T-367-15
Sentencia T-520/11
Sentencia
T-367/15
PODER DE POLICIA-Naturaleza/AUTORIDAD
DE POLICIA-Función jurisdiccional
PODER DE POLICIA-Marco legal/ACCION
POLICIVA-Prevista en el Decreto 1355 de 1970
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
PODER DE POLICIA-Aspectos
constitucionales
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DE AUTORIDADES DE POLICIA EN
EL CURSO DE UN PROCESO POLICIVO-Improcedencia por
existir otro medio de defensa judicial y no acreditar perjuicio irremediable
Referencia:
expediente T-4.080.985
Demandante:
Manuela
Miranda Payares
Demandado:
Alcaldía
Mayor de Cartagena, Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y la
Inspección de Policía # 13 de Cartagena
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA  MARTELO
Bogotá DC, diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo de
tutela, de segunda instancia, proferido, el 22 de julio de 2013, por el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, en el que revocó la decisión, de
primera instancia, dictada el 21 de mayo de 2013, por el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Cartagena que, en su momento, había concedido el amparo impetrado
en la acción de tutela promovida por Manuela Miranda Payares contra la Secretaría
del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Inspección
de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno #13 de la misma ciudad.
I.- ANTECEDENTES
La señora Manuela Miranda Payares presentó acción de tutela contra la
Alcaldía Mayor de Cartagena, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana
y la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno #13 de Cartagena, invocando
la protección de su derecho fundamental al debido proceso policivo, en
concurrencia con el acceso a la administración de justicia y a los principios
de seguridad jurídica, confianza legítima, legalidad e igualdad.
1.-  Reseña fáctica de la demanda
El proceso policivo se originó, el 8 de febrero de 2011, con
la presentación de una querella por perturbación a la posesión de un inmueble
urbano localizado en la ciudad de Cartagena, Conjunto Residencial La
Arboleda, sector Los Olivos, Manzana I, lotes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35 con matrículas inmobiliarias No. 060-204083, 060-204084, 060-204085,
060-204086, 060-204087, 060-204088, 060-204089, 060-204090, 060-204091,
060-204092, 060-204093[1],
teniendo como parte querellante a la sociedad Urbanizadora del Caribe SA contra
personas indeterminadas, la cual fue admitida por la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno #13 de Cartagena, el 16 de febrero
de 2011.
La accionante, actuando mediante apoderado, se hizo parte como
querellada, el 25 de febrero de 2011. La autoridad policial fijó fecha para la
diligencia de Inspección ocular, el día 8 de marzo de 2011, en la que entregó
el cuestionario a los peritos y la querellada rindió sus descargos, explicando
su posesión en los siguientes términos:
Vivo sobre el lote de la diligencia hace aproximadamente cinco años,
lugar donde he estado con sembrados, por lo cual he sido víctima de atropello
por la parte contraria en este proceso, estas son tierras que por muchos años
han sido de mis antepasados doctor Gabriel Miranda Julio y que en estas tierras
antes que yo vivió la señora ROSA MIRANDA tía abuela mía, la señora murió y
quedamos nosotros. El doctor abogado de la parte contraria dice que no ha
percibido en este lugar mi presencia, lógico que no la puede percibir primero
él vive en Barranquilla, pero de lo que sí estoy segura que las veces que en
este lugar he recibido atropello lo he llamado a él porque él me conoce, porque
más de dos veces he hablado con él. (…) desde el día 23 de febrero ellos han
venido poniendo cerca, es más se pueden notar en la madrera que todavía está
verde y si los peritos se dieron cuenta han podido observar que hay tramos que
no han podido realizar porque yo me les he opuesto, tal como cerrarme las
entradas y salidas del predio (…) me ha tocado resembrar porque me han tumbado
todas, es por eso que en este predio solo se ve hierbas, raíces y las escasas
matas de plátano que han quedado (…)[2]
Posteriormente, el 30 de marzo de 2011, los peritos
realizaron la valoración de campo, rindiendo el informe respectivo[3], en el que identificaron el predio de propiedad de la
Urbanizadora del Caribe SA, delimitado por la poligonal con los vértices
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y  sus coordenadas geográficas, así:
PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN
VERTICE
LONGITUD OESTE
LATITUD NORTE
1
847.762.44
1’641.841.88
2
847.901.91
1’641.747.97
3
848.145.22
1’641.713.48
4
848.267.47
1’641.674.37
5
847.839.66
1’641.172.02
6
847.747.64
1’641.325.14
7
847.531.77
1’641.563.51
Asimismo, identificaron el lugar de la perturbación con la poligonal
ABCD (ubicado dentro del área referida como poligonal con vértices 1 al 7),
con las siguientes coordenadas:
PREDIO OBJETO DE PERTURBACIÓN
VERTICE
LONGITUD OESTE
LATITUD NORTE
A
848.099.64
1’641.645.95
B
848.106.13
1’641.634.81
C
848.061.71
1’641.581.69
D
848.052.34
1’641.588.32
De esta forma, el dictamen pericial concluye que la zona de
perturbación (poligonal ABCD):
·
se encuentra dentro del globo de terreno de
mayor extensión (poligonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ubicado en inmediaciones de la
urbanización Villa Rosita, denominado Bajo Miranda del sector de Doña Manuela y
·
consiste en la construcción de más o menos
Diez (10) días (sin ninguna Licencia de Construcción aprobada por la
Curaduría Urbana de la ciudad) de dos (2) casetas: una con paredes en estibas de
madera y cubierta de láminas onduladas de zinc galvanizadas, apoyada sobre
ramas de árboles de la zona (dimensiones 2.00m X 3.00m) y otra en mampostería
de bloques de mortero de arena-cemento y cubierta de láminas onduladas de
asbesto-cemento, apoyada sobre madera de abarco (dimensiones 2.00m X 3.00m).
Asimismo, el informe pericial puntualiza que la totalidad del
inmueble que comprende el sector Los Olivos, de la Urbanización La Arboleda, se
encuentra cercado en alambre de púa extendida sobre postes de madera
distribuidos en cuatro (4) hilos sobre el mismo.
Mediante auto del 12 de abril de 2011, la inspección de policía aquí
accionada, programó audiencia de continuación de la diligencia de inspección
ocular para el 18 de abril de 2011. En esa audiencia dio traslado del
dictamen pericial, el cual fue objeto de solicitud de aclaración por el
apoderado de la parte querellada, en los siguientes términos:
(…) anexan los señores peritos un plano de soluciones de vivienda
familiar como también anexan los señores peritos un plano del levantamiento
planimétrico (…) estoy solicitando se me aclare dicho dictamen, se aclare con
relación al plano o levantamiento planimétrico si tiene que ver con la misión
encomendada a los señores peritos, con relación al segundo plano que se refiere
a soluciones de vivienda unifamiliar más multifamiliar no tiene nada que ver
con la misión encomendada a los señores peritos [4].
Así mismo, el apoderado de la parte querellada presentó incidente de
nulidad por considerar que se había vulnerado el debido proceso al no
permitírsele objetar el dictamen pericial, fundado en que, a su juicio, debía
aplicarse la reglamentación del Código de Procedimiento Civil, tal solicitud
fue resuelta negativamente en la resolución que puso fin al proceso. Allí,
antes de pronunciarse de fondo, el despacho se mantuvo en que el procedimiento
adoptado es constitucional, por tratarse de un proceso civil especial de
policía regulado en el Código Nacional de Policía, en aplicación de lo
contemplado por la Corte Constitucional en sentencia C-241 de 2010 y en cumplimiento
del principio de legalidad que rige la materia[5],
regulación que no contempla la posibilidad de impugnar u objetar el dictamen
pericial.
En dicha audiencia se recibieron, además, los testimonios de dos (2)
personas solicitados por la parte querellada, quienes manifestaron que la
señora Manuela Miranda Payares se encontraba en posesión del predio desde hace cinco
(5) años aproximadamente (desde el año 2007).
El 3 de mayo de 2011 fue presentado por los peritos el
escrito de aclaración del dictamen pericial, precisando que su informe pericial
fue complementado con un plano únicamente, de acuerdo con lo solicitado por
la Inspección de Policía y es el que lleva nuestros nombres y nuestras firmas,
el otro plano lleva el nombre de la firma Urbanizadora del Caribe y está
avalado con la firma de un ingeniero civil de esa empresa[6].
El 6 de mayo de 2011, se continuó con la diligencia de inspección
ocular con la asistencia de los apoderados de las partes, en la cual se dio traslado
de la aclaración rendida por los peritos, sin que se presentara objeción alguna
a la misma, quedando así en firme el dictamen pericial.  El 18 de mayo de 2011,
se continuó la diligencia con la recepción de testimonios solicitados por las
partes.
El 22 de julio de 2011, continuó la diligencia policial con la
recepción del testimonio solicitado por la parte querellante, del que se
desprende que los actos de perturbación (consistentes en la construcción de dos
casetas de madera y cemento) realizados por la señora Manuela Miranda Payares ocurrieron
a finales del mes de enero de 2011.
El 27 de septiembre de 2011, en audiencia de continuación de
la diligencia de inspección ocular, los apoderados de las partes presentaron
sus alegatos de conclusión, así:
·
El apoderado de la sociedad Urbanizadora del
Caribe SA solicitó hacer cesar la perturbación sobre el inmueble urbano
localizado en la ciudad de Cartagena de Indias, conjunto residencial La
Arboleda, sector Los Olivos, correspondientes a Manzana I, lotes 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 con matrículas inmobiliarias No. 060-204083,
060-204084, 060-204085, 060-204086, 060-204087, 060-204088, 060-204089,
060-204090, 060-204091, 060-204092, 060-204093, respectivamente, alinderado de
conformidad a la escritura pública número 918 del 21 de mayo del 2003 de la
Notaría Primera de Cartagena de Indias, por haberse demostrado, con certeza
y suficiencia, que la señora Manuela Miranda Payares y personas indeterminadas
no han ejercido la tenencia ni la posesión sobre el inmueble objeto de la
querella[7].
·
Por su parte, la apoderada de la querellada (una
vez sustituido el poder en debida forma) señaló que, según la querella
presentada por la Urbanizadora del Caribe SA, y el dictamen pericial rendido
dentro del proceso policivo, la perturbación alegada recae sobre once lotes de
terreno de la Urbanización La Arboleda, sector Los Olivos, Manzana I, números
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sin embargo, esta individualización
no coincide con los lotes materia de la supuesta perturbación, por lo que
considera que este resultado de la prueba pericial es inconducente,
con lo que se pretende probar, por lo tanto resulta inocua. Es decir,
estima que la prueba pericial se realizó en un solo lote que no es
precisamente, ni individual ni en su conjunto, los que se enuncian en la
querella como perturbados, por lo que solicitó a la inspectora de policía que
diera por no probada la perturbación alegada, invocando la aplicación del
artículo 505 del CPC, en cuanto no se puede condenar por objeto distinto del
pretendido en la demanda, a fin de garantizar el debido proceso de su
poderdante[8].
El 3 de octubre de 2011, la inspectora de policía consideró
pertinente solicitar a los peritos, aclaraciones y adiciones al dictamen inicialmente
rendido, en cuanto a que el objeto de inspección ocular y prueba pericial es
diferente al objeto pretendido por el querellante a amparar. Para ello, solicitó,
entre otros aspectos, que se explicara:
1. (…) si el área delimitada en el literal b) del punto primero del
dictamen pericial, por las poligonales A, B, C y D, que hace parte del lote de
mayor extensión según plano No.1 anexo, corresponde a la superficie total de
los once lotes señalados como objeto de perturbación por la parte querellante.
4. (…) aclarar la ubicación exacta de las construcciones que
manifiestan que existen dentro del área denominada
sector Los Olivos[9].
En audiencia del 10 de octubre de 2011, con la entrega de las
aclaraciones periciales, una vez realizado el cotejo técnico y superposición de
los planos del levantamiento topográfico del loteo del sector Los Olivos y del
plano presentado por la parte querellante (todo ello en presencia de los
apoderados de las partes), se logró determinar que estos coincidían, dejando
constancia de ello en el acta firmada por los peritos y los apoderados de ambas
partes. En consecuencia, el despacho consideró surtida la etapa probatoria[10].
Mediante Resolución 007 de 19 de octubre de 2011, la
Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno
#13 de Cartagena decidió AMPARAR la posesión que ejerce Urbanizadora del
Caribe SA sobre los lotes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la
manzana I del sector Los Olivos del Conjunto Residencial La Arboleda de la
ciudad de Cartagena, individualizados con los siguientes folios de matrícula
inmobiliaria: 060-204083, 060-204084, 060-204085, 060-204086, 060-204087,
060-204088, 060-204089, 060-204090, 060-204091, 060-204092, 060-204093,  y por
ende RESTITUIRLE los mismos al querellante [11].
Esta providencia fue apelada por la parte querellada, reiterando su solicitud
de nulidad de todo lo actuado debido a que los lotes mencionados y materia de
este litigio no son los determinados por la experticia[12]. Concedido el recurso, en el efecto suspensivo, el 28 de octubre de
2011, se remitió el expediente a la Secretaría del Interior y Convivencia
Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Cartagena, como autoridad competente. Entidad
que, luego de resolver diversas solicitudes de nulidad impetradas por ambas
partes[13],
confirmó en todas sus partes la providencia recurrida, mediante la Resolución
2832 de 25 de abril de 2013[14].
Respecto del fundamento de la apelación y de la nulidad impetrada
(error en la identificación de los terrenos), manifestó que en el proceso
policivo se observó la ritualidad del informe pericial y de la inspección
ocular. Al respecto, señaló que una vez practicada la inspección ocular, “la
funcionaria del conocimiento del proceso policivo, procedió a dar traslado, al
querellante y al querellado, quienes solicitaron las correspondientes
aclaraciones, que fueron hechas en tiempo oportuno, agotándose la etapa
procesal probatoria de esta acción policiva.” [15].
Consecuentemente, ese Despacho desestimó el recurso interpuesto, al
estar demostrado en el proceso (planos, escrituras, informe pericial) que la
inspección ocular sí se efectuó en los bienes objeto de la querella.
2.- Solicitud de tutela
2.1. La accionante pretende que se deje
sin efecto toda la actuación adelantada, en primera instancia (Resolución 007
de 2011), por la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno Nº 13
de Cartagena (Barrio El Recreo) y, en segunda instancia (Resolución 2832 de
2013), por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, dentro del proceso
policivo de perturbación a la posesión que ambas autoridades conocieron, en
razón a la querella instaurada por la Urbanizadora del Caribe SA.
Señaló que, una vez notificada en estrados de Resolución 007 de 2011,
en la oportunidad de la sustentación del recurso de apelación, solicitó la
nulidad de lo actuado por violación al debido proceso, principalmente, por el
error en la identificación de los lotes objeto de amparo mediante la Resolución
007 de 2011, toda vez que la inspectora de policía resolvió amparar la posesión
de once (11) lotes, con base en matrículas inmobiliarias que no corresponden con
los terrenos objeto de inspección ocular ni con el informe pericial realizado
dentro del curso del proceso.
En efecto, afirmó que la Inspección de Policía de la Unidad Comunera
de Gobierno Nº.13 de Cartagena y la Secretaría
del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena no advirtieron que los lotes
fueron debidamente identificados con linderos y medidas en la querella
impetrada por la Urbanizadora del Caribe SA; pero al momento de llevar a cabo
el experticio, este se practicó sobre un lote de mayor extensión y no sobre los
terrenos identificados y solicitados por la firma urbanizadora. Es decir, que
el amparo policivo recae sobre una extensión de terreno que no corresponde a lo
solicitado por los querellantes.
2.2. En consecuencia, como medida
provisional, solicitó la suspensión de cualquier actuación hasta tanto medie
pronunciamiento de fondo, y que le sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso policivo, en concurrencia con el acceso a la administración de
justicia y a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima,
legalidad e igualdad y, como consecuencia de ello, se dejen sin efecto todos
los actos emitidos, en primera instancia, por la Inspección de Policía de la
Unidad Comunera de Gobierno Nº 13 de Cartagena (Barrio El Recreo) y, en segunda
instancia, los producidos por la Secretaría del Interior y Convivencia
Ciudadana.
3.-  Documentos relevantes cuyas
copias obran en el expediente (Cuaderno 1)
Son los que a continuación se relacionan:
§
Recurso de reposición presentado por la apoderada de Manuela Miranda Payares ante la Alcaldía Mayor
de Cartagena, el 10 de abril de 2013 (folios 14 y 15; 26 y 27).
§
Recurso de reposición y en subsidio apelación
presentado por la apoderada de Manuela Miranda Payares
ante la Alcaldía Mayor de Cartagena, el 24 de agosto de 2012 (folios 16 al 18).
§
Oficio presentado por la
apoderada de Manuela Miranda Payares ante la Alcaldía Mayor de Cartagena, el 9
de julio de 2012 (folios 19 y 20).
§
Edicto de notificación de la Resolución 2832 de
25 de abril de 2013, por medio de la cual la Alcaldía Mayor de Cartagena
resuelve un recurso de apelación (folio 21).
§
Recurso de reposición presentado por la apoderada de Manuela Miranda Payares ante la Alcaldía Mayor
de Cartagena, el 17 de agosto de 2012 (folios 28 y 29).
4.- Respuesta de las entidades accionadas
Mediante auto del 6 de mayo de 2013, el Juzgado
Noveno Civil Municipal de Cartagena admitió la acción de tutela y corrió traslado
a las partes para que se pronunciaran acerca de los supuestos de hecho que
motivaron la solicitud de amparo. Adicionalmente, resolvió no conceder la
medida provisional solicitada, por considerar que no existían elementos
probatorios suficientes.
4.1. Inspección de Policía de la
Unidad Comunera de Gobierno Nº.13 de Cartagena
Mediante oficio del 8 de mayo de 2013, el Inspector (E) de Policía
de la Unidad Comunera de Gobierno #13 de Cartagena informó que se encuentra en
curso el trámite de apelación ante la Secretaría del Interior y Convivencia
Ciudadana de Cartagena, contra la Resolución Nº 007 de 2011 que resolvió
amparar la posesión dentro del proceso policivo de perturbación a la posesión
de Urbanizadora del Caribe contra personas indeterminadas.
Aportó como prueba documental la Resolución Nº 007 de 19 de octubre
de 2011 y actuaciones relacionadas con el proceso policivo referido (a folios 171
al 204 del cuaderno 1).
4.2. Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el 7 de mayo de
2013, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena solicitó negar el amparo pretendido por la actora en su escrito de tutela,
pues sus pretensiones carecen de supuestos jurídicos, fácticos y probatorios.
En efecto, manifestó que en la Resolución Nº
007 de 19 de octubre de 2011 sí fueron plenamente identificados los lotes sobre
los cuales versaba el proceso policivo, a lo cual se
suma que en la parte resolutiva se indicó plenamente los lotes así como los
folios de matrícula inmobiliarias que corresponden a los terrenos sobre los
cuales se concedió el amparo (a folio 206 del
Cuaderno 1). Así mismo, informó que, a través de la Resolución 2832 de 25 de
abril de 2013, se confirmó en todas sus partes la resolución Nº 007 de 2011, culminando la segunda
instancia del proceso en cuestión.
Adicionalmente, consideró que, en el presente caso, deberá
declararse la improcedencia de la misma, dado que no se cumple con las causales
genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, además, ante la ausencia de defecto procedimental absoluto,
fáctico, sustantivo y orgánico y, en consideración, a que no ha sido vulnerado
derecho fundamental alguno a la accionante.
4.3. Urbanizadora del Caribe SA
Habiendo sido citada por el operador judicial, la sociedad
Urbanizadora del Caribe SA presentó informe sobre los hechos de esta acción de
tutela y solicitó que se negara el amparo pretendido
por la actora, pues no existe claridad respecto de cuáles son las actuaciones
que supuestamente vulneraron derechos fundamentales.
Adicionalmente, al referirse al presunto defecto fáctico alegado por
la demandante, manifestó que al quejarse de que supuestamente el predio
mencionado en el dictamen pericial no es el mismo objeto de la querella se está
mencionando que el apoyo probatorio del inspector estuvo errado, esto es
contrario a la realidad procesal ya que (…) la aclaración dada al dictamen en
fecha 10 de octubre de 2011 deja en claro que se trata del mismo predio, además
debe tenerse en cuenta cómo el fallador fundamenta su providencia no solo en el
dictamen pericial si no en las testimoniales y en la confesión hecha por la
misma querellada al interior de la diligencia de inspección ocular cuando dijo
claramente que se trataba del mismo predio (a folio 239 del Cuaderno 1).
Así mismo, señaló que no se ha producido el defecto por error
inducido, toda vez que las actuaciones del juez se han basado en las
pruebas legalmente recabadas al interior del presente proceso y han sido
debidamente fundamentadas y razonadas, por lo que sus decisiones han sido
netamente autónomas y no han afectado derechos fundamentales de las partes
(a folio 240 del Cuaderno 1).
Se aportó como prueba documental copia de las actuaciones más
relevantes surtidas en el proceso policivo, en primera y segunda instancia (a
folios 253 al 479).
II.  DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1.- Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del 21 de mayo de 2013, el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Cartagena concedió el amparo solicitado por considerar que al no
determinarse específicamente el bien objeto de la perturbación, se vulneró el
debido proceso de Manuela Miranda Payares. Al respecto, explicó:
Sea lo primero advertir que del estudio de los documentos aportados
se aprecia que en la Querella que impetrara la firma urbanizadora del Caribe SA
ante la Inspección de Policía #13 solicitan que se les ampare la posesión de 11
lotes que se encuentran ubicados en el Conjunto Residencial La Arboleda, Sector
Los Olivos, Manzana I, Lotes: #25, #26, #27, #28, #29, #30, #31, #32, #33, #34
y #35 con matrículas inmobiliarias: #060-204083, #060-204084, #060-204085,
#060-204086, #060-204087, #060-204088, #060-204089, #060-204090, #060-204091,
#060-204092 y #060-204093; Lotes que fueron debidamente identificados con sus
linderos y medidas (Folios 172 al 185); pero al momento de llevar a cabo el
experticio este se practicó sobre un lote de mayor extensión (fols. 122 al 146)
y no como lo había solicitado la firma Urbanizadora; situación [de la] que no se percató la Inspectora de policía #13 de
Cartagena; procediendo a dictar la Resolución #007 del 19 de octubre de 2011
(fols. 188 al 204) como tampoco se dio cuenta de esta situación, en Segunda
Instancia, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena; ya
que al emitir la Resolución 2832 del 25 de abril del 2013 confirmó en todas sus
partes la Resolución #007 del 19 de octubre de 2011 proferida por la Inspectora
de policía de la Comuna #13; y se limitó a indicar que la Inspección de policía
había realizado diligencia ocular el día 8 de marzo del 2011 y no observó tal
circunstancia (a folio 488 del cuaderno 1).
Concluyó el a quo que en las providencias atacadas “no se
determinó específicamente el bien [objeto] de la perturbación; tal y
como lo establece la ley para los procesos policivos de perturbación de la
posesión; y al no determinarse plenamente el bien objeto de litis se violó con
ello el debido proceso a que tenía derecho la señora Manuela Miranda Payares;
concretándose con ello, la vía de hecho (…)”. En consecuencia, ordenó dejar
sin efecto las resoluciones Nº 007 de 19 de octubre de 2011 y Nº 2832 de 25 de
abril de 2013, para salvaguardar así el derecho al debido proceso de la actora.
2.- Impugnación
2.1. Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno Nº.13 de Cartagena
La Inspectora de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno Nº.13 de Cartagena, de manera oportuna, presentó impugnación
del fallo y, al efecto, argumentó que el objeto de la supuesta perturbación alegada
por el querellante recae sobre once lotes identificados con los números 25 al
35 de la Manzana I, del sector Los Olivos del conjunto residencial La Arboleda,
ubicados en la ciudad de Cartagena, respecto de los cuales explicó que:
En el informe pericial (…) se determinó que los 11 lotes estaban
ubicados en el perímetro del lote de mayor extensión ubicados en el plano No.1
anexado al experticio [sic], delimitados por las
poligonales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, (…) y se identificó dicho lote de mayor
extensión así: POR EL FRENTE, limita con la urbanización Villa Rosita y mide
361 metros; POR LA DERECHA, entrando limita con el Caño de Matute y mide 466
metros; POR LA IZQUIERDA, entrando, en una longitud de 490 metros limita con
proyecto residencial Los Robles 1 y POR EL FONDO, en una longitud de 595 metros,
limita con Canal Cacao (a Folio 501 del Cuaderno 1).
Alegó, además, que ese despacho realizó todo lo pertinente para
lograr la identificación plena de los lotes 25 al 35 del sector Los Olivos de
la urbanización La Arboleda, encontrando que los 11 lotes del 25 al 35
señalados en el libelo de la querella son los que se identifican plenamente
dentro del lote de mayor extensión y son objeto de perturbación.
De otra parte, anexó copia del expediente del proceso de
perturbación a la posesión de Urbanizadora del Caribe SA, del levantamiento
topográfico de los límites territoriales de la Unidad Comunera No.13, de la legislación
aplicable y del levantamiento planimétrico aportado en el informe pericial (a
folios 506 al 538 del Cuaderno 1).
2.2. Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena
El Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena
impugnó el fallo de instancia, por las siguientes razones:
·
Consideró que el fallo de tutela está sustentado
en consideraciones falsas: la Inspectora de Policía y el Secretario del
Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena sí identificaron los predios
sobre los cuales recae su orden. Afirmó que [r]esulta inadmisible pensar que
los folios de matrícula inmobiliaria enunciados en la parte resolutiva del
fallo no son suficientes para individualizar un inmueble (a folio 540 del
Cuaderno 1).
·
Aclaró que la inspección ocular se practicó
sobre el lote de mayor extensión dentro del cual están incluidos los predios
objeto de perturbación.
·
Afirmó que la decisión de las autoridades
policivas tuvo como base un material probatorio que fue examinado en su
conjunto, incluyendo los planos producto del levantamiento topográfico, lo cual
arrojó certeza de la individualización de los predios en perturbación.
Explicó que en el plano aportado por los peritos se hizo la
delimitación de una zona identificada por la poligonal A, B, C y D, en la
cual están ubicadas las casetas elaboradas en madera de estibas de construcción
y bloques de mortero arena-cemento, construcciones que constituyen parte de
los actos de perturbación realizados por Manuela Miranda Payares en la
propiedad de la Urbanizadora del Caribe SA, única propietaria y poseedora de
buena fe.
·
Consideró que el juez de instancia debió
precisar la norma que ordena individualizar el bien en los procesos policivos,
toda vez que ninguna autoridad está investida para exceder los requisitos de
orden legal, por ser reserva del legislador.
·
Adujo que no fueron acreditados los requisitos
especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias y,
además, las supuestas irregularidades que sirvieron de base para la decisión
del juez de primera instancia no encajan en ninguno de los requisitos
especiales, luego no se podía predicar vulneración del derecho fundamental del
debido proceso.
Concluyó su disertación manifestando que la supuesta irregularidad
de falta de identificación de los inmuebles objeto del amparo policivo, no
cambiaría la decisión tomada, pues la misma se soportó sobre las pruebas
legalmente practicadas y que fueron objeto de contradicción de las partes en
respeto del debido proceso.
2.3. Intervenciones de terceros con interés legítimo
Se presentaron las siguientes intervenciones de terceros interesados
en la presente acción de tutela, así:
·
Urbanizadora del Caribe SA
El apoderado de la sociedad Urbanizadora del Caribe SA señaló que la
accionante, en su escrito de tutela, no estableció, con claridad y detalle, los
comportamientos que considera generadores de la vulneración de su derecho al
debido proceso; es decir, no determinó la conducta o conductas que
supuestamente produjeron su inconformidad. Por esta situación, se ha debido
negar la protección solicitada ante la ambigüedad, que impide el adecuado
ejercicio del derecho de contradicción de la contraparte y de los vinculados a
esta acción constitucional.
En cuanto a la supuesta falta de determinación de la ubicación de
los inmuebles, recordó que el documento de querella que dio inicio al
procedimiento policivo objeto de esta tutela identificó plenamente los bienes
inmuebles sobre los cuales existe la perturbación de la posesión, así: los
lotes 25 (MI 060-204083), 26 (MI 060-204084), 27 (MI 060-204085), 28 (MI
060-204086), 29 (MI 060-204087), 30 (MI 060-204088), 31 (MI 060-204089), 32 (MI
060-204090), 33 (MI 060-204091), 34 (MI 060-204092) y 35 (MI 060-204093) de la
Manzana I del sector LOS OLIVOS del Conjunto Residencial La Arboleda (carretera
de la Cordialidad) de la ciudad de Cartagena (Bolívar), complementados con la
Escritura pública No. 0918 del 21 de mayo de 2003.
Explicó que, dentro del procedimiento regular del proceso policivo,
se ordenó una inspección ocular en la que se constató no solo la precisa
determinación del predio de mayor extensión dentro del cual se encuentran los
inmuebles objeto de querella, sino, también, la exacta ubicación de estos
últimos, con planos de levantamiento topográfico. Además, señaló que dicho informe
pericial, luego de aclaraciones y adiciones, se encuentra en firme y fue aprobado
por las partes, incluyendo a la apoderada de la accionante Manuela Miranda Payares.
Alegó, por demás, que el juez de instancia llegó a la conclusión de
amparar el derecho presuntamente conculcado, sin fundamento alguno y sin
realizar el mínimo análisis de la solicitud de tutela y de las pruebas anexas,
por lo que el fallo proferido, el 21 de mayo de 2013, por el Juzgado Noveno
Civil Municipal de Cartagena es una decisión sin motivación, cuya revocatoria
solicita.
Aportó como pruebas documentales, las siguientes: certificados de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, copia de los recibos
de pago de los impuestos prediales de los años 2013 y anteriores, plano
catastral de la ciudad de Cartagena, plan parcial del Triángulo de Desarrollo
Social en el que aparecen identificados plenamente los predios materia de la
actuación policiva y copia de la reglamentación posterior al plan parcial (a
folios 591 al 833 del cuaderno 1).
·
Personería Distrital de Cartagena
El personero distrital de Cartagena intervino en la presente acción
de tutela, expresando su inconformidad con la decisión de primera instancia y
solicitó su revocatoria, por cuanto no se analizó el cumplimiento de los
requisitos específicos de procedibilidad y prosperidad acorde a la línea
jurisprudencial constitucional.
Específicamente, señaló que la declaratoria de existencia de un defecto
procedimental en la providencia atacada no cumple con el requisito de error
manifiesto para su procedencia. Al respecto explicó:
En el presente caso tenemos que la señora inspectora de policía para
identificar el bien objeto de la perturbación tuvo en cuenta los folios de
matrícula inmobiliaria, las escrituras públicas y además de conformidad con el
artículo 131 del código de policía. En él se dice:
Cuando
se trate de diligencias tendientes a verificar el estado y la tenencia de
inmuebles frente a actos de perturbación, se practicará siempre una inspección
ocular con intervención de peritos y se oirá dentro de tal inspección a los
declarantes que presenten el querellante y el querellado.
De manera que lo pertinente para verificar el estado y la tenencia
del inmueble materia de perturbación era adelantar una inspección ocular con la
intervención de peritos y escuchar a los declarantes que presenten querellante
y el querellado, así como lo llevó a cabo la señora inspectora de policía.
De otra parte, como quiera que el accionante dice que el peritazgo [sic] no generó certeza sobre el inmueble, debo decir, que si
bien el perito evalúa lo que se le pone de presente, el juez y en este caso el
inspector en ejercicio de función jurisdiccional se constituye en perito de
perito.
(…)
En el presente asunto, no vemos ni error de derecho ni de hecho que
le permitan al juez de tutela afirmar la vulneración al debido proceso
probatorio dado que los peritos aclararon la situación y el inspector en su
condición de perito de perito consideró que está clarificada la situación.
Entonces, si el error debe ser manifiesto y de conformidad con la actuación
procesal la diligencia se llevó a cabo de conformidad con lo establecido en el
artículo 131 del  código de policía, considera este ministerio público que al
no ser manifiesta la presunta violación, dicho requisito no se configura, razón
por la cual no paso a estudiar los demás requisitos concurrente de prosperidad.
3.- Decisión de segunda instancia
Mediante sentencia del 22 de julio de 2013, el Juzgado Séptimo Civil
del Circuito de Cartagena revocó la decisión del a quo y negó el amparo
solicitado, al estimar que en el presente caso ha quedado descartada la
configuración de requisito especial alguno de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y dado que en particular no existe
prueba de los defectos -procedimental y orgánico- en los que, sin tipificarlos
de esa forma, se basó de manera por demás infundada y contraevidente la
decisión impugnada (…).
Respecto del defecto procedimental, el ad quem señaló:
En síntesis, no advierte este juzgado que en el curso del aludido
proceso policivo las autoridades públicas accionadas hubieren incurrido en
defecto procedimental alguno, habida cuenta que el expediente del mismo muestra
que la conductora de dicha actuación en primera instancia se ciñó con rigor a
la normatividad reguladora de tal especie de querella policiva, citando en
debida forma a la parte querellada y salvaguardando a lo largo de aquella la
garantía del debido proceso y el derecho de defensa de esta parte, la cual, tal
como se ha expuesto, intervino activamente en ella haciendo uso de los derechos
que la ley le reconoce; como que, solo para recabar en ello, se destaca
nuevamente que la mencionada funcionaria de policía decretó y practicó la
inspección ocular de rigor con intervención de peritos, sobre los inmuebles a
los que se contrajo la querella; pruebas estas que permitieron establecer no
solo la determinación del predio continente de los que fueron objeto de la
querella, sino también la plena identificación y localización de estos últimos
y su correspondencia con los que fueron inspeccionados y sobre los cuales versó
el dictamen, despejando cualquier duda sobre la identidad entre aquellos y
estos (a folio 872 del cuaderno 1).
Concluyó que al descartarse la presencia del defecto procedimental
en la actuación policiva seguida por la Inspectora de Policía de la Comuna #13 de
Cartagena (funcionaria que actuó en debida forma, observando a cabalidad el
procedimiento policivo) y, al evidenciarse una precaria motivación en el
fallo impugnado (por omitir la verificación de los requisitos generales de
procedibilidad y prosperidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales), procede insoslayablemente la revocatoria de la sentencia de
primera instancia.
III.- ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
1. Adopción de
medida cautelar
1.1. En sede de revisión, la accionante
allegó sendos escritos en los que informa las últimas actuaciones surtidas en
el presente caso. Manifestó que, el 10 de diciembre de 2013, se había fijado
fecha para la diligencia de desalojo, la cual se cumpliría en ese mismo mes. En
escrito del 31 de enero de 2014 reiteró la solicitud de medida cautelar, dado
que la diligencia de desalojo había sido aplazada para el mes de febrero e
informó sobre la ocurrencia de actos de vandalismo en los terrenos materia de
litigio.
La Sala Cuarta de Revisión consideró necesario adoptar medidas
provisionales con el objeto de precaver la afectación del derecho fundamental
del debido proceso de la accionante Manuela Miranda Payares, contra quien se
adelanta un procedimiento policivo, en virtud del cual podría ser despojada del
lote que afirma ha estado bajo la posesión de su familia durante más de 30
años, lo cual podría hacer nugatorio los efectos de la decisión que adopte esta
Corte.
En razón a lo anterior, mediante auto del 3 de marzo de 2014, esta
Corporación resolvió:
PRIMERO.- Como medida
provisional, ORDENAR a la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de
Gobierno Nº 13 de Cartagena (Barrio El Recreo) que suspenda, de forma
inmediata, el trámite de cumplimiento de la Resolución     Nº 007 del 19 de
octubre de 2011 proferida dentro del proceso policivo de perturbación a la
posesión, iniciado por la Urbanizadora Caribe SA contra Manuela Miranda Payares
y se abstenga de fijar fecha para la diligencia de desalojo, hasta tanto esta
Corporación se pronuncie de fondo sobre la procedencia o no de la acción de
tutela.
SEGUNDO- Por la Secretaría
General de la Corte Constitucional, comuníquese el contenido de este auto a la
Alcaldía Mayor de Cartagena, a la Secretaría del Interior y Convivencia
Ciudadana, y a la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno Nº 13
de Cartagena (Barrio El Recreo), para que dispongan lo necesario para su
cumplimiento.
1.2. El 11 y 12 de agosto de 2014, la
Secretaría General de esta corporación informó al despacho del Magistrado
ponente que se recibieron sendos memoriales suscritos por la accionante Manuela
Miranda Payares, en los que puso en conocimiento de esta Corporación lo
siguiente:
El día 6 de agosto del año en curso siendo aproximadamente las 8:30
horas a.m. se me presentaron al predio los señores Mayor de la policía WILSON
MORENO, el Teniente de la Policía ISAIAS HERNANDEZ, acompañado de un sin número
de policías uniformados y un grupo del ESMAD, ingresaron de manera violenta a
mi predio, cometiendo toda clase de atropellos y lanzando improperios y
palabras soeces en contra mía y de mis trabajadores y familiares y utilizando
maquinaria pesada como buldócer, Caterpillar y procedieron a destruir las casas
construidas durante muchos años por mi persona, las cuales demostraban la
posesión que he ejercido dentro del globo de terreno de mayor extensión que se
encuentra en litigio con la sociedad Urbanizadora del Caribe SA.
Los uniformados manifestaron que actuaban con orden del General de la
Policía que es el Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena y también
por orden según su dicho por la Corte Constitucional; por esta razón nos dimos
a la tarea de acudir a las diferentes entidades de control así como a la
comandancia de la Policía para averiguar dicha orden de desalojo y ninguna
entidad confirmó dicha orden, de la misma manera consultamos por la Secretaría
de la Corte Constitucional y también manifestaron que no existía ningún tipo de
desalojo por parte de esta corporación.
Así mismo, el 14 de agosto de 2014, la Secretaría General de esta
corporación informó que recibió un escrito firmado por la demandante, en el que
expuso de manera detallada los hechos ocurridos el 6 de agosto de 2014,
aportando para ello registros fotográficos y filmográficos de lo acontecido.
1.3. Así las cosas, la Sala Cuarta de
Revisión decidió recaudar información sobre lo acontecido el 6 de agosto de
2014, en el predio objeto de esta acción de tutela y, en consecuencia, en auto
del 14 de agosto de 2014, resolvió:
PRIMERO.- REQUERIR al comandante de la Policía Metropolitana de
Cartagena y a la Inspección de Policía de la
Unidad Comunera de Gobierno    Nº 13 de Cartagena (Barrio El Recreo), para que,
dentro de las  cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de este
auto, se sirva:
(i)
informar si es cierto o no lo manifestado
por la actora, en cuanto al desalojo presuntamente llevado a cabo por personal
de la policía nacional, el día 6 de agosto de 2014;
(ii)
de ser cierto, explicar cuál fue el
fundamento legal, judicial o administrativo para llevar a cabo ese
procedimiento de desalojo, en desconocimiento de la orden de la Corte
Constitucional de suspender el trámite de cumplimiento de la Resolución Nº 007
del 19 de octubre de 2011 proferida dentro del proceso policivo de perturbación
a la posesión y de abstenerse de fijar nueva fecha para la diligencia de
desalojo, hasta tanto esta Corporación se pronuncie de fondo sobre la
procedencia o no de la acción de tutela.
Adicionalmente, deberá remitir a esta Corporación la documentación
que soporte su respuesta al presente requerimiento.
(…)
TERCERO.- Por Secretaría General
de esta Corporación, OFICIAR a la Defensoría del Pueblo.-.SECCIONAL
BOLÍVAR, para que, en el término de cinco (5) días, contados a partir de la
comunicación de este auto, realice nueva visita y le informe a la Sala el
estado actual (edificaciones, cultivos, servicios públicos, infraestructura,
residentes, etc.) en la que se encuentra el predio en litigio, ubicado en
inmediaciones de la urbanización Villa Rosita, denominado Bajo Miranda del
sector de Doña Manuela de la ciudad de Cartagena, en virtud de los nuevos
hechos relatados por la actora.
Adicionalmente, deberá remitir a esta Corporación la documentación
que soporte su respuesta al presente requerimiento.
1.4. El 3 de septiembre de 2014, la
Secretaría General de esta corporación informó al despacho del Magistrado
ponente que se recibieron las siguientes comunicaciones:
·
Oficio del 22 de agosto de 2014, suscrito por la
Inspectora de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno #13 de Cartagena (a
folios 344 al 347 del cuaderno principal) en el que manifiesta no haber emitido
orden alguna para que se realizase algún tipo de desalojo, ni haber tenido
conocimiento sobre la realización de alguna actuación de ese tipo en los lotes
objeto de debate dentro del proceso policivo en cuestión, máxime cuando este
proceso se encuentra suspendido en virtud de lo ordenado en auto de fecha junio
tres (3) de dos mil catorce (2014) emitido por esta inspección de policía en
cumplimiento a lo ordenado por ese alto tribunal. Remite copia del auto
referido como soporte de lo afirmado.
·
Oficio DPRB-5003-ERB-001672, del 27 de agosto de
2014, firmado por la Defensora del Pueblo -Regional Bolívar- (a folios 348 al
351 del cuaderno principal, enviado por fax y el original obra a folios 364 al 367
del cuaderno principal) en el que extracta del informe rendido por el defensor
público adscrito, lo siguiente:
Me presenté al predio ubicado en inmediaciones de la Urbanización
Villa Rosita, denominado bajo miranda del sector de Doña Manuela de la ciudad
de Cartagena, el día 24 de agosto de 2014 en las horas de la mañana (8:30 a.m.
aproximadamente), sin embargo, personal de seguridad de la empresa Urbanizadora
del Caribe SA, en número de siete (7) agentes debidamente armados, con armas de
fuego, no me permitieron acceso al predio, por lo cual, la comisión se adelantó
a medias, sin ser posible la constatación de las edificaciones, cultivos
existentes, servicios públicos, así como de los residentes en el predio.
A pesar de lo anterior, desde el lugar hasta donde pude llegar,
observé que la Urbanizadora del Caribe SA, levantó avisos en los que se lee:
‘NO SE VENDE, NO SE PERMUTA, NO SE ARRIENDA’, así mismo, me percaté de que la
empresa URBANIZADORA DEL CARIBE SA cercó el predio con alambre de púa de cinco
cuerdas y otros tramos reemplazó la cerca de alambre por pared de cemento, todo
con madera nueva, madrinas ubicadas a un metro de distancia de una a otra,
alrededor de todo el predio.
De otro lado, se aprecia que la pequeña caseta construida en la
entrada al predio verificada en la primera visita, que anunciaba ‘PREDIO DE LA
FAMILIA MIRANDA’ fue destruida, se instalaron varios conteiner [sic] metálicos con leyenda alusiva al amparo policivo otorgado
por la RESOLUCIÓN expedida por la Inspección de Policía No.13 del Recreo.
Es de anotar, que por información de la Sra. Miranda sobre presencia
del ESMAD, en el predio en litigio, los días 6 y 7 de agosto del año en curso,
efectué visita por encargo de la Defensoría Regional, en la cual se confirmó
que sí hubo presencia policiva del ESMAD, en número aproximado de veinte agentes,
varios agentes de la Policía Nacional, policía montada en sus caballos que
merodeaban alrededor del predio, una camioneta y un camión pequeño de la
POLICÍA NACIONAL que se distinguía por el logotipo que lo caracteriza en su
parte externa.
Así mismo se pudo cotejar que la Urbanizadora del Caribe SA el día 6
y 7 de agosto de 2014 presentó en el predio maquinaria pesada como buldozer [sic], retroexcavadora e hizo movimiento de tierra, reforzó las
cercas con alambre nuevo, no permitió acceso a la familia Miranda por el lugar
por donde varios años ha venido transitando hacia las viviendas construidas en
el centro del predio.
·
Oficio S-2014- (sin número) /MECAR-ASJUR 1.5 del
21 de agosto de 2014, firmado por el Coronel Jorge Luis Ramírez Aragón, Comandante
de Policía Metropolitana de Cartagena (obra a folios 352 y 353 del cuaderno
principal), en el que informó sobre lo requerido por este Tribunal, así:
(…) mediante oficio sin No y sin fecha se allega solicitud de
acompañamiento policivo por parte del señor GILBERTO ENRIQUE ALVAREZ MULFORD
quien es el representante legal de la URBANIZADORA DEL CARIBE SA con NIT
890.404.990-0 informando que dará inicio actividades de Ingeniería Civil a
partir del cuatro (4) de agosto de 2014, a lo que este comando cumpliendo con
el deber constitucional procede a brindar dicho apoyo policivo al ciudadano en
comento con personal de vigilancia, lo que quiere decir que el personal del
ESMAD no fue convocado para brindar dicho apoyo, saltando a la vista que las
afirmaciones de la accionante están muy lejos de la realidad.
Posteriormente, mediante comunicación S-2014-001882/MECAR-ASJUR 1.5
del 8 de septiembre de 2014 (obra a folios 371 al 381 del cuaderno principal),
el Coronel Ramírez Aragón amplió su respuesta inicial, realizando las
siguientes precisiones:
* La Policía Nacional no practicó desalojo alguno, ni procedimiento
tendiente a restituir la posesión en beneficio de parte interesada.
* La institución policial a lo largo del procedimiento de
acompañamiento no encontró oposición alguna, de ser así está claro que debía
suspenderse el acompañamiento, con el fin se diriman las diferencias antes
autoridades en materia policiva (alcaldes, inspectores) y/o judiciales.
* El acompañamiento institucional se enmarcó dentro de las
competencias atribuidas constitucional y legalmente a la Policía Nacional.
* En cuanto al ESMAD, se reitera que las unidades que estuvieron
presentes en el procedimiento lo hicieron de manera preventiva y en ningún
momento fue necesaria su actuación frente a hechos que no trascendieron hasta
alterar el orden público.
1.5. Vistas así
las cosas, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, considera
necesario precisar que esta Corporación, en reiterada jurisprudencia[16],
ha señalado que:
El cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más
importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y
Democrático de Derecho (CP art. 1º) que se traduce en la sujeción de los
ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta
garantía constituye grave atentado al Estado de Derecho, ya que conllevaría
restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las
decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en
formas insustanciales, carentes de contenido (…)[17]. Así, no es posible hablar de Estado
de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se
les atribuye un carácter meramente dispositivo[18].
Adicionalmente, el incumplimiento de las decisiones judiciales es un
atentando contra (…)  los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada
porque le resta efectividad a la orden dada por la autoridad competente[19].
Cuando la orden judicial está dirigida a un funcionario público la
Corte ha sido particularmente enfática en indicar que “todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el
más humilde (…)  tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a
evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido
proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que
quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación
perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el
imperio de las garantías constitucionales”[20], como en el presente caso.
En consecuencia, la Corte compulsará copia de esta providencia a las
diferentes autoridades competentes (Policía Nacional, Procuraduría General de
la Nación, Fiscalía General de la Nación) para que, si así lo consideran,
inicien las investigaciones a que haya lugar, según los hechos de la presente
acción de tutela.
2. Escritos y
peticiones de la accionante
La accionante
Manuela Miranda Payares ha remitido a esta Sala diversos escritos[21],
reiterando los hechos ocurridos el 6 y 7 de agosto de 2014 y, particularmente, solicitando
la realización de una inspección judicial u ocular en los predios objeto de
esta acción, con el propósito de que sean verificadas sus afirmaciones y
demostrar sus actos de posesión.
Es de señalar
que el 2 de febrero de 2015 (a folios 432 y 433 del cuaderno principal), la
accionante manifestó que:
(…) el día 22 de diciembre de 2014, en litigio trenzado con
la empresa de vigilancia CAXAR, colocados en mi tierra por la firma
Urbanizadora del Caribe SA, junto con mis trabajadores nuevamente retomamos
el animus y corpus del restante de tierra que de una manera abrupta y
violenta nos había sido despojada por personal de la Policía Nacional y la
firma antes descrita, hecho que fue puesto en conocimiento de esa Honorable
Corte, queriendo decir esto que a la fecha ejercemos la posesión material
del globo de mayor extensión. (Negrilla fuera de
texto original)
De otra parte, con oficio del 20 de abril de 2015 (a folio 443 del cuaderno principal), la actora informó que está
siendo hostigada, reprimida y amenazada por el personal que presta sus
servicios de vigilancia a la Urbanizadora del Caribe SA.
Así mismo, mediante oficio del 12 de junio de 2015 (a folio 465 del cuaderno principal), solicitó agilizar el
pronunciamiento de fondo del presente asunto, en los siguientes términos:
(…) yo y mis trabajadores estamos temerosos de que el personal de la
Urbanizadora del Caribe con su grupo armado CAXAR y con ayuda de la Policía
Nacional y algunos funcionarios corruptos que hay en Cartagena, ingresen de
nuevo y nos despojen de nuevo de mi tierra, por tal motivo le SOLICITO el favor
que FALLE DE FONDO el expediente numerado T-4.080.985 teniendo en cuenta todo
el acervo probatorio que he aportado y reposa en su despacho. Ya que todo
volvió a su antiguo estado normal y me encuentro gozando de mi predio en su
totalidad. (Negrilla fuera de texto original)
3. Pruebas
solicitadas por la Corte Constitucional
3.1. Auto del 3 de marzo de 2014
Esta Sala de Revisión concluyó que era
necesario recaudar algunas pruebas, con el fin de esclarecer los supuestos de
hecho que originaron la acción de tutela de la referencia y allegar al proceso
elementos de juicio relevantes para adoptar la decisión que corresponde.
3.1.1. En consecuencia, ordenó suspender
el término para fallar el proceso de la referencia, mientras se surtía el
trámite correspondiente, y solicitó las siguientes pruebas:
TERCERO.- Por Secretaría General
de esta Corporación, OFICIAR a la Inspección de Policía de la Unidad
Comunera de Gobierno Nº 13 de Cartagena (antigua carretera de Ternera - Barrio
El Recreo), para que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la
comunicación de este auto, con destino al expediente de la referencia, envíe
una relación de las actuaciones y estado actual del proceso policivo adelantado
en contra de la señora Manuela Miranda Payares, identificando los lotes objeto
del referido proceso policivo.
Adicionalmente, deberá remitir a esta Corporación la documentación
que soporte su respuesta al presente requerimiento.
CUARTO.- Por Secretaría General
de esta Corporación, OFICIAR a la Defensoría del Pueblo.-.SECCIONAL
BOLÍVAR, para que, en el término de cinco (5) días, contados a partir de la
comunicación de este auto, le informe a la Sala: (i) cuál es la situación
personal, familiar y económica en la actualidad de la señora Manuela Miranda Payares,
C.C. 33.130.577 (Bulevar de La Castellana, Avenida Del Consulado, Torre 2,
Apartamento 501); (ii) cuál es el estado actual del proceso policivo adelantado
en su contra por parte de la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de
Gobierno Nº 13 de Cartagena (Barrio El Recreo) y (iii) en qué estado de
edificación, siembra, servicios públicos, infraestructura, etc. se encuentra el
predio en litigio, ubicado en la Manzana I del sector LOS OLIVOS del Conjunto
Residencial La Arboleda (Carretera de la Cordialidad) de la ciudad de
Cartagena, localización que deberá ser verificada, igualmente.
Adicionalmente, deberá remitir a esta Corporación la documentación
que soporte su respuesta al presente requerimiento.
QUINTO.- Por Secretaría General, OFICIAR
a la señora Manuela Miranda Payares (en Bogotá D.C. en la Calle 19 #4-74
Ofic. 1001 y en Cartagena en Bulevar de La Castellana, Avenida del Consulado,
Torre 2, Apartamento 501) para que en el término de cinco (5) días contados a
partir de la comunicación del presente auto, con los correspondientes
documentos que respalden sus afirmaciones, se sirva informar a esta Sala cuál
es su situación económica actual, específicamente, lo siguiente:
·
De qué actividad económica deriva sus
ingresos.
·
Si tiene algún tipo de vinculación laboral,
indicando el correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa, señale
el monto mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique
cuál es la fuente de sus ingresos.
·
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles,
indicando, en caso positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de
ellos.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes
y cuántos.
·
Señale la relación de gastos mensuales por
todo concepto (alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
Cuál es su estado de salud, en caso de
presentar alguna enfermedad o condición, anexar historia clínica.
Adicionalmente, deberá remitir a esta Corporación las pruebas
documentales que considere pertinentes.
SEXTO.- Por Secretaría General, OFICIAR
a la Oficina de Planeación municipal de la Alcaldía de Cartagena (Bolívar),
para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación
del presente auto, se sirva expedir concepto de uso del suelo, sobre la zona en
discusión que consiste en los lotes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35
de la Manzana I del sector LOS OLIVOS del Conjunto Residencial La Arboleda
(carretera de la Cordialidad) de la ciudad de Cartagena.
En caso de no ser de su competencia, deberá remitir a la entidad
competente e informar a esta Sala de lo gestionado.
SÉPTIMO.- Por Secretaría General,
OFICIAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que en el término
de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente auto, se
sirva conceptuar si el terreno cuya posesión, presuntamente, se encuentra en
cabeza de la demandante, corresponde y/o se encuentra incluido dentro de los
lotes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Manzana I del sector LOS
OLIVOS del Conjunto Residencial La Arboleda (carretera de la Cordialidad) de la
ciudad de Cartagena. En caso afirmativo, deberá identificarlos y señalarlos en
plano cartográfico, remitido a esta Corporación.
OCTAVO.- Por Secretaría General, OFICIAR
al apoderado de la sociedad URBANIZADORA DEL CARIBE (Carrera 7 # 113-43
Ofic.1204 - Bogotá), para que en el término de cinco (5) días contados a partir
de la comunicación del presente auto, remita a esta Sala, el certificado de
tradición y libertad correspondiente a los predios objeto de esta tutela. En su
defecto, allegar sentencia judicial en la que se le reconozca el respectivo
título de propiedad. Al igual que los restantes documentos relacionados con el
derecho que considera le asiste sobre los aludidos terrenos adicionales a los
que hacen parte del expediente de la solicitud de desalojo.
3.1.2. El 17 de junio de 2014, la
Secretaría General de esta corporación informó al despacho del Magistrado
ponente que se recibieron los siguientes escritos:
·
Oficio No. 01059 del 10 de junio de 2014,
firmado por la defensora del pueblo regional Bolívar (a folios 234 al 237 del
cuaderno principal, enviado por fax y su original obra a folios 643 al 668 del
cuaderno de pruebas) en el que resalta lo siguiente:
Visitó la vivienda familiar ubicada en el bulevar de la Castellana
en la ciudad de Cartagena, logrando constatar que la accionante convive en
unión libre, que los ingresos familiares promedio mensuales son de seis
millones de pesos ($6.000.000) y que tiene siete (7) hijos, todos  mayores de
edad.
Realizó un exhaustivo informe sobre el estado actual del proceso
policivo, adelantado por parte de la Inspección de Policía de la Unidad
Comunera de Gobierno No.13 de Cartagena, en contra de Manuela Miranda Payares, advirtiendo
que la última actuación de dicha autoridad policiva consiste en el auto que
ordena acatar la suspensión de todas sus diligencias hasta tanto esta
Corporación se pronunciase de fondo.
Respecto del estado del predio en litigio (adjuntó 18 registros
fotográficos), informó lo siguiente:
De la visita se verificó que al inmueble se ingresa a través de la
carretera La Cordialidad, por las calles de la Urbanización VILLA ROSITA y allí
se encuentra una caseta pequeña que dice ‘PROPIEDAD PRIVADA FAMILIA MIRANDA’,
encontramos en una parte del inmueble un pequeño cultivo de yuca, plátano,
mango, papaya, pasto y en otro costado del predio está ubicada una institución
educativa del Distrito de Cartagena a la que llaman “Megacolegio”, igualmente se encontró unas columnas o varillas
que según se informa sería donde a futuro funcionarían instalaciones de la
empresa TRANSCARIBE. Igualmente se percató en la visita, de un pequeño corral
con crías de cerdo y gallinas. Así mismo hay cuatro estructuras pequeñas de
material que la familia Miranda manifiesta usar para diferentes menesteres,
señalando que gozan del servicio de energía eléctrica y agua potable, no hay
servicio de gas natural (Folio 237 del cuaderno principal).
·
Oficio No. 8002014EE6825-01, del 3 de junio de
2014, suscrito por el subdirector de catastro del IGAC (a folio 238 del
cuaderno principal) en el que informa que se ha dado
traslado a la Dirección Territorial Bolívar, por ser de su competencia.
·
Escrito firmado por Manuela Miranda Payares,
recibido el 5 de junio de 2014 (a folios 239 al 272 del cuaderno principal),
dando respuesta a lo requerido por esta Corporación, del que se extracta lo
siguiente:
RELACION DE BIENES
No aparezco inscrita como propietaria de bienes raíces ante las
oficinas del IGAC y Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena.
Soy poseedora material de un inmueble de aproximadamente 35
hectáreas que son objeto de controversia en el proceso policivo cuestionado
mediante tutela en revisión. Estas 35 hectáreas de terreno hacen parte de un
globo de mayor extensión de una caballería de tierra denominada “MUCURA, O CONCEPCION MELENDES O ESTANCITA”, adquirida por mi
difunto abuelo GABRIEL MIRANDA JULIO, en juicio de pertenencia del juzgado
Primero Civil del Circuito de Cartagena, sentencia de fecha 21 de noviembre de
1960, la cual no pudo inscribirse en el Registro Público debido a la muerte de
mi abuelo, pero es necesario que esta corporación conozca que dicho proceso fue
extraído del juzgado por manos criminales con el fin de desaparecerlos definitivamente
como medio de prueba como consta en sendos memoriales que los herederos de mi
abuelo hemos presentado ante dicho juzgado.
Existen anotaciones del juzgado Primero Civil del Circuito de
Cartagena, sobre el proceso de sucesión, tramitado por el doctor RH DE LA
VAKKE, mediante poder de mi tía TRANSITO MIRANDA, cuya anotación aparece en el
libro No. 1  de sucesiones folio 33 donde se declara la existencia del proceso
de sucesión de GABRIEL MIRANDA JULIO, sobre una caballería de tierra,
denominada MUCURA, sector Bajo Miranda, este proceso también fue desaparecido
del juzgado por manos criminales, pues las 35 hectáreas hacen parte de la
caballería de tierra prescrita por mi abuelo y mi familia ha venido ejerciendo
posesión material sobre buena parte de la tierra de generación en generación
hasta la fecha presente.
Aun [sic] no se ha hecho avaluó
comercial del globo de tierra en posesión debido al litigio que enfrento
actualmente.
·
Memorial, recibido el 5 de junio de 2014,
suscrito por el apoderado principal de la sociedad Urbanizadora del Caribe (a folios
340 al 536 del cuaderno de pruebas) dando respuesta a lo requerido por esta
Corporación, del que se extracta lo siguiente:
Remitió los certificados de tradición y libertad, con matrículas
inmobiliarias números 060-204083 al 060-204093 (numeración consecutiva y obran
a folios 345 al 377 del cuaderno de pruebas) y manifiesta que corresponden a
los predios objeto de esta tutela.
Realizó un recuento de lo ocurrido, del cual se resalta lo
siguiente: La sociedad Urbanizadora del Caribe es propietaria inscrita de un
lote de terreno ubicado en inmediaciones de la Urbanización Villa Rosita (…) y
tal calidad se ha venido ejerciendo de manera pública, pacífica e
ininterrumpida, realizando labores de cercado, corte de maleza y monte,
contratación de vigilancia privada, etc.; es decir, actividades de cuidado
general del lote. Manifiesta que, de forma intempestiva y arbitraria, alguien
ocupó una franja de ese terreno, más exactamente los lotes que van del 25 al
35 de la manzana I del sector Los Olivos del Conjunto Residencial la Arboleda
de la ciudad de Cartagena.  Motivo por el cual se procedió a instaurar una
querella policiva por perturbación a la posesión contra personas indeterminadas
en la Inspección No.13 Barrio el Recreo de Cartagena, que culminó con la
Resolución 007 de 2011 y confirmada en todas sus partes por la Resolución 2832
de 2013.
Informó que, a la fecha, la señora Manuela Miranda Payares  ha
presentado seis (6) acciones de tutela y anexa en copia simple las providencias
respectivas (obran a folios 378 al 535 del cuaderno de pruebas). Señaló que en
todas estas peticiones de amparo, la actora ha solicitado la medida preventiva
de suspensión de la diligencia de desalojo, logrando evadir el cumplimiento de esta
última.
·
Oficio recibido el 12 de junio de 2014, enviado
por la Inspectora de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno No.13 de
Cartagena (a folios 273 al 279 del expediente principal), en el que relaciona y
anexa copia completa de las actuaciones surtidas en el proceso policivo en
primera y segunda instancia (inspecciones oculares, incidente de nulidad
promovido por la parte querellada, pronunciamientos de fondo, fijación de fecha
para la diligencia de lanzamiento y suspensión de la audiencia por órdenes
constitucionales; los anexos consisten en cinco carpetas que contienen 1025
folios, las cuales forman parte integral del expediente T-4.080.985).
Respecto del estado del proceso policivo, informó que la querella
fue admitida el 16 de febrero de 2011, que se fijó como fecha para hacer la
diligencia de inspección ocular el día 8 de marzo de 2011 y que la señora
Manuela Miranda Payares se hizo parte del proceso el 25 de febrero de 2011; que
se profirió la Resolución No. 007 de 19 de octubre de 2011, la cual fue apelada
y el 15 de mayo de 2013 se recibió el expediente, luego de haber sido surtida
la actuación en segunda instancia.
Aclaró que la diligencia de desalojo no se ha ejecutado, a pesar de
haberse fijado fecha en múltiples ocasiones, en razón a diversas medidas
provisionales dictadas en diferentes acciones de tutela promovidas por la
accionante Manuela Miranda Payares, en las cuales los jueces han coincidido en
declarar la improcedencia del amparo constitucional.
Concluyó que, en la actualidad, el proceso se encuentra
paralizado en cumplimiento a la orden emitida por la Corte Constitucional y no
se realizará ninguna actuación hasta tanto ese tribunal decida la primera
tutela presentada contra ese proceso policivo y ordene a este despacho lo
pertinente[22].
En cuanto a la identificación de los lotes objeto del proceso,
explica la inspectora lo siguiente:
Como quiera que estamos en presencia de un proceso policivo de
perturbación a la posesión, el despacho en cumplimiento a lo ordenado por el
artículo 127 del Código Nacional de Policía, para la identificación plena del
inmueble objeto del debate se apoyó en los conocimientos técnicos de dos
peritos.
Los peritos designados en este proceso, señores Héctor Jiménez
Vanegas y Álvaro Galarza Acevedo realizaron su experticia, rindieron su informe
y entregaron al despacho un plano en el cual identifican y ubican los once
lotes objeto del proceso (lotes del 25 al 35 de la manzana I sector Los Olivos
Urbanización La Arboleda).
Es de tenerse en cuenta que tal dictamen pericial fue puesto a
disposición de las partes como lo ordena la Ley y la parte querellada solicitó
aclaración del mismo.
La aclaración del dictamen fue realizada por los peritos y la misma
fue puesta a disposición de las partes quienes no la tacharon de ninguna
manera.
El despacho una vez concluido el debate probatorio y antes de dictar
sentencia determinó de oficio ordenar a los peritos que aclararan y
complementaran el dictamen pericial.
Los peritos procedieron a lo ordenado por el despacho y realizaron
la aclaración y complementación del dictamen pericial, obrante a folios 529 a
534 del expediente y en el mismo manifiestan de forma clara que existe plena
identidad entre los lotes mencionados en la querella y los identificados en la
experticia, esa aclaración fue puesta a disposición de las partes en audiencia
de fecha 10 de octubre de 2011 en dicha audiencia los peritos hicieron el
cotejo y superpuesto de los planos en presencia de los apoderados de las dos
partes y se determinó que coincidían, a lo cual no hubo ningún inconformismo
por ninguna de las partes.
Por último, manifestó que como funcionaria ha sido respetuosa del
debido proceso, garantizando los derechos de las partes y así ha sido
dictaminado por los varios jueces que han decidido las acciones de tutela que
contra este proceso policivo se han presentado (…).
3.2. Auto del 9 de julio de 2014
3.2.1. Mediante
comunicación con radicado IGAC 1132014EE3281-O1 del 4 de julio de 2014, la
Directora Territorial Bolívar del IGAC, informó que, para atender la solicitud
de esta Corporación, era necesario tener acceso a los siguientes documentos:
folio de matrícula inmobiliaria, escritura pública y/o plano de levantamiento
topográfico de la zona objeto de estudio, ya que la información remitida no
es suficiente para poder conceptualizar lo oficiado.
En atención a la comunicación referida, el magistrado
ponente profirió, el 9 de julio de 2014, auto para mejor proveer, a fin de
obtener la información solicitada, requiriendo lo siguiente:
TERCERO.- OFICIAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Dirección Territorial
Bolívar[23], para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la
comunicación del presente auto, se sirva conceptuar si el terreno (de 35
hectáreas aproximadamente) cuya posesión, presuntamente, se encuentra en cabeza
de la demandante, terreno que hace parte de un globo de mayor extensión
denominado “Mucura” o “Concepción Melendes”
o “Estancita” -Sector Bajo Miranda- presuntamente, adquirido por el
señor Gabriel Miranda Julio, en juicio de pertenencia del Juzgado Primero Civil
del Circuito de Cartagena, en sentencia del 21 de noviembre de 1960, ubicado en
la parte posterior de la Urbanización Villa Rosita, según plano anexo,
corresponde y/o se encuentra incluido dentro de los lotes 25 (MI 060-204083),
26 (MI 060-204084), 27 (MI 060-204085), 28 (MI 060-204086), 29 (MI 060-204087),
30 (MI 060-204088), 31 (MI 060-204089), 32 (MI 060-204090), 33 (MI 060-204091),
34 (MI 060-204092) y 35 (MI 060-204093) de la Manzana I del sector LOS OLIVOS
del Conjunto Residencial La Arboleda (carretera de la Cordialidad) de la ciudad
de Cartagena.
En cualquier caso, deberá identificar y señalar los lotes de terreno
referidos en plano cartográfico, remitido a esta Corporación.
PARÁGRAFO. Para efectos de dar
cumplimiento a lo requerido en el este numeral, ORDENAR a la Secretaría
General de esta Corporación que, por su conducto, se expida copia y se remita
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Dirección Territorial Bolívar, del
informe pericial rendido en la querella policiva por perturbación a la
posesión, presentada por Urbanizadora del Caribe SA, que incluye levantamiento
planimétrico de la zona objeto de discusión, contenido a folios 122 al 146 del
expediente T-4.080.985.
3.2.2. El 29 de julio de 2014, la
Secretaría General de esta corporación informó al despacho del Magistrado
ponente que recibió el Oficio AMC-OFI-0055499 del 4 de julio de 2014, firmado
por la Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía Mayor de Cartagena, (a
folios 299 y 300 del cuaderno principal) mediante el cual conceptúa que los
lotes 25 al 35 del Conjunto Residencial La Arboleda se encuentran dentro del
área delimitada como área de Desarrollo del Plan Parcial del Triángulo de
Desarrollo Social y que su principal uso es residencial.
3.2.3. El 31 de julio de 2014, la
Secretaría General de esta corporación informó al despacho del Magistrado
ponente que recibió el Oficio No. 1132014EE3558-O1 del 23 de julio de 2014,
suscrito por la directora territorial del IGAC - Bolívar (a folios 537 al 642
del cuaderno de pruebas) en el que explicó que los lotes 25 (MI 060-204083), 26
(MI 060-204084), 27 (MI 060-204085), 28 (MI 060-204086), 29 (MI 060-204087), 30
(MI 060-204088), 31 (MI 060-204089), 32 (MI 060-204090), 33 (MI 060-204091), 34
(MI 060-204092) y 35 (MI 060-204093) de la Manzana I del sector Los Olivos del
Conjunto Residencial La Arboleda (carretera de la Cordialidad) de la ciudad de
Cartagena se encuentran ubicados en la manzana catastral #1220 del sector
catastral 05. De igual manera, precisó que:
(…) de acuerdo con las coordenadas indicadas en informe pericial y
en el plano de levantamiento topográfico realizado por el señor Héctor Jiménez
Vanegas, aportado con la providencia objeto de respuesta por esta territorial,
ellas recaen en un polígono conformado por las manzanas catastrales número
1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227- 1228- 1229- 1230- 1231- 1232- 1233- 1234-
1235- 1236- 1237- 1238- 1239-1240- 1241- 1242- 1243- 1244- 1245- 1246- 1247-
1248- 1249- 1250 y 1251 del mismo sector catastral 05; el cual se encuentra
sombreado en color azul en la plancha catastral que se anexa a esta respuesta;
con lo que podemos concluir que los predios indicados en el punto 3 de
la parte resolutiva que atañe a esta Dirección Territorial, no hacen parte
del polígono delimitado por las coordenadas aportadas en el informe pericial
que anexó su honorable despacho en la mencionada providencia. (Negrilla fuera de texto original)
Para los efectos, adjuntó dos planchas
catastrales - Anexos 1 y 2 (obran a folio 642 del cuaderno de pruebas), en las
que se sombrea en azul las coordenadas que identifican al lote de mayor
extensión (sombreado en azul en anexo 2) y se evidencia que los lotes
(identificados así en la querella presentada por Urbanizadora del Caribe SA y
amparados por orden policiva): 25 (MI 060-204083), 26 (MI 060-204084), 27 (MI
060-204085), 28 (MI 060-204086), 29 (MI 060-204087), 30 (MI 060-204088), 31 (MI
060-204089), 32 (MI 060-204090), 33 (MI 060-204091), 34 (MI 060-204092) y 35 (MI
060-204093) - (resaltados en azul en anexo 1) no se encuentran incluidos en el
referido terreno.
Para mayor claridad, esta
comunicación será categorizada, de ahora en adelante, como Informe IGAC # 1
- sobre lotes relacionados por querellante.
3.3. Auto del 14 de agosto de 2014
3.3.1. En virtud de que mediante auto
del 9 de julio de 2014, este Despacho dispuso oficiar al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, Dirección Territorial Bolívar, para que conceptuara si el
terreno cuya posesión, presuntamente, se encuentra en cabeza de la demandante,
ubicado en la parte posterior de la Urbanización Villa Rosita, corresponde y/o
se encuentra incluido dentro de los lotes 25 (MI 060-204083), 26 (MI
060-204084), 27 (MI 060-204085), 28 (MI 060-204086), 29 (MI 060-204087), 30 (MI
060-204088), 31 (MI 060-204089), 32 (MI 060-204090), 33 (MI 060-204091), 34 (MI
060-204092) y 35 (MI 060-204093) de la Manzana I del sector Los Olivos del
Conjunto Residencial La Arboleda (carretera de la Cordialidad) de la ciudad de
Cartagena. Una vez verificada la documentación allegada, el Despacho constató
que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Dirección Territorial Bolívar,
concluyó que los lotes referidos #25 al 35 (con MI 060-204083 a MI 060-204093)
se encontraban ubicados en la manzana catastral #1220 del sector catastral 05,
por lo que no hacen parte del polígono que conforma el lote de terreno ubicado
en inmediaciones de la urbanización Villa Rosita, denominado Bajo Miranda del
sector de Doña Manuela (identificado con las manzanas catastrales 1221 al 1251
del mismo sector catastral), y el cual corresponde a matrículas inmobiliarias
inscritas a nombre de Urbanizadora del Caribe SA. Así las cosas, el magistrado
ponente advirtió la necesidad de aclarar en mayor medida la ubicación del
predio en discusión en el caso sub judice. En consecuencia, profirió, el
14 de agosto de 2014, un auto para mejor proveer, requiriendo lo siguiente:
SEGUNDO.- OFICIAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Dirección Territorial
Bolívar[24], para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la
comunicación del presente auto, se sirva conceptuar si el terreno, identificado
por la poligonal ABCD[25], con las siguientes coordenadas:
VERTICE
LONGITUD OESTE
LATITUD NORTE
A
848.099.64
1’641.645.95
B
848.106.13
1’641.634.81
C
848.061.71
1’641.581.69
D
848.052.34
1’641.588.32
se encuentra incluido dentro del globo de terreno (ubicado en
inmediaciones de la urbanización Villa Rosita, denominado Bajo Miranda del
sector de Doña Manuela), conformado por el polígono identificado por el IGAC en
la plancha catastral (anexo 2) de la comunicación con radicado 1132014EE3558-01
del 30 de julio de 2014, comprendido por las manzanas catastrales del 1221 al
1251 del sector catastral 05 de la ciudad de Cartagena.
PARAGARAFO. En cualquier caso,
deberá identificar y señalar en plancha catastral el lote de terreno referido
(identificado por la poligonal ABCD) así como el lote de mayor tamaño, y
remitirla a esta Corporación. Así mismo, deberá informar las referencias
catastrales y matrículas inmobiliarias que le correspondan, de ser el caso.
3.3.2. El 15 de octubre de 2014, la
Secretaría General de esta corporación informó al despacho del Magistrado
ponente que se recibió el Oficio No. 1132014EE4774-O1 del 26 de septiembre de
2014, suscrito por la directora territorial del IGAC - Bolívar (a folio 386 del
cuaderno principal) en el que informó que:
(…) la poligonal formada por los puntos A.B.C.D., al
momento de plantarlo sobre la carta catastral 01-05-0571, podemos
percatar que dicho polígono ocupa el área parcial de los predios 01-05-1241-0001-000
y 01-05-1241-0002-000 y 01-05-1241-0035-000 de un total de
152.50m2 aproximadamente y dichos predios se hallan inscritos, a nombre de la URBANIZACION
DEL CARIBE SA Y COLLINS SA, registrados con los folios de matrícula
060-203105; 060-203071 y 060-203104, y la misma poligonal también ocupa un área
parcial de 694,10m2 del predio 01-058-0571-008-000 inscrito en el catastro a
nombre de ALVAREZ Y COLLINS SA e INVERSIONES LAS PALMERAS LTDA,
registrado con folio de matrícula inmobiliaria 060-51636.
Anexó plancha catastral en la que se plasma cartográficamente lo
señalado por la entidad (a folio 387 y 388 del cuaderno principal). Para mayor
claridad, esta comunicación será categorizada, de ahora en adelante, como Informe
IGAC # 2 - sobre lotes afectados por la perturbación.
3.4. Recuento de los hechos y decisiones del proceso policivo
Del acervo probatorio que obra en el expediente relacionado con el
procedimiento policivo de la querella por perturbación a la posesión, se colige
lo siguiente:
3.4.1. El proceso policivo se originó en
una querella por perturbación a la posesión presentada el 8 de febrero de 2011
por la sociedad Urbanizadora del Caribe SA contra personas indeterminadas y
admitida por la Inspección de Policía de la Unidad
Comunera de Gobierno #13 de Cartagena (el 16 de febrero de 2011) sobre el
inmueble urbano localizado en la ciudad de Cartagena, Conjunto Residencial
La Arboleda, sector Los Olivos, Manzana I, lotes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35 con matrículas inmobiliarias No. 060-204083, 060-204084,
060-204085, 060-204086, 060-204087, 060-204088, 060-204089, 060-204090,
060-204091, 060-204092, 060-204093.
Según el mapa aportado por la Urbanizadora del Caribe[26],
el Conjunto Residencial La Arboleda se divide en cinco (5) sectores: Los
Cedros, Los Abetos, Las Acacias, Los Robles y Los Olivos (identificado como
Poligonal 1 al 7, en el informe pericial), así:
La sociedad querellante manifiesta haber ejercido la propiedad y
posesión del inmueble, sin ningún tipo de violencia ni interrupciones hasta el
27 de enero de 2011[27], fecha en la que se tuvo conocimiento por medio de los vigilantes
encargados de su cuidado y mantenimiento, que personas indeterminadas habían
desplegado actos perturbadores de la posesión.
3.4.2. Durante el trámite del proceso
policivo, la inspectora de Policía de la Unidad
Comunera de Gobierno #13 de Cartagena ordenó una inspección ocular, el 30 de
marzo de 2011, en la que los peritos realizaron la debida valoración de campo,
rindiendo el informe respectivo[28],
en el que se identificó el predio de propiedad de la Urbanizadora del Caribe
SA, delimitado por la poligonal con los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(con sus coordenadas geográficas[29]).
Asimismo, identificaron la zona de la perturbación con la poligonal
ABCD (con sus coordenadas[30])
y concluyeron que esta se encuentra dentro del globo de terreno (poligonal 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7) ubicado en inmediaciones de la urbanización Villa Rosita,
denominado Bajo Miranda del sector de Doña Manuela.
3.4.3. Obra en el expediente, que se le
garantizó la oportunidad de contradicción y defensa a la peticionaria, durante
el proceso policivo en trámite. En efecto, manifestando la no concordancia
entre los lotes identificados en la querella y los terrenos objeto de
inspección, aquella solicitó aclaración del informe pericial. En consecuencia,
el 3 de octubre de 2011, la inspectora de policía consideró pertinente requerir
a los peritos, aclaraciones y adiciones al dictamen inicialmente rendido, en
cuanto a que el objeto de inspección ocular y prueba pericial es diferente
al objeto pretendido por el querellante a amparar, las cuales fueron
entregadas en audiencia del 10 de octubre de 2011.
Sobre la base de que quedó demostrado en el expediente que estos
coincidían, a partir de la realización del cotejo técnico y la superposición de
los planos del levantamiento topográfico del loteo del sector Los Olivos y del
plano presentado por la parte querellante (todo ello en presencia de los
apoderados de las partes), sin que la peticionaria o su apoderado presentara
objeción o inconformidad alguna, se prosiguió la actuación respectiva.
3.4.4. En consecuencia, mediante
Resolución 007 de 19 de octubre de 2011, la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno #13 de Cartagena decidió AMPARAR
la posesión que ejerce Urbanizadora del Caribe SA sobre los lotes 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la manzana I del sector Los Olivos del
Conjunto Residencial La Arboleda de la ciudad de Cartagena, individualizados
con los siguientes folios de matrícula inmobiliaria: 060-204083, 060-204084, 060-204085,
060-204086, 060-204087, 060-204088, 060-204089, 060-204090, 060-204091,
060-204092, 060-204093,  y por ende RESTITUIRLE los mismos al querellante
[31].
Al momento de la impugnación, nuevamente la parte querellada
manifiesta su inconformidad con relación a que los lotes mencionados y
materia de este litigio sean los que determinó la experticia [32].
Concedido el recurso, en el efecto suspensivo, el 28 de octubre de
2011, se remitió el expediente a la Secretaría del Interior y Convivencia
Ciudadana  de la Alcaldía Distrital de Cartagena, como autoridad competente,
quien, mediante Resolución 2832 de 25 de abril de 2013, confirmó en todas sus
partes la providencia recurrida.
3.5. Síntesis de lo probado en sede de revisión
Para
mayor comprensión de lo expuesto, la Sala de Revisión presenta la siguiente
tabla de referencias:
Referencia
Detalle
Lote #1
Poligonal 1-7 (lote de mayor extensión, que corresponde al
proyecto del sector Los Olivos del Conjunto Residencial La Arboleda.
Lote #2
Lotes #25 al 35 (con MI 060-204083 a MI 060-204093), identificados
por la Urbanizadora del Caribe SA al momento de iniciar la querella policiva
y en sus alegatos; área localizada en el Informe IGAC # 1.
Lote #3
Polígono ABCD (zona de perturbación identificada en el dictamen
pericial), área localizada en el Informe IGAC # 2.
Ahora
bien, según las pruebas recaudadas en sede de revisión, este Tribunal pudo
constatar que:
3.5.1. Los lotes referidos #25 al 35 (Lote #2), se encuentran ubicados en
la manzana catastral #1220 del sector catastral 05 y no hacen parte del
polígono que conforma el lote de terreno de mayor extensión, denominado sector
Los Olivos, identificado con las manzanas catastrales 1221 al 1251 del
mismo sector catastral. En efecto, según las planchas catastrales remitidas por
el IGAC - Regional Bolívar, en el Informe IGAC # 1 se advierte que
los lotes # 2 (identificados por la Urbanizadora del Caribe SA al momento
de iniciar la querella policiva y en sus alegatos) no se encuentran dentro
del lote # 1 (verificado en la inspección ocular) identificado como
poligonal 1-7.
3.5.2. Así las cosas, en sede de
revisión, mediante auto del 14 de agosto de 2014, se solicitó oficiar al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Dirección Territorial Bolívar, para que conceptuara
sobre la localización del Lote # 3  (zona de perturbación identificada
en el dictamen pericial) y, particularmente, si se encuentra ubicado dentro del
Lote # 1 (proyecto Los Olivos del Conjunto Residencial La Arboleda.).
Advierte
la Sala Cuarta de Revisión que, según información remitida por el IGAC-Regional
Bolívar mediante Informe IGAC # 2, que la zona de
perturbación (Lote # 2 - identificada como Poligonal  ABCD
en el informe pericial y sus aclaraciones) sí se encuentra dentro del Lote
# 1 (que corresponde al terreno de mayor extensión denominado Sector
Los Olivos), afectando un área que corresponde a lotes inscritos
con las matrículas inmobiliarias No. 060-203105, 060-203071 y 060-203104, y
060-51636 y no con las matrículas alegadas por el querellante dentro del
proceso policivo bajo estudio (No. 060-204083, 060-204084, 060-204085,
060-204086, 060-204087, 060-204088, 060-204089, 060-204090, 060-204091,
060-204092, 060-204093).  En efecto, según Informe IGAC # 2[33]
remitida por el IGAC-Regional Bolívar, se puede apreciar la ubicación del
polígono ABCD (lotes afectados por la perturbación), así:
Lo
anteriormente referenciado, se puede apreciar en la siguiente imagen[34]:
En
consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión puede concluir lo siguiente:
1.
EL Lote # 1 corresponde al futuro
proyecto de Conjunto residencial Los Olivos y fue identificado en el
proceso como Poligonal 1-7 (lote de mayor extensión).
2.
EL Lote # 2 corresponde a los predios
identificados por la Urbanizadora del Caribe SA al momento de iniciar la
querella policiva y en sus alegatos (identificados como lotes # 25 al 35 con MI
060-204083 a MI 060-204093) y se encuentra fuera del Lote # 1; según el Informe
IGAC # 1.
3.
El Lote # 3 corresponde a la zona de
perturbación identificada en el dictamen pericial (avalada por las partes) y
denominada Polígono ABCD, la cual se encuentra dentro del Lote # 1;
según el Informe IGAC # 2.
Sobre
la realidad procesal precedentemente descrita, procede continuar con el
análisis del problema jurídico planteado en este caso.
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1.- Competencia
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala, para
revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el auto
del 17 de octubre de 2013, proferido por la Sala de Selección Nº 10.
2.-  Problema Jurídico
En esta oportunidad, la Corte deberá determinar si en el trámite del
proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho promovido por la
sociedad Urbanizadora del Caribe SA, contra personas indeterminadas, se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la
señora Manuela Miranda Payares, en su condición de querellada, teniendo en
cuenta que, según lo que esta aduce, el amparo policivo se ordenó sobre los inmuebles
urbanos identificados por el querellante, pero estos no corresponden con los
lotes determinados en el informe pericial y en la inspección ocular realizada
en el proceso policivo referido.
Para resolver el presente asunto, antes del análisis del caso
concreto, la Corte reiterará: los conceptos sobre las decisiones
administrativas adoptadas en ejercicio de la función de policía con alcances
jurisdiccionales; así como los criterios generales y específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.-  Cuestión Previa. Decisiones adoptadas en ejercicio de la
función de policía tienen alcances jurisdiccionales. Reiteración de
Jurisprudencia
3.1. Debe señalarse inicialmente que el
poder de policía que corresponde al conjunto de normas de carácter general,
impersonal y abstracto que el Estado expide para regular los procesos policivos
civiles, se orientan a crear condiciones  sociales encaminadas a asegurar el
orden público, procurando, a través de dichos procesos, preservar igualmente la
salubridad pública, la tranquilidad, y por supuesto, la seguridad.[35]
Jurisprudencialmente esta Corporación ha distinguido tres aspectos
del poder de policía que la Carta señala en varias de sus normas: el poder
de policía propiamente dicho (expedición de leyes), la función de
policía (rutinaria y como parte de una función administrativa) y, por último, la referida actividad de policía (ejecución del
poder material de la función de policía) [36].
Es de advertir que algunas de las decisiones que se adoptan en
ejercicio de esa función de policía se revisten de una naturaleza judicial, por
lo que el juez administrativo queda totalmente excluido de su control. Este
tipo de decisiones administrativas con rango jurisdiccional, son las que
se toman dentro de los procesos o juicios de policía civiles, como ocurre en
las acciones policivas. En efecto, en los procesos policivos en los que se
busca proteger la posesión, tenencia o una servidumbre, la jurisprudencia ha
sido enfática en señalar que las autoridades de policía ejercen funciones jurisdiccionales,
y sus decisiones no son apelables ante la jurisdicción contencioso
administrativa, pues así lo dispone de manera expresa el artículo 105 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[37]
(anteriormente el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo).
En efecto, la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en resaltar que cuando se trata de
procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre,
las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias
que dicten son actos jurisdiccionales[38]. Sobre el particular interesa señalar lo manifestado por esta Corporación
en sentencia C-241 de 2010[39]:
[e]n tanto las decisiones
adoptadas en desarrollo de juicios de policía de naturaleza civil, como cuando
se interviene en asuntos destinados a amparar provisionalmente la posesión, la
tenencia o una servidumbre o los asuntos de carácter penal, se encuentran
expresamente excluidos de dicho control en virtud de lo dispuesto en el
artículo 82 del Código Contencioso Administrativo[40], según el cual tal Jurisdicción carece de competencia para juzgar
las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por
la ley[41]. Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que, en estos
casos, las medidas de policía son de efecto inmediato en punto a evitar que se
perturbe el orden y la tranquilidad pública. Se trata de medidas de carácter precario y provisional, cuya única finalidad es devolver el
statu quo mientras el juez ordinario competente para decidir sobre la
titularidad de los derechos reales en controversia, decide definitivamente
sobre ellos. Por esta razón, la doctrina ha afirmado que estas decisiones hacen
tránsito a cosa juzgada “formal”.
Cabe advertir en todo caso, que frente a las
decisiones de policía proferidas dentro de juicios de naturaleza civil o penal,
no existe la posibilidad de lograr la protección
-in situ-, de los derechos fundamentales cuando estos
son vulnerados, como tampoco puede acudirse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
para ese propósito, como se desprende del artículo 12 del decreto 2304 de 1989,
reformatorio del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, de manera
que queda tan solo disponible la acción de tutela para lograr la protección de
los derechos fundamentales que sean conculcados y solo con tal fin.[42]
Al respecto este Tribunal ha establecido, de manera reiterada, que
cuando se trata de procesos policivos la acción de tutela es procedente, cuando
se configure una vulneración grave de algunas de las garantías que conforman el
derecho al debido proceso[43],
siempre y cuando sea superado el análisis de las causales genéricas y
específicas de su procedencia.
Establecido así el contexto en que se ejerce el poder y la función
de policía, y entendido cuál es el alcance de la actividad de policía, resulta
pertinente revisar ahora, cuál es el marco legal que rige el trámite o
procedimiento que ocupa a la Sala.
3.2. Marco legal
Debe iniciarse por señalar que fue la Ley 57 de 1905, la que
estableció los primeros lineamientos para regular aquellos procesos policivos
que implicaran la reclamación de la posesión, básicamente, restringiendo su
enfoque a los casos de arrendamiento. Posteriormente, esta ley fue reglamentada
por el Decreto 992 de 1930. Ya en lo que
respecta a los procesos policivos sobre inmuebles urbanos, fue el Decreto
Legislativo 1355 de 1970 -Código Nacional de Policía-, el que
introdujo algunos cambios sobre el particular. Sin embargo, lo que hizo este estatuto
fue compilar las acciones policivas de naturaleza civil, destinadas a la
protección transitoria de la posesión y tenencia tanto de los bienes urbanos
como rurales, mientras que la justicia ordinaria se pronunciaba de fondo sobre
los derechos en conflicto.
La sentencia C-241 de 2010, analizó los aportes hechos por el
Decreto 1355 de 1970 en los procesos policivos civiles respecto de predios,
tanto rurales como urbanos. En lo que respecta a los inmuebles urbanos, el
análisis normativo sobre qué norma rige la materia, si es la Ley 57 de 1905 o
el Decreto 1355 de 1970, no resultó tan claro. Realmente, la discusión se
centró en determinar si el artículo 15 de la Ley de 1905 fue subrogado total o
parcialmente por el artículo 125 del Decreto 1355 de 1970, o solo fue
modificado.
En reciente sentencia (T-096 de 2014), la Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional, reseñó el análisis comparativo entre las dos normas
citadas, efectuado en la referida sentencia C-241 de 2010,  en los siguientes
términos:
(i) Si bien las dos normas tienen como fin último restablecer el
statu quo, el concepto de ‘perturbación’
referido por el artículo 125 del decreto es comprehensivo del término ‘ocupación
de hecho’ contemplado por el artículo 15 de la ley en cuestión, por lo que
incluye todas aquellas conductas que supongan diferentes formas de alterar la
posesión del bien.
(ii) La legitimación por activa en ambas normas hace expresa
relación a quien tenga la posibilidad de activar la acción policiva de
lanzamiento por ocupación de hecho ya sea que se trate directamente del propietario del bien, el poseedor de este y aún por el mismo
tenedor, así la tenencia del inmueble sea a nombre del dueño o a nombre del
poseedor. La sentencia C-241 de 2010 concluye que “el artículo 15 de la Ley 57
de 1905, como el artículo 125 del Código Nacional de Policía amparan los
derechos reales de dominio, posesión y tenencia. Solo que el artículo 125
citado ampara el dominio vía posesión, sin que sea del caso demostrar o
controvertir el derecho de dominio.”
(iii) En lo que respecta al medio de defensa de que dispone el
ocupante para defenderse en el proceso de lanzamiento o desalojo del que es
objeto, el artículo 15 de la ley solo permite su defensa por vía de la
demostración de la tenencia. En su lugar, el artículo 125 del Decreto es mucho
más amplio en este aspecto, y permite que el ocupante acredite una causa justificable de ocupación derivada de la
condición de tenedor o poseedor o de una orden de autoridad competente. De
esta  manera, las garantías ofrecidas al ocupante en el marco del Código
Nacional de Policía no solo integran o incluyen la señalada en el artículo 15
de la Ley 57 de 1905, sino que la amplía de manera sustancial.
Tras el anterior análisis, la Corte Constitucional pudo concluir en
la referida providencia que el Código Nacional
de Policía subrogó la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, tanto para
predios rurales como urbanos, prescrita en artículo 15 demandado y, además, amplió su contenido al autorizar, como se ha dicho, al
ocupante no solo demostrar el consentimiento expreso o tácito del ‘arrendador’ sino cualquier otro justo título, derivado de la
posesión o de una orden de autoridad competente.[44] (Negrilla
fuera de texto original).
Ahora bien, en la medida en que el Código Nacional de Policía no
contempla un procedimiento especial para la
acción policiva de perturbación, en el sentido genérico de cobijar tanto las
hipótesis del artículo demandado como las del Código Nacional de Policía que,
como ya se vio, subsume al primero, en su defecto, es posible aplicar el
procedimiento establecido para tales efectos, en los Códigos Departamentales de
Policía, proferidos en desarrollo de la atribución otorgada bien por el
artículo 187 de la Constitución Nacional de 1886, bien a partir de la facultad
prevista por la Constitución Política de 1991, mediante el artículo 300 numeral
8, según la cual: “Corresponde a las asambleas
departamentales, por medio de ordenanzas … 8. Dictar normas de policía en todo
aquello que no sea materia de disposición legal” o mediante los reglamentos
especiales previstos en los Códigos Distritales de Policía, de manera que la
acción policiva nacional por perturbación se desarrolle conforme a tales
procedimientos (en forma concurrente), competencia que en todo caso no
excluye la facultad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República[45].
La anterior consideración encuentra su desarrollo jurisprudencial en
varios pronunciamientos de tutela dictados por esta Corporación en sede de
revisión[46],
los cuales coinciden en señalar que, pese a invocarse la Ley 57 de 1905 como
norma de referencia para los procesos policivos civiles, la protección del
derecho reclamado se ha impartido de acuerdo a lo establecido por el Código
Nacional de Policía y por los Códigos de Policía Departamentales o Distritales.
De otra parte, debe señalarse, ya en el marco del proceso policivo
como tal, que si bien dicha actuación se orienta a restituir la tenencia de un
inmueble a manos de su verdadero o legítimo tenedor, de no probarse esta
condición, o de haberse presentado por su actual tenedor pruebas pertinentes
que justifiquen su actual condición, el funcionario de policía deberá negar el
desalojo, dejando en libertad a los querellantes para que acudan ante la
jurisdicción ordinaria, para que, por las vías judiciales allí dispuestas,
resuelvan la controversia existente entre ellos.
Como ya se anotó, a pesar de que este proceso policivo se adelanta
por cuenta de autoridades administrativas, las decisiones que ellos asuman,
tienen la naturaleza propia de una providencia judicial de carácter civil. Por
ello, es importante insistir en que las referidas decisiones judiciales,
además de hacer tránsito a cosa juzgada, y de no poder ser controvertidas por
vía de la jurisdicción de lo contencioso, se encuentran igualmente sometidas al
pleno respeto del derecho al debido proceso, como en cualquier actuación
judicial, razón por la cual, de apartarse el funcionario administrativo de los
lineamientos procesales dispuestos para adelantar dicha actuación, podrá
incurrir en una conducta que justifique la interposición de una acción de
tutela contra la providencia que irregularmente profiera.
3.3. Precisiones sobre el marco
normativo aplicable
En primer lugar, la Sala Cuarta de Revisión considera pertinente
reiterar que en los procesos de policía no se
controvierte el derecho de dominio. En efecto, el proceso policivo de amparo a
la perturbación de la posesión es preventivo, tiene como finalidad la
protección de la posesión[47]
(sea dueño o no) frente a la perturbación de otro, en búsqueda de mantener el statu
quo mientras la justicia ordinaria resuelve[48]. Al
respecto, el Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970) dispone:
ARTICULO 125. La policía solo
puede intervenir para evitar que perturbe el derecho de posesión o mera
tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya
violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en
el momento en que se produjo la perturbación.
ARTICULO 126. En los procesos de
policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las
pruebas que se exhiban para acreditarlo.
ARTICULO 127. Las medidas de
policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán
mientras el juez no decida otra cosa.
De manera concordante, el Manual de Conducta y
Convivencia Ciudadana, expedido por el Concejo Distrital Cartagena de Indias, a
través del Acuerdo No. 024 del 27 de Diciembre de 2004 (Modificado por el
Acuerdo No. 05 de 2006), Mediante el cual se establecen normas de conducta y
convivencia ciudadana en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y se dictan otras disposiciones, dispone sobre el procedimiento
policivo para el amparo a la posesión o mera tenencia, lo siguiente:
Art. 225°.
Cualquier violación o inobservancia a las normas de conducta regladas en el
presente código y en los reglamentos, dará origen a la Acción de Policía, la
cual puede iniciarse oficiosamente o a petición de la ciudadanía mediante
querella de parte en interés particular.
Art. 229°. La
actuación se iniciará mediante querella que deberá ser presentada por
intermedio de un Abogado en ejercicio, ante el Inspector de Policía de la
jurisdicción a la que corresponda, dicho funcionario de manera inmediata
avocará el conocimiento fijando fecha y hora para la práctica de la inspección
ocular, la que se deberá realizar en un término máximo de tres (3) días. Este
auto debe ser notificado personalmente a la parte querellada, si no es posible,
se hará mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso al inmueble en donde
habite o en el lugar de los hechos por lo menos con veinticuatro (24) horas de
antelación a la práctica de la diligencia.
Parágrafo: El Inspector de Policía, una vez fijada la
fecha para la práctica de la diligencia de Inspección Ocular se le pondrá en conocimiento
al delegado de la Personería en asuntos policivos y designará los peritos que
auxiliarán la diligencia si es necesario.
Art. 230º.
Llegados el día y la hora señalados para la práctica de la diligencia de
inspección ocular, el funcionario de policía se trasladará al lugar de los
hechos en asocio de los peritos cuando el caso así lo requiera o amerite y los
hechos sean notorios y evidentes; allí se escuchará a las partes y los testigos
que se presenten, los cuales en sus intervenciones no podrán exceder de quince
(15) minutos y se practicarán las pruebas que considere conducentes para el
esclarecimiento de los hechos.
Parágrafo: El dictamen pericial se rendirá dentro de
la diligencia de inspección. Excepcionalmente y a juicio del Inspector podrá suspenderse
la diligencia, hasta por un término no mayor de cinco (5) días, con el objeto
de que en su continuación los peritos rindan el dictamen.
Art. 231°. Las
Autoridades de Policía deberán promover la conciliación de las partes sin
necesidad de diligencia especial para dicho efecto. En cualquier momento del
proceso y antes de proferirse el fallo, podrán las partes conciliar sus
intereses, presentando ante el funcionario de policía el acuerdo al respecto.
Si se logra un acuerdo conciliatorio entre las partes se deberá dejar
constancia en el Acta correspondiente.
Art. 232°.
Practicadas las pruebas pedidas por las partes y las que se decreten
oficiosamente, el funcionario del conocimiento proferirá la sentencia.
Art. 233°.
Contra la providencia que profiera el funcionario de policía procede el recurso
de reposición en la misma diligencia y ante el funcionario del conocimiento,
recurso que puede ser resuelto en el mismo acto o dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes; además, procede el recurso de apelación en el efecto
devolutivo el cual lo puede recepcionar y conceder el funcionario del
conocimiento en la misma diligencia o dentro de los tres (3) días siguientes al
término en que resuelva el de reposición; así mismo procede el de queja cuando
se rechace de plano el de Apelación.
Art. 235°.
Recibidas las diligencias por el Superior y cumplidos los requisitos del
recurso, se correrá traslado a las partes por un término común de tres (3) días
para que presenten sus alegatos, cualquier petición formulada después del
vencimiento de este término será desatendida.
Parágrafo: La providencia se proferirá dentro de los
cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado.
4.-  De la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de Jurisprudencia
4.1. El asunto de la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales es un tema
que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones, por lo que procederá
la Sala a reiterar las premisas en que se fundamenta esta posibilidad, y las
reglas establecidas para el examen de su procedibilidad en un caso concreto[49].
Según se ha expresado en la jurisprudencia de esta Corte, la tutela
contra decisiones judiciales, encuentra un claro fundamento en la
implementación de un nuevo modelo de justicia constitucional basado,
concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política,
que vincula a todos los poderes públicos -C.P. art. 4°-; (ii) en el
reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales -C.P.
arts. 2° y 85-; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional, a
quien se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta
Política, y dentro de tal función, la de interpretar el alcance de las normas
superiores y proteger los derechos fundamentales -C.P. art. 241-; y (iv) en
la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier
autoridad pública, en defensa de sus derechos fundamentales -C.P: art. 86-[50].
No obstante, ha sido la propia jurisprudencia constitucional la que,
también, ha dejado en claro que la posibilidad de controvertir las providencias
judiciales mediante el recurso de amparo constitucional es, en todo caso, de alcance
excepcional y restrictivo; en atención a que están de por medio los principios
constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la
necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y
autonomía de los jueces, y el sometimiento de los conflictos a las competencias
ordinarias de estos[51].
Comprensión que, desde luego, encuentra particular sustento en la
condición supletiva que el artículo 86 Superior le ha atribuido a la acción de
tutela, lo que ha llevado justamente a entender que su ejercicio solo sea
procedente de manera residual, es decir, cuando no existan otros medios de
defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[52].
En tal virtud, la acción de tutela no puede admitirse,
bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o
complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos,
pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales
y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para
controvertir las decisiones que se adopten[53].
4.2. Conforme con lo anterior, la tarea
inicial de este Tribunal se orientó, principalmente, a la elaboración y
fijación de parámetros a partir de los cuales el operador jurídico pudiera
identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela resultara procedente
para controvertir los posibles defectos de que puedan adolecer las decisiones
judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección
excepcional y restrictiva de los derechos fundamentales por vía del recurso de
amparo constitucional[54].
Y, en efecto, partiendo de la necesidad de armonizar intereses
constitucionales tales como la autonomía de la actividad jurisdiccional del
Estado y la seguridad jurídica, junto con la efectiva prevalencia y eficacia de
los derechos fundamentales, la Corte ha consolidado una doctrina en torno a los
eventos y condiciones para disponer sobre su protección, cuando estos han
resultado ilegítimamente afectados con una decisión judicial[55].
Así las cosas, producto de una labor de sistematización sobre la
materia, en las SU-813 de 2007[56] y SU-811 de
2009[57],
la Sala Plena de la Corte Constitucional, siguiendo los parámetros consignados
en la sentencia C-590 de 2005[58],
distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedibilidad.
En cuanto a los primeros, también denominados requisitos formales,
debe decirse que son aquellos presupuestos cuyo cumplimiento habilita al juez
de tutela para que pueda entrar a evaluar, en el caso concreto, si se ha
presentado alguna causa específica de procedibilidad del amparo constitucional
contra una decisión judicial. Dicho de otro modo, son condiciones sin las
cuales no sería posible abordar el estudio del fallo objeto de reproche. Ellas
son:
(i)
Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional a la luz de la protección de los derechos
fundamentales de las partes. Exigencia que busca
evitar que la acción de tutela se torne en instrumento apto para involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(ii)
Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial existentes para dirimir la
controversia, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
(iii)
Que la acción de tutela sea interpuesta
en un término razonable a partir del momento en que
se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cumpliendo con el
denominado requisito de la inmediatez. Lo anterior, con el objeto de preservar
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
(iv)
Que si se trata de una irregularidad
procesal, esta tenga un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los derechos fundamentales del actor.
(v)
Que la parte actora haya advertido tal
vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite del proceso ordinario, siempre que esto hubiere sido posible.
(vi)
Que no se trate de sentencias proferidas
en el trámite de una acción de tutela. De forma
tal, que se evite que las controversias relativas a la protección de los
derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida.
Superada la observancia de los anteriores supuestos, el juez debe
comprobar que se configura por lo menos uno de los requisitos de procedibilidad
especiales, o defectos materiales, identificados por la jurisprudencia
constitucional y definidos en la misma como las fuentes de vulneración de
derechos fundamentales, así:
·
defecto orgánico.
·
defecto procedimental absoluto.
·
defecto fáctico.
·
defecto sustantivo o material.
·
error inducido o por consecuencia.
·
decisión sin motivación
·
desconocimiento del precedente judicial.
·
violación directa de la Constitución.
4.3. En los términos referidos, para que
proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, resulta
imprescindible: (i) no solo que se cumplan todos los requisitos
generales de procedibilidad, (ii) sino, también, que la decisión
cuestionada por vía de tutela haya incurrido en uno o varios de los defectos o
vicios específicos y, finalmente, (iii) que el defecto sea de tal
magnitud que implique una lesión o afectación a derechos fundamentales.
4.4. Todo lo
anteriormente expuesto armoniza con lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución, que dispone que los fallos de tutela deberán ser remitidos a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, y con el artículo 241-9
del mismo estatuto, según el cual corresponde a esta Corporación revisar, en
la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas
con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
En este orden de ideas, es preciso llamar la atención sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Al respecto, esta Corporación ha explicado por qué la tutela contra
providencias judiciales no vulnera los principios de seguridad jurídica y de
autonomía funcional del juez, como erradamente podría pensarse:
El valor de cosa juzgada de las sentencias y el principio de
seguridad jurídica suponen que los fallos son respetuosos de los derechos y ese
respeto no se determina a partir de la visión que cada juez tenga de ellos sino
del alcance que les fije la Corte Constitucional, pues esta es la habilitada
para generar certeza sobre su alcance. Y ello es lógico ya que si algo
genera inseguridad jurídica es la promoción de diferentes lecturas de la Carta
Política por los jueces y, en particular, sobre el alcance de los derechos
fundamentales.  Este es precisamente el peligro que se evita mediante la
excepcional procedencia de la tutela contra sentencias pues a través de ella se
promueven lecturas uniformes sobre el alcance de tales derechos y de la Carta
Política como su soporte normativo. Y en lo que atañe a la autonomía e
independencia de los jueces y tribunales, ellas deben entenderse en el marco de
la realización de los fines estatales inherentes a la jurisdicción y, en
especial, de cara al cumplimiento de su deber de garantizar la efectividad de
los derechos a todas las personas.[59] (Resaltado fuera de texto).
4.5. De conformidad con lo dicho, pasa
esta Sala a verificar si los hechos que se alegan en la presente causa, se
enmarcan en el test de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales y hacen factible, por consiguiente, la adopción de medidas de
protección del derecho fundamental invocado.
Particularmente, la Sala Cuarta de Revisión (i)
reiterará la doctrina de la Corte Constitucional en torno al principio de
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela en los
procesos policivos; para luego, (ii) verificar si se cumplen los
supuestos requeridos en los casos sub examine.
5.- El
principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela. Reiteración de Jurisprudencia
5.1. De acuerdo con reiterada y uniforme jurisprudencia de esta
Corporación[60],
en armonía con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta Política y 6º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo judicial, para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario.
Esta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos. Las normas en comento disponen:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
ARTÍCULO 86.
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)
DECRETO 2591 DE 1991
ARTÍCULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de
tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante. (…)
Esta Corporación
ha reiterado que no siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger
los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es subsidiaria y
residual; es decir, procede siempre que no exista otro medio de defensa
judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración.
Sobre el particular, esta Corte ha precisado:
Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de
la acción de tutela,[61] se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su
disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni
oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional.
Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos
judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos
fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su
vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que
ofrece el artículo 86 superior. [62]
Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un
escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección de los derechos
fundamentales.
Al respecto, la Corte ha indicado:
Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa
judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela
dejaría de ser un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se
convertiría en un recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los
jueces y tribunales.  De igual manera, de perderse de vista el carácter
subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no
circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que
se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  Nótese cómo
de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se
distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la
función del juez de amparo. [63]
5.2. Así las cosas, se puede indicar que, en términos generales, de
acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, esta resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los medios
judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los
casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del
actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra
determinar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de
defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo
contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio
irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el
titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de
especial protección constitucional.
5.3. La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el
perjuicio[64]
ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por suceder prontamente;
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave,
lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Atendiendo a lo mencionado y con el fin de determinar si existe o no un perjuicio
irremediable en un caso concreto, esta Corporación[65] ha depurado
algunos elementos que se deben tener en cuenta, a saber:
A). El perjuicio ha de ser inminente:
“que amenaza o está por
suceder prontamente”. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante
un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia
real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para
evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que,
bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura
fáctica, aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la
operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser
que oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras
que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el
desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la
causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una
causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la
causa que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir,
como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa
a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real
Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la
oportunidad de la urgencia.
C). No basta cualquier perjuicio, se
requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad
del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.  La
gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a
determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de
ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades
públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de
aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona,
objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente.
D). La urgencia y la gravedad determinan
que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando
ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de precisión
y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social.
La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la
necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela,
como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran
amenazados.  Con respecto al término "amenaza"
es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión,
sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera
injustificada.  La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte
que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o
moral. [66]
De igual forma,
la Corte Constitucional ha aclarado que, pese a la informalidad del amparo constitucional,
el actor debe exteriorizar y sustentar los factores a partir de los cuales
pretenda derivar el perjuicio irremediable, ya que la simple afirmación de su
acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la
acción de tutela. Así se pronunció esta Corporación, sobre el punto:
En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a
determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal
ha sostenido que, para que proceda la tutela como mecanismo de defensa
transitorio, se requiere también verificar que dicho perjuicio se encuentre
probado en el proceso. Sobre este particular, ha expresado la Corte que el juez
constitucional no está habilitado para conceder el amparo transitorio, que por
expresa disposición constitucional se condiciona a la existencia de un
perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece acreditado en el
expediente, toda vez que el juez de tutela no está en capacidad de estructurar,
concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha
tenido ocurrencia el presunto daño irreparable[67].
La posición que al respecto ha adoptado esta Corporación, reiterada
en distintos fallos, no deja duda de que la prueba o acreditación del perjuicio
irremediable es requisito fundamental para conceder el amparo. Por ello, ha
señalado la Corte que quien promueva la tutela como mecanismo transitorio, no
le basta con afirmar que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio
irremediable. Es necesario, además, que el afectado “explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones
que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan
al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”
(Sentencia T-290 de 2005).[68]
5.4. En consonancia con lo anterior, es
posible concluir que la procedencia de la acción de tutela depende de la
observancia estricta del principio de subsidiariedad, comoquiera que este se
encuentra ordenado a garantizar importantes principios de la función
jurisdiccional, y asegura el fin contemplado por el artículo 86 de la Carta,
que no es otro que el de brindar a la persona
garantías frente a sus derechos constitucionales fundamentales. En este orden
de ideas, en los casos en los que no sea evidente el cumplimiento de este
principio, la tutela deberá ser declarada improcedente[69].
A manera de
resumen, la jurisprudencia de esta Corporación[70]
ha establecido tres reglas que resultan relevantes, para este caso, de allí su
reiteración:
a)
La acción de tutela contra las medidas
policivas solo procede con el fin de salvaguardar el derecho al debido proceso,
esto es, cuando se adopta la decisión sin observar las formas propias de cada
juicio, pues esta acción constitucional resulta ser el único mecanismo de
defensa en este sentido[71].
b)
Los asuntos relativos al derecho al
dominio, posesión y tenencia o el debate respecto de los derechos reales o
subjetivos, son aspectos ajenos al juicio de policía, el cual se centra en
conservar el statu quo, y en todo caso, en la jurisdicción ordinaria se
puede presentar dicho debate[72].
c)
Al ser producto de una función judicial,
los aspectos relativos a la procedencia han de ser analizados de igual forma
como si se tratara de una acción de tutela contra una providencia judicial,
esto es, determinando, en primer lugar, las causales genéricas de
procedibilidad y, posteriormente, la configuración de alguna(s) de las causales
específicas[73].
Ahora bien, esta Corporación también ha precisado que la exclusión
del control de las actuaciones adelantadas en los procesos policivos citados,
no implica que sea la acción de tutela el mecanismo para realizar dicho
control, ya que su intervención debe estar fundamentada en la protección de los
derechos fundamentales y en la inexistencia de otro mecanismo de defensa
judicial.[74]
En sentido complementario, ha señalado que una afectación a esta garantía
constitucional no existe porque se advierta una irregularidad, es necesario
probar que se afectaron “derechos sustanciales o procedimentales”[75].
6.- Improcedencia de la acción de tutela en el caso
concreto por ausencia de subsidiariedad
De manera preliminar, en cuanto a la petición de realización de una
inspección ocular, a solicitud de la accionante, la Sala no accederá a lo
pretendido en virtud de la claridad y suficiencia del material probatorio que
obra en el expediente y del recaudado en sede de revisión.
Ahora bien, la
naturaleza de la tutela como mecanismo subsidiario exige que se adelanten las
acciones judiciales o administrativas alternativas y que, por lo tanto, no se
pretenda instituir a la acción de tutela como el medio principal e idóneo. La
Corte Constitucional ha determinado que no es una elección del accionante
acudir al mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico o interponer la
acción de tutela, si así lo prefiere, pues, de ser así, la acción de tutela
respondería a un carácter opcional y no subsidiario como el que le es propio.
Conforme se ha
expuesto, debe la Sala resolver si en el caso concreto se cumplen los
requisitos que hace procedente la acción de tutela frente a decisiones de
procesos policivos.
6.1. Se puede presentar el  debate relativo
al derecho al dominio, posesión y tenencia (aspectos ajenos al juicio de
policía) en la jurisdicción ordinaria. Esto es se deben agotar todos los medios de defensa judicial existentes para dirimir
la controversia, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
En efecto, dado
al carácter preventivo del derecho de policía, las medidas que toman los
funcionarios de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes no son
definitivas, puesto que la controversia puede conocerla un juez y variar la
decisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 127 del Código Nacional
de Policía. Esta norma consagra la vigencia de las medidas de policía al
señalar que se mantendrán mientras no haya habido pronunciamiento judicial por
parte de los jueces civiles o agrarios, según el asunto
La Sala advierte
que la acción bajo estudio no se enmarca dentro de este supuesto, debido a que,
no obstante que la actora manifestó interponer la tutela como mecanismo
transitorio, en realidad, no acudió a los medios judiciales idóneos y
eficaces para resolver el verdadero litigio en ciernes, cual es, la
posesión, tenencia o propiedad del terreno objeto del amparo policivo. Tan es
así que si el afectado demuestra justa causa[76]
la diligencia debe suspenderse, hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva el
conflicto de fondo.
En tal sentido,
la señora Manuela Miranda Payares no podía prescindir del mecanismo ordinario
para la resolución de su conflicto, pues ello comportaría la desnaturalización
de la acción de tutela como un mecanismo subsidiario y lo convertiría en
principal.
En el caso que
nos ocupa, las autoridades en las providencias cuestionadas decidieron de
conformidad con la naturaleza y finalidad del proceso policivo de lanzamiento
por ocupación de hecho regulado en el Código Nacional de Policía, de acuerdo
con el cual, la orden de amparo policivo a la posesión ejercida por la
Urbanizadora del Caribe SA resulta en una medida de carácter provisional que
puede ser variada por el juez civil que conoce de manera definitiva sobre la
controversia que surge en torno a la posesión o tenencia de un bien inmueble.
6.2. De otra parte, se puede requerir el amparo constitucional como
mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la
ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos
fundamentales, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional.
Inicialmente, la
Sala de Revisión advierte que pese a que la señora Manuela Miranda Payares no
puede considerarse inmersa en un estado de debilidad manifiesta y,
consecuentemente, amparada por una especial protección constitucional.
De igual manera, la Sala concluye que la peticionaria no logró demostrar la
existencia de un perjuicio inminente, urgente, grave e impostergable,
en relación con que se le haya visto afectado su derecho a la vivienda digna.
En efecto, no es
posible arribar a conclusión diferente, toda vez que del
análisis del recuento fáctico y del acervo probatorio contenido en el
expediente, no se advierte que el eventual perjuicio aducido haga indispensable
el amparo constitucional, por lo que les resulta indispensable acudir ante a
las instancias ordinarias de la jurisdicción, como ya se explicó.
Ello es así
debido a que se encuentra acreditado en el expediente, según oficio del 10 de
junio de 2014, firmado por la defensora del pueblo regional Bolívar[77]
que la accionante Manuela Miranda Payares reside en una vivienda familiar
ubicada en el bulevar de la Castellana en la ciudad de Cartagena y que los
ingresos familiares promedio mensuales son de seis millones de pesos
($6.000.000).
6.3.
Incidente de Nulidad por vulneración al debido proceso
La acción de
tutela contra las medidas policivas solo procede con el fin de salvaguardar el
derecho al debido proceso. En consecuencia, resulta relevante que la Sala
exponga los hechos relatados y probados en la presente
acción de tutela.
Así las cosas, la
Sala Cuarta de Revisión advierte que no se ha presentado una vulneración al
debido proceso de la peticionaria, por parte de las autoridades accionadas, tal
como se procede a explicar.
En efecto, el
fundamento de la inconformidad planteada en esta acción de tutela, en el
incidente de nulidad al interior del proceso policivo y del recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución 007 de 2011, pueden ser sintetizados
así:
Argumento
Cómo se resolvió
Alegó que la inspección ocular no se
realizó en el lote identificado en la querella.
Se observó la
ritualidad de la inspección ocular y la querellada tuvo la oportunidad de
participar y oponerse. Como en efecto ocurrió en la diligencia del 18 de
abril de 2011 en la que solicitó las aclaraciones pertinentes y presento el
incidente de nulidad.
Incidente de nulidad: Adujo que se negó su
derecho a la impugnación y objeción del dictamen pericial, según lo
contemplado en el CPC
Resuelto en la
Resolución 007 de 2011, el despacho explicó que el CPC no es aplicable al trámite
especial adoptado, toda vez que es necesario dar cumplimiento a lo regulado
por el Código Nacional de Policía: se le dio traslado a las partes, quienes tuvieron
oportunidad de solicitar aclaraciones, las cuales fueron realizadas por los
peritos oportunamente.
Afirmó que la simple superposición de
planos no es un medio válido para probar que se trata de la misma área. Además,
los planos presentados eran de escalas diferentes.
En la
audiencia del 10 de octubre de 2011, los peritos aclaran y adicionan su
informe, a la vez que se realiza el cotejo técnico del plano del querellante
y del plano de los peritos. Las partes aceptan que estos coinciden, por lo
que el Despacho considera surtida la etapa probatoria.
6.3. Por ello es claro que en el
presente asunto:
(i)
Existe una vía idónea (acciones
ordinarias de la jurisdicción civil) que aún no ha sido agotada;
(ii)
No se percibe la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, o una situación que revista tal gravedad que afecte a
un sujeto de especial protección constitucional, o que ponga a la peticionaria
en situación de indefensión, de manera que amerite la intervención del juez
constitucional;
Situaciones que denotan la improcedencia de la acción de amparo en
razón a su carácter subsidiario. Conforme a esta realidad, la Sala se abstendrá
de pronunciarse de fondo sobre el caso en concreto, atendiendo a que una vez se
declara la improcedencia, la discusión de fondo escapa a su competencia.
7.-
Conclusiones
7.1. Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, la Sala declarará la
improcedencia del amparo en el caso presente, debido a que no cumple con los
requisitos de procedibilidad, establecidos por el principio de subsidiaridad
de la acción de tutela.
Por todo lo
anterior, y sin necesidad de disertaciones adicionales, la Sala revocará el
fallo proferido el 22 de julio de 2013 por el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Cartagena, en tanto que declaró la procedencia de la acción de
tutela y se pronunció de fondo en la materia, al revocar el fallo de amparo
dictado el 21 de mayo de 2013, por el Juzgado Noveno Civil Municipal de
Cartagena.
En su lugar, se declarará
la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en razón
a que, en el presente caso, no se da cumplimiento al principio de subsidiaridad.
Lo anterior, no es óbice para que la accionante inicie los procesos
correspondientes ante la jurisdicción ordinaria para reclamar los derechos que
crea tener sobre el inmueble (terreno o lote) en cuestión.
7.2. Ahora bien, no puede la Corte dejar
pasar por alto que, durante el proceso de revisión de esta acción de tutela, según
los escritos de la accionante, de la Defensoría del Pueblo y de la Policía
Nacional, se presentó una aparente irregularidad, durante los días 6 y 7 de
agosto de 2014, cuando la Policía Nacional brindó apoyo policivo ante el
requerimiento de la sociedad Urbanizadora del Caribe SA con el propósito de
realizar actividades que implicaron, entre otras, el cerramiento del terreno
objeto de perturbación, en franco desconocimiento de la orden judicial
impartida por esta Corporación, en el sentido de suspender,
de manera provisional, el trámite de cumplimiento de la Resolución Nº 007 de 19
de octubre de 2011, proferida dentro del proceso policivo de perturbación a la
posesión, iniciado por la Urbanizadora Caribe SA contra Manuela Miranda Payares,
lo cual amerita hacer conocer de las autoridades competentes esos hechos para
lo que estimen pertinente proveer.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada
en el presente proceso, mediante auto del 3 de marzo de 2014.
SEGUNDO.-
LEVANTAR la medida cautelar, decretada mediante auto del 3 de marzo de 2014.
En aras de las
expectativas generadas con la decisión del caso concreto, esta orden tendrá
efectividad al mes de notificada la presente
providencia, a fin de que la
accionante Manuela Miranda Payares pueda promover –si aún
no lo ha hecho– las medidas policivas y judiciales del caso que considere
procedentes.
TERCERO.- REVOCAR la sentencia del 22 de
julio de 2013 dictada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, que
revocó el fallo de amparo dictado el 21 de mayo de 2013, por el Juzgado Noveno
Civil Municipal de Cartagena y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela incoada por Manuela Miranda Payares contra la Secretaría del
Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Inspección
de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno #13 de la misma ciudad, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia
CUARTO.- COMPULSAR
copia de esta decisión al Grupo Procesos
Disciplinarios Primera Instancia de la Policía Nacional, con
destino a la indagación
preliminar P-INSGE-2014-418[78].
QUINTO.- COMPULSAR copia de esta
decisión a la Procuraduría General de la Nación -Procuraduría Delegada para la
Policía Nacional-, con destino a la indagación preliminar IUS 2014-274418[79].
SEXTO.- COMPULSAR copia de esta decisión
con destino a la Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías
de Bogotá para que, si así lo considera, inicie las investigaciones a que haya
lugar, según los hechos de la presente acción de tutela.
SÉPTIMO.- ADVERTIR a las partes que se encuentran en libertad para acudir al juez
competente para dirimir su controversia legal.
OCTAVO.- Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
A
LA SENTENCIA T-367/15
DEBIDO PROCESO POLICIVO-Se debió
declarar la procedencia, por cuanto accionante se encontraba en una situación
de indefensión frente a Urbanizadora (Salvamento de voto)
Referencia: expediente T-4.080.985
Acción de tutela instaurada por Manuela
Miranda Payares contra la Secretaría del
Interior y Convivencia Ciudadana de la  Alcaldía Mayor de Cartagena y la
Inspección de Policía número 13 de Cartagena.
Magistrado ponente:
Gabriel
Eduardo Mendoza  Martelo.
Con el debido respeto por las decisiones de esta corporación
presento salvamento de voto al fallo adoptado dentro de la sentencia T-367 de
2015, expedida por la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional.
Las razones que sustentan el desacuerdo se exponen a continuación:
La decisión mayoritaria determinó que en el asunto sub examine debía
declararse la improcedencia del amparo, debido a que no se cumplían los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
policivas. Específicamente consideró que en razón al principio de subsidiaridad
y a la naturaleza del asunto planteado, la discusión sobre la titularidad del
bien debía ser resuelta por otros cauces judiciales. Así las cosas, la
sentencia T-367 de 2015 dispuso que la accionante si a bien lo consideraba,
debía iniciar los procesos correspondientes “ante la jurisdicción ordinaria
para reclamar los derechos que crea tener sobre el inmueble (terreno o lote) en
cuestión”.
El argumento que
esgrimió la providencia en comento para adoptar dicha decisión fue: (i)
la existencia de otros mecanismos de defensa judicial y (ii) la
inexistencia de un perjuicio irremediable, esto debido a la capacidad económica
de la accionante.
Respecto a este
último elemento la decisión de la que me aparto manifestó que: “se encuentra
acreditado en el expediente, según oficio del 10 de junio de 2014, firmado por
la defensora del pueblo regional Bolívar que la accionante Manuela Miranda
Payares reside en una vivienda familiar ubicada en el bulevar de la Castellana
en la ciudad de Cartagena y que los ingresos familiares promedio mensuales son
de seis millones de pesos ($6.000.000)”. Es decir, para la postura
mayoritaria la discusión respecto a la procedencia del amparo tutelar giró en
relación a la capacidad económica de la señora Manuela
Miranda Payares y a su afectación al mínimo vital.
No comparto el anterior razonamiento, por el contrario, considero
que como lo ha venido acuñando la jurisprudencia de esta corporación, la acción
de tutela, procede como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, cuando se evidencia, aunque sea sumariamente, la
existencia de un perjuicio que: “(i) sea inminente, es decir que produzca,
de manera cierta y evidente, la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga
la adopción de medidas urgentes para conjurarlo; (iii) amenace gravemente un
bien jurídico que sea importante en el ordenamiento jurídico y; (iv) dada su
urgencia y gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar
el restablecimiento del orden social justo en toda su integridad, pues, de lo
contrario, la acción se torna improcedente[80]”.
La capacidad económica de un accionante no puede ser analizada de
manera objetiva para abstenerse de conocer el fondo de un amparo
constitucional, es decir, la existencia de un perjuicio irremediable no en
todas las situaciones depende de los recursos o ingresos del peticionario. En
este sentido la Corte en sentencia T-282 de 2012 afirmó que: “la evaluación
del perjuicio irremediable es, en consecuencia, un ejercicio de análisis que
debe consultar siempre las particularidades o supuestos fácticos del caso
concreto y de las condiciones personales de quien invoca la protección de sus
derechos fundamentales”.
A lo largo del expediente la señora Manuela Miranda Payares hizo
varias manifestaciones, según las cuales la posición de superioridad de la Urbanizadora
del Caribe SA permitió la alteración y destrucción de varios elementos de
prueba que permitirían demostrar en su favor la titularidad del bien en
disputa. Dichos argumentos en el común de los casos serían valorados como
temerarios o especulativos por esta corporación, en especial porque comúnmente
en los asuntos en los cuales se alegan actos de corrupción o alteración
probatoria dichas afirmaciones suelen estar desprovistas de elementos
demostrativos que siquiera permiten generar duda respecto a la veracidad de los
mismos.
Sin embargo, el hecho de que la Urbanizadora del Caribe en
complicidad con las autoridades de policía de la ciudad de Cartagena hayan
desconocido directa y flagrantemente las medidas cautelares emitidas por este
Tribunal en el auto de fecha 3 de marzo de 2014, me llevan a considerar que
podrían ser veraces las afirmaciones emitidas por la señora  Manuela Miranda
Payares. En este orden de ideas, considero que en el presente caso se debieron
analizar una serie de indicios y elementos contextuales, los cuales llevaban a
concluir que la posición de superioridad económica de una de las partes ha
permitido la destrucción y alteración de pruebas valiosas, tanto en el proceso
de pertenencia como en el proceso policivo.
Esto me lleva a considerar que la señora
Manuela Miranda Payares se encontraba en una posición de indefensión que
ameritaba conocer de fondo la tutela presentada. Respecto al estado de
indefensión, esta Corporación indicó en Sentencia T-1040 de 2006 que:
“Una persona se encuentra en
estado de indefensión cuando, ha sido puesta en una situación que la hace
incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene
siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus
derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni
fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe
realizar un análisis relacional con la finalidad de determinar el estado de
indefensión en la que se encuentra la persona”
Es precisamente debido a la posición de superioridad económica que
ostenta la Urbanizadora del Caribe, y a las actuaciones desplegadas por la
inspección de policía de la ciudad de Cartagena, que considero que existía un
perjuicio irremediable en el asunto sub examine, que ameritaba que este
tribunal analizara la supuesta vulneración a los derechos fundamentales de la
señora Manuela Miranda Payares, a pesar de que en el expediente se logró
demostrar que sus ingresos familiares ascendían a los seis millones de pesos.
Así las cosas, aunque considero que este caso se circunscribe a un
típico litigio entre dos partes, las cuales aducen ser dueñas de un mismo lote,
razón por la cual, ello debe ser dilucidado por la justicia ordinaria, creo que
existía una situación de indefensión por parte de la accionante que amerita
entrar a conocer el fondo del asunto.
2. En igual
medida de haber entrado esta corporación a estudiar las actuaciones adelantadas
en el marco del proceso policivo contra la señora Manuela Miranda Payares, se
podía llegar a la conclusión de que prima facie existían elementos de
juicio que pudieran darle la razón a la accionante, quien aseguró haber poseído
pacíficamente el lote por más de cinco años. En este orden de ideas, creo que
en consecuencia la sentencia T-367 de 2015 debió suspender el proceso policivo
hasta que la jurisdicción ordinaria adoptara una decisión de fondo sobre el
bien en cuestión.
En lo que tiene
que ver con las actuaciones desplegadas en el proceso policivo, las cuales
generaron la interposición de la presente acción de tutela, vale la pena
considerar que conforme al informe solicitado por la Corte Constitucional al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi se pudo concluir que los predios
identificados por el querellante en su demanda “no hacen parte del polígono
delimitado por las coordenadas aportadas en el informe pericial”. Así las
cosas, considero que haber realizado la inspección en el terreno de mayor
extensión jamás saneó dicha irregularidad. Este error podría tener incidencia
directa con la decisión adoptada en el trámite policivo, ocasionando una
eventual vulneración al debido proceso y una consecuente nulidad de las
actuaciones adelantadas por la Inspección número 13 de Cartagena.
Teniendo en
cuenta lo anterior, la Sala de Revisión debió proteger los derechos
fundamentales de la señora Miranda Payares al debido proceso y legalidad y en
consecuencia debió decretar la existencia de: (i) un defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas, ya que del material probatorio analizado (bajo
el contexto e indicios previamente referidos) se puede considerar que el
proceso policivo no se inició después de 10 días de la supuesta invasión como
lo afirma la constructora y (ii) que existía un defecto sustantivo por
haber adelantado la inspección judicial en un lote de mayor extensión,
irregularidad que podría llevar a la nulidad del proceso policivo adelantado.
La suspensión del proceso policivo, hasta la existencia de una
decisión definitiva por parte del juez ordinario, resultaba plausible ante los
testimonios de los vecinos referidos en el proceso y los informes periciales
obrantes en el expediente, en los cuales se manifiesta que se observaron en el
lote varios cultivos, dos casetas de madera y cemento, así como la prestación
del servicio de energía eléctrica y agua potable.
Por las razones expuestas, se presenta salvamento de voto a la
decisión tomada en la sentencia T-367 de 2015.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] Cita textual del documento de la querella
policiva, según expediente remitido por la Inspección de Policía #13.
[2] Ver folio 356 del cuaderno 2/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[3] Ver folio 123 del cuaderno 1 del
expediente.
[4] Ver folio 391 del cuaderno 2/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[5] Ver folio 536 del cuaderno 2/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[6] Ver folio 500 del cuaderno 2/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[7] Ver folio 503 del cuaderno 3/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[8] Ver folio 503 del cuaderno 3/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[9] Ver folio 525 del cuaderno 3/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[10] Ver folios 527-528 del cuaderno 3/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[11] Ver folio 547 del cuaderno 3/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[12] Ver folio 536 del cuaderno 3/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[13] Parte Querellante: solicitó la nulidad del
auto que admitió el recurso de apelación y contra el auto que decretó la
práctica de pruebas de oficio. Se resolvió favorablemente, mediante auto del 10
de agosto de 2012 (corregido el 28 de diciembre de 2012) que decretó la nulidad
del auto que decretó las pruebas.
Parte Querellada: solicitó la nulidad del auto del 25
de mayo de 2012 que admitió el incidente de nulidad.
[14] Ver folio 547 del cuaderno 3/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[15] Ver folio 244 del cuaderno 1 del expediente
de tutela.
[16] Ver al respecto, sentencias T-554 de 1992,
T-487 de 1996, T-777 de 1998, T-779 de 1998, T-1686 de 2000, T-1222 de 2003 y
T-735 de 2006, T-937 de 2007.
[17] Sentencia T-832-08.
[18] Sentencia T-1082 de 2006.
[19] Sentencia T-832-08.
[20] Ibídem.
[21] Según los informes de la Secretaría General
de esta Corporación, se han recibido diversos escritos suscritos por la
accionante, con las siguientes fechas de 8, 11, 13 y 26 de agosto de 2014; 9 de
septiembre de 2014; 2, 29 y 30 de octubre de 2014; 4, 5 y 6 de noviembre de
2014; 16 de diciembre de 2014 y 2 de febrero de 2015.
[22] La Sala considera pertinente señalar que ha
quedado demostrado en el expediente que, el 6 y 7 de agosto de 2014, la Policía
Nacional incumplió la orden judicial de suspensión provisional, ordenada el 3
de marzo de 2014 por esta Corporación. Así mismo, advierte que en escrito
presentado el 2 de febrero de 2015, la accionante manifestó que (…) el día
22 de diciembre de 2014, (…) nuevamente retomamos el animus y corpus del
restante de tierra (…), queriendo decir esto que a la fecha ejercemos la
posesión material del globo de mayor extensión.
[23] Calle 34 (Santos de Piedra) #3A-31, Parque
de Bolívar, Centro, Cartagena; cartagena@igac.gov.co
[24] Calle 34 (Santos de Piedra) #3A-31, Parque
de Bolívar, Centro, Cartagena; cartagena@igac.gov.co
[25] Según datos del informe pericial dentro del
proceso policivo, a folio 123 del cuaderno 1 del expediente.
[26] Según el querellante, dichos sectores que
componen el Conjunto Residencial La Arboleda hacen parte de un terreno
compuesto por cuatro terrenos adquiridos por la sociedad querellante
(adquisiciones efectuadas en los años 1982, 1984 y 1986) y englobados mediante
escritura pública 0918 del 21 de mayo de 2003 de la Notaría Primera de
Cartagena. Respecto del sector Los Olivos, este fue liquidado y adjudicado
mediante escritura pública 2431 del 13 de septiembre de 2007 de la Notaría
Primera de Cartagena.
[27] Ver folio 7 del cuaderno 1/5 y folio 351
del cuaderno 2/5 de la querella policiva remitida por la Inspección de Policía
#13.
[28] Ver folio 123 del cuaderno 1 del
expediente.
[29] Ver folio 3 de este proveído.
[30] Ver folio 3 de este proveído.
[31] Ver folio 547 del cuaderno 3/5 de la
querella policiva remitida por la Inspección de Policía #13.
[32] Ibídem.
[33] Imagen tomada de plancha catastral del IGAC
que obra en el expediente a folio 388 del cuaderno principal.
[34] Para mejor comprensión de lo expuesto,
basados en información suministrada por el IGAC y según planchas catastrales
originales que obran en el expediente a folio 642 del cuaderno de pruebas, la
imagen ha sido retocada, sombreando y señalizando las zonas de terreno
aludidas.
[35]  Sentencias T-024 de 1994. M. P. Alejandro
Martínez Caballero.
[36]  Confrontar con las sentencias C-241 de
2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y T-096 de 2014 (Luis Ernesto Vargas Silva),
en las que esta Corporación ha distinguido tres aspectos del poder de policía,
señalados por la Carta en varias de sus normas: “Uno es el poder de policía propiamente
dicho, el cual por regla general, se ejerce por el Congreso de la República
mediante la expedición de las leyes. Excepcionalmente, este poder lo ejerce el
Presidente de la República, en los estados de guerra exterior, conmoción
interior y emergencia (art. 189 C.P.).
En cuanto a la función de policía, como segundo
aspecto, esta se ejerce de manera rutinaria y como parte de una función
administrativa, por el Presidente de la República a nivel nacional, y a nivel
territorial corresponde a una responsabilidad de los gobernadores (art. 303
C.P) y alcaldes (art. 315-2 C.P.). Ahora bien, los actos que se expidan en el
ejercicio de dicha función policial, son por regla general controvertibles ante
la jurisdicción contenciosa administrativa, pues estos actos son de carácter
administrativos.  (…)
Por último, la referida actividad de policía, es
aquella que corresponde a “la ejecución del poder y la función de policía en
un marco estrictamente material y no jurídico, que corresponde a la competencia
del uso reglado de la fuerza, y que se encuentra necesariamente subordinado al
poder y a la función de policía”.
[37] CPACA - ARTÍCULO 105.
EXCEPCIONES. La Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:
1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a
los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones
financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de
valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al
giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos
ejecutivos.
2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en
materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción.
Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la
función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde
hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán
ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones
que correspondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen
relación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativo separado.
3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley.
4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades
públicas y sus trabajadores oficiales.
[38] Al respecto ver las sentencias: T-149 de 1998
(MP. Antonio Barrera Carbonell), T-091 de 2003, T-1104 de 2008, T-423 de 2010.
En el mismo sentido, confrontar las sentencias T-1104 de 2008, T-267 de 2011,
T-193 de 2012 y T-684 de 2013.
[39] MP Juan Carlos Henao Pérez.
[40] Normatividad vigente al momento de los
hechos. El artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 30 de
la Ley 446 de 1998, a su vez recientemente modificado por el artículo 1° de la
Ley 1107 de 2006, estipula lo siguiente: “Objeto de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo
está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la
actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta
con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de la distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo
de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de
conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá juzgar,
inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno.
// La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. // Las
decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales
disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos
seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional.” (subrayado
fuera del texto original).
[41] Sentencia T-443 de 1993, MP Antonio Barrera
Carbonell.
[42] Magistrado ponente Juan Carlos Henao Pérez.
[43] En este sentido la jurisprudencia de ésta
Corporación ha advertido: “dada la naturaleza material de actos
jurisdiccionales que tienen las referidas providencias, cuando se alegue la
tutela del debido proceso, por estimarse violado con motivo de la actuación de
las autoridades de policía en el trámite de los procesos policivos, para que
aquella prospere es necesario que se configure una vía de hecho, en los
términos que ha precisado la jurisprudencia de la Corte, pues en esta clase de
procesos las autoridades de policía, para el ejercicio de sus competencias,
están amparadas por la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a
los jueces. Es decir, que como titulares eventuales de la función
jurisdiccional, en la situación específica que se les somete a su
consideración, gozan de un margen razonable de libertad para la apreciación de
los hechos y la aplicación del derecho. (…) Por consiguiente, sólo cuando se
configure una vía de hecho en la actuación policiva puede el juez de tutela
invalidar la respectiva providencia y ordenar el restablecimiento del debido
proceso”. T-149 de 1998 (MP. Antonio Barrera Carbonell). En sentido similar ver
las sentencias T-203 de 1994 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-1023 de 2005 (MP.
Rodrigo Escobar Gil).
[44] Corte Constitucional, Sentencia C-241 de
2010. Debe aclararse que si bien, en la referida sentencia, la Corte se declaró
inhibida por ausencia actual de objeto, ello obedeció al hecho de que según, la
perspectiva eminentemente formal y en observancia del artículo 3° de la Ley 153
de 1887, se estima “insubsistente una disposición legal por declaración
expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales
posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a
que la anterior disposición se refiera”, por ello, como ocurrió en el
presente caso, la norma debió considerarse como insubsistente, pues si bien fue
subrogada, como así lo concluyó el análisis hecho por la propia Corte, también
fue modificada, imposibilitando a esta Corporación pronunciarse de fondo.
[45] Corte Constitucional, Sentencia C-241 de
2010.
[46] Sobre el particular vale la pena revisar
las sentencias T-878 de 1999 M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-093 de 2006 M.
P. Jaime Córdoba Triviño; T-1104 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-560 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y más
recientemente, la sentencia T-053 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
entre otras.
[47] CODIGO CIVIL. ARTICULO 762.
<DEFINICION DE POSESION>. La
posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea
que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra
persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño,
mientras otra persona no justifique serlo.
[48] Al respecto en la Sentencia T-115 de 2004 (MP Jaime Cordoba Triviño) la Corte manifestó: En los juicios de amparo
policivo no se discute ni decide sobre el derecho de dominio, sino que se
limita a preservar o a restablecer la situación de hecho al estado anterior
(statu quo) a la perturbación o a la pérdida de la posesión o tenencia del
demandante sobre el bien. En esos términos, ese juicio ha sido asimilado a
controversias de naturaleza jurisdiccional y la providencia que se dicta no es
susceptible de recursos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
[49] Sobre el tema se
pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las siguientes: SU-014 de 2001;
T-705 de 2002; T-949 de 2003; T-774 de 2004; C-590 de 2005; T-565 de 2006;
T-661 de 2007; T-249 y T-594 de 2008; T-264, T-425 y T-537 de 2009; T-167,
T-105, T-214 y T-285 de 2010 y T-419 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[50] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-217 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[51] Sentencia T-233 de
2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[52] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-608 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[53] Sobre el
particular, consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009, MP Rodrigo
Escobar Gil, T-280 de 2009,          T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de
2010, T-136 de 2010 y T-524 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[54] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-462 de 2003.
[55] Al respecto,
consultar, entre otras, la Sentencia T-1275 de 2008.
[56] MP Jaime Araujo Rentería.
[57] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[58] MP Jaime Córdoba Triviño.
[59] Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño). La Corte declaró inexequible la norma que impedía interponer la
acción de tutela contra sentencias de casación en materia penal, por considerar
que dicha restricción vulneraba, entre otras normas, el artículo 86 de la
Constitución. Los criterios allí expuestos son plenamente aplicables para
reivindicar la procedencia de la tutela contra las sentencias de todos los
órganos máximos en las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y
jurisdiccional disciplinaria.
[60] Confróntese con las sentencias T-228 de
2012 y T-177 de 2011, proferidas por esta misma Sala. Ver también las
sentencias T-731, T-677, T-641 y T-426 de 2014; T-891, T-889, T-788 y T-736 de 2013; T-1074, T-1058, T-1047, T-932, T-928,        T-778, T-703, T-699, T-452, T-358, SU-195 y T-001 de 2012; SU-339, T-531, T-649, T-655, T-693, T-710 y T-508 de 2011; T-354 de 2010; C-543 de 1992, entre
otras.
[61] Respecto a la naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela, la Corte en sentencia T-1222 de 2001 señaló: “(…) el
desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela
implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de
los derechos fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario
y solo en caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se
pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o
cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es que el juez
constitucional está llamado a otorgar la protección invocada. Si no se dan
estas circunstancias, el juez constitucional no puede intervenir.”
[62] Corte Constitucional, sentencia T-753 de
2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[63] Corte Constitucional, sentencia T-406 de
2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño).
[64] Esta Corporación ha establecido que “[H]ay
perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o moral
injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima.
La indiferencia específica la encontramos en la voz
‘irremediable’. La primera noción que nos da el Diccionario es ‘que no se puede
remediar’, y la lógica de ello es porque el bien jurídicamente protegido se
deteriora irreversiblemente hasta tal punto, que ya no puede ser recuperado en
su integridad. Por ello se justifica la indemnización, porque es imposible
devolver o reintegrar el mismo bien lesionado en su identidad o equivalencia
justa. La indemnización compensa, pero no es la satisfacción plena de la deuda
en justicia.”[64] Corte Constitucional, Sentencia T-225 del
15 de junio de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[65] Cfr. las sentencias T-136, T-331 y T-660 de
2010; T-147, T-809 y T-860 de 2009; T-409 y T-629 de 2008; T-262 y T-889 de
2007; T-978 y T-1017 de 2006; T-954 y T-1146 de 2005; providencias en las que
la Corte declaró la improcedencia de la acción de tutela por la no ocurrencia
del perjuicio irremediable.
[66] Sobre las características del perjuicio
irremediable observar la sentencia T-225 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[67] “Sobre el tema se pueden consultar,
entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999, T-1155 de 2000 y T-290 de 2005”.
[68] Citada en la Sentencia T-436 de 2007.
[69] Corte Constitucional, Sentencia T-649 de
2011.
[70] Cfr. Sentencia T-684 de 2013 (MP Luis
Guillermo Guerrero López) y T-548 de 2013 (MP Maria Victoria Calle Correa).
[71] T-061 de 2002, T-1104 de 2008, T-267 de 2011, T-423 de
2010, C-241 de 2010.
[72]  T-746 de 2001, T-029 de 2012.
[73] T-472 de 2009, T-423 de 2010
[74] Al respecto ver las sentencias: T-797 de
2012 (MP. María Victoria Calle Correa), T-331 de 2008 (MP. Jaime Córdoba
Triviño).
[75] Cfr. sentencias T-474 de 2014 y T-179 de
1996.
[76] Tal como lo sería un contrato de
arrendamiento, una promesa de compraventa, contrato de compraventa, o un
negocio similar por escritura pública.
[77] Ver folios 234 al 237 del cuaderno
principal, enviado por fax, y su original obra a folios 643 al 668 del cuaderno
de pruebas
[78] Según escrito a folio 391 del cuaderno
principal del expediente.
[79] Según escrito a folio 418 del cuaderno
principal del expediente.
[80] Sentencia T-210 de 2011.