C-285-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-285/09
MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP/CONSEJO MESOAMERICANO PARA LA COMPETITIVIDAD CMC-Adhesión de Colombia a estos acuerdos se ajusta a la
Constitución
La adhesión de Colombia a estos acuerdos y su
participación junto con los países fundadores en estas iniciativas es
claramente pertinente, por cuanto, de una parte, la Constitución Política
alienta y promueve de manera general la colaboración en condiciones de equidad,
reciprocidad y mutua conveniencia con otros Estados o sujetos de Derecho
Internacional que persigan objetivos que resulten congruentes con los de
nuestro país; y de otra, por cuanto desde su mismo preámbulo, y en otras
disposiciones, el Constituyente expresó su especial interés por la vinculación
de Colombia a las iniciativas de carácter regional y a la integración
latinoamericana, que es precisamente el entorno geográfico dentro del cual se
inscriben estas iniciativas, además de que resulta evidente que el logro de los
objetivos que a través de estos acuerdos se perseguirán de manera conjunta
entre los países miembros, son finalidades claramente deseables y pertinentes
dentro del marco de la Constitución Política de Colombia
MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP-Instrumento de integración regional latinoamericano/MECANISMO
DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP-Objetivo
Los objetivos fundamentales de este mecanismo de
concertación se relacionan con la promoción e impulso del desarrollo económico
y social de la región a través de la realización conjunta, entre otras
acciones, de obras de infraestructura y proyectos de interconexión en materia
de servicios públicos, que mejoren la eficiencia y reduzcan los costos de
prestación de los mismos, y en general, contribuyan a la competitividad de la
región en materias industrial y comercial. También se contemplan, de manera
concurrente, acciones relacionadas con los temas de desarrollo sostenible, con
la mitigación de desastres naturales y con la promoción del turismo en los
países de la región.
CONSEJO MESOAMERICANO PARA LA COMPETITIVIDAD CMC-Objetivo
Constituye su objetivo fundamental, la formulación de
una agenda específicamente encaminada a lograr el mejoramiento de la
competitividad de la región, mediante acciones enfocadas a temas tales como
productividad empresarial, promoción de inversiones, clima de negocios,
desarrollo del recurso humano e innovación tecnológica.
TRATADO INTERNACIONAL-Propósitos
TRATADO INTERNACIONAL-Objetivos desarrollan fines y
fundamentos del Estado Colombiano
TRATADO INTERNACIONAL-Perfecta armonía con los
principios que desarrollan las relaciones exteriores
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Características
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No alteración por legislador del
contenido/TRATADO MULTILATERAL-Posibilidad de declaraciones
interpretativas/TRATADO MULTILATERAL-Reservas que no afecten el objeto y
el fin
Dada
la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas
cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Si, como ocurre en este caso,
el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y,
a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir
reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance
TRATADO INTERNACIONAL-Revisión incluye examen de las facultades del
ejecutivo respecto a negociación y celebración
La Corte Constitucional ha señalado, de manera
reiterada,  que el trámite de revisión de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto
de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo.
ADHESION A TRATADO INTERNACIONAL-Procedencia/ADHESION A TRATADO INTERNACIONAL-Efectos
Si bien en el presente caso, se trata de cinco (5)
distintos acuerdos cuya aprobación se formaliza a través de la Ley 1222 de 2008,
tres de ellos fueron suscritos sin la participación del Estado colombiano,
razón por la cual procedería la eventual adhesión de éste, de conformidad con
lo previsto en esos mismos acuerdos y en las normas internacionales sobre la
materia, particularmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, en tanto que los dos restantes documentos constituyen la adhesión de
Colombia a las dos iniciativas regionales de que tratan los precedentes
instrumentos. En lo que atañe a los tres primeros instrumentos, en cuya firma,
como ya se dijo, no participó un representante del Gobierno colombiano, el
consentimiento frente a ellos se entiende manifestado por el hecho de la
suscripción de los respectivos documentos de adhesión, en los que hubo válida
representación del Estado colombiano.
TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación presidencial subsana cualquier posible
vicio de procedimiento en el trámite de suscripción del tratado/TRATADO
INTERNACIONAL-Aprobación presidencial expresa intención de adherir a
tratado multilateral a cuya suscripción el Estado no concurrió
Los
documentos que constituyen la adhesión de Colombia a las dos iniciativas
regionales fueron suscritos por quien para ese momento se desempeñaba como
Consejero Presidencial para la Competitividad y Consejero Presidencial para el
Plan Puebla Panamá, quien los suscribió a nombre del Estado colombiano no habiendo
sido facultado previamente para tal efecto por el Presidente de la República. Sin
embargo, se observa que posteriormente, el Jefe del Estado ordenó someter estos
cinco acuerdos a la consideración del órgano legislativo, expidió también un
documento por el cual, en desarrollo de lo previsto en la ya citada Convención
de Viena, manifestó refrendar la firma puesta en los documentos de adhesión de
Colombia a tales acuerdos. De esta manera, para la Corte, la representación del
Estado colombiano en la suscripción de estos dos últimos documentos es enteramente
válida, por enmarcarse sin dificultad en los supuestos previstos en las normas
de Derecho Internacional aplicables al caso y en los preceptos constitucionales
que regulan la materia. Resalta la Corte que en el presente caso, la aprobación
presidencial tiene además el efecto de expresar la intención y el interés del
Presidente de la República, responsable de la dirección de las relaciones
internacionales en adherir a los dos citados tratados multilaterales a cuya
suscripción original el Estado colombiano no concurrió.
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de requisitos constitucionales
La Corte observa que el proyecto de ley surtió de
manera satisfactoria la totalidad de las diligencias previstas en la
Constitución y en el reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa
de esta naturaleza, pues dicho proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado
de la República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso
legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada
una de las dos cámaras que conforman el órgano legislativo, con el quórum y las
mayorías exigidas por la Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias,
tanto en comisiones como en plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los
respectivos debates; (v) entre el primero y segundo debate realizado en cada
cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y
la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los
términos mínimos previstos en el texto constitucional; (vi) fue sancionado por
el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; (vii)
fue enviado para su revisión de constitucionalidad a conocimiento de esta Corte
dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial, resultando en
consecuencia exequible, en lo que se refiere a la validez de su trámite
legislativo
ACTA QUE
INSTITUCIONALIZA EL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA Y ANEXO MODIFICATORIO-Contenido
MEMORANDO DE
ENTENDIMIENTO PARA LA INSTITUCIONALIZACION DEL CONSEJO MESOAMERICANO PARA LA
COMPETITIVIDAD (CMC) Y ADENDUM NUMERO 1-Contenido
CONVENIO DE
ADHESION DE COLOMBIA AL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP-Instrumento por el cual el estado adquiere compromisos
en el marco de acuerdo regional
En
el caso del PPP nuestro país fue admitido en calidad de observador desde el mes
de noviembre de 2004 y como miembro de pleno derecho desde julio de 2006. En la
parte dispositiva del Convenio de Adhesión de Colombia al PPP se señala que el
país es admitido como miembro de pleno derecho del PPP “en las mismas
condiciones que los Estados que lo fundaron” y que ejercerá los mismos derechos
y obligaciones de los demás países miembros y participará con voz y voto e
igual iniciativa en todas las instancias de deliberación del PPP.
CONVENIO DE
ADHESION DE COLOMBIA AL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA PANAMA PPP-Alcance de compromisos sujeto a decisiones operativas
que de implicar nuevas obligaciones deberán someterse al trámite constitucional
de tratado internacional
Examinado el contenido material de los instrumentos
internacionales a los que Colombia se propone adherir, así como el de los
respectivos documentos de adhesión, aprobados unos y otros por Ley 1222 de
2008, considera la Corte de manera general que ellos resultan acordes con las
disposiciones constitucionales vigentes sobre la materia. Sin embargo, en lo
relacionado con el alcance de los compromisos que por efecto de estos acuerdos
adquiere Colombia, la Corte considera importante reiterar que el texto de los
acuerdos constitutivos, tanto del Plan Puebla – Panamá (PPP) como del Consejo
Mesoamericano de la Competitividad (CMC), resultan particularmente breves y
lacónicos, por lo que posiblemente la extensión específica de tales compromisos
dependerá en buena medida de las decisiones operativas que posteriormente se
adopten por parte de los órganos competentes dentro de cada una de tales
instancias, advirtiendo la Corte que aquellas decisiones internas que impliquen
nuevas modificaciones al texto de los acuerdos incorporados a la Ley 1222 de
2008 cuya exequibilidad ahora se examina, y particularmente la asunción de
nuevas obligaciones específicas por parte de los países miembros, deberán, en
lo que a la República de Colombia concierne, surtir la totalidad del trámite
constitucionalmente requerido para la aprobación y entrada en vigencia de un
tratado internacional.
TRATADO INTERNACIONAL-Validez de textos estatutarios que establecen
privilegios a favor de miembros fundadores en relación con adherentes
Referencia: expediente  L. A. T. 336
Revisión de la Ley
1222 de julio 16 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta que
Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá’, firmada en Managua,
Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el ‘Anexo que modifica el Acta que
Institucionaliza el Plan Puebla Panamá’, firmado en la ciudad de San José,
Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el ‘Memorando de Entendimiento para la
Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)’,
firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco,
Estados Unidos Mexicanos, el ‘Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento
para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad
(CMC) del 17 de mayo de 2005’ suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de
octubre de 2006, y el ‘Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que
Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá’, firmado en San José,
Costa Rica, el 27 de octubre de 2006”.
Magistrado Ponente:
Dr. Nilson
Pinilla Pinilla
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil nueve
(2009).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
S
E  N  T  E  N  C  I  A
I.  ANTECEDENTES
El día 22 de julio
de 2008 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta
corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241
de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1222 de julio 16 de 2008, “Por
medio de la cual se aprueba el ‘Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan
Puebla – Panamá’, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el
‘Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá’,
firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el
‘Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo
Mesoamericano para la Competitividad (CMC)’, firmado el 17 de mayo de 2005 en
la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el
‘Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización
del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005’
suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el ‘Convenio de
Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla
Panamá’, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006”.
Mediante providencia de septiembre 4 de 2008, el Magistrado
sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los
Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes
para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
Cumplido lo anterior, mediante auto de septiembre 30 de
2008 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Minas y Energía, para los efectos legales
pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la Secretaría General
se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al
entonces Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente.
Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de
1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad del Convenio y de la
ley que lo aprueba.
II.      TEXTO DE LA NORMA REVISADA
Los textos del "Acta
que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, firmada en
Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, del “Anexo que modifica el Acta
que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San
José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, del “Memorando de Entendimiento
para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad
(CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado
de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, del “Addendum número 1 al Memorando de
Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la
Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005” suscrito en San José, Costa
Rica, el 27 de octubre de 2006, y del “Convenio de Adhesión de Colombia al
Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en
San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006”, y de la ley aprobatoria objeto
de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario
Oficial No. 47.052, de julio 16 de 2008:
“LEY 1222 DE 2008
(julio 16)
Diario Oficial No. 47.052 de 16 de julio de 2008
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan
Puebla – Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el
“Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”,
firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el
“Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo
Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en
la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el
“Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización
del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005”
suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de
Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla
Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébanse el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla
– Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el “Anexo que
Modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la
ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el Memorando de
Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la
Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa
Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el “Addendum número 1 al
Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo
Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005”, suscrito en
San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de Adhesión de
Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”,
firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de
1944, el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”,
firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, el “Anexo que Modifica
el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de
San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, el “Memorando de Entendimiento
para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad
(CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de
Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el “Addendum número 1 al Memorando de
Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la
Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005” suscrito en San José, Costa Rica,
el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que
Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”, firmado en San José,
Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, que por el artículo 1o de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
OSCAR ARBOLEDA PALACIO.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de
Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
VI CUMBRE DEL MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACION DE TUXTLA
Managua, República de Nicaragua, 25 de marzo de 2004
ACTA QUE INSTITUCIONALIZA EL MECANISMO DEL PLAN PUEBLA
– PANAMA
Los Jefes de Estado y de Gobierno de Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, el Segundo Vicepresidente de Panamá, el Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto en representación del Presidente de Costa Rica
y los Representantes del Presidente de El Salvador y del Primer Ministro de
Belice, reunidos en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el 25 de
marzo de 2004, en el marco de la VI Cumbre Ordinaria del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla;
Recordando la Declaración Conjunta de la Cumbre
Extraordinaria de los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), celebrada en San Salvador, El
Salvador, el 15 de junio de 2001;
Reiterando que el Mecanismo de Tuxtla es el máximo
foro mesoamericano, que ampara el conjunto interdependiente de instancias de
diálogo y de seguimiento;
Teniendo Presente el desarrollo que ha alcanzado el
Mecanismo del Plan Puebla – Panamá (PPP) como instrumento impulsor del
desarrollo y la integración regional;
Han acordado lo siguiente:
DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRIMERO.
Institucionalizar el Mecanismo del Plan Puebla –
Panamá (PPP) por parte de los Estados Integrantes del Mecanismo de Tuxtla.
ESTRUCTURA DEL PLAN PUEBLA – PANAMA
SEGUNDO.
Para el efectivo funcionamiento del Plan Puebla
-Panamá, se establecen las siguientes instancias:
a) Comisión Ejecutiva del Plan Puebla - Panamá.
b) Dirección Ejecutiva del Plan Puebla – Panamá.
c) Comisión de Promoción y Financiamiento.
d) Grupo Técnico Interinstitucional del Plan Puebla –
Panamá.
e) Consejo Consultivo del Plan Puebla – Panamá.
COMISION EJECUTIVA
TERCERO.
La Comisión Ejecutiva del Plan Puebla – Panamá (en
adelante Comisión Ejecutiva), es la instancia que tendrá a su cargo la
planificación, coordinación y seguimiento de las iniciativas y proyectos que se
adopten al amparo del Plan Puebla -Panamá, dentro del conjunto interdependiente
de instancias del diálogo de Tuxtla.
CUARTO.
La Comisión Ejecutiva estará integrada por los
Comisionados Presidenciales y el Comisionado designado por el Primer Ministro
de Belice, y en su defecto por los Comisionados adjuntos a quienes se delegue
este cargo, por parte de los Estados Miembros del Plan Puebla – Panamá.
QUINTO.
Existirá una Co-Presidencia de la Comisión Ejecutiva
ejercida, por una parte, por el Estado que ostente la Presidencia Pro Témpore
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y por la otra, por México.
SEXTO.
Son funciones de la Comisión Ejecutiva:
a) Velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan
Puebla Panamá;
b) Recibir las propuestas de iniciativas y proyectos
comprendidos en el Plan Puebla -Panamá, llevar a cabo su evaluación y de ser el
caso, aprobarlos de manera coordinada con el Grupo Técnico Interinstitucional;
c) Impulsar la formalización de las diferentes
iniciativas y proyectos una vez aprobados;
d) Someter a la decisión de los respectivos Jefes de
Estado y de Gobierno, las propuestas vinculadas al Plan Puebla – Panamá. que
así lo requieran, en el caso de Centroamérica, previa coordinación con el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Así como mantener una estrecha
coordinación con los Ministros de Relaciones Exteriores del Mecanismo de
Tuxtla;
e) Presentar informes de avances sobre el Plan Puebla
– Panamá a los Jefes de Estado y de Gobierno, y circularlos a los Cancilleres
de los Estados Miembros;
f) Dar seguimiento y evaluar los avances alcanzados en
cada una de las iniciativas;
g) Coordinar e impulsar a nivel regional, cada una de
las iniciativas del Plan Puebla – Panamá. Cada iniciativa tendrá como
responsable principal a uno de los Comisionados, quien será designado en el
seno de la Comisión. El resultado de sus trabajos será del conocimiento de la
Comisión de manera directa;
h) Elegir al titular de la Dirección Ejecutiva, con
base en el perfil que la propia Comisión Ejecutiva establezca;
i) Dar lineamientos a la dirección ejecutiva para
realizar las actividades que se relacionen con el Plan Puebla – Panamá (PPP) y
ejercer la dirección política sobre la dirección ejecutiva.
j) Fungir como vocera oficial en relación con los
temas del Plan Puebla – Panamá y divulgar ampliamente sus contenidos, alcances
y avances del plan;
k) Decidir sobre las modalidades operacionales de las
instancias que le puedan brindar apoyo;
l) Establecer lineamientos al Grupo Técnico
Interinstitucional para la realización de los trabajos que se relacionen con el
Plan Puebla – Panamá;
m) Crear las Comisiones Técnicas que se estimen
pertinentes para desarrollar trabajos específicos relacionados con las
iniciativas y proyectos del Plan Puebla – Panamá;
n) Cualquier otra que le asignen los Estados Miembros
del PPP.
La Comisión Ejecutiva se reunirá de manera periódica o
como lo establezca el reglamento. en el lugar y fecha que determine, y tomará
sus decisiones por consenso.
DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN PUEBLA – PANAMA
SÉPTIMO.
La Dirección Ejecutiva del Plan Puebla – Panamá (en
adelante Dirección Ejecutiva), es la instancia de apoyo de la Comisión
Ejecutiva del Plan Puebla – Panamá, que ejecuta y da seguimiento a los
lineamientos y acciones establecidos por la misma y su sede estará establecida
en la República de El Salvador.
OCTAVO.
La Dirección Ejecutiva será ejercida por un
profesional escogido bajo criterios técnicos y de manera transparente y contará
con el apoyo del personal que se considere necesario para desempeñar sus
funciones. El Director Ejecutivo será nombrado por un periodo de cuatro (4)
años y podrá fungir hasta por un periodo adicional. La Comisión Ejecutiva
tendrá la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento de no
cumplirse con las cláusulas contratadas. El Director Ejecutivo será responsable
de los nombramientos y despidos del personal y consultores a su cargo.
Realizará las funciones gerenciales típicas, conforme a los lineamientos que
marque el reglamento.
NOVENO.
La Dirección Ejecutiva se establecerá en el marco del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a partir de la fecha de firma
de la presente Acta, para lo cual se suscribirá un Acuerdo Marco de Cooperación
Funcional entre el Secretario General del Sistema de la Integración
Centroamericana y los Comisionados Presidenciales del Plan Puebla – Panamá
(PPP), con el propósito de establecer las modalidades de apoyo y relación
interinstitucional, así como también los derechos y obligaciones entre ambas
Partes.
DÉCIMO.
Las funciones de la Dirección Ejecutiva serán las
siguientes:
a) Participar en las reuniones de la Comisión
Ejecutiva con voz, pero sin derecho a voto;
b) Dar seguimiento a las decisiones y acuerdos de la
Comisión Ejecutiva y presentar los informes correspondientes;
c) Desarrollar todas aquellas actividades que le
asigne la Comisión Ejecutiva y concertar todas las reuniones a petición de la
misma, en coordinación con la Presidencia Pro Témpore;
d) Dar seguimiento a las reuniones de las Comisiones
Técnicas, de las iniciativas mesoamericanas a petición de la Comisión
Ejecutiva;
e) Representar a la Comisión Ejecutiva en las
actividades que le encomiende la misma;
f) Elaborar informes semestrales y anuales de los
avances del Plan Puebla – Panamá, con base en los planes estratégicos
propuestos por la Comisión Ejecutiva y en los planes regionales y nacionales de
desarrollo. Estos informes deberán ser presentados a la Comisión Ejecutiva,
para su aprobación;
g) Elaborar la propuesta para el Plan Operativo Anual,
con su correspondiente presupuesto. Este Plan deberá presentarse a la Comisión
Ejecutiva como fecha límite la última semana del mes de octubre del año
anterior;
h) Elaborar informes semestrales y anuales de los
resultados de su gestión. Estos informes deberán ser presentados a la Comisión
Ejecutiva para su consideración y análisis. Para efectos ilustrativos y de
información, se harán llegar también a la Secretaria General del SICA;
i) Desempeñar las funciones de apoyo logístico y
operativo de la Comisión Ejecutiva, incluyendo opiniones técnicas sobre
propuestas y recomendaciones presentadas a esta. Dichas opiniones podrán
incluir temas diversos y seguirán el procedimiento aprobado por la Comisión
Ejecutiva.
j) Sugerir a la Comisión Ejecutiva, la promoción de
los temas relacionados con el Plan Puebla – Panamá en el proceso de las
reuniones de los Presidentes, Cancilleres u otras instancias regionales;
k) Proponer a la Presidencia Pro Témpore del Plan
Puebla – Panamá temas de agenda para las reuniones de la Comisión Ejecutiva;
l) Apoyar y facilitar la coordinación del trabajo de
las instituciones miembros del Grupo Técnico Interinstitucional para la
ejecución de las tareas requeridas por la Comisión Ejecutiva, en coordinación
con los Comisionados y las Secretarías Técnicas de las iniciativas
mesoamericanas, así como proponer a la Comisión Ejecutiva la contratación de
consultorías, cuando así se requiera;
m) Servir de unidad de información, así como facilitar
la coordinación entre la Comisión Ejecutiva y el Grupo Técnico
lnterinstitucional y con otras entidades que le solicite la Comisión Ejecutiva;
n) Tomar decisiones previa autorización de la Comisión
Ejecutiva, sobre recursos financieros generales que puedan ser asignados para
apoyar su gestión;
o) Aquellas otras que le asigne la Comisión Ejecutiva.
COMISION DE PROMOCION Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN PUEBLA
- PANAMA
DÉCIMO PRIMERO.
La Comisión de Promoción y Financiamiento del Plan
Puebla – Panamá (en adelante Comisión de Promoción y Financiamiento), tiene
como propósito apoyar a los países del PPP en la promoción y búsqueda de
recursos financieros y de cooperación que se requieran para el diseño y
ejecución de los proyectos contemplados en las Iniciativas del PPP.
DÉCIMO SEGUNDO.
La Comisión de Promoción y Financiamiento estará
conformada por los Presidentes (o por quienes ellos designen) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Instituto de
Crédito Oficial de España (ICO) y estará coordinada por el Presidente del BID.
Estas instituciones, conjuntamente con las más altas autoridades hacendarias de
cada país y la propia Comisión Ejecutiva del PPP, promoverán fuentes de
financiamiento para proyectos, cuya viabilidad estará sujeta a legislación
fiscal, disponibilidad presupuestaria y normativa institucional de cada uno de
los Estados.
La Comisión de Promoción y Financiamiento, informará a
la Comisión Ejecutiva de los recursos que se logren identificar para los
proyectos del PPP, a fin de dar un seguimiento puntual a las necesidades de
apoyo financiero y de cooperación en cada una de las iniciativas. Para llevar a
cabo este seguimiento, la Comisión, se reunirá un mínimo de dos veces por año.
Cada uno de los países Miembros del PPP, será
responsable de la contratación y administración de los recursos financieros
pava la ejecución de los componentes nacionales de los proyectos regionales que
acuerden realizar, en estricto apego a su respectiva legislación nacional.
En materia de cooperación regional la administración
de los recursos será responsabilidad de los organismos ejecutores (regionales o
locales que apoyan el trabajo de las Comisiones Técnicas en cada Iniciativa del
PPP).
GRUPO TECNICO INTERINSTITUCIONAL DEL
PLAN PUEBLA – PANAMA
DÉCIMO TERCERO.
El Grupo Técnico Interinstitucional del Plan Puebla –
Panamá (en adelante Grupo Técnico Interinstitucional o GTI), tiene como
propósito apoyar a la Comisión Ejecutiva en el proceso de definición de
iniciativas y proyectos que constituyen el Plan Puebla – Panamá.
DÉCIMO CUARTO.
El Grupo Técnico Interinstitucional estará integrado
por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
(INCAE), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Andina de
Fomento (CAF), el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) de España, la Agencia Interamericana para la
Cooperación y el Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos
(AICD), el Grupo Asesor para la Participación Indígena y Etnica (GAPIE) y todos
aquellos organismos y entidades regionales e internacionales que la Comisión
Ejecutiva determine.
CONSEJO CONSULTIVO DEL PLAN PUEBLA – PANAMA
DÉCIMO QUINTO.
El Consejo Consultivo del Plan Puebla – Panamá (en
adelante Consejo Consultivo), tiene como propósito propiciar la participación
de los diferentes actores organizados de la Sociedad Civil, incluyendo el
sector privado y la banca de desarrollo e instituciones no gubernamentales
interesadas en impulsar las iniciativas mesoamericanas que comprende el Plan
Puebla – Panamá.
DÉCIMO SEXTO.
El Consejo Consultivo del Plan Puebla – Panamá estará
conformado por las entidades interesadas del Comité Consultivo del Sistema de la
Integración Centroamericana, por la Sociedad Civil Mexicana Organizada con
presencia en los Estados del Sur Sureste de México y por todas aquellas
organizaciones que la Comisión Ejecutiva considere que deban pertenecer a este
Consejo.
REGLAMENTO
DÉCIMO SÉPTIMO.
La Comisión Ejecutiva establecerá su Reglamento para
desarrollar el funcionamiento institucional del Plan Puebla - Panamá.
DISPOSICIONES FINALES
DÉCIMO OCTAVO.
La presente Acta entrará en vigor a partir de la fecha
de su firma.
Cualquiera de los Estados Miembros del PPP podrá
solicitar la modificación de la presente Acta, a través de una comunicación
escrita dirigida a la Comisión Ejecutiva. Dichas modificaciones deberán ser
aprobadas por la Comisión Ejecutiva, la que determinará la fecha en que
entrarán en vigor, y se integrarán como Anexo a la presente Acta.
Cualesquiera de los Estados Miembros del PPP podrá en
cualquier momento retirarse de la presente Acta, mediante comunicación escrita
dirigida a la Comisión Ejecutiva la que notificará a los otros Estados Miembros
sobre dicho retiro.
Firmada en la ciudad de Managua, Nicaragua, el
veinticinco de marzo de dos mil cuatro, en dos ejemplares originales.
(Siguen firmas)
ANEXO QUE MODIFICA EL ACTA QUE INSTITUCIONALIZA EL
MECANISMO DEL PLAN PUEBLA, PANAMA
La Comisión Ejecutiva, de conformidad con los
dispuesto por el artículo 18 del acta que institucionaliza el Mecanismo del
Plan Puebla Panamá, aprueba las siguientes modificaciones al Acta.
Artículo 1o. Se modifica para quedar como sigue:
Estructura del Plan Puebla Panamá
1o.
Institucionalizar el Mecanismo del Plan Puebla Panamá
(PPP) por parte de los Miembros Fundadores, integrantes del Mecanismo de Tuxtla
y que a su vez conforman la región Mesoamericana, a saber: Belice, República de
Costa Rica, República de El Salvador, República de Guatemala, República de
Honduras; Estados Unidos Mexicanos, República de Nicaragua y República de
Panamá.
Se adiciona y queda como artículo 2o:
Integración del PPP
2o.
El PPP está integrado por:
a) Miembros de Pleno Derecho: Miembros Fundadores y
los Miembros que se incorporen al PPP;
b) Observadores.
Artículo 2o. Se modifica y se recorre para quedar como sigue:
3o.
Para el efectivo funcionamiento del Plan Puebla –
Panamá, establecen las siguientes instancias:
a) Reunión Cumbre de Mandatarios;
b) Comisión Ejecutiva del Plan Puebla Panamá;
c) Oficinas Nacionales del Plan Puebla Panamá;
d) Dirección Ejecutiva del Plan Puebla Panamá;
e) Comisión de Promoción y Financiamiento;
f) Grupo Técnico lnterinstitucional del Plan Puebla
Panamá;
g) Consejo Consultivo del Plan Puebla Panamá;
h) Las otras instancias que se consideren necesarias,
estableciendo el procedimiento para su adopción.
Artículo 4o. Se modifica y se recorre para quedar como sigue:
5o.
La Comisión Ejecutiva estará integrada por los
Comisionados Presidenciales y el Comisionado designado por el Primer Ministro
de Belice, y en su defecto por los Comisionados adjuntos a quienes se delegue
este cargo, por parte de los Miembros de Pleno Derecho del Plan Puebla –
Panamá.
Artículo 6o. inciso g) Se modifica para quedar como sigue:
g) Coordinar e impulsar a nivel regional, cada una de
las iniciativas, componentes o agendas mesoamericanas que integran el Plan
Puebla – Panamá. Cada una de ellas tendrá como responsable principal a uno de
los Comisionados de los Miembros de Pleno Derecho, conforme lo determine la
Comisión Ejecutiva. El resultado de sus trabajos se hará del conocimiento de la
Comisión de manera directa.
Se adiciona el inciso o) del artículo 6o:
o) Emitir recomendaciones a la Cumbre de Mandatarios
sobre la incorporación de nuevos Miembros y sobre la incorporación de
Observadores y en su caso suscribir el correspondiente instrumento de adhesión.
Este artículo se recorre para quedar como artículo 7o.
Artículo 14. Se modifica y se recorre para quedar como sigue:
15.
El Grupo Técnico Interinstitucional estará integrado
por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), los
organismos del Sistema de Naciones Unidas, como la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Secretaría General del Sistema de Integración
Centroamericana (SGSICA) y la Secretaría de la Integración Económica
Centroamericana (SIECA); el Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas (INCAE), el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, la Agencia Interamericana para la
Cooperación y el Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos
(AICD), el Grupo Asesor para la Participación Indígena y Etnica (GAPIE) y todos
aquellos organismos y entidades regionales e internacionales que la Comisión
Ejecutiva determine.
Artículo 16. Se modifica y se recorre para quedar como sigue:
17.
El Consejo Consultivo del Plan Puebla Panamá estará
conformado por las entidades interesadas del Comité Consultivo del Sistema de
Integración Centroamericana, por la Sociedad Civil Organizada con presencia en
los Estados del Sur Sureste de México y en los demás Estados Miembros de Pleno
Derecho del PPP y por todas aquellas organizaciones que la Comisión Ejecutiva
considere que deban pertenecer a este Consejo.
Se adiciona y queda como artículo 18:
Admisión de Nuevos Miembros y de Observadores
18.
La admisión de nuevos Miembros y de Observadores al
Plan Puebla Panamá, podrá ser considerada independientemente de que los Estados
sean parte del Mecanismo de Tuxtla.
Artículo 17. Se modifica y se recorre para quedar como sigue:
Reglamento
19.
La Comisión Ejecutiva establecerá su Reglamento para
normar el funcionamiento institucional del Plan Puebla – Panamá.
Artículo 18. Se modifica y se recorre para quedar como
sigue:
20
La presente Acta entrará en vigor a partir de la fecha
de su firma.
Cualquiera de los Miembros de Pleno Derecho del PPP
podrá solicitar la modificación de la presente Acta, a través de una
comunicación escrita dirigida a la Comisión Ejecutiva. Dichas modificaciones
deberán ser aprobadas por la Comisión Ejecutiva, la que determinará la fecha en
que entrarán en vigor, y se integrarán como Anexo a la presente Acta.
Cualquiera de los Miembros de Pleno Derecho del PPP
podrá en cualquier momento retirarse de la presente Acta, mediante comunicación
escrita dirigida a la Comisión Ejecutiva la que notificará a los otros Miembros
sobre dicho retiro.
DISPOSICIONES FINALES Y ENTRADA EN VIGOR
Las modificaciones aprobadas a través del presente
Anexo, se integran al Acta y entrarán en vigor a partir de la fecha de su
suscripción.
Firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el
veintisiete de octubre de dos mil seis, en un original, que en el presente acto
queda depositado formalmente en la Dirección Ejecutiva del PPP.
(Siguen firmas)
CERTIFICO:
Que el texto adjunto es copia fiel y conforme con el
original del “Anexo que Modifica el Acta que Institucionaliza el Mecanismo del
Plan Puebla Panamá”, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el
veintisiete de octubre de dos mil seis.
San Salvador, a los ocho días del mes de marzo de dos
mil siete.
La Directora Ejecutiva Plan Puebla Panamá,
MARÍA TERESA ORELLANA DE RENDÓN.
PLAN PUEBLA PANAMA - INICIATIVA MESOAMERICANA
FACILITACION DEL INTERCAMBIO COMERCIAL - MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
PARA LA INSTITUCIONALIZACION CONSEJO MESOAMERICANO
PARA
COMPETITIVIDAD (CMC)
Ciudad de Villahermosa, Tabasco
17 de mayo de 2005
El CMC será una guía en el establecimiento de las
prioridades que debe enfrentar la región en cuanto al tema de competitividad y
dará seguimiento a los compromisos adoptados por sus miembros. El CMC tomará en
cuenta las ideas planteadas en la Agenda Centroamericana para el Siglo XXI y en
la estrategia de desarrollo de la región sur sur-este de México. Las
prioridades identificadas por el CMC estarán enmarcadas dentro de la visión del
PPP, fortaleciendo el tema de la competitividad y la productividad.
Asimismo, el CMC ayudará a incorporar la
competitividad como elemento transversal en los proyectos de las distintas
iniciativas del PPP, buscando mejorar el clima de negocios y la productividad
empresarial, con el fin de atraer mayores inversiones generadoras de empleo.
Artículo 2o. Objetivo General.
El objetivo fundamental del Consejo, será formular una
Agenda Mesoamericana de Competitividad que dirija en una forma estratégica
acciones para la mejora de la competitividad por medio del aumento de la
productividad empresarial y el fomento de las inversiones. Esta Agenda deberá
articular, entre otros, los esfuerzos de infraestructura, cadenas productivas,
clima de negocios, promoción de inversiones, comercio regional, desarrollo del
recurso humano e innovación tecnológica.
Artículo 3o. Objetivos Específicos.
Los Objetivos específicos del CMC serán: (i)
Complementar los esfuerzos nacionales ya existentes, formulando una Agenda
Mesoamericana de Competitividad, (ii) Realizar un estudio anual del estado de
la competitividad regional, tomando como base indicadores “ad hoc”, e
incorporando dimensiones locales; (iii) Seleccionar temas prioritarios y
facilitar las acciones dentro del PPP, que coadyuven al logro de los objetivos;
(iv) Dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y facilitar la consecución de
sus metas.
Artículo 4o. Áreas Temáticas Prioritarias.
Para cumplir con su propósito el Consejo trabajará en
dos ejes de acción: Informe anual del estado de la competitividad en la región;
y formulación de la Agenda Mesoamericana de Competitividad (AMC) y su
seguimiento. Al respecto, se han identificado, entre las áreas temáticas prioritarias,
las siguientes: Armonización de Tratados de Libre Comercio, Facilitación
Comercial, Sector Financiero, Innovación Tecnológica y Medición de la
Competitividad.
Para el desarrollo de estas áreas y con el objeto de
garantizar una dinámica participativa y de intercambio de experiencias que
recoja las principales preocupaciones y aportaciones del sector privado, el CMC
se apoyará en la realización de Talleres Empresariales.
Artículo 5o. Integración y Gestión.
El CMC estará integrado por los representantes
gubernamentales encargados de coordinar las políticas públicas sobre
competitividad en los países de la región mesoamericana. El sector empresarial
contribuirá de manera sustantiva en la definición de la Agenda y los trabajos
del Consejo.
Para alcanzar sus objetivos el CMC se reunirá por lo
menos cuatro veces por año y será apoyado por una Secretaría Ejecutiva a cargo
del BCIE.
Cada país acreditará ante el CMC a un representante permanente
y uno alterno de alto nivel de su gobierno, así como a uno del sector privado,
bajo el mismo esquema. En el caso de México, habrá un representante del país y
uno por los Estados del Sur Sureste.
En concordancia con el espíritu de colaboración entre
el sector empresarial y los representantes gubernamentales del Consejo, los
representantes empresariales por México y Centroamérica formalizan su alianza
con el Consejo, firmando como testigos del presente Memorando, convencidos de
la necesidad de asumir corresponsablemente los retos para generar mejores
niveles de competitividad y consecuentemente un mayor crecimiento económico de
la región.
Los representantes del CMC podrán conformar grupos de
trabajo específicos designando a los representantes, tanto del sector público,
como privado, que consideren pertinentes.
El CMC será coordinado por el Comisionado Presidencial
para el Plan Puebla Panamá de la República de Honduras, responsable de la
Iniciativa de Facilitación Comercial y Competitividad y contará con el apoyo de
los miembros del Grupo Técnico Interinstitucional del PPP (GTI) y otros
organismos pertinentes.
Artículo 6o. Disposiciones Finales.
Este Memorando de Entendimiento podrá ser modificado a
solicitud escrita de cualquiera de las Partes, mediante Addenda que formarían
parte integrante del mismo. Las solicitudes de modificación serán conocidas y
resueltas por el Consejo Mesoamericano para la Competitividad.
Las modificaciones aprobadas entrarán en vigencia a
partir de la firma del Addendum respectivo y el Comisionado responsable de
coordinar el CMC las notificará a la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla –
Panamá.
El presente Memorando de Entendimiento entrará en
vigencia a partir de la suscripción del mismo y continuará vigente hasta que la
totalidad de las Partes decidan darlo por terminado.
El presente Memorando de Entendimiento, se firma en
tres originales, en idioma español, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a
los diecisiete días del mes de mayo de 2005.
Por el Plan Puebla Panamá  (siguen firmas)
Puebla Panamá
ADENDUMNo 1
PUEBLA PANAMÁ
ADEDUM No 1AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA
INSTITUCIONALIZACION DELCONSEJO MESOAMERICANO COMPETITIVIDAD (CMC)
CONSIDERANDO:
Primero: Que, en la ciudad de Villahermosa, Estado de
Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el día 17 de mayo de 2005, se suscribió el
Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo
Mesoamericano para la Competitividad, en adelante el “Memorando de
Entendimiento”, por los Comisionados Presidenciales del Plan Puebla Panamá y
los funcionarios gubernamentales encargados de coordinar las políticas públicas
sobre competitividad de los países miembros y por el sector privado, como
testigos de honor, los representantes del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, la Federación de Empresas
Privadas de Centro América y Panamá, Fedepricap y el Consejo Empresarial de
América Latina, Capítulo Centroamérica y Caribe, CEAL.
Segundo: Que el 11 de julio de 2006, en la ciudad de
Panamá, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países fundadores del Plan
Puebla Panamá, en adelante PPP, integrantes del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, en el marco de su VIII Reunión Cumbre, acordaron la
incorporación de Colombia como miembro de pleno derecho del Plan Puebla-Panamá,
y saludaron su incorporación inmediata en tal calidad.
Tercero: Que, conforme al artículo número 6 del
Memorando de Entendimiento, dicho documento puede ser modificado a solicitud
escrita de cualquiera de las partes, mediante Addenda que formará parte
integrante del mismo.
Cuarto: Que el Comisionado Presidencial por Honduras
ante el PPP funge como Presidente del Consejo Mesoamericano para la
Competitividad, en adelante CMC.
Quinto: Que el 14 de septiembre de 2006, el señor
Comisionado Presidencial Adjunto de Colombia ante el PPP, dirigió por escrito
al señor Presidente del CMC comunicación en la cual se señalaba el deseo
compartido por el Gobierno y el sector empresarial de Colombia para realizar
esfuerzos conjuntos para mejorar la competitividad de la Región Mesoamericana y
la decisión de adherirse a los términos establecidos en el Memorando de
Entendimiento.
Sexto: Que por Acuerdos unánimes establecidos por los
miembros del CMC en la X Reunión celebrada el 22 de septiembre del corriente
año, se recibió con beneplácito la decisión comunicada por el señor Comisionado
Adjunto de Colombia ante el PPP y se facultó al señor Presidente del CMC, para
suscribir en su representación el presente Adendum.
POR TANTO, LAS PARTES ACUERDAN:
Artículo I. Formalizar la adhesión de la República de
Colombia, en todas y cada una de sus partes, al “Memorando de Entendimiento”,
suscrito en la ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos el día 17 de mayo de 2005.
Artículo II. La República de Colombia se compromete a
acreditar ante el Consejo Mesoamericano para la Competitividad, CMC, un
Representante Permanente y un Representante Alterno de alto nivel de su
Gobierno, así como a un Representante Permanente y un Representante Alterno del
Sector Privado, bajo el mismo esquema. Lo anterior, bajo el entendido que los
Representantes del CMC, podrán conformar Grupos de Trabajo específicos, que
requerirán la designación de otros representantes, tanto del Sector Público
como del Sector Privado, que estimen pertinentes.
Artículo III. El presente Adendum al Memorando de Entendimiento
entrará en vigor en la fecha de su suscripción por las partes.
En testimonio de lo cual, se suscribe el presente
Adendum, en tres ejemplares de un mismo tenor e igual Fuerza vinculante para
las partes, en la ciudad de San José de Costa Rica, a los veintisiete días del
mes de octubre del año dos mil seis, quedando uno de ellos, en el presente
acto, en depósito de la Dirección Ejecutiva del PPP, otro entregándose al representante
del Gobierno de Colombia y el tercero en la Secretaría Ejecutiva del CMC.
(Siguen firmas)
CONVENIO DE ADHESION COLOMBIA ALACTA QUE
INSTITUCIONALIZA ELMECANISMO DELPLAN PUEBLA PANAMA
El Gobierno de Colombia representado por el doctor
Fabio Valencia y el Plan Puebla Panamá, representado por la Presidenta Pro
témpore Embajadora Gioconda Ubeda, en adelante denominados las Partes,
CONSIDERANDO:
Que el 15 de junio de 2001, los Gobiernos de Belice,
República de Costa Rica, República de El Salvador, República de Guatemala,
República de Honduras, Estados Unidos Mexicanos, República de Nicaragua y
República de Panamá, en el marco de la Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, acordaron crear el Plan Puebla Panamá;
Que el Plan Puebla Panamá es un plan de desarrollo
económico y social que busca integrar a la región mesoamericana, coordinando
esfuerzos y acciones de los siete países de Centroamérica y los nueve Estados
que integran la región Sur Sureste de México, en la perspectiva de promover el
desarrollo integral, así como la integración en aquellos temas que hagan
posible que de manera conjunta se creen bienes públicos regionales con el fin
de elevar la calidad de vida de los habitantes, mediante el aporte de sus
miembros así como de cooperación técnica y financiera en el ámbito de
organismos internacionales;
Que los Estados que fundaron el Plan Puebla Panamá lo
formalizaron a través de la suscripción del Acta que Institucionaliza el
Mecanismo del PPP, en el marco de la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla que tuvo lugar en Managua, República de Nicaragua, el 25
de marzo de 2004;
Que ambos ordenamientos establecen la admisión de
otros países que no forman parte del Mecanismo de Tuxtla, en calidad de
Miembros de Pleno Derecho y observadores del Plan Puebla Panamá.
Que el 19 de noviembre de 2004, los Jefes de Estado y
de Gobierno de los países miembros del Plan Puebla Panamá, suscribieron la
resolución por la que se aprobó el ingreso de Colombia como Observador del PPP
y el 11 de julio de 2006, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países
fundadores del PPP, en el marco de la VIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, acordaron la incorporación de Colombia como Miembro de
Pleno Derecho del Plan.
Las Partes convienen lo siguiente:
Artículo 1o. Formalizar a través del presente
instrumento la adhesión de Colombia como Miembro de Pleno Derecho al PPP y en
consecuencia al Acta que lo institucionaliza, en las mismas condiciones que los
Estados que lo fundaron.
Artículo 2o. De conformidad con lo establecido con el
artículo 1o, el gobierno de Colombia ejercerá los derechos y cumplirá con las
obligaciones que el Acta que Institucionaliza el PPP y las demás disposiciones
que han sido adoptadas en el marco del Plan Puebla Panamá, señalan a los
Miembros.
Artículo 3o. En concordancia con lo anterior, el
Gobierno de Colombia deberá:
I. Asumir plenamente los programas y acciones de
cooperación que contribuyan a impulsar el PPP en sus diferentes iniciativas.
II. Establecer el mecanismo o estructura institucional
que considere más conveniente para la coordinación y seguimiento de los temas
del PPP, que permita entablar un vínculo eficaz con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y las demás dependencias del gobierno de Colombia que darán
seguimiento a la Agenda del PPP.
III. Designar un funcionario de alto nivel que actúe
como Comisionado Presidencial, así como un Comisionado Adjunto, para
representarlo y actuar en la Comisión. Ejecutiva, a fin de asegurar su
permanente participación en el trabajo de la misma; igualmente designará
representantes que participen en las distintas Comisiones Técnicas y Grupos de
Trabajo de las Iniciativas.
IV. Cumplir con las obligaciones financieras que le
correspondan en su calidad de Miembro de Pleno Derecho, con los mismos
criterios aplicables a los Estados que fundaron el PPP.
Artículo 4o. Colombia, como Miembro de Pleno Derecho
del PPP, podrá participar con voz y voto en las reuniones, proyectos,
componentes y estrategias del Plan Puebla Panamá. Asimismo tendrá participación
en las Iniciativas Mesoamericanas en igualdad de condiciones que los Estados
que lo fundaron.
Artículo 5o. El presente instrumento se aplicará
provisionalmente desde su firma y entrará en vigor definitivamente una vez se
verifique el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales
establecidos para el efecto de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano.
Firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el
veintisiete de octubre de dos mil seis, en dos ejemplares originales, en idioma
español, uno de los cuales será depositado en la Dirección Ejecutiva del PPP y
el otro será entregado al Gobierno de Colombia.
(Siguen firmas)
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 14 marzo 2007.
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable
Congreso de la República para los Efectos Constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Fernando Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébanse el “Acta que Institucionaliza
el Mecanismo del Plan Puebla - Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de
marzo de 2004, el “Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan
Puebla Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre
de 2006, el “Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del
Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005
en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el
“Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización
del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005”
suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de
Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla
Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo
del Plan Puebla - Panamá”, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de
2004, el “Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla
Panamá”, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de
2006, el “Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo
Mesoamericano para la Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en
la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el
“Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la Institucionalización
del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del 17 de mayo de 2005”
suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el “Convenio de
Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla
Panamá”, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, que por el
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a…
Presentado al honorable Congreso de la República por
el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito
Público.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
OSCAR IVÁN ZULUAGA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de
las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,
CAMILO REYES RODRÍGUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR”.
III.    INTERVENCIONES
Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
Este
Ministerio presentó, por conducto de apoderada especial, un escrito en el que
solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la Ley 1222 de 2008 que
aprobó los antes referidos instrumentos internacionales.
En
apoyo de su solicitud, la apoderada hace un breve recuento del trámite cumplido
ante el Congreso de la República y que culminó con la expedición de la Ley 1222
de 2008, destacando que éste cumplió a satisfacción con la totalidad de los requisitos
constitucionales aplicables.
En
lo relacionado con el contenido material de los acuerdos que por esta ley se
aprueban, agrega que resultan igualmente conformes con la Constitución Política,
ya que buscan contribuir a impulsar la integración latinoamericana, respetando
la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional, dentro de los límites
de la reciprocidad y la conveniencia nacionales.
Ministerio
de Relaciones Exteriores
Mediante
apoderado especial, este Ministerio hizo llegar a la Corte un extenso escrito
en el que pide declarar la exequibilidad de estos acuerdos, así como la de su
ley aprobatoria.
El
documento aportado por este interviniente explica de manera amplia y detallada
los siguientes aspectos: i) la historia y antecedentes de la integración
mesoamericana, así como sus objetivos y metas a mediano y largo plazo[1];
ii) el contenido específico de cada uno de estos instrumentos internacionales y
las relaciones existentes entre ellos; iii) la estructura y funciones de las
instancias directivas y de coordinación previstas en cada uno; iv) las
distintas iniciativas emprendidas y de cuya prosecución se ha encargado cada
uno de los países miembros de estos mecanismos; v) el proceso de vinculación de
Colombia a esas iniciativas centroamericanas y los intereses y objetivos
específicos que persigue la participación de nuestro país en tales proyectos.
También
relata, de manera esquemática, el itinerario de la aprobación de estos acuerdos
por el Presidente de la República y la subsiguiente presentación y aprobación
del respectivo proyecto de ley por las cámaras legislativas, destacando el
pleno cumplimiento de las exigencias constitucionales pertinentes. Informa así
mismo que el trámite de negociación, adhesión y aprobación de estos acuerdos
para su incorporación al derecho interno colombiano se adelantó con plena
observancia de las respectivas competencias establecidas en la Constitución
Política.
Como
razones específicas que justifican la exequibilidad de los instrumentos aprobados
resalta el apoderado que la participación del Estado colombiano en estas iniciativas
resulta altamente conveniente para el logro de varios de los fines esenciales
del Estado y contribuye a una mayor integración de la comunidad
latinoamericana, tal como lo propugna la Constitución Política, en especial en
sus artículos 2°, 9°, 226 y 227. También destaca que lo anterior se logra sin
afectar, sino por el contrario, dando plena aplicación, a la defensa de la
soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a los
principios de  Derecho Internacional Público aceptados por Colombia.
Este
escrito concluye reiterando la importancia y conveniencia de que el país participe
plenamente de las iniciativas antes descritas, así como el pedido para que la
Corte declare la constitucionalidad de los instrumentos que las sustentan y de su
Ley aprobatoria 1222 de 2008.
Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo
Este
Ministerio presentó un documento en el que adhiere a las consideraciones
planteadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el escrito previamente
reseñado, y en consecuencia, solicita también la declaratoria de exequibilidad
de los cinco instrumentos internacionales referidos y de su ley aprobatoria.
IV.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En
concepto número 4654 recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 11
de noviembre de 2008, el entonces Procurador General de la Nación solicitó a esta
corporación declarar exequibles la Ley 1222 de 2008 y los instrumentos internacionales
que por ella se aprueban.
En
primer término, el Jefe del Ministerio Público examina de manera prolija y detallada
el trámite cumplido ante el Congreso de la República por el proyecto de ley 14
de 2007 Senado – 242 de 2008 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1222 de 2008,
cuya constitucionalidad ahora se revisa.
Como
resultado de este análisis, señala que el proceso legislativo adelantado cumplió
con la totalidad de las exigencias constitucionales existentes en relación con
un proyecto de este tipo, por lo que a este respecto la ley examinada debe ser
declarada exequible.
A
continuación realiza un pormenorizado recorrido por el articulado de los
distintos acuerdos que por esta ley se aprueban y explica las relaciones
existentes entre ellos, estudio cuyo contenido y forma son muy semejantes a los
de la presentación efectuada por el representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, que páginas atrás hubo ocasión de reseñar. Terminada su exposición,
concluye el Procurador que ninguna de dichas estipulaciones merece, en su
concepto, objeción alguna de constitucionalidad.
La vista fiscal destaca que estas iniciativas son
enteramente congruentes con los objetivos que persigue la integración entre los
distintos Estados y el desarrollo que sobre los tratados internacionales hizo la
Constitución Política de 1991, especialmente en sus artículos 9°, 224, 226 y
227. Ello por cuanto, el propósito de promover el desarrollo integrado de la
región mesoamericana conjuntamente con el de Colombia, así como la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes son objetivos acordes con los fines
esenciales del Estado y los demás objetivos planteados por nuestra Constitución
Política, entre ellos el de avanzar en la integración de la comunidad
latinoamericana y del Caribe. Además, resalta que lo anterior se busca sin
causar vulneración a la soberanía nacional y sobre bases de reciprocidad,
equidad, mutuo respeto y conveniencia nacional.
El concepto del Ministerio Público incluye algunas pocas
referencias específicas al contenido de varias de las estipulaciones consignadas
en el Acta que institucionaliza el mecanismo del Plan Puebla – Panamá, particularmente
lo referente al hecho de que el cumplimiento de los compromisos adquiridos se
sujetará a lo dispuesto en la legislación fiscal de cada Estado, así como a la
existencia de las necesarias disponibilidades presupuestales (art. 13). Menciona
también las advertencias contenidas en el artículo 5° del Convenio de Adhesión
de Colombia, relacionadas con la necesidad de agotar los trámites previstos en
nuestra Constitución Política para la entrada en vigencia de compromisos
internacionales de esta naturaleza. Destaca que ambas previsiones apuntan a
garantizar el respeto a la soberanía nacional, lo que contribuye a refrendar la
constitucionalidad de las obligaciones que el Estado asume a través de ellos.
En la misma línea, en lo referente a la participación de
Colombia en el Consejo Mesoamericano para la Competitividad, destaca que los
objetivos de esta iniciativa son plenamente pertinentes a la promoción del
desarrollo empresarial y al fortalecimiento de la economía nacional, objetivos
que encuentran claro soporte constitucional en lo establecido en el artículo
333 de la Carta Política.
En vista de todo lo anterior, el concepto del
Procurador General concluye entonces solicitando a esta Corte declarar
exequible la Ley 1222 de 2008, así como cada uno de los instrumentos
internacionales que por ella se aprueban.
V.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de
la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias
de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte[2], dicho control se caracteriza por ser (i)
previo al perfeccionamiento del tratado,
pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii)
automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y
del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una
función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.
En cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la
Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban,
según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto
a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los
procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los
funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las
reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente
proyecto de ley en el Congreso de la República.
Dada
la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas
cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Si, como ocurre en este caso,
el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y,
a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir
reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las
disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley
aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento
Superior, para determinar si aquéllas se ajustan o no a la Constitución
Política.
Precisado
y reiterado el alcance del control constitucional, entra la Corte a examinar la
ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
2.  La revisión
formal de la Ley aprobatoria
2.1. Remisión de la ley aprobatoria y de los acuerdos
aprobados por parte del  Gobierno Nacional
El Gobierno Nacional
remitió a esta Corporación el 22 de julio de 2008, copia de la Ley 1222 de julio
16 de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta que Institucionaliza
el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá’, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de
marzo de 2004, el ‘Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan
Puebla Panamá’, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre
de 2006, el ‘Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del
Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)’, firmado el 17 de mayo de
2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos, el ‘Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la
Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del
17 de mayo de 2005’ suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006,
y el ‘Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el
Mecanismo del Plan Puebla Panamá’, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de
octubre de 2006”, para su control constitucional de conformidad con el
artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes
a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional.
2.2.  Negociación y celebración de estos
acuerdos
De manera reiterada la Corte Constitucional ha
señalado que el trámite de revisión de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto
de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. En el
presente caso, y tratándose de cinco (5) distintos acuerdos, es necesario hacer
referencia a cada uno de ellos.
En este sentido debe destacarse que los tres primeros
instrumentos[3] cuya aprobación se
formaliza a través de la Ley 1222 de 2008 fueron suscritos sin la participación
del Estado colombiano, razón por la cual procedería la eventual adhesión de
éste, de conformidad con lo previsto en esos mismos acuerdos y en las normas
internacionales sobre la materia, particularmente la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados[4].
Por su parte, los dos restantes documentos constituyen
la adhesión de Colombia a las dos iniciativas regionales de que tratan los precedentes
instrumentos, y fueron suscritos el 27 de octubre de 2006, con la participación
en representación de nuestro país del doctor Fabio Valencia Cossio, quien para
ese momento se desempeñaba como Consejero Presidencial para la Competitividad y
Consejero Presidencial para el Plan Puebla Panamá.
Ahora bien, según se deduce de las pruebas que obran
en el expediente, quien suscribió estos dos últimos documentos a nombre del
Estado colombiano no fue previamente facultado para tal efecto por el
Presidente de la República. Sin embargo, se observa también que posteriormente,
el 14 de marzo de 2007, misma fecha en que el Jefe del Estado ordenó someter estos
cinco acuerdos a la consideración del órgano legislativo, expidió también un
documento por el cual, en desarrollo de lo previsto en la ya citada Convención
de Viena (artículos 7°, 8° y 12), manifestó refrendar la firma puesta por el
señor Valencia Cossio en los documentos de adhesión de Colombia a tales
acuerdos. De esta manera es claro para la Corte que la representación del
Estado colombiano en la suscripción de estos dos últimos documentos es enteramente
válida, por enmarcarse sin dificultad en los supuestos previstos en las normas
de Derecho Internacional aplicables al caso y en los preceptos constitucionales
que regulan la materia.
En lo que atañe a los tres primeros instrumentos, en
cuya firma, como ya se dijo, no participó un representante del Gobierno
colombiano, el consentimiento frente a ellos se entiende manifestado por el
hecho de la suscripción de los respectivos documentos de adhesión a que se ha
hecho referencia, en los que como ya se explicó, hubo válida representación del
Estado colombiano.
2.3.  Aprobación presidencial
El día 14 de marzo
de 2007 el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva a los ya
referidos cinco instrumentos internacionales y ordenó someterlos a
consideración del Congreso de la República, para su aprobación, de conformidad a
lo previsto en el artículo 150, numeral 16 superior.
En concordancia con
lo anteriormente dicho, resalta la Corte que en el presente caso este acto
tiene además el efecto de expresar la intención y el interés del Presidente de la
República, responsable de la dirección de las relaciones internacionales (art.
189, num. 2° de la Constitución Política) en adherir a los dos citados tratados
multilaterales a cuya suscripción original el Estado colombiano no concurrió.
Además, de
conformidad con lo pacíficamente expuesto por la jurisprudencia de esta
corporación sobre la materia, esta diligencia sanea de manera definitiva
cualesquiera defectos de representación del Estado que de otra forma pudieran
predicarse en relación con la suscripción de esos documentos. Por ello,
entiende la Corte que todos estos trámites se realizaron de manera correcta,
conforme a lo previsto en el texto constitucional.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la
República para la formación de la Ley 1222 de 2008
Tal como la Corte lo ha mencionado al realizar este
tipo de análisis en ocasiones anteriores, salvo por la exigencia de iniciar el
trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en
el Senado de la República (art. 154), la Constitución Política no estableció un
procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes. De allí que a ellas
les corresponda entonces el proceso de formación previsto para las leyes
ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 de la Carta, entre otros. Tampoco
el reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de 1992, prevé reglas
especiales, salvo las contenidas en su artículo 217.
De conformidad con la documentación que obra en el
expediente, el proyecto de ley agotó el siguiente trámite en el Congreso de la
República:
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de
Ley 14 de 2007 Senado:
El
proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por los entonces
Ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo Perdomo y de Hacienda y
Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, el día 20 de julio de 2007.
El
texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado
en la Gaceta del Congreso Nº 344 del 26 de julio de 2007, en las páginas 61 a 74.
De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el
Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de
publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión
respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1° ibídem.
2.4.1.1.
Trámite ante la Comisión Segunda Constitucional del Senado:
La
ponencia para primer debate, fue presentada por la Senadora Marta Lucía Ramírez
de Rincón y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 429 de septiembre 6 de 2007,
páginas 24 a 33. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la
certificación de fecha septiembre 15 de 2008 enviada por el Secretario General de
la Comisión Segunda del Senado de la República informa que este proyecto fue
anunciado en varias oportunidades sucesivas, la última de ellas en la sesión
del día 11 de septiembre de 2007, según consta en el acta 4 de esa fecha, la
cual aparece publicada en la Gaceta 598 de noviembre 26 de 2007.
En
lo que tiene que ver con los términos de este anuncio, según se observa en la referida
acta 4, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos identificadores,
en el último lugar de una lista de cinco proyectos, leída poco antes del
levantamiento de las respectiva sesión, previamente a la cual el Secretario
planteó: “Informa que se anuncia la discusión y votación de proyectos de ley,
por orden del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República,
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión de
acuerdo con el artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003:”
De
otra parte, agotada la lista de proyectos, el Secretario expresó también que “El
señor Presidente informa a la comisión que se cita para el martes 18 de
septiembre, a las 10:00 de la mañana (…). Muchas gracias y hasta el martes.”
Se
observa entonces que el anuncio constitucionalmente requerido se hizo en
términos suficientemente claros y explícitos, lo que a juicio de la Corte
permitió que sus destinatarios (los miembros de la comisión) se enteraran de
manera clara y precisa del objeto de tal anuncio, conforme a lo reiteradamente
planteado por la jurisprudencia de esta corporación. De otra parte, y en lo que
atañe a la fecha en la que debería tener lugar la votación anunciada, se hizo
alusión a “la próxima sesión” fórmula de determinabilidad igualmente
aceptada por la Corte.
A
continuación, en cumplimiento de lo anunciado, el debate y aprobación de este
proyecto se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 18 de
septiembre de 2007, diligencia que contó con la participación de 11 de los 13
senadores que conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el
acta Nº 5 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 598 de 2007,
páginas 65 a 70.
Así, concluye la Sala que la aprobación del proyecto
por parte de esta célula legislativa cumplió con la totalidad de los requisitos
aplicables y que el anuncio previo tuvo las condiciones necesarias para amparar
válidamente dicha votación.
2.4.1.2.
Trámite ante la Plenaria del Senado de la República:
La
ponencia para segundo debate, fue presentada por la misma Senadora Ramírez de
Rincón, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 533 de octubre 19 de 2007,
en las páginas 6 a 18. El anuncio previo del proyecto, según lo pudo observar el
Magistrado ponente, se realizó también en varias ocasiones consecutivas, la
última de ellas en la sesión del día 11 de diciembre de 2007, según consta en
el acta 27 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 598 de 2008.
En
esta última acta se observa que también este anuncio se hizo en términos
suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa alusión al Acto
Legislativo 01 de 2003 (por el cual se introdujo este requisito), se habló de “proyectos
que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión”, se identificó
claramente el proyecto en cuestión (en el 5° lugar de una lista de 44 proyectos)
y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el
día “miércoles 12 de diciembre de 2007 a las 10:00 a. m.”. De esta manera,
se considera que este anuncio es concordante con la votación posteriormente
realizada en la fecha anunciada.
Según
consta en el acta 28, publicada en la Gaceta Nº 60 de 2008, este proyecto fue
discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría[5]
de los senadores presentes en la plenaria del Senado el miércoles 12 de diciembre
de 2007. En lo relacionado con el número de tales senadores, según lo informado
por el Secretario General del Senado en su comunicación de septiembre 17 de
2008, no se solicitó verificación del quórum con anterioridad a la votación,
por lo que es válido asumir el cumplimiento de este requisito a partir del hecho
de que, conforme se observa en el acta ya citada, aparecen asistiendo 90
senadores, cifra ampliamente superior a la requerida para integrar quórum decisorio.
Entonces, también en este caso se cumplieron conforme
a la Constitución las diligencias relacionadas con el anuncio y votación de
este proyecto de ley.
2.4.2.1.
Trámite ante la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes:
La
ponencia para primer debate fue presentada por el Representante William Ortega
Rojas, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del
Congreso Nº 118 de abril 8 de 2008, páginas 1 a 16.
La
comunicación de fecha septiembre 12 de 2008, suscrita por la Secretaria General
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes da cuenta de que el
anuncio de votación de este proyecto se produjo el 22 de abril de 2008, según
consta en el acta 23 de esa fecha, cuyo texto apareció publicado en la Gaceta 398
de 2008, página 19).
De la lectura de esta acta se concluye que, también en
este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto estuvo
enmarcado por la prevención de que se hacía el “anuncio de proyectos de ley
para aprobación en primer debate para el martes 29 de abril de 2008”, y la
reiteración, con posterioridad al anuncio de que “esos anuncios para dar
cumplimiento al artículo 8° del Acto legislativo número 01 de 2003”.
La
misma certificación arriba mencionada informa que este proyecto fue discutido y
aprobado en primer debate el día 29 de abril de 2008 por unanimidad de los
asistentes según consta en el Acta Nº 24 de la misma fecha, que fuera publicada
en la Gaceta 399 de 2008 (páginas 5 a 6).
Acerca
de la validez del aviso efectuado conforme quedó reseñado, se anota que en este
caso el anuncio fue absolutamente preciso y se refirió a una fecha determinada.
A continuación se observa que el debate, votación y aprobación de este proyecto
tuvieron lugar en la sesión anunciada, esto es, la del día 29 de abril de 2008.
Por ello, es evidente que para el caso se cumplió de manera exacta este
requisito constitucional.
2.4.2.2.
Trámite ante la Plenaria de la Cámara de Representantes:
La
ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo representante Ortega
Rojas y fue publicada en la Gaceta Nº 285 de mayo 27 de 2008, en las páginas 3
a 13.
En
relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de septiembre
19 de 2008, suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes
informa que éste se produjo el 28 de mayo de 2008, según consta en el acta 113 de
esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 412 de julio
7 de 2008.
Según
se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente
claro, pues antes de concluir la respectiva sesión, el Secretario expresó: “Se
van a anunciar los proyectos para discusión y votación, en la sesión del próximo
martes, o en la próxima sesión donde se discutan, o debatan proyectos de ley o
de acto legislativo”. A continuación, se leyeron un total de 20 proyectos,
encontrándose en undécimo lugar el Proyecto 242 de 2008 – Cámara, que es aquel
que una vez aprobado vino a convertirse en Ley 1222 de 2008.
Finalmente,
de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del acta 114 de la
Cámara de Representantes publicada en la Gaceta Nº 413 de julio 7 de 2008, este
proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los
asistentes durante la sesión realizada el martes 3 de junio de 2008, en la que
el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 155 de los representantes
que hacen parte de esa corporación.
Según se concluye entonces, la aprobación del proyecto
en este último debate cumplió los requisitos constitucionales y reglamentarios,
y el anuncio previo a dicha votación tuvo también las características que
conforme a la jurisprudencia son necesarias para cumplir válidamente su
objetivo constitucional.
2.4.3. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos
constitucionales aplicables al trámite legislativo surtido por este proyecto:
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas
por el Proyecto de Ley 14 de 2007 – Senado / 242 de 2008 Cámara, que
posteriormente vino a convertirse en Ley 1222 de 2008, la Corte observa lo
siguiente:
El proyecto de ley surtió de manera satisfactoria la totalidad
de las diligencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso
para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza, pues dicho proyecto: (i) comenzó
su tránsito en el Senado de la República (art. 154); (ii) fue publicado
previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en
primero como en segundo debate en cada una de las dos cámaras que conforman el
órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y
el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en plenaria fueron
publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v) entre el primero y
segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación del
proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes
transcurrieron los términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160);
(vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el
trámite legislativo; (vii) fue enviado para su revisión de constitucionalidad a
conocimiento de esta Corte dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción
presidencial.
En consecuencia, bajo todos estos respectos, la Ley 1222
de 2008 debe ser considerada exequible, en lo que se refiere a la validez de su
trámite legislativo.
3. Análisis material sobre el contenido y
estipulaciones de los instrumentos internacionales aprobados mediante Ley 1222
de 2008.
3.1. Del propósito de estas iniciativas, de la relación
existente entre ellas y de su adecuación a la Constitución Política.
Según se desprende del nombre del primero de los
instrumentos que por esta ley se aprueba, los países que lo suscriben acordaron
en marzo de 2004, durante una reunión cumplida en la ciudad de Managua, institucionalizar
un mecanismo de concertación y diálogo preexistente a esa fecha, concretamente
el denominado “Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, cuya
conformación data del 15 de junio de 2001[6]. Por su parte, la
creación de este último mecanismo hizo parte de las iniciativas surgidas dentro
del marco del llamado “Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla”,
instancia que también se integra por la mayoría de los países centroamericanos
y por nueve (9) de los Estados de la región sureste de México[7],
y que fue conformada desde 1991[8]. Sin embargo, debe
aclararse que Colombia no es miembro de esta última iniciativa, lo cual, como
se verá, no es óbice para que sí pueda hacer parte del Mecanismo del Plan
Puebla – Panamá.
Por otra parte, el nombre del mecanismo de cuya
institucionalización se trata también hace alusión al área geográfica dentro de
la cual, según lo originalmente previsto, deberían cumplirse sus objetivos. Ese
territorio abarca desde la región suroriental de los Estados Unidos Mexicanos,
siendo Puebla uno de los principales Estados y ciudades de esa subregión, hasta
la República de Panamá, incluyendo entonces todos los países de América Central[9].
En su momento, este proyecto surge como una iniciativa de México, que busca
contribuir a la promoción del desarrollo económico y al mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de la región centroamericana, con la cual los
ya mencionados Estados del sureste mexicano comparten un conjunto de
condiciones históricas, sociales y económicas que harían aconsejable la
integración y el trabajo conjunto de ambas regiones.
Según información contenida en la página Web del PPP,
éste se definió en su fase inicial como “una estrategia regional para
potenciar el desarrollo económico, reducir la pobreza y acrecentar la riqueza
del capital humano y el capital natural de la región mesoamericana, dentro de
un contexto de respeto a la diversidad cultural y étnica, e inclusión de la
sociedad civil”. De acuerdo con la misma fuente, “El Plan promueve la
integración y el desarrollo regional, coordinando esfuerzos y acciones de los
siete países de Centroamérica y los nueve estados que integran la región Sur Sureste
de México, en la perspectiva de promover el desarrollo integral, así como la
integración en aquellos temas que hagan posible que de manera conjunta, se
creen bienes públicos regionales con el fin de elevar la calidad de vida de los
habitantes”, y comprendía ocho (8) distintas iniciativas específicas, cuyo
liderazgo se encomienda a cada uno de los países que inicialmente conformaron
el PPP[10].
Los objetivos fundamentales de este mecanismo de
concertación se relacionan entonces con la promoción e impulso del desarrollo
económico y social de la región a través de la realización conjunta, entre
otras acciones, de obras de infraestructura y proyectos de interconexión en
materia de servicios públicos, que mejoren la eficiencia y reduzcan los costos
de prestación de los mismos, y en general, contribuyan a la competitividad de
la región en materias industrial y comercial. También se contemplan, de manera
concurrente, acciones relacionadas con los temas de desarrollo sostenible, con
la mitigación de desastres naturales y con la promoción del turismo en los
países de la región.
Posteriormente, dentro del marco de esta misma
iniciativa, los países que la conforman suscribieron en mayo de 2005 un nuevo
documento, que da origen al “Consejo Mesoamericano para la
Competitividad” (tercero de los documentos que por esta ley se
aprueban). Este nuevo proyecto tiene como objetivo fundamental la formulación
de una agenda específicamente encaminada a lograr el mejoramiento de la
competitividad de la región, mediante acciones enfocadas a temas tales como productividad
empresarial, promoción de inversiones, clima de negocios, desarrollo del
recurso humano e innovación tecnológica.
La pertenencia a estas dos iniciativas, tanto por
parte de aquellos países que inicialmente dieron lugar a ellas como de los
demás que posteriormente se adhieran a las mismas, tiene como principal
objetivo y efecto la participación en los proyectos conjuntos que en desarrollo
de ellas se acuerde emprender, así como en las instancias de planeación, deliberación,
decisión y evaluación relacionadas con la realización de tales proyectos.
De otra parte, dado que por su particular naturaleza y
contenido, el principal objetivo de estas dos iniciativas es generar un
mejoramiento de los niveles de desarrollo económico y social de los territorios
de los países miembros, debe entenderse que la posterior adhesión por parte de Estados
que originalmente no hicieron parte de ellas, implica también la ampliación del
territorio respecto del cual la comunidad de países miembros buscará el logro
de esos objetivos.
En vista de estas consideraciones, estima la Corte que,
al menos en principio, el propósito de estos acuerdos y la participación del
Estado colombiano dentro de tales iniciativas resultan acordes con los
principios y objetivos generales que el texto superior estableció en relación
con el manejo de las relaciones internacionales.
Considera esta corporación que la adhesión de Colombia
a estos acuerdos y su participación junto con los países fundadores en estas
iniciativas es claramente pertinente. De una parte, por cuanto la Constitución
Política alienta y promueve de manera general (art. 226) la colaboración en
condiciones de equidad, reciprocidad y mutua conveniencia con otros Estados o
sujetos de Derecho Internacional que persigan objetivos que resulten
congruentes con los de nuestro país; de otra, por cuanto desde su mismo
preámbulo, pero también en otras disposiciones (arts. 9° y 227, entre otros),
el Constituyente expresó su especial interés por la vinculación de Colombia a
las iniciativas de carácter regional y a la integración latinoamericana, que es
precisamente el entorno geográfico dentro del cual se inscriben estas
iniciativas.
En adición a lo anterior, es evidente que el logro de los
objetivos que a través de estos acuerdos se perseguirán de manera conjunta
entre los países miembros, tales como las mejoras en la infraestructura de
transportes y comunicaciones, la más eficiente prestación de varios importantes
servicios públicos mediante una mutua y activa interconexión, la promoción del
desarrollo ambientalmente sostenible, la más adecuada atención de los desastres
naturales, y en general, las mejoras a la productividad y competitividad de las
economías locales, son finalidades claramente deseables y pertinentes dentro
del marco de la Constitución Política de Colombia (arts. 2°, 58, 80, 333, 334 y
365 entre otros). De allí que resulta enteramente válida la asunción de compromisos
internacionales encaminados al logro de tales finalidades.
3.2.1. Contenido del Acta que institucionaliza el Mecanismo
del Plan Puebla – Panamá y de su Anexo modificatorio.
El acta que institucionaliza el “Mecanismo del Plan
Puebla – Panamá”, suscrita en Managua el 25 de marzo de 2004, posiblemente parte
del supuesto de un movimiento u organización preexistente, ya que dicho
documento es pobre y lacónico en lo referente a narración de antecedentes y
planteamiento de objetivos. Así, las 18 estipulaciones de esta acta se enfocan
de manera casi exclusiva a la composición y funciones de las diferentes
instancias y organismos que conforman el Plan, a saber: la Comisión Ejecutiva, la
Dirección Ejecutiva, la Comisión de Promoción y Financiamiento, el Grupo
Técnico Institucional y el Consejo Consultivo.
Debe advertirse que esa acta fue objeto de varias
adiciones y modificaciones, contenidas en el “Anexo que modifica el Acta que
institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”[11],
documento aprobado por la Comisión Ejecutiva del PPP en reunión efectuada
el 27 de octubre de 2006 en la ciudad de San José de Costa Rica. De manera
general se observa que ese Anexo no incorpora nuevas materias, sino apenas
adiciones o precisiones en relación con las originalmente tratadas, por lo que
subsistiría el carácter parcial de la regulación allí contenida, al cual antes
se hizo referencia.
En vista de estas circunstancias, al realizar el
análisis del articulado del acta original se tomarán en cuenta directamente, y en
lo pertinente, los cambios contenidos en el segundo documento, de modo tal que la
Corte emita su decisión en relación con aquellos textos a cuyo cumplimiento se
comprometería el Estado colombiano en desarrollo de la Ley 1222 de 2008 cuya
exequibilidad se analiza. El contenido fundamental de estos documentos puede
resumirse como sigue:
Los dos primeros artículos del Anexo se refieren, el
primero, a las distintas categorías de los países miembros del PPP y a los
observadores, y el segundo, a los órganos e instancias de dirección al interior
del PPP, adicionando algunos no contemplados en el Acta original.
La Comisión Ejecutiva del PPP[12]
es un órgano colegiado, semejante a una asamblea general, en el cual tienen
asiento representantes de los Jefes de Estado de todos los países miembros del
PPP. Esta comisión estará liderada por dos co-presidentes, uno de los cuales
será, de manera permanente, un representante de México, y el otro, de manera
rotativa, un representante de alguno otro de los países miembros[13].
Dentro de sus principales funciones se encuentra el
análisis y aprobación de los proyectos específicos que en desarrollo del PPP se
decida emprender, así como su posterior seguimiento y evaluación. Así mismo,
compete a esta comisión la elaboración y presentación de informes periódicos
sobre las actividades cumplidas, para conocimiento de los Jefes de los Estados
miembros, y la elección de la persona que desempeñará la Dirección Ejecutiva.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva[14]
es un órgano unipersonal, encargado de dar impulso y seguimiento permanente a
los proyectos que los países miembros del PPP acuerden desarrollar, coordinar
la agenda de la Comisión Ejecutiva y ejercer las demás funciones gerenciales y
de representación necesarias para su adecuado funcionamiento. El artículo 8°
establece su período y forma de elección y el 7° determina que su sede estará
ubicada en la República de El Salvador. El acta establece también que la
Dirección Ejecutiva del PPP funcionará dentro del Sistema de Integración
Latinoamericana, para lo cual se prevé la necesidad de que se suscriba un
acuerdo marco que establezca el alcance de la cooperación existente entre ambas
instancias.
La Comisión de Promoción y Financiamiento del PPP[15]es
un cuerpo conformado por los presidentes de varios organismos multilaterales de
crédito de la región[16], cuyo objetivo es apoyar
a los países miembros en la identificación y búsqueda de fuentes de crédito y
de recursos de cooperación requeridos para adelantar los proyectos que dentro
del marco de esta iniciativa se acuerde desarrollar. El acta aclara, sin
embargo, que la contratación y administración de tales recursos es
responsabilidad de los organismos competentes al interior de cada país miembro.
Por su parte, el Grupo Técnico Interinstitucional del
PPP[17], integrado también por
representantes de otras instituciones, incluyendo tanto organismos de la banca
multilateral como centros de estudio sobre temas económicos[18],
tiene el propósito de apoyar a la Comisión Ejecutiva en el estudio y definición
de los proyectos a desarrollar.
Finalmente, el Consejo Consultivo del PPP[19]
tiene por objeto propiciar y facilitar la participación de diversos actores
sociales en la impulsión y el desarrollo de los proyectos que se decida
adelantar. El artículo relativo a su composición (modificado por el Anexo)
menciona algunas instituciones específicas con asiento en los países
fundadores, pero también prevé la posibilidad de que hagan parte de este
Consejo otras organizaciones, siendo potestativo de la Comisión Ejecutiva
decidir sobre su admisión.
El artículo 18 del Acta, incorporado a partir de la
aprobación del Anexo, establece una regla para la admisión de nuevos miembros
y/o de observadores, conforme a la cual no será necesario hacer parte del Mecanismo
de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Como ya se mencionó, este es el caso
de Colombia, por lo cual queda claro que, desde la perspectiva de los Estados
fundadores, el ingreso de nuestro país al PPP es posible, pese a no haber hecho
parte del denominado Mecanismo de Tuxtla.
El artículo 17 del Acta original (ahora 19) establece
la necesidad de que la Comisión Ejecutiva establezca un Reglamento para normar
el funcionamiento institucional del PPP, circunstancia que es coherente con el
ya comentado carácter parcial de la regulación contenida en esta misma acta.
Por último, el artículo 18 (ahora 20) regula los temas
relacionados con la entrada en vigencia de esta Acta, la posibilidad de su
modificación por decisión de la Comisión Ejecutiva previa propuesta de uno
cualquiera de los países miembros y la posibilidad de retiro del PPP por parte
de alguno de éstos.
3.2.2. Memorando de Entendimiento para la
institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC).
Este memorando fue acordado por los países entonces
integrantes del Plan Puebla – Panamá en reunión realizada en la ciudad de
Villahermosa (Estado de Tabasco) el 17 de mayo de 2005[20].
Su texto se compone de sólo seis artículos.
Los dos primeros artículos plantean el objetivo
general de esta nueva iniciativa, que como se ha dicho, busca formular y hacer
seguimiento a una Agenda Mesoamericana de Competitividad, la cual deberá
consultar los aspectos específicos que el mismo texto plantea, entre ellos, los
temas de infraestructura, cadenas productivas, clima de negocios y promoción de
inversiones.
En la misma línea, los artículos 3° y 4° enuncian los
objetivos específicos y las áreas temáticas prioritarias que la gestión del
Consejo Mesoamericano para la Competitividad deberá tener en cuenta. El
artículo 4° contempla la necesidad de elaborar un informe anual sobre el estado
de la competitividad de la región, que permita hacer seguimiento a la labor
cumplida y los logros alcanzados.
El artículo 5° contiene las reglas necesarias sobre
integración y funcionamiento de este organismo. Establece esta norma que el
Consejo estará conformado por un representante gubernamental de cada país,
quien deberá ser el funcionario encargado del desarrollo de políticas públicas
con efecto sobre el tema de la competitividad, además de un representante del
sector privado con experiencia y compromiso en relación con este mismo tema[21].
De otro lado, señala que el Consejo deberá reunirse cuando menos cuatro veces
por año, que será apoyado por una Secretaría Ejecutiva a cargo del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y que su coordinación estará a
cargo del Comisionado Presidencial para el Plan Puebla – Panamá en la República
de Honduras.
El artículo 6°, sobre disposiciones finales contempla
la posibilidad de introducir reformas al texto de este Memorando, para lo cual
es competente el propio Consejo, integrado conforme a las reglas contenidas en
el artículo 5°, que vienen de explicarse. También establece que aquél entrará
en vigencia en la fecha de su firma, de la cual existe constancia en el texto
incorporado a la ley sancionada y que la Corte Constitucional tuvo ocasión de
examinar.
3.2.3. Del Adendum N° 1 al Memorando de Entendimiento
para la institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad
(CMC) y el Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que institucionaliza el Mecanismo
del Plan Puebla – Panamá (PPP).
Como ya quedó dicho, estos dos documentos fueron
suscritos durante la reunión del Plan Puebla Panamá cumplida en San José de
Costa Rica el 27 de octubre de 2006, de una parte, por el representante del
Gobierno de Colombia, y por otra, en cada caso, por los representantes del CMC
y del PPP. El principal contenido de la parte dispositiva de estos dos instrumentos
es la manifestación de voluntad del Estado colombiano de entrar a hacer parte
integrante de estas instituciones.
Estos dos documentos contienen algunos antecedentes,
tanto en lo relacionado con el origen e historia de estas iniciativas, como en
lo que tiene que ver con las circunstancias en que se plantea el ingreso de
Colombia. En el caso del PPP se menciona el hecho de que nuestro país fue
admitido en calidad de observador desde el mes de noviembre de 2004 y como
miembro de pleno derecho desde julio de 2006. En lo relacionado con el CMC se
informa que el 22 de septiembre de 2006 sus integrantes aprobaron la solicitud
de ingreso formulada por el representante de Colombia ante el PPP y facultaron
a su representante legal para suscribir los documentos necesarios para
formalizar dicho ingreso.
La parte dispositiva del Convenio de Adhesión de
Colombia al PPP (art. 1°) señala que por efecto de este documento el país es
admitido como miembro de pleno derecho del PPP “en las mismas condiciones
que los Estados que lo fundaron”. De manera reiterativa, los artículos 2° y
4° señalan también que Colombia ejercerá los mismos derechos y obligaciones de
los demás países miembros y participará con voz y voto e igual iniciativa en
todas las instancias de deliberación del PPP. Por su parte, el artículo 3° se
refiere a la necesidad de que el Gobierno Nacional designe los representantes
necesarios para actuar en los distintos organismos del PPP a que antes se hizo
referencia. Por último, el artículo 5° advierte sobre el efecto inmediato aunque
provisional de este documento, cuya definitiva entrada en vigencia se
condiciona al pleno cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales
previstos en el ordenamiento jurídico colombiano.
De manera similar, la parte dispositiva del Adendum N°
1 al Memorando de Entendimiento constitutivo del CMC formaliza el ingreso de
Colombia al seno de este organismo y hace mención de las obligaciones que por
este hecho adquiere el Estado colombiano, entre ellas las de designar
oportunamente a los representantes, tanto de parte del Gobierno como del sector
privado que conforme al artículo 5° del documento constitutivo deben integrar
el CMC.
3.3. De la exequibilidad material de las estipulaciones
de estos documentos.
Examinado el contenido material de los instrumentos
internacionales a los que Colombia se propone adherir, así como el de los
respectivos documentos de adhesión, aprobados unos y otros por Ley 1222 de
2008, considera la Corte de manera general que ellos resultan acordes y
pertinentes con los objetivos que más atrás hubo ocasión de examinar, y en la
misma medida que estos últimos, acordes con las disposiciones constitucionales
vigentes sobre la materia. También resalta esta corporación, que no existe
oposición visible entre ninguna de las disposiciones estudiadas y los preceptos
de la Constitución colombiana.
Sin embargo, en lo relacionado con el alcance de los
compromisos que por efecto de estos acuerdos adquiere Colombia, la Corte
considera importante reiterar que el texto de los acuerdos constitutivos, tanto
del Plan Puebla – Panamá (PPP) como del Consejo Mesoamericano de la
Competitividad (CMC), resultan particularmente breves y lacónicos, por lo que
posiblemente la extensión específica de tales compromisos dependerá en buena
medida de las decisiones operativas que posteriormente se adopten por parte de
los órganos competentes dentro de cada una de tales instancias.
A este respecto, advierte la Corte que aquellas
decisiones internas que impliquen nuevas modificaciones al texto de los
acuerdos incorporados a la Ley 1222 de 2008 cuya exequibilidad ahora se
examina, y particularmente la asunción de nuevas obligaciones específicas por parte
de los países miembros, deberán, en lo que a la República de Colombia concierne,
surtir la totalidad del trámite constitucionalmente requerido para la
aprobación y entrada en vigencia de un tratado internacional, a los que hubo
ocasión de hacer amplia referencia en el punto 2 anterior de esta misma
providencia.
De otra parte, es importante mencionar también que si
bien ambos instrumentos prevén la posible adhesión futura de Estados que no
concurrieron a la fundación de estas iniciativas, varias de sus disposiciones
se encuentran notoriamente dirigidas a los países originalmente signatarios, esto
es México y los países de América Central, y que por eso mismo, tales
referencias no serían, al menos en principio, aplicables a Colombia.
En esta línea es pertinente recordar que algunas de
las disposiciones ya estudiadas establecen incluso ciertos privilegios de mayor
participación para el Estado mexicano[22] en las instancias decisorias
de estos acuerdos, así como para los países centroamericanos[23].
En lo que se refiere a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva del PPP, estas
disposiciones implican para Colombia la imposibilidad de que un representante suyo
pueda acceder al menos a uno de los dos cargos de la llamada co-presidencia de
dicha comisión.
Empero, no considera la Corte que estas circunstancias
debieran conducir a la declaratoria de inexequibilidad de estos instrumentos,
ni a la de las disposiciones específicas a las que se ha hecho referencia. Esta
conclusión se apoya en la apreciación de varias situaciones que delimitan el
contexto dentro del cual el Estado colombiano se dispone a participar de estas
iniciativas, entre ellas, las especiales relaciones que históricamente han existido
entre los Estados que en su momento originaron estas iniciativas y el
desarrollo que aquéllas han tenido con anterioridad al propósito de adhesión
expresado por el Gobierno de Colombia. En esta misma línea es claro que, tanto
en organizaciones internacionales como al nivel de entidades privadas, en
muchas ocasiones se considera válido que los textos estatutarios establezcan a
favor de los miembros fundadores ciertos derechos que no se atribuyan en
igualdad de condiciones a los adherentes.
Finalmente, teniendo en cuenta que el texto de los
acuerdos aprobados mediante Ley 1222 de 2008 reconoce y asegura en lo esencial la
igualdad de derechos y obligaciones que deberá existir entre Colombia y los
otros países miembros de estos organismos[24], en especial la
posibilidad de participar con voz y voto en la totalidad de las decisiones que
en el futuro se adopten, e incluso la de promover modificaciones a los
documentos constitutivos, considera la Corte que las ya comentadas limitaciones
no tienen entidad suficiente para comprometer la exequibilidad de estos
acuerdos, ni tampoco plantean la necesidad de que al expresar el consentimiento
del Estado colombiano el poder ejecutivo formule declaraciones interpretativas
al respecto. En consecuencia, la Corte declarará la constitucionalidad de esos
instrumentos, de tal modo que Colombia pueda convertirse en miembro de los
mismos y hacerse así partícipe de las ventajas que ellos plantean para sus
integrantes.
4. Conclusión
Agotado el análisis de los instrumentos
internacionales aprobados mediante Ley 1222 de 2008, tanto en su aspecto formal
como material, considera la Corte que aquellos se ajustan a los preceptos
constitucionales. En cuanto a lo primero, porque ha constatado que se ha cumplido
la totalidad de los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y
la ley para integrarse al ordenamiento jurídico interno. Y en relación con lo
segundo, por cuanto el contenido de los acuerdos sometidos en este caso a
control constitucional, desarrolla preceptos consagrados en la Constitución
Política, como quiera que a través de su suscripción se busca participar,
dentro de un marco de reciprocidad, cooperación y mutua conveniencia, de dos iniciativas
de la región latinoamericana encaminadas a la promoción e impulso del
desarrollo económico y social de la región y a la más eficiente prestación de
los servicios públicos, finalidades todas cuya importancia y conveniencia han
sido ampliamente reconocidas por el texto superior.
VI.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Acta que
Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla – Panamá”, firmada en
Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2004.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE
el “Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan Puebla Panamá”,
firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
Tercero: Declarar EXEQUIBLE el “Memorando de
Entendimiento para la Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la
Competitividad (CMC)”, firmado el 17 de mayo de 2005 en la ciudad de Villa
Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el “Addendum N° 1 al
Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del Consejo
Mesoamericano para la Competitividad (CMC) de 17 de mayo de 2005,
suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006.
Quinto: Declarar EXEQUIBLE el “Convenio de Adhesión
de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla Panamá”,
firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006
Sexto: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1222 de julio 16 de
2008, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta que Institucionaliza el
Mecanismo del Plan Puebla – Panamá’, firmada en Managua, Nicaragua, el 25 de
marzo de 2004, el ‘Anexo que modifica el Acta que Institucionaliza el Plan
Puebla Panamá’, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre
de 2006, el ‘Memorando de Entendimiento para la Institucionalización del
Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC)’, firmado el 17 de mayo de
2005 en la ciudad de Villa Hermosa, Estado de Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos, el ‘Addendum número 1 al Memorando de Entendimiento para la
Institucionalización del Consejo Mesoamericano para la Competitividad (CMC) del
17 de mayo de 2005’ suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006,
y el ‘Convenio de Adhesión de Colombia al Acta que Institucionaliza el Mecanismo
del Plan Puebla Panamá’, firmado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO    JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
Magistrado
Ausente
con Excusa
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO    JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado                                                Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB CLARA ELENA REALES
GUTIÉRREZ
Magistrado
Magistrada
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado                                             Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]  El interviniente presenta los objetivos de estas iniciativas de
integración regional, los cuales incluyen temas de desarrollo humano, de
desarrollo ambiental sostenible, de integración comercial y dentro de ella de
mejoramiento de la infraestructura requerida, de promoción de la
competitividad, de prevención y mitigación de desastres y de promoción
turística de la región, entre otros.
[2]  Ver sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre
muchas otras, las sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de
2000 (M. P. Carlos Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla
Pinilla).
[3]  Contentivos de: i) la institucionalización del mecanismo del
Plan Puebla Panamá; ii) el anexo que modifica dicha acta, y iii) el Memorando
de Entendimiento que institucionaliza el Consejo Mesoamericano para la
Competitividad.
[4]  Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 32 de
1985.
[5] El
acta contiene constancia del voto negativo de 4 de los senadores presentes.
[6]  En lo sucesivo, y tal como ocurre en muchos documentos oficiales del
Plan Puebla – Panamá incluido el texto de los acuerdos aprobados, éste podrá
denominarse simplemente PPP.
[7] Se trata de los Estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán,
[8] Información tomada, entre otras fuentes, de la intervención
presentada dentro de este proceso de control constitucional, por el Ministerio
de Relaciones Exteriores (folios 59 a 71) y de diversas páginas Web,
principalmente www.planpuebla-panama.org
[9] En efecto, según puede constatarse a partir del texto de estos
instrumentos, son miembros de esta iniciativa las repúblicas de Guatemala,
Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
[10] Las ocho iniciativas a que se ha hecho referencia son: la energética,
la de transporte, la de telecomunicaciones, la de turismo, la de facilitación
del intercambio comercial, la de desarrollo humano, la de desarrollo sostenible
y la de prevención y mitigación de desastres naturales.
[11]  Segundo documento aprobado por la Ley 1222 de 2008.
[12] Regulada por los artículos 3° a 6° del acta original, y que por efecto
del Anexo vienen a ser 4° a 7°.
[13] Según lo establece el artículo 5° de esta acta, ejercerá este
encargo el país que ostente la Presidencia pro témpore del Sistema de la
Integración Centro Americana (SICA).
[14] Regulada por los artículos 7° a 10° del acta original, y que por
efecto del Anexo vienen a ser 8° a 11.
[15] Regulada por los artículos 11 y 12 del acta original, y que por efecto
del Anexo vienen a ser 12 y 13.
[16] Incluye el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el Instituto de Crédito Oficial de España (ICO).
[17] Regulado por los artículos 13 y 14 del acta original, y que por efecto
del Anexo vienen a ser 14 y 15.
[18] Este grupo prevé la participación de los organismos de crédito
mencionados en la Nota 14, además de otras instituciones tales como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Secretaría de la
Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia Interamericana para la
Cooperación y el Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos
(AICD), entre otros.
[19] Regulado por los artículos 15 y 16 del acta original, y que por efecto
del Anexo vienen a ser 16 y 17.
[20] En lo sucesivo, y tal como se hace en el propio documento
constitutivo, la Corte hará referencia al CMC para designar al Consejo
Mesoamericano para la Competitividad.
[21] Esta misma norma establece que en el caso de México habrá dos
distintos representantes, uno por el Estado Federal y otro que representará a
los 9 estados del sureste que, según se explicó, conforman la región de
influencia del PPP, así como dos representantes del sector privado provenientes
de cada uno de estos niveles. Conforme a esta regla el Estado mexicano tendrá
cuatro representantes en el Consejo mientras cada uno de los restantes países
tendrá dos.
[22] Como ya se mencionó, México es el único país que tiene asiento
permanente en la Presidencia de la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla – Panamá
(art. 5°, ahora 6° del Acta) y de otra parte tiene derecho a doble
participación que los demás países en la conformación del Consejo Mesoamericano
para la Competitividad (art. 5° del Memorando de Entendimiento).
[23] Conforme se establece en el artículo 5° (ahora 6°) del Acta, el
otro co-presidente de la Comisión Ejecutiva del PPP provendrá del Estado
centroamericano que ostente la Presidencia pro témpore del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA).
[24] Con la sola excepción del aspecto a que se hizo alusión en las
dos notas anteriores, relacionado con la imposibilidad de participar en la
Presidencia de la Comisión Ejecutiva del PPP.