T-363-16
Sentencia T-363/16
DERECHO A LA IGUALDAD-Dimensiones
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y
PROHIBICION DE DISCRIMINACION EN RAZON DE IDENTIDAD DE GENERO Y ORIENTACION
SEXUAL-Reiteración
de jurisprudencia
El desarrollo jurisprudencial deja claro que uno de los ámbitos más
importantes para la protección del derecho a la igualdad, la dignidad y el
libre desarrollo de la personalidad es el respeto absoluto por la expresión de
la identidad de género o la orientación sexual. En efecto, tal como lo dispone
el artículo 13 Superior, la prohibición de discriminación por dichos factores
es absoluta y ningún tercero, incluido el Estado, que tiene un deber
cualificado de conducta, puede adelantar acciones dirigidas a perseguir,
amedrentar o censurar a quienes asuman una opción sexual diversa. Cualquier
actitud en ese sentido constituye un trato de hostigamiento que debe ser
prevenido y reprochado.
ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE
GENERO-Protección
constitucional
PROTECCION DE LAS MANIFESTACIONES
DE LA IDENTIDAD DE GENERO-Desarrollo jurisprudencial
Han sido
múltiples los avances de la jurisprudencia constitucional dirigidos a
desarrollar un enfoque diferencial frente al alcance de los derechos
fundamentales a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad e
igualdad. El Tribunal pasó de una visión restringida e indivisible de la
identidad de género y la orientación sexual como conceptos objetivos asociados
a la naturaleza física de las personas, a verlos como categorías constitucionales separadas que
deben ser protegidas. Esta perspectiva es asegurada por las garantías de la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad en temas como la
protección contra la discriminación, la identidad civil, el acceso a los
servicios de salud necesarios para el tránsito de género y la inexigibilidad de
la libreta militar para las mujeres trans.
DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GENERO-Prohibición de
discriminación en establecimientos educativos en razón de la opción sexual
En el ambiente educativo, se
imponen deberes relacionados con la promoción de la libre expresión y la
justificación suficiente de todas aquellas medidas dirigidas a coartar las
manifestaciones de la identidad de género. En algunos casos, la Corte ha acudido
al test de proporcionalidad para establecer la suficiencia de las
justificaciones de dichas restricciones.
DERECHO AL RECONOCIMIENTO DEL
NOMBRE COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD
NOMBRE COMO MANIFESTACION DE LA
IDENTIDAD PERSONAL Y EL RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL COMO ELEMENTO DETERMINANTE
PARA UN TRATO ACORDE CON LA IDENTIDAD DE GENERO
DERECHO A LA EDUCACION Y
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Relación
DERECHO A LA EDUCACION Y
PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Reiteración de jurisprudencia
sobre los límites
La autonomía
universitaria constituye una prerrogativa que busca resguardar el pluralismo,
la independencia y asegura la libertad de pensamiento. Con todo, dicha
autonomía encuentra límites demarcados por los derecho fundamentales, los que
se traducen, por ejemplo, en el respeto del debido proceso en la aplicación de
procesos disciplinarios o sancionatorios que se adelanten en contra de los
estudiantes, la prohibición de brindar tratos discriminatorios, la observancia
de las garantías fundamentales en todas las actuaciones administrativas que
emprendan, la prevalencia del derecho a la educación, entre otros.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD-Vulneración
por parte del SENA al no brindarle al accionante un trato acorde con su
identidad de género
Las actuaciones del SENA además de evidenciar desinterés por el respeto
del libre desarrollo de la personalidad del promotor de esta acción constitucional,
dieron cuenta de una indiferencia generalizada respecto a las dimensiones del
artículo 16 Superior y al alcance de la cláusula general de igualdad,
particularmente sobre la especial protección que merecen las decisiones
individuales relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD-Orden
al SENA abstenerse de interferir en el desarrollo y la expresión legítima de la
identidad de género del actor, en especial en aspectos relativos a la forma de
vestir y la utilización de accesorios estéticos
Referencia: expediente
T-5.442.396
Acción de tutela formulada
por Erika Comas Gómez contra el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-
Regional Atlántico
Procedencia: Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla
Asunto: El libre desarrollo
de la personalidad, y la protección de las manifestaciones de la orientación
sexual y la identidad de género en el ámbito de la educación superior.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., once (11) de
julio de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y por la magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, adoptado
por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla el 23 de noviembre de
2015, que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Civil Municipal de
Barranquilla, el 6 de octubre de 2015, en el proceso de tutela promovido por
Erika Comas Gómez contra el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- Regional
Atlántico.
El expediente llegó a la Corte Constitucional remitido por el
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla de conformidad con los
artículos 86 inciso 2° de la Constitución Política, y 31 y 32 del Decreto 2591
de 1991.
La Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, escogió para
revisión el expediente de la referencia, mediante auto de 14 de abril de 2016.
I. ANTECEDENTES
El 22 de septiembre de 2015, Erika Comas Gómez presentó acción de
tutela en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA –Regional Atlántico-,
con el propósito de que se ampararan sus derechos fundamentales de petición,
igualdad y libre desarrollo de la personalidad que, adujo, fueron vulnerados
por la entidad accionada, por cuanto se abstuvo de contestar la petición que elevó
el 24 de agosto de 2015, en calidad de estudiante. En el documento solicitó que
se le permitiera el uso del uniforme establecido en la institución para el
género masculino y se le otorgara un trato que corresponda a su identidad de
género como hombre transexual.
A. Hechos y pretensiones
1.
Erika Comas Gómez[1]
indicó que, aunque fisiológicamente nació como mujer, desde su adolescencia se
consideró hombre, razón por la que su vivencia y auto identificación corresponden
al género masculino.
2.
En atención a su
identidad de género como hombre transexual y en calidad de estudiante del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el 24 de agosto de 2015 formuló petición
ante dicha entidad en la que solicitó que: (i) se le permitiera el uso del
uniforme asignado al género masculino y (ii) se le otorgara un trato que atienda
a su identidad de género, particularmente: “tener un trato igualitario en
las aulas de clase por parte del cuerpo de docentes, que se refieran a mi
persona con sustantivos y artículos masculinos, y que no atenten de ninguna
manera contra mi personalidad y forma de ser”[2].
Sin embargo, para el momento de la presentación de la acción de tutela no había
obtenido respuesta a su solicitud.
B. Actuaciones en sede de tutela
El Juzgado Octavo Civil
Municipal de Barranquilla admitió la acción de tutela dirigida contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje, dispuso
su notificación y le corrió el traslado correspondiente para que se pronunciara
sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela.
Servicio
Nacional de Aprendizaje –Regional Atlántico-
La Directora del SENA –Regional
Atlántico- solicitó que se denegara la protección solicitada, ya que mediante
comunicación núm. 2-2015-002468 del 28 de septiembre de 2015, el Subdirector
del Centro de Comercio y Servicios del SENA –Atlántico- emitió la respuesta
extrañada por el actor.
En la
contestación aportada, dirigida al accionante, se destacaron algunos de los
deberes de los aspirantes y aprendices en el proceso de formación, relacionados
con la veracidad de los datos suministrados y el manejo de la plataforma de
información “Sofía Plus”. Una de las obligaciones que se resaltó fue la
de brindar información verídica y real, que corresponda a los datos personales,
la cual se confrontó con los datos referidos por el accionante y en los que
registró: “sexo femenino”.
Luego de precisar que la plataforma de manejo de información exige
la identificación de los aspirantes, mayores de edad, con la cédula de
ciudadanía, indicó que: “si usted se registró e ingresó a este
Establecimiento Público, con un documento de identidad que la distingue como
persona natural del sexo femenino, no le es permitido al SENA darle un trato
diferente alguno (sic), so pena de incurrir en conductas que podrían acarreará
(sic) diversos tipos de responsabilidad para nuestros servidores públicos y
contratistas”[3].
Finalmente, el Subdirector del Centro de Comercio y Servicios
señaló que una vez el documento de identidad del actor evidencie el cambio de
género “el SENA modificará su registro e institucionalmente se le dará el
trato pertinente y correspondiente de acuerdo al texto del mismo”[4].
C. Decisiones objeto de
revisión
Sentencia de primera instancia
El 6 de octubre de 2015, el Juzgado Octavo
Civil Municipal de Barranquilla denegó el amparo exigido, por “carencia
actual del objeto por hecho superado”. En el fallo de tutela, el juez
destacó la respuesta emitida por el Subdirector del Centro de
Comercio y Servicios frente a la petición elevada
por el actor que, en su concepto, satisfizo el núcleo del derecho previsto en
el artículo 23 de la Carta Política.
Impugnación
El accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que
se protegieran sus derechos al libre desarrollo de la personalidad e igualdad,
mediante una orden dirigida a la accionada para que le permita portar el
uniforme asignado a los aprendices del género masculino y lucir el cabello
corto. También pidió que se inste al cuerpo de docentes a brindarle un trato
que se corresponda con su identidad de género mediante el uso de sustantivos y
artículos masculinos.
Como fundamento de esas pretensiones, el accionante refirió las
dificultades que enfrenta por su identidad de género derivadas del trato que
recibe en su entorno social; destacó el tratamiento psicológico que adelanta que,
adujo “puede dar fe de mi condición de transexual”[5],
y señaló que en diversas oportunidades se acercó infructuosamente a las
directivas del SENA para solicitar un trato acorde con su identidad de género.
Finalmente, agregó que las pretensiones elevadas en el escrito de
tutela no pueden estar supeditadas a una modificación de su documento de
identificación.
Sentencia
de segunda instancia
El 23 de noviembre de 2015[6], el Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, concedió el amparo del derecho al libre desarrollo de
la personalidad del accionante.
Como medidas de restablecimiento del derecho que advirtió
vulnerado, el ad-quem le ordenó al SENA que: (i) adopte todas las
medidas administrativas que permitan que Erika Comas Gómez use el uniforme
asignado al sexo masculino y sea tratado igualitariamente de acuerdo con su identidad
de género; (ii) brinde acompañamiento psicológico al accionante para que
desarrolle su identidad de género en concordancia con los principios de armonía
y convivencia pacífica, dignidad humana y respeto por la diversidad sexual; y
(iii) desarrolle cursos de formación educativa sobre derechos fundamentales,
particularmente sobre el libre desarrollo de la personalidad con énfasis en la
orientación sexual e identidad de género.
En el análisis, el juez se refirió a los derechos a la igualdad y
al libre desarrollo de la personalidad, destacó la prohibición de
discriminación fundada en la orientación sexual y la obligación del Estado,
como garante de los derechos fundamentales, de proteger las manifestaciones,
valores y principios relacionados con diversas esferas humanas, tales como las
expresiones de la orientación sexual e identidad de género.
De acuerdo con lo anterior, refirió: (i) pronunciamientos
jurisprudenciales en los que se han tomado medidas de protección en casos de discriminación
fundada en criterios sospechosos relacionados con el sexo; (ii) los avances en
el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo y (iii) las
facultades del juez de tutela para fallar extra y ultra petita en
aras de la efectiva protección de los derechos fundamentales.
Con base en esas consideraciones que confrontó con las
circunstancias del accionante, indicó que si bien la tutela se dirigió
inicialmente a obtener la protección del derecho de petición, la solicitud
elevada por Erika Comas Gómez ante el SENA buscaba que se garantizara el
ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libre expresión
de su identidad de género en el ámbito educativo. En consecuencia, la
satisfacción del derecho de petición, acreditada en el trámite de primera
instancia, no era óbice para el análisis de la trasgresión de los demás
derechos involucrados y la emisión de medidas de protección sobre los mismos.
Establecido el alcance del examen, el juez advirtió que la
vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad e igualdad
que procuraba conjurar la petición elevada por el accionante, se reprodujo en
la respuesta que emitió el SENA, en la que se reiteraron límites indebidos a
las expresiones de la identidad de género del actor y se le prodigó un trato
que no corresponde a su identificación como hombre transexual. En consecuencia,
emitió órdenes dirigidas a conjurar la afectación de los derechos que advirtió.
D. Actuaciones
en sede de revisión
El 18 de mayo de 2016, la magistrada sustanciadora profirió auto
en el que vinculó al trámite al Ministerio de Educación Nacional y formuló
diversas preguntas a las partes de la acción de tutela, a entidades académicas,
científicas y públicas, con el propósito de: (i) contar con mayores elementos
de juicio sobre las circunstancias del caso; (ii) hacer un diagnóstico sobre el
respeto y la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las
manifestaciones de la orientación sexual y de la identidad de género en el
ámbito de la educación superior; y (iii) determinar, de cara a la situación
planteada por el actor, cuáles son las medidas más adecuadas para la protección
y restablecimiento de sus derechos.
Aunque las pruebas decretadas en esta
sede buscaron incrementar el acervo probatorio para el análisis del caso,
pueden clasificarse de acuerdo con los ejes temáticos referidos previamente. En
consecuencia, para mayor claridad, la Sala hará una síntesis de las intervenciones
de acuerdo con dichos temas.
Circunstancias del caso
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
–Regional Atlántico-
La Directora del SENA –Regional
Atlántico- indicó, frente a los hechos expuestos en el escrito de tutela, que
emitió la comunicación núm. 2-2015-002468 del 28 de septiembre de 2015,
mediante la que brindó una respuesta concreta a la petición que elevó el
accionante y precisó que hasta ese momento, estaba obligada a brindarle al
actor un trato que correspondiera a la identificación que presentó cuando
ingresó a la institución.
Como respuesta a las preguntas elevadas
en esta sede[7], indicó:
(i)
El
accionante se encuentra vinculado al programa de formación “Tecnólogo en
Negocios Internacionales” en el Centro de Comercio y Servicios de la
Regional Atlántico.
(ii)
En
cumplimiento de las órdenes emitidas el 23 de noviembre de 2015 por el juez de
segunda instancia, le informó al actor que puede vestir el uniforme asignado a
los aprendices de sexo masculino. Asimismo, en comité adelantado el 30 de
noviembre de 2015, analizó las medidas de protección de dicha sentencia y las
socializó con los instructores del aprendiz.
(iii)
Las
normas que regulan el código de vestuario y la presentación personal de los
estudiantes del SENA son: el Decreto 4690 de 2005, el Acuerdo SENA 0007 de
abril 30 de 2012 “por el cual se adopta el reglamento del aprendiz SENA”
y la Resolución 452 de 2014.
(iv)
El
establecimiento educativo que dirige no cuenta con un programa específico para
la capacitación, orientación, protección y/o promoción de la orientación sexual
diversa e identidad de género, pero esos temas se abordan mediante el Sistema
Optimizado para la Formación Integral y el Aprendizaje Activo –SOFIA PLUS-, y
son un componente estratégico de la política “Vive SENA”, en el que se fomentan
acciones para el desarrollo humano, el acceso en igualdad de oportunidades y las
habilidades socioemocionales.
(v)
La ruta
de atención a los casos de discriminación por orientación sexual  incluye la manifestación
inicial de dicha circunstancia por parte del aprendiz, ante el funcionario
responsable del proceso formativo, el acompañamiento a través del programa de
Bienestar y apoyo psicológico.
(vi)
El
otorgamiento de un trato a los aprendices que no corresponda con el registro
del aplicativo institucional puede provocar un trato inadecuado e irrespetuoso que,
a su vez, configure una falta disciplinaria de acuerdo con el Código
Disciplinario Único.
La protección de la
identidad de género y orientación sexual en el ámbito de educación superior y la
autonomía universitaria
Ministerio de Educación Nacional
La entidad, vinculada a la presente
acción, indicó frente a las preguntas formuladas en esta sede[8],
que el 25 de marzo de 2014 emitió el documento “Lineamientos Política de la
Educación Inclusiva” que consolida la política de educación inclusiva y
equitativa según lo previsto en el artículo 24 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de
Educación y la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de la UNESCO, el
cual constituye la base para avanzar en las acciones de protección de la
comunidad LGBTI.
El Ministerio precisó que, en aras de
desarrollar medidas particulares de protección de la población LGBTI, suscribió
un convenio con la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de
Colombia, dirigido a que se revisara, desde la perspectiva y enfoque de género,
la política de educación vigente. Los resultados de ese estudio sirvieron para
el avance en la comprensión y en la interiorización de acciones preferentes
enfocadas en dicha población, y destacó que dicha política: “se encuentra en
revisión y diagramación del Ministerio de Educación y esperamos contar con ella
publicada a finales de esta vigencia”[9].
La autoridad, también resaltó que el
sistema educativo superior desde hace pocos años inició un proceso de tránsito
hacia “el discurso y accionar de la educación superior inclusiva”, en el
que deben desarrollarse medidas de protección y acciones específicas para cada
población, las cuales espera concluir en el año 2034.
La entidad vinculada, precisó que no
posee rutas o protocolos de denuncia para casos de discriminación por
orientación sexual o identidad de género en el ámbito de la educación superior.
Sin embargo, los ciudadanos pueden formular peticiones, quejas o reclamos ante
sus dependencias cuando se afecten las condiciones mínimas de permanencia en el
sistema educativo, casos en los que requerirá a la institución para que se
pronuncie sobre los hechos y tomará las medidas pertinentes frente a las
circunstancias del caso.
El Ministerio agregó que, de acuerdo con
el artículo 69 de la Carta Política y los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de
1992, las universidades tienen el derecho a establecer y modificar sus estatutos.
Con todo, dichos reglamentos y, en general, las actuaciones de los
establecimientos de educación superior tienen la responsabilidad de garantizar
un servicio público de calidad que armonice con los mandatos de la Constitución,
los objetivos de calidad de la educación superior previstos en el artículo 6º
de la Ley 30 de 1992 y demás normas pertinentes. De cara a las obligaciones de
los referidos establecimientos, destacó la función de regulación, inspección y
vigilancia de la educación en cabeza del Estado, y las competencias específicas
en la materia que le fueron asignadas en el artículo 31 de la Ley 30 de 1992 y
el Decreto 5012 de 2009, particularmente: (i) velar por el cumplimiento de las
normas legales y estatutarias que rigen a las Instituciones de Educación
Superior, a sus representantes legales, rectores y administrativos; (ii)
adelantar las investigaciones administrativas que se ordenen en cumplimiento de
la suprema función de inspección y vigilancia del servicio público de la
educación superior; y (iii) adelantar las acciones para verificar las
condiciones de calidad en que se presta el servicio público de educación
superior.
Con base en la autonomía universitaria
referida previamente, el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación del trámite de tutela, por cuanto: “(…) la situación que
aqueja al accionante debe ser resuelta aplicando la normatividad interna de la
Institución de Educación Superior”[10].
Universidad de Manizales
El Rector de la Universidad de Manizales
indicó que las medidas de protección de la orientación sexual e identidad de
género de los miembros de la comunidad educativa deben ser establecidas por
cada institución de forma autónoma y destacó que cualquier imposición en la
materia, incluidas rutas de atención para los casos de discriminación, puede impactar
los programas o los presupuestos de las instituciones, en detrimento de la
autonomía universitaria, establecida para que: “(…) no se tuvieran que
plegar al poder y pudieran buscar el conocimiento y la formación de ciudadanos
en el mismo plano de autonomía y discernimiento propios”[11].
El interviniente resaltó que la
protección de las personas víctimas de discriminación por su orientación sexual
e identidad de género, en la institución que dirige, parte de una política
centrada en principios de reconocimiento, respeto, hospitalidad, inclusión y
valoración de las diferencias humanas, pero no incluye medidas focalizadas, en
aras de evitar: “la proliferación de normativas específicas que respondan a
la particularidad, al tiempo que se prioriza el reconocimiento de la diversidad”[12].
En ese sentido, advirtió que las políticas institucionales deben ser amplias y
generales, para que con base en éstas se puedan considerar las situaciones
concretas.
En cuanto a los códigos de vestuario
adujo que aunque pueden buscar una identidad institucional o preservar la
integridad y dignidad de los estudiantes, tal como sucede en los casos de
bioseguridad en ciencias de la salud o seguridad industrial, no pueden trasgredir
la identidad de las personas ni vulnerar sus derechos fundamentales.
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia
El Rector de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia inició su intervención con una referencia a la
autodeterminación de los seres humanos y la especial protección que merecen sus
manifestaciones, entre ellas las relacionadas con la orientación sexual y la identidad
de género. Asimismo refirió los compromisos asumidos por Colombia en la
materia, entre los que destacó los incluidos en la Declaración sobre
Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas.
El interviniente aseveró que las medidas
de protección de la orientación sexual e identidad de género deben
desarrollarse por las instituciones de educación superior a través de sus
propios reglamentos, de acuerdo con los parámetros fijados en la Carta Política
y en la ley. En ese sentido, precisó que la fijación de rutas de atención
obligatorias para el manejo de casos de discriminación no vulnera la autonomía universitaria,
siempre que consistan en parámetros generales que puedan desarrollarse, de
forma autónoma, por cada institución.
Asimismo, el director mencionó algunas
medidas de protección constitucional y legal de las personas que pertenecen a
las comunidad LGBTI en el ámbito de educación superior, tales como los
mecanismos de participación universitaria, la promoción de grupos de interés,
foros y actividades académicas que desarrollen temas de orientación sexual e
identidad de género, apoyo psicosocial y actividades de integración que
permitan el reconocimiento y el respeto de cada integrante de la comunidad
educativa.
Finalmente, el Rector precisó que a
través de modelos de conducta, códigos de vestuario y disciplina no puede
afectarse el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación del
individuo en las manifestaciones propias de la identidad de género y la
orientación sexual.
Las medidas de protección de
la identidad de género y el impacto del nombre, en el trato social
Academia Colombiana de Jurisprudencia
La Academia Colombiana de Jurisprudencia
resaltó el déficit de protección general de las expresiones de la identidad de
género y la orientación sexual, que, si bien, se ha suplido por la
jurisprudencia, exige desarrollos legislativos específicos.
En el ámbito de la educación superior
estimó conveniente la formulación de una política pública sobre la materia, la
cual, adujo, no riñe con la autonomía universitaria, pues se trata de una
prerrogativa funcional, supeditada a las leyes que desarrollen los mecanismos
de protección de los derechos fundamentales, particularmente de los derechos a
la igualdad, libertad y dignidad humana así como a las medidas de protección
específicas de carácter judicial.
En cuanto a las acciones concretas para
la protección de las expresiones de la orientación sexual e identidad de género
indicó que, además del desarrollo de una política pública, es necesaria la
capacitación de los docentes, la elaboración de manuales de instrucción y, en
general, la socialización y educación en el respeto por las diversas
manifestaciones del desarrollo de la personalidad.
Las medidas de protección de
la identidad de género, la correspondencia del nombre y la identidad de género
Grupo de Lógica, Epistemología y
Filosofía de la Ciencia de las Universidades de los Andes y del Rosario
La intervención del Grupo de Lógica,
Epistemología y Filosofía de la Ciencia se centró en responder las preguntas
formuladas por la Sala, relacionadas con la relevancia del nombre en la
identidad personal y su influencia en el trato social[13].
En primer lugar, el interviniente resaltó
que los nombres propios ocupan un lugar central en la filosofía del lenguaje
contemporánea por cuanto ponen en discusión el significado, entendido como
definición o visto como el resultado del conjunto de usos, hábitos y costumbres
compartidos por los miembros de una comunidad lingüística. De acuerdo con esa
distinción, precisó que el concepto se adscribe a la segunda tradición nominada:
“teoría de actos de habla”[14].
Establecido lo anterior, el grupo indicó
que, de acuerdo con los trabajos de filósofos del lenguaje[15],
existen dos maneras de atribuir un nombre. La primera depende de convenciones y
ritos -bautismo y registro civil- soportados en estructuras sociales en las que
intervienen poderes institucionales y provoca consecuencias en el marco de una
red normativa de derechos y deberes, al tiempo que demarca la participación en
un ordenamiento legal y civil. La modificación del nombre asignado bajo esas
estructuras requiere de las mismas prácticas e instituciones. En consecuencia,
el nombre asignado al nacer refleja un conjunto de valores, intereses y
acuerdos sociales, pero no responde a una determinación biológica.
La segunda forma de atribuir el nombre
depende del hablante, y es fruto de las propiedades, rasgos o valores que tiene
en su mente y que mejor se ajustan al sujeto que nombra.
Luego de fijar las formas de asignación
del nombre, el experto adujo que éste condiciona socialmente a las personas, en
la medida en que refleja estructuras sociales latentes en el uso del lenguaje,
tales como la herencia, el parentesco y la pertenencia a un grupo social. Entonces,
la asignación de nombres responde a categorías lingüístico-sociales, pero no a
clasificaciones biológicas, ya que éstas no corresponden a características
socialmente construidas y fomentadas.
El grupo de investigación aclaró que aunque
los nombres no se identifican con clasificaciones biológicas, ello no descarta que
la atribución de un nombre esté asociada rígidamente con las categorías hombre/mujer
en una determinada lengua. Por ejemplo: “[e]n castellano la asociación
nombre/género es más fuerte entre otras razones por el hecho de que hay
problemas de concordancia entre determinantes (artículos, adjetivos,
pronombres) y determinados (nombres y sustantivos) que no se presentan en lenguas
como el inglés, más flexible en este aspecto.”[16]. Asimismo indicó que la
categorización de los nombres tiene que ver con su historia, con su
transliteración desde otras lenguas y con la manera en la que se entiende en la
lengua específica el sexo biológico para asignárselo a palabras que en la
lengua original no responden a esas categorías.
Finalmente, el interviniente señaló que
la conservación del nombre asignado al nacer por parte de una persona que se
identifica con el sexo biológico opuesto a su identidad de género corresponde a
una disonancia entre un nombre que provoca consecuencias institucionales y garantiza
derechos, y un nombre que responde mejor a la identificación que la persona
tiene de sí misma. En el marco de esa disonancia, el nombre asignado al nacer
tiene una gran influencia en las relaciones marcadas por estructuras
convencionales de roles como las que se presentan en los ámbitos laborales y
educativos.
Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas de la Universidad del Valle
La Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas de la Universidad del Valle indicó que el nombre asignado al nacer
es la adjudicación arbitraria de identidad a un sujeto, por parte de los
adultos, que influye en el desarrollo de su identidad personal y, en cierta
medida, moldea su comportamiento y el rol en sociedad. En ese sentido destacó
que: “el nombre es un pasaje, un modo de conjurar la identidad, un rito que
crea el acto de ser identificado como individuo de una sociedad. Se trata de
uno de los pilares del reconocimiento público que concede singularidad al
sujeto, una especie de símbolo, una marca social, una marca identitaria”[17].
Para el interviniente, a pesar de que
existen algunos nombres neutros, en general éstos atienden a la clasificación
binaria de sexo biológico, razón por la que la asignación del nombre responde a
expectativas de género del individuo que nace. En esa medida, la asignación de
un nombre es una asignación inicial de identidad de género, la cual podrá ser
modificada por el sujeto de acuerdo con los cambios que experimente, sus
expectativas individuales y deseos.
La entidad educativa, también señaló que
la identificación de los nombres con el género es más clara si se piensa en las
consecuencias de su asignación y resaltó que la atribución de un nombre con
rasgos femeninos demarca el trato social como mujer. En efecto, para el
interviniente: “(…) en la mayoría de las oportunidades más que mi apariencia
física, lo que determina el trato generizado(sic) que recibo es el nombre que
llevo y con el cual otros me reconocen”[18]
Habida cuenta de la influencia del nombre en la identidad
personal, destacó la necesidad de que se respeten las decisiones individuales relacionadas
con el nombre, pues lo contrario llevaría a condenar a los sujetos a una
identificación que no reconocen, máxime cuando el sexo biológico puede no
corresponder a la identidad de género.
Finalmente, se refirió al desarrollo del concepto “cisgénero”[19]
y su utilidad teórica para los estudios de género, las temáticas transgénero y
las definiciones de los procesos de autoafirmación social, e indicó que, en la
medida en que las personas cisgénero conviven de acuerdo a las normas de género
asignadas al nacer, logran cierto goce y comodidad con el nombre concedido,
mientras que las personas transgénero buscan modificarlo para que corresponda
con su identidad.
El Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia
–I.E.R.-
El Instituto de Estudios Regionales señaló
que la forma de nombrar a una persona debe reconocer su autonomía y libertad, así
como sus manifestaciones concretas frente a la identidad de género, entre las
que se encuentra la elección de un nuevo nombre que se ajuste a su proceso de
construcción identitaria o la preservación del nombre “heterodesignado”.
Las personas transexuales e intersexuales
confrontan la dicotomía entre sexo y género, y, por ende, las manifestaciones
de su identidad de género -comportamiento, roles, ropa, formas estéticas, etc.-
no siempre corresponden con la categoría binaria de hombre y mujer. De suerte
que, en los procesos de identificación, que incluyen aspectos como el nombre,
se presentan diversas opciones que obligan a que la forma de referirse a una
persona transexual atienda a su autodesignación, la cual demarcará el trato
digno.
Ahora bien, para el interviniente, los
casos en los que las personas transexuales preservan un nombre asignado al nacer
que no corresponde con su identidad de género suelen provocar dificultades “por
la necesidad que mantenemos de conservar la dicotomía así se den los tránsitos”[20].
En ese sentido, y frente a las circunstancias del caso bajo estudio, indicó que
la solicitud del accionante dirigida a obtener un trato acorde con su identidad
de género es coherente, pues el tránsito identitario es progresivo y la
pretensión está relacionada con el trato en el ámbito educativo y no con la
modificación de los registros oficiales.
Frente al carácter paulatino de los
cambios asociados a la identidad de género y a las dificultades referidas, el
instituto señaló que: “[e]l reto de los procesos de tránsito es que nos
ponen en terrenos inestables porque el hecho de estar en movimiento pone en
crisis las rígidas estructuras de la institucionalidad que requiere claridades
estáticas para el control de las poblaciones”[21].
De otra parte, el interviniente refirió
el marco jurídico para la defensa de los derechos de las personas transexuales,
en el que destacó la protección brindada en sede judicial así como los
desarrollos legales internos, los cuales considera insuficientes para prevenir
y sancionar la discriminación fundada en la orientación sexual y la identidad
de género.
En cuanto a las fórmulas de protección
de las manifestaciones de la identidad de género en el ámbito de la educación
superior, el I.E.R. considera que éstas no contravienen la autonomía
universitaria y deben corresponder con las medidas adoptadas en oportunidades
anteriores por la Corte, tales como: (i) la protección ante la visibilidad que
tienen las personas que viven tránsitos de género; (ii) el reconocimiento de la
identidad de género de personas transexuales y el favorecimiento de condiciones
materiales para acceder a esa identidad; (iii) el respeto de la decisión de
cambiar el nombre asignado legalmente o su preservación; (iv) el desarrollo de
proyectos educativos institucionales, estatutos, reglamentos estudiantiles,
manuales de convivencia y políticas educativas respetuosas de la identidad de
género; y (v) ajustes administrativos e institucionales para que la información
que reposa en la institución dé cuenta del proceso identitario.
Asimismo, el instituto enumeró una serie
de obligaciones en materia de garantía y protección de la identidad de género
que deben ser cumplidas por las instituciones de educación superior,
relacionadas con: (i) el ingreso de personas transexuales a las instituciones; (ii)
el respeto por el tránsito identitario; (iii) un trato acorde con el nombre
identitario; (iv) el desarrollo de actuaciones administrativas que faciliten los
procesos de auto-reconocimiento; (v) la implementación de mecanismos de
sensibilización y protección de los  derechos de las personas transexuales;
(vi) el diseño de rutas de atención de sus derechos en casos de violencia y
discriminación; y (vii) la implementación de sistemas de información más
inclusivos.
Finalmente, indicó que un programa de
capacitación en materia de garantía y  protección de la identidad de género y
orientación sexual debe abordar conceptos básicos en los que se socialice la
identidad de género como construcción autónoma de los sujetos, se visibilicen
historias de vida de las personas transexuales que permitan conocer sus
experiencias, acercarse a ellas, “comprender y favorecer su existencia”[22];
y la difusión de la normatividad dirigida a la protección de las manifestaciones
del libre desarrollo de la personalidad.
Organización Colombia Diversa
La Organización Colombia Diversa recordó,
en el inicio de su intervención, que la población de hombres y mujeres transexuales
es la que sufre, en mayor medida, actos de discriminación y rechazo social. En
ese contexto, las medidas de protección que se han emitido por la
jurisprudencia constitucional en materias como la salud y la personalidad
jurídica se han enfrentado a diversos obstáculos para su materialización, los
que se evidencian, por ejemplo, en las actuaciones de las entidades promotoras
de salud, que se niegan a suministrar los servicios necesarios para garantizar
la construcción identitaria, así como las exigencias de requisitos adicionales
por parte de algunos funcionarios encargados de adelantar el trámite de cambio
de sexo en la cédula y registro civil.
La interviniente también indicó que en
los ámbitos educativos y laborales se presentan diversas afectaciones de los
derechos de las personas transgénero, derivadas de actos de discriminación y
rechazo por parte de compañeros, docentes y personal administrativo, tales como
la prohibición de utilizar prendas y accesorios que correspondan con su
identidad de género, y de usar los baños en los que se sientan cómodos y que se
ajusten a su identidad.
Respecto al ámbito de educación
superior, la intervención destacó que para un gran número de estudiantes trangénero,
el proceso de aceptación de su identidad ocurrirá en ese escenario, factor, que
adujo, debe considerarse para efectos de establecer las medidas de protección
en dicho escenario, entre las que sugirió: (i) la prohibición expresa de la
discriminación por identidad de género en los estatutos de las instituciones;
(ii) la previsión de mecanismos de prevención y atención de discriminación que
incluyan elementos como la formalidad de la denuncia, su trámite, la competencia
del órgano que la resuelve, medidas de reparación, medidas sancionatorias y
garantías del debido proceso; (iii) la capacitación de la comunidad educativa;
(iv) el respeto por la autodeterminación del nombre y género; (v) las
previsiones sobre el uso de uniformes, baños y espacios que correspondan con la
identidad de género; y (vi) la creación de espacios formales para el desarrollo
de mecanismos que garanticen la convivencia en las instituciones de educación
superior, y la construcción colectiva y participativa.
En cuanto al respeto por el nombre, se resaltó
que la usual preocupación por la disonancia entre la información de los
documentos legales y la que reposa en las bases de datos de la institución
educativa, puede superarse a través de bases de datos cerradas en las que se
mantengan el nombre y el género legales junto a los preferidos por los sujetos,
y estos últimos se utilicen para las actividades diarias y públicas de la
comunidad educativa.
Para la interviniente, la adopción de
medidas de protección como las sugeridas no afecta la autonomía de las
instituciones de educación superior, ya que dicha autonomía no es un fin en sí
mismo sino un medio para lograr su autorregulación filosófica y autodeterminación
administrativa.
En relación con la autonomía
universitaria, la organización añadió que aunque ésta permite que las
instituciones adopten, de forma independiente, medidas de protección de la
identidad con respecto a personas transexuales, éstas deben responder a los
postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia.
La entidad consultada explicó que para
una efectiva capacitación sobre la garantía, protección y respeto de las
manifestaciones de la identidad de género y la orientación sexual es necesario
que en los procesos de formación se impartan clases sobre los derechos,
conceptos y estrategias para el respeto de las diferencias de las personas, se
fijen protocolos de atención para el acompañamiento, soporte y apoyo a estudiantes
que están realizando tránsitos de identidad de género, así como para la
atención, prevención y erradicación de todas las formas de discriminación hacia
las personas transgénero.
En cuanto al nombre, la Organización
Colombia Diversa recalcó que es una de las palabras más determinantes en la
vida de las personas, pues constituye el primer elemento formal de
identificación, comunicación, reconocimiento e interacción, y, en nuestra
cultura, suele estar asociado al género. Por estas razones hace parte esencial
del libre desarrollo de la personalidad y permite afianzar la construcción de
la individualidad a través del reconocimiento propio, de la sociedad y del
Estado. Con todo, a pesar del elemento relacional, está determinado por el
sujeto que lo asume para sí.
El nombre asignado al nacer, se fija por
terceros, se consigna en el acta de nacimiento y da lugar al nombre legal, el
cual suele responder a estereotipos de lo femenino y lo masculino, a la
asociación entre genitalidad y género, así como a los roles sociales que
acompañan dicha asociación.
De acuerdo con lo anterior, el nombre
asignado al nacer, en muchas circunstancias es la cúspide de una pirámide de
patrones y prácticas sociales que buscan reafirmar un género determinado. En
consecuencia, una de las primeras medidas que suelen adoptar las personas
transexuales en su proceso de construcción identitaria es cuestionar el nombre
asignado, que no siempre responde a sus necesidades personales y, por esta
razón, lo modifican por uno nuevo, que se conoce como “nombre identitario”.
Por su parte, el nombre identitario responde
al proceso de construcción de la identidad del sujeto, que lo lleva a adoptar
un nombre que lo identifique y respecto del cual puede elegir libremente mantenerlo
o no. En síntesis, sostuvo que no hay una sola forma para afirmar la identidad
y que, en ese proceso las opciones del sujeto frente al nombre varían y deben
ser respetadas.
La interviniente también advirtió que,
en la medida en que los nombres son construcciones sociales, no están atados a
determinismos biológicos. En efecto, la determinación de la inclusión en las
categorías de hombre y mujer está dada, en principio, por la elección de los
progenitores, la cual resulta influenciada por diversos factores que llevan a
relacionar las palabras con las que se nombra con dichas categorías biológicas.
Bajo esa dinámica y como quiera que los
criterios utilizados en la asignación inicial del nombre son limitados para
abarcar la complejidad de la persona, el desarrollo del individuo y la
construcción de su identidad pueden provocar una disconformidad con el nombre
asignado al nacer y su consecuente modificación.
Finalmente, la entidad experta precisó que
la posible confusión que pueda generar la aparente disonancia entre el nombre y
la identidad de género no puede provocar el desconocimiento de dicha identidad
ni la imposición de una modificación del nombre para que se ajuste a las
asociaciones sociales del nombre con la identidad de género.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.- La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral 9º) de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto bajo revisión y
problemas jurídicos
2.- Erika Comas Gómez, quien
precisó que aunque fisiológicamente nació como mujer, su vivencia y auto
identificación corresponden al género masculino, formuló acción de tutela en
contra del Servicio Nacional de Aprendizaje -Regional Atlántico- con el
propósito de que se restablecieran sus derechos fundamentales de petición,
igualdad y libre desarrollo de la personalidad. El accionante sostuvo que la
afectación de los derechos invocados se produjo como consecuencia del silencio
de la entidad accionada frente a la petición que, en su calidad de estudiante, elevó
el 24 de agosto de 2015, en la que solicitó que: (i) se le permitiera el
uso del uniforme que corresponde al género masculino y (ii) se le otorgara un
trato acorde con su identidad de género como hombre transexual, particularmente
“tener un trato igualitario en las aulas de clases por parte del cuerpo de
docentes, que se refieran a mi persona con sustantivos y artículo masculinos, y
que no atenten de ninguna manera contra mi personalidad y forma de ser” [23].
La entidad accionada
solicitó que se denegara la protección solicitada, ya que mediante comunicación
del 28 de septiembre de 2015, el Subdirector del Centro de Comercio y Servicios
del SENA -Atlántico- emitió la respuesta extrañada por el actor, en la que le
indicó que el trato otorgado atiende a la información que suministró en el
trámite de inscripción, en el que registró “sexo femenino”. Asimismo,
precisó que adelantada la modificación del registro, le brindará el
trato solicitado.
3.- El juez
de primera instancia denegó el
amparo exigido por “carencia actual del objeto por hecho superado”[24]. En el fallo de tutela, el juez
destacó la respuesta emitida por el Subdirector
del Centro de Comercio y Servicios frente
a la petición elevada por el actor que, adujo, satisfizo el núcleo del derecho
previsto en el artículo 23 de la Carta Política.
4.- En la
impugnación del fallo de primera instancia, Erika solicitó que se protegieran
sus derechos al libre desarrollo de la personalidad e igualdad, mediante una
orden dirigida a la accionada para que le permita portar el uniforme asignado a
los aprendices del género masculino y lucir el cabello corto. También pidió que
se inste al cuerpo de docentes a brindarle un trato que corresponda a su
identidad de género mediante el uso de sustantivos y artículos masculinos.
5.- El juez de segunda
instancia advirtió que la afectación de los derechos a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad del accionante, derivada de la restricción de las
manifestaciones de su identidad de género como hombre trans y que pretendió
conjurar mediante la petición elevada el 24 de agosto de 2015, se reprodujo en
la respuesta emitida por la entidad accionada. En consecuencia, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, concedió el amparo del derecho al
libre desarrollo de la personalidad solicitado.
Como
medidas de restablecimiento del derecho que advirtió vulnerado, el ad-quem
le ordenó al SENA que: (i) adoptara todas las medidas administrativas que
permitan que Erika Comas Gómez use el uniforme asignado al sexo masculino y sea
tratado igualitariamente de acuerdo con su identidad de género; (ii) brindara
acompañamiento psicológico al accionante para que desarrolle su identidad de
género en concordancia con los principios de armonía y convivencia pacífica,
dignidad humana y respeto por la diversidad sexual; e (iii) implementara cursos
de formación educativa sobre derechos fundamentales, particularmente respecto al
libre desarrollo de la personalidad con énfasis en la orientación sexual e
identidad de género.
6.- De acuerdo con los
antecedentes resumidos anteriormente, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional
deberá determinar lo siguiente: ¿El SENA –Regional Atlántico- vulneró los
derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad del estudiante
Erika Comas Gómez, cuando se negó a brindarle un trato acorde con su identidad
de género como hombre transexual y le prohibió utilizar el uniforme asignado a
los aprendices del género masculino y lucir el cabello corto, bajo el argumento
de que en la información que el accionante suministró al momento de la
inscripción indicó que pertenece al “sexo femenino”?
Establecida
la eventual afectación de los derechos fundamentales del actor, le corresponde
a la Sala determinar, de acuerdo con los elementos de prueba obrantes en el
proceso, si se superó la afectación comprobada con las órdenes del juez de
instancia o si, por el contrario, es necesario que se emitan nuevas órdenes
dirigidas a restablecer los derechos vulnerados.
Para
responder al problema jurídico anunciado la Sala examinará, inicialmente, la procedencia
general de la acción de tutela. Superado el análisis de procedibilidad de la
acción, se abordarán los siguientes temas: (i) el
derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación en razón de la
orientación sexual o la identidad de género; (ii) el desarrollo
jurisprudencial sobre la protección de las manifestaciones de la identidad de
género; (iii) el nombre como manifestación de la identidad personal y el reconocimiento
individual como elemento determinante para una trato acorde con la identidad de
género; (iv) el derecho a la educación y la autonomía universitaria; y
finalmente adelantará (v) el análisis del caso concreto.
La procedencia de la acción
de tutela
7.- El análisis que le corresponde
adelantar al juez para determinar la procedencia de la acción de tutela debe
establecer la concurrencia de los requisitos generales, que emanan del artículo
86 de la Carta Política, según el cual: “[t]oda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”. Este precepto
determina la legitimación en la causa y la necesidad de que se formule la
acción dentro de un plazo razonable, contado desde el momento en el que se
generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de tal manera que el
amparo constitucional no se convierta en un factor de inseguridad jurídica y de
posible afectación de los derechos de terceros.
8.- En
el presente caso se advierte fácilmente la concurrencia de los presupuestos
referidos, dado que la acción se formuló por Erika Comas Gómez, quien denunció
la afectación de sus derechos fundamentales derivada del silencio del SENA -Regional
Atlántico- frente a la petición que elevó, con el propósito de que se le
brindara un trato acorde con su identidad de género.
El cumplimiento del
requisito de inmediatez se deriva del carácter permanente de la
vulneración denunciada, pues el actor formuló la solicitud de amparo cuando
persistía el silencio injustificado de la entidad accionada frente a su
petición. La oportunidad de la acción es más clara si se considera el momento
en el que el accionante elevó la petición[25]  -24 de agosto de 2015- y la fecha
en la que presentó la acción de tutela[26] -23 de septiembre de 2015-, cuando,
en todo caso, había vencido el término para la emisión de la respuesta.
El presupuesto de subsidiariedad
que se desprende del inciso 3º del artículo 86 Superior, según el cual la
acción sólo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial para la protección de sus derechos, también se tiene por cumplido en
el presente caso, ya que el ordenamiento jurídico no dispone de un mecanismo ordinario, de
naturaleza judicial, que le permita al actor obtener el resguardo del derecho
de petición[27]. Asimismo,
la acción de tutela aflora como la vía principal para la protección de la dignidad
humana y el libre desarrollo de la personalidad cuando se denuncia su
afectación como consecuencia del desconocimiento de las manifestaciones de la
identidad de género.
Finalmente, el
problema jurídico planteado involucra un asunto de relevancia
constitucional, en tanto que: (i) el accionante es un sujeto de
especial protección por su pertenencia a un grupo tradicionalmente marginado y
discriminado; (ii) las actuaciones y omisiones de la entidad accionada frente a
las peticiones del actor, pueden comportar la afectación de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la
igualdad; y finalmente (iii) la situación planteada evidencia el aparente
desconocimiento de las manifestaciones de la identidad de género por parte de
una institución pública de educación superior.
El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación en
razón de la identidad de género y la orientación sexual. Reiteración de
jurisprudencia
9.- El Estado Social de
Derecho, tiene como uno de sus pilares fundamentales, la igualdad. La
importancia y trascendencia que ha tenido este bastión constitucional, ha hecho
que la jurisprudencia lo catalogue como un principio, valor y derecho, es
decir, que goza de una triple identidad jurídica. En la sentencia T-230 de
1994[28],
por ejemplo, esta Corporación señaló que el principio
constitucional de la igualdad y el derecho subjetivo de allí derivado  son los
depositarios jurídicos de la vieja noción filosófica de justicia, según la cual
los casos semejantes deben recibir el mismo tratamiento y los diferentes deben
ser objeto de trato distinto.
En concordancia con
lo anterior, la Corte ha desarrollado un cuerpo robusto de jurisprudencia sobre
las dimensiones que tiene el derecho a la igualdad. En la sentencia T-928 de
2014[29] se recordó que este
derecho, desde el punto de vista formal, comporta la obligación de tratar a
todos los individuos con la misma consideración y reconocimiento. En ese
sentido, el Estado y los particulares tienen el deber de abstenerse de concebir
normas, diseñar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas, o adoptar
decisiones e interpretaciones del Derecho, que conduzcan a agravar o perpetuar
la situación de exclusión, marginación o discriminación de grupos
tradicionalmente desprotegidos en la sociedad.
Por otra parte, en
sentido material, el artículo 13 Superior apunta a superar las desigualdades
que afrontan las personas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, o ciertos grupos tradicionalmente discriminados o marginados. Para
lograr esta finalidad, el Estado, y los ciudadanos en general,  tienen la
obligación de adoptar acciones afirmativas, es decir, medidas dirigidas a
favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o
reducir las desigualdades que los afectan, o de lograr que los miembros de un
grupo sub-representado, tengan una mayor representación, y así, estén en
condiciones de igualdad en dignidad y derechos.
A partir de esta
definición se ha reconocido que existen tres diferentes dimensiones del derecho
a la igualdad. En efecto, la Corporación indicó que de la cláusula de
protección del artículo 13 de la Constitución[30]
se derivan varios elementos: (i) una regla de igualdad ante la ley, comprendida
como el deber estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho frente a
todas las personas; (ii) una prohibición de discriminación que implica que el
Estado y los particulares no puedan aplicar un trato discriminatorio fundado en
criterios sospechosos construidos a partir de -entre otras- razones de sexo,
raza, origen étnico, identidad de género, religión u opinión política; y (iii)
un mandato de promoción de la igualdad de oportunidades o igualdad material,
entendido como el deber público de ejercer acciones concretas destinadas a
beneficiar a grupos discriminados o marginados de manera sistemática o
histórica, a través de prestaciones concretas o cambios en el diseño
institucional (acciones afirmativas).
10.- Ahora bien,
frente al tema específico de la prohibición de discriminación en razón de la
identidad de género o la orientación sexual, la Corte ha proscrito, de forma
reiterada, conductas que incurren en una desigualdad de este tipo. Por ejemplo,
en la sentencia T-435 de 2002[31] este Tribunal examinó el caso de una
estudiante que fue sancionada por las autoridades del colegio por su
orientación sexual. Al amparar los derechos de la estudiante, advirtió que la
sexualidad aparece como un elemento consustancial a la persona humana y, por
ello, hace parte de su entorno más íntimo. En esa medida, los colegios no
pueden prohibir de manera expresa o velada dicha expresión libre y autónoma de
la dignidad humana, ya que se vulneraría de manera abierta el derecho a la
igualdad y se desconocería la importancia que tienen los colegios como espacios
de formación democrática y plural.
Por su parte, la sentencia
T-314 de 2011[32] analizó el caso de una mujer
transexual que alegó haber sufrido tratos discriminatorios en razón de su
identidad de género cuando le fue negada la entrada a un evento de música
electrónica que se llevó a cabo en una discoteca de Bogotá. En este caso la
Corte no logró determinar la existencia de un acto de discriminación, a pesar
de realizar una actividad probatoria extensa. Sin embargo, advirtió que la
orientación sexual y la identidad de género están protegidas por la cláusula
general de igualdad de la Constitución, razón por la que todo trato discriminatorio
aparentemente basado en estos criterios debe ser sometido a un estricto control
judicial para determinar si tal conducta es legítima o no.
En la sentencia
T-478 de 2015[33], la Corte estudió la acción
de tutela formulada por la madre de un menor de edad en contra de diversas
autoridades públicas y de la institución educativa en la que estudiaba su hijo.
En el escrito de amparo, denunció la vulneración de los derechos fundamentales al
buen nombre, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la
intimidad de su hijo y de ella misma, derivada de actuaciones sistemáticas de
acoso por la orientación sexual de su hijo, que lo llevaron a tomar la decisión
última de quitarse la vida.
En el análisis de las
actuaciones del fallo anteriormente mencionado, la Sala Quinta de Revisión advirtió
que el proceso disciplinario que se adelantó por la entidad accionada en contra
del joven se utilizó como un medio para reprimir una expresión de su
personalidad, lo que comportó una grave afectación de sus derechos al libre
desarrollo de la personalidad y dignidad, así como de la igualdad, derivada de
una comprobada actuación institucional de acoso que expresaba una posición
discriminatoria.
11.- El desarrollo
jurisprudencial deja claro que uno de los ámbitos más importantes para la
protección del derecho a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la
personalidad es el respeto absoluto por la expresión de la identidad de género
o la orientación sexual. En efecto, tal como lo dispone el artículo 13
Superior, la prohibición de discriminación por dichos factores es absoluta y
ningún tercero, incluido el Estado, que tiene un deber cualificado de conducta,
puede adelantar acciones dirigidas a perseguir, amedrentar o censurar a quienes
asuman una opción sexual diversa. Cualquier actitud en ese sentido constituye
un trato de hostigamiento que debe ser prevenido y reprochado.
El desarrollo
jurisprudencial sobre la protección de las manifestaciones de la identidad de
género
12.- Aunque diversas medidas
de protección de la identidad de género han surgido al constatarse la
trasgresión del mandato de igualdad, por cuanto la afectación de las
manifestaciones de dicha identidad suele derivarse de conductas
discriminatorias, lo cierto es que el desconocimiento de la identidad de
género, particularmente, de las expresiones trans, comporta la
afectación de otros derechos fundamentales, para cuyo restablecimiento se han
tomado diversas medidas de protección. En efecto, la censura de las expresiones
de la identidad de género impacta un amplio abanico de prerrogativas y su
protección ha evolucionado a través de la jurisprudencia constitucional.
13.- El primer caso en el
que la Corte Constitucional se refirió a la identidad de género, aunque no en
esos términos, fue la sentencia T-504 de 1994[34].
En esa oportunidad, el Tribunal analizó la petición de una ciudadana que
solicitó el cambio de sexo en su documento de identidad. A la peticionaria se
le había asignado el sexo masculino al nacer a pesar de presentar los rasgos
característicos de los dos sexos. Después de que un equipo médico determinara
que “tanto fenotípicamente como psíquicamente el peticionario es de sexo
femenino” se practicó un procedimiento quirúrgico que consistió en la
amputación del órgano peneano. Sin embargo, la Registraduría se negó a cambiar
el sexo de la persona en su documento de identidad bajo el argumento de que
dicha modificación sólo puede ser ordenada por un juez. La Corporación
determinó que la Registraduría actuó correctamente y advirtió que “el sexo
es un componente objetivo del estado civil que individualiza a la persona, pues
como hecho jurídico no depende de la apreciación subjetiva de quien lo detenta,
sino del carácter objetivo que tiene por ser un hecho de la naturaleza física”[35].
14.- Posteriormente, la
Corte empezó a revaluar ese precedente. En la sentencia SU-337 de
1999[36] el Tribunal conoció el caso de una
menor de edad a la que, durante un examen pediátrico a los tres años de edad,
se le encontraron genitales ambiguos, razón por la que se le diagnosticó “seudohermafroditismo
masculino”[37]. Los médicos tratantes
recomendaron un tratamiento quirúrgico, que consistía en la “readecuación de
los genitales por medio de la extirpación de las gónadas y la plastia o
remodelación del falo (clitoroplastia), de los labios y de la vagina”.
A pesar de lo anterior, los
médicos del entonces Instituto de Seguros Sociales se negaron a practicar la
intervención quirúrgica, pues consideraron que la decisión debía ser tomada por
la niña y no por su madre, como lo había establecido la Corte en casos
similares. Por tal razón, la madre, quien ejercía la patria potestad, interpuso
la acción de tutela con el fin de que se autorizara la intervención, toda vez
que su hija no podía tomar la decisión por ella misma y al esperar a que
tuviera esa capacidad se le infringiría un daño psicológico, fisiológico y
social considerable.
Frente a los retos que el
caso en cuestión presentaba alrededor de la definición de la identidad sexual,
la Corte indicó que los estados de intersexualidad cuestionan las convicciones
sociales relacionadas con la percepción binaria del sexo femenino y masculino,
y destacó la “dificultad” que comporta el estudio de dichos casos “(…) pues
tocan con uno de los elementos más complejos, misteriosos y trascendentales de
la existencia humana: la definición misma de la identidad sexual, tanto a nivel
biológico, como en el campo sicológico y social”[38].
La Corte ordenó que se
conformara un equipo interdisciplinario que atendiera el caso y estableciera el
momento preciso en el que la menor de edad tuviera la capacidad para prestar su
consentimiento informado a los procedimientos quirúrgicos y hormonales. De las
conclusiones a las que se arribó en esa oportunidad, la Sala destaca la
relacionada con el derecho que tiene cada individuo -sin importar su edad- a
tomar las decisiones que considere adecuadas con respecto al desarrollo de su
sexualidad de manera autónoma.[39]
Por su parte, en la sentencia
T-152 de 2007[40] el Tribunal examinó la tutela de una
mujer transexual que trabajaba en el negocio de la construcción, en labores de
pintura y estucos. Después de pasar una prueba en una obra se le indicó que
podía empezar a trabajar de manera inmediata. Sin embargo, el día en que se
presentó para iniciar las labores no se le permitió el ingreso a la
construcción aparentemente por su identidad de género. Aunque en esa
oportunidad, la Corte no logró comprobar plenamente que la decisión tomada por
los encargados de la obra fue un acto discriminatorio, y tampoco distinguió
entre identidad de género y orientación sexual, si fue clara en señalar que: “la
orientación sexual de un individuo se erige en un asunto que se circunscribe
dentro del ámbito de la autonomía individual que le permite adoptar sin
coacciones ajenas, los proyectos de vida que considere pertinentes siempre y
cuando con ellos no se vulnere el orden jurídico y los derechos de los demás”[41].
15.- Por otro lado, en la sentencia
T-062 de 2011[42] la Corte evaluó el caso de un
hombre transexual que había sido sometido a tratos denigrantes y
discriminatorios en el centro de reclusión en el que cumplía una pena de
prisión. En esa ocasión, la Corte encontró probadas las vulneraciones a los
derechos fundamentales de este ciudadano y, además de ordenar que se adecuara
el reglamento interno de la cárcel a la obligación de respeto de la diversidad
sexual, la Corte señaló que la identidad de género es un aspecto íntimamente
relacionado con la definición misma de la persona y que debe ser protegida
constitucionalmente como “corolario del principio de la dignidad humana”.
16.-  A su vez, en la sentencia
T-918 de 2012[43] la Corte estudió la tutela de
una mujer transexual que había solicitado a su EPS la práctica de una cirugía
de reasignación de sexo. El Tribunal consideró que la mujer tenía el derecho a
que se le realizara la intervención y a que, después de la misma, la
Registraduría modificara el sexo en su registro civil y en los demás documentos
de identificación. La Corporación argumentó que las personas tienen el derecho
a contar con una identidad sexual definida con plena autonomía bajo la
protección constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a
la autodeterminación y a la dignidad humana. Igualmente, la Corte reiteró el
alcance del derecho a la salud, que comprende los elementos psíquicos, mentales
y sociales que influyen en la calidad de vida, describió las limitaciones del
acceso al servicio de salud por parte de las personas transgénero y la
necesidad de que se les suministren prestaciones específicas.
17.- Por otra parte, la sentencia
T-977 de 2012[44] analizó la petición de una mujer
transexual que solicitó por segunda vez, y ante notaría, un cambio de identidad
en su documento. El primer cambio, según la peticionaria, se debió a que
deseaba ajustar su nombre a sus creencias religiosas. El segundo, estuvo
motivado por una nueva construcción de identidad de género como mujer
transexual, pues a pesar de que su cuerpo presentaba características físicas
asociadas por estereotipos de género al sexo masculino, la actora se identificaba
plenamente como mujer. Sin embargo, las autoridades notariales negaron el
segundo cambio bajo el argumento de que la normativa sobre la materia señala
expresamente que éste solo se puede realizar por una sola vez[45].
Dada la relación de la petición con el libre desarrollo de la personalidad y la
dignidad humana, la Corte inaplicó dicha restricción y ordenó que se realizara
una nueva enmienda en el documento de identidad de la accionante.
18.- De la misma manera, en
la sentencia T-450A de 2013[46] la Corte conoció el caso de un bebé
intersexual cuyo Registro Civil de Nacimiento fue rechazado por parte de la
Registraduría. En su momento, la entidad alegó que no podía proceder a dicha
inscripción, pues el “certificado de nacido vivo”, documento que expiden
los médicos que reciben los partos tras el nacimiento, no indicaba con claridad
si el sexo del bebé era masculino o femenino. Por lo tanto, la madre de éste
interpuso una acción de tutela en la que alegó que la actuación de la autoridad
violó, entre otros, los derechos a la vida, a la personalidad jurídica, y a la
salud de su hijo.
En este caso, el Tribunal
decidió que se realizara una evaluación interdisciplinaria para determinar las
mejores prácticas médicas para asignarle un sexo al menor de edad. Igualmente,
le ordenó a la Registraduría que implementara un sistema de inscripción para
menores intersexuales y un mecanismo expedito para cambiar el sexo y el nombre
cuando se tome una decisión definitiva sobre su identidad. Entre las
consideraciones realizadas en dicha oportunidad, vale la pena destacar que la
Corporación advirtió que el sexo de una persona no determina, bajo ninguna
circunstancia, su condición de ser humano ni de ciudadano, y por ende: “(…) no puede de ninguna manera convertirse en un criterio
excluyente o nugatorio de los derechos de toda persona y de todo ciudadano,
como lo es el derecho a la personalidad jurídica. En otras palabras, desconocer
a un intersexual sus derechos por esta razón significaría degradarlo y negar su
calidad de ser humano”[47].
En la sentencia
T-804 de 2014[48], la Corte examinó el caso de una
estudiante transgénero. En esa providencia, se reconoció de manera expresa que
el núcleo esencial de la dignidad humana supone que la persona sea tratada de
acuerdo a su naturaleza humana, y el Estado, dentro de sus fines esenciales,
debe preservar la libertad, la autonomía y la integridad física y moral de
estos ciudadanos. En esa medida, el respeto a la dignidad humana en los
establecimientos educativos implica aceptar a cada individuo como es, con sus
rasgos, características y diferencias específicas en tanto que esa misma
individualidad es la que distingue a cada sujeto de la especie humana.
19.- Posteriormente, en la sentencia
T-476 de 2014[49], la Corte abordó el tema de la libreta
militar y las mujeres transexuales, desde su obligación de presentar ese
documento como requisito para suscribir un contrato con el Estado. En la
tutela, una mujer transgénero describió que había allegado su hoja de vida a la
Subdirección de Asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social de la
Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de participar en un proceso de contratación
adelantado por dicha entidad. Sin embargo, la dependencia le indicó que no
podía avanzar con su contratación, pues no había aportado una copia de su
libreta militar. La Sala de Revisión que examinó ese caso decidió inaplicar el
artículo 36 de la Ley 48 de 1993[50], referido a la obligación de presentar
la libreta militar para celebrar contratos con alguna entidad pública, bajo el
entendido de que los particulares deben abstenerse de imponer criterios o
cánones específicos que vulneren los derechos al pluralismo, al libre
desarrollo de la personalidad, a la igualdad e identidad.
La sentencia T-099 de
2015[51] conoció la solicitud elevada una
mujer transgénero a la que la Dirección de Reclutamiento del Ejército le impuso
una multa como consecuencia de su presentación extemporánea para definir su
situación militar. Ante dicha circunstancia, la Sala Quinta de Revisión advirtió
que las mujeres trans no son destinatarias del servicio militar
obligatorio y destacó que una consideración distinta generaría un trato
diferenciado basado en estereotipos de género.
20.- En conclusión, han sido
múltiples los avances de la jurisprudencia constitucional dirigidos a
desarrollar un enfoque diferencial frente al alcance de los derechos fundamentales
a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad e igualdad. El
Tribunal pasó de una visión restringida e indivisible de la identidad de género
y la orientación sexual como conceptos objetivos asociados a la naturaleza
física de las personas, a verlos como categorías constitucionales
separadas que deben ser protegidas. Esta perspectiva es asegurada por las
garantías de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad en
temas como la protección contra la discriminación, la identidad civil, el
acceso a los servicios de salud necesarios para el tránsito de género y la inexigibilidad
de la libreta militar para las mujeres trans.
Las manifestaciones de la
identidad de género en el ámbito educativo
21.-
En atención a las circunstancias que motivaron la acción de tutela bajo examen,
la Sala considera pertinente referir, de forma particular, algunos de los casos
que ha conocido la Corte sobre restricciones a las manifestaciones de la
identidad de género en el ámbito educativo, particularmente respecto a la construcción
y definición de la imagen a través de la indumentaria, que comprende, entre
otros, el uso de prendas de vestir, maquillaje y accesorios.
La sentencia
T-562 de 2013[52] estudió el caso de una mujer
trans a quien las autoridades del colegio, con base en lo previsto en el
reglamento estudiantil, le prohibieron el uso del uniforme que se correspondía
con su identidad de género, circunstancia que la llevó a abandonar sus
estudios. En esa oportunidad, la Corte adelantó un juicio estricto de
razonabilidad sobre la medida en el que concluyó
que la imposición de un tipo de uniforme acorde con el sexo de los estudiantes
era legítima -porque la Constitución no lo prohíbe- y perseguía fines
importantes -como la disciplina y el orden en la institución-, pero no
imperiosos. Con todo, en el cumplimiento de esos propósitos se afectó
el acceso a la educación de la accionante al imponerle un uniforme que no se
ajustaba a su identidad de género y, de paso, se trasgredió su libre desarrollo
de la personalidad.
En la sentencia T-565 de
2013[53], este Tribunal conoció el caso de un
menor de edad que fue sancionado por usar el pelo largo, ya que se identificaba
plenamente como mujer. Al amparar los derechos del menor de edad, y reprochar
la conducta de la institución educativa por ser discriminatoria, la Corporación
concluyó que las decisiones que toman los ciudadanos con respecto a su reconocimiento
en la identidad y orientación sexual, hacen parte del núcleo esencial de su
dignidad, libertad y autonomía. En ese sentido, advirtió que resulta contrario
a los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad
cualquier conducta de un tercero encaminada a privilegiar una determinada
identidad u orientación sexual o a imponer sanciones que castiguen las
decisiones de las personas que no sigan una conducta mayoritaria sobre dichos
aspectos. Esto implica que el hecho de que los estudiantes opten, en ejercicio
de su autonomía y con plena conciencia, por una opción sexual diversa, no puede
constituir una falta disciplinaria, ni un fundamento constitucionalmente válido
para la imposición de sanciones en el ámbito educativo, particularmente la
suspensión.
Recientemente, la sentencia
T-141 de 2015[54] estudió la acción de tutela formulada
por un joven afrodescendiente, trans y homosexual que adelantaba
estudios universitarios de medicina, y cuya vivencia de la identidad de género
transitaba entre su identidad masculina y femenina, la
cual expresaba a través de la transformación de su indumentaria  y vestimenta. Una de las denuncias
concretas del accionante estaba relacionada con la censura y las restricciones,
en el ámbito educativo, por la manera en que exteriorizaba su
identidad sexual y de género.
Frente a las circunstancias expuestas por el actor, la Sala
Primera de Revisión resaltó que las decisiones respecto a la indumentaria y demás aspectos
relacionados con la apariencia física construyen la imagen que expresa la
propia identidad, están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, y hacen parte del derecho especifico a que las decisiones relativas
a la identidad de género sean reconocidas y respetadas por los demás. También, indicó
que ante la persistencia de patrones culturales que censuran esas
manifestaciones se impone su especial protección constitucional, la cual
implica:
“(…) una prohibición de restricción, según la cual toda medida que
tienda a coartar o limitar la manera en que las personas transgénero construyen
o expresan su identidad está sometida a una especial carga de justificación, a
través de la aplicación de un test estricto de proporcionalidad; pero además
impone deberes positivos de adoptar medidas que fomenten la libre expresión de
las identidades trans en los ámbitos académicos, laborales, gubernamentales,
culturales y, en general, en todos los espacios de la vida social, para así
transformar los patrones de menosprecio y violencia física y simbólica que han
operado en contra de las personas trans, así como la tendencia a confinarles a
espacios reducidos y marginales, más allá de los cuales no pueden aventurarse
si quieren ser y vivir conforme a su identidad de género.”
Con base en lo anterior, se analizaron
las prohibiciones impuestas al accionante respecto a su vestimenta y se
concluyó que aquellas fundadas en las normas de bioseguridad perseguían una
finalidad constitucional imperiosa y no evidenciaban un ánimo discriminatorio.
Empero, las restricciones de las manifestaciones de la identidad de género que
no perseguían ese fin imperioso comportaban un “sacrificio gratuito” del
derecho del accionante a reafirmar y expresar su identidad.
22.- Los precedentes
referidos, relacionados con la imposición de apariencias por parte de las
instituciones educativas, son constantes en considerar que las decisiones de
los sujetos sobre su reconocimiento a la identidad de género hacen parte del núcleo
esencial a la dignidad, libertad y autonomía. En consecuencia, en el ambiente
educativo, se imponen deberes relacionados con la promoción de la libre
expresión y la justificación suficiente de todas aquellas medidas dirigidas a
coartar las manifestaciones de la identidad de género. En algunos casos, la
Corte ha acudido al test de proporcionalidad para establecer la suficiencia de
las justificaciones de dichas restricciones.
El nombre como
manifestación de la identidad personal y el reconocimiento individual como
elemento determinante para una trato acorde con la identidad de género
23.- La Constitución de
1991, en su artículo 14 estipuló que “toda persona tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica”. De igual manera, la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos[55], en su artículo 6º y 16 respectivamente,
establecieron que: “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica”, y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), instituyó en su artículo 3º
el mismo derecho[56].
24.- En desarrollo de esos
postulados del derecho constitucional e internacional, esta Corte ha destacado que la personalidad jurídica supera la
potestad del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. En
consecuencia, la ha definido como una prerrogativa fundamental, que
brinda a los seres humanos, y a algunas entidades jurídicas, la posibilidad de
individualizarse como sujetos de derechos y obligaciones y les permite hacer
uso de los llamados “atributos de la personalidad”[57].
Según la legislación
colombiana, los atributos de la personalidad jurídica son: (i) el nombre
o razón social, que sirve para la identificación e individualización de las
personas, ya sean naturales o jurídicas; (ii) la capacidad, que es la
aptitud que tienen las personas de ser sujetos de obligaciones y/o derechos; (iii)
el domicilio, que se refiere al lugar de residencia permanente de una
persona; (iv) la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que tiene la
persona con un Estado determinado; (v) el patrimonio, que corresponde al
conjunto de bienes y obligaciones que posee el sujeto de derecho; y (vi) el
estado civil, que define la situación particular de las personas, en este
caso sólo de las naturales, respecto de su familia, la sociedad y/o el Estado[58].
Por su
parte, la sentencia T-977 de 2012[59] precisó que el derecho consagrado en el artículo
14 Superior demanda, por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto, el
respeto por las notas distintivas de cada persona, y relacionó el nombre con el
derecho de todos los individuos a
escoger libremente un plan de vida y a desarrollarlo a plenitud, siempre que no
se afecten los derechos de terceros y se observen los límites constitucionales.
De lo
expuesto se advierte que la personalidad jurídica comprende todos aquellos elementos
que distinguen a los sujetos y que demarcan su individualidad. Por lo tanto, el
reconocimiento de ese derecho, como garantía superior, implica, a su vez, el
reconocimiento y la protección de los atributos mismos de la personalidad.
25.- Uno de
los atributos de la personalidad con mayor incidencia en la identidad  de los
sujetos es el nombre y, por esta razón, la Corte ha destacado, en diversas
oportunidades, el respeto y la protección que merecen las decisiones
individuales que lo involucran, en la medida en que comporta una manifestación
de la individualidad de la persona y contribuye a la construcción identitaria.
Recientemente,
la Sentencia T-063 de 2015[60] sostuvo que:
“[e]l
nombre como atributo de la personalidad, es una expresión de la individualidad
y tiene por finalidad fijar la identidad de una persona en el marco de las
relaciones sociales y en las actuaciones frente al Estado. Con él se busca
lograr que cada individuo posea un signo distintivo y singular frente a los
demás, con el cual pueda identificarse y reconocerse como tal. Se trata de un
derecho fundamental inherente a todas las personas por el solo hecho de su
existencia”
26.- En
concordancia con esa percepción del nombre y su rol frente al individuo como:
(i) elemento de la personalidad jurídica; (ii) manifestación del libre
desarrollo de la personalidad; (iii) elemento distintivo de carácter
relacional; y (iv) elemento de construcción de la identidad individual y de la
autopercepción, se han proferido diversas medidas para la protección de las decisiones
sobre dicho atributo.
Así, por
ejemplo, en la sentencia T-594 de 1993[61] se estudió una acción de tutela presentada por
una persona de sexo masculino, a quien un notario le negó la posibilidad de
modificar su nombre por uno asociado al sexo femenino. Frente a dichas
circunstancias, la Corte consideró que el Legislador previó la posibilidad de
modificar el nombre en aras de fijar la identidad personal, que constituye una
manifestación del derecho a expresar la individualidad.
Por su
parte, en la sentencia T-1033 de 2008[62] se resolvió el caso de una persona a la que la
Registraduría le negó un nuevo cambio de nombre, luego de que había modificado,
en una oportunidad anterior, su nombre masculino asignado al nacer, por uno
femenino, como consecuencia de un tránsito físico y psicológico que emprendió.
La Corte consideró que la norma que limita la modificación del nombre por una
sola vez, en el caso específico del actor, afectaba la posibilidad de que éste redefiniera
su plan de vida y su orientación sexual, ya que para el accionante se
presentaba una discrepancia entre su orientación sexual hacia un rol masculino
y el nombre que lo identificaba.
Recientemente,
la sentencia T-077 de 2016[63] estudió el
caso de una persona que había modificado inicialmente su nombre con el
propósito de que coincidiera con el proceso de construcción de identidad de
género que adelantaba y a quien se le negó la posibilidad de cambiar nuevamente
su registro para volver al nombre asignado inicialmente. La petición que elevó el
accionante estuvo fundada en el hostigamiento y la discriminación de la que fue
víctima como consecuencia de la primera modificación de su nombre.
En el
análisis del caso, la Corte destacó nuevamente la íntima relación del nombre con
la identidad del individuo -en esa oportunidad con el nombre que se pretendía
modificar-, pero en atención a los actos de discriminación y al deseo expresado
por el actor de retornar a su nombre original para superar el hostigamiento del
que era víctima, concedió el amparo de los derechos invocados y ordenó la
inaplicación de la norma que limita el cambio de nombre por una sola vez. Con
todo, la Sala Sexta de Revisión, convencida de la conexión del nombre con la
fijación de la identidad, permitió que en ese caso particular, el accionante
pudiera modificar en el futuro y si lo consideraba pertinente su nombre a uno
que se ajuste a su identidad sexual.
Por su
parte, en las sentencias  T-477 de 1995[64], T-977
de 2012[65], T-611
de 2013[66] y T-086
de 2014[67] también
se inaplicó el artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970, con el fin de permitir
modificaciones del nombre por segunda vez y, de esta forma, proteger garantías
de orden superior.
Las
decisiones referidas previamente, llevan a la Sala a concluir que el nombre,
además de tratarse de un atributo de la personalidad y a obtener reconocimiento
como parte integrante del derecho previsto en el artículo 14 Superior, guarda íntima
conexión con otras prerrogativas como la libertad individual y la dignidad
humana.
27.- Ante
la innegable relevancia del nombre para la fijación de la identidad, las
personas que adelantan procesos de reafirmación de su identidad de género toman
diversas decisiones respecto a su nombre. En el marco de los procesos
identitarios algunas personas optan, por ejemplo, por modificarlo formalmente,
para que sus documentos e identificación legal se adapten mejor a su identidad;
otras, conservan el nombre legal y adoptan un nombre “identitario” o hay
quienes mantienen el nombre asignado al nacer. Al margen de las distintas opciones
relacionadas con el nombre, la Sala destaca que las decisiones sobre dicho
atributo de la personalidad comportan claras medidas encaminadas a fijar la
individualidad y son la expresión de la autodeterminación de los sujetos, por
ende deben ser respetadas por las autoridades públicas y la sociedad en
general.
En
consecuencia, resultan inadmisibles exigencias sociales, legales,
administrativas o judiciales dirigidas a que una persona modifique su nombre para
que adopte uno que aparentemente corresponda mejor con la identidad de los
sujetos. Lo anterior, por cuanto la identidad es una construcción individual,
que depende de cada persona y del plan de vida que desarrolle. Así lo ha
reconocido en diversas oportunidades esta Corporación, al señalar que: “[l]a
fijación de la individualidad de la persona ante la sociedad, y ante el Estado,
requiere de la conformidad de individuo con la identidad que proyecta, de
suerte que siempre tendrá la facultad legítima de determinar la exteriorización
de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas convicciones (Art. 18 C.P.).”[68]
28.-
Asimismo es importante resaltar que aunque el nombre constituye uno de los
elementos de la individualidad de las personas, no es el único componente de
esa construcción personal, ni el definitorio.
De manera
que, a pesar de la distinción que demarca el nombre, un trato acorde con la
dignidad humana deberá responder al reconocimiento de los sujetos y a las
manifestaciones de las notas distintivas de su individualidad. Esos aspectos
deben considerarse, de forma particular, frente a las expresiones de la
identidad de género, pues la eventual asociación –fruto de la construcción
social- de un nombre con un género no puede demarcar el trato hacia el sujeto
si su auto-reconocimiento y la expresión de su identidad, no se ajusta a dicha
asociación.
El respeto
de la dignidad humana, de las libertades individuales y de la cláusula de
igualdad obliga a que se atienda, principalmente, la autodeterminación y el
reconocimiento de las personas en asuntos diversos que incluyen su identidad de
género, y que se manifiestan a través de las múltiples expresiones de la
individualidad, las cuales, se insiste, no se limitan al nombre. Dicha
obligación, se refuerza si existe una exigencia expresa del individuo sobre su
identidad y la forma en la que desea ser tratado.
En ese
sentido, en la sentencia T-099 de 2015[69] la Corte indicó, respecto a la disonancia entre
el nombre que obraba en los documentos y que socialmente se identifica con el
género masculino y la identidad de la accionante como mujer transexual, que:
“Aunque
hubiera dudas derivadas de una contradicción identitaria entre los documentos y
el sujeto que indujo a confusión a las autoridades castrenses, no cabe la
incertidumbre si se reconoce que solamente cada persona, según su
vivencia y su proyecto de vida, tiene el poder y el derecho de decidir sobre la
interacción y expresión de su identidad de género y orientación sexual. Tal
concepción responde al estado actual de la discusión en la materia y a los
estándares de protección del DIDH. Además, coincide con el desarrollo de la
jurisprudencia constitucional en la materia.” (Resaltado fuera del texto)
El reconocimiento de la identidad de género no depende del
ejercicio del derecho, también reconocido, de obtener la correspondencia entre
la identidad de género y los documentos[70], pues en el proceso de reafirmación identitaria
se puede optar válidamente por no emprender gestiones de ese tipo y ello no
obsta para el respeto por la identidad individual.
29.- Entonces,
en la medida en la que la identidad de género es un elemento material del
proyecto de vida, del libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad no
existe una relación abstracta y necesaria con el nombre legal y los documentos
que reflejan dicho nombre, sino que son las personas quienes establecen su
identidad a través de los elementos y acciones que estimen pertinentes y
suficientes para ese propósito.
El derecho
a la educación y la autonomía universitaria
30.- El artículo 67
de la Carta Política consagra la educación en una doble acepción, como un derecho
de las personas y como un servicio público con una marcada función social.
También establece algunos contenidos mínimos de la educación (el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia, y la práctica del trabajo y la
recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la
protección del ambiente), los cuales atienden a su carácter instrumental como un
elemento necesario para el desarrollo individual de las personas y a su influjo
relacional, como instrumento imperioso para el desarrollo de la vida en
sociedad.[71]
En el desarrollo
jurisprudencial se ha considerado que la educación: (i) es necesaria para la
efectividad de la cláusula general de igualdad; (ii) permite el desarrollo
integral de las personas y la realización de sus demás derechos; (iii) guarda
íntima conexión con la dignidad humana; y (vi) resulta indispensable para la
equidad y la cohesión social.
31.- La Corte
Constitucional, de manera consistente, ha defendido el carácter fundamental del
derecho a la educación. Por ejemplo, en la sentencia T-202 de 2000[72] evaluó el caso de una persona que perdió el derecho a un subsidio
para poder acceder al servicio educativo. En dicha oportunidad, la Corte
consideró que el núcleo esencial de ese derecho implica, el respeto absoluto
por el desarrollo social e individual del ciudadano. Así, la educación es un medio
para que el individuo se integre de manera efectiva a la sociedad y se forme en
valores democráticos que impongan como regla de conducta, el respeto y la
tolerancia. Además, la educación es un medio para consolidar el carácter
material de la igualdad, pues en la medida en que una persona tenga las mismas
posibilidades educativas, podrá gozar de igualdad de oportunidades en la vida
para realizarse como persona.
Por esta razón, y
dada la importancia que tiene este derecho para el desarrollo de los ciudadanos,
la educación goza de una especial protección por parte del Estado. Esto genera
obligaciones recíprocas entre los sujetos de derecho y los distintos actores
que se encargan de asegurar su efectividad. Así, la Corte ha entendido que la
educación es un servicio público que debe cumplir, al menos, con las garantías
de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, las cuales han
sido consideradas de acuerdo con la Observación
General Número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas.
Recientemente, en la sentencia
T-277 de 2016[73] la Corte estudió la acción de tutela presentada por un estudiante
de una universidad pública que solicitó, como medida de
protección de sus derechos a la educación superior, igualdad, dignidad humana y
mínimo vital, que se revisara su situación económica y, con base en ésta, se
definiera un nuevo valor de su matrícula.
En esa
oportunidad, la Sala Tercera de Revisión indicó que si bien en algunas
oportunidades no se ha efectuado un reconocimiento expreso del carácter
fundamental del derecho a la educación superior, la Corte, de forma invariable,
ha considerado procedente la acción de tutela como mecanismo de protección
cuando está en juego la permanencia del estudiante o cuando se afecta
desproporcionadamente el derecho a la educación.
Frente a las
circunstancias del caso, la Sala estableció que la norma de la universidad
accionada que impedía la revisión de la situación socioeconómica de los
estudiantes para efectos de reliquidar la matrícula, afectaba la garantía de
accesibilidad, entendida como acceso económico a la educación, y de adaptabilidad,
que exige que el sistema se adapte a las condiciones de los alumnos a través de
la valoración de su contexto social y cultural con el propósito de evitar su
deserción. En consecuencia, ordenó la reliquidación de la matrícula del
accionante de acuerdo con sus nuevas condiciones acreditadas en el trámite de
la tutela y que se adelantara un proceso de
modificación del reglamento para establecer mecanismos que permitan reliquidar
el valor de la matrícula de los estudiantes que demuestren un cambio sustancial
en la situación socioeconómica.
32.- Ahora bien, en
el desarrollo de la misión educativa, las instituciones gozan de una amplia
autonomía para decidir el tipo de proyecto vocacional que desean y su gestión
administrativa, la cual se refuerza en el caso de las instituciones de
educación superior, por mandato del artículo 69 de la Carta Política, que prevé
la autonomía universitaria, en el marco de la cual se faculta a dichas
instituciones para que establezcan sus propias directivas y se rijan por sus
propios estatutos, según la ley.
De acuerdo
con el texto constitucional, la autonomía de las universidades, principalmente
si son privadas, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación
filosófica como de dictar sus reglas de organización interna y administración,
en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las
corrientes de pensamiento y garantizar, de esta forma, la pluralidad, el
disenso, la participación y la diferencia.
Sin
desconocer la relevancia de la autonomía universitaria, la Corte ha indicado
que dicha garantía no constituye un poder omnímodo, pues ésta, desde su
previsión en la Carta Política, se supeditó a la ley y debe enmarcarse dentro
de los límites que impone la misma Constitución y los valores supremos que establece,
los cuales obligan a la observancia y el respeto irrestricto de los derechos
fundamentales[74].
En efecto, en
atención al papel central de la educación, en la atribución de competencias fijadas
por la Constitución se le impuso, por ejemplo, al Estado el deber de regulación
y vigilancia de la educación, y se asignó al Legislador el deber de fijar las
condiciones requeridas para la creación y gestión de los centros educativos, y
los preceptos generales que deben ser observados por las universidades para
darse sus propias directivas y regirse conforme a éstas.
33.- En
síntesis, la autonomía universitaria constituye una prerrogativa que busca
resguardar el pluralismo, la independencia y asegura la libertad de
pensamiento. Con todo, dicha autonomía encuentra límites demarcados por los
derecho fundamentales, los que se traducen, por ejemplo, en el respeto del
debido proceso en la aplicación de procesos disciplinarios o sancionatorios que
se adelanten en contra de los estudiantes, la prohibición de brindar tratos
discriminatorios, la observancia de las garantías fundamentales en todas las
actuaciones administrativas que emprendan, la prevalencia del derecho a la
educación, entre otros.
Las sub-reglas a aplicar en el caso concreto
34.- De acuerdo con el
desarrollo jurisprudencial sobre las materias referidas previamente, la Sala
relacionará, a continuación, las sub-reglas pertinentes para el análisis del
caso concreto:
a)
La indumentaria y
demás aspectos relacionados con la apariencia física construyen la imagen que
expresa la propia identidad, razón por la que esas manifestaciones están protegidas
por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
b)
Las instituciones
educativas tienen la obligación de brindar a los estudiantes un trato acorde
con su identidad de género y no pueden someter el goce de sus derechos
fundamentales a requisitos formales.
c)
La
identidad de género no guarda una relación necesaria con el nombre legal, ni
con los documentos que reflejan dicho nombre, sino que son las personas quienes
establecen su identidad a través de los elementos y acciones que estimen
pertinentes y suficientes para ese propósito. En consecuencia, un trato digno
debe atender al auto-reconocimiento de los sujetos.
d)
Como
quiera que el nombre es un elemento distintivo fuertemente ligado con la
construcción de la identidad individual, las decisiones
relacionadas con dicho atributo son manifestaciones del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y deben ser respetadas.
e)
Del
mandato 13 Superior se desprenden deberes positivos de adoptar medidas que fomenten la libre
expresión de las identidades trans en todos los ámbitos, incluido el
educativo, y una prohibición de restricción, de acuerdo con la cual las medidas
que limiten las manifestaciones de la identidad de género están sometidas a una
especial carga de justificación.
f)
La
autonomía universitaria que resguarda la independencia, y asegura la libertad
de pensamiento, encuentra límites en la Constitución Política, los derechos
fundamentales y la ley.
El caso concreto
35.- Erika Comas Gómez,
quien precisó que fisiológicamente nació como mujer, pero se identifica con el
género masculino, formuló acción de tutela en aras de que se protegieran sus
derechos fundamentales de petición, libre desarrollo de la personalidad e
igualdad, los cuales, adujo, fueron vulnerados por el Servicio Nacional de
Aprendizaje -Regional Atlántico-.
La vulneración denunciada se
fundó en el silencio injustificado de la entidad accionada, frente a la petición
que elevó el 24 de agosto de 2015, en su calidad de estudiante del programa de
formación “Tecnólogo en Relaciones Internacionales”, en la que solicitó
que: (i) se le permitiera el uso del uniforme asignado al género
masculino y (ii) se le otorgara un trato que corresponda a su identidad de
género, particularmente: “tener un trato igualitario en las aulas de clase
por parte del cuerpo de docentes, que se refieran a mi persona con sustantivos
y artículos masculinos, y que no atenten de ninguna manera contra mi
personalidad y forma de ser”[75].
En el trámite de la primera instancia, la Directora del SENA –Regional Atlántico- solicitó
que se denegara la protección solicitada, ya que mediante comunicación del 28
de septiembre de 2015, el Subdirector del Centro de Comercio y Servicios del
SENA –Atlántico- emitió la respuesta extrañada por el actor.
En la contestación aportada, dirigida al accionante, se destacaron
algunos de los deberes de los aspirantes y aprendices en el proceso educativo,
relacionados con la veracidad de la información, y se resaltó que en los datos que
aquél suministró refirió “sexo femenino”. Esta manifestación, de
acuerdo con la institución educativa, marca el trato que se le brinda al actor
y, por ello,  precisó que sólo la modificación del documento de identidad tornaría
en viables las pretensiones que elevó.
El juez de primera
instancia, denegó el amparo de los derechos invocados, pues consideró que la
respuesta emitida por la institución accionada satisfizo el derecho fundamental
de petición. Esta decisión, fue impugnada por el accionante, quien señaló que
la afectación de los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la
personalidad que empezó con el silencio frente a su petición se reprodujo en la
respuesta brindada.
A su turno, el juez de
segunda instancia advirtió que la contestación suministrada por la institución
educativa no permitía tener por superada la afectación de las garantías,
diferentes al derecho de petición, que fueron invocadas en el escrito de tutela.
En efecto, para el ad-quem, la entidad accionada, con el silencio
inicial y la posterior renuencia a brindarle a Erika Comas Gómez un trato que
se ajuste a su identidad de género, vulneró sus derechos a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad. En consecuencia, tomó diversas medidas para el
restablecimiento de dichas prerrogativas.
36.- Como quiera que en los
fundamento jurídicos 7 y 8 de esta sentencia se constató el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela formulada por Erika
Comas Gómez, a continuación se abordará el estudio de fondo del problema
jurídico planteado.
37.- Para la Sala la
conducta del SENA –Regional Atlántico- frente a la petición elevada por el
actor vulneró (i) el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que guarda
una íntima conexión con la dignidad humana y (ii) la cláusula general de
igualdad, particularmente la prohibición de discriminación fundada en criterios
sospechosos como el sexo.
En particular, la
vulneración del artículo 16 Superior se estudiará en tres momentos, así:
El primero, corresponde a la
desatención inicial de la solicitud elevada por el accionante dirigida a
obtener un trato acorde con su identidad de género.
El segundo, se concreta en
la respuesta a la petición del actor, emitida en el trámite de la primera
instancia, en la que se limitaron expresamente las manifestaciones de la
individualidad del estudiante Comas Gómez a través de: (i) la prohibición de
utilizar el uniforme que corresponde a su identidad de género; (ii) la decisión
de no brindarle un trato acorde con dicha identidad; (iii) la exigencia de
modificar el documento de identificación; y (iv) la alusión a supuestas
sanciones disciplinarias para los docentes y el personal administrativo que le brinden
un trato que se ajuste a su identidad de género.
El tercero, se desprende de
la actuación del SENA –Regional Atlántico- a lo largo del trámite
constitucional, en el que demostró falta de sensibilidad sobre las expresiones
de la orientación sexual y de la identidad de género. La actitud de la
institución educativa se traduce, de un lado, en el desinterés por la
protección y el respeto del libre desarrollo de la personalidad e igualdad del
actor y, por otra parte, comporta un fuerte indicio sobre el déficit de
protección de los derechos de las personas trans en el ámbito educativo
de la entidad.
La vulneración del derecho
al libre desarrollo de la personalidad del accionante por parte del SENA
–Regional Atlántico-
38.- Del análisis de los
elementos probatorios obrantes en el proceso, se advierte que el SENA –Regional
Atlántico- vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad del actor cuando
restringió las manifestaciones de su individualidad, relacionadas con su
identidad de género. La infracción se originó en la falta de comprensión sobre
el alcance del derecho previsto en el artículo 16 Superior, el cual se
manifiesta en la autonomía de cada individuo para diseñar su propio plan de
vida y determinar todos los aspectos relacionados con su identidad sin más
límites que los impuestos por la Constitución y la ley.
El desconocimiento de la
identidad de Erika y la clara infracción de sus derechos fundamentales por
parte del establecimiento accionado se derivan de: (i) su silencio inicial
frente a la petición que el actor elevó, dirigida a obtener un trato digno; (ii)
la respuesta que emitió el 28 de septiembre de 2015, en la que se negó a
brindarle al accionante un trato que corresponda a su identidad de género; y
(iii) la conducta que mantuvo a lo largo del trámite constitucional que
evidencia un alto grado de desinterés en el caso concreto.
39.- La primera evidencia de
la afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad del accionante
y que además comportó, en su momento, la afectación del derecho de petición, la
constituye el silencio injustificado de la entidad accionada frente a la
solicitud que elevó el estudiante Comas Gómez y que debió ser atendida de forma
prioritaria, en la medida en que la misma estaba relacionada con el goce de
derechos fundamentales.
La relevancia de la petición
y su conexión con bienes jurídicos supremos como el libre desarrollo de la
personalidad, fue sustentada por el mismo peticionario en el escrito que
presentó ante el Centro de Comercio y Servicios del SENA  -Regional Atlántico- el
24 de agosto de 2015, en el que refirió el proceso de reafirmación de su
identidad sexual como hombre trans, el tratamiento psicológico que
adelanta y su inconformidad con la imposición del uniforme asignado al género
femenino. Asimismo, aludió a pronunciamientos jurisprudenciales sobre el núcleo
del derecho de petición, destacó algunas decisiones judiciales en las que se
protegieron  manifestaciones de la identidad sexual y de género, y mencionó los
conceptos básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación
con las personas LGBTI.[76]
La institución accionada
incumplió la obligación de emitir una respuesta oportuna a la petición, pues de
acuerdo con el artículo 23 Superior y el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo[77] ésta se debió
proferir en el término de 15 días, contado a partir de la formulación de la solicitud.
Entonces, el plazo venció el 14 de septiembre del 2015, pero sólo hasta el 28
de septiembre de ese año y luego de la formulación de la acción de tutela la
entidad emitió una respuesta a las pretensiones elevadas por Erika Comas Gómez.
De suerte que el silencio
inicial del SENA –Regional Atlántico- frente a la petición  formulada por el
promotor de esta acción constitucional comportó la afectación del derecho previsto
en el artículo 23 de la Carta Política así como del derecho al libre desarrollo
de la personalidad, en la medida en que la solicitud, estaba dirigida a que se
autorizara la manifestación de su identidad de género y a que se brindara un
trato acorde con dicha identidad.
Cabe resaltar que la
petición se utilizó por el actor como un medio para obtener, de la institución
educativa, el respeto por las notas distintivas de su individualidad,
particularmente de aquellas relacionadas con su identidad de género. El
carácter instrumental del mecanismo resulta evidente en la impugnación, en la
que el accionante destacó que: “la petición que elevé, tiene como fin el
hecho de poder vestir el uniforme masculino y poder llevar el cabello corto,
situaciones que a pesar de lo sencillas que puedan parecer, en esta institución
educativa del estado(sic), por tener en mi cédula el nombre de mujer, no me lo
permiten[78]”
40.- Ahora bien, en el
trámite de la acción de tutela, el Juez Octavo Civil Municipal de Barranquilla denegó
el amparo solicitado por el estudiante Comas Gómez al verificar el
restablecimiento del derecho de petición conculcado. Esa decisión, fue el fruto
de un análisis limitado del asunto, que ignoró los demás derechos invocados por
Erika desde el escrito de tutela y la afectación de las garantías al libre
desarrollo de la personalidad e igualdad que se desprendía de la contestación
aportada por el SENA –Regional Atlántico-.
En efecto, aunque superada
la afectación del derecho de petición, debido, al parecer a la presentación de
la acción de tutela, la comunicación emitida por el Subdirector del Centro de
Comercio y Servicios violó la prohibición que recae sobre las instituciones
educativas de imponer apariencias a los estudiantes que contraríen su identidad
de género, la cual ha sido desarrollada jurisprudencialmente a partir del
artículo 16 de la Carta Política. En el caso bajo examen, la imposición consistió
en obligar al actor a utilizar el uniforme de la institución asignado a las
mujeres, la cual se colige de la respuesta emitida, en la que no lo autorizó
para que portara el uniforme que se ajusta a su identidad de género como hombre
trans.
Asimismo, la accionada se
negó, de forma a expresa, a brindarle al accionante un trato acorde con su
identidad de género, en abierta contradicción con la obligación de respeto de
las manifestaciones de la individualidad de las personas que recae sobre la
sociedad en general y, de forma particular, sobre el Estado.
41.- Además, la conducta
altamente infractora del libre desarrollo de la personalidad se evidencia en la
comunicación que remitió al actor, en la que, en contra de su solicitud, le
brindó un trato que no se ajusta a su identidad, mediante el uso de términos
como “Aprendiza Erika” y “actora del proceso de formación”[79],
y le indicó la imposibilidad de acceder a sus pretensiones como consecuencia de
la información que reposa en sus bases de datos. En la respuesta señaló, de
forma particular, que:
“Si usted se registró e ingresó a este Establecimiento
Público, con un documento de identidad que la distingue como persona natural de
sexo femenino, no le es permitido al SENA darle trato diferente alguno, so pena
de incurrir en conductas que podrían acarreará (sic) diversos tipos de
responsabilidad para nuestros servidores públicos y contratistas”[80]
La respuesta citada se
erigió en una indebida asociación de la identidad de género con la
identidad legal que confronta el prolijo desarrollo jurisprudencial –descrito
en los fundamentos jurídicos 12-22 de esta sentencia- en el que se ha indicado,
de forma reiterada, que la orientación sexual y la identidad de género
corresponden a conceptos complejos que no dependen de los registros legales, en
la medida en que responden a la construcción autónoma y libre de la identidad
de cada individuo, y superan la percepción binaria del sexo biológico.
Ese desconocimiento llevó a
la institución educativa accionada a supeditar un trato digno a la modificación
de la cédula de ciudadanía del actor, a sugerir una aparente infracción de los
deberes de aquél por no suministrar datos personales verídicos y a negar el
trato exigido porque comportaría supuestamente la comisión de conductas
sancionables.
42.- El cambio del documento
de identidad como requisito para brindar un trato respetuoso de las
manifestaciones de la individualidad, constituyó una barrera injustificada al
ejercicio de los derechos fundamentales del estudiante y desconoció el alcance
de la identidad de género, si se considera que: (i) dicha identidad, entendida
como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona
la siente profundamente, puede corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento; (ii) el trato digno debe atender a las manifestaciones
del auto-reconocimiento del sujeto, las cuales no pueden ser ignoradas bajo pretextos
formales fundados en una categorización binaria de hombre/mujer, la cual puede
revaluarse por el reconocimiento de otras identidades y sobre el que esta
Corporación ha adelantado una profusa pedagogía constitucional; (iii) en la
medida en que la identidad de género corresponde a una construcción individual,
resultan inadmisibles las exigencias dirigidas a que ésta se manifieste a
través de formas específicas, por ejemplo mediante la modificación de los
documentos de identidad; y (iv) las decisiones
relacionadas con el nombre son individuales y no admiten injerencias de
terceros, pues éstas llevarían a condenar a los sujetos a una identificación
que no reconocen.
43.- Por su parte, el
cuestionamiento sobre la veracidad de los datos que Erika suministró, censuró
una actuación que fue el resultado de las mismas prescripciones de la
institución, dado que la identificación de los estudiantes, de acuerdo con los
términos impuestos por el SENA, debe corresponder al documento de identidad[81].
El deber de suministrar información veraz, se observó por el actor, pues en su
cédula de ciudadanía[82] obra como sexo biológico femenino, de
ahí que no pueda cuestionarse la veracidad de la información que proporcionó.
44.- Finalmente, el
argumento relacionado con la supuesta configuración de faltas por parte de los
funcionarios de la institución derivadas del otorgamiento de un trato acorde
con la identidad de género, es falaz y está dirigido a reforzar la restricción
de las manifestaciones de la individualidad del peticionario. En efecto, en la
respuesta emitida inicialmente y tras el cuestionamiento elevado en sede de
revisión, la accionada no precisó en qué consiste la responsabilidad que aludió
como impeditiva del trato digno, no refirió los fundamentos normativos de dicha
responsabilidad, ni indicó cuáles son las faltas concretas que se podrían
desprender de una actuación respetuosa de los derechos de Erika.
De acuerdo con lo anterior, la
Sala reprocha que los servidores públicos identifiquen el respeto por los
derechos fundamentales y la observancia de las previsiones de la Carta Política
como circunstancias constitutivas de faltas disciplinarias, con el propósito de
excusar la inobservancia de sus deberes.
45.- En síntesis, la
obligación de las instituciones de educación superior de brindar a los
estudiantes un trato acorde con su identidad de género, la cual comporta un
límite válido a su autonomía, fue abiertamente desconocida en el presente caso,
pues el accionante precisó en el escrito de impugnación que “me acerqué de
muchas maneras, no solo a través del derecho de petición a las oficinas del
SENA, seccional a la cual pertenezco, con el interés de ser tratado de manera
respetuosa”[83] y, a pesar de esas peticiones, la
entidad accionada se rehusó a reconocer las manifestaciones de la individualidad
de aquél.
46.-Hay que precisar, frente
a la comprobada vulneración, que aunque para la institución se hubiera
presentado alguna confusión sobre la identidad de género de Erika, derivada de
la información obrante en la bases de datos (su nombre, que socialmente puede
asociarse con el de una mujer o su cédula de ciudadanía que adscribe el sexo
biológico femenino), lo cierto es que una vez el accionante precisó su
identidad de manera expresa ante diversas instancias del establecimiento no
existía ninguna justificación para insistir en un trato que no se ajustara a
dicha manifestación.
Respecto a la plausibilidad
de la asociación inicial, vale la pena destacar que  los nombres como signos de
descripción e individualización responden a construcciones sociales y, por
ende, no tienen una relación necesaria con categorías biológicas. Sin embargo,
en el uso del lenguaje y en la dinámica social resultan usuales las
asociaciones de algunos nombres con determinadas categorías vb. hombre/mujer.
Por ejemplo, desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, esa relación se
deriva de la estructura de la lengua que, en el caso del español, cuenta con
una fuerte asociación entre nombre y género derivada de la concordancia entre
los determinantes (artículos, adjetivos y pronombres) y los determinados
(nombres y sustantivos)[84].
La asociación del nombre con
el código binario que suele emplearse para clasificar a las personas como
hombres o mujeres puede generar algunas dificultades en el reconocimiento
inicial de la identidad de las personas transgénero. Estos inconvenientes son
menos frecuentes, aunque no inexistentes, en las personas cisgénero, pues los
nombres que se asignan al nacer generalmente corresponden a la identificación
social de ese nombre a su identidad de género.
Particularmente, en el caso
de Erika Comas Gómez, su nombre, aunado a la referencia del sexo femenino en la
cédula de ciudadanía, pudieron provocar una convicción legítima en cabeza de la
institución educativa sobre su identidad de mujer. Sin embargo, ese error,
excusable en un primer momento, se tornó en inadmisible e infractor de los
derechos del accionante cuando él manifestó, de forma expresa y reiterada, su
identidad como hombre trans.
47.- La afectación de los
derechos del actor, comprobada en esta sede, resulta más preocupante si se
considera el escenario en el que se coartó el libre desarrollo de la
personalidad y el tipo de autoridad de la que provino la vulneración, pues la
educación, por mandato legal, supone una función social y debe orientarse al
respeto por los Derechos Humanos. En efecto, la consolidación del Estado Social de Derecho, que optó por la defensa de la pluralidad y del multiculturalismo, demanda
que los ámbitos educativos sean ambientes en los que se promuevan los derechos
fundamentales, la tolerancia y el respeto por la
diferencia.
En ese sentido, llama la
atención de la Sala que un establecimiento público del orden nacional, en
cumplimiento de la misión del Estado de “invertir en el desarrollo social y
técnico de los trabajadores colombianos” y encargado de “(…) la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país”[85] desconozca las dimensiones de
la identidad de género y la orientación sexual, confronte elementos esenciales de la individualidad y del
proyecto de vida de uno de sus estudiantes, vulnere su libre desarrollo de la
personalidad y exija requisitos formales para brindar un trato digno.
La vulneración del derecho a
la igualdad
48.- Los hechos que
originaron la solicitud de amparo bajo examen y las actuaciones adelantadas en
el trámite de esta acción constitucional también evidencian la infracción del
artículo 13 Superior, de acuerdo con el cual:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
La vulneración de la
cláusula general de igualdad es producto de la desatención de la prohibición de
discriminación fundada en criterios sospechosos como el sexo, y de la ausencia
de acciones afirmativas dirigidas a promover condiciones de igualdad real en
favor grupos discriminados.
49.- En el marco de las
obligaciones que se desprenden del artículo superior  referido, el SENA
–Regional Atlántico- no acreditó acciones que
fomenten la libre expresión de las identidades trans en el espacio
educativo, las cuales resultan imperiosas si, además, se considera que tal como
lo refirió en su concepto la Organización Colombia Diversa[86],
el ámbito de educación superior es un escenario en el que suelen iniciarse los
procesos de reafirmación de la identidad.
En efecto, brillan por su
ausencia actuaciones específicas dirigidas a promover  las expresiones de la
identidad de género de las personas trans, así como acciones focalizadas
para la protección de los derechos que merecen los miembros de minorías
sexuales. Por el contrario, la actuación administrativa que desplegó la entidad
accionada para superar la afectación de los derechos del actor, la cual se
analizará a profundidad en el acápite posterior, evidenció su desinterés por
estos asuntos.
De hecho, las pruebas
obrantes en el expediente y la actuación que motivó la presente acción
constitucional indican que, contrario al deber de desarrollar medidas de
protección especial de las personas trans, la institución educativa
impone límites al ejercicio de sus derechos.
50.- Por otra parte, debe considerarse que en atención a la especial protección
constitucional que merecen los miembros de minorías sexuales y a la histórica
discriminación de la que han sido víctimas, cualquier medida dirigida a limitar
las expresiones de su individualidad debe estar plenamente justificada, so pena
de resultar catalogada como una actuación fundada exclusivamente en el sexo -que
abarca para estos efectos la identidad de género- y, por ende, discriminatoria.
Para el análisis de dicha
obligación, la Corte ha utilizado la distinción entre los actos de explicación
y los de justificación. Los primeros, dan cuenta de los motivos o causas que
sirven para comprender la actuación, mientras que los segundos refieren las
razones que: “avalan la corrección de un curso de acción”[87].
De acuerdo con esa diferencia, se ha precisado que las restricciones a las
manifestaciones de la identidad de género deben contar con una justificación
suficiente, de cara a los principios constitucionales.
El deber de justificación de
las medidas restrictivas también se desatendió por el establecimiento accionado,
pues las limitaciones que le impuso al actor frente al uso del uniforme que se
ajusta a su identidad de género y la decisión de no brindarle un trato acorde
con su individualidad, se fundaron exclusivamente en una identificación entre
la identidad de género y la identidad legal. Esta asociación da cuenta de la
razón de la actuación (que contraría la jurisprudencia constitucional referida
en los fundamentos jurídicos 24 a 28 de esta sentencia), pero no constituye una
justificación de la medida que se ajuste a la Carta Política.
Las actuaciones del SENA
–Regional Atlántico- a lo largo de este trámite constitucional constituyen un
fuerte indicio sobre el déficit de protección de los derechos de las personas trans
51.- La Sala advierte que
aunado al desconocimiento, en todo caso inadmisible, del alcance de la
prerrogativa prevista en el artículo 16 Superior, la actuación de la accionada
responde a una comprensión institucional que parece considerar irrelevantes las
manifestaciones de la identidad de género y la orientación sexual como
elementos integrantes del libre desarrollo de la personalidad. Tal
entendimiento tuvo dos consecuencias: (i) el desinterés por el caso particular
de Erika y la consecuente trasgresión de sus derechos y (ii) un déficit de
protección de la personas trans en el ámbito de educación que ofrece.
En efecto, a pesar de la
acuciosa decisión del juez de segunda instancia, en la que refirió la
jurisprudencia sobre la materia, las medidas de restablecimiento de los
derechos de las personas trans y la especial protección que merecen , la
entidad accionada no adelantó actuaciones dirigidas a apropiarse de los
desarrollos relacionados con la percepción y comprensión de los procesos
indentitarios y la dimensión del derecho previsto en el artículo 16 de la Carta
Política.
La actitud desinteresada de
la entidad se evidencia con los siguientes indicios:
52.- El primer indicio lo
constituye el momento en el que, para la Directora Regional del SENA, surgió el
deber de brindarle al actor un trato respetuoso de su identidad de género, pues,
adujo, que éste se concretó tras la respuesta que emitió en el marco de la
acción de tutela. Esta consideración, que expuso en sede de revisión, ignoró, de
nuevo y a pesar de que fue descrito por el juez de instancia, el desarrollo
jurisprudencial sobre la obligación de respetar las manifestaciones de la
identidad de género y asoció este deber a la formulación de la acción de tutela
cuando basta la simple manifestación del sujeto o la presentación de la
petición en la que refiera su auto-reconocimiento.
53.- De otra parte, la
insistencia en la configuración de supuestas “faltas disciplinarias”
para los profesores y funcionarios administrativos derivadas del otorgamiento
de un trato como el solicitado por Erika[88] adscribe la identidad de género a la identidad legal, y relaciona el
respeto de las expresiones de la individualidad de las personas con la
infracción de normas disciplinarias. Esta asociación carece de justificación si
se considera que uno de los fines del Estado es la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución[89];
el reconocimiento, sin discriminación alguna, de la primacía de los derechos
inalienables de la persona[90] y el alcance del derecho al libre
desarrollo de la personalidad.
54.- Aunque no le compete a
la Sala verificar el cumplimiento de las órdenes de amparo emitidas por los
jueces de instancia, lo cierto es que las actuaciones frente a dichos mandatos
sirven para establecer la necesidad de adoptar medidas adicionales de
protección y, en el presente caso, ofrecen insumos valiosos para hacer un
diagnóstico sobre la percepción de la entidad accionada respecto a las
manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad, particularmente de las
expresiones trans.
Por consiguiente, también se
toman como indicios del desinterés del establecimiento educativo las limitadas
gestiones dirigidas a garantizar el trato exigido por el actor, pues
sólo refirió la comunicación remitida al accionante en la que le indicó que
puede utilizar el uniforme asignado a los aprendices del sexo masculino y acreditó una reunión con algunos de los miembros del cuerpo docente
de la institución en la que se analizaron las “recomendaciones” emitidas
por el ad-quem.
Las actuaciones referidas
evidencian que para la entidad accionada el asunto se circunscribió al
cumplimiento de una decisión judicial, pero no se advierte una preocupación
institucional por superar la limitada percepción sobre las dimensiones y el
significado de la identidad de género -plasmada en la respuesta emitida el
pasado 28 de septiembre frente a la petición que elevó Erika Comas Gómez- a
pesar de que el juez de segunda instancia también emitió una orden específica
con ese propósito.
55.- Finalmente, resultan
indicativas de la mencionada indiferencia de la accionada, la falta de
acreditación de gestiones para el cumplimiento de la orden prevista en el
numeral 3º del fallo de segunda instancia, dirigida a que se emitan cursos de
formación sobre el respeto de los derechos fundamentales, así como el silencio
del Director Nacional del SENA frente al requerimiento elevado por esta
Corporación el pasado 18 de mayo.
56.-
El desinterés por el caso del actor y los elementos referidos previamente,
relacionados con la percepción de la entidad accionada sobre las
manifestaciones de la identidad de género, revelan un déficit de protección de
los derechos de las personas trans en el ámbito educativo que ofrece
dicha institución.
En
términos generales, el déficit se configura por: (i) el desconocimiento de los
derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a que se
respeten las manifestaciones relacionadas con la identidad de género; (ii) la
falta de concreción de un enfoque de protección especial; (iii) los problemas
relacionados con la comprensión del alcance y de las manifestaciones de la
orientación sexual y la identidad de género; (iv) la ausencia de planes
específicos de formación de la comunidad educativa en el respeto por el
desarrollo de la individualidad; y (v) la inexistencia de medidas de protección
focalizada para esa población.
Esas
falencias resultan patentes en la respuesta emitida en esta sede por la
Directora del SENA -Regional Atlántico-, en la que indicó que si bien “no
cuenta con un programa específico para estos asuntos”[91],
la capacitación a la comunidad educativa respecto a la orientación sexual y la
identidad de género se brinda a través del Sistema de Formación Integral y
Aprendizaje Activo Sofía Plus. Sin embargo, frente a esa formación no refirió
los contenidos ni su enfoque y se limitó a remitir una imagen que da cuenta de
un programa nominado “Relaciones Interpersonales y Ética Profesional”[92],
de la cual no se puede colegir la específica formación referida en la
respuesta.
La
autoridad accionada también señaló que en el proceso educativo existe una Guía
Metodológica para el Desarrollo de los Componentes Estratégicos de la Política “Vive
el  Sena” dirigido a los actores que confluyen en el proceso formativo:
estudiantes, profesores y personal administrativo, y que contiene un acápite
específico de equidad e igualdad de oportunidades.
De
la guía metodológica referida, la Sala destaca la previsión de una política
institucional dirigida a evitar la discriminación y hacer efectiva la igualdad
entre los miembros de la institución educativa, en la que se establece la
necesidad de adelantar acciones concretas con enfoque diferencial, y se prevén
como sujetos de dicha atención a los miembros de la comunidad LGBTI.[93]
Sin embargo, la entidad accionada, más allá de la existencia de dicha política,
planteada en términos generales, no demostró acciones concretas que la
materialicen.
57.- En síntesis, las
actuaciones del SENA –Regional Atlántico-, además de evidenciar desinterés por el
respeto del libre desarrollo de la personalidad del promotor de esta acción
constitucional, dieron cuenta de una indiferencia generalizada respecto a las
dimensiones del artículo 16 Superior y al alcance de la cláusula general de
igualdad, particularmente sobre la especial protección que merecen las
decisiones individuales relacionadas con la orientación sexual y la identidad
de género.
Como consecuencia de ese
diagnóstico, se consideran necesarias medidas dirigidas a superar el déficit de
protección que presenta la institución educativa respecto a los derechos de las
personas trans. Cabe aclarar que tales medidas no trasgredirán el núcleo
esencial de la autonomía universitaria, pues como se indicó en el acápite
correspondiente, ésta no es absoluta, se encuentra limitada por otros preceptos superiores, por el
respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en
especial, de los estudiantes, y por la legislación que fija los elementos
mínimos de su organización.
En esa medida, y como quiera que las órdenes emitidas en esta sede
se dirigirán a hacer efectiva la cláusula de igualdad en el ambiente educativo
del SENA –Regional Atlántico-, y a lograr la protección efectiva de las
manifestaciones de la individualidad de las personas trans, la Sala
actúa de acuerdo con los límites de la garantía prevista en el artículo 69
Superior.
Medidas a adoptar en sede de
revisión
58.- De acuerdo con lo expuesto
en el análisis del caso concreto, la Corte advierte que las actuaciones
adelantadas por la entidad accionada vulneraron el derecho al libre desarrollo
de la personalidad de Erika, violaron la cláusula de igualdad y cercenaron, de
forma injustificada, las manifestaciones de su identidad de género.
En atención a dichas
afectaciones, el juez de segunda instancia emitió mandatos  específicos para la
protección de los derechos fundamentales del actor, y una orden general para la
capacitación de la comunidad educativa de la institución accionada sobre el
alcance y los límites al ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
Las medidas particulares consistieron en ordenar al SENA que: (i)
adoptara todas las medidas administrativas que permitan que Erika Comas Gómez
use el uniforme asignado al sexo masculino y sea tratado igualitariamente de
acuerdo con su identidad de género, y (ii) brindara acompañamiento psicológico
al accionante para que desarrolle su identidad de género en concordancia con
los principios de armonía y convivencia pacífica, dignidad humana y respeto por
la diversidad sexual.
59.- Superadas las
restricciones de las manifestaciones de la identidad de género del actor y en
atención al silencio del accionante frente a los requerimientos elevados en
esta sede, para que se pronunciara sobre la suficiencia de las actuaciones adelantadas
en cumplimiento del fallo[94], la Sala confirmará los numerales primero
y segundo de la sentencia emitida por el Juez Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla y prevendrá a la accionada para que, en adelante, se abstenga de
interferir con el desarrollo y expresión legítima de la identidad de género de Erika
Comas Gómez.
60.- Ahora bien, frente a la
segunda de las órdenes particulares que emitió el ad-quem, la Sala
advierte que en la acción de tutela y en la petición del 28 de agosto de 2015,
el actor indicó que adelanta un tratamiento psicológico relacionado con su
proceso identitario. Sin embargo no elevó una petición a la entidad accionada dirigida
a que se le provea un acompañamiento de este tipo.
Dado que Erika no formuló
una pretensión específica dirigida a que se le brinde tratamiento psicológico y
ante el peligro que representan los estereotipos que plantean que la transexualidad
es una patología que debe ser tratada, se modificará el numeral segundo de la
sentencia emitida por el juez de instancia para que se le provea acompañamiento
psicológico al actor sólo si éste lo solicita expresamente ante las
autoridades de la institución educativa.
61.-
Ahora bien, como la Sala advirtió que el comprobado desinterés del
establecimiento público accionado por la protección y el respeto de las
identidades de género se traduce en un déficit de protección del derecho a la igualdad
y al libre desarrollo de la personalidad de las personas trans en el
ámbito de enseñanza del SENA–Regional Atlántico-, se torna necesaria la adopción
de medidas dirigidas a conjurarlo.
En
consecuencia, para evitar nuevas afectaciones de los derechos fundamentales
como la constatada en esta sede, se ordenará al SENA –Regional Atlántico- que
en el término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, diseñe un plan que concrete el enfoque diferencial de la
Guía Metodológica referida, y adapte el servicio de educación que ofrece al
respeto y la promoción que merecen las manifestaciones del libre desarrollo de
la personalidad, particularmente las expresiones de la identidad de género y la
orientación sexual, de conformidad con la Constitución Política y la
jurisprudencia constitucional vigente.
De acuerdo con los conceptos emitidos por diversos intervinientes
en esta acción constitucional[95] el ajuste partirá del reconocimiento
de la orientación sexual y la identidad de género como expresiones de la
libertad individual y de la autodeterminación, íntimamente relacionados con la
dignidad humana. A partir de ese fundamento, se deberán prever medidas para
garantizar el respeto de los procesos de afirmación de la identidad de género de
los estudiantes y de la construcción de su individualidad, así como para su
acompañamiento cuando éstos lo soliciten.
Dentro de las medidas específicas del
plan se debe contemplar: (i) el desarrollo de actuaciones administrativas que
faciliten los procesos de afirmación de la identidad de género; (ii) la
implementación de mecanismos de sensibilización sobre la protección de los
derechos de las personas transexuales; (iii) el diseño e implementación de
rutas de atención efectivas para la protección de sus derechos en casos de
violencia y discriminación; (iv) la implementación de sistemas de información
más inclusivos y menos rígidos; y (v) la promoción de grupos de interés, foros
y actividades académicas que desarrollen temas de orientación sexual e
identidad de género.
Asimismo,
se exhortará al Director General del Servicio Nacional de
Aprendizaje para que adelante todas las gestiones necesarias para asegurar que
se diseñe e implemente el plan descrito previamente en el ambiente educativo
del SENA –Regional Atlántico-, así como para la promoción y publicación sobre
el alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la especial
protección que merecen la identidad de género y la orientación sexual en el
establecimiento público que dirige.
Se
reitera que las órdenes descritas no transgreden la autonomía universitaria, en
la medida en que ésta encuentra límites concretos en la Constitución, y en el respeto a los
derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, de los
estudiantes. Asimismo, los términos de los mandatos proferidos en esta
sentencia no interfieren en la organización y gobernanza del establecimiento
educativo, pues garantizan un alto margen de desarrollo y ejecución de la
decisión.62.- Finalmente, en cuanto a los “Lineamientos
Política de Educación Superior Inclusiva” adoptados
por el Ministerio de Educación Nacional, la Sala reitera la necesidad
de que aquellos consideren, de manera específica, la situación de las personas
que padecen discriminación por su orientación sexual e identidad de género. Sin
embargo, no emitirá una orden concreta, por cuanto la Sala Primera de Revisión
de Tutelas en la sentencia T-141 de 2015[96] ordenó el ajuste de la
mencionada política pública, la cual, de acuerdo con el Ministerio de Educación
Nacional está en proceso de diagramación con base en los resultados del
convenio realizado con la Escuela de Estudios de Género de la Universidad
Nacional dirigido a realizar “la revisión complementaria de la perspectiva y
enfoque de género del documento Lineamientos Política
de Educación Superior Inclusiva”[97]
Conclusiones
63.- La actuación del
SENA –Regional Atlántico- frente a la petición formulada por Erika Comas
Gómez, dirigida a obtener un trato acorde con su identidad como hombre trans,
vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad del accionante. La trasgresión
se derivó, de la desatención inicial a la solicitud elevada y se reprodujo en
la respuesta emitida en el trámite de la primera instancia en la que se cercenaron
las manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad del accionante
mediante: (i) la prohibición de utilizar el uniforme que se corresponde con su
identidad de género; (ii) la decisión de no brindarle un trato acorde con dicha
identidad; y (iii) la exigencia de modificar el documento de identificación.
Asimismo, las actuaciones a
lo largo del trámite constitucional demostraron un desinterés del
establecimiento accionado por el alcance del libre desarrollo de la
personalidad, en lo que atañe a las decisiones relacionadas con la identidad de
género y la orientación sexual, lo que se tradujo en apatía por la situación de
Erika Comas Gómez y develó un déficit de protección de los derechos de personas
trans en ese ámbito educativo.
Por su parte, la cláusula de
igualdad, particularmente la prohibición de discriminación fundada en criterios
sospechosos como el sexo, también se trasgredió por la institución educativa como
consecuencia de la imposición de restricciones a las manifestaciones de la
identidad de género de un estudiante sin justificación alguna y por la ausencia
de acciones focalizadas para la protección de los derechos de las personas pertenecientes
a minorías sexuales.
Bajo ese escenario, la Sala
estimó pertinente adoptar medidas para el restablecimiento de los derechos del
accionante, en concordancia con las decisiones emitidas por el juez de segunda
instancia, y también advirtió la necesidad de emitir una medida general
dirigida a superar el déficit de protección de las manifestaciones de la
identidad de género en el escenario de la educación superior ofrecida por el
SENA –Regional Atlántico.
III.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, segundo y cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2015 por el Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, que a su vez revocó la decisión
proferida el 6 de octubre de 2015 por el Juzgado Octavo Civil  Municipal de
Barranquilla y concedió el amparo deprecado por Erika Comas Gómez.
SEGUNDO:
MODIFICAR el
numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 23 de
noviembre de 2015 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, para
precisar que el acompañamiento psicológico a Erika Comas Gómez, sólo se
brindará por su expresa solicitud manifestada ante las directivas o autoridades
administrativas del Servicio Nacional de Aprendizaje –
Regional Atlántico-.
TERCERO:
ORDENAR a la Directora del Servicio
Nacional de Aprendizaje – Regional Atlántico- que
en adelante se abstenga de interferir en el desarrollo y la expresión legítima
de la identidad de género de Erika Comas Gómez, en especial en aspectos
relativos a la forma de vestir y la utilización de accesorios estéticos. Asimismo
deberá brindar un trato acorde con el desarrollo y expresión legítima de la
identidad de género de Erika Comas Gómez.
CUARTO: ORDENAR a la Directora del Servicio
Nacional de Aprendizaje – Regional Atlántico- que en el término de
seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
diseñe un plan que adapte el servicio de educación que provee, al respeto y la
promoción que merecen las manifestaciones del libre desarrollo de la
personalidad, particularmente las expresiones de la identidad de género y la
orientación sexual. El plan deberá fundarse en el reconocimiento de la
orientación sexual y de la identidad de género como expresiones de la libertad
individual y de la autodeterminación, íntimamente relacionados con la dignidad
humana, de conformidad con la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional vigente.
A partir de ese reconocimiento, se deberán prever medidas para
garantizar el respeto de los procesos de afirmación de la identidad de género
de los estudiantes y de la construcción de su individualidad, así como su
acompañamiento cuando éstos lo soliciten. Dentro de las medidas específicas del
plan se incluirán como elementos mínimos: (i) el desarrollo de
actuaciones administrativas que faciliten los procesos de afirmación de la
identidad de género; (ii) la implementación de mecanismos de sensibilización
sobre la protección de los derechos de las personas trans; (iii) el
diseño e implementación de rutas de atención efectivas para la protección de
sus derechos en casos de violencia y discriminación; (iv) la implementación de
sistemas de información más inclusivos y menos rígidos; y (v) la promoción de
grupos de interés, foros y actividades académicas que desarrollen temas de
orientación sexual e identidad de género.
QUINTO: INSTAR
al Director General del Servicio Nacional de
Aprendizaje, para que adelante todas las gestiones necesarias que aseguren la
eficacia de las órdenes impartidas en los numerales tercero y cuarto de la
parte resolutiva de esta sentencia, remita copia de esta decisión a todas las direcciones
regionales del establecimiento público y, una vez diseñado el plan previsto en los
numerales anteriores, lo socialice con toda la comunidad educativa.
SEXTO: ORDENAR al Ministerio
de Educación Nacional que difunda por el medio más expedito
posible esta sentencia a todas las universidades, instituciones y
establecimientos educativos del país.
SÉPTIMO: INVITAR a
las Defensorías Delegadas para Asuntos Constitucionales y Legales y para la
Infancia, la Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo para que
acompañen y le hagan seguimiento a la implementación de las medidas descritas
previamente.
OCTAVO: Por
Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
FRENTE A LA
SENTENCIA T-363/16
CON PONENCIA DE LA MAGISTRADA GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO, QUE CONCEDIÓ EL AMPARO SOLICITADO POR ERIKA COMAS GÓMEZ
DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GENERO-La
sentencia no justifica las razones por las cuales la entidad accionada se
encuentra bajo la obligación de otorgarle a la accionante un trato que no
resulta acorde con su género, pues en su identificación y en los registros de
la Institución figura con el sexo masculino (Salvamento de voto)
Es completamente
desproporcionado que ni si siquiera se le hubiera exigido a la accionante
realizar el trámite de cambio legal de sexo, el cual fue muy laxamente regulado
por el Ministerio de Justicia a través del decreto 1227 de 2015 que consagra un
procedimiento absolutamente sumario para ello.
DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GENERO-Caso en que no se evidencia un trato
discriminatorio en contra de la accionante por su identidad de género, pues ni
siquiera en el escrito de tutela hace referencia a ello (Salvamento
de voto)
Lo
único que requiere la actora en el caso sub judice es ser tratada como un hombre, aun cuando en su documento de
identidad su sexo es el femenino, lo cual pudo haber solventado de manera muy
sencilla a través del procedimiento contemplado en el Decreto 1227 de 2015.Así,
al no haber existido un escenario de discriminación.
Referencia: Expediente
T-5.442.396
Problema
jurídico planteado en la sentencia: ¿El SENA-Regional Atlántico-vulneró los
derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad del estudiante
Erika Comas Gómez cunado se negó a brindarle un trato acorde con su identidad
de género como hombre transexual y le prohibió utilizar el uniforme asignado a
los aprendices del género masculino y lucir el cabello corto, bajo el argumento
de que en la información que el accionante suministró al momento de la
inscripción indicó que pertenece al "sexo femenino"?
Motivos
de la Aclaración: La Corte debió declararse inhibida, además sentencia
no justifica claramente las razones por las cuales la entidad accionada se
encuentra bajo la obligación de otorgarle un trato que no resulta acorde con su
género, pues en su identificación y en los registros de la Institución figura
con el sexo masculino, y no se evidencia que se haya presentado en el asunto
bajo análisis un trato discriminatorio
Salvo el voto
frente a la Sentencia T - 363 de 2016, pues la corte debió declararse inhibida
para adoptar una decisión y además se incurrió en errores conceptuales.
1.
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA T - 363 de 2016
El accionante
manifiesta que aunque fisiológicamente nació como mujer, desde su adolescencia
se consideró hombre, razón por la que su vivencia y auto identificación
corresponden al género masculino. En atención a su identidad de género como
hombre transexual y en calidad de estudiante del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, el 24 de agosto de 2015 formuló petición ante dicha entidad
en la que solicitó que: (i) se le permitiera el uso del uniforme asignado al
género masculino y (ii) se le otorgara un trato que atienda a su identidad de
género, particularmente: "tener un trato igualitario en las
aulas de clase por parte del cuerpo de docentes, que se refieran a mi persona
con sustantivos y artículos masculinos, y que no atenten de ninguna manera
contra mi personalidad y forma de ser".
La Sentencia llega a las siguientes
conclusiones: (i) Se constató el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, (ii) la conducta de la
accionada vulneró (i) el derecho al libre desarrollo de la personalidad y (ii)
la cláusula general de igualdad, particularmente la prohibición de
discriminación fundada en criterios sospechosos como el sexo, (iii) el
desconocimiento de la identidad del actor y la clara infracción de sus
derechos, por parte de la entidad accionada se derivan de su silencio inicial
frente a la petición elevada[98], la respuesta en la cual se negó lo
solicitado por Erika, la conducta que mantuvo a lo largo del trámite
constitucional, que evidenció un alto grado de desinterés, (iv) aun cuando de
manera tardía se proporcionó respuesta, se negó lo solicitado por el actor,
contradiciendo abiertamente la obligación de respeto de las manifestaciones de
la individualidad de las personas, que recae sobre la sociedad en general, y
sobre el Estado, (v) además, la respuesta otorgada se erigió
en una indebida asociación de la identidad de género con la identidad legal,
contrariando lo establecido por la Corte a ese respecto, (vi) los nombres como
signos de descripción e individualización responden a construcciones sociales
y, por ende, no tienen una relación necesaria con categoría biológicas, así,
una vez el accionante precisó ante la accionada, su identidad de manera
expresa, no existía ninguna justificación para insistir en un trato que no se
ajustara a dicha manifestación, (vii) en la respuesta y
en el actuar de la accionada "brillan por su ausencia actuaciones
específicas dirigidas a promover las expresiones de la identidad de género de
las personas trans" , y se desatendió el deber de
justificación de las medidas restrictivas, pues las limitaciones impuestas se
fundaron solamente en una identificación entre la identidad de género y la
identidad legal, (viii) las pocas actuaciones dirigidas a
garantizar el trato exigido por el actor[99], evidencian que
para la entidad accionada el asunto se circunscribió al cumplimiento de una
sola decisión judicial, pero no se advierte una preocupación institucional por
superar la percepción sobre el significado de la identidad de género. Además,
no se cumplió con la orden según la cual debían llevarse a cabo cursos de
formación sobre el respeto de los derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, la sentencia
resolvió: (i) confirmar los numerales primero y segundo
de la sentencia emitida por el Juez Décimo Civil del Circuito de Barranquilla y
prevenir a la accionada, para que, en adelante, se abstenga de interferir con
el desarrollo y expresión legítima de la identidad de género de Erika Comas
Gómez. En cuanto a la orden dirigida a brindarle tratamiento psicológico al
actor, la misma se modifica, para que se provea el acompañamiento psicológico
sólo si el accionante así lo solicita, (ii) ordenar que la
accionada diseñe un plan que concrete el enfoque diferencial de la Guía
Metodológica con la que actualmente cuentan, y adapte el servicio de educación
que ofrece al respeto y la promoción que merecen las manifestaciones del libre
desarrollo de la personalidad. El ajuste partirá del reconocimiento de la
orientación sexual y la identidad de género como expresiones de la libertad
individual y de la autodeterminación, respetando los procesos de afirmación de
la identidad de género de los estudiantes. Dentro de las medidas específicas,
el plan debe contemplar: (i) actuaciones administrativas que faciliten los procesos
de afirmación de la identidad de género, (ii) mecanismos de sensibilización
sobre el tema, (iii) rutas de atención efectivas para la protección de los
derechos de los estudiantes, (iv) implementación de sistemas de información
sobre el tema, (v) promoción de grupos de interés, foros, actividades
académicas que desarrollen temas de orientación sexual e identidad de género, (iii) exhortar al
Director del Servicio Nacional de Aprendizaje para que asegure el diseño e
implementación del plan descrito en el SENA.
FUNDAMENTO DE LA
ACLARACIÓN
Salvé el voto
porque la sentencia no justifica claramente las razones por las cuales la
entidad accionada se encuentra bajo la obligación de otorgarle a Erika Comas un
trato que no resulta acorde con su género, pues en su identificación y en los
registros de la Institución figura con el sexo masculino.
En este sentido, es completamente
desproporcionado que ni si siquiera se le hubiera exigido a Erika realizar el
trámite de cambio legal de sexo, el cual fue muy laxamente regulado por el
Ministerio de Justicia a través del decreto 1227 de 2015 que consagra un
procedimiento absolutamente sumario para ello:
"Artículo
2.2.6.12.4.7. Reglas de la corrección. Para efectos de la corrección del
componente sexo en el Registro Civil de Nacimiento, se observarán las
siguientes reglas:
La persona que
solicite la corrección del componente sexo en el Registro del Estado Civil
deberá presentar una petición ante notario. La solicitud deberá ir acompañada
de los documentos descritos en el artículo 2.2.6.12.4.5., de la presente
sección.
Una vez radicada
la petición con la documentación completa, el Notario deberá expedir la
Escritura Pública a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la presentación de la solicitud.
La corrección se
hará por escritura pública en la que se protocolizarán los documentos que la
fundamenten. Una vez autorizada la escritura, se procederá a la sustitución del
folio correspondiente. En el nuevo folio se consignarán los datos ya corregidos
y en los dos se colocarán notas de referencia recíproca, según lo dispuesto en
el artículo 91 del Decreto Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 4 del
Decreto Ley 999 de 1988.
La Registraduría
Nacional del Estado Civil realizará lo correspondiente a la corrección del
Registro Civil de Nacimiento, en el marco de su competencia. En desarrollo de
lo anterior, deberá prever la expedición de copia del Registro Civil sustituido
a la persona que haya realizado la corrección del componente sexo, en el que
estarán los datos del inscrito que fueron objeto de modificación.
Parágrafo. Si la
escritora pública se otorgare en una notaría u oficina diferente de aquella en
la cual reposa el registro civil objeto de la corrección, el notario respectivo
procederá a remitir copia de la escritura, a costa del interesado, con destino
al funcionario competente del registro civil, para que se haga la
correspondiente sustitución de folio. Lo anterior deberá realizarse a más
tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de la escritura
pública ".
Ante un procedimiento tan expedito e
informal, no resulta razonable que en vez de realizarlo una persona acuda
directamente a la acción de tutela para exigir a las directivas y al personal
docente de la accionada, otorgar el trato solicitado en la acción de tutela
bajo estudio.
Adicionalmente, no se evidencia que se
haya presentado en el asunto bajo análisis un trato discriminatorio en contra
de Erika por su identidad de género, pues ni siquiera en el escrito de tutela
hace referencia a ello y en el proyecto no se alude a situación alguna de esa
naturaleza.
Lo único que requiere la actora en el
caso sub judice es ser tratada como un hombre, aun cuando en su
documento de identidad su sexo es el femenino, lo cual pudo haber solventado de
manera muy sencilla a través del procedimiento contemplado en el Decreto 1227
de 2015.Así, al no haber existido un escenario de discriminación, no se
encuentran justificadas las órdenes que fueron emitidas en el proyecto.
En virtud de lo anterior, resultan
completamente desproporcionadas las órdenes dadas a la Directora del Servicio
Nacional de Aprendizaje -Regional Atlántico para que "diseñe un
plan que adapte el servicio de educación que provee, al respeto y la promoción
que merecen las manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad,
particularmente las expresiones de la identidad de género y la orientación
sexual", cuando ella nunca vulneró el derecho a la igualdad de
Erika.
Así mismo, también es completamente
desproporcionado impartir órdenes generales como el desarrollo de actuaciones
administrativas que faciliten los procesos de afirmación de la identidad de
género, la implementación de mecanismos de sensibilización sobre la protección
de los derechos de las personas trans y la promoción de
grupos de interés, foros y actividades académicas que desarrollen temas de
orientación sexual e identidad de género, cuando dentro del expediente no se
demostró que existiera un trato discriminatorio en contra de Erika dentro del
SENA.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1]
Erika Comas Gómez exigió que en el trato y en las referencias sobre él se
utilicen artículos y sustantivos masculinos, lo hizo tanto en la petición que
motivó la presente acción constitucional como en el escrito en el que solicitó
la protección de sus derechos fundamentales.(folios1, 9 cuaderno 1). De acuerdo
con esa petición, por respeto al principio de autonomía, libertad y dignidad
humana, la Sala se referirá al accionante de acuerdo con su identidad de
género.
[2]
Folio 1, cuaderno 1,
[3]
Folio 39, cuaderno 1.
[4]
Ibídem
[5]
Folio 55, cuaderno 1.
[6]
En la sentencia obrante en los folios 7-20 del cuaderno 2, obra como fecha de
la decisión el 23 de noviembre de 2014. Sin embargo, en atención al momento de
presentación de la acción de tutela -23 de septiembre de 2015- y las fechas en
las que se emitieron los actos de notificación de la decisión -27 de noviembre
de 2015, se advierte que el año referido -2014- corresponde a un error
mecanográfico. En consecuencia, la Sala tendrá como fecha de emisión de la
decisión el 23 de noviembre de 2015.
[7]
A. ¿El accionante Erika Comas Gómez aún se encuentra vinculado como
aprendiz/estudiante en alguno de los programas técnicos ofrecidos por el SENA?
En caso afirmativo, precise las circunstancias actuales de esa vinculación.//B.
¿Qué medidas ha implementado para la protección y el respeto de la identidad de
género del accionante Erika Comas Gómez? Refiera las acciones emprendidas para
el cumplimiento de la orden emitida el 23 de noviembre de 2015 por el Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla.//C. ¿Cuáles son las disposiciones
normativas  –reglamentos, resoluciones, estatutos- que regulan el código de
vestuario y presentación personal de los estudiantes del SENA? Remita copia de
los documentos correspondientes. //D. ¿Cuenta con programas para la
capacitación, orientación, protección y/o promoción de la orientación sexual
diversa e identidad de género de los miembros de la comunidad educativa?//E.
¿Cuál es la ruta de atención que estableció para los casos de discriminación
por orientación sexual e identidad de género?//F. Como quiera que en la
respuesta brindada al actor indicó que un trato conforme con su identidad de
género puede provocar “diversos tipos de responsabilidad para nuestros
servidores públicos y contratistas” (fl.39 cd.1), amplíe dicha
manifestación, precisando el tipo de responsabilidad al que se refiere y los
fundamentos normativos de dicha responsabilidad.
[8]A.
¿Existe una política pública de diversidad sexual dirigida a las instituciones
de educación superior que implemente mecanismos de prevención contra la
discriminación y promoción del respeto por la pluralidad sexual, tomando en
consideración la autonomía de estos entes?  //B. En caso de que la respuesta a
la pregunta anterior sea negativa, explique las razones por las que no se ha
formulado una política pública en la materia e indique: ¿qué tipo de medidas de
protección flexible de la orientación sexual e identidad de género de las
personas transexuales considera deben ser implementadas en los ámbitos de
educación superior del país? //C. ¿Cuáles son los protocolos o rutas de
denuncia que actualmente existen para casos de discriminación por orientación
sexual o identidad de género en el ámbito de la educación superior en Colombia?//D
.¿Cuáles son las normas legales y constitucionales que conforman el marco
regulatorio para la expedición e implementación de los estatutos estudiantiles
y normas de convivencia en las instituciones de educación superior en el país?//
E. ¿Cómo responde el Ministerio, ejerciendo sus funciones de inspección y
vigilancia,  ante la tensión que puede existir entre los estatutos, reglamentos
estudiantiles y manuales de convivencia de las instituciones de educación
superior y el reconocimiento y protección de la orientación sexual e identidad
de género de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa?//
F. ¿Ante sus dependencias se han presentado quejas por discriminación fundada
en la orientación sexual e identidad de género de miembros de comunidades de
educación superior? En caso afirmativo, refiera las acciones emprendidas y la
ruta de atención diseñada para estos casos.
[9]
Folio 58, cuaderno 3.
[10]
Folio 60, cuaderno 3.
[11]
Folio 235, cuaderno 3.
[12]
Ibidem
[13]
A. ¿Cuáles son las diferencias entre el nombre asignado legalmente al nacer y
el nombre identitario?//B. ¿Cómo el nombre condiciona socialmente a las personas?//C.
¿Los nombres corresponden a la clasificación binaria del sexo biológico? ¿el
nombre representa o atribuye características de sexo biológico que determinan
el trato en sociedad? //D. ¿Los nombres se identifican con la clasificación
binaria del sexo biológico hombre/mujer? ¿qué determina la inclusión en una u
otra de las mencionadas categorías? ¿pueden los nombres identificarse con otro
tipo de categorías? ¿cuáles?//E. ¿En casos de transgenerismo, qué sucede si una
persona mantiene el nombre asignado al nacer que se identifica con el sexo
biológico opuesto a su identidad de género? ¿esa circunstancia, mantener el
nombre asignado al nacer, influye en el trato social que recibe a pesar de las
manifestaciones de su identidad de género?
[14]
Folio 258, cuaderno 3.
[15]
J.L. Austin, H.P. Grice y Saúl Kripke.
[16]
Folio 260, cuaderno 3
[17]
Folio 264, cuaderno 1
[18]
Ibidem.
[19]
En el desarrollo del concepto, adujo que según su
definición más antigua “una vez que definimos género como ‘las
características comportamentales, culturales o psicológicas asociadas a un
sexo, cisgénero literalmente significa: estar del mismo lado de las
características comportamentales, culturales o psicológicas asociadas a un
sexo. En pocas palabras, esto significa que la identidad y la presentación de
alguien es compatible con su morfología física” Donna Lynn Matthews
–Definiciones-Mayo de 1999. (fl.266 cd.3)
[20]
Folio 286, cuaderno 3.
[21]
Ibídem
[22]
Folio 292, cuaderno 3.
[23]
Folio 1, cuaderno 1.
[24]
Folio 50, cuaderno 1.
[25]
Folio 20, cuaderno 1.
[26]
Folio 22, cuaderno 1.
[27]
Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[28]
Sentencia T-230 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[29]
Sentencia T-938 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[30]
Constitución Política. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.
[31]
Sentencia T-435 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[32]
Sentencia T-314 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[33]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[34]  Sentencia T-504 de 1994. M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[35]
Ibídem.
[36]
Sentencia SU-337 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[37]
En esta sentencia la Corte se refirió al menor como un “hermafrodita”. Vale
la pena aclarar que dicha definición ha sido revaluada por la doctrina médica y
el activismo social por considerar que la misma es imprecisa y tiene una carga
peyorativa alta. Actualmente el término adecuada para referirse a estos casos
es el de intersexualidad.
[38] Ibídem.
[39]
El precedente fijado por la sentencia anterior fue confirmado por la Corte en
numerosas ocasiones: Sentencia T-551 de 1999. Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero; Sentencia T-692/99. Magistrado Ponente: Carlos
Gaviria Díaz; Sentencia T-1025/2002 Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil y
Sentencia T-1021/03. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[40] Sentencia T-152 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[41] Ibídem.
[42]. Sentencia T-062 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43]
Sentencia T-918 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[44]
Sentencia T-977 de 2012. M.P. Alexei Julio Estrada.
[45]
Decreto 1260 de 1970. Artículo 94. El propio inscrito podrá disponer, por una
sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para
sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar
su identidad personal.
[46] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-450A/13. Magistrado
Ponente: Mauricio González Cuervo.
[47] Ibídem.
[48] Sentencia T-804 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[49] Sentencia T-476 de 2014. M.P. Alberto Rojas Rios.
[50]
Congreso de la República. Ley 48 de 1993. Artículo 36. Los colombianos hasta
los 50 años de edad, están obligados a definir su situación militar. No
obstante, las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares
la presentación de la libreta militar, correspondiéndoles a éstas la
verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la
autoridad militar competente únicamente para los siguientes efectos: a.
Celebrar contratos con cualquier entidad pública; b. Ingresar a la carrera
administrativa; y c. Tomar posesión de cargos públicos.
[51]
Sentencia T-099 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[53]
Sentencia T-565 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[54]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[55] Este Tratado fue adoptado por la Asamblea General de
la Naciones Unidas y aprobado por Colombia por medio de la Ley 74 de 1968.
[56] Este Tratado fue aprobado por Colombia mediante la
Ley 16 de 1972.
[57]Concretamente,
con respecto a la relación entre el derecho constitucional al reconocimiento de
la personalidad jurídica y los atributos de la personalidad, este Tribunal, en
sentencia C-109 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, afirmó:“8-La
doctrina moderna considera que el derecho a la personalidad jurídica no se
reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico
jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además,
la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e
independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la
esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho.
Son los llamados atributos de la personalidad. Por consiguiente, cuando la
Constitución consagra el derecho de toda persona natural a ser reconocida como
persona jurídica (CP art. 14) está implícitamente estableciendo que todo ser
humano tiene derecho a todos los atributos propios de la personalidad
jurídica(…)”.
[58] Existen varias sentencias proferidas por esta Corte,
mediante las cuales ha analizado los atributos de la personalidad jurídica,
así, por ejemplo: en la T-485 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz, se analizó
la relación entre el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a
ser inscrito en el registro civil de nacimiento. En la T-090 de 1995, M.P.
Carlos Gaviria Díaz, se trató la relación que existe entre el derecho
constitucional al reconocimiento de la personalidad jurídica y los atributos
jurídicos inherentes a la persona humana, entre los cuales se encuentra el
estado civil de las personas. En la sentencia C-109 de 1995, M.P.
Alejandro Martínez Caballero, se explicó que la filiación también es un
atributo indisoluble de la personalidad jurídica. En la sentencia T-594 de
1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, se estudió la relación entre el nombre y
la personalidad jurídica.
[59]
M.P. Alexei Julio Estrada
[60]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[61] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[62] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[64]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[65]
M.P. Alexei Julio Estrada.
[66]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[67] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[68] Sentencia T-594 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[69]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[70]
“El derecho de las personas a
definir de manera autónoma su propia identidad sexual y de género se identifica
con el derecho a que tales definiciones se correspondan con los datos de
identificación consignados en el registro civil” Sentencia T-063 de 2015 M.P. María
Victoria Calle Correa.
[71]Sentencia
T-002 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, Sentencia T-534 de 1997, M.P.
Jorge Arango Mejía, Sentencia T-672 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.,
Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[72]
Sentencia T-202 de 2000. M.P.: Fabio Morón Díaz.
[73]
M.P. Alejandro Linares Cantillo
[74]
Sentencia T-020 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y sentencia T-141 de
2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[75]
Folio 1, cuaderno 1.
[76]
Folios 7-20, cuaderno 1
[77]
Sustituido por la Ley 1755 de 2015 en el Título II, Derecho de
Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas
Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y
Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas,
artículos 13 a 33, de la Parte Primera.
[78]
Folio 56, cuaderno 1
[79]
Folio 37, cuaderno 1
[80]
Folio 39, cuaderno 1
[81]
“Con el objeto de prever el fraude académico y seguridad de
la información se han efectuado controles y se exige como requisito la debida
identificación del aspirante con su documentación original y vigente como
cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, contraseña, cédula de extranjería” Folio 64, cuaderno 3.
[82]
Folio 21, cuaderno 1.
[83]
Folio 55, cuaderno 1
[84]
Ver concepto del Grupo de Grupo de Lógica, Epistemología y
Filosofía de la Ciencia de las Universidades de los Andes y del Rosario.
[85]
Artículo 2º, Ley 119 de 1994.
[86]
Folios 294-316, Cuaderno 3
[87]
Sentencia T-141 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa
[88]
Folio 84, cuaderno 1
[89]
Artículo 2º de la Carta Política
[90]
Artículo 5º de la Carta Política
[91]
Folio 129, cuaderno 3
[92]
Folios 132-134, cuaderno 3
[93]
Folio 107-108, cuaderno 3
[94]
Folio 28-29 cuaderno 3, cuestionario dirigido al actor en el que se formuló,
entre otros, la siguiente pregunta: ¿considera que, como consecuencia de la
orden emitida el 23 de noviembre de 2015 por el Juzgado Décimo Civil del
Circuito de Barranquilla, la entidad accionada tomó medidas pertinentes y
suficientes para la garantía y respeto de su identidad de género en el ámbito
educativo?
[95]
La Universidad Nacional Abierta y  a Distancia, la Organización
Colombia Diversa, El Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de
Antioquia.
[96]
M.P. María Victoria Calle Correa
[97]
Folio 58, cuaderno 1.
'Debió proporcionar respuesta el 14 de
septiembre de 2015 y solamente lo hizo hasta el 28 de septiembre del mismo año.
[99]Se trató de una
sola comunicación permitiéndole al actor utilizar el uniforme del personal
masculino y de una reunión con algunos de los miembros del cuerpo docente en la
que se analizaron las "recomendaciones" emitidas por el ad-quem.