T-199-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-199/03
ACCION DE TUTELA-Fallecimiento del paciente
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-682990
Acción de tutela instaurada por Gildardo William Marulanda Porras
como agente oficioso de la señora Luz Amparo Herrera Tello contra COMFENALCO
VALLE E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil
tres (2003).
La Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política y en el Decreto 2591
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Veintiséis Civil Municipal
de Cali, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Gildardo William
Marulanda Porras como agente oficioso de la señora Luz Amparo Herrera Tello
contra COMFENALCO E.P.S Seccional Valle.
I. ANTECEDENTES.
El señor Gildardo William Marulanda Porras
actuando en representación de su compañera  Luz Amparo Herrera Tello, instauró
acción de tutela contra COMFENALCO E.P.S., Seccional Valle, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad
social, en razón a que esa Entidad Promotora de Salud se niega a practicar una
serie de diálisis que requiere con urgencia.
Fundamentó la solicitud de tutela en los
siguientes hechos:
Desde el 19 de julio de 2000, la señora Luz
Amparo Herrera Tello se encuentra afiliada COMFENALCO VALLE E.P.S. en calidad
de beneficiaria de su hija Madeleine Marulanda Herrera. Según  lo afirma el
demandante, la señora Luz Amparo padece de insuficiencia renal crónica, por lo
que requiere de terapia dialítica (hemodiálisis o diálisis peritoneal) como
soporte para tratar de recuperar su función renal. Indica que COMFENALCO VALLE
E.P.S. negó el tratamiento argumentando que la señora Herrera Tello no cuenta
con el mínimo de 100 semanas de cotización, requisito necesario para que esa
entidad atienda el tratamiento de enfermedades de alto costo.
Solicita que se ordene a COMFENALCO VALLE
E.P.S., que proporcione a la señora Luz Amparo Herrera Tello el tratamiento
integral de terapia renal que requiere, y que el valor de este sea asumido en
un 100% por esa entidad, pues no cuentan con los dineros necesarios para asumir
el copago exigido, ya que es persona de escasos recursos.
II. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA.
El Representante Legal de COMFENALCO VALLE E.P.S.,
en escrito dirigido al Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Cali solicitó que
esa entidad no fuera condenada a cubrir la totalidad del costo del tratamiento
que requiere la señora Luz Amparo Herrera Tello, pues la paciente carece de los
períodos mínimos de cotización que exige la Ley para esa clase de enfermedades.
Igualmente informó que la señora Herrera Tello requirió atención médica el día
15 de octubre de 2002, por lo que fue atendida inicialmente en el área de
urgencias de esa entidad, y debido a que no cumplía con el mínimo de 100
semanas de cotización necesarias para el cubrimiento total del tratamiento, fue
remitida al Hospital Universitario del Valle, entidad de mayor complejidad y
perteneciente a la red pública, donde fue debidamente atendida.
La Secretaría
de Salud del Departamento del Valle, entidad que por orden del juez de
instancia fue vinculada a este proceso, indicó que la atención que requiere la
señora Luz Amparo Herrera Tello debe ser suministrada por COMFENALCO E.P.S. y
los costos en los que incurra deberá cobrarlos al FOSYGA.
III. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
Conoció del presente caso el Juzgado Veintiséis
Civil Municipal de Cali, que en sentencia de octubre 30 de 2002 negó la tutela
solicitada. Sin embargo ordenó a la Secretaría de Salud Departamental del
Valle, que le proporcione, en calidad de vinculada al sistema, la asistencia
médica que requiere con urgencia la señora Herrera Tello, en el porcentaje que
no puede ser cubierto por COMFENALCO VALLE E.P.S..
Consideró el fallo referido, que la conducta de la
E.P.S fue legítima, pues se sustentó en las disposiciones del Decreto 806 de
1998 y en la Resolución 5261 de 1994. No obstante, indicó que la vida es un
derecho absoluto que no admite restricción de ninguna especie, por lo que se
está en la obligación de prestar los servicios a personas necesitadas en los
términos del artículo 13 de la Constitución Política.
IV. PRUEBAS RELEVANTES QUE CONSTAN EN EL
EXPEDIENTE.
En el expediente obran las siguientes pruebas:
·
A folios 2 al 7, copia
de apartes de la historia clínica de la señora Herrera Tello.
·
A folio 8, copia de la
cédula de ciudadanía de la hija de la señora Herrera Tello, quien la afilió
como beneficiaria a COMFENALCO VALLE E.P.S..
·
A folio 10, copia de la
cédula de ciudadanía y del carné de afiliación a COMFENALCO E.P.S. de la señora
Herrera Tello.
·
A folio 11, oficio
suscrito por la Jefe de Urgencias de COMFENALCO VALLE E.P.S. en el que le
informó a la señora Herrera Tello que esa entidad no podía prestarle los
servicios que requería en razón a que no contaba con el número mínimo de
semanas de cotización.
·
A folio 12, oficio
suscrito por la Jefe de Urgencias de COMFENALCO VALLE E.P.S. y dirigido a la
Secretaría de Salud Pública Departamental en el que remite a la señora Luz
Amparo Herrera Tello para ser atendida en salud a través de esa entidad.
·
A folios 36 al 40,
copia de la historia clínica de la señora Herrera Tello.
·
A folio 71, escrito del
señor Gildardo Marulanda Rojas dirigido a esta Corporación en el que informa
que la señora Luz Amparo Herrera Tello  había fallecido.
·
A folio 72, copia del
Registro Civil de Defunción de la señora Luz Amparo Herrera Tello.
V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CASO
CONCRETO.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso
por la Sala de Selección.
2.
Reiteración de Jurisprudencia. El derecho a la vida es vulnerado cuando las
Entidades Promotoras de Salud demoran la práctica de un tratamiento médico.
Ausencia de interés legítimo por muerte del peticionario
La jurisprudencia de esta Corporación ha
determinado que si bien el derecho a la salud tiene carácter prestacional,
adquiere la connotación de fundamental al estar en conexidad con el derecho a
la vida. En efecto la Corte ha expresado :
“Esta Corporación ha sostenido, que si bien
el derecho a la salud no es en sí mismo un derecho fundamental[1], si
puede llegar a ser efectivamente protegido, cuando la inescindibilidad entre el
derecho a la salud y el derecho a la vida hagan necesario garantizar éste
último, a través de la recuperación del primero, a fin de asegurar el amparo de
las personas y de su dignidad.[2]
De ahí que el derecho a la salud sea un derecho protegido constitucionalmente[3], en los
eventos en que por conexidad, su perturbación pone en peligro o acarrea
la vulneración de la vida u otros derechos fundamentales de las personas[4]. Por
consiguiente, la atención idónea y oportuna, los tratamientos médicos, las
cirugías, la entrega de medicamentos, etc., pueden ser objeto de protección por
vía de tutela, en situaciones en que la salud adquiere por conexidad con el
derecho a la vida, el carácter de derecho fundamental”[5].
Así, en eventos en los cuales la falta de
atención médica o la prestación indebida de este servicio, implique grave
riesgo para la vida de una persona, o se trate de aquellos comportamientos que
atentan contra las condiciones dignas de vida, la Constitución Política
habilita a los jueces para conceder el correspondiente amparo.
En el caso objeto de estudio, la Sala
encuentra que de no haber fallecido la señora Luz Amparo Herrera Tello, la
presente acción de tutela habría de concederse, como quiera que COMFENALCO
VALLE E.P.S. vulneró flagrantemente sus derechos fundamentales a la vida, a la
salud y a la seguridad social.
En efecto, la citada E.P.S. en el momento
en que le negó el tratamiento de diálisis a la paciente Luz Amparo Herrera
Tello, vulneró sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida,
pues la patología que padecía y el tratamiento que necesitaba no eran de
aquellos que permiten la espera y, por consiguiente, no podía quedar supeditado
a períodos mínimos de cotización, que en razón a su estado de salud resultaban
no sólo engorrosos sino peligrosos, pues comprometían la vida de una enferma
grave a la que le urgía una atención rápida. En un caso similar la Corte indicó
que:
“en casos de urgencia o gravedad
comprobadas, no existe norma legal que ampare la negativa de prestar un
servicio como el que reclamaba el actor. Pues, por encima de la legalidad y
normatividad, está la vida, como fundamento de todo el sistema. Por tanto, en
estos casos, los afiliados que no cumplan con los períodos mínimos de
cotización y requieran ser tratados en razón de una enfermedad considerada
catastrófica o ruinosa, sin tener los recursos necesarios para sufragar el
porcentaje que les correspondería, tienen el derecho y las entidades el deber
de atenderlos. Los costos de estos tratamientos, en primera instancia,
serán asumidos por la Entidad Promotora de Salud a la que esté afiliado el
usuario, que tendrá la acción de repetición en contra del Estado, para
recuperar aquellos valores que legalmente no estaba obligada a sufragar, tal
como expresamente lo afirmó la sentencia SU-480 de  1997. “[6]
Específicamente, tratándose de casos en los
que igualmente se reclamaban tratamientos de diálisis por vía de tutela, la
Corte ha dicho:
“En asuntos relacionados con tratamientos
de diálisis, la Corte y, concretamente esta Sala de Revisión, ha procedido a
conceder la tutela, cuando está probado el perjuicio irremediable, como ocurrió
en la sentencia T- 369/98, en donde existía el concepto médico que señalaba que
"si el paciente no se dializa en un tiempo corto puede
fallecer" ; o, en la sentencia T-419/98, en donde existían pruebas
del número de diálisis requeridas, cuántas se habían practicado ; cuáles
había pagado el interesado y cuántas faltaban. En esta última se tuvo en cuenta
lo prescrito en el decreto 806 mencionado, en cuanto a la atención que se haga
a través de las instituciones prestadoras del servicio público de salud, con
las cuales el Estado tenga contrato.”[7]
No obstante lo anterior, al haber fallecido
la señora Luz Amparo Herrera Tello la Sala confirmará el fallo de instancia
ante la imposibilidad jurídica de protección de sus derechos fundamentales.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado
Veintiséis Civil Municipal de Cali , ante la ausencia de interés jurídico
protegido mediante la acción de tutela.
Segundo. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado Ponente
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional. T- 395 de 1998; T- 076 de 1999; T-231 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2] Ver Sentencia No T-271 de 1995. Sentencia
T-494 de 1993. Sentencia T- 395/98.
[3] Al respecto se deben consultar las sentencias SU- 111 de
1997 ; Su-039 de 1998 ; T-236 de 1998 ; T-395 de 1998 ;
T-489 de 1998 : T-560 de 1998, T-171 de 1999, entre otras.
[4] Ver Sentencia No T-271 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez
Caballero y Sentencia T-494 de 1993. M.P .Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[5] Sentencia T-1036 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[6] Sentencia T-370 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[7] Sentencia T-503 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra