T-499-17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTA DE RELATORIA: Mediante Auto 624/17, el cual
se anexa en la parte final de la presente providencia, se aclara el ordinal
décimo primero de su parte resolutiva.
Sentencia T-499/17
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo de
la expresión "vía de hecho" por la de "causales genéricas de
procedibilidad"
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A)
PERMANENTE A CARGO Y DEL 7% POR HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
PRECEDENTE
DE PRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO AL INCREMENTO PESIONAL EN EL EVENTO DE QUE NO
SEA RECLAMADO EN TIEMPO
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-Unificación
de jurisprudencia
Solo hasta el 10 de mayo de 2017 el
Pleno de esta Corte unificó su posición en la temática de la naturaleza
imprescriptible del derecho al incremento pensional (SU-310 de 2017).
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia al
incurrirse en una violación directa de la
Constitución por cuanto se omitió la aplicación del principio in dubio pro
operario, al haber desatendido la postura que defiende la
naturaleza imprescriptible del derecho al incremento pensional
Tanto la entidad tutelada
como cada uno de los operadores judiciales accionados pretermitieron la
aplicación del principio constitucional in dubio pro operario, al haber apoyado sus decisiones en
la interpretación del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 que menos favorecía a
los accionantes y, por ende, haber desatendido la postura que resultaba más
favorable a los intereses de los mismos, es decir, aquella que defiende la naturaleza
imprescriptible del derecho al incremento pensional en un 7% por hija o hijo en
condición de discapacidad a cargo y en un 14% por cónyuge, compañera o
compañero permanente a cargo, con la aclaración de que el fenómeno de la prescripción solo
operaría frente a las sumas a que haya lugar por dichos conceptos y que no
fueron reclamadas en tiempo.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden a Colpensiones
reconocer derecho al incremento pensional en un 14%
por cónyuge a cargo
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden a Colpensiones
reconocer derecho al incremento pensional en un 14%
por compañera permanente a cargo
Referencia: Expedientes T-6.012.383,
T-6.029.817, T-5.977.672, T-6.047.278, T-6.047.279,       T-6.054.076,
T-6.060.743, T-6.064.424,       T-6.065.951,
T-6.065.953, T-6.067.576 y     T-6.070.255, acumulados.
Acciones de tutela formuladas por Fabián
Morelo Padilla contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-  (T-6.012.383),
Guillermo Ahumada Malaver contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá -Sala Laboral                 (T-6.029.817), Antonio María De Luque
Durán contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla (T-5.977.672), Manuel Antonio Castañeda Pulido contra el Juzgado
Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y otros (T-6.047.278),
Jesús María Pérez contra el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de
Bucaramanga y otro    (T-6.047.279), Ángel Eduardo Montero Caicedo contra el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena y otros                 (T-6.054.076),
Manuel Antonio Bedoya Henao contra el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro
–Antioquia- (T-6.060.743), Tomás Emilio Fuentes Márquez contra la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-
(T-6.064.424), Leonor Herrera De Mantilla contra el Juzgado Segundo Laboral de
Pequeñas Causas de Bucaramanga (T-6.065.951), Álvaro María Mejía Trujillo
contra el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga              (T-6.065.953),
Eduardo Santos Escorcia Ojeda contra el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla y otro (T-6.067.576), y Jairo Marín Toro contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- (T-6.070.255).
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil diecisiete
(2017).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Diana Fajardo Rivera, Carlos
Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos
por:
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia
-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras-, el 29 de septiembre de 2016, confirmatoria de la providencia dictada
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó –Antioquia-, el 19 de septiembre de 2016, que había declarado improcedente el amparo solicitado
dentro de la acción de tutela promovida por Fabián Morelo Padilla contra la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones- (T-6.012.383).
2. La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación
Penal-, el 31 de enero de 2017, confirmatoria de la sentencia proferida
por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 26
de octubre de 2016, que
había denegado la protección reclamada dentro de la acción de tutela instaurada
por Guillermo Ahumada Malaver
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral (T-6.029.817).
3. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla,
el 08 de septiembre de 2016, en
única instancia, denegatoria por improcedente
de la acción de tutela formulada por Antonio María De Luque Durán
contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla (T-5.977.672).
4. La
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 08 de febrero de 2017, confirmatoria del fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala
Laboral-, el 14 de diciembre de 2016,
que había denegado el amparo solicitado
dentro de la acción de tutela promovida por Manuel Antonio Castañeda Pulido contra el Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, el Juzgado
Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá y la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones- (T-6.047.278).
5. La Corte Suprema de Justicia –Sala de
Casación Laboral-, el 15 de febrero de 2017, confirmatoria de la providencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga -Sala Laboral-, el 28 de noviembre de 2016, que
había denegado la protección reclamada dentro de la acción de tutela instaurada
por Jesús María Pérez contra
el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Segundo
Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga (T-6.047.279).
6. La Corte Suprema de Justicia –Sala de
Casación Penal-, el 16 de febrero de 2017, confirmatoria del fallo dictado por la
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 06
de diciembre de 2016, que había denegado la acción de tutela formulada por Ángel Eduardo Montero Caicedo contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Laboral-, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Cartagena y la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones- (T-6.054.076).
7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Antioquia –Sala Laboral-, el 09 de noviembre de 2016, en única instancia, denegatoria por improcedente de la acción de tutela
promovida por Manuel Antonio
Bedoya Henao contra el Juzgado
Laboral del Circuito de Rionegro –Antioquia- (T-6.060.743).
8. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta -Sala para Asuntos Penales de Adolescentes-, el 15 de noviembre de 2016, confirmatoria de la providencia dictada
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
para Adolescentes de Santa Marta, el
22 de septiembre de 2016, que
había declarado improcedente la acción de tutela instaurada por Tomás Emilio Fuentes Márquez contra la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- (T-6.064.424).
9. El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Laboral-, el 21 de
noviembre de 2016, en única instancia, denegatoria
de la protección reclamada dentro de la acción de tutela formulada por Leonor Herrera De Mantilla contra el Juzgado
Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga (T-6.065.951).
10. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
-Sala Laboral-, el 21 de noviembre de 2016, en única instancia, denegatoria del amparo solicitado dentro de la acción de tutela promovida por Álvaro María Mejía Trujillo contra el Juzgado
Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga y el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bucaramanga (T-6.065.953).
11. La
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-, el 23 de febrero de
2017, confirmatoria de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia
–Sala de Casación Laboral-, el 06 de diciembre de 2016, que había denegado la
acción de tutela instaurada por Eduardo
Santos Escorcia Ojeda contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla -Sala Laboral- y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla (T-6.067.576).
12. La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-,
el 23 de febrero de 2017, confirmatoria de la providencia proferida por la
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 6 de diciembre de
2016, que había denegado la protección reclamada dentro de la acción de tutela formulada
por Jairo Marín Toro contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- (T-6.070.255).
La Sala de Selección de Tutelas Número Tres[1] de la Corte
Constitucional, por Auto[2]
del 16 de marzo de 2017, seleccionó los expedientes                 T-6.012.383 y T-6.029.817 para su revisión y, de acuerdo con el sorteo
realizado, los repartió al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos, para que
tramitara y proyectara la
sentencia correspondiente. Al tiempo, por
presentar unidad de materia, la referida Sala de Selección los acumuló entre sí
para que fueren fallados en una sola providencia, si así lo llegare a considerar la respectiva Sala de
Revisión.
Esa misma Sala
de Selección de Tutelas, en Auto[3]
del 30 de marzo de 2017, seleccionó los expedientes T-5.977.672,
T-6.047.278, T-6.047.279, T-6.054.076, T-6.060.743 y T-6.064.424 para su
revisión y, por presentar unidad de materia, los acumuló entre sí y con el
expediente T-6.012.383, para que fueren decididos en un solo fallo.
A su turno, la Sala de Selección de Tutelas Número
Cuatro[4],
mediante Auto[5]
del 17 de abril de 2017, seleccionó los expedientes T-6.065.951,    T-6.065.953,
T-6.067.576 y T-6.070.255 para su revisión y, de acuerdo con el sorteo
realizado, los repartió al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos, para que
tramitara y proyectara la
sentencia correspondiente. Por presentar
unidad de materia, la mencionada Sala de Selección los acumuló entre sí para
que fueren fallados en una sola providencia, si así lo llegare a considerar la respectiva Sala de
Revisión.
Realizado el estudio pormenorizado de los
doce expedientes de tutela anteriormente relacionados, por Auto[6]
del 02 de junio de 2017, la
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional determinó que presentaban
unidad de materia, pues son sustancialmente
similares en cuanto a la situación fáctica, pretensiones y presuntos hechos
vulneradores, por lo que
dispuso la acumulación de los expedientes
T-6.065.951, T-6.065.953,      T-6.067.576 y T-6.070.255 al expediente
acumulado T-6.012.383,[7]
T-6.029.817,
T-5.977.672, T-6.047.278, T-6.047.279, T-6.054.076,          T-6.060.743 y
T-6.064.424, para que fueren tramitados y
decididos en una sola sentencia[8],
a lo que en efecto se procede.
I.       ANTECEDENTES
El 8 de septiembre, 13 de octubre, 18 de
agosto, 6 de diciembre, 18 de noviembre, 22 de noviembre, 26 de octubre, 16 de septiembre,
15 de septiembre, 22 de agosto, 24 de noviembre y 23 de noviembre de 2016, Fabián
Morelo Padilla, Guillermo Ahumada Malaver, Antonio María De Luque Durán, Manuel
Antonio Castañeda Pulido, Jesús María Pérez, Ángel Eduardo Montero Caicedo,
Manuel Antonio Bedoya Henao, Tomás Emilio Fuentes Márquez, Leonor Herrera De
Mantilla, Álvaro María Mejía Trujillo, Eduardo Santos Escorcia Ojeda y Jairo
Marín Toro, respectivamente, formularon, por separado, acciones de tutela
contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, en adelante Colpensiones
(T-6.012.383); Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral (T-6.029.817);
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla (T-5.977.672);
Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Bogotá y Colpensiones (T-6.047.278); Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Bucaramanga y Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas
Causas de Bucaramanga (T-6.047.279); Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena -Sala Laboral-, Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena y
Colpensiones (T-6.054.076); Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro
–Antioquia- (T-6.060.743); Colpensiones               (T-6.064.424); Juzgado
Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga (T-6.065.951);
Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga y Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga (T-6.065.953); Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral- y Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Barranquilla (T-6.067.576); y Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá -Sala Laboral- (T-6.070.255), respectivamente.
Los demandantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la seguridad social y al mínimo vital, por cuanto los accionados denegaron el reconocimiento
y pago del incremento pensional en un 7% por hija en condición de discapacidad
a cargo[9]
(únicamente en el expediente T-5.977.672) y en un 14% por cónyuge, compañera o
compañero permanente a cargo[10]
(en los demás expedientes), al argumentar que sobre los incrementos solicitados
había operado el fenómeno de la prescripción.
Tabla 1. Expediente, accionante y entidad y/o autoridad
judicial accionada
Expediente
Accionante
Entidad y/o autoridad judicial accionada
T-6.012.383
Fabián Morelo Padilla
Colpensiones
T-6.029.817
Guillermo Ahumada Malaver
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá -Sala Laboral-
T-5.977.672
Antonio María De Luque Durán
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Barranquilla
T-6.047.278
Manuel Antonio Castañeda Pulido
Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Bogotá, Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá y
Colpensiones
T-6.047.279
Jesús María Pérez
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Bucaramanga y Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga
T-6.054.076
Ángel Eduardo Montero Caicedo
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena -Sala Laboral-, Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena y
Colpensiones
T-6.060.743
Manuel Antonio Bedoya Henao
Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro
–Antioquia
T-6.064.424
Tomás Emilio Fuentes Márquez
Colpensiones
T-6.065.951
Leonor Herrera De Mantilla
Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas
de Bucaramanga
T-6.065.953
Álvaro María Mejía Trujillo
Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas
de Bucaramanga y Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga
T-6.067.576
Eduardo Santos Escorcia Ojeda
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla -Sala Laboral- y Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla
T-6.070.255
Jairo Marín Toro
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá -Sala Laboral-
A.
Expediente T-6.012.383
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 08 de septiembre de 2016, el señor Fabián
Morelo Padilla, de 72 años de edad, formuló acción de tutela contra
Colpensiones, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital, con base en los hechos que a continuación
se sintetizan:
a) El 18 de junio de 2011, el demandante
contrajo matrimonio civil con la señora Petrona Villa Morelo, quien tiene 67
años de edad, es ama de casa, no devenga ingresos de ninguna índole y tampoco
disfruta de una pensión, por lo que depende económicamente de él.
b) Mediante Resolución N° GNR 328700 del 23 de
septiembre de 2014, Colpensiones reconoció en favor del demandante una pensión
de vejez, por el monto de $616.000, al ser beneficiario del régimen de
transición y cumplir los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990.
c) En virtud de lo establecido en el literal
b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el accionante solicitó ante
Colpensiones el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por cónyuge
a cargo.
d) Dicha solicitud fue denegada por la
accionada el 03 de agosto de 2016, al estimar que sobre el incremento reclamado
había operado el fenómeno de la prescripción.
2. De conformidad con la anterior situación
fáctica, el demandante solicita que se amparen sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones a reconocer y pagar de
manera perentoria y retroactiva desde el 01 de octubre de 2014, las sumas
correspondientes al incremento pensional solicitado.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
1. Cédulas de ciudadanía[11] del
accionante y su cónyuge.
2. Escritura pública[12] N° 979
otorgada en la Notaría Única del Círculo de Apartadó –Antioquia-, en la cual
consta que el señor Morelo
Padilla contrajo matrimonio con la señora Villa Morelo el 18 de junio de 2011.
3. Resolución[13] N° GNR 328700 del 23 de septiembre de 2014,
con la cual se reconoció en favor del demandante una pensión de vejez.
4. Oficio[14]
BZ2016-8868666-1942535 del 3 de agosto de 2016, mediante el cual se denegó el
incremento pensional reclamado.
Actuación procesal
Por auto[15]
del 08 de septiembre de 2016, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó –Antioquia- admitió la acción de tutela y corrió traslado a Colpensiones
para que ejerciera su derecho de defensa. Efectuada la respectiva
notificación, la entidad accionada guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó –Antioquia-, en sentencia[16] del 19
de septiembre de 2016, declaró improcedente el amparo solicitado al
estimar incumplidas las exigencias que deben acreditarse para reclamar el
incremento pensional por vía de tutela.
Impugnación
El 21 de septiembre de 2016, el demandante presentó
escrito[17]
de impugnación para pedir que se revoque la decisión del a quo y, en su
lugar, se conceda la protección de sus derechos fundamentales invocados.
Sentencia de segunda instancia
En providencia[18]
del 29 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia -Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras- confirmó el
fallo impugnado al aducir razones de improcedencia. Expuso que el accionante
contaba con otros mecanismos judiciales para la salvaguarda de sus intereses.
B.
Expediente T-6.029.817
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 13 de octubre de 2016, el señor Guillermo
Ahumada Malaver, de 69 años, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, por considerar
desconocido su derecho fundamental al debido proceso, según lo que a
continuación se expone:
a) El tutelante y la señora Ana Cecilia
Gualteros Atuestas contrajeron matrimonio el 26 de octubre de 1974.
b) La señora Gualteros Atuestas, de 64 años de
edad, depende económicamente del actor, pues no disfruta de renta, ni pensión
alguna.
c) El entonces ISS, hoy Colpensiones, en
Resolución N° 046365 del 27 de septiembre de 2007, concedió pensión de vejez al
accionante, en la suma de $773.123, por considerarlo beneficiario del régimen
de transición y reunir las exigencias fijadas en el Acuerdo 049 de 1990.
d) Conforme a lo dispuesto en el literal b)
del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el demandante reclamó ante Colpensiones
el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por cónyuge a
cargo. Empero, tal pedido fue denegado, por lo que el tutelante adelantó
proceso ordinario laboral con radicado Nº 2015-246.
e) En fallo del 04 de abril de 2016, el
Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá declaró probada la excepción de
prescripción propuesta en la contestación de la demanda y, por ende, absolvió a
Colpensiones de las pretensiones formuladas. Dicho pronunciamiento fue apelado
por la parte demandante, de tal suerte que el asunto fue remitido al respectivo
tribunal para lo de su competencia.
f) El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá -Sala Laboral-, en providencia del 25 de mayo de 2016, confirmó la decisión.
g) Sostiene el accionante que el tribunal accionado
incurrió en dos causales específicas para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales: i) violación directa de la Constitución (artículos 2,
4, 13, 29, 53, 228 y 229 Superiores) y ii) desconocimiento del precedente
fijado en las sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 de 2015 y T-369 de
2015.
2. El actor
solicita que se amparen los derechos invocados, se deje sin efecto la decisión
proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá -Sala Laboral-, dentro del proceso ordinario laboral Nº 2015-246, y se
ordene a dicha Corporación judicial a dictar un nuevo fallo con el cual se
ordene a Colpensiones a reconocer y pagar el incremento pensional pedido.
Material probatorio relevante
cuya copia obra en el expediente
Al escrito de tutela no se adjuntaron
elementos de prueba.
Actuación procesal
En auto[19] del 18 de octubre
de 2016, la Corte Suprema de Justicia
–Sala de Casación Laboral- admitió
la acción de tutela, vinculó al Juzgado
19 Laboral del Circuito de Bogotá y a las partes e intervinientes del correspondiente
proceso ordinario laboral, y corrió
traslado al tribunal demandado y a los vinculados para que ejercieran su
derecho de defensa. Surtidas las
respectivas comunicaciones, solo el accionado se pronunció.
El Magistrado Ponente de la
decisión aquí acusada y proferida el
25 de mayo de 2016 por la
Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, manifestó que “desde el punto de
vista probatorio se está a lo indicado en las pruebas obrantes en el
expediente.”
Sentencia de primera instancia
La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, en fallo[20] del 26 de octubre de 2016, denegó el amparo al indicar que las sentencias
censuradas “no se apartan de consultar reglas mínimas de razonabilidad
jurídica y efectivamente obedece a la labor hermenéutica propia de los
operadores judiciales, quienes dotados de la libertad de interpretación que la
misma Constitución les reconoce, actúan dentro del ámbito de sus competencias.”
Impugnación
El 10 de noviembre de 2016, el tutelante
presentó escrito[21]
de impugnación, para solicitar que se revoque la anterior providencia y, en su
lugar, se protejan sus derechos fundamentales.
Sentencia de segunda
instancia
La Corte Suprema de Justicia –Sala de
Casación Penal-, mediante sentencia[22]
del 31 de enero de 2017, confirmó la decisión del a quo al señalar que
el pronunciamiento judicial cuestionado se sustentó de manera razonable, lo
cual descarta cualquier viso de arbitrariedad o capricho.
C.
Expediente T-5.977.672
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 18 de agosto de 2016, el
señor Antonio María De Luque Durán, de 73 años de edad, promovió acción de
tutela contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla, por estimar violado su derecho fundamental al debido proceso, con fundamento
en la siguiente situación fáctica:
a) Por medio de Resolución N° 000666
del 25 de febrero de 2004, el Instituto de Seguros Sociales -ISS- concedió pensión
de vejez al tutelante, por el monto de $410.615, con aplicación del régimen de
transición y observancia de los presupuestos señalados en el Acuerdo 049 de
1990.
b) El demandante es el padre de
Sandra Isabel De Luque Márquez, quien cuenta con 51 años de edad y padece de
retardo mental grave congénito, por lo que el 14 de junio de 2012 fue calificada
con pérdida de capacidad laboral del 55.73%, cuya fecha de estructuración es el
22 de junio de 1966 (data en la que nació).
c) Sostiene el accionante que su
hija no goza de ninguna pensión y siempre ha dependido económicamente de él,
dada la condición de discapacidad que afronta desde su nacimiento.
d) El 26 de febrero de 2014, el actor
solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago del incremento pensional en
un 7% por hija en condición de discapacidad a cargo.
e) Tal solicitud fue denegada,
por lo que el actor procedió a adelantar proceso ordinario laboral de única
instancia contra la referida entidad, cuyo radicado correspondió al Nº 2014-194.
f) El Juzgado Tercero Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, en sentencia del 24 de febrero de
2015, absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda, al considerar prescrito
el derecho al incremento pensional solicitado. Dicha decisión no fue objeto del
grado jurisdiccional de consulta.
g) Alega el demandante que la mencionada
autoridad judicial incurrió en violación directa de la Constitución (artículo
29), como causal específica para la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales.
2. A la luz de lo expuesto, el accionante
solicita que (i) se proteja su derecho al debido proceso, y (ii) se disponga
que el juzgado accionado profiera una nueva decisión en la cual ordene a Colpensiones
a reconocer y pagar el incremento pensional en un 7%, por tener a cargo a su hija
que se encuentra en condición de discapacidad.
Material probatorio relevante
cuya copia obra en el expediente
1. Cédulas de ciudadanía[23]
del tutelante y su hija.
2. Resolución[24]
N° 000666 del 25 de febrero de
2004, con la cual se le reconoció al señor De Luque Durán una pensión de vejez.
3. Registro civil de
nacimiento[25]
en el cual se lee que Sandra
Isabel De Luque Márquez es hija del accionante.
4. Dictamen[26] del 14 de junio de 2012, por el cual se calificó a
Sandra Isabel De Luque Márquez con pérdida de capacidad laboral del 55.73%,
cuya fecha de estructuración es la de su nacimiento (22 de junio de 1966), en
atención al retardo mental grave congénito que padece desde entonces.
5. Acta[27] N° 7114
expedida por el Notario Segundo del Círculo de Barranquilla el 09 de mayo de
2014, en la cual consta la Declaración extraprocesal rendida por el accionante
en relación con la dependencia económica de su hija con respecto a él.
6. Escrito[28] que elevó el
demandante ante Colpensiones para solicitar el reconocimiento y pago del
incremento pensional.
7. Oficio[29] BZ2014-1591401-0555491
del 26 de febrero de 2014, mediante el cual Colpensiones denegó el incremento
pensional pedido.
8. Decisión[30] adoptada por
el Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla el 24 de febrero de 2015, en el marco
del proceso ordinario laboral radicado bajo el Nº 2014-194.
Actuación procesal
En auto[31] del 25 de
agosto de 2016, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla admitió la solicitud de amparo y corrió
traslado a la autoridad judicial demandada para que ejerciera su derecho de
defensa. Al tiempo, vinculó a Colpensiones para que se pronunciara al respecto.
1. El 29 de agosto de 2016, el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Barranquilla respondió que la acción de tutela es improcedente, toda vez que
su decisión no fue arbitraria y caprichosa.
2. El Vicepresidente Jurídico
y Secretario General de Colpensiones solicitó que se declarara improcedente la
tutela al estimar insatisfecho el prepuesto de subsidiariedad.
Sentencia de única instancia
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante
sentencia del 08 de septiembre de 2016, denegó por improcedente el
amparo reclamado al considerar incumplido el requisito de inmediatez e
inobservar algún defecto o causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Dicha decisión no fue impugnada.
D.
Expediente T-6.047.278
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 06 de diciembre de 2016, el señor Manuel
Antonio Castañeda Pulido, de 73 años de edad, instauró acción de tutela contra
el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Bogotá y Colpensiones, por considerar desconocidos sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, según lo que
a continuación se expone:
a) El 17 de junio de 1972, el accionante contrajo
matrimonio con la señora Blanca Cecilia Ortiz González, quien tiene 73 años de
edad, es ama de casa, no devenga ingresos de ninguna índole y tampoco disfruta
de una pensión, por lo que depende económicamente de él.
b) Mediante Resolución N° 017775 del 28 de
junio de 2004, el ISS reconoció en favor del demandante una pensión de vejez, en
la suma de $475.181, al ser beneficiario del régimen de transición y cumplir lo
establecido en el Acuerdo 049 de 1990.
c) El 20 de agosto de 2009, el tutelante solicitó
ante el ISS, hoy Colpensiones, el reconocimiento y pago del incremento
pensional en un 14% por cónyuge a cargo, de conformidad con lo previsto en el
literal b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, dicha solicitud
fue denegada, por lo que el accionante promovió proceso ordinario laboral contra
esa entidad, cuyo radicado correspondió al Nº 2015-626.
d) En providencia del 29 de marzo de 2016, el
Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá declaró probada
la excepción de prescripción en relación con el incremento pensional solicitado
y absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda. Ese fallo fue remitido
a los Juzgados Laborales del Circuito a fin de que se surtiera el grado
jurisdiccional de consulta.
e) El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Bogotá, en sentencia del 05 de julio de 2016, confirmó la anterior decisión bajo
el mismo argumento.
f) Sostiene el actor que los referidos operadores
judiciales incurrieron en una causal específica para la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, esto es, desconocimiento del precedente
constitucional contenido en los pronunciamientos T-831 de 2014 y T-369 de 2015.
2. El tutelante solicita que se amparen sus derechos
y se ordene reconocer y pagar el incremento pensional en un 14% por cónyuge a
cargo.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
1. Cédulas de ciudadanía[32] del
accionante y su cónyuge.
2. Registro Civil[33] otorgado en
la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, en el cual consta que el señor Castañeda
Pulido contrajo matrimonio con la
señora Blanca Cecilia Ortiz González el 17 de junio de 1972.
3. Resolución[34] N° 017775 del 28 de junio de 2004, con la cual
se reconoció pensión de vejez al tutelante.
4. Declaración extraprocesal[35]
en la que se manifiesta la dependencia económica de la señora Ortiz González con respecto al demandante.
5. Memorial[36] que presentó
el actor ante el ISS para reclamar el reconocimiento y pago del respectivo incremento
pensional.
6. Respuesta[37] dada por el
ISS el 28 de septiembre de 2009, mediante el cual se denegó lo solicitado.
7. Dos discos compactos (CD)[38]
en los cuales se encuentran incorporadas las decisiones judiciales que adoptaron
los juzgados accionados en el marco del proceso ordinario laboral radicado bajo el Nº 2015-626.
Actuación procesal
Mediante auto[39] del 09 de diciembre
de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
-Sala Laboral- dispuso (i) admitir la acción de tutela, (ii) correr
traslado a los accionados y (iii) vincular a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
1. El
Juzgado Cuarto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Bogotá pidió que no se accediera al amparo de
tutela, por cuanto no se vulneró derecho alguno. Expuso que las providencias
acusadas no denotan abuso, ni quebrantamiento del debido proceso.
2. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá solicitó que se denegara la acción de
tutela, toda vez que esa autoridad no ha conculcado los derechos fundamentales
invocados.
3. La Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado se limitó a señalar que debido a que los hechos y causas
que dieron lugar al trámite tutelar escapan completamente al ámbito de
competencias de esa entidad, la misma se abstendrá de pronunciarse al respecto.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, en providencia[40] del 14 de diciembre de 2016, denegó el amparo reclamado al explicar que ante la
diversidad de criterio en la materia por parte de algunas Salas de Revisión de
la Corte Constitucional, los Despachos tutelados podían acoger la postura adoptada
por la Corte Suprema de Justicia en lo concerniente a la prescripción del incremento
pensional.
Impugnación
El 12 de enero de 2017, el accionante impugnó[41]
la anterior decisión para pedir que se revoque y, en consecuencia, se le
reconozca el incremento pensional en un 14% por cónyuge a cargo.
Sentencia de segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación
Laboral-, en fallo[42]
del 08 de febrero de 2017, confirmó la sentencia de primera instancia al reiterar
las mismas razones expuestas por el a quo.
E.
Expediente T-6.047.279
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 18 de noviembre de 2016, el señor Jesús
María Pérez, de 67 años de edad, formuló acción de tutela contra el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas
Causas de esa misma ciudad, por estimar conculcados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, con base en los
hechos que a continuación se sintetizan:
a) El demandante y la señora María Elena
Morales De Pérez contrajeron matrimonio el 08 de julio de 1972.
b) La señora Morales De Pérez, de 70 años de
edad, depende económicamente del actor, ya que no disfruta de renta, ni pensión
alguna.
c) Por Resolución N° 102551 del 15 de julio de
2010, el ISS concedió pensión de vejez al señor Pérez, en el monto de $981.339,
por considerarlo beneficiario del régimen de transición y reunir las exigencias
estatuidas en el Acuerdo 049 de 1990.
d) Con fundamento en lo previsto en el literal
b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el demandante reclamó ante
Colpensiones el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por
cónyuge a cargo. Debido a que la petición fue denegada, el tutelante adelantó
proceso ordinario laboral con radicación Nº 2016-290.
e) En fallo del 19 de agosto de 2016, el
Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga dispuso (i) declarar
probada la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones, (ii) absolver
a dicha entidad de los cargos formulados en su contra y (iii) ordenar en favor
del demandante el grado jurisdiccional de consulta, por lo que se surtió la
remisión ante los Juzgados Laborales del Circuito.
f) El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Bucaramanga, por sentencia del 01 de noviembre de 2016, confirmó la decisión
consultada.
g) A juicio del actor, los Despachos
accionados desconocieron el precedente constitucional fijado en las sentencias
T-831 de 2014, T-369 de 2015 y T-395 de 2016, configurándose así una causal
específica para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
2. El
accionante pide que se amparen sus derechos, se dejen sin efecto los
pronunciamientos adoptados en el marco del proceso ordinario laboral   Nº
2016-290, y se disponga que los operadores judiciales censurados dicten nuevos
fallos mediante los cuales se ordene a Colpensiones a reconocer y pagar el
incremento pensional en comentario.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
Providencias[43] proferidas
en única instancia y en grado de consulta dentro del trámite laboral promovido
por el tutelante contra Colpensiones.
Actuación procesal
En auto[44]
del 21 de noviembre de 2016, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Laboral- admitió la acción de tutela, vinculó a
Colpensiones y corrió traslado para que los accionados y el vinculado ejercieran
su derecho de contradicción. Efectuadas las correspondientes comunicaciones, todos guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Laboral-, por sentencia[45] del 28 de noviembre de 2016, denegó la protección reclamada al argumentar que los jueces
demandados no decidieron de forma caprichosa ni arbitraria, en tanto razonables
y sustentadas fueron las providencias acusadas.
Impugnación
El 7 de diciembre de 2016, el actor presentó
impugnación[46]
para insistir en el presunto desconocimiento del precedente constitucional
establecido en los pronunciamientos T-831 de 2014, T-369 de 2015 y T-395 de
2016, por parte de las autoridades tuteladas.
Sentencia de segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-,
mediante fallo[47]
del 15 de febrero de 2017, confirmó la sentencia impugnada al estimar que no pueden
tildarse de arbitrarias y caprichosas las decisiones laborales censuradas, ni
siquiera por el hecho de que otras corporaciones judiciales tengan criterio
distinto en la materia.
F. Expediente T-6.054.076
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 22 de noviembre de 2016, el señor Ángel
Eduardo Montero Caicedo, de 67 años de edad, promovió acción de tutela contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Laboral-, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Cartagena y Colpensiones-, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, con fundamento en la siguiente situación fáctica:
a) El 12 de diciembre de 1981, el demandante contrajo
matrimonio con la señora Gala Isabel Batista Lara, quien es ama de casa, no
devenga ingresos de ninguna índole y tampoco goza de pensión, por lo que
depende económicamente de él.
b) Mediante Resolución N° 3991 del 19 de abril
de 2007, el ISS reconoció en favor del accionante pensión de vejez anticipada por
invalidez, en la suma de $959.810, con aplicación del régimen de transición y
observancia de los presupuestos señalados en el Acuerdo 049 de 1990.
c) El tutelante pidió ante el ISS, hoy
Colpensiones, el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por
cónyuge a cargo, según lo previsto en el literal b) del artículo 21 del Acuerdo
049 de 1990. Sin embargo, tal solicitud fue denegada, por lo que el actor
promovió proceso laboral contra esa entidad, cuyo radicado correspondió al Nº 2014-330.
d) En providencia del 30 de junio de 2015, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Cartagena absolvió a Colpensiones de las
pretensiones de la demanda al señalar que no es posible acceder al incremento
pensional solicitado, toda vez dicho derecho no se encuentra establecido en el
régimen legal por el cual le fue concedida la pensión de vejez al accionante,
esto es, la Ley 100 de 1993. Inconforme, la parte demandante interpuso recurso
de apelación, el cual fue concedido y de esta forma se envió el asunto al
respectivo tribunal para lo de su competencia.
e) El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena -Sala Laboral-, por fallo del 26 de julio de 2016, confirmó la
decisión apelada.
f) Manifiesta el tutelante que los Despachos
judiciales demandados desconocieron el precedente fijado por la Corte
Constitucional en relación con el reconocimiento del incremento pensional por
cónyuge a cargo.
2. Con base en lo anterior, el actor solicita
que se tutelen sus derechos, se dejen sin efecto las sentencias acusadas y se
ordene a Colpensiones a reconocer y pagar el incremento reclamado.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
1. Registro Civil de Matrimonio[48],
en el cual consta que el actor contrajo
matrimonio con la señora Batista Lara el 12 de diciembre de 1981.
2. Resolución[49] N° 3991 del 19 de abril de 2007, con la cual se reconoció pensión de
vejez anticipada por invalidez al accionante.
3. Disco compacto (CD)[50] que contiene
la grabación de audio de la audiencia pública de segunda instancia, llevada a
cabo en el marco del proceso ordinario laboral radicado con el Nº 2014-330.
4. Sentencias[51] dictadas por
los operadores judiciales censurados.
Actuación procesal
Mediante auto[52] del 24 de noviembre
de 2016, la Corte Suprema de Justicia
–Sala de Casación Laboral- admitió
la acción de tutela y corrió traslado a los demandados para que ejercieran su
derecho de defensa.
1. La Magistrada Ponente de la decisión
proferida en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, pidió
que se denegara el amparo al aducir razones de improcedencia. Manifestó que se
incumplía el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto el actor contaba otros
mecanismos judiciales.
2. El
Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Cartagena solo se limitó a enviar copia de lo actuado en el marco
del trámite ordinario laboral.
3. Colpensiones solicitó que se declarara
improcedente la tutela, pues a su parecer no concurren los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Corte
Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, en fallo[53] del 06 de diciembre de 2016, denegó la protección reclamada al indicar que no se
evidenció vulneración de los derechos invocados, toda vez que en las
providencias acusadas se precisaron las razones por las cuales no era viable
conceder el incremento pensional.
Impugnación
El 12 de enero de 2017, el accionante impugnó[54]
la decisión sin exponer sustento alguno al respecto.
Sentencia de segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-,
en sentencia[55]
del 16 de febrero de 2017, confirmó la providencia impugnada al reiterar los
argumentos señalados por el a
quo.
G. Expediente T-6.060.743
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 26 de octubre de 2016, el señor Manuel
Antonio Bedoya Henao, de 70 años de edad, instauró acción de tutela contra el
Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro –Antioquia-, por estimar desconocidos
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital, según lo que a continuación se expone:
a) Por Resolución N° 003616 del 23 de febrero de
2009, el ISS concedió pensión de vejez al señor Bedoya Henao, en el monto de
$433.700, al ser beneficiario del régimen de transición y cumplir los
requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990.
b) Arguye el accionante que desde hace trece (13)
años convive en unión marital de hecho con la señora Rosa María Montoya Noreña,
quien depende económicamente del él, toda vez que es ama de casa, no disfruta
de renta ni pensión alguna.
c) En virtud de lo estatuido en el literal b)
del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el tutelante reclamó ante Colpensiones
el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por compañera
permanente a cargo. Empero, tal pedido fue denegado, por lo que el demandante adelantó
proceso ordinario laboral con radicado Nº 2015-446.
d) En providencia dictada en única instancia el
18 de mayo de 2016, el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro –Antioquia- declaró
probada la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones y absolvió a
esa entidad de las pretensiones de la demanda. Si bien ese Despacho ordenó el
grado de consulta, lo cierto es que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Antioquia –Sala Laboral-, dispuso declarar inadmisible la consulta ordenada,
quedando en firme la sentencia del referido Juzgado.
e) A juicio del actor, la autoridad accionada incurrió
en una causal específica para la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, esto es, el desconocimiento del precedente constitucional contenido
en los fallos T-217 de 2013 y T-831 de 2014.
2. El
accionante solicita que se amparen los derechos invocados, se deje sin efecto
la decisión acusada y se ordene dictar un nuevo fallo en el cual se disponga reconocer
y pagar el incremento pensional.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
Disco compacto (CD)[56] que contiene
la grabación de audio de la audiencia pública llevada a cabo en el marco del
proceso ordinario laboral de única instancia radicado con el Nº 2015-446.
Actuación procesal
En auto[57]
del 26 de octubre de 2016, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia –Sala Laboral- admitió la acción de tutela y corrió
traslado al demandado para que ejerciera su derecho de defensa. Al tiempo, vinculó a Colpensiones para que se pronunciara sobre los hechos de la tutela.
Surtidas las respectivas comunicaciones, tanto el Despacho accionado como la
entidad vinculada guardaron silencio.
Sentencia de única instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia –Sala Laboral-, mediante providencia[58] del 09 de noviembre de 2016, denegó por improcedente la
acción de tutela al concluir que lo solicitado por el demandante no está
llamado a prosperar, por cuanto el operador judicial cuestionado no incurrió en
ninguna causal específica de procedibilidad, pues su decisión la apoyó en la
tesis jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. Esa decisión no fue objeto de impugnación.
H. Expediente T-6.064.424
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 16 de septiembre de 2016, el señor Tomás
Emilio Fuentes Márquez, de 97 años de edad, formuló acción de tutela contra
Colpensiones, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital, con base en los hechos que a continuación
se resumen:
a) Por Resolución N° 03764 del 03 de mayo de 1984,
el ISS concedió en favor del demandante pensión de vejez, en la suma de $7.340[59],
por considerarlo beneficiario del régimen de transición.
b) Señala el accionante que desde hace veinte
años convive en unión marital de hecho con la señora Betty Cecilia Barros
Rodríguez, quien es ama de casa, no devenga ingresos de ninguna índole y
tampoco disfruta de una pensión, por lo que depende económicamente de él.
c) En virtud de lo establecido en el literal
b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el actor solicitó ante Colpensiones
el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por compañera
permanente a cargo.
d) Dicha solicitud fue denegada por la
accionada en Resolución Nº GNR 228239 del 03 de agosto de 2016, al argumentar que
el incremento reclamado había prescrito.
2. De conformidad con lo expuesto, el tutelante
pretende que se amparen sus derechos fundamentales y, por ende, se ordene a
Colpensiones a reconocer y pagar el referido incremento pensional.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
1. Cédula de ciudadanía[60] del
accionante.
2. Resolución[61]
N° 03764 del 03 de mayo de 1984, con la cual se reconoció pensión de vejez al
demandante.
3. Declaración extraprocesal[62] rendida en la Notaría Tercera del Círculo
de Santa Marta el 07 de septiembre de 2016, en la cual consta lo relacionado
con la convivencia del actor con
la señora Barros Rodríguez y la dependencia económica de ella con respecto a
él.
4. Resolución[63] Nº GNR 228239 del 03 de agosto de 2016, por
medio de la cual se deniega el incremento pensional.
Actuación procesal
El Juzgado Segundo Penal del
Circuito para Adolescentes de Santa Marta,
en auto[64] del 16 de septiembre
de 2016, admitió la acción
de tutela y corrió traslado a Colpensiones para que ejerciera su derecho de
defensa.
El 21 de septiembre de 2016, la entidad
accionada contestó para solicitar que se declare improcedente el amparo
reclamado, por estimar incumplida la exigencia de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
El Juzgado
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Santa Marta, mediante
providencia[65] del 22
de septiembre de 2016, declaró improcedente la acción de tutela al
indicar que el tutelante cuenta con la vía ordinaria para resolver la controversia
económica planteada.
Impugnación
El 26 de septiembre de 2016, el demandante
impugnó la decisión sin manifestar algo al respecto.
Sentencia de segunda instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -Sala para Asuntos
Penales de Adolescentes-, en sentencia[66]
del 15 de noviembre de 2016, confirmó el pronunciamiento del a quo al
aducir razones que también aluden a la insatisfacción de la subsidiariedad.
I. Expediente T-6.065.951
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 15 de septiembre de 2016, la señora
Leonor Herrera De Mantilla, de 79 años de edad, promovió acción de tutela
contra el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga, por
estimar conculcados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social y al mínimo vital, de conformidad con lo que a continuación se relata:
a) La tutelante y el señor Heriberto Mantilla
Rangel contrajeron matrimonio el 23 de junio de 1962.
b) El señor Mantilla Rangel, también de 79
años de edad, depende económicamente de la accionante, toda vez que no goza de
renta, ni pensión alguna.
c) Mediante Resolución N° 005208 del 26 de septiembre
de 2001, el ISS concedió pensión de vejez a la señora Herrera De Mantilla, por el
monto de $286.000, con aplicación del régimen de transición y observancia de
los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990.
d) La demandante reclamó ante Colpensiones el
reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por cónyuge a cargo, según
lo previsto en el literal b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. Debido a
que se denegó lo solicitado, la actora adelantó proceso ordinario laboral contra
esa Administradora, asignándose el radicado Nº 2015-499.
e) En providencia del 03 de junio de 2016, el Juzgado
Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga declaró probada la excepción
de prescripción en relación con el incremento pensional solicitado, absolvió a
Colpensiones de los cargos formulados en su contra y ordenó en favor de la
demandante el grado jurisdiccional de consulta, de tal forma que se envió el
asunto a los Juzgados Laborales del Circuito de esa ciudad.
f) El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bucaramanga, en fallo del 05 de septiembre de 2016, confirmó la decisión
consultada.
g) Alega la tutelante que los referidos
operadores judiciales desconocieron el precedente constitucional concerniente a
la imprescriptibilidad del derecho al incremento pensional por cónyuge a cargo,
especialmente la tutela T-369 de 2015.
2. Con
base en lo anterior, la accionante pide que se protejan sus derechos, se dejen
sin efecto las sentencias censuradas y, en su lugar, se profieran nuevas
decisiones mediante las cuales se ordene el reconocimiento y pago del incremento
pensional solicitado.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
1. Cédulas de ciudadanía[67] de la actora
y su cónyuge.
2. Registro Civil de Matrimonio[68],
donde consta que la demandante contrajo
matrimonio con el señor Mantilla Rangel el 23 de junio de 1962.
3. Resolución[69] N° 005208 del 26 de septiembre de 2001, con la
cual se concedió pensión de vejez a la tutelante.
4. Providencia[70] dictada por
el Juzgado Segundo Laboral de
Pequeñas Causas de Bucaramanga en el marco del proceso laboral Nº 2015-499.
Actuación procesal
En auto[71]
del 11 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
-Sala Laboral- admitió la
acción de tutela, vinculó al Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga y a Colpensiones, y
corrió traslado al accionado y a los vinculados para que ejercieran su derecho
de contradicción.
Una vez debidamente notificados, solo
contestó el Juzgado Segundo
Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga para solicitar que se denegara por
improcedente la acción de tutela, pues, a su parecer, los derechos fundamentales invocados no
fueron violados con el fallo que dictó dentro del trámite laboral en comentario.
Sentencia de única instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga –Sala Laboral-, por sentencia[72] del 21 de noviembre
de 2016, denegó el amparo reclamado al sostener que los
Juzgados acusados “no concluyeron de manera caprichosa ni arbitraria, en
tanto razonables y sustentables fueron las providencias objeto de reproche que,
con venero a la autonomía judicial, no pueden aniquilarse en sede de tutela
para restarles valor y eficacia…” Esa decisión no fue impugnada.
J. Expediente T-6.065.953
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 22 de agosto de 2016, el señor Álvaro
María Mejía Trujillo, de 77 años de edad, instauró acción de tutela contra el Juzgado
Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga y el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bucaramanga, por estimar desconocidos
sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social, con fundamento en la siguiente
situación fáctica:
a) El 31 de octubre de 1977, el tutelante contrajo
matrimonio con la señora Carola Linero Quintero, quien tiene 62 años de edad,
es ama de casa, no devenga ingresos de ninguna índole y tampoco disfruta de una
pensión, por lo que depende económicamente de él.
b) En Resolución N° 104314 del 13 de octubre de
2011, el entonces ISS, hoy Colpensiones, otorgó pensión de vejez al accionante,
por la suma de $881.968, al ser beneficiario del régimen de transición y
cumplir los requisitos señalados en el Acuerdo 049 de 1990.
c) El demandante pidió ante el ISS el reconocimiento
y pago del incremento pensional en un 14% por cónyuge a cargo, de conformidad
con lo dispuesto en el literal b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. No
obstante, tal solicitud fue denegada, razón por la cual el actor procedió a
adelantar proceso ordinario laboral contra ese instituto, cuyo radicado
correspondió al Nº 2015-364.
d) En sentencia del 23 de octubre de 2015, el Juzgado
Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga declaró probada la excepción
de prescripción propuesta por la demandada en relación con el incremento
pensional solicitado y, por consiguiente, absolvió a Colpensiones de los cargos
formulados en la demanda. Dicho pronunciamiento fue remitido a los Juzgados
Laborales del Circuito de esa misma ciudad con el objeto de que se surtiera el
grado jurisdiccional de consulta.
e) El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga, en fallo del 03 de febrero de 2016, confirmó la decisión por las
mismas razones.
f) Alega el tutelante que los mencionados juzgados
desconocieron el precedente constitucional incorporado en las sentencias T-831
de 2014 y T-369 de 2015, es decir, incurrieron en una causal específica para la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
2. De esta manera, el accionante solicita que
(i) se protejan sus derechos fundamentales, (ii) se revoquen y dejen sin efecto
los fallos ordinarios censurados y (iii) se disponga que la autoridad judicial
correspondiente dicte una nueva decisión en la cual se ordene a Colpensiones a
reconocer y pagar el incremento pensional en un 14% por cónyuge a cargo.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
1. Cédula de ciudadanía[73] del
tutelante.
2. Registro Civil de Matrimonio[74]
en el cual se lee que el actor contrajo
matrimonio con la señora Linero Quintero el 31 de octubre de 1977.
3. Resolución[75] N° 104314 del 13 de octubre de 2011, por
medio de la cual se concedió pensión de vejez al demandante.
4. Declaración extraprocesal[76]
en la que se señala la dependencia económica de la señora Linero Quintero con respecto al accionante.
5. Oficio[77] BZ2015-2701580-0861838
del 25 de marzo de 2015, por el cual Colpensiones denegó el incremento
pensional solicitado.
6. Sentencias[78] aquí
acusadas y que fueron proferidas en el marco del proceso ordinario laboral radicado bajo el Nº 2015-364.
Actuación procesal
Por auto[79]
del 11 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
-Sala Laboral- admitió la
acción de tutela y corrió traslado a los Despachos accionados para que
ejercieran su derecho de defensa. Asimismo, vinculó
a Colpensiones para que hiciera
uso de su derecho de contradicción.
1. El Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de
Bucaramanga pidió que se denegara por improcedente el amparo reclamado, al
advertir que los derechos
invocados no fueron vulnerados con la decisión que adoptó en el asunto
ordinario laboral de única instancia.
2. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga se limitó a reiterar lo que expuso en la providencia adoptada
en grado de consulta, es decir, que lo resuelto por el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de esa
misma ciudad se ajustaba a derecho, pues ese operador judicial había estudiado
con rigor lo referente a la excepción de prescripción propuesta por
Colpensiones.
Sentencia de única instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga -Sala Laboral-, en sentencia[80] del 21 de noviembre
de 2016, denegó la acción de tutela al concluir que los operadores judiciales
demandados no decidieron el caso de manera caprichosa ni arbitraria, por el
contrario, sus pronunciamientos fueron razonables y debidamente sustentados. Esa
decisión no fue objeto de impugnación.
K. Expediente T-6.067.576
Hechos y pretensiones de la demanda
1. El 24 de noviembre de 2016, el señor
Eduardo Santos Escorcia Ojeda, de 78 años de edad, formuló acción de tutela
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala
Laboral- y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, por considerar
violado su derecho fundamental al debido proceso, con base en los siguientes hechos:
a) Por Resolución N° 031 del 23 de enero de
2006, el ISS concedió pensión de vejez al señor Escorcia Ojeda, en el monto de $260.100,
por considerarlo beneficiario del régimen de transición y concurrir las exigencias
previstas en el Acuerdo 049 de 1990.
b) Arguye el tutelante que desde hace diecisiete
(17) años convive en unión marital de hecho con la señora Libia Esther
Villarreal Jiménez, quien depende económicamente del él, por cuanto es ama de
casa, no disfruta de renta ni pensión alguna.
c) En atención a lo dispuesto en el literal b)
del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el accionante reclamó ante el ISS el
reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por compañera
permanente a cargo. Empero, tal pedido fue denegado al estimarse configurada la
prescripción, por lo que el demandante adelantó proceso ordinario laboral Nº
2013-147.
d) En providencia del 10 de abril de 2015, el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla declaró probada la excepción de
prescripción propuesta por la demandada en relación con el incremento pensional
solicitado y, por ende, la absolvió de los cargos formulados en la demanda. Inconforme,
el extremo demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido y
de esta manera se envió el asunto al correspondiente tribunal para lo de su
competencia.
e) El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla -Sala Laboral-, en providencia del 07 de octubre de 2016,
confirmó la decisión apelada, bajo las mismas razones señaladas por el referido
juzgado.
f) A juicio del actor, las mencionadas autoridades
judiciales accionadas desconocieron el precedente de la Corte Constitucional relacionado
con la viabilidad del reconocimiento del incremento pensional en un 14% por
compañera permanente a cargo, específicamente, el fallo T-395 de 2016.
2. El tutelante pide que se tutelen sus
derechos fundamentales, se dejen sin efecto los fallos cuestionados y se ordene
reconocer y pagar el incremento pensional reclamado.
Material probatorio relevante cuya copia obra
en el expediente
1. Resolución[81] N° 031 del 23 de enero de 2006, por medio de la cual se reconoció
pensión de vejez al actor.
2. Disco compacto (CD)[82] que contiene
la grabación de audio de la audiencia pública de segunda instancia llevada a
cabo en el marco del proceso ordinario laboral Nº 2013-147.
Actuación procesal
Por auto[83]
del 25 de noviembre de 2016, la Corte
Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- admitió la acción de tutela, vinculó a Colpensiones y
a las partes e intervinientes dentro del trámite laboral Nº 2013-147, y por último corrió traslado a los accionados y vinculados para que
ejercieran su derecho de defensa.
Surtidas las correspondientes notificaciones, únicamente
Colpensiones se pronunció para pedir que se declare improcedente la solicitud
de amparo, al señalar que no se cumplen las exigencias que deben acreditarse
para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sentencia de primera instancia
La Corte
Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, en fallo[84] del 06 de diciembre de 2016, denegó el amparo pedido al manifestar que “ningún
reparo amerita lo resuelto por la Magistratura accionada, ya que con apoyo en
las pruebas adosadas y en un ejercicio intelectivo racional, pudo determinar
que las pretensiones del interesado no debían abrirse camino.”
Impugnación
El 16 de enero de 2017, el actor impugnó[85]
la decisión para solicitar la revocatoria de la misma y, en su lugar, se
protejan sus derechos fundamentales con el reconocimiento y pago del incremento
pensional.
Sentencia de segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-,
en sentencia[86]
del 23 de febrero de 2017, confirmó la decisión de primera instancia al concluir
que “no resulta aplicable al presente asunto la jurisprudencia de la Corte Constitucional
a que se hizo referencia en demanda de tutela y en el escrito de impugnación,
toda vez que por regla general las sentencias de tutela generan efectos inter
partes, salvo que de manera expresa se le otorgue otro alcance.”
L. Expediente T-6.070.255
Hechos y pretensiones de
la demanda
1. El 23 de noviembre de 2016, el señor Jairo
Marín Toro, de 70 años de edad, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, por estimar conculcados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital, según lo que a continuación se expone:
a) El tutelante y la señora Teresa Riveros De
Marín contrajeron matrimonio el 13 de diciembre de 1975.
b) La señora Riveros De Marín, de 69 años de
edad, depende económicamente del actor, pues no disfruta de renta, ni pensión
alguna.
c) Mediante Resolución N° 018064 del 30 de abril
de 2007, el ISS concedió pensión de vejez al señor Marín Toro, por la suma de
$1.530.595, con aplicación del régimen de transición y dada la observancia de
los presupuestos fijados en el Acuerdo 049 de 1990.
d) En virtud de lo establecido en
el literal b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, el demandante reclamó
ante el ISS el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por
cónyuge a cargo. Empero, tal pedido fue denegado, por lo que el accionante adelantó
proceso ordinario laboral con radicado Nº 2015-805.
e) En fallo del 05 de julio de
2016, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá condenó a Colpensiones a
pagar y reconocer el referido incremento pensional. Esa decisión fue apelada por
la entidad vencida, de tal suerte que el caso fue remitido al tribunal para lo
de su competencia.
f) El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, en providencia del 26 de julio de
2016, dispuso (i) revocar el pronunciamiento recurrido y, en su lugar, declarar
probada la excepción de prescripción propuesta en la contestación de la demanda,
y (ii) absolver a Colpensiones de todas las pretensiones.
g) Sostiene el tutelante que el mencionado
tribunal incurrió en una causal específica para la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, esto es, el desconocimiento del precedente
constitucional fijado en las sentencias T-217 de 2013 y T-369 de 2015.
2. El accionante solicita que se amparen los derechos invocados, se deje
sin efecto la decisión proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, dentro del proceso ordinario
laboral Nº 2015-805, y se ordene a dicha Corporación judicial a dictar un nuevo
fallo con el cual se ordene a Colpensiones a reconocer y pagar el incremento
pensional pedido.
Material probatorio relevante
cuya copia obra en el expediente
1. Cédulas de ciudadanía[87] del demandante
y su cónyuge.
2. Registro Civil[88] otorgado en
la Notaría Trece del Círculo de Bogotá, en el cual consta que el señor Marín Toro contrajo matrimonio con la señora Teresa
Riveros De Marín el 13 de diciembre de 1975.
3. Declaraciones extraprocesales[89]
en las que se manifiesta la dependencia económica de la señora Riveros De Marín con respecto a su esposo.
4. Resolución[90] N° 018064 del 30 de abril de 2007, por medio
de la cual se reconoció pensión de vejez al actor.
5. Escrito[91] que elevó el
accionante ante el ISS para reclamar el reconocimiento y pago del correspondiente
incremento pensional.
6. Oficio[92]
BZ2015-5683407-1689518 del 25 de junio de 2015, con el cual Colpensiones denegó
el incremento pensional.
7. Dos discos compactos (CD)[93]
que contienen las grabaciones de audio y video de las audiencias públicas
llevadas a cabo en el marco del proceso ordinario laboral radicado bajo el Nº 2015-805.
Actuación procesal
En auto[94]
del 25 de noviembre de 2016, la Corte
Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- admitió la acción de tutela, vinculó al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá,
corrió traslado a la
autoridad judicial accionada y a la vinculada para que ejercieran su derecho de
defensa, y comunicó a Colpensiones para
que se pronunciara al respecto. Realizadas las respectivas comunicaciones, solo
el vinculado contestó.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá informó que se daba por
notificado y se ratificaba en su decisión que profirió dentro del trámite
laboral adelantado por el señor Jairo Marín Toro contra Colpensiones.
Sentencia de primera instancia
La Corte
Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, en providencia[95] del 06 de diciembre de 2016, denegó la protección reclamada al indicar que no puede
tildarse de caprichoso, arbitrario o carente de fundamento el fallo dictado por
el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, toda vez que se sustentó en razones
plausibles y justificadas.
Impugnación
El 12 de enero de 2017, el demandante presentó
escrito[96]
de impugnación para insistir en el presunto desconocimiento del precedente constitucional
incorporado en las sentencias T-217 de 2013 y T-369 de 2015, por parte del
tribunal tutelado.
Sentencia de segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-,
mediante providencia[97]
del 23 de febrero de 2017, confirmó la decisión del a quo al estimar que
en el asunto examinado no era aplicable la jurisprudencia constitucional señalada
por el extremo accionante, en atención a sus efectos inter partes.
Tabla 2. Expediente, accionante e incremento
pensional que se reclama
Expediente
Accionante
Incremento pensional que se reclama
T-6.012.383
Fabián Morelo Padilla
En un 14% por cónyuge a cargo
T-6.029.817
Guillermo Ahumada Malaver
En un 14% por cónyuge a cargo
T-5.977.672
Antonio María De Luque Durán
En un 7% por hija en condición de
discapacidad a cargo
T-6.047.278
Manuel Antonio Castañeda Pulido
En un 14% por cónyuge a cargo
T-6.047.279
Jesús María Pérez
En un 14% por cónyuge a cargo
T-6.054.076
Ángel Eduardo Montero Caicedo
En un 14% por cónyuge a cargo
T-6.060.743
Manuel Antonio Bedoya Henao
En un 14% por compañera permanente a
cargo
T-6.064.424
Tomás Emilio Fuentes Márquez
En un 14% por compañera permanente a
cargo
T-6.065.951
Leonor Herrera De Mantilla
En un 14% por cónyuge a cargo
T-6.065.953
Álvaro María Mejía Trujillo
En un 14% por cónyuge a cargo
T-6.067.576
Eduardo Santos Escorcia Ojeda
En un 14% por compañera permanente a
cargo
T-6.070.255
Jairo Marín Toro
En un 14% por cónyuge a cargo
II.      ACTUACIÓN PROCESAL EN SEDE DE REVISIÓN
1. Dadas
las circunstancias específicas del caso acumulado objeto de revisión y teniendo en cuenta que el artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento de la
Corte Constitucional) faculta al juez constitucional para que tome un rol
activo en el recaudo de elementos de convicción y decrete de oficio otros que
estime convenientes para el esclarecimiento de la situación fáctica en que se
apoya la acción, el Magistrado
Sustanciador, en Auto[98]
del 02 de junio de 2017, dispuso:
En el expediente
T-6.029.817
1.1 Ordenar al accionante Guillermo Ahumada Malaver que allegara copia de los
siguientes documentos: (i) cédula
de ciudadanía de él y de la
señora Ana Cecilia Gualteros Atuestas, (ii) Resolución
Nº 046365 de 2007 en la cual se le reconoció pensión de vejez, (iii) registro civil de matrimonio con el
cual demuestre estar casado con la referida señora,
(iv) declaración juramentada
en la que se ratifique lo manifestado en
el escrito de tutela en relación con la ausencia de ingresos de su esposa y la
dependencia económica de ella con respecto a él, y (v) petición que elevó ante Colpensiones con el objeto
de que le fuera reconocido y pagado el incremento pensional, así como la
respectiva respuesta.
1.2. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
-Sala Laboral- que dispusiera la
remisión de copia de los fallos de instancias proferidos dentro del proceso
ordinario laboral promovido por el
demandante contra Colpensiones, cuyo radicado es el Nº 2015-246.
En el expediente
T-6.047.279
1.3. Ordenar al tutelante Jesús María Pérez
que remitiera copia de los documentos que a continuación se relacionan: (i) cédula de ciudadanía de él y de la señora María Elena Morales De Pérez, (ii) Resolución
Nº 102551 de 2010 mediante la cual se le reconoció pensión de vejez, (iii) registro civil de matrimonio con el
cual demuestre estar casado con la señora
Morales De Pérez, (iv)
declaración juramentada en la que se
ratifique lo manifestado en la tutela en relación con la ausencia de ingresos
de la mencionada señora y la dependencia económica de ella con respecto a su
esposo, y (v) petición que
elevó ante Colpensiones a fin de que le fuera reconocido y pagado el incremento
pensional en un 14% por cónyuge a cargo, y la correspondiente contestación.
En el expediente
T-6.054.076
1.4. Ordenar al actor Ángel Eduardo Montero Caicedo que allegara declaración juramentada en la cual conste la ausencia de ingresos de su esposa Gala Isabel Batista Lara y la dependencia económica de dicha señora con
respecto a él.
En el expediente
T-6.060.743
1.5. Ordenar al Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro –Antioquia-
que dispusiera la remisión del expediente contentivo del proceso ordinario
laboral promovido por Manuel Antonio Bedoya Henao contra Colpensiones, cuyo
radicado correspondió al Nº 2015-466.
En el expediente
T-6.065.951
1.6. Ordenar a la accionante Leonor
Herrera De Mantilla que remitiera
declaración juramentada en la que se ratifique lo manifestado en la tutela en cuanto
a la ausencia de ingresos de su
esposo Heriberto Mantilla Rangel y la
dependencia económica de éste con respecto a ella.
1.7. Ordenar
al Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas
Causas de Bucaramanga que dispusiera la remisión de copia de la
decisión dictada en grado jurisdiccional de consulta por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esa misma ciudad, en el marco del trámite laboral adelantado por Leonor
Herrera De Mantilla contra Colpensiones.
En el expediente
T-6.067.576
1.8. Ordenar al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla–Atlántico- que dispusiera la remisión del expediente contentivo
del proceso laboral promovido por Eduardo Santos Escorcia Ojeda contra
Colpensiones, con radicado Nº 2013-147.
2. Surtidas las correspondientes comunicaciones, fueron
allegados y remitidos al Despacho Sustanciador todos los elementos de prueba
solicitados[99],
escenario que permite emitir un pronunciamiento de fondo y definitivo en la
resolución del presente asunto de acumulación.
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
1. La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro de los trámites de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. El caso objeto de revisión y problemas jurídicos a resolver
2. El presente asunto consta de doce casos acumulados,
de los cuales, dos (expedientes T-6.012.383 y T-6.064.424) se refieren a
acciones de tutela formuladas contra Colpensiones, con ocasión de los
correspondientes trámites administrativos que adelantaron dos ciudadanos ante
esa entidad a fin de obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional
en un 14% por cónyuge y compañera permanente a cargo, respectivamente. Los
restantes (expedientes T-6.029.817,
T-5.977.672, T-6.047.278,                 T-6.047.279, T-6.054.076,
T-6.060.743, T-6.065.951, T-6.065.953,          T-6.067.576
y T-6.070.255) aluden a solicitudes de
amparo instauradas contra sentencias proferidas por distintas autoridades
judiciales en el marco de procesos laborales que fueron promovidos por algunos
ciudadanos con el objeto de que se condenara a Colpensiones a reconocer y pagar
el incremento pensional respectivo.
Los demandantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la seguridad social y al mínimo vital, por cuanto Colpensiones y varios operadores
judiciales denegaron el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 7%
por hija en condición de discapacidad a cargo (solo en el expediente
T-5.977.672) y en un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo
(en los demás expedientes), al argumentar que sobre los incrementos solicitados
había operado el fenómeno de la prescripción trienal, según lo establecido en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
3. Según la situación fáctica común expuesta en esta
providencia, de manera conjunta para el caso de acumulación, la Sala Octava de
Revisión primero comenzará por establecer si concurren los requisitos generales
de procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, precisando
las particularidades a que haya lugar en las dos solicitudes de amparo
promovidas contra Colpensiones. Para ello, se reiterarán las reglas
jurisprudenciales que determinan dichos presupuestos y, con base en ellas, se
verificará el cumplimiento de tales exigencias.
4. De encontrase procedentes las acciones de tutela,
la Sala procederá con el análisis de los siguientes problemas jurídicos:
¿Vulneraron las autoridades judiciales accionadas los derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social y al mínimo vital
de los accionantes, por presuntamente haber desconocido el precedente
constitucional, al declarar probada la excepción de prescripción propuesta
frente al derecho al incremento pensional que respectivamente reclaman?
¿Vulneraron Colpensiones y los Despachos demandados los derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social y al mínimo vital
de los demandantes por presuntamente haber incurrido en violación directa de
la Constitución, al inaplicar la interpretación más favorable al trabajador (in
dubio pro operario) en el marco de los respectivos trámites administrativos
y judiciales que promovieron los accionantes a fin de obtener el reconocimiento
y pago del incremento pensional correspondiente?
4. Requisitos generales de procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
5. La
Corte Constitucional ha sostenido que es posible formular acción de tutela
contra decisiones judiciales que desconozcan el derecho fundamental al debido
proceso. En el fallo C-590 de 2005, esta Corporación abandonó el concepto de vía
de hecho por los de causales específicas para la procedencia del amparo. No
obstante, antes de examinar si se incurrió en un defecto específico se debe constatar
el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:
“a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de
tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[100]
6. En relación con el presupuesto que alude al agotamiento
de los mecanismos de defensa judicial (subsidiariedad) respecto de las acciones
de tutela que son formuladas para reclamar el reconocimiento y pago del derecho
al incremento pensional, en sentencia SU-310 de 2017, esta Corporación precisó:
“cabe mencionar que la
Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela, aun
cuando no se han agotado los medios ordinarios de defensa judicial para el
reconocimiento de derechos pensionales, si se demuestra que los accionantes
son personas de la tercera edad que: (i) han visto una afectación a su mínimo
vital; (ii) han desplegado cierta actividad administrativa y judicial para
obtener la protección de sus derechos; (iii) acreditan, siquiera sumariamente,
las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr
la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.[101]” (Subraya fuera del texto original).
7. En cuanto a la exigencia de inmediatez, en el mencionado
fallo de unificación la Sala Plena aclaró que, no obstante algunos accionantes
habían instaurado las acciones de tutela después de haber trascurrido un tiempo
considerable contado desde que se profirieron las respectivas providencias
judiciales censuradas, lo cierto es que esas solicitudes de amparo cumplían
dicho presupuesto de procedibilidad, por cuanto la afectación de los derechos
fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital de los demandantes era continua y actual, es decir, se
mantenía en el tiempo, ante la negativa en el reconocimiento de los
correspondientes incrementos pensionales por sus cónyuges y/o compañeros
permanentes que seguían a su cargo.
Así lo dijo la Corte: “debe hacerse una precisión frente a los casos
de los señores Julio Gómez Iglesias (T-5.856.779), María Emma Rincón Loaiza
(T-5.856.793) y Urias Carrillo Parejo (T-5.725.986): a pesar del tiempo
transcurrido desde que los jueces ordinarios laborales profirieron las
sentencias acusadas,[102] esta Sala considera que la vulneración de los derechos
a la seguridad social y al mínimo vital de los accionantes permanece en el
tiempo, por lo que la intervención del juez de tutela es necesaria a efectos de
evitar la continua afectación de sus garantías fundamentales. En el pasado, la
Corte ha explicado que es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido
entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de
tutela, bajo dos circunstancias específicas:[103]
‘(i) que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese
a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual, (ii) que la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros’.[104]”
5. Verificación en conjunto del cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de las acciones de tutela examinadas
8. Pasa la Sala a establecer si concurren los anteriores
requisitos generales de procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, precisando las particularidades a que haya lugar en
las dos solicitudes de amparo promovidas contra Colpensiones, específicamente
lo concerniente a las exigencias de relevancia constitucional, subsidiariedad e
inmediatez.
Relevancia constitucional
9. La
Sala observa que el presente asunto acumulado es de evidente relevancia
constitucional, toda vez que está inmerso
en una controversia
iusfundamental que gira en torno al presunto desconocimiento de los derechos al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de los
demandantes, por parte de Colpensiones y distintos operadores judiciales, con
ocasión de los trámites administrativos y judiciales que respectivamente adelantaron
los accionantes, ante los aquí demandados
con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de los correspondientes incrementos
pensionales por personas a cargo. Es claro entonces que se trata de un debate jurídico relacionado
directamente con unas garantías y/o derechos fundamentales de la Carta Política
previstos en los artículos 29, 48 y 53, respectivamente, cuya resolución es de
competencia de la Corte Constitucional.
Agotamiento de los mecanismos judiciales
10. La Sala considera necesario y apropiado dividir el
análisis en dos secciones: (i) en relación con los expedientes T-6.029.817, T-5.977.672,  T-6.047.278,
T-6.047.279, T-6.054.076, T-6.060.743, T-6.065.951,
T-6.065.953, T-6.067.576 y T-6.070.255, contentivos de las acciones de tutela formuladas contra los fallos
dictados por las autoridades judiciales demandadas, y (ii) frente a los expedientes
T-6.012.383 y T-6.064.424, que incorporan las solicitudes de amparo promovidas contra
Colpensiones.
10.1. En cuanto al primer grupo, la Sala encuentra cumplido
este presupuesto, ya que los accionantes de los referidos asuntos no contaban con
otros mecanismos judiciales para cuestionar las respectivas sentencias proferidas
por cada uno de los juzgados accionados y, de esta manera, reclamar la
protección efectiva de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.Veamos.
10.1.1. Si se llegare a pensar en el recurso extraordinario
de casación, esta Sala advierte que es imposible exigirles a los tutelantes el agotamiento
de dicho recurso, en la medida en que los procesos ordinarios laborales que
adelantaron con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de sus
incrementos pensionales no son susceptibles de tal mecanismo, toda vez que cada
una de sus cuantías no exceden la requerida para tal efecto, de conformidad con
lo establecido en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001[105].
10.1.2. La Sala
también descarta la posibilidad de que los demandantes puedan hacer uso del recurso extraordinario de revisión para obtener la
salvaguarda de sus intereses, como
se pone de presente a continuación.
(i) En virtud de lo previsto en los artículos 30
y 31 de la Ley 712 de 2001, la mencionada herramienta judicial procede contra
las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, las Salas Laborales de los Tribunales Superiores y los Jueces
Laborales del Circuito dictadas en procesos ordinarios, siempre y cuando se presente
alguna de las siguientes causales taxativas:
“1.
Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos
para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
2. Haberse cimentado la sentencia en
declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón
de ellas.
3. Cuando después de ejecutoriada la sentencia
se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez,
decidido por la justicia penal.
4. Haber incurrido el apoderado judicial o
mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en
perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello
haya sido determinante en este.”
(ii) Examinadas las anteriores causales a la
luz de la situación fáctica común que dio
lugar a esos casos tutelares, para
esta Sala es notorio que los reclamos iusfundamentales de los accionantes,
dirigidos a censurar los presuntos yerros de desconocimiento de la
jurisprudencia constitucional y violación directa de la Constitución en que
hayan podido incurrir los Despachos demandados, no se ajustan a ninguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, por cuanto lo que cuestionan únicamente se
circunscribe a supuestos equívocos inmanentes o internos a los respectivos procesos laborales que
promovieron y no a aspectos trascendentes o externos a los mismos.
10.2. En relación con los expedientes T-6.012.383 y T-6.064.424, que contienen las
tutelas instauradas contra Colpensiones, la Sala también halla cumplido el
requisito de subsidiariedad por las siguientes razones:
(i) Si bien podría decirse que los accionantes de esos
asuntos cuentan con el proceso ordinario laboral para la salvaguarda de sus
derechos, lo cierto es que, debido a que son sujetos de especial protección
constitucional, es justo y razonable flexibilizar el examen de dicho presupuesto
de procedibilidad, a fin de evitar que sufran posibles traumatismos que agraven
sus condiciones actuales.
(ii) En efecto, según las cédulas de ciudadanía de los
señores Fabián Morelo Padilla (T-6.012.383) y Tomás Emilio Fuentes Márquez             (T-6.064.424),
ellos tienen 72 y 97 años de edad, respectivamente, es decir, se encuentran en
el estatus personal de la tercera edad, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 (literal b)[106]
de la Ley 1276[107]
de 2009, cuyo contenido ha sido fundamento en la jurisprudencia de esta
Corporación[108].
(iii) En los escritos tutelares se observa que
el único ingreso que perciben
los referidos ciudadanos para sufragar sus necesidades básicas y las de sus
esposa y compañera permanente a cargo, respectivamente, es el equivalente a 1
salario mínimo por concepto de las correspondientes pensiones de vejez que disfrutan,
circunstancias que, aunadas a la negativa de Colpensiones en reconocer y pagar
los respectivos incrementos pensionales, conducen a que esta Sala de Revisión estime
que su mínimo vital puede estar afectado, lo cual descarta un examen de
procedencia riguroso. Además, los accionantes reclamaron ante Colpensiones el
reconocimiento de sus derechos pensionales y, al recibir respuestas
desfavorables, promovieron acción de tutela para la salvaguarda de los mismos,
lo cual indica que sí desplegaron actividades administrativas y judiciales para
tales propósitos.
(iv) Dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que están
los mencionados señores y aunado al propósito de evitar cargas
desproporcionadas que generen mayores traumatismos a su situación actual, la Sala considera que el trámite laboral no es
el mecanismo judicial eficaz para que se desate la controversia iusfundamental suscitada, por el contrario, someterlos a que acudan
a la fecha a la vía ordinaria resultaría
altamente desproporcionado y riesgosamente tardío para que obtengan la materialización plena de la protección que reclaman
con urgencia.
11. Lo expuesto en precedencia adquiere mayor solidez
argumentativa teniendo en cuenta que en las sentencias T-217 de 2013, T-791 de 2013,  T-748 de 2014, T-831 de 2014,
T-123 de 2015, T-319 de 2015, T-369 de 2015, T-541 de 2015, T-038 de 2016,
T-395 de 2016, T-460 de 2016 y  SU-310 de 2017, otras Salas de Revisión y la
Sala Plena de la Corte Constitucional examinaron y encontraron cumplida la
exigencia general del agotamiento de los mecanismos judiciales (subsidiariedad),
dentro del respectivo análisis de procedencia que efectuaron frente a varias
acciones de tutela que también fueron formuladas contra providencias judiciales
y/o Colpensiones, bajo situaciones de hecho idénticas a las que dieron lugar al
amparo que se solicita en esta oportunidad.
Inmediatez
12. La Sala halla reunido el requisito de inmediatez
en lo que respecta a las acciones de tutela formuladas contra las providencias dictadas
por los Despachos accionados en los expedientes T-6.029.817, T-5.977.672,        T-6.047.278,
T-6.047.279, T-6.054.076, T-6.060.743, T-6.065.951,
T-6.065.953, T-6.067.576 y T-6.070.255, tal y como se puede observar en el siguiente escenario:
12.1. El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Barranquilla, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Bogotá, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Laboral-, el Juzgado Laboral
del Circuito de Rionegro –Antioquia-, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bucaramanga, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral- y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- profirieron las sentencias que
aquí se acusan el 25 de mayo de 2016, 24 de febrero de 2015, 05 de julio de
2016, 01 de noviembre de 2016, 26 de julio de 2016, 18 de mayo de 2016, 05 de
septiembre de 2016, 03 de febrero de 2016, 07 de octubre de 2016 y 26 de julio
de 2016, respectivamente.
12.2. Las acciones de tutela se instauraron el
13 de octubre de 2016, 18 de agosto de 2016, 06 de diciembre de 2016, 18 de
noviembre de 2016, 22 de noviembre de 2016, 26 de octubre de 2016, 15 de
septiembre de 2016, 22 de agosto de 2016, 24 de noviembre de 2016 y 23 de
noviembre de 2016, respectivamente, es
decir, 4 meses y 18 días, 1 año con 5 meses y 24 días, 5 meses y 1 día, 17 días,
3 meses y 26 días, 5 meses y 8 días, 10 días, 6 meses y 19 días, 1 mes y 17
días y 3 meses y 27 días después de que los operadores judiciales demandados
dictaron los fallos censurados, lapsos que para esta Sala resultan claramente razonables,
con fundamento en los parámetros establecidos al respecto en la sentencia
SU-310 de 2017.
12.3. Si bien a primera vista se podría
concebir que la tutela incorporada en el expediente T-5.977.672 es improcedente
por incumplir la exigencia de inmediatez, pues entre la fecha en que el Juzgado
Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla adoptó la
decisión judicial acusada (24 de febrero de 2015) y la data en que se promovió
la respectiva solicitud de amparo (18 de agosto de 2016), trascurrió 1 año, 5 meses y 24 días, lo cierto es que, en observancia de lo fijado por la
Corte en el fallo de unificación SU-310 de 2017, dicha tutela cumple el
requisito de inmediatez, dado que la
afectación de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del ciudadano Antonio María De Luque Durán es continua y actual, es decir, se mantiene en el tiempo, ante la
negativa en el reconocimiento y pago del correspondiente incremento pensional
por su hija en condición de discapacidad que sigue a su cargo.
13. Así como se constató con el anterior grupo de asuntos,
la Sala igualmente encuentra cumplido el presupuesto de inmediatez en relación
con las solicitudes de amparo promovidas contra Colpensiones en los expedientes
T-6.012.383 y T-6.064.424, de conformidad con lo que a continuación se pone en
evidencia:
13.1. Los señores Fabián Morelo Padilla y Tomás
Emilio Fuentes Márquez reclamaron ante Colpensiones el reconocimiento y pago
del incremento pensional en un 14% por cónyuge y compañera permanente a cargo,
respectivamente.
13.2. Ambas solicitudes fueron denegadas por
la referida entidad el 03 de agosto de 2016, al estimarse que sobre los
incrementos pedidos había operado el fenómeno de la prescripción.
13.3. Las acciones de tutela se formularon el 08
y 16 de septiembre de 2016, respectivamente,
es decir, 1 mes y 5 días y 1 mes y 13 días después de que fueron emitidas las
respuestas desfavorables a los intereses de los accionantes, términos que también
son razonables para esta Sala Revisión.
Que de tratarse de irregularidades procesales, las
mismas hayan tenido incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos
fundamentales
14. La Sala considera que esta exigencia no es
aplicable al presente asunto objeto de estudio, toda vez que las presuntas anomalías
alegadas por los tutelantes son de carácter sustantivo y no de naturaleza procesal.
Identificación de los hechos y derechos
presuntamente vulnerados
15. De igual manera la Sala encuentra reunido
este presupuesto, por las razones que a continuación se enuncian:
15.1. Los demandantes identificaron como
fuente de la presunta vulneración las respectivas sentencias que fueron dictadas
por las autoridades judiciales con ocasión de los procesos ordinarios laborales
tramitados bajo los radicados N° 2015-246, 2014-194, 2015-626, 2016-290, 2014-330,
2015-446, 2015-499, 2015-364, 2013-147 y 2015-805.
15.2. Para
fundamentar sus pretensiones de amparo, los accionantes afirmaron que los Despachos accionados desconocieron
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital, al presuntamente haber desconocido
el precedente constitucional relacionado con la imprescriptibilidad del derecho
al incremento pensional que
respectivamente reclaman, así como por
haber presuntamente incurrido en violación directa de la Constitución al
inaplicar el principio de favorabilidad laboral establecido en el artículo 53
Superior, en el marco de los mencionados trámites judiciales.
De la ausencia de tutela
contra sentencias de tutela
16. Para la Sala este requisito también se
cumple, por cuanto el caso acumulado no alude a solicitudes de amparo formuladas
contra decisiones que hayan sido adoptadas en sede de tutela. En efecto, aquí se
acusan las sentencias que fueron proferidas dentro de los procesos laborales que
promovieron los tutelantes contra Colpensiones con el objeto de que se condenara
a esa entidad a reconocer y pagar los correspondientes incrementos pensionales.
17. Dada la concurrencia de todas las exigencias
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
así como de los presupuestos de procedibilidad verificados en relación con los expedientes
T-6.012.383 y T-6.064.424, la Sala procederá con el análisis de los problemas
jurídicos planteados en el fundamento jurídico Nº 4 de este pronunciamiento
(pág. 37):
¿Vulneraron las autoridades judiciales accionadas los derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social y al mínimo vital
de los accionantes por presuntamente haber desconocido el precedente
constitucional, al declarar probada la excepción de prescripción propuesta
frente al derecho al incremento pensional que respectivamente reclaman?
¿Vulneraron Colpensiones y los Despachos demandados los derechos fundamentales al debido proceso, a
la seguridad social y al mínimo vital de
los demandantes por presuntamente haber incurrido en violación directa de
la Constitución, al inaplicar la interpretación más favorable al trabajador (in
dubio pro operario) en el marco de los respectivos trámites administrativos
y judiciales que promovieron los accionantes a fin de obtener el reconocimiento
y pago del incremento pensional correspondiente?
18. Para
resolverlos, la Sala abordará los ejes temáticos que a continuación se
relacionan: (i) causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, (ii)
breve caracterización del
defecto por desconocimiento del precedente constitucional, (iii) breve caracterización
del defecto por violación directa de la
Constitución, y (iv) unificación
de jurisprudencia en relación con la
naturaleza imprescriptible del derecho al incremento pensional en un 7% por hija o hijo en condición de
discapacidad a cargo y en un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente
a cargo. Con base en lo anterior, se solucionará el caso
concreto de forma conjunta para los asuntos tutelares acumulados.
6. Causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
19. Además de los presupuestos generales de
procedencia constatados en precedencia, la Corte Constitucional también ha identificado
requisitos o causales específicas en cuanto a la procedibilidad de la acción de
tutela contra sentencias, a efecto de obtener el amparo del derecho fundamental
al debido proceso. Al respecto, en el ya citado fallo C-590 de 2005, esta Corporación
determinó que debe acreditarse por lo menos una de las siguientes causales
específicas: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto
sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
7. Breve caracterización del defecto por desconocimiento
del precedente constitucional.
Reiteración de jurisprudencia
20. Desde sus inicios la Corte
Constitucional ha establecido que el precedente judicial es entendido como “la
sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su
pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo”[109].
21. Al respecto se han puntualizado los
siguientes parámetros que permiten determinar el carácter vinculante del
precedente: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se
encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii)
que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los
resueltos anteriormente”[110].
De no verificarse el cumplimiento de alguno de los anteriores elementos
esenciales, no es posible establecer que una sentencia o un conjunto de
providencias constituyen precedente aplicable a un asunto determinado, por lo
que el juez no está en la obligación de aplicarlo.
22. De igual manera se ha señalado que las providencias
adoptadas por esta Corporación, en sede de control abstracto y concreto de
constitucionalidad, ostentan un carácter preponderante en el ordenamiento
jurídico, en atención a las competencias que la Carta Política le atribuyó a
este Tribunal. En virtud de lo establecido en el artículo 241 Superior, la
Corte Constitucional es la garante e intérprete autorizada de la Constitución, en
esa medida, las decisiones en las que determina el alcance y contenido de
disposiciones constitucionales, se tornan obligatorias tanto en su parte
resolutiva como en su ratio decidendi[111].
23. La jurisprudencia ha precisado
que el defecto por desconocimiento del precedente constitucional se presenta
cuando: “(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la
que debe acogerse a la luz del texto superior, (iii) se desconoce la parte
resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce
el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad
o de revisión de tutela.”[112]
8. Breve caracterización del defecto por violación directa de la Constitución. Reiteración de jurisprudencia[113]
24. La Corte ha sido enfática al sostener que el
defecto por violación directa de la Constitución se configura cuando el juez adopta una decisión que
desconoce preceptos incorporados en la Carta Superior, lo cual genera la
vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos[114].
25. Esta causal específica se deriva del deber que
tienen todas las autoridades judiciales y administrativas de velar por el
cumplimiento de la Constitución. Es por esto, que los pronunciamientos judiciales
y administrativos en los cuales se presenta este yerro, además de conculcar el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite respectivo, también
desconocen la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento
jurídico, tal y como lo prevé el artículo 4 Superior[115].
26. La jurisprudencia ha indicado que el defecto por
violación directa de la Constitución se presenta cuando: “(a) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con
la Constitución.”[116]
9. Unificación de jurisprudencia
en relación con la naturaleza imprescriptible del derecho al incremento
pensional en un 7% por
hija o hijo en condición de discapacidad a cargo y en un 14% por cónyuge,
compañera o compañero permanente a cargo
27. A la fecha la Corte Constitucional ha revisado decenas
de fallos de tutela que han sido proferidos con ocasión de solicitudes de
amparo promovidas esencialmente con el objeto de que se ordene el
reconocimiento y pago del incremento pensional en un 7% por hija o hijo en
condición de discapacidad a cargo y en un 14% por cónyuge, compañera o
compañero permanente a cargo, lo cual ha dado lugar a que varias Salas de Revisión
de esta Corporación se hayan pronunciado al respecto en las sentencias T-217 de
2013, T-791 de 2013, T-748 de 2014, T-831 de 2014, T-123 de 2015, T-319 de
2015, T-369 de 2015, T-541 de 2015, T-038 de 2016, T-395 de 2016 y T-460 de
2016.
28. Examinadas cada una de las mencionadas
providencias, claramente se observa que existen dos líneas jurisprudenciales que
incorporan interpretaciones contrarias en lo concerniente al reconocimiento del
incremento pensional establecido en el Acuerdo 049 de 1990. Por una parte, está
el grupo de pronunciamientos que propugnan la imprescriptibilidad del derecho
al incremento pensional en todas sus manifestaciones, con la aclaración de que
la prescripción solo opera frente a las mesadas pensionales. Y por otra parte, se
encuentran aquellas providencias que sostienen lo contrario, es decir, que
dicho derecho pensional sí es susceptible de resultar afectado con el fenómeno
prescriptivo, en el evento de que no sea reclamado en tiempo.
29. En atención a que en la jurisprudencia existían
dos tesis encontradas sobre la materia en comentario, la Sala Plena de este
Tribunal profirió la sentencia SU-310 de 2017 con el objeto de unificar su
postura en relación con la naturaleza imprescriptible del derecho al incremento
pensional y de esta manera garantizar seguridad jurídica al respecto.
30. A fin de continuar con el desarrollo del presente acápite,
la Sala Octava de Revisión comenzará por reiterar brevemente los argumentos que
sustentan las dos líneas jurisprudenciales anteriormente identificadas.
Seguidamente, se pasará a exponer las particularidades y los fundamentos que justifican
el sentido de la decisión acogida por la Sala Plena de esta Corte en el fallo
SU-310 de 2017.
Postura que propugna la imprescriptibilidad del
derecho al incremento pensional en todas sus manifestaciones, con la aclaración
de que la prescripción solo opera frente a las mesadas pensionales
31. Dicha tesis fue inicialmente asumida en la
providencia T-217 de 2013 y posteriormente acogida en las sentencias T-831 de
2014, T-319 de 2015, T-369 del 2015, T-395 de 2016 y T-460 de 2016, mediante
las cuales se dispuso acceder al amparo de los derechos fundamentales invocados
en cada uno de los asuntos estudiados, así como dejar sin efecto las providencias
judiciales censuradas en esas ocasiones, con base en las razones que a
continuación se reiteran:
“Acorde con los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, sólo las mesadas pensionales no reclamadas, con anterioridad a
los tres (3) años de solicitadas, están sometidas a la prescripción contenida
en los artículos 488 del CST y 151 del CPT SS; razón por la cual, el derecho a
la pensión y a los incrementos que por ley se desprendan de la misma no son
objeto de la prescripción.
Acoger la tesis de la prescripción del incremento
pensional del 14%, ‘equivale a perder una fracción de recursos de este derecho
o parte del mismo’[117],
no del derecho en sí mismo.
La prescripción de las pretensiones dirigidas a
obtener la reliquidación de pensiones, en el contexto el incremento pensional
del 14%, es una interpretación contraria y violatoria del artículo 53 de la
Constitución Política.
Si bien no existe una línea de decisión unívoca en
cuanto a la imprescriptibilidad del incremento del 14%, en razón a que existen
dos interpretaciones posibles de la norma que lo regula (artículo 21 Acuerdo
049 de 1990), lo que corresponde es acoger el criterio establecido en la
sentencia T-217 de 2013, por considerar que esta posición es la más favorable
para los accionantes[118].”[119]
Postura que afirma el carácter prescriptible del derecho
al incremento pensional en el evento de que no sea reclamado en tiempo
32. Esta posición se encuentra incorporada
en los pronunciamientos T-791 de 2013, T-748 de 2014, T-123 de 2015, T-541 de
2015 y T-038 de 2016, con las cuales, distintas Salas de Revisión, en ejercicio
legítimo de la autonomía e independencia judicial, se apartaron de lo decidido en
el fallo T-217 de 2013 y, por consiguiente, resolvieron denegar el amparo de
los derechos fundamentales reclamados por los demandantes en esas
oportunidades, de conformidad con la siguiente fundamentación:
“Acorde con la jurisprudencia de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el incremento
pensional del 14%, no goza de la imprescriptibilidad establecida para el
derecho a la pensión, pues se trata de una pretensión económica, sometida a
requisitos legales, cuyo incumplimiento genera su extinción inmediata y que no
hace parte integral del derecho a la pensión, por no estar destinada a asegurar
de forma vitalicia y sucesiva el mínimo vital de la persona.
No es acertada la aplicación que se
le dio al precedente constitucional en la sentencia T-217 de 2013, ‘toda vez
que a la luz de lo trazado por la jurisprudencia dada al interior de la
Jurisdicción Ordinaria, encargada de definir los conflictos, y el alcance de
los derechos de la seguridad social y de tipo laboral, el incremento pensional objeto
de estudio no reviste las características que hacen aplicable el precedente de
la imprescriptibilidad a una acreencia económica relacionada con la seguridad
social’.
No se configura un defecto por
desconocimiento del precedente, por cuanto los pronunciamientos de esta
Corporación sobre la imprescriptibilidad de la pensión de vejez no son
aplicables al incremento que pretenden los demandantes.
La sentencia T-217 de 2013, invocada
como precedente desconocido, no caracteriza un antecedente relevante para
consolidar la causal específica de vulneración del debido proceso por
desconocimiento del precedente constitucional, por cuanto la providencia citada
como precedente no ha sido acogida unánimemente por las Salas de Revisión de la
Corte Constitucional.”[120]
Particularidades y fundamentos de la decisión
adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-310 de
2017
33. Debido a la existencia de las dos
posturas contrarias y anteriormente resumidas, el Pleno de esta Corte profirió
el fallo SU-310 de 2017 con la urgente necesidad de unificar la jurisprudencia relacionada
con el derecho al incremento pensional establecido en el Acuerdo 049 de 1990.
34. Al igual que el asunto acumulado
que en esta ocasión ocupa a la Sala Octava de Revisión, en el referido
pronunciamiento de unificación se revisaron las providencias de tutela que profirieron
distintos operadores judiciales en el marco del trámite de once (11) procesos que
también se acumularon para que se decidieran en una sola sentencia, por
presentar unidad de materia. En diez (10) de esos casos, las acciones de tutela
se formularon contra los fallos judiciales dictados dentro de los respectivos procesos
laborales promovidos contra Colpensiones, decisiones con las cuales se declaró
probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada frente a
la pretensión de reconocimiento y pago del incremento pensional en un 14% por
persona a cargo. En el asunto restante la solicitud de amparo se instauró
contra Colpensiones.
Los accionantes señalaron que las
autoridades y entidades tuteladas habían incurrido en desconocimiento del
precedente constitucional y violación directa de la Constitución.
35. En primer término, la Corporación halló reunidos
todos los requisitos generales que deben acreditarse para que la acción de
tutela proceda contra providencias judiciales. De igual forma, estimó cumplidos
los presupuestos de relevancia constitucional, subsidiaridad e inmediatez, en cuanto
a la solicitud de amparo promovida contra Colpensiones.
36. Al encontrar procedentes las acciones
de tutela, la Sala Plena planteó el siguiente problema jurídico: “¿viola una autoridad judicial el derecho al
debido proceso, por desconocer la Constitución Política y un precedente
judicial vinculante, al considerar que un derecho pensional, como el incremento
del 14% por cónyuge a cargo, se pierde por completo a los tres años de no ser
reclamado, en lugar de considerar que se perdieron sólo las mesadas no reclamadas,
interpretación más favorable al trabajador (in dubio pro operario)?”.
37. Con el objeto de resolver ese interrogante, la Corte
desarrolló varios ejes temáticos, a saber: (i) la vulneración directa de la
Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales a propósito de los principios constitucionales de
favorabilidad e in dubio pro operario, (ii) el desconocimiento del
precedente jurisprudencial como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, (iii) imprescriptibilidad de los derechos a la
seguridad social, y (iv) unificación de jurisprudencia sobre la
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales.
38. En desarrollo de lo anterior, este Tribunal determinó
que el Acuerdo 049 de 1990 expidió el Reglamento General del Seguro Social
Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, cuyo artículo 21[121]
reconoció el derecho al incremento pensional en un 7% por hija o hijo en condición de
discapacidad y en un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente, que dependan económicamente del
beneficiario y que no disfruten de una pensión.
39. Expuso que en la jurisprudencia
constitucional han sido reconocidas dos posibles interpretaciones respecto a lo previsto en
el artículo 22[122] del Acuerdo 049 de 1990, según el
cual, los incrementos pensionales no forman parte integrante de la pensión y el
derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen. Al
respecto, advirtió que distintas Salas de Revisión se han pronunciado en dos
sentidos, a saber: (i) algunas han sostenido que el hecho de que los
incrementos pensionales no formen parte integrante de la pensión, significa que
no gozan de los atributos del derecho pensional, entre ellos, la
imprescriptibilidad; (ii) otras han indicado que al subsistir el derecho
mientras perduren las causas que le dieron origen, este es imprescriptible, lo
cual se refuerza con el principio de favorabilidad en materia laboral.
40. Al abordar el examen de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, el
Pleno consideró que en los respectivos asuntos analizados los Despachos
accionados no habían incurrido en un defecto por desconocimiento del precedente
constitucional, toda vez que al momento de proferirse los correspondientes
fallos laborales censurados, no existía una línea jurisprudencial uniforme en
relación con la imprescriptibilidad del incremento solicitado.
41. En cuanto al defecto por
violación directa de la Constitución, la parte mayoritaria de la Sala Plena estimó
que tanto Colpensiones como los operadores judiciales demandados sí habían
incurrido en dicho yerro, puesto que habían aplicado la interpretación de los
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 que menos favorecía a los intereses
de los tutelantes pensionados, es decir, por pretermitir el principio constitucional
de in dubio pro operario, lo cual a su vez llevó consigo a la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social de cada uno de los demandantes.
42. Para arribar a esa conclusión, la
Corte determinó que, en virtud del mandato superior de in dubio pro operario[123],
de acuerdo con el cual cuando una misma disposición jurídica permite varias
interpretaciones razonables, el intérprete debe elegir aquella que resulte más
favorable a los intereses del trabajador, que es aquella según la cual el
derecho al incremento pensional dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, no
prescribe con el transcurso del tiempo.
43. El Pleno del Tribunal aclaró que
de la anterior regla no se deriva que las mesadas pensionales causadas y no
reclamadas oportunamente deban ser reconocidas y pagadas en cualquier momento, toda
vez que frente a ellas sí opera el fenómeno de la prescripción trienal previsto
en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
44. A la luz de verificado, la Corporación
finalmente dispuso lo siguiente: (i) revocar las sentencias proferidas por los jueces
de tutela en cada uno de los expedientes acumulados, para en su lugar, amparar
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de los accionantes; (ii) inaplicar las providencias judiciales proferidas por las autoridades
judiciales accionadas en los procesos ordinarios laborales, en lo referente a
la decisión de negar el reconocimiento de los incrementos pensionales por
persona a cargo, con fundamento en la prescripción del derecho[124]; (iii) ordenar a
Colpensiones que
reconozca los incrementos pensionales a favor de los accionantes que cumplan
con las condiciones previstas en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 para
acceder a ellos, en los términos expuestos en esa sentencia y sin negar la
prestación, en ningún caso, bajo el pretexto de que el derecho prescribió o con
fundamento en las decisiones judiciales que se inaplicaron[125]; (iv) ordenar a Colpensiones que realice en
favor de los demandantes que resulten beneficiarios de los incrementos
pensionales previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, los pagos
retroactivos no prescritos, comprendidos en los tres años anteriores contados a
partir de la notificación de la sentencia de unificación; (v) solicitar al
Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
del Ministerio del Trabajo, tome las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar que Colpensiones cuente con la capacidad financiera necesaria para
asumir los costos derivados de la protección efectiva de los derechos
fundamentales analizados en esa sentencia[126]; y (vi) remitir copia del
expediente             T-5.844.421 a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, para lo de su competencia.
45. Con base en las consideraciones
expuestas en precedencia, procede la Sala Octava de Revisión a analizar las
causales específicas de desconocimiento del precedente constitucional y
violación directa de la constitución, identificadas en el presente caso de
acumulación.
46. Para tal cometido, esta Sala de
Revisión aplicará los parámetros establecidos y unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia SU-310 de 2017, toda vez que dicho fallo
constituye un precedente vinculante al asunto que se decide en esta oportunidad,
dada la concurrencia de los siguientes elementos esenciales: (i) en la ratio decidendi
de esa providencia se encuentran reglas jurisprudenciales aplicables al
presente caso, (ii) esos parámetros resuelven un problema jurídico semejante a
los planteados en este asunto, y (iii) la situación fáctica del presente caso
acumulado es equiparable a la de los que fueron resueltos con esa decisión.
Además, esa sentencia fue proferida
por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, en virtud de su
facultad de unificación jurisprudencial.
10. Análisis conjunto del defecto por
desconocimiento del precedente constitucional en el asunto acumulado objeto de
estudio
47. En este punto, la Sala determinará
si las autoridades judiciales demandadas vulneraron
los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de los demandantes, al presuntamente
haber desconocido el precedente constitucional relacionado con la
imprescriptibilidad del derecho al incremento pensional que respectivamente reclaman.
48. Los demandantes en los expedientes T-6.029.817, T-5.977.672,          T-6.047.278,
T-6.047.279, T-6.054.076, T-6.060.743, T-6.065.951,
T-6.065.953, T-6.067.576 y T-6.070.255 alegan que los respectivos Despachos acusados, al declarar probada la
excepción de prescripción frente al derecho al incremento pensional en un 7% por hija en
condición de discapacidad a cargo (reclamado en el expediente T-5.977.672) y en
un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo (solicitado en los
expedientes restantes), conculcaron sus derechos fundamentales invocados al presuntamente haber
desconocido el precedente constitucional relacionado con la naturaleza imprescriptible de tales
incrementos pensionales, el cual está compuesto por las sentencias T-217 de
2013, T-831 de 2014, T-319 de 2015, T-369 de 2015, T-395 de 2016 y T-460 de
2016.
49. Para esta Sala de Revisión no es
de recibo lo afirmado por los accionantes dado que, de conformidad con lo
precisado al respecto por la Sala Plena en la providencia SU-310 de 2017, en el
presente caso no se configura el defecto por desconocimiento del precedente
constitucional, toda vez que al momento de proferirse los respectivos fallos en
el marco de los correspondientes trámites laborales promovidos contra
Colpensiones (el más reciente de ellos fue del 01 de noviembre de 2016), no existía
una postura reiterada y uniforme de esta Corporación en materia de la
prescripción del incremento pensional establecido en el Acuerdo 049 de 1990, que
se instituyera como precedente vinculante para los operadores judiciales censurados.
Resulta válido aclarar que solo hasta el 10 de mayo de 2017 el Pleno de esta
Corte unificó su posición en la temática de la naturaleza imprescriptible del
derecho al incremento pensional en comentario (SU-310 de 2017).
11. Análisis conjunto del defecto por
violación directa de la Constitución en el caso acumulado de la referencia
50. Aquí la Sala verificará si la Administradora Colombiana
de Pensiones –Colpensiones- y los operadores
judiciales demandados desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social y al mínimo vital
de los tutelantes por
presuntamente haber
incurrido en violación directa de la Constitución, al inaplicar la interpretación
más favorable al trabajador pensionado (in dubio pro operario) en el
marco de los respectivos trámites administrativos y judiciales que promovieron
los accionantes a fin de obtener el reconocimiento y pago del incremento
pensional correspondiente.
51. Contrario a lo evidenciado en la
causal específica de procedibilidad examinada en precedencia, esta Sala
considera que Colpensiones y los Despachos accionados sí incurrieron en el
yerro de violación directa de la Constitución, puesto que pretermitieron la
aplicación del principio de in dubio pro operario (artículo 53 Superior)
en el marco de los respectivos trámites administrativos y judiciales que
adelantaron cada uno de los demandantes con el propósito de obtener el
reconocimiento y pago de los incrementos pensionales correspondientes. En otros
términos, la Sala encuentra que tanto la referida entidad como las autoridades
judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
al mínimo vital y a la seguridad social de los actores, toda vez que, de las
dos interpretaciones habidas respecto de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049
de 1990, aplicaron la que menos favorecía a los intereses de los tutelantes
pensionados. Veamos.
52. Según las pruebas obrantes en el
presente asunto de acumulación, y en virtud de lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, se observa que los accionantes reclamaron
ante Colpensiones (expedientes                T-6.012.383 y T-6.064.424) y los Despachos demandados (expedientes
T-6.029.817,
T-5.977.672, T-6.047.278, T-6.047.279, T-6.054.076,          T-6.060.743, T-6.065.951, T-6.065.953, T-6.067.576
y T-6.070.255)
el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 7% por hija en condición de
discapacidad a cargo (únicamente en el expediente               T-5.977.672) y
en un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo (en los demás expedientes).
53. Debido a que en la jurisprudencia constitucional
han sido reconocidas dos posibles interpretaciones en relación con lo establecido
en el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, la mencionada entidad y las
autoridades judiciales acusadas contaron con dos posturas razonables pero
sustancialmente contrarias para dar solución a lo solicitado por los
tutelantes, a saber: (i) denegar lo pedido al sostener que el hecho de que los incrementos
pensionales no forman parte integrante de la pensión, ello significa que no
gozan de los atributos del derecho pensional, entre ellos, la
imprescriptibilidad, o (ii) acceder bajo el argumento de que al subsistir el
derecho mientras perduren las causas que le dieron origen, este es
imprescriptible en todas sus manifestaciones.
54. Adicionalmente, a Colpensiones y a
los Despachos demandados les asistía en los respectivos trámites
administrativos y judiciales el deber de velar por el mandato constitucional de
in dubio pro operario contenido en el artículo 53 de la Carta Política, según
el cual, cuando una misma disposición jurídica permite varias interpretaciones
razonables, el intérprete debe elegir aquella que resulte más favorable a los
intereses del trabajador, que para los casos que en su momento ocuparon a la
referida entidad y a los operadores judiciales accionados, sería la
interpretación conforme a la cual el derecho al incremento pensional dispuesto
en el Acuerdo 049 de 1990 no prescribe con el transcurso del tiempo, pues
claramente era la que resultaba más favorable a los intereses de los demandantes,
desde su calidad de trabajadores pensionados que indiscutiblemente les asiste.
55. No obstante la existencia del escenario
anteriormente expuesto, por un lado, la demandada Colpensiones en los expedientes T-6.012.383 y          T-6.064.424 optó por denegar los respectivos incrementos pensionales reclamados, al
estimar que sobre dicho derecho había operado el fenómeno de prescripción; y
por otro lado, las
autoridades judiciales censuradas en los expedientes T-6.029.817, T-5.977.672,
T-6.047.278, T-6.047.279,      T-6.054.076, T-6.060.743, T-6.065.951, T-6.065.953, T-6.067.576
y        T-6.070.255 no accedieron a los correspondientes incrementos pensionales
solicitados, al declarar probada la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones
en los procesos laborales promovidos por los accionantes en contra de esa
entidad.
56. Es evidente entonces
que tanto la referida entidad tutelada como cada uno de los operadores
judiciales accionados pretermitieron la aplicación del principio constitucional
in dubio pro
operario, al haber apoyado sus decisiones en
la interpretación del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 que menos favorecía a
los accionantes y, por ende, haber desatendido la postura que resultaba más
favorable a los intereses de los mismos, es decir, aquella que defiende la naturaleza imprescriptible
del derecho al incremento pensional en un 7% por hija o hijo en condición de
discapacidad a cargo y en un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente
a cargo, con la
aclaración de que el fenómeno de la prescripción solo operaría frente a las
sumas a que haya lugar por dichos conceptos y que no fueron reclamadas en
tiempo.
57. En atención a lo constatado en
precedencia, y con base en los parámetros establecidos en la sentencia de
unificación SU-310 de 2017, la Sala Octava de Revisión revocará los fallos de
tutela proferidos por los respectivos jueces de instancias en cada uno de los
expedientes acumulados de la referencia, para en su lugar, tutelar los derechos
fundamentales invocados.
58. Adicionalmente, esta Sala dispondrá,
entre otras, las siguientes medidas de protección: (i) dejar sin efecto las providencias
dictadas por las autoridades judiciales accionadas en el marco de los
correspondientes procesos laborales; y (ii) ordenar a Colpensiones que, aplicando el orden
constitucional y legal vigente, reconozca el derecho al incremento pensional
respectivo en favor de los demandantes que cumplan con las condiciones previstas para ello en
el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, en los términos expuestos en esta sentencia
y sin negar la prestación, en ningún caso, bajo el pretexto de que el derecho
prescribió y,
pague retroactivamente las sumas a que haya lugar por dicho concepto a partir
de la notificación de la presente providencia, en cuanto no estén prescritas, y
continúe haciéndolo en la periodicidad
debida.
Síntesis de la decisión
59. El presente asunto consta de doce casos
acumulados, de los cuales, dos (expedientes T-6.012.383 y T-6.064.424) se refieren
a acciones de tutela formuladas contra Colpensiones, con ocasión de los
correspondientes trámites administrativos que adelantaron dos ciudadanos ante
esa entidad a fin de obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional
en un 14% por cónyuge y compañera permanente a cargo, respectivamente. Los
restantes (expedientes T-6.029.817,
T-5.977.672, T-6.047.278,                 T-6.047.279, T-6.054.076,
T-6.060.743, T-6.065.951, T-6.065.953,          T-6.067.576
y T-6.070.255) aluden a solicitudes de
amparo instauradas contra sentencias proferidas por distintas autoridades
judiciales en el marco de procesos laborales que fueron promovidos por los
accionantes con el objeto de que se condenara a Colpensiones a reconocer y
pagar el incremento pensional respectivo.
60. Los demandantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, por cuanto
Colpensiones y varios operadores judiciales denegaron el reconocimiento y pago
del incremento pensional en un 7% por hija en condición de discapacidad a cargo
(solo en el expediente T-5.977.672) y en un 14% por cónyuge, compañera o
compañero permanente a cargo (en los expedientes restantes), al argumentar que
sobre los incrementos solicitados había operado el fenómeno de la prescripción.
61. Al abordar el estudio conjunto del asunto de
acumulación, la Sala Octava de Revisión primero encuentra procedentes cada una
de las acciones de tutela, al verificar la concurrencia de todos los requisitos
generales de procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, así como al constatar el cumplimiento de las exigencias de
relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez, en relación con las dos
solicitudes de amparo promovidas contra Colpensiones.
62. Seguidamente procede la Sala a analizar las
casuales específicas de desconocimiento del precedente constitucional y
violación directa de la Constitución, con el propósito de determinar lo
siguiente:
62.1. Si las autoridades judiciales demandadas
vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de los demandantes, al presuntamente
haber desconocido el precedente constitucional relacionado con la
imprescriptibilidad del derecho al incremento pensional que respectivamente reclaman.
62.2. Si la Administradora Colombiana
de Pensiones –Colpensiones-
y los operadores judiciales demandados desconocieron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de los tutelantes por presuntamente haber incurrido en violación directa de
la Constitución, al inaplicar la interpretación más favorable al trabajador
pensionado (in dubio pro operario) en el marco de los respectivos
trámites administrativos y judiciales que promovieron los accionantes a fin de
obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional correspondiente.
63. Respecto al primer yerro, y de conformidad con lo
precisado al respecto por la Sala Plena en la providencia SU-310 de 2017, la Sala
considera que en el caso no se configura el defecto por desconocimiento del
precedente constitucional, toda vez que al momento de proferirse los
respectivos fallos en el marco de los correspondientes trámites laborales
promovidos contra Colpensiones (el más reciente de ellos fue del 01 de
noviembre de 2016), no existía una postura reiterada y uniforme de esta Corporación
en materia de la prescripción del incremento pensional establecido en el
Acuerdo 049 de 1990, que se instituyera como precedente vinculante para los
operadores judiciales censurados. Además, aclara que solo hasta el 10 de mayo
de 2017 el Pleno de esta Corte unificó su posición en la temática de la
naturaleza imprescriptible del derecho al incremento pensional en comentario
(SU-310 de 2017).
64. En cuanto al segundo cargo, la Sala estima que
Colpensiones y los Despachos accionados sí incurrieron en el yerro de violación
directa de la Constitución, por cuanto pretermitieron la aplicación del
principio de in dubio pro operario (artículo 53 Superior) en el marco de
los respectivos trámites administrativos y judiciales que adelantaron cada uno
de los demandantes con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los
incrementos pensionales correspondientes. En otros términos, la Sala encuentra
que tanto la referida entidad como las autoridades judiciales demandadas
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social de los actores, toda vez que, de las dos interpretaciones
habidas respecto de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, aplicaron la
que menos favorecía a los intereses de los tutelantes pensionados. Para arribar
a esa conclusión, la Sala pone en evidencia:
64.1. Según las pruebas obrantes en el presente asunto
de acumulación, y en virtud de lo
previsto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, se observa que los accionantes reclamaron ante Colpensiones
(expedientes   T-6.012.383 y T-6.064.424) y los Despachos demandados
(expedientes   T-6.029.817,
T-5.977.672, T-6.047.278, T-6.047.279, T-6.054.076,          T-6.060.743, T-6.065.951, T-6.065.953, T-6.067.576 y T-6.070.255) el reconocimiento y pago del incremento
pensional en un 7% por hija en
condición de discapacidad a cargo (únicamente en el expediente               T-5.977.672)
y en un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo (en los
expedientes restantes).
64.2. Debido a que en la jurisprudencia constitucional han sido
reconocidas dos posibles
interpretaciones en relación con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo
049 de 1990, la mencionada
entidad y las autoridades judiciales acusadas contaron con dos posturas razonables,
pero sustancialmente contrarias, para dar solución a lo solicitado por los accionantes,
a saber: (i) denegar lo pedido
al sostener que el hecho de que los incrementos pensionales no forman parte
integrante de la pensión, ello significa que no gozan de los atributos del
derecho pensional, entre ellos, la imprescriptibilidad, o (ii) acceder bajo el
argumento de que al subsistir el derecho mientras perduren las causas que le
dieron origen, este es imprescriptible en todas sus manifestaciones.
64.3. Adicionalmente a Colpensiones y a los Despachos
demandados les asistía en los respectivos trámites administrativos y judiciales
el deber de velar por el mandato constitucional de in dubio pro operario contenido
en el artículo 53 de la Carta Política, según el cual, cuando una misma
disposición jurídica permite varias interpretaciones razonables, el intérprete
debe elegir aquella que resulte más favorable a los intereses del trabajador,
que para los casos que en su momento ocuparon a la referida entidad y a los
operadores judiciales accionados, sería la interpretación conforme a la cual el
derecho al incremento pensional dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 no
prescribe con el transcurso del tiempo, pues claramente era la que resultaba más
favorable a los intereses de los demandantes, desde su calidad de trabajadores
pensionados que indiscutiblemente les asiste.
64.4. No obstante la existencia del escenario
anteriormente expuesto, por un lado, la demandada Colpensiones en los expedientes T-6.012.383 y     T-6.064.424 optó por denegar los respectivos incrementos
pensionales reclamados, al estimar que sobre dicho derecho había operado el
fenómeno de prescripción; y por otro lado, las
autoridades judiciales censuradas en los expedientes T-6.029.817, T-5.977.672, T-6.047.278, T-6.047.279,      T-6.054.076,
T-6.060.743, T-6.065.951, T-6.065.953, T-6.067.576
y        T-6.070.255 no
accedieron a los correspondientes incrementos pensionales solicitados, al
declarar probada la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones en los
procesos laborales promovidos por los
accionantes en contra de esa entidad.
64.5. Es evidente entonces que tanto Colpensiones
como cada uno de los operadores judiciales accionados pretermitieron la
aplicación del principio constitucional in
dubio pro operario, al haber apoyado sus decisiones en la interpretación
del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 que menos favorecía a los accionantes
y, por ende, haber desatendido la postura que resultaba más favorable a los
intereses de los mismos, es decir, aquella que defiende la naturaleza imprescriptible del derecho al incremento
pensional en un 7% por hija o
hijo en condición de discapacidad a cargo y en un 14% por cónyuge, compañera o
compañero permanente a cargo, con la
aclaración de que el fenómeno de la prescripción solo operaría frente a las sumas
a que haya lugar por dichos conceptos y que no fueron reclamadas en tiempo.
65. Todas
estas circunstancias conducen a la revocatoria de los fallos de tutela proferidos por los respectivos
jueces de instancias en cada uno de los expedientes acumulados de la
referencia, para en su lugar, tutelar los derechos fundamentales invocados.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Expediente
T-6.012.383. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia -Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras-, el 29 de septiembre de 2016, confirmatoria de la providencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Apartadó –Antioquia-, el 19 de septiembre de 2016, que había declarado improcedente el amparo solicitado
dentro de la acción de tutela promovida por Fabián Morelo Padilla contra la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de Fabián
Morelo Padilla y, en
consecuencia, ORDENAR a
la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-
que, por medio de su
representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de diez (10) días siguientes
a la notificación de este fallo, aplicando
el orden constitucional y legal vigente, reconozca en favor
de Fabián Morelo Padilla el derecho al incremento pensional en un 14% por su cónyuge a cargo Petrona Villa Morelo, con el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 1990 para acceder al mismo y sin negar la prestación bajo el
pretexto de que el derecho prescribió y, pague retroactivamente las sumas a que haya lugar
por dicho concepto a partir de la notificación de la presente providencia, en
cuanto no estén prescritas, y continúe haciéndolo en la periodicidad debida.
SEGUNDO.- Expediente T-6.029.817. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-,
el 31 de enero de 2017, confirmatoria de la providencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 26
de octubre de 2016, que
había denegado la protección reclamada dentro de la acción de tutela instaurada
por Guillermo Ahumada Malaver
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-. En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de Guillermo
Ahumada Malaver; y DEJAR SIN EFECTO el
fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala
Laboral-, el 25 de mayo de 2016, confirmatorio de la providencia dictada por el
Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, el 04 de abril de 2016, que había declarado
probada la excepción de prescripción propuesta en el marco del proceso
ordinario laboral promovido por Guillermo Ahumada Malaver contra la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, tramitado bajo el radicado Nº 2015-246,
por consiguiente, ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá -Sala Laboral- que, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de
esta decisión, profiera una nueva sentencia mediante la cual se ordene a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- que, aplicando el orden constitucional y legal
vigente, reconozca en favor
de Guillermo Ahumada Malaver el derecho al incremento pensional en un 14% por su cónyuge a cargo Ana
Cecilia Gualteros Atuestas, con la observancia de las exigencias establecidas para
ello en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y sin
negar la prestación con fundamento en que el derecho prescribió y, pague retroactivamente los montos a que
haya lugar por ese concepto a partir de la notificación de esa providencia, en
cuanto no estén prescritos, y continúe haciéndolo en la periodicidad debida, según lo expuesto en la parte
motiva de este fallo.
TERCERO.- Expediente T-5.977.672. REVOCAR la sentencia proferida en única instancia por
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Barranquilla, el 08 de septiembre de 2016, que había denegado por
improcedente la acción de tutela formulada por Antonio María De Luque Durán contra el Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de Antonio María De
Luque Durán; y DEJAR SIN EFECTO la decisión adoptada en única instancia por el
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, el 24
de febrero de 2015, que había declarado prescrito el derecho al incremento
pensional reclamado con ocasión del proceso ordinario laboral adelantado por Antonio
María De Luque Durán contra la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, cuyo radicado correspondió al Nº 2014-194, en consecuencia, ORDENAR al Juzgado
Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla que, en el
término de quince (15) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una nueva providencia
con la cual se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones- que, aplicando el
orden constitucional y legal vigente, reconozca en favor de Antonio
María De Luque Durán el
derecho al incremento pensional en un 7% por su hija en condición de discapacidad a cargo Sandra
Isabel De Luque Márquez, con la concurrencia de lo señalado para tal
efecto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y sin negar la prestación al argumentar
que el derecho prescribió y,
pague retroactivamente los valores a que haya lugar por dicho concepto a partir
de la notificación de ese pronunciamiento, en cuanto no estén prescritos, y
continúe haciéndolo en la periodicidad
debida, de conformidad con lo establecido en la presente decisión.
CUARTO.- Expediente T-6.047.278.
REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia –Sala de Casación Laboral-, el
08 de febrero de 2017,
confirmatoria del fallo dictado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, el 14 de diciembre de 2016, que había denegado el amparo solicitado dentro de la
acción de tutela promovida por Manuel
Antonio Castañeda Pulido contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Bogotá, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá y
la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de Manuel Antonio Castañeda Pulido; y DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida por el Juzgado
Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, el 05 de julio de 2016, confirmatoria
del fallo dictado por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Bogotá, el 29 de marzo de 2016, que había declarado probada la excepción de
prescripción propuesta en el marco del proceso laboral promovido por Manuel
Antonio Castañeda Pulido contra la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, tramitado bajo el radicado Nº 2015-626, por consiguiente, ORDENAR al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá que,
en el término de quince (15)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión
en la cual se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones- que, aplicando el
orden constitucional y legal vigente, reconozca en favor de Manuel
Antonio Castañeda Pulido el
derecho al incremento pensional en un 14% por su cónyuge
a cargo Blanca Cecilia Ortiz González, con el acatamiento de lo estatuido en el artículo 21
del Acuerdo 049 de 1990 para acceder al mismo y sin negar la prestación al aducir
que el derecho prescribió y, pague retroactivamente las sumas a que
haya lugar por ese concepto a partir de la notificación de esa providencia, en
cuanto no estén prescritas, y continúe haciéndolo en la periodicidad debida, conforme a lo señalado en los
fundamentos de este fallo.
QUINTO.- Expediente T-6.047.279.
REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 15 de febrero de 2017, confirmatoria de la providencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
-Sala Laboral-, el 28 de
noviembre de 2016, que
había denegado la protección reclamada dentro de la acción de tutela instaurada
por Jesús María Pérez contra
el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Segundo
Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de Jesús María Pérez; y DEJAR SIN
EFECTO la providencia
proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 01 de
noviembre de 2016, confirmatoria del fallo dictado por el Juzgado Segundo
Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga, el 19 de agosto de 2016, que había
declarado probada la excepción de prescripción propuesta con ocasión del
proceso ordinario laboral adelantado por Jesús María Pérez contra la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, cuyo radicado correspondió al Nº 2016-290, en consecuencia, ORDENAR al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga
que, en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia
por la cual se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones- que, aplicando el
orden constitucional y legal vigente, reconozca en favor de Jesús
María Pérez el derecho al incremento pensional en un 14% por su cónyuge a cargo María
Elena Morales De Pérez, con el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 para ello y sin negar la prestación bajo el
pretexto de que el derecho prescribió y, pague retroactivamente los montos a que haya lugar
por dicho concepto a partir de la notificación de ese pronunciamiento, en
cuanto no estén prescritos, y continúe haciéndolo en la periodicidad debida, según lo expuesto en la parte
motiva de la presente decisión.
SEXTO.- Expediente T-6.054.076. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación
Penal-, el 16 de febrero de 2017, confirmatoria del fallo dictado por la
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 06
de diciembre de 2016, que había denegado la acción de tutela formulada por Ángel Eduardo Montero Caicedo contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Laboral-, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Cartagena y la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de Ángel Eduardo
Montero Caicedo; y DEJAR SIN EFECTO la
providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena -Sala Laboral-, el 26 de julio de 2016, confirmatoria de la decisión
dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, el 30 de
junio de 2015, que había denegado el incremento pensional reclamado en el marco
del proceso ordinario laboral promovido por Ángel Eduardo Montero Caicedo contra
la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, tramitado bajo el
radicado Nº 2014-330, por consiguiente, ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Laboral-
que, en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera un nuevo
fallo mediante el cual se ordene a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- que, aplicando el orden constitucional y legal
vigente, reconozca en favor
de Ángel Eduardo Montero Caicedo el derecho al incremento pensional en un 14% por su cónyuge a cargo Gala
Isabel Batista Lara, con la observancia de los presupuestos previstos
en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder al mismo y sin negar la
prestación con fundamento en que el derecho prescribió y, pague retroactivamente los valores a
que haya lugar por ese concepto a partir de la notificación de esa decisión, en
cuanto no estén prescritos, y continúe haciéndolo en la periodicidad debida, de conformidad con lo establecido
en este pronunciamiento.
SÉPTIMO.- Expediente T-6.060.743. REVOCAR la sentencia proferida en única instancia por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia –Sala Laboral-, el 09
de noviembre de 2016, que había denegado
por improcedente la acción de tutela
promovida por Manuel Antonio
Bedoya Henao contra el Juzgado
Laboral del Circuito de Rionegro –Antioquia-. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de Manuel Antonio Bedoya Henao; y DEJAR
SIN EFECTO la decisión
adoptada en única instancia por el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro
–Antioquia-, el 18 de mayo de 2016, que había declarado probada la excepción de
prescripción propuesta con ocasión del proceso ordinario laboral adelantado por
Manuel Antonio Bedoya Henao contra la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, cuyo radicado correspondió al Nº 2015-446, en consecuencia, ORDENAR
al Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro –Antioquia-
que, en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva providencia
con la cual se ordene a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- que,
aplicando el orden constitucional
y legal vigente, reconozca
en favor de Manuel Antonio Bedoya
Henao el derecho al
incremento pensional en un 14%
por su compañera permanente a cargo
Rosa María Montoya Noreña, con la concurrencia de lo señalado para tal efecto en el artículo 21
del Acuerdo 049 de 1990 y sin negar la prestación al argumentar que el derecho
prescribió y, pague retroactivamente
las sumas a que haya lugar por dicho concepto a partir de la notificación de
ese pronunciamiento, en cuanto no estén prescritas, y continúe haciéndolo en la
periodicidad debida, conforme a la
fundamentación de esta decisión.
OCTAVO.- Expediente T-6.064.424. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -Sala para Asuntos Penales de
Adolescentes-, el 15 de noviembre de 2016, confirmatoria de la providencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes
de Santa Marta, el 22 de septiembre
de 2016, que había
declarado improcedente la acción de tutela instaurada por Tomás Emilio Fuentes Márquez contra la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones-. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de Tomás Emilio Fuentes Márquez y, por consiguiente, ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- que, por medio de su representante legal o
quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el término de diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, aplicando
el orden constitucional y legal vigente, reconozca en favor de Tomás Emilio Fuentes Márquez el derecho al incremento pensional en un
14% por su compañera permanente a
cargo Betty Cecilia Barros Rodríguez, con el
acatamiento de lo estatuido para ello en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990
y sin negar la prestación al aducir que el derecho prescribió y, pague retroactivamente los montos a que haya lugar por ese concepto
a partir de la notificación de la presente decisión, en cuanto no estén prescritos,
y continúe haciéndolo en la periodicidad
debida.
NOVENO.- Expediente T-6.065.951. REVOCAR la sentencia proferida en única instancia por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Laboral-, el 21 de noviembre de 2016, que
había denegado la protección reclamada
dentro de la acción de tutela formulada por Leonor Herrera De Mantilla contra el Juzgado Segundo
Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de Leonor Herrera De Mantilla; y DEJAR
SIN EFECTO la providencia dictada por el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 05 de septiembre de 2016, confirmatoria
de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de
Bucaramanga, el 03 de junio de 2016, que había declarado probada la excepción
de prescripción propuesta en el marco del proceso laboral promovido por Leonor
Herrera De Mantilla contra la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, tramitado bajo el radicado Nº 2015-499, en consecuencia, ORDENAR
al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga que,
en el término de quince (15)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera un nuevo fallo en
el cual se ordene a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- que, aplicando el orden constitucional y legal
vigente, reconozca en favor
de Leonor Herrera De Mantilla el derecho al incremento pensional en un 14% por su cónyuge a cargo Heriberto
Mantilla Rangel, con el cumplimiento de las condiciones
previstas en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder al mismo y sin
negar la prestación bajo el pretexto de que el derecho prescribió y, pague retroactivamente los valores a que haya lugar por dicho
concepto a partir de la notificación de esa decisión, en cuanto no estén prescritos,
y continúe haciéndolo en la periodicidad
debida, según lo expuesto en la parte motiva del presente pronunciamiento.
DÉCIMO.- Expediente T-6.065.953. REVOCAR la sentencia proferida en única instancia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga -Sala Laboral-, el 21 de noviembre de 2016, que había denegado el amparo solicitado dentro de la acción de tutela promovida
por Álvaro María Mejía Trujillo
contra el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga y el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de Álvaro María Mejía Trujillo; y DEJAR
SIN EFECTO la providencia dictada por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 03 de febrero de 2016, confirmatoria de
la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de
Bucaramanga, el 23 de octubre de 2015, que había declarado probada la excepción
de prescripción propuesta con ocasión del proceso laboral adelantado por Álvaro
María Mejía Trujillo contra la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones-, cuyo radicado correspondió al Nº 2015-364, por consiguiente, ORDENAR
al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga
que, en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva
sentencia por la cual se ordene a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- que, aplicando el orden constitucional y legal
vigente, reconozca en favor
de Álvaro María Mejía Trujillo el derecho al incremento pensional en un 14% por su cónyuge a cargo Carola
Linero Quintero, con la observancia de las exigencias fijadas para
tal efecto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y sin negar la prestación
con fundamento en que el derecho prescribió y, pague retroactivamente
las sumas a que haya lugar por ese concepto a partir de la notificación de ese pronunciamiento,
en cuanto no estén prescritas, y continúe haciéndolo en la periodicidad debida, de conformidad con lo establecido
en esta decisión.
DÉCIMO PRIMERO.- Expediente T-6.067.576. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación
Penal-, el 23 de febrero de 2017, confirmatoria de la
providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 06 de diciembre de 2016, que había denegado la
acción de tutela instaurada por Eduardo
Santos Escorcia Ojeda contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla -Sala Laboral- y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de Eduardo Santos Escorcia
Ojeda; y DEJAR SIN EFECTO el
fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
-Sala Laboral-, el 07 de octubre de 2016, confirmatorio de la sentencia dictada
por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, el 10 de abril de
2015, que había declarado probada la excepción de prescripción propuesta en el
marco del proceso laboral adelantado por Eduardo Santos Escorcia Ojeda contra
la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, tramitado bajo el radicado
Nº 2013-147, en consecuencia, ORDENAR al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral- que, en el
término de quince (15) días
siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva providencia mediante
la cual se ordene a la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- que, aplicando el orden constitucional y legal
vigente, reconozca en favor
de Eduardo Santos Escorcia Ojeda el derecho al incremento pensional en un 14% por su compañera permanente a cargo Libia
Esther Villarreal Jiménez, con la concurrencia de lo dispuesto para ello en
el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y sin negar la prestación al argumentar
que el derecho prescribió y,
pague retroactivamente los montos a que haya lugar por dicho concepto a partir
de la notificación de ese fallo, en cuanto no estén prescritos, y continúe
haciéndolo en la periodicidad debida,
conforme a lo señalado en los fundamentos del presente pronunciamiento.
DÉCIMO SEGUNDO.- Expediente T-6.070.255. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte
Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-, el 23 de febrero de 2017,
confirmatoria de la providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia –Sala
de Casación Laboral-, el 6 de diciembre de 2016, que había denegado la
protección reclamada dentro de la acción de tutela formulada por Jairo Marín Toro contra el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de Jairo Marín Toro; y DEJAR SIN
EFECTO el fallo proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, el 26 de julio de 2016, revocatorio
de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá,
el 05 de julio de 2016, que había accedido al incremento pensional reclamado con
ocasión del proceso laboral promovido por Jairo Marín Toro contra la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, cuyo radicado correspondió
al Nº 2015-805, por consiguiente, ORDENAR al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- que, en el término de quince (15) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión con la cual se
ordene a la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones- que, aplicando el orden constitucional y legal vigente, reconozca en favor de Jairo Marín Toro el derecho
al incremento pensional en un 14%
por su cónyuge a cargo Teresa Riveros De Marín, con el
acatamiento de lo señalado en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 para
acceder al mismo y sin negar la prestación al aducir que el derecho prescribió y, pague retroactivamente los valores a que haya lugar por ese concepto
a partir de la notificación de ese pronunciamiento, en cuanto no estén prescritos,
y continúe haciéndolo en la periodicidad
debida, según la fundamentación de esta sentencia.
DÉCIMO TERCERO.- Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, DEVUÉLVASE al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla[127] el expediente contentivo del proceso
ordinario laboral promovido por Eduardo Santos Escorcia Ojeda contra la
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, tramitado bajo el
radicado Nº 2013-147. Dicho elemento de prueba fue remitido a esta Corporación
por el referido operador judicial en calidad de préstamo, a fin de conocer con exactitud de todo lo actuado en el
mencionado asunto laboral que dio origen a la acción de tutela incorporada en
el expediente T-6.067.576.
DÉCIMO CUARTO.- Por
Secretaría General de esta Corte, LÍBRENSE las comunicaciones a que alude el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase y
archívese.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió
declarar la improcedencia por cuanto no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad en la medida en que el accionante no agotó el proceso ordinario
laboral, sino utilizó directamente la acción de tutela para reclamar el
incremento de su pensión de vejez (Salvamento parcial de voto)
Considero que la edad del accionante, 72 años, no es
una condición suficiente para relevarlo de acudir a los jueces ordinarios, esto
por cuanto toda reclamación que se origine en una pensión de vejez, como las
que en el caso se discutían, tendrá un accionante que ha superado los 60 años
de edad, criterio utilizado por la sentencia para justificar la flexibilización
del requisito en el caso concreto al referirse a la Ley 1276 de 2009, lo cual
implicaría que la jurisdicción ordinaria laboral quedaría vaciada de su
competencia en estas reclamaciones. Ahora bien, si se acredita la existencia de
un perjuicio irremediable, la tutela debía concederse pero en forma transitoria
y no definitiva.
Referencia: Sentencia T-499 de 2017
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
En atención a la decisión adoptada por la Sala Octava de Revisión, el
día 04 de agosto de 2017 en sentencia T – 499 de 2017, me permito presentar
Salvamento de Voto Parcial, fundamentado en las siguientes consideraciones:
1. En relación con el Expediente No. 6.012.383, considero que no se
cumple con el requisito de la subsidiariedad en la medida en que el accionante
no agotó el proceso ordinario laboral, sino utilizó directamente la acción de
tutela para reclamar el incremento de su pensión de vejez.
Considero que la edad del accionante, 72 años, no es una condición suficiente
para relevarlo de acudir a los jueces ordinarios, esto por cuanto toda
reclamación que se origine en una pensión de vejez, como las que en el caso se
discutían, tendrá un accionante que ha superado los 60 años de edad, criterio
utilizado por la sentencia para justificar la flexibilización del requisito en
el caso concreto al referirse a la Ley 1276 de 2009, lo cual implicaría que la
jurisdicción ordinaria laboral quedaría vaciada de su competencia en estas
reclamaciones.
Ahora bien, si se acredita la existencia de un perjuicio irremediable,
la tutela debía concederse pero en forma transitoria y no definitiva.
2. En cuanto al expediente T-5.977.672 considero que no se cumplió con
el requisito de inmediatez, esto porque el accionante solo interpuso la tutela
1 año, 5 meses y 24 días después de la última decisión judicial, sin acreditar
ninguna justificación frente a su falta de diligencia.
La tutela contra sentencias requiere un análisis minucioso de los
requisitos de procedibilidad, el requisito de inmediatez no puede
flexibilizarse con la única razón de que la reclamación corresponde a una
prestación económica periódica, de ser así, todas las sentencias en firme de la
jurisdicción ordinaria laboral sobre el asunto serían susceptibles de ser revisadas
por vía de tutela sin importar la época en que fueron expedidas, esto
evidentemente atentaría contra el principio de seguridad jurídica.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Auto
624/17
Referencia: Sentencia T-499 de 2017.
Expedientes T-6.012.383, T-6.029.817,     T-5.977.672, T-6.047.278,
T-6.047.279,   T-6.054.076, T-6.060.743, T-6.064.424,   T-6.065.951, T-6.065.953, T-6.067.576 y T-6.070.255, acumulados.
Acciones de tutela formuladas por Fabián
Morelo Padilla contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- (T-6.012.383), Guillermo Ahumada Malaver contra el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral (T-6.029.817), Antonio María De
Luque Durán contra el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla (T-5.977.672), Manuel Antonio Castañeda Pulido contra el Juzgado
Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y otros         (T-6.047.278),
Jesús María Pérez contra el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de
Bucaramanga y otro                 (T-6.047.279), Ángel Eduardo Montero Caicedo
contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena y otros
(T-6.054.076), Manuel Antonio Bedoya Henao contra el Juzgado Laboral del
Circuito de Rionegro –Antioquia-            (T-6.060.743), Tomás Emilio Fuentes
Márquez contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- (T-6.064.424), Leonor Herrera De Mantilla contra el Juzgado Segundo
Laboral de Pequeñas Causas de Bucaramanga           (T-6.065.951), Álvaro María
Mejía Trujillo contra el Juzgado Segundo Laboral de Pequeñas Causas de
Bucaramanga           (T-6.065.953), Eduardo Santos Escorcia Ojeda contra el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla y otro                 (T-6.067.576),
y Jairo Marín Toro contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
-Sala Laboral- (T-6.070.255).
Asunto: Solicitud de aclaración de la
Sentencia T-499 de 2017, elevada por el Magistrado Jesús Rafael Balaguera Torné
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla –Sala Laboral-.
Magistrado Sustanciador:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos
mil diecisiete (2017).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Diana Fajardo Rivera, Carlos
Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, procede a resolver la solicitud de aclaración de la Providencia T-499
de 2017, decisión que profirió esta Sala de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. Los ciudadanos de la referencia formularon,
por separado, acciones de tutela contra la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones-y/o distintos operadores judiciales, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social
y al mínimo vital, por cuanto en los respectivos trámites administrativos y/o
judiciales denegaron el reconocimiento y pago del incremento pensional en un 7%
por hija en condición de discapacidad a cargo y/o en un 14% por cónyuge,
compañera o compañero permanente a cargo, bajo el argumento que sobre dichos
incrementos había operado el fenómeno de la prescripción.
2. Mediante Sentencia T-499 del 4 de agosto de 2017, la Sala Octava de Revisión revocó los fallos de instancias adversos a las
pretensiones de los accionantes y amparó los derechos por ellos invocados.
Adicionalmente, con el fin de restablecer las garantías constitucionales
violadas por los accionados, dispuso
las siguientes medidas protectoras o restablecedoras de derechos:
2.1. Frente a los expedientes T-6.012.383 y T-6.064.424, ordenar a Colpensiones que, aplicando el orden constitucional y legal vigente, reconozca el derecho al incremento
pensional respectivo en favor de los demandantes que cumplan con las condiciones previstas para ello en
el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, en los términos expuestos en esa
sentencia y sin negar la prestación, en ningún caso, bajo el pretexto de que el
derecho prescribió y, pague
retroactivamente las sumas a que haya lugar por dicho concepto a partir de la
notificación de ese fallo, en cuanto no estén prescritas, y continúe haciéndolo
en la periodicidad debida.
2.2. En cuanto a los expedientes T-6.029.817,
T-5.977.672, T-6.047.278, T-6.047.279, T-6.054.076, T-6.060.743, T-6.065.951, T-6.065.953,        T-6.067.576 y
T-6.070.255: (i) dejar sin efecto las providencias dictadas por las
autoridades judiciales demandadas en el marco de los correspondientes procesos
laborales; y (ii) en consecuencia, ordenar a los Despachos accionados que
profieran nuevas decisiones mediante las cuales se ordene a Colpensiones a
proceder en los mismos términos dispuestos frente a los dos casos señalados en
precedencia.
3. El 26 de octubre de 2017, en la Secretaría
General de esta Corporación se recibió escrito[128] elevado por parte del Magistrado Jesús Rafael
Balaguera Torné del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
–Sala Laboral-, en el cual solicita se aclare la Sentencia      T-499 de 2017,
en relación con lo ordenado en el numeral décimo primero resolutivo de la
mencionada decisión, cuyo texto a continuación se cita:
“DÉCIMO
PRIMERO.- Expediente
T-6.067.576. REVOCAR la sentencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-,
el 23 de febrero de 2017, confirmatoria de la providencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, el 06 de diciembre de 2016, que había denegado la
acción de tutela instaurada por Eduardo Santos Escorcia Ojeda contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla -Sala Laboral- y el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Barranquilla. En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de
Eduardo Santos Escorcia Ojeda; y DEJAR
SIN EFECTO el fallo proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral-, el 07 de octubre de 2016,
confirmatorio de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Barranquilla, el 10 de abril de 2015, que había declarado probada
la excepción de prescripción propuesta en el marco del proceso laboral
adelantado por Eduardo Santos Escorcia Ojeda contra la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones, tramitado bajo el radicado Nº 2013-147,
en consecuencia, ORDENAR al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral- que, en el
término de quince
(15) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una nueva
providencia mediante la cual se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones- que, aplicando el orden constitucional y legal vigente, reconozca en favor de Eduardo Santos Escorcia Ojeda el derecho al incremento pensional en un 14% por su compañera permanente a cargo Libia
Esther Villarreal Jiménez, con la
concurrencia de lo dispuesto para ello en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990 y sin negar la prestación al argumentar que el derecho prescribió y, pague retroactivamente los montos a
que haya lugar por dicho concepto a partir de la notificación de ese fallo, en
cuanto no estén prescritos, y continúe haciéndolo en la periodicidad debida, conforme a lo señalado en los
fundamentos del presente pronunciamiento.”
Pone de presente que la decisión adoptada por
el Juez Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla de fecha 10 de abril de
2015, que posteriormente fue confirmada por la Sala Primera de Decisión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, mediante
providencia del 7 de octubre de 2016, la cual fue objeto de censura en la
tutela formulada por el ciudadano Eduardo Santos Escorcia Ojeda (Expediente
T-6.067.576), es un auto interlocutorio que se profirió durante la audiencia
pública de conciliación de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social (en adelante CPTSS), y mediante el cual, el a quo
declaró probada la excepción previa de prescripción, lo que evidencia que el
proceso no ha concluido pues no se han practicado las etapas de saneamiento del
proceso, fijación del litigio, decreto y práctica de pruebas, alegatos de
conclusión y sentencia prevista para audiencia pública.
En vista de ello, solicita se aclare si en
cumplimiento del Fallo T-499 de 2017 se debe proceder a dictar sentencia de
fondo, o simplemente, se ha de revocar el auto con el cual el Juez Quinto
Laboral del Circuito de Barranquilla declaró probada la excepción previa de
prescripción, para que sea dicho operador judicial quien una vez agotado el
trámite respectivo, adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
II. CONSIDERACIONES[129]
1. De conformidad con lo expuesto por el Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla –Sala Laboral-, la Sala Octava de Revisión reiterará brevemente
el marco jurídico y jurisprudencial de las peticiones de aclaración de
providencias. Con base en esos parámetros, pasará a resolver la solicitud de
aclaración de la Sentencia T-499 de 2017, elevada el 26 de octubre de 2017.
2. La Corte Constitucional ha establecido que
en los juicios de tutela rige el principio de derecho procesal del agotamiento
de la competencia funcional del juzgador una vez profiere la sentencia que
culmina el proceso[130],
por lo que esa decisión, en principio, no puede ser revocada ni reformada por
la autoridad judicial que la dictó. No obstante, en derecho procesal es posible
que se revise el fallo a través de la aclaración de las providencias[131].
3. Según la remisión efectuada por el artículo
4°[132] del Decreto 306 de 1992, el juez puede acudir
al Código General del Proceso para resolver asuntos relativos a los juicios de
tutela. En virtud de lo anterior, esta Corporación ha acudido a ese estatuto
procesal para decidir las peticiones de aclaración de las providencias
proferidas por las Salas de Revisión o Plena, por cuanto el artículo 285 de la
Ley 1564 de 2012 regula dicha figura en los siguientes términos[133]:
“[l]a sentencia no es revocable ni reformable por el
juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud
de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de
duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto.
La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del
término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la
aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse
los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”
4. En materia de tutela, esta Corte ha reiterado que
la aclaración de una providencia es procedente, siempre que se refiera a
conceptos o frases que: (i) ofrecen un verdadero motivo de duda y (ii) están
contenidos en la parte resolutiva o influyen en ella[134].
4.1. Frente al primero de esos requisitos, una
providencia adolece de esa incertidumbre o ambigüedad cuando los conceptos o
frases objeto de aclaración “influyen para el entendimiento pleno y el
cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión”[135]. Igualmente, este Tribunal ha indicado
que “lo que ofrece duda, [es] lo que es ambiguo, lo que es
susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección”[136].
Sin embargo, la Corporación ha sostenido que
la solicitud de aclaración no sirve para “cuestionar la decisión judicial
adoptada, antes que dilucidar o aclarar putos que ofrezcan realmente duda”[137].
Tampoco es procedente ese tipo de peticiones
para adicionar nuevos elementos jurídicos al fallo original, pues “[la]
Corte no podría admitir que por la vía de las aclaraciones o adiciones a sus
sentencias le fuera dado seguir fallando acerca de los asuntos objeto de
procesos culminados y respecto de los cuales ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional. La Corte no es competente, después de dictar sentencia,
para continuar añadiendo elementos a los contenidos de la motivación, y menos
de la resolución correspondiente, ya que el proceso de control de
constitucionalidad ha terminado. Lo demás se diría por fuera de proceso y con
evidente extralimitación funcional de la Corte.”[138]
Esta Corte también ha considerado que la
solicitud de aclaración es improcedente en el evento en que “las
observaciones del solicitante se refieren a aspectos marginales incluidos en la
parte motiva, que no guardan inescindible relación con la declaración contenida
en la parte resolutiva de la sentencia”[139].
4.2. En relación con el segundo presupuesto, se ha
establecido que las expresiones de la sentencia que ofrezcan duda o perplejidad
deben estar contenidas en la parte resolutiva del fallo o en su motivación,
evento en que esas prescripciones influirán en decisum[140].
5. Descendiendo al caso sub examine, la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional considera que la solicitud de
aclaración de la referencia es procedente, por las razones que a continuación
se exponen:
5.1. El Magistrado Jesús Rafael Balaguera Torné de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se encuentra legitimado para solicitar la aclaración
de la Sentencia T-499 de 2017, toda vez que la referida Sala de la Corporación
Judicial de la que hace parte, fungió como extremo demandado en la tutela formulada por el ciudadano Eduardo
Santos Escorcia Ojeda (Expediente T-6.067.576), cuya revisión dio lugar a la
mencionada providencia.
5.2. La
postulación de aclaración del Fallo T-499 de 2017 contiene la coherencia
argumentativa para solicitar ese tipo de peticiones, por cuanto se indica con
precisión y suficiencia que el ordinal décimo primero de dicha decisión adolece
de incertidumbre o ambigüedad que impide no solo su comprensión sino el
cumplimiento de lo ordenado en el mismo, lo cual realmente constituye un verdadero motivo de duda. Veamos.
El solicitante pone de presente que la
decisión adoptada por el Juez Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla el 10
de abril de 2015, que luego fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en providencia del 7 de octubre
de 2016, la cual fue objeto de censura en la tutela formulada por Eduardo
Santos Escorcia Ojeda (Expediente T-6.067.576), es un auto interlocutorio que
se profirió durante la audiencia pública de conciliación de que trata el
artículo 77 del CPTSS, y mediante el cual, el a quo declaró probada la
excepción previa de prescripción, lo que evidencia que el proceso no ha
concluido pues no se han practicado las etapas de saneamiento del proceso,
fijación del litigio, decreto y práctica de pruebas, alegatos de conclusión y
sentencia prevista para audiencia pública.
Visto ese escenario a lo luz de lo dispuesto
en el ordinal décimo primero de la Providencia T-499 de 2017, el peticionario
advierte que no existe claridad a efectos de dar cumplimiento a lo allí
ordenado, en tanto concibe dos interpretaciones sustancialmente distintas al
respecto: (i) si se debe proceder a dictar sentencia de fondo, o (ii)
simplemente, se ha de revocar el auto con el cual el Juez Quinto Laboral del
Circuito de Barranquilla declaró probada la excepción previa de prescripción,
para que sea dicha autoridad judicial quien una vez agotado el trámite
respectivo, adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
5.3. Los apartes a los cuales alude el solicitante y
que ofrecen un verdadero motivo de duda se encuentran contenidos en la parte
resolutiva de la decisión cuya aclaración se solicita. En efecto, en el escrito
aclaratorio únicamente se advierte falta de claridad frente al alcance de los
remedios constitucionales incorporados en el ordinal décimo primero de la Sentencia T-499 de 2017, por
cuanto la providencia dictada el 10 de abril de 2015 por el Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Barranquilla, confirmada en el “fallo” proferido
el 7 de octubre de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla -Sala Laboral-, que se dispuso dejar sin efectos en el mencionado ordinal
resolutivo, es un auto interlocutorio que se adoptó dentro del correspondiente
proceso laboral.
6. Lo anteriormente evidenciado es suficiente para que
esta Sala de Revisión concluya que le asiste razón al peticionario, por lo que
se dispondrá aclarar el ordinal décimo
primero del Pronunciamiento T-499 de
2017, en el sentido de que la decisión de dejar sin efectos el FALLO de fecha siete (7) de octubre de 2016
debe entenderse referida al AUTO de la misma fecha, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala de Decisión Laboral-,
confirmatorio del auto dictado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Barranquilla, el diez (10) de abril de 2015, que declaró probada la excepción
de prescripción en el marco del proceso laboral adelantado por Eduardo Santos
Escorcia Ojeda contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones,
tramitado bajo el radicado Nº 2013-147.
En consecuencia de ello, también resulta imperativo
aclarar el ordinal décimo primero
de la Sentencia T-499 de 2017, en el sentido de que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral-, en los
precisos términos señalados en la tutela T-499 de 2017, deberá proferir una
nueva providencia mediante la cual se revoque el auto del 10 de abril de 2015
con el cual el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla declaró
probada la excepción previa de prescripción dentro del proceso laboral promovido por Eduardo
Santos Escorcia Ojeda contra la Administradora Colombiana de Pensiones
–Colpensiones, para que sea esa última autoridad judicial quien una vez agotado
el trámite respectivo, adopte la decisión de fondo a que haya lugar, con la
estricta observancia de lo establecido al respecto en la parte motiva y
resolutiva de la Providencia T-499 de 2017.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- ACLARAR el ordinal décimo primero de
la Sentencia T-499 del cuatro (4) de agosto de 2017, en el sentido de que la decisión de dejar sin efectos el FALLO de fecha siete (7) de octubre de 2016
debe entenderse referida al AUTO de la misma fecha, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala de Decisión Laboral-,
confirmatorio del auto dictado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla,
el diez (10) de abril de 2015, mediante el cual se declaró probada la excepción
de prescripción en el marco del proceso laboral adelantado por Eduardo Santos
Escorcia Ojeda contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-.
En consecuencia de lo anterior, ACLARAR
el ordinal décimo primero de la Sentencia T-499 del cuatro (4) de agosto de 2017, en el sentido de que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral-, en los
precisos términos señalados en la Tutela T-499 de 2017, deberá proferir una
nueva providencia mediante la cual se revoque el auto del diez (10) de abril de
2015 con el cual el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla declaró
probada la excepción previa de prescripción dentro del proceso laboral
promovido por Eduardo Santos Escorcia Ojeda contra la Administradora Colombiana
de Pensiones –Colpensiones, para que sea esa última autoridad judicial quien
una vez agotado el trámite respectivo, adopte la decisión de fondo a que haya
lugar, con la estricta observancia de lo establecido al respecto en la parte
motiva y resolutiva de la Providencia T-499 de 2017.
SEGUNDO.- Por Secretaría General de la Corte
Constitucional, OFÍCIESE a
la Corte Suprema de Justicia
–Sala de Casación Laboral-[141] para
que, en el término de dos (2) días
siguientes al recibo de la
comunicación respectiva, ponga en conocimiento de las
partes y de los terceros interesados dentro del expediente T-6.067.576, lo aquí decidido, con la advertencia que contra esta decisión no
procede recurso alguno.
TERCERO.- Por Secretaría General de
esta Corporación, COMUNÍQUESE al solicitante[142] lo resuelto en la presente
providencia, con la advertencia
que contra la misma no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] Integrada por
los Magistrados Iván Humberto Escrucería Mayolo y Aquiles Ignacio Arrieta
Gómez.
[2] Visible a folios 2 a 11 y 3 a 12 de los cuadernos de Revisión respectivos.
[3] Folios 19 a 30, 3 a 14, 3 a 14, 3 a 14, 3 a
14 y 3 a 14 de los cuadernos de Revisión respectivos.
[4] Integrada por
los Magistrados Alberto Rojas Ríos y María Victoria Calle Correa.
[5] Visible a folios 3 a 9, 2 a 8, 3 a 9 y 3 a 9 de los cuadernos de Revisión
respectivos.
[6] Visible a folios 14 a 16 del cuaderno de revisión del expediente
de tutela principal T-6.012.383.
[7] Expediente de tutela principal en el asunto acumulado de la
referencia.
[8] Para arribar a esa decisión, la referida
Sala de Revisión puso en evidencia lo siguiente: (i) “Todos comparten un
contexto común, esto es, controversias que se originan con la negativa del
reconocimiento y pago del incremento pensional en un 7% por hija
en condición de discapacidad a cargo (en el expediente T-5.977.672) y en un 14% por cónyuge, compañera o compañero
permanente a cargo (en el resto de los
expedientes).” (ii) “Dicha
negativa se funda en la tesis acogida por las autoridades accionadas que alude
a la prescripción de ese derecho pensional.” Y (iii) “Las
anteriores circunstancias llevan consigo a resolver
problemas jurídicos idénticos.”
[9] Establecido en el literal a) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.
[10] Previsto en el literal b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.
[11] Folios 11 y 12 del cuaderno inicial respectivo.
[12] Folio 8 ibídem.
[13] Folios 5 a 7 ib..
[14] Folio 9 ib..
[15] Folio 14
ib..
[16] Folios
17 a 23 ib..
[17] Folios
25 a 29 ib..
[18] Folios
3 a 6 del cuaderno Nº 2 respectivo.
[19] Folio 2
del cuaderno N° 2 respectivo.
[20] Folios
14 a 18 ibídem.
[21] Folios
24 y 25 ib..
[22] Folios
3 a 22 del cuaderno Nº 3 respectivo.
[23] Folios 17 y 30 del cuaderno inicial respectivo.
[24] Folios 18 y 19 ibídem.
[25] Folio 20 ib..
[26] Folios 28 y 29 ib..
[27] Folio 33 ib..
[28] Folio 15 ib..
[29] Folio 32 ib..
[30] Folios 35 y 36 ib..
[31] Folio
49 ib..
[32] Folios 11 y 20 del cuaderno inicial respectivo.
[33] Folio 14 ibídem.
[34] Folio 15 ib..
[35] Folio 19 ib..
[36] Folio 16 ib..
[37] Folio 17 ib..
[38] Visibles entre los folios 28 y 29 ib..
[39] Folio
35 ib..
[40] Folios
39 a 42 ib..
[41] Folios
51 y 52 ib..
[42] Folios
3 a 7 del cuaderno Nº 2 respectivo.
[43] Folios 7 a 23 del cuaderno inicial respectivo.
[44] Folio
27 ibídem.
[45] Folios
33 a 36 ib..
[46] Folios
92 y 93 ib..
[47] Folios
3 a 6 del cuaderno Nº 3 respectivo.
[48] Folio 29 del cuaderno Nº 2 respectivo.
[49] Folio 7 a 11 del cuaderno inicial respectivo.
[50] Visible a folio 1 ibídem.
[51] Folios 46 a 50 del cuaderno Nº 2 respectivo.
[52] Folio 2
ibídem.
[53] Folios
59 a 62 ib..
[54] Folio 72
ib..
[55] Folios
3 a 11 del cuaderno Nº 3 respectivo.
[56] Visible a folio 53 del cuaderno inicial respectivo.
[57] Folios 55
y 56 ibídem.
[58] Folios
67 a 82 ib..
[59] Pagada a partir de 1981 y equivalente a 1 salario mínimo mensual legal
vigente aproximadamente para la época. En resolución de 2005, dicha pensión se
reliquidó en $369.585.
[60] Folio 3 del cuaderno inicial respectivo.
[61] Folios 4 a 6 ibídem.
[62] Folio 13 ib..
[63] Folios 8 a 12 ib..
[64] Folio
16 ib..
[65] Folios
25 a 28 ib..
[66] Folios
9 a 13 del cuaderno Nº 2 respectivo.
[67] Folios 8 y 10 del cuaderno inicial respectivo.
[68] Folio 9 ibídem.
[69] Folio 7 ib..
[70] Folios 11 a 15 ib..
[71] Folio
66 ib..
[72] Folios 76 a 80 ib..
[73] Folio 39 del cuaderno inicial respectivo.
[74] Folio 35 ibídem.
[75] Folio 34 ib..
[76] Folio 36 ib..
[77] Folios 32 y 33 ib..
[78] Folios 13 a 18 ib..
[79] Folio
97 ib..
[80] Folios
117 a 121 ib..
[81] Folios 31 a 35 del cuaderno inicial respectivo.
[82] Visible a folio
1 ibídem.
[83] Folios 2
y 3 del cuaderno N° 2 respectivo.
[84] Folios 29
a 33 ibídem.
[85] Folios 49
a 52 ib..
[86] Folios 3
a 20 del cuaderno Nº 3 respectivo.
[87] Folios 3 y 4 del cuaderno inicial respectivo.
[88] Folio 2 ibídem.
[89] Folios 6, 7 y 8 ib..
[90] Folio 5 ib..
[91] Folio 10 ib..
[92] Folio 12 ib..
[93] Visibles a folios 26 y 27 ib..
[94] Folios
2 y 3 del cuaderno N° 2 respectivo.
[95] Folios
50 a 54 ib..
[96] Folios
60 a 70 ib..
[97] Folios
3 a 22 del cuaderno Nº 3 respectivo.
[98] Folios 20 a 24 del cuaderno de revisión del expediente
principal T-6.012.383.
[99] Visibles a los folios 25 a 166 del cuaderno de revisión del
expediente principal T-6.012.383.
[100] Sentencia C-590 de 2005.
[101] “Corte Constitucional, Sentencias
T-456 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-801 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-076 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-904 de 2004 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-149 de 2012 (MP Juan Carlos Henao Pérez),
T-063 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). En estas sentencias la Corte fijó los
supuestos bajo los cuales, la acción de tutela es procedente a pesar de la
existencia de los medios ordinarios de defensa judicial.”
[102] “Las providencias judiciales que se acusan
fueron proferidas el seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014), el dieciséis
(16) de diciembre de dos mil catorce (2014), el siete (07) de octubre de dos
mil catorce (2014) y el veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011),
respectivamente.”
[103] “En el pasado, la Corte ha considerado procedente la acción de
tutela a pesar de la cantidad de tiempo transcurrido entre la presunta
vulneración del derecho fundamental y la interposición de la acción de tutela;
los casos más representativos de esta situación se encuentran en las tutelas en
las que se ha solicitado el reconocimiento de prestaciones periódicas. Por
ejemplo, en la sentencia T-1178 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño) la Corte
resolvió de fondo un asunto laboral en el cual, entre la terminación de los
contratos de trabajo y la fecha de interposición de la acción de tutela
transcurrieron más de tres años, lapso que se consideró j    ustificado
teniendo en cuenta el riesgo en la integridad física que corrían los
accionantes por la presentación de la tutela en oportunidad. En sentencia T-164
de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), la Corte declaró procedente la
acción de tutela de un ciudadano que solicitaba el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, luego de diez años de haberle sido negada. En la
sentencia SU-189 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) la Corte concedió
el amparo del derecho fundamental a la seguridad social, a pesar del transcurso
de nueve meses desde que se profirió la resolución que negó el derecho
pensional solicitado por el accionante. Por otro lado, en las sentencias T-109
de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez, AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-374 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-463 de 2013 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio, AV Nilson Pinilla
Pinilla) y T-488 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), en las que se
solicitó el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, la
Corte pasó por alto el paso del tiempo (7 meses, 6 años, 10 años, 25 años,
respectivamente), al considerar que ‘por tratarse de un caso de indexación de
la primera mesada pensional, debe señalarse que la violación iusfundamental que
se plantea se extiende indefinidamente en el tiempo y es, por lo tanto, de
carácter permanente’.”
[104] “Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006 (Humberto Antonio
Sierra Porto). En esta sentencia la Corte explicó en qué casos la acción de
tutela procede, a pesar de haber transcurrido un tiempo considerable entre la
afectación o amenaza del derecho fundamental y la interposición de la acción de
tutela. Posición reiterada en las sentencia T-246 de 2015 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez), T-332 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos) y T-060 de 2016 (MP
Alejandro Linares Cantillo), entre otras.”
[105] “ARTÍCULO
43. El inciso segundo del artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social quedará así: Artículo 86. Sentencias susceptibles del recurso. A
partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya
interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación
los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo
legal mensual vigente.”
[106] “Artículo 7°. Definiciones.
Para fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones:
b). Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con
sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros
vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de
60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y
psicológico así lo determinen; (…).”
Esta definición ha sido acogida por la Corte Constitucional en varias
oportunidades, por ejemplo, en los fallos T-718 de 2011, T-457 de 2012 y SU-856
de 2013, entre otros.
[107] “A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de
2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en
los centros vida”.
[108] Al respecto, ver sentencia T-480 de 2016 y Auto 186 de 2017
(Sala Plena), entre otros.
[109] Auto 397 de 2014. Ver también las sentencias T-292 de 2006, SU-047
de 1999 y C-104 de 1993.
[110] Auto 397 de 2014, mediante el cual la Sala Plena de la Corte
Constitucional denegó la solicitud de nulidad de la sentencia T-983 de 2012. Al
respecto, ver las providencias T-158 de 2006, T-292 de 2006, T-812 de 2006,
T-355 de 2007, T-970 de 2012, T-102 de 2014, T-360 de 2014, T-410 de 2014,
SU-298 de 2015, T-309 de 2015 y SU-449 de 2016.
[111] Consultar los fallos T-038 de 2016 y T-395 de 2016, entre otros.
[112] Ver, entre otras, las providencias T-1092 de 2007, T-656 de 2011 y
T-369 de 2015.
[113] Por tratarse de reiteración de jurisprudencia, en esta oportunidad la
Sala seguirá de cerca las consideraciones y fundamentos reiterados en la
sentencia T-206 de 2017.
[114] Ver fallo T-206 de 2017.
[115] Ibídem.
[116] Providencias T-209 de 2015 y T-071 de 2012, reiteradas en la tutela
T-206 de 2017.
[117] “Ver, sentencia T-217/13.”
[118] “Específicamente, en la sentencia T-831/14, la Sala Séptima de
Revisión señaló: ‘Así, esta Sala considera que la interpretación que mejor
realiza los derechos fundamentales de los actores es aquella que se aplicó en
la sentencia T-217 de 2013, la cual es aquella que resulta más favorable para
los accionantes, por cuanto en esa oportunidad la Corte consideró que el
derecho en mención no se encuentra sometido a la regla de prescripción de las
acreencias laborales de 3 años. En efecto, en ninguna de las normas citadas, en
las cuales regula el incremento bajo estudio, se establece que dicha regla deba
ser la aplicada al incremento en mención, pues al definirse la naturaleza del
mismo, sólo se señala que tal derecho subsiste mientras perduren las causas que
le dieron origen al mismo. De tal forma, lo considerado en dicho fallo respecto
de la imprescriptibilidad del derecho en comento se encuentra en consonancia
con el principio de favorabilidad, razón por la cual concluir que tal derecho
se encuentra afectado por el fenómeno de la prescripción, en perjuicio de los
peticionarios, contraría el principio de favorabilidad, y por lo tanto, implica
una violación directa de la Constitución’.”
[119] Providencia T-395 de 2016.
[120] Ibídem.
[121] “ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE
INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y
de vejez se incrementarán así:
a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada
uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son
estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier
edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y,
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el
cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de
éste y no disfrute de una pensión.
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por
estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la
pensión mínima legal.”
[122] “ARTÍCULO 22. NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS
PENSIONALES. Los incrementos de que trata el artículo anterior no forman
parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el
Instituto de Seguros Sociales y el derecho a ellos subsiste mientras perduren
las causas que les dieron origen. El Director General del ISS establecerá los
mecanismos necesarios para su control.”
[123] Al respecto, ver, entre otros, los fallos T-832A
de 2013, T-730 de 2014 y T-569 de 2015.
[124] Al respecto, la Sala aclaró que
esas “decisiones
judiciales serán inoponibles ante cualquier trámite relacionado con los
incrementos pensionales.”
[125] Dicha orden se
implementó para “reducir
la litigiosidad innecesaria en la materia, lo cual conllevará a reducir las
violaciones a los derechos fundamentales de los pensionados así como la
necesidad de iniciar trámites burocráticos y judiciales que generan a la
administración y a la justicia costos reales (manifestados en los trámites
procesales), costos de oportunidad (por los trámites burocráticos y judiciales
que se dejan de adelantar) y costos simbólicos (al dar la impresión de que la
administración no respeta los derechos fundamentales).”
[126] Aquí se advirtió que se “deberá identificar los impactos
reales que puedan poner en riesgo la inclusión de este u otros derechos
fundamentales y, si esto ocurre, tomar las medidas para proveer a Colpensiones
de las herramientas necesarias para que pueda cumplir con las órdenes aquí
proferidas.”
[127] Calle 40 # 44-80, Piso 4, Barranquilla. Tel.: 3795849. Email:
cto05ba@cendoj.ramajudicial.gov.co.
[128] Consta de 2 folios. El escrito fue recibido en el Despacho Sustanciador
el 27 de octubre de 2017.
[129] Se seguirán de cerca algunas consideraciones del Auto 104 de
2017 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[130] Auto 153 de 2016.
[131] Auto 104 de 2017.
[132] “ARTCULO 4o. DE
LOS PRINCIPIOS APLICABLES PARA INTERPRETAR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL
DECRETO 2591 DE 1991. Para la interpretación de las
disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto
2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento
Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto (…)”.
[133] Auto 104 de 2017.
[134] Ver, entre otros, el Auto 104 de 2017.
[135] Auto 075A de 1999. Postura reiterada en Auto 104 de 2017.
[136] Ver Autos 026 de 2003, 194A de 2008,
244 de 2014 y 072 de 2015. Reiterados en Auto 104 de 2017.
[137] Auto 285 de 2010. Tesis reiterada en Auto 104
de 2017.
[138] Autos 179 y 171 de 2014. Reiterados en Auto 104 de 2017.
[139] Auto 290 de 2015. Regla citada en Auto 104 de 2017.
[140] Ver Auto 006 de 2010, posición reiterada en Auto 104 de 2017.
[141] Autoridad judicial que obró en primera instancia en el proceso de
tutela T-6.067.576.
[142] Al Correo electrónico: sl08bqla@cendoj.ramajudicial.gov.co. Así
como en la Carrera 45 # 44-12, Oficina 407, Barranquilla -Atlántico. Teléfono:
3402130.