C-321-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-321/09
OBJECION PRESIDENCIAL A PROYECTO DE LEY QUE REFORMA
EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO
OBJECION PRESIDENCIAL-Trámite
en el Congreso/OBJECION PRESIDENCIAL-Procedimiento
Si
bien las objeciones presidenciales pueden ser por inconveniencia o por
inconstitucionalidad, en ambos casos se devuelve el proyecto de ley a la
Cámara en que tuvo origen para que tenga lugar un nuevo debate en Plenaria, y
en caso de que ambas Cámaras insistan, con la mayoría absoluta de los votos de
sus miembros, pueden presentarse dos posibilidades: si el proyecto hubiese sido
objetado por inconveniente se remite nuevamente al Presidente de la
República, quien deberá sancionarlo sin poder formular nuevas objeciones; si
lo hubiese sido por inconstitucionalidad se enviará a la
Corte Constitucional, la cual decidirá definitivamente, sobre la exequibilidad
del mismo. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo
declara inexequible, se archivará el proyecto. Si la
Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a
la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e
integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de
la Corte, y cumplido este trámite, remitirá a la
Corte el proyecto para fallo definitivo. Cabe indicar que en todo caso la
reconsideración del proyecto de ley corresponde a las Cámaras en pleno, con
prescindencia de la naturaleza parcial o total de la objeción formulada o de la
causa que la suscite.
OBJECION PRESIDENCIAL-Término de devolución del proyecto
corresponde a días hábiles y completos
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Insistencia
de las Cámaras como presupuesto de procedibilidad
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Término
para insistencia de las cámaras
SENTENCIA DE OBJECION PRESIDENCIAL-Imposibilidad de establecer
condicionamientos
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Características
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECIONES PRESIDENCIALES-Se
limita a aquellas objeciones que no fueron acogidas por las cámaras
legislativas
INHIBICION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL EN OBJECIONES PRESIDENCIALES-Procedencia por no
insistencia del Congreso al acoger objeciones
La Corte ha
considerado que la insistencia de las Cámaras es un presupuesto de
procedibilidad, para que la Corte tenga competencia en el análisis de
exequibilidad del proyecto objetado. Si aquél falta, en todo o en parte, deberá
entenderse que dicho proyecto fue archivado total o parcialmente, de acuerdo al
artículo 200 de la ley 3a de 1992. En el presente caso, dado
que el Congreso de la República finalmente acogió las objeciones
presidenciales, ha desaparecido la controversia suscitada entre ambas Ramas del
Poder Público, y por ende, procede en tales casos un fallo inhibitorio por
carencia actual de objeto.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Incompetencia de la
Corte Constitucional para pronunciarse sobre objeciones por inconveniencia
PRINCIPIO
DE CONSECUTIVIDAD EN TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance/PRINCIPIO DE
CONSECUTIVIDAD-Subreglas constitucionales
PRINCIPIO
DE IDENTIDAD RELATIVA-Alcance/PRINCIPIO DE IDENTIDAD RELATIVA EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Posibilidad de modificar, enmendar o introducir artículos
nuevos en proyectos de ley por parte de las plenarias
PRINCIPIOS DE IDENTIDAD RELATIVA Y CONSECUTIVIDAD-No se vulneran cuando un tema se incluye en tercer debate, pero
estuvo siempre presente en los debates parlamentarios
En el caso
concreto, el Presidente de la
República alega que el parágrafo 3º del artículo 4º del proyecto de ley fue
adoptado en violación de los principios de identidad relativa y consecutividad,
pero para la Corte Constitucional dicha objeción no está llamada a prosperar,
por cuanto, revisadas las pruebas aportadas al proceso, la
Corte encuentra que, efectivamente fue durante la
Sesión de la Comisión Sexta del Senado de la
República, esto es durante el tercer debate, que el tema de la gratuidad de
las licencias de conducción fue debatido y aprobado, pero además, el tema de las nuevas
licencias de conducción siempre estuvo presente en los debates parlamentarios.
CORTE CONSTITUCIONAL-Alcance de los
pronunciamientos sobre libertades económicas
Sobre las
libertades económicas la jurisprudencia constitucional ha señalado
que: (i) se encuentran reconocidas y garantizadas por la
Constitución, dentro de los límites del bien común y del interés social; (ii)
la libertad económica comprende los conceptos de libertad de empresa y libertad
de competencia; (iii) la libertad económica es expresión de valores de
razonabilidad y eficiencia en la gestión económica para la producción de bienes
y servicios y permite el aprovechamiento de la capacidad creadora de los
individuos y de la iniciativa privada; (iv) la competencia se presenta cuando
un conjunto de empresarios (personas naturales o jurídicas), en un marco
normativo, de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos o recursos en la
conquista de un determinado mercado de bienes y servicios; (v) la libre
competencia, desde el punto de vista subjetivo, se consagra como derecho
individual que entraña tanto facultades como obligaciones; (vi) las libertades
económicas no son derechos fundamentales; y (vii) el juez constitucional aplica
un test débil de proporcionalidad para efectos de determinar la conformidad de
una intervención del legislador en las libertades económicas.
LIBRE
COMPETENCIA ECONOMICA-Desde punto de vista subjetivo/LIBRE COMPETENCIA
ECONOMICA-Desde punto de vista objetivo
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Incompetencia de la
Corte Constitucional respecto de discusiones de carácter fáctico
La
Corte encuentra que la discusión entre el Presidente de la
República y el Congreso en relación con los centros de reconocimiento de
conductores y centros de diagnóstico automotor gira alrededor de un problema de
carácter fáctico: por una parte, el Presidente de la
República asegura que sólo existe una empresa acreditada en el país para
llevar a cabo los procesos de certificación de conductores; por el contrario,
el Congreso asegura que, según la misma información que maneja el Ministerio de
Transporte existe más de más de 180 Centros de Diagnóstico Automotor,
distribuidos en 23 Departamentos y en más de 68 ciudades del país. Se trata de
una discusión de carácter fáctico, acerca de la existencia de los mencionados
centros, debate que escapa por completo a la órbita de competencia del juez
constitucional.
TEST DEBIL DE PROPORCIONALIDAD EN
OBJECION PRESIDENCIAL-Aplicación
en restricciones a la libertad económica
Las normas objetadas son de
contenido abierto y no establecen qué empresa realizará los exámenes de aptitud
física, mental y de coordinación motriz para los conductores, ni tampoco cuáles
serán los centros de diagnóstico automotor. Sencillamente prevén la existencia
de dichos centros, bien sea para conductores o automotores, los cuales
funcionarán previa autorización del Ministerio de Transporte. Así pues, las
normas objetadas no establecen un monopolio a favor de empresa alguna, y dado
que como de manera reiterada, la Corte ha aplicado un control de
constitucionalidad leve en materia de libertades económicas, procediendo tan
sólo a excluir del ordenamiento jurídico aquellas medidas que sean abiertamente
discriminatorias, situación que no se vislumbra en el presente caso.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL TRIBUTO-Elementos esenciales
TASA-Concepto
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL TRIBUTO EN OBJECION PRESIDENCIAL-No se
vulnera en norma que crea gravamen a cargo de empresas de transporte
El Presidente de la
República objetó por inconstitucional el parágrafo 2º del artículo 8 del
proyecto de ley, por cuanto, a su juicio, en este caso se crea
una tasa a cargo de las empresas de servicio público de transporte sin que para
tales efectos se hubiesen señalado los elementos que la conforman de acuerdo
con lo previsto en el artículo 338 de la
Constitución Política. Sin embargo, la
Corte considera que el legislador estableció la totalidad de los elementos
configuradores del tributo, por lo cual no se desconoció el principio de legalidad
del mismo, toda vez que: efectivamente el Congreso de
la República creó una tasa, esto es, se está imponiendo una
contraprestación al funcionamiento de un servicio público, en la que el sujeto
activo, es el Estado, representado por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, entidad que
deberá, a su vez, contratar los servicios de un centro de llamadas, que estará
bajo su vigilancia, inspección y control; un sujeto pasivo,  también previsto
por la norma, que son las empresas de servicio público terrestre automotor; el
hecho generador, lo constituye la prestación del servicio público de transporte
terrestre. Respecto de la determinación de la tarifa, la
Corte advierte que el legislador previó esos parámetros generales destinados a
fijar los sistemas y métodos para determinar la tarifa de la tasa, por cuanto
dispuso que aquella deberá ser liquidada en proporción al número de vehículos
vinculados.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA-Aspectos en los que se concreta
El principio de legalidad puede
concretarse en dos aspectos: el primero, que exista una ley previa que
determine la conducta objeto de sanción y, el segundo, en la precisión que se
emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la
sanción que ha de imponerse. Aspecto éste de gran importancia, pues con él se
busca recortar al máximo la facultad discrecional de la administración en
ejercicio del poder sancionatorio que le es propio. Precisión que se predica no
sólo de la descripción de la conducta, sino de la sanción misma.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA EN
OBJECION PRESIDENCIAL-Se vulnera al coexistir en un
mismo texto normativo dos sistemas sancionatorios diferentes
La Corte considera fundada la objeción
presidencial presentada contra el artículo 21 y las expresiones “Se establece
el siguiente sistema de puntos: Por cada infracción mayor o igual a 8 smlvd 2
puntos. Por cada infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos. Por cada
infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos”, del artículo 17 del proyecto de
ley, por violar el artículo 29 Superior, toda vez que no pueden coexistir, en
un mismo texto normativo, dos sistemas sancionatorios diferentes, por cuanto
ello dejaría al arbitrio del juzgador cuál aplicar
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Improcedencia cuando se alegan
razones de inconformidad o inconveniencia/INHIBICION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL EN OBJECIONES PRESIDENCIALES-Procedencia cuando se
objeta por conveniencia una determinada disposición
El Presidente de la
República alega que resulta inconveniente preservar dos sistemas informáticos
como lo son el SIMIT y el RUNT, por cuanto ello implicaría incurrir en costos
innecesarios, en tanto que el Congreso sostiene que tal situación no se
presentaría ya que se trata de dos sistemas operativos distintos, y que por
ende, es pertinente preservarlos ambos. Como se puede ver, se trata realmente
de argumentos de oportunidad, relacionados además con aspectos de carácter
técnico, cuyo control escapa igualmente a la competencia del juez
constitucional, por lo que no puede adelantarse un pronunciamiento de fondo,
toda vez que de manera constante, esta Corporación ha
sostenido que resulta ajeno al control de constitucionalidad adelantar exámenes
encaminados a determinar la conveniencia de una determinada disposición
acusada.
AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Alcance
AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Concepto/AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-No es absoluta/PRINCIPIO
DE AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Límites
La autonomía es la capacidad
de que gozan las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses,
dentro de los límites de la
Constitución y la ley, lo cual quiere decir que si bien, por un lado, se
afirman los intereses locales, se reconoce, por otro, la supremacía de un
ordenamiento superior, con lo cual la autonomía de las entidades territoriales
no se configura como poder soberano sino que se explica en un contexto
unitario.
PRINCIPIO
DE AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Protección/PRINCIPIO UNITARIO
DEL ESTADO-Respeto de la autonomía
El principio de autonomía debe
desarrollarse dentro de los límites de la
Constitución y la ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del
Estado unitario, en tanto que el principio unitario debe respetar un espacio
esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla
esta última. Así, la distribución de competencias entre la
Nación y los entes territoriales es algo que el ordenamiento superior ha
confiado al legislador, para lo cual se le han establecido un conjunto de
reglas mínimas orientadas a asegurar una articulación entre la protección
debida a la autonomía territorial y el principio unitario, reglas que en
ocasiones otorgan primacía al nivel central, al paso que en otras impulsan la
gestión autónoma de las entidades territoriales.
PRINCIPIO
UNITARIO DEL ESTADO Y PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Necesidad
de armonizarlos
AUTONOMIA DE
ENTIDADES TERRITORIALES-Límite mínimo/AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Límite
máximo
AUTONOMIA DE
ENTIDADES TERRITORIALES-Fijación por legislador de alcance y grado dentro
de los límites constitucionales
El principio de autonomía de
las entidades territoriales no es absoluto, y debe siempre armonizarse con la
forma constitucional de Estado.
AUTONOMIA FISCAL DE ENTIDADES TERRITORIALES-No es absoluta
MULTAS DE TRANSITO-Fuente
externa o exógena de renta de las entidades territoriales/MULTAS DE TRANSITO-Constituyen
renta cedida de la Nación a los entes territoriales
Los recursos provenientes del pago de multas de tránsito han sido
cedidos por la Nación a las entidades territoriales, a efectos de fortalecerlas,
y tratándose de una fuente exógena de financiación, estos recursos admiten una amplia intervención del legislador
dado que, en última instancia, se trata de fuentes de financiación nacionales. Así
la Corte ha señalado que nada obsta para que la ley intervenga en la
definición de las áreas a las cuales deben destinarse los recursos nacionales
transferidos o cedidos a las entidades territoriales, siempre que la
destinación sea proporcionada y respete las prioridades constitucionales
relativas a cada una de las distintas fuentes exógenas de financiación.
RENTAS
NACIONALES CEDIDAS A ENTIDADES TERRITORIALES-Pueden ser objeto de determinación
de uso y administración  por el legislador/LEGISLADOR-Facultad de
intervención para determinar uso y administración de rentas nacionales cedidas
a entes territoriales
Las
multas impuestas por causa de infracciones de tránsito, son rentas cedidas de la
Nación a los entes territoriales, las cuales no gozan de la reserva municipal
ni departamental de determinación y administración predicable de los ingresos
tributarios, toda vez que el Legislador goza de facultad constitucional de intervención
en la determinación del uso y administración de las rentas cedidas a los entes
territoriales en materia de tránsito.
AUTONOMIA TERRITORIAL EN OBJECION PRESIDENCIAL-Intervención del Legislador respecto de fuente exógena de
financiación de entidades territoriales/AUTONOMIA TERRITORIAL EN OBJECION
PRESIDENCIAL-No se vulnera en proyecto de ley que otorga descuentos por
concepto de multas de tránsito
El
legislador previó una reducción en el pago de las multas por infracciones de
tránsito, constituyendo ésta una intervención del legislador
nacional en una fuente exógena de financiación de las entidades territoriales,
como lo son los recursos provenientes del pago de multas de tránsito, norma con
la que se busca un objetivo constitucionalmente admisible como lo es mejorar el
recaudo del pago por concepto de multas de tránsito, mediante la previsión de
un conjunto de estímulos económicos al infractor, relacionados con la celeridad
con que cancele sus sanciones.
AUTONOMIA TERRITORIAL EN OBJECION PRESIDENCIAL-No se vulnera en proyecto de ley que autoriza a alcaldes y
gobernadores para decretar amnistías a infractores de tránsito
El Presidente
de la República alega que  la disposición vulnera el principio de autonomía de
las entidades territoriales, por cuanto al ser las multas de propiedad de
aquéllas, el legislador no podía decretar una amnistía tributaria. Sin embargo
para la Corte, la objeción no está llamada a prosperar por las siguientes
razones: en primer lugar, porque en la norma objeta el Congreso no está
decretando amnistía tributaria alguna, se trata tan sólo de una autorización
acordada a Gobernadores y Alcaldes para que sean ellos quienes, actuando dentro
de su margen de decidan implementar la medida, con el objeto de sanear cartera;
y en segundo lugar, tal autorización se ve limitada a un grupo específico de
deudores: aquellos que no haya sido objeto de
notificación del mandamiento de pago por vía ejecutiva, al igual que se impone
un límite temporal de cinco años desde la comisión de los hechos. Además, el margen de intervención del legislador es muy amplio, en razón
de la fuente exógena de que se trata.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Se restringe a los cánones que
se objetan/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Incompetencia
de la Corte respecto de nuevos textos adoptados para acoger objeciones/INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN OBJECIONES PRESIDENCIALES-Procedencia cuando
objeciones no recaen sobre nuevos textos adoptados
La Corte considera que procede un fallo
inhibitorio, ya que finalmente el Congreso al aceptar la objeción presidencial,
para mayor claridad consideró necesario modificar algunos aspectos del artículo
22 del proyecto de ley, por lo que la Corte estima que el hecho de haber ajustado
un nuevo texto tampoco le permite asumir competencia por cuanto las objeciones
no recayeron sobre ellos.
INHIBICION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL EN OBJECION PRESIDENCIAL-Ausencia de cargo respecto
de la vulneración del principio de igualdad en norma que autoriza decretar
amnistías a infractores de tránsito
En relación
con la supuesta violación al principio de igualdad, la
Corte considera que el Presidente de la
República no estructuró realmente un cargo de inconstitucionalidad, dado que no se indican las razones por las cuales facultar a Gobernadores y
Alcaldes para decretar amnistías a los
infractores de tránsito y para adoptar medidas para el saneamiento de cartera
de infracciones que no haya sido objeto de notificación del mandamiento de pago
por vía ejecutiva y no supere los cinco (5) años de ocurridos los hechos que
dieron lugar a la actuación, desconozca el principio de igualdad. No se plantea
ningún elemento de comparación que permita adelantar un test de igualdad.
Referencia: expediente OP-120
Objeciones Presidenciales al proyecto de Ley No. 012
de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se
reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras
disposiciones”.
Magistrado Ponente:
Dr.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Mediante
comunicación recibida en la
Secretaría General de esta Corporación el 2 de febrero de 2009, el Presidente
del Senado de la República remitió el proyecto de ley de la referencia objetado
por el Presidente de la República por razones de inconstitucionalidad para que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 Superior, la
Corte decida sobre su exequibilidad.
II. METODOLOGÍA.
Dado que en el
presente caso se presentaron numerosas objeciones presidenciales al proyecto de
ley 012 de 2006 Cámara, 087
de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, la
Corte ha decidido adoptar la siguiente metodología (i) transcribirá el texto
completo del proyecto de ley subrayando las disposiciones objetadas; (ii) examinará su competencia, así como el
régimen de las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad e
inconveniencia en la actual Constitución; (iii) señalará las principales líneas
jurisprudenciales referentes al contenido y alcance del control de
constitucionalidad sobre aquéllas; (iv) adelantará un control formal sobre el
trámite de las objeciones presidenciales; y (v) llevará a cabo un control
material sobre éstas, indicando: a) la disposición objetada; b) el contenido de
la objeción presidencial; c) la insistencia del Congreso; c) la postura de la
Vista Fiscal; d) las intervenciones ciudadanas; y e) la resolución del caso
concreto por la Corte.
III. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO
El texto del proyecto de ley objetado es el
siguiente:
LEY No_________________________________
“POR LA
CUAL SE REFORMA LA LEY 769 DE 2002
( CÓDIGO NACIONAL  DE TRÁNSITO), Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 1° de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 1º. Ambito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el
territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios,
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en
las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y
procedimientos de las autoridades de tránsito.
En desarrollo de lo
dispuesto por el artículo 24 de la
Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por
el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de
las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes,
especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para
la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio
público.
Le corresponde al Ministerio de
Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e
inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.
Las autoridades de tránsito promoverán la
difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código.
Los principios rectores de este código
son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el
cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación,
educación y descentralización.
Artículo 2º. El artículo 3º de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 3°. Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son
autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:
El Ministro de Transporte.
Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los organismos de tránsito de carácter
departamental, municipal o Distrital.
La Policía Nacional a través de la
Dirección de Tránsito y Transporte.
Los Inspectores de Policía, los
Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente
territorial.
La Superintendencia General de Puertos y Transporte.
Las Fuerzas Militares para cumplir
exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo.
Los Agentes de Tránsito y Transporte.
Parágrafo 1º. Las entidades públicas o privadas a las
que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de
tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.
Parágrafo 2º. El Gobierno nacional podrá delegar en
los organismos de tránsito las funciones que por Ley le corresponden al
Ministerio de Transporte.
Parágrafo 3º. Las Autoridades, los organismos de
tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo
serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Parágrafo 4º. La facultad de Autoridad de Tránsito
otorgada a los cuerpos especializados de la
Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.
Parágrafo 5º. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la
labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de
Autoridad de Tránsito.
Artículo 3º. El artículo 5° de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 5°. Demarcación y señalización vial. El Ministerio de Transporte reglamentará en un término
no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características
técnicas de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial y su
aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de
tránsito en su respectiva jurisdicción.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte respetará y
acogerá los convenios internacionales que se hayan suscrito o se suscriban en
relación con la reglamentación de la ubicación, instalación, demarcación y
señalización vial.
Parágrafo 2°. La información vial y la señalización
urbana, deberá hacerse con material antivandálico, vitrificado, que garantice
una vida útil mínima de 10 años y, cuando así se aconseje, material
retrorreflectante.
Parágrafo 3º. Los excedentes financieros del Sistema
Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito,
serán destinados en señalización turística del país por la entidad
administradora del sistema.
Artículo 4º. El artículo 17 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 17. Otorgamiento. La licencia de conducción será otorgada por primera vez
a quien cumpla con todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este
código, por la entidad pública o privada autorizada para el efecto por el
organismo de tránsito en su respectiva jurisdicción.
El formato de la licencia de conducción
será único nacional, para lo cual el Ministerio de Transporte establecerá la
ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de control correspondiente.
Las nuevas licencias de conducción
contendrán, como mínimo, los siguientes datos: nombre completo del conductor,
número del documento de identificación, huella, tipo de sangre, fecha de
nacimiento, categoría de licencia, restricciones, fecha de expedición y
organismo que la expidió.
Dentro de las características técnicas
que contendrán las licencias de conducción se incluirán, entre otros, un código
de barra bidimensional u otro dispositivo electrónico, magnético u óptico con
los datos del registro que permita la lectura y actualización de estos. Las
licencias de conducción, que no cuenten con estos elementos de seguridad,
deberán ser renovadas de acuerdo con la programación que expida el Ministerio
de Transporte al respecto, en un periodo de 4 años, contados a partir de la
implementación del Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT.
Las nuevas licencias de conducción
deberán permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del
respectivo titular de conformidad con las normas de ley vigente s sobre la
materia, sin costo alguno.
Parágrafo 1º. Al titular de la licencia de conducción
de cualquier categoría, se le asignará un total de doce (12) puntos, los cuales
serán reducidos o recuperados de acuerdo con su comportamiento, como conductor,
de conformidad con lo establecido en este código.
Parágrafo 2º. Quien actualmente sea titular de una
licencia de conducción, que no cumpla con las condiciones técnicas establecidas
en el presente artículo y en la reglamentación que para tal efecto expida el
Ministerio de Transporte, deberá sustituirla en un término de cuarenta y ocho
(48) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, de
conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la ley 1005 de 2006. Para tal
efecto, deberá presentar paz y salvo por infracciones de tránsito y el
certificado indicado en el artículo 19 del presente código.
Parágrafo 3º. Para garantizar la gratuidad del cambio
de licencias se autoriza a los organismos de tránsito descontar, por una sola
vez, una suma igual a 1 salario mínimo, legal diario vigente (SMDV), por cada
licencia expedida, de los recursos que obligatoriamente debe transferir al
Ministerio de Transporte por concepto de especies venales.
Artículo 5º. El artículo 19 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener por primera vez una licencia de
conducción para vehículos, quien acredite el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
Para vehículos de servicio diferente del
servicio público:
1. Saber leer y escribir.
2. Tener 16 años cumplidos.
3. Aprobar un examen teórico-práctico de
conducción para vehículos particulares que realizarán los organismos de
tránsito de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de
Transporte, o presentar un certificado de aptitud en conducción otorgado por un
centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte.
4. Certificado de aptitud física, mental
y de coordinación motriz para conducir expedido por un centro de reconocimiento
de conductores habilitado por el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado
como organismo de certificación de personas en el área de conductores de
vehículos automotores.
Para vehículos de servicio público:
Los mismos requisitos enumerados
anteriormente, a excepción de la edad mínima que será de 18 años cumplidos y de
los exámenes teórico-prácticos y de aptitud física y mental o los certificados
de aptitud de conducción expedidos que estarán referidos a la conducción de
vehículo de servicio público.
Parágrafo 1º. Para obtener la licencia de conducción
por primera vez, o la recategorización, renovación, y refrendación de la misma,
se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y
de coordinación motriz, valiéndose para su valoración de los medios
tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que permitan medir y
evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según
los parámetros y límites internacionales entre otros: las capacidades de visión
y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de
reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre
la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la
discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Transporte
reglamentará para que en un plazo de hasta 12 meses los centros de
reconocimiento de conductores cumplan con los requisitos de habilitación y
acreditación.
Parágrafo 3°. El Ministerio de Transporte reglamentará
los costos del examen, teniendo como referencia los valores actuales, haciendo
ajustes anuales hasta por el índice de precios al consumidor, IPC.
Artículo 6º. El artículo 22 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 22. Vigencia de la licencia de conducción. Las licencias de conducción para
vehículos de servicio diferente al público, tendrán una vigencia indefinida. No
obstante, cada cinco (5) años, el titular de la licencia deberá refrendarla,
para lo cual se practicará un nuevo examen de aptitud física, mental y de
coordinación motriz, que permitirá establecer que se mantienen las aptitudes
requeridas para conducir.
Las licencias que a la fecha de promulgación
de la presente ley, tengan cinco (5) años o más de expedición, deberán
refrendarse por primera vez, en la misma fecha en que sea renovada la
respectiva licencia, de acuerdo a la programación que expida el Ministerio de
Transporte. En los demás casos, la primera refrendación se hará exigible, una
vez se cumplan los cinco (5) años de expedición.
Las licencias de conducción para vehículos
de servicio público tendrán una vigencia de tres (3) años, al cabo de los
cuales se solicitará su refrendación, presentando un nuevo examen de aptitud
física, mental y de coordinación motriz, y el registro de información o
certificado en el que conste que se encuentra al día por concepto de pago de
multa por infracciones a las normas de tránsito, debidamente ejecutoriadas.
Parágrafo. Todos los conductores de servicio público mayores de
sesenta (60) años deberán refrendar su licencia de conducción anualmente,
demostrando mediante el respectivo examen, su aptitud física, mental y de
coordinación motriz. De igual manera lo harán cada tres (3) años los
conductores de servicio diferente al público, a partir de los sesenta y cinco
(65) años de edad.
Artículo 7º. El artículo 26 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 26. Causales de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá:
1. Por disposición de las autoridades de
tránsito, basada en la imposibilidad transitoria, física o mental para
conducir, soportado en un certificado médico o en el examen de aptitud física,
mental o de coordinación expedido por un Centro de Reconocimiento de
Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión judicial.
3. Por encontrarse
en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por
la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el artículo 152 de
este Código.
4. Por prestar servicio público de
transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo
justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva.
5. Por la pérdida de seis (6) puntos, se
suspenderá por el término de seis (6) meses. Los puntos se perderán de acuerdo
a lo establecido en el artículo 131 del presente código.
La licencia de conducción se cancelará:
1. Por disposición de las autoridades de
tránsito basada en la imposibilidad permanente física o mental para conducir,
soportado en un certificado médico o en el examen de aptitud física, mental y
de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores
legalmente habilitado.
2. Por decisión judicial.
3. Por muerte del titular. La
Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a reportar a los
sistemas creados por los artículos 8 y 10 del presente ordenamiento, el
fallecimiento del titular.
4. Reincidencia al encontrarse
conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el efecto de
drogas alucinógenas determinado por autoridad competente, en concordancia con
el artículo 152 de este código.
5. Por reincidencia en la prestación del
servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa.
6. Por hacer uso de la licencia de
conducción estando suspendida.
7. Por la pérdida de los doce (12)
puntos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 del presente código.
Esta sanción se hará efectiva una vez queden en firme los actos administrativos
correspondientes.
8. Por obtener por medios fraudulentos la
expedición de una licencia de conducción, sin perjuicio de las acciones penales
que correspondan.
Parágrafo. La suspensión o cancelación de la licencia de
conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de
tránsito competente para imponer la sanción por el período de la suspensión o a
partir de la cancelación de ella.
La suspensión o cancelación de la
licencia de conducción operará, sin perjuicio de la interposición de recursos
en la actuación.
Transcurridos tres años después de la
cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de
conducción, con la notificación del Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT a
los organismos de tránsito sobre la pérdida de puntos del conductor, se
entenderá notificado el conductor de la suspensión o cancelación de su licencia
de conducción.
Artículo 8º. El artículo 28 de la
Ley 769 de 2002 quedara así:
Artículo 28. Condiciones tecnomecánicas, de emisiones
contaminantes y de operación. Para
que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar
como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del
sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y
del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del
conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales.
Parágrafo 1°. Las autoridades de tránsito ejercerán en
los vehículos de servicio público de transporte, un control y verificación del
correcto funcionamiento y calibración de los dispositivos utilizados para el
cobro en la prestación de un servicio público.
Parágrafo 2.° La Superintendencia de Puertos y Transporte, contratará los servicios de un centro de llamadas,
el cual estará bajo su vigilancia, inspección y control, mediante el cual
cualquier persona podrá reportar la comisión de infracciones de tránsito, o la
violación al régimen de sanciones por parte de las empresas de servicio público
de transporte terrestre automotor. Las llamadas no tendrán costo alguno. Los
costos de dicho servicio serán sufragados por las empresas de servicio público
de transporte automotor en proporción al número de vehículos vinculados.
Con dicho propósito, los vehículos de
servicio público y oficial, de manera obligatoria deberán llevar un aviso
visible tanto en el interior como en el exterior en el que se señale el número
telefónico correspondiente al centro de llamadas antes indicado.
Los vehículos de servicio público deberán
llevar además marcado en los costados y en el techo el número de la placa según
normas que profiera el Ministerio de Transporte.
Las obligaciones previstas en este
artículo y la contratación de los servicios del centro de llamadas deberán
implementarse en un término no mayor de un (1) año contado a partir de la fecha
de promulgación de la presente ley.
Artículo 9º. El capítulo VIII del título II de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
CAPITULO VIII
Revisión tecnicomecánica y de emisiones
contaminantes
Artículo 10. El artículo 50 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 50. Condiciones mecánicas, ambientales y de
seguridad. Por razones de seguridad vial y de
protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la
obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de
seguridad.
Artículo 11. El artículo 51 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Todos los vehículos automotores, deben someterse
anualmente a revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes. Los
vehículos nuevos de servicio particular, se someterán a dicha revisión
cada dos (2) años durante sus primeros seis (6) años contados a partir de la
fecha de su matrícula; las motocicletas lo harán anualmente.
La revisión estará destinada a verificar:
1. El adecuado estado de la carrocería.
2. Niveles de emisión de gases y
elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia.
3. El buen funcionamiento del sistema
mecánico.
4. Funcionamiento adecuado del sistema
eléctrico y del conjunto óptico.
5. Eficiencia del sistema de combustión
interno.
6. Elementos de seguridad.
7. Buen estado del sistema de frenos
constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita
señales acústicas por encima de los niveles permitidos.
8. Las llantas del vehículo.
9. Del funcionamiento de los sistemas y
elementos de emergencia.
10. Del buen funcionamiento de los
dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público.
Artículo 12. El artículo 52 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 52. Primera revisión de los vehículos
automotores. Los vehículos nuevos se someterán a la
primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos
(2) años contados a partir de su fecha de matrícula.
Parágrafo. Los vehículos automotores de placas extranjeras, que
ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la
revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Artículo 13. El artículo 53 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 53. Centros de Diagnóstico Automotor. La revisión tecnicomecánica y de emisiones
contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente
constituidos, que posean las condiciones que determinen los reglamentos
emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en
lo de sus competencias. El Ministerio de Transporte habilitará dichos centros,
los cuales previamente deberán contar con reconocimiento en el Sistema Nacional
de Normalización, Certificación y Metrología acreditándose como organismo de
inspección.
Los requisitos, procedimientos, pruebas,
personal, equipos, pruebas y sistemas de información mínimos que debe acreditar
el centro de diagnóstico automotor, para obtener la mencionada acreditación
serán estipulados por la Superintendencia de Industria y Comercio, con alcance
a lo establecido en la reglamentación del Ministerio de Transporte.
Los resultados de la revisión técnico-mecánica
y de emisiones contaminantes, serán consignados en un documento uniforme cuyas
características determinará el Ministerio de Transporte. Para la revisión del
vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de su licencia de
tránsito y el correspondiente seguro obligatorio.
Parágrafo. Quien no porte dicho documento incurrirá en las
sanciones previstas en la ley. Para todos los efectos legales este será
considerado como documento público.
Artículo 14. El artículo 54 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 54. Registro computarizado. Los Centros de diagnóstico automotor llevarán un
registro computarizado de los resultados de las revisiones tecnicomecánicas y
de emisiones contaminantes de cada vehículo, incluso de los que no la aprueben.
Artículo 15. El artículo 76 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 76. Lugares prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes
lugares:
Sobre andenes, zonas verdes o sobre
espacio público destinado para peatones, recreación o conservación.
En vías arterias, autopistas, zonas de
seguridad, o dentro de un cruce.
En vías principales y colectoras en las
cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con
horarios o tipos de vehículos.
En puentes, viaductos, túneles, pasos
bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos.
En zonas expresamente destinadas para
estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de
vehículos de servicio público, o para limitados físicos.
En carriles dedicados a transporte masivo
sin autorización.
A una distancia mayor de treinta (30)
centímetros de la acera.
En doble fila de vehículos estacionados,
o frente a hidrantes y entradas de garajes.
En curvas.
Donde interfiera con la salida de
vehículos estacionados.
Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.
En zona de seguridad y de protección de
la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y
anexidades férreas.
Parágrafo. Está prohibido a los
conductores de vehículos participar en actividades comerciales o benéficas a
doscientos (200) metros a la redonda de semáforos, señales de tránsito, paso a
nivel, paso peatonal a desnivel, paso peatonal a nivel, separadores, berma, ciclovías,
ciclorrutas, estacionamientos, paraderos, todo tipo de puentes y en las zonas
destinadas a la circulación de todo tipo de vehículos.
El incumplimiento de esta norma se
sancionará con treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes, s.m.l.d.v.
Artículo 16. El artículo 91 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 91. De los paraderos. Todo conductor de vehículo de servicio público de
transporte terrestre automotor debe recoger o dejar pasajeros exclusivamente en
los sitios permitidos por las autoridades competentes y conforme con las rutas
y horarios, según sea el caso.
El incumplimiento de esta norma se
sancionará con treinta (30) s.m.l.d.v, las empresas de servicio público a las
cuales se encuentren vinculados tales vehículos serán solidariamente
responsables por el pago de la multa.
Artículo 17. El artículo 93 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 93. Control de Infracciones de Conductores. Los organismos de tránsito deberán reportar
diariamente al Sistema Integrado de Multas y Sanciones por infracciones de
tránsito las infracciones impuestas, para que este a su vez, conforme y mantenga
disponible para el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.
Se establece el siguiente sistema de
puntos:
Por cada infracción mayor o igual a 8
smlvd 2 puntos.
Por cada infracción mayor o igual a 15
smlvd 6 puntos.
Por cada infracción mayor o igual a 30
smlvd 8 puntos.
Parágrafo 1º. La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa equivalente a cien salarios
mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a las empresas de transporte
público terrestre automotor, que tengan en ejercicio a conductores con licencia
de conducción suspendida o cancelada .
Parágrafo 2º. Las empresas de transporte público
terrestre automotor deberán establecer programas de control y seguimiento de
las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio. Dicho programa
deberá enviarse mensualmente por las empresas de transporte público terrestre
automotor a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Las empresas que no
cumplan con lo antes indicado serán sancionadas por dicha entidad con una multa
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv).
Parágrafo 3º. La consulta a la base de datos del
Simit será gratuita. La expedición de certificados tendrá un costo de un
salario mínimo legal diario vigente (1 smldv), los cuales serán recaudados por
la entidad responsable del Sistema Integrado de Multas y Sanciones por
Infracciones de Tránsito.
Artículo 18. La Ley 769 de 2002, tendrá el siguiente artículo
nuevo:
Artículo 93-1. Solidaridad por multas. Serán solidariamente responsables por el pago de
multas por infracciones de tránsito el propietario y la empresa a la cual esté
vinculado el vehículo automotor, en aquellas infracciones imputables a los
propietarios o a las empresas.
Artículo 19. El artículo 102 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 102. Manejo de escombros. Cada
municipio determinará el lugar o lugares autorizados para la disposición final
de los escombros que se produzcan en su jurisdicción, el manejo de estos
materiales se hará debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías
y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del
portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será
responsable del control de vigilancia del cumplimiento de la norma, sin
perjuicio que se le determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso
público, el incumplimiento de esta norma, se sancionará con multa de treinta
(30) s.m.l.d.v.
Parágrafo. Será sancionado con una multa de (30) s.m.l.d.v.,
quien transportando agregados minerales como: Arena, triturado o concretos, no
aísle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías
públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos.
Artículo 20. El artículo 122 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 122. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del presente Código
son:
Amonestación.
Multa.
Retención preventiva de la licencia de
conducción
Suspensión de la licencia de conducción.
Suspensión o cancelación del permiso o
registro.
Inmovilización del vehículo.
Retención preventiva del vehículo.
Cancelación definitiva de la licencia de
conducción.
Las sanciones señaladas en este artículo
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción,
independientemente de las sanciones ambientales a que haya lugar por violación
de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre
emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes móviles.
Parágrafo 1°. Ante la
Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, por las autoridades de
tránsito respectivas, las siguientes sanciones:
Multa equivalente a treinta (30) salarios
mínimos legales diarios.
Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis
(6) meses, por la segunda vez, además de una multa igual a la prevista en el
numeral 1, si el conductor fuere el propietario del vehículo.
Revocatoria o caducidad de la licencia de
conducción por la tercera vez, además de una multa igual a la prevista en el
numeral 1, si el conductor fuere propietario del vehículo.
Inmovilización del vehículo, la cual
procederá sin perjuicio de la imposición de las otras sanciones.
En los casos de infracción a las prohibiciones
sobre dispositivos o accesorios generadores del ruido, sobre sirenas y alarmas,
lo mismo que sobre el uso del silenciador se procederá a la inmediata
inmovilización del vehículo, sin perjuicio de las demás sanciones que
correspondan.
Cuando quiera que se infrinjan las
prohibiciones, restricciones o regulaciones sobre emisiones contaminantes por
vehículos automotores, se seguirá el siguiente procedimiento:
El agente de vigilancia del tráfico que
detecte o advierta una infracción a las normas de emisión de contaminantes o de
generación de ruido por vehículos automotores, entregará al presunto infractor
una boleta de citación para que el vehículo sea presentado en un centro de
diagnóstico para una inspección técnica en un término que no podrá exceder de
quince (15) días. En la citación se indicará la modalidad de la presunta
infracción que la ocasiona. Esto sin perjuicio de la vigencia del certificado
de la obligatoria revisión tecnicomecánica y de gases.
Realizada la inspección técnica y
determinada así la naturaleza de la infracción, el centro de diagnóstico donde
aquella se hubiere practicado, entregará al presunto infractor copia del
resultado del examen practicado al vehículo y remitirá el original a la
autoridad de tránsito competente, para que, previa audiencia del interesado, se
imponga la sanción que en cada caso proceda.
En caso de que el infractor citado no
presentare el vehículo para la práctica de la visita de inspección en la fecha
y hora señaladas, salvo causal comprobada de fuerza mayor o caso fortuito, las
multas a que hubiere lugar se aumentarán hasta en el doble y el vehículo podrá
ser inmovilizado por la autoridad de tránsito respectiva, hasta tanto el
infractor garantice mediante caución la reparación del vehículo.
Practicada la inspección técnica, el
infractor dispondrá de un término de quince (15) días para reparar el vehículo
y corregir la falla que haya sido detectada en el centro de diagnóstico y
deberá presentarlo, antes del vencimiento de este nuevo término, para la
práctica de una nueva inspección con el fin de determinar que los defectos del
vehículo, causantes de la infracción a las normas ambientales, han sido
corregidos. Vencido el plazo y practicada la nueva revisión, si el vehículo no
cumple las normas o es sorprendido en circulación en la vía pública, será
inmovilizado.
Cuando la autoridad de tránsito detecte
una ostensible y grave violación de las normas ambientales podrá ordenar al
infractor la inmediata revisión técnica del vehículo en un centro de
diagnóstico autorizado para la práctica de la inspección técnica.
Si practicada la inspección técnica se
establece que el vehículo cumple las normas ambientales, no habrá lugar a la
aplicación de multas.
Quedan exentos de inspección técnica los
vehículos impulsados con motor de gasolina, durante los tres (3) primeros meses
de vigencia del certificado de movilización, a menos que incurran en flagrante
y ostensible violación de las normas ambientales.
No habrá lugar a inspección técnica en casos de
infracción a las normas ambientales por emisión de polvo, partículas, o humos
provenientes de la carga descubierta de vehículos automotores.
En tal caso, el agente de tránsito
ordenará la detención del vehículo y entregará al infractor un comparendo o
boleta de citación para que comparezca ante la autoridad de tránsito
competente, a una audiencia en la que se decidirá sobre la imposición de la
sanción que proceda.
Los agentes de
tránsito podrán inmovilizar hasta por veinticuatro (24) horas, debiendo
informar de ello a la autoridad de tránsito competente, los vehículos que
ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, hasta tanto
se tomen por el infractor las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones,
sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que correspondan.
Parágrafo 2°. Para efectos del presente código, y
salvo disposición contraria, la multa debe entenderse establecida en salarios
mínimos diarios legales vigentes.
Artículo 21. El artículo 131 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 131. Pérdida de puntos y multas. Los infractores de las normas de tránsito
serán sancionados con la imposición de multas o con multas y pérdida de puntos,
de acuerdo con el tipo de infracción así:
A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4)
salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo no
automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes
infracciones:
A.1 No transitar por la derecha de la
vía.
A.2 Agarrarse de otro vehículo en
circulación.
A.3 Transportar personas o cosas que
disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción.
A.4 Transitar por andenes y demás lugares
destinados al tránsito de peatones.
A.5 No respetar las señales de tránsito.
A.6 Transitar sin los dispositivos
luminosos requeridos.
A.7 Transitar sin dispositivos que
permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso.
A.8 Transitar por zonas prohibidas.
A.9 Adelantar entre dos (2) vehículos
automotores que estén en sus respectivos carriles.
A.10 Conducir por la vía férrea o por
zonas de protección y seguridad.
A.11 Transitar por zonas restringidas o
por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo
no automotor será inmovilizado.
A.12 Prestar servicio público con este
tipo de vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por
el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez
cuarenta días.
B. Será sancionado con multa equivalente
a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de un (1)
punto, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en
cualquiera de las siguientes infracciones:
B.1 Conducir un vehículo sin llevar
consigo la licencia de conducción.
B.2 Conducir un vehículo con la licencia
de conducción vencida.
B.3 Sin placas, o sin el permiso vigente
expedido por autoridad de tránsito.
B.4 Con placas adulteradas.
B.5 Con una sola placa, o sin el permiso
vigente expedido por autoridad de tránsito.
B.6 Con placas falsas.
En estos casos los vehículos serán
inmovilizados.
B.7 No informar a la autoridad de
tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo. En ambos casos,
el vehículo será inmovilizado.
B.8 No pagar el peaje en los sitios
establecidos.
B.9 Utilizar equipos de sonido a
volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público.
B.10 Conducir un vehículo con vidrios
polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de
acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia.
B.11 Conducir un vehículo con propaganda,
publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad.
B.12 No respetar las normas establecidas
por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres.
B.13 No respetar las formaciones de
tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y
las manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas
por las autoridades de tránsito.
B.14 Remolcar otro
vehículo violando lo dispuesto por este código.
B.15 Conducir un vehículo de servicio
público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil
lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado.
B.16 Permitir que en un vehículo de
servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que
incomoden a los pasajeros.
B.17 Abandonar un
vehículo de servicio público con pasajeros.
B.18 Conducir un vehículo de transporte público
individual de pasajeros sin cumplir con lo estipulado en el presente código.
B.19 Realizar el cargue o descargue de un
vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de
acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.
B.20 Transportar carne, pescado o
alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones
fijadas por el Ministerio de Transporte.
B.21 Lavar vehículos en vía pública, en
ríos, en canales y en quebradas.
B.22 Llevar niños menores de diez (10)
años en el asiento delantero.
B.23 Utilizar radios, equipos de sonido o
de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por
las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de
imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en
movimiento.
C. Será sancionado con multa equivalente
a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de dos (2)
puntos, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en
cualquiera de las siguientes infracciones:
C.1 Presentar licencia de conducción adultera
da o ajena, lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo.
C.2 Estacionar un vehículo en sitios
prohibidos.
C.3 Bloquear una calzada o intersección
con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un
accidente de tránsito.
C.4 Estacionar un vehículo sin tomar las
debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este código, las
señales de peligro reglamentarias.
C.5 No reducir la velocidad según lo
indicado por este código, cuando transite por un cruce escolar en los horarios
y días de funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando
transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros.
C.6 No utilizar el cinturón de seguridad
por parte de los ocupantes del vehículo.
C.7 Dejar de señalizar con las luces
direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la
maniobra de giro o de cambio de carril.
C.8 Transitar sin los dispositivos
luminosos requeridos o sin los elementos determinados en este código.
C.9 No respetar las señales de detención
en el cruce de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas
de protección y seguridad de ella.
C.10 Conducir un vehículo con una o
varias puertas abiertas.
C.11 No portar el equipo de prevención y
seguridad establecido en este código o en la reglamentación correspondiente.
C.12 Proveer de combustible un vehículo
automotor con el motor encendido.
C.13 Conducir un vehículo automotor sin
las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física.
C.14 Transitar por sitios restringidos o
en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será
inmovilizado.
C.15 Conducir un vehículo, particular o
de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de
tránsito o tarjeta de operación.
C.16 Conducir un vehículo escolar sin el
permiso respectivo o los distintivos reglamentarios, además el vehículo será
inmovilizado.
C.17 Circular con combinaciones de
vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad
competente.
C.18 Conducir un
vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con
los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o
cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas
mínimas de calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o este no
esté en funcionamiento, además el vehículo será inmovilizado.
C.19 Dejar o recoger pasajeros en sitios
distintos de los demarcados por las autoridades.
C.20 Conducir un
vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel
sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas. Además el
vehículo será inmovilizado.
C.21 No asegurar la carga para evitar que
se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el
vehículo hasta tanto se remedie la situación.
C.22 Transportar carga de dimensiones
superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además,
el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha situación.
C.23 Impartir en vías públicas al público
enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello.
C.24 Conducir motocicleta sin observar
las normas establecidas en el presente código.
C.25 Transitar, cuando hubiere más de un
carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el
tránsito de los demás vehículos.
C.26 Transitar en vehículos de 3.5 o más
toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril.
C.27 Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros
obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o
impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad, además el
vehículo será inmovilizado.
C.28 Hacer uso de dispositivos propios de
vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos.
C. 29 Conducir un vehículo a velocidad
superior a la máxima permitida.
C.30 No atender una señal de ceda el
paso.
C.31 No acatar las señales o
requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.
C.32. No respetar el paso de peatones que
cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las
franjas para ello establecidas.
C.33 Poner un vehículo en marcha sin las
precauciones para evitar choques.
C.34 Reparar un vehículo en las vías
públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el
procedimiento señalado en este código.
C.35 No realizar la revisión
tecnicomecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se
encuentre en adecuadas condiciones tecnicomecánicas o de emisiones
contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes, además el
vehículo será inmovilizado.
C.36 Transportar carga en contenedores
sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.
C.37 Transportar pasajeros en el platón
de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de
furgón o plataforma de estacas.
C.38 Usar sistemas móviles de
comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir,
exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que
permitan tener las manos libres.
C. 39. Vulnerar las reglas de
estacionamiento contenidas en el artículo 77 de este Código.
D. Será sancionado con multa equivalente
a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de tres
(3) puntos, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra
en cualquiera de las siguientes infracciones:
D.1 Guiar un vehículo sin haber obtenido
la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será
inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea retirado por una
persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.
D.2 Conducir sin portar los seguros
ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado.
D.3 Transitar en sentido contrario al
estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de motocicletas se
procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la
autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los
artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.4 No detenerse ante una luz roja o amarilla
de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso
de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el
valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los
términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.6 Conducir un vehículo sobre aceras,
plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización,
zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. En el caso de
motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor
de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los
términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.7 Adelantar a otro vehículo en berma,
túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la
cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En
el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se
pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición
en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.8 Conducir realizando maniobras
altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o
las cosas. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta
tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su
imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de
Tránsito.
D.9 Conducir un vehículo sin luces o sin
los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna
de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que lo exige este código.
Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de
estas luces.
D.10 No permitir el paso de los vehículos
de emergencia.
D.11 Conducir un vehículo para transporte
escolar con exceso de velocidad.
D.12 Permitir el servicio público de
pasajeros que no tenga las salidas de emergencia exigidas. En este caso, la
multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado y al
propietario. Si se tratare de vehículo particular, se impondrá la sanción
solidariamente al propietario.
D.13 Conducir un vehículo que, sin la debida
autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene
licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez,
por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez
cuarenta días.
D.14 En caso de
transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado
y el exceso deberá ser transbordado.
D.15 Las autoridades de tránsito
ordenarán la inmovilización inmediata de los vehículos que usen para su
movilización combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan en
peligro la vida de los usuarios o de los peatones.
D.16 Cambio del recorrido o trazado de la
ruta para vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, autorizado
por el organismo de tránsito correspondiente. En este caso, la multa se
impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado el vehículo y al
propietario. Además el vehículo será inmovilizado, salvo casos de fuerza mayor
que sean debidamente autorizados por el agente de tránsito.
E. Será sancionado con multa equivalente
a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes y con la
pérdida de seis (6) puntos el conductor y/o propietario de un vehículo
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
E.1. Proveer combustible a vehículos de
servicio público con pasajeros a bordo.
E.2 Negarse a prestar el servicio público
sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteración del orden
público.
E.3. Conducir en estado de
embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá a lo
establecido en el artículo 152 de este código. Si se trata de conductores de
vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de
conducción, la multa pecuniaria, la pérdida de puntos y el período de
suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez el
vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se
establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada
por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
E.4. Transportar en el mismo vehículo y
al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos,
radiactivos, combustibles no autorizados etc. En estos casos se suspenderá la
licencia por un (1) año y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo
será inmovilizado por un (1) año cada vez.
Parágrafo 1°. El conductor que no haya sido sancionado
en un período de un (1) año, se le restablecerán los puntos perdidos.
Parágrafo 2°. Las infracciones de tránsito, cuya
sanción sea la imposición de multas descritas en otros artículos de la
Ley 769 de 2002, darán lugar además, a la pérdida de 1, 2, 3 ó 6 puntos, si la
sanción de multa es en su orden de 8, 15, 30 ó 45 salarios mínimos legales
diarios vigentes.
Artículo 22. El artículo 135 de
la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de
tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
Ordenará detener la marcha del vehículo y
le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al
infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la
orden de comparendo.
Para el servicio
además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se
encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de
su competencia.
Si el contraventor
no comparece sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada
hasta por el doble de su valor.
La orden de
comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea
posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará
por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su
cedula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono si lo
tuviere.
No obstante lo anterior, las autoridades
competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que
permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo,
la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se enviará por correo dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario
quien estará obligado al pago de la multa. Para el servicio público además se
enviará por correo dentro de este mismo término copia del comparendo y sus
soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.
El Ministerio de Transporte
determinará las características técnicas del formulario de comparendo único
nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará al conductor que
tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia,
para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite.
El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del
inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.
Parágrafo 1º. La autoridad de tránsito entregará al
funcionario competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro
de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena
de incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate de agentes de policía de
carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del comandante de la
ruta o del comandante director del servicio.
Parágrafo 2º. Los organismos de tránsito podrán
suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar
aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las
multas.
Artículo 23. El capítulo IV del título IV Sanciones y
Procedimientos de la Ley 769 de 2002, quedará así:
CAPITULO IV
Actuación en caso de imposición de
comparendo
Artículo 24. El artículo 136 de
la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 136. Reducción de la
Multa. Una
vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la
infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el
cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días
siguientes a la orden de comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y
cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes
a la orden de comparendo, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un
curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se
cancelará  un 25 % y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si
aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas,
el inculpado deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes
intereses moratorios.
Si el inculpado
rechaza la comisión de la infracción, el inculpado deberá comparecer ante el
funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes
que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el
contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de
ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda
vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en
estrados.
En la misma audiencia, si fuere posible,
se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere
declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) del valor de
la multa prevista en el código.
Los organismos de tránsito de manera
gratuita podrán celebrar acuerdos  para el recaudo de las multas y podrán
establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa y la
comparecencia  podrá efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares
donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes
podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde
se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los conductores que
tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito podrán acogerse al
descuento previsto en el presente artículo.
Artículo 25. El artículo 152
de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 152. Grado de alcoholemia. En un término no superior a 30 días contados a partir
de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites de los diferentes
grados de estado de embriaguez.
Si hecha la prueba de alcoholemia se
establece:
Segundo grado de embriaguez,
adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión de la licencia de
conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación de realizar curso de
sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción
en centros de rehabilitación debidamente autorizados, por un mínimo de cuarenta
(40) horas.
Tercer grado y se decretará, a más de la
sanción de multa, se decretará la suspensión entre tres (3) y diez (10) años de
la licencia de conducción, y la obligación de realizar curso de
sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción
en centros de rehabilitación debidamente autorizados, por un mínimo de ochenta
(80) horas.
Será criterio para fijar esta sanción, la
reincidencia, haber causado daño a personas o cosas a causa de la embriaguez o
haber intentado darse a la fuga.
Parágrafo 1°. La reincidencia en un tercer grado de
embriaguez, será causal para determinar la cancelación definitiva de la
licencia de conducción.
Parágrafo 2°. La certificación de la sensibilización
será indispensable para la entrega de la licencia de conducción suspendida.
Artículo 26. El artículo 159 de
la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por
violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de
tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario
y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se
interrumpirá con la presentación de la demanda.
Las autoridades de tránsito deberán
establecer públicamente a más tardar en el mes de enero de cada año planes y
programas destinados al cobro de dichas sanciones y dentro de este mismo
periodo rendirán cuentas públicas sobre la ejecución de los mismos.
Parágrafo 1°. Las autoridades de tránsito podrán
contratar el cobro de las multas que se impongan por la comisión de
infracciones de tránsito.
Parágrafo 2º. Las multas serán
de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la
infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean
impuestas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la
Policía Nacional de Colombia, adscrito a la
Dirección de Tránsito y Transporte, se distribuirá el 50% para el municipio
donde se entregue el correspondiente comparendo y el otro 50% para la
Dirección de Tránsito y Transporte de la
Policía Nacional, con destino a la capacitación de su personal adscrito,
planes de educación y seguridad vial que adelante esta especialidad a lo largo
de la red vial nacional, locaciones que suplan las necesidades del servicio y
la construcción de la Escuela de Seguridad Vial de la
Policía Nacional.
Artículo 27. La
Ley 769 de 2002, tendrá el siguiente artículo transitorio:
Artículo transitorio. Facultase a los Gobernadores y Alcaldes
municipales y distritales hasta el 31 de diciembre de 2009, para decretar
amnistías a los infractores de tránsito y para adoptar medidas para el
saneamiento de cartera de infracciones que no haya sido objeto de notificación
del mandamiento de pago por vía ejecutiva y no supere los cinco (5) años de
ocurridos los hechos que dieron lugar a la actuación.
Artículo 28. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
LA PRESIDENTA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA.
Nancy Patricia Gutierrez
Castañeda
EL SECRETARIO GENERAL DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA
Emilio Ramón Otero Dajud.
EL PRESIDENTE DE LA
H. CÁMARA DE REPRESENTANTES.
Oscar Arboleda Palacio
EL SECRETARIO GENERAL (E) DE
LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES.
Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo.
IV. COMPETENCIA DE LA CORTE Y RÉGIMEN DE LAS OBJECIONES
PRESIDENCIALES POR INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENIENCIA EN LA
ACTUAL CONSTITUCIÓN.
La actual regulación del trámite de las objeciones presidenciales se
encuentra  en los artículos 165, 166, 167, 168 y 241.8 constitucionales; 79.4, 196
a 201 de la Ley 5ª de 1992 y el decreto 2067 de 1991.
En tal sentido,
las objeciones presidenciales pueden ser por inconveniencia o por
inconstitucionalidad. El Gobierno dispone del término constitucional de seis
días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de
veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta
artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.
En ambos casos se devuelve el proyecto de ley a la
Cámara en que tuvo origen para que tenga lugar un nuevo debate en Plenaria. En
caso de que ambas Cámaras insistan, con la mayoría absoluta de los votos de sus
miembros, pueden presentarse dos posibilidades: si el proyecto hubiese sido
objetado por inconveniente se remite nuevamente al Presidente de la
República, quien deberá sancionarlo sin poder formular nuevas objeciones; si
lo hubiese sido por inconstitucionalidad se enviará a la
Corte Constitucional, la cual decidirá definitivamente, en el término de seis
días, sobre la exequibilidad del mismo. El fallo de la
Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se
archivará el proyecto. Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente
inexequible, así lo indicará a la
Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e
integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de
la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la
Corte el proyecto para fallo definitivo.
Aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que el artículo
79.4 de la Ley 5ª de 1992 dispone que en cada sesión de las Cámaras y sus
Comisiones Permanentes sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del
día, “en el siguiente orden: 4 ) objeciones del Presidente de la
República, o quien haga sus veces, a los proyectos aprobados por el Congreso,
e informes de las comisiones respectivas”. De igual manera, el artículo 200
de la misma normatividad establece que “Cuando una Cámara hubiere declarado
infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y
la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto”.
En este orden de ideas, la actual regulación constitucional de las
objeciones presidenciales, si bien presenta ciertas semejanzas con aquella de
la anterior Carta Política, presenta como novedades que el control judicial de
constitucionalidad lo realiza la
Corte Constitucional y que a diferencia de la
Constitución expirada, que encargaba de la objeción parcial a la respectiva
comisión constitucional permanente y de la total a la
Cámara de origen, la Constitución de 1991 señala que en todo caso, la reconsideración
del proyecto de ley corresponde a las Cámaras en pleno, con prescindencia de la
naturaleza parcial o total de la objeción formulada o de la causa que la
suscite[1].
V. PRINCIPALES LÍNEAS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE CONTENIDO Y
ALCANCE DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE OBJECIONES
PRESIDENCIALES.
En materia de objeciones presidenciales por motivos de
inconstitucionalidad, a lo largo de su jurisprudencia, la
Corte ha trazado unas líneas jurisprudenciales atinentes a (i) el término con
que cuenta el Gobierno para objetar un proyecto de ley; (ii) el trámite de la insistencia
de las Cámaras; y (iii) el control del juez constitucional sobre contenido
material de las objeciones y el procedimiento impartido a las mismas.
5.1. El término con que cuenta el Gobierno para objetar un proyecto
de ley por inconstitucionalidad.
La facultad con que cuenta el Gobierno para objetar un proyecto de
ley corresponde a una función que le asigna la
Carta Política, en cuanto órgano llamado a concurrir a la formación de las
leyes. En tal sentido, en materia de defensa de la
Constitución, aquél entra a cumplir una labor preventiva, en el sentido de
ponerle de presente al órgano legislativo, la existencia de una o varias
contradicciones, de orden material, que a su juicio se presentan entre el texto
aprobado por las Cámaras y la
Constitución. De igual manera, la objeción puede versar sobre la existencia de
un vicio en el trámite legislativo, el cual puede ser subsanable o no.
En cuanto a los límites temporales establecidos para el
ejercicio de dicha competencia, el artículo 166 constitucional expresamente
dispone que, el Gobierno dispone del término de seis días para devolver con
objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de
diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y
hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta. En relación
con dichos términos, la jurisprudencia ha señalado que se trata de días hábiles
y completos[2],
de forma tal que el conteo debe realizarse a partir del día siguiente a aquel
en que el proyecto fue recibido para la correspondiente sanción presidencial.
De igual manera,
si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el
proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las
cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el
deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos[3].
5.2. El trámite de la insistencia de las Cámaras.
La formulación de una objeción presidencial por inconstitucionalidad
suscita un nuevo debate congresional, vale decir, un nueva reflexión sobre la
conformidad de un proyecto de ley, o de parte de su articulado con la
Constitución, o respecto a la existencia o no de un vicio de procedimiento.
El artículo 167 constitucional dispone que, si un proyecto de ley es
objetado total o parcialmente por el Gobierno, volverá a las Cámaras a segundo
debate. Si las Cámaras insisten, el proyecto pasará entonces a la
Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis días siguientes decida
sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar
la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto.
Al respecto, la Corte ha considerado que "la insistencia de
las Cámaras" es un presupuesto de procedibilidad, para que la
Corte tenga competencia en el análisis de exequibilidad del proyecto objetado.
Si éste presupuesto falta en todo o en parte, deberá entenderse que dicho
proyecto fue archivado total o parcialmente, de acuerdo al artículo 200 de la
ley 3a de 1992[4].
De igual manera,
en cuanto al término de que disponen las Cámaras para insistir en la aprobación
del proyecto de ley, esta Corporación ha estimado que, acudiendo al artículo
162 constitucional, no podrá prolongarse más allá de dos legislaturas[5].
En otras palabras, en ningún caso puede ser superior al término con el que
cuenta para la formación de la ley.
En cuanto al
trámite de las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad, se tiene
que, una vez elaborada la respectiva ponencia insistiendo, ésta deberá ser
votada por cada Plenaria en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación.
En este orden de ideas, la insistencia del Congreso sobre la
constitucionalidad del proyecto de ley objetado, evidencia la existencia de una
discrepancia de orden conceptual sobre un aspecto del derecho constitucional
entre el Ejecutivo y el Legislativo, en relación con la conformidad o no de un
determinado proyecto de ley, o de la regularidad del trámite del mismo, con la
Constitución, divergencia que debe ser solucionada por un tercero imparcial,
como lo es la Corte Constitucional, con efectos de cosa juzgada relativa. En
otras palabras, las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad, lejos
de constituir un veto u obstáculo para el proceso legislativo en Colombia,
constituyen una etapa más en la formación de las leyes. De igual manera, la
insistencia de las Cámaras no puede ser considerada como una colisión de
competencias entre dos ramas del poder público, que por mandato superior están llamadas a guardar entre sí un
equilibrio armónico. Simplemente se presenta una discrepancia de orden jurídico
entre el Gobierno y el Congreso de la
República, que debe ser resuelta por la
Corte Constitucional.
5.3. El control del juez constitucional sobre contenido material de
las objeciones y el procedimiento impartido a las mismas.
El artículo 241.8 Superior establece que la
Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la
constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el
Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias,
“tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su
formación”.
En tal sentido, hasta la sentencia C- 1404 de 2000, esta Corporación
había considerado, en forma reiterada, que su actividad se circunscribía
estrictamente al estudio y decisión de las objeciones presidenciales, tal y
como ellas hubiesen sido formuladas, sin abarcar aspectos no señalados por el
Gobierno; es decir, que en lo tocante a los proyectos objetados, “no se
puede dar aplicación al principio del control constitucional integral”[6].
La anterior posición jurisprudencial se apoyaba en el argumento según el cual
en la medida en que la decisión sobre la constitucionalidad de las razones que
respaldan las objeciones, debía estar enmarcada exclusivamente en la dinámica
de los controles interorgánicos, no pudiendo afectar la posibilidad de que, con
posterioridad, los ciudadanos ejercieran la acción pública de
inconstitucionalidad contra las normas objetadas, ni tampoco podía reemplazar
el procedimiento que para ese efecto establece la
Constitución.
De igual manera, en la sentencia C- 1404 de 2000 expresamente la
Corte modificó su jurisprudencia en relación con el contenido y alcance del
control de constitucionalidad en materia de objeciones presidenciales, para
señalar que “en ciertas ocasiones se hace necesario que esta Corporación se
pronuncie sobre aspectos que no fueron planteados explícitamente por el
Gobierno, pero cuyo análisis resulta ser un presupuesto indispensable para el
estudio de las razones de inconstitucionalidad formuladas en las objeciones
mismas. Los motivos que justifican esta extensión excepcional de la competencia
de la Corte, son de doble naturaleza: lógica y constitucional. Lo primero,
porque las reglas de derecho que se han de aplicar al estudio de las
objeciones, se derivan, en no pocos casos, de otras reglas o principios más
generales, no  mencionados en las objeciones, pero que resultan insoslayables
para fundamentar cualquier decisión. Lo segundo, porque dado que el mandato del
artículo 241-8 Superior califica las decisiones de la
Corte en estos casos como definitivas, si no se efectúa en ellas el análisis
de constitucionalidad de los mencionados temas conexos, éstos quedarán
cobijados por el efecto de cosa juzgada constitucional que se deriva de la
decisión final sobre la objeción como tal y, en consecuencia, ningún ciudadano
podrá controvertirlos en el futuro. En otros términos, al pronunciarse sobre
tales asuntos conexos, esta Corporación no está coartando el derecho de los
ciudadanos de ejercer la acción pública de inconstitucionalidad, ni
sustituyendo el trámite que en esos casos se haya de surtir, por la sencilla
razón de que una vez la Corte emita su fallo, la mencionada acción no será
procedente respecto de los temas que se relacionan directamente con el objeto
central de la providencia”, posición que ha sido reiterada en diversos
fallos.[7]
Cabe asimismo señalar que la
Corte ha considerado, de manera reiterada, que el ejercicio de su control se
extiende no sólo al control material de las objeciones presentadas por el
Gobierno, sino también al procedimiento impartido a las mismas[8], es decir, su
competencia comprende el examen de la sujeción de los órganos que intervienen
en las objeciones a los términos que para tal fin establecen la
Constitución y la ley[9].
De igual manera, esta Corporación considera necesario precisar que, en los
términos del artículo 167 constitucional, carece de competencia para establecer
condicionamiento alguno al texto sometido a su control.
En definitiva,
se trata de un control de constitucionalidad previo a la sanción de la ley,
interorgánico, participativo, material y formal, que produce efectos de cosa
juzgada relativa.
VI. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL SOBRE LAS OBJECIONES
PRESIDENCIALES Y SU TRÁMITE EN LAS CÁMARAS.
6.1. Descripción del trámite legislativo.
El trámite dado en el Congreso de la
República al proyecto de ley objetado  fue el siguiente:
6.1.1. Iniciativa y trámite en la
Cámara de Representantes.
El 20 de julio de 2006, la
Representante Gloria Stella Díaz Ortiz y la
Senadora Alexandra Moreno Piraquive presentaron el proyecto de ley núm. 012
de 2006 Cámara, “por la cual se reforma la
Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones”, texto que aparece publicado en la
Gaceta del Congreso núm. 249 del 26 de junio de 2006.
El texto de la “PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 012 DE
2006 CÁMARA”, junto con el correspondiente pliego de modificaciones, fueron
presentados ante la Comisión Sexta de la
Cámara de Representantes por los congresistas Diego Patiño Amariles, Marino Paz Ospina y Alberto Gordón May, textos que
aparecen publicados en la Gaceta del Congreso núm. 433 del 6 de octubre de 2006.
El correspondiente anuncio para votación en Comisión Sexta de la
Cámara fue realizado el día 9 de mayo de 2007 (Gaceta del Congreso núm.
407 de 2007), habiendo sido aprobado durante la sesión del 15 de mayo de 2007 del
mismo año.
El “INFORME DE
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 012 DE 2006 CÁMARA”, fue presentado el 23 de mayo de 2007, por los Representantes Diego Patiño Amariles, Marino Paz Ospina, Alberto Gordon May,
texto que aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 210 del
25 de mayo de 2007.
Durante la Sesión Plenaria del 31 de julio de 2007, la
Cámara de Representantes consideró y aprobó en segundo debate el proyecto de
ley, según consta en el Acta de Sesión Plenaria núm. 062 del 31 de julio de
2007, previo anuncio realizado el día 25 de julio de 2007, de conformidad con
el Acta núm. 061 Gaceta del Congreso núm. 419 del 30 de agosto de 20007.
6.1.2. Trámite en el Senado de la
República.
El 22 de Noviembre de 2007, ante la
Comisión Sexta del Senado, los Senadores Jorge
Hernando Pedraza, Plinio Olano Becerra, Alexánder López, Juan Manuel Corzo
Román, Carlos Ferro Solanilla, Carlos Julio González Villa, Oscar Jesús Suárez
Mira y Gabriel Acosta Bendeck, presentaron el texto del “INFORME DE
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 087 DE 2007 SENADO, 012 DE 2006
CÁMARA”, texto publicado en la Gaceta del Congreso número 637
del 6 de Diciembre de 2007. El anuncio para votación en Comisión figura en el
Acta de Comisión núm. 31 de la sesión del día 27 de mayo de 2008, publicado en la
Gaceta del Congreso núm. 518 de 2008. Finalmente, el
texto fue aprobado entre los días 28 de mayo, 3 y 4 de junio de 2008, tal y
como aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 335 de 2008.
El 6 de junio de 2008 se presentó el texto del “INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY
087 DE 2007 SENADO, 012 DE 2006 CÁMARA”, el cual aparece
publicado en la Gaceta del Congreso número 335 del 9 de
junio de 2008.
La aprobación en Plenaria de Senado tuvo lugar el 17 de junio de 2008
publicada en la Gaceta del Congreso núm.  504 del 5 de agosto de
2008.
6.1.3. Comisión Accidental de Conciliación.
Dado que se presentaron discrepancias entre los textos aprobados
en Plenarias de Cámara y Senado, se decidió la conformación de una Comisión
Accidental de Conciliación, integrada por la
Representante Gloria Stella Díaz Ortiz y el Senador Jorge Hernando Pedraza,
quienes el 17 de junio de 2008 rindieron su “INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 087 DE 2007 SENADO, 012 DE
2006 CÁMARA”, el
cual aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 377 del 18
de junio de 2008. Según los congresistas “Habiendo estudiado los textos aprobados por las respectivas
Plenarias de las Cámaras, hemos decidido acoger como texto definitivo el
aprobado por la Plenaria del honorable Senado de la
República el día 17 de junio de 2008 y el cual adjuntamos al presente informe
de conciliación”.
En cuanto a la Cámara de Representantes se tiene que en la
Gaceta del Congreso núm. 379 de 2008 se encuentra publicado el
informe de conciliación y el texto conciliado. A su vez, en la
Gaceta del Congreso núm. 424 de 2008, se encuentra publicada el
Acta de la Sesión Plenaria núm. 119 de 18 de junio de 2008, correspondiente al
anuncio previo a la votación del informe de conciliación del proyecto de ley
referenciado.
Así mismo, en la Gaceta del Congreso núm. 501 de 2008 se
encuentra publicada el Acta de Sesión Plenaria núm. 120 del 19 de junio de 2008,
correspondiente a la votación del informe de conciliación del proyecto de ley.
6.1.4. Objeciones presentadas por el Presidente de la
República y trámite de las mismas en la Cámaras.
6.1.4.1. Presentación de las objeciones.
El 21 de
julio de 2008, el Presidente de la
República presentó ante la Cámara de Representantes un escrito contentivo de
unas razones de objeciones por inconveniencia e inconstitucionalidad,
relacionadas con el proyecto de ley número No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”.
6.1.4.2. Conformación de la
Comisión Accidental encargada de examinar el contenido de las objeciones.
En cumplimiento de la
Constitución, el Congreso conformó una Comisión Accidental encargada de
examinar el contenido de las objeciones presidenciales, de la siguiente manera:
el Presidente del Senado designó a los Senadores Jorge Hernando Pedraza, Oscar
Suárez Mira, Gloria Stella Díaz y Carlos Julio González; aquél de la
Cámara, nombró a Alonso Acosta y Fabio Armin.
Los congresistas decidieron lo siguiente, de conformidad con
documento que reposa en el cuaderno de pruebas principal, folios 25
a 50:
“Síntesis.
En
síntesis, sobre las objeciones presentadas por el ejecutivo, las comisiones
accidentales de Senado y Cámara, proponemos:
1.
En cuanto a la
Primera Objeción:
Acogemos la
objeción presentada por el Ejecutivo.
2. En
cuanto la Segunda Objeción, referida a los artículos 4° y 6° del proyecto.
Con el
propósito de superar las objeciones presentadas, proponemos los siguientes textos,
respecto de los artículos 4° y 6° del proyecto:
Artículo 4º.
El artículo 17 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo
17. Otorgamiento. La licencia de conducción será otorgada por primera vez a
quien cumpla con todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este
código, por la entidad pública o privada autorizada para el efecto por el
organismo de tránsito en su respectiva jurisdicción.
El formato
de la licencia de conducción será único nacional, para lo cual el Ministerio de
Transporte establecerá la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de
control correspondiente.
Las nuevas
licencias de conducción contendrán, como mínimo, los siguientes datos: nombre
completo del conductor, número del documento de identificación, huella, tipo de
sangre, fecha de nacimiento, categoría de licencia, restricciones, fecha de
expedición y organismo que la expidió.
Dentro de
las características técnicas que contendrán las licencias de conducción se
incluirán, entre otros, un código de barra bidimensional u otro dispositivo
electrónico, magnético u óptico con los datos del registro que permita la
lectura y actualización de estos. Las nuevas licencias de conducción deberán
permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular
de conformidad con las normas de ley vigentes sobre la materia, sin costo
alguno.
Parágrafo
1º. Al titular de la licencia de conducción de cualquier categoría, se le
asignará un total de doce (12) puntos, los cuales serán reducidos o recuperados
de acuerdo con su comportamiento, como conductor, de conformidad con lo
establecido en este código.
Parágrafo
2º. Quien actualmente sea titular de una licencia de conducción, que no cumpla
con las condiciones técnicas establecidas en el presente artículo y en la
reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte, deberá
sustituirla en un término de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la
promulgación de la presente ley, de conformidad con lo previsto por el artículo
15 de la Ley 1005 de 2006. Para tal efecto, deberá presentar paz y salvo por
infracciones de tránsito y el certificado indicado en el artículo 19 del
presente código.
Parágrafo
3º. Para garantizar la gratuidad del cambio de licencias se autoriza a los
organismos de tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual a 1 salario
mínimo, legal diario vigente (SMDV), por cada licencia expedida, de los
recursos que obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por
concepto de especies venales.
Acogemos parcialmente
las objeciones del Ejecutivo, e insistimos en la redacción del parágrafo 3° del
artículo 4° del proyecto.
Artículo 6º.
El artículo 22 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 22.
Vigencia de la licencia de conducción. Las licencias de conducción para
vehículos de servicio diferente al público, tendrán una vigencia indefinida. No
obstante, cada cinco (5) años, el titular de la licencia deberá refrendarla,
para lo cual se practicará un nuevo examen de aptitud física, mental y de
coordinación motriz, que permitirá establecer que se mantienen las aptitudes
requeridas para conducir.
Las licencias
de conducción para vehículos de servicio público tendrán una vigencia de tres
(3) años, al cabo de los cuales se solicitará su refrendación, presentando un
nuevo examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, y el registro
de información o certificado en el que conste que se encuentra al día por
concepto de pago de multas por infracciones a las normas de tránsito,
debidamente ejecutoriadas.
Parágrafo.
Todos los conductores de servicio público mayores de sesenta (60) años deberán
refrendar su licencia de conducción anualmente, demostrando mediante el
respectivo examen, su aptitud física, mental y de coordinación motriz. De igual
manera lo harán cada tres (3) años los conductores de servicio diferente al
público, a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad.
En los
términos indicados, acogemos las objeciones presentadas por el Ejecutivo.
3. En cuanto a la tercera Objeción presentada por el ejecutivo:
En los
términos indicados, rechazamos las objeciones presentadas por el Ejecutivo e
insistimos en la aprobación de los artículos propuestos en el proyecto de ley.
4. En
cuanto a la Cuarta Objeción presentada por el ejecutivo.
Con el
propósito de superar la objeción presentada por el Ejecutivo proponemos
el siguiente texto:
Artículo
11. El artículo 51 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo
51. Revisión periódica de los vehículos. Todos los vehículos automotores, deben
someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
Los vehículos de servicio particular, se someterán a dicha revisión cada dos
(2) años durante sus primeros seis (6) años contados a partir de la fecha de su
matrícula; las motocicletas lo harán anualmente.
La revisión
estará destinada a verificar:
1. El
adecuado estado de la carrocería.
2. Niveles
de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación
vigente sobre la materia.
3. El buen
funcionamiento del sistema mecánico.
4. Funcionamiento
adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
5.
Eficiencia del sistema de combustión interno.
6.
Elementos de seguridad.
7. Buen
estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este
opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles
permitidos.
8. Las
llantas del vehículo.
9. Del
funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
10. Del
buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la
prestación del servicio público.
En los
términos indicados, acogemos la objeción presentada por el Ejecutivo.
5. En cuanto a la Quinta objeción presentada por el Ejecutivo:
En los
términos indicados, excluimos del proyecto el parágrafo del artículo 15,
acogiendo la objeción presentada por el Ejecutivo.
6. En cuanto a la Sexta objeción presentada por el Ejecutivo:
En los
términos anteriormente indicados, insistimos en la aprobación del artículo
propuesto en el proyecto.
7. En cuanto a la
Séptima objeción presentada por el Ejecutivo.
Con el
propósito de superar la objeción presentada por el Ejecutivo proponemos
el siguiente texto:
Artículo
17. El artículo 93 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo
93. Control de Infracciones de Conductores. Los organismos de tránsito deberán
reportar diariamente el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por
infracciones de tránsito las infracciones impuestas, para que este a su vez,
conforme y mantenga disponible para el Registro Unico Nacional de Tránsito
RUNT.
Se
establece el siguiente sistema de puntos:
Por cada
infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos
Por cada
infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos
Por cada
infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos
Parágrafo
1º. La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a
las empresas de transporte público terrestre automotor, que tengan en ejercicio
a conductores con licencia de conducción suspendida o cancelada.
Parágrafo
2º. Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer
programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los
conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las
empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado
serán sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a cien salarios
mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv).
En los
términos anteriormente indicados, acogemos la objeción presentada por el
Ejecutivo, ajustando la redacción y aceptando la exclusión del parágrafo 3° del
artículo 17 del proyecto.
8. En cuanto a la Octava objeción presentada por el Ejecutivo:
En los
términos indicados, insistimos en la aprobación del artículo propuesto en el
proyecto de ley.
9. En cuanto a la Novena objeción presentada por el
Ejecutivo:
Referidas las objeciones a dos aspectos fundamentales
tenemos:
Referente al parágrafo 2° del artículo 24 del proyecto.
En los términos indicados, insistimos en la aprobación del
parágrafo 2° del artículo 24 del proyecto, con las modificaciones incorporadas
y reproducidas a continuación.
Referente al texto restante del artículo 24 del proyecto, con el propósito de superar la objeción presentada por el
Ejecutivo proponemos los siguientes textos:
Artículo 22. El artículo 135 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una
contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente
para imponer el comparendo:
Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al
conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse
ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.
Para el servicio además se enviará por correo dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del
vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.
La orden de comparendo deberá estar firmada por el
conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a
firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá
identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte,
dirección de domicilio y teléfono si lo tuviere.
No obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán
contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar
la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar
y la hora. En tal caso se enviará por correo dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario quien estará
obligado al pago de la multa. Para el servicio público además se enviará por
correo dentro de este mismo término copia del comparendo y sus soportes a la
empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.
El Ministerio de Transporte determinará las características
técnicas del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de
reparto. En este se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un
apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se
decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además
proveer el espacio para consignar la dirección del inculpado o del testigo que
lo haya suscrito por este.
Parágrafo 1º. La autoridad de tránsito entregará al
funcionario competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo,
dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo,
so pena de incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la
entrega de esta copia se hará por conducto del comandante de la ruta o del
comandante director del servicio.
Parágrafo 2º. Los organismos de tránsito
podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin
de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las
multas.
Artículo 24. El artículo 136 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 136. Reducción de la
Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la
comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación
administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa
dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, o podrá cancelar
el setenta y cinco
por ciento (75%) del valor de la multa, si
paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo. En este
último caso, deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de
tránsito en el Centro Integral de Atención, donde cancelará un veinticinco por
ciento (25%) y el cincuenta (50%) restante lo pagará al organismo de tránsito.
Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes
indicadas, el contraventor deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus
correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado rechaza la comisión de la
infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que
este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio
que considere útiles. En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán
las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado
contraventor, se le impondrá el ciento por ciento (100%) del valor de la multa
prevista en este código.
Si el inculpado no compareciere sin justa
causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad
de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción seguirá el
proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia
pública y notificándose en estrados.
Los organismos de tránsito de manera
gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán
establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa y la
comparecencia podrá efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares donde existan
inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán
imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se
haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la entrada en
vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los
conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito, podrán
acogerse al descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa y de
los intereses.
10. En cuanto a la
Décima objeción presentada por el Ejecutivo:
En los términos anteriormente indicados insistimos en la
aprobación del artículo propuesto en el proyecto de ley.
En los términos antes indicados, conjuntamente los miembros
de las comisiones accidentales de Senado y de Cámara de Representantes
presentamos el informe a las objeciones presentadas
por el Ejecutivo al Proyecto de ley 012
de 2006 Cámara -087 de 2007 Senado, por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones.
y solicitamos a los honorables Congresistas su aprobación.
Cordialmente,
Jorge Hernando Pedraza, Carlos Julio
González, Oscar Suárez Mira, Senadores
de la República; Alonso Acosta,
Gloria Stella Díaz, Fabio Amín,
Representantes a la Cámara.
6.1.4.3. Anuncio y votación del informe sobre objeciones en la
Plenaria de la Cámara de Representantes.
En la Gaceta del Congreso núm. 885 de 2008, se
encuentra publicado el texto del informe de la
Comisión Accidental sobre las objeciones presidenciales.
En cuanto al anuncio previo a la votación en Plenaria, el Secretario
General de la Cámara certificó lo siguiente:
“Respecto al Acta de la
Sesión Plenaria núm. 156 de Diciembre 9 de 2008, sobre el anuncio previo
a la aprobación en Plenaria del Informe de Comisión Accidental de las
Objeciones Presidenciales del Proyecto de Ley en mención, me permito informarle
que ésta se encuentra en estado de elaboración en Sección de Relatoría, una vez
esta Secretaría cuente con un ejemplar de la
Gaceta del Congreso correspondiente lo estaremos remitiendo a esa Honorable
Corporación”.
Por otra parte, en cuanto a la
Sesión Plenaria núm. 157 del 10 de Diciembre de 2008, referente a la aprobación
del mencionado informe, el Secretario General de la
Cámara remitió el texto en medio magnético “lo anterior por cuanto no ha
sido remitida por la Imprenta Nacional a esta Corporación la
Gaceta del Congreso correspondiente”.
Ahora bien,
revisado el correspondiente medio magnético, se encontró que en la mencionada
Acta de Plenaria aparece que efectivamente fue aprobado el informe sobre las
objeciones presidenciales, en los siguientes términos:
“Secretario
General Doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.
Informe de objeciones al proyecto de ley, “por la cual se reforma la
ley 769 de 2002, código nacional de tránsito”. Publicado en la
Gaceta del Congreso 885 de 2008.
El informe de objeciones es como sigue, “en los términos antes
indicados, insistimos en la aprobación del articulado propuesto, en los
términos antes indicados, conjuntamente los miembros de las Comisiones
accidentales de Senado y Cámara, presentamos el informe a las objeciones
presentadas por el ejecutivo al proyecto de ley por la cual se reforma la ley
769 de 2002, código nacional de tránsito y se dictan otras disposiciones, y
solicitamos a los Honorables Congresistas, su aprobación”. Ha sido leído el
informe señor Presidente.
Dirección de la
Sesión por la Presidencia Doctor Lidio Arturo García Guzmán
En consideración, el informe de objeción leído, se abre su
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado ¿Lo aprueba la
Cámara?
Secretario
General Doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.
Aprobado el informe de objeciones.
6.1.4.4. Anuncio y votación del informe sobre objeciones en la
Plenaria del Senado de la República.
El texto de las objeciones presidenciales por razones de
inconstitucionalidad se encuentran publicadas en la
Gaceta del Congreso núm. 431 del miércoles 23 de julio de 2008.
A su vez, el texto del Informe de la
Comisión Accidental que estudió las objeciones presidenciales se encuentra
publicado en la Gaceta del Congreso núm. 882 del miércoles 3 de
Diciembre de 2008.
En cuanto al anuncio y votación en Plenaria del Senado, el
Secretario General en su informe sobre “sustanciación informe de objeciones”
certificó lo siguiente:
“En sesión Plenaria del H. Senado de la
República del día martes (09) de Diciembre del año dos mil ocho (2008),
fue considerado y aprobado el informe suscrito por los Honorables Senadores
JORGE HERNANDO PEDRAZA, CARLOS JULIO GONZÁLEZ, OSCAR SUAREZ MIRA, miembros de la
Comisión Accidental para rendir informe sobre las objeciones por
inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley No. 087 de
2008 Senado, 012 de 2006 Cámara “POR LA
CUAL SE REFORMA LA LEY 769 DE 2002 (Código Nacional de Tránsito) Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”, según Acta de la
Sesión Plenaria No. 34, previo anuncio en Sesión Plenaria del 08 de
Diciembre de 2008, según consta en el Acta No. 33. El informe fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 882 de 2008”.
En cuanto a la votación del informe de las objeciones
presidenciales, el Secretario General del Senado certifica que “se encuentra
pendiente de publicar por razones administrativas”.
6.1.4.5. Auto núm. 090 de Sala Plena del 24 de Febrero de 2009.
Tal y como se explicó, en lo que respecta a la
Cámara de Representantes, como se indicó, el Secretario General
certificó que el anuncio previo a votación en Plenaria constaba en el Acta núm.
156 de Diciembre 9 de 2008, pero que la misma se encontraba “en estado de elaboración
en Sección de Relatoría”. A su vez, en cuanto a la votación, se aportó en medio
magnético el texto de la Acta  de Sesión Plenaria núm. 157 del 10 de Diciembre
de 2008, sin que se aporte la Gaceta correspondiente por cuanto “no ha sido
remitida por la Imprenta Nacional a esta Corporación”.
Por su parte, en cuanto al Senado de la
República, su Secretario General certificó que durante la sesión Plenaria
del día martes (09) de Diciembre del año dos mil ocho (2008), fue considerado y
aprobado el informe  de la respectiva Comisión, en tanto que el anuncio previo
se presentó en Sesión Plenaria del 08 de Diciembre de 2008, según consta en el
Acta No. 33. Sin embargo, no aporta las respectivas Gacetas, por cuanto las
mismas “se encuentra pendiente de publicar por
razones administrativas”.
Dadas las anteriores deficiencias probatorias, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto del 24 de Febrero de 2009, decidió lo siguiente:
“Primero. ABSTENERSE DE DECIDIR, mientras no se cumplan los presupuestos
constitucionales y legales requeridos para hacerlo.
Segundo.- ORDENAR
que el presente auto se ponga en conocimiento de los Presidentes del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes, con el fin de que sean
enviadas a la Corte Constitucional las correspondientes Actas y Gacetas del
Congreso necesarias para poder determinar, con base en las pruebas pertinentes,
si para la aprobación del informe de objeciones presidenciales se cumplió con
el procedimiento establecido.
Tercero.- Apremiar a los Secretarios Generales del Senado de la
República y la Cámara de Representantes para que acopien todos los documentos
requeridos y dispongan que sean enviados a esta Corporación, dentro de los tres
(3) días siguientes a la publicación de las actas en las Gacetas del Congreso.
Cuarto. Una vez el Magistrado Sustanciador
verifique que las anteriores pruebas han sido adecuadamente aportadas se
continuará el trámite de las objeciones presidenciales al proyecto de Ley No.
012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras
disposiciones”.
6.2. Examen de
constitucionalidad respecto a las pruebas aportadas por el Congreso de la
República, en cumplimiento del Auto núm. 090 de 2009.
6.2.1. Cámara de Representantes.
Mediante escrito radicado el 17 de marzo de 2009 ante la
Secretaría General de la Corte, el Secretario General de la
Cámara de Representantes aportó el texto de la
Gaceta del Congreso núm. 36 de 2009, en la cual se encuentra
publicada el Acta de Plenaria núm. 157 del 10 de Diciembre de 2008, en
cual aparece aprobado el Informe de Objeciones Presidenciales del Proyecto de
Ley número 012/06 Cámara- 087/07 Senado.
Posteriormente, en documento radicado el 24 de marzo de 2009, el
mismo funcionario aportó el texto de la
Gaceta del Congreso núm. 102 de 2009, en la cual se halla
publicada el Acta de Plenaria núm. 156 de Diciembre 9 de 2009, contentiva del
anuncio para votación, en los siguientes términos:
“Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza. Informa:
Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del día
mañana 10 de Diciembre o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se
debatan proyecto de ley o actos legislativos, esto de acuerdo con al Acto
Legislativo número 1 de julio 3 de 2003:
“Proyecto de ley número 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)
En cuanto al quórum de la
Sesión Plenaria del 10 de diciembre de 2009, según consta en el texto de la
Gaceta del Congreso núm. 36 del 16 de Febrero de 2009, pp. 2 y 3, asistieron
142 representantes.
De igual manera, en cuanto al requisito constitucional del anuncio
previo, la Corte advierte que se cumplió por cuanto éste tuvo lugar el día 9 de
Diciembre de 2008, habiendo sido la “próxima sesión”, aquella del día
siguiente (10 de Diciembre de 2008), momento en el cual efectivamente fue
aprobado el informe de objeciones presidenciales.
En este orden de ideas, la Corte considera que no se presentó vicio
alguno en relación con la aprobación del informe de objeciones presidenciales
en la Cámara de Representantes.
6.2.2. Senado de la
República.
Mediante escrito radicado el 3 de Abril de 2009, el Secretario
General del Senado de la República, aportó el texto de la
Gaceta del Congreso núm. 149 de 2009, publicada el 19 de marzo
de 2009, en la cual figura el texto del Acta de Plenaria núm. 33 del 9 de
Diciembre de 2008, contentiva de la discusión y aprobación del informe de
objeciones presidenciales.
En cuanto al quórum, de la lectura de la
Gaceta del Congreso núm. 149 del 19 de marzo de 2009, pp. 2 y 3, asistieron a
la mencionada Sesión Plenaria, un total de 97 senadores.
De igual manera, mediante documento fechado 15 de abril de 2009, el
citado funcionario, aportó el texto de la
Gaceta del Congreso núm. 148 del jueves 19 de marzo de 2009,
contentiva del Acta de Sesión Plenaria núm. 32 del 3 de Diciembre de 2008, en
la cual figura el anuncio de votación “para la próxima sesión”.
En lo que atañe al cumplimiento del requisito constitucional del
anuncio previo, la Corte constata que se cumplió por cuanto el proyecto fue
anunciado durante la sesión del 3 de Diciembre de 2008 para ser votado “la
próxima sesión”, la cual tuvo lugar efectivamente el día 9 de Diciembre del
mismo año.
Advierte entonces la Corte que, al igual que lo sucedido en la
Cámara de Representantes, ante el Senado tampoco se presentó vicio de
procedimiento alguno referente a la aprobación del informe de objeciones
presidenciales.
VII. EXAMEN MATERIAL DE LAS OBJECIONES PRESIDENCIALES.
A. PRIMERA OBJECIÓN PRESIDENCIAL.
1. Objeción presidencial por inconstitucionalidad del parágrafo 3º
del artículo 3º
Se sostiene que el parágrafo 3º del artículo 3º del proyecto de ley,
al señalar que “Los excedentes financieros del
Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de
Tránsito, serán destinados en señalización turística del país por la entidad
administradora del sistema”, viola los principios
de consecutividad e identidad, en los términos del artículo 157 Superior.
Al respecto, se aclara que la norma objetada fue incluida en la
ponencia para segundo debate en el Senado de la
República, “sin haber tenido discusión previa alguna en ninguna de las
Comisiones Sextas Permanentes de cada una de las Cámaras, ni en la
Plenaria de la Cámara de Representantes”.
De igual manera, se argumenta que la disposición desconoce el
artículo 151 Superior, en la medida en que viola el artículo 47 de la
Ley 179 de 1994, compilado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111
de 1996), en su artículo 101, el que estipula que “pertenecen a la
Nación los rendimientos obtenidos por el Sistema de Cuenta Única Nacional, así
como de los órganos públicos o privados con los recursos de la
Nación con excepción de los que obtengan los órganos de previsión social”.
Así las cosas, se tiene que los recursos provenientes del cobro de
multas y sanciones de tránsito son un ingreso corriente, esto es, son dineros
públicos de propiedad de la Nación, que el legislador cedió a las entidades
territoriales. En esa medida, explica que establecer que un particular, en
concreto la Federación Colombiana de Municipios, quien invierta los excedentes
financieros de tales recursos en un fin determinado, contraría el artículo 101
del decreto 111 de 1996, pues “dichos recursos son propiedad de la
Nación, por lo tanto, sus excedentes deben entrar al Tesoro Nacional para su
disposición”.
En conclusión señala que “el parágrafo 3 del artículo 3 del
proyecto de ley viola el artículo 101 del decreto 111 de 1996, Estatuto
Orgánico del Presupuesto, y en esa medida, contraviene lo dispuesto en el
artículo 151 de la Carta Política al señalar que los recursos financieros del
SIMIT deben ser destinados a señalización turística y, por consiguiente, no
deben ser devueltos al Tesoro”.
2. Postura asumida por el Congreso de la
República.
En lo que concierne a la supuesta violación a los principios de
consecutividad e identidad, los congresistas se oponen señalando lo siguiente:
“Dicha objeción no guarda relación con la realidad, por cuanto en la
trascripción del debate de la comisión VI de Senado, del día 4 de junio del año
en curso, aparece con vertical claridad, en la última intervención de dicha
sesión realizada por el Senador Oscar Suárez Mira, que éste solicitó la
modificación del artículo 5 de la Ley 769, introduciendo un nuevo parágrafo con
el texto “Los excedentes financieros del Sistema Integrado de Información de
Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, serán destinados en
señalización turística del país por la entidad administradora del sistema. Tal
cual aparece en la ponencia para segundo debate, como en el parágrafo 3 del
artículo 5 sobre el tema de señalización”.
Por el contrario, en relación con la violación del artículo 151
Superior, los congresistas reconocen que efectivamente lo contraviene, “por
cuanto viola el artículo 46 de la ley 179 de 1994 y el artículo 101 del Decreto
111 de 1996; así como tenemos que los recursos provenientes del cobro de multas
por sanciones de tránsito constituyen un ingreso corriente, siendo en
consecuencia estos dineros de naturaleza pública y de propiedad de la
Nación que el legislador cedió a las entidades territoriales y en consecuencia
dichos excedentes no pueden ser invertidos por una entidad diferente a la
Nación”.
Así las cosas, “en los términos antes indicados, acogemos la
objeción presentada por el Ejecutivo”.
2. Concepto de la Vista Fiscal.
La
Vista Fiscal no se pronunció en relación con la objeción presidencial
presentada contra el parágrafo 3º del artículo 3º del proyecto de ley. En
efecto, al momento de rendir el respectivo concepto, (núm. 4707) la
Procuraduría afirma que el mismo versará sobre lo siguiente:
“Mediante
oficio de fecha 23 de enero de 2009, el Presidente del Senado de la
República remitió al Procurador General de la
Nación copia del Proyecto de ley de la referencia, una vez surtido el trámite
de insistencia de aprobación por las dos cámaras legislativas a las objeciones
por inconstitucionalidad formuladas por el Presidente de la
República a los parágrafos 2º y 3º del artículo 4, numeral 4 y el parágrafo 2º
del artículo 5, parágrafo 2 del artículo 8, artículo 11, inciso primero del
artículo 13, artículo 17, parágrafo 2 del artículo 24, y el artículo 27, todos
del Proyecto de ley 87 de 2007 Senado, 12 de 2006, Cámara. Dicha copia fue
radicada en la Oficina de Correspondencia de la
Procuraduría General de la Nación el día 3 de febrero de 2009.
3. Solución al caso concreto por parte de la
Corte Constitucional.
3.1. Texto de la norma objetada.
El parágrafo 3º del artículo 3º del proyecto de ley dispone lo
siguiente:
“Los excedentes financieros del Sistema
Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito,
serán destinados en señalización turística del país por la entidad
administradora del sistema”.
3.2. Problema jurídico planteado.
El Presidente de la
República objetó por inconstitucional el parágrafo 3º
del artículo 3º del proyecto de ley, planteando los siguientes cargos de inconstitucionalidad:
Primer cargo: violación de los principios
de consecutividad e identidad, en los términos del artículo 157 Superior, por
cuanto la norma objetada habría sido incluida en la ponencia para segundo
debate en el Senado de la República, “sin haber tenido discusión previa
alguna en ninguna de las Comisiones Sextas Permanentes de cada una de las
Cámaras, ni en la Plenaria de la
Cámara de Representantes”.
Segundo cargo: vulneración del
artículo 151 Superior, en la medida en que la expresión desconoce el contenido
del artículo 47 de la Ley 179 de 1994, compilado en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto (Decreto 111 de 1996), en su artículo 101, el que estipula que “pertenecen
a la Nación los rendimientos obtenidos por el Sistema de Cuenta Única Nacional,
así como de los órganos públicos o privados con los recursos de la
Nación con excepción de los que obtengan los órganos de previsión social”.
El Congreso de la
República rechazó la primera objeción presidencial, referente al trámite
formal del proyecto de ley, pero acogió la segunda, es decir, aquella de
contenido material. En efecto, en el texto del informe sobre las objeciones se
lee lo siguiente:
“Síntesis.
En
síntesis, sobre las objeciones presentadas por el ejecutivo, las comisiones
accidentales de Senado y Cámara, proponemos:
1. En cuanto a la
Primera Objeción:
Acogemos la
objeción presentada por el Ejecutivo.
3.3. Solución del caso concreto.
En el caso concreto, la Corte considera que procede  un fallo
inhibitorio por carencia actual de objeto. En efecto, esta
Corporación ha considerado que "la insistencia de las Cámaras"
es un presupuesto de procedibilidad, para que la
Corte tenga competencia en el análisis de exequibilidad del proyecto objetado.
Si aquél falta, en todo o en parte, deberá entenderse que dicho proyecto fue
archivado total o parcialmente, de acuerdo al artículo 200 de la ley 3a
de 1992[10].
De igual manera, en un caso semejante, referido al examen de unas objeciones
presidenciales sobre el proyecto de Ley 04 de 1998 Senado y 114 Cámara de
Representantes, "Por la cual el Gobierno Nacional adjudica un inmueble
con destino a la casa sede los veteranos de guerra de Corea y el conflicto militar
con el Perú y se dictan otras disposiciones", la
Corte en sentencia C- 923 de 2000 consideró lo siguiente:
“En primer
lugar, es necesario tener en cuenta que el Congreso de la
República acogió las objeciones presidenciales respecto de los
artículos 8 y 9 del proyecto en referencia, y decidió adecuar la redacción de
los artículos 6, 7 y 11 "para ajustarlos a la
Carta". Así, pues, el legislador sólo manifestó su desacuerdo en relación
con las objeciones formuladas contra los artículos 2, 3, 4 y 10 del proyecto.
En consecuencia, el estudio de constitucionalidad a cargo de esta Corporación
deberá restringirse solamente a los citados cánones. (negrillas y
subrayados agregados).
Así las
cosas, dado que el Congreso de la
República finalmente acogió las objeciones presidenciales, si bien no por
razones de forma sino de fondo, ha desaparecido la controversia suscitada entre
ambas Ramas del Poder Público, y por ende, procede en este caso un fallo
inhibitorio por carencia actual de objeto.
En efecto, téngase presente que el Congreso estimó que no se
habían vulnerado los principios constitucionales de consecutividad e identidad
de materia al momento de aprobar el parágrafo 3º del artículo 3º del proyecto
de ley, pero admitió que el mismo desconocía lo establecido en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, motivo por el cual, finalmente, acogió la objeción
presidencial. De tal suerte que, a la fecha, no se cuenta con uno de los
presupuestos constitucionales necesarios para que la
Corte adopte un fallo de fondo, por carencia actual de objeto.
Así las cosas, la Corte se declarará inhibida  para proferir
un fallo de fondo en relación con el parágrafo 3º del artículo 3º del proyecto
de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se
reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras
disposiciones”, por carencia actual de objeto.
B. SEGUNDA OBJECIÓN PRESIDENCIAL.
1. Objeción por inconstitucionalidad e inconveniencia del inciso
4º y de los parágrafos 2 y 3 del artículo 4, así como del inciso 2 del artículo
6.
Según el Presidente de la República, el
inciso 4º y los parágrafos 2 y 3 del artículo 4 del inciso 2, al igual que el
inciso 2º del artículo 6 del proyecto de ley presentan graves inconsistencias
en lo relacionado con el proceso de renovación de la licencia de conducción, “que
hacen imposible su aplicación generando inseguridad jurídica para el
destinatario de la norma”.
Al respecto, señala que el parágrafo  2 del artículo 4 del proyecto
de ley determina que “Quien actualmente sea
titular de una licencia de conducción, que no cumpla con las condiciones
técnicas establecidas en el presente artículo y en la reglamentación que para
tal efecto expida el Ministerio de Transporte, deberá sustituirla en un término
de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la promulgación de la
presente ley, de conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la ley 1005
de 2006.”,
por su parte, el inciso cuarto del artículo 4º señala que “Las licencias de conducción, que no
cuenten con estos elementos de seguridad, deberán ser renovadas de acuerdo con
la programación que expida el Ministerio de Transporte al respecto, en un
periodo de 4 años, contados a partir de la implementación del Registro Unico
Nacional de Tránsito, RUNT”.
Al respecto, explica que si bien es cierto que el término de 4
años coincide en ambas disposiciones, el momento a partir del cual comienza a
contabilizarse el tiempo difiere en uno y otro caso, toda vez que el parágrafo
del artículo 3º dispone que este se debe contar “a partir de la promulgación
de la presente ley”, mientras que el inciso cuarto del artículo 4 determina
que se debe hacer “a partir de la implementación del registro único de
tránsito, RUNT”.
Las anteriores circunstancias, “ponen en un estado de incertidumbre
tanto al usuario como a la administración, toda vez que la existencia de
contradicciones en el articulado del CNTT genera inestabilidad jurídica y, por
consiguiente, resultan totalmente inconvenientes”.
Así
mismo, señala que el parágrafo 3 del mismo artículo 4º del proyecto de ley que
señala que “Para garantizar la gratuidad del cambio de licencias se autoriza
a los organismos de tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual a 1
salario mínimo, legal diario vigente (SMDV), por cada licencia expedida, de los
recursos que obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por
concepto de especies venales”, también es inconstitucional por vicios de
procedimiento, toda vez que transgrede el artículo 157 Superior, y por la misma
vía, el artículo 147 de la Ley 5ª de 1992.
Sobre
el particular, aclara que “el parágrafo en mención fue introducido en las
modificaciones propuestas para segundo debate en el Senado, siendo aprobado en
dicho debate, sin que hubiera existido discusión alguna sobre la posibilidad de
descontar dineros de las transferencias que al Ministerio de Transporte hacen
los organismos de tránsito por concepto de especies venales. En ninguna de las
Gacetas en que fueron publicados el proyecto, las ponencias para primer debate en
las Comisiones Sextas Constitucionales de ambas Cámaras y los textos aprobados
por ellas, así como en la que se publicó la ponencia para segundo debate en la
Cámara de Representantes y el texto aprobado por la
Plenaria contienen texto alguno que equivalga al contenido material del
parágrafo tercero aquí acusado”.
Así
las cosas, según el Presidente de la República, puede afirmarse que la
inclusión de dicho texto en el cuarto debate constituye una violación a los
principios de consecutividad e identidad.
A
manera de conclusión se afirma lo siguiente “el parágrafo 3 del artículo 4
del proyecto de ley es inconstitucional en la medida en que en su formación se
violaron los principios de identidad y consecutividad, toda vez que dicho
parágrafo se adicionó en el último debate, sin haber sido siquiera discutido ni
en las respectivas Comisiones Sextas Constitucionales de cada Cámara, ni en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, en segundo debate”.
2. Postura asumida por el Congreso Nacional.
Frente al argumento
del Presidente de la República según el cual “El contenido del inciso
4° y del parágrafo 2° del artículo 4° y el inciso 2° del artículo 6° del
proyecto presentan graves inconsistencias en lo relacionado con el proceso de
renovación de la licencia de conducción que hacen imposible su aplicación
generando inseguridad jurídica para el destinatario de la norma.”, los
congresistas estimaron que la objeción presidencial se dirigía realmente
contra dos artículos, esto es, los artículos 4º y 6º .
Así las cosas, en relación con el
artículo 4º del proyecto de ley, los congresistas consideraron lo siguiente:
“Encontramos que efectivamente existe una contradicción,
por cuanto el citado artículo introduce nuevas características técnicas a las
licencias de conducción, produciendo en consecuencia la obligación para los
ciudadanos de cambiarlas con el propósito de adaptarlas a dichas condiciones,
mas sin embargo sobre esto último existen dos disposiciones contrarias entre
sí, así, el párrafo 4 del artículo 4° indica que los ciudadanos tendrán un
plazo de 4 años a partir de la implementación del Runt y el parágrafo 2°,
indica que el plazo para dicha adaptación a las nuevas características
técnicas, será de 4 años a partir de la promulgación de la ley.
“Así las cosas, y con el propósito
de subsanar el texto objetado, la comisión propone el texto que más adelante se
indicará. (negrillas agregadas).
Frente
al segundo argumento del Ejecutivo según el cual es inconstitucional el parágrafo 3° del mismo artículo 4° por vicios de procedimiento, toda
vez que “transgrede el artículo 157 del Estatuto Superior y por la misma vía
el artículo 147 de la Ley 5a de 1992. Dicho texto, se incluyó en el
cuarto debate del proyecto de ley, esto es, para el segundo debate en el
Senado de la República, se violaron tanto el principio de consecutividad como
el principio de identidad, ampliamente estudiados, explicados y reiterados por la
Corte Constitucional”, los congresistas se oponen argumentando lo
siguiente:
“Dicho argumento no
corresponde a la realidad
de lo ocurrido en el debate del proyecto en la comisión VI del Senado, por
cuanto en la trascripción del día 3 de junio, aparece con vertical claridad, lo
siguiente:
Honorable
Senador Plinio Edilberto Olano Becerra: Senador Carlos, nosotros tenemos
que garantizar la gratuidad; esa fue una discusión muy grande que se dio en la
Ley 1005 y hasta hoy el Gobierno Nacional ha sido incapaz de determinar quién
va a asumir ese costo; yo los invito a que se lo determinemos inmediatamente y
sería agregándole, honorables Senadores, un parágrafo a) o no un parágrafo,
sino un párrafo al artículo que diga lo siguiente: Para garantizar la
gratuidad, autorícese a los organismos de tránsito a descontar hasta un salario
mínimo diario vigente de los recursos que ellos tienen que cancelar por efecto
del pago de las especies venales. Resulta que de cada 100 pesos que se pagan
por ese tema, 35 pesos cuestan las especies venales que cobra el Ministerio,
entonces el Ministerio que no gaste más buscando de dónde sacar los recursos
para pagar las licencias, sino que de aquí autoricemos a los organismos de
tránsito, que son los que expiden la licencia, a que descuente del pago de las
especies venales hasta un salario mínimo, que es algo así como 15.000 pesos,
que se lo descuenten directamente del pago de especies venales al Ministerio de
Transporte, porque alguien lo tiene que asumir, y que lo haga por una sola vez.
Entonces esa sería mi proposición, señor Presidente; si quiere la coloco aquí
en borrador y la presento para adicionar.
Presidente:
En
consideración la proposición presentada por el Senador
Secretaria:
Con la
modificación
Presidente:
Con la
modifica el artículo con la modificación presentada por el Senador Plinio
Olano, ¿la aprueban?
Secretaria:
Ha sido aprobado,
señor Presidente.
Punto que
luego es ratificado, tal como aparece en las trascripción del 4 de junio del
presente año, cuando a instancias del Ministerio de Transporte es solicitada la
reapertura de la discusión del mismo, siendo aprobado posteriormente.
En cuanto a los motivos de
inconveniencia planteados por el Ejecutivo, en el sentido de que “la medida resulta inconveniente toda vez que su implementación
demanda una cantidad considerable de recursos. En efecto, teniendo en cuenta el
número de licencias de conducción que se deben renovar asciende a 8 millones
aproximadamente, tenemos que la totalidad de los recursos que dejaría de
percibir el Ministerio de Transporte por concepto de especies venales, asciende
a una suma aproximada de $122.664 millones, lo cual afectaría de manera
importante el presupuesto de dicha entidad”, los
congresistas no la aceptaron por cuanto “Consideramos que la argumentación no es
aceptable, ya que la gratuidad para el usuario en la renovación de las
licencias de conducción, se encuentra consagrada por el artículo 16 de la
Ley 1005 de 2006”.
Ahora bien, con el propósito de
superar la contradicción existente, los congresistas plantearon un nuevo texto,
eliminando la disposición contenida en el parágrafo 4° del artículo 4° del proyecto
e insistiendo en la redacción del parágrafo 3°.
Así las cosas, el artículo
quedaría finalmente de la siguiente manera:
“Artículo 4º.
El artículo 17 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo
17. Otorgamiento. La licencia de conducción será otorgada por primera vez a
quien cumpla con todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este
código, por la entidad pública o privada autorizada para el efecto por el
organismo de tránsito en su respectiva jurisdicción
.
El formato
de la licencia de conducción será único nacional, para lo cual el Ministerio de
Transporte establecerá la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de
control correspondiente.
Las nuevas
licencias de conducción contendrán, como mínimo, los siguientes datos: nombre completo
del conductor, número del documento de identificación, huella, tipo de sangre,
fecha de nacimiento, categoría de licencia, restricciones, fecha de expedición
y organismo que la expidió.
Dentro de
las características técnicas que contendrán las licencias de conducción se
incluirán, entre otros, un código de barra bidimensional u otro dispositivo
electrónico, magnético u óptico con los datos del registro que permita la
lectura y actualización de estos. Las nuevas licencias de conducción deberán permitir
al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular de
conformidad con las normas de ley vigentes sobre la materia, sin costo alguno.
Parágrafo
1º. Al titular de la licencia de conducción de cualquier categoría, se le
asignará un total de doce (12) puntos, los cuales serán reducidos o recuperados
de acuerdo con su comportamiento, como conductor, de conformidad con lo
establecido en este código.
Parágrafo
2º. Quien actualmente sea titular de una licencia de conducción, que no cumpla
con las condiciones técnicas establecidas en el presente artículo y en la
reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte, deberá
sustituirla en un término de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la
promulgación de la presente ley, de conformidad con lo previsto por el artículo
15 de la Ley 1005 de 2006. Para tal efecto, deberá presentar paz y salvo por
infracciones de tránsito y el certificado indicado en el artículo 19 del
presente código.
Parágrafo
3º. Para garantizar la gratuidad del cambio de licencias se autoriza a los
organismos de tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual a 1 salario
mínimo, legal diario vigente (SMDV), por cada licencia expedida, de los
recursos que obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por
concepto de especies venales.
Por
otra parte, respecto al artículo 6 del proyecto de ley, en cuyo inciso segundo
se indica que “Las licencias que a la fecha de
promulgación de la presente ley, tengan cinco (5) años o más de expedición,
deberán refrendarse por primera vez, en la misma fecha en que sea renovada la
respectiva licencia, de acuerdo a la programación que expida el Ministerio de
Transporte. En los demás casos, la primera refrendación se hará exigible, una
vez se cumplan los cinco (5) años de expedición”, los congresistas admiten
lo siguiente:
“Al respecto, encontramos que efectivamente existe una contradicción,
entre el parágrafo 2° del artículo 4° del proyecto y el párrafo 2 del artículo
6° del proyecto, por cuanto de un lado se está indicando que la sustitución de
las licencias de conducción que no cumplan con las nuevas características
técnicas debe hacerse en un término de cuarenta y ocho (48) meses contados a
partir de la promulgación de la presente ley y el parágrafo 2° del artículo 6°,
indica que debe hacerse en otros plazos.
Con el
propósito de superar la contradicción existente y la
inconstitucionalidad planteada por el Gobierno Nacional proponemos el siguiente
texto, eliminando el parágrafo 2° del artículo 6° del proyecto.
Artículo
6º. El artículo 22 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo
22. Vigencia de la licencia de conducción. Las licencias de conducción para
vehículos de servicio diferente al público, tendrán una vigencia indefinida. No
obstante, cada cinco (5) años, el titular de la licencia deberá refrendarla,
para lo cual se practicará un nuevo examen de aptitud física, mental y de
coordinación motriz, que permitirá establecer que se mantienen las aptitudes
requeridas para conducir.
Las
licencias de conducción para vehículos de servicio público tendrán una vigencia
de tres (3) años, al cabo de los cuales se solicitará su refrendación,
presentando un nuevo examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz,
y el registro de información o certificado en el que conste que se encuentra al
día por concepto de pago de multas por infracciones a las normas de tránsito,
debidamente ejecutoriadas.
Parágrafo.
Todos los conductores de servicio público mayores de sesenta (60) años deberán
refrendar su licencia de conducción anualmente, demostrando mediante el
respectivo examen, su aptitud física, mental y de coordinación motriz. De igual
manera lo harán cada tres (3) años los conductores de servicio diferente al
público, a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad.
En
los términos antes indicados, acogemos las objeciones presentadas por el
Ejecutivo. (negrillas y subrayados agregados).
3. Concepto de la Vista Fiscal.
La
Vista Fiscal considera que las objeciones presentadas por el Presidente de la
República contra el parágrafo 3o del artículo 4 del Proyecto de ley 87 de
2007, Senado; 12 de 2006, Cámara, son infundadas debido a que tal norma se
ajusta a los principios de identidad y consecutividad legislativa.
En efecto, el Ministerio Público
comparte el rechazo de la objeción contra el parágrafo 3º del artículo 4 del
Proyecto de ley debido a que, además de su inclusión y aprobación temática en
el debate en la Comisión Sexta del Senado de la
República, no se vulnera el principio de identidad porque, y es lo más
importante, existe conexidad temática y teleológica en lo allí propuesto con el
resto del artículo 4.  En efecto, este artículo regula lo referente al
otorgamiento de las licencias de conducción por primera vez bajo unas
características de seguridad electrónica que no tienen las licencias antiguas.
En palabras de la Vista Fiscal:
“Necesariamente,
esto conlleva el cambio obligatorio de las licencias antiguas de manera
gratuita para el ciudadano, lo cual tiene costos que deben ser sufragados
por alguien, en este caso por el Estado. Eso fue lo que decidió el
legislador en el parágrafo tercero del artículo 4, con cargo a los recursos que
se obtienen por concepto de especies venales (pagos de derechos por expedición
de placas, certificados de movilización y licencias de tránsito y de
conducción).
Por tanto, la
Procuraduría solicita a la
Corporación Constitucional declarar infundadas las objeciones presidenciales
contra el parágrafo 3 del artículo 4 del Proyecto de ley 87 de 2007 Senado; 12
de 2006, Cámara.
4. Solución al caso concreto por parte de la
Corte Constitucional.
4.1. Textos de las normas objetadas.
Artículo
4. El artículo 17 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
Dentro de las características técnicas que contendrán las
licencias de conducción se incluirán, entre otros, un código de barra
bidimensional u otro dispositivo electrónico, magnético u óptico con los datos
del registro que permita la lectura y actualización de estos. Las licencias de
conducción, que no cuenten con estos elementos de seguridad, deberán ser
renovadas de acuerdo con la programación que expida el Ministerio de Transporte
al respecto, en un periodo de 4 años, contados a partir de la implementación
del Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT.
(…)
Parágrafo 2º. Quien actualmente sea titular de una
licencia de conducción, que no cumpla con las condiciones técnicas establecidas
en el presente artículo y en la reglamentación que para tal efecto expida el
Ministerio de Transporte, deberá sustituirla en un término de cuarenta y ocho
(48) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, de
conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la
Ley 1005 de 2006. Para tal efecto, deberá presentar paz y salvo por
infracciones de tránsito y el certificado indicado en el artículo 19 del
presente código.
Parágrafo 3º. Para garantizar la gratuidad del cambio de licencias se autoriza
a los organismos de tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual a 1
salario mínimo, legal diario vigente (SMDV), por cada licencia expedida, de los
recursos que obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por
concepto de especies venales.
Artículo 6º. El artículo 22 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 22. Vigencia de la
licencia de conducción. Las licencias de
conducción para vehículos de servicio diferente al público, tendrán una
vigencia indefinida. No obstante, cada cinco (5) años, el titular de la
licencia deberá refrendarla, para lo cual se practicará un nuevo examen de
aptitud física, mental y de coordinación motriz, que permitirá establecer que
se mantienen las aptitudes requeridas para conducir.
Las licencias que a la fecha de promulgación de la presente ley, tengan
cinco (5) años o más de expedición, deberán refrendarse por primera vez, en la
misma fecha en que sea renovada la respectiva licencia, de acuerdo a la
programación que expida el Ministerio de Transporte. En los demás casos, la
primera refrendación se hará exigible, una vez se cumplan los cinco (5) años de
expedición.
4.2. Problema jurídico planteado.
El
Presidente de la República objetó los contenidos del inciso 4° y de los
parágrafos 2° y 3º del artículo 4°, al igual que el inciso 2° del artículo 6°
del proyecto de ley, argumentando que se presentaban graves inconsistencias
en lo relacionado con el proceso de renovación de la licencia de conducción que
hacen imposible su aplicación generando inseguridad jurídica para el
destinatario de la norma. Las mencionadas
inconsistencias se presentarían por cuanto el parágrafo 2 del artículo 4 del proyecto
de ley determina que “Quien actualmente
sea titular de una licencia de conducción, que no cumpla con las condiciones
técnicas establecidas en el presente artículo y en la reglamentación que para
tal efecto expida el Ministerio de Transporte, deberá sustituirla en un término
de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la promulgación de la
presente ley, de conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la
Ley 1005 de 2006”, por su parte,
el inciso cuarto del artículo 4 señala que “Las licencias de
conducción, que no cuenten con estos elementos de seguridad, deberán ser
renovadas de acuerdo con la programación que expida el Ministerio de Transporte
al respecto, en un periodo de 4 años, contados a partir de la implementación
del Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT”.
A
renglón seguido, el Ejecutivo precisa que se trata realmente de una objeción
por inconveniencia y no por inconstitucionalidad, en los siguientes términos:
“Las circunstancias descritas ponen en un estado de incertidumbre
tanto al usuario como a la administración, toda vez que la existencia de
contradicciones en el articulado del CNTT genera inestabilidad jurídica y, por
consiguiente, resultan totalmente inconvenientes”. (negrillas
agregadas).
El
Congreso de la República, por su parte, acogió las objeciones presidenciales, formuladas
por inconveniencia, y propuso adoptar un nuevo texto superándolas.
En
este orden de ideas, tratándose realmente de unas objeciones por
inconveniencia, y no por inconstitucionalidad, la
Corte se abstendrá de pronunciarse sobre las mismas.
Por
otra parte, el Presidente de la
República objetó por inconstitucional el parágrafo 3 del artículo 4 del
proyecto de ley, a cuyo tenor “Para garantizar la gratuidad del cambio de
licencias se autoriza a los organismos de tránsito descontar, por una sola vez,
una suma igual a 1 salario mínimo, legal diario vigente (SMDV), por cada
licencia expedida, de los recursos que obligatoriamente debe transferir al
Ministerio de Transporte por concepto de especies venales”, argumentando
que se habían violado los principios de identidad y consecutividad, toda vez
que aquel parágrafo fue adicionado en el último debate, “sin haber sido
siquiera discutido ni en las respectivas Comisiones Sextas Constitucionales de
cada Cámara, ni en la Plenaria de la
Cámara de Representantes, en segundo debate”.
El
Congreso de la República no acogió la objeción presidencial por vicios de
forma, indicando que el tema fue discutido en la
Comisión Sexta del Senado. De igual manera, la
Vista Fiscal alega que existe conexidad temática y teleológica en lo
allí propuesto con el resto del artículo 4.
Así
las cosas, la Corte debe resolver el siguiente problema jurídico: el parágrafo
3 del artículo 4 del proyecto de ley, en la medida en que fue incluido en el
último debate, ¿desconoce los principio de identidad y consecutividad?. Para
tales efectos, esta Corporación (i) remitirá a sus principales pronunciamientos
acerca de los principios de identidad relativa y consecutividad; y (ii)
determinará si éstos se violaron en el caso concreto.
4.3. Solución del caso concreto.
4.3.1. Principales pronunciamientos acerca de los principios de
identidad relativa y consecutividad.
El principio de consecutividad, en los términos de la sentencia C-
208 de 2005 y reiterado en fallo C- 539 de 2008, prescribe que el trámite de
aprobación de los proyectos de ley debe consistir en la realización de cuatro
debates que por expresa disposición constitucional han de ser celebrados de
manera sucesiva, tanto en comisiones como en plenarias, salvo las
excepciones plasmadas en la
Constitución y la ley[11].
Presentado de
esta manera, el principio de consecutividad pretende garantizar la
concentración de la actividad legislativa, con el propósito de conjurar las
negativas consecuencias que acarrea la ausencia de límites temporales en el
desarrollo de la función de producción normativa. En tal sentido, se observa
que dicha carencia promueve una inadecuada dilación dentro del trámite
legislativo la cual a su vez tiene un impacto negativo en la materialización de
ciertos fines constitucionales que deben ser atendidos en el procedimiento de
aprobación de la ley. En efecto, la injustificada prórroga del proceso
legislativo dificulta especialmente la realización del control ciudadano pues impone
una carga desproporcionada a los interesados en su ejercicio, consistente en
llevar a cabo el seguimiento de dicho trámite dentro de un término ilimitado,
lo cual genera un excesivo desgaste que, en la práctica, hace nugatoria la
posibilidad de realizar tal control.
Así mismo,
tal práctica podría conducir a la promulgación de regulaciones obsoletas que
devienen inútiles o caducas al culminar el trámite de aprobación, toda vez que
el escenario social en el cual se ha de aplicar la ley es esencialmente dinámico
y exige del Congreso un cuidadoso examen de las relaciones sociales y la
consecuente correspondencia con los contenidos normativos propuestos, lo cual
se entorpece ante la ausencia de los anotados límites temporales. Por lo tanto,
“el principio de consecutividad constituye un razonable parámetro de
eficiencia legislativa que procura la concentración del esfuerzo normativo en
determinados proyectos, los cuales, por las razones anotadas, deben ser
aprobados siguiendo una secuencia lineal y atendiendo un preciso límite
temporal”[12]
Por otra parte, tal como se
consigna en la sentencia C-208 de 2005, en desarrollo del principio de
consecutividad se impone tanto a las comisiones como a las plenarias de las
Cámaras la obligación de examinar y debatir la totalidad de los temas que han
sido propuestos, razón por la cual les resulta prohibido renunciar a dicho
deber o declinar su competencia para diferirla a otra célula legislativa con el
objetivo de postergar el debate de un determinado asunto[13]. Al respecto, ha
señalado la Corte, que “En efecto, la totalidad del articulado propuesto en
la ponencia presentada debe ser discutido, debatido y aprobado o improbado por
la comisión constitucional permanente o por la plenaria, según sea el caso. En
cuanto a las proposiciones modificatorias o aditivas que se planteen en el
curso del debate, así como las supresiones, deben igualmente ser objeto de
discusión, debate y votación, salvo que el autor de la propuesta decida
retirarla antes de ser sometida a votación o ser objeto de modificaciones,
conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la
Ley 5ª de 1992. Es preciso que se adopte una decisión y no se eluda la misma
respecto de un tema, so pena de que se propicie un vacío en el trámite
legislativo que vulnere el principio de consecutividad.”[14].
Así mismo,
tal y como se hizo en sentencia C- 539 de 2008, la
Corte reitera las subreglas constitucionales deducidas del principio bajo
estudio en la sentencia C-839 de 2003:
·
Tanto las comisiones como las plenarias deben estudiar y debatir
todos los temas que ante ellas hayan sido propuestos durante el trámite
legislativo, pues el acatamiento de dicha obligación garantiza el cumplimiento
de la regla de los cuatro debates consagrada en el artículo 157
C.P.;
·
Ninguna célula legislativa puede omitir el ejercicio de sus
competencias y delegar el estudio y aprobación de un texto propuesto en su seno
a otra instancia del Congreso para que allí se surta el debate sobre ese
determinado asunto;
·
La totalidad del articulado propuesto para primer o segundo
debate, al igual que las proposiciones que lo modifiquen o adicionen, deben
discutirse, debatirse, aprobarse o improbarse al interior de la instancia
legislativa en la que son sometidas a consideración[15].
Por otra parte, en relación con
el principio de identidad relativa, se ha entendido que al flexibilizar
el procedimiento de formación de las leyes, se privilegia el principio
democrático, pues de esta manera es posible la expresión de todas las
diferentes corrientes de pensamiento representadas en las plenarias de las
cámaras “de manera que la opción finalmente adoptada sea fruto de una
pausada reflexión y de una confrontación abierta de posiciones, que resultaría
truncada si a las plenarias únicamente se les permitiera aprobar o rechazar el
texto que viene de las comisiones, sin posibilidad de modificarlo, adicionarlo
o recortarlo”[16].
En cuanto al contenido específico
del mandato de identidad relativa, la Corte ha sostenido:
“[E]n el ámbito
del proceso legislativo y en punto al principio de identidad, lo que la
Carta exige es que las Cámaras debatan y prueben regulaciones concernientes
a las materias de que trata la ley, esto es, que exista identidad en el
contenido material de las disposiciones y no que se atengan al contenido de los
proyectos y que se abstengan de considerar los distintos desarrollos de que tal
contenido es susceptible. De ser así, ligando los temas de las leyes a ese
nivel de especificidad, resultaría imposible introducir regulaciones puntuales
relacionadas con ámbitos no previstos en los proyectos iniciales. Lo que exige la
Carta es que las distintas etapas del proceso legislativo por ella consagrado se
agoten en relación con la materia sometida a regulación pero no que se
agoten en relación con cada uno de los puntos susceptibles de abordar en la
materia[17]”
(negrillas añadidas).
Este alcance sería precisado en
la sentencia C-1147 de 2003 en el sentido que si bien está permitida la
introducción por parte de las plenarias de modificaciones, enmiendas o incluso
artículos nuevos al articulado original (i) dichos cambios han de referirse a
temas tratados y aprobados en primer debate, (ii) que también éstos temas guarden
estrecha relación con el contenido del proyecto. En consecuencia, “si bien
el Congreso de la República es el titular de la facultad de configuración
normativa en materia legal, a la hora de introducir modificaciones en los
proyectos de ley, el desarrollo de dicha facultad debe ser encauzada dentro de
determinados parámetros con el objetivo de asegurar la salvaguarda del texto
constitucional”[18].
Específicamente sobre la
posibilidad de introducir artículos nuevos se sostuvo en la referida decisión:
“Al respecto,
esta Corporación ha reconocido que cuando una de las Cámaras inserta un
artículo nuevo al proyecto dándole su aprobación, y el mismo es ignorado por
completo por la otra Cámara, existe una discrepancia que puede ser conciliada
por las comisiones accidentales de mediación. No obstante, de acuerdo con los
criterios que han sido expuestos, es conveniente precisar que esto solo es
posible en los casos en que el tema objeto de la discrepancia ha sido
considerado por las plenarias de las dos Corporaciones en cualquier sentido. De
lo contrario, aun cuando se trate de mensaje de urgencia y el segundo debate se
haya dado en forma simultánea, el hecho de que el tema nuevo no hubiere sido
tocado por una de las plenarias, afecta la exigencia constitucional prevista en
el artículo 157 Superior relativa a que los artículos de un proyecto debe
cumplir los debates reglamentarios en tanto en cuanto traten diversas materias;
exigencia que, por lo demás, no señala ni prevé un trato diferencial frente al
supuesto de que se trate de debates simultáneos o sucesivos.
Tratándose de
los debates simultáneos, la Corte ya ha sostenido que la simultaneidad
significa “que el debate se surte en las dos cámaras al mismo tiempo y ello
implica que el mismo no puede versar sino sobre el proyecto tal como fue
aprobado en el primer debate en sesiones conjuntas de las comisiones
constitucionales” [Sentencia C-044 de 2002]. Esto, para precisar que la
simultaneidad impone mantener la discusión del proyecto en los términos en que
fue aprobado en comisiones conjuntas, de manera que la posibilidad de incluir
artículos nuevos esta condicionada a que el tema en él tratado haya sido
abordado por las dos plenarias directa o indirectamente. Es esta circunstancia,
y ninguna otra, la que legitima la intervención de las comisiones de
conciliación, en el evento en que un artículo sea aprobado por una Cámara e
ignorado por la otra”.
4.3.2. Aplicación de los principios al caso concreto.
En
el caso concreto, como se ha explicado, el Presidente de la
República alega que el parágrafo 3º del artículo 4º del proyecto de ley fue
adoptado en violación de los principios de identidad relativa y consecutividad,
por cuanto aquél fue incorporado durante el último debate, es decir, en la
Plenaria del Senado de la
República. El Congreso de la
República, por su parte, no acoge la objeción, trayendo a colación un aparte
del debate que tuvo lugar en la
Comisión VI del Senado.
La
Corte Constitucional considera que la objeción presidencial por
inconstitucionalidad planteada contra el parágrafo 3º del
artículo 4º del proyecto de ley, por la supuesta violación a los principios de
identidad relativa y consecutividad no está llamada a prosperar, por las
siguientes razones.
En
primer lugar, revisadas con detalle las pruebas aportadas al proceso de
constitucionalidad, la Corte encuentra que, efectivamente durante la
Sesión de la Comisión Sexta del Senado de la
República, llevada a cabo el día 3 de junio de 2008, según consta en el Acta
núm. 33, el Senador Olano Becerra propuso la incorporación de un nuevo artículo
referente al tema de la gratuidad de las licencias, en los siguientes términos:
“H. S. Plinio Edilberto Olano Becerra: Senador
Carlos, nosotros tenemos que garantizar la gratuidad; esa fue una discusión muy
grande que se dio en la Ley 1005 y hasta hoy el Gobierno Nacional ha sido
incapaz de determinar quién va a asumir ese costo; yo los invito a que se le
determinemos inmediatamente y sería agregándole, H. Senadores, un parágrafo o
no un parágrafo, sino un párrafo al artículo que diga lo siguiente: “Para
garantizar la gratuidad, autorícese a los organismos de tránsito a descontar
hasta un salario mínimo diario vigente de los recursos que ellos tienen que
cancelar por efecto del pago de las especies venales”. Resulta que de cada
100 pesos que se pagan por ese tema, 35 pesos cuestan las especies venales que
cobra el Ministerio, entonces el Ministerio que no gaste más buscando de dónde
sacar los recursos para pagar las licencias, sino que de aquí autoricemos a los
organismos de tránsito, que son los que expiden la licencia, a que
descuente del pago de las especies venales hasta un salario mínimo, que es algo
así como 15.000 pesos, que se lo descuenten directamente del pago de especies
venales al Ministerio de Transporte, porque alguien lo tiene que asumir, y que
lo haga por una sola vez. Entonces esa sería mi proposición. (negrillas
agregadas).
Es más, en el mismo texto se lee
lo siguiente:
“Presidente:
somete a consideración el artículo con la modificación presentada por el
Senador Plinio Olano, el cual es aprobado.
Lo
anterior demuestra que, contrario a lo sostenido en el texto de la objeción
presidencial, el tema de la gratuidad de las licencias no fue incluido en el
último debate, sino que fue debatido y aprobado en tercer debate.
En segundo lugar, el
tema de las nuevas licencias de conducción siempre estuvo presente en los
debates parlamentarios. En efecto, en el texto mismo de la “PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 012
DE 2006 CÁMARA”, se
planteó la necesidad de cambiar las actuales licencias por unas basadas en un
sistema de puntos. Veamos.
Propuesta central: Licencia por puntos
Los textos que
proponemos adicionar buscan generar un sistema de puntos que, aprovechando la
existencia de un sistema de información como el SIMIT, genere un estímulo
adicional para un comportamiento más responsable por parte de los conductores.
Para ello se
propone:
Adicionar, a la multa
pecuniaria, un sistema que permita generar condiciones que desincentiven la
comisión de infracciones.
Otorgar 12 puntos a la
seriedad y responsabilidad de los conductores, para cada persona que obtenga
una licencia. En los casos de las licencias ya expedidas se asignará el mismo
monto.
Por cada multa recibida,
y dependiendo de la gravedad de los mismos, no sólo se incurrirá en una sanción
económica, sino que además se descontará un número específico de puntos.
Como el código ya
establece la existencia de cuatro categorías de infracciones, según su gravedad
se propone la pérdida de un punto para las categorías A y B, y de 2 en el caso
de las categorías C y D, establecidas en el artículo 131 de la
Ley 769 de 2002.
En el caso de las
infracciones por conducir en estado de Embriaguez, categoría distinta en el
actual código, se perderán 6 puntos. Ante esta conducta, que implica un enorme
grado de irresponsabilidad, tenemos que ser verticales.
El sistema también prevé
que, cuando el titular de una licencia de conducción no hubiere sido objeto de
sanción en firme en el último año, recuperará dos puntos. Es decir, quien no
sea un infractor recurrente y mejora su comportamiento, la sociedad le renueva
(premia) su confianza.
La pérdida de los 12
puntos generará, de forma automática, la cancelación de la licencia por un año,
obligando al ciudadano a volver a cumplir con todos los requisitos iniciales
para obtener una nueva licencia de conducción.
De todas formas, el
registro histórico de todos los comparendos se mantendrá con dos fines
concretos: Primero, que las empresas de transporte público tengan la obligación
de revisar periódicamente el registro de cada uno de los conductores y lo usen
como criterio de la permanecía de los mismos y, segundo, que las empresas
aseguradoras lo puedan consultar para alimentar sus análisis de riesgos al
momento de otorgar las pólizas.
Adviértase
entonces que, si bien fue en el Senado de la
República donde se discutió acerca de si las nuevas licencias iban a ser
gratuitas, simplemente es la continuación de un debate, que tuvo lugar en el
seno de la Cámara de Representantes, referente a dotar de nuevas
especificaciones técnicas a las futuras licencias de conducción. En otras
palabras, no se trató realmente de un tema novedoso planteado exclusivamente
durante el tercer debate del proyecto de ley.
En
suma, la Corte considera que la objeción presidencial es infundada por cuanto
no se vulneraron los principios de identidad relativa y consecutividad.
Así las cosas, la Corte declarará infundada la objeción
presidencial presentada contra el parágrafo 3º del artículo 4º del proyecto de
ley  núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)
y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara exequible.
C. TERCERA OBJECIÓN PRESIDENCIAL.
1. Objeción por inconstitucionalidad e inconveniencia del numeral
4 del artículo 5 e inciso 1 del artículo 13 (Centros de Reconocimiento de Conductores
y Centros de Diagnóstico Automotor).
En
el texto de las objeciones presidenciales se comienza por explicar que la
reglamentación vigente expedida por el Ministerio de Transporte establece para
la habilitación de un Centro de Diagnóstico Automotor o de un Centro de
Reconocimiento de Conductores, la obligación de presentar un certificado de
conformidad de cumplimiento de los requisitos en cuanto a instalaciones,
pruebas, equipos y personal, expedido por un organismo acreditado, y a los 18
meses después de su habilitación por parte del Ministerio la correspondiente
acreditación.
Así
las cosas, señala que “el numeral 4 del artículo 5 como en el inciso 1 del
artículo 13 resultan inconvenientes toda vez que exigen la acreditación de los
Centros de Reconocimiento de Conductores y los Centros de Diagnóstico Automotor
como un requisito previo a su funcionamiento sin tener en cuenta que la
acreditación, por su naturaleza, es un procedimiento que salvo contadas
excepciones, se realiza respecto de los establecimientos en funcionamiento”.
Asegura
asimismo que las normas objetadas resultan ser inconvenientes por cuanto
propician la limitación de la oferta de servicios en lo que corresponde al
denominado reconocimiento de conductores y centros de diagnóstico automotor.
El
problema consiste en que según la norma el certificado de aptitud física,
mental y de coordinación motriz sólo podrá ser expedido por establecimientos
acreditados, imponiéndole al Ministerio de Transporte un plazo de 12 meses para
que los centros cumplan con dicho requisito.
Pues
bien, según el Presidente de la República, actualmente sólo existe una empresa
acreditada para la prestación del mencionado servicio. Aunado a lo anterior, se
precisa realizar inversiones en personal.
De
tal suerte que, el escaso plazo podría convertirse en una “barrera de
entrada al mercado de prestación de servicios. Así las cosas, y teniendo en
cuenta que a partir de la promulgación de la ley sólo se pueden expedir
licencias por primera vez cuando se cuente con el certificado expedido por un
centro debidamente acreditado, las empresas actualmente habilitadas deberán
agotar el trámite en el plazo de doce meses previsto por la norma”.
Todo
lo anterior llevaría al escenario de consolidar a una sola empresa como oferente
de los mencionados servicios. De allí que “los efectos perversos que podrían
resultar  de la aplicación de la norma en comento amenazarían con el
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 333 y 334 de la
Carta Política que señalan que la libre competencia económica es un derecho
de todos  y que es obligación del Estado evitar y controlar cualquier abuso que
persona o empresa hagan de sus posición dominante en el mercado nacional”.
2. Postura asumida por el Congreso de la
República.
En cuanto a la
objeción por inconveniencia, los congresistas consideraron que “Luego
de analizar el texto anterior y siendo que la medida establecida en el proyecto
no afecta o restringe el comercio, encontramos que no existe fundamento para la
objeción por inconveniencia planteada por el Gobierno Nacional”.
Por otra parte, en
cuanto a la objeción presidencial por inconstitucionalidad, consistente en que
la disposición viola los artículos 333 y 334 Superiores, por cuanto restringen
la libre competencia, creando además un monopolio, los congresistas se
opusieron argumentando lo siguiente:
“Consultada la
página del Ministerio de Transporte, hoy día, existen en el país, más de 180,
Centros de Diagnóstico Automotor, distribuidos en 23 Departamentos y más de 68
ciudades del país, por lo que carece de fundamento las argumentaciones del
Gobierno Nacional, en el sentido que existe sólo un centro de diagnóstico
automotor habilitado para prestar este servicio.
La comisión
accidental considera que no le asiste razón al ejecutivo al indicar que sólo
existe un centro de reconocimiento de conductores acreditado ya que de
conformidad con la comunicación de la
Federación Nacional de Centros de Reconocimiento, para el primero de diciembre
de 2008, existen 282 CRC habilitados por el Ministerio de Transporte, de los
cuales 38 han sido acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Así las cosas, no es cierto que se pretenda
favorecer un monopolio en esta actividad comercial y en consecuencia el
proyecto objetado no viola los artículos 333 y 334 de la
Constitución Nacional.
Igualmente,
debe tenerse en cuenta que el parágrafo 2° del artículo 5° del
proyecto establece un plazo de 12 meses para que los centros de reconocimiento
de conductores cumplan con los requisitos de habilitación y acreditación.
En los
términos anteriormente indicados, rechazamos las objeciones presentadas por el
Ejecutivo e insistimos en la aprobación de los artículos propuestos en el
proyecto de ley”.
3. Concepto de la Vista Fiscal.
La Procuraduría considera que no resultan
procedentes las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad contra el
numeral 4 y el parágrafo 2º del artículo 5 del Proyecto de ley 87 de 2007,
Senado; 12 de 2006, Cámara, porque existen en Colombia suficientes centros de reconocimiento
de conductores habilitados y acreditados, lo cual se ajusta a la libre
competencia económica sin que se creen situaciones de monopolio, y porque el
plazo concedido por el legislador para cumplir con los requisitos de
habilitación y acreditación resulta razonable y proporcionado.
Al respecto, la
Vista Fiscal comienza por señalar que, en estricto sentido, las
objeciones por inconstitucionalidad sólo se refieren al numeral 4 y el
parágrafo 2º del artículo 5, “razón por la cual solicitará a la
Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse al respecto en
relación con el inciso primero del artículo 13 del Proyecto de ley, debido a la
falta de motivación o razonamiento del cargo (Corte Constitucional. Sentencia C-1052
de 2001)”.
Agrega igualmente que lo regulado en el numeral 4 y el
parágrafo 2º del artículo 5 del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de 2006,
Cámara, no vulnera el derecho a la libre competencia económica ni la
distribución equitativa de las oportunidades del desarrollo, tanto porque
existe suficiente oferta en el país de centros de reconocimiento de conductores
habilitados y acreditados, según lo demuestra el Congreso de la
República, como porque resulta razonable y proporcionado el plazo de 12 meses
que concede el legislador para que dichos centros cumplan los requisitos de
habilitación y acreditación.
En ese sentido, explica que el
Gobierno Nacional cuenta con un tiempo adicional prudencial, contado a partir
de la promulgación de la ley correspondiente, para reglamentar la materia, el
cual puede aprovechar para hacer las implementaciones institucionales y
técnicas que se requieran para que la habilitación y acreditación de centros de
reconocimiento de conductores sea lo más eficiente y eficaz posible. Ese mismo
tiempo puede ser aprovechado, simultáneamente, por los centros de
reconocimiento de conductores para ir adelantando gestiones de habilitación y
acreditación.
Así las cosas, la
Vista Fiscal solicita a la Corte declarar infundadas las objeciones
presidenciales contra el numeral 4 y el parágrafo 2º del artículo 5 del
Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de 2006, Cámara.
4. Solución al caso concreto por parte de la
Corte Constitucional
4.1. Textos de las normas objetadas.
Artículo 5º. El artículo 19 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener por primera vez una
licencia de conducción para vehículos, quien acredite el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
Para vehículos de servicio diferente del servicio público:
1. Saber leer y escribir.
2. Tener 16 años cumplidos.
3. Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos
particulares que realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la
reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado
de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística
debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación
con el Ministerio de Transporte.
4. Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz
para conducir expedido por un centro de reconocimiento de conductores
habilitado por el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado como
organismo de certificación de personas en el área de conductores de vehículos
automotores.
Artículo 13. El artículo 53 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 53. Centros de
Diagnóstico Automotor. La revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes se
realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que
posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el
Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus
competencias. El Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, los cuales
previamente deberán contar con reconocimiento en el Sistema Nacional de
Normalización, Certificación y Metrología acreditándose como organismo de
inspección.
4.2. Planteamiento del problema jurídico.
En relación con el numeral 4 del artículo 5 e inciso 1 del
artículo 13 (Centros de Reconocimiento de Conductores y Centros de Diagnóstico
Automotor), el Presidente de la
República plantea unas objeciones por inconveniencia y otras por
inconstitucionalidad.
Las objeciones por inconveniencia son: (i) las disposiciones son
inconvenientes ya que que exigen la acreditación de los Centros de
Reconocimientos de Conductores y los centros de Diagnósticos Automotor como un
requisito previo a su funcionamiento sin tener en cuenta que la acreditación
por su naturaleza es un procedimiento que salvo contadas excepciones, se realiza
respecto de los establecimientos en un funcionamiento; y (ii) de igual manera,
propician la limitación a la oferta de servicios en lo que corresponde al
denominado reconocimiento de conductores y centros de diagnóstico automotor.
El Congreso
no aceptó las razones de inconveniencia planteadas por el Ejecutivo.
Por otra
parte, en cuanto a las objeciones por inconstitucionalidad, el
Presidente de la República considera que las expresiones objetadas violan  los artículos 333 y 334 Superiores, que
señalan que la libre competencia económica es un derecho de todos y que es
obligación del Estado evitar y controlar cualquier abuso que persona o empresa
hagan de su posición dominante en el mercado nacional; e igualmente que el
Estado debe propender por la distribución equitativa de las oportunidades. Así
mismo, las disposiciones citadas podrían amenazar con la violación de lo
dispuesto en el artículo 336 de la
Carta Política toda vez que podría ser interpretado como el establecimiento de
un monopolio.
El Congreso de la
República, al igual que la Vista Fiscal, por el contrario, no encuentran
asidero alguno a la objeción por cuanto consultada la página del Ministerio de
Transporte, hoy día, existen en el país, más de 180, Centros de Diagnóstico
Automotor, distribuidos en 23 Departamentos y más de 68 ciudades del país, por
lo que carece de fundamento las argumentaciones del Gobierno Nacional, en el
sentido que solo existe un centro de diagnóstico automotor habilitado para
prestar este servicio.
Así las cosas, la
Corte debe determinar si, como lo considera el Presidente de la
República, el plazo de doce (12) meses para la acreditación de los Centros de
Reconocimiento de Conductores, en tanto que organismos encargados de otorgar la
certificación de personas en el área de conductores de vehículos automotores
(certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir
como requisito para que la persona pueda obtener por primera vez una licencia
de conducción), limita la oferta de esos servicios porque, según el Ejecutivo,
sólo hay una empresa acreditada en el país y el proceso de acreditación para
las demás puede durar más de doce (12) meses, debido a la insuficiencia estatal
para cumplir con esa función.
Para tales efectos, la Corte (i) se referirá a sus principales
pronunciamientos sobre la libre competencia; y (ii) resolverá el caso concreto.
4.3. Resolución del caso concreto.
4.3.1. Principales pronunciamientos sobre la libre competencia.
Sobre las libertades económicas baste recordar aquí que la jurisprudencia constitucional ha señalado que (i) se
encuentran reconocidas y garantizadas por la
Constitución, dentro de los límites del bien común y del interés social[19]; (ii) la
libertad económica comprende los conceptos de libertad de empresa y libertad de
competencia[20];
(iii) la libertad económica es expresión de valores de razonabilidad y
eficiencia en la gestión económica para la producción de bienes y servicios y
permite el aprovechamiento de la capacidad creadora de los individuos y de la
iniciativa privada[21];
(iv) la competencia se presenta cuando un conjunto de empresarios (personas
naturales o jurídicas), en un marco normativo, de igualdad de condiciones,
ponen sus esfuerzos o recursos en la conquista de un determinado mercado de
bienes y servicios[22];
(v) la libre competencia, desde el punto de vista subjetivo, se consagra como
derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones[23]; (vi) las
libertades económicas no son derechos fundamentales[24]; y (vii) el juez
constitucional aplica un test débil de proporcionalidad para efectos de
determinar la conformidad de una intervención del legislador en las libertades
económicas[25].
Aunado a lo
anterior, recientemente, la Corte en sentencia C- 392 de 2007 sostuvo que “expresos
mandatos constitucionales limitan la libertad económica en determinadas áreas,
esto ha llevado al intérprete constitucional a afirmar que “la protección
general a la libertad económica (…) no puede ser aducida cuando otras normas
constitucionales limitan la iniciativa económica en otras esferas” [26]. Por tal
razón además de las posibilidades ordinarias del legislador de limitar el
derecho en estudio –amplias como antes quedó consignado- existen unas
potestades de restricción reforzadas en determinadas materias, principalmente
aquéllas en las cuales el constituyente consagró mandatos específicos de
intervención del Estado en la economía, como por ejemplo en el ámbito de los servicios
públicos[27],
o de la medicina prepagada[28],
la televisión[29],
o de la actividad financiera, bursátil y aseguradora[30] .
En pocas, la
libre competencia, tal y como lo consideró la
Corte en sentencia C- 535 de 1997 presenta dos facetas: una subjetiva y otra objetiva.
Así, desde el punto de vista subjetivo, se consagra como derecho individual que
entraña tanto facultades como obligaciones; por el contrario, desde una
perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de pauta o
regla de juego superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos
económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente preservada por los
poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de mantener y
propiciar la existencia de mercados libres. De tal suerte que “La Constitución asume que la libre competencia económica promueve de la mejor manera
los intereses de los consumidores y el funcionamiento eficiente de los
diferentes mercados”.
4.3.2. Examen de caso concreto.
En el caso
concreto, como se ha explicado, el Presidente de la
República, considera que el plazo de doce (12) meses para la acreditación de
los Centros de Reconocimiento de Conductores, en tanto que organismos
encargados de otorgar la certificación de personas en el área de conductores de
vehículos automotores (certificado de aptitud física, mental y de coordinación
motriz para conducir como requisito para que la persona pueda obtener por
primera vez una licencia de conducción), limita la oferta de esos servicios
porque, según el Ejecutivo, sólo hay una empresa acreditada en el país y
el proceso de acreditación para las demás puede durar más de doce (12) meses,
debido a la insuficiencia estatal para cumplir con esa función.
El Congreso, por el contrario,
alega que la objeción no encuentra asidero alguno por cuanto consultada la
página del Ministerio de Transporte, hoy día, existen en el país, más de 180,
Centros de Diagnóstico Automotor, distribuidos en 23 Departamentos y más de 68
ciudades del país, por lo que carece de fundamento las argumentaciones del
Gobierno Nacional, en el sentido que solo existe un centro de diagnóstico
automotor habilitado para prestar este servicio.
La
Corte considera que la objeción presidencial presentada contra el numeral 4º
del artículo 5 e inciso 1 del artículo 13 del proyecto de ley núm. 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”,
es infundada, por las siguientes razones.
En primer lugar, se advierte que
las normas objetadas no establecen un monopolio a favor de empresa alguna. En
efecto, se limitan a disponer que (i) para obtener por primera vez una licencia
de conducción, se debe contar, entre otros requisitos, con un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para
conducir expedido por un centro de reconocimiento de conductores habilitado por
el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado como organismo de
certificación de personas en el área de conductores de vehículos automotores; y
(ii) la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes se realizará en
centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las
condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de
Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. El
Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, los cuales previamente
deberán contar con reconocimiento en el Sistema Nacional de Normalización,
Certificación y Metrología acreditándose como organismo de inspección.
Como se puede observar, las
normas objetadas son de contenido abierto y no establecen qué empresa realizará
los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz para los
conductores, ni tampoco cuáles serán los centros de diagnóstico automotor. Sencillamente
prevén la existencia de dichos centros, bien sea para conductores o
automotores, los cuales funcionarán previa autorización del Ministerio de
Transporte.
En segundo lugar, la
Corte encuentra que la discusión entre el Presidente de la
República y el Congreso gira alrededor de un problema de carácter fáctico:
por una parte, el Presidente de la República asegura que sólo existe una
empresa acreditada en el país para llevar a cabo los procesos de certificación
de conductores; por el contrario, el Congreso asegura que, según la misma
información que maneja el Ministerio de Transporte existe más de 180 Centros de
Diagnóstico Automotor, distribuidos en 23 Departamentos y en más de 68 ciudades
del país. Es más, el Congreso sustenta sus afirmaciones en los siguientes
términos:
“La comisión
accidental considera que no le asiste razón al ejecutivo al indicar que solo
existe un centro de reconocimiento de conductores acreditado ya que de
conformidad con la comunicación de la
Federación Nacional de Centros de Reconocimiento, para el primero de
diciembre de 2008, existen 282 CRC habilitados por el Ministerio de
Transporte, de los cuales 38 han sido acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Así las cosas, no es cierto que se pretenda
favorecer un monopolio en esta actividad comercial y en consecuencia el
proyecto objetado no viola los artículos 333 y 334 de la
Constitución Nacional.
Igualmente,
debe tenerse en cuenta que el parágrafo 2° del artículo 5° del
proyecto establece un plazo de 12 meses para que los centros de reconocimiento
de conductores cumplan con los requisitos de habilitación y acreditación.
La Procuraduría, por su parte, apoya por completo
la postura asumida por el Congreso, en los siguientes términos:
“La presente
Vista Fiscal considera que lo regulado en el numeral 4 y el parágrafo 2º del
artículo 5 del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de 2006, Cámara, no
vulnera el derecho a la libre competencia económica ni la distribución
equitativa de las oportunidades del desarrollo, tanto porque existe
suficiente oferta en el país de centros de reconocimiento de conductores
habilitados y acreditados, según lo demuestra el Congreso de la
República, como porque resulta razonable y proporcionado el plazo de 12
meses que concede el legislador para que dichos centros cumplan los requisitos
de habilitación y acreditación.
En ese
sentido, el gobierno nacional cuenta con un tiempo adicional prudencial,
contado a partir de la promulgación de la ley correspondiente, para reglamentar
la materia (Constitución Política. Artículo 189. Numeral 11), el cual puede
aprovechar para hacer las implementaciones institucionales y técnicas que se
requieran para que la habilitación y acreditación de centros de reconocimiento
de conductores sea lo más eficiente y eficaz posible. Ese mismo tiempo puede
ser aprovechado, simultáneamente, por los centros de reconocimiento de
conductores para ir adelantando gestiones de habilitación y acreditación.
Entonces, se
solicitará a la
Corporación Constitucional declarar infundadas las objeciones presidenciales
contra el numeral 4 y el parágrafo 2º del artículo 5 del Proyecto de ley 87 de
2007, Senado; 12 de 2006, Cámara.
Como se puede
advertir, se trata de una discusión de carácter fáctico, acerca de la
existencia de los mencionados centros, debate que escapa por completo a la
órbita de competencia del juez constitucional.
Aunado a lo
anterior, es preciso señalar que, de manera reiterada, la
Corte ha aplicado un control de constitucionalidad leve en materia de
libertades económicas, procediendo tan sólo a excluir del ordenamiento jurídico
aquellas medidas que sean abiertamente discriminatorias, situación que no se
vislumbra en el presente caso. En efecto, la disposición objetada no está
excluyendo la posibilidad de que otras empresas presten los servicios de
calificación de conductores, ni mucho menos creando o autorizando la
conformación de un monopolio.
En este orden de ideas, la
Corte declarará infundada la objeción presidencial presentada contra el numeral
4 del artículo 5 e inciso 1 del artículo 13 del proyecto de ley, y en
consecuencia, las declarará exequibles.
D. CUARTA OBJECIÓN PRESIDENCIAL.
1. Objeciones por inconstitucionalidad del parágrafo 2 del
artículo 8º
Se señala en el texto de las objeciones presidenciales que en el
parágrafo 2º del artículo 8 del proyecto de ley se está creando también una
tasa a cargo de las empresas de servicio público de transporte, sin que para
tales efectos se hubiesen señalado los elementos que la conforman, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 338 constitucional. En tal sentido, el artículo
ha debido fijar claramente el sujeto activo, el sujeto pasivo, los hechos
generadores, las bases gravables, al igual que la tarifa.
Adicionalmente, es preciso indicar que, “tal como se prevé en
el artículo 8, la recuperación de los costos de los servicios que se prestan
por concepto de la administración y sostenimiento de la central de llamadas no
está en cabeza de todas las personas que se benefician del servicio,
transgrediendo así el principio de equidad en materia tributaria. En efecto, en
materia tributaria la tarifa debe fijarse no sólo teniendo en cuenta el costo
en que incurre el Estado para la prestación del servicio sino el beneficio que
reciben los contribuyentes”.
A manera de conclusión se señala “el proyecto de ley no atiende
los preceptos constitucionales y la doctrina constitucional para adoptar esta
clase de medidas, toda vez que, tan sólo se limita a señalar que el responsable
del pago son las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor
y que dicho pago debe hacerse en proporción al número de vehículos vinculados”.
2. Postura asumida por el Congreso de la
República.
Como punto de partida, los congresistas señalan que “el
legislador no ha impuesto una nueva obligación, así, hoy día el parágrafo 2°
del artículo 28 de la ley 769 de 2002, “por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, indica que
“Parágrafo 2°. Los vehículos de servicio público, oficial, escolar, y
turístico; de manera obligatoria deberán llevar un aviso visible que señale un número
telefónico donde pueda informarse la manera como se conduce y/o se usa el
vehículo correspondiente”, de esta manera, es claro que hoy día los vehículos
de servicio público allí indicados deben llevar un aviso visible con número
telefónico en el que el usuario puede reportar la forma en que prestó el
servicio.”
Agregan que con la norma objetada se busca adicionalmente
generar orden en el sector y confianza en las autoridades, en este caso la Superintendencia de Puertos y Transporte, es quien debe analizar la información suministrada
por los usuarios del servicio público de transporte, llevar un control del
mismo y decidir al respecto, en ejercicio de su obligación de inspección,
vigilancia y control.
De igual manera, en cuanto al reproche por la vulneración de los
principios tributarios indican que “el legislador en la expedición
del artículo en análisis ha cumplido a cabalidad con el principio de legalidad
tributaria, teniendo como base los artículos 150 y 338 de la
Constitución Nacional.”.
De igual
manera, en cuanto a la objeción encaminada a sostener que “el
legislador no ha cumplido a cabalidad con las cargas que le fueron
impuestas por el artículo 338 de la
Constitución Nacional, haciendo alusión específica al tema de los métodos y
sistemas para definir los costos, beneficios y forma de hacer su reparto, en
atención a que el legislador en este caso remite a la Superintendencia de Puertos y Transporte la fijación de las tarifas”, estiman que es
infundada por cuanto “el legislador indica en la norma en análisis que los
costos de dicho servicio serán sufragados por las empresas de servicio
público de transporte automotor en proporción al número de vehículos vinculados
, y siendo determinables tanto las empresas de servicio público de transporte
como el número de vehículos vinculados a las mismas, claramente se están
estableciendo los métodos y sistemas tarifarios, para que sean desarrollados
por la Superintendencia de Puertos y Transporte, cumpliendo así con la
disposición contenida en el artículo 338 de la
Constitución Nacional.”
Así las cosas, a manera de
síntesis, sostienen que “rechazamos las objeciones presentadas por el
Ejecutivo e insistimos en la aprobación del artículo propuesto en el proyecto
de ley”.
3. Concepto de la Vista Fiscal.
La
Procuraduría considera que las objeciones presidenciales contra el parágrafo
2º del artículo 8 del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de 2006, Cámara
son infundadas debido a que la tasa, impuesta para sufragar los costos de un
servicio de recepción de quejas por infracción a las normas de tránsito
terrestre por parte de las empresas de servicio de transporte público del ramo,
es equitativa y cumple con la legalidad tributaria.
En tal sentido, señala que lo primero que se debe
determinar es la clase de tributo que estableció el legislador. En ese sentido,
se observa que se trata de una tasa, ya que se hace alusión a los costos que se
deben sufragar por la prestación de un servicio público de recepción de quejas
ciudadanas por infracciones a las normas de tránsito terrestre automotor por
parte de las empresas de servicio público del ramo, incluido el incumplimiento
del régimen de sanciones impuestas por vulneración de las mismas.
La condición de este tributo
permite a la administración fijar su tarifa, partiendo de una regulación legal
más flexible que la requerida para el establecimiento de impuestos. En cuanto a
los elementos de ese tributo, se tiene que el sujeto activo es el Estado,
representado por la Superintendencia de Puertos y Transporte, en cuanto que
esta entidad es la que debe contratar el servicio de centro de llamadas y
ejercer el control y vigilancia sobre el mismo.
El sujeto pasivo son las empresas
de servicio público terrestre automotor; el hecho generador (entiéndase el
hecho económico a partir del cual surge la financiación del tributo) lo
constituye la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor
en todas sus modalidades; la base gravable la configura el costo total de la
contratación de los servicios del centro de recepción de llamadas durante un
período determinado (por ejemplo, el principio de anualidad presupuestal); la
tarifa surge del principio de proporcionalidad, en cuanto que el costo
contractual se divide entre todas las empresas de servicio público de transporte
terrestre automotor del país, según el número de vehículos que tengan
vinculados cada una de ellas.
Por tanto, según la
Vista Fiscal, el legislador sí estableció la totalidad de los elementos que
requiere la tasa criticada por el Ejecutivo. A partir de allí, le compete al
Gobierno Nacional efectuar la reglamentación pertinente para que la Superintendencia de Puertos y Transporte administre en debida forma el servicio de centro de
llamadas para la recepción de quejas ciudadanas por violación de las normas de
tránsito terrestre automotor por parte de las empresas de servicios públicos
del ramo.
Lo último que queda por
determinar es la equidad de dicha tasa a cargo únicamente de las empresas de
servicios públicos de transporte terrestre automotor, o si, como lo pretende el
Presidente de la República, dicho tributo debe ser sufragado por todas las
personas que se benefician del servicio de recepción telefónica de quejas (es
decir, todos los ciudadanos).
Sobre el particular, argumenta la
Vista Fiscal que los servicios públicos hacen alusión a una especie de
actividad económica que conlleva unas cargas especiales para quienes quieren
participar en los mercados pertinentes (Constitución Política. Artículo 365).
Una de dichas cargas es someterse al control del Estado para mejorar la
eficiencia en la prestación del servicio, lo cual trae como consecuencia, para
las mismas empresas, mayores ganancias, tanto por el aumento de la demanda como
por la disminución de las fallas que acarrean mayores costos (accidentes de
tránsito, sanciones policivas, costos de transacción en el ejercicio del
derecho de defensa, etc.). Luego, es equitativo, desde el punto de vista
contributivo, que sean las empresas de transporte público terrestre automotor
las que deban costear la tasa indicada, debido a que son ellas las que
obtendrán mayores beneficios económicos derivados del efecto persuasivo que se
busca con el servicio de centro de llamadas para que los ciudadanos reporten
sus quejas por las infracciones a las normas de tránsito del ramo.
A continuación, la
Procuraduría considera que aquello que pretende el gobierno sería, además de
inequitativo en lo tributario por las razones indicadas, “absurdo porque
cobrarle tributo a los ciudadanos por presentar sus quejas conllevaría a que estos
terminaran por no formularlas; es decir, se impondría una barrera de acceso a
la participación ciudadana para mejorar el servicio de transporte público
terrestre automotor, lo cual terminaría cercenando el derecho de petición que
les asiste (Constitución Política. Artículo 23)”.
Por tanto, la
Vista Fiscal solicita a la
Corte Constitucional declarar infundadas las objeciones presidenciales contra
el parágrafo 2º del artículo 8 del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de
2006, Cámara.
4. Solución al caso concreto por parte de la
Corte Constitucional
4.1. Textos de las normas objetadas.
Artículo 8º. El artículo 28 de la
Ley 769 de 2002 quedara así:
Artículo 28. Condiciones
tecnomecánicas, de emisiones contaminantes y de operación. Para que un vehículo pueda
transitar por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto
funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión,
del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape
de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de
seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisiones contaminantes
que establezcan las autoridades ambientales.
Parágrafo 1°. Las autoridades de
tránsito ejercerán en los vehículos de servicio público de transporte, un
control y verificación del correcto funcionamiento y calibración de los
dispositivos utilizados para el cobro en la prestación de un servicio público.
Parágrafo 2.° La Superintendencia de Puertos y Transporte, contratará los servicios de un centro de llamadas,
el cual estará bajo su vigilancia, inspección y control, mediante el cual
cualquier persona podrá reportar la comisión de infracciones de tránsito, o la
violación al régimen de sanciones por parte de las empresas de servicio público
de transporte terrestre automotor. Las llamadas no tendrán costo alguno. Los
costos de dicho servicio serán sufragados por las empresas de servicio público
de transporte automotor en proporción al número de vehículos vinculados.
Con dicho propósito, los vehículos de servicio público y oficial,
de manera obligatoria deberán llevar un aviso visible tanto en el interior como
en el exterior en el que se señale el número telefónico correspondiente al
centro de llamadas antes indicado.
Los vehículos de servicio público deberán llevar además marcado en
los costados y en el techo el número de la placa según normas que profiera el
Ministerio de Transporte.
Las obligaciones previstas en este artículo y la contratación de
los servicios del centro de llamadas deberán implementarse en un término no
mayor de un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación de la presente
ley.
4.2. Planteamiento del problema jurídico.
El Presidente
de la República objetó por inconstitucional el parágrafo 2º del artículo 8 del
proyecto de ley, por cuanto, a su juicio, es claro que en este caso se
crea una tasa a cargo de las empresas de servicio público de transporte sin que
para tales efectos se hubiesen señalado los elementos que la conforman de acuerdo
con lo previsto en el artículo 338 de la
Constitución Política. En tal sentido, el artículo ha debido fijar claramente
el sujeto activo, el sujeto pasivo, los hechos generadores y las bases
gravables, así como la tarifa.
El Congreso se opone a la objeción por cuanto, en su concepto, el
legislador ha cumplido a cabalidad con el principio de legalidad tributaria,
teniendo como base los artículos 150 y 338 de la
Constitución Nacional.
En igual
sentido, según la Vista Fiscal, el legislador sí estableció la totalidad de los
elementos que requiere la tasa criticada por el Ejecutivo.
En este orden
de ideas, le corresponde a la Corte determinar si, como lo asegura el
Presidente de la República, en este caso se creó una tasa a cargo de las
empresas de servicio público de transporte sin que para tales efectos se
hubiesen señalado los elementos que la conforman de acuerdo con lo previsto en
el artículo 338 de la
Constitución Política
Para tales
efectos, la Corte (i) examinará el margen de discrecionalidad y los límites
constitucionales con que cuenta el Congreso de la
República para crear tasas; y (ii) determinará si, en el caso concreto, los
límites constitucionales fueron respetados por el legislador.
4.3. Resolución del caso concreto.
4.3.1. El margen
de discrecionalidad y los límites constitucionales con que cuenta el Congreso
de la República para crear tasas.
De conformidad con el artículo
338 constitucional, la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar los
elementos esenciales del tributo, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo,
el hecho gravable, la base gravable y la tarifa. Se trata, por tanto, de la
consagración del principio de legalidad del tributo, en virtud del cual,
cualquier gravamen debe contener los elementos esenciales de la obligación
tributaria. Esta previsión tiene como finalidad, según lo consideró la
Corte en sentencia C-084 de 1995 “fortalecer la seguridad jurídica y evitar
los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que
impone la contribución debe establecer previamente, y con base en una discusión
democrática, sus elementos esenciales para ser válido”.
Puestas así
las cosas, resulta claro que, en materia impositiva la
Constitución defiere al legislador una amplia capacidad para establecer los
tributos y fijar los sujetos activos y pasivos, los hechos imponibles, las
bases gravables y las tarifas.
Ahora bien,
en lo que concierne a la imposición de tasas, la
Corte ha considerado que  “La cláusula de libertad impositiva, se reitera
en el tema de las tarifas de las tasas y contribuciones que las autoridades
pueden cobrar a los contribuyentes, a título de recuperación de los costos en
razón de los servicios que les presten, en cuyo caso compete a la ley, las
ordenanzas o acuerdos, definir el sistema y el método para calcular tales
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto[31]”.
De igual
manera, esta Corporación consideró, en sentencia C- 155 de 2003, que “por
expresa autorización constitucional, en el caso de las tasas y las
contribuciones especiales, la tarifa puede ser fijada por las autoridades
administrativas previa definición del sistema y el método para hacerlo”.
Respecto al contenido y alcance de la expresión “sistema y método”, en
el referido fallo la Corte Constitucional, luego de presentar un recuento de
sus principales pronunciamientos en la materia, afirmó lo siguiente:
“El
anterior recuento jurisprudencial demuestra que no ha sido fácil precisar el
alcance de los términos “sistema” y “método”, particularmente en aquellos
eventos en los cuales la ley, las ordenanzas o los acuerdos, delegan a las autoridades
administrativas la facultad de fijar la tarifa de tasas y
contribuciones especiales.  Sin embargo, la
Corte considera que a partir de esta la
Sentencia C-1371 de 2000 es posible armonizar dichos conceptos de manera que
el artículo 338 de la Constitución sea interpretado a la luz del principio de
efecto útil de las normas. (negrillas y subrayados agregados).
Lo primero
que la Sala observa es que para determinar las tarifas de tasas y contribuciones
la Constitución no señaló lo que debía entenderse por “sistema” y “método”,
pero reconoció la necesidad de acudir a ellos al menos en tres momentos: (i)
para definir los costos de los servicios, esto es, los gastos en que incurrió
un entidad, (ii) para señalar los beneficios generados como consecuencia de la
prestación de un servicio (donde naturalmente está incluida la realización de
una obra) y, (iii) para identificar la forma de hacer el reparto de costos y
beneficios entre los eventuales contribuyentes.
Si bien es
cierto que la falta de definición se explica por la naturaleza abierta de las
normas constitucionales, así como por la multiplicidad de tasas y
contribuciones que pueden crearse, también lo es que la significación de esos
conceptos no puede desvanecerse a tal punto que desaparezca su eficacia como
norma jurídica. En consecuencia, a juicio de la
Corte, es necesario identificarlos con claridad, pues aunque los términos
guardan cierta relación de conexidad tienen sin embargo connotaciones
distintas.
En efecto,
un sistema “se define por el hecho de no ser un simple agregado desordenado de
elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada por una determinada
articulación dinámica entre sus partes”[32].
Supone coherencia interna para relacionar entre sí los componentes de un
conjunto, que en el ámbito tributario representan la combinación de reglas y
directrices necesarias para determinar los costos y beneficios de una obra o
servicio, así como la forma de hacer su distribución.
Por su
parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben observarse para
que los componentes del sistema se proyecten extrínsecamente. Así, constituye
el procedimiento a seguir con el objeto de determinar en concreto el monto de
la obligación tributaria.
Frente a
las tasas y contribuciones especiales la
Corte considera que tanto el “sistema” como el “método”, referidos en el
artículo 338 de la Constitución, deben ser lo suficientemente claros y precisos
a fin de evitar que los órganos de representación popular desatiendan un
expreso mandato Superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción
detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en
cuenta para fijar la tarifa, pues en tal caso la facultad constitucional de las
autoridades administrativas perdería por completo su razón de ser.
Se trata,
si se quiere, de una  suerte de competencias compartidas, donde el Congreso,
las asambleas y los concejos son los encargados de señalar los elementos
estructurales del método y del sistema tarifario, mientras que a las
autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros previamente
indicados.
Una
exigencia muy fuerte sobre la determinación del método y del sistema
prácticamente haría inocua la posibilidad de delegación, pues la propia ley
estaría fijando la tarifa de la contribución.  Por el contrario, una excesiva
indeterminación dejaría en manos de las autoridades administrativas la
regulación absoluta de ese elemento, en contravía del principio de legalidad,
concretado en el de la predeterminación del tributo y la representación
popular.  Lo que la ley exige es, más que la simple enunciación de criterios,
la definición de una cierta manera de proceder en la articulación de esos
criterios.
Ahora bien,
la anterior exigencia no implica que la ley, las ordenanzas o los acuerdos,
necesariamente deban utilizar las palabras “sistema” y “método” como fórmulas
retóricas sacramentales, porque el criterio definitorio será siempre de
carácter material.  Ello se explica en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial y de la posibilidad de resolver las dudas hermenéuticas frente a
cualquier clase de norma.[33]
En consecuencia, “basta que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es
decir, los principios que deben respetar las autoridades y las reglas generales
a que están sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas
correspondientes”.[34]
Más recientemente, la Corte en sentencia C- 121 de 2006, con ocasión
de una demanda presentada contra algunas disposiciones del Código de Régimen
Político y Municipal, reiteró que, de conformidad con el artículo 338 Superior,
“Solo excepcionalmente, respecto de  la tarifa de
las tasas y contribuciones, este mismo artículo de la
Carta autoriza que se atribuya la competencia de fijarla a otras
autoridades, siempre que en la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo se
fije el sistema y el método para determinarla”, es decir, autoridades
administrativas.
4.3.2. Examen sobre el acatamiento de los límites
constitucionales en materia de imposición de tasas.
En
el presente caso, la Corte debe establecer si realmente el legislador fijó los
elementos del tributo, al momento de configurar un gravamen a cargo de las
empresas transportadoras.
En
tal sentido, es necesario aclarar que efectivamente el Congreso de la
República creó una tasa, es decir, “un ingreso tributario
establecido unilateralmente por el Estado, pero que sólo se hace exigible en el
caso de que el particular decida utilizar el servicio público específico financiado
por la tasa correspondiente”[35].
En efecto, las empresas de servicio automotor deberán sufragar los
costos de mantenimiento  de un centro de llamadas, contratado por la Superintendencia de Puertos y Transporte, al cual podrán acudir los usuarios del servicio
para reportar la comisión de infracciones de tránsito o la violación al régimen
de sanciones por parte de aquéllas. En otras palabras, se está imponiendo una
contraprestación al funcionamiento de un servicio público.
En cuanto al sujeto
activo, queda claro que es el Estado, representado por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, entidad que
deberá, a su vez, contratar los servicios de un centro de llamadas, el cual
estará bajo su vigilancia, inspección y control.
El sujeto pasivo, por su parte, también se
encuentra plenamente previsto por la norma objetada, ya que se trata de las
empresas de servicio público terrestre automotor; en tanto que el hecho
generador, lo constituye la prestación del servicio público de transporte
terrestre.
La determinación de la tarifa, como se
explicó, puede ser fijada por las autoridades administrativas, previa
definición del sistema y método para hacerlo.  Además, en términos de la
jurisprudencia constitucional, no es necesario que la ley, ordenanza o acuerdo
expresamente utilicen las expresiones “sistema” y “método”, para
que se entienda cumplido el requisito constitucional; por el contrario, basta
con que uno y otro se deduzcan de la norma, es decir, que se prevean, al menos,
los principios generales que deben respetar las autoridades administrativa al
momento de determinar y liquidar la correspondiente tarifa.
En el caso concreto, la
Corte advierte que el legislador previó esos parámetros generales destinados a
fijar los sistemas y métodos para determinar la tarifa de la tasa, por cuanto
dispuso que aquella deberá ser liquidada “en proporción al número de
vehículos vinculados”, es decir que, a mayor número de vehículos inscritos
por la empresa transportadora, correlativamente será mayor la tarifa de la tasa
que deberán pagar por concepto de mantenimiento del servicio de reporte de
infracciones de tránsito.
Así
las cosas, la Corte considera que el legislador estableció la totalidad de los
elementos configuradores del tributo, motivo por el cual no se desconoció el
principio de legalidad del mismo. Es más, para mayor claridad, el legislador
dispuso que “Las
obligaciones previstas en este artículo y la contratación de los servicios del
centro de llamadas deberán implementarse en un término no mayor de un (1) año
contado a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.”.
En
este orden de ideas, la Corte declarará infundada la objeción presidencial
presentada contra el parágrafo 2 del artículo 8º del proyecto de ley, y en
consecuencia, será declarada exequible.
E. QUINTA OBJECIÓN PRESIDENCIAL.
1. Objeción por inconstitucionalidad del artículo 11 (parcial).
Indica
que la revisión técnico-mecánica busca ejercer un control sobre el buen estado
de funcionamiento de los vehículos que circulan por las vías y carreteras del
país, a fin de prever que su circulación se haga en condiciones tales que
garanticen la seguridad de los ciudadanos, conductores, pasajeros y peatones.
Así
las cosas, al establecerse en el artículo 11 para los vehículos particulares la
mencionada revisión cada dos años durante los primeros seis años, “viola el
principio constitucional del derecho a la igualdad consagrado en el artículo
13. En efecto, el artículo incluye únicamente la palabra “nuevos”, sin tener en
cuenta los vehículos que a la fecha tienen menos de seis años de matriculados,
los cuales de conformidad con la ley deberían realizar la revisión anualmente”.
En
ese orden de ideas, “no existe una justificación razonada para hacer un
tratado (sic) diferenciado entre unos y otros, beneficiando de forma exclusiva
con la medida a los vehículos nuevos que se matriculen a partir de la entrada
en vigencia de la ley”.
A
manera de conclusión se señala que “al incluir en el proyecto la palabra
“nuevo” se excluyen a los vehículos que al momento de la expedición de la ley
se encuentren registrados o matriculados y que aún no han completado los seis
(6) años que el legislador quiso excluir de la revisión anual. Si éste término
queda dentro del artículo –nuevo- solamente se exigirá la revisión cada dos
años a aquellos vehículos que a partir de la entrada en vigencia de la norma
legal, sean matriculados, esto es a futuro. De tal manera que la medida no
cumple con el juicio de razonabilidad y proporcionalidad que son intrínsecos a
la construcción de la norma y estudio de constitucionalidad”.
2. Postura asumida por el Congreso de la
República.
En
relación con la objeción presentada por el Ejecutivo, en el sentido de que “En
el artículo 11 del proyecto de ley que establece para los vehículos particulares
la revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes cada dos años
durante los primeros seis años, viola el principio constitucional del derecho a
la igualdad consagrado en el artículo 13. En efecto, el artículo incluye
únicamente la palabra “nuevos” sin tener en cuenta los vehículos que a
la fecha tienen menos de seis (6) años de matriculados, los cuales de
conformidad con lo dispuesto en la ley deberían realizar la revisión
anualmente”, los congresistas consintieron en la objeción, habiendo propuesto
entonces el siguiente texto:
“Artículo
11. El artículo 51 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 51.
Revisión periódica de los vehículos. Todos los vehículos automotores, deben
someterse anualmente a revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Los vehículos de servicio particular, se someterán a dicha revisión cada dos
(2) años durante sus primeros seis (6) años contados a partir de la fecha de su
matrícula; las motocicletas lo harán anualmente.
La revisión
estará destinada a verificar:
1. El adecuado
estado de la carrocería.
2. Niveles de
emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente
sobre la materia.
3. El buen
funcionamiento del sistema mecánico.
4.
Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
5. Eficiencia
del sistema de combustión interno.
6. Elementos
de seguridad.
7. Buen estado
del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere
con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.
8. Las llantas
del vehículo.
9. Del
funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
10. Del buen
funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación
del servicio público.
En los
términos antes indicados, acogemos las objeciones presentadas por el
Ejecutivo. (negrillas agregadas).
3. Concepto de la Vista Fiscal.
En pocas palabras, el Ministerio
Público considera que el proceder del Congreso de la
República respondió plenamente inquietud presidencial, por lo que no hay razón
para abordar el estudio judicial del resto de la norma. Por tanto, se
solicitará a la Corte Constitucional declararse inhibida para conocer del
trámite de objeción contra el artículo 11 del Proyecto de ley, debido a que la
misma fue atendida en debida forma por el Congreso de la
República.
4. Solución al caso concreto por parte de la
Corte Constitucional
4.1. El texto de las normas objetadas.
Artículo 11. El artículo 51 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 51. Revisión
periódica de los vehículos. Todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a
revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes. Los vehículos nuevos
de servicio particular, se someterán a dicha revisión cada dos (2) años durante
sus primeros seis (6) años contados a partir de la fecha de su matrícula; las
motocicletas lo harán anualmente.
La revisión estará destinada a verificar:
1. El adecuado estado de la carrocería.
2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes
con la legislación vigente sobre la materia.
3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.
4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto
óptico.
5. Eficiencia del sistema de combustión interno.
6. Elementos de seguridad.
7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente,
en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por
encima de los niveles permitidos.
8. Las llantas del vehículo.
9. Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el
cobro en la prestación del servicio público.
4.2. El problema jurídico.
El
Presidente de la República objetó por inconstitucionalidad la expresión “nuevos”
del artículo 11 del proyecto, por cuanto viola el artículo 13 Superior, ya que
no se tuvo en cuenta “los vehículos que a la fecha tienen menos de
seis (6) años de matriculados, los cuales de conformidad con lo dispuesto en la
ley deberían realizar la revisión anualmente”.
El Congreso de la
República aceptó la objeción presidencial. La
Vista Fiscal, en consecuencia, solicita a la
Corte declararse inhibida.
4.3. Resolución del problema jurídico.
En el caso concreto, la Corte considera que procede un fallo
inhibitorio por carencia de objeto. En efecto, esta
Corporación ha considerado que "la insistencia de las Cámaras"
es un presupuesto de procedibilidad, para que la
Corte tenga competencia en el análisis de exequibilidad del proyecto objetado.
Si aquél falta, en todo o en parte, deberá entenderse que dicho proyecto fue
archivado total o parcialmente, de acuerdo al artículo 200 de la ley 3a
de 1992[36].
En este orden
de ideas, la Corte se declarará inhibida para
proferir un fallo de fondo en relación con la expresión “nuevos” del artículo
11 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
F. SEXTA OBJECIÓN.
1.
Objeción por inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 15.
Se
afirma que la expresión “Está prohibido a los conductores de vehículos
participar en actividades comerciales o benéficas a doscientos (200) metros a
la redonda de semáforos, señales de tránsito, paso a nivel, paso peatonal a
desnivel, paso peatonal a nivel, separadores, berma, ciclovías, ciclorrutas,
estacionamientos, paraderos, todo tipo de puentes y en las zonas destinadas a
la circulación de todo tipo de vehículos”, del parágrafo del artículo 15
del proyecto de ley contraviene los artículos 13, 16, 24, 25, 158 y 333 “entre
otros de la
Constitución Política”.
Sobre
el particular explica que, si bien la norma aparentemente pretende restringir
la actividad de aquellas personas que se encuentran conduciendo un vehículo en
aras de garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, “la redacción
de la norma se extiende a asuntos violatorios de los derechos fundamentales de
aquellas personas que por el sólo hecho de ser conductores no pueden ejercer
actividades comerciales o benéficas a 200
metros a la redonda de las áreas a las cuales hace referencia el parágrafo”.
A
renglón seguido señala que “toda vez que la norma en comento no contempla la
prohibición para una persona que se encuentra conduciendo un vehículo de
realizar cualquier actividad en los semáforos y demás sitios contiguos a las
vías y que por tal conducta el conductor genere u obstruya el tránsito normal
de los demás vehículos, actividad que sí podría dar lugar a la comisión de una
infracción, la redacción de la norma resulta totalmente violatoria de los
artículos 13, 16, 24, 25, 333 de la
Constitución Política”.
Agrega
que las restricciones que se imponen no son realmente normas de tránsito, “como
aparentemente se pretende hacer ver”, sino que establece restricciones al
ejercicio de actividades comerciales, es decir, son de carácter policivo,
desbordándose la materia regulada en el CNTT, por lo que se estaría violando el
artículo 158 Superior, en concreto, el principio de unidad de materia.
2. Postura
asumida por el Congreso de la
República.
En
cuanto a la objeción presidencial presentada en el sentido de que con el
artículo 15 del proyecto de ley si bien “aparentemente
pretende restringir la actividad de aquellas personas que se encuentren
conduciendo un vehículo en aras de garantizar la seguridad y comodidad de los
habitantes, regulando aspectos relacionados en materia tránsito, la redacción
de la norma se extiende a asuntos que no se encuentran relacionados y, que
resultan violatorios a los derechos fundamentales de aquellas personas que por
el sólo hecho de ser conductores no pueden ejercer actividades comerciales o
benéficas a 200 metros a la redonda de las áreas a las cuales hace referencia
el parágrafo”, los congresistas terminaron asintiendo, aunque con
argumentos completamente distintos, como son los siguientes:
“Consideramos
que el Gobierno Nacional, interpreta erróneamente la disposición en análisis,
sin tener en cuenta las normas de interpretación contenidas en la
Ley 57 de 1887 y en especial, por cuanto desconoce el espíritu del legislador,
contenido en la ponencia presentada en la comisión VI del Senado. La
objeción del Gobierno se basa en un argumento
peregrino, alejado de cualquier norma de interpretación actualmente válida.
El Gobierno
Nacional, interpreta que el legislador ha establecido, per se, una restricción
a las actividades que realizan los conductores, cuando el espíritu del
legislador se encuentra planteado en forma clara en la ponencia, de la
siguiente forma.
Igualmente,
se establecen medidas que buscan mejorar la movilidad y la seguridad tanto de
conductores, pasajeros y peatones, así se prohíbe a los conductores de
vehículos participar en actividades comerciales o benéficas a doscientos
(200) metros a la redonda de semáforos, señales de tránsito, paso a nivel, paso
peatonal a desnivel, paso peatonal a nivel, separadores, berma, ciclovías,
ciclorrutas, estacionamientos, paraderos, todo tipo de puentes y en las
zonas destinadas a la circulación de todo tipo de vehículos.
De otro lado, el Gobierno Nacional intenta argumentar su
objeción, indicando que con esta norma el legislador regula temas policivos y
no de tránsito, violando de esta forma el artículo 158 de la
Constitución Nacional.
A este respecto, tampoco se encuentran razones o
argumentaciones legalmente válidas que sustenten la posición del Gobierno; de
un lado es necesario que este evidencie la justificación de la norma; esto es,
el mejoramiento de la movilidad y de la seguridad en las vías, siendo estos
además principios del Código en análisis. De otro lado, debe tenerse en cuenta
lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de
Tránsito.
Finalmente, es necesario reiterar conforme con lo
anteriormente expuesto que el propósito del legislador no es la prohibición de
las ventas en las zonas indicadas en el parágrafo del artículo en estudio, (lo
cual es responsabilidad de las autoridades locales), sino prohibir a los
conductores participar en ellas, con el propósito de mejorar la movilidad en
las vías y como medida de seguridad tanto para peatones como para conductores.
A pesar de todo lo anteriormente indicado, y en atención a
la situación económica que hoy día presenta la población menos favorecida en
las grandes ciudades del país consideramos que debe eliminarse del proyecto de
ley el parágrafo del artículo 1°.
No obstante lo anterior, el Congreso en uso del control
político deberá abrir el debate para que los vendedores ambulantes, que algunos
de ellos ejercen su oficio bajo la precaria condición del desplazamiento no
sigan siendo víctimas del aprovechamiento de quienes los someten abusando de
menores de edad, madres cabeza de familia o huérfanos víctimas de la violencia
que encuentran, al menos temporalmente, en esta modalidad informal del
trabajo una manera de sobrevivencia.
Otra cosa en este mismo sentido habrá que hacer para
verificar si esas mercancías que ellos comercializan, pagan impuestos o si son
adquiridas con recursos lícitos o provienen del contrabando o de una práctica
de lavado de activos.
En los
términos anteriormente indicados, excluimos del proyecto el parágrafo del
artículo 15, acogiendo la objeción presentada por el Gobierno Nacional. (negrillas
y subrayados agregados).
3. Concepto de la Vista Fiscal.
La
Vista Fiscal no se pronunció en relación con la objeción presidencial
presentada contra el parágrafo del artículo 15 del proyecto de ley. En efecto,
al momento de rendir el respectivo concepto, (núm. 4707) la
Procuraduría afirma que el mismo versará sobre lo siguiente:
“Mediante
oficio de fecha 23 de enero de 2009, el Presidente del Senado de la
República remitió al Procurador General de la
Nación copia del Proyecto de ley de la referencia, una vez surtido el trámite
de insistencia de aprobación por las dos cámaras legislativas a las objeciones
por inconstitucionalidad formuladas por el Presidente de la
República a los parágrafos 2º y 3º del artículo 4, numeral 4 y el parágrafo 2º
del artículo 5, parágrafo 2 del artículo 8, artículo 11, inciso primero del
artículo 13, artículo 17, parágrafo 2 del artículo 24, y el artículo 27, todos
del Proyecto de ley 87 de 2007 Senado, 12 de 2006, Cámara. Dicha copia fue
radicada en la Oficina de Correspondencia de la
Procuraduría General de la Nación el día 3 de febrero de 2009.
4. Solución al caso concreto por parte de la
Corte Constitucional
4.1.
Los textos de las normas objetadas.
Artículo 15. El artículo 76 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 76. Lugares
prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares:
Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para
peatones, recreación o conservación.
En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un
cruce.
En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se
indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de
vehículos.
En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas
o en cualquiera de los accesos a estos.
En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de
cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio
público, o para limitados físicos.
En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización.
A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.
En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y
entradas de garajes.
En curvas.
Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.
Donde
las autoridades de tránsito lo prohíban.
En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía
principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.
Parágrafo. Está prohibido a los conductores de vehículos
participar en actividades comerciales o benéficas a doscientos (200) metros a
la redonda de semáforos, señales de tránsito, paso a nivel, paso peatonal a
desnivel, paso peatonal a nivel, separadores, berma, ciclovías, ciclorrutas,
estacionamientos, paraderos, todo tipo de puentes y en las zonas destinadas a
la circulación de todo tipo de vehículos.
El incumplimiento de esta norma se sancionará con treinta (30)
salarios mínimos legales diarios vigentes, s.m.l.d.v.
4.2.
El problema jurídico.
El Presidente de la
República objetó por inconstitucional el parágrafo del artículo 15 del
proyecto de ley, por cuanto, en su concepto, tal disposición, si bien pretende restringir la actividad de aquellas
personas que se encuentren conduciendo un vehículo en aras de garantizar la
seguridad y comodidad de los habitantes, regulando aspectos relacionados en
materia tránsito, la redacción de la norma se extiende a asuntos que no se
encuentran relacionados y, que resultan violatorios a los derechos
fundamentales de aquellas personas que por el sólo hecho de ser conductores no
pueden ejercer actividades comerciales o benéficas a 200
metros a la redonda de las áreas a las cuales hace referencia el parágrafo.
El Congreso de la
República aceptó la objeción presidencial, en tanto que la
Vista Fiscal omitió referirse a la misma.
4.3.
Resolución del caso concreto.
La Corte considera que, en el presente caso,
procede igualmente un fallo inhibitorio por carencia de objeto. En efecto, esta Corporación  ha considerado que "la insistencia de las
Cámaras" es un presupuesto de procedibilidad, para que la
Corte tenga competencia en el análisis de exequibilidad del proyecto objetado.
Si aquél falta, en todo o en parte, deberá entenderse que dicho proyecto fue
archivado total o parcialmente, de acuerdo al artículo 200 de la ley 3a
de 1992[37].
En este orden de
ideas, la Corte se declarará inhibida para proferir un fallo de fondo en
relación con el parágrafo del artículo 15 del proyecto de ley núm. 012
de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”,
por carencia actual de objeto.
G. SÉPTIMA OBJECIÓN.
1. Objeción por inconstitucionalidad de los artículos 17 (parcial)
y 21.
Se
afirma que el artículo 17 del proyecto de ley viola los artículos 29, 209 y 287
Superiores.
Al
respecto se explica que el artículo 17 del proyecto de ley introduce un sistema
de puntos frente a la comisión de infracciones de tránsito “con
incoherencias y contradicciones que dificultan su aplicación efectiva,
contraviniendo el principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la
Constitución Política que exige que el legislador debe establecer reglas
claras para la investigación y aplicación de sanciones con observancia del
principio de legalidad”.
Argumenta
asimismo que la disposición objetada, que modifica el artículo 93 del CNTT, se
incluyó en el Capítulo IV del Título III del CNTT que hace referencia a las
normas dirigidas al “transporte público”, lo cual conlleva a que se presenten
erradas interpretaciones al considerar que éste sistema sólo aplica para
conductores de este tipo de vehículos. El Título IV del CNTT contiene las
disposiciones relativas a las sanciones que sean aplicables a los actores del
tránsito.
Más
adelante se señala “El sistema de licencia por puntos fue consagrado en los
artículos 17 y 21 del proyecto de ley. Cuando se comparan las dos normas se
presentan dos regímenes diferentes de puntos así:
Artículo 17 (modifica el artículo 93)
Artículo 21 (modifica el artículo 131)
Multa
puntos
Multa
Puntos
8 smldv                     2 puntos
8  smldv                      1 punto
15 smldv                   6 puntos
15 smldv                     2 puntos
30 smlvd                   8 puntos
30 smldv                     3 puntos
45 smldv                      6 puntos
Sobre el particular se asegura que tales contradicciones pueden
conllevar al colapso del sistema, en especial, en lo que se refiere a la
suspensión y cancelación de las licencias de conducción. A renglón seguido se
presenta el siguiente ejemplo “la infracción consiste en estacionar en
sitios prohibidos, del literal c del artículo 131 del CNTT, a la luz de lo
establecido por el nuevo artículo 93 en concordancia con el nuevo artículo 26
generaría la suspensión automática de la licencia de conducción (por la pérdida
de 6 puntos), mientras que si se aplica el sistema de puntos consagrado en el
nuevo artículo 131 sólo generaría la pérdida de 2 puntos”.
En este orden de ideas, alega la falta de claridad en materia
sancionatoria, la cual se evidencia en las contradicciones que se presentan
entre los artículos 17 y 21 del proyecto de ley, lo cual dejan al arbitrio del
funcionario la aplicación de la sanción. Así mismo “se viola el principio de
legalidad toda vez que la descripción de las sanciones contenidas en los
artículos señalados no está conforme con la precisión, lex certa, que se exige”.
Aunado a lo anterior, el sistema de puntos consagrado en el
artículo 17 del proyecto de ley, que modifica el artículo 93, no atiende al
principio de proporcionalidad “ni desde la perspectiva cualitativa ni cuantitativa”.
Más adelante se explica que “el sistema propuesto no guarda
correspondencia entre el monto de las sanciones pecuniarias y la pérdida de
puntos, pues mientras entre las sanciones del literal b y las del c existe un
aumento de la multa equivalente a un poco menos del 100% ( de 8
a 15 smldv), la sanción de puntos se incrementa en un 200% ( de 2
a 6 puntos)”.
Agrega que se vulnera el principio de proporcionalidad entre la
falta cometida y la sanción a imponer, “pues si se diera plena aplicación al
mismo, infracciones como transitar sin los dispositivos luminosos requeridos,
conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas o estacionar en sitios
prohibidos generaría la suspensión automática de la licencia”.
Se concluye diciendo lo siguiente “podría señalarse que dicho
sistema no sería aplicable bajo lo dispuesto por el artículo 7 del proyecto,
que modificó el artículo 26 del CNTT, toda vez que allí se señala que los
puntos se establecerán de conformidad con el artículo 131 del CNTT. No obstante,
para evitar la contradicción interna del sistema y para darle mayor claridad al
administrado, resulta improcedente mantener dos sistemas de puntos diferentes”.
Por otra parte, en cuanto a las violaciones a los artículos 209 y
287 Superiores, se argumenta que el RUNT es un sistema de registro único
nacional central, en línea, que compendia anotaciones y transacciones
relacionadas con automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de
transporte, centros de enseñanza, entre otros.
Así las cosas, en la actualidad, y en cumplimiento de los términos
y compromisos acordados en el contrato de concesión respectivo, cuyo objeto es
la prestación del servicio público del Registro Único Nacional de Tránsito, el
concesionario está trabajando por su cuenta y riesgo en el diseño y operación
del sistema, a efectos de la expedición de certificados de información y
diferentes registros, en coordinación total, permanente y obligatoria con todos
los organismos de tránsito del país.
Indica que una de las características fundamentales del RUNT es la
confiabilidad y agilidad del sistema, toda vez que la información es reportada
o entregada directamente por el originador de la misma, es decir, por los
organismos de tránsito, sin costo alguno.
Explica que, hasta la fecha, viene operando el SIMIT, en tanto que
sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de
tránsito. Sin embargo, cuando entre a operar el RUNT corresponderá a este
sistema y no al SIMIT expedir a todos los usuarios los certificados, “desplazándolo
y haciéndolo inoperante, pues de coexistir dos entes con la misma función, nos
veríamos ante una duplicidad innecesaria de tareas afines, resultando esto
contrario a los postulados de la función administrativa contenidos en el artículo
209 de la Constitución, en especial, el de economía, celeridad y eficacia”.
En tal sentido, se alega que la economía administrativa conlleva
reducir al mínimo los esfuerzos y costos. De allí que “teniendo en cuenta
que los resultados son los mismos (registro y expedición de certificaciones
sobre infracciones de tránsito), la duplicidad de funciones entre el RUNT y el
SIMIT contribuirá a generar una carga mayor para los destinatarios de la norma,
a la vez que establecerá un procedimiento inconveniente e inadecuado por inútil
e ineficiente”.
Más adelante se afirma lo siguiente “la exigencia de un doble
registro de infracciones en cabeza de las entidades territoriales no sólo
transgrede el artículo 209 de la
Constitución Política sobre los principios de economía y eficacia que deben
regir la función administrativa, sino también el artículo 287 de la
Constitución Política que hace referencia a la autonomía de las entidades
territoriales”.
A manera de conclusión se señala que “la obligatoriedad
establecida en el Inciso primero del citado artículo 17 de reportar por parte
los Organismos de Tránsito  al Sistema Integrado de Multas y Sanciones SIMIT,
las infracciones de tránsito para que éste a su vez lo reenvíe al RUNT, viola
la autonomía de las entidades territoriales consagrada en el artículo 287 de la
Constitución como los principios de la función administrativa consagrados en
el artículo 209 constitucional”.
2. Postura asumida por el Congreso de la
República.
En relación
con la contradicción existente entre los artículos 17 y 21 del proyecto, la
cual implicaría, según el Ejecutivo, una vulneración al artículo 29 Superior,
los congresistas plantean que “es
preciso resaltar que la redacción que presenta la incongruencia se origina en
el artículo 21 y que el autor de dicho artículo es el Gobierno Nacional,
representado en el debate de la
Comisión VI del Senado por el Ministerio de Transporte, quien después de que
los artículos del proyecto estaban coordinados, presentó una solicitud de
reforma, tal como aparece en la trascripción del día 4 de junio, fruto de la
cual se presenta la contradicción”.
A renglón
seguido, en relación con la alegada violación a los artículos 209 y 287
Superiores, los congresistas insisten en la constitucionalidad de la
disposición objetada, con base en los siguientes argumentos:
“Consideramos,
que el origen conceptual y práctico difiere de manera absoluta de los objetivos
que se persiguen con la creación del RUNT, de forma que fueron concebidos con
claros y definidos propósitos que los hace autónomos e independientes, así que
el RUNT se diferencia en su ideología y operatividad con el SIMIT, ya que este
último garantiza que no se lleve a cabo ningún trámite de los que son
competencia de los Organismos de Tránsito en donde se esté involucrado el
infractor, si el mismo no se encuentra a paz y salvo, y este procedimiento se
logra conectando en línea y tiempo real a todos los organismos de
tránsito, consolidando en una sola base de datos todas las infracciones del
país, lo cual involucra la inversión considerable de recursos públicos, para el
desarrollo, reglamentación divulgación, capacitación, actualización y
administración de este.
Por otro lado
recurriendo al mandato de la norma, podríamos extraer que el
SIMIT resulta una fuente de suministro de información para el RUNT, según lo
establece el último inciso del artículo 11 de la
Ley 769 de 2002.
Una vez
implementado el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones
por infracciones de tránsito (SIMIT), la
Federación Colombiana de Municipios entregará la información al Ministerio de
Transporte para que sea incorporada al Registro Unico Nacional de Tránsito,
RUNT.
Esto es
igualmente corroborado por lo estipulado en el artículo 10, literal b) de la
Ley 1005 de 2006.
B)
Están obligados a reportar la información al Registro Unico Nacional de
Tránsito, RUNT, en un plazo no mayor de 24 horas, después de ocurrido el hecho:
Respecto a que se trasgrede el artículo 287 superior, bastaría solo
con poner de relieve la misma jurisprudencia citada por el Gobierno Nacional,
para así evidenciar que sometido el contenido del artículo 10 de la
Ley 769 de 2002 al respectivo estudio y control constitucional por el órgano
competente para el efecto, sus efectos se entienden generales, obligatorios y
hacen tránsito a cosa juzgada, de forma que los hechos y aspectos sobre los
cuales se hizo el estudio constitucional no pueden entenderse sobre otros con
diferentes alcances y contenidos.
La disposición encuadra en el marco constitucional, ya que hace
parte de su competencia general expedir códigos en todos los ramos y reformar
sus disposiciones, igualmente la de unificar las normas sobre policía de
tránsito en todo el territorio; de forma que sin la existencia de una central
de información integrada, sistematizada y actualizada; figuras jurídicas como
la reincidencia resultaría inoperantes, porque no sería posible determinar si
un infractor ha cometido la misma falta en cualquier otra jurisdicción
diferente a la que deba resolverse en dicho momento.
Téngase presente que las normas son de carácter nacional pero con
autoridades competentes en diferentes jurisdicciones, lo que hace
imprescindible la existencia de un sistema integrado que las interconecte con
información veraz y suministrada en tiempo real, de manera que de quedar al
arbitrio de cada autoridad el envío de la misma echaría al traste la seguridad
jurídica en materia de sanciones de tránsito, como también el principio de
legalidad sobre el cual se edifican las mismas, en la medida que al momento de
adoptar la respectiva decisión desconocerían la preexistencia de otras
sanciones.
En los
términos anteriormente indicados, insistimos en la aprobación del artículo
propuesto en el proyecto. (negrillas y subrayados agregados).
3. Concepto de la Vista Fiscal.
En relación con la contradicción
que se presenta entre los sistemas de sanción mediante descuento de puntos a
las licencias de conducción, según lo establecido al respecto en el inciso
segundo del artículo 17 y el artículo 21 del Proyecto de ley, el Ministerio
Público percibe una vulneración del principio de legalidad propio del debido
proceso por la falta de claridad en el tipo de sanción a imponer.
Más adelante, la
Procuraduría señala que “el sistema sancionatorio del artículo 21 es
racionalmente más claro y preciso que el establecido en el artículo 17
objetado, lo que abarca su proporcionalidad (principio de favorabilidad
procesal). Por tanto, resulta fundada la objeción presidencial contra ese
aparte normativo y así se le solicitará a la
Corte Constitucional emitir su pronunciamiento”.
Por el contrario, en cuanto a la
objeción presentada contra el primer inciso del artículo 17 del Proyecto de ley
por una supuesta duplicidad de funciones entre el SIMIT y el RUNT relacionada
con los reportes diarios de infracciones impuestas que deben efectuar los
organismos de tránsito del país al primero, y que éste, a su vez, conforme
dicho registro de sanciones y lo mantenga disponible para el segundo, “se
percibe que el legislador actuó dentro del ámbito de su competencia, tal como
lo demostró en su informe de objeciones, sin que ello vulnere los principios de
economía y eficacia aplicables a la función administrativa”.
En efecto, la
Vista Fiscal considera que la objeción presidencial es infundada por cuanto los
sistemas de información criticados cumplen funciones con fines diferentes, sin
que ello obste la posibilidad de integrar la información que manejan para
aumentar la eficiencia de sus misiones. En ese sentido, el SIMIT es el órgano
que debe administrar la información en el país sobre infracciones impuestas por
vulnerar las normas de tránsito para que los organismos de tránsito del país
puedan hacerlas efectivas cuando los infractores necesiten servicios en ese
campo (especies venales). El RUNT maneja un sistema integrado de información
con otros fines de políticas públicas. Por eso el SIMIT debe tener disponible
la información para cuando la requiera el RUNT, pero no necesariamente se la
tiene que reportar de manera obligatoria en tiempo real”.
Finalmente,
en lo que concierne a la objeción presidencial contra el inciso primero del
artículo 17 del Proyecto de ley por violación de la autonomía territorial en lo
relacionado con el reporte diario que deben hacer los organismos de tránsito
del país al Sistema Integrado de Multas y Sanciones por infracciones de
tránsito, “la presente Vista Fiscal no se pronunciará al respecto y
solicitará a la Corte Constitucional declararse inhibida para conocer sobre ese
cargo por falta de motivación o razonamiento en la formulación del mismo”.
4. Solución al caso concreto por parte de la
Corte Constitucional.
4.1. Texto de la norma objetada.
Artículo 17. El artículo 93 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 93. Control de
Infracciones de Conductores. Los organismos de tránsito deberán reportar diariamente al Sistema
Integrado de Multas y Sanciones por infracciones de tránsito las infracciones
impuestas, para que este a su vez, conforme y mantenga disponible para el
Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.
Se establece el siguiente sistema de puntos:
Por cada infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos.
Por cada infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos.
Por cada infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos.
Parágrafo 1º. La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa equivalente a cien salarios
mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a las empresas de transporte
público terrestre automotor, que tengan en ejercicio a conductores con licencia
de conducción suspendida o cancelada .
Parágrafo 2º. Las empresas de
transporte público terrestre automotor deberán establecer programas de control
y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio.
Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las empresas de transporte
público terrestre automotor a la
Superintendencia de Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo
antes indicado serán sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a
cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv).
Parágrafo 3º. La consulta a la base
de datos del Simit será gratuita. La expedición de certificados tendrá un costo
de un salario mínimo legal diario vigente (1 smldv), los cuales serán
recaudados por la entidad responsable del Sistema Integrado de Multas y
Sanciones por Infracciones de Tránsito.
Ahora bien, la Corte considera que, de la argumentación planteada
por el Presidente de la República, al igual que de la postura asumida por el
Congreso de la República, también fue objetada la integridad del artículo 21
del proyecto de ley, motivo por el cual procede adelantar la correspondiente
integración normativa. El texto objetado es el siguiente:
Artículo 21. El artículo 131 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 131. Pérdida de
puntos y multas. Los infractores de las
normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas o con multas y
pérdida de puntos, de acuerdo con el tipo de infracción así:
A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios
mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo no automotor o de
tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
A.1 No transitar por la derecha de la vía.
A.2 Agarrarse de otro vehículo en circulación.
A.3 Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e
incomoden la conducción.
A.4 Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito
de peatones.
A.5 No respetar las señales de tránsito.
A.6 Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos.
A.7 Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o
con ellos, pero en estado defectuoso.
A.8 Transitar por zonas prohibidas.
A.9 Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus
respectivos carriles.
A.10 Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad.
A.11 Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad
como autopistas y arterias, en este caso el vehículo no automotor será
inmovilizado.
A.12 Prestar servicio público con este tipo de vehículos. Además,
el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días,
por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.
B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios
mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de un (1) punto, el conductor y/o
propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las
siguientes infracciones:
B.1 Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de
conducción.
B.2 Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.
B.3 Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de
tránsito.
B.4 Con placas adulteradas.
B.5 Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por
autoridad de tránsito.
B.6 Con placas falsas.
En estos casos los vehículos serán inmovilizados.
B.7 No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de
motor o color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado.
B.8 No pagar el peaje en los sitios establecidos.
B.9 Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los
pasajeros de un vehículo de servicio público.
B.10 Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u
oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación
existente sobre la materia.
B.11 Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos
en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad.
B.12 No respetar las normas establecidas por la autoridad
competente para el tránsito de cortejos fúnebres.
B.13 No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles,
procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y
actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de
tránsito.
B.14 Remolcar otro vehículo violando
lo dispuesto por este código.
B.15 Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el
aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o
poseer este aviso deteriorado o adulterado.
B.16 Permitir que en un vehículo de servicio público para
transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros.
B.17 Abandonar un vehículo de
servicio público con pasajeros.
B.18
Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir
con lo estipulado en el presente código.
B.19 Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y
horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido
en las normas correspondientes.
B.20 Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente
corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el
Ministerio de Transporte.
B.21 Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales y en
quebradas.
B.22 Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento
delantero.
B.23 Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a
volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades
ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o
similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento.
C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos
legales diarios vigentes y la pérdida de dos (2) puntos, el conductor y/o
propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las
siguientes infracciones:
C.1 Presentar licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual
dará lugar a la inmovilización del vehículo.
C.2 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.
C.3 Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo
cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito.
C.4 Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o
sin colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro
reglamentarias.
C.5 No reducir la velocidad según lo indicado por este código,
cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de
la institución educativa. Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o
terminales de pasajeros.
C.6 No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los
ocupantes del vehículo.
C.7 Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales
de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de
carril.
C.8 Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los
elementos determinados en este código.
C.9 No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea,
o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella.
C.10 Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas.
C.11 No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en
este código o en la reglamentación correspondiente.
C.12 Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor
encendido.
C.13 Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones
pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física.
C.14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por
la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado.
C.15 Conducir un vehículo, particular o de servicio público,
excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de
operación.
C.16 Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los
distintivos reglamentarios, además el vehículo será inmovilizado.
C.17 Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más
unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente.
C.18 Conducir un vehículo autorizado
para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o
etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca
de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de calidad y
seguridad exigidas por la autoridad competente o este no esté en
funcionamiento, además el vehículo será inmovilizado.
C.19 Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los
demarcados por las autoridades.
C.20 Conducir un vehículo de carga
en que se transporten materiales de construcción o a granel sin las medidas de
protección, higiene y seguridad ordenadas. Además el vehículo será
inmovilizado.
C.21 No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las
cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie
la situación.
C.22 Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas
sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado
hasta que se remedie dicha situación.
C.23 Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para
conducir, sin estar autorizado para ello.
C.24 Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en
el presente código.
C.25 Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril
izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás
vehículos.
C.26 Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril
izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril.
C.27 Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la
visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el
control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad, además el vehículo
será inmovilizado.
C.28 Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia,
por parte de conductores de otro tipo de vehículos.
C. 29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima
permitida.
C.30 No atender una señal de ceda el paso.
C.31 No acatar las señales o requerimientos impartidos por los
agentes de tránsito.
C.32. No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio
permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello
establecidas.
C.33 Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar
choques.
C.34 Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o
hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este
código.
C.35 No realizar la revisión tecnicomecánica en el plazo legal
establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones
tecnicomecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los
certificados correspondientes, además el vehículo será inmovilizado.
C.36 Transportar carga en contenedores sin los dispositivos
especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.
C.37 Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en
la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de
estacas.
C.38 Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados
en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados
con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.
C. 39. Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en el
artículo 77 de este Código.
D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios
mínimos legales diarios vigentes y la pérdida de tres (3) puntos, el conductor
y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las
siguientes infracciones:
D.1 Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción
correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los
hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el infractor
con licencia de conducción.
D.2 Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además,
el vehículo será inmovilizado.
D.3 Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía,
calzada o carril. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización
hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida
sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código
Nacional de Tránsito.
D.4 No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una
señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas
se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o
la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los
artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.6 Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales,
separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías
especiales para vehículos no motorizados. En el caso de motocicletas se
procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la
autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los
artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.7 Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva,
pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o
donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En el caso de
motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor
de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los
términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.8 Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e
irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de
motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor
de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los
términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.9 Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos
luminosos de posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada,
en las horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo
será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces.
D.10 No permitir el paso de los vehículos de emergencia.
D.11 Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de
velocidad.
D.12 Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga las
salidas de emergencia exigidas. En este caso, la multa se impondrá
solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado y al propietario. Si se
tratare de vehículo particular, se impondrá la sanción solidariamente al
propietario.
D.13 Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se
destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de
tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término
de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días.
D.14 En caso de transportar carga
con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso
deberá ser transbordado.
D.15 Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización
inmediata de los vehículos que usen para su movilización combustibles no
regulados como gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los
usuarios o de los peatones.
D.16 Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de
servicio de transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de
tránsito correspondiente. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a
la empresa a la cual esté afiliado el vehículo y al propietario. Además el
vehículo será inmovilizado, salvo casos de fuerza mayor que sean debidamente
autorizados por el agente de tránsito.
E. Será sancionado con multa equivalente a cuarenta y cinco (45)
salarios mínimos legales diarios vigentes y con la pérdida de seis (6) puntos
el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera
de las siguientes infracciones:
E.1. Proveer combustible a vehículos de servicio público con
pasajeros a bordo.
E.2 Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada,
siempre que dicha negativa cause alteración del orden público.
E.3. Conducir en estado de embriaguez o bajo los
efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el artículo
152 de este código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio
público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria,
la pérdida de puntos y el período de suspensión de la licencia se duplicarán.
En todos los casos de embriaguez el vehículo será inmovilizado y el estado de
embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause
lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
E.4. Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y
sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no
autorizados etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por
dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1)
año cada vez.
Parágrafo 1°. El conductor
que no haya sido sancionado en un período de un (1) año, se le restablecerán
los puntos perdidos.
Parágrafo 2°. Las
infracciones de tránsito, cuya sanción sea la imposición de multas descritas en
otros artículos de la Ley 769 de 2002, darán lugar además, a la pérdida de 1,
2, 3 ó 6 puntos, si la sanción de multa es en su orden de 8, 15, 30 ó 45 salarios
mínimos legales diarios vigentes.
4.2. Presentación del problema jurídico.
El Presidente de la
República objetó por inconstitucionalidad los artículos 17 (parcial)  y 21 del
proyecto de ley por los siguientes cargos:
Primer cargo: la disposición introduce
un sistema de puntos frente a la comisión de infracciones de tránsito con
incoherencias y contradicciones que dificultan su aplicación efectiva,
contraviniendo el principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la
Constitución Política que exige que el legislador debe establecer reglas
claras para la investigación y aplicación de sanciones con observancia del
principio de legalidad.
Segundo cargo: la disposición
objetada vulnera los artículos 209 y 287 Superiores, por cuanto conducen a que
coexistan dos sistemas integrados de información sobre multas como son, por una
parte, el actual SIMIT, y por otra, se crea el RUNT. En otras palabras, se
alega la duplicidad de funciones entre el SIMIT y el futuro RUNT, lo cual
conduce a la ineficiencia del sistema.
En cuanto al primer
cargo, es decir, el referido a la violación al principio del debido proceso
administrativo, los congresistas sostuvieron que “es
preciso resaltar que la redacción que presenta la incongruencia se origina en
el artículo 21 y que el autor de dicho artículo es el Gobierno Nacional,
representado en el debate de la
Comisión VI del Senado por el Ministerio de Transporte, quien después de que
los artículos del proyecto estaban coordinados, presentó una solicitud de
reforma, tal como aparece en la trascripción del día 4 de junio, fruto de la
cual se presenta la contradicción”.
Por otra
parte, en relación con el segundo cargo, esto es, la supuesta
vulneración de los artículos 209 y 287, los congresistas no
aceptaron la objeción por cuanto, en su concepto, no existiría una duplicidad
de funciones entre el actual SIMIT y el futuro RUNT.
La Vista Fiscal, a su
vez, comparte la objeción presidencial por cuanto, en su concepto, se presenta
una vulneración al principio de legalidad en materia de sanciones
administrativas. Por el contrario, en cuanto  a la violación de los
artículos 209 y 287, la Procuraduría considera que la objeción presidencial es
infundada por cuanto los sistemas de información criticados cumplen funciones
con fines diferentes, sin que ello obste la posibilidad de integrar la
información que manejan para aumentar la eficiencia de sus misiones
Así las cosas, le corresponde a la
Corte determinar si (i) el sistema de sanciones de tránsito establecido por el
legislador vulnera el artículo 29 Superior; y (ii) si la creación del Registro
Único Nacional de Tránsito vulnera los artículo 209 y 287 Superiores.
4.3. Resolución del caso por la
Corte.
4.3.1. Examen del sistema de sanciones de tránsito establecido por
el legislador frente al artículo 29 Superior.
Según el Presidente de la
República, la disposición introduce un sistema de puntos frente a la
comisión de infracciones de tránsito con incoherencias y contradicciones que
dificultan su aplicación efectiva, contraviniendo el principio de legalidad
contenido en el artículo 29 de la
Constitución Política que exige que el legislador debe establecer reglas
claras para la investigación y aplicación de sanciones con observancia del
principio de legalidad.
El reproche del Ejecutivo parte
de indicar que el artículo 17 contempla un sistema de descuento de puntos de la
licencia de conducción por infracciones de tránsito que es diferente al sistema
de descuento de puntos establecido en el artículo 21 del mismo Proyecto de ley;
de igual manera, el artículo 17 modifica el artículo 93 de la
Ley 769 de 2002, el cual se encuentra en el Capítulo IV del Título III del
Código Nacional de Tránsito Terrestre haciendo alusión a las normas de
comportamiento para el transporte público.
Esto genera, según el Presidente
de la República, una contradicción normativa que va en contra del principio de
legalidad procesal y permite comportamientos arbitrarios del operador jurídico,
porque no se sabe si el sistema sancionatorio cuestionado va dirigido
exclusivamente a los conductores de transporte público o a todos los
conductores; y porque ese sistema es diferente al establecido en el artículo 21
del Proyecto de ley, como se puede observar:
Artículo
17
Artículo
21
Multa
Puntos
Multa
Puntos
8 smldv
2
8 smldv
1
15
smldv
6
15
smldv
2
30
smldv
8
30
smldv
3
45
smldv
6
Es más, según el Presidente de la
República, la contradicción normativa presente entre los artículos 17 y 21 del
proyecto de ley, puede llevar al “colapso del sistema, en especial, en lo
que se refiere a la suspensión y cancelación de la licencia de conducción”.
Alega igualmente que el artículo 17 establece un sistema desproporcionado de
sanciones.
La Vista Fiscal, por su parte, comparte la objeción presidencial
por cuanto, en su concepto, el artículo 21 es racionalmente más claro y
preciso que el establecido en el artículo 17 objetado, “lo que abarca su
proporcionalidad (principio de favorabilidad procesal)”.
La Corte Constitucional considera que la objeción presidencial es parcialmente
fundada, por las siguientes razones.
El artículo 93 del actual Código Nacional de Tránsito y Transporte
dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 93. CONTROL DE
INFRACCIONES DE CONDUCTORES DE SERVICIO PÚBLICO. Los
organismos de tránsito remitirán mensualmente a las empresas de transporte
público las estadísticas sobre las infracciones de tránsito de los conductores
y éstas a su vez remitirán los programas de control que deberán establecer para
los conductores.
Ahora bien, el artículo 17 del proyecto de ley introduce un
conjunto de importantes modificaciones a la mencionada disposición, como son
las siguientes:
a.
Se establece una obligación, en cabeza de los
organismos de tránsito, de reportarle diariamente al Sistema Integrado de
Multas y Sanciones, las correspondientes sanciones impuestas, a efectos de que
éste conforme y mantenga disponible el Registro Único de Tránsito RUNT.
b.
Se establece un sistema de puntos, consistente
en que por cada infracción mayor a determinados salarios mínimos legales diarios
vigentes, el conductor recibirá como sanción un cierto número de puntos.
c.
Se establece una facultad sancionatoria en
cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre las empresas de
transporte que permitan conducir a personas con licencia suspendida o
cancelada.
d.
Se establece una obligación a cargo de las
empresas de transporte público consistente en establecer programas de
seguimiento y control de las infracciones.
e.
Se dispone que la consulta de la base de datos
denominada SIMIT, será gratuita.
Adviértase, desde ya, que el tema del sistema de sanciones por
puntos, es tan sólo uno de los aspectos regulados por el artículo 17 del
proyecto de ley objetado.
Por otra parte, el actual artículo 131 del Código Nacional de
Tránsito y Transporte, establece todo un listado de las multas que deben
cancelar los conductores infractores, sanciones que, como se saben son
calculadas en salarios mínimos legales diarios vigentes.
En tal sentido, el artículo
21 del proyecto de ley, modifica el actual régimen sancionatorio en el sentido
de establecer que “Los infractores de las
normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas o con multas y
pérdida de puntos, de acuerdo con el tipo de infracción así…”. De tal suerte que, las sanciones son reagrupadas por el
legislador, con las siguientes letras:
A.
Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos
legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo no automotor o de
tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
(…)
B.
Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos
legales diarios vigentes y la pérdida de un (1) punto, el conductor y/o
propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las
siguientes infracciones:
(…)
C.
Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos
legales diarios vigentes y la pérdida de dos (2) puntos, el conductor
y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las
siguientes infracciones:
(…)
D.
Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos
legales diarios vigentes y la pérdida de tres (3) puntos, el conductor
y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las
siguientes infracciones:
(…)
E.
Será sancionado con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios
mínimos legales diarios vigentes y con la pérdida de seis (6) puntos el
conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de
las siguientes infracciones:
Adicionalmente,
se establecen los siguientes dos parágrafos:
Parágrafo 1°. El conductor que no haya sido sancionado en un
período de un (1) año, se le restablecerán los puntos perdidos.
Parágrafo 2°. Las infracciones de tránsito, cuya sanción sea la
imposición de multas descritas en otros artículos de la Ley 769 de 2002, darán
lugar además, a la pérdida de 1, 2, 3 ó 6 puntos, si la sanción de multa es en
su orden de 8, 15, 30 ó 45 salarios mínimos legales diarios vigentes.
Ahora bien, confrontados los dos sistemas de sanciones por puntos,
es decir, aquel establecido en el artículo 17 del proyecto, con aquel del 21, la
Corte encuentra que el siguiente cuadro presentado por el Presidente de la
República, corresponde a la realidad:
Artículo
17
Artículo
21
Multa
Puntos
Multa
Puntos
8 smldv
2
8 smldv
1
15
smldv
6
15
smldv
2
30
smldv
8
30
smldv
3
45
smldv
6
Quiere ello decir que, como lo sostiene la
Vista Fiscal, existe ciertas contradicciones entre dos sistemas sancionatorios
que vulneran los principios orientadores del derecho administrativo
sancionatorio. Al respecto, la Corte en sentencia C-564 de 2000, en relación
con el principio de legalidad en materia sancionatoria, consideró lo siguiente:
“El principio de legalidad, en términos generales, puede
concretarse en dos aspectos: el primero, que exista una ley previa que
determine la conducta objeto de sanción y, el segundo, en la precisión
que se empleé en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y
la sanción que ha de imponerse. Aspecto éste de gran importancia, pues con él
se busca recortar al máximo la facultad discrecional de la administración en
ejercicio del poder sancionatorio que le es propio. Precisión que se predica no
sólo de la descripción de la conducta, sino de la sanción misma.
En el presente caso, no pueden coexistir, en un mismo texto
normativo, dos sistemas sancionatorios por puntos diferentes, por cuanto ello
dejaría al arbitrio del juzgador cuál aplicar.
En este orden de ideas, la Corte considera fundada la objeción
presidencial presentada contra el artículo 21 y las expresiones “Se
establece el siguiente sistema de puntos: Por cada infracción mayor o igual a 8
smlvd 2 puntos. Por cada infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos. Por cada
infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos”, del artículo 17 del proyecto
de ley, por violar el artículo 29 Superior, y en consecuencia se declaran INEXEQUIBLES.
4.3.2. Examen acerca de si la creación del Registro Único Nacional
de Tránsito vulnera los artículos 209 y 287 Superiores.
El Presidente de la República objetó el inciso primero del
artículo 17 del proyecto de ley alegando vulneración de los artículos 209 y 287
Superiores, por cuanto “la obligatoriedad establecida en el inciso primero
del citado artículo 17 de reportar por parte de los organismos de tránsito al
sistema integrado de multas y sanciones SIMIT las infracciones de tránsito para
que éste a su vez lo reenvíe al RUNT, viola tanto la autonomía de las entidades
territoriales consagrada en el artículo 287 de la Constitución como los principios
de la función administrativa consagrados en el artículo 209 constitucional”.
En otras palabras, se presentaría una duplicidad de funciones, contraria al
principio de eficiencia administrativa.
El Congreso de
la República, por su parte, no comparte la objeción presidencial por cuanto “Consideramos,
que el origen conceptual y práctico difiere de manera absoluta de los objetivos
que se persiguen con la creación del RUNT, de forma que fueron concebidos con
claros y definidos propósitos que los hace autónomos e independientes, así que
el RUNT se diferencia en su ideología y operatividad con el SIMIT, ya que este
último garantiza que no se lleve a cabo ningún trámite de los que son
competencia de los Organismos de Tránsito en donde se esté involucrado el infractor,
si el mismo no se encuentra a paz y salvo, y este procedimiento se logra
conectando en línea y tiempo real a todos los organismos de tránsito,
consolidando en una sola base de datos todas las infracciones del país, lo cual
involucra la inversión considerable de recursos públicos, para el desarrollo,
reglamentación, divulgación, capacitación, actualización y administración de
este”.
La Corte Constitucional considera que procede, en relación con la
argumentación planteada por el Presidente de la República, un fallo inhibitorio
por las siguientes razones.
De manera constante, esta Corporación ha sostenido que resulta
ajeno al control de constitucional adelantar exámenes encaminados a determinar
la conveniencia de una determinada disposición acusada. Así por ejemplo, en
sentencia C- 127 de 2006 consideró lo siguiente:
En ese
orden de ideas la Corte ha señalado que un cargo de inconstitucionalidad es
apto para propiciar un juicio  sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad  de una norma  sólo si se cumple con los requisitos de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.  Así, esta
Corporación precisó[38]
que, sin incurrir en formalismos técnicos que contraríen la naturaleza pública
e informal de la acción de inconstitucionalidad, se entiende que se ha
formulado un verdadero cargo de inconstitucionalidad, esto es, un cargo
concreto, cuando el mismo se apoya en razones “claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes” . Ello significa que sólo hay lugar a activar el
respectivo juicio, si la acusación presentada por el actor es (i) lo
suficientemente comprensible y de fácil entendimiento (razones claras), (ii)
recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre
una proposición jurídica inferida o deducida por el actor (razones ciertas),
(iii) define o muestra en forma diáfana la manera como la norma vulnera la
Carta Política (razones específicas), (iv) utiliza argumentos de naturaleza
estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o
de simple conveniencia (razones pertinentes), y (v) contiene todos los
elementos de juicio-argumentativos y probatorios- que son imprescindibles para
adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de manera que despierte por lo
menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto
impugnado (razones suficientes)[39].
(negrillas agregadas).
En el caso
concreto, el Presidente de la República alega que resulta inconveniente
preservar dos sistemas informáticos como lo son el SIMIT y el RUNT, por cuanto
ello implicaría incurrir en costos innecesarios. Por el contrario, el Congreso
sostiene que tal situación no se presentaría ya que se trata de dos sistemas
operativos distintos, y que por ende, es pertinente preservarlos ambos. Como se
puede ver, se trata realmente de argumentos de oportunidad, relacionados además
con aspectos de carácter técnico, cuyo control escapa igualmente a la
competencia del juez constitucional. De allí que, en este caso, no puede
adelantarse un pronunciamiento de fondo.
H. OCTAVA OBJECIÓN.
1. Objeciones por inconstitucionalidad del parágrafo 3 del
artículo 17.
El parágrafo 3 del artículo 17 que dispone que corresponde a la
entidad responsable del SIMIT la expedición de los certificados contentivos del
paz y salvo por concepto  de multas e infracciones, los cuales tendrán un costo
de un salario mínimo legal diario vigente, viola los principios de
consecutividad e identidad contenidos en el artículo 157 Superior.
En efecto, este parágrafo fue incluido en la ponencia para segundo
debate en el Senado, sin haber tenido discusión previa alguna en las Comisiones
Sextas Permanentes de cada una de las Cámaras, ni en la Plenaria de la Cámara
de Representantes.
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el cobro del
certificado contentivo del paz y salvo es un tributo, en el sentido de que su
cobro se constituye en una contraprestación por un servicio prestado, “se ha
debido fijar claramente en la disposición legal el sujeto activo, el sujeto
pasivo, los hechos generadores y las bases gravables, así como la tarifa”.
Así mismo, la norma debió establecer una tarifa razonadamente como
“recuperación de los costos de los servicios que les prestan o participación
en los beneficios que les proporcionen”, pues de lo contrario se constituye
en trasgresión  del artículo en la medida en que se desconocería el principio
de equidad en materia tributaria. En efecto, la tarifa debe ajustarse y
consultar su naturaleza específica, teniendo en cuenta el costo que para el
Estado significa el servicio demandado por el individuo.
De igual manera, se alega que el parágrafo 3 del artículo 17 del
proyecto transgrede el artículo 355 constitucional, que prohíbe a las ramas u
órganos del poder público decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales
o jurídicas de derecho privado.
Se concluye diciendo lo siguiente “De acuerdo con lo anterior,
si bien no toda transferencia de recursos o bienes públicos a favor de
particulares, sin contraprestación alguna, puede catalogarse como auxilio o
donación prohibido, pues cuando la transferencia de aquéllos obedece al
cumplimiento de finalidades constitucionales, no se incurre en la violación del
precepto del artículo 355, en el presente caso, la función correspondiente a
expedir paz y salvos sin costo alguno por concepto de multas e infracciones
corresponde al RUNT dentro del cual está incluido el Registro Nacional de
Infracciones de Tránsito y, por consiguiente, el ejercicio de la misma función
por parte del órgano de carácter eminentemente privado que administra el SIMIT
– Federación Colombiana de Municipios- y que para tales efectos cobrará 1 SMLDV
( $ 15383) no atiende las finalidades constitucionales”.
2. Postura asumida por el Congreso de la República.
Indican los
congresistas que  “este artículo fue propuesto dentro
del debate dado al mismo en la Comisión VI del Senado, tal cual aparece en la
trascripción de la sesión del pasado 28 de mayo”.
De igual manera, señalan que acogen la objeción presentada,
quedando entonces el texto propuesto durante el debate congresional. En
palabras de los legisladores:
“De
otro lado, consideramos que efectivamente como lo indica el artículo 338 de la
Constitución Nacional y la objeción, deben establecerse los fundamentos del
cobro de dicha tarifa, como recuperación de los costos de los
servicios que les presenten participación en los beneficios que les
proporcionen ajustándola conforme con los costos del servicio.
En vista de lo anterior, y como ya lo propusimos en la
objeción anterior, se excluirá del proyecto de ley el parágrafo 3° del artículo
17 del mismo, quedando el siguiente texto final, propuesto anteriormente.
Artículo 17.
El artículo 93 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 93.
Control de Infracciones de Conductores. Los organismos de tránsito deberán
reportar diariamente el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por
infracciones de tránsito las infracciones impuestas, para que este a su vez,
conforme y mantenga disponible para el Registro Unico Nacional de Tránsito
RUNT.
Se establece
el siguiente sistema de puntos:
Por cada
infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos.
Por cada
infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos.
Por cada
infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos.
Parágrafo 1º.
La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa equivalente a
cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a las empresas de
transporte público terrestre automotor, que tengan en ejercicio a conductores
con licencia de conducción suspendida o cancelada.
Parágrafo 2º.
Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer
programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los
conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las
empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de
Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado serán
sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a cien salarios mínimos
legales mensuales vigentes (100 smlmv).
En los
términos anteriormente indicados, acogemos la objeción presentada por el
Ejecutivo, excluyendo del texto del proyecto el parágrafo 3° del artículo 17.
(negrillas y subrayados agregados).
3. Concepto de la Vista Fiscal.
Si bien la Vista Fiscal se pronunció acerca de la objeción
presidencial general planteada contra el artículo 17 del proyecto de ley, lo
cierto es que no lo hizo en concreto con el parágrafo 3º de la misma
disposición. En efecto, recuérdese que en el escrito de objeciones
presidenciales se afirma lo siguiente:
“Objeciones por
inconstitucionalidad del parágrafo 3° del artículo 17. De otro lado, es
preciso señalar que en el cobro del certificado contentivo del paz y salvo de
un tributo, en el sentido de que su cobro se constituye en una contraprestación
por un servicio prestado. Las tasas al igual que los otros gravámenes se
encuentran sujetos al principio consagrado en el artículo 338 de la
Constitución, por el cual sólo el Congreso, las asambleas y los Concejos
pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales, determinando
directamente, los elementos de las mismas. Según lo anterior, se ha debido
fijar claramente en la disposición legal el sujeto activo, el sujeto pasivo,
los hechos generadores y las bases gravables, así como la tarifa.
Adicionalmente,
la norma a la cual se hace referencia debió establecer dicha tarifa
razonablemente como recuperación de los costos de los servicios que les
presenten participación en los beneficios que les proporcionen, pues de lo
contrario se constituye en una trasgresión del artículo en la medida en que se
desconocería el principio de equidad en materia tributaria. En efecto, la
tarifa debe ajustarse y consultar su naturaleza específica teniendo en cuenta
el costo que para el Estado significa el servicio demandado por el individuo”.
4. Solución al caso concreto por parte de la Corte Constitucional
4.1. Texto de las normas objetadas.
Artículo 17. El artículo 93 de la
Ley 769 de 2002, quedará así:
(…)
Parágrafo 3º. La
consulta a la base de datos del Simit será gratuita. La expedición de
certificados tendrá un costo de un salario mínimo legal diario vigente (1
smldv), los cuales serán recaudados por la entidad responsable del Sistema
Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.
4.2. Presentación del problema jurídico.
El Presidente de la República plantea diversas objeciones por
inconstitucionalidad específicamente contra el tercer parágrafo del artículo 17
del proyecto de ley.
Primer cargo: la disposición viola
los principios de consecutividad e identidad contenidos en el artículo 157
Superior, por cuanto este parágrafo fue incluido en la ponencia para segundo
debate en el Senado, sin haber tenido discusión previa alguna en las Comisiones
Sextas Permanentes de cada una de las Cámaras, ni en la Plenaria de la Cámara
de Representantes.
Segundo cargo: la norma vulnera el
principio de legalidad del tributo, por cuanto  “se ha debido fijar
claramente en la disposición legal el sujeto activo, el sujeto pasivo, los
hechos generadores y las bases gravables, así como la tarifa”.
Tercer cargo: la disposición
transgrede el artículo 355 constitucional, que prohíbe a las ramas u órganos
del poder público decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales
o jurídicas de derecho privado.
El Congreso de
la República, por su parte, acogió la objeción presentada por el Ejecutivo,
excluyendo del texto del proyecto el parágrafo 3° del artículo 17.
4.3. Resolución del caso concreto.
La Corte considera que, en el presente caso, procede asimismo un
fallo inhibitorio por carencia de objeto. En efecto, esta
Corporación ha considerado que "la insistencia de las Cámaras"
es un presupuesto de procedibilidad, para que la Corte tenga competencia en el
análisis de exequibilidad del proyecto objetado. Si aquél falta, en todo o en
parte, deberá entenderse que dicho proyecto fue archivado total o parcialmente,
de acuerdo al artículo 200 de la ley 3a de 1992[40].
Así las cosas, la Corte se declarará inhibida para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo
3° del artículo 17 del proyecto de ley núm. 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”,
por carencia actual de objeto.
I. NOVENA OBJECIÓN PRESIDENCIAL.
1. Objeciones por inconstitucionalidad del parágrafo 2º del
artículo 24.
Se indica que el parágrafo 2º del artículo 24 del proyecto, según
el cual “A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los conductores que
tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito podrán acogerse al
descuento previsto en el presente artículo”, es
inconstitucional ya que el artículo 287 Superior dispone que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses.
En tal sentido, se señala que, como lo hace el parágrafo acusado,
que quienes tengan pendiente el pago de infracciones pueden someterse a
descuentos, desconoce el artículo 287 Superior, pues la administración y
disposición de los recursos provenientes de las infracciones de tránsito, así
como su recaudo, son de competencia exclusiva de las entidades territoriales, “y
mal podría el legislador entrar a otorgar beneficios sobre los mismos, en
contravía de la autonomía que se predica sobre los recursos de tales entidades”.
Agrega que el artículo 25 del proyecto de ley resulta ser “inconveniente
e inconstitucional”, toda vez que presenta una evidente contradicción con
lo dispuesto en el artículo 22. En efecto, el artículo 22 establece que si el
contraventor no comparece sin justa causa, la multa será aumentada hasta en el
doble de su valor. Sin embargo, el artículo 24 establece el procedimiento a
seguir cuando el contraventor no comparece sin justa causa comprobada y al
respecto señala que “Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien
por ciento (100%) del valor de la multa prevista en el Código”.
A modo de conclusión se señala que “dadas las inconsistencias
que se presentan en los artículos a los cuales se hace referencia, el artículo
24 es violatorio del artículo 29 de la Constitución Política. En efecto, el
procedimiento que se debe adelantar por parte de la administración y del
infractor en caso de la comisión de una contravención de tránsito presenta
ambigüedades y contradicciones contraviniendo el principio de legalidad en
materia sancionatoria. La norma en comento no protege  el (sic) administrado
toda vez que no existe certeza del procedimiento ni previene de la posible
comisión de abusos por parte de las autoridades”.
2. Postura asumida por el Congreso de la República.
El Congreso de la República rechaza la objeción presidencial
presentada contra el parágrafo 2º del artículo 24,
por las siguientes razones:
“1. La autonomía territorial no es
ilimitada, sino que sólo se extiende en el marco que autoriza la Constitución y
la ley.
2. Ese marco, le permite al Congreso regular la participación
territorial en las rentas nacionales.
3. Las multas por concepto de infracciones de tránsito,
constituyen una renta nacional cedida a los entes territoriales.
4. La intervención del Congreso en la regulación de las rentas
territoriales, sólo está excluida cuando se trata de bienes efectivamente
incorporados al presupuesto del ente territorial (ingresos ya recaudados), de
rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de
monopolios de las entidades territoriales. No incluye a las rentas
cedidas.
5. Las rentas cedidas, dentro de ellas las multas de tránsito, deben
regularse por la norma general de competencia del Congreso, que le admite
crear, modificar o suprimir los ingresos fiscales, sin que ello implique
vulneración alguna a la autonomía territorial.
Por otra
parte, en cuanto el argumento esgrimido por el Ejecutivo, en el sentido de que
el artículo 24 del proyecto de ley resulta inconveniente e inconstitucional, toda
vez que presenta una evidente contradicción con lo dispuesto en el artículo 22,
en la medida que este último establece que si el contraventor no comparece sin
justa causa la multa será aumentada hasta en el doble de su valor; en tanto que
el artículo 24 dispone el procedimiento a seguir cuando el contraventor no
comparece sin justa causa comprobada y al respecto señala que “si fuere
declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) del valor de
la multa prevista en el Código”, los congresistas le hayan la razón al
Presidente de la República. Por tales razones, proponen introducir las
siguientes modificaciones:
“Por tanto, como quiera que el parágrafo segundo está referido a
descuentos en el pago de comparendos por infracciones anteriores a la vigencia
de la presente ley, no aplicaría el plazo de los cinco días o los veinte días
siguientes a la orden de comparendos (pues es evidente que se trata de
comparendos muy antiguos). En consecuencia, se propone que se modifique del
parágrafo 2° del artículo 24 del Proyecto la expresión: “podrán acogerse al
descuento previsto en el presente artículo”, por la expresión: “podrán acogerse
al descuento del 50% del valor de la multa y de los intereses”, lo cual precisaría
el monto del descuento y su aplicación.
Con base en lo expuesto, la Comisión Accidental propone que los
artículos objetados por el Ejecutivo, queden de la siguiente manera:
Artículo 22.
El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 135. Procedimiento.
Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el
procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
Ordenará
detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de
comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de
tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al
conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.
Para el
servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la
cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte
para lo de su competencia.
La orden de
comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea
posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará
por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su
cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono si lo tuviere.
No obstante lo
anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios
técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o
contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se
enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción
y sus soportes al propietario quien estará obligado al pago de la multa. Para
el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término
copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre
vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su
competencia.
El Ministerio
de Transporte determinará las características técnicas del formulario de
comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará
al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en
la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas
que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la
dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.
Parágrafo 1º.
La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que
aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la
copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala
conducta.
Cuando se
trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por
conducto del comandante de la ruta o del comandante director del servicio.
Parágrafo 2º. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o
convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los
principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas.
Artículo 24.
El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de
comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin
necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento
(50%) del valor de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de
comparendo, o podrá cancelar el setenta y cinco por ciento (75%) del
valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de
comparendo. En este último caso, deberá asistir obligatoriamente a un curso
sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde cancelará un
veinticinco por ciento (25%) y el cincuenta (50%) restante lo pagará al
organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las
oportunidades antes indicadas, el contraventor deberá cancelar el (100%) del
valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer
ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas
conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. En la
misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o
absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el ciento
por ciento (100%) del valor de la multa prevista en este código.
Si el inculpado no compareciere sin justa causa comprobada dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30
días de ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que
queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en
estrados.
Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos
para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para
este fin. El pago de la multa y la comparecencia podrá efectuarse en cualquier
lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de
tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción
correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención
respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y
por un período de doce (12) meses, todos los conductores que tengan pendiente
el pago de infracciones de tránsito, podrán acogerse al descuento del cincuenta
por ciento (50%) del valor de la multa y de los intereses.
En los
términos anteriormente indicados, acogemos las objeciones presentadas por el
Ejecutivo.
3. Concepto de la Vista Fiscal.
Frente al cargo de vulneración
del principio de legalidad procesal por la no procedencia del descuento del 25%
por el pago de las multas dentro de los 20 días siguientes a la imposición del
comparendo, al tener que pagar el infractor un 25% del valor de la multa al
asistir al curso obligatorio sobre normas de tránsito, la Vista Fiscal
considera que no hubo infracción al principio de legalidad procesal porque no
existe contradicción o confusión alguna en la redacción de la norma cuya aplicación
perjudique al infractor que decida acogerse al beneficio por pronto pago.
En efecto, la norma es clara en
indicar que si el sancionado decide pagar, bien sea dentro de los cinco (paga
sólo el 50% del valor de la multa) o veinte primeros días (cancela sólo el
75%), el procedimiento consiste en asistir, dentro del mismo período de
beneficio fiscal, a un curso sobre normas de tránsito en el Centro de Atención
Integral y pagarle a dicho centro el 25% de la multa impuesta; el saldo lo debe
cancelar (el otro 25% ó 50%, según el tipo de beneficio al que haya decidido
acogerse el infractor), dentro del mismo plazo de descuento, al organismo de
tránsito.
Por tanto, la Vista Fiscal
solicita a la Corte Constitucional declarar infundadas las objeciones presidenciales
contra el artículo 24 del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de 2006
Cámara.
De igual manera, en relación con el cargo de vulneración
del principio de autonomía territorial para administrar sus propios recursos,
mediante lo establecido en el parágrafo 2º del Proyecto de ley, por haberse
concedido un período de doce meses, contados a partir de la vigencia de la ley
que ha de corresponder, para que los conductores que tengan pendiente el pago
de infracciones de tránsito se acojan al descuento previsto en el artículo 24
del Proyecto de ley, la Procuraduría observa que no existe tal violación, por
las siguientes razones:
“Lo anterior
porque, en general, si bien es cierto que los bienes y rentas, tributarias o
no, son de propiedad exclusiva de las entidades territoriales, dicha propiedad
surge del mandato constitucional (regalías, monopolios, Sistema General de
Participaciones) o legal, por lo que la autonomía territorial se debe
ejercer en ese contexto (Constitución Política. Artículo 87).
En el presente
caso fue la ley (Ley 769 de 2002. Artículo 159. Parágrafo 2º) la que
decidió que las multas son de propiedad exclusiva del organismo de tránsito
donde se cometió la infracción. En ese sentido, la misma ley puede
decidir la administración de esa propiedad.
Ahora bien, la
finalidad de dicho beneficio presupuestal consiste en evitar mayores pérdidas
para los fiscos regionales por prescripción de la obligación de pagar las
multas, ante la imposibilidad administrativa que actualmente tienen los organismos
de tránsito para hacer su recaudo; esto con el fin de depurar dicha cartera y
hacer más eficiente y eficaz tal cobro a partir de la aplicación de la reforma
al Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Es decir,
contrario a lo en un principio pudiera pensarse, la ley lo que pretende es
salvaguardar la autonomía de los entes territoriales en lo que corresponde a
sus recursos, ante una inminente pérdida del ingreso por multas debido a la
prescripción de la obligación pertinente, además de depurarles la cartera a los
organismos de tránsito para una mayor eficiencia en el recaudo a futuro.
Por tanto, se
solicitará a la Corporación Judicial declarar infundadas las objeciones
presidenciales contra el parágrafo 2º del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado;
12 de 2006, Cámara.
No obstante lo anterior, a renglón seguido, la Procuraduría llama
la atención de la Corte sobre la siguiente situación “El Congreso de
la República, motuo proprio, durante el trámite de objeciones presidenciales
contra el parágrafo 2º del artículo 24 del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado;
12 de 2006 Cámara, le hizo una sustitución al mismo con el fin de aclarar su
contenido. Esto puede tener dos interpretaciones: Una, inhibitoria por no ser
la interpretación aclaratoria parte del presente proceso de objeciones; otra,
analizar la razón de su procedencia y contenido dentro de este proceso. Esto
último conduce a declarar la exequibilidad de la sustitución aludida, debido a
que se hace dentro de la competencia del legislativo para interpretar las leyes
en el marco de una estricta unidad de materia”.
Sobre el particular explica que, al
revisar las objeciones presidenciales contra el parágrafo 2º del artículo 24
del Proyecto de ley y siguiendo la línea de revisión de cargos por
contradicciones que vulneran el debido proceso, el Congreso de la República “encontró
una contradicción en dicho aparte normativo que no fue objeto de
cuestionamiento del Ejecutivo, “ante la cual, por iniciativa propia,
decidió realizar una aclaración al mismo en relación con el
contexto del artículo 24 del Proyecto de ley, mediante la sustitución de la
expresión normativa: “(…) podrán acogerse al descuento previsto en el presente
artículo”, por: “podrán acogerse al descuento del 50% del valor de la
multa y de los intereses”. (negrillas y subrayados originales).
Ante esta situación, el
Ministerio Público presenta a la Corte Constitucional dos planteamientos. El
primero, solicitarle que se declararse inhibida para conocer del señalado
proceder unilateral del Congreso de la República para aclarar la norma, porque
se trata de un asunto ajeno al proceso de objeciones dentro del cual se efectúo
dicha aclaración, dado que el Presidente de la República no presentó cargo
alguno al respecto.
El segundo, que la Corporación asuma
la competencia para conocer de la aclaración indicada y la declare exequible.
Esto, porque el legislador conoció de la contradicción indicada como
consecuencia del estudio de objeciones presidenciales contra el artículo 24 del
Proyecto de ley, incluyendo expresamente las formuladas contra su parágrafo 2º.
Es decir, la contradicción referida se halló y se efectuó la corrección
legislativa de la misma como consecuencia de una revisión expresa de dicho
parágrafo para atender las objeciones presidenciales formuladas contra el mismo
por razones diferentes a la incongruencia detectada por el Congreso de la
República.
Aceptando que existe una relación
causal expresa y directa para que el Congreso de la República volviera a
conocer del contenido del parágrafo del artículo 24 del Proyecto de ley, cual
fue la objeción presidencial contra el mismo por razones diferentes a las de la
contradicción hallada por el legislador, “debe examinarse si esa causa
permite ejercer al legislador su competencia interpretadora en ese estado
procesal del trámite del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de 2006, Cámara.”
Así las cosas, la Vista Fiscal
considera que, “en el presente caso, el Congreso de la
República era competente para hacer la corrección señalada, la cual surge a
partir del nexo causal de la revisión del parágrafo 2º del artículo 24 como
consecuencia de la objeción presidencial contra el mismo. Esto, porque el
período de objeciones se constituye en una prolongación del trámite
legislativo circunscrita únicamente al ámbito temático de
las objeciones presidenciales. Este ámbito abarca tanto la objeción misma, como
lo que el Congreso de la República considere que deba hacer para ajustar el
aparte normativo objetado al contexto constitucional. Se trata de un asunto de
economía y eficacia legislativa que, en este caso, se ejerció por el
Legislativo a partir de su competencia para interpretar las leyes, respetando estrictamente
el principio de unidad de materia y la intención del legislador, sin que el
parágrafo aclarado, ni el artículo 24 que lo contiene, ni el Proyecto de ley en
su conjunto sufrieran modificación alguna (Constitución Política, artículos
158, 209)” (negrillas y subrayados originales).
Así las cosas, según la
Procuraduría, en vez de ser inconstitucional el proceder del legislador, se
observa que la aclaración efectuada al parágrafo 2º del artículo 24 del
Proyecto de ley se circunscribe a los principios democrático y de preservación
del derecho en lo que atañe a la legalidad procesal para que el beneficio
presupuestal parcial cumpla con las finalidades esperadas (un último flujo de
caja y un aumento de la eficiencia y eficacia administrativas del recaudo por
concepto de multas por violación de las normas de tránsito terrestre).
Por tanto, subsidiariamente se
solicitará a la Corte Constitucional “declarar ajustado al orden superior la
interpretación efectuada por el Congreso de la República al parágrafo 2º
del artículo 24 del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de 2006, Cámara,
mediante la sustitución de la expresión normativa: “(…) podrán acogerse al
descuento previsto en el presente artículo”, por: “podrán acogerse al
descuento del 50% del valor de la multa y de los intereses”, quedando
dicho artículo en los siguientes términos:
“Artículo 24.
El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el
inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra
actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de
la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo,
igualmente, o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si
paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo, en estos
casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el
Centro Integral de Atención, donde se cancelará un 25% y el excedente se pagará
al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las
oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el (100%) del valor
de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado rechaza la comisión de la
infracción, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia
pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y
las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin
justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la
autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción
seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en
audiencia pública y notificándose en estrados.
En la misma audiencia, si fuere posible, se
practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere
declarado contraventor, se le impondrá el ciento por ciento (100%) del valor de
la multa prevista en el código.
Los organismos de tránsito de manera gratuita
podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer
convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa y la comparecencia
podrá efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito,
los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente
en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el
derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir
de la entrada en vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12)
meses, todos los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de
tránsito podrán acogerse al descuento del 50% del valor de la multa y de los
intereses.” (subrayado y negrilla fuera de texto).
4.
Solución al caso concreto por parte de la
Corte Constitucional
4.1. Texto de la norma objetada.
CAPITULO IV
Actuación en caso de imposición de comparendo
Artículo 24. El artículo 136 de la Ley 769 de
2002, quedará así.
Artículo 136. Reducción de la
Multa. Una
vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la
infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el
cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días
siguientes a la orden de comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y
cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes
a la orden de comparendo, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un
curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se
cancelará  un 25 % y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si
aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas,
el inculpado deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus
correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado rechaza la comisión
de la infracción, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en
audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean
solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no
compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta
infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo,
fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las
pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado
contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) del valor de la multa
prevista en el código.
Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar
acuerdos  para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los
bancos para este fin. El pago de la multa y la comparecencia  podrá efectuarse
en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares
donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes
podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde
se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los conductores que
tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito podrán acogerse al
descuento previsto en el presente artículo.
4.2. Planteamiento del problema jurídico.
El Presidente de la República presenta los siguientes cargos de
inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 24 del proyecto de
ley.
Primer cargo: la disposición objetada, al permitir que los
conductores que tengan pendientes el pago de infracciones de tránsito puedan
acogerse a un determinado descuento, desconoce el artículo 287 Superior
(autonomía de las entidades territoriales), por cuanto el producto de las
multas es de propiedad de aquéllas. En otros términos, dado que “la
administración y disposición de los recursos provenientes de dichas
infracciones, así como su recaudo, es competencia exclusiva de las entidades
territoriales, mal puede el legislador entrar a otorgar beneficios sobre los
mismos, en contravía de la autonomía que se predica sobre los recursos de tales
entidades”.
Segundo cargo: la norma objetada vulnera
el artículo 29 Superior, por cuanto el procedimiento que se debe adelantar por
parte de la administración y del infractor en caso de la comisión de una
contravención de tránsito, presenta ambigüedades y contradicciones,
contraviniendo el principio de legalidad en materia sancionatoria.
En cuanto al primero de los cargos, el Congreso de la
República insiste en la conformidad del parágrafo 2º del artículo 24 del
proyecto de ley con la Constitución, por cuanto, (i) la autonomía territorial
no es ilimitada; (ii) la Constitución faculta al Congreso para que regule la
participación territorial en las rentas nacionales; (iii) las multas por
concepto de infracciones de tránsito, constituyen una renta nacional cedida a
los entes territoriales; y (iv) la intervención del
Congreso en la regulación de las rentas territoriales, sólo está excluida
cuando se trata de bienes efectivamente incorporados al presupuesto del ente
territorial (ingresos ya recaudados), de rentas tributarias o no tributarias o
provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales.
No incluye a las rentas cedidas.
En relación con el segundo de los cargos, es decir, la vulneración
del principio de legalidad, el Congreso consideró que le asistía razón al
Ejecutivo, y que para mayor claridad era necesario modificar igualmente algunos
aspectos del artículo 22 del proyecto de ley. En palabras de los congresistas:
Con base en lo expuesto, la Comisión Accidental propone que los
artículos objetados por el Ejecutivo, queden de la siguiente manera:
Artículo 22.
El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 135.
Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito
debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
Ordenará
detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de
comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de
tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al
conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.
Para el
servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la
cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte
para lo de su competencia.
La orden de
comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea
posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará
por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su
cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono si lo
tuviere.
No obstante lo
anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios
técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o
contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se
enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción
y sus soportes al propietario quien estará obligado al pago de la multa. Para
el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término
copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre
vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su
competencia.
El Ministerio
de Transporte determinará las características técnicas del formulario de
comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará
al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en
la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas
que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la
dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.
Parágrafo 1º.
La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que
aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la
copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala
conducta.
Cuando se
trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por
conducto del comandante de la ruta o del comandante director del servicio.
Parágrafo 2º. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o
convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los
principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas.
Artículo 24.
El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo,
si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de
otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor
de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, o
podrá cancelar el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la
multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo.
En este último caso, deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de
tránsito en el Centro Integral de Atención, donde cancelará un veinticinco por
ciento (25%) y el cincuenta (50%) restante lo pagará al organismo de tránsito.
Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes
indicadas, el contraventor deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más
sus correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer
ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas
conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. En la
misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o
absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el
ciento por ciento (100%) del valor de la multa prevista en este código.
Si el inculpado no compareciere sin justa causa comprobada dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30
días de ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que
queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en
estrados.
Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos
para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para
este fin. El pago de la multa y la comparecencia podrá efectuarse en cualquier
lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de
tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción
correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención
respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y
por un período de doce (12) meses, todos los conductores que tengan pendiente
el pago de infracciones de tránsito, podrán acogerse al descuento del cincuenta
por ciento (50%) del valor de la multa y de los intereses.
En los
términos anteriormente indicados, acogemos las objeciones presentadas por el
Ejecutivo. (negrillas agregadas).
Así las cosas, la Corte debe determinar si (i) el legislador violó
el principio de autonomía de las entidades territoriales al disponer que los
conductores infractores pueden acogerse a determinados descuentos; y (ii) si
procede realizar un examen de fondo por la presunta violación al principio de
legalidad, dado que el Congreso de la República acogió la objeción presidencial
y propuso la adopción de un nuevo texto superándola.
4.3. Resolución del caso concreto.
4.3.1. Alcance de la autonomía de las entidades territoriales.
A lo largo de
los años, la Corte ha consolidado unas claras líneas jurisprudenciales en el
sentido de que la Carta Política de 1991 contempla una forma de Estado que se
construye a partir del principio unitario, pero que garantiza, al mismo tiempo,
un ámbito de autonomía para sus entidades territoriales[41]. Dentro de ese esquema,
la distribución de competencias entre la Nación y los entes territoriales es
algo que el ordenamiento superior ha confiado al legislador, para lo cual se le
han establecido un conjunto de reglas mínimas orientadas a asegurar una
articulación entre la protección debida a la autonomía territorial y el
principio unitario, reglas que en ocasiones otorgan primacía al nivel central,
al paso que en otras impulsan la gestión autónoma de las entidades
territoriales.[42]
En este orden de ideas, se
precisa armonizar los contenidos de los principios de unidad y de autonomía,
los cuales se limitan recíprocamente. En tal sentido, el juez constitucional en
sentencia C- 535 de 1996 consideró que la autonomía debía entenderse como la
capacidad de que gozan las entidades territoriales para gestionar sus propios
intereses, dentro de los límites de la
Constitución y la ley, lo cual quiere decir que si bien, por un lado, se
afirman los intereses locales, se reconoce, por otro, “la supremacía de un ordenamiento
superior, con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se
configura como poder soberano sino que se explica en un contexto unitario.”[43] En esa misma
providencia se señaló que “por un lado, el principio de autonomía debe
desarrollarse dentro de los límites de la
Constitución y la ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del
Estado unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un espacio
esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla
esta última.”[44]
Posteriormente, la Corte en
sentencia C-1258 de 2001 adelantó unas precisiones en relación con el papel que
le corresponde cumplir al legislador en la configuración de los ámbitos de la
autonomía regional, indicando que ésta se encuentra integrada por “el conjunto
de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las
entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de
las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.”[45] En cuanto al límite
máximo, expresó la Corte que el mismo tiene una frontera en aquel extremo que
al ser superado rompe con la idea del Estado unitario.[46]
Más recientemente, en sentencia
C- 931 de 2006, esta Corporación se refirió al contenido del principio de
autonomía de las entidades territoriales, en los siguientes términos:
“En ese
esquema, para la distribución de competencias entre la Nación y las entidades
territoriales, el legislador deberá tener en cuenta que el contenido esencial
de la autonomía se centra en la posibilidad de gestionar los propios
intereses(C.P. art 287), una de cuyas manifestaciones más importantes es el
derecho a actuar a través de órganos propios en la administración y el gobierno
de los asuntos de interés regional o local. Tal derecho, contenido de manera
expresa en el artículo 287 Superior, hace parte del núcleo esencial de la
autonomía, indisponible por el legislador, y se complementa con las previsiones
de los artículos 300-7 y 313-6 de la Constitución, conforme a los cuales
corresponde a las entidades territoriales determinar la estructura de sus
respectivas administraciones, creando las dependencias que se estimen
necesarias y fijándoles las correlativas funciones.
“No
obstante lo anterior, es claro que, para preservar el interés nacional y el
principio unitario, corresponde al legislador establecer las condiciones
básicas de la autonomía y definir, respetando el principio de subsidiariedad,
las competencias del orden nacional que deberán desarrollarse conforme al
principio de coordinación, que presupone unas reglas uniformes y una pautas de
acción que, sin vaciar de contenido el ámbito de autonomía territorial,
permitan una armonización de funciones.
Así las cosas, el principio de
autonomía de las entidades territoriales no es absoluto, y debe siempre
armonizarse con la forma constitucional de Estado.
4.3.2. Naturaleza jurídica de las multas, su propiedad y
regulación
Las multas
impuestas por causa de infracciones de tránsito, son rentas cedidas de la
Nación a los entes territoriales, las cuales no gozan de la reserva municipal
ni departamental de determinación y administración predicable de los
ingresos tributarios. Así lo confirmó la Corte Constitucional al indicar
que:
“La fuente
externa o exógena de la renta sería aquella que proviene de la Nación a
título de transferencia como el situado fiscal, las participaciones, los
derechos por regalías y compensaciones, las rentas cedidas, los recursos
transferidos a título de cofinanciación y, en suma, los restantes mecanismos
que para estos efectos diseñe el legislador. Por supuesto que sobre estos
ingresos la ley tiene un mayor grado de injerencia, con la natural pero
justificada afectación de la autonomía fiscal de las entidades territoriales.
La facultad
constitucional de intervención del legislador en la determinación del uso y
administración de las rentas cedidas a los entes territoriales en materia de
tránsito fue avalada por la Corte en sentencia C-925 de 2006, cuando señaló:
“En relación con el primer aspecto, la dualidad
de poderes tributarios dispuesta por la Carta Política permite que puedan
predicarse dos fuentes diferenciadas de financiación.  La primera, de carácter
exógeno, está conformada por la transferencia o cesión de las rentas nacionales
y la participación en recursos derivados de regalías o compensaciones.  En
relación con fondos de esta naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que “admiten una amplia intervención del legislador dado que, en
última instancia, se trata de fuentes de financiación nacionales. En
particular, la Corte ha señalado que nada obsta para que la ley intervenga en
la definición de las áreas a las cuales deben destinarse los recursos
nacionales transferidos o cedidos a las entidades territoriales, siempre que la
destinación sea proporcionada y respete las prioridades constitucionales
relativas a cada una de las distintas fuentes exógenas de financiación.” [47]
La segunda fuente de financiación de las
entidades territoriales son las de carácter endógeno, categoría que corresponde
al término “recursos propios” utilizado por la Constitución al momento de
definir el ámbito de autonomía fiscal de las regiones. Al respecto, la Corte ha
considerado que son recursos propios de las entidades territoriales los “que se
originan y producen dentro de la respectiva jurisdicción y en virtud de sus decisiones
políticas internas. En consecuencia, son recursos propios tanto los que
resultan de la explotación de los bienes que son de su propiedad exclusiva,
como las rentas tributarias que surgen gracias a fuentes tributarias –
impuestos, tasas y contribuciones – propias”.[48]
De igual
manera, cabe señalar que la Corte en sentencia C- 385 de 2003 consideró que los
recursos provenientes del pago de multas de tránsito habían sido cedidos por la
Nación a las entidades territoriales, a efectos de fortalecerlas:
“Conforme al Código Nacional de Tránsito Terrestre, expedido
mediante Ley 769 de 2002, la Nación para fortalecer los ingresos de los
municipios les asigna los dineros provenientes de multas por la comisión de
faltas de tránsito en los territorios respectivos y, en el artículo 10 de ese
Código se establece que habrá un “sistema integrado de información sobre las
multas y sanciones por infracciones de tránsito (simit)”, con lo cual no sólo puede
registrarse el nombre y la identidad de quienes incurran en faltas a las normas
reguladoras del tránsito, sino, también, el monto de las multas y demás
sanciones que se les impongan, lo que permite, sin duda un mayor control por
parte de las autoridades y facilita el cobro de las sumas debidas por ese
concepto en cualquier parte del territorio colombiano.
Así las cosas, tratándose de una fuente exógena de financiación, estos
recursos “admiten una amplia
intervención del legislador dado que, en última instancia, se trata de fuentes
de financiación nacionales. En particular, la Corte ha señalado que nada obsta
para que la ley intervenga en la definición de las áreas a las cuales deben
destinarse los recursos nacionales transferidos o cedidos a las entidades
territoriales, siempre que la destinación sea proporcionada y respete las
prioridades constitucionales relativas a cada una de las distintas fuentes
exógenas de financiación.” [49]
4.3.3. Examen del caso concreto.
En el caso concreto, el legislador dispuso que “A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y por un período de doce (12) meses,
todos los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito
podrán acogerse al descuento previsto en el presente artículo”, es decir,
previó una reducción en el pago de las multas por infracciones de tránsito.
De tal suerte que, si una vez surtida la orden de
comparendo, el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el
cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días
siguientes a la orden de comparendo, o podrá cancelar el setenta y cinco por
ciento (75%) del valor de aquélla, si paga dentro de los veinte días siguientes
a la orden de comparendo. En este último caso, deberá asistir obligatoriamente
a un curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde
cancelará un veinticinco por ciento (25%) y el cincuenta (50%) restante lo
pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en
las oportunidades antes indicadas, el contraventor deberá cancelar el (100%)
del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.
Pues bien,
esta intervención del legislador nacional en una fuente exógena de financiación
de las entidades territoriales, como lo son los recursos provenientes del pago
de multas de tránsito, se ajusta  a la Constitución. En efecto, baste con
señalar que la norma busca un objetivo constitucionalmente admisible como lo es
mejorar el recaudo del pago por concepto de multas de tránsito, mediante la
previsión de un conjunto de estímulos económicos al infractor, relacionados con
la celeridad con que cancele sus sanciones.
En este orden
de ideas, la Corte declarará infundada la objeción presidencial presentada
contra el parágrafo 2º del artículo 24 del proyecto de ley.
4.3.4. Procedencia de un fallo inhibitorio en relación con la
supuesta violación al principio de legalidad.
El Presidente de la República argumenta que la norma objetada
vulnera el artículo 29 Superior, por cuanto el procedimiento que se debe
adelantar por parte de la administración y del infractor en caso de la comisión
de una contravención de tránsito, presenta ambigüedades y contradicciones,
contraviniendo el principio de legalidad en materia sancionatoria.
El Congreso consideró que le asistía razón al Ejecutivo, y que
para mayor claridad era necesario modificar igualmente algunos aspectos del
artículo 22 del proyecto de ley.
En este caso, la Corte considera que procede un fallo inhibitorio,
ya que finalmente el Congreso aceptó la objeción presidencial. De igual manera,
estima que el hecho de haber ajustado un nuevo texto tampoco le permite asumir
competencia por cuanto las objeciones no recayeron sobre ellos. Así, en un caso
muy semejante, la Corte en sentencia C- 923 de 2000 consideró lo siguiente:
“En primer
lugar, es necesario tener en cuenta que el Congreso de la República acogió las
objeciones presidenciales respecto de los artículos 8 y 9 del proyecto en
referencia, y decidió adecuar la redacción de los artículos 6, 7 y 11
"para ajustarlos a la Carta". Así, pues, el legislador sólo manifestó
su desacuerdo en relación con las objeciones formuladas contra los artículos 2,
3, 4 y 10 del proyecto. En consecuencia, el estudio de constitucionalidad a
cargo de esta Corporación deberá restringirse solamente a los citados cánones.
En lo
relativo a los nuevos textos aprobados por el Congreso para los fines de la
aludida adecuación, carece la Corte de competencia para examinar su
constitucionalidad, pues las objeciones no recayeron sobre ellos sino sobre los
anteriores. (negrillas agregadas).
J. DÉCIMA OBJECIÓN PRESIDENCIAL.
1. Objeciones por inconstitucionalidad del artículo 27.
En lo que concierne al artículo 27 del proyecto, según el cual se
faculta a los Gobernadores y Alcaldes “para
decretar amnistías a los infractores de tránsito y para adoptar medidas para el
saneamiento de cartera de infracciones que no haya sido objeto de notificación
del mandamiento de pago por vía ejecutiva y no supere los cinco (5) años de ocurridos
los hechos que dieron lugar a la actuación”, vulnera
el numeral 3º del artículo 287 Superior, “por las mismas razones que se
expusieron en el punto anterior”.
De igual manera, se argumenta que la disposición objetada vulnera
el artículo 13 Superior, en la medida en que las amnistías, entendidas como
facilidades para quienes estén en mora de cancelar gravámenes, vulnera el
principio de igualdad. En tal sentido, “los problemas de eficiencia  del
aparato estatal, no pueden resolverse a costas de la igualdad tributaria y de
la abdicación del Estado de Derecho”.
2. Postura asumida por el Congreso de la República.
El Congreso considera que el artículo 27 del proyecto de ley no
vulnera el principio de autonomía de las entidades territoriales ni tampoco aquel
de la igualdad.
En cuanto a la autonomía de las entidades territoriales, señalan
los congresistas que “no debe perderse de vista que la norma
demandada deja a salvo la facultad de las entidades territoriales de disminuir
el monto de las sanciones y simplificar los procedimientos, dependiendo de la
naturaleza de los tributos y la proporcionalidad de las sanciones respecto del
monto de los impuestos. Entonces, no se trata de una interferencia ilimitada
del legislador, sino de una interferencia razonable, orientada a la promoción
de procedimientos tributarios equitativos para los administrados y eficaces
para la administración y susceptible de adecuarse a las connotaciones propias
de la materia tributaria a cargo de esas entidades”.
A su vez, en
cuanto a la supuesta violación al principio de igualdad, los parlamentarios
argumentan que “el artículo 27, no declara la amnistía directamente, sino
que autoriza a los alcaldes y a los gobernadores para hacerlo. Del mismo
modo, es preciso enfatizar que ni la autorización en sí misma ni el saneamiento
están cuestionados. Son las amnistías las que el Gobierno ha puesto en tela de
juicio, por lo cual serán ellas el objeto de estudio”.
En pocas
palabras se sostiene que (i) decretar amnistías sí está constitucionalmente
autorizado; y (ii) en el caso concreto, la medida supera un test de
razonabilidad.
3. Concepto de la Vista Fiscal.
La Procuraduría  solicita a la
Corte Constitucional declarar fundadas las objeciones contra el artículo 27 del
Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de 2006, Cámara, por resultar
irrazonable y desproporcionado dentro del contexto del mismo Proyecto de ley,
con lo cual se viola el principio de autonomía presupuestal en lo atinente a la
propiedad y administración de los recursos de las entidades territoriales; la
moral administrativa, en cuanto lo que compete a la responsabilidad de los
servidores públicos negligentes en el cobro de las multas por infracciones a
las normas de tránsito; y la vigencia de un orden justo y la legitimidad de las
instituciones, en relación con los que sí han pagado sus obligaciones por
infracciones a las normas de tránsito.
Asegura que la medida tiene dos
finalidades. Una, de condonar las deudas por pago de multas (perdón y olvido de
esas obligaciones); y otra, la de hacer desaparecer las responsabilidades
(disciplinarias, fiscales y penales) de los servidores públicos que en los
últimos años no han sido diligentes para efectuar los cobros correspondientes.
Lo anterior, desde el punto de
vista de las finanzas públicas territoriales, resulta irrazonable y
desproporcionado en el contexto del Proyecto de ley 87 de 2007, Senado; 12 de
2006, Cámara, si se tiene que en el artículo 24 del mismo se concedió un
beneficio a favor de todos los infractores de las normas de tránsito que están
en mora de pagar sus multas, consistente en la rebaja del 50% de las mismas y
de sus intereses, como ya se analizó extensamente en el acápite 9 de este
Concepto Fiscal de Constitucionalidad.
Finalmente, lo que terminaría
ocurriendo, según la Procuraduría, es que, con el ánimo perverso de liberar de
las responsabilidades a los servidores públicos negligentes en el cobro de las
multas, y también con intenciones de pagos de favores políticos, se decretarían
las amnistías y los saneamientos de cartera, especialmente de lo irrecuperable
(cinco años de mora), y los fiscos regionales no obtendrían un último flujo de
recursos. “Eso, sin tener en cuenta el desestímulo que eso representaría para
todos los infractores que han pagado sus multas, bien sea de manera voluntaria
o como consecuencia de los procesos de cobro coactivo, lo cual va en contra de
la vigencia de un orden justo y de la misma legitimidad del orden
institucional”.
4. Solución al caso concreto por parte de la Corte Constitucional
4.1. Texto de la norma objetada.
Artículo 27. La Ley 769 de 2002,
tendrá el siguiente artículo transitorio:
Artículo transitorio.
Facultase a los Gobernadores y Alcaldes municipales y distritales hasta el 31
de diciembre de 2009, para decretar amnistías a los infractores de tránsito y
para adoptar medidas para el saneamiento de cartera de infracciones que no haya
sido objeto de notificación del mandamiento de pago por vía ejecutiva y no
supere los cinco (5) años de ocurridos los hechos que dieron lugar a la actuación.
4.2. Presentación del problema jurídico.
El Presidente de la República objetó por inconstitucional el
artículo 27 del proyecto de ley, planteando los siguientes cargos de
inconstitucionalidad:
Primer cargo: la amnistía
decretada por el legislador desconoce el artículo 13 Superior, por cuanto “si
bien es cierto que las multas no se consideran un tributo como tal, la
argumentación esgrimida por la Corte Constitucional es perfectamente aplicable
a su caso”. Vale aclarar, que en el texto de la objeción presidencial se
transcribe como sustento el siguiente extracto jurisprudencial:
“La
reasignación de la carga tributaria paradójicamente favorece a quienes
incurrieron en mora y se acentúa en términos reales respecto de quienes
observaron la ley. Los problemas de eficiencia del aparato estatal, no pueden
resolverse a costa de la igualdad tributaria y de la abdicación del Estado de
derecho. Las autoridades que están instituidas para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales de los particulares, se ven compelidas por la ley a
resignar de esta función, no negociable, con el objeto de superar las falencias
que exhiben en materia de recaudo, las que debían resolverse a través de otros
medios distintos” (Corte Constitucional, sentencia C- 511 de 1996).
Segundo cargo: la disposición vulnera el
principio de autonomía de las entidades territoriales, por cuanto al ser las
multas de propiedad de aquéllas, el legislador no podía decretar una amnistía
tributaria.
El Congreso de la República, por su parte, insistió en la adopción
de la disposición objetada. La Vista Fiscal, a su vez, comparte el contenido de
las objeciones presidenciales.
Así las cosas, le corresponde a la Corte determinar si (i) realmente el Presidente de la República planteó un verdadero
cargo de inconstitucionalidad por violación al principio de igualdad; y (ii) una disposición legal mediante la cual se faculta a los Gobernadores y Alcaldes municipales y distritales
hasta el 31 de diciembre de 2009, para decretar amnistías a los infractores de
tránsito y para adoptar medidas para el saneamiento de cartera de infracciones
que no haya sido objeto de notificación del mandamiento de pago por vía
ejecutiva y no supere los cinco (5) años de ocurridos los hechos que dieron
lugar a la actuación, vulnera el principio de autonomía de las entidades
territoriales.
4.3. Resolución del caso concreto.
4.3.1. Ausencia de cargo por violación al principio de igualdad.
En relación con la supuesta violación al principio de igualdad, la
Corte considera que el Presidente de la República no estructuró realmente un
cargo de inconstitucionalidad. En efecto, en el escrito de objeciones se afirma
que “si bien es cierto que las multas no se
consideran un tributo como tal, la argumentación esgrimida por la Corte Constitucional
es perfectamente aplicable a su caso”. A renglón seguido, se transcribe el
siguiente extracto jurisprudencial:
“La
reasignación de la carga tributaria paradójicamente favorece a quienes
incurrieron en mora y se acentúa en términos reales respecto de quienes
observaron la ley. Los problemas de eficiencia del aparato estatal, no pueden
resolverse a costa de la igualdad tributaria y de la abdicación del Estado de
derecho. Las autoridades que están instituidas para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales de los particulares, se ven compelidas por la ley a
resignar de esta función, no negociable, con el objeto de superar las falencias
que exhiben en materia de recaudo, las que debían resolverse a través de otros
medios distintos” (Corte Constitucional, sentencia C- 511 de 1996).
Como se puede advertir, no se indican las razones por las cuales
facultar a Gobernadores y Alcaldes para decretar “amnistías
a los infractores de tránsito y para adoptar medidas para el saneamiento de
cartera de infracciones que no haya sido objeto de notificación del mandamiento
de pago por vía ejecutiva y no supere los cinco (5) años de ocurridos los
hechos que dieron lugar a la actuación” desconozca
el principio de igualdad. En efecto, no se plantea ningún elemento de
comparación que permita adelantar un test de igualdad.
En este orden de ideas, la Corte se declarará inhibida para proferir
un fallo de fondo por ausencia de cargo.
4.3.2. Facultad del Congreso para decretar amnistías en materia de
multas de tránsito.
El Presidente de la República alega que  la disposición vulnera el
principio de autonomía de las entidades territoriales, por cuanto al ser las
multas de propiedad de aquéllas, el legislador no podía decretar una amnistía
tributaria.
El Congreso de la República se opone a la objeción presidencial por
cuanto estima que el legislador si estaba autorizado constitucionalmente para
disponer acerca de las multas de tránsito.
La Corte considera que la objeción no está llamada a prosperar, por
las siguientes razones.
En primer lugar, la simple lectura de la norma objetada evidencia
que el Congreso de la República no está decretando amnistía tributaria alguna a
favor de los deudores de los comparendos de tránsito. En efecto, se trata tan
sólo de una autorización acordada a Gobernadores y Alcaldes para que sean ellos
quienes, actuando dentro de su margen decidan implementar la medida, con el
objeto de sanear cartera.
En segundo lugar, tal autorización se ve limitada a un grupo
específico de deudores: aquellos que no haya sido
objeto de notificación del mandamiento de pago por vía ejecutiva. De igual
manera, se impone un límite temporal de cinco años desde la comisión de los
hechos.
Así las cosas, no se entiende de qué manera la disposición
objetada afecte la autonomía de las entidades territoriales, en lo atinente al
manejo de sus recursos, cuando lo cierto es que serán sus propias autoridades
las que decidan la conveniencia de aplicar la medida.
Aunado a lo anterior, recuérdese que se está ante una fuente exógena
de financiación de las entidades territoriales, y que por ende, el margen de
intervención del legislador es muy amplio, en los términos de la jurisprudencia
constante de la Corte.
En este orden de ideas, la Corte declarará infundada la objeción
presidencial presentada contra el artículo transitorio del artículo 27 del proyecto, por el cargo de violación del principio de autonomía
de las entidades territoriales.
VIII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. DECLARARSE
INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en
relación con el parágrafo 3º del artículo 3º del proyecto de ley núm.
012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769
de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por
carencia actual de objeto.
Segundo. DECLARAR INFUNDADA la
objeción presidencial presentada contra el parágrafo 3º del artículo 4º del
proyecto de ley  núm. 012 de 2006 Cámara, 087
de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional
de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia, se
declara EXEQUIBLE.
Tercero. DECLARAR INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el numeral 4 del
artículo 5 e inciso 1 del artículo 13 del proyecto de ley  núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la
cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
Cuarto. DECLARAR INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 2 del
artículo 8º del proyecto de ley.núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara
EXEQUIBLE.
Quinto. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con la expresión “nuevos”
del artículo 11 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
Sexto.
DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo
en relación con el parágrafo del artículo 15 del proyecto de ley núm.
012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769
de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por
carencia actual de objeto.
Séptimo. DECLARAR FUNDADA la
objeción presidencial presentada contra el artículo 21 y las expresiones “Se
establece el siguiente sistema de puntos: Por cada infracción mayor o igual a 8
smlvd 2 puntos. Por cada infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos. Por cada
infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos”, del artículo 17 del proyecto
de ley, por violar el artículo 29 Superior, y en consecuencia se declaran INEXEQUIBLES.
Octavo. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo
3° del artículo 17 del proyecto de ley núm. 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”,
por carencia actual de objeto.
Noveno. DECLARAR INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 2º
del artículo 24 del proyecto de ley.núm. 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002
(Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, y en
consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
Décimo. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de fondo, por el cargo de violación al
principio de legalidad,  en relación con el artículo 24 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”.
Undécimo. DECLARARSE INHIBIDA para proferir un
fallo de fondo, por el supuesto cargo de violación al principio de igualdad,
en relación con el artículo transitorio del artículo 27 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por inepta objeción.
Duodécimo. DECLARAR INFUNDADA la
objeción presidencial presentada contra el artículo
transitorio del artículo 27 del proyecto de ley núm.
012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”,
por el cargo de violación al principio de autonomía de las entidades
territoriales.
Décimo tercero. Ordenar
que este proyecto de ley se DEVUELVA al Congreso de la República, con el fin de
que lo rehaga y una vez cumplido lo anterior, se devuelva a la Corte para que
se verifique su cumplimiento, conforme al artículo 167 de la Constitución
Política, de conformidad con la parte motiva del presente fallo.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
NILSON ELIAS PINILLA
PINILLA
Presidente
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE DE GOMEZ
Magistrada
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Ver al respecto, sentencia C- 241 de 1994. En dicha
sentencia, la Corte consideró que “El Constituyente de 1991 radicó en las Cámara
plenas, la competencia de reconsiderar un proyecto de ley que ha sido objetado,
bien por razones de inconveniencia o de inconstitucionalidad, en todo o en
parte, resulta a las claras el quebrantamiento de los preceptos
constitucionales relacionados por el fragmento acusado pues, con  abierto
desconocimiento de los mandatos superiores, restablece el sistema  que imperaba
bajo la Constitución anterior, el cual fue concientemente modificado por el
Constituyente de 1991. La Corte encuentra una ostensible violación a los
artículos 165 y 167 de la
Carta Política, como quiera que lo normado en el artículo 197 de la ley 5a. de
1992, de hecho restaura el sistema de la
Carta de 1886 que el Constituyente de 1991 eliminó, con lo cual frustra el
propósito que lo condujo a confiarle a las Plenarias de las Cámaras el segundo
debate del proyecto objetado, que no es otro que el de asegurar la activa y
decisiva  participación de la mayoría de los miembros del cuerpo legislativo en
la decisión de las objeciones presidenciales”.
[2] Sentencia C-510 de 1996; C-063 de 2002; C-068
de 2004 y C- 072 de 2006.
[3]
Sentencia C-819 de 2004.
[4]
Sentencias C- 036  de 1998 y C- 500 de 2005
[5]
Sentencias C- 068 de 2004, C- 069 de 2004 y C- 433 de 2004.
[6]
Sentencia C- 1404 de 2000.
[7]
Ver entre otras sentencias C- 482 de 2002, C- 531 de 2005 y C- 072 de 2006.
[8]
Entre otras, sentencias C- 874 de 2005; C- 849 de 2005;
[9]
Sentencia C- 1146 de 2003.
[10]
Sentencias C- 036  de 1998 y C- 500 de 2005
[11]
Ver sentencias C-072 de 1999, C-044 de 2002, C-801 de 2003, C-1056 de 2003.
[12]
Sentencia C- 539 de 2008.
[13] Sentencia C-208 de 2005 “resulta contrario al
principio de consecutividad en la aprobación de las leyes que un texto
propuesto en el seno de las comisiones no sea sujeto al trámite
correspondiente, sino que, simplemente, se delegue su estudio a las plenarias
de cada cámara, puesto que tal situación, en la que la comisión correspondiente
renuncia a su competencia constitucional a favor de las plenarias, impide que
se efectúe debidamente el primer debate del proyecto de ley, desconociéndose
con ello lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 157
C.P.”
[14]
Sentencias C-801 de 2003, C-839 de 2003, C-1113 de 2003, C-1056 de 2003,
C-1147 de 2003 y C-1152 de 2003, 1092 de 2003, C-312 de 2004, C-313 de 2004,   C-370
de 2004, C-372 de 2004.
[15]
Sentencia C-839 de 2003.
[16]
Sentencia C-305 de 2004.
[17]
Sentencias C-1488 de 2000, C-922 de 2001, C-950 de 2001, C- 801 de 2003, C-839
de 2003.
[18]
Sentencia C- 539 de 2008.
[19] Entre muchas otras, sentencias C- 524 de 1995; C- 815
de 2001; C- 870 de 2003 y C- 992 de 2006.
[20] Sentencia C- 616 de 2001.
[21] Sentencia C- 815 de 2001.
[22] Sentencia C- 616 de 2001.
[23] Sentencia C- 870 de 2003.
[24] Sentencia T- 021 de 2005.
[25] Sentencia C- 392 de 2007.
[26] Sentencia
C-176 de 1996.
[27] Que tiene fundamento en el artículo 365 de la
C. P. Ver entre otras la sentencia              C-579/99.
[28] Cuya justificación es el artículo 49 de la
Carta, ver por ejemplo la sentencia          C-176/96.
[29] Con base en el artículo 77 de la
Carta. Ver la sentencia C-333/99.
[30] Que tiene por fundamento el artículo 335 de la
Carta, en este sentido la
C-332/00.
[31]
Sentencia C- 252 de 1997.
[32]
Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2002.
[33]
Ver fundamento No. 14 de esta sentencia.
[34]
Corte Constitucional, Sentencia C-482 de 1996.  Ver también C-816 de 1999.
[35]
Sentencia C- 950 de 2007.
[36]
Sentencias C- 036  de 1998 y C- 500 de 2005
[37]
Sentencias C- 036  de 1998 y C- 500 de 2005
[38]
Ver sentencia C-1052 de 2001.
[39]
Ver sentencia C-1052 de 2001 Ver en el mismo sentido la sentencia C-1115/04.
[40]
Sentencias C- 036  de 1998 y C- 500 de 2005
[41]
Entre muchas otras, ver las sentencias C-535 de 1996, C-219 de 1997, C-579 de
2001 y C-1258 de 2001.
[42]
Sentencia C-219 de 1997.
[43]
Sentencia C-535 de 1996.
[44]
Sentencia C- 535 de 1996.
[45]
Sentencia C-1258 de 2001.
[46]
Sentencia C-1258 de 2001.
[47] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-720/99.
[48] Ibídem.
[49] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-720/99.