T-702-12
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-702/12
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
INTERNO Y AYUDA HUMANITARIA-Componentes, etapas y fases, entrega
efectiva, términos y prórrogas y garantía del tránsito hacia soluciones
duraderas de estabilización socioeconómica
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Protección
constitucional
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Derechos
mínimos que no pueden ser desconocidos ni vulnerados argumentando falta de
asignación presupuestal o capacidad institucional
DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS COMO SUJETOS
DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Procedencia de la acción de tutela
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Estado
debe otorgar tratamiento especial y preferencial y realizar acciones
afirmativas en favor de este grupo poblacional vulnerable
POBLACION DESPLAZADA FRENTE A OTRO
MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL-Prevalencia de la acción de tutela por situación
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sujetos
de especial protección constitucional
DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA-Reconocimiento
por parte del Estado de dicha condición/DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA
VIOLENCIA Y CONDICION DE VICTIMA-Situación de hecho o fáctica/DESPLAZAMIENTO
FORZADO POR LA VIOLENCIA-Registro único de población desplazada no
constituye requisito constitutivo de la condición de desplazamiento sino
requisito administrativo de carácter declarativo que provee prueba de la
calidad de desplazado
ATENCION HUMANITARIA A POBLACION
DESPLAZADA-Protección constitucional
PRINCIPIOS RECTORES DE LA AYUDA
HUMANITARIA-Contenido en los principios rectores de los desplazamientos
internos
ASISTENCIA HUMANITARIA A DESPLAZADOS-Principios
AYUDA HUMANITARIA A POBLACION DESPLAZADA-Obligaciones
del Estado en relación con atención humanitaria, prórroga de la misma y
estabilización socioeconómica
AYUDA HUMANITARIA-Constituye derecho
fundamental al proteger el mínimo vital y la dignidad humana de personas en
situación de desplazamiento/AYUDA HUMANITARIA-Garantía mínima para la
subsistencia de población desplazada
AYUDA O ASISTENCIA HUMANITARIA A
POBLACION DESPLAZADA-Concepto
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Finalidad
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Carácter
inmediato, urgente, oportuno y temporal
DERECHO DE LOS DESPLAZADOS A ACCEDER A LA
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Vulneración
AYUDA HUMANITARIA-Componentes y
prestaciones en servicios básicos que garantizan el mínimo vital y la
subsistencia en condiciones dignas de las víctimas de desplazamiento forzado
SOLICITUD DE AYUDA HUMANITARIA-Término
o plazo razonables y no discriminatorios
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Reglas
jurisprudenciales sobre temporalidad, entrega, términos y prórrogas
AYUDA HUMANITARIA A POBLACION DESPLAZADA-Entrega
no puede suspenderse hasta que condiciones de vulneración desaparezcan, se
supere la urgencia extraordinaria y se haga tránsito y consolide estabilización
socioeconómica que garantice el autosostenimiento
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Reglas
jurisprudenciales sobre las etapas y su relación con las prórrogas
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Prórroga
general o automática
AYUDA HUMANITARIA Y DERECHO A LA IGUALDAD-Reglas
jurisprudenciales respecto de turnos y orden de entrega
AYUDA HUMANITARIA-Inmediatez
AYUDA HUMANITARIA-No tiene carácter
retroactivo
AYUDA HUMANITARIA-Hecho de no haberse
suministrado no implica reconocimiento de pagos dinerarios retroactivos dejados
de entregar por cuanto desvirtúa su naturaleza y de la acción de tutela
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Reglas
jurisprudenciales sobre interpretación de normatividad en la materia
AYUDA HUMANITARIA, SERVICIOS SOCIALES Y
REPARACION-Reglas jurisprudenciales relativas a la diferenciación
conceptual
AYUDA HUMANITARIA-Reglas
jurisprudenciales sobre atención humanitaria y tránsito hacia soluciones
duraderas y estabilización socioeconómica
AYUDA HUMANITARIA-Provisión de apoyo
para autosostenimiento vía estabilización socioeconómica de personas en
condiciones de desplazamiento
DERECHO DE LAS VICTIMAS A LA AYUDA
HUMANITARIA-Marco legislativo según Ley 1448/11 y decretos reglamentarios
para lograr la garantía y protección a la atención y reparación integral
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MASIVO DE
ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO-Reconocimiento según Decreto 4800/11
DERECHO A LA AYUDA HUMANITARIA DE
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-No reconocimiento ni prorroga
por no encontrarse acreditados o incluidos en el Registro Único de Población
Desplazada
ACCION DE TUTELA CONTRA ACCION SOCIAL HOY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS-Proveer
asistencia humanitaria en sus diferentes componentes, fases y etapas mientras
se obtienen y ejecutan recursos para estabilización socioeconómica y
autosostenimiento
ACCION DE TUTELA CONTRA ACCION SOCIAL HOY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS-Evaluar
nuevamente inclusión en Registro Único de Víctimas y en caso de hacerse
efectivo otorgar ayuda humanitaria
DERECHO A LA AYUDA HUMANITARIA DE
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Atención preferente y prioritaria, aplicación de prórroga
automática y adopción de medidas afirmativas con enfoque diferencial
Referencia:
expedientes acumulados T-2.545.429, T-2.548.293, T-2.552.821, T-2.552.822,
T-2.552.823, T-2.552.824, T-2.552.825, T-2.552.826, T-2.552.827, T-2.552.828,
T-2.552.829, T-2.552.830, T-2.552.831, T-2.552.832, T-2.552.833, T-2.552.834,
T-2.552.835, T-2.552.836, T-2.552.837, T-2.552.838, T-2.552.839,
T-2.552.840,T-2.554.534, T-2.555.502, T-2.555.503, T-2.555.505, T-2.555.506,
T-2.556.911, T-2.557.134, T-2.559.539, T-2.560.822, T-2.560.823, T-2.560.824,
T-2.560.825, T-2.560.826, T-2.560.827, T-2.560.828, T-2.560.829, T-2.560.832,
T-2.560.833, T-2.560.834, T-2.560.835, T-2.560.836, T-2.560.837, T-2.560.838,
T-2.560.839.
Acción de
tutela instaurada por: Hilda Rosa Arévalo De La Hoz y otros en contra de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, D.
C., cuatro (4) de septiembre de dos mil doce (2012).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados, LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, MARIA
VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Los accionantes dentro del
presente proceso de revisión, en su calidad de población desplazada por la
violencia, interpusieron acciones de tutela en contra de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de
que se les proteja sus derechos fundamentales asociados a la ayuda humanitaria
de emergencia como parte de la atención integral a la población víctima de
desplazamiento forzado. Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional por
remisión en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala
de Selección Número 2 de la Corte, mediante Auto del 26 de enero de dos mil
diez (2010), ordenó la revisión de los casos de la referencia, así como la
acumulación de los expedientes por presentar unidad de materia, para ser decididos
en una sola sentencia.
I.
ANTECEDENTES
1.)
Expedientes T-2.560.834, T-2.560.833, T-2.560.828, T-2.560.829
Los
accionantes interpusieron acción de tutela a nombre propio contra la Agencia
Presidencial  para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales y los de sus
núcleos familiares, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la alimentación
mínima y vivienda digna, a la ayuda humanitaria de emergencia y las prorrogas
correspondientes.
Los hechos
relatados por las partes demandantes en la acción de tutela se  resumen de la
siguiente manera:
a.
Hechos
Manifiestan
los accionantes que se vieron obligados a desplazarse de su lugar de origen
como consecuencia del conflicto armado en Colombia. En ese sentido, junto con
sus familias, fueron incluidos en el Registro Único de Población
Desplazada-RUPD.
En ese orden de ideas, expresan
los tutelantes que, en razón de lo dispuesto por la Ley 387 de 1997, por la
cual se adoptan las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la
atención, la protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, en varias
ocasiones solicitaron el suministro de asistencia humanitaria de emergencia, lo
cual, según exponen, se ha cumplido de manera mínima  y mucho menos  se les han
otorgado  las prorrogas  de dichas ayudas  legalmente establecidas.
b.    Solicitudes
de tutela
Los
accionantes solicitan que cesen las omisiones que ponen en peligro y vulneran
sus derechos constitucionales fundamentales al mínimo vital, a la dignidad
humana, a la alimentación mínima y a la vivienda digna, a la ayuda humanitaria
de emergencia y a las prorrogas correspondientes y, en consecuencia, se ordene
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, Territorial Atlántico, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de que les proporcione todas las
ayudas  humanitarias a que tienen derecho.
c.     Intervención
de la parte demandada
Una vez notificada la entidad
accionada guardó silencio respecto a los hechos que sirven de base a las presentes
demandas de tutela.
d.
Pruebas relevantes
T-2.560.834
-Copia de cédula de la
ciudadanía de Ilda Rosa Arévalo de la Hoz (folio 3 cuaderno principal)
-Copia de declaración rendida
por Ilda Rosa Arévalo de la Hoz, el 12 de mayo de 2000, ante la Personería
Municipal de Malambo-Atlántico (folios 4 y 5  cuaderno principal)
T-2.560.833
- Copia de cédula de la
ciudadanía de Manuela Charris Guerrero (folio 3  cuaderno principal)
T-2.560.829
- Copia de cédula de la
ciudadanía de Víctor Alfonso Rodríguez García (folio 3  cuaderno principal)
- Copia del certificado de
inscripción en el RUPD del señor Víctor Alfonso Rodríguez García (folio 4
cuaderno principal)
T-2.560.828
-Copia de la cédula de
ciudadanía de Carmen Manuela Pertúz Muñoz (folio3 cuaderno principal)
e. Sentencias objeto se revisión
El Juzgado
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Barranquilla, quien conoció de las acciones de tutela en primera instancia,
negó los amparos requeridos, utilizando el mismo formato para los diferentes
fallos. Las razones para negar las pretensiones de las demandas fueron las
mismas y se resumen así:
“Por
último, en relación con los servicios de salud, educación y aquellos programas
relacionados con la fase de estabilización económica, tales como, acceso y
tenencia de la tierra para fines productivos, aquellos que tienen que ver con
proyectos productivos y de capacitación laboral  y los referentes al acceso a
vivienda familiar, a los cuales también  pretende acceder el demandante, como
bien lo ha dicho el A quo, no está demostrada vulneración o amenaza alguna por
parte de las diferentes entidades que conforman el SNAIPD y que tiene a cargo
la ejecución de esos programas, pues el actor, de acuerdo con el plenario, ni
siquiera intentó poner en funcionamiento dicho sistema y, por tanto, mal podría
predicarse responsabilidad para dichas entidades” “La sala recuerda que, para
efectos de hacerse acreedor a los beneficios y programas previstos en el
SNAIPD, es necesarios que el interesado despliegue determinadas conductas
positivas, según el caso, en cuanto que el sistema no está diseñado para funcionar
si no es requerido por las personas que, en efecto, lo necesitan”
“En el
escrito de tutela la actora asegura que la Acción social no le ha brindado
todas las ayudas humanitarias que proporciona el Gobierno, pero no indica en
qué fecha presentó solicitud en ese sentido a la entidad, así como tampoco
aporta prueba alguna del recibo de ella por parte de la destinataria, o por lo
menos constancia del correspondiente envío, que permita suponer que la misma
fue realmente recibida y radicada allí y que su no oportuna resolución se ha
debido a la falta de atención por parte de las accionadas. Y como la
COORDINACIÓN ni la SUBDIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE  DESPLAZADOS DE ACCIÓN
SOCIAL nada dijeron en torno a la afirmación de la accionante, no se pudo
deducir tampoco de esta forma, el recibo de la documentación, y siendo ello
así, al no existir esa certeza, no se puede de ninguna manera, ordenar la
emisión de un pronunciamiento, cuando no se tiene conocimiento que el accionado
conozca el contenido de la solicitud.”
“La
informalidad de la acción de tutela, el hecho de que la persona no tenga que
probar que es titular de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta
Política a todos o a los que se encuentran en determinados supuestos
normativos, no exoneran al actor de probar los hechos en los que basa sus
pretensiones” Sentencia SU-995 de 1999. ”
2.)
Expedientes T- 2.555.505, T- 2.555.506, T- 2.555.502
Los
accionantes, actuando en causa propia, interpusieron acción de tutela contra la
Agencia Presidencial para la Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, basados
en los hechos que a continuación se resumen.
a.
Hechos
Los
hechos que dieron origen a las presentes acciones de tutela son los mismos y
pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Expresan los
tutelantes que debido a amenazas en contra de su vida e integridad personal por
parte de grupos armados ilegales se vieron obligados a desplazarse de su lugar
de origen.  En ese sentido, manifiestan estar incluidos en la base de datos del
Registro Único para Población Desplazada-RUPD.
No obstante lo
anterior, los accionantes dicen  nunca haber recibido por parte de la entidad
accionada las ayudas correspondientes a pesar de haberlas solicitado en varias
ocasiones. En consecuencia, ha sido imposible alcanzar la estabilización
socioeconómica y el retorno a su lugar de origen.
b.
Solicitud de tutela
Los accionantes
solicitan  se ampare los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, a la igualdad, derecho a escoger su domicilio, libre desarrollo de la
personalidad, protección integral de la familia, derecho de los niños,
integridad personal, seguridad personal, la libertad de circulación y, en
consecuencia, se ordene a la accionada la entrega de las ayudas a las cuales
por ley tienen derecho.
c.     Intervención
de la parte demandada
Dentro de los expedientes de
tutela que ahora ocupan la atención de la Sala se encuentra la respuesta de la
entidad accionada, sin embargo, la misma fue presentada en fecha posterior a la
decisión de instancia.  Los argumentos esgrimidos en esa oportunidad se
orientan a señalar que una vez conocida la demanda se programó la entrega
completa de los componentes de la atención humanitaria de emergencia a favor de
los accionantes.
d.
Pruebas relevantes
T- 2.555.506
-Copia de la cédula de ciudadanía
de Blanca Olivia Quiceno Giraldo (folio 4)
-Constancia expedida por la
Personería Municipal de Granada – Antioquia de que la señora Blanca Oliva
Quiceno Giraldo y su núcleo familiar se encuentra inscrita en el RUPD (folio 5
cuaderno principal)
T-2.555.505
-Copia de la cédula de ciudadanía
de Nicolás de Jesús Atehortua Noreña  (folio 4 cuaderno principal)
- Constancia expedida por la
Personería Municipal de Granada – Antioquia de que el señor Nicolás de Jesús
Atehortua Noreña y su núcleo familiar se encuentra inscrito en el RUPD (folio 5
cuaderno principal)
T-2.555.502
-Copia de la contraseña de
William Ríos Restrepo (folio 5 cuaderno principal)
- Constancia expedida por la
Personería Municipal de Granada – Antioquia de que el señor William Ríos
Restrepo y su núcleo familiar se encuentra inscrito en el RUPD (folio 4
cuaderno principal)
e. Sentencias objeto de revisión
El Juzgado
Penal del Circuito de El Santuario, quien conoció de las acciones de tutela en
primera instancia, negó los amparos requeridos, utilizando el mismo formato
para los diferentes fallos. Las razones para negar las pretensiones de las
demandas fueron las mismas y se resumen así:
“No existe
en el expediente prueba de que el accionante adelantó diligencia tendiente a
obtener la pretensión invocada a través del amparo; simplemente allegó una
constancia expedida el 16 de marzo de 2009 por el Personero Municipal de
granada (Antioquia) sobre su calidad de desplazado…El RUPD y el SIPOD hacen
parte del sistema de identificación de la población desplazada, constituyen una
plataforma donde se pueden observar aquellas personas que han acudido a
denunciar su estado; no es un derecho de petición de ayuda humanitaria”.
“En
sentencia T-1271 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, dijo a la Corte Constitucional:
los hechos afirmados en la acción de tutela deber ser probados siquiera
sumariamente para que el juzgador tenga la plena certeza sobre los mismos. No
es posible sin ninguna prueba acceder a la tutela. La valoración de la
prueba se hace según  la sana crítica  pero es indispensable que obre en el
proceso medios de probatorios que permitan  inferir la verdad de los hechos. La
Corte ha expresado sobre este tema lo siguiente:
“(…) la
Corte recuerda que se debe partir del principio de la buena fe, pero que el
actor  no queda exonerado de probar lo hechos  dentro de las orientaciones del
decreto 2591 de 1991(…)”
“En estas
circunstancias, un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo
proceso no existe prueba (…)” T-702/00.
“Por
último, es bueno advertirle que Acción Social no está  en obligación  de
realizar todos los trámites necesarios para obtener los beneficios  que su
condición de desplazado  le genera; pues enseña  la praxis  que las personas
que ostentan tal condición  bien pueden acercarse  a las diferentes entidades
que tiene convenios  con la demanda y realizar la solicitud de acuerdo  a sus
necesidades(…)”
“En síntesis,
no se advierte vulneración  de los derechos fundamentales reclamados por el
accionante, el no puede pretender  que a través  de este mecanismo se le
incluya en todos los programas y se le suministren las ayudas, sin cumplir con
los requisitos trazados por las distintas entidades; pues es imprescindible que
presente la solicitud”.
3.) Expedientes T- 2.552.836,
T- 2.552.838, T- 2.552.825, T- 2.552.824, T- 2.552.840, T- 2.552.835, T-
2.552.839, T- 2.552.837, T- 2.552.833, T- 2.552.834, T- 2.545.429, T-
2.552.831, T- 2.552.821, T- 2.548.293, T- 2.552.830, T- 2.552.829, T-
2.552.823, T- 2.552.828, T- 2.552.827, T- 2.552.826, T- 2.552.832
Los
accionantes, actuando en causa propia, interpusieron acción de tutela contra la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, basados en los siguientes hechos que a
continuación se resumen.
a.
Hechos
Señalan los
accionantes que por razón del conflicto armado se vieron obligados a
desplazarse de su lugar de origen. No obstante lo anterior, dicen  nunca haber
recibido, por parte de la entidad accionada, las ayudas correspondientes a
pesar de haberlas solicitado en varias ocasiones.
Manifiestan
los actores encontrarse en una situación de extrema urgencia económica y no
poseer los medios necesarios para auto sostenerse, motivo por el cual solicitan
se haga entrega de las ayudas a las que por ley tienen
derecho.
b.
Solicitud
de tutela
Los
accionantes solicitan  se ampare el derecho al mínimo vital, a una alimentación
mínima y a la estabilidad económica, tal y como lo ha expuesto la Corte
Constitucional en diferentes sentencias. En ese sentido, solicitan a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social,
hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
entregar las ayudas humanitarias correspondientes.
c.     Intervención
de la parte demandada
Una vez notificada la entidad
accionada guardó silencio respecto a los hechos que sirven de base a la
presente demanda de tutela.
d.
Pruebas relevantes
T-2.552.838
-Copia de certificación de la
Personería Municipal de Soledad-Atlántico de que el señor Cesar Joaquín Guzmán
Yepes y su núcleo familiar se encuentra incluido en el Registro Único de
Población Desplazada-RUPD (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Cesar Joaquín Guzmán Yepes (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.840
-Copia de derecho de petición
elevado por el señor Federico Arias Calderón ante la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, con fecha de recibido el 15 de abril
de 2009 (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Federico Arias Calderón (folio 8 cuaderno principal)
T-2.552.824
-Copia de declaración rendida
ante la Personería Distrital de Barranquilla por el señor Ángel María Rada
(folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cedula de ciudadanía
de Ángel María Rada Vargas (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.825
-Copia de derecho de petición
presentado por la señora Rosmery Pacheco ante la Agencia Presidencia para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, cuya fecha de
recibido no es legible (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por la entidad accionada, de la inscripción de la señora Rosmery Pacheco y su
núcleo familiar en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD (folio 8
cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Rosmery Pacheco (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.836
-Copia de cédula de ciudadanía de
la señoraYajira Sofia Acuña Angulo (folio 7 cuaderno principal)
-Copia de derecho de petición
elevado por la señora Yajaira Sofía Acuña ante la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, con fecha de recibido el 30 de
octubre de 2008 (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.826
-Copia de certificación expedida
por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional- Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, acerca de la inscripción de la señora Claribet Pertuz
Sarmiento y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Claribet Pertuz Samiento (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.823
-Copia de oficio elaborado por la
Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada de
Soledad-Atlántico, dirigido a la Red de Hospitales Adscritos, para la atención
de la señora Leidis Yomiris Blanco y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno
principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Leidis Yomiris Blanco (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.827
-Copia de derecho de petición
presentado por la señora Nuris Esther Moscote Laguna ante la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con fecha
de recibido ilegible (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por la Coordinadora de la Unidad Territorial Atlántico de Acción Social sobre
la inscripción de la señora Nuris Esther Moscote en el Registro Único de Población
Desplazada – RUPD, sin firma (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Nuris Esther Moscote (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.832
-Copia de certificación expedida
por la Coordinadora de la UAO-Acción Social de Soledad Atlántico, relativa a la
inscripción de la señora Nuris Esther Moscote y su núcleo familiar en el
Registro Único de Población Desplazada – RUPD (folio 7 cuaderno principal)
-Copia de la contraseña del señor
Adalberto Jiménez Patiño (folio 8 cuaderno principal)
T-2.552.828
- Copia de derecho de petición
presentado ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Nancira Quintero Gutiérrez, con posible fecha
de recibido 30 de octubre de 2008 (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Certificación expedida por la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, de la inscripción en el RUPD de la señora Nancira Quintero Gutiérrez
y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de
ciudadanía  de la señora Nancira Quintero Gutiérrez (folio 9 cuaderno
principal)
T-2.552.833
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Elvia Rojas, recibido el 26 de junio de 2009
(folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Certificación expedida por
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social de la inscripción en el RUPD de la señora Elvia
Rojas Lima y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Elvia Rojas Lima (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.834
- Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  por el señor Abel Antonio Terraza Martínez, recibido el 26
de junio de 2009 (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de la declaración rendida
por el señor Albel Antonio Terraza Martínez ante la Personería Municipal de
Soledad-Atlántico (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de
ciudadanía  del señor Abel Antonio Terraza Martínez. (folio 9 cuaderno
principal)
T-2.552.829
- Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  por la señora Magalis Ester Tobías, sin fecha de recibido
(folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social de la inscripción en el RUPD de la señora Magalis
Ester Tobías y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de
ciudadanía  de la señora Magalis Ester Tobías (folio 9 cuaderno principal)
T-2.545.429
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Emperatríz Concepción Torres, con fecha de
recibido ilegible (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Certificación expedida por
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, de la inscripción en el RUPD de la señora Emperatríz
Concepción Torres y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de registro civil de
nacimiento de Emperatríz Patricia Torres (folio 9 cuaderno principal)
-Copia de comprobante de
documento de identificación en trámite de la señora Emperatríz Concepción
Torres (folio 11 cuaderno principal)
T-2.552.831
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  por la señora Maris Eusevia Cortés, con fecha de recibido
5 de agosto de 2009 (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de
ciudadanía  de la señora Maris Eusevia Cortés (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.821
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  por la señora Nancy Beatriz Arenas Villa, con fecha de
recibido 30 de octubre de 2008 (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social de la inscripción en el RUPD de la señora Nancy
Beatriz Arenas Villa y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de
ciudadanía  de la señora Nancy Beatriz Arenas Villa (folio 9 cuaderno
principal)
T-2.548.293
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  por el señor José de Jesús Cervantes, con fecha de
recibido ilegible (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  de la inscripción en el RUPD del señor  José de Jesús
Cervantes y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
del señor José de Jesús Cervantes (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.830
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Rosiris María Díaz Narváez, con fecha de
recibido ilegible (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Rosiris María Díaz Narváez (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.839
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Tomasa de Jesús Pineda, con fecha de recibido
15 de abril de 2009 (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Tomasa de Jesús Pineda (folio 8 cuaderno principal)
T-2.552.837
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Ana Avelina Madera de Pérez, con fecha de
recibido 26 de junio de 2009 (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia redeclaración jurada
rendida por la señora Ana Avelina Madera de Pérez ante la UAO de la ciudad de
Barranquilla (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Ana Avelina Madera de Pérez (folio 9 cuaderno principal)
T-2.552.835
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por el señor Jesús Antonio Chinchilla Santiago, con fecha
de recibido ilegible (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, de la inscripción en el RUPD del señor  Jesús Antonio
Chinchilla Santiago (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Jesús Antonio Chinchilla Santiago (folio 9 cuaderno principal)
e. Sentencias objeto de revisión
El Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Barranquilla, quien conoció de las acciones de tutela en primera instancia,
negó los amparos requeridos, utilizando el mismo formato para los diferentes
fallos. Las razones para negar las pretensiones de las demandas fueron las
mismas y se resumen así:
“(…)
destaca este despacho que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2569
de 2000 el procedimiento que debe seguir una persona  desplazada  para ostentar
la atención humanitaria deprecada en esta acción, puede ser reducido a los
siguientes pasos:
i)
Presentar declaración de los hechos de desplazamiento. Esa diligencia “tiene el
propósito de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos, con el propósito  de ofrecer elementos de calidad a
Acción Social en su tarea de valoración…”
ii)
Solicitar la inscripción  en el Registro Único de Población Desplazada ante la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería
Municipal o Distrital o cualquier despacho judicial.
iii) Una
vez realizada la declaración, la oficina de atención debe orientar al
desplazado para que en los 15 días hábiles siguientes a  la toma de la misma,
se acerque a una de las Unidades de Atención y Orientación –UAO-, “creadas bajo
la dirección de las Alcaldías Municipales y con el apoyo de la Red de
Solidaridad Social, son un espacio de trabajo interinstitucional en donde se
planifica, atiende, organiza y articula la oferta gubernamental de atención a
la población desplazada en un territorio caracterizado por concentrar un alto
porcentaje de la demanda que busca el acceso  a los diferentes servicios
contemplados legalmente”, a fin de obtener el resultado de la valoración de la
declaración.
iv) Si la persona u hogar desplazado reúne los requisitos previstos
por la ley, se le confiere la condición jurídica de desplazado, se incluye en
el Registro Único de Población desplazada y puede acceder a los derechos
propios de la atención humanitaria (Sentencia T-397 de 2009)”.
“Por
consiguiente, forzosamente debemos concluir que no es posible acceder a lo
solicitado en el escrito de tutela si la parte accionante no allega a la
actuación los elementos probatorios mínimos que aproximen al juez a la
conclusión de que la misma se encuentra legitimada para recibir  la ayuda
humanitaria solicitada; o que, en el evento de encontrarse inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada, hubiere solicitado, de manera previa,
el otorgamiento de las ayudas suministradas por la entidad accionada, o la
prórroga solicitada en esta acción constitucional; es así como el escrito que
obra a folios 6 y7 del expediente, es documento dirigido a la entidad accionada
con sello de recibido en copia fotostática, y los datos del accionante,
incluyendo  su firma, diligenciados en tinta de bolígrafo, lo cual indica que
dicha petición fue diligenciada con posterioridad a la supuesta recepción por
parte de ACCIÓN SOCIAL”.
“Además de
lo antes mencionado, no existe medio probatorio alguno que determine la
existencia de los requisitos  establecidos en el artículo 21 del Decreto 2569
del año 2000, para la prórroga de la ayuda humanitaria (…)”
4.) Expedientes T- 2.560.837,
T- 2.560.835, T- 2.560.832, T- 2.560.823, T- 2.560.838, T- 2.560.825, T-
2.560.824, T- 2.560.826, T- 2.560.822, T- 2.560.836, T- 2.560.827, T- 2.560.839
Los actores
actuando en causa propia, presentaron acciones de tutela contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
considerar vulnerados sus derechos al mínimo vital, a la vida, a una
alimentación mínima, a la estabilidad socioeconómica y a una vivienda digna, al
negárseles la ayuda humanitaria de emergencia y sus prorrogas correspondientes.
Los hechos
relatados por la parte demandante en la acción de tutela se  resumen de la
siguiente manera:
a.
Hechos
Señalan los
accionantes que  por razón del conflicto armado se vieron obligados a
desplazarse de su lugar de origen. No obstante lo anterior, los accionantes
dicen  nunca haber recibido, por parte de la entidad accionada, las ayudas
correspondientes a pesar de haberlas solicitado en varias ocasiones.
Manifiestan
los actores encontrarse en una situación de extrema urgencia económica y no
poseer los medios necesarios para auto sostenerse, motivo por el cual solicitan
se les haga entrega de las ayudas a las que por ley tienen
derecho.
b.
Solicitud
de tutela
Los
accionantes solicitan  se ampare el derecho al mínimo vital, a una alimentación
mínima y a una estabilidad económica, tal y como lo ha expuesto la Corte
Constitucional en diferentes sentencias. Además, solicitan a la entidad
accionada entregar las ayudas humanitarias correspondientes.
c.     Intervención
de la parte demandada
Dentro de los expedientes de
tutela que ahora ocupan la atención de la Sala la accionada sólo dio respuesta
en algunos casos, pero de manera extemporánea.  Los argumentos esgrimidos
dentro de los expedientes T-2.560.823, T-2.560.838, T-2.560.826, se orientan a
señalar que una vez conocida la demanda se programó la entrega completa de los
componentes de la atención humanitaria de emergencia a favor de los
accionantes.
En el caso del señor Maykol
García Pastor, expediente T-2.560.827, la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social,  respondió extemporáneamente, luego
de verificar la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD,
que para el caso de la ayuda humanitaria de emergencia y las prórrogas de la
misma, es necesario surtir un procedimiento interno que consiste en la
verificación de las condiciones de vulnerabilidad del accionante, denominado
caracterización, dicho procedimiento se desarrolla dentro de los treinta y
cinco (35) días siguientes a la solicitud, una vez analizada su situación y
establecido el resultado se procede a gestionar la inclusión de sus  miembros
en los programas sociales que hacen parte de la oferta institucional, dirigidos
a garantizar la subsistencia mínima de la población, ofrecidas por las
entidades del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada. Una vez
cumplido el aludido periodo, si no se ha logrado su inscripción en dichos
programas por razones imputables al Estado, se procederá a entregar una
prórroga de la atención humanitaria para 30 ó 60 ó 90 días  de acuerdo con la
composición del hogar y a los programas regulares en los que se encuentra
beneficiado.
d.    Pruebas
relevantes
T-2.560.839
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social por el señor Yomar de Jesús Manotas Pasión, con
fecha de recibido ilegible (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Yomar de Jesús Manotas Pasión (folio 9 cuaderno principal)
T-2.560.827
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social por el señor Maykol Pastor García, con fecha de
recibido superpuesta (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de reporte de la entidad
accionada de la inclusión del señor Maykol Pastor García en el Registro Único de
Población Desplazada-RUPD (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Maykol Pastor García (folio 9 cuaderno principal)
T-2.560.836
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social por el señor Augusto Rafael Meza Suárez, con fecha
de recibido ilegible (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social de la inscripción en el RUPD del señor  Augusto
Rafael Meza Suárez y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Augusto Rafael Meza Suárez (folio 9 cuaderno principal)
T-2.560.822
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Ángela Rosa Narváez Carbajal, con fecha de
recibido superpuesta (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Ángela Rosa Narváez Carbajal (folio 9 cuaderno principal)
T-2.560.826
-Copia de derecho de petición presentado
ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  por la señora Denis Mercedes Padilla Simancas, con fecha
de recibido superpuesta (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  de la inscripción en el RUPD de la señora Denis Mercedes
Padilla Simancas y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Denis Mercedes Padilla Simancas (folio 9 cuaderno principal)
T-2.560.824
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Doris Esther Bravo Rodríguez, con fecha de
recibido 15 de abril de 2009 (folio 6 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  de la inscripción en el RUPD de la señora Doris Esther
Bravo Rodríguez y su núcleo familiar (folio 7 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Doris Esther Bravo Rodríguez (folio 8 cuaderno principal)
T-2.560.825
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Evangelina Barreto de la Hoz (folio 7 cuaderno principal)
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Evangelina Barreto de la Hoz, con fecha de
recibido 26 de junio de 2009 (folios 8 y 9 cuaderno principal)
T-2.560.838
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  por la señora Janeth Ismelda Rivera Vargas, con fecha de
recibido superpuesta (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social de la inscripción en el RUPD de la señora Janeth
Ismelda Rivera Vargas y su núcleo familiar (folio 8)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Janeth Ismelda Rivera Vargas (folio 9 cuaderno principal)
T-2.560.823
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, de la inscripción en el RUPD de la señora Ana Matilde
Carpintero Martínez y su núcleo familiar (folio 6 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Ana Matilde Carpintero Martínez (folio 7 cuaderno principal)
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Ana Matilde Carpintero Martínez, con fecha de
recibido ilegible (folios 8 y 9 cuaderno principal)
T-2.560.832
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Candelaria Polanco, con fecha de recibido
superpuesta (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de certificación expedida
por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  de la inscripción en el RUPD de la señora Candelaria
Polanco y su núcleo familiar (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Candelaria Polanco (folio 9 cuaderno principal)
T-2.560.835
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Etilsa Elena Martínez Molina (folio 6 cuaderno principal)
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Etilsa Elena Martínez Molina, con fecha de
recibido ilegible (folios7 y 8 cuaderno principal)
T-2.560.837
-Copia de derecho de petición
presentado ante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la señora Ena Carmen  Pedroza, con fecha de recibido 15
de abril de 2009 (folios 6 y 7 cuaderno principal)
-Copia de declaración jurada
rendida por la señora Ena Carmen  Pedroza ante la Personería Municipal de
Remolino Magdalena (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Ena Carmen  Pedroza (folio 9 cuaderno principal)
e.
Sentencia
de instancia
El Juzgado
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Barranquilla, quien conoció de las acciones de tutela en primera instancia,
negó los amparos requeridos en cuanto tiene que ver con la ayuda humanitaria de
emergencia, utilizando el mismo formato para los diferentes fallos; sin
embargo, tuteló el derecho de petición. Las razones para negar las pretensiones
de las demandas fueron las mismas y se resumen así:
“Por último,
en relación con los servicios de salud, educación y aquellos programas
relacionados con la fase de estabilización económica, tales como, acceso y
tenencia de la tierra para fines productivos, aquellos que tienen que ver con
proyectos productivos y de capacitación laboral  y los referentes al acceso a
vivienda familia, a los cuales también  pretende acceder el demandante, como
bien lo ha dicho  el A quo, no está demostrada vulneración o amenaza alguna por
parte de las diferentes entidades que conforman el SNAIPD y que tiene a cargo
la ejecución de esos programas, pues el actor, de acuerdo con el plenario, ni
siquiera intentó poner en funcionamiento dicho sistema y, por tanto, mal podría
predicarse responsabilidad para dichas entidades” “La sala recuerda que, para
efectos de hacerse acreedor a los beneficios y programas previstos en el
SNAIPD, es necesarios que el interesado despliegue determinadas conductas
positivas, según el caso, en cuanto que el sistema no está diseñado para
funcionar si no es requerido por las personas que, en efecto, lo necesitan”
“(…) La
sola circunstancia de probarse el perjuicio que sufre el accionante o la
persona o personas a cuyo nombre actúa no es suficiente para que prospere la
tutela. Es necesario que exista un nexo causal que vincule la situación
concreta de la persona afectada con la acción dañina la omisión de la entidad o
el funcionario que constituya la parte pasiva dentro del preferente y sumario
en que consiste la tutela”.
5.) Expediente T- 2.555.503
La señora
Miriam del Socorro Gómez Gómez, actuando en causa propia, interpuso acción de
tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas,  por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana.
Los hechos
relatados por la parte demandante en la acción de tutela se  resumen de la
siguiente manera:
a. Hechos
Manifiesta la
accionante que en el año 2002, debido a la agudización del conflicto armado en
el Oriente Antioqueño, se vio obligada a desplazarse con su familia de la
vereda El Cruce-San Luis, hacia la cabecera municipal del Municipio de San
Luis-Antioquia, dejando atrás sus pertenencias. Allí hizo la declaración
correspondiente.
Expresa la
tutelante que para el día 2 de diciembre del año 2002 ya se encontraba inscrita
en el Registro Único de población Desplazada. No obstante lo anterior, la
accionante no ha recibido la correspondiente ayuda humanitaria por pare de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social.
b. Solicitud de
tutela
La accionante
solicita tutelar los derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad
humana, ordenándose a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social,  que proceda haciendo efectivo el cumplimiento de las
ayudas humanitarias de emergencia.
c.     Intervención
de la parte demandada
Una vez notificada la entidad
accionada, en escrito calendado a 27 de marzo de 2009, manifestó que “contrastados
los datos suministrados por Miryam del Socorro Gómez Gómez en las bases de
datos de las entidades del SNAIPD y en el Registro Único de Población
Desplazada de la entidad, no fue posible determinar con certeza si la
accionante ostenta la calidad de desplazado. Por lo anterior,
respetuosamente solicito al despacho, se requiera a Miryam del Socorro Gómez
Gómez para que se acerque a la Unidad de Atención y Orientación-UAO y/o a la
Unidad Territorial de Antioquia, con el fin de aclarar la situación de
accionante frente a la entidad”.
d.
Pruebas relevantes
No se adjunta prueba alguna.
e.
Sentencia objeto de revisión
Correspondió conocer de la causa
en primera instancia al Juzgado Penal del Circuito del Santuario - Antioquia,
que mediante providencia del treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009),
resolvió denegar el amparo constitucional solicitado por la señora Miryam del
Socorro Gómez Gómez.
El A quo hizo, entre
otras, las siguientes consideraciones:
“No existe
en el expediente prueba de que el accionante adelantó diligencia tendiente a
obtener la pretensión invocada a través del amparo; simplemente allegó una
constancia expedida el 12 de marzo de 2009 por el Personero Municipal de San
Luis (Antioquia) sobre su calidad de desplazado. En la base de datos del RUPD
(SUR) No. De SIPOD 175675, declaración No. 36809 valorada en fecha del 9 de
mayo de 2003. El RUPD y el SIPOD hacen parte del sistema de identificación de
la población desplazada, constituyen una plataforma donde se pueden observar
aquellas personas que han acudido a denunciar su estado; no es un derecho de
petición de ayuda humanitaria”.
“En
sentencia T-1271 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, dijo la Corte
Constitucional: “Los hechos afirmados en la acción de tutela deben ser
probados siquiera sumariamente para que el juzgador tenga la plena certeza
sobre los mismos. No es posible  sin ninguna prueba acceder  la tutela. La
valoración de la prueba se hace según la sana crítica pero es indispensable que
obren en el proceso medios probatorios que permitan  inferir la verdad de los
hechos”.
“En
estas circunstancias, un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo
proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un
derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar
la efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone
la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario. De
ahí que la sala negará las pretensiones de la actora en el asunto sub iudice”.
6.)
Expediente T- 2.556.911
La señora
Zelys Seneida Tenorio Quiñones, mayor de edad y actuando en causa propia y en
representación de los derechos fundamentales de sus hijos, interpuso acción de
tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas,  por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la escogencia de domicilio, a la vivienda
digna, a la paz, a la familia, a la integridad personal, a la libertad de
circulación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
Los hechos
relatados por la parte demandante en la acción de tutela se  resumen de la
siguiente manera:
a. Hechos
Manifiesta la
accionante que en el año 2007, debido a los constantes enfrentamientos que se
presentaban entre grupos armados al margen de la ley, se vio obligada a desplazarse
con su familia del Municipio de Barbacoas- Nariño, hacia el casco urbano del
Municipio de Tumaco, dejando atrás sus pertenencias.
Expresa la
tutelante que en el año 2007, una vez se encontraba en Tumaco, rindió la
declaración correspondiente ante la Personería Municipal. No obstante lo
anterior,  a pesar de encontrarse inscrita en el Registro Único de Población
Desplazada – RUPD y de haber solicitado la ayuda humanitaria de emergencia, no
ha recibido la correspondiente asistencia por parte de las entidades
encargadas.
Por último,
aduce la actora que sus condiciones económicas  son muy precarias y no le ha
sido posible conseguir un empleo estable para satisfacer las necesidades
básicas de su familia.
b. Solicitud de
tutela
La accionante
solicita tutelar los derechos fundamentales a la vida digna,  a la escogencia
de domicilio, a la vivienda digna, a la paz, a la familia, a la integridad
personal, a la libertad de circulación, a la igualdad, a la dignidad, a y al
libre desarrollo de la personalidad. Además, solicita a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,  entregar las ayudas
humanitarias correspondientes.
c. Intervención de la parte demandada
Manifiesta el Juzgado de instancia
que una vez presentada la demanda, se informó al ente accionado para que en
término perentorio presente los argumentos y las pruebas que pretendiera hacer
valer.  En ese sentido, el a quo refiere que “la respuesta se ofreció
de manera oportuna; en ella amén de otras argumentaciones, se expone que
“verificado el Registro Único de Población Desplazada –RUPD-, se constata que
ZELIS SENEIDA TENORIO QUIÑONES, NO SE ENCUENTRA INCLUIDA, desde el 17 de
septiembre de 2007”.  Sin embargo, tal respuesta no se adjunta al
expediente.
d.
Pruebas relevantes
-Copia de la cédula de ciudadanía
de Zelys Seneida Tenorio Quiñones (folio 6 cuaderno principal)
-Copia del registro civil de
nacimiento de Yesica Yuley Tenorio Quiñones (folio 7 cuaderno principal)
-Copia del registro civil de
nacimiento de Javier Alexander Tenorio Quiñones (folio 8 cuaderno principal)
-Copia del registro civil de
nacimiento de Yuri Tatiana Tenorio Quiñones (folio 9 cuaderno principal)
-Copia del registro civil de
nacimiento de Leiver Andrés Tenorio Quiñones (folio 10 cuaderno principal)
e.
Sentencia objeto de revisión
Correspondió conocer de la causa
en primera instancia al Juzgado  Primero Penal del Circuito de Tumaco-Nariño,
que mediante providencia del catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009),
resolvió denegar el amparo constitucional solicitado por la señora Zelis
Seneida Tenorio Quiñones.
El A quo hizo, entre
otras, las siguientes consideraciones:
“Así las
cosas, se requiere que la persona se encuentre inscrita en el registro único de
Población Desplazada, previa declaración de los hechos de quien alega su
condición, la cual debe surtirse de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 32 de la ley antes mencionada”.
“De lo
transcrito se extracta que la tutela ha sido concebida únicamente para dar
solución eficiente a situaciones de hecho en la protección de situaciones urgentes
y de relevancia constitucional. Por tanto no considera este despacho que sea
viable la tutela después de que la accionante ha dejado pasar un largo tiempo
desde la ocurrencia de los hechos, pues no se cumple el presupuesto de la
inmediatez, requisito de procedibilidad de la tutela, pues con tal exigencia se
pretende evitar  que la finalidad y naturaleza misma que este mecanismo de
defensa judicial se desvirtúe, pues debe recordarse que la finalidad de la
acción de tutela es garantizar una protección actual, inmediata y efectiva de
aquellos derechos que se alegan como vulnerados o amenazados”.
“Adicionalmente
se establece, de conformidad con lo expuesto por la entidad accionada, que
desde el mismo 2002, año en que rindió su declaración la accionante, previo el
respectivo estudio, se concluyó que no era viable realizar la inscripción en el
registro único de población desplazada,  por cuanto de acuerdo con los hechos
narrados en su declaración y la información suministrada por ZELIS SENEIDA
TENORIO QUIÑONES, se estableció que no era posible su inclusión en el RUPD”.
7.)
Expediente T- 2.552.822
El señor Félix
Mariano De La Hoz Coronado, actuando en causa propia, interpuso acción de
tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas,  por considerar vulnerados sus derechos al
mínimo vital, a la igualdad, de petición, a una alimentación mínima, a la
nivelación y estabilidad socioeconómica a la vida, a una vivienda digna y a la
salud integral, al negársele  la ayuda humanitaria de emergencia y sus
prorrogas correspondientes.
Los hechos
relatados por la parte demandante en la acción de tutela se  resumen de la
siguiente manera:
a. Hechos
Expresa el
tutelante que  por razón del conflicto armado se vio obligado a desplazarse de
su lugar de origen, Iberia, corregimiento de Orihueca-Magdalena, el mes de
diciembre del año 2007.  Manifiesta el accionante que la accionada solo le ha entregado
una “exigua e insuficiente ayuda”, y al no ser ésta, integral y completa, están
siendo vulnerados los derechos fundamentales antes mencionados pese a que se
encuentra inscrito en el Registro Único de Población Desplazada- RUPD.
Dice el actor,
que presentó una solicitud ante la entidad accionada, la cual fue contestada
bajo el consecutivo No. 79788, pero en nada resolvió la situación  ni  totalizó
la entrega de los beneficios faltantes.
No obstante lo
anterior, el accionante ha solicitado en varias ocasiones de forma verbal las
ayudas humanitarias, sin recibir respuesta alguna.
Finalmente,
expone el accionante que atraviesa por una grave crisis económica y humanitaria
y carece de auto sostenibilidad y autosuficiencia.
b. Solicitud de
tutela
El accionante
solicita  se amparen los derechos al mínimo vital, a la igualdad, de petición,
a una alimentación mínima, a la nivelación y estabilidad socioeconómica, a la
vida digna, a una vivienda digna y a la salud integral y en consecuencia, se
ordene y haga cumplir a los accionados con lo preceptuado en la Ley 387 de
1997, Decreto 2569 de 2000 y la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte
Constitucional, obligándolos a que le concedan las ayudas y asistencia
humanitaria, con todos sus componentes y de manera integral.
c.
Intervención de la parte demandada
Una vez notificada la entidad
accionada guardó silencio respecto a los hechos que sirven de base a la
presente demanda de tutela.
d.
Pruebas relevantes
-Copia del certificado expedido
por la UAO de Soledad-Atlántico, de que el señor Félix Mariano de la Hoz
Coronado y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada-RUPD (folio 5 cuaderno principal)
-Copia de la respuesta de la
entidad accionada a solicitud de reparación administrativa interpuesta por el
accionante (folio 6 cuaderno principal)
-Copia de la tarjeta de identidad
de Katyana Patricia de la Hoz Zamora (folio 7 cuaderno principal)
-Copia de la tarjeta de identidad
de Karen Margarita de la Hoz Zamora (folio 8).
-Copia del registro civil de
nacimiento de Katherine Paola de la Hoz Zamora (folio 9 cuaderno principal)
-Copia de la cédula de ciudadanía
de Félix Mariano de la Hoz Coronado (folio 10 cuaderno principal)
e.
Sentencia objeto de revisión
Correspondió conocer de la causa
en primera instancia al Juzgado Primero  Penal del Circuito para Adolescentes
con Función de Conocimiento de Barranquilla, que mediante providencia del
treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009), resolvió denegar el amparo
constitucional solicitado por el señor Feliz Mariano de la Hoz Coronado.
El A quo hizo, entre
otras, las siguientes consideraciones:
“Por
consiguiente, forzosamente debemos concluir que no es posible acceder a lo
solicitado en el escrito de tutela si la parte accionante no allega a la
actuación los elementos probatorios mínimos que aproximen al juez a la
conclusión de que la misma se encuentra legitimada para recibir  la ayuda
humanitaria solicitada; o que, en el evento de encontrarse inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada, hubiere solicitado, de manera previa, el
otorgamiento de las ayudas suministradas por la entidad accionada, o la
prórroga solicitada en esta acción constitucional; es así como el escrito que
obra a folios 6 y7 del expediente, es documento dirigido a la entidad accionada
con sello de recibido en copia fotostática, y los datos del accionante,
incluyendo  su firma, diligenciados en tinta de bolígrafo, lo cual indica que
dicha petición fue diligenciada con posterioridad a la supuesta recepción por
parte de ACCIÓN SOCIAL”.
“Además de
lo antes mencionado, no existe medio probatorio alguno que determine la
existencia de los requisitos  establecidos en el artículo 21 del Decreto 2569
del año 2000, para la prórroga de la ayuda humanitaria…”
8.)
Expediente  T- 2.559.539
La señora
Yenis Enit Pérez Jaraba, actuando en causa propia, interpuso acción de tutela
contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas,  fundamentada en los siguientes hechos:
a. Hechos
Manifiesta la
accionante que es madre cabeza de familia, víctima del desplazamiento forzado,
inscrita en el SIPOD. En ese sentido, expone que hace cuatro (4) años recibió
por parte de la entidad accionada una ayuda, la cual no fue suficiente para
superar la situación de extrema vulnerabilidad en la cual encuentra ella y su
núcleo familiar. Finalmente, subrayó que con tal conducta se vulnera la
presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de
emergencia a favor de las mujeres desplazadas hasta que se de la
autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad en cada mujer en
particular.
b. Solicitud de
tutela
La accionante
solicita tutelar el derecho a la vida y se ordene a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, entregar las ayudas humanitarias
correspondientes.
c. Intervención de la parte demandada
Una vez notificada la entidad
accionada guardó silencio respecto a los hechos que sirven de base a la
presente demanda de tutela.
d.
Pruebas relevantes
-Copia del certificado expedido
por la Personería Municipal de María la Baja-Bolivar, de la declaración rendida
por Yenis Enith Pérez Jaraba (folio 3 cuaderno principal)
e.
Sentencia de instancia
Correspondió conocer de la causa
en primera instancia al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, que
mediante providencia del primero (1) de diciembre de dos mil nueve (2009),
resolvió denegar el amparo constitucional solicitado por la señora Yenis Enith
Pérez Jaraba.
El A quo hizo, entre
otras, las siguientes consideraciones:
“Como
quiera que, muy a pesar de estar acreditada la condición de desplazada de la
accionante por haber aportado documento que lo acredite (folio 3), esta
accionante manifestó dentro de los hechos narrados que llegó a ésta ciudad y
recibió las ayudas por parte de Acción Social, pero que no tiene
autosuficiencia, lo que le indica al Juzgado que ésta accionante recibió el
amparo y la protección de los derechos fundamentales constitucionales que le
brinda el estado Colombiano a las personas desplazadas por la violencia por
parte de la accionada Acción Social, es por ello que como consecuencia se
negará el amparo solicitado”.
9.)
Expediente T- 2.557.134
La señora
Yarledis Senith Torres Viloria y otros actuando en causa propia, interpusieron
acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, para que se proteja el derecho fundamental
de la solidaridad, en concordancia con el de la ayuda humanitaria, según los
actores consistente en educación, alimentación, alojamiento, atención
psicosocial, educación para niños, capacitación para trabajar y salud; así como
los derechos a la vida en condiciones dignas, a la igualdad y a la seguridad
social, los cuales han sido vulnerados.
Los hechos
relatados por la parte demandante en la acción de tutela se  resumen de la
siguiente manera:
a. Hechos
Expresan los
tutelantes que por razón del conflicto armado se vieron obligados a desplazarse
de su lugar de origen hacia la ciudad de Sincelejo. Igualmente, manifiestan que
en varias ocasiones se han dirigido a la entidad accionada para solicitar la
entrega de las ayudas humanitarias que por ley les corresponden, sin obtener
respuesta alguna.
b. Solicitud de
tutela
Los
accionantes solicitan se tutelen los derechos fundamentales a la solidaridad,
en concordancia con el de la ayuda humanitaria, según ellos consistente en
educación, alimentación, alojamiento, atención psicosocial, educación para
niños, capacitación para trabajar y salud; así como el derecho a la vida en
condiciones dignas, a la igualdad y a la seguridad social y se ordene a la
entidad accionada la entregar de manera inmediata la ayuda humanitaria correspondiente.
c.
Intervención de la parte demandada
Una vez notificada la entidad
accionada guardó silencio respecto a los hechos que sirven de base a la
presente demanda de tutela.
d.
Pruebas relevantes
-Copia de las cédulas de
ciudadanía de cada uno de los treinta y seis (36) tutelantes  (folio 8 a 45 cuaderno principal)
e.
Sentencia de instancia
Correspondió conocer de la causa
en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Sincelejo, que mediante providencia del treinta (30) de octubre de dos mil
nueve (2009), resolvió denegar el amparo constitucional solicitado por la
señora Yarledis Senith Torres Viloria y otros.
El A quo hizo, entre
otras, las siguientes consideraciones:
“La
situación que se plantea por parte de los actores, se relacionan con las ayudas
humanitarias, sin embrago; dichos pagos o desembolsos no son susceptibles de
obtenerse por medio de la acción constitucional, salvo que se trate de pagos
relacionados con perjuicio irremediable, situación que debe ser demostrada y
que en el caso en estudio resulta difícil determinar, pues si bien los
accionantes tienen manifestaciones de ser desplazados, dentro de plenario no
existe medio de convicción que lleve a concluir su situación y que se
encuentren en circunstancias de urgencia manifiesta, para que reciban una ayuda
inmediata, que sea óbice para prescindir de los turnos  que ha programado la
entidad, no está demostrado aún su condición de desplazado ni que hayan
presentado alguna solicitud a la entidad Acción Social, previo a la
interposición de ésta acción, ya que solo aportan copias de sus cédulas de
ciudadanía”.
10.) Expediente T- 2.554.534
El señor José
Adán Cruz Saldaña, actuando en causa propia, interpuso acción de tutela contra la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas,  por
considerar vulnerados sus derechos a la vida en condiciones dignas, a la
igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital, al debido
proceso en actuaciones judiciales y administrativas, al núcleo mínimo de
derechos fundamentales y al principio de la buena fe.
Los hechos
relatados por la parte demandante en la acción de tutela se  resumen de la
siguiente manera:
a. Hechos
Expresa el
tutelante que sufre las consecuencias del conflicto armado colombiano, siendo
víctima del desplazamiento forzado. Además, dijo que una vez, sucedidos los
hechos propiciatorios de su desplazamiento, agotó el procedimiento ordenado por
la ley, en busca de acceder a la ayuda estatal programada para asistir tales
eventualidades. No obstante lo anterior, la entidad accionada procedió a
rechazar la inscripción en el sistema al considerar que la declaración resulta
contraria a la verdad.
Por último,
manifestó el señor José Adán Cruz Saldaña que:
“la negativa de
la Acción Social, de inscripción en el sistema de información de población
desplazada, y por ende de permitirme acceder a la debida asistencia social, que
el Estado tiene dispuesta para las víctimas del conflicto como somos los
desplazados; nos aleja del derecho a una reparación efectiva, a la vida en
condiciones dignas, a la unidad familiar, a la especial y reforzada protección
constitucional. Además que los argumentos expuestos por la Acción Social, en
nada refutan las situaciones de intimidación y amenazas que sufrimos y que nos
obligaron a dejar abandonado todo lo que teníamos”.
b. Solicitud de
tutela
El accionante
solicita se ordene a la entidad accionada, anular el acto administrativo por
medio del cual se decide sobre la inscripción en el Sistema de Información de
Población Desplazada-SIPOD, y como resultado de ello, se proceda a realizar  la
respectiva inscripción, otorgando las ayudas correspondientes.
c.
Intervención de la parte demandada
Una vez notificada la entidad accionada
guardó silencio respecto a los hechos que sirven de base a la presente demanda
de tutela.
d.
Pruebas relevantes
-Copia de la cédula de ciudadanía
de José Adán Cruz Saldaña (folio 8 cuaderno principal)
-Copia de la resolución No.
410010566 del 18 de mayo de 2009, expedida por la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, por medio de la
cual se niega la inscripción del accionante en el RUPD (folios 9 y 10 cuaderno
principal)
e.
Sentencias objeto de revisión
Ø
Correspondió conocer de la causa en primera instancia al Juzgado
Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva Huila, que
mediante providencia del treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009),
resolvió denegar el amparo constitucional solicitado por el señor José Adán
Cruz Saldaña.
El A quo
hizo, entre otras, las siguientes consideraciones:
“Verificando
la documentación allegada a la acción de tutela promovida por el señor JOSÉ
ADÁN CRUZ SALDAÑA permite inferir que, en el proceso realizado por Acción
Social, para determinar si lo vinculaba o no al registro único de desplazados,
lo hizo apegado a las normas legales y de acuerdo a los principios que la
rigen. Así se deduce en la resolución No. 410010566 emitida el 18 de mayo de
2009, “por la cual se decide sobre una inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada de la Agencia presidencial para la Acción Social y la
Cooperación internacional-Acción Social”. Petición a la que si bien no se
accedió, a pesar de que la declaración rendida por el accionante fue enviada
para su inscripción y recibida en la Unidad Territorial del Huila el día 30 de abril
de 2009 dicha decisión obedeció a que la declaración, al ser valorada, no se
encontró viable jurídicamente, toda vez que la misma resulta contraria a la
verdad y en tal circunstancia el numeral 1 del artículo 11 del Decreto 2569 de
2000, prohíbe tal inscripción”.
A través de
escrito del 3 de diciembre de 2009 el accionante impugnó el fallo de primera
instancia.
Ø
Correspondió conocer de la causa en segunda instancia al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva-Sala Segunda de Decisión Penal, que
mediante providencia del trece (13) de enero de dos mil diez (2010), resolvió
confirmar el fallo de origen.
El Ad quem expuso
que:
“(…) si
bien es cierto que la acción de tutela procede como mecanismo de protección de
los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento
forzado, en razón al status constitucional especial del que gozan; también lo
es que debe estar inequívocamente demostrada la condición de desplazado del
accionante, pues de lo contrario se llegaría al extremo de permitir que toda
persona que aduzca ser víctima de cualquier tipo de desplazamiento, es decir,
sin interesar sus móviles y los responsables del mismos, terminen ocupando el
lugar que le correspondería a aquellos que en verdad sí han sufrido las
consecuencias de la trashumancia producto de la violencia desplegado por grupos
armados ilegales con ideología política”.
II.
PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE REVISIÓN
Mediante
auto del 26 de mayo de 2010 la Corte Constitucional decretó pruebas dentro de
los procesos acumulados de la referencia, ordenando a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, allegar
información detallada de la situación de cada uno de los accionantes y, de
igual manera, solicitó a los actores (as) datos de gran relevancia en este
proceso acumulado.
En ese
sentido, se allegaron las siguientes pruebas:
2.1
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social-Subdirección Técnica de Atención a la Población
Desplazada presentó, el 10 de junio de 2010, un informe detallado de cada uno
de los casos acumulados que ocupan la atención de esta Sala, según lo
solicitado en el auto de pruebas de 26 de mayo de 2010, como sigue:
EXPEDIENTE
DEMANDANTE (S)
PRUEBAS EN SEDE DE REVISIÖN
T-2.560.834
Ilda Rosa
Arévalo
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.290.000
Subsidio
de vivienda 10.200.000
Familias
en  acción 120.000
T-2.560.833
Manuela
Charris Guerrero
No
incluído RUPD
No está
en las condiciones del art. 32, ley387 /97-faltó a la verdad
2 mujeres
2 menores
T-2.560.828
Carmen
Manuela  Pertúz
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.155.000
T-2.560.829
Víctor
Alfonso Rodríguez
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 614.000
T-2.555.505
Nicolás
de Jesús Atehortua Noreña
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.576.000
Familias
en acción 120.000
T-2.555.506
Blanca
Oliva Quiceno
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.275.000
Familias
en acción 450.000
T-2.555.502
William
Rios Restrepo
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.710.000
Familias
en acción 120.000
T-2.552.838
Cesar
Joaquín Guzmán
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 705.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.590.000
T-2.552.840
Federico
Arias Calderón
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.576.000
T-2.552.824
Angel
María Rada Vargas
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 2.940.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.600.000
Familias
en acción 2.385.000
T-2.552.825
Rosmery
Pacheco
NO HA
RECIBIDO
ATENCIÓN
T-2.552.836
Yajaira
Sofia Acuña
NO HA RECIBIDO
ATENCIÓN
T-2.552.826
Claribet
de los Ángeles Pertuz
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 2.281.200
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.600.00
Programa
de generación de ingresos 1.329.330
Familias
en acción 3.205.000
T-2.552.823
Ledis
Yomiris Blanco
Incluido
RUPD
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.696.00
Familias
en  acción 2.285.000
T-2.552.827
Nuris
Esther Moscote
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 300.000
Familias
en acción 1.860.000
T-2.552.832
Adalberto
Jiménez Patiño
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 24.500
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.382.000
T-2.552.828
Nancira
Quintero
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 588.000
Subsidio
de vivienda 10.842.500
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1..600.000
Familias
en  acción 810.000
T-2.552.833
Elvia
Rojas Lima
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.240.000
Subsidio
de vivienda 8.950.000
Familia.
en  acción  2.481.000
T-2.552.834
Abel
Antonio Terraza
No
acreditado RUPD
T-2.552.829
Magalis
Ester Tobias
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 2.070.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 2.765.679
Familias
en  acción 1.000.000
T-2.545.429
Emperatriz
Concepción Torres
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.770.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.097.0439
T-2.552.831
Maris
Eusevia Cortés
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 975.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.600.000
Familias
en  acción 1.735.000
T-2.552.821
Nancy
Beatriz Arenas
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.770.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.582.000
T-2.548.293
José de
Jesús Cervantes
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 975.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.596.000
Familias
en  acción 1.000.000
T-2.552.830
Rosiris
María Díaz
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.980.000
T-2.552.839
Tomasa de
Jesús Pineda
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 975.000
T-2.552.837
Ana
Avelina Isabel Madera
Incluido
RUPD
Subsidio
de vivienda 10.842.500
T-2.552.835
Jesús
Antonio Chinchilla
Incluido
RUPD
Atención
SAPD  630.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.400.000
T-2.560.839
Yomar de
Jesús Manotas
Incluido
RUPD
Familias
en acción 1.520.000
T-2.560.827
Maykol
García Pastor
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.460.000
T-2.560.836
Augusto
Rafael Meza
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 300.000
Subsidio
de vivienda 8.950.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 967.439
Familias
en acción 960.000
T-2.560.822
Ángela
Rosa Narváez
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.980.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.122.000
T-2.560.826
Denis
Mercedes Padilla
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 2.070.000
Programa
de atención icial de generación de ingresos 2.765.679
Familias
en  acción 1.000.000
T-2.560.824
Doris
Esther Bravo
NO HA
RECIBIDO
ATENCIÓN
T-2.560.825
Evangelina
Barreto
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.770.000
Subsidio
de  vivienda 8.950.000
Familias
en acción  735.000
T-2.560.838
Janeth
Ismelda Rivera
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 2.940.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.602.066
Programa
de generación de ingresos 1.594.710
Familias
en  acción  315.000
T-2.560.823
Ana
Matilde Carpintero
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 8555.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.600.000
Familias
en  acción 120.000
T-2.560.832
Candelaria
Polanco
Incluido
RUPD
Atención
SAPD  1.920.000
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 337.800
T-2.560.835
Etilsa
Elena Martínez
Incluido
RUPD
Atención
SAPD 1.800.000
T-2.560.837
Ena
Carmen Pedroza
No
incluido RUPD
1 menor
4 mujeres
1 adulto
mayor
Salud
subsidiada
T-2.555.503
Miriam
del Socorro Gómez
NO HA RECIBIDO ATENCIÓN
T-2.556.911
Zelys
Seneida Tenorio
No
incluido RUPD
Después
de 1 año de los hechos art. 1 ley 387/97-YA NO APLICA
Familias
en acción
2 mujeres
3
afrocolombianos
1 menor
Salud
subsidiada
T-2.552.822
Felix
Mariano De la Hoz
Incluido
RUPD
Atención
SAPD  2.693.200
Programa
de atención inicial de generación de ingresos 1.678.000
Familias
en  acción 660.000
T-2.559.539
Yenis
Enit Pérez
No
acreditada
T-2.557.134
Yarledis
Senith Torres y otros
No
acreditada
T-2.554.534
José Adán
Cruz  Saldaña
No
incluido RUPD
declaración
contraria a la verdad s/n num. 1, art.11 dto. 2569/00
Familias
en acción
2 mujeres
1
discapacitado
2 menores
Salud
subsidiada
2.2 La
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social-Oficina Jurídica presentó también, el 10 de junio
de 2010, un informe detallado de cada uno de los casos acumulados que ocupan la
atención de esta Sala, según lo solicitado en el auto de pruebas de 26 de mayo
de 2010, como se verá más adelante; así como, un esquema del programa para
protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes frente al
desplazamiento forzado, denominado “Mis derechos primero”, estructurado en seis
(6) partes.  En la primera parte, se hace referencia al área de actuación, es
decir, la delimitación geográfica del programa en la totalidad del territorio
nacional; en la segunda parte, se realiza una revisión al contexto normativo a
nivel nacional con base en los derechos de niños, niñas y adolescentes; en la
tercera parte, se retoma los diagnósticos y situaciones problemáticas
evidenciadas por la Corte Constitucional a las cuales estos sujetos se encuentran
expuestos y/o como consecuencia del desplazamiento forzado interno; en la
cuarta parte, se identifica de manera cuantitativa la población general de
niños, niñas y adolescentes desplazados, así como la beneficiaria para el año
2010 del programa en los 95 municipios; en la quinta parte, se señalan los
objetivos del programa y en la sexta parte, se presenta la descripción del
programa y los requisitos mínimos de racionalidad de obligatorio cumplimiento,
e igualmente el proceso de formulación y alistamiento, y de ejecución del
programa a partir de una ruta de atención integral para el acompañamiento
psicosocial de cada uno de los niños, niñas y adolescentes y sus familias,
haciendo referencia a la coordinación interinstitucional, los indicadores, el sistema
de información, la estrategia de comunicaciones y presupuesto.  Respecto de los
autos 092 y 006 de 2009, se presentan los principales avances registrados por
las entidades del SNAIPD bajo la coordinación de Acción Social, en el proceso
de implementación de los programas y las presunciones constitucionales en favor
de las mujeres y de las personas con discapacidad desplazadas.
EXPEDIENTE
DEMANDANTE
(S)
PRUEBAS
EN SEDE DE REVISION
T-2.560.834
Ilda Rosa
Arévalo
Fechas de
entrega de ayudas:
20-06-00
31-01-05
20-11-09
16-03-10
Derecho
de petición 28-07-09
Respuesta
28-07-09
Derecho
de petición 21-05-10
Respuesta
03-06-10
Caracterización:1
adulto mayor
Programas
de atención a los que se ha vinculado: Salud subsidiada
T-2.560.833
Manuela
Charris
Guerrero
No
incluida
T-2.560.828
Carmen
Manuela
Pertúz
Fechas de
entrega de ayudas:
7-12-09
Derecho
de petición 11-01-10
Respuesta
03 y 09-06-10
Caracterización:
3 mujeres
Programas
de atención a los que s ha vinculado:
-Salud
Subsidiada
-RESA
T-2.560.829
Víctor
Alfonso
Rodríguez
Fechas de
entrega de ayudas:
05-02-09
T-2.555.505
Nicolás
de Jesús
Atehortua
Noreña
Fechas de
entrega de ayudas:
23-04-09
Derecho
de petición 25-11-08
Respuesta
23-06-09
Caracterización:
-3
mujeres
-1 adulto
mayor
-2 menores
Programas
de atención a los que se ha vinculado:
-Salud
contributivo
-Albergue
adulto mayor
-Vivienda
de interés social
T-2.555.506
Blanca
Oliva Quiceno
Fechas de
entrega de ayudas:
22-08-05
16-06-06
17-07-09
Derecho
de petición 20-04-10
Sin fecha
respuesta
Caracterización:
-2
mujeres
-1 menor
Programas
de atención a los que ha sido vinculado:
-Salud
subsidiado
-Vivienda
de interés social 8.568.000
-RESA
-Servicio
público de empleo
T-2.555.502
William
Rios Restrepo
Fechas de
entrega de ayudas:
07-07-09
15-12-09
Derecho
de Petición 04-11-10
Respuesta
23-02-10/09-06-10
Caracterización:
-1 mujer
-1 menor
Programas
de atención  a los que ha sido vinculado:
-Salud
subsidiado
-RESA
-Generación
de ingresos
T-2.552.838
Cesar
Joaquín Guzmán
Fechas de
entrega de ayudas:
01-01-00
19-04-06
30-11-06
20-06-07
13-12-07
21-05-08
Caracterización:
2 mujeres
Programas
de atención a los que se ha vinculado:
-Salud
contributivo
-Servicio
público de empleo
T-2.552.840
Federico
Arias
Calderón
Fechas de
entrega de ayudas:
10-12-08
24-12-08
Caracterización:
-3
mujeres
-2 niños
Programas
de atención a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiado
-Acompañamiento
JUNTOS
-Familias
en acción
-Vivienda
de  interés social
-Formación
para PD
-Servicio
público de empleo
T-2.552.824
Ángel
María Rada
Vargas
Fechas de
entrega de ayudas:
22-06-00
08-10-09
03-03-10
Derecho
de petición 06-08-09
Respuesta
03-03-10
Caracterización:
-4
mujeres
-2
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
Subsidiada
-Vivienda
de interés social 11.537.500
T-2.552.825
Rosmery
Pacheco
Incluida
en el RUPD
Fechas de
entrega de ayudas:
02-01-00
22-01-02
Caracterización:
3 mujeres
Programas
a los que se ha vinculado
-Salud
subsidiada
-Vivienda
interés social 7.977.624
T-2.552.836
Yajaira
Sofia Acuña
Incluida en el RUPD
Caracterización:
-4 mujeres
-3 menores
Programas a los que se ha
vinculado:
-Salud Nueva EPS S.A
-Flias. en acción 30.000
-Generación de ingresos
1.172.000
-Formación para PD SENA
-Vivienda de interés social
-Matrícula del sector oficial
T-2.552.826
Claribet
de los
Ángeles
Pertuz
Fechas de
entrega de ayudas:
31-10-05
15-10-08
14-11-08
30-12-08
29-12-09
Caracterización:
-2
mujeres
-1 adulto
mayor
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiada
-Acompañamiento
psicosocial y orientación
T-2.552.823
Ledis
Yomiris Blanco
Caracterización:
-4
mujeres
-4
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiada
-Acompañamiento
psicosocial
-Acompañamiento
JUTOS
T-2.552.827
Nuris
Esther Moscote
Fechas de
entrega de ayudas:
02-01-00
09-07-02
09-08-02
16-09-02
12-09-02
15-07-03
Caracterización:
-2
mujeres
-2
menores
Programas
a los que se ha vinculado: Salud subsidiado
T-2.552.832
Adalberto
Jiménez
Patiño
Fechas de
entrega de ayudas:
15-12-04
23-12-04
01-07-09
23-10-09
Caracterización:
-5
mujeres
-6
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Formación
para PD
-Servicio
público de aprendizaje
-Flias.
en acción
T-2.552.828
Nancira
Quintero
Fechas de
entrega de ayudas:
30-08-02
01-04-03
05-05-03
11-08-03
11-04-05
24-05-10
Derecho
de petición 12-02-10/18-03-10
Respuesta
05-04-10/26-04-10
Caracterización:
-2
mujeres
-1 menor
Programas
a los que se ha vinculado: Salud subsidiada
T-2.552.833
Elvia
Rojas Lima
Fechas de
entrega de ayudas:
13-12-07
20-01-10
Derecho
de petición  16-12-09
Respuesta
08 y 09-06-10
Caracterización:
-4
mujeres
-4
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiada
-Servicio
público de empleo
-Formación
PD
T-2.552.834
Abel
Antonio Terraza
No
acreditado RUPD
T-2.552.829
Magalis
Ester Tobias
Fechas de
entrega de ayudas:
06-04-05
14-03-06
19-01-10
Caracterización:
6 mujeres
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiada
-Formación
PD
-Servicio
público de empleo
-RESA
T-2.545.429
Emperatriz
Concepción
Torres
Fechas de
entrega de ayudas:
09-07-02
06-09-02
06-09-02
28-11-02
23-12-02
15-07-08
06-02-09
16-09-09
Derecho
de petición 21-04-08
Respuesta
17-05-08 y 09-06-10
Caracterización:
-5
mujeres
-5
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
contributivo
-Adulto
mayor Fondo de Solidaridad Pensional: 225.000
-Servicio
público de empleo
-Acompañamiento
psicosocial
-Flias.
en acción
T-2.552.831
Maris
Eusevia Cortés
Fechas de
entrega de ayudas:
27-11-09
Caracterización:
-5
mujeres
-3
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiado
-Servicio
público de empleo
-Formación
para PD
T-2.552.821
Nancy
Beatriz Arenas
Fechas de
entrega de ayudas:
01-07-03
15-07-03
06-08-03
09-09-03
Derecho
de petición 06-01-2010/01-03-2010
Respuesta
04-05-2010
Caracterización:
-5
mujeres
-6
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiada
-Servicio
público de empleo
-RESA
-Vivienda
de interés social 11.537.500
-Familias
en acción 5.500.000
T-2.548.293
José de
Jesús Cervantes
NO
INLUIDO (PAG. 45)
Fechas de
entrega de ayudas:
27-02-07
21-02-07
13-03-07
12-04-07
23-12-09
Derecho
de petición 04-03-10
Respuesta
17-04-10/09-06-10
Caracterización:
1 menor
Programas
a los que se ha vinculado:
-Servicio
público de empleo
-Acompañamiento
familiar JUNTOS
T-2.552.830
Rosiris
María Díaz
Fechas de
entrega de ayudas:
18-03-05
21-06-06
01-02-10
Caracterización:
-3
mujeres
-2
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiado
-Matrícula
sector oficial
-RESA
-Servicio
público de empleo
T-2.552.839
Tomasa de
Jesús
Pineda
Fechas de
entrega de ayudas:
30-12-09
Caracterización:
-2
mujeres
-3 afros
-2
menores
Programas
a los que se ha vinculado: Salud subsidiado
T-2.552.837
Ana
Avelina Isabel
Madera
Fechas de
entrega de ayudas:
21-07-04
26-07-04
30-04-10
Derecho
de petición 24-03-10
Caracterización:
2 mujeres
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
contributivo
-RESA
T-2.552.835
Jesús
Antonio
Chinchilla
Fechas de
entrega de ayudas:
24-04-06
16-05-06
26-05-06
23-06-06
06-07-09
Entrega
pendiente
Caracterización:
-1 mujer
-2 afros
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
contributivo
-Formación
a  PD
-Jóvenes
rurales
-Acompañamiento
psicosocial y orientación
T-2.560.839
Yomar de
Jesús
Manotas
Incluido
RUPD
Caracterización:
-1 mujer
-1 menor
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiada
-SENA
T-2.560.827
Maykol
García Pastor
Fechas de
entrega de ayudas:
27-07-07
Caracterización:4
mujeres
Programas
a los que se ha vinculado: Salud subsidiada
T-2.560.836
Augusto
Rafael Meza
Fechas de
entrega de ayudas:
26-06-02
23-10-02
18-01-05
14-03-06
Caracterización:
-4
mujeres
-1 menor
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
contributivo
-Formación
PD
-Servicio
público de empleo
-Acompañamiento
JUNTOS
T-2.560.822
Ángela
Rosa Narváez
Fechas de
entrega de ayudas:
10-02-05
18-03-05
20-03-07
07-06-07
21-06-07
08-09-09
Caracterización:
-5
mujeres
-1 adulto
mayor
-3
indígenas
-3 afros
-6
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiado
-Flias.
en acción
T-2.560.826
Denis
Mercedes Padilla
Fechas de
entrega de ayudas:
15-04-03
06-05-03
12-07-07(2)
7-12-09
Caracterización:
-3
mujeres
-4
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
SOLSALUD EPS
-Acompañamiento
psicosocial
T-2.560.824
Doris
Esther Bravo
Fechas de
entrega de ayudas:
2-04-01
2-05-01
2-06-01
Caracterización:2
mujeres
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiado
-Flias en
acción
T-2.560.825
Evangelina
Barreto
Fechas de
entrega de ayudas:
07-12-09
Derecho
de petición 16-06-09
Respuesta
19-09-09/09-06-10
Caracterización:
-2
mujeres
-2
menores
Programas
a los que se ha vinculado: Salud subsidiada
T-2.560.838
Janeth
Ismelda Rivera
Fechas de
entrega de ayudas:
15-09-03
08-09-08
03-12-09
Caracterización:
-8
mujeres
-6 niños
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiada
-RESA
-Formación
para PD
-Servicio
público de empleo
T-2.560.823
Ana
Matilde Carpintero
Fechas de
entrega de ayudas:
18-01-10
Caracterización:
-4
mujeres
-4
menores
Programas
a los que se ha vinculado: Salud subsidiado
T-2.560.832
Candelaria
Polanco
Fechas de
entrega de ayudas:
21-01-05
14-11-05
14-11-06
4-11-09
Derecho
de petición 4-02-09
Respuesta
08 y 09-06-10
Caracterización:
-6
mujeres
-5
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
subsidiada
-Vivienda
de interés social 7.518.000
-Formación
para PD
-Acompañamiento
familiar JUNTOS
T-2.560.835
Etilsa
Elena Martínez
Fechas de
entrega de ayudas:
18-03-08
07-12-09
Entrega
pendiente 855.000
T-2.560.837
Ena
Carmen Pedroza
No
incluida
T-2.555.503
Miriam
del Socorro
Gómez
Incluida
Caracterización:
-4 mujeres
-2 menores
-Salud subsidiada
-Flias. en acción 710.000
-Vivienda de interés Social
-Acompañamiento familiar JUNTOS
T-2.556.911
Zelys
Seneida Tenorio
No
incluida RUPD
Art- 11,
Dto. 2569/00, num. 1
Programas
a los que se ha vinculado: Salud subsidiada
T-2.552.822
Felix
Mariano
De la Hoz
Fechas de
entrega de las ayudas:
03-07-08
17-07-08
04-08-08
02-09-08
10-02-10
11-02-10
12-08-08
Derecho
de petición 13-10-10
Respuesta
03-06-10/09-06-10
Caracterización:
-3
mujeres
-2
menores
Programas
a los que se ha vinculado:
-Salud
contributivo
-Servicio
público de empleo
-Acompañamiento
psicosocial
T-2.559.539
Yenis
Enit Pérez
No
acreditada
T-2.557.134
Yarledis
Senith Torres
y otros
Incluida
RUPD
Derecho
de petición 15-01-10
Respuesta
03-06-10
Derecho
de petición 23-04-10
Sin fecha
de  respuesta
T-2.554.534
José Adán
Cruz
Saldaña
No
incluido
2.3 En
virtud de lo dispuesto en el numeral 8vo. de la parte resolutiva del auto antes
citado, los siguientes accionantes allegaron la respuesta pertinente, como se
verifica a continuación:
Augusto
Rafael Meza Suárez (Exp. T-2.560.836), mediante escrito radicado en la
Secretaría General de esta Corporación el 21 de junio de 2010, manifestó que
fue desplazado del corregimiento de Las Peñas desde el mes de marzo de 2002,
habiendo rendido la declaración pertinente el 21 de mayo de ese mismo año, ante
la Personería Municipal de Barranquilla.  Dice que su núcleo familiar se
encuentra compuesto por su compañera, quien fue declarada discapacitada por una
insuficiencia renal, cinco (5) hijos y una (1) nieta.  También manifestó que
dos (2) de sus hijos bachilleres no han podido acceder a estudios de educación
superior y se encuentran sin empleo, por lo tanto están a su cargo.  Respecto a
la atención en salud, expuso que sólo él y su compañera tienen acceso a estos
servicios a través del SISBEN.  Finalmente, dice encontrarse sin empleo y estar
atravesando una difícil situación junto con su familia.[1]
Rosmery
Pachecho Sanmarín (Exp. T-2.552.825), a través de escrito radicado en la
Secretaría General de ésta Corporación el 28 de junio de 2010, destacó que se
desplazó de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta con su núcleo familiar
compuesto por seis (6) personas.
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Problema jurídico y esquema
de resolución
1.1 La Corte debe resolver
en esta oportunidad, si a los accionantes dentro de los presentes procesos de
revisión de constitucionalidad, en su calidad de víctimas de desplazamiento
forzado, les han sido vulnerados sus derechos fundamentales asociados al
cumplimiento de la ayuda humanitaria, en sus diferentes componentes, etapas y
fases, su entrega efectiva, términos y prórrogas, y la garantía del tránsito
hacia soluciones duraderas de estabilización socio-económica, por parte de la
antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social - de conformidad con el artículo 170 de la Ley 1448 de 2011
y el Decreto 4155 de 2011-, y la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas - de conformidad con los
artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011 y el
artículo 146 del Decreto 4800 de 2011-, quienes son las entidades responsables
en el nuevo marco institucional de la atención humanitaria a las víctimas de
desplazamiento forzado.
En efecto, la Sala constata que
en el nuevo ordenamiento institucional creado por la Ley 1448 de 2011, le
corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quien
asumió las funciones de la otrora Acción Social, las funciones programáticas en
materia de atención o asistencia humanitaria como “(….) fijar las políticas,
planes generales, programas y proyectos……” (art. 170 de la Ley 1448);
mientras que a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, adscrita al DAPS le corresponde de manera concreta ejecutar las
acciones relativas al componente de ayuda humanitaria, tales como operar el
registro, coordinar con las demás entidades las salidas a los mecanismos que
faciliten la estabilización socioeconómica, y adicionalmente también es la
encargada de lo relativo a las indemnizaciones. Así, acerca de la ayuda
humanitaria, el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 establece las funciones de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, en materia de ayuda humanitaria, estableciendo que le corresponde “(…)
16. Entregar la asistencia humanitaria de que trata el artículo 64 (….) [y]
realizar la valoración de que trata el artículo 65 para determinar la atención
humanitaria de transición a la población desplazada”. En este orden de ideas,
evidencia la Sala que ambas entidades se encuentran vinculadas de conformidad
con la ley en este proceso de revisión de tutela y por tanto, las órdenes que
se impartan mediante esta sentencia estarán dirigidas a ambas entidades, en el
marco de sus respectivas competencias y obligaciones legales.
1.2 Para resolver el problema
jurídico planteado la Corte se referirá a (i) la protección constitucional de la
población desplazada por la violencia; (ii) la protección constitucional específica
respecto de la atención humanitaria en sus diferentes componentes y fases; (iii)
el nuevo marco legislativo que regula los derechos de las víctimas a la
reparación integral en la Ley 1448 de 2011 o denominada Ley de Victimas y sus
decretos reglamentarios; para entrar (iv) a resolver los casos en concreto.
2. La protección
constitucional de las víctimas de desplazamiento forzado
2.1 En relación con el
desplazamiento forzado, esta Corporación ha destacado el carácter de delito y
de grave violación de los derechos humanos que éste constituye, el carácter
estructural del mismo, su gravedad, y el hecho de ser un delito que afecta a
las víctimas de manera masiva, sistemática y continua[2].
La jurisprudencia constitucional
se ha referido en numerosas oportunidades al desplazamiento forzado,
calificándolo como “un problema de humanidad que debe ser afrontado
solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los
funcionarios del Estado”[3];
“un verdadero estado de emergencia social”, “una tragedia nacional, que
afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del
país durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad
política colombiana”[4].
El desplazamiento forzado es en
verdad un grave y complejo problema, que por sus dimensiones e impacto social
demanda y demandará del Estado, mientras esa situación persista, el diseño y
ejecución de un conjunto de acciones oportunas y efectivas para solucionarlo,
dado que en cabeza suya está radicado el deber de prevenir las violaciones a
los derechos humanos, el cual emana directamente del mandato consagrado en el
artículo 2° de la Constitución Política, en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
consagra el deber de garantía del Estado.
Teniendo en cuenta el carácter
estructural y la magnitud del desplazamiento forzado, como grave, masiva y
sistemática violación de los derechos fundamentales de las víctimas de este
delito, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional, que “contraría
la racionalidad implícita en el constitucionalismo”, al causar una “evidente
tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración
de valores, principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la
diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos”[5].
Frente a la gravedad de esta
problemática, la Corte ha evidenciado igualmente la falta de capacidad
institucional del Estado para responder y atender adecuadamente este delito y
ha exigido al Estado el cumplimiento de sus obligaciones como garante de los
derechos fundamentales de los ciudadanos y la superación de tal estado de cosas
inconstitucional a partir de un mayor compromiso político, institucional y
presupuestal, mediante el diseño e implementación de una verdadera política
pública de prevención del desplazamiento y de atención integral a la población
desplazada.[6]
Así las cosas, la jurisprudencia ha
encontrado que existen una serie de derechos mínimos de las víctimas de
desplazamiento forzado, que no pueden ser desconocidos, ni vulnerados,
argumentando la falta de asignación presupuestal, ni la falta de capacidad
institucional de las entidades encargadas de atender a la población desplazada.
Entre estos derechos se encuentra muy en primera línea la atención humanitaria
de emergencia, puesto que ella implica la subsistencia digna de las personas en
esta situación, y el Estado se encuentra en la obligación de garantizarla y
protegerla como derecho mínimo de la población desplazada.
Por consiguiente, esta
Corporación ha consolidado una amplia y reiterada jurisprudencia tanto en
materia de análisis abstracto como concreto de constitucionalidad, en torno al
contenido, alcance y desarrollo de los derechos de las víctimas de
desplazamiento forzado, a partir de una interpretación armónica de los
artículos 1, 2, 13, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta Política, así como de
los lineamientos trazados por el derecho internacional humanitario y los
estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto de los
derechos de las víctimas.
2.2  En cuanto a la procedencia
de la acción de tutela para la protección de los derechos de los desplazados
como sujetos de especial protección constitucional, esta Corte al evidenciar la
gravedad del desplazamiento forzado, el carácter estructural de este fenómeno,
la naturaleza masiva, sistemática y continua de este delito, y la dimensión del
daño antijurídico que causa, ha reconocido que las víctimas de este flagelo, se
encuentran en un estado de indefensión y en una situación de extrema
vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y que por tanto constituyen sujetos
de especial protección constitucional, para cuya protección de sus derechos es
procedente la acción de tutela.
En este sentido, en aplicación
del artículo 13 Superior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que
el Estado debe brindar una especial protección a las víctimas de desplazamiento
forzado por la violencia, en razón de su condición de víctimas de un delito y
de sus precarias y especiales condiciones sociales, físicas, psíquicas y
económicas, y del gravísimo daño causado, lo cual hace que se encuentren en
estado de indefensión y de debilidad manifiesta, y por tanto conlleva la
obligación por parte del Estado de otorgar un tratamiento especial y
preferencial y de realizar acciones afirmativas en favor de este grupo
poblacional vulnerable.[7]
En relación con el daño causado por
el desplazamiento forzado, la jurisprudencia de esta Corte ha identificado los
derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o vulnerados
por este delito, los cuales aparecen reseñados en la Sentencia T-025 de 2005: (i)
el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) los derechos de los
niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de
tercera edad, y de otros grupos especialmente protegidos; (iii) el derecho a
escoger su lugar de domicilio; (iv) los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (v) el derecho a la
unidad familiar; (vi) el derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la
vida; (vii) el derecho a la integridad personal; (viii) la libertad de
circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio
escogido para vivir; (ix) el derecho al trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio; (x) el derecho a una alimentación mínima; (xi) el derecho a
la educación; (xii) el derecho a una vivienda digna; (xiii) el derecho a la
paz; (xiv) el derecho a la personalidad jurídica; y (xv) el derecho a la
igualdad.
En razón de esta diversidad de
derechos conculcados a las víctimas de desplazamiento, la Corte ha resaltado la
obligación del Estado de otorgarles un trato preferente[8], el cual debe traducirse
en la adopción de acciones afirmativas en su favor, de acuerdo con  lo
dispuesto en los incisos 2º y 3º  del artículo 13 de la Constitución Política.[9]
Ha dicho entonces esta Corporación
que el deber estatal de atender en forma preferente a los desplazados tiene
fundamento último “en la inhabilidad del Estado para cumplir con su deber
básico de preservar las condiciones mínimas de orden público necesarias para
prevenir el desplazamiento forzado de personas y garantizar la seguridad
personal de los asociados”[10],
porque si “no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de
sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a los cientos de
miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar
condiciones extremas de existencia la atención necesaria para reconstruir sus
vidas”.[11]
En concordancia con lo anterior,
en sus pronunciamientos la Corte ha puesto de presente la situación de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta que padecen los desplazados, ya que al
tener que huir de su residencia hacia otros lugares, dejando sus pertenencias y
actividades económicas habituales, tales personas se ven expuestas a un
desconocimiento grave, sistemático y masivo de derechos fundamentales.[12]
De esta manera, se ha reconocido
expresa y abiertamente en múltiple jurisprudencia, que la acción de tutela
constituye un mecanismo judicial idóneo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales de la población desplazada por la violencia que han sido
vulnerados. [13]
Igualmente, la jurisprudencia de esta Corporación ha expresado que la
acción de tutela no solo constituye un mecanismo idóneo para la protección de
los derechos de la población desplazada, sino que además constituye un
mecanismo que prevalece sobre los otros mecanismos ordinarios de defensa,
teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad y debilidad de esta
población y por tratarse de ciudadanos sujetos de especial protección
constitucional.[14]
En síntesis, la jurisprudencia de
esta Corporación ha insistido en el reconocimiento del estatus de las víctimas
de desplazamiento forzado como sujetos de especial protección constitucional,
en razón de su condición de víctimas de ese grave, continuo, masivo y
sistemático delito y de la grave vulneración de los derechos humanos que
ocasiona, y teniendo en cuenta que las dimensiones del daño antijurídico
causado por el desplazamiento ocasiona una grave situación de indefensión, de
extrema vulnerabilidad y de debilidad manifiesta. Por estas razones, se les
debe aplicar el precepto superior contenido en el artículo 13 de la Carta
Política, y deben ser destinatarios de una especial y preferente protección por
parte del Estado y de acciones afirmativas por parte de éste, lo cual impone a
las autoridades públicas la obligación constitucional de atender las
necesidades de este grupo poblacional con un especial grado de diligencia y
celeridad. En este mismo marco, la jurisprudencia de esta Corte ha recabado que
la acción de tutela constituye el mecanismo más idóneo para la protección y
salvaguarda de los derechos fundamentales de la población desplazada.[15]
2.3 Acerca de la condición
de desplazamiento forzado por la violencia y el reconocimiento por parte del
Estado de dicha condición, la jurisprudencia de la Corte ha expresado en
múltiples pronunciamientos, que el desplazamiento es una situación de hecho o
fáctica, y que el registro único de población desplazada no constituye un
requisito constitutivo de la condición de desplazamiento, sino un requisito
administrativo de carácter declarativo, que provee prueba de la calidad de
desplazado.[16]
A este respecto, la Corte ha
expresado que “la condición de víctima es una situación fáctica soportada en
el padecimiento, no en la certificación que lo indique, tampoco en el censo que
revela la magnitud del problema. Sin perjuicio de la utilidad que las
certificaciones y censos pudieren prestar en función de la agilidad y eficacia
de los procedimientos”.[17]
Por tanto, la condición de
desplazado se adquiere de facto, y no depende de la certificación que respecto
de esta condición realice la autoridad competente,[18] ya que tal
condición se encuentra determinada por elementos fácticos y objetivos, tales
como la coacción o violencia como causa del desplazamiento, y el que la
migración sea interna o se realice al interior del Estado, entre otros. Por
tanto, del hecho fáctico y objetivo del desplazamiento forzado se deriva el
derecho a reclamar y recibir los beneficios que conllevan las garantías
constitucionales y legales consagradas para las víctimas de este grave delito,
y no de la certificación o inscripción que realice la administración acerca de
tal condición, la cual se lleva a cabo con el fin de realizar un censo de estas
víctimas y de esta manera racionalizar, encauzar y optimizar los recursos y el
diseño e implementación de las políticas públicas de atención integral de dicha
población en condiciones de extrema vulnerabilidad.[19]
En armonía con lo expuesto hasta
aquí, es claro que siempre que una persona se encuentre en condición material
de desplazado forzado, tiene el derecho constitucional y legal de recibir una
protección especial por parte del Estado y de ser beneficiaria de las políticas
públicas diseñadas para estas víctimas.
3. La protección
constitucional de la atención humanitaria a población desplazada
3.1 Los principios rectores de
la ayuda humanitaria
El norte jurídico en esta materia
está contenido en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos[20]. Estos principios
comprenden, además de la formulación de  principios generales (sección I),
principios relativos a la protección contra los desplazamientos (sección II), a
la protección durante el desplazamiento (sección III), a la asistencia humanitaria
(sección IV) y al regreso, el reasentamiento y la reintegración (sección
V).
En lo atinente a la asistencia
humanitaria a los desplazados, estos principios consagran:
“Sección IV
PRINCIPIOS RELATIVOS
A LA ASISTENCIA HUMANITARIA
Principio 24
1. La asistencia humanitaria
se prestará de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y
sin discriminación alguna.
2. No se desviará la
asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni siquiera por
razones políticas o militares.
Principio 25
1. La obligación y
responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los
desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales.
2. Las organizaciones
humanitarias internacionales y otros órganos competentes tienen derecho a
ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos.  Este
ofrecimiento no podrá ser considerado un acto inamistoso ni una interferencia
en los asuntos internos del Estado y se examinará de buena fe.  Su
aceptación no podrá ser retirada arbitrariamente, en particular cuando las
autoridades competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia
humanitaria necesaria.
3. Todas las autoridades
competentes concederán y facilitarán el paso libre de la asistencia humanitaria
y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin
obstáculos a los desplazados internos.
Principio 26
Las personas que prestan
asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus suministros gozarán de
respeto y protección. No serán objeto de ataques ni de otros actos de
violencia.
Principio 27
1. En el momento de
proporcionar la asistencia, las organizaciones humanitarias internacionales y
los demás órganos competentes prestarán la debida consideración a la protección
de las necesidades y derechos humanos de los desplazados internos y adoptarán
las medidas oportunas a este respecto. En esa actividad, las mencionadas
organizaciones y órganos respetarán las normas y códigos de conducta
internacionales pertinentes.
2. El párrafo precedente se
formula sin perjuicio de las responsabilidades en materia de protección de las
organizaciones internacionales encargadas de esta finalidad, cuyos servicios
pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.”
Resulta de suma importancia
mencionar, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido el carácter de
parámetros interpretativos a estos Principios Rectores, “dado que ellos
fundamentalmente reflejan y llenan las lagunas de lo establecido en tratados
internacionales de derechos humanos y que han recibido una gran aceptación por
parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos”, por lo
cual esta Corporación ha considerado que “deben ser tenidos como
parámetros para la creación normativa y la interpretación en el campo de la
regulación del desplazamiento forzado y la atención a las personas desplazadas
por parte del Estado”.[21]
(Resalta la Sala).
De esta manera, la asistencia
humanitaria de emergencia se encuentra garantizada en el ámbito internacional
por los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, y de acuerdo con
la jurisprudencia, estos Principios Rectores “pueden, entonces (i) ser
normas relevantes para resolver casos específicos, y (ii) tener verdadero rango
constitucional, si son preceptos que reiteran normas incluidas en tratados de
derechos humanos o de derecho humanitario. El uso (i) denota que ciertos
principios o algunos de sus párrafos hacen parte de lo que la Corte ha
denominado bloque de constitucionalidad en sentido lato, mientras que el uso
(ii) denota que algunos de entre ellos forman parte del bloque de
constitucionalidad en estricto sentido, ya que tienen jerarquía constitucional
e, incluso, sirven de parámetro para evaluar la constitucionalidad de las leyes”.[22]
3.2 Jurisprudencia de la Corte
en materia de ayuda humanitaria
La Corte Constitucional se ha
ocupado en múltiples ocasiones de la ayuda humanitaria a que tienen derecho las
personas en situación de desplazamiento. A continuación, la Sala expondrá de
manera sintética y esquemática las reglas jurisprudenciales definidas por esta
Corporación sobre este tema en sus diversos pronunciamientos:
3.2.1 Obligaciones que el
Estado tiene con la población desplazada en relación con la Atención
Humanitaria, la prórroga de la misma y la estabilización socioeconómica
El Estado colombiano tiene el
deber, en primer término, de prevenir el desplazamiento forzado, pero una vez
ocurrido el hecho del desplazamiento, tiene la obligación de atender desde el
comienzo hasta la superación de tal situación y de manera integral, pronta,
adecuada y efectiva a la población víctima de este delito, con el fin de que se
restablezcan los derechos vulnerados de esta población. La obligación de
atención integral por parte del Estado parte de la ayuda humanitaria de
emergencia y se prolonga hasta la estabilización socioeconómica y la garantía
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de la
población en situación de desplazamiento, de manera que se garantice la
superación de la situación de vulnerabilidad asociada a la condición de
desplazado, y el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
Las obligaciones que el Estado
tiene con la población desplazada, y las políticas públicas relacionadas con su
atención, específicamente en materia de ayuda humanitaria, se encuentran
consagradas tanto en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos,
como a nivel interno por la Ley 387 de 1997, y por algunos decretos - Decreto
2569 de 2000, y el Decreto 250 de 2005-, y actualmente por la Ley 1448 de 2011,
el Decreto reglamentario 4800 de 2011 y normas complementarias, y se encuentran
también determinadas por las órdenes que ha dado esta Corporación en materia de
desplazamiento forzado -Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento-,
entre otros pronunciamientos vinculantes.
Como parte del catálogo de
derechos mínimos que tiene la población desplazada por la violencia, y de las
obligaciones básicas del Estado frente a estas víctimas, se encuentra el
otorgamiento de la ayuda humanitaria, como garantía mínima para la subsistencia
de esta población, asistencia que constituye un derecho fundamental, al
proteger el mínimo vital y la dignidad humana de las personas en situación de
desplazamiento. Por su naturaleza e importancia como derecho fundamental, su
finalidad de cubrir necesidades básicas asociadas al mínimo vital y a la
subsistencia de la población desplazada, y dada la condición de extrema
vulnerabilidad y debilidad manifiesta de esta población, la jurisprudencia de
esta Corte ha establecido que el Estado se haya obligado a otorgar la ayuda
humanitaria en sus diferentes fases y etapas, de manera oportuna, pronta, sin
dilaciones, y en forma integra y efectiva.[23]
3.2.2 Concepto de la ayuda
humanitaria a población desplazada
Esta Corporación se ha referido
al concepto general de la asistencia o ayuda humanitaria,[24] precisando que el mismo
se viene utilizado por el sistema general de Naciones Unidas, para hacer
referencia a las actividades internacionales e internas de los Estados,
dirigidas a prestar asistencia básica para la subsistencia de las víctimas de
desastres o catástrofes naturales o de conflictos internos, o incluso de
intervenciones armadas para reinstaurar la democracia. Así en el derecho
internacional público se habla de un “nuevo orden humanitario internacional”,
uno de cuyos pilares fundamentales es la asistencia humanitaria, cuyo objeto es
la protección de los derechos humanos y la cual se orienta a la ayuda de los
más necesitados, y en casos de desastres naturales y conflictos armados
internos.[25]
Así mismo ha señalado esta Corte
que el concepto de asistencia humanitaria hace parte de los derechos de
solidaridad o de “tercera generación”, de manera que este derecho constituye
un principio y derecho fundamental radicado en cabeza de todo ciudadano en
cualquier país del mundo[26],
y que a través de la asistencia o ayuda humanitaria se hacen efectivos los
derechos fundamentales a la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, entre
otros derechos, de forma tal que los Estados no solo están obligados a
prestarla sino también a colaborar y no obstruir el ingreso o entrega de estas
ayudas provenientes de organizaciones internacionales o de la comunidad
internacional.[27]
De otra parte, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que el sujeto o destinatario del derecho a la
asistencia humanitaria es la población civil, que este derecho tiene un claro
fundamento tanto en la Constitución Política, en los principios del Estado
Social de Derecho, en la dignidad humana, en los derechos fundamentales a la
vida, salud, vivienda y mínimo vital, como en el bloque de constitucionalidad,
y que se dirige a superar la situación de emergencia en la que se encuentren
los ciudadanos por causas naturales o humanas.
En este orden de ideas, se puede
concluir que la ayuda humanitaria se caracteriza por tratarse de acciones (i)
de autoridades públicas, (ii) cuya finalidad es socorrer, asistir y apoyar a la
población desplazada; (iii) como una ayuda de carácter temporal; (iv) de
naturaleza urgente, inmediata y temporal; y (v) cuyos componentes se refieren a
mínimos para el cubrimiento de necesidades básicas tales como el alojamiento
transitorio, la asistencia alimentaria, los elementos de aseo personal, los
utensilios de cocina, el vestido básico y servicios médicos, entre otros.
De conformidad con lo expuesto, esta
Corporación ha sostenido que la ayuda humanitaria de emergencia protege la
subsistencia mínima de la población desplazada, es un derecho fundamental, su
finalidad es constitucional, se encuentra asociada a la provisión de elementos
básicos de vida digna, y es una medida de carácter urgente, inmediata, oportuna
y temporal.
En síntesis, la Corte ha
concluido en relación con la atención humanitaria de emergencia para población
desplazada, (i) que esta constituye una asistencia mínima para las víctimas del
desplazamiento forzado, (ii) que debe ser integral, (iii) que debe prestarse de
manera pronta, oportuna, sin dilaciones y en forma efectiva, (iv) que se
encuentra dirigida a satisfacer las necesidades básicas de las víctimas de
desplazamiento, (v) que con ella se pretende garantizar unas condiciones de
subsistencia mínima para las víctimas, y que (vi) por su propia naturaleza no
puede ser suspendida abruptamente, sino hasta el momento en que se haya
garantizado la estabilización socioeconómica, el retorno o reubicación al
desplazado, así como la posibilidad de autosostenimiento de las personas en
situación de desplazamiento, y por tanto hasta el momento en que se haya dado
una solución definitiva a la víctima de desplazamiento que garantice la
superación de tal condición. (vii) Finalmente, resulta conveniente precisar que
la ayuda humanitaria también puede ser prestada indirectamente por parte de
organismos nacionales e internacionales a través de convenios, de conformidad
con el art. 109 del Decreto 4800 de 2011, puesto que a nivel internacional es
claro que tanto ONGs como los particulares pueden otorgar la ayuda humanitaria.
Pasa la Sala a referirse de
manera sucinta a las características mencionadas.
(i)
La ayuda humanitaria como protección de la subsistencia mínima de
la población desplazada. Para efectos de los casos bajo estudio vale la
pena señalar que el otorgamiento por parte de las autoridades competentes de la
ayuda humanitaria y su prórroga, cuando hay lugar a ello, hace parte del “derecho
a una subsistencia mínima”[28],
que a su vez, es expresión directa del derecho fundamental al mínimo vital. De
esta manera, la ayuda humanitaria tiene como fin constitucional brindarle a la
población desplazada asistencia para satisfacer sus necesidades básicas de “alimentación,
salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de
hábitat interno y salubridad pública”[29]
y, en consecuencia abarca “tanto la ayuda humanitaria de emergencia que se
presta desde el momento en que ocurre el desplazamiento, como los componentes
de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de
retorno”[30].
Lo anterior, ha sido desarrollado
ampliamente por la Corte, al considerar que la ayuda humanitaria se encuentra asociada
al derecho al mínimo vital[31]
y constituye una expresión del derecho a una subsistencia mínima, de manera que
"las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas,
así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y
agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos,[32] (c)
vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales”
(…).”
Este alcance de la ayuda
humanitaria de emergencia como una medida encaminada a proveer la subsistencia
digna de la persona y enmendar los derechos vulnerados se ha mantenido
constante a lo largo de la jurisprudencia constitucional, en armonía con el
principio de solidaridad y los requerimientos esenciales de las víctimas de
desplazamiento forzado.[33]
(ii) La ayuda humanitaria como
derecho fundamental. La ayuda humanitaria se caracteriza primordialmente
por ser un derecho fundamental de quien se encuentre en condición de
desplazamiento forzado por la violencia.
En este sentido, la
jurisprudencia de esta Corte ha expresado en relación con la naturaleza de
derecho fundamental de la ayuda humanitaria que “no cabe duda de que su
protección y garantía implica una carga prestacional de la cual es responsable
el Estado. Sin embargo, esto no implica que no pueda ser considerada como un
derecho fundamental de las personas desplazadas.”[34]
Por tal razón se puede concluir
respecto a este componente que “i) a pesar de las restricciones
presupuestales y los recursos escasos, la ayuda humanitaria de emergencia, como
expresión del derecho fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el
Estado para que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación”
[35]
(Énfasis de la Sala)
Partiendo de la definición de
atención humanitaria, es claro que su protección y garantía implica una carga
prestacional de la cual es responsable el Estado, lo cual no es óbice sin
embargo para que no deba ser considerada como un derecho fundamental de las
personas desplazadas. Al respecto, la Corte ha indicado que “los derechos de
marcado contenido prestacional que forman parte del mínimo que siempre ha de
ser garantizado a todos los desplazados son aquellos que guardan una conexidad
estrecha con la preservación de la vida en circunstancias elementales de
dignidad como seres humanos distintos y autónomos (artículos 1, 11, 12, 13, 14,
16 y 17 C.P.)”[36].
A partir de este criterio, la Corte ha indicado que dentro de las obligaciones
internacionales que el Estado colombiano ha adquirido en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario, y los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos, la atención humanitaria constituye uno de los
derechos mínimos de carácter fundamental que deben ser protegidos y garantizados
por el Estado.[37]
(iii) Finalidad de la ayuda
humanitaria de emergencia. En armonía con lo expuesto hasta aquí, esta
Corporación ha insistido en que la finalidad de la ayuda humanitaria de
emergencia es el cumplimiento de la obligación por parte del Estado de
garantizar el mínimo vital a las víctimas de desplazamiento forzado, es decir,
brindar aquellos mínimos necesarios para cubrir las necesidades básicas e
imprescindibles de la población desplazada.[38]
De esta forma, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido en múltiples ocasiones que la entrega de la ayuda
humanitaria tiene como fin constitucional la garantía de los “derechos
mínimos” de la población desplazada y constituye una expresión del derecho
fundamental al mínimo vital.[39]
(iv) La atención humanitaria:
inmediata, urgente, oportuna y temporal. En cuanto a las características
que diferencian la atención humanitaria de otras figuras que le son próximas y
que deben guiar todas las actuaciones alrededor de su entrega, cabe insistir en
que ésta es inmediata, urgente, oportuna y temporal.
(a) La atención humanitaria
constituye una obligación que debe ser prestada de manera inmediata por parte
de la autoridad encargada de suministrarla y, por lo tanto, su trámite y
entrega constituyen una labor de carácter urgente. Esto se explica por cuanto
la atención humanitaria contiene bienes y servicios que son apremiantes y esenciales
para la supervivencia de la población desplazada en el corto plazo. Atendiendo
a este carácter, se ha prohibido cualquier tipo de restricción al paso de la
ayuda humanitaria para la población desplazada, y se ha contemplado la
investigación disciplinaria para aquellos funcionarios que culposa o
dolosamente obstaculicen su distribución.
En el mismo sentido, la Corte ha
entendido que el Estado tiene la obligación constitucional y legal de reservar
el presupuesto necesario para proveer oportunamente la ayuda humanitaria, de
suerte que la ausencia de recursos no puede convertirse de ninguna manera en
una excusa para someter al conjunto de la población desplazada a una espera
desproporcionada de la asistencia[40].
Así las cosas, del carácter
inmediato de la ayuda humanitaria de emergencia se desprende la obligación de
que ésta sea proveída por el Estado una vez la persona ponga en conocimiento su
situación de desplazamiento, sin condicionar la entrega a que la entidad
responsable, antes Acción Social, y hoy el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas, la inscriba en el RUPD o en el hoy Registro
Único de Victimas. Esto se explica porque la obligación de brindar la
asistencia humanitaria nace en el momento en el que se adquiere la condición de
desplazado, y la inscripción en este registro es un requisito administrativo y
no constitutivo de dicha condición. Por esta razón, la jurisprudencia
constitucional ha afirmado en diversas oportunidades que no es aceptable la
exigencia de requisitos y formalidades que no se compadezcan con la situación
en la que puede encontrarse una persona que muy recientemente se ha visto
obligada a desplazarse, y que dilaten la entrega de la ayuda humanitaria.[41]
Sin embargo, de las características
de urgencia e inmediatez de la asistencia humanitaria se deriva que ésta solo
tiene la capacidad de solventar las necesidades básicas, presentes y actuales
de la persona que la solicita, de manera que no prevé resolver las necesidades
mínimas de la persona desplazada en el futuro lejano, pero tampoco cubre
eventos anteriores a la entrega de la atención humanitaria. Es por esto que la
ley ha contemplado que la ayuda humanitaria tiene una duración inicial
temporal, y luego de ello ha indicado que es necesario evaluar la procedencia
de la entrega de prórrogas por períodos equivalentes al inicial, a menos que se
den las condiciones para la prórroga automática.
En cuanto a la inmediatez de la
ayuda humanitaria, esta Corporación ha sostenido que una vez producido el
desplazamiento, realizada la declaración y la inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada o de Víctimas, de manera rápida y efectiva, la ayuda
humanitaria debe necesariamente hacerse efectiva dentro del menor tiempo
posible, atendiendo al principio de inmediatez, de manera que se constituya en
una ayuda humanitaria efectiva y oportuna, máxime cuando se trata de la ayuda de
emergencia, en razón a que de esta prestación depende la subsistencia y
supervivencia en condiciones de dignidad de las víctimas de desplazamiento
forzado y de su núcleo familiar.[42]
Por consiguiente, la Corte ha
exigido reiteradamente a las entidades responsables de la ayuda humanitaria a
población desplazada - la antigua Acción Social, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, y Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-, que la ayuda humanitaria debe
entregarse de manera inmediata o en el menor tiempo posible, y por tanto no se
puede someter de ninguna manera a la población desplazada a esperas, tiempos y
turnos desproporcionados, que pueden llegar a sumar más de seis meses o en
algunos casos hasta años, lo cual desvirtúa por completo la naturaleza y
esencia de esta ayuda. Lo anterior cobra mayor relevancia, si se trata de la
ayuda humanitaria de urgencia o de emergencia, cuyo desconocimiento resulta
abierta y claramente violatorio de los derechos fundamentales a la vida en
condiciones de dignidad de la población desplazada, quienes son sujetos de
especial protección constitucional y se encuentran en una situación de extrema
vulnerabilidad, sobretodo cuando se trata de sujetos que adicionalmente al
desplazamiento se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como los
niños, niñas y adolescentes, mujeres cabeza de familia, personas en estado de discapacidad
o de la tercera edad y personas o comunidades étnicas.[43]
Es claro por tanto que las
entidades responsables de la atención humanitaria no pueden someter a las víctimas
del desplazamiento forzado a una espera desproporcionada, de meses y hasta de
años, especialmente cuando su vulnerabilidad las convierte en sujetos de
protección constitucional reforzada que requieren la efectiva intervención del
Estado para superar su situación.[44]
(b) Igualmente, es de la
naturaleza de la atención humanitaria su carácter temporal. Para la Corte, esto
significa que no constituye una prestación a la que se tenga derecho de manera
indefinida, sino que su otorgamiento está limitado a un plazo flexible dentro
del cual se constate que la persona en condición de desplazamiento ha podido suplir
sus necesidades más urgentes[45],
superar las condiciones de vulnerabilidad y lograr reasumir su proyecto de
vida. Esto es así porque la política pública en materia de desplazamiento tiene
como propósito brindar las condiciones para que las personas no permanezcan
indefinidamente en situación de desplazamiento, sino que avancen hacia la
estabilización socioeconómica y el autosostenimiento.
3.2.3 Vulneración del derecho
de los desplazados a acceder a la ayuda humanitaria de emergencia.
De conformidad con lo expuesto hasta
aquí en relación con la naturaleza y características de la ayuda humanitaria,
esta Corporación ha expuesto que se vulnera el derecho a la subsistencia mínima
de la población desplazada en los siguientes eventos:
(i) Cuando la entidad competente
deja de reconocer, sin razón alguna, la ayuda humanitaria de emergencia a la
población desplazada que cumple el requisito para acceder a ella, el cual
consiste básicamente en haber hecho una declaración del desplazamiento ante las
autoridades correspondientes, iniciando con ello el proceso de solicitud de
inscripción en el RUPD.[46]
(ii) Cuando se condiciona la
entrega de la ayuda humanitaria a requisitos de difícil o imposible
cumplimiento; a la presentación de solicitud escrita de la ayuda humanitaria; y
la exigencia de que sea el jefe del hogar quien solicite la ayuda, entre otras.
Para la Corte, la exigencia de estos requisitos constituye una carga
desproporcionada para las personas en condición de desplazamiento, que
desconoce que ellas son sujetos de especial protección constitucional.[47]
(iii) Cuando se niega la entrega
de la ayuda humanitaria argumentando para ello la falta de presupuesto de la
entidad encargada de pagarla. Al respecto, la Corte ha señalado que el Estado
tiene la obligación “constitucional y legal de reservar el presupuesto
necesario para proveer oportunamente la ayuda humanitaria de emergencia, de suerte
que la ausencia de recursos no puede convertirse de ninguna manera en una
excusa para someter al conjunto de la población desplazada a una espera
desproporcionada de la asistencia”.[48]
(iv) Cuando se reconoce el
derecho al pago de la ayuda humanitaria de emergencia, pero no se hace entrega
efectiva de la misma, por cuanto el reconocimiento formal no solventa
materialmente la urgencia manifiesta de las personas en situación de
desplazamiento. En estos casos, la Corte ha tutelado el derecho a recibir real
y efectivamente la ayuda humanitaria, cuando la entidad responsable argumenta,
por ejemplo, que no se ha comunicado la adjudicación de la ayuda humanitaria a
los beneficiarios, o que éstos no cobraron la ayuda en el tiempo estipulado por
la entidad.[49]
(v) Cuando la asistencia
humanitaria se brinda de una manera tan incompleta o parcial, que ésta se ve
desprovista de toda posibilidad de contribuir efectivamente a que la persona
que se ha desplazado recientemente pueda solventar sus mínimas necesidades y,
de este modo, pueda tener una vida digna.[50]
A este respecto ha sostenido esta
Corporación que no  se cumple la obligación del Estado de brindar ayuda
humanitaria de emergencia a las personas en condición de desplazamiento cuando
la entrega efectiva de sus componentes se hace de manera parcial e incompleta.
Para la Corte, esta situación hace que la ayuda humanitaria (a) se vea
desprovista de toda posibilidad de contribuir a que la persona que se ha
desplazado recientemente pueda solventar sus necesidades básicas insatisfechas
y garantizar el derecho a la vida digna, y que (b) contribuya a perpetuar la
etapa de emergencia del desplazamiento. [51]
3.2.4 Componentes de la ayuda
humanitaria
La ayuda humanitaria comprende
prestaciones en servicios básicos que garantizan el mínimo vital y la
subsistencia en condiciones de dignidad de las víctimas de desplazamiento
forzado, tales como salud, alimentación, alojamiento, atención psicológica, condiciones
de salubridad, entre otros.
(i) Esta Corporación ha afirmado
que la atención humanitaria debe proveer a la persona en situación de
desplazamiento como mínimo:
“a) alimentos indispensables y
agua potable;
b) cobijo y alojamiento
básicos;
c) vestido adecuado; y
d) servicios médicos y de
saneamiento indispensables”[52].
(ii) En cuanto al alojamiento,
esta Corte ha establecido que uno de los componentes que hace parte de la
atención humanitaria de emergencia es el alojamiento transitorio a través de
subsidios de vivienda que constituye una modalidad del mínimo vital a que
tienen derecho todos los desplazados.
Estos subsidios se han previsto
para la fase de la consolidación y reasentamiento de la población en sus
lugares de origen o su reubicación. En este sentido esta Corporación ha
establecido que “…a partir del artículo 51 de la Constitución, dada la
especial situación de las personas desplazadas, la vivienda digna es en estos
casos un derecho fundamental que puede ser protegido por medio de la acción de
tutela, pues para la Corte no es ajeno el hecho de que este grupo poblacional
ha sido expulsado de sus viviendas, sin que puedan acceder de forma ágil y
oportuna a soluciones de vivienda al lugar de arribo, situación que puede
conducir a la afectación de otros derechos fundamentales, como la salud, el
mínimo vital, etc.”[53]
(iii) En punto a este tema es importante
precisar la distinción entre el subsidio de vivienda, el cual se otorga a la
población desplazada para adjudicación de viviendas de interés social, y el subsidio
de vivienda como parte del mínimo prestacional dirigido a garantizar el
alojamiento básico, provisional y transitorio como elemento esencial de la
ayuda humanitaria. Este último hace referencia a las distintas estrategias que
se pueden adoptar en el marco de la ayuda humanitaria, como dar albergue en
instalaciones públicas o en instalaciones particulares con las que las
autoridades tienen convenios, a la entrega de recursos para que la población
desplazada acceda a un albergue, o al pago de un arrendamiento, subsidios que
se otorgan en las etapas de emergencia o de transición. De otro lado, es claro
que el subsidio de vivienda, en tanto mecanismo para acceder a una vivienda
digna a través del derecho de propiedad, no hace parte del mínimo prestacional
que siempre debe ser satisfecho como componente de la ayuda humanitaria, sino
que hace parte de la garantía de los derechos de carácter prestacional, con
carácter de asistencia integral a cargo del Estado, de manera que garantizar este
tipo de subsidios de vivienda a la población que se encuentra en situación de
desplazamiento por la violencia es una obligación de carácter progresivo.
3.2.5 Reglas en relación con
el término o plazo de solicitud de la ayuda humanitaria
(i) En relación con el plazo para
solicitar la ayuda humanitaria la Corte ha manifestado que si bien es
constitucionalmente válido que el Legislador fije un término para que las
víctimas del conflicto armado presenten sus solicitudes de ayuda humanitaria,
de conformidad con la finalidad de la medida, el principio de solidaridad y la
necesidad de planificar y ejecutar anualmente el presupuesto del Estado, los
plazos fijados para poder acceder a esta asistencia tienen que ser razonables y
no ser discriminatorios. Por lo anterior, este Tribunal ha considerado que
dadas las especiales circunstancias de las víctimas del conflicto, su estado de
vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta, las situaciones de fuerza mayor
o caso fortuito en que no puedan presentar la solicitud en tiempo, el plazo fijo
y determinado frente a estas personas era discriminatorio, pues se configuraba
una situación diferente a la de aquellas víctimas que pueden acudir ante la
autoridad correspondiente para solicitar la ayuda humanitaria. Por estas
razones, esta Corporación declaró exequible condicionalmente el aparte
normativo contenido en el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, en el entendido de
que el término de un año fijado por el Legislador para acceder a la ayuda
humanitaria, debía comenzar a contarse a partir del momento en que cesara la
fuerza mayor o el caso fortuito que hubieran impedido presentar oportunamente
la solicitud de asistencia.[54]
(ii) En otras oportunidades, en
ejercicio del control concreto de constitucionalidad, la jurisprudencia de esta
Corte ha reiterado estas mismas reglas jurisprudenciales, en el sentido de que el
plazo estipulado por el Legislador para reclamar las ayudas humanitarias es en
principio razonable, y no desconoce ni hace nugatorios los derechos
fundamentales de los desplazados. Sin embargo, ha insistido igualmente en que
este plazo sólo es razonable, si la persona desplazada que esté solicitando la
ayuda no se encuentra en una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.
Teniendo en cuenta estos
argumentos, la Corte ha decidido que “el término de un año fijado por el
Legislador para acceder a la ayuda humanitaria, comenzará a contarse a partir
del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron
presentar oportunamente la solicitud.”[55]
[Énfasis fuera del texto] De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha
establecido que el plazo para solicitar la ayuda humanitaria de emergencia se
interrumpe cuando la persona formula la solicitud de la ayuda.
(iii) Estos razonamientos de la
Corte tienen sustento en los criterios de interpretación relativos a las normas
que consagran o desarrollan derechos fundamentales de los desplazados, teniendo
en cuenta que (a) son sujetos de especial protección constitucional; (b)
desconocen, en la mayoría de los casos, sus derechos; (c) se encuentran en una
situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta; (d) enfrentan
especiales dificultades para poder acceder a las autoridades y reivindicar sus
derechos; y (e) se encuentran en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.[56]
En síntesis, esta Corte ha determinado
que necesariamente, deben tenerse en cuenta los  factores especiales mencionados
a la hora de interpretar y aplicar las reglas que definen el contenido,
condiciones de acceso y alcance de los derechos fundamentales de la población
desplazada, en especial el derecho a la asistencia humanitaria, con el fin de
dar cumplimiento, a la especial protección y atención que demandan los derechos
de las personas desplazadas por la violencia.
3.2.6 Reglas jurisprudenciales
sobre la temporalidad de la ayuda humanitaria de emergencia: entrega, términos
y prórrogas.
(i) La jurisprudencia
constitucional ha establecido que la entrega de ayuda humanitaria a la
población desplazada no puede suspenderse hasta tanto las condiciones que
dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales de la víctima del
desplazamiento desaparezcan.
Así, en relación con los
términos, plazos y prórrogas para el otorgamiento de la ayuda humanitaria, esta
Corporación se pronunció mediante la sentencia C-278 de 2007[57] respecto de las
expresiones del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, que disponía en el parágrafo
único que “[a] la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por
espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres
(3) más”[58],
encontrando inexequible dichas expresiones, por las siguientes razones:
“(i) “el término de tres meses
de la ayuda humanitaria resulta demasiado rígido para atender de manera
efectiva a la población desplazada y no responde a la realidad de la permanente
vulneración de sus derechos…[59]”,
(ii)“la situación de la
población desplazada tiende a agravarse con el paso de los meses, por lo cual
no es razonable hacer depender del factor temporal el alivio a las necesidades
de los afectados, y menos aún, para liberar de responsabilidad a las
autoridades comprometidas en la atención del fenómeno”
(iii) la entrega de una ayuda y
una prórroga “frente a las realidades nacionales, resulta notoriamente
insuficiente en la gran mayoría de situaciones, y por lo mismo, no alcanza para
que puedan paliarse y finalmente, superarse los graves quebrantamientos a
múltiples derechos fundamentales de la población desplazada”, por lo que, “el
término para brindar ayuda humanitaria oper[a] en contra y no a favor de los
desplazados, como debe ser, pues, se repite, conforme a lo dispuesto en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en el Estado, en cuya
contra también repercutirá el escaso tiempo otorgado, recae la responsabilidad
de solucionar la situación de esas personas, y por tanto, debe llevar a cabo
acciones oportunas, efectivas y suficientes en tal sentido, observando, al
efecto, los principios rectores de humanidad, imparcialidad y no discriminación”,
(iv) la referencia temporal “debe
ser flexible y sometida a una reparación real… hasta salir de la vulnerabilidad
que atosiga a la población afectada, particularmente en esa primera etapa de
atención, en la cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan
viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la
ejecución de programas serios y continuados de estabilización económica y
social” programas que sólo pueden iniciarse cuando exista “la plena certeza de
que el desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia mínima, al
haber podido suplir sus necesidades más urgentes de alimentación, aseo
personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica,
transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas”. [60]
(ii) En reiteración del criterio
fijado en la T-025 de 2004 y en la C-278 de 2007 sobre plazos y términos para
la concesión de la ayuda humanitaria la Corte ha reiterado que el derecho de
los desplazados a la subsistencia no puede estar condicionado a un plazo fijo y
que se debe atender las condiciones reales de la población desplazada y, por
tanto, no reducirse a un término inexorable o fijo sino, al contrario,
extenderse dentro de parámetros flexibles, compatibles con la estabilización
socio-económica y que permitan garantizar el autosostenimiento de cada
individuo.
Por tanto, esta Corporación ha recabado
en múltiples oportunidades este mismo criterio jurisprudencial, plasmado en la
sentencia C-278 de 2007,[61]
en cuanto a que la atención humanitaria debe otorgarse hasta tanto las
personas en situación de desplazamiento hayan superado la condición de
vulnerabilidad y se hayan estabilizado socio-económicamente, pudiendo asumir
por sí mismo su propio autosostenimiento y el de sus núcleos familiares.  Es decir,
la ayuda humanitaria de emergencia debe otorgarse hasta cuando “la población
sujeta a la condición de desplazado, accede a programas que garanticen la
satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y
educación a través de sus propios medios o de los programas que para tal efecto
desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales …”, por
cuanto “el desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones
definitivas a su situación”, esto es, a tener una alternativa de generación
de ingresos que le permita vivir dignamente.[62]
(iii) En este orden de ideas, los
lineamientos que se deben seguir, frente a la prórroga de la atención
humanitaria de emergencia se sintetizan en:
“(i) “a pesar de las
restricciones presupuestales y los recursos escasos, la ayuda humanitaria de
emergencia, como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, debe ser
garantizada por el Estado para que la población desplazada logre mitigar su
apremiante situación;
(ii) “la entrega de esta
asistencia debe respetar de forma estricta el orden cronológico definido por
Acción Social y sólo podrá hacerse entrega de forma prioritaria ante
situaciones de urgencia manifiesta;
(iii) “la prórroga de la ayuda
humanitaria debe ser evaluada en cada caso concreto, en especial cuando se
trata de adultos mayores o madres cabeza de familia que no cuentan con los
recursos económicos para su sostenimiento; y,
(iv) “la entrega de la
prórroga de la asistencia humanitaria debe realizarse según lo dispuesto en la
sentencia C-278/07, es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de
asumir su propio sostenimiento.”[63]
Lo anterior, en razón a que la
Corte ha entendido, como ya se mencionó, que la entrega de la ayuda humanitaria
hace parte del catálogo de derechos mínimos y básicos de la población
desplazada, puesto que su finalidad es la protección efectiva de derechos
esenciales, tales como la salud, alimentación, alojamiento, salubridad pública,
entre otros, dirigidos a garantizar el mínimo vital de esta población
vulnerable. Por consiguiente, ha sostenido que el derecho a la ayuda
humanitaria hace parte del derecho a una subsistencia mínima y comprende no
solo la ayuda inmediata de carácter urgente cuando ocurre el hecho del
desplazamiento, sino la ayuda en el periodo de transición hasta la
consolidación de la estabilización socio-económica de esta población.[64]
En suma, esta Corporación ha
precisado que en principio la ayuda humanitaria es temporal, dada su propia
naturaleza, pero que no obstante lo anterior y dado (i) el carácter de derecho
fundamental de esta asistencia; (ii) la obligación del Estado de atender
integralmente a la población víctima de desplazamiento de una manera coherente
y articulada; (iii) la obligación del Estado de asegurar el tránsito efectivo y
la consolidación de la estabilización socio-económica de esta población; y (iv)
el que la superación de la situación de vulnerabilidad debe ser garantizada por
el Estado ya que las personas no pueden permanecer indefinidamente en dicha
situación. En consecuencia, es claro para la Corte que en todo caso en que
subsista la situación de desplazamiento y vulnerabilidad, es obligación del
Estado mantener y prorrogar la ayuda humanitaria de emergencia hasta tanto no
se alcance la superación de la situación de urgencia y se consolide la
estabilización socio-económica de esta población.[65]
De conformidad con lo anterior, la
Corte reitera en esta nueva oportunidad, que por tratarse de un derecho
fundamental, asociado al mínimo vital de víctimas de desplazamiento forzado,
existe un plazo mínimo pero no un plazo máximo para el otorgamiento de la ayuda
humanitaria de conformidad con las disposiciones legales, pero que puede
prorrogarse y extenderse en el tiempo para aquellas víctimas (a) que se
encuentren en una situación de  especial vulnerabilidad o urgencia
extraordinaria; (b) quienes no estén en condiciones de asumir su
autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o restablecimiento
socio económico; (c) en caso de sujetos de especial protección constitucional o
protección con enfoque diferencial como los niños, niñas y adolescentes, personas
de la tercera edad, mujeres cabeza de familia; y (d) hasta tanto no se
garantice la transición hacia la estabilización socioeconómica por parte de las
entidades responsables.[66]
Los requisitos para determinar si es procedente la prórroga de la ayuda
humanitaria no dependerán de un lapso de tiempo o de situaciones prototípicas,
sino de la evaluación que se efectúe en cada caso, teniendo en cuenta las
necesidades y las condiciones personales de los afectados.
Finalmente, en punto a este tema la
Sala insiste en que el Estado debe garantizar el paso consistente y sin
traumatismos de la entrega de la ayuda humanitaria a los otros componentes de
la atención integral a la población desplazada, hasta lograr su estabilización
socioeconómica. Si este tránsito no es asegurado por el Estado, y la persona
persiste en su situación de desplazamiento y vulnerabilidad, también subsiste
en principio la obligación en cuanto a la entrega de prórrogas de la ayuda
humanitaria, hasta  tanto se logre brindar a la persona soluciones duraderas.[67]
(iv) Respecto de la prórroga
automática a personas desplazadas, que adicionalmente se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres cabeza de familia, núcleos
familiares con menores de edad, personas en estado de discapacidad o adultos
mayores, la Corte ha fundamentado constitucionalmente la concesión de la misma.[68]
En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha acudido al criterio fundamentador del enfoque
diferencial para conceder en reiteradas oportunidades la prórroga a personas en
estado de discapacidad o a mujeres.[69]
Así por ejemplo, en el Auto 092 de 2008 se analizó la situación de las mujeres
víctimas del desplazamiento forzado y se estudiaron las circunstancias
especiales que rodean a las mujeres cabeza de familia en tanto grupo
especialmente protegido por la precariedad de las condiciones de vida que deben
afrontar.[70]
Acerca de estos casos, la Corte
ha establecido la presunción constitucional para prorrogar automáticamente la
ayuda humanitaria a favor de las mujeres desplazadas, lo que implica que “dicha
ayuda debe suministrarse de manera integral, completa e ininterrumpida, sin
necesidad de programar o realizar visitas de verificación y asumiendo que se
trata de personas en situación de vulnerabilidad extrema que justifica el
otorgamiento de la prórroga, hasta el momento en que las autoridades comprueben
que cada mujer individualmente considerada ha logrado condiciones de
autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad, momento en el cual podrá
procederse, mediante decisión motivada, a la suspensión de la prórroga”. [71]
Los fundamentos constitucionales
del enfoque diferencial en la población desplazada se han aplicado a las
prórrogas automáticas de la ayuda humanitaria hasta tanto se verifique que las
condiciones que llevaron a la prórroga cesaron, en el caso de mujeres cabeza de
familia, menores de edad, adultos mayores de edad, personas en condición de
discapacidad.[72]
En estos últimos casos, en donde existe una protección constitucional
reforzada, la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que la prórroga
debe mantenerse hasta el momento en el que la urgencia extraordinaria haya
cesado, o cuando las personas adquieran las condiciones para asumir su propio autosostenimiento[73].
De cualquier modo, la Sala
insiste en que debe existir una conexión íntima entre los diferentes
componentes de la política pública de atención a la población desplazada que
deben dar lugar a su estabilización socioeconómica, y que el Estado debe
garantizar el paso consistente y sin traumatismos de la entrega de la ayuda
humanitaria a los otros componentes o elementos de la atención integral a la
población desplazada hasta lograr su estabilización socioeconómica. Si este
tránsito no es asegurado por el Estado, y la persona persiste en su situación
de desplazamiento y vulnerabilidad, también subsiste en principio la obligación
de este en cuanto a la entrega de prórrogas de la ayuda humanitaria, hasta
tanto se logre brindar a la persona soluciones duraderas.
(v) A su turno, el Consejo de
Estado, atendiendo la jurisprudencia de esta Corte, ha llegado a la misma
conclusión en cuanto a que no es posible “establecer un límite temporal
estricto para prestar la ayuda humanitaria de urgencia, la cual tiene como
objetivo primordial, brindar una estabilidad inicial a las victimas de los
desplazamientos forzados, para que una vez superado el impacto inicial y hayan
alcanzado los medios necesarios para su autosostenimiento, puedan continuar con
su vida en condiciones adecuadas, o a su vez permitir la inclusión en programas
adicionales establecidos por el Estado, para no desproteger a la población
desplazada. Es por ello que para casos particulares como es el de las mujeres
cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños
menores o adultos mayores bajo su responsabilidad, la jurisprudencia de esta
Corporación ha entendido que se justifica que el Estado continúe proveyendo la
ayuda humanitaria requerida para la subsistencia digna de los afectados, hasta
el momento en el cual la circunstancia en cuestión se haya superado, es decir,
hasta que la urgencia extraordinaria haya cesado, o hasta que los sujetos que
no estén en posibilidad de cubrir su propio sustento adquieran las condiciones
para ello.[74]”[75]
(vi) De otra parte, este Tribunal
ha recalcado la necesidad de que las autoridades evalúen en cada caso las
condiciones reales y particulares de los(as) accionantes, con el fin de
determinar si en cada caso se verifican las condiciones necesarias para otorgar
la prórroga de la ayuda humanitaria y garantizar el mínimo vital y la vida en
condiciones de dignidad de las víctimas de desplazamiento.[76]
En punto a este tema, esta Corporación
ha encontrado inadmisible que la entidad competente niegue la entrega de la
ayuda humanitaria a la población desplazada, con fundamento en el argumento de
que esta ayuda se ha otorgado en una oportunidad, pues para la Corte es claro
que la atención humanitaria durante un lapso fijo y corto de tiempo no es
suficiente para superar la urgencia extraordinaria, ni hacer la transición
hacia la estabilización socio-económica de la víctima del desplazamiento y su
familia. Por consiguiente, ha reiterado este Tribunal que al organismo
responsable le corresponde evaluar caso por caso las solicitudes de prórroga de
la ayuda humanitaria que eleven las personas en condición de desplazamiento
para determinar si se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad
bien sea por su edad, género o estado de salud física o psíquica.[77]
(vii) En síntesis, la entrega de
la ayuda humanitaria a la población desplazada no puede suspenderse por parte
de la entidad competente hasta tanto las condiciones que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales de la víctima del desplazamiento
forzado desaparezcan, se haya superado la situación de urgencia extraordinaria
y la situación de vulnerabilidad, y se haya hecho el tránsito y consolidado la
estabilización socioeconómica de la población desplazada, de tal manera que se
encuentre garantizado el autosostenimiento de esta población.
3.2.7 Reglas jurisprudenciales
sobre las etapas de la ayuda humanitaria de emergencia y su relación con las
prórrogas.
(i) Es preciso mencionar que la
ayuda humanitaria tiene diferentes momentos o etapas: la inmediata o de
urgencia, la de emergencia y la de transición. La primera debe otorgarse en el
momento en que ocurre el hecho mismo del desplazamiento forzado; la de
emergencia se debe entregar una vez superada la etapa inicial de urgencia y una
vez la víctima haya ingresado al sistema integral de atención a población
desplazada; y la ayuda humanitaria de transición tiene como finalidad servir de
puente para lograr la consolidación de soluciones duraderas.
En el marco de la garantía de estas
diferentes etapas de la ayuda humanitaria, la Corte ha reprochado la
vulneración de los derechos de las víctimas asociados a la subsistencia mínima,
objetando las malas prácticas, la desatención, la omisión o la negligencia por
parte de las autoridades responsables de carácter local, regional o nacional, o
la falta de acompañamiento de estas autoridades a las víctimas, así como
también la ausencia de aplicación de los principios constitucionales de
colaboración, subsidiaridad o complementariedad entre las diferentes
autoridades responsables de los diferentes órdenes para cumplir con sus deberes
constitucionales y legales frente a la garantía de los derechos de las víctimas,
evidenciando por tanto que la vulneración del derecho a la subsistencia mínima
como consecuencia de tales problemas es grave y dramática.
A este respecto, la Corte ha
resaltado los diferentes momentos y grados de responsabilidad que les compete a
las diferentes autoridades, poniendo de relieve el papel que juegan y las responsabilidades
que recaen en cabeza de las entidades territoriales -ahora establecidas en el artículo
65 de la Ley 1448-, las cuales no pueden descargar únicamente la
responsabilidad de la ayuda humanitaria en el nivel central o nacional.
Sobre esta distinción tripartita de
la ayuda humanitaria, inmediata o de urgencia, de emergencia y de transición, es
importante precisar que esta distinción se encuentra introducida ya desde el Decreto
2569 del 2000 (art. 16), por medio del cual se reglamentó la Ley 387 de 1997, en
donde se distinguió la ayuda humanitaria inmediata, de la de emergencia, y el Decreto
1997 de 2009 (art. 5) en donde se estableció la responsabilidad de las
entidades territoriales en su entrega. Por su parte, la ayuda humanitaria de
transición se consagró por primera vez en el Decreto 250 de 2005 (numeral
5.2.2), por medio del cual se adopta el plan nacional de atención a la
población desplazada. Finalmente, la distinción tripartita quedó claramente
recogida en la Resolución 3069 del 2010 de la antigua Acción Social y se
encuentra ahora recogida en la Ley 1448 de 2011.
(ii) Para la Corte existe una
relación directa entre las prórrogas, las diferentes etapas de la ayuda
humanitaria y las presunciones constitucionales que ha establecido la
jurisprudencia para su entrega automática. Así, la ayuda humanitaria urgente,
se debe entregar, como su nombre lo indica, de forma inmediata a la ocurrencia
del hecho del desplazamiento forzado. La ayuda humanitaria de emergencia es
posterior pero se debe otorgar de manera pronta y oportuna, aunque se encuentre
sujeta al ingreso de las víctimas al sistema de atención integral, a su enrutamiento,
y la concesión de su prórroga está condicionada a que se valore y se establezca
la permanencia de las condiciones de vulnerabilidad. Por su parte, la ayuda
humanitaria de transición, está dirigida a garantizar el tránsito de la
población desplazada de las medidas de atención, a las soluciones duraderas y a
su estabilización socio-económica, de manera que la aprobación de su prórroga
se encuentra supeditada a la valoración y evaluación de las condiciones y
grados de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado. Finalmente,
las prórrogas automáticas de las ayudas humanitarias de emergencia o de
transición, respecto de las cuales operan las presunciones constitucionales de
vulnerabilidad, como en el caso de mujeres cabeza de familia, personas en
estado de discapacidad, menores de edad, adultos mayores, se orientan a
garantizar una especial protección derivada del enfoque diferencial, así como
la no suspensión de la asistencia humanitaria a sujetos de protección
constitucional reforzada, sin que exista necesidad de adelantar nuevas aprobaciones,
valoraciones o evaluaciones por parte de las entidades responsables, hasta
tanto se garantice la superación de las condiciones especiales de
vulnerabilidad, la autosostenibilidad y el tránsito hacia soluciones duraderas.
De esta manera, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional se puede diferenciar entre la prórroga que
de manera general se puede otorgar para el caso de la ayuda humanitaria de
emergencia y la de transición, cuando subsistan las condiciones de vulnerabilidad
y hasta garantizar el autosostenimiento de las víctimas. Así a partir de las
Sentencias T-025 y la C-287 es claro para esta Corporación que no se puede
suspender la entrega de la ayuda humanitaria a determinadas víctimas que no se
encuentren en condiciones que les permiten asumir el sustento por sí mismos, de
manera que “el Estado no puede suspender abruptamente la ayuda humanitaria
de quienes no están en capacidad de autosostenerse”[78] (Resalta la
Sala). A este respecto, la jurisprudencia ha expresado que estas prórrogas
deberán ser evaluadas y aprobadas en cada caso individual, dentro de un trámite
que cumpla con criterios de prioridad, eficacia, eficiencia, y celeridad, para
que sean prontas y oportunas.
De otro lado, en lo que respecta
a las prórrogas automáticas, éstas hacen referencia a determinados grupos que
presentan mayores niveles de vulnerabilidad dentro de la población desplazada, frente
a los cuales se deben aplicar criterios y enfoques diferenciales y las
presunciones constitucionales desarrolladas por la Corte, de manera que tienen
el derecho no sólo a la prórroga de la ayuda humanitaria, sino a que ésta se
entregue de manera automática, esto es, sin trámites adicionales, sin necesidad
de presentar solicitudes, sin valoraciones, ni evaluaciones por parte de las
entidades responsables, como sostiene el Auto 092 de 2009 para mujeres, el 006 de
2009 para personas discapacitadas, y la Sentencia T-856 de 2011 para personas
desplazadas de la tercera edad, hasta tanto se compruebe la superación de las
condiciones especiales de vulnerabilidad y se garantice el tránsito hacia
soluciones duraderas.
Así, una cosa es que un grupo
dentro de la población desplazada tenga derecho a solicitar la prórroga por un
periodo mayor al de la demás población, por no encontrarse en condiciones para
autosostenerse, y otra cosa es que otros grupos tengan derecho a recibirla de
manera ininterrumpida, esto es, sin necesidad de programar o realizar visitas
de verificación, hasta que se compruebe que se han logrado condiciones de
autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad, momento en el cual podrá
procederse, mediante decisión motivada, a la suspensión de la prórroga.
En efecto, si se analiza con
cierto detalle, el proceso en la entrega de la ayuda humanitaria varía si se
trata de la prórroga general o de la automática. Para el primer caso, se trata
del orden normal del proceso, interrumpido, en el que las autoridades primero
evalúan la solicitud y después entregan la ayuda. A este respecto la Corte ha
recalcado la necesidad de que las autoridades evalúen en cada caso las
condiciones reales y particulares de los(as) accionantes, con el fin de
determinar si en cada caso se verifican las condiciones necesarias para otorgar
la prórroga de la ayuda humanitaria y garantizar el mínimo vital y la vida en
condiciones de dignidad de las víctimas de desplazamiento.
En el caso de la prórroga
automática, es claro por tanto para la Corte que su entrega debe ser
ininterrumpida, de acuerdo con los Autos de la Sala Especial de Seguimiento de
esta Corporación y las sentencias a las cuales se ha hecho mención, lo que implica
una gran diferencia en términos operacionales, ya que conlleva una inversión
del orden normal del proceso de evaluación y aprobación de las prórrogas. Lo
anterior, en razón a que en el caso de la prórroga automática, primero se debe entregar
o no suspender la entrega de la ayuda humanitaria, y posteriormente se debe evaluar
la condición de vulnerabilidad para estudiar si es o no necesario seguir
otorgándola. Así es como la Sala entiende que se debe entregar la ayuda
humanitaria de manera ininterrumpida sin necesidad de elevar solicitudes, de
evaluaciones o de realizar visitas de verificación, hasta que se compruebe que
se han superado las especiales condiciones de vulnerabilidad y se haya logrado
el autosostenimiento por parte de la víctima.
La diferencia entre una situación
y la otra para la administración y para la población desplazada, son enormes.
Así, las diferencias son de gran magnitud a nivel operativo, administrativo y
presupuestal para la administración, de manera que en el caso de las prórrogas
generales, la administración puede simplemente esperar a recibir la solicitud
por parte de los desplazados para poner en marcha el sistema de atención,
realizar las evaluaciones para finalmente aprobar la prórroga y desembolsar los
recursos, lo cual normalmente se dilata excesivamente en el tiempo debido a
todo tipo de problemas de acceso, eficiencia, operatividad, o incluso hasta de mala
fe. Por el contrario, en la situación de la prórroga automática, la
administración se encuentra en la obligación de idear algún mecanismo para garantizar
la entregar de la ayuda humanitaria de manera ininterrumpida, hasta demostrar
que ya se lograron las condiciones de autosuficiencia integral, sin exigir que
la población desplazada eleve la solicitud correspondiente. Por su parte, para
las víctimas de desplazamiento esta diferencia de situaciones, implica como mínimo,
la omisión de un trámite, que desafortunadamente en la mayoría de los casos, se
torna largo y engorroso, sin contar con las demás trabas o problemas
administrativos que surgen durante estos procesos, y que de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corte, deben ser corregidos por las entidades
responsables, para que el otorgamiento de las prórrogas en general en materia
de ayuda humanitaria, se efectúen de manera pronta, oportuna, eficiente, eficaz
y con celeridad.
Adicionalmente, la Corte se ha
manifestado claramente acerca de la no exigencia de solicitud para la prórroga
de la ayuda humanitaria, cuando se trata de personas en las que se sobreponen
distintos factores de vulnerabilidad. Así, en la sentencia T-856 de 2011 se
identifica la prórroga automática con el relevo de interponer la solicitud, ya
que existen situaciones excepcionales de vulnerabilidad “en las que resulta
desproporcionado exigir al peticionario que realice una solicitud ante la
autoridad competente y, así, debe operar la presunción que genera la prórroga
automática de la AHE, hasta que se compruebe su efectiva estabilidad socioeconómica”.
También es importante precisar
aquí la diferencia existente entre la causa que da lugar a las prórrogas en
general y la que da origen a las prórrogas automáticas, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corte, sentada en los fallos T-025 de 2004 y la C-278 de
2011, y la demás jurisprudencia concordante sobre la materia. En este sentido,
la jurisprudencia constitucional ha precisado de manera general, que el Estado
no puede dejar de entregar la ayuda a quienes “no están en capacidad de
autosostenerse”[79]
o que se debe prorrogar la ayuda humanitaria hasta que “el afectado esté en
condiciones de asumir su autosostenimiento”[80]. Así las
cosas, si bien esta regla general se aplica tanto a las prórrogas en general,
como a las prórrogas automáticas, las causas son distintas, ya que en el caso
de las prórrogas automáticas, la condición de vulnerabilidad se deriva del
enfoque diferencial, de una especial situación de debilidad manifiesta debido a
condiciones de género, de edad, de discapacidad, lo cual abarca una situación
de limitación subjetiva que impide o obstaculiza mayormente la superación de
las condiciones de vulnerabilidad o el alcanzar el autosostenimiento. En estas situaciones
es claro que de lo que se trata es de una condición subjetiva en la que se
encuentran tales grupos que les impiden o dificultan en exceso la posibilidad
de autosostenerse incluso si tienen a la mano un programa diseñado para tal
fin.
Es igualmente conveniente
aclarar, que se presenta una situación distinta para las prórrogas en general,
ya que en estos casos  si bien la ayuda se tiene que entregar igualmente hasta
que la población desplazada logre, en efecto, autosostenerse, de manera que la
atención humanitaria debe otorgarse hasta tanto las personas en situación de
desplazamiento hayan superado la condición de vulnerabilidad y se hayan
estabilizado socio-económicamente, pudiendo asumir por sí mismas su propio
autosostenimiento y el de sus núcleos familiares, en este caso no se trata ya
de un aspecto subjetivo, sino de si han alcanzado, objetivamente o de hecho, el
autosostenimiento.
Ambas situaciones se equiparan en
que al Estado le corresponde la obligación de mantener la ayuda humanitaria hasta
tanto en ambos casos se logre la transición a soluciones duraderas o la
estabilización socioeconómica de las víctimas, y se diferencian en la manera en
que se otorga la prórroga, una sometida a solicitud, valoración y aprobación, y
la otra de manera automática ininterrumpida. En consecuencia, tienen claras
diferencias e implicaciones tanto para la administración como para las víctimas
de desplazamiento.
Como corolario, es de concluir
que la entrega de la ayuda humanitaria a la población desplazada no puede
suspenderse por parte de la entidad competente hasta tanto (i) las condiciones
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales de la víctima
del desplazamiento forzado desaparezcan, (ii) se haya superado la situación de
urgencia extraordinaria y la situación de vulnerabilidad, (iii) y se haya hecho
el tránsito y consolidado la estabilización socioeconómica de la población
desplazada, de tal manera que se encuentre garantizado el autosostenimiento de
esta población.
3.2.8  Reglas
jurisprudenciales respecto de los turnos, orden de entrega de la ayuda
humanitaria y derecho a la igualdad.
(i) En principio, la Corte ha sostenido
que la entrega de la ayuda humanitaria debe realizarse ajustándose a un
estricto orden cronológico establecido previamente por la entidad responsable, excepto
en casos particulares y excepcionales en los que sea necesario entregar de
forma prioritaria la ayuda debido a la urgencia manifiesta del actor.
El alcance respeto del orden
cronológico en la entrega de la ayuda humanitaria fue aclarado en la T-690A de
2009, en el sentido de indicar que el derecho a la igualdad de los desplazados
no consiste “en la obligación de que toda la población desplazada aguarde de
manera silenciosa la entrega de una asistencia que no es inmediata ni urgente,
o que no cumple con los demás parámetros presentados anteriormente. Muy por el
contrario, el derecho a la igualdad implica que la atención humanitaria sea
brindada de manera universal a toda la población desplazada respetando el
carácter inmediato y urgente de la misma. Solo en este sentido puede
interpretarse la orden dada por la Corte Constitucional de que la entidad
correspondiente señale un término razonable y oportuno en el cual hará entrega
efectiva de la ayuda[81]”.
(Resalta la Sala)
Así mismo, en la sentencia T-1161
de 2003[82]
se refirió al tema de los turnos para el pago de la ayuda humanitaria
solicitada por los desplazados y sobre el particular señaló que: “en el
suministro de dicha ayuda humanitaria se deben respetar los turnos asignados en
virtud del momento de la presentación de la solicitud de apoyo económico. La
población desplazada atendida por la Red de Solidaridad, en principio, tiene
derecho a un trato igualitario del cual se deriva el respeto estricto de los
turnos.
(…) Sin embargo, se hace
preciso indicar que para las personas que se encuentran en condición de
desplazados es necesario conocer una fecha cierta, aunque no inmediata, en la
cual se realizará el pago. Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de
los turnos, dentro de un término razonable y oportuno.”[83]
En este sentido, esta Corporación
ha sostenido que debido a que en la práctica el pago de la ayuda humanitaria se
encuentra supeditado a ciertos turnos, en virtud del derecho a la igualdad de
todos los desplazados debe respetarse  los turnos establecidos. No obstante “las
personas tienen derecho a conocer en qué fecha, dentro de un período de tiempo
razonable, serán atendidas.”[84]
[Énfasis fuera del texto]
(ii) De otra parte, la Corte ha
señalado que la acción de tutela no es un mecanismo para alterar los turnos
para recibir el apoyo de la entidad responsable en relación con los programas
de atención al desplazamiento, pues esto atenta contra el derecho de igualdad
de los demás desplazados. En este sentido, ha indicado que el propósito de esta
regla consiste en que la tutela no pueda “utilizarse como un instrumento
para eludir el orden de entrega y obtener así la asistencia de forma
prioritaria, pues de esta manera se estaría vulnerando flagrantemente el
derecho a la igualdad de todos los ciudadanos que, encontrándose en
circunstancias idénticas, no acuden a la acción de tutela para adelantar el
trámite de entrega de la ayuda”[85].
Sin embargo, ha establecido
igualmente que lo que sí tienen derecho a conocer es la fecha cierta y concreta
en la cual se proporcionará efectivamente esta ayuda, la cual debe concederse y
otorgarse en un término razonable y oportuno.[86]
Cabe destacar que si bien la entrega efectiva de la ayuda humanitaria está
supeditada a un turno preestablecido, se considera como falencia el lapso de
tiempo que transcurre entre la entrega de la ayuda humanitaria y la
estabilización socioeconómica, tiempo en el cual, las condiciones de vida de
las víctimas tienden a desmejorarse. Esto por cuanto la jurisprudencia constitucional
ha hecho énfasis  en que la entrega tardía de la ayuda humanitaria y su entrega
inconclusa  contribuyen  a perpetuar  las etapas de emergencia y de transición.[87]
Además, la jurisprudencia ha considerado
que la ayuda humanitaria se caracteriza principalmente por su inmediatez puesto
que de ésta depende la supervivencia del afectado y se contrarrestan los
derechos fundamentales que han sido violados.[88]
En virtud de lo anterior, si bien la jurisprudencia establece que la entrega
efectiva de la ayuda humanitaria está atada al cumplimiento de turnos, no puede
perderse de vista el carácter inmediato con el que debe proporcionar dicha
asistencia en tanto su entrega tardía compromete la supervivencia del ciudadano
desplazado..[89]
(iii) Estima necesario la Sala
detenerse en la garantía del derecho a la igualdad de los desplazados, en lo
que atañe al reconocimiento y entrega efectiva de la ayuda humanitaria, una vez
se ha completado la documentación requerida por la ley, respecto de lo cual la
jurisprudencia ha establecido la obligación de establecer una fecha cierta,
dentro de un término razonable y oportuno, con respeto por los turnos
establecidos.[90]
Como se mencionó, esta
Corporación ha explicado el verdadero alcance del respeto al derecho a la
igualdad de los desplazados cuando de turnos se trata, ya que el derecho a la
igualdad no puede jamás llegar a entenderse como la obligación de las víctimas de
aguardar la entrega de una asistencia humanitaria de manera incierta e
indefinida, siendo entonces solo iguales en cuanto a la negación y vulneración
del derecho fundamental a recibir ayuda humanitaria. Muy por el contrario, la
garantía del derecho a la igualdad debe necesariamente entenderse como que la
atención humanitaria debe ser brindada de manera universal a toda la población
desplazada respetando el carácter inmediato y urgente de la misma, de manera
que se señale un término razonable y oportuno para hacer entrega efectiva de la
asistencia humanitaria.[91]
En este orden de ideas, esta Corte
ha explicado que si bien es cierto que se deben respetar los turnos para
otorgar el pago de la ayuda humanitaria, so pena de vulnerar el derecho a la
igualdad de las personas que estén en similares condiciones, también lo es que
quienes están a la espera del pago tienen derecho a que se les informe sobre
una fecha cierta en la cual lo recibirán, es decir, dentro de un término
oportuno y razonable.[92]
Así las cosas, como lo ha destacado
este Tribunal, se insiste en que si bien resulta imperativo el respeto de los
turnos de entrega de la ayuda humanitaria, con el fin de garantizar el derecho
a la igualdad de las demás personas que se encuentran en la misma situación, y
como un instrumento técnico que sirve para otorgar eficacia, eficiencia y
planificación al sistema de atención integral a población desplazada, este simple
instrumento de carácter administrativo y operativo no puede ser óbice para la
garantía del derecho fundamental de los desplazados, de recibir ayuda
humanitaria, ni convertirse nunca en un impedimento o una excusa para no
informar a la víctima sobre el momento cierto y oportuno en que se hará entrega
efectiva de dicha asistencia. Por consiguiente, no debe confundirse el verdadero
respeto del derecho a la igualdad que impone otorgar a las victimas la
asistencia humanitaria de manera universal, cierta, pronta,  oportuna y
razonable, con el deber de respetar los turnos establecidos para la entrega de dicha
asistencia, ya que este último requisito procedimental se encuentra supeditado
a la garantía del derecho material de carácter fundamental.[93]
En síntesis, la Corte ha
resaltado el respeto del derecho a la igualdad entre las personas que se
encuentran a la espera de recibir la ayuda humanitaria. A este respecto, si bien
esta Corporación ha señalado que, en virtud de este derecho, la persona que
cumple con los requisitos de ley para acceder a cualquier componente de la
asistencia humanitaria debe respetar el orden cronológico de entrega establecido[94], ello
no significa que el derecho a la igualdad de los desplazados consista en la
obligación de que la población desplazada aguarde de manera desproporcionada e
irrazonable la entrega de una asistencia que por su propia naturaleza es
inmediata y urgente, y que se encamina a lograr la transición hacia la
estabilización socioeconómica, máxime cuando se trata de prórrogas automáticas
de esta asistencia al configurarse las presunciones de vulnerabilidad.
Muy por el contrario, estima la
Sala que el derecho a la igualdad implica que la atención humanitaria sea
brindada de manera universal a toda la población desplazada respetando el
carácter inmediato y urgente de la misma, garantizando la transición hacia
soluciones duraderas, y protegiendo los casos en los cuales la Corte ha
establecido la obligatoriedad de prórrogas automáticas. Solo en este sentido
pueden interpretarse las múltiples órdenes dada por este Tribunal en el sentido
de que la entidad responsable señale un término razonable y oportuno en el cual
hará entrega efectiva de la ayuda humanitaria[95].
Lo anterior, por cuanto la ayuda humanitaria en sus distintas etapas y fases debe
ser entregada a las víctimas de desplazamiento forzado de manera oportuna,
efectiva y sin trámites dilatorios.[96]
De conformidad con lo expuesto, ha
enfatizado la Corte que la regla general de respeto por el orden cronológico no
constituye una excusa para que la entidad competente no pueda informar a las
personas el término en el cual la ayuda humanitaria les será entregada. Se hace
preciso que la persona en condición de desplazamiento conozca una fecha cierta,
en la cual se realizará efectivamente el pago. Esta fecha debe ser respetuosa
de los turnos asignados, pero debe fijarse dentro de un término razonable y
oportuno.
3.2.9 La ayuda humanitaria no
tiene carácter retroactivo
En relación con el pago
retroactivo de la ayuda humanitaria, la Corte al analizar este tema ha encontrado
que es improcedente. A este respecto, esta Corporación ha aclarado que: “la
ausencia en el suministro de la atención humanitaria de emergencia no
constituye un crédito a favor de la persona desplazada por la violencia que le
genere un saldo dinerario a ser cobrado retroactivamente, toda vez que ello
desnaturaliza esta medida que busca suplir las necesidades inmediatas a fin de
otorgar un nivel de vida digno y garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales.” [97]
(Resalta la Sala)
En otra oportunidad, esta
Corporación aclaró que el hecho que no se haya suministrado la ayuda
humanitaria por el tiempo requerido, si bien es reprochable desde el punto de
vista constitucional, no implica el reconocimiento de pagos dinerarios retroactivos
de la ayuda humanitaria dejada de entregar, en razón a que tales pagos
retroactivos desvirtuarían la naturaleza propia de la ayuda humanitaria y de la
acción de tutela.[98]
3.2.10 Reglas
jurisprudenciales sobre interpretación de las reglas de ayuda humanitaria de
emergencia.
En cuanto a la interpretación de
la normatividad en materia de ayuda humanitaria, esta Corporación ha establecido
que ésta debe llevarse a cabo conforme a los principios de buena fe,
favorabilidad, confianza legítima, el principio pro homine y el de
prevalencia del derecho sustancial.  A este respecto, ha sostenido que deben
tenerse en cuenta los siguientes parámetros hermenéuticos: “a) los
principios de interpretación y aplicación de las normas de las disposiciones de
la Ley 387 de 1997; b) los principios rectores de los desplazamientos internos;
c) el principio de favorabilidad; d) el principio de buena fe y el derecho a la
confianza legítima; y e) la prevalencia del derecho sustancial propio del
Estado de Derecho”.[99]
Así las cosas, la jurisprudencia
de la Corte ha enfatizado en que los derechos de la población desplazada deben
interpretarse de conformidad con los derechos fundamentales consagrados en la
Carta Superior y de acuerdo con el artículo 93 Superior, y por tanto, en
consonancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho
internacional humanitario. De otra parte, el artículo 94 constitucional
advierte que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Carta
Política y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos.
Igualmente, en reiterada
jurisprudencia esta Corporación ha establecido que los derechos de las víctimas
de desplazamiento forzado deben igualmente interpretarse de conformidad con el
principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de
Derecho y con la condición de victima.[100]
En aplicación de estas reglas
específicamente a la prestación de ayuda humanitaria a víctimas de
desplazamiento forzado, la Corte ha determinado que la entidad legalmente
responsable se encuentra en la obligación de interpretar y aplicar las normas
que reconocen derechos a estas víctimas y concretamente el otorgamiento de la
ayuda humanitaria, de conformidad no solo con los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución, sino con los tratados internacionales de
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como de acuerdo
con los principios hermenéuticos mencionados, de manera que las autoridades no
pueden (i) realizar interpretaciones contrarias a normas constitucionales o
internacionales sobre derechos fundamentales o derechos de las víctimas de
desplazamiento; (ii) imponer barreras para el acceso a los beneficios legales
para estas víctimas; (iii) ni exigir requisitos irrazonables o
desproporcionados para el otorgamiento de los beneficios.[101]
Estas pautas de interpretación
mencionadas se fundamentan también en los dramáticos hechos que rodean el
fenómeno del desplazamiento forzado, lo cual obliga a los jueces a tener en
cuenta las circunstancias especiales de su vulnerabilidad y debilidad
manifiesta, que como se mencionó, se expresa en el desconocimiento de sus
propios derechos fundamentales, en situaciones extraordinarias que les impiden
o dificultan el acceso a las autoridades y el ejercicio de sus derechos, y en situaciones
de “fuerza mayor” o “caso fortuito”[102].
3.2.11 Reglas
jurisprudenciales relativas a la diferenciación conceptual entre ayuda
humanitaria y reparación
La Corte al referirse a los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, precisó
la diferenciación conceptual y no sustituibilidad entre los conceptos de servicios
sociales del gobierno, la ayuda humanitaria y la reparación de las víctimas,
los cuales constituyen deberes y acciones diferenciables entre sí por razón de
su fuente, su título jurídico, su fin e intencionalidad, y el sujeto activo de
estos deberes, entre algunos de los aspectos más relevantes para su definición.
Acerca de la relación y
diferenciación entre el concepto de reparación y el de servicios sociales, la
Corte al analizar el inciso 2º del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, aclaró
que los servicios sociales se refieren a actividades permanentes y habituales
del Estado orientadas a garantizar y proteger derechos económicos, sociales y
culturales o prestaciones sociales dirigidas a cubrir necesidades de carácter
general de la población, relacionados con el desarrollo de la política social
del Estado, tales como necesidades de salud, educación o vivienda. Así, la
Corte aclaró que los servicios sociales obedecen al cumplimiento de
obligaciones estatales, mientras que la reparación obedece a la responsabilidad
derivada por crímenes. De igual manera, aclaró que el otorgamiento de un tipo
de prestación social no puede servir como argumento para negar el otorgamiento
de prestaciones en materia de reparación. De otra parte, reconoció la necesaria
relación de complementariedad y mutuo impacto que debe existir entre ambos
tipos de prestaciones.[103]
Por tanto, ha precisado la
diferenciación conceptual entre los servicios sociales del gobierno, la
asistencia humanitaria y la reparación de las víctimas, por tratarse de deberes
y acciones que son diferenciables, tanto por su título jurídico, su origen, sus
destinatarios, entre otros aspectos, de manera que ninguna de estas
prestaciones puede homologarse ni ser reemplazada por la otra.[104]
Así, ha aclarado esta Corporación
en que el contenido del derecho a la reparación se refiere a aquellas acciones
cuya finalidad es restitutiva, esto es, en lo posible lograr borrar o
desaparecer los efectos que sobre las víctimas han dejado los crímenes
cometidos, lo que va más allá de la dimensión económica, e incluye otras
medidas como la rehabilitación. De otra parte, ha reconocido concomitantemente la
relación de complementariedad y de reciprocidad entre los servicios sociales
del gobierno y las acciones encaminadas a la reparación debida de las víctimas.
Igualmente, la jurisprudencia
constitucional ha diferenciado entre estas acciones a partir de los sujetos
responsables de las mismas, ya que los servicios sociales corresponden a
obligaciones estatales, mientras que la reparación obedece a la responsabilidad
por la comisión de crímenes, y ha establecido que si bien ambas pueden
corresponder al Estado, tienen una naturaleza distinta y por tanto, no se puede
sustituir la una con la otra. [105]
En este sentido, la Corte, al
estudiar la constitucionalidad del segmento normativo contenido en el artículo
47 de la Ley 975 de 2005, el cual establecía que “Los servicios sociales
brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes
vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación”, concluyó
que esta norma permitía que la reparación que debe otorgarse a las víctimas
pudiera verse reducida o anulada, ya que podía sustituirse o reemplazarse por
el otorgamiento de beneficios correspondientes a servicios sociales por parte
del gobierno. Por consiguiente, concluyó la Corte que la expresión demandada
contenida en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 975 de 2005[106],
lesionaba los derechos de las víctimas a la reparación integral reconocida por
el derecho internacional, la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional.
3.2.12  Reglas
jurisprudenciales sobre la atención humanitaria y el tránsito hacia las
soluciones duraderas y la estabilización socioeconómica
La ayuda humanitaria, como ya se
mencionó, tiene en principio una vocación transitoria, como medida provisional
previa a las soluciones duraderas, de manera que constituye un puente entre el
hecho del desplazamiento, la atención de urgencia, de emergencia y la garantía
de superación de la situación de desplazamiento y de las condiciones de vulnerabilidad.
Por tanto, como ya quedó también ampliamente expuesto, la jurisprudencia de
esta Corte ha dejado en claro que la ayuda humanitaria debe mantenerse hasta
tanto el Estado no garantice el tránsito de la población víctima de
desplazamiento forzado a soluciones duraderas y se garantice la estabilización
socioeconómica de las víctimas, respecto de la cual se encuentran establecidas
claras obligaciones legales por parte del Gobierno y esta Corte se ha
pronunciado ampliamente.[107]
En este sentido, la Sala insiste
en esta nueva oportunidad, en que el Estado debe garantizar que las víctimas de
desplazamiento forzado realicen el tránsito de la etapa en la cual son
beneficiarios de la ayuda humanitaria de emergencia, a la etapa de soluciones
duraderas y estabilización socioeconómica, en la cual se encuentren ya en
condiciones de autosostenerse y de reconstruir su proyecto de vida en sus
múltiples y diversos aspectos y niveles, de manera que el Estado se haya en
principio en la obligación, de conformidad con los grados de vulnerabilidad de
la población desplazada, de mantener el otorgamiento de la ayuda humanitaria,
hasta que se encuentre consolidada la estabilización socioeconómica de esta
población.
A este respecto, ha dicho la
Corte que la entidad competente “debe brindar las garantías suficientes para
que la persona en condición de desplazamiento pase de la fase en la cual le es
entregada la ayuda humanitaria de emergencia hacia la obtención de soluciones
duraderas. Durante este tránsito, en principio y de acuerdo con las condiciones
particulares de vulnerabilidad, permanece para el Estado la obligación de brindar
una asistencia humanitaria de emergencia”.[108]
En relación con la provisión de
apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento, esta Corporación
ha sostenido que el deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena
participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación
individual y familiar, su procedencia, sus necesidades particulares, sus
habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna
y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a
definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable
de estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un
proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la
información que provee la población desplazada para identificar alternativas de
generación de ingresos para los desplazados.[109]
4. El nuevo marco legislativo
que regula los derechos de las víctimas a la ayuda humanitaria en la Ley 1448
de 2011 o denominada Ley de Víctimas y sus decretos reglamentarios,
especialmente el Decreto 4800 de 2011.
4.1 La Ley 1448 de 2011
La Ley 1448 de 2011 “Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, la
cual entró en vigencia el 10 de junio de 2011, según consta en su publicación
en el Diario Oficial No. 48.096 de esa fecha, constituye el nuevo marco
jurídico de orden legal encaminado a lograr la garantía y protección del
derecho fundamental de las víctimas a la atención y a la reparación integral.
Esta Ley consta de cinco títulos,
en los cuales se adoptan disposiciones generales –Titulo I-; los derechos de
las víctimas dentro de los procesos judiciales –Titulo II-; la ayuda
humanitaria, atención y asistencia –Titulo III-; la reparación de las víctimas
–Titulo IV-; y la institucionalidad para la atención y reparación a las
víctimas –Titulo V-.
Para los efectos del presente
estudio de constitucionalidad, interesa a la Sala los contenidos normativos de
los Títulos I, III y IV, relativos a las disposiciones generales, a la ayuda
humanitaria, atención y asistencia, y a la nueva institucionalidad creada por la
Ley para atender el proceso de atención a las víctimas.
(i) En cuanto al Título
I de la ley, este se divide en dos capítulos, en donde se determina el
objeto, el ámbito y definición de víctima –Capitulo I-, y los principios
generales de la ley –Capitulo II-.
Respecto del objeto de la ley, el
Legislador consagró en el artículo 1º de la ley 1448 de 2011 que esa ley
tendría por objeto “establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio
de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la
presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que
posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y
la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su
condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus
derechos constitucionales” (Resalta la Sala)
En relación con el ámbito de la
ley, el artículo 2º de la Ley 1448 de 2011 establece que ésta regulará “lo
concerniente a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las
víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, ofreciendo
herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena
ciudadanía.” (Negrillas fuera de texto) En este artículo se hace
igualmente referencia a las medidas de reparación para los pueblos indígenas y
las comunidades afrocolombianas, las cuales deberán ser consultadas
previamente, de conformidad con el artículo 205 de la misma Ley.
En el artículo 3º se define a las
víctimas, para los efectos de la Ley 1448 de 2011, como “aquellas personas
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno.
También son víctimas el
cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo
serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.
De la misma forma, se
consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”
Acerca de la condición de
víctima, este artículo establece que ésta “se adquiere con independencia de
que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta
punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”
El parágrafo 4º de la misma norma
establece que ”Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos
antes del 1º de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación
simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como
parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas”.
Sobre este artículo existen recientes pronunciamientos de esta Corporación.[110]
En el capítulo II de la Ley 1448
de 2011 se consagran los principios generales que regirán dicha normatividad,
entre los cuales se encuentran el principio de dignidad de las víctimas, de
respeto a la integridad y a la honra de  las víctimas –artículo 4- “fundamento
axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”,
estableciendo que “las víctimas serán tratadas con consideración y respeto,
participarán en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con
información, asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela efectiva
de sus derechos en virtud del mandato constitucional, deber positivo y
principio de la dignidad.” Así mismo, en esta norma se establece que “el
Estado se compromete a adelantar prioritariamente acciones encaminadas al
fortalecimiento de la autonomía de las víctimas para que las medidas de
atención, asistencia y reparación establecidas en la presente ley, contribuyan
a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes.”
En el artículo 5º se consagra el
principio de buena fe de las víctimas, determinando que “[l]a víctima podrá
acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En
consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido
ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga
de la prueba.” En cuanto a los procesos de en los que se resuelvan medidas
de reparación administrativa, la norma prevé que “las autoridades deberán
acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño
sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas.”
El principio de igualdad se
consagró en el artículo 6º de la Ley, el cual establece que las “medidas
contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género,
respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la
profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la
opinión política o filosófica.”
Así mismo la ley consagra la
garantía del debido proceso –art. 7º- y enmarca la aplicación de la Ley dentro
del marco de justicia transicional –art. 8- adoptando medidas transicionales
–art. 9-, reconociendo expresamente que toda víctima tiene derecho a la verdad,
justicia, reparación y a la no repetición, “con independencia de quién sea
el responsable de los delitos” y que las medidas adoptadas tendrán como
finalidad “contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la
medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido
vulnerados” y al “objetivo primordial de conseguir la reconciliación y
la paz duradera y estable”.
De otra parte, el artículo 10 de la
Ley se consagra el principio de subsidiariedad para la concurrencia del Estado
en las condenas judiciales para reparar económicamente a las víctimas.  Así
mismo, se consagran los principios de coherencia externa –art. 11- como principio
de armonización de los distintos esfuerzos del Estado para garantizar los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas; así como
el principio de coherencia interna –art. 12-, como principio complementación y
armonización entre las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición.
En el artículo 13 se consagró el
principio relativo al enfoque diferencial, de conformidad con el cual se “reconoce
que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad,
género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las
medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se
establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.” En este mismo artículo
se reconoce la obligación del Estado de ofrecer especiales garantías y medidas
de protección “a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones
contempladas en el artículo 3o de la
presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores,
personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros
de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de
desplazamiento forzado.” (Resalta la Sala)
En este sentido, la norma establece
que para efectos de la ejecución y adopción de las políticas de asistencia y de
reparación “deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las
particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos
poblacionales”, así como la obligación del Estado de realizar esfuerzos para
que las medidas de reparación “contribuyan a la eliminación de los esquemas de
discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos
victimizantes”.
El principio de participación
conjunta, consagrado en el articulo 14, establece que la superación de
vulnerabilidad manifiesta de las víctimas implica el cumplimiento de las
obligaciones del Estado en materia de implementación de las medidas de
atención, asistencia y reparación a las víctimas; el deber de solidaridad y
respecto de la sociedad civil y del sector privado con las víctimas; y la
participación activa de las mismas.
También establece la Ley 1448 de
2011 los principios de respeto mutuo –art.15-, la obligación de sancionar a los
responsables –art. 16-, el principio de progresividad –art. 17-,  y el
principio de gradualidad –art- 18-.
Por su parte, el principio de
sostenibilidad –art. 19- establece que con el fin de cumplir con las medidas de
ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación “el Gobierno Nacional
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley,
creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que
propenda por la sostenibilidad de la ley, y tomará las medidas necesarias para
garantizar de manera preferente la persecución efectiva de los bienes de los
victimarios con el fin de fortalecer el Fondo de Reparaciones de que trata el
artículo 54 de la Ley
975 de 2005.”
A este respecto, la ley establece
el principio de prohibición de doble reparación y de compensación –art.20-,
determinando que la “indemnización recibida por vía administrativa se
descontará a la reparación que se defina por vía judicial. Nadie podrá recibir
doble reparación por el mismo concepto.”  Así mismo se consagra el
principio de complementariedad –art.21- de conformidad con el cual “Todas
las medidas de atención, asistencia y reparación deben establecerse de forma
armónica y propender por la protección de los derechos de las víctimas.
Tanto las reparaciones
individuales, ya sean administrativas o judiciales, como las reparaciones
colectivas o a los colectivos, deben ser complementarias para alcanzar la
integralidad.”
En su artículo 22 la Ley 1448 de
2011 se refiere a la acción de repetición y subrogación. Los artículos 23 a 25 se encuentran destinados a consagrar el contenido mínimo de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación de las víctimas.
Así, el derecho a la verdad, se
encuentra consagrado en el artículo 23 de la normativa. Por su parte, el
derecho a la justicia, se encuentra contenido en el artículo 24 de la Ley 1448
de 2011,  y el derecho a la reparación integral se dispone en el artículo 25 de
esa normativa. El parágrafo 1º de esta última norma establece que a pesar de
que las medidas de asistencia adicionales pueden tener un efecto reparador “en
la medida en que consagren acciones adicionales a las desarrolladas en el marco
de la política social del Gobierno Nacional para la población vulnerable,
incluyan criterios de priorización, así como características y elementos
particulares que responden a las necesidades específicas de las víctimas”
estas medidas de asistencia “no sustituyen o reemplazan a las medidas de
reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en las que incurra el
Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún caso serán
descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho
las víctimas” (énfasis de la Sala), estableciendo de esta manera una
diferenciación clara entre las medidas asistenciales del gobierno, que en
algunos casos y bajo ciertos criterios pueden tener un efecto reparador, y las
medidas de reparación propiamente dichas.
En el mismo sentido, el parágrafo
2º del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 establece que “[l]a ayuda
humanitaria definida en los términos de la presente ley no constituye
reparación y en consecuencia tampoco será descontada de la indemnización
administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas” (resalta la
Sala), de manera que el Legislador realiza una expresa diferenciación entre la
ayuda humanitaria de emergencia y la reparación.
De otra parte, el artículo 26
desarrolla el principio de colaboración armónica entre las distintas entidades
del Estado; el artículo 27 consagra un principio de aplicación normativa, de
conformidad con el cual “En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo
establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por
Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que
prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del
bloque de constitucionalidad. En los casos de reparación administrativa, el
intérprete de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el
deber de escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca
a la dignidad y libertad de persona humana, así como a la vigencia de los
Derechos Humanos de las víctimas”. De esta manera, el Legislador reconoce
la prevalencia de las normas internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, y consagra el principio de la interpretación más favorable
a las víctimas para los casos de reparación administrativa.
Los derechos de las víctimas se
consagran en el artículo 28 de la Ley 1448 de 2011, entre ellos el derecho a
solicitar y recibir atención humanitaria:
“1. Derecho a la verdad,
justicia y reparación.
2. Derecho a acudir a
escenarios de diálogo institucional y comunitario.
3. Derecho a ser beneficiario
de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y
garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.
4. Derecho a solicitar y
recibir atención humanitaria.
5. Derecho a participar en la
formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención,
atención y reparación integral.
6. Derecho a que la política
pública de que trata la presente ley, tenga enfoque diferencial.
7. Derecho a la reunificación
familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el
núcleo familiar.
8. Derecho a retornar a su
lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y
dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional.
9. Derecho a la restitución de
la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la
presente Ley.
10. Derecho a la información
sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la
presente Ley.
11. Derecho a conocer el
estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en
los que tengan un interés como parte o intervinientes.
12. Derecho de las mujeres a
vivir libres de violencia.” (Resalta la Sala)
En el artículo 29 se consagran
algunos desarrollos del principio de participación conjunta, en relación con los
deberes de las víctimas y la obligación de confidencialidad de la información
suministrada por éstas. Otros principios establecidos en la Ley son el de
publicidad –art.30-; el de medidas especiales de protección a las víctimas,
testigos y funcionarios que intervengan en los procedimientos administrativos o
judiciales de reparación y de restitución de tierras –art.31-; los criterios y
elementos para la revisión e implementación de los programas de protección
integral –art.32-.
El artículo 33 prevé el principio
de la participación de la sociedad civil y la empresa privada, reconociendo que
los esfuerzos encaminados a lograr la garantía de los derechos de las víctimas,
“involucran al Estado, la sociedad civil y el sector privado. Para el
efecto, el Gobierno Nacional diseñará e implementará programas, planes,
proyectos y políticas que tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil y
la empresa privada en la consecución de la reconciliación nacional y la
materialización de los derechos de las víctimas.”
Finalmente, el artículo 34
consagra los compromisos del Estado colombiano, reiterando “su compromiso
real y efectivo de respetar y hacer respetar los principios constitucionales,
tratados y convenios e instrumentos que forman parte del bloque de
constitucionalidad impidiendo que de un acto suyo o de sus agentes, sin
importar su origen ideológico o electoral, se cause violación alguna a
cualquiera de los habitantes de su territorio, en particular dentro de las
circunstancias que inspiraron la presente ley”.
(ii) El Título III hace
referencia a la ayuda humanitaria, atención y asistencia a las víctimas
abarcando los artículos 47 a 68 desarrollados en tres capítulos.
El capitulo primero contiene
disposiciones relativas a la ayuda humanitaria a las víctimas, definiendo que el
objeto de dicha ayuda –art.47- es “socorrer, asistir, proteger y atender
sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte
de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque
diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el
momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma.”
(Resalta la Sala)
El parágrafo 1º del artículo 47
establece que la responsabilidad respecto del alojamiento y alimentación
transitoria, en condiciones dignas, corresponde en primer orden a las entidades
territoriales, y subsidiariamente a la Unidad Administrativa Especial de Atención
y Reparación a Víctimas, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El
parágrafo 2º de la misma norma, dispone la obligación de las instituciones
hospitalarias de carácter público o privado de prestar atención de emergencia
de manera inmediata a las víctimas que la requieran, con independencia de la
capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y sin exigir
condición previa para su admisión. El parágrafo 3º establece que la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación, deberá adelantar las
acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención y Reparación a Víctimas para garantizar la ayuda
humanitaria, y que de conformidad con el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 y
sus prórrogas correspondientes, esta Unidad prestará la ayuda humanitaria por
una sola vez, a través de mecanismos eficaces y eficientes, asegurando
la gratuidad en el trámite.
El artículo 48 de la misma ley consagra
la obligación de las Alcaldías Municipales de realizar censos en casos de
atentados terroristas o desplazamientos masivos.
El capítulo II contiene las
medidas de asistencia y atención a las víctimas, aclarando lo que se entiende
por asistencia como “el conjunto integrado de medidas, programas y
recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del
Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las
víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su
incorporación a la vida social, económica y política”; y por atención
“la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y
psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el
ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación”.
En este mismo capítulo de la ley
se consagran medidas tales como la asistencia funeraria –art.50-, medidas en
materia de educación –art.51-; medidas en materia de salud –art.52-; atención
de emergencia en salud –art.53-; servicios de asistencia médica, quirúrgica y
hospitalaria –art.54-; remisiones –art.55-; pólizas de salud –art.56-;
evaluación y control por parte del Ministerio de la Protección Social o la
Superintendencia Nacional de Salud –art.57-; y disposiciones sobre inspección y
vigilancia –art.58-, entre otras.
Adicionalmente, el capítulo III se
dedica específicamente a la atención de las víctimas de desplazamiento forzado.
Así, el artículo 60 consagra que la atención a las víctimas de desplazamiento
forzado se regulará no solo por las disposiciones consagradas en las normas de la
Ley 1448 de 2011, sino que se complementa con la política pública de prevención
y estabilización socioeconómica de la población desplazada consagrada en la Ley
387 de 1997 y demás normas que lo reglamenten. En este sentido, señala que las
“disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los
derechos de la población en situación de desplazamiento, que no contraríen la
presente ley, continuarán vigentes.” De otra parte, el parágrafo 1º del
mismo artículo 60 establece que no se descontarán los montos otorgados por concepto
de la prestación de la oferta dirigida a la población desplazada, de los montos
para la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho dicha población.
El parágrafo 2º de esa misma disposición define a la víctima de desplazamiento
forzado como “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o
libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3º  de
la presente Ley.”
Los artículos 61 y 62 de la ley adoptan
disposiciones acerca del tiempo y forma de la declaración sobre los hechos que
configuran la situación del desplazamiento, declaración que hará parte del Registro
Único de Víctimas, así como también respecto de la reducción del subregistro.
El artículo 62 de la Ley 1448 de
2011 consagra las etapas de la atención humanitaria, estableciendo tres fases o
etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado,
las cuales son “1. Atención Inmediata; 2. Atención Humanitaria de
Emergencia; y 3. Atención Humanitaria de Transición.” Esta norma aclara en
su parágrafo que estas etapas varían según su temporalidad y el contenido de
dicha ayuda, y se otorgarán de conformidad con la evaluación cualitativa de la
condición de vulnerabilidad de la víctima.
El artículo 63 define la atención
inmediata como aquella que es “entregada a aquellas personas que
manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de
vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia
alimentaria.” Así mismo dispone que esta ayuda corresponde en primer
orden a la entidad territorial de nivel municipal receptora de la población en
situación de desplazamiento, y que se deberá entregar de forma inmediata “desde
el momento en que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se
realiza la inscripción en el Registro Único de Víctimas.”
El parágrafo 1º del mismo
artículo 63 se encarga de establecer los requisitos y tiempos exigidos, mientras
que el parágrafo 2º dispone la validez del Registro Único de Población
Desplazada, entre tanto se pone en funcionamiento el del Registro Único de
Víctimas.
La disposición contenida en el
artículo 64 trata de la atención humanitaria de emergencia, acerca de la cual dispone
que se otorga a las personas y hogares en situación de desplazamiento, una vez
se encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas, el cual será
entregado de conformidad con el grado de necesidad y urgencia para la
subsistencia mínima de la víctima. El parágrafo 1º de este artículo determina
que esta atención “seguirá siendo entregada por la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional hasta tanto se le garanticen
los recursos de operación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas”, la cual deberá ser entregada a
través de mecanismos eficaces,  eficientes, gratuitos y oportunos. El parágrafo
2º de la misma norma reitera que el Registro Único de Población Desplazada se
mantendrá en funcionamiento hasta tanto entre en operación el Registro Único de
Víctimas.
El artículo 65 de la Ley 1448 de
2011 consagra la atención humanitaria de transición. En relación con
ésta precisa que es aquella que se “entrega a la población en situación de
Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con
los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la
luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características
de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria
de Emergencia.”
El artículo 66 se refiere a los
retornos y reubicaciones, los cuales deberán adelantarse de manera voluntaria y
bajo condiciones de seguridad, y cuya coordinación estará a cargo de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Adicionalmente, la cuestión de la
cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de la víctima
de desplazamiento forzado se trata en el artículo 67 de la Ley 1448 de 2011, en
donde se establece que “[c]esará la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona
víctima de desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los
programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de
sus derechos. Para ello accederá a los componentes de atención integral al que
hace referencia la política pública de prevención, protección y atención
integral para las víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo al artículo 60
de la presente Ley.” La norma dispone que esta cesación se determinará de
conformidad con los criterios de evaluación e indicadores establecidos por la
jurisprudencia constitucional. Por su parte, el artículo 68 determina que la
evaluación de la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta será evaluada cada dos años por los alcaldes municipales o
distritales del lugar donde reside la victima.
(iii) El Título V de la
Ley 1448 de 2011, contiene cinco capítulos, que regulan lo concerniente a la
nueva institucionalidad para la atención y reparación a las víctimas.
Evidencia la Sala que la Ley 1448
de 2011 crea una nueva institucionalidad que será la encargada de la
implementación de dicha Ley y de las medidas de reparación integral a víctimas
del conflicto armado interno.
Así, mediante la Ley 1448 de
2011, en los artículos 159 a 174, se adoptan disposiciones en relación con el
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que estará
conformada por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y
estatal en los órdenes nacional y territoriales y las demás organizaciones
públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas,
proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación
integral de las víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011.
El Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas, estará conformado por las siguientes entidades y
programas:
“En el orden nacional, por:
1. El Ministerio del Interior
y de Justicia
2. El Ministerio de Relaciones
Exteriores
3. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
4. El Ministerio de Defensa
Nacional
5. El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
6. El Ministerio de la
Protección Social
7. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
8. El Ministerio de Educación
Nacional
9. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
10. El Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
11. El Ministerio de Cultura
12. El Departamento Nacional
de Planeación
13. La Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional
14. La Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
15. La Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
16. La Fiscalía General de la
Nación
17. La Defensoría del Pueblo
18. La Registraduría Nacional
del Estado Civil
19. El Consejo Superior de la
Judicatura - Sala Administrativa
20. La Policía Nacional
21. El Servicio Nacional de
Aprendizaje
22. EI Instituto Colombiano de
Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior
23. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
24. El Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural
25. El Archivo General de la
Nación
26. El Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses
27. El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi
28. La Superintendencia de
Notariado y Registro
29. El Banco de Comercio
Exterior
30. El Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario
31. Las demás organizaciones
públicas o privadas que participen en las diferentes acciones de atención y
reparación en el marco de la presente ley.
32. La Mesa de Participación
de Víctimas del nivel nacional, de acuerdo al Título VIII.
En el orden territorial, por:
1. Por los Departamentos,
Distritos y Municipios
2. Por las entidades
descentralizadas funcionalmente o por servicios con funciones y competencias
para la atención y reparación a las víctimas a que se refiere esta ley.
3. Por la Mesa de
Participación de Víctimas del respectivo nivel, de acuerdo al Título VIII.
Y los siguientes programas:
1. Programa Presidencial de
Atención Integral contra minas antipersonal.
2. Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.”
En el artículo 161 se fijan los
objetivos del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas,
relacionados todos con la formulación e implementación de la política integral
de atención, asistencia y reparación a víctimas de la violencia.
El artículo 162 de la Ley 1448 de
2011 determina que el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas,
contará con dos instancias en el orden nacional: El Comité Ejecutivo para la
Atención y Reparación a las Víctimas el cual diseñará y adoptará la política
pública en materia de atención, asistencia y reparación a víctimas; y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
que será la encargada de coordinar la ejecución de la política pública. Así
mismo, se establece que en el orden territorial el Sistema contará con los
Comités Territoriales de Justicia Transicional, creados por los gobernadores y
alcaldes distritales y municipales.
El Comité Ejecutivo para la
Atención y Reparación a las Víctimas, de conformidad con el artículo 164,
estará integrado por:
“1. El Presidente de la
República, o su representante, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior y
de Justicia, o quien este delegue.
3. El Ministro de Hacienda y
Crédito Público, o quien este delegue.
4. El Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural, o quien este delegue.
5. El Director del
Departamento Nacional de Planeación, o quien este delegue.
6. El Director de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, o quien este
delegue.
7. El Director de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.”
Por su parte, el artículo 166 de la
Ley 1448 de 2011 crea la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación a las Víctimas, como una Unidad adscrita al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, mientras que sus funciones
están reguladas por el artículo 168 de la misma Ley, entre las cuales se
encuentra la coordinación de “las actuaciones de las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en lo que se
refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias de
coordinación señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y
en las demás normas que regulen la coordinación de políticas encaminadas a
satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas”.
Mediante el Decreto 4157 de 2011,
el Gobierno Nacional, con base en lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley
1448 de 2011, que creó la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación a las Víctimas, como adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República; el artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 que dispone
medidas para la transición institucional; el literal h) del artículo 18 de la
Ley 1444 de 2011 que otorga facultades al Presidente de la República para
determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales
descentralizadas; y con el fin de hacer coherente la organización y
funcionamiento de la administración pública; determinó cambiar la adscripción
de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, que es la entidad en la que se
transformó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional (Acción Social) mediante el Decreto 4155 de 2011.
En este contexto, el artículo 170
se refiere a la transición de la institucionalidad y dispone que “durante el
año siguiente a la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional deberá
hacer los ajustes institucionales que se requieran en las entidades y
organismos que actualmente cumplen funciones relacionadas con los temas objeto
de la presente Ley, con el fin de evitar duplicidad de funciones y garantizar
la continuidad en el servicio, sin que en ningún momento se afecte la atención
a las víctimas.” Esta norma dispone que “La Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional se transformará en un
departamento administrativo que se encargará de fijar las políticas, planes
generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a
las víctimas de las violaciones a las que se refiere el artículo 3o de la
presente Ley, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la
reintegración social y económica.” (Resalta la Sala)
El Gobierno Nacional, con base en
el inciso segundo del artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 y mediante el Decreto
4155 de noviembre 3 de 2011, “Por el cual se transforma la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción
Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y
se fija su objetivo y estructura”, transformó a Acción Social en el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el cual, de conformidad
con el artículo 2º de dicho Decreto, tendrá como objetivo “dentro del marco
de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación
de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de
territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la
atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración
social y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia a
las que se refiere el artículo 3o
de la Ley 1448 de 2011, las cuales desarrollará directamente o a través de sus
entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u
organismos competentes.” (Resalta la Sala)
El parágrafo de este artículo
establece que “Hasta tanto se adopte la estructura y la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a Víctimas, y se transforme la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional en Departamento Administrativo, esta
entidad, así como las demás que vienen cumpliendo estas funciones, continuarán
ejecutando las políticas de atención y reparación a las víctimas de que trata
la presente ley.” (Enfasis de la Sala)
El artículo 171 se refiere a la
transición de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyas
funciones y responsabilidades, establecidas en la Ley 975 de 2005, y demás
normas y decretos que la reglamenten, modifican o adicionan, asumirá la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro del año siguiente a la
expedición de la Ley 1448 de 2011.
Por consiguiente, y en
consideración a estas disposiciones, la Corte impartirá las órdenes de esta
sentencia al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en que se
transformó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social-, y a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas adscrita a dicha entidad, en su
calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las
Víctimas, de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y los Decretos 4155 y 4157 de
2011, antes mencionados.
4.2 Decreto 4800 de 2011
(i) El Decreto 4800 de
2011 reconoce que “la implementación del programa masivo de asistencia,
atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno
creado mediante la Ley 1448 de 2011, responde a la necesidad de reconocer los
abusos cometidos en el desarrollo del conflicto armado, mitigar el dolor
sufrido por las víctimas de las violaciones de que trata el artículo 3 de dicha
Ley, implementar una serie de medidas que sirvan a su vez para complementar los
procesos judiciales, y ofrecer oportunidades a las víctimas del conflicto
armado interno.” (Enfasis de la Sala)
Igualmente reitera el principio
de coherencia externa consagrado en el artículo 11 de la Ley 1448 de 2011, de
manera que consagra que “el programa masivo de asistencia, atención y
reparación integral a las víctimas deberá desarrollarse de manera
independiente, pero articulada con los demás esfuerzos estatales en materia de
verdad, justicia y reparación.”
Consagra también nuevamente el
principio de participación de las víctimas, al afirmar que “se hace
necesario crear las condiciones propicias para que las víctimas del
conflicto armado interno participen como ciudadanos de manera activa en la
recuperación y el ejercicio pleno de sus derechos políticos y económicos,
sociales y culturales, en la reconstrucción del tejido social y el
fortalecimiento de la institucionalidad del Gobierno Nacional encargada de
diseñar, ejecutar o implementar la política pública de atención, asistencia y
reparación a las víctimas de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.” (Enfasis fuera de texto)
(ii) El Título I contiene
las disposiciones generales, y el capítulo único determina el objeto y los
principios generales. Así, el objeto de este decreto, de conformidad con el
artículo 1º del mismo, es el establecimiento de los “mecanismos para la
adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011,
para la materialización de sus derechos constitucionales.”
En este aparte, se consagran los
diferentes enfoques de las medidas de asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas, de manera que se establecen los siguientes enfoques:
humanitario –art. 2-, de desarrollo humano y seguridad humana –art. 3-,  de
derechos –art.4-,  el enfoque transformador –art.5-, el enfoque de daño
–art.6-, el de diálogo social y verdad –art.7-. Así mismo, este Decreto en su artículo
8º reitera los principios de progresividad y gradualidad para una reparación
efectiva y eficaz consagrados en los artículos 17 y 18 de la ley 1448 de 2011;
el principio de información compartida y armonizada –art.9-;   el principio de
corresponsabilidad –art.10-, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 26
y 161, numeral 12, y 172 de la Ley 1448 de 2011; el principio de coordinación
entre las entidades nacionales y territoriales -art.11-, en los términos del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011;  el principio de concurrencia –art.12-; el
principio de complementariedad –art.13-; el principio de subsidiariedad –art.
14-; la búsqueda de reconciliación nacional –art.15-; entre otros.
En relación con el enfoque de
derechos, el artículo 4 establece que “Las disposiciones contenidas en el
presente Decreto tienen como finalidad el restablecimiento de los derechos
individuales y colectivos de las víctimas en los términos del artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011, vulnerados con ocasión del conflicto armado interno para el
ejercicio pleno y permanente de los mismos.”
En este decreto el Gobierno
reconoce el enfoque transformador –art.5- de las medidas de reparación
consagradas en el Decreto 4800 de 2011, de manera que estas medidas buscan “contribuir
a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que
contribuyeron a la victimización, bajo el entendido que transformando dichas
condiciones se evita la repetición de los hechos y se sientan las bases para la
reconciliación en el país.
El enfoque transformador
orienta las acciones y medidas contenidas en el presente Decreto hacia la profundización
de la democracia y el fortalecimiento de las capacidades de las personas,
comunidades e instituciones para su interrelación en el marco de la
recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo
las orienta a la recuperación o reconstrucción de un proyecto de vida digno y
estable de las víctimas.” (Resalta la Sala)
Acerca del enfoque de daño, el
artículo 6 del Decreto en mención establece que “Las medidas de atención,
asistencia, y reparación integral contenidas en el presente Decreto se
encuentran encaminadas a reducir y propenden por solventar los impactos
ocasionados por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o las
violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno, en los términos del artículo 3 de la Ley
1448 de 2011.” (Enfasis de la Sala)
En cuanto a la condición de
víctimas, el artículo 16 del Decreto reconoce que “es una situación
fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la
inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de
víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica
para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos
del artículo 3 de la ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento
para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar
los derechos constitucionales de las víctimas.
El Registro Único de Víctimas
incluirá a las víctimas individuales a las que se refiere el artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011 e incluirá un módulo destinado para los sujetos de reparación
colectiva en los términos de los artículos 151 y 152 de la misma Ley.”
(Negrillas fuera de texto)
(iii) El Título VI
del Decreto 4800 de 2011 trata sobre las medidas de asistencia y atención. El
capitulo I de este título se refiere a la asistencia en salud –arts. 87 a 90-. El capítulo II regula la asistencia en educación –arts. 91 a 96-. El capítulo III regula la asistencia funeraria –arts. 97 a 101-.
El capítulo IV trata sobre la
ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado
–arts. 102 a 105-, mientras que el capítulo V del Decreto regula lo
concerniente a la ayuda humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado
–arts. 106 a 120-, y en ellas se siguen los lineamientos consagrados en las disposiciones
de los artículos 47 a 68 de la Ley 1448 de 2011.
En referencia al título en
mención, esta Sala considera importante hacer una referencia más puntual con
respecto al mismo y su contenido, el cual es de vital importancia para el caso
que nos ocupa.
El capítulo I regula lo atinente
a la asistencia en salud: la afiliación de las víctimas al Sistema General de
Seguridad Social en Salud –art.87-; el protocolo de atención integral en salud
con enfoque psicosocial –art.88-; el cubrimiento del servicio de la atención en
salud –art.89-; el monitoreo y seguimiento de la atención en salud –art.90-.
El capítulo II está dedicado a la
asistencia en educación: al objetivo de las medidas en materia de educación
–art.91-; los lineamientos de la política –art.92-; la coordinación
Nación-Territorio –art.93-; regulación sobre la primera infancia –art.94-; la
educación superior –art.95-; educación superior –art.95-; la orientación
ocupacional y formación –art. 96-.
El capítulo III sobre asistencia
funeraria: a las familiares de las víctimas –art.97-; la unificación de
asistencia –art.98-; inhumación –art.99-; asistencia para los procesos de
entrega de cuerpos o restos –art.100-; la responsabilidad de las entidades
territoriales –art.101-.
El capítulo IV se refiere a la
ayuda humanitaria a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado
–arts.102 a 105-, mientras que por su parte el capítulo V se refiere a la ayuda
humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado.
Por la importancia para el
presente estudio de revisión de tutela, la Sala se referirá al título VI, mencionando
sus artículos 106  al 120, los cuales se refieren específicamente a la ayuda
humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado:
El artículo 106 menciona las
Entidades responsables de la ayuda humanitaria: “Las entidades
territoriales del orden municipal, sin perjuicio del principio de
subsidiariedad, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el
marco de las competencias asignadas por Ley, deben garantizar la entrega de
ayuda humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado, a través
de la implementación de parámetros de atención de acuerdo con las condiciones
de vulnerabilidad producto de la afectación del hecho victimizante y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar del mismo, en las etapas de urgencia,
emergencia y transición.
Parágrafo. La población
retornada o reubicada es sujeto de ayuda humanitaria una vez verificadas las
condiciones de vulnerabilidad con respecto al tiempo de arribo a lugar de
retorno y/o reubicación, determinando la etapa de atención correspondiente y la
asistencia a brindar.” (Resalta la Sala)
El artículo 107 define los
criterios de la ayuda humanitaria: “La entrega de esta ayuda se desarrolla
de acuerdo a los lineamientos de sostenibilidad, gradualidad, oportunidad,
aplicación del enfoque diferencial y la articulación de la oferta institucional
en el proceso de superación de la situación de emergencia.
La ayuda humanitaria será
destinada de forma exclusiva a mitigar la vulnerabilidad derivada del
desplazamiento, de manera tal que ésta complemente y no duplique la atención
que reciba la población víctima del desplazamiento forzado.” (Enfasis fuera
de texto)
El artículo 108 consagra la ayuda
humanitaria inmediata: “la entidad territorial receptora de la población
víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentación,
artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y
alojamiento transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción en el
Registro Único de Víctimas.
Adicionalmente, en las
ciudades y municipios que presenten altos índices de recepción de población
víctima del desplazamiento forzado, las entidades territoriales deben
implementar una estrategia masiva de alimentación y alojamiento que garantice
el acceso de la población a estos componentes, según la vulnerabilidad derivada
del desplazamiento forzado. Esta estrategia debe contemplar, como mínimo, los
siguientes mecanismos:
Asistencia Alimentaria:
alimentación en especie, auxilios monetarios, medios canjeables restringidos o
estrategias de comida servida garantizando los mínimos nutricionales de la
totalidad de los miembros del hogar.
Alojamiento Digno:
auxilios monetarios, convenios de alojamiento con particulares o construcción
de modalidades de alojamiento temporal con los mínimos de habitabilidad y
seguridad integral requeridos.” (Negrillas de la Corte)
El artículo 109 se refiere a la ayuda
humanitaria de emergencia: “la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a Víctimas, ya sea directamente o a
través de convenios que con ocasión a la entrega de estos componentes se
establezcan con organismos nacionales e internacionales, brindará los
componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina y alojamiento transitorio a la población incluida en el
Registro Único de Víctimas, cuyo hecho victimizante haya ocurrido dentro
del año previo a la declaración.” (Enfasis de la Sala)
El artículo 110 regula la
tasación de los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia y transición:
“Con el fin de establecer los componentes y montos a entregar en cada una de
las etapas descritas, se evaluará la situación particular de cada víctima y
su nivel de vulnerabilidad, producto de causas endógenas y exógenas al desplazamiento
forzado, según las siguientes variables:
Carácter de la afectación:
individual o colectiva.
Tipo de afectación: afectación
médica y psicológica, riesgo alimentario, riesgo habitacional.
Tiempo entre la ocurrencia del
hecho victimizante y la solicitud de la ayuda.
Análisis integral de la
composición del hogar, con enfoque diferencial.
Hechos victimizantes sufridos
además del desplazamiento forzado.
Una vez analizadas estas
variables, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas procederá a la programación y entrega de los
componentes de ayuda humanitaria, de acuerdo con las estrategias diseñadas para
este fin.” (Negrillas de la Corte)
El artículo 111 dispone los
montos de la ayuda humanitaria de emergencia y transición por grupo familiar: “En
atención al principio de proporcionalidad, la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación a las Víctimas destinará los recursos para cubrir
esta ayuda, teniendo en cuenta la etapa de atención, el tamaño y composición
del grupo familiar y el resultado del análisis del nivel de vulnerabilidad
producto del desplazamiento forzado, según los siguientes montos:
Para alojamiento transitorio,
asistencia alimentaria y elementos de aseo personal hasta una suma máxima
mensual equivalente a 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento del pago.
Para utensilios de cocina,
elementos de alojamiento, otorgados por una sola vez, hasta una suma máxima
mensual equivalente a 0.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento del pago.”
El artículo 112 regula lo
referente a la ayuda humanitaria de transición: “La ayuda humanitaria de
transición se brinda a la población víctima de desplazamiento incluida en el
Registro Único de Víctimas, cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término
superior a un año contado a partir de la declaración y que, previo análisis de
vulnerabilidad, evidencie la persistencia de carencias en los componentes de
alimentación y alojamiento como consecuencia del desplazamiento forzado. Esta
ayuda cubre los componentes de alimentación, artículos de aseo y alojamiento
temporal.
Cuando el evento de
desplazamiento forzado haya ocurrido en un término igual o superior a diez (10)
años antes de la solicitud, se entenderá que la situación de emergencia en que
pueda encontrarse el solicitante de ayuda humanitaria no está directamente
relacionada con el desplazamiento forzado, razón por la cual estas solicitudes
serán remitidas a la oferta disponible para la estabilización socioeconómica,
salvo en casos de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta derivada de
aspectos relacionados con grupo etario, situación de discapacidad y composición
del hogar, según los criterios que determine la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.” (Enfasis de la
Sala)
El artículo 113 consagra el desarrollo
de la oferta en la etapa de transición: “La oferta de alimentación y
alojamiento digno para hogares víctimas del desplazamiento forzado se
desarrolla teniendo en cuenta criterios de temporalidad, la vulnerabilidad
derivada del desplazamiento forzado y las condiciones de superación de la
situación de emergencia de los hogares. Su implementación es responsabilidad
conjunta de las entidades territoriales y de la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el caso de la oferta
de alojamiento, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de
la oferta de alimentación.
Parágrafo 1. La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
debe implementar un sistema para identificar casos de extrema vulnerabilidad,
con el fin de garantizar a éstos acceso prioritario y permanencia en la oferta
de alimentación y alojamiento.
Parágrafo 2. Los programas
desarrollados en el marco de la oferta de alimentación y alojamiento deben
contar con un mecanismo de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los
programas y a las condiciones de nutrición y habitabilidad básicas que deben
cumplir los hogares destinatarios para permanecer en estos programas.”
(Negrillas fuera de texto)
El artículo 114 determina los
responsables de la oferta de alimentación en la transición: “El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar debe implementar en un plazo máximo de tres
meses un programa único de alimentación para los hogares en situación de
desplazamiento que continúan presentando niveles de vulnerabilidad relativos a
este componente y no han logrado suplir dicha necesidad a través de sus propios
medios o de su participación en el sistema de protección social, y para grupos
especiales que por su alto nivel de vulnerabilidad requieren de este apoyo de
manera temporal.
La Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas es responsable de la
recepción, caracterización y remisión de las solicitudes realizadas por la
población al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como de brindar
acompañamiento técnico al Instituto en el desarrollo y seguimiento al programa.”
El artículo 115 consagra los
componentes de la oferta de alimentación: “El programa que se desarrolle
para este fin debe garantizar el acceso de la población destinataria a los
siguientes componentes:
Entrega de alimentos según la
composición del grupo familiar, para lo cual el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar debe diseñar una estrategia que garantice una adecuada
distribución, con enfoque diferencial.
Seguimiento a los hogares, con
el fin de evaluar al estado de nutrición de sus miembros, en especial de
aquellos de mayor vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores,
madres gestantes y lactantes y personas con discapacidad.
Desarrollo de estrategias de
orientación y fortalecimiento de hábitos alimenticios dentro del hogar.”
El artículo 116 determina los
responsables de la oferta de alojamiento digno en la transición: “La
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas y
las entidades territoriales deben implementar un programa de alojamiento
temporal en condiciones dignas para los hogares víctimas del desplazamiento
forzado cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año
contado a partir de la declaración, que no cuenten con una solución de vivienda
definitiva.
La duración del programa de
alojamiento será de hasta dos (2) años por hogar, con evaluaciones periódicas
dirigidas a identificar si persisten las condiciones de vulnerabilidad y si el
hogar necesita seguir contando con este apoyo.
Al momento de iniciar la
atención del hogar en este programa, se remitirá la información al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio para iniciar los trámites correspondientes al
acceso a vivienda urbana, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en
los casos de vivienda rural, para que en un plazo no mayor a un (1) año vincule
a los hogares víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011,
en los programas establecidos para el acceso a soluciones de vivienda.
Los hogares que cuenten con un
subsidio de vivienda asignado no aplicado al momento de solicitar la oferta de
alojamiento digno en la transición sólo podrán ser destinatarios de esta oferta
hasta por un (1) año.
Parágrafo 1. La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas
desarrollará programas de prevención de violencia sexual, intrafamiliar y
maltrato infantil dirigidas a las familias beneficiarias de la oferta de
alojamiento, así como mecanismos de atención y respuesta integral conforme a la
ley 1257 de 2008, la ley 1098 de 2006 y otras aplicables a la materia.
Parágrafo 2. Las entidades
territoriales, a partir de los lineamientos establecidos por la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, deben
diseñar estrategias y mecanismos orientados a:
Garantizar el acceso efectivo
y oportuno de la población en situación de desplazamiento a alternativas de
alojamiento temporal en condiciones dignas.
Realizar el seguimiento a las
condiciones de habitabilidad de los hogares beneficiados por el programa.”
El artículo 117 se refiere a la
superación de la situación de emergencia: “Con base en la información
recopilada a través de la Red Nacional de Información, se evaluará el acceso
efectivo del hogar a los componentes de alimentación, alojamiento temporal,
salud, y educación, a través de alguna de las siguientes fuentes:
Participación del hogar de los
programas sociales orientados a satisfacer las necesidades relativas a estos
componentes.
Participación del hogar en
programas sociales orientados al fortalecimiento de las capacidades de autosostenimiento
del hogar.
Participación del hogar en
procesos de retorno o reubicación y acceso a los incentivos que el gobierno
diseñe para estos fines.
Generación de un ingreso
propio que le permite al hogar suplir de manera autónoma estos componentes.
Participación del hogar en
programas de empleo dirigidos a las víctimas.
Una vez se establezca que
el hogar cuenta con acceso a los componentes de alimentación, alojamiento
temporal, salud y educación a través de alguna de las fuentes mencionadas, se
considerará superada la situación de emergencia producto del desplazamiento
forzado y se realizarán las remisiones correspondientes para garantizar el
acceso a los demás componentes de la atención integral, con el fin de avanzar
en la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.”
(Enfasis de la Corte)
El artículo 118 regula lo
referente a la complementariedad del principio de participación conjunta: “A
través de las estrategias de seguimiento que diseñe el Gobierno Nacional, se
realizará una actualización periódica del acceso y permanencia de la población
desplazada a la oferta disponible para garantizar su subsistencia mínima. De
evidenciarse el retiro voluntario e injustificado del hogar de los programas a
los que se encuentre vinculado que contribuyan a mitigar las necesidades
relativas a estos componentes, se entenderá que el hogar no requiere de este
apoyo y por lo tanto se evaluará en cada caso particular la superación o no de
la situación de emergencia.”
El artículo 119 determina la
ayuda humanitaria en caso de división del grupo familiar: “Cuando se efectúe
la división de grupos familiares inscritos en el Registro Único de Víctimas, se
mantendrá el monto de la ayuda humanitaria que el grupo inicial venía
recibiendo y seguirá siendo entregado al jefe de hogar que había sido
reportado,
Parágrafo. En aquellos grupos
familiares cuya división obedezca al abandono por parte del jefe del hogar y se
requiere la protección de los niños, niñas y adolescentes o es producto de
violencia intrafamiliar, dichos hogares recibirán de manera separada la ayuda
humanitaria correspondiente, de manera proporcional según la conformación del
grupo familiar.
Para tal efecto, la persona
deberá acreditar de manera sumaria dicha situación. La Unidad Administrativa
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas podrá solicitar al
Defensor de Familia o al Comisario de Familia correspondiente, la información
que le permita realizar la entrega separada de la citada ayuda humanitaria.”
El artículo 120 se refiere al
apoyo a los procesos de retomo y/o reubicación individuales: “Para los
procesos de retornos y reubicaciones individuales, se otorgarán los siguientes
componentes por una sola vez, conforme los criterios que determine la Unidad:
1, Transporte para traslado de
personas y/o gastos de viaje: por cada núcleo familiar se otorgará un apoyo
económico cuyo monto máximo equivale a cero punto cinco (0,5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento del pago.
2. Transporte de enseres: Por
cada núcleo familiar se otorgará un apoyo económico cuyo monto máximo equivale
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento del pago.
Una vez se confirme el retorno
del hogar a su lugar de residencia, se procederá a realizar la respectiva
remisión al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el acceso del hogar
al programa de alimentación para hogares desplazados, siempre y cuando, a la
luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, se evidencien niveles de vulnerabilidad
relativos a este componente.
Para aquellos hogares
retornados y/o reubicados de manera individual que no cuenten con una solución
de vivienda, se procederá a realizar la remisión a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas para su inclusión en
el programa masivo de alojamiento, y la remisión del hogar al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio para vivienda urbana y al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para vivienda rural.”
IV. RESOLUCION DE LOS CASOS EN
CONCRETO
Para resolver los casos en
concreto esta Sala expondrá (i) la información y pruebas sobre los casos en
concreto; (ii) las conclusiones sobre las reglas jurisprudenciales en materia
de ayuda humanitaria de emergencia; (iii) el nuevo marco jurídico institucional
de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto
4800 de 2011; y (iii) las conclusiones de la Sala en cuanto a la vulneración
del derecho a la ayuda humanitaria de emergencia en los casos en concreto.
1. Información y pruebas de los
casos en concreto
1.) T-2.560.834, demandante Ilda
Rosa Arévalo, según las pruebas allegadas con la demanda en este núcleo
familiar la accionante es una mujer cabeza de familia y tiene a su cargo tres
(3) menores de edad.  De otra parte, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la
accionante se encuentra incluida en el Registro Único para Población
Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de Atención a
Población Desplazada-SAPD por valor de $1.290.000, ha sido beneficiaria de un
subsidio de vivienda de interés social por valor de $10.200.000 y del programa
de Familias en Acción recibió un total de $120.000.  Así mismo, la Oficina
Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió ayuda
humanitaria en diversas oportunidades (20-06-00; 31-01-05; 20-11-09; 16-03-10),
presentó derecho de petición el 28-07-09, al cual se le dio respuesta el
28-07-09 y otro el 21-05-10, al cual e le dio respuesta el 03-06-10,  que la
demandante se beneficia del servicio de salud en el régimen subsidiado y en
cuyo hogar hay un (1) adulto mayor.
2.) T-2.560.833, demandante
Manuela Charris Guerrero, según las pruebas allegadas con la demanda en este
núcleo familiar la accionante es una mujer cabeza de familia. Sin embargo, en
sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante no se encuentra incluida
en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, al no cumplir con las
condiciones contempladas en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997.
3.) T-2.560.828, demandante
Carmen Manuela Pertúz, según las pruebas allegadas con la demanda en este
núcleo familiar la accionante es una mujer cabeza de familia. Sin embargo, en
sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante no se encuentra incluida
en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, al no cumplir con las
condiciones contempladas en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997.
4.) T-2.560.829, demandante
Víctor Alfonso Rodríguez, según las pruebas allegadas en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que el accionante se encuentra incluido en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $614.000.  Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que el accionante recibió
ayuda humanitaria el 05-02-09.
5.) T-2.555.505, demandante
Nicolás de Jesús Atehortua Noreña, según las pruebas allegadas en sede de
revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que el accionante se encuentra incluido en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $1.576.000, y por  parte del
programa Familias en Acción un valor de $120.000.  Así mismo, la Oficina
Jurídica de la entidad demandada informó que el accionante recibió ayuda
humanitaria el 23-04-09, presentó derecho de petición el 25-11-08, al cual se
le dio respuesta el 23-06-09, también afirmó que el demandante se beneficia del
servicio de salud dentro del régimen contributivo, como de los programas de
albergue para adulto mayor y vivienda de interés social; en cuyo hogar hay dos
(2) menores de edad, tres (3) mujeres y un (1) adulto mayor.
6.) T-2.555.506, demandante
Blanca Oliva Quiceno, según las pruebas allegadas con la demanda en este núcleo
familiar la accionante es una mujer cabeza de familia.  De otra parte, en sede
de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante se encuentra incluida en
el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por
parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de
$1.275.000, ha sido beneficiaria del programa de Familias en Acción por un
monto de $450.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada
informó que la accionante recibió ayuda humanitaria en diversas oportunidades
(22-08-05; 16-06-06; 20-17-07-09), presentó derecho de petición el 20-04-10,
sin fecha de respuesta, que la demandante se beneficia del servicio de salud
dentro del régimen subsidiado, del programa de vivienda de interés social por
valor $8.568.000, del servicio público de empleo, de la red de seguridad
alimentaria- RESA y en cuyo hogar hay un (1) menor de edad y dos (2) mujeres.
7.) T-2.555.502, demandante
William Rios Restrepo, según las pruebas allegadas en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que el accionante se encuentra incluido en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $1.710.000, ha sido
beneficiario del programa de Familias en Acción por un monto de $120.000.  Así
mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que el accionante
recibió ayuda humanitaria en dos (2) oportunidades (07-07-09; 15-12-09),
presentó derecho de petición el 04-11-10, cuyas repuestas se emitieron el
23-02-10 y el 09-06-10, que el demandante se beneficia del servicio de salud
dentro del régimen subsidiado, del programa de generación de ingresos y de la
red de seguridad alimentaria- RESA y en cuyo hogar hay un (1) menor de edad y
una (1) mujer.
8.) T-2.552.838, demandante Cesar
Joaquín Guzmán, según las pruebas allegadas en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que el
accionante se encuentra incluido en el Registro Único para Población
Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de Atención a
Población Desplazada-SAPD por valor de $700.000, ha sido beneficiario del
programa de atención inicial de generación de ingresos por valor de
$1.590.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que
el accionante recibió ayuda humanitaria en diversas oportunidades (01-01-00;
19-04-06; 30-11-06; 20-06-07; 13-12-07; 21-05-08), que se beneficia del
servicio de salud dentro del régimen contributivo, del programa de servicio
público de empleo, y en cuyo hogar hay dos (2) mujeres.
9.) T-2.552.840, demandante
Federico Arias Calderón, según las pruebas allegadas con la demanda el
accionante presentó derecho de petición el 15-04-09, sin fecha de respuesta.
Ahora bien, en sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, informó que el accionante se encuentra
incluido en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD y ha recibido
atención por parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD por
valor de $1.576.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada
informó que el accionante recibió ayuda humanitaria en dos (2) oportunidades
(10-12-08 y 24-12-08), que se beneficia del servicio de salud en el régimen
subsidiado, del programa de servicio público de empleo, del programa de
acompañamiento juntos, del programa de familias en acción, de un subsidio de
vivienda de interés social, del programa de formación para población desplazada
y en cuyo hogar hay dos (2) menores de edad y tres (3) mujeres.
10.) T-2.552.824, demandante
Ángel María Rada Vargas, según las pruebas allegadas en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que el accionante se encuentra incluido en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $2.940.000, se ha beneficiado
del programa de atención inicial de generación de ingresos por valor de
$1.600.000 y Familias en Acción por un total de $2.385.000.  Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que el accionante recibió
ayuda humanitaria en diversas oportunidades (22-06-00; 08-10-09; 03-03-10), que
el demandante presentó derecho de petición el 06-08-09, cuya respuesta se dio
el 03-03-10, que se beneficia del servicio de salud en el régimen subsidiado,
del programa de vivienda de interés social por un valor de $11.537.500; en cuyo
hogar hay dos (2) menores de edad y cuatro (4) mujeres.
11.) T-2.552.825, demandante
Rosmery Pacheco, según las pruebas allegadas con la demanda se verifica que la
accionante es una mujer cabeza de familia, quien presentó derecho de petición,
sin embargo la fecha de presentación del mismo es ilegible.  Ahora bien, en
sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante no ha recibido ningún
tipo de ayuda.  No obstante, la Oficina Jurídica de la entidad demandada
informó que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único para
Población Desplazada-RUPD y en consecuencia, recibió ayuda humanitaria en dos
oportunidades (02-01-00; 22-01-02), que se beneficia del servicio de salud
subsidiado, del programa de vivienda de interés social por un valor de
$7.977.624; en cuyo hogar hay dos (2) menores de edad y tres (3) mujeres.
12.) T-2.552.836, demandante
Yajaira Sofía Acuña, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante es
una mujer cabeza de familia, quien presentó derecho de petición el 30-10-08,
sin fecha de respuesta.  Ahora bien, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la
accionante no ha recibido ningún tipo de atención.  De otra parte,  la Oficina
Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante se encuentra incluida
en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, se encuentra disfrutando
del servicio de atención en salud en la Nueva E.P.S. S.A., participa del
programa Familias en Acción, de la formación para población desplazada en el
SENA, de un subsidio para vivienda de interés social, matricula del sector
oficial y del programa de generación de ingresos por valor de $1.172.000; en
cuyo hogar hay tres (3) menores de edad y cuatro (4) mujeres.
13.)   T-2.552.826, demandante
Claribet de los Angeles Pertuz, según las pruebas allegadas con la demanda la
accionante es una mujer cabeza de familia.  De otra parte, en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $2.281.000, ha sido
beneficiaria de los Programas de Atención inicial de Generación de Ingresos por
un total de $1.600.000 y Generación de Ingresos por $1.329.330, así como del
programa de Familias en Acción por un valor $3.205.000.  De otra parte, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió
ayuda humanitaria en diversas oportunidades (31-10-05; 15-10-05-; 14-11-08;
30-12-08; 29-12-09), que  se beneficia del servicio de salud en el régimen
subsidiado y del programa de acompañamiento psicosocial y orientación; en cuyo
hogar hay dos (2) mujeres y un (1) adulto mayor.
14.) T-2.552.823, demandante
Leidis Yomiris Blanco, según las pruebas allegadas con la demanda en este
núcleo familiar la accionante es una mujer cabeza de familia.  De otra parte,
en sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población
Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante se encuentra incluida en
el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha sido beneficiaria del
programa de atención inicial de generación de ingresos por un valor de $1.696.000
y del programa de Familias en Acción por un total de $2.285.000.  Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante se beneficia
del servicio de salud en el régimen subsidiado y de acompañamiento psicosocial
y JUNTOS; en cuyo hogar hay cuatro (4) menores de edad y cuatro (4) mujeres.
15.) T-2.552.827, demandante
Nuris Esther Moscote, según las pruebas allegadas con la demanda en este núcleo
familiar la accionante es una mujer cabeza de familia, quien elevó derecho de
petición, aunque su fecha de presentación es ilegible.  De igual manera, en
sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante se encuentra incluida en
el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por
parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $300.000
y del programa Familias en Acción por un valor de $1.860.000.   Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió
ayuda humanitaria en diversas oportunidades (02-01-00; 09-07-02; 09-08-02;
16-09-02; 12-09-02; 15-07-03), que la demandante se beneficia del servicio de
salud en el régimen subsidiado y en cuyo hogar hay dos (2) menores de edad y
dos (2) mujeres.
16.) T-2.552.832, demandante Adalberto
Jiménez Patiño, según las pruebas allegadas en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que el
accionante se encuentra incluido en el Registro Único para Población
Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de Atención a
Población Desplazada-SAPD y del programa de atención inicial de generación de
ingresos por un total de $1.382.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la
entidad demandada informó que el accionante recibió ayuda humanitaria en diversas
oportunidades (15-12-04; 23-12-04; 01-07-09; 23-10-09), que el demandante se
beneficia del servicio de formación para población desplazada, del servicio
público de aprendizaje y del programa de familias en acción; en cuyo hogar hay
seis (6) menores de edad y cinco (5) mujeres.
17.) T-2.552.828, demandante
Nancira Quintero, según las pruebas allegadas con la demanda  la  accionante es
cabeza de su núcleo familiar, quien elevó derecho de petición el 30-10-08.  De
otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la accionante se encuentra
incluida en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido
atención por parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD por un
valor de $588.000, del programa de atención inicial de generación de ingresos
por un monto de $1.600.000 y del programa de familias en acción.  Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que el accionante recibió
ayuda humanitaria en diversas oportunidades (30-08-02; 01-04-03; 05-05-03;
11-08-03; 11-04-05; 24-05-10), quien elevó derechos de petición el 12-02-10 y
el 18-03-10, a los cuales se les dio respuesta el 05-04-10 y el 26-04-10, que
la demandante es beneficiaria del sistema de de salud en el régimen subsidiado;
en cuyo hogar hay un (1) menor de edad y dos (2) mujeres.
18.) T-2.552.833, demandante
Elvia Rojas Lima, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante es
la cabeza de su núcleo familiar, quien presentó derecho de petición el
26-06-09.  De otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de
Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la accionante
se encuentra incluida en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha
recibido atención por parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD
por valor de $1.240.000, un subsidio para vivienda de interés social por un
monto de $8.950.000 y del programa familias en acción por $2.481.000.  Así
mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante
recibió ayuda humanitaria en dos (2) oportunidades (13-12-07; 20-01-10), que
presentó derecho de petición el 16-12-09, al cual se le dio respuesta en dos
oportunidades el 08 y el 09-06-10, quien se beneficia del servicio de salud
dentro del régimen subsidiado, del servicio público de empleo y del programa de
formación para población desplazada; en cuyo hogar hay cuatro (4) menores de
edad y cuatro (4) mujeres.
19.) T-2.552.834, demandante Abel
Antonio Terraza, según las pruebas allegadas con la demanda el accionante elevó
derecho de petición el 26-06-09, en cuyo núcleo familiar hay tres (3) menores
de edad y una (1) mujer.  Sin embargo, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que el
accionante no se encuentra acreditado en el Registro Único para Población
Desplazada-RUPD.
20.) T-2.552.829, demandante
Magalis Ester Tobías, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante
es la cabeza de su núcleo familiar, quien presentó derecho de petición, sin que
reporte fecha de recibido.  De otra parte, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la
accionante se encuentra incluida en el Registro Único para Población
Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de Atención a
Población Desplazada-SAPD por valor de $2.070.000, del programa de atención
inicial de generación de ingresos por un monto de $2.765.679 y del programa
familias en acción por $1.000.000. Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad
demandada informó que la accionante recibió ayuda humanitaria en varias
oportunidades (06-04-05; 14-03-06; 19-01-10), quien se beneficia del servicio
de salud dentro del régimen subsidiado, del programa de formación para
población desplazada, del servicio público de empleo y de la red de seguridad
alimentaria –RESA; en cuyo hogar hay seis (6) mujeres.
21.) T-2.545.429, demandante
Emperatriz Concepción Torres, según las pruebas allegadas con la demanda la
accionante es la cabeza de su núcleo familiar, quien elevó derecho de petición
cuya fecha de presentación es ilegible.  De otra parte, en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $1.770. 000, del programa de
atención inicial de generación de ingresos  por un monto de $ 1.097.439.  Así
mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante
recibió ayuda humanitaria en varias oportunidades (09-07-02; 06-09-02;
28-11-02; 23-12-02; 15-07-08; 06-02-09; 16-09-09), que presentó derecho de
petición el 21-04-08, al cual se le dio respuesta en dos oportunidades el
17-05-08  y el  09-06-10, quien se beneficia del servicio de salud dentro del
régimen contributivo, del programa de adulto mayor del fondo de solidaridad
pensional por valor de $225.000, del servicio público de empleo, del programa
de acompañamiento psicosocial y del programa de familias en acción; en cuyo
hogar hay cinco (5) menores de edad, cinco (5) mujeres, un (1) adulto mayor y
una (1) persona con discapacidad.
22.) T-2.552.831, demandante
María Eusevia Cortés, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante
es la cabeza de su núcleo familiar, quien presentó derecho de petición el 5 de
agosto de 2009.  De otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de
Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la accionante
se encuentra incluida en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha
recibido atención por parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD
por valor de $975.000, del programa de atención inicial de generación de
ingresos  por un monto de $1.600.000 y del programa familias en acción por
valor de $1.735.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada
informó que la accionante recibió ayuda humanitaria el 27-11-09, quien se
beneficia del servicio de salud dentro del régimen subsidiado, del programa de
servicio público de empleo, y de la formación para población desplazada; en
cuyo hogar hay tres (3) menores de edad y cinco (5) mujeres.
23.) T-2.552.821, demandante
Nancy Beatriz Arenas, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante
es la cabeza de su núcleo familiar, quien presentó derecho de petición el 30 de
octubre de 2008.  De otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de
Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la accionante
se encuentra incluida en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha
recibido atención por parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD
por valor de $1.770.000, del programa de atención inicial de generación de
ingresos  por un monto de $1.582.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la
entidad demandada informó que la accionante recibió ayuda humanitaria en varias
oportunidades (01-07-03; 15-07-03; 06-08-03; 09-09-03), quien presentara
derechos de petición el 06-01-10 y el 01-03-10, con una respuesta registrada el
04-05-10, que se beneficia del servicio de salud dentro del régimen subsidiado,
del programa de servicio público de empleo, de la red de seguridad alimentaria
–RESA, de un subsidio de vivienda de interés social por monto de $11.537.500 y
del programa familias en acción por valor de $5.500.000; en cuyo hogar hay seis
(6) menores de edad y cinco (5) mujeres.
24.) T-2.548.293, demandante José
de Jesús Cervantes, según las pruebas allegadas con la demanda el accionante
presentó derecho de petición; sin embargo, la fecha de presentación del mismo
es ilegible, núcleo familiar en el que hay dos (2) menores de edad.  De otra
parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población
Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que el accionante se encuentra incluido en
el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por
parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de
$975.000, del programa de atención inicial de generación de ingresos  por un
monto de $1.596.000 y del programa de familias en acción por valor de
$1.000.000.  No obstante, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó
que el accionante no está incluido en el RUPD, pero que ha recibido ayuda
humanitaria en diversas oportunidades (27-02-07; 21-02-07; 13-03-07; 12-04-07;
23-12-09), quien presentó derecho de petición el 04-03-10, con respuesta del
17-04-10 y del 09-06-10, quien se beneficia del servicio de salud dentro del
régimen subsidiado, del programa de servicio público de empleo, y del programa
de acompañamiento familiar JUNTOS; en cuyo hogar hay un (1) menor de edad.
25.) T-552.830, demandante
Rosiris María Díaz Narváez, según las pruebas allegadas con la demanda la
accionante es la cabeza de su núcleo familiar, quien elevó derecho de petición
con fecha de presentación ilegible.  De otra parte, en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único para
Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $1.980.000.  Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió
ayuda humanitaria en varias oportunidades (18-03-05; 21-06-06; 01-02-10), que
se beneficia del servicio de salud dentro del régimen subsidiado, de matrícula
del sector oficial, de la red de seguridad alimentaria-RESA y del programa de
servicio público de empleo; en cuyo hogar hay dos (2) menores de edad y tres
(3) mujeres.
26.) T-2.552.839, demandante
Tomasa de Jesús Pineda, según las pruebas allegadas con la demanda la
accionante es la cabeza de su núcleo familiar, quien presentó derecho de petición
el 15 de abril de 2009.  De otra parte, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la
accionante se encuentra incluida en el Registro Único para Población
Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de Atención a
Población Desplazada-SAPD por valor de $975. 000 y el 30-12-09 recibió ayuda
humanitaria.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó
que la accionante se beneficia del servicio de salud dentro del régimen
subsidiado; en cuyo hogar hay dos (2) menores de edad, dos (2) mujeres y tres
(3) afrodescendientes.
27.) T-2.552.837, demandante Ana
Avelina Isabel Madera, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante
es la cabeza de su núcleo familiar, en donde hay un (1) menor de edad y quien
presentó derecho de petición el 26 de junio de 2009.  De otra parte, en sede de
revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante se encuentra incluida en
el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido un subsidio para
vivienda de interés social por valor de $10.842.500.  Así mismo, la Oficina
Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió ayuda
humanitaria en distintas oportunidades (21-07-04; 26-07-04; 30-04-10), quien
presentó derecho de petición el 24-03-10, sin fecha de respuesta, quien se hace
parte del servicio de salud dentro del régimen contributivo, de la red de
seguridad alimentaria –RESA; en cuyo hogar hay dos (2) mujeres.
28.) T-2.552.835, demandante
Jesús Antonio Chinchilla, según las pruebas allegadas con la demanda el
accionante elevó derecho de petición cuya fecha de presentación es ilegible.
De otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, informó que el accionante se encuentra
incluido en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido
atención por parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD por
valor de $630. 000 y por el programa de atención inicial de generación de ingresos
$1.400.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que
el accionante ha recibido ayuda humanitaria en diversas oportunidades
(24-04-06; 16-05-06; 26-05-06; 23-06-06 y 06-07-09), con una entrega pendiente,
que se beneficia del servicio de salud dentro del régimen contributivo, del
programa de formación para población desplazada, del programa jóvenes rurales,
del programa de acompañamiento psicosocial y orientación; en cuyo hogar hay una
(1) mujer y dos (2) afrodescendientes.
29.) T-2.560.839, demandante
Yomar de Jesús Manotas, según las pruebas allegadas con la demanda el
accionante elevó derecho de petición con fecha de presentación ilegible.  De
otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, informó que el accionante se encuentra
incluido en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido
atención por parte del programa de familias en acción por valor de $1.520.000.
Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que el
accionante se beneficia del servicio de salud dentro del régimen subsidiado y
del Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA; en cuyo hogar hay un (1) menor de
edad y una (1) mujer.
30.) T-2.560.827, demandante
Maykol García Pastor, según las pruebas allegadas con la demanda el accionante
elevó derecho de petición, sin embargo la fecha de la presentación está
superpuesta.   De otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de
Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que el accionante
se encuentra incluido en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha
recibido atención por parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD
por valor de $1.460.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad
demandada informó que el accionante recibió ayuda humanitaria el 27-07-07, se
beneficia del servicio de salud dentro del régimen subsidiado; en cuyo hogar
hay cuatro (4) mujeres.
31.)
T-2.560.836, demandante
Augusto Rafael Meza, según las pruebas allegadas con la demanda el accionante
elevó derecho de petición, sin embargo la fecha de la presentación es ilegible,
núcleo familiar en el que hay tres (3) menores de edad.   De otra parte, en
sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que el accionante se encuentra incluido en
el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por
parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de
$300.000, un subsidio de vivienda de interés social por valor de $8.950.000;
así como del programa de atención inicial de generación de ingresos por monto
de $967.439 y del programa de familias en acción por $960.000.  Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que el accionante recibió
ayuda humanitaria en varias oportunidades (26-06-02; 23-10-02; 18-01-05;
14-03-06), se beneficia del servicio de salud dentro del régimen contributivo,
del programa de formación para población desplazada, del servicio público de
empleo y del programa de acompañamiento JUNTOS; en cuyo hogar hay un (1) menor
de edad, una (1) persona discapacitada, cuatro (4) mujeres y el jefe del hogar
se encuentra desempleado.
32.)   T-2.560.822, demandante
Ángela Rosa Narváez, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante
es una mujer cabeza de familia, quien elevó derecho de petición cuya fecha de
presentación de encuentra superpuesta.   De otra parte, en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $1.980.000, del programa de
atención inicial de generación de ingresos por valor de $1.122.000.  Así mismo,
la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió
ayuda humanitaria en varias oportunidades (10-02-05; 18-03-05; 20-03-07;
07-06-07; 21-06-07; 08-09-09), se beneficia del servicio de salud dentro del
régimen subsidiado, del programa de familias en acción; en cuyo hogar hay seis
(6) menores de edad, cinco (5) mujeres, tres (3) indígenas, tres (3)
afrodescendientes y un (1) adulto mayor.
33.)   T-2.560.826, demandante
Denis Mercedes Padilla, según las pruebas allegadas con la demanda la
accionante es una mujer cabeza de familia, quien elevó derecho de petición cuya
fecha de presentación se encuentra superpuesta.   De otra parte, en sede de
revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante se encuentra incluida en
el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por
parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de
$2.070.000, del programa de atención inicial de generación de ingresos por
valor de $2.765.679 y del programa de familias en acción por un total de
$1.000.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que
la accionante recibió ayuda humanitaria en varias oportunidades (15-04-03;
06-05-03; 12-07-07; 07-12-09), se beneficia del servicio de salud dentro del
régimen contributivo en SOLSALUD EPS, del programa de acompañamiento
psicosocial; en cuyo hogar hay cuatro (4) menores de edad y tres (3) mujeres.
34.) T-2.560.824, demandante
Doris Esther Bravo, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante es
una mujer cabeza de familia, quien elevó derecho de petición el 15 de abril de
2009, hogar dentro del cual hay un (1) menor de edad.   De otra parte, en sede
de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional-Acción Social, informó que la accionante no ha recibido ningún
tipo de atención.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada
informó que la accionante recibió ayuda humanitaria en varias oportunidades
(02-04-01; 02-05-01; 02-06-01), se beneficia del servicio de salud dentro del
régimen subsidiado, del programa de familias en acción; en cuyo hogar hay dos
(2) mujeres.
35.) T-2.560.825, demandante
Evangelina Barreto, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante es
una mujer cabeza de familia, quien presentó derecho de petición  el 26 de junio
de 2009.   De otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de
Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la accionante
se encuentra incluida en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, ha
recibido atención por parte del Sistema de Atención a Población Desplazada-SAPD
por valor de $1.770.000, un subsidio para vivienda de interés social por valor
de $8.950.000 y del programa de familias en acción  por un monto de $735.000.
Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la
accionante recibió ayuda humanitaria el 07-12-09, quien presentó derecho de
petición el 16-06-09 al cual se dio respuesta en dos oportunidades el 19-09-09
y el 09-06-10, se beneficia del servicio de salud dentro del régimen subsidiado;
en cuyo hogar hay dos (2) menores de edad y dos (2) mujeres.
36.)   T-2.560.838, demandante
Janeth Ismelda Rivera, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante
es una mujer cabeza de familia, quien elevó derecho de petición cuya fecha de presentación
de encuentra superpuesta.   De otra parte, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la
accionante se encuentra incluida en el Registro Único para Población
Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de Atención a
Población Desplazada-SAPD por valor de $2.940.000, de los programas de atención
inicial de generación de ingresos por valor de $1.602.066 y de generación de
ingresos por monto de $1.594.710 y del programa de familias en acción por un
total de $315.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada
informó que la accionante recibió ayuda humanitaria en varias oportunidades
(15-09-03; 08-09-08; 03-12-09), se beneficia del servicio de salud dentro del
régimen subsidiado, de la red de seguridad alimentaria – RESA, del programa de
formación para población desplazada y del servicio público de empleo; en cuyo
hogar hay seis (6) menores de edad y ocho (8) mujeres.
37.)   T-2.560.823, demandante
Ana Matilde Carpintero, según las pruebas allegadas con la demanda la
accionante es una mujer cabeza de familia, quien elevó derecho de petición cuya
fecha de presentación es ilegible.   De otra parte, en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $8.555.000, de los programas
de atención inicial de generación de ingresos por valor de $1.600.000 y del
programa de familias en acción por valor de $120.000. Así mismo, la Oficina
Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió ayuda
humanitaria el 18-01-10, se beneficia del servicio de salud dentro del régimen
subsidiad; en cuyo hogar hay cuatro (4) menores de edad y cuatro (4) mujeres.
38.)   T-2.560.832, demandante
Candelaria Polanco, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante es
una mujer cabeza de familia, quien elevó derecho de petición cuya fecha de
presentación se encuentra superpuesta.   De otra parte, en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único
para Población Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de
Atención a Población Desplazada-SAPD por valor de $1.920.000 y del programa de
atención inicial de generación de ingresos por valor de $337.800.  Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió
ayuda humanitaria en varias oportunidades (21-01-05; 14-11-05;14-11-06;
04-11-09), quien presentó derecho de petición el 04-02-09, al cual se le diera
respuesta el 08 y el 09-06-10, se beneficia del servicio de salud dentro del
régimen subsidiado, de un subsidio para vivienda de interés social por un monto
de $7.518.000, del programa de formación para población desplazada y del
programa de acompañamiento familiar JUNTOS; en cuyo hogar hay cinco (5) menores
de edad y seis (6) mujeres.
39.)   T-2.560.835, demandante
Etilsa Elena Martínez, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante
es una mujer cabeza de familia, quien elevó derecho de petición, cuya fecha de
presentación es ilegible.  De otra parte, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la
accionante se encuentra incluida en el Registro Único para Población
Desplazada-RUPD, ha recibido atención por parte del Sistema de Atención a
Población Desplazada-SAPD por valor de $1.800.000.  Así mismo, la Oficina
Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante recibió ayuda
humanitaria en dos oportunidades (18-03-08; 07-12-09), con una entrega
pendiente por valor de $855.000.
40.) T-2.560.837, demandante Ena
Carmen Pedroza, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante es una
mujer cabeza de familia, quien presentó derecho de petición el 15 de abril de
2009.  De otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a
la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la accionante no se
encuentra incluida en el Registro Único para Población Desplazada-RUPD, pero se
beneficia del sistema general de salud en el régimen subsidiado; en cuyo hogar
hay un (1) menor de edad, cuatro (4) mujeres y un (1) adulto mayor.
41.)   T-2.555.503, demandante
Miriam del Socorro Gómez, según las pruebas allegadas con la demanda la
accionante es una mujer cabeza de familia.  De otra parte, en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que la accionante no ha recibido ningún tipo de atención.  Así
mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que la accionante se
encuentra incluida en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD, se
beneficia del sistema de salud dentro del régimen subsidiado, del programa de
Familias en Acción por valor de $710.000, de un subsidio de vivienda de interés
social, del programa de acompañamiento familiar JUNTOS; en cuyo hogar hay dos
(2) menores de edad y cuatro (4) mujeres.
T-2.556.911, demandante Zelys
Seneida Tenorio, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante es
una mujer cabeza de familia, quien tiene a su caro cuatro (4) menores de edad.
De otra parte, en sede de revisión la Subdirección Técnica de Atención a la
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la accionante no se
encuentra incluida en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD, según el
art. 1 de la ley 387 de 1997; sin embargo se ha beneficiado del programa de Familias
en Acción.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que
la accionante no se encuentra incluida en el Registro Único de Población
Desplazada-RUPD, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 11 del decreto 2560 de
2000, pero que se beneficia del sistema de salud dentro del régimen subsidiado;
en cuyo hogar hay un (1) menor de edad, dos (2) mujeres y tres (3)
afrodescendientes.
42.) T-2.552.822, demandante Félix
Mariano De La Hoz, según las pruebas allegadas con la demanda el accionante
tiene a su cargo tres (3) menores de edad.  De otra parte, en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que el accionante se encuentra incluido en el Registro Único de
Población Desplazada-RUPD, se ha beneficiado del Sistema de Atención a
Población Desplazada-SAPD por $2.693.200, del Programa de Atención Inicial de
Generación de Ingresos por monto de $ 1.678.000 y del programa de Familias en
Acción por un total de $660.000.  Así mismo, la Oficina Jurídica de la entidad
demandada informó que el accionante ha recibido ayuda humanitaria en varias
oportunidades (03-07-08; 17-07-08; 04-08-08; 02-09-08; 10-02-10; 11-02-10;
12-08-08), quien presentó derecho de petición el 13-10-10, al que se le diera
respuesta en dos oportunidades el 03-06-10 y el 09-06-10, quien se beneficia
del servicio de salud dentro del régimen contributivo, del servicio público de
empleo y del programa de acompañamiento psicosocial.
43.) T-2.559.539, demandante
Yenis Enit Pérez, según las pruebas allegadas con la demanda la accionante es
una mujer cabeza de familia; sin embargo, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la
accionante no se encuentra acreditada en el Registro Único de Población
Desplazada-RUPD.
44.) T-2.557.134, demandante
Yarledis Senith Torres y otros (36 actores), según las pruebas allegadas con la
demanda entre los accionantes hay cuatro (4) mujeres cabezas de familia y
cuatro (4) adultos mayores.   Sin embargo, en sede de revisión la Subdirección
Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, informó que la
señora Torres no se encuentra acreditada en el Registro Único de Población
Desplazada-RUPD.  No obstante lo anterior, la Oficina Jurídica de la entidad
demandada informó que dicha señora si se encuentran incluida en el RUPD y ha
presentado derechos de petición en dos oportunidades el 15-01-10, al cual se le
diera respuesta el 03-06-10 y el 23-04-10, sin fecha de respuesta.
45.) T-2.554.534, demandante José
Adán Cruz Saldaña, según las pruebas allegadas en sede de revisión la
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social, informó que el accionante no se encuentra incluido en el Registro Único
de Población Desplazada-RUPD, por haber rendido una declaración contraria a la
verdad, según el numeral 1 del art. 11 del Decreto 2569 de 2000, pero se ha
beneficiado del programa de Familias en Acción, ha disfrutado del sistema de
seguridad en salud dentro del régimen subsidiado; en cuyo hogar hay dos (2)
menores de edad, dos (2) mujeres y una (1) persona discapacitada . Así mismo, la
Oficina Jurídica de la entidad demandada informó que el accionante no se
encuentra incluido en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD.
2. Conclusiones sobre las
reglas jurisprudenciales en materia de ayuda humanitaria de emergencia a
población desplazada
(i) El Estado tiene el
deber, en primer término, de prevenir el desplazamiento forzado, pero una vez
ocurrido éste, se encuentra obligado a atender integralmente a las víctimas de
desplazamiento, empezando con la ayuda humanitaria, hasta la estabilización
socio-económica de esta población, y la garantía de los derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación integral.
(ii) El desplazamiento
forzado constituye un delito y una grave violación de los derechos humanos y,
dado su carácter estructural, su gravedad, y el hecho de ser un delito que
afecta a las víctimas de manera masiva, sistemática y continua, tiene una
especial protección constitucional.   Por tanto, el Estado tiene la posición de
garante frente a la población desplazada por la violencia.
(iii) La acción de tutela
es el mecanismo procedente y adecuado para la protección de los derechos de los
desplazados como sujetos de especial protección constitucional, teniendo en
cuenta el grado de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta en que se
encuentran. Por tanto, la tutela es la vía idónea para amparar los derechos de
las víctimas de desplazamiento forzado.
(iv) La condición de
desplazamiento forzado por la violencia es una situación de hecho o fáctica, y
el registro único de población desplazada no constituye un requisito
constitutivo de la condición de desplazamiento, sino un requisito
administrativo de carácter declarativo, que sirve de prueba de la calidad de
desplazado. La condición de desplazado se adquiere por el hecho cierto del
desplazamiento y no por el reconocimiento que alguna autoridad reporte sobre esta
situación. Por tanto, la no inscripción en el Registro de Población Desplazada o
Registro Único de Víctimas no niega la condición material de desplazamiento,
pues éste registro es una herramienta para racionalizar las políticas de
atención y protección de la población desplazada, más no como presupuesto de la
calidad de desplazado.
(v) El norte jurídico en
materia de ayuda humanitaria está contenido en los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos, que contienen principios expresos relativos a la
asistencia humanitaria para población desplazada. De conformidad con éstos, el Estado
tiene obligaciones expresas y concretas con la población desplazada en relación
con la atención humanitaria, la prórroga de la misma como garantía mínima para
la subsistencia de esta población, asistencia que constituye un derecho
fundamental, al proteger el mínimo vital y la dignidad humana de las personas
en situación de desplazamiento.
(vi) En cuanto al concepto
y definición de la ayuda humanitaria a población desplazada, éste se
caracteriza por tratarse de acciones (a) de autoridades públicas, (b) cuya
finalidad es socorrer, asistir y apoyar a la población desplazada; (c) como una
ayuda de carácter temporal; (d) de naturaleza inmediata, urgente, pronta y
oportuna; (e) y cuyos componentes se refieren a mínimos para el cubrimiento de
necesidades básicas tales como el alojamiento transitorio, la asistencia
alimentaria, los elementos de aseo personal, los utensilios de cocina, el
vestidos básico y servicios médicos, entre otros.
En este sentido, la ayuda
humanitaria constituye la materialización del derecho fundamental a la
subsistencia mínima de la población desplazada; su finalidad es el cumplimiento
de la obligación por parte del Estado de garantizar el mínimo vital a las
víctimas de desplazamiento forzado, es decir, brindar aquellos mínimos
necesarios para cubrir las necesidades básicas e imprescindibles de esta población.
Por tanto, a pesar de las restricciones presupuestales y los recursos escasos,
la ayuda humanitaria, como expresión del derecho fundamental al mínimo vital,
debe ser garantizada por el Estado para que la población desplazada logre
mitigar su apremiante situación.
(vii) La vulneración del
derecho de los desplazados a acceder a la ayuda humanitaria se presenta cuando
la entidad competente (a) no lo reconoce, debiendo hacerlo; (b) no hace entrega
efectiva de los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia o de la
prórroga de la misma; o (c) no se brinda de una manera tan incompleta o
parcial.
(viii) Los componentes de
la ayuda humanitaria son como mínimo: (a) alimentos indispensables y agua
potable; (b) cobijo y alojamiento básico; (c) vestido adecuado; y (d) servicios
médicos y de saneamiento indispensables. En cuanto al alojamiento, esta Corte
ha establecido que uno de los componentes que hace parte de la atención
humanitaria es el alojamiento transitorio a través de subsidios de vivienda que
constituye una modalidad del mínimo vital a que tienen derecho todos los
desplazados.
(ix) El término para
acceder a la ayuda humanitaria se cuenta  a partir de un año de ocurridos los
hechos de desplazamiento o de que cese la fuerza mayor o caso fortuito que
impiden presentar la solicitud.
(x) En cuanto a la
temporalidad de la ayuda humanitaria de emergencia esta Corte ha fijado las
siguientes reglas:
(a) la ayuda humanitaria tiene en
principio un carácter temporal y transitorio;
(b) no obstante lo anterior, la
entrega de ayuda humanitaria a la población desplazada no puede suspenderse
hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales de la víctima del desplazamiento desaparezcan, o se superen las
condiciones de extrema debilidad o debilidad manifiesta, o se  hayan
estabilizado socio-económicamente, pudiendo asumir por sí mismos su propio
autosostenimiento y el de sus núcleos familiares;
(c) por tanto, existen tipos de
personas desplazadas que debido a sus condiciones particulares son titulares de
un derecho mínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia durante un periodo
mayor al fijado en la ley, éstas son i) quienes estén en situación de urgencia
extraordinaria,  ii) quienes no estén en condiciones de asumir su sostenimiento
a través de un proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica,
iii) en caso de sujetos de especial protección constitucional o protección con
enfoque diferencial como los niños, niñas y adolescentes, personas de la
tercera edad, mujeres cabeza de familia; y iv) hasta tanto no se garantice la
transición hacia la estabilización socioeconómica por parte de la entidad
responsable, coordinadora del sistema de atención integral a la población desplazada,
y por parte del resto de entidades de dicho sistema.
(d) en consecuencia, se presentan
dos situaciones diferentes: i) la prórroga general de la ayuda humanitaria, a
las víctimas de desplazamiento que continúan en estado de vulnerabilidad y no
han logrado la estabilización socio-económica o el autosostenimiento, la cual
debe ser solicitada, y evaluada y aprobada por la entidad responsable dentro de
un término razonable y proporcional. ii) De otra parte, las prórrogas
automáticas de carácter ininterrumpido para aquellas víctimas de quienes se
predica la presunción constitucional que se deriva de un criterio o enfoque
diferencial, tales como mujeres madres cabeza de familia, personas en estado de
discapacidad, menores de edad, adultos mayores. Esta última no está sujeta a
solicitud, y debe ser otorgada de manera automática e ininterrumpida por la
administración hasta tanto se comprueba la superación de las especiales
condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, así como la consolidación
de una situación de autosostenimiento.
(e) Igualmente, la Corte ha
recalcado la necesidad de que las autoridades evalúen en cada caso las
condiciones reales y particulares de los(as) accionantes, con el fin de
determinar si en cada caso se verifican las condiciones necesarias para otorgar
la prórroga de la ayuda humanitaria y garantizar el mínimo vital y la vida en
condiciones de dignidad de las víctimas de desplazamiento.
(f) En síntesis, la entrega de la
ayuda humanitaria a la población desplazada no puede suspenderse por parte de
la entidad competente hasta tanto las condiciones que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales de la víctima del desplazamiento
forzado desaparezcan, se haya superado la situación de urgencia extraordinaria
y la situación de vulnerabilidad, y se haya hecho el tránsito y consolidado la
estabilización socioeconómica de la población desplazada, de tal manera que se
encuentre garantizado el autosostenimiento de esta población.
(xi) La entrega de la
ayuda humanitaria (a) debe ser universal, es decir, cubrir a todas las víctimas
de desplazamiento forzado; (b) debe ser otorgada en forma igualitaria a toda la
población desplazada; (c) debe otorgarse de manera pronta, adecuada, integral y
efectiva; (d) debe otorgarse igualmente de manera prioritaria en casos de
urgencia extraordinaria frente a hechos de desplazamiento y de atención con
enfoque diferencial de personas o grupos en estado de especial vulnerabilidad,
como niños, niñas y adolescentes,  mujeres cabeza de familia, personas o
comunidades étnicas, personas con discapacidad o de la tercera edad; (e) debe
planificarse en una política pública articulada y coherente con los demás
componentes de atención integral a población desplazada; (f) debe obedecer a
unos criterios de racionalidad, que fijen turnos y plazos razonables, oportunos
y proporcionales para la aprobación y entrega efectiva de la ayuda humanitaria;
(g) por tanto se debe respetar el orden cronológico de las solicitudes por parte
de las víctimas, sin desmedro de la prontitud de la entrega de la misma dentro
de los términos legales fijados para tal entrega, pues de lo contrario se
vulneraría el derecho fundamental a la igualdad de los demás desplazados que
también solicitaron la ayuda humanitaria; (h) por tanto, debe fijar reglas
sobre turnos y términos máximos para la entrega, sin perjuicio de las
prioridades que deben otorgarse con mayor celeridad, en los casos de
circunstancias de urgencia manifiesta y de personas en estado de especial
vulnerabilidad por su edad, género, etnia o condición de discapacidad,
situaciones que deberán ser evaluadas en cada caso concreto, en los cuales la
entrega de la ayuda deberá realizarse de manera prioritaria. A este respecto la
Corte ha insistido que la ayuda humanitaria debe ser entregada a las víctimas
de desplazamiento forzado de manera oportuna, efectiva y sin trámites
dilatorios.
(xii) En cuanto a los
turnos y el orden de entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y el derecho
a la igualdad, esta Corporación ha sostenido que debido a que en la práctica el
pago de la ayuda humanitaria se encuentra supeditado a ciertos turnos, en
virtud del derecho a la igualdad de todos los desplazados debe respetarse  los
turnos establecidos, pero que el verdadero alcance del derecho a la igualdad
hace referencia a la entrega universal, real y efectiva de la asistencia
humanitaria, dentro de un término cierto, concreto, razonable y proporcionado.
(xiii) La ayuda
humanitaria de emergencia no tiene carácter retroactivo, la retroactividad no
es procedente ya que la ausencia en el suministro de la atención humanitaria no
constituye un crédito a favor de la persona desplazada por la violencia que le
genere un saldo dinerario a ser cobrado retroactivamente, toda vez que ello
desnaturaliza esta medida que busca suplir las necesidades inmediatas a fin de
otorgar un nivel de vida en condiciones de dignidad para las víctimas, mientras
se logra superar las condiciones de vulnerabilidad.
(xiv) La interpretación de
las reglas sobre ayuda humanitaria, deben seguir (a) el principio de buena fe,
el principio pro homine; (c) los principios legales de interpretación y
aplicación de las normas sobre la materia; (d) los principios rectores de los
desplazamientos internos; (e) el principio de favorabilidad; (f) el principio
de confianza legítima; (g) el principio de prevalencia del derecho sustancial.
De esta manera, las entidades competentes no (a) pueden realizar interpretaciones
contrarias a normas constitucionales o internacionales sobre derechos
fundamentales o derechos de las víctimas de desplazamiento; (b) imponer
barreras para el acceso a los beneficios legales para estas víctimas;  (c) ni
exigir requisitos irrazonables o desproporcionados para el otorgamiento de los
beneficios.
(xv) Existe una
diferenciación conceptual clara entre la ayuda humanitaria y la reparación a víctimas,
ya que éstos constituyen deberes y acciones diferenciables entre sí por razón
de su fuente, su título jurídico, su fin e intencionalidad, y el sujeto activo
de estos deberes.
(xvi) El Estado debe
garantizar el tránsito entre la atención humanitaria y, las soluciones
duraderas y la estabilización socioeconómica de las víctimas de desplazamiento
forzado, en la cual las víctimas se encuentren ya en condiciones de
autosostenerse y de reconstruir su proyecto de vida en sus múltiples y diversos
aspectos y niveles, y durante este tránsito el Estado se encuentra, en
principio y de conformidad con los grados y niveles de vulnerabilidad de la
población desplazada, en la obligación de mantener el otorgamiento de la ayuda
humanitaria, hasta que se encuentre consolidada la estabilización
socioeconómica de esta población.
3. Conclusiones en relación
con el nuevo marco jurídico institucional en la Ley 1448 de 2011 y Decreto 4800
de 2011 para la atención humanitaria a victimas de desplazamiento forzado
La resolución de los presentes
casos de revisión de tutela deberá llevarse a cabo aplicando la nueva
normatividad en materia de atención humanitaria de emergencia, contenida en la
Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, de conformidad con la reseña que
sobre dichas normativas hiciera en detalle la Sala en la parte considerativa de
esta sentencia.
En cuanto a la Ley 1448 de 2011 o
nueva legislación en materia de ayuda humanitaria, existen diferentes etapas
para su reconocimiento y entrega, las cuales varían según su temporalidad y el
contenido de dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa de la
condición de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento que se realice
por la entidad competente para ello -artículo 62-, el artículo 63 determina la
atención inmediata, el artículo 64 establece la atención
humanitaria de emergencia y el artículo 65 define lo que debe
entenderse por atención humanitaria de transición.
Por otra parte, evidencia la Sala
que tanto en la Ley 1448 de 2011 como en el decreto 4800 de 2011 se regulan las
entidades responsables de la atención de ayuda humanitaria una vez ocurrido el
desplazamiento, las cuales serán prioritariamente las entidades municipales,
sin perjuicio de los principios de coordinación, subsidiariedad y
complementariedad. Estas normatividades consagran igualmente los criterios de
sostenibilidad, gradualidad, oportunidad, aplicación del enfoque diferencial y
articulación de la oferta institucional en el proceso de superación de la
situación de emergencia. En cuanto a la ayuda humanitaria inmediata, tanto la
Ley como el Decreto 4800 de 2011 determinan que será responsabilidad de la
entidad territorial receptora de la población víctima de desplazamiento, la
cual debe garantizar los diferentes componentes de alimentación, artículos de
aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento
transitorio, mientras se realiza el trámite de inscripción en el Registro Único
de Víctimas, y se consagra la asistencia alimentaria y el alojamiento digno de
las víctimas. En relación con la ayuda humanitaria de emergencia la nueva
normatividad consagra que estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, la cual deberá brindar
igualmente los componentes básicos de la misma a la población incluida en el
Registro Único de Víctimas, en cuanto el hecho victimizante haya ocurrido
dentro del año previo a la declaración.
Respecto a la tasación de los
componentes y montos de ayuda humanitaria de emergencia y transición, el
articulo 110 del Decreto 4800 de 2011 establece que la Unidad Administrativa
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas evaluará la situación
particular de cada víctima y su nivel de vulnerabilidad, producto de causas
endógenas y exógenas al desplazamiento forzado, y fija como variables: (i)
carácter de la afectación: individual o colectiva; (ii) tipo de afectación:
afectación médica y psicológica, riesgo alimentario, riesgo habitacional; (iii)
tiempo entre la ocurrencia del hecho victimizante y la solicitud de la ayuda;
(iv) análisis integral de la composición del hogar, con enfoque diferencial; y
(v) hechos victimizantes sufridos además del desplazamiento forzado.
Los montos de la ayuda
humanitaria de emergencia y transición por grupo familiar se encuentran
regulados por el artículo 111 del Decreto 4800 de 2011, en el cual se dispone
que para la fijación de estos montos la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas destinará los recursos para cubrir esta
ayuda, y que tendrá en cuenta para ello (i) la etapa de atención, (ii) el
tamaño y composición del grupo familiar y (iii) el resultado del análisis del
nivel de vulnerabilidad producto del desplazamiento forzado. Para ello fija los
siguientes montos máximos (i) hasta 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes
al momento del pago para cubrir alojamiento transitorio, asistencia alimentaria
y elementos de aseo personal; (ii) hasta 0.5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento del pago para utensilios de cocina, elementos de
alojamiento.
La ayuda humanitaria de
transición se encuentra desarrollada por el artículo 112 del Decreto 4800 de
2011 en el cual se establece que (i) en primer lugar los destinatarios de esta
ayuda, que será la población víctima de desplazamiento incluida en el Registro
Único de Víctimas, cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a
un año contado a partir de la declaración; (ii) respecto de la cual se haya
realizado un análisis previo de vulnerabilidad, en el cual se evidencie la
persistencia de carencias en los componentes de alimentación y alojamiento como
consecuencia del desplazamiento forzado; (iii) los componentes que cubre esta
ayuda los cuales son alimentación, articulas de aseo y alojamiento temporal; y
se dispone finalmente que (iv) cuando el evento de desplazamiento forzado haya
ocurrido en un término igual o superior a diez (10) años antes de la solicitud,
se entenderá que la situación de emergencia en que pueda encontrarse el
solicitante de ayuda humanitaria no está directamente relacionada con el desplazamiento
forzado, razón por la cual estas solicitudes serán remitidas a la oferta
disponible para la estabilización socioeconómica, salvo en casos de extrema
urgencia y vulnerabilidad manifiesta derivada de aspectos relacionados con
grupo etario, situación de discapacidad y composición del hogar, según los
criterios que determine la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
Acerca del  desarrollo de la
oferta en la transición el artículo 113 del Decreto en mención se dispone que
(i) las entidades responsables serán las entidades territoriales y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas,
para alojamiento, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para
alimentación; y (ii) que se desarrollará teniendo en cuenta criterios de
temporalidad, la vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado y las
condiciones de superación de la situación de emergencia de los hogares; (iii)
establece la obligación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas de implementar un sistema para identificar
casos de extrema vulnerabilidad, para garantizarles el acceso prioritario y
permanencia en la oferta de alimentación y alojamiento; y (iv) determina la
necesidad de contar con mecanismos de seguimiento y monitoreo al cumplimiento
de los programas y a las condiciones de nutrición y habitabilidad básicas que
deben cumplir los hogares destinatarios para permanecer en los programas.
Los responsables de la oferta de
alimentación en la etapa de transición son, de conformidad con el artículo 114
del Decreto 4800 de 2011: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas. Los
componentes de la oferta de alimentación, de alojamiento digno en la transición
cuyo responsable será la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación a las Victimas y las entidades territoriales, cuya duración será
hasta de dos (2) años por núcleo familiar, se encuentran en los artículos 114 y
115 del Decreto 4800 de 2011.
Sobre la superación de la
situación de emergencia, artículo 117 del Decreto 4800 de 2011, la ley
establece que esta se dará cuando se garanticen efectivamente los componentes
de alimentación, alojamiento temporal, salud y educación, y que tal garantía se
deberá evaluar en cada caso, para posteriormente realizar las remisiones
correspondientes con el fin de garantizar el acceso a los demás componentes de
la atención integral, y de esta forma avanzar hacia la cesación de la condición
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
Lo referente a la
complementariedad del principio de participación conjunta se encuentra
contenido en el artículo 118 del Decreto 4800 de 2011 y la Ayuda humanitaria en
caso de división del grupo familiar en el artículo 119 de la misma normativa. Finalmente,
el artículo 120 de ese Decreto se refiere al apoyo a los procesos de retomo y/o
reubicación individuales para lo cual se otorgará la ayuda humanitaria
necesaria.
Finalmente, la Sala constata que
en el nuevo ordenamiento institucional creado por la Ley 1448 de 2011, le
corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quien
asumió las funciones de la otrora Acción Social, las funciones programáticas en
materia de atención o asistencia humanitaria como “(….) fijar las políticas,
planes generales, programas y proyectos……” (art. 170 de la Ley 1448 de 2011);
mientras que a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, adscrita al DAPS le corresponde de manera concreta
ejecutar las acciones relativas al componente de ayuda humanitaria de
emergencia, tales como operar el registro, coordinar con las demás entidades
las salidas a los mecanismos que faciliten la estabilización socioeconómica, y
adicionalmente también es la encargada de lo relativo a las indemnizaciones.
Así, en relación con la ayuda humanitaria, el artículo 168 de la Ley 1448 de
2011 establece las funciones de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en materia de ayuda humanitaria,
estableciendo que le corresponde “(…) 16. Entregar la asistencia humanitaria
de que trata el artículo 64 (….) [y] realizar la valoración de que trata el
artículo 65 para determinar la atención humanitaria de transición”. En este
orden de ideas, la Sala reitera que ambas entidades se encuentran vinculadas de
conformidad con la ley en este proceso de revisión de tutela y por tanto, las
órdenes que se impartan mediante esta sentencia estarán dirigidas a ambas
entidades, en el marco de sus respectivas competencias y obligaciones legales.
4. Conclusiones en relación
con los casos en concreto
En los casos bajo estudio, en
donde se demanda el reconocimiento o prórroga de la ayuda humanitaria de
transición, la Corte encuentra que:
(i) En todas las demandas
de tutela los accionantes afirman que no se les reconoció o no se les prorrogó la
ayuda humanitaria, pese a haberla solicitado a la entidad accionada, en su
condición de desplazados, y que esta situación vulnera su derecho fundamental
de petición y su derecho a la atención humanitaria.  Sin embargo, en estos
casos los jueces de tutela concluyeron que no era procedente conceder la
entrega o prórroga de la ayuda humanitaria en sus diferentes componentes y
fases.
(ii) Los jueces de tutela
omitieron su deber de actuar como directores del proceso en aplicación del
principio de oficiosidad y del principio de primacía de lo sustancial. Al
respecto, lo primero que advierte la Sala es que los jueces de instancia dejaron
de emplear la facultad oficiosa de ordenar pruebas o requerir información
adicional para comprobar la existencia de una vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales de los accionantes y así determinar la procedencia del
reconocimiento o prórroga de la ayuda humanitaria en sus diferentes
componentes, etapas y fases.
(iii) Existe vulneración
de los derechos a la subsistencia mínima y los derechos de la población
desplazada protegidos con la entrega de la asistencia humanitaria. Así, en los
casos en concreto, es claro para la Corte que la mayoría de los accionantes se
encuentran en situación de desplazamiento, circunstancia probada no sólo por su
relato, sino mediante la certificación de haber sido incluidos en el RUPD.
Igualmente, de acuerdo con su escrito de tutela, no han recibido las prórrogas
de las ayudas de atención humanitaria, ni medidas de estabilización
socioeconómica. Lo anterior, implica la necesidad de que el Estado, en
ejercicio de sus competencias y a través de la entidad accionada, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Victimas,
ordene la provisión de la ayuda humanitaria en sus distintos componentes,
etapas y fases, y, de otro lado, garantice a los accionantes y a su grupo
familiar el tránsito hacia la estabilización socioeconómica.
(iv) Advierte igualmente la
Sala, que existe un alto grado de dispersión, demora y desorganización en la
entrega de la ayuda humanitaria en sus diferentes componentes y fases, lo cual
vulnera este derecho fundamental de la población desplazada y que no se ha
garantizado el tránsito hacia las soluciones duraderas de las víctimas.
Esto se observa en que, sin que
se especifique una razón suficiente para ello, la antigua Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,  y Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Victimas,
ha adjudicado en forma aleatoria uno u otro componente de la ayuda humanitaria,
y en diferentes cantidades a los accionantes, sin que se haya comprobado hasta
ahora el tránsito y la consolidación de soluciones duraderas. En otros casos,
los accionantes no han recibido de forma completa esta asistencia, o la ayuda
humanitaria no ha sido otorgada en forma integral, lo cual no ha contribuido a
mitigar la emergencia, ni mucho menos a realizar el tránsito hacia soluciones
duraderas de estabilización socio-económica o autosostenimiento por parte de
las víctimas.
(v) De otra parte, resalta
la Corte que los accionantes dentro de los presentes procesos de revisión, son
personas cuyo desplazamiento ocurrió, en todos los casos, hace varios años.
Esto significa que durante el tiempo que ha transcurrido desde el momento de su
desplazamiento hasta la fecha de la instauración de la acción de tutela –por lo
menos-, los actores se han visto sometidos a una vulneración continuada del derecho
a la vida digna, al mínimo vital y a la subsistencia mínima, ya que han tenido
que resistir las condiciones del desplazamiento forzado con menos recursos de
los que la ley y la jurisprudencia han considerado como los mínimos necesarios
para superar la emergencia, así como en esperar una ayuda humanitaria que,
brindada de manera incompleta y esporádica por parte del Estado,  no contribuye
a cumplir el fin para el cual fue dispuesta. Esta situación explica por qué los
demandantes continúan reclamando dicha asistencia humanitaria y configura una
vulneración del derecho al mínimo vital y a la subsistencia mínima de los
accionantes.
Atendiendo a esta situación, en
la medida que la revisión de cada uno de los casos arroja que la entrega de los
componentes de la ayuda humanitaria se ha hecho de manera tal que no es
factible que dicha ayuda cumpla con el fin para el cual fue diseñada y, por
tanto, encuentre que la antigua Acción Social, hoy Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, y la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral de las Victimas, cumplan ahora con la obligación
de brindar una asistencia humanitaria en sus diferentes componentes y fases, en
los términos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación, que han
sido recordados en esta sentencia, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley
1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 y normas complementarias.
(vi) Evidencia igualmente la
Sala en todos los casos, existe una vulneración de los derechos a garantizar el
tránsito hacia soluciones duraderas o restablecimiento económico de las víctimas
de desplazamiento forzado.
En este sentido, a juicio de esta
Corte, en algunos casos se ha entregado la ayuda humanitaria y se ha entregado
algunos dineros para financiar proyectos productivos, pero observa igualmente
que frente a los componentes entregados con el fin de lograr el
restablecimiento socioeconómico de los accionantes, estos esfuerzos no han
logrado garantizar la protección efectiva de la estabilización socio-económica de
la población desplazada y alcanzar el autosostenimiento por parte de las
víctimas.
A este respecto, reitera la Sala
que la afirmación según la cual, la antigua Acción Social, hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, y la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, no tienen asignada la
competencia para atender a la población en su fase de estabilización
socioeconómica, no es de recibo, y debe una vez más reiterar, que este tipo de
afirmaciones no tienen ningún asidero constitucional, ni legal, y que no son aceptables
puesto que el hecho de que las otras entidades del sistema integral de atención
a población desplazada SNAIPD adquieran especial relevancia durante esta etapa,
no releva a estas entidades responsables de la atención humanitaria de
transición a población víctima de desplazamiento forzado, de su labor de
coordinación del sistema, que no cesa respecto de una persona hasta tanto no
supere su condición de desplazamiento de manera definitiva y se estabilice
socio-económicamente.
Por consiguiente, la Sala insiste
en que, de acuerdo con esta labor, el hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas,  están obligadas a proveer asistencia
humanitaria en sus diferentes componentes, fases y etapas, mientras la persona
obtiene y ejecuta los recursos destinados a la estabilización socioeconómica y
logra su autosostenimiento, de modo que no se vea amenazado su derecho a la
subsistencia mínima; y que así mismo, está obligada a coordinar el tránsito
entre una y otra fase de la atención con las demás entidades del SNAIPD, a
través de la ayuda humanitaria de transición, de manera que éste no genere más
violaciones de los derechos de la población desplazada y contribuya de manera
efectiva a obtener su estabilización socio-económica. Esta labor de
coordinación asignada a estas entidades responsables constituye el único
dispositivo diseñado para asegurar la coherencia, armonía e integralidad de la
política de atención a la población desplazada y, por ende, no es delegable a
las demás entidades del sistema ni es aplazable.
(vii) De otra parte, encuentra
la Sala que la entrega de la ayuda humanitaria no ha sido inmediata, eficaz,
eficiente, oportuna, completa, ni integral, en sus diferentes etapas y
componentes, ni mucho menos lo ha sido en la fase de transición orientada a la
entrega de los componentes y elementos tendientes a obtener la estabilización
socioeconómica de las víctimas. Estas ayudas también se han otorgado en
diferentes momentos a los accionantes, sin que se encuentre un patrón de coherencia,
continuidad, de sistematicidad en los mismos, y sin que sea posible identificar
de qué modo ellos conducen hacia la estabilización socioeconómica de cada uno
de los tutelantes. Igualmente, en algunos de los casos no es posible identificar
la adjudicación de ningún componente de estabilización socioeconómica.
(viii) En armonía con lo
anterior, insiste esta Corporación en que la dispersión y desorganización de la
antigua Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, y Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, en materia de ayuda humanitaria, se evidencia en los casos de
los accionantes que interpusieron acción de tutela, para solicitar o bien la
entrega o bien la prórroga de la ayuda humanitaria en sus diferentes etapas y
momentos, y en que a pesar de que la inscripción en el RUPD data de varios
años, esto no ha significado la superación de la situación de vulnerabilidad de
los desplazados tutelantes, ni mucho menos un acercamiento a la cesación de
desplazamiento. Puesto que si bien no se pretende afirmar que existe un plazo
determinado en el cual el Estado debe atender integralmente al desplazado de
manera tal que éste pueda superar la condición de desplazamiento, la entidad
accionada, cuya responsabilidad recae ahora en el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, y en la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sí deben estas entidades contar
con criterios que permitan establecer en qué medida (a) los demandantes han
avanzado en la creación de condiciones para su autosostenimiento, (b) cómo se
ha garantizado el paso de la entrega de la ayuda humanitaria a los componentes
de estabilización socioeconómica, (c) qué elementos de este tipo hacen falta
para lograrlo, y (d) en qué momento puede establecerse que la situación de
vulnerabilidad ha sido superada, o la condición de desplazado ha cesado.
(ix) Cabe añadir que la
antigua Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, y Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral a las Víctimas,
informó a esta Corporación como parte de su política de atención respecto de
algunos accionantes, su inclusión como beneficiarios en distintos programas
sociales. Así, la Sala no desconoce que muchos de los demandantes han recibido
atención por parte del Estado, la cual se traduce en acceso al sistema general
de salud, subsidios de vivienda, inclusión en programas como Familias en
Acción, Programa de Atención Inicial de Generación de Ingresos, entre otros,
pero no han logrado superar las graves condiciones de vulnerabilidad que
presentaban en principio y, en consecuencia, no han hecho tránsito a soluciones
socioeconómicas duraderas que les permita su autosostenimiento, casos en los
cuales subsiste la obligación del Estado de brindarles la ayuda humanitaria
correspondiente.
A este respecto, la Sala reitera (i)
en primer lugar, que estos programas son valiosos e importantes, y resalta los
esfuerzos que el Gobierno realiza a través de ellos, pero considera que éstos programas
sociales no pueden ser estimados como componentes de la política pública
diferencial en materia de atención a las victimas de desplazamiento forzado, en
tanto no responden de manera específica a las necesidades concretas y
diferenciales de esta población afectada por la violencia, y que por tanto, estos
programas no suplantan ni contribuyen en sí mismos a consolidar la situación socio-económica
del desplazado; y (ii) en segundo lugar, que debe garantizarse de manera
efectiva el tránsito hacia soluciones duraderas o de autosostenimiento de las
víctimas de desplazamiento.
(x) Todas estas
circunstancias evidencian la falta de cumplimiento del derecho mínimo de la
población desplazada en lo relativo a la ayuda humanitaria en sus distintos
componentes y fases, y a la garantía del tránsito de la atención humanitaria a
la estabilización socio-económica de la población desplazada. En este sentido, es
notoria la ausencia de coordinación y acompañamiento por parte de la accionada en
la fase de estabilización socioeconómica, por cuanto los accionantes no tienen
claridad respecto de los elementos que les han entregado y de qué manera éstos
contribuyen a su estabilización socio-económica, de modo que continúan
sintiendo con la misma urgencia o emergencia la necesidad de una protección
constitucional.
(xi) Constata la Sala que
existen algunos casos en los que los demandantes no han sido inscritos en el
RUPD (Registro Único de Población Desplazada), ahora RUV (Registro Único de
Víctimas). Respecto de estos casos,  la Corte Constitucional procederá a
revocar los fallos proferidos dentro de los expedientes de tutela acumulados en
el presente proceso de revisión, en cuanto niegan la acción de tutela
encaminada a proteger el derecho a la ayuda humanitaria de las víctimas de
desplazamiento forzado interno, por la razón expuesta, y, en su lugar,
concederá la tutela, en el sentido de ordenar a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a Víctimas, evaluar nuevamente la
inclusión de los demandantes en el ahora Registro Único de Víctimas – RUV-, de
acuerdo con la normatividad vigente y, en caso de hacerse efectivo tal
registro, les sea otorgada la ayuda humanitaria, según lo establecido en los
artículos 63 a 65 de la Ley 1448 de 2011 y los que los reglamenten en el
Decreto 4800 de 2011, hasta que éstos se encuentren en condiciones de asumir su
autosostenibilidad.
(xii) De otra parte, observa
la Sala que en la mayoría de los casos, el amparo tutelar para obtener la
atención o ayuda humanitaria fue negado por los jueces de instancia. En
relación con estos casos, cuyos fallos negaron la acción de tutela encaminada a
proteger el derecho a la ayuda humanitaria de las víctimas del desplazamiento
forzado, y una vez constatado que (i) si bien han recibo algún tipo de ayuda
humanitaria por parte del Estado; (ii) aún persisten las condiciones de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta; la Corte Constitucional decidirá revocar
estos fallos, y en su lugar, concederá la protección constitucional requerida,
y, por tanto, ordenará al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a
Víctimas, la entrega de la misma, en sus diferentes componentes y fases, según
lo establecido en los artículos 63 a 65 de la Ley 1448 de 2011 y los
reglamentarios del Decreto 4800 de 2011, hasta que éstos se encuentren en
condiciones de asumir su autosostenibilidad.
(xiii) Adicionalmente,
advierte esta Corporación que en muchos de los casos ahora bajo estudio, los
demandantes son personas en condición de desplazamiento, que adicionalmente son
sujetos de protección constitucional reforzada a partir de un enfoque diferencial.
Frente a estos casos la Corte
Constitucional resalta que los demandantes no han alcanzado las condiciones de
autosostenimiento, y ostentan la calidad de sujetos de especial protección
constitucional, ya que, adicionalmente a su condición de desplazados, presentan
un alto grado de vulnerabilidad, pues, en su mayoría se trata de mujeres madres
cabeza de familia, con hijos menores bajo su cuidado, así como con núcleos
familiares integrados por personas de la tercera edad y, en algunos casos, por
personas en estado de discapacidad. Por lo anterior, requieren una atención
prioritaria y diferenciada, hasta que consigan el paso a soluciones
socioeconómicas duraderas y, por tanto, se constate el cese de sus condiciones
de vulnerabilidad. Respecto de estos casos la Corte ordenará la aplicación de
las prórrogas automáticas fundamentadas en las presunciones de
constitucionalidad.
(xiv) Finalmente, la Sala
evidencia que en algunos casos se concreta la vulneración del derecho fundamental
de petición. Así, esta Corporación ha logrado establecer que en los presentes
casos la entidad accionada, no respondió de manera oportuna, idónea y adecuada
a algunos derechos de petición elevados por los accionantes, con lo cual se
desconoció su obligación de emitir una respuesta clara, precisa y congruente,
con lo que afectó el núcleo esencial del derecho de petición.
Como consecuencia de la
vulneración de este derecho y dado el carácter de herramienta necesaria para la
realización de otros derechos fundamentales, la Sala concluye que se  privó a
los accionantes del acceso oportuno a las ayudas requeridas por ser víctima del
desplazamiento.  Por tanto, en estos casos la Corte evidencia que se vulneró el
derecho de petición en razón a que no se cumplieron las reglas referidas a la
necesidad de una respuesta clara, oportuna y congruente, a las cuales ha hecho
referencia la jurisprudencia de esta Corte.[111]
Frente a estos casos, la Corte
Constitucional procederá a confirmar parcialmente los fallos proferidos dentro
de los expedientes de tutela acumulados en el presente proceso de revisión que
conceden la acción de tutela encaminada a proteger el derecho de petición, y
los revocará parcialmente en cuanto niegan la acción de tutela encaminada a
proteger el derecho a la ayuda humanitaria de las víctimas de desplazamiento
forzado interno y a la prórroga de la misma, y, en su lugar, concederá la
protección tutelar y, por tanto, ordenará al Departamento Administrativo
Especial para la Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas, que les sea otorgada la ayuda humanitaria
requerida, según lo establecido en los artículos 63 a 65 de la Ley 1448 de 2011 y los reglamentarios del Decreto 4800 de 2011, hasta que éstos se
encuentren en condiciones de asumir su autosostenibilidad.
V.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Novena de Revisión, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de los términos de los procesos de tutela de la
referencia ordenada mediante Auto del 26 de mayo de 2010.
SEGUNDO.- REVOCAR
los siguientes fallos proferidos dentro de los
expedientes de tutela acumulados en el presente proceso de revisión, en cuanto NIEGAN
la acción de tutela encaminada a proteger el derecho a la ayuda humanitaria
de las víctimas de desplazamiento forzado interno, por no encontrarse
acreditados o incluidos en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD-, y
en su lugar, CONCEDER la tutela; y en consecuencia ORDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
evaluar nuevamente la inclusión de los demandantes en el Registro Único de
Víctimas –RUV-, de acuerdo con la normatividad vigente y, en caso de hacerse
efectivo tal registro, les sea otorgada la ayuda humanitaria, en sus diferentes
componentes y etapas, según lo establecido en los artículos 47 a 68 de la Ley 1448 de 2011, especialmente lo dispuesto en los artículos 63 a 65 de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 106 a 120 y demás concordantes del Decreto
Reglamentario 4800 de 2011, hasta que se les garantice la transición a
soluciones duraderas a través de la estabilización socioeconómica y, por tanto,
se constate un cese de sus condiciones de vulnerabilidad y éstos se encuentren
en condiciones de asumir su autosostenibilidad.
EXPEDIENTE
ACCIONANTE
(S)
FALLOS
Y JUEZ
T-2.560.833
Manuela
Charris Guerrero
Juez.
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de
Conocimiento
de Barranquilla, 18 de noviembre de 2009
T-2.552.834
Abel
Antonio Terraza
Juez.
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de
Conocimiento
de Barranquilla, 26 de noviembre de 2009
T-2.548.293
José de
Jesús Cervantes
Juez.
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de
Conocimiento
de Barranquilla, 18 de noviembre de 2009
T-2.556.911
Zelys
Seneida Tenorio
Juez.
Primero Penal del Circuito de Tumaco, Nr., 14 de diciembre de 2009
T-2.559.539
Yenis
Enit Pérez
Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Cartagena -Bolívar, 1 de diciembre de
2009
T-2.557.134
Yarledis
Senith Torres
y otros
Juez
Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo  – Sucre, 30 de octubre de
2009
T-2.554.534
José Adán
Cruz
Saldaña
1ª. Inst.
Juez
Tercero Penal del
Circuito
con Funciones de Conocimiento de Neiva-Huila, 30 de noviembre de 2009
2da.
Inst. Tribunal Superior del
Distrito
Judicial de Neiva-Huila, Sala 2da.
Decisión
Penal, 13 de enero de 2010
TERCERO.-
REVOCAR los siguientes fallos proferidos dentro de
los expedientes de tutela acumulados en el presente proceso de revisión, en
cuanto NIEGAN la acción de tutela encaminada a proteger el derecho a la
ayuda humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado interno, y en su
lugar, CONCEDER la protección constitucional a la prórroga de la ayuda
humanitaria, y en consecuencia, ORDENAR al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la entrega de la ayuda humanitaria,
en sus diferentes componentes y etapas, según lo establecido en los artículos 47 a 68 de la Ley 1448 de 2011, especialmente lo dispuesto en los artículos 63 a 65 de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 106 a 120 y demás concordantes del Decreto
Reglamentario 4800 de 2011, hasta que se les garantice a los accionantes la
transición a soluciones socioeconómicas duraderas y, por tanto, se constate un
cese de sus condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta y éstos se
encuentren en condiciones de asumir su autosostenibilidad.
EXPEDIENTE
DEMANDANTE
(S)
FALLO
(S) Y JUEZ
T-2.560.834
Ilda Rosa
Arévalo
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de
Barranquilla,
6 de
noviembre de 2009
T-2.560.828
Carmen
Manuela
Pertúz
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de
Barranquilla,
20 de
noviembre de 2009
T-2.560.829
Víctor
Alfonso
Rodríguez
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de
Barranquilla,
1 de
diciembre de 2009
T-2.555.505
Nicolás
de Jesús
Atehortua
Noreña
Juez
Penal del Circuito de Santuario Antioquia,
30 de
marzo de 2010
T-2.555.506
Blanca
Oliva Quiceno
Juez
Penal del Circuito de Santuario Antioquia,
30 de
marzo de 2010
T-2.555.502
William
Rios Restrepo
Juez
Penal del Circuito de  Santuario Antioquia,
30 de
marzo de 2010
T-2.552.838
César
Joaquín Guzmán
Juez
Primero Penal del Circuito  para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.840
Federico
Arias
Calderón
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.824
Angel
María Rada
Vargas
Juez
Primero Penal del Circuito  para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
30 de
noviembre de 2009
T-2.552.825
Rosmery
Pacheco
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
2 de
diciembre de 2009
T-2.552.836
Yajaira
Sofia Acuña
Juez
Primero Penal del Circuito  para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.826
Claribet
de los
Ángeles
Pertuz
Juez
Primero Penal del Circuito  para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla, 2 de diciembre de 2009
T-2.552.823
Ledis
Yomiris Blanco
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
30 de
noviembre de 2009
T-2.552.827
Nuris
Esther Moscote
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
2 de
diciembre de 2009
T-2.552.832
Adalberto
Jiménez
Patiño
Juez
Primero Penal del Circuito  para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
6 de
noviembre de 2009
T-2.552.828
Nancira
Quintero
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.833
Elvia
Rojas Lima
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.829
Magalis
Ester Tobias
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.545.429
Emperatriz
Concepción
Torres
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
23 de
noviembre de 2009
T-2.552.831
María
Eusevia Cortés
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.821
Nancy
Beatriz Arenas
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
30 de
noviembre de 2009
T-2.552.830
Rosiris
María Díaz
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.839
Tomasa de
Jesús
Pineda
Juez
Primero Penal del Circuito  para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.837
Ana
Avelina Isabel
Madera
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.552.835
Jesús
Antonio
Chinchilla
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
26 de
noviembre de 2009
T-2.555.503
Miriam
del Socorro
Gómez
Juez
Penal del Circuito de Santuario- Antioquia,
30 de
marzo de 2009
T-2.552.822
Felix
Mariano
De la Hoz
Juez
Primero Penal del Circuito para adolescentes
con
función de conocimiento de Barranquilla,
30 de
noviembre de 2009
CUARTO.-
CONFIRMAR PARCIALMENTE los siguientes fallos
proferidos dentro de los expedientes de tutela acumulados en el presente
proceso de revisión, en cuanto CONCEDEN la acción de tutela encaminada a
proteger el derecho de petición, y REVOCARLOS PARCIALMENTE en cuanto NIEGAN
la acción de tutela encaminada a proteger el derecho a la ayuda humanitaria
de las víctimas de desplazamiento forzado interno y a la prórroga de la misma,
y, en su lugar, CONCEDER la protección tutelar y, por tanto, ORDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
que les sea otorgada a los demandantes la ayuda humanitaria, en sus diferentes
componentes y etapas, según lo establecido en los artículos 47 a 68 de la Ley 1448 de 2011, especialmente lo dispuesto en los artículos 63 a 65 de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 106 a 120 y demás concordantes del Decreto
Reglamentario 4800 de 2011, hasta que éstos consoliden la transición hacia soluciones
socioeconómicas duraderas, se constate un cese de sus condiciones de
vulnerabilidad y éstos se encuentren en condiciones de asumir su
autosostenibilidad:
EXPEDIENTE
DEMANDANTE
(S)
FALLO
(S) Y JUEZ
T-2.560.839
Yomar de
Jesús
Manotas
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
De
conocimiento de Barranquilla, 27 de noviembre de 2009
T-2.560.827
Maykol
García Pastor
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
de
conocimiento de Barranquilla, 20 de noviembre de 2009
T-2.560.836
Augusto
Rafael Meza
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
de
conocimiento de Barranquilla, 25 de noviembre de 2009
T-2.560.822
Ángela
Rosa Narváez
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
De
conocimiento de Barranquilla, 27 de noviembre de 2009
T-2.560.826
Denis
Mercedes Padilla
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
de
conocimiento de Barranquilla, 20 de noviembre de 2009
T-2.560.824
Doris
Esther Bravo
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
De
conocimiento de Barranquilla, 18 de noviembre de 2009
T-2.560.825
Evangelina
Barreto
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
de
conocimiento de Barranquilla, 18 de noviembre de 2009
T-2.560.838
Janeth
Ismelda Rivera
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
de
conocimiento de Barranquilla, 18 de noviembre de 2009
T-2.560.823
Ana
Matilde Carpintero
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
de
conocimiento de Barranquilla, 13 de noviembre de 2009
T-2.560.832
Candelaria
Polanco
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
de
conocimiento de Barranquilla, 18 de noviembre de 2009
T-2.560.835
Etilsa
Elena Martínez
Juez
Segundo Penal del Circuito para adolescentes con función
De
conocimiento de Barranquilla, 18 de noviembre de 2009
QUINTO.- En
relación con la señora Ena Carmen Pedroza, expediente No. T-2.560.837,  CONFIRMAR
PARCIALMENTE el fallo proferido, el 18 de noviembre
de 2009, por el Juez Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función
de Conocimiento de Barranquilla-Atlántico, en cuanto concede la acción de
tutela encaminada a proteger el derecho de petición, y REVOCARLO
PARCIALMENTE, en cuanto niega la acción de tutela encaminada a
proteger el derecho a la ayuda humanitaria de la demandante, por no encontrarse
acreditada o incluida en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD-, y, en
su lugar, CONCEDER la tutela, y en consecuencia ORDENAR a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a Víctimas,
evaluar nuevamente su inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV-, de
acuerdo con la normatividad vigente y, en caso de hacerse efectivo tal
registro, le sea otorgada la ayuda humanitaria, según lo establecido en los artículos
47 a 68 de la Ley 1448 de 2011, especialmente las disposiciones contenidas en
los artículos 63 a 65 de la Ley 1448 de 2011, y los artículos 106 a 120 y demás concordantes del Decreto Reglamentario 4800 de 2011, hasta que ésta se encuentren
en condiciones de asumir su autosostenibilidad.
SEXTO.- ORDENAR al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas,
que los demandantes que a continuación se relacionan reciban una atención
preferente y prioritaria, se les aplique la presunción constitucional de
prórroga automática de la ayuda humanitaria, y se adopten las demás medidas
afirmativas con enfoque diferencial dirigidas a protegerlos, hasta que se les
garantice el tránsito y la consolidación de soluciones duraderas de estabilización
socio-económica, atendiendo a que según las pruebas que reposan en los
expedientes, presentan un mayor grado de vulnerabilidad y, por tal razón, son
considerados sujetos de especial protección constitucional, al tratarse de
madres cabeza de familia, menores de edad, personas con discapacidad, y
personas de la tercera edad:
EXPEDIENTE
ACCIONANTE
(S)
T-2.560.834
Ilda Rosa
Arévalo
T-2.560.828
Carmen
Manuela Pertúz
T-2.555.505
Nicolás
de Jesús Atehortua Noreña
T-2.555.506
Blanca
Oliva Quiceno
T-2.555.502
William
Rios Restrepo
T-2.552.838
Cesar
Joaquín Guzmán
T-2.552.840
Federico
Arias  Calderón
T-2.552.824
Ángel
María Rada Vargas
T-2.552.826
Claribet
de los Ángeles Pertuz
T-2.552.823
Ledis
Yomiris Blanco
T-2.552.827
Nuris
Esther Moscote
T-2.552.832
Adalberto
Jiménez Patiño
T-2.552.828
Nancira
Quintero
T-2.552.833
Elvia
Rojas Lima
T-2.552.829
Magalis
Ester Tobias
T-2.545.429
Emperatriz
Concepción Torres
T-2.552.831
Maris
Eusevia Cortés
T-2.552.821
Nancy
Beatriz Arenas
T-2.552.830
Rosiris
María Díaz
T-2.552.839
Tomasa de
Jesús Pineda
T-2.552.837
Ana
Avelina Isabel Madera
T-2.552.835
Jesús
Antonio Chinchilla
T-2.560.839
Yomar de
Jesús Manotas
T-2.560.827
Maykol
García Pastor
T-2.560.836
Augusto
Rafael Meza
T-2.560.822
Ángela
Rosa Narváez
T-2.560.826
Denis
Mercedes Padilla
T-2.560.825
Evangelina
Barreto
T-2.560.838
Janeth
Ismelda Rivera
T-2.560.823
Ana
Matilde Carpintero
T-2.560.832
Candelaria
Polanco
T-2.560.835
Etilsa
Elena Martínez
T-2.552.822
Felix
Mariano De La Hoz
SEPTIMO.- SOLICITAR al Defensor del Pueblo y al
Procurador General de la Nación, que en desarrollo de sus competencias
constitucionales y legales (i) verifiquen el cumplimiento de las órdenes respectivas
emitidas por esta Corporación en la presente providencia judicial; (ii)
realicen una veeduría permanente en aras de garantizar los derechos
fundamentales de los accionantes y sus núcleos familiares, así como de las
víctimas de desplazamiento forzado en general, a la atención humanitaria en sus
diferentes componentes y fases, así como a la garantía del tránsito hacia
soluciones duraderas con el fin de superar las condiciones de vulnerabilidad; y
(iii) remitan informes periódicos a la Corte Constitucional sobre su labor de veeduría
y acompañamiento a las víctimas de desplazamiento forzado.
OCTAVO.- SOLICITAR a la Contraloría General de la República, que en desarrollo
de sus competencias constitucionales y legales,  realice una labor de control
fiscal respecto de la ejecución de los recursos públicos destinados por las
entidades responsables de la atención humanitaria a víctimas de desplazamiento
forzado, de conformidad con la Ley 1448 de 2011 en sus artículos correspondientes,
y sus Decretos Reglamentarios, especialmente el Decreto 4800 de 2011 en sus
artículos 106 a 120, en sus distintos componentes, etapas y fases.
NOVENO.- INVITAR a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre
Desplazamiento Forzado; así como a la comunidad internacional, en particular a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité Internacional de la Cruz
Roja- CICR, al Consejo Noruego para Refugiados-CNR, a la Oficina del Alto
Comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR y otras agencias del
Sistema de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a las embajadas de países
amigos, que han hecho seguimiento a la situación de la población desplazada por
el conflicto armado interno; para que en el marco de sus mandatos conformen una
comisión especial de acompañamiento y de veeduría a las órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la presente providencia y al cumplimiento de las
garantías de atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado en
el país.
Notifíquese y cúmplase,
LUÍS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría
General
[1] Adjunta
certificado de la UAO de Soledad-Atlántico, en donde se verifica que se
encuentra inscrito en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD, al igual
que su familia.
[2] Ver, entre
otras, Sentencia T-419 de 2003, Sentencia SU-1150 de 2000.
[3] T-227 de 1997 (5
de mayo), M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[4] SU-1150 de 2000
(30 de agosto), M P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5] Sentencia T-215
de 2002 y T-136 de 2007, MP. Jaime Córdoba Triviño.
[6] Ver sentencia  T-364 y T-476 de 2008,
entre otras.
[7] Este criterio
jurisprudencial ha sido reiterado en las siguientes sentencias T- 025 de 2004,
MP. Manuel José Cepeda, T-136 de 2007, MP. Jaime Córdoba Triviño, T-156 de 2008,
MP. Rodrigo Escobar Gil, T-358 del 2008, MP. Nilson Pinilla Pinilla, y T-501 de
2009, M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[8] Ver Sentencia T-025 de 2004.
[9] Consultar Sentencias
T-025
de 2004 y SU-1150 de 2000.
[10] Sentencia
T-721 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[11] Sentencia SU-
1150 de 2000, M P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[12] Ver Sentencias
C-047 de 2001 y T-419 de 2003, entre otras.
[13] Ver Sentencias T-098 de
2002, T-419 de 2003, T-985 de 2003, T-025 de 2004, T-740 de 2004, T-813 de
2004, T-1094 de 2004, T-1144 de 2005, T-086 de 2006, T-136 de 2008,
T-285 de 2008, T-364 de 2008 y T-869 de 2008, y T-501 de 2009,
entre muchas otras.
[14] Al
respecto consultar las Sentencias T-496 de 2007 y T-1086,
MP. Jaime Córdoba Triviño; T-299 de 2009 y T-501 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[15]  Ver las Sentencias T-1134 de 2008, Sentencia T-169
de 2010,  Sentencia T-463 de 2010, T-463 de 2010, y T-585 de 2006, entre otras.
[16]
Ver entre otras las Sentencias T-397 de 2009 y T-541 de 2009, ambas M.P.
Dr. Jorge Ignacio Pretelt
[17]
Sentencia T-188 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[18]
Ver Sentencias T-227 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero,  T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T- 1346 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.”
[19]  Estos
criterios
han sido reiterados por la Corte en múltiples pronunciamientos, tales como en
las Sentencias T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-740 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-175 de  2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-328 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-468 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-821 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino; T-328 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-496 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1095 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-042 de 2009, M.P: Jaime Córdoba Triviño; entre otros.
[20] Estos
principios fueron formulados
en 1998
por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el
desplazamiento interno, Francis Deng, a solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos.
[21] Sentencia
SU-
1150 de 2000, M P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22] Sentencia
T-602
de 2003, M. P. Jaime Araujo Rentería.
[23] Sentencia T-840 de 2009, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[24] Ver Sentencias
C-255 de 2003 y C-572 de 2008, entre otras.
[25]
Ibidem.
[26] Ibidem.
[27]
Ver Sentencias C-255 de 2003 y C-572 de 2008.
[28] Sentencia T-025 de 2004.
[29] Artículo 20 del
Decreto 2569 de 2000.
[30] Sentencia T-025 de 2004.
[31] Respecto al derecho al mínimo vital consultar las sentencias T-1086 de 2007 y T-602 de 2003, entre otras.
[32] Sobre este punto la sentencia T 057 de 2008 establece
“Por otra parte, en el diseño de la
política de atención a la población desplazada se dispuso que uno de los
componentes que hace parte de la atención humanitaria de emergencia es
precisamente el alojamiento transitorio. Este subsidio es para la ley 387 de
1997, parte de la primera etapa en la asistencia a la población de desplazada”.
[33] Ver Sentencia T-234 de 2009
[34] Sentencia T-136 de 2007. En esta
misma línea, en la Sentencia T-191 de 2007 la Corte hizo énfasis en que “si bien no en todas las ocasiones se
pueden satisfacer en forma concomitante y hasta el máximo nivel posible los
derechos constitucionales de toda la población desplazada, dadas las
restricciones materiales tales como el carácter limitado de los recursos y las
dimensiones reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento, ello no es
óbice para desconocer que existen ciertos “derechos mínimos” que deben ser
satisfechos en cualquier circunstancia por parte de las autoridades, con el fin
de garantizar la digna subsistencia de las personas que se encuentran en esa
especial condición”.
[35] Sentencia T-497 de 2007.
[36] Sentencia T-025
de 20 04
[37]  Sentencia T-136 de 2007.
[38] Consultar las Sentencias T-025 de 2004, T-560 de
2008, T-510 de 2009, T-600 de 2009, T-099 de 2010, entre otras.
[39] Ver Sentencia T-463 de 2010.
[40]
Ver Sentencias T-025 de 2004 y T-868 de 2008.
[41] Consultar
la Sentencia T-136 de 2007.
[42] Ver
por ejemplo Auto 092 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda.
[43] Consultar la Sentencia T-868 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[44] Ver Sentencia T-586 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] Consultar
Sentencia C-278
de 2007.
[46] Al
respecto, se pueden consultar las Sentencias T-559 de 2008, T-585 de 2009,
T-501 de 2009, T-630 de 2009 y T-739 de 2009, entre otras.
[47] Así lo han puesto de presente los
pronunciamientos T-510 de 2009 y T-476 de 2008, entre otros.
[48] Sentencia T-690 A de 2009, esta posición también ha sido plasmada en las Sentencias T-025 de 2004 y T-868 de 2008,
entre otras.
[49] Ver las Sentencias T-419 de 2003, T-191 de 2007, T-840
de 2009, T-828 de 2009 y T-317 de 2009, que hacen aplicación de esta regla.
[50] Consultar la Sentencia T-690 A de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[51] Este punto ha
sido reiterado por las Sentencias T-690A de 2009, T-451 de 2008, T-1134 de 2008
y T-817 de 2008.
[52] Principio No. 18
y sentencia T-025 de 2004.
[53] Sentencia T-057 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54] Sentencia C-047 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett.
[55]  Sentencia T-417 de 2004. En el mismo sentido la
sentencia T -1068 de 2007.
[56] Consultar al respecto la Sentencia T-895 de 2007.
[57] M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[58] Esta
disposición fue desarrollada por el Decreto 2569 de 2000.
[59] T-025 de 2004.
[60] Sentencia T-600 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao.
[61] Ver
al respecto las Sentencias T- 419 de 2004, T 312 de 2005 y T-800 de 2007.
[62] Consultar la Sentencia T-885 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[63]  Sentencia C-278 de 2007. Ver también la Sentencia T-391 de 2008.
[64] Ver
Sentencia T-317 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[65] Al
respecto ver Sentencia T-690 A de 2009, M.P. Luis Ernesto Varga Silva
[66] Consultar las Sentencias
T-1086 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, y T-560 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería, entre otras.
[67] Así lo ha
sostenido la Corte en las sentencias C-278 de 2007 y T-690 A de 2009.
[68]  Ver la Sentencia T-496 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[69] Consultar la Sentencia T-688 de 2007, M.P, Nilson Pinilla Pinilla.
[70] M.P, Manuel
José Cepeda Espinosa.
[71] Sentencia T-704
de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[72]  Ver Sentencia
T 704 de 2008, entre otras.
[73] Consultar
las Sentencias T-025 de 2004, T-469 de 2007 y T-312 de 2005, entre
otras.
[74]
T-025 de 2004 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[75]  Sentencia T-297 de 2008, M.P.Clara Inés Vargas Hernández, ver también la Sentencia T-496 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[76] Ver Sentencias T-476 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-840 de 2009, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[77] Ver Sentencia T-868 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[78] Sentencia
T-025 de 2004.
[79]
Sentencia T-025 de 2004.
[80] Sentencia C-278
de 2011.
[81] Al
respecto, ver sentencias T-469/07 y T-645/03.
[82]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[83] Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[84] Sentencia T-373 de 2005.
[85] T-869/08. En
este sentido se han pronunciado también varias sentencias, entre ellas, la T-025 de 2004, T-1161 de 2003 y T-373 de 2005.
[86] Criterio que se reitera en las Sentencias T-012 de
2006 y T-067 de 2008, entre otras.
[87] Ver Sentencia T-817 de 2008.
[88]  Consultar la Sentencia T-868 de 2008.
[89] Ver Sentencia T-042 de 2009.
[90] Sentencias
T-1161 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y T-373 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[91] Al
respecto, ver Sentencias T-469 de 2007 y T-645 de 2003.
[92]
Sobre el particular, se pueden consultar entre otras las Sentencias T-012 y
T-086 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[93] Ver la Sentencia T-496 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[94] Ver Sentencias T-469 de 2007, T-136 de 2007, T-373 de 2005 y T-312 de
2005.
[95] Al respecto, ver Sentencias T-469 de 2007, T-645 de 2003 y T-690 A de 2009, entre otras.
[96] Consultar la Sentencia T-085 de 2010, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[97] Sentencia T–600 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[98] Consultar
la Sentencia T-690 A de 2009. Esta
misma posición también puede encontrarse en otros pronunciamientos como las Sentencias
T-600 de 2009 y T-840 de 2009.
[99]
Estos parámetros fueron planteados por la Corte en la Sentencia T-025 de 2004 y han sido reiterados en otros fallos tales como la T-742 de 2009 y la T-177 de 2010, entre otros.
[100]
Ver Sentencias
T-025 de 2004, T-188 y T-328 de 2007, entre otras.
[101] Ver Sentencias T-628 de 2007 y T-444 de
2008, entre otras.
[102] Sobre este punto
se puede consultar la Sentencia C-047 de 2001.
[103]
Ver Sentencia C-1199 de 2008, en donde la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2°, 4°, 47, 48, 49 y 72 (todos
parciales) de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”
[104] Ibidem.
[105] Consultar
la Sentencia C-1199 de 2008.
[106] “ARTÍCULO 47. REHABILITACIÓN.
La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las
víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con
el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las
víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la
reparación y de la rehabilitación."   (Resalta la Corte)
[107]
Ver las Sentencias T-025 de 2004 y T-690 de 2009, entre muchas otras.
[108]  Sentencia T-882
de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza. Ver también Sentencia T-690 de 2009, MP.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[109] Sentencia T-1134 de 2008, M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa, reiterado en Sentencia T-169 de 2010.
[110]
Ver Sentencias C-052 de 2012, C-253A de 2012, C-250 de 2012.
[111]
Ver sentencia T-025 de 2004, entre muchas otras.