T-250-18
Sentencia T-250/18
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE
TUTELA-Inaplicación cuando violación de derechos persiste en el
tiempo
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA
ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro
medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial
protección constitucional
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR EL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional
Por regla general, la acción de
tutela no procede para resolver controversias que sean de conocimiento de la
jurisdicción ordinaria, como por ejemplo, los asuntos relacionados con el
reconocimiento de prestaciones pensionales. Sin embargo, y de acuerdo con el
artículo 13 de la Carta Política el cual dispone una protección especial a las
personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, esta Corporación
ha permitido que el juez constitucional conozca de casos que versen sobre dicha
naturaleza.
SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos que debe
acreditar el hijo en situación de discapacidad para ser beneficiario
PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PRUEBA-Finalidad
PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PRUEBA-Contenido y alcance
DERECHO A LA
SUSTITUCION PENSIONAL DE HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a Colpensiones
y a UGPP reconocer sustitución pensional
Referencia:
Expediente T-6.494.179
Acción
de tutela formulada por la señora Juliana del Pilar Díaz Luquerna, quien actúa
como representante legal de la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna, contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social      -UGPP-, y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos
mil dieciocho (2018).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y
los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
La acción de tutela formulada por Juliana del Pilar Díaz Luquerna,
quien actúa en representación de Beatriz Adriana Murillo Luquerna, contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP- y el Ministerio de Salud y Protección Social, correspondió por
reparto a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, autoridad judicial que, mediante Auto del 14 de agosto de 2017,
resolvió no avocar conocimiento de la acción constitucional toda vez que,
la litis versa sobre el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no tiene relación con la cartera ministerial demandada.
Por esta razón, ordenó remitir la actuación al Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales a fin de que fuera repartida entre los
Juzgados Civiles y de Familia de Bogotá.
Reasignado el asunto, este correspondió al Juzgado Treinta y Nueve
Civil del Circuito de Bogotá el cual, mediante Auto del 18 de agosto de 2017, avocó el conocimiento de
la acción de tutela y corrió traslado a la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones- y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
para que se pronunciaran sobre los hechos y las pretensiones del caso. Sin
embargo, omitió hacer lo propio en relación con el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá −Sala de Decisión
Civil−, en primera y segunda instancia respectivamente, en el
trámite de la acción de tutela instaurada por Juliana del
Pilar Díaz Luquerna, quien actúa en representación legal de la señora Beatriz
Adriana Murillo Luquerna contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en
adelante Colpensiones),  la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), y el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Mediante auto del 15 de diciembre de
2017, la Sala de Selección de Tutelas Número Doce[1]
escogió el expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al
Magistrado Alberto Rojas Ríos, para realizar la ponencia de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 241 de la
Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991,
indicando como criterios de selección los siguientes: Exigencia de aclarar
el contenido y alcance de un derecho fundamental (criterio objetivo) y urgencia
de proteger un derecho fundamental (criterio subjetivo)[2].
I.       ANTECEDENTES
1.         Hechos:
1.1.   Afirma la señora
Juliana del Pilar Díaz Luquerna que su prima, la señora Beatriz Murillo
Luquerna es una persona de 47 años que se encuentra en condición de discapacidad,
toda vez que padece una condición de discapacidad cognitiva moderada como
consecuencia de la hipoxia perinatal que le fue diagnosticada al momento
de nacer.
1.2.   Manifiesta que
su pupila toda su vida dependió económicamente de su padre, el señor Álvaro
Murillo Aguillón, quien obtenía sus ingresos de la pensión de jubilación
compartida entre el Instituto de Seguros Sociales y la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero en liquidación (hoy la UGPP).
1.3.   De
acuerdo con el escrito de tutela, la accionante convivió junto con sus padres
hasta el año 2009, toda vez que, el 18 de julio de esa anualidad, su padre el
señor Álvaro Murillo Aguillón, falleció debido a un tumor cerebral. Seguidamente,
el 2 de septiembre siguiente, su progenitora muere a causa de una complicación
por diabetes mellitus.
1.4.   Indica Juliana
del Pilar Díaz que, debido a que su prima quedó huérfana y sus familiares más
cercanos no se hicieron cargo de ella, inició un proceso de interdicción del
cual conoció el Juzgado Quince de Familia de Bogotá quien, mediante providencia
del 15 de julio de 2011, declaró en interdicción judicial definitiva a la
señora Beatriz Murillo por presentar discapacidad mental absoluta y designó
como su curadora a la señora Juliana del Pilar Díaz. Agrega que en dicho
proceso se dejó constancia de la precaria situación económica de la interdicta.
1.5.   Expone
que posteriormente solicitó ante Colpensiones y la UGPP la sustitución
pensional de la pensión de vejez del señor Álvaro Murillo a favor de la señora
Beatriz. Para ello, le fue exigido aportar el dictamen de pérdida de capacidad
laboral. Ante esta situación, procedió a adelantar los trámites requeridos para
atender dicha exigencia.
1.6.   El 20
de septiembre de 2012, la Junta Regional de Calificación de invalidez de Bogotá
mediante dictamen No. 50090 estableció que la actora presentaba una pérdida de
capacidad laboral del 44.30% de origen común y con fecha de estructuración del
25 de enero de 2011.
1.7.   En
segunda instancia, el examen de pérdida de capacidad laboral, emitido por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 26 de marzo de 2014, arrojó un
resultado de 58.80%. Sin embargo, la fecha de estructuración fue confirmada, es
decir, se acogió la fecha de la práctica del examen psiquiátrico realizado por
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dentro del juicio de
interdicción antes mencionado, desconociendo los dictámenes médicos que daban
cuenta que la enfermedad se había originado en los primeros años de vida de la
accionante conforme se evidenciaba de los dictámenes médicos proferidos en los
años 1989, 2010 y 2011, según los cuales la patología padecida era de
naturaleza congénita.
1.8.   Sostiene
que al recibir los resultados del examen de pérdida de capacidad laboral de la
señora Beatriz presentó, nuevamente, solicitud de sustitución pensional ante
Colpensiones[3]
y la UGPP[4]
para que le fuese asignada a su representada la pensión de vejez de su padre,
el señor Álvaro Murillo Aguillón.
1.9.   Afirma
que las entidades accionadas negaron su petición bajo el argumento de que la
señora Beatriz Murillo no dependía económicamente de su padre toda vez que
adquirió su situación de invalidez en el año 2011, es decir, con posterioridad
a su fallecimiento.
1.10. En
concreto, el 26 de agosto de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social  -UGPP-, expidió
la Resolución No. RDP 025962 por medio de la cual negó la sustitución pensional
a la demandante por no haber demostrado la dependencia económica con su padre,
el señor Álvaro Murillo Aguillón, pues “para el 18 de julio de 2009 fecha de
fallecimiento del causante no ostentaba ninguna pérdida de capacidad laboral,
toda vez que esta se adquirió hasta el 25 de enero de 2011, es decir, después
del fallecimiento del causante (…), lo que desvirtúa la dependencia con el
causante al momento de su fallecimiento”[5].
1.11. Así
mismo, el 1 de septiembre de 2014, la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones- profirió la Resolución No. GNR 305093, por medio de la cual negó
la sustitución pensional a la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna debido a
que “confrontados los elementos probatorios aportados a las disposiciones
aplicables, se encuentra que el Dictamen de Calificación de Pérdida de
Capacidad Laboral dictamina como fecha de estructuración el 25 de enero de
2011, fecha posterior al fallecimiento del causante (18 de julio de 2009), con
lo cual no se acredita la calidad exigida de invalidez al momento del
fallecimiento del causante y por consiguiente la dependencia económica respecto
de él”[6].
1.12. Manifiesta
que, a pesar de lo anterior y con el fin de acreditar que la señora Beatriz
Murillo padece retraso mental desde el momento de su nacimiento, solicitó a la
Clínica La Foscal de Bucaramanga copia de la historia clínica del nacimiento. En
respuesta a la solicitud presentada, le fue informado que no reposaba, en su
poder, tal documentación.
2.      Solicitud de tutela
Con fundamento en los hechos expuestos, el
10 de agosto de 2017, la señora Juliana del Pilar Díaz Luquerna, en
representación de Beatriz Adriana Murillo Luquerna, invoca la protección de los
derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social y mínimo vital para
que las entidades accionadas reconozcan y paguen la sustitución pensional, a la
que tiene derecho, con su respectivo retroactivo. Además, solicitó que se
ordene al Ministerio de Salud y Protección Social que “desarrolle el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993, a efectos de indicar en qué eventos no es
necesaria la práctica de un dictamen de pérdida de capacidad laboral, para
conceder la pensión de sobrevivientes”.
3.   Traslado
y contestación de la demanda
El 18 de agosto de
2017, el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción
de tutela[7] interpuesta por la señora Juliana
del Pilar Díaz  Luquerna, en representación de Beatriz Murillo, y
requirió a  Colpensiones y a la UGPP para que se
pronunciaran sobre los hechos que suscitaron la presente solicitud de amparo.
3.1.
Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-
El 24 de agosto de 2017, el Subdirector
de Defensa Judicial Pensional de la UGPP, dio contestación al requerimiento
judicial, solicitando se declarara la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por las siguientes razones: (i) frente a la decisión que negó la
sustitución pensional, procedía el recurso de reposición y, en subsidio, el de
apelación. En virtud de que no se promovieron por parte de la solicitante, el
acto administrativo quedó en firme; (ii) no se cumplió con el principio de
subsidiariedad pues frente a su inconformismo la accionante debió acudir a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo o a la jurisdicción ordinaria; (iii) no se evidenció
un perjuicio irremediable; y por último, (iv) no se acreditó el principio de
inmediatez, toda vez que la solicitud fue negada en el año 2014 y 3 años
después, se interpuso la acción de tutela[8].
3.2. Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
El 29 de agosto de 2017, el Director de
Acciones Constitucionales de Colpensiones, radicó escrito de contestación en el
Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá, en el que solicitó se
declarara la improcedencia de la acción de tutela en virtud de que la curadora
no agotó el principio de subsidiariedad ya que debió haber acudido a la
jurisdicción ordinaria para adelantar la obtención de la prestación que
reclama.
3.3. Ministerio de Salud y de Protección
Social
El Juzgado Treinta y Nueve Civil del
Circuito de Bogotá, juez que conoció en primera instancia del proceso, no
corrió traslado de la acción de tutela formulada al Ministerio de Salud y
Protección Social. Por esta razón, esta cartera ministerial no se pronunció.
4.      Decisiones judiciales objeto de
revisión
4.1.   Primera instancia
El Juzgado Treinta y Nueve Civil del
Circuito de Bogotá, mediante fallo del 1 de septiembre de 2017, declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Juliana del Pilar Díaz
Luquerna, en representación de la señora Beatriz Murillo, por no acreditarse el
principio de subsidiariedad toda vez que, no acudió a la jurisdicción ordinaria
para dirimir la controversia planteada, y no se evidenció la configuración de un
perjuicio irremediable de la representada.
4.2.   Impugnación
La señora Juliana del Pilar Díaz Luquerna impugnó la
decisión adoptada por el juez de primera instancia pues estimó que no era el
competente para conocer del asunto, en virtud de que una de las entidades
accionadas era el Ministerio de Salud y de Protección Social y, por ende, el
competente era el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
4.3.   Segunda instancia
La Sala de Decisión Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 5 de octubre
de 2017, confirmó la decisión adoptada por el a quo habida cuenta de que
no se cumplió con el requisito de inmediatez pues pasaron más de 3 años desde
que se profirieron los actos administrativos que negaron el reconocimiento de
la sustitución pensional hasta el momento de interposición de la solicitud de
amparo. Así mismo, estimó que no se cumplió con el principio de subsidiariedad,
en cuanto a que el acto administrativo que se debate resultaba susceptible de
ser impugnado a través de las acciones contenciosas administrativas
correspondientes.
5.      Pruebas
que obran en el expediente
5.1. Copia de la
cédula de ciudadanía de la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna que da
cuenta que nació en el año de 1970.[9]
5.2. Copia del
registro de nacimiento de la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna, que
demuestra la relación filial con el señor Álvaro Murillo Aguillón[10].
5.3. Copia de la
sentencia proferida, el 15 de junio de 2011, por el Juzgado Quince de Familia
de Bogotá, en la cual se decretó la interdicción definitiva de la señora
Beatriz Adriana Murillo Luquerna y se nombró como su curadora a la señora
Juliana del Pilar Díaz Luquerna[11].
5.4. Copia del informe psicológico proferido en el año 1989 por
la psicóloga clínica, María Cristina H. de Escalante, en el que se señala sobre
la salud mental de la señora Beatriz Murillo Luquerna[12],
lo siguiente:
-
“Edad: 18 años.
-
Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1970.
-
Escolaridad: 4º de Bachillerato.
-
Padre: Álvaro Murillo Aguillón.
-
Madre: Beatriz Luquerna de Murillo.
-
Puesto que ocupa entre los hijos: Hija única.
-
Vive con: Sus padres.
-
Motivo de consulta: Evaluación psicológica por presentar
trastorno del desarrollo de aprendizaje con dislalias persistentes y voz nasal
incrementada ante ciertas situaciones.
-
Datos positivos de la consulta: “Sobreprotegida – operada de
adenoides – operada de (…) por posición fetal inadecuada. Hipoxia perinatal-
Parto por cesárea”.
-
Pruebas aplicadas: “Batería de test para medir capacidad
intelectual; niveles de (…) percepción visual, coordinación viso-motriz,
lateralidad y aspecto emocional”.
-
Resultados obtenidos:
§  Coeficiente intelectual: Deficiente.
§  Edad mental funcional: Deficiente – 11 años y 9 meses.
§  Edad mental verbal: Deficiente – 11 años y 7 meses.
§  Edad mental ejecutiva: Deficiente – 12 años y 8 meses.
-
Orientación al examen:
§  Auto psíquico: Normal.
§  Alopsíquica: Normal.
§  Consciencia: Al examen, lúcida.
§  Pensamiento: Al examen, lógico con raciocinio a nivel
primario. No hay atención a niveles superiores de acuerdo a su edad (18 años).
§  Sensopercepción: Al examen, adecuada.
§  Afecto: Al examen, muestra conductas infantiles en su manejo
afectivo.
§  Capacidad intelectual: Al examen, se encuentra un rendimiento
intelectual CONSCIENTE, edad mental 12 años y 5 meses. Hay inmadurez en
procesos de pensamiento; su capacidad de raciocinio se relaciona en niveles primarios,
pero falla en niveles mayores.
§  Gnosis: “No ha asimilado los conocimientos de acuerdo a su
edad. En este puede influir un bajo nivel académico, así como fallas en el (…).
Hay alteración a nivel de gnosis visuales y auditivas; falla en la coordinación
viso-motora”.
§  Atención: “Dispersa. Existe insuficiencia en las funciones
cerebrales de (…) a tamizar y seleccionar los estímulos sensoriales”.
§  Memoria: Escasa. Sus dificultades en la atención no le
permiten grabar imágenes para posteriormente reconocerlas.
§  Lenguaje: “Su vocabulario es pobre, lo que limita la
expresión de sus (…) comprensión. Dislalias persistentes, y voz nasal”.
§  Resultados del test Bender: “Los resultados obtenidos en el
test Bender encuentran fallas en coordinación viso-motriz equivalente a una
edad de años (sic), aunado a lo anterior, aparece un 23% de signos
significativos de disfunción”.
§  Aspecto afectivo emocional: “presenta inestabilidad afectivo
– emocional. La sobreprotección de la cual ha sido víctima que se traduce en
ansiedad, comportamientos infantiles y estereotipados como medio de llamar la
atención de quienes la rodean. En general, manifiesta conducta infantil (10-12
años). Se encuentra afectada por su problemática del habla lo cual minusvalora
estima (sic) y su autoimagen acentuándole la inseguridad llevándola a asumir de
introversión”.
-
Conclusión diagnóstica: “Se trata de un retraso mental
leve asociado a (…) afectivo emocional que determina trastorno de
aprendizaje”. (subrayados fuera del texto original)
-
Recomendaciones:
§  Interconsulta con fonoaudiología.
§  Sugiero ayuda clínica pedagógica individual paralela al
estudio.
§  No forzarla en el aprendizaje.
§  Organizarle método de estudio y ejercicios de atención.
§  Terapia de tipo psicológico a nivel emocional pero debido a
la escasa capacidad de raciocinio el tratamiento terapéutico tiene que hacerse
a nivel muy primario de tal manera que da a manejar su problemática frente a la
forma de hablar.”
5.5. Copia del informe de valoración por psiquiatría realizado,
el 4 de marzo de 2010, por el médico psiquiatra, Germán Posada Peláez[13], en el que se indica lo
siguiente:
-
“Motivo de consulta: solicitan valoración psiquiátrica
actualizada para presentar en proceso de solicitud de interdicción.
-
Enfermedad actual: paciente a quien se le hizo diagnóstico de
retraso mental leve asociado a inestabilidad emocional y trastorno de
aprendizaje, cuando tenía 18 años (febrero de 1989). Refiere la acudiente que
la paciente vivió únicamente con los padres, quienes la mantuvieron en un
estado de relativo aislamiento, reportando persistentemente a la familia que
era normal. Por tal razón no hay mayores datos sobre su desarrollo psicomotor e
intelectual. Al fallecer los padres, el año pasado, llega a vivir con su prima
quien solicita la valoración.
Refiere cuadro de conductas
repetitivas y ritualistas (se demora varias horas bañándose), soliloquios,
pensamiento perseverativo, irritabilidad, sueño irregular, marcada inquietud y
realización de planes a futuro no coherente con su realidad actual (dice que se
va a independizar y a buscar trabajo como abogada o secretaria). Los padres no
adelantaron ningún proceso para asegurar la continuidad del cuidado de la paciente,
ante lo cual surge la motivación de realizar una valoración psiquiátrica, para
aclarar el diagnóstico y tomar medidas para garantizar su protección.
-
Antecedentes personales:
§  Médicos: se extraen datos de evaluación por psicología
realizada a los 18 años (febrero de 1989) – reportan antecedente de hipoxia
perinatal – se desconoce la causa.
§  Quirúrgicos: resección de adenoides – corrección de
malformación de pie derecho.
§  Ginecobstétricos: G: 0  P: 0. Ciclos regulares.
§  Farmacológicos: Al parecer recibió pipotiazina y
levomepromazina.
§  Psiquiátricos: Al parecer presentó episodios psicóticos y
alteraciones del comportamiento, pero no hay información al respecto (se
infiere por los medicamentos que ella informa que ha recibido).
-
Antecedentes familiares: el padre falleció por tumor cerebral
y la madre por complicaciones de diabetes mellitus.
-
Historia personal: Hija única. “No hay datos sobre embarazo,
el cual fue reportado por ellos (sic) padres como normal (según el informe de
psicología mencionado), parto por cesárea, presentando hipoxia perinatal (causa
no reportada). No hay datos sobre desarrollo psicomotor – solo refieren
dislexia y voz nasal ocasional (que originó la evaluación psicológica). Terminó
el bachillerato -  no hay datos sobre su desempeño académico. Comenzó a
realizar estudios técnicos, pero no los continuó – en institución de educación
especial. Los padres fallecieron en julio y septiembre de 2009, luego de lo
cual llega a vivir con su prima por petición de la madre. Al parecer la
relación con los padres era conflictiva y siempre se evidenció interés por
parte de ellos de ocultar la discapacidad y mantener una relación distante con
el resto de la familia. La acudiente refiere que no se ha observado una
reacción de duelo luego de la muerte de sus padres”.
-
Examen Físico: Paciente en regulares condiciones físicas
generales, hidratada, afebril. FC: 95, TA: 115/74, FR: 16. Mucosas rosadas,
húmedas. Pupilas isocóricas, foto reactivas. Orofaringne normal. Cuello sin
alteraciones. Corazón: taticardios, sin soplos. Pulmones limpios, con adecuada
ventilación. Abdomen blando, no doloroso, sin megalias. Extremidades sin
alteraciones, Neurológico: Fuerza y sensibilidad conservadas, reflejos
simétricos: +++/++++, pares sin alteraciones, equilibrio conservado.
-
Examen Mental: “Alerta, desorientada parcialmente en tiempo,
cordial, colabora, con adecuada presentación, disproséxica. Lenguaje de tono
alto, coherente, con tendencia a logorrea. Pensamiento con ideas de bienestar
por deseo de independizarse y comenzar a buscar trabajo como secretaria o como
abogada, concreto, perseverativo. Memoria conservada. Sensopercepción sin
evidencia de alteraciones. Afecto algo ansioso, con tendencia a euforia y
expansividad. Inteligencia impresiona (sic) como inferior al promedio. Juicio
debilitado, insuficiente. Introspección pobre, sin conciencia de enfermedad.
Conducta: tendencia a inquietud. Prospección: fantasiosa, no realista.”
-
Diagnóstico:
§  F069 Trastorno mental por lesión y disfunción cerebral.
§  F271 Retraso mental leve con deterioro significativo del
comportamiento.
§  Secuelas de hipoxia perinatal.
-
Concepto: Paciente con diagnóstico de retraso mental leve
secundario a hipoxia perinatal, quien en el momento presenta alteraciones en el
comportamiento asociadas a su patología de base y favorecidas por los cambios
que ha presentado en su entorno socio familiar durante los últimos años, con
evidente incapacidad permanente para la autodeterminación y el manejo de sus
bienes, y requerimiento de supervisión permanente en su autocuidado.”
5.6. Copia
del examen psiquiátrico forense expedido, el 18 de febrero de 2011, por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -  Regional Bogotá, en
el que se comunica que, el 25 de enero de 2011, le fue practicado el reconocimiento
psiquiátrico a la señora Beatriz Murillo Luquerna[14],
el cual arrojó el siguiente resultado:
-
“Historia personal: Gestación normal, presentó hipoxia
cerebral y nacimiento sin información. Desarrollo psicomotor sin información.
Inició la escolaridad hacia los tres años, en el jardín, en la primaria con
rendimiento adecuado, en el bachillerato con rendimiento adecuado. Permaneció
en la casa con los padres hasta su fallecimiento, estuvo en Corposides.
Actualmente vive con la prima y su familia desde hace un año, en un apartamento
de propiedad, su sostenimiento depende de la prima y el esposo. Atiende su
higiene y cuidado personal, es necesario supervisar sus actividades de la vida
diaria, “se demora en el baño”. No puede ir sola de un lugar a otro, reconoce
el dinero en cifras pequeñas, pero no lo maneja. Toma Haloperidol 5 gotas en la
noche, antes Pipotizina y Levomepromazina. Realiza actividad de pintura al
óleo.
-
Examen del estado mental: se trata de una mujer adulta,
ingresa en compañía de la prima, tendencia logorreica, apariencia apropiada
para su edad, sexo y condición socio cultural, con expresión y actitud corporal
características de personas con retraso mental. Se encuentra consciente.
Desorientado en todas las esferas, orientada en persona. Durante la entrevista una
actitud de colaboración pasiva. Tiene dificultad para comprender las preguntas
y para contestarlas. Se expresa con lenguaje limitado. Afecto sin modulación.
Pensamiento pobre. Inteligencia proyectada por debajo del promedio. Juicio y raciocinio
comprometidos. Introspección nula. Prospección incierta. Memoria deficiente.
Sensopercepción sin alteraciones. Actividad motora normal tanto en la conación
como en la ejecución. Acalculia. Sueño regulado con medicación. Apetito
adecuado.
-
Análisis: La examinada presenta deficiencia global en sus
funciones mentales y en su adaptación, que corresponden a un retraso mental
moderado (sic). En cuanto a la etiología, el retraso mental se
produce por daño cerebral difuso durante los primeros años de la vida, en el
presente caso, según información aportada, por sufrimiento neonatal y anoxia
cerebral secundaria al mismo.
El
retraso mental, constituye una condición irreversible, para la cual no existe
tratamiento específico: por lo mismo, no puede esperarse recuperación en las
capacidades mentales de esta persona. Dicha condición la incapacita para tomar
decisiones autónomas, así como para administrar sus bienes y disponer de ellos.
-
Conclusión: Examinada Beatriz Adriana Murillo Luquerna, se
encuentra que es persona incapaz absoluta de administrar sus bienes y disponer
de ellos, por retraso mental moderado (sic).”
5.7.
Copia del dictamen proferido, el 26 de marzo de 2014, por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el que se señala que la señora Beatriz
Adriana Murillo Luquerna tiene una pérdida de capacidad laboral del 58.80% y
fecha de estructuración, el 25 de enero de 2011[15].
5.8.
Copia del Registro Civil de Defunción No.06672815 de la señora Beatriz Luquerna
de Murillo[16].
5.9.
Copia del Registro Civil de Defunción No.06532697 del señor Álvaro Murillo
Aguillón[17].
5.10.
Copia de la Resolución No. RDP 025962 expedida, el 26 de agosto de 2014, por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, en la que niega la sustitución
pensional a la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna por no haber demostrado
la dependencia económica con el causante, el señor Álvaro Murillo Aguillón[18].
5.11.
Copia de la Resolución No. GNR 305093 expedida, el 1 de septiembre de 2014, por
la Administradora Colombiana de Pensiones           -Colpensiones-, en la que
niega la sustitución pensional a la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna por
no haber demostrado la dependencia económica con el causante, el señor Álvaro
Murillo Aguillón[19].
5.12.
El 18 de abril de 2018, Diego Alejandro Urrego Escobar, en su
calidad de Director de Acciones Constitucionales con Funciones Asignadas de
Jefe de Oficina Asesora de Asuntos Legales de la Administradora Colombiana de Pensiones,
allegó a la Secretaría General de esta Corporación el oficio BZG2018_4733901
por medio del cual solicita que se niegue el amparo solicitado por la señora
Juliana del Pilar Díaz, quien actúa en representación de la señora Beatriz
Murillo, por existir otro medio de defensa judicial para dirimir la
controversia y además, no evidenciarse un perjuicio irremediable[20].
6.
Actuaciones surtidas en sede de revisión
6.1.
Mediante auto del 6 de marzo de 2018, se ordenó vincular al
trámite de tutela a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y se le
solicitó pronunciarse sobre los hechos descritos en la solicitud de amparo de
la referencia.
6.2.
El 15 de marzo de 2018, la señora Diana Nelly Guzmán Lara, en
su calidad de Abogada de la Sala Primera de Decisión de la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, solicitó la desvinculación de la acción de tutela
toda vez que la pretensión de reconocimiento pensional estaba dirigida al
Ministerio de Salud y Protección Social, a Colpensiones y a la UGPP[21].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
La Corte Constitucional es competente
para conocer de la revisión de los fallos de tutela proferidos, dentro de la
acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Planteamiento del caso y problema jurídico
Juliana del Pilar Díaz Luquerna, quien
actúa como curadora de la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna, presentó acción de
tutela contra Colpensiones, la UGPP y el Ministerio de Salud y Protección
Social por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida
digna, mínimo vital y seguridad social de su pupila. La señora Díaz Luquerna afirma
que dichas entidades negaron el reconocimiento de la sustitución pensional,
bajo el argumento de no haber demostrado que su
representada dependía económicamente del causante, el señor Álvaro Murillo
Aguillón.
Corresponde a la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, en primer lugar, verificar si la acción de
tutela interpuesta por Juliana del Pilar Díaz Luquerna, quien
actúa como curadora de la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna, contra la
Administradora Colombiana de Pensiones         -Colpensiones-, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP- y el Ministerio de Salud y Protección Social, cumple con los requisitos de
procedencia formal de la acción de tutela.
Superado éste estudio, la Sala
resolverá el siguiente problema jurídico:
¿La
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP- vulneraron
los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida
digna de la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna al negarle el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, argumentando no haber acreditado la dependencia económica con el
causante de la prestación, su padre, aun cuando existen dictámenes médicos que
evidencian su condición de discapacidad, inclusive, desde el momento de su
nacimiento?
2.1. En cuanto al
planteamiento del problema jurídico es importante resaltar que la
jurisprudencia de la Corte ha reconocido que el juez constitucional tiene la
potestad de interpretar la demanda[22],
y de fijar el objeto de estudio de la controversia, razón por la cual, no está
obligado a estudiar todas las pretensiones planteadas por el accionante en el
escrito de tutela[23].
En virtud de lo
anterior, esta Sala estima necesario precisar que, aunque una de las
pretensiones de la curadora está dirigida a que el Ministerio de Salud y
Protección Social reglamente los requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes, no estudiará este asunto, en virtud de que la litis gira
en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo
vital, vida en condiciones dignas y seguridad social de la señora Beatriz Adriana
Murillo Luquerna, por el no reconocimiento de la sustitución pensional a su
favor. Por tal razón, resulta inocuo pronunciarse al respecto.
2.2. Para resolver los problemas jurídicos planteados, esta Sala expondrá: (i) reglas jurisprudenciales
relativas a la procedencia de la acción de tutela para garantizar el
reconocimiento y pago de derechos pensionales; (ii) requisitos para
el reconocimiento de la sustitución pensional a beneficio del hijo en situación
de discapacidad; (iii) principio de la unidad de la prueba y, finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.
3. Estudio de procedencia formal del
amparo
Antes de realizar el estudio de procedencia del caso bajo
estudio, esta Sala encuentra necesario aclarar que, si bien el juez de primera
instancia no le corrió traslado de la acción de tutela al Ministerio de Salud y
Protección Social, dicha irregularidad no vulnera el derecho fundamental al
debido proceso de alguna de las partes involucradas, ni mucho menos afecta la
legalidad del trámite, toda vez que la cartera ministerial no se encuentra
relacionada con el problema jurídico a resolver.
Además, la actora sólo se refirió a este Ministerio al
pretender que se le ordene regular “el artículo 38 de la Ley 100
de 1993, a efectos de indicar en qué eventos no es necesaria la práctica de un
dictamen de pérdida de capacidad laboral, para conceder la pensión de
sobrevivientes”, lo cual es competencia exclusiva del legislador, por esa razón, no era
necesario llamarla al proceso. Además, es importante advertir que la acción de
tutela no es el mecanismo idóneo para materializar dicha pretensión. De esta
manera, se ordenará desvincular de este trámite al Ministerio de Salud y
Protección Social.
En relación con el análisis de la
procedibilidad de la acción de tutela, el artículo 86 de la Carta Política,
establece que esta  tiene como propósito garantizar la protección de los
derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública o excepcionalmente de un
particular. Su procedibilidad está supeditada al cumplimiento de 3 requisitos
formales: (i) legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii)
inmediatez; y (iii) subsidiariedad.
En cuanto a la legitimación en la
causa por activa, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela podrá ser formulada por la persona titular de los derechos
fundamentales que están siendo vulnerados o amenazados, o por alguien que actúe
en su nombre.
Respecto de la legitimación en la
causa por pasiva, el artículo 5 del citado Decreto dispone que la acción de
tutela debe dirigirse contra la autoridad o particular que vulnera o amenaza
con vulnerar los derechos fundamentales.
En el caso que nos ocupa, el
requisito de la legitimación en la causa por activa se encuentra superado pues
la señora Juliana del Pilar Díaz Luquerna, quien mediante sentencia judicial
fue declarada curadora de la señora Beatriz Murillo Luquerna[24], interpuso acción de tutela para que fueran
amparados los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida
en condiciones dignas de su pupila, que presuntamente han sido vulnerados por
la negativa de Colpensiones y de la UGPP de reconocerle la sustitución
pensional derivada de la pensión de vejez de su padre.
En lo relacionado con el presupuesto
de la legitimación en la causa por pasiva, se debe advertir que este se
encuentra superado, toda vez que Colpensiones y la UGPP, para el caso objeto de
estudio, son las entidades encargadas de reconocer la sustitución pensional
solicitada.
Respecto del requisito de inmediatez
se tiene que la UGPP, el 26 de agosto de 2014, por medio de la Resolución RDP
025962 negó el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la señora
Beatriz Adriana Murillo Luquerna. Así mismo, el 1 de septiembre de 2014, Colpensiones
a través de la Resolución GNR 305093, también negó dicha prestación pensional.
En consecuencia, debido a la negativa
de las entidades accionadas a reconocer la sustitución pensional la curadora de
la señora Beatriz Murillo Luquerna interpuso acción de tutela el 10 de agosto
de 2017, evidenciándose que si bien transcurrieron casi 3 años entre el hecho
vulnerador y la presentación de la acción de tutela se debe tener en cuenta que
esta Corporación, en varias oportunidades, ha dispuesto que cuando el asunto
versa sobre prestaciones periódicas, como el reconocimiento
de una pensión y el no pago de sus mesadas, ello constituye una afectación continua de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y, por tanto, la acción
de tutela puede formularse en cualquier tiempo mientras perdure la violación[25].
Así mismo, se debe tener en cuenta: (i) la amenaza grave e inminente
al derecho al mínimo vital de la señora Beatriz Murillo, en virtud de que su
curadora no cuenta con los recursos económicos para asumir su sostenimiento, y (ii)
la situación de debilidad manifiesta de la accionante derivada de su condición
de discapacidad cognitiva moderada, el cual le ha ocasionado dependencia
permanente hacía terceros. Con ocasión a lo previamente expuesto, esta Sala encuentra que en virtud de
las especiales condiciones de la accionante, al ser un sujeto de especial
protección, y considerando que la vulneración es actual, el requisito de
inmediatez se encuentra satisfecho.
Por último, en cuanto al principio
de subsidiariedad, este se entiende superado cuando la persona afectada no
dispone de otro mecanismo de defensa judicial,
“porque ya agotó los que tenía o porque los mismos no existen o cuando, a
pesar de disponer de otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela
sea instaurada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
o cuando el medio judicial ordinario no resulta idóneo o eficaz para la
protección de los derechos invocados por el accionante”[26], dadas las
circunstancias especiales del caso y la situación en la que se encuentre el
solicitante[27].
Esta Corporación en la Sentencia T-715
de 2016 dispuso que: “cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que debe conocer, dentro del marco estructural
de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su
competencia”. Sin embargo, esta Corte ha
flexibilizado la procedencia de la acción de tutela en los siguientes eventos:
“(i) Los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de
no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) El accionante es un sujeto de especial protección
constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas (sic), mujeres cabeza de familia,
población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere
de particular consideración por parte del juez de tutela.”[28]
El inciso tercero del artículo 13 de la Carta Política establece
que aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta, deben recibir un mayor nivel de protección por parte del Estado,
con el propósito de llegar a una efectiva igualdad material[29].
La sentencia T-495 de 2010 señaló que son sujetos de especial
protección constitucional aquellos que por:
“«su situación de debilidad
manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al
resto de la población», por lo
que «la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una
incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida
cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento
preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de
derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones
afirmativas a favor de los grupos mencionados»”.
En ese sentido, el
examen de procedibilidad que se realiza a los sujetos de especial protección
debe ser acorde a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran quienes
solicitan el amparo de sus derechos fundamentales[30].
Si bien en el caso sub judice
se evidencia que la curadora no interpuso los recursos administrativos
correspondientes contra los actos que negaron la sustitución pensional y,
además, no acudió a la jurisdicción ordinaria laboral para dirimir la
controversia, es claro que dicha conducta no puede atribuírsele a la señora
Beatriz Adriana Murillo, toda vez que es un sujeto de especial protección
constitucional, debido a su delicado estado de
salud, pues padece de una condición de discapacidad cognitiva moderada la cual
le impide valerse por sí misma. Además, tiene una pérdida de capacidad laboral
de 58.80% y, tal como lo ha manifestado su curadora, no cuenta con recursos
económicos para solventar sus necesidades básicas pues durante toda su vida
dependió económicamente de sus padres, quienes fallecieron en el año 2009.
Es por esto que, dadas las
condiciones de vulnerabilidad de la accionante, resulta desproporcionado
someterla a un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral, el cual si bien
es idóneo (debido a que es en este escenario donde se debaten las pretensiones
que reclama la actora), no resulta eficaz por su estado de salud y debido a la
afectación a su derecho fundamental al mínimo vital, en el entendido que no
puede proveerse de los recursos básicos para su digna subsistencia.
De esta manera, la Sala Novena de Revisión considera que,
dada la calidad de sujeto de especial protección de la accionante por ser una
persona que tiene una grave afectación de su salud, una pérdida de capacidad
laboral superior al 50%, padecer de una condición de discapacidad cognitiva moderada, y no tener los
recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, se amerita la intervención urgente del juez constitucional.
En esos términos la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos
de legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela en
materia de reconocimiento de pensiones
El artículo 86 Superior establece que
la acción de tutela es un mecanismo diseñado para la protección inmediata de
los derechos fundamentales frente a una posible amenaza o vulneración por parte
de cualquier autoridad pública o particular. Así mismo, ha señalado que solo
resulta procedente cuando: (i) no exista otro medio de defensa judicial, (ii) exista
pero no sea idóneo o eficaz en virtud de las circunstancias del caso concreto, tales
como las condiciones personales de vulnerabilidad del afectado o (iii) cuando
es utilizado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En virtud de ello, por regla general, la acción de tutela no
procede para resolver controversias que sean de conocimiento de la jurisdicción
ordinaria, como por ejemplo, los asuntos relacionados con el reconocimiento de
prestaciones pensionales. Sin embargo, y de acuerdo con el artículo 13 de la
Carta Política el cual dispone una protección especial a las personas que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad, esta Corporación ha permitido
que el juez constitucional conozca de casos que versen sobre dicha naturaleza.
Al respecto, esta Corporación en la Sentencia T-343 de 2014
estableció los eventos en los cuales se puede interponer acción de tutela para
reclamar prestaciones de contenido económico, a saber:
“a. Que se trate de sujetos de especial de protección constitucional.
“b. Que la falta de pago de la prestación o su disminución,
genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular
del derecho al mínimo vital,
“c. Que el accionante haya desplegado cierta actividad
administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la
prestación reclamada.
“d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las
cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.
En el mismo sentido, la Sentencia T-471 de 2014 dispuso que
cuando la protección constitucional es requerida por un sujeto de especial
protección (persona de la tercera edad, madre o
padre cabeza de familia, persona en situación de discapacidad), el estudio de
procedibilidad debe flexibilizarse y, por ende, ser menos riguroso en estos
casos[31].
Cuando la vulneración de los derechos
fundamentales se derive por el no reconocimiento de una pensión, el juez de
tutela debe valorar la situación fáctica del accionante para así determinar si
este cumple con los requisitos de ley para acceder a la prestación. Verificado
lo anterior deberá establecer si el amparo se concede de forma definitiva o
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el
asunto, esta Corte dispuso lo siguiente:
“(i) procede
como mecanismo
transitorio, cuando a pesar de la
existencia de un medio ordinario de defensa para el reconocimiento de la
prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme
a la especial situación del peticionario[32];
(ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando
el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y
eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia[33].”[34]
Así mismo, este Alto Tribunal
estableció que cuando en la controversia esté de por medio la solicitud de
amparo de los derechos fundamentales de un sujeto de especial  protección que
por su condición económica, física o mental se encuentre en una condición de
debilidad manifiesta, se debe otorgar un tratamiento especial en su beneficio[35], de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 47 de Constitución Política.
Por
lo anterior, el tiempo que implicaría acudir a la jurisdicción ordinaria
laboral para el reconocimiento de una sustitución pensional de una persona en
situación de discapacidad, podría llegar a vulnerar su derecho fundamental al
mínimo vital, razón por la cual, se justifica que el juez constitucional
conozca del asunto.
5. Requisitos para el reconocimiento de
la sustitución pensional a beneficio del hijo en situación de discapacidad.
Reiteración jurisprudencial
La sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes son dos
modalidades del derecho a la pensión, cuyo objetivo es proteger a aquellas
personas que dependían económicamente del afiliado o pensionado, de las cargas
materiales que pudiesen afrontar por su muerte. Al respecto, esta Corporación
ha reconocido tres principios que fundamentan esta prestación pensional:
“(i) principio de estabilidad económica y social para los
allegados del causante, de acuerdo con el cual “la sustitución pensional
responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo
grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado
fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a
una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”; (ii) principio de
reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados, en cuanto la
prestación en comento se otorga en favor de ciertas personas que sostuvieron
una relación afectiva, personal y de apoyo con el asegurado y; (iii) principio
de universalidad del servicio público de seguridad social, “toda vez que con la
pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de protección a favor de quienes
probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida que
llevaban antes del fallecimiento del causante.”[36]
En cuanto a la pensión de sobrevivientes, el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
establece que entre los beneficiarios de esta pensión, se encuentran  “los
hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan
las condiciones de invalidez”. Entendiéndose por estado de “invalidez”,
según el artículo 38 de la precitada Ley, toda “persona que por cualquier
causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere
perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
En la Sentencia T-281 de 2016, esta Corte dispuso que los hijos
que se encuentren en estado de invalidez y pretendan ser beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes deben acreditar las siguientes condiciones:
“(i) la relación filial;
(ii) la
situación de discapacidad y que la misma hubiese generado pérdida de la
capacidad laboral igual o superior al 50%;
(iii) La dependencia económica del
hijo en situación de discapacidad con el causante de la prestación.”
En
cuanto al requisito de la relación filial, el Decreto 1889 de 1994 que
reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993 estableció que el “parentesco del beneficiario de la pensión de sobrevivientes,
se probará con el certificado de registro civil”[37]. Al respecto, la Sentencia T-354
de 2012 indicó que el registro civil de nacimiento es la prueba idónea para
establecer el estado civil de las personas. Por esta razón, es el “documento
necesario a la hora de demostrar la relación filial padre e hijo”. Dicho
documento tiene presunción de autenticidad y solo puede ser modificado a través
de una decisión judicial o por interés de las partes y de acuerdo a lo
establecido en la legislación colombiana.
Respecto de la segunda condición, el artículo 47 de la Ley 100 de
1993 señaló que para efectos de determinar si una persona es invalida y, por lo
tanto, beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, debe haber sido calificada
con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. El inciso segundo del artículo 142 del
Decreto Ley 019 de 2012[38], el cual
modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, estableció que las autoridades
competentes para determinar la pérdida de capacidad laboral son las siguientes:
“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales,
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de
Riesgos Profesionales -ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez
y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad
la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen
de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días
siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas
decisiones proceden las acciones legales.
No obstante, esta Corporación ha aceptado que para efectos de
determinar la invalidez de una persona, el juez constitucional puede hacer uso
de las pruebas que reposan en el expediente[39].
Es decir, el dictamen de pérdida de capacidad laboral no es el único medio para
probar la invalidez de una persona pues este puede ser sustituido por otros
documentos. Por ejemplo, con un dictamen proferido por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses o una sentencia de interdicción[40]. No llevar esto a cabo, desconocería
el artículo 13 Superior que señala que el “Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta”.
Por último, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 expresa que para
que sea reconocida la pensión de sobrevivientes a un hijo en situación de
invalidez, se requiere probar la dependencia económica frente al causante. Por
lo tanto, esto inicialmente se podría probar al demostrar que el hijo en
condición de discapacidad no cuenta con más ingresos distintos a los que le
proveía el causante y aún persiste la invalidez. Al respecto esta Corporación
ha indicado:
“[E]n lo que toca al requisito
de dependencia económica entre el solicitante de la pensión y
el familiar fallecido, es preciso que el primero de los citados no cuente con
los recursos suficientes para garantizarse, por cuenta propia –por medio del
trabajo o de bienes de fortuna−, su congrua subsistencia, lo cual supone
que el respaldo económico que, en vida, le brindaba el pensionado o afiliado
extinto, era imprescindible para solventar los gastos asociados a su
manutención.
Vale poner de relieve que el criterio de necesidad como
presupuesto para el reconocimiento de la sustitución pensional o de la pensión
de sobrevivientes no implica que, forzosamente, a falta del soporte que
brindaba el causante, el interesado quede expuesto a un estado de indigencia.
Lo que debe verificarse es que la pérdida del ingreso en cuestión comprometa
sustancialmente sus condiciones materiales de vida en condiciones de dignidad.”[41]
Por lo anterior, resulta evidente que para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes de un hijo en condición de discapacidad se deben
acreditar 3 supuestos, a saber: (i) la relación filial; (ii) la
situación de discapacidad y que la misma hubiese generado una pérdida de la
capacidad laboral igual o superior al 50%, y (iii) la dependencia
económica del hijo en situación de discapacidad en relación con el causante de
la prestación.
6. Principio de la unidad de la
prueba
El derecho probatorio es un campo de la
ciencia jurídica que tiene sus principios y reglas propias. Dentro de esos
principios están aquellos que dictan la forma en que se debe realizar la
valoración probatoria independientemente del tema de procedimiento que se
trate.
Entre estos principios, nos encontramos
con la unidad de la prueba, el cual predica que los funcionarios deben,
en primer lugar, realizar un estudio analítico de los medios o elementos
probatorios, es decir, estos deben ser evaluados, individualmente, para así
extraer lo más importante de cada uno de ellos. Seguido de esto, se debe llevar
a cabo una evaluación, en conjunto, de las pruebas recaudadas para unirlas y
llegar a una conclusión de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
Es preciso indicar que los medios o
elementos probatorios aportados deben ser estudiados con el propósito de
encontrar las “concordancias y divergencias, a fin de lograr el propósito
indicado”[42].
Respecto de la sana crítica, Eduardo J.
Couture indicó que comprende “reglas del correcto entendimiento humano,
contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar;
pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en los que se
debe apoyar la sentencia” [43].
No obstante, esta Corporación indicó que al aplicar estas reglas debe existir
un límite, “ya que no puede ser ejercido de
manera arbitraria, en tanto pueden lesionar derechos fundamentales”[44].
En relación con la apreciación, en
conjunto, de los elementos probatorios, la legislación colombiana en diferentes
estamentos normativos ha indicado lo  siguiente:
·
Artículo
176 del Código General del Proceso[45]:
“Las
pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial
para la existencia o validez de ciertos actos”.
·
Artículo
380 del Código de Procedimiento Penal[46]:
“Los
medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia
física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de
ellos serán señalados en el respectivo capítulo.”
·
Artículo
60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[47]:
“El
Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en
tiempo.”
·
El
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-CPACA-[48]
en su primera parte, es decir, del procedimiento administrativo en general, no
incorpora el tema de la apreciación de la prueba, sin embargo, en aplicación de
los principios del debido proceso, igualdad y eficacia resulta lógico que la
valoración de los elementos materiales probatorios debe llevarse a cabo
conforme a las reglas del Código General del Proceso.
En
cuanto a la segunda parte del CPACA, el artículo 211 dispuso lo siguiente:
“En
los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se
aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.”
Lo anterior, lleva a concluir que todos
los elementos o medios probatorios allegados dentro de los procedimientos tanto
de carácter jurisdiccional como administrativos deben ser valorados en
conjunto.
Este principio, para el caso bajo
estudio, reviste gran importancia, toda vez que de haberse analizado en
conjunto las pruebas aportadas por la curadora de la señora Beatriz Adriana
Murillo, tanto la Junta Nacional de Calificación de Invalidez como Colpensiones
y la UGPP, podrían haber establecido que la patología que padece su pupila se
originó desde sus primeros años de vida.
7. Caso concreto
La señora Beatriz Adriana Murillo
Luquerna, de 47 años, padece de una condición de discapacidad cognitiva
moderada producida por un daño cerebral difuso durante los primeros años de
vida, presuntamente por sufrimiento neonatal y anoxia cerebral secundaria[49].
De
acuerdo con el escrito de tutela la accionante convivió junto con sus padres
hasta el año 2009 toda vez que, el 18 de julio de esa anualidad, su padre, el
señor Álvaro Murillo Aguillón, falleció debido a un tumor cerebral. Seguidamente,
el 2 de septiembre siguiente, su progenitora falleció a causa de una
complicación por diabetes mellitus.
Debido a que la accionante quedó
desamparada, ya que sus familiares más cercanos no se hicieron cargo de ella,
su prima, la señora Juliana del Pilar Díaz Luquerna, inició un proceso de
interdicción del
cual conoció el Juzgado Quince de Familia de Bogotá, quien mediante providencia
del 15 de julio de 2011 la designó como su curadora.
Posteriormente la señora Juliana del
Pilar Díaz, haciendo uso de sus facultades, solicitó a Colpensiones y a la UGPP
la
sustitución pensional de la pensión de vejez del señor Álvaro Murillo a favor
de Beatriz Adriana Murillo Luquerna. Para el reconocimiento de la prestación
pensional, las entidades accionadas exigieron el dictamen de pérdida de
capacidad laboral de la interdicta.
En
cumplimiento de lo requerido por las entidades accionadas, la curadora solicitó
ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá la realización
del examen de pérdida de capacidad laboral de la señora Beatriz Adriana Murillo
el cual, en una primera oportunidad, arrojó un resultado de 44.30% con fecha de
estructuración del 25 de enero de 2011. En virtud de que la curadora no estuvo
de acuerdo con la calificación, impugnó la decisión. En segunda instancia, dicha
valoración fue modificada pues de las historias clínicas aportadas, se
evidenció que el grado de invalidez era superior correspondiendo a un
porcentaje de 58.80%. Sin embargo, se confirmó la fecha de estructuración de la
invalidez, acogiéndose la fecha de la práctica del examen realizado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dentro del juicio de
interdicción antes mencionado, sin tener en cuenta los dictámenes médicos
aportados que probaban que la invalidez de la señora Murillo Luquerna data de
sus primeros años de vida.
Al obtener el resultado de pérdida de
capacidad laboral, la curadora allegó los documentos a la UGPP[50]
y a Colpensiones[51]
para el reconocimiento de la sustitución pensional. Estas entidades por medio
de las resoluciones RDP 025962 del 26 de agosto de 2014 y GNR 305093 del
1 de septiembre del 2014, respectivamente, negaron el reconocimiento y pago de la prestación
pensional a favor de Beatriz Adriana Murillo Luquerna toda vez que no se
logró demostrar la dependencia económica con el causante, pues la pérdida de
capacidad laboral de la ciudadana se configuró luego del fallecimiento de sus
padres.
En virtud de que las entidades
accionadas se negaron a reconocer la sustitución pensional a favor de la señora
Beatriz Adriana Murillo Luquerna, la señora Juliana del Pilar Díaz formuló
acción de tutela solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la vida
digna, mínimo vital y seguridad social de su pupila y, seguidamente, requirió
que se le ordenará a Colpensiones y a la UGPP el reconocimiento de la
sustitución pensional con su respectivo retroactivo.
De acuerdo con las normas y la jurisprudencia
aplicable en la materia, la Sala entrará a determinar si la negativa de la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP- a reconocer la prestación pensional correspondiente, vulneró los derechos
fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad social de la señora
Beatriz Adriana Murillo Luquerna.
Para resolver el problema jurídico
planteado es relevante traer a colación lo establecido en la parte
considerativa de esta providencia en cuanto a los requisitos necesarios para el
reconocimiento de la sustitución pensional al hijo en situación de discapacidad,
a saber: (i) la relación
filial; (ii) la situación de discapacidad y que la misma
hubiese generado una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%, y
por último, (iii) la dependencia económica del hijo en situación de
discapacidad con el causante de la prestación.
Respecto de los requisitos para el
reconocimiento de la sustitución pensional de hijos en situación de discapacidad,
la Sala Novena encuentra probado, en el caso objeto de estudio, lo siguiente:
i) En relación con la filiación, en el expediente de tutela obra
copia simple del registro civil de nacimiento de la señora Beatriz Adriana
Murillo Luquerna expedido, el 25 de diciembre de 1970, por la Notaría Primera
de la Ciudad de Bucaramanga (Santander)[52]. En el registro de nacimiento se constata que
su padre era el señor Álvaro Murillo Aguillón, quien es el causante de la
prestación pensional que se discute.
Por este motivo, en virtud de que se
encuentra demostrado el parentesco entre la señora Beatriz Adriana Murillo
Luquerna y el causante y que las entidades accionadas no cuestionaron la relación
filial, durante el trámite de la acción de tutela, esta Sala encuentra superado
este requisito.
ii) En cuanto a la situación de invalidez de la señora Beatriz Adriana
Murillo Luquerna, el 20 de septiembre de 2012, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá expidió el dictamen No. 50090 en el que
calificó a la actora con una pérdida de la capacidad laboral del 44.30% con
fecha de estructuración del 25 de enero de 2011.
Posteriormente, el 26 de marzo de 2014,
dicha decisión fue modificada por la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez la cual por medio del dictamen No. 63492029[53] estableció que la accionante tenía una
invalidez del 58.80%. La fecha de estructuración fue confirmada.
Al respecto, es importante advertir
que la fecha de estructuración de la invalidez de la accionante no corresponde
a la realidad, en virtud de que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez
tomó como cierta la fecha del día que le fue practicado a la señora Murillo Luquerna
el examen psiquiátrico forense por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, dentro del proceso de interdicción, sin valorar, en conjunto,
los documentos aportados por la curadora que evidenciaban que la condición médica
de la actora se originó desde sus primeros años de vida.
Se debe resaltar que, junto con la
solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral presentada por la
señora Juliana del Pilar Díaz a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez,
fueron aportadas las siguientes pruebas documentales:
·
Copia del informe psicológico proferido en el año 1989 por la
psicóloga clínica, María Cristina H. de Escalante, en el que se indica que la
accionante padece de “retraso mental leve”[54].
·
Copia del informe de valoración psiquiátrica realizado, el 4
de marzo de 2010, por el médico psiquiatra Germán Posada Peláez en el cual se
emitió el siguiente concepto [55]:
“Paciente con diagnóstico de retraso
mental leve secundario a hipoxia perinatal, quien en el momento presenta
alteraciones en el comportamiento asociadas a su patología de base y
favorecidas por los cambios que ha presentado en su entorno socio familiar
durante los últimos años, con evidente incapacidad permanente para la
autodeterminación y el manejo de sus bienes, y requerimiento de supervisión
permanente en su autocuidado.”[56]
·
Copia del examen psiquiátrico forense expedido, el 18 de
febrero de 2011, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses -  Regional Bogotá, en el que se comunica que, el día 25 de enero de
2011, le fue practicado el reconocimiento psiquiátrico a la señora Beatriz
Murillo Luquerna[57] y se dispuso lo siguiente:
“La
examinada presenta deficiencia global en sus funciones mentales y en su
adaptación, que corresponden a un retraso mental moderado
(sic). En cuanto a la etiología, el retraso mental se produce por daño
cerebral difuso durante los primeros años de la vida, en el presente caso,
según información aportada, por sufrimiento neonatal y anoxia cerebral
secundaria al mismo.
El
retraso mental, constituye una condición irreversible, para la cual no existe
tratamiento específico: por lo mismo, no puede esperarse recuperación en las
capacidades mentales de esta persona. Dicha condición la incapacita para tomar
decisiones autónomas” (subrayado fuera del texto original)
Lo antes expuesto, evidencia que el
examen de pérdida de capacidad laboral llevado a cabo por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez no tuvo en cuenta los documentos aportados por la
curadora de la señora Beatriz Murillo que demostraban que su pupila padecía de
retraso mental desde una temprana edad.
En consecuencia, y atendiendo a que esta Corporación ha dispuesto
que para efectos de determinar la invalidez de una persona, el juez
constitucional puede hacer uso de las pruebas que reposan en el expediente,
esta Sala estima pertinente valorar además del dictamen de pérdida de capacidad
laboral, los exámenes médicos anteriormente señalados. Por lo tanto, se puede
afirmar que la accionante padece una condición de discapacidad
cognitiva moderada desde una temprana edad, según el
dictamen médico que data del año 1989 y fue confirmado por la valoración por psiquiatría realizado el 4 de marzo de 2010
por el médico psiquiatra, Germán Posada Peláez y el examen psiquiátrico forense expedido, el 18 de febrero de
2011, por el Instituto Nacional de Medicina Legal que estableció que dicha
enfermedad devino por un daño cerebral ocasionado desde los primeros años de
vida, posiblemente por la “hipoxia perinatal” que padeció la actora al
nacer.
Por
último, se debe advertir que, al momento de estudiar el segundo requisito para
el reconocimiento de la sustitución pensional, Colpensiones y la UGPP
incurrieron en una grave negligencia pues ignoraron o no valoraron, en conjunto,
las pruebas documentales adjuntadas con la solicitud de reconocimiento
pensional que demostraban que la situación de invalidez de la señora Beatriz
Murillo se originó desde una temprana edad y no desde el año 2011.
iii) Respecto del requisito de dependencia económica
entre Beatriz Adriana Murillo Luquerna y el causante de la prestación económica,
el señor Álvaro Murillo Aguillón, encuentra la Sala que hay
evidencias a partir de las cuales se demuestra que el padre de la accionante
asumía los gastos de su manutención para su digna subsistencia.
En primer lugar, tal y como se extrae
del dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por la Junta Nacional de
Calificación de  Invalidez, Beatriz Adriana Murillo Luquerna padece de una condición de discapacidad cognitiva
moderada, lo que implica que requiere ayuda
para el desarrollo de sus “Actividades Básicas Cotidianas (ABC) y
Actividades de la Vida Diaria (AVD)”[58], siendo imprescindible que tenga atención y
cuidados especiales para el manejo de su enfermedad.
En segundo lugar, obra en el
expediente sentencia del 15 de julio de 2011 proferida por el Juzgado Quince
de Familia de Bogotá en la que se declara en “interdicción judicial definitiva
a Beatriz Adriana Murillo Luquerna como medida de restablecimiento de
sus derechos por discapacidad mental absoluta” y se nombra  a
su prima, Juliana del Pilar Díaz Luquerna, como “curadora
legítima”[59]. Esta
última, es quien presenta la acción de tutela relatando el actual estado de
necesidad que vive su pupila toda vez que no cuenta con los recursos económicos
para atender sus necesidades básicas puesto que, debido a la enfermedad que
padece desde una temprana edad, nunca laboró, razón por la cual siempre
dependió  económicamente de su padre para su subsistencia.
En tercer lugar, teniendo en cuenta
el escrito de tutela y los dictámenes médicos aportados, los padres de la
accionante siempre procuraron por esconder el estado de salud mental de su hija[60] al punto
de no afiliarla al Sistema General de Seguridad Social en Salud; prueba de ello
es que no obra registro alguno en la base de datos del Registro Único de
Afiliados (RUAF) y de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES) que indique que estuvo afiliada antes del
deceso de sus padres. De esto se podría inferir que, la señora Beatriz siempre
estuvo al cuidado de ellos, y que por esta razón no se le permitió laborar.
Se debe advertir que, de conformidad
con el dictamen médico proferido por la Psicóloga Clínica, María Cristina H. de
Escalante, en el año 1989, se evidencia que el retraso mental por hipoxia
perinatal padecido por la accionante devenía desde tiempo anterior al fallecimiento
de sus padres y, además, que dependía de ellos toda vez que dentro del
expediente de tutela[61] se indica
que, a esa fecha, la accionante, a quien ya se le había dictaminado que padecía
de retraso mental, vivía junto con sus padres.
Como corolario de lo expuesto, se puede afirmar que está demostrado
que la señora  Beatriz Adriana Murillo Luquerna ha tenido inconvenientes para
tener una subsistencia y vida digna sin la ayuda económica de sus padres. De allí que el requisito de
dependencia económica entre el causante de la prestación económica y su hija,
en situación de discapacidad, está plenamente probado.
De esta manera, se puede establecer
que la accionante, quien es una persona en situación de discapacidad, cumple
con los requisitos legales para que le sea reconocida la sustitución pensional
de la pensión de vejez de su padre, en virtud de que: (i) se demostró la relación filial con el
causante, el señor Álvaro Murillo Aguillón; (ii) la actora tiene una pérdida de la
capacidad laboral de 58.80%, según el dictamen proferido por la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez; y por último, (iii) hay certeza
sobre la dependencia económica que tenía respecto de su padre.
Con fundamento en lo expuesto, para la Sala Novena de Revisión
resulta evidente que existe una vulneración de los derechos fundamentales a la
vida digna, mínimo vital y seguridad social de la señora Beatriz Adriana
Murillo Luquerna puesto que Colpensiones y la UGPP no reconocieron la
sustitución pensional a la que tenía derecho, pese a haber demostrado que acreditaba
los requisitos establecidos para ello.
Por este motivo, atendiendo a la condición de sujeto de
especial protección constitucional de la señora Beatriz Adriana Murillo
Luquerna y evidenciándose que requiere de la prestación pensional para garantizar
unas condiciones materiales dignas de existencia, la Sala considera procedente
otorgar el amparo de los derechos fundamentales, en forma definitiva.
Así las cosas, la Sala Novena de
Revisión de Tutelas ordenará que se revoque el fallo proferido, en primera
instancia, por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del
Circuito de Bogotá, el 1 de septiembre de 2017, y el de segunda instancia por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil,
el 5 de octubre de 2017, a través de los cuales se declaró improcedente la
acción de tutela formulada por la ciudadana Juliana del Pilar Díaz Luquerna, en
representación de su pupila, Beatriz Adriana Murillo Luquerna, contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP-. En su lugar, amparará sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones
dignas.
Además, ordenará dejar sin efectos la Resolución RDP 025962 del 26 de agosto de 2014
proferida por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- y la Resolución GNR 305093 expedida, el 1 de septiembre de 2014,
por la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones-, a través de las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional solicitada por
Juliana del Pilar Díaz Luquerna, en representación de Beatriz Adriana Murillo
Luquerna.
Debido a que,
mediante Resolución No. 05198 del 28 de marzo de 2007, la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero en liquidación (hoy a cargo de la UGPP) dispuso
compartir la pensión de jubilación reconocida al señor Álvaro Murillo Aguillón
con el Instituto de Seguros Sociales -ISS-, se ordenará a las
entidades accionadas
que, en el término de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, procedan a expedir a
favor de Beatriz Adriana Murillo Luquerna la resolución de reconocimiento de
la sustitución pensional en calidad de hija en situación de discapacidad
del señor Álvaro Murillo Aguillón, incluyendo el pago del retroactivo de las mesadas
pensionales que no estén prescritas, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo de Trabajo.
Finalmente, se le advertirá a la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez que, en adelante, se abstenga de realizar análisis de pérdida de
capacidad laboral sin valorar, integralmente, toda la información médica de los
pacientes que dé cuenta de su verdadera fecha de invalidez.
8.
Síntesis
En la presente oportunidad, la Sala
Novena de Revisión examina la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas
de la ciudadana Beatriz Adriana Murillo Luquerna, a quien le fue negada el reconocimiento
de la sustitución pensional derivada de la pensión de vejez de su padre, el
señor Álvaro Murillo Aguillón.
La accionante es una mujer de 47
años, que padece una
condición de discapacidad cognitiva moderada por un daño cerebral difuso producido durante los primeros años
de vida[62]. Afirma
su curadora que, debido a su condición, su pupila siempre estuvo bajo el
cuidado de sus padres quienes dependían económicamente de la pensión de
jubilación compartida entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en
liquidación (hoy a cargo de la UGPP) y el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones) reconocida a favor del señor Álvaro Murillo Aguilón.
En el año 2009 fallecieron los padres
de la señora Beatriz Adriana Murillo, motivo por el cual, su prima, la señora
Juliana del Pilar Díaz Luquerna inició proceso de interdicción del cual conoció
el Juzgado Quince de Familia de Bogotá, quien, mediante sentencia del 15 de
julio de 2011, la designó como su curadora legítima.
Con la finalidad de solicitar la
sustitución pensional a favor de la señora Beatriz Murillo, la curadora
requirió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá para que
realizara el examen de pérdida de capacidad laboral a su pupila. En una primera
oportunidad, dicha valoración arrojó un resultado de 44.30% y fecha de
estructuración el 25 de enero de 2011. Esta decisión fue impugnada, y en
segunda instancia, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez estableció
que el grado de pérdida de capacidad laboral era superior y, por tanto, se
debía modificar el porcentaje a 58.80% con fecha de estructuración del 25 de
enero de 2011.
Señaló la señora Juliana del Pilar Díaz
que, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez erró al determinar la fecha
de estructuración de la invalidez de la accionante, toda vez que indicó que
esta correspondía al día que le fue practicado el examen psiquiátrico forense
por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dentro
del juicio de interdicción adelantado, sin tener en cuenta las historias
clínicas aportadas que demostraban que la invalidez de su pupila se originó en
sus primeros años de vida.
Posteriormente, la curadora solicitó
a la UGPP y a Colpensiones el reconocimiento de la sustitución pensional pero dichas
entidades negaron la solicitud arguyendo que la accionante no demostró la
dependencia económica con el causante pues su invalidez se generó con
posterioridad a la muerte de su padre.
Debido a la negativa de las entidades
accionadas a reconocer la sustitución pensional a favor de Beatriz Murillo, su
curadora formuló acción de tutela pretendiendo que le sean amparados los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones y a la UGPP
reconocer la prestación pensional correspondiente con su respectivo
retroactivo.
Al respecto, la Sala se ha propuesto
resolver el siguiente problema jurídico: ¿La
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- vulneraron los derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la señora Beatriz
Adriana Murillo Luquerna al negarle el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional, argumentando no haber acreditado la dependencia económica con el
causante de la prestación, su padre, aun cuando existen dictámenes médicos que
evidencian su condición de discapacidad, inclusive, desde el momento de su
nacimiento?
Para abordar la controversia
planteada la Sala ha estudiado: (i) las reglas jurisprudenciales
relativas a la procedencia de la acción de tutela para garantizar el
reconocimiento y pago de derechos pensionales; (ii) los requisitos
para el reconocimiento de la sustitución pensional a beneficio del hijo en
situación de discapacidad, y (iii) el principio de la unidad de la prueba.
Para tal efecto, se expone que el
precedente de la Corte Constitucional ha sido claro al establecer que los requisitos para que se reconozca
la sustitución pensional en beneficio de los hijos en condición de discapacidad
son: (i) la relación filial; (ii) la situación de
discapacidad y que la misma hubiese generado una pérdida de la capacidad
laboral igual o superior al 50%, y (iii) la dependencia económica del hijo,
en situación de discapacidad, con el causante de la prestación.
En el caso objeto de estudió se logró probar lo siguiente:
(i) La relación filial pues se aportó, junto con el escrito de
tutela, copia simple del registro civil de nacimiento de la accionante en el
cual se constata que el señor Álvaro Murillo Aguillón, causante de la
prestación, es su padre.
(ii) La situación de discapacidad de la accionante, dado que obra
en el expediente, dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez en el que se indicó que la señora
Beatriz Murillo Luquerna cuenta con un grado de invalidez del 58.80% y fecha de
estructuración, 25 de enero de 2011.
No obstante, dicha entidad no valoró,
en conjunto, los medios probatorios que evidencian que la enfermedad de la
accionante se causó en sus primeros años de vida. Como sustento de lo anterior,
se tiene:
·
Copia del informe psicológico proferido en el año 1989 por la
psicóloga clínica, María Cristina H. de Escalante, en el que se indica que la
accionante padece de “retraso mental leve”[63].
·
Copia del informe de valoración psiquiátrica realizado, el 4
de marzo de 2010, por el médico psiquiatra, Germán Posada Peláez, en el cual se
estableció que la accionante tiene un diagnóstico de “retraso mental leve
secundario a hipoxia perinatal” [64].
·
Copia del examen psiquiátrico forense expedido, el 18 de
febrero de 2011, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses -  Regional Bogotá en el que se comunica que, el día 25 de enero de
2011, le fue practicado el reconocimiento psiquiátrico a la señora Beatriz
Murillo Luquerna y se dispuso que esta padecía de una condición de discapacidad cognitiva moderada producida “por daño cerebral difuso durante los primeros
años de la vida” [65].
Lo anterior, demuestra que el examen
de pérdida de capacidad laboral llevado a cabo por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez a la señora Murillo Luquerna, no valoró, en conjunto,
los documentos aportados por la curadora que evidenciaban que la situación de
discapacidad de su pupila se originó desde una temprana edad.
Así mismo, se debe indicar que, las
entidades accionadas al momento de estudiar el reconocimiento de la sustitución
pensional a favor de la señora Beatriz Adriana Murillo omitieron valorar los
documentos aportados por la curadora que demostraban que la actora padecía una condición
de discapacidad cognitiva moderada desde su infancia.
(iii) Por último, respecto del requisito
de dependencia económica entre Beatriz Adriana Murillo Luquerna y el causante
de la prestación económica, el señor Álvaro Murillo Aguillón, encuentra la Sala que hay evidencias a partir de las cuales se demuestra
que el padre de la accionante asumía los gastos de su manutención. A saber:
·
El dictamen de pérdida de capacidad
laboral proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez establece
que Beatriz Adriana Murillo Luquerna padece de una condición de discapacidad cognitiva moderada, advirtiendo que requiere ayuda para
sus “Actividades Básicas Cotidianas (ABC) y Actividades de la Vida Diaria
(AVD)”[66], siendo
necesario que tenga atención y cuidados especiales para el manejo de su
enfermedad.
·
La curadora de la señora Beatriz
Adriana Murillo señala que su pupila, actualmente, se encuentra en un grave
estado de necesidad toda vez que no cuenta con los recursos económicos para
atender sus necesidades básicas pues nunca laboró ya que no se encontraba ni se
encuentra en condiciones para realizarlo.
·
El escrito de tutela y los dictámenes
médicos aportados, prueban que los padres de la accionante a lo largo de su
vida procuraron esconder el estado de salud mental de su hija[67], al punto de no afiliarla al Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Prueba de ello, es que no obra registro
alguno en la base de datos del Registro Único de Afiliados (RUAF) y de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) que indique que estuvo afiliada antes del deceso de sus padres. De esto
se podría inferir que, la señora Beatriz siempre estuvo al cuidado de ellos, y
que por esta razón no se le permitió laborar.
·
El dictamen médico proferido por la
Psicóloga Clínica, María Cristina H. de Escalante, en el año 1989 demuestra que
la accionante a los 18 años de edad ya padecía de “retraso mental” y,
además, que dependía de sus padres toda vez que, a folio 15 del cuaderno de
primera instancia, se indica que, a esa fecha, la actora convivía junto con sus
padres.
Queda claro que las entidades
accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la señora Beatriz Adriana
Murillo Luquerna, al haberle negado el reconocimiento de la sustitución
pensional en calidad de hija en condición de discapacidad del señor Álvaro
Murillo Aguillón, pese a haber acreditado los requisitos establecidos para tal
fin.
A partir de lo anterior, la Sala
concluye que es preciso revocar las decisiones objeto de revisión, en cuanto declararon
improcedente el amparo a favor de la señora Beatriz Adriana Murillo Luquerna.
En su lugar, se garantizará la salvaguarda que la Carta Política le confiere,
ordenando a
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP- reconocer la sustitución pensional en calidad de
hija inválida del señor Álvaro Murillo Aguillón, incluyendo el pago del retroactivo de las mesadas
pensionales que no estén prescritas.
Por último, le ordenará a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez abstenerse de
realizar análisis de pérdida de capacidad laboral sin valorar en conjunto, toda
la información médica de los pacientes que dé cuenta de su verdadera fecha de estructuración
de invalidez.
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, el 5 de octubre de 2017, el cual
confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito
de Bogotá, el 1 de septiembre de 2017, que declaró improcedente la acción de
tutela formulada por la ciudadana Juliana del Pilar Díaz Luquerna, en
representación de su pupila, Beatriz Adriana Murillo Luquerna, contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP-. En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones
dignas de Beatriz Adriana Murillo Luquerna.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución RDP 025962 del 26 de agosto de
2014 proferida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social    -UGPP- y la Resolución GNR 305093 expedida, el 1 de
septiembre de 2014, por la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones- a través de las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional solicitada por
Juliana del Pilar Díaz Luquerna, en representación de su pupila, Beatriz
Adriana Murillo Luquerna.
TERCERO.- ORDENAR a la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social                       -UGPP- que , en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
notificación de esta providencia, procedan a expedir, respectivamente, sendas
resoluciones de reconocimiento de la sustitución pensional compartida
a favor de Beatriz Adriana Murillo Luquerna, en calidad de hija en situación de
discapacidad del señor Álvaro Murillo Aguillón. El reconocimiento y pago
incluirá el retroactivo de
las mesadas pensionales que no estén prescritas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo de Trabajo.
CUARTO.- ADVERTIR a la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez que, al momento de llevar a cabo el estudio de pérdida de
capacidad laboral, debe valorar, en conjunto, toda la información médica de los
pacientes que dé cuenta de su verdadera fecha de estructuración de invalidez.
QUINTO.- DESVINCULAR al Ministerio de Salud y Protección
Social de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEXTO.- Por Secretaría LÍBRENSE las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí
contemplados.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Integrada por la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Antonio José Lizarazo
Ocampo.
[2] Folio 9, cuaderno
Corte Constitucional.
[3] Solicitud presentada
el 26 de agosto de 2014.
[4] Solicitud presentada
el 1º de septiembre de 2014.
[5] Folio 39, cuaderno de
primera instancia.
[6] Folio 37, cuaderno de
primera instancia.
[7] Folio 72, cuaderno de
primera instancia.
[8] Folios 90 a 114, cuaderno
de primera instancia.
[9] Folio 1, cuaderno de
primera instancia.
[10] Folio 2, cuaderno de
primera instancia.
[11] Folios 3 a 10,
cuaderno de primera instancia.
[12] Folios 15 a 17,
cuaderno de primera instancia.
[13] Folios 18 a 19,
cuaderno de primera instancia.
[14] Folios 20 a 21,
cuaderno de primera instancia.
[15] Folios 18 a 19,
cuaderno de primera instancia.
[16] Folio 27, cuaderno de
primera instancia.
[17] Folio 28, cuaderno de
primera instancia.
[18] Folios 38 a 39,
cuaderno de primera instancia.
[19] Folios 36 a 37, cuaderno
de primera instancia.
[20] Folios 35 a 50,
cuaderno Corte Constitucional.
[21] Folios 32 a 33,
cuaderno de primera instancia.
[22] Sentencia T-979 de 2006.
[23] Cfr. Auto 031A de
2002, reiterado en los Autos 264 de 2009, M. P.:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 187 de 2015
[24] Folios 3 a 10,
cuaderno de primera instancia.
[25] Sentencias T- 328 de 2004, T-158 de 2006, T-488 de 2015 y T-532
de 2017.
[26] Sentencia T-282 de
2012.
[27] Sentencia T-531 de
2017.
[28] Sentencia T-983 de 2007.
[29] Sentencia T-093 de
2015.
[30] Sentencia T-531 de
2017.
[31] Sentencia T-072 de
2017.
[32] Sentencias T-800 de
2012 y T-859 de 2004.
[33] Sentencias T-800 de
2012, T-436 de 2005 T-108 de 2007.
[34] Sentencia T-471 de
2017.
[35] Sentencia T-281 de
2016.
[36] Sentencia T-110 de
2011.
[37] Artículo 13 del
Decreto Reglamentario 1889 de 1994.
[38] Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública.
[39] Sentencia T-730 de
2012.
[40] Ibídem.
[41] Sentencia T-012 de
2017.
[42] Parra Quijano, Jairo.
“Manual de Derecho Probatorio”.
[43] Couture, Eduardo J. “Estudios de
Derecho Procesal Civil”, Tomo: Prueba en Materia Civil. Editorial Sociedad
Anónima Editores, Buenos Aires, 1949.
[44] Sentencia T-513 de
2011.
[45] Ley 1564 de 2012.
[46] Ley 906 de 2004.
[47] Decreto Ley 2158 de 1948.
[48] Ley 1437 de 2011.
[49] Folios 20 a 21,
cuaderno de primera instancia.
[50] Solicitud presentada
el 1 de septiembre de 2014.
[51] Solicitud presentada
el 26 de agosto de 2014.
[52] Folio 21, cuaderno de
primera instancia.
[53] Folios 30 a 31, cuaderno
de primera instancia.
[54] Folios 15 a 17,
cuaderno de primera instancia.
[55] Folios 18 a 19,
cuaderno de primera instancia.
[56] Folio 19, cuaderno de primera
instancia.
[57] Folios 20 a 21,
cuaderno de primera instancia.
[58] Folios 30 a 35,
cuaderno de primera instancia.
[59] Folios 3 a 10,
cuaderno de primera instancia.
[60] Folios 18 a 19,
cuaderno de primera instancia.
[61] Folio 15, cuaderno de primera instancia.
[62] Folios 20 a 21,
cuaderno de primera instancia
[63] Folios 15 a 17, cuaderno
de primera instancia.
[64] Folios 18 a 19,
cuaderno de primera instancia.
[65] Folios 20 a 21,
cuaderno de primera instancia.
[66] Folios 30 a 35,
cuaderno de primera instancia.
[67] Folios 18 a 19,
cuaderno de primera instancia.