específicos que serían provistos con el registro de elegibles y la protección
especial de las personas en situación de discapacidad, madres y padres cabeza
de familia y prepensionados expresó:
“Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha
expuesto esta Corporación[39],
gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser
desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal
como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser
claramente expuestas en el acto de desvinculación[40]. En
consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la
plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no
desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la
estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo
esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que
ganaron un concurso público de méritos”.
Así mismo, la mencionada sentencia de unificación establece que es
menester respetar los derechos de aquellos que están en condición de
vulnerabilidad:
“Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a la
discrecionalidad de la que gozaba, sí tenía la obligación de dar un trato
preferencial, como una medida de acción afirmativa a: i) las madres y padres
cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a pensionarse,
entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió
el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los
requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) las personas en situación
de discapacidad”.
La Sentencia transcrita, pone de presente, que si bien existe
discrecionalidad de la entidad en cuanto al registro de elegibles, también
debió proteger las personas que se consideran están en indefensión, por lo menos
para ofrecerles una protección distinta en relación con su situación. En el
caso objeto de esa decisión la Corporación llega a la conclusión de que la Fiscalía
General vulneró el artículo 13 Superior en perjuicio de esas personas, toda vez
que debió adoptar medidas previas para evitar la mencionado desconocimiento del
derecho fundamental. También la Sentencia manifiesta que la Fiscalía debió
implementar mecanismos para garantizar que las personas en las condiciones
mencionadas fueran  las últimas en ser desvinculadas, todo ello con el
propósito de proteger su derecho a la igualdad.
En esta misma línea de pensamiento, la Sentencia T-462 de 2011,
reconoció que las personas  que sufran de alguna discapacidad psíquica, o
sensorial   que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera y deban ser
desvinculadas como consecuencia del concurso de méritos requieren protección
por el sistema de seguridad social, “(…) el que por ejemplo, podría
reconocer y ordenar el pago de una pensión de invalidez, de cumplirse los
requisitos legales, dentro de los que se encuentra el porcentaje mínimo de
disminución de capacidad laboral”.
La seguridad social protege a las personas que están en
imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le
permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una
enfermedad o incapacidad laboral. El derecho a la pensión de invalidez es uno
de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a
las personas cuando padecen de una discapacidad que disminuye o anula su
capacidad laboral lo que les dificulta o impide obtener los recursos para
disfrutar de una vida digna.
Concluido el recuento de los principales lineamientos trazados por
la jurisprudencia en estas materias, la Sala procede a analizar los casos en
revisión.
8.
Análisis de los casos concretos
8.1.
Expediente T-3.836.925
Mediante
Resolución No. 00061059 del 15 de diciembre de 2009, el Instituto del Seguro
Social (ISS) negó la solicitud de la Pensión de Vejez del señor Jaime Ernesto
Suárez Hernández, bajo el argumento de que él no cumplía con los requisitos
establecidos en la Ley. El accionante presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación frente a dicha decisión, el cual fue resuelto por el ISS.
El ISS
resolvió el recurso interpuesto por el accionante, a través de Resolución
029098 del 24 de agosto de 2011, en la que decidió modificar la conclusión a la
que había llegado en la recurrida del 15 de diciembre de 2009, y “[c]onceder
pensión de jubilación financiada por cuota parte pensional (…)”. Así mismo,
también decidió la entidad:
“DEJAR EN SUSPENSO el ingreso a nómina y el pago de la mesada
pensional, de la prestación económica reconocida al asegurado JAIME ERNESTO
SUAREZ HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.107.436, hasta
tanto se aporte al expediente fotocopia autentica (sic) del acto administrativo
mediante el cual acredite el retiro del servicio, así como el retiro del
Sistema General de Pensiones”. (Folio No. 7).
Por medio del
Decreto No. 352 del 18 de mayo de 2012, el Personero de Bogotá D.C., director
de la entidad en la que trabajaba el accionante hasta esa fecha, declaró “(…)
insubsistente el nombramiento provisional efectuado al señor JAIME ERNESTO
SUAREZ HERNANDEZ (…)”. (Folio No. 13).
De acuerdo con
el oficio No. 5684 el 22 de noviembre de 2012 que obra en el expediente (Folio
No. 9), dirigido por la Directora de Recursos Humanos de la Personería de
Bogotá a Colpensiones (antes ISS), la entidad Distrital solicitaba información
sobre el proceso de inclusión en nómina de personas que habían laborado para
ella en los siguiente términos: “Cordialmente nos permitimos solicitar su
colaboración con el fin de establecer el Estado en que se encuentran los
procesos de ingreso en nómina de pensionados de la Personería de Bogotá D.C.,
que a continuación se relacionan, cuyas solicitudes de inclusión en nómina
fueron radicadas en la Gerencia Regional de Cundinamarca del Instituto de
Seguro Social y en COLPENSIONES de la Carrera 13 No. 32-05 Local 13”.
Continúa el documento con una lista de funcionarios, dentro de la cual se
encuentra el accionante en la segunda fila, de quien se aportan los siguientes
datos:
No.
Cédula
Nombre
Acto de desvinculación
Resolución de reconocimiento del
derecho pensional
Fecha de radicación ante ISS o Colpensiones
Fecha de retiro
2
19107436
Jaime Ernesto Suárez Hernández
Decreto 352 de 2012
Resolución 029098 de 2011
13 de julio de 2012
4 de junio de 2012
De los datos
aportados en la mencionada comunicación de la Personería de Bogotá, se logra
establecer que el señor Suárez Hernández fue retirado efectivamente de su
trabajo en dicha entidad el 4 de junio de 2012, y que la Personería notificó
dicha situación a Colpensiones (antes ISS) el 13 de julio de 2012.
Corroborando
lo anteriormente dicho, también obra en el expediente de tutela una
comunicación radicada el 13 de julio de 2012 por el accionante y dirigida al
ISS en el que autoriza que se le descuente de su mesada pensional el valor de
su cuota de salud, alegando el señor Suárez Hernández que: “(…) he sido
desvinculado como funcionario de la Personería de Bogotá, mediante Decreto 352
del 18 de mayo de 2012, a partir del 4 de junio de 2012”.
Al no obtener
respuesta a sus solicitudes o frente a los requerimientos realizados por la
Personaría de Bogotá en su caso específico, el señor Suárez interpone acción de
tutela, afirmando que después de 8 meses de la última comunicación, todavía no
lo habían ingresado en nómina ni le habían dado ningún tipo de información,
vulnerando sus derechos fundamentales a la vida en conexidad con el mínimo
vital, a la seguridad social y a la salud. Por esa razón, solicitaba al juez
constitucional que se ordene al ente accionado que proceda a incluirlo
inmediatamente en nómina y efectuar los pagos de las mesadas pensionales y
aportes en salud.
El 30 de enero
de 2013, mediante Sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Bogotá, el juez constitucional de instancia decidió negar por improcedente
el amparo a los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital y salud, y por
el contrario, tuteló el derecho fundamental de petición, ordenando a las
entidades pensionadas dar respuesta de fondo  las solicitudes presentadas por
el señor Suárez Hernández.
Mediante auto
de pruebas del 22 de julio de 2013, la Sala Octava de Revisión solicitó en sede
revisión, el envío a la Corte Constitucional de la copia de la historia laboral
del señor Jaime Ernesto Suárez Hernández. A través de oficio fechado 5 de
agosto de 2013, la Secretaría General de esta Corporación informó que durante
el término dispuesto para el envío de los medios probatorios solicitados, Colpensiones
(antes ISS) no remitió comunicación alguna.
El 30 de enero
de 2015, el despacho de la Magistrada encargada sustanciadora solicitó a Colpensiones
informar por escrito si el accionante ya había sido incluido en la nómina de
pensionados de dicha entidad y si se le estaban realizando los pagos
correspondientes a su pensión de jubilación. Nuevamente, como consta en oficio
del 13 de febrero de 2015 de la Secretaría de esta Corporación, no se recibió
en la Corte comunicación alguna por parte de la entidad requerida.
De acuerdo con
el anterior resumen de los hechos del caso sometido a revisión en esta
oportunidad, le corresponde a esta Sala establecer si Colpensiones (antes ISS)
vulneró los derechos al mínimo vital y a la seguridad social del accionante, al
no haberlo incluido en la nómina de pensionados, así como su derecho de
petición por no haberle dado respuesta a las solicitudes presentadas,
directamente por él y por la Personería de Bogotá –entidad en la que laboraba-
en favor suyo.
La Corte concuerda
con la decisión proferida por el juez constitucional de instancia en cuanto al
reconocimiento de la vulneración del derecho de petición del accionante por
parte de Colpensiones, toda vez que nunca se le dio respuesta a las solicitudes
por él presentadas. En consecuencia,  ideas y resaltando el valor fundamental
del derecho de petición, la Corte confirmará la decisión que frente a él
profirió el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá.
Sin embargo,
la Sala de Revisión discrepa con el juez de instancia en su decisión de negar
por improcedente la vulneración a los demás derechos del señor Suárez
Hernández. Como se expondrá a continuación, la no inclusión en la nómina de
pensionados del accionante, genera el desconocimiento de su derecho a la
pensión de jubilación y con éste, el de sus derechos al mínimo vital y a la seguridad
social.
Como bien se
expuso en la sección 6 de esta providencia al desarrollar la línea
jurisprudencia de la Corte frente al acceso efectivo a la pensión de
jubilación, la inclusión en nómina de una persona a la que se le ha reconocido
dicha prestación laboral, constituye un elemento esencial de su  pleno y libre
garantía.
Al accionante
se le reconoció su pensión mediante Resolución 029098 del 24 de agosto de 2011,
en la que se dejó en suspenso su inclusión en la nómina y el inicio del pago de
las mesada pensionales, hasta el momento en que se presentara ante Colpensiones
el acto administrativo por medio del cual se acreditara el retiro del servicio
del señor Suárez.
De acuerdo con
las pruebas que obran en el expediente, el mencionado acto administrativo que
declaraba insubsistente el cargo provisional que ocupaba el accionante fue el
Decreto 352 proferido por la Personería de Bogotá el 18 de mayo de 2012, el
cual se hizo efectivo el 4 de junio de 2014, novedad que fue notificada a Colpensiones
el 13 de julio del mismo año.
Como ha sido
reiterado en la jurisprudencia de esta Corporación, no puede existir solución
de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del
pago efectivo de la mesada pensional, ya que de presentarse una interrupción en
los ingresos del pensionado, se pondrían en riesgo sus  derechos al mínimo
vital, seguridad social y vida digna.
Por tal
motivo, es preciso que la Corte concluya en esta ocasión, que la presentación
del acto administrativo de retiro del servicio ante Colpensiones para reactivar
el acceso a la pensión de jubilación, suspendido hasta ese momento, no debe ser
considerado como una actuación constitutiva del derecho a la pensión, sino
exclusivamente declarativa de una situación a partir de la cual se debe
garantizar el acceso a los recursos económicos que por justicia le son
adeudados al pensionado y de los cuales él es el titular.
En el caso
concreto del señor Suárez Hernández, lo anterior se traduce en la obligación de
Colpensiones de reconocer, incluir en nómina y pagar la pensión del accionante
desde el momento en el que se hizo efectivo su retiro de la Personería de
Bogotá, es decir, desde el 4 de junio de 2012. Entendiendo las dificultades que
representa para la Administradora de Pensiones el tener que saber el momento en
el que un afiliado ha sido retirado del servicio para proceder a incluirlo en
nómina y pagarle sus mesadas, considera la Sala que el requisito de tener que
presentar el acto de retiro antes seguir el trámite para acceder a la pensión,
no es arbitrario, pero aclarando, que no se puede entender que como una
actuación constitutiva y que en ese sentido sólo se tiene derecho al pago de
pensión desde el momento en el que se cumple con la obligación de notificar el
despido o retiro, como si el surgimiento de la obligación de pagar la pensión
se derivara de cumplir con ese paso.
La Corte
resalta que el derecho, pleno y efectivo, a gozar de una pensión, surge desde el
momento en que la persona se retira y como consecuencia de ello deja de
devengar el ingreso que antes recibía como motivo de su salario, claro está que
cumpla con los requisitos dispuestos en la ley para ser titular  de dicha
prestación laboral. En la medida en que no puede haber solución de continuidad
entre el retiro y el acceso a la pensión, se entiende que la obligación es
debida desde la primera de estas fechas.
Si nos
encontramos con el caso de una persona –directamente o través de la entidad en la
que laboraba- que no ha notificado su retiro para reactivar el derecho de acceso
a la pensión de jubilación ya reconocido pero suspendido, la Administradora de
Pensiones no estará en la obligación de reanudar su derecho. Pero dos
obligaciones surgen desde el momento en el que se pone n su conocimiento esta
situación: (i) en primer lugar, se debe incluir inmediatamente en la nómina de
pensionados a la persona que se sabe se retiró del servicio y (ii) en segundo
lugar, se deberán reconocer retroactivamente las mesadas pensionales contadas
desde la fecha en que se hizo efectivo el retiro del afiliado.
Así, en el
caso del señor Suárez Hernández, se entiende como un hecho cierto corroborado
por el acervo probatorio, el cual adicionalmente no fue desmentido por Colpensiones
en las múltiples oportunidades que tuvo para hacerlo, que esa entidad conoció el
retiro del accionante de la Personería el 13 de julio de 2012, momento desde el
que tenía la obligación de incorporar  su nombre en la nómina de pensionados y
levantar la suspensión del pago de las mesadas. Retroactivamente, deberían
haber sido pagadas las mesadas pensionales correspondientes al periodo entre el
4 de junio de 2012 y el 13 de julio del mismo año, garantizando así que no se
presentara solución de continuidad.
Como se dejó
constancia en la acción de tutela presentada por el accionante, la entidad
accionada no procedió a incluir su nombre en la nómina y consecuentemente,
tampoco inició el pago de los emolumentos pensionales, por esta razón considera
la Sala de Revisión que Colpensiones vulneró los derechos a la vida digna,
mínimo vital y seguridad social del señor Jaime Ernesto Suárez Hernández, sin
que a la fecha se haya presentado comunicación alguna ante esta Corte, a pesar
de varios requerimientos, que permitan indicar que a la fecha se le ha incluido
en nómina, se le han pagado sus mesadas y se le cancelaron las mismas
retroactivamente desde la primera mesada efectivamente recibida por el señor
Suárez Hernández desde el 4 de junio de 2012, fecha en la que cesó su actividad
laboral en la Personería de Bogotá.
En vista de lo
anterior, la Sala Octava de Revisión confirmará parcialmente la decisión del
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá del 30 de enero de 2013, de tutelar
el derecho fundamental de petición. Por el contrario, revocará la decisión de
negar por improcedente el amparo de los derechos fundamentales del accionante,
y en su lugar concederá la tutela de sus derechos a la vida digna, el mínimo
vital y la seguridad social, vulnerados por Colpensiones (antes ISS) al no
haber incluido en nómina de pensionados al señor Suárez Hernández, tan pronto
se le informó su retiro de la entidad pública en la que trabajaba.
Como consecuencia
de lo antes planteado, se le ordenará a la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones-: (i) incluir en un plazo máximo de cuarenta y ocho
(48) horas contadas desde el momento de notificación de esta Sentencia al señor
Jaime Ernesto Suárez Hernández identificado con cédula de ciudadanía 19.107.436
de Bogotá, si no lo ha hecho hasta ahora. (ii) iniciar el pago efectivo de las
mesadas pensionales a favor del accionante. (iii) pagar a modo de retroactivo
el valor dejado de percibir por el señor Suárez Hernández desde el 4 de junio
de 2012, fecha en que se retiró del servicio en la Personería de Bogotá, hasta
la fecha en la que recibió su primer mesada como pensionado.
8.2.
Expediente T-3.847.387
La Señora
Rebeca Valencia Ayala expuso en la acción de tutela interpuesta en contra del
Departamento de Santander, que desde hacía quince años trabajaba como
secretaria en el Colegio Nuestra Señora de la Paz, al servicio de la Secretaría
de Educación de Santander (Folio No. 8); cargo por el cual desarrolló SÍNDROME
DEL TÚNEL CARPIANO BILATERAL DE PREDOMINIO DERECHO, lo cual se corrobora en el
acervo probatorio que obra en el expediente, con el Dictamen de Medicina
Laboral de SALUDCOOP EPS, proferido por el médico de Salud Ocupacional el 24 de
enero de 2012 el cual reza:
“CRITERIO CLÍNICO: La paciente presenta un cuadro clínico
que permite realizar el diagnóstico de SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO BILATERAL
DE PREDOMINIO DERECHO
(…)
CRITERIO OCUPACIONAL: La paciente ha
estado expuesta en forma continua, durante 15 años, a Peligro Biométrico por
trauma acumulativo sobre sus manos, por movimientos repetitivos y posturas
inadecuadas, en su actividad laboral, considerándose suficiente como factor
causal de la enfermedad que padece la paciente.
(…)
Diagnóstico: SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO BILATERAL DE PREDOMINIO
DERECHO
Origen: Enfermedad Profesional”.
(Folios No. 30 y 31, Cuaderno Revisión).
Debido a la
enfermedad que presentaba, la EPS SALUDCOOP  recomendó solicitar a la ARP
correspondiente la adopción de medidas asistenciales y económicas con respecto
a su condición. (Folios No. 11-25). Por su parte, la ARL Liberty emitió
concepto el 25 de noviembre de 2012, en el que sostuvo que el diagnóstico del
Síndrome del Túnel del Carpo derecho que afectaba a la señora Valencia, “(…)
NO cumple con criterios para ser calificada como enfermedad profesional”
(Folio No. 29), lo que llevó a la Administradora de Riesgos a iniciar el
trámite ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, para
que fuese esta entidad la que dirimiera la disparidad de conceptos entre la EPS
SALUDCOOP que consideraba la enfermedad que padecía la señora Valencia Ayala como
de origen profesional, y el de la ARL Liberty para quién era de origen común.
Mediante
concepto del 11 de febrero de 2013, la Junta Regional de Calificación dirimió
el conflicto por el origen de la enfermedad que afectaba la accionante,
concluyendo que: “(…) se determina que el Síndrome del Túnel del Carpo
presente en la funcionaria es de Origen Profesional”. Dejando con ello
claro que la señora Valencia Ayala sufría una enfermedad laboral que afectaba
su desempeño funcional.
La Comisión
Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para suplir
los empleos provistos o no mediante nombramiento provisional o encargo.
Mediante Resolución 2767 del 22 de agosto de 2012 la Comisión conformó la lista
de elegibles para proveer empleos de carrera de la Gobernación de Santander.
Dentro de la mencionada lista, en el cargo de SECRETARIO Código 440-01 figuraba,
en el lugar 38, el señor Alexander Otero Silva. El cargo del señor Otero
correspondía específicamente al de SECRETARIO 440-12, puesto en el cual en ese
momento se encontraba en provisionalidad la señora Valencia Ayala.
Como
consecuencia, el 21 de septiembre de 2012 mediante la Resolución No. 015533, la
Gobernación de Santander dio por terminado el encargo  provisional que en ese
momento desempeñaba la accionante, toda vez que se había nombrado  en su lugar
al señor Alexander Otero Silva, quién –según informa la accionante- al momento
de la interposición de la acción de tutela, aún no se había posesionado.
(Folios No. 9 y 10)
La señora
Valencia formuló acción de tutela en contra de la Gobernación de Santander,
solicitando que se dejara parcialmente sin efecto la Resolución No. 015533 de
2012, en lo que concierne a la declaración de insubsistente con respecto a ella,
y como consecuencia se ordenara el correspondiente reintegro y reubicación
laboral.
Le corresponde
a la Sala de Revisión entrar a resolver, si la Gobernación de Santander vulneró
el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la Señora Rebeca Valencia
Ayala, al haber terminado su nombramiento en provisionalidad -después de 15
años de trabajo en la Secretaría de Educación de dicha entidad territorial-,
con fundamento en la necesidad de suplir la plaza que ella ocupaba con una
persona que participó y superó un concurso de méritos y hacía parte de la lista
de elegibles para esa posición, aun conociendo que la accionante experimentaba
una enfermedad de origen profesional que afectaba su desempeño laboral.
En resumen, le
corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente problema jurídico: ¿Vulneró la
Gobernación de Santander el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la
accionante desconociendo la situación de salud que experimentaba, consistente
en el padecimiento Síndrome del Túnel Carpiano Bilateral de predominio derecho,
desplazándola de sus funciones en razón a que su cargo fue ocupado por concurso,
y sin proveerle ninguna alternativa laboral que le permitiera continuar recibiendo
los ingresos que requería para el sostenimiento propio y el de su familia, y el
cubrimiento de la atención médica que requería?
La Corte estima que aunque la Gobernación ha demostrado en el
proceso una causal objetiva, por medio de la cual la accionante podía haber
sido retirada del cargo que ocupaba, como consecuencia del concurso de méritos
realizado por la entidad territorial para proveer los cargos que se encontraban
en provisionalidad, tenía una obligación especial frente a la accionante en
virtud de la enfermedad que padecía, la cual no atendió.
Si bien, quienes hacen parte de la lista de elegibles -integrada
por las personas que participaron en el concurso de méritos para proveer de
cargos la Gobernación de Santander- los hace titulares de un mejor derecho
frente a trabajadores que, como la Señora Valencia Ayala, se encontraban en la
condición de funcionarios provisionales, la entidad no podía omitir el
padecimiento de origen laboral sufrido por ella.
En ese sentido, la Sala considera que bajo las circunstancias que
planteaba el caso de la accionante, la Gobernación de Santander tenía la
obligación de tomar las previsiones para establecer quiénes estaban en las
condiciones establecidas en la sentencia de unificación SU-446 de 2011, con el
propósito  de no desconocer sus derechos. Del análisis del acervo probatorio
que obra en el expediente, concluye la Corte en esta oportunidad, que la
Gobernación de Santander no hizo ningún esfuerzo por  proteger los derechos a
la igualdad, y a la estabilidad laboral reforzada de la accionante debido a su
condición de debilidad manifiesta. La autoridad de la entidad territorial se
limitó a justificar su decisión en el mencionado concurso sin considerar la
afectación a la salud de la demandante.
La falta de protección de los derechos de la señora Valencia a la
estabilidad laboral reforzada y a la igualdad, demuestran que la entidad
demandada no cumplió con el mandato previsto en la sentencia de unificación ya
mencionada en el sentido de considerar sus circunstancias especiales[41]:
“Es claro que los órganos del Estado en sus actuaciones deben
cumplir los fines del Estado, uno de ellos, garantizar la efectividad de los
derechos consagrados en la Constitución, entre los cuales la igualdad juega un
papel trascendental, en la medida que obliga a las autoridades en un Estado
Social de Derecho, a prodigar una protección especial a las personas que, por
su condición física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta, artículo 13, inciso 3 de la Constitución. Este mandato fue ignorado
por la Fiscalía General cuando hizo la provisión de los empleos de carrera y
dejó de atender las especiales circunstancias  descritas para los tres grupos
antes reseñados”.
Por ello, no existe duda para la Sala, que la Gobernación de
Santander vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y estabilidad
laboral reforzada de la accionante, a pesar de existir una causal objetiva como
es el concurso, al no permitir su continuidad en un cargo de similar o de mejor
condición al que ocupaba en provisionalidad al momento de la declaratoria de
insubsistencia.
Ahora bien, no es menos cierto que la fórmula de protección en casos
como el sub examine debe ponderar los derechos de quien es sujeto de
estabilidad laboral reforzada, con los de una persona que ha accedido a un
cargo por concurso. Desde este punto de vista, someter un determinado puesto de
trabajo a un proceso de escogencia por méritos, en principio justificaría el
retiro del mismo, ocupado, en este caso concreto, en provisionalidad por la
accionante. Sin embargo, ello no se puede realizar olvidando la condición de
especial protección que tiene una persona que se encuentra en situación de
debilidad manifiesta como consecuencia del padecimiento de una enfermedad.
La Corte observa que la protección de señora Valencia Ayala era
objetiva, motivo por el cual, atendiendo a su estado de salud, la Gobernación
de Santander tenía que reubicarla en otro cargo equivalente en la entidad,
acorde con sus condiciones y de no ser posible esta alternativa, debía solicitar
permiso al Ministerio del Trabajo para declarar su insubsistencia. Como
consecuencia de ello, ha establecido la jurisprudencia constitucional que (i)
la actuación de la accionada (declaración de insubsistencia) es absolutamente
ineficaz, (ii) le corresponde al juez ordenar el reintegro del trabajador
afectado, y (iii) se deberán cancelar todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta el momento en el cual proceda el reintegro[42].
Así las cosas, la Sala ordenará
que se restablezcan sus derechos constitucionales a la estabilidad laboral
reforzada y a la igualdad, y, en consecuencia, declarará la ineficacia de la
declaración de insubsistencia, ordenará el respectivo reintegro y el pago de
los salarios dejados de percibir durante el tiempo que permaneció cesante. No
obstante, se abstendrá de ordenar la indemnización prevista en el artículo 26
de la Ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario, toda vez que el
despido no se produjo debido a que la actora se encontraba enferma, sino en
virtud de que el cargo que en provisionalidad ocupaba la demandante, fue
asignado a otra persona, como resultado de un concurso de méritos.
Por lo anterior la Gobernación de Santander deberá realizar las
labores pertinentes para el reintegro de la señora Rebeca Valencia Ayala, no en
el mismo cargo ganado mediante concurso por el señor Alexander Otero Silva,
sino en otro con las mismas o mejores condiciones[43].
V.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR
la suspensión del término decretado en el presente proceso
Segundo.- Dentro del expediente T-3.836.925 CONFIRMAR PARCIALMENTE la
decisión del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá del 30 de enero de
2013, de tutelar el derecho fundamental de petición a favor del señor Jaime
Ernesto Suárez Hernández, vulnerado por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones-.
Tercero.- REVOCAR la decisión del Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Bogotá del 30 de enero de 2013, de negar por improcedente el amparo de los
derechos fundamentales del accionante, y en su lugar, CONCEDER la tutela
de sus derechos a la vida digna, el mínimo vital y la seguridad social,
vulnerados por Colpensiones por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Cuarto.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-: (i) incluir en un plazo
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el momento de notificación
de esta Sentencia al señor Jaime Ernesto Suárez Hernández identificado con
cédula de ciudadanía 19.107.436 de Bogotá, si aun no lo hubiere hecho. (ii)
iniciar el pago efectivo de las mesadas pensionales a favor del accionante.
(iii) pagar a modo de retroactivo el valor dejado de percibir por el señor
Suárez Hernández desde el 4 de junio de 2012, fecha en que se retiró del
servicio en la Personería de Bogotá, hasta la fecha en la que recibió su primer
mesada como pensionado.
Quinto. ORDENAR que por Secretaría
General de esta Corporación se compulsen copias de la presente decisión a la
Procuraduría General de la Nación, para que en virtud de lo indicado en el
artículo 19 del decreto 2591 de 1991, se investigue la posible responsabilidad la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, ante la omisión de
remitir las pruebas solicitadas por esta Corporación.
Sexto. Dentro del expediente T-3.847.387 REVOCAR
la decisión de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bucaramanga del 12 de febrero de 2013, que confirmó la sentencia
proferida en primera instancia el 28 de diciembre de 2012 por el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, la cual
negó el amparo de los derechos invocados por la señora Rebeca Valencia Ayala.
En su lugar, TUTELAR los derechos a la estabilidad laboral reforzada y a
la igualdad a favor de la accionante.
Séptimo. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Gobernación de Santander, que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta Sentencia,
reintegrar a la señora Rebeca Valencia Ayala, si ella
está acuerdo con ello, a un cargo en provisionalidad de condiciones iguales o
mejores al que venía desempeñando al momento de su desvinculación de la
Secretaría de Educación.
Octavo. ORDENAR a la Gobernación de Santander que proceda a
efectuar el pago de los salarios y prestaciones sociales a la ciudadana Rebeca Valencia Ayala, dejados de percibir
desde el momento en el cual se hizo efectiva la declaración de insubsistencia,
y hasta cuando se haga efectivo el reintegro a su puesto de trabajo.
Noveno. ORDENAR a la Gobernación de Santander que proceda a
efectuar los aportes no pagados por concepto de salud y pensiones de la
ciudadana Rebeca Valencia Ayala,
causados desde el instante en que fue despedida y hasta cuando sea reintegrada
a su puesto de trabajo.
Décimo. Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (e)
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA T-280/15
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Caso en que no se pudo sostener que
el acto de desvinculación de la accionante fuera el origen de la violación de
derechos fundamentales (Aclaración de voto)
La sentencia reconoce que la demandante tenía
derecho a la estabilidad laboral reforzada, toda vez que presentó una
afectación en sus condiciones de salud que podía alterar el normal desempeño de
sus funciones como secretaria. Por lo mismo, la entidad debía solicitar la
autorización institucional pertinente para desvincularla y la consecuencia de
no haberla pedido es, conforme a la jurisprudencia, que se presume una
discriminación. No obstante, esa presunción es susceptible de desvirtuarse,
incluso en el proceso de tutela. En este caso, la entidad expuso que su cargo
era de carrera y fue provisto por concurso de méritos y, en esa medida,
presentó una razón objetiva y válida para desvincular del cargo a la
accionante, que en mi concepto desvirtuó la discriminación. Bajo estas
circunstancias, no podía sostenerse que el acto de desvinculación fuera el
origen de la violación de derechos fundamentales. Esto, desde mi punto de
vista, no fue adecuadamente precisado en el presente fallo.
Referencia: expedientes
T-3.836.925 y T-3.847.387 (AC)
Acciones de tutela presentadas por Jaime Ernesto Suárez Hernández
contra Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES y Rebeca Valencia
Ayala contra el Departamento de Santander, representado por el doctor Richard
Alfonso Aguilar Villa.
Magistrada (e) Ponente
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Comparto esta decisión, pero no
la falta de precisión de los fundamentos para resolver el segundo caso
(T-3847387). Aclaro el voto, con el debido respeto por las decisiones de la
Corte, para exponer las razones por las cuales acompaño este fallo.
La sentencia reconoce que la
demandante tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, toda vez que
presentó una afectación en sus condiciones de salud que podía alterar el normal
desempeño de sus funciones como secretaria. Por lo mismo, la entidad debía solicitar
la autorización institucional pertinente para desvincularla y la consecuencia
de no haberla pedido es, conforme a la jurisprudencia, que se presume una
discriminación. No obstante, esa presunción es susceptible de desvirtuarse,
incluso en el proceso de tutela. En este caso, la entidad expuso que su cargo
era de carrera y fue provisto por concurso de méritos y, en esa medida,
presentó una razón objetiva y válida para desvincular del cargo a la
accionante, que en mi concepto desvirtuó la discriminación. Bajo estas
circunstancias, no podía sostenerse que el acto de desvinculación fuera el
origen de la violación de derechos fundamentales. Esto, desde mi punto de
vista, no fue adecuadamente precisado en el presente fallo.
Estuve de acuerdo, no obstante,
con tutelar el derecho de la accionante a la estabilidad laboral reforzada y a
una protección especial debida a su condición de salud (CP art 47), porque
efectivamente hubo una vulneración de estos principios, pero no por su
desvinculación, sino porque esta no se vio acompañada de una búsqueda
verificable de alternativas ocupacionales dentro de la entidad, incluso en
cargos distintos al que desempeñaba. La Constitución prevé que el Estado debe
adelantar una política de “previsión, rehabilitación e integración social
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” (CP art 47), y esto
es predicable de cada una de sus entidades. Lo cual, interpretado a la luz del
principio de estabilidad y de los derechos a la igualdad, a la dignidad, y a un
trabajo en condiciones dignas y justas (CP arts 1, 13, 25 y 53), es fundamento
suficiente para sostener que, en casos como este, el trabajador puede ser
desvinculado del cargo, con razones objetivas, pero la administración queda
constitucionalmente obligada a buscar alternativas, y a ofrecerle una
capacitación si una de las opciones posibles la requiere.
En vista de que, conforme a lo
indicado, el Departamento de Santander no probó haber explorado alternativas de
vinculación para la tutelante, ni demostró carecer, para el momento, de cargos
vacantes para la peticionaria, vulneró sus derechos fundamentales. Dado que
esta sentencia, a mi juicio, no precisó en ese sentido el fundamento de la
decisión, resolví aclarar el voto.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Ver Sentencias
C-543 de 1992 y T-937 de 2007.
[2] Ver Sentencias:
T-498 de 2010, T-103 de 2008, T-075 de 2009, T-822 de 2009  y T-862 de 2013
[3] Ver Sentencia
T-075 de 2009
[4] Ver Sentencias
T-043 de 2007, T-103 de 2008, T-075 de 2009, T-848 de 2009, T-962 de 2011 y
T-862 de 2013
[5] Ver Sentencia
T-075 de 2009
[6] Ver Sentencias
T-044 de 2011 y T-453 de 2012.
[7] Sobre los
requisitos, la Corte Constitucional en Sentencia T-1316 de 2001: Esta sentencia
sintetiza la regla jurisprudencial reiterada por la Corte a partir del análisis
efectuado en la decisión T-225/93, la cual estudió a profundidad los elementos
que integran las condiciones de inminencia, urgencia, gravedad e
impostergabilidad propios del perjuicio irremediable. Sobre este particular, la
sentencia en comento indicó: “Al examinar cada uno de los términos que son
elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos
encontramos con lo siguiente:
A).El
perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante
un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia
real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para
evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar
que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la
estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente,
pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un
resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso
iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible
detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado empleo
de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los
casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto
continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se
desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está
produciendo la inminencia.
B). Las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de
la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la
respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que
está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se
ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias
particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la
prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.
C).
No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia
que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera
que la amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente
por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier
tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad,
por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en
la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
D).La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de
ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se
trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de
la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
De
acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce
que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se
encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un
bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.”
[8] Ver Sentencia
T-043 de 2007
[9] Ibídem
[10] Ver Sentencias
T-103 de 2008, T-550 de 2008 y T-962 de 2011.
[11]
Sentencia T-209 de 1995, haciendo referencia a lo establecido
en la Sentencia T-135 de 1993.
[12]
Ver Sentencia T -208 de 2012
[13]
Ver Sentencias T-208 de 2012, T-411 de 2010 y T-173 de 2013
[14]
Ver Sentencias SU-97 de 2003, T-081 de 2007, T-1128 de 2008 y T-41 de 2010
[15]
Ver Sentencias SU-975 de 2003 y T-208 de 2012
[16]
Ver Sentencias T-1128 de 2008 y T-208 de 2012
[17] Ver Sentencias T-206 de
1998 y T-208 de 2012
[18] Sentencia T-920 de 2009 y
T-686 de 2012. Igualmente, la Sentencia T-770 de 2013, haciendo referencia  a
la Sentencia SU-995 de 1999 sostuvo: “Además, lo que se demanda en este
punto no es cualquier prestación o necesidad subjetiva, sino el derecho a la
pensión de vejez, concebida históricamente como una de las herramientas para
lograr la liberación de la miseria, según la fórmula clásica del “Freedom from
want” (liberación de la necesidad). En términos contemporáneos, dicho proyecto
jurídico y político podría equipararse a la garantía del mínimo vital. || Al
respecto, esta corporación ha reiterado que se trata de un derecho fundamental
innominado ligado estrechamente a la dignidad humana, porque “constituye la
porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la
financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda,
el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la
atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer
efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento
jurídico constitucional”.
[19] Este punto fue expuesto
por la Sentencia T-686 de 2012 en los siguientes términos: “Pues bien, la
persona que ha cumplido con los requisitos legales para acceder a una pensión,
debe garantizársele no sólo su reconocimiento, sino su entrega efectiva, en
razón de que de nada le sirve al pensionado ser beneficiario de dicha
prestación si no recibe el pago de la misma. Así pues, el acceso a una pensión
de vejez, que procura garantizar el mínimo vital del pensionado, depende de
varios pasos que deben seguir las entidades competentes para no perjudicar la
calidad de vida del beneficiario. En un primer momento, debe verificarse el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión, en un segundo
momento, la inclusión en la nómina de pensionados, y en un tercer momento la
desvinculación del trabajador cuando proceda. Para efectos del caso concreto,
se analizará concretamente el deber de la inclusión en nómina”.
[20] Sentencias
T-468 de 2010, T-496 de 2010, T-945 de 2010, T-038 de 2012, T-154 de 2012 y
T-686 de 2012.
[21] Sentencia
T-302 de 2002.
[22]
Sentencia T-614 de 2007.
[23] Ley 797 de 2003, artículo
9º, parágrafo 3º: “Se considera justa causa para dar
por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que
el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador
podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o
reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las
administradoras del sistema general de pensiones.
Transcurridos
treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con
los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión,
si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la
misma en nombre de aquel.
Lo
dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores
públicos afiliados al sistema general de pensiones (...)”.
[24]
Sentencia C-1037 de 2003, reiterada en las Sentencias C-501 de 2005, T-1141 de
2005, T-628 de 2006, T-948 de 2009, C-529 de 2010, T-496 de 2010 T-1035 de
2010, T-495 de 2011, T-678 de 2011, T-969 de 2011 y T-686 de 2012.
[25]
Reiterada en Sentencias T-456 de 1994, T-209 de 1995 y T-355 de 1995.
[26]
Reiterado en las Sentencias T-714 de 2005 y T-686 de 2012.
[27] Sentencias T-259 de 1999, T-308 de 1999, T-259 de
1999 y T-554 de 1998.
[28]
Sentencia T-504 de 2008.
[29] Ver Sentencia C-531 de 2000.
[30] Ver Sentencias T-427 de 1992 y T-441 de 1993.
[31]Sentencia T-462 de 2011.
[32]
Sentencia T-019 de 2011.
[33]
Sentencias T-132 y T-121 de 2001, T-461 de 2012, T-738 de 2013 y T-382 de 2014.
[34] Sentencia
T-198 de 2006.
[35]
Sentencia T-613 de 2011.
[36] Sentencia T-663 de 2011.
[37] Sentencia
T-554 de 2008.
[38]Sentencia SU-070 de 2013.
[39]
La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la sentencia
SU-917 de 2010.
[40] Ver
Sentencias T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-1059
de 2005;T-1117 de 2005;T-245 de 2007;T-887 de 2007;T-010 de 2008;T-437 de 2008;
T-087 de 2009 y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010,
que recoge toda la jurisprudencia sobre este particular  y fija las órdenes que
debe dar el juez de tutela en estos casos.
[41]
Sentencia SU-446 de 2011.
[42]
Ver Sentencia T-316 de 2014, en la cual se reitera la
sentencia T-025 de 2011.
[43]
Sentencia SU-446 de 2011.