T-071-17
Sentencia T-071/17
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y
ASEGURADORAS-Procedencia excepcional cuando prestan un servicio público o
actividad de interés público
En relación con las acciones de tutela que se presentaron
de manera directa, sin haber agotado los procedimientos ordinarios, el análisis
de la Corte partió de la definición de la actividad financiera y aseguradora
como un servicio de interés público. En estos procesos, la Corte explico que,
cuando estos eventos involucran a personas que son sujetos de especial
protección constitucional, las acciones ordinarias pueden no resultar eficaces
para extender un amparo constitucional oportuno ante el contexto que vive el
peticionario, de manera que puede proceder directamente la protección del juez
de tutela
CONTRATO DE SEGUROS-Definición
El contrato de seguro consiste en una estipulación
contractual, donde una persona llamada tomador se obliga al pago de una suma de
dinero en forma de otra persona llamada asegurador, con el propósito de generar
un ahorro que pueda servir para hacer frente a los daños causados por un riesgo
determinado por ambos. De esta manera, se observa que esta modalidad
contractual encuentra su piedra angular sobre la base de la inseguridad que
produce un hecho futuro e incierto que tiene la virtualidad de generar una
afectación ostensible sobre las capacidades y el patrimonio del interesado
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD POR PREEXISTENCIA ALEGADA
POR ASEGURADORA DEMANDADA-Reiteración de jurisprudencia
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Se predica tanto de tomador
como de asegurador
La Sala Plena de la Corte Constitucional ha explicado que
el contrato de seguro es una figura de ubérrima de buena fe, toda vez que la
conducta de las partes debe tener un estricto apego a la realidad de los hechos
que se declaran; es decir, que no basta con la simple formalidad y honestidad,
sino que es necesario tener el más alto grado de calidad y claridad al momento
de pactar el acuerdo de voluntades. Esto conduce a determinar que la valoración
judicial siempre deberá analizar el proceder de cada uno de los contratantes
con el fin de identificar aquellas conductas de acción u omisión que pudieron
alterar el equilibrio del negocio
RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO
RETICENCIA Y PREEXISTENCIA EN EL CONTRATO DE SEGURO-Semejanza y
diferencia
La reticencia y la preexistencia se parecen en cuanto a que
se refieren a un hecho anterior al contrato de seguro que se excluye de la
cobertura, pero se diferencian en que en la reticencia el tomador omite dar a
la aseguradora una información que le interesaba. Por eso el legislador le ha
dado a la reticencia un efecto más perjudicial para el tomador
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Naturaleza
INTERPRETACION PRO CONSUMATORE-Interpretación del
contrato de seguros a favor del asegurado
ENTIDAD ASEGURADORA-Deber de solidaridad frente a las
personas en estado de vulneración o indefensión
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Criterios
básicos para el diseño de pólizas y protección de los derechos de autonomía
privada y libertad contractual
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Mandato
constitucional
En materia de contratos de pólizas de seguro vida grupo, la
sala considera necesario dar aplicación directa al mandato constitucional
consagrado en el artículo 334 de la Constitución, el cual señala el deber que
tiene el estado de intervenir en los servicios públicos y privados con el fin
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la distribución equitativa de
oportunidades y los beneficios del desarrollo. Por esta razón, la presentación
de ofertas y la conformación de los contratos de esta naturaleza, deberán
estructurarse desde un lenguaje comprensible en el mayor grado posible para los
consumidores, así como también deberán acompañarse por un asesoramiento claro y
detallado por parte de la compañía aseguradora
COMPAÑIA ASEGURADORA-Obligación de pagar
la póliza a pesar de haber acaecido algún tipo de preexistencia
En eventos donde los tomadores sufren un estado de invalidez
e indefensión, pero sus pólizas de seguro de vida son objetadas con base en una
preexistencia, la jurisprudencia ha señalado que deberá analizarse: (i) que el
actor sea sujeto de especial protección y carezca de recursos económicos; (ii)
que la familia del asegurado dependa de él (aunque ello no es óbice para que en
ciertos casos que no se cumpla este requisito  pueda ordenarse el amparo);
(iii) que el deber de declarar el estado de riesgo no puede convertirse en una
carga excesiva para el tomador, pues existen eventos en que hay cláusulas
ambiguas; y (iv) que la carga de la prueba de la preexistencia está en cabeza
de la compañía aseguradora
PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Vulneración
cuando las entidades aseguradoras objetan la reclamación de la póliza, ya sea
por preexistencia o reticencia sin atender los lineamientos decantados por la
jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Orden
a Aseguradora admitir el dictamen de invalidez del accionante para pago de
póliza de seguro de vida grupo
Referencia: Expediente T- 5.491.771
AC.
Acciones de tutela instauradas
por: (i) Yesid José Jabba Peláez contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Barranquilla y el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla (Exp.
T-5.491.771); (ii) Stwe Yesid Maldonado Maldonado contra el Banco BBVA Colombia
S.A. y BBVA Seguros de Vida S.A. (Exp. T-5.492.897); (iii) Jeyson Smith Noriega
Suárez contra Suramericana Seguros de Vida (Exp. T-5.494.329); (iv) Maryly Rod
ríguez Tellez contra BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A. y el Banco BBVA Sucursal Calle Grande de
Valledupar, Cesar, (Exp. T- 5.496.591); (v) Gloria del Carmen Marín de Vásquez
contra Positiva Compañía de Seguros S.A. y el Banco Corpbanca Colombia S.A. (Exp.
T-5.536.394); (vi) Lola Parra de Cusba contra Equidad Seguros de Vida O.C.
(Exp. T-5.675.008); (vii) Diego Luis Peña Ríos contra el Banco BBVA Colombia
S.A. y BBVA Seguros de Vida S.A. (T-5.720.487); y (viii) Cristóbal González
Amaya contra la Compañía Financiera Comultrasan y la aseguradora Equidad
Seguros de Vida O.C. (Exp. T-5.722.448).
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Aquiles Arrieta Gómez,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las siguientes ocho sentencias:
(i) 16 de marzo de 2016, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, (expediente T-5.491.771);[1]
(ii) 15 de diciembre de 2015, del Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali (T-5.492.897);
(iii) 02 de febrero de 2016, del Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de
Bogotá DC (T-5.494.329);[2]
(iv) 23 de octubre de 2015, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Valledupar (T-5.496.591);[3]
(v) 09 de diciembre de 2015, del Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cartagena (T-5.536.394);[4]
(vi) 16 de marzo de 2016, del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta
(T-5.675.008);[5]
(vii) 27 de mayo de 2016, del Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de
Medellín (T-5.720.487);[6]
y  (viii) 12 de mayo de 2016, del Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Valledupar (T-5.722.448).[7]
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
33 del Decreto 2591 de 1991, las salas de selección de la Corte Constitucional
escogieron, para efectos de su revisión, los procesos de la referencia. En este
sentido, los expedientes mencionados (T-5.491.771, T-5.492.897, T-5.494.329, T-
5.496.591, T-5.536.394, T-5.675.008, T-5.720.487 y T-5.722.448) fueron
seleccionados y acumulados para ser fallados en una sola sentencia, por
presentar unidad de materia. En consecuencia, de conformidad con el artículo 34
del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a emitir la siguiente
sentencia, en virtud de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
Este proceso integra ocho acciones de tutela que han sido
presentadas por personas que tienen la pretensión común de obtener la ejecución
del amparo contenido en las pólizas de vida, modalidad grupo, adquiridas con
las distintas compañías aseguradoras demandadas. La discusión se genera por la
objeción que presentaron las aseguradoras a las reclamaciones de los accionantes,
alegando la existencia de presuntas prexistencias y reticencias al momento en
que fueron declarados los siniestros en los contratos de seguro. Los
expedientes seleccionados pueden agruparse, de acuerdo a sus hechos, en tres
categorías de la siguiente manera:
(a) Acciones de tutela donde los
peticionarios son los beneficiarios de las pólizas de seguro de vida grupo y
presentan el reclamo por muerte de los tomadores. Aquí se encuentran dos
expedientes, donde la ejecución de los amparos crediticios fue negada por
presuntas reticencias al momento de suscribir el contrato de seguro
(T-5.491.771 y T-5.536.394).[8]
(b) Acciones de tutela que fueron
presentadas por personas que pertenecen al régimen especial de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional. Esto ocurre en tres expedientes (T-5.492.897,
T-5.494.329 y T-5.720.487), donde la ejecución de los amparos crediticios fue
negada por no aceptar la calificación de invalidez de la Junta Médica de la
Policía Nacional y por preexistencias al momento de suscribir el contrato de
seguro.[9]
(c) Por último, un tercer grupo
de acciones de tutela donde la ejecución del seguro de vida grupo se reclama
por parte del mismo tomador de la póliza, con fundamento en el acaecimiento del
riesgo por incapacidad total y permanente. En esta clasificación se encuentran tres
expedientes. En dos de ellos, se negó hacer efectivo el seguro de vida grupo
por presuntas preexistencias y reticencias de los tomadores al momento de
suscribir el contrato (T-5.496.591 y T-5.675.008).[10]
En el último, se negó el seguro por exceso en la edad de cobertura
(T-5.722.448).[11]
Por estructura, la exposición de los hechos y las pretensiones
planteadas concretamente por los accionantes en los procesos acumulados, se
presentarán en las consideraciones de la sentencia, al analizar cada uno de los
casos. A continuación, la Sala presenta las actuaciones que fueron adelantadas
por esta Sala de Revisión.
1. Actuaciones surtidas
en sede de revisión
El día 4 de noviembre de 2016, con el propósito de ampliar
el margen conceptual dentro del análisis desarrollado en esta sentencia, el
Despacho encargado emitió un auto con el objeto de poner en conocimiento del
presente asunto a cuatro entidades: la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Unidad de Regulación Financiera (URF), el Consejo
Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Concretamente,
se pidió a la Superintendencia Financiera y a la Unidad de Regulación
Financiera (URF), que presentaran respuesta a los
siguientes tres interrogantes: (i) ¿Cuál ha sido el criterio
regulatorio en el ramo ‘seguro de vida grupo’ en problemáticas que
involucran a tomadores que se encuentran calificados con invalidez?  (ii) ¿Se
han ordenado medidas excepcionales de renegociación crediticia en eventos que
involucran a personas que se quedan en estado de invalidez, que les impide
continuar con el pago de la obligación en las mismas condiciones inicialmente
pactadas con la entidad financiera?  (iii) ¿Cuáles son las condiciones
regulatorias que se imponen a las entidades aseguradoras para el diseño de
formularios que son presentados a quienes suscriben contratos de seguro de vida
grupo con el fin que declaren su estado de riesgo? Por su parte, se solicitó al
Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
presentar respuesta sobre los siguientes dos interrogantes:  (i) ¿Se han
implementado programas de capacitación para que los jueces repliquen las
subreglas fijadas por la jurisprudencia constitucional para acciones de tutela
que versen sobre reclamaciones de pólizas de seguro de vida grupo?  (ii) ¿Se
han diseñado lineamientos, para que los jueces analicen las acciones de tutela
relacionadas con reclamaciones de pólizas de seguro de vida grupo, a través del
principio de solidaridad constitucional, en eventos que involucran a un
consumidor financiero que queda en estado de invalidez que le impide continuar
con el pago de la obligación en las mismas condiciones pactadas inicialmente?
1.1. Respuesta de la Superintendencia
Financiera de Colombia
Mediante escrito presentado el día 16 de
noviembre de 2016, el señor Álvaro Andrés Torres Ojeda, como Coordinador del
Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos de esta entidad pública, se manifestó
respecto a las tres preguntas formuladas. Sobre el particular, expresó lo
siguiente.
1.1.1. En primer lugar, expuso que el seguro
de vida grupo protege a un conjunto de asegurados que son deudores de un mismo
acreedor, con el fin de garantizar el pago de las obligaciones adquiridas por
ellos, siempre y cuando ocurran ciertos eventos previstos. En este mismo
sentido, explicó que el numeral 2 del artículo 184 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero (EOSF), señala que las pólizas de seguros deben ajustarse a
los siguientes requisitos:
“a. Su contenido debe
ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y
a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de
ineficacia de la estipulación respectiva;
b. Deben redactarse en
tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los
caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y
c. Los amparos básicos y
las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página
de la póliza”.
De igual forma, sostuvo que de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 1047 del Código de Comercio, la póliza de seguro debe
expresar las condiciones generales y particulares del contrato. Agregó que las
primeras resultan aplicables a todos los contratos de un mismo tipo expedidos
por una aseguradora, mientras que los segundos definen el alcance de la
relación contractual a un caso individual. De esta manera, se consideró que la vigencia
del contrato, la delimitación de los riesgos a que esté expuesto el interés del
asegurado, con la precisión de su alcance positivo a través de la descripción
del amparo y su extensión, así como del negativo con la definición de las exclusiones
o eventos no amparados, se constituyen elementos ineludibles para la plena
eficacia del seguro. Por esta razón, las exclusiones consignadas en cada póliza
contribuyen a delimitar el riesgo asegurado y lograr su individualización. En este
orden de ideas, para la Superintendencia, en el caso concreto, el siniestro
corresponde al estado de invalidez del asegurado o su estado de incapacidad
total y permanente de acuerdo a lo pactado en el contrato, por lo cual,
conforme a lo previsto en el Código de Comercio, al asegurado le bastará con
demostrar la ocurrencia del siniestro, siempre y cuando el medio probatorio
elegido sea idóneo, conducente y pertinente, y que sea presentado en la
vigencia del contrato. Por esta razón, a la compañía le corresponderá “demostrar
los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”.[12]
1.1.2. En segundo lugar, afirmó que la
Superintendencia no ha ordenado “medidas de renegociación crediticia en
eventos que involucran a personas que quedan en estado de invalidez y no pueden
continuar con el pago de las cuotas crediticias en las mismas condiciones
pactadas inicialmente con la empresa financiera”. Explicó que las funciones
de esta entidad pública se limitan a ejecutar labores de control, vigilancia e
inspección sobre la actividad que se desarrolla en el mercado financiero, por
lo cual, dentro de éstas facultades “no se encuentra la de intervenir ante
las compañías de este mercado u otros órganos del Estado, para solicitar
condonación de créditos, disminución de intereses, ayudas financieras y otros”,
ya que sólo esas entidades son las únicas que pueden tomar una decisión en ese
sentido.
1.1.3. En tercer lugar, manifestó que “no
existe condición regulatoria alguna que imponga a las entidades aseguradoras un
diseño particular de los formularios que son presentados a quienes suscriben
contratos de seguro de vida grupo”. Agregó que la adopción de estos modelos
es algo facultativo de las compañías que prestan servicios en este mercado,
aunque ello no las exime de remitir a la Superintendencia varios documentos, a
saber: el respectivo depósito, el modelo de pólizas y sus anexos, así como la
declaratoria de asegurabilidad, antes de su utilización. En este mismo sentido,
adujo que sin perjuicio de lo anterior, en armonía con lo dispuesto en el
literal e) del artículo 7º de la Ley 1328 de 2009, concordante con el artículo 11
de esa misma ley, la Superintendencia ha impartido instrucciones a las
entidades vigiladas con el propósito “de que se abstengan de incurrir en
conductas que conlleven abusos contractuales que puedan afectar el equilibrio
del contrato o que den lugar a un abuso de posición dominante contractual”.
Por esta razón, “en aras de garantizar la protección al consumidor
financiero, esta entidad pública incluyó las siguientes prácticas abusivas
dentro de la Circular Externa 018 del 26 de mayo de 2016 2016”:
“Que los funcionarios de
las entidades aseguradoras, intermediarios de seguros o instituciones
financieras diligencien las solicitudes de seguro o las declaraciones de
asegurabilidad sin permitir que el consumidor financiero lo haga o las conozca.
Indagar los requisitos de
asegurabilidad únicamente al momento de ocurrencia de los siniestros y no al
momento de la celebración del contrato”.
Asimismo, sostuvo que al tomador de la póliza
también le corresponde actuar de buena fe y declarar sinceramente todos los
hechos y circunstancias que rodean el estado de riesgo que la compañía de
seguros pretende asumir. En este sentido, explicó que la declaratoria de riesgo
puede darse de dos maneras: (i) por un lado, mediante la absolución de un
cuestionario que la aseguradora suministre, con el propósito de formular
preguntas específicas. O (ii) a través de una declaración espontánea en la cual
el tomador o el asegurado informa, según su criterio, los hechos y
circunstancias que rodean el riesgo; “pero en uno u otro caso la declaración
debe ser sincera y exacta, toda vez que la ley sanciona el desconocimiento de
este precepto”.
1.2. Respuesta de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla
Mediante escrito presentado el día 16 de
noviembre de 2016, la señora Myriam Ávila de Ardila, como Directora de esta corporación,
manifestó que la Escuela Judicial “no ha implementado programas de formación”
para que los jueces repliquen las subreglas definidas por la jurisprudencia
constitucional para acciones de tutela que versen sobre reclamaciones de pólizas
de seguro de vida grupo. Asimismo, sostuvo que tampoco se han diseñado lineamientos
para que los jueces analicen estas acciones de tutela a través del principio de
solidaridad constitucional, en eventos que involucran a un consumidor
financiero que queda en estado de invalidez y no puede continuar con el pago de
las cuotas crediticias en las mismas condiciones pactadas inicialmente.
1.3. Respuesta de la Unidad de Proyección
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF)
El día 21 de noviembre de 2016, la señora
María de Pilar Galindo, en calidad de Subdirectora de Integridad de Mercados,
presentó escrito por el cual dio respuesta a los cuestionamientos planteados en
el auto emitido por este despacho. Manifestó lo siguiente:
1.3.1. En primer lugar, que en virtud de lo establecido en
el Decreto 4172 de 2011, a esta entidad le corresponde “preparar proyectos
normativos de carácter general dentro del marco financiero, asegurador y bursátil”.[13]
Por esto, se ha expedido una “regulación prudencial” aplicable a las entidades
aseguradoras, “la cual establece las reglas de solvencia que deben cumplir,
el régimen de reservas técnicas que deben constituir y el régimen de
inversiones de las reservas técnicas, entre otros aspectos, los cuales están
acordes con estándares y mejores prácticas internacionales”. En este
sentido, explicó que en materia de seguros, la regulación incorporada en el
Decreto 2555 de 2010 no contiene reglas específicas por ramos, aunque sí
existen “reglas prudenciales diferenciadas por ramos pero principalmente
para efectos prudenciales”.[14]
Para ilustrar esta afirmación, cita como ejemplos: (i) lo respectivo a la
solvencia y forma de constitución de las reservas, que varían de acuerdo al
ramo que la compañía aseguradora quiera explotar; y (ii) lo correspondiente a
las reglas diferenciadas sobre comercialización de seguros por ramos, que puede
ser por medio de canales livianos. Concluye que “no resulta acertado hacer
referencia a la existencia de un criterio regulatorio en el ramo de seguros de
vida grupo, ya que a nivel de decreto, no hay regulación específica para este o
para cualquier otro ramo”. Adicionalmente, sostuvo que el contrato de
seguro está regulado de manera general en las normas mercantiles. “[D]ebe
reunir unos elementos esenciales que se encuentran señalados en el artículo
1045 del Código de Comercio”. Así, indicó que el ramo seguro deudores se
enmarca en el artículo 1039 del mismo código, de manera que para proceder al
pago “se debe observar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la
ley de manera que se garantice el principio de legalidad, fundante del Estado
Social de Derecho”.
1.3.2. En segundo lugar, la interviniente manifestó que esta
entidad tiene una competencia restringida para adelantar estudios en materia
financiera, aseguradora y bursátil. Por ello, “no es competente para adoptar
medidas específicas con respecto a entidades con situaciones de carácter
particular”.
1.3.3. En tercer lugar, sostuvo que en relación con la
protección de los consumidores financieros, las pólizas de seguro deben
expresar las condiciones generales del contrato y las que se encuentran
establecidas en el artículo 1047 del Código de Comercio. Agregó que el inciso
2° del numeral 1° del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
consagra que:
“En concordancia con lo
dispuesto por el artículo 2o. de la Ley 389 de 1997, los modelos de las
pólizas y sus anexos deberán enviarse a la Superintendencia Bancaria para su
correspondiente depósito, en las condiciones que determine dicho organismo.
No obstante lo anterior
la autorización previa de la Superintendencia Bancaria será necesaria cuando se
trate de la autorización inicial a una entidad aseguradora o de la
correspondiente para la explotación de un nuevo ramo.”
De igual forma, declaró que de conformidad con el literal b)
del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, “los consumidores tienen derecho a
recibir una información trasparente, entendible, veraz, oportuna y verificable,
sobre los productos que les ofrecen las entidades de este sector del mercado”.
Expuso que según el literal c) del artículo 7 de la misma ley, las entidades
sometidas a control y vigilancia tienen la obligación de “brindar información
trasparente y clara sobre los servicios que ofrece”. Concluyó que estas
disposiciones, al igual que todas las demás que regulan los contratos de
seguro,
“(…) establecen un
régimen de protección que busca reducir la asimetría de información existente en
este mercado en donde el consumidor tiene una posición contractual más débil ya
que no cuenta con toda la información con la que cuenta la entidad financiera y
además los productos que se ofrecen muchas veces son complejos”.
1.4. Respuesta de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC)
El día 16 de diciembre de 2016, el Despacho encargado profirió
un auto mediante el cual pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones
(CRC), que aportara los documentos relacionados con las razones y fundamentos
constitucionales que motivaron la expedición de la Resolución 4625 de 2014. Fue
así como a través de escrito presentado a la Secretaría General de esta
Corporación el día 11 de enero de 2017, dicha entidad pública presentó los
siguientes documentos: (i) Resolución CRC 4625 de 2014; (ii) soporte y
respuestas a los comentarios del proyecto de “Simplificación de Modelos de
Contrato de Telefonía Móvil”; (iii) formato de condiciones para los
servicios en modalidad prepago; y (iv) formato de contrato para los servicios
en modalidad pospago. De ellos se pudo extraer lo siguiente:
1.4.1. El documento soporte de “Simplificación de Modelos
de Contrato de Telefonía Móvil” se enmarca dentro del artículo 369 de la
Constitución Política y la Ley 1341 de 2009. En sus fundamentos, declara que se
buscan hacer efectivos los principios de calidad, continuidad y eficiencia en
el servicio, “para el mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios”.
El documento también expresa que parte de una visión que da prioridad a los
derechos de los usuarios Concretamente sostiene:
“[E]sta propuesta busca
que los derechos de los usuarios tengan un mayor peso, de manera que
prevalezcan sobre una visión contractualista en la relación proveedor usuario.
Así en el marco del proyecto regulatorio que revisa el Régimen Integral de
Protección de los Derechos de los usuarios de Servicios de Comunicaciones,
contenido en la Resolución CRC 3066 de 2011 se presenta a consideración de
todos los interesados la propuesta regulatoria mediante la cual se simplifica
el contrato de prestación de servicios de telefonía móvil, el cual se presenta
con el primer ejercicio que en esta línea emprende el sector a partir de los
análisis efectuados por la CRC”.
De igual forma, el documento sostiene que en virtud de lo
establecido en el artículo 3 de la Ley 1480 de 2011, una de las expresiones
fundamentales de los derechos de los usuarios consiste en la garantía de
recibir información “completa, veraz, transparente, oportuna, verificable,
comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se
pongan en circulación”. En este sentido, señala que la información
entregada a los usuarios sólo puede cumplir con dichas características “si
la misma garantiza (i) la libre elección de proveedores de un mismo servicio; y
(ii) la exigibilidad de las garantías y derechos del usuario”. Asimismo,
frente a las características generales que debe tener cada contrato de
telefonía móvil, explica que:
“[L]os proveedores deben
incluir de manera destacada y llamativa al inicio del contrato, las cláusulas
referentes a partes del contrato, servicios contratados, precio y forma de
pago, mecanismos de atención al usuario, derechos y obligaciones de las partes
y trámite de PQR”.[15]
1.4.2. En este orden de ideas, el documento hace énfasis sobre
la forma de estructurar la comunicación visual en los contratos. Para esto, realiza
las siguientes precisiones:
(i) La densidad del contenido.
Explica que incluye factores como la altura de línea, interlineado, tamaño de
fuente y longitud de línea, para lo cual es muy importante “encontrar un
balance de estos tres elementos para el funcionamiento adecuado del contenido”.
(ii) El énfasis en los
elementos de importancia. Indica que hace referencia a la necesidad de dar énfasis
y diferenciar los aspectos importantes del contenido. Así, el uso “de
negrillas, itálicas, tamaño y color son herramientas que facilitan la
diferenciación de contenido. Estos puntos focales ayudan a combatir la fatiga
visual y mental al interrumpir la monotonía del contenido y fraccionarlo en
secciones digeribles”.
(iii) La organización del
contenido. Sobre ella sostiene que resulta relevante, porque la forma de
organizar la oferta acentúa su elegibilidad, por ello el usuario “es guiado
con facilidad por el contenido ya que está bien organizado e intuitivo”.
(iv) La limpieza en la
implementación gráfica. Al respecto, menciona que implica “beneficiar el
documento con soporte visual, como fotografías, ilustraciones o íconos”.
Aclara que a pesar de la limitación del espacio, es importante contar con
suficiente espaciado para ubicar estos elementos de manera cómoda en el
documento. Sin embargo, “su implementación puede ahorrar muchas
palabras y facilitar la comprensión de ideas abstractas. Le da relevancia y
medida a la información. Se deben poder ubicar con holgura sin interrumpir la
fluidez del contenido”.
(v) El uso de separadores.
Asegura que constituyen “una manera simple de dividir el contenido del texto
en secciones de manera clara y organizada”.
(vi) El uso de márgenes.
Sobre ellos sostiene que ayudan a conducir el ojo de manera fácil y sin
esfuerzo hacia el contenido, ya que “[e]l espacio en blanco obliga al ojo y
la mente a enfocarse en el texto. Un uso apropiado de márgenes, ayudará a que
el usuario se concentre en el contenido principal”.
1.4.3. El documento también cita a Cass Suntein, ex Director
de la Oficina de la Información y Asuntos Regulatorios de Estados Unidos, quien
explica cómo la complejidad en los documentos legales o contractuales trae
consigo unos efectos inevitables contra los consumidores. Entre ellos expone
los siguientes:
“[L]a indiferencia, el
retraso y la confusión de los consumidores, por ejemplo, en ciertos sectores de
la población la gente renunciaba a solicitar ayudas económicas gratuitas para
pequeñas empresas, educación y vivienda dado que los formularios de aplicación
sometían al solicitante a un proceso de más de 100 preguntas de alta
complejidad”.
1.4.4. En virtud de ese análisis, el documento expone que la
CRC encontró que los contratos de telefonía móvil no se ajustaban a parámetros
sencillos de comprensión para los clientes. Esto por cuanto no atendían íntegramente
a su regulación, presentaban deficiencias en la comunicación visual y no
permitían, desde la psicología del consumidor, que el usuario comprendiera y recordara
las condiciones allí dispuestas y los derechos que le asistían. Por esta razón,
explica, se hacía necesario “intervenir dichos documentos a fin de que los
mismos se conviertan en la principal herramienta de los usuarios para el
ejercicio de sus derechos y no un obstáculo para el disfrute de los mismos”.
Para estos efectos, identifica los siguientes elementos:
(1) Empatía: que hace
referencia a la necesidad de tener en cuenta el nivel de comprensión de lectura
de los consumidores, con el fin de “diseñar un contrato que pueda ser
entendido por los distintos niveles socioeconómicos de la población”. Sobre
este aspecto, la CRC señala que frente a documentos jurídicos complejos, es “normal
que los usuarios experimenten desesperanza aprendida”. Es decir, que
según la psicología, cuando el ser humano ha experimentado una imposibilidad
recurrente de entender estos documentos, “la persona empieza a asumir que nunca
va a ser capaz de entender ningún documento legal, entonces ¿para qué
molestarse en seguir inventando?”
(2) Destilar: que
significa abandonar la concepción errada, según la cual se cree que más
información significa más claridad. Sin embargo, ello conduce al usuario a
enfrentarse a documentos extremadamente largos, en los que no toda la
información es útil. Así, la CRC indica que es necesario:
“[I]mprimir claridad sin
importar qué tan complejo es el documento que se formula, en Estados Unidos,
después de la crisis financiera, el Departamento del Tesoro decidió que no
había tiempo para desperdiciar en documentos complejos y diseñó un documento de
dos hojas con ideas puntuales y concretas que sirvió de base para prestar 50
billones de dólares a entidades financieras”.
(3) Claridad: que implica
ajustar el contenido del modelo del contrato “según las técnicas y
estándares de comunicación visual que inician sobre la base de organizar,
enfatizar y hacer visible la información”. El propósito es tomar toda la
información destilada de los contratos y organizarla en orden de relevancia
para el consumidor, proceso dentro del cual se debe incluir:
“[T]odo lo relacionado al
servicio y costos para el usuario al inicio del documento, asimismo se trabaja
sobre el énfasis del documento mediante un manejo de colores, tipografías y
ayudas gráficas que llamen la atención del usuario a los elementos más
importantes, y finalmente se hizo visible la información al implementar un
manejo adecuado de la titulación, la navegabilidad, los espacios en blanco, la
consistencia, la densidad, la limpieza gráfica, los separadores, y las
márgenes, al mismo tiempo que se usa lenguaje cotidiano y se usaron pronombres
personales para mejorar la experiencia de lectura”.
1.4.5. Finalmente, el documento destaca la importancia de
tener claridad con los medios de atención al usuario. Para esto deberá tenerse
en cuenta y diferenciarse “la no obligación de algunos operadores virtuales
de tener oficinas físicas virtuales”.
De conformidad con lo expuesto, pasa la Sala a analizar los
procesos objeto de revisión.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y
procedibilidad
1.1. Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, con base en las facultades conferidas por los artículos 86 y
241, numeral 9° de la Constitución Política, es competente para revisar las
sentencias de tutela adoptadas en los procesos acumulados de la referencia,
seleccionadas por las respectivas Salas y repartidas en la forma establecida
por el reglamento de esta Corporación a este Despacho.
1.2. La acción de tutela procede de manera excepcional
para la protección de derechos fundamentales invocados en el marco de
conflictos generados en contratos de seguros de vida grupo
1.2.1. En la actualidad, la jurisprudencia constitucional
admite la procedencia excepcional de acciones de tutela que buscan la
protección de derechos fundamentales amenazados o vulnerados en un contrato de
seguro de vida grupo deudores. El criterio que debe observarse en estos eventos
radica en la situación de necesidad o precariedad del reclamante o peticionario
que se encuentre en un estado de invalidez igual o superior al 50%.[16]
Sin embargo, la valoración puede cambiar de acuerdo a las particularidades de
cada caso, como se verá al analizarlos.
1.2.2. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señala que la
acción de tutela puede ser ejercida ante cualquier acción u omisión de un
particular que preste un servicio público.[17]
1.2.3. La actividad aseguradora es un servicio de interés
público, pues, aunque ocurre en un marco de relaciones privadas de carácter
civil y comercial, constituye una función basada en la captación, manejo e
inversión de grandes cantidades de dinero proveniente de toda la población.[18]
Esta circunstancia implica que los particulares que prestan este servicio
pueden ser demandados vía acción de tutela, cuando su actuar afecte derechos
fundamentales.[19]
De esta manera, las entidades del sector asegurador, al momento de ejercer
actividades contractuales en este mercado, deben valorar los factores que
rodean la capacidad económica de sus clientes y evitar omitir mínimos de
diligencia que afectan directamente al consumidor. Los derechos fundamentales
que pueden verse amenazados en una relación de esta naturaleza, dan lugar a que
los conflictos que emerjan de los contratos de seguro de vida grupo, puedan ser
abordados excepcionalmente por el juez de tutela. Esto no implica que por ello
pierda su competencia el juez ordinario, el cual, en principio, es la fuente
para resolver las controversias que se den.
1.2.4. La Corte Constitucional, al resolver las acciones de
tutela que se han presentado para solicitar la ejecución de la cobertura de una
póliza de seguro de vida grupo deudores, ha hecho varios tipos de
consideraciones, dependiendo del caso concreto que se revisa. Las Salas de
Revisión de Tutelas han examinado la existencia de vías de hecho o defectos
judiciales que podían afectar garantías y derechos fundamentales en un proceso
o que desconocieran el precedente fijado por esta Corporación.[20]
En relación con las acciones de tutela que se presentaron de manera directa,
sin haber agotado los procedimientos ordinarios, el análisis de la Corte partió
de la definición de la actividad financiera y aseguradora como un servicio de
interés público. En estos procesos, la Corte explicó que, cuando estos eventos
involucran a personas que son sujetos de especial protección constitucional,
las acciones ordinarias pueden no resultar eficaces para extender un amparo
constitucional oportuno ante el contexto que vive el peticionario, de manera
que puede proceder directamente la protección del juez de tutela.[21]
En el marco de lo esbozado, la Sala entrará a examinar la
procedencia de los reclamos que se encuentran en los expedientes restantes.
1.3. Las acciones de tutela contenidas en los expedientes
T-5.492.897, T-5.494.329, T-5.496.591, T-5.536.394, T-5.675.008, T-5.720.487 y
T-5.722.448 pueden ser estudiadas de fondo
1.3.1. En estos procesos, las acciones de tutela se presentaron
de manera directa, luego que las pólizas de seguro de vida grupo fueran
objetadas por las entidades aseguradoras involucradas. Como se explicó
anteriormente, para estos eventos corresponde determinar si los reclamantes
cumplen el supuesto jurisprudencial de contar con un grado de invalidez igual o
superior al 50%, pues de esta manera sus peticiones adquieren relevancia
constitucional, debido al estado de vulnerabilidad que pueden afrontar. Así,
ante un consumidor de servicios financieros, bursátiles o de seguros, que puede
hallarse en un estado de indefensión contractual, corresponde al juez
constitucional valorar la amenaza que puede afectar sus garantías mínimas de
vitalidad, para así encausar el orden comercial dentro del margen
constitucional.
1.3.2. En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que los
expedientes analizados en esta sección superan el examen de procedencia de la
acción de tutela. Dentro de los procesos T-5.492.897, T-5.494.329, T-5.496.591,
T-5.675.008, T-5.720.487 y T-5.722.448, los accionantes son sujetos de
especial protección constitucional, debido al grado de invalidez que afrontan.
Al analizar los hechos esbozados en cada expediente, se observa que se trata de
personas que reclamaron la ejecución del amparo crediticio, con fundamento en
un examen de pérdida de la capacidad laboral que sobrepasa el 50%, lo cual, en
principio, les ubica en un grado de indefensión frente a las compañías
aseguradoras y financieras con las cuales adquirieron obligaciones. Para la
Sala es notorio que las condiciones de salud de los accionantes produjeron un
contexto de vulnerabilidad que implica una improductividad económica que muy
probablemente derivará en un incumplimiento del pago de sus obligaciones
crediticias y, eventualmente, en procedimientos de ejecución, remate y desalojo
de sus inmuebles.[22]
En este contexto, los peticionarios afrontan un estado de vulnerabilidad que
despliega efectos hacia futuro y mantiene vigente una presunta afectación que
puede ser abordada a través de una acción de tutela.
1.3.3. Por su parte, en relación con el Expediente
T-5.536.394, a pesar que la señora Gloria del Carmen Marín de Vásquez no
presenta examen de invalidez igual o superior al 50%, las circunstancias
especiales que afronta la hacen sujeto de especial protección constitucional.
La peticionaria afirma que es una persona adulta mayor, y a pesar que dentro
del expediente no se aporta copia de la Cédula de Ciudadanía, así como tampoco
otro documento que informe al respecto, lo cierto es que este hecho tampoco fue
controvertido por la parte demandada y se presumirá cierto. Además, la señora
Marín asegura no contar con recursos para su sustento, debido a que dependía
económicamente de su compañero permanente, lo cual es coherente con su registro
en las bases de datos del SISBÉN, donde se ubica en el área 1, con puntaje de
6,35 y en condición de estado validado.[23]
A todo esto se suma el hecho que actualmente cursa un proceso ejecutivo
dirigido a rematar la vivienda que habita, sin tener pensión o ingresos. En
este mismo sentido, la Sala encuentra que no existe ni cosa juzgada ni
temeridad en la actuación de la peticionaria,[24]
toda vez que no se presenta identidad de partes frente a la petición que se
invoca en este proceso.[25]
Al respecto, cabe precisar que para que un fallo se considere cosa juzgada,[26]
es necesario que las partes de ambas reclamaciones sean idénticas, lo cual no
ocurre en este caso, debido a que en el proceso anterior el peticionario fue su
compañero permanente.[27]
1.4. La reclamación contenida en el Expediente T-5.491.771 reúne los requisitos
jurisprudenciales para la procedencia de acciones de tutela contra providencias
judiciales
En este proceso específico, la acción de tutela no fue
presentada de manera directa luego que se objetó la póliza de seguro que se
reclama, sino que se adelantó un proceso ordinario que dio lugar a la decisión
judicial que se pretende controvertir.[28]
En este marco, la Sala encuentra que la acción de tutela cumple con los
criterios de procedencia de la acción de tutela, así como también con el
criterio de procedibilidad por defecto fáctico, aunque éste tema se abordará en
un acápite posterior de esta providencia. En este sentido, los requisitos de
procedencia se encuentran superados a través de las siguientes razones:
1.4.1. En primer lugar, el conflicto expuesto por el señor
Yesid José Jabba Peláez[29]
adquiere relevancia constitucional, en virtud de la muerte de la señora Gloria
Esther Peláez Yamawaki.[30]
El deceso ocurrió en medio de la vigencia de un contrato de póliza de seguro
vida grupo, que amparaba el riesgo por muerte o incapacidad total y permanente,
es decir, un seguro que está en relación eventual con el goce efectivo del
derecho al mínimo vital.[31]
La tomadora, madre del reclamante, al disponer que su hijo fuera beneficiario
del amparo crediticio al momento de la ocurrencia de alguno de los riesgos
señalados, tenía como propósito cubrir una necesidad que hasta ese momento era
su responsabilidad. El estudio sobre el fondo del caso permitirá establecer si
efectivamente pudo configurarse un abuso de la posición dominante por parte de
la compañía aseguradora accionada, que afecte derechos fundamentales relacionados
con la vida digna.
1.4.2. En segundo lugar, el accionante adelantó la
reclamación del amparo crediticio ante la jurisdicción ordinaria. Del
expediente se desprende que el día 10 de abril de 2014, el señor Yesid José
Jabba Peláez presentó demanda ordinaria contra la aseguradora MAPFRE Seguros de
Vida S.A., la cual fue fallada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Barranquilla, que declaró probada la excepción de nulidad relativa, con
fundamento en una reticencia de la tomadora al suscribir el contrato. En este
mismo sentido, el día 26 de agosto de 2015, el Juzgado Once Civil del Circuito
en Oralidad de Barranquilla resolvió la impugnación y confirmó en segunda
instancia la sentencia impugnada.
1.4.3. En tercer lugar, la acción de tutela fue presentada
dentro de un término razonable, en relación con la ocurrencia del hecho
reprochado. Al respecto, cabe precisar que, cuando se presenta una solicitud de
protección constitucional contra una decisión judicial, se entiende que la
ocurrencia del hecho censurado no se configura con el asunto debatido en la
demanda ordinaria, sino con la conducta judicial que presuntamente afectó las
garantías constitucionales.[32]
En este caso, el fallo de segunda instancia en el proceso ordinario se emitió
el día 26 de agosto de 2015, de manera que la solicitud de protección
constitucional fue entablada dentro de un término razonable de cinco meses (la
acción fue presentada el día 13 de enero de 2016).
1.4.4. En cuarto lugar, el accionante presenta un relato que
encierra garantías de orden constitucional, como son: la vida, la salud y la
vida en condiciones de dignidad. En la descripción de los hechos, el actor
precisa los motivos de su inconformidad y expone las razones por las cuales
considera que este asunto debe ser abordado a través de una acción de tutela. En
cuanto al aspecto procesal, el peticionario aduce que existieron abusos al
momento de presentar la oferta de póliza de seguro de vida, pero este aspecto
se analizará más adelante.
1.4.5. En quinto lugar, este caso no se trata de una acción
de tutela contra una sentencia de tutela, pues notoriamente se dirige contra la
decisión adoptada por el Juzgado Once Civil del Circuito en Oralidad de
Barranquilla el día 26 de agosto de 2015, por medio de la cual se confirmó la
decisión de declarar probada la excepción de nulidad relativa del contrato por
reticencia de la tomadora.
En este orden de ideas, una vez superado el examen de
procedencia en este proceso, la Sala entrará a delimitar el problema jurídico
que encierran los diversos casos que se revisan. En este mismo sentido, se
indicarán los temas que se abordarán para resolver el asunto.
2. Problemas jurídicos
2.1. Los procesos que fueron acumulados en esta ocasión
comparten una misma cuestión constitucional. En ellos se pretende obtener la
ejecución de pólizas de seguro de vida grupo deudores, que fueron objetadas con
fundamento en presuntas prexistencias, reticencias y extralimitación de la edad
máxima de cobertura. En cada proceso, los tomadores o suscriptores de los
contratos fueron calificados con un grado de invalidez igual o superior al 50%,
razón por la cual, alegan no tener capacidad de producción económica para
continuar con el pago de las cuotas crediticias pactadas inicialmente. En este
sentido, la Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional deberá
resolver el siguiente problema jurídico: ¿una compañía aseguradora vulnera los
derechos fundamentales de una persona que sufre invalidez superior al 50% y
afronta dificultades económicas, cuando objeta la reclamación del amparo
contenido en una póliza de seguro vida grupo que cubre el riesgo de muerte o
incapacidad total y permanente, con fundamento en las causales de preexistencia
y reticencia?
2.2. De igual forma, la Sala deberá resolver otro problema
jurídico: ¿una compañía aseguradora vulnera los derechos fundamentales de un
cliente cuando presenta una oferta de servicios con pleno conocimiento que el
consumidor sobrepasa la edad máxima asegurable o cuando tiene medios para
acceder a esa información?
2.3. En ese mismo sentido, dentro del Expediente
T-5.491.771, por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial,
la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿una autoridad judicial
incurre en un defecto fáctico, cuando niega la protección de derechos
fundamentales presuntamente afectados en un contrato de seguro de vida grupo,
cuya ejecución fue objetada por una enfermedad preexistente a la que no se le
estableció el nexo causal con el riesgo acaecido?
2.4. Para resolver los asuntos, la Sala desarrollará un
análisis en el marco de los siguientes temas: (i) el riesgo en materia de
pólizas de seguro de vida grupo; (ii) la buena fe de las partes en el marco de
la suscripción de pólizas de seguro de vida grupo; (iii) la importancia del
sector asegurador para la estabilidad de la economía nacional; (iv) el
ejercicio de la actividad aseguradora y el principio de solidaridad
constitucional; y (v) la obligación de debida diligencia de las compañías
aseguradoras. Por último, se analizarán cada uno de los casos acumulados.
3. El contrato de seguro de vida es una figura que surge
para hacer frente a los daños sufridos por el acaecimiento de un riesgo
3.1. Los seguros son una modalidad contractual para cubrir
los daños ocasionados por el acaecimiento de un hecho futuro e incierto que
afecta ostensiblemente las capacidades de una persona para hacer frente a un
compromiso económico. En términos generales, el contrato de seguro consiste en
una estipulación contractual, donde una persona llamada tomador se obliga al
pago de una suma de dinero en forma sucesiva a favor de otra persona llamada
asegurador, con el propósito de generar un ahorro que pueda servir para hacer
frente a los daños causados por un riesgo determinado por ambos. De esta
manera, se observa que esta modalidad contractual encuentra su piedra angular
sobre la base de la inseguridad que produce un hecho futuro e incierto que
tiene la virtualidad de generar una afectación ostensible sobre las capacidades
y el patrimonio del interesado.[33]
3.2. Los artículos 1036, 1037, 1045 y 1047 del Código de
Comercio señalan lo siguiente en relación con el contrato de seguro:
“ARTÍCULO
1036. CONTRATO DE SEGURO. El seguro es un contrato consensual, bilateral,
oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva.
ARTÍCULO
1037. PARTES EN EL CONTRATO DE SEGURO. Son partes del contrato de seguro:  1) El
asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente
autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y  || 2) El
tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los
riesgos.
ARTÍCULO 1045. ELEMENTOS
ESENCIALES. Son elementos
esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable;  ||  2) El riesgo
asegurable;  ||  3) La prima o precio del seguro, y  ||  4) La obligación
condicional del asegurador.  ||  En defecto de cualquiera de estos elementos,
el contrato de seguro no producirá efecto alguno”.[34]
3.3. De igual forma, en su artículo 1047, el Código estipula
las condiciones y elementos bajo los cuales deben estructurarse las pólizas de
seguro, como son: (i) la razón o denominación social del asegurador; (ii) el
nombre del tomador; (iii) los nombres del asegurado y del beneficiario o la
forma de identificarlos, si fueren distintos del tomador; (iv) la calidad en
que actúe el tomador del seguro; (v) la identificación precisa de la cosa o persona
con respecto a las cuales se contrata el seguro; (vi) la vigencia del contrato,
con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de
determinar unas y otras; (vii) la suma aseguradora o el modo de precisarla;
(viii) la prima o el modo de calcularla y la forma de su pago; (ix) los riesgos
que el asegurador toma a su cargo; (x) la fecha en que se extiende y la firma
del asegurador; y (xi) las demás condiciones particulares que acuerden los
contratantes.
3.4. Así pues, teniendo en cuenta el objeto y sentido de
esta institución, es claro que la misma no busca proteger del pasado. Por
tanto, los hechos ocurridos con anterioridad a la suscripción de la póliza de
seguro no pueden, en principio, ser amparados por no ser futuros e inciertos.[35]
3.5. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la
aseguradora tiene la facultad de excluir los eventos prexistentes al contrato,
que tengan la probabilidad de generar en el asegurado una afectación que cause
posteriormente la reclamación contractual.[36]
Por eso es necesario que el tomador diga la verdad completa en las
declaraciones que debe hacer para acceder al seguro. Si eso no se hace la ley
determina la anulación del contrato (dolo) o al pago de un porcentaje de la
contingencia cubierta (error inculpable).[37]
Los seguros colectivos, entre los que se encuentran las pólizas de vida grupo,
se diferencian de los contratos de seguro individual; mientras en el primero,
la regla general es que el tomador y el beneficiario sean personas diferentes
(siendo, por ejemplo, el tomador el deudor del crédito y el asegurado el banco
que lo otorgó), en los segundos, generalmente tomador y asegurado son la misma
persona.
4. Los contratos de seguro de vida grupo deudores y la
buena fe de los contratantes
4.1. El ejercicio legal de las relaciones sociales implica
que las personas digan la verdad de forma libre, espontánea y sin que exista
presión o coacción. Por esta razón, la Constitución Política de 1991 establece
la buena fe como un principio que debe regir todas las actuaciones de los
particulares y de las entidades públicas.[38]
4.2. Por esa razón, en materia de pólizas de seguro de vida
grupo, el legislador determinó que la buena fe en la declaración de riesgo
constituye uno de los elementos esenciales para la eficacia de la cobertura
otorgada, ya que a partir de ella se pueden identificar plenamente los riesgos
que podrán ser amparados por el asegurador y los eventos que serán excluidos. La
Sala Plena de la Corte Constitucional ha explicado que el contrato de seguro es
una figura de ubérrima buena fe, toda vez que la conducta de las partes debe
tener un estricto apego a la realidad de los hechos que se declaran; es decir,
que no basta con la simple formalidad y honestidad, sino que es necesario tener
el más alto grado de calidad y claridad al momento de pactar el acuerdo de
voluntades.[39]
Esto conduce a determinar que la valoración judicial siempre deberá analizar el
proceder de cada uno de los contratantes con el fin de identificar aquellas
conductas de acción u omisión que pudieron alterar el equilibrio del negocio.
4.3. De esa manera, el artículo 1058 del Código de Comercio consagra
las siguientes características sobre el contrato de seguro:
“El
tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por
el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro.[40]
||  Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la
reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto
por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado
del riesgo.  ||  Si la inexactitud o la reticencia provienen de error
inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo
estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato
represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del
riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.  ||  Las sanciones consagradas
en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el
contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que
versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana
a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente”.
4.4. En cuanto a la edad del asegurado, el artículo 1161 del
Código de Comercio señala que los eventos donde se compruebe que el tomador de
la póliza incurrió en una inexactitud al declarar su edad cuando suscribió el
contrato, entonces:
“1) Si la edad verdadera está
fuera de los límites autorizados por la tarifa del asegurador, el contrato
quedará sujeto a la sanción prevista en el Artículo 1058;  ||  2) Si es mayor
que la declarada, el seguro se reducirá en la proporción necesaria para que su
valor guarde relación matemática con la prima anual percibida por el
asegurador, y  ||  3) Si es menor, el valor del seguro se aumentará en la misma
proporción establecida en el ordinal segundo”.
4.5. Lo descrito ilustra la importancia que para este
contrato tiene la fidelidad del tomador al momento de presentar su declaración
de riesgo. En su defecto, dará lugar a un vicio por nulidad, que de ser hecho
sin intención (dolo), configurará una prexistencia en el contrato y se reconocerá
parte del monto; pero si es hecho de manera intencional, se considerará una
conducta reticente. Al respecto, la reticencia es un evento que genera un vicio
en el consentimiento de la aseguradora y que afecta la eficacia del contrato de
seguro de vida grupo por contradecir el mandato de buena fe constitucional. Por
esta razón, su ocurrencia se castiga con nulidad relativa en los contratos y se
niega al reclamante la posibilidad de ser cobijado por la cobertura. Por eso la
reticencia y la preexistencia se parecen en cuanto a que se refieren a un hecho
anterior al contrato de seguro que se excluye de la cobertura, pero se
diferencian en que en la reticencia el tomador omite dar a la aseguradora una
información que le interesaba. Por eso el legislador le ha dado a la reticencia
un efecto más perjudicial para el tomador.
4.6. En síntesis, el contrato de póliza de seguro de vida
grupo tiene como propósito hacer frente a los daños causados por un siniestro
que puede afectar la capacidad de una persona para pagar una obligación. En
ella es esencial que los contratantes actúen de buena fe y no omitan
información relevante ni induzcan un error en la contraparte. Por eso, cuando
el reclamo del asegurado se basa en un hecho preexistente del tomador, el pago
de la indemnización se disminuye en un porcentaje cuando el error del tomador
no se causó por culpa suya. Y en igual medida, cuando el hecho preexistente fue
omitido a sabiendas por el tomador, el contrato se verá viciado con nulidad
relativa y no procederá pago alguno por el siniestro.
4.7. La protección constitucional del mercado financiero y
asegurador no es un hecho menor. Su importancia se desprende no solo de la
protección usual a los negocios legales de los particulares, sino también de la
importancia que para el dinamismo económico y la superación de la pobreza tiene
el acceso a crédito de la población. Precisamente por eso, el acceso a crédito
(que es un derecho de los ciudadanos) debe hacerse de manera responsable para
permitir que quienes lo facilitan tengan negocios económicamente viables.
5. En un Estado social de derecho, el sector asegurador contribuye
al crecimiento y estabilidad de la economía nacional
5.1. La captación, manejo e inversión de dinero que
caracteriza a la actividad aseguradora, hace que su función tenga una fuerte
influencia en la estabilidad económica del país. Por eso, las entidades del
sector asegurador deben ser entidades sólidas financieramente y deben tener el
mayor acceso posible a un sistema jurídico estable donde sus cálculos de riesgo
puedan hacerse basados en información veraz y completa. Al mismo tiempo, por el
efecto potencialmente nocivo que el manejo irresponsable del sector asegurador
puede tener en la ciudadanía, el Constituyente incorporó  una serie de
obligaciones y funciones en cabeza del Presidente de la República, orientadas a
proteger los derechos de las personas (Num. 24 del Art. 189 de la C.P). Establece
la necesidad constitucional de ejercer “la inspección, vigilancia y control
sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de
recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y
las sociedades mercantiles”.
5.2. Desde el punto de vista constitucional, la contracara
de la especial protección de la estabilidad de la actividad financiera, es la
asimetría natural que existe entre las entidades y los usuarios quienes, en la
gran mayoría de los casos, tienen a su disposición unos recursos limitadísimos,
en comparación con los de la entidad. Por eso, por ejemplo, la jurisprudencia
constitucional ha ratificado la ineficacia de las cláusulas abusivas que en
materia de contratos de seguros afecten los intereses de los usuarios,[41]
así como también ha determinado que aquellas con un contenido oscuro, ambiguo o
poco claro deban ser interpretadas a favor del consumidor.[42]
6. Jurisprudencia constitucional para la protección de
derechos en contratos de seguro de vida grupo
6.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también se
ha referido al principio de solidaridad consagrado en el Preámbulo de la
Constitución Política de 1991, afirmando que quienes presten servicios de
interés público, deben hacerlo respetando unas garantías fundamentales para los
ciudadanos teniendo en cuenta, especialmente, las condiciones de vulnerabilidad
de los clientes, pues con ello se podrían llegar a afectar derechos como la
igualdad, el mínimo vital, la vida y la salud.[43]
6.2. En casos de acciones de tutela relacionadas con
reclamaciones de pólizas de seguro de vida grupo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha analizado los elementos involucrados en ese tipo de
controversias. En eventos que involucran a tomadores que se encuentran en
estado de invalidez superior al 50%, cuyas reclamaciones fueron objetadas por
las compañías aseguradoras argumentando prexistencia o reticencia, la Corte ha
establecido unos criterios precisos para establecer si puede ordenarse la
ejecución o no de la cobertura.[44]
6.3. Esos criterios (que deben confluir todos para que
proceda el amparo) son los siguientes:
(i) ser sujeto de especial
protección constitucional y carecer de recursos económicos;[45]
(ii) que la familia del reclamante
dependa económicamente de él;[46]
(iii) la declaración de estado de
riesgo no puede convertirse en una carga excesiva para el tomador, ya que
pueden existir cláusulas ambiguas.[47]
Esto quiere decir, que la entidad aseguradora tiene el deber de presentar un
contrato que sea expreso, claro y preciso sobre las condiciones que regirán el
desarrollo de la relación jurídica entre las partes. Esto incluye que el
formulario de declaración de estado de riesgo tenga una redacción y un lenguaje
suficientemente claro, para que un tomador cualquiera pueda entender las particularidades
de esta negociación. La rigidez en los tecnicismos y formalidades, así como la
falta de diligencia en el asesoramiento del cliente, puede conllevar a que el
mismo incurra en errores culposos por no tener manejo de estas relaciones
contractuales.
(iv) la prexistencia debe ser
probada por la compañía aseguradora;[48]
y
(v) el asegurador, al momento de
presentar y suscribir el contrato, deberá plasmar en el mismo los eventos
preexistentes que pudo apreciar o que tuvo oportunidad de conocer, a pesar que
no sean declarados por el tomador. El silencio del asegurador frente a estos
hechos constituye una clara negligencia en su deber de ejercer una conducta que
ayude a determinar con precisión las circunstancias que se encontrarán
amparadas por el seguro y aquellas que serán excluidas. Esto conduce a declarar
que, para casos relacionados con personas que durante el trascurso del contrato
sufren una invalidez superior al 50%, el examen judicial deberá analizar la
conducta de la entidad aseguradora sobre un margen de diligencia más estricto,
en el sentido de poder establecer si la objeción presentada sobre la ejecución
del amparo crediticio se basa en hechos que fueron advertidos al momento de
pactar el negocio y que no fueron plasmados por el asegurador.
6.4. La primera regla
(ser sujeto de especial protección constitucional) tiene dos elementos: (1) por
un lado, la determinación del estado de indefensión e invalidez del tomador; y
(2) por otro lado, la identificación de las capacidades económicas de quien
solicita la protección. Sobre el último elemento, el análisis se hace caso a
caso, pues el juez constitucional no puede fijar un monto específico para
afirmar que una persona puede o no continuar con el pago de unas cuotas sin
afectar su mínimo vital, por ello dependerá de la valoración que haga el juez
en cada caso.
6.5. La segunda regla
consiste en que la familia del accionante dependa totalmente o en gran medida de
su capacidad económica. Es decir, que sin este apoyo se afecte el mínimo vital,
en dignidad de la familia. Sin embargo, este criterio debe analizarse conforme
a las características de cada caso, pues no podrá rechazarse la petición de una
persona en estado de indefensión, que encuentra amenazado su mínimo vital y su
vivienda digna, por dar lugar a una apreciación formalista y excluyente.
6.6. En cuanto a la
declaración de asegurabilidad, es claro que pese a provenir del tomador, hay
una carga de diligencia que se impone a la aseguradora y que consiste en la
imposibilidad para ésta de alegar como causal de reticencia un hecho que ella
tuvo que haber conocido. Así, por ejemplo, en aquellos casos en los que un
funcionario de la empresa se dirige hasta un centro médico donde se encuentra
el tomador de la póliza, la compañía aseguradora debe hacer los exámenes o
pedir los conceptos médicos necesarios para incluir la afección en la
declaratoria de riesgo. De no hacerlo, no podrá alegar mala fe (y con ello
reticencia o preexistencia) de parte del tomador. La Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la información suministrada en
los cuestionarios de declaración del estado de riesgo permite tener
conocimiento de los riesgos que serán asumidos, por lo cual:
“Cuando el asegurador, en
esos cuestionarios, hace una pregunta, ésta tiene el sentido de que el hecho a
que se refiere es considerado por él como esencial para determinar su
consentimiento en el contrato, en cambio, otros hechos que el asegurador pasa
en silencio deben considerarse como que no tiene importancia para él, según
experiencia en la materia de los riesgos sobre que versa el seguro”.[49]
De esa manera, los hechos
advertidos por el asegurador en el momento previo a la suscripción del
contrato, que puedan generar siniestros futuros, pero frente a los cuales se
guardó silencio, se deberán considerar como irrelevantes para la compañía
aseguradora y por lo tanto se erigirán como riesgos amparados. Por esta razón,
en caso de no consignarse la exclusión de esa afección, se presumirá que la
empresa aseguradora conoció del evento preexistente y decidió asumir el riesgo
por invalidez o muerte que pudiese derivarse de esa circunstancia, pues el
silencio deberá interpretarse a través de una valoración a favor del
consumidor.
6.7. Frente a la reticencia, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que no basta con identificar el hecho prexistente para afirmar la
existencia de la reticencia. Al contrario, en todos los casos la aseguradora
deberá demostrar la mala fe del suscriptor.[50]
Esa carga tan sustancial existe pues, como se explicó anteriormente, la
reticencia implica la existencia de dolo del tomador.
6.8. En conclusión, el
contrato de seguros es, por naturaleza, un contrato consensual donde las dos
partes deben ejercer la buena fe más allá del estándar usual de los contratos
comerciales. Esta situación no es distinta en los contratos de seguro de vida
grupo deudores, respecto de los cuales esta Corporación ha documentado
largamente esa relación y la extensión de esa obligación de buena fe
calificada. El legislador otorgó plena
libertad de configuración contractual a las entidades financieras y
aseguradoras dentro de los contratos relacionados con suscripción de pólizas de
seguros. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha advertido que dicha
libertad, en muchas ocasiones, genera un rompimiento del equilibrio del
contrato y termina ubicando al consumidor o cliente en un estado de indefensión
frente a la compañía aseguradora, que, en últimas, le coloca ante una
imposibilidad de cumplimiento del contrato y por ende ante la ejecución de sus
bienes (viviendas por lo general).
6.9. El principio de solidaridad impone a las entidades del
sector asegurador una carga de diligencia especial, que demanda un esfuerzo
para obtener una seguridad precisa sobre la declaración del asegurado en cuanto
a la existencia de patologías que lo afectan previamente. Así las cosas, la jurisprudencia constitucional,
frente a sujetos en estado de vulnerabilidad, se ha visto en la necesidad de
hacer un estudio flexible de las leyes que regulan los contratos de seguros de
vida, para con ello evitar que se configuren excesos comerciales que violen
derechos fundamentales de estos consumidores, especialmente, el mínimo vital,
la vida y la vivienda, en condiciones de dignidad. Entre estas medidas se
encuentra la necesidad que tiene el juez de interpretar los contratos de
seguros a través de la óptica del principio pro costumatore y de valorar
las condiciones de cada contrato para evitar que se consume una afectación
sobre los derechos al mínimo vital, a la vida digna y a la vivienda digna.
Cuando se cumple con las reglas de procedencia del amparo descritas, la
compañía aseguradora debe demostrar que desplegó una conducta diligente y que
no dejó de ver lo que era evidente. Ahora bien, a continuación pasa la Sala a valorar
una situación que se presenta en reclamaciones de esta naturaleza,
particularmente relacionada con el contenido mismo de formulario de póliza de seguro
de vida grupo.
7. Responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno
sobre empresas del sector asegurador que desconozcan el deber de solidaridad
constitucional en el marco de sus relaciones contractuales con personas en
estado de invalidez superior al 50%
7.1. Cuando se va a contratar un seguro de vida de grupo, la
compañía aseguradora presenta al tomador un formulario que contiene una serie
de preguntas, cláusulas y aclaraciones para determinar su estado de riesgo. Es
con base en esas respuestas que se determina la posibilidad de amparar al
tomador, de ahí la relevancia que adquiere la necesidad que el consumidor de
este mercado reciba una información “completa, veraz, transparente,
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos
que se ofrezcan o pongan en circulación”.[51]
7.2. Teniendo en cuenta que los consumidores financieros varían
en términos de capacidad educación, capacidad psíquica y física,
caracterización étnica, cultural y lingüística, un alto grado de tecnicismo en el
formato de declaración de asegurabilidad, puede terminar por poner al tomador
en una situación donde, a pesar de su deseo en contrario, no puede entender si
tiene o no las afecciones por las que se le pregunta. De esta manera, es lógico
que en ciertos eventos se presenten desembolsos de créditos a personas que
carecen del conocimiento o la claridad de lo que significa cada estipulación
contractual, así como de la finalidad con la cual ejecutan ese cobro sobre su
préstamo. Por eso, la falta de claridad de los formularios de póliza de seguro
de vida grupo, conjugado con un asesoramiento potencialmente incompleto del
funcionario que realiza la oferta del producto, pueden generar que un tomador
de buena fe haga una declaración de riesgo que no corresponda con su historia clínica
o antecedentes de salud. Como lo expuso la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) en la respuesta presentada a este despacho, los estudios
en psicología demuestran que la complejidad (o ambigüedad) en los documentos
legales generan “la indiferencia, el retraso y la confusión de los
consumidores”.
7.3. Así las cosas, en acciones de tutela que se encuentren
dentro de los supuestos fácticos y jurisprudenciales señalados por esta
Corporación, la negligencia en la determinación de las condiciones de oferta,
asesoría, esquematización y redacción de los contratos de pólizas de seguro de
vida grupo, y para adecuar la declaratoria de voluntad de las partes a los
términos de claridad y especificidad en las condiciones del producto, puede dar
lugar a una excepción en la posibilidad de la compañía aseguradora de alegar
una reticencia. De esa manera, los formatos y contratos que usen las compañías
aseguradoras deben ser sencillos e inteligibles. Deben contener versiones con
nombres comunes o descripciones de las patologías o afecciones por las que
preguntan, y deben estar acompañados de una adecuada asesoría por parte de la
persona que represente a la aseguradora para explicar detalladamente a cada
tomador el sentido y propósito del contrato, así como las consecuencias que
surgen en los diversos supuestos que puede abarcar la estipulación contractual.[52]
7.4. En este orden de ideas, es necesario mencionar que la
necesidad de imprimir claridad a los contratos que presentan las compañías de
servicios de interés público, no es algo que únicamente se advierta en el sector
financiero y asegurador, puesto que ya existen antecedentes sobre este asunto. Por
ejemplo, dentro del mercado de productos de telefonía móvil, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC), ante las problemáticas que se presentaban
por los tecnicismos y la letra menuda contenida en estos contratos comerciales,
se vio en la necesidad de tomar medidas con el fin adecuar los mismos a
términos de sencillez y comprensibilidad, razón por la cual, mediante
Resolución 4625 del 2014, determinó qué contratos de telefonía móvil deberían
estructurarse de manera integral con todos los elementos que permiten al
cliente conocer plenamente las características del contrato.[53]
7.5. Para la Sala, esos fundamentos constitucionales
resultan igualmente aplicables en casos como el de los formatos de vinculación
de seguro de vida grupo. Como quedó expuesto en la contestación al
requerimiento hecho por este despacho a la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC), los contratos relacionados con servicios que se ofrecen en
el marco de una función de carácter público deben encausarse dentro de los
derechos constitucionales que les asisten a los usuarios. Por esta razón, la
conformación de los contratos de póliza de seguro de vida grupo deben obedecer
a los criterios expuestos por el numeral 1.3. del artículo 3 de la Ley 1480 de
2011 y ser conducidos hacia una propuesta donde los usuarios que se
particularizan en esta sentencia tengan mayor peso contractual.
7.6. Las respuestas presentadas por las entidades que fueron
vinculadas a este proceso en medio de las actuaciones surtidas en sede de
revisión, ilustran que los avances desarrollados por la jurisprudencia
constitucional no han sido implementados en el ejercicio de las funciones de
control, vigilancia e inspección que deben desplegarse sobre la actividad
financiera y aseguradora. Tampoco han sido materia de instrucción y réplica en
la función judicial. Las intervenciones de la Superintendencia Financiera de
Colombia y de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación
Financiera (URF) dan a entender que no existe una regulación concreta para el
ramo vida grupo deudores y que no se han dispuesto medidas para analizar
conductas particulares de las entidades aseguradoras en problemáticas surgidas
con personas que devienen a un estado de invalidez superior al 50%.
7.7. En ese sentido, con el fin de proteger los valores
constitucionales y permitir un escrutinio sensato de la buena fe de los
tomadores, la Sala encuentra que las ofertas y contratos de pólizas de seguro
de vida grupo deudores deben estructurarse de manera sencilla y comprensible, permitiendo
al mayor número de usuarios captar el sentido y las consecuencias del contrato y
de sus declaraciones, evitando el uso de tecnicismos no acompañados de
explicaciones coloquiales y sencillas que faciliten el entendimiento del tomador.
Por esta razón, a la luz del orden constitucional vigente, en el marco de las
estipulaciones contractuales de esta naturaleza, los presupuestos diseñados por
el legislador, para el diseño de estas pólizas, deberían desarrollar y atender, por ejemplo,
criterios básicos como los siguientes:[54]
a) Densidad del contenido: debe encontrarse un
balance entre la altura de línea, el tamaño de fuente y la longitud de línea,
para el funcionamiento idóneo del contenido.
b) Énfasis en los elementos de importancia:
diferenciar los aspectos más importantes del contenido (por ejemplo, a través
de la utilización razonable de negrillas, itálicas, tamaño o color, para
resaltar información).
c) Organización del contenido: es preciso que las
compañías financieras y aseguradoras ajunten los contenidos del contrato dentro
de un orden que permita guiar con facilidad al usuario y conducirlo a la
intuición del mismo.
d) Limpieza en la implementación gráfica: es conveniente
el uso de material visual, como fotografías, ilustraciones o iconos que permitan
ahorrar palabras y no interrumpan la fluidez del contenido.
e) Uso de separadores: formatos simples que permitan
dividir el contenido en secciones de manera clara y organizada.
f) Uso de márgenes: es conveniente el uso de formatos
constituidos sobre una estructura formal que permita conducir la lectura sin
esfuerzo hacia el contenido, para que el usuario se enfoque en los datos
relevantes.
g) Empatía: los contratos crediticios y de seguros dirigidos
al gran público, deben tener en cuenta el nivel de comprensión de lectura de la
población general, de manera que personas de distintos niveles socio-económicos
puedan entender el contenido de los mismos. El propósito es evitar que se
presente lo que la CRC nombró como “desesperanza aprendida”, en la cual,
la persona asume que nunca podrá entender los documentos legales.
h) Destilación: es conveniente que en los contratos
crediticios y de seguros se evite entregar documentos extremadamente largos en
los que no toda la información es útil.
i) Claridad: por ejemplo, los contratos crediticios y
de seguros deben ajustarse a las técnicas y estándares de comunicación visual,
sobre la base de organizar, enfatizar y hacer visible la información.
7.8. De igual forma, a la luz del orden constitucional
vigente, los contratos de crédito y seguro deben incorporar información básica,
como forma de asegurar el goce efectivo de los derechos a la autonomía y
libertad contractual. Por ejemplo, asuntos como los siguientes deben ser
tenidos en cuenta:
(i) Identificación de
las partes. El nombre o razón social de la compañía aseguradora y el
domicilio de su sede o establecimiento principal; así como el nombre y
domicilio del tomador y el (los) beneficiario (s) de la póliza.
(ii) Los servicios
contratados. El asesor comercial tiene el deber de explicar al consumidor,
en forma sencilla y detallada, el propósito que tiene el contrato de seguro de
vida grupo suscrito y las consecuencias que se derivan del mismo.
(iii) El precio y la
forma de pago. Estos elementos son esenciales para la configuración de
obligaciones. Sin la determinación de la prestación no es posible que las
partes sepan a qué se obligan realmente.
(iv) El plazo máximo y las condiciones para
el inicio de la prestación del servicio. Corresponde al asesor comercial
explicar al tomador los riesgos que van a ser amparados y los riesgos que se
excluyen, así como consignar de manera expresa en el contrato aquellos que
pueden ser advertidos como potenciales causas de siniestros futuros y que no
serán cubiertos por la póliza.
(v) Las obligaciones del tomador y las
obligaciones del asegurador. Este factor constituye un segmento que debe
tener plena claridad para garantizar la autonomía contractual del tomador.
(vi) Los derechos del tomador y los
derechos del asegurador en relación con el servicio contratado. La omisión
o tergiversación de derechos contractuales a través de documentos y la
manipulación del lenguaje, claramente constituye una conducta dolosa que vicia el
consentimiento. No puede pretenderse que los errores cometidos por el
asegurador sean asumidos por el consumidor.
(vii) La modalidad de la póliza contratada
y las condiciones para el cambio de la misma en eventos de retanqueo crediticio.
Los retanqueos deben estar acompañados de nuevas valoraciones sobre las
condiciones que puedan afectar la capacidad económica del actor. En estos
eventos, las compañías financieras y aseguradoras no pueden alegar
prexistencias o reticencias sobre hechos que debieron o pudieron haber
conocido. De esa manera se garantiza que el consumidor financiero en estado de
vulnerabilidad podrá gozar de estabilidad y equilibrio contractual.
(viii) Las causales y condiciones para la
objeción de la póliza adquirida y el procedimiento a seguir. Sobre el
particular, el asesor comercial deberá explicar al tomador, de manera sencilla
y comprensible, las figuras de preexistencia y reticencia como elementos que
dan lugar a negar el amparo crediticio.
(ix) Causas y condiciones para reclamar el
seguro adquirido ante el incumplimiento del asegurador.
(x) Consecuencias del incumplimiento de
cada una de las partes. Los consumidores de servicios financieros,
bursátiles y de seguros deben tener la mayor claridad posible sobre los efectos
jurídicos que genera el contrato. Esto es necesario para garantizar su derecho
de autonomía y permitir dar equilibrio contractual a la relación entre las
partes.
(xi) Trámite de Peticiones, Quejas y
Recursos (PQR).
(xii) Condiciones para la cesión del
contrato. Son condiciones fundamentales para asegurar la autonomía de la
voluntad y la libertad contractual.
(xiii) Condiciones para el traslado del
servicio a otro domicilio cuando éste aplique. Las compañías financieras,
bursátiles y aseguradoras tienen el deber de mantener la comunicación con sus
clientes, con el fin de informales sobre sus condiciones y estados financieros.
(xiv) Alternativas y procedimiento de
compensación ante eventos que involucran falta de disponibilidad presupuestal
para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
(xv) Información que ilustre al consumidor
sobre la protección de los datos personales y el tratamiento de la información
ante el reporte a los bancos de datos.
(xvi) Mecanismos obligatorios de atención
al usuario. En consideración al interés público que rodea a la actividad
financiera, bursátil y aseguradora, corresponde a las compañías de estos
mercados disponer de las medidas de atención al usuario en las mismas calidades
de las entidades públicas.
(xvii) Fecha de vencimiento del periodo de
facturación. La concreción de los términos y condiciones del contrato es
una medida que permite al consumidor proteger su derecho a la honra y al buen
nombre. El conocimiento de los plazos en la cancelación de las cuotas le
ayudará a tomar las medidas necesarias para evitar reportes negativos en su
perfil financiero.
(xviii) Al inicio de cada contrato o
póliza, deberán incorporar de manera destacada y llamativa, la siguiente
información: partes del contrato, servicios contratados, precio, mecanismos de
atención al usuario, derechos y obligaciones de las partes y trámite de PQR
(peticiones, quejas y recursos).
(xix) No se podrán incluir cláusulas
concernientes a derechos u obligaciones con espacios en blanco o sin
diligenciar. La falta de claridad en la oferta contractual vicia la buena
fe del consumidor e impide que pueda expresar de manera libre la posición que
pretende asumir dentro del contrato.
7.9. Los criterios descritos son algunos de
los márgenes que permiten proteger los derechos de autonomía privada y libertad
contractual. Constitucionalmente resultan relevantes, en cuanto constituyen una
extensión del derecho fundamental de libertad sobre el plano comercial.[55] Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que este
principio “se deriva de la
interpretación sistemática del texto constitucional”,[56]
pues encierra los derechos a la personalidad jurídica (Art. 14), al libre
desarrollo de la personalidad (Art. 16), a la propiedad privada (Art. 58), a la
libertad de asociación (Arts. 38 y 39), a la libertad económica, a la libre
iniciativa privada y la libertad de empresa (Art. 333), por medio de los cuales
las personas pueden crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas.[57] De esta manera, la maximización
del bienestar social de los consumidores del mercado financiero, bursátil y
asegurador, a través de la claridad en los contratos, permitirá que los
usuarios de estos servicios puedan tener garantía constitucional en sus
procesos de negociación, con el fin de evitar afectar garantías especialmente
protegidas.
7.10. En
materia de contratos de pólizas de seguro vida grupo, la Sala considera
necesario dar aplicación directa al mandato constitucional consagrado en el
artículo 334 de la Constitución, el cual señala el deber que tiene el
Estado de intervenir en los servicios públicos y privados con el fin de mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, la distribución equitativa de
oportunidades y los beneficios del desarrollo. Por esta razón, la
presentación de ofertas y la conformación de los contratos de esta naturaleza,
deberán estructurarse desde un lenguaje comprensible en el mayor grado posible
para los consumidores, así como también deberán acompañarse por un
asesoramiento claro y detallado por parte de la compañía aseguradora. En tal
sentido, además de las decisiones adoptadas en los casos concretos, se
solicitará a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera
(URF), que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, tomen
las medidas adecuadas para maximizar el bienestar social de los consumidores
del mercado asegurador y garantizar el goce efectivo de sus derechos
fundamentales, a propósito de casos como los analizados en la presente
sentencia. De forma paralela, se solicitará al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que se tengan en cuenta
la jurisprudencia constitucional aplicable a casos como los analizados en la
presente providencia, dentro del esquema de capacitación de los jueces de la
República.
8. Análisis sobre casos
en que los tomadores fallecieron y sus ejecuciones son alegadas por familiares
que pretenden obtener el beneficio (expedientes T-5.491.771 y T-5.536.394)
Esto casos adquieren
relevancia constitucional por involucrar tomadores que fallecieron en el
transcurso de la reclamación de los seguros. La cobertura pretendida busca
hacer frente a las obligaciones crediticias que ahora deben asumir familiares
que son beneficiaros de los títulos suscritos. Para resolver estos casos, se
tendrá en cuenta que en los contratos de seguros de vida grupo, las partes
tienen el deber de actuar de buena fe: los tomadores, en cuanto a la veracidad
de la información que plasman en su declaratoria de riesgo; las aseguradoras,
frente al lenguaje que utilizan para informar al consumidor y evitar inducirlo
al error. En este mismo sentido, se considerarán otros factores como la
capacidad de prueba que tuvieron las empresas aseguradoras para demostrar el
nexo causal entre los hechos preexistentes y los riesgos acaecidos. También, la
posibilidad de conocer hechos que pretenden oponer y las condiciones económicas
y de salud de los accionantes.
8.1. Expediente
T-5.491.771.
En esta acción de
tutela, la Sala observa que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla
y el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla incurrieron en un defecto
fáctico al resolver sobre el proceso verbal adelantado por el accionante contra
MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. Asimismo, dicha entidad aseguradora también
vulneró los derechos fundamentales del señor Yesid José Jabba Peláez, al haber
objetado la ejecución de la póliza de vida, con fundamento en razones de
reticencia que no demuestran el nexo causal entre el padecimiento preexistente
y el deceso de la tomadora. Esta afirmación encuentra sustento en los
siguientes argumentos:
8.1.1. El día 1º de
septiembre de 2010, la señora Gloria Esther Peláez, madre del accionante,
suscribió una póliza de seguro de vida grupo deudores con la compañía MAPFRE
Colombia Vida Seguros S.A., con el fin de amparar el riesgo “de muerte y/o
incapacidad total y permanente”.[58]
En ella aparecen como beneficiarios, según lo exponen las partes, los siguientes:
(i) la entidad financiera SERFINANSA S.A.; y (ii) su hijo, Yesid José Jabba
Peláez. Sin embargo, en el transcurso de la relación crediticia, la señora
Peláez falleció, lo cual condujo a que el peticionario solicitara la ejecución
de la póliza suscrita, pero con una respuesta negativa sobre la misma, toda vez
que se configuró una reticencia momento de suscribir el contrato, pues se
encontraron antecedentes de tiroides en la historia clínica de su madre.
8.1.2. Si bien es
cierto el hecho que en este proceso no puede exigirse el cumplimiento de las
reglas definidas por la jurisprudencia constitucional para el análisis de estos
casos, ya que para la fecha de suscripción del contrato de seguro de vida grupo
deudores y para la fecha de reclamación del amparo aún no se habían emitido
dichos criterios, no es menos cierto el hecho que en este caso deben analizarse
las mismas particularidades que rodearon la objeción presentada por MAPFRE
Colombia Vida Seguros S.A.
8.1.3. En este orden
de ideas, cabe recordar que uno de los fundamentos para hacer objetar las
pólizas de seguro, se encuentra en la necesidad de demostrar el nexo causal
entre el hecho alegado como preexistente y el siniestro acaecido con
posterioridad a la suscripción del contrato. De esta manera, en los eventos en
que la entidad aseguradora pretenda objetar la reclamación por preexistencia o
reticencia, siempre será necesario que ésta cumpla una carga probatoria
dirigida a demostrar que, efectivamente, el hecho que se invoca como riesgo
acaecido es consecuencia de una afección física o psíquica anterior a la
obligación.
8.1.4. Al analizar
las particularidades de este proceso con los conceptos expuestos previamente,
se observa que desde la óptica del Código de Comercio (artículo 1077), así como
desde la perspectiva constitucional del principio pro costumatore, la
carga probatoria en este caso no podía radicar en cabeza del accionante, pues
éste demostró que el fallecimiento de su madre por sí misma constituye
uno de los riesgos cubiertos por la póliza de seguro de vida adquirida, como lo
ratificó MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. en su respuesta.[59] Correspondía
a la compañía aseguradora desplegar una diligencia probatoria que explicara la
relación causal entre el problema de tiroides sufrido por la señora Peláez en
el año 2007 y su deceso ocurrido el día 07 de diciembre de 2012, por medio de
la cual, hubiese ilustrado al juez constitucional sobre el avance de la
enfermedad y su consecuente agravación como factor determinante en el
fallecimiento de la tomadora.
8.1.5. No obstante lo
anterior, la Sala observa que MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. sólo se limitó
a expresar que la señora Gloria Esther Peláez fue reticente al momento de
declarar su estado de riesgo en la suscripción del contrato de seguro de vida,
toda vez que no expresó haber tenido problemas de tiroides desde el año 2007. Sin
embargo, una simple afirmación de esta naturaleza, analizada en el marco de las
relaciones contractuales de los seguros de vida grupo, no tiene la virtualidad
suficiente para consolidarse en un argumento sólido para demostrar que el hecho
no era futuro e incierto y para dar lugar a objetar la ejecución de la póliza. En
efecto, la compañía aseguradora tenía el deber de reforzar sus razones, a
través de una explicación que demostrara por qué el problema de tiroides de la señora
Peláez tuvo un nexo causal directo con su fallecimiento, para lo cual pudo
haber solicitado y aportado un concepto médico que respaldara su afirmación.
8.1.6. Así las cosas, emerge
el defecto fáctico en el cual incurrieron los despachos judiciales demandados,
quienes no advirtieron que la reclamación de la póliza de seguro de vida
entablada en esta ocasión, se encuentra fundada en la ejecución del amparo
crediticio por acaecimiento del riesgo de muerte y no por riesgo de incapacidad
total y permanente, como se reclamó inicialmente cuando la tomadora se
encontraba en vida. De esta manera, no valoraron la necesidad que tenía MAPFRE
Colombia Vida Seguros S.A. de demostrar el nexo causal entre las afecciones
preexistentes y el fallecimiento de la señora Peláez, lo cual era
imprescindible para objetar la reclamación del amparo crediticio en esta ocasión,
especialmente si se tiene en cuenta que la carga probatoria en estos eventos
recae sobre la compañía aseguradora.
8.1.7. De conformidad con lo
descrito, esta Sala procederá a revocar la sentencia del 16 de marzo de 2016,
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
confirmó en segunda instancia la decisión adoptada el 29 de enero de 2016 por
la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que negó la
protección invocada. En su lugar, se concederá la protección a los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vivienda digna y a la igualdad del señor
Yesid José Jabba Pelaéz. En consecuencia, se ordenará al Juzgado Once Civil del
Circuito de Barranquilla que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, proceda a emitir un nuevo fallo en
consideración a lo expuesto en esta sentencia.
8.2. Expediente
T-5.536.394
Este caso adquiere
especial relevancia constitucional por involucrar a una señora adulta mayor,
que habita un inmueble que será rematado por la deuda que cubre la póliza
reclamada. Además, la accionante alega afrontar una situación de escasez
económica que no le permite cancelar el monto insoluto, y además, que a pesar
de haber solicitado en reiteradas oportunidades la exoneración del pago de la
deuda, procedieron a demandarla en un proceso ejecutivo. En su caso, la Sala encuentra
que CORPBANCA S.A. y la Compañía de Seguros POSITIVA S.A. vulneraron los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la vivienda digna
de la señora Gloria del Carmen Marín, como consecuencia de haber prescindido de
la situación de vulnerabilidad en que se hallaba su compañero permanente y
haber omitido el deber de solidaridad constitucional, para adelantar un proceso
ejecutivo hipotecario que hoy día la tiene ad portas de quedar sin
vivienda. Al respecto, se presentan las siguientes razones:
8.2.1. En primer
lugar, la Sala observa que las entidades accionadas desatendieron la condición de
indefensión del señor Ortega y en este sentido omitieron actuar de conformidad
con el deber de solidaridad constitucional en materia financiera. Como
consecuencia de ello, a pesar del fallecimiento del tomador, así como del hecho
que el seguro de vida adquirido cubre el riesgo en caso de muerte, procedieron
a adelantar un proceso ejecutivo hipotecario que actualmente cursa en el
Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena.
Es necesario
mencionar, que el señor Guillermo Enrique Ortega Padilla, cuando se encontraba
en vida y en medio de la reclamación del amparo crediticio, era sujeto de
especial protección constitucional, pues para el momento del deceso contaba con
62 años de edad y subsistía gracias a una pensión “por el riesgo de
invalidez”, reconocida por COLPENSIONES en un monto de $1.288.700, con una
mesada adicional de $644.350, con la cual cubría no sólo su sostenimiento, sino
también el de su compañera permanente, accionante dentro de este proceso. Igualmente,
del expediente se desprende que, en vida, el señor Guillermo Enrique Ortega
Padilla manifestó a la Compañía de Seguros POSITIVA S.A. que se encontraba en
un estado de salud que le impedía continuar con el pago de las cuotas
crediticias sin verse afectado en sus condiciones de vida. Por esta razón,
solicitó la exoneración de los pagos y la ejecución de la póliza adquirida por
el siniestro de incapacidad total y permanente, pero la misma le fue negada por
la entidad accionada y por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes
con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, que mediante sentencia de
tutela del 14 de agosto de 2015, resolvió negar la protección invocada.
De esa manera, el día
05 de agosto de 2015, durante el transcurso de su reclamación, el señor Padilla
Ortega falleció, por lo cual el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena procedió a
negar la acción de tutela y a expresar que se había configurado una carencia
actual de objeto por daño consumado. Es este sentido, la señora Carmen Marín de
Vásquez, accionante en este proceso de tutela, ha continuado con la reclamación
que en vida sostuvo su compañero permanente, toda vez que alega ser una persona
adulta mayor que no cuenta con recursos para su sostenimiento y se encuentra
amenazada por el remate de la vivienda donde habita. Así las cosas, a pesar que
la Compañía de Seguros POSITIVA S.A. en su momento objetó la reclamación, por
considerar que el señor Ortega Padilla fue reticente en su declaración del
estado de riesgo, ello no era óbice para que dicha entidad aseguradora y el
Banco CORPBANCA S.A. atendieran la petición del tomador. De esta manera,
habrían procedido a cumplir su deber de solidaridad constitucional, en el
sentido de renegociar los términos y condiciones del contrato, para que el pago
de las cuotas crediticias no afectara el derecho al mínimo vital, a la vivienda
digna y a la vida digna de la accionante. En este sentido, dentro del
expediente se encuentra el documento expedido el día 06 de julio de 2015 por la
empresa de energía Electricaribe S.A. E.S.P., en el que certifica que el
inmueble donde habita la peticionaria adeudaba para esa época un monto de
$3.067.632.[60]
Ahora bien, se
observa que la reclamación que en su momento realizó el señor Ortega Padilla
tuvo como causa el siniestro de invalidez total y permanente. Sin embargo, en
esta ocasión, la accionante presenta una nueva reclamación, pero ya no con
fundamento en el hecho expuesto en la solicitud inicial, sino ahora con
sustento en el siniestro de muerte. Así, para esta acción de tutela, la
argumentación de la compañía aseguradora no podía quedarse en los mismos
términos de la primera, pues era necesario que desplegara una carga
argumentativa que demostrara el nexo causal entre las patologías preexistentes
y la muerte del tomador. En este orden de ideas, dentro del expediente no
existe documento o referencia expuesta por alguno de los intervinientes o
interesados del proceso, que se encuentre dirigida a realizar una descripción
de las afecciones sufridas por el señor Ortega Padilla, la causa o causas del
deceso y el nexo causal entre ellas. De esta manera, le asistía el deber a
POSITIVA Compañía de Seguros S.A. desarrollar esta labor probatoria para
ilustrar al juez constitucional y explicar correctamente su determinación,
pues, como lo dispone el artículo 1077 del Código de Comercio: “[e]l
asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su
responsabilidad”. Por esta razón, al haber omitido desplegar una
argumentación contundente, que permitiera advertir que efectivamente las
enfermedades preexistentes fueron la causa de muerte del tomador, la Sala
encuentra que la objeción presentada por la compañía accionada se encuentra
infundada.
8.2.2. En segundo
lugar, la Sala encuentra que se presentó una ruptura del equilibrio económico
contractual, que sobrecarga en obligaciones a la peticionaria y la ubica en un
plano de indefensión e imposibilidad de cumplimiento ante las entidades
accionadas. El señor Ortega Padilla suscribió el contrato de póliza de seguro
de vida bajo unas condiciones físicas y económicas que le ayudaron en un
momento a cubrir sus obligaciones financieras y familiares, pero que
posteriormente variaron como consecuencia de su estado de salud. Dichas
condiciones, que devinieron en desfavor del señor Ortega Padilla, no sólo
fueron desatendidas por las entidades accionadas, quienes continuaron
ejerciendo cobros bajo las mismas consideraciones pactadas inicialmente (que ya
no existían), sino que además, han pretendido imponérselas a la accionante, que
es una señora que se encuentra en una situación absolutamente distinta a la del
señor Ortega cuando suscribió el contrato y que además no cuenta con las
capacidades para asumir ese tipo de obligaciones. Esa ruptura del equilibrio contractual debió ser
considerada por las entidades accionadas antes de proceder a adelantar un
proceso ejecutivo, con el fin de rematar la vivienda donde actualmente habita
la accionante. Sin embargo, su desatención ha materializado una amenaza
inminente sobre ella y además ha constituido una violación a sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vivienda digna y a la igualdad. Por esta
razón, es necesario que el juez constitucional intervenga con el propósito de
evitar que se consolide una afectación a las garantías esenciales de la señora
Marín de Vásquez.
8.2.3. En virtud de lo
expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia del día 09 de diciembre de
2015, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con
Funciones de Conocimiento de Cartagena, que confirmó en segunda instancia la improcedencia
de la tutela adoptada por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Cartagena. En su lugar, se concederá la
protección a los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vivienda digna
de la señora Gloria del Carmen Marín de Vásquez, y en este sentido se ordenará
a la Compañía de Seguros Positiva S.A. que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a
hacer efectiva la póliza de seguro de vida grupo suscrita por el señor Guillermo
Enrique Ortega Padilla.
9. Análisis sobre
casos de personas que hacen parte del régimen especial para integrantes de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (expedientes T-5.492.897, T-5.494.329 y
T-5.720.487)
La relevancia
constitucional de los casos que integran este apartado, radica en que todos los
reclamantes son sujetos de especial protección, por cuanto son personas
calificadas con un grado de invalidez igual o superior al 50% y además algunos
hacen parte de la población adulta mayor. Para este análisis, la Sala valorará
los siguientes criterios: (i) la buena fe las partes al momento de perfeccionar
la relación contractual, para determinar la configuración de prexistencias y
reticencias, así como la claridad de la oferta de las empresas aseguradoras;
(ii) la capacidad argumentativa de las compañías aseguradoras para demostrar el
nexo causal entre el hecho prexistente y el siniestro acaecido, así como la
posibilidad que tuvieron de conocer los hechos que pretenden oponer; (iii) la
condiciones de salud y la capacidad de productividad económica de los
accionantes para cumplir con el contrato en los términos fijados inicialmente.
9.1. Expediente
T-5.492.897
En este proceso, la
Sala advierte que no es posible ordenar el pago de la póliza de seguro de vida
grupo adquirida por el señor Stwe Yesid Maldonado Maldonado. Esto por cuanto el
hecho alegado como causal de reclamación, nunca tuvo la virtualidad de
constituirse en un evento futuro e incierto que se erigiera como un riesgo susceptible
de ser amparado por la cobertura crediticia suscrita. No obstante, en razón a
la precaria condición que enfrenta, se dará otro tipo de amparo.
9.1.1. Es necesario
recordar, como se explicó en la parte considerativa de esta providencia, que el
riesgo o siniestro es un acontecimiento futuro e incierto, de carácter probable
o posible, cuyo acaecimiento hace efectiva la ejecución del amparo crediticio
contenido en una póliza de seguro de vida grupo. En este sentido, al analizar
el caso que se aborda en este expediente, se observa que el atentado sufrido
por el señor Maldonado Maldonado se presentó en el mes de diciembre del año
2013, con secuelas e incapacidades que se extendieron hasta la emisión del
dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por la Junta Médica Laboral
de la Dirección de Sanidad de Ejército Nacional el día 13 de octubre del año
2015.
9.1.2. Así las cosas,
si se tiene en cuenta que la suscripción del contrato de póliza de seguro de
vida grupo se dio el día 21 de octubre de 2015, es claro que para esta fecha,
el hecho alegado como causal de amparo crediticio se encontraba materializado y
gozaba de certeza absoluta para el momento de la reclamación, por lo cual, era
imposible que el mismo pudiese considerarse como evento constitutivo de riesgo
amparable. De esa manera, si se tiene en cuenta que uno de los elementos
esenciales de los contratos de seguros es la ocurrencia del riesgo o siniestro,
se parte del hecho que éste debe acaecer con posterioridad a la fecha de
suscripción del contrato, pues, de lo contrario, ya no tendría la
particularidad de ser un hecho futuro e incierto.
9.1.3. En este orden
de ideas, la Sala observa que el dictamen de invalidez que el señor Stwe Yesid
Maldonado Maldonado invoca como hecho configurativo del riesgo o siniestro
amparado con la póliza de vida reclamada, tuvo lugar antes de la suscripción
del contrato y con ello perdió la virtualidad de ser un hecho futuro e incierto
susceptible de ser invocado como causal de reclamación en la ejecución del
amparo crediticio. Según narra el mismo actor, el acta de calificación de
invalidez se dio el día 13 de octubre de 2015,[61] mientras que la suscripción de la póliza
de seguro se presentó el día 21 de octubre de 2015.[62]
Por esta razón, no es posible
ordenar a BBVA Seguros de Vida S.A. que haga efectiva la póliza con base en un
hecho que gozaba de plena certeza al momento en que se pactó el contrato.
9.1.4. No obstante lo
anterior, la Sala encuentra que el señor Stwe Yesid Maldonado Maldonado obtuvo
una calificación de invalidez en el grado de 97.10% por parte de la Junta
Médica Laboral del Ejército Nacional; es padre de dos menores de edad y, según
afirma, su compañera permanente no cuenta con un empleo estable para ayudar a
cubrir todas las necesidades de la familia, lo cual constituye una declaración
que no fue controvertida por las entidades demandas. En ese mismo sentido, si
bien es cierto que el señor Maldonado Maldonado inició los trámites para el
reconocimiento de su pensión de invalidez, no es menos cierto que, para el
momento de interposición de la acción de tutela, aún no le habían dado
respuesta sobre su petición.
9.1.5. Así las cosas,
en virtud del principio de solidaridad constitucional en materia financiera, y
con el propósito de evitar que se configure un exceso de exigencia crediticia
que termine afectando el mínimo vital y la vivienda digna del accionante, la
Sala considera necesario ordenar al Banco BBVA Colombia S.A. y a la compañía BBVA
Seguros de Vida S.A. ajustar las condiciones del contrato crediticio, a través
del siguiente método: (i) suspender el cobro de las cuotas crediticias, desde
la notificación de esta sentencia hasta cuatro (4) meses después de reconocida
la pensión de invalidez del actor, sin incremento de intereses; (ii) proponer
fórmulas de pago a través de cuotas módicas que se ajusten a las condiciones
económicas del actor y su familia; (iii) ajustar las cuotas crediticias a un
monto que no afecte el mínimo vital y la vida digna del señor Maldonado
Maldonado y su familia; (iv) abstenerse de adelantar ejecuciones judiciales
sobre el inmueble del accionante, siempre y cuando su imposibilidad de pago
obedezca a sus condiciones de salud y no sea una decisión abiertamente
arbitraria.
9.1.6. En
consideración a lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas procederá a
confirmar parcialmente la sentencia proferida el día 15 de diciembre de 2015
por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali. En este sentido, se ordenará a
las entidades accionadas realizar las actuaciones descritas en el numeral
anterior.
9.2. Expediente T-5.494.329
En este proceso, la
Sala advierte que SURAMERICANA Seguros de Vida S.A. vulneró los derechos
fundamentales invocados por el señor Jeyson Smith Noriega Suárez. Esto al haber
objetado la reclamación del amparo crediticio contenido en la póliza de seguro
de vida grupo suscrita, con fundamento en que no es posible admitir una
calificación de invalidez expedida por una Juna Médica Laboral de régimen
especial. Para sustentar esta determinación, se presentan los siguientes
argumentos:
9.2.1. Los miembros
de la Fuerza Pública se encuentran sujetos a un régimen especial, por el cual
deben ser valorados médicamente a través del sistema en salud dispuesto para
las instituciones castrenses. En este sentido, para el caso de reclamaciones de
amparos crediticios contenidos en pólizas de seguro de vida grupo, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que los dictámenes de invalidez
emitidos por las juntas médicas del Ejército Nacional o de la Policía Nacional,
deben ser tenidos en cuenta por parte de las entidades aseguradoras al momento
de abordar la reclamación del seguro.[63]
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente:
“Siguiendo el mandato de eficiencia, el sistema de seguridad
social asignó la competencia de calificar pérdidas de capacidad laboral a una
variedad de instituciones, dependiendo del régimen al cual pertenezca el
interesado y de las especialidades que se necesiten para examinar el caso. Así,
dispuso que las pérdidas de capacidad laboral de las personas que hacen parte
del Sistema General de Seguridad Social sean dictaminadas por las Juntas de
Calificación; que las condiciones físicas de los miembros de la Fuerza Pública
sean evaluadas por entidades pertenecientes a la institución castrense; que la
de los empleados de Ecopetrol sean estudiadas por las entidades competentes
dentro de su régimen; y que la de los miembros del Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio sea examinada por la autoridad correspondiente que
preste los servicios médicos asistenciales”.[64]
9.2.2. En este orden
de ideas, se observa que el dictamen de invalidez aportado por el señor Noriega
Suárez, para sustentar la reclamación del seguro de vida grupo, fue emitido por
la Junta Médico Laboral – Grupo Médico Laboral Regional 1 – de la Policía
Nacional de Colombia, en virtud de la vinculación que tenía el actor con ésta
institución castrense y de conformidad con el régimen especial al cual se
encuentran sujetos los miembros de la Fuerza Pública. No obstante, la ejecución
del amparo crediticio fue objetada por parte de SURAMERICANA Seguros de Vida
S.A., con fundamento en que no es admisible un dictamen de invalidez que no sea
expedido por una “administradora de riesgos laborales, una entidad promotora
de salud, por una junta de calificación de invalidez o por un médico habilitado
legalmente para ello”.[65]
9.2.3. Sobre lo
expuesto, se advierte que no había motivo para descartar la idoneidad del
dictamen de invalidez emitido por la Junta Médico Laboral de la Policía
Nacional, sino que, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia de esta
Corporación, el mismo debía ser tenido en cuenta en virtud del régimen especial
que cobijaba al actor. Por esta razón, para la Sala, dicho concepto médico
tiene plena validez en la reclamación presentada por el señor Jeyson Smith
Noriega Suárez, especialmente, cuando el documento confirma que el padecimiento
del actor es grave y da lugar a una incapacidad total y permanente.[66] En este
sentido, es importante mencionar que la pretensión de la entidad aseguradora,
tendiente a que el actor se practicara nuevamente el examen con una Junta
Médica Regional que cumpla los estándares de la compañía, constituye una exigencia
que dilata la protección requerida por el accionante y hace ineficiente el
trámite de reclamación en estas eventualidades. No descarta la Sala que sea
posible para una compañía de seguros controvertir el dictamen de invalidez
emitido por la Juna Medico Laboral de la Policía Nacional, pero por razones
científicas, técnicas o de fondo, no por razones puramente formales, como
ocurre en este caso.
9.2.4. Así las cosas,
si SURAMERICANA Seguros de Vida S.A. pretendía negar el amparo crediticio
reclamado, con fundamento en la invalidez del concepto médico aportado por el
señor Noriega Suárez, le correspondía desvirtuar dicha valoración a través de
un estudio serio que presentara razones concretas sobre los presuntos errores
que cometió la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Sin embargo, al
responder sobre la petición presentada por el actor, la entidad accionada se
limitó a afirmar que el dictamen aportado “no fue hecho con base en el
Manual Único de Calificación de Invalidez”;[67] así
como también, ni en las respuestas dadas al reclamante, ni en el escrito de
contestación a esta acción de tutela, la compañía aseguradora explicó por qué
esa valoración no cumplía con dicho manual, lo cual era una carga probatoria y
un deber argumentativo que le correspondía cumplir para explicar de manera
fundamentada su decisión.
9.2.5. En virtud de
lo anterior, la Sala observa que la argumentación desplegada por SURAMERICANA
Seguros de Vida S.A., con el propósito de objetar la reclamación del accionante
y oponerse a las pretensiones de esta acción de tutela, no alcanza a tener la
virtualidad de sustentar debidamente el motivo de la objeción y explicar
correctamente por qué el dictamen de Junta Médico Laboral de la Policía
Nacional no se encuentra desarrollado con base en determinaciones técnicas
específicas. Este concepto es la prueba reina que sustenta la exigencia del
actor, por lo cual era necesario describir los motivos del rechazo, con el fin
de ilustrar al juez constitucional sobre el asunto.
9.2.6. Ahora bien, es
necesario precisar que el señor Jeyson Smith Noriega Suárez fue calificado por
la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional en un grado del 100% de invalidez,
como consecuencia de una Leucemia Mielogena Crónica. Sobre el particular, la
Sala observa que dicha afección se refiere a: “un cáncer de un tipo de glóbulos blancos llamados
linfocitos”, que en ciertas ocasiones puede conllevar a “un
trasplante de médula ósea o de células madre”.[68] Esto
implica que el accionante sufre una enfermedad grave, con un grado elevado de
riesgo que lo puede llevar a sufrir un perjuicio irreparable para su vida. Adicionalmente,
del expediente se desprende que el señor Noriega Suárez no cuenta aún con
pensión de invalidez; así como también, que el mismo actor alega no contar con
recursos para realizarse una valoración de $644.350, correspondiente al examen
de pérdida de la capacidad laboral en la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, como se lo exige SURAMERICANA Seguros de
Vida S.A.
9.2.7. Lo descrito
muestra claramente que el accionante afronta un estado de imposibilidad casi
absoluta para generar valores económicos que le permitan continuar con el pago
de sus cuotas crediticias. Por esta razón, se encuentra en un estado de
indefensión y vulnerabilidad que, en relación con sus obligaciones crediticias,
le ubican en situación de amenaza ante un perjuicio irremediable para su vida,
pues el curso de esta reclamación indudablemente se encaminaría hacía la
ejecución de su vivienda. Además, estos hechos nunca fueron objeto de
pronunciamiento por parte de la entidad accionada, quien no logró desvirtuar
las afirmaciones del accionantes respecto de su condición física y económica,
sino que se limitó a realizar consideraciones de tipo procesal y a expresar que
el actor no había demostrado lo aseverado,[69] sin considerar que en estos eventos, la
carga probatoria recae sobre la entidad aseguradora, quien deberá “demostrar
los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”.[70]
9.2.8. En virtud de
lo expuesto, para la Sala, el haber prescindido de forma radical de la realidad
que expone el concepto emitido por la Junta Médico Laboral de la Policía
Nacional, para en su lugar desplegar un análisis estrictamente legalista y
ordenar otra valoración médica con una Junta Médica distinta, demuestra que
SURAMERICANA no valoró las circunstancias particulares del caso concreto. Por
esta razón, el señor Jeyson Smith Noriega Suárez tiene derecho a que el
dictamen de invalidez que aporta sea estimado por SURAMERICANA Seguros de Vida
S.A. dentro de la reclamación del amparo crediticio No. 083-99541458.
9.2.9. En ese sentido,
la Sala revocará la sentencia del día 02 de febrero de 2016, proferida por el
Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., que confirmó en
segunda instancia la decisión pronunciada por el Juzgado Setenta y Uno Civil
Municipal de Bogotá D.C., que declaró improcedente la acción de tutela. En su
lugar, se ordenará a la compañía SURAMERICANA Seguros de Vida S.A. admitir la
reclamación de la póliza de seguro de vida grupo presentada por el señor Jeyson
Smith Noriega Suárez, con fundamento en el dictamen de invalidez practicado por
la Junta Médico Laboral – Grupo Médico Laboral Regional 1 – de la Policía
Nacional de Colombia.
9.3. Expediente T-5.720.487
En este proceso la
Sala encuentra que no es posible ordenar la ejecución del amparo crediticio
reclamado, toda vez que, antes de la adquisición de la póliza de seguro de vida
suscrita, el señor Diego Luis Peña Ríos sufría de ciertas afecciones que
desembocaron en el acta de calificación de invalidez emitida por la Junta Médico
Laboral de la Policía Nacional el 12 de septiembre de 2014. En este mismo
sentido, el accionante no logró desplegar la diligencia probatoria que le
hubiese permitido ilustrar la veracidad de sus afirmaciones. Así, para
sustentar esta determinación, se presentan los siguientes argumentos:
9.3.1. Al analizar el
dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por la Junta Médico Laboral
de la Policía Nacional, por la cual se calificó al actor con un porcentaje de
54.39% de invalidez, se desprende que ésta condición tiene fundamento en diversas
afecciones sufridas en: (i) el aparato circulatorio, con
HTA Diastólica Tipo I; (ii) huesos y articulaciones en miembros superiores, en
miembros inferiores, en huesos y articulaciones de la columna vertebral; (iii)
otorrinolaringología y oftalmología.[71]
En este sentido, la reclamación del amparo crediticio contenido en la póliza de
vida suscrita, se encuentra fundada en el acaecimiento de este hecho como
riesgo susceptible de ser cobijado por la cobertura; sin embargo, en ese mismo
documento se indica que: (i) el día 10 de septiembre del año 2013, por concepto
especialista de medicina interna, se le diagnosticó al señor Peña Ríos problemas
de Hipertensión Arterial; (ii) en el mes de octubre del año 2013, por concepto
especialista de ortopedia, se le dictaminó problemas en las articulaciones,
Síndrome del Manguito Rotador, Condromalacia, Lumbalgia, y otras afecciones
relacionadas con el sistema óseo.
9.3.2. Si se tiene en cuenta que el accionante
suscribió el contrato de seguro de vida grupo el 10 de diciembre de 2013, se
advierte que no habían transcurrido siquiera seis meses desde que le habían
dictaminado dichas afecciones físicas, por lo cual, tenía pleno conocimiento de
las mismas. De esta manera, es claro que para el momento de adquisición de la
póliza, los hechos alegados como causal de amparo crediticio ya estaban
generando efectos en la vida del tomador y por lo tanto no tenían la
virtualidad de constituirse en eventos futuros inciertos, que dieran lugar a un
riesgo que pudiese ser cobijado por el amparo.
9.3.3. De igual forma, al examinar el
formulario de póliza de seguro de vida grupo suscrito por el accionante, se encuentra
que las casillas sobre declaratoria de riesgo se encuentran rellenadas en su
totalidad con la indicación de no sufrir enfermedad alguna. A esto se suma el
hecho que tan solo dos y tres meses antes le habían diagnosticado las
afecciones físicas, que desembocaron en el acta de invalidez que aportó como
fundamento de la reclamación.
9.3.4. En ese
mismo sentido, también cabe precisar que, a pesar del actor alegar que el
formulario fue diligenciado por el asesor comercial de la compañía aseguradora y
que nunca le preguntaron qué enfermedades sufría, lo cierto es que al analizar
el documento, es posible notar que tiene unos datos escritos a mano que sólo él
podía haber aportado, como el hecho ser pensionado y tener por hobby caminar. De
esta manera, es necesario recordar que, según lo dispuesto por el numeral
(6.2.3.) la Circular Externa 018 de 2016 de la
Superintendencia Financiera, para eventos en los cuales se pretenda confrontar
la objeción que realiza la compañía de seguros a la reclamación de la póliza, en
virtud de la causal que impide a las mismas hacerlo cuando uno de sus
funcionarios diligenció el formulario, es necesario que en esa tramitación el
asesor comercial no le haya dado la oportunidad al tomador de conocer el
contenido de ese documento.
9.3.5. Ahora bien,
por otra parte, la Sala advierte que el señor Diego Luis Peña Ríos cuenta con
recursos económicos para su sostenimiento, por lo tanto no cumple con uno de
los criterios señalados por esta Corporación, para acceder a la ejecución de
una póliza de seguro de vida grupo. Al respecto, es necesario mencionar que, a
partir de la lectura del formulario de póliza de seguro de vida grupo suscrito
por el accionante, es posible observar que actualmente es pensionado de la
Policía Nacional y pudo continuar, a pesar de su invalidez, con el pago fiel de
las cuotas crediticias.[72]
En este sentido, si lo pretendido por el actor era demostrar que efectivamente dichos
ingresos no le alcanzan para mantener el mínimo vital de su familia y sostener
simultáneamente sus gastos crediticios, era necesario que por lo menos
expusiera el monto de esos ingresos y los cotejara con sus obligaciones crediticias
y egresos familiares. Sin embargo, al omitir esta mínima carga argumentativa y
probatoria, no ofrece elementos para poder determinar si en efecto, el monto de
la cuota representa un factor que puede amenazar o vulnerar sus garantías
fundamentales.
9.3.6. En virtud de
lo expuesto, esta Sala procederá a confirmar la sentencia del 27 de mayo de
2016, proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, que
confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Medellín, que negó la protección constitucional invocada.
10. Análisis de
fondo sobre casos en que las entidades aseguradoras, así como los juzgados
accionados, incurrieron en desatenciones y omisiones que afectaron los derechos
fundamentales de los peticionarios (expedientes T-5.496.591, T-5.675.008 y
T-5.722.448)
Estos procesos son
relevantes constitucionalmente, porque los reclamantes son sujetos de especial
protección en razón de tener calificación de invalidez igual o superior al 50%,
además algunos hacen parte de la población adulta mayor. Para este análisis, la
Sala valorará los siguientes criterios: (i) la buena fe las partes al momento
de perfeccionar la relación contractual, para determinar la configuración de
prexistencias y reticencias, así como la claridad de la oferta de las empresas
aseguradoras; (ii) la capacidad argumentativa de las compañías aseguradoras
para demostrar el nexo causal entre el hecho prexistente y el siniestro
acaecido, así como la posibilidad que tuvieron de conocer hechos que pretenden
oponer; (iii) la condiciones de salud y la capacidad de productividad económica
de los accionantes para cumplir con el contrato en los términos fijados
inicialmente. En el contexto esbozado, se observa que no fueron advertidas las
reglas jurisprudenciales que esta Corporación ha diseñado para analizar
reclamaciones de amparos crediticios contenidos en pólizas de seguro de vida,
así como tampoco se ejercieron conductas contractuales motivadas por el deber de
solidaridad constitucional de las empresas financieras y aseguradoras. En este
sentido, se presentan el análisis de cada expediente.
10.1. Expediente
T-5.496.591
La Sala encuentra que
BBVA Seguros de Vida S.A. vulneró los derechos fundamentales a la vida digna,
al mínimo vital y a la vivienda digna de la señora Maryly Rodríguez Téllez,
como consecuencia de haber objetado la reclamación del amparo crediticio
contenido en la póliza de seguro de vida No. 0110043.[73] Esto
por no haber advertido lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional para
estos efectos, así como tampoco, la condición de indefensión en la cual se
encuentra la accionante. Esta decisión tiene fundamento en las siguientes
razones:
10.1.1. En primer
lugar, la señora Maryly Rodríguez Téllez es madre cabeza de familia a cargo de
tres hijos, ostenta un grado de invalidez calificado en un 96.50% y además se
encuentra desempleada en la actualidad. Esto datos no fueron controvertidos por
las entidades demandadas y constituyen información suficiente para determinar
que la accionante cumple con la primera regla jurisprudencial y se encuentra
ante la amenaza de un perjuicio grave e irremediable para ella y su familia.
Cabe precisar que los fallos emitidos por los jueces de instancia no tuvieron
en cuenta que en estas situaciones particulares debe desplegarse una
interpretación pro costumatore o a favor del consumidor, que evite
imponer una carga probatoria amplia a personas que se encuentran en estado de
vulnerabilidad e indefensión. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional
ha sostenido que en materia de preexistencias corresponde a la entidad
aseguradora llevar la carga probatoria.[74]
10.1.2. En segundo
lugar la señora Maryly Rodríguez, al suscribir la póliza de seguro de vida,
firmó a favor de la cláusula que expresa: “[e]n desarrollo al artículo 34
ley 23 de 1981, autorizo a cualquier médico, hospital, clínica, compañía de
seguros u otra institución para suministrar a los beneficiarios o a BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A. toda la información que posea sobre mi salud y/o
epicrisis o historias clínicas aún con posterioridad a la ocurrencia de los
riesgos amparados”.[75]
De esta manera, para la Sala es claro que BBVA Seguros de Vida S.A. tenía plena
autorización para verificar el estado de salud de la accionante previo al
acaecimiento del siniestro, el cual se materializó el día 16 de marzo de 2015
con el dictamen de invalidez emitido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Cesar, es decir, posterior a la fecha de adquisición de las
pólizas de seguro de vida, que fueron suscritas el 10 de septiembre de 2010 y
el 25 de marzo de 2014.
10.1.3. En tercer
lugar, la jurisprudencia constitucional ha ordenado la ejecución del amparo
crediticio contenido en una póliza de seguro de vida grupo, cuando el
reclamante es una madre cabeza de familia que se desempeña como docente, pero
que es retirada de su cargo en virtud de una calificación médica que sugiere el
reposo ante una invalidez superior al 50% por disfonía. Sobre el particular,
cabe destacar que en la sentencia T-832 de 2010,[76] la Sala
de Revisión protegió los derechos fundamentales de una señora que se encontraba
en los supuestos mencionados, a quien le habían negado la ejecución de la
póliza de seguro de vida grupo suscrita, con fundamento en preexistencia del
hecho invocado como causal de amparo. Sin embargo, la Sala consideró que la
peticionaria estaba en un estado de indefensión por el cual era necesario que
el juez desplegara una interpretación del contrato a favor de la peticionaria,
por ello consideró que la compañía aseguradora había sido negligente al omitir realizar los
respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes, para así
determinar el estado de salud de la peticionaria.
10.1.4. De esa
manera, dentro del caso que se analiza en esta sección, es posible determinar
que la señora Maryly Rodríguez:
(i) es madre cabeza de familia; (ii) se desempeñaba como docente; (iii) fue
calificada con una invalidez superior al 50% por causa de una disfonía; y (iv)
fue retirada de su empleo con base en la sugerencia señalada por el cuerpo
médico. En este sentido, al igual que ocurrió en el caso descrito, la Sala
encuentra que BBVA Seguros de Vida S.A. pudo haber conocido el estado de riesgo
de la peticionaria, pero omitió su deber mínimo de diligencia en conocer sobre
el estado de salud de ella, pues no exigió exámenes médicos recientes y tampoco
hizo uso de la autorización que le permitía conocer la historia clínica de la
tomadora.
10.1.5. Por lo
anterior, la reclamación que realiza la accionante en esta ocasión encaja
dentro de los conceptos señalados por esta Corporación para el análisis de
problemáticas relacionadas con pólizas de seguros de vida. Por esta razón, la
señora Maryly Rodríguez Téllez tiene derecho a ser cobijada con el amparo
crediticio contenido en la póliza No. 0110043.
10.1.6. Así las
cosas, esta Sala procederá a revocar la sentencia del 23 de octubre de
2015, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar que
confirmó en segunda instancia el fallo emitido por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Valledupar, que declaró improcedente la acción de tutela. En su
lugar, se concederá la protección a los derechos fundamentales al mínimo vital,
a la vivienda digna y a la igualdad.
10.2. Expediente
T-5.675.008
En este proceso, la
Sala encuentra que no es posible ordenar la ejecución de la póliza de seguro de
vida grupo reclamada. Esto al encontrar que se configuró una preexistencia y
reticencia al momento en que la señora Lola Parra de Cusba suscribió el
contrato materia de este proceso. Al respecto, se presentan las siguientes razones.
10.2.1. La señora
Lola Parra de Cusba sufría de Insuficiencia Renal Crónica antes de adquirir la
póliza de seguro reclamada. En el dictamen de pérdida de la capacidad laboral
emitido por SaludCoop EPS, se consigna que desde el 16 de mayo del 2012, la
accionante “tiene colelitiasis asintomática con muchos problemas médicos con
nefropatía saliendo de su sepsis de la mano”; asimismo, se expresa que la invalidez
se “estructura con la fecha del diagnóstico de insuficiencia renal crónica”,
el cual se dio el mismo 16 de mayo de 2012.[77] De
esa manera, si se tiene en cuenta que el contrato de seguro de vida grupo suscrito
entre las partes se dio el día 17 de junio del 2013, es claro que para esta
fecha, la señora Lola Parra ya contaba con un diagnostico serio sobre una
fuerte afección relacionada con su sistema excretor, por lo cual, se configuró
una preexistencia del hecho alegado como causal de reclamación contractual. En
este orden de ideas, al analizar la declaración de estado de riesgo presentada
por la señora Lola Parra de Cusba, se puede observar que todas las casillas relacionadas
con su estado de salud se encuentran rellenadas con una respuesta negativa. En
particular, cuando le preguntaron sobre la Insuficiencia Renal Crónica, expuso
no sufrir de padecimiento alguno relacionado con ésta afección y con ello dio
lugar a que se configurara una reticencia al momento de suscribir el contrato.[78] Por
esta razón, no es posible acceder a que se ordene el amparo crediticio
contenido en la póliza reclamada.
10.2.2. Ahora bien, a
pesar de lo anterior, la Sala considerará las condiciones particulares en las
cuales se encuentra la accionante, quien, además de padecer un grado de invalidez
del 75.33%, es una persona adulta mayor. Por esta razón, se procederá a ordenar
a la Fundación de la Mujer aplicar el principio de solidaridad constitucional
en materia crediticia, para con ello permitir que la señora Lola Parra de Cusba
pueda renegociar los términos y condiciones de sus obligaciones hacia un
acuerdo que no afecte su mínimo vital.
10.2.3. De conformidad
con lo anterior, esta Sala procederá a revocar la sentencia del día 16 de marzo
de 2016, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito D.T.C.H. de Santa
Marta, que confirmó en segunda instancia la decisión adoptada el día 22 de
enero de 2016 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta, que
concedió transitoriamente la protección de los derechos fundamentales invocados,
en el sentido de suspender los cobros crediticios hasta que la jurisdicción
ordinaria resuelva el asunto. En su lugar, se concederá la protección del
derecho fundamental al mínimo vital.
10.3. Expediente
T-5.722.448
En este proceso, la
Sala advierte que la compañía Equidad Seguros de Vida O.C., la Financiera
Comultrasan y la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el señor Cristóbal González Amaya. Esto
como consecuencia de haber ofrecido un producto mercantil que no se ajustaba a
su condición como consumidor y que era ineficaz desde su inicio para alcanzar
el propósito por el cual se obtuvo. Al respecto, se presentan las siguientes
razones.
10.3.1. El señor
Cristóbal González Amaya era un consumidor regular de servicios financieros
ofrecidos por la Financiera Comultrasan, de manera que esta entidad tenía
conocimiento sobre su historia crediticia, capacidad de pago, estándar de
cumplimiento y posibilidades de continuar desarrollando relaciones comerciales
con esta compañía. Para el momento que fue a suscribir la póliza de seguro de
vida grupo que ampara la obligación adquirida, si bien es cierto que ya contaba
con 66 años de edad, no es menos cierto que, tanto la compañía Equidad Seguros
de Vida O.C., como la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, aceptaron
suscribir el contrato bajo esa condición y asumieron los riesgos de un cliente
que se encontraba por fuera de la cobertura.
10.3.2. De esa
manera, para la Sala es claro que en el momento de suscripción de la póliza de
seguro de vida grupo, las entidades demandas debieron desplegar un mínimo de
diligencia contractual y revisar la edad del señor González Amaya, para
verificar si efectivamente cumplía con los requisitos que le permitirían ser cobijado
por el amparo crediticio adquirido y para determinar si era un consumidor
susceptible de confeccionar una relación comercial de esta naturaleza. En este
sentido, en las relaciones contractuales de carácter civil y comercial, es
esencial tener que indagar y tener un mínimo de conocimiento sobre las
calidades de la persona con quien se contrata, pues en todos estos eventos
existen unas cargas que deben ser asumidas por cada parte y que, de obviarse,
dan lugar a la inoponibilidad del contrato.
10.3.3. En este orden
de ideas, en casos relacionados con reclamaciones de amparos crediticios
contenidos en pólizas de seguro de vida grupo, no puede pretenderse que los
errores cometidos por la compañía aseguradora sean asumidos por el cliente,
especialmente si corresponden a una serie de cargas y deberes mínimos que debe
cumplir el asegurador para verificar las calidades y características de cada
tomador. Por esta razón, la verificación de la edad, particularmente en
aquellos eventos en los que el asesor comercial advierte que la persona es
adulta mayor o se aproxima a esta etapa de la vida, se convierte en un
requisito mínimo que deben cumplir las empresas que prestan servicios en este
mercado, pues de lo contrario se entendería que asumen la responsabilidad bajo
esos términos y estipulaciones. En este sentido, según lo expuso la
Superintendencia Financiera en su intervención dentro de esta sentencia, la
Circular Externa 018 de 2016 contempla unas conductas que
dan lugar a que las entidades aseguradoras no puedan objetar la reclamación del
amparo crediticio, entre las cuales se encuentra la necesidad que ellas tienen
de “[i]ndagar los requisitos de asegurabildiad únicamente al momento de
ocurrencia de los siniestros y no al momento de la celebración del contrato”.
10.3.4. Así las
cosas, en el caso concreto que se analiza, la compañía Equidad Seguros de Vida
O.C. pudo haber advertido y corroborado desde el inicio de las negociaciones,
que el señor González Amaya no cumplía con la edad requerida para ser cobijado
con la póliza adquirida, de manera que se hubiese evitado realizar un cobro
indebido sobre el patrimonio del deudor y haber generado una expectativa
financiera que posteriormente fue frustrada a raíz de un error de la compañía.
Asimismo, la empresa Aseguradora Solidaria de Colombia desconoció su deber de
solidaridad constitucional en materia financiera, al haber procedido a objetar
la reclamación del amparo crediticio sin considerar el error cometido por Equidad
Seguros y sin estimar que las condiciones que afronta actualmente el
accionante.
10.3.5. Por otra
parte, en el expediente se observan una serie de inconsistencias en el material
probatorio aportado por las entidades accionadas. Ninguna de ellas quiso presentar
copia del formulario de póliza de seguro de vida grupo suscrito por el señor
González Amaya, y cuando el juez de primera instancia emitió el requerimiento
para allegar estos datos, la compañía Equidad Seguros de Vida O.C. aportó una
factura con ciertos datos básicos del producto contratado, pero sin la firma
del accionante y sin la declaratoria del estado de riesgo. Igualmente, la Financiera
Comultrasan, en su respuesta a la acción de tutela, aportó copia de las
comunicaciones y los oficios que se intercambiaron entre las distintas compañías,
donde claramente explican que el señor González Amaya había sobrepasado la edad
asegurable, sin embargo, no advirtió que dicha información fue puesta en conocimiento
al momento de perfeccionar el contrato. En este sentido, si bien es cierto que
en una de esas copias aparece un documento firmado por el accionante (rellenado
en máquina de escribir), donde al parecer declara su voluntad de no ser
cobijado por el amparo crediticio por sobrepasar el límite de edad, el mismo no
cuenta con fecha, firma de alguna de las entidades involucradas y tampoco tiene
sello de recibido que permita a esta Sala obtener una ilustración sobre el
momento en que pusieron en conocimiento del peticionario esta situación.
10.3.6. Así las
cosas, ante la precariedad probatoria y argumentativa desplegada por las
entidades accionadas, la Sala no puede advertir que efectivamente el señor González
Amaya, al momento de suscribir el contrato, tenía pleno conocimiento de
encontrarse excluido del amparo crediticio por sobrepasar el límite de edad. Para
estos efectos, las demandadas debieron haber aportado el formulario de póliza
de seguro de vida grupo original, firmado por el accionante, y haber explicado
claramente que en ese documento se encontraba incorporada de manera notoria la
advertencia de esta circunstancia.
10.3.7. En
consideración a lo expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia del día
12 de mayo de 2016, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Valledupar, que confirmó en
segunda instancia la decisión adoptada por el Juzgado Primero Penal Municipal
para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, que negó
la protección constitucional invocada. En su lugar, se concederá la protección
a los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad
del señor Cristóbal González Amaya, por lo cual, se ordenará a la compañía
Equidad Seguros de Vida O.C. y a la Aseguradora Solidaria de Colombia (a quien
corresponda) admitir la reclamación del amparo crediticio presentado por el
accionante.
11. Conclusión
11.1. La buena fe de
las partes es uno de los elementos esenciales del contrato de seguro de vida
grupo deudores. En eventos donde los tomadores sufren un estado de invalidez e
indefensión, pero sus pólizas de seguro de vida son objetadas con base en una
preexistencia, la jurisprudencia ha señalado que deberá analizarse: (i) que
el actor sea sujeto de especial protección y carezca de recursos económicos;
(ii) que la familia del asegurado dependa de él (aunque ello no es óbice para
que en ciertos casos que no se cumpla este requisito pueda ordenarse el
amparo); (iii) que el deber de declarar el estado de riesgo no puede
convertirse en una carga excesiva para el tomador, pues existen eventos en que
hay cláusulas ambiguas; y (iv) que la carga de la prueba de la preexistencia está
en cabeza de la compañía aseguradora.[79]
11.2. De lo expuesto, es necesario aclarar que esa carga
adicional de diligencia: (i) sólo aplica en caso de sujetos de especial
protección constitucional; y (ii) es una merma de la obligación de diligencia
que se impone al particular, pero, en todo caso, no puede tomarse en ningún
caso como una exención total de la obligación de buena fe. Hacerlo, no sólo
vulneraría los derechos fundamentales de los aseguradores mediante la
imposición de una carga exagerada y una obligación de heroísmo que supera, en
mucho, el principio de solidaridad constitucional. De igual forma, vulneraría
los derechos de todos los demás sujetos de protección constitucional y de la
población en general, por cuanto la carga económica concatenada sería tan alta,
que haría inviable la prestación del servicio de pólizas colectivas de vida.
Con ello se afectaría ya no el acceso al derecho de ser sujeto pasivo de
ciertos productos financieros que tienen conexidad con un derecho fundamental,
sino la disponibilidad del mismo, categoría que implica un sacrificio
ostensiblemente superior. Ese, en ningún caso, puede ser el objetivo de la
jurisprudencia constitucional.
11.3. Por lo tanto, incluso quienes son sujetos de especial
protección constitucional pueden perder el derecho a la aplicación de la
protección constitucional consistente en la orden a las entidades aseguradoras
de acoger y pagar el siniestro, cuando se demuestre que, realizada
adecuadamente la labor de diligencia calificada que se le impone a la
aseguradora, el asegurado ocultó a sabiendas su estado de salud con el fin de
acceder a la cobertura. En este orden de ideas, la materialización de ese
principio incluye obligaciones como:  (1)  Elaborar formularios donde
claramente se explique cuáles son: (i) los efectos de la reticencia y de las
preexistencias; y (ii) donde se mencionen claramente las patologías, usando
además de nombres científicos, nombres comunes de identificación. Además, la
compañía de seguros debe verificar, por lo menos, que el afiliado sepa leer y
escribir. (2) Establecer un estándar de responsabilidad de los empleadores
basado en la culpa in eligendo y la culpa in vigilando. En este
sentido, los funcionarios de las compañías de seguros que participan en el
proceso de recolección de datos del asegurado. No es lo mismo un asegurado que
tiene plena apariencia de estar sano, que aquél que se atiende en una cama de
hospital. En el primer caso, el estándar de vigilancia se disminuye
notoriamente. (3) No existe “obligación” de hacer exámenes médicos para
acreditar la asegurabilidad de los pacientes, pero la decisión de no hacerlo
debe ir acompañada de una averiguación lo suficientemente robusta como para que
reemplace las conclusiones llevando a la compañía de seguros a un estándar
suficientemente alto que permita establecer, a simple vista, que si aparece una
preexistencia, se deriva de la mala fe del paciente.
11.4. En este orden
de ideas, las entidades aseguradoras violan los derechos fundamentales de los
consumidores, cuando en un contrato de seguros de vida grupo proceden a objetar
la reclamación de la póliza, ya sea por prexistencia o reticencia, sin atender
las reglas dispuestas por la jurisprudencia constitucional. Esta circunstancia
adquiere mayor relevancia frente a sujetos que durante el desarrollo del
contrato devienen a un estado de invalidez, que les impide cumplir la
obligación en los términos pactados inicialmente, pero que, a pesar de haber
mostrado buen comportamiento contractual, no reciben la oportunidad de
renegociar los términos del contrato, para moderar las cuotas a sumas que no
afecten su mínimo vital, su vivienda digna y su vida digna.
III. DECISIÓN
De acuerdo con la jurisprudencia,
para la Sala [1] las entidades
aseguradoras vulneran los derechos fundamentales de los consumidores que
adquirieron pólizas de seguro de vida grupo, cuando proceden a objetar las
reclamaciones de amparo crediticio por preexistencia o reticencia, bajo alguna
de las siguientes conductas: (i) haber realizado una oferta contractual con
inducción al error, a través de un lenguaje ambiguo o carente de información
que, de ser conocida por el tomador, tendría la virtualidad de influir su
libertad de negociación; (ii) cuando presenta objeción a una reclamación de
póliza, sin haber establecido el nexo causal entre el hecho prexistente y el
siniestro acaecido, así como objetar por hechos que pudo haber conocido y no
plasmó como observación en la declaración de riesgo del tomador; (iii) cuando
desatienden las condiciones especiales de vulnerabilidad de los consumidores
que afrontan condiciones de salud y escasez económica, para omitir la
renegociación de términos que podrían evitar afectar su mínimo vital. En este
último evento, frente a sujetos que en el transcurso del contrato sufren una
invalidez igual o superior al 50%, corresponde a estas empresas, así como a las
entidades financieras, obedecer a su deber de solidaridad constitucional y
ofrecer alternativas para ajustar las cuotas crediticias a montos que no
afecten el mínimo vital, la vida y la vivienda en condiciones dignas. Para
ello, deben tenerse unos elementos básicos, como son: (i) suspender el cobro de
las cuotas crediticias desde el momento en que se comprueban dichas condiciones
hasta cuatro (4) meses después de reconocida la pensión de invalidez del actor,
sin incremento de intereses; (ii) proponer fórmulas de pago a través de cuotas
módicas que se ajusten a las condiciones económicas del actor y su familia;
(iii) ajustar todas las cuotas crediticias a un monto que no afecte el mínimo
vital y la vida digna del reclamante y su familia, las cuales deberán ser
concertadas de común acuerdo entre las partes; y (iv) abstenerse de adelantar
ejecuciones judiciales sobre las viviendas hipotecadas, siempre y cuando su
imposibilidad de pago obedezca a las condiciones de salud y no sea una conducta
abiertamente arbitraria.
[2] Las entidades aseguradoras vulneran los derechos
fundamentales de los consumidores, cuando proceden a suscribir contratos de
seguros de vida grupo con pleno conocimiento que el tomador sobrepasa o
sobrepasará la edad máxima de cobertura, así como también, cuando no despliegan
un mínimo de diligencia que les permita acceder a esa información.
[3] Una autoridad judicial incurre en un defecto
fáctico, cuando niega la protección de derechos fundamentales que han sido
afectado con la decisión de una compañía aseguradora de objetar una póliza de
seguro de vida grupo, sin haber probado en nexo causal entre la enfermedad
preexistente y el siniestro acaecido.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la
sentencia del dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), proferida
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del Expediente
T-5.491.771, que confirmó en segunda instancia la decisión adoptada por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que negó la protección
constitucional invocada. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vivienda digna y a la igualdad del
señor Yesid José Jabba Pelaéz. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Once
Civil del Circuito de Barranquilla que dentro de los diez (10) días siguientes
a la notificación de esta providencia proceda a emitir un nuevo fallo de
conformidad con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR
parcialmente la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil quince
(2015), pronunciada en única instancia por el Juzgado Tercero Civil Municipal
de Cali dentro del Expediente T-5.492.897, que negó la protección
constitucional invocada. En este sentido, ORDENAR al Banco BBVA Colombia
S.A. y a la compañía BBVA Seguros de Vida S.A. que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, procedan a realizar
los trámites correspondientes para ajustar las condiciones del crédito a las
capacidades del señor Stwe Yesid Maldonado Maldonado, a través de las medidas
señaladas en esta sentencia.
TERCERO: REVOCAR la
sentencia del 2 de febrero de 2016, resuelta por el Juzgado Treinta y Nueve
Civil del Circuito de Bogotá D.C. dentro del Expediente T-5.494.329, que
confirmó en segunda instancia la decisión adoptada por el Juzgado Setenta y Uno
Civil Municipal de Bogotá D.C., que declaró improcedente la acción de tutela.
En su lugar, CONCEDER la protección a los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vivienda digna y a la igualdad del señor Jeyson Smith
Noriega Suárez. En consecuencia, ORDENAR a la compañía SURAMERICANA
Seguros de Vida S.A. admitir el dictamen de invalidez emitido por la Junta Médico Laboral – Grupo Médico Laboral
Regional 1 – de la Policía Nacional de Colombia, como fundamento de la
reclamación de la póliza de seguro de vida grupo presentada por el señor Jeyson
Smith Noriega Suárez.
CUARTO: REVOCAR la
sentencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), proferida
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar dentro del Expediente
T-5.496.591, que confirmó en segunda instancia el fallo emitido por el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Valledupar, que declaró improcedente la acción de
tutela. En su lugar, CONCEDER la protección a los derechos fundamentales
al mínimo vital, a la vivienda digna y a la igualdad, invocados por la señora
Maryly Rodríguez Téllez. En consecuencia, ORDENAR a la compañía BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a realizar los trámites
correspondientes para hacer efectivo el amparo crediticio contenido en la
póliza de seguro de vida No. 0110043 a favor de la señora Maryly Rodríguez
Téllez.
QUINTO: REVOCAR la
sentencia del nueve (09) de diciembre de dos mil quince (2015), proferida por
el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de
Conocimiento de Cartagena dentro del Expediente T-5.536.394, que confirmó en
segunda instancia el fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, que declaró
improcedente la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER la protección a
los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vivienda digna y a la igualdad
de la señora Gloria del Carmen Marín Vásquez. En consecuencia, ORDENAR a
la Compañía de Seguros POSITIVA S.A. que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a realizar los
trámites correspondientes para hacer efectiva la póliza de seguro de vida
reclamada a favor de la señora Gloría del Carmen Marín de Vásquez.
SEXTO: REVOCAR la sentencia del dieciséis (16) de marzo de
dos mil dieciséis (2016), proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
D.T.C.H. de Santa Marta dentro del Expediente T-5.675.008, que confirmó en
segunda instancia la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Santa Marta, que concedió transitoriamente la protección de los derechos
fundamentales invocados. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho
fundamental al mínimo vital de la señora Lola Parra de Cusba. En consecuencia, ORDENAR
a la Fundación de la Mujer otorgar a la señora Lola Parra de Cusba la
posibilidad de renegociar los términos y condiciones del contrato crediticio,
para ajustarlo a unos compromisos que no afecten el mínimo vital de la
accionante.
SÉPTIMO: CONFIRMAR la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de
Medellín dentro del Expediente T-5.720.487, que confirmó la decisión adoptada
por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, que
negó la protección constitucional invocada.
OCTAVO: REVOCAR la sentencia del día doce (12) de mayo de doce
mil dieciséis (2016), proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Valledupar dentro del Expediente
T-5.722.448, que confirmó en segunda instancia la decisión adoptada por el
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de
Garantías de Valledupar, que negó la protección constitucional invocada. En su
lugar, CONCEDER la protección a los derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital y a la igualdad del señor Cristóbal González Amaya. En
consecuencia, ORDENAR a la compañía Equidad Seguros de Vida O.C. y a la
Aseguradora Solidaria de Colombia (a quien corresponda) admitir la reclamación
del amparo crediticio presentado por el señor Cristóbal González Amaya.
NOVENO: SOLICITAR a
la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Unidad de
Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, tomar las medidas adecuadas para
maximizar el bienestar social de los consumidores del mercado asegurador y
garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales, a propósito de casos
como los analizados en la presente sentencia.
DÉCIMO: SOLICITAR al
Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla          que
se tengan en cuenta la jurisprudencia constitucional aplicable a casos como los
analizados en la presente providencia, dentro del esquema de capacitación de
los jueces de la República.
UNDÉCIMO: LIBRAR las
comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como
DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de
instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Confirmó en segunda instancia la decisión adoptada el día veintinueve (29) de
enero de dos mil dieciséis (2016) por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Barranquilla, que negó el amparo solicitado.
[2]
Confirmó en segunda instancia la decisión del veintisiete (27) de noviembre de
dos mil quince (2015), por la cual el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de
Bogotá D.C. declaró improcedente la acción de tutela.
[3]
Confirmó en segunda instancia el fallo emitido el día tres (03) de septiembre
de dos mil quince (2015) por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Valledupar,
que declaró improcedente la acción de tutela.
[4]
Confirmó en segunda instancia el fallo del día veinticinco (25) de septiembre
de dos mil quince (2015), por el cual el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena declaró
improcedente la acción de tutela.
[5]
Confirmó en segunda instancia el fallo emitido por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Santa Marta, que concedió la protección transitoria de los
derechos invocados.
[6]
Confirmó la sentencia del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Medellín, que negó la tutela puesta.
[7]
Confirmó la decisión del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con
Funciones de Control de Garantías de Valledupar, que negó la protección
invocada.
[8]
En el Expediente T-5.491.771, el señor Yesid José Jabba Peláez solicita
la protección del derecho fundamental al debido proceso. Considera que su
garantía constitucional fue desconocida por el Juzgado Tercero Civil Municipal
de Barranquilla, Atlántico, y Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla,
Atlántico, dentro del proceso verbal surtido contra MAPFRE Colombia Seguros de
Vida S.A., que pretendía hacer efectiva la póliza de seguro de vida suscrita
por su madre, Gloria Esther Peláez Yamawaki (q.e.p.d.). Alega que como
beneficiario del seguro, al momento de presentar la reclamación por riesgo de
muerte, la misma fue negada por prexistencia y reticencia de la tomadora. // En
el Expediente T-5.536.394, la señora Gloria del Carmen Marín de Vásquez
solicita la protección de sus derechos fundamentales de vida diga y otros,
presuntamente vulnerados por el Banco CORPANCA S.A y la Compañía de Seguros
POSITIVA S.A. al haber objetado la póliza de seguros de vida grupo deudores
suscrita por su esposo, Guillermo Enrique Ortega Padilla (q.e.p.d.). Aduce que es
adulta mayor, que no cuenta con ingresos, que dependía de su esposo cuando se
encontraba en vida, y a pesar de haber solicitado en reiteradas oportunidades
la exoneración del pago por imposibilidad, la entidades accionadas procedieron
a demandarla en un proceso ejecutivo hipotecario que la tiene próxima a perder
su vivienda.
[9]
En el Expediente T-5.492.897, el señor Stwe Yesid Maldonado Maldonado
solicita la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y otros,
presuntamente afectados por el Banco BBVA Colombia S.A. y la compañía Seguros
BBVA S.A., al haber objetado la reclamación de la póliza de seguro de vida
grupo suscrita. Manifiesta que el 13 de octubre de 2015, la Junta Médica
Laboral de Sanidad del Ejército Nacional lo calificó con 97.10% de invalidez,
pero al momento de reclamar el seguro de vida, fue negado por preexistencia y
reticencia al momento de declarar su estado de riesgo.
// En el Expediente T-5.494.329, el señor
Jeyson Smith Noriega Suárez solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la vida digna y otros, presuntamente vulnerados por
SURAMERICANA Seguros de Vida S.A. El peticionario expresa que el 19 de agosto
de 2015, la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional lo calificó con 100% de
invalidez, pero al momento de reclamar el seguro de vida, la entidad accionada
le manifestó que no es posible aceptar un dictamen de invalidez de una Junta
Médica de régimen especial. // En el Expediente T-5.720.487, el señor
Diego Luis Peña Ríos solicita la protección de sus derechos fundamentales a la
vida digna y otros, presuntamente afectados por el Banco BBVA Colombia S.A. y
la compañía BBVA Seguros de Vida S.A. Relata que el 10 de diciembre de 2013
adquirió un crédito de libre inversión, el cual fue respaldado con una póliza
de seguro de vida grupo. Posteriormente, el 12 de septiembre de 2014, la Junta
Médico Laboral de la Policía Nacional lo calificó con 54.39% de invalidez, pero
al momento de reclamar el seguro, la entidad accionada objetó por reticencia en
su declaración de riesgo.
[10]
En el Expediente T-5.496.591, la señora Maryly Rodríguez Téllez solicita
la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna y otros, presuntamente
vulnerados por la Compañía BBVA Seguros de Vida Colombia S.A y el Banco BBVA.
Expone que siempre trabajó con el Instituto Agustín Codazzi, pero el 16 de
marzo de 2015, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar le
otorgó un 96.50% de invalidez. Agrega que había adquirido varios créditos,
todos respaldados con pólizas de seguro de vida grupo, pero al momento de
reclamar el amparo crediticio, el mismo le fue negado por prexistencia. // En
el Expediente T-5.675.008, el señor José Gerardo Cusba Estevez, en
calidad de esposo y agente oficioso de la señora Lola Parra de Cusba, solicita la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y otros, presuntamente conculcados por la
compañía Equidad Seguros de Vida S.A. El peticionario aduce que son personas de
la población adulta mayor y no cuentan con recursos para sus sostenimiento;
además, su esposa (tomadora de la póliza) fue calificada con 71.01% de
invalidez por parte del Comité Interdisciplinario de SaludCoop EPS, mediante
acta del 05 de enero de 2015. De esta manera, señala que al momento de reclamar
la ejecución de la póliza de seguro de vida grupo, la entidad accionada
procedió a objetarla con fundamento en una prexistencia al momento de suscribir
el contrato.
[11]
En el Expediente T-5.722.448, el señor Cristóbal González Amaya solicita
la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna y otros,
presuntamente afectados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander
Financiera Comultrasan Ltda y la compañía Equidad Seguros de Vida O.C. El
accionante alega que las entidades accionadas objetaron la póliza de seguro de
vida suscrita, con fundamento en que excedió los 65 años como edad límite de
cobertura, lo cual considera un engaño.
[12]
Código de Comercio, artículo 1077.
[13]
Decreto 4172 de 2011. “Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial,
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) y se
determinan sus objetivos y estructura”.
[14]
Decreto 2555 de 2010. “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia
del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras
disposiciones”.
[15]
PQR: petición, queja o reclamo.
[16]
Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz). En este
proceso, la Sala Cuarta de Revisión analizó una acción de tutela presentada por
un señor que había adquirido una póliza de seguro para cubrir el riesgo por
incapacidad total y permanente. Dos años después de haber pactado el contrato
fue diagnosticado con una enfermedad progresiva e incurable, pero al momento de
reclamar el amparo crediticio, sólo le reconocieron el 50% del valor. Sobre la
procedencia de la petición, la Sala expuso que: “la
existencia de otros mecanismos judiciales para la defensa de los derechos del
actor, en nada obsta para que proceda el amparo del derecho a la vida, por la
naturaleza de la enfermedad que él sufre (terminal, degenerativa e
irreversible), y por el avanzado deterioro físico que esa persona acreditó
padecer. Si en este proceso preferente y sumario se le niega al interesado un
pronunciamiento sobre los medios que pueden retrasar la atrofia de sus músculos
y el daño irreversible de su sistema nervioso, so pretexto de que debe acudir a
un proceso ordinario (cualquiera que éste sea), se le condena a obtener después
de muerto, la decisión que, adoptada hoy, puede retrasar su fallecimiento y
proporcionarle una mejor calidad de vida”.
[17]
Sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares, puede
consultarse el Decreto 2591 de 1991. En su artículo 42 establece:
“[p]rocedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos: 1. Cuando aquel contra quien se hubiere
hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de
educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16,
18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución // 2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los
derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía // 3.
Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la
prestación de servicios públicos domiciliarios // 4. Cuando la solicitud fuere
dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con tal organización // 8. Cuando el particular actúe o deba actuar
en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen
que a las autoridades públicas”.
[18]
Constitución Política de Colombia, artículo 335: “[l]as actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las
que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés
público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a
la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas
materias y promoverá la democratización del crédito”.
[19]
Corte Constitucional, las sentencias C-232 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía; AV
Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-269 de 1999 (MP Martha Victoria Sáchica de
Moncaleano; AV Eduardo Cifuentes Muñoz) son los fallos dominantes en relación
con la definición jurisprudencial del contrato de seguro. A través de ellos, la
Sala Plena explicó que la actividad aseguradora representa un servicio de
interés público, como consecuencia de la captación masiva de dinero proveniente
de diferentes sectores sociales.
[20]
Corte Constitucional, la Sentencia T-015 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa), es el primer fallo que resolvió una acción de tutela interpuesta
contra una decisión judicial, en el marco de una reclamación de una póliza de
seguro vida grupo. En esa ocasión, la Sala Primera de Revisión resolvió una
acción de tutela interpuesta por una señora contra el Tribunal Superior de
Medellín, donde la actora era beneficiaria de una póliza de seguro de vida
grupo adquirida por su esposo, pero cuya ejecución fue rechazada después de la
muerte del mismo. Para resolver el asunto, la Sala desarrolló el examen de
procedencia desde los criterios jurisprudenciales para acciones de tutela
contra providencias judiciales. Posteriormente, en la Sentencia T-380 de 2012
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), la Sala Séptima de Revisión resolvió una
solicitud de protección constitucional impetrada por una compañía aseguradora
contra la Sala Civil Familia y Laboral del Tribunal Superior de Montería. En
esta ocasión, se analizó la procedencia de la acción de tutela desde los
criterios jurisprudenciales señalados para los eventos en los que se interpone
contra un fallo judicial.
[21]
Sobre la definición jurisprudencial de la actividad aseguradora como servicio
de interés público, así como sobre la procedencia de la acción de tutela para
la protección de sujetos de especial protección en el marco de un contrato de
seguro de vida grupo, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional: T-417 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz); T-1165 de 2001 (MP
Alfredo Beltrán Sierra); T-073 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández); T-905
de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería); T-490 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva); T-832 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla); T-086 de 2012 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto. En este fallo se abordó el examen de procedencia desde
los criterios de materialización del perjuicio irremediable); T-751 de 2012 (MP
María Victoria Calle Correa); T-720 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-662 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva); T-902 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa); T-222 de 2014
(MP Luis Ernesto Vargas Silva); T-316 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa;
SVP Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-452 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado); T-370 de 2015 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub); T-577 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo; SV Luis Guillermo
Guerrero Pérez); T-684 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán); T-393 de 2015 (MP
Myriam Ávila Roldán); T-227 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); y T-240 de
2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[22]
Sobre los expedientes relacionados se presenta la siguiente descripción: 1.
Dentro del Expediente T-5.492.897, la Sala encuentra que al señor Stwe Yesid
Maldonado Maldonado se le diagnosticó un grado de invalidez del 97.10%. Pese a
ello, hasta el momento de la presentación de la acción de tutela no le había
sido reconocida su pensión de invalidez, y tampoco habían sido renegociados los
términos contractuales de su crédito. // 2. En el Expediente T-5.494.329, el
señor Jeyson Smith Noriega Suárez padece una enfermedad grave que le produjo
una calificación de pérdida de la capacidad laboral por parte de la Junta
Médico Laboral de la Policía Nacional en el grado de 100%; asimismo, el
dictamen emitido por dicho organismo no sugiere la reubicación del actor en
otro cargo dentro de la institución, en virtud de su alto grado de invalidez e
incapacidad para desarrollar otra labor dentro de ella. De igual forma, el
actor sostiene que no cuenta con recursos económicos para practicarse un examen
ante una Junta Médica Laboral que corresponda a las exigencias de las entidades
accionadas, pues su valor asciende a la suma de $644.350 y actualmente no
cuenta con ese monto sin afectar su sustento. Estos hechos no fueron
controvertidos por alguna de las entidades involucradas al proceso. // 3. En el
Expediente T-5.496.591, la señora Maryly Rodríguez Téllez es madre cabeza de
familia a cargo de tres menores de edad que dependen económicamente de ella y
además fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 96.50% por
parte la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar. Adicionalmente,
mediante resolución del 28 de julio de 2015, fue retirada del servicio activo
que desempeñaba en la Institución Educativa Agustín Codazzi, por lo cual
asegura que actualmente no cuenta con empleo o con posibilidad de generar
ingresos. Estos hechos no fueron controvertidos por las entidades accionadas.
// 4. Dentro del Expediente T-5.536.394, como se describió anteriormente, la
señora Gloria del Carmen Marín de Vásquez es una persona adulta mayor que
afirma haber dependido económicamente de su compañero permanente, quien
falleció en el transcurso de la reclamación. Para estos efectos, aporta copia
de dos declaraciones extraprocesales, por medio de las cuales, dos vecinos
afirman que ella convivió alrededor de 44 años con el señor Guillermo Enrique
Ortega Padilla y dependía económicamente de él, toda vez que ella se dedicaba a
las labores domésticas del hogar. Estos hechos no fueron materia de
pronunciamiento alguno por parte de las entidades accionadas. // 5. En el
Expediente T-5.675.008, la Sala encuentra que la señora Lola Parra de Cusba
cuenta con 62 años de edad y fue calificada con un grado de invalidez del
71.01% por parte del Comité Interdisciplinario de SaludCoop E.P.S. En este mismo
sentido, su esposo afirma que ambos se encuentran desempleados y no cuentan con
recursos suficientes para poder hacer frente a los tres créditos adquiridos y
al sustento que representan sus gastos de subsistencia, frente a lo cual las
entidades accionadas no presentaron reparo alguno. // 6. En el Expediente
T-5.720.487, el señor Diego Luis Peña Ríos fue calificado con una pérdida de la
capacidad laboral en un 54.39%; además, afirma no contar con empleo ni ingresos
extras que le permitan cubrir el mínimo vital de su esposa y sus dos hijos, así
como el de su madre. Estos hechos no fueron controvertidos o desvirtuados por
las entidades accionadas, quienes guardaron silencio ante estas afirmaciones.
// 7. Dentro del Expediente T-5.722.448, el señor Cristóbal González Amaya fue
calificado con un grado de invalidez de un 59% por parte de la Junta Regional
de Invalidez del Cesar. Asimismo, alega ser la persona que cubre los gastos de
su hogar, pero a raíz de su estado de salud, no cuenta con recursos suficientes
para hacer frente a las obligaciones crediticias adquiridas, por lo cual se vio
imposibilitado para continuar con el pago de las mismas.
[23]
Expediente T-5.536.394: Primer cuaderno, Fls. 13-14: copias de las actas de
declaración jurada ante la Notaría Cuarta del Circuito de Cartagena, Bolívar,
del señor David Ospina Rosales y de la señora Maritza Salazar Hernández, donde
aseguran que: (i) fueron vecinos por más de 30 años del señor Ortega y la
accionante; (ii) que la señora Gloria del Carmen Marín de Vásquez convivió por
44 años en unión libre, de forma permanente y bajo el mismo techo con el señor
Guillermo Ortega Padilla; y (iii) que la peticionaria no trabajó, porque
dependía económicamente del señor Ortega y se dedicaba a labores domésticas.
Asimismo, en el folio 35 se encuentra copia de Acta de Calificación de
Invalidez de la Junta Regional de Bolívar, con dictamen realizado el día 20 de
febrero de 2015, por el cual se calificó al señor Guillermo Ortega Padilla en
un grado del 93.60% de pérdida de la capacidad laboral. De igual forma, en el
documento de deja constancia que el paciente no tiene empleo. En este mismo
sentido, en el folio 26 aparece copia de escrito enviado por el señor Guillermo
Ortega Padilla a la compañía de seguros POSITIVA S.A., por medio del cual
expresó que se encontraba realizando las gestiones para ser valorado por
invalidez, toda vez que el funcionamiento de su marcha y habla venían
disminuyendo, como consecuencia de secuelas neurológicas, hemiparesia izquierda
secundaria y evento cardiovascular.
[24]
Cosa juzgada: esta figura alude a la clausura judicial de las reclamaciones
jurídicas cuando han sido decididas por un juez que actúa como órgano de
cierre, lo cual impide reabrir nuevamente el debate legal a través de otro
proceso. El artículo 243 de la Constitución Política establece que “[l]os
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional”. En este mismo sentido, Código
General del Proceso, en sus artículos 302 a 304 define esta figura y señala que
se materializa cuando el nuevo proceso: (i) versa sobre el mismo objeto;
(ii) se funda en la misma causa que el anterior; y (iii) existe identidad
jurídica de partes entre ambos procesos (Art. 303). De igual forma,
el artículo 304 indica que no se configura cosa juzgada cuando las
sentencias: (i) se dictan en procesos de jurisdicción voluntaria, “salvo las
que por su naturaleza no sean susceptibles de ser modificadas”; (ii) “decidan
situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por
autorización expresa de la ley”; y (iii) “declaren probada una excepción de
carácter temporal que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa
que dio lugar a su reconocimiento”. // Temeridad: sobre esta figura, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que: “[l]a temeridad se ha entendido
como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a
sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias
con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso. Como es
fácil deducirlo, la temeridad vulnera los principios de la buena fe, la
economía y la eficacia procesales, porque desconoce los criterios de probidad
que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación procesal e
impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal”
(Sentencia T-327 de 1993, MP Antonio Barrera Carbonell).
[25]
La jurisprudencia constitucional ha señalado que una acción de tutela supera la
figura de cosa juzgada cuando: (i) se adelante un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) en el nuevo proceso exista
identidad jurídica de partes; (iii) el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, es decir, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se
adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos
hechos (Auto 127 de 2004, MP Jaime Araújo Rentería). Así también, esta Corte ha
admitido la procedencia excepcional de acciones de tutela que constituyen cosa
juzgada, siempre y cuando se configuren algunos de los siguientes supuestos:
(i) cuando las condiciones del actor lo colocan en estado de ignorancia o de
especial vulnerabilidad o indefensión que lo lleva a actuar por miedo
insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos; (ii) en el
asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho; (iii) en nuevos
eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el
trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento
para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los
derechos; y (iv) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de
una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, [cuando el actor] en
sus actuaciones siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa
existencia de una demanda de igual naturaleza (Sentencia T-1104 de 2008, MP
Humberto Antonio Sierra Porto; AV Jaime Araújo Rentería).
[26]
Sobre la figura de cosa juzgada, pueden verse, entre otras sentencias de la
Corte Constitucional, las siguientes: C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil; AV
Manuel José Cepeda Espinosa) y C-522 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV
Nilson Pinilla Pinilla).
[27]
Expediente T-5.536.394. Primer cuaderno, Fl. 139.
[28]
Corte Constitucional, la Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño)
estableció los criterios generales y específicos que deben valorarse en
acciones de tutela contra providencias judiciales. Los primeros, llamados
requisitos de procedencia, se encuentran integrados por aquellas
particularidades generales que se dirigen a conservar la naturaleza misma de la
acción de tutela, de manera que constituyen un examen para determinar si
efectivamente el asunto debe ser analizado de fondo. Entre ellos se han identificado
los siguientes: (i) la problemática debe tener relevancia constitucional; (ii)
es necesario agotar previamente todos los mecanismos de defensa ordinarios y
extraordinarios que dispone el ordenamiento para abordar cada situación
jurídica concreta; (iii) la solicitud de protección constitucional debe ser
presentada en un término razonable que demuestre la condición apremiante del
actor; (iv) las irregularidades procesales que se aleguen deben tener
incidencia directa en la decisión; y (v) no puede ser una acción de tutela
interpuesta contra una sentencia de tutela. Por su parte, los requisitos
específicos, llamados de procedibilidad, consisten en ciertos defectos que
pueden ser cometidos por un juez al momento de proferir una sentencia. De esta
manera, con el propósito de brindar seguridad jurídica a los usuarios del
sistema judicial y mantener un equilibrio que garantice el buen servicio a los
ciudadanos, la jurisprudencia constitucional ha identificado siete eventos en
los cuales es posible que un determinador constitucional intervenga en la
decisión de un juez ordinario, los cuales son: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) defecto por error inducido; (vi) defecto por falta de
motivación de la decisión; (vii) defecto por desconocimiento del precedente
constitucional; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución.
[29]
Expediente T-5.491.771. Primer cuaderno, Fl. 56: copia del Registro Civil de
Nacimiento del accionante, por el cual se advierte que actualmente cuenta con
31 años de edad.
[30]
Expediente T-5.491.771. Primer cuaderno, Fls. 57-60: copia de la póliza de
seguro de vida grupo adquirida por la señora Gloria Esther Peláez Yamawaki, en
la cual aparece el señor Yesid José Jabba Peláez como su hijo y como
beneficiario del amparo crediticito. Asimismo, la declaratoria de riesgo tiene
todas las casillas rellenadas en el NO.
[31]
Expediente T-5.491.771. Primer cuaderno, Fl. 138: copia del Registro Civil de
Defunción de la señora Gloria Esther Peláez Yamawaki, en el cual se advierte
que falleció el día 07 de diciembre de 2012.
[32]
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). Esta
sentencia constituye el fallo hito en materia de procedencia y procedibilidad
de la acción de tutela.
[33]
En materia general del contrato de seguros, pueden verse las siguientes
sentencias de la Corte Constitucional: C-542 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía; AV
Vladimiro Naranjo Mesa); T-189 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-231 de
1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-057 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz;
AV Carlos Gaviria Díaz) y T-123 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); C-154 de
1996 (MP Antonio Barrera Carbonell); T-716 de 1996 (MP Antonio Barrera Carbonell;
SV Jorge Arango Mejía, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa);
C-232 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía; AV Eduardo Cifuentes Muñoz); C-479 de
1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); C-269 de 1999 (MP Martha Victoria Sáchica de
Moncaleano; AV Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-332 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz).
Los conceptos fijados en estos fallos permearon las consideraciones que se
desarrollaron posteriormente en las acciones de tutela que fueron analizadas
por las distintas salas de revisión que integran la Corte Constitucional. A
partir del año 2000, la acción de tutela comenzó a constituir un medio jurídico
cada vez más frecuente para reclamar la protección de derechos fundamentales
vulnerados en contratos de seguros de vida grupo deudores, desde lo cual se han
dado las sentencias: T-417 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz); T-1165 de 2001 (MP
Alfredo Beltrán Sierra); T-073 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández); C-043
de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); T-642 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra); T-905 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería); T-490 de 2009 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva); T-832 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla); T-1018 de
2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla); T-015 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa); T-086 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto); T-328A de 2012 (MP
Mauricio González Cuervo); T-380 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto);
T-751 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa); T-662 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva); T-720 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis
Guillermo Guerrero Pérez); T-902 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa);
T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); T-316 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa; SVP Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-370 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub); T-393 de 2015 (MP  Myriam Ávila Roldán); T-452 de
2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado);
T-577 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez);
T-684 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán); T-227 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio); T-240 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto
Vargas Silva).
[34]
Sobre las características del contrato de seguro, pueden verse, entre otras
sentencias de la Corte Constitucional, las siguientes: C-232 de 1997 (MP Jorge
Arango Mejía; AV Eduardo Cifuentes Muñoz); y C-269 de 1999 (MP Martha Victoria
Sáchica de Moncaleano; AV Eduardo Cifuentes Muñoz). En estos fallos, la Sala
Plena de esta Corporación describió los siguientes elementos que integran el
contrato de seguro: (i) el interés asegurable; (ii) el riesgo asegurable; (iii)
la prima o precio del seguro; y (iv) la obligación condicional del asegurador.
[35]
Código de Comercio, artículo 1054: “[d]enominase
riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del
tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la
obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los
físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al
contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva
respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”. En este mismo
sentido, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
Sentencia del 21 de abril de 2015 (MP
Fernando Giraldo Gutiérrez, Rad. 11001-31-03-023-2007-00600-02.). En esta
providencia se expone que la preexistencia: “conforme lo define el DRAE
[Diccionario de la Real Academia Española], es la ‘existencia anterior, con
alguna de las prioridades de naturaleza u origen’, que al referirse a una
situación previa al perfeccionamiento del seguro no encaja como un ‘hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el
litigio”.
[36]
En otras sentencias ver, por ejemplo: Corte Constitucional, Sentencia T-015 de
2012 (MP María Victoria Calle Correa): “las preexistencias hacen alusión a las exclusiones al amparo de un
seguro de vida que las aseguradoras pueden establecer cuando el asegurado
padezca una enfermedad con anterioridad a la fecha de iniciación de la
cobertura y la muerte de éste se produzca como consecuencia de dicha
enfermedad”. En este mismo sentido, cabe resaltar que el artículo 1055 del
Código de Comercio otorgó plenas facultades a las entidades aseguradoras para
determinar a su arbitrio las contingencias que afecten el interés o la cosa
asegurada, el patrimonio o la persona que suscribe el contrato. De igual forma,
en la Sentencia T-240 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis
Ernesto Vargas Silva), la Sala Séptima de Revisión expresó que: “[e]sta figura
hace referencia a circunstancias que se presentaban con anterioridad a la etapa
contractual y constituyeron un factor determinante en el acaecimiento del
riesgo cubierto. En seguros de vida, permite a la entidad aseguradora
abstenerse de ejecutar el pago de la póliza una vez haya verificado que el
tomador sufría de padecimientos previos al momento en que el contrato comenzó a
surtir efectos, y que además tuvieron relación directa con su afectación”.
[37]
En materia legal, los efectos que genera la falta de fidelidad en la
declaración de riesgo se encuentran en el artículo 1058 del Código de Comercio.
Asimismo, en el marco de la jurisprudencia constitucional, la Sentencia T-222
de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) explica que en muchas ocasiones, la
preexistencia concurre con la reticencia (dolo) al momento de suscribir el
contrato, ya que: “la preexistencia puede ser eventualmente una manera de
reticencia. Por ejemplo, si una persona conoce un hecho anterior a la celebración
del contrato y sabiendo esto no informa al asegurador dicha condición por
evitar que su contrato se haga más oneroso o sencillamente la otra parte decida
no celebrar el contrato, en este preciso evento la preexistencia sí será un
caso de reticencia. Lo mismo no sucede cuando una persona no conozca
completamente la información que abstendría a la aseguradora a celebrar el
contrato, o hacerlo más oneroso. Por ejemplo, enunciativamente, casos en los
que existan enfermedades silenciosas y/o progresivas. En aquellos eventos, el
actuar del asegurado no sería de mala fe. Sencillamente no tenía posibilidad de
conocer completamente la información y con ello, no es posible que se deje sin
la posibilidad de recibir el pago de la póliza. Esta situación sería imponerle
una carga al usuario que indiscutiblemente no puede cumplir. Es
desproporcionado exigirle al ciudadano informar un hecho que no conoce ni tiene
la posibilidad de conocerlo. Mucho menos, para el caso del seguro de vida grupo
de deudores, suministrar con preciso detalle su grado de discapacidad”. En este
mismo sentido, sobre los efectos que produce la falta de fidelidad del tomador,
ya sea con dolo o con culpa, pueden verse las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional: C-232 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía; AV Eduardo Cifuentes
Muñoz); T-370 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-557 de 2015 (MP
Mauricio González Cuervo); y T-240 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[38]
Constitución Política de 1991, articulo 83: “[l]as
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas”.
[39]
Corte Constitucional, Sentencia C-232 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía; AV
Eduardo Cifuentes Muñoz): “[a]severar que el contrato de seguro es uberrimae bona fidei
contractus, significa sostener que en él no bastan simplemente la
diligencia, el decoro y la honestidad comúnmente requeridos en todos los
contratos, sino que exige que estas conductas se manifiesten con la máxima
calidad, esto es, llevadas al extremo. La necesidad de que el contrato de
seguro se celebre con esta buena fe calificada, vincula por igual al tomador y
al asegurador. Sin embargo, la Corporación centra su interés en la carga de
información precontractual que corresponde al tomador, pues es en relación con
ésta que pueden surgir las nulidades relativas contempladas en el Código de
Comercio”.
[40]
En diversas oportunidades, los fallos de la Corte Constitucional han descrito
las características del contrato de seguro de vida grupo. Para estos efectos,
pueden verse las sentencias T-086 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto);
T-751 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa); T-015 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa); T-720 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV
Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-662 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva);
T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); T-316 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa; SVP Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-370 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub); T-577 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo; SV Luis
Guillermo Guerrero Pérez); T-684 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán); T-393 de
2015 (MP Myriam Ávila Roldán); T-393 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán); y T-240
de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva). En
este mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
ha expresado que la buena fe es un principio fundamental del ordenamiento
jurídico, “al que están sometidas las
actuaciones del hombre en sociedad, que supone un actuar honrado, probo, leal y
transparente”. Su interpretación se asimila como fuente de confianza, presumida
por las partes, sin perseguir provechos o ventajas indebidas. Igualmente, ha
declarado que los tratos contractuales preliminares se encuentran sujetos al
principio neminem laedere. Es decir, que en el momento de presentarse un
fraude a la confianza nace el deber de reparar el correspondiente daño (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo
Jaramillo. Sentencia del 19 de diciembre de 2006. Rad: N° 1998-10363-01).
[41]
La Corte ha señalado que la falta de claridad de las cláusulas contractuales en
los seguros de vida grupo, afectan la buena fe del tomador y rompe el
equilibrio del contrato. Por ejemplo, en la Sentencia T-751 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa) indicó lo siguiente: “cuando las cláusulas no definen de la manera
explícita las condiciones de la cobertura debido a la incorporación de textos
de excesiva vaguedad o exclusiones de carácter eminentemente genérico, se
vulnera la buena fe del tomador en tanto no resulta posible establecer el
alcance de la cobertura. En ese marco, y en síntesis, las partes del contrato de
seguro deben tener un acceso equitativo a la información relevante, sobre el
alcance del riesgo asegurado -por una parte- y la cobertura real del contrato
-por otra” // “la carga de declarar
sinceramente la información relevante para la determinación del estado de
riesgo (en este caso, el estado de salud) no puede traducirse en una
imposibilidad absoluta de hacer efectiva la póliza, como consecuencia de un
establecimiento ambiguo de la cobertura, mediante cláusulas simplemente
genéricas o mediante una alusión descontextualizada de las condiciones
generales del contrato, carente de la precisión que se obtiene mediante las
condiciones específicas del mismo”.
[42]
Sobre la interpretación de la ley pro costumatore o a favor del
consumidor, pueden verse, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional: T-171 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-196 de 2007 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra); T-086 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto); y T-902 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[43]
En relación con el deber que tienen las compañías financieras y seguradoras de
atender las condiciones de vulnerabilidad de sus clientes, pueden verse, entre
otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-905 de 2007 (MP
Jaime Araújo Rentería); T-490 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); T-832 de
2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla); T-328A de 2012 (MP Mauricio González Cuervo);
T-720 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Luis Guillermo Guerrero
Pérez); T-452 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Gloria Stella
Ortiz Delgado); T-227 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); y T-240 de 2016
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[44]
Acerca de los criterios jurisprudenciales para determinar la ejecución del amparo
crediticio contenido en una póliza de seguro de vida grupo, pueden verse, entre
otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-1091 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández); T-152
de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-642 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra); T-490 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); T-1018 de 2010 (MP Nilson
Pinilla Pinilla); T-086 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto); T-751 de
2012 (MP María Victoria Calle Correa); T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva); T-316 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Luis
Guillermo Guerrero Pérez); T-452 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
AV Gloria Stella Ortiz Delgado); T-370 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub); T-577 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo; SV Luis Guillermo
Guerrero Pérez); T-393 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán); T-227 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio); T-240 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[45]
La Sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) realizó una
recopilación de los criterios fijados en los fallos anteriores de esta
Corporación sobre la ejecución de una póliza de seguro de vida grupo. Al
respecto sostuvo: “[d]e la jurisprudencia
estudiada, se pueden extraer varias conclusiones, en relación con la obligación
de las aseguradoras de pagar la póliza a pesar de haber acaecido algún tipo de
preexistencia. En primer lugar, (i) carecer de recursos económicos. La Corte ha
entendido que no basta ser un sujeto de especial protección constitucional para
que pueda reclamarse el pago de la póliza. Efectivamente, la persona debe
carecer de los recursos económicos necesarios para continuar pagando las cuotas
del crédito. En consecuencia, ha sido bastante rígido cuando las personas gozan
de recursos económicos pues ha entendido que en esos eventos, su móvil no es la
protección de sus derechos fundamentales sino intereses netamente
patrimoniales. Si ello fuera así, siempre, en todos los casos, las aseguradoras
tendrían que pagar las pólizas, desnaturalizándose el contrato de seguros”. En
este caso se citaron las sentencias: T-1091 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández); T-152 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-642 de 2007 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra); T-642 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra);
T-832 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla); T-1018 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla); T-086 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; T-751 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa); T-342
de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[46]
Corte Constitucional, Sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva):
“[e]n segundo lugar (ii), que la familia del
asegurado dependa económicamente de él. Si bien esta Corporación ha fallado a
favor de personas que no responden económicamente por su familia, este parece
ser un criterio muy importante a la hora de tomar la decisión. En efecto, el no
pago de la póliza, en estos eventos, puede incluir la lesión y/o vulneración de
los derechos fundamentales de todo un núcleo familiar. Si una persona no puede
pagar la cuota de un crédito, muy probablemente esto tendrá efectos en su
familia por los posibles cobros del banco”.
[47]
Corte Constitucional, Sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva): “[e]n tercer lugar (iii), la carga de declarar no puede
convertirse en una carga excesiva para el tomador del seguro, pues existen
casos en los que las cláusulas son tan ambiguas que no es posible,
naturalmente, suministrar con toda certeza las calidades del asegurado”.
Concord. Sentencia T-751 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[48]
Corte Constitucional, Sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva): “[e]n cuarto lugar (iv), la carga de la prueba de la
preexistencia radica en cabeza de la aseguradora”.
[49]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil: Sentencia del 1º de
septiembre de 2010. Rad: 05001-3103-001-2003-00400-01 (MP Edgardo Villamil
Portilla). En este fallo, la Sala de Casación Civil no casó la sentencia que
pretendía tumbar la decisión de negar la ejecución del seguro de vida
reclamado. Concluyó que el tomador omitió datos relevantes al momento de
declarar su estado de riesgo.
[50]
Corte Constitucional, Sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva): “¿quién debe probar la mala fe? En concepto de esta
Corte, deberá ser la aseguradora. Y es que no puede ser de otra manera, pues
solo ella es la única que puede decir con toda certeza (i) que por esos hechos
el contrato se haría más oneroso y (ii), que se abstendrá de celebrar el
contrato”.
[51]
Ley 1480 de 2011, artículo 3, numeral 1.3. “Por medio de la cual se expide el
Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”.
[52]
La Ley 1328 de 2009, “[p]or la cual se dictan normas en materia financiera, de
seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, en su artículo 7,
literal f), señala como una de las obligaciones que deben cumplir las entidades
que desarrollen servicios en este mercado: “[e]laborar los contratos y anexos
que regulen las relaciones con los clientes, con claridad, en caracteres
legibles a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación.
Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a
disposición del respectivo cliente, y contendrá los términos y condiciones del
producto o servicio, los derechos y obligaciones, y las tasas de interés,
precios o tarifas y la forma para determinarlos”.
[53]
Resolución 4625 de 2014, "[p]or la cual se establecen los
modelos de contrato único y de las condiciones generales, de prestación de
servicios provistos a través de redes móviles, se modifica la Resolución CRC
3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones". En
el segundo párrafo de sus consideraciones, establece el objetivo de “expedir la
regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de servicios de
comunicaciones”.
[54]
Código de Comercio, artículo 1047: “[l]a póliza de seguro debe expresar además
de las condiciones generales del contrato: 1) La razón o denominación social
del asegurador; 2) El nombre del tomador; 3) Los nombres del asegurado y del
beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos del tomador; 4)
La calidad en que actúe el tomador del seguro; 5) La identificación precisa de
la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro; 6) La
vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y
vencimiento, o el modo de determinar unas y otras; 7) La suma aseguradora o el
modo de precisarla; 8) La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago;
9) Los riesgos que el asegurador toma su cargo; 10) La fecha en que se extiende
y la firma del asegurador, y 11) Las demás condiciones particulares que
acuerden los contratantes”.
[55]
El reconocimiento de la autonomía privada, como libertad contractual, se
encuentra en el artículo 1602 del Código Civil, el cual expresa: “[t]odo
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. En este
mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-186 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), indicó que la autonomía de la voluntad como
libertad negocial se desenvuelve sobre cuatro esferas, a saber: “(i) [e]n la existencia de
libertad contractual sujeta a especiales restricciones cuando por ejemplo están
en juego derechos fundamentales, se trata de servicios públicos, una de las
partes ocupe una posición dominante o los acuerdos versen sobre prácticas
restrictivas de la competencia; (ii) se entiende que el ejercicio de la
autonomía de la voluntad y la libertad contractual persigue no sólo el interés
particular sino también el interés público o bienestar común; (iii) corresponde
al Estado intervenir para controlar la producción de efectos jurídicos o
económicos, con el propósito de evitar el abuso de los derechos; (iv) el papel
del juez consiste en velar por la efectiva protección de los derechos de las
partes, sin atender exclusivamente la intención de los contratantes”
[56]
Corte Constitucional: Sentencia C-186 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[57]
Esta afirmación puede encontrarse en la Sentencia C-186 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
donde la Sala Plena de la Corte Constitucional cita las sentencias C-738 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-668
de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[58]
Expediente T-5.491.771. Primer cuaderno,
Fl. 36.
[59]
Expediente T-5.491.771. Primer cuaderno,
Fl. 36.
[60]
Expediente T-5.536.394. Primer cuaderno,
Fl. 33.
[61]
Expediente T-5.492.897. Primer cuaderno, Fls. 1-2. Acta de Junta Médica Laboral
de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional del 13 de octubre de 2015. En
este documento se menciona que el actor padece un 97.10% de pérdida de la
capacidad laboral, como consecuencia de diversas “patologías múltiples de gran
importancia que generan disminución importante de la capacidad laboral, que
hace dificultosa su permanencia dentro de la fuerza. Además teniendo en cuenta
los factores de riesgo psicosocial propios de la vida militar que puede
empeorar su condición actual”. Asimismo, se menciona que el actor fue víctima
de un acto delictivo con escopolamina, luego de lo cual apareció tres días
después en el Centro Hospitalario de Alta Complejidad, con diagnóstico de:
politraumatismo, trauma craneocefálico, moderado a severo con hemorragia
intracraneal valorado por diversos especialistas y con consecuencias como: (i)
omalgia crónica derecha por luxación ocromioclavicular; (ii) omalgia crónica
izquierda por luxación acromiocravicular; (iii) lumbalgia crónica
postraumática; (iv) cefalea postraumática crónica; entre otras.
[62]
Expediente T-5.492.897. Primer cuaderno, Fl. 12. Respuesta de BBVA Seguros de
Vida Colombia S.A., donde le indican al accionante que objetan la reclamación
de la póliza, toda vez que la vigencia de la póliza inició el 21 de octubre de
2015, mientras que el suceso sobre el cual sustenta la reclamación ocurrió el
13 de octubre de 2015.
[63]
Sobre calificaciones de invalidez en el marco de reclamaciones contractuales de
pólizas de seguro de vida grupo, pueden consultarse, entre otras, las
siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-738 de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo); y T-902 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa).
[64]
Corte Constitucional, Sentencia T-902 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
En este proceso, la Sala Primera de Revisión analizó un acumulado de tres
acciones de tutela donde los peticionarios buscaban la ejecución de pólizas de
seguro de vida grupo. En uno de los casos, la entidad aseguradora había
objetado la reclamación del seguro con fundamento en que el tomador había
sobrepasado la edad máxima de cobertura.
[65]
Expediente T-5.494.329: esta
declaración hace parte de lo expresado por SURAMERICANA Seguros de Vida S.A.
dentro del escrito de contestación a esta acción de tutela.
[66]
Expediente T-5.494.329. Primer cuaderno,
Fls. 19-22.
[67]
Expediente T-5.494.329. Primer cuaderno,
Fls. 42-43.
[68]
Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU: Leucemia Linfocítica Crónica
(LLC). Versión en inglés revisada
por: Todd Gersten, MD, Hematology/Oncology, Florida Cancer Specialists &
Research Institute, Wellington, FL. Review provided by VeriMed Healthcare
Network. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Isla Ogilvie, PhD, and the
A.D.A.M. Editorial team. Traducido
por: DrTango, Inc. Disponible en:
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000532.htm
[69]
Expediente T-5.494.329. Este proceso fue decidido en primera instancia por el
Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal Bogotá D.C., que declaró improcedente la
acción de tutela por no probarse la amenaza de un perjuicio irremediable. En
segunda instancia, el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito Bogotá D.C.
confirmó la decisión por las mismas razones.
[70]
Código de Comercio, artículo 1077.
[71]
Expediente T-5.720.487. Primer cuaderno,
Fls. 8-12.
[72]
Expediente T-5.720.487. Primer cuaderno,
Fl. 33.
[73]
Expediente T-5.496.591. En este proceso, la accionante expresa que mediante
Decreto 0044 del 30 de mayo de 1997, fue nombrada en propiedad por la
Secretearía de Educación Departamental del Cesar en la Institución Educativa
Agustín Codazzi, como Docente Grado 14. Agrega que en el transcurso de su
trabajo fue incapacitada varias veces por: Asma Bronquial Severa, Disfonía
Severa, Reflujo Gastroesofágico e Insuficiencia Venosa en miembros inferiores.
Además, indica que es consumidora financiera, por lo cual le fueron aprobados
dos créditos en el Banco BBVA: (i) el primero, el día 10 de septiembre de 2014,
con el Nº 0013051000-9602179482 y por valor de $30.000.000, con prima mensual
de seguro de $14.500; y (ii) el segundo, el día 25 de marzo de 2014,
identificado internamente con el Nº 0013051000-9602254319, por la suma de
$4.000.000, con prima mensual de seguro de $1.848. Señala que los créditos
descritos se encuentran amparados con pólizas de seguro vida adquiridas con la
entidad BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., las cuales se relacionan así: (i) grupo
deudores Nº 0110043, que ampara el crédito No. 0013051000-9602179482, con fecha
de vigencia desde el 10 de septiembre de 2010 hasta el fin del crédito;[73]
y (ii) grupo deudores No. 0110043, que cubre el crédito Nº
0013051000-9602254319, con vigencia desde el 25 de marzo de 2014 hasta el fin
del crédito. Asegura que en ésta última póliza “la declaración de
asegurabilidad se encuentra TOTALMENTE EN BLANCO”. Manifiesta que luego de
haber sido calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 96.50%, de
origen patológica profesional y con fecha de estructuración el 09 de enero de
2015, solicitó el pago de la indemnización por la ocurrencia del siniestro “incapacidad
total y permanente”. Agrega que, sin embargo, el día 22 de junio de 2015,
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. le informó que objetaba la reclamación, toda
vez que ella había omitido declarar fielmente las patologías que sufría al
momento de suscribir el contrato y por ello había dado lugar a la reticencia
como causal de nulidad.
[74]
Corte Constitucional, Sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[75]
Expediente T-5.496.591. Primer cuaderno,
Fls. 18 y 21.
[76]
Corte Constitucional, Sentencia T-832 de
2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En este proceso, la Sala Sexta de
Revisión analizó una acción de tutela presentada por una madre cabeza de
familia que fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 77.5%.
En esta ocasión, la ejecución de la póliza suscrita fue objetada con fundamento
en una prexistencia.
[77] Expediente T-5.675.008. Primer cuaderno, Fls. 8-12.
[78]
Expediente T-5.675.008. Primer cuaderno,
Fl. 7.
[79]
Estos criterios fueron esbozados en la Sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).