T-193-15
Sentencia T-193/15
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR EL
EJERCITO-Procedencia
excepcional
Cuando el mecanismo ordinario de defensa judicial previsto
legalmente (acción de nulidad y restablecimiento de derecho) no resulta lo
suficientemente idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales que pueden verse afectados en el proceso de definición de la
situación militar –debido proceso y mínimo vital-, la acción de tutela procede
de manera definitiva para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y
para proteger los derechos fundamentales vulnerados por las autoridades. En lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos proferidos
por el ejército nacional, cuando se evidencia, como en los casos objeto de
estudio, la falta de idoneidad y eficacia de la acción de nulidad y
restablecimiento de derecho para el goce y ejercicio de los derechos
fundamentales que se encuentran supeditados a la definición de la situación
militar.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Debe ponderarse
bajo el criterio del plazo razonable y oportuno
LIBRETA
MILITAR-Instrumento que permite el ejercicio pleno del
derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesión y oficio
Este documento
público acredita el cumplimiento del deber constitucional y legal que tiene
todo ciudadano colombiano de definir su situación militar, pero su ausencia
incide en el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales que se condicionan
a la obtención de la libreta militar, particularmente el derecho al trabajo y
la libertad de escoger profesión u oficio.
DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO EN EL RECLUTAMIENTO E INCORPORACION AL SERVICIO MILITAR-Autoridades
militares deben observar el debido proceso y respetar derechos fundamentales de
quienes están definiendo su situación militar
Esta
Corporación se ha referido en amplio número de pronunciamientos a la necesidad
de aplicar el debido proceso en todas las actuaciones que despliegue la
administración, precisando que debe existir una secuencia que relacione entre
sí cada una de las decisiones que se toman y debe respetarse en cada etapa del
trámite administrativo, los derechos de contradicción y defensa y la
posibilidad de aportar pruebas; lo anterior, para lograr un equilibrio entre el
Estado y el ciudadano.
SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO Y CASO EN QUE SE IMPONE MULTA POR NO PRESENTARSE EL DIA DE LA
CITACION-Acto administrativo debe estar motivado y notificarse
personalmente
Esta
Corporación ha señalado que cuando se impone una sanción de tipo económico por
no cumplir con la obligación de definir la situación militar, el acto
administrativo que la contenga debe estar debidamente motivado y debe
notificarse personalmente, pues de lo contrario la decisión no tendrá efectos
legales. La sanción que se imponga a un ciudadano por no cumplir con la
citación hecha por la autoridad de reclutamiento para la definición, debe
obedecer al cumplimiento y respeto de una secuencia de etapas, que le permitan
al afectado ejercer su derecho de defensa y contradicción.
CUOTA DE COMPENSACION
MILITAR-Casos en que estarán exentos del pago los ciudadanos eximidos de
prestar servicio militar y encontrarse en estado clasificados, artículo 6 de la
Ley 1184 de 2008
Para el
reconocimiento de la exención de la cuota de compensación militar por la causal
primera del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, es suficiente la acreditación
del nivel del Sisbén por medio  de la base de datos del Departamento
Nacional de Planeación. Cuando no se cuente con ella, pero se demuestre
sumariamente la afectación sustancial del mínimo vital del accionante y de su núcleo
familiar, la autoridad de reclutamiento deberá validar la situación. En ese
caso establecerá los términos y los plazos -que podrán superar los 90 días
dispuestos en el artículo 2°, parágrafo 2° de la  Ley 1184 del 2008-, para
el pago de la cuota de compensación militar, los cuales se ajustarán a las
condiciones económicas propias del actor y de su núcleo familiar.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y AL TRABAJO-Orden al Ejército
entregar libreta militar y exonerar del pago de la cuota de compensación
militar al accionante
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y AL TRABAJO-Orden al Ejército
cobrar al accionante, por concepto de cuota de compensación militar, la suma de
dinero que se ajusten a las condiciones económicas propias del actor y de su
núcleo familiar
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL
MINIMO VITAL-
Orden al Ejército exonerar a joven del pago de la cuota de
compensación militar por limitación
síquica que padece y
entregar la correspondiente libreta militar
Referencia: Expedientes T-4599928, T-4608900 y
T-4615270 (Acumulados)
Expediente T-4599928: Acción de tutela
instaurada por Andrés Felipe Zapata contra la Cuarta (4ª) Zona de Reclutamiento
y el Distrito Militar No. veintisiete (27) del Ejército Nacional.
Expediente T-4608900: Acción de tutela
instaurada por Julián Andrés Durán Mesa contra la Quinta (5ª) Zona de
Reclutamiento  y el Distrito Militar No. treinta y dos (32) del Ejército
Nacional.
Expediente T-4615270: Acción de tutela
instaurada por Constanza Dorian Arias Perdomo, Defensora del pueblo Regional
Huila en representación de Carlos Andrés Gallego Castro contra la Novena (9ª)
Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar No. cuarenta y dos (42) del Ejército
Nacional.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos
mil quince (2015)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, y previo el cumplimiento de los requisitos y
trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las siguientes
decisiones judiciales:
1. En primera (1ª) instancia, por el Juzgado Trece
(13) Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, Antioquia, el
veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª)
instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Antioquia, el catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014) en el
proceso de tutela iniciado por Andrés
Felipe Zapata contra la Cuarta (4ª) Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar
No. veintisiete (27) del Ejército Nacional. (T-4599928)
2.  En única instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander, el dos (02) de mayo
de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado por Julián Andrés
Durán Mesa contra la Quinta (5ª) Zona de Reclutamiento  y el Distrito Militar
No. treinta y dos (32) del Ejército Nacional. (T-4608900)
3.   En primera (1ª) instancia, por la Sala Primera
(1ª) de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva,
Huila, el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014) y, en segunda
(2ª) instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
el dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014) en el proceso de tutela iniciado
por  Constanza Dorian Arias Perdomo, Defensora del Pueblo Regional Huila en
representación de Carlos Andrés Gallego Castro contra la Novena (9ª) Zona de
Reclutamiento y el Distrito Militar No. cuarenta y dos (42) del Ejército
Nacional.  (T-4615270)
Los procesos de la referencia fueron
seleccionados para revisión por la Sala de Selección Número Once (11) de la
Corte Constitucional, mediante Auto proferido el veintiuno (21) de noviembre de
dos mil catorce (2014).
I. ANTECEDENTES
Los expedientes seleccionados y acumulados para
ser resueltos en la presente sentencia, plantean un aspecto en común: la eventual afectación al mínimo vital de los accionantes derivada
del pago de la multa por no acudir a las convocatorias de reclutamiento (T-4599928) o de la cuota de compensación militar (T-4608900 y T-4615270), y de las dificultades que
supone la no obtención de la libreta militar para el ejercicio de otros
derechos fundamentales. A continuación se hace
referencia a los antecedentes de cada uno de los tres expedientes.
1.
Proceso de Andrés Felipe Zapata
(Expediente T-4599928)
El nueve (9) de junio de 2014, Andrés Felipe Zapata interpuso acción
de tutela al considerar que la Cuarta (4ª) Zona de Reclutamiento  y el Distrito
veintisiete (27) del Ejercito Nacional, violó sus derechos fundamentales al
trabajo, el mínimo vital y el debido proceso al imponerle una multa por incumplir
con la citación hecha por la autoridad de reclutamiento para la definición de su
situación militar, sin haberle otorgado antes la oportunidad para ejercer su
derecho de defensa.
1.1.
El accionante funda su solicitud de
tutela en los siguientes hechos
1.1.1.
Andrés Felipe Zapata, de 24 años de edad, manifiesta
en su escrito de tutela ser hijo único de la señora Gloria Astrid Zapata -quien
se desempeña como empleada doméstica-, depender económicamente de ella y
desconocer el paradero de su padre.[1]
Su lugar de residencia presenta un rango de estratificación número dos[2] y se encuentra registrado
en la base de datos del Departamento Nacional de Planeación. [3]
1.1.2.
El accionante fue declarado infractor “remiso” mediante
resolución del treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014), proferida por la
Cuarta Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional[4], por incumplir con la
citación hecha por la autoridad de reclutamiento. En consecuencia, fue
sancionado al pago de una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
1.1.3.
En virtud de su calidad de hijo único de madre
soltera, el Ejército Nacional según lo establecido en el literal (c) del
artículo 28 de la Ley 48 de 1993[5],
reconoció en favor del accionante la exención de la prestación del servicio
militar obligatorio.
1.1.4.
El accionante sostiene que la imposición de la
multa sancionatoria le impide resolver su situación militar, lo cual a su
juicio tiene una incidencia directa en el ejercicio pleno de su derecho
fundamental al trabajo y mínimo vital pues no cuenta con los recursos económicos
para cancelar el valor de la sanción que según el actor asciende a la suma de
seis millones de pesos[6].
Estima que en virtud del numeral primero del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008[7] debe quedar exento del
pago de cualquier cuota de compensación militar. Por consiguiente, solicitó al
juez de tutela (i) la anulación de la multa impuesta por el Distrito
veintisiete (27) militar del Ejército Nacional  y (ii)  la obtención de su
libreta militar.
1.2.
Respuesta de la entidad accionada
1.2.1.
El dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014),
el Comandante de la Zona Cuarta de Reclutamiento del Ejército Nacional[8] dio respuesta a la acción
de tutela solicitando negar sus pretensiones.[9]
En primer lugar, sostuvo que una vez verificado el Sistema Integrado de
Información de Reclutamiento – SIIR, se encontró que el accionante no
compareció a la citación de incorporación hecha para el día 10 de diciembre de
2009[10],
por lo que se le impuso  la sanción contemplada en el literal (e) del artículo
42 de la Ley 48 de 1993[11].
Respecto a la exención de pago de multa señaló:
“[…] la ley no trae excepciones para exonerar de dichas multas a los
infractores por su situación económica, trae excepciones de este tipo para no
cobrar cuota de compensación militar y son taxativas, pero para las multas no.
[…] De igual forma tener Sisbén lo exonera de pagar la cuota de compensación
militar, mas no de las multas impuestas, […]”
1.2.2. Posteriormente, precisó que el accionante fue notificado
personalmente de la resolución sancionatoria y no interpuso los recursos de
reposición y apelación en los 10 días señalados para ello. [12]
1.3.
Decisión del juez de primera instancia
El veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014), el Juzgado
Trece (13) Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín
resolvió declarar improcedente la tutela. Consideró que al tratarse de una
controversia que supera las esferas constitucionales, lo pretendido por el
accionante –nulidad de la sanción impuesta por la Cuarta Zona de Reclutamiento
del Ejército Nacional- debe resolverse en la jurisdicción contenciosa
administrativa. De modo similar, insistió en la improcedencia de la acción por
la falta de agotamiento de recursos en contra de la resolución sancionatoria.
1.4.
Impugnación
El tres (03) de julio de dos mil catorce (2014), el accionante
impugnó el fallo proferido el día 24 de junio de 2014 por el Juzgado Trece
Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín.[13]
1.4.1.
En primer término, advirtió que si bien existe
otro medio de defensa judicial en la jurisdicción contenciosa administrativa
–acción de nulidad y restablecimiento de derecho-, a fin de evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procede de manera
transitoria.[14]
1.4.2.
A renglón seguido, aseveró que  el primero (1º)
de octubre de dos mil once (2011), se presentó al Batallón Girardot del
Ejército Nacional para cumplir con una de las citaciones hechas por la
autoridad de reclutamiento, poniendo en conocimiento del distrito militar
accionado su calidad de hijo único, circunstancia que no se tuvo en cuenta al
momento de ser sancionado como ciudadano “remiso”. [15]
1.4.3.
Finalmente, insistió en su falta de capacidad
económica para cancelar  la sanción impuesta  en su contra, lo cual le impide
acceder al mundo laboral y obtener su mínimo vital. Así las cosas, solicita se
revoque el fallo proferido por el Juzgado Trece (13) Penal del Circuito con
función de conocimiento de Medellín y en su lugar, se protejan sus derechos
fundamentales.
1.5.
Decisión del juez de segunda instancia
El catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014), la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín resolvió la impugnación confirmando
el fallo recurrido.[16]
Concluyó que la acción de tutela no satisface los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez. Frente a la subsidiariedad, estimó que si bien el acto reprochado
por el actor es contrario a sus intereses, la acción de tutela no es el
mecanismo dispuesto por el ordenamiento jurídico para anular un acto
administrativo que goza de una doble presunción: legalidad y acierto. En
relación con el requisito de inmediatez, precisó que si el objeto de la acción
de tutela es evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, no es razonable
que exista un lapso tan amplio entre la fecha en la que se profirió el acto
administrativo sancionatorio y la interposición de la acción de tutela[17].
2.
Proceso de Julián Andrés Durán Mesa
(Expediente T- 4608900)
El once (11) de abril de dos mil catorce (2014), Julián Andrés Durán
Mesa presentó acción de tutela contra la Quinta (5ª) Zona de Reclutamiento  y el Distrito treinta y dos (32)
del Ejército Nacional[18], al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital y petición por no valorar las condiciones
socio-económicas de su núcleo familiar al momento de liquidar la cuota de
compensación militar y no dar respuesta a la solicitud de revocatoria directa
propuesto en contra de la referida liquidación.
2.1.
El accionante funda su solicitud de
tutela en los siguientes hechos
2.1.1.
Julián Andrés Durán Mesa, de 24 años de edad,
fue declarado apto para prestar el servicio militar mediante examen médico del
29 de noviembre de 2010. [19]
2.1.2.
En virtud de sus estudios universitarios,[20] debió aplazar la
prestación del servicio militar, por lo que solicitó la liquidación de la cuota
de compensación militar, la cual fue fijada por un valor de un millón
setecientos cuarenta y nueve mil pesos ($1.749.000).
2.1.3.
Inconforme con el valor fijado por considerarlo
desproporcionado, el 14 de febrero de 2014, el accionante solicitó la
revocatoria directa[21]
de la liquidación de la cuota de compensación militar. El distrito militar
accionado declaró improcedente la solicitud de revocatoria por no haberse
propuesto el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la resolución liquidatoria, dejando de resolver de fondo la
solicitud.
2.1.4.
El accionante aseveró que depende económicamente
de su padre, por lo que asumir el valor liquidatorio de la cuota de
compensación militar implicaría interrumpir su carrera universitaria, afectando
ostensiblemente su derecho a la educación y mínimo vital. Manifestó su
inconformismo frente al método de liquidación, pues a su hermano -quien se
encuentra en circunstancias fácticas idénticas- le fue cobrado por concepto de
cuota de compensación militar el valor de quinientos sesenta y siete mil pesos
($567.000).  En consecuencia, solicitó al juez de tutela que ordenara al Distrito
Militar No. 32 del Ejército Militar subsanar las irregularidades que se
cometieron en la liquidación de su cuota de compensación militar, teniéndose en
cuenta su capacidad económica y la de su núcleo familiar.
2.2.
Respuesta de la entidad accionada
2.2.1.
El veintiuno (21) de abril de dos mil catorce (2014),
el Comandante de la Zona Quinta (5ª) de Reclutamiento del Ejército Nacional[22] dio respuesta a la
acción de tutela[23].
Informó que el ciudadano Durán Mesa se encuentra inscrito en el Sistema
Informativo Integrado de Reclutamiento como “remiso sin multa clasificado
con recibo”, recomendándole al actor acercarse al distrito militar
para definir su situación militar.
2.2.2.
Frente al cuestionamiento del valor fijado como
cuota de compensación militar, indicó que este se encuentra acorde a los
parámetros legales del  artículo 1º de la Ley 1184 de 2008[24] en lo referente a la
base gravable.
2.3.
Decisión del juez de única instancia
El dos (2) de mayo de dos mil catorce (2014), el Tribunal
Administrativo de Santander resolvió conceder la protección del derecho
fundamental de petición, por considerar que no se resolvió de fondo la
solicitud de revocatoria directa en el término legal dispuesto para ello[25]. En lo concerniente a la
exención del pago de la cuota de compensación militar, negó el amparo
pretendido al advertir que se trata de una contribución legal que debe ser
cancelada por aquellas personas que por alguna causal de exención o inhabilidad
no prestaron el servicio militar. También afirmó que el tutelante no aportó prueba
alguna que acreditara la vulneración del mínimo vital de su núcleo familiar o
su calidad de estudiante universitario.
Sin embargo, exhortó a la autoridad de reclutamiento en los
siguientes términos:
“[…] para que en casos como el que aquí nos ocupa donde se haya impuesto
una cuota de compensación alta se estudie la posibilidad de que los obligados a
pagar esta contribución legal, lo hagan en cuotas moderadas, para que de esta
manera se pueda finalizar satisfactoriamente este proceso y se acceda a la
libreta militar.”
3.
Proceso de Carlos Andrés Gallego Castro
(Expediente T- 4615270)
El cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014), Constanza Dorian
Arias Perdomo, Defensora del Pueblo Regional Huila, en representación de Carlos
Andrés Gallego Castro, presentó acción de tutela en contra de la Novena (9ª)
Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar No. cuarenta y dos (42) del
Ejército Nacional, al considerar que esas autoridades vulneraron los derechos
fundamentales del joven Gallego Castro al debido proceso, mínimo vital y dignidad
humana por no reconocer en su favor la exención de la cuota de compensación
militar, aun cumpliendo con la segunda causal contemplada en el artículo 6º de
la Ley 1184 de 2008[26].
3.1.
El accionante funda su solicitud de
tutela en los siguientes hechos
3.1.1. Carlos Andrés Gallego Castro, de 19 años de edad, fue valorado y
diagnosticado por la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Neiva
en junio de 2010, con “retardo mental moderado, deterioro del comportamiento
significativo que requiere de atención o tratamiento”[27], cuadro
clínico ratificado el 21 de agosto de 2013 por el dictamen de la neuróloga
pediatra María Alejandra Benavidez Fierro.[28]
3.1.2. El Distrito Militar No. 42 del Ejército Nacional, de conformidad con
el cuadro clínico mental del ciudadano Gallego Castro y con fundamento en el literal
(h) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993[29]
y de, lo exoneró de la prestación del servicio militar obligatorio[30], liquidándose según el
actor, la cuota de compensación militar por un valor de un millón cien mil
pesos ($1.100.000)
3.1.3. La Defensoría del Pueblo Regional Huila, mediante oficio No. 3517
del 24 de abril de 2014[31],
solicitó al Distrito Militar No. 42 reconociera a favor del ciudadano Gallego
Castro la exención del pago de la cuota de compensación militar contemplada en
el numeral segundo del artículo 6 de la Ley 1184 de 2008, al haberse demostrado
su afectación neurológica permanente.
3.1.4.
El Distrito Militar No. 42 del Ejército Nacional,
mediante oficio No. 758 del 15 de mayo de 2014[32],
resolvió negar la solicitud de exención de la cuota de compensación militar
propuesta por la Defensora del Pueblo Regional Huila. Manifestó que el nivel moderado
de discapacidad no exime al actor de pagar la cuota de compensación
militar.
3.1.5.
La Defensora de Pueblo consideró que la
interpretación ambigua que realiza la entidad de reclutamiento accionada,
relacionada al nivel de discapacidad requerido por el numeral segundo del
artículo 6 de la Ley 1148 de 2008, limita la efectividad de los derechos
fundamentales al debido proceso y dignidad humana de las personas que como el
joven Gallego Castro se encuentran en una condición de debilidad manifiesta. Por
lo anterior, solicitó al juez constitucional que ordenará al Distrito Militar
No. 42 eximiera al ciudadano Carlos Andrés Gallego Castro del pago de la cuota
de compensación militar con fundamento en su cuadro clínico.
3.2.
Respuesta de la Novena Zona de Reclutamiento,
Distrito Militar No. 42
3.2.1.
A través del oficio No. 1155 del 12 de agosto de
2014, el Comandante del Distrito Militar No. 42 del Ejército Nacional[33] dio respuesta a la
acción de tutela solicitando se declare su improcedencia. Resaltó que para el
caso del ciudadano Gallego Castro, el diagnóstico de “retardo mental
moderado” lo exonera de la prestación del servicio militar pero no del pago
de la cuota de compensación militar, ya que la limitación no es lo suficientemente
grave e incapacitante, motivo por el que no procede la exención del pago de la
cuota de compensación militar enunciada en el numeral 2º del artículo 6 de la
Ley 1184 de 2008. [34]
3.2.2.
Al escrito de contestación adjuntó copia de la
guía de aptitud psicofísica que establece los códigos de inhabilidad y las
patologías en las que generan una inhabilidad absoluta – grave e incapacitante-,
dentro de las que se encuentra el retardo mental severo.[35]
3.4. Sentencia de primera instancia
3.4.1. El diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014), la
Sala Primera de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva decidió negar por improcedente el amparo constitucional reclamado al
considerar que el acto administrativo cuestionado -el no reconocimiento de la
causal de exención para el pago de la cuota de compensación militar – puede ser
objeto de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa,
configurándose de esta manera la subsidiariedad como causal de improcedencia. En
relación con la calidad de especial protección del actor en razón de su
discapacidad indicó,
“La Sala no desconoce las garantías que le asisten al accionante
dada su discapacidad, hecho que lo hace sujeto de especial protección
constitucional; sin embargo, para este evento nos encontramos frente a un caso […]
previamente reglado en el ordenamiento, [en el que] la autoridad competente
para ello, determinó que no era posible acceder a su exoneración.”
3.4.2. Finalmente, precisó que no se advierte la necesidad de
intervención excepcional y transitoria por parte del juez constitucional, pues
dentro del proceso no se demostró la amenaza de un perjuicio irremediable
inminente.
3.5. Impugnación
El veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), la Defensora
del Pueblo regional Huila impugnó el fallo proferido el 19 de agosto de 2014
por la Sala Primera de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva.[36]
3.5.1. Frente al argumento expuesto por el tribunal en relación a la
aplicación de la subsidiariedad como causal de improcedencia, enfatizó que el distrito
militar accionado en ningún momento ha proferido un acto administrativo en el
que se establezca el monto de la cuota de compensación militar a cancelar, lo
que impide al joven representado agotar los recursos administrativos y acceder
a la jurisdicción contenciosa. [37]
3.5.2. Para la defensora resulta incongruente que para la exención
de la prestación del servicio militar se considere la afectación neurológica
permanente que padece el joven Gallego Castro, pero que para la exención de la
cuota de compensación militar se desconozca el carácter permanente de la
afectación mental.[38]
3.5.3. En conclusión, solicitó se revocara el fallo proferido por la
Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva y en su lugar, se garantizara la materialización de los derechos al
mínimo vital y debido proceso del ciudadano Carlos Andrés Gallego Castro.
3.6. Sentencia de segunda instancia
El dos (2) de octubre de dos mil catorce (2014), la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió la impugnación confirmando el
fallo recurrido.[39]
A su juicio, la controversia en torno a la exoneración del pago de la cuota de
compensación militar ante una condición de discapacidad debió ventilarse ante
la jurisdicción contenciosa administrativa.
3.6.1. En lo relativo al nivel de discapacidad requerido para
aplicar la exención contemplada en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1148
de 2008, precisó que “la limitación debe provenir de una condición clínica
lo suficientemente grave e incapacitante no susceptible de recuperación por
medio alguno, que según la guía de aptitud psicofísica que establece los
códigos de inhabilidad, solo es constituida por un retraso mental severo”.
3.6.2. Concluye afirmando que como lo sostuvo de manera acertada el
tribunal, no se evidencia la amenaza de un perjuicio irremediable que
justifique la mediación transitoria del juez constitucional.
4.
Actuaciones surtidas en sede de revisión
Con el fin de
contar con mayores elementos de juicio, el despacho de la magistrada ponente ofició
a las partes de los procesos acumulados mediante auto de pruebas del 30 de
enero de 2015, en el que se requirió la siguiente información:
4.1.   Respecto
al expediente T- 4599928 se requirió al accionante Andrés Felipe Zapata para
que informara a la Sala de Revisión: (i) ¿Cuál es el monto de los
ingresos mensuales de su núcleo familiar, de dónde provienen y cómo se
distribuyen para atender las necesidades básicas, obligaciones de tipo
crediticio y otros? Y, (ii) ¿Tiene pruebas tendientes a corroborar su
comparecencia a la citación efectuada por el distrito Militar No. 27 del
Ejército Nacional para definir su situación militar? Mediante escrito radicado el
10 de febrero de 2015 en la Secretaría General de esta Corporación, el joven
Andrés Felipe Zapata dio contestación al requerimiento.
De igual forma,
se solicitó al Comandante de la Zona Cuarta de Reclutamiento del Ejército
Nacional para que informara a la Sala de Revisión: (i) ¿Cuál es el
estado actual de la definición de la situación militar del ciudadano Andrés
Felipe Zapata identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.605.009?, (ii)
De conformidad con la resolución sancionatoria No. 002 del 30 de mayo de 2014
expedida por su dependencia, ¿Cuál es el estado y valor actual de la multa
impuesta?, (iii) ¿Su distrito militar aplica políticas internas que
faciliten el pago de este tipo de sanciones para aquellas personas clasificadas
en los niveles I, II, III del Sisbén? Y, (iv) ¿Qué gestiones va a
realizar para regularizar la situación militar del ciudadano Zapata, en el
menor tiempo posible, de manera que no se afecten otros derechos fundamentales,
tales como el derecho al trabajo? Vencido el término para contestar, el
Comandante de la Zona Cuarta de Reclutamiento del Ejército Nacional no se
pronunció.
4.2.
Respecto al expediente T-4608900 se solicitó al
accionante Julián Andrés Durán Mesa que informara a la Sala de Revisión:  (i)
¿Su situación militar ya está resuelta?, (ii) ¿Cuál es el monto de los
ingresos mensuales de su núcleo familiar, de dónde provienen y cómo se
distribuyen para atender las necesidades básicas, obligaciones de tipo
crediticio y otros?, (iii) ¿Cuál es la descripción de su núcleo familiar
y de los integrantes que la conforman (edad y actividad que desarrollan)?, (iv)
¿Cuál es el valor del semestre universitario y su forma de pago? Y, (v)
¿Qué tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y puntaje del Sisbén?
Vencido el término para contestar, el joven Julián Andrés Durán Mesa no se
pronunció.
4.3.
Respecto al expediente T-4615270 se requirió al
accionante Carlos Andrés Gallego Castro para que informara a la Sala de
Revisión: (i) ¿Cuál es el monto de los ingresos mensuales de su núcleo
familiar, de dónde provienen y cómo se distribuyen para atender las necesidades
básicas, obligaciones de tipo crediticio y otros?, (ii) ¿Cuál es la
descripción de su núcleo familiar y de los integrantes que la conforman (edad y
actividad que desarrollan)? Y, (iii) ¿Cómo afecta el desarrollo de sus
actividades diarias el diagnóstico de retardo mental moderado y cual es nivel
de dependencia de terceros para realizar dichas actividades? Mediante escrito
radicado el 11 de febrero de 2015 en la Secretaría General de esta Corporación,
Carlos Andrés Gallego Castro resolvió las preguntas hechas.
De igual modo,
se requirió al Comandante del Distrito Militar No. 42 del Ejército Nacional
para que informara a la Sala de Revisión si el distrito militar que representa,
aplica políticas internas que faciliten el pago de este tipo de sanciones para
aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad y para que remitiera
copia del acto administrativo que fijo la cuota de compensación militar al
ciudadano Carlos Andrés Gallego Castro, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.075.291.013 y constancia de notificación. Mediante escrito radicado el 16
de febrero de 2015, el Comandante del Distrito Militar No. 42 del Ejército
Nacional dio contestación al requerimiento hecho por la Sala.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para
revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36
del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas jurídicos
2.1. La Sala Primera de Revisión decidió acumular los tres casos
considerando que presentan similitudes relevantes entre ellos. Concretamente,
hacen referencia a la eventual afectación al mínimo vital derivada del pago de
la cuota de compensación militar o de la multa por no acudir a las convocatorias
de reclutamiento, y de las dificultades que supone la no obtención de la
libreta militar para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Sin embargo, cada uno de los casos refleja también particularidades
que deben ser tenidas en cuenta por el juez constitucional y, en ese sentido,
configuran problemas jurídicos independientes.
2.2. En el primero de los casos (T-4599928),
el origen de la prestación dineraria exigida para la definición de la situación
militar, responde a la sanción impuesta al accionante por incumplir con la
citación hecha por la autoridad de reclutamiento para la definición de la
situación militar, trámite en el que según el actor, no se le otorgó la
oportunidad de probar su comparecencia a la citación hecha por la autoridad de
reclutamiento y su calidad de hijo único. Afirma que, el valor de la multa
desborda su capacidad económica. Corresponde a esta Sala determinar si: ¿Vulneró
el Ejército Nacional el derecho al debido proceso, trabajo y mínimo vital del
señor Andrés Felipe Zapata, al imponerle la sanción contemplada en el literal (e)
del artículo 48 de la Ley 48 de 1993 por no haber cumplido con la citación
hecha por la autoridad de reclutamiento para definir su situación militar, sin
considerar su situación socio-económica y sin otorgarle la oportunidad para
ejercer su derecho de defensa antes de imponerle la sanción?
2.3. En los dos casos restantes,  el valor económico exigido para la
definición de la situación militar, responde a la liquidación de la cuota de
compensación.  En el segundo de los casos (T-4608900),
la causal aplicable dispone que quien demuestre pertenecer a los niveles 1, 2 y
3 del Sisbén quedará exento del pago de la cuota de compensación militar. El
actor afirma que, al liquidarse la cuota de compensación militar, no se tuvo en
cuenta la situación socio-económica de su núcleo familiar (estratificación). En
ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si: ¿La acreditación de
pertenecer al Sisbén es la única forma de probar el estado de vulnerabilidad
socio-económico de una persona para lograr el reconocimiento de la exención del
pago de la cuota de compensación militar contemplada en la  por la causal
primera del artículo  6 de la Ley 1184 de 2008, o si por el contrario, el
Ejército Nacional debe valorar otros medios de prueba que lo demuestren?
2.4. En el tercero de los casos (T-4615270),
el actor solicitó la exoneración del pago de la cuota de compensación militar
invocando el numeral 2° del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, según el cual “los
limitados físicos, síquicos o neurosensoriales [que] presenten una
condición clínica lo suficientemente grave e incapacitante” se eximirán de
la referida cuota. El accionante acredita haber sido diagnosticado con un
retardo mental moderado, limitación que para la autoridad de reclutamiento no
es lo suficientemente grave e incapacitante, para conceder la exención citada.
Sin embargo, el peticionario asegura que su limitación síquica sí genera
repercusiones graves e incapacitantes en su cotidianeidad, lo cual no fue
valorado por el Ejército Nacional.
Corresponde a esta Sala determinar si: ¿Vulneró
el Ejército Nacional el derecho a la dignidad humana y mínimo vital del señor
Carlos Andrés Gallego Castro por no exonerarlo de la cuota de compensación
militar por la causal contemplada en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1184
de 2008, al considerar que el cuadro clínico mental del actor (retardo mental
moderado) no es lo suficientemente grave e incapacitante, dejando de valorar
las implicaciones y repercusiones que tiene la limitación en su desarrollo
cotidiano, en el ejercicio de sus derechos y en la posibilidad de acceder a
bienes materiales que garanticen una vida en condiciones dignas?
2.5. Antes de resolver de fondo los problemas
jurídicos planteados, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela
para controvertir actos administrativos proferidos por el Ejército Nacional a
partir de los principios de subsidiariedad e inmediatez, consideraciones que
fueron objeto de análisis por parte de los jueces de instancia en dos de los
procesos acumulados (T-4599928 y T-4615270) y que sirvieron como fundamento
para declarar la improcedencia de cada acción de tutela.
2.6. Posteriormente, la Sala se referirá a (i)
la libreta militar, la cuota de compensación militar y, la incidencia de este
documento público tiene en el ejercicio de otros derechos; (ii) la aplicación
del debido proceso en todo trámite administrativo, incluida la imposición de
multas por la no comparecencia a las convocatorias de reclutamiento. Posteriormente,
(iii) explicará el alcance constitucional de las dos causales específicas de
exención al pago de la cuota de compensación militar: la pertenencia al Sisbén
y determinadas condiciones de discapacidad. En ese marco, (iv) resolverá los
casos concretos.
3. Procedencia excepcional de la acción de
tutela para controvertir actos administrativos proferidos por el Ejército
Nacional - Reiteración de Jurisprudencia
3.1. El artículo 86 Superior consagra que la acción de tutela “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. Sin embargo, existiendo otro medio judicial, esta
Corporación ha señalado dos circunstancias para la procedencia de la acción de
tutela: la primera, consiste en  que el mecanismo ordinario previsto legalmente
para dirimir las controversias particulares de cada caso no satisfaga los
parámetros de idoneidad y eficacia; en estos eventos la protección por
vía de tutela será definitiva. Y la segunda, como mecanismo de
protección transitoria cuando exista la amenaza de un perjuicio irremediable.[40]
Principio de Subsidiariedad
3.2. En cuanto a la idoneidad, jurisprudencialmente se ha
enfatizado que el mecanismo ordinario para ser materialmente apto en la
protección instantánea y objetiva de los derechos fundamentales, debe ocuparse
de la esfera o faceta constitucional involucrada en el problema.[41]
3.3. De manera
que para estructurar la improcedencia de la acción de tutela por la existencia
de otro mecanismo de defensa judicial, el juez constitucional debe efectuar el
análisis de idoneidad atribuible al medio ordinario de defensa previsto para el
caso concreto que estudia, buscando siempre la protección de los derechos
fundamentales. Al respecto la sentencia T-222 del
2014[42]
señaló:
“No puede predicarse idoneidad y eficacia de un
recurso sin hacerse un análisis concreto. Ello implica que el juez
constitucional despliegue una carga argumentativa a fin de determinar la
procedencia de la tutela. No es dable en un Estado Social de Derecho que un
juez constitucional niegue por improcedente un amparo constitucional sin si
quiera analizar, paso a paso, el requisito de subsidiariedad. Con estas
actitudes lo que se obtiene es una pérdida de eficacia de la acción de tutela.”
Teniendo claro lo anterior, la Sala procederá a efectuar el
análisis de idoneidad y eficacia de la acción de nulidad y restablecimiento de
derecho (medio de defensa judicial ordinario previsto) para la protección de
los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
3.4. El artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que “toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.”
3.5. Puede
concluirse que si bien la acción mencionada con anterioridad permite, en últimas,
el restablecimiento del derecho lesionado, no puede perderse de vista que su
finalidad no gira en torno a la protección de los derechos sino al control de
legalidad del acto administrativo y la declaratoria de nulidad que de ello se
deriva, por lo que materialmente su diseño impide que se verifique la
protección de los derechos fundamentales que se vulneran con el actuar de la
entidad administrativa.
Al respecto la sentencia T-1083 del 2004[43], indicó que:
“[…] sería contrario al principio de respeto de la dignidad humana
y de garantía efectiva de los derechos constitucionales que se remitiera al
actor a la jurisdicción de los contencioso administrativo sin tener en cuenta
que en el ínterin el ejercicio del derecho al trabajo y por ende su mínimo
vital se verán totalmente anulados”
En un mismo
sentido, T-039 de 2014[44]
indicó:
“Si bien la discusión podría plantearse ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, […] esta vía no sería idónea para garantizar la
protección efectiva de los derechos fundamentales conculcados cuando se
configura una causal de exención de la prestación del servicio militar,
teniendo en cuenta que el mismo es de carácter temporal, razón por la cual la
acción de tutela debe entenderse en este contexto como un mecanismo autónomo
[…]”.
3.6. En otras
palabras, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido a su
finalidad, no resulta lo suficientemente idónea para la protección de
los derechos fundamentales que pueden verse afectados con la expedición de un
acto administrativo, como tampoco resulta lo suficientemente eficaz
debido al prolongado tiempo del trámite judicial administrativo.
En efecto, puede
concluirse que cuando el mecanismo ordinario de defensa judicial previsto
legalmente (acción de nulidad y restablecimiento de derecho) no resulta lo
suficientemente idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales que pueden verse afectados en el proceso de definición de la
situación militar –debido proceso y mínimo vital-, la acción de tutela procede
de manera definitiva para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y
para proteger los derechos fundamentales vulnerados por las autoridades.
3.7. En el primero de los procesos (T-4599928),
el accionante asevera que por su calidad de hijo único depende económicamente
de su madre quien se desempeña como empleada doméstica, circunstancia por la
que debe definir su situación militar de manera pronta (la cual se encuentra
supeditada al pago de una sanción pecuniaria que fue impuesta por no haber
cumplido con la citación hecha por la autoridad de reclutamiento para definir
su situación militar) para poder trabajar y contribuir en el sostenimiento
económico de su núcleo familiar. En el tercero de los procesos (T-4615270),
el accionante manifiesta que debido a limitaciones y restricciones graves que
genera su cuadro clínico “retardo mental moderado” en su desarrollo cotidiano y
en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, debe quedar exento del
pago de la cuota de compensación militar.
3.8. En ambos procesos, la definición de la situación militar de los
accionantes está sujeta al pago de una prestación dineraria que supera su
capacidad económica, impidiendo la eficacia del derecho fundamental al trabajo.
En consecuencia, la Sala estima que los argumentos expuestos por los jueces de
instancia dentro de los procesos, no responden al criterio y a la línea
jurisprudencial constitucional[45]
en lo relativo a la procedencia de la acción de tutela en contra de actos
administrativos proferidos por el ejército nacional, cuando se evidencia, como
en los casos objeto de estudio, la falta de idoneidad y eficacia de la acción
de nulidad y restablecimiento de derecho para el goce y ejercicio de los
derechos fundamentales que se encuentran supeditados a la definición de la
situación militar.
Principio de inmediatez
3.9. Por su parte, el principio de inmediatez exige que la acción de
tutela sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales. Como requisito de
procedibilidad, la inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente
entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela “en todo
momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un medio de
protección “inmediata” de derechos fundamentales. [46] Es decir, que pese a no
contar con un término de prescripción por mandato expreso del artículo 86
superior, debe existir necesariamente una correspondencia entre la célere
naturaleza de la tutela y su interposición justa y oportuna.
Para verificar el cumplimiento de este principio, el juez debe
constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza y la
interposición de la tutela es razonable. De no serlo, debe analizar si existe
una razón válida que justifique la inactividad del accionante al ser
inconstitucional pretender darle un término de caducidad a la acción, o
rechazarla únicamente con fundamento en el paso del tiempo. [47]
A este respecto, la Corte Constitucional ha puesto de presente la
existencia de dos (2) factores excepcionales que justifican el transcurso de un
lapso prolongado entre el momento de la vulneración del derecho y la fecha de
interposición de la acción. Estos son (i) que se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo en el entendido de que si bien el hecho que la
originó es muy antiguo, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto a sus derechos continúa y es actual; y (ii) que la especial situación
del actor convierta en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
ejercer los medios ordinarios de defensa judicial.[48]
3.10. En el expediente T-4599928 uno de los argumentos expuestos por
el juez de segunda instancia para confirmar el fallo que había declarado la
improcedencia de la acción de tutela, fue la existencia de un lapso amplio
entre la fecha en la que se profirió el acto administrativo sancionatorio y la
interposición de la acción de tutela; argumento que no comparte la Sala, puesto
que la resolución sancionatoria se profirió el treinta (30) de mayo de dos mil
catorce (2014) y la acción de tutela se presentó el nueve (9) de junio del
mismo año, es decir, nueve días después de proferirse el acto administrativo
sancionatorio. Frente al expediente T-4608900, la liquidación de la cuota de
compensación militar se realizó el veintiséis (26) de noviembre del dos mil
trece (2013) y 4 meses después, el once (11) de abril del dos mil catorce
(2014) presentó la acción de tutela, término totalmente razonable a criterio de
la Sala. En el expediente T-4615270 el acto administrativo proferido por el
Distrito Militar No. 42 del Ejército Nacional en el que se negó el
reconocimiento de la exención del pago de la cuota de compensación militar es
del quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) y la acción de tutela se
presentó el cinco (5) de agosto del mismo año, es decir, antes de transcurridos
tres meses, término que la Sala encuentra razonable.
3.11. Superado el análisis de procedibilidad de la acción de tutela
para controvertir actos administrativos proferidos por el Ejército Nacional, la
Sala procederá a desarrollar breves consideraciones en relación con la
incidencia directa que tiene la solución de la situación militar en el
ejercicio de otros derechos fundamentales y el debido proceso administrativo en
este tipo de trámites, consideraciones necesarias para la solución de los
problemas jurídicos planteados.
4.
La incidencia directa que tiene la
definición de la situación militar en la protección y el ejercicio de otros
derechos fundamentales – Reiteración de Jurisprudencia
4.1. La prestación del servicio militar es una obligación de rango
constitucional[49]
que tienen todos los colombianos para defender la independencia nacional y las
instituciones del Estado, cuando las necesidades públicas así lo exijan; este
deber se reiteró y desarrolló por la Ley 48 de 1993[50]. La referida norma,
dispuso que todo colombiano está obligado a definir su situación militar a
partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, excepcionando a los
estudiantes de bachillerato, quienes lo harán una vez obtengan el
correspondiente título.
4.2. Cumplidos los requisitos exigidos para la definición de la
situación militar – prestación del servicio o pago de la cuota-, la Dirección
de Reclutamiento y Control de Reservas expedirá la respectiva libreta militar o
la tarjeta reservista. Este documento público acredita el cumplimiento del
deber constitucional y legal que tiene todo ciudadano colombiano de definir su
situación militar[51],
pero su ausencia incide en el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales
que se condicionan a la obtención de la libreta militar, particularmente el
derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio.
Respecto al condicionamiento del derecho al trabajo, el artículo 37
de la ya referida Ley 48 de 1993, establece como prohibición a las empresas
nacionales o extranjeras, privadas u oficiales, vincular laboralmente a las
personas mayores de edad que no hayan definido su situación militar,
restricción que si bien responde a la potestad legítima del legislador de
imponer requisitos legales para el ejercicio de ciertos derechos con el fin de
asegurar el cumplimiento de los deberes constitucionales, en casos
particulares, representan un obstáculo para su materialización y goce. La restricción
del derecho al trabajo y su condicionamiento a la obtención de la libreta
militar en situaciones de vulnerabilidad socio-económica, podría conllevar
intrínsecamente la vulneración del mínimo vital del ciudadano y de su núcleo
familiar, impidiéndole obtener el sustento económico que le permita proveer las
necesidades básicas.
Frente a este particular, la sentencia T-843 de 2014[52] precisó:
“[La libreta militar] representa un elemento que permite el disfrute
y goce de ciertos derechos, como el acceso al trabajo mediante el cual es
posible obtener los recursos para la manutención, el acceso a la educación
superior, […], entre otros; lo que quiere decir que el no otorgamiento de este
documento puede en la práctica dificultar o restringir el ejercicio de tales
derechos, máxime, si el sujeto que solicita su expedición se encuentra en
precarias circunstancias económicas”.
4.3. En sentencias T-393 de 1999[53],
T-745 de 2003[54],
T-1083 de 2004[55],
T-722 de 2010[56],
T-703 de 2014[57],
T-843 de 2014[58],
entre otras, ésta Corporación protegió el derecho al trabajo y el mínimo vital
de los accionantes cuando se ve afectado  por la falta de definición de la
situación militar.
4.4. En lo referente a las restricciones que en materia de educación
generaba la falta de definición de la situación militar, es oportuno señalar
que el texto original del literal (j) del artículo 36 de la Ley 48 de 1993, por
la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización, exigió la
presentación de la libreta militar para matricularse por primera vez en
cualquier centro docente de educación superior, disposición legal que fue
modificada por el artículo 111 del Decreto 2150 de 1995[59] y en su lugar, se
dispuso que la presentación de la libreta militar se hacía exigible únicamente
para obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación
superior. En un mismo sentido, el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 418 de
1997[60]
dispuso que el título universitario se otorgaría una vez se hubiese cumplido
el servicio militar obligatorio que la ley ordena.
Sin embargo, el artículo 2º de la Ley 1738 del 2014[61] eliminó como requisito
para obtener el título universitario de pregrado la presentación de la libreta
militar. De esta manera, las restricciones y los condicionamientos de origen
legal que traía consigo la falta de solución de la situación militar en el
ámbito del derecho a la educación, fueron superados legalmente.
5.
Aplicación del debido proceso
administrativo en los trámites de la definición de la situación militar,
puntualmente en el proceso sancionatorio por remiso – Reiteración de
jurisprudencia
5.1. Según lo establece el artículo 29 Constitucional, el debido
proceso como derecho fundamental garantiza (i) que el ejercicio de la función
administrativa[62]
se ajuste a los parámetros constitucionales y legales dispuestos para el
desarrollo de los trámites a su cargo[63],
(ii) el equilibrio procesal entre el Estado y el ciudadano en este tipo de
actuaciones[64]
y, (iii) la protección de otros derechos que podrían verse afectados por
decisiones caprichosas y arbitrarias de las autoridades estatales. Estas
garantías son aplicables tanto a las actuaciones judiciales como a las
actuaciones administrativas, incluido el trámite de definición de la situación
militar llevado a cabo por el Ejército Nacional.
5.2. El trámite correspondiente a la definición de la situación
militar, como se mencionó con anterioridad, se encuentra regulado por el
capítulo segundo (2º) de la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el
servicio de Reclutamiento y Movilización y, a su vez por los artículos 12 al 22
del Decreto 2048 de 1993[65].
El artículo 17 de la referida ley establece que el trámite inicia con la inscripción,
la cual debe efectuarse en el año inmediatamente anterior al cumplimiento de la
mayoría de edad. Posterior a la inscripción, el ciudadano deberá practicarse
tres exámenes médicos de aptitud psicofísica para identificar si existen
inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar y, de ser
así, serán declarados “no aptos”; de lo contrario, serán declarados
idóneos y hábiles para la prestación del servicio militar (aptos).[66]
5.3. Culminada la etapa anterior, para aquellos ciudadanos que fueron
declarados aptos, se iniciará con el proceso de elección mediante el
procedimiento de sorteo para el ingreso a la prestación del servicio militar, el
cual se realizará públicamente y en el que se escogerá el soldado principal y
el suplente. Cualquier reclamación relacionada con el proceso de selección deberá
hacerse después de terminado el sorteo y hasta 15 días calendario antes de la incorporación
a las filas del ejército.[67]
5.4. Quienes por alguna inhabilidad, causal de exención o falta de
cupo, quedaron exentos de la prestación del servicio, serán “clasificados”[68] y tendrán que pagar una
contribución económica denominada cuota de compensación militar[69]. Cumplidos los
requisitos exigidos dentro del trámite de definición de la situación militar –
prestación del servicio militar o pago de la cuota de compensación militar-, como
se indicó con antelación, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas
de cada distrito militar expedirá la correspondiente libreta militar.
5.5. El ciudadano que no cumpla con la obligación de definir su
situación militar será declarado infractor y, posteriormente, se hará
acreedor de una sanción pecuniaria  acorde a la infracción en la que se
incurrió. Este régimen de infracciones y sanciones está desarrollado en el título
sexto (6º), artículos 41[70]
y 42[71]
de la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y
Movilización, y en el artículo 50 del Decreto 2048 del mismo año que reglamenta
la referida norma. La sanción se impondrá y aplicará mediante resolución
motivada proferida por el distrito militar, siendo susceptible de los recursos
de reposición y en subsidio de apelación. Una vez ejecutoriado el acto
administrativo sancionatorio, el ciudadano tendrá un término de 60 días calendario
para cancelar el valor correspondiente. De no hacerlo, el cobro se efectuará
mediante la jurisdicción coactiva fiscal.[72]
5.6. Estudiado el trámite para la definición de la situación militar
y las implicaciones que trae consigo su incumplimiento, en aras de resolver el
primer problema jurídico que ocupa a esta Sala, se ahondará en el procedimiento
sancionatorio por el incumplimiento de la citación hecha por la autoridad de
reclutamiento para la definición de la situación militar, precisándose los
pronunciamientos hechos por esta Corporación relativos al debido proceso.
6. Proceso sancionatorio militar por incumplir con la citación hecha
por la autoridad de reclutamiento para la definición de la situación militar.
6.1. La Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de
Reclutamiento y Movilización, no establece el procedimiento que debe seguirse
para la imposición de la sanciones contempladas en su artículo 42,  simplemente
se limita a regular: primero, que el acto administrativo sancionatorio debe ser
motivado, segundo, la manera como debe surtirse la notificación y tercero, los
recursos que proceden en su contra.
6.2. Esta Corporación ha señalado que cuando se impone una sanción
de tipo económico por no cumplir con la obligación de definir la situación
militar, el acto administrativo que la contenga debe estar debidamente motivado
y debe notificarse personalmente, pues de lo contrario la decisión no tendrá
efectos legales.[73]
6.3. En la sentencia T-1083 de 2004[74],
la Corte asumió la revisión del caso de un ciudadano al que se le impuso una
multa por no haberse presentado a la citación de concentración. Se logró
determinar que la inasistencia del ciudadano a la citación hecha por la
autoridad de reclutamiento, obedeció a un error del Ejército Nacional, quien
notificó al ciudadano de una fecha diferente a la que en efecto se le requería
presentarse. En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión inaplicó la sanción
pecuniaria impuesta al accionante.
6.4. En la sentencia T-388 de 2010[75],
la Sala Novena de Revisión estudió el caso de un ciudadano que debido a
problemas de salud, no pudo presentarse a la citación hecha por la autoridad de
reclutamiento para la definición de la situación militar, y a quien en consecuencia,
le fue impuesta una sanción pecuniaria.  Consideró la Corte que (i) la
inasistencia del actor fue justificada por los problemas de salud que
presentaba para el día de la citación, (ii) el accionante en ningún momento
pretendió evadir su obligación de resolver su situación militar teniendo en
cuenta que por su calidad de hijo único estaba exento de la prestación del
servicio militar y (iii) las circunstancias socio-económicas del accionante y
su madre los situaba en una condición de vulnerabilidad que les impedía asumir
el valor de la sanción. Por lo tanto, anuló la sanción impuesta al actor.
6.5. En la sentencia T-119 del 2011[76],
esta Corporación revisó el caso de un joven al que le fue impuesta una multa de
2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por no presentarse a la citación
hecha por la autoridad de reclutamiento. La Sala Séptima de Revisión dejó sin
efectos la multa impuesta, por haberse demostrado la falta de notificación
personal del acto administrativo sancionatorio.
Conclusión sobre la jurisprudencia reiterada
6.6. Frente a este particular, esta Corporación se ha referido en
amplio número de pronunciamientos a la necesidad de aplicar el debido proceso
en todas las actuaciones que despliegue la administración, precisando que debe
existir una secuencia que relacione entre sí cada una de las decisiones que se
toman y debe respetarse en cada etapa del trámite administrativo, los derechos
de contradicción y defensa y la posibilidad de aportar pruebas; lo anterior,
para lograr un equilibrio entre el Estado y el ciudadano. [77]
En este sentido, la Sala considera que todo trámite que despliegue
la autoridad militar de reclutamiento en donde se imponga a los ciudadanos una
sanción por no haberse presentado a la citación hecha por la autoridad de
reclutamiento, deberá respetar el debido proceso así entendido. Ahora bien,
para tales efectos no basta con ofrecer una oportunidad de defensa posterior
a la imposición efectiva de la multa, pues en la experiencia acumulada en la
jurisprudencia muestra que la ausencia de oportunidades previas para que el
sujeto sea oído se presta para que la institución cometa errores. Por la
importancia que tiene la expedición de la libreta militar como presupuesto para
el ejercicio de diversos derechos fundamentales, es necesario que se prevea una
instancia adecuada que garantice la oportuna presentación de argumentos de
defensa por parte del sujeto, para lo cual existe además una audiencia
supletoria ya contemplada en el artículo 48 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Si bien en el caso de la imposición de multas por parte del Ejército
Nacional existe un procedimiento ya regulado en la Ley 48 de 1993, lo cierto es
que no existe una regulación precisa en torno a las etapas que conforman el
trámite inmediatamente anterior a la adjudicación de la multa. Esto indica
entonces que pese a ser necesaria, para efectos de evitar errores que afecten
drásticamente el destino de las personas sujetas a estos procedimientos, una
instancia anterior a la imposición de la sanción en la cual se les garantice a
las personas su derecho fundamental a ser oídas, la Ley 48 de 1993 y sus normas
concordantes no contemplan sin embargo una audiencia adecuada, en los términos
antes descritos. Dado que la finalidad del artículo 48 de la Ley 1437 de 2011
es asegurar un grupo de instituciones, con carácter supletorio, para los
eventos en que no haya instancias homólogas en otros procedimientos, la Corte
ordenará entonces aplicar a este caso, y a todos los demás asuntos futuros
semejantes, lo allí previsto en cuanto se refiere específicamente a la
celebración de una audiencia previa a la decisión sancionatoria, en la cual se
le garantice a la persona su derecho a ser oída.
7. Caso concreto expediente T-4599928
7.1. En el caso objeto de estudio, el ciudadano Andrés Felipe Zapata,
mediante  resolución del 30 de mayo de 2014 proferida por el Distrito Militar
de Reclutamiento No. Veintisiete (27), fue sancionado con multa de dos salarios
mínimos legales mensuales vigentes por no haber comparecido a la citación hecha
por la autoridad de reclutamiento para el 10 de diciembre de 2009.[78]
El accionante en el escrito de impugnación aseguró que el Distrito
Militar al imponer la anterior sanción, desconoció su comparecencia el primero
(1°) de octubre de 2011 al batallón Girardot, “oportunidad en la que fue
entregado a su madre”, después de que ella presentara una declaración extra
juicio con la que probaba su calidad de hijo único; lo cual no fue desvirtuado
por el Distrito Militar No. 27, aun cuando en sede de revisión se le requirió
para que informara sobre el proceso sancionatorio, en lo que guardó silencio.
En consecuencia, la Sala otorgará credibilidad a la versión de los
hechos propuesta por el actor, en la que afirma que ha estado pendiente del
trámite de inscripción e incorporación en filas, entre otras razones, por su
interés de acreditar que no está obligado a prestar el servicio militar en
razón a su condición de hijo único.
7.2. Como se ha venido reiterando, la sanción que se imponga a un
ciudadano por no cumplir con la citación hecha por la autoridad de
reclutamiento para la definición, debe obedecer al cumplimiento y respeto de
una secuencia de etapas, que le permitan al afectado ejercer su derecho de
defensa y contradicción. En el caso que nos ocupa, de haber sido así, la
discusión de la comparecencia del actor hecha el primero (1°) de octubre de
2011 al batallón Girardot para definir su situación militar, se hubiese planteado
antes de haberse impuesto la sanción. Con fundamento en las consideraciones
hechas en el acápite anterior, a juicio de la Sala, la no vinculación del
accionante antes de impuesta la sanción constituye una irregularidad sustancial
que vulnera los derechos de contradicción y defensa y, por consiguiente el
debido proceso del actor.
Otro elemento que llama la atención, es que la resolución
sancionatoria, constancia de notificación y de ejecutoria se diligenciaron en la
misma fecha – 30 de mayo de 2014- lo que confirma la posición asumida por la
Sala frente a la ausencia de oportunidades para ejercer una debida defensa y
presentar los recursos de ley.
7.3. Ahora bien, de los documentos aportados al expediente y a la
respuesta obtenida  a partir del requerimiento hecho por la Sala en sede de
revisión, se logró constatar: primero, la calidad de hijo único del accionante.
En el folio 16 del expediente obra la declaración extra proceso de Luz Dary
Zapata y Elkin Humberto Castañeda en la que bajo la gravedad de juramento
afirmaron: “[…] declaramos que conocemos hace 17 años de trato, vista y
comunicación a la señora Gloria Astrid Zapata […] sabemos que tiene un hijo
llamado Andrés Felipe Zapata, quien es hijo único”. De igual forma, en el
folio 19 del expediente obra la declaración juramentada de María del Carmen
Zapata y Edison Orley Álvarez en la que se afirmó: “Nos consta que la señora
Gloria Astrid Zapata vive bajo el mismo techo con su único hijo Andrés Felipe
Zapata y además no tiene más hijos reconocidos, por reconocer o adoptivos […]”.
Segundo, el accionante y su madre se encuentran en una situación
económica de vulnerabilidad. Está demostrado en el expediente mediante el
aporte de los recibos de los servicio públicos domiciliarios, que el nivel de
estratificación del lugar de residencia del accionante y su madre corresponde
al número 2. (fls. 9 y 10) En el folio 18 se observa el certificado de registro
del accionante en la base de datos del Departamento Nacional de Planeación que
arroja un puntaje del 51,84 con el que podría “ser potencial beneficiario
del régimen subsidiado en salud, exención del pago de la cuota de compensación
militar [entre otros]”.
Tercero, la calidad de mujer cabeza de familia de la progenitora del
actor. En la declaración juramentada de Luz Dary Zapata y Elkin Humberto
Castañeda, ya citada, se mencionó: “Declaramos que se desconoce el paradero
del padre del joven”. La señora Gloria Astrid Zapata se desempeña en oficios
varios devengando un salario mínimo legal mensual vigente tal y como lo
acredita la certificación laboral de la empresa Actibienes S.A.S. (fl. 28 del
cuaderno de la Corte).
7.4. En ese orden de ideas puede concluirse que, evidentemente, el
cobro de la sanción generaría un detrimento al mínimo vital del núcleo familiar
del actor. Estas situaciones crean en el accionante la necesidad inmediata de
obtener su libreta militar para ingresar al mercado laboral formal y aportar
económicamente para el sustento de su núcleo familiar.
7.5. En mérito
de lo expuesto, la Sala inaplicará la multa impuesta al actor mediante
resolución sancionatoria del 30 de mayo de 2014, y ordenará al Distrito Militar
No. 27 hacer entrega de la libreta militar al joven Andrés Felipe Zapata,
exonerándolo del pago de la cuota de compensación militar.
8. Aplicación de las causales de exención al pago de la cuota de
compensación militar – Reiteración de Jurisprudencia
8.1. La cuota de compensación militar prevista en el artículo 22 de
la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y
Movilización, reglamentada por el Decreto 2048 del mismo año y regulada por la
Ley 1184 de 2008, “por la cual se regula la cuota de compensación militar y
se dictan otras disposiciones”, que a su vez se encuentra reglamentada por
el Decreto 2124 del mismo año, es una prestación económica de carácter
sustitutorio y de naturaleza tributaria[79]que
están obligados a pagar quienes por alguna causal de exención, falta de cupo en
las fuerzas armadas o inhabilidad, fueron exentos de la prestación del servicio
militar. El pago de esta cuota se constituye en una herramienta dirigida a establecer
el equilibrio de las cargas públicas de quienes fueron llamados a integrar las
filas y por tanto, se ven obligados a postergar el desarrollo de otras
actividades mientras prestan el servicio militar y quienes, por haber quedado
exentos de la prestación del servicio, pueden dar continuidad a su proceso
educativo o iniciar labores de productividad.[80]
8.2. La mencionada Ley 1184 de 2008 dispuso en su artículo 6° una
serie de causales de exención para el pago de la cuota de compensación militar,
pretendiendo mediante la aplicación de medidas de carácter positivo, garantizar
la igualdad material de aquellos ciudadanos que por motivo de (i) su condición
económica, (ii) su limitación física, síquica o neurosensorial, (iii) su
diversidad étnica como indígenas y, (iv) su desacuartelamiento, se encuentran
en una situación de desventaja.
Para responder al segundo problema jurídico planteado, se analizará
individualmente la aplicación de las dos primeras causales de exención para el
pago de la cuota de compensación militar – la primera aplicable al expediente
T-4608900 y la segunda aplicable al expediente T-4615270-.
9. Causal primera de exención de la cuota de compensación militar,
contemplada en el numeral primero del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008.
Personas que por condición socio-económica se encuentran en una situación de
vulnerabilidad.
9.1. Para el reconocimiento de la exención de la cuota de
compensación militar en los términos que señala el numeral primero del artículo
6° de la Ley 1184 de 2008, se exige la presentación del certificado o carné
expedido por la autoridad competente en el que se acredite pertenecer a los
niveles 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de beneficiarios – Sisbén,
método de individualización y focalización que se empleó para identificar a los
ciudadanos que por sus condiciones socio-económicas se encontraban en una
situación de vulnerabilidad. Esta disposición legal tiene como fundamento
intrínseco, la protección del derecho al mínimo vital de un grupo de la
población que se encuentra en una condición socio-económica de extrema
vulnerabilidad.
9.2. Sin embargo, no es suficiente presentar el carné o certificado
expedido por la autoridad competente que acredite el nivel del Sisbén para que
se reconozca la exención de la cuota de compensación militar, toda vez, que el inciso
segundo del artículo 2° del Decreto 2124 del 2008, mediante el cual se
reglamentó la Ley 1184 de 2008, estipula que “la Dirección de Reclutamiento
verificará la condición de los ciudadanos que pretendan ser beneficiarios de la
misma, con base en los registros oficiales […] y quien no se encuentre
registrado en la base consolidada depurada nacional del Departamento
Nacional de Planeación no tendrá derecho a la exoneración del pago de la
cuota de compensación militar”. (Negrilla fuera de texto).
A continuación se reiterarán algunos pronunciamientos hechos por
esta Corporación en lo relativo a la exigencia del presupuesto legal –acreditación
de pertenecer a los niveles 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que se corrobora con el
registro en la base consolidada del Departamento Nacional de Planeación-
establecido para el reconocimiento a la exención del pago de la cuota de
compensación militar.
9.3. En la Sentencia T-722 del 2010[81],
citada anteriormente, esta Corporación asumió  la revisión del caso de un
ciudadano exento de prestar servicio militar, a quien por no cancelar el valor
de la cuota de compensación militar se le negaba la entrega la libreta militar,
aun cuando estaba probado en el expediente que sus ingresos mensuales eran
equivalentes a trescientos mil pesos y que pertenecía al Sisbén. La Sala
Séptima de Revisión ordenó al Ejército conceder al accionante su libreta
militar y no condicionar su entrega al pago de una cuota inexistente, en virtud
de la aplicación de la exención de la misma.
9.4. Mediante Sentencia T-278 del 2012[82], la Corte revisó el caso
de un ciudadano que fue desacuartelado al demostrarse su calidad de padre
cabeza de familia.  El Batallón de Infantería No. 22 del Ejército Nacional
liquidó el valor de la cuota de compensación militar en proporción al tiempo
que le faltaba para cumplir con la prestación del servicio militar. En su
escrito de tutela, el accionante aseveró que debía ser exonerado del pago de la
referida cuota de compensación militar en virtud de su afiliación al sistema
subsidiado de salud.
La Sala Cuarta de Revisión confirmó el fallo de instancia que negó
la solicitud de tutela al considerar que en el expediente no se encontraba
acreditado el nivel del Sisbén del accionante, como tampoco su registro en la
base de datos oficial del Departamento Nacional de Planeación, presupuestos
necesarios para ser acreedor de la exención del pago de la cuota de
compensación militar.
9.5. En la Sentencia T-843 del 2014[83],
ya citada, esta Corporación asumió la revisión del caso en que la Octava Zona
de Reclutamiento del Ejército Nacional se negaba a liquidar el valor de la
cuota de compensación militar por la falta de la fotocopia de la cédula de
ciudadanía del padre del actor, sin tener en consideración que el accionante
manifestó que le era imposible presentarla porque no tenía contacto con su
progenitor desde que era un niño. La Sala Segunda de Revisión consideró que
constituye una vulneración al debido proceso administrativo el hecho de exigir
la fotocopia de la cédula del padre del actor, cuando dentro del proceso quedó
probada la inexistencia de vínculo. En consecuencia, ordenó a la autoridad de
reclutamiento iniciar el trámite de liquidación de la cuota de compensación
militar, teniendo en cuenta que el accionante se encuentra incluido en el
Sisbén para la aplicación de las debidas exenciones legales.
9.6. Como puede evidenciarse, la Corte en reiteradas oportunidades
ha establecido que para el reconocimiento de la exención contemplada en el
numeral primero del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, resulta suficiente la
acreditación de la inclusión en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén que se corrobora
con el registro en la base de datos depurada del Departamento Nacional de
Planeación, de quien pretende la exención al pago de la cuota de compensación
militar por esta causal. No obstante, cuando no se cumpla con las exigencias legales
para lograr la exención del pago de la cuota de compensación militar, la
autoridad de reclutamiento deberá tener en cuenta la capacidad económica del
ciudadano y la de su núcleo familiar, estableciéndose términos y plazos para el
pago de esta obligación, evitando afectar su mínimo vital.
La Corte Constitucional mediante Sentencia T-393 de 1999[84], revisó el caso de un
ciudadano que debido a una molestia física (retracción tensor fascia lata) fue
desacuartelado de la Infantería de Aviación N° 3 de la Fuerza Aérea,
liquidándose la cuota de compensación militar por el tiempo que le restaba para
cumplir con la prestación del servicio militar, valor que no podía cancelar por
tal razón. La Sala Tercera de Revisión, atendiendo a las condiciones económicas
del actor, ordenó a la Dirección de Reclutamiento y Movilización de la Fuerza
Aérea Colombiana que expidiera a favor del actor la tarjeta provisional militar
y que fijara según sus condiciones personales y económicas, los plazos dentro
de los cuales deberá sufragar el total de la cuota de compensación militar.
9.7. Por medio de la Sentencia T-745 de 2003[85], la Corporación sometió
a revisión el caso de un ciudadano que previo al trámite de incorporación para
la prestación del servicio militar, no fue seleccionado. La autoridad de
reclutamiento liquidó el valor de la cuota de compensación militar por una suma
de $304.000 que no estaba en la capacidad de cancelar, pues dependía
económicamente de su madre, quien padecía de Diabetes Mellitus. La Sala Sexta
de Revisión, teniendo en consideración el estado de salud de la madre del actor
y la situación económica de su núcleo familiar, ordenó al Distrito Militar Nº
18 del Ejército Nacional, hiciera entrega al accionante de la tarjeta
provisional militar adoptando las medidas conducentes para fijar según las
condiciones económicas del mismo, los plazos y modalidades para el pago del
total de la cuota de compensación militar.
9.8. En la Sentencia T-587 de 2013[86],
la Corte revisó el caso de un ciudadano que solicitó al Ejército Nacional el
desacuartelamiento de su hijo pues al momento de su incorporación no se tuvo en
cuenta que era hijo único y que debido al estado de salud del accionante, era
el sustento económico de su familia. La Sala Primera de Revisión consideró que
incorporar a un ciudadano a las filas del Ejército Nacional sin tener en
consideración su calidad de hijo único, constituía una vulneración al debido
proceso. En consecuencia, ordenó al Distrito
Militar No. 21 del Ejército Nacional que desincorporara al hijo del accionante
y adicionalmente llegara a un acuerdo para el pago de la cuota de compensación
militar liquidada por el tiempo que le restaba para finalizar la prestación del
servicio militar.
9.9. Decisión similar fue adoptada en la Sentencia T-739 del 2013[87], en la que la
Corporación asumió la revisión el caso de un ciudadano que fue incorporado para
la prestación del servicio militar sin tener en cuenta sus creencias religiosas.
En sede de revisión, el accionante fue desacuartelado liquidándose el valor de
la cuota de compensación militar por el tiempo restante para la prestación del
servicio militar. Por anterior, la Sala Sexta de Revisión declaró la carencia
actual del objeto por hecho superado. Sin embargo, teniendo en consideración la
situación socio-económica del accionante, ordenó al Ejército Militar expidiera
la correspondiente libreta militar propiciando un acuerdo para el pago de la
cuota de compensación militar.
Recogiendo la postura de esta Corporación en lo relativo a la
fijación de términos y plazos para el pago de la cuota de compensación militar
cuando se demuestra la afectación al mínimo vital, la Sentencia T-430 del 2014[88] precisó:
“El cobro de una compensación a quienes no prestan el servicio
militar […] es constitucional, siempre y cuando en el caso concreto no se
afecte el mínimo vital de las personas, en especial, en aquellos casos en que
la exención tiene en cuenta precisamente, las condiciones de urgencia económica
del grupo familiar. Cuando ello ocurra, no deja de ser constitucional el cobro
de la compensación económica por la no prestación del servicio militar, pero
los términos y plazos en que se hagan, deben acomodarse a la situación del
núcleo familiar respectivo sin afectar su mínimo vital en dignidad. Siempre se
debe tener en cuenta la capacidad económica del ciudadano para el pago de esta obligación,
logrando un acuerdo de pago que en nada comprometa su derecho al mínimo vital.”
9.10. A partir de la jurisprudencia reiterada en los párrafos
precedentes, se puede concluir que (i) para el reconocimiento de la exención de
la cuota de compensación militar por la causal primera del artículo 6° de la
Ley 1184 de 2008, es suficiente la acreditación del nivel del Sisbén por medio
de la base de datos del Departamento Nacional de Planeación. Cuando no se
cuente con ella, pero se demuestre sumariamente la afectación sustancial del
mínimo vital del accionante y de su núcleo familiar, la autoridad de
reclutamiento deberá validar la situación. En ese caso establecerá los términos
y los plazos -que podrán superar los 90 días dispuestos en el artículo 2°,
parágrafo 2° de la  Ley 1184 del 2008-, para el pago de la cuota de
compensación militar, los cuales se ajustarán a las condiciones económicas
propias del actor y de su núcleo familiar.
9.11. Ahora bien, en el evento que la definición de la situación
militar no esté sujeta al pago de la cuota de compensación militar, sino al
pago de una sanción pecuniaria, y en un mismo sentido se logre demostrar sumariamente
la afectación al mínimo vital del ciudadano  y de su núcleo familiar, la
autoridad de reclutamiento establecerá los términos y los plazos - que podrán
superar el término de los 60 días dispuestos en el artículo 68 del Decreto 2048
de 1993-,  para el pago de la  sanción, los cuales se ajustarán a las condiciones
económicas propias del ciudadano y de su núcleo familiar.
9.12. En este tipo de eventos, la autoridad de reclutamiento
otorgará al ciudadano la tarjeta militar provisional contemplada en el artículo
31 de la Ley 48 de 1993[89]
hasta tanto el ciudadano cancele el valor total de la obligación.
10.  Caso concreto expediente T-4608900.
10.1. En este aparte, la Sala verificará si el Ejército Nacional violó
el derecho fundamental al trabajo, mínimo vital y debido proceso de Julián
Andrés Durán Mesa al imponerle el pago de una cuota de compensación militar que
excede su capacidad económica. Antes de resolver este interrogante, resulta
necesario precisar algunos aspectos fácticos del caso objeto de estudio que, si
bien no fueron objeto de controversia, si son relevantes para la adecuada
comprensión y solución del caso concreto.
Así, las partes coinciden en que la cuota de compensación militar
del actor asciende a un millón setecientos cuarenta y nueve mil pesos
($1.749.000), tal como se observa en la narración de los hechos presentados en
el escrito de tutela y en la contestación del Ejército en la que se indica que
el peticionario se hallaba en situación de “Remiso sin multa clasificado con
recibo”.
Del análisis minucioso del historial militar del accionante aportado
en la contestación de la acción de tutela  por el Distrito Militar No. 32[90], la Sala encuentra que
el valor correspondiente a la liquidación de la cuota de compensación militar
asciende a la suma de cuatrocientos ochenta y un mil pesos ($481.000) -monto
que guarda una relación proporcional con el valor de quinientos sesenta y siete
mil ($567.000) correspondiente a la cuota de compensación de su hermano, quien
se encontraba en las mismas circunstancias fácticas[91]- y que por concepto de
“multa” se le está cobrando el valor de un millón ciento setenta y nueve mil
pesos ($1.179.000), hecho que contradice lo dicho por el mismo distrito militar
cuando en su escrito de contestación indicó que el accionante se encontraba
“remiso sin multa”.
10.2. Como se precisó con anterioridad, la imposición de una sanción
debe efectuarse mediante una resolución motivada proferida por la autoridad
competente que en este caso sería el Distrito Militar No. 32, la cual debe ser
notificada personalmente. En el expediente no obra prueba que acredite la
existencia de una resolución sancionatoria, de una constancia de notificación
personal y de su ejecutoria. Por lo anterior y con fundamento en lo establecido
en el capítulo 5.1. de esta sentencia, de existir tal sanción no tendría
efectos jurídicos.
En ese orden de ideas, a juicio de la Sala, el valor que realmente
debe cancelar el peticionario por concepto de cuota de compensación militar
corresponde a la suma de cuatrocientos ochenta y un mil pesos ($481.000).
10.3. En lo relativo a la exención de la cuota de compensación
militar, en el expediente no se evidencia prueba alguna que acredite el nivel
del Sisbén del joven Durán Mesa, aun cuando en sede de revisión esta Sala lo
requirió para que aportara algún documento que así lo acreditara, sin recibir
algún tipo de respuesta. Consultado el Sistema de identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales en la base de datos del Departamento
Nacional de Planeación, se verificó que el señor Julián Andrés Durán Mesa identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.098.736.935, no está incluido entre la población
registrada.
No obstante, en el expediente[92]
se acredita que su nivel de estratificación es dos y en su escrito de tutela
manifestó depender económicamente de su padre, circunstancias que demuestran
vulnerabilidad y son suficientes para ordenar al Distrito Militar No. 32, que establezca
los términos y los plazos para el pago de la cuota de compensación militar ($481.000),
los cuales se ajustarán a las condiciones económicas propias del actor y de su
núcleo familiar. En ese sentido, otorgará al ciudadano Julián Andrés Durán
Mesa, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.736.935, la tarjeta
militar provisional contemplada en el artículo 31 de la Ley 48 de 1993, hasta
tanto se cancele el valor total de la obligación.
10.4. En lo referente a la afectación del derecho a la educación del
actor, como quedó claro en el capítulo cuarto de esta sentencia, las
limitaciones y los condicionamientos que traía consigo la falta de la libreta
militar para el derecho a la educación fueron superadas legalmente.
11. Causal segunda de exención de la cuota de compensación militar,
contemplada en el numeral segundo del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008.
Personas con limitaciones físicas, síquicas o neurosensoriales.
11.1. El principio de igualdad encuentra su origen en el artículo 13
Superior, el cual en un sentido amplio establece que todas las personas gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades, prohibiendo todo tipo de
discriminación. En cabeza del Estado está la obligación de garantizar los
medios para que la igualdad sea real y efectiva, especialmente para aquellas
personas que debido a sus condiciones se encuentran en una circunstancia de
debilidad manifiesta, como ocurre con las personas que enfrentan discapacidades
físicas, síquicas o neurosensoriales.
11.2. Armónicamente con lo anterior, la Organización de las Naciones
Unidas en el año 2006 aprobó la Convención sobre los derechos para las personas
con discapacidad, en la que se estableció como propósito principal el “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”[93]
11.3. La convención establece la obligación de todos los Estados
parte de respetar, garantizar y aplicar los siguientes principios: “El
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la no
discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad,
el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas,  la igualdad de
oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer”[94], entre otros.
Estos principios deben guiar entonces todas las actuaciones del
Estado Colombiano frente a las personas con discapacidad. Esta Corporación ha
asumido la tarea de incorporar a su interpretación sobre el contenido, alcance
y aplicación de los derechos humanos, los principios cardinales del Instrumento
citado. Otros órganos del Estado han asumido también la tarea de llevar el
orden normativo nacional hasta los estándares actualmente exigidos por el
Derecho Internacional y, particularmente, hasta los que conforman la Convención
de derechos de las personas con discapacidad del año 2006.
11.4. El Congreso de la República por medio de la Ley 1346 de 2009,
aprobó la mencionada Convención sobre los derechos de los discapacitados,
convirtiendo a Colombia en uno de los Estados partes que la ratificaban. En
concordancia con la Ley 1346 de 2009 y buscando otorgar a las personas con
algún tipo de discapacidad las herramientas legales que garantizarán su inclusión
social, el acceso y accesibilidad, su rehabilitación funcional y su rehabilitación
integral, se promulgó la Ley Estatutaria 1618 del 2013, por medio de la cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad. [95]
11.5. Como se precisó con anterioridad y con fundamento en las normas
constitucionales que, en concordancia con el artículo 13 ordenan la protección
de sus derechos (concretamente, los artículos 47[96] y 53[97] Superiores) y las
directrices internacionales relacionadas a la protección de las personas con
discapacidad, el legislador dispuso incluir entre las causales de exención al
pago de la cuota de compensación militar, dirigidas a establecer un tratamiento
diferencial positivo para los particulares inmersos en situación de
vulnerabilidad, la que concierne al caso concreto. Así, el artículo 6º de la
Ley 1184 de 2008, por la cual se regula la cuota de compensación militar,
dispuso la exención para personas con discapacidad bajo las siguientes
condiciones:
“Artículo 6°. Quedan exentos del pago de la Cuota de Compensación
Militar los siguientes: […] 2. Los limitados físicos, síquicos o
neurosensoriales con afecciones permanentes que de acuerdo con el concepto de
la autoridad médica de reclutamiento, presenten una condición clínica lo
suficientemente grave e incapacitante no susceptible de recuperación por medio
alguno […]”
11.6. Con esta
exención a la cuota de compensación militar, el legislador pretendió
salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que por sus
limitaciones físicas, síquicas o neurosensoriales se encontraban en una situación
de vulnerabilidad y garantizar la aplicación y el desarrollo de los principios
constitucionales de igualdad material[98]
y solidaridad social[99],
principios rectores en un Estado Social de Derecho.
De la lectura del cuerpo normativo que ahora nos ocupa, se puede
concluir que para lograr el reconocimiento de la exención del pago de la cuota
de compensación militar, la discapacidad debe ser permanente y debe responder a
un diagnóstico clínico que la califique como lo suficientemente grave e
incapacitante, y no susceptible de recuperación por medio alguno,
determinación que está en la autoridad médica de reclutamiento.
11.7. No existe en los antecedentes normativos y las discusiones
legislativas que dieron lugar a la Ley 1184 de 2008, una explicación acerca de
las razones que llevaron al Legislador a imponer esas condiciones. En
consecuencia, corresponde al intérprete, a partir del texto efectivamente
aprobado, inferir las razones que tuvo la autoridad que dictó la norma para
prever que la exención proceda solo bajo las condiciones citadas.
Para esta Sala es claro que la razón no puede ser la de establecer
un tratamiento discriminatorio frente al resto de la población con
discapacidad, ni tampoco la de dar un tratamiento igual a esta población frente
a quienes no enfrentan ninguna condición similar a la descrita. La única forma
constitucionalmente legítima de entender los propósitos legislativos es entonces
la de asegurarse que sólo frente a discapacidades serias se aplique la
exención. Y esa seriedad está dada en torno a si su condición médica les ha
generado obstáculos materiales (las más de las veces sociales) para procurarse
ingresos suficientes para sufragar sus obligaciones y asumir sus necesidades
básicas.
11.8. En relación con el dictamen de la discapacidad, la Sala
observa que se ha otorgado a la autoridad de reclutamiento la potestad de
determinar si la condición de la persona cumple con los requisitos exigidos
para la exención. Sin embargo, la Sala estima que esa regla debe aplicarse de forma
razonable, lo que significa que ese diagnóstico debe entenderse prima facie como
el fundamento de la exención; sin embargo, si el afectado posee una descripción
de su condición en una historia clínica en la que constan los pormenores de su
situación, y dictámenes de sus médicos tratantes, en principio, éstos, mientras
no sean específica y suficientemente desvirtuados, deberán tener prevalencia
sobre el del Ejército Nacional.
En otros términos, si se pretende negar la exención porque el examen
médico del Ejército así lo determina con base en una guía operativa, ello será
válido solo en ausencia de dictámenes particulares, de médicos tratantes, o de
una historia clínica, pues cualquiera de estos elementos brinda información
científica sobre la naturaleza de la discapacidad que afecta al interesado.
De igual manera, tanto el derecho constitucional como el derecho
internacional de los derechos humanos, han enfatizado en la importancia de
evaluar la dimensión social de la discapacidad como paso previo para establecer
el tratamiento normativo de una situación fáctica que involucre los derechos de
este grupo poblacional.
11.9. Según se estableció por la Organización de las Naciones Unidas
en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006, “la
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas […] al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.”
Reconociendo la importancia que tiene el entorno físico,
social, económico y cultural en el goce pleno de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas que padecen de algún tipo de
deficiencia, la convención propone a los Estados partes realicen “ajustes razonables”[100] y empleen el “diseño
universal”[101]
para garantizar la accesibilidad y el desarrollo de una vida en forma
independiente de quienes padecen alguna limitación.
Con respecto a la importancia que tiene el entorno en la recuperación,
rehabilitación e integración social en las personas que presentan alguna
limitación, la referida Convención resaltó: “[…] la recuperación física,
cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las
personas con discapacidad […] tendrán lugar en un entorno que sea favorable
para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona
y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.”
Teniendo claridad de la importancia que tiene el entorno en la
recuperación y la reintegración social de las personas con discapacidad, la
Sala procederá a analizar las circunstancias fácticas que rodean al joven
Carlos Andrés Gallego para determinar con base en ellas, el nivel de gravedad y
de incapacidad que genera en su cotidianeidad y en el ejercicio pleno de sus
derechos, el cuadro clínico mental que padece.
12.  Caso concreto expediente T-4615270.
12.1.
En sede de Revisión, la Magistrada Ponente mediante auto del 30 de enero de
2015, requirió al ciudadano Carlos Andrés Gallego Castro para que en compañía
de su madre resolviera una serie de preguntas tendientes a definir la
conformación y la capacidad económica de su núcleo familiar, como también en
que forma el diagnóstico de retardo mental moderado, afecta el
desarrollo de las actividades diarias y el nivel de dependencia hacia terceros
para desarrollarlas.
(i) ¿Cuál es el monto de los ingresos
mensuales de su núcleo familiar, de dónde provienen y cómo se distribuyen para
atender las necesidades básicas, obligaciones de tipo crediticio y otros? A lo
que respondió:
“Los ingresos de mi familia están representados por los aportes que
de manera mensual realiza mi padre para el sostenimiento de mi madre […] y mis
hermanos […], los cuales ascienden a la suma de setecientos mil pesos ($700.000).
Mi padre […] hace aproximadamente tres años no convive con nosotros y formó un
nuevo hogar donde tiene también tres hijos. Sus ingresos provienen de su
trabajo en la empresa […] Mi madre […] no trabaja, se dedica solo a las labores
del hogar por lo que no devenga ningún salario, yo estudio en el instituto
IDESA donde curso el grado octavo de bachillerato; mi hermana […] actualmente
se encuentra estudiando en la Universidad Surcolombiana de Neiva y mi hermano
[…] está haciendo un curso de inglés en un instituto. Con los setecientos mil pesos
que mi padre nos suministra se atiende nuestra manutención (alimentación,
estudio, servicios públicos, vestuario etc.) así como un crédito en la
fundación Mundo Mujer por valor de $2.000.000.”
(ii) ¿Cuál es la descripción de su
núcleo familiar y de los integrantes que la conforman (edad y actividad que
desarrollan? A lo que respondió: “Mi madre, de 47 años, ocupación ama de casa.
Mi hermano, de 23 años, estudiante. Mi hermana, 21 años, estudiante.”
Y, (iii) ¿Cómo afecta el desarrollo de sus actividades
diarias el diagnóstico de retardo mental moderado y cual es nivel de
dependencia de terceros para realizar dichas actividades? A lo que respondió:
“Para las actividades cotidianas dependo de mi madre o mis
hermanos quienes me colaboran arreglándome la ropa, están pendientes de mi
aseo, las tareas, la asistencia al colegio, así como las citas médicas y las
terapias psicológicas comportamentales ordenadas por el médico tratante dado
que en ciertas ocasiones tengo el temperamento alterado y respondo de manera
agresiva con las personas. No se manejar el dinero, prepararme los
alimentos, cepillarme los dientes, peinarme etc.” (Negrilla fuera de texto)
12.2.
Frente a este último cuestionamiento, la Sala encuentra que las manifestaciones
hechas por el accionante junto con su madre, encuentran un soporte médico en el
expediente. La neuróloga en pediatría, María Alejandra Benavidez Fierro,
mediante dictamen del 21 de agosto de 2013, indicó que Carlos Andrés Gallego presenta
una “discapacidad cognitiva permanente, por lo cual el paciente requiere
supervisión en la toma de decisiones debido a que no posee las habilidades
mentales para hacerse responsable de sí mismo y de otras personas[102]” (Negrilla fuera de texto)
12.3.
A su vez, la psicóloga, Laura Cárdenas Bustos señaló en el dictamen: “Se
encontraron deficiencias ejecutivas graves, pues no hay un
correcto razonamiento ni procesamiento de la información; no planea
comportamientos ni verbalizaciones, no interpreta pensamiento abstracto no
soluciona problemas cotidianos ni académicos. […] Se observa una dificultad en
la manipulación […] presenta un compromiso cognitivo global el cual interfiere
con la funcionalidad académica y cotidiana del paciente y requiere de
atención especializada para mejorar la calidad de vida del mismo y de la
familia[103]”
(Subrayado y negrilla fuera de texto)
12.4. De lo anterior, puede concluirse que en el caso concreto, si
bien el dictamen médico especifica que el cuadro clínico mental del joven
Gallego Castro es moderado, las limitaciones y las implicaciones que
trae consigo la patología en la cotidianeidad del accionante y en el ejercicio
pleno de sus derechos, son graves e incapacitantes al punto de requerir el
acompañamiento de un tercero para cepillarse los dientes, tomar decisiones,
manejar el dinero, entre otras.
La autoridad de reclutamiento accionada, en principio, decidió
interpretar de forma estricta la ley y, con base en su reglamentación interna,
negar la exención al actor. Sin embargo, su decisión es constitucionalmente
errónea porque (i) no explicó la razón por la cual considera que un diagnóstico
de “retardo mental moderado” es incompatible con una “discapacidad grave e
incapacitante”. Nótese que la Ley no habla de retardo mental sino únicamente de
discapacidad grave, y si la autoridad militar pretendía negar la exención,
debía demostrar que un retardo mental moderado no es una discapacidad
grave e incapacitante.
(ii) Dejando de lado la discusión exegética acerca del alcance
literal de la Ley, la autoridad militar accionada tampoco tuvo en consideración
los dos dictámenes de médicos tratantes que, en contraposición con lo expuesto
en la contestación de la demanda por el Ejército Nacional, sí estiman que la
discapacidad del actor es grave e incapacitante. La Sala resalta el diagnóstico
hecho por la psicóloga citado con antelación, en el que se establece que el
actor presenta “deficiencias ejecutivas graves” que le impiden planear
comportamientos y verbalizaciones.
(iii) Para terminar, y este punto es esencial en la definición de la
controversia, tampoco tuvo en consideración la autoridad de reclutamiento las
consecuencias sociales que la discapacidad acarrea para el actor y,
especialmente, si esas repercusiones se relacionan directamente con su
capacidad para pagar la cuota de compensación militar. Los dictámenes médicos
especializados son enfáticos en señalar que el joven Gallego Castro “no posee
las habilidades mentales para hacerse responsable de sí mismo y de otras
personas” y que presenta “un compromiso cognitivo global el cual interfiere con
la funcionalidad académica y cotidiana”, limitaciones que sumadas a la ausencia
de la libreta militar, dificultan su desarrollo laboral impidiéndole asumir el
valor de la cuota de compensación militar.
12.5. De lo dicho se puede concluir que: La autoridad de reclutamiento
al resolver una solicitud de exención al pago de la cuota de la compensación
militar por la causal segunda del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, debe
valorar las circunstancias y el entorno en el que se desenvuelve el ciudadano
que pretende reconocimiento a la exención, para así determinar si las
limitaciones y las repercusiones que se desprenden de la patología son lo
suficientemente graves e incapacitantes para el pleno
ejercicio de sus derechos y para acceder a los bienes materiales que garanticen
su vida en condiciones dignas.
12.6. Finalmente a juicio de la Sala, la limitación síquica que
padece el Joven Gallego Castro genera repercusiones graves e incapacitantes en
su desarrollo cotidiano, personal, educativo y laboral, por lo que se ordenará
al Distrito Militar No. 42 del Ejército Nacional que exonere al joven Carlos
Andrés Gallego Castro del pago de la cuota de compensación militar.
13. Conclusiones
13.1. Si bien en el caso de la imposición de multas por parte
del Ejército Nacional existe un procedimiento ya regulado en la Ley 48 de 1993,
lo cierto es que no existe una regulación precisa en torno a las etapas que
conforman el trámite inmediatamente anterior a la adjudicación de la multa.
Esto indica entonces que pese a ser necesaria, para efectos de evitar errores
que afecten drásticamente el destino de las personas sujetas a estos
procedimientos, una instancia anterior a la imposición de la sanción en la cual
se les garantice a las personas su derecho fundamental a ser oídas, la Ley 48
de 1993 y sus normas concordantes no contemplan sin embargo una audiencia
adecuada, en los términos antes descritos.
Dado que la finalidad del artículo 48 de la Ley 1437 de 2011 es
asegurar un grupo de instituciones, con carácter supletorio, para los eventos
en que no haya instancias homólogas en otros procedimientos, la Corte ordenará
entonces aplicar a este caso, y a todos los demás asuntos futuros semejantes,
lo allí previsto en cuanto se refiere específicamente a la celebración de una
audiencia previa a la decisión sancionatoria, en la cual se le garantice a la
persona su derecho a ser oída.
13.2. Para el reconocimiento de la exención de la cuota de compensación
militar por la causal primera del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, es suficiente
la acreditación del nivel del Sisbén por medio  de la base de datos del Departamento
Nacional de Planeación. Cuando no se cuente con ella, pero se demuestre sumariamente
la afectación sustancial del mínimo vital del accionante y de su núcleo
familiar, la autoridad de reclutamiento deberá validar la situación. En ese
caso establecerá los términos y los plazos -que podrán superar los 90 días
dispuestos en el artículo 2°, parágrafo 2° de la  Ley 1184 del 2008-, para el
pago de la cuota de compensación militar, los cuales se ajustarán a las
condiciones económicas propias del actor y de su núcleo familiar.
En el evento en el que la definición de la situación militar no esté
sujeta al pago de la cuota de compensación militar, sino al pago de una sanción
pecuniaria, y en un mismo sentido se logre demostrar sumariamente la afectación
al mínimo vital del ciudadano  y de su núcleo familiar, la autoridad de reclutamiento
establecerá los términos y los plazos - que podrán superar el término de los 60
días dispuestos en el artículo 68 del Decreto 2048 de 1993-,  para el pago de
la  sanción, los cuales se ajustarán a las condiciones económicas propias del
ciudadano y de su núcleo familiar.
En este tipo de eventos, la autoridad de reclutamiento otorgará al
ciudadano la tarjeta militar provisional contemplada en el artículo 31 de la
Ley 48 de 1993[104]
hasta tanto el ciudadano cancela el valor total de la obligación.
13.3. La autoridad de reclutamiento al resolver una solicitud de
exención al pago de la cuota de la compensación militar por la causal segunda
del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, debe valorar los dictámenes médicos
aportados por el ciudadano que pretende el reconocimiento de la exención, así
como las circunstancias y el entorno en el que se desenvuelve,  para así
determinar si las limitaciones y las repercusiones que se desprenden de la
patología son lo suficientemente graves e incapacitantes para el pleno ejercicio de sus derechos y para acceder a los bienes
materiales que garanticen su vida en condiciones dignas.
Casos concretos
13.4. Por lo expuesto en el caso concreto del expediente
T-4599928 desarrollado en el acápite séptimo de esta sentencia, la Sala de
Revisión revocará los fallos de primera (1ª) instancia, por el Juzgado Trece
(13) Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, Antioquia,
el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª)
instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Antioquia, el catorce (14) de agosto de dos
mil catorce (2014) que negaron el amparo solicitado por considerar que
la acción era improcedente ya que (i) la controversia que se pretendía debatir
supera las esferas constitucionales, (ii) el actor no agotó los recursos
administrativos, (iii) existían medios ordinarios de defensa judicial ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, (iv) la acción de tutela no
cumplía con el requisito de inmediatez. En su lugar, tutelará el derecho fundamental
del ciudadano Andrés Felipe Zapata al
debido proceso, mínimo vital y trabajo. En este sentido la Sala:
1.     Dejará sin efecto la
multa impuesta al señor Andrés
Felipe Zapata mediante resolución sancionatoria del
treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014).
2.     En consecuencia, ordenará al Distrito Militar No. veintisiete (27)
del Ejército Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta sentencia, haga entrega de la libreta militar al
joven Andrés Felipe Zapata exonerándolo del pago de la cuota de compensación
militar.
13.5. Por lo expuesto en el caso concreto del expediente
T-4608900 desarrollado en el acápite décimo de esta sentencia, la Sala de
Revisión revocará el fallo del Tribunal
Administrativo de Santander, proferido el dos (02) de mayo de dos mil catorce
(2014) que negó el amparo solicitado al advertir que (i) no puede en sede de
tutela pretender la exención de una contribución legal que debe ser
cancelada por aquellas personas que por alguna causal de exención o inhabilidad
no prestaron el servicio militar y, (ii) no se aportó al expediente prueba
alguna que acredite la vulneración del mínimo vital y la calidad de estudiante
del accionante.  En su lugar, tutelará el derecho fundamental del señor Julián Andrés Durán Mesa al debido proceso,
mínimo vital y trabajo. En este sentido la Sala:
1.
Ordenará al Distrito Militar No. treinta y dos
(32), que cobre al señor Julián Andrés
Durán Mesa,  por concepto de cuota de compensación
militar  la suma de cuatrocientos ochenta y un mil pesos ($481.000),
estableciendo términos y plazos para su pago que se ajusten a las condiciones
económicas propias del actor y de su núcleo familiar.
2.
Ordenará al Distrito Militar No. treinta y dos
(32) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta sentencia, otorgue la tarjeta militar provisional al joven Julián
Andrés Durán Mesa, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.736.935,
hasta tanto se cancele el valor total de la obligación.
13.6. Por lo expuesto en el caso concreto del expediente T-4615270
desarrollado en el acápite décimo tercero de esta sentencia, la Sala de
Revisión revocará los fallos de primera (1ª)
instancia, por la Sala Primera (1ª) de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, el diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce
(2014) y, en segunda (2ª) instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014) que
negaron el amparo solicitado por considerar que la acción era
improcedente ya que (i) existían medios ordinarios de defensa judicial ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y (ii) no se probó la existencia
de un perjuicio irremediable. En su lugar, tutelará el derecho fundamental del
señor Carlos Andrés Gallego Castro al debido proceso y mínimo vital. En ese
sentido la Sala:
1.
Ordenará al Distrito Militar No. 42 del Ejército
Nacional, que exonere al ciudadano Carlos Andrés Gallego Castro del pago de la
cuota de compensación militar y una vez notificada esta Sentencia, le entregue
de manera inmediata la libreta militar.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR en el expediente T-4599928,
el fallo de primera (1ª) instancia por el
Juzgado Trece (13) Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
Medellín, el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014) y, en segunda
(2ª) instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, el catorce (14) de agosto de dos mil
catorce (2014), dentro del proceso T-4599928, en el que se negó la
tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental del
señor Andrés Felipe Zapata al
debido proceso, mínimo vital y trabajo, desconocidos por el Distrito Militar
No. veintisiete (27) del Ejército Nacional.
Segundo.- INAPLICAR la multa impuesta
por el Distrito Militar No. veintisiete (27) del Ejército Nacional al señor
Andrés Felipe Zapata, mediante resolución sancionatoria del treinta (30) de
mayo de dos mil catorce (2014).
Tercero.- ORDENAR al Distrito Militar
No. veintisiete (27) del Ejército Nacional que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, haga entrega de la libreta militar
al joven Andrés Felipe Zapata exonerándolo del pago de la cuota de compensación
militar.
Cuarto.- REVOCAR en el expediente T-4608900,
el fallo del Tribunal
Administrativo de Santander, proferido el dos (02) de mayo de dos mil catorce
(2014), dentro del proceso T-4608900, en el que se negó la tutela de la
referencia. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental del señor
Julián Andrés Durán Mesa al debido
proceso, mínimo vital y trabajo, desconocidos por el Distrito Militar No.
treinta y dos (32) del Ejército Nacional.
Quinto.- ORDENAR al Distrito Militar No.
treinta y dos (32), que cobre al señor Julián Andrés Durán Mesa,  por concepto
de cuota de compensación militar  la suma de cuatrocientos ochenta y un mil
pesos ($481.000), estableciendo términos y plazos para su pago que se ajusten a
las condiciones económicas propias del actor y de su núcleo familiar.
Sexto.- ORDENAR al Distrito Militar No. treinta
y dos (32) que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, otorgue la tarjeta militar provisional al joven Julián Andrés Durán
Mesa, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.736.935.
Séptimo.- REVOCAR en el expediente
T-4615270, el fallo de primera (1ª) instancia, por la Sala Primera (1ª) de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el
diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014) y, en segunda (2ª)
instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014), dentro del proceso T-4615270, en
el que se negó la tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR el
derecho fundamental del señor Carlos Andrés Gallego Castro al debido proceso y
mínimo vital, desconocidos por el
Distrito Militar No. cuarenta y dos (42) del Ejército Nacional.
Octavo.- ORDENAR al Distrito Militar No. cuarenta y dos (42) del Ejército Nacional,
que exonere al joven Carlos Andrés Gallego Castro del pago de la cuota de
compensación militar y que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de esta sentencia haga entrega de la correspondiente libreta militar.
Noveno.- ORDENAR al Juzgado Trece (13) Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de Medellín, dentro del proceso T-4599928; al tribunal
Administrativo de Santander, dentro del proceso T-4608900 y a la Sala Primera
(1ª) de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva,
dentro del proceso T-4615270, que notifiquen la
presente sentencia dentro del término de cinco (05) días después de haber
recibido la comunicación, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Décimo.- Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
[1]
Manifestaciones que encuentran respaldo en las declaraciones extra juicio,
realizadas por Elkin Humberto Castañeda, Edison Orley Álvarez Zapata y María
del Carmen Zapata, visibles en los folios 16 y 19, Expediente T-4599928. (de
ahora en adelante, siempre que se haga mención a un folio se entenderá que se
alude al cuaderno único del expediente, salvo que se diga otra cosa).
[2]
El rango de estratificación se obtiene de los recibos de servicios públicos
domiciliarios aportados por el accionante al escrito de tutela, visibles en los
folios 9 y 10.
[3]
El accionante se encuentra registrado en el Sistema de identificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales con un puntaje de 51,84.
[4]
Visible en los folios 13 y siguientes.
[5]
Literal C del Articulo 28 de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el
servicio de Reclutamiento y Movilización”: EXENCIÓN EN TIEMPO DE PAZ. Están
exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse
y pagar cuota de compensación militar: […] c. El hijo único, hombre o mujer, de
matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada, separada o madre
soltera.”
[6]
De la lectura del expediente no se logra obtener certeza del valor actual de la
sanción pecuniaria.
[7]
Numeral 1º del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008: “Quedan exentos del pago de
la Cuota de Compensación Militar los siguientes: 1. Quien demuestre mediante
certificado o carné expedido por la autoridad competente pertenecer al nivel 1,
2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios - Sisbén.”
[8]
Teniente Coronel Darling Zambrano Cabezas.
[9]
Folio 22 y siguientes.
[10]
Literal G del Artículo 41 de la Ley 48 de 1993: “INFRACTORES. Son infractores
los siguientes: […] g. Los que habiendo sido citados a concentración no se
presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de
Reclutamiento, son declarados remisos.”
[11]
Al escrito de contestación adjuntó copia de la resolución No. 002 del 30 de
mayo de 2014 proferida por el Distrito Militar No. 27 del Ejército Nacional
mediante la cual decretaron la calidad de infractor del accionante y la
imposición de la sanción pecuniaria, visible en los folios 25 y 26.
[12]
Al escrito de contestación adjuntó constancia de notificación personal de la
resolución sancionatoria  y la constancia de ejecutoria de la resolución,
visible en el folio 28.
[13]
Folio 35 y siguientes.
[14]
El escrito de impugnación menciona al respecto: “En el caso en concreto si bien
el accionante dispone de otro medio de defensa judicial como lo es la acción de
nulidad y restablecimiento de derecho ante la justicia contenciosa
administrativa, es procedente la tutela, como medida transitoria, a fin de
evitar un perjuicio irremediable, puesto a que se verían menoscabados derechos
tan trascendentales y fundamentales como son el derecho al trabajo, al mínimo
vital y al debido proceso.”
[15]
El escrito de impugnación precisó al respecto: “Se debe mencionar que los
accionados omitieron informar que el 1 de octubre de 2011, se me dio una
citación por parte del Ejercito en el Batallón Girardot, y en esa oportunidad,
luego de los exámenes de rigor, fui entregado a mi madre la señora Astrid
Zapata, luego de que ella presentara una declaración extra juicio con la que
probaba, que era hijo único, […]” Más adelante, pretendiendo desvirtuar su
calidad de remiso afirmó: “ Se debe mencionar que mi sueño de niño, y de joven
ha sido ser agente de la policía, pero estos no me lo permitieron como se podrá
verificar mediante la carpeta No. 55419, y que está en esta institución puesto
que no pase los exámenes ante el sicólogo. Con lo [que] demuestro que no es que
haya sido remiso, […]”
[16]
Folio 40 y siguientes.
[17]
El acto administrativo sancionatorio se profirió el 30 de mayo de 2014 y la
acción de tutela se interpuso el 9 de junio de 2014.
[18]
Expediente T-4608900, escrito de tutela visible en el folio 1 y siguientes del
cuaderno principal (de ahora en adelante, siempre que se haga mención a un
folio se entenderá que se alude al cuaderno único del expediente, salvo que se
diga otra cosa).
[19]
Folio 21.
[20]
Dentro del expediente T-4608900 no obra documento alguno que corrobore la
manifestación del accionante de cursar una carrera universitaria.
[21]
Folio 6 y siguientes.
[22]
Teniente Coronel Leonardo Vargas Villegas.
[23]
Folio 20 y 21.
[24]
Ley 1184 de 2008, artículo 1º: “La Cuota de Compensación Militar, es una contribución
ciudadana, especial, pecuniaria e individual que debe pagar al Tesoro Nacional
el inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado, según lo previsto en la
Ley 48 de 1993 o normas que la modifiquen o adicionen. La base gravable de esta
contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual, está constituida por
el total de los ingresos mensuales y el patrimonio líquido del núcleo familiar
del interesado o de la persona de quien este dependa económicamente, existentes
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha en que se efectúe
la clasificación. Entiéndase por núcleo familiar para efectos de esta
contribución, el conformado por el padre, la madre y el interesado, según el
ordenamiento civil. […]”
[25]
El artículo 95 de la Ley 1437de 2011, establece que el término para resolver la
revocatoria directa de actos administrativos es de 2 meses.
[26]
Por la cual se regula la cuota de compensación militar y se dictan otras
disposiciones. El numeral 2º del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008 dispone:
“Los limitados físicos, síquicos o neurosensoriales con afecciones permanentes
que de acuerdo con el concepto de la autoridad médica de reclutamiento,
presenten una condición clínica lo suficientemente grave e incapacitante no
susceptible de recuperación por medio alguno.”
[27]
Dictamen neuropsicológico visible en el folio 16 y siguientes del cuaderno de
primera instancia del Expediente T-4615270 (de ahora en adelante, siempre que
se haga mención a un folio se entenderá que se alude al cuaderno de primera
instancia del expediente, salvo que se diga otra cosa).
[28]
El dictamen se refirió a la discapacidad del Joven Gallego Castro en los
siguientes términos: ““[…] se aclara que el diagnóstico de la discapacidad
cognitiva es permanente por lo cual el paciente requiere supervisión en la toma
de decisiones debido a que no posee las habilidades mentales para hacerse
responsable de sí mismo y de otras personas.”
[29]
Ley 48 de 1993, artículo 28, literal h: “EXENCIÓN EN TIEMPO DE PAZ. Están
exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse
y pagar cuota de compensación militar: h). Los inhábiles relativos y
permanentes.”
[30]
Folio 9.
[31]
Folios 7 y 8.
[32]
Folio 9.
[33]
Mayor Juan Sebastián Sanmiguel Sabogal.
[34]
El escrito de contestación mencionó al respecto: “Según la certificación de la
Neuropediatra tratante del ciudadano CARLOS ANDRÉS GALLEGO CASTRO, establece
que según prueba de inteligencia WISC III, el joven se encuentra por debajo de
los rangos esperados, diagnóstico que lo enmarca con un retardo mental
moderado, no queriendo decir con ello que es una persona con una afección lo
suficientemente grave e incapacitante.”
[35]
Folio 34.
[36]
Folio 53 y siguientes.
[37]
En sede de revisión se requirió al Comandante del Distrito Militar No. 42 para
que aportará copia del acto administrativo mediante el cual se había liquidado
la cuota de compensación militar, a lo que respondió mediante escrito del 16 de
febrero del presente año radicado en la Secretaría General de esta Corporación
que aún no se había liquidado el valor aludido.
[38]
El escrito de impugnación precisa: “[…] no es posible que por su condición [de
discapacidad] se le exima del cumplimiento de una obligación [la prestación del
servicio militar] pero esta misma condición sea desconocida para solicitarle
pagar por lo que no está obligado, […]”
[39]
Folio 40 y siguientes.
[40]
En lo concerniente al perjuicio irremediable, jurisprudencialmente se han
establecido una serie de criterios generales que permiten corroborar su existencia,
los cuales, pueden resumirse en (i) la afectación del mínimo vital del
accionante y el de su familia, (ii) su estado de salud y (ii)  su edad para
considerarlo sujeto de especial protección por ser una persona de la tercera
edad. Ver Sentencias T-090 del 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto); T-762 del
2008 y T-376 del 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería); T-607 del 2007  y T-652 del
2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); T-935 del 2006 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), entre otras.
[41]
Ver Sentencia T-211 del 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[42]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43]
M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esa oportunidad, se inaplicó la sanción
pecuniaria impuesta al actor en su calidad de remiso, al demostrarse que la
inasistencia del ciudadano obedeció a un error de conducta del Ejército quien
notificó al ciudadano de una fecha diferente a la que en efecto se le requería
presentarse. En consecuencia, se ordenó a la autoridad de reclutamiento expedir
la libreta militar del accionante absteniéndose de cobrar la sanción impuesta.
[44]
M.P. Mauricio González Cuervo. En esa oportunidad, se ordenó el
desacuartelamiento de un joven que fue  reclutado por el ejército nacional para
la prestación del servicio militar, sin que se hubiese considerado que su
trabajo representaba la única fuente de ingresos económicos para su familia,
conformada por su madre que padece de una deficiencia visual del 98% y su
hermano menor de edad.
[45]
Sentencias T- 1083 del 2004 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T – 843 del 2014
(M.P. Mauricio González Cuervo), T-722 del 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-039 del 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-278 del 2012 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-722 del 2010 y  T-119 del 2011 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), entre otras.
[46]
Ver, entre otras, la Sentencia T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo)
donde la Corte hizo una exposición detallada del principio de inmediatez al
estudiar una acción de tutela mediante la cual se solicitó una sustitución
pensional después de que había transcurrido más de un (1) año entre la
expedición de la Resolución que negó el acceso a la pensión y la interposición
de la acción.
[47]
A este respecto, véase la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio
Hernández) en la que se declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del
Decreto 2591 de 1991, los cuales regulaban la caducidad de la tutela cuando era
interpuesta contra providencias judiciales.
[48]
Ver Sentencias T-1110 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de
2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T- 429 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-998 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), SU-158 de
2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[49]
Artículo 216 de la Constitución política: “[…] Todos los colombianos están
obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para
defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La Ley determinará
las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las
prerrogativas por la prestación del mismo.”
[50]
Expedida el 3 de marzo de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de
reclutamiento y de movilización.
[51]
El artículo 30 de la Ley 48 de 1993 dispone: “Tarjeta de reservista. Tarjeta de
reservista es el documento con el que se comprueba haber definido la situación
militar. […]”
[52]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[53] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa
oportunidad, se analizó el caso de un ciudadano que prestaba el servicio
militar, pero, debido a su complejo estado de salud se ordenó su
desacuartelamiento, liquidándose la cuota de compensación militar por el tiempo
restante para el cumplimiento del término del servicio.  Solicitó la protección
de su derecho al trabajo, el cual, ante la imposibilidad económica de pagar la
cuota de compensación, se veía vulnerado. La Sala Tercera de revisión de esta
Corporación ordenó al Ejército Nacional que expidiera al actor la tarjeta
provisional militar, fijando, según las condiciones personales y económicas del
mismo, los plazos para el pago de la cuota de compensación militar.
[54]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esa oportunidad, la Sala Sexta de Revisión estudió
el caso de un ciudadano que previo al trámite de incorporación para la
prestación del servicio militar, no fue seleccionado. La autoridad de
reclutamiento liquido el valor de la cuota de compensación militar por un valor
de $304.000 que no estaba en la capacidad de cancelar, pues dependía
económicamente de su madre quien padecía de Diabetes Mellitus. En consecuencia,
al encontrar probado el estado de salud de la madre del actor y la situación
del núcleo familiar, se ordenó al Distrito Militar Nº 18 del Ejército Nacional,
hiciera entrega al accionante de la Tarjeta Provisional Militar adoptando las
medidas conducentes para fijar según las condiciones económicas del mismo, los
plazos y modalidades para el pago del total de la cuota de compensación
militar.
[55]
M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esa sentencia se sometió a revisión el caso de
un ciudadano al que se le impuso una multa por su calidad de remiso. La Sala
Cuarta de Revisión logró determinar que la inasistencia del ciudadano a la
citación hecha por la autoridad de reclutamiento, obedeció a un error del
Ejército Nacional, quien notificó al ciudadano de una fecha diferente a la que
en efecto se le requería presentarse. En consecuencia, inaplicó la sanción
pecuniaria impuesta al accionante.
[56] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. La
Corte Constitucional revisó el caso de un ciudadano -exento de prestar servicio
militar-, a quien por no cancelar el valor de la cuota de compensación militar
se le negaba la entrega la libreta militar, aun cuando quedó probado en el
expediente que sus ingresos mensuales eran equivalentes a trescientos mil pesos
y que pertenecía al Sisbén. La Sala Séptima de Revisión, ordenó al Ejército
conceder al accionante su libreta militar y no condicionar su entrega al pago
de una cuota inexistente, en virtud de la aplicación de la exención de la
misma.
[57]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta oportunidad, se solicita la
reliquidación de la cuota de compensación militar del accionante. Lo anterior
en tanto el ejército hizo la primera liquidación de cuota de compensación
conforme a la situación patrimonial de los padres del ciudadano sin analizar
que el ciudadano ya no es dependiente económico de sus padres, devenga un
salario mínimo legal mensual vigente y está incluido dentro del Sisbén 1.
[58]
M.P. Mauricio González Cuervo. se sometió a revisión el caso en que la  Octava
Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional se negaba a liquidar el valor de la
cuota de compensación militar por la falta de la fotocopia de la cédula de
ciudadanía del padre del actor, sin tener en consideración que el accionante
manifestó que le era imposible presentarlo porque no tiene contacto con su
progenitor desde que era un niño. La Sala Segunda de Revisión, consideró que
constituye una vulneración al debido proceso administrativo el hecho de exigir
la fotocopia de la cédula del padre del actor, cuando dentro del proceso quedó
probada la inexistencia de vínculo. En consecuencia, ordenó a la autoridad de
reclutamiento iniciar el trámite de liquidación de la cuota de compensación
militar, teniendo en cuenta que el accionante se encuentra incluido en el
Sisbén para la aplicación de las debidas exenciones legales.
[59]
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la administración pública.
[60]
Artículo 13 de la Ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan
otras disposiciones dispone: […] Si al acceder a la mayoría de edad el joven
que hubiere aplazado su servicio militar estuviere matriculado en un programa
de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir
inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus
estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución educativa le
conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si optare por el
aplazamiento, el título correspondiente sólo podrá ser otorgado una vez haya
cumplido el servicio militar que la ley ordena. La interrupción de los estudios
superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar.”
[61]
Artículo  2°. De la Ley 1738 del 2014 por medio de la cual se prorroga la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006 y 1421 de 2010 dispone: “El artículo 13 de la Ley 418 de 1997
modificado por el artículo 2° de la Ley 548 de 1999, quedará así: Artículo 13.
[…] Ninguna institución de educación superior podrá exigir como requisito para
obtener título de pregrado el presentar libreta militar.”
[62]
El ejercicio de la función pública está contemplado y desarrollado en el
artículo 209 de la Carta Política que establece: “La función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.”
[63]
Ver Sentencias T-388 del 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-119 del 2011
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-039 del 2014 (M.P. Mauricio González
Cuervo), entre otras.
[64]
Al respecto, la Sentencia T-1084 del 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) precisó:
“[…] por cuento el principio de efectividad de los derechos fundamentales
vincula a todas las autoridades y por ende éstas no pueden liberarse arbitrariamente
de su respeto y protección. De no ser así, las relaciones jurídicas entre el
Estado y el administrado en ningún caso podrían lograr un equilibrio, lo
cual resulta contrario a los postulados básicos de justicia.” (Negrilla fuera
de texto)
[65]
Por el cual se reglamenta la Ley 48 de 1993.
[66]
Artículos 15 al 18 de la Ley 48 de 1993.
[67]
Artículos 19 y 20 de la Ley 48 de 1993.
[68]
Expresión que utilizó el legislador para identificar a los ciudadanos que por
alguna inhabilidad, causal de exención o falta de cupo, quedaron exentos de la
prestación del servicio militar.
[69]
Artículo 22 de la Ley 48 de 1993.
[70]
Artículo 41 de la Ley 48 de 1993. Infractores. Son infractores los siguientes:
[…]g) Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la
fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son
declarados remisos. Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en
orden al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden impartida por
las autoridades del Servicio de Reclutamiento […]”.
[71]
Artículo 42 de la Ley 48 de 1993: Sanciones. Las personas contempladas en el
artículo anterior, se harán acreedoras a las siguientes sanciones: […] e) Los
infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con multa
equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año
de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios. El remiso que sea incorporado
al servicio militar quedará exento de pagar dicha multa; […]”
[72]
Artículo 68 del Decreto 2048 de 1993.
[73]
Ver Sentencias T-1083 del 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T- 388 del 2010
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-119 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub)
[74]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[75]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[76]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[77]
Ver Sentencias T-746 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-460 de 2007
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-600 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
entre otras.
[78]
Folio 22.
[79]
La Corte Constitucional mediante Sentencias C-804 de 2001 y  C-621 de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa) declaró la
naturaleza tributaria de la cuota de compensación militar.
[80]
En lo relativo a la compensación de las cargas públicas relacionadas a la cuota
de compensación militar, mediante Sentencia C-586 de 2014 (M.P. María Victoria
Calle Correa) esta Corporación dispuso: “La cuota de compensación militar
constituye, por tanto, un mecanismo dirigido a restablecer el principio de
igualdad en las cargas públicas, el cual se vería afectado si no se dispusiera
de medida alguna tendiente a compensar la asimetría que, desde el punto de
vista de las distribución de dichas cargas, se presentaría entre los varones
que son llamados a filas y, por tanto, obligados a comprometer su tiempo, sus
energías, a arriesgar su seguridad, a someterse a la disciplina castrense y a
postergar el desarrollo de otros proyectos vitales mientras cumplen el servicio
militar obligatorio y quienes, por haber sido clasificados, quedan librados de
tales cargas.” En un mismo sentido en la Sentencia C- C-621 de 2007 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil A.V. Manuel José Cepeda Espinosa) citada anteriormente a
pie de página, puntualizó: “[El pago de la cuota de compensación militar]
compensa la obtención de un beneficio, ya que la no prestación del servicio
bajo banderas se traduce en una ventaja para el eximido, en cuanto tiene la
posibilidad de dedicarse inmediatamente al desarrollo de labores productivas o
a continuar con el siguiente estadio de su proceso educativo.”
[81]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[82]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[83]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[84]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[85]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[86]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[87]
M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[88]
M.P. María Victoria Calle Correa. Consideración reiterada y citada por las
Sentencias T- 587 del 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-739 de 2013
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[89]
Ley 48 de 1993, Artículo 31: Tarjeta provisional militar. Es función de la
Dirección de Reclutamiento del Ejército expedir la tarjeta provisional militar.
[90]
Folio 21.
[91]
Folio 8.
[92]
Folio 21.
[93]
Artículo 1° de la Convención sobre las personas con discapacidad del 2006, ONU.
[94]
Estos principios se encuentran enunciados en el artículo 3° de la Convención de
la Organización de las Naciones Unidas del 2006, sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
[95]
Siguiendo la línea que se describe, con el propósito de garantizar el acceso
autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión, a la
información, a las comunicaciones, al conocimiento, y a las tecnologías de la
información y las comunicaciones, para hacer efectiva su inclusión y plena
participación en la sociedad se promulgo la Ley 1680 de 2013, demandada por
inconstitucionalidad y declarada exequible por esta Corporación mediante
Sentencia C-035 del 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[96]
El artículo 47 de la Constitución Política precisa: “El Estado adelantará una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran.
[97]
El artículo 53 de la Constitución Política precisa: “El Congreso expedirá el
estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas  aborales; facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a
la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.  Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna.  La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de los trabajadores.
[98]
El inciso tercero del artículo 13 de la Constitución Política menciona: “El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por si condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se metan.”
[99]
El Artículo 1° de la Constitución Política precisa: “Colombia es un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.”
[100]
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que por
ajustes razonables se entenderá: “[Que son] las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales […]”
[101]
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que por
diseño universal se entenderá como “[…] el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño
universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas
con discapacidad, cuando se necesiten.
[102]
Folio 15.
[103]
Folio 18.
[104]
Ley 48 de 1993, Artículo 31: Tarjeta provisional militar. Es función de la
Dirección de Reclutamiento del Ejército expedir la tarjeta provisional militar.