T-360-11
Sentencia
T-360/11
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Para determinar la existencia
de un defecto fáctico respecto de un pronunciamiento judicial, debe existir un
error en el juicio valorativo de las pruebas por parte del juez, que sea
manifiesto, evidente y claro y que tenga una incidencia directa en la decisión
judicial adoptada. A saber, “se configurará un defecto fáctico, (i)
cuando las pruebas allegadas al proceso resultan insuficientes para adoptar la
determinación correspondiente, bien porque no fueron decretadas o bien porque
no fueron practicadas; (ii) cuando la valoración que de ellas se haga resulte
contraevidente, y (iii) cuando las pruebas sean nulas de pleno derecho
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El defecto sustantivo o
material se da cuando el juez decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales. Adicionalmente a dichos supuestos la sentencia SU-187 de
2010 enumera algunas otras hipótesis desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional, por las cuales se configura dicho defecto, las cuales son:  “(…)
(i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable al caso concreto, (ii) cuando la decisión se fundamenta en normas
inexistentes o inconstitucionales, (iii) cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, es
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada),(iv)
cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada o (v) cuando a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica
a la cual se aplicó
DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO Y EXISTENCIA DE VARIAS INTERPRETACIONES JURIDICAS
ADMISIBLES SOBRE UN MISMO TEMA Y EL OPERADOR JURIDICO DECIDE APLICAR UNA DE
ELLAS
En el caso en el que existan
varias interpretaciones jurídicas admisibles sobre un mismo tema y el operador
jurídico decida aplicar una de ellas, de forma sensata y justa, ajustada a los
límites normativos, la acción de tutela no está llamada a prosperar por la
ocurrencia de un derecho material. Lo anterior porque el juez de tutela no
puede declarar la prosperidad de la acción sólo porque considera que se debería
dar aplicación a otra de las interpretaciones. Esto por cuanto la prosperidad
de la acción de tutela frente a actuaciones judiciales, en el caso del defecto
material o sustantivo, sólo ocurre en los casos en los que se evidencia un
actuar arbitrario y caprichoso del juez y no por una discrepancia de
interpretación
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Reiteración de jurisprudencia
Esta
Corporación ha establecido que el defecto procedimental absoluto concurre
cuando el juez actúa inobservando el procedimiento establecido en la ley. Lo
anterior implica que existe un desconocimiento del debido proceso del
accionante, en el entendido que el procedimiento adoptado por el juez surge de
su voluntad, desconociendo las garantías establecidas en las normas para los
sujetos procesales. Dada su naturaleza, se entiende como un defecto de
naturaleza calificada que requiere para su configuración, que el operador
jurídico haya dado plena desatención al procedimiento aplicable decretado por
la
DEFECTO DE
PROCEDIMIENTO ABSOLUTO Y DEFECTO MATERIAL O SUSTANCIAL-Diferencia
Se entiende que la
configuración del defecto de procedimiento absoluto implica una evidente
vulneración al debido proceso del accionante. Puesto que al desconocer las
etapas procesales establecidas por la ley, ya sea porque prescinde de ellas en
el proceso o porque la forma de aplicación del procedimiento se convierte en un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, implica que las etapas de
contradicción y defensa pueden ser incumplidas y así los derechos de las partes
son desconocidos y vulnerados. Ahora bien, es importante resaltar que el vicio
de procedimiento absoluto se diferencia del defecto de material o sustancial,
en cuanto el primero implica el desconocimiento de normas procedimentales
mientras que el segundo implica el desconocimiento de una norma en general. La
ocurrencia del defecto de procedimiento absoluto, implica la concurrencia de un
defecto material; sin embargo, la existencia de un defecto material no siempre
implica la existencia de un defecto procedimental absoluto.
PERITAJES
EN CASO DE EXPROPIACION-Jurisprudencia constitucional/PROCESO DE
EXPROPIACION JUDICIAL-Procedimiento especial para la elaboración del
peritaje que determina el valor de la indemnización
PROCESO DE
EXPROPIACION JUDICIAL-Para efectuar el avalúo de la indemnización, el Juez
debe nombrar a más de un perito con el fin de que determine el monto de la
indemnización a reconocer
Para efectuar el avalúo de la
indemnización el juez debe nombrar a más de un perito con el fin de que
determine el monto de la indemnización a reconocer. Al respecto, en la
sentencia T-638 de 2011, esta Corporación analizó la solicitud de amparo
realizada respecto de los hechos ocurridos al interior de un proceso de
expropiación. En esa oportunidad, el accionante alegó que el juez civil
desconoció la normatividad vigente para la realización del avalúo de la
indemnización en el proceso de expropiación judicial al nombrar un sólo perito.
Adicional al número de peritos que se deben nombrar para efectuar el avalúo de
la indemnización, y, de las calidades requeridas para los auxiliares de la
justicia, se deben cumplir unos requisitos específicos en los casos de expropiación
de inmuebles urbanos o suburbanos.
PROCESO DE
EXPROPIACION JUDICIAL-Características
La expropiación es un
mecanismo regulado en la Ley 56 de 1961, Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997, entre
otras normas. Dichas disposiciones establecen los motivos por los cuales un
bien puede ser declarado de interés social o de utilidad pública, por ejemplo,
los bienes destinados para la construcción de infraestructura de servicios
públicos y la preservación de cuencas hídricas.  El procedimiento que se debe
surtir para la expropiación debe ser precedido por el proceso de la enajenación
voluntaria. En caso de que no se llegue a un acuerdo se debe acudir a la
expropiación judicial, la cual se encuentra regulada en el Código de
Procedimiento Civil -artículos 451 y subsiguientes-, y en algunos casos
excepcionales, por el proceso de expropiación administrativa de acuerdo a la
Ley 388 de 1997.  Dentro del proceso judicial de expropiación, una vez se haya
emitido la sentencia que declare la expropiación, el juez deberá nombrar dos
peritos -lo anterior teniendo en cuenta que la normatividad especial prima
sobre la general-, uno de ellos de la lista de peritos del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2265
de 1969 y en el artículo 21 de la Ley 56 de 1969. El experticio deberá cumplir
con los requisitos establecidos en las normas procesales correspondientes;
específicamente los determinados en el Código de Procedimiento Civil, el
Decreto 1420 de 1998, la Resolución 762 de 1998 del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y la Resolución No. 620 de 2008 del Consejo Superior de la
Judicatura, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos
ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. Adicionalmente, se deberán
anexar los documentos necesarios para justificar el peritaje. El artículo 456
del Código de Procedimiento Civil determina que una vez se haya surtido el
proceso de contradicción y esté en firme el avalúo se deberá proceder a la
consignación de la indemnización. No obstante, teniendo en cuenta que los
auxiliares de la justicia no son los directores del proceso, el juez debe
valorar las pruebas (artículos 187 y 241 del C. de P.C.), pronunciarse de oficio
respecto del peritaje y establecer el monto de la indemnización que se debe
consignar.
DEFECTO
FACTICO-Configuración al ordenar el pago de la indemnización sin establecer
monto de la misma y sin valorar pruebas obrantes en el proceso
Se colige que resulta
indiferente la objeción del error grave al peritaje y si esta se efectuó o no
por parte de la EAAB, en la medida que la vulneración de derechos que se
reclama no deviene del contenido mismo del experticio sino de una fase posterior
en la cual correspondía al Juez motivar su decisión. Así, observa la Sala que
en el presente caso no se busca revivir un momento procesal como lo estimaron
los jueces de primera y segunda instancia, sino controvertir si el Juez 12
Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un defecto fáctico mediante la
providencia del 20 de agosto de 2009, al ordenar el pago de la indemnización
sin establecer el monto de la misma y sin valorar las pruebas obrantes dentro
del proceso. Por lo tanto, estima la Sala que la parte demandante sí agotó los
mecanismos judiciales para que su inquietud fuera atendida; ésta acudió al
recurso de reposición solicitando al juez que se pronunciara de fondo sobre el
monto de la indemnización y que efectuara una valoración de la prueba. No
obstante, su solicitud fue desatendida bajo el argumento de que no existían dos
peritajes vigentes, porque el perito que emitió el primer dictamen fue relevado
del cargo. Teniendo en cuenta que el artículo 281 del C. de P. C., determina
que el auto que da respuesta al recurso de reposición no es susceptible de
recurso alguno, el accionante agotó los mecanismos de defensa existentes dentro
del proceso para que su petición fuera atendida.
JUEZ DE
TUTELA-Se encuentra facultado para referirse a aspectos que así no sean
invocados, deben ser objeto de pronunciamiento
Si bien es cierto, la
accionante sólo alegó la existencia del defecto fáctico, procedente de la
omisión de la valoración de la prueba, considera esta Sala que en virtud de la
naturaleza de la acción de tutela, el juez se encuentra facultado para
referirse sobre aspectos que así no sean invocados deben ser objeto del
pronunciamiento. Por lo anterior, como se verá más adelante, se hará una
mención a la configuración de un defecto de procedimiento absoluto y de un
defecto material, teniendo en cuenta las consideraciones esbozadas
anteriormente
INDEMNIZACION
POR EXPROPIACION-Caso en que el Juez no entró a estudiar si el
peritaje presentado cumplía con las condiciones establecidas en la Ley para tal
fin
A la luz del artículo 233 del
Código de Procedimiento Civil es claro que dentro del curso del proceso sólo se
puede decretar un dictamen pericial sobre un mismo punto. Así, el experticio
presentado en el 2001, no reúne los requisitos de plena prueba, puesto que el
proceso de contradicción del dictamen, establecido en el artículo 238 del CPC,
no concluyó, al no haberse practicado la aclaración o adición del dictamen y al
no haberse resuelto la objeción por error grave. Así, es claro que el
experticio no cumplió con el fin de la prueba, que no es otro que llevar
certeza al funcionario judicial acerca de los hechos base de las solicitudes
pertinentes. Por tanto, con el relevo de los peritos se dejó sin valor ni
efecto jurídico alguno el experticio presentado por los auxiliares de la
justicia en principio designados. En virtud de lo anterior, es claro que dentro
del proceso de expropiación el Juez sólo tenía el deber de analizar el último
peritaje presentado, puesto que el anterior, quedó sin valor luego de que los
peritos fueron relevados del cargo por incumplimiento de su función.  Ahora
bien, en el caso de la indemnización por expropiación, es claro que dentro del
proceso, el experticio que contiene el avalúo de la indemnización debe ser
valorado por el juez. De no hacerlo, reitera la Sala, el juez permitiría que el
auxiliar de la justicia fuese quien determinara el valor de la indemnización, y
así estaría delegando su función de fallador en éste último. La situación
enunciada en la oración precedente, refleja lo ocurrido en el proceso bajo
cuestión. El Juez se limitó a ordenar el pago y no entró a estudiar si el
peritaje presentado cumplía con las condiciones establecidas en la Ley para
dicho menester, no motivó su decisión y mucho menos fijó el valor de la
indemnización. Por lo anterior, desestimó las normas referentes a la evaluación
del peritaje dentro del proceso, como son el artículo 241 y 187 del Código de
Procedimiento Civil.  En este sentido, encuentra la Sala que el Juzgado 12
Civil del Circuito de Bogotá, una vez surtido el trámite de contradicción del
experticio, debió analizar la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos,
esto es, apreciar si el informe pericial contenía información cuestionable o,
si por el contrario, lo encontraba adecuado a sus propósitos.
PROCESO DE
EXPROPIACION Y CASO EN QUE LA EXTENSION DEL PREDIO EXPROPIADO NO SE ESTABLECIO
CON PRECISION
La extensión del predio
expropiado no se estableció con precisión. Si bien hubo una aclaración de la
perito respecto del área, la EAAB en la solicitud de tutela señaló que con el
avalúo hecho por la Cámara de la Propiedad Raíz -Lonja Inmobiliaria la
extensión del predio era de 21.604,34 metros cuadrados y no de 17.362,67 metros cuadrados como lo estableció el experticio en
firme. Al respecto, aclaró la Corporación Club Los Lagartos, que las partes
llegaron a un acuerdo respecto del área a expropiar, ese acuerdo fue presentado
ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá el día 22 de junio de 2001. Por
lo tanto, era menester del Juez pronunciarse sobre la extensión del bien objeto
de controversia teniendo en cuenta lo presentado por el Club Los Lagartos.
PROCESO DE
EXPROPIACION Y CASO EN QUE VALOR DE LA INDEMNIZACION DEBE SER ACTUALIZADO
Es claro que desde el momento
de la expropiación hasta la fecha han transcurrido más de 7 años, y por tanto
el valor de la indemnización ha de ser actualizado.
DEFECTO FACTICO
Y DEFECTO DE PROCEDIMIENTO ABSOLUTO EN PROCESO DE EXPROPIACION-Caso
en que se omitió valoración de la prueba y el Juez actuó al margen del
procedimiento establecido y se vulneró el debido proceso del accionante
Se evidencia que en la
providencia del 20 de agosto de 2009, se incurrió en un defecto fáctico por
falta de valoración de la prueba. Es claro que el accionado en el presente
debate no analizó el experticio y, en consecuencia no motivó su decisión sino
que permitió que el auxiliar de la justicia se convirtiera en fallador.
Encuentra la Sala que dicha actuación es inadmisible y constituye una flagrante
violación al debido proceso del accionante y un desconocimiento de los
principios rectores del ordenamiento, que en el presente caso implica una
vulneración del erario público.  De otra parte, estima la Sala que se estructuró
un defecto de procedimiento absoluto, que se configura cuando el Juez actúa al
margen del procedimiento establecido, lo cual a los ojos de la jurisprudencia
constitucional, implica una clara vulneración del derecho al debido proceso.
Las normas procedimentales existentes para el avalúo de la indemnización en el
proceso de expropiación establecen que se deben nombrar dos peritos, uno de
ellos de la lista de expertos que el IGAC suministre. El peritaje que efectúen
en conjunto dichos auxiliares de la justicia debe atender los criterios de
forma y método, enunciados en el Decreto 1420 de 1998.  En el presente caso, el
Juez del proceso luego de la sentencia que ordenó la expropiación, nombró dos
peritos para que efectuaran el experticio. Sin embargo, inobservó las normas
procesales aplicables, pues es claro que ninguno de los peritos seleccionados
era de la lista de auxiliares de la justicia proporcionada por el IGAC.
Respecto de este punto, la Procuraduría advirtió la desobediencia de la
normativa procesal por medio de la solicitud de nulidad de lo actuado desde la
expedición de la sentencia. En esa oportunidad el Juez debió corregir su error,
es decir, atender dicha solicitud y como resultado de ella nombrar dos peritos,
uno de ellos fuera de la lista del IGAC. No obstante, por medio de providencia
del 14 de julio de 2003, el juez denegó el incidente de nulidad, lo cual
demuestra que el proceso de avalúo de la indemnización presentaba vicios desde
el mismo momento del nombramiento de los primeros peritos.  Aún así, siete años
después al relevar los peritos por incumplimiento, nombró solamente uno, -no
dos como exige la Ley - y no del IGAC, bajo el argumento de que el artículo 24 de
la Ley 794 de 2003, determinó que para la práctica del dictamen pericial sólo
era necesario un perito. Si bien es cierto que el mencionado artículo así lo
señala para efectos del dictamen pericial, en general, es claro que en el
presente caso el operador desconoció el procedimiento especial establecido para
el avalúo de la indemnización por expropiación. El artículo 5° de la Ley 153 de
1887, indica claramente que la disposición relativa a un asunto especial prima
sobre la que tenga carácter general, por tanto el Juez ha debido atender lo
establecido en el Decreto 2265 de 1969, en la Ley 56 de 1981 y en el Acuerdo
1518 de 2002; normas que dictaminan que al efectuar peritajes para el avalúo de
la indemnización por expropiación se deben nombrar dos peritos, y uno de ellos
debe ser de la lista suministrada por el IGAC. Así, concluye esta Sala que se
vulneró el debido proceso del accionante al aplicarse las normas generales y no
las especiales para el proceso, y por tanto  se configuró un defecto
procedimental absoluto a raíz de las actuaciones judiciales posteriores a la
sentencia de expropiación.
DEFECTO
SUSTANTIVO O MATERIAL-Casos en que se configura/PROCESO DE EXPROPIACION
JUDICIAL-Orden a Juzgado para que decrete una nueva pericia con base en la
normatividad enunciada en la sentencia
Teniendo en cuenta lo
enunciado en el acápite anterior, encuentra la Sala que también se configuró un
defecto sustantivo o material. Respecto de este vicio, en el aparte sexto de la
presente providencia se citó la sentencia SU-187 de 2010, la cual enlista
situaciones por las cuales se configura un defecto sustantivo como causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Dentro de
estas, la causal quinta indica que éste vicio concurre cuando la norma
aplicable al caso concreto es desatendida e inaplicada o cuando se aplica una
norma que no se adecua a la situación fáctica del caso; en el caso de que
existan varias interpretaciones jurídicas admisibles, este vicio se configura
únicamente cuando se escoge una norma de manera insensata e injusta. Así, es
claro que en el caso al aplicar la norma consagrada en el artículo 24 de la Ley
794 de 2003, por medio de la cual se estableció que para los procesos
periciales sólo se debía designar un perito y no dos como lo determinan las
normas especiales para los casos del avalúo de la indemnización por
expropiación, el Juez desconoció la norma aplicable al caso concreto, y por lo
tanto se configuró un defecto material. El desconocimiento de las normas
procesales especiales implicó que la decisión judicial fuera caprichosa y
arbitraria, lo que conllevó a la lesión de los intereses de la parte demandante
en este proceso. Por lo anterior, concluye esta Sala que por medio de la
actuación surtida para el avalúo de la indemnización dentro del proceso de
expropiación se vulneró el derecho al debido proceso de la entidad demandante y
de paso su derecho a la defensa y a la igualdad, por lo cual esta Corporación
revocará los fallos de tutela proferidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
la acción de tutela instaurada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá contra el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá.  En su lugar,
concederá el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad
y la defensa y se dispondrá dejar sin efecto las actuaciones procesales
surtidas desde la designación de los peritos con ocasión de la sentencia de
expropiación proferida el 31 de julio de 2000. Así mismo, se ordenará al juzgado
accionado que decrete una nueva pericia con base en la normatividad enunciada
en la sentencia. En la providencia que decrete la realización del nuevo
peritaje para el avalúo de la indemnización, el juez debe establecer claramente
cuál es la extensión del predio objeto de expropiación teniendo en cuenta lo
mencionado en el aparte 9.4.1.3.2 de la parte resolutiva de esta providencia. A
su vez, teniendo en cuenta que han transcurrido más de 10 años desde la
sentencia que decretó la expropiación, se ordenará al juez de primera instancia
de tutela que vele por el cumplimiento de los términos señalados en la Ley para
el proceso del avalúo de la indemnización, de forma que éste proceso se surta
en el menor tiempo posible.
Referencia: expediente T-2861086
Acción de
tutela instaurada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá contra
el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá
Magistrado
Ponente
JUAN CARLOS
HENAO
Colaboró: Alejandra Tarazona Zambrano
Bogotá
D.C., seis (6) de mayo de dos mil once (2011)
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO, JUAN CARLOS HENAO PÉREZ y MAURICIO GONZALEZ CUERVO, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos de tutela proferidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la
acción de tutela instaurada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá contra el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Por medio de apoderado judicial, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, interpuso acción de tutela,
con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al derecho a la defensa. Narra el accionante que
estos derechos habrían sido vulnerados como consecuencia de la ocurrencia de
los siguientes
1.
Hechos
a.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, luego de
intentar sin éxito un acuerdo de compraventa[1] con la Corporación Club
Los Lagartos, para la ejecución del proyecto “CANALIZACIÓN Y TERRACEO RIO
SALITRE”, inició ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá proceso de
expropiación de una parte del predio identificado con matrícula inmobiliaria
No. 50N-874080.
b.
Por medio de providencia del 31 de julio de 2000, el Juzgado 12
Civil del Circuito decretó la expropiación del inmueble requerido, la
cancelación de gravámenes, embargos e inscripciones y la práctica del avalúo
comercial del predio con el fin de determinar el monto de la indemnización. Para
tal fin designó a Luís Hernán Castillo y Giovanna Sánchez como peritos.
c.
El 29 de junio de 2001 los peritos rindieron el dictamen y
determinaron que el predio tenía un valor de mil cuarenta y dos millones
seiscientos noventa y cinco mil pesos (1´042.695.000). El apoderado de la parte
demandada solicitó la aclaración del peritaje y, a su vez, la EAAB objetó por
error grave. Se corrió traslado de éstas mediante providencia del 4 de
diciembre de 2001.
d.   Narra
el demandante que el 13 de febrero de 2004 el Juzgado requirió nuevamente a los
peritos para que aclararan el dictamen, sin embargo, no hubo respuesta a la
solicitud.
e.
El 20 de julio de 2008 el despacho continuó el trámite de fijación
de la indemnización, para tal fin, relevó a los peritos y designó a Luz Marina
Castro Babativa como nueva experta.
f.
En experticio presentado por la señora Castro el 5 de noviembre de
2008, el avalúo de la indemnización por la expropiación fue de mil trescientos
setenta y seis millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos pesos
(1´376.394.800). El juez, de oficio, solicitó la aclaración del peritaje en
relación a la extensión del predio y al monto de la indemnización.
g.    Un
mes después, en aclaración del 3 de diciembre de 2008, la perito modificó el
avalúo e indicó que éste era de ochocientos noventa y seis millones seiscientos
treinta y cinco mil trescientos sesenta y siete pesos (896´635.367). Frente al
avalúo las partes solicitaron aclaración.
h.   En
una segunda aclaración del 21 de abril de 2009, la perito informó que el valor
de la indemnización era de mil setecientos treinta y ocho millones sesenta y
siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos (1´738.067.959). El 29 de abril
de 2009 se corrió traslado a las partes de la aclaración y estas guardaron
silencio.
i.
Indica el accionante que por medio de providencia del 20 de agosto
de 2009 el Juzgado ordenó a la EAAB el pago, sin fijar el monto de la
indemnización. La EAAB interpuso recurso de reposición contra la providencia y
solicitó al juez que fijara el monto a pagar y que ordenara otro avalúo por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, para determinar la veracidad de
los peritajes.
j.
Casi un año después, el 27 de julio de 2010, el Juzgado negó el
recurso de reposición y dejó en firme la providencia del 20 de agosto de 2009.
2.  Solicitud de la tutela
Con fundamento en los hechos
narrados, aduciendo la vulneración del derecho a la igualdad, al debido proceso
y a la defensa, la EAAB solicitó, por medio de acción de tutela radicada el 11
de agosto de 2010, la revocatoria de lo actuado desde la providencia del 20 de
agosto de 2009[2]. Alega que el demandado
incurrió en un defecto fáctico por no valorar las pruebas referentes al avalúo
de la indemnización y al proferir una providencia sin motivación clara, expresa
y exigible. Indica que dentro del proceso existen dos peritajes en firme y por
tanto, solicita que se ordene al Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá que
tome las medidas necesarias para establecer la veracidad de los dictámenes, con
base en un nuevo avalúo de la indemnización efectuado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
3. Intervención de la entidad
demandada
Por su parte, la entidad
demandada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción. Indicó el
Juez 12 Civil del Circuito de Bogotá que dentro del proceso no hay dos
peritajes vigentes. Explicó que los primeros peritos fueron relevados del cargo
por medio de auto del 25 de abril de 2008[3], por no cumplir lo
ordenado y por lo tanto el peritaje que estos presentaron fue desechado. Así,
el único peritaje vigente es el efectuado por la señora Castro, el cual cumple
con las exigencias legales y no fue objetado por la EAAB cuando tuvo la
oportunidad de hacerlo. Señaló que la acción de tutela no es el mecanismo
adecuado para revivir el momento procesal de contradicción del experticio,
puesto que dentro del proceso las partes tuvieron la oportunidad y no lo
hicieron.
3. Pruebas relevantes aportadas
al proceso
a.     Poder
legalmente conferido por parte de la EAAB al abogado Henry Cuevas Muñoz.[4]
b.     Copia
del dictamen pericial presentado por la perito Luz Marina Castro Babativa el 5
de noviembre de 2008 al proceso de expropiación 1999-1898.[5]
c.
Copia de la solicitud de aclaración hecha por el Juez 12 Civil del
Circuito al experticio presentado por la señora Castro, el 18 de noviembre de
2008.[6]
d.     Copia
de la aclaración y complementación del dictamen pericial radicada el día 3 de
diciembre de 2008.[7]
e.
Copia del auto que corre traslado del peritaje  y la aclaración
presentada por la señora Castro.[8]
f.
Copia de la solicitud de aclaración y complementación presentada por la
EAAB al trabajo presentado por Luz Marina Castro, radicado el 5 de febrero de
2009.[9]
g.     Copia
de la solicitud de aclaración y complementación del representante del Club Los
Lagartos al trabajo presentado por Luz Marina Castro, radicado el 5 de febrero
de 2009.[10]
h.     Copia
de la aclaración y complementación del dictamen pericial, radicado el 21 de
abril de 2009.[11]
i.
Copia del auto del 20 de agosto de 2009, proferido por el Juzgado 12
Civil del Circuito que dice “atendiendo lo solicitado por la parte demadando
(sic), se requiere a la parte demandante a efectos de que efectué la
consignación de trata el Art.456 del C.P.C.”[12]
j.
Copia de la decisión del recurso de reposición interpuesto por la EAAB,
respecto del auto del 20 de agosto de 2009.[13]
II. DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
1.     El
24 de agosto de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Civil, denegó el amparo solicitado. Concluyó que el accionante busca
atacar por medio de la acción de tutela el dictamen pericial elaborado y no la
decisión de orden de pago que fue decretada por el juez el 20 de agosto de
2009. Por lo anterior, determinó que la acción no estaba llamada a prosperar
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
2.     El
representante legal de la EAAB impugnó la decisión. Alegó que la tutela está
encaminada a que el accionado efectúe una valoración, con base en la sana
crítica, del material probatorio obrante en el expediente y que exponga de
manera razonada el mérito que le asigna a cada una de las pruebas. Indicó que
para que un peritaje quede en firme es necesario que el juez se pronuncie y
motive las razones por las cuales acata o desecha el experticio. Concluyó
diciendo que es evidente que el Juez 12 Civil del Circuito de Bogotá se limitó
a dar traslado del experticio y no lo dejó en firme, por tanto, no es claro el
monto que debe cancelar y la idoneidad de la prueba.
3.     El
28 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
confirmó el fallo de primera instancia. Estableció el magistrado ponente que el
peritaje no contiene deficiencia alguna y por ende el actuar de la autoridad
judicial no fue arbitraria o caprichosa.
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
1.1. Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
El expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio del
auto del 10 de diciembre de dos mil diez (2010), proferido por la Sala de
Selección Número Doce de dos mil diez (2010).
1.2. De conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 34
del Reglamento Interno de la Corporación, el 16 de diciembre de 2011, se
remitió el expediente de la acción bajo estudio al despacho del Magistrado Juan
Carlos Henao Pérez, para que este actuara como nuevo ponente, puesto que la
ponencia que presentó el Magistrado González fue inaprobada en la sesión de la
Sala Segunda de Revisión celebrada el 6 de mayo del 2011.
2. Problema jurídico y esquema de resolución
2.1. Corresponde a la Sala
establecer si la presente acción cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial. Así mismo, la Sala dará
respuesta al siguiente problema jurídico ¿se vulneraron los derechos al debido
proceso, la igualdad y el derecho a la defensa del accionante por parte del
operador jurídico demandado al ordenar el pago de la indemnización por
expropiación, sin pronunciarse sobre el peritaje y sin fijar el monto de la
indemnización? Adicionalmente, la Sala está llamada a resolver si en el
presente caso existen dos peritajes vigentes.
2.2. Para resolver el problema
jurídico planteado la Sala hará referencia a las siguientes cuestiones: (i)
Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela. Reiteración
jurisprudencial; (ii) Procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial; (iii) Caracterización del
defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (iv) Caracterización del defecto material o sustantivo
como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración jurisprudencial;  (v) Caracterización del defecto
procedimental absoluto como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial; (vi) La
jurisprudencia constitucional en torno a los peritajes en casos de
expropiación; y (vii) El caso concreto.
3. Legitimación en la causa
por activa en la acción de tutela. Reiteración
3.1. De acuerdo al primer inciso
del artículo 86 de la Constitución Política, mediante la acción de tutela
cualquier persona, por sí misma o por quien actúe en su nombre, puede reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Dicha norma es reiterada
en el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991.[14]
3.2. Las personas jurídicas,
inclusive las personas de derecho público, también se encuentran legitimadas
para interponer acciones de tutela por medio de su representante legal o por un
apoderado judicial[15]. Lo anterior, porque las
personas jurídicas también son titulares de derechos fundamentales. Sin
embargo, los derechos fundamentales de los cuales son titulares no son todos
aquellos que se predican de la persona humana, sino aquellos que están
directamente “ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de
las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de
derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son
vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o
indirecto.”[16]
Así, pueden entenderse como
derechos fundamentales de las personas jurídicas, susceptibles de protección
por medio de la acción de tutela, el debido proceso, la igualdad, la libertad
de asociación, el derecho a la información, el habeas data, el derecho
al buen nombre, entre otros.[17]
4. Procedibilidad excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
4.1.  Si bien la acción de tutela
es definida en la Constitución como un procedimiento preferente y sumario para
la protección de los derechos fundamentales, como regla general, no procede
cuando existen otros mecanismos de defensa judicial. Ahora bien, la sentencia
C-543 de 1992 declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de
1991, y por tanto determinó que en principio ésta acción no procede contra
providencias judiciales ejecutoriadas.[18]
Sin embargo, dentro de la misma
providencia se estableció que en algunos casos excepcionales frente a actuaciones
de hecho, la acción de tutela sí resulta procedente para proteger los
derechos fundamentales; la Corte afirmó en ese entonces:
“Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela
se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización
de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por
medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni
tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...).
En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia”.
4.2. En la sentencia C-590 de
2005, la Sala Plena de la Corporación, delimitó los rigurosos requisitos o “causales
genéricas de procedibilidad” que se deben cumplir para que la excepción
proceda. Dentro de estos requisitos, pueden distinguirse unos de carácter
general, que habilitan el estudio de la tutela y otros de carácter
específico que determinan la procedencia misma del amparo, o en otras
palabras, determinan que el amparo prospere o no.
4.2.1. Con respecto a los
requisitos de carácter general[19], la referida sentencia
anota los siguientes:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. (…)
“b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.  (…)
“c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración (…).
“d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…).
“e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…).
“f. Que no
se trate de sentencias de tutela (…).”
4.2.2. Así, tras verificar el
cumplimiento de los requisitos generales antes citados, que determinan la
procedencia de la acción de tutela, también resulta necesario acreditar el
cumplimiento de aquellos especiales, que como se dijo, tocan con el amparo en
sí y por lo tanto con la posibilidad de que ésta prospere. Para este efecto, la
Corporación ha definido dichos requisitos o vicios así:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
“c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
“h.  Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i.  Violación
directa de la Constitución. (…)”
4.3. Para el caso sujeto a análisis,
en virtud de los hechos y argumentos relatados por el accionante se estudiará
el defecto fáctico, el defecto procedimental absoluto y el defecto sustantivo o
material.
5. Caracterización del defecto
fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
5.1. La Corte ha determinado que
se configura un defecto fáctico cuando el juez no tiene el apoyo probatorio
necesario para fundamentar su decisión[20], o  cuando la valoración
de éste presente un error.[21] Sin embargo, es de
resaltar que no se configura un defecto fáctico cuando la providencia judicial
atienda a un criterio jurídico y a una razonable interpretación de las normas
aplicables al caso, “ya que tal situación afectaría de manera grave los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial que, en forma
precisa, habilitan al juez para aplicar la ley y para fijarle en concreto su
verdadero sentido y alcance.”[22] En suma, “La
evaluación del acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, “la
adopción de criterios objetivos[23],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[24],
es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[25],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.”[26]
5.2. Éste, de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional, puede presentarse en una dimensión negativa y en
una dimensión positiva. Se configura la dimensión negativa del defecto fáctico
cuando la autoridad judicial no practica o valora una prueba, o la valoración
de la misma se hace de forma arbitraria, irracional y caprichosa; lo que en
últimas implica una imposibilidad para comprobar los hechos. Por otra parte, la
dimensión positiva, se configura cuando el acervo probatorio no debía ser
admitido o valorado, como en el caso de las pruebas indebidamente recaudadas,
pero aún así el juez la valora o aprecia.[27]
5.3. Ahora bien, la
jurisprudencia ha indicado y desarrollado las actuaciones en las cuales puede
incurrir el Juez dentro de la valoración del acervo probatorio para que se
constituya la dimensión negativa o la positiva del defecto fáctico. Al respecto
ha dicho:
"En
otras palabras, se presenta defecto fáctico por omisión cuando el
juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia
'impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido'. Existe defecto
fáctico por no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador
omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a
un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera
ilícita"[28].
5.4. En definitiva, para determinar
la existencia de un defecto fáctico respecto de un pronunciamiento judicial,
debe existir un error en el juicio valorativo de las pruebas por parte del
juez, que sea manifiesto, evidente y claro y que tenga una incidencia directa
en la decisión judicial adoptada. A saber, “se configurará un defecto
fáctico, (i) cuando las pruebas allegadas al proceso resultan insuficientes
para adoptar la determinación correspondiente, bien porque no fueron decretadas
o bien porque no fueron practicadas; (ii) cuando la valoración que de ellas se
haga resulte contraevidente, y (iii) cuando las pruebas sean nulas de pleno
derecho.”[29]
6. Caracterización del defecto
sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
6.1. Como se mencionó
anteriormente, el defecto sustantivo o material se da cuando el juez decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales. Adicionalmente a dichos
supuestos la sentencia SU-187 de 2010 enumera algunas otras hipótesis
desarrolladas por la jurisprudencia constitucional, por las cuales se configura
dicho defecto, las cuales son:
“(…) (i)
cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable al caso concreto, (ii) cuando la decisión se fundamenta en normas
inexistentes o inconstitucionales, (iii) cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, es
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada)[30],(iv)
cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones
aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y
por ende inaplicada o (v) cuando a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se
aplicó[31].”
Así, se
concluye que si bien es cierto que dentro del proceso judicial, el juez tiene
la potestad de interpretar y aplicar las normas jurídicas, con base en el
principio de la autonomía e independencia judicial, éste no puede desconocer
que dicha interpretación se encuentra limitada por los principios que rigen el
ordenamiento jurídico, la Constitución y la ley y el respeto de los derechos
fundamentales de las partes.[32]
6.2. Sin
embargo, en el caso en el que existan varias interpretaciones jurídicas
admisibles sobre un mismo tema y el operador jurídico decida aplicar una de
ellas, de forma sensata y justa, ajustada a los límites normativos, la acción
de tutela no está llamada a prosperar por la ocurrencia de un derecho material.
Lo anterior porque el juez de tutela no puede declarar la prosperidad de la
acción sólo porque considera que se debería dar aplicación a otra de las
interpretaciones. Esto por cuanto la prosperidad de la acción de tutela frente
a actuaciones judiciales, en el caso del defecto material o sustantivo, sólo
ocurre en los casos en los que se evidencia un actuar arbitrario y caprichoso
del juez y no por una discrepancia de interpretación.[33]
7. Caracterización del defecto
procedimental absoluto como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
7.1. Esta Corporación ha
establecido que el defecto procedimental absoluto concurre cuando el juez actúa
inobservando el procedimiento establecido en la ley. Lo anterior implica que
existe un desconocimiento del debido proceso del accionante, en el entendido
que el procedimiento adoptado por el juez surge de su voluntad, desconociendo
las garantías establecidas en las normas para los sujetos procesales. Dada su
naturaleza, se entiende como un defecto de naturaleza calificada que requiere
para su configuración, que el operador jurídico haya dado plena desatención al
procedimiento aplicable decretado por la norma.[34]
Al respecto en la sentencia T-996
de 2003, en donde se cuestionó la actuación de un juez laboral que no agotó el
periodo probatorio dentro del proceso y emitió sentencia con inobservancia del
proceso, la Corte concedió la solicitud de amparo y dejó sin efecto de fondo
las actuaciones surtidas por el operador jurídico. Respecto del defecto bajo
estudio dijo:
Así las
cosas, el defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso
cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su
competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por
ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según
la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo
proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o
su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión
de fondo y la violación a los derechos fundamentales.
7.2. En conclusión, se entiende
que la configuración del defecto de procedimiento absoluto implica una evidente
vulneración al debido proceso del accionante. Puesto que al desconocer las
etapas procesales establecidas por la ley, ya sea porque prescinde de ellas en
el proceso o porque la forma de aplicación del procedimiento se convierte en un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, implica que las etapas de
contradicción y defensa pueden ser incumplidas y así los derechos de las partes
son desconocidos y vulnerados.
Ahora bien,
es importante resaltar que el vicio de procedimiento absoluto se diferencia del
defecto de material o sustancial, en cuanto el primero implica el
desconocimiento de normas procedimentales mientras que el segundo implica el
desconocimiento de una norma en general. La ocurrencia del defecto de
procedimiento absoluto, implica la concurrencia de un defecto material; sin
embargo, la existencia de un defecto material no siempre implica la existencia
de un defecto procedimental absoluto.
8. Procedimiento especial para
la elaboración del peritaje que determina el valor de la indemnización en los
procesos de expropiación judicial
8.1. El sistema jurídico
colombiano incluye una sólida y robusta normatividad  dirigida a la
protección efectiva de la propiedad privada como pilar fundamental de las
libertades democráticas y de la economía de mercado. En el plano
constitucional, esta protección se encuentra reforzada a partir del artículo 58
Superior, de forma tal que el Estado tiene vedado imponer penas confiscatorias,
tributos desproporcionados o expropiar a particulares sin indemnización previa,
de manera que no puede, sin que exista justo título, despojar a una persona de
los bienes que legalmente integran su patrimonio.[35]
La protección
constitucional del derecho a la propiedad indica que el Estado sólo está
autorizado para acudir a la figura de la expropiación por motivos de utilidad
pública o de interés social[36]. Para tal
fin, debe mediar sentencia judicial e indemnización previa, aspectos que
presuponen que la declaratoria de expropiación es el resultado del estricto
seguimiento del proceso establecido en la ley, el cual garantiza la protección
al debido proceso del titular del derecho de dominio. Todo esto, sólo puede
ocurrir una vez se ha declarado fallida la enajenación voluntaria o negociación
directa efectuada con base en una oferta justa por parte de la entidad pública[37].
8.2. La Ley 56 de 1981[38],
la Ley 9° de 1989[39] y el artículo 58 de la
Ley 388 de 1997[40], que modificó la última
norma, entre muchas otras, contienen los casos por los cuales se puede declarar
un bien de interés social o de utilidad pública. Dentro de estas normas se
determina que la declaratoria de interés social o utilidad pública está
permitida para la construcción de acueductos, el mantenimiento de cuencas
hídricas y para la construcción de infraestructura de servicios públicos, entre
otros.
8.3. Una vez el bien sea
declarado como de interés social o de utilidad pública, el ente estatal[41],
como primera medida, debe acudir al proceso de enajenación voluntaria[42].
Para tal fin debe expedir un acto administrativo u oficio[43]
con la “(…) oferta de compra, la identificación precisa del bien y el precio
base de negociación”[44]. Si pasados 30
días hábiles, luego de la comunicación de la oferta, no se ha llegado a un
acuerdo la administración deberá expedir la resolución de expropiación[45]
e iniciar el proceso judicial respectivo contemplado en los artículos 451 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil.[46]
8.4. Una vez iniciado el proceso
judicial y surtido el trámite de notificación y traslado de la demanda de
expropiación, el juez dictará sentencia. En caso de que decrete la expropiación
éste debe ordenar el pago de los gravámenes, embargos e inscripciones que
recaen sobre los bienes, para que luego de la firmeza del avalúo y la
consignación de la indemnización se pueda hacer la transferencia de la
propiedad.
En el transcurso del trámite de
la demanda de expropiación, el Código de Procedimiento Civil en el artículo
457,  habilita la posibilidad de que la parte demandante solicite la entrega
anticipada del inmueble. Para tal fin la parte interesada debe consignar, como
garantía del pago de la indemnización, una suma igual al cincuenta por ciento
del valor establecido en la enajenación voluntaria.[47]
Dicho valor, deberá ser tenido en cuenta a la hora del pago de la
indemnización.
8.5. Así, una vez en firme la
sentencia que declara la expropiación, se inicia el proceso de avalúo de la
indemnización[48]. Ésta debe comprender el
valor del bien objeto del proceso judicial y una compensación que sea
reparatoria y plena, y por tanto, que incluya el lucro cesante y el daño
emergente.[49] Con respecto al valor
del bien, el juez a la hora de valorar la prueba debe tener en cuenta el valor
que se fijó dentro de la etapa de enajenación voluntaria[50].
8.5.1. Respecto del proceso del
cálculo de la indemnización, esta Sala se remitirá a las normas procesales
pertinentes. En primer lugar, el artículo 456 del Código de Procedimiento
Civil, establece:
“El juez
designará peritos que estimarán el valor de la cosa expropiada y
separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados.”(Negrilla
fuera de texto)
Así, para efectuar el avalúo de
la indemnización el juez debe nombrar a más de un perito con el fin de que
determine el monto de la indemnización a reconocer.
Al respecto, en la sentencia
T-638 de 2011, esta Corporación analizó la solicitud de amparo realizada
respecto de los hechos ocurridos al interior de un proceso de expropiación. En
esa oportunidad, el accionante alegó que el juez civil desconoció la
normatividad vigente para la realización del avalúo de la indemnización en el
proceso de expropiación judicial al nombrar un sólo perito. Respecto del número
de peritos que se deben designar para dicho fin, esta Corporación señaló:
“Podría
pensarse que el artículo 24 de la Ley 794 de 2003, “por la cual se modifica el
Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo, y se dictan
otras disposiciones”, al modificar el artículo 234 del mismo Código en el
sentido de que sin importar la cuantía o la naturaleza del proceso todo
dictamen se debe practicar por un solo perito, incluyó las pruebas periciales
decretadas en los procesos de expropiación.
Sin
embargo, tal apreciación no es correcta por dos razones: (i) la modificación
procesal fue expresa al referirse únicamente al artículo 234 del Código de
Procedimiento Civil; y, (ii) para la interpretación de las normas procesales
debe tenerse en cuenta el principio general sobre interpretación de la ley
consagrado en el artículo 5° de la Ley 153 de 1887, según el cual, la
disposición relativa a un asunto especial prima sobre la que tenga carácter
general. Sumado a ello, de acuerdo con el artículo 4° del Código de
Procedimiento Civil, la interpretación de la ley procesal es instrumental ya
que su objetivo central es hacer efectivos los derechos reconocidos en la ley
sustancial, lo que en el ámbito jurídico comúnmente conocemos con el adagio “la
ley sustancial prevalece sobre la procesal”. Este es un principio de la ley
procesal, el cual fue elevado a rango constitucional en el artículo 228
Superior, el cual expresamente reconoce la prevalencia del derecho sustancial,
en nuestro caso, de la norma especial sobre peritajes en procesos de
expropiación. Por consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar
dos peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se
establezca la indemnización que se debe pagar a los interesados.”
8.5.2. Adicional al número de
peritos que se deben nombrar para efectuar el avalúo de la indemnización, y, de
las calidades requeridas para los auxiliares de la justicia[51],
se deben cumplir unos requisitos específicos en los casos de expropiación de
inmuebles urbanos o suburbanos. Al respecto, el artículo 20 del Decreto 2265 de
1969[52], determina que en los
procesos de expropiación uno de los peritos nombrados debe ser designado de una
lista de expertos que el IGAC suministre y el otro de la lista de auxiliares de
la justicia. El artículo 21 de la Ley 56 de 1981[53],
reitera lo anterior. Nuevamente, dichas disposiciones se incluyen dentro del
ordenamiento en el inciso 2° del artículo 25 del Acuerdo 1518 de 2002[54],
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que establece que “[l]a
designación de los auxiliares de la justicia se hará conforme a las normas del
Código de Procedimiento Civil, y se comunicará como éste lo determina o por los
medios electrónicos disponibles, de lo cual dejará constancia en el expediente.
Sin embargo, en los
procesos de expropiación uno de los peritos deberá ser designado dentro de la
lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.(subrayas
fuera de texto).
Al respecto, la Sala Novena de
Revisión de esta Corporación, en la ya citada sentencia T-638 de 2011, indicó:
“(…) de
los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar el correspondiente
dictamen pericial en los procesos de expropiación, por lo menos uno de ellos
debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la
lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de
conocer las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración
de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes
inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por vía
judicial (Decreto 1420 de 1998), tienen pleno conocimiento de las resoluciones
internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodológico
para la realización y presentación de los avalúos, específicamente de la
Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director
General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ´por la cual se establecen
los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de
1997´.” (Subrayas fuera de texto)
Además de las calidades de los
peritos seleccionados para surtir el avalúo, el experticio sobre la
indemnización en los casos de expropiación se debe cumplir con lo previsto en
el Decreto 1420 de 1998[55], en el cual se
establecen los métodos que se pueden usar para efectuar el avalúo, teniendo en
cuenta la destinación y características del predio dentro del plan de
ordenamiento territorial.
8.5.3. De esta forma, luego de
concluir el experticio y de que se surta el proceso de contradicción del
dictamen bajo el procedimiento establecido en el artículo 238 del C. de P. C.,
es deber del juez entrar a analizar la prueba, de no hacerlo se incurrirá en un
vicio fáctico, pues se recuerda que los peritos son auxiliares de la justicia y
no falladores. Dicha valoración debe efectuarse de acuerdo con las reglas de la
sana crítica y en conjunto con el resto del material probatorio. Al respecto,
el artículo 241 del C. de P. C. preceptúa que el juez “al apreciar el
dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios
que obren en el proceso.
Si se hubiere practicado un
segundo dictamen, éste no sustituirá al primero pero se estimará conjuntamente
con él, excepto cuando prospere objeción por error grave.”.
8.5.4. Una vez el juez efectúa la
apreciación de la prueba, debe pronunciarse de manera motivada, estableciendo si
el peritaje presentado cumple con los requisitos generales para los experticios
establecidos en la legislación nacional y, los específicos, en orden de
determinar cuál es el valor de la indemnización y el motivo por el cual decreta
dicho valor. Ahora, si bien es cierto que la norma que regula el avalúo y la
entrega del bien en la expropiación[56] no exige expresamente un
pronunciamiento por parte del juez luego de que el avalúo quede en firme y antes
de que se efectúe la consignación por parte de la Administración, estima esta
Sala, que este peritaje es una prueba dentro del proceso, y los artículos 241 y
187 del C. de P. C. determinan que las pruebas que obraren en el proceso deben
ser analizadas en conjunto con base en la sana crítica y debe haber un
pronunciamiento del juez, explicando los componentes de la indemnización antes
de que se pueda efectuar consignación alguna.[57]
8.6. De lo anterior esta Sala
concluye:
a. La expropiación es un
mecanismo regulado en la Ley 56 de 1961, Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997, entre
otras normas[58]. Dichas disposiciones
establecen los motivos por los cuales un bien puede ser declarado de interés
social o de utilidad pública, por ejemplo, los bienes destinados para la
construcción de infraestructura de servicios públicos y la preservación de
cuencas hídricas.
b. El procedimiento que se debe
surtir para la expropiación debe ser precedido por el proceso de la enajenación
voluntaria. En caso de que no se llegue a un acuerdo se debe acudir a la
expropiación judicial, la cual se encuentra regulada en el Código de
Procedimiento Civil -artículos 451 y subsiguientes-, y en algunos casos
excepcionales, por el proceso de expropiación administrativa de acuerdo a la
Ley 388 de 1997.
c. Dentro del proceso judicial de
expropiación, una vez se haya emitido la sentencia que declare la expropiación,
el juez deberá nombrar dos peritos -lo anterior teniendo en cuenta que la
normatividad especial prima sobre la general-, uno de ellos de la lista de
peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 20 del Decreto 2265 de 1969 y en el artículo 21 de la Ley 56 de
1969.
d. El experticio deberá cumplir
con los requisitos establecidos en las normas procesales correspondientes;
específicamente los determinados en el Código de Procedimiento Civil, el
Decreto 1420 de 1998[59], la Resolución 762 de
1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Resolución No. 620 de 2008
del Consejo Superior de la Judicatura, por la cual se establecen los
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de
1997. Adicionalmente, se deberán anexar los documentos necesarios para
justificar el peritaje.
e. El artículo 456 del Código de
Procedimiento Civil determina que una vez se haya surtido el proceso de
contradicción y esté en firme el avalúo se deberá proceder a la consignación de
la indemnización. No obstante, teniendo en cuenta que los auxiliares de la
justicia no son los directores del proceso, el juez debe valorar las pruebas
(artículos 187 y 241 del C. de P.C.), pronunciarse de oficio respecto del
peritaje y establecer el monto de la indemnización que se debe consignar.
Con base en lo expuesto, la Sala
entrará a resolver sobre el presente caso.
9. Caso concreto
9.1. En el presente caso se
estudia la acción de tutela impetrada por la EAAB contra el Juzgado 12 Civil
del Circuito de Bogotá, por la cual solicita la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad y a la defensa; derechos que
presuntamente fueron vulnerados por el demandado al emitir un pronunciamiento que
ordenó el pago de la indemnización correspondiente a la expropiación decretada
en la sentencia del 31 de julio de 2000. Alegó el accionante que dicha
providencia judicial incurre en un defecto fáctico pues no estudió el peritaje
presentado ni estableció el monto que se debía cancelar, además de desconocer
que existía otro peritaje vigente respecto de cuya firmeza debía pronunciarse.
Para analizar el caso bajo
estudio se procederá de la siguiente manera: i) verificación de la legitimación
por activa para incoar la acción; (ii) verificación de los requisitos generales
de procedencia en el caso de tutelas contra sentencia; y, iii) análisis de la
concurrencia de los defectos alegados por la accionante, y, en virtud de la
prerrogativa que permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que no
son fundamento del amparo solicitado, se estudiará si en el presente caso se
incurrió en un defecto de procedimiento y absoluto y en un defecto sustancial,
para así concluir si la presente acción prospera.
9.2. Ahora bien, al analizar la
procedencia de la acción encuentra esta Sala que el requisito de legitimación
en la causa por activa, se cumple. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que
busca la EAAB, es la protección de los derechos inherentes a personas de
derecho público, enunciados en el acápite tercero de esta providencia, como son
el debido proceso, la igualdad y el derecho a la defensa. Ahora bien, en el
expediente se encuentra el poder de ejercicio de la acción, otorgado al abogado
Henry Cuevas Muñoz por parte de Claudia Milena Alfonso Rodríguez, Directora
Administrativa Encargada de la Dirección de Bienes Raíces de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La cual, al ser empleada pública y
Directora Administrativa, estaba plenamente habilitada para interponer la
acción que aquí se estudia.
9.3. Respecto de las partes,
estima la Sala que la “Corporación Club Los Lagartos” ha debido ser vinculada
dentro del proceso de tutela ya que sus intereses en el proceso de expropiación
pueden verse afectados con la providencia. Sin embargo, encuentra la Sala que
en presente caso el apoderado de la “Corporación Club Los Lagartos” intervino
en el proceso de tutela ante el juez de segunda instancia por medio de escrito
radicado el 8 de septiembre de 2010[60]. En dicha intervención,
el representante del Club Los Lagartos solicitó que el fallo de primera
instancia fuera confirmado y, por tanto, se denegara el amparo.
Al respecto, el artículo 330 del
Código de Procedimiento Civil, regula la notificación por conducta concluyente
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 330.
NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando una parte o un tercero manifieste
que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma,
o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el
acta, se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha
de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia.
Cuando una
parte retire el expediente de la secretaría en los casos autorizados por la
ley, se entenderá notificada desde el vencimiento del término para su devolución,
de todas las providencias que aparezcan en aquel y que por cualquier motivo no
le hayan sido notificadas.
Cuando el
escrito en que se otorgue poder a un abogado se presente en el juzgado de
conocimiento se entenderá surtida la notificación por conducta concluyente de
todas las providencias que se hayan dictado, inclusive el auto admisorio de la
demanda o del mandamiento de pago, el día en que se notifique el auto que
reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con
anterioridad.
Cuando se
decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, ésta se
entenderá surtida por conducta concluyente al día siguiente de la ejecutoria
del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo
resuelto por el superior”.
Esta Corporación en la sentencia
C-1076 de 2002, afirmó que la notificación por conducta concluyente:
“consiste
en que en caso de que la notificación principal, es decir la personal, no se
pudo llevar a cabo o se adelantó de manera irregular, pero la persona sobre
quien recaen los efectos de la decisión o su defensor, no actuaron en su
momento pero lo hacen en diligencias posteriores o interponen recursos o se
refieren al texto de la providencia en sus escritos o alegatos verbales, el
legislador entiende que ese caso la persona tuvo conocimiento de la decisión” (Subrayado
por fuera de texto).
En este mismo sentido, en la
sentencia de 16 de octubre de 1987, la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia manifestó que:
“La
notificación por conducta concluyente establecida de modo general en el
artículo 330 del C. de P.C. emerge, por esencia, del conocimiento de la
providencia que se le debe notificar a una parte, porque está (sic) así lo ha
manifestado de manera expresa, verbalmente o por escrito, de modo tal que por
aplicación del principio de economía procesal, resulte superfluo acudir a otros
medios de notificación previstos en la ley. La notificación debe operar bajo el
estricto marco de dichas manifestaciones, porque en ello va envuelto la
protección del derecho de defensa; tanto, que no es cualquier conducta
procesal la eficaz para inferir que la parte ya conoce una providencia que
no le ha sido notificada por alguna de las otras maneras previstas en el
ordenamiento” (subrayado por fuera de texto).
En esta medida, en el caso
concreto, se cumplen los requisitos solemnes necesarios para que se pueda
afirmar que la Corporación Club Los Lagartos se notificó por conducta
concluyente de todas las actuaciones llevadas a cabo en el marco del presente
proceso de tutela.  Lo anterior debido a que existió una actuación del sujeto
dentro del proceso, pues su apoderado intervino ante el juez de segunda
instancia solicitando que el amparo fuera denegado. De dicha intervención se
deduce inequívocamente el conocimiento que tenía el Club Los Lagartos del
proceso y de todas las actuaciones que se llevaron a cabo dentro de él.
9.4. A continuación, se estudiará
si la tutela cumple con los presupuestos generales de procedibilidad
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, enunciados en el
numeral cuarto de la parte de consideraciones de la presente providencia.
9.4.1. Relevancia
constitucional: En virtud de la información que reposa en el expediente, es
evidente la relevancia constitucional que reviste este proceso. Encuentra la
Sala que los derechos fundamentales que son llamados a proteger: el debido
proceso, la igualdad y el derecho a la defensa son de vital trascendencia
dentro del ordenamiento nacional. La posible omisión del juez deviene de no
valorar el material probatorio que determinó el avalúo de la indemnización, a
partir del cual puede generarse un menoscabo de los recursos del erario, puesto
que es el ente estatal el que se encuentra llamado a pagar la indemnización. De
manera tal que en este caso se encuentra en duda la vulneración de valores de
relevancia constitucional que están llamados a ser protegidos.
9.4.2. La tutela como
mecanismo judicial principal: Respecto de este punto, los jueces de primera
y segunda instancia, consideraron que el accionante no buscaba cuestionar la
providencia judicial que ordenó que el pago se efectuara, sino revivir el
término procesal dentro del cual pueden recurrir el peritaje y objetarlo. Para
establecer si lo anterior es cierto, es preciso analizar las actuaciones
surtidas al interior del proceso[61]:
9.4.2.1.
El 31 de julio de 2000, el Juzgado 12 Civil del Circuito decretó la
expropiación del inmueble requerido a favor de la EAAB. Para el avalúo de la
indemnización designó a los señores Luís Hernán Castillo y Giovanna Sánchez
como peritos. El 29 de junio de 2001, los peritos nombrados rindieron el
dictamen del cual se corrió traslado a las partes de acuerdo con lo establecido
en las normas procesales. El dictamen determinó que el predio tenía un valor de
$1.042.695.000 pesos. El experticio fue objetado por error grave por la EAAB y
la parte accionada dentro del proceso de expropiación solicitó la aclaración.
Mediante providencia del 4 de diciembre de 2001, el Juez ordenó la
complementación del experticio.
9.4.2.2.       La Procuraduría requirió que se declarara la nulidad
desde la sentencia alegando que se debían haber designado dos peritos, uno de
ellos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por medio de auto del 14 de
julio de 2003, se negó la solicitud.
9.4.2.3.
El 13 de febrero de 2004, el Juzgado requirió a los peritos para que
aclararan el dictamen; solicitud que no fue atendida.
9.4.2.4.
La Procuraduría, instó el relevo de los peritos; solicitud que fue
atendida por medio de auto del 1° de julio de 2005. Dicha providencia fue
recurrida por medio de recurso de reposición. El 14 de febrero de 2007, el
Juzgado decidió la reposición y revocó el relevo de los peritos bajo el
argumento de que un juez no puede modificar su propia sentencia. En la misma
providencia, el juez ordenó requerir a los peritos nuevamente para que hicieran
la complementación.
9.4.2.5.
Por medio de auto del 25 de abril de 2008, se relevaron los peritos “por
no haber cumplido con la orden de complementación del trabajo, en su lugar se
designa como nuevos auxiliares para el proceso a GABRIEL AUGUSTO PALACIO
JARAMILLO y LUZ MARINA [CASTRO] BABATIVA.”[62]
9.4.2.6.
El 20 de julio de 2008, el despacho continuó el trámite de fijación de
la indemnización mediante el relevo del perito Palacio y posesión de Luz Marina
Castro como nueva experta.
9.4.2.7.
El 5 de noviembre de 2008, la perito determinó que el valor del área a
expropiar era de mil trescientos setenta y seis millones trescientos noventa y
cuatro mil ochocientos (1´376.394.800) pesos.
9.4.2.8.
Antes de correr traslado del experticio, el 18 de noviembre de 2008, el
Juez ordenó de oficio la aclaración y complementación del peritaje respecto de
las áreas y solicitó un resumen de los valores y conceptos de la indemnización.
9.4.2.9.
El 3 de diciembre de 2008, la perito presentó la aclaración. En ésta el
valor de la indemnización fue fijado en ochocientos noventa y seis millones
seiscientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y siete pesos
(896´635.367). De los cuales indicó que el valor correspondía al inmueble
objeto de la expropiación, los árboles y el valor del cerramiento.[63]
9.4.2.10. Por medio
de auto del 29 de enero de 2009, se corrió traslado del peritaje y de la
aclaración.
9.4.2.11. Las partes
solicitaron la aclaración del dictamen, pero no hubo objeciones. La EAAB
solicitó que se aclarara el método utilizado para fijar el valor del metro
cuadrado de terreno.[64] Agregó
que dentro del peritaje se tuvo en cuenta el valor del metro cuadrado de
predios que tenían construcción, lo cual no es admisible en el presente caso,
por ser el predio objeto de expropiación una zona de ronda y manejo de
preservación ambiental, que no tiene un valor equiparable al de un predio
urbanizable. Adicionó que el peritaje no tiene soporte documental alguno.[65]
Por su parte,
el representante de la Corporación Club Los Lagartos, solicitó que el peritaje
fuera aclarado o complementado y que los valores del terreno tomados como
referencia fueran actualizados con base en el IPC a la fecha; sostuvo que se
tomó como referencia el valor a 1998 y no se hizo la respectiva actualización.
Adicionalmente, se requirió que a los valores establecidos como indemnización
se les adicionara el valor de intereses moratorios causados desde la fecha en
la cual se entregaron los terrenos con base en el numeral 8° del artículo 4° de
la Ley 80 de 1993[66]. Finalmente, solicitó
que sobre el valor actualizado de cada uno de los ítems se calcularan
los rendimientos que se habrían generado tazándolos al interés bancario
corriente del día en que fueron entregados los terrenos.[67]
9.4.2.12. Por medio
de auto del 16 de marzo de 2009 se corrió traslado de las actuaciones a la
perito.
9.4.2.13. En una
segunda aclaración, el 21 de abril de 2009, la perito indicó que el valor de la
indemnización era de mil setecientos treinta y ocho millones sesenta y siete
mil novecientos cincuenta y nueve (1´738.067.959) pesos. Dentro de la
aclaración la perito explicó que el método utilizado fue el de comparación de
mercado, donde se tuvo como referencia los predios de características similares
adquiridos por el IDU a los mismos propietarios en una fecha cercana a la de la
expropiación. Finalmente, indicó que para el 2008 el valor comercial del metro
cuadrado del predio bajo cuestión aumentó un 58.29%  de acuerdo con la
información brindada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro. Por lo
demás, indexó con base en el interés corriente legal el valor del predio.[68]
9.4.2.14. El 29 de
abril de 2009, se corrió traslado a las partes de la aclaración. Sin embargo,
estas guardaron silencio.
9.4.2.15.  Por medio
de providencia del 20 de agosto de 2009, el Juzgado estableció:
“atendiendo
lo solicitado por la parte demandado (sic), se requiere a la parte demandante a
efectos de que efectúe la consignación de (sic) trata el Art. 456 del C.P. C.”[69]
9.4.2.16. La EAAB
interpuso recurso de reposición contra el auto del 20 de agosto de 2009,
argumentando que en el proceso existían dos dictámenes vigentes que tenían dos
valores diferentes. Casi un año después, el 27 de julio de 2010, el Juzgado no
revocó su decisión y dejó en firme la providencia del 20 de agosto de 2009. El
Juez argumentó que por medio de auto del 27 de julio de 2010 se “determinó
dejar como perito única a la señora LUZ MARINA CASTRO BABATIVA quien
oportunamente presentó en forma completa su trabajo (…) Así las cosas, a
contrario de lo aseverado por la parte reposicionista, apoderada de la parte
demandante, no existen dos dictámenes que establece (sic) de manera diferente
el valor de la indemnización y que por ende se debe establecer cual (sic) acoge
el Juzgado, pues se itera (sic) el único dictamen y que se encuentra en firme
es el rendido por la perito LUZ MARINA CASTRO BABATIVA.”[70]
De lo anterior, se colige que
resulta indiferente la objeción del error grave al peritaje y si esta se
efectuó o no por parte de la EAAB, en la medida que la vulneración de derechos
que se reclama no deviene del contenido mismo del experticio sino de una fase
posterior en la cual correspondía al Juez motivar su decisión. Así, observa la
Sala que en el presente caso no se busca revivir un momento procesal como lo
estimaron los jueces de primera y segunda instancia, sino controvertir si el
Juez 12 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un defecto fáctico mediante la
providencia del 20 de agosto de 2009, al ordenar el pago de la indemnización
sin establecer el monto de la misma y sin valorar las pruebas obrantes dentro
del proceso.
Por lo tanto, estima la Sala que
la parte demandante sí agotó los mecanismos judiciales para que su inquietud
fuera atendida; ésta acudió al recurso de reposición solicitando al juez que se
pronunciara de fondo sobre el monto de la indemnización y que efectuara una
valoración de la prueba. No obstante, su solicitud fue desatendida bajo el
argumento de que no existían dos peritajes vigentes, porque el perito que
emitió el primer dictamen fue relevado del cargo. Teniendo en cuenta que el
artículo 281 del C. de P. C., determina que el auto que da respuesta al recurso
de reposición no es susceptible de recurso alguno, el accionante agotó los
mecanismos de defensa existentes dentro del proceso para que su petición fuera
atendida.
9.4.3. Inmediatez: La
providencia judicial controvertida es de fecha del 20 de agosto de 2009. El
recurso de reposición, que controvirtió la providencia fue resuelto el 27 de
julio de 2010. La acción de tutela fue impetrada el 11 de agosto de 2010; por
lo cual se entiende que la acción de tutela fue interpuesta en un tiempo
inferior a un mes desde el pronunciamiento judicial que denegó la reposición,
el cual es un tiempo más que razonable para la solicitud de amparo.
9.4.4. Las irregularidades
tienen un efecto decisivo en la sentencia: Las irregularidades alegadas por
parte del accionante en relación con el análisis del acervo probatorio
claramente tienen un efecto decisivo al interior del proceso, puesto que el
valor la indemnización, parte esencial del proceso de expropiación, se ve
afectado.
9.4.5. Finalmente, no se trata de
una tutela contra sentencia de tutela.
9.4.6 Por lo tanto, constata la
Sala que se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial.
9.5. A continuación se analizará
si la sentencia impugnada incurrió en algún defecto que habilita la procedencia
de la acción de tutela, para así establecer si opera la procedencia del amparo
de los derechos fundamentales del accionante. Si bien es cierto, la accionante
sólo alegó la existencia del defecto fáctico, procedente de la omisión de la
valoración de la prueba, considera esta Sala que en virtud de la naturaleza de
la acción de tutela, el juez se encuentra facultado para referirse sobre
aspectos que así no sean invocados deben ser objeto del pronunciamiento. Por lo
anterior, como se verá más adelante, se hará una mención a la configuración de
un defecto de procedimiento absoluto y de un defecto material, teniendo en cuenta
las consideraciones esbozadas anteriormente[71].
9.5.1. Menciona el accionante que
el Juzgado 12 Civil del Circuito incurrió en un defecto fáctico en la
providencia del 20 de agosto de 2009, relacionada en el aparte 9.3.2.15. de la
presente providencia, debido a que no hizo valoración alguna de las pruebas
presentadas dentro del proceso en la medida que se limitó a ordenar el pago sin
pronunciarse sobre las resultas del experticio. Indica el accionante, que el
actuar del Juez resulta aún más cuestionable si se tiene en cuenta que dentro
del proceso existen dos peritajes vigentes.
Por lo anterior, la Sala primero
determinará si efectivamente dentro del proceso existen dos peritajes vigentes
y, en segundo lugar, entrará a estudiar la configuración del defecto fáctico.
9.5.1.1. En el presente caso, se
observa que el 29 de junio de 2001, se rindió un dictamen pericial que fue
controvertido por las partes. Frente a tal dictamen, observa la Sala que el
juez requirió en dos oportunidades a los peritos para que contestaran la
solicitud de aclaración, sin obtener respuesta. Finalmente, por medio de
providencia del 25 de abril de 2008, el Juez relevó a los peritos y por medio
de Auto del 20 de julio de 2008, nombró solamente a un auxiliar de la justicia
para que rindiera el experticio.
Se evidencia  que el proceso
estuvo detenido durante siete años por la omisión de aclaración de los peritos
y la falta de diligencia del juez, quien ante el incumplimiento de aquellos
debió tomar cartas en el asunto en aras de los principios de celeridad y
eficiencia de la justicia, consagrados en los artículos 4° y 7° de la Ley
Estatutaria de la Administración de la Justicia[72].
El juez, como director del proceso[73], tenía el deber de
relevar[74] a éstos y tomar las
medidas necesarias para que el avalúo de la indemnización se hiciera lo más
pronto posible.
Ahora bien, a la luz del artículo
233 del Código de Procedimiento Civil es claro que dentro del curso del proceso
sólo se puede decretar un dictamen pericial sobre un mismo punto. Así, el
experticio presentado en el 2001, no reúne los requisitos de plena prueba,
puesto que el proceso de contradicción del dictamen, establecido en el artículo
238 del CPC, no concluyó, al no haberse practicado la aclaración o adición del
dictamen y al no haberse resuelto la objeción por error grave. Así, es claro
que el experticio no cumplió con el fin de la prueba, que no es otro que llevar
certeza al funcionario judicial acerca de los hechos base de las solicitudes
pertinentes[75]. Por tanto, con el
relevo de los peritos se dejó sin valor ni efecto jurídico alguno el experticio
presentado por los auxiliares de la justicia en principio designados. En virtud
de lo anterior, es claro que dentro del proceso de expropiación el Juez sólo
tenía el deber de analizar el último peritaje presentado, puesto que el
anterior, quedó sin valor luego de que los peritos fueron relevados del cargo
por incumplimiento de su función.
9.5.1.2. Ahora bien, en el caso de
la indemnización por expropiación, es claro que dentro del proceso, el
experticio que contiene el avalúo de la indemnización debe ser valorado por el
juez. De no hacerlo, reitera la Sala, el juez permitiría que el auxiliar de la
justicia fuese quien determinara el valor de la indemnización, y así estaría
delegando su función de fallador en éste último.
La situación enunciada en la
oración precedente, refleja lo ocurrido en el proceso bajo cuestión. El Juez se
limitó a ordenar el pago y no entró a estudiar si el peritaje presentado
cumplía con las condiciones establecidas en la Ley para dicho menester, no
motivó su decisión y mucho menos fijó el valor de la indemnización. Por lo
anterior, desestimó las normas referentes a la evaluación del peritaje dentro
del proceso, como son el artículo 241 y 187 del Código de Procedimiento Civil.
9.5.1.3. En este sentido,
encuentra la Sala que el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, una vez
surtido el trámite de contradicción del experticio, debió analizar la firmeza,
precisión y calidad de sus fundamentos, esto es, apreciar si el informe
pericial contenía información cuestionable o, si por el contrario, lo
encontraba adecuado a sus propósitos.
9.5.1.3.1. Es así como, en primer
lugar, al momento de valorar el peritaje el juez debió observar que el valor
del bien propuesto distaba sustancialmente del valor establecido por la lonja
para la compra directa del mismo, elemento que le correspondió evaluar en
virtud del numeral 6° del artículo 62 de la Ley 388 de 1997.[76]
La norma establece:
“6. La
indemnización que decretare el juez comprenderá el daño emergente y el lucro
cesante. El daño emergente incluirá el valor del inmueble expropiado, para
el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial elaborado de conformidad
con lo aquí previsto.” (Subrayas fuera de texto).
Ahora bien, en el proceso de negociación
directa el valor del predio objeto de expropiación, de acuerdo al avalúo
efectuado por la Cámara de la Propiedad Raíz -Lonja Inmobiliaria, para el mes
de enero de 1999 era de $484.308.800 pesos[77], valor que dista del
establecido por la señora Castro en el peritaje. Según ella, para el año de
1999 el precio del predio expropiado era de $694.506.800.[78]
Como se puede observar, la diferencia es de más de doscientos millones de
pesos, monto que ha debido analizar el juez en la valoración del peritaje.
9.5.1.3.2. En segundo lugar, la
extensión del predio expropiado no se estableció con precisión. Si bien hubo
una aclaración de la perito respecto del área, la EAAB en la solicitud de
tutela señaló que con el avalúo hecho por la Cámara de la Propiedad Raíz -Lonja
Inmobiliaria la extensión del predio era de 21.604,34 metros cuadrados y no de 17.362,67 metros cuadrados como lo estableció el experticio en
firme. Al respecto, aclaró la Corporación Club Los Lagartos, que las partes
llegaron a un acuerdo respecto del área a expropiar, ese acuerdo fue presentado
ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá el día 22 de junio de 2001.[79]
Por lo tanto, era menester del Juez pronunciarse sobre la extensión del bien
objeto de controversia teniendo en cuenta lo presentado por el Club Los
Lagartos.
Adicionalmente, el predio colinda
con el Río Salitre[80], lo cual implica que
existe la posibilidad de que dentro del área a expropiar se incluya la zona de
ronda hídrica, es decir, áreas de propiedad del Estado inalienables e
imprescriptibles entendidas como “[u]na faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de
ancho”[81]. Es claro
entonces que existe una limitación de propiedad privada respecto de estas
franjas, por lo tanto, resultaba de especial
importancia que el juez se pronunciara sobre este aspecto fundamental.
9.5.1.3.3. En tercer lugar, es
claro que desde el momento de la expropiación hasta la fecha han transcurrido
más de 7 años, y por tanto el valor de la indemnización ha de ser actualizado.
No obstante, dentro de las cuantías que se presentan en el peritaje surgen
algunas inquietudes:
a.    La
perito indexó el valor de los predios con base en el IPC hasta el 2000 y a
partir de esa fecha aplicó el valor del Índice De Valoración Inmobiliaria
Urbana y Rural, actualización que encuentra la Sala acertada. Sin embargo, no
es claro el motivo por el cual aplicó el índice de valoración establecido para
“otros” y no para “bienes no edificados”.
b.     Así
mismo, no es claro el motivo por el cual la perito calculó como parte de la
indemnización intereses sobre el valor indexado del predio desde la entrega de
los terrenos hasta la presentación de aclaración y complementación. El artículo
1617 del Código Civil determina que el interés legal del seis por ciento anual
se debe cancelar como indemnización de perjuicios por la mora del deudor. En lo
ateniente, encuentra la Sala que se hace una aplicación indebida de dicha disposición,
puesto que la EAAB en ningún momento ha sido constituida en mora, por el
contario, el retardo en el pago de la indemnización no es un hecho atribuible a
su actuar, sino a la falta de diligencia del operador jurídico al desatar la
aclaración del primer informe pericial y por tanto no se debe aplicar dicho
interés al valor del inmueble. Así, no es admisible para esta Sala que por
hechos no imputables a la EAAB se le obligue a cancelar $437.539.284 pesos
correspondientes a intereses cuando esta nunca se constituyó en mora.[82]
c.
Finalmente, si se tiene en cuenta como se indicó en párrafos anteriores,
luego de la sentencia es posible entregar de manera anticipada el bien, como
ocurrió en el presente caso. Para tal fin, la parte demandante consignó el
valor correspondiente al fijado para la negociación directa[83],
por lo tanto, éste valor debe ser descontado del valor fijado en la
indemnización. Teniendo en cuenta que en el presente caso la consignación se
efectuó hace más de 10 años, el valor que se canceló en esa fecha también debe
ser indexado y luego descontado del monto fijado en el evalúo de la
indemnización.
9.5.2. Con base en lo anterior,
se evidencia que en la providencia del 20 de agosto de 2009, se incurrió en un
defecto fáctico por falta de valoración de la prueba. Es claro que el accionado
en el presente debate no analizó el experticio y, en consecuencia no motivó su
decisión sino que permitió que el auxiliar de la justicia se convirtiera en
fallador. Encuentra la Sala que dicha actuación es inadmisible y constituye una
flagrante violación al debido proceso del accionante y un desconocimiento de
los principios rectores del ordenamiento, que en el presente caso implica una
vulneración del erario público.
9.6. De otra parte, estima la
Sala que se estructuró un defecto de procedimiento absoluto, que se configura cuando
el Juez actúa al margen del procedimiento establecido, lo cual a los ojos de la
jurisprudencia constitucional, implica una clara vulneración del derecho al
debido proceso.[84]
Las normas procedimentales
existentes para el avalúo de la indemnización en el proceso de expropiación
establecen que se deben nombrar dos peritos, uno de ellos de la lista de
expertos que el IGAC suministre.[85] El peritaje que efectúen
en conjunto dichos auxiliares de la justicia debe atender los criterios de
forma y método, enunciados en el Decreto 1420 de 1998.
En el presente caso, el Juez del
proceso luego de la sentencia que ordenó la expropiación, nombró dos peritos
para que efectuaran el experticio. Sin embargo, inobservó las normas procesales
aplicables, pues es claro que ninguno de los peritos seleccionados era de la
lista de auxiliares de la justicia proporcionada por el IGAC.
Respecto de este punto, la
Procuraduría advirtió la desobediencia de la normativa procesal por medio de la
solicitud de nulidad de lo actuado desde la expedición de la sentencia[86].
En esa oportunidad el Juez debió corregir su error, es decir, atender dicha
solicitud y como resultado de ella nombrar dos peritos, uno de ellos fuera de
la lista del IGAC. No obstante, por medio de providencia del 14 de julio de 2003,
el juez denegó el incidente de nulidad, lo cual demuestra que el proceso de
avalúo de la indemnización presentaba vicios desde el mismo momento del
nombramiento de los primeros peritos.
Aún así, siete años después al
relevar los peritos por incumplimiento, nombró solamente uno, -no dos como
exige la Ley - y no del IGAC, bajo el argumento de que el artículo 24 de la Ley
794 de 2003, determinó que para la práctica del dictamen pericial sólo era
necesario un perito. Si bien es cierto que el mencionado artículo así lo señala
para efectos del dictamen pericial, en general, es claro que en el presente
caso el operador desconoció el procedimiento especial establecido para el
avalúo de la indemnización por expropiación. El artículo 5° de la Ley 153 de
1887, indica claramente que la disposición relativa a un asunto especial prima
sobre la que tenga carácter general, por tanto el Juez ha debido atender lo
establecido en el Decreto 2265 de 1969, en la Ley 56 de 1981 y en el Acuerdo
1518 de 2002; normas que dictaminan que al efectuar peritajes para el avalúo de
la indemnización por expropiación se deben nombrar dos peritos, y uno de ellos
debe ser de la lista suministrada por el IGAC.
Así, concluye esta Sala que se
vulneró el debido proceso del accionante al aplicarse las normas generales y no
las especiales para el proceso, y por tanto  se configuró un defecto
procedimental absoluto a raíz de las actuaciones judiciales posteriores a la
sentencia de expropiación.
9.7. Adicionalmente, teniendo en
cuenta lo enunciado en el acápite anterior, encuentra la Sala que también se
configuró un defecto sustantivo o material. Respecto de este vicio, en el
aparte sexto de la presente providencia se citó la sentencia SU-187 de 2010, la
cual enlista situaciones por las cuales se configura un defecto sustantivo como
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Dentro de estas, la causal quinta indica que éste vicio concurre cuando la
norma aplicable al caso concreto es desatendida e inaplicada o cuando se aplica
una norma que no se adecua a la situación fáctica del caso; en el caso de que
existan varias interpretaciones jurídicas admisibles, este vicio se configura
únicamente cuando se escoge una norma de manera insensata e injusta.
Así, es claro que en el caso al
aplicar la norma consagrada en el artículo 24 de la Ley 794 de 2003, por medio
de la cual se estableció que para los procesos periciales sólo se debía
designar un perito y no dos como lo determinan las normas especiales para los
casos del avalúo de la indemnización por expropiación, el Juez desconoció la
norma aplicable al caso concreto, y por lo tanto se configuró un defecto
material. El desconocimiento de las normas procesales especiales implicó que la
decisión judicial fuera caprichosa y arbitraria, lo que conllevó a la lesión de
los intereses de la parte demandante en este proceso.
9.8. Por lo anterior, concluye
esta Sala que por medio de la actuación surtida para el avalúo de la
indemnización dentro del proceso de expropiación se vulneró el derecho al
debido proceso de la entidad demandante y de paso su derecho a la defensa y a
la igualdad, por lo cual esta Corporación revocará los fallos de tutela proferidos
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela instaurada por
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá contra el Juzgado 12 Civil
del Circuito de Bogotá.
En su lugar, concederá el amparo
a los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la defensa y se
dispondrá dejar sin efecto las actuaciones procesales surtidas desde la
designación de los peritos con ocasión de la sentencia de expropiación
proferida el 31 de julio de 2000. Así mismo, se ordenará al juzgado accionado
que decrete una nueva pericia con base en la normatividad enunciada en la
sentencia. En la providencia que decrete la realización del nuevo peritaje para
el avalúo de la indemnización, el juez debe establecer claramente cuál es la
extensión del predio objeto de expropiación teniendo en cuenta lo mencionado en
el aparte 9.4.1.3.2 de la parte resolutiva de esta providencia. A su vez,
teniendo en cuenta que han transcurrido más de 10 años desde la sentencia que
decretó la expropiación, se ordenará al juez de primera instancia de tutela que
vele por el cumplimiento de los términos señalados en la Ley para el proceso
del avalúo de la indemnización, de forma que éste proceso se surta en el menor
tiempo posible.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
la sentencia proferida el día veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez
(2010), por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que confirmó
el fallo de primera instancia proferido el veinticuatro (24) de agosto de dos
mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la
cual denegó la solicitud de amparo interpuesta por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá.
Segundo.- CONCEDER
el amparo judicial de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad
y la defensa, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y en
consecuencia DEJAR SIN EFECTO la providencia por parte del Juzgado 12
Civil del Circuito de Bogotá, proferida el 20 de agosto de 2009, dentro del
proceso de expropiación iniciado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá contra la Corporación Club Los Lagartos. Así mismo, dejar sin efecto
el trámite procesal surtido para el avalúo de la indemnización por expropiación
efectuado desde la expedición de la sentencia de expropiación del 31 de julio
de 2000.
Tercero.- ORDENAR al señor
Juez 12 civil del circuito de Bogotá, que dentro del término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, realice las
actividades tendientes a decretar una nueva pericia con base en la normatividad
enunciada en la parte considerativa de la presente sentencia, estableciendo
claramente la extensión del predio objeto de expropiación.
Cuarto.-  ORDENAR al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que verifique y vele por el
acatamiento cabal y dentro de los términos determinados por la ley, de la
presente providencia, para lo cual hará los requerimientos del caso si el
obligado no da cumplimiento en el plazo señalado.
Quinto.- Por Secretaría LÍBRESE
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO
PEREZ
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
Con salvamento de
voto
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
A LA
SENTENCIA T-360/11
Referencia: expediente T-2.861.086
Acción de
tutela instaurada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
contra el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
JUAN CARLOS
HENAO PÉREZ.
Salvo mi voto frente a la
sentencia de tutela aprobada por la Sala Segunda de Revisión en sesión del seis
(06) de mayo del año dos mil once (2011), por las razones que a continuación
expongo:
La acción de tutela fue presentada
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P solicitando la
protección constitucional de sus  derechos a la igualdad, al debido proceso y a
la defensa. La EAAB considera que la providencia del 20 de agosto de 2009
proferida por el Juez 12 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual
requirió a la Empresa accionante para que efectuara la consignación de la
indemnización con base en el peritaje efectuado dentro del proceso, incurrió en
una vía de hecho por falta de motivación y por desconocimiento de las pruebas
aportadas al proceso.
Luego de realizar un recuento de
las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte en relación con la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala
consideró procedente la demanda de tutela argumentando que:
“De lo
anterior, se colige que resulta indiferente la objeción del error grave al peritaje
y si esta se efectuó o no por parte de la EAAB, en la medida que la vulneración
de derechos que se reclama no deviene del contenido mismo del experticio sino
de una fase posterior en la cual correspondía al juez motivar su decisión. Así,
observa la Sala que en el presente caso no se busca revivir un momento procesal
como lo estimaron los jueces de primera y segunda instancia, sino controvertir
si el juez 12 civil del circuito de Bogotá incurrió en un defecto fáctico
mediante la providencia del 20 de agosto de 2009, al ordenar el pago de la
indemnización sin establecer el monto de la misma y sin valorar las pruebas
obrantes dentro del proceso.”
Acorde con lo anterior, la Sala
estimó que el juez accionado sí “incurrió en un defecto fáctico por falta de
valoración de la prueba. Es claro que el accionado en el presente debate no
analizó el experticio y, en consecuencia no motivo su decisión sino que
permitió que el auxiliar de la justicia se convirtiera en fallador.”
A continuación, la providencia
señala que también se estructuró un defecto de procedimiento absoluto: “concluye
esta Sala que por medio de la actuación surtida para el avalúo de la
indemnización dentro del proceso de expropiación se vulneró el derecho al
debido proceso de la entidad demandante (…)” dejando sin efecto las
actuaciones procesales surtidas desde la designación de peritos con ocasión de
la sentencia de expropiación proferida el 31 de julio de 2000 y ordenó al
juzgado decretar una nueva pericia con base en la normatividad enunciada en la
sentencia.
Las consideraciones para
apartarnos son:
En principio, la sentencia
realiza una evaluación de la procedencia de la demanda de tutela concluyendo
que a pesar que la accionada no objeto el dictamen pericial, para el caso no
era necesario el agotamiento de dicho recurso puesto que lo que se pretendía
con la demanda era atacar el auto que ordenó el pago de la indemnización más no
el dictamen pericial. Sin embargo, en el caso concreto la decisión es anular el
peritaje aprobado por el juez dentro del proceso. Con todo, lo que permite este
pronunciamiento es ignorar el requisito de procedencia de la tutela que se
refiere al agotamiento de los recursos dentro del proceso ordinario.
De concluir que el juez accionado
no motivó el auto atacado en vía de tutela, la orden se centraría en ordenarle
la motivación del mismo, sin inmiscuirse en lo referente al peritaje sobre el
cual las partes guardaron silencio dentro del proceso, desechando la
posibilidad de objetar el mismo por error grave.
En mi concepto existe un deber de
los accionantes de desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, antes de acudir a
la acción de tutela para atacar una providencia judicial. “De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.[87]”
De esta manera me aparto de la
decisión adoptada por la Sala, haciendo las claridades antes expuestas.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1] La EAAB presentó
oferta por cuatrocientos ochenta y cuatro millones
trescientos ocho mil ochocientos pesos (484´308.800) con base en el
avalúo elaborado por la Cámara de Propiedad Raíz-Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá. (fl 12, cuaderno 1)
[2] Decisión que ordenó el pago de la indemnización.
[3] Folio 31, cuaderno 2. El juez hace mención a esa fecha en un
historial del proceso que presenta en la contestación de la demanda.
[4] Folio 1, cuaderno 2.
[5] Folios 319, cuaderno 3.
[6] Folio 22, cuaderno 3.
[7] Folios 23-24, cuaderno 3.
[8] Folio 25, cuaderno 3.
[9] Folios 26-31, cuaderno 3.
[10] Folios 32-34, cuaderno 3.
[11] Folios 40-53, cuaderno 3.
[12] Folio 55, cuaderno 3.
[13] Folios 56-57, cuaderno 3.
[14] El artículo dice:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.”
[15] En este último evento, el abogado deberá ostentar su condición de
abogado titulado y el poder de representación. Al respecto se pueden consultar
las sentencias T-552 de 2006, T-1025 de 2005 y T-531 de 2002.
[16] Sentencia SU -182 de 1998, citada en la sentencia SU-1193 de 2003.
[17] Ibidem.
[18] Al respecto dicha sentencia estableció:
“La
acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede
afirmarse que sea el último  recurso al alcance del actor, ya que
su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un  pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien puede
afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo
acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir de esta Corte, nadie puede
alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso
y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos
de que disponía.  Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa
dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le
otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la
institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones,
por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio
universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción.”
[19] En la sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa) la Corte puso de presente la evolución de la jurisprudencia
constitucional hasta aquel momento respecto de las situaciones que hacían
viable la acción de tutela contra providencias judiciales, lo cual resulta de
la esencia para comprender el origen del término "causales genéricas de
procedibilidad de la acción" en vez de "vía de hecho". A saber:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en
el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la
jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho
y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía
de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone,
de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye
aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad).
Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal,
máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna
manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo
razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a
la Constitución.’[12] En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los
precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se
desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
“Este
avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual
de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’
"
[20] Sentencia T-231 de 1994. MP Eduardo Cifuentes Muñoz
[21] Sobre el particular véanse las sentencias T-932 de 2003, M. P. Jaime Araujo Rentería, T-902 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-162 de 2007, M. P. Jaime Araujo Rentaría y T-1265 de 2008 MP Mauricio González Cuervo.
[22] Sentencia T-395 de 2010. MP Jorge Ignacio
Pretelt.
[23] Sentencia SU-1300 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente  razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez
Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna,
ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el
incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades
delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un
conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que
las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos
por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las
fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las
empresas constructoras de la familia”.
[24] Sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[25] Sentencia T-538 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa
oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida
apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que
se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del
juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende
la suerte del proceso penal.
[26] Sentencia T-1265 de 2008. MP Mauricio González Cuervo, la cual
cita la sentencia SU-157-2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[27] Ibídem
[28] T-1065 de 2006. MP Humberto Sierra Porto.
[29] Sentencia T-1265 de 2008. MP Mauricio González Cuervo.
[30] Ver sentencia T-462 de 2003.
[31] Ver sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999, SU-159 de 2002, T-244 de 2007, T-092 de febrero de 2008 y T-310 de 2009.
[32] Ver sentencia T-405 de 2005 y T-757 de 2009, entre otras.
[33] Sentencia T-638 de 2011.
[34] Al respecto se pueden consultar las sentencias SU-087
de 1999, T-937 de 2001, T-996 de 2003, T-555 de 2009, T-310 de 2010 y SU-817
de 2010, entre otras.
[35] Sentencia T-1086 de 2003.
[36] La expropiación, ha sido entendida por esta Corporación como “una
operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a
cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en
beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa”. Sentencia C-153 de 1994, citada en las Sentencias C-1074 de
2002 y T-638 de 2011.
[37] Dicho procedimiento, se encuentra en consonancia con el numeral 21.2
del Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[38] Ley “por la cual se dictan normas sobre
obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y
otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados
por tales obras.” En el artículo 16  se determinó que están
sujetos a expropiación los planes, proyectos y la ejecución de
obras para la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica,
acueductos, riego, regulación de ríos y caudales, así como las zonas a ellos
afectadas. Según el artículo 18, la nación, los departamentos, los municipios,
sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las
sociedades de economía mixta están facultadas para decretar la expropiación por
medio de acto administrativo cuando los titulares del bien se nieguen a
enajenar o se encuentre incapacitados para hacerlo.
[39] “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.” Por
medio de esta norma, en los artículos 9° Y 10° se ampliaron los motivos por los
cuales se puede declarar un bien de interés social o utilidad pública, a los
casos en los cuales sea necesario el predio para la construcción de obras de
infraestructura.
[40]“ARTICULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. El
artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, quedará así:
"Para efectos de decretar su expropiación
y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de
utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos
a los siguientes fines:
a) Ejecución de proyectos de construcción de
infraestructura social en los sectores de la salud, educación, recreación,
centrales de abasto y seguridad ciudadana;
b) Desarrollo de proyectos de vivienda de
interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de
hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos
ubicados en sectores de alto riesgo;
c) Ejecución de programas y proyectos de
renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos;
d) Ejecución de proyectos de producción,
ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios;
e) Ejecución de programas y proyectos de
infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo;
f) Ejecución de proyectos de ornato, turismo y
deportes;
g) Funcionamiento de las sedes administrativas
de las entidades públicas, con excepción de las empresas industriales y
comerciales del Estado y las de las sociedades de economía mixta, siempre y
cuando su localización y la consideración de utilidad pública estén claramente
determinados en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los
desarrollen;
h) Preservación del patrimonio cultural y
natural de interés nacional, regional y local, incluidos el paisajístico,
ambiental, histórico y arquitectónico;
i) Constitución de zonas de reserva para la
expansión futura de las ciudades;
j) Constitución de zonas de reserva para la
protección del medio ambiente y los recursos hídricos;
k) Ejecución de proyectos de urbanización y de
construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de
ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley;
l) Ejecución de proyectos de urbanización,
redesarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades de
actuación, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración
inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en esta ley;
m) El traslado de poblaciones por riesgos
físicos inminentes."
[41] El artículo 59 de la Ley 388 de 1997, el cual modificó el
artículo 11 de la Ley 9 de 1989, determinó que “ La Nación, las entidades territoriales, las áreas
metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación
voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar las
actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9ª de 1989. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes
nacional, departamental y municipal, que estén expresamente facultadas por sus
propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades
previstas en el artículo 10 de dicha ley, también podrán adquirir o decretar la
expropiación de inmuebles para el desarrollo de dichas actividades.”
[42] El procedimiento para este trámite se encuentra regulado en la Ley 388 de 1997 en el artículo 61 y en la Ley 9° de 1989 en los artículos 9 y subsiguientes.
[43]Al respecto en la sentencia C-1074 de 2002, dijo: “El acto mediante
el cual la administración hace oferta por el bien se encuentra regulado en el
artículo 13 de la Ley 9ª de 1989: “Corresponderá al representante legal de la
entidad adquirente, previa las autorizaciones estatutarias o legales
respectivas expedir el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de
un bien mediante enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la oferta
de compra, la trascripción de las normas que reglamentan la enajenación
voluntaria y la expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el
precio base de la negociación. Al oficio se anexará la certificación de que
trata el artículo anterior. Este oficio no será susceptible de recurso o
acción contencioso administrativa.
El precio
base de la negociación se fundamentará en el avalúo efectuado por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones,
el cual se anexará a la oferta de compra. El término para formular
observaciones, al mismo, empezará a correr a partir de la notificación de
oferta de compra. El avalúo tendrá una antelación máxima de seis (6) meses
respecto a la fecha de la notificación de la oferta de compra.
El oficio
que disponga la adquisición se notificará al propietario a más tardar dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes al de su expedición. Si no pudiere
efectuarse la notificación personal, la orden de adquisición se notificará por
edicto, el cual será fijado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
del vencimiento del término para la notificación personal en un lugar visible
al público de la sede de la entidad adquirente, en el lugar de la ubicación del
inmueble, y en la alcaldía del mismo sitio. El edicto será desfijado después de
cinco (5) días hábiles, término durante el cual la entidad adquirente lo
publicará en un periódico de amplia circulación nacional o local.
Adicionalmente,
cuando el nombre del propietario figure en el directorio telefónico, se enviará
a todas las direcciones que allí aparezcan copia del edicto por correo
certificado o con un funcionario que la entregue a cualquier persona que allí
se encuentre, o la fije en la puerta de acceso, según las circunstancias.
También se enviará a la dirección que el propietario hubiere denunciado en la
oficina de Catastro respectiva. [Los incisos 2, 3 y 4 del artículo 13, en
bastardilla, fueron derogados expresamente por la Ley 388 de 1997]
El
oficio que disponga una adquisición será inscrito por la entidad adquirente en
el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su notificación. Los inmuebles
así afectados quedarán fuera de comercio a partir de la fecha de la
inscripción, y mientras subsista, ninguna autoridad podrá conceder licencia de
construcción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez para
cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la
oferta de compra. Los que se expidan no obstante esta prohibición serán nulos
de pleno derecho.” (subrayado fuera de texto)
[44] Sentencia T-638 de 2011. El precio del bien en este caso se
establece por medio de un avalúo que puede ser efectuado por un perito del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por un perito privado que sea miembro en
lonjas o asociaciones correspondientes (Artículo 61 de la Ley 388 de 1997). La Resolución debe estar sujeta a las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo, y no dará lugar a recursos en la vía gubernativa.
[45] Dicha resolución se debe notificar en los términos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
[46] Sobre el proceso de la expropiación judicial y administrativa se puede
consultar la sentencia C-476 de 2007.
[47] Artículo 62 de la Ley 388 de 1997. BEJARANO, Ramiro. Procesos
declarativos, ejecutivos y arbitrales. Editorial Temis. Quinta Edición.
2011. pg 412.
[48]Al respecto en la sentencia C-227 de 2011 esta Corporación dijo:
“Precisamente,
en la sentencia C-1074 de 2002, esta Corporación estableció las características
que debe reunir la indemnización en materia de expropiación tanto judicial como
administrativa:
“1. No
puede haber expropiación sin indemnización;
2.  La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio
del bien del particular al Estado;
3.  La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser
fijada teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del afectado y, por
lo tanto, esos intereses deben ser ponderados caso por caso. La ponderación
dentro del marco legal y constitucional la hará el juez civil en el evento de
expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante o el juez contencioso
en el evento de la expropiación por vía administrativa;
4.  La función de la indemnización es, por regla general, de
orden reparatoria. Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No
obstante, en algunas circunstancias, al ser consultados los intereses de la
comunidad y asumir dichos intereses un peso especial, ésta puede reducirse y
cumplir tan sólo una función compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas,
al ser consultados los intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia
constitucional especial, como en el evento de la vivienda familiar y en otros
que serán precisados en esta sentencia, la indemnización puede, tanto en su
monto como en su forma de pago, asumir una modalidad que la lleve a cumplir una
función restitutiva.
5.  La indemnización no tiene que ser siempre pagada en
dinero en efectivo, pero si se paga la indemnización con instrumentos distintos
al dinero, éstos han de reunir por lo menos las siguientes características: i)
No pueden transformar el pago de la indemnización previa, en un pago futuro,
posterior a la trasmisión del dominio del bien expropiado; (ii) deben
garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente simbólico o eventual;
(iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de tal forma que
realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben permitir
que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en el
caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de
garantizar que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que
lo desee, inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no
pueden ser revocados unilateralmente por la entidad que los emite.
Las
anteriores condiciones garantizan, además, que quien sea afectado por la
expropiación no tenga que soportar una carga pública desigual y
desproporcionada, que afecte el acceso a la propiedad. El pago de la
indemnización que recibe el expropiado, ya sea totalmente en efectivo o
parcialmente con bonos o títulos valores, equilibra el daño sufrido por la
expropiación y le permite adquirir otro bien si lo desea.”
[49] Esta Corporación en la sentencia C-153 de 1994, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 457 del Código de Procedimiento Civil, indicó:
“(…) es evidente que la
indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño
emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien
ha sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro
cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado
entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización.”
Adicionalmente, dicho
concepto fue recogido por la legislación en el artículo 62 de la Ley 388 de 1997.
[50] El numeral 6° del artículo 62 de la Ley 388 de 1997, indica:
“La
indemnización que decretare el juez comprenderá el daño emergente y el lucro
cesante. El daño emergente incluirá el valor del inmueble expropiado, para el
cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial elaborado de conformidad con
lo aquí previsto.”
[51] Artículo 8° del código de Procedimiento Civil.
[52] Artículo 20 del Decreto 2265 de 1969:
“ En los procesos de
expropiación uno de los peritos ha de ser designado dentro de la lista de expertos
suministrada por el Instituto Geográfico y Catastral Agustín Codazzi, en la
oportunidad y con los efectos prescritos para la formación del cuerpo oficial
de auxiliares  y colaboradores de la justicia.”
[53] Ley 56 de 1981: Artículo 21º.- El juez, al hacer la
designación de peritos en los eventos previstos en el artículo 456 de C. de P.
C., en todos los casos escogerá uno de la lista de auxiliares de que disponga
el tribunal superior correspondiente y el otro de acuerdo con lo señalado en el
artículo 20 del Decreto 2265 de 1969. En caso de desacuerdo en el dictamen se
designará un tercer perito, dirimente, de la respectiva lista del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
El artículo
20 del Decreto 2265 de 1969 dice: “En los procesos de expropiación un de los
peritos ha de ser designado dentro de la lista de expertos suministrada por el
Instituto Geográfico y Catastral Agustín Codazzi, en la oportunidad y con los
efectos prescritos para la formación del cuerpo oficial de auxiliares y
colaboradores de la justicia.”
[54]“Por medio del cual se establece el régimen y los honorarios de los
auxiliares de la justicia”.
[55]“por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75,
76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley
151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.”
[56] Código de Procedimiento Civil. ARTÍCULO
456. AVALUO Y ENTREGA DE LOS BIENES. El juez designará peritos que estimarán el
valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los
distintos interesados. En firme el avalúo y hecha por el demandante la
respectiva consignación, se procederá así:
(…)”
[57] Al respecto esta Corporación en sentencia T-637 de 2010, indico:
“Lo anterior,
por cuanto el artículo 241 del C. de P.C. indica que “Al apreciar el
dictamen se tendrá en cuenta su firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios
que obren en el proceso.”. De acuerdo con la doctrina el perito es sólo un
auxiliar del juez, de manera que de ninguna forma este puede “aceptar
ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, éstos
serían los falladores”[57].
El juez debe analizar el dictamen de los peritos, examinar sus fundamentos y,
si estos no llegan a ser suficientes como medio de convicción, se encuentra en
el deber de desecharlo o por el contrario si lo encuentra suficientemente
fundado señalar las razones por las cuales acogerá el informe pericial. De
manera que cuando exponga las razones  de su decisión debe hacer constar los
motivos por los cuales acepta la decisión del perito, análisis inexistente en
el caso en estudio.
[58] Adicionalmente el Decreto 919 de 1989 permite la expropiación
para atender desastres, la Ley 160 de 1994 regula la expropiación con fines de
reforma agraria, y la Ley 685 de 2001 que hace referencia a la expropiación con
fines mineros, entre otras.
[59] En el artículo 23 del Decreto 1420 de 1998  se establece: “En
desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y presentación de
los avalúos de que trata el presente Decreto serán señaladas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que deberá expedir dentro de
los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este Decreto, la
cual deberá publicarse en el Diario Oficial.”
[60] Folios 60-67, cuaderno 3.
[61] Los hechos narrados a continuación son una reconstrucción de las
actuaciones surtidas dentro del proceso en virtud de las pruebas allegadas al
expediente y la contestación de la parte demandada.
[62] Información encontrada en el escrito de contestación de la acción, la
cual se encuentra en el cuaderno 2, folio 31 del expediente.
[63] Folio 24, cuaderno 3.
[64] Folio 28, cuaderno 3.
[65] Folios 26-31, cuaderno 3.
[66] “Artículo  4º.- De los
Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades
estatales:
(…)
8o.
Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras
existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado
licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación
directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios,
acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si
fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses
moratorios. (…)”
[67] Folios 32-34, cuaderno 3.
[68] Folios 40-53, cuaderno 3.
[69] Folio 55, cuaderno 3.
[70] Folios 56-57, cuaderno 3.
[71] A este respecto, puede
consultarse, entre muchas otras, la sentencia T-886 de 2000 en la que se afirmó
que: “la naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de una serie de
facultades que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee. La
principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace
uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al
juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como
fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por
estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango
constitucional fundamental.”
[72] El texto de la norma establece: “La administración de justicia debe
ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se
sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de
estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación
injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los
titulares de la función disciplinaria.
Las
actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con
las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos
procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la
unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos
avances tecnológicos.”
[73] Código de Procedimiento Civil, artículo 37, numeral 1, el cual
dice:
“ARTÍCULO
37. DEBERES DEL JUEZ:
Son
deberes del juez:
1. Dirigir
el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.
(…)”
[74] El artículo 9, numeral 2°, inciso 3, del Código de
Procedimiento Civil indica respecto de la aceptación del cargo de los
auxiliares de la justicia:
“(…)
Si la
persona designada estuviere impedida para desempeñar la función, se excusare de
prestar el servicio, no tomare posesión cuando fuere el caso hacerlo, no
concurriere a la diligencia o no cumpliere su encargo dentro del término
señalado, se procederá inmediatamente a su relevo.
(…)”
[75] López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho
Procesal Civil Colombiano.  Tomo 3. Pruebas. Dupre Editores. Bogotá, 2008.
pg 55.
[76] Tal como se analiza en el numeral 8.5. de la presente
providencia.
[77] Folio 12, cuaderno 2.
[78] Folio 23, cuaderno 3. Es importante aclarar que la perito en el
experticio se basa en ese valor y luego lo indexa a la 2009 para establecer el
valor final del predio.
[79]  Folio60-63, cuaderno 3.
[80] Folios 4-10 del cuaderno 2.
[81] Código de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974, literal d,
artículo 82.
[82] Folio 52, cuaderno 2.
[83] Ver fundamento jurídico 8.4 de la presente providencia.
[84] Fundamento jurídico número 6.
[85] Al respecto que se puede consultar el fundamento jurídico
número 8 de la presente providencia.
[86] Folio 28, cuaderno 2.
[87] Sentencia C-590 de 2005.