T-316-18
Sentencia T-780/10
Sentencia
T-316/18
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD-Se debe garantizar en las
fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación
para todas las patologías
DERECHO A LA SALUD-Desarrollo normativo mediante
Ley Estatutaria 1751 de 2015
ACTUALIZACION PLAN DE
BENEFICIOS EN SALUD-Según resolución 5269/17
ACTUALIZACION PLAN DE
BENEFICIOS EN SALUD-Garantiza todos los servicios y tecnologías incluidas en la Resolución
5269/17, salvo aquellos que sean expresamente excluidos
ACCION DE TUTELA Y TRATAMIENTO
DE FERTILIDAD-Reiteración de jurisprudencia sobre su procedencia excepcional en los
casos establecidos por la Corte Constitucional
PARAMETROS JURISPRUDENCIALES ACERCA
DEL ACCESO A LA FERTILIZACION IN VITRO A TRAVES DEL SISTEMA DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia
ACCESO A SERVICIOS Y MEDICAMENTOS EXCLUIDOS
DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD-Creación de Plataforma tecnológica MIPRES y aprobación por Junta de Profesionales
de la Salud
ACCION DE TUTELA Y TRATAMIENTO
DE FERTILIDAD-Improcedencia para ordenar fecundación in vitro por cuanto no se cuenta
con orden de médico tratante que justifique técnica y científicamente la
necesidad o idoneidad para mejorar la calidad de vida de la accionante
Referencia:
Expediente T-6.494.257
Acción de tutela instaurada por Yuli Paola Santacruz Abril contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia
Nacional de Salud, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el Fondo
Financiero Distrital de Salud y FAMISANAR EPS.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos
mil dieciocho (2018)
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes Cuartas y por la Magistrada
Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º
de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las decisiones
judiciales proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Cuarenta y Seis
Civil Municipal de Bogotá, el cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017)
y, en segunda instancia, por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, el
cinco (5) de octubre de dos mil diecisiete (2017), en el proceso de tutela de
la referencia.
El proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala
de Selección de Tutelas Número Dos de la Corte Constitucional[1], mediante Auto proferido
el dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018), notificado por estado
el dos (2) de marzo de la misma anualidad.
I. ANTECEDENTES
Yuli Paola Santacruz Abril, mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela para la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, a la dignidad humana, a la igualdad, a la salud
sexual y reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a conformar una
familia y a la maternidad.
1. La demanda
1.1. Manifiesta el apoderado judicial que la señora Yuli Paola
Santacruz Abril actualmente tiene 33 años, edad ideal para el tratamiento de
fertilización in vitro, que convive con su compañero sentimental Óscar
Daniel Cortés Saavedra, relación de la cual aún no han podido procrear debido a
que la accionante padece “infertilidad por falta de ovulación, amenorrea
secundaria”[2].
1.2. El apoderado judicial de la peticionaria indica que, el 16 de
febrero de 2001, debido a un intenso dolor abdominal y luego de la valoración
hecha por su médico ginecólogo tratante[3], Yuli Paola
Santacruz Abril, de 17 años de edad, fue sometida a una laparotomía por
sospecha de “tumor de ovario torcido”, cuyo diagnóstico fue “tumoración
de ovario izquierdo de 12 X 10 centímetros con nodulaciones en su superficie
con zonas duras y blandas que comprometían todo el estroma ovárico, tumoración
de ovario derecho de 10 X 8 centímetros, de similares características al
anterior, pero, con signos de necrosis por torsión, del pedículo bascular (sic)
y compromiso isquémico de la trompa”[4].
Indica que se le practicó un procedimiento quirúrgico denominado “OOFORECTOMÍA
BILATERAL Y SALPINGECTOMÍA DERECHA E IZQUIERDA”, con el objeto de evitar
complicaciones futuras al existir posibilidades de desarrollar cáncer de
ovarios.
1.3. Informa que, luego de la cirugía a la que fue sometida la
poderdante, su médico tratante indicó que “desde el punto de vista quirúrgico
ginecológico, era importante y vital la cirugía, teniendo en cuenta el hallazgo
de los tumores bilaterales de ovarios, máxime cuando uno de ellos presentaba
signos de necrosis por torsión del péndulo vascular, por lo que fue necesaria
la extirpación de los ovarios a pesar de verse comprometida la fertilidad”[5].
Por lo anterior, el especialista en ginecología formuló, de forma continua e
indefinida, terapia de sustitución hormonal.
1.4. El 14 de abril de 2014, el Tribunal de Ética Médica de Bogotá
encontró al médico Álvaro Guzmán González responsable profesionalmente por
practicar la cirugía “OOFORECTOMÍA BILATERAL Y SALPINGECTOMÍA DERECHA E
IZQUIERDA” a Yuli Paola Santacruz Abril sin contar con la autorización
expresa de sus padres, pues en la fecha en que fue realizado el procedimiento
(16 de febrero de 2001) la accionante tenía17 años de edad, por lo que
resultaba necesario dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 15 y
16 de la Ley 23 de 1981[6] y el artículo
12 del Decreto 3380 de 1981[7]. El
especialista en ginecología fue sancionado y apartado de su profesión por un
periodo de 30 días.
Para el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, la cirugía practicada por el
profesional Álvaro Guzmán González, médico tratante y cirujano de la
accionante, resultaba necesaria debido a la patología que presentó, encontrándose
en riesgo su vida; no obstante, era pertinente contar con el permiso de sus
padres por ser menor de edad y dejar una advertencia en su historia clínica
sobre los posibles efectos en su salud y vida sexual y reproductiva[8].
1.5. Aduce el apoderado judicial que, con motivo de la cirugía practicada
en el año 2001, la peticionaria ha sufrido daños físicos y psicológicos que le
han generado perjuicios, tales como: “tardo (sic) 6 años en asimilar
dicho daño irreversible, etapa en la cual sufrió sobrepeso, se ha sentido una
mujer incompleta, se siente mutilada, se siente insegura, ya que es muy difícil
que un hombre la acepte y/o permanezca en una relación seria y estable por este
estado en que quedo (sic), máxime cuando ya se acabó su matrimonio
siendo este el tema de discusión, no ha podido brindarle un hijo a su actual
pareja y sufre al pensar que en cualquier momento la abandonara (sic) por
esta razón como ya paso (sic) con su anterior pareja, siente vergüenza
de sí misma, vive triste, con depresión, y en general desde el año 2001 a la
fecha su vida ha sido muy complicada y también para su familia”[9].
1.6. Indica el escrito de tutela que la actora se ha sometido a distintos
análisis médicos con el fin de poder concebir un hijo en su vientre, pese a la
extirpación de sus ovarios; sin embargo, todos los especialistas consultados le
sugieren como única posibilidad el tratamiento de fecundación in vitro, donación
de óvulos e inyección intracitoplasmática de espermatozoides (FIV-ICSI).
1.7. El 6 de diciembre de 2016 Yuli Paola Santacruz Abril expuso su caso
ante la IPS Colsubsidio Funza y solicitó autorización para el tratamiento de
fecundación in vitro, donación de óvulos e inyección intracitoplasmática
de espermatozoides (FIV-ICSI). Por lo anterior, el 14 de enero de 2017 se
reunió la Junta Médica de la clínica Colsubsidio y determinó que la accionante
se encontraba en buen estado de salud y su edad (33 años) era propicia para el
tratamiento de fecundación in vitro, aclarando que debía acudir a su
entidad promotora de salud para obtener las respectivas autorizaciones.
1.8. Afirma el apoderado judicial que el 24 de enero de 2017 FAMISANAR
EPS emitió autorización para que la accionante acudiera a PROFAMILIA FERTILIDAD
a la toma de exámenes de diagnóstico para determinar la viabilidad de la
fecundación in vitro y el costo del tratamiento, entidad que hacía parte
de la red de prestadores de salud de FAMISANAR EPS, al existir un convenio de
salud vigente.
1.9. El 25 de enero de 2017 PROFAMILIA FERTILIDAD informó a Yuli Paola
Santacruz Abril que el valor del tratamiento de fecundación in vitro
ascendía a $17.555.600, sin incluir los medicamentos que se llegasen a
requerir, suma que debía ser asumida por la interesada.
1.10. Sostiene el apoderado judicial de la accionante, que FAMISANAR EPS negó
el tratamiento requerido, al argumentar que el médico tratante de la poderdante
y quien finalmente debe prescribir la práctica del procedimiento de fertilización
in vitro, informó que el mismo no era pertinente, pues no existe riesgo
inminente para la vida de la solicitante, se trata de una paciente estable y sana
y de la historia clínica no se advierte la razón por la cual se le practicó a
la afiliada una ooferoctomía bilateral[10].
Lo anterior, a juicio del apoderado, desconoce que: (i) “la infertilidad
proviene de una patología, es así como los ovarios de mi poderdante presentaban
tumoraciones, y uno de ellos presentando necrosis por torsión de pedículo bascular
(sic), razones por las cuales fueron extraídos, pues podían ser cancerígenos”
y (ii) que su cliente presenta “amenorrea secundaria” o falta de ovulación,
es decir “es infértil porque le extrajeron sus ovarios”. Aclara que su poderdante
“con anterioridad a la cirugía podía concebir y de manera natural”[11].
En ese sentido, considera el apoderado judicial que la accionada no puede
negar el tratamiento, pues, al proferir órdenes para que se realizaran los exámenes
de diagnóstico correspondientes, los cuales resultaron favorables, se entiende
que, aprobó y autorizó el inicio del procedimiento de fecundación in vitro.
1.11. Se afirma en el escrito de tutela que Yuli Paola Santacruz Abril no
puede costear el tratamiento que la EPS se niega a proporcionar, pues se
desempeña como auxiliar administrativa con un sueldo de $1.217.821, del cual
debe destinar $300.000 para el arriendo, $300.000 para alimentación, $150.000
para servicios públicos, $100.000 para transporte y $500.000 para cubrir una
obligación crediticia. Aunado a lo anterior, se afirma que la accionante no
cuenta con bienes inmuebles o alguna otra fuente económica.
1.12. Sostiene que el compañero sentimental de la peticionaria no cuenta
con un trabajo estable, que se desempeña, de manera independiente e informal,
como electricista automotor en el municipio de Funza, Cundinamarca, con lo que
no logra generar ingresos superiores a los $800.000 mensuales.
1.13. El apoderado judicial concluye que el tratamiento de fecundación (fertilización)
in vitro se requiere para mejorar la salud de la accionante al afirmar
que “le puede llevar a que ya no sea necesario el consumir medicamentos de
por vida, lo que a la larga será menos costoso para FAMISANAR EPS, y así
disminuye inversión (sic) y de otro lado mejora la salud de mi
poderdante PAOLA SANTACRUZ ABRIL”[12], pues las
dolencias y molestias físicas que sufre su poderdante desde el año 2001, pueden
ser contrarrestadas con un embarazo y así, reitera, mejorar su calidad de vida.
1.14. En consecuencia, el apoderado judicial de la señora Yuli Paola
Santacruz Abril solicitó:
“PRIMERO:
Tutelar como mecanismo transitorio a favor de mi prohijada YULI PAOLA SANTACRUZ
ABRIL, para que se tutelen su Derechos Fundamentales como son a la salud, a la
dignidad humana, a conformar una familia, a la igualdad y no discriminación, a
la libertad, a la integridad personal, física, psíquica y social, al libre
desarrollo de la personalidad, a los derechos sexuales y reproductivos como
derechos humanos, derecho a la maternidad y los demás conexos.
SEGUNDO:
que en virtud de que se le Tutelen los anteriores derechos, se ordene a la
entidad accionada FAMISAR EPS, que en un plazo máximo de (48) horas, autorizar
el tratamiento de fertilización in vitro, tratamiento de
Fecundación
in vitro (FIV-ICSI) con donación de óvulos y ICSI (inyección
intracitoplasmática de espermatozoide), hasta obtener un resultado positivo y
brindar el tratamiento integral para la patología que padece PAOLA SANTACRUZ
ABRIL.
TERCERA:
Que se ordene a la entidad accionada FAMISANAR EPS, le autorice y realice a mi
poderdante nuevamente los exámenes necesarios para iniciar el tratamiento de
fecundación in vitro (FIV-ICSI) con donación de óvulos y ICSI (inyección
intracitoplasmática de espermatozoides), en caso de que los que ya se realizó
en PROFAMILIA FERTIL (sic) ya estén vencidos.
CUARTA:
Que se ordene a FAMISANAR EPS realice el procedimiento de Fecundación in vitro
(FIV-ICSI) con donación de óvulos y ICSI (inyección intracitoplasmática de
espermatozoide), y hasta que el mismo sea positivo, puesto que mi poderdante no
cuenta con los recursos económicos para sufragar el mismo.
QUINTA:
Que ordene a FAMISANAR EPS suministre los medicamentos y realice el seguimiento
y acompañamiento durante todo el tratamiento hasta su culminación, brindando
una atención integral para la patología que PAOLA SANTACRUZ ABRIL.
SEXTA:
Que se le ordene a MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL – SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SLAUD – SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTÁ, realizar una vigilancia
sobre FAMISANAR EPS para que dé cumplimiento al tratamiento aquí solicitado.
SÉPTIMA:
al FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y FOSYGA, coadyuvar con los gastos
económicos que el tratamiento de Fecundación in vitro (FIV-ICSI) con donación
de óvulos y ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides) requiere”.
2. Contestación
de la demanda[13]
2.1. FAMISANAR EPS
La Directora de Gestión del Riesgo Poblacional de FAMISANAR EPS,
mediante escrito del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017)[14],
se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en los
siguientes términos:
Indicó que la accionante es una paciente de 33
años, con antecedentes de ooferectomía y salpinguectomía bilateral
por quistes bilaterales detectados en el año 2001, quien se encuentra en tratamiento
con estrógenos conjugados.
Explicó que el procedimiento de fecundación in
vitro es una técnica de laboratorio que consiste en fecundar los óvulos
procedentes de una donante con los espermatozoides del semen de la pareja de la
paciente intervenida. Que una vez fecundado, el óvulo se convierte en pre-embrión
y se transfiere al útero previamente preparado, para que continúe su
desarrollo.
Sobre la pretensión de la accionante, aclaró que “no
es garantía de satisfacer su deseo de maternidad la realización del
procedimiento que tiene un alto costo, en la medida en que este no está
encaminado a preservar la salud o vida de la usuaria, si no (sic) al
deseo de concebir, lo cual obliga a la limitación de los recursos destinados a
servicios de salud prioritarios”[15].
Manifestó que en el presente caso no existe orden
médica que justifique el procedimiento que se solicita, y dada la patología que
sufrió la accionante es el galeno tratante el competente para prescribir
tratamientos.
Sostuvo que FAMISANAR EPS siempre ha procurado una
debida prestación del servicio de salud, con el fin de contribuir a una
excelente asistencia y a la mejoría de los usuarios en concordancia con la
dignidad humana. En esa medida, concluyó que no existe evidencia de la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de la señora Yuli Paola
Santacruz Abril, pues la entidad ha cumplido con sus obligaciones dentro de los
parámetros que reglamentan la prestación de servicios de salud. Por lo
anterior, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia.
Al escrito de contestación la parte accionada anexó copia del
historial de autorizaciones, entre las que se destaca el informe por afiliado
No. 247-37995410 mediante el cual se negó el procedimiento de “FECUNDACIÓN IN VITRO
(FIV-ICSI) CON DONACIÓN DE ÓVULOS”, del 27 de enero de 2017[16].
2.2. Ministerio de Salud y Protección Social
El Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social,
mediante escrito del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017)[17],
se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en los
siguientes términos:
Aclaró que en el marco de las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001 y 489 de
1998, en concordancia con el Decreto Ley 4107 de 2011, así como las
disposiciones contendidas en el Decreto Único del Sector Salud y Protección
Social – Decreto 780 de 2015, al Ministerio de Salud y protección Social le
corresponde formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la
Política Pública en materia de salud, salud pública y promoción social en
salud. Así como, dictar las normas administrativas, técnicas y científicas de
obligatorio cumplimiento en el sector salud y del Sistema General de Seguridad
Social.
Indicó que el artículo 9 de la Resolución 6408 de 2016[18],
señala que las EPS son las encargadas de la prestación de los servicios en
salud; en esa medida, es a la entidad promotora de salud accionada la responsable
de garantizar el procedimiento que se solicita en esta oportunidad, atendiendo
los mecanismos legales y administrativos establecidos para tal fin. Por lo
anterior, solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela en el
presente caso.
2.3. Superintendencia Nacional de Salud
La Asesora del despacho del Superintendente Nacional de Salud,
mediante escrito del veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017)[19],
se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en los
siguientes términos:
Adujo que las EPS son responsables de garantizar la calidad,
oportunidad y eficiencia de la prestación de los servicios de salud, pues el
aseguramiento en salud exige que la aseguradora EPS, asuma el riesgo
transferido por el usuario, esto es, la salud y la vida del asegurado, mediante
el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Solicitó desvincular a la entidad del proceso de la acción de tutela
de la referencia, teniendo en cuenta que la violación de los derechos que se
alegan no deviene de una omisión u acción atribuible a la Superintendencia Nacional
de Salud, lo que impone la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
pasiva frente a esa entidad.
2.4. Secretaría Distrital de Salud
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de
Salud, mediante escrito del veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017),
solicitó desvincular de la presente acción de tutela a la referida entidad,
pues no ha incurrido en la violación de los derechos fundamentales de la
accionante.
Afirmó que los dineros que maneja la Secretaría Distrital de Salud se
encuentran destinados únicamente para la prestación de los servicios en salud
que requiera la población perteneciente al régimen subsidiado y a quienes
ostenten la calidad de no asegurado.
Manifestó que se debe efectuar una junta médica que determine si en el
caso de la accionante es viable la realización del procedimiento de fecundación
in vitro desde el punto de vista médico; aclaró que, en todo caso, los servicios
objeto de la presente acción de tutela deben estar autorizados por el MIPRES,
siendo obligación exclusiva de FAMISANAR EPS ordenar y realizar los
procedimientos a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente.
2.5. PROFAMILIA
La Representante Legal para Asuntos Judiciales de la Asociación
Probienestar de la Familia Colombiana PROFAMILIA, mediante escrito del veintiuno
(21) de junio de dos mil diecisiete (2017), se refirió a los hechos y
pretensiones de la acción de tutela, en los siguientes términos:
Manifestó que PROFAMILIA es una organización sin ánimo de lucro,
especialista en salud sexual y reproductiva que ofrece servicios médicos,
educación y venta de productos a la población colombiana. Sobre los servicios
proporcionados a la accionante, manifestó que:
El 12 de marzo de 2012 se diagnostica a Yuli Paola Santacruz Abril con
“infertilidad primaria de pareja por factor ovulatorio”[20],
con antecedentes clínicos de ooferectomía bilateral, torsión de ovario y quiste
simple.
El 8 de febrero de 2013 se informa sobre los costos del tratamiento de
fertilidad que requiere la peticionaria.
El 25 de enero de 2017 la actora solicitó a la unidad de fertilidad de
la organización información sobre procedimiento de fertilización in vitro.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta los antecedentes y valoración médica
anotada en la historia clínica de la paciente, la especialista adscrita a
PROFAMILIA sugirió, como única posibilidad para lograr un embarazo, la técnica
de reproducción asistida de alta complejidad “fertilización in vitro, con
óvulo donado”.
Indicó que no se le puede indilgar responsabilidad a PROFAMILIA sobre
la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, pues
nunca ha negado ningún servicio en salud a la paciente, por el contrario,
asesoró a la peticionaria y a su pareja en el cuidado de su salud sexual y
reproductiva, y dio alternativas viables para procrear y así cumplir con su
proyecto de vida en conjunto.
Finalmente, informó que es la EPS accionada quien debe garantizar la
prestación efectiva, real y oportuna de los servicios de salud que demanda la
actora. Solicitó se desvincule a PROFAMILIA de la presente acción de tutela por
falta de legitimación por pasiva.
2.6. MÉDERI – Corporación Hospitalaria Juan Ciudad
La Coordinadora jurídica de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad,
mediante escrito del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017), informó
que una vez revisada la base de datos de esa entidad, se evidenció que la
señora Yuli Paola Santacruz Abril no cuenta con ingresos en esa institución. Por
lo anterior, afirmó desconocer y no tener participación alguna en las
situaciones que motivaron la presente acción de tutela. Solicitó desvincular
del proceso de la referencia a la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, por
cuanto es la entidad promotora de salud accionada la encargada de autorizar el
acceso a los servicios de salud.
2.7. Fondo Financiero Distrital de la Salud
Vencido el término legal concedido mediante Auto Admisorio del 15 de
junio de 2017, proferido por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal de
Bogotá, el Fondo Financiero Distrital de la Salud no se pronunció sobre los
hechos y pretensiones de la acción de tutela de la referencia.
3. Sentencias objeto de revisión
3.1. Primera Instancia
Mediante providencia del cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete
(2017), el Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal de Bogotá negó la acción de
tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Yuli Paola Santacruz Abril contra
FAMISANAR EPS y otros.
El juez de primera instancia indicó que tras la entrada en vigencia de
la Ley Estatutaria de Salud No. 1751 de 2017, “por medio de la cual se
regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, dejó
de existir, entre otras cosas, el Plan Obligatorio de Salud (POS), razón por la
cual, en el caso objeto de decisión era necesario apartase de la tesis de la
clasificación de insumos médicos y tratamientos que se encuentren dentro o
fuera del POS.
Manifestó que la referida norma estatutaria establece en cabeza de los
médicos adscritos a las entidades promotoras de salud la autonomía para determinar
los insumos o procedimientos pertinentes y necesarios para cada paciente, de
acuerdo al Plan de Beneficios en Salud previamente instituido.
Informó que una vez revisado el expediente en su integridad, se
observó que la parte accionante sólo allegó un concepto médico favorable
emitido por PROFAMILIA a nombre de Yuli Paola Santacruz Abril para llevar a
cabo el procedimiento de fertilización in vitro, requerido por la
actora.
Que, al tratarse de un concepto favorable o un informe de aptitud para
poder practicar el procedimiento en cuestión, no puede entenderse como una
orden expedida por el médico tratante donde se señale que la vida de la
paciente corre peligro o que existe un riesgo inminente; es decir, que el
resultado de los estudios realizados por un especialista a manera de
diagnóstico no tienen el valor de orden médica, requisito indispensable para
poder ordenar el procedimiento solicitado mediante acción de tutela.
Para la autoridad judicial, en atención a la jurisprudencia
constitucional reiterada, todo servicio médico requerido por un usuario debe
ser ordenado por un médico adscrito a la EPS, como quiera que es la persona
capacitada y con criterio científico, capaz de determinar la pertinencia o
necesidad inminente para practicar el procedimiento en aras de conservar la
salud y la vida de su paciente.
Advirtió el juez de primera instancia que la solicitud de autorización
de fecundación in vitro que elevó la accionante ante FAMISANAR EPS con
fundamento en el concepto favorable proferido por PROFAMILIA FERTILIDAD fue
analizada por el Comité Técnico Científico pertinente, quien decidió bajo
formato de servicio de la Superintendencia Nacional de Salud negar el
procedimiento requerido al argumentar que en la historia clínica aportada al
proceso de la referencia no se evidencia el motivo por el cual la señora Yuli Paola
Santacruz Abril fue sometida a una ooforectomia bilateral, actualmente su
estado de salud no corre un riesgo inminente y su diagnóstico es de una
paciente estable y sana[21].
Por todo lo anterior, concluyó que la acción de tutela de la
referencia no cumplió con la exigencia que la ley otorga para poder concederse
el amparo del derecho, esto es, la orden médica emanada del profesional en
salud adscrito a la EPS, requisito señalado en la Ley 1751 de 2017.
3.2. Impugnación
El apoderado judicial de la accionante presentó escrito de impugnación
el trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)[22].
Reiteró que “el día (6) de diciembre de 2016 PAOLA SANTACRUZ ABRIL
acudió a la IPS COLSUBSIDIO FUNZA y expuso su caso para que le ayudasen, por lo
que para el día (14) de enero de 2017 se reunió la Junta Médica de la clínica
Colsubsidio a estudiar el caso, y posteriormente determinaron que el estado de
salud de mi poderdante es buena (sic), su edad de (33) años es ideal y
por ende el tratamiento es viable, por lo que le recomendaron acudir a su EPS
FAMISANAR para lo de sus competencias”[23].
Señaló que FAMISANAR EPS es la entidad aseguradora que debe brindar
los servicios de salud que requiere la accionante en forma integral y oportuna,
a través de las IPS públicas o privadas con las cuales tenga contrato de
prestación de servicios de salud, como es el caso de PROFAMILIA FERTILIDAD,
entidad que emitió concepto favorable para el tratamiento de fertilización in
vitro con donación de óvulo a favor de Yuli Paola Santacruz Abril.
Adujo que su poderdante no puede agotar otros métodos de reproducción
asistida antes de someterse al procedimiento de fecundación in vitro,
pues su cuerpo no lo permite, siendo el referido tratamiento su única opción “con
el cual busca mejorar su calidad de vida”[24].
El apoderado judicial de la señora Yuli Paola Santacruz Abril aclaró
que “no es cierto [l]o que argumentan las entidades accionadas, mi
poderdante PAOLA SANTACRUZ ABRIL no requiere el tratamiento para quedar en
estado de embarazo, busca el tratamiento es para mejorar su calidad de vida,
toda vez que por la cirugía mediante la cual le extrajeron sus ovarios a los
(17) años le causaron efectos secundarios, los cuales busca
superar con el embarazo (…)”[25].
(Resaltado del texto original).
Relató que no se puede afirmar categóricamente que la vida de la
accionante no esté en riesgo, pues “viene sufriendo problemas de salud, que
viene consumiendo medicamentos que están causando de manera silenciosa efectos
secundarios, y en unos años más adelante quien le responderá por sus problemas
de salud, problemas de salud que pueden ser eliminados en su totalidad o pueden
ser disminuidos de manera importante gracias al tratamiento aquí requerido para
mi poderdante, lo que la llevara (sic) a dejar de consumir medicamentos
de manera constante o porque no, dejarlos de consumir en su totalidad”[26].
Entre los efectos secundarios que padece la accionante debido al
tratamiento hormonal que recibe resaltó los siguientes: “menopausia,
calores, cambios de humor, sudoración excesiva todo el día, problemas de
incontinencia urinaria”[27],
entre otros. Agregó que su poderdante tiene el derecho de beneficiarse de la
tecnología y avances de la ciencia para paliar y mejorar su estado de salud en
las facetas que se encuentren afectadas. Por lo anterior, concluyó el apoderado
judicial que “la única posibilidad de la accionante para procrear de manera
biológica es a través del tratamiento de FERTILIZACIÓN IN VITRO CON ÓVULO
DONADO, CON INYECCIÓN INTRACITOPLASMÁTICFA DE ESPERMATOZIODES (ICSI)”[28].
Por último, reiteró los hechos y fundamentos de derecho expuestos en
el escrito de tutela.
3.3. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del
cinco (5) de octubre de dos mil diecisiete (2017), resolvió confirmar el fallo impugnado.
Consideró que en el presente caso no se encuentra acreditado que el médico
tratante de la accionante haya prescrito el tratamiento de fertilización in
vitro evaluando las condiciones específicas de la paciente.
Manifestó que en el material probatorio anexo al expediente únicamente
se encuentran documentos proferidos por PROFAMILIA y COLSUBSIDIO IPS en los que
se sugiere que, para satisfacer el deseo de la accionante de ser madre, puede
acudir a la realización de un tratamiento de fertilidad in vitro; sin
embargo, no puede afirmarse que dichos conceptos hayan sido emitidos por el
galeno tratante adscrito a la entidad accionada, mucho menos que tengan la
calidad de orden médica. Así las cosas, no encontró probados los presupuestos
legales y jurisprudenciales para ordenar un tratamiento de fertilidad de alto
costo.
4. Pruebas aportadas al proceso de tutela y valoradas por los
jueces de instancias
Al escrito de tutela se aportaron como pruebas las siguientes: (i)
copia de la cédula de ciudadanía de la accionante[29];
(ii) constancia de ingresos de Yuli Paola Santacruz Abril[30];
(iii) declaración extraprocesal sobre los gastos mensuales de la actora[31];
(iv) contrato de arrendamiento[32]; (v) copia
de la historia clínica de la peticionaria[33];
(vi) copia del proceso disciplinario seguido contra el médico Álvaro Guzmán[34];
(vii) copia del derecho de petición elevado por Yuli Paola Santacruz Abril,
mediante el cual solicitó a la accionada el tratamiento de fertilización in
vitro[35];
(viii) informes de autorizaciones activas por afiliado[36].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela
proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso
Yuli Paola Santacruz Abril, de 33 años de edad, en calidad de
cotizante, está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en salud a
través del régimen contributivo por intermedio de FAMISANAR EPS.
De acuerdo con el diagnóstico de su médico tratante adscrito a la EPS
accionada y especialista en ginecología, a la señora Santacruz Abril se le
practicó el procedimiento denominado “OOFORECTOMÍA BILATERAL Y
SALPINGECTOMÍA DERECHA E IZQUIERDA”, o extirpación de ovarios por sospecha
de “tumor de ovario torcido”, con el objeto de evitar complicaciones
futuras al existir posibilidades de desarrollar cáncer de ovarios, lo que le
generó una “infertilidad primaria de pareja por factor ovulatorio”[37].
Luego del procedimiento clínico practicado, el galeno tratante
formuló, de forma continua e indefinida, terapia de sustitución hormonal y, le
advirtió a la paciente, que su única opción, en caso de querer concebir un
hijo, era la fertilización in vitro con donación de óvulos.
Con fundamento en lo expuesto, y luego de advertir que no puede
sufragar directamente dicho tratamiento de reproducción asistida[38],
la actora solicitó al juez de tutela amparar, entre otros, sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud y a la familia, así como los derechos
sexuales y reproductivos, y ordenar a la entidad accionada practicar el
procedimiento de fecundación in vitro.
3. Procedencia de la acción de tutela en el asunto objeto de
revisión
En
el asunto objeto de estudio, resulta claro que la accionante se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es titular de los
derechos fundamentales que reclama. De igual modo, se cumple con el requisito
de legitimación por pasiva en la medida que FAMISANAR EPS es la entidad encargada
de la prestación del servicio público de salud de la accionante.
Se
aclara que, pese a que la acción de tutela de la referencia también se dirige
contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional
de Salud, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Fondo Financiero
Distrital de Salud, no se puede predicar la legitimación por pasiva respecto de
estas entidades, pues la obligación de garantizar el acceso de los servicios de
salud recae directamente sobre la entidad promotora de salud accionada en
cumplimiento de los parámetros establecidos en el artículo 9 de la Resolución
No. 5269 de 2017[39].
En
relación con el principio de inmediatez se observa que la acción de tutela fue
interpuesta (2 de junio de 2017) en un término razonable (3 meses y 14 días) a
partir de los hechos que desencadenaron la presunta vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales (16 de febrero de 2017), fecha en que el médico
tratante adscrito a la entidad accionada decidió no autorizar el tratamiento de
fertilización in vitro, por las razones expuestas en el acápite de
antecedentes de esta providencia.
La
acción de tutela procede únicamente cuando se cumplen los siguientes
requisitos: cuando no existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, o cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia
para proteger de forma adecuada y efectiva los derechos fundamentales en cada
caso concreto.
Frente
al carácter subsidiario de la acción de tutela, la Sala considera que la
accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial que resulte idóneo
y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales.
Al
respecto, verificado el procedimiento establecido en las Leyes 1122 de 2007 y
1438 de 2011 que otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia
Nacional de Salud para resolver controversias entre las EPS y sus afiliados,
encuentra la Sala que ninguno de los supuestos de hecho allí establecidos
coincide con el asunto de la controversia del presente caso[40].
Así las cosas, la acción de tutela es el mecanismo adecuado para examinar la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. La Sala
procederá a elaborar el análisis de fondo de la solicitud.
4. Problema jurídico
Después de verificada la procedencia de la acción de tutela en el caso
concreto, le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
¿Una Entidad Promotora de Salud vulnera los derechos fundamentales a
la salud y a la vida digna así como los derechos sexuales y reproductivos de
una usuaria diagnosticada con infertilidad primaria de pareja por factor
ovulatorio cuando niega la práctica de un procedimiento de fecundación in
vitro al argumentar que dicho tratamiento no se encuentra incluido en el Plan
de Beneficios en Salud y no existe orden médica que certifique su necesidad e
idoneidad para evitar un perjuicio irremediable a la salud o a la integridad
física de la paciente?
Para resolver la controversia planteada en este
trámite, la Sala: (i) analizará el marco normativo para el acceso a los
servicios en salud de conformidad con la Ley 1751 de 2015; (ii) realizará un
breve análisis sobre la procedencia de la acción de tutela para acceder
excepcionalmente a procedimientos orientados a tratar la infertilidad, y a
partir de lo expuesto, (iii) resolverá de fondo el problema jurídico esbozado.
5. Marco normativo para el acceso a los
servicios en salud de conformidad con la Ley 1751 de 2015
5.1. El Sistema General de Seguridad Social en Salud garantiza el
derecho fundamental a la salud en el marco de la Ley 1751 de 2015 y la atención
en salud a todos sus afiliados en concordancia con el artículo 162 de la Ley
100 de 1993.
5.2. En los artículos 1 y 2 de la referida ley
estatutaria se establece la naturaleza y el contenido del derecho a la salud y
se reconoce  explícitamente, su doble connotación: (i) como derecho fundamental
autónomo e irrenunciable, que comprende el acceso a los servicios de salud de
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación y la promoción de la
salud y (ii) como un servicio público esencial obligatorio cuya prestación eficiente,
universal y solidaria se ejecuta bajo la indelegable responsabilidad del
Estado.[41]
5.3. El Artículo 6 de la Ley 1751 de 2015 consagra los elementos
esenciales del derecho fundamental a la salud y los
principios de universalidad, equidad, solidaridad, sostenibilidad, eficiencia y
progresividad del derecho, entre otros, como definitorios del sistema de salud,
los cuales deben ser interpretados de manera armónica sin privilegiar alguno de
ellos sobre los demás.
5.4. Asimismo, el artículo 10 de la citada norma determina los deberes
y derechos de las personas, relacionados con la prestación del servicio de salud.
En cumplimiento de este precepto, el Sistema General de Seguridad Social en
Salud debe garantizar que todos sus afilados puedan acceder a los servicios y
tecnologías que aseguren una atención integral, oportuna y de alta calidad, a
recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como las
opiniones personales que tengan sobre los procedimientos y a que no se le
trasladen las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde asumir
a los encargados o intervinientes en la prestación del servicio, entre otros.
5.5. La Ley 1751 de 2015 determina en cabeza
del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio la
obligación de garantizar de forma completa las tecnologías necesarias mediante
los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes,
controles, seguimientos y demás servicios que el paciente requiera para el
cuidado de su patología, así como para sobrellevar su enfermedad. Lo anterior,
en aplicación del principio de integralidad en materia de salud[42].
5.5.1. La norma estatutaria de salud establece con
claridad que el acceso y la prestación en salud debe hacerse de manera completa
e integral. En consecuencia, el Sistema General de
Seguridad Social en Salud ha previsto un mecanismo de protección colectiva del
derecho a la salud a través de un esquema de aseguramiento denominado Plan de
Beneficios en Salud, cuyos servicios y tecnologías se financian con cargo a la
Unidad de Pago por Capitación (UPC), sin perjuicio del desarrollo de otros
mecanismos que garanticen su provisión de manera individual, salvo que se
defina su exclusión para ser financiados con recursos públicos asignados a la
salud.
5.6. El 22 de diciembre de 2017 el Ministerio de
Salud y Protección Social profirió[43] la Resolución No. 5269 de 2017[44], acto administrativo que actualiza integralmente el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC, como mecanismo de protección
colectiva,  y establece que las coberturas de los servicios y tecnologías en
salud que deberán ser garantizados por las Entidades Promotoras de Salud -EPS-
o las entidades que hagan sus veces a los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud[45].
La referida resolución contiene tres (3) anexos que
hacen parte integral de la misma, cuya aplicación es de carácter obligatorio,
así: Anexo 1 "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC"; Anexo 2 "Listado de Procedimientos en
Salud del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC" y Anexo 3
"Listado de Procedimientos de Laboratorio Clínico del Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC''.
5.6.1. El artículo 6 de la Resolución No. 5269 de
2017 determina que los procedimientos y servicios allí definidos, de conformidad
con las normas vigentes, se describen en términos de la Clasificación Única de
Procedimientos en Salud (CUPS) y se consideran financiadas todas las
tecnologías en salud (servicios y procedimientos), descritas en el articulado;
así como en los Anexos 2 y 3 del citado acto administrativo.
Se aclara en el parágrafo 1 de la referida norma que
“para el Anexo 2 ´Listado de Procedimientos en Salud del Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC´, se consideran financiadas con recursos de la UPC,
todas las subcategorías que conforman cada una de las categorías descritas en
el mismo, salvo aquellas referidas como no financiadas en la nota aclaratoria y
las que corresponden a un ámbito diferente al de salud”, para efectos del
presente caso, es importante destacar que en el Anexo 2 ´Listado de
Procedimientos en Salud del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC´,
ninguna de las categorías o subcategorías incluidas hacen referencia a
“procedimientos de reproducción asistida” o a las subcategorías de “inseminación
artificial” o “fecundación [fertilización] in vitro”.
5.6.2. La Resolución No. 5269 de 2017 establece las
obligaciones en cabeza de las EPS en relación con la prestación de los
servicios en salud, cuando las tecnologías se encuentran incluidas en el Plan
de Beneficios. Al respecto, el artículo 9 del acto administrativo referido
indica:
“Artículo
9. Garantía de acceso a las tecnologías en salud. Las EPS o las entidades que
hagan sus veces, deberán garantizar a los afiliados al SGSSS el acceso efectivo
a las tecnologías en salud para el cumplimiento de la necesidad y finalidad del
servicio, a través de su red de prestadores de servicios de salud. De
conformidad con la Ley 1751 de 2015, en caso de atención de urgencias y según
lo dispuesto en el artículo 23 de este acto administrativo, las EPS o las
entidades que hagan sus veces, deberán garantizarla en todas las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) habilitadas para tal fin en el territorio
nacional”.
La citada norma determina que el acceso a los servicios de salud se
debe garantizar en las fases de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las patologías, mediante el
aseguramiento en salud de los servicios y procedimientos incluidos en el Plan
de Beneficios en Salud con cargo a la UPC.
5.7. El artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 establece un límite a la faceta prestacional del derecho a la
salud reflejado en criterios de exclusión que impiden
la financiación de ciertos servicios y tecnologías con recursos públicos. Es
decir, el Plan de Beneficios en Salud garantiza el cubrimiento de todos los servicios
y tecnologías necesarias para proteger el derecho a la salud que se incluyen en
la Resolución No. 5269 de 2017, salvo aquellos que sean expresamente excluidos.[46]
Así, el Ministerio de Salud y Protección Social en ejercicio de las
facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los
artículos 15 de la Ley Estatutaria de Salud y el numeral 2 del artículo 2 del
Decreto – Ley 4107 de 2011[47] y
como resultado de la aplicación y desarrollo del procedimiento
técnico-científico adelantado por un  grupo de análisis conformado por 66
expertos representantes de 28 asociaciones de profesionales del área de la
salud[48],  expidió
la Resolución No. 5267 del 22 de diciembre de 2017[49]
mediante la cual se adoptó el listado de servicios y tecnologías
excluidas de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, el
cual se encuentra contenido en el Anexo Técnico del mencionado acto
administrativo. Para efectos del presente caso, es importante destacar que
ninguna de las 43 exclusiones (servicios y tecnologías) descritas en el listado
hacen referencia a la categoría de “procedimientos de reproducción asistida” o
a las subcategorías de “inseminación artificial” o “fecundación [fertilización]
in vitro”.
5.8. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
1751 de 2015 los profesionales de la salud tendrán plena autonomía para adoptar
las decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes a su cargo,
en el marco de esquemas de autorregulación, ética, racionalidad y evidencia
científica, y  prohibición de todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio
profesional que atente contra la referida autonomía, así como cualquier abuso
en el ejercicio profesional que pueda vulnerar la seguridad del paciente.
5.8.1. En atención a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección
Social profirió la Resolución No. 3591 de 2016[50]
con el objeto de establecer el procedimiento para el acceso, reporte de
prescripción, suministro y análisis de la información de servicios y
tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la Unidad de Pago por Capitación — UPC, y que no se encuentren expresamente
excluidas mediante acto administrativo expedido como resultado de la aplicación
y desarrollo del procedimiento técnico-científico de que trata el artículo 15
de la Ley Estatutaria de Salud en concordancia con la Resolución No. 330 de
2017.
5.8.2. El artículo 5 de la Resolución 3951 de 2016 establece que la
prescripción de los servicios y tecnologías en salud no cubiertas en el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC será realizada por el profesional de la
salud, el cual debe hacer parte de la red definida por las EPS, a través de
MIPRES, aplicativo destinado para la atención de todos los afiliados del
régimen contributivo el cual opera mediante la plataforma tecnológica del
Sistema Integral de Información de la Protección Social — SISPRO con
diligenciamiento en línea. Lo anterior, bajo el estricto cumplimiento de los
requisitos y criterios establecidos en el mencionado acto administrativo.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán conformar
una Junta de Profesionales de la Salud en caso de que presten servicios o
tecnologías en salud no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la UPC, con el fin de aprobar bajo criterios médicos, técnicos y de
pertinencia, únicamente aquellas prescripciones de servicios o tecnologías
complementarias, de soporte nutricional prescritas en el ámbito ambulatorio y
medicamentos del listado UNIRS[51] de conformidad
con los protocolos establecidos por cada IPS[52].
6. Procedencia de la acción de tutela para acceder
excepcionalmente a procedimientos orientados a tratar la infertilidad.
Jurisprudencia constitucional
6.1. Esta Corporación ha abordado en diversas oportunidades las razones
que justifican la no inclusión de los tratamientos que se dirigen directamente
a tratar la infertilidad en los planes de beneficios en salud. Lo anterior, al
indicar que el derecho a la maternidad no genera, prima facie, una
obligación estatal en materia de fertilidad asistida, pues constitucionalmente
dicha garantía “implica un deber de abstención del Estado de intervenir en
las decisiones relativas a la procreación y unas obligaciones positivas, como
la protección de la mujer embarazada o la estabilidad laboral reforzada, empero
no incluyen el deber de suministrar tratamientos que permitan la procreación”[53].
6.2. La Corte Constitucional, en Sentencia T-1104 de 2000 aclaró que
“el derecho a la procreación - aunque existe como tal en cabeza de todo ser
humano e implica un deber de abstención estatal en relación con aquellas
actividades tendientes a su restricción o determinación imperativa -, mal puede
extenderse hasta el punto de constreñir a la administración a garantizar la
maternidad biológica de una persona cuyo condicionamiento biológico per se no
le permite su goce”[54].
6.3. Por regla general, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la materia, establecía que no era procedente la acción de tutela para
autorizar tratamientos de fertilidad en razón a que estaban expresamente
excluidos del antiguo Plan Obligatorio de Salud - POS. No obstante, en
ejercicio de la revisión de acciones de tutela, esta Corporación estableció una
serie de subreglas a partir del detalle fáctico de los casos concretos, en los cuales
los usuarios del sistema de seguridad social en salud accedieron
excepcionalmente a procedimientos que indirectamente estaban orientados a
tratar la infertilidad.
6.3.1. En esa medida, definió tres supuestos para que de manera
excepcional se pudiera autorizar por vía de tutela el suministro de
procedimientos que eventualmente pudieran servir para el tratamiento de la
infertilidad. Estos son:
(i) Cuando con ello se pretende garantizar la continuidad en la
prestación del servicio de salud;
Para esta Corporación, en atención al principio de la continuidad en
la prestación del servicio de salud, las EPS no pueden suspender tratamientos
dirigidos a tratar la infertilidad que se encuentren en una etapa ya avanzada,
pues pese a que la obligación no se encuentra en cabeza de esas entidades por
ser procedimientos que se encuentran excluidos del Plan de Beneficios en Salud otorgado
a los afiliados, los mismos deben prestarse de manera continua e ininterrumpida
una vez se hayan iniciado.
En aplicación a la anterior subregla jurisprudencial, la Sala Sexta de
Revisión de esta Corte en Sentencia T-572 de 2002, al realizar el estudio de un
caso en el que la EPS accionada suspendió un proceso de inducción a la
ovulación para lograr un embarazo cuando el galeno tratante aumentó la dosis
del fármaco requerido por la peticionaria, determinó que romper abruptamente el
tratamiento en curso ocasionó un perjuicio irremediable a la actora atentando
contra su integridad física y la confianza legítima que había generado el
suministro del medicamento. Por lo anterior, la Sala confirmó la sentencia de
segunda instancia, en la que el juez de tutela había ordenado continuar con el
tratamiento.
(ii) Cuando se busca garantizar la vida, la salud o la integridad
personal, incluyendo la salud sexual y reproductiva, en los casos en los que se
requiere: a) la práctica de exámenes o procedimientos diagnósticos necesarios
para precisar una condición de salud asociada a la infertilidad; b) el
suministro de un medicamento;
En los casos en
que se requiera proteger el derecho al diagnóstico y contrarrestar la falta de
certeza sobre la enfermedad, procede el amparo constitucional para garantizar
la práctica de exámenes de diagnóstico con el objeto de informar al paciente sobre
su estado de salud; sin embargo, no debe entenderse que conlleva implícitamente
la orden de conceder una técnica de reproducción asistida mediante acción de
tutela.
Así, la Sala
Séptima de Revisión en la Sentencia T-636 de 2007, ordenó a la EPS accionada
autorizar los exámenes cariotipo paterno y cariotipo materno prescritos por el
médico tratante a una mujer y a su esposo. En esa oportunidad se determinó que
la negativa de la entidad demandada desconoció la jurisprudencia constitucional
sobre el derecho de los pacientes a que les sean practicados exámenes de
diagnóstico, para que el médico tratante pueda determinar el manejo de la
enfermedad que se padece.
(iii) Cuando la patología de la infertilidad es una enfermedad
secundaria, esto quiere decir que es un síntoma o una consecuencia de otra
enfermedad, caso en el cual se autorizan los procedimientos, tratamientos o
medicamentos para tratar la enfermedad que afecta su aparato reproductor.
6.3.2. En los casos en que se determine que la infertilidad es
producto de una patología primaria, se debe garantizar el suministro de las
tecnologías en salud encaminadas a contrarrestar la enfermedad secundaria en el
sistema reproductor que ocasiona la infertilidad, sin que el amparo
constitucional consista en ordenar la práctica del procedimiento de
reproducción asistida.
6.3.3. La Corte Constitucional en la Sentencia T-901 de 2004 explicó
que se trata de garantizar la “provisión de medicamentos, procedimientos o
tratamientos necesarios para combatir la existencia de una patología en el
sistema reproductor que produce por sí misma una afección de la salud del
paciente y que de manera derivada genera la infertilidad”, con el fin de
permitir la recuperación de la función reproductora.
6.4. Esta línea jurisprudencial se mantuvo constante durante varios
años. Cabe resaltar que ninguno de los supuestos fácticos que configuraron la
excepcionalidad en virtud de la cual procedía la acción de tutela, tuvo la
finalidad de autorizar tratamientos para remediar la infertilidad propiamente
considerada.
En la Sentencia T- 644 de 2010 el juez constitucional ordenó proveer
el tratamiento de fertilización in vitro a la accionante, en razón del
principio de continuidad en la prestación de servicios de salud, que prohíbe
suspender tratamientos para la infertilidad ya iniciados, en la medida que la
empresa prestadora de servicios de salud voluntariamente había comenzado dicho
tratamiento con anterioridad. En los demás casos, la protección se dio respecto
de la garantía del derecho a la salud en lo que se refiere a la práctica de
exámenes de diagnóstico, suministro de medicamentos, realización de
procedimientos dirigidos a curar alguna enfermedad que afecta el sistema
reproductor, mas no a asegurar la procreación propiamente dicha.
6.5. Pese a que la Corte había reiterado la improcedencia de la acción
de tutela para acceder a tratamientos de fertilidad, en el año 2015 un fallo de
la Sala Sexta de Revisión de Tutelas[55] consideró
que existía un déficit de protección del derecho fundamental a la salud
reproductiva en su faceta prestacional.
6.5.1. Según la Sala había transcurrido mucho tiempo desde la
expedición de la Constitución de 1991 sin que se hubieran generado avances
respecto de la progresividad en la inclusión de estos servicios.  En esa
oportunidad, la Corte concedió el amparo de cuatro tutelas que buscaban al
acceso al tratamiento de fertilización in vitro.
Señaló que el argumento según el cual era necesario preservar el
equilibrio financiero del sistema de salud, debía ceder a la necesidad de
avanzar de manera progresiva y modulada respecto de estos tratamientos, en
lugar de paralizar en el tiempo la extensión del plan obligatorio de salud. Al
respecto consideró:
“(...) aunque la
conservación del equilibrio financiero constituye un argumento válido para la
exclusión de los tratamientos de reproducción asistida del Plan Obligatorio de
Salud, ello no significa que no se pueda avanzar en la inclusión. Además, porque
resulta constitucionalmente problemático que tal proceder, esto es, mantener
tales tratamientos por fuera de la cobertura del POS, sea de carácter
generalizado; es decir, a pesar de ser razonable tal exclusión del plan de
beneficios, hacerlo en todos los casos puede conducir a la vulneración de
ciertos derechos fundamentales (...)”.[56]
6.5.2. Este fallo estableció que para este tipo de asuntos no era
suficiente observar cada caso concreto a la luz de las subreglas de la
jurisprudencia constitucional para el acceso a servicios o tecnologías que
estaban excluidas del antiguo Plan Obligatorio de Salud. Señaló la necesidad de
tener en cuenta que el acceso a este tipo de procedimientos tenía dos
consecuencias jurídicas que debían ser consideradas. Por un lado, la faceta
prestacional del derecho a la salud, y por otro, el deber estatal de proteger a
los individuos frente a acciones arbitrarias de las instituciones estatales que
afectaran la vida privada y familiar.
6.5.3. Finalmente, la providencia consideró que de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la
vida privada y a la autonomía reproductiva tenían una conexión con la
integridad física y psicológica de las personas, y su ejercicio implicaba
también la posibilidad de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer
ese derecho[57]. Por esta
razón, concluyó que “no correspond[ía] a la Corte hacer una valoración de
las prioridades financieras del sistema de seguridad social en salud; [cuando]
se trata[ba] de asegurar la garantía de los derechos fundamentales de pacientes
que se encuentran en circunstancias especiales y excepcionales”[58].
Tesis que fue reiterada en la Sentencia T-306 de 2016 en la que la Sala
Cuarta de Revisión concedió un tratamiento de inmunoterapia de leucocitos
paternos, bajo el argumento de que la negativa de un tratamiento  de fertilidad
infringe, tanto la dimensión reproductiva del derecho a la salud,  como el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, en su núcleo esencial de
autodeterminación reproductiva y libertad para tomar las decisiones que más
convengan en el proyecto de vida familiar, y a la igualdad (...).
6.6. Posteriormente, la Sala Segunda de Revisión en la Sentencia T-398
de 2016 consideró que no era acertada la mutación y adición que la Sentencia
T-274 de 2015 había propuesto alrededor de las reglas adoptadas sobre la
procedibilidad de la acción de tutela para acceder a servicios excluidos del
sistema de salud. Consideró que expedir órdenes de alcance general que
modificaran la política pública sin que ésta haya sido discutida por el
legislador de forma abierta y democrática implicaba desconocer la necesidad de
abordar discusiones más complejas asociadas al tema, previo a la realización de
un control concreto de constitucionalidad. Al respecto señaló:
(...) crear unas
reglas o criterios para que en sede de tutela se reconozcan, con un alcance
general, tratamientos para la infertilidad al resolver casos concretos, también
se termina zanjando precipitada y anticipadamente, sin haber sido si quiera
tratadas, distintas hipótesis que surgirían alrededor del reconocimiento de
estos procedimientos. Así, por ejemplo, no es lo mismo que el tratamiento para
la infertilidad lo requiera un accionante que ya tiene hijos, a que sea
solicitado por alguien que, a pesar de estar en edad reproductiva, no ha
logrado llevar a cabo su deseo de procrear. // De igual manera, asuntos y
discusiones aún más complejas se tienen que abordar antes de que, a través de
un control concreto de constitucionalidad, se implanten reglas generalizadas
que promuevan, o no, el suministro o la práctica de procedimientos de
fertilización in vitro a cargo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Al respecto, cuestiones como, por ejemplo, la manipulación de embriones,
el uso de embriones concebidos in vitro que sea imposible transferirlos
simultáneamente al útero (también llamados embriones sobrantes o
supernumerarios), la crioconservación o congelamiento de dichos embriones y la
inseminación o fecundación in vitro post mortem, indudablemente son aspectos y
debates públicos, legales y científicos sobre los cuales el juez de tutela
terminaría decidiendo por anticipado al ordenar la autorización de aquella
técnica de reproducción asistida, permitiendo la ausencia de regulación en el
ordenamiento jurídico interno. // (...) En ese orden de ideas, (...) volver
constante, uniforme y reiterada la postura desarrollada por la providencia
T-274 de 2015, conlleva a que el juez de tutela decida por anticipado aspectos
o debates públicos, legales, científicos que son, como se dijo, competencia del
legislador, omitiendo todas las variantes y cuestiones que se tiene que
introducir a la discusión que se surta en torno al suministro o la garantía de
aquella técnica de reproducción asistida”[59].
6.6.1. Para fundamentar esta posición, el fallo reseñó algunos casos
específicos en los que otros países han venido incorporando dentro las
legislaciones internas asuntos relacionados con el suministro y la garantía de
esta técnica de reproducción asistida. Señaló, por ejemplo, cómo la legislación
española estableció límites para la crioconservación de preembriones y para la
utilización de embriones después de la muerte de uno de los padres, o la prohibición
de la legislación de Costa Rica de desechar, eliminar o conservar embriones
sobrantes.
6.6.2. Resaltó la complejidad del tema señalando que la Corte
Constitucional en la Sentencia C-669 de 2014 había analizado la
constitucionalidad del artículo 134 del Código Penal. Allí consideró una serie
de interrogantes que surgían sobre el delito de fecundación con fines distintos
a procreación. Señaló que el análisis de casos como estos no podía limitarse a
observar la interrelación de derechos fundamentales, sino que, en principio,
debía estar orientada a establecer si la conducta activa u omisiva responde al
incumplimiento de una obligación que esté en cabeza del Estado teniendo en
cuenta que la aplicación del sistema de seguridad social en salud está sujeta a
la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud.
6.6.3. En esa oportunidad, la Sala Plena de esta Corporación concluyó
que el Estado debe adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y
oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.
Así como las condiciones financieras del sistema y la economía del país, para
garantizar la concordancia entre el costo de las actividades incluidas en el
Plan con su respectiva disponibilidad de recursos.
6.7.  En asuntos relacionados con el
suministro y la garantía de técnicas de reproducción asistida como el
tratamiento de fecundación in vitro, con donación de óvulos e inyección
intracitoplasmática de espermatozoides (FIV-ICSI), resulta fundamental abordar el
problema que subyace a las discusiones éticas y políticas y las implicaciones
que a todas luces superan la discusión sobre el derecho a la salud reproductiva
y su relación con el libre desarrollo de la personalidad, o el carácter
prestacional de su garantía.
6.7.1. Es importante resaltar que las nuevas técnicas artificiales
de concepción y la posibilidad de crear embriones por fuera del cuerpo humano
plantean una serie de cuestiones legales, éticas y sociales que indudablemente
requieren un escenario de discusión ampliamente democrático en cabeza del
legislador y limitan la actividad discrecional del juez constitucional en
virtud del principio de separación de poderes. No es dable pues, que en
ejercicio del control concreto por vía de acción de tutela el juez expida
órdenes que directa o indirectamente tengan efectos de carácter general, o
constituyan un precedente de aplicación sistemática para casos con similitud
fáctica, orientando por vía judicial la actividad de la administración pública
y afectando aspectos de tan alta trascendencia como el valor de la vida en un Estado
Social de Derecho.
6.7.2. Alrededor de la fecundación in vitro como técnica de
reproducción asistida se encuentran cuestiones profundamente complejas que
hasta el momento no han sido abordadas de forma democrática, ni desarrolladas por
el legislador, de las cuales se desprenden consecuencias jurídicas que
básicamente configuran una laguna legislativa en Colombia.
Resulta necesario que el legislador estatutario regule cuestiones
como; i) la donación de óvulos; ii) la congelación de embriones
sobrantes; iii) la filiación legal que resulta de la utilización de
embriones después de la muerte de los padres; iv) la inexistencia de
limitaciones o protocolos para la implantación de óvulos fecundados en vientres
distintos de las madres biológicas, lo que es conocido también como “maternidad
subrogada” o “maternidad sustituta”; v) las cuestiones relativas al
registro de la identidad de los donantes de espermatozoides u óvulos; vi) el
número de descendientes de cada donante; vii) la obligatoriedad en que estarían
las entidades promotoras de salud de conseguir óvulos cuando quien solicita la
fecundación in vitro, no los produce; y, la posibilidad de comercio
óvulos, entre otras.
6.7.3. Finalmente, encuentra la Sala pertinente reiterar lo expresado
por esta Corporación en Sentencia T-398 de 2016 mediante la cual indicó que, en
los casos en que únicamente se pretende la procreación por medios de
reproducción asistida, expedir órdenes que lleguen a tener alcance general, por
vía de acción de tutela, y que estas a su vez modifiquen la política pública
sin que esta haya sido discutida por el legislador estatutario de forma abierta
y democrática, implica decidir por anticipado asuntos que conciernen al
Congreso de la República por las consecuencias jurídicas que conllevan.
7. Resolución del caso concreto
De las pruebas y los antecedentes
relacionados en esta providencia se desprende que a la señora Yuli Paola
Santacruz Abril le fue diagnosticada “infertilidad primaria de pareja por
factor ovulatorio”[60], por
lo que le fueron extirpados quirúrgicamente los ovarios mediante el
procedimiento de ooferectomia bilateral, motivo por el cual, la accionante
carece de dichos órganos en su aparato reproductor y se encuentra en manejo con
estrógenos conjugados.
Teniendo en cuenta lo anterior, y
con el ánimo de mejorar su calidad de vida y reducir los efectos secundarios
causados por el tratamiento con estrógenos que su médico tratante le
prescribió, de manera continua y permanente, Yuli Paola Santacruz Abril
pretende que el juez constitucional ordene a FAMISANAR EPS autorizar y
suministrar el tratamiento de fecundación (fertilización) in vitro a
cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Del expediente objeto de revisión
se puede constatar que FAMISANAR EPS nunca inició e interrumpió inesperadamente
el tratamiento de fecundación in vitro solicitado, pues de las pruebas
aportadas al proceso de tutela se evidencia que el 24 de enero de 2017 la parte
demandada emitió autorización para que la accionante acudiera a PROFAMILIA
FERTILIDAD a la toma de exámenes de diagnóstico para determinar la viabilidad
de la fecundación in vitro y se expidiera la cotización del tratamiento.
Por lo cual se profirió un concepto favorable a nombre de la actora, sin que se
iniciara procedimiento alguno, es decir, en el presente asunto no existe desconocimiento
del principio de continuidad en la prestación del servicio salud.
Lo requerido por la actora no es
la práctica de exámenes para precisar una condición de salud asociada a la
infertilidad o para diagnosticar su causa, pues pese a que el apoderado
judicial indicó en la acción de tutela que su poderdante padecía infertilidad
secundaria, del diagnóstico proferido el 10 de marzo de 2012 por el médico
tratante de la señora Yuli Paola Santacruz Abril adscrito a PROFAMILIA
FERTILIDAD IPS, se advierte que la actora padece “infertilidad primaria
de pareja por factor ovulatorio”, con antecedentes clínicos de
ooferectomía bilateral, torsión de ovario y quiste simple, causa por la cual el
galeno Álvaro Guzmán González indicó que  su única posibilidad para procrear
biológicamente era la fecundación in vitro.
El anterior concepto fue reiterado
por la IPS referida el 20 de junio de 2017 en la respuesta dada por esa entidad
dentro del proceso de la referencia, afirmación que no fue desvirtuada ni
tachada de falsa por el apoderado judicial de la peticionaria, por el
contrario, a folio 6 del escrito de impugnación[61]
el abogado afirma que para la fecha[62] en que se
emitió esa valoración médica existía un convenio de salud vigente entre la
entidad accionada y PROFAMILIA FERTILIDAD IPS.
De otro lado, el apoderado
judicial de la accionante en el escrito de impugnación del 13 de julio de 2017
contra la sentencia de primera instancia del 4 de julio de la misma anualidad,
proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, aclaró que:
“no es cierto [l]o que
argumentan las entidades accionadas, mi poderdante PAOLA SANTACRUZ ABRIL no
requiere el tratamiento para quedar en estado de embarazo, busca el tratamiento
es para mejorar su calidad de vida, toda vez que por la cirugía
mediante la cual le extrajeron sus ovarios a los (17) años le causaron efectos
secundarios, los cuales busca superar con el embarazo (…)”[1]. (Resaltado en negrilla por fuera del texto original).
(…) “la señora YULI PAOLA
SANTACRUZ ABRIL, no puede agotar otros métodos de reproducción asistida, es
decir que no puede iniciar otro tratamiento de fertilidad, para ahí si (sic)
llegar finalmente [a] la fecundación in-vitro, debido a que su cuerpo no
lo permite, tratamiento con el cual busca mejorar su calidad de vida”[63].
(Resaltado en negrilla por fuera del texto original).
Finalmente, concluye: “el
mismo médico ÁLVARO GUZMÁN (sic) GONZÁLEZ manifestó tal y como
quedo consignado en la historia clínica, que le explicó el día siguiente de la
cirugía (17 de febrero) a la paciente el procedimiento realizado y sus complicaciones
para la fertilidad y de la necesidad de la terapia de reemplazo hormonal, es
decir desde ese mismo momento el médico tratante ya le manifestó que debía
someterse a un tratamiento para la fertilidad, a sus 17 años de edad,
y más ahora que no es por la intención de tener un hijo, sino por el
hecho de mejorar su calidad de vida superando las molestias secundarias
que le dejo (sic) la cirugía mediante la cual le extrajeron los ovarios
por problemas de tumoraciones en los mismos”[64]
. (Resaltado en negrilla por fuera del texto original).
De las afirmaciones hechas por el
apoderado judicial de la señora Yuli Paola Santacruz Abril, se advierte que lo
pretendido por la accionante es utilizar el procedimiento de fecundación in
vitro como un medio para garantizar la procreación y mejorar su salud y su
calidad de vida al disminuir o contrarrestar los efectos secundarios que padece
a causa de la operación a la que fue sometida y del tratamiento hormonal que
recibe.
Así las cosas, en el asunto objeto
de revisión: i) no se busca garantizar el principio de continuidad en la
prestación del servicio salud; ii) la infertilidad que padece la accionante es
primaria, según concepto médico proferido por PROFAMILIA FERTILIDAD IPS; iii)
el procedimiento de fecundación in vitro se pretende como un medio para
lograr la procreación.
El apoderado judicial de la
accionante informó que su poderdante elevó solicitud de autorización de
fertilización in vitro ante la entidad accionada con fundamento en el concepto
favorable proferido por PROFAMILIA FERTILIDAD, que dicha petición fue analizada
por el Comité Técnico Científico pertinente, quien decidió bajo formato de
servicio de la Superintendencia Nacional de Salud negar el procedimiento
requerido al argumentar que en la historia clínica de la señora Yuli Paola
Santacruz Abril no se evidencia el motivo por el cual fue sometida a una
ooforectomia bilateral, que actualmente su estado de salud no corre un riesgo
inminente y su diagnóstico es de una paciente estable y sana.
Como quedó expresamente consignado
en los párrafos anteriores, lo requerido por la actora no es la práctica de
exámenes para precisar una condición de salud asociada a la infertilidad o para
diagnosticar su causa, pues dicho diagnóstico se efectuó el 10 de marzo de 2012
por su médico tratante, fecha en que se determinó la patología de “infertilidad
primaria de pareja por factor ovulatorio”, con antecedentes clínicos de
ooferectomía bilateral, torsión de ovario y quiste simple. Concepto reiterado
por PROFAMILIA FERTILIDAD IPS el 20 de junio de 2017 y aportado al proceso de
tutela de la referencia.
Se persigue el procedimiento de la
fecundación in vitro como un medio para garantizar la procreación y de
esta manera frenar los efectos secundarios que padece la accionante
(menopausia, sobrepeso, cambios de humor, sudoración excesiva todo el día,
problemas de incontinencia urinaria, entre otros) debido a la operación a la
que fue sometida y al tratamiento con estrógenos que su médico tratante le
prescribió, de manera continua y permanente, como terapia de sustitución
hormonal.
El apoderado judicial indicó que
la pretensión principal es mejorar la calidad de vida de la peticionaria en
términos generales disminuyendo los efectos secundarios que padece debido a la
ingesta de un tratamiento hormonal, mediante la fecundación in vitro[65],
el cual hace parte de la categoría de procedimientos de reproducción asistida
que no se encuentra incluida en el Plan de Beneficios en Salud (Resolución No. 5269
de 2017, Anexo No. 2); sin embargo, no ha sido expresamente excluida dentro del
listado de servicios y tecnologías de que trata la Resolución No. 5267 de 2017.
En el caso objeto de estudio, para
la Sala no es posible determinar a partir del material probatorio la existencia
de un hecho notorio que justifique la intervención directa del juez para
ordenar la prestación de los servicios y tecnologías solicitados con miras a
proteger el derecho a la salud. Si bien es cierto la accionante fue sometida a
una intervención quirúrgica que ha afectado su vida reproductiva y se encuentra
bajo tratamiento de sustitución hormonal que, según lo indica su apoderado
judicial, le causa graves efectos secundarios, de las pruebas aportadas al
proceso de tutela de la referencia como de los escritos allegados por la
entidad accionada, no se puede determinar que el procedimiento de fecundación in
vitro, permita disminuir o eliminar los efectos físicos o psicológicos que
padece la señora Yuli Paola Santacruz Abril.
Atendiendo el marco normativo
dispuesto en la Ley 1751 de 2015, y en aplicación del principio de integralidad
propio del derecho fundamental a la salud, según el cual la atención debe ser
completa y continua, la Resolución No. 3951 de 2016 establece que, si un
procedimiento no se encuentra incluido en el Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC, pero tampoco ha sido explícitamente excluido, puede ser
solicitado y suministrado a través del aplicativo denominado MIPRES, y aprobado
posteriormente por la Junta de Profesionales de la Salud, el cual sirve como
plataforma para que el médico tratante prescriba los servicios y tecnologías
necesarios para garantizar la salud y el bienestar del paciente.
Observa la Sala que, a folio 204 del cuaderno número uno del
expediente reposa una copia de una “solicitud
individual de medicamentos/servicios médicos/prestación de salud no incluida en
el POS”, de fecha 8 de febrero de 2017, mediante la cual la ginecóloga María
Angélica Triana solicita “fecundación (fertilización) in vitro con técnica FIV
ICSI con óvulo donado. CUPS: 96.7.0.02”; no
obstante, este documento no tiene el valor de orden médica o prescripción en
los estrictos términos de la Resolución No. 3591 de 2016[66].
El artículo 5 del citado acto administrado establece
que la prescripción de los servicios y tecnologías en salud no cubiertas en el
Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC la debe realizar el médico
tratante a través de MIPRES, mediante formato de contingencia de prescripciones
“MIPRES No PBS - FORMULARIO PARA CONTINGENCIA REPORTE DE PRESCRIPCIÓN DE
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO CUBIERTAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD
CON CARGO A LA UPC”, no mediante solicitud individual de prestaciones no
POS.
El formulario deberá contener la información sobre (i)
tipo de prestación, (ii) el procedimiento no cubierto CUPS, (iii) la
descripción, (iv) la justificación No PBS, (v) la cantidad, frecuencia y
duración del procedimiento y (vi) el número de prescripciones que genera MIPRES
No PBS, entre otros datos.
Al analizar la solicitud incluida en el expediente de
la referencia, se advierte que la misma no cuenta con el número de
prescripciones que genera MIPRES No PBS, no establece la cantidad, frecuencia y
duración del procedimiento y la única justificación que aporta la ginecóloga
tratante es “deseo actual de fertilidad”, es decir, la procreación.
Por lo anterior, la Sala determina que la solicitud
de fecundación in vitro hecha por la ginecóloga María Angélica Triana no
puede suplir el procedimiento que establece Resolución No. 3591 de 2016, pues
no cumple con los requisitos y criterios señalados en ese acto administrativo
para considerarse “orden médica” y aunque se le diera ese valor, no resulta
suficiente para ordenar por vía de tutela tratamientos de reproducción asistida
con el objeto de lograr la procreación, pues las prescripciones de los servicios
y tecnologías en salud no cubiertas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la UPC deben ser sometidas a la aprobación de una Junta de Profesionales de
la Salud adscrita a la EPS a la que se encuentre afiliado el paciente.
En el presente caso el
procedimiento en salud solicitado por la accionante no fue ordenado por su
médico tratante o adscrito a FAMISANAR EPS en los estrictos
términos de la Resolución No. 3591 de 2016. Al no existir un diagnóstico
médico efectivo que determine con precisión los procedimientos, medicamentos e
insumos necesarios para el restablecimiento de la salud y la calidad de vida de
la actora, no puede la Sala acceder directamente a la pretensión de la tutela.
La orden médica cobra plena
trascendencia para el sistema pues es el reflejo del criterio o diagnóstico del
galeno que determina científicamente los servicios y tecnologías que pueden ser
suministrados al paciente. En
ese contexto, en el presente caso, no son suficientes las afirmaciones hechas
por el apoderado judicial, pues la opinión del profesional en salud supera cualquier otra apreciación sobre
las necesidades del paciente y la posibilidad de recibir un procedimiento
médico.
Así las cosas, le asiste razón a
los jueces de primera y segunda instancia al indicar que dentro del proceso de
tutela adelantado por Yuli Paola Santacruz Abril contra FAMISANAR EPS no se
encuentra acreditado que el médico tratante de la accionante haya ordenado el
tratamiento de fertilización in vitro con base en los requisitos y
criterios señalados en la Resolución No. 3591 de 2016 y evaluando las
condiciones específicas de la paciente, pues del material probatorio anexo al
expediente únicamente se encuentran documentos proferidos por PROFAMILIA
FERTILIDAD y COLSUBSIDIO IPS en los que se sugiere que, para satisfacer el
deseo de la accionante de procrear biológicamente, la accionante puede acudir a
la realización de un tratamiento de fecundación in vitro; sin embargo,
no puede afirmarse que dichos conceptos tengan la calidad de orden médica o que
sea el procedimiento más idóneo para conjurar los efectos secundarios que
sostiene el apoderado judicial padece actualmente la peticionaria.
En conclusión, como quedó probado,
la infertilidad de la señora Yuli Paola Santacruz Abril es primaria en la
medida en que no es un síntoma o la consecuencia de otra enfermedad, pues
proviene directamente de un factor irreversible producto de la extirpación
quirúrgica de sus ovarios, conforme lo adujo su médico tratante, perdió ambos
ovarios por una resección y extirpación de los mismos, razón por la que la
actora requeriría de la fecundación (fertilización) in vitro solamente
para satisfacer su deseo de gestación y no existe orden médica que justifique
técnica y científicamente su necesidad o idoneidad para mejorar la calidad de
vida de la accionante suprimiendo los efectos secundarios que alega padecer.
Por lo anteriormente dilucidado,
esta Sala no accederá a la solicitud de la accionante y, en consecuencia,
confirmará, por las razones expuestas y en los términos de esta providencia, la
sentencia del cinco (5) de octubre de dos mil diecisiete (2017), proferida en
segunda instancia por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, así como
el fallo dictado el cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017) por el
Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal, que negó la acción de tutela
instaurada por Yuli Paola Santacruz Abril contra FAMISANAR EPS.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR, por las razones expuestas y
en los términos de esta providencia, la sentencia del cinco (5) de octubre de
dos mil diecisiete (2017), proferida en segunda instancia por el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bogotá, así como el fallo dictado el cuatro (4) de julio
de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal,
que negó la acción de tutela instaurada por Yuli Paola Santacruz Abril contra
FAMISANAR EPS.
Segundo.- Por
Secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con aclaración de voto
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA T-316/18
ACCION DE TUTELA Y TRATAMIENTO DE FERTILIDAD-No se puede anteponer el anhelo de una mujer a la maternidad, al
hecho de que el nasciturus es desde la concepción sujeto de derechos, entre
ellos el derecho a la vida (Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA Y TRATAMIENTO DE FERTILIDAD-Dar una orden que conlleve implícitamente
la posibilidad de la eliminación de seres humanos concebidos o la de
congelación, no es jurídicamente posible (Aclaración de voto)
Dar una orden que conlleve
implícitamente la posibilidad de la eliminación de seres humanos concebidos o
la de congelación, no es jurídicamente posible. En efecto, la eliminación de
personas en fase embrionaria constituye un atentado contra la vida humana
naciente que no está autorizado por la Constitución. La congelación de
embriones es en sí misma una afrenta a la dignidad y a la libertad del ser
humano. Mientras el desarrollo de la ciencia no permita lograr el objetivo de
la fecundación in vitro sin acudir a la eliminación o congelación del embrión,
y no se legisle en el nivel estatutario sobre los demás asuntos mencionados, no
resulta jurídicamente posible ordenar por vía judicial este tipo de
procedimientos.
Referencia:
Expediente T-6.494.257
Acción de tutela instaurada por Yuli Paola
Santacruz Abril contra el Ministerio de Salud y Protección
Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría Distrital de Salud
de Bogotá, el Fondo Financiero Distrital de Salud y FAMISANAR EPS.
Magistrada
Ponente:
Cristina Pardo
Schlesinger
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de
la Sala Séptima de Revisión, me permito presentar la siguiente aclaración de
voto a la Sentencia T-316 de 2018.
En el presente caso, acompaño la decisión de la
Sala de confirmar los fallos proferidos en primera y segunda instancia,
mediante los cuales se negó la acción de tutela formulada
por Yuli Paola Santacruz Abril contra FAMISANAR EPS, al verificarse que dentro
del proceso de tutela de la referencia no se encontró acreditado que el médico
tratante de la accionante haya ordenado el tratamiento de fertilización in
vitro con base en los requisitos y criterios señalados en la Resolución No.
3591 de 2016[67]
y evaluando las condiciones específicas de la paciente. Por lo anterior, se
concluyó que no resultaba jurídicamente posible ordenar por vía judicial el
procedimiento de fecundación in vitro, con donación de óvulos e
inyección intracitoplasmática de espermatozoides (FIV-ICSI).
No obstante, dada la pretensión principal del
asunto objeto de revisión, encuentro necesario aclarar el voto respecto de mi
posición frente a las nuevas técnicas artificiales de concepción y la
posibilidad de crear embriones por fuera del cuerpo humano.
Alrededor de la fecundación in vitro como
técnica de reproducción asistida se encuentran cuestiones profundamente
complejas.  Lo anterior, por cuanto los avances científicos demuestran que la
vida humana empieza con la fecundación, que no hay en la vida naciente una
dependencia ontológica respecto de la progenitora, es decir, el cigoto no es
una parte de la madre, que esta vida es humana pues no puede ser de otra
naturaleza toda vez que su natural desarrollo es el de un ser humano, lo cual
impide prácticas ínsitas al procedimiento de fertilización in vitro,
como el desecho o la congelación de embriones únicamente para satisfacer
el deseo de procrear biológicamente de una persona que por sus condiciones
físicas se encuentra en imposibilidad de hacerlo.
En ese contexto, la Corte Constitucional en procura
por la salvaguarda de los derechos fundamentales y en atención a las
concepciones sociológicas, respecto de la forma de entender y aplicar los
valores, principios y reglas constitucionales involucradas en el asunto del
respeto a la vida del no nacido desde el momento mismo de la concepción, no
puede, en sede de revisión, anteponer el anhelo de una mujer a la maternidad al
hecho de que el nasciturus es desde la concepción sujeto de derechos,
entre ellos el derecho a la vida, presupuesto fáctico de todos los demás.
Casos como el que se planteó en la Sentencia T-316
de 2018 conllevan una serie de exigencias imposibles de cumplir, entre ellas,
la solicitud de ordenar a una entidad promotora de salud proveer o conseguir
óvulos donados cuando quien requiere la FIV no los produce, circunstancia que
no tiene desarrollo legislativo, no contempla el Sistema General de Seguridad
Social y que escapa de la órbita del juez de tutela.
De
la práctica de la fertilización in vitro, se desprenden consecuencias
jurídicas que básicamente configuran una laguna legislativa en Colombia. El
legislador estatutario no ha regulado cuestiones como: i) la donación de
óvulos; ii) la congelación de embriones sobrantes; iii) la filiación legal que
resulta de la utilización de embriones después de la muerte de los padres; iv)
la inexistencia de limitaciones o protocolos para la implantación de óvulos
fecundados en vientres distintos de las madres biológicas, lo que es conocido
también como “maternidad subrogada” o “maternidad sustituta”; v) lo relativo al
registro de la identidad de los donantes de espermatozoides u óvulos; vi) el
número de descendientes de cada donante; vii) la obligatoriedad en que estarían
las entidades promotoras de salud de conseguir óvulos cuando quien solicita la
fecundación in vitro no los produce; y, la posibilidad de comercio de
óvulos, entre otras. Incluso, no hay una respuesta legal frente a un cambio de
paradigma en la reproducción humana a través de la actividad de transferencia
de genes.
No
se ha reflexionado en democracia dialógica, si se pueden o no congelar
embriones, por cuánto tiempo y con qué propósito. En esa medida, expedir
órdenes que lleguen a tener alcance general, por vía de acción de tutela, y que
estas a su vez modifiquen la política pública sin que esta haya sido discutida
por el legislador estatutario de forma abierta y democrática, implica decidir
por anticipado asuntos que conciernen al Congreso de la República por las
consecuencias jurídicas que conllevan.
Las
anteriores cuestiones sin resolver en torno a la fertilización in vitro,
surgen de la convicción de que la vida humana es un único proceso, y no una
sucesión de vidas de distinta entidad; en esa medida, la humanidad que se
predica de la vida en general debe predicarse también de todas las etapas y estados
del proceso vital. La vida en sus fases iniciales no es tan sólo un bien
jurídico, o simplemente un interés objeto de protección jurídica, pues sólo
existe y se manifiesta en cabeza de un ser vivo, y cuando se
trata de la vida humana, este ser vivo es un sujeto al que llamamos ser humano
o persona[68].
En
cuanto la vida para el viviente es su mismo ser, la vida del ser humano, desde
que ella aparece con la concepción o fertilización, hasta la muerte biológica,
constituye, más que un bien jurídico, un verdadero derecho subjetivo de
carácter fundamental, por cuanto, conforme al artículo 14 superior, toda
persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, esto es,
al reconocimiento de su aptitud para ser titular de derechos, entre ellos el
primero y principal: la vida[69].
De
manera especial, estima la suscrita que dar una orden que conlleve
implícitamente la posibilidad de la eliminación de seres humanos concebidos o
la de congelación, no es jurídicamente posible. En efecto, la eliminación de
personas en fase embrionaria constituye un atentado contra la vida humana
naciente que no está autorizado por la Constitución. La congelación de
embriones es en sí misma una afrenta a la dignidad y a la libertad del ser
humano. Mientras el desarrollo de la ciencia no permita lograr el objetivo de
la fecundación in vitro sin acudir a la eliminación o congelación del
embrión, y no se legisle en el nivel estatutario sobre los demás asuntos
mencionados, no resulta jurídicamente posible ordenar por vía judicial este
tipo de procedimientos.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-316/18
ACCION DE TUTELA Y TRATAMIENTO DE FERTILIDAD-Se debió ordenar valoración del caso de la
accionante por parte de la junta de profesionales, como medida orientada a
garantizar su derecho fundamental a la salud (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T- 6.494.257
Acción
de tutela instaurada por Yuli Paola Santacruz Abril contra
el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de
Salud, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el Fondo Financiero
Distrital de Salud y FAMISANAR EPS.
Magistrada ponente:
Cristina Pardo
Schlesinger
Comparto el sentido de la decisión adoptada por la mayoría en la
sentencia T-316 de 2018, en el sentido de no acceder a las pretensiones de la
accionante en relación con la práctica del tratamiento de fecundación in
vitro. Empero, aclaro voto en relación con la posición mayoritaria de la
Sala Séptima de Revisión de no tutelar el derecho a la salud, al denegar, en
consecuencia, que la EPS Famisanar remita el caso de la señora Yuli Paola
Santacruz Abril a la junta médica de esa entidad, para que sea ese cuerpo
colegiado el encargado de establecer si el procedimiento de fecundación
asistida es el tratamiento idóneo para que la accionante supere las afecciones
que viene padeciendo como consecuencia de la cirugía de “OOFORECTOMÍA
BILATERAL Y SALPINGECTOMÍA DERECHA E IZQUIERDA” a la que fue sometida en su
adolescencia.
Con ocasión de la intervención quirúrgica señalada, la accionante se
ha visto en la necesidad de someterse a un tratamiento hormonal continuo que, según
se expuso en la sentencia, le ha generado daños psicológicos y físicos,
padeciendo  de sobrepeso y depresión, impidiéndole llevar “una vida plena”,
razón por la cual considera que, en caso de ser autorizado el procedimiento de
fecundación asistida, sus quebrantos de salud serían superados.
Como el tratamiento de los efectos secundarios y síntomas asociados al
suplemento hormonal precisa un conocimiento científico especializado, estimo
que debía ser la junta médica de la EPS Famisanar la encargada de determinar si
fecundación asistida solicitada es idónea para conjurar los padecimientos de
salud expresados por la señora Yuli Paola Santacruz Abril, pues considero que
la Sala de Revisión no cuenta con el criterio técnico, ni con los elementos de
juicio suficientes para ordenar o no la práctica del procedimiento médico
solicitado.
En tal sentido, lo que resultaba pertinente, a mi juicio, era ordenar
la valoración del caso de la accionante por parte de la junta de profesionales,
como medida orientada a garantizar su derecho fundamental a la salud, máxime
cuando existía al menos un concepto médico (el de la Doctora María Angélica
Triana, especialista en ginecología y fertilidad), que avala el mencionado
procedimiento.
En este sentido procedía y procede el amparo constitucional invocado
por la accionante a los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad
humana.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Integrada por
los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[2] Folio 2 del
cuaderno principal. (En adelante se entenderá que todos los folios a los que se
haga referencia hacen parte del cuaderno principal, a menos que se aclare
expresamente lo contrario).
[3] Especialista
adscrito a la EPS accionada al momento en que ocurrieron los hechos.
[4] Según
historia clínica aportada al proceso de tutela. Folios 57 al 133.
[5] Folio
2.
[6] “Por la
cual se dictan normas en materia de ética médica”.
[7] Por
el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981.
[8]
Folio 4.
[9]
Ibídem.
[10]
Folio 6.
[11]
Folio 5.
[12]
Folio 9.
[13] Mediante
Auto del 15 de junio de 2017, el Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal de
Bogotá admitió la acción de tutela formulada por Yuli Paola Santacruz Abril en
contra de FAMISANAR EPS y otros, y ordenó la vinculación de PROFAMILIA, Méderi
– Corporación Hospitalaria Juan Ciudad y el Tribunal de Ética Médica.
[14] Folios
295 al 297.
[15] Folio
296.
[16] Folio 300.
[17] Folios
311 al 314.
[18] “Por
la cual se modifica el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de
Pago por Capitación (UPC)”.
[19]
Folios 315 al 324.
[20]
Folio 283.
[21] Folio
336.
[22] Folios 4 al
10 del cuaderno número 2.
[23] Folio 5 del cuaderno número 2.
[24] Ibídem.
[25] Página
6 del cuaderno número 2.
[26] Ibídem.
[27] Folio
8 del cuaderno número 2.
[28] Folio 8 del cuaderno número 2.
[29]
Folio 45.
[30]
Folio 46.
[31]
Folios 47 y 48.
[32]
Folios 49 al 54.
[33]
Folios 57 al 132 y folios 165 al 254.
[34]
Folios 133 al 165.
[35]
Folio 155 al 164.
[36]
Folios 299 al 311.
[37] Según
certificación médica expedida por PROFAMILIA FERTILIDAD.
[38] Afirmación
hecha por el apoderado judicial de la accionante y referenciado en el numeral
1.11 de los antecedentes de la presente sentencia.
[39] “Por
la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.
[40] Artículo
41 de la Ley 1122 de 2007, modificado y adicionado por el Artículo 126 de la
Ley 1438 de 2011. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de
Salud:
“Artículo 41. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a
la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en
ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia
Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y
con las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos:
a) Cobertura de los procedimientos,
actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud cuando su negativa
por parte de las entidades promotoras de salud o entidades que se les asimilen,
ponga en riesgo o amenace la salud del usuario;
b) Reconocimiento económico de los
gastos en que haya incurrido el afiliado por concepto de atención de urgencias
en caso de ser atendido en una IPS que no tenga contrato con la respectiva EPS
cuando haya sido autorizado expresamente por la EPS para una atención
específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o
negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir las
obligaciones para con sus usuarios;
c) Conflictos que se susciten en
materia de multiafiliación dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud;
d) Conflictos relacionados con la libre
elección que se susciten entre los usuarios y las aseguradoras y entre estos y
las prestadoras de servicios de salud y conflictos relacionados con la
movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
que asegure su cumplimiento. Dentro de
los tres días siguientes a la notificación, el fallo podrá ser impugnado. En el
trámite del procedimiento jurisdiccional prevalecerá la informalidad".
[41] El
artículo 1 de la ley en cita establece que: “La presente ley tiene por
objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus
mecanismos de protección”. Por su parte, el artículo 2 dispone: “El derecho
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo
colectivo. // Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna,
eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la
salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y
oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.
De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación
como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable
dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del
Estado”.
[42] Artículo 6 de la Ley 1751 de 2015.
[43] En
ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por los
artículos 154 y 25 de las Leyes 100 de 1993 y 1438 de 2011, respectivamente,
los numerales 32 y 33 del artículo 2 del Decreto - Ley 4107 de 2011, modificado
y adicionado por el artículo 2 del Decreto 2562 de 2012 y en desarrollo de los
literales e) e i) del artículo 5, k) del artículo 6 y el artículo 15 de la Ley
1751 de 2015.
[44] “Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la Unidad de Pago por
Capitación (UPC)”. Entrada en vigencia: a partir del 1 de enero de 2018.
[45] Artículo 1 de la Resolución No. 5269 de 2017.
[46] El artículo
15 de la ley estatutaria no define qué está incluido, simplemente define unos
criterios para que el Ministerio de Salud, cada cierto tiempo, establezca qué
será excluido del derecho a la atención en salud. Esto será todo aquello que se
considere “cosmético o suntuario”, que esté en fase de “experimentación”, que
se preste en el exterior o no esté aceptado por “autoridad sanitaria” y que no
demuestre “evidencia científico-técnica” sobre su “seguridad y eficacia
clínica” y sobre su “efectividad clínica”.
[47] Por
el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y
Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección
Social.
[48] En
cumplimiento de lo resuelto en la Resolución No. 330 de 2017, “Por la cual
se adopta el procedimiento técnico-científico y participativo para la
determinación de los servicios y tecnologías que no podrán ser financiados con
recursos públicos asignados a la salud y se establecen otras disposiciones”, modificada
por la Resolución No. 687 de 2018.
[49]
Entrada en vigencia: a partir del 1 de enero de 2018, según lo resuelto
en el artículo 2 de la Resolución 5267 de 2017.
[50]
Entrada en vigencia: 31 de agosto de 2016. Modificada por la
Resolución No. 532 del 28 de febrero de 2017.
[51] Usos
no incluidos en el registro sanitario.
[52] Artículo 20 de la Resolución No. 3951 de 2016, modificado por
artículo 8 de la Resolución532 de 2017.
[53] Sentencias
T-1104 de 2000 y T-550 de 2010, entre otras.
[54]
Ibídem.
[55]
Sentencia T-274 de 2015.
[56] Sentencia
T-274 de 2015.
[57] Corte
Interamericana de Derechos Humanos: Caso Atala Riffo y Niñas
Vs. Chile, Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de
24 de febrero de 2011 y Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República
Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005, entre otros.
[58] Sentencia
T-274 de 2015.
[59] Sentencia
T-398 de 2016.
[60] Según
concepto aportado por PROFAMILIA el 20 de junio de 2017 al proceso de tutela de
la referencia.
[61]
Folios 1 y siguientes del cuaderno número 2.
[62]
10 de marzo de 2012.
[63]
Folio 6 del cuaderno No. 2.
[64] Ibídem.
[65]
Así lo reiteró el apoderado judicial de la accionante en
el escrito de impugnación del 13 de julio de 2017 al aclarar que: “no
es cierto [l]o que argumentan las entidades accionadas, mi poderdante PAOLA
SANTACRUZ ABRIL no requiere el tratamiento para quedar en estado de
embarazo, busca el tratamiento es para mejorar su calidad de vida, toda vez
que por la cirugía mediante la cual le extrajeron sus ovarios a los (17) años
le causaron efectos secundarios, los cuales busca superar con el
embarazo (…)”[65].
(Resaltado del texto original).
[66]
“Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de
prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la
información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones”.
[67]
“Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de
prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la
información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones”.
[68]
Salvamento de voto de los magistrados Marco Gerardo Monroy
Cabra y Rodrigo Escobar Gil a la Sentencia C-355 de 2006.
[69]
Ibídem.