T-279-18
Sentencia T-279/18
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y
NIÑAS-Caso en que Secretaría de Educación negó designar un funcionario
administrativo para prestar el servicio de aseo en institución educativa
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-Cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los
derechos de los niños
LEGITIMACION EN LA
CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-Persona natural actuando en calidad de rector de
institución educativa y a favor de los niños y niñas que estudian en ella
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Autoridades públicas
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE
TUTELA-Inaplicación cuando violación de derechos persiste en el
tiempo
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA
ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro
medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y
NIÑAS-Procedencia de la acción de tutela para su protección
En el asunto bajo estudio, la acción de tutela se erige como
el único mecanismo idóneo para extender una protección oportuna y definitiva a
las afectaciones o amenazas al derecho a la educación de los menores de edad.
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS-Derecho a
acceder a una educación de calidad que garantice la prestación del servicio en
condiciones dignas
DERECHOS DE LOS NIÑOS-Carácter prevalente/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Prevalencia de los
derechos de los niños
DERECHOS DE LOS NIÑOS E INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Instrumentos internacionales
MENORES DE EDAD-Protección constitucional reforzada
EDUCACION-Derecho
y servicio público con función social
DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad
Las obligaciones estatales en relación con el derecho a la
educación, conforme fueron descritas en dicho instrumento, son: (i) asegurar el
funcionamiento efectivo de instituciones educativas y programas en cantidad
suficiente para atender la demanda educativa –disponibilidad-; (ii) ofrecer en los centros de educación condiciones para
que toda la población acceda a los servicios sin ninguna discriminación, y
asegurar que en independencia de los recursos económicos y la ubicación
geográfica todos los menores de edad lo logren –accesibilidad-; (iii) garantizar que, de forma y de fondo, la enseñanza,
los programas y los métodos pedagógicos sean de calidad y resulten pertinentes
y adecuados de conformidad con la comunidad y la cultura a la que se dirigen –aceptabilidad-; y por último (iv) velar porque el sistema educativo se
ajuste a las necesidades de los educandos y de su entorno para efecto de
asegurar la permanencia de aquellos en los programas de educación -adaptabilidad-.
ACCESIBILIDAD COMO
COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE
EDUCACION-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y
NIÑAS-Falta de aseo en institución
educativa puede generar situaciones que amenacen o vulneren el derecho a
recibir educación en condiciones dignas
La falta de aseo prolongada en una institución
educativa puede generar ambientes escolares insalubres y grave deterioro de la
infraestructura, situaciones que pueden amenazar o vulnerar el derecho a la
educación de sujetos de especial protección constitucional, como los niños y
niñas. Lo anterior por cuanto un entorno hostil e insalubre desincentiva
el aprendizaje de los menores de edad; pone en riesgo la salud y la vida de la
comunidad educativa; limita el libre desarrollo de la personalidad; y corre el
riesgo de promover en el estudiantado una cultura que no se compadece con el
cuidado que merecen el medio ambiente y los bienes públicos, lo cual va en
contravía del inciso segundo del artículo 67 Superior. Los niños y niñas
aprenden del ejemplo, de aquello que ven y experimentan al interactuar con su
entorno, razón por la cual los ambientes escolares son sin duda, un referente
de comportamiento para ellos.
PLANEACION
PRESUPUESTAL Y COORDINACION DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN MATERIA
EDUCATIVA-Deberes constitucionales y legales
DESCENTRALIZACION TERRITORIAL DEL
SERVICIO EDUCATIVO-Alcance
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y
NIÑAS-Orden a Secretaría de Educación proveer provisionalmente a institución
educativa de un auxiliar de servicios generales que desarrolle las labores de
aseo
Referencia:
Expediente T-6.652.796
Acción
de tutela instaurada por el rector de la Institución Educativa Llano Grande del
municipio de Nuevo Colón de Boyacá contra la Gobernación de Boyacá y la
Secretaría de Educación de Boyacá.
Procedencia:
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
Asunto:
El derecho a acceder al servicio educativo en condiciones de dignidad.
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., diecisiete
(17) de julio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y
las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo de segunda instancia proferido el 28 de noviembre de 2017 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que confirmó la
decisión que profirió, en primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Tunja el 31 de octubre de 2017, mediante la cual se denegó el
amparo.
El asunto llegó a esta
Corporación por la remisión que hizo la segunda instancia constitucional, en
virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y en
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección N° 3, mediante
auto del 23 de marzo de 2018, escogió el asunto para su revisión.
I. ANTECEDENTES
El 17 de octubre de 2017, Víctor
Orlando González Villamil, rector de la Institución Educativa Llano Grande de
Nuevo Colón, promovió acción de tutela contra la Gobernación de Boyacá y la
Secretaría de Educación del mismo Departamento por considerar vulnerados los derechos
a la educación y a la vida en condiciones de dignidad, a la salud, la
integridad, y a un ambiente sano de toda la comunidad educativa, especialmente
de los niños y niñas que estudian en la institución que dirige. Lo anterior, en
tanto esas entidades se han negado a designar a un funcionario administrativo para
que preste el servicio de aseo en el plantel. La Secretaría de Educación de
Boyacá argumenta que no está obligada a efectuar dicha designación debido a que
la Resolución 2314 del 2014, que establece la distribución de cargos administrativos
según la asignación de recursos financieros por alumno, la autoriza a nombrar
solo dos funcionarios administrativos en las instituciones con menos de 300
estudiantes, como la I.E. Llano Grande.
A.
Hechos
y pretensiones
1.  El rector de la
Institución Educativa Llano Grande del municipio de Nuevo Colón de Boyacá – en
adelante I.E. Llano Grande – adujo que, desde el comienzo del año 2012, cuando
inició labores en el cargo, advirtió la ausencia de un auxiliar de servicios
generales que atendiera las necesidades de los estudiantes, de la planta
docente y del personal administrativo.
2.  Señaló que la
falta de este servicio administrativo en el plantel ha puesto en riesgo la salubridad
de la institución educativa, y ha vulnerado los derechos a la educación, la
vida digna, la salud, la integridad personal y el derecho a un ambiente sano de
toda la comunidad educativa.
3.  Debido a la
necesidad de dicho servicio para el desarrollo de la labor educativa en
condiciones de dignidad, indicó que desde esa fecha ha enviado múltiples peticiones
a la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá (SEB en adelante) solicitándole
la designación de una persona para que realice las labores de aseo.
4.  Manifestó que
las respuestas de la SEB han evadido responder de fondo o han negado
expresamente su solicitud.
Así, por
ejemplo, en respuesta de febrero de 2012, la SEB indicó que “no se
puede dar solución de fondo a la petición debido a que el número real de
alumnos matriculados para el año escolar 2012 solo se consolida hasta el mes de
abril, fecha en la cual se determinan los cargos excedentes para proceder a la
respectiva reubicación o nombramiento provisional si hay lugar a ello”[1].
5.  Con el fin de
regular la financiación del servicio educativo y organizar la planta de personal
a nivel territorial, la SEB profirió la Resolución No. 2314 del 24 de abril
de 2014 con fundamento en la Ley 715 de 2001, en cuyo artículo 3° se indicó
que a las Instituciones Educativas de “hasta 300 Alumnos” les serían asignados
2 funcionarios administrativos.
6.  Posteriormente,
expidió la Circular informativa No. 111 del 30 de octubre de 2014 en la
cual fijó criterios para la asignación de funcionarios de carácter
administrativo y orientaciones sobre la aplicación de la Resolución No. 2314
del 24 de abril de 2014. Esta circular dispuso que el Consejo Directivo de las
Instituciones Educativas debían reunirse para revisar el contenido de la
Resolución 2314 y contrastar su contenido con las necesidades institucionales reales
del plantel.
Además, señaló
que “de esta actividad saldrá la propuesta relacionada con la definición de
la Planta de Personal Administrativa Institucional (cargos requeridos), casos
especiales adicionales y/o excedentes”, la cual deberá ser presentada a la
Secretaría de Educación, so pena de que esta última proceda a definir la Planta
de Personal requerida en cada plantel.
7.  El 12 de
noviembre de 2014 el Consejo Directivo de la I.E. Llano Grande suscribió el
Acta N° 11 en la cual, luego de evaluar la resolución como lo dispuso la circular,
tomó la decisión de solicitarle al Comité Directivo de la SEB la provisión de
tres cargos (1 Auxiliar Administrativo; 1 Auxiliar de Servicios Generales y 1 celador).
Lo anterior por considerar que
(i) la designación de una persona en el cargo de servicios generales es necesaria
y urgente para que la institución educativa pueda prestar el servicio educativo
en condiciones de dignidad e, igualmente, (ii) es indispensable la designación
de un celador para salvaguardar los bienes y el patrimonio de la institución
los cuales son propiedad del Estado colombiano y se encuentran en cabeza de la
SEB.
8.  En julio de
2015, la institución educativa solicitó un concepto jurídico a la Oficina
Jurídica de la SEB, para que informara sobre la posibilidad de contratar el
servicio de aseo de forma independiente o de asignar turnos de aseo a los
estudiantes en las distintas dependencias del plantel.
En respuesta de agosto
de 2015, la SEB (i) recomendó al rector que no se recurriera a la colaboración
de un particular para evitar responsabilidades de tipo laboral del Departamento.
Además, (ii) manifestó que “la Corte Constitucional (…) ha dicho al igual
que el Ministerio de Educación Nacional, que los estudiantes no pueden realizar
labores de aseo mucho menos si ellas interfieren con las jornadas educativas,
toda vez que la descentralización del servicio educativo en las entidades
territoriales debe garantizar la prestación efectiva del mismo. Por lo
anterior, esta dependencia remite copia de la solicitud del concepto y de este
oficio, a fin de que la oficina de personal realice el trámite respectivo”[2].
Lo anterior en
razón a que, previamente, la Asociación de Padres de Familia colaboraba con el
suministro del servicio de aseo mediante el pago que se hacía a alguna de las madres
para que desempeñara dicha labor. Sin embargo, desde que ésta dejó de prestar
su apoyo, los estudiantes se encuentran en una situación de riesgo por la falta
de higiene y salubridad en la sede central de la institución.
9.       En octubre
de 2015, el rector de la I.E. solicitó de nuevo la designación de dicho
funcionario de acuerdo a los lineamientos de la nueva Circular N° 111 de 2014.
En esta petición, se advirtió a la SEB que dado que los padres de familia no podrán
continuar colaborando con el aseo “el servicio educativo seguramente se verá
afectado, [e] inclusive puede conllevar a la suspensión de las actividades
escolares”[3].
10.  En noviembre
de 2015, la SEB respondió a otra petición e indicó que, luego de realizar
un estudio técnico y de acuerdo con el número de estudiantes matriculados y
reportados en la presente vigencia en la I.E. Llano Grande, a esta institución le
corresponde la asignación de dos funcionarios administrativos los cuales ya se
encontraban nombrados[4].
Con relación a
la solicitud del rector para que se tuviera en cuenta a la persona que
actualmente se desempeña como celador en el cargo de servicios generales
solicitado, indicó que “a quien le asiste la competencia de realizar un
estudio de acuerdo a la prioridad de la I.E. es al señor rector y justificarlo
ante la administración de esta Secretaría, donde manifieste que no se requiere
del cargo de celador y a cambio se nombre un funcionario como auxiliar de
servicios generales. Por lo anterior, no es posible acceder a cambio de funciones
o nombramiento de una auxiliar de servicios generales”[5].
11.  El rector
sostuvo que, de llegar a trasladarse al celador con el fin de acceder a su
solicitud, los bienes y equipos que se encuentran en la I.E. y son propiedad de
la misma SEB quedarían desprotegidos, razón por la cual no podría hacerse
responsable de su seguridad[6].
12.  En julio de
2017, el rector solicita a la SED la designación de un auxiliar de
servicios generales con base en la resolución del 2014 y en el estudio que
realizó el Consejo Directivo de la I.E., el cual fue radicado ante Sistema de
Atención al Ciudadano (SAC).
13.  En este mismo
mes, la SEB respondió al rector que debía basar sus actuaciones en la normativa
vigente y, en particular, en la Resolución 2314 del 24 de abril de 2014, la
cual en su artículo noveno estipula:
“[M]omento para el ajuste de las plantas
de personal administrativo: Los ajustes que a nivel institucional surjan como
consecuencia del presente acto administrativo (necesidades o excedentes) se
adelantarán en un futuro inmediato y hasta cuando las circunstancias legales permitan
llegar al equilibrio propuesto y exigido legalmente”[7].
De este modo, le
advirtió que en el marco del proceso de reorganización que genera la Resolución
2314 de abril de 2014, “una vez las condiciones institucionales y legales
que permitan efectuar los ajustes de planta en todos los planteles, fruto de
los excedentes de cargos existentes en otras instituciones, se procederá a
reubicar al funcionario o el cargo requerido por usted”[8].
14.  En escrito del 9
de agosto de 2017, la Jefe de la Oficina Jurídica de la SEB dio
respuesta a una solicitud de concepto jurídico elevada por el rector de la I.E.
Llano Grande. Indicó que, de conformidad con el Decreto 1286 de abril 27 de
2005 del Ministerio de Educación Nacional, “[e]l patrimonio de la asociación
de padres de familia y su gestión deben estar claramente separados de los del
establecimiento educativo” (artículo 11) y, además, que dichas asociaciones
tienen prohibido “[a]sumir las competencias y funciones propias de las
autoridades y demás organismos colectivos del establecimiento educativo”
(artículo 12).
Así mismo, reiteró a la I.E. Llano
Grande abstenerse de contratar por medio de la Asociación de Padres de Familia
a una madre de familia para que cumpla labores de aseo “toda vez que a
futuro se pueden presentar demandas y reclamaciones”[9]
que acarrearían la vinculación y responsabilidad de la institución educativa.
15.       El 10
de octubre de 2017, la SEB también reiteró otra de sus respuestas e indicó
que (i) basados en el artículo 3° de la Resolución No. 2314 de 2014 en el cual
se establece la distribución de cargos administrativos según la asignación de
recursos financieros por alumno y (ii) teniendo en cuenta que para la fecha hay
256 alumnos matriculados en la I.E. “Llano Grande” de Nuevo Colón, “le
corresponde dos funcionarios administrativos, funcionarios que ya se encuentran
en dicha institución. Por lo anterior sería necesario que usted le indicara a
esta Secretaría si no existe la necesidad de los servicios que presta el celador
y en su lugar requiere el auxiliar de Servicios Generales que menciona”[10].
16.       Por
todo lo expuesto, el accionante considera que se vulnera el derecho a la
educación y la vida en condiciones de dignidad, a la salud, la integridad, a un
ambiente sano de los estudiantes, y el personal docente, directivo docente y
administrativo de la institución. En consecuencia, solicita que (i) se ordene
una inspección judicial con presencia de los organismos de control, la Alcaldía
de Nuevo Colón, entre otras autoridades públicas; (ii) se ordene al
departamento de Boyacá que designe o traslade de manera inmediata a un
funcionario público en el cargo de servicios generales; y (iii) se conmine a las
autoridades departamentales a que no vuelvan a incurrir en esas prácticas
evasivas, ni a ignorar las peticiones que se dirijan a proteger los derechos
fundamentales de los niños y niñas de los establecimientos educativos del
departamento de Boyacá[11].
B.
Actuación
de instancia y contestación de la acción de tutela
Repartida la acción de tutela, el Juzgado 3°
Laboral del Circuito de Tunja, mediante auto del 18 de octubre de 2017[12],
admitió el trámite y decidió (i) tener como pruebas las aportadas al escrito de
tutela y (ii) solicitar a las demandadas que informaran al juzgado sobre todos
los antecedentes que originaron la acción de tutela y, en especial, sobre lo
relacionado con el nombramiento de un auxiliar de servicios generales para la
I.E. Llano Grande de Nuevo Colón, Boyacá.
La Gobernación de Boyacá guardó silencio dentro
del término conferido por la autoridad judicial para ejercer su derecho de
defensa.
Respuesta de la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá -SEB[13]
En escrito del 23 de octubre de
2017, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación, por
intermedio de apoderada judicial, dio contestación a la acción de tutela de la
referencia y señaló que las respuestas dadas por la entidad a las peticiones de
la I.E. Llano Grande se han fundamentado en lo establecido en los artículos 15
y 16 de la Ley 715 de 2001, la cual regula la distribución de recursos
para el sector educativo. Agregó que esta norma establece que la asignación
anual de recursos financieros a un plantel debe determinarse de acuerdo a la
asignación por alumno, la cual se fija a su vez según el número de alumnos
matriculados en una institución.
Adujo que, con fundamento en ésta
ley, la Secretaría de Educación de Boyacá profirió la Resolución 2314 del 24
de abril de 2014, por medio de la cual se determinan criterios para la
asignación de funcionarios de carácter administrativo en cada institución, y
conforme a la cual a la Institución Educativa “Llano Grande” de 256 alumnos le
corresponde 2 funcionarios administrativos; los cuales ya están asignados a la
institución.
Por último, indicó que ha respondido
a las peticiones del rector del plantel y le ha solicitado que informe si no
necesita los servicios del ‘celador’ asignado en uno de dichos cargos
administrativos, a fin de proceder a la terminación de su nombramiento por
falta de necesidad del servicio, y abrir paso a la posibilidad de nombrar al
auxiliar de servicios generales que requiere la institución. Por todo lo
anterior, señaló que no ha vulnerado el derecho de petición del accionante ni
el derecho a la educación de los estudiantes.
C.
Decisiones
objeto de revisión
Sentencia de
primera instancia[14]
Mediante sentencia del 31 de
octubre de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja denegó el
amparo al considerar que, de acuerdo a la Ley 715 de 2001, efectivamente le
corresponde a las Secretarías de Educación y a los Departamentos determinar las
plantas de personal de los municipios no certificados, según el número de
alumnos matriculados. Además, consideró que el actor debió agotar otros medios
de defensa judicial y demandar los actos administrativos que ordenaron la
conformación de la planta de personal de la Institución Educativa Llano Grande,
según las directrices del Ministerio de Educación.
Impugnación[15]
Mediante escrito del 8 de
noviembre de 2017, el rector de la I.E. impugnó el fallo del juez de primera
instancia, el cual fundamentó en que la falta del auxiliar de servicios
generales ha generado condiciones de insalubridad que se han convertido en una
situación de riesgo para la salud y la vida de la comunidad educativa,
especialmente de los menores de edad que son todos los estudiantes. Adujo que
el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), como indicador que maneja el
Ministerio de Educación para medir la calidad educativa, se apoya en cuatro
pilares fundamentales siendo uno de ellos el ‘ambiente escolar’, base
fundamental del derecho a un ambiente sano en los planteles educativos del
país. Agregó que el a quo desestimó las pruebas solicitadas por la parte
demandante y por eso requirió para que en segunda instancia las mismas fueran
decretadas.
Sentencia de segunda
instancia[16]
Mediante sentencia del 28 de
noviembre de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja decidió sobre la impugnación interpuesta y confirmó la sentencia de
primera instancia. El ad quem reconoció como justificada la
inconformidad del rector de la I.E. al considerar que, efectivamente, no se ha
implementado en estricto orden la Resolución No. 2314 del 24 de abril de 2014.
No obstante, consideró que existían otros medios de defensa judicial que
debieron ser usados por el accionante para que la Gobernación diera cumplimiento
a la misma, como la acción de cumplimiento, la cual, según la sentencia C-1194
de 2001, tiene como finalidad lograr la efectividad de las normas jurídicas.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante auto del 21 de mayo de 2018
esta Sala de Revisión ofició a las
demandadas en este proceso para que aportaran copia de las peticiones radicadas
por la I.E. Llano Grande ante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), y de
algunos actos administrativos expedidos por dichas entidades los cuales
constituyen material probatorio relevante para el caso que se analiza.
Así mismo, se ofició a la I.E. Llano Grande
del municipio de Nuevo Colón para que enviara un informe, con soporte
fotográfico y de video, sobre la problemática de falta de aseo e insalubridad
que atraviesa el plantel debido a la falta del auxiliar de servicios generales,
y sobre la forma en que ésta ha impactado a la comunidad educativa y a la
planta física.
Respuesta
de la Secretaría de Educación de Boyacá[17]
En respuesta del 5 de
junio de 2018, la entidad envió (i) copia de la Resolución No. 2414 de 2014
expedida por la SEB, la cual definió criterios técnicos para determinar el
número de docentes y funcionarios administrativos que le corresponden a cada
institución educativa, según el número de alumnos; (ii) copia de la Circular
111 de 2014 de la entidad, mediante la cual fijó orientaciones sobre la
aplicación de la resolución anterior, en particular, en lo relacionado con la
asignación de funcionarios administrativos[18]; y (iii) copia de algunos de los requerimientos
radicados por la I.E. Llano Grande ante el Sistema de Atención al Ciudadano
(SAC) de la entidad, así como de su respectiva contestación, los cuales son
relacionadas en el anexo de esta sentencia.
Respuesta
de la I.E. Llano Grande de Nuevo Colón (Boyacá)[19]
En respuesta del 25
de mayo de 2018, la institución educativa solicitó a esta Sala que se ordenara
una inspección por parte de los organismos de control con el fin de que
rindieran informe sobre el riesgo de salubridad que presenta la planta física y
la grave situación de higiene de los baños de los estudiantes.
Así mismo, solicitó
que la respuesta de la SEB del 20 de noviembre de 2017 no fuera tenida como
prueba debido a que, si bien la misma tiene esa fecha, fue entregada al
auxiliar administrativo de la institución solo hasta el 30 de mayo de 2018.
Además, informa que no es posible que la respuesta sea del 2017, dado que la
petición del rector es del 1° de marzo de 2018.
También aportó documentación
relativa a las solicitudes registradas ante la SEB y las respuestas obtenidas,
las cuales son relacionadas en el anexo de esta sentencia; y un informe escrito
sobre la insalubridad que se vive en el plantel y la forma en que esto ha
afectado los derechos fundamentales de la comunidad educativa y la planta
física de la institución; a este informe adjuntó veintitrés fotografías y
cuatro videos en medio magnético.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
1.  Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de
Revisión, los fallos proferidos dentro de las acciones de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de
revisión y planteamiento del problema jurídico
2.  El rector de la
I.E. Llano Grande interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de
Educación y la Gobernación de Boyacá por considerar que las mismas vulneraron
los derechos a la educación, la vida digna, la salud, la integridad personal y
el derecho a un ambiente sano de toda la comunidad educativa, al negarse a
designar un funcionario administrativo que prestara el servicio de aseo en el
plantel, pese a que en la actualidad sus instalaciones atraviesan una crisis de
salubridad e higiene.
3.  Por
esta razón, una vez verificada la procedencia de la presente acción de tutela,
la Sala deberá resolver el problema jurídico del presente caso, el cual consiste
en determinar si ¿La Gobernación del Departamento de Boyacá y la Secretaría de
Educación de Boyacá vulneraron el derecho a la educación de los niños y niñas
de la Institución Educativa Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, al no
adoptar medidas efectivas para asegurar la prestación de los servicios
administrativos de aseo en sus instalaciones?
4.       Para resolver el problema jurídico planteado resulta necesario
para esta Corporación abordar los siguientes temas: (i) El análisis de
procedencia de la acción de tutela; (ii) El derecho de los niños y niñas a
acceder a una educación de calidad que garantice la prestación del servicio en
condiciones dignas; (iii) Los deberes constitucionales y legales de planeación
presupuestal y coordinación de las entidades territoriales en materia
educativa, y finalmente el (vi) Análisis del caso concreto.
Análisis
de procedencia
Legitimación
por activa
5.  El
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 y la jurisprudencia de esta Corporación han reiterado que todas las
personas cuyos derechos fundamentales han sido amenazados o vulnerados por la
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular están habilitadas
para solicitar el amparo constitucional.
De este modo, conforme
al desarrollo jurisprudencial que ha hecho esta Corte de esta disposición, estas
personas podrán acudir a la acción de tutela para la garantía de sus derechos:
(i) en forma directa, (ii) por medio de un representante legal (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos y los interdictos), (iii) a través de
un apoderado judicial, (iv) por intermedio de un agente oficioso y (v) por
cualquier persona cuando se trate de niños y niñas cuyos derechos fundamentales
se encuentren en peligro (artículo 44 de la C.P.)[20].
El alcance de esta
última hipótesis, es decir, de la capacidad procesal de cualquier persona para
intervenir en representación de los menores de edad cuyos derechos amenacen con
ser vulnerados o se hayan vulnerado, ha sido fijada por este Tribunal en
reiteradas sentencias con el propósito de asegurar el ejercicio pleno de los
derechos fundamentales y la prevalencia del interés superior del menor de edad[21].
Sobre la misma,
es preciso señalar, en primer lugar, que tiene sustento constitucional en el inciso 2º del artículo 44 de la Carta Política, el cual establece
que “[l]a familia, la sociedad y el Estado
tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y
la sanción de los infractores” (Subrayas fuera del original).
En desarrollo de
esta disposición, la Corte ha indicado que, aunque la informalidad que
caracteriza a la acción de tutela no se opone a que su ejercicio esté sometido
a requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimación
por activa, ésta también permite consideraciones especiales[22], como que
cualquier persona se encuentre legitimada “para interponer acción de tutela
en nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste
la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño”[23].
Esta
flexibilización de la formalidad en casos que involucren menores de edad
también está consagrada expresamente en el inciso 1° del artículo 11 del Código
de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, conforme al cual “salvo
las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones
judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad,
cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”.
En
interpretación de esta regla jurisprudencial, la Corte también se ha pronunciado
sobre los presupuestos que deben acreditarse para que se configure la agencia
oficiosa. La Sentencia T-197 de 2011 estipuló que cuando se trate de los
derechos fundamentales de los menores de edad, un individuo puede presentar la
solicitud de tutela sin hacer un estudio exhaustivo “de la correcta
utilización de la agencia oficiosa cuando no es propiamente el representante
legal quien actúa en su nombre, puesto que, la finalidad de esta figura
jurídica consiste en salvaguardar, ante todo, los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección”[24].
6.  Pese a todo lo
anterior, la jurisprudencia constitucional también ha sido clara en señalar
que, de manera general y preferente, la representación legal de los niños y
niñas corresponde a sus padres o a quien ejerza la patria potestad, debido a
que son estas personas las llamadas a ejercer las acciones legales pertinentes,
entre ellas la acción de tutela, cuando resulte necesario proteger sus derechos
fundamentales[25].
Por eso, con el fin de evitar intervenciones ilegítimas o inconsultas derivadas
de esta regla, ha fijado una subregla según la cual cualquier persona está
legitimada para interponer acción de tutela en nombre de los niños o niñas, siempre
y cuando en el escrito o petición conste la inminencia de la violación de sus
derechos fundamentales, o la ausencia de representante legal. Este
requisito fue fijado por la Sentencia T-498 de 1994 en los siguientes
términos:
“La ausencia de los
representantes legales del menor, o la inminencia del daño a sus derechos
fundamentales, son circunstancias, entre otras, cuya
mención en el escrito de tutela bastaría para habilitar el agenciamiento de sus
derechos”.
Con
la misma argumentación, la Sentencia T-736 de 2017[26]
partió de la verificación concurrente de las dos circunstancias mencionadas y declaró
la improcedencia de una acción de tutela interpuesta por dos practicantes de
consultorio jurídico a favor de los niños y niñas que estudiaban en la
Institución Educativa Normal Superior Manuel Cañizales de Quibdó, luego de
encontrar que (i) no se acreditó la ausencia de los representantes que
facultara a las demandantes a ejercer la acción de tutela en nombre de los
menores de edad; (ii) ni tampoco se demostró la inminencia del daño a los
derechos fundamentales de los niños y niñas.
En
esta sentencia se señaló que esa facultad que tienen quienes representan a los
menores de edad y/o ejercen la patria potestad está compuesta, en lo que
respecta a la agencia oficiosa, de dos elementos definidos: “En primer
lugar, los padres y guardadores deben actuar, respecto de los derechos de
acción de los niños y niñas, basados en el principio de beneficencia y bajo el
cumplimiento del mandato de primacía del interés superior del menor. Por ende,
resulta obligatorio que quienes ejercen la patria potestad adelanten, en nombre
del niño, las acciones judiciales y administrativas que resulten necesarias y
pertinentes para la protección de las garantías constitucionales. En segundo
lugar, el ejercicio de la patria potestad también confiere un margen de
apreciación a padres y guardadores, en lo que respecta a la decisión sobre
cuándo es necesario hacer uso de los mecanismos judiciales y administrativo en
nombre del menor”.
En
suma, en casos en los cuales la tutela ha sido interpuesta por una persona
distinta al representante legal en favor de niños y niñas cuyos derechos fundamentales
se encuentren en peligro, se observa que, en algunos casos, este Tribunal ha declarado
procedente el amparo cuando concurran las dos circunstancias expresadas
anteriormente (Sentencia T-736 de 2017), y en otras, ha exigido la satisfacción
de tan solo uno de los supuestos (Sentencia T-498 de 1994), como por ejemplo,
la inminencia del daño a los derechos fundamentales de los menores de edad.
7.  Sin perjuicio de
lo anterior, lo cierto es que en todos los casos la Corte ha sido consistente
en señalar que la labor de escrutinio judicial, en especial cuando se trata de
casos en los que exista duda acerca de la procedencia o no de la agencia
oficiosa, “deb[e] siempre resolverse de manera que se otorgue eficacia al
mandato de prevalencia del interés superior del menor, sin que el
reconocimiento de los efectos de la patria potestad pueda operar como barrera
para el cumplimiento de est[e] principio constitucional”[27].
Sobre el particular, la Corte ha aclarado que:
“(…) la legitimación prevalente
de los representantes legales para presentar la tutela en favor de menores de
edad, no impide que otras personas, excepcionalmente, agencien sus derechos. En
efecto, en casos límite en los cuales los derechos fundamentales invocados y
la gravedad de los hechos demuestren que el niño está en riesgo de sufrir un
perjuicio, es posible que otra persona, distinta de los representantes legales,
actúe en calidad de agente oficioso”.
Un
ejemplo de estas circunstancias de emergencia es la afectación de la vida, la
salud o la integridad física del menor de edad. En estos casos la agencia
oficiosa procede incluso ante la negativa del padre o guardador[28].
8.  Por último, en
el presente caso es preciso señalar que las actuaciones que adelanten los
rectores de instituciones educativas públicas en defensa del derecho
fundamental de los niños y niñas a la educación encuentran sustento en las
funciones que la misma Ley les ha asignado a éstos. De este modo, además de las
señaladas en otras normas, los rectores tienen la función de “[r]esponder
por la calidad de la prestación del servicio en su institución” (artículo
10.14 de la Ley 715 de 2001) y “promover el proceso continuo de mejoramiento
de la calidad de la educación” en el establecimiento que representan
(artículo 25 del Decreto 1860 de 1994). Por esta razón, el rector tiene como
misión legal velar por la calidad de la educación y, en esa medida, defender
los derechos de los alumnos cuando la causa de la afectación se deba a la falta
de calidad educativa[29].
9.  Por
lo anterior, se observa que el señor Víctor Orlando González Villamil se
encontraba facultado para interponer la acción de tutela en calidad de rector
de la I.E. Llano Grande de Nuevo Colón y a favor de los niños y niñas que
estudian en la institución debido a que sus derechos a la salud, a la vida, a
la integridad personal y, especialmente, a recibir un servicio educativo de calidad
y en condiciones de dignidad, se encuentran gravemente amenazados por las
condiciones de salubridad que ha generado la falta de un funcionario
administrativo que realice las labores de aseo. Además, la Corte encuentra que las
circunstancias en mención también tienen la particularidad de amenazar los
derechos fundamentales del mismo actor, en tanto trabajador de la institución educativa
y, por ende, también afectado por la insalubridad que se vive en el plantel.
Legitimación
por pasiva
10.  La
legitimación pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra
la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración
o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada[30].
Según el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°[31]
y 5°[32] del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede
contra cualquier autoridad pública.
En el caso objeto de
estudio se advierte que la acción de tutela fue interpuesta en contra de la
Gobernación y la Secretaría de Educación de Boyacá, entidades encargadas de
administrar el servicio educativo en ese departamento, incluido el que se
presta en Nuevo Colón que es un municipio no certificado. Esto quiere decir que
las entidades demandadas son autoridades públicas motivo por el cual están
legitimadas por pasiva para actuar en este proceso según los artículos 86
superior y 1° y 5° del Decreto 2591 de 1991.
Inmediatez
11.  Esta Corporación
ha resaltado que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la
acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene
término de caducidad[33].
No obstante, la Corte también ha sido consistente al señalar que la
misma debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del
hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales[34].
El requisito de la
inmediatez pretende
entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y
el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”[35], de manera
que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un
remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de
los derechos invocados[36].
Sobre el particular
es preciso señalar que, si bien la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados se configuró desde el 2012 con la primera negativa de
las autoridades departamentales para designar al funcionario administrativo
adicional que prestara los servicios de aseo, la misma se ha extendido hasta la
fecha pues no se ha verificado por esta Sala que la SEB haya adelantado alguna
gestión tendiente a solucionar los hechos que dan origen a la afectación de los
derechos de los niños y niñas de la I.E. Llano Grande.
En este sentido, la Sentencia
T-590 de 2014 fue clara al señalar que resulta admisible la dilación en la
interposición de la acción de tutela en los casos en que “se produzca una
vulneración que resulte permanente en el tiempo”[37].
Por ello, a pesar de que el hecho que originó la presente vulneración es lejano
en el tiempo, la situación desfavorable del actor y de la comunidad educativa
continúa y es verificable en la actualidad.
Así lo advirtió esta
Sala al verificar que la respuesta de la SEB a la última solicitud elevada por
el rector tiene fecha del 10 de octubre de 2017, en la cual se reiteró la
negativa con fundamento en que, según la distribución de cargos administrativos
que hizo el departamento, a la institución solo le correspondieron dos
funcionarios administrativos, los cuales ya se encuentran nombrados. Además, al
advertir que en la Resolución N° 3283 de 23 de abril de 2018, mediante la cual
la SEB efectuó recientemente la nueva distribución de la planta de cargos
docentes y administrativos, consta que a la I.E. Llano Grande solo le
corresponderán dos cargos administrativos.
Esta Sala considera
que, en este caso, la solicitud de amparo cumple con el requisito de inmediatez debido a que la presunta vulneración de los derechos
invocados por el accionante es actual y permanente. Además, en razón a que la acción de tutela
se presentó el 17 de octubre de 2017, es decir, una semana después de que el
demandante recibió la última contestación desfavorable por parte de la SEB.
Subsidiariedad[38]
12.  Por último, es preciso señalar que la utilización de
la acción de tutela, como mecanismo orientado a la defensa de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por una autoridad pública o un
particular, es excepcional y su interposición solo es jurídicamente viable
cuando no se encuentre un medio ordinario eficaz para la protección de los
derechos y, por tanto, no exista un mecanismo judicial que brinde un amparo
oportuno y evite una afectación grave e irreversible de las garantías
constitucionales.
El principio de subsidiariedad implica el
resguardo de las competencias jurisdiccionales, de la organización procesal
básica, del debido proceso y de la seguridad jurídica, propias del Estado
Social de Derecho. De este modo, “siempre prevalece la acción ordinaria; de
ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues
su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus
derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”[39].
El Decreto 2591 de 1991 establece
expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se
encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de
que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa[40],
ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o
contencioso administrativa[41].
La inobservancia de tal principio es causal
de improcedencia de la tutela a la luz de lo dispuesto en el numeral 1° del
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991[42],
declarado exequible en la Sentencia C-018 de 1993[43]. La
consecuencia directa de ello es que el juez constitucional no puede entrar a
discernir el fondo del asunto planteado.
13.  En los casos en que existen medios principales de
defensa judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido dos
excepciones a la improcedencia. Cada una tiene implicaciones sobre la forma en
la que ha de concederse el amparo constitucional, en caso de que sea viable
hacerlo.
i)    Si bien, en abstracto, existe otro medio
de defensa judicial y el accionante cuenta con él para la defensa de sus
derechos, desde la perspectiva de la relación entre el mecanismo y el fin
constitucional perseguido por el actor, aquel no tiene la virtualidad de
conjurar un perjuicio irremediable. De tal forma, la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio, mientras el interesado acude a la
vía ordinaria para discernir el caso o esta resuelve definitivamente el asunto
y, momentáneamente resguarda sus intereses.
ii)      Si bien existe otro medio de defensa
judicial, éste no es eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados,
caso en el cual la tutela procede de manera definitiva. El análisis
sobre la eficacia del medio ordinario se encuentra determinada por el contraste
entre éste y las condiciones particulares del accionante.
En el segundo supuesto,
la Corte ha sostenido que para determinar si los medios de defensa judicial que
existen son idóneos es necesario revisar “que los mecanismos tengan la
capacidad para proteger de forma efectiva e integral los derechos de la persona”[44].
En especial, resulta imperativo verificar si el reclamo de quien merece
especial protección constitucional puede ser tramitado y decidido de forma
adecuada por la vía ordinaria, o si por su situación particular, no puede
acudir a dicha instancia[45].
14.  En el presente
proceso, los jueces de instancia declararon improcedente el amparo por
considerar que el actor tenía otras vías judiciales para procurar la garantía
de los derechos de los estudiantes. En primer lugar, el a quo indicó que
el rector “debía demandar los actos administrativos que ordenaron la
conformación de la señalada planta de personal de la Institución Educativa
Llano Grande del Municipio de Nuevo Colón”.
Sobre el particular,
la Sala advierte que, efectivamente, la Resolución 2314 de 2014 proferida por
la SEB es susceptible de ser controvertida ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. No obstante, estima que la acción de nulidad carece
de idoneidad y eficacia en el caso concreto para la protección de los derechos
fundamentales de los niños y niñas invocados por el actor debido a que la mera
declaratoria de nulidad no puede garantizar, en este caso, una mejora efectiva
de la calidad de la educación que se brinda a los niños y niñas de la I.E.
Llano Grande; para ello se requiere dictar otro tipo de órdenes a las
autoridades departamentales, las cuales desbordan el marco de acción de la
nulidad.
De otra parte,
el juez de segunda instancia señaló que existían otros medios de defensa
judicial que debieron ser usados, como la acción de cumplimiento pues mediante
la misma se podía exigir a las autoridades departamentales dar cumplimiento a
la
Resolución
2314 de 2014 proferida por la SEB.
Si
bien es cierto que en virtud de la acción de cumplimiento “toda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial (…) para hacer efectivo el cumplimiento
de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”[46],
en el presente caso la Corte descarta que dicha acción sea la más idónea y
eficaz para amparar los derechos fundamentales invocados en el presente caso, por
las siguientes razones:
(i)
En el escrito de tutela y otros aportados por el actor en el trámite de
revisión ha quedado claro que la razón principal que motiva la vulneración de
los derechos, en este caso particular, es la distribución de la planta de
personal que la SEB realizó en la Resolución 2314 de 2014, ya que de dicho acto
administrativo se desprende que a la I.E. Llano Grande le corresponden solo 2
funcionarios administrativos. Así consta en el informe enviado a esta
Corporación por el rector del plantel en el cual solicita la inaplicación de la
resolución por ser contraria a normas de rango constitucional[47].
Es decir, la vulneración de los derechos fundamentales tiene fundamento en el
mismo acto administrativo por lo que, en este caso, la exigencia del
cumplimiento del mismo no resulta eficaz para proteger derecho a la educación.
(ii)
De otra parte, el artículo 9° de la Ley 393 de 1997 señala que cuando el juez
competente para conocer de las acciones de cumplimiento encuentre que los
derechos invocados pueden ser protegidos por vía de tutela, debe darle a la
solicitud el trámite que corresponda a esta acción. Es decir, la misma ley le
da prioridad a la protección que la acción de tutela brinda a los derechos
constitucionales fundamentales que resulten amenazados o vulnerados por las
autoridades públicas o los particulares.
La
Sala encuentra que la acción de cumplimiento no procede en este caso porque la
misma tiene la finalidad de proteger derechos que pueden ser garantizados por la
vía de acción de tutela, como lo es el derecho a la educación, la salud, la
vida, y la integridad personal.
Por las razones
expuestas anteriormente, en el asunto bajo estudio, la acción de tutela se
erige como el único mecanismo idóneo para extender una protección oportuna y
definitiva a las afectaciones o amenazas al derecho a la educación de los
menores de edad.
El
derecho de los niños y niñas a acceder a una educación de calidad que garantice
la prestación del servicio en condiciones dignas
15.  Los niños y las niñas, debido a la situación de indefensión,
vulnerabilidad y debilidad en la que se encuentran, necesitan de una protección
y cuidado especial para desarrollarse de forma armónica e integral en la
sociedad. Por eso, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, se ha
dispuesto que sus derechos fundamentales deben prevalecer sobre los derechos de
los demás y su garantía debe implicar la adopción de medidas efectivas que
siempre tengan en cuenta el interés superior del menor de edad como
criterio orientador principal[48].
Entre
los instrumentos internacionales más relevantes que consagran este principio se
encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual dispone que “en
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño” (artículo 3.1). De igual
forma, señala que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar “y con ese
fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas” (artículo
3.2).
Por su parte, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24.1) y la
Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 19[49])
disponen que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor de edad requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad
y del Estado. Respecto a dicho deber estatal, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales ordena que los Estados “deben
adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los
niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o
cualquier otra condición” (artículo 10.3).
La Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha dispuesto expresamente que, en
la provisión de oportunidades y recursos para el desarrollo físico, mental,
moral, espiritual y social de los niños de manera normal y sana, y en condiciones
de libertad y dignidad “las autoridades tomarán en cuenta al momento de
adoptar las medidas pertinentes, el interés superior de los niños como su
principal criterio de orientación” (principio 2).
Atendiendo
a estos compromisos que traza el derecho internacional de los derechos humanos
y a los cuales Colombia se ha obligado, los artículos 13[50]
y 44[51] de la Constitución Política de
Colombia han considerado que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre
los demás y que el Estado, la Sociedad y la Familia son corresponsables de su
especial protección debido a las vulnerabilidades que rodean su proceso de
formación y desarrollo, y al estado de indefensión y debilidad en el que se
encuentran. La jurisprudencia constitucional también ha reconocido que los
menores de edad tienen el status de sujetos de protección constitucional
reforzada, “condición que se hace manifiesta -entre otros efectos- en el
carácter superior y prevaleciente de sus derechos e intereses, cuya
satisfacción debe constituir el objetivo primario de toda actuación”[52].
16.  Ahora bien, la garantía efectiva del derecho a la educación
consagrado principalmente en el artículo 67 de la Carta Política también debe tener
en cuenta, como principal criterio orientador del accionar del Estado, el
interés superior del menor de edad. Así lo reconoció esta Corte al señalar que
este criterio “[d]eberá orientar cualquier actuación que se tome al momento
de determinar las políticas de acceso de los niños, niñas y adolescentes a [la]
sociedad de la información y el conocimiento, a fin de garantizar su desarrollo
armónico e integral”[53]. El artículo 67
señala expresamente:
“La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura (…)
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo (…)” (Subrayas fuera del texto original).
Por lo tanto, como lo
indicó la Relatora Especial sobre el derecho a la educación Katarina Tomaöevski,
la educación debe diseñarse e implementarse partiendo del interés superior de
cada niño y niña, lo cual requerirá que el Estado identifique las barreras que
deben ser eliminadas para que éstos puedan aprender de forma efectiva y en
condiciones de dignidad[54].
El alcance de esta
disposición ha sido definido por la Corte en múltiples oportunidades. Este Tribunal
ha señalado que la educación es un derecho y un servicio público de vital
importancia para la sociedad colombiana[55]; es una herramienta necesaria para
hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia
la igualdad de oportunidades[56]; es un instrumento que permite la
proyección social del ser humano y la realización de sus demás derechos
fundamentales[57]; es un elemento dignificador de las
personas[58]; es un factor esencial para el
desarrollo humano, social y económico[59];(v) y es un instrumento para la
construcción de equidad social[60], entre otros.
17.  Por su parte, el derecho internacional
también ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de la jurisprudencia
constitucional colombiana sobre este derecho. Así, su principal aporte ha sido el
desarrollo de las cuatro dimensiones del derecho que hace la Observación
General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Comité DESC).
Las obligaciones estatales en
relación con el derecho a la educación, conforme fueron descritas en dicho
instrumento, son: (i) asegurar el funcionamiento efectivo de instituciones
educativas y programas en cantidad suficiente para atender la demanda educativa
–disponibilidad-; (ii) ofrecer en los centros de educación
condiciones para que toda la población acceda a los servicios sin ninguna
discriminación, y asegurar que en independencia de los recursos económicos y la
ubicación geográfica todos los menores de edad lo logren –accesibilidad-;
(iii) garantizar que, de forma y de fondo, la enseñanza, los programas y los
métodos pedagógicos sean de calidad y resulten pertinentes y adecuados de
conformidad con la comunidad y la cultura a la que se dirigen –aceptabilidad-;
y por último (iv) velar porque el sistema educativo se ajuste a las necesidades
de los educandos y de su entorno para efecto de asegurar la permanencia de
aquellos en los programas de educación -adaptabilidad-.
La distinción entre estas
cuatro dimensiones favorece el análisis de los casos en los cuales el derecho a
la educación de los menores de edad es amenazado o vulnerado, en el entendido
de que solo su confluencia asegura el ejercicio integral de ese derecho por
tratarse de garantías interconectadas e interdependientes[61].
18.  Respecto de esas cuatro dimensiones del
derecho a la educación, para el caso objeto de estudio, esta Sala considera
importante ahondar en la faceta de la accesibilidad.
Esta faceta del
derecho hace referencia a que tan al alcance tienen los niños y niñas
colombianos las condiciones mínimas que se requieren para disfrutar del derecho
a la educación. Sobre la faceta de la accesibilidad, la Sentencia
T-207 de 2018 precisó que en las Sentencias T-690 de 2012[62] y T-458 de 2013[63] y T-008 de 2016[64] esta Corporación indicó que esta
obligación-dimensión implica concretamente adoptar medidas que eliminen las
barreras que puedan desincentivar a los menores de edad de su proceso de aprendizaje,
a pesar de las complejidades presupuestales[65].
El Comité DESC ha desarrollado
esta faceta y ha dispuesto que una de las dimensiones de esta obligación de
accesibilidad es la accesibilidad material, conforme a la cual la
educación ha de ser asequible materialmente ya sea por su localización
geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio
de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a
distancia)[66].
19.  Por
su parte, este Tribunal Constitucional ha decidido numerosos casos relacionados
con la falta de accesibilidad a la educación por ubicación geográfica. No
obstante, también ha dispuesto que los servicios de restaurante escolar,
transporte escolar, y administrativos generales (como por ejemplo los servicios
de secretaría, aseo y vigilancia) constituyen condiciones de acceso material
del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas[67].
En la sentencia
T-273 de 2014[68], la Corte conoció de una tutela
interpuesta por los padres de familia de más de 60 niños y niñas en contra del
departamento del Casanare, el municipio de Yopal y el Ministerio de Educación
Nacional debido a que instituciones educativas del departamento habían
suspendido, permanente o intermitentemente, los servicios de transporte
escolar, restaurante escolar, y servicios administrativos de aseo, vigilancia,
secretaría y generales, lo cual obstruía el goce efectivo del derecho
fundamental de los estudiantes.
En esta oportunidad,
la Corte concluyó que la prestación continúa y adecuada de estos servicios,
además de desarrollar el compromiso del Estado de fomentar la asistencia
regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, concreta las
garantías de acceso y permanencia en la educación. Este Tribunal precisó:
“(…) los servicios de restaurante escolar, transporte escolar y
administrativos generales son necesarios y constituyen condiciones concretas
para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la
educación de los niños y niñas, y su ausencia representa una barrera para poder
recibir educación”[69].
Particularmente, con
relación a los servicios administrativos, la misma sentencia señaló que éstos constituyen
factores operativos que habilitan la prestación del servicio y que, por lo
tanto, son requeridos para garantizar la accesibilidad material al sistema
educativo sin obstáculos. Sobre esta subregla, la Corte precisó:
“no cualquier ausencia de personal administrativo constituye una
violación de la garantía de acceso a la educación debida a los menores
estudiantes. No obstante, cuando la falta o interrupción de un servicio
general o administrativo represente una barrera de acceso, obstruya la
permanencia de los estudiantes en una institución educativa o afecte el
derecho de los menores a recibir educación en condiciones dignas, dicha
interrupción constituye una vulneración de su derecho fundamental a la educación.
Así por ejemplo cuando la ausencia de personal de aseo conduzca a un grave
deterioro de las condiciones de salubridad e higiene de una institución, el
derecho a los menores a recibir educación en condiciones dignas se verá
vulnerado”[70] (Subrayas fuera del original).
De este modo, la
Corte concluyó que cuando la falta del servicio administrativo de aseo en
una institución educativa se traduzca en una afectación del derecho de los
menores de edad a recibir educación en condiciones dignas, se deberá entender
que existió una vulneración de su derecho a la educación.
20.  De otra parte, en interpretación de esta
dimensión para casos en los que se ha acreditado la existencia de barreras
geográficas para el acceso a la educación de niños y niñas, la Corte ha
ordenado el nombramiento de docentes con criterios flexibles o, incluso, la inaplicación
de las normas de distribución del personal docente en las que se dispone la
asignación de docentes por un número específico de estudiantes[71].
Particularmente, sobre esa
posibilidad de inaplicar dichas normas es relevante mencionar la Sentencia
T-690 de 2012. En esta oportunidad, la
Corte conoció una acción de tutela formulada en contra de las autoridades del sector
educativo del nivel central y de los entes territoriales porque se abstuvieron
de asignar un docente en la escuela más cercana al lugar de residencia de
varios niños en la Vereda La Selva ubicada en Pueblo Rico, Risaralda, lo cual
los obligaba a caminar durante una hora y media hacia otra vereda para recibir
las clases.
La sentencia estimó que las
entidades demandadas tenían una obligación de cumplimiento inmediato con los
niños campesinos de La Selva respecto de la accesibilidad material en
educación, que era la de “adoptar medidas que eliminen las barreras que
desincentivan en los menores el aprendizaje”. Por esta razón, el fallo ordenó al Ministerio de Educación Nacional y a las autoridades locales que “provean
un profesor(a) a la escuela de la vereda Selva, teniendo en cuenta que para
ello pueden inaplicar el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002, respecto del
número mínimo de estudiantes que debe haber en una zona rural para la ubicación
de personal docente” (Subrayas fuera del texto original).
En otra ocasión, en Sentencia
T-781 de 2010, esta Corporación conoció la situación de ocho niños que
debían desplazarse por un largo trayecto para recibir sus clases y solicitaban
el nombramiento de un profesor para la escuela de su vereda. La Corte, luego de
verificar que la peligrosidad del trayecto que éstos debían recorrer y las
exigencias presupuestales a las familias para la efectiva garantía del derecho,
determinó que “la
mencionada institución educativa no es accesible geográficamente para los
menores en cuestión y atenta contra el mandato contenido en el inciso 5 del
artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”[72].
Por esta razón, la Sala de Revisión concluyó que la aplicación del
artículo 11 del Decreto 3020 de 2002 realizada por la Secretaría de Educación
de Santander, devenía en inconstitucional para el caso concreto. Por ello, decidió ordenar a la
demandada proveer un profesor, previa inaplicación del artículo 11 para el caso
concreto, el cual dispone que para la ubicación de personal docente en zona
rural se debe contar con un mínimo de 22 estudiantes.
21.  Ahora bien, como se explicó con
anterioridad, la materialización del interés superior del menor de edad en
materia educativa, a la luz del derecho internacional, implica la adopción
de medidas efectivas por parte de la Administración que permitan una
adecuada prestación del servicio. Le corresponde entonces al Estado proveer los
elementos necesarios para que la educación sea de calidad y para que se garantice
la permanencia de los educandos en el sistema[73].
Así lo ha reconocido la Corte
al señalar que “el derecho a una educación accesible acarrea la obligación
correlativa a cargo del Estado de adoptar medidas deliberadas, concretas y
orientadas hacia la implantación de la enseñanza, y que la omisión de este
deber vulnera los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades”[74].
Por ello, esta Corporación ha sido clara al considerar que, al no adoptar
soluciones para resolver el problema de accesibilidad material al sistema
educativo, las entidades territoriales encargadas pueden desincentivar el
proceso de aprendizaje de los menores de edad y así amenazar el derecho a la
educación[75].
Bajo esta lógica, en
casos donde la Administración se ha negado a nombrar docentes en instituciones
educativas que los requieren para la prestación efectiva del derecho a la
educación, la Corte también ha estipulado que las dilaciones en los
procedimientos administrativos para la definición de plantas de personal: (i)
no pueden entorpecer el acceso, la calidad y la permanencia de la educación de
los niños, las niñas y los adolescentes, y (ii) no son excusa válida para
relevar a dichas autoridades de la obligación de asegurar la efectividad del
derecho constitucional a la educación[76].
En esta misma línea,
la Sentencia T-273 de 2014 referida con anterioridad, concluyó que las
barreras en el acceso a la educación que surgen como consecuencia de la
suspensión de los contenidos mínimos de la canasta educativa (servicios administrativos
de aseo, vigilancia y servicios secretariales) se agravan ante la no adopción
oportuna y diligente de medidas de planeación y coordinación a cargo de las
entidades demandadas.
En suma, lo anterior
se traduce en que el derecho fundamental a la educación comporta la
obligación positiva de proveer servicios administrativos de vigilancia, aseo,
transporte y secretariales en las instituciones educativas que incentiven a los
estudiantes al aprendizaje y garanticen la prestación del servicio en condiciones
de dignidad.
Todo lo anterior
tiene sustento en que el derecho a la educación no puede ser interpretado de
forma aislada respecto del catálogo de derechos fundamentales concebidos por el
Constituyente de 1991, sino que debe entenderse como una garantía que permite
la proyección social del ser humano y la realización de sus otros derechos
fundamentales, como la dignidad, la igualdad, y el libre desarrollo de la
personalidad[77].
Por eso, la Corte
Constitucional ha considerado que la educación debe apuntar hacia un desarrollo
integral de los niños y niñas que les permita desplegar totalmente sus
facultades físicas y mentales, dándoles acceso al servicio educativo
“en condiciones dignas, en espacios en los que pueda moverse con libertad e
interactuar de diferentes formas con los demás”[78].
22.  En desarrollo de las anteriores reglas y a partir de las
condiciones de dignidad que debe garantizarse en el ambiente escolar en que
los niños y niñas adquieren el conocimiento, la jurisprudencia de esta Corte ha
concluido que (i) las inadecuadas condiciones ambientales y de salubridad en
que se preste el servicio educativo, y (ii) el deterioro de la planta física de
los centros educativos ponen en riesgo la vida y la salud de los estudiantes y
vulneran su derecho a la educación[79].
Este Tribunal llegó a la primera conclusión luego de analizar un
caso en el cual los estudiantes estaban expuestos
a serios peligros para su salud debido a que la falta de agua en el plantel había
interrumpido el servicio de restaurante, de sanitarios y de aseo en general, obligándolos
a hacer sus necesidades en los alrededores del colegio. En este caso, la Corte
tuteló el derecho a la educación de los menores de edad debido a que “la
falta de servicios sanitarios y el desecho inadecuado de los residuos los
sometían a estudiar al lado de la fetidez y los exponía al riesgo de adquirir
enfermedades”[80]. Concretamente, con relación
a la importancia del ambiente escolar en el desarrollo de los niños y niñas, la
Sentencia T-481 de 1997 indicó:
“En materia del
crecimiento y educación de los niños, los conocimientos en las edades
infantiles llegan a través de la interrelación constante entre cuerpo y
espíritu, siendo entonces evidente la limitación a la que se encuentran
sometidos en este caso cuando tienen que vivir en medio de toda clase de
excrementos y condiciones insalubres, de lo cual no pueden ser responsables
sino los encargados de la administración municipal”.
De otra parte, la
segunda regla surge a partir del estudio de casos en los cuales las fallas
estructurales de la planta física de una institución educativa han representado
una amenaza para la vida de los estudiantes y profesores. En este caso, la
Corte, mediante Sentencia T-385 de 1995, protegió el derecho a la vida y
a la educación de los menores de edad, y dispuso que “la prestación del
servicio en condiciones que ponen en peligro la vida de educandos y educadores,
ofende la dignidad humana, y por lo tanto, las autoridades municipales tienen
la obligación de efectuar las reparaciones necesarias”[81].
En otra ocasión, al
analizar una tutela interpuesta por un padre de un menor de edad que asistía a
un hogar infantil con varias fallas de adecuación, la Corte constató que las condiciones
en las que se encontraba el lugar ponía en riesgo la integridad del niño y de
los demás menores de edad que asistían a la sede educativa debido a la
exposición constante a las fallas del cableado de energía. Además, verificó que
las filtraciones habían generado que algunos niños y niñas se enfermaran. Por
lo tanto, mediante Sentencia T-104 de 2012 dispuso:
“dentro del concepto del derecho a la educación se incluye que la
planta física de las instituciones educativas, tenga condiciones dignas para
que los menores de edad desarrollen sus estudios y demás actividades de manera
adecuada, idónea y de calidad, garantizándose el acceso a la educación”.
En
definitiva, la falta de aseo prolongada en una institución educativa puede generar
ambientes escolares insalubres y grave deterioro de la infraestructura, situaciones
que pueden amenazar o vulnerar el derecho a la educación de sujetos de especial
protección constitucional, como los niños y niñas.
Lo
anterior por cuanto un entorno hostil e insalubre desincentiva el aprendizaje
de los menores de edad; pone en riesgo la salud y la vida de la comunidad
educativa; limita el libre desarrollo de la personalidad; y corre el riesgo de
promover en el estudiantado una cultura que no se compadece con el cuidado que
merecen el medio ambiente y los bienes públicos, lo cual va en contravía del
inciso segundo del artículo 67 Superior[82]. Los niños y niñas aprenden del
ejemplo, de aquello que ven y experimentan al interactuar con su entorno, razón
por la cual los ambientes escolares son sin duda, un referente de
comportamiento para ellos.
Ahora bien, una vez
determinadas las obligaciones gubernamentales y de los entes territoriales en
materia de accesibilidad material del derecho a la educación, es preciso definir
cuáles son los deberes de planeación y coordinación que tienen las entidades
territoriales y que permiten hacer eficaz este derecho en la práctica.
Los
deberes constitucionales y legales de planeación presupuestal y coordinación de
las entidades territoriales en materia educativa
23.  El impacto del
entorno en la garantía efectiva del derecho a la educación también puede ser
estudiado de forma más amplia, al entender el entorno ya no solamente como el ambiente
escolar, sino como el conjunto de factores del contexto que rodean el
desarrollo de la labor educativa en las entidades territoriales. Así, por
ejemplo, los niveles de corrupción, el conflicto armado o el nivel de
desarrollo de un municipio son factores que pueden afectar la calidad del
derecho a la educación que brinda el Estado e influir en el desempeño escolar
de los estudiantes[83].
Desde la Constitución de 1991, el
servicio público educativo ha atravesado un proceso de descentralización
territorial orientado a garantizar su prestación y aumentar su cobertura en
especial beneficio de la población económicamente vulnerable[84]. Los
diferentes fallos de esta Corte citados en el acápite anterior dan cuenta de que
este proceso también ha sido un factor del contexto determinante de la calidad
de la educación de los niños y niñas en Colombia. Así, si bien se ha podido
demostrar que la descentralización ha tenido efectos positivos en términos
de ampliación de la cobertura, ésta ha causado efectos negativos en la calidad
de la educación[85].
El artículo 67 Superior,
citado parcialmente en el acápite anterior, también señala que “[l]a Nación
y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley”.
Por su parte, el artículo 356
constitucional reguló lo relativo a la participación presupuestal de las
entidades territoriales en la prestación de los servicios educativos estatales,
y dispuso que para efecto de atender los servicios y proveer los recursos que
se requieren para financiar adecuadamente su prestación, se crearía el Sistema
General de Participaciones – SGP en adelante – de los Departamentos, Distritos
y Municipios. Agregó que los recursos del Sistema General de Participaciones de
los departamentos, distritos y municipios “se destinarán a la financiación
de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y los
servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando
la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura”. De igual
modo indicó que:
“(…)
la ley reglamentará los criterios de distribución del Sistema General de
Participaciones de los Departamentos, Distritos, y Municipios, de acuerdo con
las competencias que le asigne a cada una de estas entidades; y contendrá las
disposiciones necesarias para poner en operación el Sistema General de
Participaciones de éstas, incorporando principios sobre distribución que tengan
en cuenta los siguientes criterios:
a. Para educación y salud: población atendida y por
atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y
fiscal, y equidad (…)” (Subrayas fuera del texto original).
Finalmente,
la Carta Política, en su artículo 366, señaló que la actividad del
Estado deberá estar encaminada al bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, y que su objetivo fundamental será “la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable”. Por esta razón, el constituyente dispuso
que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales,
el gasto público social deberá tener prioridad sobre cualquier otra
asignación.
El Legislador,
por expreso mandato de la Carta Política, y el juez constitucional han
determinado el alcance de estas disposiciones que regulan las fuentes de
recursos y obligaciones específicas de los entes territoriales en materia de
planeación y coordinación para la efectiva prestación del servicio de educación.
Tal y como se ha
hecho en otros casos[86],
la Corte reiterará en este acápite no solo las fuentes con que cuentan
actualmente los entes territoriales para la prestación del servicio de
educación y, en particular, para la prestación del servicio de aseo en los
colegios públicos, sino también los deberes de coordinación y planeación que
éstas tienen respecto de tales recursos. Posteriormente, se concluirá que la
prestación del servicio requiere entonces de la planeación y coordinación de
las entidades territoriales y la Nación para el manejo de dichos recursos y, en
consecuencia, del aseguramiento del presupuesto que haga eficaz el derecho a la
educación en la práctica.
24.  La Ley 715 de
2001[87],
mediante la cual el Legislador reguló la asignación de recursos financieros
para el sostenimiento del sector educativo, dispone que los presupuestos de los
entes territoriales certificados deben incorporar los recursos del SGP para
educación (artículo 84). Así mismo, señala que las entidades deben programar esos
recursos recibidos del SGP para educación al elaborar el Plan Operativo Anual
de Inversiones y el Presupuesto – POAI (artículo 89), cumplir con la
destinación específica establecida para esos recursos y articularlos con su
Plan de Desarrollo.
Con relación a los deberes de
coordinación necesarios para garantizar una adecuada prestación de la educación
y el mantenimiento de las condiciones de acceso y permanencia en el sistema, el
artículo 5 de la misma ley dispuso que la Nación, cabeza del Ministerio
de Educación Nacional, tiene el deber de “5.16. Determinar los criterios a
los cuales deben sujetarse las plantas docente y administrativa de los
planteles educativos y los parámetros de asignación de personal
correspondientes a: alumnos por docente; alumnos por directivo; y alumnos por
administrativo, entre otros, teniendo en cuenta las particularidades de cada
región”.
De otra parte, en relación con
los municipios no certificados, la Ley señala que les corresponde
a los departamentos, en el sector de educación: (i) dirigir, planificar,
y prestar el servicio educativo en los distintos niveles y modalidades, en
condiciones de equidad, eficiencia y calidad; (ii) administrar y distribuir
entre los municipios de su jurisdicción los recursos financieros provenientes
del Sistema General de Participaciones, destinados a la prestación de los
servicios educativos a cargo del Estado; y (iii) administrar las instituciones
educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos. Incluso,
les corresponde (iv) participar con recursos propios en la financiación de los
servicios educativos a cargo del Estado y ejercer la inspección, vigilancia y
supervisión de la educación en su jurisdicción (artículo 6).
La ley también reguló los deberes
de planeación y coordinación de los distritos y municipios
certificados al señalar que, entre otras, éstos tienen la obligación de “[d]istribuir
entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, de
acuerdo con las necesidades del servicio entendida como población atendida y
por atender en condiciones de eficiencia (…)” (artículo 7).
25.  Finalmente, respecto
de las fuentes con que cuentan los entes territoriales para financiar el
servicio educativo, el constituyente de 1991 pretendió que las rentas exógenas[88] de
las entidades territoriales (principalmente las transferencias, ahora
participaciones) previstas en los artículos 356 y 357 Superiores y las
regalías, fueran las destinadas a cumplir los objetivos del artículo 366, esto
es, a atender las necesidades básicas insatisfechas y garantizar la prestación
de servicios esenciales como la salud, la educación, el saneamiento básico y el
agua potable. Posteriormente, tanto el Acto Legislativo 01 de 2001[89] que
unificó las transferencias bajo el Sistema General de Participaciones, como el Acto
Legislativo 4 de 2007[90],
insistieron en que las transferencias del SGP debían ser destinadas
prioritariamente a garantizar servicios esenciales como la salud y la
educación.
En suma, para este Tribunal, este
conjunto de competencias delimita los deberes generales de planeación y
coordinación de las entidades encargadas de la prestación del servicio de
educación[91].
Prestación de los servicios
administrativos de aseo
26.  Los gastos administrativos
para la operación del servicio de educación financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones se rigen por lo dispuesto en las Leyes 715
de 2001 y 1176 de 2007. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 1176 de 2007,
el Gobierno Nacional determinará el porcentaje de las transferencias para la
prestación del servicio que se podrá destinar a financiar el personal
administrativo de la educación. Así mismo, el artículo 15 de la Ley 715 de 2001
permite la destinación de recursos de la participación para educación del
Sistema General de Participaciones para financiar el pago del personal
administrativo de las instituciones educativas públicas.
Como se
estableció con anterioridad, la Sentencia T-273 de 2014 precisó que solo
cuando la falta de un servicio administrativo represente una barrera de acceso,
obstruya la permanencia de los estudiantes en una institución educativa o afecte
el derecho de los menores de edad a recibir educación en condiciones dignas, se
configura la vulneración del derecho a la educación.
27.  En conclusión, estos
deberes de planeación y coordinación entre la Nación y las entidades
territoriales constituyen criterios de orientación que deben guiar la actuación
de los poderes públicos. Por este motivo, cuando se evidencia que han existido
fallas en términos de planeación y aseguramiento presupuestal para el
cumplimiento de sus funciones, la jurisprudencia ha establecido que surge un deber
de respuesta de las autoridades para que las corrijan[92].
Por ello, esta Corte considera
que la descentralización del servicio educativo en las entidades territoriales
debe garantizar la prestación efectiva del mismo. Por lo tanto, para este caso,
la garantía de accesibilidad al sistema educativo exige que se eliminen las
barreras de acceso y permanencia representadas en la falta del servicio de
aseo, incluso mediante la corrección de las fallas de planeación y
aseguramiento presupuestal en que hayan incurrido los entes territoriales.
En consecuencia, la omisión de
los entes territoriales de adoptar medidas de planeación para asegurar la
efectiva prestación del servicio de educación en sus dimensiones de acceso
material y permanencia, se traduce en un desconocimiento del derecho a la
educación.
La situación
detallada del municipio de Nuevo Colón (Boyacá)
28.  Conforme a la Ley 721 de 2001, Nuevo Colón es un municipio no
certificado en educación, razón por la cual los recursos financieros
provenientes del SGP destinados a la prestación del servicio educativo, así
como las plantas de personal de sus instituciones educativas, son administrados
directamente por el departamento y, en especial, por la Secretaría de Educación
de Boyacá.
La Sala
advirtió que, fundamentada en los artículos 5° y 6° de la Ley 715 de 2001 y en
Decreto 3020 de 2002 que regulan lo relacionado a la financiación del servicio
educativo, la Secretaría de Educación de Boyacá expidió la Resolución 2314
el 24 de abril del 2014, mediante la cual ajustó la planta
de personal administrativa de las instituciones educativas del nivel
territorial a partir de la destinación de los recursos del Sistema General de
Participaciones. En ésta definió criterios técnicos para determinar el número
de docentes y funcionarios administrativos en relación con el número de
alumnos. Lo anterior, con fundamento en que la relación alumnos/funcionarios
administrativos que ha dispuesto el Ministerio de Educación para el
Departamento de Boyacá es una de las más bajas del promedio nacional.
Luego de
identificar que existían funcionarios administrativos en “condición de
excedentes”, procedió a realizar ajustes en su cantidad y a organizar la
asignación de cargos administrativos de acuerdo a “el número de alumnos o
matrícula existente en los municipios no certificados en materia educativa del
departamento (…) [de modo que] la cantidad de estos funcionarios
dependerá del número de alumnos presentes en cada momento” (artículo
2). Con fundamento en lo anterior, dispuso expresamente en el artículo 3°
lo siguiente:
“ARTÍCULO TERCERO. Distribución de los
cargos administrativos. En cumplimiento del legalmente dispuesto sobre el
particular sobre asignación de recursos financieros por alumno y la definición
de plantas de personal, se hace la distribución de cargos de la siguiente
manera:
Hasta
300 Alumnos 2 Funcionarios
De
300 a 450 Alumnos 3 Funcionarios
De
451 a 600 Alumnos 4 Funcionarios (…)
En esta misma resolución, dispuso
que “la asignación inicial será la de un funcionario Auxiliar Administrativo
y un Auxiliar de Servicios Generales, los siguientes (…) será[n] definido[s]
por los Consejos Directivos, de conformidad con las necesidades y
particularidades de cada Institución Educativa” (artículo 4). También
reguló la forma en que deben operar los ajustes en las plantas de cargos
administrativos en el caso de que existan cargos excedentes (artículo 5°), el
proceso de reubicación de funcionarios (artículos 6° y 7°), y el momento en el
cual se realizan los ajustes de Plantas de Personal Administrativo. Al
respecto, señaló que “se adelantarán en el futuro inmediato y hasta cuando
las circunstancias legales, permitan llegar al equilibrio propuesto y exigido
legalmente” (artículo 9°).
Indicó igualmente que ante la
necesidad de cubrimiento de nuevas necesidades administrativas de personal (por
renuncias, retiros forzosos, pérdidas de capacidad laboral y otros), las
mismas “se cubrirán preferencialmente con funcionarios del cargo requerido,
que se puedan presentar como “excedentes” en otras instituciones educativas,
como segunda opción se efectuarán nombramientos provisionales” (artículo
8°).
Posteriormente, la SEB expidió la
Circular informativa N° 111 del 30 de octubre de 2014, la cual está
dirigida a Funcionarios Administrativos y Directivos Docentes de la Secretaría
de Educación de Boyacá. Allí estableció orientaciones sobre la aplicación de la
Resolución No. 03214 del 24 de abril de 2014, y criterios para la asignación de
funcionarios de carácter administrativo.
La circular dispuso que el
Consejo Directivo de las Instituciones Educativas debía reunirse para revisar
el contenido de la Resolución 2314 y contrastar su contenido con las reales
necesidades institucionales. También señaló que “de esta actividad saldrá la
propuesta relacionada con la definición de la Planta de Personal Administrativa
Institucional (cargos requeridos), casos especiales adicionales y/o excedentes”
la cual deberá ser presentada a la Secretaría de Educación, so pena de que
esta última proceda a definir la Planta de Personal requerida en cada plantel.
Mediante la misma, la SEB también amplió la explicación sobre cómo operaría el
proceso de reubicación de funcionarios que se encuentren en “condición de
excedentes”, contemplado en la resolución.
Acerca de las necesidades
adicionales a las dispuestas en la resolución del 2014, señaló que respecto de
éstas “el Consejo Directivo [de la I.E.] determinará la posible existencia
de situaciones “especiales” que impliquen cargos adicionales en un máximo de
(1), al total de cargos dispuestos en la Resolución No. 2314 para el Plantel,
se deberá presentar a través de un documento los respectivos argumentos,
soportando con evidencias la demostración de tal condición; estos
requerimientos serán presentados al Comité Directivo de la Secretaría de
Educación, instancia que los analizará y en el marco de la Planta
viabilizada por el MEN [Ministerio de Educación Nacional] y la organización
general del departamento, y determinará su posible atención”.
Análisis del
caso concreto y resolución del problema jurídico planteado
29.  En
el presente caso, el rector de la I.E. Llano Grande de Nuevo Colón pretende el
amparo del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas que estudian
en esta institución educativa, y de los derechos a la vida digna, a la
salud, a la integridad personal y a un ambiente sano de toda la comunidad
educativa al considerar que le fueron vulnerados por la
Secretaría de Educación y la Gobernación de Boyacá al negarse a designar
un funcionario administrativo que prestara el servicio de aseo en el plantel. Por ello, pretende que se nombre un auxiliar de servicios
generales, adicional a los cargos de Auxiliar Administrativo y celador que
tiene actualmente el plantel.
30.  En el presente caso, la Sala advirtió que, si bien la
Secretaría de Educación de Boyacá ejerció su derecho de defensa ante el juez de
instancia, la Gobernación de Boyacá guardó silencio tanto en instancia de
tutela como en sede de revisión[93].
No obstante, además de lo anterior, la Sala pudo
ampliar los hechos de la demanda a partir de las pruebas allegadas en Sede de
Revisión (documentales, material fotográfico y de video), se constató lo
siguiente:
1.     Desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 20 de septiembre del 2017,
el rector de la I.E. Llano Grande ha registrado aproximadamente ocho
solicitudes ante el Sistema de Atención al Ciudadano
(SAC) de la Gobernación de Boyacá (ver Anexo 1), en las cuales ha requerido a
la SEB para que nombre un auxiliar de servicios generales, o brinde autorización
para implementar, por medio del apoyo de la Asociación de Padres de Familia o
de los mismos estudiantes, otras estrategias que le permitan mantener las
condiciones de salubridad en el plantel.
Sin embargo, en
sus respuestas la SEB ha ignorado sistemáticamente la necesidad administrativa
que esta institución ha manifestado tener por más de seis años, y ha negado sus
solicitudes, en algunos casos, bajo el argumento de que el artículo 3° de la
Resolución 2314 del 2014 de la SEB solo permite que las instituciones con menos
de 300 estudiantes cuenten con dos funcionarios administrativos.
En otras
ocasiones, ha informado que no puede dar respuesta de fondo debido a que el
número real de alumnos matriculados en el año escolar no se ha consolidado.
Incluso, ha manifestado que remitirá a la oficina de personal las solicitudes
de la institución educativa para que estudien su solicitud y realicen el
trámite respectivo. Lo anterior sin que a la fecha se haya obtenido respuesta
favorable a la solicitud, pues se comprobó que, mediante Resolución del 23 de
abril de 2018, la SEB aprobó nuevamente solo dos cargos administrativos a la
I.E. Llano Grande.
2.     A la
fecha, ya no se cuenta con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia para
la prestación del servicio de aseo debido a que, como lo manifiesta el rector, ésta
no pudo continuar pagando dichos servicios. Además, la misma SEB advirtió al demandante
“abstenerse de contratar una madre de familia para que cumpla labores de
aseo y que sus honorarios sean cancelados por la Asociación de Padres de
Familia, toda vez que a futuro se pueden presentar demandas y reclamaciones”[94]
que acarrearían la vinculación y responsabilidad de la institución educativa. Lo
anterior ha agravado la situación de falta de higiene y salubridad de la I.E.
Llano Grande y ha dejado expuesta a toda la comunidad educativa, incluidos los
niños y niñas, a riesgos en su salud y su vida debido a la contaminación del
ambiente.
En este
contexto, la Sala advierte que, a diario, la comunidad educativa debe soportar
los olores fétidos que provienen de las baterías sanitarias, probablemente en
razón a que el establecimiento no cuenta con un suministro de agua continuo,
tal y como lo manifestó la Secretaría de Salud de Boyacá’ en el Acta de
Inspección y Vigilancia y Control a Establecimiento Educativo expedida el 8 de
mayo de 2018[95],
la cual fue aportada por el rector de la I.E. Llano Grande.
En esta última se
advierte también que las escaleras, pisos, paredes y techos presentan humedad; y
que, en general, existe desaseo en el entorno y delicadas condiciones
sanitarias de algunos espacios como la tienda escolar. Incluso, la Sala nota que,
ante el ambiente escolar insalubre, la misma Secretaría dispuso que el
establecimiento “se debe ajustar a la normatividad sanitaria vigente” y
corregir los hallazgos descritos en el acta; deber que recae en cabeza del
rector según sus funciones legales, y que resulta de difícil cumplimiento de no
contar con una persona que se encargue de prestar el servicio de aseo en el colegio.
Adicionalmente,
a partir de las fotografías y videos, y el informe aportado por el rector[96], esta
Sala tuvo conocimiento de que las áreas comunes del plantel y las zonas verdes
se encuentran muy desaseadas, que los baños de los estudiantes tienen graves
filtraciones de agua, y que el barro que los estudiantes acumulan en sus pies
cuando llueve hace que los pisos del colegio están constantemente muy húmedos y
sucios[97].
3.     Según
las declaraciones del rector de la I.E., estas condiciones de desaseo e insalubridad
han generado “un malestar y una molestia general en el estudiantado, en los
padres de familia y en el personal docente y administrativo quienes tienen que
soportar ese ambiente contaminado, y contrario al buen ambiente escolar que
debe primar”[98].
Aseguró igualmente que todo ello viene influyendo en el rendimiento
académico, a la vez que desmotiva a los estudiantes y el resto de la comunidad
educativa, lo cual conduce a un rechazo del plantel y un ambiente de pesimismo,
rabia e impotencia por el abandono y negligencia del Estado[99].
4.     La
I.E. Llano Grande cuenta con bienes y equipos que son de propiedad de la SEB y
que, de llegar a trasladarse al celador con el fin de acceder a la solicitud de
designación de un auxiliar de servicios generales, quedarían sin protección.
Además, que el celador cuenta con funciones particulares[100], que
según el rector de la institución son necesarias.
5.     Para el año 2012 el número de alumnos registrados en la I.E. Llano
Grande era de 333. Llama la atención de la Corte que el mismo haya reducido
drásticamente en la actualidad, ya que si bien para el año 2017 se contaban aun
con 256 estudiantes, al año 2018 el colegio alberga solo 173 niños y niñas[101],
lo cual implica una deserción escolar casi del 50% en los últimos 6 años,
explicable por la situación de insalubridad que se presenta en el colegio.
6.     Como
lo manifestó el demandante, el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)[102] es
un indicador empleado por el Ministerio de Educación para medir el desempeño de
los colegios públicos y privados. Uno de los componentes que evalúa este
indicador es el ‘ambiente escolar’, con el cual se determina si existen
las condiciones propicias para el aprendizaje en las aulas de clase. Es decir,
este indicador reduce el concepto de ambiente escolar al de ‘ambiente en el
aula’ dejando de lado los procesos de aprendizaje que ocurren fuera del salón
de clases.
Esta Sala considera que el concepto de
ambiente escolar, en tratándose de menores de edad, es entonces mucho más
amplio y más complejo, ya que los niños y niñas pueden usar todos espacios de
una institución educativa para su desarrollo personal, para el aprendizaje
mediante la experiencia, el juego y la recreación.
Según este indicador, el ambiente
escolar de la I.E. Llano Grande en el 2018 tuvo un puntaje de 0.74 (para Básica
Primaria y Secundaria) en una escala de valores de 0 a 1. No obstante, de las
pruebas recaudadas en el presente caso se observa que, debido a la falta del
auxiliar de servicios generales, el ambiente escolar (áreas comunes, baños,
zonas verdes, tienda escolar, laboratorio, entre otros) en el que se
desenvuelven los menores de edad no responde a criterios de calidad altos, como
los que refleja el puntaje.
31.  A
partir de lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que en este caso
existe clara vulneración del derecho a la educación de los niños y niñas de la
I.E. Llano Grande de Nuevo Colón debido a que la falta del servicio de aseo ha
generado condiciones ambientales y de salubridad deficientes, y un deterioro de
la planta física del plantel que no permiten que los estudiantes lleven a cabo
su proceso educativo en condiciones de dignidad y que los desmotiva al
aprendizaje.
32.  Probada la vulneración de los derechos fundamentales, la Corte
advierte que la Secretaría de Educación de Boyacá no ha adoptado medidas para garantizar
la accesibilidad al sistema educativo en relación con la necesidad del servicio
de aseo, pese a corresponderle la administración de la planta de personal del
municipio y el manejo de los recursos por ser Nuevo Colón un municipio no
certificado.
Además, no solo ha
negado en reiteradas oportunidades las peticiones del rector en las cuales éste
ha manifestado la urgencia de que se brinden dichos servicios en el colegio,
sino que ha usado la rigurosidad del procedimiento de definición de plantas de
personal (contenida en la Resolución 2314 del 2014) como excusa para entorpecer
la calidad y la permanencia de los niños y niñas en el servicio educativo. Así
consta en respuesta del 26 de julio del 2017, en la cual la SEB le informó al
rector que “una vez las condiciones institucionales y legales
que permitan efectuar los ajustes de planta en todos los planteles, fruto de
los excedentes de cargos existentes en otras instituciones, se procederá a
reubicar al funcionario o el cargo requerido por usted” [103].
Adicionalmente, la Sala entiende
que, en otra ocasión, la Jefe de la Oficina Jurídica de la SEB le comunicó al
rector que le informaría a la Oficina de Personal de la entidad sobre la
necesidad del servicio que tiene el colegio para que la misma “realice
el trámite respectivo”[104].
Si bien no señala con claridad a qué trámite se refiere, sí permite inferir que
la SEB, a través de su Oficina de Personal, iniciará el procedimiento necesario
para estudiar el requerimiento del rector.
No
obstante, como se mencionó, no se han adoptado medidas por parte de las
demandadas dirigidas a atender la problemática de salubridad que atraviesa el
plantel debido a la falta de aseo. Todo lo anterior a pesar de que la Corte ha
establecido que la rigurosidad de dichos procedimientos no es excusa válida
para relevar a las autoridades departamentales de la obligación de asegurar la
efectividad del derecho constitucional a la educación[105].
Por esta razón, se le
ordenará a la SEB que, dentro del mes siguiente a la notificación de esta
sentencia, provea provisionalmente a la I.E. Llano Grande de un auxiliar de
servicios generales que desarrolle las labores de aseo, para lo cual deberá
mantener los cargos de celador y Auxiliar Administrativo con los que ya cuenta
el plantel; y podrá inaplicar, de ser necesario, el artículo 3º de la
Resolución 2314 del 24 de abril de 2014, respecto del número de cargos
administrativos que puede tener una institución educativa que tiene 300 o menos
alumnos.
Esta entidad podrá
acudir a la inaplicación de la norma toda vez que resulta inconstitucional, en
el caso concreto, limitar a dos funcionarios administrativos (auxiliar
administrativo y vigilante) los cargos que se requieren en la I.E. para la
prestación efectiva de un servicio educativo de calidad y en condiciones de
dignidad. Es decir, no se compadece con las necesidades reales de la
institución el que ésta no cuente con un servidor público adicional, pues sin
el mismo se afecta gravemente el derecho a la educación.
Para dar cumplimiento
a lo anterior, la SEB podrá valerse de cualquiera de las formas
de contratación que establezca el ordenamiento jurídico tales como el nombramiento
o el contrato de prestación de servicios, entre otras, mientras se adelanta el
trámite propio de los concursos de méritos.
Sin embargo, dado que la Sala
reconoce que este tipo de órdenes puede implicar diferentes trámites de
apropiaciones presupuestales, de planeación y de reorganización de plantas de
personal por parte del Departamento, tal y como consta en la Resolución 2314
del 24 del 2014 y en la Circular No. 111 del mismo año, se le dará un plazo de
un año para que, atendiendo a sus procedimientos de gestión y planeación de
recursos, asignen de forma definitiva dicho cargo administrativo a la I.E.
Llano Grande de Nuevo Colón, respetando los mismos criterios señalados en la
orden de designación provisional del cargo.
De
otra parte, se le advertirá a esta entidad no volver a incurrir en las
conductas que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y,
en sentido, tomar medidas efectivas de forma oportuna cuando advierta que el
derecho a la educación de los niños y niñas que estudian en instituciones
públicas del departamento de Boyacá se encuentre amenazado o haya sido
vulnerado.
Finalmente, esta Sala
realizará dos consideraciones adicionales:
33.  En
primer lugar, luego de valorar las fotos y videos que fueron enviados por el
rector de la I.E. Llano Grande, la Magistrada Ponente advirtió igualmente que
los mismos estudiantes también han contribuido al desaseo del ambiente escolar
de la I.E. Llano Grande con algunas prácticas que son contrarias al deber de
cuidado de su institución educativa pública, de la naturaleza y del ambiente
escolar en el que se desenvuelven, como acumular basura en las aulas de clase.
Le recuerda esta Sala
al rector de la I.E. que también existen responsabilidades y un deber
de solidaridad por parte del estudiantado y de la comunidad educativa para
contribuir con el mejoramiento de su entorno: Las acciones menores de aseo y
cuidado como la recolección de los propios papeles, son tareas disciplinantes
que no afectan la actividad educativa y se enmarcan dentro del deber de cuidado
de los bienes de uso colectivo que tienen los estudiantes[106].
Por esta razón se advertirá al
rector que, en el cumplimiento de su deber legal de velar por la calidad de la
prestación del servicio educativo (artículo 10.14 de la Ley 715 de 2001) tenga
en cuenta la importancia de que el educando comprenda y cumpla sus deberes de
cuidar y mantener en buen estado los bienes y los espacios comunitarios de los
cuales se vale para lograr un proceso de aprendizaje exitoso.
34.  En segundo
lugar, es preciso señalar que la Sala encontró que los
derechos fundamentales del resto de la comunidad educativa (rector, docentes y
personal administrativo) también fueron vulnerados. Así, por ejemplo, los
docentes también tienen derecho a ejercer su profesión en condiciones de
dignidad en un ambiente escolar salubre que facilite la enseñanza.
35.  Por
todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia de segunda instancia proferida
el 28
de noviembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, así como la sentencia de primera
instancia proferida 31 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Tunja, dado que las mismas negaron el amparo de los derechos
fundamentales a la educación, la vida digna, la salud y la integridad de los
estudiantes de la I.E. Llano Grande y de toda la comunidad educativa. En su
lugar, concederá el amparo de los derechos conculcados y ordenará, en los
términos señalados con anterioridad, que se provea a la I.E. Llano Grande de
Nuevo Colón con un auxiliar administrativo que preste los servicios de aseo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de
noviembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, y la sentencia de primera
instancia proferida 31 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Tunja, para en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos a
la educación, la vida digna, la salud y la integridad de los estudiantes de la
I.E. Llano Grande y de toda la comunidad educativa.
Segundo.- ORDENAR a la Secretaría de Educación de Boyacá que, dentro
del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, provea provisionalmente
a la Institución Educativa Llano Grande de Nuevo Colón (Boyacá) de un auxiliar
de servicios generales que desarrolle las labores de aseo, para lo cual deberá
mantener los cargos de celador y Auxiliar Administrativo con los que ya cuenta
el plantel; y podrá inaplicar por inconstitucional, de ser necesario, el
artículo 3 de la Resolución 2314 del 24 de abril de 2014, respecto del número
de cargos administrativos que puede tener una institución educativa que tiene
300 o menos alumnos. Para dar cumplimiento a lo anterior y atender la urgencia,
podrá valerse de cualquiera de las formas de contratación que
establezca el ordenamiento jurídico, mientras se adelanta el trámite propio de
los concursos de méritos.
Se otorgará un plazo
de un (1) año, desde la notificación de esta sentencia, para que, atendiendo a
sus procedimientos de gestión y planeación de recursos, asigne de forma
definitiva dicho cargo administrativo a la I.E. Llano Grande de Nuevo Colón,
respetando los criterios anteriores. Lo anterior sin perjuicio de que la
Secretaría de Educación de Boyacá decida en el futuro ampliar la planta de
personal de carácter administrativo.
Tercero.- ADVERTIR a la Secretaría de Educación de Boyacá no volver
a incurrir en las conductas que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales y, en este sentido, tomar medidas efectivas de forma oportuna
cuando advierta que el derecho a la educación de los niños y niñas que estudian
en instituciones públicas del departamento de Boyacá se encuentre amenazado o
haya sido vulnerado.
Cuarto.-
ADVERTIR al Rector de la Institución Educativa Llano Grande del municipio
de Nuevo Colón (Boyacá) que, en el cumplimiento de su deber
legal de velar por la calidad de la prestación del servicio educativo (artículo
10.14 de la Ley 715 de 2001), tenga en cuenta la importancia de que el educando
comprenda y cumpla sus deberes de cuidar y mantener en buen estado los bienes y
los espacios comunitarios de los cuales se vale para lograr un proceso de
aprendizaje exitoso.
Quinto.-
ORDENAR a la Defensoría del Pueblo (Regional de Boyacá) que, en ejercicio
de sus funciones, acompañe el cumplimiento del numeral segundo de la parte
resolutiva del presente fallo (artículo 27 del Decreto 2591 de 1991), para lo
cual deberá presentar informes trimestrales ante el juez de conocimiento
durante el año siguiente a la notificación de esta sentencia.
Sexto.-
Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Anexo 1.
Solicitudes realizadas por el rector de la I.E. Llano grande ante la SEB.
Radicado
Petición I.E. Llano Grande
Respuesta
de la Secretaría de Educación de Boyacá
2012PQR3974
(2 de febrero
de 2012)
Rector informa
que cuenta con 333 estudiantes y solicita la designación de un funcionario de
servicios generales.
El 6 de
febrero de 2012 el Grupo de Gestión de Personal de la SEB respondió que no se
puede dar solución de fondo a la petición debido a que el número real de
alumnos matriculados para el año escolar 2012 solo se consolida hasta el mes
de abril, fecha en la cual se determinan los cargos excedentes para proceder
a la respectiva reubicación o nombramiento provisional si hay lugar a ello[107].
2014PQR48782
(4 de
diciembre de 2014)
No se recibió
constancia de que esta petición haya sido respondida.
2015PQR25088
(12 de junio
de 2015)
Rector
solicita la designación de un funcionario de servicios generales de acuerdo
con la Circular No. 111 de 2014.
El 19 de
noviembre de 2015, la SEB indica que la administración de la Secretaría de
Educación realizó un estudio técnico de acuerdo con el número de estudiantes
matriculados y reportados en la presente vigencia, en la I.E. Llano Grande
del municipio de Nuevo Colón y evidenció que de conformidad con la
normatividad vigente “corresponde la asignación de dos funcionarios
administrativos en la I.E. respectiva, y en la actualidad se encuentran
nombrados los dos funcionarios”[108].
Con relación a la solicitud de que se tenga en cuenta a la persona que
actualmente se desempeña como celador para ser designado en el cargo de servicios
generales que eventualmente se asigne a la I.E., indicó que “no es
posible, a quien le asiste la competencia de realizar un estudio de acuerdo a
la prioridad de la I.E. es al señor rector y justificarlo ante la
administración de esta Secretaría, donde manifieste que no se requiere del
cargo de celador y a cambio se nombre un funcionario como auxiliar de
servicios generales. Por lo anterior, no es posible acceder a cambio de
funciones o nombramiento de una auxiliar de servicios generales”[109].
2015PQR31107
(sin fecha)
2015PQR33976
(31 de julio
de 2015) –
Se solicitó la
designación de un funcionario de servicios generales y como petición
subsidiaria, en caso de que la SED no pueda designar el funcionario, solicitó
autorización por escrito “para asignar turnos de aseos de los estudiantes
de la Institución Educativa Llano Grande del municipio de Nuevo Colón”.
El 11 de
agosto de 2015, el Jefe de la Oficina Jurídica de la SEB señaló que “no es
función de los estudiantes realizar labores de aseo, pues ya la Corte
Constitucional en providencia judicial ha dicho al igual que el Ministerio de
Educación Nacional, que los estudiantes no pueden realizar labores de aseo
mucho menos si ellas interfieren con las jornadas educativas, toda vez que la
descentralización del servicio educativo en las entidades territoriales debe
garantizar la prestación efectiva del mismo. Por lo anterior, esta
dependencia remite copia de la solicitud del concepto y de este oficio, a fin
de que la oficina de personal realice el trámite respectivo”[110].
2015PQR49048
(23 de octubre
de 2015)
Se solicitó
designación de funcionario de servicios generales de acuerdo a los
lineamientos de la Circular N° 111 de 2014. Se informa que padres de familia
de la Asociación que han mantenido el servicio de aseo informaron que “no
pueden continuar colaborando con el aseo, motivo por el cual el servicio
educativo seguramente se verá afectado, [e] inclusive puede conllevar a la
suspensión de las actividades escolares”[111].
Sin respuesta
favorable[112]
2016PQR32696
En escrito del
9 de agosto de 2017 se da respuesta por parte de la Jefe de la Oficina
Jurídica de la SEB a la solicitud de concepto jurídico elevada por el rector
de la IE. Se indicó primero, que los artículos 11 y 12 del Decreto
1286 de abril 27 de 2005 señalan:
“ARTICULO
11. Manejo de los recursos de la asociación de padres. El patrimonio
de la asociación de padres de familia y su gestión deben estar claramente
separados de los del establecimiento educativo. Será administrado
únicamente por la junta directiva de la asociación de acuerdo con los
estatutos. Esta designará al responsable del recaudo de los ingresos que
por distintos conceptos reciba la asociación quien, en ningún caso, podrá ser
un directivo, administrativo o docente del establecimiento educativo. La
junta directiva deberá entregar a sus afiliados al menos un informe semestral
sobre su gestión académica, administrativa y financiera.
La Junta
Directiva designará al responsable del recaudo y uso de los ingresos que por
distintos conceptos reciba la asociación de acuerdo con la planeación
financiera establecida por la misma. El responsable de los aspectos
financieros de la asociación deberá tener póliza de manejo.
Los bienes de
la asociación de padres de familia que favorezcan a la formación de los
educandos podrán ser puestos al servicio del establecimiento en los términos
del acuerdo que se establezca entre la asociación y la dirección del
establecimiento, en el cual se definan los mecanismos que permitan su uso,
sostenimiento y mantenimiento.
Parágrafo. Las
cuotas extraordinarias serán de destinación específica y solo podrán exigirse
si son aprobadas por las tres cuartas (3/4) partes de los asistentes a la
asamblea general de asociados, convocada con la debida anticipación. En
ningún caso, la asociación podrá establecer cuotas que no estén sustentadas
en un plan de desarrollo y plan anual de caja.
ARTICULO 12.
Prohibiciones para las asociaciones de padres de familia. Les está
prohibido a las asociaciones de padres de familia:
a. Solicitar a
los asociados o aprobar a cargo de éstos, con destino al establecimiento
educativo, bonos, contribuciones, donaciones, cuotas, formularios, o
cualquier forma de aporte en dinero o en especie, o
imponer la obligación de participar en actividades destinadas a recaudar
fondos o la adquisición de productos alimenticios de conformidad con lo
establecido en la sentencia T-161 de 1994. (…)
c. Asumir las
competencias y funciones propias de las autoridades y demás organismos
colectivos del establecimiento educativo, o aquellas
propias de los organismos y entidades de fiscalización, evaluación,
inspección y vigilancia del sector educativo”[113].
En segundo
lugar, señaló que de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo “son
contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos (…) las
personas naturales y jurídicas que contraten la ejecución de una o varias
obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros (…). Pero el
beneficiario del trabajo o dueño de la obra (…) será solidariamente responsable
con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores (…)” (artículo 34)[114].
Aducen que
dichas normas explican que, en esos casos, los trabajadores del contratista
pueden reclamar el pago de sus salarios y prestaciones sociales no solo al
contratista, sino también al dueño de la obra o negocio que contrató con el
contratista.
Por eso, dado
que los derechos laborales son irrenunciables, “en caso de una posible
demanda laboral por parte de la persona contratada, ésta pu[e]de repetir y
vincular a la institución educativa”[115].
Por eso, concluyen sugiriendo “abstenerse de contratar una madre de
familia para que cumpla labores de aseo y que sus honorarios sean cancelados
por la Asociación de Padres de Familia, toda vez que a futuro se pueden
presentar demandas y reclamaciones”[116]
que acarrearían la vinculación y responsabilidad de la institución educativa.
2017PQR32293
(4 de julio de
2017)
Solicita a la
SED la designación de un auxiliar de servicios generales con base en la
resolución de 2014 y en el estudio que realizó el Consejo Directivo de la
I.E., el cual fue radicado ante la SAC.
El 26 de julio
de 2017, el señor Raúl Reyes de la Secretaría de Educación dio respuesta a la
solicitud de nombramiento de un auxiliar de servicios generales y señaló que “la
Secretaría de Educación debe basar sus actuaciones soportado en las
disposiciones legales (…) de acuerdo a la Resolución 2314 del 24 de abril de
2014 en su artículo noveno estipula: “momento para el ajuste de las plantas
de personal administrativo: Los ajustes que a nivel institucional surjan como
consecuencia del presente acto administrativo (necesidades o excedentes) se
adelantarán en un futuro inmediato y hasta cuando las circunstancias legales
permitan llegar al equilibrio propuesto y exigido legalmente”[117].
De este modo, advirtió al Rector que en el marco del proceso de
reorganización que genera la Resolución 2314 de abril de 2014, “una vez
las condiciones institucionales y legales que permitan efectuar los ajustes
de planta en todos los planteles, fruto de los excedentes de cargos
existentes en otras instituciones, se procederá a reubicar al funcionario o
el cargo requerido por usted”[118].
2017PQR45605
(20 septiembre
de 2017)
Si hay constancia
de radicado en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)[119]
El 10 de
octubre de 2017, la Secretaría de Educación de Boyacá indicó que “basados
en la Resolución No. 2314 del 24 de abril de 2014 expedida por la Secretaría
de Educación de Boyacá ARTÍCULO TERCERO, en el cual se establece la
distribución de cargos administrativos teniendo en cuenta la asignación de
recursos financieros por alumno y atendiendo a que el número de alumnos
matriculados en la Institución Educativa “Llano Grande” del municipio de
Nuevo Colón son 256 alumnos, le corresponde dos funcionarios administrativos,
funcionarios que ya se encuentran en dicha institución. Por lo anterior sería
necesario que usted le indicara a esta Secretaría si no existe la necesidad de
los servicios que presta el celador y en su lugar requiere el auxiliar de
Servicios Generales que menciona”[120].
[1] Folios 26 del
cuaderno 1 y 53 del cuaderno 3.
[2] Folio 7 y 29 del
cuaderno 1.
[3] Folio 56 del cuaderno
3.
[4] Folio 23 del cuaderno
1 y 55 del cuaderno 3.
[5] Ibídem.
[6] Folio 30 del cuaderno
1.
[7] Folio 22 del cuaderno
1.
[8] Ibídem.
[9] Ibídem.
[10] Folio 5 del cuaderno
1.
[11] En
el escrito de tutela, como “peticiones previas” a las pretensiones
señaladas en este numeral, el demandante solicitó (i) que se ordenara a las
autoridades departamentales la suspensión inmediata del servicio educativo en
la I.E. Llano Grande para “evitar una emergencia sanitaria y problemas y
consecuencias de salubridad y salud pública” hasta tanto se designe,
posesione e inicie labores el correspondiente funcionario de servicios
generales. Así mismo, solicitó (ii) que el tiempo que el personal docente,
directivo docente y administrativo asista a la institución sin estudiantes,
como consecuencia de la suspensión de actividades académicas “sea
contabilizado y remunerado como tiempo laborado y no tenga que recuperar dichas
clases” (Ver folio 32 del cuaderno 1).
[12] Folio 39 del cuaderno
1.
[13] Folio 46 al 49 del
cuaderno 1.
[14] Folios 67 al 72 del
cuaderno 1.
[15] Folios 86 al 92 del
cuaderno 1.
[16] Folios del 9 al 12
del cuaderno 2.
[17] Folios 27 al 104 del
cuaderno 3
[18] El contenido de la
Resolución 2314 y de la Circular No. 11 del 2014 serán reproducidos más
adelante en esta sentencia.
[19] Folios 105 al 158 del
cuaderno 3
[20] Sentencia T-494 de 2005, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[21] Es importante señalar
que la Corte también ha interpretado esta potestad como parte de la agencia
oficiosa, y ha entendido que en virtud de ésta se admite una flexibilización de
los requisitos que el agente oficioso debe acreditar para tener legitimación
por activa dentro del trámite de la acción de tutela.
[22] Sentencia T-500 de
2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[23] Sentencia T-408 de septiembre 12 de 1995, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, entre otras.
[24] Subregla reiterada en
la sentencia T-210 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[25] Sentencia T-736 de
2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[26] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[27] Ibídem.
[28] Sentencia T-411 de
1994; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[29] La sentencia T-501
de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz) también consideró procedente la acción de
tutela interpuesta por el rector del Colegio Departamental "Carlos Holguín
Mallarino" de Nóvita contra el Alcalde Municipal de la misma ciudad, para
que fuera amparado el derecho a la educación.
[30] Sentencia T-373 de
2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[31] Artículo
1o. Objeto. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señale este Decreto (…)”.
[32] Artículo 5o.
“Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace
violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…)”.
[33]
Sentencia
SU-961 de 1999; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[34] Sentencia T-038 de
2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[35]
Sentencia
SU-241 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[36] Sentencia T-091 de
2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[37] M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
[38] Las consideraciones
generales sobre el requisito de subsidiariedad fueron extrapoladas de la
sentencia T-598 de 2017 de este despacho.
[39] Sentencia T-106 de
1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[40] Sentencia T-480 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[41] Sentencia SU-424 de
2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[42] “Artículo 6º.
Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante (…)
Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su
integridad mediante una indemnización”.
[43] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[44] Sentencia T-087 de
2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[45] Ibídem.
[46] Artículo 1 de la Ley
393 de 1997.
[47] Folio 153 del cuaderno
3.
[48] Sentencia T-260 de
2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[49] El
alcance de esta obligación fue estudiado en la Opinión Consultiva No.
OC-17/2002 del 28 de agosto de 2002.
[50] Artículo 13. “Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente
a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
[51] Artículo 44. “Son
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por
Colombia.
La familia, la sociedad y el
Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los
infractores.
Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás”.
[52] Sentencia T-260 de
2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[53] Ibídem.
[54] TOMASEVSKI, K.
“INDICADORES DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN” (sin fecha). Recuperado de: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-a-la-educacion.pdf Pág. 40. “Las
obligaciones gubernamentales exigen una evaluación de las condiciones
existentes que serían contrarias a los objetivos de la educación, la definición
de los estándares que deben encontrarse en todas partes, y la identificación de
las instituciones y procedimientos por los cuales tales estándares serán
implementados, vigilados y exigidos. El principio central de la Convención
sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual la educación debe diseñarse e
implementarse teniendo en consideración el interés superior de cada niño y
niña, requiere la identificación de las barreras que deberían eliminarse para
que niñas y niños puedan aprender”
[55] Sentencia T-787 de
2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[56] Sentencia T-002 de
1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[57] Sentencia T-534 de
1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
[58] Sentencia T-672 de
1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[59] Sentencia C-170 de
2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[60] Ibídem.
[61] Este
fundamento fue extrapolado de la sentencia T-085 de 2017 de este despacho.
[62] M.P. María Victoria
Calle Correa
[63] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
[64] M.P. Alberto Rojas
Ríos
[65] Ver las sentencias
T-734 de 2011, T-458 de 2013, T-810 de 2013 y T-273 de 2014.
[66] Parágrafo 6 literal
b) de la Observación General No. 13 del Comité DESC sobre el derecho a la
educación.
[67] Sentencia T-273 de 2014,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[68] M.P. María Victoria Calle Correa.
[69] Sentencia T-273 de
2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[70] Ibídem.
[71] Ver sentencias T-789
de 2010, T-781 de 2010, T-150A de 2010 y T-394 de 2009.
[72] Sentencia T-781 de 2010. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[73] Sentencia T-789 de
2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[74] Sentencia T-458 de 2013. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
[75] Sentencia T-1259 del 2008. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[76] Sentencia T-963 de
2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[77] Sentencias C-170 de 2004, M.P.
Rodrigo Escobar Gil; T-690 de 2012 y T-237 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[78] Sentencia
T-402 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[79] Defensoría de Pueblo y PROSEDHER
(2003), “El Derecho a la Educación en la Constitución, la jurisprudencia y
los instrumentos internacionales”. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/tablas/24868.pdf
[80] Ibídem.
[81] Ibídem.
[82] “(…) La educación
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (…)”.
[83]
García, M. (2013). “Separados y Desiguales: Educación y clases sociales en
Colombia”. Bogotá. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.
[84] Sentencia T-369 de
2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
[85]
Melo, L. (2005). Impacto de la descentralización fiscal sobre la educación pública
colombiana. Bogotá. Banco de la República (como se cita en García 2013).
[86] Reiteración de lo
dispuesto en la sentencia T-273 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[87] Por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.
[88] Los recursos de las
entidades territoriales han sido clasificados en rentas endógenas y rentas
exógenas, de acuerdo con su origen y la competencia del legislador para
intervenir en la fijación de su destino. Las primeras son aquellas que por
derecho propio corresponden a las entidades territoriales y están, a su vez,
dividas en tributarias y no tributarias. Las segundas, son cesiones de
rentas que les hacen la Nación o el Estado (Ver sentencias C-219 de 1997
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-937 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, C-541
de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, C-240 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva y C-1055 de 2012 M.P. Alexei Julio Estrada, entre otras)
[89] Acto Legislativo 01
de 2001 ‘por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución
Política’.
[90] Acto Legislativo 04
de 2007, ‘por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política’.
[91] Sentencia T-273 de
2014. M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[92] Sentencia T-273 de
2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[93] De acuerdo a la presunción de veracidad
contenida en el artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991, en los casos en los
que en un proceso de tutela se le solicita a la parte accionada que se
pronuncie sobre los hechos narrados por el actor y ésta guarda silencio al
respecto, la norma señala que “se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa”. Esta Corporación también ha establecido que “la
presunción de buena fe no implica que el juez decida aplicar sin ninguna otra
consideración el principio de la carga de la prueba, ya que ello modificaría
los parámetros que le indican que la sentencia debe estar sustentada en hechos
verificados, para lo cual el ordenamiento jurídico le otorga las herramientas
pertinentes en la materialización del fin de la justicia” (Sentencia T-724
de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[94] Ibídem.
[95] Folios 136 a 139 del
cuaderno 3.
[96] Folio 149 del
cuaderno 3.
[97] Folio 152 del
cuaderno 3.
[98] Folio 152 del
cuaderno 3.
[99] Ibídem.
[100] Folio 143 del
cuaderno 3.
[101] Ibídem.
[102] El ISCE mide en una
escala de 1 a 10 el desempeño de los colegios públicos y privados. Evalúa
cuatro componentes en los establecimientos educativos, tomando como referencia
los resultados de las pruebas Saber:
·
Progreso:
cuánto han mejorado dichos resultados en relación con el año anterior.
·
Desempeño:
cómo les fue en la prueba con respecto al resto del país.
·
Eficiencia:
cuántos de los estudiantes aprueban el año escolar.
·
Ambiente
escolar: considera si existen las condiciones propicias para el aprendizaje
en las aulas de clase. Revisa en qué contexto se están desarrollando las clases
que están recibiendo todos los estudiantes.
[103] Folio 22 del cuaderno
1.
[104] Folio 7 del cuaderno
1.
[105] Sentencia T-963 de
2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[106]
Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia.
“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994,
todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del
proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia (…) En
particular debe contemplar los siguientes aspectos. (…)
2. Criterios de respeto, valoración y
compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de
uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.
3. Pautas de comportamiento en relación
con el cuidado del medio ambiente escolar”.
[107] Folios 26 del
cuaderno 1 y 53 del cuaderno 3.
[108] Folios 6 y 23 del
cuaderno y 55 del cuaderno 3.
[109] Ibídem.
[110] Folio 7 del cuaderno
1.
[111] Folio 56 del cuaderno
3.
[112] Folio 6 del cuaderno
1.
[113] Folio 13 al 15 del
cuaderno 1.
[114] Folio 13 al 15 del
cuaderno 1.
[115] Folio 15 del cuaderno
1.
[116] Ibídem.
[117] Folio 22 del cuaderno
1.
[118] Ibídem.
[119] Folio 12 del cuaderno
1.
[120] Folio 5 del cuaderno
1.