T-229-19
Sentencia T-229/19
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Procedencia de tutela como mecanismo de protección cuando adquiere
rango fundamental
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por falta de notificación
de demolición de vivienda, propiedad de sujetos de especial protección
constitucional
Se evidencia que no hubo una debida
notificación pues no realizaron acciones conducentes a que los interesados
pudieran ejercer su derecho de contradicción, y por tanto, a interponer las
acciones procedentes. Peor aún, la Alcaldía, a sabiendas de que de que el aquí
peticionario tenía conocimiento del procedimiento que se iba a iniciar, falló
al no asegurarse que el mismo fuera notificado de los diferentes actos que
dieron cuenta del estado en ruinas del bien, para que procediera a ejercer su
derecho a contradicción, y cualquiera otra actividad requerida para
salvaguardar su vivienda. La acción de la administración sin la debida
notificación se convirtió en un desalojo de una persona mayor en condición de
extrema vulnerabilidad. En el caso sub examine tampoco se procedió
a la notificación por conducta concluyente, pues en ningún momento el
accionante tuvo conocimiento sobre los actos proferidos por la Alcaldía, tan
solo tuvo conocimiento que dicho procedimiento administrativo de demolición se
había iniciado.
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Importancia de la notificación de los
actos administrativos de carácter particular
Una decisión administrativa que
ordene la demolición de un inmueble de naturaleza privada, ya sea porque
amenaza de ruina y, en razón de ello, comporta un riesgo para sus propios
ocupantes y la comunidad, debe ser notificada personalmente a sus propietarios
y ocupantes. Si no es posible realizar la notificación personal, el acto
administrativo se debe notificar por aviso, asegurando, en todo caso, que la
decisión sea conocida por los interesados para efectos de salvaguardar su
derecho al debido proceso.
NOTIFICACION
DE ACTO ADMINISTRATIVO-Triple función dentro de la actuación
administrativa
DERECHO A LA
HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Diferencias
Si bien es cierto los derechos a la
honra y al buen nombre tienen una condición necesariamente externa, pues se
predican de la relación entre el sujeto y los demás miembros de la sociedad, se
diferencian en que mientras el primero responde a la apreciación que se tiene
de la persona a partir de su propia personalidad y comportamientos privados, el
segundo se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos ligados
a la conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION-Es de doble vía
LIBERTAD DE
EXPRESION-Limitaciones resultan constitucionales cuando afectan derechos de
los demás
DERECHO A LA
HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Vulneración depende de la existencia
de una expresión pública que circule información reservada, falsa o que haga
una imputación deshonrosa contra otro
DERECHO AL
BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Rectificación de información
Expediente T-6.833.665
Acción de
tutela presentada por Gerardo Ríos Botero contra la Alcaldía Municipal de La
Ceja, Antioquia
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) mayo
de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional integrada por las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado,
Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial
de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución
Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de
revisión del fallo proferido por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, en primera instancia, y por el
Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, Antioquia, en segunda instancia,
dentro de la acción de tutela promovida por Gerardo Ríos Botero contra el municipio
de La Ceja, Antioquia. El proceso de la referencia fue seleccionado para revisión
por la Sala de Selección de Tutelas Número Siete, mediante auto proferido el 13
de julio de 2018.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y relato contenidos en el expediente[1].
1.1.
El señor Gerardo Ríos Botero, de 69 años de edad, quien vive en
estado de indigencia, es propietario del 15.2% del inmueble ubicado en la calle
21 No. 23-60, identificado con matrícula inmobiliaria 017-3139 del municipio de
La Ceja. Comparte la propiedad de dicho bien con Dora Nidia Bedoya Toro,
propietaria del 69.9% y con su hermano, Fabio de Jesús Ríos Botero, dueño del
15.2% de dicho inmueble. Él y su hermano, Javier Ríos Botero, de 75 años de
edad, residían en dicho lugar.
1.2.
Javier Ríos Botero se dedica al reciclaje, mientras que Gerardo Ríos
Botero no reporta actividad económica alguna, dependiendo los dos de ayudas que
le brinda la Alcaldía Municipal de La Ceja, tales como el programa Comedor
por el cual se le brinda almuerzo y desayuno a adultos mayores.
1.3.
El día 9 de febrero de 2018 la señora Dora Nidia Bedoya Toro,
propietaria del 69.6% del inmueble, solicitó ante la Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos la demolición del bien por representar un peligro latente para
los habitantes de la propiedad y los diferentes transeúntes.
1.4.
A solicitud de la Secretaría de Gobierno y de Derechos Humanos, el
coordinador del Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres
(COMGER) profirió concepto técnico el día 9 de febrero de 2018. En este se
afirmó que “el estado de la construcción […] representa un riesgo
alto para la(s) persona(s) que allí habitan, comunidad vecina y transeúntes que
a diario circulan por el andén de dicha vivienda, requiriendo la ejecución de
acciones de mitigación y prevención del riesgo”[2].
Igualmente recomendó solicitar al Departamento Administrativo de Planeación que
profiriera un concepto técnico sobre el estado del inmueble en discusión.
1.5.
El día sábado 10 de febrero de 2018 un funcionario de la SIJIN le
comunicó de manera verbal al señor Gerardo Ríos Botero que la propiedad en la
que residía, y de la cual era propietario, iba a ser demolida. En virtud de lo
anterior, acudió a la Casa de Justicia y Paz solicitando acompañamiento. Tras
indagaciones en la Inspección de Policía, de forma verbal, le fue confirmado al
aquí demandante que iban a demoler su inmueble. Esta fue la única información
relativa al procedimiento administrativo de demolición por ruina con que contó
el accionante.
1.6.
El Departamento Administrativo de Planeación, a través de su
director —Fáber Eduardo Martínez—, emitió concepto técnico el día 12 de febrero
en el que se afirmó que el inmueble no se encontraba en condiciones de
habitabilidad por estar ocupado en su mayoría por maleza, basuras y materiales
reciclables. Recomendó su demolición total.
1.7.
Transcurridos 3 días desde que el funcionario de la SIJIN le
comunicó informalmente de la demolición, el martes 13 de febrero de 2018,
funcionarios de la Secretaría de Gobierno, del Departamento de Protección
Social, de la SIJIN, y de la Defensa Civil, se presentaron en las horas de la
mañana con el fin de desalojar a los señores Gerardo y Javier Ríos Botero, para
proceder así con la demolición del inmueble. Como consecuencia de dicha
diligencia, la ropa, cama, y demás bienes del accionante y de su hermano,
Javier, fueron expulsados. La casa fue demolida en su
totalidad, construyendo la Alcaldía de La Ceja un muro que impide el ingreso al
predio.
1.8.
Durante la ejecución de la demolición, se observaron letreros con el
siguiente enunciado: “Las drogas son una maldición. Este lugar, Antioquia y
su juventud, libres de drogas”[3].
Alega el accionante que en diferentes medios de comunicación la Administración Municipal
de La Ceja informó que dicha demolición respondía a actuaciones dentro de la Operación
Fénix y, por tanto, a actuaciones judiciales de extinción de dominio por venta
y tráfico de estupefacientes en el inmueble ya referenciado.
1.9.
El accionante afirmó que luego de la demolición, la Alcaldía de La
Ceja construyó una pared que cubre tanto su predio como el colindante
imposibilitando el ingreso a su propiedad.
1.10.
El señor Gerardo Ríos Botero interpuso acción de tutela el 1 de
marzo de 2018 al considerar que la Alcaldía de La Ceja vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la honra, a una vivienda
digna y a la dignidad humana.
2.
Pretensiones
El accionante pretende que, a
través de la acción de tutela, le sean amparados los derechos al debido
proceso, al buen nombre, a la honra, a una vivienda digna y a la dignidad
humana. En virtud de lo anterior, requiere que la Administración Municipal
realice una aclaración señalando que su inmueble, ubicado en la calle 21 No.
23-60, con matrícula inmobiliaria 017-3139 del municipio de la Ceja, no fue
demolido por extinción de dominio, como se difundió por las autoridades.
Igualmente pretende también que se retire todo material fotográfico que
relacione el inmueble referenciado con acciones derivadas de la Operación Fenix,
y por tanto, con actividades ilícitas.
Igualmente, solicita al Municipio
de La Ceja que tanto él como su hermano sean reubicados en una vivienda digna,
proporcionándoles también atención psicológica y médica, y continuando con la
entrega de alimentos en el Centro de Bienestar Santa Ana.
3.
Documentos relevantes cuyas copias obran en el expediente
Obran en el cuaderno 2 del
expediente, copia de los siguientes documentos:
-Tutela interpuesta
por el señor Gerardo Ríos Botero (folios 1-14).
- Escrito de
contestación de la tutela por parte del Alcalde del Municipio de La Ceja,
Antioquia, Juan David Bedoya Bedoya (folios 19-26).
- Oficio del 16 de
enero de 2018, No. S-2018/DISRI-ESLAC-29.25, proferido por el Departamento de
Policía de Antioquia (folio 27).
- Solicitud de la
señora Dora Nidia Bedoya Toro, del día 9 de febrero de 2018, ante el Secretario
de Gobierno y Derechos Humanos para que se ejecutara la demolición del inmueble
en discusión (folio 28).
- Comunicación del
Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre (COMGER),
expedida el 9 de febrero de 2018 (folio 33).
- Concepto técnico de
vivienda ubicada en la calle 21 Num. 23-60, proferido el día 12 de febrero de
2018 (folio 34).
- Comunicación sobre
las acciones llevadas a cabo sobre las personas mayores Gerardo y Javier Ríos
Botero, proferida por representantes de la Secretaría de Salud y Protección
Social, del Centro Día Gerontológico y del Programa Colombia Mayor (folios
36-40).
- Borrador de
respuesta a la acción de tutela interpuesta por el señor Gerardo Ríos Botero
(folio 41-46).
- Denuncia por abuso
de autoridad por extralimitación de las funciones interpuesta por el señor
Gerardo Ríos Botero, el 16 de febrero de 2018 (folio 48-52).
- Escrito de
contestación a la acción de tutela, proferida por la Personería Municipal,
radicada el día 6 de marzo de 2018 (folios 44-46).
- Copia de la
solicitud de acompañamiento para las diligencias de allanamiento y registro con
radicado No.S-2017-077/SUBIN-GRUIJ-29.25, del 12 de febrero de 2018 (folio 47).
- Decisión de primera
instancia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Ceja,
Antioquia, del 15 de marzo de 2018 (folios 65-71).
- Impugnación
presentada por el señor Gerardo Ríos Botero (folios 76-131).
Obran en el cuaderno 1 del
expediente, copia de los siguientes documentos:
- Auto de Sala de
Selección Número 07, proferido por la Corte Constitucional el 13 de julio de
2018 (folios 2-12).
- Auto del 18 de
octubre proferido por la Sala Quinta de Revisión por medio del cual se
requieren pruebas y se suspende el término para fallar (folios 15-17).
- Oficio No.
S-2018-2425/DISRI-ESLAC-29.25, proferido por el Comandante de la Estación de la
Ceja, el día 30 de octubre de 2018 (folio 51).
- Oficio No. 0687 del
24 de octubre de 2018, emitido por el Fiscal 152 Delegado ante los Jueces
Penales del Circuito de la Unidad Especial Antinarcóticos de Antioquia (folios
53-54).
-Oficio No.
25/10/2018, proferido por la Dirección Seccional de Antioquia de la Fiscalía
General de la Nación (folios 56-57).
- Oficio AM-858
proferido por el Alcalde del Municipio de La Ceja dando respuesta al Oficio No.
OPT-A-3127/2018 (folios 59-62).
- Oficio SGDH-250 del
25 de octubre de 2018 de la Secretaría de Gobierno y de Derechos Humanos del
municipio de La Ceja, Antioquia (folio 64-72).
- Oficio SGGR-046
proferido por la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos y la Oficina de
Gestión del Riesgo de Desastres (oficio 73).
- Oficio IMP- I797
del 24 de octubre de 2018 emitido por la Inspección Primera de Policía (folio
75).
- Oficio del 24 de
octubre de 2018, emitido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de La
Ceja, Antioquia (folio 76- 129).
- CD1 que contiene: (i)
4 imágenes del estado actual del predio demolido; (ii) documento con
imágenes sobre las publicaciones en redes sociales sobre los resultados de la
Operación Fénix; (iii) 4 videos del alcalde de La Ceja —Elkin Ospina
Ospina— sobre el operativo del 13 de febrero de 2018 de la Operación Fénix; (iv)
2 imágenes del inmueble previo a la demolición; (v) 2 videos sobre la
demolición del inmueble en discusión.
- CD2 que contiene: (i)
7 videos sobre la demolición del inmueble bajo discusión el día 13 de febrero
de 2018; (ii) 4 imágenes sobre la demolición.
- Oficio No.
S-2018-103695 REGIN-SIJIN-1.9, del 29 de octubre de 2018, proferido por la
Unidad de Investigación Criminal de La Ceja, Antioquia (folio 78).
- Comunicación PM-620,
del 22 de octubre de 2018, proferida por la Personera Municipal de La Ceja,
Antioquia (folios 80-119).
- Oficio
SSPS-956/2018, del 31 de octubre de 2018, proferido por la Secretaría de Salud
y Protección Social (folios 121-152).
4. Respuesta de la entidad
accionada y entidades vinculadas
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de La Ceja, Antioquia, mediante providencia del 02 de marzo de 2018 admitió la
acción de tutela y vinculó al trámite de la misma a la Secretaría de Gobierno,
a la Inspección de Policía y a la Personería del Municipio, corriendo traslado
a la entidad demandada y a la vinculada para que ejercieran su derecho de
defensa y se pronunciaran sobre los hechos de la tutela.
4.1. Alcaldía de La
Ceja, Antioquia
En escrito del 7 de marzo de
2018, el alcalde del municipio de La Ceja —Juan David Bedoya Bedoya—, se
pronunció sobre la acción de tutela interpuesta por Gerardo Ríos Botero,
solicitando se declarara la improcedencia de la misma, pues a su parecer, esta
versa sobre una disputa relativa a la tenencia de un inmueble entre sus
propietarios, lo cual no es materia a discutir en una acción de tutela, por ser
esta una acción subsidiaria que versa de manera exclusiva sobre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. Adicionalmente, mencionó que no se
cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva toda vez que los
hechos que se relacionan como vulneratorios se desprenden de actuaciones de
instituciones ajenas a la Administración Municipal, como lo son la Policía
Departamental, Canal de Televisión “Mundo+”, y la señora Dora Nidia Bedoya.
Sumado a lo anterior, manifestó
que hubo una debida actuación por parte de la autoridad municipal ya que
realizó la demolición del inmueble con miras a proteger a los ciudadanos del
inminente riesgo de colapso del predio en discusión, toda vez que parte de su
estructura ya se había derrumbado, generando daños a predios colindantes. Así
mismo, afirmó que el inmueble era una amenaza contra la salud pública del
Municipio, y por tanto, era obligación de la Administración el conducir
acciones encaminadas a la preservación de un ambiente sano para sus habitantes.
Más aún, procedió la autoridad
municipal a desvirtuar los alegatos planteados por el accionante en el escrito
de tutela, de la siguiente manera: (i) ni el accionante ni su hermano
residían en el inmueble demolido, sino que transitaban esporádicamente en este,
pues dadas las precarias condiciones, era imposible la habitabilidad del bien;
(ii) el accionante confundió dos procedimientos diferentes, pues si bien
el día 13 de febrero de 2018 se condujeron acciones por parte de la Sijin y el
Departamento de Antioquia derivadas del Operativo Fénix, nada tienen que ver
con la demolición del bien propiedad del señor Gerardo Ríos Botero por ser esta
una demolición de carácter administrativo ante riesgo de ruina; (iii) no
es cierto que medios de comunicación hicieran referencia puntual al caso del
accionante.
Informó que en el predio demolido
no se ha construido muro alguno, pero en caso de observar el accionante
vulneración a sus derechos a la propiedad, le recomendó adelantar las
actuaciones correspondientes ante las autoridades administrativas y judiciales
pertinentes. Igualmente, afirmó de manera categórica que es inaudito considerar
que la Administración llevaría a cabo actuaciones a favor de un ciudadano, sin
importar el demerito del derecho de otro.
Finalmente, manifestó que el
señor Gerardo Ríos Botero se encuentra inscrito en el programa Comedor,
y él y su hermano, están adelantando, con el apoyo de la Alcaldía, los trámites
correspondientes para poder recibir ayuda por ser adultos mayores.
4.1.1. Programa Atención
Adulto Mayor
Dentro de las pruebas aportadas
por el Municipio de La Ceja, Antioquia, se encuentra el Informe DAAM 026 del 5
de marzo de 2018, por medio del cual se reportó el estado actual de vinculación
del accionante y su hermano al Programa Atención Adulto Mayor. En este
documento se afirmó que se realizaron varias visitas domiciliarias, de las
cuales se concluyó que a pesar de contar con el apoyo de la Oficina de Gestión
del Riesgo, ni el accionante ni su hermano lo aceptaron, prefiriendo quedarse
en la propiedad bajo mejoras que ellos mismos debían realizar.
En visita realizada posterior a
la demolición, se determinó que “vive actualmente con su sobrina  María Rosalba
Ríos, hija de Javier Ríos Botero, dado que no cuenta con un lugar para vivir;
sin embargo, la situación socioeconómica de la familia es apremiante, viven en
arriendo y los miembros de la familia en edad laboral no cuentan con empleo
formal”[4]
Por tanto, las dos personas mayores son candidatos para permanecer en el
Programa Atención Adulto Mayor.
4.2. Personería de La Ceja,
Antioquia
Por medio de escrito del día 6 de
marzo de 2018, la señora María Ilbed Santa Santa, actuando como personera municipal,
otorgó concepto en el cual afirmó que desde el día 12 de febrero de 2018, la
Unidad Básica de Investigación Criminal UBIC de La Ceja tenía conocimiento de
la diligencia de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía Seccional
Antinarcóticos de Antioquia que se iba a practicar el día 13 de febrero de
2018, sin que realizara notificación alguna ni a la Personería ni al aquí
peticionario. Solo tuvo conocimiento del desalojo, y posterior demolición,
hasta el día 19 de febrero de 2018, fecha en la que el demandante interpuso
denuncia por abuso de autoridad y extralimitación de funciones por parte de
funcionarios de la Administración Municipal.
Dadas las condiciones
socioeconómicas del señor Ríos Botero, y las funciones encargadas a la
Personería, esta entidad le colaboró en la formulación de tutela ahora bajo
análisis, pues “existe la duda sobre el procedimiento que llevó a cabo la
Administración Municipal de acuerdo a las declaraciones y pruebas del señor
Gerardo, y más aun teniendo en cuenta todas las firmas de los vecinos que dan
fe, que en dicha vivienda no se expendía vicio ni se realizaba alguna actividad
ilícita”[5].
Paralelamente, la Personería interpuso acción preventiva oficiando al
Secretario de Gobierno y Derechos Humanos, al Secretario de Salud y Protección
Social, a la Inspección de Policía y al Coordinador de Gestión del Riesgo y
Desastres.
Respecto de las pretensiones del
tutelante, afirma que no es responsable del presunto quebrantamiento de los
derechos de este, pues de quien se predica dicha vulneración es de la
Administración Municipal como órgano de control frente a los funcionarios
públicos. Por el contrario, afirmó que la Personería ha brindado las
herramientas jurídicas y legales para la reivindicación de los derechos del
solicitante.
5.
Decisiones judiciales que se revisan
5.1. Primera Instancia
El día 15 de marzo de 2018, el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, profirió decisión de
primera instancia, resolviendo negar por improcedente el amparo invocado por no
evidenciar una vulneración de derechos fundamentales al accionado y por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad. De manera tal que, el a quo
resolvió no amparar el derecho al debido proceso, pues a su consideración, el
accionante sí tenía conocimiento de la fecha en que se iba a realizar
diligencia, prueba de ello fueron las visitas realizadas por la Secretaría de
Salud, “quienes dieron cuenta de las condiciones de habitabilidad del bien y
las condiciones en que se encontraba el demandante, incluso que ya tenía sus
pertenencias listas”[6].
En segundo lugar, determinó que
contrario a lo planteado por el demandante, el proceso que concluyó con la
demolición de su propiedad fue de carácter administrativo, y no por extinción dominio;
el cual se llevó a cabo por razones de seguridad y salubridad pública ya que el
estado del inmueble estaba siendo perjudicial para la comunidad. Más aún,
aseveró que no existen pruebas que indiquen que la autoridad administrativa
haya publicado información que relacionara la demolición del inmueble en
discusión con un proceso de extinción de dominio. Por ende, se negó a amparar
el derecho al buen nombre, y las peticiones que de este derivaba.
Finalmente, frente a la petición
de ayuda psicológica o médica, el a quo consideró que ya se les viene
prestando dicha ayuda en tanto son beneficiarios del Programa Adulto Mayor
desde 2012; y en caso de requerir servicios adicionales deben acudir a la EPS
subsidiada. Igualmente, constató que el accionante y su hermano no se
encuentran como beneficiarios de programas económicos por no contar con cédula
de ciudadanía, pero sí se les ha otorgado acompañamiento además de vinculación
a programas para adultos mayores. Niega la pretensión de construir una puerta
para el ingreso del accionante, por considerar que todo el bien ya fue
demolido.
5.2. Impugnación
Por medio de escrito del 23 de
marzo de 2018, el demandante presentó impugnación en contra de decisión del 15
de marzo de 2018, por considerar que el a quo no tuvo en cuenta el
material probatorio aportado, particularmente los cds contentivos de videos y
fotos que evidenciaban las declaraciones dadas por autoridades municipales y
departamentales en las que se informaba a la comunidad los resultados de la
acción de extinción de dominio sobre el inmueble propiedad del accionante. En
dichas grabaciones aportadas, se evidencia como, mientras se expone la
demolición del inmueble propiedad del accionante, las autoridades relacionan
dicha acción con resultados de la Operación Fénix[7].
De igual manera, manifestó que la
celeridad del actuar de la Alcaldía de La Ceja en la demolición del bien es
sospechoso, pues fue solicitado por la señora Dora Nidia Bedoya el día viernes
9 de febrero de 2018, siendo ejecutada el martes 13 de febrero de la misma
anualidad a las 7:30 de la mañana. Para el accionante la decisión ya había sido
tomada previa a la realización del informe técnico del Departamento
Administrativo de Planeación, proferido el 12 de febrero de 2018, el cual no
fue realizado con las pesquisas necesarias, limitándose las funcionarias de la
Secretaría de Salud y Protección Social a realizar visita el día 13 de febrero
para informar la demolición. Así, el demandante no fue notificado ni informado debidamente,
siendo su única fuente de conocimiento de los hechos lo informado por un agente
de la Sijin de manera verbal días antes. En virtud de lo anterior se configura
una indebida notificación, y por tanto, violación al derecho al debido proceso.
Asimismo, reiteró que el material
probatorio aportado comprueba la existencia de un muro —el cual también ha sido
reconocido por las autoridades municipales—  que impide el ingreso a la
propiedad por parte del accionante, quien por ser propietario del 15% del
predio, tiene derecho a acceder al mismo, derecho que comparte con los demás
propietarios, sin importar el porcentaje de que es titular cada uno. Por ende,
solicitó al juez tomar las acciones conducentes a la construcción de una
puerta, que permita su ingreso al predio.
En conclusión, reiteró las
solicitudes elevadas en la acción de tutela para que sean concedidas conforme a
la valoración de las pruebas aportadas en los diferentes momentos procesales, y
así, amparar la protección de los derechos incoados.
5.3. Segunda Instancia
En decisión del 23 de abril de
2018, el Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, Antioquia, profirió decisión
de segunda instancia, confirmando el fallo del 15 de marzo de 2018. No encontró
vulnerados los derechos al debido proceso y a la vivienda digna, pues consideró
que se configuró el fenómeno de “hecho consumado frente al cual, de acuerdo
con lo previsto en el Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, no cabe orden de
protección por la vía de acción de tutela, aspecto sobre el cual la Honorable
Corte Constitucional en sentencias T-138 de 1994 y la T-612 de 2008”[8]
se ha pronunciado.
Igualmente, para el ad quem,
la demolición no se dio como producto de una acción de extinción de dominio,
sino de un trámite administrativo solicitado por una de las propietarias del
inmueble, en virtud del estado de este, como se manifestó en la certificación
expedida por el Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres (COMGER). Dicho trámite se ajustó a los parámetros del debido proceso
por ser informado al aquí demandante previo a que se efectuara la demolición.
Frente a la presunta vulneración
del derecho al buen nombre, derecho a la honra y derecho a la dignidad humana
no encontró el juez de segunda instancia violación alguna, pues en las pruebas
aportadas “se evidencia una labor responsable respecto de las declaraciones
emitidas por los funcionarios ya que dichas declaraciones en ningún momento van
dirigidas al señor Gerardo Ríos Botero, como tampoco se hace una
individualización del inmueble de propiedad del accionante, pues los
funcionarios se refirieron únicamente a la operación estructural contra el
micro tráfico denominada “Fénix”, realizada el día 13 de febrero”[9].
Finalmente, se pronunció sobre la
ayuda psicológica y médica solicitada por el accionante, afirmando que se
atestiguó que él se encuentra actualmente afiliado al programa Comedor,
donde se le brinda desayuno y almuerzo. Igualmente, consideró que la Alcaldía
está realizando los trámites requeridos para incluirlo en las ayudas con que
cuenta el municipio para los adultos mayores, advirtiendo que el demandante no
requiere de atención médica, por lo que en caso de necesitarla, deberá acudir a
la EPS.
Por lo tanto, confirmó la
decisión de primera instancia, negando el amparo requerido por el accionante
por no encontrar una vulneración de sus derechos al debido proceso, al buen
nombre, a la honra, a una vivienda digna y a la dignidad humana.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE
REVISIÓN
Con el propósito de clarificar
los supuestos de hecho que motivaron la presente acción de tutela y para un
mejor proveer en el presente asunto, mediante auto del 18 de octubre de 2018,
se requirió:
1.1. A la Alcaldía de La
Ceja, Antioquia, que informara sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar
relacionadas con los operativos realizados en el marco “FénixLaCeja”, y su
relación con la demolición del bien inmueble ubicado en la dirección calle 21
#23-60 del municipio. Igualmente, se le solicitó que informara sobre las
circunstancias que dieron origen a todas y cada una de las publicaciones en las
redes sociales de la Alcaldía de La Ceja, el día 13 de febrero de 2018, en
particular las relacionadas con bien inmueble ubicado en la dirección calle 21
#23-60 en La Ceja, y en las que se usaron los distintivos (#) #OperaciónFénixLaCeja,
#Seguridad, #Atención.
En comunicación allegada el 25 de
octubre de 2018 a la Secretaría de esta Corporación, el alcalde del municipio de
La Ceja, Elkin Rodolfo Ospina Ospina, profirió respuesta al requerimiento,
afirmando que el municipio solo tuvo un acompañamiento administrativo y
logístico al operativo realizado el día 13 de febrero en las horas de la
mañana, en el sector Obreros de Cristo, en el cual se capturaron 34 personas y
se demolió la vivienda que presentó relación con los delitos investigados.
Del mismo modo, afirmó que las
publicaciones en redes sociales, como Facebook, nunca se relacionaron con el
inmueble cuestionado, pero sí coincidió con que la fuerza pública,
paralelamente, realizó intervención y demolió en la misma zona una vivienda
vecina a la cuestionada, por lo que algunas declaraciones dadas por las
autoridades fueron proferidas en la misma zona de demolición, pero bajo las
etiquetas #Atención, #OperaciónFénixLaCeja y #Seguridad[10].
Señalaron que la demolición del inmueble en cuestión fue tomada por la
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de La Ceja en virtud del certificado
de riesgo de desplome inminente que entregó el Comité de Gestión de Riesgo y
del Oficio emitido por el Departamento Administrativo de Planeación del
municipio de La Ceja, además de solicitud elevada por una de las propietarias
del inmueble, la señora Dora Nidia Bedoya Toro. Así mismo, informó que “se
brindaron todas las garantías al debido proceso a los propietarios del predio,
en especial al señor Gerardo Ríos Botero, quien en todo momento conoció de la
demolición, tal y como lo evidencia la decisión del Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de La Ceja en sentencia de 15 de marzo de 2018”[11];
proceso en el cual se otorgó el debido acompañamiento al señor Ríos Botero, a
través de los diferentes programas asistenciales del municipio.
1.2. A la Secretaría
de Gobierno y Derechos Humanos de La Ceja, a la Oficina de Gestión de Riesgo, a
la Inspección de Policía, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres (COMGER), y a la Comandancia de la Estación de la Policía de La Ceja,
que informaran sobre los operativos realizados sobre el bien inmueble ubicado
en la dirección calle 21 #23-60 del municipio. Igualmente, se solicitó copia de
los documentos contentivos del expediente administrativo o judicial relativo al
procedimiento realizado sobre el ya mencionado inmueble.
La Secretaría de Gobierno y de
Derechos Humanos, a través del Oficio SGDH-250 del 25 de octubre de 2018,
respondió al requerimiento de manera idéntica a como lo hizo el alcalde de La
Ceja, Elkin Rodolfo Ospina Ospina, en el Oficio AM-858.
Por su parte, la Inspección de
Policía de La Ceja respondió la solicitud mediante oficio IMP-1797, en el que
afirmó que dicha entidad participó en la realización de la demolición del
inmueble ubicado en la calle 21 #23-60 a manera de acompañamiento, proceso que
se encontraba acreditado por un informe de la Secretaría de Gobierno y Derechos
Humanos y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en Desastres. Respecto de
los pormenores del operativo del 13 de febrero no los conoce por ser de
carácter del orden público, escapando a sus competencias.
Las demás entidades no remitieron
respuesta alguna al requerimiento elevado por esta Sala.
1.3. A la Dirección de la
Policía Departamental de Antioquia y a la Comandancia de la Estación de la
Policía de La Ceja, los operativos realizados en el marco “FénixLaCeja”, en
particular sobre la propiedad ubicada en la dirección calle 21 #23-60 en La
Ceja, Antioquia. También se solicitó copia de contentivos del expediente
administrativo o judicial relativo al procedimiento llevado a cabo sobre la
propiedad ubicada en la dirección calle 21 #23-60, en La Ceja.
Prestando respuesta a dicha
solicitud, en comunicación del 30 de octubre de 2018, la Estación de Policía de
La Ceja informó que si bien el día 13 de febrero de 2018 se llevó a cabo la
operación 18ETEMCIMPAC390-FENIX, en cumplimiento de las políticas de seguridad
y convivencia ciudadana —en desarrollo de las
estrategias EICON y ETEMC del plan Comunidades Seguras y en Paz—, “no
existen soportes de actividades judiciales o administrativas relacionadas con
los operativos realizados sobre el bien inmueble ubicado en la calle 21 Num.
23-60”[12]
del municipio de La Ceja.
1.4. A la Unidad Básica de
Investigación Criminal -UBIC-, de la Policía de La Ceja, y a la Fiscalía
Seccional Antinarcóticos de Antioquia informar los operativos realizados sobre
la propiedad en discusión. También se solicitó copia del expediente administrativo
o judicial de las actuaciones realizadas sobre el inmueble ubicado en la calle
21 #23-60 de La Ceja.
En Oficio No. 0687, del 24 de
octubre de 2018, el Fiscal 152 Seccional Delegado para la Unidad Antinarcóticos
de Antioquia manifestó que en el marco de la investigación de carácter
estructural en contra de la organización delincuencial vinculada la ODIN “LOS
CHATAS”, no se encontró cargo alguno contra el señor Gerardo Ríos Botero, así
como tampoco se obtuvo evidencia alguna que probara que el inmueble ubicado en
la calle 21 #23-60 estaba siendo destinado a la venta o almacenamiento de
sustancias de estupefacientes. En lo relativo a las labores de demolición en el
inmueble ya mencionado, manifiestó no tener información alguna. Adicionaron,
mediante Oficio de radicado No. 2018, que procederían a la notificación de la
Unidad Nacional Contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de
Dominio, y solicitaron denegar por carencia de objeto el amparo de la acción de
tutela solicitada.
De manera similar, la Unidad de
Investigación Criminal de La Ceja dio contestación mediante oficio No.
S-2018/03695, afirmando que la Seccional de Investigación Criminal de
Antioquia, su superior jerárquico, ya había dado respuesta a las consultas
hechas, reiterando que respecto del “inmueble ubicado en la calle 21 No.
23-60 (…) de propiedad del señor Gerardo Ríos Botero, es pertinente indicar que
en el archivo de esta Unidad no reposa soporte documental referente a
actuaciones judiciales, administrativas o su demolición”[13].
1.5. A la Personera
Municipal de La Ceja, para que informara todas las actuaciones realizadas por
ella en relación con los señores Gerardo y Javier Ríos Botero, y  remitiera las
respuestas a las comunicaciones PM-134, PM-135, PM-136, PM-137, del 2 de marzo
de 2018, solicitadas en el marco de la denuncia realizada por el señor Gerardo
Ríos Botero.
La personera, Marta Luz Salinas
Vásquez, respondió, mediante comunicación del 22 de octubre de 2018, que se
había iniciado acción preventiva con radicado 2018-AP-003. Igualmente adjuntó
copia de las respuestas a los oficios presentados por la personera en virtud de
la demolición del inmueble del señor Gerardo Ríos Botero, de lo cual se recabó
la siguiente información: la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo informó
que el día 9 de febrero de 2018 se realizó la inspección ocular sobre el
inmueble en discusión, concluyendo que era una construcción sin techo, en mal
estado por deterioro que derivaba en un riesgo para habitantes y vecinos[14],
recomendando el concepto técnico del departamento de planeación. La Inspección
de Policía del municipio manifestó que no participó en un proceso sancionatorio
que concluyera con la demolición del inmueble en discusión, pero en proceso de
acompañamiento, sí solicitó al Departamento Administrativo de Planeación que
certificara el estado del inmueble, ya que la administración municipal está en
capacidad de llevar a cabo este tipo de diligencias. Alegó no tener información
sobre la construcción de una pared que imposibilita el acceso al predio para
los propietarios. Por su parte, el secretario de salud y protección social,
Geovany Henao, remitió copia del informe presentado a la Secretaria de Gobierno
y Derechos Humanos.
Adicionalmente anexa los siguientes
documentos: (i) solicitud elevada por la Unidad Básica de Investigación
Criminal de La Ceja de acompañamiento de la personería para el proceso de
allanamiento y registro ordenada por la Fiscalía Seccional Antinarcóticos de
Antioquia, el 12 de febrero de 2018; (ii) copia de la decisión de
primera instancia en el proceso de acción de tutela bajo revisión.
1.6. A la Secretaría de
Salud y Protección Social de La Ceja que respondiera las siguientes preguntas:
(i) ¿Cuáles son los programas que existen para las personas mayores y
para las personas en condición de vulnerabilidad y en qué consiste?; (ii)
¿En cuáles de estos programas previamente señalados, se encuentran como
beneficiarios los señores Gerardo y Javier Ríos Botero? En caso de no
encontrarse cobijados por alguno de estos, y cumpliendo con los requisitos,
explicar las razones de dicha exclusión.
Mediante comunicación del 31 de
octubre de 2018, el secretario de salud y protección social, Javier Alejandro
Bedoya, presentó una lista de actividades y programas para personas de la
tercera edad, acusando que los señores Gerardo y Javier Ríos Botero se
encuentran inscritos en el programa Comedor, y el señor Gerardo se
encuentra priorizado en el programa Colombia Mayor, encontrándose en el puesto
65. Afirmó que la inclusión de los adultos en los demás programas que podrían
acceder recae fundamentalmente en su decisión libre y voluntaria de no
vincularse. Igualmente presentó la información relativa a visitas
domiciliarias, llevadas a cabo desde abril del 2016 hasta febrero 22 de 2018.
1.7. En correo remitido
por esta Corporación se solicitó a la Secretaría de Vivienda de La Ceja remitir
toda la información sobre los subsidios de vivienda que
actualmente otorga el municipio, y los requisitos para acceder a estos.
La Secretaría
de vivienda de La Ceja remitió la información del Proyecto de Desarrollo
Municipal, según el cual se tiene proyectada la atención a 600 familias con
soluciones de vivienda de diferentes tipologías, entre las que sobresalen para
el presente caso, la vivienda de interés prioritario, la construcción en sitio propio,
así como la reubicación/reasentamiento. Igualmente, informó los requerimientos
y consecuentes procedimientos para ser beneficiario de los diferentes
programas.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE
LA DECISIÓN
1. Competencia
La Corte Constitucional, por
conducto de esta Sala de Revisión, es competente para revisar las sentencias
proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico y esquema de solución
Corresponde a la
Sala Quinta de Revisión determinar los siguientes dos
problemas jurídicos, dados los hechos previamente narrados:
(i) ¿Existe una violación al debido proceso
administrativo cuando se procede a realizar una demolición de un inmueble de
naturaleza privada por amenaza de ruina y, que en razón de ello, comporta un
riesgo para sus propios ocupantes y la comunidad, cuando el acto administrativo
que ordena tal actuación no fue debidamente notificado a sus propietarios y
ocupantes?
(ii) ¿La Alcaldía municipal de La Ceja
vulneró los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del accionante
al emitir en su página institucional y en la red social Facebook noticias de la
demolición del inmueble de su propiedad relacionándola con una operación contra
el microtráfico de estupefacientes?
Para resolver los mencionados problemas jurídicos, la
Sala procederá a analizar los siguientes temas relevantes: (i) reiteración
de la jurisprudencia en el marco del debido proceso administrativo, y la
importancia de la notificación de los actos administrativos de carácter
particular; (ii) reiteración de jurisprudencia sobre los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre en el ordenamiento constitucional; (iii)
la libertad de información y sus límites constitucionales; (iv) la
libertad de información y su colisión con otros derechos fundamentales; (v)
Modulación de los efectos de los fallos proferidos por la Corte Constitucional.
Reiteración de jurisprudencia; (vi) análisis del caso concreto.
3.
Procedencia de la acción de tutela
3.1.
Legitimación por activa
El artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa inmediata,
creada para la defensa de los derechos fundamentales de cualquier persona que
garantiza la protección de los mismos ante la amenaza de vulneración, o la
concreción de la misma. Para presentar tutela se debe acreditar la legitimación por activa en los siguientes casos: (i)
en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv)
utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa[15].
En esta oportunidad, la acción de
tutela fue interpuesta por el señor Gerardo Ríos Botero en ejercicio directo de
la acción por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al buen nombre y a la honra, a una vivienda digna y a la dignidad humana,
por parte de la Alcaldía Municipal de La Ceja al demoler el bien inmueble de su
propiedad, y con el que cohabitaba con su hermano, Javier Ríos Botero, por lo
que se entiende que él se encuentra envestido con la capacidad para reclamar la
protección de los derechos fundamentales ante la autoridad municipal.
3.2. Legitimación pasiva
La legitimación pasiva en la
acción de tutela se ha entendido en la jurisprudencia constitucional como la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a
efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o
más derechos fundamentales[16].
Así, estando conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, en el caso sub examine,
se presentó la acción de tutela contra la Alcaldía municipal de La Ceja,
Antioquia, la cual, por ser entidad de naturaleza pública, es susceptible de ser
demanda en sede de tutela.
3.3.
Subsidariedad
La acción de
tutela entraña en sus principios fundamentales el ser un mecanismo de carácter
residual y subsidiario que procede única y exclusivamente cuando no exista otro medio de defensa judicial  o cuando se pretenda
evitar un perjuicio irremediable a cargo del actor. El carácter residual
de este mecanismo funge también como un medio para incentivar el uso de los
mecanismos ordinarios de manera oportuna, de forma tal que alcancen la
protección de sus derechos fundamentales a través de las vías ideadas para
ello.
Así, por regla
general, la acción de tutela no es procedente cuando se solicita el reconocimiento
de obligaciones económicas que se encuentren sujetas a la resolución de un
proceso judicial. No obstante, la Corte Constitucional, en reiterada
jurisprudencia, ha manifestado que el juez de tutela sí puede ordenar el
reconocimiento de este tipo de obligaciones, de
manera excepcional y transitoria, siempre que: “(i) el interesado no cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial; (ii) teniendo medio judicial éste
resulte ineficaz para la protección de los derechos y (iii) en los eventos en
los que, luego de verificar los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e
impostergabilidad de la acción, se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable el cual se pretende evitar a través de la acción de tutela”[17].
En el presente
caso, a primera vista, pareciera ser que la tutela no es el mecanismo ideal por
existir otro medio judicial conducente a satisfacer las peticiones del
accionante: la demanda de acción por reparación directa por falla en el
servicio ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, conforme
a lo expuesto en jurisprudencia constitucional, es procedente señalar que dadas
las características del sujeto solicitante, la tutela sí es procedente como
recurso excepcional y transitorio. En primer lugar, advierte la Sala que si
bien existe el mecanismo ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
en el caso sub examine, este resulta ineficaz pues el actor requiere de
una acción inmediata no solo por su avanzada edad —el actor cuenta con 69 años
de edad—, sino además porque actualmente se encuentra viviendo junto a su
sobrina quien, conforme a los informes de la Secretaría Municipal, no cuenta
con los recursos para soportar dicha carga por lo que es imperioso resolver su
situación habitacional.
En segundo
lugar, con fundamentos en los hechos de la acción bajo análisis se constató que
a través de la acción de tutela se podría evitar un perjuicio irremediable al
actor; puesto que la presunta vulneración al debido proceso del accionante
concluyó con la demolición de su vivienda teniendo que acudir a la ayuda de sus
familiares para poder acceder a un lugar de residencia de carácter transitorio.
Respecto a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre,
advierte esta Sala que si bien es cierto que existen herramientas jurídicas
para conjurar la afectación de tales garantías ante las jurisdicciones penales
y civiles, también lo es que dichos mecanismos ordinarios no garantizan el
amparo oportuno y efectivo que se requiere frente a la divulgación de
información a través de medios de comunicación, siendo procedente en estos
casos promover la acción de tutela sin agotar previamente tales mecanismos[18].
Por otra parte,
conforme a la jurisprudencia constitucional, esta Corporación ha reiterado que “la solicitud
de rectificación previa como requisito de procedibilidad para el ejercicio de
la acción de tutela tradicionalmente ha sido exigible a los medios de
comunicación convencionales, dicho requisito es extensible, en los términos de
la reciente jurisprudencia constitucional, a otros canales de divulgación de
información”[19]. Cabe aclarar que
dicha carga está sujeta al criterio de razonabilidad, por lo cual no puede
conducir de ninguna manera a limitar
injustificadamente el ejercicio de la acción de tutela en aquellas situaciones
en que no sea posible solicitar dicha rectificación.
Conforme a lo
anterior, queda claro que en el presente caso la tutela supera el examen de
subsidiariedad por ser el único mecanismo conducente a garantizar los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante, sin que se requiera
la presentación de rectificación previa; toda vez que no resulta proporcionado
solicitarle al accionante, sujeto de especial protección por su especial
condición de vulnerabilidad, que realice acciones que suponen un imposible.
Así, se afirma de manera categórica que la tutela es el mecanismo idóneo dadas
las condiciones particulares del caso bajo análisis.
Por consiguiente,
para la Sala se ha cumplido con el requisito de subsidiariedad, elemento sine
qua non  para la procedencia de la acción de tutela.
3.4.
Requisito de inmediatez
Dada la
importancia de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para asegurar la
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos se ha dispuesto que
esta acción no tiene un término de caducidad por ser posible interponerla en
todo tiempo. Sin embargo, dado que este es un instrumento ideado para conjurar
situaciones de violación urgente, se ha entendido jurisprudencialmente que debe
haber “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho
judicial vulnerador de los derechos fundamentales”[20]. Más aún, tratándose de
decisiones judiciales y administrativas, la periodicidad que se impone a estas
acciones se fundamenta en el respeto y la garantía de los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, de manera que “la tutela debe
interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existiría
incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales”[21].
En el caso sub
examine se entiende cumplido este requisito en tanto entre el actuar de la
alcaldía municipal que presuntamente vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al buen nombre, a la honra, a la vivienda digna y a la dignidad
humana y la interposición de la tutela, no transcurrió siquiera 1 mes. El 13 de
febrero de 2018 se llevó a cabo la demolición del inmueble en virtud de una
orden administrativa por amenaza de ruina, y la posterior divulgación de videos
y declaraciones que relacionaban dicha acción con una actuación judicial de
extinción de dominio, por lo que se hace evidente que el accionante presentó la
demanda de tutela el 1 de marzo de 2018, transcurrido alrededor de 20 días,
encontrándose cumplido el requisito de inmediatez.
4. El debido
proceso administrativo. Importancia de la notificación de los actos
administrativos de carácter particular
El artículo 29
de la Constitución Política consagra que el debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este orden de ideas, el
debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todas las
actuaciones, procedimientos y procesos administrativos que aparejen
consecuencias para los administrados.
Esta garantía
se ve reforzada por lo dispuesto en los instrumentos internacionales relativos
a la protección de los derechos humanos ratificados por Colombia y que hacen
parte del bloque de constitucionalidad. En el ámbito del sistema universal de derechos
humanos, la Declaración Universal consagra en sus artículos 10 y 11 el derecho
al debido proceso, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo
contempla en sus artículos 14 y 15. En el ámbito del sistema regional de
protección, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre
lo reconoce en los artículos XVIII y XXVI, y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en el artículo 8 (garantías judiciales) que se complementa,
bajo la interpretación de la Corte Interamericana, junto con el artículo 25
(protección judicial).
Bajo ese marco, la jurisprudencia del
tribunal interamericano ha sostenido que las garantías establecidas en el
artículo 8 (el derecho a ser oído por un juez competente, independiente e
imparcial, el derecho a un plazo razonable, el derecho a la defensa, el derecho
a conocer las razones suficientes sobre una decisión, el derecho a la
presunción de inocencia, el derecho a ser asistido por un traductor o
intérprete y a recibir comunicación previa y detallada de la acusación, el
derecho a recibir asistencia consular, el derecho a recurrir la decisión ante
un juez o instancia superior, entre otras) deben ser igualmente observadas en
procedimientos de carácter administrativo[22].
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencias de revisión de
acciones de tutela[23]
como de control abstracto de constitucionalidad[24]
ha establecido de forma constante el contenido y alcance del derecho consagrado
en el artículo 29 Superior. Desde sus primeros pronunciamientos este Tribunal
Constitucional[25]
consideró que es “debido” todo proceso que satisface los requerimientos,
condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho
material. Conforme a ello, afirmó que es un pilar esencial del Estado de Derecho
y un derecho fundamental de aplicación inmediata vinculante para todas las
autoridades, tanto judiciales como administrativas, en la medida en que tiene
como fin proteger a las personas de arbitrariedades amparadas en el ejercicio
del poder.
Así, la Corporación ha precisado que las
garantías del artículo 29 Superior se extienden a toda clase de procedimientos
ante el Estado y no solo son aplicables a los procesos judiciales.
Específicamente, ha señalado que las actuaciones que ejerce la administración
con las personas deben observar etapas procesales que cumplan con las mínimas
condiciones de contradicción, defensa y respeto por la dignidad humana del
individuo[26].
Puede verse cómo todas las manifestaciones del
ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas por el
debido proceso, tales como (i) la formación, comunicación y ejecución de
actos administrativos; (ii) las peticiones presentadas por los
particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la
administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de
defensa. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que el
debido proceso administrativo implica “una serie de valores y
principios que van más allá de las garantías estrictamente derivadas del
artículo 29 de la Carta (debido proceso legal), entre los cuales se destacan el
principio de buena fe, el de confianza legítima y el de ‘respeto del acto
propio’”[27].
En efecto, ha considerado que del derecho al debido proceso administrativo se
derivan consecuencias relevantes para los asociados como (i) conocer las actuaciones de la
administración (lo que se materializa en la garantía de
publicidad de los actos administrativos); (ii)
pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho
de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos; y (v) gozar
de las demás garantías establecidas en su beneficio[28].
Así
pues, los parámetros reiterados en la jurisprudencia de esta Corporación sobre
el derecho al debido proceso administrativo, enseñan que (i) es un
derecho fundamental de rango constitucional; (ii) implica todas las
garantías mínimas del debido proceso concebido en el artículo 29 de la
Constitución; (iii) es aplicable en toda actuación administrativa
incluyendo todas sus etapas, es decir, desde la etapa anterior a la expedición
del acto administrativo, hasta las etapas finales de comunicación y de
impugnación de la decisión; y (iv) debe observar no solo los principios
del debido proceso sino aquellos que guían la función pública, como lo son los
de eficacia, igualdad, moralidad,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad[29].
En este contexto, de acuerdo a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la adecuada notificación de los
actos administrativos, de carácter particular, es una importante manifestación
del derecho fundamental al debido proceso administrativo[30].
La notificación cumple una triple función dentro de la
actuación administrativa, a saber: (i) asegura el cumplimiento del
principio de publicidad de la función pública, pues mediante ella se pone en
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la
administración; (ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido
proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y
contradicción; y, finalmente, (iii) la adecuada notificación hace
posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función
pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los
recursos y de los medios de control procedentes.
El artículo 66 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) establece el
deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular, en
los siguientes términos:
“Artículo 67. Notificación personal. Las
decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán
personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona
debidamente autorizada por el interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al
interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con
anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos
invalidará la notificación.
La notificación personal para dar cumplimiento a todas
las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse
mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el
interesado acepte ser notificado de esta manera.
[…]
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia
pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa
constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas
decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación
se contarán los términos para la interposición de recursos.
Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le
enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para
que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del
acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el
destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la
página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad
por el término de cinco (5) días.
Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco
(5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se
remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren
en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia
íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto
que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos
respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.
Cuando se desconozca la información sobre el
destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará
en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro
del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o
publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la
notificación personal”.
Entonces, conforme a las disposiciones citadas, un acto
administrativo de carácter particular debe notificarse en forma personal o, en
caso de que no pudiere hacerse al cabo de los cinco (5) días del envío de la
citación, por aviso. Lo anterior, para poderle permitir al administrado conocer
la respectiva actuación de la administración y frente a ella ejercer el derecho
de defensa y contradicción.
Según dispone el artículo 72 ibíd., sin el lleno de los
requisitos descritos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá
efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce
el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.
Por lo tanto, las decisiones administrativas no producen efecto
legal alguno, es decir, carecen de fuerza vinculante, hasta tanto se encuentren
debidamente notificadas[31].
La notificación debe hacerse, en principio, de manera personal, o en su defecto
por aviso, sin perjuicio de que, de manera excepcional, el acto administrativo
pueda notificarse por conducta concluyente cuando el interesado se pronuncie
sobre su contenido, consienta la decisión o haga uso de los recursos legales,
subsanando de esta manera las irregularidades que se hayan presentado en la
notificación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la notificación por
conducta concluyente solo se entiende surtida cuando la persona manifiesta que
tiene conocimiento sobre el contenido del acto administrativo o cuando se
refiere a este concretamente, siempre y cuando dicha actuación se haya
desarrollado dentro del procedimiento al cual se accede.
De allí que, para que un acto administrativo se entienda notificado
por conducta concluyente, deben concurrir unos requisitos solemnes bien
determinados cuyo cumplimiento se exige en razón del papel fundamental que
juega la notificación como garantía del debido proceso. En efecto, con la
notificación de una actuación administrativa se garantiza realmente que las
personas puedan conocer y controvertir las razones de hecho y de derecho en que
las autoridades públicas fundamentan sus decisiones.
En síntesis, una decisión administrativa que ordene la demolición de
un inmueble de naturaleza privada, ya sea porque amenaza de ruina y, en razón
de ello, comporta un riesgo para sus propios ocupantes y la comunidad, debe ser
notificada personalmente a sus propietarios y ocupantes. Si no es posible
realizar la notificación personal, el acto administrativo se debe notificar por
aviso, asegurando, en todo caso, que la decisión sea conocida por los
interesados para efectos de salvaguardar su derecho al debido proceso.
5. Los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre en el ordenamiento
constitucional. Reiteración de jurisprudencia[32]
El artículo 21 de la
Constitución Política consagra la garantía del derecho a la honra, que, según
el mandato contenido en el inciso cuarto del artículo 42 siguiente, es
inviolable. En consonancia con
lo anterior, el artículo 2 Superior dispone que es deber del Estado, entre
otros, proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Desde sus primeros pronunciamientos,
esta Corporación se ha referido al derecho a la honra como “la
estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad
humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser
protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”[33].
En correspondencia con su alcance, la vulneración del derecho a la honra se
produce cuando se expresan conceptos u opiniones que generan un daño moral
tangible al sujeto afectado[34].
Bajo
ese entendido, la Corte ha explicado que el derecho a la honra guarda una conexión material, en razón de su interdependencia, con
el derecho al buen nombre consagrado en el inciso primero del artículo 15 de la
Constitución, que impone al Estado el deber correlativo de respetarlo y hacerlo
respetar[35].
Sobre
esa base, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al buen
nombre como “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los
demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir
como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o
tendenciosas”[36]. En este sentido, constituye “uno
de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser
reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”[37].
Por
tal razón, este Tribunal ha sido enfático en señalar que “el
derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una
persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin
fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”[38].
En otras palabras, ha puntualizado que “se atenta contra este derecho,
cuando sin justificación ni causa  cierta y real, es decir, sin
fundamento, se propagan  entre el público –bien sea de forma
directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas–
informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público que se
tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio  o
la confianza de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o
cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar
su imagen”[39].
En ese orden de ideas, si bien es cierto los derechos a la
honra y al buen nombre tienen una condición necesariamente externa, pues se
predican de la relación entre el sujeto y los demás miembros de la sociedad, se
diferencian en que mientras el primero responde a la apreciación que se tiene
de la persona a partir de su propia personalidad y comportamientos privados, el
segundo se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos ligados
a la conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad[40].
Ahora
bien, es preciso resaltar que, según lo ha advertido esta Corporación,
difícilmente pueden considerarse lesionados los derechos fundamentales a la
honra y al buen nombre cuando es la persona quien directamente le ha impuesto
el desvalor a sus conductas y ha perjudicado su propia imagen ante la
colectividad. Al respecto, ha señalado que “no se viola el derecho al buen
nombre y a la honra, si es la misma persona la que con sus acciones lo está
pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que
hubiera conservado si
hubiera advertido un severo cumplimiento de sus deberes respecto del prójimo y
respecto de sí mismo”[41].
6. La libertad de información y
sus límites constitucionales
La
libertad de información hace parte de los contenidos del derecho a la libertad
de expresión (art. 20 C.P.). A diferencia de la libertad de expresión en
sentido estricto, la libertad de información “protege
la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos,
funcionarios, personas, grupos y, en general situaciones, en aras de que
el receptor se entere de lo que está ocurriendo”[42]. Por tal razón, se
le considera un derecho fundamental de “doble vía”, en la medida en que
garantiza tanto el derecho a informar, como el derecho a recibir información
veraz e imparcial[43].
Ahora bien, la libertad de
información no es un derecho que pueda ejercerse con carácter ilimitado o
absoluto. Por el contrario, dado el impacto que puede generar en la formación
de la opinión pública, así como por la existencia de un derecho específico en
cabeza del receptor de la información, el ejercicio de este derecho conlleva
claros deberes y responsabilidades para su titular que, por expreso mandato
constitucional, se traducen en que la información que se transmita sea “veraz
e imparcial” y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros,
particularmente a la honra, al buen nombre y la intimidad.
Respecto de la veracidad
de la información, este Tribunal ha explicado que hace referencia a hechos o
enunciados de carácter fáctico que puedan ser verificados razonablemente. Lo
anterior, significa entonces que lo que se exige no es una prueba irrefutable
acerca de que la información publicada o emitida sea cierta, sino “un deber de diligencia razonable con base en el cual sea factible afirmar que: (i) se realizó un
esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó sin
un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin
la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la
intimidad y al buen nombre de otras personas”[44].
Sobre esa base, se
desconoce la exigencia constitucional de veracidad de la información no solo
cuando esta resulta ser falsa o errónea –sustentada en rumores, invenciones o
malas intenciones–, sino cuando, pese a ser cierta, es presentada de manera tal
que induce al lector a conclusiones falsas o erróneas[45].
En cuanto hace al
presupuesto de imparcialidad, desde sus primeros pronunciamientos, esta
Corporación explicó que “envuelve una dimensión interpretativa de los
hechos, la cual incluye elementos valorativos y está a mitad de camino entre el
hecho y la opinión”[46]. Sin embargo,
aclaró que “[u]na rigurosa teoría general y abstracta sobre la
interpretación haría imposible exigir la presentación imparcial de un hecho, ya
que toda interpretación tendría algo de subjetiva. El Constituyente no quiso
llegar hasta este extremo y optó por vincular la exigencia de imparcialidad de
la información al derecho del público a formarse libremente una opinión, esto
es, a no recibir una versión unilateral, acabada y ‘pre-valorada’ de los hechos
que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista
contrarios, expuestos objetivamente”[47]. En otras
palabras, la imparcialidad comporta la exigencia, a quien emite la información,
de establecer cierta distancia entre la crítica personal de los hechos
relatados, las fuentes y lo que se quiere transmitir como noticia.
De
este modo, la libertad de
información es parte integrante del derecho a la libertad de expresión. Es
considerado un derecho fundamental de doble vía, habida cuenta que su
titular no es solamente quien emite la información –como sujeto activo–, sino
quien la recibe –como sujeto pasivo– y, en esa medida, exige de quien la
difunde, responsabilidades y cargas específicas que eviten la lesión de otros
derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y la intimidad.
6.1.
La libertad de información y su colisión con otros derechos fundamentales. La
rectificación en condiciones de equidad
La
difusión masiva que alcanza la información transmitida a través de los
diferentes canales de comunicación (prensa, radio, televisión, internet, redes
sociales), su poder de
influencia, el impacto que pueden tener sobre la audiencia y, en general, el
poder social de los medios, lleva implícitos ciertos riesgos y puede
eventualmente entrar en conflicto con otros derechos, valores o intereses
constitucionalmente protegidos.
Los eventos más recurrentes de tensión entre el derecho a la
libertad de información y otras garantías constitucionales se generan con los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. En estos casos, ha señalado
la Corte, la libertad de información ha de ser objeto de un ejercicio de
ponderación que derive en la maximización concreta y armónica de todos los
derechos e intereses enfrentados, pero sobre la base inicial de la primacía de
la libertad de información en atención a su importancia para la vida
democrática y para el libre intercambio de ideas[48].
Paralelamente, la propia Constitución ha previsto modalidades de
protección de la honra y el buen nombre de las personas frente a las lesiones
que tales derechos puedan sufrir como consecuencia del ejercicio de la libertad
de información. En particular, el inciso segundo del artículo 20 Superior
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
El derecho a la rectificación “procede cuando a través de un medio de
comunicación se ha difundido una información que no corresponde a la verdad, o
que presenta una visión parcializada o incompleta de los hechos, de manera que
se afecte a una persona en su imagen o reputación”[49]. Por una parte, consiste en un derecho
que tiene la persona afectada con dicha información a que esta sea aclarada o
corregida y, por otra, comporta una obligación a cargo del emisor de aclarar,
actualizar o corregir la información emitida y que no se ajuste a los
parámetros constitucionales[50].
Así, el derecho de rectificación ofrece una reparación de
diferente naturaleza que la que se puede obtener a través de una declaración de
responsabilidad penal o civil. Si bien no sanciona con una pena ni define una
indemnización a cargo del agresor, en tanto su objetivo último es la reparación
del buen nombre, la imagen y reputación de la persona afectada, tiene la
ventaja de impedir que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como
acontecimientos reales.
Adicionalmente, la garantía efectiva del derecho a la rectificación en condiciones de equidad,
como lo exige el ordenamiento superior, implica que la corrección tenga un
despliegue comunicativo similar al inicial, que se haga dentro de un tiempo
razonable y que el medio de comunicación reconozca su error.
7. Modulación de los
efectos de los fallos proferidos por la Corte Constitucional. Reiteración de
jurisprudencia
Las decisiones que
profiera la Corte Constitucional en su labor de revisión en el marco de una
acción de tutela tienen efectos inter partes, esto es solo afectan la situación de aquellos que se
han constituido como partes en el proceso. Sin embargo, esta Corporación ha
determinado que existe la posibilidad de que sus fallos tengan efectos un
alcance mucho mayor, esto es, inter comunis (entre comunes) “cuando advierte, en un
determinado asunto, que amparar exclusivamente los derechos invocados por quien
promueve la acción, sin considerar los efectos que tal decisión tendría
respecto de quienes en circunstancias comunes no acudieron a dicho mecanismo,
podría implicar el desconocimiento de otras garantías fundamentales”[51].
En
virtud de lo anterior, los efectos inter comunis de un fallo en el marco
de una acción de tutela se deben entender en los siguientes términos:
[…] aquellos efectos de un fallo de tutela que, de manera
excepcional se extienden a situaciones concretas de personas que, aun cuando no
promovieron el amparo constitucional, se encuentran igualmente afectadas por la
situación de hecho o de derecho que lo motivó, producto del actuar de una misma
autoridad o particular, justificado en la necesidad de dar a todos los miembros
de una misma comunidad un trato igualitario y uniforme que asegure el goce
efectivo de sus derechos fundamentales[52].
El juez de tutela deberá entonces hacer una evaluación de la realidad
fáctica que le es presentada, con el fin de determinar en aquellas situaciones
en las cuales no solo es procedente amparar la protección constitucional a
sujetos que no se encuentran determinados como partes en el proceso.
Con fundamento en las consideraciones previamente reseñadas, la Sala de
Revisión pasa al análisis del caso concreto.
IV.
CASO CONCRETO
1. Vulneración al debido proceso administrativo.
La señora Dora Nidia Bedoya Toro, el día 9 de febrero de 2018,
solicitó ante la Secretaría de Gobierno y de Derechos Humanos la demolición del
inmueble ubicado en la calle 21 No. 23-60, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 017-3139, del cual ella es propietaria del 69.6%, por presunta
amenaza de ruina. En esa misma fecha, el coordinador del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo certificó que la referida vivienda era una construcción en
ruinas, cuyo estado representaba un riesgo tanto para las personas que lo
habitaban como para vecinos y transeúntes, y recomendó que el Departamento Administrativo
de Planeación emitieran un concepto técnico sobre el estado del inmueble en
discusión. En virtud de solicitud verbal presentada por el secretario de gobierno
y de derechos humanos, el Departamento Administrativo de Planeación del
municipio de La Ceja profirió oficio DAP-102, el día 12 de febrero de 2018,
certificando que el inmueble no era apto para ser habitado, por lo que aconseja
su demolición total.
Paralelamente, al señor Gerardo Ríos Botero, el día 10 de febrero de
2018, se le comunicó de manera verbal por un agente de la Sijin que se había
iniciado un proceso para demoler la vivienda de la que era propietario, por lo
cual acudió, en acompañamiento de personal de la Casa de Justicia y Paz,
a la Inspección de Policía, donde le confirmaron el inicio del proceso
administrativo de demolición.
A causa de la solicitud presentada por la propietaria, del informe reportado
por Comité de Gestión de Riesgo Municipal sobre el inminente riesgo de desplome
del inmueble y del estudio del Departamento Administrativo de Planeación, el 13
de febrero de 2018, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos procedió a
realizar la demolición del ya referenciado bien, sin notificar de manera alguna
al señor Gerardo Ríos Botero, interesado no solo por ser propietario del
inmueble, sino además por ser ocupante del mismo junto a su hermano, Javier
Ríos Botero.
De lo anterior se colige que la Administración no cumplió con los
requisitos de un proceso administrativo, y por tanto, vulneró el derechos al
debido proceso, no solo del propietario Gerardo Ríos Berrio, sino de su
hermano, Javier Ríos Botero, por ser ocupantes del bien demolido. Como se
expuso, una de las garantías de un proceso administrativo es la debida
notificación de los actos administrativos particulares, la cual es mandatoria
de llevar a cabo, sea de manera personal o por aviso, con el fin de salvaguardar
el derecho a la defensa de aquellas personas que se encuentran sometidas a un
proceso administrativo.
Contrario a lo manifestado por la autoridad municipal en sus
diferentes intervenciones, tanto en sede de tutela como en revisión, se
evidencia que no hubo una debida notificación pues no realizaron acciones
conducentes a que los interesados pudieran ejercer su derecho de contradicción,
y por tanto, a interponer las acciones procedentes. Peor aún, la Alcaldía, a
sabiendas de que de que el aquí peticionario tenía conocimiento del
procedimiento que se iba a iniciar, falló al no asegurarse que el mismo fuera
notificado de los diferentes actos que dieron cuenta del estado en ruinas del
bien, para que procediera a ejercer su derecho a contradicción, y cualquiera
otra actividad requerida para salvaguardar su vivienda. La acción de la
administración sin la debida notificación se convirtió en un desalojo de una
persona mayor en condición de extrema vulnerabilidad. En el caso sub examine
tampoco se procedió a la notificación por conducta concluyente, pues en ningún
momento el señor Gerardo Ríos Botero tuvo conocimiento sobre los actos
proferidos por la Alcaldía de La Ceja, tan solo tuvo conocimiento que dicho
procedimiento administrativo de demolición se había iniciado.
Por tanto, se entiende que tanto el acto proferido por el COMGER como
el emitido por el Departamento Administrativo de Planeación no eran vinculantes
ni para los propietarios ni para los ocupantes del inmueble ubicado en la calle
21 No. 23-60, pues no fue notificado ni personal ni por aviso, por lo que se sobrentiende
que estos no producían efectos legales, imposibilitando materializar las
recomendaciones que en ellos se consignó, como lo era la demolición total del
inmueble por riesgo de desplome.
En conclusión, el haber realizado dicha demolición sin haber
cumplido con una de las garantías centrales del debido proceso administrativo,
como lo es la notificación, vulnera de manera flagrante el debido proceso del
accionante, y de los ocupantes de la vivienda, pues se coartó cualquier
posibilidad de defensa y ejercicio de contradicción contra una decisión de la
administración; que si bien se encuentra fundamentada no solo en petición
elevada por una de las propietarias, sino también en estudios técnicos que
confirmaron el estado en ruina del inmueble, no surtió las etapas procesales
para producir efectos jurídicos. Por tanto, la Secretaria de Gobierno y Derechos
Humanos no se encontraba facultada para realizar dicha demolición.
Esta afectación al derecho fundamental al debido proceso, transitó
necesariamente en una clara afectación al derecho a la vivienda digna de las
personas que habitaban el inmueble, pues el accionante y su hermano se quedaron
sin vivienda, viéndose obligados a trasladarse al hogar de su sobrina, cuando
esta no tiene los recursos suficientes para sostenerlos, estando en una
situación económica apremiante, pues carece de un trabajo permanente, como lo
informó en su visita realizada el día 22 de febrero de 2018[53]. Esta situación se ve
ahondada por ser el peticionario un sujeto de especial protección, pues no solo
se trata de un adulto mayor[54],
sino que, conforme al material probatorio, vivía en situación de indigencia,
dependiendo de los subsidios de alimentos otorgados por la Alcaldía Municipal.
De los hechos manifestados por el actor se evidencia la posible
vulneración al derecho a la propiedad privada en tanto la Alcaldía Municipal
construyó a lo largo de su predio, y del predio colindante demolido por acción
judicial de extinción de dominio, un muro que imposibilita el acceso a los
mismos, evento que sucedió mientras se resolvían las decisiones de instancia.
La jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que el
derecho a la propiedad privada no es absoluto pues se ha consagrado en la
Constitución Política los siguientes límites: “(i)
la función social y ecológica de la propiedad lo cual implica obligaciones;
(ii) el deber de ceder ante el interés púbico o social; (iii) la posibilidad de
que por estos motivos el Estado realice expropiaciones tanto judiciales, como
administrativas; (iv) adicionalmente, el artículo 59 CP establece que la
propiedad privada debe ceder frente al interés público en caso de guerra, lo
cual implica la posibilidad de ocupación temporal del bien inmueble; y (v)
finalmente, el artículo 332 CP determina que la libertad económica se encuentra
igualmente limitada por el bien común, el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación”[55].
En el caso sub examine no se encuentran ninguna de estas
causales configuradas por lo que no se comprende en qué fundamentó la Alcaldía Municipal
su decisión de construir un muro que impidiera el acceso de los propietarios a
su predio. Se entiende que el predio contiguo fue demolido en virtud de una
acción judicial por extinción de dominio y, por tanto, su expropiación es
procedente, no se entiende por qué se está dando el mismo tratamiento a los dos
predios cuando cada uno de ellos fue demolido por razones diferentes. Frente a
la demolición del inmueble propiedad del señor Gerardo Ríos Botero esta se
causó por razones de posible ruina, lo que no interrumpe de ninguna manera la
propiedad del inmueble, por ende, no se encontraba legitimada la Administración
Municipal de ninguna manera a construir un muro que impida el ingreso al mismo.
Encontrando que la Alcaldía Municipal vulneró el derecho a la
propiedad, no solo del accionante, sino de los demás propietarios, esta Sala
considera de la mayor importancia que dicha autoridad realice las acciones
conducentes para que los propietarios del predio ubicado en la calle 21 No.
23-60 de La Ceja, tengan acceso al mismo, como lo es: (i) la
construcción de una puerta que permita el ingreso de los propietarios y (ii)
la diferenciación de predios para que puedan ejecutar las medidas conducentes
sobre el predio sujeto a extinción de dominio.
Advierte la Sala que si bien, prima facie, determinó que, sin
ser un sujeto procesal, hubo una vulneración al debido proceso de Javier Ríos,
hermano del accionante, por no haberse realizado la debida notificación del
acto administrativo que declaraba la demolición del bien inmueble previamente
referenciado; no tiene esta Corporación información suficiente para decretar
que se encuentran actualmente en la misma situación de desprotección y
vulnerabilidad. Así, respecto el accionante —Gerardo Ríos Botero— encontró esta
Sala que es procedente otorgar un subsidio de arrendamiento transitorio, con el
fin de remediar la afectación al derecho a la vivienda. Respecto del señor
Javier Ríos Botero, se exhortará al municipio de La Ceja para que lo acompañe
en el proceso de solicitud de subsidio de vivienda y, en caso de ser
procedente, otorgarlo transitoriamente hasta que su situación sea resuelta en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2. Vulneración a la honra y al buen nombre
Alega el accionante que la alcaldía del municipio de La Ceja vulneró
sus derechos a la honra y al buen nombre ya que, por noticias publicadas en  su
página institucional y en la red social Facebook, presuntamente se hizo creer
que la demolición que realizó la administración municipal sobre su inmueble fue
producto de una actuación judicial de extinción de dominio en el marco de la
Operación Fénix, estrategia usada contra la organización delincuencial
vinculada la ODIN “LOS CHATAS”, banda esta que viene delinquiendo en La Ceja a
través de la comercialización de estupefacientes, así como homicidios y
desplazamientos forzados. Para él, la realización simultánea de la demolición a
causa de una orden administrativa y la actuación judicial de extinción de
dominio sobre dos bienes privados colindantes, sin diferenciarlos, ha conducido
a pensar que él ha realizado acciones delictivas relacionadas con el tráfico de
estupefacientes.
Frente a este cargo, afirma la alcaldía municipal de La Ceja que “coincidió
con que la demolición de la propiedad mencionada se realizó paralelo a la
intervención de la fuerza pública en la misma zona, además que se ejecutó otra
demolición en el mismo día, horas más tarde en una vivienda vecina a la ya
mencionada”[56].
De manera que niega de manera rotunda que se hubiera realizado declaración
alguna sobre el predio en discusión como parte de los bienes sobre los cuales
se haría extensión de dominio, por lo que no se configura ninguna violación a
la honra y al buen nombre del accionante.
Analizando detalladamente los videos, publicaciones, y declaraciones
aportadas por el demandante, advierte esta Sala que del actuar de la alcaldía
municipal de La Ceja sí se genera una confusión entre las actuaciones
realizadas sobre los bienes colindantes. En primer lugar, en varios apartes de
las declaraciones dadas en el boletín “En La Ceja estamos viviendo mejor”, se
evidencia que la secretaria de gobierno de Antioquia, la señora Victoria
Eugenia Ramírez, afirmó “(…) la Operación Fenix es muy importante para el
municipio de La Ceja (…) van en este momento 63 capturados, 7 casas en
extinción de dominio, estamos demoliendo 2”[57], afirmación que se
hace posterior a videos donde se muestra la demolición del inmueble propiedad
del señor Gerardo Ríos Botero.
Así mismo, mientras se pronunciaba el coronel Carlos Sierra,
comandante de la policía de Antioquia, sobre los éxitos de la Operación Fénix
llevada a cabo el día 13 de febrero de 2018, en la grabación se presentaron videos
prolongados de la demolición del inmueble del señor Ríos Botero y de otro bien
colindante. Situación idéntica sucede con las declaraciones del alcalde de La
Ceja, Antioquia, Elkin Ospina Ospina, quien al momento de referirse a los
éxitos que han dejado las diligencias en contra del tráfico de estupefacientes
en virtud de la Operación Fenix, transmitía imágenes de la demolición del
inmueble propiedad del accionante, y su proceso de derrumbe. De manera análoga,
el secretario de gobierno, Rubén Dario Valencia, afirmó que “(…) Se dio
inicio a la Operación Fenix, estamos en este momento consolidando los
resultados de dicha operación y continuamos con demolición de dos bienes
inmuebles también que están involucrados en los temas de fabricación, venta y
comercialización de estupefacientes (…)”[58].
Sumado al ya referido boletín, la administración municipal procedió
a publicar en su página oficial de la red social Facebook, cuenta identificada
bajo el nombre “Alcaldía de La Ceja Antioquia”, imágenes y videos de la
demolición del inmueble del señor Ríos Botero, bajo el título
#OperaciónFenixLaCeja, con descripciones del siguiente tenor: “En medio de
la operación Fénix, las autoridades adelantan también la demolición de dos
viviendas que están en proceso de extinción de dominio. Con estas ya son 11 las
propiedades destruidas en el Gobierno del alcalde Elkin Ospina Ospina”[59] y “La Ceja es uno
de los municipios que más ha atacado la delincuencia en Antioquia, así lo
anunció el alcalde Elkin Ospina Ospina quien también hizo referencia a la
demolición de dos predios destinados al consumo y expendio de estupefacientes,
uno de ellos también fue demolido porque representaba amenaza de ruina”[60].
También, en medios de comunicación, como Mundo+, se publicó
información sobre la Operación Fénix y la demolición de bienes como producto de
una actuación judicial de extinción de dominio. El 14 de febrero de 2018, se
publicó una noticia denominada “Operación fénix dejó también dos predios
demolidos por extinción de dominio” acompañada de una imagen donde aparece
la vivienda del señor Gerardo Ríos Botero siendo demolida.
En virtud de lo anterior, se puede decir de manera contundente, que
contrario a lo afirmado por la alcaldía de La Ceja, Antioquia, no es cierta la
afirmación de la administración municipal de La Ceja en que no hubo un
pronunciamiento particular y específico que relacione la Operación Fénix al
inmueble propiedad del accionante, pues, como se evidenció previamente, sí se
afirmó que los dos inmuebles fueron demolidos en virtud de una actuación
judicial de extinción de dominio producto de la Operación Fénix, solo que uno
de ellos también representaba amenaza de ruina.
Advierte la Sala que, conforme a las respuestas de las diferentes
entidades vinculadas a la Operación Fénix, se evidenció que nada tiene que ver
el inmueble en discusión con actuaciones delictivas, pues tanto la Unidad de
Investigación Criminal de La Ceja como la Fiscalía Seccional 152 de la Unidad
Antinarcóticos de Antioquia, como la dirección seccional del mismo
departamento, afirmaron que no existe en ninguno de sus registros información
que vincule al actuar delictivo de la organización delincuencial integrada al
narcotráfico conocida como “Los Chatas” ni con el inmueble ubicado en la calle
21 No. 23-60, en La Ceja, Antioquia, ni con su propietario, el señor Gerardo
Ríos Botero.
Así, no solo falló la administración en diferenciar los bienes sobre
los cuales se aplicaron procesos diferentes para generar su demolición, como la
misma alcaldía reconoce, sino que además incurrió en un error sustancial al
vincular el bien en discusión al operativo Fénix. Por ende, se entiende que
dicha autoridad incurrió en una violación al buen nombre y a la honra del señor
Gerardo Ríos Botero, pues ha impuesto un desvalor a las conductas llevadas a
cabo por él, más aún, ha perjudicado su imagen ante la comunidad de La Ceja al
relacionarlo con un actuar delictivo del que se probó no tiene nada que ver.
Siendo una comunidad pequeña, resulta aún más perverso el efecto que tuvo el
actuar de la Alcaldía pues supuso una afectación a la reputación que tiene el
accionante ten su comunidad.
Más aún, ante la tensión existente entre el derecho a la libertad de
información a favor de la Alcaldía Municipal de La Ceja y los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre del señor Gerardo Ríos Botero es
necesario realizar un ejercicio de ponderación. En el caso sub examine se puede
determinar que si bien la Alcaldía del municipal de La Ceja tenía la potestad de
informar los resultados de la Operación Fénix como parte del cumplimiento a las
políticas de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esta incurrió en una falla al
no proveer información veraz e imparcial pues no cumplió con un deber de
diligencia razonable para constatar la veracidad de la información reportada,
esto es, que la vivienda propiedad del señor Gerardo Ríos Botero no fue
demolida como parte de la Operación Fénix, sino a causa de una acción
administrativa por peligro de derrumbe. Entonces, es posible afirmar que se
indujo a las personas de la comunidad a considerar que tanto el inmueble
referenciado como el señor Ríos Botero llevan a cabo distribución de
estupefacientes en el municipio; más si se tiene en cuenta el impacto que tiene
sobre la población los medios en los cuales fue transmitida la información, como
lo son el canal institucional y la red social Facebook.
Como se estableció previamente se han dispuesto formas de protección
a la honra y al buen nombre ante las lesiones que el ejercicio de la libertad
de prensa pueda generar. Uno de ellos es el derecho a la rectificación,
dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución Política, el
cual conlleva como requisito sine qua non que la información
difundida no corresponde a la verdad o presenta una visión parcializada o
incompleta de los hechos. Dado que advirtió esta Sala que el Municipio transmitió
información que no correspondía a la realidad por mostrar la demolición del
inmueble propiedad del accionante como parte de la Operación Fénix, encuentra
necesario que la autoridad municipal rectifique la información suministrada
como medida conducente a reparar el buen nombre del demandante, su imagen y
reputación, las cuales se vieron afectadas tanto por las declaraciones
otorgadas en medios periodísticos así como por las publicaciones realizadas en
la red social Facebook.
V.
DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.
REVOCAR el fallo proferido
por el Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, Antioquia, del 23 de abril de
2018, que a su vez confirmó la sentencia emitida por Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, el 15 de marzo de 2018, para en su lugar, AMPARAR los derechos al buen nombre
y a la honra y el derecho al debido proceso con el fin de hacer efectivo el
derecho a la vivienda.
SEGUNDO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal que, en el término máximo de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, garantice al señor Gerardo Ríos Botero acceso
al predio ubicado en la calle 21 No. 23-60, en La Ceja, Antioquia, del cual es propietario.
TERCERO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal para que, en el término máximo de treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, brinde una medida concreta y efectiva al señor
Gerardo Ríos Botero que garantice el derecho a la vivienda de manera temporal hasta
que se profiera decisión definitiva en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
CUARTO. EXHORTAR a
la Alcaldía Municipal para que otorgue toda la información y asistencia, de
manera gratuita y clara, al señor Javier Ríos Botero con el fin de que este
acceda, de manera real y efectiva, a una solución transitoria de vivienda, y en
caso de cumplir con los requisitos, le sea otorgada alguna de las soluciones de
vivienda consignadas en el Plan de desarrollo municipal.
QUINTO. EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo para que, en
adelante, acompañe al señor Gerardo Ríos Botero, ya sea en la presentación o
continuación, de las actuaciones ante la jurisdicción Contencioso
Administrativa. La interposición de dichas acciones judiciales no deberá
presentarse de manera posterior a los seis (6) meses, contados desde la
notificación de esta providencia.
SEXTO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal que, en el término máximo de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, retire
de la red social Facebook y de su página institucional cualquier publicación
que relacione el predio propiedad del señor Gerardo Ríos Botero con la
Operación Fenix, y la consecuente acción de extinción de dominio.
SÉPTIMO. ORDENAR a
la Alcaldía Municipal que, en el
término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta sentencia, que rectifique y aclare en su página institucional y en la red
social Facebook que la demolición del predio ubicado en
la calle 21 No. 23-60, en La Ceja, Antioquia, nada tiene que ver con la
Operación Fénix ni con el tráfico y distribución de estupefacientes.
OCTAVO.
Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con Salvamento parcial de voto
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-229/19
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Se revive la revaluada tesis de la conexidad, al
no considerar específicamente
la vulneración del derecho fundamental autónomo a la vivienda digna (Salvamento
de voto)
Referencia: Expediente T-6.833.665
Acción de tutela presentada por Gerardo Ríos Botero
contra la Alcaldía Municipal de La Ceja (Antioquia).
Magistrado
sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a salvar
parcialmente el voto en la Sentencia T-229 de 2019, adoptada por la
mayoría de la Quinta de Revisión, en sesión del 27 de mayo de ese mismo año.
Al respecto, manifiesto que si bien estoy
de acuerdo con que en este caso se amparen los derechos fundamentales del señor
Gerardo Ríos Botero, estimo que su fundamentación no
debió utilizarse la revaluada tesis de la conexidad, según
la cual los derechos sociales, en este caso la vivienda
digna, no son derechos fundamentales de forma autónoma.
Para sustentar esta conclusión, expreso los siguientes argumentos:
1. En la Sentencia T-229 de 2019, la Sala Quinta de Revisión
analizó si la Alcaldía Municipal de la Ceja vulneró el derecho fundamental al
debido proceso administrativo del señor Gerardo Ríos Botero, al demoler sin
previo aviso su vivienda, bajo el argumento que se encontraba en amenaza de
ruina.
A su vez, estudió si la Alcaldía accionada transgredió los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra del accionante al informar
erróneamente en diferentes medios de comunicación que la
demolición de su vivienda obedecía a actuaciones de extinción de dominio dentro
de la “Operación Fénix”, mediante la cual se pretendía erradicar la
venta y tráfico de estupefacientes por parte de una banda criminal.
Al resolver el asunto, la Sala Quinta de Revisión concluyó que la
Administración Municipal no cumplió con los requisitos del debido proceso
administrativo, pues al actor no le notificaron las gestiones previas a la
demolición de su vivienda.
Por otra parte, consideró que la Alcaldía accionada incurrió en
violación al buen nombre y a la honra del señor Gerardo Ríos Botero, pues
perjudicó su imagen ante la comunidad de La Ceja, al relacionarlo con un hecho
delictivo respecto del cual, por la información disponible al momento del
fallo, él no tenía ninguna relación con los hechos. En consecuencia, la Sala
decidió “AMPARAR los derechos al buen nombre y a la honra y el
derecho al debido proceso con el fin de hacer efectivo el derecho a la
vivienda” (negrilla fuera de texto).
2. Como lo sostuve al inicio de este
salvamento parcial, disiento de la fórmula utilizada en la providencia en comento para
amparar el derecho fundamental a la vivienda digna, pues ello revive la
revaluada tesis de la conexidad, según la cual los derechos sociales, en este
caso la vivienda digna, no son derechos fundamentales de forma autónoma sino
que sólo adquieren esta naturaleza  cuando de su afectación se desprende la
vulneración de otros derechos que sí son considerados fundamentales per se.
3. Resulta pertinente recordar que la Corte Constitucional en sus inicios consideró que el
derecho a una vivienda digna no era un derecho fundamental susceptible
de ser protegido a través del mecanismo de la acción de tutela en forma
directa, pues su cumplimiento requeriría de un desarrollo legal y la
implementación de ciertas políticas, siendo entonces un derecho de contenido
prestacional. Posteriormente, la jurisprudencia cambió su postura en aras de
ofrecer una efectiva salvaguarda de garantías constitucionales que puedan
afectarse, y adoptó la tesis de la conexidad, en virtud de la cual,
un derecho como el de la vivienda digna, por más que tuviera un carácter
prestacional, era exigible a través de la acción de tutela cuando su
desconocimiento comprometiera derechos consagrados en la Constitución como
fundamentales[61].
Luego, esta
Corporación advirtió como “artificiosa” la exigencia de conexidad
respecto de derechos fundamentales, como presupuesto para amparar por vía de
tutela un derecho de contenido prestacional, como el derecho a la vivienda
digna, pues todos los derechos, unos más que otros, contienen una connotación
prestacional evidente, y restarle el carácter de derechos fundamentales a los derechos
prestacionales no armoniza con las exigencias derivadas de los pactos
internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, mediante los cuales se ha logrado superar esta
diferenciación, que hoy resulta en desuso así sea explicable desde una
perspectiva histórica[62].
Entonces, los derechos fundamentales son
aquellos que (i) se relacionan funcionalmente con la realización de la dignidad
humana, (ii) pueden traducirse o concretarse en derechos subjetivos y (iii)
sobre cuya fundamentalidad existen consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de
derecho internacional, legal y reglamentario. A su vez, la posibilidad de
concretarse en derechos fundamentales subjetivos es un asunto que debe
analizarse en cada caso y se refiere a la posibilidad de determinar la
existencia de una posición jurídica subjetiva en el evento enjuiciado o de
establecer si están plenamente definidos el titular, el obligado y el contenido
o faceta individual y exigible del derecho solicitado por vía de tutela[63].
Ahora bien,  a través de la
Sentencia T-585 de 2008[64] la Corte Constitucional precisó que, cuando la
protección del derecho a la vivienda digna sea solicitada al juez de tutela,
dicha autoridad no podrá sin más desconocer la procedibilidad del amparo con
base en el supuesto carácter no fundamental del derecho, así como tampoco será
apropiado que recurra al criterio de la conexidad para negar la admisibilidad
del amparo. Le corresponderá identificar si la pretensión debatida en sede de
tutela hace parte de la faceta de defensa o de prestación del derecho, para en
este último caso limitar su intervención a aquellos supuestos en los cuales se
busque la efectividad de un derecho subjetivo previamente definido, como por
ejemplo, cuando existe una normativa legal que ordena la reubicación de
familias localizadas en zona de riesgo, o en los que pese a la inexistencia de
tal definición, la protección constitucional es necesaria debido a las
circunstancias de debilidad manifiesta en las que se encuentran sujetos que
requieren la especial protección del Estado.
4. Con base en
este breve recuento jurisprudencial, estimo que la Sentencia T-229 de 2019
debió, cuando menos, analizar en una consideración específica la vulneración
del derecho fundamental autónomo a la vivienda digna. Sin embargo, no lo hizo y
se limitó a señalar en un mínimo aparte que la “afectación al
derecho fundamental al debido proceso, transitó necesariamente en una clara
afectación al derecho a la vivienda digna de las personas que habitaban el
inmueble”[65].
5.  En este orden
de ideas, la providencia de la referencia debió considerar que la
jurisprudencia de esta Corte ha establecido que el derecho fundamental a la
vivienda digna conlleva la obligación correlativa, a cargo del Estado, de
garantizar que las personas residan en viviendas donde su seguridad e
integridad no estén amenazadas. Lo anterior implica que, cuando la construcción
es legal y/o autorizada expresa o tácitamente por los competentes, las
autoridades municipales deben, antes de proceder a la demolición de las
viviendas: (i) intentar mitigar el riesgo generado; y (ii) cuando el  riesgo no
es mitigable, adoptar políticas de reubicación en condiciones dignas[66].
En esa medida, el
fallo habría podido concluir que se vulneró el derecho fundamental a la
vivienda digna del señor
Gerardo Ríos Botero, en tanto la Alcaldía Municipal de La Ceja (Antioquia), previo a la demolición
de su vivienda, omitió otorgarle una medida transitoria de reubicación, ya
fuera por medio de un subsidio de arriendo o por medio de los planes de
reubicación temporal con los que contara dicha Alcaldía.
En estos términos quedan expuestas las razones que me llevaron a
salvar parcialmente el voto con respecto a las consideraciones expuestas y la
decisión adoptada en la Sentencia T-229 de 2019.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] El presente capítulo
resume la narración hecha por el actor, así como otros elementos fácticos y
jurídicos obrantes en el expediente, los cuales se consideran relevantes para
comprender el caso.
[2] Cuaderno 1, folio 70.
[3] Cuaderno 2, folio 2.
[4] Cuaderno 2, folio 38.
[5] Cuaderno 2, folio 45.
[6] Cuaderno 2, folio 68.
[7] Cuaderno 2, folio 91.
[8]
Cuaderno 2, folio 149.
[9]
Cuaderno 2, folio 150.
[10] Cuaderno 2, folio 59.
[11] Cuaderno 2, folio 61.
[12] Cuaderno 2, folio 57.
[13] Cuaderno 2, folio 78.
[14] Cuaderno 2, folio 90.
[15] Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
ARTÍCULO 10. Legitimidad e interés. “La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales. […]”. En lo referente a la figura de la Agencia
oficiosa en materia de la acción de tutela ver las sentencias: T-531 de 2002 y
T-452 de 2001.
[16] Decreto 2591 de 1991. ARTICULO 13.
PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior,
o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad
de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud”.
[17] Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2016.
[18] Corte Constitucional, Sentencia T-022 de 2017.
[19] Corte Constitucional, Sentencia T-593 de 2017.
[20] Corte Constitucional, Sentencia SU-241 de 2015.
[21] Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2017.
[22] Desde el caso Baena Ricardo contra Panamá (2001) la Corte IDH
estableció que el derecho a las garantías judiciales se refiere “al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que
las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier
acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, que pueda afectarlos”. Ver al respecto, Corte IDH.
Casos Baena Ricardo y otros contra Panamá (2001), Familia Pacheco Tineo contra
Bolivia (2013), y Personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República
Dominicana (2014).
[23] Ver las Sentencias T-442 de 1992, T-386 de 1998, T-1013 de 1999,
T-1739 de 2000,  T-009 de 2000, T-982 de 2004, T-210 de 2010, T-500 de 2011,
T-171 de 2014, entre otras.
[24] Ver las Sentencias C-640 de 2002, C-1189 de 2005, C-085 de 2014,
C-146 de 2015, entre otras.
[25] Ver Sentencia T-001 de 1993. Posición reiterada en las Sentencias
T-345 de 1996, C-731 de 2005, C-242 de 2010, C-146 de 2015, entre otras.
[26] Ver Sentencias C-1189 de 2005 y T-278 de 2012.
[27] Sobre el debido proceso administrativo, ver, entre otras, las
Sentencias SU-250 de 1998, C-653 de 2001, C-506 de 2002, T-1142 de 2003, T-597
de 2004, C-929 de 2005, C-1189 de 2005, T-2010 de 2010 y C-146 de 2015.
[28] Ver las Sentencias C-640 de 2002, C-1189 de 2005, C-331 de 2012 y
C-146 de 2015, entre otras.
[29] Ver Sentencias C-640 de 2002 y C-331
de 2012.
[30] En la Sentencia T-081 de 2009, la Sala
Primera de Revisión manifestó que: “La notificación es un acto procesal que pretende
garantizar el conocimiento acerca de la iniciación de un proceso y en general
de todas las providencias que se dictan en él, de forma que se amparen los
principios de publicidad y de contradicción. Con ello se busca precisamente
darles a conocer a las partes e intervinientes el contenido de lo decidido y
concederles de este modo la posibilidad de defender sus derechos”. Posición
reiterada en la Sentencia T-210 de 2010.
[31] Al respecto, puede verse la Sentencia T-210 de 2010.
[32] En este acápite y en los dos siguientes se
sigue de cerca la Sentencia T-022 de 2017, en la que le correspondió a la Sala
Segunda de Revisión establecer si el boletín de prensa publicado por Ecopetrol
S.A., en su sitio web oficial, el 19 de febrero de 2015, a través del cual
informaba a la opinión pública acerca de la decisión unilateral de dar por
terminado el contrato laboral suscrito con el actor por el hecho de haber
recibido dineros por parte de un contratista, vulneró sus derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre y al trabajo.
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1995.
[34] Corte Constitucional, Sentencia T-714 de 2010.
[35] Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2016.
[36] Corte
Constitucional, Sentencia C-489 de 2002.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-977 de 1999.
[38] Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 2002.
[39] Corte Constitucional, Sentencia T-471 de 1994.
[40] Corte Constitucional, Sentencia C-452 de 2016.
[41] Corte Constitucional, Sentencia T-228 de 1994.
[42] Ver Sentencia SU-056 de 1995. Posición
reiterada en las Sentencias T-391 de 2007, T-040 de 2013, T-904 de 2013, T-015
de 2015, T-546 de 2016 y T-022 de 2017.
[43] Consultar, entre otras, las Sentencias T-1198 de 1994, T-219 de
2009, T-040 de 2013 y T-312 de 2015. Sobre el particular, esta Corporación ha
explicado que “[e]n atención a las distintas fases del proceso comunicativo, la
libertad de información abarca los procesos de buscar e investigar información,
procesar la información descubierta y transmitirla a través de un medio
determinado, y recibir tal información. En esa misma medida, al igual que la
libertad de expresión stricto sensu, la libertad de información es un derecho
de titularidad universal y compleja, puesto que está en cabeza de todas las
personas por mandato del artículo 20 de la Carta, pero al mismo tiempo tiene
contenidos distintos dependiendo de si la ejerce quien busca la información,
quien la transmite, o quien la recibe, característica que ha llevado a esta
Corporación a calificar esta libertad como un derecho de doble vía”. Corte
Constitucional, Sentencia T-391 de 2007.
[44] Corte Constitucional, Sentencias T-260 de 2010 y T-312 de 2015.
[45] Corte Constitucional, Sentencias T-259 de 1994 y T-040 de 2013.
[46] Corte Constitucional, Sentencia T-080 de 1993. Posición reiterada,
entre otras, en la Sentencia T-135 de 2014.
[47] Ibídem.
[48] Corte Constitucional, Sentencias C-489 de 2002 y T-391 de 2007.
[49] Corte
Constitucional, Sentencia C-489 de 2002.
[50] Corte
Constitucional, Sentencia T-312 de 2015. En la Sentencia T-260 de 2010, la Sala Segunda de Revisión
resumió sus principales ventajas en los siguientes términos: (i) constituye un mecanismo menos intimidatorio que la
sanción penal y más cercano en el tiempo a la concreción del daño; (ii)
garantiza la protección de los derechos a la honra y al buen nombre, pero
preserva, de manera simultánea, los derechos a la libertad de expresión y de
información; (iii) no presupone para su ejercicio que se declare, previamente,
la existencia de responsabilidad civil o penal del comunicador o que se
establezca la intención de dañar o la negligencia al momento de trasmitir la
información no veraz o parcial; (iv) basta con que la persona afectada logre
demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de
tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de
rectificarla; (v) ofrece una reparación distinta a la que se deriva a partir de
la declaratoria de responsabilidad civil o penal, pues una rectificación
oportuna “impide que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como
acontecimientos reales”; (vi) no persigue imponer una sanción o definir una
indemnización en cabeza del agresor por cuanto su objetivo consiste en
restablecer el buen nombre y la reputación de quien ha sido afectado con el
mensaje emitido al ofrecer –con igual despliegue e importancia que el
mensaje que produjo la lesión– un espacio destinado a facilitar que el público
conozca la realidad de los hechos que fueron emitidos de manera errónea, tergiversada
o carente de imparcialidad. Así, ‘según los términos del acto comunicativo
vulnerador, a los sujetos pasivos deberá aclarárseles que las aseveraciones son
realmente sus valoraciones, que los hechos divulgados se alejan de la realidad
o que sus denuncias no son arbitrarias sino que tienen unos hechos que lo
sustentan’; (vii) no excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial
–penal y moral–, mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el
ordenamiento jurídico”.
[51] Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2016.
[52] Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2016.
[53] Cuaderno 2, folio 30.
[54] Consultar, entre otras, las Sentencias T-463 de 2003, T-425 de 2004,
T-252 de 2017 y T-014 de 2017.
[55] Corte Constitucional. Sentencia C-699 de 2015.
[56] Cuaderno 1, folio 59.
[57] Anexos de pruebas, CD I.
[58] Anexos de pruebas, CD II.
[59] Cuaderno 2, folio 90.
[60] Cuaderno 2, folio 90.
[61] Sentencia
T-323 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[62] Sentencia T-016 de 2007, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[63] Sentencia C-288 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[64] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[65] Cfr. Ítem Nº 1 del caso concreto denominado “vulneración
al debido proceso administrativo”.
[66] Al respecto ver Sentencia T-223 de
2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.