T-060-20
Sentencia
T-060/20
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR
DIGNAMENTE-Procedencia
Dado
que la acción de tutela es el mecanismo principal para invocar la protección
del derecho fundamental a morir dignamente ‒como la propia Corte lo ha reconocido‒, no se cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial para encauzar la pretensión de que se trata y, en todo caso,
en razón a que la titular de los derechos cuya salvaguarda se pretende es un
sujeto de especial protección constitucional por su avanzada
edad y condición de salud.
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Evolución
jurisprudencial
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Tiene
múltiples dimensiones
(i)
El procedimiento eutanásico, (ii) la limitación del esfuerzo terapéutico o readecuación de las medidas asistenciales, y (iii) los
cuidados paliativos
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Marco
normativo
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Regulación
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Reiterar
exhorto al Congreso de la República para que proceda
a regular el derecho fundamental a morir dignamente
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR
DIGNAMENTE-Improcedencia
por cuanto no se reúnen las condiciones para llevar a
cabo el procedimiento eutanásico solicitado
No se
dan las condiciones para que se ordene llevar a cabo el procedimiento que
anticipa su muerte, en tanto no se trata de una paciente en estado terminal y,
en todo caso, se encuentra recibiendo atención permanente en salud.
Referencia: Expediente T-7.563.419
Acción de tutela formulada por Carmen Diana Vélez Calle, como agente oficiosa de María
Liria Calle viuda de Vélez, contra Coomeva EPS, el Grupo Operador Clínico
Hospitalario por Outsourcing SAS y la Clínica Los Rosales
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte
(2020).
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de
1991, ha proferido la presente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos del 30 y del 2
de julio de 2019, proferidos por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Pereira y
por el Juzgado 5° Civil Municipal de la misma ciudad, en segunda y primera
instancias, respectivamente, dentro de la acción de tutela promovida por Carmen
Diana Vélez Calle, como agente oficiosa de María Liria Calle viuda de Vélez,
contra Coomeva EPS, el Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS
y la Clínica Los Rosales.
El proceso de la referencia fue escogido por la Sala
de Selección de Tutelas número Nueve[1],
mediante auto del 12 de septiembre de 2019. Como criterios de selección se
indicaron los siguientes: asunto novedoso (criterio objetivo) y unificación
jurisprudencia (criterio complementario), con fundamento en los literales b)
y c) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015.
I. ANTECEDENTES
El 17 de junio 2019, actuando a través de apoderada
judicial especialmente constituida, la señora Carmen Diana Vélez Calle, en
calidad de agente oficiosa de su progenitora, señora María Liria Calle viuda de
Vélez, formuló acción de tutela contra Coomeva EPS, el Grupo Operador Clínico
Hospitalario por Outsourcing SAS y la Clínica Los Rosales, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental a morir dignamente. Pasan a reseñarse los
aspectos centrales de la solicitud:
1. Hechos
A continuación se relatan los supuestos fácticos
relevantes que sustentan la solicitud de amparo, según son narrados por la
promotora de la acción en el escrito inicial:
1.1. La señora María Liria Calle viuda de
Vélez, quien tiene 94 años de edad[2],
desde hace varios años[3]
se encuentra postrada en una cama con múltiples y graves padecimientos de salud
que le causan gran dolor y le impiden interactuar con el medio, sin que exista
alguna esperanza de recuperación.
1.2. La agente oficiosa, señora Carmen
Diana Vélez Calle, es la hija y única familiar responsable de la señora María
Liria Calle viuda de Vélez.
1.3. En enero de 2019, la señora Carmen
Diana Vélez Calle solicitó a Coomeva EPS, al Grupo Operador Clínico
Hospitalario por Outsourcing SAS y a la Clínica Los Rosales que se procediera a
conformar el comité científico interdisciplinario a efectos de que a su
progenitora se le garantizara el derecho a morir con dignidad.
1.4. En respuesta a dicha solicitud, la
Clínica Los Rosales manifestó que no contaba con la habilitación de los
servicios para oncología y cuidados paliativos requeridos por el comité, por lo
que se comprometía a adelantar la gestión correspondiente; sin embargo, transcurridos
dos meses no se había conformado el comité científico interdisciplinario. A su
turno, Coomeva EPS y el Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS
expresaron que no se conformaría el referido comité científico hasta tanto no
se contara con la voluntad anticipada o testamento vital de la paciente.
1.5. El 17 de abril de 2019 la señora
Carmen Diana Vélez Calle elevó petición ante las entidades accionadas con el
objetivo de que “se conforme el comité científico interdisciplinario a
efectos de que a la señora María Liria Calle viuda de Vélez se le pueda
garantizar su derecho a morir con dignidad” y que “se inicie el
protocolo legalmente establecido para garantizar el derecho a morir con
dignidad de la paciente María Liria Calle viuda de Vélez”.
1.6. En contestación a la referida
petición, el Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS y Coomeva
EPS señalaron que la creación del comité científico interdisciplinario compete
a la Clínica Los Rosales, y esta última informó que se encontraba en proceso de
creación del comité, por lo que solicitaba la ampliación del término por 20
días para emitir una respuesta de fondo.
1.7. El 4 de junio de 2019, la Clínica Los
Rosales indicó que la solicitud de la señora Carmen Diana Vélez Calle no era
viable “ante la ausencia de un consentimiento sustituto”.
1.8. La promotora de la acción estima que, dado
el deterioro de salud de su progenitora, es imposible fácticamente que manifieste
su voluntad, pues el Decreto 2665 de 2018 prevé que el documento de voluntad
anticipada debe ser otorgado “por cualquier persona capaz, sana o en estado
de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales y con total
conocimiento de las implicaciones de esta declaración…”, por lo cual
considera que se trata de una exigencia que “equivale a prolongar de manera
innecesaria e injusta su vida, lo que se traduce en una vulneración al derecho
a morir con dignidad, además de agudizar la angustia e impotencia de su hija.”
1.9. Agregó que, de acuerdo con las
sentencias T-970 de 2014 y T-721 de 2017, es válido que la familia del paciente
otorgue el “consentimiento sustituto”, por lo cual ella “pretende, en
favor de su madre, y por ser la única familiar a cargo, hacer uso del
‘consentimiento sustituto’” y que se le exima de presentar el documento de
voluntad anticipada.
2. Contenido de la petición de amparo
De acuerdo con el anterior recuento fáctico, la señora
Carmen Diana Vélez Calle reclama la protección del derecho fundamental a morir
dignamente de su progenitora, y solicita al juez constitucional que, como
consecuencia del amparo, se ordene a la Clínica Los Rosales, o a quien
corresponda, crear el comité científico interdisciplinario correspondiente, y
que se ordene a Coomeva EPS, al Grupo Operador Clínico Hospitalario por
Outsourcing SAS y a la Clínica Los Rosales, iniciar el protocolo legalmente
establecido para garantizar una muerte digna a la señora María Liria Calle
viuda de Vélez.
Para sustentar su solicitud, la promotora de la acción
acompañó el escrito introductorio de los siguientes documentos:
§  Copia de la petición dirigida a Coomeva EPS el 24 de
enero de 2019[4].
§  Copia de la respuesta emitida el 4 de febrero de 2019 por
parte de Coomeva EPS a la petición del 24 de enero de 2019[5].
§  Copia de la petición elevada ante el Grupo Operador
Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS el 17 de enero de 2019[6].
§  Copia de la respuesta emitida el 11 de febrero de 2019
por parte del Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS a la
petición del 17 de enero de 2019[7].
§  Copia de la petición presentada ante la Clínica Los
Rosales el 17 de enero de 2019[8].
§  Copia de la contestación adiada el 6 de febrero de
2019 por parte de la Clínica Los Rosales a la petición del 17 de enero de 2019[9].
§  Petición radicada ante el Grupo Operador Clínico
Hospitalario por Outsourcing SAS el 17 de abril de 2019[10].
§  Respuesta emitida el 4 de mayo de 2019 por parte del
Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS a la petición del 17 de
abril de 2019[11].
§  Petición interpuesta ante Coomeva EPS el 17 de abril
de 2019[12].
§  Copia de la respuesta suministrada el 4 de mayo de
2019 suministrada por parte del Grupo Operador Clínico Hospitalario por
Outsourcing SAS a la petición del 17 de abril de 2019[13].
§  Petición presentada el 17 de abril de 2019 ante la
Clínica Los Rosales[14].
§  Contestación emitida el 3 de mayo de 2019 por parte de
la Clínica Los Rosales a la petición del 17 de abril de 2019[15].
§  Comunicación del 4 de junio de 2019 dirigida a la
apoderada de la señora Carmen Diana Vélez Calle por parte de la Clínica Los
Rosales[16].
§  Copia de la historia clínica de la señora María Liria
Calle viuda de Vélez[17].
3. Traslado y
contestación de la acción de tutela
3.1. Mediante auto del 18 de junio de 2019[18], el Juzgado 5º Civil Municipal
de Pereira admitió a trámite la demanda de tutela y ordenó la notificación al
extremo pasivo.
3.2. Durante el término de traslado, Coomeva EPS, el
Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS y la Clínica Los
Rosales se opusieron a las pretensiones de la accionante.
3.2.1. El 20 de junio de 2019, la Clínica Los
Rosales[19], a través de su
representante legal, afirmó que, luego de que la promotora de la acción elevara
peticiones para la conformación del comité científico interdisciplinario para
garantizar el derecho a morir dignamente de la señora María Liria Calle viuda
de Vélez, se informó a la solicitante “que no se encuentra soporte que
acredite que la paciente haya requerido directamente o por consentimiento
sustituto a su médico tratante, solicitud de llevar a cabo el derecho a morir
con dignidad.”
Agregó que el poder otorgado por la demandante no
cumple con los requisitos previstos en el artículo 15 de la Resolución 1216 de
2015, conforme al cual “en caso de que la persona mayor de edad se encuentra
en incapacidad legal o bajo a su (sic) existencia de circunstancias que
le impidan manifestar su voluntad, dicha solicitud podrá ser presentada por
quienes estén legitimadas (sic) para dar el consentimiento sustitutivo, siempre
y cuando a (sic) voluntad del paciente haya sido expresada
previamente en documentos de voluntad anticipada o testamento vital
y requiriéndose, por parte de los familiares, que igualmente se deje constancia
escrita de tal voluntad” (subrayas originales del memorial de contestación).
Igualmente, manifestó que las sentencias T-970 de 2014 y C-239 de 1997 señalan
que la voluntad libre, expresa, reiterada, informada e inequívoca del paciente
es condición para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.
En tal sentido, la Clínica Los Rosales consideró que ante
la ausencia del requisito de consentimiento de la paciente María Liria Calle
viuda de Vélez no es viable acceder a la solicitud de la señora Carmen Diana
Vélez Calle y, bajo el supuesto de que no se han vulnerado derechos
fundamentales, pidió negar las pretensiones de la acción de tutela.
3.2.2. El 20 de junio de 2019, el Grupo Operador
Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS[20], por intermedio de la coordinadora
de programa de atención domiciliaria, arguyó que dio respuesta a las peticiones
presentadas por la señora Carmen Diana Vélez Calle para la conformación del
comité científico interdisciplinario, indicándole ‒en la primera
oportunidad‒ que no era posible atender su solicitud, pues para el
procedimiento para morir con dignidad es necesaria la decisión libre de la
paciente, o si esta no se encuentra en capacidad de emitir su consentimiento,
la manifestación debe hacerla quien se encuentre legitimado siempre y cuando la
paciente lo haya establecido con anterioridad mediante documento de voluntad
anticipada o testamento vital; y, ‒en la segunda ocasión‒ que la
competencia frente a la creación del comité corresponde a la Clínica Los
Rosales.
Anotó, en términos similares a los planteados por la
Clínica Los Rosales, que en ninguna de las peticiones interpuestas se acreditó que
la paciente hubiere requerido, directamente o por consentimiento sustituto, llevar
a cabo el derecho a morir con dignidad, aunado a que el mandato otorgado en el
proceso tampoco cumple con las exigencias contempladas en el artículo 15 de la
Resolución 1216 de 2015 ‒específicamente, que el consentimiento sustituto
supone que la voluntad del paciente haya sido expresada previamente en un
documento de voluntad anticipada o testamento vital‒.
Aseguró que a la señora María Liria Calle viuda de
Vélez se le ha venido brindando todo lo que ha requerido para garantizar su
salud, por lo que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno.
En consecuencia, comoquiera que no se reúnen en el
caso los presupuestos normativos y jurisprudenciales para la procedencia del
comité científico interdisciplinario encaminado a garantizar el derecho a morir
con dignidad, solicitó que se deniegue el amparo invocado.
3.2.3. El 21 de junio de 2019, Coomeva EPS[21], a través de su
representante, inició por señalar que la señora María Liria Calle viuda de
Vélez se encuentra activa como afiliada cotizante del régimen contributivo.
Seguidamente, manifestó que la usuaria no se encuentra
con diagnóstico de enfermedad terminal o condición patológica grave que haya
sido establecida por un médico experto.
Sostuvo que la EPS no tiene injerencia en lo
solicitado por la agente oficiosa, debido a que “la IPS es la responsable de
conformar y realizar el solicitado: COMITÉ -INTERDISCIPLINARIO protocolo para
la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia expedido por el
Ministerio de Salud en el 2015. Este procedimiento debe ser aplicado únicamente
a: los enfermos mayores de edad en fase terminal definidos son (sic) los
criterios clínicos y pronóstico de este protocolo que soliciten la aplicación
del procedimiento, enfermos en fase terminal con patología oncológicas y no
oncológicas y enfermos con capacidad de decisión que lo expresen de manera
verbal o escrita. Condiciones que no cumple la usuaria MARÍA LIRIA CALLE VDA DE
VÉLEZ.”
Añadió que es obligatorio que se haya expedido por
parte de la paciente documento de voluntad anticipada, con el cual no se cuenta
‒como lo reconoce la propia accionante‒, de manera que no se
configura el derecho y el procedimiento no puede ser autorizado.
En consideración a lo anterior, afirmó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales y que, por lo tanto, la tutela debe ser
denegada.
3.3. Mediante auto del 25 de junio de 2019[22], el juzgado instructor
decretó las siguientes pruebas: (i) requirió a la EPS Coomeva para que identificara
e informara quién es el médico tratante de la señora María Liria Calle viuda de
Vélez, su especialidad, experiencia y desde cuándo atiende a la paciente; (ii)
requirió al médico tratante previamente identificado para que informara al
Despacho cuál es el diagnóstico de la citada paciente, si se encuentra en fase
terminal, y cuál es su situación de conformidad con el artículo 2 de la Ley
1733 de 2014, precisando si padece una enfermedad crónica, degenerativa e
irreversible, cuál es el impacto de la enfermedad en su calidad de vida, si
está recibiendo cuidados paliativos para mejorar su condición, y si por su
estado de salud experimenta dolor o sentimientos de angustia, nostalgia,
depresión, alegría, o si tiene la capacidad de percepción del mundo y de los
acontecimientos cercanos; (iii) ordenó a la EPS Coomeva que remitiera la
historia clínica de la paciente desde el mes de junio de 2018 hasta lo corrido
de 2019; y, (iv) dispuso una inspección judicial para el día siguiente en el
lugar de vivienda de la agenciada, siempre y cuando fuera en la ciudad de
Pereira, , con el fin de verificar los hechos y tomar declaración a la agente
oficiosa.
3.3.1. El 26 de junio de 2019[23] la jueza se constituyó en audiencia
con el fin de llevar a cabo la inspección judicial decretada al sitio de
vivienda de la señora María Liria Calle viuda de Vélez. Sin embargo, según
consta en el acta respectiva, en esa misma fecha la apoderada de la demandante allegó
un memorial[24] informando que aquella se
encontraba en el hogar para adultos mayores “Fundación Paraíso Otoñal” ubicado
en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), lo cual fue ratificado por la
agente oficiosa, quien se hizo presente en la diligencia.
En vista de que dicho establecimiento se encontraba
fuera de su jurisdicción, la titular del Despacho judicial resolvió suspender
la inspección judicial y proceder a tomar declaración a la señora Carmen Diana
Vélez Calle, la que a continuación se resume:
Previo juramento, la agente oficiosa manifestó que
tiene 59 años de edad, de estado civil es casada, tiene un hijo, es licenciada
en Lenguas Modernas y actualmente se encuentra pensionada hace 4 años
aproximadamente. Al preguntársele cómo está compuesta la familia de la señora
María Liria Calle viuda de Vélez, afirmó que solo la tenía a ella, pues no
tiene hermanos y el esposo y los hermanos de su progenitora fallecieron.
Declaró que la señora María Liria era ama de casa y que ella (la deponente)
nunca supo de su papá, porque se fue de la casa cuando ella tenía 3 años de
edad, y que la agenciada obtenía sus medios de subsistencia de la pensión que
recibió por cuenta de su padre (abuelo de la declarante) a causa de una
discapacidad para laborar originada en una sordera total de la que sufría desde
los 5 años de edad, y que luego de ello presentó problemas de ansiedad cercanos
a la esquizofrenia que se le han manejado toda la vida. Dicha pensión, sostuvo,
asciende aproximadamente a la suma de $800.000 y es retirada por ella (la
señora Carmen Diana) ‒en virtud de la autorización otorgada por una
notaría en razón a que la señora María Liria perdió sus facultades‒ para
solventar el pago del hogar donde está su progenitora y demás gastos médicos.
Explicó que el hogar Paraíso Otoñal ‒donde se encuentra su madre‒
tiene un costo mensual de $1’400.000, por lo cual ella (la declarante) completa
la mensualidad con sus ingresos propios, y que allí recibe estadía,
alimentación, acompañamiento de cuidador y estudiantes de enfermería, y
suministro de medicamentos.
Afirmó que la señora María Liria Calle viuda de Vélez
lleva alrededor de 5 años residiendo en hogares para adultos mayores y que
antes de eso vivía con ella (la agente oficiosa), para completar un total de 12
años a cargo de su progenitora (incluidos los 5 que lleva en hogar). Antes de
esos 12 años, sostiene, vivieron 3 años en Palmira con una tía (hermana de su
progenitora) ‒quien ya falleció‒ y que luego se trasladaron hace 6
años a Pereira junto con su esposo y su hijo de 24 años de edad. Al ser
preguntada sobre por qué razón su madre fue llevada a un hogar, expresó que, a
causa de sus dificultades físicas (de la señora Carmen Diana) y de que la
señora María Liria perdió todas sus facultades, se hizo difícil su manejo
permanente y por eso decidió ingresarla a un hogar, porque ya no contaba con la
ayuda de una empleada.
Agregó que no conoce que su progenitora tenga bienes,
pues su abuelo tenía una casa que quedó en manos de sus tíos, ninguno de los
cuales sobrevive, y que el inmueble fue vendido. A la vez, indicó que en el
hogar donde reside actualmente la atiende la médica Susana Meza, que en su
historia clínica aparece una dirección que no corresponde a causa de un error
de la EPS, que en agosto de 2018 ella misma (la deponente) llevó a la señora
María Liria a un dispensario de salud luego de ser informada por el personal
del hogar acerca de una lesión en un artejo del pie izquierdo que no le curaba
y que, tras un diagnóstico de necrosis, le fue amputado.
Aseveró que visita a la señora María Liria día de por
medio, y que no advirtió el cuadro clínico de 3 semanas de la lesión en el
artejo del pie de su progenitora debido a que primero el personal del hogar intentó
realizarle curaciones y solo fue remitida a la clínica cuando observaron que lo
que le estaban haciendo no estaba funcionando. Al preguntársele si conoce
cuáles son las patologías diagnosticadas a su progenitora, la señora Carmen
Diana respondió que, según la historia, tiene taponamiento de arterias,
desnutrición, Alzheimer, ansiedad, esquizofrenia y que dos semanas antes de la
declaración presentó gastroenteritis y un problema de reflujo. Además, informó
que la agenciada perdió totalmente sus facultades, no ve, no escucha, no
conoce, no camina, está postrada en cama, usa pañales diarios y depende del
Ensure, y que todos los insumos que requiere (pañales, pañitos, medicamentos,
cremas, gasas, solución salina, Ensure) se los suministra la EPS, y que a
través del programa Médico en Casa en el hogar donde se encuentra recibe
terapias y visita de la nutricionista.
Expuso que ignora por qué en la historia clínica del 6
de agosto de 2018 se consignó que se trataba de una paciente consciente,
orientada e hidratada, pues su progenitora perdió la orientación hace mucho
tiempo, y que desconoce por qué se anotó también que se encontraba sin
sintomatología, cuando todos los conceptos médicos en la clínica “aconsejaban
llevar a la paciente a su sitio de vivienda porque con el problema que tenía ya
no se podía hacer nada más y que de continuar el problema había que empezar
amputación de miembros inferiores y que en cuestión nutricional había que
hacerle incisión estomacal para alimentación parenteral, pero que ellos tampoco
lo aconsejaban dada la edad y las dificultades de la paciente”.
Al ser preguntada sobre si la señora María Liria
expresa sentimientos de alegría, nostalgia, dolor u otro, la señora Carmen
Diana refirió que a veces cuando ella la visita cuenta números o “da nombre”
pero de manera aislada, que la mayoría de la veces se encuentra “dopada” por
los medicamentos que le aplican para dormir y para controlar el dolor que causa
el taponamiento de las arterias, que tres meses atrás presentó un episodio de
agresividad al no querer tener contacto físico con nadie, y que ocasionalmente
le lleva cosas líquidas para comer y ella las recibe. Aclaró, no obstante, que
hasta el momento no recibe manejo paliativo.
La jueza indagó sobre si, por la discapacidad
mencionada, la señora María Liria había sido sometida a algún proceso de
interdicción judicial, y la agente oficiosa contestó que lo único que sabe es
que para recibir la pensión por parte de su abuelo en Bogotá hubo un proceso
con abogados que en su momento manejó la tía que vivía con ellas pero que ya
falleció. Agregó que, además, de la discapacidad auditiva, su progenitora
perdió un ojo y que “a ella siempre se le notó una discapacidad, creemos que
por la esquizofrenia o la ansiedad. Ella nunca estivo para cosas intelectuales,
podía entender su entorno, conocía bien su entono, la familia y participaba en
actividades, pero no se le podían dar responsabilidades. Pienso que por eso fue
la separación del matrimonio y también el maltrato de él. Después de la
separación paso (sic) al cuidado de mi abuelo, el papá de ella y luego
de que él falleció, pasó al cuidado de la tía y un esposo de ella”.
Finalmente, afirmó que la agenciada nunca llegó a
manifestar qué hacer con ella en caso de quedar en las condiciones en que se
halla actualmente, y añadió “mi mamá se encuentra en posición fetal, en
anquilosamiento de piernas y quisiera que la visitaran”. Exhibió un video y
dijo que también aportaría fotos en un CD que allegaría al Despacho de manera
oportuna.
Agotado así el objeto de la diligencia, la juez dio
por terminada la audiencia.
3.3.2. En cumplimiento al auto de decreto de pruebas, mediante
memorial remitido el 27 de junio de 2019[25], el representante de Coomeva EPS manifestó
que el encargado de cumplir los fallos de tutela de la regional Eje Cafetero
era la Directora Regional de Salud y representante legal para efectos
judiciales de la entidad, cuya superior es la gerente regional, aportando también
la información respectiva para notificaciones judiciales.
Atendiendo al requerimiento del juzgado, aportó la
historia clínica de la agenciada y señaló que el área médica de la EPS
dictaminó lo siguiente:
“Usuaria de 93 años de edad, con
diagnóstico: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER demencia entre las personas mayores. La
demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una
persona de llevar a cabo sus actividades diarias. Primero afecta las partes del
cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. ESQUIZOFRENIA
es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad
de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de
alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el
comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante.
Hija de la usuaria solicita
COMITÉ-INTERDISCIPLINARIO a efectos de que se le pueda garantizar su derecho a
morir con dignidad, usuaria que reside en hogar de adulto mayor con antecedente
de trastorno de ansiedad, esquizofrenia vs enfermedad de Alzheimer,
hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad arterial oclusiva severa con
necrosis distal en tercer dedo de miembro inferior izquierdo.
La usuaria no se encuentra
con diagnóstico de enfermedad terminal o condición patológica grave, que haya sido
diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un cáncer
progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo
relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de
eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o
cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de
ser eficaces.
Se debe anotar que la EPS no tiene
injerencia en lo solicitado ya que la IPS es la responsable de conformar y
realizar el solicitado: COMITÉ-INTERDISCIPLINARIO protocolo para la aplicación
del procedimiento de EUTANASIA en Colombia expedido por el ministerio de salud
en el 2015. Este procedimiento debe ser aplicado únicamente a:
Los enfermos mayores de edad en fase
terminal definidos son los criterios clínicos y pronósticos de este protocolo
que soliciten la aplicación del procedimiento, enfermos en fase terminal con
patología oncológicas y no oncológicas y enfermos con capacidad de decisión que
lo expresen de manera verbal o escrita. Condiciones que no cumple la usuaria
MARÍA LIRIA CALLE VDA DE VÉLEZ.
Además de lo anterior se debe haber
expedido por parte de esta obligatoriamente el documento de voluntad anticipada,
con el que no se cuenta como expresa en los hechos de la usuaria, además que si
el comité considera que no cumple con los requisitos necesarios no se configura
el derecho y el procedimiento no podrá ser autorizado.”
3.4. El 27 de junio de 2019, la apoderada de la
accionante allegó al juzgado un disco compacto contentivo de algunas
fotografías y videos[26], con el fin de demostrar
el estado de salud en que se encuentra la señora María Liria Calle viuda de
Vélez.
4. Fallos de tutela objeto de
revisión
4.1. En primera instancia, mediante sentencia
del 2 de julio de 2019, el Juzgado 5° Civil Municipal de Pereira negó el amparo
invocado.
Sostuvo que la decisión autónoma de quien sufre
intensos dolores y opta por la muerte digna no puede ser coartada por un
tercero, no obstante lo cual la jurisprudencia constitucional ha establecido
que el derecho a morir dignamente se sujeta a las siguientes condiciones: “que
el paciente tenga una enfermedad en estado terminal que le produzca intenso
dolor y sufrimiento, que la enfermedad debe estar calificada por un experto y
que la paciente haya dado un consentimiento libre, informad e inequívoco, esto
es que la manifestación de morir dignamente debe ser sin presiones de terceros,
debe obedecer a la legítima voluntad del paciente que padece el dolor intenso,
requisitos que deben darse conjuntamente”.
Señaló que al aplicar las anteriores reglas al caso
concreto no se evidencia que la señora María Liria Calle viuda de Vélez esté
diagnosticada con una enfermedad crónica, degenerativa e irreversible, ni que
esté catalogada como una paciente terminal ‒pues para ello se precisa que
un médico experto haya emitido un pronóstico fatal próximo o en un plazo
relativamente breve‒ o que esté recibiendo cuidados paliativos.
Adicionalmente, anotó que tampoco se cumple el requisito del consentimiento
libre, informado e inequívoco de la paciente, habida cuenta de que la agente
oficiosa expresó que su progenitora tenía sordera total desde muy temprana edad
y que desconocía si había sido sometida a un proceso de interdicción.
Aseguró, entonces, que, al no tratarse de una enferma
terminal, no procedía el consentimiento sustituto de la familia, que en este
caso sería el dado por la hija única que obra como agente oficiosa. En tal
sentido, bajo la premisa de que los requisitos deben darse conjuntamente, concluyó
que no había lugar a acceder a la pretensión de ordenar la conformación del
comité científico interdisciplinario y la iniciación del protocolo para la
muerte digna de la señora María Liria Calle viuda de Vélez.
4.2. En segunda instancia, por fallo del 30 de
julio de 2019, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Pereira confirmó
íntegramente la decisión del a quo.
Luego de reiterar los requisitos jurisprudenciales que
determinan el derecho a una muerte digna, consideró que en el sub júdice
la paciente no tiene la capacidad para exteriorizar su voluntad, en razón a sus
patologías y a su avanzada edad. En vista de ello, en cuanto al consentimiento
sustituto que puede otorgar la familia, advirtió que la ausencia de una
manifestación libre y sin presiones de la persona destinataria del
procedimiento exige un análisis más estricto y detallado que incluya la “opinión
certera del médico tratante en la que se indique sin lugar a dubitaciones que
el inicio del procedimiento es el camino más conveniente para ella”.
Expuso que, según las pruebas obrantes en el
expediente, se llevó a cabo visita médica domiciliaria el 7 de mayo de 2019, en
la cual se dejó constancia de las patologías de la señora María Liria Calle
viuda de Vélez y “también se hace referencia a un adecuado control del
dolor, suministro de alimentación sin inconvenientes, en folio siguiente
refiere abdomen blando sin masas no megalias, sin dolor a la palpación ni
signos de irritación peritoneal con poca interacción con el medio”. Asimismo,
indicó que la EPS Coomeva refirió que la agenciada no tiene diagnóstico de un
médico experto respecto de enfermedad terminal o condición patológica grave con
pronóstico fatal próximo a ocurrir que no sea susceptible de tratamientos
curativos, o que estos hayan dejado de ser eficaces.
A partir de lo anterior, concluyó que no se contaba
con dictamen médico contundente sobre la conveniencia del procedimiento de
eutanasia con la consecuente conformación del comité científico
interdisciplinario.
5. Actuaciones en sede de revisión
5.1. Por auto del 27 de noviembre de 2019, el
magistrado sustanciador vinculó al proceso al Ministerio de Salud y Protección
Social y le ordenó informar a esta Corporación cuál ha sido el trámite que le
ha dado a la orden impartida por la Corte Constitucional en el ordinal quinto,
literal i), de la sentencia T-721 del 12 de diciembre de 2017, específicamente,
si a la fecha ya se expidió acto administrativo que modifique, adicione o
complemente el inciso 3º del artículo 15 de la Resolución 1216 de 2015, en
relación con el consentimiento sustituto cuando la persona mayor de edad se
encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de circunstancias que le
impidan manifestar su voluntad para solicitar el procedimiento de morir
dignamente.
5.2. Mediante memorial del 3 de diciembre de 2019, el
Ministerio de Salud y Protección Social, por intermedio de su Directora
Jurídica, indicó que la eutanasia “se da cuando un médico intencionalmente
induce la muerte de la persona bajo la solicitud de la administración de
drogas, por la solicitud voluntaria y competente de la persona, debido a tales (sic)
sus características la eutanasia es siempre voluntaria y directa” Tras
resaltar sus características de voluntariedad y libertad, señaló que existían precisiones
y diferencias entre dicho concepto de eutanasia y los de cuidados paliativos[27], sedación paliativa[28], suicidio asistido[29], suicidio médicamente
asistido[30] y adecuación de los
esfuerzos terapéuticos[31].
Agregó que, a diferencia de la eutanasia que siempre
exige la autonomía del afectado, la adecuación de los esfuerzos terapéuticos sí
podía ser solicitada por el representante del paciente, en busca del mejor interés
de este último y para que se cumplan los principios de proporcionalidad y
prudencia en el cuidado del final de la vida o incluso de la enfermedad crónica
irreversible, avanzada o no, con el propósito de permitir la evolución natural
de la enfermedad, sin que esto implique abandono o falta de alivio sintomático,
aspectos que estimó pertinente diferenciar con claridad, bajo el entendido de
que el derecho a morir con dignidad no es homogéneo y está atravesado por las
características del caso.
En tal sentido, enfatizó que el derecho a la muerte
digna, elevado a rango fundamental por la Corte Constitucional, ha sido
reconocido como un conjunto de facultades que le permiten a la persona vivir
con dignidad el final de su ciclo vital, permitiéndole adoptar decisiones sobre
cómo enfrentar el momento de la muerte, siendo una de esas posibilidades la
anticipación de la muerte con el procedimiento de eutanasia que siempre
requiere voluntariedad de la persona, pero sin que se reduzca a dicha
alternativa, pues el derecho también se puede ver garantizado por medio de
otras atenciones cuando no se cumpla la referida condición. Por lo tanto, recalcó
que la discusión sobre la materia debía propender a que los límites y las
medidas de control sean parte fundamental de la garantía del derecho y de la
prevención de pendientes resbaladizas que lleven a la muerte a personas en
condiciones de vulnerabilidad o motivas por condiciones de falta de acceso al
cuidado proporcional e integral en el final de la vida.
Bajo las anteriores premisas, afirmó que el
consentimiento sustituto no procedía ante la eutanasia como acto médico, debido
a que la autonomía y la libertad son condiciones primordiales e ineludibles
cuando se trata de decidir sobre la anticipación del momento de la muerte y del
final de la vida en general. Así, sostuvo que la opción de que cualquier
persona diferente a uno mismo, sustituyendo el juicio personal, determine que
continuar viviendo configura un daño, va en contravía de la definición de
decisión autónoma; además, ello implicaría el riesgo de desechar la vida de
quienes no comprenden su situación frente a la muerte o a la vida en
sufrimiento, y generaría desconfianza en la misma medicina. Por consiguiente,
expuso que ninguna regulación existente permite la sustitución del
consentimiento para la eutanasia.
Luego de hacer un recuento de la jurisprudencia
constitucional que establece la voluntad del paciente como condición de
posibilidad para la eutanasia, reiteró que el derecho a morir dignamente no
solo se limita a la anticipación de la muerte, sino que también comprende otras
alternativas sobre la atención y los cuidados al final de la vida que no
requieren la misma cualificación y que admiten la posibilidad de que las
personas sean apoyadas en el proceso de toma de decisiones de otras formas de
ejercer tal derecho fundamental, así como se puede ser sustituido para
resguardar el concepto de bienestar y proporcionalidad en los cuidados
paliativos, la sedación terminal y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos.
Al conceptuar acerca del caso bajo examen, el
Ministerio indicó, en línea con lo sostenido anteriormente, que no era posible
que la señora Carmen Diana Vélez Calle sustituyera el consentimiento de su
progenitora para realizar el procedimiento de eutanasia. Reiteró que el
ejercicio del derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia se ve
limitado en su exigibilidad si no media la solicitud voluntaria, libre e
inequívoca de la persona y su consentimiento directo para la realización del
procedimiento, pero tal límite no debe afectar la garantía de otras formas de
ejercer el derecho, en las cuales se debe brindar el cuidado debido y
proporcional, el cual puede ser garantizado por medio de la adecuación de los
esfuerzos terapéuticos y los cuidados paliativos. Aunado a ello, señaló la
señora María Liria Calle viuda de Vélez se encuentra en una situación de
envejecimiento con multimorbilidades, sin que esta situación derive por sí
misma en un diagnóstico de enfermedad terminal, lo que es técnicamente
diferente y resulta de gran relevancia para evitar abusos
Finalmente, en cuanto al trámite que se ha dado a la
orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-721 de 2017,
manifestó que, dada la complejidad de la materia, se ha venido adelantando la
revisión de conceptos necesarios para mantener un criterio objetivo que esté
incluido de forma homogénea en la reglamentación, para que pueda seguirse con
el cronograma de respuesta, incluyendo la conformación de mesas de trabajo con
los diferentes actores sociales interesados, así como el estudio comparativo de
la legislación occidental sobre la eutanasia y la generación de propuestas
técnicas para actualizar la carta de derechos de los pacientes incorporando el
derecho a morir dignamente. Además, se ha adelantando al mismo tiempo la
elaboración del proyecto de ley estatutaria “Por medio de la cual se regula
el derecho fundamental a morir con dignidad a través de la eutanasia, y se
dictan otras disposiciones”, que será presentado en ejercicio de la
iniciativa legislativa que le asiste al ministerio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso
En el asunto bajo estudio, la señora Carmen Diana
Vélez Calle, actuando como agente oficiosa, reclama la protección del derecho a
morir dignamente de su progenitora, señora María Liria Calle viuda de Vélez,
pues considera que, dado su estado de salud actual, sus condiciones de
existencia no son dignas y no se encuentra en capacidad de expresar su voluntad
de terminar con el sufrimiento que su condición le causa. Con base en lo anterior, solicita que el
juez constitucional ordene a las respectivas entidades prestadoras del servicio
de salud que procedan a conformar el comité científico interdisciplinario y a
iniciar el protocolo legal correspondiente, a efectos de que a la agenciada se
le garantice su derecho fundamental a morir con dignidad.
Por su parte, las demandadas se opusieron a las
pretensiones de la accionante, con el argumento de que en el caso no se reúnen
los presupuestos para acceder a lo solicitado.
Las sentencias de los jueces de primera y segunda
instancias fueron adversas a las pretensiones de la promotora de la acción, luego de considerar, principalmente, que el
proceder de las accionadas se encontraba justificado legalmente.
3. Problema jurídico a resolver
Como medida inicial, corresponde a la Corte verificar
si en el caso bajo estudio se reúnen los requisitos de procedencia de la acción
de tutela.
Si tras este análisis se comprueba que la intervención
de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un estudio de
fondo, la Sala deberá determinar si el derecho fundamental a morir dignamente,
invocado en favor de la señora María Liria Calle viuda de Vélez fue vulnerado
por parte de Coomeva EPS, el Grupo Operador Clínico Hospitalario por
Outsourcing SAS y la Clínica Los Rosales, al negar la petición elevada por su
hija con el fin de que se realicen los procedimientos y protocolos encaminados
a brindarle una muerte digna.
Para dar respuesta a estas cuestiones, la
Sala de Revisión procederá a efectuar el estudio de los siguientes ejes
temáticos: (i) Procedencia de la acción de tutela; (ii) La jurisprudencia de la
Corte Constitucional en torno al derecho a morir dignamente; y, (iii) La
normatividad que reglamenta el derecho a morir dignamente en Colombia.
Una vez agotado el estudio de los anteriores aspectos
se abordará el análisis del caso concreto, luego de lo cual se adoptarán las
determinaciones a que haya lugar frente a la solicitud de amparo.
(i) Procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Carta Política de 1991 consagró
la acción de tutela como un mecanismo judicial de naturaleza excepcional
orientado a brindar a toda persona una protección inmediata ante conductas de
autoridades públicas o de particulares ‒en determinadas
circunstancias‒, que ocasionan una amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales del solicitante.
Dado su carácter excepcional, la acción de tutela no
está destinada a sustituir los procedimientos a través de los cuales los jueces
ordinarios resuelven normalmente las controversias, de modo que, en principio,
sólo es procedente en los eventos en que el peticionario carezca de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para perseguir la salvaguarda de sus
garantías constitucionales, salvo que, dada la inminencia de una lesión
iusfundamental, se recurra a ella como mecanismo transitorio para conjurar un
perjuicio irremediable.
Así pues, de
acuerdo con los presupuestos fijados en el texto superior y en concordancia con
lo previsto en los artículos 1°, 5, 6, 8, 10 y 42 del
Decreto 2591 de 1991[32], la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela son los siguientes:
(i) legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii) inmediatez; y, (iv) subsidiariedad[33].
Es necesario,
entonces, que antes de entrar a dilucidar el fondo del asunto, el juez
constitucional se concentre en verificar el cumplimiento de cada uno de los
presupuestos de procedencia. De este análisis preliminar
pasa a ocuparse, enseguida, la Sala Novena de Revisión:
Legitimación en
la causa por activa. Según el artículo 86 superior, la solicitud
de amparo constitucional puede ser formulada por cualquier persona, ya sea por
quien soporta directamente el agravio de sus derechos fundamentales, o por
alguien que actúe en nombre del afectado.
Es menester constatar, por lo tanto, si quien promueve
la acción de tutela está habilitado para hacer uso de este mecanismo judicial,
bien porque es el titular de los derechos cuya protección reclama, ora porque
actúa en procura de una persona que no se encuentra en condiciones de promover
su propia defensa, en virtud de la figura de representación legal o a través de
la figura de la agencia oficiosa, de conformidad con lo previsto en el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991[34].
Bajo esa orientación, esta Corporación ha sostenido
que la figura procesal de la agencia oficiosa permite el amparo efectivo de
sujetos de especial protección constitucional como son “menores de edad;
personas de la tercera edad; personas amenazadas ilegítimamente en su vida o
integridad personal; individuos en condiciones relevantes de discapacidad
física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas minorías
étnicas y culturales” [35] y, a la vez, ha decantado que “el
Decreto exige, como condiciones para que se configure la agencia oficiosa, la
concurrencia de dos elementos: (i) que el titular de los derechos no esté en
condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa
circunstancia”[36].
En la acción de tutela sub júdice se observa,
por un lado, que la señora Carmen Diana Vélez Calle actúa en nombre de su
progenitora, en razón a que la titular de los derechos es una mujer nonagenaria
cuyo delicado estado de salud[37] le impide defender sus
intereses por cuenta propia y, por otro, que la promotora de la acción
manifiesta en el libelo que actúa en calidad de agente oficiosa, poniendo de
relieve, precisamente, la imposibilidad fáctica de que la agenciada exprese su
voluntad.
Se colige
entonces que se
encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa, en la
medida en que la demanda constitucional de amparo instaurada por la señora
Carmen Diana Vélez Calle está encaminada a la salvaguarda de las garantías
constitucionales de su progenitora, quien, además, en razón de sus limitaciones
físicas y su condición de adulto mayor, es merecedora una especial protección
constitucional.
Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito de
procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 de la Constitución[38], a cuyo tenor la acción
de tutela puede dirigirse contra autoridades públicas y, en precisas hipótesis,
contra particulares, según sea el caso, por su presunta responsabilidad –bien
sea por acción o por omisión− en la transgresión iusfundamental que
suscita la reclamación.
En el asunto sometido a consideración de la Sala,
Coomeva EPS, el Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS y la
Clínica Los Rosales son las entidades a las que se le endilga la conducta
vulneradora, en tanto son las encargadas de prestar el servicio de salud a la
agenciada, de conformidad con el numeral 2 del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991[39], así como de impartir el
trámite correspondiente a la solicitud de activar los protocolos para la muerte
digna de la paciente, a la luz de lo previsto en la parte considerativa y el
artículo 5 de la Resolución 1216 de 2015[40].
Bajo ese entendimiento, no cabe duda de que dichas entidades
están debidamente habilitadas para comparecer en el extremo pasivo del proceso,
puesto que son las llamadas a responder a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, ha de concluirse que también se encuentra acreditada la condición
de legitimación en la causa por pasiva.
Inmediatez. Puesto que el propósito del mecanismo de amparo radica
en proveer una protección urgente frente a amenazas o afectaciones graves e
inminentes de los derechos fundamentales, la formulación oportuna de la demanda
de tutela es un presupuesto primordial para la procedencia de esta acción
constitucional.
En el presente asunto ha de tenerse en cuenta que la
señora Carmen Diana Vélez Calle elevó diferentes peticiones ante las accionadas
para que se le garantice a su progenitora el derecho a morir dignamente. En el
marco de dicha actuación obtuvo respuestas los días 4 de febrero de 2019 por
parte de Coomeva EPS[41], 11 de febrero y 4 de mayo de 2019 por
parte del Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS[42], y 6 de febrero, 3 de mayo y 4 de junio de 2019 por
parte de la Clínica Los Rosales[43], al paso que el libelo fue radicado en la
oficina judicial seccional Risaralda el 17 de junio de 2019[44].
Se deriva de lo anterior que, entre la última
respuesta obtenida por la peticionaria ‒que contenía la decisión
definitiva a su solicitud‒ y la interposición de la acción de tutela
transcurrieron apenas 13 días calendario, lo cual permite determinar que la demandante
obró con diligencia por cuanto acudió dentro de un lapso razonable ante el juez
constitucional.
Subsidiariedad. La naturaleza excepcional de la acción de tutela está
relacionada con la regla general conforme a la cual el amparo no
puede ser empleado como mecanismo principal para ventilar asuntos cuyo
conocimiento le ha sido deferido a otros jueces, lo que impone que, previo a acudir a la justicia
constitucional, deban agotarse las etapas y las formas previstas en el
ordenamiento jurídico para cada proceso, a menos que dichos medios se aprecien
inidóneos o ineficaces para el caso concreto.
Frente a la controversia que ocupa la atención de la
Sala, basta decir que desde la sentencia T-970 de 2014, la Corte determinó que
siempre que se presenten dificultades fácticas en relación con llevar a cabo el
derecho a morir dignamente, la acción de tutela será el mecanismo principal y adecuado
para tramitar la solicitud. Igualmente, en la sentencia T-322 de 2017 se
admitió la procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial idóneo y
eficaz para ventilar el derecho a morir dignamente de una persona de la tercera
edad aquejada por diferentes enfermedades.
Cabe anotar, además, que en virtud del artículo 13
superior, que consagra una cláusula de protección especial para quienes se
hallan en un estado de debilidad manifiesta por su situación económica, física
o mental, como las personas de la tercera edad, las que padecen afecciones de
salud o que se encuentran en condición de discapacidad, es posible acudir al
recurso de amparo para reclamar una protección preferente, en atención a que,
por sus circunstancias, se sitúan en planos de desigualdad frente a otros
ciudadanos y de aguda desventaja frente a las autoridades y los demás
estamentos.
Desde esa perspectiva, se observa con suficiencia que
la solicitud promovida por la señora Carmen Diana Vélez Calle en representación
de la señora María Liria Calle viuda de Vélez es susceptible de ser examinada
por el juez constitucional, dado que la acción de tutela es el mecanismo
principal para invocar la protección del derecho fundamental a morir dignamente
‒como la propia Corte lo ha reconocido‒, no se cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial para encauzar la pretensión de que se trata y, en
todo caso, en razón a que la titular de los derechos cuya salvaguarda se
pretende es un sujeto de especial protección constitucional por su avanzada
edad y condición de salud.
Así las cosas, ha de concluirse que la acción de
tutela de la referencia satisface los requisitos mínimos de procedencia, por lo
que hay cabida a un estudio de mérito en torno a las pretensiones.
(ii) La jurisprudencia de la Corte Constitucional en
torno al derecho a morir dignamente
Desde sus más tempranos pronunciamientos, esta
Corporación ha analizado, tanto en control abstracto como en control concreto
de constitucionalidad, las tensiones de derechos y principios que surgen en el
debate alrededor del derecho a una muerte digna.
La primera aproximación a la cuestión tuvo lugar en la
sentencia T-493 de 1993[45], en la cual la Sala Segunda de Revisión
estudió la acción de tutela promovida en conjunto por la personera de un
municipio y un ciudadano, quienes reclamaban la protección del derecho a la
salud y la vida de la hermana de este último, una mujer de 55 años con tumor de
mama que optó por no continuar con el tratamiento para su patología –el cual le
era brindado en una ciudad distinta a su residencia–, porque consideraba que ya
no lo necesitaba. El juez de instancia consideró que la agenciada ignoraba la
gravedad de su diagnóstico y que su esposo, también por ignorancia, no la
motivaba para preocuparse por su propia salud, por lo cual concedió la tutela y
ordenó al cónyuge que dispusiera lo necesario para la conducción de la paciente
al centro hospitalario a fin de proseguir con el tratamiento, dado el peligro
de muerte que ocasionaría la falta de la atención médica a la enfermedad.
La Corte consideró, en primer lugar, que la acción no
era procedente contra el esposo de la paciente –en tanto particular–, en razón
a que no estaba demostrada una circunstancia de indefensión de ella respecto de
él, y que tampoco se daban los presupuestos para la agencia oficiosa, pues la
presuntamente afectada estaba en condiciones de promover la defensa de sus
derechos.
Ahora bien: al abordar el fondo del asunto, la Sala
Segunda de Revisión estableció que la vulneración iusfundamental se produjo a
causa de la conducta de los promotores de la acción y del juez de instancia,
quienes desconocieron que solamente la titular del derecho a la vida estaba
legitimada para decidir si se sometía a no al tratamiento que precisaba su
patología y que no se le podía obligar a recibir asistencia médica:
“Tanto los peticionarios de la tutela,
como el fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango Antioquia,
desconocen el mandato constitucional del artículo 16, que reconoce el derecho
al libre desarrollo de la personalidad  "sin más limitaciones que las que
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico", en cuanto coartan
la libertad  que posee María Libia Pérez Duque de decidir si se somete o no a
un tratamiento médico y las modalidades del mismo, e interfieren indebidamente
la potestad de autodeterminarse, conforme a su propio arbitrio dentro de los
límites permitidos, en lo relativo a lo que a su juicio es más conveniente para
preservar su salud y asegurar una especial calidad de vida.
La decisión de María Libia Pérez Duque de
no acudir a los servicios médicos en la ciudad de Medellín, entre otras
razones, por lo costosos que ellos resultan, su razón valedera de no querer
dejar sola a su hija en la casa, su especial convicción de que  "Cristo la
va a aliviar", y de que se siente bien de salud, no vulnera ni amenaza los
derechos de los demás,  ni el orden jurídico; por consiguiente, merece ser
respetada, dentro del ámbito del reconocimiento de su derecho al libre
desarrollo de la personalidad.
(…)
La tutela impetrada, en cuanto persigue la
imposición a María Libia Pérez Duque de un determinado patrón de conducta
respecto a la enfermedad que padece, menoscaba su potencialidad como persona,
su capacidad de autodeterminación, y desconoce el derecho a la intimidad
personal y familiar de que tratan los incisos 1o y 3o de los artículos 15 y 42
de la Carta Política; en efecto, el derecho a la intimidad comprende la
personalísima esfera de las personas que, por su naturaleza, no le atañe a
terceros, así estos sean el Estado o los consanguíneos próximos de éstas.”
Bajo esa óptica, la Sala revocó la decisión mediante
la cual el juez de instancia compelía a la paciente a recibir el tratamiento
para conjurar el cáncer.
En la sentencia C-239 de 1997[46], la Sala Plena examinó la constitucionalidad del
artículo 326 del antiguo Código Penal[47], que tipificaba el delito de homicidio por piedad en los siguientes términos: “El que matare a otro por piedad, para poner fin a
intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o
incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años”.
A
juicio del ciudadano accionante, en virtud de la norma acusada (i) el Estado
deja de cumplir su función de proteger a las personas, pues deja al arbitrio
del médico la opción de terminar con la vida de aquéllos a quienes se considere
un obstáculo, una molestia o cuya salud represente un alto costo; (ii)
prácticamente se da autorización para matar a quienes no gozan de buena salud
–dada la levedad del castigo frente a los otros casos de homicidio–,
desconociéndose por esa vía que el derecho a la vida es inviolable; (iii)
establece una discriminación en contra de quien se encuentra gravemente enfermo
o con mucho dolor, relativizando el valor de la vida humana y permitiendo que haya
ciudadanos de diversas categorías; (iv) la vida es tratada por el legislador no
como un bien jurídico tutelable sino como una cosa que en determinadas
condiciones debe desaparecer, y se trata de una figura que no resulta aplicable
en Colombia en tanto “envuelve el deseo de librarse de la carga social”;
(v) se soslaya que no toda persona enferma tiene un deseo vehemente de acabar
con su vida, al contrario, las personas quieren vivir; y, finalmente, (vi) “en
el homicidio piadoso se reflejan las tendencias de los Estados totalitarios
fascista y comunista, que responden a las ideas hitlerianas y stalinistas;
donde los más débiles, los más enfermos son conducidos a las cámaras de gas,
condenados a éstas seguramente para "ayudarles a morir mejor".”
En
dicha oportunidad, la Corte comenzó por definir el homicidio por piedad
–también homicidio pietístico o eutanásico– como la acción de quien obra por la
motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de quien, a
causa de una lesión corporal o de enfermedad grave o incurable, padece sin
ninguna esperanza de que termine su sufrimiento, de tal suerte que consiste en ayudar
a otro a morir dignamente. En tal sentido, indicó que el demandante partía
de un supuesto equivocado al confundirlo con el homicidio eugenésico, en
el cual “se persigue como fin, con fundamento en hipótesis seudocientíficas,
la preservación y el mejoramiento de la raza o de la especie humana” o “eliminar
a los improductivos”.
Para
la Corte, quien mata a otro con fin de ponerle fin a su sufrimiento lo hace con
un motivo altruista y por ello el legislador, al contemplar la piedad como
consideración subjetiva del acto, fijó el homicidio por piedad como un tipo
autónomo y con una punibilidad menor a la prevista para el homicidio simple y
el agravado, con lo cual no se desconoce el derecho fundamental a la vida
(artículo 11 C.P.) en tanto la conducta sigue siendo antijurídica y, por ende
sancionable, a pesar de su motivación, que –se insiste– tiene relevancia como
aspecto subjetivo en el ámbito de la valoración de la culpabilidad.
Ahora
bien: en relación con el consentimiento del sujeto pasivo del homicidio
pietístico, esta Corporación tomó como punto de partida que la vida puede ser
vista desde dos posiciones: la primera, que la considera sagrada, asume que la
muerte ha de sobrevenir por causas naturales y ajenas al individuo; la segunda,
que considera la vida valiosa pero no sagrada, “admite que, en
circunstancias extremas, el individuo pueda decidir si continúa o no viviendo,
cuando las circunstancias que rodean su vida no la hacen deseable ni digna de
ser vivida, v. gr., cuando los intensos sufrimientos físicos que la persona
padece no tienen posibilidades reales de alivio, y sus condiciones de
existencia son tan precarias, que lo pueden llevar a ver en la muerte una
opción preferible a la sobrevivencia.”
Dado
que en la Constitución de 1991 se consagran la laicidad y el pluralismo
–que tornan el carácter sagrado y absoluto de la vida como una opción–, que la dignidad
humana es el eje central de todo el sistema de derechos y garantías, y que
la solidaridad –comprendida como el deber positivo de todo ciudadano de
socorrer a quien se encuentra en una situación de necesidad, con medidas
humanitarias– es un principio básico del Estado colombiano, la Corte expuso que
la solución a la cuestión planteada en la demanda debía ser respetuosa de la
autonomía moral del individuo, y reconocer el móvil altruista y solidario de
quien obra movido por el impulso de suprimir el sufrimiento ajeno. Con base en
esos postulados superiores, se dijo entonces:
“[L]a Constitución se inspira en la consideración
de la persona como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y
autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben,
debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de
los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir, y por tanto, si
la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones,
ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo cuando, por las
circunstancias extremas en que se encuentran, no lo estiman deseable ni
compatible con su propia dignidad, con el argumento inadmisible de que una
mayoría lo juzga un imperativo religioso o moral
(…)
[N]ormas superiores muestran que la Carta no es neutra
frente al valor vida sino que es un ordenamiento claramente en favor de él,
opción política que tiene implicaciones, ya que comporta efectivamente un deber
del Estado de proteger la vida. Sin embargo, tal y como la Corte ya lo mostró
en anteriores decisiones, el Estado no puede pretender cumplir esa obligación
desconociendo la autonomía y la dignidad de las propias personas.
(…)
[L]a Corte considera que frente a los enfermos
terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal [de proteger la vida] cede frente al consentimiento
informado del paciente que desea morir en forma digna. En efecto, en este caso,
el deber estatal se debilita considerablemente por cuanto, en virtud de los
informes médicos, puede sostenerse que, más allá de toda duda razonable, la
muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto. En cambio, la decisión
de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo
terminal, que sabe que no puede ser curado, y que por ende no está optando
entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones
que él escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que
juzga indignas. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces
el derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un
tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones,
equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP
art.12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto
moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la
vida como valor abstracto.
“[L]a Corte concluye que el Estado no puede
oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que
solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce
dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Por consiguiente,
si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas que
plantea el artículo 326 del Código Penal considera que su vida debe concluir,
porque la juzga incompatible con su dignidad, puede proceder en consecuencia,
en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a
su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un
tercero le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de restarle importancia
al deber del Estado de proteger la vida sino, como ya se ha señalado, de
reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo
como hecho biológico.”
Así,
este Tribunal concluyó que en el evento de que una persona que padece una
enfermedad terminal decide no continuar viviendo por el agudo sufrimiento que
la agobia y porque estima que esa situación es contraria a su propia dignidad,
no puede atribuírsele antijuridicidad a la actuación de quien le asiste para
llevar a cabo ese cometido, “porque se trata de un acto solidario que no se
realiza por la decisión personal de suprimir una vida, sino por la solicitud de
aquél que por sus intensos sufrimientos, producto de una enfermedad terminal,
pide le ayuden a morir”, razón por la cual declaró exequible la disposición
demandada.
Sin
embargo, acerca del consentimiento del paciente terminal se precisó que “debe
ser libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de
comprender la situación en que se encuentra. Es decir, el consentimiento
implica que la persona posee información seria y fiable acerca de su enfermedad
y de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con la capacidad
intelectual suficiente para tomar la decisión.” En tal sentido, la
sentencia C-239 de 1997 estableció que el sujeto activo del homicidio por
piedad debía necesariamente ser un médico “puesto que es el único
profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino
además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en los
casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma
penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser, entonces, objeto
de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a
quienes así obren.”
Finalmente,
la Corte anotó que era preciso que, en su función de proteger la vida, el
Estado adoptara, a través del legislador, una estricta regulación del derecho a
la muerte digna, la cual debía incluir los siguientes aspectos esenciales: (1)
Verificación rigurosa, por personas competentes, de la situación real del
paciente, de la enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la
voluntad inequívoca de morir; (2) Indicación clara de las personas (sujetos
calificados) que deben intervenir en el proceso; (3) Circunstancias bajo las
cuales debe manifestar su consentimiento la persona que consiente en su muerte
o solicita que se ponga término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo,
sujetos ante quienes debe expresarlo, verificación de su sano juicio por un
profesional competente, etc.; (4) Medidas que deben ser usadas por el sujeto
calificado para obtener el resultado filantrópico; e, (5) Incorporación al
proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la
responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona, de tal manera
que la regulación penal aparezca como la última instancia en un proceso que
puede converger en otras soluciones.
Por
lo tanto, se exhortó al Congreso para que adoptara la referida regulación, con
la advertencia de que, entretanto, los homicidios pietísticos debían ser investigados,
de suerte que sería el funcionario judicial quien estableciera la
antijuridicidad de la conducta del médico que incurriera en dicha conducta,
previa verificación de que existió un consentimiento auténtico del paciente.
Más adelante, en la sentencia C-233 de 2014[48] la Corte se pronunció sobre las objeciones
gubernamentales, por razones de inconstitucionalidad, frente al proyecto de ley
No. 138 de 2010 Senado, 290 de 2011 Cámara, «Ley Consuelo Devis Saavedra,
mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo
integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e
irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad
de vida»[49].
En el texto de dicho proyecto de ley se definía qué
debía entenderse por dicho tipo de patologías, se regulaban los especiales
derechos que les asisten a los pacientes en esas condiciones, las obligaciones
de las EPS e IPS públicas y privadas, las funciones de reglamentación y
vigilancia del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud
‒respectivamente‒ en la garantía del servicio de cuidado paliativo,
el acceso a medicamentos opioides y la posibilidad de establecer estrategias de
cooperación internacional para el cumplimiento de lo allí previsto.
El Gobierno Nacional objetó el proyecto de ley porque
estimó que debía tramitarse mediante ley estatutaria, mas no por vía de ley
ordinaria, al considerar que allí se regulaban aspectos relacionados con el
derecho a la vida y muerte digna del enfermo terminal que afectan el núcleo
esencial de estos derechos fundamentales. Para el Gobierno, la normatividad en
cuestión “tiene, a su turno, un componente de restricción o limitación
voluntaria a la vida que ha sido catalogado como uno de los más trascendentales,
si no el más trascendental. (…) [e]stá en juego la irreversibilidad de la vida
y, por ende, el rigor con que debe surgir la determinación en torno al derecho
a morir dignamente, aun respecto a la eutanasia pasiva previamente declarada
por la persona”. Esta postura fue coadyuvada, en su momento, por el
concepto del Procurador General de la Nación.
El Congreso de la República, a su turno, sostuvo que,
aunque el proyecto trataba aspectos relacionados con el derecho a la vida, no
lo regulaba de manera integral, de modo que no podía predicarse en este caso la
reserva de ley estatutaria.
A partir de lo anterior, la Corte Constitucional se
propuso establecer “si los preceptos legales que i) en caso de muerte
cerebral, releven al médico de la obligación de mantener con vida el resto de
órganos del paciente; y ii) aquellos que consagren el derecho a suscribir un
documento por medio del cual se renuncie a tratamientos médicos innecesarios
han debido ser tramitados por el procedimiento previsto para las leyes
estatutarias, en tanto su contenido determina o configura el núcleo esencial de
los derechos fundamentales involucrados y tienen un componente de restricción o
limitación voluntaria a la vida.”
Para determinar lo anterior, la Sala Plena analizó el
concepto de cuidados paliativos desde sus orígenes históricos y su
evolución hasta ser entendidos como el “[e]nfoque que mejora la calidad de
vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del
sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y
tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”[50]. Bajo la premisa de que los cuidados
paliativos están encaminados a controlar el dolor y el sufrimiento y a brindar
a los pacientes el mejor cuidado médico posible para que tengan igualmente una
mejor posibilidad de vivir el tiempo que tienen con calidad, se indicó que “su
prestación debe respetar la particular visión de la vida y entender al ser
humano como un sujeto construido a partir su experiencia sobre la existencia y
su concepción sobre el dolor, el sufrimiento y la muerte.”
Seguidamente, se precisó que los cuidados paliativos
pretenden:
“(i) Alcanzar y mantener un nivel
óptimo de control del dolor y de los efectos de su sintomatología. Esto
exige una evaluación cuidadosa de cada persona enferma, considerando su
historia médica, su examen físico y psicológico, su entorno cultural, etc. En
ese sentido, las personas con patologías severas, “deben tener acceso
inmediato a toda la medicación necesaria, incluyendo una gama de opioides y de
fórmulas farmacéuticas”.
(ii) Afirmar la vida y entender el
morir como proceso normal. Ante la realidad inexorable de la muerte,
las personas que reciben cuidados paliativos, no pueden ser calificadas como
sujetos inferiores o carentes de derechos, pues el objetivo de tales
tratamientos es asegurarles condiciones que les capaciten y animen para vivir
de forma útil, productiva y plena hasta el momento de su muerte. Por tanto, la
importancia de la rehabilitación, en términos del bienestar físico, psíquico y
espiritual, no puede ser desatendida.
(iii) No apresurar ni posponer la
muerte. De esta manera, su propósito no consiste en prolongar la vida
de manera artificial o no natural. Por tanto, los referidos cuidados no obligan
a los doctores a emplear indefinidamente tratamientos considerados fútiles o
excesivamente onerosos para los pacientes. “En cuidados paliativos el
objetivo es asegurar la mejor calidad de vida posible y, de ese modo, el
proceso de la enfermedad conduce la vida a un extremo natural. Específicamente,
la eutanasia y el suicidio asistido no se incluyen en ninguna definición de
estos cuidados”.
(iv) Integrar los aspectos
psicológicos y espirituales en los cuidados brindados al enfermo. Como
se ha expuesto, la visión sectorial del concepto de salud, que entiende la vida
sólo desde una dimensión física, es insuficiente, pues el ser humano no puede
ser reducido a una simple entidad biológica.
(v) Ofrecer las herramientas para que
los pacientes vivan de manera activa, en la medida de lo posible, hasta el
momento de su muerte. De esta manera, el paciente está en la libertad
de establecer los objetivos y prioridades, para que, con base en ello, el
profesional de la salud le capacite con el propósito de alcanzar el objetivo
identificado. Aunque las prioridades de una persona sean susceptibles de
cambios, con el paso del tiempo, el personal encargado de brindar los cuidados
paliativos debe ser consciente de éstos y atenderlos.”
Luego de abordar el concepto de muerte cerebral
‒también denominada muerte encefálica, consistente en un estado
irreversible en que la persona ya no presenta actividad eléctrica en el
encéfalo y únicamente mantiene funciones vitales de forma artificial, es decir,
con ayuda de mecanismos externos‒, la Corte encontró que el aparte
conforme al cual no es obligación del médico mantener el funcionamiento de los
órganos del paciente que ha sido diagnosticado con muerte cerebral, no regula
aspecto alguno en relación con la terminación de la vida del paciente, ni
determina el momento de la muerte del paciente; y, aunque implícito en las dos
afirmaciones anteriores, tampoco le concede al médico posibilidad alguna de
decidir sobre la terminación de la vida de un paciente, por lo cual desestimó
la objeción que sobre dicho punto se presentó.
Por otro lado, se revisó la disposición según la cual
el paciente tiene derecho a suscribir un documento de voluntad anticipada
para no someterse a tratamientos médicos innecesarios en caso de enfermedad
terminal e irreversible, estado de coma o sufrimientos extremos. Para el
efecto, la Corte definió la voluntad anticipada como “el conjunto de
preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de
su cuerpo y de su vida, la cual se suscribe de manera libre e informada, en
pleno uso de sus facultades mentales y como previsión de no poder tomar tal decisión
en el futuro, debido a un suceso que le deje incapacitada para expresar tal
intención. A su vez, esta declaración, incorpora sus valores, su entorno
cultural, sus creencias religiosas y su ideología.” En tal sentido, es una
expresión de la autonomía como dimensión de la dignidad humana, que a su vez
guarda coherencia con la proporcionalidad de los cuidados paliativos, al no
prolongarse innecesariamente el dolor del enfermo y su familia.
Sobre la importancia de conocer la voluntad anticipada
del paciente, indicó la Corte: “cuando un individuo pierde la capacidad de
expresar sus preferencias y decidir por sí mismo, la responsabilidad de
decisiones sobre su salud, su cuerpo y su vida recae en su representante legal,
que casi siempre es un familiar cercano. ‘Tomar estas decisiones es sumamente
difícil y con frecuencia implica una gran carga emocional y social para el
responsable. El conocer la voluntad anticipada de la persona en cuestión
facilita la toma de decisiones y alivia importantemente esa carga. Por eso es
importante que toda persona, pero especialmente aquéllas afectadas por
cualquier enfermedad, se tomen el tiempo necesario para reflexionar sobre sus
preferencias, valores y creencias para definir su voluntad anticipada, y la
comuniquen a sus familiares, amigos o a su representante legal’[51].”
Para esta Corporación, la norma prevé que el paciente
tiene la posibilidad de renunciar específicamente a los tratamientos innecesarios
desde el punto de vista médico, en la fase terminal de una enfermedad crónica,
degenerativa e irreversible, es decir, aquellos que según el facultativo
carecen de toda utilidad para mejorar la salud o la calidad de vida de quien se
somete a ellos y que, por el contrario, resultan crueles e invasivos, pues dada
la situación en la que se encuentra la persona solo sirven para dilatar el
momento de la muerte, sin que exista la posibilidad real de curación,
previniéndose así, al mismo tiempo, el encarnizamiento o ensañamiento
terapéutico. En tal sentido, aclaró la Corte que no se trata de que el paciente
que se encuentre en las antedichas circunstancias tenga la opción de renunciar
a un tratamiento que cure su enfermedad y, en esa medida, no implica una
elección entre vivir o morir, sino “de la forma de afrontar un hecho
inevitable, como es la muerte, entendida esta como un fenómeno natural del
ciclo vital” que, conforme al pronóstico clínico, sobrevendrá prontamente,
dado el estado irreversible de la patología, por lo que anotó: “la Voluntad
Anticipada desde ninguna perspectiva implica la decisión de anticipar el
desenlace fatal próximo a ocurrir, por cuanto no consiste en la solicitud de
que se aplique o se realice un tratamiento para terminar con la vida. En este
sentido no resulta un instrumento eutanásico.”[52]
De conformidad con estas precisiones, la Corte enmarcó
los supuestos específicos en los que resulta aplicable la figura de voluntad
anticipada, a saber: “i) que se esté afectado por una enfermedad crónica y
progresiva; ii) que no sea susceptible de un tratamiento curativo, en tanto los
tratamientos previsiblemente útiles han dejado de ser eficaces; y iii) que se
encuentre en fase terminal, es decir, que tenga un pronóstico fatal próximo o
en un plazo relativamente breve.”
En consideración a lo expuesto, se determinó que no
era una regulación referente a aspectos esenciales del derecho a la salud, a la
vida o a la dignidad humana que debiera ser encauzada por vía de ley
estatutaria, de suerte que declaró infundadas las objeciones y declaró
exequible el proyecto de ley en cuestión.
En la sentencia T-970 de 2014[53] la Corte, en ejercicio de control concreto
de constitucionalidad, resolvió la acción de tutela promovida por una paciente
de cáncer avanzado que reclamó la protección de su derecho fundamental a la
vida y a morir dignamente, con el fin de que se ordenara a la entidad
prestadora de salud a la que se encontraba afiliada que adelantara las
gestiones médicas necesarias para acoger su deseo de no continuar padeciendo
los insoportables dolores que le producía su enfermedad en fase terminal, lo
que en su criterio era incompatible con su concepto de vida digna.
La actora, que llevaba cinco años desde el diagnóstico
de cáncer, había manifestado su voluntad de no someterse a más ciclos de
quimioterapia en razón de que los distintos efectos secundarios de dicho tratamiento
(intensa astenia, adinamia, cefalea, náuseas y vómito) le impedían desarrollar
sus actividades cotidianas sin ayuda de terceros. Fue hospitalizada debido a la
agravación de los síntomas de la enfermedad y su médico tratante dictaminó que
debían brindársele cuidados paliativos a causa del agudo deterioro funcional y
de su calidad de vida, por lo cual la entonces accionante solicitó que se le
practicara el procedimiento de eutanasia, a lo que el profesional de la salud
respondió “que dicho pedido de morir dignamente a través de la eutanasia es un
homicidio que no puede consentir”.
A su turno, la EPS demandada manifestó que el
procedimiento de eutanasia autorizado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-239 de 1997 no había sido reglamentado, que las funciones que le
competían como entidad eran puramente administrativas, que no podía obligar a
los médicos adscritos a que actuaran contra su conciencia realizando un
homicidio por piedad, y que no era posible establecer cuál era el parámetro
para que el consentimiento prestado por un paciente que desea morir fuera
válido.
El fallecimiento de la actora durante el trámite de
revisión implicó que la Sala Novena de Revisión declarara una carencia actual
de objeto por daño consumado, con motivo del sufrimiento físico y psicológico
que quería evitar la actora pero que tuvo que padecer hasta su fallecimiento
ante la negativa de que se le practicara la eutanasia[54], frente a lo cual indicó que “el desconocimiento
de la decisión tomada por la accionante de poner fin a su vida -lo que en
últimas significó imponerle la obligación de vivir en condiciones que ella
valoraba indignas-, constituye la causa del daño pues si se hubiera tramitado
su petición del acto eutanásico, la paciente no habría continuado experimentando
el dolor y el sufrimiento que sólo terminó con la muerte natural. Así las
cosas, se ha de concluir que en el presente caso se configura la carencia
actual de objeto por daño consumado, el cual se originó en la violación del
derecho de la accionante a decidir cómo y cuándo morir y se concretó en su
imposibilidad de finiquitar el dolor que experimentaba por medio del
procedimiento que consideraba más adecuado para el efecto.”
No obstante ese hecho, la Sala consideró necesario
pronunciarse de fondo y adoptar las medidas para que la situación descrita no
volviera a suceder.
Así, luego de precisar las diferencias entre los
procedimientos de eutanasia[55] ‒activa[56], pasiva[57], directa[58], indirecta[59], voluntaria[60], involuntaria[61] y no voluntaria[62]‒, distanasia[63], adistanasia[64], suicidio asistido[65] y ortotanasia[66], la Sala Novena de Revisión reiteró el reconocimiento
hecho en la sentencia C-239 de 1997 respecto del derecho fundamental a morir
dignamente, así como las reglas que determinan la despenalización del homicidio
piadoso por ausencia de antijuricidad, a saber: (i) que medie el consentimiento
libre e informado del paciente; (ii) que lo practique un médico; y, (iii) que
el sujeto pasivo padezca una enfermedad terminal que le cause sufrimiento.
Asimismo, la providencia estableció que la ausencia de
voluntad del legislador respecto de la regulación sobre la materia no era óbice
para la garantía y efectividad del derecho a morir dignamente, el cual tiene
carácter de fundamental, comoquiera que el mismo emana directamente de la
dignidad intrínseca de todo ser humano, en concreto, del derecho a vivir
dignamente y del libre desarrollo de la personalidad.
Al examinar la evolución que en el derecho comparado
ha tenido el derecho a morir dignamente, la Corte se refirió a los casos
pioneros de Holanda, Estados Unidos (Oregón, Florida y Texas) y Bélgica con el
común denominador de que allí lo que comenzó como la despenalización de una
práctica médica, posteriormente fue desarrollado como un derecho, primero a
través de pronunciamientos judiciales, y luego mediante regulación propiamente
legislativa. Dichos países han adoptado diferentes criterios para que proceda
la eutanasia, como la clase de enfermedad, su gravedad, el pronóstico de que no
habrá cura, el término de expectativa de vida, el estado terminal o no del
paciente, la forma de expresar la voluntad, etc., así como distintos mecanismos
de verificación y control. Sin embargo, resulta relevante anotar que,
invariablemente, en todas las regulaciones reseñadas se dedica la máxima
atención a asegurar la capacidad y la autonomía de las personas que se someten
a dicha práctica, con el fin de que la decisión de terminar con su propia vida
sea genuina, firme y esté exenta de vicios o presiones externas, además de
delimitar los contornos entre la eutanasia legal y las conductas delictivas.
Al arribar al caso concreto, la Sala Novena de
Revisión determinó que en el caso de la allí accionante se dio una violación de
derechos fundamentales por parte de la EPS así como de los médicos tratantes,
habida cuenta de que no existía justificación constitucionalmente válida para
negar el derecho a morir dignamente e imponerle vivir en condiciones que ella
consideraba indignas, cuando, pese a la ausencia de regulación por vía legal,
se encontraban reunidas las condiciones jurisprudenciales fijadas en la
sentencia C-239 de 1997: “[que la persona] (i) padezca una enfermedad
terminal que le produzca sufrimiento y que (ii) manifieste su voluntad de
provocar su muerte, (iii) deberá practicársele algún procedimiento médico,
normalmente eutanasia, realizado por un profesional de la salud, que garantice
su derecho a morir dignamente. Así, el precedente constitucional vigente para
la época de la negativa era suficiente para proteger el derecho a morir dignamente
de la señora Julia. En el caso concreto, a pesar de cumplirse con esos
presupuestos la paciente murió esperando que le practicaran el procedimiento.”
En consideración a lo anterior, a pesar de constatar
se materializó un daño consumado, la Corte determinó que era necesario
establecer unas pautas para garantizar el derecho a morir dignamente ‒a
través del procedimiento de eutanasia o, también, por ejemplo, con cuidados
paliativos‒, con el objetivo de que en lo sucesivo la falta de normatividad
no se tornara en un obstáculo para el ejercicio de dicho derecho fundamental,
mientras el Congreso se encargaba de regular la materia:
(i) El padecimiento de
una enfermedad terminal que produzca intensos dolores. Exige 2
condiciones, a saber: la enfermedad debe ser calificada como terminal
por parte de un médico experto (aspecto objetivo) y producir intensos
dolores y sufrimiento en el paciente, que sean incompatibles con su
idea de dignidad humana (aspecto subjetivo). Indicó la sentencia: “No pueden
los médicos oponerse a la voluntad del paciente cuando quiera que objetiva y
subjetivamente su voluntad se encuentra depurada. Existe una prevalencia de la
autonomía del enfermo.”
(ii) El consentimiento
libre, informado e inequívoco. Según la propia Corte lo había establecido
“el consentimiento del sujeto pasivo debe ‘ser libre, manifestado
inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que
se encuentra. Es decir, el consentimiento implica que la persona posee
información seria y fiable acerca de su enfermedad y de las opciones
terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con la capacidad intelectual suficiente
para tomar la decisión’”. De esta forma, la garantía de la genuina voluntad
del enfermo que adopta la decisión requiere que el consentimiento sea libre
‒sin presiones de terceros‒, informado ‒el
paciente y su familia deben recibir información completa, objetiva y necesaria
por parte de los médicos, para que no se tomen decisiones apresuradas‒, e
inequívoco ‒que la decisión sea consistente y sostenida, en
otras palabras, que no sea el producto de episodios anímicos críticos o
depresivos‒.
Para garantizar el cumplimiento de este
requisito, la sentencia prevé dos medidas: la primera, es la creación de un comité
científico interdisciplinario que, en todos los hospitales, clínicas,
IPS, EPS y demás prestadores del servicio de salud, bajo la dirección del
Ministerio de Salud y conforme a los protocolos fijados por este, (1) brinde un
acompañamiento integral y constante al paciente y a su familia en el proceso de
adopción de la decisión de morir dignamente y posterior a ello, (2) vigile que
las respectivas etapas se surtan con arreglo a los parámetros señalados en la
sentencia y con imparcialidad, (3) en caso de detectar alguna irregularidad,
suspender el procedimiento e informar a las autoridades la comisión de
eventuales faltas o delitos, y (4) reportar al Ministerio de Salud cuando se
lleve a cabo este procedimiento.
La segunda, se refiere a un procedimiento
en que se blinde la decisión del enfermo, en el cual, una vez manifestada la
voluntad ante el médico, este deberá convocar al comité científico
interdisciplinario, y en un plazo no mayor a 10 días calendario, deberá
consultarse nuevamente la voluntad del paciente para verificar si sigue en pie,
después de lo cual el procedimiento será programado para realizarse en el menor
tiempo posible, que no podrá ser superior a lo que el paciente indique o máximo
15 días después de reiterada su decisión, con la aclaración de que en cualquier
momento el enfermo podrá desistir de su decisión y activar otras prácticas
médicas como los cuidados paliativos. En cuanto a la expresión del
consentimiento, se precisó:
“[E]l consentimiento puede ser previo,
posterior, formal o informal. Será previo cuando antes de sufrir el
suceso patológico, formal o informalmente, la persona manifiesta por cualquier
medio su deseo de que le sea aplicado algún procedimiento para garantizar su
derecho a morir dignamente. Por el contrario, será posterior cuando la
voluntad se manifieste luego de ocurrido el suceso patológico. En el mismo
sentido, la voluntad podrá ser expresada formal (por ejemplo por
escrito), así como también informalmente (de manera verbal).
De otro lado, el consentimiento también
puede ser sustituto. Esta manera de manifestar el consentimiento ocurre
cuando la persona que sufre de una enfermedad terminal, se encuentra en
imposibilidad fáctica para manifestar su consentimiento. En esos casos y en
aras de no prolongar su sufrimiento, la familia, podrá sustituir su
consentimiento. En esos eventos, se llevará a cabo el mismo procedimiento
establecido en el párrafo anterior, pero el comité interdisciplinario deberá
ser más estricto en el cumplimiento de los requisitos.” (se subraya)
Asimismo, se dispuso que en caso de
objeción de conciencia por parte del médico, debería garantizarse la asistencia
de otro profesional de la salud en un lapso máximo de 24 horas, y se remarcó
que ante cualquier controversia en este ámbito la acción de tutela era el
mecanismo procedente para invocar la protección del derecho a morir dignamente.
(iii) Criterios que
deberán tenerse en cuenta en la práctica de procedimientos que tengan como
propósito garantizar el derecho fundamental a la muerte digna. A partir
de las reglas definidas en precedencia, estos procedimientos deben atender los
criterios de prevalencia de la autonomía del paciente[67], celeridad[68], oportunidad[69] e imparcialidad[70], y en todo caso, en armonía con los criterios
adicionales previstos en la sentencia C-239 de 1997.
Corolario de los anteriores razonamientos, la Sala
Novena de Revisión declaró la carencia actual de objeto, concedió el amparo
invocado, pero además ordenó al Ministerio de Salud emitir una directriz y
disponer todo lo necesario para la conformación del comité científico
interdisciplinario a que se hizo alusión por parte de los prestadores del
servicio de salud y el cumplimiento con las obligaciones establecidas en el
fallo, así como adelantar un protocolo para la aplicación del procedimiento, y
exhortó al Congreso a que regulara el derecho fundamental a morir dignamente,
tomando en consideración lo sentado en dicha providencia.
Tiempo después, en la sentencia T-132 de 2016[71], nuevamente la Sala Novena de Revisión examinó el
asunto del derecho a una muerte digna. En este caso, el promotor de la acción
era un individuo privado de la libertad que solicitó que se le tutelaran sus
derechos a la administración de justicia, vida, salud, dignidad humana, libre
desarrollo de la personalidad e igualdad, a fin de que el personal médico le
practicara la muerte asistida.
El actor expresó que en prisión desarrolló enfermedad
diverticular, varicocele bilateral, prostatitis crónica, incontinencia urinaria
y pérdida de audición en uno de sus oídos, debido a lo cual previamente había
promovido otra acción de tutela para que le se le practicara la cirugía
varicocelectomía bilateral y se le garantizara el tratamiento médico integral
correspondiente, sin que el fallo que le fue favorable ni la sanción por
desacato que se le impuso al obligado hubiesen logrado que le prestaran la
atención en salud requerida. Ante tal situación, acudió nuevamente a la acción
de tutela, esta vez para que se le concediera su deseo de morir, dadas las
precarias condiciones de su reclusión, la gravedad de las enfermedades, los
dolores que padecía, la frustración de no ver mejorada su salud y vida en
condiciones de dignidad, y ante la negligencia de las entidades accionadas para
brindarle la asistencia médica a sus dolencias.
Los accionados plantearon, además de argumentos de
defensa de tipo procesal, que ya se había realizado la intervención quirúrgica
ordenada en la tutela anterior, y que el actor no padecía enfermedad terminal
que produzca intensos dolores, por lo que no se daban las condiciones para
reclamar el derecho a la muerte digna.
Tras analizar el derecho fundamental a la salud y cómo
este incluye las garantías de un diagnóstico efectivo y de integralidad en la
prestación de los servicios de salud conforme a la prescripción médica, así
como pronunciarse en torno a la garantía de este derecho respecto de la
población reclusa y su especial situación de sujeción frente al Estado, la Sala
de Revisión estimó necesario abordar el alcance y contenido del derecho
fundamental a morir dignamente. Allí, retomó las consideraciones de la
sentencia C-239 de 1997, en cuanto a la ausencia de responsabilidad penal del
médico que lleve a cabo un homicidio pietístico cuando el paciente terminal
exprese su consentimiento para morir de manera libre y voluntaria, y se refirió
al precedente fijado en la sentencia T-970 de 2014, reiterando las reglas para
garantizar el derecho a morir con dignidad, según las cuales se requiere que “(i)
la enfermedad sea calificada por un experto como terminal y debe producir
intenso dolor y sufrimiento; (ii) el consentimiento de la persona que solicita
la muerte asistida sea libre, informado e inequívoco y; (iii) se atiendan
ciertos criterios a la hora practicar procedimientos cuyo propósito sea el de
garantizar el derecho fundamental a la muerte.” En esa línea, sostuvo la
Sala:
“Sintetizando, este Tribunal ha
mantenido desde la sentencia C-239 de 1997 que el derecho fundamental a la vida
digna envuelve el derecho al morir dignamente en la medida en que condenar a
una persona a que prolongue su vida, pese a no desearlo y padecer de graves
condiciones médicas, implica un trato cruel e inhumano que anula su dignidad y
autonomía. El individuo que solicite la muerte asistida debe estar en capacidad
de comprender su situación y tendrá que expresar su consentimiento de manera
libre. Para ello, deberá contar con información seria y fiable acerca de su
enfermedad, las opciones terapéuticas y el pronóstico de parte de un médico.”
Al adentrarse en el estudio del caso concreto, la
Corte encontró que al accionante no se le había prestado la atención en salud
necesaria de cara a las diferentes patologías que padecía. En ese punto, se
señaló que el derecho a la salud no podía ser limitado, a pesar de la
reclusión, dada su relación inherente con la dignidad. En consecuencia,
determinó que la entidad competente debía adoptar las medidas necesarias para
garantizarle al actor una valoración médica integral frente a todas sus enfermedades
e, igualmente, prestarle de manera inmediata todos los servicios médicos que
requiriera.
Sin embargo, al analizar la pretensión relacionada con
la muerte asistida, se estableció que no se encontraban reunidas las
condiciones jurisprudenciales para acceder a lo pedido, habida cuenta de que no
se contaba con un diagnóstico de especialista que calificara como terminales
las enfermedades, lo cual no podía demostrarse con la sola apreciación del
paciente. Sobre el particular, resaltó la Corte:
“[D]icha calificación resulta
indispensable para determinar si la prolongación de la vida del demandante,
pese a no desearlo, implica un trato cruel e inhumano que anula su dignidad y
autonomía, y del mismo modo descartar un uso indebido de dicha garantía constitucional.
(…) En la sentencia T-970 de 2014 se
identificó que una EPS había desconocido el derecho a morir dignamente tras
negarse a practicar la eutanasia. En dicha ocasión, la demandante padecía de
una enfermedad terminal que comprometía gravemente sus funciones vitales, lo
cual fue diagnosticado por un médico. Contrario a lo anterior, en el presente
caso no reposa el precitado diagnóstico. En ese sentido, la solicitud del señor
(…), encaminada a que mediante fallo de tutela se ordene al personal
médico que le practiquen la muerte asistida, no cumple con las exigencias
establecidas por esta Corporación para dicho fin.”
Por lo anterior, la Sala concedió la protección
constitucional invocada, pero en el sentido de que se le garantizara al
tutelante su derecho a la salud, toda vez que no se daban los supuestos para
acceder a su petición de que se le practicara la muerte asistida, en concreto,
el requisito objetivo de un dictamen médico que catalogara como terminales
las enfermedades padecidas.
En la sentencia C-327 de 2016[72], la Sala Plena de la Corte se ocupó de la demanda de
inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 90 (parcial) del Código
Civil, que dispone que “La existencia legal de toda persona principia al
nacer”, por la alegada infracción a los artículos 4 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 93 de la Constitución, debido a que, en
criterio de los demandantes, el derecho a la vida debe ser protegido desde la
concepción. El problema jurídico a tratar allí, entonces, se contrajo a determinar
si la disposición acusada violaba el derecho a la vida contemplado en el
artículo 4.1 de la Convención que, por virtud del artículo 93 superior, hace
parte del bloque de constitucionalidad. Dicho interrogante fue dilucidado a
partir de diferentes premisas, entre las cuales ‒para lo que concierne a
este proceso‒ cabe destacar la relativa a la protección de la vida como
valor constitucional.
En ese marco, esta Corporación precisó que “la vida
y el derecho a la vida son categorías axiológicas diferentes y estableció que
ni el valor de la vida, como bien que el Estado tiene el deber de proteger ni
el derecho a la vida son absolutos y que admiten un juicio de proporcionalidad
cuando existen otros derechos o valores en conflicto” y explicó que dos
manifestaciones puntuales de dicha necesidad de ponderación se encuentran en
los eventos en que se ha examinado en la jurisprudencia el derecho fundamental
a la interrupción voluntaria del embarazo, y en el reconocimiento del derecho
fundamental a morir dignamente, para cuya fundamentación se remitió a lo
sentado en las sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014, y resaltó:
“[E]l derecho a morir dignamente es un
derecho autónomo, independiente pero relacionado con la vida y otros derechos.
No es posible considerar la muerte digna como un componente del derecho a la
autonomía, así como tampoco es dable entenderlo como una parte del derecho a la
vida. Sencillamente, se trata de un derecho fundamental complejo y autónomo que
goza de todas las características y atributos de las demás garantías
constitucionales de esa categoría. Es un derecho complejo pues depende de
circunstancias muy particulares para constatarlo y autónomo en tanto su
vulneración no es una medida de otros derechos. En todo caso, es claro que
existe una relación estrecha con la dignidad, la autonomía y la vida, entre
otros.”
Así, bajo la premisa de que la vida como valor y el
derecho a la vida no son absolutos y de que se encuentran sujetos a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad al colisionar con otros derechos
‒como ocurre con la autonomía y la dignidad en el caso de la
eutanasia‒, la Corte encontró que la vida como valor, aunque es un bien
constitucionalmente relevante, no tiene el mismo nivel de protección que el
derecho a la vida, por lo que la norma enjuiciada, al establecer la existencia
legal de la persona desde el nacimiento, no es inconstitucional.
Más tarde, en la sentencia T-322 de 2017[73], la Sala Séptima de Revisión estudió el caso de un
hombre de 91 años de edad que solicitó que se le amparara su derecho
fundamental a morir dignamente frente a la EPS y el hospital que negaron su
solicitud de que se le practicara la eutanasia con el argumento de que no se
encontraba bien mentalmente, y desconociendo su situación de enfermedad y
desamparo; en palabras del actor: “estoy solo, no puedo caminar bien, estoy
próximo a quedar en silla de ruedas, no puedo hacer nada y no hay quien vele
por mí. Se me está vulnerando mi derecho a morir dignamente porque yo he oído
que la eutanasia se puede aplicar a enfermos que estén graves o cuando el
paciente así lo solicite.”
Las entidades accionadas manifestaron, a su turno, que
no accederían a la solicitud del paciente dado que el suyo era un problema
social, seguramente de abandono familiar, que el procedimiento para la
aplicación de la eutanasia estaba reglado y para tal efecto no bastaba la
simple intención del actor de no seguir viviendo, y que el mismo no padecía
ninguna enfermedad terminal. Su diagnóstico era de depresión mayor severa,
vértigo de Menniere e hipertensión arterial.
En esa oportunidad la Corte llevó a cabo una
inspección judicial en el lugar de residencia del actor con el fin de verificar
las condiciones en que se encontraba y si persistía en su pretensión para el
momento de proferirse sentencia. Fruto de dicha diligencia, se advirtió que el
tutelante estaba bajo la responsabilidad de una hija hace aproximadamente un
año, quien se hizo cargo de él después de encontrarlo en malas condiciones
mientras estuvo viviendo con unas sobrinas que solo se interesaban en
beneficiarse del cobro de su pensión; que con sus mesadas se solventaba una
cuidadora, el alquiler de una cama hospitalaria y algunos medicamentos cuando
la EPS retrasaba la entrega; que dicha entidad le entregaba pañales, cremas y
le prestaba atención en casa para el adulto mayor, que sus patologías estaban
siendo controladas médicamente y que le realizaban terapias físicas, de
fonoaudiología y psicológicas en su domicilio ‒dado que no podía
caminar‒. Asimismo, que en su rutina cotidiana la cuidadora lo
alimentaba, lo bañaba, lo sacaba a pasear, lo cambiaba de posición en la cama y
que permanecía con él por alrededor de 12 horas, y que una pariente lo
acompañaba por las noches.
En el análisis del caso la Sala reiteró la tesis plasmada
en las sentencias C-239 de 1997, C-233 de 2014, T-970 de 2014 y T-132 de 2016,
según la cual condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su
existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no solo
a un trato cruel e inhumano, sino la anulación de su dignidad y su autonomía
como sujeto moral. También se expusieron los requisitos para exigir la
protección constitucional del derecho a la muerte digna, dedicando especial
énfasis a la capacidad que debe tener el paciente de entender su situación para
decidir de manera libre e informada. Además, respecto del consentimiento
sustituto se dijo que “ocurre en los eventos en los que la persona que sufre
de una enfermedad terminal, se encuentra en imposibilidad fáctica de manifestar
su consentimiento. En esos casos la familia puede sustituir su consentimiento.
Sin embargo esa es una figura que aún no ha tenido suficiente evaluación a la
luz del derecho constitucional.”
Además, se subrayó la importancia de verificar el
contexto fáctico y, muy particularmente, la capacidad de la persona que eleva
una solicitud de eutanasia, al encontrarse en juego la protección
constitucional de la vida y la dignidad humana:
“[E]l juez de tutela tiene un deber
estricto de constatación de los hechos, en las acciones de tutela que reclamen
el derecho a morir dignamente. La decisión de morir de forma digna es
independiente del amor por la vida de una persona y se da cuando quien sufre de
una enfermedad terminal renuncia a una existencia sin dignidad, sin que esto
signifique un desprecio por la vida. En estos casos, existe la obligación del
juez de tutela de garantizar el derecho a la vida y a la dignidad humana,
implica que el juez actúe con la convicción que al tratarse del derecho a la
vida que, además, es la base para la garantía de los demás derechos. Por esta
razón es fundamental que el juez constitucional se cerciore del contexto
fáctico de cada caso, así como de la capacidad de la persona de manifestar su
voluntad, especialmente tratándose de una petición tan radical como lo es la
práctica de la eutanasia.”
Luego de relievar las obligaciones del Estado, la
sociedad y la familia frente a la garantía efectiva de los derechos de los
adultos mayores, se concluyó que el accionante, aunque atravesó una situación
dramática a causa de su avanzada edad, su delicado estado de salud y las
discordias entre parientes en que estuvo inmerso, se pudo mejorar con la
actuación solidaria de su familia y las instituciones competentes para asegurar
el goce efectivo de sus derechos. Para la Sala, cuando en un momento crítico de
soledad y angustia el demandante expresó ante un juez su deseo de morir, en
realidad no parecía otra cosa que “un deseo profundo de vivir dignamente,
tanto así, que al pronunciarse en voz alta se confunde, diciendo,
prácticamente, que la vida que vivía al momento de presentar su solicitud, no
merecía a su juicio ser vivida.” Así, revisado el estado actual del
peticionario, se logró establecer que cuando la acción conjunta de su familia y
de su EPS le permitieron avanzar en la superación de aquella crisis, su
desesperanza cesó.
Se señaló que, si bien podía inferirse que el
diagnóstico de depresión severa afectaba la capacidad del accionante de decidir
y manifestar su voluntad respecto de la aplicación de la eutanasia, el
ejercicio del deber estricto de constatación por parte de la Sala permitió
observar además que las circunstancias fácticas que motivaron al actor a
promover la tutela cambiaron, que ya se encontraba viviendo en condiciones
dignas con una red familiar de apoyo y atención permanente en salud, y que no
subsistía su deseo de morir.
Por lo anterior, se negó la pretensión inicial del
actor tras considerar que “era improcedente aplicar la eutanasia por no
reunir los requisitos para acceder a la pretensión de morir dignamente”, no
obstante lo cual se le concedió el amparo del derecho fundamental a la vida
digna. Previo reconocimiento de que su familia y las instituciones encargadas
de brindarle la atención en salud estaban cumpliendo con las obligaciones
constitucionales y legales frente al deber de cuidado, se previno a las mismas
para que continuaran haciéndolo, y se ordenó a la alcaldía de su municipio de
residencia que realizara un seguimiento a sus condiciones de vida.
Cabe anotar que en este fallo la Corte efectuó una
distinción orientada a identificar una situación trágica, como las
circunstancias propias del padecimiento de una patología terminal, de una
situación dramática, en la que se reconoce una condición de
vulnerabilidad susceptible de mejorar, con miras a que, según el caso, el juez
constitucional adopte las medidas a que haya lugar para garantizar la efectivad
de los derechos:
“[Esta Corporación] llama la atención a
los jueces y a las instituciones para que tratándose de adultos mayores tengan
en cuenta las circunstancias particulares de un caso que puede ser trágico,
como lo es sufrir una enfermedad terminal o que puede ser dramático, como lo es
la situación de vulnerabilidad y maltrato de un adulto mayor. Y que en virtud de
la especial protección constitucional de la que son sujetos los adultos mayores
logre establecer cuál debe ser la correcta actuación de las autoridades
públicas para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.”
Posteriormente, en la sentencia T-423 de 2017[74] la Sala Sexta de Revisión examinó el caso de una
joven de 24 años de edad que solicitó la protección de su derecho fundamental a
morir dignamente luego de ser diagnosticada con cáncer terminal sin ninguna
esperanza de recuperación desde el punto de vista médico. Tras someterse a
quimioterapias que le causaron intensa astenia, adinamia, cefalea, náuseas y
vómito que le impedían realizar sus actividades cotidianas sin ayuda de
terceros, decidió no continuar el tratamiento y trasladarse a su domicilio en
Arauca, donde siguió bajo supervisión médica. A medida que la enfermedad
avanzó, la actora perdió mucho peso, continuamente se le suministraba morfina
para manejar dolores insoportables y su estado funcional y calidad de vida se
deterioraron rápidamente, por lo que solicitó a su médico tratante que le
aplicara la eutanasia. Ante la negativa de este, elevó la misma solicitud al
hospital, pero se le respondió que dicho dispensario no contaba con un
especialista en oncología para conformar el comité interdisciplinario
correspondiente. A su turno, la EPS a la cual se encontraba afiliada le indicó
que debía trasladarse a una IPS en Bucaramanga, pues allí sí se contaba con el
personal y los requerimientos necesarios para llevar a cabo el procedimiento,
lo que desencadenó una serie de obstáculos administrativos que prolongaron su
sufrimiento y el de su familia hasta el momento en que falleció.
La Sala encontró que el asunto no solo gravitaba en
torno a la pretensión de que se realizara el procedimiento de eutanasia, sino
que también se relacionaba con la oportunidad en la que se desarrolló el mismo,
la adecuada prestación del servicio solicitado por la paciente y su familia, el
acompañamiento sicológico durante todo el proceso, entre otros aspectos.
Luego de reseñar la jurisprudencia constitucional en
torno al derecho fundamental a morir dignamente y de referirse a la regulación
contenida en la Resolución 1216 de 2015[75], la Corte reiteró que las barreras
administrativas y burocráticas desconocen los elementos de oportunidad,
eficiencia y calidad y los principios de continuidad, integralidad e igualdad
del servicio de salud, así como el derecho a la salud de los usuarios al
generarles consecuencias como prolongación del sufrimiento[76], complicaciones médicas del estado de salud[77], daño permanente[78], discapacidad permanente[79] y muerte[80], a la vez que con ello se vulneran los
derechos a la integridad física y a la vida en condiciones dignas, por lo que
las irregularidades internas de las entidades prestadoras no podían ser
trasladadas a los pacientes. En ese sentido, bajo un concepto de salud complejo
–que no se limita a resguardar la vida como existencia biológica–, se enfatizó
que la demora en el servicio de salud, que prolonga injustificadamente el
sufrimiento de un paciente, equivale a un trato cruel, inhumano y degradante.
De conformidad con los anteriores razonamientos, la
Sala Sexta de Revisión, si bien advirtió que se había configurado una carencia
de objeto por el advenimiento de la muerte de la joven tutelante una vez
practicada la eutanasia, concluyó que sí se produjo una vulneración
iusfundamental y que se consumó el daño que se pretendía evitar, debido a las
distintas trabas administrativas, demoras y falta de apoyo que conllevaron una
prolongación del sufrimiento para la paciente y su familia.
Así, recordó la Sala que “la relación directa entre
el derecho a morir dignamente con los derechos a la salud y a la dignidad
humana, implica la posibilidad de la persona que atraviesa una enfermedad
terminal de optar por dejar de vivir una vida con intensos dolores y
sufrimientos. Entonces, para garantizar la voluntad del paciente y materializar
el derecho a morir dignamente es necesario cumplir con ciertos parámetros
mínimos, como: (i) la posibilidad de la persona de manifestar su deseo de
morir; (ii) la conformación de un Comité para que en un término razonable sea
programada la realización del procedimiento; (iii) la posibilidad del paciente
de desistir de su decisión o activar otras prácticas médicas para paliar su
dolor; (iv) la celeridad en la práctica de la eutanasia, de tal forma que se
garantice la no prolongación del sufrimiento; (iv) el respeto por la voluntad
del paciente y las condiciones en las que este desea finalizar su padecimiento
(atención oportuna, acompañamiento médico y del entorno familiar, entre otros).”
Dicho esto, se encontró que la situación a que se vio
sometida la paciente se presentó a causa de un conjunto de fallas atribuibles,
por un lado, a las prestadoras de salud involucradas –relacionadas con la
dilación en la adopción de medidas para dar trámite a la solicitud, la
persistente negativa a facilitar alternativas al traslado de ciudad, la
inobservancia de las normas que regulan cada fase del procedimiento, la falta
de coordinación entre la EPS y la IPS, la falta de acompañamiento psicológico,
y la demora y la improvisación en la atención–[81], así como también, por otro lado, a la
ausencia de un control y verificación efectivos sobre el cumplimiento de la
Resolución 1216 de 2015 por parte de las autoridades competentes –Ministerio de
Salud y Superintendencia de Salud–.
En consecuencia, la Corte declaró la existencia de un
daño consumado, se confirmó el fallo que concedió el amparo constitucional de
los derechos a la salud y a morir dignamente, y ordenó a las instituciones
prestadoras adoptar una serie de medidas para desagraviar a la familia de la
paciente y para que, en lo sucesivo, no se presentaran situaciones como la
descrita. Adicionalmente, dispuso que el Ministerio de Salud y Protección
Social y la Superintendencia de Salud debían realizar acciones tendientes a
efectuar un control y a garantizar el derecho fundamental a morir dignamente
desde sus competencias y conforme a la normatividad aplicable. Finalmente, se
compulsaron copias para que se investigaran las irregularidades advertidas, se
solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y se reiteró el exhorto
al Congreso, con el fin de que expida la legislación relativa al derecho a una
muerte digna.
Nuevamente en la sentencia T-544 de 2017[82] esta Corporación, a través de la Sala Quinta de
Revisión, se pronunció sobre la materia bajo estudio. En esa oportunidad se
trataba de un adolescente de 13 años de edad con parálisis cerebral severa
congénita y otras patologías graves –epilepsia de difícil control, escoliosis
severa, displasia de cadera bilateral y reflujo gastroesofágico severo–, con un
retraso mental severo y cuya única forma de comunicación eran gestos faciales y
llanto. En razón al progresivo deterioro de su estado de salud y a constantes
crisis respiratorias que le provocaban mucho sufrimiento, y a las continuas
dificultades para un tratamiento oportuno y eficaz, sus padres elevaron
petición ante la EPS a la que estaba afiliado, para que se llevara a cabo la valoración
de que trata la Resolución 1216 de 2015, con el fin de hacer efectivo su
derecho a morir dignamente. En vista de que no obtuvieron respuesta,
promovieron acción de tutela reclamando la protección de su derecho fundamental
de petición y las demás garantías que se estimaran vulneradas.
Durante el trámite de revisión, la EPS informó que el
menor había fallecido y adujo que respondió la petición en el sentido de
señalar que no había evidencia de que los médicos hubiesen establecido los
criterios para el protocolo ni que hubiesen respaldado el procedimiento
solicitado. Las pruebas recaudadas demostraron que en uno de los episodios de
las crisis respiratorias que lo aquejaban, el menor fue hospitalizado y, junto
con la orientación a los padres y el acompañamiento médico respectivo, se le
suministraron cuidados paliativos con el fin de que, dado el pronóstico de
muerte inminente, no padeciera dolores en su etapa final.
Si bien la pretensión de la solicitud de amparo estaba
relacionada con obtener respuesta a la petición interpuesta por los padres
respecto de la aplicación del procedimiento de eutanasia a su hijo, la Corte
estimó necesario ampliar el análisis de la vulneración a otros derechos que
estaban involucrados, principalmente a causa de las sistemáticas omisiones en
la atención médica adecuada y oportuna del paciente.
Pese a constatar que se presentaba un daño consumado
por el deceso del adolescente, la Sala de Revisión procedió a pronunciarse de
fondo, con el fin de conjurar que situaciones como la advertida se repitieran
en el futuro. Así, recalcó el principio de prevalencia del interés superior de
las niñas, los niños y los adolescentes, y se refirió a la jurisprudencia
constitucional relativa a sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad
en tanto sujetos de especial protección constitucional. Asimismo, recabó sobre
el derecho de petición como garantía para hacer efectivos otros derechos
fundamentales.
Al momento de abordar el derecho a morir dignamente,
la Sala recordó lo desarrollado en los pronunciamientos previos de este
Tribunal y enfatizó que, conforme a la evidencia, la ausencia de regulación
legal era un hecho que comprometía su efectividad, aunque no desvirtuara su
carácter fundamental ni determinara su valor normativo o vinculante.
Igualmente, reiteró los requisitos trazados por la jurisprudencia para
materializar el derecho a una muerte digna[83] y destacó:
“El desarrollo jurisprudencial descrito
evidencia el reconocimiento de: (i) el carácter fundamental del derecho a la
muerte digna y su íntima relación con la vida y dignidad humana; (ii) la vida
como presupuesto para el ejercicio de otros derechos bajo una acepción que
supera la simple subsistencia; (iii) la legitimación para decidir hasta cuando
la existencia es deseable y compatible con la dignidad humana está en cabeza,
principalmente, del titular del derecho a la vida, razón por la que se exige su
consentimiento, y (iv) que obligar a una persona a prolongar por un tiempo
escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones,
equivale a un trato cruel e inhumano, y anula la dignidad y autonomía.”
Ahora bien: la Sala Sexta analizó, de forma
independiente, el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes a una
muerte digna y estableció que la falta de reglamentación sobre el particular
implicaba una denegatoria de facto de una garantía reconocida por el
ordenamiento jurídico. En efecto, precisó que no se existía diferenciación
alguna en cuanto a la titularidad de este derecho en razón a la edad, pues se
predicaba de toda persona que estuviera enferma en fase terminal, por lo que no
podía entenderse que los menores de edad estuvieran excluidos de dicha
garantía. Indicó que, en esa línea, en las legislaciones de Bélgica y Holanda
se eliminó la restricción de edad para la eutanasia, justamente con la
finalidad de hacer prevalecer la dignidad de niñas y niños, conforme a una
serie de condicionamientos asociados a verificar la capacidad de
discernimiento, el estado terminal y el apoyo de los padres o representantes
legales, así como a un estricto protocolo en caso de los recién nacidos.
Agregó la Sala que, si bien es un tema controvertido,
el derecho a la muerte digna obedece a la dignidad de quien por su enfermedad
padece intensos sufrimientos, lo cual obliga a su reconocimiento en relación
con los menores de edad, teniendo en cuenta en todo caso las particularidades
referentes al consentimiento y a la manifestación de voluntad, en orden a que
no se vean sometidos a tratos crueles e inhumanos y a soportar. En ese sentido,
resaltó:
“En efecto, la Resolución 1216 de 2015
solo reglamentó la solicitud del procedimiento para efectivizar el derecho a
morir con dignidad de mayores de edad, razón por la que es imperioso que, tal y
como sucedió con la elaboración del “protocolo para la aplicación del
procedimiento de eutanasia en Colombia”, un grupo de expertos emita los
conceptos científicos y técnicos en relación con los aspectos que deben ser
considerados, de forma diferencial, para el ejercicio del derecho a la muerte digna
de NNA, los cuales están relacionados con (i) la condición de enfermo terminal,
(ii) la evaluación del sufrimiento, (iii) la determinación de la capacidad de
decidir, y (iv) el consentimiento de acuerdo con las especificas hipótesis que
pueden configurarse en atención a la edad y el grado de desarrollo físico,
psicológico y social de los menores de edad.”
Al examinar el caso concreto, se determinó que las
trabas sistemáticas y la negligencia en el servicio al menor por parte de la
EPS vulneraron su derecho fundamental a la salud e hicieron aún más gravosa su
ya delicada situación, tratándose de un niño en condición de discapacidad, lo
cual era inaceptable y tornaba necesario remitir el caso a la Superintendencia
Nacional de Salud para las investigaciones correspondientes. Asimismo, concluyó
que la EPS accionada vulneró el derecho de petición de los padres del menor de
edad, por cuanto no brindó una respuesta oportuna, de fondo, clara y congruente
a la solicitud formulada por ellos. Y, finalmente, frente a las barreras para
materializar el derecho a una muerte digna –bajo la premisa de que los menores
de edad también son titulares de esta garantía y de que prevalece su interés
superior–, si bien en el expediente no obraba dictamen médico que calificara al
adolescente como “enfermo en fase terminal”, ni estaban verificados los
demás requisitos para ello, se advirtió que “se vulneró su derecho a la
muerte digna, en la medida en que la desidia de la EPS aunada a la falta de
reglamentación del derecho impidieron que se determinara en el caso concreto si
el joven estaba en la fase terminal de su vida, en concordancia con el concepto
en mención”, lo que ocasionó que se prolongara injustificadamente su
sufrimiento. En palabras de la Corte:
“[E]s necesario precisar que el derecho
a la muerte digna no solo comprende el acto médico de eutanasia sino que para
su efectividad abarca también el trámite oportuno y expedito de las solicitudes
elevadas por los pacientes dirigidas a obtener la garantía del derecho en mención.
El trámite de la petición no necesariamente conlleva la práctica del
procedimiento si se determina que no concurren los requisitos, pero desde el
momento en el que el paciente o, como sucedió en este caso, sus representantes
expresan la intención de ejercer el derecho, su garantía demanda una atención
seria, integral y expedita la solicitud.”
Por otra parte, evidenciada la inactividad del
legislador frente a los exhortos realizados por esta Corte en la regulación del
derecho a la muerte digna, la Sala precisó que los criterios para el
procedimiento de la eutanasia resultarían aplicables a niñas, niños y
adolescentes, según sus características especiales, su edad y madurez
emocional, a saber: (i) la determinación de la condición “enfermo en fase
terminal” –conforme a concepto médico respecto de la enfermedad y el
intenso dolor y sufrimiento que produce en el paciente–, y (ii) el
consentimiento libre, informado e inequívoco –que debería verificarse de forma
concurrente con la voluntad de los padres[84] y con base en el desarrollo psicológico,
emocional y cognitivo lo permita, a partir de un criterio experto–, con el
deber subsidiario de analizar el consentimiento sustituto en los eventos de “imposibilidad
fáctica para manifestar la voluntad derivada de una condición de salud o del
desarrollo cognitivo del NNA [casos en los cuales] los padres, personas
o entidades que se encuentren legalmente a cargo pueden sustituir el
consentimiento y se llevará a cabo el mismo procedimiento, pero el comité
interdisciplinario deberá ser más riguroso en el cumplimiento de los requisitos
y en el análisis de la situación.” El protocolo a seguir indicado por la
sentencia comparte esencialmente los mismos elementos del fijado por la
jurisprudencia constitucional.
Corolario de lo anterior, se confirmó la sentencia que
concedió la tutela pese a la configuración de un daño consumado; ordenó a la
EPS que no volviera a incurrir en conductas vulneratorias de derechos
fundamentales como las comprobadas en el proceso; remitió copias del expediente
a la Superintendencia Nacional de Salud para que investigara las eventuales
irregularidades de la accionada; ordenó al Ministerio de Salud la creación de
comités interdisciplinarios especiales para garantizar el derecho a la muerte
digna de niñas, niños y adolescentes, así como también dispuso que dicha
cartera debía presentar una iniciativa legislativa sobre la materia; y, reiteró
el exhorto al Congreso para que se expida la legislación correspondiente.
Más recientemente, en la sentencia T-721 de 2017[85] la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas examinó la
acción de tutela instaurada para la protección de los derechos de petición, al
debido proceso administrativo y a morir dignamente, invocados por los padres de
una joven que quedó en situación de discapacidad mental absoluta luego de una
cirugía para tratar la epilepsia que sufría desde los dos años de edad –lo que
también dio lugar a su declaración de interdicción–, frente a la EPS que no dio
respuesta a su solicitud de que se llevara a cabo la eutanasia. La entidad
demandada alegó que era la IPS la que debía tomar las acciones pertinentes y
que, en todo caso, la progenitora no estaba autorizada para solicitar el
procedimiento. A su turno, la IPS sostuvo que había convocado al comité
interdisciplinario, lo que constaba en acta confidencial en la que se determinó
que no se encontraban reunidos los requisitos para acceder a la solicitud, y
que le correspondía a la EPS acatar lo previsto en la Resolución 1216 de 2015.
En sede de revisión se verificó, en virtud de las
pruebas decretadas, que la paciente se encontraba en estado vegetativo
permanente, que su enfermedad no era terminal –aunque sí degenerativa,
permanente, irreversible y crónica–, que aunque para ese momento no se
encontraba en la etapa final de su vida, sus comorbilidades sí podían
desencadenar la muerte de forma súbita, y que como no podía expresar llanto,
lenguaje, sonidos guturales, expresión facial o incluso movimiento ocular, no
había forma de que se pudieran tomar uno de estos signos como señal de dolor,
no obstante lo cual –según concepto médico– debido al grave compromiso
neurológico “hay una alteración de la conducción sensitiva (del sentir) a
nivel central (cerebro), es decir que, el impulso nervioso que transmite la
información sensitiva (calor, frío, tacto, presión e incluso dolor) no llega de
forma adecuada al cerebro y por tanto no lo puede expresar o interpretar como
una sensación de dolor, calor, presión, frío, etc.” Ante el incumplimiento
de los requisitos para aplicar la eutanasia, al final el tratamiento médico no
se concentró en la rehabilitación sino en brindarle el soporte mientras se daba
el deceso como transcurso natural de la patología. Más tarde, las prestadoras
de salud informaron a la Corte que durante el proceso la paciente falleció,
luego de una crisis tratada con cuidados paliativos.
Esta Corporación se pronunció, en primera instancia,
sobre la salvaguarda del derecho fundamental de petición, y seguidamente hizo
un repaso sobre los fundamentos normativos del derecho a morir dignamente,
recordando que “para este Tribunal la muerte digna tiene como propósito
principal hacer prevalecer una existencia donde la persona, de forma autónoma,
pueda desarrollar su proyecto de vida, es decir, que no consista en la sola
subsistencia vital de una persona”.
En ese contexto, se refirió ampliamente a los derechos
de los usuarios del servicio de salud y destacó la Declaración de Lisboa de la
Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente de 1981, en virtud de
la cual el médico está obligado a orientar sus actos conforme al mejor interés
del paciente y debe esforzarse por garantizar su autonomía; además, se consagra
allí la dignidad como una garantía consistente en que “El paciente tiene
derecho a aliviar su sufrimiento, según los conocimientos actuales. c. El
paciente tiene derecho a una atención terminal humana y a recibir toda la ayuda
disponible para que muera lo más digna y aliviadamente posible”.
Igualmente, la Sala repasó la normativa concordante contenida en la Resolución
13437 de 1991 “por la cual se constituyen los Comités de Ética Hospitalaria
y se adopta el Decálogo de los Derechos de los Pacientes”, la Ley 1733 de
2014 “mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para
el manejo de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e
irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad
de vida” y la Resolución 1216 de 2015 que en cumplimiento a la sentencia T-
970 de 2014 dicta las directrices para conformar los comités
científico-disciplinarios para el derecho a morir dignamente. Con base en este
conjunto de disposiciones, concluyó:
“[E]n primer lugar, que los pacientes
tienen derecho a: (i) consentir o rechazar los procedimientos médicos; (ii) que
se respeten sus deseos en caso de enfermedad irreversible de limitar el
esfuerzo terapéutico; (iii) a morir con dignidad y a que se les respete su
voluntad de permitir que el proceso de la enfermedad hacia la muerte siga su
curso natural.
Por otro lado, se ha puntualizado que en
los casos específicos de pacientes con enfermedades en fase terminal o
crónicas, degenerativas e irreversibles, con alto impacto en la calidad de vida,
los pacientes tienen derecho a: (iv) la atención en cuidados paliativos, que
propende por mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, a través de
una tratamiento integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas,
teniendo en cuenta aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y
espirituales; (v) desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos
médicos innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad
terapéutica y no representen una vida digna para el paciente.
Y, en tercer lugar, los pacientes con
una enfermedad terminal que les cause intensos dolores, tienen derecho a:
(vi) solicitar la realización del procedimiento eutanásico, regulado por la
Resolución 1216 de 2015.”
(negrillas fuera del original)
En consecuencia, estableció la Sala Cuarta de Revisión
que el derecho a morir dignamente no es unidimensional ni se circunscribe
exclusivamente al procedimiento de eutanasia, sino que abarca una serie de
garantías que deben hacerse efectivas dependiendo de la situación particular en
que se encuentre cada paciente. Así pues, el derecho a morir dignamente “se
trata de un conjunto de facultades que permiten a una persona ejercer su
autonomía y tener control sobre el proceso de su muerte e imponer a terceros
límites respecto a las decisiones que se tomen en el marco del cuidado de la
salud” y comprende, al menos, las siguientes dimensiones: (i) el
procedimiento eutanásico[86], (ii) la limitación del esfuerzo
terapéutico o readecuación de las medidas asistenciales[87], y (iii) los cuidados paliativos[88].
Tras reiterar el desarrollo que ha tenido el derecho a
morir dignamente en la jurisprudencia constitucional, al ocuparse del caso en
concreto la Sala evidenció una carencia actual de objeto, no obstante estimó
que era necesario examinar el fondo del asunto. Así, encontró que en el
expediente, si bien se indicó que la menor se encontraba en un estado
vegetativo permanente, no había claridad sobre si se trataba de una enfermedad
terminal y si esta le ocasionaba fuertes dolores a la paciente, lo cual impidió
que se le aplicara la eutanasia conforme a los requisitos previstos en la
Resolución 1216 de 2015. No obstante, dado que la pretensión de la promotora de
la acción iba dirigida a que se agotaran los procedimientos allí contemplados y
a que se le suministrara una respuesta a su solicitud, la Sala advirtió que el
caso debía resolverse teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del derecho
a morir con dignidad.
A partir de ello, determinó que sí existió una
vulneración iusfundamental por parte de la EPS y la IPS demandadas, debido a
que su inoperancia prolongó el sufrimiento de la paciente y su núcleo familiar
por un año y nueve meses después de que su progenitora solicitara la limitación
del esfuerzo terapéutico, sin que oportunamente se brindaran cuidados
paliativos y, además, en razón de que a las peticiones elevadas por la familia
nunca se les dio una respuesta de fondo, clara, precisa, congruente con lo
solicitado y dentro de los términos legales.
Así, la Sala sostuvo que en el caso se presentaron
diferentes fallas de cara a las distintas dimensiones del derecho a morir
dignamente, toda vez que (i) el comité científico solo se convocó 35 días
después de interpuesta la solicitud y en razón del requerimiento judicial, (ii)
la respuesta de la decisión del comité solo fue comunicada a la peticionaria 43
días después de radicada la solicitud, (iii) el Ministerio de Salud nunca dio
trámite a las peticiones elevadas por los padres de la paciente, (iv) no hubo
un adecuado acompañamiento psicológico constante a la familia, (v) se soslayó
el consentimiento sustituto válidamente otorgado, en consideración al estado
vegetativo de la paciente y a que su progenitora ostentaba su representación
legal por virtud de la declaratoria judicial de interdicción –en este punto,
señaló la Sala que la exigencia de que la voluntad del paciente sea previa y
por escrito, contenida en la Resolución 1216 de 2015, hace nugatoria la
garantía para quienes no se encuentran en condiciones de expresar su voluntad–,
(vi) no se agotaron las alternativas para lograr determinar si se trataba o no
de una enfermedad terminal, a pesar de que cuando el consentimiento sea
sustituido se deberá ser más estricto en la observancia de los requisitos,
(vii) se hizo caso omiso de las solicitudes de la familia sobre una limitación
del esfuerzo terapéutico, (viii) no se brindó información sobre las
posibilidades para garantizar el derecho a morir dignamente, y (ix) se
restringió injustificadamente el acceso oportuno a los cuidados paliativos.
Por lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, aunque
declaró la carencia actual de objeto, revocó el fallo que había denegado el
amparo por cuanto encontró vulnerado el derecho a morir dignamente, y ordenó a
las prestadoras de salud ajustar sus protocolos internos para facilitar el
cumplimiento de la normatividad sobre este derecho, al tiempo que ordenó al
Ministerio de Salud que adecuara la Resolución 1216 de 2015 en el aspecto
relacionado con el consentimiento sustituto y que regulara lo relativo a la
limitación del esfuerzo terapéutico o la readecuación de las medidas
asistenciales. Finalmente, reiteró una vez más el exhorto al Congreso de la
República, con el fin de que proceda a regular el derecho fundamental a morir
dignamente.
Pues bien: del anterior recuento jurisprudencial se
colige que el derecho fundamental a morir dignamente tiene un sólido fundamento
constitucional, habida cuenta de que la dignidad humana –como eje del Estado y
de todo el ordenamiento jurídico– se patenta tanto en la protección a la vida
como un concepto complejo y cualificado que sobrepasa la sola existencia
biológica o el funcionamiento del organismo, como en el respeto por la
autonomía individual y la libertad. Cabe anotar, además, que en vista de la
ausencia de una regulación de orden legal sobre la materia, ha sido una
necesidad imperiosa que este Tribunal avance en determinar el alcance del
derecho fundamental y las pautas y mecanismos para su concreción, en desarrollo
de su función de garantizar la efectividad de los derechos constitucionales.
(iii) La normatividad que reglamenta el derecho a
morir dignamente en Colombia
En desarrollo de la jurisprudencia constitucional
reseñada en precedencia, el Ministerio de Salud ha proferido una serie de
resoluciones que establecen los parámetros para la materialización del derecho
a morir con dignidad. Estos actos administrativos reproducen, en esencia,
varias de las reglas sentadas en los fallos de esta Corte, y son un insumo
normativo fundamental que, en conjunto con aquellos pronunciamientos, orienta
la labor de las entidades del sistema de salud en este ámbito, ante el vacío respecto
de una legislación expedida por el Congreso.
Resolución 1216 de 2015
Mediante la Resolución 1216 del 20 de abril de 2015[89] el Ministerio de Salud y Protección Social, como
órgano rector del sector salud[90], dio cumplimiento a la orden impartida en
la sentencia T-970 de 2014 en relación con las directrices para la organización
y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con
dignidad, conforme a los principios de prevalencia de la autonomía del
paciente, celeridad, oportunidad e imparcialidad, de acuerdo con lo sentado en
dicho pronunciamiento[91].
En dicha regulación se precisa que el concepto de enfermo
en fase terminal se refiere “a todo aquel que es portador de una
enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma
precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo e
irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que
no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que
permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos
terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces” y
se establece que, en caso de duda respecto a sobre el diagnóstico de la
condición de enfermedad terminal se podrá requerir una segunda opinión o la
opinión de un grupo de expertos[92].
Asimismo, se prevé que todo enfermo en fase terminal y
su familia tienen derecho a cuidados paliativos que incluyen “un tratamiento
integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo en
cuenta sus aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y
espirituales”, así como la posibilidad de desistir de manera voluntaria y
anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los
principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna para
el paciente. Cabe anotar, que los cuidados paliativos son un paso que se debe
verificar y consultar con el paciente antes de proseguir con el procedimiento
para garantizar una muerte digna[93].
La Resolución dispone que, de manera general, todas
las IPS con servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad que
atiendan pacientes oncológicos y crónicos y que cuenten con los protocolos de
cuidado paliativo deben conformar un comité científico-interdisciplinario para
el derecho a morir con dignidad, integrado por un médico especialista en la
enfermedad del paciente, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico, no
objetores de conciencia y exentos de cualquier conflicto de intereses[94]. En caso de que la institución no ofrezca los
mencionados servicios, debe informar inmediatamente y coordinar todo lo
necesario con la EPS donde está afiliado el paciente que solicita morir con
dignidad[95].
Una vez el médico tratante recibe la solicitud del paciente,
debe convocar a más tardar al día siguiente al comité científico
interdisciplinario, el cual, por su parte, mantendrá sesiones permanentes
siempre con la totalidad de sus integrantes, podrá invitar a personas naturales
y/o jurídicas en caso de duda razonable sobre los presupuestos para hacer
efectivo el derecho a morir con dignidad –quienes tendrán voz pero no voto–
dentro de un marco de reserva y confidencialidad, decidirá de preferencia por
consenso o, excepcionalmente por mayoría, y cumplirá las siguientes funciones[96]:
“7.1. Revisar la determinación del
médico tratante en cuanto a la solicitud que formule el paciente y establecer
si le ofreció o está recibiendo cuidados paliativos.
7.2. Ordenar a la institución responsable
del paciente, la designación, en un término máximo de 24 horas, de un médico no
objetor cuando se presente objeción por parte del médico que debe practicar el
procedimiento que anticipa la muerte en forma digna en un enfermo terminal.
7.3. Establecer, dentro de un plazo no
superior a diez (10) días calendario a partir de su solicitud, si el paciente
que solicita el procedimiento para morir con dignidad reitera su decisión de
que le sea practicado.
7.4. Vigilar que el procedimiento se
realice cuando la persona lo indique o, en su defecto, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes al momento en que el paciente reitere su
decisión.
7.5. Vigilar y ser garante de que todo el
procedimiento para morir con dignidad se desarrolle respetando los términos de
la Sentencia T-970 de 2014 y que se garantice la imparcialidad de quienes
intervienen en el proceso, para lo cual deberá realizar las verificaciones que
sean del caso.
7.6. Suspender el procedimiento que
anticipa la muerte para morir con dignidad en caso de detectar alguna
irregularidad y poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible
comisión de una falta o de un delito, si a ello hubiere lugar.
7.7. Acompañar, de manera constante y
durante las diferentes fases, tanto a la familia del paciente como al paciente
en ayuda sicológica, médica y social, para mitigar los eventuales efectos
negativos en el núcleo familiar y en la situación del paciente.
7.8. Verificar, en el caso del
consentimiento sustituto, si existe alguna circunstancia que llegue a viciar la
validez y eficacia del mismo.
7.9. Remitir al Ministerio de Salud y
Protección Social un documento en el cual reporte todos los hechos y
condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el Ministerio realice un
control exhaustivo sobre el asunto.
7.10. Velar por la reserva y
confidencialidad de la información que, por causa de sus funciones, deba
conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de
los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de
estos.
7.11. Informar a la EPS a la cual esté
afiliado el paciente de las actuaciones que se adelanten dentro del
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad y mantenerse
en contacto permanente con la misma.
7.12. Designar el Secretario Técnico y
darse su propio reglamento.”[97]
A su turno, en el procedimiento para hacer efectivo el
derecho a morir dignamente las IPS tienen las siguientes funciones:
“12.1. Ofrecer y disponer todo lo
necesario para suministrar cuidados paliativos al paciente que lo requiera, sin
perjuicio de la voluntad de la persona.
12.2. Designar a los integrantes del
Comité.
12.3. Permitir el acceso al Comité tanto a
la documentación como al paciente para realizar las verificaciones que
considere pertinentes.
12.4. Comunicarse permanentemente con la
EPS.
12.5. Garantizar que al interior de la IPS
existan médicos no objetores, de conformidad con la orden dada por el Comité, o
permitir el acceso a quienes no sean objetores para la práctica del procedimiento.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en ningún caso la IPS podrá
argumentar la objeción de conciencia institucional.
12.6. Facilitar todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado del Comité.
12.7. Velar por la reserva y confidencialidad
de la información que, por causa de sus funciones, deba conocer y tramitar, sin
perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de los datos personales
deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de estos.”[98]
Las EPS, por su parte, deben cumplir con unas
funciones de cara al comité, y otras específicas frente al paciente, a saber:
En relación con el comité:
“13.1. Asegurar la comunicación
permanente con los miembros del Comité para conocer las decisiones que se
adopten.
13.2. Tramitar con celeridad los
requerimientos que le sean formulados.
13.3. Coordinar las actuaciones para hacer
efectivo el derecho a morir con dignidad.
13.4. Garantizar el trámite para hacer
efectivo el derecho a morir con dignidad cuando el caso se presente en las IPS
que no tengan los servicios de que trata el artículo 5o de la presente
resolución.”[99]
Y, en relación con el paciente, se consagran las
siguientes funciones en cabeza de las EPS:
“14.1. No interferir, en ningún sentido,
en la decisión que adopte el paciente o de quienes estén legitimados, en caso
del consentimiento sustituto, en relación con el derecho a morir con dignidad
mediante actuaciones o prácticas que la afecten o vicien.
14.2. Contar en su red prestadora de
servicios con profesionales de la salud idóneos y suficientes para atender los
requerimientos que puedan surgir en relación con la garantía del procedimiento
para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.
14.3. Garantizar durante las diferentes
fases, tanto al paciente como a su familia la ayuda sicológica y médica, de
acuerdo con la necesidad.
14.4. Garantizar toda la atención en salud
derivada del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad,
atendiendo los criterios de que trata la sentencia T-970 de 2014.
14.5. Tramitar con celeridad las
solicitudes de sus afiliados que pretendan hacer efectivo el derecho a morir
con dignidad.
14.6. Velar por la reserva y
confidencialidad de la información que, por causa de sus funciones, deba
conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de
los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de
estos.”[100]
En cuanto a la legitimación para reclamar el
derecho a morir con dignidad, la Resolución 1216 de 2015 señala que la
solicitud debe ser elevada por (i) el paciente mayor de edad, (ii) que
considera que se encuentra en las circunstancias previstas en la sentencia
T-970 de 2014, y (iii) que su consentimiento sea libre, informado e inequívoco.
Presentada la solicitud, el médico tratante deberá reiterar o poner en
conocimiento del paciente y/o sus familiares, el derecho que tiene a recibir
cuidados paliativos como tratamiento integral del dolor, el alivio del
sufrimiento y otros síntomas, de acuerdo con la Ley 1733 de 2014[101]. Respecto de la tercera condición, esto es, el
consentimiento del paciente, se tiene que el mismo también puede ser expresado (i)
de forma previa a la enfermedad terminal, o (ii) a través de un tercero, lo que
se denomina consentimiento sustituto, que opera cuando el paciente está en
incapacidad legal o en circunstancias que le impidan manifestar su voluntad, el
que debe constar por escrito. En estos se debe acreditar cuál era la decisión
del paciente mediante documento de voluntad anticipada o testamento vital[102]. Sin embargo, es relevante anotar que en todo momento
después de adoptada la decisión, tanto el paciente como quien haya otorgado el
consentimiento sustituto, de ser el caso, pueden desistir y optar por otras
alternativas[103].
El procedimiento a seguir consiste en que,
luego de establecer (i) la condición de enfermedad terminal y (ii) la capacidad
del paciente, el médico tratante convoca al comité científico
interdisciplinario y este, en un plazo máximo de 10 días, debe verificar que
estén debidamente reunidos los presupuestos contenidos en la sentencia T-970 de
2014 para adelantar el procedimiento y, si estos se cumplen, habrá de preguntar
al paciente si reitera su decisión de someterse al procedimiento. En caso
afirmativo, el comité debe autorizar que el mismo se lleve a cabo en la fecha escogida
por el paciente o, más tardar, dentro de los 15 días siguientes a la reiteración
de su voluntad[104]. Si el médico encargado de llevar a cabo
el procedimiento objeta por razones de conciencia –que deberá hacerlo por
escrito y con la debida motivación–, el comité dispondrá que la IPS asigne un
nuevo médico no objetor en un máximo de 24 horas[105], sin que en ningún caso se acepte la
objeción de conciencia institucional[106]. El procedimiento tiene carácter gratuito
y luego de llevado a cabo se debe dejar constancia en la historia clínica, que
se remitirá al comité científico interdisciplinario con el fin de que prepare y
remita un informe al Ministerio de Salud en el que dé cuenta de “todos los
hechos y condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el mismo
realice un control exhaustivo sobre el asunto.”[107]
Resolución 4006 de 2016
En la Resolución 4006 del 2 de septiembre 2016[108] el Ministerio de Salud y Protección Social crea un
comité interno dentro de esa entidad, orientado a controlar los procedimientos
que hagan efectivo el derecho a morir con dignidad, y regula su funcionamiento,
a fin de que se lleve a efecto lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución
1216 de 2015, esto es, para que allí se acopien y evalúen exhaustivamente los
informes remitidos por parte de los comités científicos interdisciplinarios que
han adelantado un procedimiento de esta naturaleza, conforme a lo establecido
en las sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014[109].
El comité interno del Ministerio está integrado por el
Jefe de la Oficina de Calidad –quien lo presidirá–, el Director de Prestación
de Servicios y Atención Primaria en Salud, el Director de Promoción y
Prevención, y el Director Jurídico –o los delegados de cada uno de estos
servidores–, y tiene la posibilidad de contar con el aporte de expertos,
personas naturales o jurídicas y representantes de entidades públicas y
privadas, quienes tendrán voz pero no voto[110]. A su vez, debe sesionar con la totalidad
de sus integrantes cada tres meses, adoptar sus decisiones por mayoría absoluta[111] y levantar un acta de cada sesión con las
conclusiones, recomendaciones y decisiones[112].
Las funciones asignadas al comité interno son las
siguientes:
“6.1. Revisar la documentación que le
sea remitida por los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a
Morir con Dignidad y requerir a los mismos la información adicional que
considere pertinente.
6.2. Verificar, sobre cada uno de los
casos, los elementos del derecho a Morir con Dignidad que le sean remitidos por
dichos Comités y emitir el respectivo pronunciamiento.
6.3. En el caso de que encuentre
irregularidades, realizar los traslados, recomendaciones y observaciones que
estime correspondientes.
6.4. Dar respuesta a las solicitudes de
información, derechos de petición y demás requerimientos relacionados con la
actividad del comité.
6.5. Velar por la reserva y
confidencialidad de la información que, por causa de sus funciones, deba
conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de
los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de la protección de
estos.
6.6. Apoyar al Ministerio en el desarrollo
de los aspectos regulatorios concernientes al derecho a morir con dignidad y en
relación con la información estadística que sea requerida.
6.7. Elaborar un informe anual al Ministro
respecto del cumplimiento de sus funciones.
6.8. Darse su propio reglamento y designar
al secretario técnico del mismo por un periodo de dos (2) años.”[113]
Resolución 825 de 2018
En cumplimiento a lo dispuesto por esta Corporación en
la sentencia T-544 de 2017, en la Resolución 825 del 9 de marzo de 2018[114] se reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el
derecho a morir con dignidad de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con el
principio constitucional de interés superior del menor, el contexto diferencial
de la solicitud de eutanasia según cada grupo etario y los factores que inciden
en el entendimiento de la muerte –tales como el desarrollo cognitivo, a su
desarrollo emocional, a su entorno y experiencia vital–[115].
Dicho acto administrativo inicia por explicar el
concepto de cuidados paliativos pediátricos; el proceso de adopción de
decisiones en menores de edad en el ámbito médico –que pasa por las aptitudes
de (i) capacidad de comunicar la decisión, (ii) capacidad de entendimiento,
(iii) capacidad de razonar y (iv) capacidad de juicio–; la asimilación y
evolución de la noción de muerte en cada franja de edad –0 a 3 años, 3 a 6, 6 a
12 y 12 en adelante–; lo que se entiende por niña, niño o adolescente con una
enfermedad y/o condición en fase terminal, con necesidades especiales de
atención de su salud, dependientes de tecnología; y, a la vez, reitera la
definición de patria potestad prevista en el artículo 288 del Código Civil[116].
Asimismo, se prevé que están excluidos del
procedimiento eutanásico los recién nacidos, los menores de 0 a 6 años (primera
infancia), el grupo poblacional de los 6 a los 12 años –a menos que hayan
alcanzado un desarrollo neurocognitivo y psicológico excepcional que les
permita tomar una decisión libre, voluntaria, informada e inequívoca en el
ámbito médico y (ii) su concepto de muerte alcanza el nivel esperado para un
niño mayor de 12 años–, así como niños, niñas y adolescentes que presenten estados
alterados de conciencia, con discapacidades intelectuales y con trastornos
psiquiátricos diagnosticados que alteren la competencia para entender, razonar
y emitir un juicio reflexivo[117].
La norma señala que los cuidados paliativos
pediátricos se enfocan en garantizar la mayor calidad de vida posible en los
menores –lo que incluye atención de los elementos físicos, psicológicos,
emocionales, sociales y espirituales– y en acompañar a la familia durante el
proceso y después de este, a la vez que indica quiénes son sujetos de este tipo
de cuidados, los cuales deben ser garantizados sin que medie solicitud previa
del paciente o de quien ejerza la patria potestad –y según criterio médico en
determinados eventos–y pueden ser desistidos, igualmente, por solicitud del paciente
o del adulto responsable de su cuidado, a fin de readecuar los esfuerzos
terapéuticos conforme a los principios
de proporcionalidad terapéutica y racionalidad[118].
Seguidamente, el acto administrativo explica las
etapas del procedimiento de muerte digna para adolescentes –y excepcionalmente
para menores de 6 a 12 años[119]–, en el cual, además de los principios
generales contemplados en la Resolución 1216 de 2015, se establece el principio
de prevalencia de cuidado paliativo[120]. El procedimiento para la aplicación de la
eutanasia comparte, en su mayoría, las mismas etapas previstas para los
adultos, no obstante lo cual atiende de manera diferencial las particularidades
que surgen del hecho de estar enfocado en menores de edad. En este sentido, se
incorpora el deber de informar a quien ejerce la patria potestad del menor una
vez este manifiesta su voluntad de morir dignamente para efectos de que exprese
su concurrencia, la obligación de evaluar la readecuación de los esfuerzos
terapéuticos, y la necesidad de valorar con precisión las aptitudes
psicológicas y emocionales para la toma de decisiones en el ámbito médico, y de
identificar el concepto de muerte que maneja el adolescente según su edad
evolutiva, entre otras condiciones especiales[121].
En cuanto al consentimiento sustituto de los menores
de edad, se establece que solo podrá otorgarlo quien ejerza la patria potestad
– excluyéndose expresamente otras posibilidades de representación legal–y que
operará para efectos de verificar la reiteración de la decisión que previamente
haya manifestado el propio menor[122].
El procedimiento tiene, entonces, una fase inicial que
comienza con la expresión de voluntad del menor y que se adelanta ante el
médico tratante, luego de lo cual sigue la evaluación por parte del comité, con
la programación concertada de fecha para realizar la eutanasia en caso de
aprobación, y dejándose a salvo en todo caso la posibilidad de desistimiento[123].
Igualmente, la resolución asigna específicas funciones
a los comités científicos interdisciplinarios[124] –con los cuales deben contar todas las IPS
que ofrezcan servicios de mediana y alta complejidad[125]– y establece sus reglas de funcionamiento[126], así como contempla las competencias y obligaciones
de las IPS[127] y las EPS[128].
Asimismo, se prevé que deberá rendirse informe de
rigor sobre del procedimiento al Ministerio de Salud y Protección Social[129] y, cabe anotar, esta resolución añade una función a
la Superintendencia Nacional de Salud, relacionada con efectuar seguimiento a
la garantía del derecho a morir con dignidad vía eutanasia de los niños, niñas
y adolescentes, en ejercicio de sus competencias de inspección, vigilancia y
control[130].
Resolución 2665 de 2018
En la Resolución 2665 del 25 de junio de 2018[131] se reglamenta parcialmente la Ley 1733 de 2014 en
cuanto al derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada, el cual
puede ser ejercido por “cualquier persona capaz, sana o en estado de
enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales y con total
conocimiento de las implicaciones de esa declaración, respecto a no someterse a
medios, tratamientos y/o procedimientos médicos innecesarios que pretendan
prolongar su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona y
garantizando el cumplimiento de dicha voluntad”, como garantía de la
autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, en caso de que quien lo
suscribe llegue a encontrarse, por diversas circunstancias, en imposibilidad de
manifestar su voluntad de no someterse a medios, tratamientos y/o
procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar su vida[132].
Se señala que tienen legitimación para suscribir
documento de voluntad anticipada (i) los mayores de edad y los adolescentes
entre 14 y 18 años, (ii) que sean capaces y se hallen en pleno uso de sus
facultades legales y mentales, (iii) ya sea que estén sanos o en estado de
enfermedad, y (iv) con total conocimiento de las implicaciones que acarrea la
suscripción de dicho documento[133].
Indica la resolución que el documento de voluntad
anticipada debe contener la ciudad y fecha de expedición, la identificación de
la persona, la indicación de que se encuentra en pleno uso de sus facultades
mentales, libre de cualquier coacción y que conoce las implicaciones de su
declaración, “la manifestación específica, clara, expresa e inequívoca
respecto a sus preferencias en relación al cuidado futuro de su salud e
integridad física, así como indicaciones concretas de su cuidado y preferencias
al final de la vida, que considere relevantes en el marco de sus valores
personales, su entorno cultural, sus creencias religiosas o su ideología”,
y por último la firma del declarante[134].
El documento puede constar por escrito o en medios
como videos, audios u otros medios tecnológicos, así como a través de lenguajes
alternativos que permitan establecer con claridad la autoría, el contenido y
los demás presupuestos mencionados[135], y deberá formalizarse ante notario, o
ante dos testigos, o ante el médico tratante[136]. Asimismo, se prevén allí condiciones
especiales para garantizar la expresión de voluntad de quienes no saben o no
pueden leer y escribir, y de quienes no se expresan en idioma castellano[137]. Además, indica el acto administrativo que el
documento de voluntad anticipada puede ser modificado, sustituido o revocado en
cualquier momento por quien lo suscribió, siguiendo unas pautas para garantizar
la autenticidad y la claridad del sentido de la nueva declaración[138].
Respecto del cumplimiento de la voluntad anticipada
del paciente, la Resolución 2665 de 2018 establece que los familiares o
cualquier persona puede informar la existencia del documento o aportarlo con el
fin de que sea tenido en cuenta y acatado por los profesionales de la salud[139], que el mismo deberá ser anexado a la historia
clínica[140], que los médicos deben indagar a los
parientes del paciente sobre si ha suscrito documento de voluntad anticipada y
en caso afirmativo solicitar que lo alleguen para actuar de conformidad con la
decisión allí plasmada[141], y que se debe garantizar en todo momento
la confidencialidad[142].
Finalmente, la resolución dispone que la
Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con su función de la inspección,
vigilancia y control, adelantará el seguimiento dentro del proceso de atención
en salud para que se garantice el cumplimiento de la voluntad del paciente[143].
4. Caso concreto
Recapitulando, en el caso que ocupa la atención de la
Sala en esta oportunidad la señora Carmen Diana Vélez Calle, actuando como
agente oficiosa de su progenitora, señora María Liria Calle viuda de Vélez,
demanda a Coomeva EPS, al
Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS y a la Clínica Los
Rosales, por cuanto no accedieron a su solicitud de activar el protocolo
encaminado a garantizarle a la agenciada su derecho a morir dignamente, dado el
cuadro clínico complejo que presenta y su avanzada edad. Según se desprende de
las peticiones presentadas ante las demandadas, la intención de la promotora de
la acción está dirigida a que se lleve a cabo procedimiento eutanásico, para no
prolongar la vida de su progenitora de una manera que estima injusta e
innecesaria, por el sufrimiento que le causan sus enfermedades y que hace de su
existencia “una tortura permanente”.
Reunidas como están las condiciones mínimas de procedencia
en relación con la legitimación en la causa por activa y por pasiva, la
inmediatez y la subsidiariedad, tal como se estableció en el acápite
respectivo, es viable emprender el estudio de mérito de la controversia.
Pasa la Sala a examinar, entonces, si, en efecto, la solicitud
elevada en nombre de la señora María Liria Calle viuda de Vélez reúne los
requisitos necesarios para llevar a cabo el procedimiento orientado a hacer
efectivo el derecho a una muerte digna, para seguidamente valorar si la decisión
adoptada por las entidades accionadas lesionó su derecho fundamental a morir
dignamente.
4.1. Sobre el cumplimiento de los requisitos legales
para llevar a cabo el procedimiento eutanásico para hacer efectivo el derecho a
una muerte digna
De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional fundada a partir de las sentencias C-239
de 1997 y T-970 de 2014, dos son los presupuestos para garantizar el derecho a
morir dignamente a través del procedimiento de eutanasia realizado por un
médico, a saber: (i) el padecimiento de una enfermedad terminal que
produzca intensos dolores, y (ii) el consentimiento libre, informado e
inequívoco del paciente.
El primero de
los referidos presupuestos –como se indicó en las consideraciones generales– exige,
a su vez, las siguientes condiciones: una objetiva, relacionada con que la
enfermedad debe ser calificada como terminal por parte de un médico experto, y
una subjetiva, asociada a que dicha enfermedad terminal produzca intensos
dolores y sufrimiento en el paciente, que sean incompatibles con su idea de
dignidad humana.
En desarrollo de lo anterior, el artículo 16 de la
Resolución 1216 de 2015 dispone que frente a la solicitud de hacer efectivo el
derecho a morir dignamente se requiere, en primera medida y antes de convocar
al comité científico interdisciplinario, que el médico tratante establezca (i)
la condición de enfermedad terminal y (ii) la capacidad del paciente.
Como punto de partida, es necesario anotar que, como
en el presente caso la agente oficiosa pretende sustituir el consentimiento de
su progenitora para solicitar que se lleve a cabo el procedimiento que le
garantice una muerte digna, cuando se trata de consentimiento sustituto el
análisis respecto de los demás requisitos debe ser aún más estricto y riguroso,
tal como lo enfatizó la Corte en la sentencia T-970 de 2014.
Es menester, entonces, examinar si la señora María
Liria Calle viuda de Vélez padece una enfermedad terminal, como condición
objetiva para la autorización del procedimiento que haría efectivo su derecho a
morir dignamente a través de la eutanasia.
Pues bien: la Sala observa que, de acuerdo con el
informe rendido por Coomeva EPS ante el Juzgado 5° Civil Municipal de Pereira, no
hay lugar a conceder las pretensiones de la agente oficiosa, comoquiera que “la
usuaria [María Liria Calle viuda de Vélez] no se encuentra con
diagnóstico de enfermedad terminal o condición patológica grave, que
haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre
un cáncer progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo
relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de
eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o
cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de
ser eficaces.”[144] (subrayas originales del texto).
En efecto, sobre el estado de salud de la señora María
Liria Calle viuda de Vélez, en el registro más reciente de la historia clínica
que obra en el expediente –que corresponde a la visita médica domiciliaria
realizada en junio de 2019, es decir, en el mismo mes en que se promovió la
acción de tutela–, la médica que la trató consignó lo siguiente:
“SE REALIZA VISITA MÉDICA DOMICILIARIA DE CONTROL
PADO CRÓNICOS. PACIENTE EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE HOGAR, SIN FAMILIARES
PRESENTES EN EL MOMENTO. CON ESTABILIDAD CLINICA EN EL ÚLTIMO MES, CON
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA OCLUSIVA SEVERA SIN INDICACIÓN DE INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA DADO ESTADO DE LA PACIENTE, SE DECIDIÓ CONTINUAR MANEJO PALIATIVO,
SIN EMBARGO TUVO AMPUTACIÓN ESPONTÁNEA DE TERCER DEDO DE PIE IZQUIERDO CON
HERIDA QUE RESOLVIÓ. MANIFIESTAN ADECUADO CONTROL DE DOLOR. ANTECEDENTES DE
TRASTORNO DE ANSIEDAD, ESQUIZOFRENIA VS ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (REFERIDOS EN
HISTORIA CLÍNICA DE PSIQUIATRÍA), HIPOTIROIDISMO, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, EN
ÚLTIMA HOSPITALIZACIÓN SE PLANTEÓ POSIBILIDAD DE GASTROSTOMÍA POR DIFICULTADES
PARA NUTRICIÓN, FAMILIARES EN CONSENSO CON MÉDICOS TRATANTES DURANTE ESTANCIA
EN CLÍNICA DECIDIERON NO REALIZARLA, AHORA REFIEREN ESTÁN SUMINISTRANDO
ALIMENTACIÓN SIN INCONVENIENTES. MANIFIESTAN HA TENIDO ADECUADO CONTROL DE
DOLOR CON ANALGESIA ACTUAL. SE ENCUENTRA EN MANEJO FARMACOLÓGICO ACTUAL CON
ACETAMINOFÉN + HIDROCODONA Y QUETIAPINA 50MG VÍA ORAL CADA NOCHE.”
De la historia clínica transcrita se evidencia que a
la señora María Liria se le está suministrando alimentación sin inconvenientes,
que tiene un adecuado control de dolor y que se encuentra, en suma, con
estabilidad clínica, a pesar de las varias y complejas patologías que la
aquejan.
La Sala advierte, asimismo, que a la agenciada Coomeva
EPS le viene suministrando periódicamente insumos como pañales, pañitos,
cremas, gasas, micropore, solución salina para las escaras, junto con los
medicamentos prescritos por el médico tratante y el suplemento Ensure, tal como
consta en la historia clínica aportada y como lo reconoció la agente oficiosa
en la declaración que rindió ante el juez de primera instancia el 26 de junio de
2019[145]. Igualmente, de acuerdo con la historia
clínica y la referida declaración, la paciente recibe controles constantes por
medicina general, nutrición, terapia física, terapia respiratoria y
fonoaudiología, y permanece bajo el cuidado y la vigilancia de los cuidadores
del hogar geriátrico donde reside actualmente.
Ahora bien: aunque no se configure el estado de
paciente con enfermedad terminal, es preciso resaltar que la Ley 1433 de 2014
contempla los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de
pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e
irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad
de vida, como cabe predicar, conforme al concepto médico allegado, del caso de
la señora María Calle viuda de Vélez. Esto quiere decir que, si bien no se dan
las condiciones para hacer efectivo el derecho a morir dignamente a través de
la eutanasia, de ello no se deriva una exclusión del derecho de la paciente a
recibir cuidados paliativos, enfocados estos –como se indicó en precedencia– en
controlar en la mayor medida
posible el dolor y la sintomatología de la enfermedad y en brindarle a la
paciente una mejor calidad de vida el tiempo de existencia que le queda.
Sobre este aspecto, se tiene que, según reportó la
Clínica Los Rosales a través de su director médico[146], la señora María Liria Calle viuda de
Vélez se encuentra “recibiendo manejo paliativo con control de dolor con
analgesia actual y acetaminofén + hidrocodona y quetiapina 50mg vía oral cada
noche. Como plan de manejo asistencial, recibe controles por visita mensual
médica domiciliaria, terapia física y respiratoria.” Esta información sobre
la atención en cuidados paliativos que se le viene suministrando efectivamente
coincide con lo sentado en la historia clínica aportada al proceso, varios de
cuyos registros aluden expresamente a la indicación de manejo paliativo,
teniendo en cuenta su condición de paciente crónica[147], pruebas que desvirtúan la respuesta
negativa de la agente oficiosa ante el juez de instancia al ser preguntada
sobre si su progenitora recibía cuidados paliativos.
De lo anterior concluye la Sala que, si bien la señora
María Liria Calle viuda de Vélez se encuentra aquejada por diferentes
patologías y que, desde luego, su avanzada edad y su discapacidad hacen su
salud aún más frágil, no se dan las condiciones para que se ordene llevar a
cabo el procedimiento que anticipa su muerte, en tanto no se trata de una
paciente en estado terminal y, en todo caso, se encuentra recibiendo atención
permanente en salud por diferentes especialidades, así como los cuidados
paliativos encaminados a garantizarle la mejor calidad de vida posible, pese a
las limitaciones propias de su estado crónico.
Y es que –pertinente es subrayarlo–, por lo pronto, en
nuestro ordenamiento el procedimiento eutanásico es admisible cuando se trata
de enfermos terminales, de acuerdo con lo establecido en las sentencias
C-239 de 1997 y T-970 de 2014. De hecho, en ese específico sentido quedó
consignada la exclusión de punibilidad del homicidio pietístico en la parte
resolutiva de la sentencia C-239, restricción que inclusive dio lugar a que dos
de los entonces magistrados aclararan su voto, pues, en su criterio, la opción
legítima por la muerte debía hacerse extensiva a otros “casos dramáticos de
enfermos no "terminales", como los cuadrapléjicos, v.gr., a quienes
debería comprender la posibilidad de optar por una muerte digna, si juzgan
abrumador su padecimiento”. En esa misma orientación, en la sentencia
T-970, al fijarse los lineamientos para la reglamentación del derecho a una
muerte digna, se indicó expresamente que el padecimiento de una enfermedad
calificada como terminal por un especialista constituía el elemento
objetivo del primero de los requisitos para materializar dicho derecho, sin cuya
verificación no es posible indagar si la patología produce intensos dolores
(elemento subjetivo del primer requisito) y si existe consentimiento libre,
informado e inequívoco por parte del sujeto pasivo (segundo requisito). Como se
reseñó en precedencia, este condicionamiento fue reiterado luego en la
sentencia T-132 de 2016, en la que se negó la pretensión de muerte asistida a
un individuo privado de la libertad, al evidenciar que requería atención médica
para distintas patologías, ninguna de las cuales había sido calificada como
enfermedad terminal, así como en la sentencia T-322 de 2017, al establecerse la
diferencia entre un “caso dramático”, relacionado con la vulnerabilidad
a la que estaba expuesto un adulto mayor, y un “caso trágico”, vinculado
específicamente al padecimiento de una enfermedad terminal, para efectos de
determinar cuáles son las medidas que de mejor manera satisfacen los derechos
fundamentales del afectado.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que el caso sub
júdice se trata de una mujer nonagenaria que viene enfrentando un deterioro
físico y funcional que no es ajeno a la etapa de la vida en que se halla y que,
desde luego, se ha visto agudizado por sus antecedentes clínicos complejos. Recogiendo lo sentado en
la sentencia T-322 de 2017, podría decirse que
la señora María Liria Calle viuda de Vélez se
encuentra en una situación dramática,
caracterizada por la aguda vulnerabilidad que le ocasionan sus diferentes
quebrantos de salud y el progresivo debilitamiento propio de su
avanzada edad, mas no se configuran los
elementos que allí se
catalogaron como un caso
trágico, en la medida en que ‒se
insiste‒ en su diagnóstico no se incluye alguna
enfermedad calificada como terminal
desde el criterio médico.
Bajo esta perspectiva, la Sala estima pertinente
precisar que, a diferencia del caso tratado por este Tribunal en la sentencia
T-721 de 2017 –cuyo aplicación solicita la accionante–, en aquella oportunidad
había duda entre los profesionales de la salud sobre si el diagnóstico de la
paciente correspondía o no a una enfermedad terminal –lo que incidió en la
vulneración iusfundamental allí constatada y ameritó incluso que la Corte
reprendiera a la entidad accionada por no valerse de los mecanismos que prevé
la norma para absolver tales interrogantes[148]–, mientras que en este caso el concepto
médico fue explícito en cuanto a que “la usuaria [María Liria
Calle viuda de Vélez] no se encuentra con diagnóstico de enfermedad terminal
o condición patológica grave”[149] (subrayas originales del texto).
Como lo ha decantado la Corte, la eutanasia es una de
las dimensiones del derecho a morir dignamente, pero no la única. A juicio de
la Sala, en esta oportunidad la forma de garantizar el derecho a morir
dignamente a la señora María Liria Calle viuda de Vélez no se concreta
necesariamente precipitando su muerte, sino aliviando su sufrimiento y garantizándole
un cuidado óptimo e integral, el mayor grado de bienestar y las mejores
condiciones de vida posibles en lo que le reste de existencia, en armonía con
el entendimiento de que la salud –como la define la OMS[150]– no se restringe solamente en la ausencia
de afecciones o enfermedades, sino que consiste en un estado de bienestar
físico, mental y social.
A partir de este
análisis, la Sala considera oportuno resaltar la
especial protección constitucional de que son titulares las personas de la
tercera edad, cuyo fundamento se encuentra en el principio de
solidaridad entre las personas como cimiento del
pacto político (art. 2 C.P.), en el
mandato de igualdad que impone al Estado la
salvaguarda de las personas que se encuentran en condiciones de debilidad
manifiesta (art. 13 C.P.), y en el deber del Estado, la comunidad y la
familia de concurrir en la asistencia e integración de los adultos mayores
(art. 46 C.P.). En idéntico sentido, instrumentos internacionales como la
Resolución 46 de 1991 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
la cual se ejecuta el plan de acción internacional sobre el envejecimiento y
actividades conexas[151], y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económico, sociales y culturales
–Protocolo de San Salvador–[152],
ponen de relieve el compromiso de los Estados y de toda la
sociedad en la salvaguarda de los derechos y el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población de mayor edad.
En sintonía con lo
anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que “[l]a protección
especial de los derechos fundamentales de los adultos mayores, la deferencia
especial que les debe la sociedad en su conjunto y,
con más intensidad, la que les deben los miembros de sus familias, es una
obligación que tiene amplio fundamento en la Constitución Política. Los adultos
mayores, marcan el extremo superior de la fuerza viva de la sociedad, han participado de su construcción y la han puesto
en el estado en el que la encuentran quienes hoy la lideran. Por eso, la etapa
final de su vida, entraña la condición dual en la que la sabiduría se
incrementa al tiempo que generalmente su biología se
hace frágil. En esas condiciones, la sociedad en su conjunto, la familia como
núcleo social y el Estado como expresión de ella, debe movilizarse para brindar
apoyo, salud, y bienestar a ese adulto mayor que la reclama.”[153]
Por lo expuesto,
la Sala concluye que en el caso de la señora María
Liria Calle viuda de Vélez no se reúnen las condiciones para llevar a cabo el
procedimiento eutanásico solicitado por su hija, en tanto el
derecho fundamental a morir dignamente del
que es titular no se circunscribe solamente a la
anticipación de la muerte, pues el
mismo tiene distintas dimensiones y se hace
efectivo con medidas orientadas a conjurar el
dolor y a brindarle el
máximo bienestar posible, a través de los
cuidados paliativos que se le han
venido garantizando.
En tal sentido,
se confirmarán las sentencias proferidas por
el Juzgado 5° Civil Municipal de Pereira y por el Juzgado 1° Civil del Circuito
de la misma ciudad, en primera y segunda instancia, respectivamente, mediante
las cuales se denegaron las
pretensiones de la demanda constitucional de amparo.
4.2. Valoración de la conducta de las entidades
accionadas
Corresponde ahora
examinar las actuaciones desplegadas por Coomeva EPS, el Grupo Operador Clínico
Hospitalario por Outsourcing SAS y la Clínica Los Rosales, frente a la
solicitud presentada por la señora Carmen Diana Vélez Calle en nombre de su
progenitora.
Lo que motivó la acción de tutela en el caso sub
júdice es que la primera fase del procedimiento previsto en la Resolución 1216
de 2015 nunca se superó, pues –alega la agente oficiosa– una vez radicada la
petición, no se procedió a la conformación del comité científico
interdisciplinario para garantizarle una muerte digna a la agenciada.
Pues bien: se ha
verificado en precedencia que
la solicitud del procedimiento para anticipar la muerte de la
señora María Liria Calle viuda de Vélez no reúne la condición
objetiva de enfermedad terminal y,
por lo tanto, no habría
lugar a convocar al comité. Sin embargo, este aspecto tan elemental no
fue dilucidado de manera clara y oportuna, pues solo hasta
después de encontrarse en trámite la acción de tutela se
estableció que la señora María Liria no padece enfermedad terminal,
siendo ello lo primero que debía
determinar el médico tratante después de presentada la solicitud, de acuerdo
con el artículo 16 de la Resolución 1215 de 2016.
En efecto, hasta
antes del informe rendido al juzgado por Coomeva EPS[154], las
actuaciones de las entidades accionadas se circunscribieron solamente a controvertir otros aspectos de la
solicitud, como en cabeza de cuál institución se encontraba la competencia para
convocar el comité científico interdisciplinario o las condiciones del
consentimiento sustituto que pretendía hacer valer la hija de la paciente, sin que en ningún momento –hasta
entonces– se planteara con claridad que era el hecho de que la señora María
Liria no tenía la condición de enferma terminal lo que impedía acceder a lo
pedido por la señora Carmen Diana Vélez Calle.
Aunado a lo
anterior, la Resolución 1216 de 2015 señala que, una vez presentada
la solicitud de hacer efectivo el derecho a morir dignamente, si la IPS no
tiene habilitados los servicios especiales de hospitalización de mediana y alta
complejidad, atención en oncología y para el paciente
crónico y cuidados paliativos, está obligada a informar de inmediato a la EPS
del paciente para coordinar con ella todo lo necesario.
Sin embargo, en el presente asunto se advierte que la IPS
Clínica Los Rosales no procedió de conformidad con su deber legal, pues, aunque
desde un principio la propia institución podía determinar si contaba, o no, con
la habilitación de los servicios especiales requeridos, en orden a actuar consecuentemente
y dar aviso inmediato a Coomeva, no demostró el cumplimiento de la obligación
de reportar el caso y mantener comunicación permanente con la EPS.
Por el contrario, la Clínica Los Rosales, luego de
constatar que efectivamente no ofrecía los servicios a que se alude, transmitió
información equívoca e incongruente a la peticionaria, toda vez que en un
inicio manifestó que no contaba con la habilitación de los servicios de
oncología y cuidados paliativos requeridos por el comité ‒pese a lo
cual realizaría la “gestión pertinente” para conformarlo‒[155] y, de forma incoherente, más tarde
aseguró que se encontraba
en proceso de creación del comité y que solicitaba la ampliación del término por 20 días para emitir una
respuesta de fondo[156], para finalmente resolver ‒sin decir nada sobre el comité‒
que la solicitud no era viable, no a causa de que la paciente no
padeciera enfermedad terminal, sino porque no se aportó consentimiento
sustituto válido.
Por su parte ,
enteradas Coomeva EPS y el Operador Clínico de la petición de la señora Vélez
Calle, en lugar de realizar una labor eficaz de
orientación a la solicitante y coordinación entre ellas y la IPS
Clínica Los Rosales, se limitaron a brindar respuestas
escuetas, en un primer momento alegando que se
abstendrían de adelantar cualquier gestión hasta que se aportara documento de
voluntad anticipada de la paciente[157], y
luego eximiéndose de todas responsabilidad frente a la
petición bajo el pretexto de que era la IPS Clínica Los Rosales a la que le competía conformar el comité científico
interdisciplinario[158],
inobservando con ese proceder los
criterios de celeridad y oportunidad que regulan la actuación de las entidades
involucradas en el procedimiento para
hacer efectivo el
derecho a morir con dignidad.
Es evidente,
entonces, que no hubo una gestión oportuna y articulada por parte de las
entidades accionadas para agotar en debida forma el protocolo establecido en la
Resolución 1216 de 2015, pues presentada por primera
vez la solicitud de activar el protocolo para una muerte digna en enero de 2019[159] ‒que
por sí sola debería haber bastado para que las entidades reaccionaran de forma
inmediata según sus competencias‒, fue
necesario que se reiterara dicha
petición en el mes de abril[160], sin que
la interesada lograra
obtener una contestación oportuna,
clara y de fondo por parte de ninguna de ellas, toda
vez que la respuesta definitiva solo
se produjo hasta junio de ese mismo año cuando la Clínica Los Rosales se
pronunció negando el procedimiento de eutanasia
respecto de la señora María Liria Calle viuda de Vélez.
Encuentra la
Sala que, al margen del sentido de la respuesta
‒que en este caso ha debido ser negativo, pero
por las razones antes expuestas en relación con la
ausencia de una enfermedad terminal en cabeza
de la paciente‒, las accionadas
estaban llamadas a agotar las etapas
reglamentarias con claridad, oportunidad, asertividad y
recíproca coordinación, así como
otorgándole la debida prioridad a la
solución del caso, habida cuenta de que lo que se encontraba de por
medio era la vida de una paciente que, por lo demás, es sujeto de especial
protección por las diversas circunstancias de debilidad manifiesta que
concurren en ella.
Por ello, y en
vista de que no hay lugar a conceder la tutela
deprecada, la Sala prevendrá a Coomeva EPS,
al Grupo Operador Clínico Hospitalario por Outsourcing SAS y a la Clínica Los
Rosales, para que, en lo sucesivo, formulada una solicitud encaminada a
garantizar el derecho a morir dignamente de algún paciente, actúen con estricta
sujeción a los parámetros contemplados en la Resolución 1216 de 2015 y, en
consecuencia, se abstengan de incurrir en conductas y omisiones que desatiendan
los principios de celeridad, oportunidad y coordinación allí contemplados.
Ahora bien:
aunque, como ya se indicó, en este
caso la inexistencia de un diagnóstico de enfermedad terminal es una
circunstancia objetiva que basta para concluir que no se encuentran reunidos
los requisitos para activar el protocolo para llevar a cabo la eutanasia, la
Sala advierte que el hecho de que persista una falta de
regulación sobre las condiciones para la viabilidad del consentimiento
sustituto puede generar inconvenientes en la garantía del derecho a
morir dignamente en los eventos
en que (i) el paciente se encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de circunstancias que le
impidan manifestar su voluntad, y (ii) se carezca de un documento formal de
voluntad anticipada.
Como se sostuvo
líneas arriba, el consentimiento libre, informado e
inequívoco del paciente es el segundo de los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional
para invocar la protección del
derecho a una muerte digna, de manera que su adecuada
y oportuna verificación por parte de las entidades que integran el
sistema de salud reviste una insoslayable
importancia de cara a la garantía de este derecho fundamental de los usuarios.
Dada la ausencia
de normas de orden legal[161], ha
sido el Ministerio de Salud y Protección Social la autoridad que ha
desarrollado en distintas disposiciones
los pronunciamientos de esta Corte en cuanto al
derecho fundamental a morir dignamente. Es así que, en cumplimiento a la
sentencia T-970 de 2014 se expidieron las
Resoluciones 1216
de 2015 y 4006 de 2016, y de
conformidad con la sentencia T-544 de 2017 se dictó
la Resolución 825 de 2018. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la orden
que se le impartió en la sentencia T-721 de 2017, pese a que ya han
transcurrido alrededor de dos años desde el momento en que se profirió dicho
fallo.
En
este momento el incumplimiento por parte del Ministerio de Salud a la orden
impartida en la sentencia T-721 de 2017 en relación con regular los
supuestos del consentimiento sustituto, tiene la potencialidad de erigirse en
una indefinición insalvable para pacientes en estado terminal que no hayan alcanzado a
suscribir documentos de voluntad anticipada antes de quedar privados de la
posibilidad de expresar su voluntad, así como para sus familias y, como ya lo
ha definido la esta
Corporación, las trabas y exigencias
injustificadas y desproporcionadas en este particular contexto son
incompatibles con la dignidad de los enfermos terminales y sus familias[162].
Así las cosas, frente
a la amenaza que supone el
vacío de regulación por parte de esa
cartera respecto a las
condiciones del consentimiento sustituto en el ámbito del derecho a morir
dignamente, es imperativo que
la Corte adopte medidas para
precaver la afectación de derechos fundamentales, y aún con mayor razón cuando
es evidente que quienes corren peligro de resultar damnificados por
esta situación son personas en condición de debilidad manifiesta en razón a las
características de sus patologías y la
imposibilidad fáctica de expresar su voluntad, lo que los convierte en sujetos
de especial protección constitucional.
En consecuencia,
la Sala reiterará la orden al
Ministerio de Salud y Protección Social que proceda a reglamentar las
condiciones de viabilidad del consentimiento sustituto en los eventos en que
(i) el paciente se encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de
circunstancias que le impidan manifestar su voluntad,
y (ii) se carezca de un documento formal de voluntad anticipada,
teniendo en cuenta para el efecto las distintas dimensiones del derecho a
morir dignamente; y, además, dispondrá
remitir copia de esta sentencia a la Procuraduría
General de la Nación,
para que, conforme a sus competencias constitucionales[163],
adelante las gestiones que considere pertinentes para propiciar el cumplimiento
de la orden impartida por la
Corte al Ministerio de Salud y Protección Social en esta
providencia y en la sentencia
T-721 de 2017, cuyo plazo venció en abril del año 2018.
Finalmente, la
Sala reiterará el exhorto al Congreso de la República efectuado
por esta Corporación en anteriores
pronunciamientos, para que proceda a regular el derecho fundamental a morir dignamente, teniendo en cuenta los criterios y las
pautas desarrolladas por la jurisprudencia constitucional.
5. Síntesis de la decisión
En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión examinó
el caso de una mujer de 94 años de edad con un cuadro clínico complejo
(trastorno de ansiedad, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, hipotiroidismo,
hipertensión arterial, enfermedad arterial oclusiva severa), cuya única hija,
en calidad de agente oficiosa, solicitó que se le garantizara el derecho fundamental
a morir dignamente y que, en consecuencia, se activaran los protocolos
previstos en la Resolución 1216 de 2015 para que se lleve a cabo el
procedimiento eutanásico, con el fin de que no se prolongue la vida de su
progenitora de una manera que estima injusta e innecesaria.
Las entidades prestadoras del servicio de salud ante
las cuales se formuló la solicitud brindaron una respuesta desfavorable a la
peticionaria y argumentaron, en su defensa, que no era viable acceder a lo
pedido, debido a que no se aportó documento de voluntad anticipada suscrito por
la paciente que respaldara el consentimiento sustituto que pretendía hacer
valer su hija.
Los jueces de primera y segunda instancias negaron las
pretensiones de la demanda de amparo, tras concluir que la solicitud de la
promotora de la acción no cumplía con los requisitos establecidos en la
jurisprudencia constitucional en relación con el diagnóstico de una enfermedad
terminal y la acreditación del consentimiento sustituto.
En sede de revisión se vinculó al Ministerio de Salud
y Protección Social y se le ordenó informar si, en cumplimiento a lo dispuesto por
esta Corporación en la sentencia T-721 de 2017, expidió acto administrativo que
modifique, adicione o complemente el inciso 3º del artículo 15 de la Resolución
1216 de 2015, en relación con el consentimiento sustituto cuando la persona
mayor de edad se encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de
circunstancias que le impidan manifestar su voluntad. De la respuesta allegada se
desprende que dicha cartera aún no ha reglamentado las condiciones para la
viabilidad del consentimiento sustituto en el ámbito del derecho a morir
dignamente.
Planteados así los supuestos fácticos del
caso, para lograr un adecuado entendimiento de la controversia la Sala abordó
los siguientes ejes temáticos: (i) Procedencia de la acción de tutela; (ii) La
jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno al derecho a morir
dignamente; y, (iii) La normatividad que reglamenta el derecho a morir
dignamente en Colombia.
Después de comprobar que la acción de tutela era
procedente, por satisfacerse los requisitos de legitimación en la causa por
activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad, al emprender el análisis del
mérito de las pretensiones la Sala anotó que, como la agente oficiosa pretende sustituir el consentimiento
de su progenitora para solicitar que se lleve a cabo el procedimiento que le
garantice una muerte digna, cuando se trata de consentimiento sustituto el
análisis respecto de los demás requisitos debe ser aún más estricto y riguroso,
tal como lo enfatizó la Corte en la sentencia T-970 de 2014.
Bajo esa perspectiva, se evidenció que en el caso bajo
estudio no se reúnen las condiciones para garantizar el derecho a morir
dignamente a través del procedimiento de eutanasia, comoquiera que la paciente
no padece una enfermedad terminal, aspecto este que constituye un
requisito objetivo establecido por la jurisprudencia constitucional y
desarrollado por la Resolución 1216 de 2015.
Adicionalmente, se evidenció que, a pesar de la aguda vulnerabilidad
que le generan sus comorbilidades y su avanzada edad, la progenitora de la
demandante recibe controles constantes por diferentes profesionales de la
salud, insumos, medicamentos y suplemento nutricional, así como la asistencia
permanente de cuidadores y, particularmente, que se le viene brindando el
manejo paliativo que precisa, en su calidad de paciente crónica, para controlar
el dolor y llevar la mejor calidad de vida posible el tiempo que le queda.
La Sala de Revisión reiteró que la eutanasia es una de
las dimensiones del derecho a morir dignamente, pero no la única. En tal
sentido, concluyó que en el caso bajo examen este derecho fundamental no se
concreta necesariamente anticipando la muerte de la paciente, sino aliviando su
sufrimiento y garantizándole un cuidado óptimo e integral, el mayor grado de
bienestar y las mejores condiciones de vida posibles en lo que le resta de existencia,
en armonía con el entendimiento de que la salud –como la define la OMS – no se
restringe solamente en la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que
consiste en un estado de bienestar físico, mental y social. Aunado a lo
anterior, la Sala subrayó que las personas de la tercera edad son sujetos de
especial protección constitucional y que el Estado, la sociedad y la familia
están llamados a salvaguardar sus derechos, propender a su calidad de vida y
apoyarlos en la etapa final del ciclo vital. Por lo tanto, la Sala concluyó que
se deben confirmar las sentencias de instancia que negaron las pretensiones de
la demanda constitucional de amparo.
No obstante, la Sala encontró que las entidades que
integran el extremo pasivo no actuaron con sujeción a la Resolución 1216 de
2015 ni mostraron la debida diligencia y coordinación que se requería para
responder oportunamente una solicitud relacionada con hacer efectivo el derecho
a morir dignamente de una paciente que, además, es sujeto de especial
protección constitucional. En tal sentido, consideró necesario prevenir a las
entidades accionadas para que, en lo sucesivo, sujeten sus actuaciones a lo
previsto en la Resolución 1216 de 2015 y en la jurisprudencia constitucional a
la hora de tramitar una solicitud de esta naturaleza.
Asimismo, se advirtió que la falta de reglamentación
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a las
condiciones para la viabilidad del consentimiento sustituto en el ámbito del
derecho a morir dignamente ‒respecto de lo cual esta Corporación ya había
impartido una orden en la sentencia T-721 de 2017‒ puede constituir una
amenaza para la garantía de dicho derecho fundamental, en contravía de la
dignidad de los pacientes y sus familias. Por lo tanto, se consideró necesario reiterar
la orden a esa cartera que proceda a reglamentar la materia en los eventos en
que (i) el paciente se encuentre en incapacidad legal o bajo la existencia de
circunstancias que le impidan manifestar su voluntad, y (ii) se carezca de un
documento formal de voluntad anticipada, teniendo en cuenta para el efecto las
distintas dimensiones del derecho a morir dignamente. Asimismo, se consideró
oportuno remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la
Nación para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales, adopte las
medidas para propiciar que el referido ministerio acate la orden impuesta por este
Tribunal constitucional.
Finalmente, se concluyó que la persistente ausencia de
una norma de rango legal que regule íntegramente el derecho fundamental a morir
dignamente amerita que la Corte reitere el exhorto efectuado al Congreso de la
República en pronunciamientos anteriores.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2019, proferida en
segunda instancia por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Pereira, que, a su
vez, confirmó la decisión del 2 de julio de 2019, dictada en primera instancia
por el Juzgado 5° Civil Municipal de la misma ciudad, en el sentido de negar
las pretensiones de la acción de tutela mediante la cual la ciudadana Carmen
Diana Vélez Calle, actuando como agente oficiosa, invocó el derecho fundamental
a morir dignamente de su progenitora, la señora María Liria Calle viuda de
Vélez.
Segundo.- PREVENIR a Coomeva EPS, al Grupo Operador Clínico Hospitalario
por Outsourcing SAS y a la Clínica Los Rosales, para que, en lo sucesivo, cuando
les sea formulada una solicitud encaminada a garantizar el derecho a morir
dignamente de algún paciente, actúen con estricta sujeción a los parámetros
contemplados en la Resolución 1216 de 2015 y, en consecuencia, se abstengan de
incurrir en conductas y omisiones que desatiendan los principios de celeridad,
oportunidad y coordinación allí contemplados.
Tercero.- REITERAR la orden impartida en la sentencia T-721
de 2017 por parte de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud y
Protección Social para que, en el término de cuatro (4) meses, contado a partir
de la notificación de esta sentencia, proceda a reglamentar las condiciones de
viabilidad del consentimiento sustituto en el ámbito del derecho a morir
dignamente, en los eventos en que (i) el paciente se encuentre en incapacidad
legal o bajo la existencia de circunstancias que le impidan manifestar su
voluntad, y (ii) se carezca de un documento formal de voluntad anticipada,
teniendo en cuenta para el efecto las distintas dimensiones del mencionado
derecho fundamental, así como las pautas y los criterios desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
Cuarto.-
REMITIR copia de esta sentencia a la
Procuraduría General de la Nación, para que, conforme a sus competencias
constitucionales[164], adelante
las gestiones que considere pertinentes para
propiciar el cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional al
Ministerio de Salud y Protección Social en esta
providencia y en la sentencia T-721 de 2017, cuyo plazo
venció en abril del año 2018.
Quinto.- REITERAR el
exhorto al Congreso de la República efectuado por esta Corporación en las
sentencias C-239 de 1997, T-970 de 2014, T-423
de 2017, T-544 de 2017 y T-721 de 2017, para
que proceda a regular el derecho fundamental a morir dignamente, teniendo en cuenta las pautas y los
criterios desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional.
Sexto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-060/20
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Corresponde
al Congreso regular materias sobre las
cuales existen desacuerdos fundamentales en la sociedad, por tanto órdenes
impartidas desconocen principio democrático, la separación de poderes y, en particular, la reserva de ley estatutaria (Salvamento
parcial de voto)
Referencia: Expediente T-7.563.419
Magistrado ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con mi acostumbrado respeto por las
decisiones adoptadas por la Sala Novena de Revisión, me aparto de las órdenes
contenidas en los resolutivos tercero y cuarto de la sentencia de la
referencia, con fundamento en las siguientes razones:
Primero, el Congreso de la República es el competente para
regular materias sobre las cuales existen desacuerdos fundamentales en la
sociedad. Por tanto, las órdenes impartidas desconocen el principio
democrático, la separación de poderes y, en particular, la reserva de ley
estatutaria prevista por el artículo 152 de la Constitución. Esto, porque
ordenan, por un lado, que el Ministerio de Salud y Protección Social reglamente
aspectos esenciales del derecho a morir dignamente por medio de un acto
administrativo, soslayando la reserva de ley que comporta este tipo de asuntos
y, por otro, que la Procuraduría General de la Nación propicie el cumplimiento
de esa orden.
Segundo, estas dos órdenes están en tensión (i) con el
resolutivo quinto en el que la Sala reitera el exhorto al Congreso de la
República para que “regule el derecho fundamental a morir dignamente” y (ii)
con la decisión de negar el amparo solicitado por la accionante.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado
Alejandro Linares Cantillo.
[2] Nació el 11 de noviembre de 1925.
[3] Según la historia clínica aportada al expediente (cfr. fol. 29
vto.), al 1° de octubre de 2018 la paciente se hallaba postrada “desde hace dos
años”.
[4] Cfr. fol. 7 cuad. ppal.
[5] Cfr. fols. 8-9 cuad. ppal.
[6] Cfr. fol. 10 cuad. ppal.
[7] Cfr. fol. 11-12 cuad. ppal.
[8] Cfr. fol. 13 cuad. ppal.
[9] Cfr. fol. 14 cuad. ppal.
[10] Cfr. fols. 15-17 cuad. ppal.
[11] Cfr. fol. 18 cuad. ppal.
[12] Cfr. fols. 19-21 cuad. ppal.
[13] Cfr. fols. 22-23 cuad. ppal.
[14] Cfr. fols. 24-26 cuad. ppal.
[15] Cfr. fol. 27 cuad. ppal.
[16] Cfr. fol. 28 cuad. ppal.
[17] Cfr. fols. 30-58 cuad. ppal.
[18] Cfr. fol. 60 cuad. ppal.
[19] Cfr. fols. 62-65 cuad. ppal.
[20] Cfr. fols. 73-81 cuad. ppal.
[21] Cfr. fols. 83-84 cuad. ppal.
[22] Cfr. fol. 91 cuad. ppal.
[23] Cfr. fol. 96-98 cuad. ppal.
[24] Cfr. fol. 95 cuad. ppal.
[25] Cfr. fols. 100-102 cuad. ppal.
[26] Cfr. fols. 104-105 cuad. ppal.
[27] “Enfoque de atención que busca mejorar la calidad de vida de los
pacientes que enfrentan los problemas asociados con una enfermedad o condición
médicamente comprobada, progresiva, degenerativa e irreversible donde es
necesario atender necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales y
espirituales del paciente y su familia, a través de la prevención y el alivio
del sufrimiento por medio de la identificación temprana y una correcta
evaluación y tratamiento de los problemas identificados. En el final de la vida
el cuidado paliativo es parte esencial del alivio al sufrimiento y de la
proyección de la calidad de vida en el proceso de muerte. Frecuentemente
categorizado con el neologismo Ortotanasia, considerando que es la buena muerte
en el sentido biológico adecuado y oportuno.”
[28] “Práctica clínica de carácter paliativo, de tipo farmacológico y
parte de la atención al final de la vida- En la sedación paliativa, el médico
indica la administración de fármacos sedativos y analgésicos a dosis
controladas, tras la presencia de un síntoma refractario al tratamiento y a su
progresivo escalonamiento, con el objetivo de reducir la percepción física y
mental del paciente. No tiene como objetivo inducir la muerte. Usualmente
denominada como indirecta o involuntaria, en ocasiones presentada
incorrectamente con el neologismo Cacotanasia.”
[29] “Producción voluntaria de la propia muerte a través de la toma
de medicamentos en dosis letal. No es necesaria la terminalita, y hay
cooperación por parte de un tercero ya sea para el suministro del medicamento o
para ayudar a la ingesta del mismo.”
[30] “Acto de un profesional sanitario mediante el que proporciona, a
petición expresa y reiterada de su paciente ‒capaz y con una enfermedad
irreversible, no necesariamente terminal, que le produce un sufrimiento
categorizado como inaceptable que no se ha conseguido mitigar por otras
vías‒, los medios intelectuales y/o materiales imprescindibles para que
pueda terminar con su vida suicidándose de forma efectiva cuando lo desee.”
[31] “Es un ejercicio médico en el cual se proponen y realizan
cambios a los objetivos y planes de atención de una persona que se encuentra
frente a una enfermedad o condición sin posibilidades razonables de cura, donde
la continuidad de las intervenciones o soportes podría generar daño y
sufrimiento, y su activación incluye la suspensión, retiro de medidas de
soporte vital, y el no inicio de medidas que puedan ser desproporcionadas entre
los fines y medios terapéuticos.”
[32] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”
[33] Cfr. Sentencias T-054 de 2018 (M. P.: Alberto Rojas Ríos), T-244 de
2017 (M. P.: José Antonio Cepeda Amarís), T-553 de 2017 (M. P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo), entre otras.
[34] Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone:
“La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.” (se
subraya)
[35] Sentencia SU-055 de 2015, reiterada en la sentencia T-321 de 2018.
[36] Ibidem.
[37] Cuyo diagnóstico incluye enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia,
hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad arterial oclusiva severa con
necrosis distal en tercer dedo de miembro inferior (Cfr. fol. 101 cuad. ppal.)
[38] Desarrollado, a su vez, por los artículos 13 y 42 del Decreto 2591
de 1991.
[39] Decreto 2591 de 1991. “Artículo 42. Procedencia. La acción de
tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes
casos:
(…)
2.
Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a
la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.” La sentencia C-134 de 1994
declaró EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto 2591 de 1991,
salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a la intimidad,
a la igualdad y a la autonomía", que se declaró INEXEQUIBLE. En
consecuencia, debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el
particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de
cualquier derecho constitucional fundamental.”
[40] Resolución 1216 de 2015. “EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL, en desarrollo de los artículos 173, numeral 3o, de la Ley 100 de 1993,
4o de la Ley 1438 de 2011 y 2o del Decreto-ley 4107 de 2011, en cumplimiento de
la Sentencia T-970 de 2014, y CONSIDERANDO: (…) Que dentro de las
determinaciones adoptadas en la Sentencia T-970, ordenó al Ministerio de Salud
y Protección Social que en el término de 30 días, contados a partir de la
comunicación de la mencionada sentencia, “emita una directriz y disponga todo
lo necesario para que los Hospitales, Clínicas, IPS, EPS y, en general,
prestadores del servicio de salud, conformen el comité interdisciplinario del
que trata esta sentencia y cumplan con las obligaciones emitidas en esta
decisión”.
(…)
ARTÍCULO
5o. ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS CIENTÍFICO-INTERDISCIPLINARIOS PARA EL DERECHO
A MORIR CON DIGNIDAD. Las Instituciones Prestadoras de Salud, (IPS) que tengan
habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para
hospitalización oncológica o el servicio de atención institucional de paciente
crónico o el servicio de atención domiciliaria para paciente crónico, que
cuenten con los respectivos protocolos de manejo para el cuidado paliativo,
conformarán al interior de cada entidad un Comité Científico-Interdisciplinario
para el Derecho a Morir con Dignidad, en adelante el Comité, en los términos
previstos en la presente resolución.
PARÁGRAFO.
La IPS que no tenga tales servicios deberá, de forma inmediata, poner en
conocimiento dicha situación a la Entidad Promotora de Salud, (EPS) a la cual
está afiliada la persona que solicite el procedimiento para hacer efectivo el
derecho a morir con dignidad, con el propósito de que coordine todo lo
relacionado en aras de garantizar tal derecho.”
[41] Cfr. fols. 8-9 cuad. ppal.
[42] Cfr. fols. 11-12 y 18 cuad. ppal.
[43] Cfr. fols. 14, 27 y 28 cuad. ppal.
[44] Cfr. fol. 6 cuad. ppal.
[45] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[46] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[47] Decreto 100 de 1980.
[48] M.P. Alberto Rojas Ríos
[49] Este proyecto se convirtió posteriormente en la Ley 1733 de 2014.
Cons. Diario Oficial No. 49.268 de 8 de septiembre de 2014.
[50] En la sentencia se incluye la siguiente
cita: “Información recopilada del sitio Web.
http://www.who.int/cancer/palliative/es/. Documento electrónico. OMS, 2014.”
[51] Cfr. Requero Ibáñez (2002): La influencia del consentimiento
informado. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ponencia del curso: La
responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Consejo General del
Poder Judicial, España. Pág.319 – 417.
[52] En palabras de la Corte: “En este sentido, debe aclararse que los
documentos de voluntad anticipada que se tienen como referencia en
ordenamientos extranjeros no pretenden poner fin a la existencia humana y, por
consiguiente, no son una modalidad de la eutanasia porque no tienen como
propósito inducir la muerte bajo ninguna circunstancia; simplemente, afronta
esta última como la culminación de un proceso natural que empieza al nacer. Por
ende, este documento suele entenderse como una manifestación de la libertad de
autodeterminación y la concreción del principio de dignidad humana que busca
limitar el ensañamiento terapéutico y el impacto de una enfermedad terminal,
sobre la cual no hay tratamiento, medicamento o procedimiento quirúrgico que
produzca algún efecto positivo o que tenga la potencialidad de hacerlo.”
[53] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[54] Sostuvo la Sala: “En este sentido, resulta necesario aclarar que
el daño no se concretó con la muerte, pues más allá de toda duda razonable ésta
era inevitable en un tiempo relativamente corto. De hecho, la muerte no era el
suceso que la accionante pretendía impedir por medio de la acción de tutela.
Por el contrario, lo que la actora pretendía era que aquella se causara en
condiciones diferentes a las impuestas por la propia enfermedad. De este modo,
desde esta perspectiva, para la Sala el daño se concretó en el dolor que la
accionante sufrió en razón a la negativa de su médico de acceder a practicar un
procedimiento eutanásico.”
[55] “Tal y como se aprecia, las definiciones sobre eutanasia son
múltiples y actualmente no se cuenta con alguna totalmente aceptada. No
obstante, lo que sí está claro es que en este procedimiento deben concurrir los
siguientes elementos: (i) el sujeto pasivo que padece una enfermedad terminal;
(ii) el sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con
los dolores del paciente quien, en todos los casos, debe ser un médico; (iii)
debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes.
Así, la doctrina ha sido clara en señalar que cuando no existen de los
anteriores elementos, se estará en presencia de un fenómeno distinto que no
compete en sí mismo a la ciencia médica. Sin embargo, cuando se verifican en su
totalidad, la eutanasia puede provocarse de diferentes maneras.”
[56] “Será activa
o positiva (acción) cuando
existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona como
suministrar directamente algún tipo de droga o realizando intervenciones en
busca de causar la muerte.”
[57] “La eutanasia es pasiva
o negativa (omisión)cuando quiera que, al contrario de la
activa, la muerte se produce por la omisión de tratamientos, medicamentos,
terapias o alimentos. En este tipo de eutanasia, la actuación del médico es
negativa pues su conducta es de “no hacer”. En otras palabras, se culmina todo tipo
de actividad terapéutica para prolongar la vida de una persona que se encuentre
en fase terminal.”
[58] “Es directa cuando existe una provocación intencional del médico
que busca la terminación de la vida del paciente. Un ejemplo de este evento
sucedió con el caso de Terri Schiavo a quién se le suspendió la alimentación e
hidratación con el claro propósito de terminar intencionalmente con su vida.
Aunque la diferencia parezca sutil con la eutanasia pasiva, la distinción está
en la intencionalidad. Mientras que en la primera, por ejemplo, se desconectan
los aparatos médicos sin intención de causar la muerte, en la eutanasia directa
el móvil es evidente.”
[59] “La eutanasia es indirecta cuando se origina sin la intención de
causar la muerte de la persona. Según algunos autores, eso no es eutanasia pues
precisamente uno de los elementos de esta práctica es la provocación
intencional de la muerte. En todo caso, en esos eventos la muerte no es pretendida
sino que puede ser originada por efectos colaterales de tratamientos médicos
intensos.”
[60] “[E]n la voluntaria el paciente logra manifestar su voluntad.”
[61] “[L]a involuntaria, a pesar de poderla consentir, se realiza el
procedimiento sin obtenerla.”
[62] “[L]a eutanasia no voluntaria sucede cuando no se puede
averiguar la voluntad de quien muere, por la imposibilidad de expresarla.
Aunque sean similares las clasificaciones, directa e indirecta se dan con
ocasión de la voluntad del médico. Por el contrario, la voluntaria,
involuntaria y no voluntaria se dan con base en el consentimiento del paciente.”
[63] “Esa práctica supone la prolongación de la vida por cualquier
medio, incluso, causando efectos perversos en la salud, dignidad y vida del
paciente. El objetivo de esta práctica consiste en impedir innecesariamente la
muerte de la persona. Esa alternativa es muy común ‘en los países donde están
penalizadas las prácticas eutanásicas [pues] cuando inicialmente se decide
conectar al paciente a un aparato respiratorio o a una sonda gástrica, se basa
en la posibilidad de recuperar sus funciones vitales. Es muy probable que
posteriormente el enfermo entre en un estado comatoso permanente e
irrecuperable’. Dado que la distanasia prolonga la vida de manera innecesaria,
la ciencia médica ha optado por establecer tratamientos en los cuales se
garantice la dignidad y el no sufrimiento de las personas. Ese es el caso de
los cuidados paliativos que como se mostrará más adelante, parte de un supuesto
y es la no voluntad del paciente para morir.”
[64] “[L]a adistanasia o antidistanasia [c]onsiste en la omisión de
medios extraordinarios o desproporcionados que mantienen con vida al paciente.
En este evento no existen terapias que ayuden al enfermo a prolongar su
existencia, pero, tampoco para aliviar su excesivo dolor y sufrimiento. Algunos
asimilan este concepto con el de eutanasia, pero se diferencian porque no
existe una acción positiva de causar la muerte de una persona. Pese a ello, es
muy similar a la ya reseñada eutanasia pasiva.”
[65] “En este evento, el sujeto activo y pasivo se confunde pues la
intervención del médico no es directa, ya que es el mismo enfermo quien provoca
su muerte. Ese es el caso en el que galeno proporciona todos los medios
necesarios para que el enfermo termine por sí mismo con su vida. En otras
palabras, simplemente ayuda al suicida a cometer la conducta. Un ejemplo puede
ser aquel médico que prepara o receta una sustancia para que quien quiere
morir, la consuma. A pesar de tener gran influencia, la conducta es realizada
por el paciente. A veces se tiende a asimilar la eutanasia como el suicidio
asistido, pero la diferencia radica en que en la eutanasia el sujeto activo no
se confunde con el pasivo y es el médico quien realiza la conducta tendiente a
causar la muerte.”
[66] (Equivalente al concepto de cuidados paliativos) “[E]s un
tratamiento médico que dignifica la vida de quienes inevitablemente van a
morir, pero que su voluntad no es otra a que llegue la muerte de forma natural.”
[67] Los sujetos obligados deberán analizar los casos atendiendo siempre
a la voluntad del paciente. Solo bajo situaciones objetivas e imparciales, se
podrá controvertir esa manifestación de la voluntad.
[68] El derecho a morir dignamente no puede suspenderse en el tiempo,
pues ello implicaría imponer una carga excesiva al enfermo. Debe ser ágil,
rápido y sin ritualismos excesivos que alejen al paciente del goce efectivo del
derecho.
[69] Se encuentra en conexión con el anterior criterio e implica que la
voluntad del sujeto pasivo sea cumplida a tiempo, sin que se prolongue
excesivamente su sufrimiento al punto de causar su muerte en condiciones de
dolor que, precisamente, quiso evitarse.
[70] Los profesionales de la salud deberán ser neutrales en la
aplicación de los procedimientos orientados a hacer efectivo el derecho a morir
dignamente. No pueden sobreponer sus posiciones personales sean ellas de
contenido ético, moral o religioso que conduzcan a negar el derecho. En caso
que el médico alegue dichas convicciones, no podrá ser obligado a realizar el
procedimiento, pero tendrá que reasignarse otro profesional.
[71] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[72] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[73] M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
[74] M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[75] En la cual el Ministerio de Salud y Protección Social estableció
los parámetros generales para garantizar el derecho a morir dignamente, así
como la conformación y funciones de los Comités Científico-Interdisciplinarios,
entre otras disposiciones.
[76] [Q]ue consiste en la angustia emocional que les produce a las
personas tener que esperar demasiado tiempo para ser atendidas y recibir
tratamiento.
[77] “[E]sto se debe a que la persona ha tenido que esperar mucho
tiempo para recibir la atención efectiva, lo cual se refleja en el estado de
salud debido a que la condición médica empeora.”
[78] “[C]uando ha pasado demasiado tiempo entre el momento en que la
persona acude al servicio de salud y hasta el momento en que recibe la atención
efectiva, empeorando el estado de salud y por lo tanto generándole una
consecuencia permanente o de largo plazo.”
[79] “[S]e da cuando el tiempo transcurrido es tal entre el momento
que el paciente solicita la atención y hasta cuando la recibe, que la persona
se vuelve discapacitada.”
[80] “[E]sta es la peor de las consecuencias, y se puede dar cuando
la falta de atención pronta y efectiva se tarda tanto que reduce las
posibilidades de sobrevivir o cuando el paciente necesita de manera urgente ser
atendido y por alguna circunstancia el servicio es negado.”
[81] “Para la Corte resulta inaceptable el actuar de la Nueva EPS, en
tanto si bien autorizó y ejecutó el traslado a la ciudad de Bucaramanga, no se
constata que haya solicitado la historia clínica como se comprometió a hacerlo
en la reunión del 28 de diciembre de 2016; tampoco brindó el acompañamiento
adecuado; y producto de la falta de información a la Clínica FOSCAL, la
paciente fue sometida a una estancia de 5 horas en una camilla de la sala de
urgencias y a dos días adicionales de cuidados paliativos hasta que finalmente
se realizó el procedimiento de eutanasia. Debió esperar más de dos meses desde
el fallo de instancia para recibir el tratamiento y en ese interregno debió
soportar numerosas trabas administrativas.”
[82] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83] En tal sentido, indicó: “[P]ara garantizar la voluntad del
paciente y materializar el derecho a morir dignamente ha establecido los
siguientes requisitos: (i) la manifestación libre, espontánea e informada de su
deseo de morir; (ii) la conformación de un comité para que en un término
razonable sea programada la realización del procedimiento; (iii) la posibilidad
del paciente de desistir de su decisión o activar otras prácticas médicas para
aliviar su dolor; (iv) la celeridad en la práctica de la eutanasia, de tal
forma que se garantice la no prolongación del sufrimiento, y (iv) el respeto
por la voluntad del paciente.”
[84] En los casos en los que la representación legal sea ejercida por
otros individuos o que los NNA se encuentren bajo la protección del Estado, la
valoración del consentimiento sustituto deberá ser estricta.
[85] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[86] “[R]egulado en la Resolución 1216 de 2015: En el caso de los
pacientes que padecen enfermedades terminales, según concepto médico (requisito
objetivo), que les causan intensos dolores, cuando lo solicitan por sí mismos o
a través de interpuesta persona (requisitos subjetivos), según lo establecido
en la sentencia T-970 de 2014 y de acuerdo con lo previsto en el capítulo III
de la mencionada resolución.
Este
procedimiento está en cabeza de los Comités Científicos-Interdisciplinarios
para el Derecho a Morir con Dignidad, a cargo en primera instancia de las I.P.S
que tengan habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta
complejidad para hospitalización oncológica o el servicio de atención
institucional de paciente crónico o el servicio de atención domiciliaria para
paciente crónico, que cuenten con los respectivos protocolos de manejo para el
cuidado paliativo, y en segundo lugar de las E.P.S”.
[87] “En los casos en que el paciente que padece una enfermedad en
fase terminal o crónica, degenerativa e irreversible, con alto impacto en la
calidad de vida, por sí mismo, o a través de interpuesta persona, desiste
anticipadamente de tratamientos médicos innecesarios que no cumplen con los
principios de proporcionalidad terapéutica o que no sirven al mejor interés del
paciente y no representen una vida digna para éste, dando paso a que el proceso
de la enfermedad hacia la muerte siga su curso natural.
La
valoración de la necesidad de limitación del esfuerzo terapéutico se fundamenta
en el juicio profesional sobre futilidad de una determinada intervención, con
base en un proceso de valoración ponderada, e incluso colegiada entre
diferentes profesionales. Ante la incertidumbre se debe tener en cuenta los
deseos del paciente o sus representantes. Si persiste la incertidumbre o
existen discrepancias irresolubles en el interior del equipo o hay conflicto en
la comunicación de las decisiones adoptadas al paciente, representante o
familia, se debe consultar al Comité de Ética Hospitalaria (constituidos en la
I.P.S públicas y privadas), el cual tiene una función consultora, no decisoria.
Lo anterior, en consonancia con lo dispuesto por la Resolución 13437 de 1991.”
[88] “Se deben suministrar a los pacientes que padecen una enfermedad
en fase terminal o crónica, degenerativa e irreversible, con alto impacto en la
calidad de vida, con el fin de mejorar su calidad respecto del paciente y de su
familia, a través de una tratamiento integral del dolor, el alivio del
sufrimiento y otros síntomas, teniendo en cuenta aspectos psicopatológicos,
físicos, emocionales, sociales y espirituales. Dado que el cuidado paliativo es
un procedimiento médico los pacientes pueden rechazarlo.”
[89] Diario Oficial No. 49.489 de 21 de abril de 2015.
[90] “ARTÍCULO 4o. RECTORÍA DEL SECTOR SALUD. La dirección,
orientación y conducción del Sector Salud estará en cabeza del Ministerio de la
Protección Social, como órgano rector de dicho sector.”
[91] Res. 1216/15, art. 3.
[92] Res. 1216/15, art. 2.
[93] Res. 1216/15, art. 4.
[94] Res. 1216/15, art. 6.
[95] Res. 1216/15, art. 5.
[96] Res. 1216/15, arts. 9 y 10.
[97] Res. 1216/15, art. 7.
[98] Res. 1216/15, art. 12.
[99] Res. 1216/15, art. 13.
[100] Res. 1216/15, art. 14.
[101] Res. 1216/15, art. 15.
[102] Res. 1216/15, art. 15.
[103] Res. 1216/15, art. 17.
[104] Res. 1216/15, art. 16.
[105] Res. 1216/15, art. 18.
[106] Res. 1216/15, art. 12, num. 5.
[107] Res. 1216/15, art. 16.
[108] Diario Oficial No. 49.987 de 5 de septiembre de 2016.
[109] Res. 4006/16, considerandos y art. 1.
[110] Res. 4006/16, art. 2.
[111] Res. 4006/16, arts. 4 y 5.
[112] Res. 4006/16, art. 8.
[113] Res. 4006/16, art. 6.
[114] Diario Oficial No. 50.530 de 09 de marzo de 2018.
[115] Res. 825/18, considerandos y art. 1.
[116] Res. 825/18, art. 2.
[117] Res. 825/18, art. 3.
[118] Res. 825/18, arts. 5 y 6.
[119] Res. 825/18, art. 9.
[120] Res. 825/18, art. 7.
[121] Res. 825/18, art. 8.
[122] Res. 825/18, art. 11.
[123] Res. 825/28, arts. 12, 13, 14 y 15.
[124] Res. 825/18, art. 19.
[125] Res. 825/18, art. 17.
[126] Res. 825/18, arts. 18 y 20 a 25.
[127] Res. 825/18, art. 26.
[128] Res. 825/18, art. 27.
[129] Res. 825/18, art. 28.
[130] Res. 825/18, art. 30.
[131] Diario Oficial 50.635 de 2018, junio 25 de 2018.
[132] Res. 2665/18, arts. 1 y 2.
[133] Res. 2665/18, art. 3.
[134] Res. 2665/18, art. 4.
[135] Res. 2665/18, art. 4.
[136] Res. 2665/18, arts. 5 a 8.
[137] Res. 2665/18, art. 9.
[138] Res. 2665/18, arts. 10 y 11.
[139] Res. 2665/18, art. 12.
[140] Res. 2665/18, art. 13.
[141] Res. 2665/18, art. 14.
[142] Res. 2665/18, art. 15.
[143] Res. 2665/18, art. 16.
[144] Cfr. fol. 101 vto. cuad. ppal.
[145] Cfr. fol. 97 cuad. ppal.
[146] Cfr. fol. 28 vto. cuad. ppal.
[147] CD obrante a fol. 102 cuad. ppal.
[148] Res. 1216/15, arts. 2 (pár.) y 9 (pár. 2°).
[149] Cfr. fols. 83-84 y 101 vto. cuad. ppal.
[150] Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, adoptada en el marco de la Conferencia Sanitaria Internacional llevada a
cabo en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946.
[151] Mediante el cual se aprueban los Principios de las Naciones Unidas
en favor de las personas de edad Para dar más vida a los años que se han
agregado a la vida. Allí se contemplan los principios de independencia,
participación, cuidados, autorrealización y dignidad como ejes de los programas
y políticas nacionales que afectan a esta población.
[152] CADH. “Artículo 17. Protección de los Ancianos: Toda persona
tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los
Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:
a.
proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica
especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se
encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;
b.
ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos
la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades
respetando su vocación o deseos;
c.
estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la
calidad de vida de los ancianos.”
[153] Sentencia T-322 de 2017.
[154] Cfr. fols. 83-84 y 101 cuad. ppal.
[155] Cfr. fol. 14 cuad. ppal.
[156] Cfr. fol. 27 cuad. ppal.
[157] Cfr. fols. 8-9 y 11-12 cuad. ppal.
[158] Cfr. fols. 18 y 22-23 cuad. ppal.
[159] Crf. fols. 7, 10 y 13 cuad. ppal.
[160] Cfr. fols. 15, 17, 19, 21, 24 y 26 cuad. ppal.
[161] La Sala considera oportuno mencionar que el pasado 3 de diciembre
se decidió archivar la iniciativa legislativa radicada el 27 de agosto de 2019
con el número de Proyecto de Ley 204/19-Cámara de Representantes, orientada a
reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente, bajo la modalidad de
eutanasia.
[162] Sentencias T-423 de 2017, T-544 de 2017 y T-721 de 2017.
[163] En especial, las consagradas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo
277 de la Constitución: “El Procurador General de la Nación, por sí o por
medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
1.
Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos.
2.
Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del
Defensor del Pueblo.
(…)
5.
Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.”
[164] En especial, las consagradas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo
277 de la Constitución: “El Procurador General de la Nación, por sí o por
medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
1.
Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos.
2.
Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del
Defensor del Pueblo.
(…)
5.
Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.”