SU691-17
Sentencia SU691/17
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
MADRE CABEZA DE FAMILIA FRENTE A NOMBRAMIENTO DEL CONCURSO EN LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION-No es absoluta
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA
ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro
medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR REINTEGRO A CARGOS
PUBLICOS-Improcedencia
general
La acción de tutela no es el
mecanismo adecuado para solicitar el reintegro a un cargo público, pues para ello
existen otras vías idóneas y oportunas como la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. No obstante, excepcionalmente cuando el empleo no
es de libre nombramiento y remoción, la acción de tutela es procedente cuando,
del análisis de cada situación concreta, se concluya que los otros medios de
defensa carecen de idoneidad o eficacia.
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO COMO MECANISMO IDONEO Y EFICAZ PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE UN ACTO
DE DESVINCULACION DE UN SERVIDOR PUBLICO-Reiteración
de jurisprudencia
MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Ley 1437 de 2011
El Capítulo XI de la Ley 1437 de 2011 reguló, entre los artículos
229 y 241, las medidas cautelares que podrán ser concedidas en todos los
procesos declarativos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Para su procedencia se estableció que la solicitud debe
encontrarse debidamente sustentada y presentada en cualquier estado del
proceso. Lo anterior significó un cambio importante respecto del Código
Contencioso Administrativo, el que limitaba la solicitud de medidas cautelares
a la presentación de la demanda, lo que limitaba, efectivamente su eficacia, en
particular, frente a nuevos eventos que ameritaran la cautela. Prescribió
además que el juez o magistrado ponente podrían decretarlas si las considera
necesarias con el fin de proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del
proceso y la efectividad de la sentencia. En todo caso, por disposición legal
expresa, dispuso el Código que la decisión sobre la medida cautelar no
implicaría prejuzgamiento, con el fin de dar libertad al juez en la adopción de
esta decisión.
MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Medidas preventivas, conservativas, anticipativas o de
suspensión provisional, según ley 1437/11
En el artículo 230
de la Ley 1437 de 2011, se determinó que dichas medidas cautelares pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, por lo que se podría
decretar una o varias de ellas.
MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO-Requisitos para decretar las medidas cautelares
La medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se
encuentra regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su
procedencia la comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una
norma superior a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas
a la solicitud. Para las otras medidas cautelares, el mismo artículo establece
que su decreto será procedente cuando concurran los siguientes requisitos: (i)
la demanda presentada debe estar razonablemente fundada en derecho; (ii)
el demandante debe demostrar, así sea sumariamente, la titularidad del derecho
o de los derechos invocados; (iii) el demandante debe haber allegado los
documentos, argumentos y la justificación que permita concluir, mediante un
juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés
público negar la medida cautelar que concederla; y (iv) se debe demostrar que
al no otorgarse la medida se causaría un perjuicio irremediable o en su
defecto, que existen serios motivos para considerar que de no hacerlo los
efectos de la sentencia serían nugatorios.
MEDIDAS CAUTELARES
ORDINARIAS Y MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA EN EL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Oportunidad para decretarlas
MEDIDAS CAUTELARES
DE URGENCIA EN EL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Medios preliminares dotados de eficacia inmediata para la protección de
los derechos fundamentales
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Características
DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL-Reiteración de jurisprudencia
Reiterando lo dispuesto en la
sentencia T-199 de 2016, el mínimo vital es concebido en la jurisprudencia
constitucional como “un
derecho fundamental que tiene como característica ser cualitativo, por lo que
supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida. Sin
embargo, esto no significa que cualquier variación en los ingresos implique
necesariamente una vulneración de este derecho. Por el contrario, existe una carga soportable para cada persona, que
es mayor entre mejor haya sido la situación económica de cada quien. Por esto,
entre mayor sea el estatus socioeconómico, es más difícil que variaciones
económicas afecten el mínimo vital y, por ende, la vida digna”.
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DESVINCULAN A SERVIDORES PUBLICOS DE SUS
CARGOS-Procedencia excepcional
Los servidores públicos retirados de su cargo, en principio, no
pueden acudir a la acción de tutela para discutir los actos administrativos de
desvinculación. Lo anterior, por cuanto en cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, los empleados que pretendan se deje sin efectos el acto
administrativo de desvinculación deben acudir a los mecanismos ordinarios de
defensa judicial, antes que a la acción de tutela. Sin perjuicio
de lo expuesto, acorde con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, pese a la
existencia de mecanismos ordinarios de defensa judicial, la acción de tutela
puede ser procedente como mecanismo definitivo si el otro mecanismo judicial no
es idóneo y/o eficaz para el caso concreto, o como mecanismo transitorio cuando
sea necesaria la actuación del juez de tutela para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR REINTEGRO A CARGOS PUBLICOS-Improcedencia por existir otro medio
de defensa judicial y no acreditar perjuicio irremediable
Las acciones de tutela presentadas por Gloria
Inés Gómez Ramírez, Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres,
Martha Isabel Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa
Uribe, Rodrigo Rodríguez Barragán, Irma Susana Rueda Suarez, Carmen Remedios
Frías Arismedy y Claudia Ledesma Ibarra, son improcedentes considerando que los
accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz
donde ventilar las pretensiones aquí planteadas y no se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad que haga necesaria la
actuación del juez de tutela con el fin de evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Lo anterior teniendo en cuenta que (i) cuentan con
otras fuentes económicas diferentes a las de su salario con las cuales sufragar
sus gastos mensuales y protegiendo con ello su mínimo vital; (ii) ejercen una
profesión liberal con amplia experiencia laboral, lo cual les permite contar
con diferentes modelos de vinculación; (iii) no demostraron limitación física
para el ejercicio de sus funciones; y (iv) los cargos en provisionalidad
siempre están sujetos a la eventualidad del concurso, razón por la cual no
generan estabilidad en el empleo.
REGIMEN ESPECIAL DE CARRERA DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION-Cargos
de Procurador Judicial son empleos de carrera administrativa especial, según
sentencia C-101/13
DEBER DE MOTIVACION DE ACTOS DE RETIRO DE
SERVIDORES PUBLICOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA-Reiteración de jurisprudencia
MADRE CABEZA DE FAMILIA COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE
DESVINCULACION DE MADRE CABEZA DE FAMILIA DE SU CARGO-Procedencia excepcional
A juicio de la Sala Plena, el inciso 2º del artículo 43 de la
Constitución Política de Colombia otorga a las mujeres cabeza de familia una
protección especial de parte del Estado. Así las cosas, ante el riesgo
evidenciado de materialización de un perjuicio irremediable para el mínimo
vital de la accionante y de sus hijos y, en razón de la satisfacción de las
condiciones previstas en la SU-388 de 2005 para la protección de las madres
cabezas de familia, se exime a la accionante de acudir a los mecanismos
judiciales ordinarios para la tutela de sus derechos. En este sentido, la Corte considera
que la protección constitucional a las madres cabeza de familia que demuestren
el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la SU-388 de 2005 torna
ineficaz el mecanismo judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. De esta manera, a diferencia de los casos declarados
improcedentes, la señora Ortegón Pinzón demostró que no cuenta con ingresos
diferentes a su salario para suplir los gastos mensuales que implican su
condición de madre cabeza de familia, circunstancia que hace procedente la
acción de tutela presentada por la señora Diana Ortegón Pinzón como mecanismo
definitivo.
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Presupuestos
jurisprudenciales para que una mujer sea considerada como tal
La Corte ha dispuesto que para acreditar la condición de madre  cabeza de
familia: (i) es indispensable el total abandono del hogar por parte de la
pareja y de las responsabilidades que le corresponden como padre; (ii) el
estado civil de la mujer es irrelevante a la hora de determinar si es o no cabeza
de familia. Ahora bien, (iii) la declaración ante notario a que hace referencia
el parágrafo del artículo 2° de la Ley 82 de 1993, no es una prueba necesaria
para acreditar la condición de cabeza de familia, pues dicha calidad no depende
de esta clase de formalidades, sino de los presupuestos fácticos del caso
concreto.
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Protección
a través de la estabilidad laboral reforzada
El mandato constitucional consagrado en el inciso
2 del artículo 43 de la Constitución fundamenta, para las mujeres cabeza de
familia, una protección constitucional a través de la estabilidad laboral
reforzada, en aplicación directa de la Constitución. Así las cosas, ante la
existencia de un vínculo laboral administrativo de servidores públicos
nombrados en provisionalidad, cuando esté demostrada la desvinculación de una
madre que acredite ser cabeza de familia (SU-388 de 2005) y que dicha
desvinculación afecta su derecho y el de sus hijos al mínimo vital, el juez de
tutela, en principio, debe garantizar la protección constitucional.
ESTABILIDAD LABORAL DE MADRE CABEZA DE FAMILIA-No es absoluto
MERITO-Criterio rector de
acceso a la función pública
CONCURSO PUBLICO-Mecanismo idóneo para hacer efectivo
el mérito
DESVINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS PROVISIONALES
CON ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA CON OCASION DE CONCURSO DE MERITOS-Reiteración de jurisprudencia
DESVINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS
PROVISIONALES CON OCASION
DE CONCURSO DE MERITOS-Situaciones que deben ser tenidas en cuenta
cuando servidor ostenta la calidad de mujer cabeza de familia
Cuando el servidor que debe ser desvinculado ostenta la calidad de
mujer cabeza de familia, la entidad deberá tener en cuenta dos situaciones
antes de proceder a la desvinculación: 1.Si
cuenta con un margen de maniobra, reflejado en vacantes, para la provisión de
empleos de carrera, en razón de la diferencia entre las plazas ofertadas y
aquellas provistas mediante la correspondiente lista de elegibles, surge la
obligación de garantizar la estabilidad laboral tanto del ganador del concurso
como del servidor público cabeza de familia. 2.
Si no cuenta con margen de maniobra, la entidad debe generar los medios que
permitan proteger a las madres cabeza de familia, con el propósito de que sean
las últimas en ser desvinculadas de sus cargos, esto, por cuanto no gozan de un
derecho indefinido a permanecer en el cargo de carrera.
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE
DESVINCULACION DE MADRE CABEZA DE FAMILIA CON OCASION DE CONCURSO DE MERITOS-Orden a la Procuraduría General de la Nación que, de ser posible, dé
continuidad a vinculación de accionante de forma provisional hasta tanto todas
las plazas sean ocupadas por los integrantes de la lista de elegibles
Referencia: Expedientes T-5.761.808,
T-5.846.142, T-5.858.331 y T-5.959.475 acumulados.
Acción de tutela interpuesta por Gloria
Inés Gómez Ramírez[1],
Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel Lozano
Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe, Rodrigo Rodríguez
Barragán, Irma Susana Rueda Suarez, Carmen Remedios Frías Arizmendy[2],
Claudia Ledesma Ibarra[3]
y Diana Ortegón Pinzón[4]
contra la Procuraduría General de la Nación.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C.,  veintitrés (23) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, y los Magistrados Carlos Bernal
Pulido, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella
Ortiz Delgado, José Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ríos y Diana Fajardo
Rivera, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.  LAS DEMANDAS DE TUTELA
Mediante sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013, la
Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “Procurador Judicial” contenida en
el numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por considerar
que vulneraba el artículo 280 de la Constitución Política. En consecuencia,
ordenó a la “Procuraduría General de la Nación que en un término máximo de
seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un
concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador
Judicial, que deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de
esta sentencia”.
En cumplimiento de la ordenado en la
sentencia C-101 de 2013, la Procuraduría General de la Nación a través de la
Resolución 040 del 20 de enero de 2015, dispuso la apertura del proceso de
selección de personal para la provisión en carrera administrativa de todos los
empleos de procurador judicial, incluidos los ocupados por los accionantes en
la presente acción de tutela. Así las cosas, se expidieron catorce (14)
convocatorias con el fin de proveer todos los empleos de procurador judicial I
y II, en total 427 cargos de procuradores judiciales II y 317 cargos de procuradores
judiciales I.
En virtud de la conformación de las
listas de elegibles, la Procuraduría General de la Nación ordenó producir los
nombramientos y efectuar las posesiones de acuerdo con los términos fijados en
el Decreto No. 262 de 2000.
Los accionantes, Gloria Inés Gómez
Ramírez, Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel
Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe, Rodrigo
Rodríguez Barragán, Irma Susana Rueda Suarez, Carmen Remedios Frías Arizmendy,
Claudia Ledesma Ibarra y Diana Ortegón Pinzón ocupaban los cargos de
procuradores judiciales objeto del concurso señalado anteriormente; al no hacer
parte de las listas de elegibles fueron desvinculados de la Procuraduría
General de la Nación, pese a tratarse de personas próximas a pensionarse y/o
mujeres cabeza de familia[5].
En virtud de dichas desvinculaciones,
los accionantes interpusieron acción de tutela contra la Procuraduría General
de la Nación por considerar vulnerados sus derechos al trabajo, a la
estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social. En
consecuencia, solicitaron al juez de tutela tutelar sus derechos fundamentales
y ordenar a la Procuraduría General de la Nación reintegrarlos a los cargos de
procuradores judiciales, los cuales ocupaban antes de ser desvinculados.
A continuación, se exponen los hechos
más relevantes de las acciones de tutela objeto de revisión. Sin embargo, en el
Anexo 1 de la presente acción de tutela se presentan con detalle los
antecedentes correspondientes.
B.   HECHOS RELEVANTES DE LAS DEMANDAS[6]
Expediente T-5.761.808
1.
Acción de tutela presentada por Gloria Inés Gómez Ramírez
1.1. Mediante Decreto No. 299 del 12 de
febrero de 2010, la accionante fue nombrada en el cargo de “Procurador Judicial
138 Judicial II Administrativo de Bogotá”[7].
Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación le
comunicó a la señora Gloria Inés Gómez Ramírez que mediante Decreto 3282 del 8
de agosto de 2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la
Resolución 345 del 8 de julio de 2016, había sido nombrado el señor Efrén
González Rodríguez en el cargo que ella ocupaba. En consecuencia, a partir de
la posesión del señor González Rodríguez culminaría su vinculación provisional
con la entidad[8].
El 05 de septiembre de 2016 se hizo efectiva su desvinculación[9].
1.2. La señora Gloria
Inés Gómez Ramírez manifestó ser una persona próxima a pensionarse,
argumentando que ha cotizado más de 1300 semanas al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones[10]
y, para la fecha de la desvinculación, tenía 56 años[11]. En tal virtud, en
varias oportunidades le solicitó a la Procuraduría General de la Nación no ser
desvinculada del cargo, petición que no fue considerada por la entidad[12]. En sede de
revisión la accionante informó a la Corte Constitucional que en virtud de su
desvinculación de la entidad, interpuso acción de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin embargo,
no solicitó medida cautelar en dicho proceso[13].
1.3. Si bien en la acción de tutela la accionante no hizo
alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante auto
de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado
ponente solicitó a la accionante información al respecto[14]. De esta forma, la señora
Gloria Inés Gómez Ramírez manifestó ser una persona de 57 años, con expectativas de
pensionarse, sin personas a cargo y carece de recursos económicos porque
dependía de su salario para sufragar sus gastos, motivo por el cual ha
recurrido a préstamos de sus familiares cercanos. Ahora bien, informó ser
propietaria de un apartamento y de un vehículo.  Sus egresos mensuales
equivalen a $13.065.581,00[15].
Finalmente, la accionante adjunta
historia clínica que certifica las enfermedades que le han sido diagnosticadas,
como los son: artrosis trapecio metacarpiana, tenosinovitis de quervan y
gonartrisis[16].
Así las cosas, al quedarse sin trabajo su salud podría verse afectada al no
contar con la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Expediente T-5.846.142
2.
Acción de tutela presentada por Luis Hernando Ortiz Valero
2.1. Mediante Decreto No. 2122 del 28 de
septiembre de 2009, el accionante fue nombrado en el cargo de “Procurador 24
Judicial II Penal de Bogotá”[17].
Posteriormente, el 02 de septiembre de 2016, el señor Luis Hernando Ortiz
Valero fue desvinculado de la entidad[18].
2.2. El señor Luis
Hernando Ortiz Valero manifestó ser una persona próxima a pensionarse,
argumentando que ha cotizado más de 1300 semanas[19] y, para la fecha de la
interposición de la acción de tutela, tenía 62 años. Según la información
suministrada por Colpensiones a la Corte Constitucional, mediante Resolución
GNR 271719 del 14 de septiembre de 2016, le fue reconocida pensión de vejez al
señor Luis Hernando Ortiz Valero, por valor de $6.961.342,00[20]. Posteriormente,
mediante Resolución GNR 296023 del 06 de octubre de 2016, Colpensiones ordenó
la inclusión en nómina del accionante, una vez verificado su retiro de la
Procuraduría General de la Nación[21].
Finalmente, mediante Resolución GNR 338374 del 16 de noviembre de 2016
Colpensiones reliquidó el monto pensional estableciendo un valor de
$7.195.354,00 mensuales[22].
2.3. En la acción de
tutela el accionante argumentó que, teniendo 62 años y al cumplir con los
presupuestos para ser considerado prepensionado, se debe garantizar su
permanencia en su cargo o en uno de igual o superior categoría, hasta tanto sea
incluido en nómina de pensionados de la entidad, con el fin de proteger su
derecho al mínimo vital. Según información suministrada por la Procuraduría
General de la Nación[23],
el accionante cuenta con un predio rural, un apartamento y un vehículo.
3.
Acción de tutela presentada por María Marcela Duarte Torres
3.1. Mediante Decreto No. 1243 del 05 de
septiembre de 2002, la accionante fue nombrada en el cargo de “Procuradora 51
Judicial II Penal de Bucaramanga”[24].
Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación
le comunicó a la señora María Marcela Duarte Torres que, mediante Decreto 3667
del 8 de agosto de 2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la
Resolución 357 del 11 de julio de 2016, fue nombrado el señor Miguel Antonio
Carvajal Pinilla en el cargo que la accionante ocupaba. En consecuencia, a
partir de la posesión del señor Carvajal Pinilla culminaría su vinculación
provisional con la entidad[25].
El 05 de septiembre de 2016 se hizo efectiva su desvinculación[26].
3.2. La señora María
Marcela Duarte Torres, manifestó ser una persona próxima a pensionarse[27],
argumentando que ha cotizado más de 1300 semanas y, para la fecha de
desvinculación, tenía 56 años[28].
En tal virtud, en varias oportunidades le solicitó a la Procuraduría General de
la Nación no ser desvinculada del cargo, petición que no fue considerada por la
entidad[29]. En sede de
Revisión la accionante informó a la Corte Constitucional que interpuso acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, con solicitud de medidas cautelares[30].
3.3. Si
bien en la acción de tutela la accionante no hizo alusión a la posible
configuración de un perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido
por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado ponente
solicitó a la accionante información al respecto. De esta forma, la señora
María Marcela Duarte torres manifestó ser una persona de 56 años, con
expectativas de pensionarse, su núcleo familiar está conformado por su esposo y
su hijo de 20 años, quien depende económicamente de ella por ser estudiante de
tercer semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana[31]. Acorde con
su manifestación, si bien su esposo trabaja, sus ingresos no son suficientes
para sufragar los gastos mensuales, por lo que, la fuente de sus recursos
económicos lo integran los ahorros producto de su trabajo[32].
Adicionalmente, informó ser propietaria de un apartamento, lugar donde reside
actualmente, afectado con patrimonio de familia y de un vehículo[33].
Según lo expuesto, sus egresos mensuales ascienden a la suma de $10.500.000[34].
4.
Acción de tutela presentada por Martha Isabel Lozano Urbina
4.1. Mediante Decreto No. 069 del 21 de enero
de 2011, la accionante fue nombrada en el cargo de “Procuradora 318 Judicial II
Penal de Bucaramanga”[35].
Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación
le comunicó a la señora Martha Isabel Lozano Urbina que mediante Decreto 3664
del 8 de agosto de 2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la
Resolución 357 del 11 de julio de 2016, fue nombrada la señora Amparo Jaimes
Suarez en el cargo que la accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de la
posesión de la señora Jaimes Suarez culminaría su vinculación provisional con
la entidad[36].
El 01 de septiembre de 2016 se hizo efectiva la desvinculación[37].
4.2. La señora Martha
Isabel Lozano Urbina manifestó ser una persona próxima a pensionarse[38],
argumentando que ha cotizado más de 1300 semanas y, para la fecha de
desvinculación, tenía 56 años. En tal virtud, en varias oportunidades le
solicitó a la Procuraduría General de la Nación no ser desvinculada del cargo,
petición que no fue considerada por la entidad[39]. En sede de
revisión, la
accionante le informó a la Corte Constitucional que el 16 de febrero de 2017
interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, con solicitud de medidas cautelares[40].
4.3. Si bien en la
acción de tutela la accionante no hizo alusión a la posible configuración de un
perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado ponente solicitó a la
accionante información al respecto. De esta forma, la señora Martha Isabel
Lozano Urbina manifestó ser una persona de 56 años, con expectativas de
pensionarse, de ella dependen sus dos hijas profesionales y mayores de edad y
la empleada doméstica. Sus ingresos actuales corresponden a un contrato de
prestación de servicios suscrito con la personería de Bogotá por un lapso de 7
meses (03 de febrero de 2017 a septiembre de 2017), devengando por honorarios
mensuales la suma de $7.350.000[41],
además de los ahorros que tiene fruto de su trabajo. El esposo es magistrado
auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, percibiendo un ingreso de $23.500.000 mensuales. La accionante es
propietaria del 50% de su casa donde reside actualmente[42]. También
cuenta con el 50% de una oficina ubicada en Bucaramanga[43]; además, era
propietaria de un apartamento en Bogotá D.C., el cual ya fue vendido con el fin
de cubrir las deudas. Adicionalmente cuenta con una camioneta Mitsubishi. Pese
a todo lo referido, no cuenta con medios económicos suficientes para sufragar
los gastos mensuales de la familia ya que sus egresos mensuales ascienden a la
suma de $16.153.000[44].
Finalmente, informó la accionante que
fue diagnosticada con estrés laboral, lo cual empeora su vulnerabilidad[45].
5.
Acción de tutela presentada por Lida Janeth Pinto Barón
5.1. Mediante Decreto No. 2120 del 03 de julio
de 2012, la accionante fue nombrada en el cargo de “Procurador 170 Judicial II
Penal de Bucaramanga”[46].
Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación
le comunicó a la señora Lida Janeth Pinto Barón que mediante Decreto 3694 del 8
de agosto de 2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la
Resolución 357 del 11 de julio de 2016, fue nombrada la señora Nidian de la Merced
Guevara Echavez en el cargo que la accionante ocupaba. En consecuencia, a
partir de la posesión de la señora Guevara Echavez culminaría su vinculación
provisional con la entidad[47].
El 02 de septiembre de 2016 se hizo efectiva su desvinculación[48].
5.2. La señora Lida Janeth Pinto Barón
manifestó ser una persona próxima a pensionarse, argumentando que ha cotizado
más de 1300 semanas y, para la fecha de desvinculación, tenía 55 años[49]. En tal
virtud, en varias oportunidades le solicitó a la Procuraduría General de la
Nación no ser desvinculada del cargo, petición que no fue considerada por la
entidad[50]. En sede de
revisión la
accionante le informó a la Corte Constitucional que interpuso acción de nulidad
y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, con solicitud de medidas cautelares[51].
5.3. Si bien en la
acción de tutela la accionante no hizo alusión a la posible configuración de un
perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado ponente solicitó a la
accionante información al respecto[52].
De esta forma, la señora Lida Janeth Pinto Barón manifestó ser una persona de 55
años, con expectativas de pensionarse, los gastos del hogar son conjuntos con
su esposo y no tiene personas a cargo. Informó ser propietaria del 50% de un
automóvil. Sus egresos mensuales ascienden a la suma de $6.000.000[53].
Finalmente informó la accionante que
está diagnosticada con cáncer linfático o linfoma no hodking desde el
año 2013 con tratamiento de quimioterapia por más de dos años y actualmente se
encuentra en controles médicos por el riesgo de reincidencia, para lo cual ya
está considerando el trasplante de médula ósea, lo cual empeora su
vulnerabilidad[54].
6.
Acción de tutela presentada por Carlos Arturo Serpa Uribe
6.1. Mediante Decreto No. 923 del 10 de
agosto de 2001, el accionante fue nombrado en el cargo de “Procurador 24
Judicial II Agrario de Santander”[55].
Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación
le comunicó al señor Carlos Arturo Serpa Uribe que mediante Decreto 3195 del 8
de agosto de 2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la
Resolución 348 del 8 de julio de 2016, fue nombrado el señor Alberto Rivera
Balaguera en el cargo que el accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de
la posesión del señor Rivera Balaguera culminaría su vinculación provisional
con la entidad[56].
6.2. El señor Carlos Arturo Serpa Uribe
manifestó ser una persona próxima a pensionarse, argumentando que ha cotizado
más de 1300 semanas y, para la fecha de desvinculación, tenía 61 años[57]. Por su
parte, Colpensiones informó a la Corte Constitucional que mediante Acto
Administrativo SUB 35675 del 20 de abril de 2017, le fue reconocida pensión de
invalidez al señor Carlos Arturo Serpa Uribe, por valor de $11.885.784,00, con
un pago retroactivo de $316.988.467,00[58].
Según lo expuesto por el accionante, en varias
oportunidades le solicitó a la Procuraduría General de la Nación no ser
desvinculado del cargo, petición que no fue considerada por la entidad[59]. En sede de revisión el accionante le informó a la Corte
Constitucional que interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Procuraduría General de la Nación, en la cual solicitó medidas
cautelares[60].
6.3. Si bien en la
acción de tutela el accionante no hizo alusión a la posible configuración de un
perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado ponente solicitó a la
accionante información al respecto[61].
De esta forma, el señor Carlos Arturo Serpa Uribe manifestó ser una persona de 61
años, con expectativas de pensionarse, su núcleo familiar está conformado por
su esposa, quien depende de él. Es propietario de un apartamento en la ciudad
de Bucaramanga, en el que en la actualidad reside[62]. Sus egresos
mensuales ascienden a la suma de $4.000.000[63]
Finalmente,
informó el accionante que en el año 2013 presentó un infarto cerebral
dislipidemia, del que se derivaron otras afectaciones a su capacidad laboral,
lo cual empeora su vulnerabilidad[64].
7.
Acción de tutela presentada por Rodrigo Rodríguez Barragán
7.1. Mediante Decreto
No. 116 del 25 de enero de 2012, el accionante fue nombrado en el cargo de
“Procurador 52 Judicial II Penal de Bucaramanga”[65]. Posteriormente, el 12
de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó al señor
Rodrigo Rodríguez Barragán que mediante Decreto 3650 del 8 de agosto de 2016,
en aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 357 del 11 de
julio de 2016, fue nombrado el señor Luis Francisco Casas Farfán en el cargo
que el accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión del señor
Casas Farfán culminaría su vinculación provisional con la entidad[66]. En el mes
de septiembre de 2016, se hizo efectiva su desvinculación.
7.2. El señor Rodrigo
Rodríguez Barragán manifestó ser una persona próxima a pensionarse,
argumentando que ha cotizado más de 1300 semanas y, para la fecha de
desvinculación, tenía 62 años[67].
En tal virtud, en varias oportunidades le solicitó a la
Procuraduría General de la Nación no ser desvinculado del cargo, petición que
no fue considerada por la entidad[68].
7.3. Si bien en la
acción de tutela el accionante no hizo alusión a la posible configuración de un
perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado ponente solicitó a la
accionante información al respecto[69].
De esta forma, el señor Rodrigo Rodríguez Barragán  manifestó ser
una persona de 63 años, con expectativas de pensionarse, su núcleo familiar
está conformado por su esposa y sus dos hijos, quienes dependen de él. Es
propietario de un apartamento en el cual reside actualmente en la ciudad de
Bucaramanga[70],
también es propietario de una oficina ubicada en Bucaramanga. Por su parte, sus
egresos mensuales ascienden a la suma de $7.500.000[71].
8.
Acción de tutela presentada por Irma Susana Rueda Suarez
8.1. Mediante Decreto No. 2017 del 09 de
septiembre de 2009, la accionante fue nombrada en el cargo de “Procurador 285
Judicial I Penal de Bucaramanga”[72].
Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación
le comunicó a la señora Irma Susana Rueda Suarez que mediante Decreto 3432 del
8 de agosto de 2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución
340 del 8 de julio de 2016, fue nombrada la señora Genny Liliana Castillo
Fandiño en el cargo que la accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de la
posesión de la señora Castillo Fandiño culminaría su vinculación provisional
con la entidad[73].
8.2. La señora Irma
Susana Rueda Suarez manifestó ser una persona próxima a pensionarse,
argumentando que ha cotizado más de 1300 semanas y, para la fecha de
desvinculación, tenía 64 años[74].
Pese a lo anterior, acorde con lo manifestado por Colpensiones, la señora Irma
Susana Rueda Suarez no ha solicitado el reconocimiento y pago de prestación
económica alguna, por lo tanto, actualmente no se le ha reconocido pensión[75].
8.3. Si bien en la
acción de tutela la accionante no hizo alusión a la posible configuración de un
perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado ponente solicitó a la
accionante información al respecto[76].
De esta forma, la señora Irma Susana Rueda Suarez manifestó ser una persona
de 64 años, con expectativas de pensionarse, sin personas a cargo. Es
propietaria de una vivienda familiar[77],
un vehículo[78];
y una volqueta[79].
Por su parte, sus egresos mensuales ascienden a la suma de $6.000.000[80].
9.
Acción de tutela presentada por Carmen Remedios Frías
Arismendy
9.1. El 02 de febrero de 2012, la accionante
fue nombrada Procuradora 122 Judicial II Penal de Medellín.
Posteriormente, el 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación
le comunicó a la señora Carmen Remedios Frías Arismendy que mediante Decreto
3868 del 8 de agosto de 2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida
en la Resolución 357 del 11 de julio de 2016, fue nombrado el señor Luis
Fernando Sanín Posada en el cargo que ella ocupaba. En consecuencia, a partir
de la posesión del señor Sanín Posada culminaría su vinculación provisional con
la entidad[81].
El 01 de septiembre de 2016, se hizo efectiva su desvinculación.
9.2. La señora Carmen
Remedios Frías Arismendy manifestó ser una persona próxima a pensionarse,
argumentando que ha cotizado aproximadamente 1248 semanas y, para la fecha de
desvinculación, tenía 55 años[82].
En tal virtud, en varias oportunidades le solicitó a la Procuraduría General de
la Nación no ser desvinculada del cargo, petición que no fue considerada por la
entidad[83]. En sede de
revisión la accionante informó a la Corte Constitucional radicaría
demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin solicitud de
medidas cautelares[84].
9.3. Si bien en la
acción de tutela la accionante no hizo alusión a la posible configuración de un
perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado ponente solicitó a la
accionante información al respecto[85].
De esta forma, la señora Carme Remedios Frías Arismendy manifestó ser una
persona de 55 años, de quien depende su hijo de 13 años. Es propietaria de un
apartamento[86],
el cual se encuentra arrendado, también es propietaria de un inmueble en la
ciudad de Barranquilla[87],
el cual está próximo a arrendarse en $1.200.000.
Expediente T-5.858.331
10.
Acción de tutela presentada por Claudia Ledesma Ibarra
10.1. La accionante estuvo vinculada
con la Procuraduría General de la Nación desde el 09 de marzo de 1987, el
último cargo ejercido por ella correspondió al de Procuradora 323 Judicial I
Penal de Florencia (Caquetá)[88].
El 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó a la
señora Claudia Ledesma Ibarra que mediante Decreto 3510 del 8 de agosto de
2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 340 del
8 de julio de 2016, fue nombrado el señor Jesús David Salazar Losada en el
cargo que la accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión del
señor Salazar Losada culminaría su vinculación provisional con la entidad[89].
10.2. La señora
Claudia Ledesma Ibarra manifestó ser una persona próxima a pensionarse,
argumentado que ha cotizado más de 1300 semanas y, para la fecha de
desvinculación, tenía 55 años[90].
En tal virtud, en varias oportunidades le solicitó a la Procuraduría General de
la Nación no ser desvinculada del cargo, petición que no fue considerada por la
entidad[91].
En sede de revisión, la
accionante le informó a la Corte Constitucional que interpuso acción de nulidad
y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo; sin embargo, no solicitó medida cautelar en dicho proceso[92].
10.3. Si bien en la
acción de tutela la accionante no hizo alusión a la posible configuración de un
perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional el 22 de marzo de 2017, el magistrado ponente solicitó a la
accionante información al respecto[93].
La señora Claudia Ledesma Ibarra manifestó que es una persona de
56 años, quien tiene a cargo a una sobrina en segundo grado. Sus ingresos
actuales corresponden a los ahorros que tiene fruto de su trabajo, a la
liquidación y cesantías retiradas al desvincularse de la entidad, una suma
aproximada de $33.000.000, y a $100.000 del arriendo de bienes familiares. Ella
y sus 7 hermanos son propietarios de una casa de habitación[94] y de una
parcela de 14 plazas[95];
también es propietaria de un vehículo[96].
Sus egresos mensuales ascienden aproximadamente a la suma de $5.400.000[97]
Por otra parte, la Procuraduría General
de la Nación adjuntó el formulario de declaración juramentada de bienes y
rentas del año 2016 de la señora Claudia Ledesma Ibarra[98]. En dicha declaración la
señora Ledesma Ibarra afirmó contar con una casa ($100.000.000), un lote
($18.000.000), una finca ($120.000.000) y un automóvil ($30.000.000).
Adicionalmente, registra una deuda con el banco BBVA por $135.000.000.
Expediente T-5.959.475
11.
Acción de tutela interpuesta por Diana Ortegón Pinzón
11.1. Mediante Decreto No. 1484 del 15
de abril de 2015, la accionante fue nombrada en el cargo de Procuradora 18
Judicial Penal II de Bogotá, tomando posesión el 07 de mayo del mismo año[99].
Posteriormente, el 02 de septiembre de 2016, la Procuraduría General de la
Nación desvinculó a la accionante, como consecuencia del nombramiento en
propiedad de la persona seleccionada de la lista de elegibles. Sin embargo, el
01 de enero del presente año[100], en
cumplimiento del fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, el 23 de noviembre de 2016, la señora Diana
Ortegón Pinzón fue posesionada en el cargo de Procuradora Judicial Ambiental y
Agraria en la ciudad de Florencia (Caquetá).
11.2. La accionante manifestó ser mujer
cabeza de familia y como tal no podría ser desvinculada de la Procuraduría
General de la Nación. Para demostrar su condición informó que:
(i)
Es
madre de dos hijos, Daniela, de 24 años[101],
estudiante de la Universidad del Rosario en el programa de jurisprudencia[102], y
Nicolás, de 16 años[103],
matriculado en 9º grado en el Colegio Campestre San Diego[104].
(ii)
La
responsabilidad es permanente hasta tanto sus hijos tengan capacidad para
laborar.
(iii)
Desde
el año 2005 el padre de sus hijos no responde por ellos. Para probarlo, adjuntó
tres declaraciones juramentadas y varias resoluciones de la Defensoría de
Familia autorizando la salida del país del menor Nicolás para viajar con su
mamá y su hermana a Estados Unidos. En dichas resoluciones se deja la siguiente
constancia “el progenitor del niño abandonó su hogar desde el año
2005 y a la fecha no se hace responsable de sus deberes como padre”[105].
(iv)
A
la fecha, la accionante no tiene conocimiento del lugar de residencia del padre
de los niños, ni números de contacto.
(v)
Según
lo manifestado por la accionante, no recibe ayuda de ningún familiar. El padre
de la accionante es pensionado de la Universidad Nacional y es responsable de
la mamá de la accionante, quien está diagnosticada con Alzheimer, y de
su hermano quien presenta discapacidad cognitiva leve y auditiva. El abuelo
paterno de sus hijos es pensionado de la Fuerza Armada y de él depende su esposa.
11.3. En virtud de lo anterior, la
accionante, el 27 de julio de 2016, le informó a la Procuraduría
General de la Nación acerca de su condición de mujer cabeza de familia. El 22
de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación le respondió a la
accionante que su condición de mujer cabeza de familia no estaba acreditada
toda vez que: (i) uno de sus hijos es mayor de edad y no presenta limitaciones
físicas, mentales, u otras situaciones especiales que sean de carácter
permanente; (ii) sus hijos están reconocidos por el padre; (iii) no está
probado que el padre de sus hijos esté incapacitado física, sensorial o
psíquicamente para asumir sus responsabilidades; y (iv) no acreditó el
agotamiento de las instancias penales o de familia, a fin de hacer cumplir al
padre con sus funciones económicas[106].
En
sede de revisión, la accionante le informó a la Corte Constitucional que no
interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo[107].
11.4. La señora Diana
Ortegón Pinzón manifestó ser una persona de 47 años, quien depende exclusivamente
de su salario, no tiene bienes inmuebles ni participación en sociedades que le
generen renta alguna, únicamente es propietaria de un carro modelo 2010.
C.  RESPUESTA DE LA PARTE ACCIONADA[108]
12. La Procuraduría
General de la Nación intervino en cada una de las acciones de tutela exponiendo
para todos los casos argumentos generales buscando demostrar la improcedencia
de la acción de tutela. Adicionalmente, presentó las razones por las cuales en
cada caso concreto no sería procedente el amparo. A continuación, se exponen
los argumentos generales, los cuales aplican a todos los casos; en cuanto a las
razones expuestas concretas en cada caso, pueden ser consultadas en el Anexo 1
de la presente sentencia.
Argumentos generales[109]:
12.1. En cumplimiento
de la sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013, la Procuraduría General de la
Nación convocó a concurso público de méritos para la provisión en carrera
administrativa de todos los empleos de procurador judicial (I y II). En tal
virtud, mediante Resolución 040 del 20 de enero de 2015 se dispuso la apertura
del respectivo proceso de selección, a través de catorce (14) convocatorias,
así:
Procuradores judiciales II
Convocatoria
Dependencia o
área de trabajo
Cantidad
Lista de elegibles
001-2015
Procuraduría delegada para la
restitución de tierra
23
R. 349 del 08/07/2016
002-2015
Procuraduría
delegada para asuntos ambientales y agrarios
31
R. 348 del 08/07/2016
003-2015
Procuraduría
delegada para asuntos civiles
12
R. 347 del 08/07/2016
004-2015
Procuraduría
delegada para el ministerio público en asuntos penales
208
R. 357 del 11/07/2016
005-2015
Procuraduría
delegada para asuntos de trabajo y la seguridad social
14
R. 346 del 08/07/2016
006-2015
Procuraduría
delegada para la conciliación administrativa
94
R. 345 del 08/07/2016
007-2015
Procuraduría
delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la
familia
45
R. 344 del 08/07/2016
Total
427
Procuradores judiciales I
Convocatoria
Dependencia o
área de trabajo
Cantidad
Lista de elegibles
008-2015
Procuraduría delegada para la
restitución de tierra
23
R. 349 del 08/07/2016
009-2015
Procuraduría
delegada para asuntos ambientales y agrarios
3
R. 348 del 08/07/2016
010-2015
Procuraduría
delegada para asuntos civiles
2
R. 347 del 08/07/2016
011-2015
Procuraduría
delegada para el ministerio público en asuntos penales
149
R. 357 del 11/07/2016
012-2015
Procuraduría
delegada para asuntos de trabajo y la seguridad social
19
R. 346 del 08/07/2016
013-2015
Procuraduría
delegada para la conciliación administrativa
107
R. 345 del 08/07/2016
014-2015
Procuraduría
delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la
familia
14
R. 344 del 08/07/2016
Total
317
12.2. Según lo informado por la
Procuraduría General de la Nación, hasta el 29 de marzo de 2017, estaban
provistos en condición de provisionalidad los cargos en los que la lista de
elegibles cuyo número de integrantes fue inferior al número de cargos
ofertados, así:
Convocatoria
Número de
cargos ofertados
Concursantes
en la lista
Cargos
excedentes
Lista de elegibles
001-2015
23
21
2
R. 349 del 08/07/2016
002-2015
31
28
3
R. 348 del 08/07/2016
005-2015
14
11
3
R. 346 del 08/07/2016
008-2015
23
7
16
R. 343 del 08/07/2016
009-2015
3
2
1
R. 342 del 08/07/2016
012-2015
19
11
8
R. 339 del 08/07/2016
013-2015
107
91
16
R. 338 del 08/07/2016
014-2015
14
11
3
R. 337 del 08/07/2016
Total
52
Así las cosas, algunos de los cargos no
ocupados en razón del concurso de méritos están asignados en provisionalidad
por aquellos procuradores judiciales I y II que venían ejerciendo dicho cargo
en provisionalidad y que por falta de integrantes en la lista respectiva no han
sido asignados a un servidor de carrera. Adicionalmente, la Procuraduría
informó que algunos cargos están siendo provistos en provisionalidad con
ocasión de fallos de tutela en los cuales se ha ordenado el reintegro de
funcionarios en empleos aún no provistos con cargo de las listas de elegibles.
Entonces, de un total de 744 cargos de
procuradores judiciales I y II, hay 76 cargos asignados en provisionalidad bien
sea porque se agotó la lista de elegibles o porque por orden judicial se ordenó
el reintegro del servidor público.
12.3. Respecto del
número de cargos asignados a los integrantes de las diferentes listas de
elegibles se han asignado 407 procuradores judiciales II y 253 procuradores
judiciales I, para un total de 660 personas.
12.4. Ahora bien, así
como en algunas convocatorias existe un excedente de cargos, en otras existe
excedente de personas en lista de elegibles, como se expone a continuación:
Convocatoria
Número de
cargos ofertados
Concursantes
en la lista
Excedente
003-2015
13
14
1
004-2015
208
366
158
006-2015
94
239
145
007-2015
45
97
52
010-2015
2
5
3
011-2015
149
198
49
Total
408
Al respecto, la Procuraduría señaló que
en aplicación del inciso quinto del artículo 216 del Decreto 262 de 2000[110] (ver
sentencias C-281/07, C-1148/03, C-942/03 y C-319/10), los excedentes de las
listas de elegibles de algunas de las convocatorias deben ser utilizadas en
algún momento para la provisión de los empleos que no alcanzan a quedar provistos
en otras convocatorias. Así
las cosas, existen 408 concursantes en la lista de elegibles de procuradores
que tiene mejor derecho que los accionantes[111].
12.5. Visto lo
anterior, la Procuraduría considera que acceder a las solicitudes de los
accionantes, “implica desconocer y desobedecer una orden expresa del máximo
tribunal de lo constitucional” a través de la sentencia C-101 de 2013.
12.6. Finalmente, la
Procuraduría argumenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido la necesidad de proteger a los tres grupos de población de que
trata el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 (prepensionados, mujeres cabeza de
familia y personas en condición de discapacidad), no solamente en los procesos
de renovación y reestructuración de la administración pública, sino en general
frente a cualquier circunstancia que amenace la estabilidad laboral. Sin
embargo, a juicio de la entidad accionada, la misma Corte ha sido enfática en
establecer que dichas medidas deben ir dirigidas a lograr que quienes estén
incluidos en dichos grupos sean las últimas personas en desvincularse, lo que
no implica su permanencia indefinida.
Por lo tanto, la administración debe adoptar las
medidas afirmativas de protección, siempre que resulte posible o tenga algún
margen de maniobra, de tal modo que, se pueda proteger concomitantemente los
derechos del prepensionado y de quien concurso y quedó en lista de elegibles.
Para
la Procuraduría, la entidad no cuenta con dicho margen de maniobra, toda vez
que (i) no es posible desplazar a quien legítimamente ganó el derecho en el
concurso a ocupar el cargo de carrera administrativa, por quien lo ocupa en
provisionalidad, así este en condición de prepensionado; (ii) tampoco es
posible desvincular a un servidor público que ocupa un cargo en provisionalidad
para ubicar a los accionantes, quienes también son provisionales y (iii) como
se dijo anteriormente, existen 408 concursantes en la lista de elegibles de
procuradores que tiene mejor derecho que los accionantes.
12.7.    Finalmente,
la Procuraduría informó que se encuentra analizando la posibilidad de reubicar
a personas próximas a pensionarse en cargos de asesor que se encuentre en
vacancia plena, conforme con el Decreto 264 de 2000.
D.  DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
13. A continuación
se exponen, en términos generales, los argumentos principales de los jueces de
instancias. Los detalles concretos de cada caso, pueden ser consultados en el
Anexo 1 de esta providencia.
13.1. Primera instancia[112]:
Tres
de los jueces de primera instancia (T-5.761.808, T-5.846.142 y T-5.959.475)
declararon improcedentes las
acciones de tutela interpuestas por los accionantes por ausencia del requisito
de subsidiariedad. El argumento principal de las providencias recae sobre la
posibilidad de plantear ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
las pretensiones aquí expuestas, pues al contar con la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y ante la no comprobación de posible configuración
de un perjuicio irremediable, no es procedente la acción de tutela.
Particularmente la Sala Única de Decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia, el 29 de agosto de 2016
(T-5.848.331), si bien consideró procedente la acción de tutela, negó el amparo
asegurando que ante la colisión de los derechos de la accionante contra los de
las personas que integran la lista de elegibles del concurso, “la balanza se
inclina para quienes por méritos lograron acceder a la lista descrita, pese a
que ella ostente la calidad de prepensionada, en atención a la carencia de
margen de movilidad para la Procuraduría General de la Nación respecto al cargo
de la actora, tal como lo denotan los medios de convicción adosados”.
13.2. Segunda
instancia[113]:
En los asuntos T-5.761.808,
T-5.846.142 y T-5.848.331 los jueces de
segunda instancia confirmaron los fallos de primera instancia. En estos casos
los argumentos principales fueron: (i) existencia de otro mecanismo de defensa
judicial; (ii) no demostración de posible configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) prevalencia del nombramiento de quien superó todas las
etapas del concurso.
Específicamente el juez de segunda instancia del caso
T-5.846.142, argumentó la imposibilidad de aplicación de la Ley 790 de 2002
(retén social) a los casos objeto de estudio teniendo en cuenta que la
desvinculación de la entidad no obedecía a la supresión o liquidación de la
entidad.
A diferencia de las anteriores decisiones, en el caso
de la accionante Diana Ortegón Pinzón (T-5.959.475), el juez de segunda
instancia revocó el fallo que declaró improcedente la acción de tutela y, en su
lugar, concedió el amparo con base en el marco normativo y jurisprudencial en
favor de la mujer y de la infancia. En tal virtud, argumentó que “la
protección efectiva de sus derechos parte del reconocimiento no sólo del
legislador, sino también de los operadores judiciales que adopten las medidas a
favor de los grupos discriminados o marginados, ello en pos de la consecución
de una igualdad real y efectiva, que lleve a la equiparación de condiciones y
oportunidades de las mujeres respecto de los hombres, mereciendo la valoración
de los aspectos que rodean la condición de género, desde el reforzamiento como
población vulnerable”.
II.
CONSIDERACIONES
A.  COMPETENCIA
1. Esta Corte es competente para conocer de
esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y en virtud del Auto del 30 de agosto de 2016, expedido por la
Sala de Selección de tutela Número Ocho de este tribunal, que decidió someter a
revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.   OBJETO DE LA UNIFICACIÓN
2. De acuerdo con
el artículo 5, literal a del Reglamento Interno de la Corte Constitucional,
(Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015), esta providencia pretende unificar tres
cuestiones fundamentales en relación con el tema de desvinculaciones de servidores
públicos que eventualmente podrían resultar protegidos en virtud de
determinados mandatos constitucionales y/o legales, con una estabilidad laboral
reforzada.
3. En primer lugar, se unificará el
criterio acerca de la procedencia de la acción de tutela cuando lo que se
pretende es el reintegro de servidores públicos desvinculados. Para ello se
analizará el requisito de subsidiariedad a la luz del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y las medidas cautelares ordinarias y de urgencia,
con las que cuenta la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
4. En segundo lugar, se unificará la
jurisprudencia acerca de la protección laboral reforzada de madres cabeza de
familia.
5. En tercer lugar, se unificarán los
límites a la protección que se materializa por medio de la estabilidad laboral
reforzada, lo cual implica hacer referencia al ingreso a la carrera
administrativa por mérito, como eje axial de la Constitución.
C.  PROCEDIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE TUTELA
a.    Subsidiariedad
6. El artículo 86 de la Constitución
dispone que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Sin embargo, “Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Por su parte, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
prescribe que la procedencia de la acción de tutela deberá ser apreciada en
concreto, considerando (a) su eficacia y (b) las circunstancias del accionante.
Recientemente,
en la sentencia de unificación SU-355 de 2015, la Corte Constitucional unificó
su jurisprudencia respecto del requisito de subsidiariedad, en este
pronunciamiento la Corte concluyó que éste hace referencia a dos reglas: (i) regla
de exclusión de procedencia y (ii) regla de procedencia transitoria.
7. Así, por regla general,
(i) cuando el ciudadano cuenta con otros mecanismos de defensa judicial idóneos
para resolver las cuestiones planteadas y no se configura un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando el accionante no
cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces, las órdenes del juez
de tutela son definitivas; y (iii) excepcionalmente, cuando el afectado dispone
de otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces pero la actuación
del juez sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable,
el juez de tutela podrá dar órdenes transitorias que brinden protección al
derecho fundamental hasta tanto el juez ordinario o la autoridad competente se
pronuncie sobre las pretensiones. Lo anterior, sin perjuicio de que, en el
análisis de casos concretos, el juez constitucional establezca las subreglas
pertinentes acorde con la jurisprudencia constitucional[114].
En la sentencia T-514 de 2003[115], la Corte
Constitucional hizo algunas precisiones acerca de la importancia del
presupuesto de subsidiariedad en el trámite de la acción de tutela, al respecto
dijo la Corte:
“Para la Corte es claro que la paulatina
sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de
solución de controversias por el uso indiscriminado e irresponsable de la
acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel institucional de la
acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, (ii) que se niegue el papel primordial que debe cumplir el juez
ordinario en idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien tiene el
deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos
fundamentales (artículo 2 Superior)[116]
y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso
de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada
en que consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del juez
natural (juez especializado) y la transformación de los procesos ordinarios que
son por regla general procesos de conocimiento (no sumarios)”.
8. A continuación, se expondrá la idoneidad
y eficacia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando lo
pretendido en la acción de tutela es dejar sin efectos el acto administrativo
de desvinculación de un servidor público. Para ello se hará énfasis en las
medidas cautelares ordinarias y de urgencia, contenidas en el Capítulo XI de la
Ley 1437 de 2011. Posteriormente, se reiterarán los presupuestos necesarios
para determinar la posible configuración de un perjuicio irremediable, con el
propósito de analizar la necesidad de actuación del juez de tutela en el
asunto, lo cual involucra la caracterización del derecho al mínimo vital. Por
último, se mencionará la jurisprudencia de la Corte Constitucional más
relevante relacionada con la procedencia de la acción de tutela cuando lo
pretendido es declarar la nulidad de un acto administrativo de desvinculación
de un servidor público.
La
acción de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo idóneo y eficaz
para solicitar la nulidad de un acto de desvinculación de un servidor público.
Reiteración de la sentencia T-376 de 2016
9.  Acorde con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, por regla general, la solicitud de reintegro al cargo de
un servidor público no procede a través de la acción de tutela[117]. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el ordenamiento jurídico nacional ofrece otros mecanismos de
defensa judicial que brindan a los ciudadanos un escenario apropiado para
ventilar tales pretensiones, como lo es, en particular, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Respecto de este mecanismo, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[118] ha
concluido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es un
mecanismo “de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible”,
a través del cual la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en
una norma jurídica, como efecto de la vigencia de un acto administrativo
viciado de nulidad, puede solicitar que se declare la nulidad del mismo y que,
como consecuencia, se le restablezca su derecho o se reparen los otros daño
provocados.
10. De acuerdo con lo establecido en la Ley
1437 de 2011, los servidores públicos desvinculados pueden acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, y una vez ahí, solicitar las medidas cautelares
previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que se ajusten al caso en concreto.
Al respecto, en la sentencia T-326 de 2014, la Sala
Primera de Revisión, consideró que si bien el artículo 229 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011, consagra la posibilidad de que en todos los procesos
declarativos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, se solicite la práctica de medidas cautelares, con el fin de
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad
de la sentencia; “por la novedad de esa jurisprudencia que apenas está
formándose, pues todavía es muy reciente la norma[119],
en la actualidad es difícil establecer con certeza el impacto y el grado de
eficacia e idoneidad de dichos instrumentos judiciales para la protección de
los derechos fundamentales de la accionante”.
Sin embargo, en providencias posteriores[120],
entre las cuales se encuentra la sentencia de unificación SU-355 de 2015, la
Corte Constitucional reconoció la importancia del proceso contencioso
administrativo, considerando que en dicho escenario, el juez tiene la
posibilidad de adoptar cualquier tipo de medida cautelar, a fin de atender las
necesidades específicas del solicitante. Sobre el particular, en la sentencia
T-376 de 2016 la Sala Tercera de Revisión se refirió a las medidas cautelares
en el proceso contencioso administrativo y concluyó que la Ley 1437 de 2011 las
dotó de efectividad suficiente de cara a fortalecer la protección de los
derechos constitucionales.
Medidas
cautelares en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
11. El Capítulo XI de la Ley 1437 de 2011
reguló, entre los artículos 229 y 241, las medidas cautelares que podrán ser
concedidas en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Para su procedencia se
estableció que la solicitud debe encontrarse debidamente sustentada y
presentada en cualquier estado del proceso. Lo anterior significó un
cambio importante respecto del Código Contencioso Administrativo, el que
limitaba la solicitud de medidas cautelares a la presentación de la demanda, lo
que limitaba, efectivamente su eficacia, en particular, frente a nuevos eventos
que ameritaran la cautela. Prescribió además que el juez o magistrado ponente
podrían decretarlas si las considera necesarias con el fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia. En todo caso, por disposición legal expresa, dispuso el Código que la
decisión sobre la medida cautelar no implicaría prejuzgamiento, con el fin de
dar libertad al juez en la adopción de esta decisión.
12. No obstante la amplitud del sistema
cautelar previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la posibilidad de decretarlas está
supeditada a la relación directa con la demanda presentada y con su tipología.
En ese sentido, en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, se determinó que
dichas medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas
o de suspensión, por lo que se podría decretar una o varias de ellas:
“1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado
en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere
posible.
2. Suspender un procedimiento o
actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo
acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en
cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones
o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda
reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos
de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión
administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de
evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a
cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer”.
13. Específicamente, la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se encuentra
regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su procedencia la
comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una norma superior a
partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas a la solicitud.
Para las otras medidas cautelares, el mismo artículo establece que su decreto
será procedente cuando concurran los siguientes requisitos: (i) la demanda
presentada debe estar razonablemente fundada en derecho; (ii)  el demandante
debe demostrar, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o de los
derechos invocados; (iii) el demandante debe haber allegado los documentos,
argumentos y la justificación que permita concluir, mediante un juicio de
ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público
negar la medida cautelar que concederla; y (iv) se debe demostrar que al no
otorgarse la medida se causaría un perjuicio irremediable o en su defecto, que
existen serios motivos para considerar que de no hacerlo los efectos de la
sentencia serían nugatorios.
Sumado a ello, prevé el artículo que para la concesión
de medidas cautelares se deberá prestar una caución con el fin de garantizar
los perjuicios que se puedan ocasionar con su decreto. Están exceptuados de la
anterior exigencia, la petición de suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos, los procesos que tengan por finalidad la defensa y la
protección de los intereses colectivos, así como las medidas solicitadas por
una entidad pública.
14. Por último, con la regulación de la Ley
1437 de 2011 se creó un mecanismo con una efectividad especial, en razón del
procedimiento célere para su adopción: las medidas cautelares de urgencia, con
un régimen diferenciado respecto de las medidas cautelares ordinarias. Así,
cuando se evidencie que por su premura no sea posible correrle traslado a la
contraparte, sin poner en riesgo el interés que se pretende cautelar, deberán
ser decretadas las medidas provisionales, siempre que el solicitante cumpla con
la caución previa fijada por el juez, sin que se exija la notificación al
demandado. Por el contrario, en la adopción de las demás medidas cautelares se
deberá correr traslado de la solicitud a la contraparte para que en el lapso de
cinco (5) días se pronuncie y una vez se ha vencido este término, el auto que
las decida deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes.
La medida cautelar sólo podrá hacerse efectiva a
partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada y deberá ser
cumplida por la parte obligada o de lo contrario, procederá la apertura de un
desacato en los términos del artículo 241[121]
de la Ley 1437 de 2011.
15. Por su parte, tanto la Corte
Constitucional, como el Consejo de Estado se han ocupado en múltiples
providencias de precisar el alcance de la regulación contenida en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el cambio que
ella representó. Así las cosas, la Corte recogerá el estado actual de la
jurisprudencia. De esta manera, en la sentencia
T-376 de 2016, la Corte realizó un examen de varias providencias del Consejo de
Estado que se ocuparon de la materia, identificando cinco (5) diferencias
transversales entre el régimen de medidas cautelares contenidas en el Decreto
01 de 1984 y la nueva regulación:
(i) En primer lugar, la Ley
1437 de 2011 consagró una serie de posibles medidas cautelares entre las que se
cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la suspensión de un
procedimiento, la orden de adopción a la administración de una decisión, la
demolición de una obra o las órdenes de imponer obligaciones de hacer o no
hacer. En contraposición, en la legislación anterior, sólo se contemplaba la
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos[122].
(ii) En segundo lugar, la
expresión “manifiesta infracción”[123] que estaba contenida en el
Decreto 01 de 1948 como condición para decretar la medida de suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo fue suprimida. Este cambio,
en vigencia de la Ley 1437 de 2011, ha sido interpretado por el Consejo de
Estado como una variación significativa en la regulación dado que se obliga al
juez administrativo a realizar más que un cotejo, un análisis de la relación entre
el acto y las normas que se asumen como trasgredidas, así como a estudiar las
pruebas allegadas con la solicitud, sin que esta última posibilidad signifique
un prejuzgamiento. “(…) Esta es una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que ello
habilita al juez a realizar un estudio no simplemente superficial de la
solicitud de la medida sino que incluye la apreciación de las pruebas aportadas
al efecto. Todo esto, lógicamente, sin incurrir en una valoración
de fondo más propia de la fase de juzgamiento (…)”[124].
(iii)
En tercer lugar, el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo estableció un sistema innominado de medidas
cautelares, como así se extrae de las expresiones contenidas en el artículo 230
que las contempló[125]. Esto implica que, el juez puede
adoptar la medida que se ajuste a las necesidades de la situación específica,
sin necesidad de acudir a instrumentos predefinidos.
(iv) En cuarto lugar, se conciben las medidas
cautelares de forma autónoma a la demanda presentada, a tal punto que el
requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a ellas, aunque sea
necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según se estableció
en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado: “(…) el juez podrá
pronunciarse sobre la solicitud de la medida cautelar, inclusive sin haber
admitido la demanda, supeditando la continuidad del proceso a que se demuestre
el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los términos establecidos
para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza cuando no sea
posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir,
proferir simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida
cautelar”[126].
16. Más recientemente, la Sección Tercera –Subsección C–
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reiteró que
en nombre de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, en
materia de derechos humanos (convencionalidad), en casos de urgencia, la solicitud
y decreto de la medida cautelar no necesariamente debe realizarse dentro del proceso
entablado contra un acto administrativo. Por lo tanto, la urgencia en la
protección de los derechos no sólo justifica que el juez debe tomar la medida
cautelar sin correr traslados, tal como está previsto en el artículo 234 de la
Ley 1437 de 2011 sino que, según el caso, no es necesario presentar demanda de
fondo  para que el juez tenga competencia para proferir la medida cautelar[127]. Al
respecto dijo el Consejo de Estado:
“(…) cabe comprender y reconocer a la institución
cautelar como un procedimiento autónomo al proceso contencioso administrativo,
de ahí, entonces, que se conciba como una garantía efectiva y material del
acceso a la administración de justicia. Conforme a ello, para la procedencia de
las medidas cautelares debe tenerse en cuenta presupuestos constitucionales, convencionales
y legales, lo que lleva a decir que al Juez Administrativo le corresponde
remover los obstáculos eminentemente formales que llegaren a impedir la
adopción de estas medidas en los casos en que exista una seria y verdadera
amenaza de vulneración de derechos, bienes o intereses jurídicos. Este
argumento encuentra mayor peso, aún, en el caso de las denominadas medidas
cautelares de urgencia, las cuales, conforme a la lectura dada por la Sala
Plena, así como por la finalidad que están llamadas a satisfacer, implica que
se concreten como verdaderas medidas preliminares cautelares de eficacia
inmediata para la protección de los derechos”[128].
17. Así, se destaca
del nuevo régimen jurídico aplicable, la inclusión de las medidas cautelares de
urgencia, que por la finalidad que persiguen, fueron estructuradas como medios
preliminares dotados de eficacia inmediata para la protección de los derechos
fundamentales. Esta circunstancia, implica para el juez administrativo el deber
de “(…) remover los obstáculos eminentemente formales que llegaren a impedir
la adopción de estas medidas en los casos en que exista una seria y verdadera
amenaza de vulneración de derechos, bienes o intereses jurídicos”[129]. En
otras palabras, las medidas cautelares y en especial las de urgencia, se
conciben como una garantía efectiva y material del acceso a la administración
de justicia que deben tener en cuenta no sólo presupuestos legales, sino
también constitucionales  y convencionales para su procedencia.
18. A partir de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional concluye que el cambio introducido por la ley
estudiada dotó a los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo de una perspectiva garantista, dado que amplió la
procedencia de las medidas cautelares que pueden ser decretadas en el ejercicio
de cualquier acción propia de esta jurisdicción lo que admite, entre otras
cosas, que la protección de los derechos constitucionales pueda llevarse, al
menos prima facie, de manera efectiva. Estas consideraciones permiten,
en abstracto, afirmar que el legislador realizó un esfuerzo importante para
conferirle efectividad a los medios de control contemplados en la Ley 1437 de
2011, a fin de fortalecerla de cara a la protección de los derechos
constitucionales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha dicho, en ese sentido:
“(…) con el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo nació una nueva relación entre acción de
tutela y los medios de control judicial ordinarios que se ejercen ante la
justicia administrativa. El resultado es que la intervención positiva sobre las
medidas cautelares debe desplazar a la acción de tutela cada vez más –pero en
un sentido de lo correcto, a la luz del art. 86-, pues al interior de las
acciones ordinarias se puede resolver la problemática de la protección efectiva
y pronta de los derechos fundamentales” (negrillas no originales)[130].
19. En todo caso, si bien la acción de
tutela debe paulatinamente darle un lugar prevalente a los mecanismos
ordinarios creados por el legislador para resolver cuestiones iusfundamentales
en la Jurisdicción Ordinaria y en la de lo Contencioso Administrativo, la
realidad es que subsisten ciertas diferencias entre la eficacia que para la protección
de derechos fundamentales ofrece la acción de tutela, con relación a las
medidas cautelares desarrolladas por el actual Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Entre ellas, la más
relevante es que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, deben
presentarse por intermedio de un abogado y el procedimiento, a pesar de los
avances normativos en pro de la eficacia del derecho de acceso a la
administración de justicia, se rige por la formalidad y por la regla de la
justicia rogada. Por su parte, la acción de tutela no requiere de apoderado
judicial y se rige, en contraposición, por el principio de informalidad y
permite la adopción de fallos extra y ultra petita. Además, las
medidas provisionales proferidas por el juez de tutela no requieren de caución
por parte del accionante, lo que sí ocurre ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, salvo en lo relativo a la suspensión provisional de
actos administrativos.
20. Todo lo expuesto le indica a la Sala
Plena de la Corte Constitucional que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho es, en principio, un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz
para proteger los derechos fundamentales de los servidores públicos
desvinculados de las entidades públicas, al estar dotado de herramientas
propicias para, entre otras cosas, suspender los efectos de actos
administrativos que generen perjuicios irremediables a los demandantes, en
cualquier etapa del proceso y sin que el rechazo inicial de la solicitud,
sea obstáculo para que posteriormente sean solicitadas las cautelas necesarias.
Así, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta
en la actualidad con las herramientas necesarias para garantizar la protección
de los derechos fundamentales de forma igual o superior al de la acción de
tutela, por parte de los jueces especializados en los asuntos del contencioso
administrativo y también encargados de la protección de los derechos
fundamentales. Pero esto no significa la improcedencia ni automática ni
absoluta de la acción constitucional de protección subsidiaria de derechos
fundamentales, ya que los jueces de tutela tienen la obligación de determinar,
de conformidad con el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la idoneidad y la eficacia
-en concreto- de los otros medios de defensa judicial atendiendo a las
circunstancias particulares del solicitante. Específicamente se debe considerar:
(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos
involucrados.
Por consiguiente, acorde con lo dispuesto en el
Decreto 2591 de 1991, pese a la existencia de mecanismos ordinarios de defensa
judicial, la acción de tutela puede ser procedente excepcionalmente cuando sea
necesaria la actuación del juez de tutela, en principio, con el fin de evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
El
riesgo de configuración de un perjuicio irremediable por afectación del derecho
al mínimo vital
21. A continuación, la Sala Plena expone las
características que la jurisprudencia constitucional ha establecido acerca del
riesgo de configuración de un perjuicio irremediable por afectación del derecho
al mínimo vital.
Al respecto, ha dicho este tribunal que el perjuicio
irremediable se caracteriza por (i) la inminencia del daño, es decir,
que se trate de una amenaza, de un mal irreparable que está pronto a suceder;
(ii) la gravedad, que implica que el daño o menoscabo material o moral
del haber jurídico de la persona que pueda ocurrir sea de gran intensidad,
(iii) la urgencia, que exige la adopción de medidas prontas o inmediatas
para conjurar la amenaza, y (iv) la impostergabilidad de la tutela, que
exige la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario de
protección de derechos fundamentales[131].
22. Al respecto, la Corte ha señalado
igualmente que para la comprobación de la inminencia de un perjuicio
irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela, se deben
observar criterios como (i) la edad de la persona, por ser sujeto de especial
protección en el caso de las personas de la tercera edad; (ii) el estado de
salud del solicitante y su familia; y (iii) las condiciones económicas del peticionario
del amparo[132]
o de las personas obligadas a acudir a su auxilio. En estos eventos, debe
mencionarse que la Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad
procesal administrativa mínima por parte del interesado[133].
Por lo general, en el caso de
desvinculaciones de servidores públicos, la posibilidad de configuración de un
perjuicio irremediable gira en torno del derecho al mínimo vital.
23. Reiterando lo dispuesto en la sentencia
T-199 de 2016, el mínimo vital es concebido en la jurisprudencia constitucional
como “un derecho fundamental que tiene como característica ser cualitativo,
por lo que supone que cada quien viva de acuerdo al estatus adquirido durante
su vida. Sin embargo, esto no significa que cualquier variación en los
ingresos implique necesariamente una vulneración de este derecho. Por el
contrario, existe una carga soportable para cada persona, que es mayor entre
mejor haya sido la situación económica de cada quien. Por esto, entre mayor sea
el estatus socioeconómico, es más difícil que variaciones económicas afecten el
mínimo vital y, por ende, la vida digna”[134]
(negrillas no originales).
24. En concordancia con lo anterior, el
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula el derecho
de toda persona a una subsistencia digna en los siguientes términos: “(…) Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial [-que no exclusivamente-], la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios (…)”. Lo anterior, también se denotó en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[135], que estableció en el
artículo 7, así como en el 11, el derecho de toda persona a contar con unas “condiciones
de existencia dignas (…)”, al igual que el derecho a “(…) un nivel de
vida adecuado (…) y a una mejora continua de las condiciones de
existencia (…)”. En el mismo sentido también debe tenerse en cuenta el
artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de
San Salvador)[136],
que establece el derecho a “(…) una remuneración que asegure como mínimo a
todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos
y sus familias (…)”.
25. Visto lo anterior, para la Sala Plena de
la Corte Constitucional, el derecho al mínimo vital pretende garantizar el
acceso básico de condiciones dignas de existencia para el desarrollo del
individuo y depende de las circunstancias particulares de cada asunto, por lo
que requiere un análisis cualitativo, caso por caso. Así las cosas, en el caso específico de las personas próximas a
pensionarse y las madres o padres cabeza de familia, desvinculadas de sus
trabajos, la procedencia de la acción de tutela ha dependido de la existencia
de otros medios de subsistencia, como lo son los bienes inmuebles de su
propiedad, la ayuda económica de sus cónyuges y/o ingresos recibidos por
concepto de cesantías, indemnizaciones, liquidaciones u otros.
Jurisprudencia
constitucional acerca de la procedencia de la acción de tutela. Reiteración de
la sentencia T-595 de 2016
26. Con relación a la solicitud de reintegro
de un servidor público madre o padre cabeza de familia, esta Corte ha aplicado
la misma regla de procedencia fijada en los casos de reintegros de servidores
públicos, es decir, la procedencia excepcional de la acción de tutela.
27. En la sentencia T-016 de 2008, la Corte
Constitucional estudió el caso de una señora retirada de la Administración
Distrital de Santa Marta al cumplir con la edad de retiro forzoso; ella
solicitaba su reintegro al cargo con fundamento en su condición de mujer cabeza
de familia. En consideración al presupuesto de subsidiariedad, la Sala Quinta
de Revisión dispuso confirmar la sentencia de instancia, declarando
improcedente el amparo solicitado, al no evidenciar la posible configuración de
un perjuicio irremediable, puesto que la demandante recibía una pensión y no
era mujer cabeza de familia[137].
28. Posteriormente, en la sentencia T-017 de
2012, la Corte retomó la anterior regla,  al decidir el caso de una señora que
se desempeñaba en provisionalidad en la Rama Judicial y fue desvinculada con
ocasión de un concurso de méritos. Sin embargo, en esa ocasión consideró que
procedía la acción de tutela de manera definitiva, pues los derechos
fundamentales de la accionante requerían una protección inmediata teniendo en
cuenta que al momento de ser desvinculada de su cargo adelantaba el trámite de
reconocimiento de su pensión de jubilación, tenía a su cargo a su madre anciana
y un hijo de 20 años, y su única fuente de ingresos era su salario. En
consecuencia, concedió el amparo del derecho al mínimo vital, a través de la
garantía de la estabilidad laboral reforzada de la accionante, ordenando su
reintegro al cargo.
29. En la sentencia T-186 de 2013 al
analizar el caso de una servidora pública del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural -INCODER-, quien ejercía en provisionalidad el cargo de
Secretaria Ejecutiva y fue declarada insubsistente debido a la provisión de ese
cargo a través del concurso de méritos, la Sala Novena de Revisión encontró
probada la posible configuración de un perjuicio irremediable, dado que el
salario de la actora, mujer cabeza de familia, servía de sustento para sí y
para sus hijos, uno de ellos aquejado por una grave afectación a su salud, la
cual era tratada por intermedio del servicio médico del que gozaba como
beneficiario de su madre. En consecuencia, concedió el amparo constitucional
solicitado:
“4.  En cuanto
al primer aspecto, se ha considerado que el afectado debe demostrar
probatoriamente que su exclusión del empleo público lo pone en una situación
de extrema vulnerabilidad, generalmente relacionada con la afectación
cierta y verificable de su derecho al mínimo vital.  Sobre el particular,
la Corte ha indicado que ‘…por regla general la
acción de tutela es improcedente cuando se solicita el reintegro de empleados
públicos a sus cargos, pues para controvertir los actos administrativos, por
medio de los cuales la administración decide separarlos de los mismos, existe
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
contencioso administrativa, la cual desplaza a la acción de tutela. || No
obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia
excepcional de la tutela para solicitar el reintegro de servidores públicos a
los cargos de los que han sido desvinculados, cuando en el caso concreto se
advierte la vulneración de un derecho fundamental y se evidencia la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, toda vez que en estos eventos la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho no proporciona una protección eficaz y
adecuada a los derechos amenazados o vulnerados” (negrilla fuera del texto).
30. Más adelante, en la sentencia T-326 de
2014, la Corte reiteró la mencionada regla jurisprudencial, concediendo la
tutela como mecanismo definitivo para amparar los derechos fundamentales de una
señora desvinculada del cargo que ostentaba en provisionalidad en la E.S.E
Hospital San Rafael de Facatativá, al probar su condición de mujer cabeza de
familia, pues su esposo tenía una discapacidad y el salario que percibía
constituía su único sustento, cumpliendo así el presupuesto de subsidiariedad[138].
31. En síntesis, los servidores públicos
retirados de su cargo, en principio, no pueden acudir a la acción de tutela
para discutir los actos administrativos de desvinculación. Lo anterior, por
cuanto en cumplimiento del requisito de subsidiariedad, los empleados que
pretendan se deje sin efectos el acto administrativo de desvinculación deben
acudir a los mecanismos ordinarios de defensa judicial, antes que a la acción
de tutela.
32. Sin perjuicio de lo expuesto, acorde con
lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, pese a la existencia de mecanismos
ordinarios de defensa judicial, la acción de tutela puede ser procedente como
mecanismo definitivo si el otro mecanismo judicial no es idóneo y/o eficaz para
el caso concreto, o como mecanismo transitorio cuando sea necesaria la
actuación del juez de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Regla
de procedencia de la acción de tutela para los casos bajo examen:
33. La acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar el
reintegro a un cargo público, pues para ello existen otras vías idóneas y
oportunas como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No
obstante, excepcionalmente cuando el empleo no es de libre nombramiento y
remoción, la acción de tutela es procedente cuando, del análisis de cada
situación concreta, se concluya que los otros medios de defensa carecen de
idoneidad o eficacia.
b.    Improcedencia de
la acción de tutela presentada por Gloria Inés Gómez Ramírez, Luis Hernando
Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel Lozano Urbina, Lida
Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe, Rodrigo Rodríguez Barragán Irma
Susana Rueda Suarez, Carmen Remedios Frías Arismendy y Claudia Ledesma Ibarra.
34. Teniendo en cuenta que
los casos aquí enlistados tienen elementos en común y para efectos de mayor
claridad metodológica, se presenta a continuación una tabla que permitirá el
análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en los asuntos  bajo
revisión:
Expediente
Accionante
Vinculación
Desvinculación
Condición especial alegada
Ingresos
Egresos
Núcleo familiar/ personas a cargo
Condición de salud
¿Se encuentra en curso otro proceso?
T-5.761.808
Gloria
Inés Gómez Ramírez
Decreto
No. 299 de 2010 nombramiento como Procuradora 138 Judicial II Administrativo
de Bogotá[139]
Septiembre
de 2016[140]
Prepensionada
(57 años[141])
(a)
Al momento de la desvinculación recibió: (i) $7.083.973 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii)  $19.121.810 por concepto de liquidación. (b)
Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[142]
(iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron
a la suma de $274.323.000, (iv) cuenta con dos bienes inmuebles uno en la
ciudad de Bogotá avaluado en $500.000.0000 y otro en Manizales por valor de
$150.000.000. Por otra parte, la señora Gómez Ramírez informó ser propietaria
de (v) un vehículo avaluado en $29.300.000
Gastos
mensuales por valor de $13.065.581[143]
Unipersonal
/ no tiene personas a cargo
Artrosis
trapecio metacarpiana, tenosinovitis de quervain y gonartrosis[144].
Afiliada
activa en el régimen contributivo de salud como cotizante principal en la EPS
Sura[145]
Sí.
Acción
de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal
Administrativo Oral Sección Segunda de Cundinamarca[146], sin
solicitud de medidas cautelares[147].
T-5.846.142
Luis
Hernando Ortiz Valero
Decreto
No. 2122 de 2009 nombramiento como Procurador 24 Judicial II Penal de Bogotá[148]
Septiembre
de 2016[149]
Prepensionado
(62 años[150])
(a) Pensión de vejez reconocida por Colpensiones por
valor de $7.195.354,00[151].
(b) Al momento de la desvinculación recibió: (i) $6.181.229 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii)  $10.792.015 por concepto de liquidación. (c)
Acorde con la Declaración de Rentas y Bienes[152],
(ii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron a
la suma de $273.337.000, (iv) cuenta con dos bienes inmuebles avaluados en
$300.000.0000 y $250.000.000 y con (v) un vehículo avaluado en $75.000.000
Deudas
por $85.000.000
Sin
información
Afiliado
activo en el régimen contributivo de salud como cotizante principal en la EPS
Sanitas[153]
Sí.
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Santander[154]
T-5.846.142
María
Marcela Duarte Torres
Decreto
No. 1243 de 2002 nombramiento como Procuradora 51 Judicial II Penal de
Bucaramanga[155]
En
septiembre de 2016[156]
Prepensionada
(56 años[157])
(a)
Ahorros producto de su trabajo. (b) Al momento de la desvinculación recibió:
(i) $6.578.111 por concepto de liquidación de cesantías y (ii) $14.142.411
por concepto de liquidación. (c) Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[158]
(iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron
a la suma de $196.195.757, (iv) cuenta con un bien inmueble avaluado en
$750.000.0000 y (v) un vehículo avaluado en $33.000.000. Además, tiene (vi)
una cuenta de ahorros y una corriente con un saldo del $15.000.0000
Gastos
mensuales  por $10.500.000[159]
Esposo
e hijo. El esposo labora y el hijo depende de ella por ser estudiante[160]
Afiliado
activo en el régimen contributivo de salud como cotizante principal en la EPS
Famisanar[161]
Sí.
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho en curso en el Tribunal
Administrativo de Santander[162],
con solicitud de medidas cautelares
T-5.846.142
Martha
Isabel Lozano Urbina
Decreto
No. 069 de 2011 nombramiento como Procuradora 318 Judicial II Penal de
Bucaramanga[163]
En
septiembre de 2016[164]
Prepensionada
(57 años[165])
(a) Contrato de prestación de servicios suscrito con la
personería de Bogotá por un lapso de 7 meses (03 de febrero de 2017 a
septiembre de 2017), devengando por honorarios mensuales la suma de
$7.350.000[166].
(b) Ahorros producto de su trabajo. (c) Salario mensual de su esposo
$23.500.000[167].
(d) Al momento de la desvinculación recibió: (i) $6.188.358 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $18.774.385 por concepto de liquidación. (e)
Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[168]
(iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron
a la suma de $229.011.000, (iv) cuenta con dos bienes inmuebles una casa
avaluada en $600.000.000 y una oficina de $140.000.000, y (v) dos vehículos
avaluados en $105.000.000. Además, informó contar con (vi) dos cuentas de
ahorros y una cuenta corriente con saldo de $73.669.856
Gastos
mensuales  por $16.153.000[169].
Su
esposo, dos hijas mayores de edad, un nieto menor de edad y la señora Mariela
Alameyda Chaparro quien labora con su familia desde hace 10 años. Sus hijas y
la señora Mariela Alameyda Chaparro depende del salario de ella[170]
Estrés
laboral[171].
Afiliada activa en el régimen contributivo de salud como cotizante principal
en la EPS SaludTotal[172]
Sí.
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal
Administrativo de Santander[173],
con solicitud de medidas cautelares
T-5.846.142
Lida
Janeth Pinto Barón
Decreto
No. 2120 de 2012 nombramiento como Procuradora 170 Judicial II Penal de
Bucaramanga[174]
En
septiembre de 2016[175]
Prepensionada
(55 años[176])
(a)
Ahorros fruto de su trabajo. (b) Al momento de la desvinculación recibió: (i)
$6.573.957 por concepto de liquidación de cesantías y (ii) $14.926.380 por
concepto de liquidación. (c) Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[177],
(iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron
a la suma de $186.690.253, (iv) es propietaria de dos automóviles avaluados
en $60.000.000 y $70.000.000, (v) dos CTDs con un saldo de $195.000.000, (vi)
una cuenta AFC con un saldo de $49.000.000. Además, informó contar con una
(vii) cuenta de ahorros con saldo de $122.000.000.
Gastos
mensuales por $6.000.000[178].
Esposo
e hija. No tiene personas a cargo.
En el año 2013 estuvo diagnosticada con cáncer
linfático o linfoma no hodking.  Actualmente se encuentra en controles
médicos por el riesgo de reincidencia, para lo cual ya está considerando el
trasplante de médula ósea[179].
Afiliada activa en el régimen contributivo de salud como cotizante principal
en la EPS Sanitas[180].
Sí.
Acción de nulidad y restablecimiento ante el Tribunal Administrativo de
Santander, con solicitud de medidas cautelares[181]
T-5.846.142
Carlos
Arturo Serpa Uribe
Decreto
No. 923 de 2001 nombramiento como Procurador 24 Judicial II Agrario de
Bucaramanga[182]
El
12 de agosto de 2016 le fue comunicada al accionante su inminente
desvinculación de la entidad[183]
Prepensionado
(61 años[184])
(a)
Pensión de invalidez equivalente a la suma de $11.885.784 mensuales. (b) Pago
de retroactivo pensional de $316.988.467[185].
(c) Al momento de la desvinculación recibió: (i) $6.274.374 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $15.865.027 por concepto de liquidación. (d)
Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[186], (iii)
los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron a la
suma de $274.636.000, (ii) cuenta con un bien inmueble avaluado en $162.370.0000
y con (ii) un vehículo avaluado en $63.360.000. (iii) Declaró contar con 6
cuentas de ahorro con saldo de $162.728.933
Gastos
mensuales por $4.000.000[187]
Su
esposa, quien depende de él
En
el año 2013 presentó un infarto cerebral dislipidemia. Actualmente sufre de
síndrome de la arteria carótida (hemisférico), oclusión y estenosis de
arteria carótida y aterosclerosis de otras arterias. Afiliando activo en el
régimen contributivo de salud como cotizante principal en la Nueva EPS
Sí.
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal
Administrativo de Santander[188],
con solicitud de medidas cautelares
T-5.846.142
Rodrigo
Rodríguez Barragán
Decreto
No. 116 de 2012 nombramiento como Procurador 52 Judicial II Penal de
Bucaramanga[189]
En
septiembre de 2016[190]
Prepensionado
(63 años[191])
(a)
Ahorros fruto de su trabajo. (b) Al momento de la desvinculación recibió: (i)
$6.376.823 por concepto de liquidación de cesantías y (ii) $15.330.712 por
concepto de liquidación. (b) Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[192]
(iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron
a la suma de $189.807.140, (iv) cuenta con dos bienes inmuebles avaluados en
$350.000.000 y (v) una oficina de la cual no mencionó su valor
Gastos
mensuales por $7.500.000[193]
Esposa
y dos hijos  quienes depende de él[194]
Retirado
del régimen contributivo de salud como cotizante principal en la Nueva EPS
No
T-5.846.142
Irma
Susana Rueda Suarez
Decreto
No. 2017 de 2009 nombramiento como Procuradora 285 Judicial I Penal de
Bucaramanga[195]
El
12 de agosto de 2016 le fue comunicada a la accionante su inminente
desvinculación de la entidad[196]
Prepensionada
(64 años[197])
(a)
Ahorros fruto de su trabajo. (b) Al momento de la desvinculación recibió: (i)
$3.693.276 por concepto de liquidación de cesantías y (ii) $7.720.888 por
concepto de liquidación. (c) Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[198]
(iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron
a la suma de $125.134.765, (iv) cuenta con un bien inmueble avaluado en
$258.000.000, (v) un vehículo avaluado en $37.000.000 y (vi) una volqueta
avaluada en $175.000.000. Además, informó contar con una (vii) cuenta de
ahorros con saldo de $21.000.000
Gastos
mensuales por $6.000.000[199]
Esposo
y tres hijos. Ninguno depende de ella.
Afiliada
activa en el régimen contributivo de salud como cotizante principal en la EPS
Sanitas[200]
No
T-5.846.142
Carmen
Remedios Frías Arismendy
El
02 de febrero de 2012, fue nombrada Procuradora 122 Judicial II Penal de
Medellín[201]
El
12 de agosto de 2016 le fue comunicada a la accionante su inminente
desvinculación de la entidad[202]
Prepensionada
(55 años[203])
(a)
Ahorros fruto de su trabajo. (b) Al momento de la desvinculación recibió: (i)
$5.987.149 por concepto de liquidación de cesantías y (ii) $10.825.360 por
concepto de liquidación. (c) Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[204]
(iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron
a la suma de $284.697.791, (iv) cuenta con dos bienes inmuebles uno  avaluado
en $68.000.000  y otro en $240.000.000, y (v) un vehículo avaluado en
$20.000.000. Además, declaró contar con (vi) tres cuentas de ahorros con
saldo de $4.800.000.
Deudas
por $186.000.000[205]
Su
esposo, su madre de 87 años y su hijo de 13 años. El hijo depende
económicamente de ella.
Síndrome
del túnel carpiano bilateral. Afiliada activa en el régimen contributivo de
salud como beneficiaria en la EPS Sanitas[206].
Sí.
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia[207],
sin solicitud de medidas cautelares.
T-5.858.331
Claudia
Ledesma Ibarra
Desde
el año 2012 ejerció el cargo de Procuradora 323 Judicial I Penal de Florencia
(Caquetá)[208]
El
12 de agosto de 2016 le fue comunicada a la accionante su inminente
desvinculación de la entidad[209]
Prepensionada
(57 años[210])
(a)
Ahorros fruto de su trabajo. (b) Al momento de la desvinculación recibió: (i)
$3.845.464 por concepto de liquidación de cesantías y (ii) $9.776.991 por
concepto de liquidación. (c) Acorde con la Declaración de Bienes y Rentas[211]
(iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron
a la suma de $122.411.000 (iv) cuenta con tres bienes inmuebles avaluados en
$120.000.000 (finca), $100.000.000 (casa) y $18.000.000 (lote) y (v) un
vehículo avaluado en $30.000.000. Además, declaró contar con (vi) una cuenta
de ahorros con saldo de $3.500.000.
La accionante
informó que de la finca y de la casa es copropietaria con 7 hermanos más
Gastos
mensuales por $5.400.000[212]
Tiene
a cargo a una sobrina en segundo grado de 18 años y estudiante universitaria
Desafiliada
del régimen contributivo de salud como cotizante principal en la EPS Cafesalud[213].
Sí.
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el
Juzgado Tercero Oral Administrativo del Circuito de Florencia[214],
sin solicitud de medidas cautelares
35. En todos los casos relacionados en el
cuadro anterior, los accionantes son abogados y laboraron en la Procuraduría
General de la Nación ocupando cargos de Procuradores Judiciales I o II. Todos,
fueron desvinculados de la entidad entre agosto y septiembre de 2016, como
consecuencia del nombramiento en sus cargos de las personas que conformaron la
lista de elegibles dentro
del concurso de méritos convocado por la Procuraduría General de la Nación.
Alegando su condición de prepensionados, interpusieron acción de tutela
argumentando que no debieron haber sido desvinculados hasta tanto fueran
incluidos en nómina de pensionados.
Existencia
de otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz
36. Con relación a la pretensión principal de cada uno de
los accionantes, la Procuraduría General de la Nación solicitó al juez de
tutela declarar la improcedencia de las acciones de tutela, considerando que
los accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial donde ventilar las
pretensiones puestas en conocimiento del juez de tutela. A juicio de la entidad
accionada, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo
idóneo y eficaz para obtener el reintegro de los accionantes al cargo, al no
demostrarse la posible configuración de un perjuicio irremediable.
Los jueces de instancia, en los casos expuestos en el
cuadro, acogieron los argumentos de la Procuraduría General de la Nación,
resolviendo la improcedencia de las acciones de tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
37. La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que,
en efecto, en los casos expuestos, los accionantes cuentan con otro mecanismo
de defensa judicial en el cual ventilar las pretensiones presentadas en las
presentes acciones de tutela como lo es la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, escenario en
el cual podrían solicitar medidas cautelares ordinarias y/o de urgencia,
concebidas como una garantía efectiva y material del acceso a la administración
de justicia, en los términos establecidos más arriba en esta sentencia.
38. A juicio de la Sala el mecanismo es idóneo porque
dicho proceso judicial es el espacio adecuado para resolver las pretensiones de
lo solicitado por vía de tutela. Allí, el juez de lo contencioso administrativo
tiene la competencia suficiente para decidir acerca de la validez del acto
administrativo de desvinculación y, de ser procedente, proferir las ordenes
necesarias con el fin de restablecer el derecho vulnerado por la entidad
demandada, de ser el caso e, incluso, ordenar la reparación de los otros
perjuicios no reparados in natura mediante la orden de restablecimiento
del derecho. Dicha reparación integral de perjuicios no sería posible mediante
la acción de tutela.
39. En relación con la eficacia del mecanismo judicial
alternativo, la Corte considera que para los casos objeto de estudio, la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho al contemplar las medidas cautelares
ordinarias y de urgencia, se constituye en un medio judicial eficaz, teniendo
en cuenta que, prima facie, los accionantes están en condiciones de
asumir las condiciones exigidas por la Ley 1437 de 2011 con el fin de activar
las medidas cautelares que consideren pertinentes.
40. Lo expuesto considerando que (i) todos los
accionantes, son abogados con vasta experiencia en el ejercicio de su
profesión, con las condiciones suficientes para ejercer su derecho de acceso a
la administración de justicia; (ii) ninguno demuestra una situación económica
apremiante que le impida, de ser el caso, costear la caución solicitada, cuando
la medida cautelar no sea la de suspensión provisional, la que no requiere
caución para su decreto; y (iii) así como el juez de tutela, el juez de lo
contencioso administrativo tiene la competencia de otorgar las medidas de
protección, cautelares o de urgencia dispuestas en la Ley 1437 de 2011, o las
necesarias para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, de ser el
caso, pese a tratarse de medidas transitorias.
De lo expuesto, ocho (8) de los diez (10) accionantes:
Gloria Inés Gómez Ramírez, Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte
Torres, Martha Isabel Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo
Serpa Uribe, Carmen Remedios Frías Arismendy y Claudia Ledesma Ibarra,
presentaron acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la
Nación. Cada uno de los procesos está en curso y si se han presentado demoras
en algunos casos es atribuible a los mismos accionantes quienes presentaron las
demandas ante jueces no competentes para conocer el asunto[215], y en otros casos, los jueces se vieron
en la obligación de inadmitir las demandas para la correspondiente corrección[216].
Resulta relevante mencionar que en tres (3) de los
casos[217] las accionantes decidieron no solicitar
medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo pese a ser una
herramienta idónea y eficaz para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, tal como se dejó dicho en consideraciones anteriores. Sin
embargo, es
importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden ser solicitadas en
cualquier momento del proceso, en caso de ser considerado necesario por la
demandantes. Esto
implica que el hecho de haber solicitado previamente la medida cautelar y ésta
resultar negada, no le resta eficacia al mecanismo de defensa judicial.
Por otra parte, dos (2) de los accionantes: Rodrigo
Rodríguez Barragán e Irma Susana Rueda Suarez, manifestaron no haber
interpuesto acción judicial alguna contra la Procuraduría General de la Nación
por los hechos narrados en sus demandas de tutela. Al respecto, la Sala Plena
considera que su actitud, además de desconocer el carácter subsidiario de la
acción de tutela, compromete la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Con ello, también descartaron la posibilidad de
que el juez de la jurisdicción competente para solucionar este asunto, se
pronunciara acerca de medidas cautelares ordinarias o de urgencias tendientes a
evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
41. Al respecto, en la sentencia de unificación SU-961 de
1999, la Sala Plena de la Corte examinó el caso de varias personas que buscaban
censurar diversos actos administrativos, contra los cuales no se había
presentado oportunamente las respectivas acciones de nulidad y restablecimiento
del derecho. Las tutelas se declararon improcedentes, entre otras cosas, porque
“si el titular de
la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la ley le otorga,
no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad jurisdiccional para
ofrecerle la protección que necesita, pero su situación, entonces, no es
imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su
negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales
gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún puede ser invocada la
tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los
términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que haya
podido incurrir el accionante”.
42. En síntesis, los accionantes Gloria Inés Gómez
Ramírez, Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel
Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe, Rodrigo
Rodríguez Barragán Irma Susana Rueda Suarez, Carmen Remedios Frías Arismendy y
Claudia Ledesma Ibarra, cuentan con un mecanismo de defensa judicial idóneo y
eficaz dentro del cual pueden solicitar la nulidad de los actos administrativos
acusados por vía de tutela y el restablecimiento de los derechos que consideren
conculcados con la actuación de la Procuraduría General de la Nación. La
eficacia del mecanismo está determinada por la existencia de las medidas
cautelares ordinarias o de urgencia que puede adoptar el juez administrativo
con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, tal como lo
establece la Ley 1437 de 2011. Finalmente, atendiendo al carácter subsidiario
de la acción de tutela, lo adecuado es acudir al proceso judicial principal,
evitando con ello que caduque la acción, hecho ante el cual la acción de tutela
no es procedente, pues no puede ser invocada para revivir términos de
caducidad.
Riesgo
de configuración de un perjuicio irremediable
Posible afectación del derecho al mínimo vital
43. Al respecto, es pertinente aclarar que, ante un
despido, en principio los desempleados se encuentren ante una situación de
reducción de sus ingresos mensuales. Sin embargo, dicha reducción de ingresos
no es suficiente por sí sola para hacer procedente la acción de tutela, pues lo
que se pretende con la acción de tutela es proteger el mínimo vital de una
persona y/o de su familia. Por lo tanto, quien
alega la vulneración al derecho fundamental al mínimo vital debe demostrar que,
ante el desempleo, no tiene las posibilidades de disfrutar de la satisfacción
de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la
vivienda y la recreación, como mecanismos para contar con una vida en
condiciones dignas.
44. Acorde con la información de ingresos y egresos
suministrada por los accionantes y por la Procuraduría General de la Nación, la
Sala Plena considera que todos los demandantes cuentan con otras fuentes de
financiamiento que les permitirían obtener algún tipo de renta con el fin de
sufragar sus gastos, hasta tanto acceda a otra alternativa económica. Así, la
mayoría de los accionantes: (i) recibieron por concepto de salarios en el
último año sumas superiores a $100.000.000 y en algunos casos más de
$200.000.000[218], es decir, contaban con salarios
superiores a los 10 salarios mínimos; (ii) todos recibieron por concepto de
liquidación y cesantías más de $15.000.000, (iii) cuentan con uno o dos bienes
inmuebles[219], (iv) son propietarios de vehículos[220]; (v) tienen a su nombre CDT[221] y cuentas de ahorro por sumas
considerablemente altas[222]; (vi) en uno de los casos la accionante
contaba con contrato de prestación de servicios[223]; y (vii) en dos asuntos, los accionantes tienen
reconocida pensión[224].
45. La Sala encuentra que, en estos casos, los activos de
cada uno de los accionantes superan porcentualmente el valor de los pasivos y
con los bienes que poseen, incluidos allí las sumas de dinero percibidas, es
posible que afronten adecuadamente sus gastos personales y los de su familia. La
realización de los bienes muebles e inmuebles podría convertirse en una fuente
de ingresos para sufragar los gastos que garanticen el mínimo vital de los
demandantes y sus familias, hasta tanto la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se pronuncie acerca de las pretensiones de los accionantes. Así,
ante la existencia de otras fuentes económicas diferentes al salario que
permitirían sufragar sus gastos mensuales, no se evidencia el riesgo alegado de
afectación al mínimo vital.
Profesión
liberal de los accionantes y su experiencia profesional
46. Resulta relevante para la Sala Plena de la Corte
Constitucional considerar que en los casos expuestos, los accionantes son
abogados con amplia experiencia profesional y sin limitaciones para el
ejercicio de sus funciones[225].
En los casos concretos, todos los accionantes
manifestaron haber laborado por más de 20 años ejerciendo su profesión, así:
(i) Gloria Inés Gómez Ramírez por más de 27 años[226]; (ii) Luis Hernando Ortiz Valero por más de 25 años[227]; (iii) María Marcela Duarte Torres por
más de 25 años[228]; (iv) Martha Isabel Lozano Urbina por
más de 25 años[229]; (v) Lida Janeth Pinto Barón por más de
25 años[230]; (vi) Rodrigo Rodríguez Barragán por más
de 25 años[231], (vii) Irma Susana Rueda Suarez por más
de 25 años[232]; (viii) Carmen Remedios Frías Arismendy
por más de 20 años[233]; y (ix) Claudia Ledesma Ibarra por más
de 28 años[234].
47. En el caso de la señora Martha Isabel Lozano Urbina,
poco tiempo después de ser desvinculada de la Procuraduría General de la
Nación, celebró un contrato de prestación de servicios suscrito con la personería
de Bogotá por un lapso de 7 meses (del 03 de febrero de 2017 a septiembre del
mismo año), devengando por honorarios mensuales la suma de $7.350.000[235].
48. Si bien el resto de accionantes no manifestaron contar
con una opción laboral, lo cierto es que al contar los demandantes con una
profesión liberal, como lo es la abogacía, y con amplia experiencia laboral,
podrían desempeñarse de manera independiente, sin necesidad de que para su
pleno desarrollo medie un contrato de trabajo. En ese sentido, su derecho al
trabajo no se ve supeditado a una sola modalidad contractual, en lugar de ello,
permite cualquier tipo de relación, ya sea civil, comercial o laboral.
Condiciones
de salud que limiten físicamente el ejercicio de su profesión a los accionantes
49. Fueron cinco (5) los accionantes que
argumentaron padecer de alguna enfermedad que hacía más gravosa su
desvinculación de la entidad. (i) La señora Gloria Inés Gómez Ramírez manifestó
padecer de artrosis trapecio metacarpiana, tenosinovitis de quervain y
gonartrosis[236]; (ii) la señora Martha
Isabel Lozano Urbina informó padecer de estrés laboral[237]; (iii) la señora Lida
Janeth Pinto Barón expresó en la demanda de tutela que en el año 2013 estuvo diagnosticada con
cáncer linfático o linfoma no hodking; (iv) el señor Carlos Arturo Serpa
Uribe presentó un infarto cerebral dislipidemia en el año 2013,
actualmente sufre de síndrome de la arteria carótida (hemisférico), oclusión y
estenosis de arteria carótida y aterosclerosis de otras arterias; y (v) Carmen
Remedios Frías Arismendy dijo sufrir de síndrome del túnel carpiano bilateral.
50. A juicio de la Sala Plena, el hecho de padecer una
enfermedad, no es condición suficiente para que la acción de tutela se torne automáticamente
procedente. En adición a esta circunstancia, los accionantes deben probar cómo
dicha enfermedad los sitúa en una condición de debilidad manifiesta o de
vulnerabilidad tal que haga procedente el amparo, pese a contar con otro
mecanismo de defensa judicial.
51. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que el
único accionante que demostró su estado de debilidad manifiesta fue el señor
Carlos Arturo Serpa Uribe. Sin embargo, dicha condición no es suficiente para
hacer procedente la acción de tutela, puesto que se debe tener en cuenta que,
en la actualidad, el accionante cuenta con una pensión de invalidez y con otras
fuentes de financiamiento diferentes a la del salario que percibía en la
Procuraduría General de la Nación. Estas condiciones le permiten continuar con
el proceso contencioso administrativo iniciado con la Procuraduría, sin riesgo
para sus derechos fundamentales.
52. Con relación al caso de la señora Martha Isabel Lozano Urbina, la Sala considera que
pese a haber manifestado su antecedente de salud, es evidente que dicha
situación no le impide ejercer su profesión, puesto que poco tiempo después de
terminada su vinculación laboral con la Procuraduría suscribió un contrato de
prestación de servicios con la Personería de Bogotá.
53. Por su parte, la accionante Lida
Janeth Pinto Barón argumentó
que hace algunos años fue diagnosticada con un linfoma no Hodgkin[238]. Al respecto, en principio, la Sala
podría considerar que la condición de salud de la accionante la ubica en un mayor
grado de vulnerabilidad al impedirle contar con la misma capacidad de
movilización laboral que la del resto de los accionantes. Sin embargo, de las
pruebas aportadas al proceso los últimos reportes acerca de la enfermedad de la
accionante arrojan resultados satisfactorios con relación a la evolución de la
enfermedad, como se transcribe a continuación:
“Agosto 20 de 2014.
Trae exámenes de lab. clínico con:
(Cuadro)
IK 100% Peso 65KGRS
Clínicamente respuesta completa.
Exámenes de lab clínico en rango normal.
Se ordena 4ta dosis de ritux. Control en
tres meses”.
“Julio 29 de 2014
El tratamiento inicia en mayo, termina en
septiembre de 2013 sin complicacioes.
PET de noviembre 1 de 2013: normal
Se encuentra en remisión completa
(…)
Muy buen estado general, TA 120, 70, fc
68 x 1, examen físico normal”
“27/10/2016
Respuesta clínica completa. Sin evidencia
de neoplasia clínicamente detectable
PET CT en Octub de 2015 Negativo
En el momento en respuesta clínica
completa
Debe continuar controles médicos con
evaluación para clínica cada 4 a seis meses, dado el riesgo de recaída de este
tipo de enfermedad”.
54. Visto lo anterior, la Sala considera que actualmente
el estado de salud de la accionante, si bien requiere controles semestrales, no
la ubica en una condición de tal vulnerabilidad que le impida ejercer su
profesión y con ello obtener los recursos económicos suficientes para
garantizar su mínimo vital. Lo anterior sumando a lo ya expuesto con relación a
las fuentes de financiación con las que cuenta la accionante. A propósito,
resulta importante resaltar que según la base de datos Comprobador de Derechos
de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá la señora Lida Janeth Pinto Barón
registra una afiliación activa a la EPS Sanitas, situación que le asegura la
continuidad en la prestación del servicio de salud[239]. Por lo tanto, la
accionante deberá continuar con el proceso iniciado ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
55. Respecto de Gloria Inés Gómez Ramírez y Carmen Remedios Frías Arismendy, la
Sala Plena considera que el solo diagnóstico de sus enfermedades no las ubica
en una situación de debilidad manifiesta, considerando que no aportaron pruebas
de incapacidades médicas o bajo rendimiento laboral con ocasión de sus
dolencias que demuestren limitación en el ejercicio de sus funciones. Sumado a
la ausencia de afectación del mínimo vital, tal y como se demostró en
consideraciones anteriores.
56. Ahora bien, acorde con lo registrado en la base de
datos del Registro Único de Afiliación del Ministerio de Salud, la mayoría de
los accionantes se encuentran vinculados al Sistema de Seguridad Social en
Salud en el régimen contributivo, condición que les permite acceder a los
servicios de salud requeridos para el tratamiento de sus enfermedades.
Solamente dos accionantes (i) Rodrigo Rodríguez Barragán y (ii) Claudia Ledesma
Ibarra, se muestran inactivos en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Sin
embargo, ellos no refirieron padecer de alguna enfermedad que los ubicara en
situación de mayor vulnerabilidad.
Cargo
ocupado en provisionalidad
57. Para efecto de aclarar el tipo de estabilidad laboral
con la que cuentan los accionantes, es pertinente traer al caso lo dispuesto en
la sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013, en la cual, la Corte
Constitucional determinó que los cargos de procuradores judiciales de la
Procuraduría General de la Nación son empleos de carrera especial.
Anteriormente, dichos cargos estaban incluidos dentro de aquellos catalogados
como empleos de libre nombramiento y remoción según lo dispuesto por el
artículo 182 del Decreto 262 de 2000; sin embargo, la Corte encontró
inconstitucional que los
cargos de procuradores judiciales fueran catalogados como empleos de libre
nombramiento y remoción, declarando la inexequibilidad parcial del numeral 2º
del artículo 182 del Decreto 262 de 2000 respecto del apartado que establecía
dichos empleos como de libre nombramiento y remoción. En consecuencia, ordenó a
la Procuraduría General de la Nación que, en un término no mayor a 6 meses a
partir de la notificación de dicha decisión judicial, convocara a un concurso
público de méritos para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador
Judicial de dicha entidad.
58. Más adelante, en la sentencia T-716 de 2013, la Corte
reiteró que en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 186 del Decreto 262 de 2000[240] los cargos de procuradores judiciales “se
han convertido de cargos de libre nombramiento y remoción en cargos de carrera
administrativa, y en consecuencia, los servidores que desempeñan esos cargos
sin haberse realizado el correspondiente concurso de méritos se encuentran en
situación de provisionalidad. Lo anterior implica que las personas en dichas
circunstancias están cobijadas por la estabilidad laboral intermedia que
significa ocupar dichos empleos en provisionalidad”.
59. Para la Sala Plena de la Corte
Constitucional, resulta relevante el hecho de que los cargos que ocupaban los
accionantes estaban asignados en provisionalidad. En este sentido, la Corte ha
reiterado que la desvinculación de los funcionarios que ocupan cargos de
carrera en provisionalidad debía estar motivada “en una justa causa
que tenga como fundamento (i) la calificación de desempeño, (ii) la comisión de
faltas disciplinarias o (iii) la provisión del cargo por concurso de méritos”.
En tal virtud, los accionantes teniendo conocimiento de la decisión adoptada
por la Corte Constitucional mediante fallo C-101 del 28 de febrero de 2013, han
debido prever su posible desvinculación. Más si se tiene en cuenta los altos
salarios devengados por los servidores aquí demandantes y el tiempo por el cual
estuvieron vinculados en sus cargos[241].
60. En síntesis, las acciones de tutela presentadas por
Gloria Inés Gómez Ramírez, Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte
Torres, Martha Isabel Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo
Serpa Uribe, Rodrigo Rodríguez Barragán, Irma Susana Rueda Suarez, Carmen
Remedios Frías Arismedy y Claudia Ledesma Ibarra, son improcedentes
considerando que los accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial
idóneo y eficaz donde ventilar las pretensiones aquí planteadas y no se
encuentran en una situación de extrema
vulnerabilidad que haga necesaria la actuación del juez de tutela con el fin de
evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Lo anterior teniendo en
cuenta que (i) cuentan con otras fuentes económicas diferentes a las de
su salario con las cuales sufragar sus gastos mensuales y protegiendo con ello
su mínimo vital; (ii) ejercen una profesión liberal con amplia experiencia
laboral, lo cual les permite contar con diferentes modelos de vinculación;
(iii) no demostraron limitación física para el ejercicio de sus funciones[242]; y (iv) los cargos en provisionalidad
siempre están sujetos a la eventualidad del concurso, razón por la cual no
generan estabilidad en el empleo.
c.
Procedencia de la
acción de tutela presentada por la señora Diana Ortegón Pinzón (expediente T-5.959.475)
61. La señora Diana Ortegón Pinzón, es abogada y laboró en
la Procuraduría General de la Nación por aproximadamente un año. En el año
2015, fue nombrada en el cargo de Procuradora 18 Judicial Penal II de Bogotá[243], el cual ocupó en provisionalidad. En
septiembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación desvinculó a la
accionante como consecuencia del nombramiento en propiedad de la persona
seleccionada de la lista de elegibles. Sin embargo, el 01 de enero del presente
año[244], en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 23
de noviembre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura (objeto de revisión en esta providencia), la señora
Diana Ortegón Pinzón fue posesionada en el cargo de Procuradora Judicial
Ambiental y Agraria en la ciudad de Florencia (Caquetá).
62. La acción de tutela cuyo fallo actualmente se revisa,
fue interpuesto argumentando que por su condición de mujer cabeza de familia,
no debió haber sido desvinculada de la entidad. Como elementos tendientes a
demostrar la posible configuración de un perjuicio irremediable la señora Diana
Ortegón Pinzón manifestó que[245]:
63. Es una persona de 47 años, mujer cabeza de familia. Su
núcleo familiar está conformado por sus dos hijos, quienes dependen de ella,
uno de sus hijos es menor de edad (15 años)[246] y si bien la hija es mayor de edad (23 años)[247], se encuentra estudiando una carrera
universitaria.
64. Sus ingresos actuales corresponden a su salario
mensual como Procuradora Judicial Ambiental y Agraria en la ciudad de Florencia
(Caquetá), teniendo en cuenta que no tiene bienes inmuebles ni participación en
sociedades que le generen renta alguna. Adicionalmente, informó que es
propietaria de un vehículo modelo 2010.
Visto lo anterior, la Sala Plena considera que este
asunto sí cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela por
las razones que se exponen a continuación:
65. Si bien, como en los otros casos, la accionante cuenta
con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, donde podría solicitar la nulidad del acto
administrativo a través del cual fue desvinculada de la entidad, retiro que se
hizo efectivo en el mes de septiembre de 2016, a juicio de la Sala, dicho
mecanismo no es un escenario idóneo ni eficaz para solicitar lo aquí pretendido
por la accionante, en el caso concreto.
66. En primer lugar, cuestiona la Sala la idoneidad del
mecanismo judicial principal considerando que el acto administrativo de
desvinculación se profirió en el mes de septiembre de 2016, y a partir de su
notificación comenzaría a contar el término de caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho a través de la cual se podría discutir
la nulidad del acto y solicitar la protección de sus derechos. Sin embargo,
ante el fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura (objeto de revisión en esta providencia), el
23 de noviembre de 2016, concediendo el amparo definitivo de los derechos
invocados por la señora Diana Ortegón Pinzón y ordenando su reintegro
inmediato, la accionante, amparada en los efectos de la providencia, no
presentó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo tanto, a
la fecha, es probable que el mecanismo judicial con el que contaba ya haya
caducado, tornándose no idóneo. Por otra parte, la carece de idoneidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque el asunto ya había sido
fallado el asunto, de manera definitiva, mediante la acción de tutela.
67. En segundo lugar, las condiciones especiales de la
accionante y de su núcleo familiar, demostradas dentro del proceso, hacen que
el mecanismo ordinario de defensa judicial no sea eficaz. Lo anterior por
cuanto se trata de un sujeto de especial protección constitucional (mujer
cabeza de familia inciso 2º del artículo 43 de la Constitución Política de
Colombia), quien requiere una respuesta judicial pronta que impida, de ser
pertinente, la desvinculación de la accionante y, de esta manera, garantizar el
derecho al mínimo vital de sus hijos.
Al respecto, en la sentencia T-151A de 2006[248] la Corte Constitucional consideró que, “en ciertos
casos el análisis de la procedibilidad de la acción deberá ser llevado a cabo
por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio,
cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial
protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea
presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos,
miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema.
En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar
con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así
materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y
protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones
de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”
68.
De esta manera, reiterada
jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela es procedente
cuando quien solicita el reintegro laboral es una mujer cabeza de familia “[e]llo, por la estrecha
relación con el principio de no discriminación y los mandatos superiores que
consagran un beneficio a sujetos vulnerables y porque ante la terminación del
vínculo de trabajo, este mecanismo ofrece la celeridad y la eficacia necesarias
para asegurar el derecho a la estabilidad laboral, al mínimo vital, a la
seguridad social, y de aquellos sujetos vulnerables que se encuentran a su
cargo”[249].
69. Posteriormente, en la sentencia de unificación SU-388
de 2005, la Sala Plena de esta Corte consideró que en casos de protección de
determinados trabajadores a través de la estabilidad laboral reforzada, donde
los accionantes sean sujetos de especial protección constitucional, la acción
de tutela es procedente “precisamente por la necesidad de garantizar la
plena eficacia de sus derechos fundamentales”. Adicionalmente, en dicha
providencia la Corte hizo referencia a la relevancia constitucional de la
aplicación de acciones afirmativas en favor de las mujeres cabeza de familia
trabajadoras, en los siguientes términos:
“Y si a lo anterior se suma que las mujeres han sido
excluidas a lo largo de la historia del escenario laboral, es claro que las
acciones afirmativas diseñadas en su favor revisten un componente que va más
allá de la simple presencia de un ingreso fijo para asegurar la manutención de
su núcleo familiar, puesto que en estos casos también se protege la idea de
reconocer especial valor al trabajo como expresión de una opción personal o
profesional negada por muchos años y, en esa medida, es legítimo reclamar su
amparo por vía de tutela”.
70. Así la cosas, la accionante logró demostrar que no
cuenta con ingresos diferentes al de su salario para suplir sus gastos
mensuales, no tiene bienes muebles ni inmuebles a su nombre que podrían
generarle una renta suficiente, ni existen en su entorno familiar personas que
podrían acudir a sufragar los gastos de su núcleo familiar. Por lo tanto, la
inexistencia de otras fuentes de financiamiento podría generar la configuración
de un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales de la accionante y
de sus hijos, quienes dependen de ella y cuyos derechos priman en el orden
constitucional colombiano.
71. En síntesis, a juicio de la Sala Plena, el inciso 2º
del artículo 43 de la Constitución Política de Colombia otorga a las mujeres
cabeza de familia una protección especial de parte del Estado. Así las cosas,
ante el riesgo evidenciado de materialización de un perjuicio irremediable para
el mínimo vital de la accionante y de sus hijos y, en razón de la satisfacción
de las condiciones previstas en la SU-388 de 2005 para la protección de las
madres cabezas de familia, se exime a la accionante de acudir a los mecanismos
judiciales ordinarios para la tutela de sus derechos.
72. En este sentido, la Corte considera que la protección
constitucional a las madres cabeza de familia que demuestren el cumplimiento de
los requisitos dispuestos en la SU-388 de 2005 torna ineficaz el mecanismo
judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De esta manera,
a diferencia de los casos declarados improcedentes, la señora Ortegón Pinzón
demostró que no cuenta con ingresos diferentes a su salario para suplir los
gastos mensuales que implican su condición de madre cabeza de familia, circunstancia
que hace procedente la acción de tutela presentada por la señora Diana Ortegón
Pinzón como mecanismo definitivo.
D.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
73. El problema jurídico que debe resolver la Sala Plena
de la Corte Constitucional consiste en determinar si la Procuraduría General de
la Nación, vulneró los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de
la señora Diana Ortegón Pinzón, al desvincularla de la entidad como
consecuencia del nombramiento en propiedad de personas que integraron la lista
de elegibles del concurso realizado por la entidad accionada en cumplimiento de
lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013, sin tener en consideración su
condición de mujer cabeza de familia.
74. En consecuencia, para resolver el problema jurídico
planteado, la Corte reiterará su jurisprudencia acerca de (i) la
protección de las madres cabeza de familia[250]
a través de la estabilidad laboral reforzada. Posteriormente, (ii) hará referencia a los límites
jurisprudenciales a dicha protección de las madres cabeza de familia a través
de la estabilidad laboral reforzada, haciendo énfasis en el mérito como eje
axial de la Constitución.
Finalmente se (iv)
examinará si la Procuraduría General de la Nación desconoció la estabilidad
laboral reforzada de la señora Diana Ortegón Pinzón.
E.
LA PROTECCIÓN
DE LAS MADRES CABEZA DE FAMILIA A TRAVÉS DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
75. El artículo 43 de la Constitución Política establece
que “(…) El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia
(…)”; lo cual permite, en determinadas circunstancias (madre trabajadora)
interpretar la existencia de una protección a través de la figura de la
estabilidad laboral reforzada. En estudio de control abstracto, la Corte
Constitucional[251]
determinó que el mandato constitucional de protección especial a mujeres cabeza
de familia debía ser entendido en los siguientes términos:
“El apoyo especial a la mujer cabeza de familia es un mandato
constitucional dirigido a todas las autoridades públicas. Con él se buscó
(i) promover la igualdad real y efectiva entre ambos sexos; (ii) reconocer la
pesada carga que recae sobre una mujer cabeza de familia y crear un deber
estatal de apoyo en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal,
para compensar, aliviar y hacer menos gravosa la carga de sostener su familia;
y (iii) brindar, de esta manera, una protección a la familia como núcleo básico
de la sociedad.
En este orden de ideas, no sería compatible con estas
finalidades de inspiración igualitaria dentro de un Estado social de derecho,
que las medidas de apoyo especial a las mujeres cabeza de familia fueran
dirigidas principalmente a permitir que “cumplan bien su rol doméstico dentro
del hogar”, puesto que ello constituiría una reproducción del estereotipo que
precisamente está asociado a las desigualdades sociales que el constituyente
quiso corregir. El apoyo especial garantizado por la Constitución en estos
casos es aquel que permite a la mujer desarrollar libre y plenamente sus
opciones de vida sin que ser cabeza de familia se constituya en un obstáculo o
una carga demasiado pesada para ello. Se trata de impedir, por ejemplo, que ser
cabeza de familia le cierre opciones laborales a la mujer o que escoger una
oportunidad de trabajo implique dejar de atender las responsabilidades que,
tanto para los hombres como para las mujeres, significa ser cabeza de familia” (negrillas no originales).
Adicionalmente, también en ejercicio de control abstracto
de constitucionalidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional[252] estableció que la estabilidad laboral de mujeres cabeza de
familia tiene un origen supralegal, pues responde a imperativos
constitucionales, erigidos como fines esenciales del Estado Social de Derecho:
“23. Aunque la protección laboral reforzada que el legislador
otorgó a aquellas personas que se encontraban en las condiciones descritas por
el artículo 12 de la ley 790 de 2002, se circunscribió en su momento, a
aquellos trabajadores que eventualmente pudieran verse afectados en desarrollo
del programa de renovación de la administración pública, la Corte
Constitucional ha sentenciado[253] que dicha
protección, es de origen supralegal, la cual se desprende no solamente de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Constitución que establece la obligación
estatal de velar por la igualdad real y efectiva de los grupos tradicionalmente
discriminados y de proteger a las personas en circunstancias de debilidad
manifiesta, sino de los artículos 42, 43, 44 y 48 superiores; se trata en
consecuencia de una aplicación concreta de las aludidas garantías constitucionales que están llamadas a
producir sus efectos cuando quiera que el ejercicio de los derecho
fundamentales de estos sujetos de especial protección pueda llegar a verse
conculcado”
(negrillas no originales).
76. Por otra parte, la Corte ha considerado que con la
protección a las mujeres cabeza de familia también se busca preservar las
condiciones dignas de sus hijos y de las personas que dependen de ella. Así lo
precisó la Corte en la sentencia T-803 de 2013:
“La categoría de mujer cabeza de familia busca
entonces “preservar condiciones dignas de vida a los menores y personas que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella, al tiempo que se
pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que por razones,
sociales, culturales e históricas han tenido que asumir, abriéndoles
oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal y
garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos”. Tal condición encierra el
cuidado de los niños y de personas indefensas bajo su custodia, lo que
repercute en los miembros de la familia, e implica de igual manera, por vía de
interpretación, la protección hacia el hombre que se encuentre en situación
similar”.
77. En suma, para la Corte Constitucional
no cabe duda de que la implementación de medidas como la estabilidad laboral
reforzada para mujeres cabeza de familia, responde a imperativos
constitucionales que se desprenden de los artículos 13, 42, 44, 53 y
especialmente 43 (inciso segundo) de la Constitución Política y que
constituyen en sí mismos fines esenciales en el Estado Social de Derecho. Ello
busca garantizar la primacía
de los derechos inalienables de la persona, la protección de la familia y, de
manera especial, la supremacía de los derechos de los niños.
78. En este sentido, el inciso segundo del artículo 2º de
la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera
especial a la mujer cabeza de familia”, modificado por el artículo
1º de la Ley 1232 de 2008, establece que “(…) es Mujer Cabeza de familia,
quien (…) ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo, afectiva,
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras
personas incapaces o incapacitadas para trabajar”[254]. En tal
virtud, la ley confiere a la mujer una especial protección en los siguientes
términos “El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar
protección especial a la mujer cabeza de familia, promoviendo el
fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, procurando
establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la
participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en
salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar, de
vivienda, de acceso a la educación básica, media y superior incrementando su
cobertura, calidad y pertinencia; de acceso a la ciencia y la tecnología, a
líneas especiales de crédito y a trabajos dignos y estables”
(negrillas no originales).
79. El Decreto 3905 de 2009, “Por el cual se reglamenta la
Ley 909 de 2004 y se dictan normas en materia de carrera administrativa”,
modificado por el Decreto 1894 de 2012, dispuso una protección especial para
las madres cabeza de familia, la cual se debería tener en cuenta antes de desvincularla
de un empleo provisional. Dicha protección especial se estableció en los
siguientes términos: “Artículo
7°. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en
cuenta el siguiente orden: Parágrafo 2°. Cuando la lista de elegibles elaborada como
resultado de un proceso de selección esté conformada por un número menor de
aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes de
efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del
servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de
protección generado por: 2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de
familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia
sobre la materia”.
80. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional
(SU-388/05) ha establecido una serie de requisitos que se deben demostrar con
el fin de certificar la calidad de mujer cabeza de familia, así:
“(i) que se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para
trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no
sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino
que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv)
o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello
obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física,
sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último, que
haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia,
lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el
hogar”[255].
81. Adicionalmente, la Corte ha dispuesto que para acreditar la condición de madre  cabeza de
familia: (i) es indispensable el total abandono del hogar por parte de la
pareja y de las responsabilidades que le corresponden como padre[256]; (ii) el estado
civil de la mujer es irrelevante a la hora de determinar si es o no cabeza de
familia[257].
Ahora bien, (iii) la declaración ante notario a que hace referencia el
parágrafo del artículo 2° de la Ley 82 de 1993, no es una prueba necesaria para
acreditar la condición de cabeza de familia, pues dicha calidad no depende de
esta clase de formalidades, sino de los presupuestos fácticos del caso concreto[258].
82. Así las cosas, las mujeres que tienen bajo su cargo en
forma permanente la responsabilidad de hijos menores propios o ajenos y de
otras personas incapacitadas para trabajar y, que dependan de ella, tanto
afectiva como económicamente, gozan de especial protección constitucional.
83. A partir de todo lo expuesto, el mandato
constitucional consagrado en el inciso 2 del artículo 43 de la Constitución
fundamenta, para las mujeres cabeza de familia[259], una protección constitucional a
través de la estabilidad laboral reforzada, en aplicación directa de la
Constitución[260]. Así las cosas, ante la existencia de un
vínculo laboral administrativo de servidores públicos nombrados en
provisionalidad, cuando esté demostrada la desvinculación de una madre que
acredite ser cabeza de familia (SU-388 de 2005) y que dicha desvinculación
afecta su derecho y el de sus hijos al mínimo vital, el juez de tutela, en
principio, debe garantizar la protección constitucional.
84. No obstante, dicha estabilidad laboral reforzada no
constituye una protección absoluta ni automática, pues en caso de existir una
justa causa el empleador podrá desvincular al trabajador de su lugar de trabajo.
Contrario a ello, si el empleado es apartado de su cargo sin tener en
consideración su condición de mujer cabeza de familia y sin existir justa causa
que lo amerite, se activa la protección laboral especial o reforzada, siempre y
cuando se verifiquen circunstancias particulares tales como el retén social o
una afectación al mínimo vital.
A continuación, la Sala Plena analizará
si el nombramiento en propiedad de una persona que accede al cargo luego de
superar un concurso de méritos, se puede considerar justa causa para la
desvinculación de un servidor público que ocupa un cargo en provisionalidad.
F.
LA PROTECCIÓN A LAS
MADRES CABEZA DE FAMILIA A TRAVÉS DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA NO ES
ABSOLUTA.  EL MÉRITO COMO EJE DEFINITORIO DE LA IDENTIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
85. Como se dejó anunciado en párrafos anteriores, la
protección a las madres cabeza de familia a través de la  estabilidad laboral
reforzada no es absoluta. Esto implica que los servidores públicos mujeres
cabeza de familia sí pueden ser desvinculadas de las entidades públicas; sin
embargo, su protección laboral reforzada conlleva una la carga para la entidad
consistente en demostrar una justa causa para la desvinculación. Para el caso
que nos ocupa la justa causa analizada será el nombramiento de propiedad de una
persona que superó las etapas de un concurso de méritos.
86. El artículo 125 de la Constitución establece el
mérito como criterio para la provisión de cargos públicos dentro de la
administración pretendiendo que el Estado pueda “contar con servidores cuya
experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices
de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades
confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado
Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la
administración pública”[261].
En estos términos, la misma Constitución establece que el mecanismo
idóneo para hacer efectivo el mérito es el concurso público[262].
87. Como precedente relevante, la sentencia C-588 de 2009,
declaró inexequible el Acto Legislativo No 01 de 2008, que suspendía por el
término de tres años la vigencia del artículo 125 constitucional. Como
fundamento de la decisión, la Sala Plena consideró que “el sistema de carrera administrativa
tiene como soporte principios y fundamentos propios de la definición de Estado
que se consagra en el artículo 1 constitucional, cuyo incumplimiento o
inobservancia implica el desconocimiento de los fines estatales; del derecho a
la igualdad y la prevalencia de derechos fundamentales de los ciudadanos, tales
como el acceso a cargos públicos y el debido proceso”[263].
Como consecuencia de lo anterior, en
dicho pronunciamiento se concluyó que “la carrera administrativa es,
entonces, un principio constitucional y, por lo mismo, una de las garantías
cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución de la Constitución”[264], en donde la
inscripción automática, sin el agotamiento de las etapas del proceso de
selección, resultaba abiertamente contraria a los principios y derechos en los
que se erige la Constitución de 1991.
88. Entendiendo lo anterior, la desvinculación de servidores
públicos provisionales con estabilidad laboral reforzada con ocasión de un
concurso de méritos ha sido objeto de diferentes pronunciamientos de parte de
la Corte Constitucional[265].
89. En la sentencia de unificación SU-446 de 2011, la
Corte Constitucional conoció el caso de varios servidores públicos de la
Fiscalía General de la Nación desvinculados de sus cargos con ocasión de un
concurso de méritos surtido al interior de la entidad. En esa oportunidad la
Corte Constitucional consideró que:
“Los servidores en provisionalidad, tal como
reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación[266],  gozan de una
estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para
proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió en el
caso en estudio o por razones objetivas que deben ser claramente expuestas en
el acto de desvinculación[267].
En consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la
plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no
desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la
estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo
esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que
ganaron un concurso público de méritos” (negrillas fuera del texto
original).
Sin embargo, respecto de los funcionarios
que ocupan el cargo de provisionalidad y cuentan con una estabilidad laboral
reforzada por tratarse de mujeres cabeza
de familia, pese a la discrecionalidad de la goza la entidad, la Corte
consideró que la entidad tiene la obligación de darles un trato preferencial.
Por lo tanto, la Corte, pese a no tutelar los derechos de los accionantes,
consideró que:
“En estos tres eventos la Fiscalía General de la
Nación ha debido prever mecanismos para garantizar que las personas en las
condiciones antedichas, fueran las últimas en ser desvinculadas, porque si bien
una cualquiera de las situaciones descritas  no otorga un derecho
indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda vez que prevalecen los
derechos de quienes  ganan el concurso público de méritos. Como el ente
fiscal no previó dispositivo alguno para no lesionar los derechos de ese grupo
de personas, estando obligado a hacerlo, en los términos del artículo 13 de la
Constitución, esta Corte le ordenará a la entidad que dichas personas, de
ser posible, sean nuevamente vinculadas en forma provisional en cargos
vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando.
(…)
En consecuencia, la entidad deberá prever las
especiales situaciones descritas en este apartado, al momento en que deba
ocupar los cargos con el o los concursos que tiene que efectuar en cumplimiento
de esta providencia.
(…)
En el caso de los provisionales que son sujetos de
especial de protección, si bien la Corte no concederá la tutela porque
no ostentaban un derecho a permanecer en el empleo, sí se ordenará a la
Fiscalía General de la Nación que, en el evento en que a la fecha de expedición
del fallo existan vacantes disponibles en cargos iguales o equivalentes a
aquellos que venían ocupando, sean vinculados en provisionalidad mientras se
realiza un nuevo concurso. La  desvinculación de estos servidores sólo
será posible previo acto administrativo motivado en los términos de la
sentencia SU-917 de 2010” (negrillas
originales).
90. En línea con lo anterior, esta Corte mediante sentencia
C-640 de 2012 declaró fundadas las objeciones Gubernamentales al Proyecto de
Ley N° 54 de 2010 Senado, 170 de 2010 Cámara, “por la cual se implementa el
retén social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se
dictan otras disposiciones”, al considerar que pese a que los sujetos de
especial protección constitucional, como las mujeres cabeza de familia
nombradas en provisionalidad, gozan de un tratamiento preferente, prevalecen
los derechos de las personas que ganan un concurso público de méritos. En esa
oportunidad, se examinó una norma que disponía la imposibilidad de separar del
cargo de carrera a aquel servidor público próximo a pensionarse y a mujeres
cabeza de familia que lo ejercía en provisionalidad, pese a haberse surtido el
concurso público de méritos. Así, la Corte Constitucional reiteró en que
consiste la garantía de los servidores públicos con estabilidad laboral
reforzada, en los siguientes términos:
“Sin embargo, en relación con las madres y
padres cabeza de familia, las personas que estén próximas a pensionarse (a las
que les faltan tres años o menos para cumplir los requisitos), y las personas
en situación de discapacidad, nombrados provisionalmente en cargos de carrera
administrativa cuya vacancia es definitiva, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que tienen derecho a recibir un tratamiento preferencial. Este, consiste
en prever mecanismos para garantizar que los servidores públicos en las
condiciones antedichas, sean los últimos en ser desvinculados cuando existan
otros cargos de igual naturaleza del que ocupan vacantes. En cualquiera de
las condiciones descritas no se otorga un derecho indefinido a permanecer en un
empleo de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes ganan el
concurso público de méritos, pero su condición de debilidad manifiesta hace que
la administración deba otorgarles un trato especial.
(…)
No resulta factible, que los funcionarios nombrados en
provisionalidad, por encontrarse en alguna de las circunstancias de debilidad
que la norma objetada prevé ingresen de manera automática a la carrera
administrativa, y por ende, gocen de los mismos beneficios y grado de
estabilidad que la ley otorga a quienes han superado con éxito el respectivo
concurso de méritos”.
91. A juicio de la Sala Plena de la Corte Constitucional,
en los casos como los planteados en el presente asunto, se deben tener en
cuenta las siguientes reglas:
En primer lugar,  las personas nombradas en cargos de
libre nombramiento y remoción, no gozan de estabilidad laboral reforzada, por
la naturaleza del cargo que desempeñan. Esta misma regla es, en principio,
aplicable a las personas nombradas en provisionalidad.
En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los
cargos de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción no le son
aplicables reglas de prepensionados o de retén social, menos aún en el caso de
profesiones liberales.
Ahora bien, en tercer lugar, cuando en la relación
laboral una de las partes la conforma un sujeto especialmente protegido (inciso
2º del artículo 43 de la CP), como lo son las madres cabeza de familia que
cumplen con los presupuestos establecidos en la sentencia SU-388 de 2005, puede
llegar a reconocérseles la garantía de la estabilidad laboral reforzada, claro
está, mientras no exista una causal justificativa del retiro del servicio, dado
que la protección de la estabilidad laboral reforzada no debe confundirse con
el otorgamiento de una inmunidad que exonere de las obligaciones a su cargo,
desconozca principios superiores como el mérito que funda el sistema de carrera
o que la proteja frente a las medidas disciplinarias, fiscales o penales que
eventualmente puedan ejercerse en su contra[268]. De esta
manera, la garantía constitucional se sustenta en las siguientes hipótesis:
1. La terminación de una vinculación en
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona
que ganó el concurso, no desconoce los derechos de los servidores públicos en
provisionalidad, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha
reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.
2. Sin embargo, cuando el servidor que
debe ser desvinculado ostenta la calidad de mujer cabeza de familia, la entidad
deberá tener en cuenta dos situaciones antes de proceder a la desvinculación:
2.1. Si cuenta con un margen de maniobra,
reflejado en vacantes, para la provisión de empleos de carrera, en razón de la
diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas provistas mediante la
correspondiente lista de elegibles, surge la obligación de garantizar la
estabilidad laboral tanto del ganador del concurso como del servidor público
cabeza de familia.
2.2. Si no cuenta con margen de maniobra,
la entidad debe generar los medios que permitan proteger a las madres cabeza de
familia, con el propósito de que sean las últimas en ser desvinculadas de sus
cargos, esto, por cuanto no gozan de un derecho indefinido a permanecer en el
cargo de carrera.
A continuación se resolverá el caso
que superó el examen de subsidiariedad, con el fin de resolver el problema
jurídico planteado en la presente sentencia.
G.  EL DERECHO AL TRABAJO Y AL MÍNIMO VITAL DE
LA SEÑORA DIANA ORTEGÓN PINZÓN FRENTE AL CONCURSO DE MÉRITOS DE PROCURADORES
JUDICIALES
Concurso
público de méritos para cargos de procuradores judiciales I y II. Margen de
maniobra de la Procuraduría General de la Nación
92. En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-101
de 2013, la Procuraduría General de la Nación a través de la Resolución 040 del
20 de enero de 2015, dispuso la apertura del proceso de selección de personal
para la provisión en carrera administrativa de todos los empleos de procurador
judicial. Así las cosas, se expidieron catorce (14) convocatorias con el fin de
proveer todos los empleos de procurador judicial I y II, en total 427 cargos de
procuradores judiciales II y 317 cargos de procuradores judiciales I, así:
Procuradores judiciales II
Convocatoria
Dependencia o área de trabajo
Cantidad
Lista de elegibles
001-2015
Procuraduría delegada para la restitución de tierra
23
R. 349 del 08/07/2016
002-2015
Procuraduría
delegada para asuntos ambientales y agrarios
31
R. 348 del 08/07/2016
003-2015
Procuraduría
delegada para asuntos civiles
12
R. 347 del 08/07/2016
004-2015
Procuraduría
delegada para el ministerio público en asuntos penales
208
R. 357 del 11/07/2016
005-2015
Procuraduría
delegada para asuntos de trabajo y la seguridad social
14
R. 346 del 08/07/2016
006-2015
Procuraduría
delegada para la conciliación administrativa
94
R. 345 del 08/07/2016
007-2015
Procuraduría
delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la
familia
45
R. 344 del 08/07/2016
Total
427
Procuradores judiciales I
Convocatoria
Dependencia o área de trabajo
Cantidad
Lista de elegibles
008-2015
Procuraduría delegada para la restitución de tierra
23
R. 349 del 08/07/2016
009-2015
Procuraduría
delegada para asuntos ambientales y agrarios
3
R. 348 del 08/07/2016
010-2015
Procuraduría
delegada para asuntos civiles
2
R. 347 del 08/07/2016
011-2015
Procuraduría
delegada para el ministerio público en asuntos penales
149
R. 357 del 11/07/2016
012-2015
Procuraduría
delegada para asuntos de trabajo y la seguridad social
19
R. 346 del 08/07/2016
013-2015
Procuraduría
delegada para la conciliación administrativa
107
R. 345 del 08/07/2016
014-2015
Procuraduría
delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la
familia
14
R. 344 del 08/07/2016
Total
317
Según lo informado por la Procuraduría General de la
Nación, hasta el 29 de marzo de 2017, estaban provistos en condición de
provisionalidad los cargos en los que la lista de elegibles cuyo número de
integrantes fue inferior al número de cargos ofertados, así:
Convocatoria
Número de cargos ofertados
Concursantes en la lista
Cargos excedentes
001-2015
23
21
2
002-2015
31
28
3
005-2015
14
11
3
008-2015
23
7
16
009-2015
3
2
1
012-2015
19
11
8
013-2015
107
91
16
014-2015
14
11
3
Total
52
Así las cosas, algunos de los cargos excedentes se
encuentran ocupados en provisionalidad por aquellos procuradores judiciales I y
II que venían ejerciendo dicho cargo en provisionalidad y que por falta de
integrantes en la lista respectiva no ha sido asignado a un funcionario de
carrera. Adicionalmente, la Procuraduría informó que algunos cargos están
siendo provistos en provisionalidad con ocasión de fallos de tutela en los
cuales se ha ordenado el reintegro de funcionarios en empleos aún no provistos
con cargo de las listas de elegibles.
93. Respecto del número de cargos asignados a los
integrantes de las diferentes listas de elegibles se han asignado 407
procuradores judiciales II y 253 procuradores judiciales I, para un total de
660 personas.
94. Ahora bien, así como en algunas convocatorias existe
un excedente de cargos, en otras existe excedente de personas en lista de
elegibles, como se expone a continuación:
Convocatoria
Número de cargos ofertados
Concursantes en la lista
Excedente
003-2015
13
14
1
004-2015
208
366
158
006-2015
94
239
145
007-2015
45
97
52
010-2015
2
5
3
011-2015
149
198
49
Total
408
Al respecto, la Procuraduría señaló que en aplicación
del inciso quinto del artículo 216 del Decreto 262 de 2000[269] (ver sentencias
C-281/07, C-1148/03, C-942/03 y C-319/10), los excedentes de las listas de
elegibles de algunas de las convocatorias deben ser utilizadas en algún momento
para la provisión de los empleos que no alcanzan a quedar provistos en otras
convocatorias. Así las
cosas, existen 408 concursantes en la lista de elegibles de procuradores que
tiene mejor derecho que la accionante[270].
95. En síntesis, la Procuraduría sostiene que no cuenta
con margen de maniobra alguno, toda vez que (i) no es posible desplazar a quien
legítimamente ganó el derecho en el concurso a ocupar el cargo de carrera
administrativa, por quien lo ocupa en provisionalidad, así este en condición de
madre cabeza de familia; (ii) tampoco es posible desvincular a un servidor
público que ocupa un cargo en provisionalidad para ubicar a la accionante,
quien también es provisional y (iii) como se dijo anteriormente, existen 408
concursantes en la lista de elegibles de procuradores que tiene mejor derecho
que la accionante.
La accionante cuenta
con los presupuestos para ser considerada mujer cabeza de familia
(i)
Que se tenga a
cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas
para trabajar: la señora Diana Ortegón Pinzón es madre de dos
hijos, Daniela, de 24 años[271],
estudiante de la Universidad del Rosario en el programa de jurisprudencia[272], y Nicolás, de
16 años[273],
matriculado en 9º grado en el Colegio Campestre San Diego[274].
(ii)
Que esa
responsabilidad sea de carácter permanente: la responsabilidad es permanente hasta tanto sus
hijos tengan capacidad para laborar.
(iii)
No sólo la
ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que
aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre: según las pruebas aportadas al proceso,
desde el año 2005 el padre de los hijos de la accionante no responde por ellos,
prueba de ello son las tres declaraciones juramentadas y varias resoluciones de
la Defensoría de Familia autorizando la salida del país del menor Nicolás para
viajar con su mamá y su hermana a Estados Unidos, en dichas resoluciones se
deja la siguiente constancia “el progenitor del niño abandonó su
hogar desde el año 2005 y a la fecha no se hace responsable de sus deberes como
padre”[275].
(iv)
Que la pareja no
asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental
o, como es obvio, la muerte:
a la fecha, la accionante no se tiene conocimiento del lugar de residencia del
padre de los niños, ni números de contacto.
(v)
Que haya una
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual
significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar: según lo manifestado por la accionante, no
recibe ayuda de ningún familiar. El padre de la accionante es pensionado de la
Universidad Nacional y es responsable de la mamá de la accionante, quien está
diagnosticada con Alzheimer, y de su hermano quien presenta discapacidad
cognitiva leve y auditiva. El abuelo paterno de sus hijos es pensionado de la
Fuerza Armada y de él depende su esposa.
96. Todo lo anterior prueba sumariamente la condición de
mujer cabeza de familia de la accionante, sumado al hecho de que sus ingresos
actuales corresponden a su salario mensual como Procuradora Judicial Ambiental
y Agraria en la ciudad de Florencia (Caquetá), teniendo en cuenta que no hay
evidencias de fuentes de ingreso adicionales.
La
accionante informó a la Procuraduría sobre su condición de mujer cabeza de
familia
97. El 27 de julio de 2016, la señora Diana Ortegón Pinzón informó a la
Procuraduría General de la Nación acerca de su condición de mujer cabeza de
familia.
El 22 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la
Nación le respondió a la accionante que su condición de mujer cabeza de familia
no estaba acreditada toda vez que: (i) uno de sus hijos es mayor de edad y no
presenta limitaciones físicas, mentales, u otras situaciones especiales que
sean de carácter permanente; (ii) sus hijos están reconocidos por el padre;
(iii) no está probado que el padre de sus hijos esté incapacitado física,
sensorial o psíquicamente para asumir sus responsabilidades; y (iv) no acreditó
el agotamiento de las instancias penales o de familia, a fin de hacer cumplir
al padre con sus funciones económicas[276].
Mediante escrito del 29 de marzo de 2017, la
accionante le informó a la Corte Constitucional que no interpuso acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo[277].
Aplicación
de la garantía constitucional (artículo 43, inciso 2, Constitución Política de
Colombia) al caso bajo revisión
98. Considerando todo lo expuesto, la
Sala Plena considera que la Procuraduría General de la Nación desconoció
algunas de las reglas dispuestas por la Corte Constitucional con relación a la
desvinculación de mujeres cabeza de familia que ocupan cargos en
provisionalidad con estabilidad laboral reforzada. Para empezar, le asiste
razón a la Procuraduría al afirmar que los funcionarios nombrados en propiedad
como consecuencia de un concurso de méritos cuentan con un mejor derecho de
acceso o permanencia en el cargo que las personas vinculadas en provisionalidad. Sin
embargo, a juicio de la Sala Plena, contrario a lo expuesto por la Procuraduría,
esta entidad sí contaba con margen de maniobra para reubicar a la señora Diana
Ortegón Pinzón, teniendo en cuenta su condición de mujer cabeza de familia. En
efecto, de las pruebas aportadas por la Procuraduría queda demostrado que
algunas de las listas de elegibles cuentan con un número menor a los cargos
ofertados:
Convocatoria
Número de cargos ofertados
Concursantes en la lista
Cargos excedentes
001-2015
23
21
2
002-2015
31
28
3
005-2015
14
11
3
008-2015
23
7
16
009-2015
3
2
1
012-2015
19
11
8
013-2015
107
91
16
014-2015
14
11
3
Total
52
99. Así, en una primera etapa de nombramientos y
posesiones de las personas que integraban la lista de elegibles, la Procuraduría
contaba con 52 cargos en los cuales tenía la posibilidad de reubicar a la
accionante, previo análisis de sus competencias para el cargo correspondiente.
Ahora bien, una vez agotadas las listas
de cada una de las convocatorias, es factible que la Procuraduría ofrezca las
52 plazas a las 408 personas que pese a integrar la lista de elegibles no
fueron nombrados en los cargos a los cuales concursaron al agotarse con los
ubicados en los primeros lugares de las listas, siempre y cuando cumplan con
los requisitos exigidos en el concurso realizado. En estos términos, dicha
evaluación deberá ser analizada por la Procuraduría General de la Nación
atendiendo lo dispuesto en la Resolución 040 de 2015, en cada una de las 14
convocatorias y en la legislación vigente.
Lo anterior encuentra sustento en lo
dispuesto en el artículo 216
del Decreto 262 de 2000[278]:
“(…) Efectuados los respectivos
nombramientos para proveer los empleos objeto de la convocatoria u otros
iguales a éstos, se retirarán de la lista de elegibles los servidores en los
que hayan recaído dichos nombramientos, salvo que no hayan aceptado o no se
hayan posesionado por razones ajenas a su voluntad. El nominador deberá
utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes
que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se
exijan los mismos requisitos, o en empleos de inferior jerarquía. En este
último caso, la no aceptación del nombramiento no constituye causal para la
exclusión de la lista de elegibles”[279].
Ante tal escenario, la Procuraduría debe
prever que los últimos servidores públicos en ser desvinculados de la entidad
sean las madres cabeza de familia, cobijadas con estabilidad laboral reforzada,
como es el caso de la señora Diana Ortegón Pinzón, pues en este caso concreto
se evidenció una afectación a su mínimo vital y cumple las condiciones de la
SU-388 de 2005. Reiterando en todo caso, que dicha estabilidad no es absoluta y
se agotaría con la imposibilidad fáctica de la entidad de mantenerla en el
cargo frente al inminente nombramiento de los funcionarios que conformaron la
lista de elegibles.
Con relación a lo anterior, según información
suministrada por la misma Procuraduría General de la Nación, para el mes de
marzo de 2017, meses después de haber sido desvinculadas las accionantes de la
entidad (diciembre de 2016) aún no habían sido ocupados todos los cargos que
salieron a concurso. Así, para el 29 de marzo de 2017, el número de cargos
asignados a los integrantes de las diferentes listas de elegibles correspondían
a: 407 procuradores judiciales II de los 427 ofertados y 253 procuradores
judiciales I de los 317 ofertados, para un total de 660 personas posesionada en
los 744 cargos ofertados.
100. Por todo lo expuesto, la Corte Constitucional
considera que la Procuraduría General de la Nación desconoció la especial
protección a la madre cabeza de familia establecida en el inciso 2º del artículo
43 de la CP, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la señora Diana
Ortegón Pinzón. Reiterando
que su condición de sujeto de especial protección constitucional no le otorga
un derecho indefinido a permanecer en situación de provisionalidad en un empleo
de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes  ganan el concurso
público de méritos, esta Corte le ordenará a la entidad que, de ser posible
en la actualidad, dé continuidad a la vinculación de la señora Diana
Ortegón Pinzón de forma provisional hasta tanto todas las plazas sean ocupadas
por los integrantes de la lista de elegibles.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Levantar los términos suspendidos
mediante Auto 308 de 2017.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutela No. 1 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de agosto de 2016 que
confirmó la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutela del Tribunal
Superior de Bogotá D.C., el 25 de julio de 2016, la cual declaró improcedente
la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Inés Gómez Ramírez contra la Procuraduría
General de la Nación (Expediente T-5.761.808).
Tercero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutelas No 3 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 04 de octubre de 2016, que
confirmó la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutela del Tribunal
Superior de Bogotá D.C., el 11 de agosto de 2016, la cual declaró improcedente
la acción de tutela interpuesta por los ciudadanos Luis Hernando Ortiz Valero,
María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto
Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe, Rodrigo Rodríguez Barragán, Irma Susana Rueda
Suarez y Carmen Remedios Frías Arismendy contra la Procuraduría General de la Nación
(Expediente T-5.846.142).
Cuarto.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el 12 de octubre de 2016, que confirmó la sentencia proferida por la
Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Florencia, el 29 de agosto de 2016, la cual negó el amparo solicitado por la
señora Claudia Ledesma Ibarra
contra la Procuraduría General de la Nación. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela (Expediente T-5.858.331).
Quinto.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá,
el 23 de noviembre de 2016, mediante el cual se concedió el amparo de los
derechos de la señora Diana Ortegón Pinzón de manera definitiva. En
consecuencia, la Procuraduría General de la Nación dará continuidad a la vinculación ordenada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá en
favor de señora Diana Ortegón Pinzón, de ser posible en
la actualidad. Dicha vinculación se
prolongará hasta tanto el cargo que llegue a ocupar sea provisto en
propiedad mediante el sistema de carrera por nombramiento del funcionario que
conforma la lista de elegibles o su desvinculación cumpla los requisitos
exigidos en la jurisprudencia constitucional.
Sexto.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la
Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes
–a través de los juzgado de primera instancia de cada uno de los procesos de
tutela–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
-Ausente
con permiso-
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
Con salvamento
de voto
ROCÍO LOAIZA
MILIAN
Secretaria General
(E)
ANEXO
1
ANTECEDENTES DE LAS DEMANDAS
Expediente
T-5.761.808
E.   GLORIA INÉS GÓMEZ RAMÍREZ
a.    Hechos relevantes de la demanda[280]
14. Situación laboral
14.1. El 08 de marzo de 1991, la señora Gloria Inés Gómez
Ramírez fue nombrada en el cargo de Abogado Visitador 17 de la Procuraduría
General de la Nación[281].
Posteriormente, mediante Decreto No. 299 del 12 de febrero de 2010, fue
nombrada en el cargo de Procuradora 138 Judicial II Administrativo de Bogotá[282].
14.2. El 12 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la
Nación le comunicó a la señora Gloria Inés Gómez Ramírez que mediante Decreto
3282 del 8 de agosto de 2016, en aplicación de la lista de elegibles contenida
en la Resolución 345 del 8 de julio de 2016, fue nombrado el señor Efrén
González Rodríguez en el cargo que la accionante ocupaba. En consecuencia, a
partir de la posesión del señor González Rodríguez “culmina su vinculación
laboral con la entidad”[283].
El 05 de septiembre de 2016 fue desvinculada de la entidad[284].
15. Requisitos pensionales
15.1. La señora Gloria Inés Gómez Ramírez está afiliada al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones
desde el 31 de octubre de 1984 y su estado es activo[285]. Manifiesta la
accionante que, en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe acreditar: (i)
57 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al Sistema General de
Pensiones.
(i)
La señora Gloria Inés
Gómez Ramírez nació el 10 de marzo de 1960, es decir que actualmente tiene 57
años[286].
(ii)
Acorde con lo
expuesto por la accionante, ha cotizado más de 1300 semanas[287]. Sin embargo, según la
información suministrada por Colpensiones a la Corte Constitucional la
accionante cuenta con 706,43 semanas cotizadas en Colpensiones[288]. Esta información
corresponde con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, adjunto con la
demanda, el cual indica que de enero de 1967 al 16 de marzo de 2016 la
accionante había cotizado 657,57 semanas[289].
15.2. Con el fin de probar la cotización de las 1300
semanas, la accionante adjuntó un certificado de información laboral expedido
por el jefe de división de gestión humana de la Procuraduría General de la
Nación, en el cual certifica que la accionante se vinculó con la Procuraduría
desde el 08 de marzo de 1991 cotizando ininterrumpidamente al Sistema General
de Pensiones en Pensiones hasta el 11 de julio de 2014, fecha de expedición del
certificado[290].
15.3. Acorde con lo manifestado por Colpensiones, la señora
Gloria Inés Gómez Ramírez no ha solicitado el reconocimiento y pago de
prestación económica alguna, por lo tanto, actualmente no se le ha reconocido
pensión[291].
16. Trámites administrativos y/o judiciales
16.1. El 19 de mayo de 2014, la señora Gloria Inés Gómez Ramírez le solicitó a
la Procuraduría General de la Nación le reconociera estabilidad laboral
reforzada por su condición de prepensionada y, de esta manera, su cargo no
fuera objeto de concurso[292].
16.2. El 09 de junio de 2014, la Procuraduría General de la
Nación le respondió que su solicitud no era jurídicamente viable, por cuanto la
Ley 790 de 2002, modificada por la Ley 812 de 2003, no era aplicable a la
Procuraduría, “en cuanto aquellas normas están destinadas a entidades de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, (…) con respecto a las cuales, además, se
adelanten programas de renovación o restructuración, situación que no ocurre
con respecto a esta entidad”[293].
16.3. El 18 de junio de 2014, la accionante presentó recurso
de reposición y apelación contra dicha respuesta, argumentando que la
protección laboral reforzada no se le otorgaba en virtud del retén social (Ley
790 de 2002), sino como derecho de origen constitucional[294].
16.4. El 16 de septiembre de 2014, la Procuraduría General
de la Nación resolvió no reponer su decisión, entendiendo que la protección
laboral reforzada que pretendía la señora Gómez Ramírez se le reconociera, no
impedía que la administración pública convocara a concurso los cargos ordenados
en la sentencia C-101 de 2013, porque, entre otras cosas, la accionante podría
participar del concurso y hacer parte de la lista de elegibles[295]. Desatado el recurso de
apelación, el 19 de diciembre de 2014 la Procuraduría General de la Nación
decidió confirmar su decisión, con base en los mismos argumentos planteados en
la respuesta del 16 de septiembre de 2014[296].
16.5. El 05 de marzo de 2015, la accionante interpuso
recurso de apelación contra la decisión adoptada por la Procuraduría General de
la Nación el 19 de diciembre de 2014, por tener la misma motivación con la
respuesta recibida el 16 de septiembre de 2014[297]. El 20 de abril de
2015, la entidad accionada respondió que la solicitud de la señora Gloria Inés
Gómez Ramírez había recibido el trámite correspondiente, ofreciendo respuestas
claras y concisas[298].
16.6. El 20 de abril de 2016, la señora Gloria Inés Gómez
Ramírez informó nuevamente su condición de prepensionada, al faltarle 10 meses
y 20 días para cumplir la edad pensional[299].
En respuesta, el 02 de mayo de 2016, la Procuraduría le recordó que aún no
estaba conformada la lista de elegibles[300].
16.7. Mediante escrito del 06 de abril de 2017, la
accionante le informó a la Corte Constitucional que en virtud de su
desvinculación de la entidad, interpuso acción de nulidad y restablecimiento
del derecho la cual cursa en el
Tribunal Administrativo Oral Sección Segunda de Cundinamarca[301] en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo; sin embargo, no solicitó medida cautelar en dicho proceso[302].
17. Perjuicio irremediable[303]
17.1. La accionante es una persona de 57 años, con
expectativas de pensionarse. Según afirmaciones de la señora Gloria Inés Gómez
Ramírez su núcleo familiar es unipersonal, no tiene personas a cargo, carece de
recursos económicos porque dependía de su salario para sufragar sus gastos,
motivo por el cual ha recurrido a préstamos de sus familiares cercanos.
17.2. Posee un apartamento, lugar donde reside actualmente,
el cual se encuentra hipotecado al BBVA. Adicionalmente, es propietaria de un
vehículo avaluado en $29.300.000, el cual se encuentra en venta. Acorde con la
manifestación de la accionante, ninguno de sus activos generan renta.
17.3. Sus egresos mensuales equivalen a $13.065.581,00
equivalentes al pago de seguridad social ($5.625.159), póliza salud
suramericana ($413.183), cuota de administración ($608.000), servicios públicos
($630.000), servicio doméstico ($600.000), sostenimiento personal y copagos
($3.500.000), impuesto predial ($4.327.000 anual), impuesto vehículo ($445.000
anual), seguro de vehículo ($1.200.000 anual), seguro obligatorio SOAT
($277.460 anual), crédito bancario con BBVA ($645.882), impuesto DIAN
($416.667) e imprevistos o arreglos domiciliarios ($106.024).
17.4. Según la información suministrada por la Procuraduría
General de la Nación, al momento de la desvinculación de la accionante ella
recibió: (i) $7.083.973 por concepto de liquidación de cesantías, y (ii)
$19.121.810 por concepto de liquidación. Adicionalmente, acorde con la
Declaración Juramenta de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada
Persona Natural firmada por la accionante el 06 de septiembre de 2016  (iii)
los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravable ascendieron a la
suma de $274.323.000, (iv) cuenta con dos bienes inmuebles uno en la ciudad de
Bogotá avaluado en $500.000.0000 y otro en Manizales por valor de $150.000.000.
17.5. Finalmente, la accionante adjunta historia clínica que
certifica las enfermedades que le han sido diagnosticadas, como los son: artrosis
trapecio metacarpiana, tenosinovitis de quervan y gonartrisis[304]. Así las cosas,
al quedarse sin trabajo su salud podría verse afectada al no contar con la
afiliación al Sistema General de Pensiones en Salud. Adicionalmente, la
accionante es afiliada activa en el régimen contributivo de salud como
cotizante principal en la EPS Sura[305].
b.    Respuesta de la parte accionada[306]: Procuraduría
General de la Nación
18. La Procuraduría General de la Nación intervino en cada
una de las acciones de tutela exponiendo para todos los casos argumentos
generales buscando demostrar la improcedencia de la acción de tutela.
Adicionalmente, presentó las razones por las cuales en cada caso concreto no
sería procedente el amparo.
Argumentos generales[307]:
18.1. En cumplimiento de la sentencia C-101 del 28 de
febrero de 2013, la Procuraduría General de la Nación convocó a concurso
público de méritos para la provisión en carrera administrativa de todos los
empleos de procurador judicial (I y II). En tal virtud, mediante Resolución 040
del 20 de enero de 2015 se dispuso la apertura del respectivo proceso de
selección, a través de catorce (14) convocatorias, así:
Procuradores judiciales II
Convocatoria
Dependencia o área de trabajo
Cantidad
Lista de elegibles
001-2015
Procuraduría delegada para la restitución de tierra
23
R. 349 del 08/07/2016
002-2015
Procuraduría
delegada para asuntos ambientales y agrarios
31
R. 348 del 08/07/2016
003-2015
Procuraduría
delegada para asuntos civiles
12
R. 347 del 08/07/2016
004-2015
Procuraduría
delegada para el ministerio público en asuntos penales
208
R. 357 del 11/07/2016
005-2015
Procuraduría
delegada para asuntos de trabajo y la seguridad social
14
R. 346 del 08/07/2016
006-2015
Procuraduría
delegada para la conciliación administrativa
94
R. 345 del 08/07/2016
007-2015
Procuraduría
delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la
familia
45
R. 344 del 08/07/2016
Total
427
Procuradores judiciales I
Convocatoria
Dependencia o área de trabajo
Cantidad
Lista de elegibles
008-2015
Procuraduría delegada para la restitución de tierra
23
R. 349 del 08/07/2016
009-2015
Procuraduría
delegada para asuntos ambientales y agrarios
3
R. 348 del 08/07/2016
010-2015
Procuraduría
delegada para asuntos civiles
2
R. 347 del 08/07/2016
011-2015
Procuraduría
delegada para el ministerio público en asuntos penales
149
R. 357 del 11/07/2016
012-2015
Procuraduría
delegada para asuntos de trabajo y la seguridad social
19
R. 346 del 08/07/2016
013-2015
Procuraduría
delegada para la conciliación administrativa
107
R. 345 del 08/07/2016
014-2015
Procuraduría
delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la
familia
14
R. 344 del 08/07/2016
Total
317
18.2. Según lo informado por la Procuraduría General de la
Nación, hasta el 29 de marzo de 2017, estaban provistos en condición de
provisionalidad los cargos en los que la lista de elegibles cuyo número de
integrantes fue inferior al número de cargos ofertados, así:
Convocatoria
Número de cargos ofertados
Concursantes en la lista
Cargos excedentes
Lista de elegibles
001-2015
23
21
2
R. 349 del 08/07/2016
002-2015
31
28
3
R. 348 del 08/07/2016
005-2015
14
11
3
R. 346 del 08/07/2016
008-2015
23
7
16
R. 343 del 08/07/2016
009-2015
3
2
1
R. 342 del 08/07/2016
012-2015
19
11
8
R. 339 del 08/07/2016
013-2015
107
91
16
R. 338 del 08/07/2016
014-2015
14
11
3
R. 337 del 08/07/2016
Total
52
Así las cosas, algunos de los cargos excedentes, se
encuentran ocupados en provisionalidad por aquellos procuradores judiciales I y
II que venían ejerciendo dicho cargo en provisionalidad y que por falta de
integrantes en la lista respectiva no ha sido asignado a un funcionario de
carrera. Adicionalmente, la Procuraduría informó que algunos cargos están
siendo provistos en provisionalidad con ocasión de fallos de tutela en los
cuales se ha ordenado el reintegro de funcionarios en empleos aún no provistos
con cargos de las listas de elegibles.
Entonces, de un total de 744 cargos de procuradores
judiciales I y II, hay 76 cargos asignados en provisionalidad bien sea porque
se agotó la lista de elegibles o porque por orden judicial se ordenó el
reintegro del funcionario.
18.3. Respecto del número de cargos asignados a los
integrantes de las diferentes listas de elegibles se han asignado 407 procuradores
judiciales II y 253 procuradores judiciales I, para un total de 660 personas.
18.4. Ahora bien, así como en algunas convocatorias existe
un excedente de cargos, en otras existe excedente de personas en lista de
elegibles, como se expone a continuación:
Convocatoria
Número de cargos ofertados
Concursantes en la lista
Excedente
003-2015
13
14
1
004-2015
208
366
158
006-2015
94
239
145
007-2015
45
97
52
010-2015
2
5
3
011-2015
149
198
49
Total
408
Al respecto, la Procuraduría señaló que en aplicación
del inciso quinto del artículo 216 del Decreto 262 de 2000[308] (ver sentencias
C-281/07, C-1148/03, C-942/03 y C-319/10), los excedentes de las listas de
elegibles de algunas de las convocatorias deben ser utilizadas en algún momento
para la provisión de los empleos que no alcanzan a quedar provistos en otras
convocatorias. Así las
cosas, existen 408 concursantes en la lista de elegibles de procuradores que
tiene mejor derecho que los accionantes[309].
18.5. Visto lo anterior, la Procuraduría considera que
acceder a las solicitudes de los accionantes, “implica desconocer y
desobedecer una orden expresa del máximo tribunal de lo constitucional” a
través de la sentencia C-101 de 2013.
18.6. Por otra parte, la Procuraduría argumenta que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la necesidad de
proteger a los tres grupos de población de que trata el artículo 12 de la Ley
790 de 2002 (prepensionados, madres cabeza de familia y personas en condición
de discapacidad), no solamente en los procesos de renovación y reestructuración
de la administración pública, sino en general frente a cualquier circunstancia
que amenace la estabilidad laboral. Sin embargo, a juicio de la entidad
accionada, la misma Corte ha sido enfática en establecer que dichas medidas
deben ir dirigidas a lograr que quienes estén incluidos en dichos grupos sean
las últimas personas en desvincularse, lo que no implica su permanencia
indefinida.
Por lo tanto, la administración debe adoptar las
medidas afirmativas de protección, siempre que resulte posible o tenga algún
margen de maniobra, de tal modo que, se pueda proteger concomitantemente los
derechos del prepensionado y de quien concurso y quedó en lista de elegibles.
Así las cosas, a juicio de la Procuraduría, la entidad
no cuenta con dicho margen de maniobra, toda vez que (i) no es posible
desplazar a quien legítimamente ganó el derecho en el concurso a ocupar el
cargo de carrera administrativa, por quien lo ocupa en provisionalidad, así
este en condición de prepensionado; (ii) tampoco es posible desvincular a un
funcionario que ocupa un cargo en provisionalidad para ubicar a los accionantes,
quienes también son provisionales y (iii) como se dijo anteriormente, existen
408 concursantes en la lista de elegibles de procuradores que tiene mejor
derecho que los accionantes.
18.7.    Finalmente, la Procuraduría informó que se
encuentra analizando la posibilidad de reubicar a personas próximas a
pensionarse en cargos de asesor que se encuentre en vacancia plena, conforme
con el Decreto 264 de 2000.
Argumentos específicos:
18.8. Sobre la situación concreta de la señora Gloria Inés
Gómez Ramírez, la Procuraduría manifestó que: (i) la accionante estuvo
vinculada con la entidad desde el 08 de marzo de 1991 hasta el 14 de septiembre
de 2009, y del 01 de marzo de 2010 hasta septiembre de 2016; (ii) dentro del
expediente no está probado que la señora Gloria Inés Gómez Ramírez cumpla con
el requisitos de tiempo de servicio o semanas cotizadas; (iii) al contar la
accionante con un bien inmueble, tiene otras rentas de capital; (iv) por su
alto y muy calificado perfil profesional no es viable afirmar que está
imposibilitada para desempeñarse en otro campo laboral; y (v) sobre la
afectación del estado de salud de la accionante, la Procuraduría considera que
dentro del proceso no se encuentra acreditada tal condición de salud.
c.     Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia: sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutela del Tribunal
Superior de Bogotá D.C., el 25 de julio de 2016[310].
19. El Tribunal Superior de Bogotá D.C., declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Inés Gómez
Ramírez. Para resolver el asunto tuvo en cuenta, entre otros fallos, lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-446 de
2011, en tal virtud determinó que:
19.1. Si bien la accionante tiene 56 años y padece de
algunas afectaciones en su salud, ella no acreditó encontrarse en alguna
circunstancia de debilidad manifiesta en razón de su condición económica,
física o mental. Entre otras cosas porque, para la fecha del fallo, la
accionante continuaba ocupando su cargo.
19.2. Así las cosas, la señora Gloria Inés Gómez Ramírez,
tiene la facultad de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Segunda instancia: sentencia proferida por la Sala de
Decisión de Tutela No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el 18 de agosto de 2016[311]
20. La Sala de Decisión de Tutela No. 1 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión adoptada
por el juez de primera instancia.
En primer lugar, reafirmó que la señora Gloria Inés
Gómez Ramírez no logró demostrar de qué manera la Procuraduría General de la
Nación le vulneró sus garantías fundamentales, teniendo en cuenta que, hasta la
fecha del fallo de segunda instancia, la accionante no había sido desvinculada
de la entidad accionada.
En segundo lugar, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resaltó el hecho de que la Procuraduría contemplara
la posibilidad de reubicar a la accionante en un cargo de similares
características al que para la fecha se encontraba desempeñando la señora
Gloria Inés Gómez Ramírez, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el
precedente jurisprudencial contenido en la SU-446 de 2011.
Expediente
T-5.846.142
F.    LUIS HERNANDO ORTIZ VALERO
a.    Hechos relevantes de la demanda
1.
Situación
laboral
1.1.
El señor Luis
Hernando Ortiz Valero, mediante Decreto No. 2122 del 28 de septiembre de 2009,
fue nombrado en el cargo de Procurador 24 Judicial II Penal de Bogotá[312].
1.2.  Según la información suministrada por
Colpensiones a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación le
certificó al fondo de pensiones que el señor Luis Hernando Ortiz Valero fue
desvinculado de la entidad el 02 de septiembre de 2016[313].
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
El señor Luis
Hernando Ortiz Valero está afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por Colpensiones desde el 01 de febrero de 1974 y su
estado es novedad de pensión[314].
Manifiesta el accionante que, en virtud de lo establecido en la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional
debe acreditar: (i) 62 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
Sistema General de Pensiones.
(i)
El señor Luis
Hernando Ortiz Valero nació el 13 de mayo de 1954, es decir que actualmente
tiene 63 años[315].
(ii)
Acorde con lo
expuesto por el accionante, ha cotizado más de 1300 semanas[316]. Para ratificar dicha
información, la Sala cuenta con la información suministrada por Colpensiones a
la Corte Constitucional, en la cual indica que el accionante cuenta con 1390
semanas cotizadas en Colpensiones[317].
2.2.
Según la información
suministrada por Colpensiones a la Corte Constitucional, mediante Resolución
GNR 271719 del 14 de septiembre de 2016, le fue reconocida pensión de vejez al
señor Luis Hernando Ortiz Valero, por valor de $6.961.342,00[318]. Posteriormente,
mediante Resolución GNR 296023 del 06 de octubre de 2016, Colpensiones ordenó
la inclusión en nómina del accionante, una vez verificado su retiro de la
Procuraduría General de la Nación[319].
Finalmente, mediante Resolución GNR 338374 del 16 de noviembre de 2016
Colpensiones reliquidó el monto pensional estableciendo un valor de
$7.195.354,00 mensuales[320].
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 02 de febrero de
2015, el señor Luis Hernando Ortiz Valero le solicitó a la Procuraduría General de la Nación
informar a los participantes de la convocatoria No.004-2015 acerca de su
condición de prepensionado, con el fin de enterarlas de los limitantes para
acceder a su cargo, puesto que tendrían que esperar a que él fuese incluido en
nómina de pensionados para luego sí ser posesionados en el cargo[321].
3.2.
El 23 de febrero de
2015, la Procuraduría General de la Nación le respondió al accionante que su
solicitud no era jurídicamente viable, por cuanto la Ley 790 de 2002,
modificada por la Ley 812 de 2003, no era aplicable a la Procuraduría, “en
cuanto aquellas normas están destinadas a entidades de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, (…) con respecto a las cuales, además, se adelanten programas
de renovación o restructuración, situación que no ocurre con respecto a esta
entidad”. Sin embargo, aclaró la entidad que el reconocimiento de la
estabilidad laboral reforzada sería analizado en cada caso concreto, al momento
de proveer los cargos por méritos[322].
3.3.
El 30 de marzo de 2016,
el accionante solicitó a la Procuraduría abstenerse de desvincularlo de su
cargo hasta tanto estuviera incluido en nómina de pensionados, lo anterior en
atención a la protección laboral reforzada que le otorga su condición de
prepensionado[323].
Posteriormente, el 30 de junio de 2016, el accionante informó a la Procuraduría
acerca de la reclamación de pensión ante Colpensiones[324].
3.4.
El accionante
interpuso acción de nulidad
y restablecimiento del derecho la cual cursa en el Tribunal Administrativo de Santander[325] ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
4.
Perjuicio
irremediable
4.1.
Asegura el accionante
que, teniendo 62 años y al cumplir con los presupuestos para ser considerado
prepensionado, se debe garantizar su permanencia en su cargo o en uno de igual
o superior categoría, hasta tanto sea incluido en nómina de pensionados de la
entidad, con el fin de proteger su derecho al mínimo vital.
4.2.
Pese a la solicitud
de pruebas emitida por la Corte Constitucional, el señor Luis Hernando Ortiz
Valero no se pronunció. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación
adjuntó dos formularios de declaración juramentada de bienes y rentas de los
años 2014, 2015 y 2016[326].
En la declaración del año 2014, el señor Ortiz Valero
afirma contar con un predio de rural ($300.000.000), un apartamento
($250.000.000) y un vehículo ($17.500.000); así como dos préstamos con el banco
Citibank por valor de $58.000.000.
En cuanto a la declaración del año 2015, el señor
Ortiz Valero afirma contar con un predio de rural ($300.000.000), un
apartamento ($250.000.000) y un vehículo de ($75.000.000); así como préstamos
con el banco Citibank por valor de $41.000.000.
Finalmente, en la declaración del año 2016,  el señor
Ortiz Valero afirma contar con un predio de rural ($300.000.000), un
apartamento ($250.000.000) y un vehículo de ($75.000.000); así como préstamos
con el banco Citibank y BBVA por valor de $85.000.000.
4.3.
Adicionalmente, según
la información suministrada por la Procuraduría General de la Nación, al
momento de la desvinculación del accionante recibió: (i) $6.181.229 por
concepto de liquidación de cesantías y (ii)  $10.792.015 por concepto de
liquidación. Adicionalmente, acorde con la Declaración Juramenta de Bienes y
Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por el
accionante el 17 de mayo de 2016, y (iii) los ingresos y rentas que obtuvo en
el último año gravable ascendieron a la suma de $273.337.000.
4.4.
El accionante es
afiliado activo en el régimen contributivo de salud como cotizante principal en
la EPS Sanitas[327]
b.    Respuesta de la parte accionada[328]: Procuraduría General de la Nación[329]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Luis Hernando Ortiz Valero, argumentando que: (i) el
accionante está vinculado con la entidad desde el 03 de noviembre de 2009, en
el cargo de Procurador 24 Judicial II Penal, Código 3PJ Grado EC, de Bogotá
D.C.; (ii) dentro del expediente no está probado que el señor Luis Hernando
Ortiz Valero cumpla con el requisito de tiempo de servicio o semanas cotizadas,
pues no adjunta prueba de ello; (iii) según las últimas declaraciones de bienes
y rentas arrimadas a su historia laboral, posee bienes de capital suficientes
que le pueden generar alguna renta de capital, pues acredita realizar actividad
económica privada; y (iv) por su alto y muy calificado perfil profesional
(profesional en derecho, especialista en derecho comercial, en derecho
administrativo y en derecho penal) no es viable afirmar que está imposibilitado
para desempeñarse en otro campo laboral[330].
G.  MARÍA MARCELA DUARTE TORRES
a.    Hechos relevantes de la demanda
1.
Situación
laboral
1.1.
La señora María
Marcela Duarte Torres, mediante Decreto No. 1243 del 05 de septiembre de 2002,
fue nombrada en el cargo de Procuradora 51 Judicial II Penal de Bucaramanga[331].
1.2.
El 12 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó a la accionante que,
mediante Decreto 3667 del 8 de agosto de 2016, en aplicación de la lista de
elegibles contenida en la Resolución 357 del 11 de julio de 2016, fue nombrado
el señor Miguel Antonio Carvajal Pinilla en el cargo que la accionante ocupaba.
En consecuencia, a partir de la posesión del señor Carvajal Pinilla culminaría
su vinculación provisional con la entidad[332].
El 05 de septiembre de 2016 fue desvinculada de la entidad[333].
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
La señora María
Marcela Duarte Torres, está afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por Colpensiones desde el 06 de mayo de 1992 y su estado
es activo[334].
Sin embargo, Porvenir S.A., informó a la Corte Constitucional que la afiliación
de la señora María Marcela Duarte Torres con Porvenir S.A. también está activa,
anexando “detalle de aportes acreditados en esta administradora y girados
por el proceso de No vinculados a Colpensiones. Para este caso está pendiente
la devolución de los aportes a Porvenir por parte de Colpensiones” [335].
Manifiesta la accionante que en virtud de lo
establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, para
adquirir su derecho pensional debe acreditar: (i) 56 años y (ii) haber cotizado
como mínimo 1300 semanas al Sistema General de Pensiones.
(i)
La señora María
Marcela Duarte Torres nació el 18 de enero de 1961, es decir que actualmente
tiene 56 años[336].
(ii)
Acorde con lo expuesto
por la accionante, ha cotizado más de 1300 semanas[337]. Según la información
suministrada por Colpensiones a la Corte Constitucional, la accionante cuenta
con 1079,55 semanas cotizadas en Colpensiones[338]. Por su parte, Porvenir
S.A. registra un total de 564,048 semanas cotizadas por la accionante con
destino a Colpensiones[339].
2.2.
La discrepancia en el
número de semanas, conforme con lo afirmado por la accionante, es consecuencia
de errores administrativos. Asegura la señora María Marcela Duarte Torres que
estuvo afiliada a Colpensiones desde 1992, anteriormente estuvo afiliada a
cajas de previsión social municipal y departamental. Adicionalmente, afirma que
desde 1994 estuvo afiliada a Porvenir S.A. hasta octubre de 2015, fecha en la
cual solicitó traslado a Colpensiones. “Sin embargo a la fecha no se ha
realizado el traslado total del correspondiente bono pensional a Colpensiones,
razón por la que en la actualidad en Colpensiones, no se ha registrado el
tiempo total de semanas cotizadas al sistema”.
2.3.
Por lo anterior, la
accionante adjuntó certificaciones para demostrar sus vinculaciones laborales:
(i) como inspectora visitador fiscal, grado 5, categoría C, de la Contraloría
Municipal de Bucaramanga del 27 de enero de 1986 hasta el 30 de julio de 1986[340]; (ii) como
comisaria primera departamental de policía, nivel 3, código 51, perteneciente a
la Secretaría de Gobierno Departamental de Santander desde agosto de 1986 hasta
el 17 de mayo de 1990[341];
(iii) como asistente clase I, nivel 2, grado 45 código 0100, en la Dirección de
Justicia dependiente de la Secretaría de Gobierno de Santander desde el 18 de
mayo de 1990 hasta el 28 de enero de 1992[342];
(iv) como asesor general, grado 22 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga
del 29 de julio de 1992 hasta el 31 de agosto de 1994[343]; (v) como profesional
universitario I de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de
Bucaramanga de la Fiscalía General del 02 de septiembre de 1994 hasta el 30 de
septiembre de 1996[344];
(vi) como fiscal delega ante los jueces penales municipales de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Bogotá del 01 de octubre de 1996 hasta el 30 de
septiembre de 1999[345];
y (vii) como gerente seccional, grado 01, de la planta global de personal de la
Auditoría General de la República, en la gerencia seccional IV con sede en la
ciudad de Bucaramanga del 01 de octubre de 1999 hasta el 29 de enero de 2002[346].
2.4.
Acorde con lo
manifestado por Colpensiones, la señora María Marcela Duarte Torres no ha
solicitado el reconocimiento y pago de prestación económica alguna, por lo
tanto, actualmente no se le ha reconocido pensión[347].
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 09 de febrero de
2015, la señora María
Marcela Duarte Torres le solicitó a la Procuraduría General de la Nación le
reconociera estabilidad laboral reforzada por su condición de prepensionada y,
de esta manera, su cargo no fuera objeto de concurso.
3.2.
El 27 de febrero de
2015, la Procuraduría General de la Nación le respondió a la accionante que la protección laboral reforzada que
pretendía se le reconociera, no impedía que la administración pública convocara
a concurso los cargos según lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013 porque,
entre otras cosas, la accionante podría participar del concurso y hacer parte
de la lista de elegibles[348].
3.3.
El 08 de abril de
2016, la accionante solicitó a la Procuraduría abstenerse de desvincularla de
su cargo, hasta tanto estuviera incluida en nómina de pensionados, lo anterior
en atención a la protección laboral reforzada que le otorga su condición de
prepensionada[349].
3.4.
Mediante escrito del
28 de marzo de 2017, la accionante le informó a la Corte Constitucional que
interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho la cual está en
curso en el Tribunal Administrativo de Santander[350] en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, manifestó que solicitó dentro de
dicho proceso medida cautelar, sin embargo, a la fecha no había sido admitida
la demanda toda vez que la juez se declaró impedida[351].
4.
Perjuicio
irremediable
4.1.
La accionante es una
persona de 56 años, con expectativas de pensionarse. Su núcleo familiar está
conformado por su esposo y su hijo de 20 años, quien depende económicamente de
ella por ser estudiante de tercer semestre de la Universidad Pontificia
Bolivariana[352].
Acorde con su manifestación, si bien su esposo trabaja, sus ingresos no son
suficientes para sufragar los gastos mensuales, por lo tanto, la fuente de sus
recursos económicos son los ahorros producto de su trabajo[353].
4.2.
Posee un apartamento,
lugar donde reside actualmente, afectado con patrimonio de familia.
Adicionalmente, es propietaria de un vehículo Renault Clio Style modelo 2017[354].
4.3.
Sus egresos mensuales
ascienden a la suma de $10.500.000[355]
equivalentes al pago de su manutención personal, sostenimiento del apartamento,
medicina prepagada del núcleo familiar, sostenimiento de su hijo, cuotas de
leasing habitacional a favor del Banco BBVA ($115.760.524,12) y las cuotas del
crédito rotativo a favor del Banco BBVA ($21.438.959,44)[356].
4.4.
Según la información
suministrada por la Procuraduría General de la Nación, al momento de la
desvinculación de la accionante recibió: (i) $6.578.111 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $14.142.411 por concepto de liquidación.
Adicionalmente, acorde con la Declaración Juramenta de Bienes y Rentas y
Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por la accionante el 31
de agosto de 2016  (iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año
gravable ascendieron a la suma de $196.195.757, (iv) cuenta con un bien
inmueble avaluado en $750.000.0000 y (v) un vehículo avaluado en $33.000.000.
Además, tiene una cuenta de ahorros y una corriente con un saldo del
$15.000.0000.
4.5.
La accionante es
afiliada activa en el régimen contributivo de salud como cotizante principal en
la EPS Famisanar[357].
b.    Respuesta de la parte accionada[358]: Procuraduría General de la Nación[359]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
presentada por la señora María Marcela Duarte Torres, argumentando que: (i) la
accionante está vinculada con la entidad en el cargo de Procurador Judicial II,
Código 3PJ Grado EC Penal 51 de Bucaramanga; (ii) dentro del expediente no está
probado que la señora María Marcela Duarte Torres cumpla con el requisito de
tiempo de servicio o semanas cotizadas, pues no adjunta prueba de ello; (iii)
de darse la desvinculación de su actual empleo, tendría otras rentas de
capital, en la medida que, de conformidad con su hoja de vida, tiene bienes
muebles e inmuebles al igual que créditos hipotecarios; y (iv) por su alto y
muy calificado perfil profesional no es viable afirmar que está imposibilitada
para desempeñarse en otro campo laboral.
H.  MARTHA ISABEL LOZANO URBINA
a.    Hechos relevantes de la demanda
1.
Situación
laboral
1.1.
La señora Martha
Isabel Lozano Urbina, mediante Decreto No. 069 del 21 de enero de 2011, fue
nombrada en el cargo de Procuradora 318 Judicial II Penal de Bucaramanga[360].
1.2.
El 12 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó a la señora Martha
Isabel Lozano Urbina que mediante Decreto 3664 del 8 de agosto de 2016, en
aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 357 del 11 de
julio de 2016, fue nombrada la señora Amparo Jaimes Suarez en el cargo que la
accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión de la señora
Jaimes Suarez culminaría su vinculación provisional con la entidad[361]. El 01 de
septiembre de 2016 fue desvinculada de la entidad[362].
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
La señora Martha
Isabel Lozano Urbina está afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por Colpensiones desde el 02 de enero de 1979 y su estado
es activo[363].
Manifiesta la accionante que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe
acreditar: (i) 57 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
Sistema General de Pensiones.
(i)
La señora Martha
Isabel Lozano Urbina nació el 02 de agosto de 1960, es decir que actualmente
tiene 57 años[364].
(ii)
Acorde con lo
expuesto por la accionante, ha cotizado más de 1300 semanas. Para ratificar
dicha información, la Sala cuenta con la información suministrada por
Colpensiones a la Corte Constitucional, la cual indica que la accionante cuenta
con 1522 semanas cotizadas en Colpensiones[365].
2.2.
Según la información
suministrada por Colpensiones a la Corte Constitucional, mediante Resolución
GNR 281252 del 22 de septiembre de 2016, le fue negado el reconocimiento de la
pensión de vejez solicitada por la señora Martha Isabel Lozano Urbina, por
incumplimiento del requisito de edad[366].
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 05 de febrero de
2015, la señora Martha
Isabel Lozano Urbina le solicitó a la Procuraduría General de la Nación
informar a los participantes de la convocatoria No.004-2015 acerca de su
condición de prepensionada, con el fin de enterarlas de los limitantes para
acceder a su cargo, puesto que tendrían que esperar a que ella fuese incluida
en nómina de pensionados, para luego sí ser posesionados en el cargo.
3.2.
El 24 de febrero de
2015, la Procuraduría General de la Nación le respondió a la señora Martha Isabel Lozano Urbina que la protección laboral reforzada que pretendía se le
reconociera, no impedía que la administración pública convocara a concurso los
cargos según lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013 porque, entre otras
cosas, la accionante podría participar del concurso y hacer parte de la lista
de elegibles[367].
3.3.
El 26 de febrero de
2016, la accionante informó a la Procuraduría acerca de su vulnerabilidad por
motivos de salud[368].
El 18 de marzo de 2016, la Procuraduría le respondió que dicha situación sería
evaluada en el momento pertinente[369].
3.4.
Mediante escrito del
28 de marzo de 2017, la accionante le informó a la Corte Constitucional que el
16 de febrero de 2017 interpuso acción de nulidad y restablecimiento del
derecho la cual cursa en el Tribunal Administrativo de Santander[370] en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, solicitó dentro
de dicho proceso medida cautelar, sin embargo, a la fecha la demanda no había
sido admitida la demanda, por cese de actividades en el Tribunal Administrativo
de Santander[371].
4.
Perjuicio
irremediable[372]
4.1.
La accionante es una
persona de 56 años, con expectativas de pensionarse. Su núcleo familiar está
conformado por su esposo, dos hijas mayores de edad, un nieto menor de edad y
la señora Mariela Alameyda Chaparro que labora con su familia desde hace 10 años.
Sus hijas y la señora Mariela Alameyda Chaparro depende del salario de la
accionante; la hija de 24 años es profesional pero pretende iniciar estudios de
postgrado, la hija de 28 años es profesional pero no labora porque se encuentra
embarazada de alto riesgo.
4.2.
Sus ingresos actuales
corresponden a un contrato de prestación de servicios suscrito con la
personería de Bogotá por un lapso de 7 meses (03 de febrero de 2017 a
septiembre de 2017), devengando por honorarios mensuales la suma de $7.350.000[373], además de los
ahorros que tiene fruto de su trabajo.
4.3.
Si bien su esposo
trabaja, es magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, percibiendo un ingreso de $23.500.000
mensuales, dicho salario no es suficiente para sufragar los gastos mensuales de
la familia.
4.4.
La accionante es
propietaria del 50% de su casa donde reside actualmente, la cual está
hipotecada al Banco Davivienda; su parte de la propiedad está avaluada en
$450.000.000. Adicionalmente, cuenta con el 50% de una oficina ubicada en
Bucaramanga; su parte de la oficina está avaluada en $120.000.000, está a la
venta. Además, era propietaria de un apartamento en Bogotá D.C., el cual ya fue
vendido con el fin de cubrir las deudas.
Finalmente, informó que es propietaria de una
camioneta Mitsubishi la cual tiene una prenda a favor de Bancolombia por
$48.850.000, lo que le impide venderla.
4.5.
Sus egresos mensuales
ascienden a la suma de $16.153.000 equivalentes al pago de medicina prepagada
de su núcleo familiar ($968.772), administración de la casa ($689.455), salario
y prestaciones de la empleada ($1.500.000), servicios públicos domiciliarios
($570.000), tarjeta de crédito Falabella ($975.000), tarjeta de crédito Banco
Davivienda ($1.000.000), seguro de vida camioneta ($103.000) y gastos
personales ($3.000.000).
Los egresos del esposo de la accionante ascienden a la
suma de $21.500.000 equivalentes al pago de crédito hipotecario, tarjeta de
crédito Banco Davivienda, tarjeta de crédito Banco de Bogotá, crédito rotativo
con el Banco Colpatria, Directv, internet y telefonía, celulares movistar,
arriendo del apartamento donde reside en Bogotá D.C., servicios públicos de
Bogotá, administración de la oficina, transporte aéreo y terrestre y
manutención de la familia.
Visto lo anterior, y según las cuentas entregadas por
la accionante, la familia tiene un déficit de $11.000.000 para cubrir sus
necesidades.
4.6.
Según las
declaraciones de renta anexadas por la accionante[374], en al año 2011 su
patrimonio líquido fue de $520.679.000, en el año 2012 fue de $650.558.000, en
el año 2014 fue de $721.341.000 y en al año 2015 $736.480.000.
4.7.
Por otra parte, la
Procuraduría General de la Nación adjuntó el formulario de declaración
juramentada de bienes y rentas del año 2016 de la señora Martha Isabel Lozano
Urbina[375].
En dicha declaración la señora Lozano Urbina afirmó contar con una casa
($1.200.000.000), una oficina ($280.000.000), un apartamento ($600.000.000), un
automóvil ($38.000.000), una camioneta ($120.000.000) y otra camioneta
($80.000.000). Adicionalmente, no registra acreencias u obligaciones.
4.8.
Finalmente, informó
la accionante que fue diagnosticada con estrés laboral lo cual empeora su
vulnerabilidad[376].
Ahora bien, ella es afiliada activa en el régimen contributivo de salud como
cotizante principal en la EPS SaludTotal[377].
b.    Respuesta de la parte accionada[378]: Procuraduría
General de la Nación[379]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Martha
Isabel Lozano Urbina,
argumentando que: (i) la accionante está vinculada con la entidad en el cargo
de Procuradora 318 Judicial II de Bucaramanga desde el 03 de febrero de 2011;
(ii) dentro del expediente no está probado que la señora Martha Isabel Lozano Urbina cumpla con el requisito de tiempo de
servicio o semanas cotizadas, pues no adjunta prueba de ello; (iii) de darse la
desvinculación de su actual empleo, tendría otras rentas de capital, en la
medida que, de conformidad con su declaración de bienes y rentas a 2016, la parte
actora cuenta con un amplio patrimonio que le puede garantizar a ella y a su
familia un mínimo vital; y (iv) por su alto y muy calificado perfil profesional
no es viable afirmar que está imposibilitada para desempeñarse en otro campo
laboral.
I.      LIDA JANETH PINTO BARÓN
a.    Hechos relevantes de la demanda
1.
Situación
laboral
1.1.
La señora Lida Janeth
Pinto Barón, mediante Decreto No. 2120 del 03 de julio de 2012, fue nombrada en
el cargo de Procuradora 170 Judicial II Penal de Bucaramanga[380].
1.2.
El 12 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó a la señora Lida Janeth
Pinto Barón que mediante Decreto 3694 del 8 de agosto de 2016, en aplicación de
la lista de elegibles contenida en la Resolución 357 del 11 de julio de 2016,
fue nombrada la señora Nidian de la Merced Guevara Echavez en el cargo que la
accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión de la señora Guevara
Echavez culminaría su vinculación provisional con la entidad[381]. El 02 de septiembre de
2016 fue desvinculada de la entidad[382].
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
La señora Lida Janeth
Pinto Barón está afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida
administrado por Colpensiones desde el 13 de septiembre de 1983 y su estado es
activo[383].
Manifiesta la accionante que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe
acreditar: (i) 57 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
Sistema General de Pensiones.
(i)
La señora Lida Janeth
Pinto Barón nació el 28 de octubre de 1961, es decir que actualmente tiene 55
años[384].
(ii)
Acorde con lo
expuesto por la accionante, ha cotizado más de 1300 semanas[385]. Sin embargo, según la
información suministrada por Colpensiones a la Corte Constitucional, la
accionante cuenta con 363,20 semanas cotizadas en esa entidad[386].
2.2.
La accionante adjuntó
certificaciones para demostrar sus vínculos laborales: (i) como jefe de oficina
de control interno en la Corporación Autónoma Regional de Chivor[387] del 06 de
septiembre de 2006 hasta el 18 de octubre de 2006; (ii) como asesor 105-02 ante
el despacho del contralor de Bogotá D.C. del 28 de junio de 2011 hasta el 13 de
febrero de 2012[388];
y (iii) como abogado asesor, grado 18, en la Dirección Nacional de Recursos y
Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo del 01 de diciembre de 2009
hasta el 23 de junio de 2011[389].
Adicionalmente adjuntó dos formatos de información laboral en los cuales consta
los siguientes periodos de vinculación: (iv) como enfermera rural de la ESE
Hospital San Rafael de Tunja desde el 25 de noviembre de 1983 hasta el 30 de
septiembre de 1984[390];
(v) como enfermera de la ESE Hospital San Rafael de Tunja desde el 09 de mayo
de 1986 hasta el 15 de febrero de 2009, con interrupciones[391]; (vi) como juez
promiscuo municipal de Monguí del 11 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de
2006[392];
y (vii) como juez primero promiscuo municipal de Paz de Ariporo del 18 de
diciembre de 2006 hasta el 22 de noviembre de 2009[393].
2.3.
Acorde con lo
manifestado por Colpensiones, la señora Lida Janeth Pinto Barón no ha
solicitado el reconocimiento y pago de prestación económica alguna, por lo
tanto, actualmente no se le ha reconocido pensión[394].
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 09 de febrero de
2015, la señora Lida Janeth
Pinto Barón le solicitó a la Procuraduría General de la Nación le reconociera
estabilidad laboral reforzada por su condición de prepensionada y, de esta
manera, su cargo no fuera objeto de concurso.
3.2.
El 27 de febrero de
2015, la Procuraduría General de la Nación le respondió a la señora Lida Janeth
Pinto Barón que la
protección laboral reforzada que pretendía se le reconociera, no impedía que la
administración pública convocara a concurso los cargos según lo ordenado en la
sentencia C-101 de 2013 porque, entre otras cosas, la accionante podría
participar del concurso y hacer parte de la lista de elegibles[395].
3.3.
El 12 de abril de
2016, la accionante informó a la Procuraduría acerca de su condición de
prepensionada, con el fin de no ser desvinculada de la entidad. El 29 de abril
de 2016, la Procuraduría le respondió que dicha situación sería evaluada en el
momento pertinente[396].
3.4.
Mediante escrito del
28 de marzo de 2017, la accionante le informó a la Corte Constitucional que
interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho la cual está en
curso en el Tribunal Administrativo de Santander[397] en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, solicitó dentro de dicho proceso
medida cautelar, sin embargo, a la fecha, la demanda no había sido admitida[398].
4.
Perjuicio
irremediable[399]
4.1.
La accionante es una
persona de 55 años, con expectativas de pensionarse. Su núcleo familiar está
conformado por su esposo y su hija. Los gastos del hogar son conjuntos con su
esposo y su hija no depende de ella.
4.2.
Sus ingresos actuales
corresponden a los ahorros que tiene fruto de su trabajo.
4.3.
La accionante no es
propietaria de bienes inmuebles, tiene una promesa de compraventa para la
adquisición de una vivienda en la cual ya ha invertido $274.000.000, de los
$430.000.000 que debe aportar. Adicionalmente, informó que es propietaria del
50% de un automóvil modelo 2013.
4.4.
Sus egresos mensuales
ascienden a la suma de $6.000.000 equivalentes al pago de medicina prepagada,
celular, administración del edificio, gastos cuidado personal, alimentación,
trasporte, tarjetas de crédito, obligaciones bancarias y gastos imprevistos.
4.5.
Según la información
suministrada por la Procuraduría General de la Nación[400], al momento de la
desvinculación de la accionante ella recibió: (i) $6.573.957 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $14.926.380 por concepto de liquidación.
Adicionalmente, acorde con la Declaración Juramenta de Bienes y Rentas y
Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por la accionante el 31
de agosto de 2016, (iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año
gravable ascendieron a la suma de $186.690.253, (iv) es propietaria de dos
automóviles avaluados en $60.000.000 y $70.000.000, (v) dos CTDs con un saldo
de $195.000.000, (vi) una cuanta AFC con un saldo de $49.000.000. Además,
informó contar con una cuenta de ahorros con saldo de $122.000.000.
4.6.
Finalmente informó la
accionante que estuvo diagnosticada con cáncer linfático o linfoma no hodgkin
en el año 2013 con tratamiento de quimioterapia por más de dos años y
actualmente se encuentra en controles médicos por el riesgo de reincidencia
para lo cual ya está considerando el trasplante de médula ósea, lo cual empeora
su vulnerabilidad[401].
La accionante es afiliada activa en el régimen contributivo de salud como
cotizante principal en la EPS Sanitas[402].
b.    Respuesta de la parte accionada[403]: Procuraduría General de la Nación[404]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela presentada
por la señora Lida Janeth
Pinto Barón, argumentando
que: (i) la accionante estuvo vinculada con la entidad en el cargo de
Procuradora 170 Judicial II de Bucaramanga desde el 03 de julio de 2012; (ii)
dentro del expediente no está probado que la señora Lida Janeth Pinto Barón cumpla con el requisito de tiempo de servicio o
semanas cotizadas, pues no adjunta prueba de ello; y (iii) de darse la
desvinculación de la accionante, tendría otras rentas de capital, en la medida
que, de conformidad con su hoja de vida, cuenta con bienes muebles e inmuebles
por sumas considerables.
J.     CARLOS ARTURO SERPA URIBE
a.    Hechos relevantes de la demanda
1.
Situación
laboral
1.1.
El señor Carlos
Arturo Serpa Uribe, mediante Decreto No. 923 del 10 de agosto de 2001, fue
nombrado en el cargo de Procurador 24 Judicial II Agrario de Santander[405].
1.2.
El 12 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó al señor Carlos Arturo
Serpa Uribe que mediante Decreto 3195 del 8 de agosto de 2016, en aplicación de
la lista de elegibles contenida en la Resolución 348 del 8 de julio de 2016,
fue nombrado el señor Alberto Rivera Balaguera en el cargo que el accionante
ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión del señor Rivera Balaguera
culminaría su vinculación provisional con la entidad[406]. Posteriormente, fue
desvinculado de la entidad.
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
El señor Carlos
Arturo Serpa Uribe está afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por Colpensiones desde el 07 de febrero de 1996 y su
estado es activo[407].
Manifiesta que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe acreditar: (i)
62 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al Sistema General de
Pensiones.
(i)
El señor Carlos
Arturo Serpa Uribe nació el 16 de octubre de 1955, es decir que actualmente
tiene 62 años[408].
(ii)
Según la información
suministrada por Colpensiones a la Corte Constitucional, el accionante cuenta
con 1.457 semanas cotizadas en Colpensiones[409].
2.2.
Así mismo,
Colpensiones informó a la Corte Constitucional que mediante Acto Administrativo
SUB 35675 del 20 de abril de 2017, le fue reconocida pensión de invalidez al
señor Carlos Arturo Serpa Uribe, por valor de $11.885.784,00, con un pago
retroactivo de $316.988.467,00[410].
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 04 de febrero de
2015, el accionante le
solicitó a la Procuraduría General de la Nación que en el marco de la
convocatoria No.002-2015 informara a los participantes acerca de su condición
de prepensionado con el fin de que las personas con aspiración de acceder a su
cargo estuvieran enteradas de las limitantes para posesionarse, puesto que
tendrían que esperar a que él sea incluido en nómina de pensionados.
3.2.
El 24 de febrero de
2015, la Procuraduría General de la Nación le respondió al señor Carlos Arturo
Serpa Uribe que la
protección laboral reforzada que pretendía se le reconociera, no impedía que la
administración pública convocara a concurso los cargos según lo ordenado en la
sentencia C-101 de 2013 porque, entre otras cosas, la accionante podría
participar del concurso y hacer parte de la lista de elegibles[411].
3.3.
El 27 de febrero de
2016, la Procuraduría le informó a los prepensionados que dicha situación sería
evaluada en el momento pertinente[412].
3.4.
Mediante escrito del
30 de marzo de 2017, el accionante le informó a la Corte Constitucional que
interpuso demanda de “perjuicios y reintegro” en contra de la
Procuraduría General de la Nación, la cual se encuentra en curso en el Tribunal
Administrativo de Santander[413],
en la cual solicitó medidas cautelares[414].
4.
Perjuicio
irremediable[415]
4.1.
El accionante es una
persona de 61 años, con expectativas de pensionarse. Su núcleo familiar está
conformado por su esposa, quien depende de él.
4.2.
Sus ingresos actuales
corresponden a los ahorros que tiene fruto de su trabajo.
4.3.
El accionante es
propietario de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga, en el que en la
actualidad reside, avaluado catastralmente en $168.305.000.
4.4.
Sus egresos mensuales
ascienden a la suma de $4.000.000 equivalentes al pago de servicios,
administración mensual del apartamento y pago de deudas.
4.5.
Según la información
suministrada por la Procuraduría General de la Nación, al momento de la
desvinculación el accionante recibió: (i) $6.274.374 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $15.865.027 por concepto de liquidación.
Adicionalmente, acorde con la Declaración Juramenta de Bienes y Rentas y
Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por el accionante el 02
de septiembre de 2016, (iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año
gravable ascendieron a la suma de $274.636.000, (iv) cuenta con un bien
inmueble avaluado en $162.370.0000 y con (v) un vehículo avaluado en
$63.360.000. Adicionalmente, (vi) declaró contar con 6 cuentas de ahorro con
saldo de $162.728.933.
4.6.
Finalmente, informó
el accionante que en el año 2013 presentó un infarto cerebral dislipidemia, del
que se derivaron otras afectaciones a su capacidad laboral, lo cual empeora su
vulnerabilidad[416].
El accionante es afiliando activo en el régimen contributivo de salud como
cotizante principal en la Nueva EPS.
b.    Respuesta de la parte accionada[417]: Procuraduría
General de la Nación[418]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Carlos
Arturo Serpa Uribe,
argumentando que: (i) el accionante cumple con los requisitos para ser
considerado prepensionado; sin embargo, (ii) de darse la desvinculación de su
actual empleo, tendría otras rentas de capital, en la medida que, de
conformidad con su hoja declaración de bienes y rentas actualizada a 2016, la
parte actora cuenta con un amplio patrimonio que puede garantizar a él y su
familia un mínimo vital.
K.  RODRIGO RODRÍGUEZ BARRAGÁN
a.    Hechos relevantes de la demanda
1.
Situación
laboral
1.1.
El señor Rodrigo
Rodríguez Barragán, mediante Decreto No. 116 del 25 de enero de 2012, fue
nombrado en el cargo de Procurador 52 Judicial II Penal de Bucaramanga[419].
1.2.
El 12 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó al señor Rodrigo
Rodríguez Barragán que mediante Decreto 3650 del 8 de agosto de 2016, en
aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 357 del 11 de
julio de 2016, fue nombrado el señor Luis Francisco Casas Farfán en el cargo
que el accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión del señor
Casas Farfán culminaría su vinculación provisional con la entidad[420]. Posteriormente,
en el mes de septiembre, fue desvinculado de la entidad.
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
El señor Rodrigo
Rodríguez Barragán está afiliado al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad administrado por Porvenir S.A. desde el 01 de agosto de 1994 y su
estado es activo[421].
Manifiesta que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe acreditar: (i)
62 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al Sistema General de
Pensiones.
(i)
El señor Rodrigo Rodríguez
Barragán nació el 08 de junio de 1954, es decir que actualmente tiene 63 años[422].
(ii)
Según la información
suministrada por Porvenir S.A. el accionante cuenta con 1.557 semanas
cotizadas, 1.095 semanas en Porvenir S.A. y 462 semanas en Colpensiones[423].
2.2.
Acorde con lo
informado por Colpensiones, la AFP Porvenir S.A. está tramitando un bono
pensional Tipo A, modalidad 2, en el cual la Nación (Oficina de Bonos
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) es el emisor, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1299 de 1994, por los
aportes cotizados al Régimen de Prima Media con anterioridad al 1º de abril de
1994, y participa como contribuyente Colpensiones (por los aportes cotizados al
Régimen de Prima Media con posterioridad al 1º de abril de 1994). El bono
pensional equivale a 616 semanas[424].
2.3.
El estado del bono
pensional es de “liquidación provisional”, esto significa que está
pendiente que la AFP Porvenir S.A. adelante el trámite de solicitud oficial de
emisión del bono pensional ante el sistema de la Oficina de Bonos Pensionales
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación de la
liquidación provisional del bono pensional por parte del ciudadano.
Posteriormente, deberá el afiliado aprobar u objetar la liquidación, para
finalmente emitir el bono.
2.4.
Por su parte, el
accionante manifestó que está haciendo los trámites pertinentes para hacer su
traslado a Colpensiones.
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 12 de abril de
2016, el accionante le
solicitó a la Procuraduría General de la Nación que, en virtud de su condición
de prepensionado, no fuera desvinculado de la entidad hasta tanto fuese
notificado sobre su inclusión en nómina de pensionados en Colpensiones[425].
3.2.
El 02 de mayo de 2016,
la Procuraduría le informó a los prepensionados que dicha situación sería
evaluada en el momento pertinente[426].
3.3.
Según lo manifestado
por el accionante, no ha interpuesto ninguna acción judicial contra la
Procuraduría General de la Nación por los hechos planteados[427].
4.
Perjuicio
irremediable[428]
4.1.
El accionante es una
persona de 63 años, con expectativas de pensionarse. Su núcleo familiar está
conformado por su esposa y sus dos hijos, quienes dependen de él. La hija mayor
tiene 24 años, es profesional pero se encuentra desempleada; el hijo menor
tiene 20 años y está cursando la carrera de derecho.
4.2.
Sus ingresos actuales
corresponden a los ahorros que tiene fruto de su trabajo.
4.3.
El accionante es
propietario de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga, afectado a vivienda
familiar, en el cual reside actualmente, avaluado en $350.000.000.
Adicionalmente, es propietario de una oficina ubicada en Bucaramanga, la cual
está arrendada en $300.000 mensuales.
4.4.
Según la información
suministrada por la Procuraduría General de la Nación, al momento de la
desvinculación el accionante recibió: (i) $6.376.823 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $15.330.712 por concepto de liquidación.
Adicionalmente, acorde con la Declaración Juramenta de Bienes y Rentas y
Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por el accionante el 06 de
septiembre de 2016 y (iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año
gravable ascendieron a la suma de $189.807.140.
4.5.
Sus egresos mensuales
ascienden a la suma de $7.500.000 equivalentes al pago de servicios públicos,
telefonía celular, medicina prepagada, créditos con los bancos BBVA, Davivienda
y Occidente, pagos a Juriscoop y a la Cooperativa de Profesionales, así como la
universidad de su hijo menor.
4.6.
El accionante figura
como retirado del régimen contributivo de salud como cotizante principal en la
Nueva EPS.
b.    Respuesta de la parte accionada[429]: Procuraduría
General de la Nación[430]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Rodrigo
Rodríguez Barragán,
argumentando que: (i) el accionante estuvo vinculado con la entidad en el cargo
de Procurador 52 Judicial II Penal de Bucaramanga desde el 03 de febrero de
2012; (ii) dentro del expediente no está probado que el señor Rodrigo Rodríguez Barragán cumpla con el requisito de tiempo de
servicio o semanas cotizadas, pues no adjunta prueba de ello; y (iii) de darse
la desvinculación del accionante, tendría otras rentas de capital, en la medida
que, de conformidad con su hoja de vida, cuenta con bienes muebles e inmuebles
por sumas considerables.
L.   IRMA SUSANA RUEDA SUAREZ
a.    Hechos relevantes de la demanda
1.
Situación
laboral
1.1.
Mediante Decreto No.
2017 del 09 de septiembre de 2009, la señora Irma Susana Rueda Suarez fue
nombrada en el cargo de Procurador 285 Judicial I Penal de Bucaramanga[431].
1.2.
El 12 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó a la señora Irma Susana
Rueda Suarez que mediante Decreto 3432 del 8 de agosto de 2016, en aplicación
de la lista de elegibles contenida en la Resolución 340 del 8 de julio de 2016,
fue nombrada la señora Genny Liliana Castillo Fandiño en el cargo que la
accionante ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión de la señora
Castillo Fandiño culminaría su vinculación provisional con la entidad[432]. Posteriormente,
fue desvinculada de la entidad.
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
La accionante está
afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por
Colpensiones desde el 01 de diciembre de 1975 y su estado es activo[433]. Sin embargo,
Porvenir S.A. informó que la accionante se trasladó a Colpensiones desde el 31
de diciembre de 2016. Ahora bien, en virtud de lo establecido en la Ley 100 de
1993, modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional la
accionante debe acreditar: (i) 57 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300
semanas al Sistema General de Pensiones.
(i)
La señora Irma Susana
Rueda Suarez nació el 03 de mayo de 1953, es decir que actualmente tiene 64
años[434].
(ii)
Según la información
suministrada por Porvenir S.A. la accionante cuenta con 1.577 semanas
cotizadas, 788 semanas en Porvenir S.A. y 789 semanas en Colpensiones[435]. Sin embargo,
Colpensiones informó a la Corte Constitucional que la señora Irma Susana Rueda
Suarez tiene cotizadas 705,19 semanas con la entidad y que no cuenta con bono
pensional[436].
2.2.
Acorde con lo
manifestado por Colpensiones, la señora Irma Susana Rueda Suarez no ha
solicitado el reconocimiento y pago de prestación económica alguna, por lo
tanto, actualmente no se le ha reconocido pensión[437].
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
Según lo manifestado
por la accionante, no ha interpuesto ninguna acción judicial contra la
Procuraduría por los hechos planteados[438].
4.
Perjuicio
irremediable[439]
4.1.
La accionante es una
persona de 64 años, con expectativas de pensionarse. Su núcleo familiar está
conformado por su esposo y sus tres hijos; no tiene personas a cargo.
4.2.
Sus ingresos actuales
corresponden a los ahorros que tiene fruto de su trabajo.
4.3.
La accionante es
propietaria de una vivienda familiar con un valor declarado de $258.000.000; un
vehículo personal con un valor declarado de $37.000.000; y una volqueta con un
valor declarado de $175.000.000.
4.4.
Según la información
suministrada por la Procuraduría General de la Nación, al momento de la
desvinculación la accionante recibió: (i) $3.693.276 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $7.720.888 por concepto de liquidación.
Adicionalmente, acorde con la Declaración Juramenta de Bienes y Rentas y
Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por la accionante el 01
de septiembre de 2016 y (iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año
gravable ascendieron a la suma de $125.134.765. Además, informó contar con una
cuenta de ahorros con saldo de $21.000.000.
4.5.
Sus egresos mensuales
ascienden a la suma de $6.000.000 equivalentes al pago de servicios públicos,
salud, mercados, deuda bancaria, gastos propios de la vida cotidiana.
4.6.
La accionante es
afiliada activa en el régimen contributivo de salud como cotizante principal en
la EPS Sanitas[440].
b.    Respuesta de la parte accionada[441]: Procuraduría
General de la Nación
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Irma
Susana Rueda Suarez,
argumentando que: (i) la accionante estuvo vinculada con la entidad en el cargo
de Procurador 285 Judicial I Penal de Bucaramanga desde el 06 de octubre de
2009; (ii) dentro del expediente no está probado que la señora Irma Susana Rueda Suarez cumpla con el requisito de tiempo de
servicio o semanas cotizadas, pues no adjunta prueba de ello; y (iii) de darse
la desvinculación de la accionante, tendría otras rentas de capital, en la
medida que, de conformidad con su hoja de vida, cuenta con bienes muebles e
inmuebles por sumas considerables.
M. CARMEN
REMEDIOS FRÍAS ARISMENDY
a.    Hechos relevantes
1.
Situación
laboral
1.1.
La señora Carmen
Remedios Frías Arismendy fue nombrada en el cargo de Procuradora 44 Judicial II
Penal de Santa Martha del 04 de octubre de 2011 hasta el 02 de febrero de 2012.
Posteriormente, el 02 de febrero de 2012, fue nombrada Procuradora 122 Judicial
II Penal de Medellín.
1.2.
El 12 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó a la señora Carmen
Remedios Frías Arismendy que mediante Decreto 3868 del 8 de agosto de 2016, en
aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 357 del 11 de
julio de 2016, fue nombrado el señor Luis Fernando Sanín Posada en el cargo que
ella ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión del señor Sanín Posada
culminaría su vinculación provisional con la entidad[442]. El 01 de septiembre de
2016, la accionante fue desvinculada de la entidad.
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
La señora Carmen
Remedios Frías Arismendy está afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por Colpensiones desde el 12 de enero de 2003 y su estado
es activo[443].
En virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003, para adquirir su derecho pensional debe acreditar: (i) 57 años y (ii)
haber cotizado como mínimo 1300 semanas al Sistema General de Pensiones.
(i)
La señora Carmen
Remedios Frías Arismendy nació el 27 de enero de 1962, es decir que actualmente
tiene 55 años.
(ii)
Acorde con lo
expuesto por la accionante, ha cotizado aproximadamente 1.248 semanas. Sin
embargo, según la información suministrada por Colpensiones a la Corte
Constitucional, la accionante cuenta con 1.040,52 semanas cotizadas en
Colpensiones[444].
2.2.
Acorde con la
información suministrada por Colpensiones, en el año 2013 la accionante
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin embargo la
petición fue negada por no cumplir con los requisitos previstos en la Ley 100
de 1993, al tener 52 años y 1.059 semanas cotizadas[445].
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 19 de febrero y el
09 de marzo de 2016, la accionante le informó a la Procuraduría General de la
Nación acerca de su condición de prepensionada y sobre su diagnóstico de
síndrome del túnel carpiano bilateral de origen profesional[446].
3.2.
Según lo manifestado
por la accionante, radicaría demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, sin solicitud de medidas cautelares[447]. Actualmente, la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho está en curso en el Tribunal
Administrativo de Antioquia[448].
4.
Perjuicio
irremediable[449]
4.1.
La accionante es una
persona de 55 años, con expectativas de pensionarse. Su núcleo familiar está
conformado por su esposo, su madre de 87 años y su hijo de 13 años. De sus
ingresos depende únicamente su hijo pues su madre es pensionada. La señora
Carmen Remedios Frías Arismendy y su hijo se encuentran viviendo en Riohacha en
la casa de su mamá. El esposo está en Barranquilla buscando trabajo.
4.2.
Sus ingresos actuales
corresponden a los ahorros que tiene fruto de su trabajo.
4.3.
La accionante es
propietaria de un apartamento avaluado en $63.000.000, el cual se encuentra
arrendado en $750.000 mensuales; también es propietaria de un inmueble en la
ciudad de Barranquilla avaluado en $220.000.000, el cual está próximo a
arrendarse en $1.200.000.
4.4.
Según la información
suministrada por la Procuraduría General de la Nación, al momento de la
desvinculación la accionante recibió: (i) $5.987.149 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $10.825.360 por concepto de liquidación.
Adicionalmente, acorde con la Declaración Juramenta de Bienes y Rentas y
Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por la accionante el 09
de septiembre de 2016, (iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año
gravable ascendieron a la suma de $284.697.791; (iv) cuenta con dos bienes
inmuebles uno  avaluado en $68.000.000  y otro en $240.000.000, y (v) un
vehículo avaluado en $20.000.000. Además, declaró contar con tres cuentas de
ahorros con saldo de $4.800.000.
4.5.
Sin ofrecer un valor
aproximado de sus egresos mensuales la accionante menciona gastos tales como
cuotas de dos créditos bancarios, uno hipotecario y otro de libre inversión.
4.6.
La señora Carmen
Remedios Frías Arismendy manifestó padecer de síndrome del túnel carpiano
bilateral de origen profesional. Actualmente es afiliada activa en el régimen contributivo de salud
como beneficiaria en la EPS Sanitas[450].
b.    Respuesta de la parte accionada[451]: Procuraduría
General de la Nación[452]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
interpuesta por la señora Carmen
Remedios Frías Arismendy,
argumentando que: (i) al parecer, la accionante cumple con los requisitos para
ser considerado prepensionada; sin embargo, (ii) por tratarse de una
profesional en Derecho, especialista en derecho de familia y en derecho
probatorio, cuya vida profesional se ha desarrollado en distintas entidades y
durante más de 25 años, conforme a las reglas de la experiencia, no se puede
concluir que la desvinculación de su cargo implique quedar sin ninguna
alternativa económica, pues no se trata de una persona de un perfil menor.
c.     Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia: sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutela del Tribunal
Superior de Bogotá D.C., el 11 de agosto de 2016[453].
6.
El Tribunal Superior
de Bogotá resolvió “negar por improcedente” el amparo solicitado por los
ciudadanos Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha
Isabel Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe,
Rodrigo Rodríguez Barragán, Irma Susana Rueda Suarez y Carmen Remedios Frías
Arismendy.
A juicio del tribunal, los accionantes no acreditaron
alguna circunstancia de debilidad manifiesta en razón de su condición
económica, física o mental, que hiciera procedente la acción de tutela.
Adicionalmente, el tribunal tuvo en cuenta que los accionantes aún se
encontraban trabajando en la Procuraduría General de la Nación, motivo por el
cual su derecho al mínimo vital se encontraba protegido. Finalmente, el
tribunal aseguró que los accionantes contaban con otro mecanismo de defensa
judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, donde podrían
solicitar incluso la suspensión provisional de los actos administrativos de
desvinculación.
Segunda instancia: sentencia proferida por la Sala de
Decisión de Tutelas No 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el 04 de octubre de 2016[454].
7.
La Sala de Decisión
de Tutela No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia.
En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia reprochó
que los accionantes hayan guardado silencio acerca del auxilio de cesantías al
que tenían derecho al ser desvinculados de la entidad, monto que podría cubrir
sus necesidades hasta tanto se solucionara la situación pensional de cada uno
de ellos. Así las cosas, el juez de segunda instancia consideró que los
demandantes no lograron probar la afectación al mínimo vital, resaltando que la
sola edad no es suficiente para considerarlos sujetos de especial protección
constitucional.
En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia aseguró
que el retén social (Ley 790 de 2002) no era aplicable a los casos objeto de
estudio, teniendo en cuenta que la desvinculación no obedecía a la supresión o
liquidación de la entidad.
En tercer lugar, encontró fundados los motivos de
desvinculación de los accionantes, toda vez que al estar en cargos de
provisionalidad, su permanencia dependía del nombramiento de las personas que
conformaron la lista de elegibles.
Expediente
T-5.858.331
N.   CLAUDIA LEDESMA IBARRA
a.    Hechos relevantes
1.
Situación
laboral
1.1.
La señora Claudia
Ledesma Ibarra estuvo vinculada con la Procuraduría General de la Nación desde
el 09 de marzo de 1987, el último cargo ejercido por ella correspondió al de
Procuradora 323 Judicial I Penal de Florencia (Caquetá)[455].
1.2.
El 12 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le comunicó a la señora Claudia
Ledesma Ibarra que mediante Decreto 3510 del 8 de agosto de 2016, en aplicación
de la lista de elegibles contenida en la Resolución 340 del 8 de julio de 2016,
fue nombrado el señor Jesús David Salazar Losada en el cargo que la accionante
ocupaba. En consecuencia, a partir de la posesión del señor Salazar Losada
culminaría su vinculación provisional con la entidad[456]. Posteriormente fue
desvinculada de la entidad.
2.
Requisitos
pensionales
2.1.
La accionante está afiliada
al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones
desde el 28 de abril de 1986 y su estado es activo[457]. En virtud de lo
establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, para
adquirir su derecho pensional debe acreditar: (i) 57 años y (ii) haber cotizado
como mínimo 1300 semanas al Sistema General de Pensiones.
(i)
La señora Claudia
Ledesma Ibarra nació el 08 de diciembre de 1960, es decir que actualmente tiene
57 años[458].
(ii)
Acorde con lo
expuesto por la accionante, ha cotizado aproximadamente 1.547 semanas[459]. Sin embargo,
según la información suministrada por Colpensiones a la Corte Constitucional,
la accionante cuenta con 994,95 semanas cotizadas en Colpensiones[460].
2.2.
La accionante adjuntó
una certificación laboral expedida por la Procuraduría General de la Nación, en
la cual consta que la señora Claudia Ledesma Ibarra laboró para la entidad
aproximadamente 29 años[461].
2.3.
Acorde con la
información suministrada por Colpensiones, la accionante no ha solicitado el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 10 de diciembre de
2014, la señora Claudia
Ledesma Ibarra advirtió a la Procuraduría General de la Nación acerca de su
condición de prepensionada[462].
3.2.
El 04 de febrero de
2015, la Procuraduría General de la Nación le respondió que el análisis sobre
el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada debía ser realizado en
cada caso concreto, según las circunstancias fácticas y jurídicas, al momento
de la provisión de los cargos por méritos o al momento del retiro de los
servidores, conforme a las causales previstas en la ley. Así mismo, le indicó
que la Ley 790 de 2002 no le es aplicable a la Procuraduría General de la
Nación[463].
3.3.
El 16 de diciembre de
2016, la accionante nuevamente puso de presente a la Procuraduría su condición
de prepensionada[464].
Según lo manifestado por la accionante, no obtuvo respuesta de parte de la
Procuraduría General de la Nación.
3.4.
El 04 de abril de
2016 y el 29 de junio de 2016, la accionante solicitó a la Procuraduría amparar
su estabilidad laboral por ser prepensionada y, en consecuencia, ordenar su
reubicación  o suspensión inmediata de la provisión definitiva del empleo hasta
que ella obtuviera su pensión[465].
Según lo manifestado por la accionante, no obtuvo respuesta de parte de la
Procuraduría General de la Nación.
3.5.
El 28 de julio de
2016, la Procuraduría General de la Nación le respondió a la accionante que la
entidad tenía el deber de proveer los cargos a las personas que conformaron la
lista de elegibles del concurso[466]. Ante tal respuesta, la accionante
interpuso recurso de reposición que a la fecha de presentación de la acción de
tutela no había sido resuelto[467].
3.6.
Mediante escrito del
28 de marzo de 2017, la accionante le informó a la Corte Constitucional que
interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho la cual está en
curso en el Juzgado Tercero
Oral Administrativo del Circuito de Florencia[468] ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo; sin embargo, no solicitó medida cautelar en dicho proceso[469].
4.
Perjuicio
irremediable[470]
4.1.
La accionante es una
persona de 56 años, con expectativas de pensionarse. Su núcleo familiar está
conformado por su sobrina en segundo grado a quien ha “criado como hija”,
quien depende de ella al tener 18 años y ser estudiante universitaria.
4.2.
Sus ingresos actuales
corresponden a los ahorros que tiene fruto de su trabajo, a la liquidación y
cesantías retiradas al desvincularse de la entidad, una suma aproximada de
$33.000.000, y a $100.000 del arriendo de bienes familiares.
4.3.
La accionante y sus
7 hermanos son propietarios de una casa de habitación comercialmente avaluada
en $100.000.000 y de una parcela de 14 plazas avaluadas en $120.000.000; dichos
inmuebles están a la venta. Adicionalmente es propietaria de un vehículo
avaluado en $21.070.000.
4.4.
Sus egresos
aproximados ascienden a la suma de $5.400.000 mensuales equivalentes al pago de
arriendo, manutención de su sobrina, manutención propia, servicios públicos y
deudas bancarias.
4.9.
Según la información
suministrada por la Procuraduría General de la Nación[471], al momento de la
desvinculación la accionante recibió: (i) $3.845.464 por concepto de
liquidación de cesantías y (ii) $9.776.991 por concepto de liquidación.
Adicionalmente, acorde con la Declaración Juramenta de Bienes y Rentas y
Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por la accionante el 30
de agosto de 2016 (iii) los ingresos y rentas que obtuvo en el último año
gravable ascendieron a la suma de $122.411.000 (iv) cuenta con tres bienes
inmuebles avaluados en $120.000.000 (finca), $100.000.000 (casa) y $18.000.000
(lote) y (v) un vehículo avaluado en $30.000.000. Además, declaró contar con
una cuenta de ahorros con saldo de $3.500.000.
4.10.
La accionante se
encuentra desafiliada del régimen contributivo de salud como cotizante
principal en la EPS Cafesalud[472].
b.    Respuesta de la parte accionada[473]: Procuraduría General de la Nación[474]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
interpuesta por la señora Claudia
Ledesma Ibarra, argumentando
que: (i) la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial; (ii)
teniendo en cuenta sus más de 25 años de vida profesional, conforme a las
reglas de la experiencia, no se puede concluir que la desvinculación de su
cargo implique quedar sin ninguna alternativa económica, pues no se trata de
una persona de un perfil menor; (iii) de acuerdo con el formato de bienes y
rentas del año 2016, la servidora cuenta con bienes muebles e inmuebles, que de
uno u otra manera le pueden generar renta para subsistir; y (iv) la accionante
no da certeza de su condición de prepensionada.
c.     Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia: sentencia proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Florencia, el 29 de agosto de 2016[475].
6.
El Tribunal Superior
de Florencia resolvió negar el amparo solicitado por la señora Claudia Ledesma
Ibarra.
En primer lugar, el tribunal reconoce el estatus de
prepensionada de la accionante, teniendo en cuenta que para la fecha del fallo
tenía 55 años y certificó 1541,4 semanas cotizadas al Sistema General de
Pensiones en Pensiones: 982,71 semanas cotizadas con Colpensiones y 558,7
semanas correspondientes a bonos pensionales.
En segundo lugar, el juez aseguró que ante la colisión
de los derechos de la accionante contra los de las personas que integran la
lista de elegibles del concurso, “la balanza se inclina para quienes por
méritos lograron acceder a la lista descrita, pese a que ella ostente la
calidad de prepensionada, en atención a la carencia de margen de movilidad para
la Procuraduría General de la Nación respecto al cargo de la actora, tal como
lo denotan los medios de convicción adosados”.
Segunda instancia: sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de octubre de 2016[476].
7.
La Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión adoptada por el
Tribunal Superior de Florencia.
En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia
consideró que si bien la accionante tenía la calidad de prepensionada, lo cual
la hace merecedora de una protección especial de parte del Estado, como lo es
garantizar de la mejor manera su estabilidad en el empleo, en el caso objeto de
estudio “no es posible la materialización de las mismas, ante el poco margen
de acción con que cuenta la Procuraduría General de la Nación, quien no puede
desconocer los derechos de quienes integran las listas de elegibles y, de otro
lado, tampoco puede ser conminada a que adopte medidas de imposible ejecución,
como lo es la creación de un cargo temporal para la accionante, ante la
ausencia de plazas para reubicar a la gestora”.
En segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia aseguró
que la accionante cuenta con la Jurisdicción de los Contenciosos Administrativo
donde podría ventilar las pretensiones expuestas en la acción de tutela.
Expediente T-5.959.475
Diana Ortegón Pinzón
a.    Hechos relevantes
1.
Situación
laboral
1.1.
Mediante Decreto No.
1484 del 15 de abril de 2015, la señora Diana Ortegón Pinzón fue nombrada en el
cargo de Procuradora 18 Judicial Penal II de Bogotá, tomando posesión el 07 de
mayo del mismo año[477].
1.2.
El 02 de septiembre
de 2016, la Procuraduría General de la Nación desvinculó a la accionante, como
consecuencia del nombramiento en propiedad de la persona seleccionada de la
lista de elegibles. Sin embargo, el 01 de enero del presente año[478], en cumplimiento del fallo de tutela
proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, el 23 de noviembre de 2016, la señora Diana Ortegón Pinzón fue
posesionada en el cargo de Procuradora Judicial Ambiental y Agraria en la
ciudad de Florencia (Caquetá).
2.
Requisitos
para ser considerada madre cabeza de familia
(vi)
Que se tenga a
cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas
para trabajar: la señora Diana Ortegón Pinzón es madre de dos
hijos, Daniela, de 24 años[479],
estudiante de la Universidad del Rosario en el programa de jurisprudencia[480], y Nicolás, de
16 años[481],
matriculado en 9º grado en el Colegio Campestre San Diego[482].
(vii)
Que esa
responsabilidad sea de carácter permanente: la responsabilidad es permanente hasta tanto sus
hijos tengan capacidad para laborar.
(viii)
No sólo la
ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que
aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre: manifiesta la accionante que desde el año
2005 el padre de sus hijos no responde por ellos, para probarlo adjunta tres
declaraciones juramentadas y varias resoluciones de la Defensoría de Familia
autorizando la salida del país del menor Nicolás para viajar con su mamá y su
hermana a Estados Unidos, en dichas resoluciones se deja la siguiente
constancia “el progenitor del niño abandonó su hogar desde el año
2005 y a la fecha no se hace responsable de sus deberes como padre”[483].
(ix)
Que la pareja no
asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo
verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental
o, como es obvio, la muerte:
a la fecha, la accionante no se tiene conocimiento del lugar de residencia del
padre de los niños, ni números de contacto.
(x)
Que haya una
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual
significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar: según lo manifestado por la accionante, no
recibe ayuda de ningún familiar. El padre de la accionante es pensionado de la
Universidad Nacional y es responsable de la mamá de la accionante, quien está
diagnosticada con alzhéimer, y de su hermano quien presenta discapacidad
cognitiva leve y auditiva. El abuelo paterno de sus hijos es pensionado de la
Fuerza Armada y de él depende su esposa.
3.
Trámites
administrativos y/o judiciales
3.1.
El 27 de julio de
2016, la señora Diana
Ortegón Pinzón informó a la Procuraduría General de la Nación acerca de su
condición de madre cabeza de familia.
3.2.
El 22 de agosto de
2016, la Procuraduría General de la Nación le respondió a la accionante que su
condición de madre cabeza de familia no estaba acreditada toda vez que: (i) uno
de sus hijos es mayor de edad y no presenta limitaciones físicas, mentales, u
otras situaciones especiales que sean de carácter permanente; (ii) sus hijos
están reconocidos por el padre; (iii) no está probado que el padre de sus hijos
este incapacitado física, sensorial o psíquicamente para asumir sus
responsabilidades; y (iv) no acreditó el agotamiento de las instancias penales
o de familia, a fin de hacer cumplir al padre con sus funciones económicas[484].
3.3.
Mediante escrito del
29 de marzo de 2017, la accionante le informó a la Corte Constitucional que no
interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo[485].
4.
Perjuicio
irremediable
4.1.
La señora Diana
Ortegón Pinzón es una persona de 47 años, quien manifiesta ser madre cabeza de
familia. Su núcleo familiar está conformado por sus dos hijos, quienes dependen
de ella, uno de sus hijos es menor de edad y si bien la hija es mayor de edad
se encuentra estudiando una carrera universitaria.
4.2.
Sus ingresos actuales
corresponden a su salario mensual como Procuradora Judicial Ambiental y Agraria
en la ciudad de Florencia (Caquetá).
4.3.
La accionante
manifestó no tener bienes inmuebles ni participación en sociedades que le
generen renta alguna. Es propietaria de un carro modelo 2010.
b.    Respuesta de la parte accionada: Procuraduría General de la Nación[486]
5.
La Procuraduría
General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Diana
Ortegón Pinzón, argumentando
que: (i) la accionante fue nombrada en el cargo de Procuradora 18 Judicial II
Penal de Bogotá mediante Decreto No. 1484 del 15 de abril de 2015, empleo del
que tomó posesión el 7 de mayo del mismo año; (ii) la accionante no participó
en el concurso de méritos para acceder al cargo de Procurador Judicial; y (iii)
por medio del Decreto No. 3807 del 8 de agosto de 2016, la señora Gloria Amparo
Rico Valencia, integrante de la lista de elegibles, fue nombrada en el cargo
que ocupaba la accionante.
A juicio de la Procuraduría, la accionante cuenta con
otros mecanismos de defensa judicial y al no demostrar la necesidad de
actuación del juez de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
la acción de tutela es improcedente. Asegura la entidad accionada que los 10
años de vida profesional de la accionante le permiten acceder a otra
alternativa económica, pues no se trata de una persona de un perfil menor.
Además, según las declaraciones de bienes y rentas allegadas por la accionante
a su historia laboral, posee bienes de capital.
Por otra parte, la entidad considera que la señora  Diana Ortegón Pinzón no tiene la
condición de madre cabeza de familia sin alternativa económica, toda vez que se
trata de una abogada, con especialización, que bien puede emplearse en
cualquier otro ámbito laboral.
c.     Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia: sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 12 de septiembre de 2016[487].
6.
La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
resolvió declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Diana Ortegón Pinzón.
En primer lugar, el Consejo Seccional de la Judicatura
consideró que, por tratarse de una tutela contra un acto administrativo, la
accionante cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, donde tiene la posibilidad de
solicitar al juez natural la suspensión provisional de los efectos del
mismo.
En segundo lugar, el juez aseguró que ante la colisión
de los derechos de la accionante contra los de las personas que integran la
lista de elegibles del concurso, “la balanza se inclina para quienes por
méritos lograron acceder a la lista descrita, pese a que ella ostente la
calidad de prepensionada, en atención a la carencia de margen de movilidad para
la Procuraduría General de la Nación respecto al cargo de la actora, tal como
lo denotan los medios de convicción adosados”.
Segunda instancia: sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá,
el 23 de noviembre de 2016[488].
7.
La Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura revocó la decisión adoptada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
La providencia del Consejo Superior de la Judicatura,
expone el marco normativo y jurisprudencial a favor de la mujer y de la
infancia. En tal virtud, decidió conceder el amparo a la accionante,
argumentando que “la protección efectiva de sus derechos parte del
reconocimiento no sólo del legislador, sino también de los operadores
judiciales que adopten las medidas a favor de los grupos discriminados o
marginados, ello en pos de la consecución de una igualdad real y efectiva, que
lleve a la equiparación de condiciones y oportunidades de las mujeres respecto
de los hombres, mereciendo la valoración de los aspectos que rodean la
condición de género, desde el reforzamiento como población vulnerable”.
En consecuencia, concedió el amparo a la accionante
ordenando a la Procuraduría General de la Nación “reintegrar a la señora
Diana Ortegón Pinzón a un cargo igual o equivalente al que desempeñaba”.
Anexo 2
Coadyuvancias
No.
Expediente
Nombre
Condición laboral
Convocatoria
Solicitud
Argumentos
1.
T-5761808[489]
Diana Fabiola
Millán Suarez
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial II asignado a la
Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa
006-2015
No limitar de
ningún modo, ni siquiera temporalmente, el derecho adquirido que les asiste a
los integrantes de la lista de elegibles, de ser nombrado y posesionados, en
estricto orden de mérito, en el cargo de Procurador Judicial Administrativo
II.
2.
T-5761808[490]
Fernando Arias
García
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial II para asuntos
administrativos
Negar el
amparo
En el debate
entre derechos de prepensionados en provisionalidad vs el nombramiento de
quienes ganaron concurso debe procederse al nombramiento en el cargo de quien
haya ganado el concurso y de ser posible, tomar medidas afirmativas respecto
del prepensionado como el reubicarlo en otra dependencia (de ser posible)
hasta que consolide su derecho a la pensión.
3.
T-5761808[491]
Martha Cecilia
Campuzano Pacheco
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial II asignado a la
Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa
006-2015
No limitar de
ningún modo, ni siquiera temporalmente, el derecho adquirido que les asiste a
los integrantes de la lista de elegibles, de ser nombrado y posesionados, en
estricto orden de mérito, en el cargo de Procurador Judicial Administrativo
II.
4.
Luis Arturo
Herrera Herrera
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial II asignado a la
Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa
006-2015
No limitar de
ningún modo, ni siquiera temporalmente, el derecho adquirido que les asiste a
los integrantes de la lista de elegibles, de ser nombrado y posesionados, en
estricto orden de mérito, en el cargo de Procurador Judicial Administrativo
II.
5.
T-5761808
Horacio Muñoz
Villegas
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial II penal.
004-2015
Aclarar la
situación de los prepensionados como sujetos activos en la presentación de la
acción de tutela, al igual que establecer en qué medida la PGN puede realizar
concurso de méritos para cargos a los que no se tiene en cuenta a los que
conforman la lista de elegible y finalmente si se puede reubicar a los
prepensionados en los cargos de libre nombramiento y remoción.
Derechos
constitucional a la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados en
provisionalidad para permanecer en el cargo vs. El derecho fundamental al
trabajo de acceso a cargos públicos de las personas que conforman las listas
de elegibles en virtud de los concursos de méritos.
6.
T-5761808
Javier Andrés
Carrizosa Camacho, José Fernando Osorio Cifuentes y Óscar Iván Hernández
Salazar
Integrantes de
la lista de elegibles para los cargos de procuradores judiciales II en
asuntos penales
004-2015
Se abstenga de
nombrar en provisionalidad en los cargos ofertados y provistos en la lista de
elegibles y revocar los actos administrativos que ya se han realizado.
Derechos de
los integrantes de las listas de elegibles elaboradas por concurso de méritos
vs derechos de los funcionarios en provisionalidad que se encuentren en
condiciones especiales.
7.
T-5761808
Martha Ángela
Ortiz Astudillo
Integrante de
la lista de elegibles en el concurso de procuradores judiciales II en lo
penal
004-2015
Aclarar si los
prepensionados son sujetos activos de protección a través de la acción de
tutela, si pueden ocupar los cargos que deben ser cubiertos con las personas
que se encuentran en las listas de elegibles, o en cargos de libre
nombramiento y remoción y en caso de no realizar lo anterior se ordene el
pago de una indemnización. Definir que es margen de maniobrabilidad.
Derecho a la
estabilidad laboral reforzada de los prepensionados vs el derecho al trabajo
en cuento al acceso de los integrantes de las lista de elegibles por concurso
de méritos.
8.
T-5761808
Diana Fabiola
Millán Suárez
Procuradora 17
Judicial  II Administrativa de Bucaramanga
Ordenar la
nueva vinculación en provisionalidad de los accionantes que demuestren su
situación de vulnerabilidad distintos a los de procurador I y II, por cuanto
el cargo mencionado debe ser provistos por los integrantes de las listas de
elegibles en virtud de las sentencias C-101 de 2013 y T-147 de 2013 de la
Corte Constitucional y el art. 216 del Decreto Ley 262 de 2000.
Inseguridad
jurídica para los concursantes integrantes de las listas de elegibles que no
han podido nombrar.
9.
T-5761808
Víctor Hoyos
Castro
Integrante de
la lista de elegibles para procurador judicial II de la conciliación
administrativa
006-2015
Negar el
derecho
Prevalecen
los derechos de los integrantes de las listas de elegibles por haber aprobado
y culminado cada una de las etapas del concurso de méritos.
10.
T-5761808
Claudia
Patricia García Gómez
Procuradora
360 Judicial II penal en provisionalidad en Santa Marta
004-2015
Vincular a los
integrantes de las listas de elegibles en los cargos disponibles ya que
aprobaron las etapas del concurso de méritos
Prevalecen los
derechos de los integrantes de las listas de elegibles por haber aprobado las
etapas del concurso de méritos.
11.
T-5761808
César Augusto
Delgado Ramos
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II
006-2015
Proceder a
nombrar a los integrantes de la lista de elegibles hasta que se agotar cada
convocatoria y de ser posible reubicar a los prepensionados en los cargos que
no sean de carrera o se encuentren vacantes.
Prevalecen los
derechos de quien ganó el concurso y no de los exfuncionarios que tuvieron la
oportunidad de pronunciarse en cintra de la Resolución 40 de 2015.
12.
T-5761808
César Augusto
Delgado Ramos
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II
006-2015
Nombrar en las
20 vacantes disponibles a los integrantes de la lista de elegibles.
Se están
dilatando los procedimientos con la creación de nuevas etapas en los
concursos de méritos para evadir la situación.
13.
Juan Darío
Contreras Bautista
Integrante de
lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II en la procuraduría
delegada para la conciliación administrativa
006-2015
No acceder a
las pretensiones
No puede
alegarse la proximidad a pensionarse sobre los derechos adquiridos por haber
ganado concurso de méritos
14.
Gloria Guzmán
Duque
Rendir
información relacionada con las personas que laboran en la procuraduría sin
que hayan ganado el concurso de méritos y que les fue ordenado el
nombramiento por tutela.
Verificar si
las personas que alegan encontrarse en situación de vulnerabilidad realmente
lo estén y amerite la protección a sus derechos constitucionales
15.
T-5846142
Fernando Arias
García
Procurador 46
judicial II administrativo de Tunja
Vincular a los
integrantes de las listas de elegibles en los cargos disponibles ya que
aprobaron las etapas del concurso de méritos
Prevalecen los
derechos de los integrantes de las listas de elegibles por haber aprobado las
etapas del concurso de méritos.
16.
César Augusto
Delgado Ramos
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial II
006-2015
Adicionar el
auto de pruebas del 22 de marzo de 2017
Verificar si
realmente las personas que alegan encontrarse en situación de vulnerabilidad
realmente lo estén que amerite la protección a sus derechos constitucionales
17.
Oscar Iván
Hernández Salazar
Integrante de
la lista de elegibles
Ser reconocido
como tercero interesado
Por ocupar el
puesto 220 de la lista de elegibles del concurso a los que se refieren las
acciones de tutela.
18.
T-5761808
Andrés Medina
Pineda
Adicionar el
auto de pruebas del 22 de marzo de 2017
Artículo 216
del Decreto Ley 262 de 2000, en el cual se exige que se deben llegar las
vacantes existentes con las listas de elegibles en firme.
19.
Andrés Medina
Pineda
Informar
nuevos hechos
Derechos
constitucional a la estabilidad laboral reforzada de los prepensionados en
provisionalidad para permanecer en el cargo vs. El derecho fundamental al
trabajo de acceso a cargos públicos de las personas que conforman las listas
de elegibles en virtud de los concursos de méritos.
20.
Ismael Enrique
López Criollo
Integrante de
la lista de elegibles de procurador judicial II penal
004-2015
Proceder a
llenar las vacantes con las personas que conforman las listas de elegibles.
Prevalece el
derecho de las personas que adquirieron sus derechos ganando el concurso de
méritos vs los derechos de los prepensionados
21.
Francisco
Arturo Pabón Gómez
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II
004-2015
Se protejan
los derechos de los integrantes de las 14 listas de legibles en firme.
Prevalece el
derecho de las personas que adquirieron sus derechos ganando el concurso de
méritos vs los derechos de los prepensionados
22.
Luis Miguel
Alonso Ortiz
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II penal
004-2015
Se protejan
los derechos fundamentales de quienes integran la lista de elegibles y
también se realice un pronunciamiento claro y concreto sobre la validez y
legalidad del concurso de méritos
Prevalece el
derecho de las personas que adquirieron sus derechos ganando el concurso de
méritos vs los derechos de los prepensionados
23.
Sergio Reyes
Blanco
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II penal
004-2015
Se protejan
los derechos fundamentales de quienes integran la lista de elegibles y
también se realice un pronunciamiento claro y concreto sobre la validez y
legalidad del concurso de méritos
Prevalece el
derecho de las personas que adquirieron sus derechos ganando el concurso de
méritos vs los derechos de los prepensionados
24.
T-5761808
César Augusto
Delgado Ramos
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II
006-2015
Proceder a
llenar las vacantes con las personas que conforman las listas de elegibles.
Prevalece el
derecho de las personas que adquirieron sus derechos ganando el concurso de
méritos vs los derechos de los prepensionados
25.
Juan Darío
Contreras Bautista
Reiteración de
la intervención del pasado 29 de marzo de 2017
Violación al
derecho de la estabilidad laboral reforzada por haber ganado concurso de
méritos y haber adquirido los derechos de carrera.
26.
Fernando Arias
García
Procurador 46
Judicial II para asuntos administrativos
006-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
T-595 del 31
de octubre de 2016 M.P. Linares, estabilidad laboral de las personas próximas
a pensionarse que desempeñan en provisionalidad un cargo ofertado en un
proceso de selección, una condición de carácter suspensivo consistente en que
se verifique la existencia de vacantes en la entidad, luego de ser nombrados
aquellos  que ganaron el derecho a acceder al empleo con fundamento en el
mérito.
27.
Vícor David
Lemus Chois
Procurador 7
Judicial II para asuntos adminsitrativos
006-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
28.
Mauricio
Alberto Peñarete Ortiz
Procurador 27
judicial II Ambiental y Agrario
002-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
29.
Germán
Gutiérrez Frías
Procurador 154
Judicial II para asuntos Administrativos
006-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
30.
Eddy Alexandra
Villamizar Schiller
Procuradora
158 Judicial II para asuntos Administrativos
006-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
31.
Carlos
Augusto Delgado Tarazona
Procurador 102
Judicial I para asuntos administrativos
013-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
32.
Diana Fabiola
Millán Suárez
Procuradora 17
Judicial II para asuntos Administrativos de Bucaramanga
006-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
33.
Nelly Maritza
González Jaimes
Procuradora
159 Judicial II para asuntos Administrativos
006-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
34.
Rubiel
Alejandro Munévar López
Procurador 59
Judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
35.
Alberto Rivera
Balaguera
Procurador 24
Judicial II Agraria
002-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
36.
Esperanza
Blanca Dilia Farfán Farfán
Procuradora
212 Judicial I para asuntos Administrativos
013-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
37.
Nidian de la
Merced Guevara Echavez y Luis Francisco Casas Farfán
Procuradores
170 y 52 Judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
38.
Amparo Jaimes
Suárez
Procurador 318
Judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
39.
Oswaldo Botía
Bustos
Procurador 91
Judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
40.
Yolanda Gómez
Martínez
Procurador 58
Judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
41.
Miguel Antonio
Carvajal Pinilla
Procurador 51
Judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
42.
Olga Flórez
Moreno
Procuradora
100 Judicial I Adminsitrativa
013-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
43.
Gloria Amparo
Rico Valencia
Procurador 18
Judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
44.
Edwin Javier
Murillo Suárez
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Penal
004-2015
Aclarar la
decisión judicial.
Improcedencia
de la acción de tutela por la existencia de otros medios de defensa judicial
para lograr el amparo al derecho a la estabilidad laboral reforzada por reten
social; y carencia del requisito de inmediatez.
45.
Janneth
Patricia Velásquez Cuervo
Procuradora 24
Judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
46.
Giovanni
Padilla Téllez
Procurador 22
Judicial II Agraria
002--2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
47.
Francisco
García
Procurador 108
Judicial Administrativo. Prepensionado
Verificar la
condición especial de cada uno de los destituidos.
Derecho a la
igualdad
48.
Edwin Javier
Murillo Suárez
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Penal
004-2015
Aclarar la
decisión judicial.
Improcedencia
de la acción de tutela por la existencia de otros medios de defensa judicial
para lograr el amparo al derecho a la estabilidad laboral reforzada por reten
social; y carencia del requisito de inmediatez.
49.
Alberto Rivera
Balaguera (apoderado)
Procurador 24
Judicial II Agraria
002-2015
Se respeten
las listas de elegibles y sea rechazada por improcedente por cuanto no puede
ser la acción de tutela un mecanismo que supla a otros dispuestos para ello
Listas de
legibles son inmodificables
50.
Juliana
Valencia Andrade
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Conciliación
Administrativa
006-2015
Amparar los
derechos siempre y cuando se realice el nombramiento de las personas que
ganaron el concurso de méritos en los cargos para los que concursaron.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
51.
Laura Marcela
Olier Martínez
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Conciliación
Administrativa
006-2015
Amparar los
derechos fundamentales de quienes integran las listas de elegibles y se
realice un pronunciamiento claro y concreto sobre la validez y legalidad del
concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales I y
II. Adicionalmente solicita se proceda a nombrar y llenar todas las vacantes
de los cargos ofertados en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
52.
Darío Eduardo
Leal Rivera
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos fundamentales de quienes integran las listas de elegibles y se
realice un pronunciamiento claro y concreto sobre la validez y legalidad del
concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales I y
II. Adicionalmente solicita se proceda a nombrar y llenar todas las vacantes
de los cargos ofertados en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
53.
Alfredo
Vásquez Macías
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos fundamentales de quienes integran las listas de elegibles y se
realice un pronunciamiento claro y concreto sobre la validez y legalidad del
concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales I y
II. Adicionalmente solicita se proceda a nombrar y llenar todas las vacantes
de los cargos ofertados en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
54.
Martha Cecilia
Dalloz Suarez
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos fundamentales de quienes integran las listas de elegibles y se
realice un pronunciamiento claro y concreto sobre la validez y legalidad del
concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales I y
II. Adicionalmente solicita se proceda a nombrar y llenar todas las vacantes
de los cargos ofertados en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
55.
Guillermo
Sanabria Cruz
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Penal
004-2015
Se impartan
reglas jurisprudenciales o se reiteren las ya existentes a efecto de resolver
la tensión o pugna que se genera en los eventos para proveer cargos, entre
los derechos de los integrantes de la lista de elegibles y los derechos de
quienes alegan alguna situación de protección especial.
Protección
especial para los pre pensionados, pueden o deben ser nombrados en cargos no
ofertados en el concurso mientras cumplen sus requisitos para obtener su
pensión.
56.
Maritza Cruz Caicedo
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial en Ios en asuntos
del Trabajo y Seguridad Social
0012-2015
Amparar los
derechos fundamentales de quienes integran las listas de elegibles y se
realice un pronunciamiento claro y concreto sobre la validez y legalidad del
concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales I y
II. Adicionalmente solicita se proceda a nombrar y llenar todas las vacantes
de los cargos ofertados en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
57.
T-5761808
Andrés Medina
Pineda
Valorar los
criterios objetivos, subjetivos y complementarios que confluyen en el
siguiente proceso y que ameritan que los fallos proferidos sean confirmados
realizando las modulaciones propuestas.
Cosa juzgada
58.
Efraín Burbano
Castillo
Integrante de
la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial II Penal
004-2015
Amparar los
derechos fundamentales de quienes integran las listas de elegibles.
Preservación
del derechos al acceso al empleo público de los integrantes de la lista de
elegibles, hecho por el cual el ordenamiento de una acción afirmativa que
signifique la permanencia o reintegro de quienes ostentaron el cargo y están
próximos a pensionarse solamente proceden los nombramientos de las personas
que ganaron el concurso de méritos
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE
DESVINCULACION DE MADRE CABEZA DE FAMILIA CON OCASION DE CONCURSO DE MERITOS-No debió declararse procedente (Salvamento
parcial de voto)
Son dos las razones en
las que se funda este salvamento parcial de voto. Primero, declarar procedente
la acción de tutela está en tensión con la ratio decidendi fijada en la misma sentencia en
relación con la improcedencia de la acción de tutela para solicitar el
reintegro a un cargo público. Segundo, lejos de lo afirmado en la sentencia, en
el caso concreto, según las pruebas obrantes en el expediente, no se acreditó
perjuicio irremediable alguno que hiciere procedente la tutela como mecanismo
transitorio ni mucho menos los supuestos excepcionales que darían lugar a la
procedencia de este mecanismo con efectos definitivos
Expedientes acumulados: T-5761808,
T-5846142, T-5858331 y T-5959475.
Sentencia: SU 691 de 2017.
Accionantes: Gloria Inés Gómez Ramírez,
Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel Lozano y
Diana Ortegón Pinzón, entre otros.
Accionada: Procuraduría General de la
Nación.
Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.
1.
Con mi acostumbrado
respeto por las decisiones de la Sala Plena de la Corte, suscribo este
salvamento parcial de voto en relación con la providencia de la referencia.
Disiento, en particular, de la declaratoria de procedencia de la acción de
tutela promovida por Diana Ortegón Pinzón en contra del acto administrativo
mediante el cual fue desvinculada del cargo de Procuradora 18 Judicial II para
Asuntos Penales, habida cuenta del nombramiento de la señora Gloria Amparo Rico
Valencia, quien resultó elegida tras participar en el concurso público que se
surtió para proveer dichos cargos. En consecuencia, me aparto también del
amparo que le fue concedido a dicha accionante consistente en “dar
continuidad a la vinculación ordenada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura (…) hasta tanto el cargo que llegue a
ocupar sea provisto en propiedad”.
2.
Son dos las razones
en las que se funda este salvamento parcial de voto. Primero, declarar
procedente la acción de tutela de Diana Ortegón Pinzón está en tensión con la ratio
decidendi fijada en la misma sentencia en relación con la improcedencia de
la acción de tutela para solicitar el reintegro a un cargo público. Segundo,
lejos de lo afirmado en la sentencia, en el caso concreto, según las pruebas
obrantes en el expediente, no se acreditó perjuicio irremediable alguno que
hiciere procedente la tutela como mecanismo transitorio ni mucho menos los
supuestos excepcionales que darían lugar a la procedencia de este mecanismo con
efectos definitivos.
3.
Primero, la sentencia
declaró improcedente la acción de tutela promovida por los restantes diez
accionantes, quienes se encontraban en las siguientes condiciones: (i) son,
prima facie, sujetos de especial protección constitucional, en razón de
su condición de pre pensionados; (ii) son abogados; (iii)
ejercían, en provisionalidad, los cargos de Procurador Judicial I y II; (iv)
fueron desvinculados por la Procuraduría General de la Nación para proveer
dichos cargos mediante el nombramiento de aquellos que resultaron elegidos tras
el concurso público; y (v) promovieron acciones de tutela en las que
solicitaron que se diera continuidad a su vinculación en provisionalidad en
dichos cargos.
4.
Las razones de la
declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela promovidas por dichos
accionantes son las siguientes: (i) el medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho, así como las medidas provisionales previstas por
la Ley 1437 de 2011, son mecanismos idóneos y eficaces para solicitar la
nulidad de los actos administrativos atacados mediante las acciones de tutela sub
examine, así como para la protección de sus derechos; (ii) todos los
accionantes son abogados con experiencia en el ejercicio de su profesión
liberal, con lo cual “podrían desempeñarse de manera independiente, sin
necesidad de que para su pleno desarrollo medie un contrato de trabajo”; (iii)
todos ocupaban cargos en provisionalidad, “lo cual les sugería su inminente
desvinculación y la necesidad de programarse económicamente para el momento de
su retiro”; y (iv) ningún accionante se encuentra “en una
situación de extrema vulnerabilidad que haga necesaria la actuación del juez de
tutela con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable”
en relación con su mínimo vital que justifique la procedencia transitoria de la
acción de tutela.
5.
Es más, en relación
con los dos accionantes que no ejercieron el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la sentencia señaló que “su actitud, además de
desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela, compromete la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (…) con ello
también descartaron la posibilidad de que el juez de la jurisdicción competente
para solucionar este asunto, se pronunciara acerca de medidas cautelares
ordinarias o de urgencia tendientes a evitar la configuración de un perjuicio
irremediable”.
6.
Pues bien, las
condiciones de la señora Diana Ortegón Pinzón son, en lo esencial, análogas a
las de los otros diez accionantes (párr. 4) y, por lo tanto, las razones
en las que se fundó la declaratoria de improcedencia de sus tutelas han debido
aplicarse también a su caso (párr. 5). En efecto, la señora Ortegón
Pinzón es, prima facie, sujeto de especial protección constitucional por
su condición de madre cabeza de familia, es abogada, ocupa el cargo de
Procuradora Judicial II en provisionalidad, fue desvinculada por la
Procuraduría General de la Nación para proveer su cargo mediante el
nombramiento de aquella persona que resultó elegida tras el concurso público, y
solicitó, en su tutela, que se diera continuidad a su vinculación en
provisionalidad en dicho cargo.
7.
En tales términos,
por razones de igualdad y compatibilidad de la resolución del caso con la ratio
decidendi formulada, la Sala Plena también ha debido declarar
improcedente la acción de tutela de Diana Ortegón Pinzón. En mi criterio,
habida cuenta de las condiciones antes descritas, no existe razón –los
considerandos de la sentencia así como su fundamento probatorio lo demuestran–
para concluir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, así como las medidas provisionales previstas por la Ley 1437 de 2011,
no eran mecanismos adecuados o eficaces para que esta accionante controvirtiera
el acto administrativo que la desvinculó. De hecho, lo cierto es que la
accionante ni siquiera ejerció dicho mecanismo procesal, por lo que este ya
caducó; la accionante simplemente descartó la vía ordinaria para optar por la
acción de tutela, pese a su naturaleza subsidiaria, con lo cual la procedencia
de su solicitud resulta, a todas luces, incompatible e incongruente con
las razones de la decisión expuestas en la sentencia.
8.
Segundo, en el caso
de Diana Ortegón Pinzón tampoco está acreditado perjuicio irremediable alguno
que dé lugar a la procedencia, aunque sea transitoria, de su acción de tutela.
En la sentencia se señaló que dicho perjuicio irremediable supuestamente se
funda en: (i) “la falta
de bienes inmuebles y participación en sociedades” y (ii) “que la
accionante logró demostrar que no cuenta con ingresos diferentes a su salario
para suplir sus gastos mensuales”. En relación con lo primero, lo cierto es
que, habida cuenta de las condiciones personales y profesionales de la
accionante, de la carencia de inmuebles y participaciones en sociedades no se
puede deducir un perjuicio irremediable que, en los términos de la jurisprudencia
constitucional, torne procedente, de manera transitoria, la acción de tutela.
En relación con lo segundo, en el expediente no obra prueba alguna que permita
arribar a tal conclusión. Mucho menos puede deducirse de ello la absoluta
ineficacia del medio ordinario para la protección de sus derechos.
9.
Es más, lo cierto es
que el encomiable esfuerzo de recaudo y valoración probatoria que se empleó
para verificar que no existía un perjuicio irremediable en el caso de los otros
diez accionantes contrasta, de manera palmaria, con el escaso fundamento
probatorio con base en el cual se entendió acreditado el perjuicio irremediable
de la accionante Diana Ortegón Pinzón. Mientras que para declarar improcedente
la acción de tutela de los primeros, la Sala se fundó en sus declaraciones de
bienes y rentas, sus ingresos obtenidos durante el último año y sus actuales
actividades profesionales, así como en el carácter liberal de la profesión de
abogado, entre otros; la procedencia de la acción de tutela promovida por Diana
Ortegón Pinzón se fundamentó únicamente en su condición de madre cabeza de
familia, y en su dicho según el cual no tiene bienes inmuebles, ni
participación societaria, ni renta alguna, así como que sus ingresos actuales
corresponden a su salario. Sobre su caso no se desplegó la actividad probatoria
para verificar sus condiciones materiales. En todo caso, ninguno de estos
hechos y afirmaciones acredita, individual o conjuntamente, el perjuicio
irremediable, grave, urgente, inminente e impostergable que, según la
jurisprudencia constitucional, justificaría la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo transitorio. Mucho menos están acreditados los
excepcionales supuestos que darían lugar al amparo definitivo otorgado en la
sentencia de la cual me aparto.
10.
Por lo demás, estimo
por completo contraproducente que este tipo de incongruencias e
incompatibilidades entre la resolución del caso concreto y la ratio
decidendi formulada en la decisión se presenten, particularmente, en una
sentencia que tiene por vocación unificar jurisprudencia en una determinada
materia. Los objetivos de unificación no se alcanzan cuando, en la misma
decisión, tras formular la subregla aplicable al caso, esta se inaplica,
sin claro fundamento jurídico ni probatorio.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Corresponde al
expediente T-5761808.
[2] Corresponden al
expediente T-5846142.
[3] Corresponde al
expediente T-5858331.
[4] Corresponde al
expediente T-5959475.
[5] Es importante aclarar
que cuando los accionantes interpusieron las acciones de tutela, aún se
encontraban vinculados a la Procuraduría General de la Nación. Una vez
seleccionados los asuntos para su revisión se hizo efectiva la desvinculación
de los accionantes, como se relatará más adelante.
[6] Al relatar los hechos
relevantes, la sentencia tendrá en cuenta tanto las pruebas aportadas por los
accionantes al presentar la acción de tutela como las allegadas a la Corte
Constitucional en Sede de Revisión.
[7] En el folio 18 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 299 de 2010.
[8] En el folio 4 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5761808, reposa comunicación de desvinculación.
[9] Según lo manifestado
por la señora Gloria Inés González Ramírez en folio 2 del cuaderno de pruebas
en sede de revisión, correspondiente al expediente T-5761808.
[10] Ver folio 30 del cuaderno
de primera instancia. Con el fin de probar la cotización de las 1300 semanas,
la accionante adjuntó un certificado de información laboral expedido por el
jefe de división de gestión humana de la Procuraduría General de la Nación, en
el cual certifica que la accionante se vinculó con la Procuraduría desde el 08
de marzo de 1991 cotizando ininterrumpidamente al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones hasta el 11 de julio de 2014, fecha de expedición del certificado.
[11] Manifiesta la
accionante que, en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe acreditar: (i)
57 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al sistema de seguridad
social.
[12] (i) Solicitud del 19
de mayo de 2014, ver folios del 34 al 39 del cuaderno de primera instancia,
respuesta de la accionada del 09 de junio de 2014, ver folios del 40 al 41 del
cuaderno de primera instancia. (ii) Reposición y apelación presentados por la
accionante el 18 de junio de 2014, ver folios del 42 al 56 del cuaderno de
primera instancia, respuesta de la accionada del 16 de septiembre de 2014 y del
19 de diciembre de 2014,
ver folios del 57 al 70 del cuaderno de primera instancia. (iii) Nuevo recurso
de apelación presentado el 05
de marzo de 2015, Ver
folios del 72 al 76 del cuaderno de primera instancia, respuesta de la entidad
del 20 de
abril de 2015, ver
folios del 77 al 78 del cuaderno de primera instancia. (iv) Solicitud del 20 de abril de 2016, ver folios del 79 al 80
del cuaderno de primera instancia, respuesta de la entidad del 02 de mayo de 2016, ver folio 81 del
cuaderno de primera instancia.
[13] Según lo manifestado
por la señora Gloria Inés González Ramírez en folio 3 del cuaderno de pruebas
en sede de revisión, correspondiente al expediente T-5761808.
[14] Las respuestas al
auto de pruebas se encuentra en los folios 1 al 9 del cuaderno de pruebas en
sede de revisión, correspondiente al expediente T-5761808.
[15] Corresponden al pago
de seguridad social ($5.625.159), póliza salud suramericana ($413.183), cuota
de administración ($608.000), servicios públicos ($630.000), servicio doméstico
($600.000), sostenimiento personal y copagos ($3.500.000), impuesto predial
($4.327.000 anual), impuesto vehículo ($445.000 anual), seguro de vehículo
($1.200.000 anual), seguro obligatorio SOAT ($277.460 anual), crédito bancario
con BBVA ($645.882), impuesto DIAN ($416.667) e imprevistos o arreglos
domiciliarios ($106.024).
[16] Ver folios del 88 al
97 del cuaderno de primera instancia.
[17] En el folio 31 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 2122 de 2009.
[18] Ver folio 100 del
cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[19] Ver folio 30 del
cuaderno de primera instancia. Con el fin de probar la cotización de las 1300
semanas, la accionante adjuntó un certificado de información laboral expedido
por el jefe de división de gestión humana de la Procuraduría General de la
Nación, en el cual certifica que la accionante se vinculó con la Procuraduría
desde el 08 de marzo de 1991 cotizando ininterrumpidamente al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones hasta el 11 de julio de 2014, fecha de expedición
del certificado.
[20] En los folios 93 al
97 del cuaderno de “Respuestas de entidades” reposa Resolución GNR
271719 del 14 de septiembre de 2016
[21] En los folios 98 al
102 del cuaderno de “Respuestas de entidades” reposa Resolución GNR
296023 del 06 de octubre de 2016.
[22] En los folios 103 al
108 del cuaderno de “Respuestas de entidades” reposa Resolución GNR
338374 del 16 de noviembre de 2016.
[23] Ver
folios del 115 al 168 del cuaderno de primera instancia. En la declaración del
año 2014, el señor Ortiz Valero afirma contar con un predio de rural
($300.000.000), un apartamento ($250.000.000) y un vehículo ($17.500.000); así
como dos préstamos con el banco Citibank por valor de $58.000.000. En cuanto a
la declaración del año 2015, el señor Ortiz Valero afirma contar con un predio
de rural ($300.000.000), un apartamento ($250.000.000) y un vehículo de
($75.000.000); así como préstamos con el banco Citibank por valor de
$41.000.000. Finalmente, en la declaración del año 2016,  el señor Ortiz Valero
afirma contar con un predio de rural ($300.000.000), un apartamento
($250.000.000) y un vehículo de ($75.000.000); así como préstamos con el banco
Citibank y BBVA por valor de $85.000.000.
[24] En el folio 30 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 1243 de 2002.
[25] En el folio 13 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres, reposa comunicación de
desvinculación.
[26] En el folio 15 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres, reposa acta de posesión del
señor Miguel Antonio Carvajal Pinilla.
[27]
Manifiesta la accionante que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe
acreditar: (i) 56 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
sistema de seguridad social.
[28] Si bien la accionante
afirmó estar afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida
administrado por Colpensiones desde el 06 de mayo de 1992; Porvenir S.A.,
informó a la Corte Constitucional que la afiliación de la señora María Marcela
Duarte Torres con Porvenir S.A. se encuentra activa en la entidad, anexando “detalle
de aportes acreditados en esta administradora y girados por el proceso de No
vinculados a Colpensiones. Para este caso está pendiente la devolución de los
aportes a Porvenir por parte de Colpensiones”, ver folio 17 del cuaderno de
“Respuestas de entidades”.
[29] (i) Solicitud del 09 de febrero de 2015,
resuelta por la accionada el 27 de febrero de 2015, ver folios del 42 al 47 del
cuaderno de primera instancia. (ii) Solicitud del 08 de abril de 2016, ver
folios del 48 al 51 del cuaderno de primera instancia.
[30] En el folio 5 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres, se encuentra la manifestación
de la accionante en tal sentido.
[31] En el folio 7 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente T-5846142
accionante María Marcela Duarte Torres, se encuentra certificado de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
[32] Ver folio 1 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres.
[33] Ver folio 2 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres.
[34] Ver folios 9 y 10 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres. Equivalentes al pago de su
manutención personal, sostenimiento del apartamento, medicina prepagada del
núcleo familiar, sostenimiento de su hijo, cuotas de leasing habitacional a
favor del Banco BBVA ($115.760.524,12) y las cuotas del crédito rotativo a
favor del Banco BBVA ($21.438.959,44).
[35] Ver folio 54 del
cuaderno de primera instancia.
[36] En el folio 258 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina, reposa comunicación de
desvinculación.
[37] En el folio 259 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina, reposa acta de posesión de la
señora Amparo Jaimes Suarez.
[38]
Manifiesta la accionante que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe
acreditar: (i) 56 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
sistema de seguridad social.
[39] (i) Solicitud del 05 de febrero de 2015,
respuesta de la entidad en los
folios del 57 al 58 del cuaderno de primera instancia. (ii) Solicitud del 26 de
febrero de 2016, ver folio 3 del cuaderno de primera instancia, respuesta de la
entidad accionada del 18 de marzo de 2016, ver folio 55 del cuaderno de primera
instancia.
[40] Ver folio 188 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina.
[41] Ver folios 253 al 255
del cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina.
[42] Avaluada en
$450.000.000
[43] Avaluada en $120.000.000
[44] Equivalentes al pago
de medicina prepagada de su núcleo familiar ($968.772), administración de la
casa ($689.455), salario y prestaciones de la empleada ($1.500.000), servicios
públicos domiciliarios ($570.000), tarjeta de crédito Falabella ($975.000),
tarjeta de crédito Banco Davivienda ($1.000.000), seguro de vida camioneta
($103.000) y gastos personales ($3.000.000).
[45] Ver folios 72 al 84
del cuaderno de primera instancia.
[46] En el folio 57 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 2120 de 2012.
[47] En el folio 3 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Lida Janeth Pinto Barón, reposa comunicación de
desvinculación.
[48] En el folio 7 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Lida Janeth Pinto Barón, reposa acta de posesión de la
señora Nidian de la Merced Guevara Echavez.
[49]
Manifiesta la accionante que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe
acreditar: (i) 56 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
sistema de seguridad social.
[50] (i) Solicitud del 09
de febrero de 2015, respuesta de la entidad del 27 de febrero de 2015, ver
folios del 43 al 48 del cuaderno de primera instancia. (ii) Solicitud del 12 de
abril de 2016, ver folio 49 del cuaderno de primera instancia.
[51] Ver folio 2 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Lida Janeth Pinto Barón.
[52] Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Lida Janeth Pinto Barón.
[53] Equivalentes al pago
de medicina prepagada, pago de celular, pago de administración del edificio,
gastos cuidado personal, alimentación, trasporte, pago de tarjetas de crédito,
pago de obligaciones bancarias y gastos imprevistos.
[54] Ver folios 72 al 84
del cuaderno de primera instancia.
[55] En el folio 64 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 923 de 2001.
[56] En el folio 3 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Carlos Arturo Serpa Uribe, reposa comunicación de
desvinculación.
[57] Manifiesta que en
virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003, para adquirir su derecho pensional debe acreditar: (i) 62 años y (ii)
haber cotizado como mínimo 1300 semanas al sistema de seguridad social.
[58] En los folios 133 al
136 del cuaderno de “Respuestas de entidades” reposa respuesta
Resolución SUB 35675 del 20 de abril de 2017, en virtud de la cual le
reconocieron pensión de invalidez al accionante.
[59] (i) Solicitud del El 04 de febrero de
2015, respuesta de la accionada del 24 de febrero de 2015, ver folios del 46 al 48
del cuaderno de primera instancia.
[60] Ver folio 2 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Carlos Arturo Serpa Uribe,
[61] Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Carlos Arturo Serpa Uribe.
[62] Avaluado
catastralmente en $168.305.000.
[63] Equivalentes al pago
de servicios, administración mensual del apartamento y pago de deudas.
[64] Ver folios 72 al 84
del cuaderno de primera instancia.
[65] En el folio 30 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del acta de posesión del señor
Rodrigo Rodríguez Barragán.
[66] En el folio 6 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Rodrigo Rodríguez Barragán, reposa comunicación de
desvinculación.
[67] El accionante está
afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por
Porvenir S.A. desde el 01 de agosto de 1994 y su estado es activo, sin embargo,
actualmente el accionante dice estar haciendo trámites de traslado de
Colpensiones.
[68] (i) Solicitud del 12
de abril de 2016, ver folios del 43 al 47 del cuaderno de primera instancia,
respuesta de la entidad del 02 de mayo de 2016, ver folio 48 del cuaderno de
primera instancia.
[69] Teniendo en cuenta
que en la acción de tutela la accionante no hizo alusión a la posible
configuración de un perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido
por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017, la Corte le solicitó al
accionante información al respecto. Las respuestas se encuentra en los folios 1
al 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Rodrigo Rodríguez Barragán.
[70] Avaluado en
$350.000.000.
[71] Equivalentes al pago
de servicios públicos, telefonía celular, medicina prepagada, créditos con los
bancos BBVA, Davivienda y Occidente, pagos a Juriscoop y a la Cooperativa de
Profesionales, así como la universidad de su hijo menor.
[72] En el folio 30 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del acta de nombramiento de la
señora Irma Susana Rueda Suarez.
[73] En el folio 3 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Irma Susana Rueda Suarez, reposa comunicación de
desvinculación.
[74]
Manifiesta la accionante que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe
acreditar: (i) 56 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
sistema de seguridad social.
[75] Ver folio 79 del
cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[76] Teniendo en cuenta
que en la acción de tutela la accionante no hizo alusión a la posible
configuración de un perjuicio irremediable, mediante auto de pruebas proferido
por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017, la Corte le solicitó al
accionante información al respecto. Las respuestas se encuentra en los folios 1
al 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Irma Susana Rueda Suarez.
[77] Con un valor
declarado de $258.000.000.
[78] Con un valor
declarado de $37.000.000
[79] Con un valor declarado
de $175.000.000
[80] Equivalentes al pago
de servicios públicos, salud, mercados, deuda bancaria, gastos propios de la
vida cotidiana.
[81] En el folio 48 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Carmen Remedios Frías Arismendy, reposa comunicación de
desvinculación.
[82]
Manifiesta la accionante que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe
acreditar: (i) 56 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
sistema de seguridad social.
[83] (i) Solicitudes del 19 de febrero y del 09
de marzo de 2016, ver
folios 44 al 48 del cuaderno de primera instancia.
[84] Ver folio 48 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Carmen Remedios Frías Arismendy,
[85] Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 4 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Carmen Remedio Frías
Arismendy.
[86] Avaluado en
$63.000.000
[87] Avaluado en
$220.000.000
[88] En el folio 22 del
cuaderno de primera instancia reposa certificado laboral expedido por la
Procuraduría.
[89] En los folios 84 y 85
del cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5858331 reposa decreto de vinculación del señor Jesús David Salazar Losada.
[90]
Manifiesta la accionante que en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, para adquirir su derecho pensional debe
acreditar: (i) 56 años y (ii) haber cotizado como mínimo 1300 semanas al
sistema de seguridad social.
[91] (i) Solicitud del 10
de diciembre de 2014, ver folios del 36 al 37 del cuaderno de primera
instancia, respuesta de la accionada del 04 de febrero de 2015, ver folios del
55 al 56 del cuaderno de primera instancia. (ii) Solicitud del 16 de diciembre
de 2016, ver folios del 46 al 50 del cuaderno de primera instancia. (iii)
Solicitud del 04 de abril de 2016 y del 29 de junio de 2016, ver folios del 57
al 63 del cuaderno de primera instancia, respuesta de la entidad accionada del
28 de julio de 2016, ver folios del 82 al 85 del cuaderno de primera instancia.
[92] Ver folio 4 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5858331.
[93] Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 6 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5858331.
[94] Comercialmente
avaluada en $100.000.000
[95] Avaluadas en $120.000.000.
[96] Avaluado en
$21.070.000.
[97] Equivalentes al pago
de arriendo, manutención de su sobrina, manutención propia, servicios públicos
y deudas bancarias.
[98] Ver folio 197 del
cuaderno de primera instancia.
[99] Ver folios 98 y 99
del cuaderno de primera instancia.
[100] Ver folio 2 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5959475.
[101] En el folio 17 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del registro civil de Daniela Durán
Ortegón.
[102] En el folio 19 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del certificado de estudio de
Daniela Durán Ortegón.
[103] En el folio 16 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del registro civil de Nicolás Durán
Ortegón.
[104] En el folio 18 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del certificado de estudio de
Nicolás Durán Ortegón.
[105] Ver folios 25 al 33
del cuaderno de primera instancia.
[106] Ver folios del 13 al
15 del cuaderno de primera instancia.
[107] Ver folio 2 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5959475.
[108] Teniendo en cuenta
que las respuestas ofrecidas por la Procuraduría General de la Nación en cada
uno de los expedientes acumulados en esta sentencia contienen argumentos
similares, en adelante, en el literal correspondiente a la entidad accionada,
sólo se mencionarán los aspectos que atañen a cada caso concreto.
[109] Ver folios 1 al 13
del cuaderno de “Respuestas de otras entidades”.
[110] “Efectuados los
respectivos nombramientos para proveer los empleos objeto de la convocatoria u
otros iguales a éstos, se retirarán de la lista de elegibles los servidores en
los que hayan recaído dichos nombramientos, salvo que no hayan aceptado o no se
hayan posesionado por razones ajenas a su voluntad. El nominador deberá
utilizar las listas en estricto orden descendente, para proveer las vacantes
que se presenten en el mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se
exijan los mismos requisitos, o en empleos de inferior jerarquía. En este
último caso, la no aceptación del nombramiento no constituye causal para la
exclusión de la lista de elegibles”.
[111] Este argumento fue
expuesto específicamente en la respuesta emitida por la Procuraduría General de
la Nación dentro del expediente T-5.959.475, ver folios 88 al 93 del cuaderno
de primera instancia.
[112] T-5.761.808: sentencia proferida por la
Sala de Decisión de Tutela del Tribunal Superior de Bogotá D.C., el 25 de julio
de 2016, en el proceso iniciado por Gloria Inés Gómez Ramírez. Ver folios 177
al 197 del cuaderno de primera instancia. T-5.846.142: sentencia proferida por la Sala de
Decisión de Tutela del Tribunal Superior de Bogotá D.C., el 11 de agosto de
2016, en el proceso iniciado por Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel
Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe, Rodrigo
Rodríguez Barragán, Irma Susana Rueda Suarez y Carmen Remedios Frías Arismendy.
Ver folios 45 al 82 del cuaderno de primera instancia. T-5.858.331: sentencia proferida por la Sala Única de
Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, el 29 de
agosto de 2016, en el proceso iniciado por Claudia Ledesma Ibarra. Ver folios 211 al 219 del cuaderno de
primera instancia. T-5.959.475:
sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, el 12 de septiembre de 2016, en el proceso iniciado
por Diana Ortegón Pinzón. Ver
folios 104 al 116 del cuaderno de primera instancia.
[113] T-5.761.808: sentencia proferida por la
Sala de Decisión de Tutela No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el 18 de agosto de 2016, en el proceso iniciado por Gloria
Inés Gómez Ramírez. Ver folios del 55 al 67 del cuaderno de segunda instancia. T-5.846.142: sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutelas
No 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 04 de
octubre de 2016, en el proceso
iniciado por Luis Hernando
Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel Lozano Urbina, Lida
Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe, Rodrigo Rodríguez Barragán, Irma
Susana Rueda Suarez y Carmen Remedios Frías Arismendy. Ver folios 119 al 156
del cuaderno de segunda instancia. T-5.858.331: sentencia
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
12 de octubre de 2016, en el
proceso iniciado por Claudia Ledesma Ibarra. Ver folios 63 al 70 del cuaderno de segunda instancia.
T-5.959.475: sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá,
el 23 de noviembre de 2016, en
el proceso iniciado por Diana Ortegón Pinzón. Ver folios 8 al 27 del cuaderno de segunda instancia.
[114] Ver sentencia
T-308/16.
[115] Reiterada en las
sentencias T-046/09, T-415/10 y T-234/15, entre otras.
[116] Ver sentencia
T-249/02.
[117] Ver sentencia
T-959/16.
[118] Consejo de Estado, Sentencia del 25 de
mayo de 2011, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto
contra el auto del 12 de agosto de 2010, proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante el cual se rechazó la demanda por
indebida escogencia de la acción y por haber operado la caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.
[119] El artículo 308 de la
Ley 1437 de 2011, determinó como fecha a partir de la cual comenzó a regir el
Código el dos (2) de julio del año dos mil doce (2012).
[120] Ver T-733/14,
SU-355/15, T-427/15, T- 376/16 y T-595/16, entre otras.
[121] El
artículo 241 de la Ley 1437 de 2011 preceptúa que: “El incumplimiento de una
medida cautelar dará lugar a la apertura de un incidente de desacato como
consecuencia del cual se podrán imponer multas sucesivas por cada día de
retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos
mensuales legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta
(50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La sanción será impuesta al representante legal de la
entidad o director de la entidad pública o al particular responsable del
cumplimiento de la medida cautelar por la misma autoridad judicial que profirió
la orden, mediante trámite incidental y será susceptible de los recursos de
apelación en los procesos de doble instancia y de súplica en los de única
instancia, los cuales se decidirán en el término de cinco (5) días.
El incumplimiento de los términos para decidir sobre
una medida cautelar constituye falta grave”.
[122] En el Auto del veintinueve (29) de marzo
de dos mil dieciséis (2016) del Consejo de Estado, la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Sección Tercera, Subsección B, al resolver el expediente
con radicación número  11001-03-26-000-2015-00126-01(54850) consideró que como
garantía del acceso a la administración de justicia: “[c]on la expedición de
la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo   -CPACA-, se produjo un cambio trascendental desde el punto de
vista de las facultades cautelares y preventivas que a petición de parte puede
ejercer el juez contencioso administrativo en los procesos que se tramitan ante
esta jurisdicción especializada, puesto que las mismas fueron ampliamente
aumentadas en relación con aquellas que le atribuía el Decreto Ley 01 de 1984
-que sólo contemplaba la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos”.
[123] En el Auto del doce (12) de febrero de dos
mil dieciséis (2016) del Consejo de Estado, la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Sección Tercera, Subsección A, tras conocer el expediente
con radicado número 11001-03-26-000-2014-00101-00 (51754)A advirtió que: “(…)
quizá el cambio más significativo que introdujo el artículo 231 del C.P.A.C.A.
respecto de la suspensión provisional de los actos administrativos es la
eliminación del requisito que consistía en que, para que se pudiera conceder
esta medida cautelar, era necesario que la norma demandada vulnerara la norma
superior de manera manifiesta, ostensible o palmaria”.
[124] La Corte
Constitucional en la sentencia SU-355/15 retomó lo afirmado por la Sección Segunda –Subsección A- del Consejo de Estado
el 29 de agosto de 2013. Recientemente la Sección
Primera del Consejo de Estado ha destacado una vez más la relevancia de los
cambios introducidos en materia de suspensión provisional. Así en providencia
de 9 de junio de 2014 se indicó que se trata de “una reforma sustancial, si se tiene en
cuenta que (…) habilita al Juez a realizar un estudio no simplemente
superficial de la solicitud de la medida sino que incluye la apreciación de las
pruebas aportadas al efecto” (…). Esto, por cuanto en el marco
de la nueva normatividad establecida en el CPACA, para la suspensión
provisional se prescindió de la “manifiesta infracción” hasta allí vigente, lo cual se
ha interpretado en el sentido que “la nueva normativa presenta una variación significativa en la
regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al Juez administrativo a
realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y
a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud” (…)”.
[125] Auto del trece (13) de mayo de dos mil
quince (2015) del Consejo de Estado, en el que la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Sección Tercera, Subsección C, expediente número
11001-03-26-000-2015-00022-00(53057) advirtió que: “[E]s preciso resaltar
que el Código no establece un numerus clausus de medidas cautelares, por el
contrario, se trata de un sistema innominado de medidas con el que se persigue
adoptar unas decisiones inmediatas de cualquier tipo con el fin de responder a
las necesidades que demande una situación específica; lo que se corrobora con
una revisión al artículo 230 que establece que se puede: “ordenar que se
mantenga la situación…”, “suspender un procedimiento o actuación
administrativa…”, “suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo”;
hasta llegar a aquellas en las cuales se permite “ordenar la adopción de una
decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos” y, por
último, “impartir ordenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso
obligaciones de hacer o no hacer”.
[126] Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sentencia del cinco (5) de
marzo de dos mil catorce (2014). Radicación 25000-23-42-000-2013-06871-01.
[127] Auto de magistrado
ponente de la Sección Tercera –Subsección C– de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, del veintiséis (26) de febrero de dos mil
dieciséis (2016), radicación número: 11001-03-26-000-2015-00174-00(55953)A.
[128] Ibídem.
[129] Auto del trece (13)
de mayo de dos mil quince (2015) del Consejo de Estado.  Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Sección Tercera, Subsección C, expediente número
11001-03-26-000-2015-00022-00(53057).
[130] Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sentencia del cinco (5) de
marzo de dos mil catorce (2014). Radicación 25000-23-42-000-2013-06871-01.
[131] Ver sentencia
T-309/10.
[132] Al respecto consultar
las sentencias T-229/06, T-935/06, T-376/07, T-529/07, T-607/07, T-652/07,
T-762/08 y T-881/10 y T-716/13.
[133] Ver sentencia
T-881/10.
[134] Sentencia
T-184/09.
[135] Aprobado mediante la Ley 74 de
1968.
[136] Aprobado mediante la Ley 319 de
1996.
[137] “En suma, la Corte
ha precisado como regla general, que la acción de tutela es improcedente para
solicitar el reintegro de los empleados públicos, pues en el ordenamiento
jurídico está prevista la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
luego existe un medio de defensa judicial propio, específico y eficaz que
excluye la prevista en el artículo 86 Constitucional. No obstante la Corte ha
manifestado que, excepcionalmente ante un perjuicio irremediable, puede
resultar procedente el amparo cuando la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho resulta inadecuada para la efectividad de los derechos
fundamentales violados, dada la situación que afronta el accionante”.
[138] “7.3. No obstante
lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de
la tutela para solicitar el reintegro de servidores públicos a los cargos de
los que han sido desvinculados, cuando en el caso concreto se advierte la
vulneración de un derecho fundamental y se evidencia la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, toda vez que en estos eventos la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho no proporciona una protección eficaz y adecuada a
los derechos amenazados o vulnerados.
(…)
En consecuencia, estima esta Sala
que el presente caso debe examinarse en perspectiva del amparo definitivo de
los derechos, pues se pretende evitar la solución de continuidad entre el
retiro del servicio de la accionante y su inclusión en la nómina de
pensionados, lo que materialmente no podría lograrse en un proceso contencioso
administrativo, teniendo en cuenta la duración del mismo”.
[139] En el folio 18 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 299 de 2010.
[140] En el folio 4 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5761808, reposa comunicación de desvinculación.
[141] En el folio 15 del
cuaderno de primera instancia reposa copia de la cédula de ciudadanía.
[142] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
la accionante el 06 de septiembre de 2016 como consecuencia de la
desvinculación, la cual se hizo efectiva, según lo informado por la accionante,
en el mes de septiembre de 2016.
[143] Equivalentes al pago
de seguridad social ($5.625.159), póliza salud suramericana ($413.183), cuota
de administración ($608.000), servicios públicos ($630.000), servicio doméstico
($600.000), sostenimiento personal y copagos ($3.500.000), impuesto predial
($4.327.000 anual), impuesto vehículo ($445.000 anual), seguro de vehículo
($1.200.000 anual), seguro obligatorio SOAT ($277.460 anual), crédito bancario
con BBVA ($645.882), impuesto DIAN ($416.667) e imprevistos o arreglos
domiciliarios ($106.024).
[144] Ver folios del 88 al
97 del cuaderno de primera instancia.
[145] Información que
reposa en la página web del Sistema Integrado de Información de la Protección
Social – registro Único de Afiliados.
[146] Radicado con el
número: 25000234200020170055900. El tribunal informó que la demanda ingresó al
despacho el 03 de marzo de 2017 y que al 11 de julio de 2017 se encontraba en
proceso de admisión. Acorde con la información que reposa en la base de datos
del sistema Siglo XXI, el 27 de julio de 2017 el proceso fue admitido y se
encuentra en trámite de notificación personal.
[147] Según lo manifestado
por la señora Gloria Inés Gómez Ramírez en folio 3 del cuaderno de pruebas en
sede de revisión, correspondiente al expediente T-5761808.
[148] En el folio 31 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 2122 de 2009.
[149] Ver folio 100 del
cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[150] En el folio 56 del
cuaderno de primera instancia reposa copia de la cédula de ciudadanía.
[151] En los folios 93 al
108 del cuaderno de “Respuestas de entidades” reposa (i) Resolución GNR
271719 del 14 de septiembre de 2016, mediante la cual le fue reconocida pensión
de vejez al señor Luis Hernando Ortiz Valero, por valor de $6.961.342,00. (ii)
Resolución GNR 296023 del 06 de octubre de 2016, mediante la cual se ordenó la
inclusión en nómina del accionante, una vez verificado su retiro de la
Procuraduría General de la Nación. (iii) Resolución GNR 338374 del 16 de
noviembre de 2016 a través de la cual Colpensiones reliquidó el monto pensional
estableciendo un valor de $7.195.354,00 mensuales.
[152] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
el accionante el 17 de mayo de 2016 como consecuencia de la desvinculación.
[153] Información que
reposa en la página web del Sistema Integrado de Información de la Protección
Social – registro Único de Afiliados.
[154] Radicado con el número: 68001233300020170094600. Acorde con la información que reposa en la base de datos del
sistema Siglo XXI, el proceso fue instaurado en marzo de 2017 ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (25000234200020170118400) el que por falta de competencia
lo remitió al Tribunal Administrativo de Santander. El 17 de agosto de 2017 la
demanda fue inadmitida por este tribunal y actualmente el expediente se
encuentra al despacho.
[155] En el folio 30 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 1243 de 2002.
[156] En el folio 13 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres, reposa comunicación de
desvinculación, la cual se hizo efectiva, según lo informado por la accionante,
el 06 de septiembre de 2016.
[157] En el folio 73 del
cuaderno de primera instancia reposa copia de la cédula de ciudadanía.
[158] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
la accionante el 31 de agosto de 2016 como consecuencia de la desvinculación
[159] Equivalentes al pago
de su manutención personal, sostenimiento del apartamento, medicina prepagada
del núcleo familiar, sostenimiento de su hijo, cuotas de leasing habitacional a
favor del Banco BBVA ($115.760.524,12) y las cuotas del crédito rotativo a favor
del Banco BBVA ($21.438.959,44). Ver folio 10 del cuaderno de pruebas en sede
de revisión, correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela
Duarte Torres.
[160] En el folio 7 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres, se encuentra certificado de
la Universidad Pontificia Bolivariana.
[161] Información que
reposa en la página web del Sistema Integrado de Información de la Protección
Social – registro Único de Afiliados.
[162] Número de radicado:
68001233300020170077900. Acorde
con la información que reposa en la base de datos del sistema Siglo XXI, el
proceso fue instaurado en enero de 2017 ante el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga (68001333300820170003100) el que por falta de competencia lo remitió al Tribunal
Administrativo de Santander. El tribunal informó que el proceso fue radicado en
el despacho el 22 de junio de 2017, la demanda fue admitida el 10 de julio de
2017 y actualmente se encuentra en traslado de la solicitud de medidas
cautelares.
[163] Ver folio 54 del
cuaderno de primera instancia.
[164] En el folio 258 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina, reposa comunicación de
desvinculación, la cual se hizo efectiva, según lo informado por la accionante,
el 02 de septiembre de 2016.
[165] En el folio 34 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del reporte de semanas cotizadas en
el cual se señala la fecha de nacimiento de la accionante.
[166] Ver folios 253 al 255
del cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina.
[167] Sus
egresos mensuales ascienden a la suma de. Por otra parte, los egresos del
esposo de la accionante ascienden a la suma de $21.500.000. Por lo tanto, según
las cuentas rendidas por la accionante, la familia tiene un déficit de
$11.000.000 para cubrir sus necesidades. Equivalentes al pago de crédito
hipotecario, tarjeta de crédito Banco Davivienda, tarjeta de crédito Banco de
Bogotá, crédito rotativo con el Banco Colpatria, Directv, internet y telefonía,
celulares movistar, arriendo del apartamento donde reside en Bogotá D.C.,
servicios públicos de Bogotá, administración de la oficina, transporte aéreo y
terrestre y manutención de la familia.
[168] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
la accionante el 30 de agosto de 2016 como consecuencia de la desvinculación.
[169] Equivalentes al pago
de medicina prepagada de su núcleo familiar ($968.772), administración de la
casa ($689.455), salario y prestaciones de la empleada ($1.500.000), servicios
públicos domiciliarios ($570.000), tarjeta de crédito Falabella ($975.000), tarjeta
de crédito Banco Davivienda ($1.000.000), seguro de vida camioneta ($103.000) y
gastos personales ($3.000.000)
[170] La hija de 24 años es
profesional pero pretende iniciar estudios de postgrado y la hija de 28 años es
profesional pero no labora.
[171] Ver folios 72 al 84
del cuaderno de primera instancia.
[172] Información que
reposa en la página web del Sistema Integrado de Información de la Protección
Social – registro Único de Afiliados.
[173]
Número de radicado: 68001233300020170054800. Acorde con la
información que reposa en la base de datos del sistema Siglo XXI, la demanda
fue instaurada en febrero de 2017 ante el Juzgado Doce
Administrativo de Bucaramanga (68001333301220170005200) el
que por
falta de competencia lo remitió al Tribunal Administrativo de Santander. El
tribunal informó que el proceso fue radicado en el despacho el 27 de abril de
2017, la demanda fue admitida el 11 de agosto de 2017 y actualmente se
encuentra en traslado de la solicitud de medidas cautelares.
[174] En el folio 57 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 2120 de 2012.
[175] En el folio 3 del cuaderno
de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente T-5846142
accionante Lida Janeth Pinto Barón, reposa comunicación de desvinculación.
[176] En el folio 56 del
cuaderno de primera instancia reposa copia de la cédula de ciudadanía.
[177] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
la accionante el 31 de agosto de 2016 como consecuencia de la desvinculación.
[178] Equivalente al pago
de medicina prepagada, pago de celular, pago de administración del edificio,
gastos cuidado personal, alimentación, trasporte, pago de tarjetas de crédito,
pago de obligaciones bancarias y gastos imprevistos
[179] Ver folios 72 al 84
del cuaderno de primera instancia.
[180]
http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[181]
Número de radicado: 68001233300020170096800. Acorde con la
información que reposa en la base de datos del sistema Siglo XXI, la demanda
fue instaurada en febrero de 2017 ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, (25000234200020170071200) el
que por falta de competencia lo remitió al Tribunal Administrativo de
Santander.
El
proceso fue radicado en el despacho el 03 de agosto de 2017 y el 05 de octubre
se profirió auto admisorio de la demanda.
[182] En el folio 64 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 923 de 2001.
[183] En el folio 3 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Carlos Arturo Serpa Uribe, reposa comunicación de
desvinculación.
[184] En el folio 67 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del reporte de semanas cotizadas en
el cual se señala la fecha de nacimiento del accionante.
[185] En los folios 133 al
136 del cuaderno de “Respuestas de entidades” reposa respuesta
Resolución SUB 35675 del 20 de abril de 2017, en virtud de la cual le
reconocieron pensión de invalidez al accionante.
[186] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
el accionante el 02 de septiembre de 2016 como consecuencia de la
desvinculación.
[187] Equivalentes al pago
de servicios, administración mensual del apartamento y pago de deudas
[188] Número de radicado: 68001233300020170035800. Acorde con la información que reposa en la base de datos del
sistema Siglo XXI, la demanda fue instaurada en febrero de 2017 ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga (68001333300920170004100) el que por falta de competencia lo
remitió al Tribunal Administrativo de Santander.
El proceso fue radicado en el despacho el 23 de marzo de 2017
y actualmente se encuentra de asignación de conjueces por impedimentos.
[189] En el folio 30 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del acta de posesión del señor
Rodrigo Rodríguez Barragán.
[190] En el folio 6 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Rodrigo Rodríguez Barragán, reposa comunicación de
desvinculación, la cual se hizo efectiva los primeros días del mes de
septiembre según lo informado por el accionante.
[191] En el folio 67 del
cuaderno de primera instancia reposa copia de la cédula de ciudadanía.
[192] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
el accionante el 06 de septiembre de 2016, como consecuencia de la
desvinculación.
[193] Equivalentes al pago
de servicios públicos, telefonía celular, medicina prepagada, créditos con los
bancos BBVA, Davivienda y Occidente, pagos a Juriscoop y a la Cooperativa de
Profesionales, así como la universidad de su hijo menor
[194] La hija mayor tiene
24 años, es profesional pero se encuentra desempleada y el hijo menor tiene 20
años y está cursando la carrera de derecho.
[195] En el folio 30 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del Decreto No. 2017 de 2009.
[196] En el folio 3 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Carlos Arturo Serpa Uribe, reposa comunicación de
desvinculación.
[197] En el folio 48 del
cuaderno de primera instancia reposa copia de la cédula de ciudadanía.
[198] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
la accionante el 01 de septiembre de 2016, como consecuencia de la
desvinculación.
[199] Equivalentes al pago
de servicios públicos, salud, mercados, deuda bancaria, gastos propios de la
vida cotidiana.
[200]
http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[201] Afirmación realizada
por la accionante en el escrito de tutela.
[202] En el folio 48 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5846142 accionante Carmen Remedios Frías Arismendy, reposa comunicación de
desvinculación.
[203] En el escrito de
tutela la accionante afirma haber nacido el 27 de enero de 1962, folio 2 del
cuaderno de primera instancia.
[204] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
la accionante el 09 de septiembre de 2016, como consecuencia de la
desvinculación.
[205] Ibídem.
[206]
http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[207] Número de radicado: 05001233300020170185600. Acorde con la información que reposa en la base de datos del
sistema Siglo XXI, la demanda fue instaurada en marzo de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, (25000234200020170148200) el que por falta de competencia lo
remitió al Tribunal Administrativo de Antioquia.
El proceso fue radicado en el despacho el 11 de julio de 2017
y la demanda fue admitida el 11 de septiembre de 2017.
[208] En el folio 22 del
cuaderno de primera instancia reposa certificado laboral expedido por la
Procuraduría.
[209] En el folio 267 del
cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al expediente
T-5858331 accionante Claudia Ledesma Ibarra, reposa comunicación de
desvinculación.
[210] En el folio 24 del
cuaderno de primera instancia reposa copia del reporte de semanas cotizadas en
el cual se señala la fecha de nacimiento del accionante.
[211] Declaración Juramenta
de Bienes y Rentas y Actividades Económica Privada Persona Natural firmada por
la accionante el 30 de agosto de 2016 como consecuencia de la desvinculación.
[212] Equivalentes al pago
de arriendo, manutención de su sobrina, manutención propia, servicios públicos
y deudas bancarias.
[213]
http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[214] Número de radicado:
18001333300320170016100. El tribunal informó a la Corte Constitucional que,
para el 10 de julio de 2017, el proceso se encontraba con auto de inadmisión de
demanda, corriendo término de 10 días para su subsanación. Además, manifestó
que el promedio estimado para proferir sentencia es de 18 meses, siempre y
cuando la demanda fuera subsanada. La última actuación se registró el 15 de
septiembre de 2017 con la admisión de la demanda.
[215] Casos: Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte
Torres, Martha Isabel Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo
Serpa Uribe y Carmen Remedios Frías Arismendy.
[216] Casos: Luis Hernando Ortiz Valero y Claudia Ledesma Ibarra
[217] Gloria Inés Gómez Ramírez, Carmen Remedios Frías Arismendy y
Claudia Ledesma Ibarra.
[218] Gloria Inés Gómez Ramírez, Luis Hernando Ortiz Valero, Martha
Isabel Lozano Urbina, Carlos Arturo Serpa Uribe, Carmen Remedios Frías
Arismendy.
[219] Excepto en el caso de la señora Lida Janeth Pinto Barón quien
declaró no tener bienes inmuebles.
[220] Excepto Rodrigo Rodríguez Barragán.
[221] Como es el caso de la señora Lida Janeth Pinto Barón.
[222] Lida Janeth Pinto Barón, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel
Lozano Urbina, Carlos Arturo Serpa Uribe e Irma Susana Rueda Suarez.
[223] Martha Isabel Lozano Urbina.
[224] El señor Luis Hernando Ortiz Valero pensión de vejez por valor de
$7.195.354. El señor Carlos Arturo Serpa Uribe pensión de invalidez por valor
de $11.885.784 con el pago de un retroactivo de $316.988.467.
[225] Esta consideración exceptúa al señor Carlos Arturo Serpa Uribe
quien, como ya se mencionó, obtuvo una pensión de invalidez por valor de
$11.885.784.
[226] La accionante adjuntó un certificado de información laboral
expedido por el jefe de división de gestión humana de la Procuraduría General
de la Nación, en el cual certifica que la accionante se vinculó con la
Procuraduría desde el 08 de marzo de 1991 cotizando ininterrumpidamente al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones hasta el mes de septiembre de 2016.
Ver folio 30 del cuaderno de primera instancia.
[227] Ocupó el cargo de Procurador Judicial II desde el año 2009, cargo
para el cual se requiere un mínimo de 8 años de experiencia Adicionalmente
tiene reconocida pensión de vejez hecho que certifica su experiencia laboral.(http://www.concursoprocuradoresjudiciales.org.co/procuraduria/portalIG/home_1/recursos/general/15012015/convocatorias.jsp).
[228] Ocupó el cargo de Procuradora Judicial II desde el año 2002, cargo
para el cual se requiere un mínimo de 8 años de experiencia. Adicionalmente,
(i) como inspectora visitador fiscal, grado 5, categoría C, de la Contraloría
Municipal de Bucaramanga del 27 de enero de 1986 hasta el 30 de julio de 1986;
(ii) como comisaria primera departamental de policía, nivel 3, código 51,
perteneciente a la Secretaría de Gobierno Departamental de Santander desde
agosto de 1986 hasta el 17 de mayo de 1990; (iii) como asistente clase I, nivel
2, grado 45 código 0100, en la Dirección de Justicia dependiente de la
Secretaría de Gobierno de Santander desde el 18 de mayo de 1990 hasta el 28 de
enero de 1992; (iv) como asesor general, grado 22 de la Contraloría Municipal
de Bucaramanga del 29 de julio de 1992 hasta el 31 de agosto de 1994; (v) como
profesional universitario I de la Dirección Seccional Administrativa y
Financiera de Bucaramanga de la Fiscalía General del 02 de septiembre de 1994
hasta el 30 de septiembre de 1996; (vi) como fiscal delega ante los jueces
penales municipales de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá del 01 de
octubre de 1996 hasta el 30 de septiembre de 1999; y (vii) como gerente
seccional, grado 01, de la planta global de personal de la Auditoría General de
la República, en la gerencia seccional IV con sede en la ciudad de Bucaramanga
del 01 de octubre de 1999 hasta el 29 de enero de 2002.
[229] Ocupó el cargo de Procuradora Judicial II desde el año 2011, cargo
para el cual se requiere un mínimo de 8 años de experiencia. Adicionalmente,
acorde con lo manifestado por Colpensiones, la accionante cuenta con
aproximadamente 1522 semanas cotizadas en dicho fondo como consecuencia de sus
vinculaciones laborales
[230] Ocupó el cargo de Procuradora Judicial II
desde el año 2012, cargo para el cual se requiere un mínimo de 8 años de
experiencia.  Además, la accionante adjuntó certificaciones para demostrar sus
vínculos laborales: (i) como jefe de oficina de control interno en la
Corporación Autónoma Regional de Chivor del 06 de septiembre de 2006 hasta el
18 de octubre de 2006; (ii) como asesor 105-02 ante el despacho del contralor
de Bogotá D.C. del 28 de junio de 2011 hasta el 13 de febrero de 2012; y (iii)
como abogado asesor, grado 18, en la Dirección Nacional de Recursos y Acciones
Judiciales de la Defensoría del Pueblo del 01 de diciembre de 2009 hasta el 23
de junio de 2011. Adicionalmente adjunta dos formatos de información laboral en
los cuales consta los siguientes periodos de vinculación: (iv) como enfermera
rural de la ESE Hospital San Rafael de Tunja desde el 25 de noviembre de 1983
hasta el 30 de septiembre de 1984; (v) como enfermera de la ESE Hospital San
Rafael de Tunja desde el 09 de mayo de 1986 hasta el 15 de febrero de 2009, con
interrupciones; (vi) como juez promiscuo municipal de Monguí del 11 de enero de
2006 hasta el 30 de junio de 2006; y (vii) como juez primero promiscuo
municipal de Paz de Ariporo del 18 de diciembre de 2006 hasta el 22 de
noviembre de 2009.
[231] Ocupó el cargo de Procurador Judicial II desde el año 2012, cargo
para el cual se requiere un mínimo de 8 años de experiencia. Adicionalmente,
según la información suministrada por Porvenir S.A. a la Corte Constitucional,
el accionante cuenta con 1.557 semanas cotizadas en Colpensiones.
[232] Ocupó el cargo de Procurador Judicial I desde el año 2009, cargo
para el cual se requiere un mínimo de 4 años de experiencia. Adicionalmente,
según la información suministrada por Porvenir S.A. a la Corte Constitucional,
el accionante cuenta con 1.577  semanas cotizadas en Colpensiones. (http://www.concursoprocuradoresjudiciales.org.co/procuraduria/portalIG/home_1/recursos/general/15012015/convocatorias.jsp).
[233] Ocupó el cargo de Procurador Judicial II desde el año 2011, cargo
para el cual se requiere un mínimo de 8 años de experiencia. Adicionalmente,
según la información suministrada por Porvenir S.A. a la Corte Constitucional,
el accionante cuenta con 1.040 semanas cotizadas en Colpensiones.
[234] Ocupó el cargo de Procurador Judicial I desde el año 2009, cargo para
el cual se requiere un mínimo de 4 años de experiencia. La accionante adjuntó
una certificación laboral expedida por la Procuraduría General de la Nación, en
la cual consta que la señora Claudia Ledesma Ibarra laboró para la entidad
aproximadamente 29 años, desde el 09 de marzo de 1987. http://www.concursoprocuradoresjudiciales.org.co/procuraduria/portalIG/home_1/recursos/general/15012015/convocatorias.jsp).
[235] Ver folios 253 al 255 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina.
[236] Ver folios del 88 al 97 del cuaderno de primera instancia.
[237] Ver folios 72 al 84 del cuaderno de primera instancia.
[238] Es un cáncer que se origina en los
glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema
inmunitario del cuerpo.
[239] http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[240] “También tendrá carácter provisional la vinculación del servidor
que ejerza un empleo de libre nombramiento y remoción que, en virtud de la ley
o de decisión judicial, se convierta en cargo de carrera. En este caso, el
concurso para proveer definitivamente la vacante respectiva será abierto”.
[241] (i) Gloria Inés Gómez Ramírez
devengó por más de 6 años un salario de una cuantía considerablemente alta
(recibió $274.323.000 en el último año por concepto de salarios y gastos de
representación); (ii) Luis Hernando Ortiz Valero devengó por más de 7
años un salario de una cuantía considerablemente
alta (recibió $273.337.000 en el último
año por concepto de salarios y gastos de representación); (iii) María Marcela
Duarte Torres devengó por más de 12 años un salario de una cuantía
considerablemente alta (recibió $196.195.757 en el último año por concepto de
salarios y gastos de representación); (iv) Martha Isabel Lozano Urbina devengó
por más de 5 años un salario de una cuantía considerablemente alta (recibió
$229.011.000 en el último año por concepto de salarios y gastos de
representación); (v) Lida Janeth Pinto Barón devengó por más de 5 años un
salario de una cuantía considerablemente alta (recibió $186.690.253 en el último año por concepto de salarios y gastos de
representación); (vi) Carlos Arturo Serpa Uribe devengó por más de 15 años un
salario de una cuantía considerablemente alta (recibió $274.636.000 en el último año por concepto de salarios y gastos de
representación); (vii) Rodrigo Rodríguez Barragán devengó por más de 4 años un
salario de una cuantía considerablemente alta (recibió $189.807.140 en el
último año por concepto de salarios y gastos de representación); (viii) Irma
Susana Rueda Suarez devengó por más de 7 años un salario de una cuantía
considerablemente alta (recibió $125.134.765 en el último año por concepto de
salarios, gastos de representación y honorarios); (ix) Carmen Remedios Frías
Arismendy devengó por más de 6 años un salario de una cuantía considerablemente
alta (recibió $284.697.791 en el último año por concepto de salarios, gastos de
representación y honorarios); (x) Claudia Ledesma Ibarra devengó por más de 4
años un salario de una cuantía considerablemente alta (recibió $122.411.000 en
el último año por concepto de salarios y gastos de representación).
[242] Excepto en el caso del señor Carlos Arturo Serpa Uribe.
[243] Ver folios 98 y 99 del cuaderno de primera instancia.
[244] Ver folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5.959.475.
[245] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no hizo
alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante auto
de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017, la
Corte le solicitó al accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 6 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5.858.331.
[246] Registro civil de nacimiento reposa en el folio 16 del cuaderno de
primera instancia.
[247] Registro civil de nacimiento reposa en el folio 17 del cuaderno de
primera instancia.
[248] Reiterada en las sentencia T-688/08, T-188/09 y T-352/11, entre
otras.
[249] Sentencia
T-803/13.
[250] Es importante aclarar que la protección otorgada a las madres
cabeza de familia es extensible a los padres cabeza de familia, en virtud del
derecho a la igualdad. Sin embargo, por metodología y teniendo en cuenta que el
caso que nos ocupa versa sobre una madre cabeza de familia, la providencia
solamente hará referencia a las madres cabeza de familia.
[251] En la sentencia C-184/03 la Corte Constitucional declaró EXEQUIBLES
los apartes acusados del artículo 1° de la Ley 750 de 2002, en el entendido de
que, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, el derecho podrá
ser concedido por el juez a los hombres que, de hecho, se encuentren en la
misma situación que una mujer cabeza de familia, para proteger, en las
circunstancias específicas del caso, el interés superior del hijo menor o del
hijo impedido.
[252] Ver sentencia C-795/09, la cual reiteró lo
dispuesto en la sentencia T-768/05.
[253] Sentencias  C-184/03, C-964/03, C-044/04, T-768/05 y T-587/08.
[254] “ARTÍCULO 2o. JEFATURA
FEMENINA DE HOGAR. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. El nuevo texto es
el siguiente:> Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de
Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios
sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se
han producido en la estructura familiar, en las subjetividades,
representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y
condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de
políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y
sectores de la sociedad civil. En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza
de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar
y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente,
hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar,
ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral
del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los
demás miembros del núcleo familiar”.
[255] Sentencia SU-388/05.
[256] Ver sentencia T-1211/08, “El desempleo y la vacancia temporal de
la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que esta
pueda resultar, no significa per se que una madre adquiera la condición de
cabeza de familia, toda vez que para ello es indispensable el total abandono
del hogar por parte de su pareja y de las responsabilidades que le corresponden
como padre; es decir, debe existir un incumplimiento absoluto y permanente de
las obligaciones inherentes a esta condición . Todo ello sin olvidar que el
trabajo doméstico, con independencia de quién lo realiza, constituye un valioso
apoyo para la familia, a tal punto que debe ser tenido en cuenta como aporte
social. En ese orden de ideas, debido a la existencia de otras formas de
colaboración en el hogar, la carencia de un ingreso económico fijo de una
persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de
cabeza de familia”.
[257] “Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, la familia puede
constituirse o en virtud del matrimonio ‘o por la voluntad responsable de
conformarla’ por la decisión libre de un hombre y una mujer, es decir ‘por
vínculos naturales o jurídicos’, razón ésta por la cual resulta por completo
indiferente para que se considere a una mujer como ‘cabeza de familia’ su
estado civil, pues, lo esencial, de acuerdo con la definición que sobre el
particular adoptó el legislador en la norma acusada, es que ella ‘tenga bajo su
cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores  propios o
de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o
compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros
del núcleo familiar’, lo que significa que será tal, no sólo la mujer soltera o
casada, sino también aquella ligada en unión libre con un compañero permanente”.
Ver sentencia C-034/99.
[258] Ver sentencia T-1211/08.
[259] Ver sentencias T-926/10, T-316/13, T-400/14, T-345/15, T-540/15 y
T-373/17, entre otras.
[260] Ver sentencias T-926/09 y SU-388/05 de las
cuales, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la especial
situación en la que se encuentran las mujeres cuando ejercer el rol de mujeres
cabeza de familia y la necesidad de existencia de una protección que les
ofrezca una forma de hacer más llevadera la difícil tarea de asumir en forma
solitaria las riendas del hogar.
[261] Sentencia SU-086/99.
[262] Son innumerables las decisiones de la Corte Constitucional, desde
sus inicios, que han defendido el sistema de concurso público como el que debe
imperar para la provisión de cargos de carrera en la administración.  Entre
otras, en las sentencias T-410/92, C-479/92, T-515/93, T-181/96, C-126/96,
C-063/97, C-522/95, C-753/08 y C-588/09, entre otras.
[263] Ver sentencia SU-446/11.
[264] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-588 de 2009, considerando
6.1.1.3, página 73.
[265] En la sentencia T-317/17, la Corte reiteró el tema
sobre la provisión de
cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y la protección
especial de las mujeres cabeza de familia. En este sentido, aclaró que “la situación de
quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa, encuentra
protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de condiciones
pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada
al lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados
por quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos
evaluados previamente”.  Así las cosas, cuando los cargos en
provisionalidad son ocupados por sujetos de especial protección constitucional,
como las mujeres cabeza de familia[265], “surge
una obligación jurídico constitucional (art. 13) de propiciarles un trato
preferencial como medida de acción afirmativa”.
[266] La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en
la sentencia SU-917/10.
[267] Corte Constitucional sentencias T-1011/03; T-951/04; T-031/05;
T-267/05; T-1059/05; T-1117/05; T-245/07; T-887/07; T-010 /08; T-437/08; T-087/09
y T-269/09. Así mismo, la sentencia SU-917/10, que
recoge toda la jurisprudencia sobre este particular  y fija las órdenes que
debe dar el juez de tutela en estos casos.
[268] Ver sentencias C-174/04, T-081/05, T-162/10 y T-803/13, entre otras.
[269] “Efectuados los respectivos nombramientos para proveer los
empleos objeto de la convocatoria u otros iguales a éstos, se retirarán de la
lista de elegibles los servidores en los que hayan recaído dichos
nombramientos, salvo que no hayan aceptado o no se hayan posesionado por
razones ajenas a su voluntad. El nominador deberá utilizar las listas en
estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se presenten en el
mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos
requisitos, o en empleos de inferior jerarquía. En este último caso, la no
aceptación del nombramiento no constituye causal para la exclusión de la lista
de elegibles”.
[270] Este argumento fue expuesto específicamente en la respuesta emitida
por la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente T-5.959.475, ver
folios 88 al 93 del cuaderno de primera instancia.
[271] En el folio 17 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
registro civil de Daniela Durán Ortegón.
[272] En el folio 19 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
certificado de estudio de Daniela Durán Ortegón.
[273] En el folio 16 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
registro civil de Nicolás Durán Ortegón.
[274] En el folio 18 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
certificado de estudio de Nicolás Durán Ortegón.
[275] Ver folios 25 al 33 del cuaderno de primera instancia.
[276] Ver folios del 13 al 15 del cuaderno de primera instancia.
[277] Ver folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5959475.
[278] “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la
Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio
Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se
dictan normas Para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la
Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de
sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que
se encuentren sujetos”.
[279] Ver sentencias C-281/07, C-1148/03, C-942/03 y C-319/10
[280] Al relatar los hechos relevantes, la sentencia tendrá en cuenta
tanto las pruebas aportadas por los accionantes al presentar la acción de
tutela como las allegadas a la Corte Constitucional en Sede de Revisión.
[281] En el folio 30 del cuaderno de primera instancia reposa un
certificado de información laboral.
[282] En el folio 18 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
Decreto No. 299 de 2010.
[283] En el folio 4 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5761808, reposa comunicación de desvinculación.
[284] Según lo manifestado por la señora Gloria Inés Gómez Ramírez en
folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al
expediente T-5761808.
[285] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[286] Copia de la cédula de ciudadanía reposa en el folio 15 del
cuaderno de primera instancia.
[287] La afirmación se encuentra en el folio 2 del cuaderno de primera
instancia.
[288] En el folio 78 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[289] Ver folios 21 y 22 del cuaderno de primera instancia.
[290] Ver folio 30 del cuaderno de primera instancia.
[291] Ver folio 79 del cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[292] Ver folios del 34 al 39 del cuaderno de primera instancia.
[293] Ver folios del 40 al 41 del cuaderno de primera instancia.
[294] Ver folios del 42 al 56 del cuaderno de primera instancia.
[295] Ver folios del 57 al 63 del cuaderno de primera instancia.
[296] Ver folios del 65 al 70 del cuaderno de primera instancia.
[297] Ver folios del 72 al 76 del cuaderno de primera instancia.
[298] Ver folios del 77 al 78 del cuaderno de primera instancia.
[299] Ver folios del 79 al 80 del cuaderno de primera instancia.
[300] Ver folio 81 del cuaderno de primera instancia.
[301] Radicado con el número: 25000234200020170055900. El tribunal informó que la demanda ingresó al despacho el 03 de marzo
de 2017 y que al 11 de julio de 2017 se encontraba en proceso de admisión.
Acorde con la información que reposa en la base de datos del sistema Siglo XXI,
el 27 de julio de 2017 el proceso fue admitido y se encuentra en trámite de
notificación personal.
[302] Según lo manifestado por la señora Gloria Inés Gómez Ramírez en
folio 3 del cuaderno de pruebas en sede de revisión, correspondiente al
expediente T-5761808.
[303] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no
hizo alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante
auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017,
la Corte le solicitó a la accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 9 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5761808.
[304] Ver folios del 88 al 97 del cuaderno de primera instancia.
[305] Información que reposa en la página web del Sistema Integrado de
Información de la Protección Social – registro Único de Afiliados.
[306] Teniendo en cuenta que las respuestas ofrecidas por la
Procuraduría General de la Nación en cada uno de los expedientes acumulados en
esta sentencia contienen argumentos similares, en adelante, en el literal
correspondiente a la entidad accionada, sólo se mencionarán los aspectos que
atañen a cada caso concreto.
[307] Ver folios 1 al 13 del cuaderno de “Respuestas de otras
entidades”.
[308] “Efectuados los respectivos nombramientos para proveer los
empleos objeto de la convocatoria u otros iguales a éstos, se retirarán de la
lista de elegibles los servidores en los que hayan recaído dichos
nombramientos, salvo que no hayan aceptado o no se hayan posesionado por
razones ajenas a su voluntad. El nominador deberá utilizar las listas en
estricto orden descendente, para proveer las vacantes que se presenten en el
mismo empleo o en otros iguales, para los cuales se exijan los mismos
requisitos, o en empleos de inferior jerarquía. En este último caso, la no
aceptación del nombramiento no constituye causal para la exclusión de la lista
de elegibles”.
[309] Este argumento fue expuesto específicamente en la respuesta
emitida por la Procuraduría General de la Nación dentro del expediente
T-5.959.475, ver folios 88 al 93 del cuaderno de primera instancia.
[310] Ver folios 177 al 197.
[311] Ver folios del 55 al 67 del cuaderno de segunda instancia.
[312] En el folio 31 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
Decreto No. 2122 de 2009.
[313] Ver folio 100 del cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[314] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[315] Copia de la cédula de ciudadanía reposa en el folio 56 del
cuaderno de primera instancia.
[316] La afirmación se encuentra en el folio 1 del cuaderno de primera
instancia.
[317] En el folio 94 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa Resolución GNR 271719 del 14 de septiembre de 2016, a través de la cual
le reconocen una pensión de vejez al accionante. En ésta Colpensiones reconoce
1390 semanas cotizadas al SSSP.
[318] En los folios 93 al 97 del cuaderno de “Respuestas de
entidades” reposa Resolución GNR 271719 del 14 de septiembre de 2016
[319] En los folios 98 al 102 del cuaderno de “Respuestas de
entidades” reposa Resolución GNR 296023 del 06 de octubre de 2016.
[320] En los folios 103 al 108 del cuaderno de “Respuestas de
entidades” reposa Resolución GNR 338374 del 16 de noviembre de 2016.
[321] Ver folios del 34 al 36 del cuaderno de primera instancia.
[322] Ver folios 37 al 38 del cuaderno de primera instancia.
[323] Ver folios del 50 al 53 del cuaderno de primera instancia.
[324] Ver folios del 54 al 55 del cuaderno de primera instancia.
[325] Radicado con el número: 68001233300020170094600. Acorde con la información que reposa en la base de datos del
sistema Siglo XXI, el proceso fue instaurado en marzo de 2017 ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (25000234200020170118400) el que por falta de competencia
lo remitió al Tribunal Administrativo de Santander. El 17 de agosto de 2017 la
demanda fue inadmitida por este tribunal y actualmente el expediente se
encuentra al despacho.
[326] Ver folios del 115 al 168 del cuaderno de primera instancia.
[327] Información que reposa en la página web del Sistema Integrado de
Información de la Protección Social – registro Único de Afiliados.
[328] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal C. del expediente T-5.761.808, en este capítulo
sólo se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto del señor Luis
Hernando Ortiz Valero.
[329] Ver folios 142 al 168 del cuaderno de primera instancia.
[330] Ver folio 163 del cuaderno de primera instancia.
[331] En el folio 30 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
Decreto No. 1243 de 2002.
[332] En el folio 13 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres,
reposa comunicación de desvinculación.
[333] En el folio 15 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres,
reposa acta de posesión del señor Miguel Antonio Carvajal Pinilla.
[334] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[335] En el folio 17 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Porvenir S.A. al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[336] Copia de la cédula de ciudadanía reposa en el folio 73 del
cuaderno de primera instancia.
[337] La afirmación se encuentra en el folio 1 del cuaderno de primera
instancia.
[338] En el folio 166 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[339] En el folio 17 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Porvenir S.A. al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[340] Ver folio 57 del cuaderno de primera instancia.
[341] Ver folio 54 del cuaderno de primera instancia.
[342] Ver folio 54 del cuaderno de primera instancia.
[343] Ver folio 58 del cuaderno de primera instancia.
[344] Ver folio 60 del cuaderno de primera instancia.
[345] Ver folio 60 del cuaderno de primera instancia.
[346] Ver folio 59 del cuaderno de primera instancia.
[347] Ver folio 79 del cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[348] Ver folios del 42 al 47 del cuaderno de primera instancia.
[349] Ver folios del 48 al 51 del cuaderno de primera instancia.
[350] Número de radicado:
68001233300020170077900. Acorde
con la información que reposa en la base de datos del sistema Siglo XXI, el
proceso fue instaurado en enero de 2017 ante el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga (68001333300820170003100) el que por falta de competencia lo remitió al Tribunal
Administrativo de Santander. El tribunal informó que el proceso fue radicado en
el despacho el 22 de junio de 2017, la demanda fue admitida el 10 de julio de
2017 y actualmente se encuentra en traslado de la solicitud de medidas
cautelares.
[351] En el folio 5 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres,
se encuentra la manifestación de la accionante en tal sentido.
[352] En el folio 7 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres,
se encuentra certificado de la Universidad Pontificia Bolivariana.
[353] Ver folio 1 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres.
[354] Ver folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres.
[355] Ver folio 10 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres.
[356] Ver folio 9 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante María Marcela Duarte Torres.
[357] Información que reposa en la página web del Sistema Integrado de
Información de la Protección Social – registro Único de Afiliados.
[358] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal C. del expediente T-5.761.808, en este capítulo
sólo se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto de la señora María
Marcela Duarte Torres.
[359] Ver folios 81 al 88 del cuaderno de primera instancia.
[360] Ver folio 54 del cuaderno de primera instancia.
[361] En el folio 258 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina,
reposa comunicación de desvinculación.
[362] En el folio 259 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina,
reposa acta de posesión de la señora Amparo Jaimes Suarez.
[363] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[364] Según la información suministrada por la accionante en el escrito
de tutela y por Colpensiones en la contestación al auto de pruebas proferido
por la Corte Constitucional.
[365] Ver folio 119 del cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[366] En los folios 118 al 120 del cuaderno de “Respuestas de
entidades” reposa Resolución GNR 281252 del 22 de septiembre de 2016.
[367] Ver folios del 57 al 58 del cuaderno de primera instancia.
[368] Ver folios 3 del cuaderno de primera instancia.
[369] Ver folios 55 del cuaderno de primera instancia.
[370] Número de radicado:
68001233300020170054800. Acorde
con la información que reposa en la base de datos del sistema Siglo XXI, la
demanda fue instaurada en febrero de 2017 ante el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga (68001333301220170005200)
el que por falta de
competencia lo remitió al Tribunal Administrativo de Santander. El tribunal
informó que el proceso fue radicado en el despacho el 27 de abril de 2017, la
demanda fue admitida el 11 de agosto de 2017 y actualmente se encuentra en
traslado de la solicitud de medidas cautelares.
[371] Ver folio 188 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina.
[372] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no
hizo alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante
auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017,
la Corte le solicitó a la accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 183 al 190 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Martha Isabel Lozano Urbina.
[373] Ver folios 253 al 255 del cuaderno de pruebas en sede de
revisión, correspondiente al expediente T-5846142 accionante Martha Isabel
Lozano Urbina.
[374] Ver folios 114 al 118 del cuaderno de pruebas en sede de
revisión, correspondiente al expediente T-5846142 accionante Martha Isabel
Lozano Urbina.
[375] Ver folio 158 del cuaderno de primera instancia.
[376] Ver folios 72 al 84 del cuaderno de primera instancia.
[377] Información que reposa en la página web del Sistema Integrado de
Información de la Protección Social – registro Único de Afiliados.
[378] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal C. del expediente T-5.761.808, en este capítulo
sólo se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto de la señora
Martha Isabel Lozano Urbina.
[379] Ver folios 142 al 161 del cuaderno de primera instancia.
[380] En el folio 57 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
Decreto No. 2120 de 2012.
[381] En el folio 3 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Lida Janeth Pinto Barón,
reposa comunicación de desvinculación.
[382] En el folio 7 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Lida Janeth Pinto Barón,
reposa acta de posesión de la señora Nidian de la Merced Guevara Echavez.
[383] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[384] Copia de la cédula de ciudadanía reposa en el folio 56 del
cuaderno de primera instancia.
[385] La afirmación se encuentra en el folio 3 del cuaderno de primera
instancia.
[386] En el folio 78 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[387] Ver folios 52 y 53 del cuaderno de primera instancia.
[388] Ver folio 54 del cuaderno de primera instancia.
[389] Ver folio 55 del cuaderno de primera instancia.
[390] Ver folio 50 del cuaderno de primera instancia.
[391] Ver folio 50 del cuaderno de primera instancia.
[392] Ver folio 51 del cuaderno de primera instancia.
[393] Ver folio 51 del cuaderno de primera instancia.
[394] Ver folio 79 del cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[395] Ver folios del 43 al 48 del cuaderno de primera instancia.
[396] Ver folio 49 del cuaderno de primera instancia.
[397] Número de radicado:
68001233300020170096800. Acorde
con la información que reposa en la base de datos del sistema Siglo XXI, la
demanda fue instaurada en febrero de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, (25000234200020170071200) el que por falta de competencia lo remitió al Tribunal Administrativo
de Santander. El proceso fue radicado en el despacho el
03 de agosto de 2017 y el 05 de octubre se profirió auto admisorio de la
demanda.
[398] Ver folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Lida Janeth Pinto Barón.
[399] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no
hizo alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante
auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017,
la Corte le solicitó a la accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Lida Janeth Pinto Barón.
[400] Antes de contar con la información
referida, la Procuraduría General de la Nación adjuntó el formulario de
declaración juramentada de bienes y rentas del año 2016 de la señora Martha
Isabel Lozano Urbina. En dicha declaración la señora Lozano Urbina afirmó
contar con una casa ($1.200.000.000), una oficina ($280.000.000), un
apartamento ($600.000.000), un automóvil ($38.000.000), dos camionetas (de
$120.000.000 y $80.000.000). Adicionalmente, no registra acreencias u
obligaciones. Ver folio 158 del cuaderno de primera instancia.
[401] Ver folios 72 al 84 del cuaderno de primera instancia.
[402] http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[403] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal b. del expediente T-5.761.808, en este capítulo
sólo se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto de la señora Lida
Janeth Pinto Barón.
[404] Ver folios 85 al 103 del cuaderno de primera instancia.
[405] En el folio 64 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
Decreto No. 923 de 2001.
[406] En el folio 3 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Carlos Arturo Serpa Uribe,
reposa comunicación de desvinculación.
[407] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[408] Según la información que reposa en el reporte de semanas
cotizadas en pensiones. Ver folio 67 del cuaderno de primera instancia.
[409] En el folio 134 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta Resolución SUB 35675 del 20 de abril de 2017, relacionando las
semanas cotizadas por el accionante.
[410] En los folios 133 al 136 del cuaderno de “Respuestas de
entidades” reposa respuesta Resolución SUB 35675 del 20 de abril de 2017,
en virtud de la cual le reconocieron pensión de invalidez al accionante.
[411] Ver folios del 46 al 48 del cuaderno de primera instancia.
[412] Ver folios 49 al 54 del cuaderno de primera instancia.
[413] Número de radicado: 68001233300020170035800. Acorde con la información que reposa en la base de datos del
sistema Siglo XXI, la demanda fue instaurada en febrero de 2017 ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga (68001333300920170004100) el que por falta de competencia lo
remitió al Tribunal Administrativo de Santander.
El proceso fue radicado en el despacho el 23 de marzo de 2017
y actualmente se encuentra de asignación de conjueces por impedimentos.
[414] Ver folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Carlos Arturo Serpa Uribe,
[415] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no
hizo alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante
auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017,
la Corte le solicitó al accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Carlos Arturo Serpa Uribe.
[416] Ver folios 72 al 84 del cuaderno de primera instancia.
[417] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal C. del expediente T-5.761.808, en este capítulo sólo
se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto del señor Carlos Arturo
Serpa Uribe.
[418] Ver folios 90 al 102 del cuaderno de primera instancia.
[419] En el folio 30 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
acta de posesión del señor Rodrigo Rodríguez Barragán.
[420] En el folio 6 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Rodrigo Rodríguez Barragán,
reposa comunicación de desvinculación.
[421] En el folio 17 del cuaderno de “Respuesta de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones y de Porvenir S.A. al auto de pruebas.
Información ratificada en el folio 69 del cuaderno de primera instancia.
[422] En el folio 70 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
registro civil de nacimiento del accionante. En el folio 66 del cuaderno de
primera instancia reposa copia de la cédula de ciudadanía del accionante.
[423] En el folio 78 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[424] Ver folios 77 al 78 del cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[425] Ver folios del 43 al 47 del cuaderno de primera instancia.
[426] Ver folio 48 del cuaderno de primera instancia.
[427] En el folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Rodrigo Rodríguez Barragán,
[428] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no
hizo alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante
auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017,
la Corte le solicitó al accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Rodrigo Rodríguez Barragán.
[429] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal b. del expediente T-5.761.808, en este capítulo
sólo se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto del señor Rodrigo
Rodríguez Barragán.
[430] Ver folios 150 al 155 del cuaderno de primera instancia.
[431] En el folio 30 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
acta de nombramiento de la señora Irma Susana Rueda Suarez.
[432] En el folio 3 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Irma Susana Rueda Suarez,
reposa comunicación de desvinculación.
[433] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[434] Copia de la cédula de ciudadanía reposa en el folio 48 del
cuaderno de primera instancia.
[435] Ver folio 66 del cuaderno de primera instancia.
[436] En el folio 78 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[437] Ver folio 79 del cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[438] Ver folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Irma Susana Rueda Suarez,
[439] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no
hizo alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante
auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017,
la Corte le solicitó al accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Irma Susana Rueda Suarez.
[440] http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[441] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal C. del expediente T-5.761.808, en este capítulo
sólo se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto de la señora Irma
Susana Rueda Suarez.
[442] En el folio 48 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Carmen Remedios Frías
Arismendy, reposa comunicación de desvinculación.
[443] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[444] En el folio 78 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional.
[445] Ver folios 154 al 157 del cuaderno de “Respuestas de entidades”.
[446] Ver folios 44 al 48 del cuaderno de primera instancia.
[447] Ver folio 48 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Carmen Remedios Frías
Arismendy,
[448] Número de radicado: 05001233300020170185600. Acorde con la información que reposa en la base de datos del
sistema Siglo XXI, la demanda fue instaurada en marzo de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, (25000234200020170148200) el que por falta de competencia lo
remitió al Tribunal Administrativo de Antioquia.
El proceso fue radicado en el despacho el 11 de julio de 2017
y la demanda fue admitida el 11 de septiembre de 2017.
[449] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no
hizo alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante
auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017,
la Corte le solicitó al accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 4 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5846142 accionante Carmen Remedio Frías
Arismendy.
[450] http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[451] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal b. del expediente T-5.761.808, en este capítulo
sólo se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto de la señora
Carmen Remedios Frías Arismendy.
[452] Ver folios 112 al 117 del cuaderno de primera instancia.
[453] Esta providencia resolvió las situaciones expuestas por los
accionantes: Luis Hernando Ortiz Valero, María Marcela Duarte Torres, Martha Isabel
Lozano Urbina, Lida Janeth Pinto Barón, Carlos Arturo Serpa Uribe, Rodrigo
Rodríguez Barragán, Irma Susana Rueda Suarez y Carmen Remedios Frías Arismendy.
Ver folios 45 al 82 del cuaderno de primera instancia.
[454] Ver folios 119 al 156 del cuaderno de segunda instancia.
[455] En el folio 22 del cuaderno de primera instancia reposa
certificado laboral expedido por la Procuraduría.
[456] En los folios 84 y 85 del cuaderno de pruebas en sede de
revisión, correspondiente al expediente T-5858331 reposa decreto de vinculación
del señor Jesús David Salazar Losada.
[457] En el folio 75 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[458] En folio 3 del cuaderno de primera instancia reposa certificado
de nacimiento de la accionante.
[459] Ver folio 3 del cuaderno de primera instancia.
[460] En el folio 78 del cuaderno de “Respuestas de entidades”
reposa respuesta de Colpensiones al auto de pruebas proferido por la Corte
Constitucional.
[461] Ver folios 22 del cuaderno de primera instancia.
[462] Ver folios del 36 al 37 del cuaderno de primera instancia.
[463] Ver folios del 55 al 56 del cuaderno de primera instancia.
[464] Ver folios del 46 al 50 del cuaderno de primera instancia.
[465] Ver folios del 57 al 63 del cuaderno de primera instancia.
[466] Ver folios del 82 al 85 del cuaderno de primera instancia.
[467] Ver folios del 86 al 98 del cuaderno de primera instancia.
[468] Número de radicado: 18001333300320170016100. El tribunal informó a
la Corte Constitucional que, para el 10 de julio de 2017, el proceso se
encontraba con auto de inadmisión de demanda, corriendo término de 10 días para
su subsanación. Además, manifestó que el promedio estimado para proferir
sentencia es de 18 meses, siempre y cuando la demanda fuera subsanada. La
última actuación se registró el 15 de septiembre de 2017 con la admisión de la
demanda.
[469] Ver folio 4 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5858331.
[470] Teniendo en cuenta que en la acción de tutela la accionante no
hizo alusión a la posible configuración de un perjuicio irremediable, mediante
auto de pruebas proferido por la Corte Constitucional el 22 de marzo de 2017,
la Corte le solicitó al accionante información al respecto. Las respuestas se
encuentra en los folios 1 al 6 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5858331.
[471] Ver folio 197 del cuaderno de primera instancia, formulario de
declaración juramentada de bienes y rentas del año 2016 de la señora Claudia
Ledesma Ibarra. En dicha declaración la señora Ledesma Ibarra afirmó contar con
una casa ($100.000.000), un lote ($18.000.000), una finca ($120.000.000) y un
automóvil ($30.000.000). Adicionalmente, registra una deuda con el banco BBVA
por $135.000.000.
[472] http://appb.saludcapital.gov.co/Comprobadordederechos/Resultados
[473] Teniendo en cuenta que los argumentos generales planteados por la
Procuraduría General de la Nación en este asunto son similares a los expuestos
anteriormente en el literal b. del expediente T-5.761.808, en este capítulo
sólo se mencionarán los aspectos que atañen al caso concreto de la señora
Claudia Ledesma Ibarra.
[474] Ver folios 189 al 199 del cuaderno de primera instancia.
[475] Ver folios 211 al 219 del cuaderno de primera instancia.
[476] Ver folios 63 al 70 del cuaderno de segunda instancia.
[477] Ver folios 98 y 99 del cuaderno de primera instancia.
[478] Ver folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5959475.
[479] En el folio 17 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
registro civil de Daniela Durán Ortegón.
[480] En el folio 19 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
certificado de estudio de Daniela Durán Ortegón.
[481] En el folio 16 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
registro civil de Nicolás Durán Ortegón.
[482] En el folio 18 del cuaderno de primera instancia reposa copia del
certificado de estudio de Nicolás Durán Ortegón.
[483] Ver folios 25 al 33 del cuaderno de primera instancia.
[484] Ver folios del 13 al 15 del cuaderno de primera instancia.
[485] Ver folio 2 del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
correspondiente al expediente T-5959475.
[486] Ver folios 79 al 103 del cuaderno de primera instancia.
[487] Ver folios 104 al 116 del cuaderno de primera instancia.
[488] Ver folios 8 al 27 del cuaderno de segunda instancia.
[489] Folios 143 al 146.
[490] Folios 147 al 168.
[491] Folios 170 al 176.