T-112-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-112/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se agoto recurso
extraordinario de casación contra sentencia que negó pensión de acuerdo con el
régimen de transición
Referencia:
expediente T- 3637314
Acción de tutela instaurada por Luz Fabiola Duque
Hernández contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y otros.
Magistrado Sustanciador:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., ocho (8) de marzo de dos mil trece (2013)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados(a) Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el treinta
(30) de mayo de dos mil doce (2012), en primera instancia y, la Sala de
Casación Penal de la misma Corporación, el veintiocho (28) de agosto de dos mil
doce (2012), en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda
1. La señora Luz Fabiola Duque Hernández actuando a
través de apoderada judicial  interpone acción de tutela contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Medellín, por considerar que la autoridad accionada
vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso, igualdad y seguridad
social. A través de auto del 26 de abril de 2012 la Sala de Casación Laboral
vinculó al trámite al Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín y al
Instituto de Seguros Sociales. A continuación se sintetizan los fundamentos
fácticos y jurídicos de la demanda[1]:
1.1.
La señora Luz Fabiola Duque Hernández solicitó al Instituto de Seguros Sociales
(en adelante el ISS) el reconocimiento de una pensión de vejez de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, por ser beneficiaria del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Mediante
resolución 010726 del 03 de junio de 2010 el ISS negó la prestación
argumentando para el efecto que la solicitante había perdido el derecho al
régimen de transición debido a su traslado al régimen de ahorro individual (en
adelante RAIS) y su retorno al de prima media (en adelante RPM) sin contar con
15 años de servicios antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
Igualmente, aseveró que revisada la petición de la actora bajo el marco de la Ley
797 de 2003 se observaba la falta de acreditación del requisito de cotización.
1.2.
Agotada sin éxito la vía gubernativa, la peticionaria formuló demanda ordinaria
laboral contra el ISS en busca del reconocimiento de su pensión de vejez de
acuerdo con el Decreto 546 de 1971. Sin referirse al régimen de transición, el
Juzgado Veinte Laboral del Circuito Piloto de Oralidad de Medellín mediante
sentencia del 26 de mayo de 2011 accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó al ISS al pago de la pensión conforme a los lineamientos del Decreto
546 de 1971, por estimar que aquella acreditó 24 años, dos meses y 19 días de
cotización y tiempo de servicios.
1.3.
Apelada la decisión la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín en
sentencia del 26 de septiembre de 2011 confirmó parcialmente la providencia
impugnada en tanto accedió al reconocimiento pensional, pero la modificó en el
sentido de puntualizar que la misma tenía sustento en el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, y debía ser
liquidada conforme a los presupuestos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y
no con base en el Decreto 546 de 1971. En criterio de la Sala Laboral, si bien
la demandante se trasladó al RAIS podía regresar al RPM, empero, no satisfacía
el requisito de 15 años de servicio antes del 1 de abril de 1994 para conservar
su derecho al régimen de transición puesto que a dicha fecha solo reunía cerca
de 7 años de cotización y tiempo de servicio, por lo que la prestación debía
ser reconocida con fundamento en lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, en armonía
con lo sentenciado por la Corte Constitucional en decisiones C-789 de 2002,
C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010.
1.4.
En opinión de la apoderada judicial de la solicitante, el Tribunal Superior de
Medellín habría incurrido en defectos sustantivo y fáctico, por cuanto no tuvo
en consideración (i) que la pensionada conservaba el derecho al régimen de
transición al cumplir los requisitos del Acto Legislativo 01 de 2005; (ii) que
el artículo 3 del Decreto 3800 de 2003 fue suspendida provisionalmente por el
Consejo de Estado en providencia del 5 de marzo de 2009 y; (iii) que el ISS
aceptó el traslado al RPM antes de los 5 años de que trata la normatividad
alusiva a multiafiliación al sistema general de pensiones.
1.5.
Con fundamento en los hechos descritos, y en particular en la sentencia T-771
de 2010, en la demanda de tutela se solicita, en síntesis, se conceda el amparo
constitucional de los derechos fundamentales invocados y en consecuencia, (i)
se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia proferida por Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín y; (ii) se emita una nueva decisión
en la que se ordene al ISS reconocerle y pagarle la pensión de vejez a la
demandante, en un monto equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada
percibida en el último año, como retribución por sus servicios en la rama
judicial, aplicando en su integridad el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
Intervención de las entidades accionadas
2. Por auto del 26 de abril de 2012 la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de la
acción de tutela y dispuso la notificación a los interesados, los cuales dejaron
transcurrir en silencio el término de traslado de la demanda.
Del fallo de primera instancia
3. La Sala de Casación Laboral mediante sentencia del 30
de mayo de 2012 denegó la tutela solicitada. Consideró que la acción no cumplía
los requisitos de subsidiariedad e inmediatez en tanto la peticionaria no agotó
el recurso extraordinario de casación que tenía a su alcance, y formuló la
acción de tutela transcurridos más de seis de proferida la providencia atacada.
Impugnación
4. Mediante escrito presentado en término, la
apoderada judicial de la demandante impugnó la decisión de instancia al estimar
que en este caso debía primar la necesidad de proteger los derechos
fundamentales presuntamente conculcados, frente a los requisitos procesales de
la acción. En lo demás, reiteró los argumentos planteados en primera instancia.
Del fallo de segunda instancia
5. La Sala de Casación Penal mediante sentencia del 28
de agosto de 2012 confirmó la sentencia impugnada, empleando para el efecto
argumentos similares a los expresados por el a quo.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
1. Esta Corte es
competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con lo
determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de 22 de
noviembre de 2012, expedido por la Sala de Selección Número11 de esta
Corporación.
a.
Problema jurídico planteado
2.
De acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas, corresponde a
la Sala Novena de Revisión establecer (i) si la presente acción de tutela es
formalmente procedente para enjuiciar la presunta vulneración de los derechos
fundamental invocados por la peticionaria. En este sentido, la Sala deberá establecer
si en el presente caso se cumplen los presupuestos procesales de la acción de
tutela contra providencias judiciales. De encontrar procedente la acción la
Sala comprobará, (ii) si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín
incurrió en defecto sustantivo y fáctico al aplicar el precedente
constitucional contenido en la sentencia SU-062 de 2010, en la cual se
establecen los requisitos que debe reunir una persona que ha perdido los beneficios
del régimen de transición del RPM por trasladarse al RAIS, y desea retornar al
RPM gozando de los beneficios del régimen de cambio. En particular, deberá
determinar si la accionante satisfacía el requisito consistente en contar con
15 años de servicios o cotizaciones antes de la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 (1° de abril de 1994). Para dar solución al problema jurídico planteado
la Corte Constitucional reiterará su jurisprudencia relativa a la procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
Posteriormente, aplicará estas reglas para solucionar el caso concreto.
b.
Solución del problema jurídico.
3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de Jurisprudencia
3.1.
La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y
guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio
adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia
judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y
efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser primordial del
estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio se logra a
partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro de supuestos
cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[2].
3.2.
Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales
constituye un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los
derechos constitucionales, cuyo fundamento normativo-constitucional se
encuentra en los artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se
orienta a proteger los derechos frente a cualquier autoridad pública, y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de
Constitucionalidad-, que establece en cabeza del Estado la obligación de
proveer un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos[3].
3.3.
La tutela contra sentencias cumple, además, una función indispensable dentro de
un Estado Constitucional, como es la de unificar la jurisprudencia nacional
sobre los derechos fundamentales[4]. Como se sabe, las
cláusulas de derechos son especialmente amplias e indeterminadas[5],
así que la precisión de su contenido por parte del órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad en
aplicación de las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel
adecuado de seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la
obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia
de los derechos inalienables del ser humano, cuando puedan verse afectados en
el proceso de aplicación de la ley[6].
3.4.
Por otra parte, la excepcionalidad de la acción garantiza que las sentencias
judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que
prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias,
autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen. En la
preservación de estos principios adquieren un papel protagónico los requisitos
generales de procedencia formal de la acción, subsidiariedad e inmediatez. El
primero, asegura la independencia y autonomía judicial pues el peticionario
sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los mecanismos previstos por
el sistema jurídico; el segundo, por su parte, evita que se dé una erosión muy
acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues preserva la
intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que, transcurrido un
tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas por un supuesto
desconocimiento de derechos fundamentales. Por ello, se afirma que la cosa
juzgada adquiere una dimensión sustancial: las sentencias se protegen en la
medida en que aseguran no solo seguridad jurídica, sino un mínimo de justicia
material.
3.5.
En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales problemas
ocasionados por la intervención del juez constitucional en pronunciamientos de
otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la composición de la
jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata de temores
infundados. De acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales, la
Corte ha distinguido entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico y
en sentido funcional[7]. Desde el primer punto de
vista, el único órgano que hace parte de la jurisdicción constitucional es la
Corte Constitucional; sin embargo, desde el punto de vista funcional, todos los
jueces de la república, individuales y colegiados, hacen parte de la
jurisdicción constitucional cuando conocen de acciones de tutela, o cuando
ejercen el control de constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la
Carta (excepción de inconstitucionalidad) en virtud del artículo 4º Superior.
La
objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico por
desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones
ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de
cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la
jurisdicción constitucional. La intervención de la Corte ante la eventual
afectación de derechos constitucionales en los procesos judiciales adquiere
pleno sentido si, por una parte, se asume su posición como órgano de cierre de
la jurisdicción constitucional pero, por otra, se entiende que su competencia
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos mencionados y no a problemas de carácter legal. Por
ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente
litigiosos, en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente
válidas; o, finalmente, en las amplias atribuciones del juez para la valoración
del material probatorio, mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de
los derechos constitucionales.
3.6.
Dentro del marco expuesto, en Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), la Sala Plena de la Corporación señaló los requisitos
formales (presupuestos procesales) y materiales (presupuesto de procedencia) de
la acción.
3.6.1.
Requisitos formales (o de procedibilidad)[8]: (i) que el asunto
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[9];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[10];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible y; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[11].
3.6.2.
Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se presente
alguna de las causales específicas de procedencia, ampliamente elaboradas por
la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[12]
sustantivo[13], procedimental[14]
o fáctico[15]; error inducido[16];
decisión sin motivación[17];  desconocimiento del
precedente constitucional[18]; y violación directa
a la constitución[19]. En relación con las
causales específicas de procedencia, ha manifestado la Corte que no existe un
límite indivisible entre estas, pues resulta evidente que la aplicación de una
norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional pueden
derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta de
apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de
aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso
específico[20].
3.7.
De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia
de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que
concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales
específicas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo
material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad
de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[21]
c.
Del caso concreto
4. De la procedibilidad formal de la acción de tutela
contra el Tribunal Superior de Medellín
Como
se señaló en los fundamentos normativos de esta sentencia, la consagración de
requisitos formales de procedibilidad (presupuestos procesales) de la acción de
tutela contra providencias judiciales parte de la premisa según la cual los
medios ordinarios de defensa judicial previstos por el legislador son idóneos y
eficaces, en términos generales, para la protección de todos los derechos,
incluidos los de rango constitucional; asume el respeto de esos medios como una
exigencia del principio democrático, en la medida que la Constitución concede
al Congreso de la República la facultad más amplia de configuración del derecho
procedimental; adopta un compromiso con el debido proceso en la faceta de juez
natural y el principio de especialidad de jurisdicción, en cuanto en los
trámites ordinarios se efectúa el más extenso debate probatorio y se concreta
el contenido normativo de las disposiciones infraconstitucionales mediante el
ejercicio interpretativo realizado por el respectivo órgano de cierre de cada
jurisdicción y; establece un equilibrio entre los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial, y la protección privilegiada de los
derechos fundamentales. Por ese conjunto de consideraciones, cuando la acción
de tutela se dirige contra providencias judiciales su estudio debe realizarse
con especial rigor. Empero, la Corte Constitucional también ha señalado que el
análisis formal de procedibilidad, independientemente del escenario en que se
ejercite la acción de tutela, debe efectuarse en arreglo a las particularidades
fácticas y normativas que rodean el asunto iusfundamental concreto[22].
En
ese sentido, a continuación la Sala analizará la procedencia de la acción de
tutela estudiando, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos formales
de procedibilidad de la acción y, en segundo término –y si hay lugar a ello- la
procedencia material del amparo. En la medida que el cumplimiento integral de
los presupuestos formales de procedibilidad y materiales de procedencia es
necesario para la prosperidad del amparo, la Sala, de encontrar que alguno de
ellos no es satisfecho en la demanda, declarará la improcedencia de la acción, sin
entrar a estudiar los restantes presupuestos de procedencia. En esa dirección,
y por economía procesal, la Sala abordará en primer término aquellos requisitos
formales que evidencian prima facie mayores dificultades en su
cumplimiento.
4.1.
Que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial a su alcance, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio irremediable.
4.1.1.
En cuanto a este presupuesto formal de procedibilidad, la Corte Constitucional
en sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) puntualizó: “De allí
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última”.
Desde
esa perspectiva, y sin entrar a estudiar la razonabilidad o no de los
fundamentos jurídicos que sustentan la sentencia dictada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín en el proceso de Luz Fabiola Duque Hernández
contra el ISS, la Sala encuentra que los cargos propuestos en la acción de amparo
constitucional no están llamados a superar el estadio formal de procedibilidad
bajo análisis, pues como lo manifestaron las Salas de Casación Laboral y Penal
en sede tutela, la peticionaria no intentó agotar el recurso extraordinario de
casación a pesar de que la condena proferida contra el ISS permitía advertir la
procedencia de dicho medio de defensa judicial conforme a lo normado en el
artículo 43 de la Ley 712 de 2001.
4.1.2.
Esta Corporación ha manifestado que la exigibilidad de agotar el medio de
acción judicial ordinario debe analizarse atendiendo a las particularidades del
caso concreto. Sin embargo, revisado el expediente la Sala encuentra que al
instante de proferirse la decisión impugnada ahora por vía constitucional la
peticionaria no se encontraba bajo algún grado de vulnerabilidad que hiciera
flexible el análisis formal de procedibilidad de conformidad con lo plasmado en
el artículo 13 C.P., pues no ostentaba la calidad de persona de la tercera edad,
ni pertenecía a los segmentos de la población colombiana con ingresos bajos, en
estado de discapacidad o históricamente discriminados. Por el contrario, (i) la
actora es abogada y tenía por ello conocimiento sobre el mecanismo procesal
ordinario de defensa judicial a su disposición, (ii) al momento de proferirse
la sentencia de segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín la
peticionaria devengaba aproximadamente 7 salarios mínimos mensuales y, (iii) la
solicitante tiene asegurado su mínimo vital cuantitativo y cualitativo a futuro
habida cuenta del reconocimiento de su derecho a una pensión de vejez liquidada
con base en los aportes realizados en los últimos 10 años de servicios. Por las
anteriores razones, en criterio de la Sala Novena de Revisión la carga de
acudir al recurso extraordinario de casación no resultaba desproporcionada para
la demandante, debiendo estarse a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001 y al principio de igualdad en
la aplicación de la ley.
4.1.3. Finalmente, la Sala estima pertinente precisar que
la sentencia T-771 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt) anexa a la demanda de
tutela en la cual se permitió el retorno al régimen de prima media de un
afiliado del régimen de ahorro individual que no reunía el requisito de 15 años
de servicios anteriores al 1 de abril de 1994, no resulta aplicable al caso concreto
en lo relacionado con los requisitos formales de procedibilidad, pues en
aquella providencia, a diferencia del presente asunto, se controvertía una resolución
administrativa desprovista de los atributos de cosa juzgada y autonomía
judicial, propios de las decisiones de los jueces. Con todo, la Sala Novena de
Revisión enfatiza (i) que en sentencia T-234 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas)
se apartó expresamente de la tesis expuesta en la providencia T-771 de 2010, según
la cual, la acción de tutela procede mecánicamente (sin que haya lugar a
observar el cumplimiento de los presupuestos procesales de la acción) cuando se
controvierte una decisión de la administración que presuntamente habría
incurrido en una “abierta vía de hecho administrativa” y; (ii) que acoge la
postura plasmada por el Pleno de la Corte en la providencia SU-062 de 2010
(M.P. Humberto Sierra Porto) en lo atinente a los requisitos que debe reunir un
afiliado a la seguridad social, que habiendo estado cobijado por el régimen de
transición del régimen de prima media se ha trasladado al de ahorro individual
y pretende retornar al primero disfrutando de los beneficios del régimen de cambio.
En particular, la Sala acoge el presupuesto relativo a la necesidad de
acreditar 15 años de servicios o cotizaciones antes de la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994), por representar la posición unificada de la
Sala Plena de la Corte sobre la materia[23].
4.1.4. Así las cosas, y sin que sean necesarias
disertaciones adicionales, la Sala Novena de Revisión revocará la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 28
de agosto de 2012, en segunda instancia, en cuanto confirmó la de primer grado
que denegó la acción de tutela, y en su lugar declarará la improcedencia de la
misma por no cumplir los presupuestos procesales de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
V.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.-
Revocar la sentencia dictada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia el 28 de agosto de 2012 en el proceso de la
referencia, mediante la cual confirmó la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral el 30 de mayo de 2012 que denegó la protección constitucional
invocada por la señora Luz Fabiola Duque Hernández; y en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo.-
Ordenar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] En este aparte
se sigue la exposición de la accionante. La Sala igualmente complementará la narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos obrantes
en el expediente.
[2] Cfr. Sentencias
T-006 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-543 de 1992 (M.P. José
Gregorio Hernández), T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-231 de
1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) relativas a la doctrina de la vía de
hecho judicial; posteriormente, las sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho
por consecuencia o error inducido) y T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy)
(desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la posibilidad de que se
produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y caprichosos llevaran a
la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la doctrina de las
causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos T-441 de 2003
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-771 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy) y T-949 de ­2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny Yepes), doctrina
que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), que en esta ocasión se reitera.
[3] Cfr. Sentencia
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[4] Sobre la
función de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de tutela, ver la
sentencia C-018 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y los autos A-034
de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández) y A-220 de 2001 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[5] Sobre la
estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente ilustrativas
las sentencias T-576 de 2008 (M.P. Humberto Sierra Porto) y T-760 de 2008 (M.P.
Manuel José Cepeda), relativas al carácter fundamental del derecho a la salud.
[6] Sobre la
importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su relación
con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda), C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y  T-566 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[7] Cfr. Sentencias
C-560 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-1290 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis).
[8] Siempre,
siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[9] Cfr. Sentencias
T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández) y C-590 de 2005  (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[10]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[11]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que
si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[12]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[13]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de
1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[14] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (Manuel
José Cepeda), T-196 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-996 de 2003 (M.P.
Clara Inés Vargas), T-937 de 2001 (Manuel José Cepeda).
[15]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[16]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica), T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy)
y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[17] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).
[18] Se
presenta cuando “la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz) y SU-168 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[19]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contraria
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica) y T-1031 de 2001 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel
José Cepeda).
[20] Cfr. Sentencia
T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny Yepes).
[21]
Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdova Triviño).
[22] Cfr. Sentencias T-1093
de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-259 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-717
de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-589 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas),
T-112 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas) y T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes), entre otras.
[23] Una postura
opuesta es sostenida en la anotada sentencia T-771 de 2010, y en las decisiones
T-320 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-232 de 2011 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla).