T-766-05
Sentencia T-766/05
ACCION DE
TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Presunción de afectación por ausencia prolongada en pago de
salarios
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es óbice para desconocer pago
de salarios
EMPLEADOR-Vulnera el derecho a la vida, al
trabajo y a la seguridad social al no trasladar en tiempo los aportes a las EPS
-Reiteración
de Jurisprudencia-
Referencia:
expediente T-1085185
Acción de
tutela instaurada por la señora Sofía Esperanza Hernández Angarita en contra de la Escuela de Formación Administrativa y en
Salud de Santander en liquidación y su Junta Directiva presidida por el
Gobernador de Santander.
Magistrado
Ponente:
Dr. HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil cinco (2005).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Alvaro Tafur Galvis y Humberto Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
de tutela adoptado por el Juzgado Doce Civil Municipal
de Bucaramanga, el día veintiocho de enero de 2004, dentro de la acción de
tutela presentada por la señora Sofía Esperanza Hernández Angarita, en contra
de la Escuela de Formación Administrativa y en Salud de Santander E.F.A.S.S en liquidación y su Junta Directiva Presidida por el Gobernador de
Santander.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado Doce Civil Municipal de
Bucaramanga, el día treinta y uno (31) de enero de 2004, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES.
La señora Sofía Esperanza Hernández
Angarita, interpuso acción de tutela contra la Escuela de Formación
Administrativa y en salud de Santander en liquidación y su Junta Directiva, presidida por el Gobernador de Santander, debido a que dicha entidad
se ha negado a cancelarle los salarios, vulnerando de esta manera sus derechos
fundamentales al trabajo, al salario, al mínimo vital, a la seguridad social, a
la salud, a la vida y a la dignidad humana.
A –Hechos de la demanda.
1-
La accionante manifiesta, que durante 21 años se
ha desempeñado en el cargo de Instructora de la entidad accionada
encontrándose, inscrita en el escalafón de la Carrera administrativa, mediante
Resolución 14114 del 22 de septiembre de 1994.
2-
Agrega, que la entidad accionada, desde el mes
de junio de 2004 ha incumplido con la obligación de pagarle el salario a que
tiene derecho como empleada de la misma, salario que constituye el único
ingreso para su subsistencia, afectándose con el no
pago su mínimo vital.
3-
Sostiene, que así mismo, la entidad accionada
desde el mes de agosto de 2004, no ha cancelado los aportes por concepto de
seguridad social que incluyen salud, pensión, riesgos
profesionales al Instituto Colombiano del Seguro Social donde se encuentra
afiliada, generándole dicha omisión riesgos para su salud y la de su familia,
dado que en la actividad que desarrolla está expuesta a factores de riesgo
biológico, ergonómico y de estrés que se presentan en
ejercicio de las prácticas tanto clínicas como comunitarias.
4-
Afirma, que a la fecha tiene una obligación
crediticia con COASMEDAS por la suma de cuatro millones novecientos ocho mil
pesos, la cual ha podido cancelar hasta el momento,
gracias a sus ahorros, pero en adelante no podrá cumplir con la misma.
5-
Señala, que es madre de dos hijos, los cuales
están a su cargo; y al mismo tiempo debe cancelar los servicios públicos y la
administración del edificio donde vive.
6- Aduce la accionante, que la entidad
demandada apropió en su presupuesto para esta vigencia, las partidas necesarias para cumplir con las obligaciones salariales de su planta
de personal que estaba soportada entre otros, por los servicios prestados por
la Escuela, no entendiéndose como la Junta Directiva presidida por el señor
Gobernador autoriza la liquidación de la escuela sin
que existiera una garantía para al pago de los salarios.
B. Pretensión.
La Señora Sofía Esperanza Hernández
Angarita, solicita mediante esta acción de tutela, se protejan sus derechos
fundamentales vulnerados y se ordene a la Escuela de
Formación Administrativa y Salud de Santander E.F.A.S.S, el pago de sus
salarios, desde el mes de junio de 2004 y las prestaciones sociales dejadas de
cancelar desde el mes de agosto del mismo año.
II. PRUEBAS RELEVANTES QUE OBRAN EN EL
EXPEDIENTE
1- Respuesta de
la Escuela de Formación Administrativa y en salud de Santander E.F.A.S.S
(Fl.34)
2-.Constancia de la Escuela de Formación
Administrativa y en salud de Santander certificando que a la accionante se le
adeudan los salarios desde el mes de junio de 2004
(F73)
3-. Respuesta de la Gobernación de
Santander (Fl.15)
III. RESPUESTA DE LA ESCUELA DE
FORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y EN SALUD DE SANTANDER E.F.A.S.S
En respuesta al requerimiento hecho por
el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga el nueve de diciembre de 2004, la
entidad sostiene lo siguiente:
“ De acuerdo al estado actual de la entidad manifiesto que la ESCUELA
DE FORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y EN SALUD DE
SANTANDER E.F.A.S.S, desde el día 07 de septiembre del presente anuario se
encuentra en proceso de liquidación y en este momento existe cesación en los
pagos pero ello no significa que se haya querido retener lo adeudado, sino que
al existir dentro del proceso de liquidación
procedimiento que debe cumplirse y una prelación de créditos es menester
respetar la ley por que de otra forma se estaría vulnerando el Derecho a la
igualdad frente a los demás acreedores. La entidad entró en liquidación debido
a su detrimento económico, dado que la nómina
era muy alta y los ingresos no alcanzaban para cubrirla. Esto implica que todas
las obligaciones exigibles a cargo de la sociedad deudora en concurso, deban
cobrarse en el trámite liquidatorio atendiendo al principio de universalidad subjetiva y procesal.
....Así las
cosas, las circunstancias invocadas y probadas por la accionante, es decir su
condición de madre y la corta edad de sus hijos, debido a su generalidad, no
permiten un trato preferente en un proceso concursal.
Lo anterior
porque, muy seguramente, al proceso de liquidación que enfrenta la entidad
accionada concurren otras mujeres cabezas de familias y menores afectadas, como
también padres de familia y personas con múltiples necesidades. Sin embargo unos y otros deberán afrontar el proceso de liquidación en los
términos de la igualdad que platean las disposiciones vigentes y a los
liquidadores corresponde maximizar los resultados para aliviar la situación”
IV. RESPUESTA DE LA GOBERNACIÓN DE
SANTANDER
La Gobernación de Santander señala que:
“La Escuela de Formación Administrativa y en salud de Santander
E.F.A.S.S es una entidad sin ánimo de lucro que se rige por sus propios
Estatutos y las normas de derecho privado, especialmente en lo establecido en el Decreto 1529 del 12 de julio de 1990. En ningún momento la
E.F.A.S.S ha sido reconocida por autoridad competente como una dependencia del
Departamento, específicamente de la Secretaría de Salud de Santander.
....Corresponde
a la E.F.A.S.S hoy en liquidación, asumir las
obligaciones a su cargo tales como cancelar los salarios y prestaciones al
personal que allí labora teniendo en cuenta que es una entidad sin ánimo de
lucro, con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y
financiera.
En la
actualidad, la E.F.A.S.S está representada por el Liquidador designado por la
Junta Directiva, quien como lo establece el Código de Comercio, está cumpliendo
con el pago de obligaciones laborales y tributarias pendientes y con las demás
obligaciones pecuniarias a favor de terceros
entre otras funciones.”
V- DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISION.
Sentencia de Unica instancia.
El Juzgado Doce Civil Municipal de
Bucaramanga, negó la tutela presentada por la accionante, pues consideró que la
quejosa tiene pleno derecho a exigir que en el juicio
laboral, con la aplicación de todas las garantías procesales, el juez natural
proteja sus derechos constitucionales y legales.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia.
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Lo que se debate.
Corresponde a esta Sala establecer, si la
Escuela de Formación Administrativa y en salud de Santander E.F.A.S.S en
liquidación, le está vulnerando los derechos fundamentales a la demandante, al no cancelarle los salarios y prestaciones sociales a que tiene
derecho.
VII. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La
Corte Constitucional mediante Sentencia T-652 de 2002 se pronunció acerca de la
procedencia de la acción de tutela para el pago de salarios, cuando se está
ante la vulneración del mínimo vital y la empresa se encuentra en liquidación
obligatoria.
Vale la
pena recalcar, que el hecho de que la empresa demandada se encuentre en proceso
liquidatorio no obsta para justificar la afectación de los derechos fundamentales de sus trabajadores; no se justifica
entonces, la omisión del pago de las acreencias laborales a sus empleados,
cuando a éstos se les vulnera el mínimo vital por dicho motivo.
La
insolvencia económica del empleador no justifica el
incumplimiento del pago de salarios a los trabajadores, toda vez que sin
importar la causa que generó dicha situación, prevalecen los derechos
fundamentales de los trabajadores que ven afectado su mínimo vital, como
consecuencia del referido incumplimiento.
Así
pues, el hecho de que la empresa se encuentre en proceso de liquidación
obligatoria no la exime de respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores ya que “una empresa que ha sido
convocada a un trámite concordatario o liquidatorio, no puede ampararse en tal situación para incumplir los compromisos
laborales previamente contraídos con sus trabajadores y extrabajadores,[1] máxime cuando el cumplimiento de este tipo de obligaciones es
prioritario frente a cualquier otra acreencia[2], a la vez que constituye gasto de
administración en los mencionados procesos.[3]”[4]
Asimismo,
en fallo de constitucionalidad la Corte anotó que “respecto
del pago de salarios y pensiones actuales, cuya suspensión durante el
adelantamiento de procesos liquidatorios pueda llegar a afectar el mínimo vital
de trabajadores activos o de pensionados que
dependen de su reconocimiento para garantizar su subsistencia en condiciones
dignas, la jurisprudencia de esta Corporación, sentada en sede de tutela, ha
indicado que son reclamables por la vía de la acción de amparo.”[5]
La
acción de tutela como mecanismo excepcional para el pago de acreencias
laborales en caso de afectación del mínimo vital
De
conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela sólo
procede “cuando el afectado
no disponga otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,” disposición reiterada por el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
Así pues, en razón a su naturaleza residual y
subsidiaria, la acción de tutela es improcedente cuando el ordenamiento prevé
otros mecanismos para la protección de los derechos invocados, o cuando
aquéllos no se ejercieron o se ejercieron en forma extemporánea y se pretende
utilizar la tutela para suplir o enmendar dicha
inactividad. De igual forma, la referida acción resulta improcedente para
obtener un pronunciamiento más ágil o para evitar las cargas procesales propias
de quien accede a la jurisdicción ordinaria.
Sin
embargo, el juez de tutela está en el deber de
analizar, en cada caso, la efectividad de tales medios respecto de las
circunstancias específicas del peticionario, en la medida en que aquéllos
pueden resultar inocuos para la defensa de los derechos vulnerados. Al
respecto, la Corte[6] ha sostenido que “la determinación de
esos otros procedimientos no obedece a una comprobación automática y meramente
teórica, sino que es función del juez, en cada caso concreto, analizar la
funcionalidad y eficacia de tales mecanismos y
determinar si ellos, realmente, permiten asegurar la protección efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.[7] Si luego de una valoración fáctica y probatoria concluye que no
responden satisfactoriamente a las expectativas, es decir, si no son idóneos ni
eficaces, la acción de tutela tiene la virtud de ‘desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del
asunto.’[8]”
Tratándose
de conflictos jurídicos de estirpe laboral, entre las condiciones particulares
que el juez debe valorar se encuentra la posible
afectación del mínimo vital de la persona en cuyo favor se erige la acción de
tutela. En efecto, si bien en principio dicha acción resulta improcedente para
reclamar el pago de acreencias laborales, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que la tutela constituye un mecanismo idóneo
para proteger los derechos fundamentales del trabajador cuando, por el
incumplimiento de las obligaciones salariales por parte del empleador, aquél ve
afectadas las condiciones mínimas para gozar de una vida digna. Esta circunstancia se hace evidente en aquellos casos en los que el
salario constituye la única fuente de ingreso económico de la persona y con
ella sostiene a su núcleo familiar. Asimismo, siendo que el salario es un
derecho inalienable de la persona y elemento necesario
para la subsistencia de ésta y su familia, la Corte ha reiterado que “se presume la afectación del mínimo vital cuando la suspensión del
pago de salarios se prolonga indefinidamente en el tiempo.”[9]
En
síntesis, el derecho fundamental al trabajo, que se concreta, entre otras, en
el derecho a recibir completa y oportunamente el pago del salario, puede verse
vulnerado si la remuneración no se cumple en el término
y condiciones pactadas y con ello se vulnera el mínimo vital de la persona, lo
cual se presume si con dicha fuente de ingresos sufraga los gastos familiares.
El juez
de tutela está llamado a proteger de manera rápida y ágil al trabajador que ve
afectado en su mínimo vital al dejar de percibir su salario y prestaciones
sociales. La pretensión consistente en obtener una decisión oportuna ante la
circunstancia de quien carece por completo de otros ingresos lleva a la idoneidad
de la tutela, pues al respecto los medios alternativos de defensa judicial
resultan normalmente inoficiosos o tardíos.
Sobre
el tema, la Corte ha señalado que tratándose del no pago de salarios, la
Corporación ha precisado que tal omisión patronal viola el derecho fundamental
al trabajo (artículo 23 C.P.), pues desconoce el derecho del empleado a que
aquél se desarrolle en condiciones dignas y justas. Si se presenta la
circunstancia descrita, se ha establecido que la procedencia de la acción de tutela
debe estar sujeta a la afectación del mínimo vital del trabajador, pues si ello
no ocurre, de conformidad con el aludido principio de subsidiariedad, el
trabajador debe hacer uso de los mecanismos de defensa ordinarios. No obstante,
cuando se trata de un retardo en el pago de salarios que tenga la
característica de ser prolongado en el tiempo, la Corporación ha presumido la
afectación del mínimo vital, y por ello ha estimado que sólo se puede negar el
amparo en caso de que exista prueba en contrario." (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta. Sentencia T-079 del 1º de febrero del 2000).
La mora en el pago de los aportes
patronales y la vulneración del derecho a la seguridad social.
Por otra parte, debido a que la entidad
demandada no ha dado por terminado el vínculo laboral con la accionante, es
procedente reiterar la jurisprudencia consignada, entre otras, en las
sentencias T-795 de 1999, T-250 de 2000 y T-259 de 2000 y, más recientemente, en la Sentencia T-580 de 2000 según la cual:
“…Cuando el
empleador no traslada en tiempo los aportes correspondientes a las entidades
promotoras de salud, vulnera directamente entre otros, los derechos
fundamentales a la salud, a la vida, al trabajo
y a la seguridad social, pues, al tratarse de un régimen contributivo, la
demora en la cancelación de dichas sumas, impide la prestación del servicio, ya
que la empresa no puede desarrollar el objeto social para el cual fue creada,
generando serios perjuicios a todos sus
afiliados, quienes ven desmejorada la calidad del servicio ante la ausencia de
recursos económicos”.
VIII- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.
La accionante considera que la Escuela de
Formación Administrativa y en Salud de Santander en
liquidación E.F.A.S.S, le está vulnerando los derechos fundamentales al
trabajo, al salario, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la
vida y dignidad humana, al negarse a cancelar los salarios, desde el mes de junio de 2004, al igual que los aportes por concepto
de seguridad social, desde el mes de agosto del mismo año.
El Juzgado Doce Civil Municipal de
Bucaramanga, negó el amparo invocado por la demandante, pues consideró que no
es el amparo constitucional el mecanismo indicado para
procurar pago de sumas de dinero.
De los documentos allegados al expediente
se tiene, que la accionante se encuentra a cargo de sus hijos. Allega copia de
escrito dirigido al rector del colegio, el día 2 de diciembre de 2004, en donde  informa que por motivos económicos retirará a su
hijo del colegio (Fl.133).
A folio 120 del expediente aparece
escrito que contiene el testimonio de la señora Fanny Ochoa Camargo, en donde
hace constar, que la accionante se encuentra enfrentada
a una precaria situación económica, puesto que su única fuente de ingreso era
su salario. Agrega igualmente que “en este momento
la escuela está en liquidación no hemos sido despedidas y hoy nos incorporamos
de vacaciones encontrando la escuela totalmente
vacía sin muebles ni nada”.
En el caso particular, la accionante
requiere del pago de los salarios adeudados, por cuanto depende de su oportuno
recibo para cancelar las obligaciones más apremiantes y esencialmente para
atender las necesidades propias de sus hijos. Con la no
cancelación de los salarios a la demandante, se le está afectando su mínimo
vital, por cuanto es el único medio de subsistencia de ella y su familia.
Así las cosas, de acuerdo con las
consideraciones expuestas y la jurisprudencia de la
Corte, esta Sala concederá la tutela con el fin de garantizar adecuadamente los
derechos fundamentales de la actora.
En consecuencia, ordenará a la entidad
demandada el pago de los salarios dejados de cancelar a la accionada, al igual
que  los aportes a la seguridad social a que tiene
derecho la misma.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Doce Civil Municipal de Bucaramanga, el veintiocho (28) de enero de
2004, dentro de la acción de tutela presentada por la señora Sofía Esperanza Hernández Angarita en contra de la Escuela de Formación
Administrativa y en Salud de Santander en liquidación y, en consecuencia, CONCEDER la acción de tutela para
proteger los derechos fundamentales reclamados por la demandante.
Segundo.-
ORDENAR al
liquidador de la Escuela de Formación Administrativa y en Salud de Santander,
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, proceda a pagar los salarios adeudados a la señora Sofía
Esperanza Hernández Angarita, al igual que los aportes
por concepto de seguridad social.
Tercero: LIBRENSE, por la Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Cfr. sentencias  T-323 de 1996, T-458 de
1997, T-307 y T-658 de 1998, T-005, T-014, T-025 y T-075 de 1999, entre muchas
otras.
[2] Ley 222 de 1995.
[3] Sentencias T-167 de 2001, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra, reiterada en la T-397 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[4] Sentencia T-1231 de 2001, M.P. Jaime
Araújo Rentería.
[5] Sentencia C-291 de 2002. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[6] Sentencia T-127/00. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[7] Cfr. Sentencias T-338/98 M.P. Fabio
Morón Díaz, T-100/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-228/95 M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[8] Sentencia T-672/98 MP. Fabio Morón Díaz.
[9] Ver al respecto, entre otras, las sentencias
T-259/99, T-1394/00, T-907/01, T-216/01, 206/02, T-148/02, T-221/02.