T-143-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-143/02
REGIMEN SUBSIDIADO DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD- Naturaleza
SISBEN-Carné de afiliado no es el que otorga el derecho
SECRETARIA DE SALUD-Debe adelantar diligencias necesarias
para obtener carné del SISBEN y asignación de una ARS
DERECHO A LA SALUD-Suministro de tratamiento para el cáncer
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expediente T-515729
Acción de tutela
instaurada por José Libardo Jácome Chávez contra la Secretaría Local de Salud y
el Municipio de Villavicencio.
Magistrado Ponente:
Dr.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C.,
veintiocho (28) de febrero de dos mil dos (2002).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Villavicencio y por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad,
en el trámite de la acción de tutela iniciada por el señor José Libardo Jácome
Chávez en representación de su esposa la señora Sandra Aideé Gaviria Morales
contra la Secretaría Local de Salud y el Municipio de Villavicencio.
I. ANTECEDENTES.
El señor José
Libardo Jácome Chávez en representación de su esposa interpuso acción de tutela
contra la Secretaría Local de Salud y el Municipio de Villavicencio, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
salud, a la vida y a la igualdad, en razón de que los demandados no han
afiliado a su representada ni al resto de su grupo familiar a una A.R.S.
Para fundamentar su
solicitud de amparo, puso de presente los siguientes hechos:
Indica que su esposa
padece de cáncer y se encuentra en delicado estado de salud, por lo anterior en
reiteradas ocasiones ha solicitado a la Secretaría de Salud Local de la
Alcaldía de Villavicencio ser afiliado con su grupo familiar a una A.R.S., pues
se encuentran clasificados en el nivel 2 del SISBEN. Afirma que su esposa ha
sido atendida en el Hospital Departamental de Villavicencio, pero la atención
en ese centro es deficiente, y las citas son a largo plazo al igual que los
exámenes y su esposa en razón a su enfermedad requiere tratamiento constante e
inmediato, agregó que tiene conocimiento de que a otras personas que se
encuentran en su misma situación ya han sido afiliadas a una A.R.S., vulnerando
así su derecho a la igualdad.
Solicita en
consecuencia que se afilie de forma inmediata a su esposa a una A.R.S., para
que se le brinden los servicios de salud, medicamentos y demás atenciones que
pueda requerir con ocasión de su enfermedad.
Por su parte, la
Secretaría Local de Salud de Villavicencio, en oficio dirigido al Juez Tercero
Penal del Circuito de esa ciudad, informó que el núcleo familiar del señor
Jácome Chávez y su esposa, aparecían inscritos en el SISBEN con un puntaje que
los clasificaba dentro del nivel cuatro, esto de acuerdo a la encuesta
practicada el 27 de marzo de 1999, posteriormente, el 14 de mayo de 2001 fueron
reclasificados con un puntaje que les permitió acceder al nivel dos del SISBEN,
no obstante lo anterior, indica que le es imposible realizar la afiliación
inmediata al régimen subsidiado en salud, en razón a la falta de recursos para
la ampliación de la cobertura que son determinados por el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud.
Concluyó indicando
que, el Estado nunca ha desamparado a la señora Sandra Aideé Gaviria Morales,
tal como lo manifiesta el demandante, pues ella ha sido atendida en el Hospital
Departamental de Villavicencio entidad competente para tal fin, de acuerdo a la
Ley 100 de 1993 artículo 157 literal B, que establece las personas vinculadas
al Sistema General de Seguridad Social en Salud “Los participantes
vinculados son aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y
mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los
servicios de atención en salud que presten las Instituciones Públicas y
aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.”.
El Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por solicitud del Juez Tercero
Penal del Circuito de Villavicencio, verificó el estado de salud de la señora
Sandra Aideé Gaviria Morales y del señor Libardo Jácome Chávez, en su informe
de julio 26 de 2001, el Médico Forense Alfonso Suárez indicó que:
“CONCLUSION: 1. El paciente JOSE LIBARDO
JACOME CHAVEZ presenta espasmo muscular lumbar leve al parecer de origen
ocupacional, enfermedad que no pone en peligro la vida del mencionado paciente.
“2. La paciente SANDRA AIDEE GAVIRIA
MORALES presenta según informe de citología, una displasia leve en el cuello
uterino que amerita de manera prioritaria una colposcopia y biopsia dirigida
para confirmar la presencia de lesiones que puedan predisponer al cáncer de
útero y decidir conducta; pero en estos momentos no presenta enfermedad que
ponga en peligro su viuda.
“NOTAS: La
paciente SANDRA AIDEE GAVIRIA MORALES no tiene confirmado el diagnóstico de
cáncer de útero en estos momentos, pero es una paciente de alto riesgo de
cáncer de cuello uterino que necesita el examen mencionado.”
El Ministerio de
Salud, en oficio de agosto 6 de 2001, solicitó ser desvinculado del proceso,
indicó que es la entidad territorial la encargada de aplicar la encuesta,
seleccionar los beneficiarios del régimen subsidiado de acuerdo con la
priorización dada por la Ley 100 de 1993 y por las demás normas y celebrar
contratos o convenios con las Administradoras del Régimen Subsidiado A.R.S.
II. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
Conoció del presente
caso en Primera Instancia el Juzgado Tercero Penal del Circuito, que en
providencia de 9 de agosto de 2001, negó el amparo solicitado al considerar que
no se cumplen las condiciones que ha fijado la jurisprudencia constitucional
para la prosperidad de la tutela, ya que ni el demandante ni su esposa padecen
enfermedad alguna que ponga en peligro su derecho a la vida, como lo indicó el
médico forense, agregó que la administración no ha sido indolente, inactiva o
ineficaz ante la Familia del señor Jácome, pues como se encuentra probado en el
expediente ya fueron objeto de clasificación dentro del sistema de selección de
beneficiarios para programas sociales o SISBEN, y si no han sido afiliados a
una A.R.S., es porque esa entidad territorial no cuenta con los recursos para
hacerlo.
Impugnada la
anterior decisión, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio confirmó el fallo del a quo, consideró que: “…el
accionante como potencial beneficiario del régimen subsidiado puede ejercer su
derecho a pertenecer al régimen y acceder a los beneficios del mismo, pero para
ello tiene que acreditarse el cabal cumplimiento de las condiciones legales y
presupuestales exigidas por la ley como lo señala la entidad demandada en la
respuesta dada a la tutela; entre tanto, por disposición de la misma ley, le
asiste el derecho a ser atendido en salud como participante vinculado al sistema,
garantía que no le ha sido negada, pues señala el Secretario Local de Salud que
la señora SANDRA AIDEE GAVIRIA MORALES HA SIDO ATENDIDA EN EL Hospital
Departamental de esta ciudad.”.
No obstante lo
anterior, y en razón a que la esposa del demandante es una persona con alto
riesgo de presentar cáncer de cuello uterino, que requiere de forma urgente una
colposcopia y una biopsia necesarias para determinar las lesiones que puedan
predisponer al cáncer de útero y definir el tratamiento a seguir como lo indicó
el médico forense, previno a la entidad demandada sobre la especial atención
que requiere esta persona por su estado de salud, para no poner en riesgo sus
derechos fundamentales a la vida y la salud, pues sus consultas y exámenes
especializados revisten urgente coordinación y autorización.
III. PRUEBAS RELEVANTES
ALLEGADAS AL EXPEDIENTE.
-
Folios 7 y 8 del
cuaderno de primera instancia, copia del derecho de petición suscrito por el
demandante, su esposa y un Veedor de Salud, dirigido a la Secretaría de Salud
de Villavicencio.
-
Folio 9 del cuaderno
de primera instancia, copia de la respuesta que la Secretaría Local de salud de
Villavicencio dio al derecho de petición de los demandantes.
-
Folios 10 y 11 del
cuaderno de primera instancia, copias de fórmulas médicas a nombre de uno de
los hijos del demandante.
-
Folios 15 al 19 del
cuaderno de primera instancia, copias de los registros civiles de nacimiento de
los cinco hijos del demandante con la señora Gaviria Morales.
-
Folio 20 del cuaderno
de primera instancia, copia de la orden para la práctica de una colposcopia y
una biopsia a la señora Sandra Gaviria.
-
Folios 21 y 22 del
cuaderno de primera instancia, copias de reportes de citología de la señora
Gaviria Morales.
-
Folio 23 del cuaderno
de primera instancia, copia de la remisión de la E.S.E. Hospital de
Villavicencio de la señora Gaviria Morales a ginecoobstetricia.
-
Folio 24 del cuaderno
de primera instancia, certificación de la Secretaría de Planeación de
Villavicencio en la que consta que el núcleo familiar del demandante se
encuentra clasificado en el nivel dos.
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes y
por la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. Legitimación para incoar acción de
tutela a nombre de persona incapacitada para ejercer su propia defensa.
En el caso que se analiza quien instaura la
acción de tutela es el esposo de una persona que se encuentra en delicado
estado de salud, y aquél pretende que se protejan los derechos de su padre.
Encuentra la Corte que en el presente
evento está demostrada la imposibilidad del afectado para asumir su propia
defensa, motivo por el cual se ajusta a las prescripciones del artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, sobre la posibilidad de agenciar derechos ajenos.
3. Tratamiento de
la jurisprudencia en el caso que se examina.
La ley 100 de 1993 estableció dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, el llamado régimen subsidiado, al cual
deberán ser afiliadas todas aquellas personas sin capacidad de pago para cubrir
el monto total de las cotizaciones a su cargo.
Al régimen subsidiado  pertenecen las
personas integrantes de los estratos 1 y 2, es decir, la población más pobre y
vulnerable del país en las áreas rural y urbana, con especial énfasis: las
madres durante el embarazo, parto, post parto y lactancia, las madres
comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los enfermos
de Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos,
las comunidades indígenas, los artistas y deportistas, los trabajadores y
profesionales independientes, los toreros y sus subalternos, los periodistas
independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas,
electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago.
Según la sentencia
SU.819 de 1999[1]
la administración del régimen subsidiado corresponde a las direcciones locales,
distritales o departamentales de salud, las cuales suscribirán contratos de
administración del subsidio con las Entidades Promotoras de Salud que afilien a
los beneficiarios del subsidio. Estos contratos se financiarán con recursos del
Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud
que se destinen para el efecto. La SU.819 de 1999 hace la siguiente
caracterización:
“b) El régimen
subsidiado por su
parte, es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a
través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con
recursos fiscales o de solidaridad de que trata la ley 100 de 1993”.
En el aspecto operativo, la sentencia T-214 de 2000
enseña:
“La Constitución Política asignó a las
entidades territoriales, en especial a los departamentos, municipios y
distritos, la ejecución de la política social (arts. 298, 311, 356 y 357 de la
Constitución Política); en lo que hace a la política de carácter asistencial,
su ejecución fue atribuida a los departamentos y municipios por la Ley 60 de
1993 por la cual se "garantiza que el gasto social se asigna a los grupos
de población más pobres y vulnerables, - cuyo artículo 30 obliga a estas
entidades a adoptar un proceso de focalización Para esto, el Conpes Social,
define cada tres años los criterios para la determinación, identificación y
selección de beneficiarios y para la aplicación del gasto social por parte de
las entidades territoriales.”
Es importante agregar que para estar en el SISBEN el
usuario se somete a un trámite fijado por el artículo 213 de la ley 100 de 1993
que dice:
“Beneficiarios del régimen. Será
beneficiario del régimen subsidiado toda la población pobre y vulnerable, en
los términos del artículo 157 de la presente ley.
“El gobierno nacional, previa recomendación
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá los criterios
generales que deben ser aplicables por las entidades territoriales para definir
los beneficiarios del Sistema, según las normas del régimen subsidiado. En todo
caso, el carácter del subsidio, que podrá ser una proporción variable a la
Unidad de pago por capitación, se establecerá según la capacidad económica de
las personas, medida en función de sus ingresos, nivel educativo, tamaño de la
familia, y la situación sanitaria y geográfica de su vivienda.
“Las personas que cumplan con los criterios
establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como posibles
beneficiarios del régimen de subsidios se inscribirán ante la Dirección de
Salud correspondiente, la cual calificará su condición de beneficiario del
subsidio, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.”
La forma y condiciones como opera el régimen
subsidiado aparece en el Acuerdo 77 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud. Allí se señala el procedimiento “para
identificar a los potenciales beneficiarios de los subsidios y el mecanismo de
selección de los beneficiarios; el procedimiento de afiliación a las
Administradoras del Régimen Subsidiado; y la contratación y ejecución de los
recursos” (artículo 1°).
Los mecanismos de identificación de los potenciales
beneficiarios obedecen a un sistema de selección que se hace en los municipios,
bajo la responsabilidad de las alcaldías, previa solicitud del ciudadano. Se
procede a una encuesta, se hace la clasificación y el informe deberá ser
remitido a las Direcciones Seccionales de Salud. A su vez las Direcciones
Locales, las Personerías Municipales, las Veedurías comunitarias, las Mesas de
solidaridad y los Consejos territoriales de seguridad social en salud
verificarán no solamente que las personas identificadas son efectivamente las
más pobres y vulnerables del municipio, sino que “Así
mismo revisarán que se encuentren incluidas las personas que tendrían derechos
a los subsidios”(artículo 7°). Posteriormente se hace una selección de
beneficiarios para lo cual las Alcaldías elaborarán la lista de potenciales
afiliados al régimen subsidiado, priorizándose de conformidad con el puntaje.
Dice en uno de sus apartes el artículo 9° del mencionado Acuerdo que
“Igualmente es obligación de las entidades territoriales identificar a los
limitados físicos, síquicos y sensoriales, mediante certificación expedida por
la autoridad o institución que determine el alcalde”. Viene finalmente el
período de afiliación a una A.R.S.”
También existen los participantes
vinculados, respecto de quienes la Corte Constitucional en reciente
sentencia C- 130 de 2002, M. P. Jaime Araújo Rentería, se refirió así :
“ Respecto de los
denominados participantes vinculados que, dicho sea de paso son
temporales y solamente se pueden vincular al sistema subsidiado, los define el
artículo 157 ib, así: “son aquellas personas que por motivos de incapacidad
de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado
tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las
instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado”. Las
personas vinculadas tienen acceso a los servicios de salud que prestan las
instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado,
entre las cuales se encuentran las Instituciones Prestadoras de Salud IPS,
mientras logran su afiliación al régimen subsidiado, como ya se ha anotado.
“…”
“Esta clase de
participantes al Sistema de Seguridad Social en Salud son transitorios, pero,
no por ello constituyen un tercer régimen, como claramente se desprende del
artículo 157 de la ley 100 de 1993 que se refiere ya no a los regímenes de
Seguridad Social en Salud, sino a los “sujetos protegidos” denominándolos
“participantes en el Sistema de Seguridad Social en Salud”, para señalar que, a
partir de la vigencia de la citada ley, todo colombiano participará del
servicio público esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, de tal manera, que unos lo harán en su condición de
afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma
temporal como participantes vinculados. Esto es, que accederán a los
servicios de salud sin que se encuentren afiliados o deban afiliarse a alguno
de los dos (2) regímenes establecidos”
4. Caso Concreto.
Las características que exhibe este caso son las
siguientes:
La persona a nombre de quien se interpone la tutela
es beneficiaria del Sisben y en el nivel 2 de pobreza. Le urge la asignación de
una administradora del régimen Subsidiado A.R.S., para lograr así la atención
integral en salud. Según los datos del expediente, la señora GAVIRIA esta
siendo atendida en el Hospital Departamental de Villavicencio por padecer
cáncer de útero.
Se tiene entonces que se trata de una persona
perteneciente al SISBEN en el Nivel 2 de pobreza, pero aún no tiene el respectivo
carné, ni la asignación a una A.R.S. Sin embargo, según lo tiene definido la
jurisprudencia de esta Corporación, el hecho de carecer de estos requisitos, no
impide que puede hacer valer sus derechos fundamentales. “Una persona que ya está vinculada, así se le diga que es
potencialmente beneficiaria, tiene derecho a que el Sisben principie a
tratarla, el tratamiento iniciado no puede quedar trunco porque esto también
atentaría contra la buena fe del beneficiario o potencial beneficiario. Esto
hace parte del principio de la confianza
legítima que permite conciliar, en ocasiones, el interés general y los
derechos de las personas[2]. Esa confianza
legítima se fundamenta en los principios de la buena fe (artículo 83 C.P.),
seguridad jurídica (arts. 1º y 4 de la C.P.), respeto al acto propio[3] y adquiere una identidad propia en
virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración
y administrado.” (T-961 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Así pues, siguiendo la normativa legal y la
jurisprudencia en mención, la asignación de una A.R.S. esta sometida a
procedimientos administrativos que la Corte no puede ignorar ni pasar por alto,
pero sí esta obligada, desde su misión de garante de los derechos fundamentales
a poner de presente que el accionante, estando ya dentro del sistema Sisben y
como beneficiario del Régimen Subsidiado, puede exigir, aún sin el requisito
del carné Sisben y la asignación de una A.R.S., la prestación de los servicios
de salud a las entidades públicas que están en condiciones de subsidiar los
servicios de salud que necesite. En estos precisos casos, también es necesario
hacer efectivo el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en
el artículo 228 de la Constitución y proteger el derecho a la salud y a la vida
cuando se aprecian amenazados.
Y en efecto, según los datos de la demanda, la señora
Gaviria Morales esta siendo atendida en el Hospital Departamental, aún sin la
asignación de una A.R.S. lo que corrobora lo expuesto por la jurisprudencia en
mención. El tratamiento contra el cáncer que padece debe seguir prestándose
bajo las prescripciones médicas, sin que la continuidad del tratamiento se vea
suspendida por condicionamientos relativos a tramites administrativos.
La Corte considera, como
ya se expuso en los antecedentes de este fallo, que el proceso de carnetización
no es el que otorga la prerrogativa[4] para gozar de los
servicios de salud, en tanto este derecho, cuando se conecta con la vida, esta
garantizado en el artículo 49 de la C. P. y de apreciarse casos de enfermedades
catastróficas o ruinosas, la atención en salud no puede postergarse por razones
de orden administrativo o burocrático. En un caso ya fallado por esta
Corporación, se concedió la tutela, cuando ni siquiera se había obtenido el
carácter de beneficiario del Sisben. Entre las razones esgrimidas entonces se
dijo:
“No puede
permitirse que la ineficiencia institucional, la desidia o el aplazamiento
voluntario del servicio por parte de una entidad, pública o privada, se
conviertan en el mecanismo para desconocer los derechos fundamentales de
afiliados y beneficiarios del Sistema de Seguridad Social en Salud. El simple
paso del tiempo no basta para que la entidad prestadora del servicio quede exonerada
de las obligaciones surgidas durante la vigencia del respectivo contrato de
afiliación”. (T-387 de 2001 M. P. Rodrigo Escobar Gil.)
Ahora bien, el
diagnóstico emitido por el Instituto de Medicina Leal en  relación a la salud
de la señora Gaviria fue el siguiente :
“La paciente Sandra
Aideé Gaviria Morales presenta según informe de citología, una displasia leve
en el cuello uterino que amerita de manera prioritaria una colposcopia y
biopsia dirigida para confirmar la presencia de lesiones que puedan predisponer
al cáncer de útero y decidir conducta; pero en estos momentos no presenta
enfermedad que ponga en peligro su vida.
Nota: La paciente SANDRA
AIDEE GAVIRIA MORALES, no tiene confirmado el diagnóstico de cáncer de útero en
estos momentos, pero es una paciente de algo riesgo de cáncer de cuello uterino
que necesita el examen mencionado”.
Se tiene entonces, que
de acuerdo al dictamen médico, no existe gravedad manifiesta de la patología
que aqueja a la accionante y por ello la Sala no aprecia vulneración del
derecho a la salud en conexidad con la vida. Sin embargo, sí es claro el riesgo
de generar un cáncer y ello amerita controles y prevenciones ininterrumpidos.
Para ello, se prevendrá a la Secretaría Local de Salud de Villavicencio para
que inicie las diligencias necesarias para la carnetización en el Sisben de la
señora SANDRA AYDEE GAVIRIA MORALES, y le asigne una A.R.S., de acuerdo a los
cupos disponibles para ello, y teniendo en cuenta que existe riesgo de padecer
una enfermedad catastrófica que deber ser atendida. Lo anterior sin perjuicio
de que el Hospital Local de Villavicencio continúe con la atención en salud que
ha dispensado hasta ahora a la actora.
V. DECISIÓN.
Con base en las consideraciones expuestas, la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Villavicencio.
Segundo. PREVENIR a la Secretaria Local de Salud de Villavicencio para
que inicie las diligencias necesarias para la carnetización en el SISBEN de la
señora SANDRA AYDEE GAVIRIA MORALES y le asigne una A.R.S., de acuerdo a los
cupos disponibles para ello, y teniendo en cuenta que esta en riesgo de padecer
una enfermedad ruinosa cuya atención no puede ser suspendida.
Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado Ponente
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P.
Alvaro Tafur Galvis
[2] Sentencias
T-617 de 1995, T-617 de 1995.
[3] Ver
sentencia T-295/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4] “las
etapas que administrativamente se deben dar para carnetizar a los protegidos
por el Sisben constituyen un requisito a llenar pero eso no significa que el
aspecto mecánico de la carnetización es el que otorga el derecho. En
consecuencia no es necesaria una declaración de funcionario público o privado
para configurarse la situación de protección de un derecho fundamental”
T-961 de 2001. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.