T-434-15
Sentencia
T-434/15
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
de procedibilidad
La tutela contra providencias judiciales
está llamada a prosperar siempre y cuando satisfaga todo un haz de condiciones.
En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de
procedibilidad general, a saber: (i) si la problemática tiene relevancia
constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos ordinarios o
extraordinarios de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un
perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias
particulares del peticionario; (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez
(si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó
la violación); (iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas
hubieran tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo
afecten gravemente los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica
debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos
vulnerados y si (de haber sido posible) lo mencionó oportunamente en las
instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la providencia
impugnada no es una sentencia de tutela. Sólo después de superados los
requisitos anteriores, el juez constitucional debe verificar en segundo lugar
si se configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo, o causales
especiales de procedibilidad. En este plano, el juez debe evaluar si la
providencia cuestionada incurrió en alguno de los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental
absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente o
(viii) violación directa de la Constitución. Además, debe definir si el
haber incurrido en alguno de esos defectos supuso la violación de derechos
fundamentales.
PROCESOS
DE LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL O DE REINTEGRO-En
el contexto de liquidación de Telecom, la sentencia SU-377/14 definió los requisitos
particulares que deben cumplirse para obtener consecuencias especificadas en
ese fallo
Primero, debe tratarse
de ex trabajadores de TELECOM; - Segundo, deben tener una
providencia laboral en firme, dictada en un proceso de levantamiento de fuero
sindical o de reintegro sindical; - Tercero, debe tratarse de providencias
contra las cuales no se haya instaurado antes otra acción de tutela; - Cuarto,
según el numeral trigésimo tercero de la parte resolutiva de la sentencia SU-377
de 2014, las personas deben haber “tenido
fuero sindical al momento de ser desvinculadas de TELECOM en su proceso de
liquidación definitiva”, bien sea porque no se les inició un
proceso de levantamiento del fuero, o porque este se inició pero no había
concluido con una autorización efectiva al momento del despido, o porque había
concluido sin conceder la autorización. En todo caso, el mismo numeral habilita
a los ex trabajadores de la compañía para promover tutelas contra “providencias ejecutoriadas que pongan fin a procesos de
levantamiento de fuero”, lo cual indica que también pueden
invocar la sentencia SU-377 de 2014 quienes fueron desvinculados en virtud de
un levantamiento de fuero, aunque en este evento solo por la violación de las
reglas atinentes a la prescripción de la acción correspondiente. - Quinto, si se cumplen los anteriores requisitos, la
inmediatez se debe analizar “[…] desde la publicación de la [sentencia SU-377
de 2014], y no desde antes”;  Solo si se reúnen todos estas condiciones particulares,
hay lugar a invocar fundadamente la sentencia SU-377 de 2014.
SENTENCIAS
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presentación de
solicitudes de aclaración, adición o nulidad no suspenden la ejecutoria
Basándose en el carácter urgente que les
atribuye a las decisiones de amparo, la Corte Constitucional ha interpretado
que la presentación de solicitudes de aclaración, adición o nulidad no
suspenden la ejecutoria de sus sentencias luego de notificadas, porque no son
un recurso contra las mismas ni tienen la virtualidad de menguar la fuerza de
la cosa juzgada constitucional. Como el juez de tutela interviene para evitar
una inminente violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es
necesario que el procedimiento para resolver las pretensiones sea expedito y
sus decisiones cobren vigencia lo más pronto posible, pues de lo contrario
perdería su naturaleza de mecanismo de urgencia y no evitaría que se consumaran
daños irreparables. Si bien en la generalidad de los procesos ordinarios es
razonable que se suspenda la ejecutoria de la sentencia hasta tanto se
resuelvan las solicitudes de aclaración o complementación presentadas contra
ella, en las circunstancias especiales de un trámite de tutela no es así,
porque por mandato constitucional la defensa de los derechos fundamentales es
una misión imperiosa del Estado de Derecho, y cualquier dilación que evite
injustificadamente el goce efectivo de los mismos debe ser inaplicada.
PROCESO
DE LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL-Constitucionalidad/SENTENCIA
SU-377/14-No puede decirse que hubiera circunscrito el ámbito de aplicación
de orden trigésimo tercera, únicamente a quienes hubieren estado aforados al
momento de desvinculación
No puede decirse que la sentencia SU-377 de 2014 hubiera
circunscrito el ámbito de aplicación de la orden Trigésimo tercera única o
exclusivamente a quienes hubieran estado aforados al momento de su
desvinculación.  Aparte de eso, la orden Trigésimo tercera dice literalmente
que también aplica a las personas “que cuenten con providencias ejecutoriadas
que pongan fin a procesos de levantamiento de fuero”. El sentido que tuvo esta
orden de protección fue el de ofrecer una oportunidad para que los ex
trabajadores de TELECOM, a quienes les habían violado las reglas mínimas
fundamentales de tratamiento de los aforados sindicales, pudieran cuestionarlas
a la luz de la Constitución. Entre esas reglas estaban las atinentes a la
prescripción de la acción de levantamiento del fuero sindical, como se mostró
dentro de los fundamentos de la SU-377 de 2014. No sería razonable interpretar
que quienes carecían de fuero al ser desvinculados porque una sentencia laboral
ordinaria se los había levantado, no puedan cuestionar el fallo de
levantamiento solo por ese hecho, y a pesar de que el mismo admitió la
desvinculación consintiendo una manifiesta vulneración de los términos de
prescripción de la acción patronal. Específicamente, en el caso del señor Hoyos
se presentó acción de tutela contra las sentencias que resolvieron en primera y
segunda instancia el proceso especial de levantamiento de fuero sindical,
precisamente porque, en su concepto, la acción había sido extemporánea conforme
a lo dispuesto en el artículo 118A del CPT. Este es uno de los supuestos que la
Sala Plena contempló como aquellos en los cuales procedía la tutela contra
providencias judiciales en el contexto de la liquidación de TELECOM, por lo que
ahora debe considerarse que la solicitud de amparo del actor es apta para
provocar un pronunciamiento de fondo de la Corporación
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL Y TEMERIDAD-Requisitos
Esta
Corporación ha interpretado que se configura cosa juzgada constitucional y
temeridad respecto de un asunto puesto en conocimiento del juez de tutela,
cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad de partes; (ii)
identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; (iv) ausencia de
justificación razonable y objetiva frente al ejercicio de la nueva acción de
tutela y (v) mala fe o dolo del accionante en la interposición de la nueva
tutela
ACCIONES
DE TUTELA PRESENTADAS POR EX TRABAJADORES DE TELECOM-Casos
en que hicieron parte de las juntas directivas de los sindicatos regionales
MARCO
NORMATIVO SOBRE LA DESVINCULACION DE AFORADOS EN CONTEXTO DE LIQUIDACION DE
TELECOM- Reiteración de sentencia SU-377/14
Es dable indicar que la garantía del
fuero sindical que se otorga a algunos trabajadores consiste en la
imposibilidad de ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa,
previamente calificada por el juez del trabajo. Esta protección no se extingue
durante los procesos de liquidación de entidades públicas, las cuales siempre
deben solicitar el levantamiento del fuero sindical antes del cierre definitivo
de la empresa. Si culmina el proceso de liquidación y se suprimen todos los
cargos, sin que a los trabajadores aforados les hubieran levantado su
protección, estos tienen la posibilidad de presentar una acción de reintegro.
Si bien en estos contextos se reconoce la imposibilidad física y jurídica de la
reincorporación, la Corte indicó que debe ordenarse el pago de una indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio
de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT
art. 116).
ACCION
DE LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL-Autoridades
judiciales no vulneraron derechos fundamentales
La Sala observa que
las autoridades judiciales demandadas no vulneraron derecho fundamental alguno
al declarar oportuna la acción de levantamiento del fuero sindical. De acuerdo
a lo explicado atrás, el término de dos (2) meses para solicitar el permiso de
despido de un trabajador aforado en procesos de liquidación de entidades
públicas, se contabiliza “a partir del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la
supresión del cargo”. En el caso específico de TELECOM en liquidación, el término de
prescripción se computa, entonces, desde el día siguiente de la publicación del
Decreto 2062 de 2003, mediante el cual se ordenó la supresión de los cargos
oficiales. Por este motivo, no hay ningún defecto en indicar que la acción de
levantamiento del fuero presentada veintitrés (23) de septiembre de dos mil
tres (2003) contra el peticionario era oportuna, pues se interpuso antes de que
se venciera el término de dos (2) meses contados desde la vigencia del Decreto
2062 de 2003 (24 de julio de 2003)
FUERO
SINDICAL-Garantía que no se extingue durante
procesos de liquidación de entidades públicas/AFORADOS SINDICALES EN
PROCESOS DE LIQUIDACION DE ENTIDADES-Garantía derivada del fuero sindical
no desaparece durante el proceso de liquidación de TELECOM
Como
se expuso en el apartado noveno de esta sentencia, la garantía del fuero
sindical que se otorga a algunos trabajadores consiste en la imposibilidad de
ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa, previamente
calificada por el juez del trabajo. Esta protección no se extingue durante los
procesos de liquidación de entidades públicas, las cuales deben solicitar el
levantamiento del fuero sindical antes del cierre definitivo de la empresa. Si
culmina el proceso de liquidación y se suprimen todos los cargos, sin que a los
trabajadores aforados les hubieran levantado su protección, estos tienen la
posibilidad de presentar una acción de reintegro, en la cual se reconoce la
imposibilidad física y jurídica de la reincorporación y se ordena a su favor el
pago de una indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin perjuicio
de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT
art. 116).
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se
presenta un defecto material o sustantivo cuando Juez ordinario toma decisión
sin aplicar norma que regula el caso/AFORADOS SINDICALES EN PROCESOS DE
LIQUIDACION DE ENTIDADES-Caso en que se negó el reconocimiento de
indemnización prevista en artículo 116 del CPT
En
el caso bajo examen, la Sala considera como una obligación del juez del
reintegro declarar irregular el despido del actor, e indicar que aun cuando era
fáctica y jurídicamente imposible su reincorporación al puesto de trabajo
debido al cierre definitivo de la empresa, sí era procedente la indemnización
especial de que trata el artículo 116 del CPT por no atender la desautorización
del despido, tal y como se dispuso en la sentencia SU-377 de 2014 para dos
casos similares. No es viable sostener que un aforado sindical no puede ser
desvinculado sino en virtud de autorización del juez competente, pero al mismo
tiempo que la violación de esa garantía en los casos de cierre definitivo de
una empresa no acarrea consecuencias debido a la imposibilidad de reintegro.
Dicho razonamiento echa al traste las garantías sindicales de libre asociación,
en tanto abre un espacio para desarrollar conductas antisindicales sin la
posibilidad de que las mismas sean sancionadas. Esto no es aceptable
constitucionalmente, porque la Carta Política protege el derecho fundamental de
los trabajadores a constituir sindicatos o asociaciones (art. 39, CP), y esto
implica la existencia de mecanismos eficaces para evitar actuaciones que interfieran
el normal ejercicio de dicha facultad. En consecuencia, en el caso del actor los jueces del
reintegro incurrieron en un defecto sustantivo en sus providencias, al negarle
el reconocimiento de una indemnización especial derivada del despido sin previa
autorización judicial, conforme lo establece el artículo 116 del CPT. Por lo cual, la Sala Primera de Revisión amparará el derecho
fundamental al debido proceso del accionante.
ARTICULO
116 DEL CPT-Se encuentra vigente y puede
aplicarse en procesos especiales de fuero sindical/INDEMNIZACION DEL ARTICULO
408 DEL CST Y EL ARTICULO 116 DEL CPT-Diferencias
Tampoco puede asegurarse que el artículo 408 del Código Sustantivo
del Trabajo, modificado por el Decreto 204 de 1957, derogó el artículo 116 del
Código Procesal del Trabajo al disponer en el inciso segundo que si “[…] se
comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que
regulan el fuero sindical, […] se condenará al patrono a pagarle, a título
de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del despido”. Como
se explicó en la sentencia SU-377 de 2014, en contextos de liquidación, la
indemnización de que trata el artículo 408 del CST opera cuando al trabajador
aforado se lo haya
desvinculado antes de la clausura definitiva sin previa autorización judicial
(y en la medida en que sea la decisión más favorable), y la indemnización del
artículo 116 del CPT entra a regir cuando la terminación del vínculo ocurra con
el cierre definitivo de la compañía (o después). Así, las situaciones fácticas
que regulan los artículos mencionados son diferentes, y no puede interpretarse
entonces que la vigencia de la norma posterior afecta la de la anterior. Si
fuera así, en eventos cuando a un aforado lo despiden sin autorización judicial
al momento del cierre definitivo de la entidad, esta última quedaría sin
sanción, pues al aplicar la fórmula del artículo 408 del CST termina
liquidándose un valor de cero (0). Concluye
la Sala, entonces, que contrario a lo que afirmaron los jueces de instancia, el
artículo 116 del CPT está plenamente vigente y puede aplicarse en los procesos
especiales de fuero sindical, más concretamente en los casos en que la Sala
Plena de la Corte le dio efectividad en la sentencia SU-377 de 2014.
AFORADO
SINDICAL EN PROCESO DE LIQUIDACION DE TELECOM-Caso
en que Jueces tenían la obligación de declarar irregular el despido porque no
se contaba con previa autorización judicial/AFORADO SINDICAL EN PROCESO DE
LIQUIDACION DE TELECOM-Caso en que no procede reintegro pero si
indemnización especial prevista en artículo 116 del CPT
La
Sala considera que los jueces del reintegro tenían la obligación de declarar
irregular el despido del actor porque no se contaba con previa autorización
judicial, y ordenar a su favor una indemnización especial sin importar que la
desvinculación coincidiera con el cierre definitivo de la empresa. No es
factible sostener que un aforado sindical no puede ser desvinculado sino en
virtud de autorización del juez competente, pero al mismo tiempo que la
violación de esa garantía en los casos de cierre definitivo de una empresa no
acarrea consecuencias debido a la imposibilidad de reintegro. Esta
argumentación desconoce por completo las garantías de libre asociación
sindical, pues abre un espacio para desarrollar conductas antisindicales sin la
posibilidad de que las mismas sean sancionadas. Y esto no es viable porque la
Carta Política protege el derecho fundamental de los trabajadores a constituir
sindicatos o asociaciones (art. 39, CP), lo cual implica la existencia de
mecanismos eficaces para evitar actuaciones que interfieran el normal ejercicio
de dicha facultad. En
consecuencia, que en el caso de Darío los jueces del reintegro incurrieron en
un defecto sustantivo en sus providencias, al negarle el reconocimiento de una
indemnización especial derivada del despido sin previa autorización judicial,
conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del CPT. Por tanto, la Sala Primera de Revisión amparará su derecho
fundamental al debido proceso. Sobre la cuestión de la vigencia del
artículo 116 del CPT, la Sala se remite en este punto a lo expuesto en los párrafos
11.9 al 11.10 de esta sentencia, en los cuales se expusieron las razones por
las cuales debe admitirse su plena aplicabilidad para casos actuales
Referencia: T-4811855, T-4814582 y
T-4824712 (expedientes acumulados)
Expediente T-4811855. Acción de tutela
presentada por José Germán Hoyos Álvarez contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales y el PAR de TELECOM.
Expediente T-4814582. Acción de tutela
presentada por Juan Carlos Peña Díaz contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Buga y el PAR de TELECOM.
Expediente T-4824712. Acción de tutela
presentada por Darío Eccehomo Díaz contra Sala Laboral del Tribunal Superior de
Manizales y el PAR de TELECOM.
Magistrada ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil quince
(2015)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos: (i) el quince (15)
de octubre de dos mil catorce (2014), en primera instancia, por la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, y el cinco (5) de febrero de dos mil quince
(2015), en segunda instancia, por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en la acción impetrada por José Germán Hoyos Álvarez contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Manizales y el PAR de TELECOM; (ii) el
veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), en primera instancia,
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y el veintinueve (29) de
enero de dos mil quince (2015), en segunda instancia, por la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en la acción promovida por Juan Carlos Peña Díaz
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga y el PAR de TELECOM; y (iii)
el quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), en primera instancia, y el
veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015), en segunda instancia, en la
acción presentada por Darío Eccehomo Díaz contra Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales y el PAR de TELECOM .[1]
I.
ANTECEDENTES
José
Germán Hoyos Álvarez, Juan Carlos Peña Díaz y Darío Eccehomo Díaz, quienes
afirman ser ex trabajadores de TELECOM con fuero sindical, presentaron de forma
independiente acciones de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de
TELECOM (en adelante PAR) y diversas autoridades judiciales, en defensa de sus
derechos fundamentales al debido proceso, la libre asociación sindical y al
mínimo vital. Sostienen que interpusieron las solicitudes de amparo en razón de
las órdenes trigésimo tercera y trigésimo cuarta de la sentencia SU-377 de
2014,[2]
según las cuales los ex empleados de TELECOM que cuenten con una providencia
laboral en firme, dictada en un proceso de levantamiento de fuero sindical o de
reintegro, pueden presentar una acción de tutela contra dicha decisión, si consideran
que sus solicitudes cumplen los presupuestos generales y específicos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
En el
caso de José Germán Hoyos Álvarez se alega que las autoridades judiciales que
examinaron el proceso de levantamiento de fuero sindical vulneraron su derecho
al debido proceso, al autorizar su despido sin tener presente que la solicitud
era supuestamente extemporánea. En los casos de Juan Carlos Peña Díaz y Darío
Eccehomo Díaz se alega que las providencias que resolvieron sus pretensiones de
reintegro son inconstitucionales, porque aun cuando los desvincularon el mismo
día del cierre definitivo de la empresa (31 de enero de 2006) sin que les
levantaran el fuero sindical, no se ordenó su reincorporación a la empresa ni
el pago de indemnización por despido ilegal.
A
continuación se realizará una exposición más amplia de los antecedentes de cada
caso, la respuesta de las autoridades accionadas y las decisiones objeto de
revisión.
1. Caso de José Germán Hoyos Álvarez.
Expediente T-4811855
Narración de los hechos y argumentos
jurídicos presentados en la demanda
1.1. José Germán Hoyos Álvarez ingresó a
trabajar a TELECOM el primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y cinco
(1995), en el cargo de “Jefe de Oficina III en la localidad de Viterbo
(Caldas)”.[3]
Desde el año dos mil dos (2002) es miembro y secretario general de la junta
directiva de la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones (en
adelante USTC), seccional Manizales.[4]
1.2. El Gobierno Nacional, mediante el
Decreto 1615 del 13 de junio 2003,[5]
dispuso la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM),
y estableció que para “[…] la desvinculación del personal
que goza de la garantía de fuero sindical” el liquidador de TELECOM debía adelantar “los procesos de
levantamiento de fuero sindical”. Y en el Decreto 2062 del 24
de julio de 2003[6] se estableció la supresión de los
cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero sindical.[7]
1.3. Ante la orden de supresión de TELECOM,
el liquidador inició proceso de levantamiento de fuero sindical contra el señor
José Germán Hoyos Álvarez el veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres
(2003), bajo el argumento de que el actor estaba aforado como miembro de la
junta directiva y requerían eliminar su cargo debido al proceso liquidatorio.
1.4. En autos interlocutorios del cuatro
(4) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el treinta (30) de junio de dos mil
cuatro (2004), el Juzgado Civil del Circuito de Anserma (Caldas) y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Manizales, respectivamente, negaron en primera
y segunda instancia la excepción previa de prescripción interpuesta por el
trabajador demandado, según el cual la acción de levantamiento se había
presentado fuera del término de dos (2) meses después del hecho que se invoca
como justa causa para el despido (la publicación del Decreto 1615 del 13 de junio
de 2003, por el cual se ordenó la liquidación de TELECOM).[8]
Las autoridades judiciales argumentaron que la demanda de levantamiento del
fuero se había presentado oportunamente, porque el término de dos (2) meses
referido se contaba desde la entrada en vigencia del Decreto 2062 del 24 de
julio de 2003, en el que se ordenó suprimir los cargos oficiales de TELECOM en
liquidación.[9]
En consecuencia, declararon no probada la excepción previa de prescripción y
ordenaron continuar con el trámite de levantamiento del fuero sindical.
(i) Primera instancia. En
sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil cuatro (2004),[10]
el Juzgado Civil del Circuito de Anserma, Caldas, levantó el fuero sindical y
autorizó el despido del accionante. Indicó que aun cuando efectivamente el
actor tenía fuero sindical como miembro registrado de la junta directiva de una
organización sindical debidamente acreditada (USTC), el mismo debía levantarse
y, por consiguiente, autorizarse el despido, pues estaba plenamente demostrada
una de las justas causas para convenir con la desvinculación de un trabajador
aforado: la liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento
(art. 410 CST).
(ii) Segunda instancia. En fallo
del veintiséis (26) de enero de dos mil cinco (2005), la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales confirmó el fallo precedente y dejó en firme la
autorización judicial de despido a José Germán Hoyos Álvarez.[11]
Para ello esgrimió los mismos argumentos del juez de primer grado.
1.5. En escrito del trece (13) de mayo
de dos mil cinco (2005), TELECOM en liquidación le comunicó a José Germán Hoyos
Álvarez que en virtud de la ejecutoriedad de las decisiones judiciales
referenciadas se le suprimía el cargo a partir del dieciséis (16) de mayo de
dos mil cinco (2005), y que en los noventa (90) días siguientes se procedería al
pago de sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales y
convencionales.[12]
El primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), TELECOM en liquidación le
canceló una indemnización convencional de $39.648.859, y una liquidación de
prestaciones sociales de $3.265.854.
1.6. El accionante
estuvo en desacuerdo con la liquidación de sus prestaciones sociales y la
indemnización, por lo que presentó en el año dos mil ocho (2008) demanda
ordinaria laboral contra el PAR de TELECOM. Allí pretendió, específicamente,
que (i) le pagaran el valor proporcional al último turno de vacaciones, (ii) le
reconocieran como factor integrante de salario el 8% y el 10% de los
incrementos al ingreso otorgados por convencionalmente desde el año mil
novecientos noventa y ocho (1998), y (iii) el pago de una indemnización por
terminación unilateral del contrato de trabajo, conforme a los pactos
colectivos. En primera y segunda instancia, el Juzgado Civil del Circuito de
Anserma y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, respectivamente,
negaron las pretensiones del actor. Argumentaron que las pretensiones que
tenían fundamento en las convenciones colectivas (la ii y la iii) no podían
prosperar porque en el expediente “no aparece por parte alguna prueba de la
respectiva convención colectiva laboral, así como de su depósito oportuno en
los términos del artículo 469 del CST”. Y la petición relativa a las
vacaciones (la i) se descartó, porque el accionante “no se encontraba dentro
de la órbita de incidencia de la prestación que reclama, pues a la fecha de
desvinculación laboral, en relación con el extremo cronológico inicial del
contrato, apenas había laborado 1 mes y 15 días, tiempo insuficiente para tener
derecho a la compensación dineraria en el caso que se presentara un cese de sus
funciones”[13]
1.7. Inconforme con las decisiones
judiciales que autorizaron su despido (las de levantamiento del fuero), el
accionante presentó la tutela que ahora es objeto de revisión. Explicó que dichas
providencias vulneraron su derecho al debido proceso porque, en su concepto, debió
declararse la prescripción de la solicitud de levantamiento del fuero, pues
conforme al artículo 118A del CPT el término para presentarla se vence a los
dos (2) meses desde la fecha en que tuvo
conocimiento del hecho que se invoca como justa causa, y como en su caso el
motivo del despido era la liquidación de la empresa, el lapso se contaba desde
la expedición del Decreto 1615 del 13 de junio 2003, mediante el cual se
ordenó la liquidación de TELECOM, y no desde el Decreto 2062 del 24 de julio de
2003, en el que se ordenó la supresión de su cargo. Argumenta que si se acepta
el razonamiento anterior, la solicitud del despido debía declararse
extemporánea, pues se interpuso el veintitrés (23) de septiembre de dos mil
tres (2003), más de tres (3) meses después de la expedición del Decreto 1615
del 13 de junio de 2003. Por este motivo, solicita el amparo de sus derechos
fundamentales y que se dejen sin efecto las decisiones que en el proceso
especial de levantamiento de fuero sindical autorizaron su despido, y se paguen
las indemnizaciones a que tiene derecho por “el despido injusto e ilegal del
que [fue] víctima”.
Intervención de las entidades demandadas
1.8. El Juzgado Civil del Circuito de
Anserma, Caldas, que resolvió en primera instancia el proceso de levantamiento
de fuero sindical, intervino en el trámite de tutela para aportar las
providencias judiciales mediante las cuales se examinaron las pretensiones de
reliquidación de la indemnización otorgada con ocasión del despido.[14]
No se pronunció sobre el problema jurídico del caso.
1.9. La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales, que estudió en segunda instancia el proceso de
levantamiento de fuero sindical, fue notificada de la acción de tutela[15]
pero guardó silencio durante el trámite de la misma.
1.10. La apoderada general del PAR de
TELECOM, Hilda Terán Calvache, solicitó que se declarara improcedente la acción
constitucional. Alegó que (i) las tutelas presentadas contra el PAR que tengan
fundamento en la sentencia SU-377 de 2014 son improcedentes hasta tanto se
resuelvan las solicitudes de aclaración, adición y nulidad interpuestas en su
contra, pues hasta ese momento no puede afirmarse que las órdenes contenidas
allí estén ejecutoriadas. Dijo que (ii) si no se aceptaba esta tesis, de todas
formas debía declararse improcedente el amparo interpuesto por José Germán
Hoyos Álvarez, porque en la orden trigésimo tercera de la sentencia SU-377 de
2014, la Sala Plena de la Corte autorizó a presentar acciones de tutela contra
providencias que pusieran fin a procesos especiales de fuero sindical a “[…]
[l]as personas
que hubieren [estado aforadas] al momento de ser desvinculadas de TELECOM”, y como en
este caso al actor le levantaron la protección foral antes del despido, debía
comprenderse que no se hallaba en la situación fáctica de aquellos ciudadanos a
quienes se autorizó a presentar la tutela.
De otra parte, sostuvo que incluso si se
consideraba procedente la acción, no era viable conceder el amparo de los
derechos fundamentales, pues (iii) el accionante fue desvinculado luego de que
una autoridad judicial autorizara su despido; y (iv) las sentencias de
levantamiento de fuero acertaron al contabilizar el término de prescripción
para solicitar el permiso desde la emisión del Decreto 2062 del 24 de julio de
2003, pues la “prescripción de las acciones de levantamiento de fuero
sindical en entidades pública en liquidación es de dos (2) meses contados a
partir del día siguiente a la publicación del acto que ordena la supresión del
cargo (artículo 1º del Decreto 2160 de 2004).”
1.11. La Unión Sindical de Trabajadores
de las Comunicaciones (USTC) intervino en el proceso de tutela para coadyuvar
las pretensiones del accionante. Manifiesta que la prescripción de la solicitud
de despido de los trabajadores aforados de TELECOM se contabiliza desde la
emisión del Decreto 1615 del 13 de junio de 2003, porque fue ese cuerpo
normativo el que efectivamente ordenó la liquidación de la empresa en cuestión.
Argumentó que el Decreto 2062 del 24 de julio de 2003 no puede servir de
parámetro para computar el término de prescripción referido, en tanto “no
suprimió los cargos por trabajadores amparados por el fuero sindical, sino que
simplemente hizo referencia a la forma como se suprimirían los mismos una vez
se diera el trámite legal respectivo.”
De las sentencias objeto de revisión
1.12. La Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por
el actor, en sentencia del quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014).
Expuso que aun cuando la tutela era procedente debido a la “[…] directriz
impartida por la Corte Constitucional en el aparte trigésimo cuarto de la
sentencia SU-377 de 2014, relativa a ‘contar la inmediatez desde la publicación
de esa providencia’”, la misma no tenía la virtualidad de prosperar, porque
“[…] la Sala no encuentra algún vicio o irregularidad manifiesta que afecte los
derechos fundamentales de la parte actora y que merezca la especial
intervención del juez constitucional. […] [Además], el presente caso disiente
diametralmente de los amparados [en la sentencia SU-377 de 2014], pues aquí se
adelantó un proceso de levantamiento de fuero sindical con el lleno de los
requisitos y garantías procesales, que culminó con la autorización razonada del
despido y con el pago de la indemnización convencional correspondiente.”
1.13. Este fallo fue impugnado por el
actor, bajo el argumento de que las providencias judiciales que examinaron el
proceso especial de levantamiento de fuero sindical sí vulneraron sus derechos
fundamentales, pues no declararon que la solicitud de despido era extemporánea.
1.14. En segunda instancia, la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado y negó el
amparo de los derechos fundamentales, mediante sentencia del cinco (5) de
febrero de dos mil quince (2015). Indicó que los fallos acusados de inconstitucionales
“[…] no se pueden calificar de que hayan sido el resultado de la
arbitrariedad ni el capricho de los funcionarios judiciales que los emitieron;
por el contrario, nota la Corte que fueron proferidos en el decurso de un
procedimiento legítimo con intervención de las partes y debidamente motivados.”
2. Caso de Juan Carlos Peña Díaz.
Expediente T-4814582
Narración de los hechos y argumentos
jurídicos presentados en la demanda
2.1. Juan Carlos Peña Díaz ingresó a
trabajar a TELECOM el veintiuno (21) de julio de mil novecientos ochenta y dos
(1982), en el cargo de “técnico en la gerencia departamental del Valle”.[16]
Para el año dos mil tres (2003) era miembro y secretario de reclamos de la
junta directiva de la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones
(USTC), seccional Palmira.[17]
2.2. El Gobierno Nacional, mediante el
Decreto 1615 del 13 de junio 2003,[18]
dispuso la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM),
y estableció que para “[…] la desvinculación del personal
que goza de la garantía de fuero sindical” el liquidador de TELECOM debía adelantar “los procesos de
levantamiento de fuero sindical”. Y en el Decreto 2062 del 24
de julio de 2003[19] se estableció la supresión de los
cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero sindical.[20]
2.3. Ante la orden de supresión de
TELECOM, el liquidador interpuso acción de levantamiento de fuero sindical
contra el señor Juan Carlos Peña Díaz, argumentando que el actor estaba aforado
como miembro de junta directiva y requerían eliminar su cargo debido al proceso
liquidatorio.
(i) Primera instancia. En
sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil cuatro (2004), el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Palmira declaró probada la excepción previa de
prescripción y negó el permiso para despedir. A su juicio, TELECOM en
liquidación presentó la solicitud por fuera del término de dos (2) meses desde
la expedición del Decreto 1615 del 13 de junio de 2003.
(ii) Segunda instancia. En
providencia del trece (13) de febrero de dos mil cinco (2005), la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Buga confirmó en todas sus partes el fallo precedente
y dejó en firme la negativa del permiso para despedir al accionante.
2.4. En escrito del treinta y uno (31)
de enero de dos mil seis (2006), TELECOM en liquidación le comunicó a Juan
Carlos Peña Díaz que aun cuando no tenía autorización para despedirlo, le
terminaban el contrato de trabajo desde ese mismo día “por culminación del
proceso de la liquidación y la terminación de la existencia jurídica de la
entidad.”[21]
El veintidós (22) de mayo de dos mil seis (2006), TELECOM en liquidación le
canceló al accionante una indemnización de $109.508.889, y una suma de
$10.645.193 por concepto de prestaciones sociales.[22]
2.5. Contra la decisión de despedirlo
sin autorización judicial, Juan Carlos Peña Díaz presentó en el año dos mil
seis (2006) una acción de tutela contra el PAR, pretendiendo la defensa de sus
derechos fundamentales y el reintegro a un puesto de trabajo de igual o
superior categoría al que tenía.[23]
En primera y segunda instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga y
la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, respectivamente, declararon
improcedente la acción de tutela porque el actor tenía otro mecanismo de
defensa en la jurisdicción ordinaria para la defensa de sus intereses (acción
de reintegro).[24]
2.6. El diecinueve (19) de mayo de dos
mil seis (2006) el peticionario interpuso acción de reintegro contra el PAR de
TELECOM, argumentando que la desvinculación de la extinta empresa había sido
ilegal porque no medió autorización de alguna autoridad judicial, a la cual
tenía derecho por estar aforado. Allí pretendía que lo reintegraran al cargo
que ocupaba y el pago de los salarios y prestaciones sociales causadas entre el
momento del despido y el reintegro.
(i) Primera instancia. En
sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil siete (2007), el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Palmira absolvió de todas las pretensiones al
PAR de TELECOM. Sostuvo que a pesar de que al actor lo habían desvinculado sin
que le hubieran levantado el fuero sindical, no podía prosperar la pretensión
de reintegro debido a una “simple imposibilidad tanto material como
jurídica”, pues TELECOM desapareció por la terminación del proceso de
liquidación y no podía obligarse al PAR que lo contratara, porque su función
era la de “mero ejecutor de sus bienes remanentes”. Expuso que “[…]
la supresión total de la empresa sin el surgimiento consiguiente de una
sustituta lleva al traste con las pretensiones de reintegro, pues no se puede
obligar a recibir a un trabajador a quien nada tiene que ver con la prestación
de un servicio, que es una entidad económica de mera ejecución.”
(ii) Grado de consulta. En consulta,
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga confirmó la decisión precedente y
negó la pretensión de reintegro, en sentencia del veintinueve (29) de enero de
dos mil ocho (2008). Al igual que el juez de instancia, sostuvo que el
reintegro no procedía debido a que resultaba “física y jurídicamente
imposible” por el cierre definitivo de TELECOM en liquidación. Además,
añadió que tampoco había lugar al reconocimiento de la indemnización de que
trata el artículo 408 del CST, “porque no existe lapso sobre el cual
disponer el pago de tal emolumento, en razón a que el despido coincidió con la
fecha de la liquidación definitiva de TELECOM (31 de enero de 2006), y la
indemnización se contrae a los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta el momento de reinstalación del trabajador aforado en el empleo.”
2.7. Dado su desacuerdo con las decisiones
judiciales que resolvieron la acción de reintegro, Juan Carlos Peña Díaz
presentó la acción de tutela que ahora es objeto de estudio por la Corte. Allí
argumentó que tales fallos son inconstitucionales porque conforme a la
sentencia SU-377 de 2014, los aforados sindicales tienen derecho a que no los
desvinculen de sus cargos sin que medie una autorización judicial, inclusive
luego del cierre definitivo de la entidad. Y como en su caso el levantamiento
del fuero sindical fue negado, TELECOM en liquidación o quien hiciera sus veces
(PAR) tenía la obligación de mantenerlo en la compañía y pagarle las
respectivas indemnizaciones.
Intervención de las entidades demandadas
2.8. El Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Palmira intervino en el proceso para remitir las decisiones
judiciales que resolvieron la pretensión de reintegro del actor, en la cual
dicha autoridad obró como juez de primera instancia.
2.9. La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Buga, que estudió en segunda instancia el proceso especial de fuero
sindical – acción de reintegro, fue notificada de la acción de tutela,[25]
pero guardó silencio durante el trámite de la misma.
2.10. La apoderada general del PAR de
TELECOM intervino en el proceso solicitando que se declarara improcedente la
acción de tutela. Por una parte, dijo (i) que el amparo no podía fundarse en la
emisión de la sentencia SU-377 de 2014 porque esa decisión aún no está
ejecutoriada, en tanto se presentaron en su contra solicitudes de aclaración,
adición y nulidad.[26]
Y de otra, señaló (ii) que existe “cosa juzgada de la acción de tutela”,
porque el actor había presentado en el año dos mil seis (2006) solicitud de
amparo contra el PAR de TELECOM, pretendiendo el reintegro y el pago de
indemnizaciones, y no podía admitirse que nueve (9) años después reabriera un
debate concluido.
Sobre el asunto de fondo, indicó (iii) que
no debía concederse el amparo de los derechos fundamentales, porque las
sentencias de reintegro acusadas de inconstitucionales se ciñeron a la
jurisprudencia constitucional y ordinaria, que indica que cuando hay
imposibilidad física y jurídica para el reintegro no procede la restitución al
cargo ocupado y la imposibilidad del pago de indemnizaciones.
De las sentencias objeto de revisión
2.11. En primera instancia, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por Juan Carlos Peña Díaz, mediante sentencia del
veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014). Sostuvo que los fallos que
dieron fin al proceso especial de reintegro por fuero sindical “resultan
razonables, motivo por el cual no le es permitido al juez constitucional entrar
a controversias so pretexto de tener una opinión diferente, pues quien ha sido
encargado por el Legislador para dirimir el conflicto es el juez natural.” Advirtió
que la tesis de ‘imposibilidad del reintegro’ es plausible cuando culmina el
proceso liquidatorio de la empresa, y que cuando se desvincula a un trabajador
aforado con el cierre definitivo de la compañía (o después) no procede la
indemnización del artículo 116 del CPT, como lo sostuvo la sentencia SU-377 de
2014, pues “dicho precepto legal no se encuentra vigente por disposición del
D. 616/1954, art. 15”.
2.12. El actor impugnó la decisión anterior,
porque consideró que el juez de primera instancia no tuvo presente que el
despido había ocurrido en vigencia de su fuero sindical, sin que alguna
autoridad judicial hubiera autorizado su desvinculación.
2.13. La Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, en sentencia de segunda instancia del veintinueve (29) de enero de
dos mil quince (2015), confirmó el fallo precedente bajo las mismas
consideraciones argumentativas.
3. Caso de Darío Eccehomo Díaz.
Expediente T-4824712
Narración de los hechos y argumentos
jurídicos presentados en la demanda
3.1. Darío Eccehomo Díaz ingresó a
trabajar a TELECOM el veintisiete (27) de junio de mil novecientos ochenta y
cuatro (1984), y el último cargo desempeñado fue el de “operador de
servicios de telecomunicaciones”.[27]
Desde el año dos mil dos (2002) es miembro y presidente de la junta directiva
de la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones (USTC), seccional Manizales.[28]
3.2. El Gobierno Nacional, mediante el
Decreto 1615 del 13 de junio 2003,[29]
dispuso la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM),
y estableció que para “[…] la desvinculación del personal
que goza de la garantía de fuero sindical” el liquidador de TELECOM debía adelantar “los procesos de
levantamiento de fuero sindical”. Y en el Decreto 2062 del 24
de julio de 2003[30] se estableció la supresión de los
cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero sindical.[31]
3.3. Ante la orden de supresión de
TELECOM, el liquidador interpuso acción de levantamiento de fuero sindical
contra el señor Darío Eccehomo Díaz el veinticuatro (24) de septiembre de dos
mil tres (2003), argumentando que el actor estaba aforado como miembro de junta
directiva y requerían eliminar su cargo debido al trámite liquidatorio de la
compañía.
3.4. Sin que aún se hubiera proferido
sentencia en el proceso de levantamiento de fuero sindical, TELECOM en
liquidación le comunicó al actor el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis
(2006) que a partir de la fecha daba por terminado su contrato de trabajo, “por
culminación del proceso de la liquidación y la terminación de la existencia
jurídica de la entidad.”[32]
El dieciocho (18) de mayo de dos mil seis (2006), le cancelaron al
accionante una indemnización de $61.263.964 y una suma de $2.422.154 por
concepto de prestaciones sociales.[33]
3.5. Luego del despido, las autoridades
judiciales encargadas de examinar la solicitud de levantamiento del fuero
sindical profirieron sentencias.
(i) Primera instancia. En providencia
del siete (7) de febrero de dos mil seis (2006), el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Manizales declaró probada la excepción previa de prescripción y
negó el permiso para despedir al actor. Expuso que la demanda de levantamiento
de fuero se presentó el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil tres (2003),
tres (3) meses después de la expedición del Decreto 1615 del 13 de junio de
2003, por lo que se hallaba fuera del término consagrado en el artículo 118A
del CPT (2 meses).
(ii) Segunda instancia. En
sentencia del veinticuatro (24) de abril de dos mil seis (2006), la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Manizales revocó la decisión anterior y
levantó el fuero sindical del actor, autorizando su despido. En primer lugar,
indicó que la demanda no era extemporánea, porque el término de dos (2) meses
para presentarla se comienza a contar al día siguiente del decreto que ordenó
la supresión de los cargos al interior de la empresa (Decreto 2062 del 24 julio
de 2003) y no desde aquel que dispuso la liquidación de la misma (Decreto 1615
del 13 de junio de 2003). Así, afirmó que la demanda era oportuna, porque el
término se vencía el veinticinco (25) de septiembre de dos mil tres (2003) y la
solicitud de levantamiento del fuero se interpuso un día antes. En segundo
término, explicó que en el caso de Darío Eccehomo Díaz debía levantarse el
fuero y autorizarse su despido, por cuanto la empresa demandante demostró la
existencia de una justa causa para ello: la orden de liquidación de la
compañía.
3.6. Como al peticionario lo
desvincularon antes de que culminara el proceso especial de
levantamiento de fuero sindical, y no medió autorización previa de un juez,
este consideró que su despido había sido ilegal y presentó acción de reintegro
contra el PAR de TELECOM. Allí pretendió que lo reincorporaran al cargo que
ocupaba y el pago de los salarios y prestaciones sociales causadas entre el
momento del despido y el reintegro.
(i) Primera instancia. En
sentencia del dos (2) de marzo de dos mil siete (2007), el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Manizales negó las pretensiones de Darío Eccehomo Díaz.
Primero, sostuvo que una vez terminado el proceso de liquidación de TELECOM, el
despido de trabajadores aforados “no requería previa autorización judicial”,
porque el artículo 411 del CST exime de cualquier calificación judicial la
terminación de un contrato de trabajo por “la realización de la obra
contratada”. Segundo, explicó que como consecuencia de lo anterior no nació
en la entidad demandada una obligación de reintegro, el cual además era
imposible dada la inexistencia de la empresa. Y tercero, indicó que no había
derecho al pago de indemnizaciones legales porque el despido se había ajustado
al ordenamiento jurídico, y tampoco había lugar al pago de indemnizaciones
convencionales porque al proceso no se adjuntó la respectiva convención
colectiva de trabajo que contenía dicha obligación.
(ii) Segunda instancia. En fallo
del treinta (30) de abril de dos mil siete (2007), la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales confirmó la decisión precedente, aun cuando hizo algunas
precisiones sobre su parte considerativa. Expuso que era equivocado sostener
que, en virtud del artículo 411 del CST, no era necesario solicitar
autorización judicial para el despido de un trabajador aforado cuando se daba
el cierre definitivo de la empresa. A su juicio, esta tesis era contraria a las
garantías sindicales consagradas en el ordenamiento y a las mismas
disposiciones que regulaban el proceso liquidatorio de TELECOM, el cual incluso
establecía trámites para el levantamiento del fuero sindical de trabajadores. A
pesar de lo anterior, sostuvo que de todas formas no procedían las pretensiones
de reintegro ni pago de indemnizaciones a favor de Darío Eccehomo Díaz, porque
eso era imposible dada la inexistencia de la empresa.
3.7. Inconforme con las respuestas de la
administración de justicia a su caso, el actor presentó en el año dos mil ocho (2008)
un proceso laboral ordinario contra el PAR de TELECOM, pretendiendo que (i) se
le pagaran los salarios generados entre la fecha del despido (31 de enero de
2006) y el día en que se levantó judicialmente su fuero sindical (24 de abril
de 2006); y (ii) el pago de una indemnización legal por despido unilateral y
sin autorización judicial.
(i) Primera instancia. En
sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil diez (2010), el Juzgado Adjunto
Primero Laboral del Circuito de Manizales negó sus pretensiones. Estableció que
no era procedente el pago de salarios entre la terminación del contrato y la
fecha en que se autorizó judicialmente su despido, porque en ese lapso no había
algún contrato de trabajo vigente entre las partes, pues la empleadora ya había
dejado de existir. Y en relación a las indemnizaciones, señaló que no había
lugar a ellas porque el despido tuvo una justa causa en la culminación del
proceso liquidatorio de TELECOM, y en su caso no era necesaria la autorización
judicial para el despido en tanto ya se había dado el cierre definitivo de la
empresa.
(ii) Grado de consulta. En
sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil diez (2010) proferida en sede
de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales confirmó en
todas sus partes la decisión precedente.
3.8. En el año dos mil catorce (2014),
el peticionario interpuso la acción de tutela que ahora es objeto de revisión
por la Corte Constitucional. En ella solicita que se ampare su derecho al
debido proceso y se protejan las garantías sindicales de las cuales se
considera beneficiario. Manifiesta que las sentencias que resolvieron su
pretensión de reintegro (numeral 3.6.) desconocieron los mandatos de justicia y
equidad, pues “premiaron a la demandada por su actuación ilegal [de
despedirlo sin previa autorización judicial], […] olvidando que ante la
imposibilidad de reintegro debió ordenarse el pago a título de indemnización
los salarios y prestaciones dejados de percibir a la fecha de ejecutoria de la
sentencia.”
Intervención de las entidades demandadas
3.9. El Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Manizales intervino en el trámite para adjuntar las sentencias que
resolvieron los procesos especiales de levantamiento de fuero sindical y
reintegro, en los cuales actuó como juez de primera instancia.
3.10. La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales fue notificada del proceso de tutela,[34]
pero guardó silencio.
3.11. La apoderada general del PAR
intervino en el proceso para solicitar que se declarara la improcedencia de la
acción. De un lado, indicó (i) que el amparo no podía basarse en la emisión de
la sentencia SU-377 de 2014 porque esa decisión aún no está ejecutoriada, en
tanto se presentaron en su contra solicitudes de aclaración, adición y nulidad.[35]
Y de otro, señaló (ii) que existe “cosa juzgada de la acción de tutela”,
porque Darío Eccehomo Díaz había presentado en el año dos mil ocho (2008) una
demanda ordinaria laboral contra el PAR de TELECOM, pretendiendo el “pago de
salarios y demás emolumentos posterior al cierre liquidatorio”, y no podía
admitirse que se reabriera un debate finalizado en la justicia ordinaria.
Sobre el asunto de fondo, indicó (iii)
que no debía concederse el amparo de los derechos fundamentales, porque las
sentencias de reintegro acusadas de inconstitucionales se ciñeron a la
jurisprudencia constitucional y ordinaria, que indica que cuando hay
imposibilidad física y jurídica para el reintegro no procede la restitución al
cargo ocupado y la imposibilidad del pago de indemnizaciones.
De las sentencias objeto de revisión
3.12. En primera instancia, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos
fundamentales de Darío Eccehomo Díaz, en sentencia del quince (15) de octubre
de dos mil catorce (2014). En su concepto, los fallos proferidos dentro de los
procesos especiales de fuero sindical (levantamiento de fuero y reintegro) “resultan
razonables, motivo por el cual no le es permitido al juez constitucional entrar
a controversias so pretexto de tener una opinión diferente, pues quien ha sido
encargado por el Legislador para dirimir el conflicto es el juez natural.”
Así mismo, indicó que la tesis de ‘imposibilidad del reintegro’ es plausible
cuando culmina el proceso liquidatorio de la empresa, y que cuando se
desvincula a un trabajador aforado con el cierre definitivo de la compañía (o
después) no procede la indemnización del artículo 116 del CPT, como lo sostuvo
la sentencia SU-377 de 2014, pues “dicho precepto legal no se encuentra
vigente por disposición del D. 616/1954, art. 15”.
3.13. El actor impugnó la decisión
anterior, bajo el argumento de que no se tuvo presente que el despido había
ocurrido en vigencia de su fuero sindical, sin que alguna autoridad judicial
hubiera autorizado su desvinculación.
3.14. La Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, en sentencia de segunda instancia del veintinueve (29) de enero de
dos mil quince (2015), confirmó el fallo precedente bajo los mismos argumentos.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
4.
Competencia
La
Sala es competente para revisar los fallos de tutela referidos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y
33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
5.
Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva en los asuntos bajo
estudio
5.1.
En demandas presentadas contra el PAR con el objetivo de que responda por
hechos imputados a TELECOM en liquidación, la Corte Constitucional ha dicho que
las tutelas cuentan con legitimación en la causa por pasiva.[36]
Básicamente, se ha explicado que un patrimonio autónomo de remanentes tiene
capacidad para ser parte de un proceso de tutela, porque en general cuentan con una entidad fiduciaria a cargo de
responder por “las relaciones
jurídicas que demanda el cumplimiento de la finalidad prevista por el
constituyente”,[37] y como el
proceso constitucional de tutela es informal, en el cual hay un mandato
específico de prevalencia del derecho sustancial (art. 228, CP y art. 4.
Decreto 2591 de 1991), debe entenderse que cuando el demandado es un patrimonio
autónomo, quien lo está siendo en el fondo es el fiduciario o administrador de
ese patrimonio. Así, el PAR y las entidades que lo constituyen pueden responder
por actuaciones imputadas a TELECOM en liquidación, en trámites en los cuales
se reclamen prestaciones de orden laboral
o pensional, en la medida en que ello sea preciso para establecer si tienen
obligaciones remanentes o contingentes.
5.2. En la sentencia SU-377 de 2014
se abordó el tema de legitimación en la causa por pasiva del PAR en casos
similares a los estudiados en esta oportunidad, y se dijo lo siguiente:
“[…] 47. [Es] razonable asumir que los patrimonios autónomos de
remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones de tutela, e incluso
responder por obligaciones de una entidad ya liquidada, en los casos en que así
lo dispongan las normas que regulen la liquidación de la entidad y la
liquidación y administración de remanentes. En este caso, por lo mismo, la
Corte tiene en cuenta que el Decreto 4781 de 2005, que reglamenta en parte
la liquidación de TELECOM y lo atinente a sus remanentes, estableció en el
artículo 3° que el contrato de fiducia, por medio del cual debía constituirse
el PAR, tenía entre otros fines el de atender “las obligaciones remanentes y contingentes, así como [l]os procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la
terminación del proceso liquidatorio” […].
48. […] Incluso si un ex trabajador de TELECOM no tenía procesos o
reclamaciones en curso cuando se puso fin al trámite liquidatorio de la
compañía, el PAR está legitimado por pasiva en los procesos de tutela que
aquellos inicien, con el fin de determinar dentro del proceso si le corresponde
en esos casos atender –como lo dispone el Decreto 4781 de 2005- “las obligaciones remanentes y contingentes” de TELECOM.
Al final del proceso puede llegarse a la conclusión de que la obligación
cuyo cumplimiento se pretende no tiene el carácter de remanente o contingente,
y en esa hipótesis, si no hay otros elementos que conduzcan a una solución
distinta, se debe concluir que el PAR no está legitimado por pasiva.  Pero
si se estima que sí es una obligación remanente o contingente, y están dadas
las demás condiciones para ello, es viable pronunciarse de fondo sobre la
tutela.
49. Todo este punto debe, por cierto, leerse como una solución que
resulta obligada en parte por lo que dispone la Constitución. Para la Carta no
es indiferente que obligaciones contraídas por entidades en liquidación se
reclamen, por uno u otro motivo suficiente, sólo después de que se ha terminado
el proceso liquidatorio. La Constitución establece de forma precisa el deber de
garantizar la efectividad de los principios y derechos contemplados en ella (CP
art. 2), y de asegurar el acceso a una administración de justicia efectiva (CP
art. 229).  Estas obligaciones, que vinculan al juez constitucional, no se
neutralizan ni dejan de ser exigibles cuando los que se creen afectados por una
entidad en liquidación instauran sus acciones ante la justicia después de que
esta se ha liquidado definitivamente. Pueden hacerlo por diversos motivos, y
algunos de ellos pueden lógicamente estar justificados de manera suficiente. Las
normas que regulan el funcionamiento del PAR y le asignan deberes concretos
deben interpretarse en el sentido que mejor realicen los derechos de quienes
por una u otra circunstancia reclaman una protección por derechos supuestamente
desconocidos por la entidad, una vez liquidada.
50. El que sean obligaciones remanentes o contingentes es entonces
algo a ser determinado por los jueces de tutela en los casos concretos, luego
de estudiar el asunto de fondo. La circunstancia de que las tutelas acumuladas
en este proceso no estuvieran en curso cuando se terminó la liquidación de
TELECOM, y que algunos accionantes no estuvieran adelantando una reclamación de
derechos como los que piden en esta oportunidad, no significa que el PAR carezca
de legitimación por pasiva. Los ex trabajadores de TELECOM, dentro de los
lineamientos de la Constitución y la ley, tienen derecho a acceder a una
administración de justicia efectiva. Para que este derecho sea realizable, es
preciso interpretar las normas que condicionan la legitimación por pasiva de
quienes responden por entidades liquidadas en el sentido que mejor garantice
una responsabilidad por la cancelación de los derechos invocados. Por ende, la
Corte estima que el PAR sí está legitimado en la causa por pasiva en los casos
que plantea este proceso judicial.”
5.3.
De acuerdo a lo anterior, es factible concluir que el PAR de TELECOM está
legitimado en la causa por pasiva dentro de los procesos de tutela iniciados
por José Germán Hoyos Álvarez, Juan Carlos Peña Díaz y Darío Eccehomo Díaz.
Como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, en este tipo de asuntos
el PAR y las entidades que lo constituyen están habilitadas para responder por
prestaciones de orden laboral de TELECOM en liquidación, por cuanto así lo
dispuso específicamente la regulación del proceso liquidatorio, y porque la
Constitución garantiza a todos los ciudadanos acceder a la administración de
justicia para la defensa de sus derechos.
6.
Planteamiento de los casos y problemas jurídicos
6.1.
Los accionantes pretenden que se dejen sin efecto las decisiones judiciales
que, en el marco de los procesos especiales de levantamiento de fuero sindical o
reintegro, resolvieron las cuestiones en contra de sus intereses. En concepto
de la Sala, los problemas jurídicos que deben plantearse son los siguientes.
(i) En
el caso de José Germán Hoyos Álvarez, se alega que las autoridades
judiciales que examinaron el proceso especial de levantamiento de fuero
sindical iniciado por TELECOM en liquidación contra él incurrieron en un
defecto sustancial en sus providencias, al autorizar su despido sin tener
presente que la solicitud era extemporánea, si se contaba el término de
prescripción desde la vigencia del Decreto 1615 del 13 de junio de 2003, que
dispuso la liquidación de la compañía, y no desde el Decreto 2062 del 24 de
julio de 2003, que ordenó la supresión de los
cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero sindical.
Aquí la Sala debe resolver la siguiente cuestión: ¿en el contexto de la liquidación
de TELECOM, una autoridad judicial vulnera el derecho al debido proceso de un
trabajador con fuero sindical, al considerar que la prescripción de la acción
de levantamiento de fuero se cuenta desde la emisión del decreto que ordena la
supresión de los cargos de la empresa, y no desde la expedición del acto que
decreta la apertura del proceso liquidatorio?
(ii)
En el caso de Juan Carlos Peña Díaz, se argumenta que las
providencias que resolvieron el proceso especial de reintegro por fuero
sindical iniciado por el actor contra el PAR de TELECOM son
inconstitucionales, porque aun cuando advirtieron que fue despedido el mismo
día del cierre definitivo de la empresa (31 de enero de 2006) sin que
previamente levantaran su fuero, no se ordenó su reincorporación a la compañía
ni el pago de indemnización alguna por el despido ilegal.[38]
Por tanto, debe responderse la siguiente pregunta: ¿en el contexto de
liquidación de TELECOM, una autoridad judicial que conoce de una acción de
reintegro vulnera los derechos al debido proceso y a la libertad sindical de un
trabajador con fuero sindical, al negarle el reintegro y no reconocerle
indemnización alguna tras concluir que fue desvinculado sin autorización
judicial al momento del cierre definitivo, toda vez que en el proceso de levantamiento
de fuero se demostró que la acción había caducado?
(iii)
Por último, en el caso de Darío Eccehomo Díaz se alega que las
autoridades que resolvieron su acción de reintegro por fuero sindical contra
el PAR de TELECOM vulneraron su derecho al debido proceso al no ordenar su
reincorporación y el pago de una indemnización a pesar de que lo despidieron
sin previa autorización judicial, pues le terminaron el contrato al
momento del cierre definitivo (31 de enero de 2006) sin que se hubiera
terminado el proceso de levantamiento por demora de las autoridades judiciales
encargadas de resolverlo. Debe examinarse lo siguiente: ¿en el contexto de la
liquidación de TELECOM, una autoridad judicial vulnera los derechos al debido
proceso y la libertad sindical de un trabajador con fuero sindical, al no ordenar
ni su reintegro ni pago alguno de indemnizaciones, tras advertir que fue desvinculado
con el cierre definitivo del ente sin previa autorización judicial, pues
al ocurrir el despido aún estaba en curso el proceso de levantamiento del fuero
sindical?
6.2. Para resolver los problemas
jurídicos, la Sala examinará (i) los asuntos relativos a la procedibilidad de
las acciones de tutela interpuestas por los peticionarios. De cumplirse los
presupuestos de procedencia, se (ii) verificará si efectivamente las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en una violación del derecho
fundamental al debido proceso de los actores.
7. Condiciones de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
7.1. El artículo 86 de la Carta
establece que los ciudadanos pueden acudir a la acción de tutela cuando los
derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”. En tanto los jueces son autoridades públicas y algunas de sus acciones toman la forma de providencias, si con una de ellas
se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente
para solicitar la protección de los mismos.
7.2. Desde la sentencia C-543 de 1992,[39]
la Corte Constitucional sostuvo que la acción de tutela procede contra
providencias judiciales si de manera excepcional se verifica que la autoridad
que la profirió incurrió en una vía de hecho.[40]
Y actualmente, tras un desarrollo jurisprudencial que decantó esta postura,
dentro del cual debe mencionarse la sentencia C-590 de 2005,[41]
se sustituyó el concepto de vía de hecho por el de causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
7.3. Según esta doctrina, la tutela
contra providencias judiciales está llamada a prosperar siempre y cuando
satisfaga todo un haz de condiciones. En primer lugar, la acción de tutela debe
cumplir con unos requisitos de procedibilidad general, a saber: (i) si
la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados
todos los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa de los derechos, a
menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean
ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se
cumple el requisito de la inmediatez (si se solicita el amparo pasado un tiempo
razonable desde el hecho que originó la violación); (iv) si se trata de
irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión
cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales;
(v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación,
así como los derechos vulnerados y si (de haber sido posible) lo mencionó oportunamente
en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la providencia
impugnada no es una sentencia de tutela.[42]
7.4. Sólo después de superados los
requisitos anteriores, el juez constitucional debe verificar en segundo lugar
si se configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo, o causales
especiales de procedibilidad.[43]
En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en
alguno de los siguientes yerros: (i) defecto
orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)
defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de
la Constitución.[44]
Además, debe definir si el haber incurrido en alguno de esos defectos supuso la
violación de derechos fundamentales.
7.5. Ahora bien, en la sentencia SU-377
de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional examinó un amplio grupo de
providencias atinentes a procesos de levantamiento de fuero sindical y de
reintegro sindical. Advirtió entonces una
significativa disparidad de opiniones entre los jueces laborales, en materia de
garantías de la libertad sindical, y dijo que aquellas “podrían
llegar a ser consideradas contrarias al entendimiento que les ha dado la
jurisprudencia constitucional” les ha dado a estas últimas.[45]
Por lo cual consideró necesario abrir un espacio para que los ex trabajadores
de TELECOM “que cuenten con una providencia laboral en firme, dictada en un
proceso de levantamiento de fuero sindical o de reintegro, instauren una acción
de tutela contra esa providencia, en caso de que no la hayan presentado
previamente y se den las condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela
contra sentencias”.[46]
7.6. Lo anterior no abre sin embargo un
espacio indiscriminado de controversias contra los fallos que, por
levantamiento del fuero o reintegro sindical, se dictaron en el contexto de
liquidación de TELECOM, pues la propia sentencia SU-377 de 2014 definió a lo
largo de la parte motiva y resolutiva un elenco de requisitos particulares que
deben cumplirse estrictamente, en aras de obtener las consecuencias especificadas
en ese fallo, y pasan a exponerse a
continuación:
- Primero, debe
tratarse de ex trabajadores de TELECOM;
- Segundo, deben tener una
providencia laboral en firme, dictada en un proceso de levantamiento de fuero
sindical o de reintegro sindical;
- Tercero, debe tratarse de providencias
contra las cuales no se haya instaurado antes otra acción de tutela;
- Cuarto, según el numeral trigésimo
tercero de la parte resolutiva de la sentencia SU-377 de 2014, las personas
deben haber “tenido fuero sindical
al momento de ser desvinculadas de TELECOM en su proceso de liquidación
definitiva”, bien sea porque no se les inició un
proceso de levantamiento del fuero, o porque este se inició pero no había
concluido con una autorización efectiva al momento del despido, o porque había
concluido sin conceder la autorización. En todo caso, el mismo numeral habilita
a los ex trabajadores de la compañía para promover tutelas contra “providencias ejecutoriadas que pongan fin a procesos de
levantamiento de fuero”, lo cual indica
que también pueden invocar la sentencia SU-377 de 2014 quienes fueron
desvinculados en virtud de un levantamiento de fuero, aunque en este evento solo
por la violación de las reglas atinentes a la prescripción de la acción
correspondiente.
- Quinto, si se cumplen
los anteriores requisitos, la inmediatez se debe analizar “[…] desde la
publicación de la [sentencia SU-377 de 2014], y no desde antes”;
Solo si se reúnen todas
estas condiciones particulares, hay lugar a invocar fundadamente la sentencia
SU-377 de 2014.
8. Las acciones de tutela presentadas
por José Germán Hoyos Álvarez, Juan Carlos Peña Díaz y Darío Eccehomo Díaz son procedentes
para censurar las providencias judiciales referenciadas
En este apartado la Sala examinará la
procedencia de las acciones de tutela interpuestas por los peticionarios. Para
ello, se analizarán, en primer lugar, las objeciones a la procedibilidad
presentadas por la apoderada general del PAR, que tienen que ver con las
condiciones planteadas en la sentencia SU-377 de 2014. Posteriormente se
estudiarán los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
sentencias judiciales.
Las solicitudes de aclaración, adición y
nulidad interpuestas contra la sentencia SU-377 de 2014 no suspenden su
ejecutoriedad, mucho menos la de las órdenes trigésimo tercera y trigésimo
cuarta de dicha providencia
8.1. La primera cuestión de
procedibilidad que planteó la apoderada general del PAR de TELECOM, fue la
imposibilidad de presentar acciones de tutela fundadas en las órdenes trigésimo
tercera y trigésimo cuarta de la sentencia SU-377 de 2014, porque, a su juicio,
ese fallo no está ejecutoriado ni ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional. Argumenta que esa sentencia de unificación no está en firme
hasta tanto se resuelvan las solicitudes de aclaración, adición y nulidad
presentadas en su contra, por lo que no puede utilizarse como fundamento para
interponer acciones de tutela.
La Sala estima que ese razonamiento no
es válido, por las siguientes razones:
8.1.1. El artículo 86 de la Constitución
Política dispone que cualquier persona puede acudir a la acción de tutela
procurando “la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales”. Y basándose en el carácter urgente que les atribuye a las
decisiones de amparo, la Corte Constitucional ha interpretado que la presentación
de solicitudes de aclaración, adición o nulidad no suspenden la ejecutoria de
sus sentencias luego de notificadas, porque no son un recurso contra las mismas
ni tienen la virtualidad de menguar la fuerza de la cosa juzgada
constitucional.[47]
Como el juez de tutela interviene para evitar una inminente violación a los
derechos fundamentales de los ciudadanos, es necesario que el procedimiento
para resolver las pretensiones sea expedito y sus decisiones cobren vigencia lo
más pronto posible, pues de lo contrario perdería su naturaleza de mecanismo de
urgencia y no evitaría que se consumaran daños irreparables.
Si bien en la generalidad de los
procesos ordinarios es razonable que se suspenda la ejecutoria de la sentencia
hasta tanto se resuelvan las solicitudes de aclaración o complementación
presentadas contra ella, en las circunstancias especiales de un trámite de
tutela no es así, porque por mandato constitucional la defensa de los derechos
fundamentales es una misión imperiosa del Estado de Derecho, y cualquier
dilación que evite injustificadamente el goce efectivo de los mismos debe ser
inaplicada.
8.1.2. Adicional a lo anterior, la Sala
observa de todas formas que ninguna de las solicitudes de aclaración, adición y
nulidad presentadas contra la sentencia SU-377 de 2014 versa sobre las órdenes
emitidas en los numerales trigésimo tercero o trigésimo cuarto de la parte
resolutiva, los cuales sirvieron de fundamento a los accionantes para presentar
sus amparos en esta oportunidad. En efecto, conforme a los escritos aportados
al proceso de tutela, se puede observar que (i) la solicitud de aclaración se
refiere a los numerales vigésimo séptimo, vigésimo octavo y trigésimo de la
parte resolutiva; (ii) la solicitud de adición es sobre los efectos
de la sentencia en mención sobre otros procesos de tutela que no fueron
seleccionados y la restitución de los montos
pagados con ocasión del cumplimiento de los fallos de instancia; y (iii) la
solicitud de nulidad es relativa a los numerales trigésimo y décimo noveno. Por
tanto, no existe duda sobre la vigencia, claridad e intelección de las órdenes
trigésimo tercera y trigésimo cuarta de la sentencia SU-377 de 2014, y
perfectamente los interesados pueden remitirse a ellas para la defensa de sus
derechos.
La tutela de José Germán Hoyos es
procedente para examinar la constitucionalidad del proceso de levantamiento de
fuero iniciado en su contra
8.2. La apoderada del PAR manifiesta que
la tutela presentada por José Germán Hoyos Álvarez es improcedente porque al
momento de su despido no contaba con fuero sindical (pues una autoridad
judicial se lo había levantado previamente), y en la orden trigésimo tercera de
la sentencia SU-377 de 2014 se autorizó a presentar acciones de tutela contra
providencias que pusieran fin a procesos especiales de fuero sindical a “[…]
[l]as personas
que hubieren [estado aforadas] al momento de ser desvinculadas de TELECOM”. Para
efectos de aclarar este punto, la Corte considera preciso citar en su
integridad la orden Trigésimo tercera:
“Trigésimo tercero.- ORDENAR a la Oficina
de Prensa de la Corte Constitucional que, una vez se publique esta sentencia,
ponga en un lugar visible de la página web de esta Corporación, la siguiente
información. Las personas que hubieren tenido fuero sindical al momento de
ser desvinculadas de TELECOM en su proceso de liquidación definitiva, y que
cuenten con providencias ejecutoriadas que pongan fin a procesos de
levantamiento de fuero o de reintegro sindical, si no han instaurado acciones
de tutela contra las mismas, podrán interponer sólo una acción de tutela contra
esa providencia, en caso de que se den las condiciones jurisprudenciales que
justifican la tutela contra sentencias.”
Como se observa, ciertamente la mencionada orden aplica a
las personas que “hubieren tenido fuero sindical al momento de ser
desvinculadas de TELECOM en su proceso de liquidación definitiva”. No
obstante, no hay elementos para concluir que esta disposición pueda
interpretarse, a contrario sensu, en el sentido de que no aplica a
quienes no ostentaran el fuero al ser despedidos, pues ni en su literalidad ni
en el contexto de la parte motiva se advierte que la Corte hubiera circunscrito
su ámbito de aplicación solo o exclusivamente a los que
conservaran el fuero al terminárseles el vínculo con la compañía.
En efecto, en las consideraciones de la sentencia SU-377
de 2014, la Sala Plena brindó “[…] la posibilidad de que los
actores que cuenten con una providencia laboral en firme, dictada en un proceso
de levantamiento de fuero sindical o de reintegro, instauren una acción de
tutela contra esa providencia, en caso de que no la hayan presentado
previamente y se den las condiciones jurisprudenciales que justifican la tutela
contra sentencias.” Esto, por cuanto se identificaron algunas
interpretaciones de los jueces laborales que, en principio, “podrían
llegar a ser consideradas contrarias al entendimiento que les ha dado la
jurisprudencia constitucional”, como por ejemplo, en el contexto de los
procesos de reintegro sindical, “[…] [i]
que el aforado sindical no puede ser desvinculado sino en virtud de
autorización del juez competente, pero al mismo tiempo que la violación de esa
garantía en los casos de cierre definitivo de una empresa no acarrea
consecuencias; [ii] que el deber de proteger a las personas con fuero sindical
desaparece con la extinción de la empresa, razón por la cual carecen entonces
del derecho a no ser desvinculadas sino por autorización judicial; [iii] que
cuando no cabe hacer el reintegro, por imposibilidad física o jurídica, tampoco
es viable condenar al pago de una indemnización integral o especial, distinta
de la que se paga por despido injusto; [iv] que una vez concluye el proceso
liquidatorio, desaparecen los presupuestos de hecho y de derecho para la
prosperidad de la acción de reintegro, entre otras tesis semejantes.”
Para este tipo de casos, y otros que allí se examinaron e
identificaron a título enunciativo, fue que la sentencia SU-377 de 2014 abrió
un espacio de protección adicional en los trámites especiales de levantamiento
de fuero sindical y reintegro. Esta decisión se tomó “[p]ara
evitar que se perpetúe una eventual cadena de afectaciones a las garantías
sindicales, reconocidas como derecho fundamental en la Constitución”, y con
base en los siguientes fundamentos: “Primero, por las características
específicas que la jurisprudencia ha advertido en el tratamiento de algunos
grupos de trabajadores especialmente protegidos en la liquidación de TELECOM,
las cuales la han conducido a adaptar su jurisprudencia para resolver problemas
singulares derivados de ese proceso administrativo. Segundo, por la conclusión de que los
derechos posiblemente desconocidos en las sentencias laborales ordinarias, se
podrían proteger mejor en un proceso específico destinado a cuestionarlas, lo
cual según la jurisprudencia de esta Corporación permite reabrir oportunidades
procesales previamente cerradas.”
Así, no puede decirse que la sentencia SU-377 de 2014
hubiera circunscrito el ámbito de aplicación de la orden Trigésimo tercera única
o exclusivamente a quienes hubieran estado aforados al momento de su
desvinculación.
Aparte de eso, la orden Trigésimo tercera dice
literalmente que también aplica a las personas “que cuenten con providencias
ejecutoriadas que pongan fin a procesos de levantamiento de fuero”. El
sentido que tuvo esta orden de protección fue el de ofrecer una oportunidad
para que los ex trabajadores de TELECOM, a quienes les habían violado las
reglas mínimas fundamentales de tratamiento de los aforados sindicales, pudieran
cuestionarlas a la luz de la Constitución. Entre esas reglas estaban las atinentes
a la prescripción de la acción de levantamiento del fuero sindical, como se
mostró dentro de los fundamentos de la SU-377 de 2014. No sería razonable
interpretar que quienes carecían de fuero al ser desvinculados porque una
sentencia laboral ordinaria se los había levantado, no puedan cuestionar el
fallo de levantamiento solo por ese hecho, y a pesar de que el mismo admitió la
desvinculación consintiendo una manifiesta vulneración de los términos de
prescripción de la acción patronal.
Específicamente, en el caso del señor José
Germán Hoyos Álvarez se presentó acción de tutela contra las sentencias que
resolvieron en primera y segunda instancia el proceso especial de levantamiento
de fuero sindical, precisamente porque, en su concepto, la acción había sido
extemporánea conforme a lo dispuesto en el artículo 118A del CPT. Este es uno
de los supuestos que la Sala Plena contempló como aquellos en los cuales
procedía la tutela contra providencias judiciales en el contexto de la
liquidación de TELECOM, por lo que ahora debe considerarse que la solicitud de
amparo del actor es apta para provocar un pronunciamiento de fondo de la
Corporación.[48]
Sobre la cosa juzgada en los casos de
Juan Carlos Peña Díaz y Darío Eccehomo Díaz
8.3. Otra cuestión de procedencia
planteada por la apoderada general del PAR de TELECOM, es que en los casos de
Juan Carlos Peña Díaz y Darío Eccehomo Díaz hay “cosa juzgada en la acción
de tutela”.
8.3.1. Caso de Juan Carlos Peña
Díaz
En el asunto de Juan Carlos Peña Díaz,
la apoderada del PAR alegó que hay cosa juzgada constitucional y
temeridad, porque en el año dos mil seis (2006), luego del despido, el actor
presentó una acción de tutela contra el PAR de TELECOM, pretendiendo el
reintegro a su puesto de trabajo y el pago de indemnizaciones por la supuesta
desvinculación ilegal, y que en ambas instancias se declaró improcedente el
amparo y luego la Corte Constitucional no seleccionó su caso para revisión.
El artículo 38
del Decreto del 2591 de 1991 dispone que la presentación de dos o más acciones
de tutela idénticas sin justificación alguna constituye una actuación temeraria
que vulnera la cosa juzgada constitucional. Los ciudadanos tienen el deber de
no abusar de los propios derechos y de “[c]olaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia” (art. 95, CP), por lo que
deben evitar la presentación de tutelas sucesivas por los mismos hechos, las
mismas partes y con idénticas pretensiones. Esa actuación congestiona
injustificadamente los despachos judiciales e impide que la administración de
justicia respete el derecho de los demás ciudadanos a que sus conflictos de
intereses se resuelvan oportunamente (art. 228, CP). Pero además, desconoce los
principios de la cosa juzgada constitucional y la seguridad jurídica, en tanto
busca reabrir una controversia  finiquitada por otra decisión judicial previa
que es definitiva e inmutable.
A partir de lo
anterior, esta Corporación ha interpretado que se configura cosa juzgada
constitucional y temeridad respecto de un asunto puesto en conocimiento del
juez de tutela, cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; (iv)
ausencia de justificación razonable y objetiva frente al ejercicio de la nueva
acción de tutela y (v) mala fe o dolo del accionante en la interposición de la
nueva tutela.[49]
Pues bien, en el
asunto bajo examen no puede decirse que hay cosa juzgada constitucional.
Se observa que
(i) no hay identidad de partes, porque en el primer trámite de tutela
presentado en el año dos mil seis (2006), el señor Juan Carlos Pela Díaz
demandó únicamente al PAR de TELECOM, y en la tutela que ahora se estudia (presentada
en el año 2014), se demanda además al Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Palmira y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, que resolvieron en
primera y segunda instancia sus pretensiones de reintegro dentro del proceso
especial de fuero sindical. Esto fue así, porque (ii) los hechos que
motivaron las acciones de tutela son diferentes: la primera tuvo origen en
la creencia del actor de que se habían vulnerado sus derechos fundamentales
tras el despido de la empresa sin previa autorización judicial, en cambio, en
la segunda el móvil de los alegatos es que las autoridades judiciales
supuestamente incurrieron en un defecto sustantivo al no ordenar su
reincorporación a la empresa y el pago de una indemnización en el proceso
especial de reintegro. Así, es fácil observar que (iii) las tutelas no
tienen identidad de pretensiones, pues en la primera se pretendía la
protección del derecho a la libre asociación sindical y el consecuente
reintegro a la empresa, pero en esta se pide además el amparo del derecho
fundamental al debido proceso y que se dejen sin efecto las providencias judiciales
que resolvieron sus solicitudes en contrario.
Entre los
procesos de tutela surtidos en los años dos mil seis (2006) y dos mil catorce
(2014) hay diferencias sustanciales, pues como se demostró, no existe identidad
de partes, hechos ni pretensiones. Por tanto, concluye la Sala que no hay cosa
juzgada constitucional en el caso de Juan Carlos Peña Díaz.
8.3.2. Caso Darío Eccehomo Díaz
En el asunto de Darío Eccehomo Díaz, la
apoderada general del PAR argumenta que hay cosa juzgada ordinaria,
porque luego de surtidos los procesos especiales de levantamiento de fuero y
reintegro, el actor presentó en el año dos mil ocho (2008) una demanda
ordinaria laboral contra el PAR de TELECOM pretendiendo el pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir y una indemnización por el despido
ilegal. Tanto el juez de primera instancia como el de grado de consulta
exoneraron a la demandada de las pretensiones, y declararon que no había
derecho a los reclamos efectuados. La tutela se interpone ahora contra las
sentencias que resolvieron el proceso especial de reintegro, y no contra
aquellas que definieron el trámite ordinario. Debe resolverse si hay cosa juzgada
ordinaria en este asunto.
Las acciones ordinarias, a diferencia de
la tutela contra providencias, no son mecanismos mediante los cuales los
ciudadanos puedan cuestionar decisiones tomadas en el marco de un trámite
judicial. Por este motivo, en este asunto se pueden distinguir fácilmente los
sujetos, las causas y las pretensiones del proceso ordinario de las invocadas
en la presente tutela, y demostrar que el accionante no pretende reabrir un
debate ya resuelto en la jurisdicción laboral.
(i) No hay identidad de partes,
porque en el proceso ordinario el señor Darío Eccehomo Díaz solo demandó al PAR
de TELECOM, y en la tutela que ahora se estudia (presentada en el año 2014), se
demanda además al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales y a la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Manizales, que resolvieron en primera y
segunda instancia sus pretensiones de reintegro dentro del proceso especial de
fuero sindical. Adicionalmente, (ii) los hechos que motivaron las acciones judiciales
son diferentes, toda vez que la causa de la demanda laboral fue la creencia
de un despido ilegal y el no pago de los salarios dejados de percibir a raíz
del despido injusto, y el móvil de la tutela es la negativa de las autoridades
judiciales que examinaron el proceso especial de reintegro de proteger las
garantías sindicales del actor. Adicionalmente, (iii) las demandas no tienen
identidad de pretensiones, pues en la ordinaria se pedía a título de
indemnización el pago de los salarios dejados de percibir entre el momento del
despido (31 de enero de 2006) y la fecha en que levantaron su fuero sindical
(24 de abril de 2006), y ahora en tutela se pretende el amparo de sus derechos
fundamentales y el pago de una indemnización en los términos de la sentencia
SU-377 de 2014.
Como se puede observar, no hay identidad
de sujetos, hechos ni pretensiones entre la demanda ordinaria interpuesta por
el actor en el año dos mil ocho (2008) y la presente acción de tutela, por lo
que no puede afirmarse que hay cosa juzgada ordinaria.
En los tres casos concurren los
presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales
8.4. Finalmente, la Sala observa que en
los tres asuntos concurren los requisitos generales de procedibilidad
mencionados en el apartado séptimo de esta sentencia, por lo que las acciones
de tutela son aptas para controvertir los fallos laborales proferidos por las
autoridades judiciales demandadas.
8.4.1. En efecto, en los tres casos la cuestión
debatida resulta de evidente relevancia constitucional. Entre las
decisiones judiciales cuestionadas hay dos, dictadas dentro de procesos de
reintegro sindical, en virtud de las cuales la desvinculación de aforados
sindicales sin autorización judicial no ocasiona a favor de los afectados
consecuencia alguna. La otra providencia demandada autoriza el levantamiento
del fuero sindical, y a juicio de la tutela lo hace a pesar de que la acción de
levantamiento se instauró por fuera del término de prescripción previsto para
ello. Sin perjuicio de la prosperidad material de estos cuestionamientos, para
la Sala estas solicitudes de amparo presentan cuestiones de evidente relevancia
a la luz del derecho a la protección de las garantías derivadas del fuero
sindical (CP art 39), y del debido proceso (CP art 29).
8.4.2.
Igualmente, los accionantes agotaron todos los recursos eficaces para la
protección de sus derechos fundamentales. Ellos acusan de inconstitucionales
decisiones tomadas en el marco de un proceso de levantamiento de fuero sindical
o de reintegro, y conforme al artículo 117 del CPT, contra los fallos que
culminan ese tipo de trámites no procede recurso alguno.[50]
·
(T-4811855) TELECOM en
liquidación presentó acción de levantamiento de fuero sindical contra José
Germán Hoyos Álvarez el veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres
(2003). En primera instancia, el Juzgado Civil del Circuito de Anserma, Caldas,
levantó el fuero sindical y autorizó el despido del accionante. El trabajador
apeló ese fallo, pero el Tribunal Superior de Manizales lo confirmó en todas
sus partes. El peticionario no interpuso acción de reintegro, pues al ver que
lo despidieron con la autorización de un juez competente, estimó que la misma
no era eficaz. Y la Sala piensa que tiene razón. En la sentencia SU-377 de 2014
se expuso que, conforme al artículo 118 del CPT,[51]
“[…] un
trabajador que se [i] juzgue amparado por el fuero sindical y [ii] sea
despedido sin previa autorización judicial, dispone de la acción ordinaria de
reintegro para exigir sus derechos”. En el asunto de José Germán Hoyos Álvarez, aun cuando él se
juzgaba amparado por el fuero sindical, no lo despidieron sin previa
autorización judicial, pues como se vio en los antecedentes, antes de su
desvinculación quedó en firme la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales que en segunda instancia levantó su fuero. Si hubiese
presentado la acción de reintegro, muy seguramente hubieran desestimado sus pretensiones,
pues en este trámite el juez únicamente examina si debía pedirse permiso para
despedir al actor y si efectivamente se cumplió con ese deber. El juez del
reintegro no verifica si se levantó en debida forma el fuero sindical del trabajador
(que es lo pretendido por el actor en tutela), pues ese fue un trabajo del juez
que analizó la solicitud de despido y su decisión hizo tránsito a cosa juzgada, y la acción de reintegro no es un medio
para cuestionar ese fallo.
·
(T-4814582) TELECOM en
liquidación interpuso acción de levantamiento del fuero sindical contra Juan
Carlos Peña Díaz. En primera y segunda instancia, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Palmira y la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Buga, respectivamente, declararon que la acción era extemporánea y negaron el
permiso para despedir. A pesar de lo anterior, al momento del cierre definitivo
de la empresa (31 de enero de 2006) desvincularon al actor. Contra esa
determinación se presentó acción de tutela y acción de reintegro. El trámite de
tutela fue declarado improcedente, y en el de reintegro no prosperaron las
pretensiones de reincorporación ni indemnización, pues los jueces (Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Palmira en primera instancia, y Sala Laboral
del Tribunal Superior de Buga en grado de consulta) consideraron que era
imposible dada la inexistencia de la entidad.
·
(T-4824712) TELECOM en liquidación
demandó el levantamiento del fuero sindical de Darío Eccehomo Díaz el
veinticuatro (24) de septiembre de dos mil tres (2003). Sin que hubiese
culminado el proceso de levantamiento del fuero, le terminaron el contrato de
trabajo al accionante debido al cierre definitivo de la empresa el treinta y
uno (31) de enero de dos mil seis (2006). Posteriormente, las autoridades
judiciales profirieron sentencia en el trámite de levantamiento. En primera
instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales declaró la
prescripción de la acción de levantamiento y negó el permiso para despedir
(sentencia del 7 de febrero de 2006). En segunda instancia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Manizales revocó la decisión anterior y autorizó la
desvinculación del actor (sentencia del 24 de abril de 2006). Como al peticionario
le terminaron el contrato sin que mediara autorización judicial (pues las
sentencias de levantamiento se emitieron luego del despido), interpuso acción
de reintegro. En primera y segunda instancia, el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Manizales y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales,[52]
respectivamente, negaron las pretensiones de reintegro y no accedieron al pago
de alguna indemnización.
En los tres
asuntos, los respectivos actores se defendieron dentro de los procesos de
levantamiento iniciados en su contra, y promovieron procesos especiales de
reintegro cuando este era eficaz. Además, contra las sentencias que resolvieron
esos trámites no procede recurso judicial alguno, conforme a lo dispuesto en el
artículo 117 del CPT. [53]
En consecuencia, la Sala considera que los peticionarios cumplieron con el
requisito de subsidiariedad en tutela.
8.4.3. En lo referente al principio de inmediatez, en la
sentencia SU-377 de 2014 se dijo que las acciones de tutela presentadas en
virtud de las órdenes trigésimo tercera y trigésimo cuarta de la parte resolutiva
de dicha providencia tendrían una forma de contabilización del presupuesto de
inmediatez especial, “[…] desde la publicación de la [sentencia SU-377 de
2014], y no desde antes”. Esto, siempre y cuando se cumplan las condiciones
particulares expuestas en la sentencia de unificación, que son las mencionadas
en el párrafo 7.6 de este fallo.
Las solicitudes de amparo interpuestas por los peticionarios cumplen
estos requisitos, veamos:
-
Primero. Se trata de tutelas
presentadas por ex trabajadores de TELECOM. Como se puede ver en los
antecedentes, cada uno de los accionantes fue trabajador de la extinta empresa
de telecomunicaciones TELECOM, e incluso hicieron parte de las juntas
directivas de los sindicatos regionales correspondientes.
-
Segundo. Los peticionarios tienen
providencias laborales en firme, dictadas en procesos de levantamiento de fuero
sindical o de reintegro. Todos los accionantes tienen sentencias de
levantamiento de fuero sindical en firme, mediante las cuales se examinó la
posibilidad de otorgar el permiso para despedirlos de TELECOM en liquidación.
En dos de los casos (Juan Carlos Peña Díaz y Darío Eccehomo Díaz) existen
además providencias ejecutoriadas que resolvieron procesos especiales de
reintegro.
-
Tercero. Solo en el caso de José Germán Hoyos Álvarez
se trata una persona despedida en virtud de un levantamiento del fuero, y él en
su demanda cuestiona la constitucionalidad de los fallos que autorizaron su
despido precisamente por el supuesto incumplimiento de las reglas atinentes a
la prescripción. En este asunto procede la tutela, conforme a lo explicado en
el considerando 8.2 de esta providencia.
Verificado el
cumplimiento de los presupuestos anteriores, está facultada la Sala para
contabilizar el presupuesto de inmediatez de manera especial, como lo dispuso
la sentencia SU-377 de 2014.
De acuerdo a la Oficina de Sistemas de la Corte Constitucional, dicha
providencia fue publicada en el portal de internet de la Corporación el
veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014). José Germán Hoyos
Álvarez presentó el amparo el treinta (30) de septiembre de dos mil catorce
(2014) (7 días después de la publicación),[54]
Juan Carlos Peña Díaz interpuso la tutela el ocho (8) de octubre de dos
mil catorce (2014) (15 días después de la publicación),[55]
y Darío Eccehomo Díaz impetró la acción el treinta (30) de septiembre de
dos mil catorce (2014) (7 días después de la publicación).[56]
La Sala Primera de Revisión encuentra que las acciones de tutela son procedentes
en lo relativo al presupuesto de inmediatez, pues una vez conocido el texto de
la sentencia de unificación, los peticionarios acudieron prontamente a las
autoridades judiciales para la defensa de sus derechos.
8.4.4. Por lo demás, la Sala observa que los accionantes no alegan
una irregularidad procesal como fundamento de sus solicitudes, sino que las
sentencias censuradas incurrieron en una causal de procedencia especial de la
tutela contra providencias judiciales al no proteger sus garantías sindicales.
Además, advirtieron dentro de los procesos especiales de fuero sindical los
argumentos por los cuales consideraban vulnerados sus derechos con el despido
de la extinta TELECOM, por lo que no pretenden esgrimir nuevos argumentos o presentar
elementos de prueba adicionales a los que se expusieron en el proceso ordinario. Por último, en ninguno de los casos la
providencia impugnada es una sentencia de tutela.
De esta forma, cumplidos los
presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y
de conformidad con la metodología propuesta, la Sala examinará el fondo de los
asuntos.
9. Marco normativo sobre la
desvinculación de aforados en el contexto de la liquidación de TELECOM.
Reiteración de la sentencia SU-377 de 2014
9.1. En
la sentencia SU-377 de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió
diversos casos de ex trabajadores de TELECOM que afirmaban tener fuero sindical
y haber sido desvinculados sin el respeto a las garantías que derivan de ese
fuero. Para resolver tales asuntos, se explicaron las fuentes normativas de la
asociación sindical, la efectividad de las garantías forales en procesos de
liquidación, y la regulación especial para el caso de TELECOM. Al respecto, la
Corte dijo:[57]
“18. […] [A] los representantes sindicales se les reconoce “el fuero y las demás garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión” (CP art. 39). Este fuero es definido por la
ley laboral como “[…] la garantía de que gozan
algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones
de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del
trabajo”. La misma ley enuncia cuáles trabajadores gozan de este fuero.[58] Y la
Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia prohíben
excluir de esta garantía a los empleados públicos, o a los trabajadores
oficiales y particulares que desempeñen puestos de dirección, confianza o
manejo.[59]
19. Las garantías derivadas de este fuero sindical no desaparecen
durante los procesos de liquidación de entidades públicas. Por lo mismo, los
aforados sindicales de estas entidades tienen entre otros derechos el de no ser
despedidos sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo (CST
arts. 405 y 406).  Así lo reconoce el Decreto Ley 254 de 2000, “Por
el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del
orden nacional”, que en su artículo 7 establece el deber de los jueces
laborales de adelantar con prelación a cualquier otro proceso, salvo el de
tutela, las acciones de levantamiento de fuero sindical, necesarias para
desvincular a los aforados sindicales.[60] También lo ha reconocido la Corte en
su jurisprudencia. Lo ha hecho por ejemplo en la
sentencia T-029 de 2004, con ocasión del despido sin autorización judicial de
una aforada del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, en liquidación;[61] en la sentencia T-253 de 2005, en el caso
de unos trabajadores con fuero sindical desvinculados sin previa autorización
judicial de la Industria Licorera del Huila en liquidación;[62] en
la sentencia T-285 de 2006, al tutelar los derechos de un aforado a quien se
despidió sin levantarle el fuero en un procesos laboral.[63] Un
patrón de estos fallos es que las tutelas interpuestas cuestionaban
providencias judiciales, que concluían procesos ordinarios de reintegro de
trabajadores aforados despedidos sin levantamiento del fuero. Por tal motivo, y
en cada caso, optaban por cuestionar el carácter de cosa juzgada de dichas
providencias.
20. La regulación especial para la liquidación de TELECOM contiene
a su vez normas relacionadas con las garantías del fuero sindical. El artículo
17 del Decreto 1615 del 2003 dispuso expresamente que para “[…] la desvinculación del personal que
goza de la garantía de fuero sindical” el
liquidador de TELECOM debía adelantar “los procesos de levantamiento de
fuero sindical”. Y el
artículo 5 transitorio del Decreto 2062 del 2003 estableció que “a partir de
la ejecutoria de la sentencia que autorice el levantamiento del fuero sindical
o el vencimiento del término de este fuero contemplado en la ley o en los
estatutos sociales, quedarán automáticamente suprimidos los cargos desempeñados
por los trabajadores oficiales con fuero sindical”. Como se ve, los
aforados sindicales de TELECOM tenían derecho a no ser desvinculados sin previa
autorización del juez laboral.
21. Lo mismo debe decirse de la prescripción de la acción de
levantamiento del fuero sindical.  El artículo 118A del Código Procesal
del Trabajo, tal como fue modificado por el artículo 49 de la Ley 712 de 2001,
establece que las acciones emanadas del fuero sindical, y la de levantamiento
del fuero es una de ellas, prescriben en dos (2) meses. Cuando se trata de
contextos de liquidación de entidades, según la reglamentación sobre la
materia, estos dos meses empiezan a contarse “a
partir del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión
del cargo” (Dcto 2160 de 2004
art. 1).[64] Según lo
ha sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado, esta reglamentación no
desconoce la legislación laboral sobre prescripción de estas acciones.[65] Tampoco
vulnera los derechos a la igualdad (CP art. 13) y a la protección del fuero
sindical (CP art. 39). Al contrario, ha dicho la corporación mencionada, lo que
hace la norma es establecer “el
cómputo del término de prescripción una vez se tenga certeza sobre el momento
en que los cargos van a ser suprimidos y no antes”, porque considerar ese
término, por ejemplo, desde el momento en que se decide sobre la liquidación sí
acarrearía en cambio una violación de estos preceptos.[66]
22. Los aforados sindicales tienen también derecho a no ser
desvinculados sin autorización del juez laboral al final de una liquidación. A
quienes se les vulnere esta garantía, el ordenamiento les reconoce el derecho a
interponer la acción de reintegro. Esta acción prescribe en dos (2) meses,
contados -según la ley- “desde
la fecha de despido, traslado o desmejora” (CPT art. 118A). Ahora bien, cuando
esta acción se interpone oportunamente, pero se decide una vez concluida la
liquidación, y entonces deviene física y jurídicamente imposible un reintegro,
el juez debe limitarse a ordenar una indemnización integral y abstenerse de
decretar el reintegro. Sin embargo, el tipo de indemnización cambia, según el
momento en el cual se haya desvinculado irregularmente al trabajador. Cuando se
lo haya desvinculado antes de la clausura definitiva, y en la medida en que sea
la decisión más favorable, procede ordenar una indemnización que comprenda “los
salarios, con sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como
convencionales, a partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la
existencia jurídica de la [entidad]”.[67]
Cuando la terminación del vínculo ocurra con el cierre definitivo de la
compañía (o después), lo procedente es ordenar una indemnización especial,
equivalente a “seis meses de
salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).[68] Con todo, si el juez laboral no toma
en cuenta el fin de la liquidación, por ejemplo por desconocer la ocurrencia
del hecho, y ordena el reintegro del trabajador aforado, el ente condenado o el
encargado de adelantar la liquidación deben iniciar un proceso judicial con el
fin de que en este se declare si el reintegro es posible.  La entidad
condenada al reintegro no puede decidir motu
proprio si es posible cumplir
la orden.[69] Tampoco puede hacerlo un juez laboral
en un proceso ejecutivo iniciado por los trabajadores para asegurar el
acatamiento de la orden de reintegro.[70] […]”.
9.2. En suma, es dable indicar que la
garantía del fuero sindical que se otorga a algunos trabajadores consiste en la
imposibilidad de ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa, previamente
calificada por el juez del trabajo. Esta protección no se extingue durante
los procesos de liquidación de entidades públicas, las cuales siempre deben
solicitar el levantamiento del fuero sindical antes del cierre definitivo de la
empresa. Si culmina el proceso de liquidación y se suprimen todos los cargos,
sin que a los trabajadores aforados les hubieran levantado su protección, estos
tienen la posibilidad de presentar una acción de reintegro. Si bien en estos
contextos se reconoce la imposibilidad física y jurídica de la reincorporación,
la Corte indicó que debe ordenarse el pago de una indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin
perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).
Expuesto lo anterior, procede la Sala a
analizar de fondo cada uno de los casos presentados en esta oportunidad.
10.
Estudio de fondo del caso de José Germán Hoyos Álvarez (T-4811855)
10.1. En
este apartado, la Sala debe establecer si las autoridades judiciales que
resolvieron el proceso de levantamiento de fuero sindical iniciado por TELECOM
en liquidación contra José Germán Álvarez, vulneraron el derecho al debido
proceso de este último al declarar oportuna la acción de levantamiento presentada
en su contra el veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003),
contabilizando el término de prescripción desde la vigencia del decreto que
ordenó la supresión de los cargos oficiales (Decreto 2062 del 24 de julio de
2003), y no desde aquel que dispuso la liquidación de la entidad (Decreto 1615 del
13 de junio de 2003), a partir del cual podía establecerse que la solicitud era
extemporánea.
10.2. En
relación a la prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical
(solicitud de permiso para despedir), el artículo 118A del CPT establece que la
misma prescribe a los dos (2) meses contados “[…] desde la fecha en que [el empleador] tuvo conocimiento
del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el
procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso.” Y cuando se trata de procesos de liquidación de
entidades públicas, según
la reglamentación sobre la materia, estos dos (2) meses empiezan a contarse “a partir del día siguiente al de
la publicación del acto que ordena la supresión del cargo” (Decreto 2160 de 2004 art. 1).[71]
10.3. El cómputo del término de prescripción una vez se tenga
certeza sobre el momento en que los cargos van a ser suprimidos, y no desde que
se decrete la liquidación, es una medida razonable que se ajusta lo previsto
por el artículo 118A del CPT.[72] Una vez
se disponga la liquidación, la entidad concernida debe contar con un tiempo
prudencial para proceder a ordenar los recursos técnicos necesarios, a fin de
levantar apropiadamente el fuero sindical de quienes cuenten con esta garantía.
Así lo reconoció la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver una
acción de simple nulidad contra el artículo 17 del Decreto 1615 de 2003, donde
dijo que “[…] los dos meses con
que cuenta el empleador [para interponer la acción de levantamiento del fuero]
parten es desde la culminación del procedimiento correspondiente, en este caso,
la supresión del cargo de los empleados aforados”, toda vez
que es necesario otorgar “[…] un término prudencial en el cual pueda
enterarse [el liquidador], acerca de la situación de los empleados de la
entidad que se ha de liquidar y cómo habrá de llevarse a cabo el proceso de
supresión de los empleos, lo que no depende solamente del Liquidador, pues
es la
Junta Liquidadora la encargada, en virtud
del artículo 16, de suprimir los cargos.”[73]
10.4. Así mismo, esta reglamentación no desconoce la legislación
laboral sobre prescripción de estas acciones,[74]
y tampoco desconoce los derechos constitucionales a la igualdad (CP art. 13) y
a la protección del fuero sindical (CP art. 39). Por el contrario, lo que hace es
establecer “el cómputo del
término de prescripción una vez se tenga certeza sobre el momento en que los
cargos van a ser suprimidos y no antes”, [75] porque considerar ese término, por ejemplo,
desde el momento en que se decide sobre la liquidación sí “[…] cercenaría sus derechos en tanto se
llevarían a cabo procesos de levantamiento de fuero sindical sin conocerse en
qué momento se va a disponer la supresión.”[76]
10.5. En el caso
concreto, se tiene que TELECOM en liquidación presentó la acción de
levantamiento de fuero sindical contra José Germán Hoyos Álvarez el veintitrés
(23) de septiembre de dos mil tres (2003). Tres (3) meses y diez (10) días
después de la vigencia del Decreto 1615 de 2003, que ordenó la liquidación de
TELECOM. Y un (1) mes y veintinueve (29) días después de la entrada en vigor
del Decreto 2062 de 2003, por el cual se suprimieron los cargos oficiales de la
compañía.
10.6. En
los autos interlocutorios del cuatro (4) de mayo de dos mil cuatro (2004) y el
treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004), el Juzgado Civil del Circuito
de Anserma (Caldas) y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales,
respectivamente, indicaron que la solicitud de levantamiento de fuero sindical
presentada por TELECOM en liquidación contra el accionante era oportuna, si se
contaba el término de prescripción a partir de la vigencia del Decreto 2062 del
24 de julio de 2003. Explicaron que el término de prescripción de dos (2) meses
se computaba desde la emisión de ese Decreto, porque fue a través del mismo que
se ordenó suprimir los cargos oficiales de la compañía y desde esa fecha se
tuvo certeza de la futura inexistencia de los empleos.
10.7. La Sala observa
que las autoridades judiciales demandadas no vulneraron derecho fundamental
alguno al declarar oportuna la acción de levantamiento del fuero sindical. De
acuerdo a lo explicado atrás, el término de dos (2) meses para solicitar el
permiso de despido de un trabajador aforado en procesos de liquidación de
entidades públicas, se contabiliza “a partir del día siguiente al de la publicación del acto que
ordena la supresión del cargo”.[77] En el caso específico de TELECOM en liquidación, el término de
prescripción se computa, entonces, desde el día siguiente de la publicación del
Decreto 2062 de 2003, mediante el cual se ordenó la supresión de los cargos
oficiales.[78] Por este
motivo, no hay ningún defecto en indicar que la acción de levantamiento del
fuero presentada veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003) contra el
peticionario era oportuna, pues se interpuso antes de que se venciera el
término de dos (2) meses contados desde la vigencia del Decreto 2062 de 2003
(24 de julio de 2003).
10.8.  Bajo estas
consideraciones, la Sala Primera de Revisión confirmará, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela del cinco (5) de
febrero de dos mil quince (2015) proferida por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó el fallo del quince (15) de octubre de dos
mil catorce (2014) emitido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en el cual se negó el amparo de los derechos fundamentales de José Germán Hoyos
Álvarez.
11.
Estudio de fondo del caso de Juan Carlos Peña Díaz (T-4814582)
11.1. En el
caso de Juan Carlos Peña Díaz, la Sala Primera de Revisión debe resolver si las
autoridades judiciales que examinaron su pretensión de reintegro dentro del
proceso especial de fuero sindical iniciado contra el PAR de TELECOM, vulneraron
su derecho fundamental al debido proceso al negarle la reincorporación a su
empleo y el pago de una indemnización especial bajo el argumento de que era
imposible dicha obligación debido a la finalización del proceso liquidatorio, a
pesar de haber demostrado que lo despidieron sin previa autorización
judicial.
11.2. Como
se expuso en el apartado noveno de esta sentencia, la garantía del fuero
sindical que se otorga a algunos trabajadores consiste en la imposibilidad de
ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa, previamente calificada
por el juez del trabajo. Esta protección no se extingue durante los procesos de
liquidación de entidades públicas, las cuales deben solicitar el levantamiento
del fuero sindical antes del cierre definitivo de la empresa. Si culmina el
proceso de liquidación y se suprimen todos los cargos, sin que a los
trabajadores aforados les hubieran levantado su protección, estos tienen la
posibilidad de presentar una acción de reintegro, en la cual se reconoce la
imposibilidad física y jurídica de la reincorporación y se ordena a su favor el
pago de una indemnización especial, equivalente a “seis meses de salarios, sin
perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales” (CPT art. 116).
11.3. Así,
en la sentencia SU-377 de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional amparó
los derechos fundamentales de dos ex trabajadores de TELECOM aforados, a
quienes despidieron de la compañía el treinta y uno (31) de enero de dos mil
seis (2006) debido a su cierre definitivo, sin que para ello mediara alguna
autorización judicial. Se constató “[…] que al término de su relación laboral
no hubo previamente un fallo judicial que diera la autorización para ello. [Por
lo que prospera el amparo], pues conforme a lo dicho en esta providencia los
aforados sindicales tienen derecho, incluso en contextos de liquidación, a no
ser desvinculados sin autorización del juez laboral. Cuando se les desconoce
esa garantía tienen derecho al reintegro o, cuando este deviene física y
jurídicamente imposible por la liquidación definitiva, a una indemnización según
la ley. Esta indemnización es la que fija el artículo 116 del Código [Procesal]
del Trabajo, en el Título II sobre ‘Fuero Sindical’, del Capítulo XVI sobre
‘Procedimientos Especiales’, y asciende a “seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás derechos y
prestaciones legales” (CPT art. 116).”
A
continuación, se verificará si el despido del accionante fue irregular y si las
providencias que examinaron su pretensión de reintegro incurrieron en algún
defecto.
11.4. En el
caso bajo estudio, se observa que Juan Carlos Peña Díaz tenía fuero sindical,
pues así lo reconocieron tanto el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Palmira como la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, en providencias del
dieciocho (18) de noviembre de dos mil cuatro (2004) y el trece (13) de febrero
de dos mil cinco (2005), respectivamente. En estas decisiones, las autoridades judiciales establecieron
que la acción de levantamiento de fuero intentada por TELECOM en liquidación
contra el actor, por tener la condición de aforado sindical, estaba prescrita,
razón por la cual no quedaba autorizada su desvinculación. No obstante lo
anterior, al peticionario lo despidieron el treinta y uno (31) de enero de dos
mil seis (2006) por el cierre definitivo de la empresa.
Luego este presentó una
acción de reintegro por fuero sindical contra el PAR de TELECOM, pero en primera
instancia y en grado de consulta se negaron sus pretensiones. El Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Palmira y la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Buga, en sentencias del veintiséis (26) de octubre de dos mil siete (2007) y
el veintinueve (29) de enero de dos mil ocho (2008), respectivamente,
consideraron que no procedía el reintegro por “simple
imposibilidad tanto material como jurídica” debido al
cierre definitivo de TELECOM, y tampoco había lugar a la indemnización de que
trata el artículo 408 del CST, “porque no existe lapso sobre el cual
disponer el pago de tal emolumento, en razón a que el despido coincidió con la
fecha de la liquidación definitiva de TELECOM (31 de enero de 2006), y la
indemnización se contrae a los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta el momento de reinstalación del trabajador aforado en el empleo.”
11.5.
Un defecto material o sustantivo se configura, entre otros eventos, cuando el
juez ordinario toma una decisión sin aplicar una norma que regula el caso bajo
estudio, desbordando el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen para el ejercicio de su función
jurisdiccional.[79] Las providencias que incurren
en este tipo de defecto desconocen primordialmente el principio de legalidad
que orienta toda actividad judicial, según el cual “nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes […] con observancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (art. 29, CP). En un Estado de Derecho, los conflictos de
intereses entre ciudadanos solo pueden definirse en aplicación de las normas
vigentes y las respectivas interpretaciones jurisprudenciales de las
autoridades competentes, por lo que actuar en contra de ellas supone desconocer
la voluntad del constituyente primario y el Legislador democráticamente
elegido.
11.6. En
el caso bajo examen, la Sala considera como una obligación del juez del
reintegro declarar irregular el despido del actor, e indicar que aun cuando era
fáctica y jurídicamente imposible su reincorporación al puesto de trabajo debido
al cierre definitivo de la empresa, sí era procedente la indemnización especial
de que trata el artículo 116 del CPT por no atender la desautorización del
despido, tal y como se dispuso en la sentencia SU-377 de 2014 para dos casos
similares. No es viable sostener que un aforado sindical no puede ser
desvinculado sino en virtud de autorización del juez competente, pero al mismo
tiempo que la violación de esa garantía en los casos de cierre definitivo de
una empresa no acarrea consecuencias debido a la imposibilidad de reintegro.
Dicho razonamiento echa al traste las garantías sindicales de libre asociación,
en tanto abre un espacio para desarrollar conductas antisindicales sin la
posibilidad de que las mismas sean sancionadas. Esto no es aceptable
constitucionalmente, porque la Carta Política protege el derecho fundamental de
los trabajadores a constituir sindicatos o asociaciones (art. 39, CP), y esto implica
la existencia de mecanismos eficaces para evitar actuaciones que interfieran el
normal ejercicio de dicha facultad.
11.7. En
consecuencia, en el caso de Juan Carlos Peña Díaz los jueces del reintegro
incurrieron en un defecto sustantivo en sus providencias, al negarle el
reconocimiento de una indemnización especial derivada del despido sin previa
autorización judicial, conforme lo establece el artículo 116 del CPT. Por lo cual, la Sala Primera de Revisión amparará el derecho
fundamental al debido proceso de Juan Carlos Peña Díaz.
Sobre
la vigencia del artículo 116 del CPT
11.8. Ahora bien, los jueces de tutela
de instancia en este proceso, plantearon un cuestionamiento relativo a la
supuesta derogatoria del artículo 116 del CPT. Concretamente, la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos fundamentales
del actor, entre otras cosas, porque a su juicio cuando se desvincula a un
trabajador aforado con el cierre definitivo de la compañía (o después) no
procede la indemnización del artículo 116 del CPT, en tanto “dicho precepto
legal no se encuentra vigente por disposición del D. 616/1954, art. 15”. Si
bien esta aserción no se sustenta en argumentos, la Sala Primera de Revisión
considera al respecto lo siguiente:
11.8.1. El
artículo 116 del CPT fue introducido al ordenamiento jurídico por el Decreto
2158 de 1948, mediante el cual se adoptó el Código Procesal del Trabajo, que al
mismo tiempo fue asumido como ley mediante el Decreto Ley 4133 de 1948.[80] Luego, el Decreto 616 de 1954,[81] emitido en el contexto del estado de
sitio, modificó expresamente el contenido de varias normas de los Códigos
Sustantivo y Procesal del Trabajo que regulaban las garantías del fuero
sindical,[82] para trasladar la calificación de la justa
causa en el despido de un trabajador aforado de la administración de justicia
al Ministerio del Trabajo,[83] y en el artículo 15 dispuso además que
quedaban “[…] suspendidas
todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.” Posteriormente, el Decreto 204 de 1957,[84]
proferido también en uso de facultades extraordinarias del estado de sitio,
restableció la facultad de calificar la causa del despido de los trabajadores
aforados a la administración de justicia.[85] Para ello,
derogó expresamente la mayoría del articulado del Decreto 616 de 1954[86]
y modificó algunas normas de los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo,[87]
sin que se dispusiera expresamente algo sobre el artículo 116 del CPT.[88]
11.8.2. El
Decreto 616 de 1954 no modificó ni derogó entonces, expresamente, el artículo
116 del CPT. Simplemente estableció de manera general en el artículo 15 que
quedaban “[…] suspendidas
todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.” El artículo 116 del CPT no era sin
embargo contrario a las disposiciones del Decreto 616 de 1954, y por tanto no
podía entenderse suspendido en virtud suya. En efecto, como se infiere del
texto del Decreto 616,  las reglas procedimentales que allí se introdujeron
hacían referencia al trámite que debía surtirse ante el Ministerio del Trabajo
para despedir a un trabajador aforado, pero no se prescribió algo sobre el
contenido de la decisión y la indemnización cuando la misma fuere contraria al
empleador, que es precisamente la materia del artículo 116 del CPT.
El Decreto
616 de 1954 reguló específicamente: (i) la facultad para calificar la justa
causa del despido de un aforado en cabeza del Ministerio del Trabajo;[89]
(ii) el procedimiento para el trámite de las pruebas, la conciliación y la
decisión ante el respectivo inspector del trabajo;[90]
(iii) los recursos procedentes para impugnar la determinación de la autoridad
administrativa;[91] (iv) las sanciones frente a la inobservancia
de las normas procedimentales por parte del funcionario responsable del
trámite;[92] (v) las justas causas para que el
Ministerio del Trabajo autorice el despido de un empleado aforado;[93]
(vi) los eventos en los cuales se puede terminar o suspender el contrato de
trabajo de un aforado sin previa calificación judicial;[94]
(vii) disposiciones transitorias para los casos especiales de fuero que ya
habían comenzado en la jurisdicción del trabajo;[95]
(viii) sobre el trámite de las denuncias de las convenciones colectivas del
trabajo;[96] y (ix) finalmente las derogatorias y
vigencias ocurridas a raíz de la emisión del Decreto.[97]
En ningún aparte se dijo algo en torno a la indemnización especial cuando la
decisión del reintegro es contraria a los intereses del trabajador, o cuando se
verificara que el despido se realizó sin previa autorización de la autoridad
competente.
El hecho
de que no se haya abordado ese tema en el Decreto 616 de 1954 confirma la tesis
de que ese cuerpo normativo no suspendió el artículo 116 del CPT.
11.8.3.
Tampoco puede asegurarse que el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo,
modificado por el Decreto 204 de 1957, derogó el artículo 116 del Código
Procesal del Trabajo al disponer en el inciso segundo que si “[…] se comprobare que el
trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero
sindical, […] se condenará al patrono a pagarle, a título de indemnización,
los salarios dejados de percibir por causa del despido”.[98]
Como se explicó en la sentencia SU-377 de 2014, en contextos de liquidación, la
indemnización de que trata el artículo 408 del CST opera cuando al trabajador
aforado se lo haya
desvinculado antes de la clausura definitiva sin previa autorización judicial
(y en la medida en que sea la decisión más favorable), y la indemnización del
artículo 116 del CPT entra a regir cuando la terminación del vínculo ocurra con
el cierre definitivo de la compañía (o después). Así, las situaciones fácticas
que regulan los artículos mencionados son diferentes, y no puede interpretarse
entonces que la vigencia de la norma posterior afecta la de la anterior. Si
fuera así, en eventos cuando a un aforado lo despiden sin autorización judicial
al momento del cierre definitivo de la entidad, esta última quedaría sin
sanción, pues al aplicar la fórmula del artículo 408 del CST termina
liquidándose un valor de cero (0).[99]
11.8.4.
Pero además de lo anterior, diversas sentencias de la Corte Constitucional
hacen referencia a los artículos 113 al 118A del Código Procesal del Trabajo
como aquellas normas que regulan el procedimiento para la protección de la
garantía del fuero sindical, sin que expresamente se diga que el artículo 116
del CPT se encuentra derogado. Así por ejemplo, en la sentencia SU-036 de 1999[100] se dijo que, a raíz de un cambio
legislativo, el despido, desmejora o traslado de un servidor público amparado
por fuero sindical deberá contar con previa calificación judicial, para lo cual
“[…] será
menester agotar el trámite establecido en los artículos 113 a 117 del Código
Procesal del Trabajo, que regulan todo lo referente a esta autorización”. Asimismo, en la sentencia C-1232 de 2005[101] se indicó que “[…] el procedimiento para el
levantamiento del fuero sindical, así como el trámite de la demanda del
empleado a quien no se ha respetado dicho fuero lo regula por su parte el
Código Procesal del Trabajo en los artículos 113 a 118 A”. En la sentencia T-424 de 2010[102]
se sostuvo que “[…] el procedimiento que se debe seguir para el
levantamiento del fuero sindical [de un servidor público] es el establecido en
los artículos 113 a 118B del Código Procesal del Trabajo”. Incluso, allí
mismo se citó el texto del artículo 116 del CPT.
Finalmente,
en la sentencia SU-377 de 2014,[103] la Sala Plena aplicó
expresamente el artículo 116 del CPT como fuente normativa para otorgar a dos
ex trabajadores de TELECOM aforados una indemnización especial por despido sin
previa autorización judicial.[104]  Ese pronunciamiento hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional (CP art 243), y en tal virtud lo allí
resuelto debe respetarse.
11.8.5. Por
último, cabe agregar que, en cualquier caso, el Decreto 204 de 1957 en su
artículo 6º modificó el 118 del CPT, y dispuso que la demanda del trabajador amparado por el
fuero sindical que hubiere sido despedido sin permiso del Juez del Trabajo “[…]
se tramitará conforme al procedimiento señalado en los artículos 114 y siguientes
de este Código”, sin
excluir expresa o tácitamente su remisión al artículo 116 CPT. La norma
encargada de devolver la competencia de los procesos especiales de fuero
sindical a las autoridades judiciales, estableció expresamente que los trámites
se seguirían por las reglas contenidas en el Código Procesal del Trabajo,
integrando en ese grupo al artículo 116. Allí bien podría haberse dicho que se
excluía de su aplicación el supuestamente derogado artículo 116, pero no
ocurrió así.[105]
11.9. Concluye la Sala, entonces, que
contrario a lo que afirmaron los jueces de instancia, el artículo 116 del CPT
está plenamente vigente y puede aplicarse en los procesos especiales de fuero
sindical, más concretamente en los casos en que la Sala Plena de la Corte le
dio efectividad en la sentencia SU-377 de 2014.
12.
Estudio de fondo del caso de Darío Eccehomo Díaz (T-4824712)
12.1.
En este punto, la Sala Primera de Revisión debe resolver si las autoridades
judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales de Darío Eccehomo
Díaz, al negarle las pretensiones de reubicación laboral e indemnización dentro
del proceso de reintegro por fuero sindical iniciado contra el PAR de TELECOM,
bajo el argumento de que eso era imposible debido a la inexistencia de la
empresa. Una diferencia hay con el caso anterior. En este asunto se alega que
no existió autorización judicial previa sino posterior a la terminación
del vínculo, y de la liquidación definitiva de la compañía.
12.2.
Un defecto material o sustantivo se configura, entre otros eventos, cuando el
juez ordinario toma una decisión sin aplicar una norma que regula el caso bajo
estudio, desbordando el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen para el ejercicio de su función
jurisdiccional.[106] Las providencias que incurren
en este tipo de defecto desconocen primordialmente el principio de legalidad
que orienta toda actividad judicial, según el cual “nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes […] con observancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (art. 29, CP). En un Estado de Derecho, los conflictos de
intereses entre ciudadanos solo pueden definirse en aplicación de las normas
vigentes y las respectivas interpretaciones jurisprudenciales de las
autoridades competentes, por lo que actuar en contra de ellas supone desconocer
la voluntad del constituyente primario y el Legislador democráticamente
elegido.
12.3. Los jueces que examinaron la pretensión de reintegro del actor no
ordenaron su reincorporación a la entidad, por una obvia imposibilidad física y
jurídica de hacerlo. No obstante, también se abstuvieron de ordenar a su favor indemnización
alguna, a pesar de que el despido era irregular, bajo el argumento de que aun
cuando lo despidieron sin que mediara autorización judicial era imposible la
reparación del daño por la inexistencia de la empresa. Sin embargo, frente a
casos en los cuales la terminación del vínculo ocurre con el cierre definitivo de la
compañía la sentencia SU-377 de 2014 señaló que lo procedente era aplicar el
artículo 116 del CPT y ordenar una indemnización especial equivalente a “seis meses de salarios, sin
perjuicio de sus demás derechos y prestaciones legales”.[107]
Al
igual que en el caso anterior, la Sala considera que los jueces del reintegro
tenían la obligación de declarar irregular el despido del actor porque no se
contaba con previa autorización judicial, y ordenar a su favor una
indemnización especial sin importar que la desvinculación coincidiera con el
cierre definitivo de la empresa. No es factible sostener que un aforado
sindical no puede ser desvinculado sino en virtud de autorización del juez
competente, pero al mismo tiempo que la violación de esa garantía en los casos
de cierre definitivo de una empresa no acarrea consecuencias debido a la
imposibilidad de reintegro. Esta argumentación desconoce por completo las
garantías de libre asociación sindical, pues abre un espacio para desarrollar
conductas antisindicales sin la posibilidad de que las mismas sean sancionadas.
Y esto no es viable porque la Carta Política protege el derecho fundamental de
los trabajadores a constituir sindicatos o asociaciones (art. 39, CP), lo cual
implica la existencia de mecanismos eficaces para evitar actuaciones que
interfieran el normal ejercicio de dicha facultad.
12.4. En
consecuencia, que en el caso de Darío Eccehomo Díaz los jueces del reintegro
incurrieron en un defecto sustantivo en sus providencias, al negarle el
reconocimiento de una indemnización especial derivada del despido sin previa
autorización judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del CPT. Por tanto, la Sala Primera de Revisión amparará su derecho
fundamental al debido proceso.
12.5. Sobre la cuestión de la vigencia del artículo 116 del CPT,
la Sala se remite en este punto a lo expuesto en los párrafos 11.9 al 11.10 de
esta sentencia, en los cuales se expusieron las razones por las cuales debe
admitirse su plena aplicabilidad para casos actuales.
13.
Conclusiones
13.1. Caso
de José Germán Hoyos Álvarez. Las providencias judiciales que examinaron el
proceso especial de levantamiento de fuero sindical iniciado por TELECOM en
liquidación contra José Germán Hoyos Álvarez no incurrieron en algún defecto
que afecte su presunción de constitucionalidad, al declarar oportuna la
solicitud de despido computando el término de prescripción de que trata el
artículo 118A del CPT desde la vigencia del Decreto 2062 de 2003, por el cual
se ordenó la supresión de los cargos oficiales de la empresa. En procesos de
liquidación de entidades se ha interpretado que “[…] los dos meses con que cuenta el empleador [para
interponer la acción de levantamiento del fuero] parten es desde la culminación
del procedimiento correspondiente, en este caso, la supresión del cargo de los
empleados aforados”,[108] toda vez que es necesario otorgar un
término prudencial al liquidador para que determine cómo habrá de adelantar la
supresión de los cargos conforme a su diagnóstico del estado de la liquidación.
13.2. Caso
de Juan Carlos Peña Díaz. Las providencias judiciales que examinaron el
proceso especial de reintegro por fuero sindical iniciado por Juan Carlos Peña
Díaz contra el PAR de TELECOM incurrieron en defecto sustantivo, al no
reconocer a su favor la indemnización especial de que trata el artículo 116 del
CPT. El accionante tenía fuero sindical y lo despidieron sin previa
autorización judicial el mismo día del cierre definitivo de la empresa, y conforme
a lo dispuesto en la sentencia SU-377 de 2014, en estos casos procede el
reconocimiento de una indemnización equivalente a seis meses de salarios (art.
116, CPT), porque en contextos de liquidación no desaparecen las garantías
sindicales. En consecuencia, se ordenará al juez del reintegro de primera
instancia (Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira) que expida un nuevo
fallo en el cual se abstenga de incurrir en el defecto señalado en la parte
considerativa de esta sentencia (apartado 11).
13.3. Caso
de Darío Eccehomo Díaz. Las providencias judiciales que examinaron el
proceso especial de reintegro por fuero sindical iniciado por Darío Eccehomo
Díaz contra el PAR de TELECOM incurrieron en un defecto sustantivo, al negarle a
su favor la indemnización especial de que trata el artículo 116 del CPT. El
accionante tenía fuero sindical y lo despidieron sin previa autorización
judicial el mismo día del cierre definitivo de la empresa, y conforme a lo
dispuesto en la sentencia SU-377 de 2014, en estos casos procede el
reconocimiento de una indemnización equivalente a seis meses de salarios (art.
116, CPT), porque en contextos de liquidación no desaparecen las garantías
sindicales. Por tanto, se ordenará al juez del reintegro de primera instancia
(Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales) que expida un nuevo fallo
en el cual se abstenga de incurrir en el defecto señalado en la parte
considerativa de esta sentencia (apartado 12).
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR, por las
razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela del cinco (5) de
febrero de dos mil quince (2015) proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, que confirmó el fallo del quince (15) de octubre de dos mil
catorce (2014) emitido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
el cual se negó el amparo de los derechos fundamentales de José Germán Hoyos
Álvarez.
Segundo.-
REVOCAR la
sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015) proferida por
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el fallo del
veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014) emitido por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el cual negó el amparo de los
derechos fundamentales de Juan Carlos Peña Díaz. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y la asociación
sindical del accionante.
Tercero.-
DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil ocho (2008) proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, que confirmó en grado de consulta
el fallo del veintiséis (26) de octubre de dos mil siete (2007) emitido por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira, mediante el cual se absolvió
al PAR de TELECOM de todas las pretensiones impetradas en su contra por Juan
Carlos Peña Díaz, dentro del proceso especial de reintegro por fuero sindical.
En
consecuencia, ORDENAR al Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Palmira que en el término de los dos (2) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, expida un nuevo fallo en el cual se abstenga de incurrir
en el defecto señalado en la parte considerativa de esta sentencia (apartado
11).
Cuarto.- REVOCAR la sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil
quince (2015) proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que
confirmó el fallo del quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) emitido
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se negó el
amparo de los derechos fundamentales de Darío Eccehomo Díaz. En su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y la asociación sindical del accionante.
Quinto.-
DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del treinta (30) de abril de dos mil siete (2007) proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, que confirmó en segunda
instancia el fallo del dos (2) de marzo de dos mil siete (2007) emitido por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Manizales, mediante el cual se absolvió al PAR
de TELECOM de todas las pretensiones impetradas en su contra por Darío Eccehomo
Díaz, dentro del proceso especial de reintegro por fuero sindical. En consecuencia,
ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales
que en el término de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, expida un nuevo fallo en el cual se abstenga de incurrir en el
defecto señalado en la parte considerativa de esta sentencia (apartado 12).
Sexto.-
Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Los procesos
de la referencia fueron escogidos y acumulados para revisión por la Sala de
Selección Número Tres, mediante auto proferido el veintisiete (27) de marzo de
dos mil quince (2015). Para esta Sala procede la acumulación decretada por
existir relación entre los hechos que motivan las tres (3) acciones de tutela.
[2] MP María
Victoria Calle Correa, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez. Las órdenes trigésimo
tercera y trigésimo cuarta de la sentencia mencionada disponen: “Trigésimo tercero.- ORDENAR a
la Oficina de Prensa de la Corte Constitucional que, una vez se publique esta
sentencia, ponga en un lugar visible de la página web de esta Corporación, la
siguiente información. Las personas que hubieren tenido fuero sindical al
momento de ser desvinculadas de TELECOM en su proceso de liquidación
definitiva, y que cuenten con providencias ejecutoriadas que pongan fin a
procesos de levantamiento de fuero o de reintegro sindical, si no han
instaurado acciones de tutela contra las mismas, podrán interponer sólo una
acción de tutela contra esa providencia, en caso de que se den las condiciones
jurisprudenciales que justifican la tutela contra sentencias. // Trigésimo cuarto.- PREVENIR a
todos los jueces de la República, para que en los procesos instaurados de
conformidad con la resolución Trigésimo tercera de
la parte dispositiva de esta sentencia, cuenten la inmediatez desde la
publicación de la presente providencia, y no desde antes.  Esta decisión
tendrá efectos inter comunis, y ha de aplicarse a todos los que se encuentren
en las condiciones previstas en la resolución Trigésimo tercera de
la parte dispositiva de esta sentencia, y no sólo a los accionantes de este
proceso.”
[3]
Contrato de trabajo a término fijo suscrito entre TELECOM y José Germán Hoyos
el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), el
cual tuvo vigencia de seis (6) meses, entre el primero (1º) de abril de mil
novecientos noventa y cinco (1995) y el treinta (30) de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco (1995). Posteriormente, el actor suscribió un
contrato de trabajo a término indefinido el primero (1º) de octubre de mil
novecientos noventa y cinco (1995) (folios 36 al 42 del cuaderno principal del
expediente T-4811855). En adelante para este caso, siempre que
se haga mención a un folio, se entenderá que hace parte del cuaderno principal
del expediente referenciado, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[4] Certificado
del Ministerio de la Protección Social proferido el veintiocho (28) de abril de
dos mil once (2011), mediante el cual informa que el señor José Germán Hoyos
Álvarez es miembro de la junta directiva de la USTC, seccional Manizales, desde
el año dos mil dos (2002) (folios 51 y 52).
[5] “Por el cual
se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena su
liquidación”
[6] “Por el cual
se modifica la planta de personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
Telecom en liquidación”
[7]
Específicamente, en el artículo 5º transitorio se dispuso: “a partir de la ejecutoria de la sentencia que autorice el
levantamiento del fuero sindical o el vencimiento del término de este fuero
contemplado en la ley o en los estatutos sociales, quedarán automáticamente
suprimidos los cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero
sindical”.
[8] Código
Procesal del Trabajo, artículo 118A, adicionado por el artículo 49 de la Ley
712 de 2001: “Las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en dos
(2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de
despido, traslado o desmejora. Para el empleador desde la fecha en que tuvo
conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya
agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el
caso.”
[9] En este caso
la liquidadora de TELECOM presentó demanda de levantamiento de fuero sindical
contra el actor el veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003), y el
hecho que se invocó como causa del despido fue la emisión del Decreto 2062 del
24 de julio de 2003, mediante el cual se suprimió el cargo de los trabajadores
oficiales con fuero sindical.
[10] Folios
82 al 99 del cuaderno segundo.
[11] Folios
100 al 106 del cuaderno segundo.
[12] Escrito
de TELECOM en liquidación, mediante el cual le comunican al actor de la
supresión de su cargo, debido a la autorización judicial para levantarle el
fuero sindical y despedirlo (folio 44).
[13] (folios
13 al 29 del cuaderno tercero).
[14] Estas
providencias son a las cuales se hace referencia en el pie de página número
doce (12) de esta sentencia.
[15]
Telegrama del siete (7) de octubre de dos mil catorce (2014), mediante el cual
se le notifica a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales de la
admisión de la tutela presentada en su contra (folio 7 de cuaderno segundo).
[16]
Liquidación de prestaciones definitivas e indemnización realizada al actor al
momento del despido (folio 31 del cuaderno principal del expediente T-4814582).
En adelante para este caso, siempre que se haga mención a un
folio, se entenderá que hace parte del cuaderno principal del expediente
referenciado, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[17]
Resolución No 203 de noviembre de 2002 proferida por el Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social, mediante el cual informa que el señor Juan Carlos Peña Díaz
es miembro de la junta directiva de la USTC, seccional Palmira (folios 34 al
36).
[18] “Por el
cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena
su liquidación”
[19] “Por el
cual se modifica la planta de personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
Telecom en liquidación”
[20]
Específicamente, en el artículo 5º transitorio se dispuso: “a partir de la ejecutoria de la sentencia que autorice el
levantamiento del fuero sindical o el vencimiento del término de este fuero
contemplado en la ley o en los estatutos sociales, quedarán automáticamente
suprimidos los cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero
sindical”.
[21] Folio
32.
[22] Folio
31.
[23] Acción
de tutela presentada por Juan Carlos Peña Díaz contra el PAR en mayo de dos mil
seis (2006), luego de que lo desvincularan de la extinta TELECOM en liquidación
(folios 149 al 158).
[24] Escrito
de notificación a las partes de la sentencia de primera instancia que resolvió
la acción de tutela, en el cual se puede observar que la misma fue declarada
improcedente (folio 1589). La decisión del Tribunal en segunda instancia fue la
de confirmar el fallo precedente, porque así lo indicó el actor en el escrito
de tutela y el PAR en su contestación. Ese proceso fue radicado en la Corte
Constitucional con el número T-1437600, y no fue seleccionado para revisión
mediante auto del doce (12) de octubre de dos mil seis (2006).
[25]
Telegrama del diecisiete (17) de octubre de dos mil catorce (2014), mediante el
cual se le notificó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga de la
admisión de la tutela presentada en su contra (folio 9  del cuaderno segundo).
[26] Al
respecto sostuvo: “[…] hoy por hoy la sentencia SU-377 de 2014 no puede
aplicarse, por cuanto no ha adquirido la firmeza referida en el artículo 331
del CPC, quedando suspendidos sus efectos hasta tanto sea notificada la
providencia que resuelva sobre [las solicitudes de aclaración, adición y
nulidad]. Dicho de otro modo, aún no se puede predicar la cosa juzgada del
asunto bajo examen.”
[27]
Liquidación de prestaciones definitivas e indemnización realizada al actor al
momento del despido (folio 37 del cuaderno principal del expediente T-4824712).
En adelante para este caso, siempre que se haga mención a un
folio, se entenderá que hace parte del cuaderno principal del expediente
referenciado, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[28]
Resolución No 121 de septiembre de 2002 proferida por el Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social, mediante el cual informa que el señor Darío Eccehomo Díaz
es miembro de la junta directiva de la USTC, seccional Manizales (folios 44 y
45).
[29] “Por el
cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena
su liquidación”.
[30] “Por el
cual se modifica la planta de personal de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, Telecom en liquidación”
[31]
Específicamente, en el artículo 5º transitorio se dispuso: “a partir de la ejecutoria de la sentencia que autorice el
levantamiento del fuero sindical o el vencimiento del término de este fuero
contemplado en la ley o en los estatutos sociales, quedarán automáticamente
suprimidos los cargos desempeñados por los trabajadores oficiales con fuero
sindical”.
[32] Folio
40.
[33] Folio
31.
[34] Folio 6
del cuaderno segundo.
[35] Al
respecto sostuvo: “[…] hoy por hoy la sentencia SU-377 de 2014 no puede
aplicarse, por cuanto no ha adquirido la firmeza referida en el artículo 331
del CPC, quedando suspendidos sus efectos hasta tanto sea notificada la
providencia que resuelva sobre [las solicitudes de aclaración, adición y
nulidad]. Dicho de otro modo, aún no se puede predicar la cosa juzgada del
asunto bajo examen.”
[36] Al
respecto véanse, entre otros, los párrafos 41 al 50 de la sentencia SU-377 de
2014, en los cuales se desarrollaron las razones para comprender que en este
tipo de casos había legitimación en la causa por pasiva.
[37] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
Sentencia del tres (3) de agosto de dos mil cinco (2005).  (MP. Silvio
Fernando Trejos). Expediente No. 1909.
[38] En este
caso no se examinará la constitucionalidad de las sentencias que resolvieron el
proceso de levantamiento de fuero sindical iniciado por TELECOM en liquidación
contra Juan Carlos Peña Díaz, porque (i) el actor no las demandó en tutela en
tanto fueron favorables a sus intereses; (ii) en la contestación el PAR no
alega que sean contrarias a los postulados constitucionales; (iii) hicieron
tránsito a cosa juzgada ordinaria, entre otras cosas, porque nadie ha alegado
su inconstitucionalidad mediante tutela.
[39]
MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero. En esa oportunidad la
Corte declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política. Si bien allí se declararon inexequibles las
disposiciones acusadas por considerar que vulneraban las reglas de competencia
fijadas por la Constitución Política, también se dijo en la parte motiva que la
acción de tutela podía llegar a ser procedente contra actuaciones judiciales en
circunstancias excepcionales, cuando ellas resultaran ser una vía de hecho.
[40]
La misma regla ha sido reiterada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-037 de 1996 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa, SPV Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara, SV. José
Gregorio Hernández Galindo, AV Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera
Vergara, José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz),  SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo
Beltrán Sierra) y, más adelante, en la sentencia C-590 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[41]
MP Jaime Córdoba Triviño, unánime. En ella se declaró inexequible la expresión “acción”
contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en tanto excluía toda
posibilidad de interponer acciones de tutela contra las sentencias de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[42]
Corte Constitucional, sentencia T-282 de 2009 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo). En ese fallo la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
recordó la improcedencia de la tutela contra tutela, y se explicaron los
presupuestos generales de procedibilidad de la misma.
[43]
Véase, al respecto, la sentencia T-231 de 1994 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz) en la cual la Sala Tercera de Revisión tipificó algunos de los
defectos en que pueden incurrir las providencias judiciales, con la virtualidad
de afectar derechos fundamentales.
[44]
Sobre la caracterización de estos defectos, puede verse, entre
muchas otras, la sentencia T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[45] Corte Constitucional, sentencia SU-377 de 2014, consideración
número 134. Algunos ejemplos de decisiones que a juicio de la Sala Plena eran
‘en principio contrarias’ a la jurisprudencia constitucional son las
siguientes: “Llama la atención de la Corte que algunos de [los
fallos en procesos especiales de fuero sindical] presenten interpretaciones de
las garantías de fuero sindical que, en principio y sin que esto suponga un
juicio de fondo, podrían llegar a ser consideradas contrarias al entendimiento
que les ha dado la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, se sostiene en
algunas que el aforado sindical no puede ser desvinculado sino en virtud de
autorización del juez competente, pero al mismo tiempo que la violación de esa
garantía en los casos de cierre definitivo de una empresa no acarrea
consecuencias; que el deber de proteger a las personas con fuero sindical
desaparece con la extinción de la empresa, razón por la cual carecen entonces
del derecho a no ser desvinculadas sino por autorización judicial; que cuando
no cabe hacer el reintegro, por imposibilidad física o jurídica, tampoco es
viable condenar al pago de una indemnización integral o especial, distinta de
la que se paga por despido injusto; que una vez concluye el proceso
liquidatorio, desaparecen los presupuestos de hecho y de derecho para la
prosperidad de la acción de reintegro, entre otras tesis semejantes.”
[46] Corte Constitucional, sentencia SU-377 de 2014, consideración
número 137.
[47] Así por ejemplo, en el auto A-032 de 2006 (MP Rodrigo Escobar
Gil), la Corte sostuvo que “[…] si
bien la jurisprudencia constitucional admite que se formulen solicitudes de
aclaración respecto de sentencias de tutela, tal circunstancia no altera la
regla conforme a la cual estas sentencias cobran ejecutoria desde el momento
mismo en que son proferidas, como quiera que contra las mismas no procede
recurso alguno  y lo dispuesto en ellas es de cumplimiento inmediato
(Decreto 2067 de 1991 art. 49). De esta manera, la referencia al término de
ejecutoria que hace el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil,
tratándose de sentencias de revisión, no tiene el alcance de dejar en suspenso
la ejecutoria de estas providencias, pues sólo constituye un referente a fin de
determinar la oportunidad en que se puede, de manera excepcional y restrictiva,
formular solicitudes de aclaración contra las sentencias de la Corte.” De igual forma, en la
sentencia T-627 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), la Sala Octava de
Revisión advirtió al final de la parte considerativa “[…] que
la presente providencia surte efectos de manera inmediata, una vez cobre
ejecutoria luego de su notificación, por manera que una eventual solicitud de
nulidad de la decisión no tendrá ninguna incidencia en el cumplimiento de lo
que aquí se ordene, pues la nulidad no es un recurso contra la decisión ni
tiene un efecto suspensivo sobre la misma.”
[48] Más
adelante, en el numeral décimo de esta providencia, la Sala desarrollará el
cargo de fondo y verificará si efectivamente las providencias de levantamiento
de fuero sindical vulneraron los derechos fundamentales del accionante. Por el
momento, basta indicar que la tutela es procedente por este aspecto.
[49] Véase,
entre otras, la sentencia T-184 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil). Con ocasión
de la una acción de tutela interpuesta varias veces con la misma pretensión, la
respectiva Sala de Revisión sistematizó los presupuestos de la temeridad. Igualmente
puede observarse la sentencia T-679 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa).
[50] Código
Procesal del Trabajo, artículo 117. Contenido en el Capítulo XVI sobre
procedimientos especiales, título II sobre fuero sindical: “La sentencia
será apelable en el efecto suspensivo. El Tribunal decidirá de plano
dentro de los cinco (5) días siguientes al en que sea recibido el expediente.
// Contra la decisión del Tribunal no cabe recurso alguno.” Al respecto,
véase al sentencia T-043 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), en la cual la
Sala Sexta de Revisión estudió de fondo una tutela contra un fallo que resolvió
en segunda instancia un proceso especial de reintegro por fuero sindical. Allí
se expuso que la tutela cumplía el requisito de subsidiariedad, porque “[…] tratándose de los procesos especiales de
fuero sindical debe recordarse, como anteriormente lo ha efectuado esta
corporación, que por disposición del legislador en esos procedimientos la
decisión de primera instancia es apelable en el efecto suspensivo, pero contra
la decisión del tribunal “no cabe recurso alguno” (art. 117 inc. 2° CPT). Por
ende, no se puede optar por la casación.”
[51] Código
Procesal del Trabajo, artículo 118: “Acción de reintegro. La demanda del trabajador amparado por el
fuero sindical que hubiere sido despedido sin permiso del juez del trabajo, se
tramitará conforme al procedimiento señalado en los artículos 114 y siguientes
de este código.”
[52] La
sentencia de primera instancia del proceso especial de reintegro fue proferida
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales el dos (2) de marzo de
dos mil siete (2007). La sentencia de segunda instancia fue emitida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Manizales el treinta (30) de abril de dos mil
siete (2007).
[53] Al
respecto, véase al sentencia T-043 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), en la
cual la Sala Sexta de Revisión estudió de fondo una tutela contra un fallo que
resolvió en segunda instancia un proceso especial de reintegro por fuero
sindical. Allí se expuso que la tutela cumplía el requisito de subsidiariedad,
porque “[…] tratándose de
los procesos especiales de fuero sindical debe recordarse, como
anteriormente lo ha efectuado esta corporación, que por disposición del
legislador en esos procedimientos la decisión de primera instancia es apelable
en el efecto suspensivo, pero contra la decisión del tribunal “no cabe recurso alguno” (art.
117 inc. 2° CPT). Por ende, no se puede optar por la casación.”
[54] Folio 1.
[55] Folio 1.
[56] Folio 1.
[57] A
continuación se transcribirán los párrafos 18 al 22 de la sentencia SU-377 de
2014, referentes al marco normativo sobre la desvinculación de aforados
sindicales en procesos de liquidación. Así mismo, se mostrarán a pie de página
las citas originales de dicha providencia, en las cuales se profundiza la
información contenida en el texto.
[58] Dice el artículo 406 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 12, Ley 584 de 2000:
“Trabajadores amparados por el fuero sindical. Están amparados por el fuero
sindical: a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución
hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin
exceder de seis (6) meses; || b) Los trabajadores que, con anterioridad a la
inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el
amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores; || c) Los miembros de
la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación
de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los
miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1)
suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis
(6) meses más; || d) Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de
reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones
sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses
más, sin que
pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos.  PARAGRAFO
1o. Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo,
los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan
jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración.
[…]”.
[59] Sentencia C-593 de 1993 (MP. Carlos
Gaviria  Díaz. SV. José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera
Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa). En esa ocasión la Corte declaró inexequible
una norma del Código Sustantivo del Trabajo que excluía del fuero sindical: a
los empleados públicos y a los trabajadores oficiales y particulares que
desempeñaran puestos de dirección, confianza o manejo. La Corte Constitucional
señaló que esas restricciones, hechas de un modo general, resultaban contrarias
a los artículos 39, 53 y 93 de la Constitución, en concordancia con los
Convenios No. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Colombia
mediante las Leyes 26 de 1976 y 50 de 1990.
[60] Dice el artículo 7, inc. 3: “Los jueces laborales
deberán adelantar los procesos tendientes a obtener permiso para despedir a un
trabajador amparado con fuero sindical, de las entidades que se encuentren en
liquidación, dentro de los términos establecidos en la ley y con prelación a
cualquier asunto de naturaleza diferente, con excepción de la acción de
tutela.  El incumplimiento de esta disposición será causal de mala
conducta.”
[61] Sentencia T-029 de 2004 (MP. Álvaro Tafur
Galvis). La Corporación señaló, sobre el particular: “No fue motivo de discusión entre las partes, y tampoco objeto de
la alzada, la existencia del vínculo laboral que rigió la relación por razón
del servicio entre la señora Tovar Garzón y la entidad pública liquidada,
tampoco lo fue lo relativo a la vigencia del fuero sindical, y quedó claro que
la demandada no solicitó el levantamiento de dicho fuero, como era su deber” (Énfasis añadido).
[62] Sentencia T-253 de 2005 (MP. Jaime Araújo
Rentería). Dijo la Corte, en lo relevante: “[…] los demandantes al momento de ser despedidos gozaban del beneficio
del fuero sindical que consagra el artículo 405 del Código Sustantivo del
Trabajo, por lo que la Industria Licorera del Huila, entonces en liquidación,
debió solicitar el permiso judicial previo para despedirlos”.
[63]  Sentencia T-285 de 2006 (MP. Álvaro
Tafur Galvis). La Sala sostuvo que “[…] el trabajador no podía ser despedido
sin previo levantamiento del fuero sindical, dada su calidad de trabajador
aforado”.
[64] El artículo 1 del Decreto 2160 del 2004,
“por el cual se
reglamenta el artículo 8 del Decreto-Ley 254 de 2000”, dispuso: “Dispuesta la supresión de
cargos de la entidad en liquidación conforme lo prevé el artículo 8º del
Decreto-Ley 254 de 2000, el liquidador procederá a solicitar permiso al juez
laboral, para retirar a los servidores amparados por fuero sindical. El término
de prescripción de la respectiva acción empezará a correr a partir del día
siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo”.
[65] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Segunda. Sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos
mil seis (2006). Radicación nro. 110010322500020050020050000100. (CP. Alejandro
Ordóñez Maldonado). Entonces se demandaba mediante acción de nulidad el Decreto
2160 de 2004 “por el cual se reglamenta el artículo 8º del Decreto Ley 254 de
2000”, por supuestamente trasgredir el artículo 118A del Código Sustantivo del
Trabajo. Luego de otras consideraciones, la Sala sostuvo: “[…] Obsérvese que la
norma trascrita señala la regla general según la cual las acciones que emanan
del fuero sindical prescriben en dos meses, plazo que para el empleador se
cuenta desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como
justa causa, el cual, para el caso de liquidación de entidades públicas del
orden nacional empieza a correr a partir del día siguiente al de la publicación
del acto que ordena la supresión. No altera el contenido de las normas
generales que regulan la materia, menos  revive el término que insinúa el
demandante”.
[66] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda. Sentencia  del veintiuno (21) de agosto
de dos mil ocho (2008). Radicación nro. 11001-03-25-000-2005-00100-00(4276-05).
(CP. Gerardo Arenas Monsalve). En esa ocasión también se acusaba justamente de
simple nulidad  el Decreto 2160 de 2004 por violar entre otras normas los
artículos 13 y 39 de la Constitución. La Sección Segunda negó la nulidad, y
para sustentar su decisión expuso esa razón, entre otras.
[67] Sentencia T-253 de 2005 (MP. Jaime Araújo
Rentería). En ese fallo, la Corte  decidía el caso de varios aforados
despedidos sin previa autorización judicial en el contexto de una liquidación.
Dijo, sobre la imposibilidad del reintegro y la adaptación de las órdenes
judiciales a esa circunstancia: “[…] tratándose en el presente caso de una liquidación
administrativa que fue real o verdadera, no es viable jurídicamente que el Juez
Laboral ordene el reintegro de los demandantes, por la imposibilidad física y
jurídica de hacerlo, y en consecuencia los trabajadores afectados tienen el
derecho de obtener, en el mismo proceso especial de fuero sindical, una
indemnización por la terminación unilateral de su contrato de trabajo sin justa
causa, sustitutiva del reintegro, la cual deberá comprender los salarios, con
sus incrementos y las prestaciones sociales, tanto legales como convencionales,
a partir de la fecha del despido y hasta la terminación de la existencia jurídica
de la Industria Licorera del Huila por haber concluido su liquidación”.
[68] En
el Capítulo XVI sobre ‘Procedimientos especiales’, Título II sobre ‘Fuero
sindical’, el artículo 116 dice cuál es el contenido de la sentencia debe ser
el siguiente: “[c]uando la sentencia
fuere adversa al patrono, deberá contener a cargo de éste la obligación
alternativa de conservar al trabajador o de prescindir de sus servicios
mediante el pago, a título de indemnización especial, de una cantidad líquida
de dinero equivalente a seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás
derechos y prestaciones legales”.
[69] Sentencia T-323 de
2005 (MP. Humberto Sierra Porto). En esa decisión, esta Corte concedió el
amparo interpuesto por un trabajador con fuero sindical, al que una decisión de
la justicia ordinaria había ordenado reintegrar a una entidad en liquidación, y
esta última decidió no reincorporar por considerar imposible acatar dicha
orden. La Corte Constitucional sostuvo que no estaba dentro de las atribuciones
de la autoridad condenada elegir entre acatar o no la orden de reintegro. En
concreto manifestó: “La entidad dio cumplimiento a lo atinente a la cancelación de los
salarios, pero se sustrajo de cumplir la orden de reintegro por imposibilidad
jurídica y material y así lo declaró mediante la Resolución No. 2875 del 28 de
junio de 2002. Es decir que nuevamente omitió iniciar el procedimiento judicial
correspondiente, cuando su deber era promover un proceso laboral ordinario en
el cual se determinara que el reintegro efectivamente no era posible y se
estableciera, en consecuencia, la indemnización que al trabajador correspondía
en compensación, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación
arriba reseñada. || Concluye, entonces, esta Sala de Revisión que al no dar
cumplimiento a las decisiones judiciales, la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero en liquidación violó los derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, al cumplimiento de sentencias y al trabajo del
ciudadano Hernando Ramírez Arboleda, así como también desconoció sus derechos
adquiridos como trabajador sindicalizado”.
[70] Sentencia T-732 de 2006 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa). La Corporación  tuteló los derechos al debido proceso y
a acceder a la justicia de varios ex trabajadores de una entidad en
restructuración, a quienes un juez laboral había ordenado reintegrar en un
proceso ordinario y, a pesar de que no se cumplió esta orden, iniciaron un
proceso ejecutivo en el cual se resolvió no librar mandamiento ejecutivo. La
Corte sostuvo que no era competencia ni siquiera del juez ejecutivo resolver si
acatar o no la orden de reintegro dictada por el juez. En sus palabras: “la providencia constituye una
vía de hecho por defecto orgánico y sustancial, dado que el Tribunal no tenía
competencia para llegar a esa conclusión dentro del proceso ejecutivo. Como se
señaló anteriormente, cuando la Administración no instaura oportunamente el
proceso laboral ordinario dirigido a lograr que el juez declare la
imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de reintegro por violación del
fuero sindical, los trabajadores pueden iniciar un proceso ejecutivo con el propósito
de que la orden de reintegro se haga efectiva, sin que en esta ocasión la
Administración pueda proponer la excepción de imposibilidad de cumplimiento y
sin que el juez pueda declararla motu propio”.
[71] El artículo 1 del Decreto 2160 del 2004,
“por el cual se
reglamenta el artículo 8 del Decreto-Ley 254 de 2000”, dispuso: “Dispuesta la supresión de
cargos de la entidad en liquidación conforme lo prevé el artículo 8º del
Decreto-Ley 254 de 2000, el liquidador procederá a solicitar permiso al juez
laboral, para retirar a los servidores amparados por fuero sindical. El término
de prescripción de la respectiva acción empezará a correr a partir del día
siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo”.
Esta norma fue demandada por simple nulidad ante el Consejo de Estado, por
supuestamente transgredir el artículo 118A del CPT. En sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006), la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación No.
110010322500020050020050000100 (CP. Alejandro Ordóñez Maldonado), se negó la
nulidad y se dijo: “[…] Obsérvese que la norma trascrita señala la regla
general según la cual las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en
dos meses, plazo que para el empleador se cuenta desde la fecha en que tuvo
conocimiento del hecho que se invoca como justa causa, el cual, para el caso de
liquidación de entidades públicas del orden nacional empieza a correr a partir
del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión. No
altera el contenido de las normas generales que regulan la materia, menos
revive el término que insinúa el demandante”. Así mismo, frente a una
demanda por supuesta violación de los artículos 13 y 39 constitucionales, el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, dijo
en sentencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil ocho (2008), radicación
nro. 11001-03-25-000-2005-00100-00(4276-05) (CP. Gerardo Arenas Monsalve), que
la contabilización del término de prescripción desde la supresión de los
cargos, y no desde antes, era una medida razonable que se adecuaba al contexto
de la liquidación de las empresas.
[72] Ibíd, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del veintiuno (21) de agosto de dos
mil ocho (2008), radicación nro. 11001-03-25-000-2005-00100-00(4276-05) (CP.
Gerardo Arenas Monsalve).
[73] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda. Sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil diez
(2010). Radicación No. 11001-03-25-000-2004-00205-01 (4132-04). (CP Luis Rafael
Vergara Quintero). En esa oportunidad se demandaba la nulidad del artículo 17
del Decreto 1615 de 2003, que ordenaba al liquidador de TELECOM iniciar los
procesos de levantamiento de fuero sindical “dentro de los seis (6) meses
siguientes a la expedición de este Decreto”, aun cuando el artículo 118A
del CPT disponía la prescripción de la acción de levantamiento de fuero en los
dos (2) meses siguientes a la fecha en que el empleador “tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa
causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario
correspondiente, según el caso.” En
ese fallo se dijo que la previsión demandada se ajustaba al mandato legal de
prescripción, porque “[…] los dos meses con que cuenta el empleador [para
interponer la acción de levantamiento del fuero] parten es desde la culminación
del procedimiento correspondiente, en este caso, la supresión del cargo de los
empleados aforados”, pues para este tipo de casos el artículo 118A del CPT
dispuso como referencia para contabilizar la prescripción el momento en el cual
“se haya agotado el procedimiento […] reglamentario correspondiente.”
[74] Ob.
Cit. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos
mil seis (2006). Radicación No. 110010322500020050020050000100. (CP. Alejandro
Ordóñez Maldonado).
[75] Ob.
Cit. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda. Sentencia  del veintiuno (21) de agosto
de dos mil ocho (2008). Radicación No. 11001-03-25-000-2005-00100-00(4276-05).
(CP. Gerardo Arenas Monsalve).
[76] Ibíd.
[77] El artículo 1 del Decreto 2160 del 2004,
“por el cual se reglamenta
el artículo 8 del Decreto-Ley 254 de 2000”, dispuso: “Dispuesta la supresión de
cargos de la entidad en liquidación conforme lo prevé el artículo 8º del
Decreto-Ley 254 de 2000, el liquidador procederá a solicitar permiso al juez
laboral, para retirar a los servidores amparados por fuero sindical. El término
de prescripción de la respectiva acción empezará a correr a partir del día
siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del cargo”.
[78] Ciertamente, el artículo 5º transitorio del Decreto
2062 de 2003, por el cual se modifica la planta de personal de TELECOM en
liquidación, dispone: “Supresión de cargos de trabajadores oficiales
amparados por fuero sindical. A partir de la ejecutoria de la sentencia
que autorice el levantamiento del fuero sindical o el vencimiento del término
de este fuero contemplado en la ley o en los estatutos sociales, quedarán
automáticamente suprimidos los cargos desempeñados por los trabajadores
oficiales con fuero sindical.”
[79] Se ha sostenido, por ejemplo, que dicho defecto se
produce cuando la decisión se funda en una norma que ha sido derogada,
subrogada o declarada inexequible y no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico; cuando su aplicación al caso concreto es inconstitucional; o, cuando
a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, comoquiera
que se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias T-522 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-678
de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-774 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-047 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[80] Decreto
Ley 4133 de 1948, “Por el cual se adoptan como normas legales
unas disposiciones”, artículo 1º: “Adóptense,
a fin de que continúen rigiendo como normas legales, las disposiciones
contenidas en los siguientes Decretos extraordinarios, dictados por el Gobierno
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 121 de la Constitución
Nacional: […] el Decreto 2158 de 1948,
"sobre procedimiento en los juicios del trabajo".”
[81] “Por el
cual se modifican los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo”.
[82] En concreto, el Código Sustantivo del Trabajo fue modificado por el
Decreto 616 de 1954 en sus artículos 48, 405, 408, 410, 411, 412 y 479. Sin
embargo, ninguna de las normas del Código Procesal del Trabajo fue modificada
expresamente, pero se supone que son aquellas que consagraban los
procedimientos especiales de fuero sindical en las autoridades judiciales.
[83]
Ciertamente, la mayoría de modificaciones adoptadas por el Decreto 616 de 1954
consistían en trasladar la facultad de calificar la justa causa en el despido
de trabajadores aforados al Ministerio del Trabajo. Así por ejemplo, en el
artículo 2º se estableció que el artículo 405 del Código Sustantivo del
Trabajo, que define la garantía del fuero sindical, quedaba de la siguiente
forma: “Se denomina "fuero sindical", la garantía de que gozan
algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones
de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el Ministerio
del Trabajo.” Sobre este traslado de competencias, Guillermo González
Charry expresó: “[…] la competencia fue quitada a los Jueces del Trabajo,
para pasarla a los Inspectores del Trabajo, funcionarios dependientes del
Ministerio del Ramo. Este cambio de competencias fue inexplicable, pues no se
habían advertido fallas en el manejo de tales asuntos por parte de la
Jurisdicción Especial. Parece que tuvo por objeto ejercer un control político
sobre la institución del Fuero, pues durante el citado lapso [entre 1951 y
1957] se habló de muchas arbitrariedades cometidas en este campo a través de
providencias administrativas.” Guillermo González Charry, en “Derecho
Colectivo del Trabajo, Antecedentes Históricos y Formación de Sindicatos”, Tomo
I, 3ª edición, 1990.
[84] “Por el cual se dictan normas sobre fuero sindical”.
[85] Ob.
Cit. Guillermo González Charry, en “Derecho Colectivo del Trabajo, Antecedentes
Históricos y Formación de Sindicatos”, Tomo I, 3ª edición, 1990. Allí se dijo: “[e]n
el año 1957, un Decreto Extraordinario de la Junta Militar, posteriormente
ratificado por el Congreso, devolvió a los Jueces del Trabajo la competencia
para conocer de estos asuntos [de fuero sindical], y así se ha mantenido hasta
la actualidad […]”
[86] Decreto 204 de 1957, “por el cual se dictan normas sobre fuero
sindical”, artículo 11: “Deróganse los artículos 2 a 12
inclusive del Decreto número 616 de 1954.”
El Decreto 616 de 1954 contaba originalmente con 16 artículos.
[87] Específicamente, se modificaron los siguientes artículos del Código
Sustantivo del Trabajo: 405, 408, 410, 411, 412. Y del Código Procesal del
Trabajo se modificaron los artículos: 113, 114, 115, 117, 118. Nótese que las
modificaciones realizadas el CST corresponden a las mismas normas que
previamente habían sido modificadas por el Decreto 616 de 1954, y que en
relación al CPT se modificaron las disposiciones que regulan los procesos
especiales de fuero sindical, a excepción del artículo 116.
[88] Sobre
la evolución normativa del fuero sindical en Colombia puede verse la aclaración
de voto del Magistrado Alejandro Martínez Caballero a la sentencia T-728 de
1998 (MP Hernando Herrera Vergara), en la cual se expuso detenidamente la
historia de ese derecho desde el año mil novecientos cuarenta y cuatro (1994)
hasta el día de la publicación de dicha providencia. Así mismo, obsérvese la
sentencia C-381 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[89] Artículo 2º del Decreto 616 de 1954.
[90] Artículos 3, 4 y 5 del Decreto 616 de 1954.
[91] Artículos 6, 7 y 8 del Decreto 616 de 1954.
[92] Artículo 9º del Decreto 616 de 1954.
[93] Artículo 10º del Decreto 616 de 1954.
[94] Artículos 11 y 12 del Decreto 616 de 1954.
[95] Artículo 13 del Decreto 616 de 1954.
[96] Artículo 14 del decreto 616 de 1954.
[97] Artículo 15 y 16 del Decreto 616 de 1954.
[98] La expresión “a título de indemnización” contenida en el
inciso segundo del artículo 408 del CST, modificado por el artículo 7 del
Decreto 204 de 1957, fue declarada exequible condicionalmente por la Corte
Constitucional en sentencia C-201 de 2002 (MP. Jaime Araujo Rentería), bajo el
entendido de que “[…] la
indemnización a que tiene derecho el trabajador aforado despedido ilegalmente,
según sentencia judicial, debe ser integral, conforme a lo expresado en las
consideraciones de esta providencia.”
La Sala Plena argumentó que el “[…] daño sufrido por el trabajador aforado,
provocado por el despido sin justa causa declarada mediante sentencia judicial,
debe ser reparado de manera integral, esto es, de acuerdo con lo que se logre
probar en cada caso, lo cual incluye, además del pago de los salarios no
devengados, con sus reajustes y prestaciones, cualquier otro valor dejado de
percibir o pagado por el trabajador, como consecuencia directa del despido
injusto. Siendo entendido, además, que la reparación integral incorpora la correspondiente
indexación.”
[99] Así lo explicó la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga al
indicar en segunda instancia del proceso de reintegro que el actor no tenía
derecho a indemnización alguna. En concreto, dijo que no había lugar al
reconocimiento de la indemnización de que trata el artículo 408 del CST, “porque
no existe lapso sobre el cual disponer el pago de tal emolumento, en razón a
que el despido coincidió con la fecha de la liquidación definitiva de TELECOM
(31 de enero de 2006), y la indemnización se contrae a los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta el momento de reinstalación del
trabajador aforado en el empleo.”
[100] MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[101] MP Alfredo Beltrán Sierra.
[102] MP Juan Carlos Henao Pérez.
[103] MP
María Victoria Calle Correa, SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[104] Igualmente, el editor
más autorizado en materia legislativa, que es la Secretaría General del Senado
de la República trascribe el artículo 116 del CPT en su versión original como
una norma vigente, que no ha sido entonces derogada. Al respecto véase el
siguiente enlace: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimental_laboral_pr002.html#116
[105] Hoy en
día el artículo 118 del CPT contiene la modificación hecha por el artículo 48
de la Ley 712 de 2001, el cual dispone: “La demanda del trabajador amparado
por el fuero sindical, que hubiere sido despedido o desmejorado en sus
condiciones de trabajo o trasladado sin justa causa previamente calificada por
el juez laboral, se tramitará conforme al procedimiento señalado en los
artículos 113 y siguientes.” Como se puede ver, esta norma tampoco excluyó
del procedimiento especial de fuero sindical el artículo 116 del CPT.
[106] Se ha sostenido, por ejemplo, que dicho defecto se
produce cuando la decisión se funda en una norma que ha sido derogada,
subrogada o declarada inexequible y no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico; cuando su aplicación al caso concreto es inconstitucional; o, cuando
a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, comoquiera
que se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias T-522 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-678
de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-774 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-047 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[107] En
el Capítulo XVI sobre ‘Procedimientos especiales’, Título II sobre ‘Fuero
sindical’, el artículo 116 dice cuál es el contenido de la sentencia debe ser
el siguiente: “[c]uando la sentencia
fuere adversa al patrono, deberá contener a cargo de éste la obligación
alternativa de conservar al trabajador o de prescindir de sus servicios
mediante el pago, a título de indemnización especial, de una cantidad líquida
de dinero equivalente a seis meses de salarios, sin perjuicio de sus demás
derechos y prestaciones legales”.
[108] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda. Sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil diez
(2010). Radicación No. 11001-03-25-000-2004-00205-01 (4132-04). (CP Luis Rafael
Vergara Quintero). En esa oportunidad se demandaba la nulidad del artículo 17
del Decreto 1615 de 2003, que ordenaba al liquidador de TELECOM iniciar los
procesos de levantamiento de fuero sindical “dentro de los seis (6) meses
siguientes a la expedición de este Decreto”, aun cuando el artículo 118A
del CPT disponía la prescripción de la acción de levantamiento de fuero en los
dos (2) meses siguientes a la fecha en que el empleador “tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa
causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario
correspondiente, según el caso.” En
ese fallo se dijo que la previsión demandada se ajustaba al mandato legal de
prescripción, porque “[…] los dos meses con que cuenta el empleador [para
interponer la acción de levantamiento del fuero] parten es desde la culminación
del procedimiento correspondiente, en este caso, la supresión del cargo de los
empleados aforados”, pues para este tipo de casos el artículo 118A del CPT
dispuso como referencia para contabilizar la prescripción el momento en el cual
“se haya agotado el procedimiento […] reglamentario correspondiente.”