T-155-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-155/14
TRANSPORTE EN EL
SISTEMA DE SALUD-Casos en que se solicita autorización del servicio
de transporte por parte de las EPS a menores de edad, con el fin de acceder a
servicios de salud
DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Fundamental
y prevalente/DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION
DE DISCAPACIDAD-Protección constitucional
La
jurisprudencia ha señalado que el derecho a la salud de los niños, niñas y
adolescentes debe ser garantizado de manera inmediata, prioritaria, preferente
y expedita, sin obstáculos de tipo legal o económico que dificulten su acceso
efectivo al Sistema de Seguridad Social en Salud. Adicionalmente,
cuando los menores padecen de un retardo mental o déficit cognitivo, su
protección es reforzada, como consecuencia del mayor compromiso que tiene su
enfermedad sobre su desarrollo. Esta postura jurisprudencial
encuentra eco en la Ley 1616 de dos mil trece (2013) y en el Código de
Infancia y Adolescencia, donde se establece que los niños, las niñas y los
adolescentes son sujetos de atención integral y preferente en materia de salud
mental. Por ende, los servicios médicos que requieran deben ser prestados de
manera especialmente oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad,
incluyendo todas las etapas de atención desde la detección temprana y el
diagnóstico, pasando por la intervención y cuidado, hasta la rehabilitación
efectiva del menor.
TRANSPORTE EN EL
SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO CON EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD/DERECHO A LA SALUD-Transporte y estadía como medio para
acceder a un servicio
De acuerdo con el principio de solidaridad,
debe haber una mutua colaboración entre las personas, las generaciones,
los sectores económicos, las regiones y las comunidades orientada a ayudar a la
población más débil, invirtiendo a su favor los recursos del Sistema de
Seguridad en Salud. De conformidad con lo anterior, el paciente que ha sido
remitido a un municipio distinto al de su residencia para el suministro del
servicio de salud que requiere, debe asumir los gastos de transporte y estadía
a los que haya lugar cuando tiene los recursos suficientes para tal efecto.
Excepcionalmente, cuando el usuario  y su núcleo familiar enfrentan
dificultades económicas para costear el desplazamiento, los gastos respectivos
deben ser sufragados por la EPS. La anterior regla jurisprudencial obedece a
que la atención médica no puede ser imposibilitada, obstaculizada o
dificultada por razones ajenas al usuario o por razones de tipo económico.
CUBRIMIENTO DE
GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Reglas jurisprudenciales
Cuando
un paciente es remitido a una entidad de salud en un municipio distinto al de
su residencia, la EPS debe sufragar los gastos del desplazamiento a los que
haya lugar sin importar que el servicio de transporte haya sido ordenado por su
médico tratante siempre y cuando se cumplan las siguientes dos (2)
condiciones: (i) que ni el paciente ni sus familiares cercanos tengan los
recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado, y (ii) que de
no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la dignidad, la vida, la
integridad física o el estado de salud del usuario. En el mismo
sentido, la Corte ha señalado que la EPS debe asumir los costos del desplazamiento
de un acompañante cuando, aparte de las limitaciones económicas descritas, el
paciente depende de un tercero para su desplazamiento y requiere de atención
permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus
labores cotidianas. En estos casos se encuentran, precisamente, los
menores de edad y las personas de la tercera edad o en situación de
discapacidad que padecen restricciones de movilidad.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS-Orden a
EPS reprogramar los horarios de las terapias requeridas por la menor con las
limitaciones horarias y de movilización que tienen sus padres como producto de
sus obligaciones laborales
CUBRIMIENTO DE
GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Orden a EPS autorizar el transporte
requerido por el menor y su acompañante para que pueda asistir a exámenes y
citas de control
Referencia: expedientes T-4106927 y
T-4108329 (acumulados)
Expediente T-4106927:
Acción de tutela presentada por Rigoberto Roa Velásquez en representación de su
hija, Antonella Roa León, contra Saludcoop EPS.
Expediente
T-4108329: Acción de tutela
presentada por María Dolly Castro Martínez en representación de su hijo,
Alejandro Giraldo Castro, contra Saludcoop EPS.
Magistrada
ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos
mil catorce (2014)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y previas a el cumplimiento de los requisitos y
trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido en primera instancia por el Juzgado Trece Penal Municipal de Bogotá
el veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013), en el proceso de tutela
iniciado por el señor Rigoberto Roa Velásquez en representación de su hija
menor, Antonella Roa León, contra Saludcoop EPS, y el fallo proferido en primera
instancia por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Manizales, Caldas, el veintitrés
(23) de agosto de dos mil trece (2013), dentro del proceso de tutela iniciado
por la señora María Dolly Castro Martínez en representación de su hijo menor,
Alejandro Giraldo Castro, contra Saludcoop EPS.
Mediante
Auto del treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), la Sala de
Selección Número Diez (10) de la Corte Constitucional seleccionó y dispuso
acumular ambos expedientes para ser fallados en una misma
sentencia.
I.  ANTECEDENTES
El señor Rigoberto Roa Velásquez y la
señora María Dolly Castro Martínez presentaron acción de tutela contra
Saludcoop EPS con el objeto de obtener la protección del derecho fundamental a
la salud de sus hijos menores de edad. Los accionantes consideran que la
presunta vulneración a este derecho radica en que la entidad no autorizó el transporte
para que los menores accedieran a los servicios ordenados por sus médicos
tratantes.
1. Caso de la menor Antonella Roa León,
hija del señor Rigoberto Roa Velásquez – Expediente T4106927
1.1.
Hechos
1.1.1. Antonella Roa León es una niña de
dos (2) años de edad,[1]
quien padece hipotonía y retardo global del desarrollo desde los seis (6) meses.[2]
La menor se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de la EPS Saludcoop en calidad de beneficiaria de
su padre, el señor Rigoberto Roa Velásquez.[3]
1.1.2. El señor Roa es un hombre de 32
años, se desempeña como auxiliar administrativo y devenga un salario de
ochocientos cincuenta mil pesos mensuales ($850.000.oo).[4] Vive en unión
libre con Tatiana León Argel, madre de la menor, quien trabaja como gestora de
seguridad en una compañía de vigilancia y quien recibe un salario de novecientos
cincuenta y cinco mil pesos mensuales  ($955.000.oo).[5]
1.1.3. El accionante y su compañera
permanente informaron que sus gastos mensuales ascienden a un millón setecientos mil pesos ($1.700.000.oo)
(aprox.) por concepto de alimentación, vestuario y manutención del núcleo
familiar compuesto, además, por dos hijos menores de edad.[6] Señalaron que
deben pagar servicios públicos, arriendo de un apartamento y cuotas de una casa
que intentan adquirir en el marco de un programa de subsidio de vivienda de la
Caja de Compensación Familiar.[7]
En este sentido, al devengar un total de  un millón ochocientos cinco mil
novecientos pesos mensuales ($1.805.900.oo), disponen, cómo máximo, de noventa
y cuatro mil cien pesos mensuales ($94.100.oo) para costear los gastos de
transporte y enfermería que requiere la menor.
1.1.4. Para lograr su rehabilitación, Antonella
fue atendida en la IPS Asociación Aconiño entre noviembre y diciembre de dos
mil doce (2012). Teniendo en cuenta los favorables resultados obtenidos en su
neurodesarrollo, la IPS y la Junta Médica de Fisiatría recomendaron la
continuación del plan integral de rehabilitación en la misma institución.[8]
1.1.5. No obstante, debido a la intensidad
horaria de las sesiones requeridas (60 sesiones distribuidas en jornadas
diarias de 7 a 11 de la mañana todos los días de la semana durante un mes), el
accionante solicitó ante la Junta Médica la prestación del servicio de
transporte y enfermería
arguyendo que ni él ni su compañera estaban en la capacidad de acompañar a la
menor a todas las sesiones por cuanto (i) su intensidad horaria les impedía
cumplir con sus responsabilidades laborales; y (ii) no tenían los recursos para
costear los servicios de un particular encargado de cuidar y acompañar a su
hija, pues debían asumir otros gastos.[9]
1.1.6. Esta petición fue negada por la
Junta Médica el quince (15) de febrero de  dos mil trece (2013), al considerar que
“no existe una razón médica que justifique el servicio de transporte ya que se
trata de una niña lactante que puede ser trasladada en un coche para niños. Por
otro lado, no existe una condición que requiera la prescripción de un cuidado
ya que la responsabilidad y el compromiso dentro de la rehabilitación de
Antonella es de los padres, lo cual incluye los traslados y el acompañamiento y
el aprendizaje de los planes de rehabilitación para dar continuidad del manejo
en casa”.[10]
1.1.7. El seis (6) de junio del mismo año,
Saludcoop autorizó la realización de sesenta (60) sesiones adicionales en el mismo horario y en la misma IPS.[11] Teniendo en cuenta que ya había
solicitado fallidamente el servicio de transporte y enfermería ante la Junta
Médica,[12]
el accionante elevó una petición directa ante la EPS. Sin embargo, esta fue
negada bajo el argumento de que los servicios descritos debían ser solicitados
por el departamento de fisiatría a partir del estudio clínico de la paciente.
1.1.8. Por esta razón, el accionante
solicitó la protección del derecho fundamental a la salud de su hija menor y exigió
que se le ordenara a Saludcoop EPS el suministro del servicio de transporte y
enfermería requerido por ésta.
1.2. Respuesta de la entidad accionada
La EPS solicitó al juez de tutela
declarar la improcedencia de la acción. Sostuvo, en particular, que el servicio
de transporte podía ser sufragado por los padres de la menor al contar estos
con los recursos para hacerlo y que el mismo no fue ordenado por el médico
tratante, razón por la cual, la entidad no puede suministrarlo.
1.3. Fallo de primera instancia
1.3.1. Mediante sentencia del veinticinco
(25) de junio de dos mil trece (2013) el Juzgado Trece Penal Municipal de la
ciudad de Bogotá negó el amparo del derecho fundamental a la salud de la menor,
por considerar que la prestación del servicio de transporte y enfermería no fue
ordenada por el médico tratante.
1.3.2. El accionante impugnó el fallo
arguyendo que el médico no era la persona competente para decidir sobre la
pertinencia de los servicios solicitados pues su prestación debía corresponder
a un criterio administrativo, esto es, a la evaluación de su situación laboral
y económica, y no al estado de salud de la paciente. Sin embargo, habiéndose
presentado la impugnación fuera del término legal establecido, el recurso no
fue concedido.[13]
1.4. Trámite ante la Corte Constitucional
La Sala de Revisión requirió al señor Rigoberto Roa
Velásquez para que ampliara los hechos narrados en el escrito de tutela.[14]
Concretamente, para que explicara (i) quién se ocupa del cuidado de la menor
durante la jornada laboral de los padres; (ii) cuánto tarda el desplazamiento
de su residencia hasta la IPS; y (iii) si están programas nuevas sesiones de
terapia en el futuro.  A este respecto, el accionante informó que la menor
asiste a un jardín infantil de Bienestar Familiar, que se demora una hora desde
su casa hasta la IPS cuando se moviliza en transporte público y que el treinta
(30) de enero de dos mil catorce (2014) la EPS autorizó la práctica de ochenta
(80) sesiones adicionales en la misma institución y en el mismo horario.[15]
2. Caso del menor Alejandro Giraldo Castro,
hijo de la señora María Dolly Castro Martínez - Expediente T-4108329
2.1. Hechos
2.1.1. Alejandro Giraldo Castro es un niño
de trece (13) años,[16]
quien padece una atrofia óptica bilateral diagnosticada desde los cinco (5)
años.[17]
El menor se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo a través de la EPS Saludcoop en calidad de beneficiario de
su madre, María Dolly Castro Martínez.
2.1.2. La señora Castro Martínez se
desempeña como operaria de la empresa Manisol y devenga un salario mínimo legal
mensual vigente. Con éste sostiene a todo su núcleo familiar, compuesto por
ella, su hijo y su esposo, quien se encuentra desempleado.
2.1.3. Saludcoop no cuenta con plena
cobertura de servicios neuropediátricos en la ciudad de Manizales, lugar donde
reside la familia Giraldo. Por esta razón, la accionante y su hijo se han visto
en la obligación de desplazarse hasta la ciudad de Pereira para asistir a
controles y exámenes con la Doctora Claudia Natasha Sinisterra Paz, especialista
en neuropediatría. Según la historia clínica, se han realizado tres (3) viajes durante los últimos treinta
y ocho (38) meses.[18]
2.1.4. Adicionalmente, al menor le fue
ordenada[19]
y autorizada[20]
la práctica de un examen denominado “relación lactato/piruvato”. No obstante,
la IPS BioImagen Ltda, quien atiende al accionante al hacer parte de la red de
servicios de Saludcoop, practicó un examen diferente conocido como “Acido
Láctico (L-Lactato) con Método Enzimático”.[21]
Este procedimiento, manifestó la peticionaria, no ofrece los mismos resultados
que aquel ordenado. Razón por la cual, la médica tratante del menor manifestó
su inconformidad en una cita de control.[22]
2.1.5.  La accionante solicitó a la EPS
accionada que le reconociera, además, los gastos del transporte, alojamiento y
alimentación, cuando quiera que deba desplazarse desde la ciudad de su residencia
(Manizales) hasta Pereira, donde se le realizan controles y exámenes con una
especialista en neuropediatría.
2.1.6. La EPS negó el transporte
argumentando que la entidad no ofrece este servicio en estos casos, pues ya lo
prestó una vez y, posteriormente, debe correr por cuenta de la familia de la
familia del menor.[23]
2.1.7. Teniendo en cuenta los anteriores
hechos, la señora Castro Martínez interpuso una acción de tutela en
representación de su hijo contra de Saludcoop EPS por considerar que (i) la
práctica de un examen diferente al solicitado por el médico tratante obstaculiza
la formación de un diagnóstico claro sobre el tratamiento o procedimiento a
seguir; y (ii) la negación del servicio de transporte, alojamiento y
alimentación, le dificultan su acceso a los servicios médicos que requiere el
niño. Solicita al juez constitucional que ordene a la EPS accionada garantizar
el acceso efectivo de su hijo a los servicios que requiere.
2.2. Fallo de primera instancia
Ante la ausencia de un pronunciamiento por
parte de Saludcoop, el veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013) el
Juzgado Noveno Civil Municipal de Manizales, Caldas, concedió el amparo del
derecho fundamental a la salud ordenándole a la EPS disponer lo pertinente para
realizar el examen médico solicitado. Sin embargo, en cuanto al reconocimiento
de pasajes y gastos de viaje, el Juzgado consideró que (i) la tutelante no
acreditó suficientemente su difícil situación económica, que le impide costear
ese servicio de forma particular; y (ii) que dichos gastos se encuentran excluidos
del Plan Obligatorio de Salud.
2.3. Trámite ante la Corte Constitucional
La Sala de Revisión requirió a la señora
María Dolly Castro Martínez para que ampliara los hechos narrados en el escrito
de tutela.[24]
Concretamente, para que explicara cuáles son los servicios que la entidad de
salud ha ordenado para ser prestados en una IPS en Pereira, y cuál era el costo
y la periodicidad de estos viajes. A este respecto, la accionante manifestó que
(i) fue remitida a un médico ubicado en dicha ciudad[25] ya que la
EPS no cuenta con uno de la misma especialidad en su lugar de residencia; y
(ii) que anualmente debe realizar dos (2) viajes, los cuales tienen un costo
aproximado de cien mil pesos ($100.000) pesos cada uno.[26]
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
1.1. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86, inciso 3º, y 241, numeral  9º, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del caso y problema jurídico
2.1. El señor Rigoberto Roa Velásquez y la
señora María Dolly Castro Martínez presentaron acción de tutela contra
Saludcoop EPS con el objeto de obtener la protección del derecho fundamental a
la salud de sus hijos menores. Los accionantes consideran que la presunta
vulneración a este derecho radica en que la entidad no autorizó el servicio
de transporte para que sus hijos pudieran acceder a diversos servicios
ordenados por sus médicos tratantes.
2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera el derecho
fundamental a la salud una EPS que no autoriza la prestación del servicio de
transporte requerido por un menor para acceder a un servicio ordenado por el médico
tratante, bajo el argumento de que el transporte no fue prescrito por un
especialista y no hace parte del POS, a pesar de que la familia del paciente
carece de los recursos económicos necesarios para sufragarlo? Para ello, la
Corte reiterará la jurisprudencia sobre (i) el
derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes y su acceso preferente al
Sistema de Salud; y (iii) el servicio de transporte como un medio de acceso al
servicio de salud.
3. El
derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes y su acceso preferente al
Sistema de Salud – reiteración de jurisprudencia
3.1. El derecho a la salud es un derecho fundamental
y autónomo para toda la población.[27] En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sido
insistente al señalar que cuando la falta de un servicio médico excluido del
POS amenaza o afecta el derecho a la salud de un usuario, procede la protección
constitucional, excluyendo las disposiciones legales o reglamentarias que
definen los contenidos fijos de los planes de beneficios.[28]
3.2. No obstante, teniendo en cuenta la
corta edad y el consecuente estado de indefensión que caracteriza a los menores
de edad, esta Corporación ha señalado que cualquier afectación a su salud
reviste una mayor gravedad pues compromete su adecuado desarrollo físico e
intelectual. De esta manera, en una aplicación garantista de la Constitución[29] y de los distintos
instrumentos que integran el Bloque de Constitucionalidad,[30] la jurisprudencia ha señalado
que el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes debe ser
garantizado de manera inmediata, prioritaria, preferente y expedita, sin
obstáculos de tipo legal o económico que dificulten su acceso efectivo al
Sistema de Seguridad Social en Salud.[31]
3.3. Adicionalmente, cuando los menores padecen
de un retardo mental o déficit cognitivo, su protección es reforzada, como
consecuencia del mayor compromiso que tiene su enfermedad sobre su desarrollo.[32] Esta postura
jurisprudencial encuentra eco en la Ley 1616 de dos mil trece (2013)[33] y en el
Código de Infancia y Adolescencia,[34]
donde se establece que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de
atención integral y preferente en materia de salud mental. Por ende, los
servicios médicos que requieran deben ser prestados de manera especialmente oportuna,
suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad, incluyendo todas las
etapas de atención desde la detección temprana y el diagnóstico, pasando por la
intervención y cuidado, hasta la rehabilitación efectiva del menor.
4. El
servicio de transporte como un medio de acceso al servicio de salud -
reiteración de jurisprudencia
4.1.
El Sistema de Seguridad Social en Salud incluye servicios que debe prestar y
financiar el Estado en su totalidad, otros cuyo costo debe ser asumido de
manera compartida entre el Sistema y el usuario y otros, finalmente, que están
excluidos y que deben ser sufragados exclusivamente por el paciente o su
familia. Dentro de estos se encuentra, en principio, el transporte.
4.2.
De acuerdo con el principio de solidaridad,[35]debe
haber una mutua colaboración entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades orientada a ayudar a la población más
débil, invirtiendo a su favor los recursos del
Sistema de Seguridad en Salud. De conformidad con lo anterior, el paciente
que ha sido remitido a un municipio distinto al de su residencia para el
suministro del servicio de salud que requiere, debe asumir los gastos de
transporte y estadía a los que haya lugar cuando tiene los recursos suficientes
para tal efecto.[36]
Excepcionalmente, cuando el usuario  y su núcleo familiar enfrentan
dificultades económicas para costear el desplazamiento, los gastos respectivos
deben ser sufragados por la EPS.
4.3.
La anterior regla jurisprudencial obedece a que la atención médica no puede ser imposibilitada, obstaculizada
o dificultada por razones ajenas al usuario (límites de la cobertura de la EPS),[37] o por razones de tipo
económico (capacidad de pago del individuo y de su grupo
familiar).[38] No siendo suficiente tener
derecho a acceder a un servicio médico si se carece de los medios para hacer de
este un acceso real y efectivo, el derecho a la salud debe incluir, además del
acceso formal a la atención médica, el suministro de los medios indispensables
para materializar la prestación del servicio. Así, cuando se está frente a un
caso en el cual un usuario del Sistema de Salud no tiene los recursos
económicos para acceder a los servicios médicos que requiere, el Estado y las
entidades de salud deben concurrir garantizando su acceso efectivo por virtud
de la garantía de accesibilidad económica.
4.4.
De conformidad con la Observación General No. 14 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la
accesibilidad económica es una de las cuatro dimensiones de la accesibilidad.
La cual, por su parte, constituye uno de los elementos esenciales del derecho a
la salud en conjunto con la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad. De esta manera, la accesibilidad económica ha sido definida
de la siguiente manera:
“Los
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de
todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados
con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el
principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o
privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente
desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga
una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en
comparación con los hogares más ricos”.
4.5. En concordancia con lo anterior, la Resolución
No. 5261 de 1994 del Ministerio de Salud y el Acuerdo 029 de 2011
de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), que sustituyó al Acuerdo 028 de
2011, establecen que la EPS debe cubrir los gastos de desplazamientos generados
por la remisión de un usuario a un lugar distinto a su residencia en cualquiera
de los siguientes casos: (i) cuando se certifica debidamente la urgencia en la
atención; (ii) cuando se trata de un paciente internado que requiera atención
complementaria en las zonas geográficas en las que se reconozca por dispersión;
(iii) cuando en el lugar de remisión se paga una U.P.C. diferencial mayor; y
(iv) cuando se realiza un traslado entre distintas instituciones prestadoras de
salud a raíz de las limitaciones de servicios de la remisora, caso en el cual,
el medio de transporte será determinado a partir del estado de salud del
paciente, el concepto del médico tratante y el destino de remisión.
4.6. Al respecto, desde una óptica constitucional,
esta Corporación ha sido enfática al afirmar que no se les puede imponer cargas
económicas desproporcionadas a los usuarios que cuentan con menores recursos,
en comparación con quienes sí pueden sufragar el costo del transporte.[39] Gracias a esto, ha
adoptado la siguiente regla jurisprudencial: cuando un paciente es remitido a
una entidad de salud en un municipio distinto al de su residencia, la EPS debe
sufragar los gastos del desplazamiento a los que haya lugar sin importar que el
servicio de transporte haya sido ordenado por su médico tratante siempre y
cuando se cumplan las siguientes dos (2) condiciones: (i) que ni
el paciente ni sus familiares cercanos tengan los recursos económicos
suficientes para pagar el valor del traslado, y (ii) que de no efectuarse la
remisión, se ponga en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el
estado de salud del usuario.[40]
4.7. En el mismo sentido, la Corte ha
señalado que la EPS debe asumir los costos del desplazamiento de un acompañante
cuando, aparte de las limitaciones económicas descritas, el paciente depende de
un tercero para su desplazamiento y requiere de atención permanente para
garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores
cotidianas.[41]
En estos casos se encuentran, precisamente, los menores de edad y las personas de
la tercera edad o en situación de discapacidad que padecen restricciones de
movilidad.[42]
4.8. La
identificación de los eventos en los cuales es viable autorizar el servicio de
transporte, depende del análisis fáctico de cada caso concreto. El juez debe
evaluar la pertinencia, necesidad y urgencia de la medida, así como las
condiciones económicas del actor y su núcleo familiar. De resultar positiva
esta evaluación, debe ordenarle a la EPS que asuma los costos pertinentes y,
posteriormente, que recobre a la entidad estatal correspondiente por los
valores que no esté obligada a sufragar.[43]
4.9. Finalmente,
en relación con aquellos casos donde el transporte solicitado consta de un
desplazamiento al interior del mismo municipio (interurbano), la Corte ha hecho
extensiva la aplicación de la anterior regla exigiendo los mismos requisitos. Así,
por ejemplo, en la Sentencia T-481 de 2011[44]
se ocupó del caso de una mujer de cincuenta y cuatro (54) años que, a raíz de
su obesidad y acumulación de grasa en las piernas, no podía desplazarse por sí
misma hasta un centro médico ubicado en su municipio de residencia. Esto
impedía que su enfermedad fuera valorada y diagnosticada. A pesar de que su
médico tratante no ordenó el servicio de transporte, esta Corporación tuteló su
derecho fundamental a la salud. De esta manera, le ordenó a la EPS a sufragar
los gastos respectivos, dado que ni la paciente ni su familia tenían los recursos
necesarios para tal efecto y el servicio médico era requerido con urgencia.
5.
Caso concreto
5.1.
En el primero de los casos objeto de revisión (Expediente T-4106927), se
encuentra la menor Antonella Roa Léon de dos (2) años de edad. Ella padece de hipotonía
y retardo global del desarrollo desde los seis (6) meses y requiere asistir a
diversas sesiones de terapia en jornadas de 7 a 11 de la mañana todos los días
de la semana durante un (1) mes en las instalaciones de una IPS ubicada en su
ciudad de residencia. No obstante, la menor enfrenta serias dificultades para
acceder a los servicios descritos como resultado de la situación económica de sus
padres. Entre los dos unos ingresos de un millón ochocientos cinco mil
novecientos pesos mensuales ($1.805.900). Sin embargo, ambos manifiestan (i) no
estar en capacidad de llevar y acompañar a la menor a sus terapias diarias
desde su residencia ubicada en las afueras de la ciudad hasta la IPS por cuanto
esto implica un desplazamiento de más de una hora que resulta incompatible con
sus responsabilidades laborales; y (ii) no tener el dinero suficiente para
contratar a un particular que se encargue de su cuidado y transporte, toda vez
que tienen otro hijo menor y deben atender diversos gastos, como alimentación, vestuario, pago de servicios públicos, arriendo de
un apartamento y cuotas de una casa que intentan adquirir en el marco de un
programa de subsidio de vivienda de la Caja de Compensación Familiar. Actualmente,
Antonella asiste a un jardín infantil de Bienestar Familiar. Esta situación le
ha dificultado su acceso efectivo al Sistema de Seguridad Social en Salud y,
consecuentemente, ha puesto en riesgo su tratamiento y recuperación.
5.2.
En el segundo asunto (Expediente T-4108329) el menor Alejandro Giraldo Castro
de trece (13) años de edad, padece de una atrofia óptica bilateral desde los cinco
(5) años y requiere asistir a exámenes y citas de control con un neuropediatra
dos (2) veces por año. No habiendo un médico con dicha especialidad en la
ciudad de Manizales, lugar de su residencia, este debe desplazarse hasta la
ciudad de Pereira para acceder a los servicios que requiere. Su madre, quien lo
acompaña en estos viajes, es cabeza de familia y percibe un salario mínimo. Esta
situación le ha dificultado su acceso efectivo al Sistema de Seguridad Social
en Salud y, consecuentemente, ha puesto en riesgo su tratamiento y recuperación. La
incapacidad de pago de sus padres es evidente teniendo en cuenta que sólo la
madre trabaja, el padre está desempleado y el salario mínimo legal mensual
vigente que percibe la primera está destinado a sufragar los costos de todo el
núcleo familiar compuesto por tres personas.
5.3.
A raíz de la corta edad de los pacientes, la Sala observa que ambos menores requieren
de atención médica con urgencia. Antonella Roa sufre de un retraso neurológico
en su desarrollo que sólo puede ser mitigado con las sesiones de terapia que le
fueron recetadas. De esto se dejó constancia en un reporte del mes de abril de dos
mil trece (2013) en el cual se constató que la menor presentó resultados
positivos después de haber asistido a las sesiones practicadas entre noviembre
y diciembre de dos mil doce (2012). Alejandro Giraldo, por su parte, debe estar
bajo supervisión periódica de un médico especialista en neuropediatría con el
ánimo de tratar su atrofia óptica bilateral. No habiendo un médico de tales
características en su ciudad, debe trasladarse hasta Pereira. Dicha necesidad
ha sido creada por la propia accionada pues ésta no ha dispuesto lo necesario
para que en una ciudad como Manizales se preste el servicio de neuropediatría. En
este sentido, es su obligación garantizar que sus usuarios cuenten con toda la
atención que requieren pues, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley 100 de
1993,[45]
es su obligación “organizar la forma
y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder
a los servicios de salud en todo el territorio nacional”, así como “definir procedimientos para
garantizar el libre acceso de los afiliados y sus familias, a las Instituciones
Prestadoras con las cuales haya establecido convenios o contratos en su área de
influencia o en cualquier lugar del territorio nacional, en caso de enfermedad
del afiliado y su familia”.
5.4.
De esta manera, la Sala concluye que se satisfacen los dos requisitos señalados
por la jurisprudencia constitucional para acceder al suministro gratuito del
servicio de transporte, a saber, (i) que ni el paciente ni sus familiares
cercanos tengan los recursos económicos suficientes para pagar el valor del
traslado; y (ii) que de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la
dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.[46]
5.5.
Por esta razón, los argumentos esgrimidos por la accionada van en contravía de
la protección constitucional del derecho a la salud. La jurisprudencia pacífica
de esta Corporación ha sostenido que los usuarios del sistema tienen derecho a acceder
a los servicios de salud que requieren con necesidad, estén o no incluidos
en los planes de beneficios. Esto, siempre y cuando, se trate de un servicio
(i) indispensable para garantizar la salud y la integridad, (ii) que haya sido
ordenado por el médico tratante, (iii) que no tenga en el POS un sustituto que
cumpla la misma labor en la protección de la salud, y (iv) que la persona no
pueda acceder a él de forma particular por no tener recursos económicos. [47]
5.6.
En los casos objeto de revisión, se satisfacen todos los requisitos para
acceder al servicio de transporte, con excepción de la existencia de una orden
médica que verse estrictamente sobre el particular. En ambos casos, el
transporte fue negado por no haber sido ordenado por el médico tratante a pesar
de que, en el primero, el padre de Antonella acudió a la Junta Médica de
Fisiatría y a la EPS directamente y, en el segundo, la madre de Alejandro hizo
la respectiva solicitud verbal ante la accionada. Esto, infiere la Sala, fue
consecuencia de la valoración estrictamente técnica que realizó el profesional
en salud, quien, no siendo el competente para tal efecto, omitió prestar
atención a la situación laboral y económica de los padres. Sin embargo, en
casos similares, esta Corte ha garantizado el acceso a un servicio no POS a
pesar de que no haya sido ordenado por el médico tratante y, consecuentemente,
ha prescrito su suministro directamente cuando, a partir de los hechos del
caso, se puede establecer la necesidad del mismo.[48] Así, por ejemplo, en la
Sentencia T-481 de 2011[49]
la Corte se ocupó del caso de una mujer de cincuenta y cuatro (54) años que, a
raíz de su obesidad y acumulación de grasa en las piernas, no podía desplazarse
por sí misma hasta un centro médico ubicado en su municipio de residencia. Esto
impedía que su enfermedad fuera valorada y diagnosticada. A pesar de que su
médico tratante no ordenó el servicio de transporte, esta Corporación tuteló su
derecho fundamental a la salud. De esta manera, le ordenó a la EPS a sufragar
los gastos respectivos, dado que ni la paciente ni su familia tenían los
recursos necesarios para tal efecto y el servicio médico era requerido con
urgencia.
5.7.
De esta manera, la Corte concluye que las entidades promotoras de salud deben
suministrar el servicio de transporte como un medio de acceso al Sistema de
Salud cuando las personas que satisfacen los dos requisitos que para tal efecto
ha exigido esta Corporación,[50]
no cuentan con una orden médica que prescriba explícitamente el suministro del
transporte, siempre y cuando, la necesidad de este último pueda ser inferida
del caso concreto.
5.8.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso de la niña Antonella no existe
otra persona de la familia que la pueda llevar y acompañar a sus terapias, no
resulta conveniente confiar su cuidado y trasporte a un particular por ser tan
pequeña (2 años), a pesar de que, por las razones ya expuestas, esta tenga
derecho a acceder a un servicio de transporte y compañía. Razón por la cual, la
Sala encuentra que la mejor forma de garantizar su derecho fundamental a la
salud no es ordenándole a la EPS contratar los servicios de una persona que la
lleve a sus terapias. Teniendo en cuenta las limitaciones que tienen los padres
de la niña en materia de transporte y de disponibilidad laboral, resulta, por
el contrario,  más apropiado ordenar la reprogramación de los horarios de las
sesiones respectivas para los días sábados o domingos con el fin de que alguno
de sus padres, sino los dos, puedan acompañarla. Esto en cuanto la garantía
efectiva del derecho a la salud no puede desarrollarse en perjuicio de otros
derechos fundamentales, como, por ejemplo, los derechos de sus padres al
trabajo y al mínimo vital. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la niña tiene
programadas sesiones de 4 horas diarias todos los días de la semana durante un
mes, Saludcoop deberá garantizar que la readecuación de las citas a la que se
llegue por virtud de esta orden no afecte el buen desarrollo del tratamiento
que recibe la menor. De lo contrario, la entidad deberá consultar y fijar con
los padres otro horario que se ajuste, igualmente, a sus limitaciones de
tiempo. En todo caso, no se ordenará a la EPS asumir el costo del servicio de
transporte pues, no siendo prudente la contratación de un particular, el costo
de los desplazamientos puede ser asumido por los padres.
Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión
de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Penal Municipal de Bogotá
el veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013) dentro del proceso de tutela
iniciado por el señor Rigoberto Roa Velásquez en representación de su hija,
Antonella Roa León, contra Saludcoop EPS. En virtud de lo anterior, ordenará
Reprogramar los horarios de las terapias
requeridas por Antonella Roa León de acuerdo con las limitaciones horarias y de
movilización que tienen sus padres como producto de sus obligaciones laborales,
sin afectar con esto el buen desarrollo del tratamiento ordenado.
Adicionalmente,
la Sala confirmará parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Manizales, Caldas, el veintitrés (23) de agosto de dos mil trece
(2013) dentro del proceso de tutela iniciado por la señora María Dolly Castro
Martínez en representación de su hijo, Alejandro Giraldo Castro, contra
Saludcoop EPS, en el entendido de que, si bien el juzgado amparó el derecho a
la salud del menor ordenando la práctica del examen médico que no le había sido
realizado a pesar de que fue solicitado por su médico tratante y autorizado por
la EPS, negó su derecho a acceder al servicio de transporte por considerar que
se encontraba fuera del POS. En virtud de lo anterior, ordenará
Autorizar el transporte requerido por el
menor Alejandro Giraldo Castro y su acompañante para que pueda desplazarse
hasta la ciudad de Pereira cada vez que necesite asistir a exámenes y citas de
control para superar su atrofia óptica bilateral sin perjuicio de que su médico
tratante no haya solicitado el servicio de transporte.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido en primera instancia por
el Juzgado Trece Penal Municipal de Bogotá el veinticinco (25) de junio de dos
mil trece (2013) dentro del proceso de tutela iniciado por el señor Rigoberto
Roa Velásquez en representación de su hija, Antonella Roa León, contra
Saludcoop EPS. Y en su lugar AMPARAR el derecho fundamental a la salud de la
menor.
Segundo.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la providencia proferida
en primera instancia por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Manizales,
Caldas, el veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013) dentro del proceso
de tutela iniciado por la señora María Dolly Castro Martínez en representación
de su hijo, Alejandro Giraldo Castro, contra Saludcoop EPS, en el entendido de
que, si bien el juzgado amparó el derecho a la salud del menor ordenando la
práctica del examen médico que no le había sido realizado a pesar de que fue
solicitado por su médico tratante y autorizado por la EPS, negó su derecho a
acceder al servicio de transporte por considerar que se encontraba fuera del
POS.
Tercero.- ORDENAR a Saludcoop EPS que
reprograme los horarios de las terapias requeridas por Antonella Roa León de acuerdo
con las limitaciones horarias y de movilización que tienen sus padres como
producto de sus obligaciones laborales, sin afectar con esto el buen desarrollo
de la menor.
Cuarto.- ORDENAR a Saludcoop EPS que
autorice el transporte requerido por el menor Alejandro Giraldo Castro y su
acompañante para que pueda desplazarse hasta la ciudad de Pereira cada vez que
necesite asistir a exámenes y citas de control para superar su atrofia óptica
bilateral, sin perjuicio de que su médico tratante no haya solicitado el
servicio de transporte.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Como anexo al escrito de tutela, el
accionante aportó copia del registro civil de nacimiento de la menor. Según
este documento, Antonella nació el diez (10) de noviembre de dos mil once
(2011) (folio 8 del cuaderno principal del Expediente T-4106927. En adelante,
siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga lo contrario).
[2] Como anexo al escrito de tutela, el
accionante aportó copia de la historia clínica de la menor. En dicho archivo,
se encuentra copia de (i) informe de evolución de la paciente durante su
tratamiento en la IPS Aconiño entre noviembre y diciembre de dos mil doce
(2012), el cual fue emitido durante el mes de abril de dos mil trece (2013) por
la Coordinadora de Atención Integral, Milena Pardo Bermúdez. En dicho informe,
se da cuenta de un serie de avances en el desarrollo de la menor y se
recomienda continuar con las tres (3) terapias para seguir obteniendo
resultados positivos (folio 13 y 14); (ii) informe de control médico realizado
el veinticinco (25) de mayo de dos mil trece (2013) donde se diagnosticó un
retraso en el desarrollo neurológico de la paciente de ocho (8) meses y
patrones motores de once (11) meses con baja tolerancia a la postura prono. Así
mismo, se emitió orden de manejo terapéutico integral en una institución
especializada en niños, se dieron pautas de estimulación a la edad neurológica,
se ordenó continuar el manejo y estudio con genética y se envió a
neuropediatría para el estudio de sus movimientos anormales (folio 11) e; (iii)
informe de control médico realizado el veintiocho (28) de mayo de dos mil trece
(2013) con la Dra. Sandra Ospina, especialista en genética, en donde se
corrobora el cuadro clínico de hipotonía y retraso en el desarrollo psicomotor
y se cita a control posterior para realizar un electroencefalograma (folio 12).
[3] Como anexo al escrito de tutela, el
accionante aportó copia de su carnet de afiliación a la EPS Saludcoop, así como
copia del carnet de beneficiaria de su hija, Antonella (folio 9 y 10).
[4]En
el expediente se encuentra copia del acta de la diligencia de declaración celebrada el veintiuno
(21) de junio de dos mil trece (2013) en donde el señor Rigoberto Roa Velásquez
compareció ante el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá en el marco de la
acción de tutela objeto de revisión. En esa oportunidad, el accionante indicó
cuál era el monto de ingresos que recibía mensualmente en su calidad de
trabajador dependiente. Se entiende, por ende, que este constituye la base de
cotización al Sistema de Seguridad Social (folio 22 y 23).
[5] En el expediente se encuentra copia del acta de una diligencia de declaración
celebrada el 21 de junio de 2013 en donde la señora Tatiana León Argel
compareció ante el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá en el marco de la
acción de tutela objeto de revisión (folio 24 y 25).
[6] El
señor Rigoberto Roa Velásquez es, a su vez, padre de Nicolás Roa León, quien
tiene 5 años de edad (folio 27).
[7] En el expediente se encuentra copia del acta de la diligencia de declaración celebrada
el veintiuno (21) de junio de  dos mil trece (2013) en donde el señor Rigoberto
Roa Velásquez compareció ante el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá en el
marco de la acción de tutela objeto de revisión. Allí, el actor puso de
presente que tiene otro hijo menor bajo su cuidado y sostenimiento y expuso
cuáles eran los gastos mensuales en los que incurría su núcleo familiar
periódicamente.
[8] Como anexos al escrito de contestación,
la EPS aportó copia del informe rendido por la Junta Médica de Fisiatría el
quince (15) de febrero de dos mil trece (2013) en donde se señaló que “desde
el punto de vista de rehabilitación en control previo se recomendó llevar a la
niña a institución integral de rehabilitación especializada para niños y fue
manejada en Aconiño por un mes con buenos resultados, adecuada adherencia,
ganancia en logros desde el punto de vista motor, tales como ganancia del
control de tronco iniciando adopción sedente”. Por esta razón, la Junta consideró
que “la paciente debe continuar plan integral de rehabilitación en
institución especializada para niños que según refieren los padres continúa
vigente” (folio 48).
[9] Los inconvenientes que enfrenta la familia Roa León
para acompañar a la menor a sus terapias y/o financiar los servicios de un
particular que se encargue de llevarla y acompañarla, fueron presentados en
detalle en la diligencia de
declaración celebrada el veintiuno (21) de junio de dos mil trece (2013), donde
el señor Rigoberto Roa Velásquez compareció ante el Juzgado 13 Penal Municipal
de Bogotá en el marco de la acción de tutela objeto de revisión (folio 22 y
23).
[10] Ver
el informe completo en el folio 48.
[11] Como anexos al escrito de tutela, el accionante
aportó copia de las autorizaciones que emitió Saludcoop el seis (6) de junio de dos mil trece
(2013) (folios 15, 16 y 17).
[12] Como anexos a al escrito de
contestación, la EPS aportó copia del informe rendido por la Junta Médica de
Fisiatría el quince (15) de febrero de dos mil trece (2013) mediante el cual se
negó la prestación del servicio de transporte y enfermería (folio 48).
[13] Según
el informe secretarial del cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013), la
sentencia de primera instancia fue notificada el veintiséis (26) de junio del
mismo año. De esta manera, el accionante contaba con tres (3) días hábiles para
interponer el recurso, es decir, que tenía hasta el dos (2) de julio. Sin
embargo, la impugnación fue radicada el tres (3) de julio, esto es, al día
siguiente de que el plazo venciera (folio 64).
[14] En desarrollo de los principios de celeridad,
eficacia, oficiosidad e informalidad de la acción de tutela, esta Corporación
ha considerado que para lograr una protección efectiva de los derechos
fundamentales, hay ocasiones en las que resulta pertinente, e incluso
necesario, requerir información por vía telefónica a los peticionarios o sus
familiares sobre algunos aspectos fácticos puntuales que requieran mayor claridad. Ver
Sentencias T-603 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-476 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-341 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-643
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-219 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño),
T-726 de 2007 (MP. Catalina Botero Marino) y T-162 de 2013 (MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[15] Según informó el actor por vía telefónica
y mediante correo electrónico con fecha del diecinueve (19) de febrero de dos
mil trece (2013), la menor pudo asistir a las sesiones autorizadas el seis (6)
de junio de dos mil trece (2013) con la ayuda de una colecta hecha en su
oficina y haciendo uso de sus vacaciones y las de su compañera permanente. No
obstante, la menor no ha podido asistir a las sesiones autorizadas el treinta
(30) de enero de dos mil catorce (2014) a raíz de los problemas mencionados en
el escrito de tutela (ver folios 11 a 13 del segundo cuaderno).
[16] Como anexo al escrito de tutela, la
accionante aportó copia de la tarjeta de identidad de Alejandro Giraldo Castro.
Según este documento, el menor nació el veintidós (22) de agosto del año dos
mil (2000) (folio 14 del cuaderno principal del Expediente T-4108329. En
adelante, siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace parte
del cuaderno principal, a menos que se diga lo contrario).
[17] Como anexo al escrito de tutela, la
accionante aportó copia de la historia clínica del paciente. Dicho archivo
contiene los siguientes documentos: (i) Informe de cita médica realizada el
tres (3) de diciembre de dos mil diez (2010) para un control neuropediátrico
por atrofia óptica bilateral donde se diagnosticó un trastorno en el nervio
óptico y una agudeza visual de 20/80 sin lentes bilaterales (folio 9 y 10);
(ii) informe de cita médica realizada el tres (3) de septiembre de dos mil doce
(2012) para control neuropediátrico por atrofia óptica bilateral de mayor
compromiso derecho con excavaciones asimétricas donde se ordena la realización
del examen Relación Lactato/Piruvato  (folio 7, 11 y 12); (iii) resultados de
un examen médico denominado “Acido Láctico (L-Lactato) por Método Enzimático”
que fue realizado el 13 de septiembre de 2012  (folio 5); (iv) informe de cita
médica realizada el nueve (9) de octubre de dos mil doce (2012) en donde se
practicó control por atrofia óptica bilateral, se realizó un examen físico y se
diagnosticó astigmatismo ordenando cita de control en los 8 meses siguientes
(folio 6); (v) informe de cita médica realizada el 9 de enero de 2013 para
control de atrofia óptica bilateral donde se constata que no hay deterioro de
la condición neurológica, que el paciente casi no utiliza las gafas recetadas
porque le arden los ojos, que tiene una agudeza visual sin disminución
equivalente al 20/70 bilateral y que no llevó consigo los resultados del examen
ordenado, a saber, Relación Lactato/Piruvato  (folio 8); (vi) resultados de un
examen médico denominado “Ácido Láctico (L-Lactato)” que fue realizado el 11 de
abril de 2013  (folio 4); y (vii) autorización emitida por la EPS Saludcoop el
11 de junio de 2013 para la realización de un examen médico denominado “Relación
Lactato/Piruvato” durante los 60 días siguientes a la orden en la IPS Bioimagen
Ltda ubicada en la ciudad de Manizales (folio 3).
[18] Según los documentos aportados como
anexos al escrito de tutela, la señora María Dolly Castro se ha tenido que
desplazar hasta la ciudad de Pereira en conjunto con su hijo en 3 ocasiones
durante los últimos 38 meses para la realización de exámenes médicos y citas de
control. Según la historia clínica del paciente, las tres (3) ocasiones
tuvieron lugar el tres (3) de diciembre de dos mil diez (2010) (folio 9 y 10),
el 3 de septiembre de 2012 (folio 7, 11 y 12) y el 9 de enero de 2013 (folio
8). Las citas, exámenes y órdenes restantes se practicaron en la ciudad de
Manizales (ver folios 3, 4, 5 y 6).
[19] En los anexos al escrito de tutela, obra copia del
examen y de la orden proferida por la médica tratante el día tres (3) de
septiembre de dos mil doce (2012) (folio 7, 11 y 12).
[20]En
los anexos al escrito de tutela, obra copia de la orden proferida por la EPS
Saludcoop el día once (11) de junio de dos mil trece (2013) (folio 3).
[21]Como anexos al escrito de tutela, obra
copia de los exámenes realizados los días trece (13) de septiembre de dos mil
doce (2012) y once (11) de abril de dos mil trece (2013) (folios 4 y 5).
[22]Como anexos al escrito de tutela, obra
copia del informe de control realizado por la Doctora Claudia Natacha
Sinisterra Paz el día nueve (9) de enero de dos mil trece (2013) (folio 8).
[23] La señora María Dolly suministró la información
descrita por vía telefónica y
mediante correo electrónico el día 14 de marzo de 2014 (ver folio 11 del
segundo cuaderno del Expediente T-4108329, que incluye las pruebas recaudadas
en el trámite surtido ante la Corte Constitucional).
[24] En desarrollo de los principios de celeridad,
eficacia, oficiosidad e informalidad de la acción de tutela, esta Corporación
ha considerado que para lograr una protección efectiva de los derechos
fundamentales, hay ocasiones en las que resulta pertinente, e incluso
necesario, requerir información por vía telefónica a los peticionarios o sus
familiares sobre algunos aspectos fácticos puntuales que requieran mayor
claridad. Ver Sentencias T-603 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas Hernández),
T-476 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-341 de 2003 (MP. Jaime
Araujo Rentería), T-643 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-219 de 2007 (MP.
Jaime Córdoba Triviño), T-726 de 2007 (MP. Catalina Botero Marino) y T-162 de
2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[25] Doctora
Claudia Natasha Sinisterra Paz, especialista en neuropediatría.
[26] La señora María Dolly suministró la información
descrita por vía telefónica y
mediante correo electrónico el día veinticinco (25) de febrero de dos mil
catorce (2014) (ver folio10 del segundo cuaderno). Adicionalmente, mediante
correo electrónico del día catorce (14) de marzo de dos mil catorce (2014), la
accionante informó que, a pesar de haber solicitado verbalmente ante la EPS
reiteradamente el servicio de transporte, este le fue negado en todas las
oportunidades (ver folio 11 del segundo cuaderno).
[27] Ver Sentencias T-760 de 2008 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa) y T-209 de 2013
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras.
[28] Ver Sentencias T-704 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-037 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-964 de 2007
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-036 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[29] El
artículo 44 de la Constitución Política enuncia: “Son derechos fundamentales
de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social,
[…]. Los derechos
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
[30] En la Sentencia T-037 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), la Corte hizo un recuento de los
instrumentos de Derecho Internacional que integran el Bloque de
Constitucionalidad y que establecen una protección especial en salud a favor de los niños, niñas y adolescentes. A este respecto, hizo
el siguiente recuento normativo:“(1) Convención sobre los Derechos del Niño,
en el artículo 24 reconoce ‘el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho, y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) b) Asegurar la
prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias
a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria
de salud’;(2) Declaración de los Derechos del Niño que en el artículo 4 dispone
que ‘[E]l niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con este fin deberán
proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados’;(3) Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas fijó en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales algunos
parámetros que propenden por la protección de los derechos fundamentales de los
niños como por, ejemplo en el numeral 2° del artículo 12 del citado pacto se
establece: ‘a), es obligación de los Estados firmantes adoptar medidas
necesarias para ‘la reducción de la mortinalidad y de la mortalidad infantil, y
el sano desarrollo de los niños’; mientras que el literal d) dispone que se
deben adoptar medidas necesarias para ‘la creación de condiciones que aseguren
a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad’;(4) Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 24 establece:
Todo Niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere
tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado;(5) Convención
Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 19 señala que ‘todo niño
tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’;(6) Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 que, en su artículo 25-2, establece que ‘la
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales’, y
que ‘todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social’.”A este respecto, véase también las Sentencias T-258A de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-036
de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[31] Ver Sentencias T-557 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-973 de 2006 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), T-324 de 2008 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-021 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-478 de 2012
(M.P.(e) Adriana María Guillén Arango), T-036 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), Sentencias T-209 de 2013 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio) y T-298 de 2013
(M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo).
[32] Ver Sentencias T-258A de 2012 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla) y T-209 de 2013
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[33] Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la Ley de salud mental
y se dictan otras disposición, artículo
25 de la Ley 1616 de 2013.
[34] Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia, artículos 8, 9, 17, 27 y 36.
[35] Este principio está contenido en el artículo 48 de la
Constitución Política y es desarrollado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993.
[36] Ver Sentencia T-173 de 2012 (M.P. María
Victoria Calle Correa)
[37] Ver Sentencia T-173 de 2012 (M.P. María
Victoria Calle Correa)
[38] Ver Sentencias T-200 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-173 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa) y T-073 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[39] Ver Sentencia T-173 de 2012 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[40] Ver Sentencias T-900 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero),  T-1079 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1158 de 2001
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),  T- 962 de 2005 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-493 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-057 de 2009
(M.P. Jaime Araujo Rentería), T-346 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa),
T-550 de 2009 (M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo), T-149 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-173 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa) y T-073 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[41] Ver Sentencias T-760 de 2008 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), T-173 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-073
de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[42] Ver Sentencias T-295 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-200 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-073 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[43] Ver Sentencias T-550 de 2009 (M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo) y T-073 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[44] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva. A este respecto, puede verse también la Sentencia T-861 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) donde
la Corte se ocupó del caso de un pensionado que, aduciendo serías limitaciones
económicas, manifestó no poder costear los desplazamientos que debía realizar
tres (3) días a la semana hasta la entidad de salud ubicada en su ciudad de
residencia para la práctica de la diálisis. Por esta razón, esta Corporación le
ordenó a la EPS sufragar los gastos de transporte por considerar que era
constitucionalmente inadmisible someter
al usuario a un gasto que no alcanzaba a cubrir con sus ingresos mensuales,
pues, de lo contrario, se le vulneraría su derecho a la salud y al mínimo
vital.
[45] Ley
100 de 1993, por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones.
[46] Ver Sentencias T-900 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-1079 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1158 de 2001
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),  T- 962 de 2005 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-493 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-057 de 2009
(M.P. Jaime Araujo Rentería), T-346 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa),
T-550 de 2009 (M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo), T-149 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-173 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa) y T-073 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[47] Esta regla se encuentra recogida en el apartado [4.4.3.] de la sentencia
T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Explicó en esa oportunidad la
Corporación: “la jurisprudencia reitera que se desconoce el derecho a la
salud de una persona que requiere un servicio médico no incluido en el plan
obligatorio de salud, cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza
los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el
servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan
obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas
que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra
autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan
distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un
médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio
a quien está solicitándolo. En adelante, para simplificar, se dirá que una
entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no
esté incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio se requiera
[que reúna las condiciones (i), (ii) y (iv)] con necesidad [condición (iii)].Ver
en el mismo sentido sentencias posteriores: T-438 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo); T-674 de 2009 y T-759 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-916A de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); T-286 de 2012, T-413 de
2012 y T-840 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-1065 de 2012 (M.P.
Alexei Julio Estrada) y T-174 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[48] Así
lo ha hecho la Corte en los casos donde los usuarios del Sistema de Salud
solicitan el servicio médico de pañales desechables que no han sido ordenados
por el médico tratante. Pudiendo apreciar del expediente la necesidad y la
urgencia en la prestación de este servicio, la Corte ha ordenado reiteradamente
su suministro de manera directa con el ánimo de salvaguardar el derecho a la
salud. A este respecto, esta Corporación ha señalado que “teniendo en cuenta las citadas circunstancias, es
preciso concluir que la Corte permite un margen de apreciación mucho más
amplio, en orden a proteger efectivamente el derecho a la salud de aquellas
personas que requieren con necesidad el suministro de elementos, que aunque no
sean medicamentos, aparezcan como esenciales para tener una vida en condiciones
dignas aun cuando no aparezcan incluidos dentro del POS. Por tanto, las
Entidades Promotoras de Salud están obligadas a suministrarlos, siempre y cuando
éstos sean vitales para garantizar una vida digna de las personas”.Ver,
por ejemplo, las sentencia T-320 de 2011
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-110 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa), T-752 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-039 de 2013 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio), T-111 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-383 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-500 de 2013 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva) y T-549 de 2013 (M.P. María Victoria calle Correa),
entre otras.
[49] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva. A este respecto, puede verse también la Sentencia T-861 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) donde
la Corte se ocupó del caso de un pensionado que, aduciendo serías limitaciones
económicas, manifestó no poder costear los desplazamientos que debía realizar 3
días a la semana hasta la entidad de salud ubicada en su ciudad de residencia
para la práctica de la diálisis. Por esta razón, esta Corporación le ordenó a
la EPS sufragar los gastos de transporte por considerar que era
constitucionalmente inadmisible someter
al usuario a un gasto que no alcanzaba a cubrir con sus ingresos mensuales,
pues, de lo contrario, se le vulneraría su derecho a la salud y al mínimo
vital.
[50] A
saber, que (i) ni el paciente ni sus
familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el
valor del traslado; y (ii) que de no efectuarse la remisión, se pondrá en
riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del
usuario.