T-074-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-074/11
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR
PRESTACIONES SOCIALES-Reiteración de
jurisprudencia
Se puede indicar, como regla general, que en virtud
del principio de subsidiariedad la acción de tutela es improcedente para
ordenar el reconocimiento de prestaciones sociales que estén supeditadas a
litigio. Sin embargo, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, el
juez de tutela puede ordenar el reconocimiento de dichas prestaciones, si: (i)
el interesado no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (ii) teniendo
otro medio judicial éste no resulte eficaz para la protección de los derechos y
(iii) en los eventos en los que, luego de verificar los elementos de
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción, se evidencia
la existencia de un perjuicio irremediable el cual se pretende evitar a través
de la acción de tutela.
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR
PENSION DE SOBREVIVIENTE-Caso en que cónyuge
supérstite hizo la solicitud al ISS 26 años después del fallecimiento del
causante/ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia
La
Corte Constitucional ha admitido que la acción de tutela se convierte en el
mecanismo constitucional idóneo para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados como consecuencia del
no reconocimiento de la pensión de sobreviviente cuando, entre otras razones,
(i) el reconocimiento de la pensión no esté supeditado a controversias
litigiosas; (ii) se afecten los derechos fundamentales de un sujeto de especial
protección y (iii) el proceso de reconocimiento de la pensión esté supeditado a
dilaciones injustificadas.  En lo referente a las solicitudes pensionales, la
Corte ha sostenido que, de manera excepcional, se ha admitido la procedencia de
la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. En efecto, cuando no existe controversia sobre el derecho
solicitado se puede determinar que, en principio, hay lugar a su reconocimiento
a través de la acción de tutela. Para ello, la Corte ha indicado que es
necesario demostrar, a través de las pruebas obrantes en el proceso, que el
accionante reúne los requisitos necesarios que indica la ley para acceder a la
pensión de sobrevivientes. En efecto, se ha establecido que el acervo
probatorio debe permitirle al juez constitucional asegurarse de que el
accionante cumple con todas las exigencias requeridas y que, además,  su
solicitud de pensión no se encuentra sometida a controversias litigiosas
PROTECCION CONSTITUCIONAL A LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD/RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Caso en que se inició investigación administrativa por
parte del ISS en razón al tiempo transcurrido entre el fallecimiento del
causante y la solicitud
Hay
que indicar que si bien es cierto que existe en la justicia ordinaria un
procedimiento adecuado para establecer si la accionante ostenta la calidad de
cónyuge supérstite y, por ende, es titular de la pensión de sobreviviente,
considera la Sala que someterla a un proceso ordinario resultaría gravoso si se
tiene en cuenta que se trata de una persona de la tercera edad. Además, de conformidad
con las resoluciones proferidas por el ISS el causante dejó, al momento de su
muerte, constituido el derecho a la pensión de sobrevivientes con lo cual, en
principio, habría que reconocer tal derecho. Así las cosas, advierte la Sala
que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por sí solo, no se
encuentra sometida litigio, pues la entidad accionada admitió que se encuentra
causado dicho derecho. La controversia surge entonces en la legitimación de la
accionante para acceder a la pensión que solicita, pues, en razón del
transcurso del tiempo, entre el fallecimiento del causante y la solicitud de la
pensión, la entidad consideró pertinente iniciar una investigación
administrativa para esclarecer si la señora María Teresa Perdomo tiene derecho
al reconocimiento de la pensión, si realmente dependía económicamente del
causante o sí, por el contrario, existe un tercero que ostente una mejor
calidad. Cabe precisar que la accionante frente a la resolución No. 047561 de 2
de octubre de 2008, que le niega el reconocimiento de la pensión y somete el
caso a investigación administrativa, interpuso los recursos pertinentes, los
cuales sólo fueron resueltos hasta el 24 de febrero de 2010 mediante la
Resolución 005094, en la cual se le indicó que la entidad no ha agotado la
etapa probatoria por lo que consideró necesario continuar con la investigación
administrativa ordenada. Al respecto, se advierte que, si bien es cierto que
constituye una obligación de la entidad accionada verificar si la peticionaria
ostenta la calidad de cónyuge supérstite y si está legitimada para solicitar a
su nombre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, han transcurrido 2
años desde el momento en que el Instituto de Seguros Sociales ordenó iniciar la
investigación sin que a la fecha hubiera establecido sí, de conformidad con los
documentos allegados, la accionante se encuentra legitimada o no para obtener
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Considera la Sala que,
teniendo en cuenta que la entidad accionada no arguyó razón alguna que
justifique su demora, debe, en el menor tiempo posible, resolver lo que en
derecho corresponde.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Orden al Instituto de Seguros Sociales para que
resuelva investigación administrativa encaminada a determinar calidad de
cónyuge supérstite
La
Sala procederá a conceder la tutela en el sentido de ordenar a la entidad accionada
Instituto Seguros Sociales resolver dentro del término de 5 días la
investigación administrativa que inició en el 2007 encaminada a determinar si
la accionante ostenta la calidad de cónyuge supérstite y sí se encuentra
legitimada para obtener, a su nombre, el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes que solicita.
Referencia: expediente T-2.791.213
Accionante: María Teresa Díaz de Perdomo.
Demandado: Instituto de Seguro Social ISS.
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA  MARTELO.
Bogotá D.C., siete (7) de febrero de 2011.
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo de tutela proferido, en
primera instancia, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito y, en segunda
instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C.,
expediente escogido por la Sala de Selección Número Nueve, mediante Auto del 22
de septiembre de 2010, y repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
La señora María Teresa Díaz de Perdomo, interpuso
acción de tutela contra el Instituto de Seguro Social ISS tras considerar que
la mencionada entidad le vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social
y al debido proceso, al supeditar el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente a la cual tiene derecho, a la realización de un estudio previo,
tendiente a verificar su situación, argumentando que había transcurrido mucho
tiempo entre el fallecimiento del causante y la solicitud de la pensión.
2. Reseña fáctica
Gilberto Perdomo Carvajal quien se encontraba casado
con María Teresa Díaz de Perdomo[1]
falleció el 30 de septiembre de 1981, fecha en la cual se encontraba afiliado
al ISS y tenía acumuladas 380 semanas cotizadas[2].
El 7 de diciembre de 2007 la actora solicitó al Instituto de Seguro Social el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su condición de cónyuge del
causante.
El 2 de octubre de 2008 el ISS expidió la Resolución
No. 047561 en la que manifiesta que el señor Gilberto Perdomo Carvajal cumplió
con los requisitos de tiempo y edad, exigidos por el Decreto 3041 de 1966 y
dejó causado el derecho a pensión de sobrevivientes de tal manera que,
en principio, la señora María Teresa Díaz de Perdomo reuniría los requisitos
legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, el
ISS expresó que en razón a que la actora solicitó la pensión 26 años después de
la muerte del causante consideraba necesario iniciar una investigación
administrativa para tratar de establecer la calidad de cónyuge supérstite.
La accionante interpuso los recursos contra la
resolución proferida por el ISS indicando que ninguna norma exige como
requisito para presentar la solicitud de pensión de sobrevivientes, que la misma
se realice en un tiempo determinado con posterioridad al fallecimiento.
Sostiene la accionante que como el ISS no tramitó los
recursos por ella interpuestos presentó una acción de tutela a través de la
cual se le protegió su derecho de petición y se ordenó a la entidad accionada contestar.
En razón a ello, el ISS profirió la Resolución No 5094 del 24 de febrero de
2010 en la cual confirmó la Resolución anterior e indicó que aún se encontraba
realizando la investigación administrativa ordenada desde el 2 de octubre de
2008.
La accionante tiene 76 años de edad no goza de pensión
ni tiene otro ingreso que le garantice una vida digna, por tal razón solicita
que se le ordene al ISS proceder al reconocimiento y a la efectiva cancelación
de la pensión de sobreviviente.
3. Fundamento de la demanda
Manifiesta la accionante que el ISS incurrió en
violación de sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho bajo el argumento de que ha
transcurrido mucho tiempo desde el momento del fallecimiento del causante y la
debida solicitud, cuando no existe una norma que establezca como requisito para
requerir la pensión de sobreviviente un tiempo determinado entre la muerte del
causante y el respectivo requerimiento.
Señala que la entidad accionada no solo le exige un
requisito adicional no previsto en la ley sino que, además, ordenó iniciar, el
2 de octubre de 2008, una investigación administrativa que a la fecha no se ha realizado,
generando un detrimento de sus derechos.
4. Pruebas relevantes
-
Copia del Acta de Defunción del
señor Gilberto Perdomo (folio 4).
-
Copia del reporte de las semanas
cotizadas del señor Gilberto Perdomo Carvajal en los periodos comprendidos
desde 1967 hasta 1994, en el cual el ISS certifica 380.1429 semanas cotizadas
(folio 5).
-
Copia del Registro de Matrimonio
suscrito por el Notario Segundo del Círculo de Girardot – Cundinamarca, en el
cual se certifica que el señor Gilberto Perdomo Carvajal y la señora María
Teresa Díaz contrajeron matrimonio religioso el 27 de octubre de 1956, con
escritura de protocolización No. 19-79-157 en la Parroquia de San Miguel de
Girardot. El registro civil de matrimonio fue inscrito el 11 de septiembre de
2007.
-
Copia de la Partida de Bautismo de
la señora María Teresa Díaz suscrita por el Vicario Parroquial de la Diócesis
de Girardot – Parroquia de la inmaculada concepción, en el cual se encuentra
inscrito el matrimonio con el señor Gilberto Perdomo (folio 7).
-
Copia de la contraseña de la
señora María Teresa Díaz de Perdomo No. 28.730.776 (folio 8).
-
Copia del Acta de Declaración
Juramentada de la señora Nhora Rojas de Ortiz, en la cual, bajo la gravedad del
juramento, indica que “conocía al señor Gilberto Perdomo quien convivía con
María Teresa Díaz de Perdomo bajo el mismo techo desde la fecha de su
matrimonio y ella dependía económicamente de su esposo hasta el día de su
fallecimiento, así como también indicó que ella no recibe pensión ni emolumentos
para su subsistencia, que de su matrimonio hubo 3 hijos ya mayores de edad” (folio
9).
-
Copia del Acta de Declaración
Juramentada de María Teresa Díaz Perdomo en la cual manifiesta que dependía
económicamente del causante y que a la fecha no tiene reconocida ninguna
pensión, ni recibe emolumento alguno para su subsistencia (folio 10).
-
Copia de la solicitud de pensión
de sobreviviente de la accionante presentada ante el ISS el 7 de diciembre de
2007.
-
Copia de la Resolución No. 047561
de 2 de octubre de 2008 “Por medio del cual se decide una prestación en el
Sistema general de Pensiones –Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida”, a través de la cual el ISS le contesta a la accionante lo
referente a su solicitud de pensión.
-
Copia del Recurso de Reposición y
de Apelación contra la Resolución 047561 de 2 de octubre de 2008.
-
Copia de la Resolución 005094 de
24 de febrero de 2010 por medio de la cual se resuelve el recurso interpuesto
por la accionante, en la cual indicó que como quiera que no se ha agotado la
etapa probatoria decidió confirmar la Resolución No. 047561 de 2 de octubre de
2008.
5. Oposición a la demanda
5.1. Instituto de Seguro Social ISS
La entidad demandada fue convocada para que se
pronunciara sobre los hechos y motivos que originaron las acciones de tutela
acumuladas; sin embargo, no dio respuesta.
III. DECISIÓN JUDICIAL QUE
SE REVISA
1. Decisión de primera
instancia
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en
sentencia proferida el 24 de junio de 2010, decidió declarar improcedente la
acción de tutela interpuesta por la señora María Teresa Díaz de Perdomo al
considerar que existe otro medio judicial para tramitar las pretensiones de la
accionante, de tal manera que si la actora considera que le asiste derecho debe
acudir al juez natural para dirimir el conflicto.
Expresa el juzgado que en el caso bajo estudio no se
configura ninguna de las excepciones para que, no obstante la existencia de
otro mecanismo, pudiera atender de fondo la solicitud de la accionante en tanto
que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable o la ineficacia
del proceso ordinario laboral para que se proceda a estudiar de fondo sus
pretensiones a través de esta acción de tutela.
2. Impugnación
La
señora María Teresa Díaz de Perdomo impugnó el fallo de primera instancia
manifestando que el juez no tuvo en cuenta que el ISS en las resoluciones
047561 de 2008 y 5094 de 2010, reconoció que reúne los requisitos legales y,
por tal razón, le asiste el derecho de acceder a la pensión de sobreviviente.
No
obstante lo anterior, la entidad accionada ha tardado más de dos años en
realizar la investigación administrativa y le ha exigido un requisito adicional
no contemplado en la ley para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
Por
otra parte, sostiene que el A-quo no tuvo en consideración que la
solicitud es presentada por una persona de 76 años de edad y que, por tal
condición, goza de una especial protección de sus derechos de tal manera que,
considera desproporcionado que se le obligue a acudir a los trámites de un
proceso ordinario laboral para hacer efectivo su derecho, el cual se encuentra
plenamente probado y aceptado por el ISS, cuya duración puede hacer nugatorio
su derecho de disfrutar de la pensión debido a su avanzada edad.
3.
Decisión de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –
Sala Laboral, en sentencia proferida el 10 de agosto de 2010, decidió confirmar
el fallo de tutela de primera instancia, que declaró improcedente la acción;
con el argumento según el cual la petición de la accionante persigue la
definición de derechos litigiosos y el reconocimiento de prestaciones de tipo
económico, que no le corresponde al juez de tutela definir, pues ello
conllevaría invadir otras jurisdicciones.
Indicó además, que el sólo hecho de tratarse de una
persona de la tercera edad no constituye razón suficiente para que proceda el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a través de la acción de tutela.
V.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la Corte
Constitucional es competente para examinar las sentencias proferidas dentro del
proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde
a la Sala Cuarta de Revisión determinar si el Instituto de Seguro Social ISS
vulneró los derechos fundamentales de la accionante al no reconocerle la
pensión de sobreviviente bajo el argumento de que, en razón al transcurso del
tiempo entre la muerte y la solicitud de la pensión, es necesario iniciar una
investigación para determinar sí la actora verdaderamente ostenta la calidad de
cónyuge supérstite del causante.
Con
tal propósito, la Sala abordará el tema concerniente a (i) el carácter
subsidiario y excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento
prestaciones sociales y (ii) la procedencia de la acción de tutela
interpuesta para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
4.
El carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela para reclamar prestaciones
sociales. Reiteración de jurisprudencia
4.1.
La acción de tutela se creó como un mecanismo para garantizar la protección
efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.
El artículo 86 de la Carta establece que esta acción “sólo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Partiendo
del principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, se
deduce que la procedencia de esta vía judicial está supeditada al agotamiento
previo de las otras vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado[3].
En
reiteradas ocasiones la Corte ha insistido en que la acción de tutela no puede
converger con diversas vías judiciales por cuanto no es un mecanismo que pueda
ser elegido a discrecionalidad del interesado pues, en primer lugar, debe
agotarse el procedimiento específico regulado en la ley toda vez que, por regla
general, no existe concurrencia entre éste y la acción de tutela[4]
En
síntesis, se puede indicar, como regla general, que en virtud del principio de
subsidiariedad la acción de tutela es improcedente para ordenar el
reconocimiento de prestaciones sociales que estén supeditadas a litigio. Sin
embargo, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, el juez de tutela
puede ordenar el reconocimiento de dichas prestaciones, si: (i) el
interesado no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (ii)
teniendo otro medio judicial éste no resulte eficaz para la protección de los derechos
y (iii) en los eventos en los que, luego de verificar los elementos de
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción, se evidencia
la existencia de un perjuicio irremediable el cual se pretende evitar a través
de la acción de tutela.
5. Procedencia de la acción de tutela para solicitar
el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Reiteración jurisprudencial
La
Corte Constitucional ha admitido que la acción de tutela se convierte en el
mecanismo constitucional idóneo para solicitar la protección de los derechos
fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados como consecuencia del
no reconocimiento de la pensión de sobreviviente cuando, entre otras razones, (i)
el reconocimiento de la pensión no esté supeditado a controversias litigiosas; (ii)
se afecten los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección y (iii)
el proceso de reconocimiento de la pensión esté supeditado a dilaciones
injustificadas.
5.1.
En lo referente a las solicitudes pensionales, la Corte ha sostenido que, de
manera excepcional, se ha admitido la procedencia de la accion de tutela para
obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. En efecto, cuando no
existe controversia sobre el derecho solicitado se puede determinar que, en
principio, hay lugar a su reconocimiento a través de la acción de tutela.
Para
ello, la Corte ha indicado que es necesario demostrar, a través de las pruebas
obrantes en el proceso, que el accionante reúne los requisitos necesarios que indica
la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes. En efecto, se ha
establecido que el acervo probatorio debe permitirle al juez constitucional
asegurarse de que el accionante cumple con todas las exigencias requeridas y
que, además,  su solicitud de pensión no se encuentra sometida a controversias litigiosas[5].
5.2.
A su vez, de manera excepcional, la Corte ha admitido la procedencia de la
acción de tutela en aquellos casos en que la persona que requiere el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es sujeto de especial protección.
Al
respecto se ha indicado que, la negativa en el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes puede afectar los derechos fundamentales de los sujetos de especial
protección cuando dicha situación involucre directamente a personas de la
tercera edad, madre cabeza de familia, menores de edad e incapacitados, que
demuestren que dependían económicamente del causante[6].
En
efecto, cuando se está frente a sujetos de especial protección,
específicamente, ante personas de la tercera edad, la Corte ha precisado las
razones por las cuales, de manera excepcional, la acción de tutela está llamada
a prosperar  y, ha sostenido que:
“(…) la procedencia excepcional de la acción de tutela
en los casos de reconocimiento o reliquidación de pensiones, adquiere cierta
grado de justificación cuando sus titulares son personas de la tercera edad, ya
que se trata de sujetos que por su condición económica, física o mental se
encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, lo que permite otorgarle un
tratamiento especial y diferencial más digno y proteccionista que el reconocido
a los demás miembros de la comunidad. Para la Corte, la tardanza o demora en la
definición de los conflictos relativos al reconocimiento y reliquidación de la
pensión a través de mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a
afectar los derechos de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la
salud, e incluso a la propia subsistencia, lo que en principio justificaría el
desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención del juez
constitucional (…)[7]
5.3.
Por otra parte, en relación con los trámites de reconocimiento de pensión, la
Corte ha sostenido que la acción de tutela también procede, con ocasión de la
protección al debido proceso, en aquellos casos en los que al no existir razón
justificada, se somete el trámite a dilaciones[8]
no obstante que se demuestra que el solicitante de la pensión ha obrado de
manera diligente.
Esta
Corporación ha señalado que esa protección surge en razón a que el debido
proceso garantiza a las personas que acuden a la administración de justicia una
protección en el ámbito temporal del trámite procesal, bajo la idea de que la
justicia tardía no constituye justicia[9].
En efecto, toda persona tiene derecho a acceder a los trámites procesales sin
que se vea afectado por retrasos injustificados, pues ello estaría en
detrimento no sólo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas
sino, también, al acceso a la efectiva administración de justicia[10]
Así en la Sentencia T-294 de 2003[11] la Corte al estudiar la
demora injustificada en el trámite de una solicitud de reconocimiento pensional,
explicó que:
“ (…)No
pueden existir disculpas para demorar sin justa causa, el reconocimiento de una
pensión, pues, lo justo sería que inmediatamente el trabajador deje de ser
activo, pueda disfrutar de su jubilación, entonces las entidades estatales que
tienen la función de estudiar, analizar y conceder el derecho a la pensión de
jubilación “no pueden escudarse en
los trámites administrativos para retardar al trabajador su goce pensional, en
perjuicio de sus derechos fundamentales” [12].
Lo
anterior, implica que la mora que afecta los derechos fundamentales al debido
proceso y a un trámite sin dilaciones admite la procedencia excepcional del
amparo constitucional de esas prerrogativas a través de la acción de tutela.
De
acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala entrará a decidir el caso
concreto.
6.
Caso concreto
La
señora María Teresa Díaz de Perdomo interpuso acción de tutela al considerar
que el Instituto de Seguro Social ISS le está vulnerando su derecho fundamental
a la seguridad social, de las personas de la tercera edad y al debido proceso al
no reconocerle la pensión de sobreviviente a la cual, según argumenta, tiene
derecho en razón al fallecimiento de su esposo el señor Gilberto Perdomo
Carvajal quien se encontraba cotizando ante dicha entidad.
En
este caso encuentra la Corte que lo que, en principio, está acreditado en el
expediente es lo siguiente:
-
La accionante, de 76 años de edad,
contrajo matrimonio religioso con el señor Gilberto Perdomo Carvajal, el 27 de
octubre de 1956.
-
El 30 de septiembre de 1981 el
señor Gilberto Perdomo Carvajal, a  sus 60 años de edad, falleció padeciendo
una hemorragia digestiva alta.
-
De acuerdo con el informe presentado
por el ISS al causante le reportan unas cotizaciones realizadas durante el
periodo que va del 1 de octubre de 1973 hasta el 30 de septiembre de 1981
completando en total 308.1429 semanas cotizadas.
-
El señor Gilberto Perdomo Carvajal
cumplió con los requisititos señalados por la ley, de tiempo y de edad, exigidos
por el Decreto 3041 de 1966, para acceder al reconocimiento de la pensión de
vejez, razón por la cual dejó causado el derecho para la pensión de
sobrevivientes.
-
En razón al tiempo transcurrido
entre el momento del fallecimiento del causante y la solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes la entidad accionada decidió
iniciar una investigación administrativa.
Al
respecto, empieza la Sala por indicar que, en el caso sub iúdice, la
accionante, de 76 años de edad, es una persona de la tercera edad que demuestra
haber contraído nupcias religiosas con el señor Gilberto Perdomo Carvajal y
que, según se afirma, de conformidad con las declaraciones extrajuicio
allegadas al expediente, requiere de la pensión de sobreviviente para su
congrua subsistencia, pues, actualmente, no cuenta con un sustento económico
del cual pueda derivar su manutención. Además, se advierte que el aparente derecho
de la cónyuge supérstite se originó en el año 1981 cuando acaeció el
fallecimiento del causante por lo que, en principio, podría indicarse que la
actora desde ese momento se encuentra legitimada para solicitar el
reconocimiento de su pensión de sobreviviente sin embargo, se evidencia que no
obra en el expediente prueba alguna que justifique el largo tiempo transcurrido
entre el momento en que se genera el derecho y la reclamación del mismo.
No
obstante lo anterior, encuentra la Sala que en la presente acción de tutela se
puede analizar de fondo si existe o no afectación de los derechos fundamentales
de la accionante, pues a través de este mecanismo constitucional se pretende
proteger el mínimo vital de una persona de la tercera edad para quien la
pensión de sobreviviente, según afirma, constituye una garantía de los ingresos
que requiere para subsistir. Resulta claro entonces que en este caso, el no
reconocimiento de la pensión de sobreviviente afecta, por conexidad, un derecho
fundamental lo cual hace viable la interposición de la acción de tutela.
Por
otra parte, hay que indicar que si bien es cierto que existe en la justicia
ordinaria un procedimiento adecuado para establecer si la accionante ostenta la
calidad de cónyuge supérstite y, por ende, es titular de la pensión de sobreviviente,
considera la Sala que someterla a un proceso ordinario resultaría gravoso si se
tiene en cuenta que se trata de una persona de la tercera edad. Además, de
conformidad con las resoluciones proferidas por el ISS el causante dejó, al
momento de su muerte, constituido el derecho a la pensión de sobrevivientes con
lo cual, en principio, habría que reconocer tal derecho. Así las cosas,
advierte la Sala que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por sí
solo, no se encuentra sometida litigio, pues la entidad accionada admitió que
se encuentra causado dicho derecho.
La
controversia surge entonces en la legitimación de la accionante para acceder a
la pensión que solicita, pues, en razón del transcurso del tiempo, entre el
fallecimiento del causante y la solicitud de la pensión, la entidad consideró
pertinente iniciar una investigación administrativa para esclarecer si la señora
María Teresa Perdomo tiene derecho al reconocimiento de la pensión, si
realmente dependía económicamente del causante o sí, por el contrario, existe
un tercero que ostente una mejor calidad.
Cabe
precisar que la accionante frente a la resolución No. 047561 de 2 de octubre de
2008, que le niega el reconocimiento de la pensión y somete el caso a
investigación administrativa, interpuso los recursos pertinentes, los cuales
sólo fueron resueltos hasta el 24 de febrero de 2010 mediante la Resolución
005094, en la cual se le indicó que la entidad no ha agotado la etapa
probatoria por lo que consideró necesario continuar con la investigación
administrativa ordenada.
Al
respecto, se advierte que, si bien es cierto que constituye una obligación de
la entidad accionada verificar si la peticionaria ostenta la calidad de cónyuge
supérstite y si está legitimada para solicitar a su nombre el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, han transcurrido 2 años desde el momento en que
el Instituto de Seguro Social ISS ordenó iniciar la investigación sin que a la
fecha hubiera establecido sí, de conformidad con los documentos allegados, la
accionante se encuentra legitimada o no para obtener el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes. Considera la Sala que, teniendo en cuenta que la
entidad accionada no arguyó razón alguna que justifique su demora, debe, en el
menor tiempo posible, resolver lo que en derecho corresponde.
De
conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a conceder la tutela en el
sentido de ordenar a la entidad accionada Instituto Seguro Social ISS resolver
dentro del término de 5 días la investigación administrativa que inició en el
2007 encaminada a determinar si la señora María Teresa de Perdomo ostenta la
calidad de cónyuge supérstite del señor Gilberto Perdomo y sí se encuentra
legitimada para obtener, a su nombre, el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes que solicita.
Por
todo lo anterior, esta Sala revocará la decisión de segunda instancia y concederá
la tutela interpuesta en el sentido de ordenar a la entidad demandada culminar
la investigación administrativa y pronunciarse sobre si la accionante tiene o
no el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes que está solicitando.
IV.    DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.
REVOCAR la sentencia de 10 de agosto de 2010, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral, que a su vez
confirmó la sentencia de 24 de junio de 2010, proferida por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito, que declara improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO: ORDENAR al Instituto de
Seguro Social ISS que, en el término de 10 días, de conformidad con la
investigación administrativa adelantada, resuelva la solicitud presentada por
la accionante y establezca si tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Gilberto Perdomo Carvajal.
TERCERO: Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Se casaron el 27 de octubre de 1956 y permanecieron juntos hasta el
30 de septiembre de 1981 fecha en que fallece el causante.
[3] Sentencia T-983 de 2001.
[4] Ver entre otras, Sentencias C-543 de 1 de octubre de 1992 M.P. José Gregorio Hernández y T-340 de 21 de julio de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[5] Ver entre otras la Sentencia T-479 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[6] Ver Sentencia T-479 de 15 de mayo de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[7] Sentencia T- 479 de 15 de mayo de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[8] Al respecto la Corte ha sostenido que debe entenderse por proceso con
dilaciones injustificadas aquél trámite que se desenvuelve
en condiciones anormales dentro de los plazos perentorios fijados por el
legislador y en el que los intereses litigiosos no  reciben pronta
satisfacción.
[9] Ver Auto A-029 de 16 de abril de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[10] Ver Sentencia T-030 de 21 de enero de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[11] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[12] Ver Sentencia T-887 de 16 de agosto de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.