T-330-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-330/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional por vía de hecho/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Situaciones
de procedencia
INDEPENDENCIA INTERPRETATIVA-Principio
judicial/AUTONOMIA INTERPRETATIVA DEL JUEZ-Vinculación de interpretación
del órgano máximo de la jurisdicción/PRINCIPIO DE
AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ-Importancia
de la aplicación del precedente para definir una situación jurídica
La actividad judicial supone la interpretación
permanente de, entre otras cosas, disposiciones jurídicas. Ello implica que al
funcionario corresponde determinar en cada proceso la norma que se aplicará al
caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener y tienen
comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y
derivan de ella, por esta razón, efectos disímiles. Frente a esta situación,
que además es entendida como correlato necesario de la autonomía judicial, el
sistema jurídico ha previsto la figura del precedente, bajo el supuesto de que
la independencia interpretativa es un principio relevante pero que se encuentra
vinculado por el respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y
por otras prescripciones constitucionales que fijan criterios para la
interpretación del derecho. La Corte ha señalado que, con el fin de garantizar
un mínimo de seguridad jurídica a los ciudadanos, los funcionarios judiciales
se encuentran vinculados en sus decisiones por la norma jurisprudencial que
para el caso concreto ha dictado el órgano unificador Para la mayoría de
asuntos, la interpretación que deben seguir los funcionarios judiciales es
determinada por la Corte Suprema de Justicia. En los asuntos que no son
susceptibles de casación, quienes se encargan de dictar la pauta hermenéutica
en materia judicial son los Tribunales Superiores de Distrito.
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Fundamento explícito suficiente/AUTONOMIA
INTERPRETATIVA DEL JUEZ-Puede variar su jurisprudencia
FUNCION UNIFICADORA DEL TRIBUNAL-En casos que carecen de casación
Los asuntos que no son susceptibles de casación,
carecerían de una instancia que unifique los criterios de conformidad con los
cuales debe interpretarse la normatividad. Podría objetarse que los tribunales
superiores son la cúspide de los diversos distritos judiciales y que, en
consecuencia, cumplen la función de unificación jurisprudencial. Serían
entonces ellos los encargados de desatar los diversos dilemas interpretativos, fijando
para ello criterios ciertos y precisos. Es claro, entonces que en las amplias
áreas del derecho que por diversas razones no son susceptibles de unificación
vía casación, la función unificadora, como condición necesaria para
salvaguardar el derecho constitucional a la igualdad, deber ser asumida
funcionalmente por estos entes.
PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL-Supuestos bajos los cuales el juez puede
apartarse de éste
La jurisprudencia constitucional ha anotado que las
diferentas Salas de los Tribunales están atadas a sus decisiones anteriores. En
consecuencia, si pretende apartarse de sus precedentes debe probar al menos que
(i) la Subregla sentada en los casos anteriores no es aplicable al supuesto
bajo estudio o (ii) que va a apartarse de la ratio decidendi, lo cual requiere
una justificación adecuada y suficiente de las razones por las cuales no va a
aplicar el precedente.
PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL-Imposibilidad de acudir a éste cuando
existen discrepancias entre las providencias de los tribunales como órgano
unificador/CORTE CONSTITUCIONAL-Unificación en la interpretación legal
cuando ésta implique aspecto de derechos fundamentales
En suma, prima facie, los funcionarios
judiciales están vinculados por la obligación de aplicar el precedente sentado
por los órganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si
pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonomía judicial, pesa sobre
los mismos una carga de argumentación más estricta. Es decir deben demostrar de
manera adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan. Igual
consideración es extensible al precedente sentado al interior de los Tribunales
por sus diferentes Salas de decisión. No ocurre lo mismo cuando la discrepancia
se presenta entre los Tribunales como órgano unificador de determinados asuntos
en sus distritos judiciales. Si respecto de casos iguales en lo relevante los
diversos Tribunales dictan providencias contradictorias no es posible acudir al
criterio de precedente horizontal, por cuanto no hay relación jerárquica entre
ellos. Se cumple de esta manera con una de las tareas encomendadas por la Carta
Superior al Tribunal Constitucional: la unificación jurisprudencial en materia
de derechos fundamentales.
FUERO SINDICAL-Alcance y objetivo
FUERO SINDICAL-Protección especial por despido de trabajador o
desmejora de condiciones laborales requiere autorización judicial previa
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Vulneración por despido sin autorización
judicial previa
FUERO SINDICAL DE EMPLEADO DEL INPEC-Autorización judicial para despido
VIA DE HECHO EN MATERIA DE INTERPRETACION
DE NORMAS
FUERO SINDICAL-Necesidad de autorización judicial para el despido o
desmejora aún cuando la empresa esta en liquidación
ACCION DE REINTEGRO-Empresa en liquidación
En los casos de liquidación de empresas,
cuando pese a la incuria del patrono, y la decisión favorable al trabajador en
la acción de reintegro, se hace jurídicamente imposible la reincorporación del
empleado, será mediante un proceso ordinario laboral, en el cual intervenga el
trabajador, que habrá de determinarse la admisibilidad de la causal alegada por
la entidad. El juez laboral debe entonces determinar si, de hecho, la
reincorporación no es posible y la consecuente indemnización a que tiene derecho
el trabajador a título de indemnización. Se configura entonces causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por
defecto sustantivo cuando el funcionario judicial, con el argumento de la
liquidación o reestructuración de una entidad pública, omite condenar a la
misma al reintegro de quienes fueron despedidos o desmejorados sin que medie
autorización del juez laboral. Lo que  es admisible en estas hipótesis es
ordenar el reintegro y trasladar a la entidad -que haga las veces de la entidad
extinta- la carga de demostrar la imposibilidad de su cumplimiento, a fin de
que el trabajador afectado pueda oponerse a la providencia.
FUERO SINDICAL DE EMPLEADO DEL IDEMA-Autorización judicial para despido
Referencia: expedientes T- 588805,
T-609278 y T-609961 (acumulados)
Acción
de tutela instaurada por el INPEC contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá
Magistrado ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil cinco
(2005).
La Sala Séptima de Revisión de
la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas
Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política
y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
por la Sala de Casación Laboral del Corte Suprema de Justicia, en el trámite de
la acción de tutela instaurada por el INPEC contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá; por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en primera instancia, y por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en segunda instancia, en el trámite de la acción de tutela
instaurada por Leider Orlando Gómez y otros contra los Juzgados tercero,
cuarto, quinto y sexto Laborales del Circuito de Cali y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cali; por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia en el trámite de la acción de tutela instaurada por Sandro Rivera
Sogamoso contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira.
I. ANTECEDENTES.
EXPEDIENTE T-588.805
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá con el objeto de que se amparara su derecho fundamental a la igualdad en
la aplicación de la ley.
1. Hechos
1.- El señor Luis Alberto Guevara Blanco laboró como
dragoneante del cuerpo de custodia y vigilancia de la cárcel modelo de
Bucaramanga, desde julio 11 de 1991 hasta el 16 de mayo de 2000, fecha en la
cual fue desvinculado de la entidad estatal. Al momento de la declaratoria de
insubsistencia, Guevara Blanco era vicepresidente de la junta directiva en
Bucaramanga de ASEINPEC –con registro sindical N° 0449 del 22 de febrero de
1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-.
2.- Por intermedio de apoderado, y luego de agotada la
vía gubernativa, el ciudadano Luis Alberto Guevara Blanco demandó mediante
proceso especial de fuero sindical al INPEC para que fuera condenado a
reintegrarlo al mismo cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, o a
otro cargo de igual o superior categoría.
3.- El Juzgado
primero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 9 de julio de
2001, resolvió no acceder a las pretensiones del actor.
4.- Conoció
del recurso de apelación interpuesta por el apoderado de Guevara Blanco contra
la decisión de primera instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá. Resolvió el Juez colegiado[1]
“Revocar la sentencia apelada. En sede de instancia, condenar al Instituto
Nacional Penitenciario y carcelario –INPEC- a reintegrar al señor Luis Alberto
Guevara Blanco al cargo de dragoneante grado 11, de la cárcel del Distrito
Judicial de Bucaramanga o a uno de igual o superior categoría al que tenía al
momento de ser despedido y a pagarle los salarios dejados de percibir a título
de indemnización (…) a partir del 16 de mayo de 2000 y hasta la fecha en que
sea efectivamente reintegrado, declarando que no ha habido solución de
continuidad en la relación legal y reglamentaria del demandante (…)” (fl.
36, cuad. 1).
Consideraciones
del Tribunal
Señaló la Sala
que, a partir de la expedición de la Constitución de 1991, la figura del fuero
sindical devino en mecanismo de carácter superior para proteger la libertad
sindical y el derecho de asociación de los trabajadores. Indicó también que, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, la garantía foral busca
proteger a los representantes sindicales e impedir, así mismo, que mediante el
despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones laborales, el
empleador perturbe ilegítimamente el ejercicio de este derecho. En cuanto a la
garantía sindical previa a la desvinculación que cobija al demandante, anotó el
Tribunal que la misma se infiere de las directivas emanadas del sindicato, en
las cuales el señor Guevara Blanco figura como vicepresidente de la junta
directiva seccional. Dijo entonces el Juez de instancia que al momento de la
terminación de la relación laboral por parte del INPEC, el trabajador se
encontraba cobijado por la garantía del fuero sindical, en los términos del
literal c) del artículo 57 de la ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 406
del código sustantivo del trabajo.
Subrayó la
Sala que el ciudadano Guevara Blanco, en su calidad de aforado, no podía ser
desvinculado de su cargo, sin que se hubiera agotado previamente el trámite
judicial de levantamiento del fuero sindical. No es admisible, por lo tanto
–continuó el Tribunal-, el argumento del INPEC, según el cual, la entidad
contaba con una facultad legal para retirarlo por inconveniencia en el servicio
–tal como lo señaló en el acto administrativo que dio por terminado el nexo
legal-. Recalcó el Juez de instancia que la potestad consagrada en el decreto
407 de 1994 no puede aplicarse a quienes tienen la calidad de aforados.
Concluyó el Tribunal que “(…) tampoco es de recibo que el actor no gozaba de
fuero sindical por estar incurso en las excepciones contempladas en el
parágrafo primero, artículo 12 de la ley 584 de 2000, pues el cargo que ocupaba
el actor al momento de la terminación del vínculo (dragoneante grado 11, de la
cárcel del distrito judicial de Bucaramanga), no es de aquellos que ejerzan
jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración,
que señala el precepto en comento; EMPERO, EN EL SUPUESTO CASO QUE ELLO DEVIENE
DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES QUE SEÑALA El código penitenciario, lo cierto es
que para el momento en que fue retirado el demandante no había limitación en el
goce del fuero sindical, por haber sido declarado inexequible el artículo 409
del CST, que disponía quienes no gozaban de fuero sindical según sentencia
C-953 de 1993; amén que la ley 584 sólo fue promulgada hasta el día 14 de junio
de 2000 (…) y como tal no puede ser aplicada para el caso sub  judice, ya que
el efecto de la ley no es retroactiva ”.
3. Solicitud
de tutela
El INPEC
considera que la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
en el sentido de revocar la decisión de primera instancia y ordenar, en
consecuencia, el reintegro de Guevara Blanco, vulneró su derecho fundamental a
la igualdad en la aplicación de la ley. Anotó el ente demandante que el 15 de
febrero de 2002, una Subsección diferente la misma Sala Laboral demandada,
resolvió, en un caso igual en lo relevante, absolver al INPEC. Indica,
entonces, que el mismo órgano judicial está fallando en sentido contrario dos
casos similares, para los cuales tenía que aplicar las mismas normas de derecho.
Recuerda que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en punto de las
demandas por desconocimiento del fuero sindical interpuestas por algunos
exfuncionarios del INPEC, ha resuelto –de manera uniforme- absolver a la
entidad.
Reitera que la
decisión atacada genera una alarmante inseguridad jurídica, por cuanto no
permite saber a ciencia cierta qué procedimiento debe seguirse respecto de los
funcionarios presuntamente aforados retirados por inconveniencia en el
servicio. Insiste la demandante en que, según el artículo 414 del código
sustantivo del trabajo, es una excepción expresa al derecho de asociación
sindical, el ser miembro del ejército nacional y/o de los cuerpos de policía de
cualquier orden. En ese sentido, continúa la entidad demandante, los miembros
del INPEC conforman la policía penitenciaria, investida de autoridad para la
guarda del ordena público (artículo 6 del decreto 407 de 1994), razón por la
cual, se encuentran cobijados por las excepciones a derecho de asociación
sindical.
El 4 de abril
de 2002, el apoderado del INPEC radicó escrito de aclaración y corrección de la
acción de tutela en la Sala de Casación Laboral, en el cual señaló que: “En
realidad se trata de dos solicitudes de tutela diferentes, por un error
involuntario, en la oficina de correspondencia de la honorable Corte,
dispusieron los documentos en un solo expediente, cuando habían sido
recepcionados y radicados allí con un número diferente (…) Una solicitud de
tutela se origina en el fallo proferido el 15 de febrero de 2002, por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los Magistrados (…)
dentro del proceso especial de fuero sindical iniciado por Neftalí Rojas
Aguilar, contra el INPEC (…) Otra solicitud de tutela, (…) cuyo origen está en la
decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá(…) dentro del
proceso especial de fuero sindical iniciado por Luis Alberto Guevara Blanco,
contra el INPEC (…) Con el fin de que los hechos o las razones que motivan las
solicitudes de tutela, queden suficientemente determinados o claros, solicito
(…) se reemplacen los dos primeros folios de cada solicitud de tutela (…) los
cuales sirven para identificar con más precisión cada una de las solicitudes”
(cuad. 2, fls. 3 y 4).
3.
Sentencias objeto de revisión
Primera
instancia
Conoció en
primera instancia de la acción de tutela la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia quien, por sentencia del 11 de abril de 2002,
resolvió negar el amparo solicitado. Fundamentó su decisión en el carácter
absoluto de la cosa juzgada en materia judicial, y en la autonomía
interpretativa que define a los operadores jurídicos.
Revisión
por la Corte
1. Remitido a esta Corporación, mediante
auto del once (11) de junio de 2002, la Sala de Selección Número Seis dispuso
la revisión del expediente por la Corte Constitucional.
Pruebas decretadas en el trámite de revisión
Por auto de trece (13) trece de septiembre
de 2002, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional resolvió: “Ordenar
que por Secretaría General se solicite al director general del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- que, en el término de quince (15)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se sirva
remitir copia de las decisiones de las Salas Laborales de los Tribunales
Superiores de los Distritos Judiciales de Armenia, Manizales y Pereira, en las
cuales se han adoptado criterios similares a la contenida en la sentencia
demandada en el presente proceso, a los cuales se hace mención en la
comunicación enviada a la Corte Constitucional el día 15 de mayo del año en
curso[2]”
(cuad. 1, fl. 118).
El 10 de octubre de 2002, la Sala Séptima
de revisión de la Corte Constitucional resolvió acumular al expediente T-588805
los expedientes T-609278 y T-609961, para efectos de ser resueltos en una sola
providencia
En oficio radicado en la Corte
Constitucional el 19 de diciembre de 2002, el INPEC remitió copia de algunas
decisiones de las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de los Distritos
Judiciales de Armenia, Manizales y Pereira proferidas durante el año 2001.
Mediante auto de mayo 9 de 2003, la Sala
Séptima de Revisión resolvió “declarar la nulidad de todo lo actuado en el
proceso T-588805, a partir del auto admisorio de la demanda de tutela y, en
consecuencia, ordenar que por secretaría general se remita el proceso a la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia a fin de que se rehaga el trámite
judicial, con la intervención de Neftalí Rojas Aguilar, una vez surtido el
trámite, volverá a este despacho para seguir con el proceso de revisión de la
decisión de los mismos” (cuad. 1, fls. 252, 253)
El 21 de mayo de 2003, la Sala de Casación
Laboral decidió rehacer el trámite judicial correspondiente, conforme los
dispuso la Corte Constitucional mediante auto de 9 de mayo de 2003. Ordenó,
igualmente, notificar la decisión a quienes son parte en la actuación judicial
que dio origen a la solicitud de amparo, particularmente a Neftalí Rojas
Aguilar. Advirtió la Sala que, si bien en escrito enviado previamente por el
apoderado de la entidad demandante, éste aclaró que se trataba de dos
solicitudes de tutela diferentes, en atención a que ambas peticiones
involucraban a las mismas partes y versaban sobre un mismo objeto, serían
estudiadas y resueltas en una misma providencia.
En sentencia de 4 de junio de 2003, el Juez
de instancia resolvió negar la tutela solicitada por el INPEC. Fundamentó su
decisión en la improcedencia general de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en atención (i) al carácter absoluto de la cosa juzgada, (ii) a la
primacía del principio de autonomía judicial y (iii) a la sentencia C-543 de
1992, que declaró inexequible el artículo que permitía la solicitud de amparo
contra providencias judiciales.
Remitida la providencia a la Corte
Constitucional y radicada con el número T-756502, en auto de 10 de julio de
2003 la Sala Séptima de Selección decidió excluir de revisión el expediente de
la referencia.
En auto de 15 de junio de 2004, el
Magistrado Ponente resolvió “solicitar a la Secretaría de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desarchivar el proceso de
tutela instaurado por el INPEC en contra de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con radicación interna de la Corte
Suprema de Justicia Nº 7542 y que corresponde a los números de radicación
T-588805 y T-756502 de la Corte Constitucional, con el fin de que lo remita a
la Corte Constitucional” (cuad. 3, fl. 82).
La Sala de Casación Laboral, mediante auto
de julio 7 de 2004, ordenó desarchivar el proceso de tutela y remitir la
actuación de la referencia a la Corte Constitucional para los efectos que
estime pertinentes.
II. EXPEDIENTE T-609278.
Los ciudadanos Luis Roberto Ordóñez, Walter Alfonso
Carabalí, Leyder Orlando Gómez y Héctor Antonio González interpusieron acción
de tutela respectivamente contra los Juzgados Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto
Laboral del Circuito de Cali, y contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cali, con el objeto de que fueran amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la asociación sindical, al fuero sindical, al
acceso a la administración de Justicia y a la igualdad.
1. Hechos.
1. Los demandantes fueron trabajadores del Instituto
de mercadeo agropecuario –IDEMA- y eran miembros del sindicato de trabajadores
de la empresa denominado SINTRAIDEMA.
2. El Presidente de la República profirió el Decreto
1675 de 1997, en virtud del cual dispuso la supresión y liquidación del
Instituto de mercadeo agropecuario –IDEMA-. Tal proceso debía concluir el 31 de
diciembre de 1997, al cabo del cual, las obligaciones laborales, bienes no
enajenados, derechos, funciones y archivos debían pasar a la Nación –
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
3. Todos los actores fueron despedidos por la empresa
el 6 de octubre de 1997, aduciendo para ello la supresión de sus cargos.
a. Señala el ciudadano Carabalí que ocupaba el cargo
de secretario de educación y deportes del sindicato en la seccional Cali al
momento del despido. Relata que, -luego de agotada la vía gubernativa- presentó
demanda de fuero sindical – petición de reintegro, contra el IDEMA en
liquidación y contra la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Indicó en su demanda de reintegro que la empresa lo despidió sin adelantar la
acción judicial requerida para ello, en atención a la calidad de directivo
sindical que ostentaba.
Conoció de la demanda laboral el Juzgado Tercero
Laboral del Distrito Judicial de Cali, quien por sentencia del 23 de febrero de
1999, resolvió absolver a las entidades demandadas de todos los cargos
formulados por el actor. Consideró el Juzgado que, de conformidad con las
pruebas obrantes en el proceso, el señor Carabalí estaba amparado por el fuero
sindical, en tanto miembro de la junta directiva seccional del sindicato. Anotó
también que, el artículo 8 del decreto 1675 de 1997, determinó la supresión de
cargos y empleos públicos ocupados por empleados públicos y trabajadores
oficiales de la entidad en liquidación. En ese sentido, continúa, la supresión
de todos los empleos conlleva al desvinculación de los trabajadores, quienes
fueron indemnizados tal y como lo disponen los numerales 1º y 2º del mencionado
decreto. Concluyó, entonces que:
“Si bien el demandante al momento de la
terminación de su contrato de trabajo estaba amparado por fuero sindical, al
ser suprimido el empleo que desempeñaba el mismo, e igualmente al desaparecer
del la vida jurídica la empresa o entidad para la cual laboraba,
automáticamente dicho fuero queda sin efecto alguno, pues se trata de una
terminación del contrato por orden legal, que comporta la desaparición tanto
del cargo como de la propia entidad. De ahí que no hay razón legal ni jurídica
para acceder a las peticiones de la demanda, pues se reitera, tanto el cargo
que desempeñaba el demandante, como la empresa para la cual prestaba sus
servicios desaparecieron por la liquidación de esta última (…) los fundamentos,
razones y causas que dieron origen al fuero sindical del trabajador se han
extinguido y por tanto ello conlleva igualmente la desaparición del amparo
foral” (cuad. 3, fl. 28).
Apelada en tiempo la decisión de primera instancia,
conoció de la impugnación la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, quien, mediante providencia del 16 de abril de 1999, decidió
confirmar la sentencia recurrida. Acogió para ello plenamente los argumentos
presentados por el Juzgado Tercero Laboral, y añadió que la supresión y
liquidación de empresas por ministerio de la ley, constituyen justa causa para
el despido, sin que sea necesario para el empleador solicitar autorización
judicial para desvincular a los trabajadores aforados.
b. Con similares consideraciones, tanto el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Cali, en la acción de reintegro presentada por
Luis Roberto Ordóñez –quien a la fecha de desvinculación ocupaba el cargo de
fiscal de la Junta directiva de la seccional Cali de SINTRAIDEMA-, como el
Juzgado Quinto Laboral, en la acción de reintegro presentada por Leyder Orlando
Gómez–quien a la fecha de desvinculación ocupaba el cargo de tesorero de la
Junta directiva de la seccional Cali de SINTRAIDEMA-, y el Juzgado Sexto
Laboral, en la acción de reintegro presentada por Héctor Antonio González–quien
a la fecha de desvinculación ocupaba el cargo de vicepresidente de la Junta
directiva de la seccional Cali de SINTRAIDEMA-, resolvieron denegar las
pretensiones de los demandantes. Apeladas las decisiones de primera instancia,
fueron todas confirmadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, con
iguales argumentos a los expuestos en la sentencia del caso Carabalí.
2. Solicitud de tutela
El primero de abril de 2001, los demandantes en la
acción de reintegro contra el IDEMA y otro, presentaron acción de tutela contra
los Juzgados Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Laborales del Circuito de Cali y
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, alegando que la
denegación de sus pretensiones en la acción de fuero sindical – reintegro,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la
asociación sindical, al fuero sindical, al acceso a la administración de
Justicia y a la igualdad. Afirmaron que, la interpretación de las disposiciones
que gobiernan la institución del fuero sindical expuesta por los operadores
jurídicos demandados, contraviene los mandatos superiores y crea excepciones
jurisprudenciales, allí donde la norma no lo hace. Advirtieron que
recientemente la Corte Constitucional, en un caso igual en lo relevante,
concedió el amparo solicitado. Señalaron que:
“negar la garantía fundamental del
fuero sindical con el argumento de que la empresa estaba en liquidación, sin
tener en cuenta que el Ministerio de Agricultura asumió las obligaciones
laborales del IDEMA y que fuimos indemnizados es pretender que los derechos
fundamentales de las personas se pueden vender y comprar como si se tratara de
mercancía” (cuad. 2, fl. 2).
3. Fallo de Instancia
Conoció de la acción de tutela la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante sentencia de abril 18
de 2002, resolvió denegar el amparo solicitado. Fundamentó su decisión en la
improcedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
atención (i) al carácter absoluto de la cosa juzgada, (ii) a la primacía del
principio de autonomía judicial y (iii) a la sentencia C-543 de 1992, que
declaró inexequible el artículo que permitía la solicitud de amparo contra
providencias judiciales. Apelada la decisión de primera instancia, conoció de
la impugnación la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia quien,
mediante providencia de mayo 28 de 2002, resolvió confirmar el fallo objeto de
impugnación. Fundamentó su decisión en el respeto a las formas legales y a las
prescripciones constitucionales que se advierten en la decisión de primera
instancia.
4. Revisión por la Corte
Remitida a esta Corporación, la Sala
Séptima de Selección resolvió mediante auto de 8 de julio de 2002 seleccionar
para revisión el fallo de la referencia y acumularlo al expediente T-588805
para que fueran decididos en una sola providencia.
Luego de decretada la nulidad mediante auto
de mayo 9 de 2003, el expediente fue remitido a la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, quien por auto de 22 de mayo de 2003, resolvió
admitir la acción de tutuela instaurada por Luis Roberto Ordóñez y otros contra
los Juzgados 3º, 4º, 5º y 6º del Circuito Laboral de Cali y contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cali. Decidió también vincular como posible
tercero afectado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que se
pronunciara respecto de la acción instaurada.
Por sentencia de junio 4 de 2003, la Sala
de Casación Laboral negó el amparo solicitado. Fundó su decisión en iguales
argumentos a los presentados en la decisión declarada nula por auto de mayo 9
de 2003. Tanto la impugnación presentada por los actores contra esta
providencia, como la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia reprodujeron igualmente en lo sustantivo los argumentos de las
decisiones inicialmente proferidas y anuladas por esta Corporación.
El 19 de agosto de 2003, fue enviado el
expediente de la referencia al despacho del Magistrado sustanciador.
III. EXPEDIENTE T-609961.
El ciudadano Sandro Rivera Sogamoso
interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Pereira con el objeto de que fueran amparados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Hechos
1. Relata el actor que estuvo vinculado al
INPEC como empleado público desde el 13 de agosto de 1993. Señala que en
resolución 00061 del 25 de junio de 1999 fue inscrito en la carrera
penitenciaria. Indica que mediante resolución 006 de 1999 fue inscrito como
vicepresidente de la subdirectiva del sindicato de empleados del INPEC
Dosquebradas –ASEINPEC. Anota que el 12 de julio de 2000 le fue notificada la
resolución 2135, en la cual le informan su retiro del INPEC por inconveniencia
en el servicio.
2. Mediante apoderado judicial, el
ciudadano Rivera Sogamoso presentó acción de reintegro contra el INPEC,
alegando que al momento de ser retirado de su cargo gozaba de fuero sindical y
que, sin embargo, el instituto lo desvinculó sin adelantar el trámite judicial
de rigor.
Correspondió el conocimiento de la demanda
laboral al Juzgado Laboral del Circuito de Desquebradas, quien por sentencia de
abril 26 de 2001, resolvió ordenar el reintegro del actor al cargo que
desempeñaba en el INPEC en la fecha de su desvinculación. Señaló el Juez de
instancia que al momento de la desvinculación, el trabajador estaba cobijado
por la garantía foral. Lo anterior implica que, a su juicio, la entidad debió
recurrir a la justicia ordinaria laboral a fin de que la misma calificara la
justa causa para la terminación del vínculo prevista en el artículo 65 del
decreto 407 de 1994. Ese decreto mediante el cual se establece el régimen de
personal del INPEC, continuó el Juzgado, contempla varias formas de retiro del
servicio de los empleados públicos, una de las cuales es el retiro por voluntad
del director general –previo concepto de la junta de carrera penitenciaria-
cuando considere que su permanencia es inconveniente. Recordó el operador
jurídico que no es objeto de discusión la atribución específica del director de
la entidad penitenciaria de separar del servicio a los trabajadores que
obstaculicen gravemente la adecuada prestación del servicio, tal y como lo
señala el numeral 4º del artículo 48 del decreto 1890 de 1999. Reitera que
tales motivos no son objeto del debate jurídico, ni pueden serlo porque para
ese efecto carece la jurisdicción laboral de competencia, como quiera que los
mismos deben plasmarse en actos administrativos sometidos a discusión ante su
propia jurisdicción.
Recordó que existiendo tales motivos, y una
vez conocido el concepto de la junta, correspondía a la entidad analizar si el
trabajador gozaba de algún fuero especial de estabilidad, tal como el fuero
sindical (art. 39, inc.4º C.P.). Reiteró que, en estas eventualidades, no puede
la administración más que acudir al procedimiento judicial previsto en el
artículo 113 del código de procedimiento laboral, para que el juez de
conocimiento analice la admisibilidad jurídica de la causal. Anotó que el
artículo 1º de la ley 362 de 1997 amplió el amparo foral a esta clase de
servidores y, en consecuencia, el empleador debió iniciar el trámite judicial
pertinente para el levantamiento del fuero sindical.
El INPEC presentó recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia. Señaló para ello que la ley 407 de
1994 concede en su artículo 65 plenas facultades al director general del INPEC
para retirar del servicio a cualquier trabajador cuando su permanencia se
considere inconveniente, previo concepto de la junta de carrera penitenciaria
sin necesidad de agotar trámites como los señalados en la decisión impugnada.
Señaló también que la ley 584 de 2001 contempló algunas excepciones al fuero
sindical, entre las que se cuentan quienes desempeñan cargos de autoridad o
confianza, tal como ocurría con el trabajador Rivera Sogamoso. Finalizó
recalcando que la tesis de extensión del fuero para los miembros de la guardia
penitenciaria contraría la ley y la jurisprudencia.
En fallo del 30 de mayo de 2001, la Sala
Laboral del Distrito Judicial de Pereira revocó la decisión de primera
instancia y, en consecuencia, absolvió al INPEC de las pretensiones del
demandante. Sostuvo para ello que, en reiterada jurisprudencia, esa Sala ha
mantenido que los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que
gozan de fuero sindical, no pueden ser retirados del servicio sólo con
fundamento en la facultad discrecional de retiro por razones de conveniencia
–previo concepto de la junta asesora de carrera- que tiene el director general
de la institución. Por encima de ello estaría, a juicio del Tribunal, la
disposición legal que gobierna el retiro de funcionarios aforados y el deber de
iniciar la acción judicial que corresponde. Para determinar, considera la Sala,
si un trabajador está cobijado por fuero sindical es necesario acudir a las
normas que gobiernan la figura. Es preciso remitirse, continúa el Juez de
instancia, al artículo 362 del código sustantivo del trabajo, subrogado por el
art. 42 de la ley 50 de 1990, parcialmente modificado por la ley 584 de 2000,
el cual dispone que los estatutos de las organizaciones sindicales de
trabajadores deben contener, entre otras cosas, la determinación del número,
denominación, periodo y funciones de los miembros de la directiva central y de
sus seccionales si las tiene. Señaló la Sala laboral que legalmente, entonces,
no puede haber periodos ilimitados, abiertos o indefinidos para la vigencia del
mandato de los directivos sindicales, aunque dicho término no puede ser
inferior a seis meses (art. 360 C.S.T.).
Indicó el Tribunal que, llamó
particularmente su atención el hecho de que entre la elección de la
subdirectiva de la cual dice ser miembro el ciudadano Rivera Sogamoso inscrita
en el registro sindical del Ministerio de Trabajo por resolución 006 de octubre
de 1998 y la fecha en que fue desvinculado como miembro del cuerpo de custodia
y vigilancia de INPEC transcurrieron más de 21 meses “que bien parece
indicar que ya se hubiese superado el tiempo efectivo de duración del amparo sindical
y, por lo mismo, ya no lo estuviese protegiendo” (cuad. 2, fl. 27). Indicó
finalmente que:
Se mira, aunque si efectos definitivos, el
considerable número de miembros de Aseinpec que (…) se han retirado de la
institución (…) diecisiete de los cuales están relacionados en la convocatoria
que se hizo para la elección de la subdirectiva Desquebradas que habría de
celebrarse el 1º de octubre de 1998, bien podría pensarse que para julio 12 de
2000 (fecha de desvinculación del actor) dicha seccional no contaba con el
número de miembros mínimo necesario para su derecho a constituir directiva
seccional (25, según el art. 55 de la ley 50/90) y de ahí la imposibilidad de
elegir nuevas subdirectivas, pues, debe recordarse que estas deben ser elegidas
en asamblea que se lleve a cabo, art. 385 C.S.T, por los menos cada seis meses. (cuad. 2, fl. 28).
Solicitud de tutela
Por intermedio de apoderado, el 3 de mayo
de 2002, el señor Rivera Sogamoso interpuso acción de tutela contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con el objeto
de que fueran protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Advirtió el actor que el
artículo 390 del código sustantivo del trabajo, que establecía que el periodo
de las directivas no podía ser inferior a seis meses, fue declarado inexequible
por sentencia C-797 de 2000. Indicó también que, a partir de tal
pronunciamiento, los sindicatos gozan de autonomía para determinar los periodos
de vigencia de sus directivos. Señaló que, el artículo 385 del C.S.T. se limita
a determinar que las asambleas de las organizaciones deben realizarse por lo
menos cada seis meses, más no obliga a que en las mismas se realice elección de
nuevos directivos. La interpretación dada a la sentencia de control y la
normativa laboral por parte del Tribunal demandado, a juicio del actor, es
absolutamente irrazonable. Resaltó el actor que en un caso igual en lo
relevante, la misma Sala del Tribunal ordenó el reintegro del trabajador
Oliverio Chávez González.
En sentencia de mayo 27 de 2002, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió denegar el amparo.
Fundamentó su decisión en la improcedencia general de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en atención (i) al carácter absoluto de la cosa
juzgada, (ii) a la primacía del principio de autonomía judicial y (iii) a la
sentencia C-543 de 1992, que declaró inexequible el artículo que permitía la
solicitud de amparo contra providencias judiciales. Apelada la decisión de
primera instancia, conoció de la impugnación la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia quien, mediante providencia de mayo 28 de 2002,
resolvió confirmar el fallo objeto de impugnación. Fundamentó su decisión en el
respeto a las formas legales y a las prescripciones constitucionales que se
advierten en la decisión de primera instancia.
Revisión por la Corte
Remitida a esta Corporación, la Sala
Séptima de Selección resolvió mediante auto de 8 de julio de 2002 seleccionar
para revisión el fallo de la referencia y acumularlo al expediente T-588805
para que fueran fallados en una sola providencia.
Mediante auto de mayo 9 de 2003, la Sala
Séptima de Revisión resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en el
proceso T-609961, a partir del auto admisorio de la demanda de tutela. En
consecuencia ordenar que se remita el proceso a la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia a fin de que rehaga el trámite judicial, con la
intervención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (…) una vez
surtido el trámite, volverá a este despacho para seguir con el proceso de
revisión de la decisión de los mismos.
Decisión de instancia
Mediante sentencia de 27 de mayo de 2003,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decidió denegar el
amparo exponiendo iguales argumentos a la sentencia de tutela proferido en el
mismo proceso el 27 de mayo de 2002.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Esta Corte es competente para revisar
los presentes fallos de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos
86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes.
Presentación
de los casos y problemas jurídicos objeto de estudio
2. En los tres expedientes acumulados se
discute la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, con
ocasión de los fallos proferidos en demandas de fuero sindical. En la acción de
tutela presentada por el INPEC, el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral-
ordenó el reintegro de dos trabajadores aforados despedidos sin que la entidad
hubiera iniciado el proceso judicial de rigor. En la petición de amparo elevada
por algunos extrabajadores del IDEMA, los mismos alegan que las decisiones de
los Juzgados Laborales y la Sala Laboral del Tribunal demandados de no acceder
a la petición de reintegro presentada por ellos en tanto que trabajadores
aforados despedidos sin el trámite judicial requerido, vulneró sus derechos
fundamentales. En la acción de tutela presentada por el ciudadano Rivera
Sogamoso, el mismo sostiene que la decisión de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Pereira, en el sentido de revocar la decisión de primera instancia
que ordenó su reintegro al cargo que ocupaba en el INPEC, configuró un defecto
sustantivo. En los tres casos objeto de estudio, los actores coinciden en
afirmar que las decisiones contradictorias que profieren los diversos jueces y
Tribunales Laborales en punto de las acciones de fueron sindical y la
procedencia del reintegro de los trabajadores vulnera su derecho a la igualdad.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, como juez de tutela en los tres casos, resolvió denegar el amparo en
consideración a que la petición de amparo es improcedente contra decisiones
judiciales y a que, en todo caso, el juez es autónomo en la interpretación
jurídico-normativa.
En ese orden de ideas, corresponde a la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional determinar si, de
conformidad con su doctrina sobre el punto, procede la acción de tutela contra
decisiones judiciales en firme. Si la respuesta al anterior interrogante es
afirmativa, deberá establecer si las decisiones de los Juzgados y Tribunales
demandados vulneraron los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y,
en ese sentido, el derecho a la unificación jurisprudencial, con sus
providencias. Para responder a este interrogante, la Sala (i) reiterará su
jurisprudencia respecto de la procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, (ii) analizará cuál es el alcance de la autonomía
interpretativa del juez y si dicha autonomía le permite variar su
jurisprudencia, (ii) recordará cual ha sido la posición de esta Corporación
respecto del cambio de postura en los tribunales. Para tal efecto, deberá
considerar el alcance del precedente en términos horizontales y cuál es el
alcance del precedente vertical (iv) estudiará cómo ha afrontado la
jurisprudencia el problema de la existencia de dos interpretaciones
contradictorias de una misma disposición y cómo ha establecido cuál resulta
constitucionalmente admisible. En último lugar (v) determinará si los jueces
demandados vulneraron en sus providencias los derechos fundamentales de los
actores en las tutelas bajo estudio.
Causales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
Como ya ha sido reiterado por esta Corte en
numerosas oportunidades[3],
la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es
proteger los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular
dadas ciertas condiciones (Art. 86 C.P)  No escapan a esta posibilidad de
lesión las decisiones que toman los jueces en su cotidiana labor de resolver
los casos puestos en su conocimiento y, por ello, esta Corporación ha señalado
en reiteradas oportunidades que, dadas ciertos defectos en los fallos, procede
el amparo constitucional:
“a partir de la propia jurisprudencia de la
Corte Constitucional que pueden identificarse diversas situaciones genéricas de
violación de la Constitución por la vía de la vulneración de los derechos
fundamentales con ocasión de actuaciones de las autoridades judiciales. Estas
circunstancias disfuncionales son las que permiten hablar de la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales (autos y sentencias) como
conductas de las autoridades públicas.” [4]
La condición necesaria, común a los
diferentes supuestos es, entonces la violación o amenaza de derechos
fundamentales que amerite la mediación del juez constitucional para neutralizar
los efectos de la decisión judicial en cuestionada.
Uno de los supuestos de procedibilidad de la acción de
tutela es la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales
cuya causa sea el desconocimiento de normas de rango legal. Tal desatención
puede configurar tres tipos de defectos: sustantivo –categoría en la cual se
enmarca la falta de aplicación de las sentencias con efectos erga omnes-,
orgánico y procedimental. Muchos de los mencionados defectos presentes en las
decisiones judiciales son una conjunción de las hipótesis mencionadas, y en
determinadas ocasiones, es casi imposible definir los contornos entre unos y
otros. A manera de ejemplo, el desconocimiento de la ley aplicable al caso
concreto debido a una interpretación caprichosa (sin el fundamento
argumentativo adecuado) o arbitraria (sin justificación alguna) de la
normatividad, muy seguramente dará lugar a la vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de (i) la actividad hermenéutica antojadiza del
juez (defecto sustantivo) y (ii) de la denegación del derecho al acceso a la
administración de justicia que tal entendimiento de la normatividad genera
(defecto procesal).
El segundo supuesto está relacionado con los graves
inconvenientes que afectan el soporte fáctico de los procesos. Puede
configurarse debido a la falta de decreto y práctica de pruebas, por la
equivocada interpretación de las mismas o por la asunción como elementos de
juicio de pruebas nulas de pleno derecho. Se le denomina a este error, defecto
fáctico.
La tercera hipótesis da cuenta de las decisiones que
aunque son adoptadas con respeto pleno de la normatividad aplicable y valorando
de manera razonable todas las pruebas allegadas al proceso, vulneran gravemente
los derechos fundamentales, por causa que no le es imputable al juez de
conocimiento. Esto sucede cuando, pese a la diligencia y la pericia jurídica
del juzgador, otras instancias públicas poseedoras de información vital para
alguna de las partes no la allegan al proceso cuando es requerida. Esta omisión
–no imputable al operador jurídico- lo lleva a comprometer de manera grave
derechos fundamentales. Se denomina a este supuesto, defecto por consecuencia.
En cuarto lugar, procede la acción de tutela contra
las providencias judiciales cuando la decisión que en ellas se adopta carece de
fundamentación adecuada y suficiente (razonable) y cuando desconoce el
precedente judicial –especialmente el que la Corte Constitucional ha sentado en
la materia-.De otro lado se encuentran las decisiones judiciales que vulneran
directamente la Constitución y que, como consecuencia de ello, menoscaban de
manera grave los derechos fundamentales de las partes. Esto ocurre cuando se
presentan las siguientes hipótesis: (i) que el juez realice una interpretación
de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y (ii) que el juez
se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el
cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales y que,
además, su declaración ha sido solicitada expresamente por una de las partes.
Ahora bien, la Sala resalta que el presupuesto básico
para la procedencia del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a
un derecho fundamental, en ese sentido puede anotarse que las causales
genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben
estar necesariamente relacionadas con la vulneración de derechos de este tipo,
lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la
concurrencia de una de los supuestos genéricos arriba señalados –que bien
podrían ser subsanadas a través de los mecanismos y recursos ordinarios- es
necesario también, que tal defecto en la providencia vulnere derechos
fundamentales (Art. 86)
En este sentido debe ser entendida la relación que
guardan los principios de autonomía judicial (Art. 246) y primacía de los
derechos fundamentales (Art. 2). Las normas constitucionales no tienen la
estructura de reglas que se excluyen de manera absoluta y que fungen como
premisa mayor autoevidente en la elaboración de silogismos jurídicos. Por el
contrario, la estructura abierta y elástica de tales preceptos vincula al
operador jurídico con la obligación, no de encontrar una única solución al caso
concreto como conclusión necesaria de una deducción, sino de realizar una labor
hermenéutica de ponderación entre las normas en conflicto y justificar,
mediante la fundamentación razonable de la decisión, cómo se concilian aquellos
enunciados o cómo con la solución propuesta se menoscaba en menor medida el
principio que resulta derrotado. Uno de los mecanismos para conservar la
integridad del principio de autonomía judicial frente a la posibilidad de
tutela contra sentencias judiciales es el carácter excepcional de este tipo de
amparo, al condicionar su procedibilidad a la configuración de alguno de los
cinco defectos genéricos arriba mencionados.
El carácter vinculante de la jurisprudencia
constitucional
La actividad judicial supone la interpretación
permanente de, entre otras cosas, disposiciones jurídicas. Ello implica que al
funcionario corresponde determinar en cada proceso la norma que se aplicará al
caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener y tienen
comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y
derivan de ella, por esta razón, efectos disímiles. Frente a esta situación,
que además es entendida como correlato necesario de la autonomía judicial, el
sistema jurídico ha previsto la figura del precedente, bajo el supuesto de que
la independencia interpretativa es un principio relevante pero que se encuentra
vinculado por el respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y
por otras prescripciones constitucionales que fijan criterios para la
interpretación del derecho.
La Corte ha señalado que, con el fin de garantizar un
mínimo de seguridad jurídica a los ciudadanos, los funcionarios judiciales se
encuentran vinculados en sus decisiones por la norma jurisprudencial que para
el caso concreto ha dictado el órgano unificador[5].
Para la mayoría de asuntos, la interpretación que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinada por la Corte Suprema de Justicia. En los asuntos que
no son susceptibles de casación, quienes se encargan de dictar la pauta
hermenéutica en materia judicial son los Tribunales Superiores de Distrito.
Ahora bien, dos problemas surgen en estas hipótesis: (i) ¿cuál es el órgano
encargado de unificar la jurisprudencia de los Tribunales si no hay relación
jerárquica entre ellos? Y (ii) ¿cómo opera la figura del precedente para las
diferentes Salas del mismo Tribunal?
Al primer interrogante es posible responder
constatando que, cuando el asunto es susceptible de casación y el órgano que
ocupa el punto más alto en la jurisdicción ordinaria se ha pronunciado sobre el
mismo, el juez debe aplicar la Subregla sentada jurisprudencialmente. En estos
casos la autonomía judicial se restringe de manera radical. Por lo tanto, el
operador jurídico, acatando el principio stare deciris, sólo podrá
apartarse del precedente si demuestra que los supuestos de hecho son
radicalmente diferentes a los que regula la norma jurisprudencial[6]. Ha dicho la Corte al
respecto:
“Ahora bien, este sometimiento a las
decisiones de los altos tribunales, salvo en materia constitucional cuya
doctrina es obligatoria[7],
no puede entenderse de manera absoluta, pues con ello se anularía por completo
el principio de autonomía judicial y, además, la jurisprudencia se tornaría
inflexible frente a los cambios sociales. De ahí que sea imperioso admitir, que
en los eventos en que el precedente sea aplicable para solucionar el caso, el
juez está autorizado, mediando una debida y suficiente justificación, para
apartarse de la posición del órgano superior, cuando existan elementos de
juicio no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan
desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica[8]”.[9]
Si el proceso no tiene casación, el
análisis a realizar es diferente. Los asuntos que no son susceptibles de
casación, carecerían de una instancia que unifique los criterios de conformidad
con los cuales debe interpretarse la normatividad. Podría objetarse que los
tribunales superiores son la cúspide de los diversos distritos judiciales y
que, en consecuencia, cumplen la función de unificación jurisprudencial. Serían
entonces ellos los encargados de desatar los diversos dilemas interpretativos,
fijando para ello criterios ciertos y precisos. Es claro, entonces que en las
amplias áreas del derecho que por diversas razones no son susceptibles de
unificación vía casación, la función unificadora, como condición necesaria para
salvaguardar el derecho constitucional a la igualdad, deber ser asumida
funcionalmente por estos entes. ¿Qué ocurre, entonces, cuando los diversos
tribunales de distrito asumen posturas hermenéuticas contrapuestas frente a
situaciones que implican un serio compromiso de derechos fundamentales de los
ciudadanos?[10]
Compete en estos supuestos al Juez
Constitucional analizar, a la luz de la Carta Política, si las interpretaciones
atacadas vulneran derechos fundamentales de las partes en el proceso de tutela.
Es decir, si los peticionarios alegan que la posición hermenéutica de un
operador judicial respecto de una disposición normativa, es manifiestamente
contraria o restrictiva de sus derechos fundamentales, corresponde al juez de
tutela determinar si una o más interpretaciones vulneran garantías básicas en
el caso concreto. En este sentido será la interpretación que esté más acorde
con la Norma Fundamental la que debe ser adoptada y aplicada por los
funcionarios judiciales.
Respecto de la segunda pregunta, la
jurisprudencia constitucional ha anotado que las diferentas Salas de los
Tribunales están atadas a sus decisiones anteriores[11]. En consecuencia, si
pretende apartarse de sus precedentes debe probar al menos que (i) la Subregla
sentada en los casos anteriores no es aplicable al supuesto bajo estudio o (ii)
que va a apartarse de la ratio decidendi, lo cual requiere una
justificación adecuada y suficiente de las razones por las cuales no va a
aplicar el precedente[12].
Dijo la Corte sobre el punto:
“Para efectos de separarse del
precedente por revisión son necesarios dos elementos. De una parte referirse al
precedente anterior y, por otra, ofrecer un argumento suficiente para el
abandono o cambio. El primer requisito es respuesta al principio de
interdicción de la arbitrariedad, pues sólo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia. El ciudadano tiene derecho a
que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad,
pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex
novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas
legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de
manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de
discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí,
producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido
rationes decidendi, que los ciudadanos legítimamente siguen.
A partir de la referencia al precedente
anterior, es posible entrar a ofrecer argumentos suficientes que justifiquen su
abandono o revisión. No se trata, en este orden de ideas, simplemente de
ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta indispensable demostrar
que los argumentos que soportan el precedente no son válidos, suficientes,
correctos, etc. El juez tiene la obligación de motivar sus decisiones. Ello
implica el justificar su postura frente a otras consideraciones que han sido
base de decisiones anteriores. Sólo este proceso permite superar la barrera que
el derecho a la igualdad impone en la aplicación e interpretación del derecho.
Sin dichas razones, el cambio de jurisprudencia será simplemente la
introducción de un acto discriminatorio, incompatible con la Constitución. En
el fundamento 10 b) de esa sentencia se han presentado razones que hacen válido
y admisible el cambio o separación del precedente”[13]
En suma, prima facie, los
funcionarios judiciales están vinculados por la obligación de aplicar el
precedente sentado por los órganos encargados de unificar jurisprudencia. No
obstante, si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonomía
judicial, pesa sobre los mismos una carga de argumentación más estricta. Es
decir deben demostrar de manera adecuada y suficiente las razones por las
cuales se apartan. Igual consideración es extensible al precedente sentado al
interior de los Tribunales por sus diferentes Salas de decisión. No ocurre lo
mismo cuando la discrepancia se presenta entre los Tribunales como órgano
unificador de determinados asuntos en sus distritos judiciales. Si respecto de casos
iguales en lo relevante los diversos Tribunales dictan providencias
contradictorias no es posible acudir al criterio de precedente horizontal, por
cuanto no hay relación jerárquica entre ellos. Se cumple de esta manera con una
de las tareas encomendadas por la Carta Superior al Tribunal Constitucional: la
unificación jurisprudencial en materia de derechos fundamentales.
En el caso bajo estudio dos de los cargos
planteados por los demandantes señalan que la vulneración de derechos
fundamentales se originó debido a la ausencia de instancia unificadora en la
jurisdicción laboral en materia de fuero sindical. Por tal razón, la Corte
pasará a recordar cuál ha sido su doctrina en punto de la garantía foral de
ciertos trabajadores sindicalizados, para en último lugar, determinar si las
providencias atacadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por los
actores.
El derecho de asociación sindical y la
figura del fuero
El artículo 39 superior consagra el derecho
de los representantes sindicales al fuero y a las demás garantías necesarias
para su gestión. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, además, la
protección reforzada de las directivas de las organizaciones de trabajadores es
un derecho fundamental, en defensa de la institución sindical. Lo anterior bajo
el supuesto de que estos trabajadores son los encargados de gestionar y
plantear conflictos laborales con el empleador, lo que los hace objeto de
eventuales discriminaciones y despidos. La garantía foral pretende, entonces,
que los directivos sindicales puedan adelantar libremente las funciones
asignadas legal y constitucionalmente, sin que ello implique la exposición a
represalias por parte de la directiva patronal.
Ha reiterado esta Corporación en múltiples
oportunidades, que la relevancia de la figura del fuero sindical está en
relación de conexidad necesaria con la protección especial que la Constitución
prevé para las asociaciones sindicales. Por cuanto las mencionadas
organizaciones tienen a su cargo la defensa y promoción de los intereses de sus
afiliados, el sistema jurídico ha diseñado las herramientas necesarias para que
el ejercicio de la actividad sindical no devenga ilusoria debido a la posición
dominante de los empleadores frente a los empleados. La Corte ha señalado al
respecto:
“(L)a institución del fuero sindical es una
consecuencia de la protección especial que el Estado otorga a los sindicatos
para que puedan cumplir libremente la función que a dichos organismos compete,
cual es la defensa de los intereses de sus afiliados. Con dicho fuero, la Carta
y la ley, procuran el desarrollo normal de las actividades sindicales, vale
decir, que no sea ilusorio el derecho de asociación que el artículo 39 superior
garantiza; por lo que esta garantía mira a los trabajadores y especialmente a
los directivos sindicales, para que estos puedan ejercer libremente sus
funciones, sin estar sujetos a las represalias de los empleadores. En
consecuencia, la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el
traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, se perturbe
indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos.”[14]
Respecto del derecho a constituir
asociaciones sindicales por parte de los empleados públicos, esta Corte ha
enfatizado que tal tipo de vinculación con el Estado no restringe la potestad
de estos funcionarios de formar organizaciones de trabajadores[15]. En ese sentido, al
igual que todos los sindicatos, el que conforman los empleados públicos tienen
derecho a inscribir sus actas de creación (lo cual les otorga reconocimiento
jurídico) y a elegir libremente sus representantes, los cuales gozarán fuero
sindical y las demás garantías que la constitución y la ley contemplan para el
normal desarrollo de sus funciones sindicales[16].
A continuación, la Sala recordará brevemente cuál ha sido el desarrollo legislativo
de la figura del fuero, en general y del fuero de empleados públicos, en
particular.
El código sustantivo del trabajo, en su
artículo 405, define al fuero sindical “la garantía de que gozan algunos
trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de
trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el Juez del
Trabajo". El artículo 24 del decreto  2351 de 1965 precisó cuáles eran
los miembros del sindicato que gozaban de la garantía foral. Posteriormente, la
ley 584 de 2000, que modificó el artículo 406 del Código Sustantivo del
Trabajo, el cual a su vez fue subrogado por la ley 50 de 1990, dispuso en su
artículo 57, literal b) que tal prerrogativa cobija a los miembros de la
junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación
de sindicatos, y los miembros de los comités seccionales. De igual manera, el
parágrafo 1° del mismo artículo, señaló que los servidores públicos que ejercen
jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración
no gozan de la garantía del fuero sindical[17].
Ahora bien, en punto de las implicaciones
de esta especial protección de la actividad sindical que supone el fuero de sus
representantes, aunque tal institución fue consagrada legalmente en Colombia
desde la década de los 40[18],
con la Constitución de 1991, se elevó a rango superior y se amplió su margen de
amparo. La Carta además, mediante la figura del bloque de constitucionalidad
del artículo 93 Superior, incorporó las garantías que sobre la materia
contemplan los convenios internacionales:
“Para definir el contenido y alcance de la
protección constitucional que se deriva del artículo 39 de la Carta procede
recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos
Humanos y el Protocolo de San Salvador, estipulan i) que toda persona tiene
derecho a asociarse libremente y a constituir sindicatos en defensa de sus
intereses, ii) que, para el efecto, los trabajadores deben gozar de total
libertad de elección, iii) que los requisitos para fundar e ingresar a un
sindicato solo pueden ser establecidos por la propia organización, iv) que la
ley puede establecer restricciones al derecho de asociación sindical en interés
de la seguridad nacional y en defensa del orden público, y iv) que los Estados
Partes, que a su vez son miembros del Convenio de la Organización Internacional
del Trabajo, no pueden adoptar medidas legislativas que menoscaben la libertad
sindical y el derecho a la sindicalización (La Declaración Universal de
Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, los Pactos Internacionales de
Derechos Civiles y Políticos, Económicos Sociales y Culturales fueron abiertos
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, mediante resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, la
Convención Americana de los Derechos Humanos fue adoptada por la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos reunida en San José el 22
de noviembre de 1969, -Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972 respectivamente.)
La ampliación de la figura del fuero
sindical, no tuvo repercusiones tan sólo en punto de la estabilidad laboral de
los beneficiados con el mismo, sino también de la categoría de trabajadores que
tienen la posibilidad de asociarse en sindicatos. Al incluir el artículo 39
Superior el cuantificador universal “todos” para determinar la categoría de
trabajadores pasibles de sindicalización, con las excepciones ya mencionadas,
impuso también la carga a todos los empleadores de someter a calificación
judicial la decisión de desmejorar las condiciones laborales o despedir a los
miembros aforados del sindicato[19].
Esta calificación judicial[20] es una de las
características definitorias de la figura del fuero sindical. En ese sentido,
corresponde al operador jurídico determinar si se configuró o no la justa causa
del despido, traslado o desmejora en el caso concreto[21]. Cualquier decisión de
las anteriormente mencionadas que adopte el patrono, sin que medie para ello
autorización del juez del trabajo, constituye vulneración de los derechos a la
asociación sindical y al debido proceso, entre otros. Esta infracción de las
garantías básicas puede, si se configuran las causales de procedibilidad, ser
planteada al juez constitucional mediante la acción de tutela.
Ahora bien cuando el empleador despide,
traslada o desmejora a un trabajador aforado, sin que medie autorización
judicial, el trabajador puede acudir a la jurisdicción laboral en acción de
reintegro. Corresponde al operador judicial, en esta hipótesis, determinar si
el patrono estaba obligado a solicitar permiso judicial para el despido, y si
el mismo cumplió con tal deber.
Señaló esta Corporación que, en punto del
despido de trabajadores aforados, debe distinguirse el objeto de las dos
acciones en mención. Es decir si el patrono presenta demanda de levantamiento
de fuero sindical, al juez de conocimiento corresponde verificar la ocurrencia
de la causal alegada como justa para el despido y la legalidad de la misma. En
cambio, si es el trabajador que dice estar cobijado por el beneficio foral
quien plantea la acción de reintegro, al juez laboral corresponde definir no la
legalidad de la causa alegada para la desvinculación, sino del incumplimiento
por parte del empleador del requisito de la solicitud judicial.[22]
Una vez repasadas las características de la
institución del fuero sindical, pasará la Corte a determinar si, en los casos
bajo estudio tanto el INPEC, como el IDEMA –en liquidación- debieron solicitar
calificación judicial del despido de los trabajadores desvinculados.
La
garantía del fuero sindical: el caso de los guardianes del INPEC
El artículo 39 Superior expresamente
proscribe la posibilidad de constituir asociaciones sindicales por parte de los
miembros de la fuerza pública. En principio, y descendiendo al caso bajo
estudio en esta providencia, los miembros de la guardia del INPEC comparten
ambas características. Es decir, son empleados públicos, pues tienen un vínculo
legal y reglamentario con el Estado establecido por medio de una carrera
administrativa especial. La segunda particularidad, ser miembros de la fuerza
pública y no gozar por tal razón de derecho a la asociación sindical, habrá de
ser definida de conformidad con lo prescrito sobre el punto en la ley y la
jurisprudencia constitucional.
La ausencia de ente unificador de jurisprudencia
respecto de la institución del fuero sindical y la existencia de decisiones
contradictorias por parte de los diferentes Tribunales de Distrito Judicial – y
hasta de las Salas de un mismo Tribunal- motivó la solicitud de revisión de los
casos bajo estudio por parte del INPEC y del ciudadano Rivera Sogamoso
–desvinculado de tal institución. El ente estatal enfatiza que, ante la
convivencia de fallos que, frente a supuestos de hecho iguales en lo relevante
y con fundamento en las mismas normas toman decisiones contradictorias, la
garantía de seguridad jurídica en sus actuaciones se anula. Es decir, el
derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley, del cual es
titular, es vulnerado en tanto no hay certeza de si la decisión de no solicitar
autorización judicial para despedir a un trabajador que la institución
considera no aforado es o no ilegal. De igual manera, el ciudadano Rivera
Sogamoso considera que su derecho a la igualdad ha sido vulnerado por cuanto algunos
de sus compañeros, en la misma situación que él, han sido reincorporados a sus
cargos por orden judicial. No obstante, según enfatiza, sin que medien razones
para ello, el Tribunal que conoció de su acción de reintegro resolvió denegar
sus pretensiones. Por tal razón y atendiendo a la necesidad de unificar
criterios en esta materia, la Corte procederá a reiterar su doctrina respecto
de los trabajadores aforados del INPEC.
1.
En la sentencia T-076
de 1998[23],
la Corte señaló que, de conformidad con el artículo 18 de la ley 362 de 1997,
corresponde a la jurisdicción laboral conocer los conflictos que se susciten
con ocasión del fuero sindical de los empleados públicos. En este sentido, pese
a que el INPEC goza de la facultad discrecional de trasladar su personal de
manera discrecional, pesa sobre él como empleador, el deber de someter a
calificación laboral las decisiones que en este sentido adopte respecto de los
funcionarios aforados. Si, no obstante lo anterior, realiza estos actos sin
adelantar el proceso judicial de rigor vulnera los derechos fundamentales del
empleado. Si además, pesa sobre el trabajador la posibilidad de sufrir un
perjuicio irremediable con ocasión de dicha decisión, procede la acción de
tutela como mecanismo transitorio de amparo de sus garantías básicas.
2.
En la sentencia T-1061
de 2002, la Corte enfatizó que no existe duda respecto de la garantía foral que
gozan las directivas del sindicato del INPEC. Sustentó la anterior información
tanto en el artículo 39 constitucional, como en el artículo 147 del decreto
1572 de 1998,  reglamentario de la ley 443 de 1998, de conformidad con el cual,
para el retiro de cualquier empleado de carrera amparado con fuero sindical,
debe solicitarse autorización judicial. Señaló que, no obstante el artículo 12
la ley 584 de 2000 determinó que están exceptuados de la garantía foral los
servidores que ejercen jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de
dirección o administración, es el juez laboral al momento de calificar la justa
causa del despido quien definirá si el funcionario hace parte de esta categoría
excluida. Anotó también que los miembros de la guardia de esta entidad no hacen
parte de las fuerza armadas (sin derecho a la asociación sindical por mandato
del artículo 39 constitucional). Recordó que el artículo 216 Superior establece
que la fuerza pública estará integrada exclusivamente por las fuerzas militares
y la policía nacional, lo cual excluye de plano al la guardia del INPEC.
Concluyó la Sala que: “No tramitar
previamente una autorización judicial para despedir al trabajador aforado es
una omisión que genera una vulneración al debido proceso y a los derechos de
asociación, libertad y fuero sindical. Si el empleado se vio obligado a
demandar mediante acción de reintegro, el juez laboral debe ordenarlo si la
prueba da lugar a ello, o, como se determinó en la sentencia T-731/01 (M:P:
Rodrigo Escobar) anular el fallo, lo cual no impide que el empleador inicie la
acción de levantamiento del fuero, siempre y cuando no haya prescrito la
acción. La decisión pertinente  depende del caso concreto”.
3.     En la sentencia T-012 de 2003 esta Corporación recordó que el
artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1994 reconoce en cabeza del director general
del INPEC la potestad de retirar en cualquier tiempo  a los oficiales, suboficiales, dragoneantes y
distinguidos del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria
nacional, (i) a voluntad, (ii) en cualquier tiempo, (iii) cuando su permanencia
se considere inconveniente, (iv) previo concepto de la Junta de Carrera
Penitenciaria. No obstante el amplio margen de discrecionalidad que tiene el
director para desvincula a sus funcionarios, la jurisprudencia ha señalado los
criterios para que tal procedimiento esté de acuerdo con los mandatos
constitucionales. La sentencia C-018 de 1996, declaró exequible de manera
condicionada el mencionado artículo 65, bajo el entendido de que se debía
garantizar el derecho de defensa al trabajador. De igual manera, la potestad
del funcionario en mención, no deroga ipso jure las prescripciones
constitucionales y legales que gobiernan la institución del fuero. Concluyó la
corte que además de solicitar el concepto favorable de la Junta Asesora
de Carrera Penitenciaria y de garantizar el derecho de defensa del trabajador,
debe la entidad gestionar la autorización judicial pertinente ante la
jurisdicción laboral, salvo cuando la ley permite específicamente que el retiro
se haga sin la previa calificación judicial.
4.
En la sentencia T-603
de 2003 la Corte precisó que las recomendaciones del comité de libertad
sindical de la OIT son vinculantes en el ámbito interno. Por tal razón, frente
al despido de varios trabajadores que formaban parte de la junta directiva del
sindicato del INPEC, sin que mediara autorización judicial y existiendo
recomendación del comité sugiriendo la reincorporación de los mismos, esta
Corporación consideró que la tutela era el único medio de defensa judicial para
hacer cumplir las recomendaciones. Ordenó, en consecuencia a la institución a
reincorporar a los trabajadores desvinculados.
5.
En la sentencia T-670 de 2003[24], la Corte reiteró que
la exclusión de la garantía de asociación sindical que contempla el artículo
216 Superior –excepción de origen constitucional- no cobija a los miembros de
la guardia del INPEC. Recordó que, luego de la declaratoria de inexequibilidad
del artículo 409 del código sustantivo del trabajo –excepción de origen legal-
y hasta la entrada en vigencia de la ley 584 de 2000, que en su artículo 12
contempla las exclusiones al derecho de fuero sindical, no existía en el
ordenamiento jurídico colombiano una excepción  a esta institución para los servidores
públicos que ejerciesen jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de
dirección o administración. Indicó igualmente que el mencionado artículo 12 (i)
no se aplica de manera retroactiva, que entre la fecha de declaratoria de
inexequibilidad y la entrada en vigencia de la ley 584 de 2000, (ii) no hubo
restricción de la figura del fuero sindical respecto de los cargos contemplados
en el artículo 12 de la misma normatividad y que, en todo, caso, (iii)
corresponde al juez laboral calificar si el trabajador está en esta categoría
de excluidos.
Resaltó la
Sala que: “En síntesis, encuentra la Corte que, (i) para mayo de 2000 los
trabajadores sindicalizados del INPEC gozaban de la garantía del fuero sindical
en las condiciones previstas en la ley; (ii) por tal razón, para desvincular a
un empleado del INPEC amparado por fuero sindical se requería no solo el
concepto favorable de la Junta Asesora de Carrera Penitenciaria, sino, además,
previa calificación judicial, y (iii) la exigencia de la previa calificación
judicial no resulta aplicable cuando se trate de la desvinculación de un
empleado por haber participado activamente o persistido en un cese ilegal de
actividades, y después de haber adelantado un proceso individualizado de
análisis de la conducta del trabajador para que éste pueda defenderse”.
6.
En la sentencia T-812
de 2003 esta Corporación recordó que los directivos sindicales adscritos al
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, tienen derecho a gozar de la
garantía foral. Enfatizó que incurre en vía del hecho el juez laboral que no
ordena el reintegro de uno de estos empleados cuando se dan los presupuestos
constitucionales y legales para hacerlo.
7.
En la sentencia T-853
de 2003, la Corte reiteró que de conformidad con las prescripciones
constitucionales y legales, los empleados públicos tienen derecho al fuero
sindical. La excepción a tal norma son los miembros de la fuerza pública y de
los que ejercen jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o
administración.  Por lo tanto, tal como lo dispone el artículo 147 del Decreto
1572 de 1998, para el retiro del servicio de empleados de carrera con fuero
sindical, por cualquiera de las causas contempladas en la ley, debe previamente
obtenerse la autorización judicial correspondiente. Sólo de esta manera es
legítima la decisión administrativa de retirar a un servidor público aforado.
Enfatizó que: “(los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia del INPEC) están amparados por el artículo 39
constitucional y, como se vio, por el desarrollo legal y reglamentario del
fuero sindical.  Las excepciones al amparo del fuero no concurren pues: a. No
hacen parte de la fuerza pública ya que, según disposición constitucional expresa
-artículo 216-, ella está integrada en forma exclusiva por las fuerzas
militares y la policía nacional y los empleados del INPEC no hacen parte ni de
aquellas ni de ésta. b. No ejercen jurisdicción ya que esta es una atribución
privativa de las autoridades judiciales y sólo por autorización constitucional
puede ser ejercida por el legislador o por precisas autoridades
administrativas.  Tampoco ejercen autoridad civil o política, pues no están
dotados de poder de decisión y de coerción para imponer sus decisiones, ni
administran recursos técnicos y financieros con miras a ello. Menos aún,
ejercen cargos de dirección o administración, pues no están llamados a trazar
políticas relacionadas con el manejo de la entidad para la que laboran.
8.
En suma, la Corte
Constitucional ha desarrollado una doctrina constante respecto del derecho al
fuero sindical en general, y en particular el de los representantes del
sindicato del INPEC. En ese sentido, dado el carácter vinculante de la
jurisprudencia constitucional en materia de interpretación de derechos
fundamentales, tanto los operadores judiciales como los directivos del INPEC
deben ceñirse a las reglas jurisprudenciales que al respecto ha desarrollado
esta Corporación.
La conclusión que puede inferirse de las providencias
reseñadas es que (i) los miembros de la directiva del sindicato del INPEC gozan
de la garantía foral; (ii) para que estos funcionarios puedan ser despedidos,
trasladados o desmejorados, además de cumplir con las normas generales del
debido proceso en estos casos, debe solicitarse autorización judicial; (iii) la
jurisdicción laboral ordinaria es la competente para conocer de los conflictos
generados con ocasión del fuero sindical; (iv) si un trabajador que dice ser
aforado es despedido sin previa calificación judicial, la competencia del juez
laboral en la acción de reintegro planteada por el empleado, se contrae a
determinar si el patrono debió iniciar proceso judicial de levantamiento de
fuero; (v) si el juez laboral, durante la acción de reintegro hace
consideraciones adicionales respecto de la legalidad del despido y, aun
concurriendo los criterios aquí señalados, niega la petición de reíntegro al
trabajador, se configura una causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales por defecto sustantivo; (vi) vulnera además el
derecho al fuero sindical de los trabajadores afectados por el despido.
Despido
de trabajadores aforados del IDEMA: el caso de las empresas en liquidación
Igual consideración puede extenderse a los
extrabajadores aforados del IDEMA. Existen pronunciamientos encontrados por
parte de los diversos Tribunales respecto de la obligación del empleador –en
liquidación- de iniciar proceso de levantamiento de fuero sindical como condición
necesaria para proceder al despido. La Corte Constitucional ha señalado sobre
el punto que cuando un trabajador aforado presenta acción de reintegro, el juez
laboral debe limitarse a constatar si el empleador debió pedir despido judicial
para proteger al despido. Es decir no se trata en estas hipótesis de si el
Tribunal interpretó o no de manera adecuada la legislación respecto de las
justas causas para el despido, sino de que los jueces en estas acciones
presentadas por los trabajadores no se pueden pronunciar de fondo sobre la
legitimidad de las razones para despedir al empleado.
Si, por ejemplo, el operador judicial
determina durante la acción de reintegro que en los casos de reestructuración
de entidades del Estado no se requiere permiso judicial previo para suprimir
los cargos de los empleados públicos o trabajadores oficiales con fuero
sindical, ya que existe un acto administrativo que goza de la presunción de
legalidad, y que, en esa medida, existiendo un fundamento legal, como justa
causa para el despido, no le corresponde entrar a pronunciarse sobre el
presunto incumplimiento de la garantía del permiso judicial previo, está
excediendo su competencia[25].
Precisó esta Corporación que aunque, prima
facie, la Administración mediante la decisión válida de las autoridades
competentes reestructurar, liquidar las entidades públicas y, en ese sentido,
suprimir cargos ocupados por trabajadores aforados, ello no implica que esta
calificación de legalidad del despido pueda hacerla sin que medie permiso
judicial. Al respecto recordó la Sala que:
“Precisamente, el objeto de la
solicitud judicial previa al despido es la verificación de la ocurrencia real
de la causal alegada y la valoración de su legalidad o ilegalidad. En cambio,
el objeto de la acción de reintegro es diferente. Se trata, en ésta última, de
analizar si el demandante estaba obligado a solicitar el permiso judicial, y si
dicho requisito efectivamente se cumplió.
Esta distinción entre el objeto de cada uno
de los dos procesos resulta fundamental, pues si el juez que conoce la acción
de reintegro por fuero sindical entra a calificar directamente la legalidad del
despido, o del retiro del servicio, y no se pronuncia sobre el incumplimiento
del requisito de la solicitud judicial previa, dicha garantía no tendría ningún
sentido. En tal caso, el empleador podría despedir o retirar del servicio
libremente al trabajador aforado, sin que ello comportara ilegalidad alguna.
En esa medida, el desconocimiento del
objeto de cada uno de los procedimientos implica una vulneración del derecho al
debido proceso. En efecto, conforme lo establece el artículo 29 de la
Constitución, “[n]adie podrá ser juzgado sino ... con observancia de las
formalidades propias de cada juicio” Así, si en la sentencia que finaliza el
procedimiento especial de acción de reintegro, el juez se pronuncia acerca de
la legalidad del despido o el retiro del servicio, se produce un desfase entre
la decisión adoptada y el procedimiento surtido.  Un ejemplo de dicha situación
se ve claramente cuando el trabajador, a pesar de creerlo, no está realmente
cobijado por el fuero sindical, pero ha sido despedido de manera ilegal. Si el
juez se pronuncia acerca de la legalidad del despido en la acción de reintegro,
estaría profiriendo una decisión que puede desmejorar la situación procesal del
demandante, en la medida en que el demandado puede alegar la existencia de una
cosa juzgada cuando intente nuevamente la demanda para obtener un
pronunciamiento sobre la ilegalidad del despido. En ese caso, el procedimiento
mediante el cual se debe establecer la ilegalidad del despido o del retiro no
es el procedimiento especial y expedito de diez (10) días de la acción de
reintegro, sino un proceso ordinario laboral o, en otros casos, una acción ante
la jurisdicción contencioso administrativa.
Cada proceso supone el seguimiento de una
serie de etapas y la existencia de un conjunto de garantías y facultades
procesales determinadas y estructuradas de manera razonable, para cumplir un
determinado objetivo”[26]
En los casos de liquidación de empresas,
cuando pese a la incuria del patrono, y la decisión favorable al trabajador en
la acción de reintegro, se hace jurídicamente imposible la reincorporación del
empleado, será mediante un proceso ordinario laboral, en el cual intervenga el
trabajador, que habrá de determinarse la admisibilidad de la causal alegada por
la entidad. El juez laboral debe entonces determinar si, de hecho, la
reincorporación no es posible y la consecuente indemnización a que tiene
derecho el trabajador a título de indemnización. Se configura entonces causal
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por
defecto sustantivo cuando el funcionario judicial, con el argumento de la
liquidación o reestructuración de una entidad pública, omite condenar a la
misma al reintegro de quienes fueron despedidos o desmejorados sin que medie
autorización del juez laboral. Lo que  es admisible en estas hipótesis es
ordenar el reintegro y trasladar a la entidad -que haga las veces de la entidad
extinta- la carga de demostrar la imposibilidad de su cumplimiento, a fin de
que el trabajador afectado pueda oponerse a la providencia.
En relación con el caso particular de los
extrabajadores aforados del IDEMA, la sentencia T-029 de 2004, recordó que:
El Presidente de la República, en ejercicio
de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 30 de la Ley 344 de
1996[27],
“suprimió el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Empresa Industrial y Comercial
del Estado del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, reestructurada por el Decreto 2136 de 1992” –Decreto ley 1675
de 1997[28],
artículo 1°-.
Con relación a “las obligaciones contraídas
por la Entidad, incluyendo las pasivos laborales”, el Decreto ley 1675 de 1997,
a que se hace referencia, previó su pago, “con el producto de las enajenaciones
de acuerdo con el reglamento correspondiente”, y también dispuso que “en caso
de que estos recursos sean insuficientes, las obligaciones laborales estarán a cargo
de la Nación” –artículo 6°-.
Nada dijo el legislador habilitado sobre el
derecho a la estabilidad de los trabajadores aforados, pero el artículo 8° del
Decreto ley en comento dispuso que i) que los empleos serían suprimidos por la
Junta Liquidadora “de conformidad con las normas vigentes”, ii) que al
“vencimiento del término previsto para la liquidación quedarán absolutamente
suprimidos los cargos todavía existentes”; y iii)  que las indemnizaciones “y
demás derechos prestaciones de los trabajadores oficiales a quienes se les
suprima el cargo”, “(..) se reconocerán y pagarán de conformidad con lo
previsto en el contrato de trabajo respectivo, las normas convencionales y las
disposiciones legales pertinentes, en especial la Convención Colectiva de Trabajo
1996-1998”.
Respecto de las funciones de la entidad que
se suprimía -“(..) en materia de apoyo a la comercialización de productos de
origen agropecuario y pesquero (..)”-, el Decreto en mención dispuso que “(..)
serán desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para
el cumplimiento de estas funciones el Gobierno Nacional apropiará los recursos
de presupuesto de inversión y los asignará en la Gestión General de dicho
Ministerio.”.
Quiere decir, entonces, que algunas de las
funciones del Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, en razón de su
liquidación, pasaron al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que las
obligaciones adquiridas por dicho Instituto fueron asumidas con cargo a su
liquidación, y que las no atendidas por ésta, fueron y deberán ser cumplidas
por La Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con sujeción a las
normas vigentes.
En suma, el despido por causa de
liquidación de la entidad de los trabajadores aforados no es en sí mismo
ilegal. La vulneración de derechos fundamentales se configura cuando la entidad
unilateralmente califica la causa como justa, sin someter la decisión a
autorización judicial. De igual manera, cuando el operador judicial  estudia de
fondo la causal de despido en la acción de reintegro, vulnera igualmente las
garantías básicas del trabajador. Si, pese a la incuria del empleador, el mismo
alega la imposibilidad de reincorporar al trabajador,  es al patrono a quien
corresponde, con la concurrencia del trabajador iniciar el proceso laboral de
rigor para demostrar que ello es así. De encontrar configurada la imposibilidad
de reincorporación el juez laboral debe determinar la indemnización a que tiene
derecho el exfuncionario aforado.
Caso
concreto
1. Acción de tutela del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá
La entidad demandante considera que el Tribunal
Superior de Bogotá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad en la aplicación de la ley, con su decisión de ordenar el reintegro de
dos trabajadores aforados despedidos sin autorización judicial. El juez de
tutela consideró que, dado que no procede la tutela contra providencias
judiciales, en este caso no procede el amparo.
Esta Corporación confirmará la decisión de instancia,
pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. La
decisión del Tribunal, en el sentido de encontrar vulnerada la garantía del
fuero sindical a los empleados del INPEC despedidos sin que mediara
autorización judicial para ello, se ajusta a tanto a la jurisprudencia
constitucional, como a la normatividad que rige la materia.
2. Acción de tutela presentada por Sandro
Rivera Sogamoso Contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira.
El actor considera que la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Pereira vulneró sus derechos fundamentales a la asociación
sindical y al debido proceso. Estimó que su decisión de revocar el fallo de
primera instancia que ordenó su reintegro al INPEC –debido a que fue despedido
sin promover el proceso de rigor como trabajador aforado- incurrió en vía de
hecho. El Juez de instancia resolvió denegar el amparo, por cuanto, a su
juicio, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.
Esta Sala revocará la decisión del juez
constitucional y, en su lugar concederá el amparo. En el caso bajo estudio el
Tribunal se configura causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales por varias razones. En primer lugar, el Juez demandado
desconoció la jurisprudencia sentada sobre el punto por la Corte
Constitucional, en el sentido del deber del INPEC de promover demanda de
levantamiento de fuero sindical cuando pretenda despedir a un trabajador
amparado por este beneficio. De igual manera, desconoció el objeto de la acción
laboral promovida por el empleado despedido. Es decir, estudió de fondo si la
institución pública estaba amparada en una justa causa  para desvincular al
trabajador sin que mediara calificación judicial, cuando sólo debió determinar
si el INPEC, debió iniciar proceso de levantamiento de fuero. En último lugar
desconoció el derecho a la igualdad en la aplicación de le ley del demandante,
por cuanto, pese a que unos meses antes ordenó el reintegro de un trabajador
del INPEC en iguales supuestos de hecho en lo relevante a los del demandante,
sin que mediara una argumentación adecuada y suficiente para ello, resolvió no
reintegrarlo. Desconoció, entonces, la vinculatoriedad del precedente dictado
por la misma Sala del Tribunal (precedente horizontal).
3. Acción de tutela promovida por Luis
Roberto Ordóñez, Walter Alfonso Carabalí, Leyder Orlando Gómez y Héctor Antonio
González interpusieron acción contra los Juzgados Tercero, Cuarto, Quinto y
Sexto Laboral del Circuito de Cali, y contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cali
Los actores presentaron acción de reintegro contra el IDEMA –en
liquidación- por cuanto fueron despedidos de su cargo sin que la entidad
iniciara proceso de levantamiento de fuero sindical. Los despachos judiciales
demandados no accedieron a las pretensiones de los actores, alegando que la
liquidación de la entidad constituía una justa causa para el despido sin que
mediara calificación judicial. El juez constitucional de instancia denegó el
amparo, por cuanto, a su juicio, la acción de tutela no procede contra
providencias judiciales.
La Sala revocará la decisión de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia y en su lugar concederá el amparo. Tal y como ha
venido siendo señalado, cuando un trabajador presenta acción de reintegro al
juez no le corresponde estudiar de fondo si mediaba o no justa causa para el
despido, sino si el empleador debió iniciar proceso de levantamiento de fuero.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. – LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el
proceso de la referencia.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia de 4 de junio de 2003
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
el sentido de denegar el amparo solicitado en la demanda de tutela promovida
por el INPEC contra el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral-, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. – REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el cuatro de junio de 2003,
dentro del proceso promovido por Luis Roberto Ordóñez, Walter Alfonso Carabalí,
Leyder Orlando Gómez y Héctor Antonio González contra los Juzgados Tercero,
Cuarto, Quinto y Sexto Laboral del Circuito de Cali, y contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Cali y en su lugar, CONCEDER el amparo invocado
por los actores.
En consecuencia, DECLARAR la nulidad
de la decisiones tomadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali -Sala Laboral- en el sentido de denegar las pretensiones en las demandas
de reintegro presentadas por los actores. ORDENAR, a la Sala demandada
que en el término de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta providencias, desatar la segunda instancia de conformidad
con lo resuelto en esta Sentencia.
CUARTO.- REVOCAR
la sentencia
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 27
de mayo de 2003, dentro del proceso promovido por Sandro Rivera Sogamoso contra
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira y en su lugar, CONCEDER el
amparo invocado por el actor.
En consecuencia, DECLARAR la nulidad
de la decisiones tomadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira -Sala Laboral- en el sentido de denegar las pretensiones en la demanda
de reintegro presentada por el actor. ORDENAR a la Sala demandada que,
en le término de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la notificación de
esta providencias, desatar la segunda instancia de conformidad con lo resuelto
en esta Sentencia.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El fallo fue proferido el 22 de febrero de 2002.
[2] En comunicación de mayo 15 de 2002, el INPEC
manifestó que: “La producción de fallos encontrados, por parte de la Sala la
del Tribunal Superior de Bogotá, viene causando una inseguridad jurídica con
graves repercusiones para la entidad que represento y para la sociedad en
general, igualmente, con dichos pronunciamientos se rompe la unidad
jurisprudencial y amenazan con deteriorar la confianza que debe inspirar la
justicia en todos los ciudadanos. Los Tribunales de Medellín, Buga, Valledupar,
Montería se han pronunciado (…) acogiendo las tesis plantadas por el INPEC, en
el sentido de afirmar, que por la misión, la autoridad de que están investidos,
el alto grado de  confianza objetiva que implica su oficio y las funciones de
policía judicial que le asigna la ley, el Cuerpo Armado de la Guardia
Penitenciaria tiene limitado el acceso sindical. Por el contrario, unos
magistrados del Tribunal Superior, de Bogotá, han tomado partido diferente, sí
mismo sus homólogos de Manizales, Armenia y Pereira, sin que exista posibilidad
de unificar criterios, ya que dichos fallos no son recurribles en casación”
(cuad. 1, fl. 109)
[3] Corte Constitucional, sentencias T-179 de
2003, T-620 de 2002, T-999 de 2001, T-968 de 2001, T-875 de 2001, T-037 de
1997.
[4] T-462 de 2003.
[5] Al
respecto puede consultarse la sentencia C-836 de 2001.
[6] Ver sentencia T-1625 de 2000.
[7]  Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640
de 1998.
[8] “Luego, sin perjuicio de que esta
jurisprudencia conserve su atributo de criterio auxiliar, es razonable exigir,
en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y
funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que
justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario,
estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art. 13)”  Sentencia T-123
de 1995.
[9] Sentencia T-1625 de 2000.
[10] En materia penal, la legislación y la
jurisprudencia contemplan la figura de la casación eventual, para los casos que
no son susceptibles de llegar a casación. La ley 600 de 2000, en el artículo
205 que: “Procedencia de la casación. La casación procede contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos
que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa
de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando la sanción impuesta
haya sido una medida de seguridad. La casación se extiende a los delitos
conexos, aunque la pena prevista para éstos sea inferior a la señalada en el
inciso anterior. De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra
sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la
solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere
necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos
fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley.”
(subrayas fuera del texto).  La ley 906 de 2004 –código de procedimiento penal-
señala en su artículo 180: “El recurso pretende la efectividad del derecho
material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de
los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia.”.
Al respecto, puede consultarse también la sentencia N° No 18642 de 16 de
diciembre de 2002, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[11] Sobre el punto puede consultarse, entre otras, la
sentencia T-340 de 2004.
[12] Ver sentencia SU-047 de 1999.
[13] Sentencia T-688 de 2003.
[14] Sentencia C-593 de 1993.
[15] Ver sentencia T-1061 de 2002.
[16] Ver sentencia C-593 de 1993.
[17] Código Sustantivo del trabajo, artículo
406: “Trabajadores amparados por el fuero sindical Están amparados por el
fuero sindical:
a) Los fundadores de un sindicato, desde el
día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el
registro sindical, sin exceder de seis (6) meses;
b) Los trabajadores que, con anterioridad a
la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el
amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores;
c) Los miembros de la junta directiva y
subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin
pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los
comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este
amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más;
d) Dos (2) de los miembros de la comisión
estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o
confederaciones sindicales, por el mismo  período de la junta directiva y por
seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1)
comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión será designada por la
organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores.
Parágrafo 1°. Gozan de la garantía del
fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos,
exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil,
política o cargos de dirección o administración.
Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales y procesales la calidad
del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de
la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al
empleador”
[18] Al respecto pueden consultarse el artículo 18 del
Decreto Ley 2350 de 1944, y el artículo 40 de la ley 6ª de 1945.
[19] Ver sentencia SU-036 de 1999.
[20] La calificación judicial del despido,
traslado o desmejora de los trabajadores aforados está a cargo de la justicia
laboral ordinaria. Es decir la competencia para desatar los problemas
suscitados con ocasión del fuero sindical, sin importar si se trata de
empleados públicos, corresponde a la jurisdicción laboral. El artículo 2º de la
ley 362 de 1997 señala que: “ (...)La jurisdicción del trabajo está
instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o
indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de las
obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fuero
sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que corresponda a
los empleados públicos”
[21] Al respecto puede consultarse la sentencia C-710 de
1996.
[22] Ver sentencia T-731 de 2001.
[23] En idéntico sentido la sentencia T-080 de 2002.
[24] En el mismo sentido la sentencia T-1179 de 2003.
[25] Ver sentencia T-731 de 2001.
[26] Sentencia T-731 de 2001
[27] Ley 3444 de 1996 artículo 30 “Revestir al Presidente
de la República de facultades extraordinarias por el término de seis meses,
contados a partir de la publicación de la presente ley, para suprimir o
fusionar, consultando la opinión de la Comisión de Racionalización del Gasto
Público, dependencias, órganos y entidades de la rama ejecutiva del orden
nacional que desarrollen las mismas funciones o que traten las mismas materias
o que cumplan ineficientemente sus funciones, con el propósito de racionalizar
y reducir el gasto público. Igualmente, tendrá facultades para separar la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales
DIAN”.- Sobre la constitucionalidad de esta disposición se puede consultar
las sentencias C-428 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-140 de 1998
Carlos Gaviria Díaz.
[28] El Decreto ley 1675 de 1997 fue declarado exequible
mediante la sentencia C-270 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa