C-171-93
Sentencia No
Sentencia No.
C-171/93
COLABORACION CON
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Beneficios/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración
Es claro que al
atribuir el Gobierno, mediante un decreto de conmoción interior como es el que
nos ocupa, al Fiscal General de la Nación o al fiscal que él designe, la
potestad de  conceder beneficios excepcionales a los sindicados o aun a los
condenados por ciertos delitos,  se están modificando las funciones básicas de
acusación y juzgamiento. Existe en ello un evidente quebrantamiento del
principio de justicia distributiva y de justicia conmutativa. Concederles a
algunos ciudadanos una serie de beneficios, excluyendo de esos privilegios
excepcionales a los demás individuos, significa establecer el principio
conocido como la "acepción de personas", opuesto a la igualdad propia
de la justicia. El decreto, al conceder y permitir la negociación de unos
beneficios, discrimina favorablemente a quienes han incurrido en los delitos
más graves y atroces, rompiendo de manera abrupta no sólo el principio
consagrado en el artículo 13 constitucional, sino también toda la filosofía que
inspira a  la Carta Política. Al introducir una desigualdad sin justificación
alguna, de acuerdo con el artículo 13 mencionado, está desconociendo el deber
estatal de promover las condiciones para que la igualdad de todos los
colombianos sea real y efectiva, ignorando además el objetivo fundamental
dispuesto a lo largo de toda la normatividad de nuestra Carta Política.
SOMETIMIENTO A LA
JUSTICIA/FISCALIA GENERAL DE LA NACION/ PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL
JUEZ
La Corte comparte
por ello los ideales que inspiran, la política denominada de sometimiento a la
justicia que el Gobierno nacional se ha empeñado en adelantar, con miras a
obtener la reducción de esa delincuencia a través de sistemas alternativos a
los de la sola represión- a los cuales el Gobierno está imperiosamente obligado
a recurrir, por mandato de la propia Carta Política- apelando a otros medios
como la persuación y el estímulo. Considera por tanto la Corte que la
implementación de dicha política puede y debe proseguirse, a través de los
canales que la propia Constitución determina, y sin que ellos impliquen
quebrantamiento del principio de igualdad ni del orden jurídico. Es así
entonces que medidas como las contenidas en el decreto 264, podrían ser
adoptadas de manera genérica, -para todo tipo de delincuentes comunes, a través
del legislador ordinario-. La Fiscalía, y en particular su titular, mantiene la
plenitud de las facultades que le confieren la Constitución y la ley,
facultades que incluyen la de someter a la  aprobación del juez propuestas y
acuerdos encaminados a la obtención de dichos objetivos, pero respetando, en
todo caso, el principio de la autonomía del juez.  Es pertinente señalar que la
política criminal debe ajustarse a la Constitución y no ésta a aquella.
LEY PENAL-Extraterritorialidad
La extraterritorialidad
de la ley consiste en la validez que se confiere a esa norma dentro de un
ordenamiento jurídico distinto al que ella integra.  Teniendo en cuenta que
todo ordenamiento jurídico-político  se estructura sobre la base de un
determinado territorio,  la expresa o consuetudinaria validación de una norma
que pertenezca a determinado ordenamiento, implica de suyo extender el ámbito
espacial de validez de esa norma, es decir, concederle extraterritorialidad.
COSA JUZGADA-Quebrantamiento
Al permitir el
decreto que la Fiscalía General de la Nación desconozca los alcances de un
fallo ya ejecutoriado, para conceder los beneficios de que tratan los literales
i, j y m del artículo 1o. del Decreto 264, es decir, la suspensión de la
condena impuesta, la exclusión parcial o total del cumplimiento de la pena para
el sentenciado y la supresión de antecedentes penales, se está olvidando que el
principio de cosa juzgada no hace referencia a una "simple opinión"
jurídica, sino, todo lo contrario, a la necesidad de mantener una certeza
jurídica, pilar esencial -repetimos- de todo orden social justo. Desconocer la
cosa juzgada significa impedir la vigencia de la justicia.
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD-Efectos/PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD
En virtud del
principio de favorabilidad de la ley penal que la propia Constitución consagra,
el presente fallo, sólo produce efectos hacía el futuro, lo cual significa que
los beneficios ya concedidos se mantienen, las negociaciones en curso pueden
proseguirse hasta su culminación y quienes con anterioridad a la fecha de esta
providencia se hayan entregado a la justicia con el ánimo de hacerse acreedores
a los beneficios que establece el decreto 264 de 1993, tendrán derecho a
obtenerlos, si cumplen con los requisitos que él mismo señala. La sentencia que
se dicta  tampoco desconoce la vigencia de los beneficios de tipo penal y de
naturaleza judicial que ya han sido establecidos por el legislador y cuya
aplicación corresponde a los jueces, como son las causales de extinción de
penas, de cesación de procedimientos o de redención de reclusos por
rehabilitación.
REF.:EXPEDIENTE
No. R.E. 034
Revisión
Constitucional del Decreto No. 264 del 5 de febrero de 1993 "Por el cual
se expiden normas  sobre concesión de beneficios por colaboración con la
justicia."
Magistrado
Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Aprobado por Acta
No.
I.  ANTECEDENTES
El Secretario
General de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, dentro
del término establecido en el artículo 214-6 de la Carta, y para efectos de la
revisión de su constitucionalidad, fotocopia auténtica del Decreto Legislativo
No. 264 del 5 de febrero de 1993 "Por el cual se expiden normas sobre
concesión de beneficios por colaboración con la justicia".
II.  EL TEXTO DEL DECRETO
El texto del
ordenamiento enviado para el control constitucional es el que aparece a
continuación:
DECRETO  264 DE  FEBRERO 5 DE 1993
Por el cual se
expiden normas sobre concesión de beneficios por colaboración con la Justicia.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En  ejercicio de
las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, en
desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 1793 de 1992, y
C O N S I D E R A N D O :
Que mediante decreto
1793 del 3 de noviembre de 1992 se declaró el estado de conmoción interior en
todo el territorio nacional, fundado, entre otros, en los siguientes motivos:
"Que en las
últimas semanas la situación de orden público en el país, que venía perturbada
de tiempo atrás, se ha agravado significativamente en razón de las acciones
terroristas de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia
organizada";
Que mediante la
colaboración  con la justicia es posible prevenir la comisión de hechos
punibles, desarticular organizaciones delictivas y deducir responsabilidad
penal de quienes las conforman;
Que es necesario
establecer mecanismos que permitan obtener la colaboración en la investigación
penal  por hechos de competencia de los jueces regionales, con el fin de asegurar
la eficacia de la administración de justicia;
Que con tal
propósito es procedente establecer instrumentos que permitan recaudar pruebas
contra los responsables por delitos de competencia de los jueces regionales,
ofreciendo beneficios especiales a las personas que colaboren eficazmente con
la justicia en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de la
responsabilidad penal de los autores y partícipes;
Que es preciso
establecer beneficios para salvaguardar el derecho constitucional a la no
incriminación de quienes colaboren con la administración de justicia, habiendo
participado en la comisión de delitos.
Que conforme al
artículo 250 de la Constitución Política corresponde a la Fiscalía General de
la Nación, entre otras atribuciones, investigar los delitos y acusar a los
presuntos infractores, tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el
restablecimiento del derecho, calificar y declarar precluidas las
investigaciones, y las demás funciones que establezca la ley;
Que de acuerdo con
los artículos 116 y 228 de la Constitución Política la Fiscalía General de la
Nación administra justicia y pertenece a la Rama Judicial;
D E C R E T A :
BENEFICIOS Y CRITERIOS PARA SU CONCESION
ARTICULO 1.
Beneficios. El Fiscal General de la Nación o el Fiscal que éste designe podrán
conceder uno o varios de los beneficios consagrados en este decreto a las
personas que sean o puedan ser investigadas, juzgadas o condenadas por delitos
de competencia de los jueces regionales, en virtud de la colaboración que
presten para la eficacia  de la administración de justicia, de conformidad con
los criterios establecidos en este decreto.
Podrán concederse
los siguientes beneficios:
a. Garantía de
que las manifestaciones del imputado o procesado no se utilizarán directa o
indirectamente como prueba en su contra.
b. Beneficio de
libertad provisional, que se otorgará de acuerdo al trámite previsto en el
Código de Procedimiento Penal, en cuanto a las obligaciones que deben imponerse
al beneficiario.
c. Detención
domiciliaria para delitos cuya pena mínima no exceda de ocho años de prisión.
d. Exclusión o
concesión de causales específicas de agravación o atenuación punitiva
respectivamente, siempre que existan dudas sobre los medios probatorios que
demuestren su existencia.
La exclusión de
causales de agravación punitiva y la concesión de causales de atenuación
punitiva se otrogarán para efectos de formular resolución de acusación, dictar
sentencia o determinar la procedencia de la medida de aseguramiento que deba
adoptarse.
e. Proferimiento
de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de
procedimiento.
f. Disminución
punitiva de acuerdo a la colaboración que se haya prestado en proporción que
determinará el fiscal  competente. El beneficio se deducirá de la pena que se
imponga en la sentencia condenatoria.
g. Otorgamiento
de libertad condicional. El tiempo de pena cumplida necesario para obtener la
libertad condicional se fijará por el fiscal competente según la eficacia de la
colaboración.
h. Aumento de
rebaja de pena por estudio, trabajo o enseñanza según la colaboración prestada.
i. Suspensión de
la condena impuesta.
j. Exclusión
parcial o total del cumplimiento de la pena para el sentenciado.
K. Exclusión de
pago de multa.
l. No imposición
de una o varias penas accesorias.
m. Supresión de
antecedentes penales.
n. Incorparación
al programa de protección a víctimas y testigos.
PARAGRAFO.Los
beneficios anteriores pueden ser concurrentes a juicio de la Fiscalía siempre
que no se excluyan por su naturaleza.
ARTICULO 2.
Criterios. El otorgamiento de los beneficios a que se refiere el presente
decreto podrá hacerse según evaluación del Fiscal General de la Nación o del
fiscal que éste designe en razón del grado de colaboración que se preste para
la eficacia de la administración de justicia, siempre que se busque alguna de
las siguientes finalidades:
a.Prevenir la
comisión de delitos o disminuir sus consecuencias.
b. La
desarticulación de organizaciones delincuenciales o la captura de sus
integrantes.
c. La conducencia
al éxito de la investigación en cuanto a la determinación de los autores
intelectuales de los delitos.
d. La obtención
de pruebas necesarias para determinar la responsabilidad penal de los autores o
partícipes de los hechos punibles a que hace referencia este decreto.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 3.
Colaboración antes o durante la etapa de indagación previa. Cualquier persona
que desee colaborar para eficacia de la administración de justicia podrá acudir
ante el Fiscal General de la Nación o el fiscal que éste designe, para los
efectos previstos en el presente decreto.
Si la
colaboración se realiza antes o durante la etapa de indagación previa se hará
constar en un acta el acuerdo derivado de la colaboración con la justicia.
Si el
reconocimiento del beneficio permite proferir resolución inhibitoria, en la
providencia el fiscal competente de manera deta
llada  explicará
las razones por la cuales adopta dicha resolución. Ejecutoriada la providencia
hará tránsito a cosa juzgada.
ARTICULO 4.
Colaboración durante la etapa de instrucción. Si la colaboración a que se
refiere este decreto se realizare durante la etapa de instrucción, y el
beneficio reconocido permite la preclusiósn del proceso, el Fiscal General de
la Nación o el fiscal que éste designe comunicará el beneficio otorgado al
funcionario que tenga el conocimiento de la instrucción quien proferirá la
providencia respectiva.
Si el beneficio
no implica  la preclusión, del proceso, el Fiscal al formular la acusación,
acompañará a la resolución el acta en que haya acordado con el procesado el
beneficio correspondiente, para que el juez profiera sentencia de conformidad.
ARTICULO 5.
Colaboración durante la etapa de juzgamiento. Si la colaboración se realiza
durante la etapa de juzgamiento el fiscal suscribirá un acta que contenga el
acuerdo a que se haya llegado con el procesado para la concesión de los
beneficios, la cual se aportará al proceso para que el Juez reconozca dichos
beneficios en la sentencia.
ARTICULO 6.
Procedimiento durante la ejecución de la pena. Cuando el beneficio sea
reconocido durante la ejecución de la pena el Fiscal enviará al Juez de
Ejecución de Penas o a quien haga sus veces el informe respectivo para que se
profiera la decisión de acuerdo a los manifestado por la Fiscalía.
ARTICULO 7.
Oportunidad para realizar el acuerdo. En cualquiera de las etapas procesales
podrán celebrarse las reuniones que fueren necesarias para determinar la
procedencia del beneficio, a iniciativa del fiscal que conoce del proceso, del
Fiscal General de la Nación o su delegado, del Procurador General de la Nación
o su delegado, del procesado o sentenciado.
ARTICULO 8.
Término para reconocer los beneficios. Los beneficios deberán reconocerse en providencia
motivada dentro  de los quince días siguientes contados a partir de aquel en
que se haya acordado su concesión, siempre y cuando dicho beneficio no deba ser
reconocido en la sentencia respectiva. Contra dicha providencia proceden los
recursos ordinarios.
ARTICULO 9.
Intervención del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público emitir
concepto previo al otorgamiento de los beneficios e interponer los recursos
ordinarios pertinentes. Dicho concepto no será obligatorio y deberá ser
proferido dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud de la
Fiscalía.
DISPOSICIONES COMUNES
ARTICULO 10.
intervención del Juez. El Juez reconocerá los beneficios otorgados por la
Fiscalía salvo que se hayan violado derechos constitucionales fundamentales del
proceso o que exista prueba de que otorgamiento del beneficio fue determinado
por violencia contra el funcionario o por delito cometido por éste.
En el evento de
que el juez no acepte los beneficios otorgados por la Fiscalía, lo hará
mediante auto interlocutorio contra el cual proceden los recursos ordinarios.
ARTICULO 11.
Inexistencia de actuaciones procesales. Las actuaciones que se realicen durante
el trámite previsto en este decreto, se consignarán en cuaderno separado.
En caso de que no
resulte procedente alguno de los beneficios de que trata este decreto el
cuaderno se archivará. Lo acordado por el declarante, imputado, procesado o
condenado con el Fiscal se tendrá como inexistente y no se podrá considerar
como prueba.
ARTICULO 12. De
la no acumulación de beneficios. Los beneficios establecidos en el presente
decreto no son acumulables con los demás establecidos en otras disposiciones.
El beneficiario podrá acogerse a cualquiera de los regímenes vigentes. En todo
caso se reconocerá la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza
establecidas en la ley.
ARTICULO 13. Si
para colaborar con la justicia la persona se limita a realizar confesión
simple, solo se tendrá en cuenta la disminución prevista para el efecto en el
Código de Procedimiento Penal.
No obstante, si
además de la confesión la persona colabora para los fines previstos en este
decreto, el fiscal competente podrá acordar cualquiera de los beneficios
establecidos en el artículo primero.
ARTICULO 14.
Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y
suspende las disposiciones que le sean contrarias y su vigencia se extenderá
por el tiempo de la conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno
Nacional la prorrogue según lo previsto en el inciso tercero del artículo 213
de la Constitución Política.
COMUNIQUESE Y
CUMPLASE
Dado en Santafé
de Bogotá, D.C., a  5  de Febrero de 1993.
III.   LA INTERVENCION CIUDADANA
Dentro del término
de fijación en lista, el ciudadano PEDRO PABLO CAMARGO  presentó en la
Secretaría de la Corte Constitucional un  escrito mediante el cual impugna
"en su totalidad el Decreto Legislativo No. 264 del 5 de febrero de
1993", con base en los argumentos que se resumen a continuación:
1o.   El artículo 1o. viola los artículos 5o. y
13 de la Constitución  que garantizan los derechos inalienables de la persona
humana y el principio de igualdad, dado que el decreto desconoce la
característica de la ley consistente en su generalidad, al legislar para cierto
tipo de personas, esto es,  aquellas que "sean o puedan ser investigadas,
juzgadas o condenadas por delitos de competencia de los jueces
regionales", estableciendo en su opinión, una "odiosa discriminación".
2o.  El Decreto impugnado viola los numerales
2o. y  17 del artículo 150 de la Carta, pues, en efecto, reforma y adiciona los
Códigos  Penal  y de Procedimiento Penal siendo que corresponde al Congreso
expedir Códigos y reformarlos.  El Estatuto procesal Penal contiene las
facultades exclusivas y taxativas de la Fiscalía General de la Nación, de modo
que la Fiscalía no puede arrogarse las previstas en el Decreto 264 de 1993.
Las concesión de beneficios no previstos en la Constitución y en la ley
requiere de una ley estatutaria que le asigne al Fiscal esa facultad expresa,
en los términos del artículo 250-5 de la Carta.  Tampoco el Estatuto Orgánico
de la Fiscalía General de la Nación, (Decreto 2699 de 1991) otorga esas
competencias al Fiscal. Además de lo anterior, señala el impugnante, la
concesión de beneficios contiene una usurpación de las facultades privativas
que, en materia de amnistía e indulto le corresponden al Congreso, según los
artículos 150-17 y 201-2, pues "en ninguna parte la Constitución Política
autoriza al Fiscal General de la Nación para conceder amnistías e
indultos" cuyos beneficios son similares a los previstos en el artículo
1o. del Decreto 264 de 1993 (art. 78 C.P.).
3o.  El Decreto impugnado viola el artículo
152 de la Constitución conforme al cual sólo el Congreso "mediante  leyes
estatutarias puede regular materias que atañen a la administración de
justicia".
4o.    El Decreto impugnado viola el artículo
213 de la Carta ya que "no está suspendiendo leyes incompatibles con el
estado de conmoción, sino que está emitiendo prácticamente una ley sobre
"beneficios", que no guarda relación con la conmoción interior, tal
como se desprende de los considerandos.
5o.   El Decreto 264 de 1993 vulnera el artículo
252 de la constitución, pues, "aparece modificando las funciones básicas
de acusación y juzgamiento que, en forma precisa, están delimitadas en el
Código de Procedimiento Penal."
6o.  El Decreto impugnado contradice el artículo
250 de la Carta, puesto que al Fiscal General de la Nación no le corresponden
las facultades que el decreto le atribuye mientras no haya una ley que así lo
indique.  La asunción y ejercicio de tales facultades comporta transgresión del
artículo 121 de la Carta a cuyo tenor "Ninguna autoridad del Estado podrá
ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la
Ley".
IV.  INTERVENCION OFICIAL
El Doctor ANDRES
GONZALEZ DIAZ, en su calidad de Ministro de Justicia, presentó dentro del
término previsto, un escrito en el que expone "las razones por las cuales se
considera que es exequible el Decreto 264 de 1993 expedido en virtud del estado
de conmoción interior".  Los argumentos que plantea el citado funcionario
se sintetizan así:
1o.  El señor Ministro de Justicia considera que
el ordenamiento expedido no desconoce ninguno de los requisitos de forma que
para dicha clase de disposiciones establece la Carta en los artículos 213 y
214; en efecto, la expedición del citado decreto fue ordenada en ejercicio de
las facultades propias del Estado de Conmoción  Interior previamente declarado
por el Decreto 1793 de 1992 y lleva la firma del Presidente de la República y
la de todos los Ministros del Despacho.  Además, el Decreto 264 de 1993
condiciona su vigencia a  la de la Conmoción interior, "sin perjuicio de
que el Gobierno Nacional la prorrogue, como en realidad lo hizo, con efectos a
partir del día 6 de febrero del año en curso", y se limita a suspender las
disposiciones  que le sean contrarias.
2o.  Advierte el señor Ministro que las
disposiciones contenidas en el Decreto en revisión automática y forzosa, tienen
relación directa de conexidad con las causales señaladas en el Decreto 1793 de
1992 "toda vez que los mecanismos a que se refiere el decreto precitado,
tienden positivamente a obtener una colaboración efectiva de las personas en el
esclarecimiento de los hechos y en la determinación de la responsabilidad penal
de los autores y partícipes".  La colaboración prevista se relaciona con
"hechos delictivos de competencia de los jueces regionales y del Tribunal
Regional, de donde se infiere la conexidad entre los hechos perturbadores del
orden público y las medidas adoptadas para conjurar sus efectos, por cuanto
éstas tienden a la captura y condena de los responsables  de tales hechos, así
como a la prevención de actos terroristas que pueden ser igualmente objeto de
información por parte de quienes colaboren."
Agrega que las
medidas contenidas en el Decreto 264 de 1993 son proporcionales a la gravedad
de los hechos y explica que "De una parte están destinadas a desarticular
organizaciones delictivas, a establecer la responsabilidad penal de autores y
partícipes de hechos punibles de competencia de los jueces regionales.  De otra
parte, el alcance  de los beneficios  penales a instancia de la Fiscalía
General de la Nación, depende de la valoración que se haga de los fines y del
grado de colaboración, de manera que a la postre el alcance del beneficio sea
proporcional al grado de colaboración".
3o.  En relación con el contenido del Decreto,
estima el señor Ministro que no suspende los derechos humanos ni las libertades
fundamentales, de manera que se salvaguarda el derecho constitucional a la no
incriminación "al disponer que el Fiscal General de la Nación o el Fiscal
que éste designe pueden otorgar la garantía de que las manifestaciones del
imputado o procesado no se utilizarán como prueba en su contra, ni tampoco lo
que se derive de dichas manifestaciones", garantía que se hace extensiva a
los "autores y partícipes de hechos punibles de competencia de los jueces
regionales".  El principio de igualdad tampoco resulta conculcado
"toda vez que el decreto en estudio se aplica a todas aquellas personas
que se encuentren bajo el mismo supuesto de hecho, en la medida en que
colaboran con la administración de justicia".  Las normas sujetas a
control no vulneran el principio de la dignidad humana y tutelan el derecho al
libre desarrollo de la personalidad "que se traduce en garantizar la
decisión que adopta una persona en el sentido de rehabilitarse, acogerse a una
autoridad, y colaborar con la justicia en aras de someterse a la ley."  De
igual forma quedan plenamente  garantizados  el debido proceso y el derecho de
defensa "plasmado en la garantía constitucional de controversia de la
prueba y libre apreciación de la misma según los criterios de la sana
crítica".
4o.  Estima  el señor Ministro de Justicia que
el Decreto materia de revisión constitucional no interrumpe el normal
funcionamiento de las Ramas del poder público ni de los órganos del Estado
"pues su contenido material está orientado a hacer y obtener una justicia
eficaz previniendo la comisión de hechos punibles, desarticulando
organizaciones delictivas y estableciendo las responsabilidades  penales a que
haya lugar, a través del estímulo a la colaboración ciudadana, por medio del
otorgamiento de los beneficios a que se refiere el Decreto 264."
5o. Se detiene luego el señor Ministro en el
análisis de aspectos atinentes al ejercicio de la acción penal y de los
beneficios por colaboración.  Destaca inicialmente dos aspectos que considera
de trascendental importancia:  "que el Fiscal General de la Nación o el
Fiscal que éste designe, podrán otorgar los beneficios, siempre en virtud de la
eficacia de la colaboración con la justicia y según la evaluación que el
funcionario correspondiente realice y a condición de que se cumpla alguno de
los criterios de política criminal perseguidos con el decreto e incluidos en el
mismo".  Los deberes constitucionales de colaborar para el buen funcionamiento
de la administración de justicia y de solidaridad encuentran una forma de
materialización en los contenidos del decreto 264 de 1993, referentes al
establecimiento de una serie de beneficios para las personas partícipes en la
comisión de delitos de conocimiento de los jueces regionales, beneficios que
podrán operar en las condiciones  anotadas.
Puntualiza el señor
Ministro que la titularidad de la acción penal le "corresponde al Estado a
través de la Fiscalía General", pero que su ejercicio "está sujeto a
la regulación del legislador según las diferentes alternativas de la política
criminal".  Así, el legislador puede penalizar o despenalizar o determinar
diversos beneficios penales, sin que ello lesione "la función
investigativa o punitiva del Estado".  Históricamente  es constatable que
el legislador ha acudido a diversos mecanismos procesales para renunciar a la
imposición de sanciones penales; por motivos de la misma índole "puede
renunciar al ejercicio de su potestad de investigación de algunos delitos con
el propósito de obtener una mayor efectividad del órgano judicial en la lucha
contra las organizaciones delincuenciales".  De igual modo, el legislador
consagra causas de disminución de la punibilidad o determina "la inclusión
o exclusión de presupuestos de procedibilidad para la iniciación de las
investigaciones penales".  En este orden de ideas "en el caso que nos
ocupa no se trata de consagrar unos beneficios como existen hoy de manera
general ante los eventos del restablecimiento de derechos individuales
conculcados, sino beneficios orientados a la realización de un interés de mayor
jerarquía como es la colaboración con la  justicia como un instrumento
indispensable de la política criminal del Estado para hacer frente a la
delincuencia organizada.  Se da así pleno cumplimiento a la prevalencia del
interés general sobre el particular consagrada como principio fundamental en el
artículo 1o. de la Constitución Política".  Apunta el señor Ministro que
esta competencia corresponde integralmente al legislador ordinario o de
excepción y que no implica renuncia por el Estado a su "potestad de
perseguir y acusar a los presuntos infractores de la ley penal; todo lo
contrario, la finalidad del decreto es conseguir pruebas suficientes para vincular
o acusar a los principales responsables de los delitos que más afectan a la
colectividad, con el fin de lograr una mayor eficacia en la Administración de
justicia y obtener el restablecimiento del orden público".  Otros
beneficios se orientan a "garantizar la vida y la integridad de quienes
colaboren con la justicia pues bien pueden por ese hecho ser sujetos de la
intimidación por parte de la delincuencia organizada".
6o.  Finalmente, el señor Ministro incluye
dentro de su escrito algunas consideraciones referentes al marco constitucional
de las funciones de acusación y juzgamiento, y señala en primer término que la
asignación de funciones a la Fiscalía corresponde al papel que le compete en la
ejecución de la política criminal como entidad de investigación con información
suficiente para acometer la tarea de sopesar la colaboración con la justicia, y
acordar beneficios a quienes así lo decidan.  Indica que tanto la Fiscalía como
los jueces "son autoridades jurisdiccionales y en consecuencia habilitadas
por la Carta Política para el ejercicio de la función judicial".  Agrega
que la separación entre acusación y juzgamiento está prevista "como un
esquema de protección al procesado" y que el sistema de colaboración
concebido es un instrumento en beneficio del procesado dado que frente a su
operancia y pertinencia lo beneficia "en razón de su colaboración", a
la vez que facilita a la sociedad la eficacia de la justicia".
Por último, indica
que se mantiene incólume la función juzgadora del juez, por ser este quien al
final profiere sentencia "contabilizando y teniendo en cuenta los
beneficios acordados por la Fiscalía"; el juez conserva su competencia
para proferir sentencia y "permanece como guardián de los derechos
constitucionales fundamentales del procesado y en caso de que se llegaren a
violar puede denegar los beneficios acordados por la Fiscalía".  Los
intereses de la Sociedad  también se encuentran garantizados como que
"corresponde al Ministerio Público, si lo considera necesario, emitir
concepto previo al otorgamiento de los beneficios, e interponer los recursos
ordinarios pertinentes".
V.  EL CONCEPTO FISCAL
El señor Procurador
General de la Nación, como jefe del Ministerio Público, rindió el concepto de
su competencia en oficio No. 140 de marzo 16 de 1993 y en él solicita a la
Corte que declare la exequibilidad del Decreto No. 264 de 1993.  Fundamenta su
solicitud en los argumentos que a continuación se resumen:
1.  La normatividad
objeto de revisión cumple con los requisitos de carácter formal previstos por
la Carta Fundamental para este tipo de disposiciones, ya que fue expedida en
desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 1793 de 1992, mediante el cual se
declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional; en este
sentido advierte que el decreto que se revisa fue expedido dentro del límite
temporal de la declaratoria de Conmoción Interior. Además, el ordenamiento que
se revisa cumple con las restantes exigencias formales a  que alude la Carta
Política y guarda "el debido vínculo de conexidad con los motivos que
originaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior", y su
orientación "aparece vinculada con las causas que adujo el Ejecutivo en el
Decreto originario" como que "la teleología de la medida de excepción
se dirige a la prevención de la comisión de delitos, la disminución de sus
consecuencias, la desarticulación de las organizaciones delincuenciales, la
captura de sus integrantes, la conducencia al éxito de la investigación en
cuanto a la determinación de autores y partícipes y el recaudo de pruebas para
determinar la responsabilidad penal de los mismos, por los hechos punibles de
competencia de los jueces regionales".
2.  Se detiene luego
el señor Procurador en el examen material del decreto revisado planteando en
primer término la "confrontación del Estado con el crimen
organizado", perspectiva dentro de la cual los beneficios por colaboración
con la justicia previstos en el Decreto 264 de 1993, corresponden a nuevas
respuestas estatales de política criminal frente a la delincuencia organizada y
denotan un cambio en la concepción del derecho penal que de un modelo edificado
sobre el primado de justicia e igualdad pasa a otro dominado por el principio
de eficiencia, determinante de "una enorme discrecionalidad, radicada en cabeza
del Fiscal General de la Nación, para priorizar la urgencia temporal de las
investigaciones y para determinar con quien y en qué términos se negocian las
penas".
Señala el Procurador
las innegables ventajas del modelo en el corto y en el mediano plazo, sin
embargo, consigna sus "serias inquietudes" para el mediano y el largo
plazo por cuanto "es de prever un eventual y creciente descrédito de la
prueba testimonial" en cuya base pueden encontrarse abusos en la práctica
de la delación negociada que, de no controlarse, estarían en riesgo de
convertir la dicha delación "en un instrumento para la venganza privada y
para la construcción de 'chivos expiatorios'". Además de lo anterior
indica el efecto negativo que sobre la conciencia jurídica de la sociedad
colombiana "podría traer la convicción creciente y generalizada de que la
justicia es, entre nosotros, materia de negociación".
"La nueva
tendencia hacia la sustitución del viejo paradigma liberal, garantista y
represivo por uno nuevo preventivo, construido sobre la emergencia creciente de
bienes jurídicos colectivos y sobre la ampliación del ámbito en el que el
Estado ejerce su control social, no es un fenómeno aislado sino mundial",
cuya incorporación en Colombia acudiendo al expediente de la Conmoción Interior
"es en principio, constitucional" y encuentra explicación en
"las dificultades operativas del Congreso de la República" que han
llevado al Gobierno Nacional ante una situación de urgencia a sustituir
"al legislador ordinario en la tarea principalísima de definir el sentido
y alcance de los instrumentos de política criminal y derecho penal, mediante
los cuales se deberán sortear en el futuro los graves peligros que en materia
de orden público aquejan a la democracia colombiana". En opinión del Jefe
del Ministerio Público, un cambio de tanta trascendencia "como el
representado por la introducción de figuras como la rebaja y la exclusión de
penas por delación deberá ser discutido ampliamente y a fondo, por un órgano de
representación popular como es el Congreso de la República, de manera que las
decisiones que se adopten en la materia, cuenten con el apoyo masivo de la
sociedad". En este orden de ideas la presentación eventual de estas
medidas al legislativo para su conversión en ley ordinaria "constituye,
todavía, una última y excelente oportunidad para que el Congreso participe más
activamente, como le corresponde dentro del marco de la nueva Constitución, en
la elaboración de la política criminal y del derecho penal" lo que,
además, evitaría la utilización de la Conmoción Interior como "un
mecanismo  perverso para la sustitución del Congreso por el Ejecutivo".
3.  Posteriormente
el señor Procurador General de la Nación aborda el tema referente al sistema
acusatorio y la función jurisdiccional, refiriéndose a las atribuciones y
objetivos de la Fiscalía General de la Nación, particularmente a la función de
acusación que por disposición expresa le compete, en tanto que a los jueces
"les está deferida la función de juzgamiento". Señala que pese a la
pertenencia de la Fiscalía a la Rama Judicial lo cierto es que "enseña
unas características de raigambre administrativa, distintas de aquellas que son
propias de la función jurisdiccional", mixtura de atribuciones que torna
indispensable "advertir sobre la necesidad de evitar que la indefinición
legal material del sentido y alcances de la función de juzgamiento conduzca, a
través de una ampliación desproporcionada del sentido y alcance de la función
fiscal, a hacer nugatoria la tarea del juez fallador en el proceso penal",
correspondiéndole a la Corte Constitucional "la definición del núcleo
mínimo de sentido que constituye la función de juzgamiento como distinta y
autónoma en relación con las nociones fiscales de investigar y acusar. Así las
cosas, y supuesta la libertad del juez para determinar la responsabilidad del
implicado, que no el alcance de la pena, está dado "el rasero mínimo
mediante el cual se deben determinar los límites a partir de los cuales es
menester, en cualquier caso, tener por una injerencia indebida la actuación de
la Fiscalía".
Sentadas las
anteriores premisas, el Despacho del señor Procurador General de la Nación
emite concepto favorable a cerca de la constitucionalidad de los artículos 1o.,
2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 8o. del Decreto revisado que, en su sentir, no
infringen los preceptos 230, 250 y 252 de la Carta. También resulta ajustado a
la Constitución el artículo 10 dado que "la actuación del fallador
judicial allí descrita, no puede concebirse como incompatible con la libertad
que le compete para deducir responsabilidad", aclarando al respecto que el
juez conserva la facultad para declarar, con base en pruebas distintas de las
que constituyen el objeto de la negociación, la inocencia eventual del acusado,
"a pesar del reconocimiento de responsabilidad implícito en la confesión
que da lugar al beneficio". Una apreciación contraria afectaría la
constitucionalidad de algunas normas. Los artículos 9, 11, 12, 13 "son
medidas de índole instrumental que en nada contravienen el Estatuto
Superior" advirtiéndose que el literal h) confunde dos beneficios,
"mal puede el Fiscal, en tal sentido, aumentar el beneficio de disminución
de la pena por enseñanza, estudio o trabajo, como resultado de una negociación
de penas. Sólo la enseñanza, el estudio o el trabajo, pueden dar lugar, en su
momento, a la concesión del beneficio correspondiente".
VI  CONSIDERACIONES DE LA CORTE
I.
Competencia.
Como el Decreto 264
de 1993 fue dictado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que
le confiere el artículo 213 de la Carta Política, compete a esta Corporación
efectuar la revisión de su constitucional de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241 núm. 7 del Estatuto Superior.
II. Revisión
del decreto 264 del cinco (5) de febrero de 1993 desde el punto de vista
formal.
El Decreto 264 de
1993, cumple con las exigencias formales establecidas en la Constitución
Nacional (arts. 213 y 214), toda vez que está firmado por el Presidente de la
República y por todos los Ministros del Despacho y su vigencia está
condicionada al término que dure el estado de conmoción interna, el cual es de
noventa (90) días contados a partir del 8 de noviembre de 1992 (Decreto Num.
1793/92), sin perjuicio de que el Gobierno Nacional la prorrogue según lo
previsto en el inciso tercero del citado artículo 213 de la Carta.  Así mismo,
la norma que se revisa se limita a suspender las disposiciones que le sean
contrarias tal como se lee en su artículo 14.
III.  Revisión
del decreto 264 del cinco (5) de febrero de 1993 desde el punto de vista de la
conexidad.
Como lo ha definido
la Jurisprudencia de esta Corporación, los decretos que expida el Gobierno
Nacional en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 213 de la
Carta Política, no sólo deben ajustarse a las prescripciones constitucionales
en cuanto a sus formalidades y a su contenido material, sino que sus preceptos
deben guardar relación directa y específica con la situación que determinó la
declaratoria de conmoción interior y estar destinados necesariamente a
conjurar, de acuerdo con la Constitución y la ley,  la causa de la perturbación
y a impedir la extensión de sus efectos.
A esta relación de
causalidad se le ha denominado por la jurisprudencia "conexidad" y
ella se exige como uno de los requisitos sin los cuales no puede predicarse la
constitucionalidad de las medidas adoptadas por la normatividad de excepción;
por tal motivo, corresponde a esta Corporación determinar la existencia de esta
relación y juzgar si ella corresponde a los fines del restablecimiento y
conservación del orden público.
En consecuencia,
debe dilucidarse en primer término si en este caso los medios adoptados se
dirigen a contrarrestar la grave situación que se busca afrontar o si
disminuyen o atenúan los efectos de las causas que se pretende remover.
El Presidente de la
República en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 del
Ordenamiento Superior, expidió el 3 de noviembre de 1992 el Decreto No. 1793
por medio del cual declara el Estado de Conmoción Interior en todo el
territorio nacional por el término de noventa (90) días calendario, contados a
partir de la vigencia del mismo. Dicha disposición fue declarada constitucional
por esta Corporación en pleno según se dispuso por Sentencia No. C-031 de
febrero  8 de este año.
Dentro de los
motivos que adujo el Gobierno para adoptar tal medida se destacan los
siguientes:
"Que en las
últimas semanas la situación de orden público en el país, que venía perturbada
de tiempo atrás, se ha agravado significativamente en razón de las acciones
terroristas de las organizaciones y de la delincuencia organizada".
"Que además de
las acciones armadas contra la fuerza pública, los grupos guerrilleros han
intensificado su estrategia de atentar contra la población civil y contra la
infraestructura de producción y de servicios, con el fin de minar la
solidaridad ciudadana con las autoridades, debilitar la organización económica
del país y obtener de funcionarios públicos o de particulares, concesiones y
beneficios de diversa índole".
.........
"Que es
necesario fortalecer la acción de los organismos judiciales en su función de
investigar, acusar y juzgar; proteger a los funcionarios judiciales y a los de
los organismos de fiscalización, así como a los testigos; permitir a las
fuerzas militares desarrollar funciones de Policía Judicial, y reprimir ciertas
conductas que contribuyen a que puedan tener éxito las operaciones de la delincuencia
organizada.
"Que es
necesario adoptar medidas encaminadas a incrementar la protección de las
víctimas de la violencia y a mantener en alto la moral de la fuerza
pública."
Por otra parte, el
decreto que se revisa consagra un mecanismo excepcional con el cual se pretende
prevenir la comisión de hechos punibles, desarticular organizaciones delictivas
y deducir la responsabilidad penal de quienes las conforman; en dicho sentido
se fundamenta la expedición del citado decreto en consideraciones como las
siguientes:
"Que es
necesario establecer mecanismos que permitan obtener colaboración en la
investigación penal por hechos de competencia de los jueces regionales, con el
fin  de asegurar la eficacia de la administración de justicia;
"Que con tal propósito
es procedente establecer instrumentos que permitan recaudar pruebas contra los
presuntos responsables por delitos de competencia de los jueces regionales,
ofreciendo beneficios especiales a las personas que colaboren eficazmente con
la justicia en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de la
responsabilidad penal de los autores y partícipes;
"Que es preciso
establecer beneficios para salvaguardar el derecho constitucional a la no
incriminación de quienes colaboren con la administración de justicia, habiendo
participado en la comisión de delitos.
"Que conforme
al artículo 250 de la Constitución Política corresponde a la Fiscalía General
de la Nación, entre otras atribuciones, investigar los delitos y acusar a los
presuntos infractores, tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el
restablecimiento del derecho, calificar y declarar precluídas las
investigaciones, y las demás funciones que establezca la ley;
"Que de acuerdo
con los artículos 116 y 228 de la Constitución Política la Fiscalía General de
La Nación administra justicia y pertenece a la Rama Judicial; "
Examinadas las
disposiciones contenidas en el decreto que se revisa, se encuentra que las
medidas adoptadas se dirigen a promover el fortalecimiento de la acción de los
organismos que administran justicia en el ámbito especial de los delitos de
competencia de los jueces regionales encargados de la sanción de las conductas
punibles que han generado los hechos de perturbación del orden público; en este
sentido se advierte que el mismo decreto contrae su alcance y su aplicación a
las conductas criminales cometidas por organizaciones de delincuentes dedicados
al narcotráfico y al terrorismo y a desestabilizar el régimen constitucional.
De otra parte, se establecen relaciones de coordinación de las distintas
funciones que corresponden tanto a la Fiscalía como a los jueces regionales y
al Tribunal Nacional, para efectos de asegurar que los altos cometidos de la
justicia encuentren medios e instrumentos de más provechoso resultado.
Además, se procura
asegurar la existencia de instrumentos de actuación ágil y dinámica de la
función de investigación, instrucción y acusación de la Fiscalía General de la
Nación, y se permite una más efectiva acción de los jueces en su función de
sancionar a los delincuentes para desarticular a las organizaciones de
criminales que en aquellas modalidades han causado la conmoción interior que se
pretende superar.
Dentro del texto del
Decreto 264 de 1993 aparecen disposiciones por virtud de las cuales se permite
al Fiscal General de la Nación o al Fiscal que este designe,
"conceder" los beneficios penales que se señalan en el mismo
decreto,  en favor de las personas que sean o puedan ser investigadas o
condenadas por delitos de competencia de los citados jueces regionales y en
razón de la colaboración que éstas  presten para la eficacia de la
administración de la justicia; el otorgamiento de los mencionados beneficios
está orientado, en razón del grado de colaboración que se preste para la eficacia
de la administración de justicia, a prevenir la comisión de delitos y a
disminuir sus consecuencias, a la desarticulación de organizaciones
delincuenciales y a la captura de sus integrantes y ,dentro de la
investigación, a la determinación exitosa de los autores intelectuales de los
delitos y a la obtención de pruebas necesarias para definir la responsabilidad
penal de los autores o participes de los hechos punibles.
Además, se regulan
las diversas etapas de la actuación judicial en las que es procedente la
determinación de los beneficios y se señalan las autoridades competentes para
concederlos, lo mismo que los requisitos para que se puedan decretar y el
procedimiento a seguir con la advertencia sobre los recursos que se pueden
proponer. También se establece la distinción en el tratamiento que se debe dar
al colaborador  cuando se trate de confesión simple o de colaboración eficaz
para los fines de la norma en revisión. Se advierte que el decreto prevé el
término y la finalidad de la intervención del Ministerio Público para efectos
de obtener su concepto previo al otorgamiento de los beneficios, y para que
dicho organismo pueda interponer los recursos ordinarios pertinentes.
Por estos aspectos
se encuentra que la normatividad que se revisa mantiene una relación con las
causas de perturbación del orden público exigida por la Carta Política para los
casos de los estados de excepción..
IV. Revisión
del decreto 264 del cinco (5) de febrero de 1993 desde el punto de vista
material.
1. La Justicia
como valor jurídico
El Decreto materia
de estudio tiene por objeto la concesión de beneficios por colaboración con la
justicia a una determinada categoría de delincuentes, precisamente a aquellos
responsables de los delitos más atroces cometidos  contra la sociedad
colombiana.  Es evidente que a través de esta norma el Gobierno está
autorizando una negociación directa entre la Fiscalía General de la Nación y
esa categoría de delincuentes; en efecto, el decreto dispone, entre otras cosas
lo siguiente:
"Artículo 1.  Beneficios.
El Fiscal General de la Nación o el Fiscal que éste designe, podrán
conceder uno o varios de los beneficios consagrados en este decreto a las
personas que sean o puedan ser investigadas, juzgadas o condenadas por delitos de
competencia de los jueces regionales, en virtud de la colaboración que presten
para la eficacia de la administración de justicia, de conformidad con los
criterios establecidos en este decreto.
A renglón seguido se
hace un listado de los beneficios que podrían concederse por parte de la
Fiscalía, entre los cuales se resaltan los siguientes:
"......................................................................................."
"b.
Beneficio
de libertad provisional, que se otorgará de acuerdo al trámite previsto en el
Código de Procedimiento Penal, en cuanto a las obligaciones que deben imponerse
al beneficiario.
"c. Detención
domiciliaria para delitos cuya pena mínima no exceda de ocho años de prisión.
"d.  Exclusión
o concesión de causales específicas de agravación o atenuación punitiva
respectivamente, siempre que existan dudas sobre los medios probatorios que
demuestren su existencia.
La exclusión de
causales de agravación punitiva y la concesión de causales de atenuación
punitiva se otorgarán para efectos de formular resolución de acusación, dictar
sentencia o determinar la procedencia de la medida de aseguramiento que deba
adoptarse.
"e.
Proferimiento de resolución  inhibitoria, preclusión de la      investigación o
cesación de procedimiento.
"f.
Disminución punitiva de acuerdo a la colaboración que se haya prestado en
proporción que determinará el fiscal competente.  El beneficio se deducirá de
la pena que se imponga en la sentencia condenatoria.
"g.
Otorgamiento de libertad condicional.
"El tiempo de
pena cumplida necesario para obtener la libertad condicional se fijará por el
fiscal competente según la eficacia de la colaboración.
"......................................................................................."
"i. Suspensión
de la condena impuesta.
"j. Exclusión
parcial o total del cumplimiento de la pena para el sentenciado.
"......................................................................................"
"l.  No
imposición de una o varias penas accesorias.
"m. Supresión
de antecedentes penales".
"......................................................................................."
"Artículo 3:
...................................................................
"Si el
reconocimiento del beneficio permite proferir resolución inhibitoria, en la
providencia el fiscal competente de manera detallada explicará las razones por
las cuales adopta dicha resolución. Ejecutoriada la providencia hará tránsito a
cosa juzgada"
"Artículo 4.
Colaboración durante la etapa de instrucción. Si la colaboración a que se
refiere este decreto se realizare durante la etapa de instrucción, y el
beneficio reconocido permite la preclusión del proceso, el Fiscal General de la
Nación o el fiscal que éste designe comunicará el beneficio otorgado al
funcionario que tenga el conocimiento de la instrucción quien proferirá la
providencia respectiva.
"Si el
beneficio no implica la preclusión del proceso, el Fiscal al formular la acusación,
acompañará a la resolución el acta en que haya acordado con el procesado el
beneficio correspondiente, para que el juez profiera sentencia de
conformidad."
"Artículo 5.
Colaboración durante la etapa de juzgamiento.  Si la colaboración se realiza
durante la etapa de juzgamiento el fiscal suscribirá un acta que contenga el
acuerdo a que se haya llegado con el procesado para la concesión de los
beneficios, la cual se aportará al proceso para que el juez reconozca dichos
beneficios en la sentencia"
"Artículo 6.
Procedimiento durante la ejecución de la pena.  Cuando el beneficio sea
reconocido durante la ejecución de la pena el Fiscal enviará al Juez de
Ejecución de Penas o a quien haga sus veces el informe respectivo para que se
profiera la decisión de acuerdo a lo manifestado por la Fiscalía".
Con disposiciones
como las anteriores se están otorgando pues beneficios especiales, como
anteriormente se dijo, a una determinada categoría de delincuentes,
precisamente los de más alta peligrosidad y que mayor daño le han causado a la
sociedad colombiana a través de toda su historia. Estos beneficios en cambio,
no se reconocen a los demás delincuentes,  es decir a los que han quebrantado
la ley penal en medida bastante inferior que aquellos. Se está incurriendo así
en una palmaria injusticia, no tanto por el hecho de que -frente a la magnitud
de los crímenes en que han incurrido los destinatarios del Decreto 264-, los
que podrían calificarse de delincuentes menores no gocen de esos mismos
beneficios, sino por cuanto   resulta paradójico, que a mayor daño social más
posibilidades de obtener beneficios.
La razón de ser de
la justicia es darle a cada uno lo suyo, según una igualdad proporcional. La
medida de lo que se debe dar a cada cual es según su merecimiento, que
determina la acción de dar. Ese merecer no es señalado por factores de arbitrio
sino descubierto por la razón de acuerdo con la necesidad objetiva: es impropio
del artífice de la justicia dar con un criterio distinto al que viene fijado
por el merecimiento, porque ello sería no tener en cuenta el bien común. Y todo
lo que desconoce el bien común, tiene evidentemente una razón de injusticia. En
este caso la injusticia consiste en la falta de proporcionalidad equitativa,
pues se dan excepciones no debidas.
Ahora bien, el acto
de justicia es necesario; como consta en la tradición jurisprudencial, sólo se
negocia lo contingente; como es obvio no se puede decir, jurídicamente
hablando, que lo necesario puede ser objeto negociable, porque sería legitimar
una falacia, consistente en homologar la necesidad con la contingencia, lo que
conlleva a derogar el principio de seguridad, básico para la convivencia
pacífica de los asociados.
2.- Inconstitucionalidad
del Decreto frente al artículo 252 de la Constitución Política.
El Decreto 264 es
violatorio del artículo 252 de la Constitución Política .  En efecto este
Decreto es tajante en prescribir lo siguiente:
"Artículo
252.-  Aun durante los estados de excepción de que trata la Constitución en sus
artículos 212 y 213, el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos
ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento".
La anterior
disposición es suficientemente clara al disponer pues que ni siquiera bajo los
estados de excepción puede el Gobierno modificar los organismos "ni las
funciones básicas de acusación y juzgamiento".  Es claro que al atribuir
el Gobierno, mediante un decreto de conmoción interior como es el que nos
ocupa, al Fiscal General de la Nación o al fiscal que él designe, la potestad
de  conceder beneficios excepcionales a los sindicados o aun a los condenados
por ciertos delitos,  se están modificando las funciones básicas de acusación y
juzgamiento, tanto las que la Constitución atribuye al Fiscal General de la
Nación en sus artículos 250 y 252, como las que ella atribuye a los jueces en
los artículos 28, 116, 228 y  230.  Dentro del principio de la separación de
funciones que la Constitución consagra en su artículo 113, la potestad de
juzgamiento corresponde, por su naturaleza al juez.
Cabe señalar,
igualmente, que la norma sub-examine está violando también otra disposición
constitucional que tiene relación directa con aquel principio esencial que
inspira nuestro ordenamiento político-constitucional, y que está relievado en
el artículo 214, así:
"Artículo 214.
Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se
someterán a las siguientes disposiciones:
"......................................................................................."
"3. No se
interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni  de los
órganos del Estado".
El atribuir a un
órgano específico funciones que por esencia están adscritas a otro órgano del
Estado, como lo hace el decreto en estudio, al asignar al Fiscal funciones
propias del juez, constituye así violación a este precepto.
3.-   El
principio de igualdad
Las disposiciones
contenidas en el Decreto 264 contrarían, de manera evidente, el principio de
igualdad que consagra la Constitución en su artículo 13.  Al efecto dispone
dicha norma, en sus dos primeros incisos:
"Artículo 13.
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
"El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados ......".
Establece,  pues,
el  artículo  que  todas  las  personas son iguales ante la ley y que
"recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, oportunidades e igualdades, sin ninguna discriminación.
...".  Estos principios está siendo desconocidos por el decreto al darle
un trato más favorable a cierto tipo de delincuentes, paradójicamente, como se
ha dicho, a quienes han incurrido en los peores crímenes que puedan cometerse
contra la sociedad, incluyendo delitos de lesa humanidad, como son los
atentados terroristas indiscriminados. Existe en ello un evidente
quebrantamiento del principio de justicia distributiva y de justicia
conmutativa.
En la justicia distributiva
se observa el medio de acuerdo con el merecimiento de las personas. Pero ese
merecimiento también se observa en la justicia conmutativa, como por ejemplo en
la imposición de penas, pues será mayor el castigo a quien afecte gravemente el
bien común. Como se ha venido sosteniendo, la justicia distributiva adjudica
algo entre los particulares, según el merecimiento personal de cada uno de
éstos. Por tanto, no se puede conceder un beneficio según la cosa en sí
-exclusivamente-, sino según la proporción que guardan dichas cosas con las
personas. Entre más participa la persona por medio de sus actos cotidianos al
bien común, mayores deben ser las prerrogativas. Es decir,  debe tenerse en
cuenta el aporte objetivo al bien común y una actuación coherente con el
interés general, para así aplicar el principio de igualdad donde éste
corresponde no a la cantidad sino a la proporción.
Concederles a
algunos ciudadanos una serie de beneficios como los que establecen los
literales d., f., g., i. y m. del artículo 1o. del decreto 264 de 1993, entre
otros, excluyendo de esos privilegios excepcionales a los demás individuos,
significa establecer el principio conocido como la "acepción de
personas", opuesto a la igualdad propia de la justicia. En efecto, la
máxima antijurídica a que se ha hecho mención contradice a la justicia
distributiva; pues ésta consiste en distribuir los bienes y las penas a las
distintas personas en proporción a su merecimiento. En consecuencia, cuando se
considera dicha propiedad del ser humano, por la cual se le da lo que le es
debido, no se observa tanto su individualidad como su merecimiento o dignidad.
Por tanto, es evidente que la acepción de personas se opone a la justicia,
puesto que al obrar sin proporción desconoce la igualdad. Y nada se opone tanto
a la justicia como la desigualdad.
La colaboración al
bien común, viene no determinada por las condiciones contingentes de un
decreto, sino por la eficacia de los actos humanos de la persona, tendientes al
perfeccionamiento de la sociedad, de tal forma que configuran un hábito
operativo bueno y no una conducta esporádica motivada por un beneficio
inmediato.
El decreto 264 de
1993, al conceder y permitir la negociación de unos beneficios, discrimina
favorablemente a quienes -como se ha señalado-, han incurrido en los delitos
más graves y atroces, rompiendo de manera abrupta no sólo el principio
consagrado en el artículo 13 constitucional, sino también toda la filosofía que
inspira a  la Carta Política. La norma citada se encuentra, por lo demás, en
concordancia con los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, los cuales consagran el principio de la no
discriminación de la persona en cualquier orden jurídico.
La igualdad ante la
ley tiene un sujeto universal y no discriminado. Por tanto, presenta, como
consecuencia lógica, que todo ser humano recibirá la misma protección y trato
de las autoridades y gozará de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación. Significa lo anterior que la norma fundamental
consagra una igualdad en derecho cuando se está ante la ley y una igualdad de
derechos en aquellos casos en que se está ante una misma situación. Si bien
nuestro ordenamiento jurídico permite la diferenciación según las circunstancias
particulares, no es dable jamás facilitar una discriminación, toda vez que el
derecho a la igualdad es, repetimos, universal, y se concreta en las mismas
oportunidades para todos.
El decreto que ocupa
la atención de la Corte, al introducir una desigualdad sin justificación
alguna, de acuerdo con el artículo 13 mencionado, está desconociendo el deber
estatal de promover las condiciones para que la igualdad de todos los
colombianos sea real y efectiva, ignorando además el objetivo fundamental dispuesto
a lo largo de toda la normatividad de nuestra Carta Política.
Cabe señalar que,
además, al otorgar beneficios discriminados, a ciertos delincuentes, se están
contrariando otros preceptos que iluminan la filosofía de la Carta y que están
contenidos tanto en el Preámbulo como en los artículos 1o. y 2o.  En efecto, el
Preámbulo señala entre los fines de la Constitución   el de asegurar a los
integrantes de la Nación, los bienes de la justicia, la igualdad y la paz,
"dentro de un marco jurídico" que garantice "un orden político y
social justo" .  Por su parte, el artículo 1o. establece como uno de los
fundamentos del estado social de derecho el respeto a la dignidad humana y la
prevalencia del interés general.  Y entre los fines esenciales del Estado que
consagra el artículo 2o., figura "el de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y "el
de asegurar la vigencia de un orden justo".  Además, este mismo artículo
señala como obligación de las autoridades de la República, no sólo la
protección de todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, sino también el de asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.  Un régimen jurídico que
facilite la desigualdad, al prohijar la discriminación, vulnera la dignidad
humana y desconoce la necesidad de mantener un orden social y legal justo.
La Corte es
consciente de la realidad que vive la Nación frente a la acometida sin
precedentes de una poderosa delincuencia organizada, que está atentando de
manera grave contra la vida, la integridad y la seguridad de los asociados, y,
poniendo en peligro la estabilidad misma de las instituciones legítimas.
Comparte por ello los ideales que inspiran, la política denominada de
sometimiento a la justicia que el Gobierno nacional se ha empeñado en
adelantar, con miras a obtener la reducción de esa delincuencia a través de
sistemas alternativos a los de la sola represión- a los cuales el Gobierno está
imperiosamente obligado a recurrir, por mandato de la propia Carta Política-
apelando a otros medios como la persuación y el estímulo. Considera por tanto
la Corte que la implementación de dicha política puede y debe proseguirse, a
través de los canales que la propia Constitución determina, y sin que ellos
impliquen quebrantamiento del principio de igualdad ni del orden jurídico. Es
así entonces que medidas como las contenidas en el decreto 264, podrían ser
adoptadas de manera genérica, -para todo tipo de delincuentes comunes, a través
del legislador ordinario-.
En este orden de
ideas, la Corte es igualmente consciente de la trascendencia de la misión
confiada a la Fiscalía General de la Nación, y de los beneficios que el Estado,
y la sociedad colombiana pueden esperar de la adecuada implementación del
sistema acusatorio consagrado en la Constitución de 1991.  Así lo reconoce
expresamente esta Corporación.  No se trata, pues, en  modo alguno, de privar a
la Fiscalía General de instrumentos que le permitan actuar con la eficacia y la
flexibilidad que requiere ese organismo para lograr los nobles objetivos que se
propone.  Por el contrario, la Fiscalía, y en particular su titular, mantiene
la plenitud de las facultades que le confieren la Constitución y la ley, facultades
que incluyen la de someter a la  aprobación del juez propuestas y acuerdos
encaminados a la obtención de dichos objetivos, pero respetando, en todo caso,
el principio de la autonomía del juez.  Es pertinente señalar que la política
criminal debe ajustarse a la Constitución y no ésta a aquella.
4.-   El
delito común no puede homologarse al delito político
Considera la Corte
que algunos de los beneficios contemplados en el Decreto 264 tienen el alcance
de un indulto, gracia ésta reservada exclusivamente               a los delitos
políticos. Constituye flagrante quebrantamiento de la justicia, y de la propia
Constitución, el dar al delincuente común el tratamiento de delincuente
político.  La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes
para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual
mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria, pero en ningún caso
autoriza al legislador, ya sea ordinario o de emergencia para establecer por
vía general un tratamiento más benigno para cierto tipo de delitos comunes, con
exclusión de otros.  El Estado no puede caer en el funesto error de confundir
la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia
común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es
el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza
de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios.  La
acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como
tal,  ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro
distinto, ni persigue finalidades altruistas,  sino que se dirige contra los
asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa
delincuencia.  Los hechos atroces en que incurre el narcoterrorismo, como son
la colocación de carrobombas en centros urbanos, las masacres, los secuestros,
el sistemático asesinato de agentes del orden, de jueces, de profesionales, de
funcionarios gubernamentales, de ciudadanos corrientes y hasta de niños
indefensos, constituyen delito de lesa humanidad, que jamás podrán encubrirse
con el ropaje de delitos políticos.
Admitir tamaño
exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda justicia.  La Constitución
es clara en distinguir el delito político del delito común.  Por ello prescribe
para el primero un tratamiento diferente, y lo hace objeto de beneficios como
la amnistía o el indulto, los cuales sólo pueden ser concedidos, por votación
calificada por el Congreso Nacional, y por graves motivos de conveniencia
pública (art. 50, num. 17), o por el Gobierno, por autorización del Congreso
(art. 201, num. 2o.).  Los delitos comunes en cambio, en ningún caso pueden ser
objeto de amnistía o de indulto.  El perdón de la pena, así sea parcial, por
parte de autoridades distintas al Congreso o al Gobierno, -autorizado por la
ley, implica un indulto disfrazado.
Como si el anterior
razonamiento no fuera suficiente, el artículo transitorio 30 de la
Constitución, que autoriza el Gobierno para conceder indultos o amnistías por
delitos políticos o conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación de la
Constitución de 1991, a miembros de grupos guerrileros que se incorporen a la
vida civil en los términos de la política de reconciliación, excluye
expresamente de tal beneficio a quienes hayan incurrido en delitos atroces:
"Artículo
transitorio 30.  Autorízase al Gobierno Nacional para conceder  indultos o
amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la
promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros
que se incorporen a la vida civil en los términos de la política de
reconciliación.  Para tal efecto el Gobierno Nacional  expedirá las
reglamentaciones correspondientes.  Este beneficio no podrá extenderse a
delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del
estado de indefensión  de la víctima".
5.     Obligatoriedad
del Estado de sancionar los delitos cometidos    en     Colombia
El artículo 35 de la
Constitución Política prohibió la extradición de nacionales colombianos;  Pero
como contrapartida a esta concesión se consagró en la misma norma el principio
de la extraterritorialidad de la ley penal, en virtud de la cual ésta se aplica
internamente incluso para hechos punibles cometidos en el exterior.  En otras
palabras  Colombia se abstiene de extraditar a sus nacionales, pero ha
adquirido un compromiso solemne con la comunidad internacional de investigar,
procesar, juzgar y castigar a los delincuentes, incluyendo aquellos que hayan
cometido delitos en el exterior  considerados como tales en la legislación
nacional.
La
extraterritorialidad de la ley consiste en la validez que se confiere a esa
norma dentro de un ordenamiento jurídico distinto al que ella integra.
Teniendo en cuenta que todo ordenamiento jurídico-político  se estructura sobre
la base de un determinado territorio,  la expresa o consuetudinaria validación
de una norma que pertenezca a determinado ordenamiento, implica de suyo extender
el ámbito espacial de validez de esa norma, es decir, concederle
extraterritorialidad.  Esto significa que si bien es cierto las leyes se dictan
para tener vigencia en el ámbito territorial sometido a la soberanía del Estado
que la promulga, su eficacia puede extenderse, en estos casos, más allá de sus
fronteras geográficas.  Este es un principio aceptado dentro del ámbito del
Derecho Internacional Público, por todas las naciones civilizadas;  incluso hay
Estados que lo hacen cumplir a través del seguimiento a los juicios que se
hacen en otros Estados a quienes han cometido delitos contra ellos.
En lo que hace a
Colombia, de conformidad con el artículo 15 del Código Penal, que fue
adicionado por el Decreto 2047 de 1990, adoptado como legislación permanente
por el Decreto 2265 de 1991, la ley penal colombiana se aplicará al nacional
que se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio
extranjero, cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la
libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos años y no hubiere sido juzgado en el
exterior.
Como se dice en uno
de los salvamentos de voto a la sentencia de exequibilidad del Decreto 1833  de
1992, "si  se concede el perdón  judicial  a una persona que ha cometido
un delito contra  un país extranjero -por ejemplo introducción de
estupefacientes-, de conformidad con el decreto declarado exequible por la
Corte, se estaría perdonando en Colombia y por Colombia un delito cuyo sujeto
pasivo es otro país, lo cual obviamente constituye una violación de los
compromisos internacionales por parte del Estado colombiano.  En el fondo se
trataría de una burla para el país víctima.
"Así se
reconoce también en el Derecho Internacional Americano, artículo 2o. de la
Convención sobre extradición, de la VII  Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Montevideo en 1933, ratificada por Colombia mediante la Ley 75 de
1935, donde se consagró:
"Cuando el
individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta a su
entrega,  ésta podrá o no ser acordada según lo determine la legislación o las
circunstancias del caso a juicioi del estado requerido.  Si no entregare al
individuo, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le
imputa, si en él concurren las condiciones establecidas en el inciso b) del
artículo anterior, y a comunicar al Estado requirente la sentencia que recaiga.
(Negrillas no originales).
"En el derecho
norteamericano, por ejemplo, el cambio de imputado a testigo, en un sistema
acusatorio, requiere como presupuesto el arrepentimiento de la persona.  El
arrepentimiento es a la vez una garantía para la sociedad y la razón de ser de
la gracia que se le confiere a la persona.
"La mayoría de
la Corte, por el contrario, con base en la razón de Estado y con un argumento
utilitarista, encontró conforme con la Constitución, la extinción de la acción
penal en forma indiscriminada, incluyendo por tanto delitos cometidos en el
exterior, los cuales en consecuencia quedarían impunes".[1]
Las anteriores
razones tienen plena aplicación en el caso del Decreto 264, cuya puesta en
vigencia conllevaría forzosamente al desconocimiento del compromiso adquirido
por Colombia, a través del artículo 35 superior arriba citado.
6.  Quebrantamiento
del principio de cosa juzgada en los literales i, j y             m del
artículo 1o. del Decreto 264
Dentro de los
fundamentos universales del derecho está el de dar una estabilidad al
ordenamiento y a los hombres mediante la figura de la cosa juzgada, la cual
tiene como objeto primordial evitar la indefinición jurídica, situación que
resulta ajena no solo al régimen y a la seguridad del ejercicio judicial, sino
al debido desarrollo social. Es esa seguridad la razón de ser de toda
sentencia, pues solo de esta forma es posible la justicia. Si se omite o se negocia
el alcance de un pronunciamiento judicial, se está negando la administración de
justicia, siendo, en consecuencia, imposible la convivencia social. Es por ello
que los clásicos, al reconocer la necesaria estabilidad como fundamento de
cualquier orden, afirmaron: "res iudicata pro veritate habetur".
Al permitir el
decreto que la Fiscalía General de la Nación desconozca los alcances de una
fallo ya ejecutoriado, para conceder los beneficios de que tratan los literales
i, j y m del artículo 1o. del Decreto 264, es decir, la suspensión de la
condena impuesta, la exclusión parcial o total del cumplimiento de la pena para
el sentenciado y la supresión de antecedentes penales, se está olvidando que el
principio de cosa juzgada no hace referencia a una "simple opinión"
jurídica, sino, todo lo contrario, a la necesidad de mantener una certeza
jurídica, pilar esencial -repetimos- de todo orden social justo. Desconocer la
cosa juzgada significa impedir la vigencia de la justicia.
V.  Alcances
de este fallo.
Las razones
expuestas en este pronunciamiento, llevan a la Corte a decidir que el Decreto
264, en su conjunto, está afectado de una inconstitucionalidad medular, hasta
el punto de que si bien es cierto  algunas de sus disposiciones, aisladamente
consideradas, pueden estar en armonía con la Carta, no resulta por ese hecho
purgado el Decreto  de inexequibilidad total.
En virtud del
principio de favorabilidad de la ley penal que la propia Constitución consagra,
el presente fallo, sólo produce efectos hacía el futuro, lo cual significa que
los beneficios ya concedidos se mantienen, las negociaciones en curso pueden
proseguirse hasta su culminación y quienes con anterioridad a la fecha de esta
providencia se hayan entregado a la justicia con el ánimo de hacerse acreedores
a los beneficios que establece el decreto 264 de 1993, tendrán derecho a
obtenerlos, si cumplen con los requisitos que él mismo señala.
Por lo demás, la
sentencia que se dicta  tampoco desconoce la vigencia de los beneficios de tipo
penal y de naturaleza judicial que ya han sido establecidos por el legislador y
cuya aplicación corresponde a los jueces, como son las causales de extinción de
penas, de cesación de procedimientos o de redención de reclusos por
rehabilitación.
DECISION
En mérito de lo
expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E  :
Declarar INEXEQUIBLE
el Decreto legislativo No. 264 del cinco (5) de febrero de 1993, "Por el
cual se expiden normas sobre la concesión de beneficios por colaboración con la
justicia", por las razones expuestas en esta providencia.
Cópiese, publíquese,
comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-171/93
COLABORACION CON
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (Salvamento de voto)
La mayoría no sólo
acoge un criterio cognoscitivo de la justicia sino que la define como aquello
que obliga a "dar a cada cual lo que le corresponde". Esta concepción
de la justicia identifica el enunciado descriptivo utilizado para definirla con
su contenido material, al cual le asigna un valor normativo. De esta forma, la
medida de "lo que corresponde a cada cual" se determina en relación
exclusiva con su merecimiento. Así, la Corte fiel a su enfoque
exclusivamente retributivo de la pena y dejando de lado sus fines rehabilitadores
y de protección social, acaba circunscribiendo el valor jurídico de la justicia
a la virtud individual.  Sin embargo, inclusive dentro de este enfoque
naturalista de la justicia, la Corte habría podido llegar a otra decisión si no
hubiera restringido el "merecimiento" del delincuente a la clase de
delito cometido, abarcando además la conducta subsiguiente del sujeto penal, en
particular su colaboración - autoincriminación - para el esclarecimiento de los
hechos, la captura de otros delincuentes, la desarticulación de la delincuencia
organizada y la prevención social contra futuros atentados por parte de estas
poderosas organizaciones criminales.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD (Salvamento de
voto)
La concepción
formalista del principio de igualdad que defiende la Corte no hace posible
distinguir entre hechos fácticamente diferenciables y reduce significativamente
los instrumentos de política criminal utilizables en tiempos de conmoción
interior. A la Corte la subyuga una idea abstracta de igualdad y de ahí que
desapruebe que el legislador extraordinario dispense un tratamiento jurídico
diverso a delincuentes con diferente capacidad de infligir daño a la sociedad.
La mayoría no toma en consideración la modalidad delincuencial del crimen
organizado, su poder intimidatorio, organización, logística, división del
trabajo para efectos de dificultar la investigación y la adjudicación de
responsabilidad penal, y  por ello coloca en un mismo plano de igualdad
jurídica al delincuente común y a los integrantes de dichas organizaciones. Al
impedir en abstracto la distinción entre agentes del delito, la Corte no da
cabida al elemento empírico que permite establecer criterios objetivos y
razonables para distinguir situaciones de hecho que justifican un tratamiento
jurídico diverso. La concepción de la igualdad que sostiene la Corte no atiende
su propio desarrollo jurisprudencial y confunde el tratamiento desigual
justificado con la discriminación.
COLABORACION CON
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Beneficios
(Salvamento de voto)
La sentencia
ignora la relación directa existente entre la colaboración para la eficacia de
la administración de justicia  y la concesión de beneficios. Prefiere
concentrarse exclusivamente en la idea de que cualquier diferenciación entre
delincuentes en materia de beneficios es discriminatoria. Así, realmente
desconoce la finalidad perseguida por las medidas extraordinarias adoptadas. El
presunto beneficio procesal fruto de una colaboración efectiva con las
autoridades conducente a la aprehensión de los jefes de las organizaciones
criminales y la prevención de futuros actos de alto poder destructivo, no
constituye un premio o una oportunidad adicional por el hecho de cometer
delitos atroces - paradoja que sin motivo sorprende a la mayoría - sino un
medio extraordinario para alcanzar un fin legítimo como es la neutralización de
estas formas delincuenciales. No existe, por tanto, discriminación alguna al no
otorgarles iguales beneficios a aquellos criminales que no están en situación de
cooperar a la destrucción de las mencionadas organizaciones.
DERECHO A LA NO
INCRIMINACION/PRESUNCION DE INOCENCIA(Salvamento de voto)
La garantía de la
inmunidad judicial del declarante tiene pleno asidero constitucional en el
derecho a la no autoincriminación consagrado en el artículo 33 de la Carta. Sin
asegurar esta garantía, no es concebible que personas en principio
comprometidas en esta suerte de acciones delictivas, acepten colaborar con la
justicia, renunciando a la presunción de inocencia que las ampara y beneficia
probatoriamente.
PENA-Fundamento(Salvamento de voto)
La sentencia
adopta una visión absolutista y metafísica acerca del fundamento de las penas.
Su finalidad, igualmente preventiva, protectora y resocializadora, termina
absorbida exclusivamente por una abstracta función retributiva, la cual se
construye según una idea de merecimiento que "no es señalado por factores
de arbitrio sino descubierto por la razón de acuerdo con la necesidad
objetiva". El decreto declarado medularmente inconstitucional se proponía,
precisamente, aumentar la probabilidad de que la comisión de los delitos de
competencia de los Jueces Regionales, fuera seguida de una efectiva sanción.
Por esta vía perseguía dotar a la pena asignada a estos delitos de singular
gravedad social, de una verdadera función retributiva y disuasoria. Fortalecer
la eficacia de la administración de justicia indudablemente aumenta la
probabilidad de que los delitos no queden impunes.  No puede negarse que la
contrapartida de la reducción o exclusión de la pena, concedida a los
procesados o reos que colaboran con la Justicia, representa un notable aumento
del margen de protección de la sociedad frente al delito.
EXCEPCION NO
DEBIDA (Salvamento de
voto)
En la sentencia
se advierte que "en este caso la injusticia consiste en la falta de
proporcionalidad equitativa, pues se dan excepciones no debidas". Se
olvida que en asuntos penales, la carga de la prueba corresponde al Estado, ya
que se parte de la presunción de inocencia que es cabalmente la que debe
desvirtuarse. "La excepción no debida", en este caso, consiste en la
inversión de ese principio, puesto que, bien miradas las cosas, la verdad en el
proceso se obtiene de la autoincriminación consentida y libre del sujeto y de sus
declaraciones sobre los demás agentes del delito. El beneficio no se obtendría
sin la entrega de una información que en manos del estado tiene un valor
estratégico para sojuzgar el crimen organizado y evitar males mayores a la
sociedad. Es a la luz de estas circunstancias - y no de modo tan metafísico -
cómo debe cuestionarse la magnitud de los beneficios cuya
"proporcionalidad equitativa" se echa de menos en la sentencia. Sin
desbordar en ningún momento el marco constitucional, los estados de excepción abren
espacios legítimos para que una sociedad expuesta a serios peligros y desafíos
pueda enfrentarlos exitosamente. Esos espacios obligan a las autoridades a
evitar la disolución o el colapso de la sociedad y de sus instituciones. Por
ello deben necesariamente articular soluciones en términos de medio a fin, esto
es, dotadas de sentido estratégico. De otro modo, la sociedad como tal se
extinguirá en sus manos o la obligada ineficacia tornará indefinida la duración
de los estados de excepción y acabará desprestigiándolos. La sentencia, en aras
de la conservación en todo tiempo y lugar de unos principios y valores
absolutos, entendidos no en su materialidad e historicidad concretas sino en su
simple impronta formalista, expropia a la sociedad y al Estado toda posibilidad
de actuación estratégica con miras a afrontar situaciones de crisis o coyuntura
que pueden, si no se encaran de este modo, destruir las bases de la convivencia
pacífica e impedir el goce mínimo de los más elementales derechos
fundamentales. El Estado convertido en subrogado ético absoluto debe renunciar
a la defensa de la vida de los asociados.
Referencia:
expediente R.E.034
Magistrado ponente:
VLADIMIRO  NARANJO MESA
Voté en forma
favorable la ponencia inicialmente presentada por el Honorable Magistrado FABIO
MORON DIAZ y he adherido a su salvamento de voto cuyas razones comparto
integralmente. En esta oportunidad, con el debido respeto por la tesis adoptada
por la mayoría, me permito exponer algunos motivos adicionales que me llevaron,
muy a mi pesar, a separarme de la decisión final.
1. La mayoría de la
Corte percibe en la concesión de los beneficios de que trata el Decreto 264 de
1993, un atentado grave y manifiesto contra el valor jurídico de la justicia y
el principio de igualdad.
La sentencia parte
de una definición sustancial de la justicia que consiste en "dar a cada
cual según su merecimiento". La evocación de la justicia distributiva
aristotélica sitúa el tratamiento de los beneficios por colaboración con la
administración de justicia en el plano de la responsabilidad penal individual.
En este orden de ideas, los delincuentes de mayor peligrosidad y que más daño
le han ocasionado a la sociedad - los propios destinatarios del Decreto 264 -
serían los menos llamados a merecer beneficio alguno.
El carácter
arquetípico del valor jurídico de la justicia prohijado por la Corte es
contrario a la fundamentación racional del fallo. En efecto, estando
determinadas las penas en proporción a la gravedad de las infracciones, en
igual sentido los posibles beneficios que la ley otorga deben obedecer al mayor
o menor desconocimiento del bien común por parte de los delincuentes. Dado que
lo justo, proporcional y equitativo es que los delincuentes menores reciban más
beneficios que los delincuentes mayores, para la Corte resulta palmariamente
injusto que mediante medidas de excepción se concedan beneficios a quienes
mayor daño han causado a la sociedad. No obstante esta lógica algebraica, la
sentencia concluye que la medida estudiada sería constitucional si el
legislador decide extender a todo tipo de delincuentes comunes, los mismos
beneficios ofrecidos a los investigados, procesados o condenados por delitos de
competencia de los jueces regionales (delincuentes mayores).
La mayoría no sólo
acoge un criterio cognoscitivo de la justicia sino que la define como aquello
que obliga a "dar a cada cual lo que le corresponde". Esta concepción
de la justicia identifica el enunciado descriptivo utilizado para definirla con
su contenido material, al cual le asigna un valor normativo. De esta forma, la
medida de "lo que corresponde a cada cual" se determina en relación
exclusiva con su merecimiento. Así, la Corte fiel a su enfoque
exclusivamente retributivo de la pena y dejando de lado sus fines
rehabilitadores y de protección social, acaba circunscribiendo el valor
jurídico de la justicia a la virtud individual.  Sin embargo, inclusive
dentro de este enfoque naturalista de la justicia, la Corte habría podido
llegar a otra decisión si no hubiera restringido el "merecimiento"
del delincuente a la clase de delito cometido, abarcando además la conducta
subsiguiente del sujeto penal, en particular su colaboración -
autoincriminación - para el esclarecimiento de los hechos, la captura de otros
delincuentes, la desarticulación de la delincuencia organizada y la prevención
social contra futuros atentados por parte de estas poderosas organizaciones
criminales.
No sobra advertir,
adicionalmente, el problema de técnica interpretativa que genera la elaboración
de un juicio de constitucionalidad sobre una norma sujeta al control de la
Corte, construido exclusivamente a partir de "la justicia" asumida
como valor abstracto y absoluto. Modernamente, el perenne debate iusnaturalismo
- iuspositivismo se ha canalizado, por elementales razones de método y
coherencia, a través de instrumentos de ponderación valorativa que exigen, como
condición mínima del discurso y de la confrontación, homogeneidad en los términos
y extremos del juicio, a fin de evitar que se adopten como únicos puntos
referenciales valores proyectados con un grado tal de abstracción y
discrecionalidad que pueden tener un contenido polivalente, subjetivista y
contradictorio y, por lo tanto, poco aprovechable como base de elaboración o de
cotejo de los principios, derechos e instituciones de orden constitucional y,
en una perspectiva más general, como vía de aproximación e interacción del
derecho con la realidad social.
2. Las reflexiones
en torno al valor de la justicia son reiteradas en el acápite de la sentencia
que versa sobre la vulneración del principio de igualdad. No resulta claro si
la Corte distingue o equipara ambos conceptos.
La concepción
formalista del principio de igualdad que defiende la Corte no hace posible
distinguir entre hechos fácticamente diferenciables y reduce significativamente
los instrumentos de política criminal utilizables en tiempos de conmoción
interior.
A la Corte la
subyuga una idea abstracta de igualdad y de ahí que desapruebe que el
legislador extraordinario dispense un tratamiento jurídico diverso a
delincuentes con diferente capacidad de infligir daño a la sociedad. La mayoría
no toma en consideración la modalidad delincuencial del crimen organizado, su
poder intimidatorio, organización, logística, división del trabajo para efectos
de dificultar la investigación y la adjudicación de responsabilidad penal, y
por ello coloca en un mismo plano de igualdad jurídica al delincuente común y a
los integrantes de dichas organizaciones. Al impedir en abstracto la distinción
entre agentes del delito, la Corte no da cabida al elemento empírico que
permite establecer criterios objetivos y razonables para distinguir situaciones
de hecho que justifican un tratamiento jurídico diverso.
La concepción de la
igualdad que sostiene la Corte no atiende su propio desarrollo jurisprudencial
y confunde el tratamiento desigual justificado con la discriminación.
Tradicionalmente, la igualdad ha sido entendida como el deber de dar un tratamiento
jurídico igual a los iguales y desigual a los desiguales. No obstante, la
pregunta decisiva sobre la diferencia que es relevante para los efectos de
introducir una distinción en el régimen, solamente puede determinarse
recurriendo a elementos de la realidad, sin que sea posible responderla de
manera abstracta e idealista, como se hace en la sentencia al afirmar que todos
los delincuentes deben recibir iguales beneficios por su colaboración con la
administración de justicia. La distinción entre delincuentes comunes
pertenecientes a una organización criminal - narcotráfico, terrorismo,
guerrilla - y delincuentes comunes individuales es objetiva y razonable pues
son diversos los tipos penales y su espectro de daño social. Solamente la
posibilidad de acudir al ofrecimiento de incentivos a los miembros de las
organizaciones criminales para que contribuyan eficazmente a su
desmantelamiento ha permitido obtener resultados satisfactorios contra esta
forma de amenaza difusa capaz de proyectar un inmenso perjuicio social. Los
delincuentes comunes individuales aunque aumentan la sensación de inseguridad
generalizada, no constituyen un peligro tan claro e inminente contra la
existencia del Estado y la sociedad que justifique por sí mismo la declaratoria
de conmoción interior y la toma de medidas excepcionales.
La sentencia ignora
la relación directa existente entre la colaboración para la eficacia de la
administración de justicia  y la concesión de beneficios. Prefiere concentrarse
exclusivamente en la idea de que cualquier diferenciación entre delincuentes en
materia de beneficios es discriminatoria. Así, realmente desconoce la finalidad
perseguida por las medidas extraordinarias adoptadas. En efecto, el presunto
beneficio procesal fruto de una colaboración efectiva con las autoridades
conducente a la aprehensión de los jefes de las organizaciones criminales y la
prevención de futuros actos de alto poder destructivo, no constituye un premio
o una oportunidad adicional por el hecho de cometer delitos atroces - paradoja
que sin motivo sorprende a la mayoría - sino un medio extraordinario para
alcanzar un fin legítimo como es la neutralización de estas formas
delincuenciales. No existe, por tanto, discriminación alguna al no otorgarles
iguales beneficios a aquellos criminales que no están en situación de cooperar
a la destrucción de las mencionadas organizaciones.
3. La sentencia se
lamenta del régimen de favor aplicable a las personas destinatarias de los
beneficios. Sin embargo no analiza ni se pronuncia respecto del método al cual
se ha decidido apelar para obtener información valiosa relativa al crimen
organizado. La norma, a este respecto, garantiza la inmunidad de las
declaraciones que puedan comprometer a quien colabora con la justicia
suministrando dicha información, y, por este concepto, salvo que el Estado
directamente obtenga pruebas que sirvan para fundamentar judicialmente un
cargo, naturalmente, no podrían derivar en imposición de sanciones. En estas
condiciones la garantía de la inmunidad judicial del declarante tiene pleno
asidero constitucional en el derecho a la no autoincriminación consagrado en el
artículo 33 de la Carta. Sin asegurar esta garantía, no es concebible que
personas en principio comprometidas en esta suerte de acciones delictivas, acepten
colaborar con la justicia, renunciando a la presunción de inocencia que las
ampara y beneficia probatoriamente.
Si el Estado
objetivamente no está en capacidad de obtener directamente evidencias,
abstenerse de recibir la indicada colaboración probablemente aumentará la
impunidad y aprovechará directamente a los cabecillas de las organizaciones del
crimen que quedarán protegidos frente a eventuales y molestos delatores. A unos
y otros cobijará la presunción de inocencia, por lo menos mientras el
Estado-investigador adquiera más eficacia. La norma declarada inexequible - de
suyo eminentemente temporal y excepcional - buscaba, en el corto plazo, mejorar
la eficacia de la función investigativa y no ceder más terreno a la
"inmunidad de hecho".
4. La sentencia
adopta una visión absolutista y metafísica acerca del fundamento de las penas.
Su finalidad, igualmente preventiva, protectora y resocializadora, termina
absorbida exclusivamente por una abstracta función retributiva, la cual se
construye según una idea de merecimiento que "no es señalado por factores
de arbitrio sino descubierto por la razón de acuerdo con la necesidad
objetiva". De ahí que en tono perentorio se concluya: "Se está
incurriendo en una palmaria injusticia, no tanto por el hecho de que - frente a
la magnitud de los crímenes en que han incurrido los destinatarios del Decreto
264 - los que podrían calificarse de delincuentes menores no gocen de esos
mismos beneficios, sino por cuanto resulta paradójico, que a mayor daño social
más posibilidades de obtener beneficios".
5. Aún en el campo
de la función retributiva de la sanción penal, se tiene bien averiguado que el
castigo puede aumentarse mediante el incremento de la pena o de la probabilidad
de que al cometerse el injusto típico ésta se produzca. Si no se tiene en
cuenta la certeza de la imposición de la pena, ligada a la probabilidad de su
punición, se arriesga a que la función retributiva, así sea mínima,
desaparezca. La sociedad y la víctima del reato - si nos atenemos a la concepción
clásica de expiación que la sentencia concede a la pena - no se satisfacen con
el mero catálogo de unos mínimos y máximos sancionatorios, sin que sea el reo
quien en carne propia los sufra. El efecto retributivo real que cabe esperar -
lo mismo que su efecto disuasivo - es el resultado de multiplicar la sanción
por la probabilidad de que la misma se produzca.
El decreto declarado
medularmente inconstitucional se proponía, precisamente, aumentar la
probabilidad de que la comisión de los delitos de competencia de los Jueces
Regionales, fuera seguida de una efectiva sanción. Por esta vía perseguía dotar
a la pena asignada a estos delitos de singular gravedad social, de una
verdadera función retributiva y disuasoria. Fortalecer la eficacia de la
administración de justicia indudablemente aumenta la probabilidad de que los
delitos no queden impunes.
Los beneficios
contemplados en la norma están relacionados con la entrega de informaciones y
datos relevantes que puedan llevar a los investigadores a esclarecer hechos
punibles y a desarticular poderosas organizaciones criminales, todo lo cual
resulta decisivo para aumentar la probabilidad de sancionar este tipo de
delitos y aprehender y juzgar a sus principales responsables y beneficiarios.
La etiología de estas
formas delincuenciales, la composición y funcionamiento de las organizaciones
criminales, las desafortunadas falencias del aparato estatal encargado de su
represión no superables en el corto plazo, son factores que explican
suficientemente la necesidad de recurrir a los mismos agentes del delito para
obtener la información requerida con miras a la persecución global de esta
actividad antisocial y a la sujeción de sus promotores y beneficiarios reales.
En las actuales condiciones, sin esa colaboración, las investigaciones
judiciales serían más lentas y tal vez menos fructíferas, lo que pone de
presente una inercia que no pareciera por lo menos prudente conservar si lo que
se quiere es superar una perturbación del orden público engendrado justamente
por esa ola criminal. La expedición del Decreto que consagra beneficios para
quienes colaboren con la administración de Justicia, es una prueba inequívoca
que ayuno de ese "apoyo" el Estado no va a lograr en breve término
avances sustanciales en su tarea represiva. En abstracto puede ser digno de
censura que un Estado convoque a los criminales para que coadyuven -
suministrando información valiosa - con la administración de justicia. En la
realidad, sin embargo, dejando de lado su evidente valor estratégico, ello muestra
la escasa capacidad logística del Estado para reaccionar eficazmente contra el
delito.
La sentencia rehusa
nutrirse de los tristes datos del atormentado teatro de la realidad Colombiana
y prefiere acudir a un lenguaje de imperativos categóricos que hacen
corresponder inexorablemente el malum passionis al malum actionis.
Así se hace justicia aunque parezca el mundo (fiat iustitia, pereat mundus).
El desconocimiento de la realidad tampoco es impune. Paradójicamente esta
posición sacrifica el mismo fundamento retributivo de la pena sobre el cual se
asienta, pues los castigos que se dejan escritos no contribuyen a ese fin.
Recuérdese que un castigo se queda escrito si la probabilidad de hacer efectiva
la pena - para lo cual es vital la información - se hace remota.
6. No puede negarse
que la contrapartida de la reducción o exclusión de la pena, concedida a los
procesados o reos que colaboran con la Justicia, representa un notable aumento
del margen de protección de la sociedad frente al delito. En efecto, la
información suministrada puede conducir a la desarticulación de las
organizaciones criminales, a la aprehensión y juzgamiento de sus cabecillas, a
la neutralización de sus siniestros planes y designios delictivos y, en
general, a la prevención efectiva de esta modalidad criminal. En este contexto
las penas pueden desplegar un efecto mayormente disuasivo, habida consideración
del mayor potencial investigativo del Estado que puede aumentar la tasa de
sanción real del delito. De otra parte, la práctica de la delación puede
socavar las organizaciones delictivas y desestimular la formación de nuevas.
"(...) Todo lo
que desconoce el bien común, tiene evidentemente una razón de injusticia",
se lee en la sentencia. Salvo que la noción de "bien común" sea una entelequia
vacía, no se entiende cómo puede ser inconstitucional una norma que
indudablemente puede aportar "un notable aumento del margen de protección
de la sociedad frente al delito".
7. Los beneficios
que la norma concede a quienes colaboran con la justicia proporcionando
información valiosa para enfrentar eficazmente el delito, pueden eventualmente
significar una más pronta resocialización de quienes han sido sus agentes. Lo
anterior no pugna con la Constitución. El Estado social de derecho no se limita
a establecer penas en el campo de la legalidad sino que asume como
consustancial a su naturaleza la resocialización del delincuente. Quien entrega
información relevante al Estado para combatir el delito - así lo haga con el
exclusivo objetivo de gozar de un beneficio - no puede continuar sujeto al
tratamiento que se dispensa a un enemigo. El beneficio que la sociedad deriva
con la información suministrada puede ser infinitamente superior al valor que
representa la eventual "expiación" de la falta cometida. La
información puede asimismo ahorrarle a la sociedad sufrimiento y costos de
diversa naturaleza. En este orden de ideas, cabe reconocer en la disponibilidad
de entregar información - sabiendo además los riesgos que el colaborador corre
frente a los restantes delincuentes -, un signo inequívoco de sociabilidad que,
en materia penal, tradicionalmente se ha asociado a una dulcificación o
atenuación de la pena.
En la sentencia se
advierte que "en este caso la injusticia consiste en la falta de
proporcionalidad equitativa, pues se dan excepciones no debidas". Se
olvida que en asuntos penales, la carga de la prueba corresponde al Estado, ya
que se parte de la presunción de inocencia que es cabalmente la que debe
desvirtuarse. "La excepción no debida", en este caso, consiste en la
inversión de ese principio, puesto que, bien miradas las cosas, la verdad en el
proceso se obtiene de la autoincriminación consentida y libre del sujeto y de
sus declaraciones sobre los demás agentes del delito. El beneficio no se obtendría
sin la entrega de una información que en manos del estado tiene un valor
estratégico para sojuzgar el crimen organizado y evitar males mayores a la
sociedad. Es a la luz de estas circunstancias - y no de modo tan metafísico -
cómo debe cuestionarse la magnitud de los beneficios cuya
"proporcionalidad equitativa" se echa de menos en la sentencia.
8. La política de
conceder beneficios de acuerdo con el grado de colaboración con la Justicia,
concebida como medio transitorio y excepcional para superar una delicada
perturbación del orden público, convierte la función punitiva estatal en
instrumento de policía extraordinaria. En épocas signadas por la anormalidad -
estados de excepción - una institución puede tornarse polivalente o desplegar
toda la potencialidad que alberga. La penalización de las conductas
antisociales y su dosimetría, puede legítimamente responder a la necesidad de
enfrentar una situación dada de anormalidad. Los ingredientes retributivos,
protectores y resocializadores que justifican las penas, durante la conmoción
interior, exhiben potencialidades distintas y variadas como elementos de una
política criminal que sea idónea para resolver la perturbación del orden
público.
Si el origen de la
conmoción interior ha sido criminológico y el epicentro del fenómeno se ubica
en la circunstancia de que el crimen organizado tiene sitiados al Estado y a la
sociedad civil, no resulta sensato impedir la configuración - e inclusive el
"ensayo histórico "  - de una política criminal y de una específica
estrategia que así sea transitoria y excepcionalmente antepongan la protección
de la sociedad a la mera necesidad o satisfacción expiatoria de los delitos
cometidos por quienes colaboran con la justicia. En todo caso, se ha demostrado
que la misma función retributiva de la pena difícilmente se cumple sin aumentar
la probabilidad de un control social más efectivo sobre la globalidad de estas
manifestaciones delictivas, que es en últimas a lo que apuntaba la política
criminal " medularmente " declarada inconstitucional.
Sin desbordar en ningún momento el marco
constitucional, los estados de excepción abren espacios legítimos para que una
sociedad expuesta a serios peligros y desafíos pueda enfrentarlos exitosamente.
Esos espacios obligan a las autoridades a evitar la disolución o el colapso de
la sociedad y de sus instituciones. Por ello deben necesariamente articular
soluciones en términos de medio a fin, esto es, dotadas de sentido estratégico.
De otro modo, la sociedad como tal se extinguirá en sus manos o la obligada
ineficacia tornará indefinida la duración de los estados de excepción y acabará
desprestigiándolos. Toda estrategia y la naturaleza misma de una situación de
perturbación del orden público, son portadores de limitaciones que operan
indistintamente en el campo de los medios a los que se puede recurrir para
superarla o de los bienes cuya defensa debe jerarquizarse o diferirse. Si bien
en ocasiones los deseos no se ajustan a las realidades, puede ocurrir que la
situación histórica coloque al Gobierno ante la necesidad de escoger entre dos
ordenes meritorios de protección, en cuyo caso se impone la ponderación y
jerarquización política de los mismos de acuerdo con su importancia social. En
el evento examinado, la dura realidad Colombiana, llevó al Gobierno a
privilegiar la protección de la sociedad y la defensa de sus derechos más
elementales - la vida y la seguridad personal, presupuestos de todos los demás
y base insustituible de la convivencia - frente a la posibilidad de que en
algunos casos los procesados o reos que colaboran con la justicia purguen sus
delitos. El costo de la alternativa escogida en términos de la función
retributiva de las penas,  no es ni siquiera comparable con los beneficios que
se deducen de la protección de la sociedad y la evitación de males mayores. La
medida adoptada, se reitera, también ayuda - y de manera decisiva - a
imprimirle visos reales a la misma función retributiva de la pena que la ley
tiene prevista para este tipo de delitos. Luego, más que jerarquización propiamente
dicha o desplazamiento de ámbitos de protección, lo que se ha dado es una
realinderación estratégica - perfectamente admisible en un estado de conmoción
interior - entre los diferentes fines que está llamada a cumplir la pena y la
política criminal que la conjuga.
La sentencia, en aras de la conservación en
todo tiempo y lugar de unos principios y valores absolutos, entendidos no en su
materialidad e historicidad concretas sino en su simple impronta formalista,
expropia a la sociedad y al Estado toda posibilidad de actuación estratégica
con miras a afrontar situaciones de crisis o coyuntura que pueden, si no se
encaran de este modo, destruir las bases de la convivencia pacífica e impedir
el goce mínimo de los más elementales derechos fundamentales. El Estado
convertido en subrogado ético absoluto debe renunciar a la defensa de la vida
de los asociados.
Finalmente, resulta incomprensible el
mestizaje que provocan algunos pasajes de la sentencia al revolver los
arquetipos ideales y lo intemporal con lo espurio y provisional. Se reivindica
de una parte el valor supremo de la justicia y de la igualdad ante la norma
examinada que en el sentir de la mayoría palmariamente las hiere, pero no se
deja de reconocer que ella tiene conexidad con la situación de perturbación y
se orienta idealmente a conjurarla. Pese a destacar la conexidad, y a admitir
que algunas de las medidas contenidas en el Decreto - cuáles ? - podrían ser
adoptadas de manera genérica por el legislador ordinario, niega que las mismas
puedan serlo por el legislador extraordinario que es el Presidente durante los
estados de excepción. Por este camino se llega a una encrucijada aporética: La
norma cumple con el requisito de la conexidad pero viola el principio de
igualdad, pues no se extiende a todas las categorías de delincuentes; sin
embargo, si cobijara a todas las categorías de delincuentes, cumpliría con el
principio de igualdad, pero perdería la condición de conexidad, como quiera que
sólo una categoría de aquéllos ha contribuido con su conducta a generar la
perturbación del orden público. De otro lado, no obstante advertir que la
política de beneficios que consagra la norma repugna a la idea de justicia
conmutativa y retributiva, no objeta la política de sometimiento a la justicia
ni los medios de persuasión y estímulo como alternativa a la "sola
represión". En fin, no es claro el lenguaje y el tono fundamentalista de
la sentencia cuando proscribe la política de beneficios por quebrantar la ley
suprema del "merecimiento" y termina por considerarla viable bajo el
presupuesto que se extienda a todos los que han delinquido - delincuentes
mayores y menores - como si la premisa inicial de la cual parte su razonamiento
tolerase el olvido total de los males padecidos por la sociedad y la víctimas
como consecuencia de los delitos cometidos.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
Salvamento de
voto a la sentencia No. C-171/93
ANTECEDENTES
PENALES-Supresión
(Salvamento de voto)
La Corte entiende
que es voluntad del Constituyente excluir del ejercicio de determinadas
políticas, como el de ser elegido a corporaciones públicas y a desempeñar
cargos en la administración  pública a quienes hayan sido objeto de las
mencionadas condenas; por tanto, el legislador no puede desconocer los alcances
normativos de las mencionadas previsiones, permitiendo a las autoridades
judiciales el desconocimiento de las consecuencias extrapenales de la sentencia
condenatoria.
COLABORACION CON
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Beneficios/PRINCIPIO
DE COLABORACION ARMONICA/DERECHO A LA IGUALDAD (Salvamento de voto)
La separación
funcional entre los distintos órganos de una rama del poder público no puede
entenderse como contraria a la necesaria colaboración que debe existir entre
ellos, toda vez que su interdependencia es necesaria para lograr, en nuestro
caso, el fin último que es el asegurar la defensa del ordenamiento jurídico
frente al delito. En el aparato judicial diseñado en la Constitución Política
era el Fiscal General el llamado a cumplir la función que le asignaba el
decreto; que esa función no es una función de acusación y juzgamiento; y en
tercer lugar que buscaba  permitirle a ese alto funcionario judicial la
suficiente flexibilidad para atender los requerimientos de las conductas
sociales que han producido los mayores trastornos en la historia de la sociedad
colombiana. El reconocimiento a la igualdad esencial de la naturaleza del
hombre no implica el absurdo de una igualdad material.  Si bien es cierto que
unos son favorecidos por los beneficios que su conducta auxiliar en la
persecución del delito pueda entrañarles, los otros se ven sometidos a recursos
persecutorios de la mayor eficiencia, como lo ha demostrado la experiencia
colombiana en la persecución de los delitos de narcotráfico y terrorismo; de
suerte que no hay el pretendido trato preferencial en esta política criminal
diseñada por el Gobierno, por que la colaboración que presten las personas que
sean o puedan ser investigadas o condenadas por delitos de competencia de los
jueces regionales, para la eficacia de la administración de justicia, busca
justamente someter a la ley y a las autoridades a delincuentes de mayor
capacidad de daño a la sociedad.
REBAJA DE
PENAS/INDULTO (Salvamento
de voto)
Los sistemas de
rebajas o reducción de penas, los cuales son organizados por la ley dentro de
las competencias propias de la Rama Jurisdiccional del poder público; para que
ésta dentro de su autonomía, de acuerdo con una trama de circunstancias,
condiciones o factores establecidos por la ley puedan rebajar, reducir o
suspender las penas y en general las consecuencias de los delitos bajo su
jurisdicción. No pueden confundirse estos expedientes legislativos referentes a
la penología, con aquel instituto del indulto porque tienen motivaciones
distintas y abordan realidades diversas.  Buscan por una parte ocuparse de la
humanización de la pena o entender ésta como un instrumento más de la defensa
social como lo hace el decreto, a diferencia del indulto que hace intervenir a
los órganos políticos en modalidades delictivas de la conducta con contenidos
políticos.
COSA JUZGADA-Excepciones(Salvamento de voto)
En materia de
ejecución de la pena, son muchos los expedientes que vienen a constituirse en
excepciones de la cosa juzgada en materia penal, como la disminución de la pena
por buena conducta, por trabajos realizados, o por colaboración con la justicia
en la forma en que se establecía en el decreto.
FISCAL-Funciones (Salvamento de voto)
La Carta no deja
margen de duda al respecto de las precisas funciones del Fiscal, las que pueden
ser desarrolladas o inclusive ampliadas por la Ley, pero sin romper la
estructura constitucional de la legalidad de los delitos y de las penas, lo
mismo que de la distribución de funciones de investigación, instrucción y
acusación y de juzgamiento. Además, de conformidad con la naturaleza
constitucional de la acción penal,  es la ley la que debe señalar los eventos
en los que proceden los beneficios que pueden concederse a los sujetos
penalmente responsables, pero es al juez a quien corresponde en cada caso
ordenar su aplicación, previa la determinación de la responsabilidad penal y
siempre mediando la acusación fiscal en la que se ha calificado objetivamente
la conducta, todo lo cual no se opone a la figura del beneficio por delación,
ni a su aplicación en los términos de los artículos del decreto en examen y
bajo las consideraciones interpretativas que se han formulado.
Referencia:
expediente RE-0034
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Sala Plena, presentamos salvamento de voto en
la anterior decisión que declaró inexequible el Decreto Legislativo No. 264 del
5 de febrero de 1993, "por el cual se expiden normas sobre la concesión de
beneficios por colaboración con la justicia", teniendo en cuenta lo
siguiente:
1.-     Sin perjuicio de considerar que algunos
preceptos del decreto tenían el carácter de inconstitucionales, más no éste en
su totalidad, tal el numeral m)  del artículo 1o., según el cual el Fiscal
General de la Nación podía conceder la "supresión de antecedentes
penales", a las personas que sean o puedan ser investigadas, juzgadas o
condenadas por delitos de competencia de los jueces regionales, en virtud de
colaboraciones que presten a la eficaz administración de justicia.  En efecto,
en la ponencia inicial presentada por el Magistrado Dr. Fabio Morón Díaz y que
fuese desatendida en Sala Plena, se leía lo siguiente:
"En relación
con el literal m) del citado artículo 1o., esta Corporación debe declarar su
inconstitucionalidad, en atención a que es una medida que contraviene las
disposiciones de la Carta, en especial  el artículo 248 de la misma y las
restantes normas de aquella, que prevén como causal de inhabilidad para ciertas
elecciones el haber sido  condenado por delitos distintos de los políticos.  La
Corte entiende que es voluntad del Constituyente excluir del ejercicio de
determinadas políticas, como el de ser elegido a corporaciones públicas y a
desempeñar cargos en la administración  pública a quienes hayan sido objeto de
las mencionadas condenas; por tanto, el legislador no puede desconocer los
alcances normativos de las mencionadas previsiones, permitiendo a las autoridades
judiciales el desconocimiento de las consecuencias extrapenales de la sentencia
condenatoria. Otro asunto bien distinto se presenta  cuando para efectos de la
determinación de las causales de agravación punitiva, se tienen en cuenta los
antecedentes penales consignados en sentencias condenatorias para estos fines,
el legislador bien puede establecer que dichos antecedentes no se tengan en
cuenta a la hora de la definición de la medida punitiva tal como lo prevé el
literal d) del mismo artículo.  Por tanto dicho literal habrá de declararse
inconstitucional."
El decreto tomado en
su conjunto pertenece a la categoría de los ordenamientos jurídicos orientados
a establecer un tratamiento compensatorio entre distintas conductas delictivas
a fin de asegurar la no impunidad, de entre éstas, de las más graves a
juicio del legislador. La técnica legislativa comentada, que obedece a una
política criminal, ha resultado uno de los expedientes más eficaces para la
persecución de los delitos de más difícil tratamiento legislativo y control
policivo y judicial. No sólo en el plano internacional, expedientes de acuerdos
sobre las penas, de las acusaciones y su misma tasación, en procesos
acusatorios bien definidos, han resultado el camino a seguir más eficaz para el
adecuado control estatal de las distintas modalidades criminales. En nuestro
país, el Decreto 264, resultaba una medida complementaria, que se orientaba a
afinar una política que de hace algunos años viene estableciendo el legislador.
Es así cómo, y, a manera de ejemplo, tenemos las siguientes regulaciones que,
en un contexto histórico-sociológico determinado, muestran al legislador
colombiano atendiendo razones de política criminal, para acudir a diversos
mecanismos procesales limitantes y reguladores en la imposición de sanciones
penales:
1.
Exclusión de la pena en los delitos de daño en bien ajeno por
reparación. (Art. 370 C.P.)
2.        Exclusión
de medida de seguridad de inimputable cuando se trate de trastorno mental
transitorio sin secuelas. (Art. 33 C.P.)
3.
Extinción de la acción en delitos sexuales por matrimonio del   sujeto
activo con la víctima. (Art. 307 C.P.)
4.
Extinción de la punibilidad por amnistía e indulto en delitos
políticos. (Art. 78 C.P. y 201 C.N.)
5.
La reparación del daño, la modalidad del  hecho  punible  y la          buena
conducta son fundamentos de la condena de ejecución condicional y libertad
condicional. (Art. 68 y sig. C.P.)
6.
Disminución de pena en casos de peculado cuando se presente la devolución
de bienes (Art. 139 C.P.)
7.
Extinción de la acción por oblación, para los casos en que el delito sólo
tenga pena de multa. (Art. 91 C.P.)
8.        La
extinción de la responsabilidad o de la acción cuando se pague integralmente el
valor de los perjuicios derivados del hecho punible, cuando se trate de
homicidio o lesiones personales culposas y algunos delitos contra el patrimonio
económico. (Art. 38 y 39 C.P.P.)
9.
Extinción de la responsabilidad o de la acción en caso de retractación
en los delitos de injuria o calumnia. (Art. 318 C.P.)
10.      Causas
que disminuyen la punibilidad, en el caso de delito emocional (Art. 60 C.P.),
el  exceso  en  las  causales  de justificación (Art. 30 C.P.), la tentativa
(Art. 22 C.P.),  y  la complicidad. (Art. 24 C.P.).
11.
Rebajas de pena para las personas que se sometan a la justicia. Decretos
2047/90, 2372/90, 3030/90, 303/91 y 1303/91, adoptados como legislación
permanente mediante el artículo 3o. del Decreto 2265/91.
12.      Rebaja
por confesión en primera versión cuando esta sirva de fundamento para deducir
responsabilidad penal. (Art. 299 C.P.P.).
13.
Redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza. (Art. 530 y 531 C.P.P.).
14.      Rebaja
de pena por terminación anticipada del proceso (art. 37
C.P.P.).
15.      Rebaja
de pena para delatores en delitos de narcotráfico. (Art. 45 Ley 30 de 1986)
16.
Beneficios por colaboración con la justicia para los testigos en los
delitos de competencia de los jueces regionales (Decreto 833    de 1992) -
Expedido en virtud de la declaratoria del Estado de Conmoción interior.
17.
Rebaja o extinción de la pena en delitos de secuestro por colaboración
eficaz con la administración de justicia (Ley 40 de 1993, art. 17).
De manera que el
Decreto 264 de 1993 no irrumpía en el ordenamiento jurídico con características
de una normatividad exótica, inesperada, extraña sino por el contrario
enmarcado en una tendencia legislativa bastante definida en materia penal y en
especial frente a los delitos de narcotráfico y terrorismo guerrillero.  Por lo
que debe entenderse como un despliegue de la sabiduría del legislador para
mejor enfrentar estas graves modalidades delictivas.  Hasta el presente no se
había encontrado, a nuestro juicio, con fundamento jurídico incuestionable, que
dicha normatividad pudiera resultar contraria a las facultades excepcionales a
que hoy en día se refieren los artículos 212 y 213 de la Carta Política, o al
principio de igualdad consagrado en el artículo 13 superior, ni que se pudiera
confundir la figura del indulto (art. 150 num. 17), con el manejo de las penas
propuesto en el decreto,  ni contraria tampoco a la obligatoriedad de la
persecución del delito, ni mucho menos contra la cosa juzgada, por las razones
siguientes:
2o.      El
artículo 252 de la Constitución Política
Afirma la sentencia
que mediante el decreto 264, "se están modificando las funciones básicas
de acusación y juzgamiento", lo cual contraría el principio de la
separación de funciones que la Constitución Política consagra en su artículo
113.
Si se tiene en
cuenta que el decreto más que referirse a las funciones básicas de acusación y
juzgamiento se orienta a autorizar al Fiscal General de la Nación, funcionario
que resulta ser el punto de apoyo sobre el cual gira la nueva organización, en
proceso de perfeccionamiento, del sistema penal acusatorio autorizado en la
Constitución Política, viniendo la normatividad examinada a consultar  en la selección
de ese funcionario claras disposiciones constitucionales; cuya lectura debe
realizarse de manera integrada, por manera que, no desdibujando las funciones
acusatorias y de investigación y las de enjuiciamiento y juzgamiento, puedan
unas y otras tener, además de los tradicionales puntos de acuerdo o de enlace,
(auto de proceder ahora denominado resolución acusatoria, por ejemplo) que son
piezas esenciales que desde un punto de vista material vienen a entrelazar las
dos etapas bien definidas de acusación y juzgamiento, medidas como las
propuestas en el Decreto.  Porque la separación funcional entre los distintos
órganos de una rama del poder público no puede entenderse como contraria a la
necesaria colaboración que debe existir entre ellos, toda vez que su
interdependencia es necesaria para lograr, en nuestro caso, el fin último que
es el asegurar la defensa del ordenamiento jurídico frente al delito.
El exceptivo
predicado del artículo 252 de la Carta no se ve violado por el Decreto en
examen, toda vez que el contenido de éste se orienta a posibilitar en cabeza
del Fiscal, un conjunto de beneficios en favor de personas que sean o puedan
ser investigadas, juzgadas o condenadas por los delitos de que conocen los
jueces regionales, función que se sitúa en un plano distinto al de las
funciones básica de "acusación y juzgamiento", porque con este
acuerdo de intercambio de información y de pruebas en general se está en una
etapa investigativa de delitos de mayor jerarquía de los que eventualmente
puedan tener como titulares a las personas antes citadas.  Queda claro que el
recto entendimiento de las normas del decreto pone en cabeza del Fiscal General
o de sus delegados la posibilidad, y ninguna  institución mejor que la a su
cargo para ello en el nuevo orden constitucional, para adelantar funciones que
interesan, tomada globalmente, a toda la problemática del delito en Colombia en
materia de la defensa orden jurídico; esta función de origen legal en cabeza
del Fiscal le hubiera permitido a éste frente a toda esa dimensión social del
delito, establecer un racional tratamiento con miras a su control, teniendo en
cuenta las distintas conductas individuales, y al valorarlas entrar en acuerdos
orientados a reprimir las conductas delictuosas que constituyen una mayor
agresión contra la estabilidad social y el orden institucional.
No escapa al
intérprete que es bien lícita la posibilidad que se reconocía al Fiscal de
otorgar beneficios a fin de evitar la impunidad de los delincuentes que de otra
manera se verían libres del control judicial. Puntualizando tenemos que en el
aparato judicial diseñado en la Constitución Política era el Fiscal General el
llamado a cumplir la función que le asignaba el decreto; que esa función no es
una función de acusación y juzgamiento; y en tercer lugar que buscaba
permitirle a ese alto funcionario judicial la suficiente flexibilidad para
atender los requerimientos de las conductas sociales que han producido los
mayores trastornos en la historia de la sociedad colombiana.
3o.     El
Derecho a la Igualdad y el Decreto
También resulta
obligado apartarse, con todo respeto, de la decisión mayoritaria de la Sala, en
el sentido de que el decreto desconoce el principio de la igualdad "al
darle un trato más favorable a cierto tipo de delincuentes paradójicamente como
se ha dicho a quienes han  incurrido en los peores crímenes que puedan
cometerse contra la sociedad" con lo que se contradice la ecuación
igualitaria de la justicia distributiva, "pues ésta consiste en disminuir
los bienes y las penas en proporción a su merecimiento".
Varias
consideraciones merece lo anterior:
El derecho a la
igualdad consagrado expresamente en la Carta Política de 1991 (art. 13) es sin
lugar a dudas un presupuesto de todo el régimen político como elemento esencial
de la libertad.
Obsérvese que se
trata de una igualdad jurídica ante la ley, y no de una igualdad material.  Los
hombres según el principio comentado disponen de una igualdad de
posibilidades.  Es la igualdad que permite que cualquier individuo se coloque
en una posición determinada en la sociedad y que desde ella pueda ejercer
conductas sin discriminación a los demás asociados que se ubiquen en la misma
posición.
El reconocimiento a
la igualdad esencial de la naturaleza del hombre no implica el absurdo de una
igualdad material, de suerte que cuando la ley, por ejemplo, regula las
exportaciones sólo se predicará de los exportadores, de quienes se colocan en
ese status; para el resto de los asociados la igualdad carecerá de materia.
La variedad de la
actividad de la vida contemporánea lleva al legislador a regular la igualdad
por sectores,  de suerte  que lo que se predica de una categoría de
delincuentes puede no predicarse de otra; así por ejemplo, en punto a la
competencia hay distintas categorías de jueces penales para conocer de los
distintos tipos delictivos, diferentes procedimientos según el caso y una
variada tasación de las sanciones penales.  No quiere esto decir que tal
tratamiento legal diferenciado pueda ser contrario al principio de la igualdad
racionalmente entendido. Así pues, en los delitos cuyo conocimiento corresponde
a los jueces regionales dispone la ley un conjunto de características en
materia procesal y de gradación de la pena que obedecen, según la sabiduría del
legislador, a los requerimientos que esas conductas delictivas requieren de
especiales modalidades en la política criminal que le corresponde trazar.  No
le es dado a la jurisprudencia en esta materia, sobre los delitos y las penas,
desplazar al legislador en su función de definir la política criminal. Puede
resultar un exceso contrario al derecho y a la certeza jurídica éste de pensar
que es más o menos grave un delito,  cuando dicha gravedad le es dable
calificarla sólo al legislador autorizado.
Sería contrario al
principio de la igualdad consagrado en la Carta Política un precepto que
estableciese diferencias entre delincuentes de la misma categoría, por ejemplo,
entre los sujetos activos de los delitos de que conocen los jueces regionales y
el Tribunal Nacional y no; por el hecho de que exista un tratamiento legal
distinto entre esos delitos y de los que conocen otros jueces de la República.
De otra parte, es
obligado apartarse en este salvamento de voto de el criterio expuesto en los
considerandos de la sentencia anterior, según el cual se estaría dando
preferencia a los delincuentes sometidos a la justicia de los jueces
regionales. Pues si bien es cierto que unos son favorecidos por los beneficios
que su conducta auxiliar en la persecución del delito pueda entrañarles, los
otros se ven sometidos a recursos persecutorios de la mayor eficiencia, como lo
ha demostrado la experiencia colombiana en la persecución de los delitos de
narcotráfico y terrorismo; de suerte que no hay el pretendido trato
preferencial en esta política criminal diseñada por el Gobierno, por que la
colaboración que presten las personas que sean o puedan ser investigadas o
condenadas por delitos de competencia de los jueces regionales, para la
eficacia de la administración de justicia, busca justamente someter a la ley y
a las autoridades a delincuentes de mayor capacidad de daño a la sociedad.
Está facultado el
legislador, según las competencias definidas por la Carta Política, para
reglamentar jurídicamente, según se desprende de la conexidad del decreto, los
delitos de que son competentes los jueces regionales; de suerte que, el haber
extendido esta lógica criminal a otros delitos, no directamente implicados en
las situaciones fácticas que dieron lugar a la declaratoria de la conmoción interior,
hubiera hecho devenir también por este respecto, inconstitucional el decreto,
por cuanto se habría ocupado en tal caso de materias distintas a las que
motivaron el estado de excepción.
Se observa en la
sentencia un cierto sesgo de concepción expiatoria de la sanción criminal que
está proscrito en la Carta Política (artículos 12, 29, 34 de la C.N.).
4o.      El
Indulto y la Rebaja de Penas
Según la sentencia,
el perdón de la pena así sea parcial por parte de autoridades distintas al
Congreso  o al Gobierno que autoriza el decreto "implica un indulto
disfrazado", que hace devenir inconstitucinal el decreto.
El indulto es una
figura clásica del derecho penal, originaria del viejo concepto de la gracia  o
prerrogativa real propia del régimen monárquico, que permite, en el marco del
estado liberal,  al Congreso o al Gobierno, es decir a órganos distintos al
jurisdiccional, intervenir en la autonomía de éste, en tratándose de delitos
políticos,  exclusivamente a fin de exonerar del cumplimiento de la pena y
de las consecuencias del delito en general a sus actores; en razón de la
especial naturaleza política de dichos órganos y de los contenidos de esas
modalidades delictivas.
Bien distinto es de
ese expediente el sistema, o los sistemas de rebajas o reducción de penas, los
cuales son organizados por la ley dentro de las competencias propias de la Rama
Jurisdiccional del poder público; para que ésta dentro de su autonomía, de
acuerdo con una trama de circunstancias, condiciones o factores establecidos
por la ley puedan rebajar, reducir o suspender las penas y en general las
consecuencias de los delitos bajo su jurisdicción. No pueden confundirse estos
expedientes legislativos referentes a la penología, con aquel instituto del
indulto porque tienen motivaciones distintas y abordan realidades diversas.
Buscan por una parte ocuparse de la humanización de la pena o entender ésta
como un instrumento más de la defensa social como lo hace el decreto, a
diferencia del indulto que hace intervenir a los órganos políticos en
modalidades delictivas de la conducta con contenidos políticos.
De suerte que no
pueden confundirse institutos como el indulto con expedientes de la legislación
moderna y contemporánea, como los señalados en el numeral primero de este salvamento
o como los de la libertad condicional o la libertad provisional, o los que
tiene el decreto, que pueden ordenar los funcionarios judiciales en
determinadas circunstancias para disminuir o suprimir las penas, los cuales no
pueden asimilarse al indulto, aún cuando éste tenga efectos en la sanción
penal, para deducir de una pretendida confusión la inconstitucionalidad del
decreto.
5.    La
Persecución de los Delitos
Obligaciones
naturales del Estado Social de derecho son la persecución de los delitos y la
de establecer sanciones penales para la defensa de los bienes jurídicos y la
readaptación del delincuente.  En nada se opone el decreto en revisión a esa
lógica propia del estado social de derecho porque pretende "la eficacia de
la administración de justicia", lo que, por lo demás, es admitido en la
gran mayoría de los países civilizados.  Por lo que no puede entenderse como
atentatorio de la investigación y juzgamiento de los delitos ni de su
tratamiento punitivo, porque en éstos incluso esas compensaciones pueden
convertirse, por la interrelación de los delitos en la sociedad colombiana, en
instrumentos del mayor valor.
6.   La Cosa
Juzgada y el Decreto
No resulta a juicio
del suscrito Magistrado inconstitucional el decreto por ser contrario al
principio de la cosa juzgada.
La cosa juzgada de
manera general busca dar firmeza y carácter definitivo a las decisiones
judiciales, carácter definitivo que en materia penal especialmente puede ser
ponderado, cuando circunstancias particulares surjan para mostrar hechos nuevos
no conocidos al momento del juzgamiento o para acatar la recalificación legal
de la conducta delictiva, que en casos extremos puede significar la supresión
de la conducta del catálogo de delitos.  Pues bien, en materia de ejecución de
la pena, son muchos los expedientes que vienen a constituirse en excepciones de
la cosa juzgada en materia penal, como la disminución de la pena por buena
conducta, por trabajos realizados, o por colaboración con la justicia en la
forma en que se establecía en el decreto.
7.   Las
Funciones Constitucionales de las Autoridades Judiciales
Competencias
Punitivas
Deben señalarse las
siguientes consideraciones:
A) La normatividad
constitucional en materia de la función judicial en el ámbito penal, establece
dos tipos de competencias generales, sin perjuicio de otras especiales, que
atienden al propósito de modernizar las instituciones correspondientes y de
actualizarlas, para hacer más adecuado, técnico y eficaz el funcionamiento de los
organismos que administran justicia en nuestro país, y para ponerla a tono con
los retos de la criminalidad contemporánea; en efecto, el primer inciso del
artículo 116 de la Carta señala que "La Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces
administran justicia..."(Subrayas de la Corte)
Además, debe tenerse
en cuenta que el Capítulo 6 del Titulo VIII de la Carta establece el régimen de
la Fiscalía General de la Nación y en él se le otorgan las competencias para,
"....de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y
acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales
competentes." (Subrayas de la Corte)
En este sentido, el
artículo 250 de aquella establece que la Fiscalía General de la Nación deberá:
"1. Asegurar la
comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las
medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas
necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
"2. Calificar
y declarar precluídas las investigaciones realizadas.
"3.  Dirigir y
coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la
Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
"4.  Velar por
la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.
"5.  Cumplir
las demás funciones que establezca la ley.
"El Fiscal
General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio
nacional.
"La Fiscalía
General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo
desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las
garantías procesales que le asisten." ( Subraya de la Corte)
Obsérvese que no
obstante la incorporación de la figura de la Fiscalía General de la Nación
dentro de los órganos que administran justicia (art. 116 C.N.), el preciso
señalamiento constitucional de las funciones que le corresponden a dicho
organismo y el deber de acusar ante los jueces y tribunales competentes a los
presuntos infractores, significa indubitablemente que la Carta mantuvo en
cabeza de éstos la función constitucional y legal de juzgar y de imponer las
sanciones que correspondan.
No se trata del
traslado de las citadas funciones de juzgamiento para radicarlas en cabeza de
la Fiscalía, suprimiéndolas de su sede natural, sino de incorporar a las
estructuras orgánicas de la Rama Judicial en el ámbito penal y para la gran
generalidad de las materias, con las salvedades constitucionales en asuntos de
fuero penal, una institución suficientemente ágil y dinámica dotada de
competencias de investigación, instrucción y calificación
de los hechos punibles, para permitir a los jueces competentes el más adecuado
y eficaz cumplimiento de su función constitucional de juzgar y sancionar a los
presuntos infractores, previa la acusación del fiscal competente.
B) Lo anterior
significa que las funciones de calificar y declarar precluídas
las investigaciones realizadas, se deben cumplir por dicho organismo dentro de
los precisos términos señalados por la Ley, sin que pueda actuarse en ejercicio
de potestades discrecionales que en esta materia son repudiadas por el
constituyente, pues es la Ley la encargada de definir la tipicidad de las
conductas consideradas como delitos y la modalidad y el grado de la
culpabilidad exigida y de señalar las penas correspondientes, así como los
eximentes, beneficios, atenuantes o agravantes que procedan. Dentro de aquel
marco debe moverse el funcionario fiscal para efectos de calificar la conducta,
de acusar al presunto infractor o de declarar precluída la
investigación dentro de aquellas etapas procesales.
En este sentido,
cabe distinguir en cuanto hace a las funciones que corresponden tanto a los
fiscales como a los jueces, para efectos de asegurar que no obstante las
competencias de calificación y de acusación de los primeros, a
los segundos les corresponde la de juzgamiento y determinación de las
penas o beneficios procedentes, cuando se haya presentado acusación fiscal.
Desde luego, la
función de calificar la conducta y de acusar a los presuntos infractores,
también permite al fiscal, en las precisas condiciones señaladas por la ley, y
antes de la acusación, reconocer beneficios o aplicar el trato especial
previsto en la ley  para los infractores de la normatividad penal que permitan,
con su colaboración, el eficaz funcionamiento de la administración de justicia;
a ello se puede llegar antes de la formulación de la acusación, pues, una vez
producida ésta, corresponde al juez definir la situación, también dentro de su
competencia, y ésta comprende la de examinar la legalidad y la
constitucionalidad del acuerdo  fiscal en cada caso, y de adoptarlo en la
sentencia, si es conforme a la Carta Política y a la ley.
No de otra manera
debe interpretarse lo dispuesto por los incisos segundo, tercero y cuarto del
artículo 29 de la Carta, que refuerzan de modo especial las reglas
constitucionales del debido proceso penal, ya que "nadie podrá ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio."
Así, la función
constitucional de calificar y de acusar son responsabilidades de
carácter objetivo que deben desarrollarse por los fiscales dentro del marco de
la Constitución y de la Ley; situación esta que se plantea dentro de las
definiciones de la ley en las que se le permite al fiscal determinar en qué
casos procede o no la acusación, previo el necesario señalamiento de las
hipótesis normativas que correspondan a la voluntad del legislador y a su
política criminal, lo que en ningún caso implica que para decidir cual
calificación se atribuye y si se acusa o nó, pueda la fiscalía apartarse de los
elementos legales de definición típica de la conducta y de sus ingredientes, ni
de los términos del enunciado normativo que señala las penas o los beneficios y
agravantes que se hacen presentes en lo instruido para la causa.  En el
ejercicio de esta sustancial función, los fiscales también son responsables
ante la ley por razones penales y disciplinarias, tal como lo es el juez, y
deben atender además al deber constitucional de procurar el restablecimiento
del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
Igual reflexión debe
hacerse en materia de la decisión de precluir las investigaciones
realizadas que señala el transcrito numeral 2o. del artículo 250 de la Carta,
lo cual tampoco comporta la facultad de apreciar discrecionalmente, ni con
criterios subjetivos, los hechos que resulten, para efectos de decidir si se
acusa o nó.
Lo cierto es que con
fines de lograr la eficacia en la persecusión de los delitos y de la sanción de
los delincuentes, así como para desarticular a las organizaciones de criminales
y para prevenir la ocurrencia de nuevos delitos, bien puede el legislador
entregar, tanto a los jueces como a los fiscales, a cada uno dentro de las
etapas procesales que les corresponde adelantar, la facultad de apreciar los
hechos y conceder beneficios especiales, como los que establece la normatividad
bajo examen; empero, dichas funciones no pueden ejercerse más allá del preciso
límite constitucional y legal.
Si el fiscal decide
no acusar y proferir resolución inhibitoria, de cesación de procedimiento o de
preclusión de la investigación y lo hace por razón del reconocimiento de los
beneficios legales, bien puede hacerlo bajo su plena responsabilidad legal,
pues a ella está sometido como cualquier otro funcionario judicial; pero si
resuelve acusar conforme a la ley y ante el juez competente, los beneficios
reconocidos en el acuerdo con el infractor no son obligatorios para el juez, so
pena de la abdicación de la investidura constitucional del juez, y éste los
acogerá o rechazará según sea el caso, conforme a la normatividad pertinente.
Igual predicado se hace respecto del condenado o sentenciado, pues, los
acuerdos del fiscal sobre beneficios para aquellos, serán adoptados por el juez
competente en caso de encontrarlos conformes a la ley.
C) Pero además,
téngase en cuenta que en nuestro sistema constitucional, y en el
correspondiente régimen previsto para regular el ámbito de la legitimidad de la
acción penal, se establece por la misma Carta que las funciones que corresponde
adelantar al citado organismo fiscal bien pueden iniciarse de oficio,
mediante denuncia o por querella, lo cual comporta que el Fiscal o sus
delegados también deben atender los requerimientos de los denunciantes o
querellantes dentro del marco de la Ley, sin la posibilidad de desconocer el
carácter de la acción así formulada, y sin poder actuar con base en criterios
subjetivos, discrecionales, de oportunidad o conveniencia, ni con simples
argumentos de eficacia no definidos en la ley, pues tanto querellante como
denunciante tienen derecho a que su petición en interés general, o en algunos
casos en interés particular, y su derecho de acceso a la justicia, sean
atendidos con fundamento en los criterios legalmente señalados, para efectos de
asegurar la comparecencia de los presuntos infractores ante los juzgados y
tribunales competentes, y para que se restablezca el derecho y se indemnicen
los perjuicios ocasionados por el delito. (art., 250 Num. 1o. C.N.).
D)  No es cierto que
se haya modificado el principio de legalidad de los delitos o de las penas, o
que se haya redistribuído la función de juzgamiento hasta el punto de darle al
Fiscal la facultad de señalar discrecionalmente en cuales casos decide acusar y
en cuales nó, como lo advierte el colaborador del Ministerio Público; tampoco
es cierto que quien "juzgue" la conducta punible, así sea
parcialmente, sea el Fiscal.
En este sentido,
obsérvese que corresponde a la ley señalar los criterios normativos para
determinar la responsabilidad penal del acusado, o los de su agravación o
atenuación, e incluso los beneficios que por distinta causa merezca el
responsable, y, en tales condiciones, puede entregarle al fiscal la facultad de
proponerle al juez todos los beneficios concurrentes o excluyentes que
procedan, incluso el perdón judicial, la suspensión de la pena, su disminución,
su conversión y cualquiera otro subrogado o alivio, pero siempre respetando las
facultades de juzgamiento que en todo caso, una vez decretada la acusación, corresponden
al juez; así, la ley que establezca este tipo de favores debe reservar al juez
la decisión pertinente, siempre que medie la acusación fiscal, para que aquel
la adopte dentro del ejercicio de sus funciones constitucionales de administrar
justicia.
E)  Desde todo punto
de vista, la Carta no deja margen de duda al respecto de las precisas funciones
del Fiscal, las que pueden ser desarrolladas o inclusive ampliadas por la Ley,
pero sin romper la estructura constitucional de la legalidad de los delitos y
de las penas, lo mismo que de la distribución de funciones de investigación,
instrucción y acusación y de juzgamiento. Además, de conformidad con la
naturaleza constitucional de la acción penal,  es la ley la que debe señalar
los eventos en los que proceden los beneficios que pueden concederse a los
sujetos penalmente responsables, pero es al juez a quien corresponde en cada
caso ordenar su aplicación, previa la determinación de la responsabilidad penal
y siempre mediando la acusación fiscal en la que se ha calificado objetivamente
la conducta, todo lo cual no se opone a la figura del beneficio por delación,
ni a su aplicación en los términos de los artículos del decreto en examen y
bajo las consideraciones interpretativas que se han formulado.
Bien puede el fiscal
o el fiscal delegado para estos fines, calificar la conducta y presentar la
acusación penal que corresponda a aquella, pero esto no significa que el juez
deje de ser el competente para señalar la pena que corresponda y atribuirla con
la fuerza de la cosa juzgada en los términos de la Ley; en este sentido no es
admisible que el juez sea sólo un elemento de mera convalidación formal de las
decisiones del Fiscal, en materia de las penas imponibles, so pena de
desnaturalizar la distribución constitucional de competencias.
Por tanto, los
beneficios que, según la Carta y la Ley, se pueden conceder después de surtida
la acusación, deben ser objeto de la ponderada evaluación judicial de este
funcionario y de su pronunciamiento, en la forma que se establezca para cada
juicio, y atendiendo al debido proceso penal; lo anterior tampoco obsta para
que el fiscal formule el acuerdo con el colaborador eficaz y lo presente al
juez dentro del marco de los supuestos de la ley, y lo sustente debidamente conforme
a su interpretación de los términos y de las finalidades del legislador,
siempre que corresponda al juez juzgar sobre la situación planteada con la
acusación, en materia de la responsabilidad subjetiva que quepa.
F) Igualmente, en
materia de la reducción o de la dosimetría de la pena por los supuestos legales
que procedan según la ley, bien puede el Fiscal llegar a acuerdos con el
infractor, que resulta colaborador eficaz y delata a otros delincuentes y esto
conduce a suspender la sentencia o a reducir la condena y hasta
extinguirla, de conformidad con los mismos supuestos legales de la política
criminal, pero el juez, que no es un funcionario de simple convalidación, está
en la obligación de juzgar, además, la legalidad y la constitucionalidad de la
propuesta y del acuerdo, bajo los supuestos normativos del delito,  de la pena
y del beneficio.
Esto no significa
que la ley no pueda ser generosa en materia de los supuestos legales, en los
que procede la concesión de beneficios para los delatores según las
formulaciones de la política criminal; es a ella a la que le corresponde
señalar las hipótesis en las que proceden aquellos.  Así las cosas y bajo estas
consideraciones, se propuso la constitucionalidad del Decreto en examen, salvo
las anotaciones señaladas, lo cual implica que aquellas disposiciones eran
ajustadas a la Carta en cuanto se respetaba la distribución de competencias en
la Rama Judicial, se concedían recursos que aseguraban el derecho de defensa,
se garantizaba que la actuación fuera pública y se afirmaba el derecho a no ser
condenado sin ser oído y vencido en juicio.  No pasamos por alto que esta
interpretación es restrictiva del alcance de algunas de las disposiciones
examinadas, empero, su misión de guardiana de la integridad de la Carta que le
corresponde a la Corte, la obligaba a interpretar judicialmente las normas
legales en el sentido más conforme con la Carta, y así se reiteró para efectos
de que en su aplicación no se les diera un alcance diverso y eventualmente
contrario al ordenamiento superior.
Fecha Ut Supra
FABIO MORON DIAZ
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
[1]  Corte Constitucional, Sentencia
C-052, revisión constitucional del Decreto 1833 de 1992.  Salvamento de voto de
los Magistrados Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero.