T-630-99
Sentencia T-630/99
Sentencia
T-630/99
BONOS PENSIONALES-Procedencia de tutela para reclamar la
remisión
En fallos de esta
Corporación se ha admitido que la acción de tutela es procedente para reclamar
la remisión de los bonos pensionales, y de esta manera obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
BONOS PENSIONALES-Cuotas partes
BONOS PENSIONALES-Ultima entidad empleadora reconoce y
expide la totalidad
ACCION DE
CUMPLIMIENTO-Improcedencia
para lograr decisiones que impliquen gasto
Referencia:
Expediente T-214555
Acción de tutela
incoada por Silvio Humberto Vargas Gonzalez contra Marcos Parra Forero Alcalde
del Municipio de Chía
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de agosto de mil
novecientos noventa y nueve (1999).
Se revisa el fallo
de fecha dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999),
proferido en el asunto de la referencia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera.
I. INFORMACION PRELIMINAR
SILVIO HUMBERTO
VARGAS GONZALEZ instauró acción de tutela contra el Alcalde del Municipio de
Chía (Cundinamarca), con el fin de lograr que esta entidad territorial le
reconociera y pagara la totalidad del bono pensional para efectos de lograr su
pensión de jubilación ante el Seguro Social.
El actor alegó la
vulneración de los derechos al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales, consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política.
Fundamentó su
petición en los siguientes hechos:
1. A partir del mes
de enero de 1998, cuando cumplió los requisitos para acceder a su pensión de
jubilación, adelantó los trámites respectivos ante el Seguro Social.
2. Esta institución
requirió al Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Chía, para que emitiera el
bono pensional tipo B a favor del Seguro, advirtiéndole que la pensión sería
reconocida y pagada únicamente cuando se cumpliera con este requisito. Así
mismo le informó acerca del término correspondiente en que debería expedir el
bono, y le señaló las disposiciones legales que reglamentan la materia.
3. Dicho
requerimiento se hizo porque el solicitante finalizó su carrera como servidor
público en la Alcaldía de Chía, entidad en la que prestó sus servicios como
periodista durante cinco (5) años.
4. Previa la
orientación de un asesor del Seguro, se determinó que el valor del cálculo del
bono pensional tipo B a favor de VARGAS GONZALEZ, correspondía a la suma de
ciento seis millones doscientos dos mil pesos ($106.202.000.oo).
5. Ante la negativa
de expedir el bono pensional, el Seguro efectuó un segundo requerimiento al
demandado, y le señaló, entre otros aspectos, que el 15 de octubre de 1998 era
la fecha límite para la cancelación del bono; le advirtió acerca del pago de
intereses en caso de presentarse demora en el pago, y que de no cumplir con su
obligación, la Alcaldía estaría en la obligación de reconocer y pagar la
pensión de jubilación; y le reiteró que hasta tanto no se expidiera el bono, el
Seguro no reconocería la pensión al peticionario.
6. El 21 de
septiembre de 1998 el Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Chía le envió un
memorando al Secretario de Hacienda, en el cual le ordenó que expidiera el bono
a favor del actor por un valor de treinta y tres millones setecientos noventa y
cinco mil pesos ($33.795.000.oo).
Según prueba que
obra en el expediente, la correspondiente consignación se efectuó el día 7 de
octubre de 1998, en la cuenta corriente 100-12549-1 del Banco Mercantil. Así
mismo copia de esta consignación se remitió al Vicepresidente de Pensiones y a
la Tesorería del Seguro, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto le
fijara esta entidad a la Alcaldía de Chía.
7. El 26 de
noviembre de 1998 el Vicepresidente de Pensiones del Seguro le remitió una
comunicación al Alcalde de Chía, en la cual le expresó lo siguiente:
“En atención al
pago parcial del bono pensional del asegurado de la referencia por valor de
$33’795.000.oo, me permito comunicarle que, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 65 del Decreto 1748 de 1995, adicionado por el artículo 27 del Decreto
1513 de 1998, la emisión del bono pensional está a cargo del último empleador o
entidad pagadora de pensiones antes del traslado al I.S.S. quien adelantará el
trámite de cobro de las cuotas partes a que haya lugar.
Para los fines
anteriores, el emisor actuará como mandatario para el pago y deberá transferir
al I.S.S. las sumas recibidas del contribuyente.
Por lo anterior
y con el objeto de proceder al reconocimiento y pago de la prestación, le
solicito efectuar a la mayor brevedad posible el procedimiento de cobro o
emisión de cupones de cuotas partes correspondientes”.
8. El Secretario de
Hacienda del Municipio de Chía dirigió las respectivas comunicaciones -el 14 de
diciembre de 1998 y el 15 de enero de 1999- al Congreso de la República y a la
Gobernación de Antioquia, entidades públicas en las cuales había prestado sus
servicios el accionante, con el fin de reiterarle la solicitud para que
cancelaran la cuota parte correspondiente del bono pensional del actor.
9. Mediante oficio
de fecha 15 de febrero de 1999, el Secretario de Hacienda le consultó al
Secretario Jurídico de la Alcaldía de Chía, acerca del pago total del bono
pensional, pese a que la accionada realizó el pago en forma parcial. El
Secretario Jurídico le advirtió acerca de los efectos que ocasiona el
incumplimiento en la totalidad del pago, ya que correspondería a la Alcaldía
asumirlo, como también lo concerniente a la seguridad social del petente.
10. El 3 de marzo de
1999, el Alcalde de Chía le informó al actor que había recibido comunicación
por parte de la Gobernación de Antioquia en lo referente al procedimiento de
expedición del bono pensional. Así mismo, le comunicó sobre el silencio que al
respecto había guardado el Congreso de la República.
11. Afirmó el
demandante que, como corolario de la negligencia y el desacato del Alcalde de
Chía en expedir la totalidad del bono pensional, su pensión de jubilación jamás
se iba a concretar, y que no contaba ni cuenta en la actualidad con los
recursos para su manutención y la de su familia, como tampoco con la oportuna
protección y atención de su seguridad social.
A juicio del actor,
se vio en la necesidad de instaurar la acción de tutela en referencia por
cuanto han sido infructuosos los esfuerzos por conseguir el pago total del bono
pensional a que tiene derecho y de esta manera acceder a su pensión de
jubilación. Por tanto, solicitó al juez de tutela que ordenara al demandado la
expedición del respectivo acto administrativo.
II. LA DECISION
JUDICIAL MATERIA DE EXAMEN
La Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante Fallo del dieciocho (18) de marzo de
mil novecientos noventa y nueve (1999), negó la tutela impetrada, por
considerar que el actor no podía obtener el cumplimiento de normas, ya que ello
es propio de la acción de cumplimiento regulada por la Ley 393 de 1997.
En otras palabras, a juicio del Tribunal,
el actor dispone de otro mecanismo de defensa judicial.
Para mejor proveer en el asunto en
referencia, el Magistrado Sustanciador, ya estando el expediente en sede de
revisión, ofició al Alcalde del Municipio de Chía con el fin de que informara y
certificara si ya había expedido la totalidad del bono pensional a que tiene
derecho el demandante y en caso negativo, informara de qué manera efectuó la
liquidación del bono en forma parcial, según obra en el expediente.
El demandado, al referirse al procedimiento
que adelantó la Alcaldía para la expedición de la cuota parte del bono
pensional que le correspondía al actor, manifestó:
“El procedimiento relacionado se efectuó
con fundamento en los preceptos e indicaciones otorgadas por los artículos 7 y
27 del Decreto número 1513 de agosto 4 de 1998, por medio del cual se modifican
y adicionan los artículos 17, parágrafos 1 y 2; y 65 del Decreto 1748 de 1995,
que se refieren respectivamente al PAGO DE BONOS Y PROCESO DE EMISION Y COBRO
DE CUOTAS PARTES.
Dentro de las mismas instrucciones
suministradas por el Instituto de Seguros Sociales, se deja claro la aplicación
de estas normas citadas, teniendo en cuenta que el caso de la emisión y pago
del Bono Pensional del señor VARGAS, se poseen CUOTAS PARTES PENSIONALES, en
las que se involucran diferentes entidades del Estado, quienes han sido
requeridas por esta Entidad, manifestando se sirvieran cancelar el Bono dentro
de los parámetros legales y directamente al Instituto.
Sin embargo, hasta la fecha solo se ha
recibido una respuesta negativa por parte de la Gobernación de Antioquia y el
silencio por parte del Fondo Prestacional del Congreso de la República,
saliéndose de las manos de esta Administración ya el cumplimiento del pago de
la totalidad del Bono en mención”.
En igual sentido afirmó que, si bien es
cierto la última entidad para la cual laboró el actor, es la encargada de
efectuar la totalidad del pago del bono pensional, también lo es -según el
demandado-, que debe existir el previo traslado del cobro a los contribuyentes
para que cancelen su cuota parte y esperar a que éstos confirmen el tiempo
laborado y el reconocimiento de la cuota a su cargo, mediante acto
administrativo expreso.
Finalmente, el
alcalde de Chía consideró estar eximido de cancelar la totalidad del bono
pensional a favor de VARGAS GONZALEZ, toda vez que no puede comprometer el
presupuesto destinado al desarrollo de las actividades propias de su
administración, sin contar con el respaldo de una posible redención económica a
cargo de terceros.
En otro de los
escritos allegados al expediente, el demandado informa que el demandante
impetró acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
También envió fotocopia de un oficio suscrito por el Jefe de la Oficina de
Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual le
informó sobre el trámite contemplado por el Decreto 1513 de 1999 para el pago
de los bonos pensionales.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Corte
Constitucional es competente para resolver sobre la revisión del fallo en
referencia, con fundamento a lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política.
2. Vulneración de
derechos fundamentales cuando no se define con prontitud el pago del bono
pensional
De acuerdo con el material que obra en el
expediente, el Seguro Social no ha podido reconocer y pagar la pensión de
jubilación a que tiene derecho el actor, por cuanto no se efectuó el pago total
del bono pensional, requisito previo contemplado en los artículos 17 y 44 del
Decreto 1748 de 1995, modificados por los artículos 6 y 13 del Decreto 1474 de
1997.
Sin embargo, es
oportuno advertir que en el presente asunto la última entidad a la cual prestó
sus servicios el demandante efectuó un desembolso parcial del bono pensional,
siguiendo para el cálculo de su liquidación las instrucciones que al respecto
le indicara la Oficina de Pensiones del Seguro Social.
Cabe recordar que en
varios fallos proferidos por esta Corporación se ha admitido que la acción de
tutela es procedente para reclamar la remisión de los bonos pensionales, y de
esta manera obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
jurisprudencia que se reiterará en este caso, sin que se modifique por el hecho
de haberse efectuado un pago parcial, pues de todas maneras subsiste la
vulneración de los derechos del accionante.
Al respecto es
oportuno reiterar lo expuesto en algunos fallos de tutela:
“Significa lo
anterior que, una persona que desea obtener su pensión de jubilación puede
acudir a la tutela para reclamar la remisión de los bonos pensionales a la
entidad que le va a decretar la prestación”. (Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia T-241 del 21 de mayo de 1998. M.P.: Dr.: Alejandro Martínez
Caballero)
“...una persona
que desea obtener su pensión de jubilación puede acudir a la tutela para
reclamar la remisión de los bonos pensionales a la entidad que le va decretar
la pensión. Se reitera entonces lo allí dispuesto y se ordenará en
consecuencia, que el Municipio de Titiribí, liquide y ponga a disposición del
ISS el dinero correspondiente al bono pensional necesario para el trámite de la
pensión de jubilación que se adelanta en dicha entidad”. (Corte Constitucional.
Sentencia T-549 del 1 de octubre de 1998. M.P.: Dr.: Vladimiro Naranjo Mesa).
La Sala encuentra
que en esta oportunidad el asunto se enmarca, a diferencia de los fallados en
las sentencias antes mencionadas, en el conflicto por el reconocimiento de la
totalidad de las cuotas partes para lograr el cubrimiento de la totalidad del
bono pensional.
Es decir, el
perjuicio que se ocasionó al actor por el hecho de que la última de las
entidades empleadoras efectuara el pago de su cuota parte, sin haber realizado
previamente el cobro de las respectivas cuotas a las otras dos empleadoras.
Con  base en el
material probatorio, se observa que la Alcaldía municipal de Chía tenía -de
acuerdo con las instrucciones de la Oficina de Pensiones del Seguro Social-
hasta el 15 de octubre de 1998 para efectuar la cancelación del bono pensional
de Silvio Humberto Vargas González. Sin embargo, la consignación de la cuota
parte se efectuó el 8 de octubre de 1998.
Aunque el Alcalde
haya buscado evitar que se le imputara a su Administración el pago de la
pensión o, en su defecto, el de intereses en caso de retardo en el pago de la
totalidad del bono, vulneró los derechos del accionante al no efectuar completa
la liquidación y consignación de lo correspondiente al bono pensional, actitud
que se esperaba de él según las normas legales vigentes.
Así mismo se observa
que el requerimiento formulado a las anteriores entidades empleadoras del actor
-Gobernación de Antioquia y Congreso de la República- se efectuó el 15 de enero
de 1999, es decir, casi tres meses después de la consignación parcial del bono
pensional.
Es decir, la
conducta del accionado no se ajustó a lo ordenado por los decretos 1748 de 1995
y 1474 de 1997, ya que antes de haber expedido y consignado lo que, según sus
cálculos, le correspondía cancelar por concepto de su cuota parte, debió haber
informado a las otras dos entidades cuotapartistas para que, previamente a que
concurrieran con sus respectivas obligaciones, validaran o negaran los tiempos
laborados por el actor y, una vez que se hubiese obtenido respuesta de dichos
periodos laborados, las entidades concurrirían a pagar su correspondiente cuota
parte y la Alcaldía de Chía, como última entidad empleadora, reconocería y
expediría la totalidad del bono pensional.
Precisamente para
evitar -según lo esgrimido por el demandado en uno de los escritos allegados al
expediente- que la Administración del Municipio de Chía comprometiera su
presupuesto sin tener el respaldo de una posible redención económica a cargo de
terceros, precisamente debió esperar la respuesta de las entidades
cuotapartistas -Gobernación de Antioquia y Congreso de la República- antes de
proceder al pago parcial del bono. Una vez tuviera las respuestas respectivas
acerca de lo que a cada una de las empleadoras correspondía liquidar, sí
procedería a expedir la Resolución mediante la cual se reconoce la totalidad
del bono pensional.
La Sala considera
que el conflicto suscitado entre las empleadoras del actor por la forma y
redención de sus cuotas partes no es asunto de análisis en la presente
instancia de revisión, ya que esta materia debe ser objeto de estudio por parte
de la jurisdicción competente.
Tampoco le asiste
razón al demandado cuando, con base en la respuesta que le enviara el Jefe de
la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
pretende la exoneración de su responsabilidad por la no cancelación de su
obligación laboral.
Entiende el municipio, que su conducta
encuadra en los parámetros señalados por esa Oficina, según los cuales:
“...las cuotas
partes de los bonos pensionales, a partir de la vigencia del Decreto 1513
de 1998, se emiten como cupones de los mismos, y que cada entidad contribuyente
es responsable ante la administradora o el tenedor del bono del pago de la
cuota parte incorporada al respectivo cupón.
(...)
De otra parte y
según los parámetros normativos del artículo 27 del mismo Decreto 1513 de 1998,
norma que se encuentra vigente y amparada por la presunción de legalidad, el
emisor sólo está obligado al pago de su porción suscrita en el bono y de
las cuotas a que hayan sido reconocidas y pagadas por los contribuyentes, lo
que significa que el bono pensional es la suma de los diferentes cupones y de
la parte del emisor. De igual manera es preciso tener en cuenta que el
emisor emite su parte del bono e informa a los contribuyentes el valor de
la cuota parte a su cargo y si estos la reconocen, están implícitamente
autorizando para suscribir “en nombre del contribuyente, el cupón
correspondiente a la cuota parte respectiva” el cual valga la pena repetir,
está a cargo del contribuyente”.(subrayas de fuera de texto)
Mal puede el demandado
fundamentar su excusa por la negligencia en expedir la totalidad del bono
pensional con base en el concepto anterior, toda vez que éste fue proferido en
el mes de junio de 1999, y la tutela en estudio presentada en el mes de marzo.
Por tanto, el municipio estaba sometido a las disposiciones que al respecto
reglamentaban el tema y no, como lo quiere, escudarse en la preceptiva del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Error en la
apreciación por parte del juez de conocimiento. Improcedencia de la acción de
cumplimiento para lograr decisiones que impliquen gasto
No comparte la Sala
el criterio esgrimido por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, según el cual el actor dispone de otro mecanismo judicial -la
acción de cumplimiento- para lograr la totalidad del pago del bono pensional.
Al parecer, la instancia desconoció el
hecho de que ante la negativa en la expedición del bono pensional, el Seguro
Social no ha podido reconocer la pensión de jubilación del actor y por tanto
acceder a los beneficios que le reporta su calidad de cotizante a esta entidad
de previsión social durante más de veinte años.
La Sala recuerda que, como lo ha sostenido
la jurisprudencia, a través de la acción de tutela se puede conceder el amparo
a los derechos de las personas de la tercera edad o de aquellas que se
encuentren bajo las hipótesis y dentro de los requisitos que señale la ley para
lograr su pensión de jubilación, estando en peligro sus derechos a una vida
digna, al mínimo vital, a la salud o a la integridad personal.
De acuerdo con lo
señalado por la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la
Constitución Política referente a la acción de cumplimiento, mediante Sentencia
C-157 del 29 de abril de 1998 (Ms. Ps.: Drs. Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara), al estudiar la constitucionalidad de algunas de sus
normas, esta Corporación afirmó:
"Las órdenes de
gasto contenidas en las leyes, por sí mismas, no generan constitucionalmente a
cargo del Congreso o de la administración, correlativos deberes de gasto. No
puede, en consecuencia, extenderse a este componente de las normas legales, la
acción de cumplimiento. La aprobación legislativa de un gasto es condición
necesaria, pero no suficiente para poder llevarlo a cabo. En efecto, según el
artículo 345 de la CP., no puede hacerse erogación alguna con cargo al Tesoro
que no se halle incluida en la ley de presupuesto. Igualmente, corresponde al
Gobierno decidir libremente qué gastos ordenados por las leyes se incluyen en
el respectivo proyecto de presupuesto (artículo 346 CP.).
Finalmente, las
partidas incorporadas en la ley anual de presupuesto, no corresponden a gastos
que “inevitablemente” deban efectuarse por la administración, puesto que ese
carácter es el de constituir “autorizaciones máximas de gasto”. El artículo 347
de la Carta Política, en punto a las apropiaciones del presupuesto precisa que
en ellas se contiene “la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar
durante la vigencia fiscal respectiva”. De ninguna manera se deriva de la
Constitución el deber o la obligación de gastar, aún respecto de las
apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso.
En el marco de la
acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto en una ley
se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se contempla
se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el Constituyente, lo
mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción
de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar su
virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe garantizarse y promoverse
por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las
restantes instituciones y mecanismos constitucionales.  Por lo demás, resulta
insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto
ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un
sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o
ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los
recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo
desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con
razón se censura".
Como en este caso,
por su propia naturaleza, la pretensión del accionante implicará gasto para el
municipio, no cabe la acción de cumplimiento.
En cambio, debe
prosperar el amparo judicial de los derechos a una vida digna, a la salud, al
mínimo vital y a la obtención de la pensión, que asisten al actor y que fueron
vulnerados por la conducta del Alcalde de Chía, según lo analizado en este
proceso.
Se revocará el Fallo
de instancia y se concederá la tutela para lograr el reconocimiento de la
totalidad del bono pensional.
DECISION
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCASE la sentencia proferida en el asunto de la referencia por la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 18 de
marzo de 1999, mediante la cual negó la tutela incoada.
Segundo.- En su
lugar, CONCEDESE la protección de los derechos del accionante a una vida
digna, a la salud, al mínimo vital y al pago oportuno y al reajuste periódico
de la pensión de jubilación.
En consecuencia, ORDENASE
al demandado que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta Sentencia, cancele al actor la totalidad del bono
pensional a que tiene derecho, siempre y cuando cuente con la debida
disponibilidad presupuestal
En caso contrario,
dispondrá del mismo término para iniciar las gestiones tendientes a obtener los
recursos necesarios para adelantar el pago del bono pensional tipo B.
Lo anterior, sin
perjuicio de los trámites que el municipio pueda adelantar para lograr el pago
de las cuotas partes a cargo de las anteriores empleadoras del actor.
Tercero.- DESE
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                           ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de voto a la Sentencia T-630/99
ACCION DE
CUMPLIMIENTO-Procedencia
para lograr decisiones que impliquen gasto (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-214555
Los suscritos magistrados aclaramos nuestro
voto en el siguiente sentido:
1. No nos pareció que fuese constitucional
lo plasmado en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 en el sentido de que la
acción de cumplimiento no cabe cuando por medio de ella se pretende que la
autoridad ponga en práctica una disposición que implica gasto.
Hemos pensado que tal restricción no se
deriva del artículo 87 de la Constitución y que, al haberse aceptado, los
alcances de la norma fueron notoriamente disminuidos, hasta el punto de hacer
prácticamente inútil este instrumento de defensa de los derechos.
2. No obstante, debemos acatar lo ya
resuelto por la Corte Constitucional, que en Sentencia C-157 del 29 de abril de
1998, citada en esta providencia, declaró exequible el aludido precepto legal.
Es por ello que, habiéndose expuesto en el
fallo de instancia que la acción de cumplimiento constituía medio idóneo de defensa
para obtener el pago del bono pensional, hemos tenido que hacer valer en este
caso, aunque no la compartimos, la aludida tesis, que ha sido materia de cosa
juzgada constitucional para justificar la procedencia de la tutela.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALVARO TAFUR  GALVIS
Magistrado
Fecha, ut supra.