T-468-19
Sentencia
T-468/19
PENSION DE INVALIDEZ-Caso
en que se niega reconocimiento de la pensión de invalidez, por incumplir el
requisito de cotización de 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Es
un derecho irrenunciable e imprescriptible
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación
al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial protección
PENSION DE INVALIDEZ-Régimen
legal aplicable
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD
CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de
estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente y
definitiva de la capacidad laboral
CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL-Concepto
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD
CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Se deberán tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
del estado de invalidez
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Orden
a Colpensiones reconocer pensión de invalidez de manera transitoria hasta que
justicia ordinaria resuelva de manera definitiva
Referencia: Expediente T-7.211.119
Demandantes: Julio
Rómulo Vargas Posada
Demandada: Administradora Colombiana de
Pensiones- Colpensiones
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D. C., ocho
(8) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio
José Lizarazo Ocampo, quien la preside, y las Magistradas Gloria Stella Ortiz
Delgado y Cristina Pardo Schlesinger, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
de la providencia del 19 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), Sala
de Decisión Constitucional, que confirmó la sentencia del 9 de
octubre de 2018, emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá
(Valle del Cauca), que declaró la improcedencia del amparo invocado por el
actor.
El expediente T-7.211.119
llegó
a la Corte Constitucional en virtud de lo ordenado por los artículos 86 (inciso
2°) de la Constitución y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante auto del 15
de marzo de 2019, la Sala Número Tres de Selección de Tutelas de esta
Corporación lo escogió para su revisión y éste fue repartido a la Sala Quinta
de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1.1 Hechos y pretensiones
1.1.1 El señor Julio Rómulo Vargas
Posada, a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela el 25 de
septiembre de 2018, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso, salud, seguridad social, mínimo vital y vida
digna, entre otros, que considera vulnerados por la Administradora Colombiana
de Pensiones-Colpensiones.
1.1.2 El accionante nació el 19 de
febrero de 1946, a la fecha tiene 73 años.
1.1.3 La vida laboral del señor Vargas
Posada transcurrió como se explica en el siguiente cuadro:
Periodo
de cotización
Semanas
cotizadas
Desde
Hasta
30/01/1967
12/05/1972
275,71
15/05/1972
23/11/1972
27,57
27/11/1972
20/03/1977
225,00
01/09/2001
30/09/2001
0,43
01/09/2002
30/09/2002
4,29
01/11/2002
31/12/2002
8,57
01/01/2003
31/01/2003
4,00
01/03/2003
31/08/2003
25,71
01/02/2011
31/12/2011
47,14
01/01/12
31/01/12
4,00
01/02/12
31/12/12
47,14
01/01/13
31/03/13
12,71
01/04/13
30/04/13
4,29
01/05/13
31/12/13
34,29
01/01/14
31/12/14
51,29
01/01/15
31/08/15
34,14
Total
semanas cotizadas
806,29
Manifestó al
efecto el accionante que en 2015 cesó su actividad laboral, en razón de su estado
de salud y avanzada edad, por lo cual dejó de cotizar.
1.1.4 Además, en
la demanda de tutela se expuso que en 2010, solicitó al Instituto de Seguros
Sociales el reconocimiento de la pensión de vejez. Sin embargo, su solicitud fue
negada, a través de la Resolución No. 106678, del 23 de agosto de 2010,
aduciendo que no contaba con los requisitos establecidos para tal efecto, al no
tener periodos cancelados.
1.1.5 Así mismo,
se informó que el señor Vargas Posada tiene graves problemas de salud, pues
padece de enfermedades degenerativas, tales como: “enfermedad coronaria por
lo cual se le intervino con STEM, también presentó hipertensión arterial,
secuelas de ACV hemiparesia D y por último diabetes mellitus”. Éstas fueron
tenidas en cuenta para que la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto del
Seguro Social, hoy Colpensiones, el 18 de octubre de 2011, calificara su
incapacidad laboral con un 67.04%, con fecha de estructuración el 5 de agosto
de 2011.
1.1.6 En
consecuencia, el actor solicitó a Colpensiones la pensión de invalidez. No
obstante, la administradora negó dicha petición a través de Resolución No. GNR
020442, del 13 de septiembre de 2012, con fundamento en que no acreditaba
cincuenta (50) semanas cotizadas, en los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez.  Frente a la señalada resolución el accionante
interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, pero la
decisión se confirmó a través de Resoluciones No. GNR 092110 del 11 de mayo de
2013 y No. VPB 6647 del 5 de noviembre de 2013.
El accionante
manifestó que solicitó a Colpensiones dar aplicación al principio de la
condición más beneficiosa, para que le sea otorgada la pensión de invalidez,
pero la accionada se ha negado a recibir la documentación, aduciendo que debe
volverse a calificar su capacidad laboral, lo cual se le dificulta por la falta
de recursos económicos.
1.1.7 Por
último, en la acción de tutela se hizo énfasis, por un lado, en que el señor
Vargas Posada, por su edad y estado de salud, es una persona en estado de
debilidad manifiesta. Además, no tiene capacidad económica para prodigarse lo
necesario, no posee bienes inmuebles que le generen algún ingreso para
sobrevivir y su esposa depende económicamente de él. Por otro lado, que, al ser
el actor beneficiario del régimen de transición, se debe dar aplicación al Acuerdo
049 de 1990 y pagársele su mesada pensional por invalidez desde el 5 de agosto
de 2011.
1.2 Actuación
procesal
Mediante auto
del 27 de septiembre de 2017, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tulúa
(Valle del Cauca), reconoció personería para actuar en representación del actor
a la abogada Sandra Patricia Ospina Suarez; admitió la acción de tutela; y, en consecuencia,
ordenó practicar todas las pruebas necesarias.
(i) Respuesta de
la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
A través de
escrito del 2 de octubre de 2018 la administradora solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta su carácter subsidiario,
pues el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial en la
Jurisdicción Ordinaria Laboral y, respecto de las Resoluciones No. GNR 092110 y
No. VPB 6647 que resolvieron los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la Resolución No. GNR 020442, que negó la pensión de
invalidez, se debe agotar el procedimiento administrativo correspondiente.
1.3 Decisiones
objeto de revisión
(i) Sentencia de
primera instancia
A través de fallo del 9 de octubre de
2018, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá (Valle del Cauca)
declaró improcedente la acción de tutela.
En su análisis tuvo en cuenta, en primer
lugar, que debían flexibilizarse los presupuestos del requisito de
subsidiariedad en el presente caso, en atención a que se trata de un sujeto de
especial protección constitucional, debido a su edad, y por ello resultaba
desproporcionado someterlo a un proceso ordinario laboral, por lo que el
recurso de amparo resultaría el medio idóneo para la reclamación de sus
derechos. No obstante, encontró que transcurrieron casi cinco (5) años entre la
expedición de la última resolución que confirmó la negativa de la pensión de
invalidez y la interposición de la presente acción, lo que, en su criterio, no
denota la necesidad de una protección urgente, que pueda acarrear un perjuicio
irremediable.
(ii) Impugnación
Mediante escrito
del 18 de octubre de 2018, la abogada del actor refirió que en el examen del
caso de su representado debe priorizarse el análisis de la aplicación del
principio de la condición más beneficiosa, con el fin de otorgarle la pensión
de invalidez, pues el señor Vargas Posada es una persona en debilidad
manifiesta, en razón de su edad, lo cual fue pasado por alto por el a quo.
Aunado a lo anterior, señaló que el accionante actualmente vive de la caridad
de sus familiares y amigos.
(iii) Sentencia
de segunda instancia
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), el 19
de noviembre de 2018, decidió confirmar la sentencia de primera instancia, con
base en las siguientes consideraciones:
“Dentro del
presente asunto, se puede concluir sin hesitación alguna la improcedencia del
amparo invocado (…) el actor cuenta con mecanismos idóneos y expeditos para
criticar la negativa de COLPENSIONES, en reconocer su pensión de invalidez;
acudiendo precisamente a la jurisdicción ordinaria laboral, que procede en
tanto se negó su pensión de invalidez (…) no se puede estimar como superado el
requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, pues no se avizoran agotados
los referidos mecanismos ordinarios o que se encuentre el actor, bajo la
inminencia de un perjuicio irremediable, pues, a más, de lo anterior,
transcurrió una amplia temporalidad entre la expedición de los actos
administrativos criticados y la interposición del presente amparo; de tal forma
que no se justifica que esta Sala, en sede constitucional, reemplace al juez
natural o a la autoridad judicial competente encargada del procedimiento, para
adoptar la decisión que en derecho corresponda (…)
En este caso, no
se evidenció un motivo válido para la dilación en que incurrió el accionante,
en interponer el amparo tutelar, y aun estando en la posibilidad de demostrarlo
en la alzada, tampoco lo hizo; por tanto es preciso concluir que la inactividad
no fue, bajo ningún punto de vista, justificada y ello no permitió al juez de
instancia, obviar la exigencia analizada (…)
De las pruebas
allegadas a la actuación, se avizora que el extremo impugnante permaneció
estático frente al presunto agravio de sus derechos fundamentales; en tanto
desde el acto administrativo VPB 6647 del 5 de noviembre de 2013,
transcurrieron 5 años hasta la interposición de la acción de tutela, lo cual
implica la desaparición de la inminencia de un perjuicio irremediable que
habilitaría la intervención excepcional del Juez constitucional.”
1.4 Pruebas
presentadas con la acción de tutela
Los siguientes
documentos que constituyen pruebas relevantes se presentaron en copia:
- Registro civil
de nacimiento del señor Julio Rómulo Vargas Posada
- Cédula de
ciudadanía del señor Julio Rómulo Vargas Posada
- Resolución No.
106678 del 23 de agosto de 2010, expedida por el Instituto del Seguro Social, que
negó la pensión de vejez al señor Julio Rómulo Vargas Posada
- Dictamen sobre
pérdida de la capacidad laboral del señor Julio Rómulo Vargas Posada, del 18 de
octubre de 2011
- Certificación
expedida por el Instituto del Seguro Social, el 16 de noviembre de 2011, de que
el señor Julio Rómulo Vargas Posada se presentó a recibir el dictamen de
calificación de pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez, SNML-7705
del 18 de octubre de 2011
- Parte de la
Resolución No. GNR 020442 del 13 de diciembre de 2012, expedida por
Colpensiones, a través de la cual se negó la pensión de invalidez del señor
Julio Rómulo Posada
- Recurso de
reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución No. 020442
- Resolución No.
GNR 092110 del 11 de mayo de 2013, emanada por Colpensiones, que confirmó la
Resolución No. 020442 del 13 de diciembre de 2012, a raíz del recurso de
reposición interpuesto
- Notificación a
Coomeva E.P.S. de retiro como cotizante del señor Julio Rómulo Vargas Posada, a
partir del 30 de agosto de 2015, radicada el 26 de agosto de 2015
- Reporte de
semanas cotizadas en pensiones por el señor Julio Rómulo Vargas Posada,
expedido por Colpensiones, actualizado al 19 de noviembre de 2015
1.5 Pruebas allegadas
en el trámite de primera instancia
Los siguientes
documentos reposan en el expediente en copia:
- Resolución
No. VPB 6647 del 5 de noviembre de 2013, emanada por Colpensiones, que confirmó
la Resolución No. 020442 del 13 de diciembre de 2012, a raíz del recurso de
apelación interpuesto
- Resolución
No. GNR 020442 del 13 de diciembre de 2012, expedida por Colpensiones, a través
de la cual se negó la pensión de invalidez del señor Julio Rómulo Posada
- Notificación
de la Resolución No. 020442 del 13 de diciembre de 2012
- Notificación
de la Resolución No. 092110 del 11 de mayo de 2013
1.6 Pruebas decretadas
y  allegadas en sede de revisión
1.6.1 Pruebas
decretadas
A través de auto
del 7 de mayo de 2019, este Tribunal solicitó a Colpensiones allegar copia del
expediente administrativo completo, que obrara en esa entidad, en relación con
la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez del señor Julio Rómulo
Vargas Posada.
De igual manera,
al accionante se le solicitó allegar su historia clínica reciente y absolver
algunas preguntas relacionadas con su mínimo vital y explicar las razones por
las cuales no ha acudido ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral para reclamar
la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
1.6.2 Pruebas
allegadas
(i)
Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
En escrito
radicado el 13 de mayo de 2019, expuso que la acción de tutela no cumple con
los requisitos  de procedibilidad, puntualmente los de inmediatez y
subsidiariedad. A este respecto precisó, en primer lugar, que siendo que la
resolución que confirmó la negativa del reconocimiento de la pensión de
invalidez se expidió el 5 de noviembre de 2013 y el amparo se interpuso en
2018, han transcurrido 5 años después de la presunta vulneración de los
derechos del actor, por lo que no se puede considerar un plazo razonable.
En  segundo
lugar, manifestó que cursa un proceso ordinario en el que se ventila el mismo
asunto de la presente acción, dentro del cual se ha expedido sentencia de
primera instancia y se halla pendiente la decisión en el grado jurisdiccional
de consulta. Al efecto, anexó auto admisorio de la demanda ordinaria dentro del
proceso ordinario laboral radicado con el No. 76 834 31 05 001 2017 00084 00,
en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tulúa-Valle.
Adicionalmente,
hizo alusión a que el actor presentó anteriormente otra acción de tutela por
los mismos hechos y cuya sentencia de segunda instancia, del 15 de noviembre de
2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga-Sala de
Decisión Laboral, confirmó la sentencia de primera instancia que negó por
improcedente el amparo. Colpensiones allegó copia de la sentencia referida, en
cuyo aparte denominado “SOLICITUD”, se consigna lo siguiente “de conformidad
con los hechos expuestos anteriormente, solicita el accionante, se ampare sus
derechos constitucionales y en consecuencia se ordene a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, a la cual cree tener derecho
(fl.1 a 27).”
De igual manera,
indicó que tampoco se encuentra probada la existencia de un perjuicio
irremediable, ya que en el registro público “MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS”, en
la página web de la ADRES, se encontró que el último periodo cotizado en el
régimen contributivo por el actor fue marzo de 2019, y lo ha hecho de forma
continua desde 2013, lo que, en su criterio, es un indicio de que dispone de
recursos económicos para realizar aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Finalmente, hizo
referencia a que es preciso que la calificación de pérdida de capacidad laboral
sea actualizada, según lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, pues
fue expedida hace 8 años aproximadamente. Advirtió que este procedimiento es
gratuito y se encuentra publicado en la página web de Colpensiones.
Además, el 14 de
mayo de 2019, allegó copia del expediente administrativo del señor Julio Rómulo
Vargas Posada.
(ii) Accionante,
Julio Rómulo Vargas Posada
No allegó la
información solicitada.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Sala Quinta de
Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del
trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3° del
artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión previa
Teniendo en cuenta los argumentos
expuestos por la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, en sede
de revisión, respecto a la posible existencia de temeridad en el presente asunto,
esta Sala de Revisión realizará un breve pronunciamiento para definir si, en
efecto, se configura dicho fenómeno.
Según lo
establece el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, habrá temeridad cuando “sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, por lo cual “se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”. De allí se infiere que se
incurre en temeridad en caso de que se presenten dos o más acciones de tutela
que cuenten con identidad de demandante (ya sea que actúe directamente o a
través de apoderado), identidad de hechos y la inexistencia de un factor que
justifique la necesidad de interponer una nueva acción.
En
ese sentido, la temeridad ha sido entendida por la jurisprudencia
constitucional como una vulneración del principio de buena fe, en tanto que
constituye un abuso del derecho a interponer una acción de tutela para proteger
los derechos fundamentales. Con todo, esta Corporación ha aclarado que “la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones
injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente
acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o
revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen
minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del
acervo probatorio que repose en el proceso”[1].
Por lo anterior,
el hecho de que existan dos acciones de tutela por hechos similares no implica
por sí mismo un acto de temeridad, sino que existen casos en los cuales es
posible realizar un estudio de fondo de la nueva acción de tutela aún a pesar
de dicha identidad de hechos.[2]
Estos casos se presentan cuando[3]
i) el juez advierta que los derechos fundamentales que dieron lugar a la acción
de tutela anterior continúan siendo vulnerados; ii) el accionante haya sido
erróneamente asesorado por los profesionales en derecho; iii) la aparición de
hechos que ocurrieron con posterioridad al trámite de la primera acción o que
se omitieron en el trámite de la misma o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para
decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante y, finalmente, v) la jurisprudencia ha
aceptado la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la
Corte Constitucional ha proferido una sentencia de unificación con efectos inter
pares que creó o modificó una regla con posterioridad a la fecha en que fue
fallada la primera acción de tutela.[4]
En el presente caso, advierte la Corte
que el actor acudió en una oportunidad anterior a la acción de tutela,
tramitada en primera instancia ante el Juzgado Laboral del Circuito de Tulúa[5] y en
segunda instancia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle)[6], con el
propósito, entre otros, de solicitar la protección de sus derechos a la salud,
seguridad social y vida digna, presuntamente vulnerados por Colpensiones, al
negarse a reconocerle la pensión de invalidez, a través de Resolución No. 20442
del 13 de diciembre de 2012, y, por lo tanto, solicitó se ordene a la administradora
accionada el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez.
No obstante lo
anterior, en primer lugar, la Sala encuentra que, si bien el actor ha recurrido
a la acción de tutela con el mismo propósito que ahora esgrime, las decisiones
que sobre el particular se adoptaron no se pronunciaron sobre el fondo de la
problemática planteada, es decir, no han adelantado un análisis material sobre
la presunta afectación de los derechos fundamentales, ya que, en primera
instancia, se declaró improcedente el amparo y, en segunda instancia, se
confirmó tal decisión, por lo cual no produjeron efectos vinculantes.[7]
En segundo
lugar, la jurisprudencia constitucional ha resaltado en reiteradas
oportunidades que el derecho fundamental a la seguridad social (en especial en
lo que respecta a la pensión) implica continuidad en el tiempo, de manera que
es un derecho que puede ser vulnerado en cualquier momento mientras dure la
prestación. En ese sentido, la presentación de una acción de tutela para la
protección del derecho fundamental a la seguridad social no impide la
posibilidad de que el derecho sea afectado en el futuro o que la primera
vulneración continúe y que sea posible, por tanto, acudir a una nueva acción de
amparo.[8]
En este caso, la Sala advierte que los derechos
fundamentales que dieron lugar a la primera acción de tutela continúan siendo
vulnerados, pues según la demanda de tutela, la situación del actor se ha
venido deteriorando con el paso de los años, tanto en sus condiciones de salud,
por el curso natural de sus enfermedades, como en el aspecto económico y la
pensión de invalidez no le ha sido reconocida.
En tercer lugar,
la Sala observa que después de la interposición de la primera acción de tutela
(2016) y antes de la presentación de la segunda, que ahora se revisa, el actor acudió
a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, un hecho nuevo frente la situación
planteada la primera vez. Además del anterior, tuvieron lugar dos hechos
jurídicos nuevos, respecto de la primera acción de tutela, pues ésta se
presentó antes de que fuera publicado el texto completo de la sentencia SU-442
de 2016, en la que se unifica la jurisprudencia frente a la aplicación de la
condición más beneficiosa,[9]
es decir, antes del 11 de octubre de 2016,[10]
fecha en la que se envió a la relatoría de la Corte Constitucional,[11]con el
fin de que sea publicada en la página web de la institución y, con ello, de
conocimiento de la ciudadanía en general. Por lo tanto, en la segunda acción de
tutela, sí se hace referencia puntual a la sentencia señalada y se solicita su
aplicación al caso del actor.
Aunado a lo
anterior, el 7 de marzo de 2017 se envió, para su publicación, a relatoría de
la Corte Constitucional el texto completo de la sentencia SU-588 de 2016, que
unificó la jurisprudencia sobre la pensión de invalidez y capacidad laboral
residual y aunque frente a este último concepto el actor no hace ninguna
referencia en la acción de tutela que se estudia, es evidente que en este fallo
se ampliaron las reglas jurisprudenciales frente a la fecha de estructuración
de la invalidez, en el sentido que no pueden desconocerse las semanas
efectuadas con posterioridad a la misma y deberán tenerse en cuenta todas las
semanas cotizadas al sistema, aspecto directamente relacionado con los hechos
presentados en la demanda de tutela.
Por último, no se advierte un actuar
doloso y de mala fe del señor Vargas Posada. Pues el último de
los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del actor resulta
amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende
a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra
justicia.[12] Sin
embargo, en el caso que se revisa el actor pretende que, conforme se agrava su
situación respecto de su condición de invalidez, se le reconozca un derecho del
que cree ser beneficiario, necesario para su subsistencia y con ello satisfacer
su mínimo vital. Al efecto, se subraya que el actor se encuentra en un alto
grado de vulnerabilidad, en atención a su edad y sus limitadas capacidades
físicas, por lo que se trata de un sujeto de especial protección constitucional
y ante el apremio de sus necesidades y la falta de una decisión definitiva en
este asunto, es evidente que no actuó de forma temeraria al incurrir en
duplicidad de interposición de amparo.[13]
Sobre esas bases, a continuación la Sala formulará el
problema jurídico que plantea el presente asunto, con el fin de resolver el
litigio constitucional formulado por el accionante.
3. Problema
jurídico
A partir de las circunstancias
que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones
proferidas por los jueces de instancia, este Tribunal debe determinar si se
configura una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, el debido
proceso, la salud, la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna, entre
otros, del señor Julio Rómulo Posada, por parte de la Administradora Colombiana
de Pensiones-Colpensiones, al negarle esta entidad el reconocimiento
de la pensión de invalidez, con fundamento en que no acreditaba cincuenta (50)
semanas cotizadas, en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración
de la invalidez, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 860 de 2003.
Para resolver el
problema
jurídico planteado, esta Corporación se ocupará de los siguientes temas: (i)
la acreditación de los requisitos de procedencia referentes a la legitimación y
al principio de inmediatez; (ii) la procedencia excepcional de la acción
tutelar para el reconocimiento de derechos pensionales y el principio de
subsidiaridad;
(iii) el régimen jurídico de la pensión de invalidez; (iv)
la fecha
de estructuración de la invalidez a partir del retiro material y efectivo del
mercado laboral y (v) el examen constitucional del caso concreto.
4.
Examen de los requisitos de procedencia referentes a la legitimación y al
principio de inmediatez
4.1 Legitimación por activa
Según lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario, al que puede acudir toda
persona cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por
la acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o los
particulares en los casos previstos en la ley, y no exista otro mecanismo de
defensa judicial idóneo para su protección efectiva.
En
este sentido, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, “[p]or el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, determina que: “La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.//También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.//También
podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
(Subrayado fuera del texto).
El señor Julio
Rómulo Vargas Posada actuó por medio de su apoderada judicial, Sandra Patricia Ospina
Suarez, abogada en ejercicio, a quien otorgó poder debidamente anexado al
expediente.
El actor acudió al
juez constitucional en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales a la igualdad, el
debido proceso, la salud, la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna, presuntamente vulnerados por la entidad accionada al negar el
reconocimiento de la pensión de invalidez, bajo el argumento de no contar con cincuenta
(50) semanas cotizadas en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración.
En tal virtud, esta Sala considera que se encuentra legitimado para actuar en
la presente causa.
4.2 Legitimación por pasiva
De conformidad
con los artículos 86 de la Constitución Política y 5º del Decreto 2591 de 1991,
Colpensiones es demandable a
través de la acción constitucional, dado que es una
autoridad pública que tiene la naturaleza de Empresa
Industrial y Comercial del Estado[14],
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
vinculada al Ministerio de la Protección Social, según el artículo 155 de la
Ley 1151 de 2007[15], a
quien se le atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales del
actor Julio Rómulo Vargas Posada.
En
efecto, dicha entidad en ejercicio de sus funciones negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez de Julio Rómulo Vargas Posada, lo
que dio lugar a la presentación de la solicitud de amparo.
4.3 Principio de inmediatez
La acción de tutela
procura garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la
transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental, motivo por el cual,
por regla general, entre la ocurrencia de los hechos en que se funda la
pretensión y la presentación de la demanda, debe haber trascurrido un lapso
razonable.
No obstante,
cuando se pretende el reconocimiento de un derecho de carácter pensional, esta
Corporación ha sostenido que el requisito de inmediatez debe tenerse por
cumplido siempre, dado que se trata de “una prestación periódica de carácter
imprescriptible”[16]
que compromete de manera directa el mínimo vital de una persona. Por
consiguiente, las solicitudes relacionadas con su “reconocimiento guardan
constante actualidad y se pueden efectuar en cualquier tiempo”[17]
.
Esto cobra mayor
vigor tratándose de personas adultos mayores y en estado de invalidez, quienes
son sujetos de especial protección constitucional, en parte, debido a que por
su condición ven menguada la posibilidad de acceder al mercado laboral y, por
ende, de satisfacer su mínimo vital y, a la vez, de garantizar el acceso a un
tratamiento de salud riguroso y constante, como, por lo general, exige su
discapacidad. Para ellos, el acceso a una prestación que permita su
subsistencia digna es una necesidad apremiante, independientemente del paso del
tiempo. Al respecto, esta Corporación haciendo referencia a derechos
pensionales ha sostenido que “resultaría desproporcionado privar a sus
destinatarios de la posibilidad de buscar su respeto en cualquier momento,
sometiéndolos, por el contrario, a un perpetuo estado de desamparo que
atentaría contra la dignidad humana”[18].
Acorde con lo
anterior y teniendo en cuenta que el accionante es un adulto mayor, pues tiene
73 años, y una  persona calificada con pérdida de capacidad laboral superior al
67.04%, diagnosticada en razón de “enfermedad coronaria por lo cual se le
intervino con STEM, también presentó hipertensión arterial, secuelas de ACV
hemiparesia D y por último diabetes mellitus” y que cuenta con
limitados recursos económicos, se considera que la acción de tutela es el
mecanismo idóneo para estudiar la procedencia del reconocimiento pensional.
Ello, independientemente de la fecha a partir de la cual se haya estructurado
la invalidez o se haya negado el reconocimiento de la prestación, pues, la afectación
de los derechos del accionante, como consecuencia de la falta de reconocimiento
de la pensión de invalidez, se mantiene a pesar del transcurso del tiempo y,
aunado a ello, lo contrario resultaría desproporcionado y desatendería la
necesidad apremiante del accionante de acceder a un ingreso que le permita
sobrellevar su avanzada edad y de contera las enfermedades que padece, de
manera que pueda garantizar su mínimo vital y una vida digna.
4.4 Subsidiariedad[19]
El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política establece
el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de
tutela así: “[E]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
De este modo, la norma determina que, si hay otros mecanismos de
defensa judicial que sean idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
ellos y no a la acción de tutela. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional[20] al afirmar que, cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos fundamentales, no puede desconocer las acciones judiciales ordinarias
contempladas en el ordenamiento jurídico.
La inobservancia
de tal principio es causal de improcedencia de la tutela, a la luz de lo
dispuesto en el numeral 1º del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991[21]. La
consecuencia directa de ello es que el juez constitucional no puede entrar a
discernir el fondo del asunto planteado si el accionante cuenta con otros
medios de defensa judicial.
Sin embargo, en virtud
de lo establecido en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991,
aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos
que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se acredita que: (i)
el mecanismo no es idóneo ni eficaz, o (ii) “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia
de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia
de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela”.[22]
En el primer supuesto, la aptitud del
medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en
consideración a las características procesales del mecanismo y al derecho
fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de
la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental
invocado[23].
Por el contrario, la Sentencia T-471 de 2017[24] indicó que un medio de defensa no es
idóneo cuando éste no ofrece una solución integral y no resuelve el conflicto
en toda su dimensión constitucional. En caso que no ofrezca una protección
completa y eficaz, el juez puede entonces conceder el amparo constitucional de
forma definitiva o transitoria según las circunstancias particulares que se
evalúen[25].
Respecto al
segundo supuesto, esta misma sentencia estableció que el perjuicio irremediable
se presenta “cuando existe un menoscabo moral o material injustificado que
es irreparable, debido a que el bien jurídicamente protegido se deteriora hasta
el punto que ya no puede ser recuperado en su integridad.”[26]
Respecto a sus características esenciales, en primer lugar, el daño debe
ser inminente, es decir, debe estar por suceder y no ser una mera
expectativa ante un posible menoscabo, aunque el detrimento en los derechos aún
no esté consumado. Segundo, las medidas que se deben tomar para evitar la
ocurrencia del perjuicio irremediable deben ser urgentes y precisas ante
la posibilidad de un daño grave, el cual es evaluado por la intensidad
del menoscabo material a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
Finalmente, la acción de tutela debe ser impostergable, para que las
actuaciones de las autoridades públicas o particulares del caso respectivo sean
eficaces y puedan asegurar la debida y cabal protección de los derechos
fundamentales comprometidos[27].
Reiteración
del principio de subsidiariedad de la acción de tutela para obtener el
reconocimiento y pago de acreencias pensionales
Ahora bien,
esta Corporación ha establecido que la procedencia de la acción de
tutela para el reconocimiento de prestaciones pensionales se sujeta a las
siguientes reglas: “(i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar
de la existencia de un medio ordinario de defensa para el reconocimiento de la
prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme
a la especial situación del peticionario[28];
(ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario
dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a
las especiales circunstancias del caso que se estudia[29].
Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que
requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres
cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la
tercera edad, entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela
es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos
rigurosos[30].”[31]
En este sentido, la Sentencia
T-087 de 2018[32]
especificó que, en estos casos, el amparo constitucional procede cuando la
falta de pago de la prestación genera un alto grado de vulneración de los
derechos fundamentales del afectado, y se ha desplegado cierta actividad
administrativa y judicial por el interesado.
Asimismo, la Sentencia T-222 de
2018[33] recordó
los criterios que el juez debe valorar para establecer si los medios para
solicitar la prestación social son eficaces e idóneos[34]: “(i) la edad del accionante, puesto que las personas de la tercera edad
son sujetos de especial protección constitucional; (ii) su estado de salud y
las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda encontrarse; (iii) la
composición de su núcleo familiar; (iv) las circunstancias económicas en las
cuales se encuentra; (v) que se haya agotado cierta actividad administrativa y
judicial tendiente a obtener el reconocimiento del derecho; (vi) el tiempo
transcurrido entre la primera solicitud y la interposición del amparo
constitucional; (vii) su grado de formación escolar y el posible conocimiento
que tenga acerca de la defensa de sus derechos y, por último, (viii) que tenga
cierto nivel de convicción sobre la titularidad de los derechos reclamados.”
Por
lo tanto, el juez de tutela debe valorar cuáles son las circunstancias personales
del accionante para determinar si las herramientas judiciales ordinarias son
idóneas y efectivas. En caso de que no lo sean, el accionante puede reclamar
por vía del amparo constitucional el derecho a percibir el pago de prestaciones
pensionales, puesto que pueden verse afectadas garantías superiores. En efecto,
en relación con los sujetos de especial protección constitucional y aquellos
que por su condición económica, física o mental se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, esta Corporación ha indicado que someterlos a los rigores
de un proceso judicial puede resultar desproporcionado y lesivo de sus derechos[35].
En
atención a los criterios que ha establecido la Corte Constitucional para que el
reconocimiento y pago de derechos pensionales puedan ser amparados mediante una
acción de tutela, a continuación se analizan las características específicas
del caso en estudio.
En el caso del señor Julio Rómulo
Vargas Posada, se tiene que a pesar de la existencia de un medio
ordinario de defensa para el reconocimiento de la pensión de invalidez, ante la
Jurisdicción Ordinaria Laboral, donde en efecto se presentó demanda laboral,
encaminada al reconocimiento de la pensión de invalidez, pero que aún no ha
resuelto el caso de forma definitiva, pues actualmente se surte el recurso de
apelación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme
a su especial situación.[36]
Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una persona de 73 años, con un
deterioro progresivo de su salud,[37]
en condición de discapacidad,[38]
circunstancias que le impiden trabajar y de esta manera se encuentra
afectado su mínimo vital y el de su familia, teniendo en cuenta que su esposa
depende económicamente de él, por demás que tampoco posee bienes inmuebles que
le generen algún tipo de ingreso para sobrevivir. En consecuencia, se ve
afectada su dignidad humana, entre otros derechos fundamentales, ya que, según
se alega en la demanda, depende de la caridad de familiares y amigos,
afirmaciones que no fueron desvirtuadas de forma certera por la demandada. Por
lo que se trata de un perjuicio inminente y grave, que requiere la adopción de
medidas urgentes y frente al cual la respuesta que se demanda por vía judicial
debe ser eficiente y oportuna, a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable.
De acuerdo con lo expuesto, el accionante se encuentra
en un alto grado de vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.
Aunado a lo
anterior, observa
la Sala que el accionante radicó una solicitud en ejercicio del derecho de
petición a Colpensiones para que le sea reconocido su derecho a la pensión de
invalidez. Frente a la negativa de Colpensiones, interpuso, en su momento los
recursos de reposición y apelación, los cuales igualmente fueron decididos de
forma desfavorable, motivo por el cual presentó demanda ordinaria laboral y
ante la demora de la misma en resolver su caso y el apremio de sus necesidades,
presentó la demanda de tutela que se estudia. Desde este punto de vista, se
observa que el accionante ha desplegado una considerable actividad
administrativa y judicial en defensa de sus derechos.
Finalmente,
es preciso hacer referencia al argumento esgrimido por Colpensiones, a efectos
de desvirtuar la probabilidad de la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
cuando afirma que es un indicio en contra de la configuración de esta excepción
al principio de subsidiariedad, que el actor aparezca en la página web de la
ADRES como cotizante, pues ello indicaría que dispone de los recursos
económicos necesarios para efectuar tales pagos. Sin embargo, tal información
no es contundente como elemento de prueba, pues que una persona se encuentre activa
en este sistema de consulta de base de datos de afiliados del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, no necesariamente implica que se encuentre
cotizando a pensiones y, además, allí no se hace un resumen detallado de las
semanas cotizadas. Por si fuera poco, fue Colpensiones, en calidad de
demandada, la que allegó un reporte de semanas cotizadas únicamente hasta el 31
de agosto de 2015. Por último, no hay certeza de que, en caso de estar el actor
cotizando a pensiones, sea en razón de que se encuentra trabajando o de que
posea recursos económicos que así se lo permitan.
No
obstante lo anterior, cabe aclarar que de encontrarse, en el examen de fondo de
este asunto, que al actor le asiste el derecho a la pensión de invalidez, se
otorgará un amparo transitorio, ante la urgencia de la protección de los
derechos fundamentales del señor Vargas Posada, pues se encuentra comprometida
su vida digna e integridad física, hasta tanto se adopte una decisión definitiva
en el proceso ordinario laboral radicado con el No. 76 834 31 05 001 2017 00084
00, cuyo trámite esta Sala verificó[39].
Por lo anterior,
la Sala concluye que se encuentran satisfechos los requisitos enunciados por la
jurisprudencia constitucional, para encontrar acreditado el principio de
subsidiariedad. De ahí que, más adelante, se examinará si el señor Julio Rómulo
Vargas Posada tiene derecho a la pensión solicitada.
5. Régimen
jurídico de la pensión de invalidez
El derecho a la
seguridad social que se encuentra regulado en el artículo 48 de la Constitución
Política[40],
busca garantizar y proteger la dignidad humana frente a las contingencias de enfermedad, vejez y muerte.
Este derecho se contrae al reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez o
de sobrevivientes, a través de las cuales se protege al trabajador y su núcleo
familiar en caso de proceder alguna de las citadas eventualidades.
La pensión de
invalidez, en particular, procede para quien ha sufrido una limitación física, sensorial o psíquica que le ha
ocasionado la pérdida de su capacidad laboral. Esta prestación comporta
especial importancia en un Estado Social de Derecho, habida cuenta que permite
a la persona en estado de discapacidad acceder a una prestación mensual que
garantice su subsistencia digna, con requisitos menos exigentes que la pensión
común de vejez, protegiendo, de esta manera, la igualdad material prevista en
el artículo 13 Superior.
Actualmente,
para estudiar la procedencia de su reconocimiento deben tenerse en cuenta los
requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990,
en el texto original de la Ley 100 de 1993 y en la Ley 860 de 2003, por
consiguiente, es menester realizar un sucinto recuento de estos textos
normativos.
Por
medio del Decreto 758 de 1990 se aprobó el Acuerdo Número 049 de 1990 con el
que “se [expidió] el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte”. En el artículo 6º de esta disposición se
exigía, para reconocer la pensión de invalidez, que el cotizante contara con 150
semanas cotizadas en los 6 años anteriores a la fecha de estructuración o 300
semanas en cualquier tiempo[41].
Esta disposición
fue derogada mediante la Ley 100 de 1993[42]
“[p]or la cual se crea el sistema de
seguridad social integral”. A través del artículo 39 se cambiaron los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, en los
siguientes términos (i) si la persona se encontraba cotizando debía
tener 26 semanas aportadas al Sistema de Seguridad Social; de lo contrario,
(ii) debía contar con 26 semanas cotizadas en el  año inmediatamente anterior a
fecha en que se  produjera el daño.
Posteriormente,
se expidió la Ley 797 de 2003[43]
“[p]or la cual se reforman
algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados
y especiales”. Los requisitos para acceder a la pensión de invalidez fueron
modificados a través del artículo 11, no obstante, este fue declarado
inexequible debido a vicios de procedimiento[44],
situación que dio lugar a la expedición de la Ley 860 de 2003, que actualmente
se encuentra vigente.
A través de la
Ley 860 de 2003[45],
“[p]or la cual se reforman
algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100
de 1993”, se aumentó a 50 el número de semanas que deben cotizarse al
Sistema de Seguridad Social y a 3 años el lapso durante el cual deben cotizarse
con anterioridad a la fecha de estructuración. Ello, a menos que a) la persona
tenga menos de 20 años, evento en el cual debe contar con 26 semanas cotizadas
en el último año; o b) que la persona cuente con el 75% de las semanas exigidas
para acceder a la pensión de vejez, en cuyo caso debe contar con 25 semanas
cotizadas en los últimos 3 años[46].
Así las cosas,
para efectos de este reconocimiento prestacional debe analizarse la Ley 860 de
2003.
6. Fecha de
estructuración de la invalidez a partir del retiro material y efectivo del
mercado laboral
Ahora bien, los
criterios en los cuales se sustenta el legislador para determinar el
reconocimiento de la pensión de invalidez se centran en el porcentaje de la
pérdida de capacidad laboral, el cual debe ser igual o superior al 50%, y el
cúmulo de un monto de semanas cotizadas antes de la fecha de estructuración.
La pérdida de
capacidad laboral antes de 2014 la determinaba la Vicepresidencia de Pensiones
del Instituto de Seguro Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 100 de 1993, el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 y la Resolución 1971 de
1999 del Ministerio del Trabajo.
Posteriormente,
en principio, la determina “Colpensiones, las Administradoras de Riesgos
Profesionales (ARP), las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez
y muerte y las Entidades Promotoras de Salud EPS”[47].
Ello, a través de un dictamen expedido conforme con el Decreto 1507 de 2014, “Manual
Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”.
Este debe contener: el grado de la invalidez, la fecha de estructuración
y el origen de las contingencias; así como los fundamentos de hecho y de
derecho que motiven la decisión.
La fecha de
estructuración, según el artículo 3º del Decreto 1507 de 2014[48],
responde a los siguientes criterios: (i) se determina teniendo en cuenta el
momento a partir del cual una persona alcance el 50% de pérdida de capacidad
laboral u ocupacional, ya sea por una enfermedad o accidente (de acuerdo con “la
evolución de las secuelas”); (ii) debe fundamentarse en la historia
clínica, los exámenes médicos y de ayuda diagnóstica o, en su defecto, en la
historia natural de la enfermedad; (iii) puede ser anterior o corresponder a la
fecha en que se declare la pérdida de la capacidad laboral; (iv) debe estar
argumentada por el calificador, de lo cual se debe dejar constancia en la
correspondiente determinación y (v) no depende de que “el solicitante se
encuentre laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral”.
Respecto al
primer criterio, esto es, que la fecha de estructuración de invalidez se
determina a partir del momento en el cual una persona alcanza el 50% de pérdida
de capacidad laboral, se precisa que ello puede ocasionarse instantánea o
paulatinamente. En el primer evento, la fecha de estructuración corresponde a
aquella en la que se produce el daño, lo cual coincide, por lo general, con la
ocurrencia de un accidente. En todo caso dependerá del dictamen médico. En el
segundo, el criterio radica en la pérdida definitiva y permanente de la
capacidad laboral, producida con ocasión al desarrollo de una enfermedad,
situación que se presenta, por lo general, en pacientes que padecen
enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas.
En el segundo
caso, esto es, cuando se trata de enfermedades con deterioro progresivo, es
dable entender que la fecha de diagnóstico o aquella en la que aparece el
primer síntoma no coincida con la fecha en que la persona pierda la capacidad
definitiva y permanente de ejercer una actividad laboral. No obstante,
reiteradamente esta Corporación ha conocido casos en los cuales las entidades
calificadoras determinan la fecha de estructuración siguiendo esos dos
parámetros. Situación que ha sido objeto de debate puesto que, por un lado, ha
dado lugar a que la calificación de invalidez obedezca a una ficción jurídica
ajena a la situación real del afectado[49]
y, a la par, ha sido una justificación para que las administradoras de
pensiones desconozcan las semanas cotizadas con posterioridad a tal fecha de
estructuración.
Comúnmente, esta
circunstancia ha sido conocida por la Corte Constitucional a través de la
pérdida de capacidad laboral residual, frente a la cual, siguiendo lo dicho,
una persona a pesar de estar diagnosticada con una enfermedad degenerativa, crónica
o congénita, conserva su capacidad laboral. Al efecto, esta Corporación ha
señalado que “la fecha de estructuración debe entenderse como aquella en la
que se concreta el carácter de permanente y definitivo que impiden que la
persona desarrolle cualquier actividad laboral y continúe cotizando, y no la
señalada retroactivamente en la calificación, pues [ello] sólo indica cuando se
presentaron los primeros síntomas”[50].
Siguiendo este parámetro, cuando se evidencia que
la pérdida de capacidad laboral se estructura en una fecha que dista de la
señalada en el dictamen emitido por la entidad calificadora, la Corte
Constitucional ha señalado, con fundamento en la pérdida de capacidad laboral
permanente y definitiva, diferentes criterios a partir de los cuales se ha
presumido y definido la pérdida de capacidad laboral. Por ejemplo, se ha determinado como fecha de estructuración aquella en la
cual se realizó la última cotización[51], la fecha en la que se realizó
el dictamen de pérdida de capacidad laboral[52] e, incluso, con fundamento en
la fecha en la cual se solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez[53].
En todo caso, el núcleo esencial
de estos criterios radica en que la persona, por sus padecimientos, no pueda
continuar desempeñándose laboralmente[54].
Al
efecto, se destaca la Sentencia T-427 de
2012 a través de la cual se estudió el caso de una persona diagnosticada con
retardo mental severo, cuya fecha de estructuración de invalidez se determinó
como la fecha de su nacimiento. A pesar de que el accionante padecía una
enfermedad congénita, había trabajado y cotizado al Sistema de Seguridad Social
hasta el momento en el cual fue retirado de su empleo y, desde entonces, no le
fue posible acceder a una nueva oferta laboral. En esta oportunidad, la Corte
Constitucional señaló: “(…) Integrando la interpretación de las normas
reglamentarias que regulan la fecha de estructuración del estado de invalidez
de las personas (Decreto 917 de 1999) con las normas constitucionales e
internacionales que actualmente garantizan la protección de los derechos de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, la Sala de
Revisión debe concluir que la fecha en que el actor dejó de trabajar constituye
el momento en que su discapacidad se convirtió en invalidez, porque fue en ese
momento en el que la barrera social de la discriminación le impidió seguir
trabajando, ya que no tuvo acceso a una oportunidad laboral debido a su condición
especial, constituyéndose en la causa directa por la que no pudo seguir
laborando y aportando al Sistema General de Pensiones”[55].
Igualmente, se pone de presente la Sentencia T-308 de 2016, por medio de la cual se estudió
el caso de una persona con 35 años de edad, quien padecía, entre otras
enfermedades distrofia
muscular,
enfermedad degenerativa, que se caracteriza, principalmente, por el debilitamiento
muscular progresivo y la pérdida de masa muscular[56].
En esta oportunidad, la Corte Constitucional advirtió que: “una vez el fondo de
pensiones verifica que la invalidez se estructuró como consecuencia de una
enfermedad congénita, crónica o degenerativa y que la fecha de
estructuración no coincide con la realidad fáctica del momento en el cual el
peticionario perdió de manera permanente y definitiva su capacidad laboral (…)
deberá tener en cuenta la fecha de la última cotización efectuada por el
afiliado para, a partir de allí, contabilizar si cuenta con 50 semanas
cotizadas dentro de los tres años anteriores a dicha fecha”[57].
7. Análisis del caso concreto
7.1 Según
se logró constatar, el señor Julio Rómulo Vargas Posada, de 73 años de edad,
padece enfermedad coronaria más Stent, hipertensión arterial, secuelas de ACV,
hemiparesia D y diabetes mellitus, todas enfermedades crónicas, con base en las
cuales la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto del Seguro Social, hoy
Colpensiones, lo calificó con pérdida de capacidad laboral del 67.04%, con
fecha de estructuración del 5 de agosto de 2011. No obstante, se vio en la
necesidad de seguir trabajando de forma independiente, pero sus graves
afecciones de salud lo obligaron en 2015 a retirarse del mercado laboral,
habiendo cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones un total de 806,29
semanas.
De acuerdo con
lo manifestado, el actor actualmente depende económicamente de lo poco que pueden
proveerle sus familiares y amigos para sustentar sus necesidades básicas, pues tampoco
posee ningún bien inmueble del que pueda obtener algún tipo de recurso
económico para solventar su mínimo vital y el de su esposa, afirmaciones que no
fueron desvirtuadas dentro del expediente.
El señor Vargas
Posada solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez; sin embargo, ésta
petición fue despachada desfavorablemente bajo el argumento de que no contaba
con cincuenta (50) semanas cotizadas en los tres (3) años anteriores a la fecha
de estructuración de la enfermedad, según lo establecido por la Ley 860 de
2003, vigente para el 5 de agosto de 2011, fecha de estructuración de su
pérdida de capacidad laboral.
Ahora bien, el
reconocimiento de esta prestación está sujeto a la calificación de invalidez en
un porcentaje igual o superior al 50%, a la fecha de
estructuración y a contar con un determinado número de semanas cotizadas antes
de esa fecha.
En este caso, el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral (67.04) no fue objeto de discusión
por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, respecto al momento a
partir del cual se deben contar las semanas cotizadas, sí cabe un análisis
detallado. Por consiguiente, la discusión se centrará en este presupuesto.
7.2 En
este orden de ideas, según se expuso en la parte considerativa, la
estructuración de la invalidez puede ocasionarse de manera instantánea o
paulatina. En el segundo caso, debe tenerse en cuenta que esta Corporación ha
reiterado que “la fecha de estructuración debe entenderse como aquella en la
que se concreta el carácter de permanente y definitivo que impiden que la
persona desarrolle cualquier actividad laboral y continúe cotizando”[58].
Como se
mencionó, el actor padece enfermedades crónicas[59], como
la coronaria
más stent, hipertensión arterial, secuelas de ACV, hemiparesia D y diabetes mellitus,
que fueron la base para la calificación de pérdida de capacidad laboral en el
año 2011, del 67,04%. Dicho porcentaje demuestra la condición de vulnerabilidad
en la que se encuentra el accionante, quien ya ha hecho un gran esfuerzo por
mantenerse activo en la sociedad y cumplir con una carga de solidaridad con el
sistema de seguridad social, a pesar de su condición de discapacidad, al continuar
ejerciendo su actividad laboral hasta el 31 de agosto de 2015, en calidad de
trabajador independiente.[60]
En consecuencia y siguiendo lo sentado en la jurisprudencia constitucional, es
posible tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración formal de la invalidez, pues la fecha fijada por la
Vicepresidencia de Pensiones del Instituto del Seguro Social no responde a la
realidad, es decir, al momento en que el actor no pudo continuar con el
desempeño de sus labores.
Por
consiguiente, las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración deben ser tenidas en cuenta para verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Así entonces, teniendo
en cuenta que la norma vigente para el 31 de agosto de 2015, última fecha de
cotización,[61]
corresponde a la Ley 860 de 2003, es menester concluir que se deben contar cincuenta
(50) semanas en los tres (3) años anteriores a la estructuración de la
invalidez para determinar si le asiste al accionante el derecho solicitado. Es
decir, este debe contar con cincuenta (50) semanas cotizadas entre el 31 de
agosto de 2012 y el 31 de agosto de 2015. Por ende, se procede a transcribir el
siguiente extracto de su historia laboral:
Periodo de cotización
Semanas cotizadas
Desde
Hasta
31/08/12
31/12/12
15,71
01/01/13
31/03/13
12,71
01/04/13
30/04/13
4,29
01/05/13
31/12/13
34,29
01/01/14
31/12/14
51,29
01/01/15
31/08/15
34,14
Total semanas
cotizadas
Entre el
31-08-12 y el 31-08-15
152,53
Teniendo en
cuenta, por un lado, que el número de semanas exigidas por la Ley 860 de 2003
es de 50 y el accionante cuenta con 152,53 semanas cotizadas antes de la fecha
de estructuración de la invalidez y que, aunado a ello, se encuentra
diagnosticado con pérdida de capacidad laboral superior al 50%, forzoso es
concluir que cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez.
7.3 No
obstante lo anterior, teniendo en cuenta que se encuentra en curso un proceso
ordinario laboral, dentro del cual ya se dictó sentencia de primera instancia,
desfavorable a los intereses del actor, y actualmente se surte el trámite del
recurso de apelación, la protección a los derechos fundamentales del accionante
se otorgará de forma transitoria[62],
hasta tanto se adopte una decisión definitiva en la jurisdicción ordinaria, con
el fin de evitar, de una parte, la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
como antes se explicó y, de otra, vaciar las competencias del juez natural del
caso sometido a examen.
7.4 Bajo
estos considerandos, se procederá a (i) revocar
el fallo proferido el 19 de noviembre de 2018,
por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), Sala
de Decisión Constitucional, que confirmó la sentencia emitida el 9
de octubre de 2018, por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá (Valle
del Cauca), que declaró la improcedencia del amparo invocado por el señor Julio
Rómulo Vargas Posada.  (ii) En su lugar, tutelar transitoriamente
los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la salud, la
seguridad social, el mínimo vital y la vida digna del señor Julio
Rómulo Vargas Posada.
Por
consiguiente, se (iii) ordenará a la Administradora Colombiana de
Pensiones-Colpensiones que, si aún no lo ha hecho, en un término no mayor de
diez (10) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca
y pague la pensión de invalidez al señor Julio Rómulo Vargas Posada, con
fundamento en las consideraciones de esta sentencia, a partir de la expedición
de la misma, hasta que se adopte una decisión definitiva dentro del proceso
ordinario laboral radicado con el No. 76 834 31 05 001 2017 00084 00, que se
tramita en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tulúa (Valle).
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo proferido
el 19 de noviembre de 2018, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), Sala de Decisión Constitucional, que
confirmó la sentencia emitida el 9 de octubre de 2018, por el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Tuluá (Valle del Cauca), que declaró la improcedencia
del amparo invocado por el señor Julio Rómulo Vargas Posada. En su lugar, TUTELAR
TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales a la igualdad, el debido
proceso, la salud, la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna del
señor Julio Rómulo Vargas Posada.
Segundo.- ORDENAR a la Administradora Colombiana
de Pensiones-Colpensiones que, si aún no lo ha hecho, en un término no mayor de
diez (10) días contados a partir de la notificación de esta sentencia,
reconozca y pague la pensión de invalidez al señor Julio Rómulo Vargas Posada, con
fundamento en las consideraciones de esta sentencia, a partir de la expedición
de la misma, hasta que se adopte una decisión definitiva dentro del proceso
ordinario laboral radicado con el No. 76 834 31 05 001 2017 00084 00, que se
tramita en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tulúa (Valle).
Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional. Cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-468 DE 2019
TEMERIDAD-Configuración (Salvamento de voto)
No
sería tan grave si la figura de la temeridad fuese un asunto menor en materia
de tutela. Pero no es así. Se trata de una institución que protege la certeza y
confianza en el sistema judicial y el principio de seguridad jurídica, el cual
materializa una función clave del derecho que es cerrar definitivamente las
disputas y asegurar, mediante la cosa juzgada, que situaciones ya definidas por
la jurisdicción no vuelvan a ser sometidas a procesos sucesivos o que resurjan
intempestivamente en el ámbito jurídico en desmedro de quienes ya definieron la
situación judicial en una primera oportunidad.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
INVALIDEZ-Se debió declarar improcedencia por
cuanto no se cumplió requisito de inmediatez (Salvamento de voto)
Referencia: expediente T-7.211.119.
Asunto: acción de tutela interpuesta por
Julio Rómulo Vargas Posada en contra de COLPENSIONES.
Magistrado
Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
1.
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me conducen a salvar el voto en la
decisión adoptada por la Sala Quinta de Revisión en la sesión del 8 de octubre
de 2019.
2.
Mediante
la Sentencia T-468 de 2019[63],
la Corte Constitucional tuteló transitoriamente los derechos fundamentales
a la igualdad,
al debido proceso, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y a la
vida digna
del
accionante
y, por ende, ordenó a COLPENSIONES reconocerle y pagarle la pensión
de invalidez hasta que se adopte una decisión definitiva dentro del proceso
ordinario laboral que actualmente está en curso.
3.
Debido
a enfermedades degenerativas que padece, el actor fue calificado el 18 de octubre
de 2011 con
una pérdida de capacidad
laboral del 67.04%, con fecha de estructuración el 5 de agosto de 2011. Por
esta razón, le solicitó a COLPENSIONES la pensión de invalidez, la cual le fue
negada por no acreditar 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez. Esta decisión fue recurrida y,
finalmente, confirmada el 5 de noviembre de 2013. Con fundamento en todo lo
anterior, pidió vía tutela que se le otorgara la pensión de invalidez en
aplicación del principio de la condición más beneficiosa.
4.       En el expediente
de la referencia constan varios hechos relevantes. Uno de ellos es que, pese a
la pérdida de capacidad laboral, el demandante trabajó hasta el 31 de agosto de
2015. Asimismo, manifestó no contar con recursos económicos para prodigarse el
sustento necesario ni poseer bienes inmuebles que le generen algún ingreso para
sobrevivir; y, además, que su cónyuge depende económicamente de él. Igualmente,
sobresalen como hechos adicionales que (i) en el presente asunto se encuentra
pendiente una decisión dentro de un proceso ordinario laboral; (ii) el actor
presentó en el 2016 otra acción de tutela por los mismos hechos; y (iii)
COLPENSIONES resaltó durante el trámite de tutela que el último periodo
cotizado en el régimen contributivo por el actor fue marzo de 2019 y que lo ha
hecho de forma continua desde 2013, de acuerdo con lo reflejado en la página
web de la ADRES.
5.  A pesar de lo
anteriormente expuesto, la Sala descartó que el accionante hubiese incurrido en
temeridad, con base en cuatro argumentos. En primer lugar, encontró dos hechos
nuevos que sucedieron entre la interposición de la primera y la segunda tutela
presentadas por el actor: la iniciación de un proceso ordinario laboral para
reclamar la pensión de invalidez y la publicación de las Sentencias SU-442
de 2016[64]
y SU-588 de 2016[65],
las cuales, según la sentencia de la que me aparto, unificaron la
jurisprudencia con respecto a la aplicación de la condición más beneficiosa y
la capacidad laboral residual, respectivamente.
En segundo
lugar, la Sala observó que “los derechos fundamentales que dieron lugar a la
primera acción de tutela continúan siendo vulnerados, pues según la demanda de
tutela, la situación del actor se ha venido deteriorando con el paso de los
años, tanto en sus condiciones de salud, por el curso natural de sus
enfermedades, como en el aspecto económico y la pensión de invalidez no le ha
sido reconocida”.
En tercer lugar, señaló que, “si
bien el actor ha recurrido a la acción de tutela con el mismo propósito que
ahora esgrime, las decisiones que sobre el particular se adoptaron no se
pronunciaron sobre el fondo de la problemática planteada, es decir, no han
adelantado un análisis material sobre la presunta afectación de los derechos
fundamentales, ya que, en primera instancia, se declaró improcedente el amparo
y, en segunda instancia, se confirmó tal decisión”.
En cuarto lugar,
precisó que el accionante no actuó dolosamente o de mala fe. Lo anterior, por
cuanto “se trata de un sujeto de especial protección constitucional y ante
el apremio de sus necesidades y la falta de una decisión definitiva en este
asunto, es evidente que no actuó de forma temeraria al incurrir en duplicidad
de interposición de amparo”.
6.  A continuación,
la sentencia de la referencia evaluó y dio por cumplidos los requisitos de
procedibilidad de la tutela en el caso concreto y, en relación con el principio
de inmediatez, encontró que fue observado, “independientemente
de la fecha a partir de la cual se haya estructurado la invalidez o se haya
negado el reconocimiento de la prestación, pues, la afectación de los derechos
del accionante, como consecuencia de la falta de reconocimiento de la pensión
de invalidez, se mantiene a pesar del transcurso del tiempo y, aunado a ello,
lo contrario resultaría desproporcionado y desatendería la necesidad apremiante
del accionante de acceder a un ingreso que le permita sobrellevar su avanzada
edad y de contera las enfermedades que padece, de manera que pueda garantizar
su mínimo vital y una vida digna”.
7.       Ahora
bien, a diferencia de la mayoría de la Sala, creo que el accionante
efectivamente incurrió en temeridad. Es cierto que, entre las dos acciones de
tutela interpuestas por el demandante por los mismos hechos, se publicó la Sentencia SU-442
de 2016,
la cual unificó la jurisprudencia en relación con la aplicación del principio
de la condición más beneficiosa, dada la divergencia de criterios entre la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En esta decisión se
precisó que la
condición más beneficiosa cubre la pretensión de aplicar, no solo la norma
inmediatamente anterior a la vigente al estructurarse la invalidez, como lo
dispone la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sino también la que
antecede a esta última.
No obstante, ninguna de las subreglas
jurisprudenciales que se derivan de la sentencia mencionada es aplicable al
caso concreto. De hecho, la sentencia de la cual me distancio aplicó los
requisitos de la Ley 860 de 2003, según los cuales el reconocimiento de la
pensión de invalidez está sujeto a la cotización de 50 semanas en los tres años
anteriores a la estructuración de la invalidez. Paradójicamente, las mismas
exigencias para el reconocimiento de la pensión de invalidez fueron las
consideradas por COLPENSIONES para negar la pensión. La discusión en el caso
concreto no versaba entonces sobre la norma aplicable, que es el tipo de
divergencias que se resuelve en virtud del principio de la condición más
beneficiosa, el cual “admite aplicar normas derogadas a un caso bajo ciertos
requisitos”, como se señaló en la Sentencia SU-442 de 2016.
Por el contrario, la disputa recaía sobre la fecha a partir de la cual se
deberían contar los tres años dentro de los cuales se debieron haber cotizado
50 semanas, esto es, desde la fecha que se fijó formalmente como el momento en
el que se estructuró la invalidez o desde la fecha en la que el actor realizó
su última cotización al sistema.
El que las subreglas de la Sentencia SU-442
de 2016
no sean aplicables al caso concreto es un hecho que se desprende de la misma
providencia de la que me aparto, en la medida en que ella nunca citó ni destacó
la sentencia de unificación mencionada, salvo para señalar que, en razón de que
ella fue publicada después de presentada la primera acción de tutela, no se le
puede endilgar temeridad al actor.
Más
aún, si en gracia de discusión se admitiera que la resolución de este caso
estaba mediada por la subregla de acuerdo con la cual la
condición más beneficiosa ampara la pretensión de aplicar la norma
inmediatamente anterior a la vigente al estructurarse la invalidez y también la
antecedente a esta última, no era necesario esperar hasta la publicación de la Sentencia SU-442
de 2016,
pues esta subregla existe en la jurisprudencia de la Corte Constitucional al
menos desde la Sentencia T-1058 de 2010[66]
“y desde entonces se ha reiterado por todas las Salas de Revisión de la
Corporación, con algunos matices, de forma predominante hasta la fecha”,
como lo reconoció la misma Sentencia SU-442 de 2016.
En
este contexto, el precedente que inauguraría la sentencia en la que salvo el
voto es que basta con que se haya publicado alguna providencia que tenga al
menos una relación temática con una tutela que se interpone por segunda vez
–independiente de si sus subreglas son o no aplicables al caso concreto– para
evadir la temeridad.
La
sentencia de la que me aparto también argumentó que el accionante no actuó
temerariamente porque, después de presentada la primera tutela, se publicó la Sentencia
SU-588 de 2016, “que unificó la jurisprudencia sobre la pensión de
invalidez y capacidad laboral residual y aunque frente a este último concepto
el actor no hace ninguna referencia en la acción de tutela que se estudia, es
evidente que en este fallo se ampliaron las reglas jurisprudenciales frente a
la fecha de estructuración de la invalidez, en el sentido que no pueden
desconocerse las semanas efectuadas con posterioridad a la misma y deberán
tenerse en cuenta todas las semanas cotizadas al sistema, aspecto directamente
relacionado con los hechos presentados en la demanda de tutela”.
Sin
embargo, la Sentencia SU-588 de 2016 no modificó la
jurisprudencia con respecto a la capacidad laboral residual ni unificó un
precedente que no estuviese previamente consolidado, sino que simplemente
reiteró subreglas jurisprudenciales ya existentes, por lo que no cambió las
circunstancias particulares del caso propuesto por el actor o la interpretación
normativa correspondiente.  De hecho, la misma providencia reconoció su propio
alcance, al señalar que “[s]e trata de reglas claras y pacíficas que son,
entonces, reiteradas por esta sentencia de unificación”. En este orden de
ideas, resulta inadecuado sostener que un pronunciamiento que no agrega ningún
elemento novedoso a las circunstancias del actor ni a la jurisprudencia en
general pudiera ser usado y considerado como argumento suficiente para ignorar en
el caso concreto la figura de la temeridad.
Adicionalmente,
la mayoría de la Sala consideró que no se configura el fenómeno de la temeridad
cuando la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la primera
acción de tutela continúa en el tiempo y la situación del actor se deteriora
con el paso de los años. Este razonamiento es inapropiado, ya que omite
considerar que generalmente las personas que insisten en interponer una o más
tutelas posteriores a una primera lo hacen muy probablemente porque la
vulneración de sus derechos continúa y es bastante posible que el paso del
tiempo haya deteriorado su situación.
Asimismo,
la postura mayoritaria estimó que no se presenta temeridad cuando los jueces
que conocieron de la primera acción de tutela no se pronunciaron de fondo, dado
que declararon improcedente la acción. Esta afirmación de la sentencia
desconoce que la declaratoria de improcedencia de una tutela no es una decisión
arbitraria que se pueda controvertir infinitamente a través de tutelas
posteriores. La declaratoria de improcedencia no es un capricho de los jueces,
sino que surge de la propia naturaleza jurídica de la acción de tutela, esto
es, de la observancia y valoración de los requisitos de procedibilidad de la
tutela que fueron fijados por el mismo Constituyente de 1991 en el artículo 86
de la Carta.
Admitir
sin rigor esta posición sobre la temeridad supone que, en todos los casos de
improcedencia de la acción de tutela, la posibilidad de presentar una nueva acción
de amparo seguiría vigente hasta tanto el caso le sea repartido a un juez que
falle de fondo, bien sea negando o concediendo el amparo. Es más, si un juez
rechaza una tutela por temeridad, no hay un estudio de fondo, luego el
ciudadano tendría la posibilidad de interponer más tutelas por los mismos
hechos hasta que encuentre un juez que considere que no hubo temeridad y decida
resolver de fondo. Una conclusión absurda que podría desbordar el trabajo de
los jueces y que desconoce el carácter residual de la acción de tutela no la
puedo compartir, pues se separa evidentemente de las competencias conferidas
expresamente al juez constitucional por el ordenamiento jurídico y resulta
contraria a la finalidad misma de protección expedita e inmediata que se le
atribuye a la acción de tutela.
Por
último, la providencia manifestó que el accionante no actuó dolosamente o de
mala fe, sobre la base de que se trata de un sujeto de especial protección
constitucional.  Una afirmación que estimo errada porque supondría concluir que
la figura de la temeridad no es predicable de los sujetos de especial
protección constitucional, así actúen a través de apoderado judicial, como
sucedió en este caso.
La
conclusión a la que arribó el fallo no sería tan grave si la figura de la
temeridad fuese un asunto menor en materia de tutela. Pero no es así. Se trata
de una institución que protege la certeza y confianza en el sistema judicial y el
principio de seguridad jurídica, el cual materializa una función clave del
derecho que es cerrar definitivamente las disputas y asegurar, mediante la cosa
juzgada, que situaciones ya definidas por la jurisdicción no vuelvan a ser
sometidas a procesos sucesivos o que resurjan intempestivamente en el ámbito
jurídico en desmedro de quienes ya definieron la situación judicial en una
primera oportunidad.
Ligado
a lo anterior, una jurisprudencia que facilite injustificadamente evadir la
temeridad tiene el efecto perverso de desconocer la función y labor del juez
constitucional que definió la causa en una primera oportunidad, así como de
aumentar la congestión del sistema y la mora judicial que ella produce. Según
el último informe al Congreso de la República del Consejo Superior de la
Judicatura, en el 2018 había un rezago de 474.590 procesos, es decir que “[a]l
comparar el nivel egresos con el nivel de ingresos, se obtiene que en la Rama
Judicial se acumularon 17 procesos por cada 100 ingresos durante el año 2018”[67]. Dado que
la acción de tutela representó en el 2018 el 28% del total de demanda de
justicia en Colombia[68],
es posible que este rezago tenga alguna relación con el hecho de que los jueces
dedican buena parte de su tiempo a resolver tutelas. Pues bien, estas cifras
sobre rezago y sobre proporción de tutelas con respecto a la demanda de
justicia son susceptibles de incrementarse sustancialmente si se acepta, como
ocurre en la sentencia de la que me aparto, que es viable instaurar tutelas por
los mismos hechos, sin temor a que se declare una actuación temeraria. El
incentivo que produce la postura de la mayoría de la Sala es la presentación de
múltiples tutelas por los mismos hechos hasta que, finalmente, el caso sea
resuelto por algún juez de manera favorable a los intereses de la parte actora.
Desde
luego que esta situación generará congestión judicial si se mantiene el mismo
número de empleados y funcionarios judiciales y el mismo grado de eficiencia,
lo cual hará que, de manera global, los procesos tomen más tiempo en ser
resueltos, afectándose así los derechos de las demás personas que acuden a la
justicia a gestionar sus necesidades jurídicas.
En
el caso concreto que se estudió en esta providencia, el análisis de la
temeridad fue, en mi opinión, bastante flexible si se tiene en cuenta que la
tutela fue interpuesta a través de apoderado judicial, pues los abogados deben
conocer el derecho y saber que está prohibido presentar más de una tutela por
los mismos hechos. Es por esa razón que de los abogados se exige una mayor
carga de lealtad con el aparato de justicia, lo cual se refuerza con el hecho
de que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que “[e]l abogado
que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años”.
8.  Asimismo, las
dificultades de procedencia de esta tutela eran extensivas a otros elementos a
considerar. En efecto, aun suponiendo que el demandante no hubiese actuado
temerariamente, creo en todo caso que la tutela no era procedente por incumplir
el requisito de inmediatez. El último acto administrativo que le negó al actor
la pensión de invalidez fue expedido el 5 de noviembre de 2013 y la tutela fue
presentada el 25
de septiembre de 2018, es decir, casi cinco años después, término claramente
desproporcionado.
El
argumento de la mayoría de la Sala para dar por cumplido el principio de
inmediatez fue que la afectación de los derechos del accionante se mantiene en
el tiempo. Esta tesis desnaturaliza por completo el principio de inmediatez,
pues si a alguien le violan un derecho, lo más probable es que su vulneración
siempre será actual hasta que se presente un hecho superado. En otras palabras,
si alguien, por ejemplo, es despedido de su trabajo, podrá interponer tutela
diez años después si en ese tiempo no se ha vinculado laboralmente, ya que la
vulneración se mantiene por esos diez años. La pregunta es, si el demandante
pudo esperar cinco años para promover la acción de tutela en el caso concreto
que en esta sentencia se estudió, ¿por qué no puede esperar lo que dure un
proceso ordinario?
9.  Asumiendo que el
hecho que incentivó la presentación de esta tutela fue la publicación de las Sentencias
SU-442 de 2016 y SU-588 de 2016, se esperaría al menos que el
accionante hubiese interpuesto la tutela dentro de un tiempo razonable después
de proferidas estas decisiones. Pero esto no fue así, pues estas providencias
fueron enviadas a la Relatoría de la Corte Constitucional para ser publicadas
en la página web de esta Corporación el 11 de octubre de 2016 y el 7 de marzo
de 2017, respectivamente, como lo aseguró la sentencia en relación con la cual
me distancio. Lo que significa que el actor dejó transcurrir un año y seis
meses para presentar la tutela, término que se aparta del principio de
inmediatez.
10.
A
mi juicio, la labor del juez constitucional consiste en ser capaz de adaptar
las normas a la realidad social y a las necesidades de justicia material, pero
sin que ello suponga sacrificar otros principios constitucionales, tales como la
seguridad jurídica, la coherencia interna del derecho, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la dogmática jurídica. En mi opinión, la mayoría de
la Sala privilegió la justicia material en este caso, pero para ello despojó de
todo efecto útil al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que prohíbe presentar
más de una tutela por los mismos hechos, desconoció el principio de cosa
juzgada y desnaturalizó el principio de inmediatez. Mi posición no
implica en modo alguno desconocer definitivamente los derechos pensionales del
tutelante y la justicia material, puesto que estos derechos pueden ser
protegidos en el proceso ordinario que actualmente se encuentra en trámite.
11.
En
resumen, no comparto la posición de la mayoría de la Sala de conceder el amparo
en este caso, ya que, en mi criterio, el accionante sí incurrió en temeridad,
si se tiene en cuenta que actuó a través de apoderado judicial. Asimismo, se
trata de una sentencia que no debería ser considerada precedente para casos
posteriores porque establece reglas jurídicas que se apartan de la
jurisprudencia pacífica establecida por esta Corporación en materia de
procedibilidad de la acción de tutela. Igualmente, de considerarse precedente
jurisprudencial, tendría muy seguramente efectos negativos sobre la congestión
y la mora judicial, afectando así los derechos de las personas que acuden a la
justicia a resolver sus conflictos. Si en gracia de discusión se admitiera que
el accionante en este caso no actuó temerariamente, creo que la tutela debió
declararse improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez. Este
razonamiento no supone de ninguna manera desconocer los derechos pensionales
del tutelante, puesto que, como se desprende de los hechos del caso, se
encuentra en trámite un proceso ordinario en el que es posible aplicar
efectivamente de fondo las subreglas jurisprudenciales correspondientes y
asegurar la protección definitiva de los derechos del demandante.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Sentencia T-1215 de
2003, M.P. Clara Inés Hernández.
[2] Sentencia de
Unificación SU-637 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[3]
Ver Sentencias T-206 de 2014, M.P.
Nilson Pinilla. También las sentencias T-145 de 1995, T-308 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997,
T-1215 de 2003, T-721 de 2003, T-148 de 2005, T-458 de 2003, T-919/03, T-707/03 y SU-388
de 2005, entre otras.
[4] Sentencia SU-637 de
2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[5] Fallo proferido el 12
de octubre de 2016.
[6] Fallo proferido el 15 de noviembre de 2016
[7] Sentencia SU-168 de
2017
[8] Sentencia de
Unificación SU-637 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[9] En cuanto a los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez y sobrevivencia que implica
que, en caso de que una persona no cumpla con los mismos, basta con aplicar la
norma inmediatamente anterior a la vigente al estructurarse la invalidez y en
ningún modo excluye aplicar otra más antigua que la inmediatamente anterior.
[10] Si se tiene en cuenta que el fallo
de primera instancia se produjo el 12 de octubre de 2016, pues no se conoce la
fecha exacta de interposición de la demanda de tutela, únicamente los fallos de
primera y segunda instancias que al efecto se profirieron.
[11] Providencia que si
bien fue aprobada el 18 de agosto 2016, se envió a relatoría de la Corte
Constitucional el 11 de octubre de ese año. Al efecto, se puede consultar la página web de la
Corte Constitucional, www.corteconstitucional.gov.co.
[12] Sentencia T-001 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, SU-168 de 2017 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[13] Sentencia T-185 de
2013, M.P. Luis Ernesto Varga Silva.
[14] Al respecto, el
artículo 38 de la Ley 489 de 1998 dispone que: “La Rama Ejecutiva del Poder
Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y
entidades: (…)   2. Del Sector descentralizado por servicios: (…) b) Las
empresas industriales y comerciales del Estado”.
[15] “Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
[16] T-774 de 2015.
[17] Ibidem.
[18] T-774 de 2015, texto
jurisprudencial en el cual se manifiesta que “[e]sta posición se encuentra en
armonía con el artículo 86 de la C.P. que prescribe que toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, “en todo momento y lugar”,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando éstos resulten
vulnerados o amenazados; y con la sentencia C-543 de 1992, que declaró
inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 que establecía una
caducidad de dos meses para impetrar la tutela frente providencias judiciales.
En un sentido semejante se pueden consultar las sentencias T-1038 de 2010,
T-783 de 2009, T-299 de 2009, T-593 de 2007, T-792 de 2007, T-692 de 2006, T-654
de 2006, T-468 de 2006, T-503 de 2005 y T-526 de 2005”.
[19] Consideraciones
tomadas de la Sentencia T-444 de 2018 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[20] Ver sentencias T-091
de 2018, MP Carlos Bernal Pulido; T-471 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; T-541 de 2015, MP María Victoria Calle Correa, entre otras.
[21] “Artículo 6º.
Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante (…)
Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su
integridad mediante una indemnización”.
[22] Sentencia T-705 de
2012, MP Jorge Ignacio Pretelt.
[23] Ver sentencias T-471
de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado; T-373 de 2015 MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; T-594 de 2006, MP Clara Inés Vargas Hernández y T-441 de 1993, MP José
Gregorio Hernández Galindo.
[24] MP Gloria Stella
Ortiz. Esta sentencia cita, a su vez, la Sentencia T-230 de 2013, MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[25] En este caso, se cita
la Sentencia SU-961 de 1999, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[26] En este caso, se citó
la Sentencia T-225 de 1993, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[27] Sentencia T-956 del
2014, MP Gloria Stella Ortiz Delgado, la cual reitera lo establecido en la
Sentencia T-808 de 2010, MP Juan Carlos Henao Pérez
[28] Sentencias T–800 de
2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio; T–859 de 2004 MP Clara Inés Vargas.
[29] Sentencias T–800 de
2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio; T–436 de 2005 MP Clara Inés Vargas, y
T–108 de 2007, MP Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[30] Sentencias T–328 de
2011, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004, MP Jaime Araujo
Rentería, y T-789 del 11 de septiembre de 2003, MP Manuel José Cepeda Espinosa,
entre otras.
[31] T-471 de 2017, MP
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[32] MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[33] MP Gloria Stella
Ortiz.
[34] Esta sentencia indica que este planteamiento ha sido reiterado
pacíficamente en las sentencias T-634 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett;
T-649 de 2011 y T-079 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva; y T-379 de 2017,
MP Alejandro Linares Cantillo
[35] Sentencia T-194 de
2016, MP Jorge Ignacio Pretelt.
[36] Sentencias T–800 de
2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio; T–859 de 2004 MP Clara Inés Vargas.
[37] Como quiera que padece las
siguientes enfermedades:  “enfermedad
coronaria por lo cual se le intervino con STEM, también presentó hipertensión
arterial, secuelas de ACV hemiparesia D y por último diabetes miellitus”,
[38] Pues fue calificado con una
incapacidad laboral del 67.04%.
[39] La
información suministrada por Colpensiones fue corroborada a través de llamada
efectuada el 8 de julio de 2019, al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Tulúa (Valle), al número telefónico (2) 2339625, atendida por el Secretario del
despacho, Tracíbulo Rojas Lozano, en la cual se puedo establecer que dentro del
proceso ordinario laboral adelantado por el actor en contra de Colpensiones,
radicado con el No. 76 834 31 05 001 2017 00084 00, se profirió la sentencia
No. 007 el 7 de febrero de 2019 y actualmente se surte el recurso de apelación
ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle).
[40] T-295 de 2015.
[41] Decreto 758 de 1990,
artículo 6º: “a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o
gran inválido y, b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte,
ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época,
con anterioridad al estado de invalidez.”
[42] Ley 100 de 1993,
“ARTÍCULO 39. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y
cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se
encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26)
semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que habiendo dejado
de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca el estado de invalidez.
PARÁGRAFO. Para
efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se
tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
ley.”
[43] Ley 797 de 2003,
Artículo 11. “Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema
que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y
acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada
por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada
por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
PARÁGRAFO. Los menores
de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el
último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria”.
[44] Sentencia C-1056 de
2003.
[45] “Tendrá derecho a la
pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada
por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada
por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su
fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
Parágrafo 1º. Los
menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado
veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho
causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando
el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas
para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25
semanas en los últimos tres (3) años.”(Subrayado fuera del texto).
Cabe destacar que el
requisito de fidelidad subrayado en el aparte que se acaba de transcribir fue
declarado inexequible a través de la Sentencia C-428 de 2009, bajo el argumento
de que se vulneraba el principio de progresividad.
[46] Originalmente, en
esta norma se exigía cumplir con el requisito de fidelidad, no obstante este
fue declarado inexequible por medio de la Sentencia C-980 de 2009.
[47] Ley 100 de 1993,
artículo 41.
[48] “Se entiende como la
fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u
ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o
accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han
dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en
el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%)
de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.
Esta fecha debe
soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica
y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida
de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia
clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso,
esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la
calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado
laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral”.
[49] En este sentido, por
medio de la Sentencia T-885 de 2011 se determinó que: “por tratarse de
enfermedades cuyas manifestaciones empeoran con el tiempo, la persona puede
continuar su vida laboral con relativa normalidad, hasta el momento en que por
su condición de salud le es imposible continuar cotizando al sistema. Así,
aunque legalmente una persona adquiere el derecho a la pensión de invalidez
cuando pierde la capacidad para continuar trabajando, las Juntas de
Calificación de Invalidez crean la ficción de situar el momento a partir del
cual se considera que una persona no podrá seguir trabajando, en una etapa de
la enfermedad en que la persona sigue siendo un trabajador productivo y
funcional, y puede aportar al sistema”.
[50] T485 de 2014,
reiterada en la Sentencia T-194 de 2016.
[51] T-962 de 2011 y T-153 de 2016.
[52] T-789 de 2014 y T-717 de 2015.
[53] T-022 de 2013.
[54] Ante esta situación, esta Corporación ha
señalado que “la fecha de estructuración debe entenderse como aquella en la que se
concreta el carácter de permanente y definitivo que impiden que la persona
desarrolle cualquier actividad laboral y continúe cotizando, y no la señalada
retroactivamente en la calificación, pues [ello] sólo indica cuando se
presentaron los primeros síntomas”. T485 de 2014, reiterada en la
Sentencia T-194 de 2016.
[55] En este texto
jurisprudencial se concluyó que: “Una persona que haya nacido con discapacidad
no puede ser excluida del derecho a la pensión de invalidez, bajo el argumento
de que no reúne 50 semanas antes de la estructuración de su invalidez porque
esta se estableció a partir de su nacimiento, si se constata que, i) está en
las mismas condiciones de vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición
legal expresa, beneficiarios de la pensión, ii) se afilió al sistema y ha
aportado un número relevante de semanas (50 o más), iii) no hay pruebas de que
lo haya hecho con el ánimo de defraudar al sistema. Esta diferencia de trato, a
juicio de la Corte, no tiene ninguna justificación. En cambio, sólo puede ser
fruto de una concepción médica de la discapacidad, que si bien en principio es
constitucionalmente admisible, en ciertos casos no lo es por la discriminación
injustificada a la que conduce. En casos específicos en los cuales una persona
que ha nacido con una discapacidad se le niega la pensión de invalidez, es
preciso examinar y ajustar razonablemente las instituciones del sistema de
seguridad social, con el fin no sólo de evitar discriminaciones injustificadas,
sino de cumplir el mandato constitucional de promover “las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y [adoptar] medidas en favor de grupos
discriminados o marginados”.
[56]
http://www.genagen.es/area-pacientes/informacion-genetica-y-enfermedades-hereditarias/enfermedades-geneticas-mas-frecuentes/distrofias-musculares-de-duchenne-y-becker/
[57] La Sala resalta que existen precedentes
jurisprudenciales en los cuales la Corte Constitucional ha resuelto casos sobre
pensiones de invalidez fundada en la excepción de inconstitucionalidad. Al
respecto, se pueden consultar las sentencias T-1291 de 2005, T-221 de 2006,
T-043 de 2007, T-699ª de
2007, T-550 de 2008, T-1203 de 2008, T-658 de 2008, T-826 de 2008 y
T-789 de 2014, entre otras.
[58] T485 de 2014,
reiterada en la Sentencia T-194 de 2016.
[59] La
sentencia SU-588 de 2016 refiere que se debe hace un análisis especial, de cara
a la pérdida de capacidad laboral residual, en el caso de enfermedades crónicas
o degenerativas, en razón del deterioro progresivo de las condiciones de salud
que sufren las personas y, cuando son congénitas, por la imposibilidad fáctica
y jurídica de cotizar antes del nacimiento, así “lo
anterior, se fundamenta en el hecho de que en el caso de las enfermedades
degenerativas y crónicas, sus efectos no aparecen de manera inmediata, sino que
éstas se desarrollan dentro de un lapso prolongado, ocasionando que la fuerza
laboral se vaya menguando con el tiempo y, por lo tanto, permitiendo a la
persona trabajar hasta tanto el nivel de afectación sea de tal magnitud que le
impida de manera cierta desarrollar una labor.//Ahora bien, tratándose de
enfermedades simplemente congénitas, es decir, aquellas que se presentan desde
el momento mismo del nacimiento, esta Corte advierte que la razón del especial
análisis que le corresponde realizar a las Administradores de Fondos de Pensiones
no se basa en las características progresivas de la enfermedad, sino en la
imposibilidad fáctica y jurídica que tienen estas personas de cotizar con
anterioridad al día de su nacimiento, motivo por el cual, este razonamiento
encuentra su principal fundamento en la observancia de los principios de
igualdad y dignidad humana, inherentes a todo ser humano. Interpretar lo
contrario implicaría una contradicción, puesto que no parece lógico que el Estado propenda por
la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, pero impida
que accedan a un reconocimiento prestacional propio de cualquier trabajador.”
[60] En la demanda de
tutela se indica que el actor dejó de cotizar definitivamente en 2015 ya que su
avanzada edad y enfermedad lo obligaron a cesar su actividad laboral.
[61] Según
reporte de semanas cotizadas en pensiones de Colpensiones.
[62] En los términos del artículo 86 C.P., y el Decreto Ley
2591 de 1991.
[63] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[64] M.P. María Victoria Calle Correa.
[65] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[66] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[67] Consejo Superior de la Judicatura. Informe al Congreso de la
República 2018. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2019, p. 24.
[68] Ibidem, p. 48.