T-482-17
Sentencia T-482/17
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar
si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e
idóneo
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Procedencia de la acción de tutela para evitar un
perjuicio irremediable pese a existir otro medio de defensa judicial
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
EJERCICIO DEL IUS VARIANDI-Reiteración de
jurisprudencia
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR TRASLADO LABORAL-Improcedencia por
cuanto no se agotaron medios de defensa judicial y no se demostró perjuicio
irremediable
Referencia: expediente T-6.116.218
Acción de tutela
interpuesta por María Inés Lozano Leal, en contra del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Magistrado
ponente:
CARLOS BERNAL
PULIDO
Bogotá, D.C.,
veinticinco (25) de julio del año dos mil diecisiete (2017).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela proferido, en primera instancia, por el Juzgado Dieciocho Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C. el 23 de enero del año 2017,
confirmado en sentencia del 6 de marzo de ese mismo año, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela
promovida por María Inés Lozano Leal en contra del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, en adelante ICBF.
El expediente de la referencia fue
escogido para revisión mediante Auto del 27 de abril del 2017, proferido por la
Sala de Selección Número Cuatro[1].
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos probados
1. María Inés Lozano Leal, según se
desprende del contenido de la demanda, es servidora pública del ICBF desde el
23 de agosto de 1994.[2]
Ejercía su labor como defensora de familia en el edificio Nemqueteba de la
ciudad de Bogotá, en el Grupo Jurídico con asignación a los Juzgados de Familia
de esta ciudad, a partir del 10 de septiembre de 2013[3].
2. La Directora Regional Bogotá del ICBF
ordenó el traslado de la tutelante al Centro Zonal de Bosa, mediante Resolución
5614 del 3 de noviembre de 2016[4],
aclarada por la Resolución 5737 del mismo mes y año, y confirmada por medio de
la Resolución 5938 del 25 de noviembre de 2016[5]. Se fundamentó la decisión en la
necesidad de brindar un mejor servicio en dicho centro zonal.
3. Con posterioridad a los hechos que
dieron origen a la acción de tutela, mediante la Resolución 0552 del 16 de
febrero de 2017, la Directora Regional Bogotá del ICBF trasladó a la tutelante
del Centro Zonal Bosa al Centro Zonal CREER [6].
2.
Pretensiones y fundamentos de la acción
4. La parte accionante solicita la
protección de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas,
salud, igualdad, dignidad y debido proceso. En consecuencia, pretende que se
revoque la Resolución que ordenó su traslado al Centro Zonal Bosa y se le
permita continuar laborando en el Grupo Jurídico con asignación a los Juzgados
de Familia de Bogotá, en el edificio Nemqueteba de esta ciudad. Fundamenta sus
pretensiones en las siguientes razones:
5. Aduce que en el procedimiento
administrativo que culminó con su traslado al Centro Zonal Bosa se vulneró el
debido proceso, en primer lugar, por no haber sido notificada personalmente de
las resoluciones a que se hace referencia en el f.j. 2, sino por medio
de correo electrónico, sin que se contara con su autorización para ello, tal
como lo disponen los artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante
CPACA-. En segundo lugar, señala que se desconoció lo dispuesto por el artículo
79 del CPACA, al no decretarse, en sede de reposición, la práctica de la
siguiente prueba: valoración médica de SURATEP (sic) e inspección a su puesto
de trabajo por parte de la Administradora de Riesgos Laborales -ARL-
“Positiva”, elementos que, asegura, hubieren permitido reconsiderar la decisión
de traslado.
6. Señala que las resoluciones de que
trata el f.j. 2 están viciadas de falsa motivación, al invocar razones
de necesidad del servicio, cuando se trata de una decisión arbitraria de su
nominador. En efecto, considera que se afectó la normal prestación del servicio
en los juzgados de familia de la ciudad de Bogotá, al ordenarse el traslado de
11 defensores de familia (siendo ella una de tantos) de los 17 asignados a la
Jurisdicción de Familia en dicha ciudad.
7. Considera que la orden de traslado es
inconveniente por su estado de salud, pues tiene un diagnóstico de “túnel
del carpo bilateral y epiconditis bilateral con calificación severa mano
derecha y moderada en mano izquierda, recomendando a la entidad disminución de
carga laboral”[7].
Además, dice que fue calificada, el 28 de julio de 2016, con una pérdida de
capacidad laboral de 21.52%, producto de una enfermedad profesional. Señala,
igualmente, que no se tuvo en cuenta el diagnóstico realizado por Dermatología
de Carcinoma Basocelular y Queratosis Actínica Hipertrófica[8]. En
consideración a estos aspectos de su salud, enfatiza que el traslado al Centro
Zonal de Bosa puede entorpecer el tratamiento que recibe en la Clínica
Oncológica San Diego, que es cerca de su residencia, así como las terapias que
recibe en los barrios Normandía y La Castellana, advirtiendo que ello puede
agravar su estado de salud por el desplazamiento a su nuevo sitio de trabajo, “asida
a las barras de un bus de servicio urbano”[9], lo que atenta contra su vida en
condiciones dignas.
8. De otra parte, señala que con la
orden de traslado se afecta su situación familiar y personal, porque tiene a
cargo el cuidado de su hijo quien fue diagnosticado con Trastorno Psicótico
Agudo y requiere de tratamiento y controles con médico psiquiatra[10].
9. Pone de presente, además, su
condición de prepensionable, al restarle menos de dos años para cumplir con el
requisito de edad para ser beneficiaria de la pensión de vejez[11].
10. Finalmente, solicita se le brinde un
trato igual, en relación con el caso de la señora Ángela Patricia Melo
Chavarro, trabajadora social del centro zonal Fontibón, quien, inicialmente,
había sido trasladada al centro Especializado REVIVIR, pero debido a su cuadro
clínico, se reconsideró su traslado para que continuara en su sede de trabajo
inicial.[12]
3.
Respuesta de la parte accionada
11. La Dirección Regional Bogotá del
ICBF se opuso a la prosperidad de la acción y presentó los siguientes
argumentos:
12. La acción de tutela sólo procede
como mecanismo excepcional frente a las decisiones de traslado laboral. De
acuerdo, con la jurisprudencia constitucional, el amparo constitucional no es
el mecanismo idóneo para discutir la legalidad de la Resolución 5614 de 2016,
así como de aquellas que la confirmaron, pues para ello se cuenta con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se puede solicitar,
como medida eficaz, la suspensión provisional del acto administrativo
demandado.
13. El ICBF tiene una planta global, “y
la Regional Bogotá es una sola”;[13]
por tanto, los traslados de los funcionarios son consecuencia de un ejercicio
legítimo de la prerrogativa del ius variandi.
14. El traslado de la tutelante se
encuentra ajustado a los presupuestos que ha establecido la jurisprudencia
constitucional y se hizo por necesidad del servicio en el Centro Zonal Bosa,
con el ánimo de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que
deben ser atendidos allí.
15. Las recomendaciones médicas, como
consecuencia de los quebrantos de salud que presenta la tutelante, serán
observadas por la entidad en el centro zonal al que fue trasladada[14],
máxime que este se dio dentro de la misma ciudad de Bogotá.
16. Las condiciones laborales no le han
sido desmejoradas a la tutelante, pues se respeta la afinidad funcional y se
atienden las recomendaciones médicas a que hay lugar[15].
17. No existe irregularidad en el
procedimiento de notificación de los actos administrativos cuestionados, pues
esta se hizo de manera personal.
18. En suma, concluye, no se observa una
afectación grave de los derechos fundamentales de la accionante ni tampoco de
su núcleo familiar, pues el traslado se hizo dentro del perímetro urbano de
Bogotá, en el que siempre ha laborado y tiene acceso a los diferentes centros
médicos[16].
4.
Decisiones objeto de revisión
19. El Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 23 de
enero de 2017[17],
declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no reunir los requisitos
del artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991.  Señaló, por un lado, que no se podía calificar la
decisión de traslado como arbitraria. También, que a pesar de que la accionante
fue diagnosticada con túnel de carpo bilateral, con pérdida de capacidad
laboral en un 21.50% y queratosis y problemas de piel, no se acreditó que el
traslado al Centro Zonal de Bosa afectara, de manera significativa, su estado
de salud. Tampoco se consideró que se estuviese en presencia de un supuesto de
ruptura del núcleo familiar o de imposibilidad para estar al tanto de los
problemas de salud de su hijo, dado que el traslado se presentó dentro del
perímetro de Bogotá. Finalmente, indicó que no se configuraba un supuesto de
perjuicio irremediable.
20. En sentencia del 6 de marzo de 2017[18],
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de
primera instancia. Adujo que el traslado no era arbitrario, ya que se fundó en
la necesidad del servicio, dado que se requería suplir un empleo que estaba
vacante y la tutelante cumplía con los requisitos para su ejercicio[19].
Agregó que la entidad no fue ajena a brindar un tratamiento diferencial
positivo, debido al estado de salud de la tutelante, en el que se siguieron las
recomendaciones médico-laborales expedidas por “Cuidarte Tu Salud IPS”
el 23 de junio de 2016[20].
Por tanto, el derecho a la salud de la accionante no fue vulnerado a causa de
su reubicación laboral, pues al encontrarse dentro de la misma ciudad no se le
impide la atención médica y hospitalaria que requiriera. Finalmente, señaló que
obraba en el expediente copia del acta de compromiso y actas del comité de
seguimiento en el que se daba cumplimiento a las recomendaciones médicas en
relación con la situación de la accionante, siendo preservadas las condiciones
en su nuevo puesto de trabajo.
5.
Actuaciones en sede de revisión
21. En auto del
20 de junio de 2017[21],
el Magistrado sustanciador ofició a las siguientes entidades, para los fines
que, en relación con cada uno, se indican: (i) al ICBF-Regional Bogotá, para
que allegara copia íntegra de los antecedentes laborales de la señora María
Inés Lozano Leal y resolviera unos interrogantes en relación con la orden de
traslado; (ii) a la ARL Positiva, para que informara si la accionante
registraba alguna condición de discapacidad laboral; (iii) a la EPS Salud Vida,
al Instituto Nacional de Cancerología y al Centro Dermatológico Federico Lleras
Acosta, para que remitieran copia de la historia clínica y conceptuaran acerca
del impacto médico que pudiera tener el traslado de la accionante a su nuevo
puesto de trabajo.
22. El Jefe de
la Oficina Jurídica del ICBF remitió, en dos carpetas, los antecedentes laborales
de la señora María Inés Lozano Leal e informó que las resoluciones 5614 del 3
de noviembre 2016, que ordenó el traslado de la accionante, y 5938 del 25 de
noviembre de 2016, que confirmó la anterior, perdieron fuerza de ejecutoria,
como consecuencia de la expedición de la Resolución 0552 del 16  de febrero de
2017, por medio de la cual se trasladó a la tutelante del Centro Zonal Bosa al
Centro Zonal CREER[22].
Con relación a este último acto administrativo, además, informó lo siguiente:
“Es importante
anotar que esta última resolución se profirió de forma consensuada con la
servidora pública, atendiendo a las condiciones planteadas en su momento. Dicha
decisión quedó ejecutoriada sin que la defensora de familia presentara recurso
alguno”[23].
23. El Instituto
Nacional de Cancerología remitió la historia clínica solicitada[24], sin emitir
el concepto solicitado.
24. La ARL
Positiva allegó la historia clínica de la tutelante[25] e informó
que registraba enfermedad reportada el 28 de abril de 2015 con los diagnósticos
“EPICONDILITIS LATERAL BILATERAL y SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO BILATERAL”,
calificados como de origen laboral, y que se dio trámite a la calificación de
pérdida de capacidad laboral con el 21.52% [26].
25. Saludvida
EPS allegó copia de la historia clínica solicitada,[27] pero
advirtió que ésta correspondía a la allegada por “la propia señora MARIA
INES LOZANO LEAL, [...] a nuestras oficinas”[28]. Con
fundamento en dicha información, señaló lo siguiente: “es visible que los
profesionales de la salud tratante han hecho los siguientes diagnósticos: TÚNEL
DEL CARPO BILATERAL, EPICONDILITIS BILATERAL SEVERA EN MANO DERECHA Y MODERADA
EN MANO IZQUIERDA, ANTECEDENTES DE CARCINOMA GÁSTRICO Y CARCINOMA VASCULAR”[29].
Finalmente, con fundamento en dicha información, indicó que los diagnósticos
fueron catalogados como de “‘enfermedad general o de origen común’ y no
clasificados como ‘Enfermedad laboral’”, razón por la cual no era
pertinente “que el área de auditoría médica [...] conceptúe acerca de
las implicaciones en el estado de salud de la usuaria”[30].
26. La accionante
allegó copia de una nueva incapacidad por 10 días y del acta de aplicación de
recomendaciones médicas, de fecha 15 de junio de 2017[31], suscrita
por la Coordinadora del Grupo de Gestión Humana del ICBF, la Coordinadora del
Centro Especializado CREER del ICBF, la Profesional SST de Gestión Humana ICBF,
y la tutelante[32].
27. El Centro
Dermatológico Federico Lleras Acosta anexó copia de la historia clínica de la
tutelante e informó que a la accionante se le brindó atención médica
especializada en dermatología, y que no era competente para emitir el concepto
médico sobre el traslado de la accionante a un nuevo puesto de trabajo[33].
28.
El 13 de julio de 2017, el despacho del Magistrado Sustanciador realizó llamada
telefónica a la accionante, con el fin de que informara si el traslado al
Centro Zonal de Bosa, a que se hizo referencia en el f.j. 22, se había
hecho efectivo. Lo anterior, con el fin de determinar si se estaba en presencia
o no de un supuesto de carencia actual de objeto. En respuesta a esta
solicitud, la tutelante remitió documento en el que asevera que el traslado
objeto de tutela al Centro Zonal de Bosa no se hizo efecto porque, de manera
concertada, se efectuó para el Centro Zonal CREER. Sin embargo, señala que
aceptó esta última opción debido a que no tenía otra alternativa[34],
y que, por esta razón, solicitaba a esta Corporación se pronunciara sobre su
situación, para unificar jurisprudencia y determinar si la limitación al ius
variandi podía estar condicionada al entorno geográfico, como se entendió
por los jueces de instancia en la presente tutela.
29.
Finalmente, el Instituto Nacional de Cancerología, mediante documento de julio
13 de 2017, señaló que no podía emitir una opinión seria sobre el impacto
médico de su traslado, dado que “atendió a la paciente por un Cáncer
Gástrico, según se explica antes y no ha asistido a esta Entidad desde el 04 de
febrero de 1999, por tanto no se conoce su estado actual”[35].
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.       Competencia
30. Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de
tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con lo prescrito por los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Problemas
jurídicos
31. Le
corresponde a la Sala establecer, por un lado, si en el presente caso se
verifican los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en
especial si se satisface el de subsidiariedad. Por otro, siempre que resulte
procedente la acción, establecer si hubo afectación de los derechos a la vida
digna, salud, igualdad y debido proceso como consecuencia de la orden de
traslado de que tratan los f.j. 1 y 2.
3.      Análisis
del caso concreto
32. La acción de
tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato, oportuno y
adecuado para las garantías fundamentales, frente a situaciones de amenaza o
vulneración, ya fuera por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el artículo 86 de
la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha considerado, pacíficamente, por
esta Corte, que son requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la
acción de tutela la acreditación de legitimación en la causa[36], un
ejercicio oportuno (inmediatez[37])
y un ejercicio subsidiario, respecto de otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que se trate de un supuesto de perjuicio irremediable.
33. A excepción
del último requisito (subsidiariedad), al que se hace referencia en los
párrafos ulteriores, las dos primeras condiciones de procedencia se acreditan
en el presente asunto. Con relación al requisito de legitimidad, la tutelante
es titular de los derechos que invoca vulnerados y el ICBF la presunta
autoridad pública que los amenaza. En cuanto a la inmediatez, la acción se
ejerce de manera oportuna, si se tiene en cuenta que entre la ocurrencia de la
presunta vulneración, que corresponde a los hechos descritos en el f.j. 2
(noviembre de 2016), y la presentación de la acción de tutela (19 de diciembre
de 2016) no transcurrió un término superior a seis meses, periodo que la Corte
ha considerado, prima facie, razonable para su ejercicio[38].
34. La acción de
tutela es subsidiaria a otras herramientas judiciales idóneas y eficaces, en
los términos del inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política[39]
y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991[40], salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Este principio orientador encuentra su justificación en la necesidad de
salvaguardar las competencias atribuidas por la Constitución y la ley a las
diferentes autoridades jurisdiccionales, el deber de garantizar la
independencia judicial y la obligación de preservar uno de los fundamentos del
debido proceso, como lo es la aplicación de los procedimientos debidos a cada
caso.
35. El carácter
subsidiario de la tutela impone la obligación de acudir, de manera principal, a
los medios ordinarios de defensa consagrados en el ordenamiento jurídico. No se
trata de una herramienta que pueda desplazar los mecanismos judiciales
ordinarios, siempre que sean idóneos y eficaces en el caso en concreto, para la
garantía de los derechos fundamentales de las personas. La primera
característica (idoneidad) impone considerar la entidad del mecanismo judicial
para remediar la situación jurídica infringida o, en otros términos, para
resolver el problema jurídico, de rango constitucional, que se plantea. La
segunda (eficacia) hace referencia a la capacidad, en concreto, del
recurso o medio de defensa judicial para dar resultados o respuestas al fin
para el cual fue concebido el mecanismo urgente[41], atendiendo,
tal como lo dispone el último apartado del numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 a “las circunstancias en que se encuentre el solicitante”,
o como se ha planteado por esta Corte, a las condiciones particulares de la
parte actora[42],
o, en definitiva, a su situación de vulnerabilidad iusfundamental. Lo
anterior, se insiste, sin perjuicio de su uso como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, y, excepcionalmente, como lo ha admitido la
Corporación, como mecanismo principal[43].
36. Para
determinar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la jurisprudencia, de
manera reiterativa, ha considerado como orientadores los siguientes criterios:
“A). El
perjuicio ha de ser inminente: que amenaza o está por suceder
prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que
está produciendo la inminencia; B). Las medidas que se requieren para conjurar
el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, se debe
precisar una medida o remedio de forma rápida que evite la configuración de la
lesión;  C) se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona; y  D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela
sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.”[44].
37. Ahora bien,
en materia de ius variandi esta Corporación fijó su doctrina a partir de
la sentencia T-407 de 1992, en la que hizo explícito el conflicto de derechos
que se presenta cuando está de por medio una orden de traslado de un
trabajador. De una parte, el derecho del empleador (ejercicio del ius
variandi) frente al derecho que tiene el empleado a un trabajo en
condiciones dignas y justas. En esta providencia, la Corte fijó la regla de la
prohibición categórica del empleador de atentar contra la dignidad de sus
empleados. Con posterioridad, la jurisprudencia de la Corporación reconoció, no
solo que los límites del ius variandi no podían derivarse de la
naturaleza del empleador (fuese este público o privado), sino también que
debían analizarse todas aquellas circunstancias que afectaran al trabajador y a
su entorno familiar[45].
38. En
pronunciamientos posteriores se ha sostenido que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para cuestionar el ejercicio del ius variandi, y que no puede
asumirse como regla general que toda modificación de las condiciones laborales
afecten los derechos fundamentales de los trabajadores[46]. La
procedencia de la tutela en casos de traslado, según la jurisprudencia actual
de la Corte, es excepcional[47].
En consecuencia, solo es procedente para revocar la orden de traslado si se
cumplen las siguientes condiciones: “(i) las razones del traslado son ostensiblemente
arbitrarias; (ii) el traslado afecte de forma clara, grave y directa los
derechos fundamentales del accionante y su núcleo familiar”[48].
39. En el
presente asunto, tal como se da cuenta en el acápite de antecedentes, la
pretensión fáctica se concreta en que la accionante no sea trasladada de su
sitio de trabajo, dadas sus condiciones particulares de salud y las de su hijo,
quien requiere su especial atención (f.j. 7). Esta, a su vez, supone,
como pretensión jurídica, que se dejen sin efectos los actos administrativos
que ordenaron dicho traslado y que fueron descritos en el f.j. 2.
40. Un aspecto
novedoso que resultó probado en sede de revisión fue la pérdida de fuerza
ejecutoria de los actos administrativos motivo de inconformidad, en aplicación
de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, como
consecuencia de la expedición de la Resolución 0552 del 16  de febrero de 2017[49],
que modificó el traslado de la tutelante del Centro Zonal Bosa al Centro Zonal
CREER (f.j. 3). Tanto la parte accionada como la tutelante, dan cuenta
que dicho traslado se profirió de manera concertada (f.j. 22 y 28). Por
tanto, el traslado de la accionante al Centro Zonal Bosa nunca se hizo
efectivo.
41. Sin
perjuicio de la conclusión que antecede, tal como se indicó en el f.j.
28, la tutelante aceptó su traslado, “no habiendo otra alternativa”,
dado su estado de indefensión y no entendiendo el motivo del traslado[50].
De ello deriva que el cuestionamiento acerca de su traslado de sede, como
pretensión fáctica de la tutela, aún se mantiene; sin embargo, como pretensión
jurídica, se restringe a la decisión contenida en la nueva resolución expedida
por el ICBF (0552 del 16  de febrero de 2017), que, en todo caso, no fue
recurrida por la accionante. Se enfatiza en que, a pesar de las razones
señaladas por la accionante, este acto administrativo no fue cuestionado en
sede administrativa.
42. Esta
pretensión, en sede de tutela, es improcedente, prima facie, si se tiene
en cuenta que no se agotaron los medios ordinarios de defensa judiciales
previstos por el legislador para cuestionar la decisión contenida en el acto
administrativo de carácter particular (Resolución 552 del 16 de febrero de
2017), como tampoco se acredita una situación de vulnerabilidad, no se está en
presencia de un perjuicio irremediable y tampoco se presentan las condiciones excepcionales
a que se hizo referencia en el f.j. 38.
43. De otra
parte, la tutelante alega su condición de prepensionable para demostrar la
arbitrariedad del traslado de su sitio de trabajo. Para la Sala, esta sola
circunstancia, en lo que tiene que ver con el tema objeto de decisión, no es
suficiente para considerar que se trata de un sujeto de especial protección
constitucional. Además, el traslado que efectuó el ICBF en ningún momento puso
en riesgo el derecho a la estabilidad laboral de la accionante, pues mantuvo su
vínculo con su empleador.
44. El mecanismo
principal e idóneo para cuestionar la constitucionalidad y legalidad de
los actos administrativos particulares es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que regula el artículo 138 del CPACA. Además es, prima
facie, un mecanismo eficaz, pues, en el marco del proceso
contencioso administrativo es posible solicitar una de las múltiples medidas
cautelares de que trata el artículo 230 de esta codificación, en caso de que se
pretenda la garantía provisional de los derechos comprometidos al interior de
la actuación administrativa que se cuestiona. Entre estas, es posible exigir la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que se considera
vulnera los  derechos fundamentales invocados por el actor[51].
45. El traslado
efectivamente realizado fue del Edificio Nemqueteba que está situado en la
Calle 14 No. 7-53 de la ciudad de Bogotá, donde la tutelante se desempeñaba
como Defensora asignada a los Juzgados de Familia, al Centro Zonal CREER,
ubicados en la Calle 12 No. 30-35 de esta misma ciudad, con funciones en los Juzgados
Penales del Circuito. En la nueva sede de trabajo, de acuerdo con la
información que suministró la accionada y ratificó la tutelante (f.j. 22
y 28), se da cumplimiento a las exigencias médico laborales para el adecuado
desempeño de sus funciones[52].
46. El análisis
de los medios probatorios permiten concluir, por tanto, que no se acredita un
perjuicio irremediable o situación alguna que amerite la intervención
excepcional del juez de tutela. Si bien, en principio, la acción  de tutela se
presentó como consecuencia de la orden de traslado al Centro Zonal Bosa, esta
no se hizo efectiva. De otra parte, se constató que las actuales condiciones
laborales de la tutelante en el Centro Zonal CREER no afectan su estado de
salud ni desmejoran su calidad de vida, tal y como se señaló en el párrafo
anterior.
47. En razón de
lo anterior, se reitera, no se evidencia una condición de vulnerabilidad iusfundamental
en la accionante que permita flexibilizar el requisito de subsidiariedad de
la acción de tutela, ante la existencia de un medio judicial principal, idóneo
y eficaz. Insiste la Corte en que la acción de tutela no se puede ejercer para
pretermitir los mecanismos judiciales dispuestos por el legislador en la
resolución de los conflictos, pues daría lugar a que la jurisdicción
constitucional sustituya a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR la
sentencia del 23 de enero de 2017 del Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de
Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por María Inés
Lozano Leal en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que, a
su vez, fue confirmada por el fallo del 6 de marzo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
Segundo.-
LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto Ley
2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase,
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA
MILIÁN
Secretaria
General (e)
[1] La Sala de
Selección Número Cuatro estuvo integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos
y Hernán Correa Cardozo.
[2] Folio 319 del
Cuaderno de Anexos.
[3] Folio 45 del
Cuaderno de Anexos.
[4] Folios 17 a 18
del Cuaderno 1.
[5] Folios 43 a 50
del Cuaderno 1.
[6] Folios 41 a 42
vto., del Cuaderno Principal de Revisión. En el fundamento jurídico (en
adelante f.j.) 22 se explica cómo se aporta la prueba al expediente.
[7] Folio 7 del Cuaderno
1.
[8] Folio 7 del
Cuaderno 1.
[9] Folio 9 del
Cuaderno 1.
[10] Folio 11 del
Cuaderno 1.
[11] Folio 12 del
Cuaderno 1.
[12] Folio 11 del
Cuaderno 1.
[13] Folio 262 del
Cuaderno 1.
[14] Folio 264 del
Cuaderno 1.
[15] Folio 264 vto.,
del Cuaderno 1.
[16] Folio 265 vto.,
del Cuaderno 1.
[17] Folios 268 a
281 vto., del Cuaderno 1.
[18] Folios 15 a 24
vto., del Cuaderno 2.
[19] Folio 21 vto.,
del Cuaderno 2.
[20] Folio 23.
[21] Folios 18 a 19
del Cuaderno Principal de Revisión.
[22] Folios 41 a 42
del Cuaderno Principal de Revisión.
[23] Folio 41 vuelto
del Cuaderno Principal de Revisión.
[24] Folios 45 a 106
del Cuaderno Principal de Revisión.
[25] Folios 108 a
113 del Cuaderno Principal de Revisión.
[26] Folio 108 del
Cuaderno Principal de Revisión.
[27] Folios 115 a
123 del Cuaderno Principal de Revisión.
[28] Folio 115 del
Cuaderno Principal de Revisión
[29] Folio 115 del
Cuaderno Principal de Revisión.
[30] Folio 115 del
Cuaderno Principal de Revisión.
[31] Folios 125 a
136 del Cuaderno Principal de Revisión.
[32] Folio 132 del
Cuaderno Principal de Revisión.
[33] Folios 138 a
154 del Cuaderno Principal de Revisión.
[34] Folio 155 del
Cuaderno Principal de Revisión. En particular señala, “acepté no habiendo
otra alternativa, dado mi estado de indefensión y no entendiendo la suscrita,
el motivo del traslado”.
[35] Folio 167 del
Cuaderno Principal de Revisión.
[36] Con relación a
la legitimación en la causa, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone: “La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[37] Sentencia T-584
de 2011.
[38] Entre otras, en
tales términos se pronunció la Corte en la sentencia T-187 de 2012.
[39] “Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.”.
[40] “Artículo
6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: ||
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.
[41] Cfr. Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29
de julio de 1988; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989; Caso
Castañeda Gutman vs. México. Sentencia de 6 de agosto de 2008; y Caso
Escher y otros vs. Brasil. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No.
200.
[42] Sentencia T-044
de 2011.
[43] Sentencia
SU-355 de 2015.
[44] Sentencias
T-225 de 1993 y T-765 de 2010.
[45] Sentencia T-483
de 1993
[46] Sentencia T-209
de 2001
[47] Así lo
determinó esta Corporación para los casos de traslado de funcionarios del
servicio público educativo, en la sentencia T-664 de 2011.
[48] Sentencia T-175
de 2016
[49] Folios 173 y
174 del Cuaderno de Anexos.
[50]  Folio 155 del
Cuaderno Principal de Revisión.
[51] La
jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que, por regla general, la
acción de tutela es improcedente contra actos administrativos particulares.
Cfr., entre otras, las sentencias T-514 de 2003, T-961 de 2004, T-710 de 2007,
T-016 de 2008, T-078 de 2009, T-945 de 2009, T-487 de 2010, T-660 de 2011,
T-969 de 2011, T-154 de 2012, T-492 de 2012, T-922 de 2012,  T-060 de 2013 y
T-030 de 2015.
[52] Además, en
documento aportado por la tutelante (fls., 159 a 163), que corresponde al acta
de junio 15 de 2017 se señala lo siguiente: “Se considera que estas
actividades [hace referencia a las labores que realiza la tutelante en su
sitio actual de trabajo] permiten el cumplimiento de las recomendaciones
médico laborales al 100% teniendo en cuenta que con apoyo de un técnico que
realiza todas las actividades de digitación.” (fl. 160 vto.).