T-190-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-190/04
DERECHO A LA SALUD-Suministro de medicamentos
INCAPACIDAD ECONOMICA DE PERSONA QUE
REQUIERE MEDICAMENTO-Manifestación
sobre carencia de recursos económicos no requiere prueba
Tal manifestación sobre la carencia de recursos
económicos no requiere prueba, por tratarse de una negación indefinida (art. 177
del C.P.C.) y no fue desvirtuada por la entidad accionada, ni por la vinculada,
ni por el juez de instancia en ejercicio de su facultad oficiosa de recaudar
pruebas. Por consiguiente, está acreditada la incapacidad económica de la
peticionaria, contrariamente a lo planteado por aquel funcionario.
Referencia: expediente T-798591
Acción de tutela interpuesta por Amalfi
Cassatti Vitola contra La Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos
mil cuatro (2004).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO BELTRAN SIERRA, MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Cartagena, en el trámite de
la acción de tutela iniciada por la señora Amalfi Cassatti Vitola contra La
Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La señora Amalfi Cassatti Vitola actuando mediante
apoderada judicial interpuso acción de tutela contra La Unidad Médica y de
Diagnósticos S.A., por considerar que dicha entidad ha desconocido sus derechos
fundamentales a la vida y a la seguridad social.
Manifiesta la accionante  que actualmente tiene un
enfermedad denominada Edema Pulmonar; que la entidad accionada venía
aplicándole el medicamento ECA, un genérico de Captopril, el cual le causaba
una tos incontrolable y edema laringeo. Por lo que fue necesario cambiar el
medicamento y se continuó el tratamiento con Capoten 50 mg, sin que se
produjeran dichos síntomas.
No obstante, la entidad accionada tomó la decisión de
suspender el fármaco aduciendo que era la cotizante quién debía sufragar los
gastos del nuevo medicamento, en razón de decisión tomada por el Comité Técnico
Científico de la Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.
Afirma la parte actora que la negación del medicamento
pone en riesgo inminente la vida y la salud de la paciente por no tener los
medios económicos suficientes para su compra .
2. Pretensiones
La demandante solicita el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida y a la seguridad social y, en consecuencia, solicita se
ordene a la Unidad Médica y de Diagnóstico S.A., la entrega del medicamento.
3. Respuesta de la entidad accionada
La representante Judicial de la Unidad Médica y de
Diagnósticos S.A., en escrito dirigido al juez de conocimiento[1] señaló, que por haberse
excluido del POS  el fármaco CAPOTEN 50mg  mediante el  acuerdo 228 de 2002 que
regula el sistema, tanto de índole legal como administrativo, el Comité Técnico
Científico adoptó la decisión de suspender  el suministro del medicamento a la
paciente.
4. Actuación adelantada por la Corte Constitucional y
Contestación de la Entidad Vinculada “Humana Vivir S.A.”:
Observado por la Sala primera de Revisión que en el
trámite de instancia de la presente acción no se vinculó a quien le asiste
interés  jurídico en éste proceso, esta Corporación mediante providencia de
fecha doce de Diciembre de 2003 ordenó tal actuación, suspendiendo los términos
del presente proceso y corriéndole traslado a Humana Vivir S.A. por el término
de tres días con el objeto de que hiciera  uso de su derecho de defensa.
Así las cosas, la entidad  vinculada dio respuesta a
las pretensiones de la accionante dentro del término ordenado por ésta
Corporación, manifestando que el fármaco CAPOTEN es un nombre comercial para la
molécula denominada CAPTOPRIL en su nombre genérico; por tal razón no es
cierto, como lo afirma la accionante, que el fármaco CAPTOPRIL le produzca tos
y edema laríngeo y  CAPOTEN no, cuando se trata del mismo medicamento.
Por otra parte sostiene que en virtud del parágrafo
del artículo 28 del Decreto 806 de 1998, existen  procedimientos de servicios o
medicamentos excluidos del POS al que los afiliados del Régimen  Contributivo
tienen derecho, debiendo, en caso de necesitarlos, remitir los usuarios a las
Instituciones Públicas o a aquellas con las que el Estado tenga contrato para
ese efecto.
De igual forma manifiesta que la jurisprudencia
Constitucional en la sentencia T-1166 de 2000  señala la necesidad de inaplicar
las normas que excluyen del POS un medicamento o tratamiento, cuando se cumplen
los requisitos allí mencionados, por lo que se hace necesario que la actora
demuestre su incapacidad económica  al momento de interponer la acción. En el
caso sub examine no se cumple este requisito y por el contrario se comprobó su
capacidad económica para asumir el costo del tratamiento.
5. Las pruebas que obran en el proceso
·     Comunicación por parte de la entidad
accionada donde informa la suspensión del medicamento CAPOTEN 50 mg[2].
·     Historia Clínica firmada por el Cardiólogo
de la accionante[3].
·     Escrito de oposición a las pretensiones
presentadas por la parte accionada[4].
·     Escrito de contestación a la pretensiones
presentada por la entidad vinculada[5].
II. DECISIÓN OBJETO DE REVISION
La demanda correspondió al Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Cartagena, quien mediante sentencia del 05 de Agosto de 2003[6], denegó el amparo
solicitado, al considerar que por no haberse insinuado por parte de la
demandante la incapacidad económica, mal puede el despacho presumir los hechos
motivo de la acción.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar el presente
fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de
la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por
la escogencia del caso mediante Auto de la Sala de Selección No. 10 de 17 de
Octubre de 2003.
2. Requisitos para el suministro de medicamentos,
tratamientos o procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de Salud.
Esta Corte ha sostenido que el derecho a la salud
guarda una estrecha relación con el derecho a la vida, de suerte que,
dependiendo de las circunstancias en particular, la negativa a la entrega de
medicamentos, tratamientos y procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de
Salud  puede poner en riesgos el derecho a la vida.[7]
Ahora bien, esta Corporación se ha ocupado de
innumerables casos en los cuales se ha inaplicando la reglamentación del Plan
Obligatorio  de Salud, teniendo en cuenta el perjuicio que se causa a quienes
requieren de los medicamentos o procedimientos excluidos, a tal punto que de
ellos dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la
integridad personal. En tales eventos, la Corte ha ordenado que sean
suministrados para evitar que una disposición legal o administrativa impida el
goce de las garantías constitucionales.[8]
Sin embargo, es necesario señalar en qué casos procede la aplicabilidad de las
disposiciones Constitucionales por encima de las de inferior jerarquía, esto
es  legales o reglamentarias sobre la materia, para garantizar los derechos
constitucionales fundamentales.
Así lo sostuvo la sentencia T-543-02 de 2002, con
ponencia del doctor Eduardo Montealegre Lynett:
“Según jurisprudencia reiterada de esta
corporación, las entidades de salud (E.P.S.) tienen la obligación de
suministrar a sus afiliados medicamentos excluidos del (POS) cuando; a) la
falta de medicamentos excluidos amenaza los derechos fundamentales a la vida,
la dignidad[9]
o la integridad física; b) el medicamento no puede ser sustituido por otro de
los contemplados en el plan obligatorio de salud o que pudiendo serlo, el
sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad  que el excluido del plan; c)
el paciente no puede sufragar el porcentaje que la E.P.S. esta  legalmente
autorizado para cobrar y no pueda acceder  a él por otro plan de salud y d) que
el medicamento haya sido prescrito por un medico adscrito a la E.P.S. a la cual
se encuentra afiliado el paciente que demanda el servicio”.
En consecuencia, cuando un usuario del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, que cumple los anteriores
requisitos, demanda una actividad, un procedimiento, una intervención o un
medicamento excluido del Plan Obligatorio de Salud, la E.P.S. debe prestarle
los servicios requeridos y puede exigir al  Estado el reintegro de los gastos
en que incurre.
3. Análisis del caso concreto.
En el caso de autos la solicitante es afiliada al
régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en salud a través
de la E.P.S. Humana Vivir S.A.; considera que se le está violando su derecho a
la salud en conexidad con la vida y a la Seguridad  Social, cuando se le
suspende el fármaco Capoten por encontrarse excluido del P.O.S. y es a ella a
quien le corresponde asumir su  pago, sin poseer el dinero para ello.
Conforme a lo
anterior y atendiendo a los requisitos señalados por la Jurisprudencia de esta
Corporación y al material probatorio obrante en el expediente, observa la Sala
de Revisión lo siguiente:
1-
Se
afirma en la demanda la incapacidad económica de la señora Amalfi Cassatti
Vitola, en virtud de la manifestación que hace la apoderada de la actora cuando
sostiene: “ Resulta entonces que ante la suspensión del medicamento por parte
del centro asistencial a cuya entrega tiene derecho Le (sic) tocaría a ella
asumir económicamente las erogaciones que sus padecimientos demandan, como el
pago de la medicina, dinero que no posee (negrillas fuera de texto)”
y ratificada por ella bajo  juramento en la diligencia de fecha 31 de Julio de
2003.
Tal
manifestación sobre la carencia de recursos económicos no requiere prueba, por
tratarse de una negación indefinida (art. 177 del C.P.C.) y no fue desvirtuada
por la entidad accionada, ni por la vinculada, ni por el juez de instancia en
ejercicio de su facultad oficiosa de recaudar pruebas. Por consiguiente, está
acreditada la incapacidad económica de la peticionaria, contrariamente a lo
planteado por aquel funcionario.
2-
Existe
el dictamen médico en relación con la necesidad de suministrarle la droga, con
el fin de mantener la tensión arterial normal[10].
3-
La
droga fue prescrita por el doctor Carlos García del Río, médico adscrito a la
E.P.S., toda vez que no se afirmó lo contrario en el escrito de contestación a
las pretensiones[11].
4-
El
medicamento Capoten no puede ser reemplazado por otro que figure dentro del
Plan Obligatorio de Salud[12].
En consecuencia,
se cumplen todos los requisitos jurisprudenciales, por lo que se revocará la
decisión que se revisa y en su lugar se concederá la tutela interpuesta,  en
orden a proteger los derechos constitucionales a la salud, en conexión con la
vida y la dignidad humana vulnerados por la E.P.S. Humana Vivir S.A.,
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en el nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Primero.- REANUDAR los términos suspendidos mediante auto de doce (12)
de Octubre de dos mil tres (2003).
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Cartagena el 05 de Agosto de 2003, dentro de la acción de tutela
interpuesta por la señora Amalfi Cassatti Vitola  en contra de la E.P.S. Humana
Vivir S.A. y en su lugar conceder la tutela por violación del derecho a la
salud en conexidad con la vida y la dignidad humana.
Tercero.- ORDENAR  a la E.P.S. Humana Vivir S.A., que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de éste fallo, continúe
suministrándole el medicamento Capoten de 50 mg, a la señora Amalfi Cassatti
Vitola, conforme el tratamiento  adelantado por el médico tratante.
Cuarto.- DECLARAR que a la E.P.S Humana
Vivir S.A. le asiste el derecho a obtener el reembolso de lo gastado en
cumplimiento  de la orden emitida por la Sala; en consecuencia, podrá repetir
contra la subcuenta correspondiente del Fondo de Solidaridad y Garantías del
Sistema de Seguridad Social en Salud.
Quinto. LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Ver Folios 18 al 20  del expediente
[2] ver folio 5 del expediente.
[3] Ver folio 10 del expediente.
[4] Ver folio 18 al 20 del expediente.
[5] Ver folios 45 al 52 del expediente.
[6] Ver Folios 27 a 29  del expediente
[7] Sentencias T-127 de 1997, SU 480- 97 M.P. Dr. Alejandro Martínez
Caballero “.....[S]i está de por medio la vida del paciente, la EPS tiene la
obligación de entregar la medicina que se señale aunque no esté en el
listado. Es que no se puede atentar contra la vida del paciente, con la
disculpa de que se trataría de una obligación estatal por la omisión del
gobierno al no hacer figurar en el listado el medicamento requerido. Obligar al
paciente a iniciar un trámite administrativo contra entidades estatales  para
que se le dé la droga recetada es poner en peligro la vida del enfermo. Ni se
puede ordenarle directamente al Estado la entrega de un medicamento cuando el
paciente está afiliado a su respectiva EPS, que, se repite, estando de por
medio la vida, tiene el deber de entregar lo recetado”.
[8] C.fr. SU 111 de 1997 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz T-114 de
1997
[9] C.fr. T-099-99 M.P Alfredo Beltran Sierra  desarrolla el concepto
de dignidad
[10] Ver folio 10 del expediente.
[11] Ver contestación a las excepciones Folios 45 al 48.
[12] Ver folio 10 ídem.