T-739-12
Sala Sexta de Revisión
Sentencia T-739/12
DERECHO DE LOS NIÑOS A TENER UNA FAMILIA Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES-Procedibilidad de la acción de tutela
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Alcance de la
garantía
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Restricción/DERECHOS
DEL INTERNO-No pueden ser menoscabados por el hecho de la prisión
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS
INTERNOS Y EL ESTADO-Consecuencias
jurídicas
FACULTAD DISCRECIONAL DEL INPEC PARA
TRASLADAR A LOS RECLUSOS-Reiteración de
jurisprudencia
FACULTAD DISCRECIONAL DEL INPEC PARA
TRASLADAR A LOS RECLUSOS-No es absoluta
AUTORIZACION DE TRASLADOS DE CENTROS
PENITENCIARIOS VIA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
AUTORIZACION DE TRASLADOS DE INTERNOS-Procedencia
excepcional de la acción de tutela
ACCION DE TUTELA CONTRA INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA
SEGURIDAD-Llamado a prevención para traslado y ubicación cercana a
donde residen cónyuge e hijos menores de edad
ACCION DE TUTELA DE RECLUSO INDIGENA CONTRA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Llamado a prevención
para traslado y ubicación cerca a donde residen cónyuge e hijos menores de edad
Referencia: expedientes
T-3470834 y T-3478198 acumulados.
Acciones de
tutela instauradas por Omaira Gloria Juaginoy Rodríguez contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad (EPAMS) Doña Juana de La Dorada,
Caldas (T-3470834); y Francisca Cruz Valerio contra el INPEC (T-3478198).
Procedencia:
Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Mocoa; y Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Leticia, respectivamente.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D.
C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y Alexei Julio Estrada, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la
revisión de los fallos dictados por (i) la Sala Única de Decisión del Tribunal
Superior de Mocoa, el 31 de enero de 2012, dentro de la acción de tutela
promovida por Omaira Gloria Juaginoy Rodríguez contra el INPEC y el
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad (EPAMS) Doña Juana de
La Dorada, Caldas (expediente T-3.470.834); y (ii) el Juzgado de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Leticia, el 4 de abril de 2012, dentro de la acción
de tutela instaurada por Francisca Cruz Valerio, contra el INPEC (expediente T-3.478.198).
Los respectivos expedientes llegaron a esta Corte por
remisión efectuada por los citados despachos, en virtud de lo ordenado por los
artículos 86, inciso 2° de la Constitución Política, y 31 y 32 del Decreto 2591
de 1991.
La Quinta Sala de Selección de la Corte, mediante auto
de mayo 23 de 2012, eligió estos expedientes para efectos de su revisión,
disponiendo acumularlos en razón a su unidad de materia.
I.
ANTECEDENTES
Las señoras Omaira
Gloria Juaginoy Rodríguez, actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos Duván Parra Juaginoy de 14 años y Angie Leydi Parra Juaginoy de
11 años de edad; y Francisca Cruz Valerio, actuando en nombre propio y en
representación de sus menores hijos Mónica Milena Almeida Cruz de 15 años, Danny
Avelino Almeida Cruz de 13 años, Winkerman Remy Almeida Cruz de 10 años, Carmen
Lucila Almeida Cruz de 6 años y Kedyn Ramiro Almeida Cruz de 3 meses de edad,
incoaron sendas acciones de tutela contra el INPEC, aduciendo conculcación de
los derechos a la familia y de los niños a no ser separados de ella.
A. Hechos
y relatos efectuados por los accionantes
Cada
accionante demandó al INPEC y en el caso de la señora Omaira Gloria Juaginoy
Rodríguez también a la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad (en adelante EPAMS) de La Dorada (Caldas) por los hechos que a continuación
son resumidos:
Expediente T-3470834
1. La
accionante Omaira Gloria Juaginoy Rodríguez presentó acción de tutela en
septiembre 5 de 2011, afirmando que su esposo Luis Carlos Parra fue condenado a
21 años de prisión por el delito de tráfico y porte de estupefacientes, ubicándosele
en el centro penitenciario de Neiva el 17 de agosto de 2007, hasta donde debía
desplazarse junto con sus dos hijos menores de edad, desde Puerto Asís
(Putumayo), en donde residen, para visitarlo los días que autorizaban el
ingreso de menores y los que permitían la entrada de mujeres.
Esa situación
resultó agravada tiempo después, dado que el instituto demandado ordenó su
traslado en enero 3 de 2010 a la cárcel Doña Juana en La Dorada (Caldas),
ascendiendo el costo del viaje a entre $800.000 y $900.000, dinero que no le es
posible conseguir pues trabaja en un restaurante y lo que gana solo le alcanza
para cubrir las necesidades básicas, como alimentación y vivienda.
2. Indicó
que desde el referido traslado, sus hijos, que actualmente tienen 11 y 15 años
de edad, no han visto a su padre, lo que ha causado la desintegración de la
familia, por el distanciamiento de su progenitor; la etapa de sus vidas en que
se encuentran ha creado en ellos resentimiento y depresión, “a tal punto que
no acatan las normas que se les exigen, lloran continuamente, se mantienen
aislados y continuamente maldicen su existencia” (f. 5 cd. inicial
respectivo).
3. Finalmente
manifestó que su esposo ha presentado varias peticiones a las autoridades
penitenciarias con el fin de ser trasladado a una cárcel más cercana a Puerto Asís,
de preferencia la de Mocoa (Putumayo) de manera que pueda aliviar la difícil
situación familiar en la que se encuentran, pero todas esas solicitudes han
sido resueltas negativamente.
Expediente T-3478198
1. La actora
Francisca Cruz Valerio, indígena Ticuna residente en el Resguardo Cocama y Yagua
de Puerto Nariño (Amazonas), presentó acción de tutela en marzo 22 de 2012, afirmando
que su esposo Avelino Almeida Puricho, también Ticuna, fue condenado a 25 años
de prisión por un delito de homicidio, condena que comenzó a purgar en la
cárcel de Leticia, a donde podían ir con frecuencia y por su buen
comportamiento y trabajo como panadero y ranchero, le daban permisos de 72
horas para que fuera a visitarlos, etc. Sin embargo, esto ya no es posible,
dado que la entidad demandada ordenó hace 8 meses su traslado a la cárcel de
Jamundí (Valle del Cauca) y no cuentan con los recursos económicos para costear
pasajes, estadía y alimentación para hacer el viaje con los hijos, de 3 meses, 6,
11, 13 y 15 años de edad, a quienes de tal manera se les está vulnerando el
derecho fundamental a la unidad familiar.
2. De otra parte,
anotó la demandante que su esposo no debería estar recluido en una “cárcel
de blanco” por ser indígena Ticuna, sino en la prisión del resguardo o por
lo menos en la más cercana al mismo, de manera que no pierda su arraigo con la
comunidad.
B.
Documentos relevantes cuya copia fue incorporada en cada caso
Expediente T-3470834
- Petición
de traslado a la cárcel de Mocoa o de Puerto Asís, dirigida en marzo 5 de 2009 al
Director del INPEC, por parte de la Comisaría Única de Familia de Puerto Asís,
a solicitud de la actora (fs. 36 y 37 ib).
- Acta del
Consejo de Disciplina de la cárcel de Neiva, de octubre 6 de 2009, con concepto
favorable sobre el comportamiento de Luis Carlos Parra (f. 39 ib.).
- Constancia
de buena conducta del interno Luis Carlos Parra, expedida por el Director de la
cárcel de Neiva, de septiembre 30 de 2010 (f. 38 ib.).
- Memorando
de solicitud de traslados de internos de mayo 13 de 2011, dirigida a la
Directora del EPAMS La Dorada, por la Subdirectora Operativa Regional Viejo
Caldas, en la cual informa que la petición se envió por competencia a la
Coordinación de Asuntos Penitenciarios (f. 34 ib.).
- Respuesta
de la Coordinadora de Asuntos Penitenciarios de mayo 20 de 2011 dirigida a la
Directora de EPAMS La Dorada, en la cual informa que la solicitud de traslado
del interno Luis Carlos Parra no será sometida a estudio de la Junta Asesora de
Traslados, pues los centros penitenciarios a donde se pide enviarle presentan
hacinamiento (f. 40 ib.).
- Petición de
junio 9 de 2011, en solicitud de traslado a la cárcel de Mocoa o de Puerto
Asís, dirigida a la Directora del EPAMS La Dorada por parte del Defensor Público,
a petición del interno Luis Carlos Parra (f. 35 ib.).
-
Certificado de calificación de conducta “ejemplar” del interno Luis
Carlos Parra, expedido por el EPAMS La Dorada, en julio 06 de 2011 (f. 41 ib.).
- Registros
civiles de nacimiento de sus dos hijos (fs. 45 y 46 ib.).
Expediente
T-3478198
- Registros
civiles de nacimiento de los cinco hijos (fs. 3 a 7 cd. inicial respectivo).
- Cédula de ciudadanía
de la señora Francisca Cruz Valerio (f. 8 ib.).
- Comunicación
del curaca de la comunidad indígena Ticuna de “Nuevo Paraiso”, de marzo
21 de 2012, refiriendo que a Avelino Almeida Puricho, “netamente indígena
Ticuna”, se le debe devolver inmediatamente a la cárcel de Leticia, “para
la fácil visita” (f. 9 ib.).
C.
Respuesta de las entidades accionadas
Expediente T-3470834
1. El Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC, mediante escrito de septiembre 13 de
2011, se opuso a la prosperidad de la tutela. Después de citar la normatividad
aplicable para que se autorice el traslado de un centro penitenciario a otro[1],
indicó que la accionante pretende eludir a través de este medio el
procedimiento y las instancias para obtener la reubicación, “sin tenerse en
cuenta factores y aspectos tales como la situación jurídica del interno, su
actual calificación en fase de tratamiento penitenciario, disponibilidad de
cupos, disponibilidad presupuestal, entre otros” (f. 53 cd. inicial
respectivo).
Así mismo afirmó
que esta Corte “ha manifestado reiterativamente que la ACCIÓN DE TUTELA no
es el mecanismo idóneo para forzar traslados de internos al lugar de su
predilección o para oponerse a ellos, ya que esta es una función legalmente
asignada al INPEC” (f. 53 ib.).
En cuanto al
derecho a la familia, señaló que en sentencia 049 de 2011 de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Tunja, se expuso en un caso similar, que “no le asiste
razón al accionante al considerar vulnerado su derecho y el de su padre a la
unidad familiar por encontrarse este último recluido en una penitenciaria
lejana al lugar de residencia de la menor, ya que ese distanciamiento no solo
es consecuencia misma de la restricción de derechos al operar la privación de
la libertad, sino que además la reclusión de internos por parte del INPEC sería
absolutamente ingobernable si como exigencia los debiera mantener en el lugar
donde en determinado momento resida su grupo familiar… por ello acertadamente
el legislador no incluyó dentro de las causales de traslados de penitenciaria
el acercamiento familiar” (f. 54 ib.).
Por último
informó que el interno no ha solicitado a la Dirección General del INPEC, la
opción de realizar visitas virtuales, las cuales serían trasmitidas por la
Oficina Asesora en coordinación con la Subdirección de Tecnología y Comunicaciones
de ese instituto.
2. Por su
parte, el Director del EPAMS
de La Dorada (Caldas), a través de escrito presentado en septiembre 14 de 2011,
indicó que a la solicitud de traslado del interno se le dio el trámite
correspondiente y se respondió que la petición no sería objeto de estudio, pues
los centros de reclusión a donde pretendía ser enviado registran hacinamiento,
y que la entidad que tiene la autoridad para aprobar los traslados es el INPEC.
Expediente T-3478198
1. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC
efectuó similares consideraciones a las expuestas para el caso anterior, con
igual acotación sobre la posibilidad de realizar visitas virtuales.
2. Por su
parte, el Director del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Leticia, mediante escrito de marzo
28 de 2012, se opuso al traslado del señor Avelino Almeida Puricho en razón a
que (i) ese centro penitenciario solo tiene capacidad para 122 internos y a la
fecha alberga 228, lo que muestra un alto nivel de hacinamiento, y (ii) la
infraestructura del mismo esta diseñada para internos de mediana seguridad, es
decir, que purguen penas menores a diez años; como el interno para quien se
solicita el traslado fue condenado a 25 años de prisión, debe permanecer en una
cárcel de alta seguridad.
D.
Decisiones objeto de revisión
Expediente T-3470834
Sentencia
de primera instancia
Mediante
providencia de septiembre 16 de 2011, el Juzgado 1° Promiscuo del Circuito de
Puerto Asís (Putumayo) concedió la tutela, al estimar que la decisión del INPEC
“no se encuentra plenamente justificada y por el contrario, no se compadece
de los derechos fundamentales de los menores hijos Duván y Angie, por quienes
su padre ha solicitado a las autoridades carcelarias el traslado a un centro de
reclusión mas cercano a su familia”, pues en el tiempo que lleva interno en
La Dorada no ha recibido visitas de su cónyuge ni de sus menores hijos. Así
mismo, indicó que de esta situación se desprende que en efecto su núcleo
familiar no cuenta con los recursos económicos para realizar el viaje. Por
tanto, en aras de proteger los derechos de los niños, que tienen prevalencia
constitucional, ordenó su traslado al centro penitenciario de Mocoa.
Impugnación
Oportunamente,
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC impugnó el fallo, reiterando los
argumentos presentados en la contestación a la acción de tutela; además, expuso
que cumplir la orden del Juzgado de trasladar al interno, sin consideración por
las circunstancias de viabilidad y seguridad, ni desarrollar los trámites que
es necesario agotar previamente, resultaría contrario a las disposiciones del
debido proceso administrativo.
Por su parte,
el Director del EPAMS de La Dorada (Caldas) impugnó la sentencia, reiterando
los argumentos presentados en su contestación.
Sentencia
de segunda instancia
Mediante sentencia
de enero 31 de 2012, el Tribunal Superior de Mocoa, Sala Única, revocó el fallo
y, en su lugar, negó el amparo, al estimar que no trasladar al interno “no
obedece a una situación caprichosa de las entidades accionadas, porque no han
desbordado sus competencias y ha expuesto razones justificadas para negar el
traslado”, dado el hacinamiento que presenta la cárcel de Mocoa.
Igualmente expuso
que si bien esta Corte ha ordenado que se realicen traslados de internos de
centros penitenciarios, se ha debido a condiciones especiales de cada caso, como
“(i) El abandono de los menores y la falta de recursos económicos (Sentencia
T-1275 del 06-12-2005); (ii) La menor se hallaba bajo el cuidado de personas
diferentes a su núcleo familiar y ambos padres estaban detenidos (Sentencia
T-566 del 27-07-2007); (iii) El padre del menor estaba en el exterior y no
aportaba económicamente para sostenerlo (Sentencia T-844 del 24-11-2009)”
(f. 14 cd. 2 respectivo), nada de lo cual se presenta en este caso, pues los
menores cuentan con la guía y cuidados de la respectiva progenitora.
También anotó
que la actora puede contemplar la posibilidad de acceder a las “visitas
virtuales”, para mantener de alguna manera el contacto familiar.
Expediente T-3478198
Sentencia
única de instancia
Mediante fallo de abril 4 de 2012, el Juzgado de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Leticia negó lo pedido por la actora, al
considerar que el derecho a la unidad familiar se encuentra restringido como
consecuencia de la pena, razón por la que el domicilio de su familia no resulta
ser un impedimento para que lo trasladen.
Por otro lado indicó que además de la situación de
hacinamiento que presenta el EPMSC de Leticia, ésta no cuenta con las
instalaciones necesarias para custodiar a un recluso que debe pagar su
sentencia en un centro penitenciario de alta seguridad, todo lo cual hace
inviable que se ordene su traslado sin quebrantar las disposiciones legales que
se tienen para ello.
Finalmente ordenó que de ser procedente se instruya al
interno y a la accionante lo pertinente para que accedan a las visitas
virtuales.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera.
Competencia
Corresponde
a la Corte Constitucional analizar en Sala de Revisión, los fallos proferidos
dentro de las acciones de tutela en referencia, con fundamento en los artículos
86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Los
asuntos objeto de análisis
Corresponde
a esta Sala de Revisión establecer, en cada caso, si los derechos fundamentales
de los accionantes a la familia y el de los niños a no ser separados de ella,
fueron conculcados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
con la decisión de no trasladar a los internos a los centros penitenciarios a los
que éstos han solicitado.
Antes de resolver cada caso
concreto, resulta pertinente abordar lo concerniente a (i) la procedibilidad de
la acción de tutela para amparar los derechos de los niños y a la familia, en
procura del desarrollo integral de los menores; (ii) los alcances de la garantía
a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad; (iii) la
facultad discrecional del INPEC para trasladar a los reclusos, y (iv) la posibilidad
de autorización de traslados de centros penitenciarios por vía de tutela. Sobre estas bases se pasará entonces a resolver
el caso concreto.
Tercera. Procedibilidad de
la acción de tutela para amparar los derechos de los niños a la familia, en
procura del desarrollo integral de los menores
Los derechos
fundamentales de los niños gozan de protección constitucional privilegiada,
dentro del marco del Estado social de derecho, dada la situación de debilidad,
vulnerabilidad e indefensión que es inherente a la población infantil, a la
cual se debe otorgar amparo especial, en garantía de su desarrollo armónico e
integral como miembros productivos de la sociedad.
Así lo
estatuye el artículo 44 de la carta política, en cuyo inciso 2° se lee: “La
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos.” De allí que el Estado deba propender por ese crecimiento y
desarrollo integral, desde los distintos aspectos existenciales, como físicos,
psicológicos, afectivos, intelectuales y éticos, debiendo protegerlos de
cualquier arbitrariedad y abuso y propiciar la plena evolución de la
personalidad que, en correlación, permite la formación de seres libres, en lo
posible felices y útiles a la sociedad[2].
En esta línea, en la sentencia
T-510 de junio 19 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) se refirió que:
“Esta Corte ha sido enfática al aclarar que el interés
superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con
la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de
aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de
naturaleza real y relacional,[3] sólo se puede establecer prestando la debida consideración
a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad,
que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el
Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal.
Esta regla no excluye, sin embargo, la existencia de
parámetros generales que pueden tomarse en cuenta como criterios orientadores
del análisis de casos individuales. En efecto, existen ciertos lineamientos
establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar de los
niños, tanto a nivel general (en la Constitución, la ley y los tratados e
instrumentos internacionales que regulan la situación de los menores de edad)
como derivados de la resolución de casos particulares (es decir, de la
jurisprudencia nacional e internacional aplicable), que sirven para guiar el
estudio del interés superior de menores, en atención a las circunstancias de
cada caso.”
Según lo expuesto, los
asuntos que afecten a un menor deben ser analizados en concreto, bajo las
aristas individuales del caso particular, sin desconocer la existencia de
derechos prevalentes que confluyen en beneficio de todos los niños y que deben
ser protegidos armónicamente por la familia y el Estado.
En relación con el derecho
de todo niño a tener una familia, esta Corte precisó en el fallo T-1275 de
diciembre 6 de 2005 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto):
“La
familia, como se sabe, desempeña, por lo general, un papel fundamental en el
desarrollo y protección de los menores. Son los nexos familiares los primeros
que se construyen y a partir de los mismos se apropian niñas y niños del
lenguaje, construyen su propio mundo y comienzan a relacionarse con el mundo
que los rodea. Gran parte de la autoestima de los menores y de la seguridad en
sí mismos depende de la forma como se tejan los vínculos familiares. Un niño
rodeado del amor y del bienestar que le pueda brindar su familia suele ser un
niño abierto a los demás y solidario. De ahí la necesidad de procurar un
ambiente propicio para que los vínculos familiares se construyan con fundamento
en condiciones positivas para el desarrollo integral de las niñas y de los
niños y de ahí también la importancia que le confiere la Constitución a la
protección de la familia[4].”
Es
importante señalar que desde la perspectiva de los Derechos Humanos se colige
que el desarrollo integral del niño se concibe desde sus relaciones familiares.
En esta línea, en la Convención sobre Derechos del Niño[5],
artículos 7°, 8° y 9°, se disponen sus derechos a conocer a sus padres, a ser
cuidado por éstos y a no ser separado de ellos, salvo cuando las circunstancias
lo exijan en resguardo del interés superior del menor[6].
De acuerdo a lo expuesto,  se debe resaltar que el
legislador y la jurisprudencia han establecido precisos cometidos de
protección, orientados primariamente a garantizar la existencia, unidad y
desarrollo de la familia, institución básica y núcleo de la sociedad, donde se
consolidan los derechos fundamentales de sus integrantes, en particular de
niños y adolescentes.
Sin embargo, aunque en principio los derechos de los niños prevalecen sobre
los derechos de los demás[7],
no en todos los casos tal naturaleza constituye una razón suficiente per se
por la que se deba conceder el amparo solicitado, sin ponderar las demás consideraciones
de fondo que pueda contener el asunto en concreto. Es así que, en el análisis de
una controversia específica, los derechos de los menores no pueden convertirse
en una razón insuperable que en todos los casos prevalezca sobre cualquier otra
consideración, máxime en los casos en que exista una actuación legítima
determinada, que en tal medida pueda considerarse suficiente para afectar de manera
justificada tales derechos.
Cuarta. Alcances de la garantía
a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad. Reiteración de
jurisprudencia
La Corte
Constitucional ha expresado de manera reiterada que, si bien hay derechos
fundamentales de los reclusos que son suspendidos o restringidos desde el
momento del sometimiento a la detención o a la condena, otros se mantienen indemnes
y deben ser respetados y protegidos por las autoridades públicas que se
encuentran a cargo de la custodia.
Si bien
derechos fundamentales como la libertad física y de locomoción se encuentran en
esos casos severamente limitados, los de intimidad personal y familiar,
reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de
expresión, sólo están parcialmente restringidos, como consecuencia de las
circunstancias emanadas de la privación de la libertad; otros, como la vida, la
integridad personal, la salud, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa,
el reconocimiento de la personalidad jurídica, el debido proceso y el derecho
de petición, se mantienen incólumes y no pueden ser menoscabados en modo alguno
por el hecho de la prisión[8].
Esta corporación ha
establecido que entre los reclusos y el Estado existe una relación de especial
sujeción, de la que se han extraído importantes consecuencias jurídicas, que
fueron sintetizadas en la sentencia T-1190 de 2003 (M. P. Eduardo Montealegre
Lynett) en la siguiente forma:
“Las relaciones de especial
sujeción implican (i) la subordinación[9] de una parte (el
recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el
sometimiento del interno a un régimen jurídico especial[10]
(controles disciplinarios[11] y administrativos[12]
especiales y posibilidad de limitar[13] el ejercicio de
derechos, incluso los fundamentales). (iii) Este régimen especial, en todo lo
relacionado con el ejercicio de la potestad disciplinaria y la limitación de
los derechos fundamentales debe estar autorizado[14]
por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad[15]
del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos
fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás
derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina,
seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la
resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen
ciertos derechos especiales[16] (relacionados con
las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios
públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser[17]
especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe
garantizar[18] de manera especial
el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre
todo con el desarrollo de conductas activas).”
De lo anterior se desprende
que, las personas privadas de la libertad tienen una garantía reducida a sus
derechos familiares, sin que ello implique que pueda coartarse desproporcionada
o injustificadamente su relación con la familia y la sociedad. Por esta razón
es que en el sistema penitenciario y carcelario debe procurarse, en todo lo que
sea posible, que el recluso mantenga contacto con su grupo familiar, máxime
si dentro del mismo existen hijos menores de edad, lo cual impone adicional
esfuerzo en torno a la preservación de la unidad familiar[19].
Quinta.
La facultad discrecional del INPEC para trasladar a los reclusos. Reiteración
de jurisprudencia
De acuerdo
con los artículos 73 y siguientes de la Ley 65 de 1993, corresponde al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, determinar la ubicación y
el traslado de los condenados a penas privativas de la libertad a los distintos
centros carcelarios del país, por decisión autónoma o por solicitud de los
directores de los establecimientos respectivos, los funcionarios judiciales de
conocimiento o los mismos internos.
El artículo
75 de la Ley en mención establece:
“Son causales del traslado, además de las
consagradas en el Código de Procedimiento Penal:
1. Cuando así lo requiera el estado de
salud, debidamente comprobado por médico oficial.
2. Falta de elementos adecuados para el
tratamiento médico.
3. Motivos de orden interno del
establecimiento.
4. Estímulo de buena conducta con la
aprobación del Consejo de Disciplina.
5. Necesidad de descongestión del
establecimiento.
6. Cuando sea necesario trasladar al
interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad.”
Ciertamente
esas causales, si bien están bajo la órbita de discrecionalidad de la autoridad
respectiva, no implican una facultad de carácter absoluto. Recuérdese al efecto
lo señalado por esta Corte en la sentencia C-394 de septiembre 7 de 1995, (M.
P. Vladimiro Naranjo Mesa):
“Lo
enunciado sobre los traslados, se extiende para defender la constitucionalidad
de los artículos 72, 73 y 77, por motivos de seguridad, pues la Corte ve en
esta facultad de trasladar a los internos, un ejercicio razonable de la misión
administrativa del Director del INPEC. Como es lógico, el INPEC debe garantizar
la seguridad y el orden en los establecimientos, y además prever con prudencia,
que puede presentarse el desorden por la presencia de un detenido o condenado
en un sitio determinado. Empero, la Corte aclara que los eventos de que tratan
estos tres artículos, deberán ajustarse a los límites establecidos por el
artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio de
atribuciones discrecionales.”
En igual
sentido, en sentencia T-435 de julio 2 de 2009, (M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) esta Corte reiteró (está en negrilla en el texto original):
“Es decir,
la facultad de traslado de presos tiene naturaleza discrecional. Por ello, en
principio, tal naturaleza impide que el juez de tutela interfiera en la
decisión. Sin embargo, la discrecionalidad no se traduce en arbitrariedad, y
por tanto, ésta debe ser ejercida dentro de los límites de la razonabilidad y
del buen servicio de la administración.
En otras
palabras, la discrecionalidad es relativa porque, tal y como lo ha
sostenido esta Corporación, no hay facultades puramente discrecionales en un
Estado de Derecho. Por ello, la Corte al resolver esta clase de conflictos,
ha dicho que el juez de tutela no puede interferir en las decisiones sobre
traslados, a no ser que observe una arbitrariedad o una vulneración de
los derechos fundamentales del reo. Así mismo, ha sostenido que cuando no
se vislumbra la violación de un derecho fundamental, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho es la acción procedente para atacar la actuación.
En este
sentido, la regla general ha sido el respeto de la facultad discrecional del
INPEC, a menos que se demuestre que en su ejercicio fue irrazonable o se
desconocieron ciertos derechos fundamentales.”
Como se
observa, dado que corresponde al INPEC garantizar la seguridad y el orden en
los establecimientos carcelarios, sus funcionarios competentes pueden proceder
dentro de una discrecionalidad reglada, que impone una sustentación razonable
sobre las causas de un traslado de establecimiento de reclusión, que guarde
proporcionalidad entre el motivo y lo decidido, debiéndose garantizar que la
restricción sobre derechos fundamentales sea sólo la absolutamente
indispensable[20].
Sexta. La
posibilidad de autorizar traslados de centros penitenciarios por vía de tutela.
Reiteración de jurisprudencia
En el
tratamiento de rehabilitación de los convictos para su reintegración a la
sociedad como miembros productivos de ésta, es fundamental el papel que cumplen
sus familias, especialmente cuando ellos son padres de menores, pues la
presencia de éstos se convierte en un aliciente y una motivación en la búsqueda
de medios para reducir sus condenas.
Por esta
razón a través del estudio y el trabajo que realizan los internos en los
centros penitenciarios, además de mantener un buen comportamiento durante el
tiempo que deban permanecer recluidos, se genera en esta población una
conciencia de superación que podría conducir a que su reingreso a la vida en
comunidad les sea más fácil y pronta.
Como ya se
ha decantado en los títulos anteriores, los reclusos tienen restringido el
derecho fundamental a la unidad familiar, pues dependen de los permisos que los
directores de los establecimientos penitenciarios les otorguen, bien sea para
que puedan pasar un tiempo en sus viviendas o para que las familias puedan
ingresar a los centros penitenciarios a visitarlos.
Así mismo,
el INPEC tiene la facultad discrecional pero reglada de trasladar a los internos
de una cárcel a otra, debiendo motivar este acto administrativo según lo
dispuesto en la norma, lo que implica que esto no puede ser a capricho del
instituto, pero sin que pueda ser un impedimento invencible para ello el
distanciamiento del lugar donde se encuentra domiciliada la familia del interno.
En todo caso, es claro que no se debe desconocer la prevalencia de los derechos
de los niños y adolescentes en esa decisión.
En ese
sentido, se busca que en las familias de los internos, especialmente en los casos
en los que se encuentren conformadas por menores, el sufrimiento colateral al
que se deben enfrentar en razón al encierro de su pariente sea el menor posible.
En relación con este tema es necesario considerar que la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos establece en su artículo 5° la garantía de que “La pena
no puede trascender de la persona del delincuente”[21],
lo que indica que las consecuencias de las actuaciones criminales solo pueden
afectar a quien las comete y en ninguna medida puede trasladarse el castigo a
sus familiares. Por esta razón en la aplicación de la condena se deben tener en
cuenta los derechos fundamentales de quienes conforman su núcleo familiar.
No obstante
lo arriba expuesto, nos encontramos ante una previsión que si bien considera
una situación ideal, no puede cambiar el hecho de que siempre que una persona es
condenada a permanecer en un lugar determinado durante un tiempo especifico,
necesariamente se afectará su entorno social y familiar, pues con esta medida
se restringe la frecuencia y calidad de tales relaciones. Por esta razón, sus
parientes y amigos e incluso los hijos menores, aunque en nada hayan participado
en las actuaciones delictivas del recluso, tendrán que soportar la angustia, la
ausencia, y en su caso, el detrimento económico que conlleva esta situación.
Así las
cosas, la norma transcrita debe entenderse entonces como lo que la doctrina ha denominado
un mandato de optimización[22], ya que si bien no se
puede evitar completamente el sufrimiento de las personas cercanas, se debe buscar
que éste sea el más leve posible. En esa medida debe facilitársele a la familia
el contacto con el interno, procurando por ejemplo que éste purgue su pena en
el centro penitenciario más cercano al domicilio de sus parientes.
Empero, en
la actualidad esta meta resulta difícil de lograr, debido a factores tales como
los niveles de hacinamiento que presentan los establecimientos carcelarios y/o
la falta de instalaciones suficientes que permitan cumplir a plenitud con esa garantía.
Pese a ello, en un Estado social de derecho, esto no puede ser excusa para renunciar
a adelantar políticas de humanización de los establecimientos carcelarios, a
través de las cuales se procure evitar que el necesario aislamiento de los
reclusos traiga consigo la pérdida del vínculo familiar, de modo que en la
resocialización del interno su núcleo social tenga mayor participación.
Por estas
razones la Corte ha considerado que en los casos en que debido al traslado de los
reclusos a otros centros penitenciarios se vean grave y
desproporcionadamente afectados los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, la tutela se torna excepcionalmente procedente para ordenar
al INPEC y a los directores de los centros carcelarios autoricen los traslados
de reclusos a la cárcel mas cercana al domicilio de sus familias.
En esta
línea, la Corte en el fallo T-1275 de diciembre 6 de 2005 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto)
ordenó el traslado de un interno al centro penitenciario del domicilio de sus
hijos, pues éstos se encontraban al cuidado de la abuela y la madre los había
abandonado, circunstancia que ponía en claro riesgo el desarrollo integral
emocional de los menores.
En ese mismo
sentido decidió este tribunal en sentencia T- 566 de julio 27 de 2007 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández) frente
al caso de una niña que se encontraba bajo la protección de una señora con la
que no compartía ningún vínculo familiar, mientras que ambos padres se
encontraban presos en los centros penitenciarios de Neiva. Su situación se había
visto aun más comprometida con la decisión del INPEC de trasladar a la madre a la
cárcel de El Guamo (Tolima) a consecuencia del hacinamiento que presentaba la
prisión de mujeres de Neiva, pues debido a la carencia de recursos económicos
para hacer ese viaje, la niña perdió todo contacto con ella, razón por la que la
Corte le ordenó al instituto el traslado de la reclusa.
Igualmente
tal como ya se precisó, en un caso más reciente, la Corte en sentencia T-830 de
noviembre 2 de 2011 (M. P. Jorge
Iván Palacio Palacio) tuteló el derecho a la unidad familiar de dos
menores que se encontraban al cuidado de su abuela y ordenó el traslado de su
padre de la cárcel de Valledupar a la de Andes (Antioquia). En este caso la
madre trabajaba durante largos periodos fuera de la ciudad donde residen debido
a la difícil situación económica por la que pasaban y a raíz de la
fragmentación de su familia, las niñas presentaban problemas de aprendizaje y
de crecimiento.
No obstante,
no en todos los casos en que por consecuencia se vean afectados niños, niñas y
adolescentes, se puede considerar que sus derechos están siendo quebrantados
por el traslado de un interno padre de familia, pues debe analizarse si en
realidad se encuentran en una situación tan grave y especial que amerite la
protección constitucional.
Así por
ejemplo, en el fallo T-274 de marzo 17 de 2005 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) la Corte negó la
solicitud de traslado de un interno que se encontraba enfermo y lejos de sus
hijos, en razón a que en el centro penitenciario se le prestaba la atención
médica requerida y a que el nivel de hacinamiento que presentaba la cárcel a la
que pretendía ser transferido hacía inviable su solicitud.
Igualmente, en
sentencia T-1096 de octubre de 2005 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández) esta corporación no accedió a lo
solicitado por el actor resaltando que como consecuencia de su actuación
delictiva se encontraba restringido su derecho a la unidad familiar, y que si
bien se encontraba preso en una ciudad apartada de donde residía su hijo, el
menor se encontraba al cuidado de la familia del actor.
Mas adelante
la Corte se pronunció en igual sentido en fallo T-515 de mayo 22 de 2008 (M. P.
Clara Inés Vargas Hernández)
en el que negó la tutela en razón a que en realidad el interno no había solicitado
ese traslado, y a que su hijo menor se encontraba al cuidado de la madre y de
sus familiares, por lo que no resultaba necesario ordenarle al INPEC su
transferencia. Sin embargo, la Corte advirtió al instituto que en el evento de
que en el futuro el recluso eleve esa petición y se den las condiciones de
viabilidad del mismo, se le diera prioridad para su remisión al centro
penitenciario solicitado.
Finalmente,
en fallo T-705 de octubre 6 de 2009 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla) este tribunal negó la solicitud de
traslado del padre de una menor, al considerar que la situación de la niña era
estable pues se encontraba al cuidado de la madre, y a que el recluso debía
pagar su condena en un centro de alta seguridad, mientras que la cárcel en la
que pretendía ser reubicado no contaba con las instalaciones y condiciones
necesarias para ese propósito.
En
conclusión, tal como puede apreciarse, la jurisprudencia de este tribunal ha
determinado que la intervención por vía de tutela en la facultad discrecional
reglada del INPEC resulta excepcionalísima y solo se debe inaplicar el
referente normativo para autorizar el traslado de internos, en los casos en los
que se encuentre seriamente comprometida la integridad física, psicológica y
moral de la familia, especialmente cuando se trata de los derechos de los
menores.
Séptima.
Los casos concretos
Expediente T-3470834
A partir de los elementos
constitucionales y jurisprudenciales a los que se ha hecho referencia en los
puntos anteriores, la Corte analizará si en el caso bajo estudio el EPAMS de La
Dorada (Caldas) y el INPEC han vulnerado los derechos fundamentales a la unidad
familiar de la señora Omaira Gloria Juaginoy Rodríguez y de sus dos menores
hijos al no autorizar el traslado del señor Luis Carlos Parra del referido
centro de reclusión al establecimiento penitenciario de Mocoa (Putumayo) u otro
que se encuentre cerca de Puerto Asís.
En ese sentido se tiene que los
menores se encuentran al cuidado de su madre quien presumiblemente les ha
provisto un hogar estable en un ambiente sano, en el cual podría asumirse que pueden
desarrollarse como personas integras y con valores firmes. Esta situación es
diferente a la de los casos a los que primero se hizo referencia en el numeral
anterior, en los que los menores se encontraban al cuidado de un tercero y no
contaban con la madre ni el padre por las razones allí expuestas.
Ahora bien, no es menos cierto que
la decisión del INPEC de trasladar al interno hasta el municipio de La Dorada, pese
a que se trata de una actuación legítima y debidamente motivada, ha generado en
los menores “resentimiento y depresión”. En consecuencia el instituto
deberá, en lo posible, proteger el interés superior de los menores a visitar a su
padre y evitarles sufrimientos innecesarios.
En esa
medida, al ser legítima la actuación de la entidad accionada, esta Sala confirmará
el fallo proferido por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Mocoa
en enero 31 de 2012, que revocó el dictado por el Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de Puerto Asís, para en su lugar negar la tutela solicitada por la
señora Omaira Gloria Juaginoy Rodríguez, actuando a nombre propio y en
representación de sus dos hijos menores de edad, contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad Doña Juana de La Dorada (Caldas).
Sin embargo,
al mismo tiempo prevendrá al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), solicitándole que en caso de cambiar los motivos y condiciones de seguridad,
disponibilidad y demás factores legales que determinaron el traslado del interno Luis Carlos Parra al centro de reclusión de La Dorada,
de manera prioritaria lo ubique en el centro penitenciario de Mocoa o en otro
cercano a Puerto Asís (Putumayo), donde residen su cónyuge y sus dos hijos
menores de edad.
Expediente T-3478198
Siguiendo la línea jurisprudencial a
la que se ha hecho referencia en los puntos anteriores, la Corte determinará también
si el INPEC ha vulnerado los derechos fundamentales a la unidad familiar de la
señora Francisca Cruz Valerio y de sus cinco menores hijos, al no autorizar el
traslado del señor Avelino Almeida Puricho del referido centro de reclusión al
establecimiento penitenciario de Leticia u otro que se encuentre cerca al
resguardo donde residen.
En ese sentido se debe considerar
que la situación en la que se encuentran los menores posiblemente es estable y
saludable, pues no solo cuentan con la guía y cuidados de la madre, sino que al
residir dentro del resguardo cuentan con el apoyo de su comunidad. Así mismo se
tiene que la decisión del INPEC de trasladar al interno no obedece al capricho
o la arbitrariedad del instituto, sino a que el establecimiento penitenciario
de mediana seguridad de Leticia, además de presentar un nivel alto de
hacinamiento, no cuenta con la infraestructura para albergar a un recluso que
debido al monto de su condena debe estar recluido en un centro carcelario de
alta seguridad.
Así las cosas, debe reconocerse que pese
a que la decisión del INPEC de trasladar al recluso al centro penitenciario de
Jamundí (Valle) es también legítima y se encuentra debidamente motivada, le
impone a los menores un límite al goce efectivo de su derecho a tener una
relación con su padre. En esa medida ese instituto deberá, en lo que sea posible,
proteger el interés superior de los menores a visitar a su padre, y evitarles sufrimientos
innecesarios.
Por otro, lado la accionante
manifestó que el recluso pertenece a la comunidad indígena Ticuna y por ende no
debería estar pagando su condena en “cárcel de blanco”. Sin embargo,
esta situación no resulta debatible en la presente acción, pues pese a que el
interno pertenece a una comunidad étnica, fue juzgado por la jurisdicción
ordinaria, sin que se conozca que esta situación hubiera sido alegada en el
proceso que culminó con su condena. De otra parte, se debe recordar que como lo
expuso la Corte en el fallo T-239 de abril 5 de 2002 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) la condición
de indígena no resulta un impedimento para que purgue su pena en un centro
carcelario común[23].
En
consecuencia, la Sala encuentra razones suficientes para darle el mismo
tratamiento del caso precedente, por lo que confirmará el fallo proferido por
el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Leticia en abril 4
de 2012, mediante el cual se negó la tutela pedida por la señora Francisca Cruz
Valerio, actuando a nombre propio y en representación de sus cinco hijos
menores de edad, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC).
Sin embargo,
de igual manera, se solicitará al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que en caso de cambiar
los motivos y condiciones
de seguridad, disponibilidad y demás factores legales, que causaron el traslado al centro de
reclusión de Jamundí (Valle del Cauca) del interno Avelino Almeida
Puricho, de manera prioritaria lo regrese al centro penitenciario de Leticia u
otro cercano al Resguardo Cocama y Yagua en Puerto Nariño (Amazonas), donde
residen su cónyuge y sus cinco hijos menores de edad.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala Única de Decisión del Tribunal
Superior de Mocoa en enero 31 de 2012, que revocó el dictado por el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, para en su lugar negar la tutela
solicitada por la señora Omaira Gloria Juaginoy Rodríguez, actuando a nombre
propio y en representación de sus dos hijos menores de edad, contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad Doña Juana de La Dorada (Caldas).
Segundo.- SOLICITAR al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) que al cambiar los motivos
y condiciones de seguridad, disponibilidad y demás factores legales que determinaron el traslado al centro de
reclusión de La Dorada del interno Luis Carlos Parra, de manera
prioritaria lo ubique en el centro penitenciario de Mocoa u otro cercano a
Puerto Asís (Putumayo), donde residen su cónyuge y sus dos hijos menores de
edad.
Tercero.-
CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Leticia en abril 4 de 2012, mediante el cual se negó la tutela pedida
por la señora Francisca Cruz Valerio, actuando a nombre propio y en
representación de sus cinco hijos menores de edad, contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Cuarto.- SOLICITAR
al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), que en caso de cambiar los motivos y condiciones de seguridad,
disponibilidad y demás factores legales, que causaron el traslado al centro de reclusión de Jamundí (Valle del
Cauca) del interno Avelino Almeida Puricho, de manera prioritaria lo
regrese al centro penitenciario de Leticia u otro cercano al Resguardo Cocama y
Yagua en Puerto Nariño (Amazonas), donde residen su cónyuge y sus cinco hijos menores
de edad.
Quinto.- Por
Secretaría General de esta corporación, LÍBRENSE las comunicaciones a
que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI
JULIO ESTRADA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Artículos 36,
73 al 75 y 78 de la Ley 65 de 1993.
[2] T-566 de julio
27 de 2007 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[3] En este punto
la sentencia citó el fallo T-408 de septiembre 12 de 1995 (M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[4] En este punto
el fallo se refirió a la sentencia C-660 de junio 8 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur
Galvis).
[5] Resolución N°
44/25 aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incorporada al derecho
interno mediante la Ley 12 de enero 22 de 1991.
[6] T-599 de julio
27 de 2006 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
[7] Inciso 3° de
artículo 44 de la Constitución Nacional de Colombia
[8] T-566 de 2007
ya citada.
[9]En este punto la
sentencia citó los
fallos T-065 de febrero 22 de 1995 (M. P. Alejandro Martínez Caballero) y
T-705 de diciembre 9 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[10] En este punto
la sentencia citó el fallo T-422 de 1992 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[11] En este punto
la sentencia citó el fallo T-596 de diciembre 10 de 1992 (M. P. Ciro Angarita
Barón).
[12] En este punto la
sentencia citó el fallo T-065
de 1995 ya citada
[13] En este punto
la sentencia citó los fallos T-222 de 1993, T-065 de 1995, T-705 de 1996
y T-269 de 2002.
[14] En este punto
la sentencia citó los fallos C-318 de julio 19 de 1995 (M. P. Alejandro
Martínez Caballero) y T-705 de 1996 ya citada.
[15] En este punto
la sentencia citó los fallos T-705 de 1996 precitada. y T-714 de diciembre 16
de junio 19 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[16] En este punto
la sentencia citó el fallo T-596 de 1992 ya citada y en la T-687 de agosto 8 de 2003 (M. P. Eduardo Montealegre Lynett).
[17] En este punto
la sentencia citó el fallo T-966 de julio 31 de 2000 (M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[18] En este punto
la sentencia citó los fallos T-522 de 1992, T-714 de 1995 y T-435 de 1997.
[19] T-515 de mayo
22 de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[20] T-214 de abril 29 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[21] Contenido en el
numeral 3° del artículo 5° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en
noviembre 22 de 1969.
[22] R. Alexy
Estudio Introductorio a la  Teoría de los derechos fundamentales, trad. C. Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales de España, Madrid 2008.
[23] Reiterada por
la sentencia T- 1026 de octubre 17 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra)