C-313-13
Sentencia C-313/13
Sentencia
C-313/13
PAGO ANTICIPADO EN
OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERO-Exequibilidad condicionada/PAGO ANTICIPADO DE CREDITOS FINANCIEROS EN MONEDA
NACIONAL, SIN NINGUN TIPO DE PENALIZACION O COMPENSACION-Se aplica
también a los créditos adquiridos con anterioridad al 9 de julio de 2012
Establecida
la vulneración del mandato de igualdad, pareciera pertinente declarar la
inexequibilidad del texto acusado, sin embargo, advierte el Tribunal
Constitucional que el beneficio en sí mismo, no riñe con la
Carta. Lo que resulta inconstitucional es la sustracción de las bondades de la
medida para los créditos tomados antes de la entrada en vigor la
Ley. En consecuencia, se impone proferir un fallo condicionado, según el cual,
el parágrafo censurado, es exequible, en el entendido que los créditos a los
cuales se refiere el literal g) del artículo 5 de la
Ley 1328 de 2009, tomados antes del 9 de julio de 2012 también podrán ser
pagados anticipadamente sin que ello acarree  la penalización por prepago para
el usuario.
PAGO ANTICIPADO DE CREDITOS FINANCIEROS EN MONEDA
NACIONAL, SIN NINGUN TIPO DE PENALIZACION O COMPENSACION-Finalidad
DERECHOS DEL CONSUMIDOR-Contenido y
alcance
LIBERTAD JURIDICA CONTRACTUAL EN EL MARCO DEL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Alcance
INTERVENCION DEL ESTADO EN EL AMBITO DE LA
LIBERTAD ECONOMICA-Alcance/LIBERTAD DE EMPRESA-Jurisprudencia
constitucional/ACTIVIDAD ECONOMICA-Limitaciones/LIBERTAD DE
EMPRESA-Límites/CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ECONOMICA-Facultades para establecer límites o restricciones/LIBERTADES
ECONOMICAS-No son absolutas
PROTECCION DEL CONSUMIDOR FINANCIERO-Jurisprudencia
constitucional
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Jurisprudencia constitucional/ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Protección al consumidor y al usuario del crédito como forma de
democratización del crédito/PAPEL DEL JUEZ EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Jurisprudencia
constitucional/ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO-Contenido y alcance/INTERVENCION
DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Alcance/INTERVENCION DEL ESTADO EN MATERIA
FINANCIERA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Jurisprudencia
constitucional
CONSUMIDOR Y USUARIO FINANCIERO-Contenido
constitucional/CONSUMIDOR-Restablecimiento de igualdad frente a
productores y distribuidores/CONSUMIDOR-Protección/DERECHOS
DEL CONSUMIDOR-Precisión legal del contenido
La Constitución
ordena la existencia de un campo de protección en favor del consumidor,
inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y
distribuidores, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que
acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas. Sin
embargo, la Constitución no entra a determinar los supuestos específicos de
protección, tema este que se desarrolla a través del ordenamiento jurídico. El
programa de protección, principalmente, se determina a partir de la ley, los
reglamentos y el contrato. Es claro que la fuente contractual debe
interpretarse de conformidad con los principios tuitivos del consumidor
plasmados en la Constitución. Con el derecho del consumidor se presenta algo
similar de lo que se observa con otros derechos constitucionales. La
Constitución delimita un campo de protección, pero el contenido preciso del
programa de defensa del interés tutelado, es el que se desarrolla y adiciona
por la ley y por otras normas y fuentes de reglas jurídicamente válidas. En
particular, trazado el marco constitucional, a la ley se confía el cometido
dinámico de precisar el contenido específico del respectivo derecho,
concretando en el tiempo histórico y en las circunstancias reales el nivel de
su protección constitucional. El significado de un determinado derecho y su
extensión, por consiguiente, no se establece sólo por la
Constitución a priori y de una vez para siempre.
IMPLICACIONES QUE LA
CONDICION DE CONSUMIDOR COMPORTA PARA LA
LIBERTAD DE COMPETENCIA EN EL AMBITO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS-Jurisprudencia constitucional/LIBRE COMPETENCIA-Prerrogativas
POSICION DOMINANTE-Jurisprudencia constitucional/POSICION DOMINANTE-Concepto/ENTIDADES
BANCARIAS-Posición dominante frente a usuarios del sistema
financiero
CLAUSULA COMPROMISORIA EN CONTRATOS DE MUTUO EN
MATERIA DE CREDITO DE VIVIENDA-Jurisprudencia sobre posición dominante de la entidad
que otorga el préstamo
ABUSO DE LA
POSICION DOMINANTE-Procedencia de la acción de tutela contra entidades financieras
CONTRATO DE MUTUO CON HIPOTECA-Derechos
del extremo más débil
CONTRATO DE MUTUO EN EL AMBITO FINANCIERO-Desarrollo
normativo
MUTUO CON INTERESES Y PENALIDAD POR PAGO ANTICIPADO-Excepción
al mandato establecido en artículo 2229 del Código Civil
CREDITO PARA ADQUISICION DE VIVIENDA-Jurisprudencia
sobre democratización del crédito en el marco de los mutuos en el sector
financiero
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMA SOBRE PAGO ANTICIPADO EN OPERACIONES DE CREDITO
FINANCIERO-Ratio
decidendi contenida en sentencia C-252 de 1998, no resulta aplicable
Estima la Sala que la ratio decidendi contenida en la
C- 252 no resultaría aplicable en el caso en estudio, pues, de un lado, el
ordenamiento positivo puesto a consideración de la
Corte ha cambiado.  De otro lado, cuando la
Corte juzgó el mandato civil no lo hizo atendiendo el contexto propuesto por
el legislador en el caso de la Ley 1555 de 2012. Mientras en la decisión de
1998 lo que se sometió a estudio era la prohibición de pago anticipado a
propósito del mutuo en general, en el asunto a desatar en este caso, el
problema hace relación al mutuo en materia de obligaciones en moneda nacional
con el sector financiero y atendiendo un tope establecido por el legislador. Se
trataría entonces de un caso distinto, frente a lo cual no tendría cabida sin
más, lo resuelto en la varias veces mentada C-252 de 1998
TEST DE IGUALDAD-Concepto
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Jurisprudencia
constitucional/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Mandatos que comprende
TEST O
JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Jurisprudencia constitucional/TEST DE IGUALDAD-Finalidad
JUICIO DE IGUALDAD-Presupuestos
JUICIO DE IGUALDAD-Niveles de
intensidad
TEST DE IGUALDAD INTERMEDIO-Alcance/TEST
DE IGUALDAD INTERMEDIO-Aplicación
CLAUSULA DEL ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Alcance
PAGO
ANTICIPADO EN OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERO SIN PENALIDAD-Contribuye a reducir el
espacio para las formas de crédito transgresoras del ordenamiento en cabeza de
personas inescrupulosas que brindan crédito informal denominado “gota a gota”
PAGO
ANTICIPADO EN OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERO SIN PENALIDAD-Se halla en la senda de
la protección al actor más débil en la relación contractual crediticia y reduce
el escenario para el eventual abuso de la posición dominante
SEGURIDAD JURIDICA-Pilar del
Estado Social de Derecho
PAGO
ANTICIPADO EN OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERO SIN PENALIDAD-En tanto no
se dé el pago anticipado, se está frente a una mera expectativa
DERECHOS ADQUIRIDOS Y MERAS
EXPECTATIVAS-Distinción
Los
derechos adquiridos se diferencian de las meras expectativas que son aquellas
esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un
derecho que, por no haberse consolidado, puede ser regulado por el legislador
según las conveniencias políticas que imperen en el momento, guiado por
parámetros de justicia y de equidad que la
Constitución le fija para el cumplimiento cabal de sus funciones (…)”. Con
posterioridad ha reiterado: (…) se puede afirmar que los derechos adquiridos,
protegidos constitucionalmente por el artículo 58 Superior, se refieren a
derechos subjetivos consolidados e intangibles, que cumplen con las condiciones
contempladas en la ley, y son plenamente exigibles, mientras que las
expectativas, son situaciones no consolidadas de conformidad con los requisitos
de ley vigentes, aunque resulte factible que lleguen a consolidarse en el
futuro, y que por tanto pueden ser modificadas por una nueva normatividad. Se
observa entonces, que la mera expectativa puede ser objeto de modificación y,
no tiene el mismo alcance del derecho adquirido, por ello, desestima la
Corte el razonamiento que supone, con la extensión del beneficio, como
transgredidas la libertad contractual y la seguridad jurídica. Con todo,
reitera la Corporación que en el contexto del Estado Social de Derecho y,
frente a derechos del consumidor, como los hay en el asunto ventilado, la
libertad contractual debe ceder, sin desaparecer, para darle cabida a la realización
de los derechos. Se trata puntualmente de un caso de armonización de derechos
constitucionales en tensión, en el que la pretensión del intérprete es la
pervivencia de ambos y no la eliminación de uno en favor de otro.
COBRO DE PENALIDAD CUANDO SE PRESENTA PAGO ANTICIPADO
EN MATERIA DE CREDITOS-No se puede
calificar como situación jurídica consolidada o derecho adquirido
La Corte advierte que en el presente caso no se puede
calificar como situación jurídica consolidada o derecho adquirido, la posibilidad
de cobrar una penalidad cuando se presentan pagos anticipados en materia de
créditos, como quiera que esta solo puede tener lugar si se produjo dicho pago,
de manera que se está frente a una mera expectativa. El carácter de situaciones
jurídicas consolidadas se presentaría solo en aquellos eventos en los cuales ya
se hizo el pago anticipado y se ha generado el derecho de hacer efectiva la
sanción. Pero en aquellos casos en los que el supuesto fáctico no ha
acontecido, es válida la afectación por parte de la nueva ley. Adicionalmente,
observó que el demandante incurre en confusión del principio de legalidad de la
pena con las consecuencias jurídicas de pactos mercantiles, razón por la cual,
dado el resultado de la sentencia, fue desatendida por el Tribunal.
FENOMENO DE LA RETROSPECTIVIDAD-Jurisprudencia
constitucional
CREDITOS PAGADOS CON ANTELACION AL
MOMENTO DE EXPEDICION DE LA SENTENCIA-Consecuencia jurídica/CREDITOS EN QUE SE INCORPORA
LA PENALIDAD Y AL MOMENTO DE PROFERIR SENTENCIA, NO SE HA DADO EL PAGO
ANTICIPADO-Prerrogativas/FENOMENO DE LA RETROSPECTIVIDAD-Aplicación
Para la Sala, en el caso concreto de los contratos a
los que se refiere la ley acusada, quien haya pagado con antelación al momento
de expedición de este fallo, ha configurado el supuesto de hecho que genera el
derecho para la entidad financiera de hacer efectiva la penalidad. En tal caso
no cabe invocar este proveído con miras a obtener alguna suerte de condonación,
devolución o reembolso de lo pagado. Pero, aquellos en cuyos contratos se
incorporó la penalidad y, al momento de proferir la sentencia, no se ha
configurado el supuesto de hecho, bien pueden gozar de los beneficios que
implique lo resuelto por la Corte. En este último caso, entiende la
Corporación, se está frente a meras expectativas de la entidad financiera,
sujetas a las modificaciones del ordenamiento jurídico. Observa el Juez
Constitucional que, cuando se trata de contratos de las condiciones de los aquí
analizados, en los cuales no se ha dado el pago anticipado, opera el fenómeno
de la retrospectividad varias veces tratado por esta Corporación, pues, el
beneficio entra regir para aquellos contratos en los cuales la cláusula
sancionatoria por pago anticipado, sin que ello afecte aquellos acuerdos en los
cuales ya se está frente a situaciones jurídicas consolidadas. Se concluye,
pues, que la decisión a adoptar por el Tribunal Constitucional, preserva el
trascendental valor de la seguridad jurídica, armonizándolo con la realización
efectiva de los derechos como imperativo del Estado Social de Derecho y con los
derechos de los consumidores como expresión de la misma fórmula política.
SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carácter
obligatorio/SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Efectos
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD
CONDICIONADA-Deberes de vigilancia y
control sobre las actividades de los entes financieros por parte de los
organismos y autoridades correspondientes
Por
tratarse de una sentencia que puede encontrar circunstancialmente renuencia a
ser cumplida, dadas las incidencias económicas de la misma, resulta prudente
recordar a los organismos y autoridades correspondientes sus deberes de
vigilancia y control sobre las actividades de los entes financieros, teniendo
en cuenta las advertencias de la Corte a propósito de otra decisión:  “(…)
además de los controles a cargo de la Superintendencia Bancaria sobre el
comportamiento de las entidades financieras al respecto, para sancionarlas con
la drasticidad que se requiere si llegan a desvirtuar en la práctica o si hacen
inefectivo lo ordenado por la Corte, los deudores afectados (…) gozan de las
acciones judiciales pertinentes para obtener la revisión de sus contratos(…)”.
Referencia: expediente D-9345
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del
artículo 1º (parcial) de la Ley 1555 de 2012 “Por medio de la cual se
permite a los consumidores financieros el pago anticipado en las operaciones de
crédito y se dictan otras disposiciones”.
Actor:
Nisson Alfredo Vahos Pérez
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C. veintitrés (23) de mayo de dos mil trece
(2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y el
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los
artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Nisson Alfredo
Vahos Pérez demandó la inexequibilidad del parágrafo del artículo 1º de la Ley
1555 de 2012, “Por medio de la cual se permite a los consumidores
financieros el pago anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras
disposiciones”.
Mediante
Auto de seis (6) de noviembre de 2012, el Magistrado Sustanciador decidió
admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió
traslado al señor Procurador General de la Nación para los efectos de su
competencia.
En
la misma providencia, ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente
del Congreso de la República, a la Ministra de Justicia y Derecho, al Ministro
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República, para que, si lo estimaban conveniente, se pronunciaran respecto
de la exequibilidad o inexequibilidad de las disposiciones acusadas.
De
igual forma, en el mencionado Auto se invitó al Superintendente Financiero, al
Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a los decanos de las
facultades de Derecho de las universidades del Norte, Pontificia Javeriana,
Andes y Externado de Colombia, para que, si lo consideraban conveniente,
intervinieran dentro del proceso con el propósito de rendir concepto sobre la
constitucionalidad del precepto demandado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13 del Decreto 2067 de 1991.
Una
vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución
Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a
decidir acerca de la demanda de la referencia.
II. EL TEXTO DEMANDADO
A continuación se transcribe el texto del artículo 1º
de la Ley 1555 de 2012, conforme a su publicación en el Diario Oficial No.
48.486 del 9 de julio de 2012 y se subraya el aparte demandado.
LEY 1555 DE 2012
(9 de julio de 2012)
Diario Oficial No. 48.486 de 9 de julio de 2012
“Por medio de la cual se permite a los consumidores
financieros el pago anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras
disposiciones”
El Congreso de Colombia
DECRETA:
“ARTÍCULO 1º. Adiciónese al artículo 5º de la Ley 1328
de 2009 el siguiente literal:
g)
Efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional sin
incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante, de
las cuotas o saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación
de intereses al día del pago.
Es obligación de las entidades crediticias brindar al
usuario información transparente, precisa, confiable y oportuna en el momento
previo al otorgamiento del crédito sobre la posibilidad de realizar pagos
anticipados de su obligación.
Este derecho del consumidor financiero no será
aplicado a operaciones de crédito cuyo saldo supere los ochocientos ochenta
(880) smmlv. Para los créditos superiores a este monto, las condiciones del
pago anticipado serán las establecidas en las cláusulas contractuales pactadas
entre las partes.
Es derecho del deudor decidir si el pago parcial que
realiza lo abonará a capital con disminución de plazo o a capital con
disminución del valor de la cuota de la obligación.
En el evento en que el deudor posea varios créditos
con una misma entidad que sumados superen el monto indicado en el inciso
tercero, solo podrá realizar el pago anticipado aquí regulado hasta dicho
límite. En el evento en que el deudor posea varios créditos con diferentes
entidades, podrá realizar el pago anticipado aquí regulado con cada entidad,
hasta el límite establecido en la presente ley.
Las disposiciones contenidas en este artículo no
aplican a los créditos hipotecarios.
Parágrafo 1°.La posibilidad de pago anticipado de los créditos
anteriormente especificados, aplica a los créditos otorgados a partir de la
entrada en vigencia de esta ley.
(…)”
III. LA DEMANDA
1. Normas constitucionales
que se consideran infringidas
El
demandante estima que la disposición objeto de censura constitucional,
contenida en la Ley 1555 de 2012, “Por medio de la cual se permite a los
consumidores financieros el pago anticipado en las operaciones de crédito y se
dictan otras disposiciones”, contraviene lo dispuesto en los artículos 1,
6, 13 y 29 de la Constitución Política.
2. Fundamentos de la demanda
2.1. Según el
demandante, la disposición censurada vulnera el artículo 1º Superior,
específicamente, lo atinente al principio de Estado Social de Derecho.
En su
criterio, la violación de este principio se deriva de la circunstancia de que
el segmento demandado al permitir a las entidades financieras el cobro de
multas a quienes hayan tomado un crédito con anterioridad a la vigencia de la
ley y decidan pagarlo anticipadamente, avala una situación injusta e
inequitativa, frente a la cual el Estado no asume el papel fundamental que  en
lo social le corresponde, sino el de un Estado legalista y liberal, preocupado
más por mantener una protección al sector financiero, en detrimento de las
clases menos favorecidas y de menores recursos, en este caso los deudores de
los bancos. Luego de citar alguna jurisprudencia, refiere que el legislador al
adoptar la medida acusada no cumplió con el mandato de propender hacía la
justicia y la equidad.
2.2. Del
mismo modo, considera que el segmento acusado desconoce, el artículo 13 de la
Constitución Política, toda vez que discrimina y trata de manera desigual a
personas que se encuentran en una situación similar, puesto que suprime la
sanción pecuniaria exclusivamente para las personas que tomen los créditos a
partir del 9 de julio de 2012, y la preserva para quienes contrajeron créditos
con anterioridad a esa fecha. La distinción le resulta irracional, pues, en su
entender, se trata de un mismo grupo de individuos, que no es otro que los
deudores del sector financiero.
Estima que
entre los dos tipos de deudores de la banca, hay identidad en los supuestos de
hecho, pero, no en las consecuencias jurídicas, con lo cual, considera que se
demuestra la discriminación. Advierte que los deudores del sistema financiero
están en situación de debilidad frente a sus acreedores, evidenciándose una
igualdad formal y una desigualdad material. Refiere que el trato diferenciado
para los deudores que contrajeron obligaciones con los bancos antes del 9 de
julio de 2012, carece de justificación
2.3. De igual
forma, manifiesta que la norma bajo estudio resulta contraria a los artículos 6
y 29 de la Carta Política. En su criterio, uno de los pilares del derecho
fundamental contenido en el artículo 29 Superior aplicable a toda clase de
actuaciones que tiendan a concluir con la imposición de una sanción, se
encuentra reflejado en la cláusula conforme a la cual nadie puede ser juzgado
sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.
Sostiene al
respecto que el artículo demandado vulnera el derecho al debido proceso y
desconoce el principio de legalidad de la falta, de la pena y de la imposición
de la sanción, por cuanto lleva a que el deudor de un crédito otorgado con
antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1555 de 2012, al pagar
anticipadamente la obligación contraída, sea sancionado conforme a una Ley, para
ese momento, inexistente al acto que se le imputa.
Con miras a
reforzar la anterior posición, indica que de conformidad con la Carta, se
tendría que los pagos que se hagan anticipadamente en vigor de la Ley 1555 de
2012, independientemente de la época en la cual se constituyó la obligación, no
deberían ser sujetos de sanción pecuniaria por parte de la entidad bancaria o
corporación financiera como efecto general e inmediato de dicha ley, es decir,
en virtud del principio de legalidad de la falta, de la sanción, de la
imposición de la misma y del principio de seguridad jurídica, dicha norma debe
ser aplicada a todos los hechos jurídicos, derechos y obligaciones anteriores y
posteriores a su vigencia.
A juicio del
actor, el precepto demandado contradice el principio de legalidad, pues, impide
la aplicación inmediata de la ley y desconoce el fenómeno de la
retrospectividad de la norma, por cuanto al evitar que hechos derivados de
situaciones jurídicas gobernadas por normas anteriores, pero que se constituyen,
se materializan y se consolidan en vigencia de la Ley 1555 de 2012, se les
apliquen los efectos jurídicos de la nueva ley. Concluye que lo ocurrido
soslaya tanto los derechos a la igualdad, a la justicia y a la equidad, como el
principio de legalidad de la conducta y de la sanción, todos ellos pilares
fundamentales y necesarios del debido proceso.
IV.
INTERVENCIONES
Vencido
el término de fijación en lista, y en cumplimiento de lo ordenado en Auto de
seis (6) de noviembre de dos mil doce (2012), la Secretaría General de esta
Corporación informó que de acuerdo a las comunicaciones libradas se recibieron
los siguientes escritos de intervención:
1. Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
Mediante escrito allegado a
través de apoderado, el 30 de noviembre de 2012, intervino el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con el fin de solicitarle a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo frente al artículo
1º (parcial) de la Ley 1555 de 2012 o, en su defecto, declare su
exequibilidad.
En primer lugar, expone que la
presente demanda no cumple con el requisito de pertinencia, por cuanto el
accionante se limitó a exponer consideraciones subjetivas de conveniencia de un
problema particular que generan las normas censuradas, relativo a la imposibilidad
de aplicar el pago anticipado de las obligaciones crediticias que fueren
adquiridas con anterioridad a la expedición de la Ley 1555 de 2012.
Manifiesta el interviniente que,
de no considerar la Corte procedente la solicitud principal, se deberá declarar
la constitucionalidad del segmento censurado por los siguientes motivos.
Con respecto a la violación del
artículo 1º Superior, el interviniente estima que la sanción por pago
anticipado no es un beneficio como tal, sino una estimación anticipada de los
daños que genera para la entidad otorgante del crédito el pago anticipado del
mismo.Consecuentemente señala que la norma acusada no puede catalogarse como
contraria al principio del Estado Social de Derecho en lo atinente a la
búsqueda de la justicia, sino, por el contrario, la intención del legislador
era prevenir que una asimetría de información al momento de conceder el
crédito, afecte los intereses de una de las partes de la relación contractual.
Sumado a lo anterior, indica que
del contenido del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual, “en todo
contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su
celebración”, se infiere que a partir del perfeccionamiento de un contrato,
la relación contractual entre las partes se rige por lo dispuesto en el
contrato y aquellas normas que hayan estado vigentes al momento de su
celebración. Por ende, las leyes posteriores, excepto las que consagren
derechos fundamentales, busquen la primacía del interés público o en las que el
legislador expresamente haya dispuesto consagrar su aplicación retroactiva, no
están llamadas a surtir efectos en las relaciones jurídicas consolidadas.
Por consiguiente, argumenta que
el régimen contemplado en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1555 de 2012
protege la seguridad jurídica, la cual es una de las facetas del principio del
Estado Social de Derecho y, enese sentido, no es viable su aplicación
retroactiva, toda vez que no se enmarca dentro de los supuestos que la
Constitución Política prevé, toda vez que el legislador no le dio ese efecto.
En cuanto al cargo basado en el
desconocimiento del artículo 13 Superior, señala que la existencia de la
posibilidad del pago anticipado del crédito es un factor que incide en la
determinación de la tasa de interés del mismo y, por tanto, la fecha de
otorgamiento del crédito sí justifica la diferencia en el trato.
Adicionalmente, indica que es
precisamente por lo anterior que solo a partir de la consagración del derecho
al pago anticipado sin liquidación de sanción que los acreedores cuentan con la
posibilidad de incorporar dicho componente en la determinación de la tasa de
interés. Así las cosas, no es de recibo la consideración del actor relativa a
la transgresión del derecho a la igualdad, por cuanto existen circunstancias
objetivas que justifican el trato diferente, en este caso, la fecha de
concesión del crédito.
En lo que atañe a la vulneración
de los artículos 6 y 29 Superiores, manifiesta que disiente de la posición del
actor, toda vez que en los contratos celebrados con antelación a la vigencia de
la Ley 1555 de 2012, el texto del contrato es ley para las partes y que en
virtud del principio de incorporación del derecho, la estimación consagrada en
el artículo 1º de la Ley 1555 de 2012 no se entiende incorporada a los
contratos celebrados antes del 9 de julio de 2012, pues el legislador no lo
dispuso así. De este modo, la sanción de pago anticipado de los contratos de
crédito otorgados antes del 9 de julio de 2012 es preexistente, razón por la
cual, de verificarse el supuesto de hecho de la sanción, el acreedor tendría
derecho a exigirla, sin que se configure una vulneración del debido proceso,
pues, de igual manera, se ajustaría a las cláusulas establecidas en el
contrato, por lo que no se desconocerían los derechos de los deudores de
créditos anteriores a la expedición de la ley.
Concluye que al disponerse  la
aplicación de la Ley para los contratos celebrados a partir de la entrada en
vigor de la Ley 1555 de 2012 se previenen los posibles efectos retroactivos del
mandato y evita que las disposiciones de los contratos se vean alteradas,
protegiendo así el principio de seguridad jurídica.
2. Superintendencia
Financiera de Colombia
La Superintendencia Financiera
de Colombia, mediante escrito remitido a esta Corporación el 30 de noviembre de
2012, intervino en el proceso de la referencia, para defender la
constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con los argumentos que a
continuación se reseñan.
La representante de dicha
entidad, afirma, en primer lugar, que la intención del legislador al momento de
la expedición de la norma fue buscar la protección del consumidor financiero al
permitirle pagar anticipadamente sus operaciones de crédito.
Se refiere a continuación la
interviniente al cargo relacionado con la violación del artículo 1º de la
Constitución Política, para señalar que el precepto demandado no va en
contravía del Estado Social de Derecho, por cuanto el principio constitucional
imperante en Colombia es que la ley es irretroactiva y rige hacia el futuro.
Señala que, contra lo afirmado por el demandante, el principio de
irretroactividad de la ley se aplica a todos los hechos jurídicos, derechos y
relaciones jurídicas que se constituyan a partir de su vigencia, aun cuando
esto no se encuentre contenido expresamente en la disposición normativa.
Sumado a lo anterior  y,
aduciendo jurisprudencia y doctrina, asevera que del artículo 58 Superior, es
viable colegir que la irretroactividad de la ley es la regla general, mientras
que la retroactividad es la excepción a la regla y, por ende, debe ser expresa.
Agrega que el efecto retroactivo
de las leyes se encuentra prohibido por razones de orden público y de seguridad
jurídica, por cuanto las personas generan su confianza en la ley vigente y
conforme a esta celebran sus transacciones y cumplen las obligaciones que les
son impuestas. Por lo tanto, no es de recibo el argumento esgrimido por el
actor, según el cual una norma que no es retroactiva resulta desconocedora del
principio del Estado Social de Derecho.
En cuanto al cargo relativo a la
transgresión de los principios de igualdad, legalidad y debido proceso, la
interviniente indica que, contrario a lo esgrimido por el actor, la norma
demandada se ajusta a los principios de equidad, justicia y legalidad, por
cuanto establece de manera clara y concreta su aplicación, señalando quién es
el destinatario y los límites temporales para su alcance.
Añade que el precepto demandado
garantiza el cumplimiento del principio de legalidad y el debido proceso ya que
dispone la posibilidad de prepagar anticipadamente los créditos derivados de
operaciones financieras, bajo las condiciones que allí se establecen. Por
consiguiente, en cuanto a los créditos adquiridos con antelación a la vigencia
de la Ley 1555 de 2012, las condiciones de pago anticipado serán las pactadas
en los respectivos contratos o, en su defecto, las contempladas en las normas
que de manera supletiva resulten aplicables.
3.
Universidad Externado de Colombia
Luis
López Roca, Director del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil de la
Universidad Externado solicitó la exequibilidad de la disposición censurada.
Inicia
su intervención refiriéndose a la aplicación de la Ley en el tiempo,
advirtiendo que esta produce efectos desde el momento en que ella misma lo
defina. Citando jurisprudencia de la Corte recuerda que distinta es la
protección de la situación jurídica consolidada a la de la mera expectativa
frente a la nueva Ley.
Seguidamente
se ocupa del test de igualdad para el caso de normas que establezcan vigencias.
Recuerda aspectos generales del principio de igualdad, igualmente alude a
algunas generalidades del debido proceso y la legalidad de la sanción.
A
partir de tales prolegómenos examina lo relacionado con el pago anticipado en
el contrato de mutuo, citando una decisión de la Corte en la cual, estimó justa
la penalidad por pago anticipado (C-252 de 1998 M.P. Carmenza Isaza de Gómez).
Plantea que permitir el pago anticipado, cuando convenga al deudor, daría píe
para admitir el cobro por parte del acreedor cuando este lo desease, pues solo
así se preservaría el equilibrio del pacto.
Para
el análisis del caso concreto, propone un test de igualdad, atendiendo que el
legislador cuenta con una amplia libertad de configuración en materia
económica. Estima que el test débil es el apropiado por tratarse de un asunto
en materia económica y del mismo concluye que el trato diferencial está
justificado, pues, antes de la entrada en vigor de la Ley acusada, los
contratos se rigieron por normas que la misma Corte consideró ajustadas al
ordenamiento.
Agrega
que el trato diferente al proteger los intereses de las partes es congruente
con el Estado Social de Derecho y no hay obligación para el legislador de
establecer en forma retroactiva el no pago de las penalidades pactadas.
Considera, adicionalmente, que la diferenciación en este caso es proporcional y
ajustada a la Carta. Extender la medida afecta la libertad contractual y genera
inseguridad jurídica.
Finalmente,
manifiesta que no se viola el principio de la legalidad de las penas, pues el
legislador dejó vigente la sanción por el pago anticipado, lo cual es
aplicación  del principio tempos regit actus. Precisa que el actor
confunde la sanción por el no pago con las sanciones de carácter penal y de
derecho administrativo, cuya finalidad y contenido son diferentes.
Con
tales fundamentos afirma la constitucionalidad del texto demandado.
V. INTERVENCIONES CIUDADANAS
5.1. En el
término de fijación en lista, el señor Smith Noriega y otros ciudadanos, se
hicieron partícipes de la causa suscitada a propósito de la acción pública de
inconstitucionalidad ejercida contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 1555 de
2012 y, en escueta comunicación solicitaron a esta Corporación que declarara la
inexequibilidad de la referida norma.
Consideran que se vulnera el artículo13 de la Carta,
patrocinándose  el enriquecimiento de los bancos y causándose perjuicio a los
ciudadanos. Estiman que el beneficio no debe tener limitaciones y debe
propenderse a la equidad para los consumidores.
5.2. En otro
lacónico escrito, la ciudadana Yenny Naranjo y otros signatarios, se
pronunciaron sobre la demanda de la referencia con el objeto de defender la
constitucionalidad de la norma reprochada. En cuanto hace al cargo por
violación del principio de igualdad, disienten de la postura del demandante, al
señalar que la disposición no brinda un trato desigual a las personas, pues
éstas cuentan con la posibilidad de acceder a la modalidad de venta de cartera
consagrada en la Ley 1231 de 2008 con otras entidades financieras, lo cual
posibilitaría que todos los deudores tengan la capacidad de elección de una
tasa más baja dentro del sector bancario.
5.3. Entre
tanto, Carlos Losada y otros ciudadanos, intervinieron en el presente asunto,
coadyuvando la solicitud del demandante. Al efecto manifiestan que el texto
acusado vulnera el principio de la igualdad por cuanto se limita a proteger tan
solo a un sector reducido de la sociedad, desconociendo la cantidad de deudores
que adquirieron sus créditos con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 1555 de 2012. Agregan que es evidente la parcialidad de la ley y el
desconocimiento de la primacía del interés general.
En cuanto a la vulneración del derecho al debido
proceso, señala el interviniente que la ley demandada efectivamente lo
desconoce, especialmente en lo relativo al principio de legalidad, según el
cual “nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, pues la
norma demandada impide el efecto general inmediato de las normas jurídicas, ya
que si el deudor al cual se le ha otorgado un crédito con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 1555 de 2012 hace el pago anticipado en la vigencia
de ésta, estaría expuesto a la penalización, conforme a las leyes que son
preexistentes al acto que se le imputa, indistintamente de la fecha en la que
se haya adquirido el crédito.
5.4. El ciudadano Daniel Alarcón, intervino en defensa
del texto acusado, explicando que pocos contratos se celebran sin búsqueda de
provecho como objeto contractual. En el mutuo, el deudor se beneficia al
acceder a  la liquidez y el acreedor con el rendimiento sobre lo prestado. Cita
en favor de su tesis jurisprudencia de la Corte en la que se estimaron como
justas las estipulaciones del mutuo. Precisa que la mal llamada sanción por
prepago, no es producto de la violación de una norma legal, sino, una solución
que permite al deudor un pago anticipado.
5.5. Fuera de término allegó un escrito el ciudadano
Henry Sanabria, en el cual sostiene que la disposición debe ser declarada
exequible pues no vulnera el artículo 1º de la Carta dado que no se está
autorizando ningún abuso por parte de las entidades financieras. Agrega que
tampoco se desconoce el derecho a la igualdad, pues, los créditos adquiridos
con anterioridad a la vigencia de la ley cuestionada, se rigen por otras
disposiciones, en particular, el artículo 2229 del Código Civil, atinente a
contrato de mutuo. Tras citar jurisprudencia de la Corte, afirma que extender
la exclusión de la penalidad por pago anticipado, a los créditos otorgados
antes de la entrada en vigencia de la ley tachada, implicaría desconocer
estipulaciones válidamente pactadas y por ende, derechos adquiridos.
Concluye su escrito aseverando que no se presenta una
violación al debido proceso, pues, los deudores conocían desde el momento de la
celebración del contrato, cuales eran las sanciones pactadas en caso de darse
un pago anticipado.
VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5494, del 16 de
enero de 2013, intervino en el trámite de la presente acción, solicitándole a
la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la disposición acusada.
Asume
como único cargo formulado por el actor la violación del principio de igualdad,
por no extender la disposición cuestionada el beneficio del prepago sin
penalización, a los créditos contraídos con antelación a su entrada en
vigencia. Para resolver el problema jurídico, la Vista Fiscal afirma que la
disposición acusada es una norma que busca establecer un derecho del consumidor
financiero a realizar pagos anticipados en toda operación de crédito sin
incurrir en ninguna penalización o compensación por lucro cesante y, por tanto,
se trata de una regla de orden económico encaminada a tener aplicación en las
relaciones de captación de dineros del público y su colocación en el mercado.
Señala
que cuando el Estado interviene para regular la actividad económica conforme a
lo previsto en el artículo 334 Superior, el legislador dispone de una amplia
libertad de configuración, motivo por el cual solamente es viable cuestionar la
legislación de la materia cuando su inconstitucionalidad sea manifiesta, ya sea
porque se transgreden garantías fundamentales o porque se expiden regulaciones
irrazonables o desproporcionadas.
En
cuanto al cargo relativo a la violación de la garantía a la igualdad, expresa
que cuando se trata de normas de intervención del Estado en la economía, ésta
solamente procede frente a circunstancias o instituciones que reúnan las mismas
condiciones y los mismos supuestos de hecho aplicables en todos sus elementos y
no de manera parcial e incompleta.
Precisa
que la materia que regula la norma en mención corresponde a contratos de mutuo
con entidades financieras, en lo atinente a los pagos anticipados sobre los
mismos sin penalización o compensación alguna, lo cual se sustenta en el
artículo 335 Superior. Así mismo, indica que dicha norma se refiere a la
explotación empresarial del derecho a la propiedad privada, el cual, conforme
al artículo 58, no puede ser desconocido por leyes posteriores.
En
ese orden de ideas, a su juicio, toda relación contractual se rige por el
principio de la buena fe, especialmente aquellas que se pactan entre
particulares, tal como lo establece el artículo 83 Superior.
Por
lo anterior, considera que es viable afirmar que existe una diferencia entre
los contratos de mutuo celebrados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
1555 de 2012 y los que se celebraron con anterioridad a esta, distinción que
atiende los costos del dinero, pues antes de la entrada en vigor de la ley en
comento el cumplimiento de los contratos en materia de duración se aseguraba
por medio del pacto de cláusulas de penalización o compensación con la
finalidad de que la entidad financiera cubriera los costos del dinero captado,
los de seguros sobre los mismos y los administrativos, al igual que los
relacionados con la banca central. Dichos costos se reflejaban en la manera de
calcular el interés correspondiente.
Agrega
que si el anterior contexto contractual no se respetara a partir de la vigencia
de la Ley 1555 de 2012, se desconocería el principio de la buena fe en lo
relativo a la confianza legítima, por cuanto se haría incurrir a la entidad
financiera prestamista en unos costos inesperados e imprevisibles consecuencia
de pagos anticipados de créditos que ya tenían unas previsiones y compromisos
adquiridos con base en la vigencia segura de los mismos.
En
igual sentido, expresa que a partir de la entrada en vigor de la Ley 1555 de
2012, las entidades financieras han tenido que modificar la estructura de los
costos de los contratos de mutuo toda vez que el efectuar pagos anticipados en
toda operación de crédito sin ningún tipo de penalización o compensación
constituye un derecho del consumidor financiero, el cual, a su vez, configura
un riesgo para las entidades en mención, que se reflejará en los intereses que
cobren por los créditos, creándose una diferencia de relación contractual para
el prestatario en relación con los tipos de contratos celebrados antes de la
entrada en vigor de la Ley 1555 de 2012.
Así
las cosas, la Vista Fiscal afirma que se trata de actividades económicas que se
desarrollan en condiciones de mercado, cuyos defectos deben ser corregidos por
el Estado a través de sus facultades de intervención en la economía, motivo por
el cual no es viable predicar un desconocimiento de garantías fundamentales
relacionadas con los contratos de mutuo celebrados con anterioridad a la
vigencia de la Ley 1555 de 2012, específicamente porque quienes deciden tomar
un crédito es porque lo requieren para satisfacer una necesidad y tienen la
capacidad de asumirlo, indistintamente de su condición económica, pues de lo
contrario, obraría de mala fe.
Para
concluir se refiere al aspecto social, para lo cual señala que aun cuando la
medida cubre amortizaciones de créditos de cualquier monto, en la realidad esta
se dirige a medios socioeconómicos medios y altos, pues son estos quienes
realmente cuentan con la capacidad económica para liberar recursos destinados a
cubrir pagos anticipados sobre créditos hasta por 880 salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Por ende, la finalidad de la medida es evitar
riesgos sistémicos en el sector financiero por contingencias futuras en el
cumplimiento de las obligaciones crediticias.
En
consecuencia, el Jefe del Ministerio Público concluyó que la posibilidad de
pago anticipado de créditos con entidades financieras sin ningún tipo de
penalización o compensación, aplicable a partir de la vigencia de la Ley 1555
de 2012, no compromete el derecho al trato igual en relación con los deudores
de créditos adquiridos con entidades financieras antes de la vigencia de dicha
ley, siendo del caso declarar la exequibilidad.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4°, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer y decidir la demanda de la referencia.
2.
Cuestiones preliminares
Previo
a decidir y dada la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
estima la Corte que resulta oportuno considerar lo relacionado con el
cumplimiento de los requisitos de la demanda.
Censura
este interviniente la pertinencia de las acusaciones, pues en su sentir, solo
se aducen reparos de conveniencia por parte del actor. En este sentido,
advierte la Corte que si bien es cierto, en el libelo acusatorio, se incorporan
razones de evidente inconformidad por inconveniencia a raíz de lo dispuesto por
el legislador, las cuales no son propias para fundar un cargo en materia de
inconstitucionalidad, también lo es que al lado de las mismas, se agregan
motivos de inconstitucionalidad frente a la disposición acusada. En tal
sentido, vale decir que si bien los criterios personales de animadversión por
lo dispuesto en un texto legal, no son razón suficiente para activar el control
constitucional, la presencia de este tipo de manifestaciones no impiden a la
Corte ejercer su tarea, si concomitantemente, como en el presente caso ocurre,
se invocan razones de inconstitucionalidad.
Por
otro lado, resulta conveniente observar, en relación con el cargo por violación
al principio de igualdad, que esta Corporación ha establecido en reiteradas
ocasiones, un mayor nivel de exigencia cuando se trata de tachar disposiciones
presuntamente transgresoras del mencionado parámetro. En esta ocasión, el actor
no evidencia solvencia en el manejo de la técnica para la elaboración del
precitado tipo de acusaciones, no obstante lo cual logra poner de presente su
inconformidad alcanzando los mínimos requeridos para admitir el cargo.
Por
ello, en aplicación del principio pro-actione, según el cual dado el
carácter público de la acción de inconstitucionalidad, se impone la
flexibilidad, en tanto, se encuentran los elementos suficientes para emitir una
decisión de fondo[1].
Consecuentemente en esta oportunidad, procederá la Corte a pronunciarse sobre
la censura a la disposición en relación con el desconocimiento del artículo 13
de la Carta.
En
lo atinente a la presunta vulneración del artículo 6 de la Constitución, nada
se considerará por esta Corporación, dado que no hay en la demanda, ningún
motivo que explique la inconformidad  del texto acusado con la disposición
constitucional mencionada. La referencia parece contraerse a afirmar que los
mismos argumentos que soportan el quebrantamiento del debido proceso, son
razones para afirmar la vulneración del artículo 6 Superior.
3.
Los Problemas Jurídicos
Revisadas
las cuestiones preliminares, se hace necesario precisar los problemas jurídicos
a considerar por la Corte Constitucional. Para ello, se atiene la Sala a los
cargos elevados por el actor.
Un
primer asunto que se impone atender guarda relación con el quebrantamiento del
principio de igualdad por parte del enunciado contenido en el parágrafo del
artículo primero de la Ley 1555 de 2012, por medio del cual se adicionó el
artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. En tal sentido, corresponde a la Sala
contestar el siguiente interrogante ¿se vulnera el principio de igualdad,
cuando el legislador establece la posibilidad de pago anticipado sin ningún
tipo de penalización o compensación por lucro cesante, en operaciones de
crédito que se ajustan a las condiciones del literal g) del artículo 5 de la
Ley 1328 de 2009, solo para créditos otorgados a partir de la vigencia de la
Ley?.
Seguidamente,
debe la Corte establecer si la posibilidad de pago anticipado sin ningún tipo
de penalización o compensación por lucro cesante, en operaciones de crédito que
se ajustan a las condiciones del literal g) del artículo 5 de la Ley 1328 de
2009, solo para créditos otorgados a partir de la vigencia de la Ley, atenta
contra el Estado Social de Derecho por no extender el beneficio a los créditos
contraídos con antelación a la Ley.
Finalmente,
la Sala deberá determinar si el cobro de la penalidad por pago anticipado de
los créditos cuyas condiciones se adecuan a las contempladas en el literal g)
del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, pero, contraídos con anterioridad a la
vigencia de dicha Ley; constituye una violación al principio de legalidad de la
pena y de contera al debido proceso.
Para resolver los problemas planteados, procederá la
Corte, en primer lugar, a considerar los motivos que asistieron al legislador
para expedir la norma del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. Seguidamente, se
examinará brevemente, en el marco del Estado Social de Derecho, la situación de
los derechos del consumidor frente a la libertad jurídica en el contrato.
Posteriormente se recordarán algunas consideraciones básicas sobre el test de
igualdad.  Finalmente, se  examinará el caso concreto.
4.
Los motivos del legislador en la expedición del artículo 5 de la Ley 1328 de
2009
Dado
que se trata de una disposición con varios contenidos y, por ende varias
finalidades, procederá la Corte a repasar aquellos móviles que de manera
general inspiraron la producción del precepto referido en el subtítulo y,
particularmente, se retomará la razón que inspiró el parágrafo atacado en esta
demanda.
Vista
la exposición de motivos del proyecto de Ley 178 de 2011 Cámara[2], se puede advertir que el
legislador obró, preocupado por un sistema financiero que permite
fidelizaciones forzosas, en razón a que los deudores de los créditos, salvo los
hipotecarios que realicen pagos anticipados, podían ser objeto de una
penalización a cargo del deudor. Dicho de otro modo, dada la referida
penalización, no habría mayores alicientes para buscar otro crédito y,
consecuentemente, el deudor se ve atado a la entidad crediticia con la cual
tiene su obligación monetaria.
En
la misma manifestación del legislador se advierte que dicha fidelización
forzosa distorsiona la competencia, generando ineficiencia en el mercado
financiero. Ello acontece, porque los bancos no se ven obligados a competir en
el mercado de créditos, salvo en materia hipotecaria. La conducta de la banca
se explica, pues, en razón, de la penalidad por el pago anticipado, al deudor
le resulta poco atractivo cancelar anticipadamente y buscar una oferta de
crédito más barato.
En
materia hipotecaria, la competencia en términos de créditos con preferibles
tasas de interés, funciona de mejor manera. Un deudor ante la posibilidad de
pagar anticipadamente, sin necesidad de cancelar una penalización, puede optar
por un crédito más módico, satisfaciendo previamente su obligación monetaria
con la entidad financiera que le suponga una mayor erogación económica.
En
este contexto se propuso un proyecto que, inicialmente no contaba con la
diversidad de contenidos con la cual fue aprobado finalmente por el Congreso,
pero, en términos generales allí estaban las razones con las cuales se
argumentó la iniciativa legislativa. Esta, se expresó en tres aspectos:
a.
Mejora de la relación entre
entidades financieras y usuarios, pues las multas afectan negativamente la
movilidad del consumidor que busca crédito.
b.
Establecimiento de un mecanismo
que permitiera elevar el bienestar al aumentar la eficiencia del mercado en
términos de consecución de créditos más asequibles, eliminando una de las
fuentes más importantes de fidelización forzosa.
c.
En momentos de crisis financiera,
las refinanciaciones se hacen necesarias, al posibilitar el prepago a través de
compras de cartera, se cuenta con una “herramienta crucial para enfrentar
fenómenos nacionales y de contagio internacional”[3]
Igualmente,
se consideró en su momento que las disposiciones tendientes a eliminar la
sanción por prepago permitían una mayor bancarización, favoreciéndose el
crédito formal, frente a formas de crédito informal. Adicionalmente, se destacó
en la propuesta legislativa, la ventaja de la consiguiente reducción de las
tasas de interés, con lo cual el mercado del crédito bancario resultaba más
interesante para quienes requiriesen de crédito.
El
proyecto incluyó algunas referencias de otros ordenamientos jurídicos en
América Latina, en los cuales, se establecieron medidas financieras que
autorizaban los prepagos de deudas con instituciones financieras sin necesidad
de cancelar penalidades.
Desde
su mismo origen, la propuesta legislativa recordó la sentencia C- 252 de 1998
M.P. Isaza de Gómez, en la cual se consideró como justa la regla que establecía
la sanción para el deudor por el pago anticipado en el contrato de mutuo. Sin
embargo, se destacaba que el Estado, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 333 y 334 de la Constitución Política, podía intervenir en la
economía con miras a garantizar la libre competencia y lograr un orden
económico y social justo.
Las
motivaciones que se constituyeron en fundamento de la normatividad expedida por
el Congreso se mantuvieron a lo largo del debate legislativo. Eso sí, se
incorporaron otros contenidos con la finalidad de “no afectar la actividad
financiera y (…) evitar distorsiones que (pudiesen) llegar a generar un efecto
contrario al deseado (como que) los servicios financieros no se presten, se
encarezcan o disminuya su calidad (…)”[4]
.
Por
lo que atañe a la finalidad específica de la medida que aquí se censura, esto
es, la posibilidad de pago anticipado para los créditos otorgados a partir de
la entrada en vigencia de la Ley, nuevamente resulta oportuno, revisar el
propósito del legislador.
Ilustrativo
en este último sentido, resulta el debate en el seno de la respectiva Comisión
en la Cámara de Representantes. En dicha ocasión, comenzando el debate, se
presentaron declaraciones de impedimento por parte de algunos miembros de la
Comisión, estos aducían que tenían en aquel momento créditos de consumo y,
consideraban que tal circunstancia se constituía en obstáculo para participar
en el debate legislativo. Frente al hecho referido, se dio la discusión sobre
la procedencia del inconveniente por razón de tener un crédito de consumo.
Finalmente, los impedimentos fueron desestimados y tuvo lugar la aprobación y
discusión del proyecto. Lo importante de este detalle, estriba en que uno de
los ponentes frente al tema que preocupaba a algunos legisladores explicaba:
“(…)
Honorable Representante Carlos Alejandro Chacón Camargo:
Perdón. Presidente, aquí el tema a tratar por el doctor Barguil y
que lo acompañamos todos los que fuimos ponentes, (…) además le quiero decir lo
siguiente, si pretendemos declararnos impedidos por tener un crédito de
consumo, con solo la tarjeta de crédito, ya todos estarían impedidos. Yo
soy ponente y tengo claridad mental y hay fallos de la Corte Constitucional
en el sentido de que todos, primero esto es de beneficio general y segundo
toda decisión que tomemos acá, inmediatamente sea sancionada la ley, si llegara
a serlo, presidente, regirá hacia futuro, por lo tanto será por los nuevos
acuerdos de voluntades que se rijan de la fecha de la sanción a futuro, la ley
no es retroactiva en ese sentido, por lo tanto ninguna persona que hoy tenga un
crédito de consumo, se estaría beneficiando precisamente de esas circunstancia,
porque sería para el futuro inmediato.(…)”[5](negrillas fuera de texto)
Insistía
posteriormente el mismo representante, una vez resuelto el asunto de los
impedimentos:
“(…) Presidente, yo quiero hacer la misma claridad y la quiero
dejar para el proyecto de ley, en el sentido que se acompaña el proyecto de ley,
en el entendido que rige a partir, todas esos beneficios, toda esa posibilidad,
el pago anticipado de crédito a partir de la sanción de la ley. ( negrillas fuera de texto)
Hace uso
de la palabra el señor Presidente honorable Representante Ángel Custodio
Cabrera Báez:
Es que ni siquiera dejar constancia, vuelvo a repetir.
Secretaria:
Estamos en la votación caballeros.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante
Ángel Custodio Cabrera Báez:
Doctor Simón Gaviria.
Honorable Representante Simón Gaviria Muñoz:
Darle amablemente la memoria histórica de la Comisión, que este
Congreso se han votado normas como por ejemplo del UPAC y lo ha hecho de manera
retroactiva, nosotros podemos hacer modificaciones a los Códigos de estabilidad
jurídica, podemos hacer modificaciones del impuesto al patrimonio retroactivo, podemos hacer aunque creo
que nadie acá clasifica para el impuesto al patrimonio, pero podemos hacer
modificaciones a, digamos a normas de manera retroactiva, como lo vamos a hacer
en muchas iniciativas y aun así sin normas generales, sin beneficio
específico para la persona, no generan inhabilidad. Entonces.(…)” (negrillas fuera de texto)
Como
se puede apreciar, en la intervención de otro representante, Simón Gaviria,
mucho del interés del legislador en mantener la presencia de la disposición que
permite la sanción por pago anticipado en materia de créditos bancarios,
estribó en velar por la pulcritud y transparencia en la decisión y no
precisamente en guarda de la seguridad jurídica contractual. Incluso, como se
puede apreciar en la última intervención transcrita, se manifiesta que no
cabrían mayores reparos si la norma tuviese carácter retroactivo, pues, de ello
habría antecedentes.
Para
reforzar la consideración precedente, resulta oportuno referir que cuando se
dio la discusión en el tercer debate, en el Senado de la República y, se
incorporaron ajustes al texto legal, aduciendo para ello la búsqueda de un
equilibrio entre el propósito de la Ley y el posible efecto de la medida, no se
hizo alusión a la disposición aquí acusada. Se dijo en su momento en el informe
de ponencia, citado in extenso:
“(…) Es nuestro consenso como ponentes del proyecto
que un mayor nivel de protección de los consumidores financieros, a través del
reforzamiento de los derechos consagrados en el artículo 5º de la Ley 1328 de
2009, fortalece el ofrecimiento y desarrollo de los servicios financieros. En
este sentido, se considera que el espíritu del proyecto de ley es adecuado al
logro de estos objetivos. No obstante lo anterior, la herramienta que se
sugiere en el proyecto para alcanzarlos, tal y como está redactada, debe
afinarse para no afectar la actividad financiera y de esta manera evitar
distorsiones que puedan llegar a generar un efecto contrario al deseado (…)”
“(…)
cuando el banco se ve obligado a aceptar el prepago de los créditos sin el
cobro de ningún tipo de penalidad, se produce un descalce financiero con
perjuicio económico para la entidad. Ello porque no solamente no va a recibir
el dinero previsto en el contrato por concepto de los intereses causados, sino
que además se va a ver obligado a asumir el costo de pagarle al ahorrador la
tasa de interés que acordó al inicio del contrato de depósito. La situación
descrita, al generar un desbalance económico para los establecimientos de
crédito, termina perjudicando a los futuros clientes de las entidades, pues
conllevaría el incremento de las tasas de interés de los créditos que se
colocará en el futuro inmediato.
Visto lo anterior, resulta necesario lograr un
equilibrio entre el propósito del proyecto de ley y el posible efecto negativo
que la medida pueda conllevar a la actividad financiera si no se ajusta en el
sentido apropiado. Esta evaluación nos llevó a concluir que la eliminación de
la penalidad por prepago posiblemente conllevará a los establecimientos de
crédito una serie de costos directos e indirectos que deben reconocerse en la
ley con la posibilidad de que sean aplicados al deudor, a fin de no generar un
tratamiento inequitativo en la relación contractual que se regula.(…)”[6]
Y
más adelante, tras considerar los aspectos constitucionales, se precisaban los
ajustes en la redacción del texto del artículo 1, los cuales se enunciaban así:
“(…)
el beneficio se aplicará a todo crédito concedido en moneda nacional, así como
el reconocimiento de los costos operativos y financieros en que incurrió la
entidad como consecuencia de la operación. De igual manera, con el objeto de
proteger los créditos que por su monto han podido ser objeto de apalancamiento
y los proyectos de larga maduración fondeados mediante la obtención de recursos
a plazos fijos, se propone establecer un límite en salarios mínimos mensuales
legales vigentes a partir del cual el derecho no sea aplicable.
Complementariamente, el artículo se ajusta en el sentido de circunscribir la
posibilidad de prepago, en el evento en que existan múltiples créditos con una
misma entidad, con la finalidad de evitar el fraccionamiento de los créditos
que permita el desconocimiento del mencionado límite. Finalmente, consideramos
que con los ajustes incorporados el alcance de la norma es suficiente razón
por la cual es innecesario facultar al Gobierno Nacional para su reglamentación
y por tal razón se sugiere la eliminación del artículo 3º. (…)”[7](negrillas fuera
de texto)
Como se puede apreciar,
cuando se aludió a los ajustes tendientes a lograr el equilibrio entre el
consumidor financiero y la entidad crediticia, no se hizo mención de la medida
encaminada a eliminar la penalización por pago anticipado solo para los
créditos contraídos con posterioridad a la sanción del texto legal.
Concluye entonces la Corte,
que como finalidades generales de la disposición en la cual se ubica la
exclusión de la multa por pago anticipado en materia de los créditos bancarios
descritos en el literal g) del artículo
1º de la Ley 1555 de 2012; se tienen:
a.
Mejorar la relación entre usuarios
y entidades financieras, generando mayor movilidad del consumidor que pretende
crédito.
b.
Establecer un mecanismo que
propenda hacia la elevación del bienestar al incrementar el acceso al crédito
en mejores condiciones, por el aumento en la eficiencia del mercado financiero,
suprimiendo una fuente importante de fidelización forzosa.
c.
Posibilitar refinanciaciones a
través de compras de cartera, como un elemento importante en momentos de crisis
financiera internacional.
Por lo que tiene que ver con el telos del
parágrafo atacado por el actor, es importante, advertir que el deseo de los
congresistas de revestir de transparencia su actuación, jugó un papel
significativo en la justificación de la incorporación del precepto en el
artículo 1º de la varias veces mencionada Ley 1555 de 2012. Entiende el
Tribunal Constitucional, que el texto censurado, no hacía parte de las medidas
vitales para lograr los fines generales antes mencionados.
5. Los derechos del consumidor y el usuario financiero
frente a la libertad jurídica contractual en el marco del Estado Social de
Derecho. La intervención del Estado.
El derecho del consumo, ha tenido una historia
relativamente reciente, dice Reyes López que en los inicios del siglo XX, los
ordenamientos jurídicos se preocupaban más por los principios inspiradores del
liberalismo[8].
Tales preceptos encontraban en la protección de la autonomía del individuo y en
la ausencia de interferencia del Estado en el ámbito de dicha esfera, sus
mejores propósitos de orden político económico y jurídico. Con la
diversificación de la producción de bienes y el aumento en la prestación de
servicios las reglas de un derecho decimonónico exigirían ser revisadas.
5.1 La Intervención del Estado en el ámbito de la
libertad económica.
Advertido sucintamente el contexto, se tiene que frente
a la empresa organizada, se hace presente el último eslabón de la cadena
producción- distribución – comercialización. Este, es el consumidor. Dicho
sujeto, se ve inmerso en una realidad económica en la cual tanto su capacidad
adquisitiva como su posibilidad de consecución de recursos, son el objetivo de
productores de bienes y prestadores de servicios. Dada la capacidad de las
organizaciones económicas, el consumidor se hace no solo presa, sino víctima de
frecuentes abusos en el mercado. La idea de autonomía, propia del liberalismo e
incrustada en el derecho privado, resulta insuficiente para prestar protección
a este nuevo titular de derechos. La referida circulación masiva de bienes y
servicios hizo exigibles nuevas formas de contratación que superaban el viejo
molde del contrato tradicional. La presencia de cláusulas predispuestas por el
contratante más fuerte se tornó en necesidad y, frente a una situación de
sumisión por parte del adquirente de bienes y servicios, se hizo imperativa la
intervención del Estado.
La realidad imperante desbordó el marco de la
legislación y ocupó la actividad del constituyente. La insuficiencia del
ordenamiento civil, para dar cuenta de nuevas situaciones del tráfico económico
dejaría de ser un asunto exclusivo del derecho privado para interesar al
derecho público. Expresiones de esta nueva concepción del viejo contrato
privado, hallaron eco en varios preceptos de la Constitución Política de 1991,
así por ejemplo, el artículo 333 de la Carta destaca la libertad de la iniciativa
privada, pero, le señala como límite el bien común y, a la libre competencia
económica, le estatuye responsabilidades.
Esta Corporación destacó tempranamente la existencia y
necesidad de tales limitaciones a la autonomía contractual y, de contera, a la
libertad empresarial, en la sentencia C- 524 de 1995 M.P. Gaviria Díaz dijo:
(..) el Estado al regular la
actividad económíca (sic) cuenta con facultades para establecer límites o
restricciones en aras de proteger la salubridad, la seguridad, el medio
ambiente, el patrimonio cultural de la Nación, o por razones de interés
general o bien común (…) no podría en desarrollo de su potestad de
intervención interferir en el ámbito privado de las empresas, es decir, en su
manejo interno, en las técnicas que se deben utilizar en la producción de los
bienes y servicios, en los métodos de gestión, pues ello atentaría contra la
libertad de empresa y de iniciativa privada; pero sí puede, desde luego,
proteger los intereses sociales de los trabajadores, las necesidades colectivas
del mercado, el derecho de los consumidores y usuarios, etc. De ahí que se
haya dicho que "la autonomía de la voluntad y por tanto de empresa ya
no se proyecta sobre el mercado con la absoluta disponibilidad y soberanía de
antaño, sus limitaciones de derecho público o privado forman parte ya del
patrimonio irreversible de la cultura jurídica contemporánea. Y, en tal
sentido, no puede interpretarse que el mandato constitucional de la libertad de
empresa comporta el desmantelamiento integral de todas esas restricciones y
limitaciones."( subrayas
fuera de texto)
De manera más reciente y como labor de una labor
jurisprudencial de más largo aliento, ha dicho la Sala:
“(…) Teniendo en cuenta que estas libertades no son
absolutas y que el Estado tiene la obligación de intervenir en la economía para
remediar las fallas del mercado y promover desarrollo con equidad, la Corte ha
precisado que las libertades económicas pueden ser limitadas.”(C -197 de 2012 M.P. Pretelt Chaljub)[9]
Una de las manifestaciones más importantes de esa
libertad de empresa en el mundo contemporáneo es la actividad financiera. La
circulación de bienes y servicios, no se concibe hoy sin la operación del actor
financiero en el mercado. Por ello, el constituyente, en el artículo 335,
consagró que “las actividades financiera, bursátil (…) y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de
captación (…) son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa
autorización del Estado (…)”. En diversas ocasiones, esta Corporación ha
tenido oportunidad de pronunciarse sobre la legitimidad y necesidad de la
injerencia estatal en el medio financiero, como muestra de dicha postura se
tiene:
“(…) Ha dicho la Corte que
la actividad financiera es de interés general, pues en ella está comprometida
la ecuación ahorro - inversión que juega papel fundamental en el desarrollo
económico de los pueblos.[10]” (C- 1062 de 2003 M.P. Monroy Cabra.)
En la misma providencia, la Corte también ha
justificado tal interés del Estado en la gestión financiera. Los móviles del
interés estatal en el tráfico financiero, van desde la preocupación por la
estabilidad macroeconómica, hasta el interés en los derechos individuales de
los asociados, siendo todos ellos de especial cuidado para el constituyente. Se
precisó en la providencia:
“(…) la orientación del
ahorro público hacia determinado propósito común se halla justificada como
mecanismo de intervención del Estado en la economía (C.P. art. 334), para
lograr la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo. Además, la actividad propiamente financiera tiene repercusión
en la soberanía monetaria del Estado, pues es sabido que el papel que el
sistema financiero cumple dentro de la economía implica la emisión secundaria
de moneda, mediante la creación de medios de pago distintos de los creados por
la vía de la emisión, por lo cual su adecuada regulación, vigilancia y control
compromete importantes intereses generales.  Pero más allá de este interés
público, corresponde también al Estado velar por los derechos de los
ahorradores o usuarios, razón que también milita para justificar la especial
tutela estatal sobre las actividades financiera, bursátil y aseguradora y sobre
cualquier otra que implique captación de ahorro de manos del público.[11].” (negrillas fuera de texto).
En una decisión más reciente, la Corte ha reiterado
dicha línea argumentativa y ha explicitado el papel de protección al consumidor
financiero que subyace al interés estatal en el desempeño del sector
financiero:
“(…) además de las finalidades
generales inherentes a toda situación de intervención estatal en la economía,
antes referidas, existen otros objetivos específicos de escrutinio público, como
el propósito de democratizar el acceso al crédito, la necesidad de
controlar ciertos efectos macroeconómicos que la actividad financiera genera, y
el mantenimiento de la confianza del público en las instituciones que conforman
el sistema financiero, y en el sistema mismo como conjunto[12](…)” (C-909 de 2012 M-P- Pinilla Pinilla)
A este punto, ninguna duda cabe sobre la afectación
que los cambios económicos han acarreado a la vieja figura de la autonomía
individual como soporte esencial del contrato. Las nuevas condiciones del
mercado y la disparidad de los actores del mismo han implicado para los Estados
el deber de intervenir en dicha esfera, en aras de proteger otros derechos, de
los cuales, son titulares en muchas ocasiones, sujetos en condición de
debilidad o vulnerabilidad frente a otros cuya situación los convierte en
dominantes.
Entiende pues la Corte que el estudio de
constitucionalidad de normas que implican relaciones contractuales entre
entidades financieras y usuarios del sistema, en el marco de la actividad
financiera supone la consideración de los presupuestos constitucionales hasta
aquí trazados, sin olvidar el peso específico que en ese ejercicio hermenéutico
tiene  la fórmula política acogida por el constituyente de 1991 y, su
incidencia en los derechos de los consumidores.
5.2  El Estado Social de Derecho y la protección al
consumidor y al usuario del crédito como forma de democratización del crédito
Copiosa ha sido la doctrina que atribuye al Estado
Social de Derecho la obligación de alcanzar la realización efectiva de los derechos.
Dice el Profesor Elías Díaz:
El Estado va hacerse así
decididamente intervencionista con objeto de poder atender y llevar a la
práctica esas perentorias demandas sociales de (…) mayores cotas y zonas de
igualdad real (…) compromiso por el Estado para políticas de bienestar (…)”[13]
Y en su ya clásica obra sobre el proceso de
surgimiento, consolidación y dificultades del Estado Social de Derecho
explicaba:
“(…) lo que se viene a poner ahora
en tela de juicio es la eficacia del liberalismo clásico como sistema capaz de
resolver los difíciles y complejos problemas que en el marco de una moderna
sociedad industrial se plantean tanto a nivel de la expansión y el desarrollo
económico como a nivel de la acción ejecutiva y  administrativa de los órganos de
gobierno. La cultura de masas, la planificación incluso capitalista, la
sociedad de consumo, el constante progreso de la técnica, etc., son hechos y
problemas que no parecen encontrar suficiente solución a través de los
instrumentos y procedimientos típicos del estado Liberal. (…) Frente a ello, lo
que se propugna en el Estado Social de Derecho es un Estado decididamente
intervencionista.(…)” [14]
Esta Corte desde sus inicios no ha sido ajena a esa
formulación del compromiso estatal en la materialización de los derechos. Desde
la fundacional sentencia T- 406 de 1992M.P. Angarita Barón, se dijo:
“(…) (la) intervención no se manifiesta sólo como el
mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también, y sobre todo,
como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de comunicación
entre el derecho y la sociedad,
es decir, para favorecer el logro del valor justicia (de la comunicación entre
derecho y realidad), así ello conlleve un detrimento de la seguridad jurídica.(negrillas fuera de texto).
(…) Los caracteres esenciales del Estado tienen que
ver no solo con la organización entre poderes y la producción y aplicación del
derecho, sino también y de manera especial, con el compromiso por la defensa de
contenidos jurídicos materiales”.[15]
Posteriormente,
precisaba la Corte:
“(…)a) Es de la esencia de la
filosofía política que inspira al Estado Social de Derecho la de asegurar, como
cometido básico de éste, inherente a su finalidad social, la atención y
satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, y otras, que aseguren el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad
material entre todos los integrantes de la comunidad.(…)[16](negrillas del original)
En
pronunciamiento más reciente dijo el Tribunal Constitucional a propósito del
papel del Juez en el Estado Social de Derecho:
“(…)el papel del juez en un Estado
democrático de derecho se convierte en la piedra angular o en el canal autorizado
para garantizar la efectividad de los derechos consagrados constitucionalmente.
Por tal razón, su labor no puede ser paquidérmica ni mecánica, sino que debe
obedecer a una valoración integral y racional de los diferentes elementos que
estén presentes al decidir un caso concreto, de tal manera que la decisión
dictada goce de coherencia interna y externa (…)”[17]
Encuentra, pues la Sala que las medidas encaminadas a
materializar los derechos de las personas y, entre cuyos propósitos se advierte
el incremento del bienestar y la calidad de vida de las mismas, son congruentes
con el Estado Social de Derecho. Del mismo modo se impone como criterio que
signa la actuación de los poderes en este tipo de Estado, el logro de la
igualdad material, por demás constitucionalizada en el artículo 13 de la
Constitución colombiana.
Así pues, el vigor normativo del artículo 1º de la
Constitución alcanza concreción en diversos lugares de la preceptiva
constitucional, los cuales tienen carácter vinculante para el Juez Constitucional.
Entiende la Corte que la intervención estatal a la
cual se ha aludido en el considerando 5.1 de esta providencia, resulta
congruente con la instauración y consolidación del Estado Social de Derecho. Es
por esto que esta Sala ha manifestado de manera reciente y en términos
generales:
“(…) La Constitución de 1991, especialmente al adoptar
un modelo de Estado Social de Derecho, introdujo un modelo de economía
social de mercado en el que, de un lado, se admite que la empresa es motor
de desarrollo social (artículo 333 superior), y por esta vía, se reconoce la
importancia de una economía de mercado y de la promoción de la actividad
empresarial, pero por otro, se asigna al Estado no sólo la facultad sino la
obligación de intervenir en la economía con el fin de remediar las fallas del
mercado y promover el desarrollo económico y social (artículos 333, 334 y 335
constitucionales).[18]
La intervención del Estado en la
economía busca entonces conciliar los intereses privados presentes en la
actividad empresarial, con el interés general involucrado en el buen
funcionamiento de los mercados para lograr la satisfacción de las necesidades
de toda la población en condiciones de equidad.[19](…)”( Sentencia C- 197 de 2012 M.P. Pretelt Chaljub)
De manera más específica la Corte había precisado en
relación con la intervención estatal en materia financiera desde la perspectiva
del Estado Social de Derecho:
“(…) en el modelo “social
de derecho”, en donde corresponde al Estado conducir la dinámica colectiva
hacia el desarrollo económico, a fin de hacer efectivos los derechos y
principios fundamentales de la organización política, no resulta indiferente la
manera en que el ahorro público es captado, administrado e invertido. La
democratización del crédito es objetivo constitucionalmente definido (C.P art.
335) y la orientación del ahorro público hacia determinado propósito común se
halla justificada como mecanismo de intervención del Estado en la economía (C.P.
art. 334), para lograr la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo(…)”(Sentencia
C- 1062 de 2003. M.P. Monroy Cabra) (negrillas fuera de texto).
Encuentra pues el Tribunal Constitucional que entre
las diversas tareas, propias del Estado Social de Derecho, tienen lugar los
deberes de vigilancia, control, y regulación de la actividad financiera, con
miras a promover el objetivo constitucional de la democratización del crédito.
El sujeto, especialmente protegido en el ejercicio de los deberes estatales
mencionados, es el consumidor, en particular, el consumidor y el usuario
financiero.
Las medidas adoptadas en cumplimiento de las cargas
estatales a las que se ha hecho referencia, pueden  y deben contribuir a la
democratización del crédito. La Corte, al pronunciarse sobre el sistema de crédito
de vivienda, en el marco del control de constitucionalidad, recordando sus
cometidos al legislador ha sentado:
“(…) Así mismo, la determinación del
valor en pesos de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante conforme a la
variación de las tasas de interés en la economía a que se ha hecho referencia,
pugna de manera directa con la "democratización del crédito" que
ordena al Estado el artículo 335 de la Constitución como uno de los postulados
básicos en la concepción de éste como "Social de Derecho", pues,
precisamente a ello se llega, entre otras cosas cuando el crédito no se
concentra solamente en quienes abundan en dinero y en bienes, sino
extendiéndolo a la mayor parte posible de los habitantes del país, sin que ello
signifique nada distinto de procurar efectivas posibilidades de desarrollo
personal y familiar en condiciones cada día más igualitarias(…)”(Sentencia C- 383 de 1999 M.P. Beltrán
Sierra)[20]
Igual énfasis en la búsqueda de la democratización del
crédito, ha hecho la Sala en la Sentencia C-1062 de 2003, cuyo aparte
pertinente se ha citado y en el fallo C-041 de 2006 que reiteró, en lo del
caso, la decisión referida.
5.2.1 El consumidor y el usuario financiero en la
normativa constitucional
Instrumentos internacionales de la segunda postguerra
empiezan a manifestar su interés por ese nuevo sujeto jurídico propio de
economías masificadas El Tratado de Roma de 1957, incorpora disposiciones que
aluden al consumidor, tal acontece con los artículos 39, 85 y 86. En 1972 se
elaboró la Carta Europea de protección al consumidor. En 1999 se recomendó por
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas la adopción de la
resolución 39/248 de la Asamblea General, de 9 de abril de 1985, en la que se
aprobaron directrices para la protección del consumidor, entre ellas destaca la
Corte:
“(…)17. Los gobiernos deben elaborar,
reforzar o mantener, según proceda, medidas relativas al control de las
prácticas comerciales restrictivas y otras de tipo abusivo que puedan
perjudicar a los consumidores, así como medios para hacer efectivas esas
medidas. Al respecto, los gobiernos deben guiarse por su adhesión al Conjunto
de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control
de las prácticas comerciales restrictivas, aprobado por la Asamblea General en
su resolución 35/63, de 5 de diciembre de 1980.
(…) 21. Los consumidores deben gozar de
protección contra abusos contractuales como el uso de contratos uniformes que
favorecen a una de las partes, la no inclusión de derechos fundamentales en los
contratos y la imposición de condiciones excesivamente estrictas para la
concesión de créditos por parte de los vendedores.(…)”
Esta preocupación, también alcanzó al constituyente
colombiano en 1991, es por ello que en la ponencia de la Comisión Primera de la
Asamblea Nacional Constituyente cuando se justificó el texto recomendado,
previa revisión de los proyectos presentados, se dijo:
“(…) tradicionalmente los
consumidores y usuarios han tenido una condición de inferioridad manifiesta ante
los productores y comerciantes.
Frente a esta
situación de debilidad, el artículo que recomendamos consagra expresamente la
intervención del poder público a favor de los consumidores y usuarios para
hacer efectivos sus derechos a la salud, seguridad, información libre elección,
adecuado aprovisionamiento y para protegerlos también contra todo indebido
aprovechamiento de sus condiciones de indefensión y subordinación.
Al elevar la protección de
consumidores y usuarios a nivel constitucional se pretende dotar al legislador
de un sólido fundamento para crear nuevos instrumentos que amplíen el universo
propio de su defensa en el ordenamiento nacional (…)”[21]
Importante es, en lo que a esta decisión respecta,
advertir que el constituyente en un primer momento tuvo reparos respecto de la
inclusión en la Constitución de la democratización del crédito como derecho
exclusivo de los consumidores y, por ello, en la misma ponencia que aquí se ha
citado, dijo:
“(…) si se optara por incluir en la
Carta alguna disposición sobre el control de abusos en la prestación de
créditos y la democratización de los mismos, esta debería ser de carácter
general para todos los usuarios de crédito y no solamente para los créditos de
los consumidores (…)”[22]
Como se puede apreciar en el artículo 335 de la actual
Carta, esa propuesta fue avalada por la intención del Constituyente, tornándose
la democratización del crédito en un objetivo constitucional y en un derecho
que no solo se predica de los consumidores.
En materia de derechos de los consumidores, no han
sido pocas las manifestaciones de esta Corporación, importante sobre el tema
resultan precisiones del siguiente tenor:
“(…) La Constitución ordena la existencia de un campo
de protección en favor del consumidor, inspirado en el propósito de restablecer
su igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la asimetría real
en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción
de sus necesidades humanas. Sin embargo, la Constitución no entra a determinar
los supuestos específicos de protección, tema este que se desarrolla a través
del ordenamiento jurídico. El programa de protección, principalmente, se
determina a partir de la ley, los reglamentos y el contrato. Es claro que la
fuente contractual debe interpretarse de conformidad con los principios
tuitivos del consumidor plasmados en la Constitución. Con el derecho del
consumidor se presenta algo similar de lo que se observa con otros derechos
constitucionales. La Constitución delimita un campo de protección, pero el
contenido preciso del programa de defensa del interés tutelado, es el que se
desarrolla y adiciona por la ley y por otras normas y fuentes de reglas
jurídicamente válidas. En particular, trazado el marco constitucional, a la ley
se confía el cometido dinámico de precisar el contenido específico del
respectivo derecho, concretando en el tiempo histórico y en las circunstancias
reales el nivel de su protección constitucional. El significado de un
determinado derecho y su extensión, por consiguiente, no se establece sólo por
la Constitución a priori y de una vez para siempre. (…)” (Sentencia C- 1141 de 2000 M.P Cifuentes Muñoz)[23]
De
la manifestación jurisprudencial transcrita, se pueden afirmar del derecho del
consumidor, entre otras cosas, que se trata de un conjunto de normas encaminado
a subsanar las asimetrías evidenciadas en el mercado y derivadas, entre otras
circunstancias, de las diferencias en materia de capacidad económica y de la
posesión de información cualificada. También se puede sostener que se trata de
un derecho eminentemente dinámico, condicionado a las variaciones de la
situación de consumidor y productor en el escenario cambiante del mercado.
Igualmente, se puede advertir que la lectura de los contratos surgidos en el
mercado entre consumidores y productores, debe hacerse teniendo como norte los
principios constitucionales de protección al consumidor.
Establecido el interés de los ordenamientos jurídicos
y, en particular, el del Constituyente colombiano, por regular los derechos de
los consumidores es oportuno retomar una de las ideas sugeridas en el
considerando 5.1, el derecho del consumidor plantea nuevos retos a la
concepción del contrato, pues, ahora, los contratos entre consumidor y empresa,
involucran una función social y la búsqueda de la igualdad como deber del
Estado[24].
Por ende, la intervención estatal es hoy, en esta materia, un imperativo.
Esta Corporación ha tenido oportunidad de sintetizar
los varios pronunciamientos en torno de las implicaciones que la condición de
consumidor comporta para la libertad de competencia en el ámbito de las
relaciones económicas, en particular, en la ya citada C- 197 de 2012 M.P.
Pretelt Chaljub:
“(…) La libre competencia, por su
parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus
esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado,
en un marco de igualdad de condiciones.[25] Según la
jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres
prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la
libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen
oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor
o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para
los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca
las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las
ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los
bienes y servicios, entre otros.[26]
Para garantizar la libre competencia, el
Estado es entonces responsable de eliminar las barreras de acceso al mercado y
censurar las prácticas restrictivas de la competencia, como el abuso de la
posición dominante o la creación de monopolios.[27]” (negrillas fuera de texto)
Como se puede apreciar, la libertad encuentra
restricciones en situaciones como el abuso de la posición dominante. Entiende
la Corte que en tal entorno la idea de libertad contractual ha de ser matizada.
Sin duda, deberá seguir gozando de la protección constitucional por ser
expresión de la autonomía en los términos en los cuales desde Locke  hasta
Constant[28]
se entendiera, pero, con la masificación y los movimientos acelerados de la
economía y en un mercado en el cual unos actores tienen la posibilidad de
prefijar las cláusulas del contrato y otros han de plegarse a ellas si desean
acceder al servicio, tal libertad se desdibuja.
El margen de discusión del usuario o consumidor frente
a los formatos establecidos por las entidades financieras, las empresas de
telefonía móvil, los prestadores del servicio de internet, solo por referir
algunos ejemplos, es manifiestamente escaso. Usualmente las formas de
funcionamiento de tales prestadores de servicios y suministradores  de bienes son
similares, lo cual, implica que de no aceptarse sus imposiciones se encontrarán
en el mercado otros actores que someterán al consumidor o usuario a un régimen
parecido al que desechó en un primer momento. Citando la socorrida frase de
Kennedy “consumidores somos todos”  y, el precio de escapar a la
avasallante presencia del prestador o suministrador de bienes y servicios, ha
de verse reflejado en la calidad de vida y en la disminución de oportunidades
de inserción en la sociedad.
Esta Corporación, en numerosas oportunidades, ha
puesto de presente, en sede de revisión, el poder de las entidades financieras
frente a sus clientes, el cual  se trasluce en sus relaciones contractuales y
que la doctrina ha dado en llamar posición dominante. El prevalerse de tal
condición ha conducido en ciertos casos a desconocer la esfera de la libertad
del extremo más vulnerable de la relación, dando lugar al abuso de dicha
posición. Sobre el asunto ha advertido el Juez de tutela:
“(…) es claro que las entidades
bancarias tienen una posición dominante frente a los usuarios del sistema
financiero. En efecto, son ellas quienes fijan los requisitos y condiciones
de los créditos, tasas de interés, sistemas de amortización etc. Son ellas las
depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos
gozan de la presunción de veracidad por parte de los clientes.(…)”(Sentencia
T -1085 de 2002, M.P. Araujo Rentería)[29]
Apreciación reiterada en otros casos:
“(…) las entidades bancarias tienen una posición
dominante frente a los usuarios del sistema financiero, lo cual impone que el
Estado controle su actividad y evite cualquier posibilidad de abuso (art. 333
Const.). En efecto, son ellas quienes fijan los requisitos y condiciones de
acceso y operación de los créditos(…) siendo depositarias de la confianza
pública por el servicio que prestan y gozando sus actos de credibilidad por
parte de los clientes(…)”. (Sentencia T -173 de 2007, M.P. Pinilla Pinilla)[30]
En casos concretos y a propósito de la posibilidad de
incorporar la cláusula compromisoria en los contratos de mutuo en materia del
crédito de vivienda, también el Juez de Constitucionalidad, ha avisado sobre la
posición dominante de la entidad que otorga el préstamo:
“En la aludida materia operan los contratos por adhesión,
en los cuales el acreedor impone las condiciones del acuerdo contractual,
mientras que el deudor -parte débil de la relación- limita su papel a la
aceptación de las reglas previamente establecidas por el primero. Es
indiscutible que quien pide el préstamo para la adquisición de vivienda se ve
sometido a las imposiciones contractuales de las entidades financieras(…) En
efecto, muy fácilmente, bajo la modalidad de formatos preimpresos, quien pide
el préstamo se ve abocado a suscribir la cláusula compromisoria por temor a que
no se le otorgue el préstamo, y así la parte más fuerte de la relación
contractual termina imponiendo su exclusiva voluntad, aunque pueda en
apariencia presentarse una realidad distinta.(…)” (C-1140 de 2000 M.P. Hernández Galindo)
El clásico derecho civil resolvía las afectaciones a
la libertad contractual con el expediente de los vicios en el consentimiento. En
el siglo XXI tal fórmula, en tratándose de consumidores y usuarios, se hace
insuficiente.  Por ello, la misma providencia advertía:
“(…) con base en el principio que obliga al juez -con
mayor razón al de constitucionalidad- a velar por la prevalencia del Derecho
sustancial (art. 228 C.P.), esta Corte no puede pasar inadvertida la
circunstancia del desequilibrio efectivo entre los contratantes en los
préstamos hipotecarios, ni la falta de reglas claras en la normatividad objeto
de examen, que permitieran llegar a genuinos y reales acuerdos en un plano de
igualdad (…)” (negrillas fuera de
texto)
Esta Corte en repetidas ocasiones y, a propósito de
las relaciones entre usuarios del sistema financiero y entidades encargadas de
la prestación del servicio de intermediación financiera, ha trascendido el
clásico esquema de comprensión de los contratos bilaterales, para en su lugar,
asumir el derecho propio del consumidor. Evidencias jurisprudenciales concretas de esta actitud
por parte de la Corte Constitucional se tienen  en las ya citadas sentencias C-
383 de 1999 M.P. Beltrán Sierra, C-700 de 1999 M.P. Hernández Galindo, C-747 de
1999 M.P. Beltrán Sierra. En tales ocasiones, la Corporación ha adoptado
decisiones cuya finalidad ha sido velar por los derechos del extremo más débil
en el mutuo con hipoteca.
Se reitera de manera conclusiva, que se está frente a
un nuevo tipo de derecho social, el derecho del consumo, el cual, se
corresponde con el Estado Social de Derecho. Un Estado impávido frente a
eventuales abusos por parte de grandes organizaciones económicas a individuos
necesitados de bienes o servicios, dejaría de cumplir con una finalidad
primigenia que inspiró el Estado Social de Derecho.
En suma, observa la Corporación que el derecho del
consumidor, como expresión de un tipo de derecho propio de sociedades ya
distantes del liberalismo de finales del siglo XVIII y más propiamente del
siglo XIX, se aviene muy bien con el Estado Social de Derecho. Desdibujada la
autonomía en los contratos entre sujetos pretendidamente iguales, pero, que en
realidad no lo son, es labor de los poderes públicos trascender esa mera
igualdad formal entre poder económico y usuario o consumidor, para restaurar,
en lo posible, la igualdad entre los sujetos.
6. El mutuo en el ámbito financiero
El contrato de mutuo hace parte del conjunto de
contratos típicos que se definen como producto del acuerdo libre de voluntades.
Se trata de una de las figuras clásicas de los contratos civiles. Guillermo
Cabanellas respecto de la voz mutuo consigna “en tanto que adjetivo,
recíproco; con correspondencia o igualdad entre las partes” y
seguidamente agrega “como substantivo, contrato real en que una de las
partes, el mutuante o prestamista, transmite a la otra, el mutuario o
prestatario, la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles
(como granos o caldos), con la obligación de devolver igual cantidad, especie y
calidad, con abono de intereses tan solo si se han pactado”[31] (negrillas fuera del
original).  Como se observa, el punto de partida de la definición, es la
igualdad entre las partes, se trata de una concepción del contrato que obedece
a la idea de un pacto entre individuos, entendidos estos últimos en la acepción
liberal de la expresión, esto es, verdaderos titulares de derecho.
En el ordenamiento jurídico colombiano el mutuo o
préstamo de consumo, se encuentra regulado en el título XXX del libro IV del
Código Civil, en particular, las reglas comprendidas entre los artículos 2221 y
2235 rigen el mentado contrato. El artículo 2221 lo define en los siguientes
términos:
“Definición. El mutuo o préstamo  de
consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta
cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo
género y calidad”
Por su parte, el artículo 2224 del mismo Estatuto
Civil preceptúa:
“Préstamo de dinero. Si se ha
prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato.
Podrá darse una clase de moneda por
otra, aun a pesar del mutuante, siempre que las dos sumas se ajusten a la
relación establecida por la Ley entre las dos clases de moneda; pero el
mutuante no será obligado a recibir en plata menuda o cobre, sino hasta el
límite que las leyes especiales hayan fijado o fijaren.
Lo dicho en este artículo se entiende
sin perjuicio de convención contraria”
Como se observa, los preceptos citados se refieren,
sin duda, a manifestaciones de voluntad que conducen a lograr un acuerdo entre
sujetos cuya voluntad está exenta de vicios, ello si ha de atenderse la
reglamentación general de los contratos, la cual propugna por una voluntad
libre. No sobra advertir, que se trata de disposiciones cuya entrada en vigor
se produjo a finales del siglo XIX, con lo cual, se puede afirmar, sin mayores
elucubraciones, que se trata de reglas concebidas para regir un momento
histórico distante y ajeno a la sociedad de mercado en la que interactúan productores
y consumidores.
Una de estas reglas atinentes al contrato de mutuo,
consagrado en el Código Civil, fue objeto de censura en este Tribunal
Constitucional, el cual, en su momento, se pronunció mediante la citada
sentencia C- 252 de 1998. En aquella ocasión el actor cuestionaba un apartado
del enunciado legal contenido en el artículo  2229 del Código Civil, cuyo tenor
literal reza:
" Artículo 2229. Podrá el mutuario pagar toda la
suma prestada, aun antes del término estipulado, salvo que se hayan pactado
intereses". (el juicio de
constitucionalidad cayó sobre el texto subrayado)
Consideraba el accionante en su momento que el
precepto tachado vulneraba la libertad económica y permitía el abuso del
derecho, pues, permitía que únicamente  una de las partes pudiese dar por
terminado el contrato. Una de las consecuencias de tal disposición consistía en
que el deudor, estaba impedido para pagar anticipadamente el dinero prestado,
perdiendo la posibilidad de hacer efectivo el hallazgo de una mejor oferta crediticia.
Esto es, de encontrar un interés más barato, no podía tomar el préstamo en
razón de una atadura con el primer prestamista, pues, con el segundo préstamo,
en razón de la disposición legal, no podía liberarse de la primera obligación.
En aquella ocasión, la Corporación estimó que el
mandato del Código Civil se ajustaba a la Constitución. Expresamente sostuvo la
Corporación:
“(…) sería acertado, a la luz de las normas que
gobiernan los contratos, sostener que el acreedor y el deudor, a su arbitrio,
pueden desconocer el plazo pactado para el pago, cuando éste se ha establecido
en interés de ambos? La respuesta, a juicio de la Corte, tiene que ser
negativa. De lo contrario, se eliminaría la fuerza obligatoria de los
contratos, consagrada expresamente en el artículo 1602 del Código Civil:
“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para
los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o
por causas legales”.
En conclusión: porque preserva la
equidad, al someter a las partes a una misma regla (el respeto a las
estipulaciones del contrato legalmente celebrado), la pregunta formulada al
comienzo puede responderse afirmativamente: la disposición del artículo 2229,
interpretada en concordancia con los artículos 1553 y 1554, es justa (…)”
Se observa pues que lo dispuesto por el legislador
resultaba ajustado al Texto Superior. Sin embargo, desde aquella ocasión ya la
Corte advertía que en tratándose  de créditos en materia de vivienda el
razonamiento variaba. Dijo el Juez Constitucional:
“(…) Se pregunta la Corte: ¿es
aplicable el artículo 2229 del Código Civil a los créditos a largo plazo que
otorgan las entidades que prestan para vivienda? Para contestar este
interrogante cabe señalar lo siguiente:
El (artículo) 333, consagra la libre competencia,
la que desde luego opera en el sistema financiero, como un derecho que supone
responsabilidades, y advierte que la empresa, como base del desarrollo, tiene
una función social que impone obligaciones, principios que se hacen
efectivos cuando el objeto de la entidad es ofrecer alternativas de
financiación para suplir una necesidad que el Constituyente reconoció como
inherente a la condición de dignidad del individuo: la vivienda.
El (…) artículo (…) 334, le atribuye al Estado la responsabilidad
de intervenir en la economía para que todas la personas, en particular las de
menores ingresos “...tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”,
y entre ellos se encuentra, por definición misma del Constituyente, la vivienda
digna.
En desarrollo de estos preceptos, se ha creado una
normatividad propia para los créditos de vivienda a largo plazo que otorgan las
entidades, que impide, en principio,  la aplicación automática  de las normas
civiles y comerciales que regulan la misma actividad, en forma general.
Es decir, para esta clase de créditos
existen normas específicas, que consagran competencias que buscan proteger
adecuadamente a los usuarios de los servicios crediticios ofrecidos por tal
clase de entidades (…)”
Por tanto, si bien es cierto, la presencia del mutuo
con intereses y penalidad por el pago anticipado es de recibo en nuestro
ordenamiento jurídico, también es cierto que existen en el ordenamiento razones
para admitir la presencia de enunciados legales que se constituyan en excepción
del mandato establecido en el artículo 2229 del Código Civil.
Entiende la Corte que del precedente transcrito, no se
desprende una suerte de prohibición al principio mayoritario para producir
disposiciones que desatiendan lo dispuesto en la norma decimonónica varias
veces mencionada. Lo que sí quedaba claro desde aquella época, era la exigencia
de buenas razones para emitir preceptos que no obedeciesen a la reglamentación
general del mutuo. Como se puede apreciar, dichos motivos se fundaban
principalmente en la intervención del Estado tendiente a proteger a los
usuarios del sistema financiero.
De otra parte, esta Corporación, en reiteradas
decisiones, a propósito del crédito para la adquisición de vivienda, ha
defendido la democratización del crédito en el marco de los mutuos en el sector
financiero. En tal sentido, resulta pertinente recordar:
“(…)la determinación del valor en pesos de las
Unidades de Poder Adquisitivo Constante conforme a la variación de las tasas de
interés en la economía a que se ha hecho referencia, pugna de manera directa
con la "democratización del crédito" que ordena al Estado el artículo
335 de la Constitución como uno de los postulados básicos en la concepción de
éste como "Social de Derecho", pues, precisamente a ello se
llega, entre otras cosas cuando el crédito no se concentra solamente en
quienes abundan en dinero y en bienes, sino extendiéndolo a la mayor parte
posible de los habitantes del país, sin que ello signifique nada distinto de
procurar efectivas posibilidades de desarrollo personal y familiar en
condiciones cada día más igualitarias.”(Sentencia C- 383 de 1999 M.P. Beltrán Sierra)
Este criterio fue confirmado en las sentencias C-700
de 1999 M.P. Hernández Galindo y C- 747 del mismo año, M.P. Beltrán Sierra.
Encuentra entonces la Corte que al legislador no le
está vedado establecer normatividad que teniendo en cuenta los derechos del
consumidor en el sector financiero, varíe la reglamentación general del mutuo
civil. Se trataría, de reconocer el cambio de contexto histórico, poniendo una
institución contractual a tono con las necesidades de una sociedad mercantil en
la cual la entidad financiera se evidencie como dominante frente a un usuario
que de querer acceder a los servicios del sistema bancario, habrá de someterse
a las condiciones que le imponga el mismo.
El asunto reviste especial interés, si se tiene en
cuenta que varios de los intervinientes en este juicio de constitucionalidad,
han invocado la precitada C- 252 de 1998 como un argumento para oponerse a las
pretensiones del demandante.
Estima la Sala que la ratio decidendi contenida
en la C- 252 no resultaría aplicable en el caso en estudio, pues, de un lado,
el ordenamiento positivo puesto a consideración de la Corte ha cambiado.  De
otro lado, cuando la Corte juzgó el mandato civil no lo hizo atendiendo el
contexto propuesto por el legislador en el caso de la Ley 1555 de 2012.
Mientras en la decisión de 1998 lo que se sometió a
estudio era la prohibición de pago anticipado a propósito del mutuo en general,
en el asunto a desatar en este caso, el problema hace relación al mutuo en
materia de obligaciones en moneda nacional con el sector financiero y
atendiendo un tope establecido por el legislador. Se trataría entonces de un
caso distinto, frente a lo cual no tendría cabida sin más, lo resuelto en la
varias veces mentada C-252 de 1998.
7. El test de igualdad intermedio
El artículo 13 de la Constitución Política incorpora,
en términos generales, dos mandatos de igualdad que condicionan la actividad de
las autoridades. La Corte lo ha expuesto en repetidas ocasiones cuando ha
tenido la necesidad de desatar cargos por violación al principio de igualdad.
Ha señalado la Sala:
“(…)Del alcance del principio de igualdad
que la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar, se desprenden
dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una parte un mandamiento
de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho
equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un
trato diferente al igual que un mandato de tratamiento desigual que obliga a
las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes(…)” (Sentencia C- 1125 de 2008 M.P. Sierra
Porto) (negrillas fuera de texto).
Cada uno de los postulados derivados del artículo 13
corresponde a dos concepciones diferentes de la igualdad, una se aproxima más a
la idea liberal de igualdad ante la Ley, la cual presupone que todos los
sujetos deben gozar de los mismos derechos y, por tanto, son merecedores de un
trato similar. La otra, se adecua más a una concepción que reconoce la
diferencia de diversa índole entre las personas y, consecuentemente, prescribe
para ellos tratos diferenciados. La Corporación, al considerar los dos postulados
referidos, ha explicado que estos a su vez implican  otros contenidos
específicos. Ha precisado el Juez Constitucional en la misma jurisprudencia
inmediatamente citada:
“(…)Estos dos contenidos iniciales del
principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i)
un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en
circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a
destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de
las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se
encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en
cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.(…)”[32]
De conformidad con lo expuesto se entiende que una
inquietud a atender por el Juez Constitucional cuando se activa el control
constitucional tiene que ver con la determinación de la afectación a uno de los
cuatro imperativos aludidos en el apartado jurisprudencial citado. La
evaluación de tal situación comporta para el Tribunal Constitucional el uso de
una herramienta metodológica cuyo uso ya ha sido reiterado: el juicio
integrado de igualdad.
La tarea de precisión y afinamiento del instrumento
metodológico aludido, ha conducido a la Corporación a referirse al mismo en los
siguientes términos:
“(…) Este juicio parte de
un examen del régimen jurídico de los sujetos en comparación, precisamente con
el objeto de determinar si hay lugar a plantear un problema de trato
diferenciado por tratarse de sujetos que presentan rasgos comunes que en
principio obligarían a un trato igualitario por parte del legislador.
Posteriormente se determina la intensidad del test de igualdad de conformidad
con los derechos constitucionales afectados por el trato diferenciado, para
finalmente realizar un juicio de proporcionalidad con sus distintas etapas
–adecuación, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto- sobre el trato
diferenciado.(…)”
(Sentencia C- 624 de 2008 M.P. Sierra Porto)[33]
Como se puede observar, el proceso implica el uso del test
de igualdad, entendido como un dispositivo que ha permitido a la Corte, en
repetidas ocasiones, determinar si una medida infringe los mandatos de igualdad
establecidos por el constituyente. Sabido es que el test es de diferentes
intensidades y su uso se condiciona a variables que se recordarán más adelante.
Estima la Corte que antes de atender los cargos
concretos, resulta preciso referirse al mencionado test de igualdad como un
instrumento de la jurisprudencia constitucional para determinar, con cuál de
los tipos de test, debe ser evaluada la medida objeto de tacha en esta acción
de inconstitucionalidad.
Como la igualdad es un concepto de carácter relacional
y, no una cualidad de una persona, un objeto o una situación[34], un juicio sobre
cualquier medida para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad
respecto de la igualdad, implica como presupuestos indispensables los
siguientes:
a.     Los sujetos respecto de los cuales se distribuye un
bien o gravamen o, que son destinatarios de un determinado trato.
b.     El bien, cargo, beneficio, trato o, en general la
ventaja o desventaja por la cual se reclama.
c.      El criterio relevante para brindar tratos
diferenciados a los sujetos[35]
De manera más extensa ha precisado la Corte:
“(…) el concepto de igualdad es
relacional y siempre presupone una comparación entre personas o grupos de
personas. La jurisprudencia constitucional se ha remitido en esta materia a la
clásica formulación de Aristóteles según la cual debe tratarse igual a los
iguales y en forma desigual a los desiguales. Pero, ¿iguales o diferentes respecto
de qué? Como en abstracto todos somos personas iguales y en concreto todos
somos individuos diferentes, es preciso identificar un parámetro para valorar
semejanzas relevantes y descartar diferencias irrelevantes. Esto porque no todo
criterio para diferenciar entre personas o grupos de personas para efectos de
otorgarles diverso tratamiento es constitucional. Así, la propia Constitución
prohíbe, incluso al legislador, discriminar por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica con
respecto al reconocimiento y protección de derechos, libertades y oportunidades
(…)”[36]
Puntualmente, se trata de la aplicación de regímenes
jurídicos diversos a sujetos que se consideran en situaciones similares o,
sujetos cuyas diferencias, no se estiman como relevantes para ser objeto de
tratamientos diferentes. Ha dicho la Corte:
“(…) la igualdad normativa presupone necesariamente
una comparación entre dos o más regímenes jurídicos que actúan como términos de
comparación; por regla general un régimen jurídico no es discriminatorio
considerado de manera aislada, sino en relación con otro régimen jurídico.
Adicionalmente la comparación generalmente no tiene lugar respecto de todos los
elementos que hacen parte de la regulación jurídica de una determinada
situación sino únicamente respecto de aquellos aspectos que son relevantes
teniendo en cuenta la finalidad de la diferenciación. Ello supone, por lo
tanto, que la igualdad también constituye un concepto relativo, dos regímenes
jurídicos no son iguales o diferentes entre sí en todos sus aspectos, sino
respecto del o de los criterios empleados para la equiparación.”[37]
Con todo, no basta la identificación de los supuestos
referidos para proceder a adelantar un juicio de igualdad. La jurisprudencia
del Tribunal Constitucional ha establecido que la intensidad del juicio de
constitucionalidad, depende de la  materia que afecte o comprometa el tipo de
medidas a revisar. Dicho de manera más específica, el tipo de test a observar
obedecerá a la clase de valores, principios y derechos constitucionales
expuestos por el legislador en su decisión. Ha precisado la Sala:
“(…) la Corte ha reiterado la tesis según la cual la
intensidad del control de constitucionalidad y del juicio de igualdad varía
dependiendo de la materia objeto de la norma demandada y sus implicaciones, si
bien en todo caso es necesario examinar las circunstancias concretas que
configuran cada situación para determinar el nivel de intensidad del juicio al
que ha de ser sometida una norma que es objeto de control de
constitucionalidad.(…)”[38]
En la misma
providencia, se sintetizan las tres clases de test empleados por el Tribunal
Constitucional en diversas ocasiones. Refiere la sentencia:
“(…) en  el juicio leve basta con que el
fin buscado y el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos, y con
que el medio escogido sea adecuado para el fin propuesto. Esta intensidad del
juicio es aplicada, en principio, para examinar la constitucionalidad de
medidas legislativas en materias económicas, tributarias o de política
internacional. También se utiliza regularmente para aquellos casos en los que
está de por medio una competencia específica que ha sido asignada
constitucionalmente a un órgano constitucional, cuando se trata de analizar una
norma preconstitucional que ha sido derogada pero aún surte efectos en el
presente, o cuando del contexto normativo del artículo demandado no aparece prima
facie una amenaza para el derecho en cuestión.
“(…) el juicio intermedio se ha aplicado por la Corte para
analizar la razonabilidad de una medida legislativa, cuando, por ejemplo, la
medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental o cuando existe un indicio de
arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia. (negrillas fuera de texto)
El juicio intermedio entraña que el examen de la norma
sea más exigente. Así, en estos casos se requiere no solamente que el fin de la
medida sea legítimo, sino que también sea importante, por cuanto promueve
intereses públicos reconocidos por la Constitución o responde a problemas cuya
magnitud exige respuestas por parte del Estado. Además, en este nivel del juicio de igualdad es
preciso que el medio no sea solamente adecuado, sino que sea efectivamente
conducente para alcanzar el fin que se persigue con la norma que es objeto
del análisis de constitucionalidad. (negrillas
fuera de texto)
Finalmente, cuando el análisis de constitucionalidad
de la medida se realiza aplicando un juicio de igualdad estricto, el fin de la
disposición, además de ser legítimo e importante, debe ser imperioso. El medio
escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además
necesario, es decir, no puede ser remplazado por un medio alternativo menos
lesivo. Adicionalmente, el juicio estricto es el único que incluye la
aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Este exige que
los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones que
ella implica sobre otros principios y valores constitucionales.(…)”
(…) el juicio estricto de igualdad procede, en
principio: 1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa, tal como
ocurre con aquellas que están basadas en las categorías prohibidas para hacer
diferenciaciones que están relacionadas en el inciso 1º del artículo 13 de la
Constitución; 2) cuando la medida afecta fundamentalmente a personas que se
encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o
discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a
minorías insulares y discretas; 3) cuando aparece prima facie que  la medida
que hace la diferenciación entre personas o grupos afecta gravemente el goce de
un derecho constitucional fundamental; y 4) cuando la medida que es examinada
es creadora de un privilegio(…)”.[39]
Para el asunto en estudio, especial interés reviste el
juicio intermedio, pues, como se precisará en el análisis del caso concreto, la
Corte advierte la afectación de un derecho constitucional no fundamental, como
lo es el derecho a lograr que se promueva la democratización del crédito de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Carta, e igualmente se
encuentran indicios de inequidad en la medida a evaluar. En otra ocasión, esta
Corporación estimó que la presencia de tales indicios obligaba a proceder con
un test intermedio, pues el juicio débil, resultaba insuficiente para evaluar
la disposición cuestionada. Dijo el Tribunal Constitucional en lo pertinente:
“(…) si del análisis preliminar de
una ley tributaria surge un indicio de inequidad o arbitrariedad, derivado de
un reparto desigual de la carga tributaria, el examen de constitucionalidad no
podrá ser débil (…)”.
“(…) cuando la ley prima facie afecta
un derecho o garantía constitucionales más allá de lo que pueda históricamente
considerarse como efecto normal de la medida tributaria, hasta el punto de que
sea posible afirmar que existe un indicio de inequidad o arbitrariedad. En este
caso, se torna necesario ensayar un test intermedio que, si bien no comprende
el estudio de la proporcionalidad estricta de la norma, si incluye el examen de
las razones que la avalan, de modo que la misma será constitucional siempre que
se identifique un motivo suficiente para haberla expedido y que permita
desvirtuar (…)”[40]
Con los presupuestos esbozados, procede la Corte a
resolver el caso concreto.
8. Análisis del caso concreto
De conformidad con la metodología
propuesta, se referirá la Corporación, en este apartado a los tres cargos
formulados por el accionante contra el
parágrafo del artículo 1º (parcial) de la Ley 1555 de 2012. En primer lugar, se
revisará la acusación de infracción al principio de igualdad por parte de la
norma demandada, seguidamente, se considerará la transgresión al Estado Social
de Derecho y, finalmente, se atenderá la censura por violación al debido
proceso.
8.1 El juicio de igualdad al parágrafo del
artículo 1º  de la Ley 1555 de 2012
El actor manifiesta que la disposición
acusada desconoce el principio de igualdad, pues, si bien es cierto, reconoce
el derecho a pagar anticipadamente los créditos bancarios descritos en el
literal g) del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, sin ser penalizado por tal
pago antelado; resulta inconstitucional al no reconocer dicho derecho a
aquellas personas que contrajeron créditos antes del 9 de julio de 2012.
Para resolver la cuestión planteada y
acorde con lo expuesto preliminarmente en el considerando 7 de esta
providencia, resulta oportuno dar lugar al juicio integrado de igualdad y, de
resultar necesario, aplicar el test de igualdad.
En primer lugar, y de conformidad con las
exigencias del juicio integrado, es necesario identificar los presupuestos para
la procedibilidad del test. Así, por lo que a los grupos de sujetos tratados de
manera distinta respecta, se tienen, de un lado, los deudores que contrajeron
créditos antes del 9 de julio de 2012, de otro lado, aquéllos cuyos créditos
son posteriores a tal fecha.
Por lo que atañe al bien, beneficio o
ventaja concedido a unos y negado a otros, se observa que se trata de la
posibilidad de pagar anticipadamente ciertos tipos de créditos a las entidades
financieras, sin tener que cancelar una penalidad por tal pago. Dicha merced es
aplicable solo para el grupo de deudores que tienen créditos contraídos con
posterioridad al 9 de julio de 2012.
En lo que concierne al criterio relevante
para beneficiar con la medida a unos y excluir de las bondades de la misma a
otros, entiende la Sala, que se trata de la época de obtención del crédito. Se
tiene pues, la presencia de los supuestos indispensables para hacer el juicio
de igualdad.
Antes se había advertido que el test de
intensidad intermedia, se correspondía con el caso. Las razones que inducen a
esta Corte a optar por dicho tipo de juicio son dos. La primera, hace relación
a que tal análisis procede cuando se ven comprometidos derechos
constitucionales no fundamentales. El segundo motivo, tiene que ver con la
presencia de un indicio de inequidad en la medida cuestionada.
En relación con la consideración de un
derecho constitucional no fundamental, encuentra la Corte que el constituyente
consagró en el artículo 335 de la Carta como objetivo del legislador el de
promover la democratización del crédito. Entiende la Corporación que tal mira
en cabeza del principio democrático implica como contrapartida un derecho en
cabeza de los asociados. En consecuencia, y de conformidad con la
jurisprudencia citada en esta decisión, se hace necesario acudir al juicio
intermedio. Es preciso anotar que no se está frente a un derecho fundamental,
con lo cual, el tipo de test sería de otra intensidad, pero, le resulta claro a
la Corte que sí se está frente a un derecho establecido en la Constitución,
cual es obtener medidas que promuevan la democratización del crédito.
Por lo que atañe al indicio de inequidad es
preciso anotar que se trata de una medida que si bien estipula un beneficio a
favor de un grupo de deudores del sistema financiero, en razón de un cierto
tipo de créditos, lo cual tiende a la democratización del crédito, también es cierto
que se encuentra una exclusión de otro grupo de deudores, a quienes no
cobijaría la medida que propende a la realización de un objetivo
constitucional. Cabe anotar que se trata de un indicio, pues, es posible, en
principio, aducir algunas razones plausibles a favor de la medida y, solo el
juicio de igualdad dará cuenta de la equidad o inequidad de lo dispuesto por el
legislador.
En tales circunstancias, no resulta de
recibo la propuesta de test débil formulada por uno de los intervinientes,
pues, no se trata de una simple medida en materia económica, sino de un
precepto legislativo con un alcance que compromete un derecho constitucional no
fundamental y ofrece un indicio de inequidad.
Definido lo anterior, resulta pertinente
desarrollar el test propuesto, acorde con los pasos establecidos por la
jurisprudencia[41].
Seguidamente, procede el Tribunal Constitucional a formular y absolver las
preguntas que configuran el test de igualdad intermedio. El primer
cuestionamiento busca establecer si el trato desigual tuvo un objetivo, el
segundo, evalúa la constitucionalidad del objetivo, el tercero, debe determinar
si la medida se adecuaba al fin propuesto y,el cuarto pretende verificar si era
necesario afectar los derechos que resultaron comprometidos para lograr el telos
buscado con la disposición. Es oportuno advertir que el orden de estas
preguntas es inflexible y la necesidad de atender a cada una depende de la
respuesta afirmativa que se dé al interrogante precedente. Por ende, si se
obtiene una respuesta negativa se concluirá que se transgredió el mandato
constitucional de igualdad, no siendo del caso continuar con el juicio.
La primera inquietud debe determinar si
existe un objetivo perseguido por el legislador con la disposición que
establece un trato desigual. De no existir tal finalidad, debe proceder la
Corte a declarar el quebrantamiento del principio de igualdad.
En el caso, basta recordar las motivaciones
del Congreso al adoptar el aparte de la Ley acusada. De un lado, se encuentran
como motivos la reducción de la fidelización forzosa, la mejora de la relación
entre entidades financieras y usuarios y, el establecimiento de posibilidades
de refinanciación en contextos de crisis financiera. Es preciso advertir, desde
ya, que la disposición atacada tuvo otra finalidad en su expedición, tal fue,
la pretensión de los miembros del órgano legislativo, de revestir de
transparencia su ejercicio, al evitar suspicacias en torno a una medida que,
hipotéticamente, pudiese favorecer los intereses personales de algún
congresista que tuviese deudas con el sector financiero del tipo de las
contempladas en el literal g) del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009.
Se
tiene pues que el trato desigual sí perseguía un objetivo. Resulta entonces
necesario avanzar sobre el segundo interrogante que la jurisprudencia ha
indicado para el caso de la aplicación del test de igualdad.
El
segundo paso, comporta establecer la constitucionalidad del fin perseguido.
Cabe preguntarse entonces ¿Es constitucional reducir la fidelización forzosa en
el ámbito crediticio? ¿Es acorde a la Constitución buscar la mejora de la relación entre entidades
financieras y usuarios? ¿Se aviene con la norma de normas establecer
posibilidades de refinanciación en contextos de crisis financiera? ¿es congruente
con la Carta la promoción del crédito con miras a elevar el nivel de bienestar
de las personas, aumentando la eficiencia del mercado? Para el Tribunal
Constitucional, ninguna duda cabe que los cometidos pretendidos por el
principio mayoritario, encuentran fundamento constitucional.
Encuentra la Corte que las metas procuradas por el
órgano legislativo tienen asidero en el artículo 335 de la Norma de Normas.
Para la Sala, el objetivo de promover la democratización del crédito, trazado
por el constituyente al legislador, se logra en cierta medida con lo dispuesto
en el parágrafo acusado. La eliminación de la multa por el pago anticipado
respecto de los créditos contemplados en el literal g) del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, logra romper
para los beneficiarios de la medida un obstáculo en el acceso al crédito y,
posibilita considerar otras opciones crediticias formales más favorables al
usuario. La sanción por pago anticipado desaparece como factor que ata al
deudor de manera forzada a una determinada entidad financiera.
La mejora de las relaciones entre usuarios
del crédito y  organizaciones del sector financiero, sin duda, también
contribuye a promover la democratización del crédito. Entiende la Corte que
liberado del obstáculo, el deudor puede considerar otras oportunidades con
tasas de interés más favorables. Otra consecuencia en la que se hace patente
esta democratización, se tiene en aquellas personas renuentes a contraer
obligaciones con el sector financiero, para las cuales la posibilidad de pago
anticipado sin la obligación de cancelar penalidad alguna, puede suponer un
nuevo atractivo para acceder al crédito. En lo que atañe a la refinanciación,
estima la Corporación que se torna en una opción a considerar sin la talanquera
de la sanción por pago anticipado.
Por lo que concierne a la meta de
acrecentar el nivel de bienestar, juzga la Sala que el mandato establecido en
el artículo 2 de la Constitución, consistente en impulsar la prosperidad
general concuerda con la antedicha mira. Adicionalmente, encuentra la
Corporación que, la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, ordenada
en el artículo 333 de la Carta, también sirve de fundamento al propósito
examinado. Entiende el Tribunal Constitucional que la intención de propender a
la mejora en las condiciones de vida, es expresión de los contenidos propios de
la fórmula política de nuestra Carta, cual es el Estado Social de Derecho. No
pierde de vista el juez Constitucional que el acceso a recursos económicos es
un factor importante en el logro de los cometidos mencionados.
Observa
la Sala, que todas las finalidades referidas contribuyen también al logro de
otro derecho de rango constitucional, se trata, de la libre competencia
económica, consagrado en el inciso 2º del artículo 333 de la Carta. Entiende la
Corte que la fidelización forzosa genera distorsiones en el mercado de los
créditos, pues, por baja que resulte una tasa de interés de una entidad
financiera, el deudor con obligaciones en otra entidad financiera, siempre
tendrá el monto de la penalidad como obstáculo para hacer uso de la mejor
oferta. Esto implica, que la barrera para el deudor, también lo es para la
colocación de recursos por parte de las organizaciones que ofertan créditos.
Igualmente, y por las mismas razones, se percata el Tribunal Constitucional que
los logros pretendidos, se corresponden con lo preceptuado en el inciso 4º del
mismo artículo 333, cuando se prescribe como misión estatal, el impedir la
obstrucción o restricción de la libre competencia.
En
suma, los objetivos que subyacen a la medida cuestionada a este punto resultan
constitucionales.
Por
lo que guarda relación con la otra finalidad que la Corte, revisando los
motivos del legislador, ha hallado, cabe decir que la transparencia en las
actividades del Congreso, encuentra soporte constitucional en lo dispuesto en
el artículo 182 de la Constitución Política, el cual, ordena a los congresistas
poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de orden moral o
económico que los inhiban para participar en el trámite del asunto de su
conocimiento.
Consecuentemente,
el propósito de claridad en el actuar de los miembros del legislativo, al igual
que los restantes, está ajustado a la Constitución. Cabe afirmar hasta aquí que
los objetivos perseguidos por el principio democrático en la medida en estudio,
sí son constitucionales. Se impone, pues, acorde con lo propuesto, continuar
con el juicio de igualdad y atender el tercer interrogante.
El
tercer paso supone indagar por la idoneidad del medio para la consecución del
fin. En este punto, debe revisarse si la eliminación de la multa por pago
anticipado, en el caso de los créditos contemplados en el literal g) del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009,
logra alcanzar los objetivos propuestos. En tal sentido, es preciso atenerse a
consideraciones ya expuestas y, aceptar que la medida logra, así sea
parcialmente, lo deseado. Resulta cierto que lo dispuesto reduce la
fidelización forzosa en el ámbito crediticio, mejora la relación entre usuarios
del crédito y las entidades financieras, posibilita un mejor bienestar al hacer
más atractivo el crédito e, incentiva las posibilidades de refinanciación de
los créditos.
Por
lo que concierne al deseo de los miembros del legislativo, de hacer
incuestionable en términos éticos su actuar, previendo posibles tachas por
decidir sobre un asunto que eventualmente podría suponer un conflicto de
intereses, advierte la Corporación que la medida adoptada, favorecía tal
intención. Al diferir el efecto de la regla para los créditos tomados con
posterioridad a la promulgación, se cerraba el camino a posibles reparos en el
sentido de acusar a quienes tomaban la decisión, de obtener provecho respecto
de los créditos que tuviesen en ese momento.
Estima
la Corte, en lo atinente al tercer interrogante del test, que se podrían
plantear objeciones aceptando la adecuación del medio a los fines, pero, que
cabían mecanismos más apropiados para un mejor logro de las metas. No juzga la
Corte en este punto, si cabían medidas mejores para la consecución de los
propósitos. Esta última inquietud será la que ocupe a la Sala en el siguiente
tramo del juicio. Por lo pronto, se puede responder que el precepto transcrito,
sí resultaba adecuado para cumplir en alguna medida las miras propuestas.
Resta
pues, por considerarse la última pregunta del test intermedio. ¿Era necesario,
para lograr los fines propuestos, privar del beneficio concedido en el
parágrafo del artículo 1º (parcial) de la Ley 1555 de 2012, a quienes habían
contraído créditos del tipo de los descritos en el literal g) del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009,
antes del 9 de julio de 2012?
Entiende la Corte que, en este interrogante, resulta
preciso considerar la posible existencia de medidas menos restrictivas para los
derechos de quienes tenían créditos con el sector financiero tomados antes de
la promulgación de la Ley. Esto es, se debe determinar si no resultaba
necesario sacrificar la posibilidad de pago anticipado sin penalidad, para los
tomadores de los tipos de crédito varias veces mencionado, antes de la entrada
en vigencia de la disposición cuestionada. De no ser necesaria tal privación,
deducirá el Tribunal Constitucional que se quebrantó el mandato de igualdad, sensu
contrario se estimará la prescripción
como respetuosa del citado postulado.
Encuentra
la Corporación que, en nada contribuye a  varios de los objetivos propuestos
por el principio democrático, la exclusión del beneficio de pago anticipado sin
sanción para los usuarios de créditos contraídos antes del 9 de julio de 2012.
Por el contrario, si se trataba de reducir la fidelización forzosa, resultaba
más adecuado extender las bondades de la prescripción a los créditos excluidos.
La ampliación de la cobertura a un mayor número de obligaciones, implicaba un
mayor número de usuarios liberados de la fidelización forzosa. Para ser
congruentes con el interrogante del test, habrá que decir en este aspecto que
no era necesario restar del beneficio, a los usuarios de créditos tomados antes
de la entrada en vigencia la Ley.
Por
lo mismo, cabe decir que la privación del derecho al pago anticipado sin
penalización, para los créditos adquiridos antes del 9 de julio de 2012, en
nada sumaba a la búsqueda del bienestar y la calidad de vida de los asociados.
Más bien, podría sostenerse que a los obligados en ese tipo de créditos, se les
quitaba una oportunidad de tomar mejores opciones y, consecuentemente también
se le restaba sus posibilidades de lograr prosperidad. Se aprecia respecto de
este fin que su realización no implicaba la excepción censurada. En lo que
atañe a la búsqueda de formas de refinanciación, los argumentos se reiteran,
pues,  la medida en sí misma, se tornaba en un obstáculo para quienes estarían
interesados en refinanciar sus créditos.
Tampoco
encuentra la Corte la necesidad de sacrificar los derechos de los usuarios del
crédito en aras de la transparencia del proceder legislativo. Entiende la
Corporación, que se votaban medidas de orden general encaminadas  a incidir en
las situaciones jurídicas de cualquier asociado titular de un crédito y no
específicamente a suponer provecho para quien tuviese la condición de
congresista y en ese momento fuese deudor del sistema financiero. Incluso, bien
pudo el legislador disponer que el beneficio no se hacía aplicable para quienes
ostentasen la condición de miembros del Congreso al momento de expedir la ley
en estudio.  En suma, ante la existencia de otras opciones que tendiesen a
evidenciar la escrupulosidad del órgano democrático en la producción de la Ley
1555 de 2012, resultaba innecesario privar a un grupo de deudores del sistema
financiero del beneficio estatuido para los créditos contraídos con
posterioridad al 9 de julio de 2012.
A
estas alturas, el cuarto interrogante del juicio, se responde negativamente.
Concluye el Tribunal Constitucional que la medida en estudio, no resultaba
necesaria  para el logro de los propósitos propuestos.
Observa
la Sala que el indicio de inequidad no se ha desvirtuado, pues, si bien es
cierto se podría estimar en favor de la exclusión del beneficio para los
adquirentes de créditos antes de la entrada en vigor de la Ley, razones de
seguridad jurídica y respeto a la libertad contractual, lo cual, es plausible,
también militan en pro de la extensión del beneficio a dichos deudores, razones
constitucionales fundadas en la cláusula del Estado Social de Derecho (art.1),
el logro de la promoción de la prosperidad general (art. 2), la defensa de los
derechos de los consumidores (art.78), el derecho a la libre competencia
económica (art. 333), el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
(art. 334) y, de manera especial, el derecho a que se promueva la
democratización del crédito (art.335).
Establecida
la vulneración del mandato de igualdad, pareciera pertinente declarar la
inexequibilidad del texto acusado, sin embargo, advierte el Tribunal
Constitucional que el beneficio en sí mismo, no riñe con la Carta. Lo que
resulta inconstitucional es la sustracción de las bondades de la medida para
los créditos tomados antes de la entrada en vigor la Ley. En consecuencia, se
impone proferir un fallo condicionado, según el cual, el parágrafo censurado,
es exequible, en el entendido que los créditos a los cuales se refiere el
literal g) del artículo 5 de
la Ley 1328 de 2009, tomados antes del 9 de julio de 2012 también podrán ser
pagados anticipadamente sin que ello acarree  la penalización por prepago para
el usuario.
8.2 El parágrafo del artículo 1º  de la Ley
1555 de 2012 y la cláusula del Estado Social de Derecho.
Otro
de los cargos formulados por el actor consiste en el quebrantamiento por parte
de la disposición acusada al mandato del Estado Social de Derecho y, como en el
análisis precedente, la Corte ha estimado que el enunciado legal debe continuar
en el ordenamiento jurídico de manera condicionada, se debe proceder a atender
la segunda acusación, pues, su revisión podría variar lo hasta ahora valorado.
Para
revisar esta tacha, se atiene la Sala a lo concluido en el considerando
precedente. Tal como se precisó, la ley en cuestión resultaba violatoria del
principio de igualdad, pero, la decisión condicionada opta por restarle la
norma o interpretación que priva del beneficio a los adquirentes del crédito
antes del 9 de julio de 2012. En tales condiciones, entiende el Tribunal
Constitucional, el enunciado legal se torna concordante con los requerimientos
del Estado Social de Derecho.
La
decisión logra materializar los derechos a la promoción de la democratización
del crédito, la protección de los derechos de los consumidores, la libre
competencia, el mejoramiento de oportunidades para elevar la calidad de vida;
todos ellos consecuentes con el Estado Social de Derecho tal como se expuso en
el considerando 5.2 de esta providencia.
Entiende
la Corte que, la mejora en las condiciones de acceso al crédito, a más de
incrementar las posibilidades de facilitar la consecución de recursos en aras
de una mejor calidad de vida, también contribuye a reducir el espacio para las
formas de crédito transgresoras del ordenamiento en cabeza de personas
inescrupulosas que so pretexto de brindar la adquisición de créditos con menos
exigencias que las del crédito formal, terminan por cobrar intereses
exorbitantes e incluso acudir para la satisfacción de sus acreencias, al uso de
la violencia física. [42]
Adicionalmente,
para el Tribunal Constitucional, la extensión del beneficio del pago anticipado
sin penalidad, se halla en la senda de la protección al actor más débil en la
relación contractual crediticia y, reduce el escenario para el eventual abuso
de la posición dominante por parte de entes del sector financiero.
Una
tesis opuesta a la defendida por la Sala y que no tiene en cuenta lo aquí
presentado, plantea, como lo hicieron varios intervinientes, que al extender la
supresión de la penalidad por pago anticipado, se estaría frente una ley
retroactiva, la cual afecta situaciones jurídicas consolidadas, vulnerando con
ello la libertad contractual y más generalmente la seguridad jurídica. Al
respecto, encuentra la Corte oportuno recordar que el valor de la seguridad
jurídica también es uno de los pilares del Estado Social de Derecho, no de otro
modo se entiende la importancia del principio de legalidad presente en
numerosos mandatos de nuestra Carta, entre ellos, los artículos 6, 121, 122,
230.
Advierte
el Tribunal Constitucional que, en el razonamiento encaminado a afirmar en este
asunto, el detrimento de la libertad contractual y más ampliamente de la
seguridad jurídica, subyace un equívoco. Tal inexactitud, consiste en calificar
como situación jurídica consolidada  o derecho adquirido la posibilidad de
cobrar una penalidad cuando se presentan pagos anticipados en materia de
créditos. Recuerda en este asunto la Sala, la importancia de los elementos que
estructuran la norma jurídica, como lo son, el supuesto de hecho y la consecuencia
jurídica. Entiende la Corporación que la aplicabilidad de la última, depende
del cumplimiento del primero. En la situación en estudio, el supuesto a cumplir
para predicar la consecuencia, es el pago anticipado. Es frente a este suceso,
que tiene lugar la exigibilidad de la penalidad por prepago. En tanto, no se dé
el pago anticipado, se está frente a una mera expectativa.
El
carácter de situaciones jurídicas consolidadas o más precisamente de derechos
adquiridos, en el caso sub-examine, se presenta en aquellos eventos en
los cuales ya se hizo el pago anticipado y se ha generado el derecho para la
entidad financiera de hacer efectiva la sanción, estas prerrogativas resultan
intangibles y cuentan con la protección constitucional. Pero, en aquellos casos
en que el supuesto fáctico no ha acontecido, vale la afectación por parte de la
nueva ley. Ha dicho la Corte en relación con las expectativas y los derechos
adquiridos:
“(…)
Los derechos adquiridos se diferencian de las meras expectativas que son
aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el
futuro un derecho que, por no haberse consolidado, puede ser regulado por el
legislador según las conveniencias políticas que imperen en el momento, guiado
por parámetros de justicia y de equidad que la Constitución le fija para el
cumplimiento cabal de sus funciones (…)”[43].
Con posterioridad ha reiterado:
(…) se puede afirmar que los derechos adquiridos,
protegidos constitucionalmente por el artículo 58 Superior, se refieren a
derechos subjetivos consolidados e intangibles, que cumplen con las condiciones
contempladas en la ley, y son plenamente exigibles, mientras que las
expectativas, son situaciones no consolidadas de conformidad con los requisitos
de ley vigentes, aunque resulte factible que lleguen a consolidarse en el
futuro, y que por tanto pueden ser modificadas por una nueva normatividad.(…)” (Sentencia C-983 de 2010, M.P. Vargas Silva)[44]
Se observa entonces, que la mera
expectativa puede ser objeto de modificación y, no tiene el mismo alcance del
derecho adquirido, por ello, desestima la Corte el razonamiento que supone, con
la extensión del beneficio, como transgredidas la libertad contractual y la
seguridad jurídica. Con todo, reitera la Corporación que en el contexto del
Estado Social de Derecho y, frente a derechos del consumidor, como los hay en
el asunto ventilado, la libertad contractual debe ceder, sin desaparecer, para
darle cabida a la realización de los derechos. Se trata puntualmente de un caso
de armonización de derechos constitucionales en tensión, en el que la
pretensión del intérprete es la pervivencia de ambos y no la eliminación de uno
en favor de otro.
Para la Sala, en el caso concreto de los
contratos a los que se refiere la ley acusada, quien haya pagado con antelación
al momento de expedición de este fallo[45],
ha configurado el supuesto de hecho que genera el derecho para la entidad
financiera de hacer efectiva la penalidad. En tal caso no cabe invocar este
proveído con miras a obtener alguna suerte de condonación, devolución o reembolso
de lo pagado. Pero, aquellos en cuyos contratos se incorporó la penalidad y, al
momento de proferir la sentencia, no se ha configurado el supuesto de hecho,
bien pueden gozar de los beneficios que implique lo resuelto por la Corte. En
este último caso, entiende la Corporación, se está frente a meras expectativas
de la entidad financiera, sujetas a las modificaciones del ordenamiento
jurídico.
Observa el Juez Constitucional que, cuando
se trata de contratos de las condiciones de los aquí analizados, en los cuales
no se ha dado el pago anticipado, opera el fenómeno de la retrospectividad
varias veces tratado por esta Corporación[46],
pues, el beneficio entra regir para aquellos contratos en los cuales la cláusula
sancionatoria por pago anticipado, sin que ello afecte aquellos acuerdos en los
cuales ya se está frente a situaciones jurídicas consolidadas.
Se concluye, pues, que la decisión a
adoptar por el Tribunal Constitucional, preserva el trascendental valor de la
seguridad jurídica, armonizándolo con la realización efectiva de los derechos
como imperativo del Estado Social de Derecho y con los derechos de los
consumidores como expresión de la misma fórmula política. Consecuentemente, el
cargo, tal como lo formuló el actor, no está llamado a prosperar y se reafirma
la decisión estimada en el considerando 8.1 de esta providencia.
8.3 La infracción del debido proceso por
parte del parágrafo del artículo 1º  de la Ley 1555 de 2012
En relación con esta última acusación, al
igual que en el caso inmediatamente anterior, se atiene la Corte a lo
considerado y resuelto precedentemente. Por tanto, observa la Sala que frente a
la extensión de la posibilidad de pago sin penalidad para los créditos
adquiridos antes del 09 de julio de 2012, se queda sin piso el peculiar
argumento construido por el actor. La confusión del principio de legalidad en
materia sancionatoria con las consecuencias jurídicas de pactos mercantiles, en
la cual incurre el accionante, dado lo resuelto, será desatendida por el Juez
Constitucional.
8.4 El cumplimiento del fallo
Finalmente y, por tratarse de una sentencia que puede
encontrar circunstancialmente renuencia a ser cumplida, dadas las incidencias
económicas de la misma, resulta prudente recordar a los organismos y
autoridades correspondientes sus deberes de vigilancia y control sobre las
actividades de los entes financieros, teniendo en cuenta las advertencias de la
Corte a propósito de otra decisión:
“(…) además de los controles a cargo de la
Superintendencia Bancaria sobre el comportamiento de las entidades financieras
al respecto, para sancionarlas con la drasticidad que se requiere si llegan a
desvirtuar en la práctica o si hacen inefectivo lo ordenado por la Corte, los deudores
afectados (…) gozan de las acciones judiciales pertinentes para obtener la
revisión de sus contratos(…)”[47]
VII. Síntesis del fallo
La Corte debía definir, si limitar la
posibilidad de pago anticipado de créditos financieros enunciados en la norma demandada,
sin ninguna penalización, solamente para aquellos adquiridos a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 1555 de 2012, esto es, el 9 de julio de 2012
configura un quebrantamiento de la igualdad, atenta contra el Estado social de
derecho y vulnera el principio de legalidad de la sanción y, de contera, el
debido proceso.
Para resolver el primer cargo, la
Corporación aplicó un test intermedio, como quiera que la medida que se impugna
compromete derechos constitucionales no fundamentales, pero ofrece un indicio
de inequidad. En relación con lo primero, hay que tener en cuenta que el
artículo 335 de la Constitución consagró como objetivo del legislador promover
la democratización del crédito, lo cual implica como contrapartida un derecho
en cabeza de los asociados. En cuanto atañe al indicio de inequidad, señaló que
se trata de una medida que si bien estipula un beneficio a favor de un grupo de
deudores del sistema financiero, en razón de un cierto tipo de créditos, lo
cual tiende a la democratización del crédito, también es cierto que se
encuentra una exclusión de otro grupo de deudores a quienes no cobijaría la
medida que propende hacia la realización de un objetivo constitucional.
Observó, que se trata de un indicio, ya que es posible aducir en principio,
algunas razones plausibles a favor de la medida y solo el juicio de igualdad
dará cuenta de la equidad o inequidad de lo dispuesto por el legislador.
Vistos los antecedentes de la Ley 1555 de
2012, el Tribunal pudo constatar que se encamina a reducir la fidelización
forzosa, la mejora de la relación entre entidades financieras y usuarios y el
establecimiento de posibilidades de refinanciación de créditos en contextos de
crisis financiera, objetivos que encuentran fundamento constitucional. En efecto,
estas metas tienen asidero en el artículo 335 de la Carta, toda vez que la
democratización del crédito se logra en cierta medida, con lo dispuesto en el
parágrafo acusado. La eliminación de la multa por el pago anticipado respecto
de los créditos contemplados en el literal g) del artículo 5 de la Ley 1328 de
2009, logra romper para los beneficiarios de la medida, un obstáculo en el
acceso al crédito y posibilita considerar otras opciones crediticias formales.
La sanción por pago anticipado desaparece como factor que ata al deudor de
manera forzada a una determinada entidad financiera. De igual modo, la mejora
de las relaciones entre usuarios del crédito y organizaciones del sector
financiero, sin duda, también contribuye a promover la democratización del
crédito.
Entiende la Corte que liberado de la
atadura el deudor puede considerar otras oportunidades con tasas de interés más
favorables. Además, constituye un incentivo para personas renuentes a contraer
obligaciones con el sector financiero, para las cuales la posibilidad de pago
anticipado sin la obligación de cancelar penalidad alguna, resulta atractiva.
Es claro, que también contribuye a acrecentar el nivel de bienestar, acorde con
el mandato establecido en el artículo 2º de la Constitución, la mejora en la
calidad de vida ordenada en el artículo 333 Superior, mejora que es expresión
de los contenidos propios del modelo de Estado social de derecho. A lo anterior
se agrega que todas estas finalidades contribuyen al logro de otro derecho de
rango constitucional, como es el de la libre competencia económica estatuida en
el inciso segundo del citado artículo 333. Para la Corte, la fidelización
forzosa genera distorsiones en el mercado de los créditos, ya que por baja que
resulte una tasa de interés de una entidad financiera, el deudor con
obligaciones en otra financiera, siempre tendrá el monto de la penalidad como
obstáculo para hacer uso de la mejor oferta. Eso implica, que la barrera para
el deudor también lo es para la colocación de recursos de las organizaciones de
crédito. No debe olvidarse que es misión del Estado, impedir la obstrucción o
restricción de la libre competencia.
Ahora bien, determinado que la medida
persigue fines constitucionalmente legítimos, la Corte estableció que el
mecanismo logra alcanzar, así sea parcialmente los objetivos propuestos, como
quiera que eliminar la penalización del pago anticipado de los créditos
enunciados reduce la fidelización forzosa en el ámbito crediticio, mejora la
relación entre usuarios del crédito y las entidades financieras, posibilita un
mejor bienestar al hacer más atractivo el crédito e incentiva las posibilidades
de refinanciación de créditos. Sin embargo, encontró que en nada contribuye a
varios de esos objetivos, la exclusión del beneficio de pago anticipado sin
sanción para los usuarios de créditos contraídos antes del 9 de julio de 2012.
Por el contrario, si se trataba de reducir la fidelización forzosa, resultaba
más adecuado extender las bondades de la disposición a los créditos excluidos.
La ampliación de la cobertura a un mayor número de obligaciones implicaba un
mayor número de usuarios liberados de la fidelización forzosa. En este aspecto,
no era entonces necesario, restar el beneficio a los usuarios de créditos
tomados antes de la entrada en vigencia de la ley. Por lo mismo, en nada sumaba
a la búsqueda del bienestar y de la calidad de vida de los asociados. Por el
contrario, a los obligados a dichos créditos se les quita una oportunidad de
tomar mejores opciones y consecuentemente, elevar sus posibilidades de lograr
prosperidad y se torna en un obstáculo para quienes estarían interesados en
refinanciar sus créditos.
En conclusión, la Corte señaló que no
resultaba necesario afectar la posibilidad de pago anticipado sin multa de los
tomadores de crédito antes de la entrada en vigencia de la ley para lograr los
propósitos propuestos. De esta forma, el indicio de inequidad no se ha
desvirtuado, toda vez que si bien podrían aducirse a favor de la exclusión del
beneficio para los adquirentes de créditos antes de la entrada en vigor de la
ley, razones de seguridad jurídica y respeto de la libertad contractual, lo
cual es plausible, también militan en pro de la extensión del beneficio a
dichos deudores, razones constitucionales fundadas en la cláusula del Estado
social de derecho (art. 1), el logro de la promoción de la prosperidad general
(art. 2º), la defensa de los derechos de los consumidores (art. 78), el derecho
a la libre competencia (art. 333), el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes (art. 334), el derecho a que se promueva la democratización del
crédito (art. 335), con lo cual se configura la vulneración del principio de
igualdad.
Por último, la Corte advirtió que en el
presente caso no se puede calificar como situación jurídica consolidada o
derecho adquirido, la posibilidad de cobrar una penalidad cuando se presentan
pagos anticipados en materia de créditos, como quiera que esta solo puede tener
lugar si se produjo dicho pago, de manera que se está frente a una mera expectativa.
El carácter de situaciones jurídicas consolidadas se presentaría solo en
aquellos eventos en los cuales ya se hizo el pago anticipado y se ha generado
el derecho de hacer efectiva la sanción. Pero en aquellos casos en los que el
supuesto fáctico no ha acontecido, es válida la afectación por parte de la
nueva ley. Adicionalmente, observó que el demandante incurre en confusión del
principio de legalidad de la pena con las consecuencias jurídicas de pactos
mercantiles, razón por la cual, dado el resultado de la sentencia, fue
desatendida por el Tribunal.
Con el fin de extender el beneficio de pago
anticipado sin sanción, acorde con la cláusula del Estado social de derecho,
entre cuyas finalidades más significativas, se cuenta la realización efectiva
de los derechos, la Corte procederá a proferir una decisión de exequibilidad
condicionada.
VIII. Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar
EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1555 de 2012, en el
entendido que los créditos a los cuales se refiere el literal g) del artículo
5º de la Ley 1328 de 2009 tomados antes del 9 de julio de 2012, también podrán
ser pagados anticipadamente, sin incurrir en ningún tipo de penalización o
compensación.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-313/13
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, en esta oportunidad me permito aclarar el voto porque
si bien comparto el sentido de la decisión, considero que el análisis sobre la
medida debió comprender la libertad contractual y la
seguridad jurídica.
En efecto, los argumentos sobre el
respeto a la libertad contractual y la seguridad jurídica fueron descartados
por la Sala sin mayor explicación. En el test de igualdad se confrontó la
constitucionalidad de la medida de pago anticipado del crédito con la cláusula del Estado social de derecho (art. 1), el logro de la
promoción de la prosperidad general (art. 2º), la defensa de los derechos de
los consumidores (art. 78), el derecho a la libre competencia (art. 333), el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (art. 334) y el derecho a
que se promueva la democratización del crédito (art. 335), pero faltó
circunscribir este análisis para los deudores cuyos créditos habían sido
adquiridos con anterioridad al 9 de julio de 2012. En tal sentido, si bien
acompaño la decisión que encontró que se desconocía el derecho a la igualdad la
imposición de una multa por pago anticipado de determinadas obligaciones
crediticias en la fecha señalada, estimo que  lo que correspondía no era solo
plantear la constitucionalidad de la medida con base en los preceptos
constitucionales mencionados sino desvirtuar la afectación de la libertad
contractual y la seguridad jurídica.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]
Ver Sentencias  C- 609 de  de 2012 M.P. Palacio Palacio, C- 781 de 2012 M.P.
Calle Correa, entre otros pronunciamientos.
[2]
Gaceta del Congreso de la República 009 de 2011
[3]Ibidem
[4]
Ponencia para tercer debate proyecto 152  de  2011 Senado, 178 de 2011 Cámara.
Gaceta  198 de 2012
[5]
Acta 24 de junio 08 de 2011.Gaceta del Congreso 526 de 2011
[6]
Gaceta del Congreso No. 198 de 2012
[7]Ibídem
[8]
Reyes López, M.J., “Génesis y delimitación del derecho del consumo en los
ámbitos comunitario, estatal y autonómico” en derecho de consumo, K Reyes
López (coord.), Ed. Tirant lo Blanch libros, Valencia, 1999, pp.21-46. Ver
también Piris Cristian, “Evolución de los derechos del consumidor” en unne.edu.ar,
consultado mayo 17 de 2013
[9]Una consideración más detallada de las diversas situaciones en que
se materializa  la intervención  estatal en  la economía, puede  hallarse en la
sentencia C- 150 de 2003 M.P. Cepeda Espinosa. De igual modo, la citada C- 197
de 2012 incorpora criterios hermenéuticos para la comprensión y definición  la
intervención del Estado en la economía. Una síntesis de los criterios
establecidos por la jurisprudencia para evaluar la admisibilidad de la
intervención estatal en materia económica, se encuentra en la sentencia                 C-
352 de 2009 M.P. Vargas Silva.
[10] Cfr. Sentencia C- 1107 de 2001, M.P Jaime Araujo Rentería.
[11] Cf. Sentencia C-940 de 2003 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[12]Sobre
este aspecto, ver particularmente C-560 de diciembre 6 de 1994, M. P. José
Gregorio Hernández Galindo; C-780 de julio 25 de 2001, M. P. Jaime Córdoba
Triviño; y C-1062 de noviembre 11 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Díaz, E. “ Estado de
derecho y Legitimidad Democrática” en Estado, Justicia, derechos,
E.Díaz, J.Colomer (Eds.), alianza editorial, Madrid, 2002, p.92
[14] Díaz, E. Estado de
derecho y Sociedad DemocráticaEdicusa, Madrid, 1978, p.97
[15] Sentencia T-406 de 1992
M.P. Angarita Barón
[16] Sentencia C- 636 de 2000
M.P. Barrera Carbonell
[17] Sentencia T- 392 de 2010
M.P. Palacio Palacio
[18] Ver sentencias C-865 de
2004, M.P.  Escobar Gil; C-352 de 2009, M.P.  Calle Correa; y C-228 de 2010,
M.P.  Vargas Silva. En la sentencia C-865 de 2004, la Corte definió la
“economía social de mercado”, como el modelo “(…) según la cual las reglas
de la oferta y la demanda deben estar al servicio del progreso y desarrollo
económico de la Nación”. En el mismo sentido, en la sentencia C-228 de
2010, la Corporación afirmó: “Como se observa, el Estado
Constitucional colombiano es incompatible tanto con un modelo del liberalismo
económico clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como con
modalidades de economía de planificación centralizada en las que el Estado es
el único agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios es
un monopolio público.  En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social
de mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada,
la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y
proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con
el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a
la protección del interés general.”
[19] Ver sentencias C-615 de
2002, M.P. Monroy Cabra; C-352 de 2009, M.P.  Calle Correa
[20]Sentencias en similar sentido son, la C.700 de 1999 M.P.
Hernández Galindo y la, C-747 de 1999 M.P. Beltrán Sierra.
[21] Gaceta Constitucional
No. 46 p.100
[22] Ibídem p. 99
[23]Un análisis jurisprudencial sobre las varias implicaciones del
derecho del consumidor en el ámbito constitucional se puede revisar en la
sentencia C- 749 de 2009 M.P. Vargas Silva, en la cual se dice in extenso:
“(…)6.  Como lo ha resaltado la Corte en decisiones anteriores,
el tratamiento de los derechos de los consumidores y usuarios tuvo un cambio
significativo a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991. En
el periodo preconstitucional, la relación entre los sujetos que concurren al
circuito comercial de distribución de bienes y servicios (productores,
comercializadores y consumidores) estaba basada en las reglas propias del
liberalismo económico.  Los consumidores, en su condición de adquirentes de los
productos, estaban en un plano de igualdad de negociación con los oferentes de
los mismos y, en caso que se encontraran desequilibrios en su compraventa, bien
por desigualdades ostensibles en el precio o en la calidad exigible de las
mercaderías, tenían a su disposición las herramientas propias del derecho civil
para reparar el daño sufrido (resarcimiento de la lesión enorme, saneamiento
por evicción o por los vicios ocultos del bien, responsabilidad civil contractual,
etc.).  Esto implicaba, como es obvio, la presunción que los productores,
intermediarios y consumidores (i) acceden al mercado en idénticas condiciones;
(ii) tienen a su disposición el mismo grado y calidad de la información; (iii)
poseen idénticas condiciones de acceso a la solución jurisdiccional de los
conflictos que se susciten en esas relaciones de intercambio.
El cambio cualitativo
antes citado radica en el reconocimiento, por parte del derecho constitucional,
de las hondas desigualdades inmanentes al mercado y al consumo. De un lado, el
avance de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea y, sobre
todo, la especialización en los procesos productivos, ocasiona grandes
asimetrías de información entre los sujetos que concurren al intercambio de
bienes y servicios.  En efecto, los consumidores suelen carecer del
conocimiento y experticia suficientes para discernir acerca de los aspectos
técnicos que definen la calidad de los productos, incluso aquellos de consumo
ordinario.  De igual modo, los fabricantes y comercializadores son, en la
mayoría de ocasiones, conglomerados empresariales que tienen a sudisposición
infraestructuras que, a manera de economías de escala, participan en el mercado
económico e, inclusive, concurren ante las autoridades administrativas y
judiciales con evidentes ventajas, habida cuenta la disponibilidad de recursos,
asesorías profesionales permanentes de primer nivel y conocimiento acerca del
funcionamiento de las instancias de resolución de conflictos jurídicos,
derivada de la condición de litigantes recurrentes.[23](…)”.
Igualmente, se puede revisar la sentencia C- 973 de 2002 M.P. Tafur Galvis.
[24] Ver Reyes López M.J.,
Opcit, y en el ámbito nacional, ArrublaPaucar, J.A. “Abuso de la posición
dominante contractual” en “Regulación financiera y bursátil y derechos del
consumidor” Ed. Biblioteca jurídica  Dike y otros, Medellín, 2007, pp159-201
[25] Ver sentencia C-992 de
2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[26] Ver sentencias C-616 de
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-815 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y
C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[27] Ver sentencias C-616 de
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-815 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y
C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[28] Ver Locke, J. Ensayos
sobre el Gobierno Civil, trad. J. Carner, Ed. Porrúa, en especial cap. IV,
pp.15-30. En el caso ce Constant, “Principios de política” en Escritos
Políticos, trad. M. Sánchez Mejía Ed. Centros de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1989, en especial pp.181-191
[29]Tal abuso de la posición dominante, ha dado lugar a la procedencia
de la acción de tutela contra entidades financieras, al respecto ha sentado la
Corte:
“(…)
En este orden de ideas, la acción de tutela procede tanto por la violación al
derecho de petición como por las vulneraciones que puedan emanar de una
relación asimétrica como es la que se entabla entre una entidad financiera y
los usuarios, al tener los bancos atribuciones que los colocan en una posición
de preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o
amenazar derechos fundamentales de las personas. Independientemente de su
naturaleza pública, privada o mixta los bancos actúan con una autorización del
Estado para prestar un servicio público por ello, los usuarios están facultados
para utilizar los mecanismos de protección que garanticen sus derechos(…)” ( Sentencia T - 661 de 2001 M.P. Córdoba Triviño)
[30]Igualmente
pueden consultarse entre otras las decisiones T-874 de 2004, T-1038 de 2004,
T-517 de 2006 y T-899de 2006.
[31]Cabanellas
Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Ed. Heliasta,
28ª  edición, Buenos Aires, 2003, p. 499
[32]Igualmente
se pueden consultar las sentencias C- 250 de 2012, C- 1021 de 2012, C- 629 de
2011 entre otras.
[33]También pueden
revisarse para el tema entre otras las sentencias, la C-093 y la C-673 de 2001.
Más recientemente se tiene la sentencia C-221 de 2011.
[34] Rubio Llorente, F. La
forma del poder. Estudios sobre la Constitución ,  Vol.  III Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p.. 1149
[35] Entre la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación sobre el carácter relacional de la igualdad,
resultan ilustrativas
[36] Sentencia C-741 -03 M.P. Cepeda Espinosa
[37] Sentencia C- 1125 de
2008 M.P. Sierra Porto
[38] Sentencia C- 227 de 2004
M.P. Cepeda Espinosa
[39] Ibídem
[40] Sentencia C-183 de 1998
M.P. Cifuentes Muñoz
[41] Ilustrativa resulta en
tal sentido la sentencia C- 022  de 1996 M.P Gaviria Díaz.
[42] Algunas observaciones
críticas y denuncias, sobre el crédito informal denominada “gota a gota” se
pueden consultar en: httpi//www.creditos.com.co “préstamo gota
a gota” 7 de mayo de 2013,y “que es un crédito gota a gota” 15 de marzo de
2013, httpi//www.bancocrédito.com.co, “préstamo gota  gota Bogotá” 23 de
noviembre de 2010, httpi//www.elpais.com.co, “préstamos que exprimen a los
caleños” 12 de Junio de 2011
[43] Sentencia C- 604 de 2000
M.P. Gaviria Díaz
[44]Igualmente
se pueden examinar sobre el alcance de las meras expectativas y su diferencia
con la situación de los derechos, las sentencias C-624 de 2008 M.P. Sierra
Porto y C-242 de 2009 M.P. González Cuervo.
[45]No sobra en este punto, recordar respecto del carácter obligatorio
de los fallos de la Corte y su entrada en vigor lo dicho por la Corporación en
la sentencia T- 832 de 2003 M.P. Córdoba Triviño, reiterado por la Sala
mediante Auto A-022 de 2013:
(…) la fecha de una sentencia corresponde a aquella en que se
adoptó la decisión en ella contenida, y no a aquella en que los magistrados
suscriben su texto o los salvamentos o aclaraciones de voto, y teniendo en
cuenta la índole de los fallos de constitucionalidad y sus efectos erga omnes y
no inter partes, se logran elementos de juicio para determinar los efectos
temporales de los fallos de constitucionalidad: Cuando no se ha modulado el
efecto del fallo, una sentencia de constitucionalidad produce efectos a partir
del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en ese caso específico,
la jurisdicción de que está investida, esto es, a partir del día siguiente a
aquél en que tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad y no a partir
de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde o el de su
notificación o ejecutoria.
11. Esta postura es compatible con la tarea de la Corte de defender
la integridad de la Constitución y garantiza la seguridad jurídica de que está
urgida una democracia constitucional.
Esto es así porque, de un lado, carecería de sentido que una norma
que fue encontrada contraria a la Carta Política se mantenga en el ordenamiento
jurídico hasta el momento de la ejecutoria del fallo y, no obstante la
declaración judicial de esa contrariedad, produzca efectos en situaciones
particulares. Y, de otro lado, la determinación precisa de los efectos de un
fallo de constitucionalidad no puede quedar diferida a las incidencias propias
de su notificación y ejecutoria. De ser así, en cada caso, independientemente
de la fecha registrada en la sentencia, habría que constatar la fecha de
ejecutoria para, a partir de ella, inferir el momento en que una norma legal
contraria a la Carta dejaría de hacer parte del sistema normativo. Y no cabe
duda que una exigencia de esta índole sería contraria a los requerimientos de
seguridad jurídica propios de una sociedad que no ha renunciado al derecho como
alternativa de vida civilizada
[46]A tal
efecto se pueden revisar las sentencias C-430 de 2009 M.P. Henao Pérez y C-177
de 2005 M.P. Cepeda Espinosa.
[47]C-700 de
1999 citada.