C-567-16
Sentencia
C-567/16
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL
FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-No vulnera los principios de neutralidad, pluralismo,
igualdad y libertad religiosa/NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE
POPAYAN-Bajo ciertas
condiciones es posible salvaguardar, incluso a través de la asignación de
finanzas públicas, manifestaciones culturales con connotaciones religiosas
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN FRENTE A LA ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES-No
desconoce la prohibición constitucional de decretar erogaciones que no estén
destinadas a satisfacer derechos reconocidos
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-Contenido
y alcance
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-Asignación de partidas presupuestales
PROCESIONES
DE SEMANA SANTA EN POPAYAN-Inscripción
en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
ante la UNESCO/PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN POPAYAN-Inclusión en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación/PROCESIONES
DE SEMANA SANTA EN POPAYAN-Valor cultural
SUBVENCIONES
PUBLICAS AL PATRIMONIO CULTURAL CON REFERENTES RELIGIOSOS-Unificación de jurisprudencia
PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL-Facultad del
Congreso para autorizar la financiación pública aun cuando tenga vínculo
religioso
PRINCIPIOS
ORIENTADOS A LA PROTECCION DE LA CULTURA-Consagración constitucional/MANIFESTACIONES CULTURALES-Financiación
del Estado/FINES ESENCIALES DEL ESTADO-Consagración constitucional
TRATADO
DE DERECHOS HUMANOS-Aprobación de la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial/CONVENCION
PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Reconocimiento
internacional
PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL-Definición/PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL-Característica/PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Manifestación/PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL-Medidas de salvaguardia
PATRIMONIO
CULTURAL-Consagración constitucional/PATRIMONIO
CULTURAL-Protección del Estado/PATRIMONIO CULTURAL-Derecho cultural/CONVENCION
PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Regula un derecho
cultural/PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Integración
PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL-Salvaguardia del Estado, incluso con adopción de
medidas financieras
CONSTITUCION
POLITICA-No estatuye ninguna
prohibición de salvaguardar el patrimonio cultural asociado al hecho religioso/PRINCIPIOS
DE PLURALISMO, DIVERSIDAD Y LIBERTAD RELIGIOSA-Consagración constitucional/CONSTITUCION
POLITICA-Prohíbe la discriminación por motivos de religión
SALVAGUARDIA
POR EL ESTADO DEL PATRIMONIO CULTURAL VINCULADO AL HECHO RELIGIOSO Y DESTINACION
DE PARTIDAS PRESUPUESTALES-Jurisprudencia
constitucional
LIMITES
DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD EN LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
CONEXO AL FENOMENO RELIGIOSO-Unificación
de jurisprudencia
CONTROL
DE CONTITUCIONALIDAD DE LEYES SOBRE FINANCIACION PUBLICA DE BIENES O
MANIFESTACIONES CONEXAS A LO RELIGIOSO-Jurisprudencia
constitucional
NORMA
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-Justificación
secular importante, verificable, consistente y suficiente
Referencia: Expediente D-11345
Actora: María Isabel Ávila Reyes.
Acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 891 de 2004 ‘por la cual se declara patrimonio cultural nacional
las procesiones de semana santa y el festival de música religiosa de Popayán,
departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble urbano, se
hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones’.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil
dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y de los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1. En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la
Constitución, la ciudadana María Isabel Ávila Reyes demanda el artículo 4º de
la Ley 891 de 2004 ‘por la cual se declara patrimonio cultural
nacional las procesiones de semana santa y el festival de música religiosa de
Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble
urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones’.
En su concepto, esta norma vulnera el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 19 y
136 de la Carta Política. Mediante auto del 18 de abril de 2016, la Corte
Constitucional admitió la demanda y ordenó comunicar la iniciación del proceso
al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e
Historia –ICANH-, al Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, a la
Confederación de Comunidades Judías, a la Iglesia Evangélica Luterana de
Colombia, al Centro Islámico y Asociación Benéfica de Maicao, a la Asociación
de Ateos y Agnósticos de Bogotá. al Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
a Dejusticia, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia,
a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y a la
Dirección del Programa de Humanidades de la Universidad de la Sabana. Por
último, se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación para que
rindiera concepto sobre el asunto, y fijar en lista el proceso para efectos de
las intervenciones ciudadanas (CP art 242 nums 1 y 2).
2.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a decidir
la demanda de la referencia.
II.
NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la norma acusada,
conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.602 del 7 de julio de 2004:
“LEY
891 DE 2004
(julio 7)
‘Por la
cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y
el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara
monumento Nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan
otras disposiciones’
El Congreso de Colombia
DECRETA:
[…]
ARTICULO 4. A partir de la vigencia de la presente ley las administraciones
nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán estarán autorizadas
para asignar partidas presupuestales en sus respectivos presupuestos anuales,
destinadas a cumplir los objetivos planteados en la presente ley.
El Gobierno Nacional queda autorizado para impulsar y
apoyar ante los Fondos de cofinanciación y otras entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o
complementarios a las que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de
la Nación de cada vigencia fiscal, destinadas al objeto que se refiere la
presente ley.
PARÁGRAFO. Las apropiaciones autorizadas dentro del Presupuesto General de
la Nación, deberán contar para su ejecución con programas y proyectos de
inversión”.
III.
LA DEMANDA
3. La ciudadana María Isabel Ávila Reyes instaura
acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 891 de
2004 ‘Por la cual se declara
Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de
Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento
Nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras
disposiciones’. En su concepto, dicha
norma vulnera el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 19 y 136-4 de la
Constitución, por los siguientes motivos:
3.1. Según la demanda, la norma acusada autoriza “a
la administración nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán para
asignar partidas presupuestales en sus respectivos presupuestos anuales”, con
el fin de cumplir los objetivos de la Ley. Señala, no obstante, que la Ley “tiene
por objeto otorgar privilegios a una organización religiosa particular; en este
caso católica”, por lo cual se desconoce un grupo de principios
constitucionales. Desde el punto de vista de la accionante, en un Estado Social
de Derecho y laico “los dineros del erario público […] se debe[n]
utilizar para satisfacer necesidades en pro del interés general, ya que las
personas con religiones distintas a la católica o no creyentes, se estarían
excluyendo en este caso, a esos beneficios otorgados de recursos que son para
el bienestar general de la Nación”. El precepto cuestionado, al admitir que
se destinen partidas presupuestales a la financiación de un culto religioso
específico, vulnera en primer lugar el Preámbulo, que ya no reconoce a la
religión católica como la de la Nación y por tanto declara la neutralidad en
materia religiosa, y establece entre otros principios fundamentales el de
igualdad. En segundo lugar, viola los artículos 1 y 2 de la Constitución, por
cuanto no honra el interés general y el pluralismo sino que privilegia financieramente
solo a un grupo religioso, con lo cual además desconoce otros principios y
derechos contemplados en la Carta.
3.2. En efecto, la acción pública aduce que la
disposición bajo examen consagra un trato más favorable para la congregación
religiosa católica, y en esa medida establece un tratamiento discriminatorio
respecto de las demás asociaciones religiosas y de quienes no profesan ninguna
religión, por lo cual considera que se viola el artículo 13 de la Constitución.
Del mismo modo, la norma acusada desconoce la libertad de cultos contemplada en
el artículo 19 de la Carta, al favorecer una religión en específico aunque sea
mayoritaria. Finalmente, señala que se vulneran los numerales 1 y 4 del
artículo 136 de la Constitución, ya que se trataría de un precepto que decreta
donaciones o auxilios a favor de una entidad o celebración religiosa, sin
proporcionalidad alguna. Dice que hay otras formas no estatales de financiar la
Semana Santa, que no supondrían un daño tan significativo e indebido en la
programación y ejecución presupuestal.
IV.
intervenciones
Ministerio de Cultura
4. El Ministerio de Cultura interviene en dos
momentos, dentro del término fijado para ello, en primer lugar para presentar
algunos elementos de contexto normativo, y luego para solicitar un fallo
inhibitorio o, en subsidio, que se declare exequible el precepto acusado. En el
escrito radicado el 18 de mayo de 2016, el Ministerio en primer lugar solicita
emitir un fallo inhibitorio, por cuanto en su criterio la demanda no presenta
razones claras, específicas y suficientes para sustentar sus cargos. En
realidad, asegura que la actora se limita a señalar como violados determinados
principios constitucionales, “sin adecuarlos de manera coherente con la
norma acusada y sin explicar cómo cada una de las disposiciones
constitucionales invocadas resultan violadas”. De acuerdo con el
Ministerio, la ciudadana demandante afirma que el Estado es laico y que por
ello no puede promover ninguna religión en particular, “como si el objeto de
la ley fuese el adscribirse a un culto o promover una religión específica por
parte del Estado y no la razón cultural invocada por el legislador”. La
acción, para ser apta, ha debido tener en consideración las características
concretas de la norma, y en consecuencia tomar en cuenta que las procesiones de
Semana Santa y el Festival de Música religiosa de Popayán han sido declaradas
Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO.
5. No obstante lo cual, estima que un eventual
pronunciamiento de fondo debe ser de exequibilidad. Explica que las procesiones
como ritual, y la Semana Santa en Popayán específicamente, tienen profundas
raíces históricas. En cuanto a la Semana Santa en Popayán, asevera que “se
encuentra documentada desde 1556 y consta que en 1558 Felipe II suscribió la
real cédula que autorizaba las procesiones en Popayán”. Para
caracterizarlas con mayor precisión, la intervención apela a diversas
publicaciones en las cuales se observa que si bien las procesiones de Semana
Santa responden en parte a un canon oficial de carácter religioso, lo cierto es
que ese canon no es otra cosa que una partitura susceptible de diversas
representaciones y vivencias, que se diferencian entre sí en función de la
cultura, el momento histórico y otros factores determinantes de la
idiosincrasia colectiva. Por lo cual, el Ministerio afirma que las procesiones
de Semana Santa de origen colonial “poseen un claro trasfondo histórico y
cultural que impide caracterizarlas como un acto esencial o exclusivamente
religioso o cultural”. Estas características no religiosas se manifiestan
de diferentes maneras. Las procesiones de Semana Santa de origen colonial aún
tienen vestigios propios del pasado, y así presenciarlas es una ventana de
acceso a formas antiguas de culto. Además, están constituidas por patrimonio
cultural tangible cristalizado en obras de arte, que en tanto se exhiben en el
espacio público adquieren relevancia secular. Estas procesiones forman parte
también del patrimonio cultural intangible, toda vez que consisten en la puesta
en escena teatral de una tragedia. Finalmente, las procesiones de Semana Santa
en Popayán despiertan también interés académico, turístico y estético, lo cual
indica que hay entonces suficientes motivos seculares para que sean receptáculo
de finanzas públicas, y para que la norma supere el juicio de
constitucionalidad.
6. Aparte de lo cual, el valor cultural de la Semana
Santa de Popayán aparece acreditado por el hecho objetivo de haber sido
incorporada por el Ministerio de Cultura, mediante Resolución 2433 de 2009, en
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, y
declarada por la UNESCO como patrimonio cultural intangible de la humanidad.
Estos dos reconocimientos institucionales presuponen que la Semana Santa de
Popayán cumple una serie de condiciones objetivas, reguladas en la ley y en
tratados internacionales, indicadoras de valor cultural suficiente. En vista de
su importancia cultural, la decisión legislativa de proteger la Semana Santa de
Popayán coincide además con la práctica comparada, pues puede verse que en
Europa la Unión Europea y otros ordenamientos del continente han reconocido que
la impronta religiosa del patrimonio cultural europeo no puede constituirse en
obstáculo para darle a este protección de las autoridades, o siquiera para clasificarlo
como objetivo del apoyo estatal. Por lo demás, la norma legal acusada
simplemente autoriza asignaciones presupuestales con destino al cumplimiento de
los objetivos establecidos en la Ley, y en modo alguno las ordena, de manera
que no se desconocen la Constitución ni la jurisprudencia constitucional sobre
la materia.
7.
En otro momento del trámite, el Ministerio presentó un memorial con el fin de
presentar un panorama sobre el régimen constitucional y legal en materia de protección del
patrimonio cultural y de los bienes declarados de interés cultural nacional.
Señala en este escrito que el marco jurídico le impone al Estado el deber de
hacer apropiaciones presupuestales para la conservación y protección de las Procesiones
de Semana Santa y del Festival de Música Religiosa de Popayán al ser patrimonio
cultural inmaterial nacional (artículos 154, 345, 346 y 351 de la
Constitución). Asimismo, se refirió a la Ley 1185 de 2008 por la cual se
fijaron procedimientos únicos para la protección y salvaguardia del patrimonio
cultural de la Nación. Con fundamento en lo anterior, consideró que el artículo
4º de la Ley 891 de 2004  “será constitucional en la medida que señala la
incorporación de apropiaciones presupuestales necesarias para la promoción,
fomento, protección y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de la
celebración de las procesiones de Semana Santa y festival de música religiosa
de Popayán, conservando el principio de legalidad, y respetando el
procedimiento de apropiaciones presupuestales”. En este punto, resaltó que
las procesiones de semana santa de Popayán fueron incluidas en la Lista
Representativa de Patrimonio Inmaterial Nacional, por medio de Resolución 2433
de noviembre de 2010, y desde el 2009 pertenecen por declaración de la UNESCO a
la LRPCI de la humanidad.
Instituto Colombiano de Derecho Tributario –ICDT
8.
El ICDT conceptúa que el precepto demandado debe declararse exequible. En su concepto, el objetivo de la Ley a
la cual pertenece la norma cuestionada es proteger una tradición que integra el
patrimonio cultural de Colombia y, por tanto, “no es posible concluir que se
está privilegiando a un grupo” pues se trata de celebraciones que “trascienden
el ámbito religioso”, al constituir parte del patrimonio cultural e
inmaterial del país. No existe tampoco, desde su punto de vista,
extralimitación del Congreso al autorizar partidas presupuestarias para la
promoción y protección del patrimonio cultural de la nación, pues con ello se
cumplen los deberes del Estado consagrados en el artículo 79 de la Carta.
Universidad de La Sabana, Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas
9. El ciudadano Hernán Alejandro Olano, en condición
de Director del programa Común de Humanidades y del Departamento de Historia y
Estudios Socio Culturales en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la
Universidad de La Sabana, y como miembro correspondiente de las Academias de
Historia Eclesiástica de Colombia, de Boyacá y Cundinamarca, solicita declarar
exequible la norma acusada. Tras describir la normatividad constitucional y
legal aplicable a la protección de la cultura, observa que en especial de
acuerdo con la Ley 397 de 1997 junto con sus reformas, pueden ser objeto de protección
por parte del Estado como patrimonio cultural no solo manifestaciones
religiosas –como ocurre con las procesiones de Semana Santa en Tunja y Popayán-
sino también otras no religiosas –como el Carnaval de Barranquilla- e incluso
contrarias al sentimiento religioso –como Festival del Diablo de Río Sucio,
Caldas-. Lo cual por sí mismo no contraría ni el carácter no confesional del
Estado colombiano, ni tampoco vulneraría la igualdad, por cuanto se trata es de
proteger costumbres, rituales y conmemoraciones con valor cultural, que no
tienen en igual grado otras manifestaciones. El hecho de que una práctica,
ceremonia o actividad cultural sea, además, portadora de símbolos religiosos no
implica un límite a la posibilidad de recibir apoyo estatal, pues si así fuera
se pondría en peligro el legado cultural de la historia colonial, notoriamente
dominada por el sentimiento religioso.
10. Sostiene que la Semana Santa en Popayán es un “evento
cultural, tradicional, espiritual, turístico y religioso”. La organización
de la Semana Santa está a cargo principalmente de la Junta Permanente Pro
Semana Santa, pero en ella participan artesanos, ebanistas, orfebres,
carpinteros, alfareros, costureros, zapateros, que se encargan de elaborar o
restaurar las imágenes, la indumentaria, las andas y los pasos que son
necesarias no solo para los símbolos de la procesión, sino también para las
personas que intervienen en su realización, tal como ocurre con cargueros, sahumadores,
síndicos, moqueros, regidores, alumbrantes, músicos, agrupaciones corales,
ñapangas, instituciones educativas de la ciudad, y otro grupo de entidades y
asociaciones. La Junta cuenta con un taller para restauración de imágenes,
andas y doceles, y se complementa con las agrupaciones de artesanos de la
región. La organización del evento, que se celebra desde 1556, se toma todo el
año, y en ella no solo se coordinan las actividades propias de la Semana Santa
sino también talleres para niños en los cuales se los instruye en la
elaboración de imágenes de las procesiones en miniatura. Junto a los colores,
las imágenes y los sonidos musicales, la intervención destaca también los olores
provenientes de las flores, del sahumerio y de la cera derretida de los cirios.
Corporación Jurídica Integral -CJIC
11.
La CJIC interviene para defender la disposición legal cuestionada. En su sentir, el artículo 2 de la
Constitución establece entre otros fines el de proteger las creencias
religiosas de todos los habitantes. Asimismo, de acuerdo con el
artículo 7 de la Carta, es deber del Estado proteger la diversidad étnica y cultural.
En tal sentido, el Estado Laico debe interpretarse no para quitar apoyo a un
evento religioso específico, que cuente con valor cultural sino como un
principio para “otorgar ayuda a todos los que puedan necesitarla”. Finalmente,
afirma que la demanda tiene defectos por manifestar contradictoriamente que los
recursos no deben darse por ley sino por acto de las entidades territoriales.
Junta Permanente Pro-Semana Santa Popayán – Cauca -
Colombia
12. La Junta Permanente Pro- Semana Santa Popayán –
Cauca – Colombia le solicita a la Corte declarar exequible la previsión
cuestionada. Señala que es agrupación a cargo de organizar y poner en marcha la
Semana Santa, pero es una entidad laica sin ánimo de lucro, a la cual pertenece
un grupo amplio de personas no vinculadas al clero, ni dependientes de la
Iglesia Católica. En este sentido, indica que es importante diferenciar en la
Semana Santa de Popayán los ritos y actos litúrgicos celebrados por la Iglesia,
de los actos laicos propios de las procesiones, pues la norma cuestionada se
refiere a estos últimos, en los que participa la Junta, y no a los primeros,
que son responsabilidad de la Iglesia. Reconoce que las procesiones de Semana
Santa tienen entonces un componente religioso, pero asegura que su significado
para la población payanesa, caucana y del mundo trasciende lo religioso, pues
constituye el reflejo de una tradición histórica y cultural con cerca de 460
años. De hecho, subraya que sin perjuicio de sus características durante la
colonia, actualmente estas procesiones “son más cultura y tradición que
manifestación de la religiosidad de un pueblo”. Las procesiones son
portadoras de valor cultural por aspectos inmateriales tales como “el saber
hacer, la tradición oral, los imaginarios y las percepciones sensoriales, todo
lo cual se plasma en lo material, a saber, las imágenes, las tallas, los
vestuarios, el desfile procesional, entre otros”. La participación en las
procesiones no está, por lo demás, limitada solo a los feligreses sino que de
hecho en ella participa cualquier persona, con independencia de su religión.
Precisamente por su valor cultural las procesiones de Semana Santa en Popayán fueron
declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.
13. La intervención enfatiza en que, conforme a lo
anterior, la norma no contradice la Constitución, tal como esta ha sido interpretada
por la jurisprudencia, por cuanto en la financiación pública de las procesiones
de Semana Santa en Popayán el objetivo principal o protagónico es el fomento de
una manifestación cultural, histórica y con repercusiones turísticas y
económicas, y no la exaltación de una religión o culto religioso. De hecho,
sostiene que este caso se diferencia del resuelto recientemente en la sentencia
C-224 de 2016, en la cual se declaró la inexequibilidad de una disposición que
autorizaba asignar presupuesto para la financiación de la Semana Santa en
Pamplona. En su concepto, en este caso, primero, estamos ante una manifestación
declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, lo
cual no ocurría con las procesiones de Semana Santa en Pamplona. Segundo, en
esta ocasión la recepción de las finanzas públicas le corresponde a una Junta
de integración laica, mientras en la C-224 de 2016 se hizo notar la presencia
notoria de la arquidiócesis de Pamplona. Tercero y último, en la exposición de
motivos de la norma cuestionada el elemento cultural es dominante, a diferencia
de lo que se observó en la Ley sobre procesiones en Pamplona, donde el objetivo
era el fortalecimiento de la religión católica. Finalmente, la Junta señala que
las procesiones de Semana Santa en Popayán aportan un importante flujo de
recursos al municipio y al departamento, y por lo demás afirma que si no es por
la financiación estatal habría un riesgo objetivo de no poder realizarse en el
futuro:
“[l]a inversión de recursos públicos en las
Procesiones de Semana Santa, como industria cultural, no solo constituye una
expresión de la necesaria salvaguardia de una tradición y patrimonio cultural
inmaterial. En efecto, si bien es fundamental el apoyo del Estado como ente que
impulsa y permite la preservación de nuestro patrimonio, cultura y tradición, a
su vez, la celebración de las Procesiones le generan a la ciudad de Popayán,
ingresos superiores a los $26.900.000.000, de acuerdo con el ‘Estudio de
Impacto económico de Procesiones de Semana Santa’, realizado en el año 2005,
por el economista Hugo Eduardo Muñoz Muñoz || Importante mencionar, que la
realización de las Procesiones de Semana Santa de Popayán no reciben recursos
de la Iglesia Católica, sino únicamente del Estado colombiano, de particulares
y de la empresa privada. No obstante, la principal fuente de recursos para
salvaguardar este Patrimonio Cultural proviene del Estado colombiano, a tal
punto, que sin ellos sería imposible mantener el acto cultural y se amenazaría
tanto el Patrimonio Inmaterial que él encierra, así como también los bienes
materiales que hacen parte de él, como son las imágenes, estatuas y los objetos
museológicos que integran el desfile procesional”.
14.
Al memorial de la Junta, se
anexan oficios de apoyo de distintas entidades de Popayán y del Cauca como la
Alcaldía de Popayán, Cotelco, Funcodesa, Univolca, Acopi, Mesa Sectorial de
Patrimonio y Consejo Gremial y Empresarial del Cauca. También se adjuntan
copias de diversos documentos: los Estatutos de la Fundación Junta Permanente
Pro Semana Santa de Popayán,  una publicación denominada De las Procesiones de
Semana Santa de Popayán (1958), artículo de J.M. Vergara y Vergara titulado ‘La
Semana Santa en Popayán’ (Siglo XIX), artículo de Guillermo Valencia titulado
‘Las Procesiones de Popayán’ (1937), artículo de José María Arboleda sobre
Popayán y la Semana Santa (Siglo XX), tres artículos del libro 450 años
Procesiones Semana Santa Popayán. Memorias 2006, que recoge las ponencias
de Hugo Eduardo Muñoz Muñoz titulada ‘Impacto Económico de las Procesiones de
Semana Santa en Popayán’, de María Cecilia Velásquez López titulada ‘Las
procesiones de Semana Santa: el enfoque antropológico y la visión histórica’,
de Hedwig Hartman Garcés titulada ‘Apuntes Específicos’. El anexo trae la
Decisión por medio de la cual UNESCO declaró las Procesiones de Semana Santa de
Popayán como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y el Informe Sobre
la Implementación de la Convención y el Estado de los Elementos Inscritos en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
2014-2015. Por último se adjuntan convenios celebrados por la Junta Permanente
Pro Semana Santa de Popayán con entes públicos.
Universidad del Cauca
15. El Rector Delegatario de la Universidad del Cauca
considera que la norma se ajusta a la Constitución. Sostiene que si bien las
procesiones de Semana Santa en la ciudad de Popayán se consolidaron en 1556
como una manifestación religiosa por una influencia directa de los conquistadores
españoles, hoy constituye una práctica objeto de la proyección social y
cultural de la región. Aseguró que “las expresiones culturales nutren los
procesos sociales con los calores que hoy fortalecen las familias caucanas, en
torno a la tradición con legado generacional”. Señaló que la labor de la
junta Permanente Pro – Semana Santa, surgió como una iniciativa de las
autoridades públicas locales contando con la aprobación por ordenanza por parte
de la Asamblea Departamental del Cauca. Añadió que los cargos ejercidos por los
representantes, directivos y miembros de los comités no tienen ningún tipo de
remuneración.
Academia de Historia del Cauca
16.
La Vicepresidenta de la Academia de Historia del Cauca presentó concepto técnico histórico y
antropológico acerca del significado de las procesiones de Semana Santa para la
ciudad de Popayán[1].
Ubicó el origen de estas manifestaciones a mediados del siglo XVI, a raíz del
contacto de la población nativa con los colonizadores españoles, quienes
obligaron a los primeros a la observancia de los preceptos de la religión
católica, buscando la eliminación de cultos preexistentes. Esta práctica se
convirtió en un factor de cohesión pues “el ejercicio de la espiritualidad
se trasformó en el refugio anímico ante las condiciones difíciles de
supervivencia” la cual desde hace cuatrocientos sesenta (460) años hace
parte de la conciencia colectiva. Aseveró que “independientemente de los
rituales consagrados para la celebración litúrgica de la semana santa según los
preceptos de la iglesia católica, las procesiones han sido y son organizadas
por laicos, quienes han cuidado la preservación de esta tradición  que se
constituye en impronta de la cultura local”, liderada desde 1937 por la
Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa. Por último, subrayó que tales
festividades son de singular importancia para los payaneses que buscan su
inserción en la Lista Representativa del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO.
Organizaciones civiles, gremiales y comunitarias del
Cauca y Popayán
17. La Unión de Voluntariados del Cauca, Cotelco, la
Mesa Sectorial del Patrimonio Nacional, Funcodesa, El Consejo Gremial y
Empresarial del Cauca, interviene para respaldar la norma. Los ciudadanos
Adolfo León Montilla, José Rodrigo Sánchez A., Guillermo Fernández Arroyave,
Jallud Martínez Tobar, Beatriz Castillo de Tarlín, Martha Lucía Cerón Pino,
José Manuel Vargas, Isabella Victoria Rojas, en su condición de voceros de
gremios de la producción y servicios del departamento de Cauca, intervienen
para oponerse a la demanda.
Intervenciones ciudadanas
18.
El ciudadano Ramiro Cubillos Velandia solicita declarar inexequible la norma. Para ello indicó que la Constitución
establece un régimen de Estado laico, con las implicaciones que esa asunción
conlleva, precisadas en las sentencias C-817 de 2011 y C-948 de 2014. Luego de
indicar que dentro del texto de la Ley 891 de 2004 no se establecía cuál era el
objeto de la ley, se refirió a sus antecedentes para señalar que aun cuando se
pretende darle un tinte cultural al proyecto de ley, es claro su carácter
religioso toda vez que tiene por finalidad la protección y apoyo a una
festividad propia de la religión católica como lo es las procesiones de Semana
Santa. En ese sentido, la adopción de medidas por parte del Estado a favor de
cierta religión no es permisible porque ello iría en contra de lo dispuesto en
los artículos 19 de la Constitución Política (libertad de cultos) y los
artículos 1, 2 y 12 numerales 1, 2 y 3 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, esto es, al desconocer los derechos de los demás grupos, sectas,
tendencias o visiones religiosas.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
19. El Procurador General de la Nación, en su Concepto
6046, le pide a la Corte declarar exequible la disposición demandada. Sostiene
en primer lugar que las Procesiones de Semana Santa de Popayán fueron
declaradas como parte del patrimonio cultural inmaterial de la Nación, y que en
tal virtud forman parte de la cultura. Por lo mismo, se hacen acreedoras de
protección institucional, en virtud del deber que a este respecto les asigna la
Constitución al Estado y las personas. Ahora bien, la Constitución no precisa
qué clase de protección debe ofrecerse a las manifestaciones de la cultura,
razón por la cual el legislador tiene en este aspecto un amplio margen de
decisión, dentro del cual puede escoger razonablemente la protección por la vía
de autorizar la asignación de partidas presupuestales. Esta técnica de
salvaguardia, que en general es legítima, es válida también para los
componentes del patrimonio cultural que tienen un referente religioso, pues si
bien la Constitución acoge un modelo de neutralidad en materia religiosa, la
Ley estatutaria 133 de 1994 y la sentencia C-088 de 1994 han señalado que esto
no significa que el Estado sea ateo, agnóstico o indiferente a los sentimientos
religiosos de los Colombianos, los cuales deben ser protegidos. Además, como la
Constitución expresamente prohíbe la discriminación con base en motivos
religiosos (CP art 13), resulta discriminatorio asumir que existe un deber de
proteger la riqueza y la diversidad cultural, excepto cuando esta tenga un
referente religioso. El Jefe del Ministerio Público le solicita a la Corte
entonces, conforme a lo anterior, cambiar la jurisprudencia establecida en la
sentencia C-224 de 2016, en la cual se declaró inexequible una norma similar
para las Procesiones de la Semana Santa de Pamplona, la cual en su criterio va
en contravía de lo indicado.
VI. AUDIENCIA
PÚBLICA
20. Mediante auto 397 del 31 de agosto de 2016 fue
convocada, por decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, una
audiencia pública para el 26 de septiembre de este año, a la cual fueron
invitados a asistir los siguientes ciudadanos y expertos, en su calidad de
tales o de representantes de entidades o agrupaciones con interés en el
proceso:
Felipe Velasco Melo, representante de la Junta
Permanente Pro Semana Santa de Popayán. El representante de la Junta Pro Semana Santa de
Popayán defendió la constitucionalidad de la norma demandada, esencialmente con
base en 4 supuestos. (i) Los actos de celebración de la semana santa en esta
ciudad son aconfesionales, pues no se exige ningún requisito de tipo religioso
para ser parte activa de los mismos. (ii) Se trata de eventos que van dirigidos
a la población en general, sin distinción de fe, por lo que debe catalogarse
como una tradición cultural representativa del arraigo de los payaneses, lo
cual se evidencia, inclusive, en la estructura arquitectónica del centro urbano
de la municipalidad, cuyas trazas están diseñadas especialmente para la ruta
procesional de semana santa. (iii) En la organización de las procesiones no
participa de ninguna manera la iglesia católica, pues ello es tarea exclusiva
de la Junta Pro Semana Santa, una institución de naturaleza laica. Por ello, de
los rubros asignados por el Ministerio de Cultura el clero nunca se beneficia,
ni directa ni indirectamente.  (iv) Siendo una expresión eminentemente
cultural, estos festejos en Popayán deben ser objeto de cuidado, preservación y
apoyo por parte del Estado, debido a que ello se enmarca dentro de sus deberes
de mantenimiento del patrimonio inmaterial, no sólo de la nación sino del
mundo, como lo ha catalogado la Unesco desde el año 2009 respecto de las
procesiones payanesas, y máxime si se tiene en cuenta que esta misma
organización internacional desde el año 2016 vinculó a Colombia como uno de los
tres miembros del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural e Inmaterial.
Ciudadano Juan Manuel Mosquera Dupont, Dirección del
Festival de Música Religiosa de Popayán. El interviniente participa en el proceso con el fin
defender la exequibilidad de la norma. Relata que el festival de música
religiosa de Popayán nació en el año de 1964, gracias al impulso de un grupo de
jóvenes amantes de la música culta. Desde su creación se han realizado 53
ediciones ininterrumpidas, que lo convierten en el más antiguo de américa y el
tercero en el mundo, en los que han participado un sinnúmero de artistas
nacionales e internacionales, que llevado a todo público una nutrida muestra de
la música universal en diversos escenarios, a los cuales es posible acceder de
manera gratuita en no menos del 80% de actividades y eventos. Resalta que el
festival es un escenario abierto y pluralista que, si bien nació como un
complemento académico y cultural de las procesiones de semana santa, no busca
favorecer a la religión católica en específico, pues su función está ligada al
fortalecimiento de la actividad musical y generar una oferta cultural al sur
del país. El festival ha dado cabida a diversas expresiones culturales y
religiosas, como son la música tradicional de la República Islámica de Irán y
marroquí; música Celta, Sefardí e incluso música luterana de agrupaciones
provenientes de la República Federal de Alemania. También ha sido el escenario
de debut de múltiples grupos de cámara y solistas, y ha contribuido a la formación
profesional de los jóvenes músicos, pues muchos de los artistas internacionales
que hacen sus presentaciones, también han impartido cátedras magistrales a los
educandos. El festival ha ayudado a la creación otras actividades culturales en
la región, pues propició la fundación del coro de la cámara de Popayán, que
cumplió medio siglo de actividad y del festival de música clásica de Santander
de Quilichao, que cumple 26 años de creación. En la actualidad se está
trabajando en la puesta en marcha de la orquesta de cámara de Popayán. Con
motivo de sus cuarenta años fue inscrito por la Unesco como certamen de interés
cultural y ha sido reseñado por la OEA en el catálogo musical de américa; el
ministerio de comunicaciones y la administración postal se vincularon con la
emisión de una estampilla. En el año 2003, el municipio de Popayán lo declaró
patrimonio cultural intangible de la ciudad; en el 2004 fue declarado
patrimonio cultural y en el 2013, se convirtió en el único en toda américa en
realizar 50 versiones ininterrumpidas, lo que conllevó a que el ministerio de
cultura le otorgara su máxima distinción.
Ciudadano Ferney Yesyd Rodríguez Vargas, Corporación
Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo. El Director de la Corporación Bogotana
para el Avance de la Razón y el Laicismo, peticionó a la Corte Constitucional
la declaratoria de inexequibilidad del artículo 4 de la ley acusada.  A su
juicio, los recursos públicos no deben destinarse a solventar actividades
religiosas de un credo en particular, en este el de la iglesia Católica,
Apostólica y Romana, aunque dichas actividades hayan sido declaradas patrimonio
inmaterial de una Nación.  Agregó que la Corte debe seguir el llamado de su
propia jurisprudencia pues en casos similares al que nos ocupa se ha
salvaguardado la neutralidad del Estado en asuntos religiosos, es decir, la
laicidad.
Gustavo Wilches Chaux, experto. Luego de exponer la relación histórica de
las grandes festividades nacionales y mundiales con su origen religioso, tales
como las celebraciones de Halloween, San Pacho en Quibdó (Nariño), las
“Balsadas de Guapi” en el Cauca, la navidad, el Festival de Blancos y Negros en
Pasto (Nariño), y la realización de los grandes carnavales como preparatorios
de la época católica de la cuaresma (por ejemplo los de Barranquilla y Río de
Janeiro), el profesor Wilches se opuso a las pretensiones de la demanda por
considerar que las procesiones realizadas con ocasión de la semana santa en
Popayán no obedecen de ninguna manera a un interés exclusivamente religioso,
sino, por el contrario, a una tradición cultural, en tanto manifestaciones
populares y producto de “un comportamiento emergente”. Como explicación de lo
anterior, el experto señaló que las celebraciones payanesas deben ser vistas,
más que como una forma de adoración confesional, como una muestra de la
importancia del mito en la vida humana, entendido éste como el “cimiento que da
sentido a la existencia y que va más allá del contenido confesional”, tal como
lo desarrolló el teórico Thomas Mann. Asimismo, el profesor Gustavo invitó a
entender estas manifestaciones como una muestra religiosa, pero no en el
sentido clerical, sino en el sentido estrictamente etimológico, según el cual
“religión” se relaciona con “religar”, o “reconectarse con el significado
sagrado del cosmos”. Asimismo, indicó que no es posible establecer una relación
rígida entre las procesiones de Popayán y la iglesia católica, pues
históricamente también ha habido oposición de la segunda respecto de las
primeras. A manera de ejemplo, el académico relató cómo para el año 1988 el
arzobispo de entonces prohibió la participación de su iglesia en estos eventos,
por ser consideradas un rito pagano. Además, sostuvo que la Corte no debe
acceder a la declaratoria de inexequibilidad de la disposición acusada, pues
sería incorrecto establecer una separación tajante entre lo público y lo
colectivo, y de esta manera impedir que el Estado se vincule con la unidad de
sus gentes, lo cual iría en contravía de la nueva gobernabilidad, orientada hacia
la construcción de identidad. Finalmente, expuso que si se admitiera la tesis
de la inconstitucionalidad, no sólo tendría que propenderse por la supresión
del apoyo estatal a las procesiones de semana santa, sino también al de los
festejos navideños (evitando espectáculos de pólvora e iluminaciones), a la par
que se tendrían que eliminar las estrofas del himno nacional que hacen
referencia de algún modo a elementos religiosos.
Profesora
Zamira Díaz López – Presidenta de la Academia Colombiana de Historia del Cauca.
En su exposición, la ciudadana se
refiere a la conquista e hispanización de la región caucana, que trajo consigo
entre otros aspectos un proceso de costumbres, creencias y las instituciones
propias de la Corona Española, tales como el Cabildo y el Regio Patronato que
dieron origen a la realización de las procesiones en la ciudad de Popayán. Los
documentos históricos existentes, revelan que esas instituciones coloniales
recaudaban recursos para la financiación de las festividades de semana santa,
en particular para la elaboración de imágenes, obras de arte, entre otros, que
hoy en día conforman el patrimonio cultural de la ciudad y del país. Resalta
que el origen de las procesiones en Popayán es laico y se caracterizó por ser
una expresión cultural que congregaba gentes de distintos orígenes. Agrega que
la realización de esta festividad siempre fue independiente de los poderes
civiles y religiosos, y con el pasar de los años ha generado una riqueza
inmaterial para la región.
Juan Luis Mejía Arango, Rector de la Universidad EAFIT,
experto. El rector de la
Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía, considera que de la declaratoria como “patrimonio
cultural nacional de Colombia de las Procesiones de Semana Santa y el Festival
de Música Religiosa de Popayán, capital del departamento del Cauca”,
prevista en el artículo 1º de la Ley 891 de 2004, surgen determinadas
obligaciones estatales de destinar recursos materiales y logísticos para su
conservación, salvaguarda y protección, sin que se requiera de norma adicional
que lo ordene. Por lo anterior, afirmó que el artículo 4º acusado, no solo es
constitucional sino superfluo e innecesario.  Por lo anterior, solicitó a la
Corte declarar la exequibilidad de la norma demandada.
Profesora Ana María Bidegaín, de la Universidad
Internacional de la Florida (Florida International University), experta. Señaló que en Occidente la religión
católica tuvo una fuerte influencia y como herencia dejó el arte. La iglesia
cristiana desde hace años usaba el arte para educar porque la mayoría de la
población era analfabeta. Por ello los museos, las catedrales, las iglesias
coloniales están llenas de imágenes y pasajes bíblicos en las diversas
representaciones artísticas. Las procesiones eran una representación o performance
de estos actos de fe.  Sin embargo, es importante señalar que esos actos si
bien tienen un origen religioso y presentan una simbología religiosa, pueden o
no perder ese significado con el paso del tiempo, pero perdiendo su sentido
espiritual queda el artístico y ese arte pasa a ser parte del patrimonio
cultural. Explicó que los conceptos de laicización y secularización son
diferenciables, aunque están interrelacionados y deben ser analizados al mismo
tiempo. Ambos buscan formas de convivencia, pero frente a realidades históricas
y políticas distintas. La idea de un Estado laico quiere decir sin la
influencia de la religión, y sustentado en la soberanía popular. El proceso de
laicización de un espacio público con independencia de lo religioso es un
fenómeno específicamente debido a una presencia del catolicismo, y por eso el
debate de la laicidad es característicos de los países latinos, muchos de los
cuales le ponen fin con un acuerdo jurídico llamado concordato. La
secularización es entendida como emancipación de la sociedad en sus valores y
sentidos, anteriormente tutelados por la autoridad religiosa, para lograr
autonomía e identidad por fuera del mundo religioso, y hace referencia a lo
sociocultural.  Ha surgido en naciones con fuertes tradiciones protestantes
como Inglaterra o Alemania, en las cuales ya se había dado la separación
Iglesia – Estado. En esos países se aceptó una iglesia nacional plenamente
presente en la espera pública, para facilitar la gobernabilidad, aunque
paulatinamente reconocieron los derechos civiles como valores de la identidad
nacional.  Todavía hoy Noruega e Inglaterra son estados con gran población
protestante. Luego de relatar la evolución histórica de las relaciones
Estado-Iglesia en Latinoamérica afirmó que en Colombia es necesario construir
un Estado laico y democrático, en una situación pluriconfesional, sin
desconocer las tradiciones religiosas en gran parte secularizadas, de sus
ciudadanos.
Profesor Juan Fernando Cobo Betancourt, profesor
Universidad de California (EE.UU), experto. Explicó algunas vertientes historiográficas para el
estudio de la relación entre el periodo colonial y la Iglesia católica, así
como de la proyección de sus impactos actuales en el desarrollo de la vida
local de los contextos colonizados. Propuso a la Corte una visión histórica,
para entender la forma como las celebraciones aparentemente religiosas se
incorporaron de manera estructural en la cotidianidad de los ciudadanos. En lo
que hoy es Colombia, el experto explicó que durante la colonia se buscó la
conversión religiosa a través de la coerción y luego como política de Estado,
lo cual permitió, por ejemplo, el establecimiento de diócesis católicas con
sedes en Popayán, Cartagena y Santa Marta, desde donde se facilitó el dominio
de los pobladores a través de la fe, y con fuerte impacto sobre comunidades
indígenas y afrodescendientes. No obstante, destacó como problemática la
concepción del proceso de incorporación de la fe católica como algo homogéneo.
Se trató del establecimiento de una religión compleja, heterogénea y compuesta,
que trascendía el desarrollo impositivo de ideas teológicas o cosmológicas, por
la variedad de tradiciones y prácticas culturales originarias en la Península
Ibérica y otros lugares de Europa. Según el expositor, teóricamente han variado
las perspectivas historiográficas desde las cuales se observa el periodo
colonial y su vínculo con lo confesional. Sin embargo, visiones contemporáneas
(a las que se vincula el profesor Cobo) propenden por entender el fenómeno
religioso como un proceso complejo, que tiene lugar en distintos niveles
sociales, familiares e individuales y que no implica únicamente la asimilación
de doctrinas teológicas. Es por ello que se buscar ver la religión como una
serie de prácticas insertas en las comunidades, con un amplio impacto en su
cotidianidad. Por lo cual, según el investigador, la Corte no deba asumir un
estudio que tienda a ver la separación entre lo religioso y lo no religioso
como algo dependiente de lo ideológico, sino a partir del impacto cultural e
histórico que su conversión, en épocas coloniales, tuvo sobre la hoy diversa
población que ocupa el territorio.
Profesor Ernesto Montenegro, Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, experto. El ICANH defiende la declaratoria de Patrimonio
Cultural Nacional de las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música
Religiosa de Popayán, como una expresión cultural que genera cohesión social y convivencia
pacífica entre sus habitantes.  Inicia su intervención haciendo alusión a la
influencia de la religión católica en la formación de la identidad cultural de
los colombianos, a pesar de que muchas personas no se declaren practicantes de
ese credo religioso y de la irrupción de la laicidad en la estructura de la
sociedad. Sostiene que ese influjo cultural se vio reflejado con fuerza en la
ciudad de Popayán, en cuyas calles se dio inicio a la tradición de las
procesiones solo 19 años después de ser fundada, que hoy día, más que una
manifestación religiosa constituye expresión cultural autónoma que ha sufrido
transformaciones y mezclas a lo largo de sus cinco siglos de existencia. Desde
el punto de vista de su riqueza material, la festividad conserva varias
imágenes y esculturas de arte quiteño y español que fueron un referente para la
celebración de la semana santa en todo el país. Desde lo social, la semana
santa ha sido un proceso de construcción cultural, que transmite valores, mitos
y de saberes, que han congregado a todos los sectores sociales sin excepción y
las perpetúan como bienes inmateriales de la humanidad.
Ciudadano Luis Miguel Paz Arboleda. El ciudadano intervino en el proceso con
el fin de ilustrar a la Corte de manera pormenorizada las ceremonias más
relevantes que componen la Semana Santa y el vínculo que su familia ha tenido
con la celebración. Resalta la cohesión social que genera dicha festividad en
la sociedad, en tanto permite que personas de distintas edades, creencias y
clases sociales, se unan para celebrar la historia y cultura del pueblo
caucano, lo cual llevó a incluirla en la Lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Profesor Herinaldi Gómez Valencia. Facultad de
Antropología, Universidad del Cauca. Solicitó la exequibilidad de la norma acusada.  Manifestó que las
Procesiones de Semana Santa en la capital caucana son una tradición cultural de
amplio arraigo para el pueblo payanés y está estrechamente ligada a la
idiosincrasia de sus habitantes, afirmación que surge no solo de sus vivencias
personales en la región, sino además fruto de una investigación que realizó
sobre el tema. Agregó que en virtud del artículo 7º de la Carta Magna, es
obligación del Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de
la Nación.  Por ello, es deber del Estado colombiano promover, proteger e
invertir recursos públicos para salvaguardar las actividades propias de la
Semana Santa en Popayán.
Profesor Néstor Iván Osuna Patiño, Departamento de
Derecho Público, Universidad Externado de Colombia, experto. En su concepto, este caso presenta
esencialmente una tensión constitucional entre la obligación estatal de
proteger el patrimonio cultural y la de garantizar la libertad religiosa. Su
solución podría hallarse en los desarrollos que la misma jurisprudencia
constitucional ha agotado cuando ha dispuesto que las relaciones entre el
Estado laico y las instituciones religiosas deben estar enmarcadas
estrictamente por los principios de neutralidad, igualdad y libertad, los cuales
se convierten en los tres criterios que estructuran el test que solucionaría la
tensión. Frente al deber de neutralidad, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional lo ha desarrollado a través de la definición de ciertas
prohibiciones para el Estado, como son la no existencia de credo oficial, no
fomentar una única religión, no adherirse, así sea de manera sólo simbólica, a
una religión; entre otras. En cuanto al deber de igualdad, se parte de que las
medidas estatales no serían constitucionalmente inadmisibles siempre que las
mismas sean extensibles a todas las manifestaciones religiosas o credos, sin
que se le dé importancia a criterios abstractos como el “carácter tradicional”,
el “nivel de arraigo” o el “número de personas que practican un determinado
rito”. Al respecto, es importante tener en cuenta las decisiones sobre
exenciones tributarias, constitucionalidad de los días festivos, entre otras.
Sobre el principio de libertad, si bien existe el criterio general según el
cual todas las confesiones religiosas son libres en su existencia, ello no
implica que el Estado deba asumir una actitud paternalista frente a su
desarrollo, a través de financiación. Es claro a su juicio que cuando hay
manifestaciones con un amplio arraigo cultural claramente su financiación
estatal solo es legítima si el elemento cultural está desligado de lo puramente
religioso. Por el contrario, si la práctica estudiada a la vez de ser cultural
consolida un rito religioso está revestida por la libertad, pero no puede ser
financiada estatalmente porque se afectaría el deber de neutralidad. Respecto
del caso concreto, propone hacer un estudio separado entre el Festival de
Música Sacra y las Procesiones de Semana Santa, pues desde su perspectiva en
las primeras no hay duda de la posibilidad de financiación estatal, debido a su
carácter cultural, mientras que en el segundo se exige hacer un estudio más
detallado desde la experiencia directa con las prácticas, que permita definir
si se trata de expresiones esencialmente religiosas o no.
Profesor Marco Velásquez, Instituto de Estudios
Sociales y Culturales –Pensar- de la Pontificia Universidad Javeriana, experto. Defiende la constitucionalidad de las
normas acusadas. Expresa que a la luz de los artículos 70 a 72 de la Carta, el
Estado tiene el deber de promover y fomentar la cultura y proteger el
patrimonio cultural de la Nación, a través de estímulos para personas e
instituciones para el ejercicio de tales actividades. En ese sentido, sostiene
que la celebración de la Semana Santa y el Festival de Música Religiosa hace
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial que amerita ser protegido, pues
constituye una expresión que la comunidad de Popayán reconoce como parte
integrante de su patrimonio cultural, tal como lo señala el artículo 11.1 de la
Ley 397 de 1997[2].
Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la
memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función
de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A nivel
internacional, el interviniente resaltó que Colombia suscribió la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que si bien no es
vinculante, si puede ser objeto de acciones regulatorias positivas por parte
del Estado. Bajo esa misma línea, afirmó que en Bélgica, España y Brasil se
protegen eventos religiosos y el Estado subvenciona parte de esos eventos, sin
que pueda predicarse un atentado contra la libertad de cultos o de creencias.
Agrega que las normas acusadas no constituyen una discriminación en contra de
otros credos religiosos, pues la Ley 397 de 1997 brinda elementos determinantes
para señalar que en este caso se protege una manifestación cultural,
independientemente de si pertenece o no a la religión católica.
Ciudadano Rubén Darío Quiñones, representante de la
Asociación de Artesanos del Cauca. En su condición de artesano y restaurador de los
elementos materiales que acompañan las procesiones en Popayán, solicita a la
Corte declarar la exequibilidad de la norma demandada, considerando el impacto
que una decisión contraria tendría frente al gremio al que pertenece. Según el
interviniente, el grupo de artesanos que conforma la Asociación por él
representada, y que se encarga de mantener el componente autóctono de las
procesiones, se encuentra en riesgo si se impide que el Estado brinde apoyo
económico, pues la financiación del Ministerio de Cultura está destinada a la
preservación del oficio, más que al mantenimiento de una religión específica.
Para el señor Quiñones, si se observa la inversión de recursos desde la
perspectiva del artesano, es claro que ésta se dirige a la protección de una
práctica claramente cultural, no a un evento litúrgico, pues para desempeñarse
en este gremio nunca se parte de imponer requisitos de tipo confesional.
Profesora María Fernanda Figueroa,
del Departamento de Derecho Público de la Universidad del Cauca. Solicitó la exequibilidad de la norma acusada.  A
su juicio, en el caso concreto la accionante debió plantear la aplicación de un
test de igualdad, si consideraba que se evidenciaba un trato discriminatorio
hacia las demás confesiones religiosas.  Así las cosas, se debía
establecer el análisis de la medida según los elementos de proporcionalidad,
necesariedad, y razonabilidad y eficacia, y a su juicio en la acción referida
no se vulneró la igualdad respecto de otras religiones.
Profesor Theodosios Tsivolas, de la Universidad
Nacional de Atenas, experto. Remitió
un memorial con el fin de exponer la aproximación legal que se observa en
Europa en torno a la protección del legado cultural religioso. En primer término,
asegura que a lo largo de Europa hay tres formas de regular el elemento sagrado
en el legado cultural: (i) darle un tratamiento general dentro del régimen
civil, sin desconocer sus características singulares; (ii) someterlo a reglas
especiales, en particular cuando tienen una asociación religiosa excepcional y
un valor histórico extraordinario; y (iii) sustraerlos del derecho general, a
causa de su carácter funcional único y su asociación con el culto. También hay
diversidad en torno a qué clase de protección se debe extender al legado
cultural religioso, pues en ocasiones consiste en una identificación de los
bienes culturales, y en otras en financiación o subvención de los actos de
conservación o salvaguardia del patrimonio. Son igualmente heterogéneos los
criterios para determinar cuándo un legado con connotaciones religiosas puede
tener valor cultural, pero menciona por ejemplo que al menos en el Tratado
sobre el Funcionamiento de la Unión Europea es claro el deber de conservar y
salvaguardar el patrimonio cultural europeo, incluidos los ritos religiosos y las
tradiciones culturales. En lo que respecta a la financiación, afirma que en
Europa el carácter de legado cultural de un lugar de culto o la dimensión
cultural o histórica de una festividad religiosa, los hacen elegibles para la
subvención con recursos públicos sobre la base del principio de “Neutralidad
incluyente”. Dice al respecto:
“[la Neutralidad incluyente] significa, en esencia,
que hay una sutil distinción entre dos formas de neutralidad religiosa: la
Neutralidad ‘distante’ (distanzierende Neutralität) y la Neutralidad
‘incluyente’ (hereinnehmende Neutralität). Por una parte, en cuanto el Estado
ejecuta tareas no-disponibles como la administración o jurisdicción que caen
dentro del ámbito de su autoridad soberana, la neutralidad religiosa se
manifiesta en su versión ‘distante’: cualquier identificación con creencias
religiosas está prohibida. Por otra parte, dentro de la esfera cultural, la
cual se ubica en la periferia de la soberanía estatal e incluye entre otras la
protección de monumentos y otros elementos culturales, el Estado puede (y debe)
recibir los diversos bienes culturales que han sido creados por diferentes
tradiciones religiosas, y cobijarlos bajo su égida como elementos protegidos
por un legado común. Esta protección puede ser eficiente y consistente con el
axioma de diversidad religiosa y cultural, solo si el Estado reconoce las
diferentes tradiciones religiosas en pie de igualdad (en la medida en que estas
de desarrollen dentro de los límites del pluralismo razonable), y
respete no solo su valor estético e histórico de esos bienes, sino también su
carácter único, religioso, que constituye el rasgo esencial de su estructura
cultural”.
Ministra de Cultura. Remitió un memorial en el cual atendió los puntos para
los cuales fue convocada a la audiencia. Señaló que el Patrimonio Cultural
Inmaterial se determina por: (i) la autoidentificación del patrimonio como
parte de la identidad cultural de sus creadores y portadores, (ii) la constante
reconstrucción como respuesta a la evolución histórica y social de las
comunidades y grupos, (iii) la relación de identidad cultural de estas
comunidades y grupos, (iv) la autenticidad y (v) su relación indisoluble con
los derechos humanos. Las Procesiones de Semana Santa en Popayán no solo reúnen
estas condiciones, sino que además son rituales y actos festivos que la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003)
considera como patrimonio cultural inmaterial. Este carácter no se lo cambia la
conexión indudable que tienen las Procesiones con la religión, pues hay
patrimonio cultural inmaterial de carácter religioso en aproximadamente el 20%
de los sitios y manifestaciones declaradas como Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Además, las Procesiones forman parte del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación, conforme lo dispuso la Resolución 2433 de
2009 del Ministerio de Cultura, habida cuenta de su representatividad (son
expresión de la cultura payanesa), relevancia (trascienden el ámbito regional e
incluso nacional), naturaleza e identidad colectiva (son la expresión cultural
más significativa de la ciudad, alrededor de la cual se desarrollan diversas
actividades sociales y económicas), vigencia (se ha realizado sin interrupción
desde hace siglos) y su aporte a la equidad y la responsabilidad (es un ritual
público, en el cual las personas pueden intervenir con independencia de su fe,
en el cual se asignan responsabilidades). El Ministerio ilustra el monto de las
asignaciones públicas a las Procesiones así:
-
Impuesto Nacional al Consumo a los
servicios de telefonía móvil –por designación al ser manifestación UNESCO.
Recursos destinados a la conservación restauración de la colección de bienes
muebles de Semana Santa, tema prioritario del PES:
AÑO
MONTO
2010
$342,454.138
2011
$201,776,161
2012
[recursos reintegrados]
2013
$238,582.324
2014
$250,048.000
2015
$281,580.000
Total
$1.314.440.623
-
Programa Nacional de Concertación.
Programa del Ministerio de Cultura que busca apoyar, facilitar y hacer visibles
actividades, procesos y proyectos artísticos y culturales. Los recursos son
asignados a proyectos presentados en convocatoria pública a entidades
territoriales, organizaciones e instituciones culturales de todo el país. La
Junta Permanente Pro Semana Santa ha presentado proyectos desde el 2012 y se le
han asignado los siguientes montos:
AÑO
MONTO
2012
$150.000.000
2013
$125.000.000
2014
$128.000.000
2015
$155.000.000
2016
$157.000.000
Total
$715.000.000
-
Evaluación UNESCO. Los Estados
miembros de la UNESCO deben presentar un reporte cada cinco años de la
implementación de la Convención para la salvaguardia PCI en sus países. Entre
estos aspectos se contempla la evaluación de avances en la salvaguardia de los
elementos inscritos en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Para este propósito en el 2014 se le asignaron $5.000.000
a la Junta Pro Semana Santa.
-
Plan de acción 2015 Dirección de
Patrimonio –evaluación del Procesos Especial de Salvaguardia, por el cual se le
asignaron a la Junta Permanente Pro Semana Santa $165.822.000. Plan de acción
2016 Dirección de Patrimonio le asignó $141.795.367.
VII.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en
virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta.
Asunto
previo. Solicitudes de inhibición e integración de la proposición jurídica
completa
2.
En este proceso el Ministerio de Cultura le solicita a la Corte Constitucional
inhibirse de emitir un fallo de fondo, por cuanto en su criterio la acción
pública carece de claridad, especificidad y suficiencia. Señala que la actora
no desarrolla con suficiencia sus cargos, sino que se limita a invocar diversos
preceptos constitucionales y a citar decisiones de la Corte, sin exponer con
precisión por qué se vulneran. Sin embargo, en su defecto, si se emitiera un
fallo de fondo, la norma debe ser declarada exequible. En contraste, las demás
intervenciones y el Concepto del Procurador General de la Nación, así como los ciudadanos
que participaron dentro de la audiencia pública celebrada el 26 de septiembre
de 2016, solicitaron un pronunciamiento de fondo. La Corte Constitucional
coincide con estos últimos, por los motivos que se exponen a continuación.
3.
La demanda identifica sin ambigüedades la norma acusada y los preceptos
constitucionales que considera vulnerados. Sostiene en esencia que al autorizar
a la Nación, al Departamento del Cauca y al Municipio de Popayán para la
asignación de partidas presupuestales con destino a los objetivos de la Ley,
que se relacionan con el desarrollo de las Procesiones de Semana Santa en
Popayán, se desconocen los
principios de neutralidad religiosa, pluralismo religioso, búsqueda del interés
general, igualdad y libertad religiosa, y la prohibición de decretar
donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras
erogaciones, en tanto admite financiar con dineros públicos una forma de culto
adscrita a una religión específica, lo cual en su criterio constituye un
privilegio religioso. En concepto de la Corte este planteamiento es claro y
cierto, pues resulta inteligible y se dirige contra una proposición que
se deriva efectivamente del texto acusado. Además es pertinente, toda
vez que plantea una confrontación entre una norma legal y diversos preceptos de
rango constitucional. Finalmente, esta Corporación considera que la demanda es específica
y suficiente, ya que cuestiona de forma puntual la posibilidad de hacer
asignaciones presupuestales a las Procesiones de Semana Santa en Popayán, por
dirigirse a subvencionar un rito religioso y no los demás, con dineros que son
públicos. Más allá de lo cual, la Sala discrepa de que un ciudadano tenga una
alta carga de argumentación al cuestionar normas que autoricen la asignación de
finanzas públicas para subvención de ritos religiosos, por tratarse de un asunto
que prima facie es apto para despertar dudas razonables de
constitucionalidad.
4. Por otra parte, durante la audiencia pública, la Facultad de Derecho
de la Universidad del Cauca sostuvo que la demandante no integró debidamente la
proposición jurídica, y que declarar inexequible el artículo 4º cuestionado
conduciría a un fallo inocuo, pues si el artículo 1º ya consagra las
Procesiones de Semana Santa de Popayán como patrimonio cultural inmaterial de
la nación, esa sola norma ya es suficiente para activar obligaciones, incluso
de financiación, a cargo del Estado. La Corte Constitucional considera, sin
embargo, que un fallo sobre la norma acusada no sería inocuo. Ciertamente, el
artículo 1º de la Ley 891 de 2004 establece que las Procesiones de Semana Santa
de Popayán son parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Del mismo
modo, en atención a lo previsto en la Ley 397 de 1997 con sus respectivas modificaciones,
ese reconocimiento implica por sí mismo la inclusión de la manifestación en un Régimen
Especial de Salvaguardia, el cual a su vez supone una serie de obligaciones a
cargo del Estado. No obstante, no encuentra esta Sala que ese Régimen
Especial de Salvaguardia esté necesariamente integrado por un deber de
financiación al patrimonio cultural inmaterial, en la forma de asignación
directa de partidas presupuestales. Es entonces la disposición cuestionada la
que establece con claridad que ese Régimen cuenta con ese instrumento de
salvaguardia, y por tanto un juicio sobre la misma no sería inane, pues en caso
de declararse inexequible sería claro que el Plan de Salvaguardia podría
contener una suerte amplia de instrumentos excepto la juzgada inconstitucional,
y en caso contrario quedaría zanjada la discusión en sentido opuesto. El fallo
sería útil a la luz de la Constitución.
5. Por lo anterior, la Corte procederá a emitir un juicio de fondo.
Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
6.
La ciudadana demandante, como se ha dicho, cuestiona la constitucionalidad del
artículo 4º de la Ley 891 de 2004 por cuanto autoriza a entidades estatales de
diversos órdenes a destinar asignaciones presupuestales con el propósito de
cumplir los objetivos allí previstos, que básicamente son los de reconocer,
exaltar, salvaguardar y promover las Procesiones de Semana Santa en Popayán. En
su opinión, la norma acusada tiene el efecto de financiar y fortalecer un culto
religioso, lo cual desconoce los
principios de neutralidad religiosa, pluralismo religioso, búsqueda del interés
general, igualdad y libertad religiosa, y prohibición de decretar donaciones,
gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que
no estén destinadas a satisfacer derechos reconocidos por ley preexistente. Esta
posición fue respaldada durante el proceso por la Corporación Bogotana para el
Avance de la Razón y el Laicismo, la Facultad de Derecho de la Universidad
Externado de Colombia y el ciudadano Ramiro Cubillos Velandia, quienes
sostienen que el Estado puede subvencionar manifestaciones culturales, pero no
puede promover ninguna religión o culto religioso pues lo prohíbe el carácter
laico del Estado, y sin embargo eso es objetivamente lo que hace el precepto
censurado.
7. En cambio, el Ministerio de Cultura, el Procurador General de la
Nación, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la Junta Permanente Pro
Semana, las facultades de Antropología y Derecho de la Universidad del Cauca,
la Academia de Historia del Cauca, la Dirección del Festival de Música Religiosa
de Popayán, la Asociación de Artesanos del Cauca, el Instituto Pensar de la
Universidad Javeriana, la Corporación Jurídica Integral, la Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, así como los ciudadanos Juan Luis Mejía
Arango y Gustavo Wilches Chaux, quienes fueron convocados como expertos en la
materia, sostienen que el precepto debe ser declarado exequible. Si bien sus
argumentos y aproximaciones son diversas, en general puede observarse una
amplia coincidencia en torno a que las Procesiones de Semana Santa de Popayán
tienen objetivamente una excepcional importancia cultural, habida cuenta no
solo de su amplio arraigo histórico y el valor artístico de los objetos que se
exhiben en su desarrollo, sino de una gama más amplia de factores. Las
intervenciones destacaron que las Procesiones de Semana Santa en Popayán
trascienden el fenómeno religioso, pues son una práctica colectiva de autoidentificación
de los payaneses, constituyen un hito en la construcción de su memoria común,
cohesionan a la colectividad en fechas muy precisas, han propiciado la creación
de toda una rica gama de nuevas convenciones, vocablos, recorridos, momentos
históricos, y además su desarrollo ha favorecido el florecimiento de
expresiones artísticas como la música, la pintura, la restauración de imágenes,
las artesanías, la orfebrería, la ebanistería, el arte floral, entre otras. Al
ser una manifestación cultural, reconocida además como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad y de la Nación, es elegible para una financiación
con dineros públicos. No reconocérsela, por cuanto tiene un referente
religioso, constituiría según esta posición una discriminación con base en la
religión, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución.
8.
Aunque la demanda plantea una vulneración de diversas disposiciones
constitucionales, la Corte considera que sus cuestionamientos y los argumentos
de las intervenciones le plantean el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera el
legislador los principios de
neutralidad religiosa, pluralismo religioso, búsqueda del interés general,
igualdad y libertad religiosa, y prohibición de decretar donaciones, gratificaciones,
auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén
destinadas a satisfacer derechos reconocidos por ley preexistente (CP arts 1, 2, 13, 19 y 136-4) al autorizar al Estado para
asignar partidas presupuestales con el fin de reconocer, exaltar, promover y
salvaguardar la celebración de un ritual colectivo (las Procesiones de Semana
Santa en Popayán) que aparece estrechamente vinculado con una religión
específica, en un contexto en el cual dicha manifestación acredita suficientemente
su valor cultural, ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la
Nación y de la Humanidad?[3]
9.
Antes de resolver el problema jurídico, la Corte lugar describirá el contenido
de la disposición acusada en su contexto jurídico actual. Luego examinará los
cargos, dentro del marco de la cuestión identificada.
La
autorización para asignar partidas presupuestales contemplada en el precepto
acusado. Declaración de las Procesiones de Semana Santa en Popayán como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y la Humanidad
10.
El artículo 4º de la Ley 891 de 2004, demandado en esta oportunidad, establece
que las administraciones nacional, departamental del Cauca y municipal de
Popayán quedan “autorizadas
para asignar partidas presupuestales en sus respectivos presupuestos anuales,
destinadas a cumplir los objetivos planteados en la presente ley”. La disposición también prevé que el
Gobierno Nacional puede impulsar y apoyar ante los Fondos de cofinanciación y
otras entidades públicas o privadas la obtención de recursos adicionales con el
mismo objeto. Finalmente precisa que las apropiaciones autorizadas dentro del
Presupuesto General de la Nación “deberán contar para su ejecución con
programas y proyectos de inversión”. Como se observa, las asignaciones
presupuestales y los recursos por los cuales interceda el Gobierno Nacional se
han de destinar a los “objetivos planteados en la presente ley”. Si bien
la Ley referida no enuncia separada, expresa y detalladamente cuáles son esos
objetivos, puede observarse que son en esencia los siguientes:
i. El reconocimiento y la exaltación de
las Procesiones de Semana Santa y del Festival de Música Religiosa de Popayán,
como patrimonio cultural (art 1º), y la declaración como monumento nacional
y patrimonio cultural el Inmueble identificado en la nomenclatura urbana de la
ciudad de Popayán, departamento del Cauca, con el número 4-51 de la calle 5ª
(art 2º);
ii. La salvaguardia de ambas manifestaciones
como expresiones culturales, por medio de su inclusión en el Patrimonio
Cultural de la Nación y del reconocimiento de estímulos otorgados a través de
la Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán, y previo concepto del
Ministerio de Cultura, a los creadores, gestores y promotores de las
tradiciones culturales de las Procesiones de Semana Santa y del Festival de
Música Religiosa de Popayán (art 3º). Los estímulos mencionados serán los
previstos en el artículo 18 de la Ley 397 de 1997, consisten esencialmente
en la creación de bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos,
festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos
dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de
divulgación cultural, incentivos y créditos especiales. La salvaguardia a su
vez es una medida de protección orientada a garantizar la viabilidad y
revitalización de la manifestación, lo cual supone asegurarle instrumentos de
amparo en un contexto que posibilite su desarrollo colectivo espontáneo y libre
(arts 1 y 4º).
11. Al momento de expedirse la Ley 891 de 2004 estaba
en proceso un trámite de reconocimiento de las Procesiones de Semana Santa en
Popayán como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante UNESCO.[4] Para ese
entonces, Colombia aún no había aprobado y ratificado la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyo texto fue concluido por
UNESCO en el año 2003, hechos que solo tuvieron lugar posteriormente mediante
la Ley 1037 de 2006, controlada por la Corte en la sentencia C-120 de 2008, y
la ratificación ocurrida el 18 de marzo de 2008. Por otra parte, fue en la
Cuarta Sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, acaecida en Emiratos Árabes Unidos en septiembre y octubre
de 2009, cuando a través de la Decisión 4. COM 13.29 UNESCO resolvió que las
Procesiones de Semana Santa en Popayán “satisfacen los criterios para la
inscripción en la Lista Representativa [del Patrimonio Cultural de la
Humanidad]”.[5]
Fue también en el año 2009 cuando las Procesiones de Semana Santa en Popayán
fueron incluidas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Nación y se aprobó para ellas un Plan Especial de Salvaguardia, mediante
la Resolución 2433 del 24 de noviembre del Ministerio de Cultura. Es importante
resaltar las consideraciones que se plasmaron en cada uno de esos actos, en
torno al valor cultural de las Procesiones de Semana Santa en Popayán:
11.1. UNESCO agotó el procedimiento de evaluación de
las Procesiones de Semana Santa en Popayán, tras lo cual extrajo las siguientes
conclusiones.[6]
Señaló en primer lugar que las Procesiones han sido desarrolladas y
transmitidas de generación en generación por las comunidades payanesas, y en
virtud de ellas se ha formado un cuerpo específico de conocimientos reflejado
en técnicas y concepciones, y en la promoción de cohesión social y diálogo. En
segundo lugar, destacó que la inscripción de las Procesiones en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad puede
contribuir a reforzar su visibilidad y a crear conciencia sobre el valor del
patrimonio cultural intangible en diferentes niveles, mientras se asegura su
salvaguardia y se promueve el mutuo respeto y el diálogo entre diferentes
culturas. En tercer lugar, propuso medidas viables de salvaguardia, incluidas
las de elevación de la conciencia sobre la importancia del patrimonio y
preservación de las obras de arte, con el compromiso de la comunidad concernida
y de las autoridades nacionales y locales respectivas. En cuarto lugar, resaltó
que la solicitud de inclusión de las Procesiones en la referida Lista presupone
el consentimiento libre e informado, y la actuación coordinada, de las
organizaciones comunitarias interesadas y las instituciones académicas. Finalmente
señaló que el elemento era inscrito en el grupo patrimonial de las
manifestaciones culturales en evolución.
11.2. El Ministerio de Cultura, por su parte, en la
Resolución 2433 de 2009 resaltó de las Procesiones su representativa de
la cultura de la comunidad Payanesa, la cual expresa en distintos sentidos su
relación con las Procesiones, y respecto del acto señaló que constituye un “espacio
integrador, dinámico, solidario, recreador de imaginarios, de tradición, de
identidad, de cohesión, de reencuentros”. También destacó su relevancia
“en el componente espiritual indispensable en la vida de todo ser humano”,
representado en la “conservación y en el orgullo de ser portador de un
bagaje cultural Inmaterial, multisecular, único e irrepetible volcado de la
mejor manera en la belleza material que escenifica toda la construcción mental
que hay tras esta manifestación cultural, de estos escenarios simbólicos que
configuran su existencia”. Declaró que las Procesiones proveen a definir la
naturaleza e identidad colectiva, pues son “la expresión local más
significativa a propósito de la cual se desarrollan actividades con injerencia
en los campos social y económico”. Reconoció también su vigencia, ya
que se celebran cada año “ininterrumpidamente desde […] 1556”, y
actualmente en dos versiones: una con la participaci6n de adultos en la Semana
Mayor, y otra versión en la semana siguiente o de Pascua, consistente en
réplicas exactas a las de la primera pero a escala infantil (conocidas como Procesiones
Chiquitas). Finalmente subrayó que las Procesiones se desarrollan en un marco de
Equidad y Responsabilidad, toda vez que la Junta Permanente Pro
Semana Santa, a cargo de organizarlas, siempre cuenta con Asesores calificados
e idóneos para adelantar éstos procesos, y las manifestaciones cuentan con la
participación de la comunidad.
12. Tras esta presentación, la Corte pasa a resolver
el problema jurídico.
La constitucionalidad de subvenciones públicas al
patrimonio cultural con referentes religiosos. Unificación de jurisprudencia
sobre la materia
13. En este caso parece haber un acuerdo esencial en
todas las intervenciones en torno a que la Constitución y los tratados
internacionales sobre la materia reconocen deberes de protección y salvaguardia
de la riqueza y la diversidad cultural. Sin embargo, la discrepancia surge en
cuanto esa presunta riqueza cultural está contenida o es predicado de una
manifestación colectiva directamente asociada con una religión, como es el caso
de las Procesiones de Semana Santa en Popayán. Por un lado, la demandante y
quienes coadyuvan la acción pública sostienen que la subvención de Procesiones
promueve inexorablemente la religión que las origina y les da su actual sentido
sacro, lo cual no solo es incompatible con la neutralidad religiosa del Estado,
sino además con los principios constitucionales de pluralismo, libertad e
igualdad de cultos, y con la prohibición de efectuar a personas o entidades
donaciones o auxilios no previstos en la ley (CP arts 1, 2, 13, 19 y 136-4). Por
otro lado, quienes se oponen a la demanda consideran que el deber
constitucional de proteger las riquezas culturales no excluye las manifestaciones
religiosas. De hecho, señalan que sustraer estas últimas del régimen
constitucional de protección cultural solo por su relación con lo religioso,
vulnera la Constitución pues esta prohíbe la discriminación con base en
factores religiosos (CP art 13).
14. La Sala está entonces ante la necesidad de
resolver, en primer lugar, (a) si el legislador puede autorizar la financiación
pública de manifestaciones culturales que tienen un vínculo causal,
circunstancial y simbólico objetivo con una religión. En caso afirmativo, (b)
debe precisar bajo cuáles límites y parámetros puede hacerlo. Una vez definido
lo cual, debe decidir (c) si en este caso el Congreso transgredió esos límites,
y obró conforme a esos parámetros.
a. La facultad del Congreso para autorizar la
financiación pública del patrimonio cultural inmaterial, aun cuando tenga
relaciones actuales, objetivas y relevantes con el hecho religioso
15. La Constitución establece toda una serie de
principios orientados a la protección de la cultura, a partir de los cuales es
razonable inferir que el Estado puede, legítimamente, autorizar la financiación
pública de manifestaciones culturales. La Carta Política prevé entre los fines
esenciales del Estado el de facilitar la participación de todos “en las
decisiones que los afectan y en la vida […] cultural de la nación”
(CP art 2). Establece que el Estado “reconoce y protege la diversidad […]
cultural de la nación colombiana” (art 7). Declara como obligación del
Estado y de las personas “proteger las riquezas culturales […] de la
nación” (art 8). Consagra el derecho de los niños a “la cultura”
(art 44). Contempla entre los fines de la educación “el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura” (art 67). Estatuye que el Estado tiene el deber “promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades”, y destaca que “[l]a cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, por lo cual el Estado
debe promover “el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
nación” (art 70). Contempla el deber estatal de incluir en los plantes de
desarrollo el fomento “a la cultura”, y el de crear “incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología
y las demás manifestaciones culturales”, así como el de ofrecer estímulos
especiales a personas y entidades que ejerzan estas actividades (art 71). Declara
que “[e]l patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del
Estado”, y que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales “pertenecen
a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles” (art 72).
Finalmente expresa que es deber de todas las personas “[p]roteger los
recursos culturales y naturales del país” (art 95-8).
16. El Estado colombiano aprobó además Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante Ley 1037 de 2006, que
es un tratado de derechos humanos (en adelante la Convención). En efecto, la
Convención referida versa sobre derechos culturales, los cuales han sido incorporados
y reconocidos en diversos instrumentos internacionales como derechos humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda
persona a “tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”
(art 27). El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales
(PIDESC), lo mismo que el Protocolo de San Salvador, declaran que toda persona
tiene derecho a “[p]articipar en la vida cultural” y establece que los
Estados deben adoptar las medidas necesarias “para
la conservación, el desarrollo y la difusión” de la cultura y el arte” (arts 15 y 14 respectivamente). La
Observación General 21, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la ONU en la interpretación del artículo 15 del PIDESC señala
expresamente que “[l]os derechos culturales son parte integrante de los
derechos humanos”. La Declaración
Friburgo sobre ‘Los Derechos Culturales’, emitida por un grupo de
expertos internacionales sobre la materia, reconoce expresamente que los
derechos culturales “son esenciales para la dignidad humana; por ello forman
parte integrante de los derechos humanos”. En consecuencia, las normas
sobre protección cultural establecidas en la Constitución deben interpretarse
de conformidad con lo previsto en la Convención, pues el artículo 93 Superior
establece que “[l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”.
17. Con fundamento en lo anterior, debe tenerse en
cuenta que la Convención define el patrimonio cultural inmaterial en un sentido
amplio, comprehensivo de “los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes-
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural” (art 2.1).  Este patrimonio cultural
inmaterial se caracteriza porque “se transmite de generación en generación,
es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (ídem).
El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta además en “a) tradiciones y expresiones orales, incluido el
idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos
festivos; d) conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza y el universo; e)
técnicas artesanales tradicionales” (art 2.2). Los Estados partes de
la Convención adquieren el deber jurídico de salvaguardar el patrimonio
cultural individual, entendiendo por salvaguardia un conjunto de medidas tales
como “la identificación, documentación, investigación,
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión […] y
revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos” (art 2.3 y
11), lo cual debe hacer con participación de las comunidades, grupos y
organizaciones pertinentes. En particular, la Convención estatuye como una obligación
de salvaguardia la de “adoptar las medidas de orden jurídico, técnico,
administrativo y financiero adecuadas”, entre otras, “garantizar el
acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos
consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho
patrimonio” (art 13.d)
18. Como se observa, la Constitución no solamente
reconoce el deber estatal de promover la participación en la vida cultural, y
de proteger la diversidad cultural y las riquezas culturales (arts 2, 7, 8, 44,
67, 70 y 71). Además, expresamente declara que “[e]l patrimonio cultural de
la nación está bajo la protección del Estado” (CP art 72). Ahora bien, por
ser este un derecho cultural, contenido en el catálogo de derechos de la
Constitución, las nociones de “patrimonio cultural” y “protección”
deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial regula precisamente un derecho cultural, y los derechos culturales
han sido incorporados y reconocidos como derechos humanos en diversos
instrumentos internacionales, razón por la cual sus disposiciones informan la
interpretación de los derechos constitucionales. En la Convención aparece que
el patrimonio cultural inmaterial (i) está constituido por usos,
representaciones, expresiones técnicas y conocimientos de las comunidades, (ii)
cuando estas los transmiten de generación en generación, y (iii) en la medida
en que sea reconocido por ellas como elemento de su identidad, a partir de su
recreación constante en función de su entorno y de su interacción con la
naturaleza y su historia, lo cual les da un sentido de continuidad y promueve
el respeto por la diversidad y la creación humanas. La Convención aclara que el
patrimonio cultural inmaterial puede estar integrado por  “usos sociales,
rituales y actos festivos”, y declara que los Estados deben tomar medidas
de salvaguardia, como las de protección, promoción y valorización, y en
particular la adopción de medidas jurídicas y financieras adecuadas para
garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial.
19. Con fundamento en lo anterior puede concluirse,
como lo asumen todas las intervenciones, que el Estado cuenta con la facultad,
y de hecho tiene el deber jurídico constitucional, de salvaguardar el
patrimonio cultural inmaterial, incluso por la vía de adoptar medidas
financieras en esa dirección. Lo cual además se ve reforzado por la
interpretación que, en lo pertinente, ha prohijado el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales en la Observación general 21. El Comité
destaca que el derecho –reconocido en el PIDESC- que tiene toda persona a
participar en la vida cultural implica para el Estado obligaciones de respeto,
protección y cumplimiento. En cuanto a esta última, razonablemente ha de
suponer la adopción de medidas para “facilitar” el ejercicio del
derecho, como por ejemplo “de tipo financiero” que pueden consistir en “Otorgar
ayuda financiera o de otro tipo a artistas y organizaciones públicas y
privadas, como academias científicas, asociaciones culturales, sindicatos y
otras personas e instituciones dedicadas a actividades científicas y creativas”.
Esta Observación tiene una fuerza persuasiva innegable, no solo por ser
expedida por el Comité encargado de monitorear la implementación del PIDESC y
ser un órgano autorizado para interpretarlo, sino además porque confirma la
interpretación previamente efectuada por la Corte.[7]
20. Ahora bien, la pregunta concreta que provoca este
proceso es si el legislador puede autorizar la financiación pública del
patrimonio cultural inmaterial, cuando este último tiene una estrecha relación
con el hecho religioso. Ha de precisarse, en primer lugar, que la Corte
encuentra posible la concurrencia simultánea de los atributos religiosos y
culturales inmateriales en una misma manifestación colectiva.[8] Se puede
observar que entre las mejores prácticas de UNESCO se encuentra el
reconocimiento de numerosas manifestaciones religiosas como parte del
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es el caso, por ejemplo, de las
Procesiones de la Santa Sangre, celebradas en Brujas, Bélgica, desde la Edad
Media; de La Slava, una fiesta serbia practicada por los Ortodoxos Cristianos en
la cual se rinde culto al Santo Patrón de las Familias; de la fiesta
conmemorativa del Hallazgo de la Verdadera Santa Cruz en Etiopía; de El Sada
Shin Noh, conjunto de danzas sagradas que se desarrolla en determinado periodo
del año en Matsue, Japón; de la Peregrinación al santuario del Señor Qoyllurit’i
en Perú, en la cual se mezclan figuras del rito católico con elementos
ceremoniales prehispánicos, entre muchas otras a la cuales pertenecen las
Procesiones de Semana Santa en Popayán. También en Colombia el Ministerio de
Cultura ha declarado como patrimonio cultural inmaterial de la Nación, por
ejemplo, las Fiestas de San Francisco o San Pacho en Quibdó, que tienen su
origen en el culto a San Francisco de Asís, eje que aún se preserva. Estas
manifestaciones se han reconocido como integrantes del patrimonio cultural de
la humanidad o de la nación, no por su carácter religioso, sino porque además
cumplían una serie de condiciones como el hecho de haber sido transmitidas de
generación en generación, y de que las comunidades reconozcan libremente en ellas
un elemento de su identidad.
21. En consecuencia un rito o festividad puede al
mismo tiempo ser religioso e integrar el patrimonio cultural de la nación o de
la humanidad. El hecho de que eso ocurra es ciertamente relevante a la luz de
la Constitución, como adelante se mostrará, pero no excluye a las manifestaciones
portadoras de ese doble predicado (religioso y cultural) del régimen de
protección que establece la Constitución. En efecto, la Carta Política no
estatuye ninguna prohibición expresa de salvaguardar el patrimonio cultural
asociado al hecho religioso. Ciertamente contempla los principios de
pluralismo, diversidad y libertad religiosas, pero ninguno de sus preceptos
contempla de forma explícita una norma que impida al Estado salvaguardar el
patrimonio cultural vinculado con la religión. Por el contrario, las disposiciones
constitucionales antes revisadas son genéricas y contemplan un deber de
protección amplio y sin distinciones de la diversidad, la riqueza y el
patrimonio cultural (CP arts 2, 7, 8, 44, 67, 70, 71 y 72). En cambio, la
Constitución sí prohíbe de forma clara la discriminación por motivos de “religión”
(CP art 13), y sería una discriminación sostener de forma tajante y absoluta
que el Estado debe proteger el patrimonio cultural de la nación excepto cuando
esté vinculado al hecho religioso, y solo por ese hecho, pues en ese caso el
factor “religión” sería el detonante de la diferencia.
22. Por ser esta una discriminación inaceptable, la
Corte en diversas ocasiones ha afirmado que el Estado puede salvaguardar el
patrimonio cultural vinculado al hecho religioso. En la sentencia C-766 de 2010,
al declarar inexequible un proyecto de ley que exaltaba
un municipio del país como ciudad santuario e imponía ciertas cargas
financieras al Estado, esta Corporación señaló que no obstante la decisión “el Estado podría promocionar, promover, respaldar o
tener acciones de expreso apoyo y protección jurídica respecto de
manifestaciones que, incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e
incontrovertible carácter de manifestación cultural para un grupo o comunidad
de personas dentro del territorio  colombiano”.[9]
En la sentencia C-817 de 2011, en la cual se declaró inexequible una Ley que
conmemoraba la creación de una Diócesis y autorizaba al Congreso a asignar
partidas presupuestales para su reparación, remodelación y conservación de una
catedral, la Corte afirmó sin embargo que “los principios de Estado laico, pluralismo
religioso, y deber de neutralidad, en modo alguno impiden que el Estado
prodigue determinado tratamiento jurídico a una persona, comunidad o situación,
que tenga connotación religiosa”.[10]
En la sentencia C-224 de 2016, en la cual se declaró inexequible una
disposición que autorizaba la destinación de partidas presupuestales a la
protección, salvaguardia y promoción de las Procesiones de Semana Santa en
Pamplona, esta Corporación indicó no obstante que en el orden constitucional “el
Legislador está legitimado para adoptar políticas de protección y promoción a
manifestaciones culturales, aún si tienen alguna connotación religiosa”.[11]
Finalmente, en la sentencia C-441 de 2016,
recogiendo los anteriores criterios, la Corte declaró exequible una norma que
legal que autorizaba la asignación de partidas presupuestales para la
salvaguardia de las Procesiones de Semana Santa en Tunja.[12]
23. Sin embargo, aunque en la jurisprudencia parece haber
claridad en torno a que el Estado puede salvaguardar el patrimonio cultural o manifestaciones
sociales vinculadas al hecho religioso, debido al principio de laicidad que
recoge la Constitución el legislador tiene también ciertos límites, y debe
obrar bajo determinados parámetros, que la Sala expondrá a continuación.
b. Límites y parámetros constitucionales derivados del
principio de laicidad para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
conexo al fenómeno religioso. Unificación de jurisprudencia
24. La
Corte ha señalado en esencia que el Estado puede promocionar, promover,
respaldar o tener acciones de protección jurídica sobre manifestaciones
relacionadas con el hecho religioso, si cumple un grupo de requisitos derivados
del principio constitucional de laicidad. En efecto, la Constitución no solo
contempla un catálogo de derechos culturales, sino que al mismo tiempo es
neutral en materia religiosa, reconoce el pluralismo religioso, la igualdad y
la libertad de conciencia, culto y religión (CP arts 1, 2, 13 y 19). Por lo
mismo, en su intención de proteger la cultura o el patrimonio cultural el
Estado no puede extralimitarse hasta llegar a desconocer o anular en la
práctica estos principios. Esto es claro en la jurisprudencia. Pero no lo es,
sin embargo, el límite preciso, y el haz de criterios para determinarlo, a
partir del cual la protección o salvaguardia de un hecho cultural con
connotaciones religiosas deviene inconstitucional. La terminología y la
conceptualización que ha empleado la jurisprudencia sobre la materia no han
sido unívocas, como se puede observar en el siguiente análisis:
24.1. En la sentencia C-152 de 2003,
tras efectuar una revisión de los criterios jurisprudenciales pertinentes
aplicados hasta entonces para el control de leyes con implicaciones desde la
perspectiva religiosa, se esbozaron los siguientes parámetros. No se ajusta a
la Constitución, según esta primera providencia, 1) establecer una religión o
iglesia oficial, sino que 2) el Estado se identifique formal y explícitamente
con una iglesia o religión o 3) que realice actos oficiales de adhesión, así
sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado
violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado,
desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el
pluralismo religioso dentro de un estado liberal no confesional. No obstante
tampoco puede el Estado 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad
religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por
alguna iglesia o confesión, ni 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo
impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o
iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Finalmente,
“6) las connotaciones religiosas constitucionalmente prohibidas son las que
tienen ciertas características: son únicas y necesarias, y por lo tanto,
promueven una determinada confesión o religión”.[13]
24.2. En la sentencia C-766 de 2010,
sin esbozar la necesidad de un cambio o una precisión de jurisprudencia, la
Corte declaró inexequible un proyecto de ley vinculado con el fenómeno
religioso pese a que sus connotaciones religiosas no eran “únicas y
necesarias”, como se exigía en la C-152 de 2003, sino que había también una
justificación cultural o social expresamente reconocidas por la Corporación. En
ese caso, la Corte señaló que el Estado puede ciertamente promocionar,
promover, respaldar, apoyar o proteger “manifestaciones que, incluyendo
algún contenido religioso, tuvieran un claro e incontrovertible carácter de
manifestación cultural para un grupo o comunidad de personas dentro del
territorio  colombiano”. No obstante, agregó que en ese caso no bastaba
con destacar un propósito secular alternativo al religioso para satisfacer las
exigencias constitucionales, sino que ese elemento secular “deberá ser el
protagonista de dicha manifestación”. De hecho, señaló que el aspecto
religioso no podía tener una presencia estelar sino un rol puramente “anecdótico
o accidental”. Señaló expresamente como “en estos casos el fundamento
religioso deberá ser meramente anecdótico o accidental en el telos de la
exaltación. En otras palabras, el carácter principal y la causa protagonista
debe ser la de naturaleza secular” (negrillas del original). Por lo
mismo, al advertir que en ese caso la normatividad cuestionada tenía un
predominante acento religioso, para superar los estándares constitucionales no era
suficiente con invocar su carácter de patrimonio cultural porque los símbolos
estaban asociados predominantemente al hecho religioso. Dijo
expresamente: “para la Corte no resulta razonable la promoción y protección
del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido,
con símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión
religiosa”.[14]
24.3. En la sentencia C-817 de 2011 la Corte declaró
inexequible una Ley con implicaciones desde la perspectiva religiosa, entre
cuyas disposiciones se autorizaba la asignación de partidas presupuestales para
la protección de una Catedral. En esa ocasión sostuvo que medidas como las
controladas en ese caso podían ajustarse a la Constitución, cuando respondan a
“un factor secular, el cual (i) sea
suficientemente identificable; y (ii) tenga carácter principal, y no
solo simplemente accesorio o incidental”. Dado que en ese caso las
normas controladas no se justificaban en un motivo secular suficientemente
identificable, que tuviera carácter principal y no meramente accesorio o
incidental, las declaró inexequibles. Como se observa, sin proponer cambios o
precisiones de jurisprudencia, la Corporación dejó de lado nuevamente el criterio
empleado en la sentencia C-152 de 2003, según el cual las connotaciones
religiosas prohibidas son “únicas y necesarias”, para pasar a sostener
que pueden ser contrarias a la Constitución las connotaciones religiosas
incluso si no son únicas y necesarias pero sí principales y no simplemente
accesorias o incidentales. En ese caso, la Corte advirtió que había otras
posibles justificaciones de la medida, pero tras evaluarlas las juzgó
insuficientes. En las sentencias C-224 de 2016 y C-441 de 2016, la Corte acogió
la terminología empleada en la sentencia C-817 de 2011, y afirmó entonces que
las leyes sobre salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial vinculado con
el fenómeno religioso pueden ajustarse a la Constitución, en la medida en que
tengan “un fin secular, el cual debe cumplir
con dos características: (i) debe ser suficientemente
identificable; y (ii) debe
tener carácter principal,
y no solo simplemente accesorio o incidental”.
25. Como se observa, a pesar de que en todas las
anteriores decisiones se cita la sentencia C-152 de 2003, la aplicación de la
Constitución se distancia de la forma como fue interpretada en esta última, en
cuanto se refiere a cuándo las connotaciones religiosas en una ley son
inconstitucionales. No obstante una aparente coherencia entre las sentencias
C-766 de 2010, C-817 de 2011, C-224 de 2016 y C-441 de 2016, lo cierto es que
hay también discrepancias conceptuales entre ellas, que se revelan en la
metodología del control. En efecto, todas coinciden en que las leyes con
implicaciones en el ámbito religioso pueden superar las exigencias de la
Constitución, mientras el elemento secular sea protagónico o principal.
Sin embargo, la sentencia C-766 de 2010 exige además que, por otra parte, el
aspecto religioso sea “meramente anecdótico o accidental”, tanto en la motivación como en el
objeto real de la medida, exigencia que se omite siquiera citar en la sentencia
C-817 de 2011. En sentido similar, en la sentencia C-766 de 2011 la Corporación
subraya que “no resulta razonable la
promoción y protección del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo
constitucionalmente válido, con símbolos que sean asociados predominantemente
con alguna confesión religiosa”, pero
en la sentencia C-441 de 2016 se admite justamente lo contrario. En esta
última, la Corte declara exequible una norma, cuyos propósitos eminentemente
seculares de salvaguardia del patrimonio cultural eran notorios, pese a que con
ella efectivamente se protegía un ritual, como las Procesiones de Semana Santa
en Tunja, predominantemente asociado con una confesión religiosa específica.
26. Es necesario recoger la evolución
jurisprudencial antes referida, pero con la intención declarada de precisar los
criterios jurisprudenciales. En vista de que el propósito de esta decisión es
resolver una demanda contra una norma que autoriza la financiación pública de
una práctica estrechamente asociada al hecho religioso, los criterios que se
exponen a continuación serán relevantes para el examen de normas semejantes a
esta.
27. No ha habido discusión en la jurisprudencia en
torno a los cinco primeros criterios esbozados en la sentencia C-152 de 2003,
los cuales han servido para el control de leyes sobre financiación pública de
bienes o hechos asociados al fenómeno religioso. En consecuencia, la Corte
considera que una ley de esta naturaleza vulnera la Constitución al: 1) establecer una religión o iglesia oficial, sino que
2) identificarse el Estado formal y explícitamente con una iglesia o religión o
3) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia,
religión o iglesia. Tampoco puede el Estado 4) tomar decisiones o medidas que
tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de
una preferencia por alguna iglesia o confesión. Finalmente, el Estado no está
autorizado por la Constitución para 5) adoptar políticas o desarrollar acciones
cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una
religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Estos criterios, que además fueron recogidos
en la sentencia C-152 de 2003 a partir de la jurisprudencia hasta entonces
existente, se mantienen.
28. Sin embargo, como se advirtió, hay ciertas diferencias
terminológicas, conceptuales, metodológicas y prácticas en torno al último
criterio planteado en la sentencia C-152 de 2003, toda vez que según este “6) las connotaciones
religiosas constitucionalmente prohibidas son las que tienen ciertas
características: son únicas y necesarias, y por lo tanto, promueven una
determinada confesión o religión. Por el contrario, no le está vedado al
legislador adoptar decisiones que ofrecen varias interpretaciones seculares o
ajenas a cierta religión específica, así para algunos miembros de la sociedad,
desde su propia perspectiva, dicha decisión pueda tener connotación religiosa”. En efecto, las sentencias C-766 de 2010, C-817 de 2011,
C-224 de 2016 y C-441 de 2016 han señalado que cuando una ley autorice la
financiación pública de bienes o manifestaciones conexas a lo religioso,  puede
considerarse inconstitucional pese a que la connotación religiosa no sea única
y necesaria sino concurrente con motivos seculares, en la medida en que estos sean
accesorios o incidentales, y no principales. En otras palabras, la connotación
secular de la medida no puede tener cualquier peso sino que este debe ser
decisivo. Esta exigencia razonable busca que los móviles, motivos, efectos o
propósitos seculares invocados para justificar la medida sean importantes, tengan
consistencia, resulten verificables y sean suficientes. Por esa razón, por
ejemplo en la sentencia C-817 de 2011, la Corporación no se limitó a identificar
los fines seculares invocados en los antecedentes parlamentarios de la ley
controlada, sino que además verificó su consistencia y suficiencia, y tras un
juicio adverso sobre estos aspectos declaró inexequible la ley, pues en
realidad el motivo superviviente al examen crítico era religioso. Del mismo
modo, aunque con resultados opuestos, en la sentencia C-441 de 2016 la Corte no
solo identificó que en los debates parlamentarios se invocaban justificaciones
seculares, sino que con arreglo a los medios de prueba verificó su
consistencia, y además advirtió que eran suficientemente importantes.
28. Esto es conceptualmente diferenciable de la exigencia
jurisprudencial de que la connotación secular deba ser principal en las
leyes asociadas positivamente al hecho religioso. Este último criterio
planteaba, sin embargo, exigencias excesivas al legislador para proteger el
patrimonio cultural, pues no solo se limitaba a exigir que el elemento secular
fuera principal o protagónico, sino que además esto suponía lógica y
necesariamente que el elemento religioso debía ser “meramente anecdótico o accidental”, y de hecho llevó a la Corte a sostener
que “no resulta razonable la promoción y
protección del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente
válido, con símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión
religiosa” (C-766 de 2010),
con lo cual se eliminaba en la práctica un amplio rango de medidas de
salvaguardia sobre el patrimonio cultural inmaterial de religiones vivas. Un
criterio semejante no se aplica, en términos generales, en buenas prácticas
comparadas de laicismo. En este proceso, uno de los expertos indicó que en el
Derecho europeo la neutralidad religiosa es incluyente cuando se trata de
protección de la cultura, y por lo mismo es legítima la orientación estatal de
garantizar la financiación pública del legado cultural incluso si está estrecha
o predominantemente asociado a una confesión religiosa.[15] En Europa
puede observarse entonces por ejemplo que la Unión Europea ha decidido subvencionar
la región monástica ortodoxa del Monte Athos, pese a su notoria relación con lo
religioso; Noruega, Holanda e Inglaterra financian directa o indirectamente Capillas
o edificaciones religiosas ubicadas en sus territorios y portadoras de valor
arquitectónico e histórico;[16]
Francia autoriza a las autoridades públicas a sufragar las reparaciones y
readecuaciones en edificaciones religiosas, y sus jueces han aceptado por ejemplo
la financiación pública de un elevador en la Basílica de Notre Dame de
Fourvière en Lyon, así como la construcción de monumentos conmemorativos de miembros
del clero;[17]
en Alemania se autoriza a las Iglesias a cobrar contribuciones a sus fieles, y
de hecho el Estado participa en su ejecución efectiva.[18]
29. En consecuencia, este requisito creado por la
jurisprudencia debe unificarse en términos que, equilibradamente, garanticen un
respeto estricto por los principios constitucionales de laicidad del Estado,
sin desproteger injustificadamente el patrimonio cultural inmaterial legado por
la práctica religiosa de las comunidades nacionales. El otro elemento del test
en estos casos sería entonces que 6) la medida controlada tenga una justificación
secular importante, verificable, consistente y suficiente. El que sea
‘importante’ implica que deben poder ofrecerse razones para justificar esa
valoración a la luz de los principios constitucionales. La plausibilidad de
esas razones debe ser además ‘verificable’, y ha de ser entonces posible controlar
razonablemente los hechos y motivos que soportan la valoración de la medida. La
importancia de la justificación secular debe ser también ‘consistente’, lo cual
indica que no puede ser contradictoria, puramente especulativa o desprovista de
fuerza. Finalmente, debe tratarse de una justificación secular ‘suficiente’
para derrotar los efectos de la incidencia que tienen estas medidas en el
principio de laicidad del Estado. La suficiencia viene determinada por el
principio de proporcionalidad, y así la medida debe entonces ser idónea para
alcanzar el fin secular que persigue, pero además necesaria y proporcional en
sentido estricto. Finalmente, como se mencionó en las sentencias C-224 y C-441
de 2016, 7) La medida debe ser susceptible de
conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones.
30.
En definitiva, el Estado no puede 1) establecer una religión o iglesia oficial; 2)
identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; 3) realizar
actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o
iglesia; 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho
menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o
confesión; 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial
real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en
particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Para adoptar normas
que autoricen la financiación pública de bienes o manifestaciones asociadas al
hecho religioso 6) la medida debe tener
una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente
y 7) debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de
condiciones.  Con fundamento en estos criterios,
la Corte procede a resolver los cargos sintetizados en el problema jurídico.
c. Resolución del problema jurídico y los cargos planteados
31.
La Corte observa que la norma acusada 1) no establece una religión o
iglesia oficial, sino que se limita a autorizar la asignación de partidas
presupuestales con el propósito de cumplir los objetivos de la Ley 891 de 2004,
los cuales como se dijo son el reconocimiento, la exaltación y la salvaguardia
de las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa en
Popayán, así como del inmueble distinguido
en la nomenclatura urbana de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, con
el número 4-51 de la calle 5a. Este no es un
acto de establecimiento de una religión, sino de fomento a manifestaciones,
actos festivos e inmuebles que son patrimonio cultural de la humanidad –en el
primer caso- y de la nación –en todos los casos-. De este modo, 2) el
legislador tampoco ejecuta una declaración expresa y formal de identificación
con una iglesia o religión, lo cual se puede comprobar a partir de una lectura
del texto legal, en el cual no se menciona explícitamente ninguna religión o
iglesia en particular, ni tampoco la religión o las iglesias en términos
generales. El artículo 4º cuestionado no es, por otra parte, 3) un acto oficial
de adhesión, siquiera simbólico, a una creencia, religión o iglesia. Esto se
advierte no solo a partir del hecho objetivo de que la ley no menciona ninguna
religión o iglesia, ni en particular ni en otros términos, sino que aparte el
hecho de que la Ley verse sobre las Procesiones de Semana Santa y el Festival
de Música Religiosa de Popayán no son por sí mismo suficientes para concluir
que el Estado se adhiera a una creencia, religión o iglesia, por cuanto hay una
explicación secular para este hecho, como más adelante se precisará.
32. Aparte, a diferencia de lo que
ocurrió en el caso resuelto en la sentencia C-224 de 2016, en esta ocasión 4) el
legislador no adopta medidas que tengan una finalidad religiosa. Es posible
apreciar que en la exposición de motivos se presenta como justificación del
proyecto de ley la justicia de elevar “un valiosísimo rasgo cultural pleno
de implicaciones de todo orden en un medio que, sobreponiéndose a muy difíciles
circunstancias, ha encontrado en el apego a la autenticidad de su cultura,
mecanismos de defensa como sociedad”. A la exposición de motivos se anexa
además la solicitud presentada ante la UNESCO para que las Procesiones de
Semana Santa en Popayán fueran incluidas en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De ella se destaca
especialmente la evidencia sobre la “concentración del patrimonio
inmaterial, histórico, artístico, estético, religioso, etnológico, lingüístico,
sociológico, antropológico y literario”.[19] Este fin genuinamente secular no
desparece durante los debates, ni entra en las deliberaciones la consideración
de un fin religioso.[20]
Por lo mismo, puede decirse entonces que su finalidad no es preferir alguna
iglesia o confesión.
33. De acuerdo con la jurisprudencia
aplicable, está prohibido 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo
impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o
iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. En este
caso, la Corte considera que la norma acusada produce un impacto real sobre una
religión en particular, la Católica, pero no es primordial. Como se
mostrará enseguida, el impacto primordial real recae sobre el patrimonio
cultural que constituyen las Procesiones de Semana Santa y el Festival de
Música Religiosa de Popayán. Lo que se autoriza es la asignación de partidas
presupuestales con destino a salvaguardia de ese patrimonio, y no de los
motivos religiosos que lo originaron en un pasado remoto, ni de la Iglesia
Católica a la cual en otro contexto se adscriben necesaria y exclusivamente las
Procesiones. En el contexto payanés, las Procesiones de Semana Santa y el
Festival de Música Religiosa son ante todo prácticas colectivas, que no se
pueden explicar exclusivamente con fundamento en el elemento religioso toda vez
que contribuyen a su realización periódica hondas y fuertes motivaciones
alimentadas por factores no religiosos como la tradición cultural, la belleza
artística, el amplio arraigo histórico, los sentimientos de identidad
colectiva, la cohesión social que propicia, la vocación igualitaria de su
desarrollo, su potencial económico y turístico, entre otros. Sin desconocer
entonces que la medida demandada puede tener efectos religiosos, su impacto
primordial real recae sobre el factor cultural de las manifestaciones
protegidas.
34. Por otra parte, 6) la medida tiene una justificación secular importante,
verificable, consistente y suficiente. Aunque la
acusación se dirige contra toda la norma, en realidad el cuestionamiento se
centra en que en virtud de la disposición demandada puedan destinarse recursos
públicos a las Procesiones de Semana Santa de Popayán, razón por la cual la
Corte concentrará el examen en ese punto.
34.1. El artículo 4º de la Ley 891 de
2004 se ha justificado, tanto en los debates
parlamentarios como dentro de este proceso, como una medida de salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial en que consisten las Procesiones de Semana en
Popayán. Esta justificación no solo es secular sino además importante y
responde a un imperativo constitucional. En efecto, la Constitución establece,
según lo indicado con anterioridad, que la protección del patrimonio cultural
está en cabeza del Estado, que todas las personas deben proteger la diversidad
y riqueza cultural, y que la cultura es además un derecho de los niños y
fundamento de la nacionalidad (CP arts 2, 7, 8, 44, 67, 70, 71, 72 y 95-8). Por
su parte, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
tratado de derechos humanos ratificado por Colombia, establece como deber de
los Estados partes “adoptar
las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio” (art 13), y la disposición controlada busca la salvaguardia
de las Procesiones, incluidas por UNESCO en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por el Ministerio de Cultura en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación.
34.2.
Esto además es verificable y consistente, no solo porque la Decisión de la
UNESCO y la Resolución del Ministerio de Cultura son actos públicos, sino
además porque las características de las Procesiones se ajustan adecuadamente a
las condiciones conceptuales que, para el efecto, establece la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El artículo 2 de la
Convención prevé que el patrimonio cultural inmaterial está constituido por (i) usos, representaciones,
expresiones técnicas y conocimientos de las comunidades - junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes-,
(iii) cuando se transmiten de generación en generación, y (iii) en la medida en
que sea reconocido por sus participantes como elemento de su identidad, a
partir de su recreación constante en función de su entorno y de su interacción
con la naturaleza y su historia, lo cual les da un sentido de continuidad y
promueve el respeto por la diversidad y la creación humanas. Las Procesiones de
Semana Santa de Popayán satisfacen estos criterios con consistencia, como pasa
a mostrarse enseguida:
(i) Las procesiones de Semana Santa, en general, son
en primer lugar la representación de una narrativa sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero en
particular las Procesiones de Semana Santa de Popayán tienen además toda una
serie de usos, expresiones técnicas y conocimientos, relacionados con diversos
aspectos del ritual. Las pruebas y las intervenciones indican que en la
preparación de las Procesiones es necesario intervenir las imágenes, las andas
y los vestidos de quienes tienen una participación principal dentro de ellas,
lo cual ha activado la generación de toda una suerte de conocimientos en orfebrería,
joyería, ebanistería, restauración, tejeduría, floristería, entre otras.
Además, el desarrollo de las Procesiones dentro de la Semana Santa ha provocado
la creación colectiva de toda una serie de vocablos, conceptos, relaciones y
roles, y por eso existe un argot profundamente arraigado con expresiones como
‘carguero’, ‘carguío’, ‘síndico’, ‘sahumadora’, ‘regidor’, ‘moquero’, ‘pichoniar’,
‘pedirla’, ‘meterla’, entre muchas otras que no son inherentes al rito
religioso sino propias de su revivificación colectiva. Junto a esto existe un
conjunto de técnicas y conocimientos, por ejemplo, para cargar los pasos, para
regir las procesiones, para sustraerles los ‘mocos’ a los cirios, para sahumar
el rito, para definir los portaestandartes, para establecer el momento y el
lugar hasta donde llegan y desde donde comienza el ‘pichoneo’. En las
Procesiones de Semana Santa de Popayán las imágenes han tenido también un
amplio valor artístico y cultural, con orígenes españoles, italianos,
franceses, quiteños y colombianos de diferentes épocas y lugares.[21]
Durante el proceso se resaltó que en su mayoría las imágenes quedan bajo la
custodia de los Síndicos, y no de la Iglesia Católica.[22]
(ii)
Este universo de representaciones, usos, expresiones, conocimientos, imágenes y
objetos se ha transmitido de generación en generación. Hay evidencias
confiables de que las Procesiones de Popayán se remontan por lo menos hasta
1556. En las Elegías de Varones Ilustres, escritas por Juan de
Castellanos en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del XVII, se alude a
ellas. Hay además registros en los libros de cuentas y gastos de la época, a
cargo de la Gobernación de Popayán, que parecen ratificarlo.[23]
Hay también elementos para asumir que en los siglos subsiguientes las
Procesiones se celebraron con regularidad, al punto que el Ministerio de
Cultura sostiene que se han realizado “cada año ininterrumpidamente desde
1556” (Rsln 2433 de 2009). Los usos, técnicas, conocimientos, expresiones,
imágenes y objetos no se han transmitido inalterados desde como aparecieron por
primera vez, sino que como es propio de una práctica colectiva cada generación
la ha enriquecido y modificado progresivamente, como fruto de las
transformaciones circunstanciales y en ocasiones deliberadamente. Por ejemplo,
durante el proceso y en las pruebas se señaló un hecho histórico que a este
respecto puede resultar ilustrativo. El escritor colombiano del siglo XIX, José
María Vergara y Vergara, en una semblanza de las Procesiones de Semana Santa en
Popayán del año 1857, narra que cerca de 15 años atrás, mientras tenía lugar la
denominada ‘guerra de los supremos’, ocurrió lo siguiente:
“[n]o sé si fue en 1840 o en 1841, pero fue durante
aquella guerra espantosa que diezmó las provincias del Sur. El alarma en
Popayán era constante: ningún hombre podía dormir fuera de los retenes, o de
las torres, i a pesar de la vigilancia, el enemigo hacía entradas i mataba en
las mismas calles de la ciudad. Llegó la Semana Santa i se celebraban las
funciones con entera seguridad de que los guerrilleros las respetarían. Todo el
pueblo de Popayán hubiera dado algo por aprehender al general Obando i al
General Sarria, los dos famosos jefes de las guerrillas timbianas. En la
procesión del martes, notaron los circunstantes un cierto nazareno de
anchas espaldas i de erguido talante, que ayudaba a cargar el paso de la
Virgen. Sospecharon quién era, no le perdieron de vista quienes lo habían
conocido; i al volver a la iglesia, un descuido que le hizo levantar un poco el
antifaz les hizo ver la cara del temible Sarria, que había venido bajo la inviolable
salvaguardia de la religión a cumplir sus acostumbradas devociones. Al día
siguiente, estaba el formidable guerrillero otra vez entre sus rústicos tercios
timbianos”.[24]
Esta
narración permite inferir que los cargueros llevaban un capirote que les cubría
el rostro, como ocurría en los ritos homólogos de España. Hoy no lo tienen. La
historiografía posterior indica que fue a raíz de ese hecho, reconstruido en términos
quizás diferentes por la posteridad, que un Gobernador decretó la obligación
para los cargueros de descubrirse el rostro, y desde entonces ese aspecto del
rito colectivo se transformó.[25]
Esta es entonces una muestra de cómo evoluciona una práctica colectiva
tradicional. No obstante lo cual, lo cierto es que hay una transmisión
generacional de conocimientos, convenciones, expresiones, usos y objetos, en
muchas ocasiones dentro de un mismo tronco familiar, y en otras dentro de
grupos más amplios de la sociedad payanesa. Cada generación le hereda entonces a
la siguiente un capital simbólico. Esto se demuestra no solo en la sucesión familiar
de roles, como ocurre con los de carguero y síndico, sino además en el
‘pichoneo’, en la instrucción artesanal, en las denominadas ‘Procesiones
chiquitas’, en la participación de niños dentro de la Semana Mayor, en los
objetos religiosos que pasan a formar parte del Museo de Arte Religioso, en el
rol que cumple la Universidad del Cauca en el sostenimiento de la tradición.
Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta tanto por el Ministerio de
Cultura y la UNESCO, sobre la base objetiva de los elementos reales de las
Procesiones.
(iii)
Finalmente, las Procesiones de Semana Santa en Popayán son un rasgo que
contribuye a definir la
identidad colectiva de los payaneses.[26]
Diversas intervenciones, memoriales y documentos aportados al proceso señalan que
la comunidad payanesa se reconoce en las Procesiones de Semana Santa entendidas
como acto colectivo, con independencia de su valor religioso. Forma parte de su
historia reciente, por ejemplo, la Semana Santa en que ocurrió el terremoto del
año 1983, así como la del año posterior. Parecen reconocer en ese
acontecimiento algo que ilustra un rasgo de su identidad. Estudios históricos
posteriores señalan además que si bien los ritos religiosos católicos son
resultado de la misión evangelizadora de la conquista, hay ciertos factores
circunstanciales que han arraigado los ceremoniales de culto en Popayán. En los
siglos XVI, XVII y XVIII, las fiestas religiosas coincidían con las épocas en
las que más se concentraban los desastres naturales, las epidemias y en general
las calamidades.[27]
En otras épocas del año menos inestables, las ceremonias de culto se
desvanecían. Ser payanés, y reconocerse en las Procesiones de Semana Santa,
implica al parecer identificarse como habitante de un lugar secularmente
expuesto a altos riesgos geológicos. Las intervenciones y los documentos
pertinentes registran además la vocación que tienen las Procesiones para
congregar a los coterráneos no importa donde residan para ese momento, y lo
resaltan como un factor de cohesión social explicada porque las Procesiones
desenvuelven una serie de lazos no solamente religiosos sino familiares,
afectivos, artísticos, sociales, turísticos y económicos. Reconocen en los recorridos
de las Procesiones un criterio para la delimitación de los límites urbanos de
la ciudad que llegó a ser, y en el anecdotario aprenden a conocer hitos de la
historia del mundo, del país y de la ciudad. Identifican un potencial
igualitario en las Procesiones de Semana Santa, pues pese a ocupar cargos,
provenir de familias, profesar convicciones diferentes se consideran ‘iguales
bajo el anda’, y en un acto colectivo que requiere altos niveles de
coordinación cualquiera puede verse sujeto a las instrucciones de otro, sin
importar su posición aparente por fuera del rito.
34.3.
Esta justificación secular no solo es importante, verificable y consistente
sino además suficiente. La medida cuestionada ciertamente tiene un impacto
religioso, pero este no solo no es primordial sino que se legitima en aras de
alcanzar proporcionalmente un fin constitucional imperioso, como es la
protección de un patrimonio cultural inmaterial de la Nación y la Humanidad:
- En
primer lugar, la norma demandada es adecuada para alcanzar el fin que persigue.
La subvención estatal de las Procesiones de Semana Santa en Popayán presta una
contribución positiva a su salvaguardia, toda vez que permite nutrir las
finanzas con las cuales se pagan labores de artesanía, tejeduría, floristería,
ebanistería, restauración de imágenes, adquisición de cirios, investigación y
documentación sobre los orígenes y riquezas del ritual, entre otras. Estos
actos son eficaces para la viabilidad de las Procesiones y para enriquecerlas y
facilitar su transformación espontánea sin obstáculos económicos.
- La
autorización de efectuar asignaciones presupuestales con destino a las
Procesiones es además una medida necesaria, en el sentido de que no hay otras
que estén a cargo del Estado que consigan la misma eficacia con menor impacto
religioso. La norma acusada ciertamente prevé que el Gobierno Nacional puede
interceder ante entidades privadas en busca de financiación, y de hecho la
propia Junta Permanente Pro Semana Santa podría hacerlo, pero los entes
privados han de decidir si financian las prácticas culturales conforme a la
autonomía de su voluntad, sin que el Estado pueda obligarlas de otra forma que
a través de tributos. En contraste, la financiación pública si bien aparece en
la disposición cuestionada como una autorización, es fruto de una obligación de
salvaguardia prevista en la Constitución y la Convención pertinente. Además,
los datos suministrados por el Ministerio de Cultura indican que anualmente hay
aportes ciertos del Estado con miras a la salvaguardia de este patrimonio
cultural. Por ende, estamos ante un caso en el cual no hay medidas alternativas
a la controlada, que ofrezcan menor impacto religioso e igual eficacia en la
protección de la Constitución cultural.
- Los
costos constitucionales representados en el cierto impacto que esta norma tiene
sobre el hecho religioso, se ven compensados por los también ciertos y altos
beneficios que reporta en términos culturales y económicos, valores también
importantes y relevantes en el orden constitucional. El sacrifico en la
neutralidad religiosa es objetivo pero mínimo, toda vez que el fin que se
persigue con la medida es secular, como seculares son las motivaciones
invocadas en el Congreso y en el presente proceso para instaurarla, y aparte
las Procesiones trascienden el ámbito puramente religioso hasta ser relevantes
desde el punto de vista cultural, artístico, histórico, económico y turístico,
y pudo advertirse que el ente encargado de la administración de los recursos
públicos es privado, de conformación intersectorial, con escasa participación
cuantitativa de miembros de la Iglesia Católica. En contraste, al valor
cultural es amplio, y son también generosos los beneficios económicos y
turísticos para la ciudad, el departamento y el país por la celebración de las
Procesiones.
Efectivamente,
como fue señalado, las Procesiones de Semana Santa en Popayán desencadenan una
serie de procesos de congregación, propiciados por la cultura en general, y en particular
por el arte y la artesanía. Las Procesiones entendidas como expresión cultural
trascienden el plano religioso, pues son una muestra de interacción colectiva
propia y única, compuesta por elementos no solo religiosos sino también
escénicos y simbólicos de diversos tipos (políticos y sociales), y esto
constituye una riqueza, atractiva para los payaneses e incluso para quienes
llegan de fuera. Las Procesiones se desarrollan como actos en los cuales están
involucradas no solo las imágenes religiosas, portadoras de sentido sacro en
virtud de un credo y un ritual religioso, sino además la forma como la
comunidad les da vida, la indumentaria con que se revisten los ídolos y quienes
los transportan, la exuberancia de roles entre los participantes, los hábitos
asociados al ritual colectivo, la técnica especial de restauración, la
iluminación, la música, los olores, la historia secular de un pueblo vinculado
por diversos factores a un culto que en general en los demás lugares tiene un
sentido puramente religioso. Fuera de eso, las Procesiones han canalizado el
genio creativo caucano y nacional, y el interés artístico, pues es posible
observar que a raíz suya se creó el Festival de Música Religiosa, en desarrollo
del cual no solo se interpreta música religiosa exclusiva del catolicismo, sino
además música islámica, protestante y clásica de otras especies, con
intérpretes de diferentes partes del globo. La realización de las Procesiones,
por sus implicaciones, ha facilitado además la acumulación de un rico capital
de arte religioso exhibido en el Museo de Arte Religioso. Durante la Semana
Santa también se realizan la Muestra Nacional Artesanal Manos de Oro, la Feria
Artesanal Expocauca y el Festival de Orquídeas, que son entonces muestras aptas
para propiciar la cohesión social y despertar el interés cultural. La
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial asevera en
su Preámbulo que el patrimonio cultural inmaterial cumple una inestimable función
como “factor de
acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos”, y las Procesiones de Popayán son prueba de ello.
Los
beneficios que trae la cultura se han de valorar por lo que esta implica para
el individuo y la colectividad. La Declaración de Friburgo expresa que los
derechos culturales son esenciales para la dignidad humana (art 1), y esta
aseveración la comparte la Corte. El ejercicio de la libertad individual está
limitado en parte por un conocimiento reducido de opciones vitales.[28] La diversidad cultural expande por eso las fronteras
de la libertad, toda vez que le muestra al individuo formas alternativas de
desarrollarse o de cultivar sus relaciones con los demás y el entorno. La
cultura, cuando además está enriquecida por el arte, le ofrece al individuo
también placer estético y espiritual. Por eso la Corte ha señalado que “[u]na de las razones por
las cuales las personas deben poder tener acceso a diferentes formas y visiones
culturales, es porque ello les dará más herramientas creativas para expresarse,
a la vez que les da mayor bienestar y placer estético y espiritual. […] Las expresiones
culturales no sólo reviven el pasado, enriquecen el presente”.[29]
Una manifestación de la cultura inmaterial, con amplio arraigo histórico,
supone la transmisión generacional de una serie de usos, convenciones,
conocimientos, expresiones técnicas y objetos, y por eso mismo su salvaguardia,
como lo ha señalado el Ministerio de Cultura en este proceso, es una forma de
preservar una ventana de acceso al pasado. El carácter cultural de una práctica
que en otro contexto tendría connotaciones puramente religiosas es por otra
parte un activo capaz de aglutinar a toda la colectividad en torno de un mismo
hecho. El que se trate de una manifestación portadora y originaria de sentido y
creación artística y artesanal en muy diversas formas es una circunstancia que
propicia la aglutinación de personas creyentes o no, nativas o arraigadas,
propias y extranjeras. La cultura concilia entonces un fenómeno originalmente
individual (como puede ser el culto religioso) con lo colectivo.
Finalmente,
en un estudio realizado en el año 2005 denominado Impacto económico de las
Procesiones de la Semana Santa en Popayán, se destaca el impacto que tuvo
la celebración de este acto en ese año.[30]
El gasto directo, representado en la ejecución del programa cultural, en nuevas
dotaciones urbanas, y en nuevo equipamiento turístico fue $4.047 millones. El
gasto indirecto, correspondiente a desembolsos efectuados por asistentes
locales y turistas en los diferentes eventos que tienen lugar durante la Semana
Santa, ascendió a un total estimado de $15.494 millones. Estos gastos inducen a
su vez otros efectos, no contabilizados como gastos directos o indirectos, calculados
como impacto económico en Popayán por un valor aproximado de $26.971 millones,
y en el resto del país en $11.276 millones, para un impacto económico total aproximado
de $38.237 millones. Se trata, como puede observarse, de un hecho con
implicaciones no solo religiosas y culturales, sino también económicas y
turísticas. Estas dos últimas, tomadas aisladamente, son consideradas en el
estudio referido como efectos “favorables” que crean un grupo amplio de
oportunidades de desarrollo, en un marco sostenible. La leve aunque cierta
incidencia de la medida en el hecho religioso se ve compensada, y de hecho contrarrestada
hasta cierto punto, por su vocación de promoción turística y económica para la
comunidad que habita en el territorio en que se desarrolla. Por lo cual, la
Corte observa que la medida es proporcional.
35.
Por último, esta medida de salvaguardia es susceptible
de conferirse a otros credos en igualdad de condiciones, e incluso a
manifestaciones culturales que no tengan vínculos objetivos con el hecho
religioso. La Ley 397 de 1997 prevé una definición amplia de lo que comprende
el ‘patrimonio cultural’, material e inmaterial, y un procedimiento para
incluir una manifestación cultural en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial (arts 4, 8 y ss). De hecho, la posibilidad de incluir una
manifestación en esta Lista no depende del Congreso, pues puede también surgir
de una iniciativa privada o particular (art 1). La condición de miembro de la
Lista se supedita al hecho exclusivo de su valor e interés cultural, y no
depende entonces de su contenido religioso, ni mucho menos de la religión
específica a la cual esté asociada la manifestación, pues estas exigencias no
están previstas en la Ley y las prohíbe la Constitución (CP art 13). La Corte
además constata que otras muestras del patrimonio cultural han sido objeto de
medidas de salvaguardia, pese a no tener carácter religioso. Por ejemplo, en la
Ley 706 de 2001 se autoriza la asignación de partidas presupuestales con destino
a la compra de bienes, la ejecución y terminación de obras para la celebración
del ‘Carnaval del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y los Carnavales de Pasto’, normatividad que se ha visto sujeta al control
constitucional, y lo ha superado.[31]
Por lo cual, la demandada en esta ocasión es una norma que contempla una medida
perfectamente susceptible de extenderse a otras manifestaciones, religiosas o
no, que tengan el carácter de patrimonio de interés cultural inmaterial, y
cumplan el procedimiento previsto en la ley para el efecto.
36. Lo anterior indica entonces que no se vulneraron
los principios de neutralidad, pluralismo, igualdad y libertad religiosa (CP
arts 1, 2, 13 y 19), pero además tampoco se desconoce la prohibición
constitucional para el Congreso de “[d]ecretar a favor de personas o
entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u
otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos
reconocidos con arreglo a la ley preexistente” (CP art 136-4). Como se
observa, la Constitución establece que está prohibido decretar erogaciones que
no estén destinadas a satisfacer derechos reconocidos en ley preexistente. Pues
bien, en este caso el Congreso no ha decretado ninguna erogación no prevista en
el ordenamiento preexistente. Se limitó a autorizar la asignación de partidas
presupuestales con destino a una práctica colectiva que ha sido catalogada como
patrimonio cultural inmaterial de la Nación y de la Humanidad, en un contexto
en el cual la Constitución prevé que “[e]l patrimonio cultural de la nación
está bajo la protección del Estado”, y en el cual –además- la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial prevé el deber de
adoptar medidas de salvaguardia, entre las cuales razonablemente puede tomarse
la de brindar apoyos financieros para garantizar su viabilidad y revitalización
(art 2).
37.
En consecuencia, declarará exequible la disposición acusada.
VIII.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar
EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 4º de la Ley
891 de 2004 ‘por la cual se declara patrimonio cultural nacional las
procesiones de semana santa y el festival de música religiosa de Popayán,
departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble urbano, se
hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones’.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Presidenta
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Magistrado (E)
Con aclaración
de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración
de voto
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento
de voto
ALBERTO ROJAS
RIOS
Magistrado
Ausente con
permiso
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-567/16
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LAS PROCESIONES DE SEMANA
SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-Violación de los artículos 1° y 19 de la Constitución Política que
especifican que Colombia es un estado neutro en materia de religión y que
establece la laicidad del Estado, así como la vulneración del artículo 13 de la
misma sobre el derecho a la igualdad (Salvamento de voto)
ESTADO LAICO Y PLURALISMO RELIGIOSO-Jurisprudencia
constitucional (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LAS PROCESIONES DE SEMANA
SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN FRENTE A LA ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES-Decisión cambia nuevamente el precedente dispuesto en la Sentencia
C-224/16 que tiene un contenido similar que el caso en estudio, ya que se trata
de financiar esta celebración a pesar de que su esencia y finalidad es
principalmente religiosa (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LAS PROCESIONES DE SEMANA
SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-La Corte no está siendo coherente ni congruente en sus fallos con relación
al tema de neutralidad religiosa y laicidad del Estado, violando de este modo
el artículo 13 de la Constitución Política sobre la igualdad en las decisiones
que se tomen sobre un mismo tema con unas mismas condiciones fácticas y
jurídicas (Salvamento de voto)
LEMON TEST-Incorporado en la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para determinar la
constitucionalidad de la intervención pública en asuntos religiosos (Salvamento
de voto)
LEMON TEST-Criterios para
determinar cuándo se puede apoyar una práctica religiosa en donde confluyen
elementos culturales e históricos (Salvamento de voto)
LEMON TEST-Corte Constitucional colombiana lo ha
tenido en cuenta cuando se trata de dirimir conflictos que tienen que ver con
los vínculos entre el Estado y la religión (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LAS PROCESIONES DE SEMANA
SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-En el caso concreto no se puede diferenciar entre el aspecto religioso y
cultural e histórico, dando lugar a que se termine por concluir que el Estado
está apoyando una religión en particular, y que por otra parte se termine por
violar el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución
Política, porque se da preeminencia a este rito sobre celebraciones de otras
religiones o cultos, rompiendo con la neutralidad y laicidad en materia
religiosa contenidos en el artículo 19 de la Constitución (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LAS PROCESIONES DE SEMANA
SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-Desde que se inició el debate para la aprobación de la ley, se dijo que el
patrocinar esta actividad religiosa con dineros públicos era problemático
porque se podría violar el principio de igualdad, el de laicidad y neutralidad
del estado (Salvamento de voto)
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LAS PROCESIONES DE SEMANA
SANTA Y EL FESTIVAL DE MUSICA RELIGIOSA DE POPAYAN-La Corte debió declarar la inconstitucionalidad (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente D-l 1345
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 4o de la Ley 891 de 2004
"por la cual se declara patrimonio cultural nacional las
procesiones de semana santa y el festival de música religiosa de Popayán,
departamento del Cauca se declara monumento nacional un inmueble urbano, se
hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones'".
Magistrada
Ponente:
María Victoria Calle Correa
Me aparto de la
decisión de la mayoría que dio lugar a la exequibilidad del artículo 4o
de la Ley 891 de 2004 "por la cual se declara patrimonio cultural
nacional las procesiones de semana santa y el festival de música religiosa de
Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble
urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones".
Las razones por
mi desacuerdo con la mayoría se fundan principalmente en la violación de los
artículos 1o y 19 de la
CP., que especifican que Colombia es un estado neutro en materia religiosa y
que establece la laicidad del Estado, así como la vulneración del artículo 13
de la CP sobre el derecho a la igualdad.
Como se dijo en
la Sentencia C-350 de 1994 en nuestro país, "se
establece un Estado laico y pluralista, fundado en el reconocimiento de la
plena libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas...". En
igual sentido en la Sentencia C-766 de 2010 se dispuso que para que el Estado
pueda otorgar recursos a ceremonias en donde confluyen aspectos religiosos y
culturales e históricos, se debe verificar si el carácter principal de la
actividad y la causa protagonista de ésta es de naturaleza secular y no
religiosa. Finalmente en la Sentencia C-817 de 2011 que declaró inexequible la
Ley 1402 de 2010 "Por la cual la Nación se asocia a la celebración
de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a
la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima " se establece que
asimilar un culto específico al concepto 'cultural' plantea serias "dificultades
y graves riesgos" porque significa excluir a las minorías,
que no hacen parte de esa religión, violando de este modo el principio de
igualdad de trato, laicidad, el carácter secular, pluralista y de neutralidad
en materia religiosa consagrado en la Constitución de 1991.
Esta serie de
precedentes, son referenciados en la Sentencia C-224 de 2016 que conoció de la
inconstitucionalidad contra el artículo 80 de la Ley 1645 de 2013, "por la cual
se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa en
Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones". En dicha jurisprudencia se dijo que no se le debe
permitir al Estado, a cualquier título, o en cualquier nombre subvencionar o
financiar actividades religiosas, al estar de por medio dineros públicos. En
este caso se dispuso que se debe identificar si una práctica religiosa que se
relacionan con aspectos culturales, históricos e inmateriales como la
celebración de una semana santa, tiene un contenido de tal magnitud que se
pueda determinar que predomina el mantenimiento cultural e histórico, sobre lo
religioso. Sobre la constitucionalidad de esta ley la Corte determinó que, "...resulta
difícil encontrar un contenido secular identificable y primordial en la norma
acusada..." porque en la promoción de esta actividad y en la
protección de los bienes que ellas se utilizan lo que se pretende es fortalecer
la fe católica, siendo esto contrario a la naturaleza laica del Estado
colombiano.
Teniendo en
cuenta este precedente consideró que en el análisis de constitucionalidad del
artículo 4o de la Ley 891 de 2004 que "a partir de
la vigencia de la presente ley las administraciones nacional, departamental del
Cauca y municipal de Popayán estarán autorizadas para asignar partidas
presupuéstales en sus respectivos presupuestos anuales, destinadas a cumplir
los objetivos planteados en la presente ley" y que "El Gobierno
Nacional queda autorizado para impulsar y apoyar ante los Fondos de
cofinanciación y otras entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o
complementarios a las que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de
la Nación de cada vigencia fiscal, destinadas al objeto que se refiere la
presente ley". Del mismo modo lo establecido en el parágrafo del
artículo 4o que dispone que "Las apropiaciones autorizadas
dentro del Presupuesto General de la Nación, deberán contar para su ejecución
con programas y proyectos de inversión".
Considero que
esta decisión cambia nuevamente[32]
el precedente dispuesto en la Sentencia C-224 de 2016 que como se vio declaró
inconstitucional el artículo 8o de la Ley 1645 de 2013, "por la cual
se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de
Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones", que tiene un contenido similar que el caso en estudio,
ya que se trata de financiar esta celebración a pesar de que su esencia y
finalidad es principalmente religiosa.
Desde mi punto de
vista la falta de correspondencia de las decisiones en estos casos indica que
la Corte no está siendo coherente ni congruente en sus fallos con relación al
tema de neutralidad religiosa y la laicidad del Estado, violando de este modo
el artículo 13 de la CP sobre la igualdad en las decisiones que se tomen sobre
un mismo tema con unas mismas condiciones fácticas y jurídicas.
Estimo que a
pesar de que en uno y otro caso la celebración de la semana santa da lugar a
que se organicen otros eventos de carácter cultural como exposiciones artísticas,
procesiones con imágenes, festivales de música sacra, obras artísticas y de
teatro, lo cierto es que lo que se rememora en últimas es la pasión y muerte de
Jesucristo, celebración propia del rito católico, que excluye en su significado
a las personas que no hacen parte de esta religión y este rito.
Creo que a pesar
de que en la sentencia se hizo énfasis en que la Exposición de Motivos de la
ley que declaraba patrimonio inmaterial la semana santa Popayán existían varias
diferencias importantes con relación a la celebración de la Semana Santa en
Pamplona, ya que en la primera se podía evidenciar el carácter religioso sobre
el cultural e histórico, y que en la segunda en cambio había preeminencia de lo
cultural e histórico sobre lo religioso, lo cierto es, que ambas celebraciones
guardan tal grado de semejanza con relación al contenido religioso de lo que se
conmemora con esta celebración, que no se pueden distinguir los elementos
fácticos y de derecho para haber desconocido el precedente en este caso.
Así por ejemplo,
en lo que tiene que ver con su creación, la semana santa en Pamplona, al igual
que la de Tunja y la de Popayán, se empezó a celebrar a mediados del siglo XVI.
Así, la de Pamplona con la conformación de la Cofradía de la Veracruz en 1553;
la de Tunja a mediados del siglo XVI cuando las comunidades religiosas
penetraron en el poblamiento y catequización de los pueblos indígenas y la
semana santa de Popayán en 1556, como se establece en algunos documentos como
las Elegías de Varones Ilustres escrita por Juan de Castellanos.
Por otro lado con
relación a los actos culturales, además de los religiosos, tanto en la
celebración de la semana santa de Tunja como la de Pamplona y la de Popayán, se
trata de fomentar el turismo y la celebración de actos culturales como
conciertos de música religiosa, o exposiciones artísticas. Sin embargo, y como
quedó dicho con antelación, en estas celebraciones, el aspecto religioso no se
puede diferenciar de manera evidente y claro del aspecto cultural e histórico de
carácter inmaterial, dando lugar a que lo religioso en este caso no sea
meramente anecdótico o accidental, como se expone en la Sentencia de la que me
aparto.
En este caso
resulta útil para evidenciar la falta de evidencia del relacionamiento entre lo
religioso y lo cultural e histórico el llamado "Lemon Test" que se ha
incorporado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos, para determinar la constitucionalidad de la intervención pública en
asuntos religiosos[33].
En dicho test se establecen tres criterios para determinar cuándo se puede
apoyar una práctica religiosa en donde confluyen elementos culturales e
históricos: el primero (i) que la ley tenga un propósito secular; el segundo
(ii) que su efecto primario no debe ser el de inhibir o promocionar alguna
religión en particular y en tercer lugar (iii) que en su aplicación no se debe
dar un excesivo enmarañamiento -excessive entanglement - entre el Estado y
la religión.
Este test ha sido
tenido en cuenta por la Corte Constitucional colombiana cuando se trata de
dirimir conflictos que tienen que ver con los vínculos entre el Estado y la
religión. Así por ejemplo en la Sentencia C-766 de 2010 se dijo que para
determinar si se puede llegar a financiar una actividad religiosa con recursos
públicos se deben valorar dos aspectos: 1) la medida es susceptible de conferirse
a otros credos, en igualdad de condiciones y 2) que entre otras circunstancias,
no se realicen actos de adhesión, así sean simbólicos, con una creencia,
religión o iglesia determinada, porque de ser así se violaría la neutralidad
del estado y se daría preeminencia de una religión sobre las otras, o los no
creyentes, violando de este modo el principio de igualdad[34].
En esta misma
Sentencia se dijo explícitamente que cuando en una ley converja una dimensión
religiosa con el reconocimiento o exaltación de elementos culturales,
históricos o sociales, el elemento religioso debe ser "meramente
anecdótico o accidental en el telos de la exaltación" y que en últimas
el fin principal de este tipo de regulaciones en ningún caso ha de ser de
fomento a un determinado credo o religión, es decir que "no puede
ser papel del Estado promocionar, patrocinar, impulsar, favorecer o realizar
cualquier actividad de incentivo respecto de cualquier confesión religiosa que
se practique en el territorio ".
En el caso
concreto consideró que como no se puede diferenciar entre el aspecto religioso
y el cultural e histórico de la semana santa en Popayán, existe un
"excesivo enmarañamiento" que no permite distinguir entre los
aspectos religiosos y los históricos y culturales, dando lugar a que se termine
por concluir que el Estado está apoyando una religión en particular, y que por
otra parte se termine por violar el principio de igualdad contenido en el
artículo 13 de la CP, porque se da preeminencia a este rito sobre celebraciones
de otras religiones o cultos, rompiendo de este modo con el principio de
neutralidad y laicidad en materia religiosa contenidos en el artículo 1 y 19 de
la CP[35].
Finalmente en los
antecedentes de la ley que declaró como patrimonio cultural inmaterial de la
Nación las Procesiones de la Semana Santa en Popayán, se advierte que además de
lo histórico y cultural se evidencia una motivación y significado religioso de
esta celebración y procesiones que busca exaltar, fomentar y proteger un rito
en particular.
Así por ejemplo
en la Exposición de Motivos que dio lugar a la aprobación de la Ley 891 de
2004, se dice que, "Las Procesiones de Semana Santa en Popayán son
tradición en Colombia desde el año de 1556, símbolo de nuestra historia y
patrimonio cultural, artístico y religioso. Hace parte de la
conservación de nuestros valores sociológicos, antropológicos, etnológicos y
lingüísticos..."[36]. Del mismo modo en
el debate que se realizó ante la Plenaria de la Cámara se dice que este evento
tiene una gran "significación social y religioso del país"[37].
Aunque con
posterioridad se insiste en los antecedentes del proyecto de ley, que la
manifestación religiosa se protege porque tiene un gran valor histórico y
cultural para la región y para el Estado, lo cierto es que desde que se inició
el debate para la aprobación de la ley, se dijo que el patrocinar esta
actividad religiosa con dineros públicos era problemático porque se podría
violar el principio de igualdad, el de laicidad y neutralidad del estado[38].
Por las
anteriores consideraciones estimo que la Corte en este caso debió declarar
inconstitucional el artículo 4o de la Ley 891 de 2004 "por la cual
se declara patrimonio cultural nacional las procesiones de semana santa y el
festival de música religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara
monumento nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan
otras disposiciones".
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-567/16
Referencia: Expediente D-11345
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 4º de la Ley 891 de 2004
Demandante:
María Isabel Avila Reyes
Magistrada Sustanciadora:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, presento a continuación las razones por las cuales aclaro
mi voto en la decisión, que por mayoría, adoptó la Sala Plena en sesión del 19
de octubre de 2016, en la cual se profirió la sentencia C-567 de 2016.
2. La norma
demandada en esta ocasión fue el
artículo 4º de la Ley 891 de 2004[39],
que permite a la administración nacional, departamental del Cauca y municipal
de Popayán asignar las partidas presupuestales necesarias para la protección
del patrimonio inmaterial de “la celebración de la Semana Santa” de esa
localidad. Según la demanda, con esa autorización se vulneran los artículos 1º,
2º, 13, 19 y 136-4 de la Constitución, en la medida en que se rompe el
principio de laicidad y neutralidad del Estado en materia religiosa y se
quebranta el derecho a la libertad de cultos, todo ello, al privilegiar
económicamente la celebración de una fiesta católica.
3. Como se desprende del cuerpo de la sentencia, la
Corte resolvió el siguiente problema jurídico:  “¿Vulnera el legislador los principios de neutralidad religiosa, pluralismo
religioso, búsqueda del interés general, igualdad y libertad religiosa, y
prohibición de decretar donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones,
pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer derechos
reconocidos por ley preexistente (CP arts 1, 2, 13, 19 y 136-4) al autorizar al Estado para
asignar partidas presupuestales con el fin de reconocer, exaltar, promover y
salvaguardar la celebración de un ritual colectivo (las Procesiones de Semana
Santa en Popayán) que aparece estrechamente vinculado con una religión
específica, en un contexto en el cual dicha manifestación acredita
suficientemente su valor cultural, ha sido declarada patrimonio cultural
inmaterial de la Nación y de la Humanidad?”.
Para resolver ese problema jurídico, la sentencia definió el
alcance de la norma acusada, analizó la constitucionalidad de las subvenciones
públicas y propició la unificación de ciertas reglas jurisprudenciales en la
materia. Finalmente resolvió los cargos planteados.
4. La sentencia concluyó que el artículo demandado era constitucional,
ya que “no se vulneraron los principios de neutralidad, pluralismo, igualdad
y libertad religiosa (CP arts 1, 2, 13 y 19), pero además tampoco se desconoce
la prohibición constitucional para el Congreso de “[d]ecretar a favor de
personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones,
pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o
derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente” (CP art 136-4)”.
Según la sentencia, la Constitución
establece que está prohibido decretar erogaciones que no estén destinadas a
satisfacer derechos reconocidos en ley preexistente, sin embargo, en este caso
el Congreso no decretó ninguna erogación no prevista en el ordenamiento
preexistente, sólo se limitó a autorizar la asignación de partidas
presupuestales con destino a una práctica colectiva que ha sido catalogada como
patrimonio cultural inmaterial de la Nación y de la Humanidad, en un contexto
en el cual la Constitución prevé que “[e]l patrimonio cultural de la nación
está bajo la protección del Estado”, y en el cual –además- la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial prevé el deber de
adoptar medidas de salvaguardia, entre las cuales razonablemente puede tomarse
la de brindar apoyos financieros para garantizar su viabilidad y revitalización
(art 2).
Como lo he anunciado en varias sentencias
reciente que han abordado la tensión entre laicismo y neutralidad estatal, y
promoción y financiación de manifestaciones culturales y religiosas, tengo varios
reparos, en este caso, sólo frente a la argumentación presentada, tal y como
expondré a continuación:
5.
Considero que, contrario a las sentencias recientes en asuntos similares, en
esta oportunidad la Corte hace un análisis crítico de la línea jurisprudencial
en la materia, ilustrando sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, a pesar de
representar un avance con respecto a posiciones anteriores de la Corte, la
sentencia tiene varios problemas. Algunos de estos problemas son de
deficiencias en la fundamentación de la decisión, mientras que otros se
relacionan con la falta de coherencia interna de los argumentos.
En relación con las deficiencias en la fundamentación,
en las consideraciones generales se hace un análisis de la relación entre la
cultura y los derechos constitucionales, en particular los derechos
fundamentales. Sin duda existe una estrecha relación entre derechos culturales
y la protección estatal de la cultura. Sin embargo, la Corte no puede
fundamentar la existencia de tal relación a partir de instrumentos
internacionales que carecen de carácter vinculante, como pueden serlo las
observaciones de organismos técnicos internacionales, o las declaraciones de
órganos políticos internacionales. La hermenéutica constitucional se ve
bastante debilitada si se fundamenta en declaraciones, opiniones o posiciones
subjetivas.
Sin embargo, considero que hay un problema aún más de
fondo de coherencia en la sentencia. Por un lado, hace alusión al principio de
neutralidad del Estado en materia religiosa. Sin embargo, a renglón seguido
acepta que el Estado reconoce el pluralismo religioso, la libertad de cultos,
la libertad de conciencia y de religión. ¿Cuál puede ser el sentido de dicho
reconocimiento? ¿Qué obligaciones implica para el Estado? ¿El reconocimiento
del pluralismo religioso implica únicamente obligaciones de abstención, o el
reconocimiento implica también obligaciones positivas tendientes a garantizar
que TODAS las manifestaciones religiosas puedan ejercer sus derechos? ¿Cómo se
garantiza la igualdad real, en torno a las condiciones de ejercicio de la
religión, por ejemplo?
6.
Afortunadamente en nuestro país no hemos vivido la discriminación por motivos
religiosos en los últimos años, o por lo menos no de la manera en que ha
ocurrido en otros continentes como por ejemplo en la India con los musulmanes,
con los cristianos y los Sihk. Sin embargo, el juez constitucional debe salvaguardar
que hacia futuro el Estado tenga las herramientas para garantizar que las
personas puedan ejercer de manera pública su religión sin interferencias
públicas o privadas ¿Este objetivo se va a lograr simplemente mediante la
abstención del Estado? ¿Cómo va el Estado a proteger las religiones de las
comunidades indígenas o afocolombianas frente a la injerencia de las misiones
evangelizadoras que penetran en sus sociedades como ocurrió en el caso de los
arhuacos que conoció la Corte en la sentencia SU-510 de 1998?
¿Simplemente absteniéndose de intervenir y dejándolo al “mercado de creencias
religiosas”?
No considero que limitar el papel del Estado a un
deber de abstención sea suficiente para proteger el pluralismo en materia
religiosa. Es necesario que el Estado intervenga de manera activa promocionando
el “hecho religioso” en igualdad de condiciones. De lo contrario, se está
creando un incentivo negativo frente al fenómeno religioso, y como lo ha
sostenido la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, nuestra Constitución
no es atea, es decir, no es contraria al “hecho religioso”.
7.
En esa medida, la interpretación de la neutralidad no puede ser la del “laissez
faire, laissez passer” dejar hacer, dejar pasar del Estado gendarme francés.
Debe ser, más bien, la interpretación de un Estado que promueve activamente
TODAS las creencias religiosas, incluso el ejercicio negativo de las mismas. Al
fin y al cabo, nuestro Estado se funda en el principio de dignidad humana que
reconoce la capacidad que tenemos todos los seres humanos para buscar la verdad
en TODOS los aspectos de la vida, pues también reconoce que el ser humano es un
ser integral.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Folios 149 a 164 del expediente de
constitucionalidad.
[2] “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y
72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.”
[3] Como se mostrará, las Procesiones de Semana en
Popayán fueron incluidas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, mediante la Decisión 4. COM 13.29 de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-. También
fueron incluidas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Nación y se aprobó para ellas un Plan Especial de Salvaguardia, mediante
la Resolución 2433 del 24 de noviembre del 2009, del Ministerio de Cultura.
[4] Las Gacetas del Congreso correspondientes lo ponen de
manifiesto. La Gaceta No. 498 de 2002, que contiene la exposición de motivos,
así lo señala. También así se precisó durante el debate surtido en Comisión
Segunda del Senado de la República, como consta en la Gaceta 159 de 2003, p 33.
[5] De acuerdo con las Directrices
Operativas para la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, expedidas por UNESCO,  son criterios de
inscripción en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad: “R.1 El elemento es patrimonio cultural inmaterial, en el sentido
del artículo 2 de la Convención. R.2 La inscripción del elemento contribuirá a
dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, a lograr que se tome
conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de
manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la
creatividad humana. R.3  Se elaboran medidas de salvaguardia que podrían
proteger y promover el elemento. R.4 El elemento se ha propuesto para
inscripción tras haber logrado la participación más amplia posible de la
comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su
consentimiento libre, previo e informado. R.5 El elemento figura en un
inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en el(los) territorio(s)
del(los) Estado(s) Parte(s) solicitante(s), de conformidad con los artículos 11
y 12 de la Convención”.
[6] El procedimiento de inscripción en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, adelantado
por UNESCO, se encuentra descrito también en las Directrices Operativas para
la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, expedidas por UNESCO. En esencia, el procedimiento
consiste en la presentación por los Estados Partes de una solicitud de
inscripción de un elemento en dicha Lista, para lo cual debe acreditar los
requisitos antes mencionados y acreditarlos en un expediente. Una vez efectuado
lo cual, el caso se somete a un proceso de evaluación por órganos expertos del
Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, el cual en el tiempo allí previsto define la inclusión del elemento
en la respectiva lista.
[7] Sentencia C-152 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime).
En ese caso se cuestionó una norma legal que consagraba una pensión vitalicia
especial para creadores y gestores culturales. Era demandada, en parte, por vulnerar
los principios de igualdad y seguridad social ya que les reconocía a los
creadores y gestores culturales una prerrogativa que les era negada a quienes
desempeñaban las demás profesiones y ocupaciones. La Corte la declaró
exequible, sobre la base parcial de que había un estímulo a la cultura
permitido por la Constitución. Sentencia C-441 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo. AV María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortiz Delgado. SV
Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos), en la cual la Corte admitió
la autorización legal a la administración pública para destinar partidas
presupuestales con destino a la salvaguardia de una muestra del patrimonio
cultural inmaterial (Procesiones de Semana Santa en Tunja).
[8] Sentencia C-766 de 2010 (MP Humberto Sierra Porto.
SPV María Victoria Calle Correa. SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub). En ese caso, en el cual se controlaba una
normatividad legal por medio de la cual se conmemoraban los cincuenta años de la Coronación de la
Imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia,
la Corte sostuvo que “En el régimen
constitucional colombiano es posible que coincidan el elemento cultural o
histórico o social y el elemento religioso en una exaltación de este tipo”.
[9] Sentencia C-766 de 2010 (MP Humberto Sierra Porto.
SPV María Victoria Calle Correa. SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub). La declaratoria de inexequibilidad se fundó, en ese
caso, no en que el objeto de la iniciativa tuviera un contenido religioso sino
en que este era predominante y superpuesto a cualquier otro de los que
pudieran atribuírsele. Dijo, de hecho: “no
encuentra la Corte un elemento secular que se superponga a la clara
significación católica que tiene la denominación de Santuario, con lo cual esta
acción del Estado entraría en la esfera, prohibida en un Estado laico, de promoción de
una determinada religión, máxime si se tienen en cuenta las consecuencias que
en materia funcional y presupuestal se asignan en la ley a instituciones
públicas –contenidas en artículos 2º, 3º, 4º y 5º del proyecto de ley
objetado-.”
[10] Sentencia C-817 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva. SPV María Victoria Calle Correa. SV Mauricio González Cuervo, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). La decisión de
inexequibilidad se fundamentó, no en la sola constatación de un referente
religioso en el objeto de la Ley, sino  en que “el
propósito principal y verificable de la norma acusada es promover una
congregación particular del credo católico, que tiene asiento en el municipio
de El Espinal. A su vez, no es posible identificar un criterio secular que
explique, con las mismas características, la compatibilidad entre la Ley
1402/10 y la naturaleza laica del Estado colombiano.”
[11] Sentencia C-224 de 2016 (MMPP Alejandro Linares
Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio. AV Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto
Vargas Silva. SV María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Gloria Stella Ortiz Delgado).
[12] Sentencia C-441 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo. AV María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortiz Delgado. SV
Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos).
[13] Sentencia C-152 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa. SPV Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas
Hernández). En esa ocasión se demandaba una Ley cuyo título la denominaba “Ley
María”, por cuanto esto al parecer vulneraba el principio de laicidad
estatal. La Corte la declaró exequible, aplicando el test mencionado, compuesto
diversos requisitos.
[14] Sentencia C-766 de 2010, citada.
[15] Memorial del profesor Theodosios Tsivolas.
[16] Tsivolas, Theodosios. Law and Religious
Cultural Heritage in Europe. Springer.
Secciones 1, 3 y 9.
[17] Ídem. Sección 9. También puede consultarse, sobre
Francia, el denominado Informe Machelon: Commission de réflexion juridique
sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, en especial las
páginas 23 y s.
[18] Currie, David P. The Constitution
of the Federal Republic of Germany. The University of Chicago Press. 1994,
p. 245 y ss.
[19] Gaceta 498 de 2002, p. 22.
[20] Gacetas 159, 283, 285, 293, 334, 601 de 2003, y 391
de 2004.
[21] Andrade González Gerardo. Popayán, su Semana Santa
y el Corpus Christi en el período colonial. Popayán. Utopía. 2008, pp. 39 y
ss. Casas Valencia, Harold y Felipe Velasco Melo (Eds). Procesiones de
Popayán. Arte y tradición. Junta Permanente Pro Semana Santa. 2002.
[22] Wilches-Chaux, Gustavo. “Las procesiones de Popayán:
un sentimiento colectivo”. En AAVV. Semana Santa en Popayán. Bogotá.
Villegas Editores. 1999, pp. 25-107. Casas Valencia, Harold y Felipe Velasco
Melo (Eds). Procesiones de Popayán. Arte y tradición. Junta Permanente
Pro Semana Santa. 2002.
[23] Ministerio de Cultura. Resolución 2433 de 2009 ‘Por
la cual se incluyen "Las Procesiones de Semana Santa de Popayán,
Cauca" en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y se
aprueba su Plan Especial de Salvaguardia’. También Andrade González Gerardo. Popayán,
su Semana Santa y el Corpus Christi en el período colonial. citado, pp 19 y
ss.
[24] Vergara y Vergara, J.M. “La Semana Santa en Popayán”.
Anexo de Pruebas, folios 66 y ss.
[25] Wilches-Chaux, Gustavo. “Las procesiones de Popayán:
un sentimiento colectivo”. citado, p. 70.
[26] Estos elementos se infieren a partir de las
intervenciones, de la Resolución 2433 de 2009 del Ministerio de Cultura, y de
las publicaciones aportadas al proceso y consultadas por la Corte. Por ejemplo,
puede verse Valencia, Guillermo. “Las Procesiones en Popayán”, Anexo de
pruebas, folios 70 y ss; Arboleda, José María. “Popayán y la Semana Santa”.
Anexo de pruebas, folios 76 y ss.; Velásquez López, María Cecilia. “Las
procesiones de Semana Santa: el enfoque antropológico y la visión histórica”.
En 450 años Procesiones Semana Santa Popayán 1556-2006. Memorias.
Ministerio de Cultura. Junta Permanente Pro semana Santa. 2006, pp. 77-85;
Wilches-Chaux, Gustavo. “Las procesiones de Popayán: un sentimiento colectivo”;
del mismo autor La Procesión va por dentro. Museo Nacional de Colombia.
2003; Casas Valencia, Harold y Felipe Velasco Melo (Eds). Procesiones de
Popayán. Arte y tradición. Citado.
[27] Velásquez López, María Cecilia. “Las procesiones de
Semana Santa: el enfoque antropológico y la visión histórica”. citado, pp. 78 y
ss.
[28] Berlín, Isaiah. “Dos conceptos de libertad”, en Sobre
la libertad. Madrid. Alianza. 2004, pp. 226 y ss: “[e]l conocimiento
libera, como enseñó hace mucho Epicuro, al eliminar automáticamente los miedos
y deseos irracionales. […] El conocimiento libera al ampliar nuestras
posibilidades de elección pero también al ahorrarnos la frustración de intentar
lo imposible”.
[29] Sentencia C-054 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa. AV Alexei Julio Estrada). En ese caso se decidía si el Congreso de la República había violado los derechos
fundamentales de las comunidades indígenas y negras del departamento del Cesar,
en especial de sus niñas y niños, al autorizar al Gobierno a crear un espacio
pedagógico para la promoción de la cultura vallenata. La Corte concluyó que la
cátedra no podía ser de obligatorio cumplimiento por los establecimientos
educativos, pero señaló que podía haber una cátedra de esa naturaleza
libremente implementada.
[30] Muñoz Muñoz, Hugo Eduardo. Impacto económico de
las Procesiones de la Semana Santa en Popayán. En 450 años Procesiones
Semana Santa Popayán 1556-2006. Memorias. Ministerio de Cultura. Junta
Permanente Pro Semana Santa. 2006, pp. 51 y ss.
[31] Sentencia C-434 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. Unánime). En ese caso se cuestionaba específicamente que los
Carnavales de Pasto hubiesen sido objeto de las medidas de protección cultural
previstas en dicha ley, y no otros carnavales de negros y blancos desarrollados
en otros municipios. La Corte señaló que los demás carnavales no eran
asimilables culturalmente al de Pasto, y que en cualquier caso incluso se
justifica un trato diferente ante semejanzas que no eran constitucionalmente
relevantes.
[32] Este mismo cambio ya
se había dado en la Sentencia C-441 de 2016 que declaró la constitucionalidad
de los artículos 6o y 7o de la Ley 1767 de 2015 "Por medio
de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la
celebración de la semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras
disposiciones'", en donde también se salvó el voto por las mismas
razones que se dan en esta ocasión.
[33] Lemon vs.
Kurtzman de 1971 {Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602
(1971), fue la decisión hito en Estados Unidos para solucionar problemas
relacionados con la laicidad y neutralidad del Estado. En esta ocasión la
Corte Suprema de
Justicia determinó que una Ley de Educación Secundaria y Primaria del Estado de
Pennsylvania, que establecía la posibilidad de que se reembolsará a los
profesores de las escuelas católicas un 15% del salario con fondos públicos era
inconstitucional. El fallo de 8 contra 1 estableció los tres principios antes
descritos (i) Que la ley ha de tener un propósito secular, (ii) Su efecto
primero o principal no debe ser ni inhibir ni promocionar la religión y (iii)
Su aplicación no debe propiciar un enmarañamiento {excessive
entanglement) entre el Estado y la religión. (Ver. Víctor J. Vásquez
Alonso, Laicidad y Constitución, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2012, pp. 61 y ss).
[34] La Sentencia
C-152 de 2003 dispone que el Estado tiene prohibido, por mandato de la
Constitución u(i) establecer una religión o iglesia oficial;
(ii)
identificarse
formal y explícitamente con una iglesia o religión o (iii) realizar actos
oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia.
Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias
y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y
vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional.
No obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o
medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la
expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas
o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o
perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente
libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de
orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias
religiosas".
[35] Para la
determinación del "enmarañamiento excesivo" {excessive
entanglement) entre el Estado y la religión se han establecido unas
subreglas por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde se debe
tomar en consideración: (i) el carácter y los propósitos de las instituciones
beneficiadas por la norma; (ii) la naturaleza de la ayuda que el Estado provee;
(iii) la relación resultante entre el Estado y la autoridad religiosa (Ver:
Víctor J. Vásquez Alonso, Op. cit, p. 62.)
[36] Exposición de
Motivos del proyecto de Ley 134 de 2002, Senado, Gaceta del Congreso No 573.de 2002.
[37] Ponencia para
primer debate en la plenaria de la Cámara al proyecto de ley 134 de 2002
Senado, 292 de 2003 Cámara, Gaceta del Congreso No 601 de 2003. Negrillas fuera
del texto.
[38] Se dijo por
ejemplo en la discusión que se dio en el Primer debate ante la Plenaria de la
Cámara, que se dijo lo siguiente, "Debemos mencionar que conocemos la
posición del gobierno en cuanto a estos proyectos en los que el Congreso
autoriza gastos, apropiaciones presupuéstales y demás, posición que siempre
resulta en la objeción que el gobierno hace a ellos. Cabe recordar que en días
pasados los honorables Senadores Camilo Sánchez Ortega y Andrés González Díaz,
así como los honorables Representantes Sandra Cebados Arévalo, Dixon Tapasco
Triviñoy el ponente de esta iniciativa, suscribieron un informe de contestación
a las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional a un proyecto similar,
donde no se aceptan dichas objeciones porque la Corte Constitucional ha sentado
jurisprudencia en el sentido de declarar exequibles ciertas leyes de honores con
gastos autorizados(...)".
[39]
“Por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las
Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán,
departamento del Cauca, se declara monumento Nacional un inmueble urbano, se
hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones”