C-204-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-204/03
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL-En materia laboral la
audiencia de conciliación podrá realizarse por voluntad de las partes
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL-En materia laboral no
constituye requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción
AUDIENCIA DE CONCILIACION
EXTRAJUDICIAL-Contraría
la Constitución al establecerse como requisito de procedibilidad en materia
laboral
AUDIENCIA DE CONCILIACION
EXTRAJUDICIAL-En
materia laboral puede convocarse por mutuo acuerdo de las partes sin que
signifique una etapa previa para acudir a la jurisdicción
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Finalidad
DEBIDO PROCESO-Reglas mínimas procesales
tienen origen legal
POTESTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA-Discrecionalidad
para determinar una actuación procesal o administrativa no es absoluta
POTESTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA-Debe
hacer vigente el principio de primacía del derecho sustancial sobre las formas
DEBIDO PROCESO-Legitimidad de las normas
procesales está dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad
DEBIDO PROCESO-Casos de vulneración
POTESTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA-Podrán
establecerse dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos
de conducta dentro del proceso
DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Deberes y obligaciones
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-No
obliga a quienes participan a llegar a un acuerdo
CONCILIACION-Acepciones
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Carga
procesal de comparecer no comporta la obligación de conciliar
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-No
desconoce el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos a favor
de los trabajadores
FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Desarrolla principios de
economía, oportunidad, lealtad imparcialidad y celeridad procesales
FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Inobservancia genera
distorsión en el funcionamiento de la administración de justicia
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-No
vulneración
POTESTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA-En
materia de determinación de procedimiento debe obrar conforme a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Fines
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Prevalencia
del interés general sobre el particular cuya aplicación garantiza una pronta y
cumplida justicia
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Consecuencias
de la inasistencia, constituye un medio adecuado y efectivo para incentivar su
presencia
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Consecuencias
son el resultado del incumplimiento de una carga procesal
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Aplicación
de la presunción de veracidad de los hechos susceptibles de confesión
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Facultades
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Unicamente
la parte puede decidir si concilia o no, no el apoderado
AUDIENCIA DE CONCILIACION
LABORAL-No
puede establecerse como requisito de procedibilidad en contra de los principios
y valores constitucionales del trabajo
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN
DERECHO-No
puede ser exigida como requisito de procedibilidad en materia laboral
Referencia:
expediente D-4222
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 29 de la Ley 640 de 2001 y 39
(parcial) de la Ley 712 de 2001
Actor: Sergio Manzano Macías
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C., once (11) de
marzo de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Sergio Manzano Macías demandó en su
integridad el artículo 29 de la Ley 640 de 2001 “por la cual se modifican
normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones” y
algunas partes del artículo 39 de la Ley 712 de 2001 “por la cual se reforma
el Código Procesal del Trabajo”.
Mediante auto del 23 de agosto
de 2002, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda, dispuso correr traslado
de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de
rigor y ordenó fijar en lista la norma acusada, así como comunicar la
iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del
Congreso, a los Ministros de Justicia y del Derecho, de Trabajo y Seguridad
Social y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a fin de que conceptuaran
sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de estimarlo oportuno.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación, se transcribe el texto de las
disposiciones acusadas, conforme a su publicación en los Diarios Oficial Nos.
44.282-9 y 44.640, y se subraya lo demandado:
“LEY 640 DE 2001
(enero 5)
por la cual se
modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
CAPITULO VII
De
la conciliación extrajudicial en materia laboral
(…)
Artículo 29. Efectos de la inasistencia a la
audiencia de conciliación en asuntos laborales. Se
presumirá que son ciertos los hechos susceptibles de confesión en los cuales el
actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la jurisdicción laboral
haya sido citado a audiencia de conciliación con arreglo a lo dispuesto en la
ley y no comparezca.
La
presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante el
conciliador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la
audiencia, caso en el cual esta señalará fecha para nueva audiencia dentro de
un término máximo de veinte (20) días.”
“LEY 712 DE 2001
(diciembre 5
por la cual se reforma el Código Procesal
del Trabajo.
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
CAPITULO XIV
Procedimiento
ordinario
I. UNICA
INSTANCIA
Artículo 39. El artículo 77 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así:
Artículo 77. Audiencia obligatoria
de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación
del litigio. Contestada la demanda principal y la de reconvención si la
hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez
señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin
apoderado, a audiencia pública.
Para efectos de esta
audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y
será él quien la dirija.
En la audiencia de
conciliación se observarán las siguientes reglas:
Si alguno de los
demandantes o de los demandados no tuvieren capacidad, concurrirá su
representante legal.
Si antes de la hora
señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera
sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha
para celebrarla, sin que pueda haber otro aplazamiento.
Cuando en la segunda
oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las
partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su
apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y
desistir.
Excepto los casos
contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado
no concurren a la audiencia de conciliación el juez la declarará clausurada y
se producirán las siguientes consecuencias procesales:
1.
Si se trata
del demandante se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión
contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito.
2.
Si se trata
del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de
confesión. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.
3.
Si en el
evento del inciso quinto el apoderado tampoco asiste, se producirán los mismos
efectos previstos en los numerales anteriores.
4.
Cuando los
hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se
apreciará como indicio grave en su contra.
5.
En el caso
del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de
los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo
Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo mensual vigente.
Instalada la audiencia, si
concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su
presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren
susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieren, deberá proponer
las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que
las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la
audiencia sólo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre éstas y
sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.
Si se llegare a un acuerdo
total se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se
declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el
acuerdo fuese parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente.
Parágrafo 1°. Procedimiento
para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar
a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en
la misma audiencia:
1.
Decidirá las
excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32.
2.
Adoptará las
medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias
inhibitorias.
3.
Requerirá a las
partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de
acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se
declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que
versen sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que
queden excluidas como resultado de la conciliación parcial.
Igualmente
si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen
las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.
4.
A continuación y
en audiencia de trámite el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y
necesarias, señalará día y hora para nueva audiencia de trámite, que habrá de
celebrarse dentro de los 5 días siguientes; extenderá las órdenes de comparendo
que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas
necesarias para la práctica de pruebas.
Parágrafo 2°. Cuando la ley
exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de
procedibilidad, esta reemplazará la etapa de conciliación prevista en el
presente artículo, salvo cuando el demandante solicite su celebración.”[1]
III.    LA DEMANDA
A juicio del actor, el artículo 29 de la Ley 640 de
2001 y los apartes subrayados  del artículo 39 de la ley 712  de 2001
desconocen los artículos 2º, 4º, 53, 116 y 229 de la Constitución Política, de
conformidad con los  siguientes argumentos:
El accionante considera que los preceptos acusados, al
establecer consecuencias procesales por la inasistencia de las partes a las
audiencias de conciliación que allí se prevén e imponer algunas sanciones por
el mismo hecho, desconocen la posibilidad del trabajador de escoger la fórmula
más conveniente para resolver los conflictos con su empleador de una manera
civilizada, obligándolo a asistir a dichas diligencias y, por ende, no
procurando el cumplimiento de uno de los fines del Estado, cual es la
participación de las personas en las decisiones que las afectan. Al respecto,
cita apartes de la Sentencia C-893 de 2001.
Afirma no entender cómo es posible que la jurisdicción
laboral, a la que el Constituyente encargó la protección de los derechos de los
trabajadores frente a los abusos del empleador, reprenda a quien debe proteger.
Señala que el artículo 29 de la Ley 630 de 2001
establece la presunción de veracidad de los hechos susceptibles de confesión
por la inasistencia a la audiencia previa de conciliación y el artículo 39 de
la Ley 712 del mismo año, que regula la audiencia de conciliación, de decisión
de excepciones previas y de saneamiento y fijación del litigio dentro del
proceso laboral ordinario, va más allá y establece dicha presunción también en
contra del demandante y castiga a los apoderados de las partes por no asistir a
la diligencia con la imposición de una multa.
Lo anterior, a su juicio, niega el deber del Estado de
garantizar que sean los mismos ciudadanos quienes propugnen por los diferentes
mecanismos de solución de conflictos, sin la coerción de una posible sanción
jurídica, para las partes, o pecuniaria, para los apoderados. De ese modo, se
desconoce el carácter voluntario de la conciliación, según lo dispone el inciso
final del artículo 116 de la Constitución y la posibilidad de optar por la
terminación de un proceso judicial a través de una sentencia, ya sea favorable
o desfavorable. Cita la Sentencia antes referida.
De otro lado, el demandante considera que las normas
acusadas desconocen el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos
a favor de los trabajadores, establecido en el artículo 53 de la Constitución y
en las normas laborales que lo desarrollan –artículos 14, 142 y 357 C.S.T.-. En
su opinión, coaccionar al trabajador a conciliar lo que es susceptible de
conciliación, es llevarlo a cometer un error, pues como extremo vulnerable de
la litis, está en un estado tal de indefensión económica frente al empleador
que se vería abocado a aceptar cualquier propuesta monetaria por absurda que
parezca.
En ese orden de ideas, estima inaudito que se permita
al trabajador conciliar sus derechos mínimos laborales y a la jurisdicción
laboral aceptar dicha conciliación con efectos de cosa juzgada.
De otro lado, recuerda que la conciliación
extrajudicial en materia laboral, como requisito de procedibilidad del proceso
laboral, fue declarada contraria a la Constitución en la Sentencia C-893 de
2001 -de la que sigue transcribiendo apartes-. Así las cosas, no entiende cómo
el legislador expidió el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, mediante el cual se
obliga al trabajador a someterse a una audiencia de conciliación, so pena de
sufrir las consecuencias procesales que por la inasistencia a la misma se tienen
previstas.
Entre dichas consecuencias, resalta que la norma
demandada prevé que la inasistencia a la mencionada diligencia constituye un
indicio grave cuando los hechos no son susceptibles de conciliación, como
cuando el litigio se refiere a asuntos netamente jurídicos como el derecho a la
pensión, que es un derecho inalienable. Tal efecto, en su concepto, constituye
una especie de prejuzgamiento.
Además, considera que la sanción que se impone a los
apoderados de las partes, desconoce que éstos solamente deben rendir cuentas a
sus poderdantes y que tienen autonomía para dirigir su mandato como bien les
parezca, castigo que se suma a otros ya existentes, dice, como la perención,
las nulidades o la misma sentencia, cuando es desfavorable a los intereses que
representa.
Finalmente, señala que las normas demandadas coartan
el derecho de las personas a acceder a la jurisdicción –artículo 229 C.P.-,
pues prevén severos castigos para las partes y los apoderados, por lo que
aquellos deben verse forzadas a utilizar otros mecanismos para solucionar su
conflicto, pues se encuentran con un aparato judicial que resulta represor
frente a la inobservancia de meras formalidades. En ese sentido, cita
nuevamente la Sentencia C-893 de 2001, para señalar que el Estado no puede
imponer unilateralmente alternativas para la solución de los conflictos con el
fin de solucionar los problemas estructurales que aquejan a la administración
de justicia.
IV.    INTERVENCIONES
1.      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
El Ministerio referido, actuando a través de apoderado
especial, interviene en el proceso de la referencia para solicitar que se
declare la exequibilidad de las normas demandadas, de conformidad con las
consideraciones que se resumen a continuación.
En primer lugar, sobre la definición y la naturaleza
de la conciliación en materia laboral, transcribe extensos apartes de las
Sentencias C-165/93, T-197/95 y C-160/99, de los que deduce que dicha
institución tiene una naturaleza voluntaria y que se aviene a la Constitución por
ser un mecanismo democrático para la solución de los conflictos, que en ningún
momento vulnera el derecho de las personas a acceder libremente a la justicia.
Advierte que los mecanismos alternativos de solución
de conflictos como la conciliación, se desarrollan bajo la dirección y
vigilancia de los funcionarios judiciales con lo cual es claro que quien
administra justicia sigue siendo el Estado y, en este caso, sin duda se
facilita la participación de los particulares en las decisiones que los afectan.
En relación con esto último, transcribe apartes de la Sentencia C-893 de 2001.
De otro lado, señala que las sanciones previstas para
los apoderados que no asistan a la audiencia corresponden al deber especial que
tienen de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de
justicia.
Finalmente, manifiesta que no puede considerarse que
las normas demandadas se dirijan a establecer la obligatoriedad de conciliar o
de hacerlo en contra de los propios intereses. En ese sentido, estima que no es
de recibo la afirmación del actor según la cual los preceptos desconocen el
principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales, pues, en su
concepto, es claro que en materia laboral no es posible conciliar derechos
ciertos y, menos, que en virtud de la inasistencia a la audiencia de
conciliación se desconozcan los mismos, pues las consecuencias que allí se
prevén recaen sobre los derechos que admitan discusión, cuyo reconocimiento, en
todo caso, sigue dependiendo de la alegación y prueba que presente el
empleador.
2.      Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio referido, actuando a través del Director
del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, participa en el presente proceso con
el fin de defender la constitucionalidad de las normas demandadas y solicitar
que se declare su exequibilidad, de conformidad con las siguientes
consideraciones.
Advierte que el actor da a  la declaratoria de
inexequibilidad de la conciliación como requisito de procedibilidad en materia
laboral, por medio de la Sentencia C-893 de 2001 un alcance  que no corresponde
a la realidad, -a saber que  en materia  laboral no hay lugar a la
conciliación-,    por lo que considera que  debe examinarse el contenido de
dicha providencia y su verdadero alcance.
Precisa al respecto que la Sentencia C-893 de 2001,
además de establecer los fundamentos constitucionales de los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos y, en especial, la naturaleza y
alcance de la conciliación, declaró inexequibles los artículos 12, 30 y 39 de
la Ley 640 de 2001 y algunas expresiones contenidas en los artículos 23, 28 y
35 del mismo estatuto.
En dicha oportunidad, dice, la Corte encontró que el
mencionado artículo 28 delegaba en forma permanente en los particulares la
función de administrar justicia, en contravía del artículo 116 que permite tal
delegación en forma transitoria. Así mismo que desconocía el carácter
voluntario, que de conformidad con el mismo precepto tiene la figura de la
conciliación. Además, la Corporación puso de presente la onerosidad del
servicio que ofrecen los centros de conciliación y los notarios, en perjuicio
del derecho a la igualdad de los trabajadores, que por lo general carecen de
los medios económicos para acudir a dicho mecanismo.
Igualmente, manifiesta que en la misma providencia, la
Corte sostuvo que los artículos 35 y 39 de la Ley 640 de 2001, al instaurar la
conciliación como requisito obligatorio para acudir a la jurisdicción laboral,
vulneraban el derecho de los particulares a acceder libremente a la
administración de justicia para solicitar la tutela judicial efectiva de sus
derechos y desconocían el principio del artículo 53 de la Constitución respecto
de la facultad de los trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles.
Teniendo en cuenta lo anterior, el interviniente
considera que, el hecho de la inconstitucionalidad de las normas que preveían
la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad así como  la
posibilidad de efectuarla ante los centros de conciliación y notarías, por sí
solo, no trae como consecuencia la desaparición de la conciliación laboral.
Ésta se mantiene en el ordenamiento jurídico  siempre que no se constituya en
requisito para acceder a la jurisdicción ni se lleve a cabo ante los centros de
conciliación y las notarias.
En ese orden de ideas, afirma que la conciliación
laboral extrajudicial que se realiza ante los inspectores del trabajo, los
delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo y los agentes
del Ministerio Público, así como la prevista dentro del proceso ordinario
laboral, continúan existiendo. Advierte al respecto que el artículo 29 de la
Ley 640 de 2001 acusado se refiere a la conciliación extrajudicial en materia
laboral, en tanto que el 39 de la Ley 712 de 2001 regula la conciliación
judicial dentro del proceso laboral.
Es así como el artículo 39 de la Ley 712 de 2001,
dispuso la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones
previas, de saneamiento y fijación del litigio como una etapa procesal más del
proceso ordinario, lo que no quiere decir que se obligue al trabajador a
conciliar lo que sea susceptible de arreglo o que se coarte su derecho de
acceder a la administración de justicia.
Finalmente, se refiere a las consecuencias procesales
establecidas en la norma demandada por la inasistencia a las referidas
audiencias. Señala que dichos efectos tienen respaldo en el precepto
constitucional que dispone que los términos procesales deben observarse con
diligencia y que su incumplimiento sea sancionado, asegurándose así una pronta
y cumplida justicia y evitando el ejercicio abusivo de los propios derechos y
la congestión de los despachos judiciales. Así mismo, señala que el
establecimiento de tales consecuencias persigue fomentar la presentación de
fórmulas de arreglo y llegar a un acuerdo sobre las mismas, bajo el entendido
de la libertad de las partes para el efecto, de conformidad con los postulados
del Estado social de derecho. Cita las Sentencias C-592/92, C-165/93 y
C-196/1999.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Señor
Procurador General de la Nación allegó el concepto número 3046, recibido el 4
de octubre de 2002, en la Secretaría de la Corporación, en el cual solicita que
se declare la exequibilidad de los artículos 29 de la Ley 640 de 2001 y 39
parcial de la Ley 712 de 2001.
Para el
efecto, inicialmente se propone estudiar si pueden aplicarse en materia
laboral, las consideraciones tenidas en cuenta por la Corte, en las Sentencias
C-592 de 1992 y C-165 de 1993, para declarar la constitucionalidad de la
obligación de asistir a la audiencia de conciliación en materia civil y del
establecimiento de sanciones por su incumplimiento –artículos 9º y 10º del
Decreto 2651 de 1991-, según las cuales dichas sanciones protegen el interés
público de lograr mayores niveles de eficiencia en la administración de
justicia, y por ende, descongestionan los despachos judiciales, no contrarían
el carácter voluntario de la conciliación y armonizan con los deberes de
respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios y colaborar con el buen
funcionamiento de la administración de justicia.
Con ese fin,
afirma que la conciliación es una forma civilizada de solucionar los conflictos
mediante fórmulas de autocomposición de acuerdo con los parámetros fijados por
el legislador que puede ser usado antes o durante los procesos judiciales.
Señala que si bien la jurisdicción es una forma de solución de los litigios que
garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la
Constitución, el reconocimiento de los derechos inalienables y el aseguramiento
de la igualdad material, cuando la conciliación se prevé como una etapa más
dentro de los procesos, constituye un medio de las partes para evitar que las
partes se involucren en un desgastante proceso judicial y puedan solucionar
anticipadamente el conflicto.
Dice apoyarse
en la jurisprudencia para manifestar que la conciliación, bien sea judicial o
prejudicial, cumple con varios fines, algunos de ellos establecidos en la
Constitución. Así, señala que garantiza el acceso a la justicia, pues es un
mecanismo breve para solucionar los conflictos a costos inferiores a los que
supone el adelantamiento del trámite judicial; igualmente, que promueve la
participación de los individuos en los asuntos que les atañen, a través de la
presentación de fórmulas de autocomposición de los conflictos en que se ven
envueltos; así mismo, estimula la convivencia pacífica, pues su metodología
supone un grado de convivencia y tolerancia que debe predominar en la sociedad;
evita dilaciones injustificadas porque da alcance a uno de los elementos del
debido proceso, como el derecho a recibir una pronta y cumplida justicia, y por
último; contribuye a la descongestión de los despachos judiciales, situación
que repercute en la eficacia del servicio público de administración de
justicia.
En ese orden
de ideas, señala que la obligatoriedad prevista por el artículo 39 de la Ley
712 de 2001, debe entenderse respecto de la asistencia a la audiencia de
conciliación y no, como equivocadamente lo entiende el actor, respecto de
llegar a un acuerdo. Esa obligación se refiere entonces a la posibilidad de que
las partes presenten soluciones al problema planteado, conozcan las
expectativas de sus contendientes y tengan suficientes elementos de juicio para
comprometer su voluntad en un acuerdo conciliatorio. Así, la norma persigue,
además, que esa manifestación sea totalmente libre y espontánea, dentro del
marco que para el efecto establecen la Constitución y la ley, que incluye
aquellos aspectos inherentes al núcleo esencial de los derechos fundamentales y
a los cuales no se puede renunciar.
Igualmente,
indica que la obligación de asistir a la audiencia de conciliación es una etapa
más del proceso laboral y que el legislador, en ejercicio de su libertad de
configuración normativa, puede estructurar, con miras a que se cumplan los
objetivos del mismo, esto es, que se imparta justicia eficaz y oportuna, por
supuesto, dentro de los límites que establecen los principios y derechos
establecidos en la Constitución.
Por otra
parte, respecto de las consecuencias procesales y sanciones que prevén los
artículos demandados, la Vista Fiscal señala que las mismas desarrollan el
artículo 228 de la Constitución que ordena que los términos procesales se
observen con diligencia y que se castigue su incumplimiento, de conformidad con
la ley, asegurando así una pronta y cumplida justicia. En ese orden de ideas,
el interés individual de las partes debe ceder ante el interés general de que
está impregnado el proceso, pues el cumplimiento de sus fines no solamente
atañe a los vinculados en el conflicto, sino a la colectividad que tiene puesta
su confianza en la prestación recta y eficaz del servicio público de justicia.
Así pues, las
sanciones que se imponen a quienes dejan de asistir a la conciliación judicial
en materia laboral, son consecuencia de la obstaculización injustificada de
dicha etapa procesal, que como se dijo, propende por el logro de determinados
fines constitucionales y evitar así la deslegitimación de los procedimientos
establecidos para la jurisdicción.
Igualmente,
considera que dichas consecuencias corresponden al deber de las personas de
colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia –artículo
95 numeral 7º-, cuyo alcance va más allá del deber de denunciar los atentados
al orden social, pues incluye también el deber de obrar correctamente dentro de
los procesos en aras de lograr la materialización de la justicia.
De otro lado,
las sanciones que se establecen no solamente se dirigen en contra de los
trabajadores, como lo pretende sugerir el actor, sino también contra los
empleadores.
Finalmente,
respecto de la sanción que se impone a los apoderados, considera que por la
función social que su profesión comporta, son los primeros llamados a cumplir
con el deber constitucional mencionado, de modo que la sanción pecuniaria
prevista en el artículo 39 demandado, resulta razonable, en la medida en que se
impone cuando una de las partes ha dejado de asistir en la segunda oportunidad,
de acuerdo a lo preceptuado en el inciso quinto de la norma. En dicho caso, la
asistencia del apoderado a la audiencia de conciliación cobra singular
importancia, dado que existe una justificación de la inasistencia de una de las
partes, pues ésta no se encuentra en contumacia, es decir, que se sale de la
esfera de la voluntad dejar de asistir a la audiencia de conciliación, de ahí la
necesaria presencia del apoderado, puesto que se entiende que éste, tiene
facultades para conciliar y por ello cumplir con el cometido de la misma.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional
es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman
parte de las Leyes 640 y 712 de 2001, que son Leyes de la República.
2.  La materia sujeta a examen
Para el actor el artículo 29 de la ley 640 de 2001 y
los apartes acusados del artículo 39 de la ley  712 de 2001 violan  los
artículos  2, 4, 53, 116 y 229 superiores. Y ello en cuanto dichas normas
establecen severas consecuencias y sanciones para las partes y sus apoderados
por la inasistencia a la audiencia de conciliación  extrajudicial  y a  la que
con carácter obligatorio se establece dentro del proceso judicial, con lo que
(i)  se desconoce el carácter voluntario de la conciliación,  (ii) así como el
principio de irrenunciabilidad  de los beneficios mínimos a favor de los
trabajadores, (iii) al tiempo que  se  coarta el derecho  a acceder a la
jurisdicción, en cuanto estas  consecuencias y sanciones alejan a los
ciudadanos de aparato judicial que reprime  el incumplimiento de meras
formalidades.
Para el actor,  además, el legislador al expedir  el
artículo 39 de la ley 712 de 2001  no tomó en cuenta que la Sentencia C-893 de
2001 declaró la inexequibilidad de la conciliación como requisito de
procedibilidad en los procesos laborales por lo que  dice no entender por qué
se señalan las consecuencias y sanciones a que alude dicha norma por la
inasistencia a la audiencia obligatoria de conciliación en ella prevista.
Los intervinientes unánimemente desestiman los cargos
planteados en la demanda y solicitan la declaratoria de exequibilidad de las
normas acusadas.
El representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, hace énfasis en que las normas acusadas no comportan  la obligación de
conciliar   y menos aún de hacerlo en contra de los propios intereses, por lo
que no puede considerarse vulnerado de ninguna manera el principio de
irrenunciabilidad  de los beneficios laborales. Afirma igualmente que las
sanciones previstas para los apoderados   atienden  al deber especial que
éstos tienen de colaborar  con el buen funcionamiento de la administración de
justicia.
El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho
advierte que  la declaratoria de inexequibilidad que se hizo en la Sentencia
C-893 de 2001  de la norma que establecía la celebración de la audiencia de
conciliación como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción
laboral, no implica la desaparición de la conciliación en materia laboral.
Aclara en este sentido que las normas acusadas, se refieren respectivamente a
la conciliación extrajudicial en materia laboral -en el caso del art 29 de la
Ley 640 de 2001- y a la audiencia obligatoria de conciliación dentro del
proceso judicial,-en el caso del artículo 39 de la Ley 712 de 2001-.  Señala
que las consecuencias procesales establecidas en una y otra norma  no
desconocen el carácter voluntario de la conciliación, ni implican la
vulneración del principio de irrenunciabilidad  de los beneficios laborales
reconocidos a los trabajadores pues la obligación que se establece en ellas no
es la de conciliar sino la de asistir a la audiencia de conciliación. Así mismo
precisa que dichas normas  encuentran claro sustento constitucional (art. 95-7
y 228 C.P.).
El
señor Procurador General de la Nación  recuerda que esta Corporación declaró la
constitucionalidad de la obligación de asistir a la audiencia de conciliación
en materia civil y del establecimiento de sanciones  por su incumplimiento,
basada en consideraciones  que estima aplicables en el presente caso. En este
sentido señala  que la conciliación, sea esta judicial o extrajudicial,
desarrolla numerosos postulados constitucionales (arts. 2, 228, 229 C.P.) y en
particular se convierte en un instrumento de acceso a la justicia.
Advierte que   lo que resulta obligatorio  es la
asistencia a la audiencia de conciliación prevista  en las normas acusadas y no
el hecho de llegar a un acuerdo, por lo que no puede afirmarse que se
desconozcan los derechos  irrenunciables del trabajador. Precisa  finalmente
que las  consecuencias procesales y las sanciones impuestas por las normas
acusadas resultan razonables y proporcionadas en relación con los fines
constitucionales que les sirven de sustento (arts 95-7 y 228 C.P.), en
particular en el caso de los apoderados  que son los primeros llamados a
colaborar  con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
En consecuencia corresponde a la Corte establecer
(i)  la incidencia que eventualmente pueda tener   lo resuelto en  la Sentencia
C-893 de 2001 en relación con las  normas acusadas,  así mismo   (ii) si las
consecuencias procesales y las sanciones que en ellas se  establecen  a)
desconocen o no el carácter voluntario de la conciliación,  b)  comportan o no
la vulneración del principio de irrenunciabilidad  de los beneficios laborales
reconocidos a los trabajadores, c) si con ellas se coarta  o no el derecho  a
acceder a la jurisdicción  por las razones que  alega el actor, y d) si ellas
resultan razonables y proporcionadas de acuerdo con los fines constitucionales
que se persiguen con su establecimiento.
3.  El análisis de constitucionalidad  del artículo 29
de la ley 640 de 2001
3.1 consideraciones preliminares
Frente
a  los cargos planteados por el actor en contra del artículo 29 de la ley 640
de 2001,  la Corte considera necesario  hacer algunas precisiones en relación
con  (i) el alcance de la  Sentencia C-893 de 2001 que declaró la  inexequibilidad
de las normas que establecían la conciliación judicial como requisito de
procedibilidad en materia laboral, y sobre (ii) el  contenido y alcance de la
norma acusada.
3.1.1.
El alcance de la sentencia C-893 de 2001 que declaró la  inexequibilidad de las
normas que establecían la conciliación judicial como requisito de
procedibilidad en materia laboral.
En la  sentencia C-893 de 2001 la Corte  declaró la
inexequibilidad del artículo 39 y de algunos apartes del artículo 35 de la ley
640 de 2001[2]
que establecían  como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial
en derecho en materia laboral.
Dijo
la Corte en esa ocasión lo siguiente:
“Para la Corte las normas trascritas (art. 35 y 39 de
la Ley 640 de 2001)  que se acusan, puesto que dada la naturaleza voluntaria de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general, y de la
conciliación laboral, en particular, el legislador no podía establecerla como
un requisito obligatorio de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción
laboral, además porque al hacerlo desconoce el derecho de los particulares de
acceder libremente a la administración de justicia para solicitar la tutela
judicial efectiva de sus derechos.
En efecto, el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 al
disponer  que en los asuntos susceptibles de ser conciliados, entre otros en
materia laboral,  debe haberse intentado el arreglo conciliatorio para que la
demanda judicial sea admisible, somete la posibilidad de acudir a la
jurisdicción a una condición que no resulta válida a la luz de la Carta en la
medida en que la obligación de un arreglo conciliatorio obstruye la libertad de
acceder a la administración de justicia (art. 229 C.P.).
En lo que se refiere a la conciliación como requisito
de procedibilidad de la acción laboral, la norma quebranta abiertamente el
principio constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta, según el
cual, corresponde a la Ley tener en cuenta la facultad de los trabajadores para
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la cual se ve
afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito
previo a la presentación de la demanda.
Por las mismas razones, resulta inconstitucional el
inciso segundo de la disposición que se comenta según el cual la “conciliación extrajudicial en derecho como
requisito de procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la
exija.”. Esta decisión legislativa tampoco es acorde con el espíritu general de
la conciliación, porque si bien busca prescindir del procedimiento contencioso
administrativo laboral en asuntos que recaen sobre materia conciliable,
agilizando la resolución del conflicto mediante la omisión una de las etapas
del litigio contencioso administrativo que es la vía gubernativa, de todas
formas parte del supuesto de la obligatoriedad de la conciliación que, tal como
se advirtió, es a todas luces contraria al Ordenamiento Superior.
Desde otro ángulo de análisis puede afirmarse que  la
inconstitucionalidad del requisito de procedibilidad en asuntos laborales es
contrario al conjunto de disposiciones superiores que le atribuyen al trabajo
la condición de derecho fundamental y le imponen al Estado el deber de
brindarle especial protección.
Efectivamente, la Constitución Política de 1991,
además de enmarcar a Colombia como Estado Social de Derecho (art. 2°), prodiga
al trabajo una especial protección de parte del Estado. De ahí que cuando se
desconocen los derechos consagrados a favor de un trabajador, éste debe gozar
de los mecanismos expeditos de acción para defenderlos ante las autoridades
competentes, sin condicionamientos que enerven la efectividad de los mismos.
Corolario de lo anterior es el precepto 53 de la Carta
Fundamental, que  le señala al Estatuto del Trabajo la obligación de instituir
unos principios mínimos fundamentales, entre otros, los de igualdad de
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima, vital y móvil;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos contenidos
en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso de duda en
la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; garantía a
la seguridad social; y facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles.
Todo este elenco de normas protectoras, que arranca
del presupuesto indubitable de la diferencia en la relación individual de
trabajo donde existe una parte, el trabajador, en condición de inferioridad,
podría quedar enervado, o al menos seriamente amenazado, si  el titular de los
derechos que le han sido vulnerados, tuviese limitantes o cortapisas impuestas
por el legislador como condición para poderlos ejercer de modo expedito.
El carácter social de estos derechos -que muchas veces
tienen incluso un contenido vital-, y la especial tutela estatal que se brinda
constitucionalmente a los mismos, exige que el acceso a la justicia no pueda
estar diferido  ni obstaculizado por una condición de procedibilidad impuesta
aún contra la voluntad del beneficiario, con mayor razón si para ese trámite
obligatorio previo al proceso se contempla la posibilidad de que el titular del
derecho tenga en ocasiones que sufragar de su propio peculio, muchas veces
escaso,  expensas significativas para poder accionar ante los jueces.
No es que la conciliación en materia laboral vaya a
desaparecer. Por el contrario, conserva su especial relevancia histórica
siempre y cuando no se la instituya como un requisito de procedibilidad en
contra  de los principios y valores constitucionales del trabajo y ante
autoridades que en algunos casos por no ser versados en esta especialidad la
tornan ineficaz y ocasionalmente onerosa”[3].
Cabe  recordar  además que  en la Sentencia C-1195 de
2001  en la que  frente a los mismos cargos en lo que se refiere a la
conciliación en materia laboral se estuvo a lo resuelto en la Sentencia C-893
de 2001,  se  hizo énfasis  en el carácter especial de las  relaciones
laborales que impide  someter los conflictos de esta naturaleza al requisito
de procedibilidad previsto en la Ley 640 de 2001.
Dijo la Corte:
Mediante Sentencia C-893 de 2001, citada en
este fallo, la Corte Constitucional decidió declarar inexequibles las normas de
la Ley 640 de 2001 por las cuales se disponía la conciliación prejudicial como
requisito de procedibilidad en materia laboral.
Podría pensarse que las consideraciones
vertidas en dicha sentencia son aplicables a la conciliación civil, contencioso
administrativa y de familia y que, por tanto, la presente decisión se encuentra
en contravía de este fallo.
No obstante, tal apreciación es incorrecta
porque el precedente jurisprudencial –en este caso‑ no es aplicable. La
aparente contradicción desaparece si se observa que el fallo anterior está
sustentado en consideraciones relativas al carácter especial de las relaciones
laborales, que impide someter los conflictos de esta naturaleza al requisito de
procedibilidad previsto en la Ley 640 de 2001.
En efecto, la Corte dijo en dicha
providencia que debido a la especial protección del derecho al trabajo en la
Constitución Política y a que, por principio, las condiciones en que se
desarrollaban las relaciones laborales eran de subordinación e inferioridad, el
elenco de normas superiores destinado a proteger tales intereses ‘podría quedar
enervado, o al menos, seriamente amenazado, si el titular de los derechos que
le han sido vulnerados, tuviese limitantes o cortapisas impuestas por el
legislador como condición para poderlos ejercer de modo expedito’ ”[4].
Es decir que en materia laboral,
contrariamente a lo que sucede en otras materias[5],   la audiencia de conciliación
extrajudicial podrá realizarse o no, dependiendo de la voluntad de las partes
interesadas, pero sin que ello constituya un requisito de procedibilidad para
acudir ante la jurisdicción laboral.
En
este campo entonces no cabe que se imponga la obligación de acudir a la
conciliación extrajudicial antes de que se acuda a la jurisdicción laboral y
cualquier norma que establezca dicho requisito contraria la Constitución.
3.2 el contenido y alcance del artículo 29 de la Ley
640 acusado.
El artículo 29  de la Ley 640 de 2001, acusado en el
presente proceso, tiene el siguiente texto
Artículo 29. Efectos de la
inasistencia a la audiencia de conciliación en asuntos laborales. Se presumirá
que son ciertos los hechos susceptibles de confesión en los cuales el actor
basa sus pretensiones cuando el demandado ante la jurisdicción laboral haya
sido citado a audiencia de conciliación con arreglo a lo dispuesto en la ley y
no comparezca.
La presunción no operará cuando la parte justifique su
inasistencia ante el conciliador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la fecha de la audiencia, caso en el cual esta señalará fecha para nueva
audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.
Dicho artículo 29  que hace parte del capítulo VII de
la de la Ley 640 de 2001   alude a la  audiencia de conciliación extrajudicial
que pueda llegar a convocarse antes  de que se acuda ante la jurisdicción
laboral[6].
Audiencia que de acuerdo con el artículo 28 de la ley 640 de 2001[7] podrá ser adelantada ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y
seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público en
materia laboral y a falta de todos los anteriores en el respectivo municipio,
esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces
civiles o promiscuos municipales.
De acuerdo con la norma,  de resultar fallida la
audiencia de conciliación por la ausencia  de alguno de   los convocados  se
generará como consecuencia para quien deje de asistir y  luego sea demandado
ante la  jurisdicción laboral, que se  presuman como ciertos  los hechos susceptibles de confesión en los cuales el actor
ante dicha jurisdicción base sus pretensiones.
En caso de  inasistencia entonces se
dejará registro de ello por parte del conciliador en la constancia que éste
expida al interesado, (art. 2 de la Ley 640 de 2001)[8], la que
podrá hacerse valer ante la jurisdicción laboral para que se presuman probados
los hechos susceptibles de confesión   en que base sus pretensiones en contra
de quien ha dejado de asistir a dicha audiencia.
3.3. La inconstitucionalidad del artículo
29 de la Ley 640 de 2001
Para la Corte dadas  las consecuencias
procesales que vienen de enunciarse, la disposición acusada hace que una parte
imponga a la otra como etapa previa a la  actuación ante la jurisdicción
laboral  la asistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial.
En este sentido, la norma guarda plena concordancia
con el   supuesto contenido en los  apartes del artículo 35 y  en el  artículo
39 de la Ley 640 de 2001 declarados inexequibles por la Corte en la Sentencia
C-893/01[9]
que regulaban la  asistencia a la audiencia de conciliación extrajudicial como
un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral.
Las consecuencias  de la inasistencia a
la audiencia  de conciliación  señalados en la norma acusada se justifican
plenamente en efecto  si se considera que la participación en la misma constituye
un requisito  necesario  antes de acudir ante la jurisdicción laboral.
Dado que en materia laboral como lo ha señalado la
Corte  reiteradamente la audiencia de conciliación  extrajudicial no puede
establecerse como requisito de procedibilidad, la norma acusada  contraría la
Constitución y en consecuencia debe ser retirada del ordenamiento jurídico.
La
Corte precisa que dicha circunstancia no significa que en materia laboral la
audiencia de conciliación extrajudicial  no pueda realizarse, sino que ella
necesariamente deberá  convocarse con el  mutuo acuerdo de las partes
interesadas en la conciliación, sin que una parte le pueda imponer a la otra
dicha audiencia, pues ello significa convertirla en una etapa previa necesaria
antes de acudir a la jurisdicción laboral.
Así las cosas la Corte declarará la inexequibilidad
del artículo 29 de la Ley 640 de 2001 y así lo señalará en la parte resolutiva
de esta sentencia.
4.   El análisis de constitucionalidad del artículo 39
de  la Ley 712 de 2001
Para el actor los apartes acusados del artículo 39 de
la ley  712 de 2001 (i) desconocen el carácter voluntario de la conciliación,
(ii) así como el principio de irrenunciabilidad  de los beneficios mínimos a
favor de los trabajadores, (iii) al tiempo que  se  coarta el derecho  a
acceder a la jurisdicción, en cuanto estas  consecuencias y sanciones alejan a
los ciudadanos de aparato judicial que reprime  el incumplimiento de meras
formalidades. Para el actor,  además, (iv) el legislador al expedir  el artículo
39 de la ley 712 de 2001  no tomó en cuenta que la Sentencia C-893 de 2001
declaró la inexequibilidad de la conciliación como requisito de procedibilidad
en los procesos laborales por lo que  dice no entender por qué se señalan las
consecuencias y sanciones a que alude dicha norma por la inasistencia a la
audiencia obligatoria de conciliación en ella prevista.
4.1 Consideraciones preliminares
Previamente
al análisis de los cargos, la Corte considera necesario  hacer algunas
precisiones en relación con   (i) el alcance de la  potestad de configuración
del Legislador en materia de procedimientos, y en particular  para establecer
deberes, obligaciones  y cargas en los procesos ante la jurisdicción del
Estado,   así como sobre (ii)  el contenido y alcance del artículo 39  de la
Ley 712 de 2001 en el que se establecen las consecuencias señaladas en la ley
para la inasistencia a la audiencia de conciliación obligatoria establecida
dentro le proceso judicial en materia laboral.
4.1.1 El alcance de la  potestad de configuración del
Legislador en materia de procedimientos, y en particular  para establecer
deberes, obligaciones  y cargas en los procesos ante la jurisdicción del
Estado.
Esta
Corporación ha señalado reiteradamente que las reglas procesales, como
desarrollo del derecho al debido proceso, deben provenir de regulaciones
legales razonables y proporcionales al fin para el cual fueron concebidas, de
manera que permitan la realización del derecho sustancial[10].
En
este sentido ha advertido que el artículo 29 de la Carta Política prevé el
derecho al debido proceso, como una serie de garantías que tienen por fin
sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a
reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger
los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados[11].
Dentro
de las mencionadas salvaguardas se encuentra el respeto a las formas propias de
cada juicio, entendidas como “(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley
que, según la naturaleza del juicio, determinan  los procedimientos o trámites
que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas.”[12]. De esta forma, dicho
presupuesto se erige en garantía del principio de legalidad que gobierna el
debido proceso, el cual “(...) se ajusta al principio de juridicidad propio del
estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o
praeter legem”[13].
El
establecimiento de esas reglas mínimas procesales tiene fundamentalmente un
origen legal. En efecto, el legislador, autorizado por el artículo 150,
numerales 1o. y 2o., de la Constitución Política, cuenta con una amplia
potestad de configuración  para instituir las formas, con base en las cuales se
ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas[14].
Sin
embargo, esa discrecionalidad para determinar normativamente acerca de una vía,
forma o actuación procesal o administrativa no es absoluta; es decir, debe
ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización
política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo
(Preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso,
defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229).
Igualmente, debe hacer vigente el principio de la  primacía del derecho
sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la
finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente
el derecho sustancial[15]
en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se
tornaría arbitraria.
De
ahí que la Corte haya señalado que la legitimidad de las normas procesales está
dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la
coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación
del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los
intereses en conflicto”.[16]
Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el
presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de
la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino
especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada
frente al resultado que se pretende obtener con su utilización.[17]
La Corte ha precisado específicamente que
al legislador, dentro de las facultades de configuración legislativa que se
derivan de las normas constitucionales ya mencionadas (arts 29,150, 228 C.P.)
también se le reconoce  competencia para establecer dentro de los distintos
trámites judiciales  imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso,
consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez
y aún a terceros intervinientes[18],
siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales
y obre conforme a los referidos  principios de razonabilidad y proporcionalidad[19].
Sobre el particular haciendo referencia  a
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,  la Corporación  al
estudiar  la constitucionalidad del artículo 365 del Código de Procedimiento
civil, hizo las siguientes consideraciones:
“Dentro de los distintos trámites
judiciales, es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aún a
terceros intervinientes imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso,
consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales. Sobre el particular
la Corte Suprema de Justicia, en una de sus providencias[20],
señaló lo siguiente:
(...) De los que la doctrina procesal ha
dado en denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación
jurídico-procesal se distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas
procesales que imponen tanto al Juez como a las partes y aun a los terceros que
eventualmente intervengan, la observancia de ciertas conductas o
comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De esos imperativos, los
primeros se hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la
comunidad, las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del
propio interés.
Son deberes procesales aquellos imperativos
establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que
miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.), otras a las partes y aun a los
terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente
según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido
(arts. 39, 72 y 73 ibídem y Decreto 250 de 1970 y 196 de 1971). Se caracterizan
porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho
público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo
6° del Código.
Las obligaciones procesales son, en cambio,
aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con
ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo
explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del
abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. “El daño que se cause con
ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva
mediante la condenación en costas”. (“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”,
número 130).
Finalmente, las cargas procesales son
aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una
conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del
propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias
desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e
inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Como se ve, las cargas procesales se
caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad
de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo
coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las
obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables.
Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho  para no recibir una sentencia
adversa.”. (Subraya la Sala).”
En
ese orden de ideas observa la Corte  que el derecho constitucional  de acceso a
la administración de justicia  debe acompasarse con  deberes obligaciones y
cargas procesales  que el legislador en desarrollo  de mandatos como los
contenidos en el artículo 95-7 constitucional puede imponer a quienes acuden a
la organización  judicial del Estado; deberes,  obligaciones y cargas que se orientan
a garantizar los principios propios de la administración de justicia (art. 228
C.P.).
4.1.2  El contenido y alcance del artículo 39  de la
Ley 712 de 2001 en el que se establecen las consecuencias por  la inasistencia
a la audiencia de conciliación obligatoria establecida dentro le proceso
judicial laboral.
El artículo 39  de la Ley 712 de 2001, que  reformó el
artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y seguridad social, demandado en el
presente proceso en algunos de sus apartes,  se refiere a la audiencia
obligatoria de  conciliación dentro del proceso judicial.
De acuerdo con dicho artículo  contestada la demanda
principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido
contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las
partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública.
Para
efectos de esta audiencia que la norma denomina “Audiencia de conciliación,
de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio”,  el
juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será él quien
la dirija.
En la misma se observarán las siguientes reglas:
De acuerdo con el cuarto inciso de dicho
artículo 39 de la ley 712 de 2001 “si alguno de los demandantes o de los
demandados no tuvieren capacidad, concurrirá su representante legal”.
De acuerdo con el quinto inciso  del mismo
artículo  “si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes
presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez
señalará nueva fecha para celebrarla, sin que pueda haber otro aplazamiento.
El sexto inciso de la disposición señala
por su parte que “cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que
existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia
de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad
para conciliar, admitir hechos y desistir”.
Los actores en su demanda se refieren
específicamente  al séptimo inciso  de la disposición y a sus numerales 1 a 5
en los que se establece que salvo  que se den las circunstancias  a que aluden
el quinto y sexto inciso del artículo 39 de la ley 712 de 2001 sub examine, si
el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación el
juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias
procesales:
Si se trata del demandante se presumirán
ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de
la demanda y en las excepciones de mérito (numeral 1).
Si se trata del demandado, se presumirán
ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Las mismas
consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención (numeral 2).
Cuando los hechos no admitan prueba de
confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en
su contra (numeral 4).
En caso de que se presente una segunda
convocatoria  y una de las partes  deje de comparecer por fuerza mayor,  si
quien no asiste es el apoderado de la misma,  se producirán los mismos efectos
previstos en  relación con las partes y además la ausencia injustificada
cualquiera de los  apoderados  a esa segunda citación dará lugar a la
imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura,
equivalente a un salario mínimo mensual vigente. (numerales 3 y 5)[21].
Ahora bien, la norma señala igualmente que
instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez
los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus
diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo
hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello
signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen
confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo entre el
juez y las partes, y entre éstas y sus apoderados con el único fin de
asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.
Si se llegare a un acuerdo total se dejará
constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado
el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese
parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente.
Ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo, el parágrafo 1° de la misma norma establece que en esa circunstancia
el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia:
(i) Decidirá las excepciones previas, (ii) adoptará las medidas que considere
necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias, (iii) requerirá a
las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo
y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán
probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen
sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden
excluidas como resultado de la conciliación parcial. (iv) Igualmente si lo
considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen las
pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito.
A continuación y en audiencia de trámite el
juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y
hora para nueva audiencia de trámite, que habrá de celebrarse dentro de los 5
días siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo
los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de
pruebas.
Es decir que de acuerdo con el artículo 77 del Código
procesal trabajo tal como lo reformó el artículo 39 de la ley 712 de 2001,
dentro del proceso judicial  las partes deberán obligatoriamente asistir a la
audiencia de conciliación, pero sin que ello signifique que se encuentren
obligadas a llegar a un acuerdo.  De no cumplir con esta  carga procesal  se
generarán las consecuencias  ya referidas y habrá lugar,  de ser el caso, a la
imposición de la multa  a que alude la norma.
4.2  El análisis de los cargos
4.2.1   La  carga procesal de comparecer a la
audiencia de conciliación  no comporta  la obligación de conciliar,  por lo que
no puede considerarse vulnerado el carácter voluntario de la conciliación
(art. 116 C.P.)  como tampoco desconocido el principio de la irrenunciabilidad
de los beneficios mínimos a favor de los trabajadores (art. 53 C.P.)
Para el actor el establecimiento  de las consecuencias
jurídicas y de las sanciones a que aluden los apartes acusados del articulo 39
de la ley 712 de 2001,  para quien   deje de asistir a la audiencia  de
conciliación obligatoria establecida dentro del proceso judicial laboral,
desconoce el carácter voluntario de la conciliación (art. 116 C.P.), así como
la libre participación de las personas en las decisiones que los afectan (art.
2 C.P.), al tiempo que coaccionan al trabajador a conciliar lo que es
susceptible de conciliación,  vulnerando así el principio de irrenunciabilidad  de
los beneficios mínimos de los trabajadores a que alude el articulo 53 superior.
Al respecto la Corte señala  que  como se desprende
claramente del texto del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, las consecuencias
jurídicas y las sanciones a que  éste alude no buscan obligar a quienes
participen de la audiencia obligatoria de conciliación  a llegar a un acuerdo
sino a participar de esa institución procesal, dejando totalmente a salvo la
voluntad de las partes en la decisión  de conciliar o de no hacerlo.
Al respecto cabe recordar que el término conciliación
admite dos acepciones: una jurídico procesal, que lo identifica como trámite
procedimental que persigue un fin específico; y otra jurídico sustancial que se
refiere al acuerdo en sí, a la resolución del conflicto que pretendía
componerse[22].
La
norma sub examine alude  a la conciliación como institución procesal  y no al
acuerdo de voluntades.
Ahora bien, por el sólo hecho de acudir a
la audiencia de conciliación obligatoria referida, el particular no cede
ninguno de sus derechos disponibles. Conforme al ejercicio de su libertad
dispositiva, el individuo conserva el derecho de oponerse al acuerdo
propuesto.  En este sentido, las partes pueden asistir a la audiencia para
manifestar que no tienen ánimo conciliatorio, y con ello están cumpliendo con
la carga que le impone la norma acusada.
Así lo tiene establecido claramente esta
Corporación de tiempo atrás en su jurisprudencia. Así en la Sentencia C-592 de
1992  en la que  examinó la constitucionalidad  de las sanciones impuestas por
la inasistencia a las audiencias de conciliación previstas en el artículo 10
del Decreto  2651 de 1991 "por el cual se expiden normas transitorias para
descongestionar los despachos judiciales.” [23],
la Corte  señaló:
“El artículo 10o., trae un conjunto de
sanciones por la inasistencia a las audiencias de conciliación, excepción hecha
de las audiencias previstas en los artículos  2° y 16 numeral 3°, según  lo
dispone.   Norma en la cual se indican como excusas justificatorias de la
inasistencia, las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de
Procedimiento Civil, y, la fuerza mayor y el caso fortuito.  El auto que
resuelva la  solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en
efecto diferido.  Se trata pues de obligar a la asistencia a las audiencias
de conciliación en tanto pasos necesarios, que comprometen el interés público,
en el logro de mayores niveles de eficiencia en las soluciones de justicia, sin
perjuicio de dejar a salvo, el papel de la  voluntad de las partes en la
decisión de conciliar o de no hacerlo.  Lo que acarrea las sanciones no  es
pues la voluntad de conciliar o no hacerlo, sino la inasistencia a la audiencia
en tanto oportunidad procesal necesaria.  Con lo cual no resulta contrario el
precepto a la voluntariedad propia del debido proceso de la conciliación, y sí
un instrumento propiciatorio de esta y por consiguiente de la descongestión de
los despachos judiciales.” [24]
(subraya la Corte).
En el
mismo sentido posteriormente  en la Sentencia C-196 de 1999 en la que examinó
la constitucionalidad de los artículos 74 y  103  de la Ley 446 de 1998[25] que establecieron
igualmente sanciones por la inasistencia a la audiencia de conciliación
judicial,  la Corte hizo las siguientes precisiones:
“Cabe agregar, atendiendo a lo dicho por la
jurisprudencia constitucional[26],
que la exigencia legal de asistir a la audiencia de conciliación judicial y
discutir las formulas de arreglo, en nada compromete la libre voluntad de
conciliar. Lo que en realidad se persigue con la aludida sanción, es motivar
o fomentar un posible arreglo que impulse el estudio y análisis de las
propuestas presentadas, pero en el entendido de que las mismas deben ser
aceptadas libremente.
Es claro que ninguna persona se encuentra
comprometida a conciliar cuando el ofrecimiento que se le hace puede afectar de
manera grave sus intereses económicos o personales (…)”.[27]
(subraya la Corte).
En este sentido la Corte concluye que no asiste razón
al demandante en relación con la  acusación que hace contra los apartes
acusados del artículo 39 de la Ley 712 de 2001 por la supuesta violación de los
artículos 2 y 116 constitucionales en cuanto  éstos  estarían desconociendo el
carácter voluntario de la conciliación que se deriva de dichos textos.
Idéntico
razonamiento cabe expresar en relación con la  supuesta vulneración del
artículo 53 constitucional  por cuanto como ya se explicó,   lo que resulta
obligatorio, al tenor de las disposiciones acusadas, no es llegar a un acuerdo,
sino asistir a la audiencia de conciliación.
En manera alguna puede entonces
considerarse puesto en peligro el principio  de irrenunciabilidad de los de los
beneficios mínimos establecidos en las normas laborales[28] por las disposiciones
acusadas.
Así las cosas la Corte rechazará los cargos
planteados  por el actor   analizados en el presente acápite y así lo señalará
en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.2. La obligación de cumplir  determinadas cargas
procesales  no puede considerarse como atentatoria contra el derecho a acceder
a la justicia  (art. 229 C.P.)  sino como garantía  de la eficacia de dicho
acceso.
En relación con el cargo que plantea el actor por la
supuesta vulneración del artículo 229 superior,   en cuanto  a que las
consecuencias procesales y las sanciones  a que aluden los apartes del artículo
39 acusados coartan el derecho  a acceder a la jurisdicción  y “alejan a los
ciudadanos del aparato judicial que reprime  el incumplimiento de meras
formalidades”, la Corte recuerda que  la sujeción a las reglas
procedimientales  en cuanto formas  propias del respectivo juicio, no es
meramente optativa  para quienes acuden  al proceso con el fin de resolver  sus
conflictos jurídicos, ya que de esa subordinación depende  la validez de los
actos que de ellos resulten y la efectividad  de los derechos sustanciales[29].
Al respecto no se debe  perder de vista, como lo ha
señalado reiteradamente la Corporación,  que la observancia de las formas
propias de cada juicio supone también el desarrollo de los principios de
economía, oportunidad, lealtad, imparcialidad y celeridad procesales, en aras
de la igualdad de las personas, éste último gracias al sometimiento de las
causas idénticas a procedimientos uniformes[30].
Ha de tenerse en cuenta igualmente que
obviar tales formas en las actuaciones judiciales o administrativas
preestablecidas, generaría una grave distorsión   en el funcionamiento de la
administración de justicia que impediría al Estado brindar a los ciudadanos
reales posibilidades de resolución de sus conflictos.
Así
ha dicho la Corte que:
“(E)l derecho de acceder a la administración de justicia (art. 229
de la C.P.) sufriría grave distorsión si pudiera concebirse como una
posibilidad ilimitada abierta a todos los ciudadanos sin condicionamientos de
ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis de aparato
encargado de administrar justicia, e implícitamente supondría la exoneración,
para quienes acceden a la justicia, de toda ética de compromiso con la buena
marcha de la justicia y con su prestación recta y eficaz. En fin, si el legislador
no pudiera establecer requisitos y condiciones razonables para acceder a una
tutela judicial efectiva, se llegaría a la imposibilidad de que el Estado
brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos”[31].
Es pues la eficacia misma del acceso a la
administración de justicia la que se comprometería  si se aceptara un
planteamiento como el que hace el demandante.
Esta
Corporación  ha  explicado que la Constitución Política no sólo persigue la
realización de los derechos ciudadanos individual y colectivamente considerados
(arts. 2°, 5° y 13), sino también la total operatividad de los instrumentos
procesales por medio de los cuales se logra garantizar tales derechos. Por ello,
ha dicho, por ejemplo,  que no es contrario a la Constitución el que se fijen
sanciones para neutralizar la inobservancia de los términos legales, pues éstas
son un desarrollo del postulado constitucional según el cual: “los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado”(C.P. art. 228), con el que se busca asegurar una pronta y
cumplida justicia[32],
o que se sancione la inasistencia  a las audiencias de conciliación  pues con
ello se busca incentivar  a los ciudadanos a dar plena aplicación a los
mecanismos de solución pacífica de los conflictos  con el fin de
asegurar la eficacia de los principios constitucionales que los inspiran (arts
2, 22, 95, 116 C.P.)[33].
Al
respecto ha señalado:
“El tema de la efectividad hizo parte de
las preocupaciones esenciales del constituyente de 1991. Así quedó reflejado en
el texto fundamental en el artículo 2o. a cuyo tenor:
‘Son fines del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución’.
Dicha preocupación también se hizo constar
en el artículo 5o., conforme al cual:
"El Estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables...."
Y en el artículo 13, inciso 2o. que reza:
"El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva."
"Pero la Constitución no sólo pretende
que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos, esto es, que se borre la
consabida brecha entre normas válidas y normas eficaces, también pretende que
los mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos ven garantizados sus
derechos sean efectivos. De ahí el énfesis en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la
función administrativa consagrada en el artículo 209 y la exigencia contemplada
en el artículo 228 de que los términos procesales se observen con diligencia so
pena de sanciones.
"Bajo esta óptica de análisis, la
consagración legal de sanciones para reprimir el incumplimiento de términos
procesales no es cosa distinta que la concreción del mandato constitucional
contenido en el ya aludido artículo 228 de la Carta.
"Dicho precepto legal, por lo demás,
expresa nítidamente el interés general que todos los ciudadanos tienen en la
buena y pronta marcha de la justicia.
"De ahí que la constitucionalidad de
la sanción en cuestión no pueda ser vista desde la estrecha óptica de la
relación individual de autoridad entre juez y parte. Ello, por cuanto su
"justicia" es la resultante nó de su conformidad con las expectativas
-siempre cambiantes, variables e inciertas- de los individuos considerados como
sujetos de una relación procesal, sino por su correspondencia con los valores
que el propio Constituyente priorizó en la Carta de 1991, entre los cuales se
cuenta el restablecimiento de la confianza ciudadana en la justicia, y su
prestación recta y eficaz.
"Es pertinente anotar que la
conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede
evaluarse como una proyección, en el nivel jurisdiccional, del espiritu
pacifista que informa a la Carta en su integridad. Porque, siendo la
jurisdicción una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es
más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta
modalidad puede llevar a la convicción de que de la confrontación de puntos de
vista opuestos se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad de que
un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir.
"Así, pues, la justicia y
razonabilidad de la sanción no deben ser evaluadas frente al daño que su
eventual aplicación produzca en el ámbito propio del proceso específico -ya
que, aún en este caso, no puede perderse de vista que su imposición solamente
tiene lugar cuando la inasistencia es injustificada- sino frente a los
efectos nocivos y perversos que prácticas como la sancionada inasistencia
injustificada a una diligencia judicial, causan a la administración de
justicia, a la sociedad en general y a la representación que de ella tienen los
ciudadanos.
"Conductas
del tipo que la sanción examinada reprime, desgastan inoficiosamente el aparato
estatal de la justicia con grave perjuicio para su marcha eficiente. Lo
convierten en un intrincado y lento andamiaje, y peor aún, disuaden a los
ciudadanos de acudir a los mecanismos de solución pacífica de los conflictos
que ofrecen las vías legales.”[34]
Para
la Corporación no son de recibo, por tanto, los argumentos planteados por el
actor que desconocen claramente los presupuestos en los que se basa el acceso a
la administración de justicia, por lo que el cargo referente a  la supuesta
violación del artículo 229 superior  no esta llamado a prosperar  y así se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.3. El examen de la razonabilidad y proporcionalidad
de las disposiciones sub examine.
Como
se señaló en los apartes preliminares del presente  acápite de la  sentencia,
en el ejercicio de la potestad de configuración del Legislador en materia de
determinación de los procedimientos  deben  respetarse  los principios y
valores constitucionales  obrarse conforme a los  principios de razonabilidad y
proporcionalidad.
Bajo
estos parámetros debe definirse, entonces, si las  medidas contenidas en los
apartes  normativos acusados persiguen fines constitucionalmente  admisibles y
si son razonables y proporcionadas en función de los mismos.
4.3.1. Al respecto es claro para la Corte los apartes
acusados del artículo 39 de la ley 712 de 2001  persiguen fines legítimos
acordes con la Constitución.
El fin que se persigue con las  consecuencias
procesales por la inasistencia de las partes o de sus apoderados a la audiencia
obligatoria a la que alude el artículo 39 de la Ley 712 de 2001 que se realiza
una vez iniciado el proceso judicial   ante la jurisdicción laboral  es el de
asegurar la realización de  dicha audiencia no necesariamente para que en ella
se concilie, pues como quedó ampliamente explicado, si tal no es la  voluntad
de las partes, éstas    podrán negarse a aceptar el acuerdo que se les
proponga,  pero si a intentar una formula  de arreglo al conflicto,
ofreciéndoles  un espacio de dialogo para que puedan eventualmente
transformar  su visión del mismo y en caso de que logren un acuerdo darlo por
terminado.  Y ello enmarcado en la búsqueda de la celeridad procesal, del
cumplimiento de los términos (art 228 C.P.), y la rápida y eficaz solución del
conflicto  en procura de una pronta y cumplida justicia material.
Se trata como ha dicho la Corte de  obligar  a que se
cumpla la audiencia  obligatoria de conciliación como paso  necesario que
compromete el interés público, sin prejuicio de dejar a salvo  el papel de la
voluntad de las partes  en la decisión de conciliar o de no hacerlo[35].
En este sentido  las consecuencias procesales que el
actor acusa,  antes que desconocer  derechos individuales de rango
constitucional, son un claro desarrollo  del principio superior de prevalencia
del interés general sobre  el particular, cuya aplicación en este caso procura
garantizar una  pronta y cumplida justicia  reflejada en la descongestión de
los despachos judiciales  y la racionalización de los procesos que se tramitan
ante estos[36].
En el mismo orden de ideas cabe recalcar que  dichas
consecuencias  pretenden asegurar el cumplimiento por las partes y sus
apoderados  del deber que tienen de colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia (art. 95-7 C.P.).
4.3.2   Ahora bien, el hecho de que por la
inasistencia de las partes se presuma que son ciertos los hechos susceptibles
de confesión, o que en caso de que los hechos no admitan dicha prueba se
aprecie como indicio grave la inasistencia  de las mismas, constituye para la
Corte un medio  adecuado y efectivamente conducente para incentivar  su
presencia  en la audiencia de conciliación obligatoria prevista en el
procedimiento ante la jurisdicción laboral, sin que ello  implique una
limitación desproporcionada e irrazonable de sus derechos, circunstancia que
debe en todo caso  analizarse  en función de los objetivos  que se persiguen
con dicha actuación procesal y en particular  con su  incidencia  en la buena
marcha de la administración de justicia.
No debe olvidarse en efecto que dichas consecuencias
se dan como resultado del incumplimiento de una carga procesal, que en si misma
no resulta desproporcionada, pues como ya se explicó consiste simplemente en
asistir  a la audiencia de conciliación  sin que se  obligue a   llegar a un
acuerdo, y que la no asistencia a la misma  traduce claramente el
desconocimiento del deber de colaborar con la justicia (art. 95-7).
4.3.3
Para la Corte no sucede lo mismo sin embargo  respecto de la  aplicación de la
presunción de veracidad de los hechos susceptibles de confesión,  cuando quien
no asiste es el apoderado de la parte que por fuerza mayor no puede hacerse
presente a la segunda citación que se haga en los términos del sexto inciso del
artículo 39 de la Ley 712 de 2001.
En este caso para la Corte es claro que el legislador
está señalando unas consecuencias por   el incumplimiento de los deberes
profesionales del apoderado que  resultan desproporcionadas en tanto desbordan
la relación apoderado- poderdante y comprometen los intereses de la parte que
por fuerza mayor no puede hacerse presente en la audiencia obligatoria de
conciliación.
Al respecto la Corte llama la atención sobre el hecho
de que  dado que la finalidad que se busca con en este caso es asegurar la
presencia del apoderado  en la audiencia de conciliación obligatoria, dicha
finalidad encuentra en la multa a que alude el numeral 5 del séptimo inciso del
artículo 39 sub examine, un instrumento suficiente, que por lo demás resulta
concordante con la obligación del apoderado de colaborar con el funcionamiento
de la administración de justicia.
En este sentido es claro que existiendo en la ley un
mecanismo concreto para  lograr la finalidad señalada en la ley, no resulta
proporcionado que  además se afecten lo derechos de la parte  que por fuerza
mayor no asiste a la audiencia.
4.3.4  La Corte llama la atención además sobre el
hecho de que  la facultad para “conciliar, admitir hechos y desistir” a que
alude el sexto inciso del artículo 39 de la ley  712 de 2001, con la que el
Legislador pretendió asegurar la realización de la audiencia obligatoria en las
circunstancias  a que dicho inciso se refiere en condiciones que permitieran
llegar a un posible acuerdo, solamente puede considerarse acorde con la
Constitución, bajo el entendido  que ello no impide  que las partes puedan
restringir  las facultades de conciliación del apoderado que se hace presente
en la audiencia obligatoria de conciliación.
En efecto, siendo la conciliación eminentemente
voluntaria, el legislador no puede  afectar el núcleo esencial de la autonomía
privada de la parte que no asiste por fuerza mayor a la audiencia, atribuyendo
directamente al  apoderado una facultad para conciliar que  dicha parte bien
puede no querer otorgar.
Es a la parte a quien corresponde decidir si concilia
o no y en  ese orden de ideas no puede el legislador atribuir al apoderado una
facultad para conciliar que al ser ejercida sin contar con la aceptación
expresa del poderdante deje en manos del apoderado una decisión que solamente
corresponde a aquel.
4.3.5.
De las anteriores consideraciones se desprende en consecuencia  que no asiste
razón al actor  en relación con la acusación que hace  contra la expresiones “obligatoria”
contenida en el primer inciso  del artículo 39 de la ley 712 de 2001, así
como “Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si
el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación el
juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales:
1. Si se trata del demandante se presumirán
ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de
la demanda y en las excepciones de mérito.
2. Si se trata del demandado, se presumirán
ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Las mismas
consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.
(...)
4. Cuando los hechos no admitan prueba de
confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en
su contra.
5. En el caso del inciso quinto de este
artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar
a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura,
equivalente a un salario mínimo mensual vigente”,   contenidas en el séptimo inciso del artículo 39
de la Ley 712 de 2001, por lo que la Corte se abstendrá de declarar la
inexequibilidad solicitada  en relación con ellas y así lo señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
Por
el contrario la Corte declarará la inexequibilidad del numeral 3 del séptimo
inciso  del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, en el que se señala que en el
evento previsto en el sexto inciso del mismo artículo 39 de la ley 712 de 2001
si  “el apoderado tampoco asiste, se producirán los mismos efectos” previstos
en los numerales 1 y 2 del mismo inciso séptimo, -es decir que se presumirá la
veracidad de  los hechos susceptibles de confesión que invoquen
respectivamente el demandante o el demandado en la demanda o en su contestación
y en las excepciones de merito-.
De la misma manera, tomando en cuenta que del análisis
efectuado se desprende que el sexto inciso del artículo 39 de la ley 712 de
2001, al que remiten algunos de los apartes acusados por el actor en su
demanda, solamente puede considerarse constitucional bajo el entendido que lo
preceptuado en dicho inciso  no impide  que las partes puedan restringir  las
facultades de conciliación del apoderado que se hace presente en la audiencia
de conciliación obligatoria,  la Corte,  en aplicación de reiterada
jurisprudencia en esta materia[37],
efectuará la unidad normativa con dicho inciso y declarará  su exequibilidad
pero condicionada al entendimiento a que se ha hecho referencia.
5.  La inexequibilidad del  parágrafo segundo del
artículo 39 de la Ley  712 de 2001
Finalmente
la Corte debe tener en cuenta que, como lo recuerda el apoderado del Ministerio
de Justicia y del Derecho, el actor alega, -sin configurar  sin embargo por
ello un cargo al respecto por la supuesta violación del artículo 243
superior,-   una incoherencia del Legislador al establecer en el artículo 39 de
la Ley 712 de 2001 dentro del proceso judicial una audiencia obligatoria de
conciliación, pese a la declaratoria de inexequibilidad en la sentencia C-893
de 2001 de las normas de la Ley 640 de 2001  que establecían la conciliación
como requisito de procedibilidad en materia laboral.
Al
respecto para la Corporación resulta claro, a partir de  las consideraciones
que ya se han hecho en esta providencia,  que no se puede derivar ninguna
incoherencia del Legislador por el establecimiento en el artículo 39 de la Ley
712 de 2001  de una audiencia de conciliación obligatoria  dentro del proceso
judicial ante la jurisdicción laboral  pues como en dicha sentencia se dijo no
es que la conciliación en materia laboral haya desaparecido, sino que esta no
puede establecerse como un requisito de procedibilidad en contra  de los
principios y valores constitucionales del trabajo.
El actor olvida, en efecto, que a lo que se refirió la
sentencia C-839 de 2002  fue al requisito de procedibilidad para acceder a
dicha jurisdicción y no al trámite que en ella pueda establecerse.
La
inconstitucionalidad declarada por la Corte lo que significó, en defensa del
derecho de los particulares  a  acceder libremente a la jurisdicción laboral
para solicitar la tutela judicial efectiva de sus derechos, fue que se
eliminara la conciliación como requisito de procedibilidad, y no  la imposibilidad
de que en materia laboral  se pueda acudir dentro o fuera del proceso judicial
a la conciliación.
En este orden de ideas,   lo  que si resulta
contradictorio con la sentencia a que alude el actor es el parágrafo segundo
del  mismo artículo  39 de la Ley 712 de 2001 en el que se señala  que “Cuando
la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de
procedibilidad, esta reemplazará la etapa de conciliación prevista en el
presente artículo, salvo cuando el demandante solicite su celebración.”, supuesto
que de manera evidente desconoce la Sentencia C-893 de 2001, pues como allí se
señaló y luego se reiteró en la sentencia C- 1195/01, en materia laboral no
cabe que la ley exija como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial
en derecho.
Frente a esta  circunstancia  la Corte  estaría
llamada  en principio a  abstenerse de pronunciarse al respecto, dado que como
se aclaró inicialmente en esta providencia  en relación con el  parágrafo 2°
del artículo 39 de la Ley 712 de 2001 el actor no planteó argumentos
específicos de incosntitucionalidad a él referidos  ni lo incluyó en el listado
de normas en relación con las cuales solicitaba  la declaratoria de
inexequibilidad  -a pesar de haber  resaltado su texto-, por lo que el auto
respectivo  no se pronunció sobre  la demanda contra  dicho parágrafo.
Sin embargo frente a la  evidente contradicción  entre
el  parágrafo  aludido y  las sentencias  C-893/01 y C-1195/01,   la Corte
efectuará la unidad normativa con dicho texto  y declarará la inexequibilidad
del parágrafo 2° del artículo 39 de la Ley 712 de 2001  y así  lo señalará en
la parte resolutiva de esta sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE  el artículo 29 de la Ley  640 de 2001.
Segundo.-   Declarar EXEQUIBLES,
por los cargos analizados en esta sentencia las expresiones “cuando  en la
segunda oportunidad se presente  prueba de que existe fuerza mayor para que una
de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con
su apoderado, quien se entiende  con facultad para conciliar, admitir hechos y
desistir” contenidas en el sexto inciso  del artículo 39 de  la Ley 712 de
2001, que modificó el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo  y de la
Seguridad Social, bajo el entendido que la norma no impide  que las
partes puedan restringir las  facultades de conciliación del apoderado.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLES,
por los cargos analizados en esta Sentencia,  las expresiones:
Obligatoria,
Excepto los casos contemplados en los dos
(2) incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la
audiencia de conciliación el juez la declarará clausurada y se producirán las
siguientes consecuencias procesales:
1. Si se trata del demandante se presumirán
ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de
la demanda y en las excepciones de mérito.
2. Si se trata del demandado, se presumirán
ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Las mismas
consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención.
(…)
4. Cuando los hechos no admitan prueba de
confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en
su contra.
5. En el caso del inciso quinto de este
artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar
a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura,
equivalente a un salario mínimo mensual vigente.
Contenidas
en  el primero y séptimo incisos del artículo  39 de  la Ley 712 de 2001, que
modificó el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo  y de la Seguridad
Social.
Cuarto.-  Declarar INEXEQUIBLES la
expresiones “3. Si en el evento del inciso quinto el apoderado tampoco
asiste, se producirán los mismos efectos previstos en los numerales anteriores”
contenidas en el numeral tercero del séptimo inciso del  artículo  39 de
la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 77 del Código Procesal del
Trabajo  y de la Seguridad Social.
Quinto.-  Declarar INEXEQUIBLE el
parágrafo 2°  del artículo  39 de  la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo
77 del Código Procesal del Trabajo  y de la Seguridad Social.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA, no firma la presente sentencia por encontrase en permiso
debidamente autorizado por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento
parcial de voto a la Sentencia C-204/03
AUDIENCIA DE CONCILIACION OBLIGATORIA-No puede ser sancionado quien no concurra
(Salvamento parcial de voto)
AUDIENCIA DE CONCILIACION
OBLIGATORIA-Consecuencias de
la no asistencia (Salvamento parcial de voto)
AUDIENCIA DE CONCILIACION OBLIGATORIA-Sanción de multa al apoderado por no
asistencia (Salvamento parcial de voto)
Referencia: expediente D-4222
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 29 de la Ley 640 de 2001 y 39 (parcial) de la Ley 712 de 2001.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta
Corporación, me permito consignar las razones de mi salvamento parcial de voto,
en relación con el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia que
declaro exequible el numeral 5º del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo
modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, así:
Lo primero que hay que observar es que ese numeral es
confuso, ya que hace mención del inciso 5º y este inciso no se refiere por
ningún lado al apoderado.  Por tratarse de una norma confusa es que la Corte no
debe declararla constitucional; al contrario, precisamente por razón de su
confusión debe declararla inconstitucional.
Siendo la conciliación un acto que tiene como
fundamento la voluntad de las partes y estando garantizado por el artículo 16
de la Constitución mi derecho a la libre determinación, no puede el hecho de no
concurrir una parte o quien lo representa (quien no es más que esa misma parte
jurídicamente) ser sancionado por no concurrir, ya que la no concurrencia sólo
debe traer como consecuencia la presunción de que no hay animo de conciliación
(que es una manera anormal de terminación del proceso) y que el proceso debe
terminar con la sentencia del juez.
La norma es además absurda por cuanto si la parte no
comparece no hay multa para ella pero si para su apoderado, no siendo el
apoderado persona jurídica diversa de su poderdante, no se entiende como el
apoderado recibe sanción de multa y no a quien el representa.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] Cabe precisar que el actor  en su demanda  resalta el
parágrafo 2° del artículo 39 de la Ley 712 de 2001 junto con los apartes
acusados. Sin embargo la petición de inexequibilidad que hace en el aparte
final de su libelo, así como los argumentos que expone en el mismo se refieren
exclusivamente a los apartes que aquí se subrayan. Por esta razón en el auto
admisorio de la demanda se tomaron en cuenta solamente dichos apartes que son
los que son objeto de análisis en el presente proceso.
[2]
“Artículo 35.
Requisito de procedibilidad. En los asuntos
susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito
de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso
administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en
la presente ley para cada una de estas áreas.
“Realizada la
audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, se
prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil o de la oportunidad de conciliación que las normas
aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso, salvo cuando
el demandante solicite su celebración.
“El requisito de
procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de
conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto
en el inciso 1° del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere
celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir
directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de
conciliación.
“Con todo, podrá
acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad del juramento,
que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que
se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del
demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
“Cuando en el
proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de
medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción. De lo
contrario, tendrá que intentarse la conciliación extrajudicial en derecho como
requisito de procedibilidad, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
“Parágrafo.
Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad
y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no haya
justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por
valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del
Consejo Superior de la Judicatura.
“Artículo 39.
Requisito de procedibilidad en asuntos laborales. Si la
materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en
derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción laboral en los
asuntos que se tramiten por el procedimiento ordinario.
“La
conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suplirá
la vía gubernativa cuando la ley la exija.”
[3]
Sentencia
C-893/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández . S.V. de los Magistrados Marco
Gerardo Monroy Cabra, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Eduardo
Montealegre Lynett. A.V. Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Sentencia C-
1195/01 M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra . S.V de
los Magistrados  Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, y Álvaro
Tafur Galvis, así como del Magistrado Jaime Araujo Rentería. A.V. I de los
Magistrados Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.
[5] Ver la Sentencia
C- 1195/01 M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.- S.V
de los Magistrados  Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, y Álvaro
Tafur Galvis, así como del Magistrado Jaime Araujo Rentería. A.V.  de los
Magistrados Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny
Yepes-,  en la que se declaró la exequibilidad del requisito de procedibilidad
en materia civil, contencioso administrativa y en asuntos de familia.
[6]
Lógicamente no cabe
entender que la norma se pueda referir a una  audiencia de conciliación que se
convoque paralelamente al proceso judicial. Al respecto cabe recordar que el
artículo 3  de la Ley 640 de 2001 señala que la conciliación  podrá ser
judicial si se realiza  dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se
realiza antes o por fuera de un proceso  judicial.
No sobra recordar así mismo que no solamente la ley 640 de
2001 en el artículo 43  señaló que las partes de común acuerdo, pueden
solicitar al juez que se realice  audiencia de conciliación en cualquier etapa
del proceso, sino que de las normas vigentes en materia de procedimiento
judicial laboral y en particular del artículo 22 del Código procesal del
Trabajo y Seguridad Social se desprende que  además de la audiencia obligatoria
de conciliación a que alude el artículo 77 del mismo Código, tal como quedó
reformado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, la conciliación también
podrá darse  en cualquiera de las instancias del proceso, siempre que las
partes, de común acuerdo, lo soliciten.  En este sentido no tiene ningún
sentido  plantear que se pueda acudir ante  un funcionario diferente al juez de
conocimiento para  intentar una conciliación una vez iniciado el proceso
judicial. De otra parte resultaría totalmente incongruente  que existiendo un
proceso judicial en curso, el resultado de dicho proceso, a menos que se trate
de una actuación realizada de común acuerdo que en todo caso se deberá  someter
al juez,  pudiera verse alterado por las consecuencias procesales señaladas en
la norma acusada, como resultado de la inasistencia del demandado a una
audiencia de conciliación convocada por fuera del proceso judicial por un
funcionario diferente al juez que conoce de dicho proceso.
[7]
“Artículo 28. Conciliación
extrajudicial en materia laboral. La conciliación extrajudicial en derecho
en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de
conciliación, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y
seccionales de la defensoría del pueblo, los agentes del Ministerio Público en
materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en
el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los
personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales”. Los apartes
tachados fueron declarados inexequibles por la Corte en la Sentencia C-893/2001
[8]
Artículo 2°. Constancias.
El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha
de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o
debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de
conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de
conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no
comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las
excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la
celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no
sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá
expedirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la
solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se
devolverán los documentos aportados por los interesados. Los funcionarios
públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias
que expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán
remitirlas al centro de conciliación para su archivo.
[9] Ver Sentencia
C-893/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández . S.V: de los Magistrados Marco
Gerardo Monroy Cabra, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Eduardo
Montealegre Lynett. A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] Ver al respecto
la sentencias C-562/97 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-680/98 M.P.
Carlos Gaviria Díaz   y  C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño.  En el mismo
sentido ver entre otras  las Sentencias     C-1512/00 y C-123/03 M.P. Álvaro
Tafur Galvis..
[11] Ver Sentencia C- 1512/00  M.P. Álvaro Tafur Galvis
[12] Sentencia C-562
de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[13] Sentencia T-001
de 1993 M.P. Jaime Sanin Grafestein
[14] Ver la Sentencia
C-680 de 1998 M.P.Carlos Gaviria Díaz.   En el mismo sentido ver la Sentencia
C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño en la que se señaló “La sola
consagración del debido proceso como derecho fundamental, no puede derivarse,
en manera alguna, una idéntica regulación de sus distintos contenidos para los
procesos que se adelantan en las distintas materias jurídicas pues, en todo
aquello que no haya sido expresamente previsto por la Carta, debe advertirse un
espacio apto para el ejercicio del poder de configuración normativa que el
pueblo ejerce a través de sus representantes.  La distinta regulación del
debido proceso a que pueda haber lugar en las diferentes materias jurídicas,
siempre que se respeten los valores superiores, los principios constitucionales
y los derechos fundamentales, no es más que el fruto de un proceso deliberativo
en el que, si bien se promueve el consenso, también hay lugar para el disenso
pues ello es así ante la conciencia que se tiene de que, de cerrarse las
puertas a la diferencia, se desvirtuarían los fundamentos de legitimidad de una
democracia constitucional.”
[15] Ver la Sentencia
T-323/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[16] Sentencia C-925
de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17] Ibidem Sentencia C-1512/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[18] Ver las
sentencias   C-1104/01 M.P. Clara Inés Vargas  Hernández  y C-1512/00 y C-
123/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[19] Ver Sentencia
C-555/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20] Sala de Casación
Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que
resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, Bogotá,
Colombia, Año de 1985, pág. 427.
[21] Cabe precisar que
en  los numerales tres y cinco  aludidos el legislador   se refirió
equivocadamente  al inciso quinto del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, cuando
en realidad el supuesto de hecho a que dichos numerales remiten  es al del
inciso sexto de la disposición, es decir a   “cuando en la segunda oportunidad
se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda
comparecer”, caso en el cual   “la audiencia de conciliación se celebrará con
su apoderado”.
[22] Ver  S.V. de los Magistrados Marco Gerardo Monroy
Cabra, Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynnet y Jaime Códrdoba
Triviño  a la Sentencia C-893/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[23] "Artículo 10. Con excepción de
las audiencias previstas en el trámite de conciliación a que se refiere el
artículo 2° y el numeral 3°  del artículo  16 de este Decreto, la inasistencia
injustificada a una de las audiencias de conciliación previstas en este Decreto
o a la contemplada en el artículo  101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá,
además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes:
"1.  Si se trata del demandante, se producirán los
efectos señalados en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los
cuales decretará el juez de oficio o a petición de parte.
"2.  Si se trata de excepcionante en el proceso
ejecutivo, el juez declarará desiertas todas las excepciones de mérito
propuestas por él.
"3.  Si se trata de demandante en proceso
ejecutivo se tendrán por ciertos los fundamentos de hecho susceptibles de
confesión en que se funden las excepciones de mérito.
"4.  Si se trata de demandado se tendrán por
ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda y además
el juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y
nulidad relativa, si las hubiere propuesto.
"5.  Si se trata de algunos de los litisconsortes
necesarios, se le impondrá una multa, hasta 10 salarios legales mínimos
mensuales,  en favor de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura.
"En el auto que señale fecha para la audiencia se
prevendrá a las partes sobre las consecuencias que acarrea la inasistencia.
"Parágrafo.-  Son causales de justificación
de la inasistencia:
"1.  Las previstas en los artículos 101 y 168 del
Código de Procedimiento Civil.
"2.  La fuerza mayor y el caso fortuito, que
deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los cinco días siguientes.
"El auto que resuelve sobre la solicitud de
justificación o que imponga una sanción, es apelable en efecto diferido."
[24] Sentencia C-592/92 M.P. Fabio Morón Díaz
[25] Articulo 74. La inasistencia injustificada de las partes
o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente
injustificada, a discutir las propuestas formuladas, se sancionará con multa
hasta de diez (10) salarios mínimos mensuales  legales a favor del Consejo
Superior de la Judicatura que será impuesta, en la prejudicial, por el agente
del Ministerio Público, y en la judicial, por el Juez, Sala Sección o
Subsección respectiva...”
“(...)”
Artículo 103. Sanciones por inasistencia. La inasistencia
injustificada a la audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o la
contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además
de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes
consecuencias en el proceso.
Si se trata del demandante, se producirán
los efectos señalados en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los
cuales decretará el juez de oficio o a petición de parte.
Si se trata de excepciones en el proceso ejecutivo, el
juez declarará desiertas todas las excepciones de mérito propuestas por él.
Si se trata del ejecutante, se tendrán por ciertos los
fundamentos de hecho susceptibles de confesión en que se funden las excepciones
de mérito.
Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los
hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el juez
declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad
relativa, Si las hubiere propuesto.
Si se trata de alguno de los litísconsortes necesarios,
se le impondrá multa hasta 10 salarios mínimos legales mensuales, en favor del
Consejo Superior de la Judicatura.
En el auto que señale fecha para la
audiencia, se prevendrá a las partes sobre las consecuencias que acarrea su
inasistencia.
Parágrafo. Son causales de justificación de
la inasistencia:
1. Las previstas en los artículos 101 y 168
del Código de Procedimiento Civil.
2. La fuerza mayor  y el caso fortuito, que
deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los cinco (5) días
siguientes.
El auto que resuelve sobre la solución de
justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto diferido.
[26] Cfr. la
Sentencia C-592/92, M.P. Fabio Morón Díaz
[27] Sentencia C-196/99 M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa
[28] Sobre este
concepto y su protección constitucional ver entre otras las sentencias C-006/96
M.P. Fabio Morón Díaz y C- 596/97 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[29] Sentencia C-1512
de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[30] Ibidem Sentencia
C-1512 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[31] Sentencia  C-1104/01 M.P. Clara Inés
Vargas Hernandez .
[32] Ver Sentencia
C-196/99 M.P. Vladimiro Naranjo  Mesa
[33] Ver Sentencia
C-165/93 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[34] Sentencia
C-165/93 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[35] Ver Sentencia C-
592/92 M.P.Fabio Morón Díaz
[36] Ver Sentencia C-
196/99 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[37] La unidad normativa procede cuando la
proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra
tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible
estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En los
otros casos, esto es, cuando la relación entre las proposiciones jurídicas no
es tan estrecha, la unidad normativa no procede, salvo si la regulación de la
cual forma parte la disposición acusada aparece prima facie de una
constitucionalidad discutible. La unidad normativa no opera entonces
exclusivamente en los fallos de inexequibilidad. La unidad normativa es
excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo
sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de
fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un
ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la
proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que
sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el
problema planteado. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la
regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación
aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad.”Sentencia  C-320/97M.P.
Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido la Corte en la Sentencia
C-128/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.  Señaló . “Conforme a reiterada
jurisprudencia, la unidad normativa es de carácter excepcional y procede para
(i) para evitar que el fallo sea inocuo; (ii) o cuando es necesaria para
completar la proposición jurídica demandada; (iii) o cuando la disposición no
acusada se encuentra estrechamente vinculada a la norma demandada y es
constitucionalmente sospechosa”.