T-879-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-879/04
DERECHO A LA
SALUD-Práctica de cirugía incluída en el POS
Referencia: expediente T-922835
Acción de
tutela instaurada por María Lucy Alférez de Godoy contra Salud Colmena EPS
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., nueve (9) de
septiembre de dos mil cuatro (2004).
I. ANTECEDENTES
1. El 26 de enero de 2004, el médico
tratante de María Alférez Godoy, Dr. Luis Carlos Sáenz, MD Cardiólogo, Jefe de
Electrofisiología y Marcapasos de la Institución de Cardiología Fundación
Cardio-infantil, consideró que ella requiere un “estudio
electrofisiológico, mapeo y ablación” debido a que presentó un nuevo episodio
de “taquicardia supraventricular aún en presencia de antiarrítmico”.
Concretamente solicitó a Colmena Salud EPS autorizar:  (1) estu­dio
Electrofisiológico; (2) Mapeo; (3) Ablación y (4) un día de hospitalización. En
su orden el médico tratante advierte de forma expresa:  “Es de anotar que para
efectos administrativos y en caso de ser necesario la ablación se puede
homologar como cirugía de arritmias.”
2. El 27 de febrero de 2004, el esposo de
la accionante solicitó a Colmena Salud que reconsiderara la decisión de no
autorizar los servicios médicos de mapeo y ablación, la cual les
había sido comunicada el 23 de febrero anterior.
3. El 9 de marzo de 2004, Alba Lucy Carmona
D., Profesional de servicios médicos de Colmena Salud EPS, negó los servicios
solicitados. Consideró que de acuerdo con “(…) el Manual de actividades
intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud (Resolución
5261 de 1994 expedida por el Ministerio de Salud), el mapeo y ablación
por radiofrecuencia, no se encuentra expresamente consagrada y/o
incluida dentro de las coberturas del citado Manual, razón por la cual Colmena
Salud EPS, se encuentra en la imposibilidad de atender favorablemente su
solicitud y lamentablemente le ratifica la decisión (…)” en que se le negó la
solicitud.
4. El 19 de abril de 2004 María Lucy
Alférez de Godoy interpuso acción de tutela contra Colmena Salud EPS ante el
Juez Laboral del Circuito (Reparto) de Bogotá, por considerar que al negársele
los servicios médicos de mapeo y ablación por radiofrecuencia ordenados
por su médico tratante se le desconocieron sus derechos a la vida, a la salud y
a la igualdad.
5. El 4 de mayo de 2004, luego de que
Colmena Salud EPS reiterara su posición (negarse a prestar el servicio ordenado
por considerar que no está incluido expresamente en el POS) el Juzgado 26 Civil
Municipal de Bogotá resolvió negar la acción de tutela. Fundándose en la
jurispru­dencia constitucional, el Juez Edwin Alberto Yepes Oviedo consideró
que aunque el servicio médico solicitado no estuviera incluido en el POS, la
accionante si tenía derecho a recibirlo siempre y cuando demostrara su
incapacidad económica. Como la accionante no lo hizo así, resolvió negar la
tutela. El proceso fue remitido a la Corte Constitucional, en donde fue
seleccionado para su revisión por parte de esta Sala.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. En el presente caso la Corte
Constitucional debe resolver la siguiente cuestión:  ¿desconoce una entidad
encargada de garantizar la prestación del servicio de salud los derechos a la
vida y la salud de un paciente cuando se niega a prestar un servicio médico por
considerar que no está incluido en el POS, a pesar de que el médico tratante
considera que sí está incluido, por cuanto no se está ordenando de forma
aislada, sino como parte de un procedimiento que sí está contemplado por el
POS?
2. La jurisprudencia constitucional ha
señalado en repetidas ocasiones que el criterio al cual se debe remitir el juez
de tutela en estos casos es la opinión del médico tratante, en cuanto se trata
de una persona calificada profesionalmente (conocimiento científico médico),
que atiende directamente al paciente (conocimiento específico del caso), en
nombre de la entidad que le presta el servicio (competencia para actuar en
nombre de la entidad). Esa es la fuente, de carácter técnico, a la que el juez
de tutela debe remitirse para poder establecer qué servicios médicos requiere
una persona.[1]
3.  En el caso que estudia esta Sala, la
opinión del médico tratante parte del supuesto de que el servicio médico
solicitado está excluido del POS como procedimiento autónomo, sin embargo,
señala que cuando hace parte de un tratamiento como el que se le va a realizar
al paciente debe ser ordenado como “cirugía de arritmias”.
La funcionaria de la EPS reiteró la
negativa a cumplir la orden del médico tratante. Su posición presenta como
única razón que el servicio médico no está contemplado por el POS, por lo que
la EPS no está obligada a prestar dicho servicio médico. Como lo ha sostenido
de manera reiterada y constante la jurisprudencia constitucional, el que un
servicio médico no sea reconocido expresamente por el POS no es razón
suficiente para que este sea negado, en especial si (1) fue ordenado por el
médico tratante correspondiente, (2) se necesita para salvaguardar la vida o la
integridad de una persona[2]
y (3) éste (el médico) considera que debe entenderse incluido como parte de un
tratamiento contemplado por el POS.
4. En otras palabras, la EPS no sólo
desconoce la orden del médico tratante a través de una funcionaria, no del
Comité Técnico Científico, sino que lo hace sin fundamentarse en opiniones
médicas de especialistas en el campo específico al que pertenece el servicio
médico negado y teniendo en cuenta el caso particular del paciente en cuestión.
De hecho, en este caso se desconoce la orden del médico tratante sin
controvertir lo dicho por él, simplemente reiterando lo que en principio ya se
sabe: el servicio médico ordenado, por fuera del tratamiento que se le adelanta
a María Lucy Alférez de Godoy, se entiende excluido del POS.
La EPS no desvirtúa ninguna de las
afirmaciones del médico tratante. No considera que la “cirugía de arritmias”
este excluida por el POS, no señala por qué no se puede homologar el
procedimiento solicitado a esta cirugía en el presente caso, tal como lo pide
el médico tratante, así como tampoco niega el hecho de que en casos similares
ya se haya actuado de tal forma.  La EPS sólo reitera que el servicio no está
incluido expresamente en el POS como servicio autónomo al que se tenga derecho,
lo cual es aceptado por el médico tratante, y pide al Juez de tutela que en el
caso de considerar que el servicio debería prestarse, reconozca el derecho de
la EPS a repetir contra el Ministerio de la Protección Social (Fosyga) el costo
del mismo.
5. Así pues, teniendo en cuenta que el
servicio médico solicitado está reconocido por el POS cuando se trata de un
caso como el de la accionante, en el cual éste debe ser clasificado como “cirugía
de arritmias”, según el concepto técnico del médico tratante, esta Sala
revocará el fallo de instancia.
En su lugar concederá el amparo invocado y
ordenará a Colmena Salud EPS que si aún no lo ha hecho, preste a María Alférez
Godoy los servicios médicos ordenado por su médico tratante el 26 de enero de
2004. Además, se prevendrá a Colmena Salud EPS para que se abstenga de
desconocer las órdenes de los médico tratantes, a menos de que su posición se
adopte a través de  (i) la decisión de la autoridad administrativa
competente, fundada en (ii) conceptos médicos de especialistas en el
campo en cuestión, que cuenten  (iii) con un conocimiento completo y
suficiente del caso específico bajo discusión. Cabe señalar que como se
decide que prevalece la opinión del médico tratante, en virtud de la cual el
servicio médico debe entenderse incluido en el POS, la Sala no ordenará el
recobro al Ministerio de la Protección Social (Fosyga) en el presente caso.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Revocar
el fallo proferido por Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá en el proceso
de la referencia y en su lugar tutelar los derechos a la vida y a la
salud de María Lucy Alférez de Godoy.
Segundo.- Ordenar a Colmena Salud EPS que en el término de 48 horas contadas a partir
del momento en que se notifique esta sentencia, si aún no lo ha hecho, preste a
María Lucy Alférez de Godoy los servicios de salud ordenados por su médico
tratante el 26 de enero de 2004 y así como todos aquellos que éste considere necesarios
dentro del tratamiento. En la medida que el servicio se entiende incluido en el
POS, Colmena Salud EPS no tiene el derecho de repetir contra el Fosyga.
Tercero.- Prevenir
a Colmena Salud EPS que se abstenga de desconocer las órdenes de los médico
tratantes, a menos de que su posición se adopte a través de  (i) la decisión
de la autoridad administrativa competente, fundada en (ii) conceptos
médicos de especialistas en el campo en cuestión, que cuenten  (iii) con
un conocimiento completo y suficiente del caso específico bajo discusión.
Cuarto.- Librar, por medio de la Secretaría General, las comunicaciones previstas
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Para garantizar la efectividad de la acción de tutela, el
Juez 26 Civil Municipal de Bogotá notificará esta sentencia dentro del término
de cinco días después de haber recibido la comunicación, de conformidad con el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Esta posición ha sido fijada, entre otros, en los fallos T-271
de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-480 de 1997 (M.P. Alejandro Mar­tí­nez
Caballero) y SU-819 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis)
[2]
Al respecto puede verse las sentencias SU-480 de 1997 (MP Alejandro Martínez
Caballero); T-236 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz); T-691 de 1998 (MP Antonio
Barrera Carbonell) y SU-819 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis).