T-614-01
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-614/01
ACTO
ADMINISTRATIVO PARTICULAR Y CONCRETO-No puede ser desconocido unilaterlamente por la
autoridad pública
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago
oportuno de salarios
DERECHO A LA
SUBSISTENCIA-Pago de prima
técnica
-Reiteración de Jurisprudencia-
REF: Expediente No. T-423454
Acción de tutela
instaurada por Ruby María Ortega contra el Gobernador del Tolima y la
Secretaría de Educación, la Juventud y el Deporte.
Magistrado
Ponente:
RODRIGO ESCOBAR GIL.
Bogotá D. C., once (11) de junio del año
dos mil uno (2001).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo del
Juzgado Segundo Civil Municipal de Líbano –Tolima-, al resolver sobre la acción
de tutela instaurada por Ruby María Ortega.
I. ANTECEDENTES.
1. La señora Ruby María Ortega se encuentra
inscrita en carrera administrativa desde el 12 de diciembre de 1997 y se
desempeña como aseadora del Instituto Departamental Nuestra Señora del Carmen
del municipio del Líbano -Tolima-.
2. Manifiesta que por resolución No. 118
del 13 de julio de 1999 se le reconoció la prima técnica, la cual, a la fecha
de instaurada la  presenta  tutela -6 de diciembre de 2000-, no se le ha
cancelado, afectándose el derecho a la familia, pues afirma “de eso vivo y
al no pagárseme me he visto en aprietos económicos”. En consecuencia,
solicita se conceda la tutela como mecanismo transitorio ordenándose el pago de
la mencionada prima en razón a que el acto administrativo que la reconoció está
vigente en su integridad y no es justo que se le esté afectado su mínimo vital
porque la entidad demandada considera que dicho acto está viciado de
ilegalidad.
II. DECISION  JUDICIAL QUE SE REVISA
El Juzgado Segundo Civil Municiapl del
Líbano –Tolima-, el 12 de diciembre de 2000, concedió la tutela al considerar
que la prestación salarial solicitada por la actora, hace parte del salario;
razón por la cual mediante vía de tutela se puede ordenar el pago de dicha
prima técnica para garantizársele el mínimo vital a la demandante y sus
familiares, como fue señalado en la sentencia SU-995 de 1999.
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión judicial mencionada.
2. Reiteración de jurisprudencia. El acto
administrativo de carácter particular y concreto que reconoce prestaciones
salariales no puede ser desconocido por la autoridad pública unilateralmente; o
de lo contrario se vulneraría el debido proceso y se afectaría el mínimo vital
del trabajador.
La Corte Constitucional en su abundante
jurisprudencia ha expresado que la autoridad pública no puede de manera
unilateral revocar o inaplicar actos administrativos de carácter particular y
concreto[1]
que reconozcan un derecho subjetivo, como acontece con las prestaciones
salariales asignadas a trabajadores[2].
En caso de que la administración pretenda desconocer tal acto, deberá cumplir
los postulados constitucionales y legales demandando su propio acto ante el
contencioso administrativo. De no ser así estaría desconociendo el debido
proceso del administrado.
La Corte ha señalado al respecto:
“...en la T-315 de
1996... fueron profundizados otros aspectos de la revocatoria directa y su
relación con el derecho fundamental al debido proceso. Allí se dijo
expresamente que la obligación de demandar ante la jurisdicción contenciosa
administrativa no recae en el  afectado, sino en la administración; y que
cuando la administración elude tal procedimiento, desconoce los principios de
la seguridad jurídica y legalidad que, en el caso concreto, obran a favor del
afectado, quien confía que sus derechos se mantendrán inmodificables, a no ser
que medie decisión del juez competente...”.
“...”
De este recuento de la jurisprudencia de
la Corporación, se tiene que cuando la administración no cuenta con el
consentimiento escrito y expreso del titular del derecho, no puede proceder a
la revocatoria directa del acto. Y cuando así se ha obrado, la Corte ha
protegido el derecho al debido proceso, y ha señalado que sea la administración
la que tenga la obligación de acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa”. (Sentencia T-276 de 2000. M.P.: Alfredo Beltrán Sierra)
(Subrayas del texto original).
Así mismo, la Corte se ha pronunciado en
varias oportunidades sobre el derecho del  trabajador de recibir puntualmente
su salario, pues de lo contrario se verá gravemente afectado al dejar de
percibir los recursos que le permiten sufragar en tiempo los gastos derivados
de su subsistencia básica y diaria. Para hacer valer sus derechos, el
trabajador cuenta con las acciones judiciales laborales correspondientes; sin
embargo, existe por excepción la acción de tutela para remediar de forma
urgente e inmediata esta anómala situación si se demuestra que esa falta de
pago del salario afecta el mínimo vital.
Sobre el particular esta Corporación
indicó:
“...la
figura de la retribución salarial está directamente relacionada con la
satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia,
reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las garantías a la
vida, a la salud, al trabajo, y a la seguridad social.
“...”
“... no
sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el empleado
-sentido restringido y común del vocablo-, sino a todas las cantidades que por
concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras -entre otras
denominaciones-, tienen origen en la relación laboral y constituyen
remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado.
Las razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos, no
sólo se encuentran en la referida necesidad de integración de los diferentes
órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino
que son el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales,
que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado
Social de Derecho”.(Sentencia SU-995 de 1999. M.P.: Carlos Gaviria Díaz). (Subrayas
y negrilla fuera de texto).
Según la jurisprudencia citada, el salario
incluye entonces todas las cantidades que, teniendo origen en la relación
laboral, remuneren el servicio o labor cumplida. Por ello es claro, que la
denominación prima técnica reconocida a la trabajadora, en el caso concreto,
mediante acto administrativo, hace parte de su salario y también así,
constituye su mínimo vital que le permite subsistir y cubrir sus necesidades
básicas; más si se tiene en cuenta que la accionante desempeña la labor de
aseadora.
A pesar de lo anterior el abogado asesor de
la Gobernación del Tolima y de la Secretaría de Educación Departamental,
refiriéndose a la Resolución No. 118 de 1998[3],
que reconoció el pago de la prima técnica a la actora, manifestó que ésta no
tenía derecho a ella por presentarse dos circunstancias: (i) el Decreto 1724 de
1997 “acabó con el  derecho a la prima técnica”[4] y (ii) la
administración departamental reconoció el derecho a la prima sin tenerse los
requisitos para ello, y por lo que demandará el acto administrativo[5] respectivo ante la
jurisdicción contenciosa.
Es claro que las anteriores circunstancias
no constituyen razón suficiente para que la Gobernación del Tolima y la Secretaría
de Educación Departamental paralicen el pago de la prima técnica a la
accionante, pues como se señalo anteriormente, debe la propia administración
acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa para demandar su acto,
y mientras ello se decide la administración no puede de oficio[6], inaplicar la
Resolución No. 118 de 1999 por considerar que la accionante “no tiene
derecho a acceder”[7]
a la prima. Es por ello deber de la Corte Constitucional el garantizarle a la
accionante los derechos fundamentales al debido proceso y, por tratarse de una
prestación salarial esencial para cubrir las necesidades primordiales de ésta y
sus familiares, el de la vida, y el derecho a una subsistencia digna y justa.
Por estas
razones se confirmará el fallo del Juzgado Segundo Civil Municipal del Líbano,
sin acceder a la petición de la actora de que se conceda la tutela como
mecanismo transitorio, ya que no es de recibo por esta Sala que la accionante
tenga que acudir a la autoridad ordinaria judicial para reclamar el pago de la
prestación adeudada. Tal medio judicial fue desplazado excepcionalmente por la
tutela por las consideraciones anteriores.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR el fallo proferido, el 12 de
diciembre de 2000, por el Juzgado Segundo Civil Municipal del Líbano -Tolima-,
por las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia.
Segundo.- PREVENIR a las entidades demandadas para que se
apresten a cumplir, si todavía no lo han hecho, el requerimiento del Juzgado
Segundo Civil Municipal del Líbano, el 12 de diciembre de 2000, con el fin de
que se garantice el pago oportuno de la prima técnica de la actora, y para que,
en el futuro, no repitan la omisión que dio origen a la demanda de la presente
acción.
Tercero. Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
“Los actos administrativos expresos expedidos por la administración que
reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos
ya indicados. En tal virtud cuando la administración observe que un acto de
esta naturaleza es contrario a la Constitución o la ley debe proceder a
demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
pero no podrá revocarlo directamente”. (Sentencia      T-155 de 1995. M.P.:
Antonio Barrera Carbonell).
[2]
“En las sentencias T-827 de 1999 y T-618 de 2000 se desarrolló el principio de
la buena fe con relación al acto propio, estableciendo que si una entidad
reconoce un derecho prestacional, dicho acto produce efectos jurídicos y no
puede ser desconocido unilateralmente. Así, si una autoridad pública ha
declarado la titularidad de un derecho, en cabeza de un particular, no puede,
sin previamente instaurar una acción de lesividad, violar el respeto al acto
propio” (Sentencia T-947 de 2000. M.P.: Alejandro Martínez Caballero).
[3] Folio 9.
[4] Folio 30.
[5] Folio 35.
[6] “El acto administrativo puede ser creador de una situación
individual que resuelva en forma particular el reconocimiento de un derecho.
Por lo tanto la situación creada por él, goza de especial estabilidad y no puede
ser modificada sin el consentimiento expreso del titular del derecho”
(Sentencia T-584 de 1992. M.P.: Alejandro Martínez Caballero).
[7] Folio 35.