T-087-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-087/13
(Bogotá, D.C., 22
febrero)
ACCION DE
TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia
cuando afecta mínimo vital  y no existe otro medio eficaz de defensa
Esta Corporación ha partido del análisis de la situación
especial en la que se encuentran los accionantes, es decir, personas de la
tercera edad, y al considerar que no cuentan con otros medios de subsistencia
distintos al derecho reclamado, ha admitido su procedencia, al encontrar que el
derecho al mínimo vital de éstas personas, se encuentra amenazado y las
acciones ordinarias no constituyen un medio eficaz para reclamar tal derecho,
ya que la solución de la controversia podría superar la expectativa de vida de
los tutelantes.
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Caso en que CAJANAL niega la prestación
porque la última cotización se realizó antes de entrar en vigencia la Ley 100
de 1993
La normatividad que regula el
derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, es aplicable a
todas aquellas situaciones que, al momento en que entró a regir el artículo 37
de la ley 100 de 1993, no se hubieren consolidado; por lo que no es constitucionalmente
admisible que Cajanal EICE – en liquidación, insista en negar el reconocimiento
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez con base en el argumento
que las cotizaciones a pensión se realizaron con anterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993.
DERECHO A LA
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Se deben tener en cuenta
las semanas cotizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100
de 1993
RESPETO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-Finalidad
En abundante jurisprudencia,
esta Corporación se ha expresado sobre la fuerza vinculante y la obligatoriedad
de la aplicación del precedente judicial. Para el caso en concreto, es
pertinente resaltar la sentencia C-539/11, por medio de la cual se indicó que
las autoridades administrativas deben adoptar en la resolución de peticiones y
expedición de actos administrativos relativos a pensiones, salarios,
prestaciones sociales, sus directrices.
DERECHO A LA
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ Y PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Cajanal
debe reconocer la indemnización a los afiliados que cotizaron con anterioridad
a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993
Referencia: expedientes T-3.625.899, T-3.647.559,
T-3.660.023, T-3.651.124 y T-3.654.690.
Fallos de tutela objeto revisión: T-3.625.899 sentencia
del Tribunal Superior de Valledupar – Sala Penal del 3 de febrero de 2012 que
confirmó la sentencia del Juzgado 3 Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de Valledupar, del 7 de diciembre de 2011 que declaró
improcedente la demanda de tutela.
T-3.647.559 sentencia del Tribunal Administrativo
del Cesar, del 26 de julio de 2012 que confirmó la sentencia del Juzgado 4
Administrativo del Circuito de Valledupar, del 28 de junio de 2012 que declaró
improcedente la demanda de tutela.
T-3.660.023 sentencia del Juzgado Civil del
Circuito de Fresno Tolima, del 30 de agosto de 2012.
T-3.651.124 sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, del 28 de agosto de 2012 que revocó
la sentencia del Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, del 25 de julio de
2012 que concedió el amparo constitucional.
T-3.654.690 sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán – Sala Civil Familia, del 22 de agosto de 2012
que confirmó la sentencia del Juzgado 3 Civil del Circuito de Popayán, del 06
de julio de 2012 que negó la acción de amparo.
Accionantes: Inés Isabel Molina Oviedo, Octavio
Rafael Luquez Martínez, Josue Grisales Jaramillo, María del Rosario Real
Ramírez y Manuel José Narváez.
Accionada: Cajanal EICE – en liquidación y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP– (vinculada).
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES
1. Elementos y pretensiones en los expedientes
T-3.625.899[1],
T-3.647.559[2],
T-3.660.023[3],
T-3.651.124[4]
y T-3.654.690[5]
1.1. Derechos fundamentales invocados por los
demandantes: derecho a la vida, derecho a la igualdad, dignidad humana, mínimo
vital y debido proceso.
1.2. Conducta que causa la
vulneración: En todos los casos bajo examen se identifica que la presunta
causa de la vulneración de los derechos fundamentales, se funda en la negativa
por parte de Cajanal en liquidación, de reconocer y pagar  la indemnización
sustitutiva de la pensión, con base en que las semanas cotizadas se registran
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando frente a casos
similares se ha reconocido dicho derecho.
1.3. Pretensión: los
accionantes solicitan al juez de tutela que se amparen sus derechos
fundamentales y se ordene a la accionada el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tienen derecho.
2. Fundamentos de la pretensión
2.1. Expediente T-3.625.899 (Caso A)
2.1.1. Indica la demandante
que trabajó para el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, desde el 18 de
julio de 1976 hasta el 24 de marzo de 1993 en el cargo de auxiliar de servicios
generales. Que su empleador canceló los aportes a seguridad social a Cajanal.
2.1.2. Que desde que fue
desvinculada del ICA, en razón de su edad y estado de salud no pudo conseguir
un empleo formal y en consecuencia no continúo realizando a portes. Sin
embargo, aduce que la entidad accionada le informó que cuando cumpliera la edad
para pensionarse le devolverían el valor de los aportes bajo la figura de la
indemnización sustitutiva.
2.1.3. Al cumplir la edad
para pensionarse, sin la posibilidad de acceder a la pensión de vejez, solicitó
el 30 de noviembre de 2009 ante la sucursal de Cajanal en Valledupar la
respectiva indemnización sustitutiva, por lo que mediante oficio del 11 de
marzo de 2011 le informaron que debía trasladarse a la ciudad de Bogotá a las
instalaciones del patrimonio autónomo buen futuro a notificarse de la
resolución PAP 043528.
2.1.4. Mediante derecho de
petición del 18 de abril de 2011, solicitó que se le enviara a su domicilio
dicha resolución en tanto que no contaba con los recursos económicos para
trasladarse a la ciudad de Bogotá y notificarse personalmente del acto de
reconocimiento.
2.1.5. En respuesta a dicha
solicitud, se le remitió copia de la mencionada resolución, mediante la cual se
le informó que contaba con 862 semanas cotizadas antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y 0.0 después de esa fecha, por lo que resolvió
negar el reconocimiento a la indemnización sustitutiva dado que en que los
artículos 283 y 151 de la Ley 100 de 1993 consagran el reconocimiento exclusivo
de las prestaciones allí consagradas a la entrada en vigencia de dicha ley.
2.1.6. Inconforme con la
decisión, interpuso recurso de reposición el 7 de junio de 2011 el cual no ha
sido resuelto, por lo que radicó demanda de tutela con el fin de fueran
amparados sus derechos fundamentales.
2.1.7. Respuesta de la
entidad accionada
Cajanal en liquidación[6] fue
notificada del auto admisorio mediante correo del 29 de noviembre de 2011 la
entidad accionada no presentó contestación a la demanda de tutela.
2.1.8. Decisiones de tutela objeto de revisión
Sentencia del Juzgado 3 Penal del Circuito con funciones
de conocimiento de Valledupar, del 7 de diciembre de 2011 (primera instancia).[7]
El a quo negó el amparo al considerar que la
accionante cuenta con una vía de defensa judicial, lo cual impide el empleo de
acción de tutela como mecanismo subsidiario, hasta en tanto no concurra al
medio principal de defensa. Adicionalmente, consideró que no se probaron las
circunstancias excepcionales en las cuales procede la acción de amparo.
Sentencia del Tribunal
Superior de Valledupar – Sala Penal del 3 de febrero de 2012 (segunda
Instancia)[8]
El juez de alzada confirmó el
fallo impugnado en su totalidad al precisar que la jurisdicción constitucional
no está llamada a desatar controversias propias de los jueces ordinarios
laborales.
2.2.  Expediente T- 3.647.559
(Caso B)
2.2.1. El accionante en su
escrito de demanda informa que el 13 de febrero de 2009 solicitó a Cajanal en
liquidación el reconocimiento y pago de su indemnización sustitutiva, la cual
fue resuelta mediante comunicación No. UGM 011750 del 3 de octubre de 2011 por
medio de la cual se le negó el reconocimiento por no haber realizado
cotizaciones al Sistema General con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993.
2.2.2. El 3 de noviembre de
2011 por medio de apoderada judicial interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra de la decisión que negó el reconocimiento, al
resolverse el recurso impetrado a través de la resolución No. UGM 045284 del 7
de mayo de 2012 se confirmó la negativa.
2.2.3. Manifiesta el actor
que padece de glaucoma, y que su estado de salud y avanzada edad lo ponen en
una situación de debilidad manifiesta.
2.2.4. Respuesta de la
entidad accionada. Cajanal en liquidación[9]
contestó de manera extemporánea la demanda de tutela por lo que sus argumentos
no fueron tenidos en cuenta por el juez de instancia.
2.2.5. Decisiones de tutela objeto de revisión
Sentencia del Juzgado 4 Administrativo del Circuito de
Valledupar, del 28 de junio de 2012 (primera instancia).[10]
El juzgado de conocimiento al declarar improcedente la
demanda de tutela indicó en su motivación que el actor dispone de otro medio de
defensa judicial para controvertir los actos administrativos a través de los
cuales se negó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva.
Adicionalmente, no encontró probado la existencia de un perjuicio irremediable
para que se le tutelaran sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social
en pensiones.
Sentencia del Tribunal
Administrativo del Cesar del 26 de julio de 2012 (segunda Instancia)[11]
La Sala que desató la
impugnación, al confirmar la decisión de su inferior jerárquico indicó que la
acción de tutela opera de manera subsidiaria y residual, es decir que los
jueces constitucionales no desplazan a los jueces ordinarios en el ejercicio de
sus competencias, salvo que medien circunstancias especiales y específicas en
cabeza del accionante que indiquen que éste no tiene otra alternativa eficaz e
idónea, razones que se echan de menos en el caso en concreto.
2.3. Expediente T-3.660.023 (Caso C)
2.3.1. El ciudadano
accionante aduce en los hechos de su demanda que el 5 de noviembre de 2011
radicó ante la accionada solicitud de reconocimiento de indemnización
sustitutiva, manifestando bajo la gravedad de juramento que no alcanzaba a
cumplir con los requisitos para acceder a una pensión.
2.3.2. Mediante resolución
UGM 046325 del 16 de mayo de 2012 se negó el reconocimiento dado que el
solicitante no realizó cotizaciones al sistema de seguridad social con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
2.3.3. El 7 de junio de 2012
el afectado interpuso recurso de reposición, indicando que el Decreto 1730 de
2001 referente a la reglamentación de la indemnización sustitutiva del régimen
solidario indica que para determinar el monto de la indemnización se tendrá en
cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100
de 1993.
2.3.4.  El 24 de julio de 2012 a través de la resolución UGM 052834 se confirma la decisión que negó el derecho al reconocimiento
de la indemnización con base en el mismo argumento.
2.3.5. Respuesta de la
entidad accionada
En el escrito de contestación
de la demanda, la accionada solicitó su desvinculación del proceso de tutela
por cuanto no es responsable de la presunta conducta violatoria de los derechos
del actor, en tanto que perdió competencia para resolver el reconocimiento de prestaciones
económicas, de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 la UGPP – Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social es la responsable de atender ese tipo de solicitudes a partir
del 8 de noviembre de 2011.
2.3.6.  Decisión de tutela
objeto de revisión
Sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Fresno
Tolima, del 30 de agosto de 2012 (única instancia).[12]
El juzgador de instancia, indica que pese a la falta de
legitimidad por parte del extremo pasivo, de todas formas el asunto a tratar
versa exclusivamente sobre una competencia propia del Juez Contencioso
Administrativo al tratarse del reconocimiento de un derecho prestacional negado
a través de un acto administrativo, lo cual desnaturaliza la finalidad de la
acción de tutela, herramienta de carácter residual, subsidiario y excepcional,
lo cual conduce a la improcedencia de la acción ante la existencia del
mecanismo judicial principal.
2.4.  Expediente T- 3.651.124 (Caso D)
2.4.1. La peticionaria en
calidad de compañera permanente del afiliado Edgar Augusto Izquierdo Parra
(q.e.p.d), solicitó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes el 20 de junio de 2011 ante Cajanal, dicha solicitud
fue absuelta mediante comunicado UGM 022688 del 27 de diciembre de 2011
informando que no era procedente el reconocimiento de la indemnización.
2.4.2. Informa la actora que
en vida su compañero permanente reclamó el pago de la indemnización, el cual le
fue negado y sobre el cual interpuso recurso de reposición, el cual no alcanzó
a conocer por cuanto falleció antes de la expedición de dicho acto. Que ante su
precaria situación, se vio avocada a solicitar nuevamente la respectiva
indemnización.
2.4.3. Respuesta de la
entidad accionada
En el escrito de contestación
de la demanda, la accionada solicitó su desvinculación del proceso de tutela
por cuanto no es responsable de la presunta conducta violatoria de los derechos
del actor, en tanto que perdió competencia para resolver el reconocimiento de
prestaciones económicas, de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 la UGPP –
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social es la responsable del reconocimiento de
ese tipo de reclamaciones económicas.
Mediante Auto del 17 de julio
de 2012 el Juzgado 6 Civil del Circuito de Popayán vinculó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección
Social UGPP, la cual mediante escrito oportuno manifestó:
“Que a la
fecha no se ha producido la entrega formal de todas las obligaciones de Cajanal
EICE en liquidación, hasta el momento la mencionada entidad continúa con las
actividades relacionadas con el trámite de determinación de las obligaciones
pensionales, todo mientras la UGPP asume en su totalidad las funciones
relacionadas con el reconocimiento de los derechos pensionales. Por
consiguiente, debe tenerse en cuenta por su honorable Despacho que CAJANAL EICE
EN LIQUIDACION y la UNIDAD ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL son
entidades diferentes y que esta última, como se mencionó anteriormente, a la
fecha no ha asumido la totalidad del objeto misional de CAJANAL EICE en
liquidación”.[13]
2.4.4. Decisiones de tutela objeto de revisión
Sentencia del Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, del
25 de julio de 2012 (primera instancia).[14]
El fallador de instancia al concederse el amparo
constitucional consideró que la entidad accionada negó el reconocimiento en
oposición al texto normativo, en tanto que la peticionaria acreditó que su
compañero permanente no cumplió con los requisitos para acceder a una pensión
de vejez, estuvo en convivencia continua durante 37 años, y además al contar
con 70 años no está en posibilidades de enfrentar un proceso judicial, además
de no tener los recursos propios para su manutención.
Sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil del 28 de agosto de 2012
(segunda Instancia)[15]
Las razones esbozadas por la
Sala para revocar la decisión del juez de primera instancia mediante la cual se
amparó el derecho de la tutelante consisten en: i) la accionante cuenta con 66
años por lo que no puede considerarse como una persona de la tercera edad y por
lo tanto no es un sujeto de especial protección, ii) la accionante puede acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se examine el
asunto a debatir y, iii) no se advierte el acaecimiento de un perjuicio irremediable
para que la tutela proceda como mecanismo transitorio.
2.5.  Expediente T- 3.654.690 (Caso E)
2.5.1. El accionante solicitó
a la accionada el 11 de julio de 2011 el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva por encontrarse en la imposibilidad de seguir
cotizando y obtener una pensión de vejez. Mediante resolución UGM 014886 se
resolvió negar la indemnización sustitutiva por no haber efectuado cotizaciones
en vigencia del Sistema General de Pensiones.
2.5.2. Enterado de la
negativa, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, del cual
desistió al considerar que a sus 86 años no contaba con los medios económicos
para contratar a un apoderado judicial para que lo representara en el proceso
contencioso, además de creer que no estará con vida al momento en que la
justicia ordinaria le conceda el derecho.
2.5.3. Respuesta de la
entidad accionada
La representante legal de la
parte pasiva, en la contestación de la demanda, solicita se niegue la acción
por improcedente, al no ser de competencia del juez constitucional resolver
asuntos propios del juez contencioso, en subsidio pide la desvinculación de su
representada en tanto que con posterioridad al 8 de noviembre de 2011 es
incompetente para tramitar el reconocimiento de prestaciones económicas.
2.5.3. Decisiones de tutela objeto de revisión
Sentencia del Juzgado 3 Civil del Circuito de Popayán,
del 06 de julio de 2012 (primera instancia).[16]
El despacho competente para resolver la demanda de tutela en
primera instancia denegó el amparo considerando que no era procedente el empleo
de la acción constitucional como mecanismo transitorio en tanto que existe un
procedimiento idóneo y principal para resolver el asunto deprecado.
Sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán – Sala Civil Familia del 22 de agosto
de 2012 (segunda Instancia)[17]
El Tribunal al resolver la
impugnación confirmó la decisión de negar el amparo, en tanto que la acción de
tutela se caracteriza por ser subsidiaria y residual, por lo cual no es la
acción constitucional la llamada a resolver el conflicto planteado por el
actor, el cual versa sobre la legalidad de un acto administrativo, lo
pertinente es que ese juez en su especialidad dirima el asunto. Además, de no
comprobarse que el accionante este ante un eminente perjuicio irremediable.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Corte Constitucional es
competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas, con base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto
2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[18].
2. Procedencia de la demanda
de tutela
2.1. Alegación de afectación de un derecho fundamental. En los
presentes procesos de tutela se discute la posible afectación del derecho fundamental
a la igualdad, a la seguridad social y mínimo vital.
2.2. Legitimación por pasiva.
La Caja Nacional de Previsión Social EICE - en Liquidación, es una entidad
de naturaleza mixta que presta el servicio público de seguridad social ante la
cual los accionantes realizaron los aportes para la consecución de su derecho
pensional, y por lo tanto susceptible de demanda de tutela. (artículos 48, 86 y
365.2 de la CP, artículo 5 del Decreto 2195 de 1994).
Teniendo en cuenta que de
conformidad con el Decreto 4269 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–,
tendrá a su cargo el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de
Cajanal – en liquidación, mediante Auto del 8 de febrero de 2013 se ordenó la
vinculación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social UGPP, y corrió traslado para que se pronunciara
de las demandas de tutela. No obstante vencido el término la entidad no allegó
contestación a las demandas.
2.3. Legitimación por activa.
Las demandas de tutela fueron interpuestas directamente por los titulares de
los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. Lo anterior encuentra su
fundamento constitucional en el artículo 86[19]
de la Carta, el cual establece que toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran
amenazados, podrá interponer acción de tutela en nombre propio. (artículo
10 del Decreto 2195 de 1994).
2.4. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento
de prestaciones sociales
2.4.1. La jurisprudencia de esta Corte en casos idénticos[20] frente a la
accionada Cajanal – en liquidación, ha indicado que de manera excepcional es
posible ordenar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez mediante acción de tutela.
2.4.2. Esta Corporación ha partido del análisis de la
situación especial en la que se encuentran los accionantes, es decir, personas
de la tercera edad, y al considerar que no cuentan con otros medios de
subsistencia distintos al derecho reclamado, ha admitido su procedencia, al
encontrar que el derecho al mínimo vital de éstas personas, se encuentra
amenazado y las acciones ordinarias no constituyen un medio eficaz para
reclamar tal derecho, ya que la solución de la controversia podría superar la
expectativa de vida[21]
de los tutelantes.
2.4.3. Adicionalmente, es
pertinente advertir a la accionada que no puede continuar negando el
reconocimiento a la indemnización sustitutiva con base en el argumento de que
las cotizaciones realizadas por el afiliados fueron antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, en tanto que sobre éste tema específico la
Corte a través de sus distintas Salas de Revisión ha sido vehementemente y
clara.
3. Problema jurídico
constitucional (reiteración de jurisprudencia)
3.1. En principio, la cuestión a
resolver por la Sala de Revisión, sería determinar ¿si una persona tiene
derecho al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión,
a pesar de que sólo haya efectuado cotizaciones antes de la vigencia del
Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993?.
3.2. No obstante, teniendo en
cuenta que la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterada y pacífica sobre
éste tema, se procederá a: (i) aplicar la regla jurisprudencial adoptada en
casos idénticos, (ii) verificar si aplica a los cinco casos bajo estudio; y
(iii) reiterar el valor del precedente con la finalidad de que la accionada
acate las directrices indicadas por la corte en lo atinente al pago de la
indemnización sustitutiva.
4. Reiteración de
jurisprudencia
4.1.  Por medio de la sentencia T-505/11 la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional recopiló las distintas reglas
jurisprudenciales[22]
establecidas entorno al derecho de la indemnización sustitutiva por parte de
los afiliados que no cotizaron con posterioridad a la entrada en vigencia,
indicando que:
“(…) la
indemnización sustitutiva es una alternativa con la que cuenta el afiliado, que
cumplió la edad para acceder a la pensión de vejez, pero que, por alguna
circunstancia, no tiene las semanas establecidas para este fin y no desea, o no
puede seguir realizando los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, que cobija a todas las personas, aún a aquellas personas que hayan
cotizado con anterioridad a la vigencia de la Ley, por cuanto las normas que
regulan la materia son de:
(i) orden público;
(ii) el
literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2 del Decreto
1730 de 2001 señalan que al momento de reconocer la referida prestación se
deberán tener en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, incluidas las
anteriores a la Ley 100 de 1993;
(iii) este
derecho es irrenunciable y como consecuencia imprescriptible;
(iv) que no
reconocerlo propiciaría un enriquecimiento sin justa causa a favor de la
entidad que ha recibido los aportes del afiliado; y que
(v) el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, no consagró ningún limite temporal a su
aplicación, ni condicionó la misma a circunstancias tales como que la persona
haya efectuado las cotizaciones con posterioridad a la fecha en que empezó a
regir la Ley 100 de 1993.”
4.2. En síntesis, la
normatividad que regula el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, es aplicable a todas aquellas situaciones que, al momento en que
entró a regir el artículo 37 de la ley 100 de 1993, no se hubieren consolidado;
por lo que no es constitucionalmente admisible que Cajanal EICE – en
liquidación, insista en negar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez con base en el argumento que las cotizaciones a pensión
se realizaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
4.3. Lo anterior, por cuanto la
Ley[23]
ordena que para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán
en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de
1993 y, la Corte a través de sus distintas salas de revisión, reiteradamente ha
indicado que esas semanas deben ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de
dicha prestación económica.
5. Aplicación en los casos
concretos
5.1. De conformidad con las
pruebas aportadas en los expedientes de tutela, se constata que la totalidad de
los accionantes: (i)  estuvieron afiliados a la Caja Nacional de Previsión con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; (ii) que por no
cumplir con los requisitos para acceder a una pensión solicitaron ante su
administradora la indemnización sustitutiva, (iii) que sus respectivos
empleadores realizaron el pago de los aportes a Cajanal relacionados a
continuación:
Afiliado
Expediente
Tiempo laborado
(DD-MM-AA)
Semanas
cotizadas
Inés Isabel Molina
Oviedo Octavio
T-3.625.899
18-06-1976 a 24-03-1993
862
Rafael Luquez
Martínez
T-3.647.559
01-08-1971 a 01-02-1980
437
Josue Grisales
Jaramillo
T-3.660.023
10-10-1980 a 13-10-1983
155
María del Rosario
Real Ramírez – cónyuge supérstite
T-3.651.124
15-03-1963 a 01-08-1966
416
Manuel José
Narváez
T-3.654.690
24-05-1949 a 24-08-1950 ; 01-01-1951 a 31-12-1951; 05-08-1957 a 03-11-1960
279
5.2.  Por virtud del derecho a la igualdad, al cumplir con
los mismos supuestos tenidos en cuenta en casos similares, a los accionantes de
los expedientes T-3.625.899, T-3.647.559, T-3.660.023, T-3.651.124 y
T-3.654.690., les son aplicables la ratio decidendi de la sentencia T-505/11.
6. Precedente jurisprudencial
6.1. En abundante jurisprudencia, esta Corporación se ha
expresado sobre la fuerza vinculante y la obligatoriedad de la aplicación del precedente
judicial. Para el caso en concreto, es pertinente resaltar la sentencia C-539/11,
por medio de la cual se indicó que las autoridades administrativas deben
adoptar en la resolución de peticiones y expedición de actos administrativos
relativos a pensiones, salarios, prestaciones sociales, sus directrices, así:
“(…) esta Corte ha precisado que
el respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas
hace parte del respeto del debido proceso y del principio de legalidad en
materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-, en cuanto (i) las
autoridades están sometidas al imperio de la Constitución y de la ley, y por
tanto se encuentran obligadas a aplicar en todas sus actuaciones y decisiones
administrativas la Constitución y la ley; (ii) el contenido y alcance de la
Constitución y la ley es fijado por las altas Cortes, cuyas decisiones hacen
tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las
autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de
manera objetiva y razonable; (iv) el desconocimiento del principio de legalidad
implica la responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P.-; (v) las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la
igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P. Por tanto, si existe una interpretación institucional vinculante, las autoridades administrativas deben
aplicar al caso en concreto dicha interpretación.
Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha concluido que todos los
funcionarios públicos, y por tanto todas las autoridades administrativas, deben
acatar el precedente judicial, esto es, están en la obligación de aplicar e
interpretar las normas, en el sentido dictado por la autoridad judicial, para
todas las situaciones fácticas análogas o similares.”
6.2. En virtud del artículo 10 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, declarado
condicionalmente exequible[24],
toda entidad administrativa tiene el deber legal de aplicar
las normas y la jurisprudencia “Al resolver los asuntos de su competencia,
las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos
fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su
competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación
jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen
dichas normas.”
7. Razón de la decisión
No es admisible que la entidad accionada persista en negar el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva consagrado en el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993, al afiliado que realizó sus aportes con anterioridad a la entrada
en vigencia de dicha ley. Cajanal – en liquidación -o la entidad que asuma la
obligación[25]
de reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez-, no puede desconocer los derechos a la seguridad social de los afiliados
que cotizaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONCEDER el amparo a la seguridad social y
mínimo vital a la señora Inés Isabel Molina Oviedo, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar,  REVOCAR la sentencia de
tutela proferida en el expediente T-3.625.899 del Tribunal Superior de
Valledupar – Sala Penal del 3 de febrero de 2012 que confirmó la sentencia del
Juzgado 3 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, del 7
de diciembre de 2011 que declaró improcedente la demanda de tutela.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la resolución que negó el
reconocimiento a la indemnización sustitutiva PAP 043528 de 2011 proferida por
Cajanal – en liquidación, y en su lugar ORDENAR a esa entidad que en un término
no superior a tres (03) días hábiles contados a partir de la notificación de
este fallo profiera un nuevo acto administrativo resolviendo la petición de
indemnización sustitutiva impetrada por la actora, acatando la regla
jurisprudencial identificada en la presente sentencia.
TERCERO.- CONCEDER el amparo al derecho a la
seguridad social y mínimo vital al señor Octavio Rafael Luquez Martínez, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar,
REVOCAR la sentencia de tutela proferida en el expediente T-3.647.559 del Tribunal
Administrativo del Cesar, del 26 de julio de 2012 que confirmó la sentencia del
Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Valledupar, del 28 de junio de 2012
que declaró improcedente la demanda de tutela.
CUARTO.- DEJAR SIN EFECTOS las resoluciones  No.
11750 del 2011 y 045284 del 2012 proferidas por Cajanal – en liquidación, a
través de las cuales se negó y confirmó la negativa del reconocimiento a la
indemnización sustitutiva, y en su lugar ORDENAR a esa entidad que en un
término no superior a tres (03) días hábiles contados a partir de la
notificación de este fallo profiera un nuevo acto administrativo resolviendo la
petición de indemnización sustitutiva impetrada por el actor, acatando la regla
jurisprudencial identificada en la presente sentencia.
QUINTO.- CONCEDER el amparo al derecho a la seguridad
social y mínimo vital al señor Josue Grisales Jaramillo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar,  REVOCAR la
sentencia de tutela proferida en el expediente T-3.660.023 por el Juzgado Civil
del Circuito de Fresno Tolima, del 30 de agosto de 2012.
SEXTO.- DEJAR SIN EFECTOS las resoluciones  No. 46325
del 2012 y 052834 del 2012 proferidas por Cajanal – en liquidación, a través de
las cuales se negó y confirmó la negativa del reconocimiento a la indemnización
sustitutiva, y en su lugar ORDENAR a esa entidad que en un término no superior
a tres (03) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo
profiera un nuevo acto administrativo resolviendo la petición de indemnización
sustitutiva impetrada por el actor, acatando la regla jurisprudencial
identificada en la presente sentencia.
SÉPTIMO.- CONCEDER el
amparo al derecho a la seguridad social y mínimo vital a la señora María del
Rosario Real Ramírez en calidad de cónyuge supérstite de Edgar Augusto
Izquierdo Parra, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, y en su lugar,  REVOCAR la sentencia de tutela proferida en el
expediente T-3.651.124 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá – Sala Civil, del 28 de agosto de 2012 que revocó la sentencia del
Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, del 25 de julio de 2012 que concedió el
amparo constitucional.
OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTOS la resolución que negó el
reconocimiento a la indemnización sustitutiva UGM 022688 de 2011 proferida por
Cajanal – en liquidación, y en su lugar ORDENAR a esa entidad que en un término
no superior a tres (03) días hábiles contados a partir de la notificación de
este fallo profiera un nuevo acto administrativo resolviendo la petición de
indemnización sustitutiva impetrada por la actora, acatando la regla
jurisprudencial identificada en la presente sentencia.
NOVENO.- CONCEDER el amparo al derecho a la seguridad
social y mínimo vital al señor Manuel José Narváez, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar,  REVOCAR la sentencia de
tutela proferida en el expediente T-3.654.690 del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán – Sala Civil Familia, del 22 de agosto de 2012 que
confirmó la sentencia del Juzgado 3 Civil del Circuito de Popayán, del 06 de
julio de 2012 que negó la acción de amparo.
DÉCIMO.- DEJAR SIN EFECTOS las resoluciones  No. 60803
del 2008 y 014886 del 2012 proferidas por Cajanal – en liquidación, a través de
las cuales se negó y confirmó la negativa del reconocimiento a la indemnización
sustitutiva, y en su lugar ORDENAR a esa entidad que en un término no superior
a tres (03) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo
profiera un nuevo acto administrativo resolviendo la petición de indemnización
sustitutiva impetrada por el actor, acatando la regla jurisprudencial
identificada en la presente sentencia.
UNDÉCIMO.- ORDENAR a Cajanal IECE – en liquidación que
ponga en conocimiento de todo el personal de la entidad encargado del
reconocimiento del trámite de indemnización sustitutiva la presente sentencia,
con el fin de dar plena aplicación a las directrices reiteradas, a través de
comunicado interno. De igual modo, la ponga en conocimiento de los afiliados,
mediante cartelera ubicada en un lugar visible de todas las dependencias y
agencias de la accionada.
DUODÉCIMO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUÍS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Acción de tutela presentada el 22 de noviembre de 2011, en
nombre propio por la titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.(Folios 1 a 59 del cuaderno No. 1).
[2]
Acción de tutela presentada el 12 de junio de 2012, en
nombre propio por el titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.(Folios 1 a 32 del cuaderno No. 1).
[3]
Acción de tutela presentada el 15 de agosto de 2012 en
nombre propio por la titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.(Folios 1 a 28 del cuaderno No. 1).
[4]
Acción de tutela presentada el 13 de julio de 2012, en
nombre propio por la titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.(Folios 1 a 28 del cuaderno No. 1).
[5]
Acción de tutela presentada el 22 de junio de 2012, en
nombre propio por el titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.(Folios 1 a 51 del cuaderno No. 1).
[6] Mediante auto del 24 de noviembre de 2011 el juez de
instancia admitió la acción de tutela y corrió traslado a la accionada para que
diera contestación a la demanda. (Folio 62 del cuaderno No.1)
[7] (Folio 65 a 70 del cuaderno No.1)
[8]
Sentencia de segunda instancia (Folios 108 a 111 del cuaderno No.1)
[9] Contestación de la demanda. (Folio 39 a 67 del cuaderno No.1)
[10] Folio 68 a 71 del cuaderno No. 2.
[11] Sentencia de segunda
instancia (Folios 88 a 96 del cuaderno No. 2.)
[12] (Folio 59 a 71 del cuaderno No.1)
[13] Folio 22 del cuaderno
No. 1.
[14] Folio 29 a 31 del cuaderno No. 1.
[15] Sentencia de segunda
instancia (Folios 3 a 6 del cuaderno No. 2.)
[16] Folio 81 a 92 del cuaderno No. 1.
[17] Sentencia de segunda
instancia (Folios 3 a 9 del cuaderno No. 2.)
[18] En Auto del veintitrés (23) de agosto de 2012 de la Sala de Selección de tutela No 8 de la Corte Constitucional, dispuso la revisión de los expedientes T-3.501.080 y T- 3.501.140 y se procedió a su reparto.
[19]
Constitución Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”
[20] Sentencias T-829/11,
T-836/11, T-478/10, T-235/09, T-597/09, T-414/09, T-850/08, entre muchas otras.
[21] En el caso del afiliado
Edgar Augusto Izquierdo Parra falleció el 1 de marzo de 2011 sin que la
accionada resolviera el recurso de reposición, por lo que la cónyuge supérstite
lo sucedió procesalmente e inició el trámite de tutela. (Folios 1 a 8 del Cuaderno No. 1).
[22]
T-1088/07 “Así las cosas, se concluye, las normas que regulan lo
referente a la indemnización sustitutiva también tienen aplicación en relación
con aquellas personas que cotizaron bajo la vigencia de la anterior
normatividad y cuya situación jurídica no se consolidó en aplicación de normas
precedentes, lo que exige que su definición se efectúe bajo el imperio de la Ley 100 de 1993..”
T-850/08
“Además las entidades de previsión social a las que en algún momento cotizó el
accionante, deben reconocer y pagar la indemnización so pena de que se incurra
en un enriquecimiento sin causa”.
T-836/11 “las entidades encargadas del
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva se encuentran en la
obligación de tener en cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de dicha normatividad.”
[23] Articulo
2 del Decreto 1730 del 2001-Reconocimiento de la indemnización sustitutiva.
Cada administradora del régimen de prima media con prestación definida a la que
haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.
En caso de que la administradora a la que se hubieren
efectuado las cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la
indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el
cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales.
En el caso de que las entidades que hayan sido
sustituidas en la función de pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional, Fopep, será ésta la entidad encargada del pago,
mientras que su reconocimiento continuará a cargo de la caja o fondo que
reconozca las pensiones.
Para determinar el monto de la indemnización
sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las
anteriores a la Ley 100 de 1993. (negritas fuera de texto).
[24] C-634/11
“en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las
sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y
de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución
de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio
erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de
constitucionalidad.”
[25] El
artículo 3 del Decreto 4269/11 dispone que Cajanal EICE en Liquidación deberá
poner a disposición de la UGPP las bases de datos, los aplicativos y la
información completa y necesaria para que esta última entidad pueda ejercer
cabalmente sus competencias. Situación que según la vinculada no se ha
consolidado y por lo tanto no ha asumido la obligación del reconocimiento y
pago de la indemnización sustitutiva.