T-065-06
Proyecto de Circulación Restringida
Sentencia T-065/06
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales/DERECHO AL PAGO OPORTUNO DEL SALARIO-Fundamental
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es óbice para
desconocer obligaciones laborales
PARTIDA PRESUPUESTAL-Gestión y distribución para pago oportuno
de salarios
ACCION DE TUTELA-Pago de salarios adeudados a personas
nombradas en provisionalidad
DERECHO FUNDAMENTAL
AL MINIMO VITAL-Hipótesis mínimas fácticas que deben cumplirse
La doctrina
constitucional estima que las hipótesis fácticas
mínimas que deben cumplirse para que pueda tutelarse el derecho fundamental al
mínimo vital mediante la orden de pago oportuno del salario debido son las
siguientes: “(1) Que exista un incumplimiento salarial (2) que afecte el mínimo
vital del trabajador, lo cual (3) se presume si el incumplimiento es prolongado
o indefinido, salvo que (4) no se haya extendido por más de dos meses,
excepción hecha de la remuneración equivalente a un salario mínimo, o (5) el
demandado o el juez demuestren que la persona posee otros ingresos o recursos con
los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales y las de su familia,
(6) sin que argumentos económicos, presupuestales o financieros puedan
justificar el incumplimiento salarial.”
DERECHO DE ACCESO A
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Implica también derecho a recibir trato igualitario
Es doctrina de la Corte Constitucional que
el derecho de acceso a la administración de justicia implica también el derecho
a recibir un trato igualitario, dada la necesidad de armonizar el  artículo 229
de la Carta con el artículo 13 superior, “de manera tal que el derecho de
acceder igualitariamente ante los jueces, se entendiera  no solo como la
idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también como la
posibilidad de recibir  idéntico tratamiento por parte de estas autoridades y
de  los tribunales, ante situaciones similares.” Desde esta perspectiva, es
menester aplicar al presente caso la ratio decidendi utilizada en la Sentencia
T-660 de 2004, dada la verificación de los mismos supuestos de hecho y por ende
el cumplimiento de las hipótesis fácticas mínimas para tutelar el derecho
fundamental al mínimo vital mediante la orden de pago oportuno del salario
debido, puesto que por una parte, no cabe duda del incumplimiento, tanto del
empleador del accionante como del Departamento de Sucre, de la obligación de
cancelar oportunamente sus salarios; y, por la otra, está demostrado que se le
adeudan más de dos mensualidades, no habiendo sido desvirtuado que el actor cuente
con otros ingresos o recursos que permitan afirmar que su mínimo vital no había
sido afectado. Estando, por el contrario, plenamente establecida la dramática
situación económica que atraviesa por el no pago de sus salarios y que genera
una clara lesión a su derecho constitucional al mínimo vital.
ACCION DE TUTELA-Inmediatez en caso
de empleado de municipio de Majagual/JUEZ INTERPRETE-Aplicación de lo
que en el Common Law se denomina distinguishing
El hecho de haberse interpuesto la acción de tutela dos
años y medio después de haberse iniciado la conducta violatoria de los derechos
invocados, impide otorgar al señor Cárdenas Palencia la misma protección que se
brindó a los accionantes en la Sentencia T-660 de 2004, pues de hacerlo se
violaría el derecho a la igualdad. En este tipo de eventos, debe operar lo que
en el Common Law ha sido denominado distinguishing, que permite al
juez-intérprete mostrar que el nuevo caso es diferente al analizado por el
juez-sentenciador y por lo mismo la ratio decidendi y el decisum no deben ser
aplicados de forma idéntica. Así, en el caso del accionante, la Sala considera
que si bien la acción no fue interpuesta en un término prudencial respecto de
la iniciación de la conducta de la Administración que lesiona su derecho fundamental
al mínimo vital, lo cierto es que para el momento de su interposición dicha
omisión se encontraba vigente. Por lo anterior, conforme a la regla
jurisprudencial sobre la materia se ordenará a la entidad accionada que proceda
a cancelar los salarios adeudados pero solamente desde el momento en que fue
interpuesta la acción de tutela y hacia el futuro con el fin de que el pago de
las sumas de dinero que se causaron desde esa fecha se garantice y haga
efectivo y por tanto cese la conducta que dio lugar a la vulneración del
derecho invocado, debiendo el actor acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para lograr la cancelación de los salarios causados y no pagados
así como el reconocimiento de los demás derechos que pretenda reclamar.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-1198412
Acción de tutela instaurada por Salvador
Cárdenas Palencia contra el Departamento de Sucre.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá D. C., tres (3) de febrero de dos
mil seis (2006).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
en el asunto de la referencia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Sincelejo Sucre y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sincelejo, el 5 de julio y el 1º de agosto de 2005
respectivamente.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El señor Salvador Cárdenas Palencia interpuso acción de tutela
contra el Departamento de Sucre, por considerar vulnerados sus derechos
constitucionales a la vida, la subsistencia, el trabajo, la salud, la seguridad
social y la remuneración mínima vital y móvil.
Relata que mediante Resolución Nº 164 del tres (3) de diciembre de
2002 fue nombrado por el Alcalde del municipio de Majagual (Sucre) en el cargo
de electricista de la Escuela Normal Superior de la Mojana. Dicho nombramiento
fue hecho en provisionalidad.[1]
Agrega que desde el 1º de enero de 2003 hasta la fecha de
presentación de la acción de tutela (20 de junio de 2005), a pesar de haber
prestado sus servicios en forma permanente y sin interrupción, no se le han
cancelado sus salarios[2],
omisión que le ha impedido obtener los medios para procurarse su familia y él
una subsistencia digna, habiendo sido colocado en extrema situación de
indigencia.
Afirma que no posee otros ingresos económicos y por lo mismo ha
incumplido con sus obligaciones[3]
y expuesto así a la penuria económica ha recibido una escasa ayuda de algunos
familiares cercanos que se han solidarizado con su difícil y angustiosa
situación.
Por lo anterior solicita que se tutelen los derechos vulnerados y en
consecuencia se ordene el pago de los salarios adeudados.
2. Respuesta del Departamento de Sucre
El representante legal de la entidad territorial señaló que si bien
aparece demostrado que el accionante fue vinculado laboralmente al Municipio de
Majagual, que ha venido prestando sus servicios y que se le deben los
respectivos salarios, también lo es que no existe claridad sobre la entidad que
debe asumir el pago de dichas acreencias laborales, dado que el Municipio de
Majagual al hacer la vinculación del accionante no ajustó su conducta a los
trámites legales de la planta de personal y la respectiva asignación de
presupuesto.
Por lo anterior, considera que el actor cuenta con otros medios de
defensa judicial para lograr que se defina su situación. Agrega, que de
conformidad con la Ley 715 de 2001 al Departamento de Sucre corresponde
administrar y distribuir los recursos financieros provenientes del Sistema
General de Participaciones destinados a los municipios no certificados como lo
es Majagual.
Señala que por obligación legal le correspondía a los municipios no
certificados, suministrar la información al Departamento y a la Nación con las
características y en la oportunidad establecida por el Ministerio de Educación
Nacional, por este motivo el municipio de Majagual reportó dicha información y
obtuvo como resultado “la no aprobación de la inclusión del administrativo
accionante en la planta de personal de ese ente territorial”[4], razón por la cual el
cargo del actor no quedó reportado, reconocido, avalado ni incluido por el
Ministerio de Educación Nacional en la planta de personal, circunstancia ésta
que a su juicio no puede ser subsanada por vía de tutela.
De otra parte, considera que la tutela también debe ser denegada por
cuanto el actor no cumplió con el requisito de la inmediatez, esto es, haber
incoado la acción en un plazo prudencial. Esto por cuanto el accionante reclama
salarios que dejaron de cancelarle a partir del 1º de enero de 2003 y sólo
pasados dos (2) años y medio pretende por vía constitucional obtener su
cancelación, no siendo evidente la vulneración pues durante todo ese tiempo el
actor solventó sus necesidades.
En síntesis, considera que el actor debe acudir a los mecanismos
ordinarios de defensa para lograr la satisfacción de sus pretensiones y por lo
mismo solicita que la acción interpuesta sea denegada.
3. Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, mediante fallo
del 5 de julio de 2005 denegó el amparo solicitado por considerar que el actor
cuenta con las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa para
lograr el pago de los salarios reclamados, mecanismo que resulta eficaz en la
medida en que el accionante “no invocó y mucho menos probó la inminencia de
un perjuicio irremediable”.[5]
Segunda instancia
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo, mediante providencia del 1º de agosto de 2005 confirmó
la decisión del a-quo, pero por otras razones.
En efecto, el ad-quem consideró que la acción de tutela debía
haberse interpuesto contra el Municipio de Majagual y no contra el Departamento
de Sucre, en la medida en que el actor no está vinculado con el departamento
sino con el municipio y por lo mismo nada puede exigirle a aquél.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Problema jurídico
La Sala debe determinar: (a) si el
incumplimiento en el pago de los salarios adeudados al actor por parte de la
entidad territorial demandada le vulnera a éste derechos de carácter
constitucional y, (b) si la acción de tutela es procedente para lograr su protección
ante la existencia de vías judiciales ordinarias para obtener su pago.
Improcedencia general de la acción de tutela para la obtención del
pago de acreencias laborales. Caso de la afectación del mínimo vital.
Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia constitucional ha afirmado, de forma continua y
consistente que, de manera general, la acción de tutela no es un mecanismo
idóneo para obtener el pago de acreencias laborales, en el entendido que el
artículo 86 de la Carta establece que dicho instrumento tiene entre sus
características la subsidiaridad, es decir, que sólo es procedente cuando el
afectado no disponga de otro mecanismo idóneo de defensa judicial o cuando en
concurrencia de éste se acredite la inminencia de un perjuicio irremediable que
permita conceder el amparo de manera transitoria.
De este modo, al haber establecido el ordenamiento legal las
acciones correspondientes ante la jurisdicción laboral para lograr la
satisfacción de la pretensión expuesta, el juez de tutela no se encuentra
facultado para extender el amparo constitucional en perjuicio de la
conservación de la estructura funcional que la misma Carta Política señala para
las distintas instancias judiciales.  No puede perderse de vista que la acción
de tutela restringe su marco de protección a los derechos fundamentales y no,
de forma indiscriminada, a todos los bienes jurídicamente protegidos, por lo
que la naturaleza del amparo, en modo alguno, puede resolver todos los
conflictos jurídicos que se presenten.
Sin embargo, esta Corporación ha considerado en múltiples ocasiones
que el derecho al pago oportuno de salarios se constituye en derecho
fundamental por conexidad cuando el suministro del ingreso es presupuesto
básico para la protección de otros derechos a los que la Carta sí les otorga
tal carácter y, en especial, el mínimo vital.
El mínimo vital es entendido por la jurisprudencia de la Corte como
aquella porción del ingreso del trabajador que permite cubrir sus necesidades
básicas y las del núcleo familiar que de él depende, requerimientos que se
circunscriben no sólo a los que tienen como finalidad garantizar la
subsistencia biológica, sino también la satisfacción de aspectos tales como
vivienda, educación, salud,  recreación, servicios públicos domiciliarios, etc.,
que en conjunto permiten la preservación del principio de la dignidad humana.[6]
En este orden de ideas, la doctrina constitucional estima que las hipótesis fácticas mínimas que deben cumplirse para que pueda
tutelarse el derecho fundamental al mínimo vital mediante la orden de pago
oportuno del salario debido son las siguientes: “(1) Que exista un
incumplimiento salarial (2) que afecte el mínimo vital del trabajador, lo cual
(3) se presume si el incumplimiento es prolongado o indefinido, salvo que (4)
no se haya extendido por más de dos meses, excepción hecha de la remuneración
equivalente a un salario mínimo, o (5) el demandado o el juez demuestren que la
persona posee otros ingresos o recursos con los cuales puede atender sus
necesidades primarias vitales y las de su familia, (6) sin que argumentos económicos,
presupuestales o financieros puedan justificar el incumplimiento salarial.”[7]
Los requisitos expuestos, al concurrir en el caso concreto,
configuran la inminencia del perjuicio irremediable, condición necesaria para
que se inaplique la regla general que otorga al juez ordinario el conocimiento
privativo de la mora en el pago de salarios.
Caso concreto
Del material probatorio obrante en el
expediente está acreditado que el accionante se encuentra vinculado al
Municipio de Majagual en calidad de empleado en provisionalidad, como
electricista de una Escuela de ese ente municipal y que desde el 1º de enero de
2003 no se le han cancelado sus salarios a pesar de que el señor Cárdenas
Palencia ha cumplido sin interrupción las funciones propias de su cargo.
Lo anterior, dada la negativa del
Departamento de Sucre de suministrar los recursos para el pago de los mismos,
en su condición de administrador de dichos dineros, por considerar que el actor
fue ilegalmente vinculado a la planta de personal del citado municipio.
Idéntico asunto ya fue examinado por la
Corte Constitucional en la Sentencia T-660 de 2004,[8] en la que un grupo de
servidores públicos también nombrados en provisionalidad (el 3 de diciembre de
2002) en cargos administrativos para hacer parte de la planta de personal del
Municipio de Majagual interpusieron acción de tutela con el fin de obtener el
amparo de su derecho al mínimo vital lesionado por la omisión del Departamento
de Sucre de cancelar sus salarios desde el 1º de enero de 2003. En dicha
oportunidad, el Departamento de Sucre, también accionado, cuestionó la
legalidad de esas vinculaciones, dada la omisión del citado municipio de
cumplir con los requisitos que le imponía para el efecto la Ley 715 de 2001,
advirtiendo su imposibilidad de reconocer y pagar suma alguna en esas
condiciones.
En dicha oportunidad, esta Corporación
concedió la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la
subsistencia, al trabajo, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital
de los accionantes, pues consideró que se cumplían las hipótesis fácticas mínimas para tutelar el derecho
fundamental al mínimo vital mediante la orden de pago oportuno del salario
debido. Dentro de las reglas jurisprudenciales fijadas para fundamentar esa
decisión estableció que:
“En este caso, el pago no se ha producido
porque el Departamento, que es quien tiene a su cargo la administración de los
recursos previstos para el efecto, argumenta que no existe base legal para
proceder a girar los recursos, debido a que los nombramientos en
provisionalidad que hizo el municipio en cabeza de los actores son irregulares.
No le corresponde a la Corte entrar a dirimir
la controversia que pueda surgir sobre la regularidad o no de los nombramientos
en provisionalidad realizados por el municipio, pero si observa que de la
conducta del Departamento se deriva una violación de los derechos fundamentales
de los actores, por las siguientes razones:
.-         Los actores habían venido
trabajando en el municipio con anterioridad a su vinculación mediante
nombramiento en provisionalidad, a través de órdenes de prestación de
servicios.
.-         El municipio expidió unas
resoluciones de nombramiento que configuran en cabeza de cada uno de los
actores una situación jurídica particular y concreta.
.-         Los actores han venido
cumpliendo con las obligaciones que les corresponden como consecuencia de ese
nombramiento.
.- La eventual irregularidad de los
nombramientos no puede traducirse en que, de manera unilateral, la
Administración omita el pago de los salarios, sino que el yerro debe subsanarse
por el camino jurídico que resulte procedente para privar de validez a los
actos irregulares amparados de presunción de legalidad.”
De otra parte, es doctrina de la Corte Constitucional
que el derecho de acceso a la administración de justicia implica también el
derecho a recibir un trato igualitario, dada la necesidad de armonizar el
artículo 229 de la Carta con el artículo 13 superior, “de manera tal que el
derecho de acceder igualitariamente ante los jueces, se entendiera  no solo
como la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también
como la posibilidad de recibir  idéntico tratamiento por parte de estas
autoridades y de  los tribunales, ante situaciones similares.”[9]
Desde esta perspectiva, es menester aplicar
al presente caso la ratio decidendi utilizada en la Sentencia T-660 de
2004, dada la verificación de los mismos supuestos de hecho y por ende el
cumplimiento de las hipótesis fácticas mínimas para tutelar el derecho
fundamental al mínimo vital mediante la orden de pago oportuno del salario debido,
puesto que por una parte, no cabe duda del incumplimiento, tanto del empleador
del accionante como del Departamento de Sucre, de la obligación de cancelar
oportunamente sus salarios; y, por la otra, está demostrado que se le adeudan
más de dos mensualidades, no habiendo sido desvirtuado que el actor cuente con
otros ingresos o recursos que permitan afirmar que su mínimo vital no había
sido afectado. Estando, por el contrario, plenamente establecida la dramática
situación económica que atraviesa por el no pago de sus salarios y que genera
una clara lesión a su derecho constitucional al mínimo vital.
Al igual que se precisó en la providencia
transcrita debe reiterarse que el Departamento de Sucre, no puede motu
proprio y de facto desconocer la resolución de nombramiento en
provisionalidad del actor en el cargo de electricista del Municipio de
Majagual, dado que todos los reparos que existan respecto de ella deberán ser
alegados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues si bien es
legítima su intención de preservar lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, toda
gestión en ese sentido debe realizarse, dentro del marco jurídico, conforme lo
ordenado por el Preámbulo de la Constitución, pues una interpretación en
sentido contrario desconocería los valores en que se funda el Estado social de
derecho colombiano.
Por lo anterior, las decisiones de
instancia deberán ser revocadas, al haber desconocido la regla jurisprudencial
contenida en la Sentencia T-660 de 2004, dado que con esas determinaciones se
desconoció el alcance de la función de administrar justicia en el Estado social
de derecho, puesto que en esos fallos no se garantizó el derecho a la igualdad
del actor.
No obstante, la orden de protección
constitucional no podrá tener el mismo alcance que la decretada en la Sentencia
T-660 de 2004. En efecto, un hecho relevante que ha de tenerse en cuenta es que
los accionantes en esa oportunidad interpusieron la acción de tutela el 13 de
noviembre de 2003, es decir, pasados solo unos meses después de iniciado el
incumplimiento del pago de sus salarios. Mientras que el señor Salvador
Cárdenas Palencia, sólo lo hizo el 20 de junio de 2005, estos es, pasados dos
(2) años y medio desde la fecha en que se dejaron de pagar sus salarios (1º de
enero de 2003).
Al respecto, debe recordarse que es
doctrina de esta Corporación que la procedibilidad de la acción de tutela
depende también de su interposición oportuna. Así la Corte ha precisado que[10]:
“Tal y como lo ha expuesto de forma
reiterada esta Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su
interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal manera que
la acción no se convierta en un factor de inseguridad jurídica, premiando con
ello la inactividad de los interesados en el ejercicio oportuno de los
recursos, la negligencia y la desidia.
En efecto, si con la acción de tutela se
busca la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su
ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación
de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el
alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin
efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección actual,
inmediata y efectiva de tales derechos.”
Desde esta óptica, el hecho de haberse
interpuesto la acción de tutela dos años y medio después de haberse iniciado la
conducta violatoria de los derechos invocados, impide otorgar al señor Cárdenas
Palencia la misma protección que se brindó a los accionantes en la Sentencia
T-660 de 2004, pues de hacerlo se violaría el derecho a la igualdad.
En este tipo de eventos, debe operar lo que
en el Common Law ha sido denominado distinguishing[11], que
permite al juez-intérprete mostrar que el nuevo caso es diferente al
analizado por el juez-sentenciador y por lo mismo la ratio decidendi
y el decisum no deben ser aplicados de forma idéntica.
Así, en el caso del accionante, la Sala
considera que si bien la acción no fue interpuesta en un término prudencial
respecto de la iniciación de la conducta de la Administración que lesiona su
derecho fundamental al mínimo vital, lo cierto es que para el momento de su
interposición dicha omisión se encontraba vigente.
Por lo anterior, conforme a la regla
jurisprudencial sobre la materia[12]
se ordenará a la entidad accionada que proceda a cancelar los salarios
adeudados pero solamente desde el momento en que fue interpuesta la acción de
tutela y hacia el futuro con el fin de que el pago de las sumas de dinero que
se causaron desde esa fecha se garantice y haga efectivo y por tanto cese la
conducta que dio lugar a la vulneración del derecho invocado, debiendo el actor
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para lograr la
cancelación de los salarios causados y no pagados así como el reconocimiento de
los demás derechos que pretenda reclamar.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia del 1º de agosto de 2005
proferida dentro del trámite constitucional de la referencia por la Sala Civil
Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, y en
su lugar CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la vida,
a la subsistencia, al trabajo, a la salud, a la seguridad social y al mínimo
vital del señor Salvador Cárdenas Palencia.
Segundo. ORDENAR al Departamento de Sucre, si aún no lo ha hecho, que
dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta
sentencia, adopte las medidas pertinentes para girar al Municipio de
Majagual de manera inmediata los recursos necesarios para el pago de los
salarios del empleado en provisionalidad Salvador Cárdenas Palencia desde el
momento en que se interpuso la presente acción y hacia el futuro, como quiera
que existe una resolución en firme que realizó su nombramiento; y, al Municipio
de Majagual, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al
recibo de los recursos, cancele al actor los salarios correspondientes desde
junio 20 de 2005 en adelante.
Tercero.- Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Folios 16 y 18 del expediente.
[2]
Folio 19 del expediente.
[3]
Folios 20 a 23 del expediente.
[4]
Folio 31 del expediente.
[5]
Folio 36 del expediente.
[6]
Respecto al mínimo vital y su relación con el cumplimiento en el pago de
acreencias laborales puede estudiarse la Sentencia SU-995 de
1999  M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[7]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-148 de 2002 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[8]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[9]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-698 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes.
[10]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-834 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[11] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-047 de
1999 MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
[12]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-170 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz,
T-511 de 1998  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-759 de 1998  M.P. Antonio Barrera
Carbonell, T-045 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-162 de 2004 M.P. Álvaro
Tafur Galvis y T-916 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, entre otras.