C-400-06
D- 6181
Sentencia C-400/06
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
Referencia: expediente D-6181
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 parcial de la
Ley 975 de 2006.
Actor: Aldemar Bustos Tafur.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
El ciudadano Aldemar Bustos Tafur, presentó acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 “Por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II.  NORMA DEMANDADA.
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de
proceso:
“LEY 975 de 2005
Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(…)
CAPITULO XII
Vigencia y disposiciones complementarias
(…..)
“Artículo 70. Rebaja de penas. Las
personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por
sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta
en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y tasación del beneficio,
el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen
comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos
delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las
víctimas”.
III. LA DEMANDA
El actor
sostiene que el artículo demandado al establecer una excepción para la rebaja
de pena, para los condenados por delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico, cuyas penas superen los seis
(6) años, en la práctica se hace inviable e inaplicable la rebaja para los
condenados mediante sentencia ejecutoriada. Además el parágrafo tercero de la
misma norma señala que para la concesión y tasación del beneficio, el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad, tendrá en cuenta el buen
comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos
delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación de las
víctimas. Insiste en que todas las exigencias previstas en el artículo 70 de la
ley 975, hace inaplicable la concepción de la rebaja de la décima parte de la
pena. De igual forma sostiene que debe declararse inexequible el parágrafo
segundo además, por considerar que no existe plena claridad sobre cuáles serían
considerados como delitos de lesa humanidad.
Señala que la dificultad se encuentra que
las exigencias previstas en el artículo 70 difícilmente pueden reunirse en un
mismo condenado. Considera entonces que el artículo debe declararse
inconstitucional porque vulnera  los principios y derechos fundamentales como
la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la resocialización, la paz, la
favorabilidad, y cosa juzgada.
Para sustentar
su demanda se refiere a cada uno de los siguientes derechos: dignidad humana,
igualdad y paz. Respecto a la dignidad humana, toma como referencia el artículo
primero de la Constitución Política. Se apoya en diversas sentencias de la
Corte Constitucional donde se desarrollan los principios de solidaridad y
dignidad humana y Estado Social de Derecho. Toma como referencia la Sentencia
T-499 de 1992, en la que se analizó el respeto a la dignidad humana por parte
del Estado. Concluye que la resocialización del condenado es un derecho
fundamental “cimentado sobre la base de la dignidad humana”. Por tanto,
señala que la pena tiene dentro de sus funciones, la resocialización, y la
reinserción social del condenado, y al establecerse que un condenado por el
hecho de haber incurrido en determinada conducta punible no tiene la
oportunidad de resocializarse se desconoce la dignidad humana.
Con relación a
la igualdad, sostiene que la norma demandada desconoce el artículo 13
constitucional, puesto que la norma demandada reconoce que unas personas tienen
el derecho a la rebaja de pena y otros no. Con respecto, al derecho a la Paz,
sostiene que el objeto principal de la ley de justicia y paz, se contrae
a la pretensión de que los grupos armados al margen de la ley pacten acuerdos
de paz. Sin embargo, esa paz no se logra discriminando a ninguna persona. Por
eso es vital que esa rebaja de la pena no excluya a ningún condenado, esto es,
debe existir un “gesto altruista por parte del estado dentro del marco de una
política criminal redima la pena o la perdone”. Con la rebaja de pena se le
permite al condenado que “regrese al seno de su familia”, y se limita el
tiempo en prisión.
Respecto al
derecho a la libertad, señala que únicamente en virtud de mandamiento escrito
de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos
previamente definidos en la ley, se puede ser detenido, o reducido a prisión.
Sin embargo, una vez, el condenado cumple su pena debe ser dejado
inmediatamente en libertad. Sostiene entonces que la libertad es un sueño
inherente al ser humano, la excepción es la privación de la libertad, por ello,
una vez, el condenado cumple el tiempo necesario para acceder a la libertad, ya
sea a través de los subrogados penales o administrativos, debe ser puesto
inmediatamente en libertad, y la rebaja de la pena es importante para el
condenado, toda vez, que disminuye el tiempo de privación efectiva de la
libertad.
Respecto al
principio de favorabilidad expone, que “si la nueva ley es favorable al
condenado (art. 29 constitucional) debe aplicarse retroactivamente, pero si es
desfavorable, continuará aplicándose la ley anterior, en forma ultractiva, a
los hechos cometidos con anterioridad a la terminación de su vigencia”.  La
retroactividad tiene aplicación respecto de casos juzgados y no juzgados, en
los primeros, se modifica la sentencia y en los segundos se procede conforme a
nuevos cánones. Afirma que “la retroactividad implica la aplicación de una
ley nueva a hechos perpetrados antes del comienzo de su vigencia formal, hayan
sido o no juzgados definitivamente en el evento de que sea favorable al
condenado”. Recoge al efecto una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia
del 4 de mayo de 2005, en la que se analizó el sentido del principio de
favorabilidad. Se refiere igualmente a la Sentencia T-272 de 2005, relacionada
con el principio de favorabilidad frente a normas procesales.
Respecto al
principio de cosa juzgada, señala de manera expresa: “se juzga dos veces por
el mismo hecho a una persona, rompiéndose el principio constitucional de cosa
juzgada. Por las circunstancias de tiempo, modo y lugar ese individuo fue
juzgado, sentenciado, se le agravó la pena por circunstancias de agravación
determinadas y finalmente se le impuso una condena”, y agrega, “luego no
tiene lógica, que posteriormente, estando la sentencia debidamente ejecutoriada
se le niegue cierto tipo de rebaja de pena, con el argumento de haber cometido
determinado delito”. Adiciona que al negarse la rebaja de pena con base en
el delito comedido es un típica aplicación de una pena ex post facto,
que en la práctica es el aumento de la punibilidad “erosionando el principio
de legalidad y predeterminación de las penas”.
Respecto a la
prisión perpetua señala que la constante histórica de discriminar a
determinados presos del acceso a la rebaja de la pena, por haber incurrido en
cierta conducta punible, “paulatinamente ha alimentado una ideología
intolerante de limpieza social sobre esas conductas punibles”, al
establecerse que un determinado recluso por el hecho de haber incurrido en
cierta conducta punible, debe pagar al pena físicamente sin posibilidad de
reeducarse. Sostiene que la pena se pretende convertir en mero castigo contra
el infractor de la ley. Concluye sobre este tema que “el derecho se
convierte en instrumento para fundamentar jurídicamente la ideología de la
intolerancia”.
Con relación al
bloque de constitucionalidad y resocialización expone que la norma desconoce
una de las funciones fundamentales de la pena y del tratamiento penitenciario,
como es la resocialización del condenado. Explica que el trabajo o estudio son
terapias de resocialización, el sistema progresivo busca reeducar al interno en
normas de convivencia y tolerancia. Las rebajas de penas, constituyen un
instrumento que conlleva a la resocialización. Precisa que por el hecho de que
un condenado haya sido sentenciado por determinado tipo de delito se le excluye
de las posibilidades de resocialización, en estos casos la pena la
penitenciaría, sistema progresivo deja de cumplir su función para la cual está
instituida.
IV. INTERVENCIÓN CIUDADANA DE LA COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS.
El Director de la
Comisión Colombiana de Juristas, señor Gustavo Gallón Giraldo, interviene en el
proceso, expresando que esa Organización, junto con otras personas jurídicas y
naturales, presentó ante la Honorable Corte Constitucional una acción de
inconstitucionalidad  en contra de la Ley 975 de 2005, en la cual se señalan
tanto vicios de fondo como de forma de dicha norma, por tanto, expresa que la
intervención, se hará con una copia de la misma, y solicita a esta Corporación
sea tenida en cuenta como intervención ciudadana. Por tanto, en adelante se
hará referencia una breve referencia a algunos apartes de la misma.
Los demandantes, en aquella oportunidad consideraron que la Ley 975
de 2005 era inconstitucional por vicios de fondo y de forma. En la síntesis
general de los vicios de fondo se dirigieron contra las disposiciones de la Ley
que constituyen un sistema de impunidad, y son las siguientes: los apartes
subrayados de los artículos 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 18, 17, 25, 26 - par. 3, 29,
31, 34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69, porque permiten la
concesión del beneficio de pena alternativa (art. 29), reducida por el término
de permanencia en zonas de concentración (art. 31), sobre la base de un
procedimiento que no garantiza ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación.
Consideraron que la ley prevé una investigación claramente
insuficiente de un porcentaje mínimo de desmovilizados, ya que sólo están
sujetos a la Ley los combatientes que previamente a su desmovilización hubieran
sido procesados o condenados por delitos no amnistiables, que según el Gobierno
serían 300 ó 400 personas. Por el contrario, la mayor parte de los combatientes
no tienen procesos ni condenas en su contra porque su identidad es desconocida.
Para el grueso de los desmovilizados, el Gobierno dictó el Decreto 128 de 2003,
mediante el cual deja en libertad a quienes no tengan antecedentes judiciales,
sin habérseles iniciado un proceso, no obstante su evidente pertenencia a un
grupo armado ilegal, lo que es inconstitucional y contrario a la Ley 782 de
2002, Ley de orden público.
Afirmaron que el procedimiento de la Ley 975 de 2005 no constituye
un recurso efectivo, porque establece términos investigativos manifiestamente
insuficientes. La Ley 975 les permite a los demovilizados acceder a los
beneficios sin tener que hacer una confesión plena de los hechos, ni tener que
señalar el paradero de personas desaparecidas al momento de la desmovilización,
ni pierden los beneficios no obstante que cometan nuevos delitos.
El sistema legal impide la adecuada reparación a las víctimas, al
señalar que sólo concurrirán a la reparación, los bienes adquiridos
ilícitamente y otros si el desmovilizado los tuviese. Además, se señalan
eximentes al deber de hacer una difusión completa de la precaria verdad a la
que se llegare. Se desconoce la obligación estatal de sancionar a los
responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario, puesto que la Ley establece que pueden
cumplir parte de la pena en zonas de concentración, que han sido previstas para
otras finalidades y que no son, de ninguna manera centros de privación de la
libertad. Señalaron que los desmovilizados van a cumplir penas entre 3 años y
medio y 6 años y medio, a pesar que el Código Penal colombiano y el Estatuto de
Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, contemplan en estos casos penas
significativamente más amplias.
Por otra parte, el beneficio de la pena alternativa constituye un
indulto velado, pues permite la exoneración de una parte muy importante de la
pena sin que se den las condiciones mínimas exigidas por la Constitución y los
tratados internacionales. Además, porque constituye una indebida intervención
gubernamental en su concesión. Permite como efecto directo, que se borre la
responsabilidad de los autores de crímenes graves, que al momento de su
desmovilización no tengan ningún proceso o condena judicial por ese tipo de
delitos. Para los demandantes, las disposiciones acusadas no superan el juicio
estricto de proporcionalidad, se sacrifican valores y principios
constitucionales. El beneficio de la pena alternativa es desproporcionado, no
sólo porque rebasa los mínimos jurídicos, que prohíben las medidas que conducen
a la impunidad, sino porque los beneficios son concedidos sin que se exija una
genuina contribución al esclarecimiento de la verdad, a la justicia y a la reparación,
ni tampoco a la no repetición de las violaciones.
El cargo contra el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, se centró en
que  adicionó al tipo penal de sedición un parágrafo según el cual la
pertenencia o la conformación de grupos paramilitares constituye delito de
sedición, lo que es contrario a la Constitución y desconoce el hecho de que en
la legislación colombiana el paramilitarismo nunca ha sido considerado como
delito de sedición.
En general, los vicios de forma se concentraron en sostener que la
Ley 975 de 2005 no se tramitó como estatutaria, ni se tramitó como un indulto,
no obstante que concede indultos encubiertos, y en relación con los artículos
70 y 71 – rebaja de penas y sedición-, se apelaron indebidamente, no obstante
haber sido negados.  Manifiestan igualmente que la Ley 975 de 2005 no abarca
todo tipo de delitos, sino exclusivamente aquellos que no puedan ser objeto de
amnistías e indultos, es decir, delitos de especial gravedad como son los
crímenes de guerra y de lesa humanidad, y las graves violaciones a los derechos
humanos. Esta Ley complementa pero no reemplaza la Ley 782 de 2003 y su decreto
reglamentario.
A su vez, los vicios de fondo contienen los siguientes puntos:
cargos que afectan el procedimiento y la pena alternativa previstos en la Ley
975 de 2005; juicio de proporcionalidad: el marco para examinar la
constitucionalidad de la Ley; violación del derecho a la justicia; conclusión
del juicio de proporcionalidad; nulidad absoluta de la norma y de las
situaciones jurídicas que de ella se deriven; inconstitucionalidad de la
tipificación del paramilitarismo como sedición.  Los vicios de forma que
contiene los siguientes puntos : la Ley no se tramitó como estatutaria; la Ley
no se tramitó como un indulto; indebida apelación de artículo negado.
Algunos cargos sobre vicios de fondo se pueden mencionar: cargos que
afectan el procedimiento de la pena alternativa. Señalan que se está ante un
dilema entre dos intereses, el de la paz y el de la justicia. Para los
demandantes, no obstante que los principios de la justicia y la paz son
complementarios, en contextos de transición a la democracia o de superación de
conflictos armados, puede resultar necesario conceder beneficios penales a
quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones
al derecho humanitario. Por consiguiente, para determinar si los procedimientos
y sanciones penales previstos en la Ley 975 de 2005 son constitucionales, es
necesario definir si la ley violenta el derecho a la justicia, en sus
componentes de los derechos a la verdad, justicia y reparación, y en qué
condiciones se pueden conceder estos beneficios de reducción de penas para que
no vulneren el derecho a la justicia.
Deducen entonces que debe acudirse al método adoptado por la jurisprudencia,
tal como se examinó en la sentencia C-093 de 2001. En general sostienen que hay
violación del derecho a la justicia, entendida ésta como pilar del Estado
Social de Derecho y fundamental. Se refiere además, a la responsabilidad del
Estado colombiano, pues en el incumplimiento del deber de investigar y
sancionar a los responsables de delitos contra derechos humanos es impunidad.
Señalan que si bien el artículo 6 del Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra establece el deber de las autoridades de procurar las “amnistías más
amplias posibles”, este concepto debe ser interpretado conforme a las
obligaciones del Estado en materia de derechos a la justicia. Demandan
igualmente la obligación estatal de satisfacer el derecho a la verdad.
Los actores demandaron en particular algunas de las siguientes
normas.
Los actores demandaron el aparte del artículo 25 de la Ley 975 de
2005, que establece que sobre los hechos conocidos con posterioridad a la
sentencia o al indulto. Acusaron el artículo 10 de la Ley, el numeral 10.6, en
cuanto señala dentro de los requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva “Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su
poder”. Demandaron del  articulo 48, las expresiones “más daño innecesario”
y “otras personas” contenidas en el numeral denominado 49.1 (sic) y las
expresiones “más daños innecesarios” y “otras personas”.
Así mismo, señalaron que de acuerdo con la Constitución y los
tratados internacionales que citan, se establece que en el deber del Estado de
garantizar los derechos humanos está el de investigar, someter a juicio y
sancionar adecuadamente a los responsables de violación a los derechos humanos
y al derecho internacional humanitario. Desde esta perspectiva, demandan los
siguientes artículos de la Ley 975 de 2005:
La investigación restringida de hechos por ser la Ley 975 de 2005
residual al Decreto 128 de 2003. Señalan que los apartes demandados en este
punto pueden interpretarse en el sentido de dar lugar a dos procedimientos diferenciados,
así :
“1. El primero, que es el de los
desmovilizados que no tienen procesos penales o condenas por delitos no
indultables o no amnistiables y que se tramita a través de la concesión de los
beneficios del decreto 128 sin investigación o indagación judicial.
2. El segundo, esto es, el de los
desmovilizados que ya están investigados o condenados por delitos graves y que
se deben someter a la versión libre y, en general al procedimiento de la ley
782.”
Se demandaron las
expresiones “dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes” y “y dentro de
los sesenta (60) días siguientes” contenidas en los artículos 17 y 18 de la Ley
975 de 2005.   Inconstitucionalidad por aplicación del procedimiento penal
estatuido y desarrollado a partir del Acto legislativo 02 de 2003.  Las normas
demandadas en su totalidad fueron los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 y 28. El artículo 62, la expresión “y el Código de Procedimiento
Penal”.
Agregaron que las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos deben tener el derecho de acceder a un recurso judicial efectivo. Al
efecto se remiten a la jurisprudencia sobre el derecho de las víctimas, en los
aspectos al derecho a participar en las decisiones que las afectan; a
participar en los procesos judiciales desde el inicio. Este derecho está
relacionado con la garantía de los derechos al buen nombre y a la honra de las
personas. Sin embargo, consideran los demandantes que algunas disposiciones de
la Ley 975 hacen inane la participación real de participación de las víctimas
en el proceso. b. Normas que limitan las facultades de las víctimas en los
procesos.
Demandan los artículos 17, 18 y 19, en su totalidad, y del artículo
34, la expresión “y en el marco de la presente ley”, y del 37, el aparte
del numeral 7 que dice “durante el juicio”.
Se demandó el parágrafo 3º del artículo 26 que dice que contra la
decisión de segunda instancia no procede recurso de casación. Demandaron el
artículo 31, que establece el tiempo de permanencia en las zonas de
concentración.  Sobre el derecho a la reparación sostienen que la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en abril de 2005 aprobó que el derecho
a la reparación plena y efectiva comprende : restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. La Ley 975 si bien
enuncia los componentes del derecho a la reparación en el artículo 8º, no
establece medidas para que tales componentes puedan concretarse dentro del
proceso judicial. Demandaron las normas que estipulan que sólo concurren a la
reparación los bienes adquiridos ilícitamente u otros si el desmovilizado los
tuviese. Demandaron las siguientes expresiones : “producto de la actividad
ilegal”, contenida en el numeral 2 del artículo 10; “producto de la actividad
ilegal” y “cuando se disponga de ellos”, contenidas en el numeral 5
del artículo 11; “de procedencia ilícita”, del numeral 4 del artículo
13; “si los tuviere”, del artículo 17; “de procedencia ilícita”,
del 18; y, “de ser posible”, del 46. Señalaron que no hay garantías
adecuadas para la restitución de los bienes. Respecto al artículo 54 que
establece el Fondo para la reparación de las víctimas. Demandaron la expresión
contenida en el inciso segundo que dice : “por todos los bienes o recursos
que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados
organizados ilegales a que se refiere la presente ley”.
Consideraron que siendo la restitución uno de los componentes de la
reparación, los bienes usurpados violentamente a sus propietarios, poseedores,
ocupantes o tenedores por quienes se desmovilicen en el marco de la Ley 975
deben ser regresados a quienes tenían derechos sobre ellos, y en las mismas
condiciones en que los tenían. Por ello, la norma debe exceptuar esos bienes
del Fondo común para reparaciones. La población desplazada sería la principal
afectada si se interpreta en ese sentido.
Por consiguiente, solicitaron a la Corte que “se condicione la
constitucionalidad del segundo inciso del artículo 54 a que, en cumplimiento
del deber de restitución como componente del derecho a la reparación, se
exceptúen de “los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen”
aquellos que han sido usurpados de forma violenta a sus dueños, poseedores,
ocupantes o tenedores, pues en ese caso deben ser restituidos y no deben formar
parte de un fondo común para reparaciones.”
Expresaron además que no todas las víctimas podrán reclamar una
reparación.
Demandan las siguientes expresiones : “en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa” y “en primer grado
de consanguinidad” contenidas en los incisos segundo y cinco del artículo 5
de la Ley 975; “en primer grado de consanguinidad”, del inciso segundo
del artículo 47; y, “en primer grado de consanguinidad” del numeral 3 del
artículo 48. Acusaron en su totalidad el artículo 23, que corresponde al
incidente de reparación integral.
Demandaron las siguientes expresiones : “de conformidad con el
Presupuesto del Fondo par la Reparación de las Víctimas”, del inciso
primero del artículo 47 y “de acuerdo con el presupuesto asignado para el
Fondo” y “dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional”
del inciso primero del artículo 55 y del numeral 1. Señalaron que el derecho a
la reparación comprende la garantía de no repetición, asunto que hace parte de
las obligaciones del Estado de proveer los recursos efectivos contenidos en el
artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Manifiestan
que si bien el artículo 8 de la Ley 975 establece esta garantía, otras
disposiciones de la misma Ley resultan contrarias a este deber del Estado, al
consagrar que los desmovilizados no  pierden los beneficios no obstante
reincidan en actividades delictivas. Con base en esta explicación, demandaron
el artículo 29, que establece la pena alternativa.
Los demandantes igualmente acusaron los artículos 2, 3, 5, 9, 10,
11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 46,
47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69 de la  Ley 975 de 2005. Señalan que se puede
concluir que los beneficios concedidos en la Ley 975 de 2005 no superan le
juicio estricto de proporcionalidad, pues bajo ningún supuesto se puede decir
que la impunidad pueda ser a la luz de la normatividad internacional, el camino
hacia la paz. Tampoco contribuye a la realización de la democracia. No es
indispensable, en la medida en que la impunidad no es idónea para conseguir la
paz, además que violenta los estándares internacionales mínimos de protección
de derechos humanos.
Los demandantes examinaron el punto de la impunidad y las
consecuencias expuestas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Concluyeron que la pena
alternativa entre 3 años y medio y 6 años y medio, descontando el año y medio
en las zonas de ubicación, es un beneficio desproporcionado, porque, a cambio,
las disposiciones acusadas no exigen que se avance hacia la paz ni a la
justicia. Señalan los demandantes que los desmovilizados pueden mantener su
poder económico, no deben devolver las tierras violentamente usurpadas, ni
contribuir a la verdad. Ni siquiera tienen que comprometerse a no continuar con
hostilidades, pues al hacerlo, no pierden los beneficios. Se viola, entonces,
el derecho a la igualdad, art. 13 de la Carta, dado que personas que han
cometido delitos menos graves, enfrentan penas más altas.
Pidieron que la Corte declare la inconstitucionalidad de la
totalidad de las normas de este capítulo “acudiendo a un análisis sistémico de
las mismas y no sólo puntual o aislado. Así, se solicita que se haga un
ejercicio similar al realizado por la Corte en la sentencia C-251 de 2002 sobre
la ley 684 de 2001 sobre seguridad nacional. En esa oportunidad la Corte
declaró la inconstitucionalidad total por ser un sistema inconstitucional (…)”
.
Pusieron de presente que el beneficio de la pena alternativa no es
inconstitucional per se, sino que resulta del análisis sistemático del
procedimiento, por la desproporción entre el beneficio y los derechos de las víctimas,
por sobrepasarse normas mínimas del derecho a la justicia. Señalan que si bien
el armazón de la Ley 975 de 2005 no es inconstitucional, sino que por el
contrario, recoge en abstracto principios adecuados en materia de verdad,
justicia y reparación, sin embargo, los procedimientos contenidos en la misma,
hacen inoperantes tales principios.
En consecuencia, pidieron, como solicitud principal que se declare
la inexequibilidad de los apartes subrayados de los artículos 2, 3, 5, 9, 10,
11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37,
46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69 de la Ley 975 de 2005. En subsidio, que se
declare la inconstitucionalidad de los apartes de estos mismos artículos “de
tal manera que la inconstitucionalidad o la constitucionalidad condicionada sea
declarada en relación con todas ellas, dada su interrelación, que hace que si
algunas quedan en pie se afecte negativamente la realización de los derechos a
la verdad, la justicia, la reparación y la paz”.
Señalaron que la norma imperativa de ius cogens establece la
prohibición de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por
consiguiente, normas conducentes a sustraer a los responsables de la acción de
la justicia adolecen de nulidad absoluta. Citan los artículos 53 y 64 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Se remiten a varias
sentencias de la Corte Constitucional: C-578 de 2002, 574 de 1992, C-225 de
1995, en las que la Corte reconoció que las disposiciones de derecho
internacional humanitario y los principios que lo fundan tienen le carácter de
normas imperativas o de ius cogens.
Demandaron el artículo 71, inciso primero que adiciona el artículo
468 del Código Penal en el sentido de que incurrirán en el delito de sedición
quienes hagan parte de grupos guerrilleros, o de autodefensas cuyo accionar
interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional o legal, en
cuyo caso, la pena será la misma que para el delito de rebelión. Para los
demandantes este artículo es inconstitucional tanto por vicios de forma como
por vicios de fondo.
En el ordenamiento jurídico colombiano nunca ha considerado los
grupos paramilitares como sediciosos. El paramilitarismo, por su carácter,
naturaleza y objetivos, no corresponde a los elementos de tipo penal de
sedición, que está previsto para quienes se oponen al Estado, y no para
quienes, como los paramilitares, actúan con su apoyo y en supuesta defensa de
las instituciones.
Pusieron de presente que no existe una definición del concepto de
delito político, ni un el título en el código penal, que agrupe las conductas
punibles que tienen tal carácter. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia
han señalado los elementos que permiten identificar un delito político, que
tiene un componente fundamental : el hecho que se comete para atacar al
Estado.
Consecuencias de la calificación del paramilitarismo como delito
político: En virtud del artículo 71 acusado, los miembros de los grupos
paramilitares, sin que su conducta corresponda a los criterios de delito
político, podrán recibir los amplios beneficios para los delitos políticos, y
podrán ser indultados o amnistiados. Esto afecta el equilibrio entre justicia y
paz.
Los privilegios de los que podrán gozar son estos grupos son : ser
amnistiados o indultados; participar en política y en el ejercicio del poder
público; no ser extraditados e incluidos los delitos conexos con el delito
político. Por ello, no es improbable que el narcotráfico también pueda ser
considerado como un delito conexo con el paramilitarismo.
Consideraron los demandantes que el artículo 71 de la Ley 975 de
2005 modificó la Constitución, pues el legislador desnaturalizó el tipo penal
de sedición, otorgándole carácter de político a un delito que no lo es, con lo
que se modifica el alcance de los artículos de la Carta que en forma
restrictiva, le dan un trato favorable al delincuente político.
Sobre los artículos constitucionales violados a partir del artículo
71, los demandantes mencionaron el artículo 93 de la Constitución que se refiere
al bloque de constitucionalidad. De allí, consideran que se desprende la
violación del artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Consideraron que se vulneran también los artículos 2, 22, 229 y 250
de la Constitución, pues por la denominación de delito político a la
conformación o pertenencia de grupos de paramilitares, el Estado incumple su
obligación de garantizar y respetar los derechos de las víctimas. Piden a la
Corte declarar inexequible el artículo 71 de la Ley 975 de 2005.
Respecto a los vicios de forma señalaron: El debate de la Ley 975
presentó varios vicios de forma, ya que se desconocieron las normas que rigen
el trámite legislativo, por lo que la Ley debe ser declarada inconstitucional.
Los vicios e forma se resumen así :
a. La Ley no se tramitó como estatutaria, no obstante que se trata
de una ley que regula derechos fundamentales, como lo son los derechos a la
paz, la verdad, la justicia y reparación, así como los procedimientos y
recursos para su protección, como lo exige el artículo 152 de la Carta. Además,
este tipo de leyes debe ser aprobado por mayoría absoluta.
b. La Ley no se tramitó como un indulto a pesar de que los concede
en forma encubierta. Por consiguiente, debió seguirse el procedimiento especial
previsto para estos casos : votación secreta (art. 130 de la Ley 5ª de 1992) y
mayorías calificadas (art. 150 de la Carta y 120 de la Ley 5ª de 1992). No
obstante, la Ley 975  se tramitó y aprobó como ley ordinaria.
c. Se tramitó una indebida apelación de artículos negados. Señalan
que los artículos 70 y 71, que establecen rebaja de penas y sedición, que
después de ser negados en las sesiones conjuntas de las Comisiones primeras de
Senado y Cámara fueron apeladas, usando como fundamento un artículo de la Ley
5ª de 1992 que no es aplicable al caso, pues, cuando uno o varios artículos de
un proyecto de ley son negados no hay ninguna norma que permita su apelación.
Sin embargo, el recurso fue usado y como resultado de la apelación, estas
disposiciones fueron aprobadas en forma irregular.
V.
INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA.
El Señor Ministro del Interior y de
Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, actuando en nombre propio como ciudadano y
en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia, dentro del término legal
interviene para la defensa de la norma solicitando se declare su exequibilidad.
De sus
argumentos se extracta: 1. “La ley de Justicia y paz no es una ley de
impunidad, por cuanto establece la investigación, juzgamiento y sanción de
delitos de lesa humanidad”: De conformidad con las normas internacionales
sobre derechos humanos, los Estados tienen el deber de adoptar las medidas
necesarias para combatir la impunidad, definida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como la “falta de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones de derechos
humanos; lo que incluye el deber de sancionar a quienes hayan cometido graves
violaciones de los derechos humanos”. Señala que la facultad de amnistiar o
indultar a quienes hayan cometido crímenes durante el conflicto tiene claros
limites. Aún en periodo de transición no se pueden simplemente anular las
obligaciones internacionales de los estados con respecto al derecho a la
justicia de las víctimas.
Los poderes de los Estados contenidos en
el Protocolo II han sido reinterpretados (de tal forma) que el poder de
amnistía sólo puede hacerse efectivo frente a quienes fueron castigados o
detenidos por el sólo hecho de haber participado en hostilidades, esto es, sólo
pueden concederse amnistías o indultos por delitos políticos o delitos conexos
con estos. Esta conexidad debe además implicar una relación estrecha y directa
entre ambas clases de delitos. Bajo ninguna circunstancia los delitos comunes
objeto de amnistía pueden constituir delitos graves conforme al derecho
internacional. Lo que significa que la amnistía o indulto nunca puede abarcar
conductas que impliquen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o
vulneraciones graves de los derechos humanos, tales como homicidios en los
cuales la víctima ha sido puesta en estado de indefensión, desapariciones
forzadas, violencia sexual, desplazamientos forzosos, tortura u otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, ataques contra la población civil,
reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años. Estos delitos especialmente
graves están tipificados por el ius cogens internacional, de manera que
generan la obligación erga omnes de castigarlos, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
De manera correspondiente expresa que la
política criminal adelantada por el Estado colombiano mediante la Ley 975 de
2005, respecto de los grupos armados organizados al margen de la ley se ajusta
a los mandatos constitucionales, toda vez que brinda la posibilidad de
conseguir la paz en el territorio nacional con observancia de valores,
principios y protección de los derechos fundamentales así como también
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación. Esta finalidad de la ley se reiterará en toda la intervención del
Ministerio del Interior y de Justicia.
La Ley 975 de 2005, entonces establece un
procedimiento penal para la investigación, juzgamiento, sanción y beneficios
judiciales de las conductas punibles diferentes a delitos políticos y conexos,
incluyendo las graves violaciones contra derechos humanos cometidas por
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley durante y con
ocasión de la pertenencia a estos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse,
lo que es posible si se materializan los derechos a la verdad, justicia y
reparación de las víctimas y demás exigencias en la ley contempladas.  De no
ser procedente la aplicación de la ley, no habrá impunidad sobre las mismas,
debiéndose aplicar el procedimiento ordinario.
Explica que los miembros de los grupos
que han sido beneficiados de indulto, resolución inhibitoria o cesación de
procedimiento por delitos políticos y conexos en virtud de la Ley 782 de 2002,
no quedan por ese hecho eximidos de la responsabilidad penal que les
corresponde por las demás conductas punibles en que hayan participado. Esta
responsabilidad se hará efectiva mediante el procedimiento previsto en la Ley
975 de 2005 o por el previsto en las leyes vigentes al momento de su comisión
cuando aquel no sea procedente de conformidad con los requisitos legales.
Sostiene que en tal sentido, la Ley 975
de 2005, no contempla la concesión de amnistías e indultos ya que establece una
pena efectiva para quienes resulten condenados. Lo que se encuentra en armonía
con lo dispuesto en los artículos : transitorio 30 de la Constitución, 50 de la
Ley 418 de 1997, artículo 11 de la Ley 733 de 2002. También guardan
concordancia con lo dispuesto en los Tratados internacionales y con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, así como
con los pronunciamientos de los Organismos Internacionales protectores de
derechos humanos como la Corte Interamericana de derechos Humanos.
“La Ley 975 de 2005, también se aplica
a quienes hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados por delitos
no  indultables o amnistiables”. En dicha ley el legislador expresamente
establece la condición de sediciosos a los integrantes de los grupos armados
organizados al margen de la ley, pero solamente por la pertenencia o
conformación de dichos grupos, sin que puedan entenderse subsumidas en tal tipo
penal los delitos de lesa humanidad, narcotráfico y demás conductas que se
escapan al ámbito del delito político. De conformidad con los Instrumentos
Internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional, los delitos más
graves no son considerados delitos políticos ni conexos con éstos.
2. “La ley 975 no es una ley para
tiempos de normalidad, caracterizándose por mecanismos de justicia transicional
con miras a la consecución de la paz”.
Sostiene que la búsqueda de diferentes
mecanismos tendientes a la solución del conflicto armado en Colombia constituye
un desarrollo del propósito de paz amparado por la Constitución. Esto inspiró
la expedición de la Ley 975 de 2005, además por la perentoria necesidad de
complementar las disposiciones establecidas en la Ley 782 de 2002. Señala que
en dicha ley existía un vacío jurídico en relación con los miembros de los
grupos armados ilegales que estando comprometidos en delitos no indultables,
avancen de manera seria por los senderos de la paz. La Ley 975 entonces
contiene mecanismos especiales para la consecución de la paz y es también
excepcional por cuanto no es una ley para tiempos de normalidad. En este aparte
la intervención se remite a un aporte doctrinal de Hernándo Cáceres de la Fundación
Dignidad y Desarrollo. En tal aspecto se concluye entonces que la política
criminal contenida en la Ley 975 de 2005 debe analizarse como parte del
contexto de justicia transicional.
Se insiste que la ley de Justicia y Paz
no es una ley de perdón y olvido. En tal sentido, todos los delitos deben ser
investigados y condenados, los delincuentes sancionados y las víctimas
reparadas. No hay prescripción para delitos no confesados. Agrega que la ley
incorpora estándares internacionales más altos en el campo de la justicia,
exigiéndose entre otros requisitos la versión tendiente a la confesión y a un
tiempo mínimo de pena privativa de la libertad como presupuesto para acceder a
los beneficios jurídicos, conservando en todo caso el Estado toda su capacidad
de investigación, juzgamiento y sanción.
3. “La Ley 975 de 2005 se soporta en
la justicia restaurativa superando el enfoque de justicia retributiva basada
primordialmente en el castigo a fin de brindarle preeminencia al restablecimiento
de la convivencia pacífica y a la materialización de los derechos  de las
víctimas a la verdad, justicia y reparación”.
El interviniente sostiene que la
posibilidad de disminución de la intensidad punitiva contemplada en la ley de
justicia y paz, no implica impunidad, sino que permite superarla al generar
condiciones para la investigación, juzgamiento y sanción. De tal manera que
pueda existir esclarecimiento de la verdad, y la reparación de las víctimas con
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía
de no repetición, así como el cese de las estructuras de violencia y la
reincorporación efectiva de los miembros de tales grupos a la vida civil.
Seguido manifiesta la intensión clara de la política criminal del Estado que
refleja una ponderación adecuada entre justicia y paz.
Señala igualmente que la Ley 975
contempla la posibilidad de acceder a determinados beneficios y a la
racionalidad y proporcionalidad de la pena alternativa. En tal sentido, aduce
que la consagración de la pena alternativa no implica ausencia de impunidad. En
tal evento, la ley incorpora instrumentos que permiten investigar, juzgar y
sancionar en forma efectiva a la personas comprometidas en los delitos más
graves, con el respeto de las garantías procesales. Señala que estas garantías
y las formas de llevarlas a cabo están de acuerdo con normas internacionales de
derechos humanos.
4. “El acceso al beneficio de la pena
alternativa se encuentra sujeto al cumplimiento estricto de los cometidos de
verdad, justicia y reparación de las víctimas cuya verificaciones sucesiva
durante todo el procedimiento de investigación y juzgamiento”.
De manera previa efectúa una referencia a
la regulación en las normas internacionales sobre la pena, y agrega que la pena
adecuada no alude a la dosificación exacta de la pena sino a los criterios que
se evalúen para imponerla. En tal sentido señala los siguientes criterios: los
intereses de las víctimas, la colaboración con la transición hacia la
democracia y superación del conflicto, no sólo la gravedad del delito, su grado
de participación  en la conducta, circunstancias atenuantes y agravantes.
Las obligaciones en materia de verdad,
justicia y reparación de las víctimas deben ser sucesiva durante todo el
proceso de investigación, juzgamiento y sanción. Explica que existe una etapa
de juzgamiento precedida por una de  investigación y formulación de cargos por
parte del Fiscal Delegado de la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz. En el
evento en que no se encuentren acreditados los requisitos, o el imputado no
acepte los cargos o se retracte de los admitidos en la versión libre, no habrá
lugar al beneficio de la pena alternativa.  Entonces la Unidad Nacional de
Fiscalía remitirá la actuación al funcionario competente de acuerdo a la ley
vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas.
De igual forma el beneficio jurídico de
la suspensión de la ejecución de la pena determinada en la respectiva instancia
reemplazándola por una pena alternativa consistente en la privación de la
libertad por un periodo mínimo de cinco años y no superior a ocho años, tasada
de acuerdo con la gravedad de los delitos y la colaboración con la justicia, la
reparación a las víctimas, su adecuada resocialización y el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley, únicamente podrá concederse en la sentencia
si se encuentran acreditados los requisitos establecidos en la ley. Se requiere
también que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a
través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca
privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la
desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. Aclara
que la pena alternativa no podrá ser objeto de subrogados penales, beneficios
adicionales o rebajas complementarias. Señala que en la sentencia condenatoria
se deberá incluir la fijación de la pena y las obligaciones y compromisos que
adquiere el condenado.
Una vez cumplida la pena alternativa, se
concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena
alternativa impuesta. Durante el periodo de  libertad a prueba, el beneficiado
se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado y a
presentarse ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a
informar cualquier cambio de residencia.
Respecto de la pena ordinaria menciona
que ésta conserva su vigencia durante el cumplimiento de la pena alternativa y
el periodo de libertad a prueba, y únicamente podrá declararse extinguida
cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones legales que sirvieron de
base para su imposición, las señaladas en la sentencia y las relativas al
periodo de la libertad a prueba. Toda inobservancia de cualquiera de las
obligaciones conlleva a la revocatoria del beneficio y en su lugar el
cumplimiento de la pena ordinaria inicialmente determinada. Procediendo en este
evento los subrogados penales.
5. “Marco político actual sobre las
acciones que se desarrollan en la materia”.
El Señor Ministro del Interior y de
Justicia se apoya en los fines establecidos en la Ley 812 de 2003. En la norma
señalada se desarrolla el tema de la protección y promoción de los derechos
humanos y del derecho internacional  humanitario. Se describe la situación del
conflicto armado interno, su intensificación y degradación. Y la atención y
prevención del desplazamiento forzoso, en donde se describe el problema, los
efectos que causa, y la solución que se propone. También se hace mención a las
medidas particulares del impulso al derecho internacional humanitario, el
impulso a la administración de justicia en derechos humanos y el
fortalecimiento institucional. Se refiere entre otras a las siguientes normas:
Título II de la parte especial del Código Penal, (ley 599 de 2000), que
tipifica los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho
internacional humanitario, y prevé la penalización de la omisión de denuncia
del particular que teniendo conocimiento de la comisión de delitos de genocidio,
desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, cualquiera de las
conductas contra personas y bienes protegidos, por el derecho internacional
humanitario o de conductas de proxenetismo cuando el sujeto pasivo sea un menor
de 12, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la
autoridad. Se refiere en el mismo sentido a lo consagrado al respecto en el
Código de Procedimiento Penal, que señala que en ningún caso el Fiscal podrá
hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan
significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de
lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma,
y delitos de narcotráfico y terrorismo.
6. “El artículo 70 de la Ley no
vulnera la dignidad humana”
Sobre este tema, se acoge a la ponencia
que obra en la Gaceta el congreso No. 827 de 2005. La ponencia hace referencia
a la facultad del Congreso de establecer una rebaja de penas. Considera que es
necesario aludir al principio de la dignidad humana en los términos en los
cuales la Corte Constitucional se ha referido a ello. Explica que sobre el
concepto de resocialización debe tenerse en cuenta que el Código Penal en su
Titulo I, que establece en primer término que el derecho penal tendrá como
fundamento el respeto a la dignidad humana. La resocialización implica
básicamente, asegurar todos los derechos fundamentales de la persona que se
encuentra sometida en prisión: garantizar su vida, en condiciones de higiene y
salubridad, indispensables para preservar su salud física y mental; derecho a
condiciones materiales que disminuyan los procesos de resocialización.
Insiste en que la resocialización mas que
un derecho fundamental existente dentro del ordenamiento jurídico, como
pretende el accionante, es una función de la pena, es decir, un deseado efecto
benéfico de ésta, para cuya consecución corresponde al Estado brindar los
medios necesarios, es decir, garantizar el albergue digno de los internos,
garantizar la posibilidad de que puedan trabajar y/o educarse, garantizar el
debido cuidado y atención a la salud de los internos, así como garantizar los
mecanismos para que los internos puedan comunicarse con el exterior, reciban
visitas, entre otros.
De lo anterior deduce que no existe
sustento lógico que permita inferir que cuando el legislador, en el artículo 70
de la Ley 975 de 2005, excluye a ciertos delincuentes de una reducción de
penas, ello implique que los excluidos de tal beneficio han perdido, o se les
ha limitado, la posibilidad de resocializarse, y que por esa vía, se vulnere el
principio de dignidad humana, el cual, tiene un contenido propio ajeno a la
situación descrita.
7. “El artículo 70 no viola el
principio de igualdad”.
Sostiene el interviniente que en este
cargo se evidencia la inepta demanda. La facultad del legislador para
configurar la legislación penal siempre debe estar orientada hacia la eficaz
protección de los derechos fundamentales; y la segunda que el juez constitucional
puede verificar si la tipificación de una conducta delictiva constituye la
respuesta adecuada para proteger los derechos fundamentales. La restricción de
acceso a beneficios penales contemplada en el artículo 70 de la ley 975 de 2005
se encuentra justificada. Se establece que en determinadas condiciones que
establece la ley, no se puede acceder a una rebaja de pena. Por cuanto hacerlo
extensivo a dichas conductas, resultaría intolerable para la sociedad. En tal
sentido sostiene que no puede llegarse al absurdo de pretender que el hecho de
que se rebaje la décima parte de la pena a los llamados delincuentes comunes
implique que la aplicación del principio de igualdad conlleve que la misma
rebaja se le otorgue a un violador, un narcotraficante, o a quien se halle
incurso en la comisión de un delito de lesa humanidad. Así el trato diferente
que se prevé resulta razonable por cuanto corresponde a unas particulares
condiciones objetivas de los delitos que cada uno cometió y corresponde al
grado de repudio que los delitos exceptuados de beneficio causan al
conglomerado social.
8. “El artículo70 no viola el derecho
a la paz”.
Explica que el artículo 70 se encuadra
dentro del marco general de la política criminal del Estado que precisamente,
desarrolla el Legislador, de acuerdo con sus facultades constitucionales. En
desarrollo de la facultad de estructuración de la política criminal el
legislador ha delimitado el alcance de la rebaja de penas previstas en la norma
acusada, exceptuando a los condenados por delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico, por cuanto
considera que éstos son flagelos que merecen un tratamiento especial, en cuanto
vulnera de forma más significativa bienes jurídicos protegidos, frente a cuya
violación la sociedad se muestra especialmente sensible. Además el legislador
estableció una serie de requisitos para acceder a la rebaja de pena.
Sostiene que no riñe con el derecho a la
paz, el que el legislador consagre regímenes diferenciados para el juzgamiento
y tratamiento penitenciario de delitos, siempre que éstos se fundamenten en
criterios de razonabilidad y proporcionalidad y que atiendan a una valoración
objetiva de ciertos elementos. Agrega que todos los asociados y autoridades deben
adelantar medidas eficaces no sólo para prevenir sino también para eliminar los
actos de agresión y quebrantamiento de la paz. Sostiene que el Estado ha
implementado diversos mecanismos jurídicos, dentro de los cuales se pueden
destacar la Ley 975 de 2005, que propenden al alcance y sostenimiento de la paz
en todas las esferas de la sociedad, además de aquellas relacionadas con la
humanización  del conflicto armado.
9. “Artículo 70 de la Ley 975 de 2005
no desconoce el derecho a la libertad”.
Señala que en este aspecto, el actor no
presenta un argumento sólido como para que la Corte Constitucional declarare la
inexequibilidad de la norma. Explica que el legislador en ejercicio de su
potestad de configuración legislativa, otorgada por la Constitución Política,
puede establecer tanto los límites, tales como la mayor o menor gravedad de la
conducta ilícita, la mayor o menor repercusión de la afectación del bien
jurídico lesionado, así como los requisitos buen comportamiento, compromiso de no
repetición de actos delictivos, cooperación con la justicia y acciones de
reparación a las víctimas, que considere pertinentes, proporcionados y
razonables para la concesión de dichos beneficios.
Se apoya en los pronunciamientos de la
Corte Constitucional sobre el derecho a la libertad. Y bajo los cuales se ha
señalado que si bien, es un derecho propio y derecho fundante del Estado Social
de Derecho, no es un derecho absoluto, y puede ser restringido por medio de
tres requisitos: 1. Mandamiento escrito de autoridad judicial competente. 2.
Que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3. Por la
existencia de motivos previamente definidos en la ley, de acuerdo con la
Constitución y el bloque de constitucionalidad. Concluye que el legislador
tiene la potestad de configuración legislativa, mediante la cual se puede
establecer, de acuerdo con la Constitución y el bloque de constitucionalidad
previo cumplimiento del procedimiento dispuesto por la Ley 5 de 1992,
beneficios punitivos, y dirigir la política criminal del Estado.
10. “El artículo 70 de la Ley 975 de
2005, no desconoce el principio de favorabilidad”.
Aduce que en la demanda no se explica
cuál es la ley más favorable a cuya aplicación tienen derecho los condenados
por delitos que el inciso segundo de la norma demandada excluye del beneficio
de la rebaja de penas. En este sentido, el cargo no es específico ni pertinente
y en lo que a él se refiere, por tanto la demanda es inepta. Para que se viole
el principio de favorabilidad el primer requisito es la existencia de dos
normas, una de las cuales es más favorable, que sean igualmente aplicables a un
caso concreto.
11. “El artículo 70 de la Ley 975 no
desconoce el principio de la cosa juzgada.”
Argumenta que “el cargo esta  basado
en una metafora. No de otra manera se puede interpretar el argumento en el
sentido de que no rebajar una pena es equivalente a juzgar dos veces a una
persona por el mismo hecho, y que de esa manera se desconoce el principio
constitucional de la cosa juzgada”. Después de una referencia doctrinal
sobre el concepto de cosa juzgada, menciona que nada tiene que ver la rebaja de
penas con la prohibición de non bis in ídem o con el principio de cosa
juzgada. A quien no se le concede una rebaja de penas no se  le somete a un
nuevo proceso ni se le dicta una nueva sentencia. El condenado simplemente
cumple la sentencia que lo condenó.
Seguido agrega “Aún suponiendo que el
cargo fuera concreto para ameritar pronunciamiento de fondo, la acusación
contra el artículo 70 demandado, por presunta violación del principio de cosa
juzgada, carece del más mínimo soporte lógico y jurídico y, por lo mismo no
debe ni puede prosperar”. Respecto a los delitos de lesa humanidad, la Ley
742 de 2002 en el artículo 7º por la cual se aprueba el estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional. Establece cuáles son los crímenes de lesa
humanidad.
12. “El Artículo 70 de la Ley 975 de
2005, no implica ni prisión perpetua ni intolerancia”.
Expresa que el demandante ha incumplido
los requisitos del artículo 2 del decreto 2067 de 1991, que exige las demandas
de inconstitucionalidad la expresión de las razones en las que el demandante se
funda para asegurar que un determinado precepto se opone a la Constitución. Sin
embargo, explica que el artículo 34 de la Constitución consagra la prohibición
constitucional de imponer penas perpetuas, cuyo objetivo es establecer una
interdicción al exceso punitivo, en aras de salvaguardar el principio del Estado
Social de derecho, el valor de la justicia, la dignidad humana y los principios
de legalidad, culpabilidad, prescriptibilidad, razonabilidad y proporcionalidad
de la pena.
Al establecer la Constitución la
prohibición de establecer sanciones perpetuas, como consecuencia de la comisión
de un delito, ella se constituye, sin lugar a dudas, en límite material a la
autonomía legislativa y que tiene como propósito salvaguardar la dignidad de
las personas y permitir que el responsable tenga la oportunidad de rehabilitarse
y reincorporarse a la sociedad en algún momento de su vida, permiténdole que
pueda realizarse como persona y ejercer efectivamente sus derechos. Entonces
menciona que el Estado Social busca la readaptación del individuo, la
actualización de sus potencias propias y sobre todo la protección de los
legítimos intereses de la sociedad.
La norma analizada no contiene el
señalamiento de una pena perpetua. La norma acusada únicamente consagra una
excepción a la rebaja de la pena impuesta para personas condenadas por una
comisión de ciertos delitos, es decir, ellas deben cumplir con la sanción
consagrada en la ley e impuesta por el juez para purgar un número determinado
de años, por lo tanto, no puede interpretarse de forma errónea como lo hace el
actor, que la condena por el hecho de no acceder al beneficio de una rebaja se
convierta en perpetua. La norma además le otorga al Estado los medios para la
oportuna y eficaz acción tendiente a combatir y castigar los delitos allí
previstos.
13. “El artículo 70 de la Ley 975 de
2005 no desconoce el bloque de constitucionalidad”.
El interviniente menciona que el actor en
ningún momento expone el concepto de la violación. Por tanto, se trata de un
caso de ineptitud sustantiva que conlleva a un fallo inhibitorio. Agrega que de
conformidad con la Constitución Política y los instrumentos internacionales, el
legislador en ejercicio de sus competencias constitucionales y de su libertad
de configuración en materia penal, en forma proporcional y razonable estableció
un procedimiento diferente para la investigación, juzgamiento y sanción de los
destinatarios de dicha ley y para la protección de los derechos de las
víctimas; en la que se consagra una serie de medidas de política criminal
dirigidas a la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes y
compromisos de los intervinientes en el proceso. Durante el trámite de
elaboración de la ley, el legislador consideró ampliamente los estándares
necesarios para satisfacer los compromisos de Colombia en procesos de este tipo
como son las normas, principios y jurisprudencia relacionados con los
parámetros de justicia universal. Hace referencia a la importancia que en esta
materia tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos
por Colombia.
Respecto a los vicios de forma señala:
1. “La Ley 975 de 2005 no afecta el
núcleo esencial de los derechos fundamentales de las víctimas y por tanto no
requería de un trámite de ley estatutaria” - Interpretación restrictiva de las
materias que deben ser objeto de trámite estatutario.
De conformidad con lo establecido en el
articulo 152 constitucional, el Congreso de la República debe regular por medio
de ley estatutaria las materias que allí designa. Fue voluntad del
constituyente de 1991 disponer que las leyes  estatutarias fueran una excepción
al sistema general que domina el proceso legislativo razón por la cual señaló
que estas leyes deberán contar para su aprobación, modificación o derogación
con una mayoría cualificada.  Especificó que su trámite requería el control
previo por parte de la Corte Constitucional. Con base en diversos
pronunciamientos jurisprudenciales, señala que no toda norma relacionada con
las materias estipuladas en el artículo 152 debe ser tramitado como ley
estatutaria estableciendo un carácter restrictivo al respecto. Agrega que el
campo de las aplicación las leyes estatutarias tienen un alcance restringido.
El señalamiento de las materias y la especificidad del trámite son criterios
suficientes para ello, en obedecimiento al criterio de interpretación que se
deriva de la excepción frente a la generalidad, también cabe destacar que el
plus normativo que las caracterizan, integrándolas, inclusive al bloque de su
constitucionalidad, exige la necesidad de abordaje aún más restrictivo, con el
ánimo de no multiplicar las normas con fuerza constitucional.
2. “La Ley 975 de 2005, no requería
del trámite de una ley estatutaria, toda vez que no afecta el núcleo esencial,
ni regula en forma integra, estructural o sistemática un derecho o un deber
fundamental”.
Sobre esta materia explica que el
legislador es autónomo de acuerdo con la cláusula general de competencia y en
consonancia con las normas internacionales para fijar dentro del marco del
diseño de la política criminal del Estado – que comprende tanto aspectos
sustanciales como procesales – un procedimiento especial para el juzgamiento de
las personas incursas en delitos graves.  En relación con los derechos
fundamentales, el criterio para definir si se requiere ley Estatutaria para la
expedición de las normas que tocan con ellos, radica en la verificación de si
los preceptos correspondientes afectan el núcleo esencial de aquellos como
cuando se consagran restricciones o limitaciones a su ejercicio, lo que se
traduce en su regulación claramente aludida en la Constitución articulo 152.
Evento que no se presenta en los artículos 1º, 2º, 5º 6º 7º 8º 12, 13, 14, 15,
23, 37, 44, 47 inciso primero. 48-3, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la ley 975
de 2005.
Señala que de aceptarse la tesis que se
plantea se llegaría al extremo de configurar un ordenamiento jurídico integrado
en su mayoría por leyes estatutarias, lo cual conllevaría a la petrificación
del ordenamiento jurídico dificultando la adecuación de las normas a los
momentos históricos y a la realidad social de un país, debiéndose realizar por
lo tanto en relación con los derechos fundamentales una interpretación
restrictiva de la reserva de ley estatutaria.
Algunos artículos de la Ley 975 de 2005,
si bien regulan aspectos relacionados con los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación, no afectan el núcleo esencial de tales
derechos, ni de los derechos de acceso a la justicia y a las garantías
judiciales – artículo 29 y 229 de la Constitución – especialmente porque no
establecen limites, restricciones, excepciones ni prohibiciones a su ejercicio
que los hagan impracticables, ni dificultan su ejercicio, ni los despojan de la
necesaria protección, sino que por el contrario, las disposiciones señaladas
buscan garantizar el acceso de las víctimas a la administración de justicia,
asegurar los derechos ala verdad la justicia y la reparación y facilitar y
agilizar su actuación dentro del proceso así como hacer concretos y efectivos
esos derechos. Concluye que el trámite especial y excepcional de la ley
estatutaria para regular los derechos fundamentales sólo es necesario cuando el
legislador pretende la reglamentación integral y específica de ellos, evento
que no se presenta en los artículos demandado de la ley de justicia y paz. Se
trata de aspectos procesales que debe regular una ley ordinaria, si bien en la
ley existen algunos artículos que hacen referencia a derechos de las víctimas,
el acceso a la administración de justicia, pero no para definir de manera general
la esencia de esos derechos ni para delimitar sus alcances y limitaciones ni
tampoco para desarrollarlos o complementarlos, sino para establecer requisitos
mínimos razonables, que buscan hacerlos más viables y realizables sin afectar
su núcleo esencial.
Adiciona que la creación de Salas de
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, la asignación de competencias
dentro de la jurisdicción penal a Magistrados de control de garantías, la
creación de Salas de Tribunales Superiores de Distrito Judicial, la asignación
de competencias dentro de la jurisdicción penal a magistrados de control de
garantías, y la creación de  Unidades de Fiscalía para la Justicia y la Paz, no
afecta el núcleo básico de la estructura de la Administración de Justicia.
Resalta que el establecimiento de reglas de procedimiento y de competencias no
son aspectos comprendidos dentro del concepto de administración de justicia.
Finalmente considera que el Congreso de
la República utilizó la vía adecuada para expedir la Ley 975 de 2005, no siendo
lo regulado en ella materia de una ley Estatutaria.
3. “Los artículos acusados no
modifican la estructura de la rama judicial”.
Según el artículo 116 de la Constitución,
modificado por el artículo 1º del Acto legislativo 03 de 2002, administran
justicia, entre otros, los Tribunales, disposición que fue desarrollada por el
articulo 11 y 19 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de
Justicia). En los cuales se establece, respectivamente que los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, hacen parte de la Jurisdicción ordinaria y se
determina su creación y número de magistrados, lo cual guarda armonía y
concordancia con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 975 de 2005 que regla
la competencia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de
justicia y paz. El legislador decidió en el artículo 32 de la Ley 975 de 2005
ampliar la competencia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
designados por el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar la etapa de
juzgamiento en los procesos previstos por la ley.
Esta medida fue tomada teniendo en cuenta
que el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que
desarrolla el ordinal 2 del articulo 257 constitucional, faculta a la sala
administrativa del Consejo Nacional de la Judicatura para crear, reubicar,
distribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas
de éstos y los Juzgados cuando así se requiera para que la justicia sea más
pronta y eficaz, sin que para adscribir esa nueva competencia fuera necesario
modificar la Constitución o acudir a una Ley Estatutaria. No se afecta entonces
el núcleo de la estructura de la Administración de Justicia, puesto que el
legislador en ejercicio de su libertad de configuración sólo otorga
competencias.
El
establecimiento de reglas de procedimiento y de competencias, no son aspectos
comprendidos dentro del concepto de administración de justicia. La asignación
de competencias que dentro del marco de la política criminal adelantada por el
Estado, realiza el legislador en el artículo 26 de la ley, constituye un
desarrollo legitimo de las competencias constitucionales que le asisten, toda
vez que como regla general, la distribución de competencias es una materia en
donde el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración. Adiciona
que la  Ley 975 de 2005 no crea un órgano nuevo de juzgamiento, pues el
Tribunal Superior de Distrito Judicial ya se encuentra establecido y hace parte
de la jurisdicción ordinaria como lo contempla el artículo 116 de la
Constitución y los artículos 11, 19 y 85 de la ley 270 de 1996 – en consonancia
con los artículos 74 y 76 de la ley 600 de 2000, 31 y 33 de la ley 906 de 2004-
y por lo tanto, no se está creando una nueva estructura en la Rama Judicial
como de manera errónea se afirma.
De acuerdo con
lo anterior, las Salas de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial a
quien se atribuyó el juzgamiento de las personas contempladas en la Ley 975 de
2005, hacen parte de la justicia ordinaria y a sus integrantes la ley adscribió
de manera habitual el conocimiento de ciertas conductas punibles teniendo en
cuenta la especificidad o particularidad de la materia, en este caso el
juzgamiento de los delitos más graves cometidos por los grupos armados
organizados al margen de la ley. Para lo cual se basa en los debates de las
comisiones conjuntas donde se debatió el Proyecto de Ley 211 de 2005. Lo mismo
predica respecto de la creación de las Unidades Nacionales de Fiscalías para la
Justicia y la Paz.
Señala además
que “El procedimiento penal especial contenido en la ley de justicia y paz
no vulnera el Acto Legislativo 03 de 2002”.
Sostiene que no hay razón para afirmar
que la figuras del proceso penal instaurado por la reforma constitucional del
2002, solo pueden ser aplicables a hechos cometidos con posterioridad a la
expedición del Acto Legislativo, por expreso mandato del artículo 5º del mismo,
por cuanto la citada reforma constitucional no limita su aplicación en el
tiempo, cosa que pudo hacer el constituyente si así lo hubiese querido como
ocurrió por ejemplo con el artículo 35 de la Constitución, cuya modificación
por el Acto Legislativo 01 de 1997 si previó de manera expresa la limitación de
la aplicación de la misma a hechos cometidos con posterioridad a su
promulgación.
El artículo 5º
del Acto Legislativo 03 de 2002 deja a la ley la determinación de la
gradualidad de la aplicación del nuevo sistema y la determinación de la
vigencia que define los delitos a los cuales ha de aplicarse, dándole con ello
al legislador un amplio margen de configuración respecto de la posibilidad de
aplicar la norma a delitos cometidos antes de la expedición del acto
legislativo antes citado. Agrega que el principio de legalidad, contiene la
llamada cláusula de reserva legal para el legislador, por la cual sólo éste
está facultado por mandato superior para consagrar conductas punibles,
describiéndolas de manera inequívoca, expresa y estricta, extendiéndose dicha
cláusula privativa a la asignación de consecuencias jurídicas de los delitos y
al establecimiento del procedimiento de investigación y juzgamiento. Por tanto
asegura que la ley de justicia y paz contempla un procedimiento penal concreto
cuya naturaleza es esencialmente acusatoria al estructurarse a partir de las
instituciones fundamentales inherentes al sistema penal acusatorio. La oralidad
como principio rector, existencia de juez de control de garantías, inexistencia
de parte civil y en su lugar incidente de reparación integral entre otros.
Con el procedimiento establecido en los
preceptos acusados, no se vulnera la
Constitución, pues el legislador se encuentra facultado, para tener en cuenta
En el  ejercicio de la función punitiva
del Estado, la distinta naturaleza de los delitos que puedan ser objeto de
investigación y juzgamiento. Además insiste en que la finalidad que se busca es
lograr la convivencia pacífica
que permite asegurar la desmovilización de los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley, su comparencia en el proceso, primero y,
luego, el cumplimiento de las penas respectivas, cuando a ellas hubiere lugar
así como también la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación.
Se refiere al
primer debate en el Primer Debate en Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara,
en donde se explica que se trata de un proyecto especial en el que se incluyen los principios
procesales de oralidad, la definición de las audiencias preliminares y el
juicio oral. La defensa pública y se incluye
un principio de esclarecimiento de la verdad del proceso judicial, tanto frente
a la conducta del imputado como frente al daño causado a las víctimas.
Aquí hace mención a la Intervención de la Senadora Claudia Blum de Barberi.
Gaceta del Congreso 200 del 22 de abril de 2005, pag 27).
Sostiene que la
Ley 975 de 2005, a diferencia de  la Ley 906 de 2005, (Código de Procedimiento
Penal) es de aplicación restringida en razón del objeto perseguido, de las
particularidades que presentan sus destinatarios, imputados por la comisión de
delitos no amnistiables ni indultables y por la pena alternativa allí prevista.
El espíritu de la Ley de Justicia y Paz, a diferencia del Código que se aplica
a todas las personas y delitos de acuerdo con la gradualidad que él mismo
establece, es el de facilitar los procesos de paz y reinserción a la vida civil
de los miembros de los grupos armados al margen de la ley articulándolos con la
aplicación de la justicia precisamente respecto de aquellos hechos punibles que
por su especial carácter lesivo no son objeto de amnistía o indulto de
conformidad con el marco legal hasta ahora vigente.
Sostiene que la Ley 975 de 2005, no
vulnera el artículo 5° del Acto Legislativo 03 de 2005 ni contraviene lo
dispuesto en el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, por las siguientes razones:
1. Las instituciones y principios que se recogen del sistema acusatorio son
normas consagradas universalmente no solamente en los Códigos de Procedimiento
sino en los Instrumentos Internacionales de protección de derechos humanos. 2.
El Legislador autorizado por el Constituyente y titular de la cláusula general
de competencia (artículo 150-1 CP), está facultado para consagrar este
tratamiento diferente sin que por ello se vulnere mandatos o postulados
superiores. 3. En la aplicación de la medida de política criminal el Legislador
tuvo en cuenta los principios constitucionales de proporcionalidad y
razonabilidad así como los valores superiores de la justicia y los fines
esenciales del Estado para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo consagrados en el Preámbulo y en los artículos 2, 22 y 29 de la
Constitución Política. 4. El mandato del artículo 5° del Acto Legislativo y del
precepto que lo desarrolla de la Ley 906 de 2004, hacen referencia en forma
clara y expresa al nuevo Código, es decir a la Ley 906 de 2004 y no a otra
norma.  Se sustenta igualmente en el Primer Debate en Comisiones Conjuntas de
Senado y Cámara en donde se analizó el tema.
Sobre los
aspectos relacionados con: “el beneficio de la pena alternativa. Supuesta
impunidad y falta de proporcionalidad de la pena alternativa”, expresa que
la Ley de Justicia y Paz no limita el derecho a la justicia afectando como lo
afirman el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,
toda vez que lo largo del texto de la norma se  observa la consagración de
disposiciones destinadas a la protección y garantía de los derechos.
El artículo 3 de la Ley 975 de 2005,
define claramente el concepto de alternatividad como un beneficio jurídico que
se concede al condenado, consistente en la suspensión de la pena determinada en
la sentencia, reemplazándola por una pena alternativa entre cinco y ocho años,
la cual no es gratuita, sino que se otorga
por "la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización".
Respecto a otros vicios de fondo explica:
1.“la pena alternativa no implica
impunidad”.
Sostiene el
Señor Ministro del Interior y de Justicia que no hay impunidad con el
establecimiento de la pena alternativa. En este sentido, es claro que existe
determinación de las penas con los mismos criterios de dosimetría consagrados
en la legislación penal vigente; el beneficio de una pena alternativa, en
ningún caso puede rebajar de cinco años. Al respecto se refiere a la definición
adoptada en el "Conjunto de Principios para la protección y promoción de
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad" en el año de
1998 en Ginebra.
Tanto el
artículo 3° como el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, disponen que la Sala
competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial impondrá inicialmente en
la sentencia la pena que corresponda por los delitos cometidos de acuerdo con
las reglas establecidas en el Código Penal, la que será reemplazada en la misma
providencia por la pena alternativa prevista en la ley a condición de que el
beneficiado cumpla los requisitos previamente establecidos en la norma y
contribuya a conseguir la paz nacional, colabore con la justicia, repare a las
víctimas y a su adecuada resocialización.
La
consagración de estas disposiciones tiene como finalidad suspender la ejecución
de la condena por un periodo de tiempo, siempre y cuando se reúnan una serie de
requisitos. La decisión judicial en estos casos no recae sobre la sanción en
cuanto tal, que se impuso, con la plenitud de las garantías procesales, a un
sujeto que infringió el ordenamiento penal,
sino sobre la ejecución de la misma, y tiene, en ese ámbito, un carácter provisional, mientras se mantenga en el juez
la convicción según la cual el condenado no solo ha contribuido a la consecución de la paz nacional, colaborado con la
justicia, y contribuido a la reparación
a las víctimas sino que se encuentra en proceso de una adecuada resocialización.
Expresa
que debe diferenciarse la pena alternativa de la pena principal, puesto que como
resultado del proceso penal adelantado conforme a las previsiones de la Ley de
Justicia y Paz, el Tribunal Superior de Distrito Judicial debe imponer en la
sentencia condenatoria las penas principales y accesorias que correspondan
según lo establecido en el Código Penal, es decir, las estipuladas para cada
delito imputado en especial y en el marco de los límites punitivos allí
señalados. Seguidamente, el Tribunal decide sobre el beneficio jurídico de la
pena alternativa, el cual no anula, invalida o extingue la pena principal
inicialmente impuesta, la que sólo se extingue cuando cumplida la pena
alternativa, el condenado demuestra el cumplimiento de las demás condiciones en
los términos fijados legalmente.
Los artículos 3, 29 y 61 de la Ley de
Justicia y Paz, no hacen referencia a la pena alternativa como un tipo especial
de pena principal, sino como un beneficio jurídico que se concede de manera
similar a los subrogados penales en compensación a que el condenado ha cumplido
las exigencias legales, razón por la cual cuando se concede este beneficio, en
el evento de incumplimiento de las obligaciones o compromisos adquiridos la
persona purgará la pena inicialmente determinada. Resalta que las penas
alternativas contempladas en el artículo 29, en ningún caso se aplicarán los
subrogados penales, beneficios o rebajas complementarias. En el caso de las
personas condenadas por delitos comunes se le imponen las penas previstas en el
Código Penal, pero a diferencia de la pena alternativa, éstos si tienen derecho
a los subrogados penales y las rebajas de penas por colaboración con la
justicia contempladas en la ley procesal penal.
Argumenta que la
pena alternativa constituye una sanción razonable y proporcional, que respeta
la justicia y posibilita avanzar hacia la paz.
Sostiene que no se trata de privilegiar los actos atroces cometidos por
los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que hayan
sido o puedan ser objeto de imputación, acusación o sentencia por delitos no
amnistiables o indultables, sino de un medio para alcanzar un fin legítimo, el
logro de la paz.
Expresa que ésta
se constituye así en un medio eficiente para propiciar la desmovilización y
desmantelamiento de los grupos armados organizados al margen de la ley,
facilitando los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva de
sus integrantes, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación. Sostiene que no se trata de un tratamiento
discriminatorio e injustificado, encuentra su
fundamento en la justicia transicional y restaurativa. Debe tenerse en cuenta
la racionalidad y proporcionalidad de la pena que allí se prevé debe analizarse
dentro de éste contexto y no bajo el carácter expiatorio de la misma que
impediría el logro del equilibrio buscado por el Legislador entre justicia y paz. Sostiene que lejos de implicar
impunidad, la consagración del beneficio de la pena alternativa aumenta la
probabilidad de que los delitos más graves cometidos por estos grupos no queden
impunes y se brinde adecuada protección a la sociedad evitándole males mayores.
Igualmente la existencia de tal estimulo posibilita el esclarecimiento de la
verdad sobre los hechos sucedidos a partir de la propia colaboración de los
autores y partícipes  en tales conductas.
El
principio de proporcionalidad no resulta vulnerado por la pena alternativa,
toda vez que este beneficio se justifica o legitima constitucionalmente para
preservar el interés general y alcanzar la paz y la justicia consagrados en el
Preámbulo de la Constitución Política. Señala que estas medidas, esto es
aquellas que propenden por el logro de la paz se encuentran reconocidas en el
concierto internacional, en cuanto justicia transicional. Aquí señala los
requisitos para que una medida de justicia sea considerada como justicia
transicional.
2. “La pena alternativa no constituye
indulto”
En este
aspecto, hace referencia a la naturaleza y características de las figuras del
indulto y de la pena alternativa. Efectúa un análisis conceptual e histórico
del indulto y de la pena alternativa, apoyando se también en análisis
jurisprudencial. Señala además las características del indulto. De lo que
deduce que el indulto no se contempla
en parte alguna de la Ley de Justicia y Paz, en la cual la Sala del Tribunal
Superior de Distrito Judicial determina la pena correspondiente a los delitos
de que se trate acorde con la regulación estipulada en el Código Penal y
verificado el cumplimiento de las exigentes condiciones previstas en la ley,
impondrá la pena alternativa privativa de la libertad - artículos 24 y 29 de la
Ley 975 de 2005- que los condenados deberán cumplir en forma efectiva sin
ninguna clase de rebajas ni beneficios de los que consagra la legislación penal
ordinaria.
El
Legislador en la Ley 975 de 2005 en consonancia con los Instrumentos
Internacionales y los principios constitucionales, establece la no procedencia
del indulto y la amnistía para los delitos -más graves- de que trata la ley,
consagrando para estos una pena alternativa privativa de la libertad de la que
se beneficiarán los integrantes de los grupos armados organizados al margen de
la ley que se desmovilicen, se sometan a las autoridades y cumplan las demás
condiciones allí establecidas, constituyendo este aspecto uno de los costos de
la paz, ya que es una ley de justicia pero no de sometimiento, como también es
una ley de paz pero no de impunidad. El artículo2o de la ley de Justicia y Paz,
consagra que la reinserción a la vida civil de las personas que pueden ser
favorecidas con amnistía o indulto o cualquier otro beneficio se regirá por lo
dispuesto en la Ley 782 de 2002. Es clara entonces la voluntad del legislador
de diferenciar los beneficios a conceder a los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley que hubieren decidido desmovilizarse y
contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, cuando los delitos de
los que hayan sido o que pudieren ser imputados, acusados o condenados como
autores o partícipes sean indultables o amnistiables. Distinción en la cual
tuvo en cuenta las previsiones establecidas en el Derecho Internacional, en la
Carta Política y en los pronunciamientos de las Altas Cortes y de los Organos
protectores de Derechos Humanos. Concluye que el indulto y la pena alternativa
son los figuras totalmente diferentes, que gozan de características y
regulación distinta.
Sostiene
que tampoco es cierto, que la intervención del Gobierno contemplada en la ley
acusada al presentar la lista para efectos de elegibilidad (art. 10 y 11)
configure una intervención política en ejercicio del derecho de gracia, toda
vez que dicha intervención política en ejercicio del derecho de gracia toda vez
que dicha intervención tiene su fundamento en los artículos 113 y 189 –4 de la
Constitución Política que establecen la colaboración armónica de los diferentes
órganos del Estado para el cumplimiento de sus fines y la función que
corresponde al Presidente de la República.
Sostiene
que el proceso contemplado en la ley de Justicia y Paz requiere la activa y
fundamental intervención del Gobierno Nacional. En tal sentido, adiciona que
los organismos de seguridad del Estado -que hacen parte del Ejecutivo-, son los
que poseen la información de inteligencia relacionada con los integrantes de
los grupos armados organizados al margen de la ley -requerida para elaborar las
listas contempladas en el artículo 10. Explica que la información que se
requiere para evitar que a los beneficios accedan indebidamente personas
diferentes a sus destinatarios -guerrilla y autodefensa-, lo cual si bien es
una intervención necesaria para lograr los objetivos buscados, no por eso se
constituye en ejercicio del derecho de gracia. Concluye que por mandato constitucional
todo proceso de paz debe estar bajo la dirección del Presidente de la República
y por tanto la Ley 975 de 2005, se encuentra en concordancia y armonía con las
normas constitucionales, los Instrumentos Internacionales y los
pronunciamientos jurisprudenciales que prohiben otorgar indulto o amnistía a
los responsables de los delitos graves, razón por la cual no están llamados a
prosperar los cargos formulados contra los artículos acusados.
3.
“las disposiciones de la ley 975 de 2005 no constituyen un sistema de impunidad que como sistema es un
indulto velado y una amnistía
encubierta”.
No es
cierto que la Ley de Justicia y Paz consagre un sistema de beneficios penales,
puesto que el hecho de que se compute el tiempo de permanencia en la zona de concentración
como tiempo de ejecución de la pena alternativa, no transgrede disposición
constitucional alguna. Explica que a pesar de que allí las personas no están en
las condiciones austeridad de un centro de reclusión normal, si están sometidos
a las restricciones propias de esta figura y por lo tanto consideró el
Legislador que el tiempo que permanecieran allí adelantando las conversaciones
se computaría como tiempo de ejecución de la pena alternativa, lo cual tiene
plena justificación por la finalidad que se persigue que no es otra que
facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la sociedad de los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. Adicionalmente,
debe tenerse en cuenta el acompañamiento y seguimiento que están haciendo a
esta zona de distensión los Delegados de la Organización de Estados Americanos
(OEA), lo cual le otorga mayor legitimidad a las conversaciones que allí se
realizan. Se refiere a la ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 211 de
2005 Senado.
Argumenta
que a diferencia de los procesos de paz anteriores, en los cuales, el Estado
acudió a las figuras del indulto y amnistía, instituciones a través de las
cuales perdonó a quienes incurrieron en delitos que afectaron el régimen
constitucional, la Ley de Justicia y Paz tiene como destinatarios a las
personas imputadas o acusadas de la comisión de delitos no amnistiables ni
indultables, es decir para aquellos que por la gravedad de las conductas que se
les atribuyen no procede la aplicación de los beneficios previstos en la Ley
782 de 2002, a las que se aplica una pena alternativa efectiva de privación de
la libertad. Se remite al informe de ponencia para primer debate.
Adicionalmente describe el beneficio de consagrar  la pena alternativa. Señala
que los preceptos acusado no constituyen amnistía velada como sistema que da
lugar a la impunidad.
4.
“Si  el  desmovilizado  oculta información  sobre  delitos cometidos pierde el
beneficio de pena alternativa, tanto para los delitos ya aceptados como para los
nuevos que se conozcan”.
Precisa que no es cierto que la intención
del artículo 25 de la Ley 975 de 2005 sea permitir que el desmovilizado omita
información sobre delitos graves y mantener la posibilidad de la pena
alternativa. Agrega que las disposiciones consagradas en el artículo 25 de la
ley no están diseñadas para favorecer a los presuntos delincuentes, ni tienen
la intención de permitir la omisión de información acerca de delitos graves,
porque como claramente lo establece, fue voluntad del legislador derivar
consecuencias de la omisión intencional del desmovilizado, disponiendo que si
posteriormente a la concesión del beneficio de la pena alternativa se llegare a
imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos
y antes de la desmovilización estas conductas serán juzgadas de acuerdo con las
leyes vigentes al momento de la realización de los delitos. También dispone la
norma que si la persona presta una colaboración eficaz con las autoridades y
acepta su participación el los hechos, podrá ser beneficiario de la pena
alternativa, siempre que la omisión no haya sido intencional. Se procederá a
aplicar la figura de la acumulación jurídica de penas, sin exceder el máximo
quantum punitivo señalado en la ley, evento en el cual el juez impondrá un
veinte por ciento más de la pena alternativa impuesta y similar incremento se
tomará respecto del término de libertad a prueba. Se concluye entonces que si
se comprueba que la omisión fue intencional, se pierde el beneficio de la pena
alternativa y procederá su procesamiento conforme con las normas vigentes al
momento de la comisión del hecho. Sostiene que en este caso debe tenerse en
cuenta especialmente lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley
975 de 2005 en armonía con el artículo 250 constitucional.
5. “no se desconoce la autonomía e
independencia de la rama judicial ni hay injerencia indebida del ejecutivo, a
indicar el establecimiento de reclusión donde deba cumplirse la pena efectiva”.
Argumenta
que durante el proceso penal previsto en la Ley 975 de 2005 se cumplieron las
garantías que conforman el debido proceso y se observan las garantías judiciales
establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como a las consagradas en el artículo 9 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, esto es, se da aplicación a los principios de
legalidad, juez natural, juzgamiento dentro de un plazo razonable, derecho a un
defensor, derecho a impugnar el fallo, entre otras garantías.
Sostiene
que no existe vulneración con respecto a lo dispuesto en el artículo 113 de la
Constitución, ya que de lo que se trata es de que exista colaboración armónica
entre las Ramas del Poder Público para cumplir los fines del Estado y
desarrollo de la norma superior puesto que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 459 de la Ley 906 de 2004 la ejecución de la pena impuesta mediante
sentencia ejecutoriada corresponde al Gobierno Nacional a través del Instituto
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en coordinación con el juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad, que en este caso será el Tribunal Superior de
Distrito Judicial por expreso mandato del artículo 32 de la Ley de Justicia y
Paz.
6.
“No es cierto que se desconozca la obligación estatal de sancionar a los
responsables de graves violaciones a los derechos humanos a verdaderas penas
privativas de la libertad al permitir descontar como pena efectiva el tiempo de
permanencia en las zonas de concentración”.
En este
aparte la intervención se refiere al cumplimiento de la pena en zonas de
ubicación. Expresa que las  zonas  de  concentración  se  han  creado  por el
Gobierno   Nacional  y son controladas por la fuerza pública que protege la
integridad de los desmovilizados y en las cuales se vigila las actividades que
allí realizan e igualmente se impide que sin la autorización de las autoridades
competentes los desmovilizados abandonen el área. De la misma manera, es claro
que en las zonas de concentración se asegura la presencia de las instituciones
democráticas y su pleno funcionamiento contribuyendo con ello a la legitimidad
del Estado. Esto no constituye un indulto toda vez que
el control de la zona de concentración se realiza por la Fuerza Pública y por
tanto los movimientos y actuaciones en dicha área de las personas que se
someten a la ley es vigilada y supervisada estrechamente por las autoridades,
hasta tal punto que los integrantes de grupos armados organizados al margen de
la ley no pueden abandonar dicha zona sin el correspondiente permiso del
Gobierno Nacional. Allí también hacen presencia institucional los Fiscales, los
jueces, los organismos de policía judicial y otras autoridades del Estado.
Sostiene además que la creación legal de esta clase de zonas fue analizada y
avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-048 de 2001.
7. “Reparación de las víctimas- aspectos relacionados con el alcance de
la reparación, la imputación del deber de
reparar y las medidas complementarias previstas para propender por la
efectividad de la misma - la ley 975/2005 contempla mecanismos jurídicos y
procesales tendientes a que las víctimas puedan hacer efectivo su derecho a la
reparación integral del daño sufrido por las conductas punibles cometidas por
los grupos armados organizados al margen de la ley, cumpliendo así con los
deberes estatales establecidos por los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos”.
Señala que
los diferentes Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos establecen
como deber de los Estados en lo que respecta al derecho a la reparación de las
víctimas que sus respectivas legislaciones
establezcan recursos judiciales y administrativos para su atención. En
tal sentido se señala que las respectivas legislaciones establecerán y
reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que
permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos expeditos,
justos, poco costosos y accesibles, la cual deberá ser pronta y adecuada.  Lo
que significa que el deber de reparar por los daños infringidos con la conducta
punible corresponde a los infractores, sin que pueda pretender derivarse
responsabilidad estatal al respecto.
8. “El establecer la obligación de
reparación a cargo del infractor, se adecua a la carta política y a los
parámetros del derecho internacional”.
Sostiene la
intervención que la Ley 975 de 2005 reconoce la responsabilidad de reparación a
las víctimas en cabeza de los miembros de los grupos organizados al margen de
la ley que hayan cometido las conductas punibles causantes del daño. Señala
igualmente que la responsabilidad penal es individual, exclusivamente a cargo
de su autor y partícipes, lo que se considera ligado a la exigencia de la
culpabilidad. Se abandona entonces la idea de responsabilidad colectiva y
objetiva. En tal sentido el interviniente menciona normas de derecho
internacional, en cuanto a la reparación de los daños sufridos por violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones
graves del derecho internacional humanitario.
De igual forma, sobre el particular, se refiere a la
jurisprudencia colombiana que se ha pronunciado sobre el tema de la potestad
reglada del Estado para exigir de los sujetos comprometidos en el hecho punible
la responsabilidad punitiva que les quepa, sino para promover con medidas
coactivas la sanción de la conducta penalmente
reprochable; pero además, dentro de este marco jurídico de rango constitucional,
también queda comprendida la competencia del legislador para atribuir a los
jueces la facultad de exigir de los comprometidos en la conducta punible la responsabilidad civil que quepa, no sólo al autor
en sus distintas modalidades, sino al llamado, conforme a la ley sustancial, a
responder. Igualmente, el fundamento legal de la responsabilidad reparatoria
originada en la conducta punible se reconoce tanto en el ordenamiento penal
como en el civil.
9. “La violación de derechos humanos cometida por grupos al margen de la
ley no genera responsabilidad del Estado -no se deriva de la Constitución
Política, ni del bloque de constitucionalidad
como principio general y absoluto la obligación de sustentar en el
Estado tal responsabilidad y la consecuente
reparación a su cargo”.
Precisa que ante
la violación de derechos humanos por parte de grupos organizados al margen de
la ley, no hay lugar a considerar que por su ocurrencia el Estado resulte per
se responsable. Tanto las normas internacionales como las contenidas en la
Constitución, circunscriben la atribución de responsabilidad al Estado en dos
circunstancias: En primer lugar, por el hecho de sus agentes, lo cual
evidentemente es descartable, por cuanto el Estado no autoriza, ni patrocina ni
acepta su responsabilidad por los daños perpetrados por los grupos armados que
están precisamente al margen de la ley, y contra los cuales lucha de manera
permanente. En segundo lugar, por incumplimiento de su función de garantizar el
ejercicio de los derechos y libertades, lo cual necesariamente debe analizarse
y juzgarse en cada caso, toda vez que la imputación sólo surge en presencia de
falla del servicio o riesgo especial, y atendiendo en todo caso los medios
disponibles a su alcance, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90
constitucional . En tal virtud, mal podría ser aceptable como regla general y
absoluta la responsabilidad estatal por las violaciones de derechos humanos
cometidas por terceros.
Así, la
violación de derechos humanos que pueda ser atribuida al Estado y que por ende
comprometa su responsabilidad, ha sido analizada en el concierto internacional
con sustento en la obligación de los Estados prevista en los Tratados Internacionales
de "respetar los derechos y libertades y a garantizar su
libre y pleno ejercicio". Hace referencia a diferentes normas
internacionales sobre la responsabilidad de los Estados respecto a la violación
de los derechos humanos y las obligaciones de cada Estado para proteger los
derechos humanos. Tratándose de violaciones a los derechos humanos cometidas
por terceros -como serían las conductas punibles cometidas por los grupos
organizados al margen de la ley- en principio no imputables al Estado, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que habría lugar a
responsabilidad del Estado cuando éste incumple su deber de
"garantizar" el ejercicio de derechos y libertades lo que ocurre
cuando la transgresión de los derechos se realiza por falta de prevención del
Estado o impunemente. Aquí se refiere a un fallo de la Corte ¿ interamericana? advierte
que la realización de la conducta violatoria de los derechos humanos por el tercero no implica por sí misma el
incumplimiento del deber del Estado de garantizar el ejercicio de los
derechos.
Concluye que de
acuerdo con las normas internacionales, no existe una regla que en términos
generales e incontrovertibles considere que toda violación de derechos humanos,
aún si es cometida por terceros, sea atribuible al Estado. Como se pudo apreciar,
en tales circunstancias sólo podría comprometerse la eventual responsabilidad
estatal de comprobarse, en el caso concreto, la inobservancia del deber
de "garantizar el ejercicio de los derechos" al haber ocurrido la
transgresión "en ausencia de toda prevención o impunemente".
Incluso
los principios desarrollados por Naciones Unidas sobre el derecho a obtener
reparación por parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos y DIH,
reconocen que el deber de reparar integralmente es del infractor que ha causado
el daño con su conducta punible, circunscribiendo las reparaciones a cargo del
Estado a las originadas en las "acciones u omisiones que puedan
atribuirse al Estado.
Precisamente
sobre el reconocimiento de la responsabilidad de la reparación en cabeza del
infractor y no del Estado, establecen estos principios, no como deber sino como
labor de buenos oficios de los Estados, que estos han de procurar establecer
programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el
responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones. Seguido hace referencia a la
normatividad sobre el tema que se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico.
En general la responsabilidad estatal se concentraría no sólo cuando los
viola directamente, sino cuando no garantiza su ejercicio principalmente por
falla del servicio.
Concluye que al
no ser predicable como principio general, la imputación de responsabilidad al
Estado, ésta debe ser determinada en cada caso concreto, no siendo legítimo
pretender que se estableciera como regla general en una ley, cuando no se está
en presencia comprobada de los elementos que configuran el daño antijurídico a
cargo del Estado, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, entonces la ley no hay vulnerado ninguna norma constitucional.
Al efecto señala jurisprudencia en la que se ha estudiado cómo o en qué casos
puede deducirse la responsabilidad del Estado
10. “La ley consagra medidas complementarias que amplían las posibilidades
reales de alcanzar la reparación integral a las víctimas - la contribución del
estado en el fondo para la reparación de víctimas y en la realización de
medidas de satisfacción de carácter
colectivo se fundamenta en el principio de solidaridad y no en la
responsabilidad del estado por las conductas punibles cometidas por los
miembros de los grupos organizados al margen de la ley”.
Sobre este
tema, el Señor Ministro del Interior y de Justicia sostiene que la Ley 975 de
2.005, además de consagrar los derechos de las víctimas y de establecer lo
inherente a la responsabilidad de reparación de las víctimas a cargo de los
miembros de los grupos organizados al margen de la ley por las conductas
punibles cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo,
contempló una serie de medidas que amplían las condiciones para materializar la
reparación integral de las víctimas, las cuales no tienen como fuente la
"responsabilidad" sino el principio de solidaridad inherente
al Estado Social de Derecho.
Señala que
la ley creó el "Fondo para la Reparación de Víctimas" integrado por
todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las
personas o grupos armados organizados ilegales a los cuales se aplique la ley,
por los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del
derecho de dominio en curso al momento de la desmovilización, por recursos
provenientes del presupuesto nacional y por donaciones en dinero o en especie,
nacionales o extranjeras (artículo 54).
Además de ampliar
el universo con cargo al cual se harán efectivas las reparaciones al integrarlo
con recursos adicionales a los de los responsables de las conductas punibles,
aumentó el propio ámbito de la reparación al señalar que con cargo a éste Fondo
se pagan las indemnizaciones a que resulten condenados los miembros de tales
grupos que resulten penalmente responsables. Explica que las reparaciones en
los casos en que " no se haya logrado
individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con
las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la
presente ley" tal como lo establece el inciso 2 del artículo 42.
Adiciona que
también se estableció la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
señalando como una de sus funciones la de " Recomendar los criterios para
las reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al Fondo de Reparación
a las Víctimas.'  Igualmente consagró la realización de Programas de
Reparación Colectiva por parte del Gobierno Nacional.
Señala que a
nivel de derecho internacional se ha dado la ha dado la tendencia a consagrar
mecanismos alternativos que buscan la reparación de las víctimas, con fuentes
adicionales a las del responsable del hecho punible causante del daño. En tal sentido,
se ha instado a los Estados a que procuren contribuir en la reparación, no
porque les sea atribuible la responsabilidad derivada del ilícito, sino por
solidaridad asistencial con las víctimas. La búsqueda de alternativas para
posibilitar el pago de una justa indemnización a las víctimas ha llevado a que
se establezcan mecanismos que suplan la
incapacidad económica del condenado
para asumir el monto total de la indemnización correspondiente. Se trata
de mecanismos de asunción social del riesgo de sufrir un daño como resultado de
una conducta punible, los cuales pueden sustituir o complementar los criterios
clásicos de la responsabilidad civil individual.
11. “Las limitaciones relacionadas con el presupuesto del fondo para la
reparación de víctimas y el presupuesto nacional son razonables y se ajustan a
la carta política”.
Explica
que no se pueden confundir los deberes estatales generales del Estado
consagrados en los instrumentos internacionales, según los cuales éste debe
establecer en su legislación interna recursos jurídicos (judiciales o
administrativos) eficaces a fin de que las víctimas puedan acceder a la
reparación pronta y adecuada del daño sufrido. Señala que existe una la
tendencia internacional a recomendar que los Estados, no en calidad de
obligación sino de buenos oficios, que procuren establecer programas nacionales
de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los
daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones. Es así como,
dentro del diseño de alternativas que buscan ampliar las condiciones para la
realización efectiva de la reparación integral de las víctimas, el legislador
estableció el Fondo para la reparación de víctimas el cual entre otros recursos
se encuentra integrado por los asignados del presupuesto general de la Nación.
En este
caso, la participación estatal con recursos para nutrir el Fondo, no se hace a
título de responsabilidad, sino como reflejo del Estado Social de Derecho que
busca el logro de mejores condiciones de vida y salvaguarda la dignidad humana
y con miras a suplir las eventuales carencias que pueda tener la reparación de
las víctimas si sólo se limitara a los recursos de que dispongan los titulares
de la obligación de reparar, esto es, los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley.
Encuentra
razonable que las medidas de rehabilitación se realicen conformidad con el
Presupuesto del Fondo para la Reparación de Víctimas. Sostiene que dentro de
las recomendaciones internacionales realizadas a fin suplir la incapacidad
económica de los infractores responsables se ha admitido que "Por
razones prácticas o económicas, el resarcimiento podrá tener un mínimo o un
máximo. Podrá asimismo fijarse un valor en función del grado de incapacidad y
de haremos. La concesión de una indemnización podrá limitarse a las víctimas que se hallen en una situación económica grave".
Además se
refiere a la obligación del gobierno de implementar un programa institucional
de reparación colectiva que comprenda
acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente
en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los
derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y
dignificar a las víctimas de la violencia. Y aclara que la expresión
“particularmente”, no restringe, sino que enfatiza reconociendo la especial e
innegable condición que "sufren" algunas zonas del país particularmente
afectadas por la violencia ejercida por estos grupos armados al margen de la
ley.
12. “El incidente de reparación
integral como oportunidad para acceder a las pretensiones  reparatorias y a la
para materializar los derechos a la justicia y la verdad”.
Acorde con
el reconocimiento del derecho a la reparación integral de las víctimas mediante
la consagración de mecanismos procesales expeditos que les permitan el
ejercicio de sus derechos, el legislador estableció la opción para que dentro
del propio procedimiento penal que se siga contra el miembro del grupo
organizado al margen de la ley, la víctima pueda presentar sus pretensiones de
reparación. Explica que este incidente de reparación integral, natural del
sistema penal acusatorio, es la figura equivalente a la constitución de parte
civil. La posibilidad de activar el incidente de reparación integral es una
opción que se consagra a favor de las víctimas, que en todo caso deja a salvo
su posibilidad de hacer efectiva sus pretensiones de resarcimiento por la vía
civil ordinaria.
Explica
que en tal medida, si la víctima a su voluntad no hace uso del incidente de
reparación integral dentro del proceso penal, sea directamente o por el
Ministerio Público a instancia de ella, no implica de manera alguna que se esté
desconociendo el derecho a la reparación por lo que ningún fundamento tiene la
imputación que se endilga a lo señalado en el parágrafo 2 del artículo en
cuanto a que "no podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el
evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente de reparación
integral".
Ningún asidero
tiene la consideración, relativa al artículo 24 en cuanto a que la fijación de
las obligación de reparación moral y económica a las víctimas implica un
desconocimiento a la  reparación integral, pues las medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición que el
propio artículo 8 que la ley consagra como parte de la reparación, son en su
esencia obligaciones de contenido pecuniario o moral según sea el caso. Luego
ninguna restricción o exclusión está implicando la terminología usada en el
artículo. Además señala que el derecho a la reparación integral es sobre el
daño sufrido. Así, explica de manera enfática, el objeto de la reparación es el
daño y solo el daño sufrido de lo contrario esto es, de ser objeto de
resarcimiento un perjuicio superior al sufrido por la víctima como consecuencia
de la conducta punible, ocurriría un enriquecimiento sin causa. Señala que la
reparación mediante restitución razonablemente, se encuentra condicionada a que
sea posible su realización.
Precisa que el
reconocimiento del derecho a la reparación integral no se opone a la
posibilidad de establecer criterios para determinar el ámbito y el monto de la
indemnización. Así cuando no es posible restituir de manera integral, la Corte
Interamericana ha admitido buscar formas sustitutivas de reparación a favor de
los familiares y dependiente de las víctimas, como la indemnización pecuniaria.
13. “La
obligación de entregar bienes ilícitos por parte de los miembros de los grupos
organizados al margen de la ley es una condición para acceder a los  beneficios
jurídicos previstos por la ley  975 de  2005,  y no una restricción frente a la
reparación de las víctimas a la que resulten condenados”.
Sostiene el
interviniente que teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por los
grupos al margen de la ley es contraria al ordenamiento y que los recursos que
financiaron la misma igualmente fueron ilícitos, la entrega de tales bienes
producto de la actividad ilegal fue concebida como uno de los requisitos de
elegilibilidad para acceder a tal procedimiento. La acción de extinción de
dominio no se aplicará sólo a los bienes que entreguen los desmovilizados, sino
que también procederá en aquellos eventos en los cuales los desmovilizados
omitan informar sobre estos bienes en la diligencia de versión libre y
confesión y se tenga conocimiento de su existencia por otros medios. Diferente
es la obligación de tales personas de reparar integralmente a las víctimas del
daño sufrido como consecuencia del delito, la cual, encuentra su fundamento no
solo en esta ley sino en las normas legales generales de nuestro ordenamiento
jurídico.
Seguido alega
que la circunstancia de que la entrega de bienes ilícitos sea un requisito para
acceder al procedimiento de beneficios jurídicos contemplados en la Ley 975 de
2005, no significa que la obligación de reparar integralmente a las víctimas  a
cargo del los miembros de los grupos organizados al margen de la ley que
cometieron las conductas punibles generadoras del daño, quede agotada con la
simple entrega de tales bienes, pues si bien, los mismos hacen parte de los
recursos destinados a sufragar la reparación de las víctimas si no comportan la
cuantía suficiente para cubrir las obligaciones de reparación contenidas en la
sentencia condenatoria, las mismas no se extinguen hasta tanto no se satisfagan
integralmente, estando afecto el patrimonio personal integrados por las
restantes bienes, tanto presentes como futuros.
Explica que de
no hacerse efectiva la reparación integral a la que resulten condenados, la
misma no se extingue quedando a salvo la posibilidad de perseguir los restantes
bienes que integran el patrimonio general de los infractores de conformidad con
lo establecido en el Código Civil.
14. “No hay
lugar a vicio de inconstitucionalidad sustentado en la inexistencia de garantía
de no repetición”.
Sostiene que la
ley de Justicia y Paz establece de manera amplia y suficiente la regulación de
medidas efectivas para garantizar el derecho a la reparación, suministrando
recursos para ello. La disposición se encuentra en consonancia con el principio
35 del Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. El Estado
colombiano está tomando en la ley medidas para asegurar el respeto del imperio
de la ley, ha promovido y fortalecido la cultura de respeto de los derechos
humanos para lo cual el estado esta realizando algunas actuaciones para
lograrlo. Dentro de la garantía de la no repetición también se realizarán
homenajes, conmemoraciones y reconocimiento a las víctimas de los grupos
armados organizados al margen de la ley, la verificación de los hechos y  la difusión
de la verdad y la aplicación de sanciones penales .
15. “Las disposiciones de la ley no violan el
derecho a la justicia”.
Argumenta que en
el artículo 6º se establecen los procedimientos que deben llevar a cabo las
autoridades en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz. Esto es, una
investigación efectiva, identificar, capturar y sancionar a los responsables.
La actividad investigativa supone igualmente contar con funcionarios
especializados en técnicas de investigación y con una policía judicial especializada
y permanente.
16. “En la Ley 975 de 2005, no se desconoce
el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar”.
Explica que la
Ley de Justicia y Paz, prohibe la concesión del indulto y la amnistía para los
delitos más graves – cuya investigación y juzgamiento se regula en ella – como
claramente lo dispone el inciso primero del artículo 10, razón por la cual es
posible descartar cualquier posibilidad de que se presente el fenómeno de la
impunidad.  Señala además que las normas de la Ley de Justicia y Paz determina
las autoridades que llevarán a cabo la investigación y las formas propias del
juicio. Investigación a cargo de la Unidad de Fiscalía para la Justicia y Paz y
el juzgamiento a cargo de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en
materia de justicia y paz. El Estado colombiano como parte de la comunidad de
las naciones unidas y de los instrumentos internacionales que protegen los
derechos humanos, ha adoptado todas las medidas legislativas pertinentes o de
otro carácter para hacer efectivos los derechos reconocidos y cumplir así con
los compromisos adquiridos. Concluye que la guarda concordancia tanto con la
Constitución como con los instrumentos y tratados internacionales ratificados
por Colombia.
17. “Los artículos que regulan el
procedimiento establecido en la ley 975 de 2005, se ajustan a las disposiciones
de la convención americana sobre derechos humanos y el pacto internacional de
derechos civiles y políticos”.
Sobre este
aspecto comenta que las disposiciones de la ley guardan concordancia y armonía
con lo dispuesto en los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre
derechos Humanos, 2-1, 2-3 del Pacto Internacional de derechos Civiles y
Políticos, toda vez que en el procedimiento establecido se cumple con los compromisos
adquiridos por el Estado Colombiano ya que respeta los derechos y garantías de
los intervinientes en el proceso sin discriminación.
La ley no
consagra disposiciones que desconozcan el deber de investigar, juzgar y
sancionar. Señala que la diferencia allí establecida no es discriminatoria,
además  de encontrar sustento en una justificación objetiva y razonable cumple
con el principio de racionalidad, pues existe adecuación de la medida adoptada
a los fines perseguidos con ella, que es lograr la desmovilización de los
grupos armados organizados al margen de la ley. Además la medida adoptada es el
resultado de un análisis previo entre los medios empleados y el fin de la
medida tomada. La ley consagra un procedimiento que con aplicación de los principios
de oralidad y celeridad recogidos en el C de P.P.  Una garantía más de las
víctimas y de los procesados es la intervención del Ministerio Público en
defensa del orden jurídico y de los derechos fundamentales. La ley además ha
dedicado un capítulo entero para consagrar los derechos de las víctimas.
18. “Los artículos 9, 10 y 11  de la Ley 975
se encuentran acordes con los cánones de la justicia transicional”.
Señala En el
artículo 9 de la Ley 875 de 2005, el legislador consagró la desmovilización
(dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley),
esta desmovilización se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782
de 2002. La desmovilización que no es nueva en el ordenamiento jurídico
colombiano constituye un instrumento de política criminal para la consecución
de la paz nacional. Le permite los miembros de los grupos armados organizados
acogerse a este mecanismo sin esperar a que se inicie un proceso de paz formal
con dicho grupo. La Constitución permite para superar la violencia, la
combinación de vías y la articulación de diversos mecanismos. La política de
seguridad democrática no contempla de manera exclusiva una situación militar
para la situación de violencia que se presenta ene. país. Esto es reincorporación
de manera individual o colectiva a la vida civil.
19.
“La Ley 975 no desconoce la obligación estatal de satisfacer el derecho a la
justicia en estricto sentido”.
Aquí reitera
todas la garantías establecidas en la ley de justicia y paz. Detalla además,
que la obligación de garantía implica que toda persona sometida a la ley ya sea
víctima o desmovilizado tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante las autoridades judiciales que los amparan
contra actos que violen sus derechos fundamentales. A lo largo de la toma se
señalan normas que regulan los derechos tanto de las víctimas como de los
procesados.
20. “La ley 975 de 2005, no desconoce el
derecho a la verdad”.
El interviniente
comenta que el legislador quiso con las normas consagradas en la ley adoptar
medidas para proteger la dignidad de las víctimas otorgándoles para ello, todas
las facilidades para que pudieran intervenir durante toda actuación en defensa
de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El Estado garantiza
entonces su acceso a la administración de justicia, le brindará trato humano,
protegerá su intimidad y seguridad y la de sus familias. Facilitará el aporte
de pruebas, garantizará que sean asistidas por un abogado.
Además, el
artículo 4 es un mandato imperativo a las autoridades para que mediante
instrumentos que la ley les otorga se logre establecer la verdad de lo sucedido
mandatos que aquellas deben cumplir en forma seria y cabal en virtud del
principio de legalidad. Este aspecto es predicable de los artículos 7 y 15. Por
su parte, el artículo 7 deja la posibilidad de que puedan aplicar otros
mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad, tales como las
comisiones de la verdad, lo cual se ajusta plenamente a lo estipulado en los
principios generales 1 a  10 del Conjunto de Principios para la Protección y
Promoción de los derechos humanos mediante  la lucha contra la impunidad. El
artículo 15 consagra que los servidores públicos contemplados en la ley
dispondrán lo necesario para esclarecer la verdad de los hechos.
El derecho a la
verdad de la sociedad en su conjunto no se desconoce por cuanto la Ley 975 de
2005, expresamente establece la importancia de organizar, sistematizar y
conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las
conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la
presente ley con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de la verdad
y preservar del olvido la memoria colectiva.
21.
“La ley prevé consecuencias jurídicas por la no confesión de todos los delitos
cometidos”.
Sostiene que si
a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
beneficiados con la pena alternativa, posterior a la sentencia, se les llegare
a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a los
mismos, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades
competentes. Es decir, en estos eventos prohíbe la concesión del beneficio lo
que conllevara a su perdida, excepto cuando la persona colabore eficazmente con
la justicia y acepte su participación en los hechos siempre y cuando la omisión
no haya sido intencional.
Además el
artículo 17 establece la versión libre y confesión ante el Fiscal Delegado.
Explica que no es cierto que no se establezca la obligación para el procesado
de una confesión ni para las autoridades el deber de exigirlo ya que los verbos
“manifestarán” e “indicarán” expresan imperatividad y excluyen
discrecionalidad.
22. “Obligación de los desmovilizados de
señalar el paradero de las personas desaparecidas”.
Explica que a
pesar de que el artículo 10 de la Ley de Justicia y Paz no hace referencia
directa a la obligación de señalar al momento de la desmovilización el paradero
de las personas desaparecidas, de lo dispuesto en el numeral 4º se puede
concluir que implícitamente este deber se encuentra estipulado allí. No debe
olvidarse que la desaparición forzada es un delito de conducta permanente cuya
comisión cesa una vez se haya tenido conocimiento de la suerte que corrió la
persona o se haya encontrado el cadáver de la víctima.
Cuando la ley
habla de “esclarecimiento de la verdad”, significa que la obligación de la
policía judicial de investigar con la colaboración de los desmovilizados el
paradero de las personas secuestradas.  Por su parte el  artículo 44 consagró
también como actos de reparación la colaboración eficaz para localización de
personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las
víctimas la búsqueda de los desaparecidos y de los restos de las personas
muertas y la ayuda para identificarlos. Expresa además que este artículo debe
interpretarse de conformidad con el 42. Además en el artículo 7 se dispone que
la sociedad y las víctimas tienen el derecho inalienable de conocer el paradero
de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
23.
“La obligación de realizar una difusión completa de la verdad,  se consagró con
el fin de proteger  los derechos a la intimidad de las víctimas de la violencia
sexual y de las niñas y niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al
margen de la ley”.
Explica que el
término de investigación previsto en la ley no es reducido previsto en la ley
no es reducido. Dos fueron las razones que tuvo el legislador para consagrar
los términos establecidos en el procedimiento de la Ley 975 de 2005. La
aplicación de los principios procesales de oralidad y celeridad recogidos en el
nuevo Código de Procedimiento Penal, que regula el sistema acusatorio que
buscan agilizar la respuesta condenatoria o absolutoria del Estado a las
solicitudes de pronta y cumplida justicia. Así, el Fiscal en el inicio de la
investigación por los delitos de que trata la ley contará con la información
que le será suministrada por los desmovilizados en la versión libre y confesión
contemplada en el artículo 17.
Existe
investigación y verificación de los hechos manifestados de manera libre,
voluntaria y espontánea por parte del desmovilizado así como de la información
de la cual tenga conocimiento la Fiscalía.
24.
“La ley no viola el derecho de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos de acceder a un recurso judicial efectivo”.
Sostiene que el
acceso a la justicia por parte de las víctimas lo establecen disposiciones como
las previstas en el artículo 23, que regula el incidente de reparación integral
de los daños causados con el delito. Incidente que se abrirá a solicitud de la
víctima, del Fiscal, o del Ministerio Público a instancia de ellas, una vez la Sala
del Tribunal Superior del Distrito Judicial declare la legalidad de la
aceptación de cargos en la audiencia respectiva.
Afirma la
intervención que la ley sí se posibilita el acceso al Expediente. Si bien no se
establece en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, de manera expresa a cual
Código de Procedimiento es el que remite la norma, debe tenerse en cuenta que
en el caso de las víctimas la Ley 906 de 2004, regula en forma más amplia y
favorable acorde con las normas internacionales y con la jurisprudencia
constitucional los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, lo que
llevó a recoger varias figuras en la ley de justicia y paz como el incidente de
reparación integral artículo 23 y los derechos de las víctimas estipuladas en
el artículo 37.
Las normas no
limitan las facultades de las víctimas en los procesos. El artículo 2 de la Ley
975 de 2005, dispone que la interpretación y aplicación de las disposiciones
previstas endecha ley deberán realizarse de acuerdo con las normas superiores y
los instrumentos internacionales. Y el artículo 62 que hace remisión para todo
lo no dispuesto en la Ley de Justicia y Paz a la ley 782 de 2002 y al Código de
Procedimiento penal. No es cierto que la norma limita las facultades de las
víctimas durante el proceso, porque como bien se puede concluir tanto las
normas internacionales de derechos humanos como disposiciones del Código de
Procedimiento Penal garantizan el acceso de las víctimas a interponer recursos
y obtener reparaciones.
Además, la ley
ordena la actuación de la defensoría pública a favor de las víctimas no solo en
el incidente de reparación integral sino durante todo el proceso, debiéndose
tener en cuenta la intervención que en el mismo sentido realicen la fiscalía
general de la nación, la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial y la
Procuraduría Judicial para la justicia y la paz, lo cual da una idea de la
importancia que se otorga en la ley a los derechos de las víctimas.
25. “Aspectos
relacionados con el alcance del concepto de víctima. el contexto de la Ley 975
de 2005, como marco para definir el concepto de víctima: mecanismos especiales
que no restringen los derechos de los ofendidos por el delito sino que amplían
la posibilidad de reparación para los familiares más cercanos de la víctima
directa”.
Comenta que la
Ley 975 de 2005, es propia de la justicia transicional toda vez que contiene
mecanismos especiales para la consecución de la paz y es también excepcional
por cuanto no es una ley para tiempos de normalidad sino para propiciar el cese
de la violencia en el país ocasionada por los grupos organizados al margen de
la ley. Así, el objetivo de los beneficios y procedimientos consagrados en la
Ley 975 de 2005 fue plasmado por el legislador en el artículo primero de la
misma. La Ley de Justicia y Paz diseñó el mecanismo del Fondo para la
reparación de víctimas. Este Fondo que esta compuesto por recursos no solo de
las personas o grupos armados a los que ser refiere la ley, sino también por
recurso provenientes del Estado y de donaciones. Esas normas tienen como fin
último garantizar la reparación integral de las víctimas.
26. “El concepto de víctima previsto en el
articulo 5 de la Ley 975 de 2005, se enmarca dentro de los parámetros
internacionales que integran el bloque de constitucionalidad”.
El concepto de
víctima fue fruto de los parámetros contenidos en los instrumentos
internacionales. También se consideran víctimas a la familia inmediata, o sea
las personas que tengan relación inmediata o estén a cargo de la víctima directa,
es decir se reconoce expresamente un marco delimitado tendiente a que en dicho
concepto se comprendan prioritariamente a quienes hacen para del núcleo
familiar básico. Así, explica que no es cierto que la norma proporcione un
trato discriminatorio de quienes no se encuentren en el primer grado de
consanguinidad.
27.
“La determinación del legislador responde al margen de configuración que le
reconoce la Constitución y se encuentra acorde con los mandatos
constitucionales. sin implicar discriminación alguna”.
Asegura respecto
a este tema, que el artículo 5 de la Ley de Justicia y Paz consagra un concepto
amplio de víctima el cual comprende no solo a las víctimas directas de delitos
graves, sino también a las víctimas indirectas de quienes fueron muertos o
desaparecidos por la acción de los grupos organizados al margen de la ley,
incluyendo dentro de ésta ultima condición madres, padres cónyuge, compañeros o
compañeras fermentes o hijos es decir personas más próxima a las víctimas
directas. El legislador goza de un margen de discrecionalidad para definir el
concepto de víctima a los efectos de la Ley de Justicia y Paz.
Porque los
miembros de las fuerza pública sí pueden ser considerados víctimas. El simple
tenor literal de las normas internacionales se colige que la definición de
víctima presenta una concepción amplia no condicionada por el entorno
socio-político ni por aspectos circunstanciales referidos a la investidura del
sujeto pasivo de una infracción. La definición de víctima se sustenta en la
persona como identidad antropológica y no en la investidura o labor
desempeñada.
28. “Sobre la
constitucionalidad del artículo 71 que adiciona el tipo penal de sedición . Las
autodefensas al igual de todo grupo armado al margen de la ley son combatidas
por el Estado”. Menciona que el Estado no autoriza
ni patrocina ni prohíja el accionar de las autodefensas que están precisamente
al margen de l a ley, que no representan bajo ningún aspecto porque son
contradictores y opositores suyos, en tanto deslegitiman el orden institucional
propio del Estado de Derecho.
29.
“La Constitución no se desconoce al establecer como delito político la
pertenencia a grupos paramilitares cuyo accionar interfiera con el normal
funcionamiento del orden constitucional y legal”.
Manifiesta que
ninguna violación de la Constitución incurrió el legislador al adicionar el
delito político de sedición precisando claramente que en él incurrirán quienes
conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar
interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. No se
puede desconocer que no se afecta de manera evidente la institucionalidad por
el actuar de los paramilitares como grupos organizados al margen de la ley.
Tampoco ha sido extraña para nuestra legislación la posibilidad de que las
autodefensas como grupos armados organizados al margen de la ley puedan ser
sujetos activos de delitos políticos.
Dentro del
contexto de la Ley 975 de 2005, con miras a avanzar en la consagración de
mecanismos para afrontar el conflicto armado y propender por avanzar en el
camino de la paz, el legislador como autoridad constitucionalmente legítima
para el efecto, consideró conveniente señalar de manera inequívoca, evitando
interpretaciones contrarias que también los grupos paramilitares incurren en
sedición, como puede apreciarse durante el trámite legislativo. Agrega que la
adición al tipo penal de sedición no implica que los delitos de lesa humanidad
y narcotráfico cometidos por los grupos organizados al margen de la ley queden
allí subsumidos.
La sedición
contemplada en el artículo 71 se circunscribe como delito político únicamente a
la conformación o militancia en grupos guerrilleros o paramilitares cuyo
accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y
legal. Por ello, tratándose de la comisión de delitos de lesa humanidad, así
sean cometidos por estos grupos, no se entienden subsumidos por el tipo penal
de sedición, toda vez que la Constitución y la normatividad legal vigente
prohiben que se les considere delitos políticos o conexos, y en tal virtud
deberán ser objeto de investigación juzgamiento y sanción por parte del Estado.
Igual ocurre en
el narcotráfico al carecer de la condición de conexo, lo cual fue ratificado
con el inciso 2º del artículo que hace expresa mención al reconocimiento de la
plena vigencia del numeral 10 del artículo 3 de la convención de las naciones
unidad contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.  Finalmente concluye que el Congreso de la República reconoce en
el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, la condición de sedicioso a los grupos de
autodefensas y guerrilla, descartando en forma categórica la conexidad de la sedición
con delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
30.
“Constitucionalidad del artículo 70 de la Ley 975 - Unidad de materia”.
Comenta que el
debate del Proyecto de la Ley no se surtió de manera aislada pues de la lectura
de las actas de las sesiones tanto de las Comisiones como de las Plenarias, las
discusiones versaron, sobre la conveniencia y constitucionalidad del artículo
70 de la Ley 975 de 2005.
El artículo
acusado esta relacionado con la política criminal adoptada mediante la Ley 975
de 2005, la cual se encuentra acorde con la Constitución posibilitando la
realización de la paz y el desarrollo de valores como la justicia, los
principios y los derechos fundamentales. Existe una conexidad entre el núcleo
temático de la Ley 975 de 2005 y sus objetivos es decir, el diseño y
determinación de la política criminal desarrollando valores y  principios
constitucionales. Con la ley de justicia se pretendió el acercamiento entre
justicia y paz. Toda regulación lleva la potencialidad de afectar varios temas
porque nos encontramos en un orden jurídico sistemático, en el cual la
específica alteración de un sector del derecho objetivo comporta una afectación
de otro espacio jurídico diferente pero relacionado de alguna forma. Toda
materia tiene varias dimensiones de manifestación sobre las cuales puede recaer
la regulación legal, sin que se viole el principio de unidad de materia. Por
tanto solicita declarar la exequibilidad de la norma demandada.
VI. CONCEPTO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Señor
Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, rinde concepto
dentro del proceso de inconstitucionalidad.  Los argumentos que expone pueden
resumirse así: La exclusión de los condenados que hayan cometido los delitos
señalados en la norma, del beneficio de rebaja de penas, corresponde al diseño
de una política criminal que la Constitución Política le ha dado al Congreso de
la República. Los apartes demandados se ajustan a las normas superiores. La
adopción de la política criminal es una facultad que le otorga la Constitución
Política al legislador, la cual se ejerce dentro de la amplia libertad de
configuración normativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150
constitucional. Por ello, el Congreso puede regular aspectos relacionados con
la rebaja de penas sin más límites que los principios y valores
constitucionales.
El legislador
esta autorizado por la Constitución para imponer a determinados sectores,
grupos o individuos un procedimiento, trámite o figuras sustanciales y procesales
distintas con las limitaciones que la constitución impone. La titularidad de la
configuración normativa según la Constitución en materia política criminal
implica que las disposiciones que expidan al respecto de trascendencia en el
ámbito de derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y
atribuyen penas a sus autores o participes, sean fruto de un debate  dinámico
entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues
solo así se garantizará que el ejercicio del poder punitivo del estado se
ajuste a los parámetros racionales, en tal sentido se refiere a la sentencia
C-420 de 2002.
Con la Corte, el
señor Procurador asegura que en relación con el cuantum de las penas, la Corte
Constitucional ha manifestado que en el ejercicio de la función legislativa
bien se puede crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones
entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables,
fijar la clase de magnitud de éstas acogiendo criterios de agravación o
atenuación de los comportamientos penalizados, conforme a la apreciación,
análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y
de mayor o menor dado que ciertos comportamientos causen. Varias sentencias de
la Corte Constitucional.  Las misma Constitución permite al Congreso de la
República regular de manera diferente qué conductas delictivas han se ser
cobijadas por una rebaja de penas.
Concluye el
argumento al decir que: al  establecer el precepto acusado que quienes hayan
sido condenados contra la libertad, integridad y formación sexual, lesa
humanidad y narcotráfico no son acreedores a las rebajas de pena de una décima
parte, es congruente con la política criminal que deba adoptar el Estado
dependiendo de la magnitud y trascendencia social de las conductas. La
exclusión del beneficio, le da alcance a uno de los fines esenciales de la
pena, como es el poder persuasivo de la misma, a efectos de evitar la comisión
de conductas delictuales. La decisión del legislador de no extender el
beneficio de rebaja de penas, es proporcional a los fines y principios que el
Constituyente identificó como esenciales en la implementación de una política criminal
y la medida adoptada contribuye al objetivo propuesto en relación con la
finalidad de la pena.
De igual manera,
las exigencias aludidas en el inciso segundo del artículo 70 como tener en
cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de
actos delictivos, su cooperación con la justicia y de sus acciones  de
reparación a las víctimas son compatibles con la Constitución, pues no desborda
los límites  a los que se somete el legislador en ejercicio de la libertad de
configuración normativa.
Además, explica
que no cualquier delito puede ser considerado de lesa humanidad puesto que
tanto los tratados internacionales como la jurisprudencia le han dado el
alcance correspondiente. Por lo anterior, solicita se declare la exequibilidad
de la norma acusada.
VII.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política,
la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, en los términos del
artículo 241-5 de la Constitución  Política.
2. Cosa
Juzgada constitucional.
2.1. La demanda
de la referencia fue admitida el diez (10) de febrero de 2006, fecha en la que
se encontraba en curso la demanda de constitucionalidad radicada bajo el número
D-6032, en la que se demandaban, entre otros, el artículo 70 objeto de la
demanda que ahora ocupa la atención de esta Corte.
2.2. Efectuado
el estudio de constitucionalidad planteado en el expediente radicado bajo el
número D-6032, la Sala Plena de esta Corporación, en Sentencia C- 370 del 18 de
mayo de 2006, declaró la  inexequibilidad, del artículo 70 de la Ley 975 de
2006.
2.3. Así, por
existir, en relación con la norma parcialmente acusada, Sentencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada constitucional, en los términos del artículo 243 de la
Constitución, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia C- 370 del 18
de mayo de 2006.
VIII.- DECISIÓN.
Por lo expuesto,
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
:
ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia C- 370 del 18 de mayo de 2006, que
declaró inexequible, el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CON
ACLARACION DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA CON RELACIÓN A LA SENTENCIA
C-400
DE 24 DE MAYO DE 2006
(Expediente
D-6181)
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte Constitucional, expreso mi aclaración de voto en
relación con lo decidido en la sentencia C-400 de 24 de mayo de 2006
(Expediente D-6181), por cuanto en ella se decidió estar a lo resuelto en la sentencia
C-370 de 2006, respecto de la cual salvé el voto por las razones allí
expuestas.
Fecha ut supra
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO A LA SENTENCIA C-400 DEL 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Inconstitucional
por razones de fondo y forma (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-6181
Demanda de inconstitucionalidad contra  el artículo 7º parcial de la
Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corte, me permito disentir del criterio mayoritario,
reiterando para ello las consideraciones expuestas en Salvamento de Voto frente
a la sentencia C-370 de 2006, en donde he sostenido que la ley 975 de 2005 es
en su totalidad inconstitucional, tanto por razones de forma como por razones
de fondo.
1. En primer lugar, las razones de forma
que he sostenido, hacen referencia a vicios procedimentales de la Ley 975 de
2005, en cuanto ésta define el núcleo esencial de los derechos fundamentales de
las víctimas a la verdad, justicia y reparación, teniendo por tanto un carácter
estatutario, y sin embargo no se tramitó de conformidad con el artículo 152 de
la Constitución Nacional.
Así mismo, he sostenido que esta ley en
el primer debate se tramitó de manera irregular en su integridad, ya que no se
respetó el artículo 159 de la Constitución Política, pues no se apeló todo el
proyecto de ley.  Adicionalmente, se violaron, en mi concepto, las normas para
la concesión de amnistías o indultos por delitos políticos, de conformidad con
el artículo 150, numeral 17 de la Constitución Política, admitiendo, en gracia
de discusión, que en este caso se tratase de delitos políticos.
2. En segundo
lugar, he sostenido como argumento de fondo fundamental el respeto a los
derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.[1]
En este sentido, considero que existe inconstitucionalidad de normas
específicas de la Ley 975 de 2005, que en mi concepto son violatorias tanto de
la Constitución Nacional como de normas internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios y Directrices
sobre los derechos de las víctimas de violaciones graves y manifiestas de
derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, y los Protocolos de
Ginebra y su Protocolo Adicional II.
3. En tercer
lugar, un argumento de fondo esencial que he sostenido en forma reiterada, se
refiere a la concesión de beneficios de rebajas y acumulación de penas, que en
mi entender son interpretados de forma adversa a la Constitución y al
ordenamiento jurídico-penal, relativo en este caso a la dosificación de penas.
En este sentido, afirmo que en materia penal, el legislador debe ajustarse a
los principios, valores y preceptos constitucionales y al mismo tiempo, al
derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional y el
derecho penal internacional, lo que a mi juicio no sucede con la ley que nos
ocupa.
De conformidad con las razones expuestas,
salvo mi voto a la presente decisión.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Sobre este tema ver Sentencia C-1149 del
2001 del magistrado Jaime Araújo Rentería.e este
tema ver Sentencia C-1149 del 2001 del magistrado Jaime Ara las va idea constitucional_______________________________