T-971-14
Sentencia T-971/14
ACCION DE TUTELA DE POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Mecanismo judicial idóneo para amparar los derechos
fundamentales
La Corte en múltiples pronunciamientos ha definido que la acción
de tutela funge como el mecanismo judicial con mayor idoneidad para la
protección de los derechos fundamentales de los desplazados por la violencia en
Colombia. Ha manifestado que resulta contrario
a los postulados del Estado social de derecho exigir el agotamiento previo de
acciones y recursos al interior de la jurisdicción ordinaria como condición
para la procedencia del mecanismo de amparo constitucional.
PROTECCION
ESPECIAL A POBLACION DESPLAZADA-Reiteración de
jurisprudencia
Estos sujetos deben gozar de una especial protección
constitucional en razón a (i) las
circunstancias de vulnerabilidad que los rodean que no ha propiciado el
afectado y que le impiden el goce y cumplimiento de su proyecto de vida, (ii)
la exclusión de la que han sido víctimas y que rompe el vínculo con su lugar de
origen, (iii) la marginalidad en la que se encuentran ante el nuevo entorno que
deben enfrentar, y (iv) constituir
un grupo poblacional que ha estado expuesto a un desconocimiento grave,
sistemático y masivo de derechos fundamentales.
ESTABILIZACION
SOCIO-ECONOMICA DE LA POBLACION DESPLAZADA-Debe enfocarse a
que vuelvan a su estilo de vida anterior, sus costumbres y a la tierra como
medio de producción y subsistencia
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el rol
primordial en la atención a las víctimas de desplazamiento forzado que cumple
la estabilización socioeconómica “implica la
ejecución de programas relacionados con ‘proyectos productivos… fomento a la
microempresa…atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la
niñez, la mujer y las personas de la tercera edad… planes de empleo urbano…’,
entre otros”. De allí que la víctima tiene derecho a que el Estado conozca sus
necesidades específicas, para que atendiendo a las mismas le brinde la
asistencia indispensable para emprender una actividad que le permita percibir
sus propios ingresos, de tal manera que pueda asegurar su subsistencia y la de
su núcleo familiar en condiciones dignas y continúe con su proyecto de vida. De
lo contrario, persistiría la vulneración de sus derechos a la vida digna, a la
integridad personal, al mínimo vital, a la igualdad y al trabajo.
PROTECCION DEL
DERECHO DE ACCESO A LA TIERRA DE LA POBLACION DESPLAZADA
DERECHO A LA
REUBICACION DE LA POBLACION DESPLAZADA-Orden a INCODER reubicar
a 25 familias en un predio que tenga condiciones de habitabilidad, agua potable
y posibilidades de establecer cultivos
Referencia: Expediente T-4306602
Acción
de tutela de José
Libardo Martínez Ortiz,
Luz
Nancy Nieto Toro y Julio Yalanda Yalanda contra el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– Regional Huila.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Bogotá
D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y
Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral
9º de la Constitución, así como el 33 y concordantes del Decreto estatutario
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el diez (10) de febrero de
2014, que confirmó el emitido por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de La
Plata, el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), que negó la protección de los derechos invocados.
I.
ANTECEDENTES
El
22 de noviembre de 2013 los señores José Libardo Martínez Ortiz, Luz Nancy
Nieto Toro y Julio Yalanda Yalanda, interpusieron acción de tutela en contra
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- Regional Huila, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales como población desplazada,
según los siguientes:
1.
Hechos
1.1.    Los accionantes
afirmaron ser desplazados y beneficiarios de un predio para la realización de
un proyecto productivo, el cual les fue adjudicado a 25 familias en común y
proindiviso en el año 2009 por parte del INCODER territorial Huila, siendo este
su único medio de subsistencia.
1.2.    En el inmueble
entregado, denominado “Finca Santa Rosa”, ubicado en la Vereda Las Lajas
del municipio de Paicol –Huila–, debía desarrollarse un proyecto productivo de
siembra de cacao y ganadería de doble propósito, sin embargo, encontraron que el
terreno no resulta apto para desarrollar tales actividades ya que carece de un
insumo vital como es el agua.
1.3.    Iniciaron un trámite
de reubicación del predio ante diferentes entidades gubernamentales, como la Procuraduría
Ambiental del Huila, la Contraloría General de la República y el INCODER
Regional Huila, pero solo obtuvieron evasivas por parte de estos organismos.
1.4.    Denunciaron que en
la compra realizada por la entidad accionada se presentaron irregularidades, como
el que se canceló por el predio un menor valor al antiguo propietario respecto
del monto en el que se protocolizó la venta.
1.5.    El 10 de abril de
2013, la Secretaría General del Grupo de Control Interno del INCODER
Territorial Huila, ordenó archivar el “proceso de indagación” que se
adelantaba por los aludidos hechos.
1.6.    Advirtieron que el
14 de junio de 2013, en desarrollo de “La Mesa Interinstitucional Sobre
Tierras”, las distintas entidades presentes como la Alcaldía aceptaron
errores en la compra de esta propiedad y la imposibilidad de ejecutar los
proyectos para la cual fue adquirida.
1.7.    Solicitaron la
protección constitucional de sus derechos transgredidos, disponiendo la
reubicación de las familias en otro predio donde puedan llevar a cabo los
proyectos productivos y así garantizar su subsistencia, vivienda y trabajo
dignos.
2.     Respuesta de la
entidad accionada
2.1.    El INCODER adujo
que el proyecto logró superar satisfactoriamente todas las fases de evaluación
y calificación, obteniendo concepto de viabilidad por parte de la Corporación
para el Desarrollo de las Microempresas -CDM-, en calidad de tercero idóneo
contratado por el INCODER.
2.2.    Manifestó que a
dicho proyecto se le adjudicó un subsidio total de $849.590.000, de los cuales
$675.675.000 se destinaron para que los beneficiarios compraran el predio,
mientras que el valor restante debía ser entregado para apoyar el proyecto
productivo denominado “explotación de ganadería doble propósito y cacao
intercalado”.
2.3.    Afirmó que según
el concepto emitido por la CDM, se tuvo en cuenta el análisis del tipo de suelo
y la “disponibilidad de agua” para su sostenibilidad, además que
requería de actividades para su adecuación por parte de los beneficiarios, que
fue ratificado por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena -CAM-, en el
informe técnico núm. 148 del 22 de septiembre de 2011, en el cual “se
identificaron 1 nacimiento, 2 drenajes naturales dentro del predio y las
quebradas de la sardina y la motilona que transitan por zona de linderos del
predio”.
2.4.    Refirió que con
ocasión a las múltiples quejas formuladas se realizó una visita técnica el 9 de
mayo de 2013, en el cual se verificó que “no se evidencian fuentes
permanentes representativas que abastezcan al predio en periodos de verano, hay
una fuente de abastecimiento que alindera el predio en la parte más baja por lo
que resulta necesario una fuente de bombeo, cuyos costos no fueron incluidos en
la formulación del proyecto productivo”
2.5.    Resaltó que el
predio adquirido por los beneficiarios del subsidio corresponde “al escogido
por ellos mismos, según su preferencia y postulado a la convocatoria pública
SIT-02-2009, cuya negociación hicieron voluntariamente”, en virtud del
principio de libre concurrencia.
2.6.    Advirtió que los
beneficiarios debían dar cumplimiento a la finalidad del subsidio so pena de
hacer efectiva la condición resolutoria. Así mismo, aclaró que el INCODER no
cuenta con la facultad ni la competencia para atender favorablemente la
reubicación. En consecuencia, solicitó se desestimaran las pretensiones de los
accionantes.
3.     Decisiones objeto
de revisión constitucional
3.1. Primera
instancia
El Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de La Plata -Huila-, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2013,
denegó por improcedente el amparo al considerar que no se daba cumplimiento a
los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como quiera que entre la fecha
de adjudicación del predio y la interposición de la acción constitucional
habían transcurrido más de 4 años y que dentro de los anexos de la tutela no se
observaba documento alguno dirigido al INCODER haciendo la solicitud de
reubicación pretendida con la tutela. Adicionalmente, estimó que no existía un
perjuicio irremediable que hiciere procedente la acción de amparo como
mecanismo transitorio.
3.2. Impugnación
En escrito de 16 de diciembre de
2013, los peticionarios refirieron que desde que se percataron de las
circunstancias reales del predio han acudido a todas las instancias pertinentes
como a los órganos de control y al mismo INCODER, por lo que no es predicable
el incumplimiento del requisito de inmediatez para declarar la improcedencia de
la acción de tutela.
Respecto a la “desconfianza”
del juez constitucional en relación con la afirmación de que el bien carece de
agua señalaron que el mismo no ha sido habitado por la asociación de
desplazados, por lo que no puede presumirse la existencia de este recurso.
Advirtieron el desconocimiento por
parte del fallador de la condición de vulnerabilidad y especial protección como
población desplazada, como la imposibilidad de desarrollar las actividades
productivas propuestas, que a su vez impide su estabilización socioeconómica.
3.3. Segunda
Instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva, mediante decisión de 10 de febrero de 2014,
confirmó el fallo al estimar que no se acreditó el cumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, y además que “los accionantes no
se ubicaban en ninguna de las excepciones señaladas por la Corte
Constitucional” para predicar la existencia de un perjuicio irremediable.
Expuso que si bien existen quejas
respecto del inconformismo por los accionantes en relación con el predio
adjudicado, no se probó que se hubiera elevado alguna petición formal ante el INCODER,
por lo cual existen otros mecanismos a través de los cuales pueden solicitar lo
que pretenden aunado a que el trámite administrativo no ha sido agotado en
debida forma.
4.     Pruebas
-
Copia
de la matriz de compromisos consensuada con los ciudadanos y los representantes
de autoridades convocadas proferida por la Contraloría General el  4 de junio
de 2013, en el Municipio de  Neiva  (folios 5 a 20, cuaderno de primera
instancia).
-
Copia
del escrito de 18 de noviembre de 2013, presentado a la Personería Municipal de
Plata-Huila (folio 25, cuaderno de primera instancia).
-
Copia
del escrito de 08 de febrero de 2013, presentado a la Alcaldesa Gloria Fanny
Caupaz del Municipio de la Plata-Huila (folios 26 a 27, cuaderno de primera
instancia).
-
Copia
del escrito de petición presentado el 31 de octubre de 2012 al ingeniero Eber
Mota del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, mediante el cual se
solicita copia de resolución emanada por la Contraloría General en reunión del
día 8 de octubre de 2012 (folios 28 a 30, cuaderno de primera instancia).
-
Copia
del escrito de 16 de agosto de 2012, mediante el cual la Contraloría General da
respuesta a trámite de derecho de petición-denuncia de 20123-44652-80414-D de
2012-08-09, presentado a Olmedo Salazar en el Municipio de La Plata -Huila- (folio
34, cuaderno de primera instancia).
-
Copia
del escrito de 14 de agosto de 2012, mediante el cual la Contraloría General da
respuesta al escrito de petición 2012ER18605, presentado al Grupo Asociativo
Nuevo Renacer Huilense en el Municipio de La Plata -Huila- (folio 35, cuaderno
de primera instancia).
-
Copia
del escrito de 07 de agosto de 2012, mediante el cual la Contraloría General da
respuesta ha escrito de petición 2012ER18605 de 27 de febrero de 2012,
presentado Olmedo Salazar, vicepresidente de Grupo Renacer Plateño en el
Municipio de la Plata-Huila (folio 38, cuaderno de primera instancia).
-
Copia
del escrito de 16 de agosto de 2012, mediante el cual a través de firmas se
manifiesta la inconformidad de los ciudadanos ante la visita realizada a la
finca Santa Rosa el día 15 de agosto de 2012 (folios 54 a 57, cuaderno de
primera instancia).
-
Copia
del escrito presentado a Olmedo Salazar el día 29 de noviembre de 2013 expedido
por la Contraloría General, mediante el cual se da respuesta de fondo a derecho
de petición 2013-62536-8211-SE (folios 111 a 116, cuaderno de primera
instancia).
-
Copia
del acta de reunión realizada el día 08 de marzo de 2012, expedida por la
Alcaldía Municipal de Paicol (folios 117 a 121, cuaderno de primera instancia).
-
Copia
de la Resolución 1472 de 2010 “por medio de la cual se adjudica un subsidio
integral para la Compra de Tierras” (folios 74 a 77, cuaderno de revisión).
-
Copia
de la respuesta dada a la petición de reubicación formulada por los actores
ante el INCODER, de fecha 17 diciembre de 2012 (folios 78 a 80, cuaderno de
revisión).
-
Copia
del “Proyecto para el otorgamiento del subsidio integral de tierras para
población desplazados (sic) con proyecto productivo ganadería doble propósito y
cacao de alta calidad en el predio Santa Rosa ubicado en el municipio Paicol”.
Presentado al INCODER en julio de 2009 bajo el código D1-HUI-LAP-007 (folios 81
a 129, cuaderno de revisión).
-
Copia
de la ficha de verificación de campo en el marco de las convocatorias SIT-01 y
SIT-02 de 2009, suscrita por la Corporación para el Desarrollo de las
Microempresas –CDM – y el INCODER (folios 130 a 147, cuaderno de revisión).
-
Copia
del acta de visita de verificación en campo a proyectos elegibles en el marco
de las convocatorias SIT-01 y SIT-02 de 2009 (folios 148 a 165, cuaderno de
revisión).
-
Copia
del oficio núm. 20092169892, dirigido al señor Rafael Trujillo Ramírez, en el
cual se notifica “la elegibilidad y la calificación de la propuesta
D1-HUI-LAP-007, que forma parte de la lista de “Proyectos Elegibles” dentro de
la Convocatoria Pública INCODER SIT-02-2009” (folios 166 a 188, cuaderno de
revisión).
-
Copia
del informe de visita de inspección técnica proyecto D1-HUI-LAP-007,
convocatoria SIT-02-2009 realizada al predio Santa Rosa el 9 de mayo de 2013
ante el argumento de falta de recursos hídricos y características agrológicas
esbozado por algunos de los beneficiarios, como limitantes para la
implementación del proyecto productivo aprobado (folios 189 a 199, cuaderno de
revisión).
-
Copia
de la ayuda memoria- Mesa Interinstitucional sobre tierras, realizada por la
Contraloría Delegada del Sector Agropecuario el 14 de junio de 2013 (folios 204
a 215, cuaderno de revisión).
-
Copia
de los conceptos técnicos 148 de 22 de septiembre de 2011 y 026 de 26 de agosto
de 2014 y del informe de audiencia pública de 21 de noviembre de 2011,
expedidos por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (folios 218 a
229, cuaderno de revisión).
II.
ACTUACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN
1.       Dada la necesidad
de verificar los supuestos de hecho que originaron la acción de tutela y de
obtener los elementos de juicio requeridos para adoptar la decisión, mediante
proveído de 12 de agosto de 2014 fueron decretadas algunas pruebas de las
cuales se obtuvo la siguiente información:
1.1.    Intervención
de la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios
El 20 de agosto de 2014, la Procuraduría delegada para
asuntos ambientales y agrarios remitió a esta Corporación el informe realizado
por la Procuraduría 11 judicial ambiental y agraria del Huila, como se expone a
continuación:
Afirmó
que en la visita en el Predio Santa Rosa, el día 22 de septiembre de 2011, se
realizó el respectivo concepto técnico por la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena -CAM-, concluyendo que el predio no tiene caudal suficiente,
siendo la única posibilidad derivar agua de la quebrada La Motilona tras
encontrar 1 nacimiento (2,5 lps) 2 drenajes naturales (1.5 y 2 lps) y la
quebrada referida (210 lps), de manera directa o por bombeo (sistema de riego),
pero no tienen en cuenta que estas 25 familias desplazadas por la violencia se
les dificulta la inversión requerida para construir la infraestructura para
conducir el agua hasta la zona de cultivo (sistema de riego). Gastos, que no
pueden cubrir estas familias desplazadas e impidiendo de manera tácita obtener
los recursos suficientes para poder construir un sistema de riego.
Manifestó
que no se les advirtió a estas familias desplazadas que el 40% del predio, es
decir, 120 hectáreas, estaban conformadas por reserva forestal y, en
consecuencia, el predio no cuenta con las características mínimas adecuadas
para la explotación agropecuaria ni la posibilidad de recurso hídrico para
generar ingresos que permitan subsistir a estos núcleos y obtener su mínimo
vital, afectándolas dramáticamente y conculcándoles los derechos de los
desplazados, específicamente, a recibir información pertinente, eficaz y
oportuna.
Indicó
que ante las constantes solicitudes de reubicación por las familias desplazadas
por la violencia beneficiarías del subsidio, a través de memorando de enero 25
de 2012, la Dirección Territorial del Huila del INCODER respondió de manera
negativa el requerimiento de reubicación y reportó que en la visita que se
efectuó se encontró que existe muy poca disponibilidad de agua.
Comentó
que mediante denuncia instaurada en la Unidad de Fiscalía Local de La Plata
(Huila), el señor Olmedo Salazar (miembro del grupo afectado) denunció las constantes
amenazas que ha recibido por exigir la reubicación de las 25 familias a un
predio que cuente con las condiciones necesarias para los objetivos del
proyecto.
Refirió
que en oficio de 7 de marzo de 2012, la Dirección Territorial del Huila del
INCODER, le informó al señor Olmedo Salazar que no es posible realizar una
nueva visita al predio, tampoco es procedente la reubicación, debido a que el
predio fue adquirido por el beneficiario previo consentimiento.
Expuso
que hasta el momento se ha desembolsado únicamente lo relativo al pago del
predio y los gastos notariales, encontrándose pendiente el desembolso del
subsidio para proyecto productivo, puesto que no ha sido posible expedir el
contrato de operación y funcionamiento, por la problemática descrita por los
beneficiarios del proyecto.
A
juicio del Ministerio Público, como consecuencia de lo ocurrido, las 25
familias desplazadas por la violencia han sufrido a lo largo de estos años la
vulneración a su dignidad; desintegración familiar; desconocimiento del derecho
a una vivienda digna; desprotección a menores de edad, adultos mayores, personas
con discapacidad, madres cabeza de hogar; vulneración del derecho a una
alimentación mínima; afectación al mínimo vital; desestabilización socio
económica; desigualdad social, nuevo desplazamiento forzado tras las amenazas
recibidas por apropiación de este terreno; pérdida bienes materiales; problemas
físicos, trastornos emocionales, inseguridad alimentaria por no poder realizar
explotación económica alguna en terrenos objeto del presente litigio, entre
otras.
Por
ello, la Procuraduría 11 Ambiental interpuso acción de tutela con la finalidad
de obtener la reubicación de las 25 familias en un predio que cuente con las
condiciones adecuadas para su habitación y desarrollo del proyecto productivo.
No obstante, los jueces de instancia declararon la improcedencia de la misma,
en cuanto el accionante tiene a su disposición otros medios de defensa
judicial.
1.2.    Intervención
de la Contraloría
General de la República
Mediante escrito de 29 de agosto de 2014, la
Contraloría General de la República remitió la siguiente información solicitada
por este Tribunal:
i.
“El
estado del trámite radicado 2012-41135-82111-D, promovido por su entidad ante
las quejas formuladas por los accionantes”
Al
respecto manifestó que el 21 de agosto de 2012 dio traslado de la solicitud al
Contralor Intersectorial contra la corrupción para lo de su competencia.
Igualmente el 6 de septiembre de 2012 envió al INCODER dicha misiva para los
fines correspondientes. En la misma fecha informó al peticionario los traslados
efectuados y que se encontraba adelantando una auditoría especial a la política
pública de desplazamiento, en el marco de la cual realizaría una revisión al
proceso de adjudicación del predio Santa Rosa.
El
13 de febrero de 2013 dio repuesta de fondo a la denuncia presentada por los
accionantes, con los argumentos que se expondrán en el siguiente numeral.
ii.
“Los
datos concretos que conozca sobre la viabilidad del proyecto y la disposición
de agua en el predio Santa Rosa para su efectiva realización”
La
Contraloría con ocasión de la denuncia interpuesta por los beneficiarios del
terreno y del Plan General de Auditoría programado para 2012, efectuó pruebas
en terreno y documentales sobre las aseveraciones hechas por los ciudadanos, a
partir de las cuales se generaron los siguientes hallazgos:
a.
En
relación con la viabilidad de los proyectos productivos, el INCODER se
encuentra incumpliendo el artículo 22 de la Ley 160 de 1994, ya que no está
realizando una efectiva planificación, organización y acompañamiento de las
propuestas productivas, ni una revisión exhaustiva de las calidades de los
predios, ya sea de manera directa o a través de su intermediario, lo que se
esperaría estuviera resumido en el concepto de viabilidad integral.
Algunas
consecuencias de esta situación son la adjudicación de predios que no tienen
las condiciones de suelos y agua requeridas para la explotación agropecuaria,
la aprobación de arreglos productivos que no son susceptibles de implementarse
en las condiciones agroecológicas de los predios o que requieren de una
especial formación del capital humano para su éxito.
Lo
anterior se corrobora en varios proyectos en donde existen dificultades para el
acceso a fuentes hídricas fundamentales para el desarrollo de los proyectos
productivos como el de los accionantes.
b.
Respecto
del proyecto productivo de los accionantes, según denuncia radicada por parte
de los beneficiarios de este proyecto ante la Contraloría, se pudo conocer la
inexistencia de agua en el predio que imposibilita el desarrollo del proyecto
productivo.
En este sentido, al realizar visita de campo al predio
en cuestión y de la revisión del expediente del proyecto se evidenció que
posterior al desembolso para el pago del valor del predio que, de acuerdo con
los resultados obtenidos de la reunión realizada entre el INCODER, Banco
Agrario y el SENA, se determinó que el predio no era apto para el cultivo de
cacao debido a la falta de agua.
Así mismo, en visita realizada por la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena, ésta determinó que el caudal de agua
existente no era suficiente, a lo que la Dirección Territorial del INCODER
manifestó que únicamente habían participado en la entrega oficial del predio
otorgado mediante el subsidio, en la revisión de la escritura pública de compra
y en una reunión posterior realizada en el predio en compañía de autoridades
municipales.
En
torno a esta situación, el Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Huila,
se pronunció mediante comunicación del 22 de agosto de 2011, solicitando
estudiar la posibilidad de reubicar de las familias beneficiadas del proyecto,
teniendo en cuenta las razones expuestas por la comunidad.
Posteriormente,
en oficio del 20 de octubre de 2011, la Dirección Territorial del INCODER
concluyó que el predio no tiene el caudal suficiente para el desarrollo del
cultivo de cacao y el sostenimiento del ganado. Señaló que la única posibilidad
para obtener el agua sería trasladarla desde la quebrada La Motilona, no
obstante no se cuenta con los recursos necesarios para construir la
infraestructura que conduzca el líquido hasta la zona de cultivo.
En
este sentido, refirió el artículo 30 del Decreto 2000 de 2009 según el cual el
INCODER debe verificar las condiciones requeridas para que dicha solicitud de
postulación pueda ser sometida al proceso de calificación, dentro de las que se
encuentra que el predio debe contar con agua en cantidades suficientes para
desarrollar los proyectos productivos[1].
Por
su parte, en los términos de referencia de la convocatoria se mencionó que
únicamente se podría financiar la compra de predios con la disponibilidad de
agua suficiente para el desarrollo del proyecto productivo. Además, se agregó
que si las características pluviométricas de la zona determinaban deficiencias
de agua para los cultivos, se debía demostrar la existencia de infraestructura
y disponibilidad de riego. En este sentido, el órgano de control consideró que
el INCODER dio viabilidad a la compra de un predio que no garantizaba las
condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto productivo.
Ello
fue informado por la Consultora CDM en la evaluación realizada para dar la
viabilidad al proyecto con antelación al desembolso del dinero para la compra
del predio, manifestando que se hacía necesaria la implementación de un sistema
de riego y conceptuando una reducción significativa de la productividad por las
restricciones identificadas, incluidas las asociadas al clima. Dichas
recomendaciones no fueron tenidas en cuenta para la aprobación del respectivo
proyecto productivo, toda vez que en el mismo no se hizo referencia a la
instalación de sistema de riego adecuado para estas condiciones, ni como parte
del subsidio mismo ni como contrapartida de los beneficiarios o de otra
entidad.
Concluyó
la Contraloría que la falta de este recurso vital para la producción
agropecuaria afecta directamente las posibilidades productivas del predio y en
consecuencia las proyecciones financieras del mismo, por lo que la UAF fijada
sería insuficiente para garantizar los ingresos establecidos en la normatividad
para cada familia. Esta situación ha generado que en el predio que fue
adjudicado no se pueda llevar a cabo el proyecto productivo y, en consecuencia,
que no cumpla su finalidad en cuanto al goce efectivo de los derechos de esta
población.
iii.
“Los
avances obtenidos en relación con la situación de los accionantes, en virtud de
la Mesa Interinstitucional realizada el 14 de julio de 2013 en Neiva dirigida
por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario”
Aclaró que se establecieron algunos compromisos a los
que le ha realizado seguimiento. Posteriormente, se adelantó una Mesa Técnica
de trabajo el 20 de febrero de 2014, en la cual se acordaron la realización de
visitas de campo a diferentes predios, que incluye Santa Rosa.
Indicó que realizado el estudio técnico concluyó que
los predios asignados a la población víctima en el municipio de Paicol no
contaban con las condiciones para albergar la cabida familiar que había sido
asignada anteriormente. En torno a esta problemática, el INCODER expidió la
Resolución 6953 de 4 de julio de 2014 por medio de la cual se abrió la
posibilidad a  los solicitantes logren ser beneficiarios de predios que cuenten
con las características para el desarrollo de proyectos productivos, por medio
del Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIDRA).
1.3.    Intervención
de la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena
El
29 de agosto de 2014 allegó copia del informe de audiencia pública de 21 de
noviembre de 2011, donde conceptuó que el predio contaba con oferta hídrica
suficiente para la implementación de 25 hectáreas de cacao, ganadería
semiextensiva, consumo humano y uso doméstico de 25 familias, siempre y cuando
se ejecutaran obras de captación y conducción óptimas que permitan realizar el
uso suficiente del recurso. Además, los beneficiarios del predio debían iniciar
el trámite de concesión de aguas superficiales al momento de desarrollar las
actividades en mención.
Respecto
a la pregunta formulada por este Tribunal, “indique la capacidad de
abastecimiento de agua del predio Santa Rosa (Paicol – Huila), específicamente
dirigida a la vivienda y a la realización del proyecto productivo propuesto por
los accionantes”, manifestó que los caudales de las fuentes hídricas
aforadas están supeditados a las condiciones climatológicas de la zona, por lo
cual los resultados pueden variar significativamente dependiendo de la época en
la cual se realice la medición.
Afirmó que para derivar el recurso hídrico de la
quebrada La Motilona, fuente que presenta el mayor caudal disponible, se debe
implementar un sistema de captación por bombeo para movilizar el líquido desde
el cauce de la fuente hasta los puntos en donde se vaya a emplear, ya sea uso
doméstico o para el proyecto productivo que lo requiera, debido a que esta hace
tránsito por la parte baja del mismo. Otro modo de uso del recurso hídrico
puede estar dado por gravedad derivando en un punto, aguas arriba de la fuente
que permita la derivación, sumado a la necesidad de implementar el respectivo
sistema de captación y conducción, acorde a lo estipulado en el Concepto
Técnico 26 de 2014.
1.4.    Inspección
judicial al predio Santa Rosa ubicado en el municipio de Paicol – Huila.
Dicha actuación estaba encaminada a determinar
que la provisión de agua potable en el citado lote fuera suficiente para el
desarrollo del proyecto productivo de siembra de cacao y ganadería de doble
propósito de los accionantes. Para tal efecto el juez de
instancia debía proveerse de los peritos y expertos correspondientes para
adelantar la citada diligencia.
1.4.1. El Juzgado 1º Promiscuo del
Circuito de la Plata -Huila- remitió el 2 de septiembre de 2014 el despacho
comisorio debidamente diligenciado, al cual anexó copia del acta de la
diligencia de inspección judicial realizada el día anterior en el predio
denominado “Santa Rosa”,  vereda Las Lajas, municipio de Paicol -Huila-.
Allí
se dejó constancia que se visualizó nacimiento de agua, la cual es recogida en
una alberca que circula a través de una manguera que deposita el líquido en un
tanque construido en cemento, con una capacidad de 7000 litros, que es distribuida
a bebederos para el consumo humano.
Además,
se encontraron cultivos en pequeña escala constituidos en cacao, plátano y
yuca, que están distribuidos en cuatro y media hectáreas cultivadas, cuyo riego
se efectúa manual e individualmente a través de una manguera por parte de las
tres familias que están habitando en la actualidad el terreno.
En
la diligencia los accionantes aclararon que según el proyecto la cantidad de
hectáreas previstas para el cultivo de cacao era de 50, es decir, dos hectáreas
para cada uno de los 25 núcleos familiares beneficiarios.
1.4.2. Así mismo, el juzgado remitió el
dictamen pericial rendido por el perito que acompañó la diligencia de
inspección judicial. En dicho documento se absolvieron las preguntas formuladas
por el a quo, a saber:
i.
“Determine
si la provisión de agua potable en el predio tantas veces mencionado, es
suficiente para el desarrollo del proyecto productivo de siembra de cacao del
orden de 50 hectáreas y ganadería de cría y doble propósito de los accionantes
(5 semovientes vacunos para cada familia), teniendo en cuenta que conforme con
lo expuesto por los señores Arcesio Córdoba Barrera, Blanca Miriam Manquillo y
el señor José Libardo Martínez Ortiz.”
El experto indicó
que las fuentes hídricas encontradas en el
predio no son potables en razón a que están libremente asequibles a
contaminantes por parte de animales y el hombre, al transporte terrestre de
aguas lluvias, a elementos de erosión, a arrastre de basuras, a contaminación
atmosférica, entre otros, que afectan los caudales realmente aprovechables para
el abastecimiento de la población. Tampoco daban la disponibilidad de consumo
de agua para las 25 familias y abastecimiento al proyecto de cacao y ganadería.
Respecto
de la siembra de cacao aseveró que la cantidad de agua encontrada en el predio
no satisface la necesidad para la viabilidad en el proyecto de instalación de
50 hectáreas de cacao tecnificado.
Señaló
que 187.9 hectáreas destinadas para el manejo del proyecto de ganadería cría y
doble propósito corresponde a 125 cabezas, mínimo en cinco periodos anuales;
que en las condiciones actuales encontradas en el predio no es viable su
ejecución dada la ubicación, relieve, asequibilidad y calidad de forrajes
verdes del mismo.
ii.  “Determine la edad y condiciones y estado de los cultivos de los
cuales se hizo mención”
El
perito encontró en el inmueble un cultivo de cacao en un área aproximada de 4,5
hectáreas, de cinco meses de edad de siembra, a una distancia entre surco de 4
metros y entre plantas de 3 metros, con sombrío temporal de plátano y yuca; con
suelos francos arcillosos al tacto de fertilidad media, relieve ondulado, se
refleja en su conjunto que el cultivo presenta regular estado de desarrollo y
mantenimiento, con algunas plantas de cacao secas a causa de falta de riego, su
desarrollo es lento en su estado de levante, igualmente el cultivo de plátano
presenta retraso en su parte inicial de levante por las mismas condiciones.
iii.    “Concretar específicamente y consecuente o coherente
con la solicitud que en el despacho comisorio hace la Honorable Corte
Constitucional, establezca si las fuentes hídricas que circulan por el inmueble
objeto de esta inspección son o no son suficientes para cumplir con este
propósito”
Manifestó
que las fuentes hídricas encontradas de acuerdo a la visita al Predio Santa
Rosa no son suficientes para la magnitud requerida por el proyecto para la
instalación de 50 hectáreas de cultivo de cacao tecnificado y ganadería de cría
y doble propósito de 125 cabezas, y para el consumo permanente de 25 familias
en las condiciones actuales encontradas.
1.5.    Intervención
del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER–
En escrito radicado en esta Corporación el 4 de
septiembre de 2014, a la pregunta formulada en Auto de 12 de agosto de 2014, “informe si ha contemplado la reubicación de las
familias en otro lote. En caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá
indicar las capacidades del mismo en torno a la efectiva realización del
proyecto productivo de los demandantes. En caso de que la anterior respuesta
sea negativa, comunique la razón de la misma y, en qué órgano reposa la
competencia para adelantar la citada reubicación”; refirió
haber efectuado el levantamiento topográfico donde se determinó la ubicación de
las parcelas de los beneficiarios del proyecto y las áreas internas del predio
que son aptas para la ejecución del proyecto productivo, así como las que se
encuentran bajo protección ambiental.
Con
esta información topográfica y de relleno predial, procedió a efectuar visita
técnica al predio a fin de verificar las condiciones productivas de las áreas
que no se encuentran bajo protección ambiental, para identificar la textura y
las características físicas de cada muestra, así como la identificación de
especialidades de relieve de la zona, identificación de cultivos y extensiones
aproximadas para determinar las líneas productivas bajo las cuales se
desarrollará el proyecto productivo que determinará la cabida familiar del
predio.
Expresó
que el área tomada para la implementación del proyecto productivo se obtuvo
como resultado de las pruebas del análisis de suelo realizadas, teniendo en
cuenta características de pedregosidad, profundidad efectiva, niveles de
materia orgánica, y disponibilidad de aguas.
De
igual manera, reseñó que no fueron tenidas en cuenta áreas que por su cercanía
a cañadas y a pequeñas fuentes de agua, son consideradas áreas de importancia
ambiental para la implementación de planes de manejo que permitan aumentar la
recarga de las diferentes micro cuencas hidrográficas existentes dentro del
predio.
Aclaró
que la Alcaldía de Paicol ha contemplado dentro del POT, la conformación de una
zona considerada como reserva natural municipal, dentro de la que se contempla
parte del área de la vereda El Chaparro. No obstante, a la fecha la Alcaldía no
ha entregado la cartografía oficial en donde se delimite y/o georeferencie la
citada reserva, para llevar a cabo el cruce de la información de las
coordenadas de ubicación del predio, con el fin de verificar si cruza o no con
el área de la reserva natural.
Explicó
que en el área con vocación productiva se plantea la ejecución del proyecto
productivo que actualmente existe de cacao en asocio con plátano, con la
implementación de materiales e insumos que minimicen la presencia y el riesgo
por afectación de plagas. Adicionalmente, se plantea la implementación de la
línea productiva de ganadería de ceba con especies adaptadas a la región,
mediante el mejoramiento de praderas con pastos mejorados que permitan el
aumento de peso del ganado y por ende su productividad.
Conforme
a lo anterior, determinó que de acuerdo a la extensión del área con vocación
productiva del predio la cabida familiar que permita la generación de al menos dos
salarios mínimos por familia de conformidad con lo establecido en los términos
de referencia de la convocatoria, corresponde a tres familias.
Finalmente,
refirió el marco normativo vigente en materia de reubicación de adjudicatarios[2],
cuya
ruta jurídica inicia por “la postulación para el otorgamiento del Subsidio
Integral Directo de Reforma Agraria - SIDRA”,  que permitirá dar solución a los beneficiarios del predio que no
pueden ejecutar el proyecto productivo en el mismo.
Expuso
que ante el citado comité se postulará la situación del presente caso para el
otorgamiento del SIDRA; empero, previamente el beneficiario objeto de la
adjudicación deberá adelantar el proceso de donación de su cuota parte al
INCODER, sin ocupaciones ni perturbaciones de hecho y libre de toda clase de
gravámenes tales como censos, anticresis, condiciones resolutorias, embargos,
pleitos pendientes, demanda civil, arrendamiento por escritura pública,
patrimonio de familia inembargable, afectación a vivienda familiar e hipotecas.
Sin
embargo, dichas gestiones no se han podido adelantar en tanto la entidad no
cuenta con el avalúo comercial del predio, que posiblemente podrá obtener
cuando celebre un convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
Aunado a lo expuesto, el órgano accionado remitió los
siguientes documentos:
1.5.1. Copia
de la respuesta dada a la petición de reubicación formulada por los actores
ante el INCODER, de fecha 17 diciembre de 2012.
En
ella la accionada argumentó que no podía acceder a tal pretensión, “teniendo
en cuenta que el predio fue postulado por los integrantes del proyecto dentro
del principio de libre concurrencia que rigió la Convocatoria Pública;
procediendo a través del tercero idóneo a efectuar la correspondiente
evaluación de cumplimiento de los requisitos del predio ofertado y de los
aspirantes al otorgamiento del subsidio integral”.
Del
mismo modo, indicó que era claro que en el concepto integral de viabilidad del
proyecto, “se tuvo muy en cuenta el análisis de tipo de suelo y
disponibilidad de agua para su sostenibilidad, que como puede observar,
requiere de actividades de adecuación por parte de los mismos beneficiarios”,
situación que fue ratificada por la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena.
Concluyó
que el predio cuenta con fuentes de disposición de recursos hídricos
suficientes que pueden ser aprovechados para la ejecución del proyecto y
resaltó que son los beneficiarios del mismo quienes deben adquirir la
titularidad de las licencias, concesiones, permisos y/o autorizaciones para el
uso, manejo, aprovechamiento y/o disposición de los recursos naturales. Ante
tal circunstancia debían acudir a la Alcaldía para obtener la ayuda requerida.
1.5.2. Copia
del “Proyecto para el otorgamiento del subsidio integral de tierras para
población desplazados (sic) con proyecto productivo ganadería doble propósito y
cacao de alta calidad en el predio Santa Rosa ubicado en el municipio Paicol”. Presentado al INCODER
en julio de 2009 bajo el código D1-HUI-LAP-007.
Dentro
de los anexos de este documento puede observarse la descripción de la población
beneficiaria donde se señala que son 25 familias, para un total de 88 personas,
de las cuales aproximadamente 46 son menores de edad.
1.5.3. Copia
de la ficha de verificación de campo en el marco de las convocatorias SIT-01 y
SIT-02 de 2009, suscrita por la Corporación para el Desarrollo de las
Microempresas –CDM – y el INCODER. En este documento se refirió que el
grupo beneficiario del proyecto está compuesto por 25 familias de personas
víctimas de desplazamiento. A continuación, enlistó los datos de los
respectivos jefes de hogar, a saber:
Nombres
Apellidos
Cédula de ciudadanía
Rafael
Trujillo
Ramírez
12.096.214
Julio
Yalanda
Yalanda
4.651.207
Yusney
Vargas
Rojas
1.117.805.192
Marcel
Martínez
Quevedo
12.275.401
Alba
Luz
Salazar
Muñoz
48.632.719
Salazar
Salazar
12.269.623
Luz
Dary
Perdomo
Cotacio
55.130.199
Gladis
Pancho
Ucue
34.323.563
Ana
Marleny
Olaya
González
34.553.495
Luz
Nancy
Nieto
Toro
26.515.900
Guillermo
Alfonso
Mera
Fernández
1.108.998.599
José
Raúl
Mera
Astaiza
2.374.504
Blanca
Myriam
Manquillo
36.378.259
José
Libardo
Martínez
Ortiz
12.271.115
María
Fénix
García
Valencia
26.499.803
José
Miller
Genoy
Zambrano
12.141.035
Amparo
De Jesús
Echavarría
De Guerra
21.637.997
Otilia
Falla
De Hoyos
36.376.044
José
Darío
Figueroa
Arias
83.182.956
Antidio
Córdoba
Martínez
5.327.671
Rosa
Maria
Clavijo
Ramírez
36.378.750
Gelsy
Cano
Antury
40.600.494
Yuri
Arias
Toledo
1.125.180.651
Alcides
Arias
López
17.615.476
María
Lucila
Anacona
Vda. De Fajardo
36.270.413
Adicionalmente,
se consignó en el análisis del componente agrológico del predio que “se hace
énfasis que para el cultivo de cacao debe ser necesaria la implementación de un
sistema de riego, es necesario conducir el agua desde la parte alta por
gravedad.”
1.5.4. Copia
del acta de visita de verificación en campo a proyectos elegibles en el marco
de las convocatorias SIT-01 y SIT-02 de 2009. En esta se dejó
constancia que el predio dispone de fuentes de agua en la parte alta que
abarcan la zona de cultivo. Específicamente, se manifestó “no están
contempladas las instalaciones o sistemas de riego para el cultivo de cacao en
ninguna de las áreas.”
1.5.5. Copia
del informe de visita de inspección técnica proyecto D1-HUI-LAP-007,
convocatoria SIT-02-2009 realizada al predio Santa Rosa el 9 de mayo de 2013
ante el argumento de falta de recursos hídricos y características agrológicas
esbozado por algunos de los beneficiarios, como limitantes para la
implementación del proyecto productivo aprobado.
Dentro
de los resultados obtenidos, se observó una falta de cohesión social entre los
integrantes del grupo beneficiario, en el que se identifican claramente dos
subgrupos que se encuentran en total desacuerdo respecto de la elección del
predio.
Igualmente,
no se evidenciaron fuentes permanentes representativas de agua que abastezcan
el predio en los periodos de verano, hay una fuente de abastecimiento que se
ubica en la parte más baja del lote, por lo que resulta necesaria la
implementación de un sistema de riego presurizado cuyo costo no fue incluidos
en la formulación del proyecto productivo, ni en el ajuste a la formulación del
proyecto realizado por la Consultora CDM.
2.       Adicionalmente, a
través de Auto de 12 de septiembre de 2014 fueron decretadas otras pruebas, que
se reseñarán a continuación[3]:
2.1.
Departamento
para la Prosperidad Social
El Despacho sustanciador dispuso que
informará los datos[4]
concernientes al registro de los accionantes y las 25 familias afectadas en las
bases de datos de población desplazada.
En comunicación de 24 de septiembre de
2014, el Departamento para la Prosperidad Social informó haber dado traslado de
la solicitud de este Tribunal a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, como quiera que en ella reposa actualmente la
competencia en materia de registro y reconocimiento de población desplazada. Hasta
la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de esta última entidad.
2.2.    Despacho
Comisorio auxiliado por el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de la Plata
-Huila-
El juzgado de primera instancia remitió el 8 de
octubre de 2014, el despacho comisorio librado debidamente diligenciado, al
cual anexó copia de las actas correspondientes a la recepción de los testimonios
de los actores, en los cuales se absolvieron las preguntas formuladas[5]
por este Tribunal:
2.2.1. Declaración del
señor José Libardo Martínez Ortiz rendida el 3 de octubre de 2014, en los
siguientes términos:
“… Al
literal a) se leyó. CONTESTÓ: El número completo no lo tengo, pero sí la mayoría
está dentro de cinco y seis integrantes, esto es entre cuatro hijos y papá y
mamá, y somos veinticinco familias las adjudicatarias. Al literal b) se leyó, CONTESTÓ:
Hay algunas familias que no tienen, hijos menores de edad, pero los mayores
viven con ellos o sea con los papas. Y en cuanto a los registros civiles de
nacimiento no cuento con ellos, pero entonces tendría que ponerme desde hoy a
comunicarme con las familias para que me alleguen los documentos o tarjetas de
identidad, porque hay algunos que viven lejos como decir están en el campo o en
las veredas retiradas del pueblo. En el caso mío yo tengo un hijo menor que
vive en Pacarní, él está donde los abuelos y oportunamente yo hago llegar el
documento. Al literal c) se leyó. CONTESTÓ: Puede haber unos cinco o seis más o
menos, está María Lucila Anacona y el esposo el nombre de él no se me graba,
María Fénix García, entre otros. Y en cuanto a la documentación tendría que
hacer el mismo ejercicio como quiera que en la finca sólo habitan tres
familias, las demás familias todos estamos regados dentro del departamento del
Huila, aquí en La Plata somos varias familias, en Pitalito Huila, hay una
familia, en Florencia Caquetá hay otra familia, en Bel alcázar Cauca hay otra
familia, en Neiva Huila otra familia, eso es lo que yo recuerdo y otras
familias en el sector rural de La Plata Huila. Al literal d) se leyó. CONTESTÓ:
Si hay personas, el esposo de una compañera llamada Gladys Pancho, él es
tullido, no puede caminar, simplemente habla muy despacio, se le presentó una
enfermedad, no puede comer por si solo deben de darle con cuchara y en mi caso,
que perdí el ojo izquierdo a raíz de una patada de una bestia (el Despacho deja
constancia que en efecto el deponente carece de su visión a la cual hace
mención). Al literal e) se leyó. CONTESTÓ: Ninguno, yo no vivo allá por lo
tanto no he construido edificación alguna, las tierras allá no sirven para
nada, no tiene agua que es lo más importante. Al literal f) Se leyó. CONTESTÓ:
El agua no es potable porque no ha sido tratada y de por sí no hay y por ello
no se puede hablar de que es suficiente para satisfacer las necesidades propias
de alimentación e higiene de la persona. Al literal g) Se leyó. CONTESTÓ: Me
parece que si hubo uno que salió enfermo de allá por falta de líquido. Al
literal h) Se leyó. CONTESTÓ: No señor, no se ha podido, las tierras son muy
estériles y no hay agua para eso. Al literal i) Se leyó. CONTESTÓ: El proyecto
era de 50 hectáreas de cacao para el grupo y ganado doble propósito en cantidad
de cinco reses por familia, vacas tipo leche. No se puede realizar ningún
proyecto porque no hay agua y mucho menos cuando no es potable. Al
literal j) Se leyó. CONTESTÓ: De ese proyecto dependemos todo, todos estamos la
misma cosa, no tenemos otra fuente de ingresos excepto el jornal. Al literal k)
Se leyó. CONTESTÓ: Yo me dedico al jornal y sé que otras personas también, de
otras no sé qué están haciendo. Al literal l) Se leyó. CONTESTÓ: Con lo del
jornal. Al literal m) Se leyó. CONTESTÓ: Pues demasiado más que todo en el pago
de arrendamiento, yo tengo que pagar por ese concepto y psicológicamente he
tenido mucho problema por lo mismo que las tierras no sirven para nada, y he
experimentado mucho cansancio por la misma pensadera por el hecho que nos ha
causado la finca esa que no nos sirve para nada, que no podemos vivir allá. Al
literal n) Se leyó. CONTESTÓ: Muy poco, nos ha colaborado Acción Social, nos
mandan ayuda humanitaria consistente en alimentación, ahora últimamente ha sido
el Bienestar Familiar los que nos han estado colaborando en lo mismo. Al
literal o) Se le leyó. CONTESTÓ: No señor, ninguna ha sido respondida, y
nosotros hicimos varios derechos de petición y al mismo INCODER se les reclamó
varias veces. ...”
2.2.2. Declaración de la
señora Luz Nancy Nieto Toro rendida ese mismo día, en los siguientes términos:
“… Al
literal a) se leyó. CONTESTO: Pues está conformada por 25 familias, en el caso
mío yo tengo ocho hijos y las demás familias pueden tener en promedio para mi
concepto entre cuatro o cinco hijos. Al literal b) se leyó, CONTESTO: Yo tengo
sota una niña menor de edad, pero las 25 familias son casi todas más bien
jóvenes y creo que todos los hijos son menores de edad y me comprometo a traer
el registro civil de nacimiento de mi hija. Al literal c) se leyó. CONTESTO:
Así por encimita unos cuatro o cinco, por ejemplo los que viven en la finca son
mayores de 65 años. Al literal d) se leyó. CONTESTO: Sé que don Libardo
Martínez carece de la visión en el ojo izquierdo, mi hija Sorifeny no oye por
un oído y el otro hijo Yeri Fernando Jaramillo lo tienen que operar del corazón
tiene una vena muy delgadita y debe ser operado. Al literal e) se leyó.
CONTESTO: Yo actualmente no vivo allá, ni tampoco he vivido, me ha sido
Imposible habitar la finca porque la casita que hay allá es muy pequeña y como
hago si no tengo como construir así sea un cambuche, no tengo recursos para
eso. Al literal f) Se leyó. CONTESTO: No es suficiente, es que no hay agua,
viene muy fea, y en el tanque donde cae es muy sucio, antihigiénico está ese
tanque. Al literal g) Se leyó. CONTESTO: No sé, eso si no le puedo responder,
pues a la gente que vive en la finca ya se acostumbraron a tomar esa agua y ya
no les hace daño, ya se inmunizaron a esa agua. Al literal h) Se leyó.
CONTESTO: Pero cómo? Si no hemos ido ni nada y eso no se da nada allá porque
tiene para poder que se dé un cultivo tiene que tener agua permanente. Al
literal i) Se leyó. CONTESTO: Si no tenemos agua como se va a hacer eso, si no
hay agua que? Ningún proyecto sale adelante sin agua, que es lo más necesario y
eso estaba proyectado para cacao y para el ganado, y el ganado puede bajar a la
cañada a tomar agua pero nosotros no porque tampoco nos dieron permiso para
proveernos de ese líquido porque dicen que es prohibido, Al literal j) Se leyó.
CONTESTO: Nooo, pero cual, nada, yo dependo es de ese proyecto porque no tengo
absolutamente nada. Al literal k) Se leyó. CONTESTO: Pues mis hijos trabajan en
construcción y me dan la comida y me pagan el arrendo en Tesalia, les hago la
comida y les lavo la ropa, soy un ama de casa desesperada. Al literal l) Se
leyó. CONTESTO: Yo subsisto con lo que me dan los hijos. Al literal m) Se leyó,
CONTESTO: Estar sin trabajo en Tesalia porque si tuviéramos la finquita
estaríamos trabajando con mis hijos sin seguirse matando uno por un jornal,
psicológicamente porque para todas estas vueltas nos ha tocado sacar plata y
uno de dónde. Al literal n) Se leyó. CONTESTO: Si, Acción social, la prologas
que nos dan cada año, yo como madre cabeza de hogar pido una prologa y cada año
nos dan $1.000.00.oo, $1.200.000,oo, pero para todo un año eso no alcanza ni
para la comida, nadie más nos colabora, la última vez que me dieron la suma de
$1.320.000.oo fue en julio de este año. Al literal o) Se le leyó. CONTESTO: Si
le han dado respuesta a don Libardo pero no favorablemente, ahorita es como que
le han dado esperanza, no sé. …”
2.2.3. Declaración del
señor Julio Yalanda Yalanda rendida en la misma fecha, en los siguientes
términos:
“… Al
literal a) se leyó. CONTESTO: Veinticinco familias, en el caso mío somos seis,
cuatro hijos y el matrimonio, y más o menos el promedio que conforma cada
familia es de seis miembros. Al literal b) se leyó. CONTESTO: En el caso mío
tengo dos hijos menores, pero hay más niños menores én las otras familias, he
visto varios menores pero no puedo precisar cuántos son. No los he contado y
para eso necesitaría hacer un censo y puedo demostrar que los hijos míos son
menores, con la fotocopia de la tarjeta de identidad (el deponente hace entrega
de dos folios que corresponden a similar número de tarjetas de Identidad
referido a sus descendientes). Al literal c) se leyó. CONTESTO: De 65 años hay
unos cuatro. Al literal d) se leyó. CONTESTO: Al señor Libardo ve por un solo ojo
porque el otro lo mantiene cerrado. Al literal e) se leyó. CONTESTO: Yo no he
construido nada allá en la finca, me ha sido imposible habitar la finca porque
siempre está lejos para el estudio de los hijos y porque económicamente uno
está mal y la tierra es muy estéril, casi no tiene agua. Al literal f) Yo creo
que no, allí viven tres familias y para el aseo personal sería gota a gota
porque hay veces se merma el agua, hay que limpiar donde se almacena el agua,
se llena de arena. Al literal g) Se leyó. CONTESTO: al momento no se nada
porque no vivo allá. Al literal h) Se leyó. CONTESTO; No, porque el proyecto
era para sembrar cacao y para ganado de doble propósito, y pues por el motivo
del agua que es muy poca y la tierra muy estéril. Al literal i) Se leyó.
CONTESTO: No se puede hacer nada porque sin agua no hay vida, entonces no se
puede realizar el proyecto. Al literal j) Se leyó. CONTESTO: Si, pues yo soy
jornalero y en este momento no dependo del proyecto productivo, yo no vivo
allá, no tengo nada allá. Al literal k) Se leyó, CONTESTO: Lo que salga
trabajito del jornal en la agricultura, cogiendo café, abonando, donde los
vecinos. Al literal l) Se leyó. CONTESTO: Yo dependo de mi jornal y de la ayuda
humanitaria de Acción social, pero eso viene cada año cada año viene
$1.300.000.oo. Al literal m) Se leyó. CONTESTO: me he sentido mal porque me he
estado capacitando en el SENA y me ha tocado llevar el avío hecho y conseguir
lo del transporte para ir a la finca Santa Rosa a capacitación, yo me he
sentido cansado, me ha causado traumas el hecho de que no esté trabajando en lo
mío, Al literal n) Se leyó. CONTESTO: No, solo la Acción social, Al literal o)
Se le leyó. CONTESTO: Si, han dado respuesta pero estamos todavía en ese
problema. …”
2.3.
Universidad
Nacional de Colombia
Se le solicitó que presentara un concepto
en el que se determinara la afectación sociológica que depara para 25 familias
víctimas de desplazamiento, haber sido ubicados en un predio donde no pueden
adelantar su proyecto productivo y no contar con alternativa de reubicación. Mediante
escrito de 11 de noviembre de 2014, expuso las siguientes conclusiones:
La
tarea de reconstrucción territorial que significa para los desplazados volver a
reinventar la vida de manera integral, es una labor que nunca se logrará
culminar; las rupturas y la destrucción causada por la acción violenta sobre la
espacialidad y sobre el tejido social son una marca indeleble en el territorio.
La destrucción de las relaciones sociales que soportaban la vida, derrumbar
relaciones construidas y consolidadas históricamente; condiciones materiales y
espirituales, que no son posibles de reparar, la muerte de algunos de sus
integrantes, la desarticulación de las relaciones de producción, la ruptura y
desarticulación familiar entre otras, son hechos que se define como una
desterritorialización.
La
labor de reterritorialización se define como el conjunto de acciones
desarrolladas por la población misma de manera consciente con la
responsabilidad y el compromiso del Estado como garante de sus derechos. Esta
tarea incluye dotar a la población de condiciones materiales para facilitar y
garantizar en su totalidad la reconfiguración territorial que deben emprender
las poblaciones victimas del destierro en Colombia.
Las
25 familias objeto de la presente acción jurídica, han sido víctimas directas
de hechos violentos que dieron como resultado el ser desplazadas y despojadas
de la tierra. En la actuación que propone desarrollar el Estado al entregarles
una tierra improductiva, carente de la fuente fundamental de la vida en
cualquier lugar del mundo y especialmente en los territorios rurales cual es el
agua, el Estado está generando con esta acción un proceso de revictimización
sobre este grupo de campesinos, configurando de esta manera una nueva acción
violenta sobre ellos bajo la total responsabilidad directa del Estado como
accionante en esta nueva violencia.
El
Estado no está procediendo en derecho al entregarle tierras improductivas a un
conjunto de campesinos y considerar que con esta acción está dando cumplimiento
al mandato legal de restitución y reparación. Con acciones como esta se hace
una interpretación equivocada de la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución
de tierras, pues con hechos como el presente caso se violentan los derechos de
las víctimas exponiéndolos no solo a no poder dar cumplimiento a los proyectos
productivos sino y con gran fuerza exponiéndolos a un riesgo casi cierto de mayor
pobreza y violencia “REVÍCTIMIZANDOLOS”. La agricultura con fundamento
económico y social del quehacer de la población campesina, no podrá realizarse
en este territorio; no es posible desarrollar labores agrícolas si no se cuenta
con agua.
Por
lo anterior, no debe ser considerado un acto de restitución la entrega de estas
tierras a las 25 familias desplazadas puesto que dicho terreno no es apto para
adelantar proyectos productivos y debe ser considerado como una alternativa de
reubicación.
III.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del problema jurídico
2.1.
Los accionantes elevaron petición de amparo constitucional contra el INCODER al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales como población desplazada. Comentaron
que un grupo de 25 familias (88 personas, entre los cuales hay adultos mayores,
menores de edad, etc.)[6]
víctimas de desplazamiento forzado, postuló un proyecto productivo ante el ente
accionado con la finalidad de obtener la adjudicación de un predio donde
pudieren desarrollar la siembra de cacao y la ganadería de doble propósito.
Afirmaron
que el INCODER mediante Resolución 1472 de 28 de mayo de 2010 les adjudicó el
subsidio integral para la compra del predio denominado “Santa Rosa” en la
vereda Las Lajas del municipio de Paicol -Huila- de 270 hectáreas por 675
millones de pesos. No obstante, señalaron los accionantes que cuando fueron a
tomar posesión del bien advirtieron que aquel carecía de fuentes hídricas para
garantizar su propia subsistencia y para la ejecución del proyecto productivo
propuesto, por lo cual finalmente solo tres (3) familias decidieron residir
allí e intentar cultivos sin éxito alguno.
Así
las cosas, solicitaron a la entidad accionada la reubicación en un predio
idóneo que tuviera abastecimiento de agua suficiente para garantizar la
realización de los cultivos y la provisión del líquido para el uso doméstico.
Pero el INCODER negó la petición con fundamento en que el predio gozaba de
fuentes hídricas según el concepto rendido por la Corporación para el
Desarrollo de las Microempresas, previo a la adjudicación, ratificado por la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
En
esos términos, los accionantes solicitaron la protección de sus derechos en
orden a obtener la reubicación en un lugar donde haya suficiente disponibilidad
de agua para su subsistencia y el desarrollo del proyecto.
2.2.
En respuesta a la referida acción de tutela, la entidad accionada adujo que el
proyecto superó satisfactoriamente todas las fases de evaluación y
calificación, obteniendo concepto de viabilidad por parte de Consultora CDM y
la CAR, incluso en torno a la disponibilidad de agua.
Resaltó que el predio adquirido por
los beneficiarios del subsidio fue escogido por ellos mismos y su negociación
se hizo voluntariamente acorde al principio de libre concurrencia. Por ello,
advirtió que los beneficiarios debían dar cumplimiento a la finalidad del
subsidio, so pena de hacer efectiva la condición resolutoria. Finalmente,
aclaró que no cuenta con la facultad ni la competencia para atender
favorablemente la reubicación.
Sin embargo, en sede de revisión la
entidad manifestó que postularía el presente caso para el otorgamiento del
SIDRA[7];
siempre que el beneficiario de la adjudicación adelantare el proceso de
donación de su cuota parte al INCODER. No obstante, ello no se ha podido
adelantar porque la entidad no cuenta con el avalúo comercial del predio, que
posiblemente podrá obtener cuando celebre un convenio interadministrativo con
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
2.3. Conforme a la situación fáctica planteada corresponde a esta
Sala de Revisión determinar si el INCODER vulnera los derechos fundamentales al
mínimo vital, dignidad humana, vivienda digna, trabajo y garantía de
subsistencia, al no realizar la reubicación de las 25 familias adjudicatarias
del predio denominado “Santa Rosa”, ubicado en la vereda Las Lajas del
municipio de Paicol –Huila-, ante la insuficiencia de agua y terrenos idóneos
para llevar a cabo el proyecto productivo de siembra de cacao y ganadería de
doble propósito para el cual fue destinado.
2.       Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala abordará los
siguientes asuntos: i) la procedencia de la acción de tutela a favor de
las víctimas del desplazamiento forzado, ii) la protección
constitucional especial de la población desplazada, iii) los proyectos
productivos como medio para lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas
de desplazamiento forzado, iv) el acceso a la tierra por parte de
la población desplazada para el restablecimiento de sus derechos y finalmente, v) el caso concreto.
3.       Procedencia de la acción de tutela a favor de las víctimas del
desplazamiento forzado. Reiteración de Jurisprudencia
La Corte en múltiples pronunciamientos ha definido que la acción
de tutela funge como el mecanismo judicial con mayor idoneidad para la
protección de los derechos fundamentales de los desplazados por la violencia en
Colombia[8].
Ha
manifestado que resulta contrario a los postulados del Estado social de derecho
exigir el agotamiento previo de acciones y recursos al interior de la
jurisdicción ordinaria como condición para la procedencia del mecanismo de
amparo constitucional[9].
Sobre este aspecto:
“Debe
quedar claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven
sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las
acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la Red, ni a
la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora del Sistema.
Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta
las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que justifican
la procedencia de la acción de tutela. En este contexto, se ha admitido que
cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una entidad omita
ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que soporten tal
condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos
conculcados.” [10]
Entonces,
dada la situación de acentuada exclusión y vulnerabilidad de las personas
víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno, el mecanismo judicial
idóneo y eficaz para proteger sus derechos fundamentales ante una eventual amenaza
o vulneración es la acción de tutela. Resultaría desproporcionado exigirles a
estas personas el agotamiento previo de los recursos judiciales ordinarios, ya
que equivaldría a la imposición de cargas adicionales a las que han tenido que
soportar en su condición de víctimas de la violencia[11].
4.       Protección constitucional especial de la población desplazada.
Reiteración de Jurisprudencia
En
la Sentencia T-025 de 2004, la Corte advirtió la transgresión sistemática de
los derechos fundamentales de los grupos poblacionales víctimas del
desplazamiento forzado,
tales como la vida en condiciones dignas, la elección del lugar de domicilio,
el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y de asociación,
la unidad familiar, la salud, la integridad personal, la libertad de
circulación por el territorio nacional, el permanecer en el lugar escogido para
vivir, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, una alimentación
mínima, la educación, una vivienda digna, la paz, la personalidad jurídica, la
igualdad, entre otros[12].
En
virtud de ello, este Tribunal ha otorgado a dicha población un especial amparo
constitucional que busca proteger la persona humana y su entorno familiar que
se armoniza con el deber que recae en todas las autoridades del Estado de
propender por acciones afirmativas al encontrarse en circunstancias de
debilidad manifiesta[13].
Lo
anterior surge como consecuencia de la tesis según la cual estos sujetos deben
gozar de una especial protección constitucional[14] en razón
a (i) las circunstancias de vulnerabilidad que los rodean que no ha propiciado
el afectado y que le impiden el goce y cumplimiento de su proyecto de vida,
(ii) la exclusión de la que han sido víctimas y que rompe el vínculo con su
lugar de origen, (iii) la marginalidad en la que se encuentran ante el nuevo
entorno que deben enfrentar[15],
y (iv)
constituir un grupo poblacional que ha estado expuesto a un desconocimiento
grave, sistemático y masivo de derechos fundamentales[16].
De
allí que como lo afirmó esta Corporación en el fallo estructural bajo cita, al Estado se le
generan obligaciones de diligencia y celeridad en la determinación de las
políticas públicas destinadas a la abolición de las conductas generadoras de
tales hechos, así como el restablecimiento de los derechos vulnerados a la
población civil[17],
a saber:
“Se
derivan dos clases de deberes para el Estado. Por una parte, debe adoptar e
implementar las políticas, programas o medidas positivas para lograr una
igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados y al hacerlo,
dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción progresiva
de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población ‑en
aplicación de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula
de erradicación de las injusticias presentes”[18]. Y, por
otra, debe abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o
medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, sociales
y culturales, que conduzcan clara y directamente a agravar la situación de
injusticia, de exclusión o de marginación que se pretende corregir, sin que
ello impida avanzar gradual y progresivamente hacia el pleno goce de tales
derechos[19]”.
En
esta medida, la Corte ha señalado que la población víctima de desplazamiento
forzado es titular de unos “derechos mínimos”, que deben ser
incondicionalmente garantizados por el Estado debido a que se pone en peligro
la vida digna de estos individuos[20].
En
suma, el fenómeno de desplazamiento forzado, surgido como consecuencia del
conflicto armado interno ha sido objeto de análisis a través de diferentes
pronunciamientos, en los cuales se reconoce la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada. Así mismo, se ha insistido en que la
atención a esta población debe ser integral, es decir, debe consistir en un
conjunto de actos de política pública mediante los cuales se repare moral y
materialmente a las personas en esta condición y se produzca el restablecimiento
de los derechos conculcados con ocasión de este flagelo.
5.
Los proyectos productivos como medio para lograr la estabilización
socioeconómica de las víctimas de desplazamiento forzado
5.1.
La afectación de las personas en situación de desplazamiento ha trascendido múltiples
ámbitos (sociales, económicos y culturales), al poner en riesgo la subsistencia
propia y la de su entorno familiar, habida cuenta de la imposibilidad que se
presenta de poder regresar a su lugar de procedencia, en el cual solían
desarrollar todo tipo de actividades para lograr su sustento diario y asegurar
su manutención.
En
este contexto, uno de los factores que según la Corte integran el mínimo
prestacional que debe ser satisfecho por el Estado respecto de esta población
es el apoyo para el autosostenimiento por vía de la estabilización
socioeconómica[21].
Sobre
el particular, señaló la Sentencia T-025 de 2004:
“En relación con la provisión de apoyo
para la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de
desplazamiento, el deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena
participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación
individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares,
sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia
digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras
a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto
razonable de estabilización económica individual, de participar en forma
productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así
como emplear la información que provee la población desplazada para identificar
alternativas de generación de ingresos por parte de los desplazados”.
La
jurisprudencia constitucional ha reconocido que el rol primordial en la
atención a las víctimas de desplazamiento forzado que cumple la estabilización
socioeconómica “implica la ejecución de programas relacionados con
‘proyectos productivos… fomento a la microempresa…atención social en salud,
educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la
tercera edad… planes de empleo urbano…’, entre otros”[22].
De allí que la víctima tiene derecho a que
el Estado conozca sus necesidades específicas, para que atendiendo a las mismas
le brinde la asistencia indispensable para emprender una actividad que le
permita percibir sus propios ingresos, de tal manera que pueda asegurar su
subsistencia y la de su núcleo familiar en condiciones dignas y continúe con su
proyecto de vida. De lo contrario, persistiría la vulneración de sus derechos a
la vida digna, a la integridad personal, al mínimo vital, a la igualdad y al
trabajo, según se expuso en el referido fallo estructural[23].
5.2. El Gobierno consciente de tal problemática adoptó
medidas para la prevención y para la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia
mediante la Ley 387 de 1997[24].
Tales beneficios fueron regulados en el
Decreto reglamentario 2569 de 2000, donde se determinó la estabilización
socioeconómica como la posibilidad que tiene la población desplazada de acceder
a programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas
(vivienda, salud, alimentación y educación) por sus propios medios[25].
Adicionalmente, allí se estipuló que la estabilización
supone como mínimo, el acceso a componentes de vivienda, explotación de la
tierra con fines productivos y en  general las actividades que permiten al desplazado
participar en la dinámica económica[26].
5.3. En atención a lo anterior y al compromiso del
Estado de contribuir a la estabilización de las personas en situación de
desplazamiento, en virtud de lo dispuesto en el Documento Conpes 3218 de 2003[27],
el Gobierno desarrolla Programas de Generación de Ingresos dentro de los cuales
se encuentra el “Programa de Proyectos Productivos (PPP)”, que trabaja con
organizaciones sociales en territorios al interior de la zona de frontera agrícola
para la implementación de proyectos de mediano y largo plazo, como cacao,
caucho, palma de aceite, cafés especiales y forestales (maderables y no
maderables).
Otro de los modelos de este tipo de proyectos son las
“Alianzas Estratégicas”, las cuales buscan, con la participación de la
cooperación internacional y/o el sector privado, viabilizar y ejecutar
proyectos productivos sostenibles en alguna de las líneas productivas
priorizadas de acuerdo con criterios técnicos, económicos, financieros y ambientales
preestablecidos en un gran programa y en línea con los planes de ordenamiento
de cada región.
Todos estos proyectos se desarrollan de manera
coordinada con los interesados, puesto que el otorgamiento depende de las
condiciones individuales -habilidades y conocimientos-, de lo que se deduce que
la cuantificación no puede ser homogénea para toda la población desplazada.
En
suma, los proyectos productivos a los que se ha hecho referencia a lo largo de
este capítulo tienen la finalidad de restituir de alguna manera los derechos
que le han sido vulnerados a la población que reviste de condiciones especiales
de vulnerabilidad y propende por lograr una estabilidad social y económica a
las familias que fueron desplazadas de sus hogares, propiciando la realización
de una actividad que le permita adquirir ingresos con el trabajo por estos
propuesto.
6.       El
acceso a la tierra por parte de la población desplazada para el
restablecimiento de sus derechos
6.1. Esta Corporación en reiterados
pronunciamientos ha afirmado que el fenómeno del desplazamiento ocasiona
indiscutiblemente a las víctimas el desarraigo de su lugar de origen, por lo
que uno de los mínimos prestacionales que deben ser asegurados por el Estado a
esta población es el acceso a la tierra. Al respecto, ha considerado:
“El
desplazamiento forzado implica, de manera necesaria, el desarraigo de los
afectados del lugar que ocupan.  En ese sentido, los derechos fundamentales
interferidos por ese despojo son, sin duda alguna, los que primero se ven
afectados por el hecho del desplazamiento. De forma correlativa, la restitución
en el acceso a la tierra es un elemento central e ineludible para la reparación
integral de las víctimas de desplazamiento.
De
manera general y en lo que respecta a la relación entre el afectado y la
propiedad inmueble, son dos las dimensiones en que se manifiesta el perjuicio
iusfundamental de los desplazados internos, en especial respecto de los que
integran la población campesina: (i) la protección del mínimo vital; y (ii) el
acceso a la vivienda digna.”[28]
En efecto, se ve afectado el sustento de
dicho grupo poblacional en cuanto se imposibilita la consecución de los
elementos básicos para su subsistencia que en la mayoría de ocasiones está
relacionado con la productividad de sus predios, aunado a que no llegan a
disfrutar del ejercicio del derecho a la vivienda debido al mencionado
destierro.
En tal contexto, la Corte en
la Sentencia T-1115 de 2008 estudió el caso de unas familias desplazadas que
habían sido reubicadas en un predio rural que no tenía las condiciones mínimas
necesarias para su habitabilidad, ni para la explotación agraria a la cual
estaba destinado, por lo cual ordenó su reubicación en un predio “que tenga
condiciones de habitabilidad, agua potable y posibilidades de establecer
cultivos que les permitan obtener una subsistencia digna, pero que también
tenga vocación agropecuaria que asegure su estabilización socioeconómica. En
este proceso de reubicación se deberán respetar los principios de
voluntariedad, seguridad y dignidad señalados y asegurar la plena participación
de los afectados”.
En otro asunto similar, este
Tribunal abordó la situación de un desplazado a quien se le otorgó un predio
que “i)… no tenía vivienda; ii) la tierra era árida e improductiva;
iii) no tenía agua potable y, iv) nunca le otorgaron ningún crédito para poder
llevar a cabo el proyecto productivo que permitiría su estabilización
socioeconómica.” (Sentencia T-528 de 2010). Allí, la Corte dispuso que el INCODER
había desconocido el derecho a la reubicación, ya que el predio no reunía las
condiciones mínimas necesarias para asegurar al hogar desplazado el derecho a
un nivel de vida adecuado, debido a que por sus características, la familia del
actor no pudo acceder a alimentos, agua potable, vivienda y saneamiento
esenciales.
6.2. Atendiendo dicha problemática, las
normas del orden internacional de los derechos humanos, el régimen legal
nacional y la jurisprudencia constitucional han determinado distintas reglas
que obligan al Estado a diseñar, implementar y ejecutar
medidas tendientes a asegurar el goce efectivo de los derechos a la población
desplazada.
Puntualmente, en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos,
formulados en 1998 por las Naciones Unidas se
estipuló que se debe garantizar a las víctimas i) el acceso
a alimentos, agua potable, alojamiento, vivienda y saneamiento esenciales[29]; ii) la posibilidad de regresar
voluntariamente a su hogar o de ubicarse en otra parte del país, en condiciones
de seguridad, participando en la planificación y gestión de su regreso o
reasentamiento[30] y, finalmente, iii) la opción de
recuperar sus propiedades abandonadas o de ser indemnizadas o reparadas de
manera justa[31].
6.2.
En
el ámbito interno, el
artículo 19 de la Ley
397 de 1997 encargó la
competencia al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria -INCORA-, para
adoptar programas y procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación
y titulación de tierras en las zonas de expulsión y de recepción de la
población afectada por el desplazamiento forzado, así como las líneas
especiales de crédito; estas funciones actualmente fueron asumidas por el
Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural -INCODER-, ante la liquidación de
la anterior institución.
Así
las cosas, este régimen legal de la adjudicación de tierras se rememora a la
Ley 160 de 1994, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural con el cual se pretendía “promover el acceso
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, con el fin
de mejorar el ingreso y calidad de vida de los hombres y mujeres campesinos de
escasos recursos”[32].
Dentro
de las actividades a desarrollar con este sistema se encuentra “la
adquisición y adjudicación de tierras para los fines previstos en esta ley y
las destinadas a coadyuvar o mejorar su explotación, organizar las comunidades
rurales, ofrecerles servicios sociales básicos e infraestructura física,
crédito, diversificación de cultivos, adecuación de tierras, seguridad social,
transferencia de tecnología, comercialización, gestión empresarial y
capacitación laboral”[33].
Dicha disposición además, establece como beneficiarios de los subsidios para
compra de tierras “(…) las personas que residan en centros urbanos y que
hayan sido desplazados del campo involuntariamente (…)”[34].
Así mismo, indicó que dentro de los requisitos o
exigencias mínimas que deben cumplir los predios rurales propuestos u ofrecidos
en venta, en los procesos de adquisición de tierras se considerarán, entre
otros: “los relacionados con el precio de las tierras y mejoras, la clase
agrológica, la ubicación geográfica, la disponibilidad de aguas, la
altura sobre el nivel del mar, la topografía del terreno, la cercanía a
zonas de manejo especial o de conservación de los recursos naturales renovables
y las condiciones de mercadeo de los productos agropecuarios en la región.”[35]
(Negrilla fuera de texto).
En ese sentido, los predios obtenidos para llevar a cabo
los proyectos productivos propuestos deben contar, entre otras, con condiciones
de seguridad suficientes que no generen ningún riesgo para el beneficiario, que
estén ubicados en zonas aptas para la producción agrícola, pecuaria, acuícola,
pesquera y/o forestal, clasificadas como suelo rural en los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT), o en los respectivos Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT) de cada municipio, que la superficie agropecuaria
potencialmente utilizable en el Proyecto Productivo Planificado, que tenga una
extensión que asegure el desarrollo competitivo y sostenible del proyecto
productivo formulado de conformidad con el concepto de unidad agrícola familiar
-UAF-[36],
la que deberá garantizar técnica, económica, social y ambientalmente la
ejecución del mismo. Igualmente, debe contar con los requerimientos suficientes
de agua para desarrollar los proyectos productivos y la supervivencia[37].
Los
requisitos y criterios de los predios, quedaron consignados en el artículo 28
del Decreto reglamentario 2000 de 2009. Sobre la disponibilidad del agua,
estableció:
“b) Disponibilidad de Aguas: El predio
debe contar con los requerimientos de agua suficientes para desarrollar los
proyectos productivos. Cuando se requieran obras complementarias para asegurar
las disponibilidades de agua se determinarán los balances hídricos de oferta y
demanda. Lo anterior, sin perjuicio de los demás permisos, concesiones y/o
autorizaciones ambientales que se requieran según cada caso.”
En
este sentido, el artículo 30 del Decreto 2000 de 2009 determinó que en el
procedimiento para la elegibilidad de una postulación, el INCODER debe
verificar las condiciones requeridas para que dicha solicitud pueda ser
sometida al proceso de calificación, dentro de las que se encuentra que el
predio debe contar con agua en cantidades suficientes para desarrollar los
proyectos productivos[38].
7.       Caso concreto
7.1.
En
primer lugar, la Sala estima necesario precisar que la presente acción de
tutela es procedente en razón a que los accionantes se encuentran en condición
de desplazamiento como consta en la propuesta de proyecto productivo allegada
por el INCODER. Asimismo, se aclara que aunque la acción fue interpuesta solo
por los jefes de hogar de tres (3) familias, se analizará la petición de amparo
respecto de las 25 familias beneficiarias del predio adjudicado, por
encontrarse de cara a la misma presunta vulneración de sus derechos.
Entonces, el grupo accionante está
conformado por 88 personas, entre los cuales hay por lo menos un (1) adulto
mayor y cinco (5) menores de edad como consta en los respectivos documentos de
identidad allegados al expediente. También, uno de sus integrantes sufre una
incapacidad permanente por pérdida de un ojo según certificado médico expedido
por la EPS-S Caprecom. Sin perjuicio de las otras personas que fueron reseñadas
en la ampliación de la acción de tutela como sujetos de especial protección
constitucional.
Aunado a lo anterior, pese a que la Sala
dispuso que el Departamento de Prosperidad Social certificará cuántos de los
miembros de las 25 familias afectadas pertenecían a la tercera edad, eran
menores de edad o se encontraban en estado de discapacidad, ni dicha entidad ni
la Unidad Administrativa para la Atención  y Reparación Integral a las víctimas
lo hicieron. Como dichas afirmaciones no fueron controvertidas por la parte
accionada ni por los órganos requeridos en sede de revisión, se tienen por
ciertos y probados al tenor de la presunción de veracidad prescrita en el
artículo 20 del Decreto estatutario 2591 de 1991.
Por tanto, el grupo de 25 familias son
merecedores de la especial protección del Estado, que implica, entre otras
cosas, la admisión de la acción de tutela como único mecanismo idóneo para
frenar la grave y sistemática vulneración de los derechos a que es sometida la
población desplazada. Además, observa la Sala que los accionantes han
interpuesto los recursos pertinentes y han presentado las solicitudes del caso
ante el INCODER, la Personería Municipal de La Plata – Huila-, la Alcaldía, la
Contraloría regional, la Procuraduría 11 Ambiental, entre otras entidades. En
suma, el asunto debe ser examinado al exponer relevancia constitucional.
7.2.
Respecto del principio de inmediatez, es necesario reiterar que la
jurisprudencia constitucional ha indicado que en aras de garantizar la eficacia
y prevalencia de los derechos fundamentales, la solicitud de amparo será
procedente aun habiendo trascurrido un extenso lapso de tiempo entre la situación
que dio origen a la transgresión alegada y la presentación de la acción,
siempre que analizadas las condiciones específicas del caso concreto, el
fallador advierta la presencia de una o varias de las siguientes circunstancias[39]:
“(1)
La existencia de razones que justifiquen la inactividad del actor en la
interposición de la acción.
(2)
La permanencia en el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante, esto es, que como consecuencia de la afectación
de sus derechos, su situación desfavorable continúa y es actual.
(3)
La carga de la interposición de la acción de tutela resulta desproporcionada,
dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante;
por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros.”[40]
Este
Tribunal encuentra que la adjudicación del predio tuvo lugar el 28 de mayo de
2010 y que la acción sub examine fue presentada el 22 de noviembre de
2013, habiendo transcurrido más de 3 años y 5 meses. Sin embargo, se abordarán
los supuestos relatados, en aras de constatar la procedencia del presente
asunto.
En
torno al primer ítem, es decir, la existencia de una justa causa acerca de la
inactividad de los actores, fue acreditado en el expediente que en dicho lapso
de tiempo los accionantes efectuaron diversas actuaciones tendientes a obtener
el restablecimiento de sus derechos ante diversas autoridades como el INCODER,
Alcaldía de Paicol -Huila-, la Contraloría General de la República, la Personería
Municipal de Paicol -Huila-, entre otras[41].
En
relación con el segundo requerimiento, esto es, que la vulneración sea
permanente en el tiempo y por ende la situación sea continua y actual, se tiene
que la petición de amparo versa sobre la reubicación de 25 familias víctimas de
desplazamiento forzado que no han podido explotar el proyecto productivo para
el que les fue entregado el predio, acaecimiento que todavía subsiste y afecta
ostensiblemente su capacidad de autosostenimiento y sus derechos como población
desplazada, a pesar de la insistencia de los actores por encontrar alternativas
de respuesta.
Respecto
del tercer requisito, se evidencia que los accionantes son desplazados por la
violencia, aunado a ello en sus núcleos familiares se encuentran varios menores
de edad, adultos mayores y personas en estado de discapacidad, condiciones que
los hacen sujetos de especial protección constitucional, dado que con el paso
del tiempo se acrecienta su vulnerabilidad, haciendo razonable la intervención
del juez de tutela como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación.
Acorde con lo expuesto, en el caso sub examine se
encuentran acreditadas las tres circunstancias en las que es procedente la
acción de tutela a pesar de haber sido interpuesta tiempo después del
acaecimiento de los hechos generadores de la vulneración.
7.3. De otra parte, este Tribunal
considera que aunque
la Procuraduría 11 Ambiental del Huila impetró otra tutela paralela a la que se
estudia en esta providencia, que fue declarada improcedente por subsidiariedad,
no se configura la temeridad de la acción ante el orden sucesivo y recurrente
de los hechos, así como la permanente y continua amenaza y violación de los
derechos de los actores, a tal punto que actualmente se materializan sus
efectos al no habérseles reubicado en otro predio apto para su explotación y
encontrarse desprovistos de los recursos provenientes del cultivo de cacao y la
ganadería de doble propósito que pretendían implementar para logar su
estabilización socioeconómica.
7.4. Superado el examen sobre la
procedibilidad, entra la Sala a analizar si la reticencia de la entidad
accionada en reubicar a las familias en un predio apto para el desarrollo del
proyecto productivo, habida cuenta que el lote que les fue adjudicado no goza
de suficiente agua es violatorio de los derechos fundamentales de este grupo
poblacional o si, por el contrario, la actuación del INCODER se ajusta a la
normatividad sobre la política pública para la población desplazada y a los
criterios admisibles para interpretar las normas que le atañen a este grupo
poblacional.
7.5.
Así las cosas, de conformidad con el acervo probatorio que obra en el
expediente de la referencia, se encuentran los siguientes conceptos:
7.5.1.
Para la Procuraduría el predio no tiene el caudal suficiente y solo se podría
obtener el agua con un sistema de riego o ayuda hidráulica, gastos que no están
en condiciones de cubrir los accionantes, reiterando el concepto de la
Corporación Autónoma Regional CAM. Por ello, no se cuenta con las
características mínimas para que el proyecto productivo pueda prosperar en ese
lugar. Advirtió que el 40% del lote es reserva forestal, situación que no le
fue informada a los adjudicatarios. Comentó que hasta el momento se ha
desembolsado únicamente lo relativo al pago del predio y los gastos notariales,
encontrándose pendiente el desembolso del subsidio para proyecto productivo,
por la problemática descrita por los adjudicatarios del predio.
Según
el Ministerio Público las 25 familias continúan sufriendo las trasgresiones a
sus derechos fundamentales debido a que no han podido desarrollar las
actividades programadas para obtener sus propios ingresos y lograr su
estabilización socioeconómica.
7.5.2.
En concordancia con lo anterior, la Universidad Nacional al rendir concepto de
impacto sociológico de los afectados indicó que se les está revictimizando al
no brindarles un predio donde puedan desarrollar sus actividades y lograr sus
propios ingresos.
7.5.3.
A juicio de la Contraloría General el accionado ha incumplido sus obligaciones
legales en razón a que el trámite de adjudicación no contó con la debida
planificación y acompañamiento, como tampoco se revisaron acuciosamente las
calidades del predio.
Este
ente también coincidió en que el accionado permitió la adjudicación del lote
pese a que aquel carece de las condiciones de suelos y agua requeridas para la
explotación del proyecto productivo de los actores. Incluso, remitió al
concepto de viabilidad extendido por la Consultora CDM, que había puesto de
presente que sin ayudas hidráulicas no se podría lograr el caudal necesario
para la realización de los cultivos y la ganadería de doble propósito.
Refirió
que luego de realizar algunas visitas el INCODER reconoció que el predio no era
apto para el cultivo de cacao debido a la falta de agua, pero hasta el momento
no ha reubicado a las familias beneficiarias del proyecto, pese a que de la
Mesa Interinstitucional liderada por ese órgano se llegó a dicha conclusión.
7.5.4. Ahora bien, el perito designado por
el juez de primera instancia confirmó que las fuentes hídricas encontradas en
el predio no son suficientes, debido a que no son potables por estar asequibles
a contaminantes de animales y el hombre, aguas lluvias, elementos de erosión,
arrastre de basuras, contaminación atmosférica, entre otros, que afectan los
caudales realmente aprovechables para el abastecimiento de la población.
En efecto, según el peritazgo el predio no
cuenta con la disponibilidad de consumo de agua para las familias  adjudicatarias
y abastecimiento al proyecto de cacao y ganadería en las condiciones actuales
encontradas.
7.5.5. Lo anterior, fue ratificado por la
Corporación Autónoma Regional que consideró que la única forma de contar con el
recurso hídrico en el lote era mediante el sistema de bombeo y riego ante la
escasez de fuentes hídricas.
7.5.6.
Además, se aprecia que en el concepto de viabilidad rendido por la Consultora
CDM se consignó en el análisis del componente agrológico del predio que
requiere obligatoriamente la implementación de un sistema de riego que conduzca
el agua desde la parte alta por gravedad, para la siembra de cacao.
7.5.7.
Pese a que la entidad accionada adujo que el proyecto superó satisfactoriamente
todas las fases de evaluación y calificación, obteniendo concepto de viabilidad
por parte de Consultora CDM y la CAR, incluso en torno a la disponibilidad de
agua; en sede de revisión se hizo expreso el reconocimiento de la carencia de
fuentes hídricas, lo cual hacía necesario que se postulara tal situación para
el otorgamiento del SIDRA[42],
previo proceso de donación del predio adjudicatario por parte de las familias
al INCODER. No obstante, ello no se ha podido adelantar porque la entidad no
cuenta con el avalúo comercial del predio, que posiblemente podrá obtener
cuando celebre un convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
7.5.8. En las declaraciones rendidas, los
accionantes afirmaron que no se podría hablar de suficiencia de agua cuando no
cuentan con la misma ni para la higiene personal, mucho menos para la
alimentación ni para el cultivo. Indicaron que el escaso líquido que llega no
es potable ni consumible. Por esos motivos no se han podido adelantar los
cultivos proyectados y lo poco que han sembrado las 3 familias que están
habitando el predio no ha prosperado. Indicaron que sin agua ninguna actividad
agrícola sale adelante.
Manifestaron que de este proyecto dependen
totalmente y que no tienen otra fuente de ingresos excepto el jornal. Señalaron
que con lo poco que logran reunir deben pagar los arrendamientos y su
manutención. Adujeron que se han afectado psicológicamente y han “experimentado
mucho cansancio por la misma pensadera por el hecho que nos ha causado la finca
esa que no nos sirve para nada, que no podemos vivir allá”.
Expresaron que allí viven tres familias y
para el aseo personal deben padecer por la ausencia del líquido, al punto que
han debido acostumbrarse a subsistir con la escasez de agua e incluso han
sufrido enfermedades por ello.
7.6.
Atendiendo lo reseñado, es evidente que el predio no tenía el caudal suficiente
para el desarrollo del cultivo de cacao y el sostenimiento del ganado, como
tampoco contaba con las condiciones para albergar la cabida familiar de los
adjudicatarios. Así las cosas la única opción que les quedaba a los afectados
era implementar un sistema de riego presurizado, como lo aseveraron algunos
expertos (CAR y CDM); sin embargo, claramente constituye una carga no
soportable y desmesurada pretender que el costo de dicha infraestructura fuera
sufragado por los accionantes, en razón a las difíciles condiciones económicas
que padecen, entre otras razones, por su condición de desplazados.
Esta
responsabilidad indiscutiblemente debe estar a cargo del Estado y no de los
afectados, máxime cuando el accionado únicamente había desembolsado lo
concerniente al pago del predio y los gastos notariales, encontrándose
pendiente la entrega del subsidio para el proyecto productivo.
Ante
esta situación, la Sala no insistirá en la implementación de las ayudas
hidráulicas para el bombeo del líquido, puesto que como se coligió en la mesa
interinstitucional liderada por la Contraloría y lo afirmó el INCODER, se
requiere inexorablemente la reubicación de las familias, dadas las condiciones
del lote y la posible declaración de reserva natural que sobre él recae.
7.7.
Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que el INCODER dio viabilidad a
la compra de un predio que no garantizaba las condiciones necesarias para la
sostenibilidad del proyecto productivo, tal como lo afirmó el órgano de control
fiscal, toda vez que como lo reafirman las pruebas allegadas en sede de
revisión el lote no cuenta con fuentes hídricas suficientes para el consumo
doméstico de las familias, ni para el cultivo de cacao y la ganadería de doble
propósito.
De
ahí que para la Sala el accionado incumplió el deber de planificación,
organización y acompañamiento de las propuestas productivas, actuando de manera
ineficiente sin acatar los estudios realizados por los expertos[43]. También
inobservó la obligación de verificar las calidades exigidas para la
calificación de las propuestas postuladas, dentro de las que se encuentra que
el predio cuente con suficiente agua para su desarrollo[44].
Además, para la Corte es inaceptable que el INCODER
aun cuando tiene la competencia para adelantar el proceso de reubicación no lo
haya hecho bajo la excusa que no ha podido obtener el avalúo comercial del
bien, imponiendo cargas administrativas no soportables a los afectados y
dejándolos desprovistos de cualquier otra solución jurídica, lo cual transgrede
claramente los derechos de la población desplazada.
Este Tribunal colige que dicha actuación constituye,
tal como lo afirmó el concepto rendido por la Universidad Nacional, “un
proceso de revictimización sobre este grupo de campesinos, configurando de esta
manera una nueva acción violenta sobre ellos bajo la total responsabilidad
directa del Estado como accionante en esta nueva violencia”.
Sobre este aspecto se pondrán en conocimiento del
Ministerio de Agricultura, las irregularidades advertidas en esta providencia,
para lo de su competencia.
7.8. Así, con fundamento en los hechos
probados en el expediente, la Sala estima que el INCODER desconoció el derecho
a la reubicación de las 25 familias adjudicatarias del predio “Santa Rosa” en
el caso concreto, al no dar cumplimiento a los requisitos mínimos necesarios,
exigidos por la Constitución y por el bloque de constitucionalidad, para lograr
el restablecimiento de la calidad de vida de los desplazados, como quiera que
con su actuación no pudieron explotar el inmueble en la forma prevista en tanto
no contaban con el líquido para el consumo humano, ni con las ayudas de bombeo
hidráulico para obtenerlo, lo cual impidió que los accionantes ejecutaran el
proyecto productivo que condujera a su autosuficiencia, habiendo trascurrido
más de 4 años desde la adjudicación sin que hasta el momento se hayan podido
efectivizar los derechos de las familias.
En suma, el predio no reunía las
condiciones mínimas necesarias para asegurar al hogar desplazado el derecho a
un nivel de vida adecuado, contenido en el principio núm. 18 de los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos formulados en 1998 por las Naciones
Unidas[45],
ya que por sus características, las familias afectadas no pueden acceder ni a
alimentos, ni a agua potable, ni a vivienda, ni a saneamiento básico.
Por tanto, esta Corporación dispondrá que el INCODER proceda a reubicar a las
25 familias, cuyos jefes de hogar fueron reseñados en el numeral 1.5.3. del
acápite actuación en sede de revisión, en un predio que tenga condiciones de
habitabilidad, agua potable y posibilidades de establecer cultivos de cacao y
ganadería de doble propósito, de forma tal que se les permita obtener una
subsistencia digna, pero que también tenga vocación agropecuaria que asegure su
estabilización socioeconómica. En este proceso de reubicación se deberán
respetar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, así como asegurar
la plena participación del afectado. El término para efectuar tal trámite será
más breve atendiendo a que ya está en curso el procedimiento de reubicación
según se constató por este Tribunal.
7.9. Se llamará la atención al INCODER ante la falta de oportunidad en la
respuesta a las peticiones radicadas por los afectados, aclarando que debe
regirse a los términos legales dispuestos para tal efecto. Aunado a ello, por
cuanto no existe una política de seguimiento al adjudicar los predios a la
población desplazada, encaminada a verificar  si se están cumpliendo los
objetivos de su destinación, habida cuenta que los afectados requieren de
acciones de política pública coherentes, serias, estables, oportunas y
efectivas que permitan el restablecimiento de sus derechos.
7.10. En tal sentido, la Sala ordenará a
la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación que, en el marco de sus competencias, les acompañen
en el proceso de reubicación en otro predio.
7.11. De otra parte, como quiera que este
Tribunal advierte que en el trámite de adjudicación se incumplieron los
supuestos normativos que le rigen, los accionantes ponen de presente presuntos
actos de corrupción y que está en juego el correcto uso o manejo adecuado de
los recursos públicos, se trasladará esta decisión a la Procuraduría General,
la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, para
que inicien las diligencias correspondientes en aras de determinar la posible
responsabilidad disciplinaria, penal o fiscal en que haya podido incurrir el
representante legal del INCODER.
7.12. Finalmente, como consta en el expediente,
al parecer existe duda acerca de la inclusión de una zona de reserva ambiental
en el predio adjudicado (40% de su extensión según la Procuraduría Ambiental),
de tal manera que el accionado deberá adelantar todos los trámites
correspondientes ante las autoridades competentes para verificar la condición
del lugar, absteniéndose de adjudicar en todo o en parte la proporción
protegida del predio “Santa Rosa”, en la vereda Las Lajas, municipio de Paicol
-Huila-. Se recuerda que no se puede disponer por el Estado de un predio que
esté incluido en una zona de reserva forestal, ya que los recursos naturales
protegidos son intransferibles acorde al régimen especial de salvaguarda que
para ellos dispone la normatividad vigente.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR el
fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva de diez (10) de febrero de 2014 que confirmó el
emitido por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de la Plata –Huila– el diez (10) de
diciembre de dos mil trece (2013), que negó la protección
de los derechos invocados. En su lugar CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales de la población desplazada y, en especial, la reubicación de las
25 familias adjudicatarias del predio “Santa Rosa”, vereda Las Lajas, municipio
de Paicol - Huila.
SEGUNDO: ORDENAR a Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– Regional Huila
que, si aún no lo ha efectuado, en el término de un (1) mes siguiente a la
notificación de esta providencia, reubique a las 25 familias adjudicatarias del
predio “Santa Rosa”, vereda Las Lajas, municipio de Paicol - Huila- en un
predio que tenga condiciones de habitabilidad, agua potable y posibilidades de
establecer cultivos de cacao y ganadería de doble propósito
TERCERO: LLAMAR la
atención al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER–por la
inexistencia de una política
pública coherente, seria, estable, oportuna y efectiva en materia de
adjudicación de predios a la población desplazada, que permita realizar un
seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la misma y por ende, lograr el
restablecimiento de sus derechos.
CUARTO: ORDENAR a la
Defensoría del Pueblo, a
la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación
que,
en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
providencia, realicen el acompañamiento necesario a las 25 familias
adjudicatarias en el proceso de reubicación ordenado en el ordinal anterior.
QUINTO: DAR traslado de esta
decisión a la Procuraduría General, la Fiscalía General de la Nación y la
Contraloría General de la República, para que inicien las diligencias
correspondientes en aras de determinar la posible responsabilidad
disciplinaria, penal o fiscal en que haya podido incurrir el representante
legal del INCODER.
SEXTO: PONER en conocimiento
del Ministerio de Agricultura, las irregularidades advertidas en esta
providencia, para lo de su competencia.
SÉPTIMO: LEVÁNTESE la suspensión de
términos ordenada mediante Auto de 12 de septiembre de 2014.
OCTAVO: LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, y
cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado Ponente
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Decreto reglamentario 2000 de 2009,
art. 28: “b) Disponibilidad de Aguas: El predio debe contar con los
requerimientos de agua suficientes para desarrollar los proyectos productivos.
Cuando se requieran obras complementarias para asegurar las disponibilidades de
agua se determinarán los balances hídricos de oferta y demanda. Lo anterior,
sin perjuicio de los demás permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales
que se requieran según cada caso.”
[2] Acuerdo 310 de
2013, art. 13: “Reubicación de adjudicatarios. En atención a la
identificación de problemas en derivados de adjudicaciones realizadas por el
Instituto que aconsejen la reubicación de sus asignatarios, se dispone que
podrán postularse para la adjudicación del -SIDRA-los sujetos de procesos de
dotación de tierras de subsidio para la adquisición de tierras y entrega de
bienes fiscales patrimoniales adelantados en antaño por el Instituto que desde
el punto de vista técnico, aprobado por el INCODER, se encuentren en zonas de
protección o manejo ambiental, zonas inundables, zonas con riesgo de
deslizamiento, zonas inadjudicables, zonas erosionadas, u ocupados por nuevos
adjudicatarios, o en los que se requiera recomponer la Unidad Agrícola Familiar
‘UAF’. En todo caso se deberá acreditar por parte de los postulantes que
los predios objeto de las medidas que aconsejan su reubicación, se encuentran
dentro de los términos de limitación al ejercicio de la propiedad contenidos en
el acto que dio origen a la adjudicación. No serán objeto de la prerrogativa
acá consignada los sujetos de titulación de terrenos baldíos.”
[3] Se recibieron
todas las respuestas de las entidades indagadas en el referido proveído, con
excepción de la Universidad Surcolombiana a la que se le solicitó que
presentara un concepto en el que se determinara la afectación sociológica que
depara para 25 familias víctimas de desplazamiento, haber sido ubicados en un
predio donde no pueden adelantar su proyecto productivo y no contar con
alternativa de reubicación. Vencido el término establecido para el cumplimiento
de dicho mandato, no se recibió pronunciamiento alguno por parte de la entidad
bajo cita.
[4] “i. Si se encuentran
registrados en el Registro Único de Población Desplazada, los siguientes
accionantes: José Libardo Martínez Ortiz C.C.
12.271.115, Marleny Olaya C.C. 34.553.49, Luz Nancy Nieto Toro C.C. 26.515.900
y Julio Yalanda Yalanda, C.C. 4.651.207.
ii.    Si se
encuentran registrados en el Registro Único de Población Desplazada, las
siguientes personas que figuran en anexos del escrito de tutela como
reclamantes de la reubicación: Yusney Vargas C.C.       1.117.805.192,
Omaira Triana Ortiz C.C. 36.377.650, Olmedo Salazar C.C. 12.269.223, Gelcy Cano
C.C. 40.600.494, Antidio Córdoba C.C. 5.327.671, Otilia Falla C.C. 36.376.044,
Darío Figueroa C.C. 83.182.956, Rosa María Clavijo
C.C. 36.378.750, Marcel Martínez C.C. 12.275.401, María de los Ángeles Ceballos
C.C. 55.131.133, Luz Dary Perdomo C.C. 55.130.199, José Miller Genoy C.C.
12.141.035, Alicia Perdomo C.C. 55.180.713 y, Yuri Arias Triana C.C.
1.125.180.651.
iii.  Respecto
de todos los sujetos enunciados anteriormente, manifieste si han recibido las
ayudas humanitarias establecidas por la ley.
iv.   Informe
por cuantos miembros está compuesto el núcleo familiar de las personas
individualizadas en los numerales i) y ii) de este ordinal; discriminando
cuántos menores de edad, adultos mayores y personas en estado de discapacidad
lo componen.
v.
Informe
por cuantos miembros está compuesto el grupo poblacional desplazado “Grupo
Asociativo Renacer Huilense”, con Nit. 9002942224. Debiendo discriminar cuántos
menores de edad, adultos mayores y personas en estado de discapacidad lo
componen.”.
[5] “a. ¿Por
cuántos miembros está compuesto actualmente el grupo de personas adjudicatarias
del predio Santa Rosa?
b.
¿Cuántos
de ellos son menores de edad? Para tal efecto deberán acompañar copia de los
documentos de identidad o registros civiles que así lo demuestren.
c.
¿Cuántos
de ellos son adultos mayores de 65 años? Para tal efecto deberán acompañar
copia de los documentos de identidad o registros civiles que así lo demuestren.
d.
¿Cuántos
de ellos se encuentran en situación de discapacidad? Para tal efecto deberán reseñar
la condición concreta de cada sujeto.
e.
¿Cuál
es su estado actual de residencia en el predio Santa Rosa, han construido
alguna edificación o ha sido imposible habitarlo?
f.
¿El
suministro de agua potable en el predio referido es suficiente para satisfacer
las necesidades propias de la alimentación e higiene personal de las familias
que allí habitan?
g.
¿Se
han presentado epidemias o enfermedades generalizadas a causa de los presuntos
problemas en el abastecimiento de agua potable?
h.
¿Han
podido desarrollar de alguna forma el proyecto productivo planteado para la
adjudicación del predio?
i.
¿De
qué manera incide el desabastecimiento de agua potable en la realización del
proyecto productivo?
j.
¿Tienen
otra fuente de ingresos o dependen exclusivamente del proyecto productivo?
k.
En
caso de no haber podido desarrollar su proyecto productivo ¿a qué labor se
están dedicando actualmente?
l.
¿Con
qué medios económicos están subsistiendo en la actualidad?
m.
¿Qué
afectación física y/o psicológica han sufrido con ocasión de la adjudicación
del predio donde no pueden llevar a cabo su proyecto productivo?
n.
¿Otras
entidades como el Departamento para la Prosperidad Social –antiguo Acción
Social– les han colaborado en el restablecimiento de su situación como
desplazados?
o.
¿Conocen
el estado actual o les fue respondida alguna de las peticiones que presentaron
con ocasión de la solicitud de reubicación y de los problemas de abastecimiento
de agua que presenta el predio Santa Rosa?”.
[6] Cfr. Numeral 1.5.3. del acápite de actuación en sede de revisión.
[7] Subsidio Integral de Reforma Agraria.
[8] Ver las Sentencias T-327 de 2001,
T-098 de 2002, T-985 de 2003, T- 025 de 2004, T-1144 de 2005, T-086 de 2006,
T-496 de 2007, T-473 de 2010, T-784 de 2011,
T-1064 de 2012, T-299 de 2013, entre otras.
[9] Ver, entre otras, las sentencia,
SU-150 de 2000, T-025 de 2004 Anexo 4, T- 740 de 2004, T-175 de 2005, T-1094 de
2004, T-563 de 2005, T-1076 de 2005, T- 882 de 2005, T-1144 de 2005, T- 086 de
2006, T- 468 de 2006 y T- 821 de 2007.
[10] Sentencia T- 086 de 2006.
[11] Cfr. Sentencias
T-218 de 2014; T-462 de 2012; T-402, T-706, T-783 y T-874 de 2011; T-190 y
T-473 de 2010; T-319 y T-923 de 2009; T-506, T-787
y T-869 y T-1135 de 2008. En igual
sentido, dijo la sentencia T-086 de 2006: “Debe
quedar claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven
sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las
acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la Red, ni a
la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora del Sistema.
Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta
las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que justifican
la procedencia de la acción de tutela. En este contexto, se ha admitido que
cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una entidad omita
ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que soporten tal
condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos
conculcados”.
[12] Sentencia T-414 de 2013.
[13] Sentencias T-239 de 2013 y T-821
de 2007.
[14] Sentencia T-473 de 2010.
[15] También en la Sentencia T-538 de
2006, en cuanto a la situación de desplazamiento, señaló: “En efecto, debido
a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos fundamentales de la
que son objeto, estas personas se encuentran en una especial condición de
vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la primera como aquella
situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas
garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos,
sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la
segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad
de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un
individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo
de beneficiarios directos  de los intercambios regulares y del reconocimiento
social.”
[16] Sentencias T-442 de 2012, T-414 de
2013, T-680 de 2014, entre otras.
[17] Sentencia T-086 de 2006.
[18] Sentencia SU-225 de 1997, donde la
Corte ordena a las autoridades estatales adoptar todas las medidas necesarias
para garantizar la vacunación gratuita para prevenir meningitis a niños
pertenecientes a sectores históricamente marginados, con base en la cláusula de
erradicación de las injusticias presentes. Esta jurisprudencia ha sido
reiterada entre otras, en las Sentencias T-177 de 1999, T-840 de 1999 y T-772
de 2003.
[19] Ver, en este sentido, la Sentencia
C-671 de 2002.
[20] Sentencia T-025 de 2004.
[21] Sentencia T-025 de 2004,
considerando núm. 9: “A partir de ese criterio, y con base en las
obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario, así como en la compilación de
criterios para la interpretación y aplicación de medidas para atender a la
población desplazada contenida en los Principios Rectores, la Sala considera
que los siguientes derechos mínimos encuadran bajo esta definición y, por ende,
integran el mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado:
(…) 8. En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento
(artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas
en condiciones de desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de
1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en
especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18,…”.
[22] Sentencia T-085 de 2009.
[23] Ibídem, considerando 6.3.2.: “que la población desplazada retorne
sin condiciones mínimas de seguridad y sin que sea acompañada su estabilización
socioeconómica en el lugar de retorno, los expone claramente a amenazas en
contra de sus derechos a la vida digna, a la integridad personal, al mínimo
vital, a la igualdad y al trabajo.”
[24] Ley 387 de 1997, sección 6,
artículo 17. “DE LA CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. El
Gobierno Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el
propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la
población desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en
otras zonas rurales o urbanas.
Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la
población desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los
programas relacionados con:
1. Proyectos productivos.
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo
Rural Campesino.
3. Fomento de la microempresa.
4. Capacitación y organización social.
5. Atención social en salud, educación y vivienda
urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, y
6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de
Solidaridad Social.”
[25] Decreto reglamentario 2569 de 2000,
art. 25: “De la estabilización socioeconómica. Se entiende por la
estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia, la
situación mediante la cual la población sujeta a la condición de desplazado,
accede a programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en
vivienda, salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de
los programas que para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las
autoridades territoriales, en el ámbito de sus propias competencias y de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal.”
[26] Decreto reglamentario 2569 de 2000, art. 26: “Componentes de los programas de estabilización
socioeconómica. Se entiende por componentes de los programas de estabilización
socioeconómica, la vivienda y la incorporación en la dinámica económica y
productiva y además en el ámbito rural, el acceso a la tierra para fines
productivos. Los componentes vivienda y tierra serán suministrados a través de
los sistemas que para tales efectos desarrollen el Banco Agrario, el Inurbe y
el Incora, dentro de sus planes de atención a población desplazada, los cuales
podrán, subsidiariamente, ser apoyados por la Red de Solidaridad Social, y a
los cuales accederán en procura de satisfacer los derechos vulnerados en tal
materia, preferencialmente, las personas que al momento del desplazamiento,
previa verificación de la Red de Solidaridad Social, contaban con derecho de
propiedad o posesión sobre un lote de terreno o una vivienda. || Parágrafo. Para efectos de la ejecución de
proyectos productivos, el Estado promoverá a través de la Red de Solidaridad
Social, la participación de organizaciones privadas nacionales e
internacionales con experiencia en procesos de consolidación y estabilización
socioeconómica de población desplazada. La coordinación de las labores que
desarrollen las organizaciones que participen en la formulación y ejecución de
tales proyectos productivos, estará bajo la dirección de la Red de Solidaridad
Social, quien podrá celebrar los convenios que resulten necesarios.”
[27] Reiterado en el Documento Conpes 3669
de 2010.
[28] Sentencia T-076 de 2011.
[29] Principio 18: “1. Los
desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. || 2.
Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes
proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes
suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos: a)
Alimentos esenciales y agua potable; b) Alojamiento y vivienda básicos; c)
Vestido adecuado; y d) Servicios médicos y de saneamiento esenciales. || 3. Se
harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de la mujer en
la planificación y distribución de estos suministros básicos”.
[30] Principio
28: “1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad
primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan
el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o
su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del
país.  Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los
desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte. || 2.
Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los
desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su
reasentamiento y reintegración”.
[31]Principio 29: “1.
Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia
habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de
discriminación alguna basada en su desplazamiento.  Tendrán derecho a
participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los
niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios
públicos. || 2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la
responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan
regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la
medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las
que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible,
las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización
adecuada u otra  forma de reparación justa o les prestarán asistencia para
que la obtengan”.
[32] Artículo 2°.
[33] Artículo 3°.
[34] Artículo 20.
[35] Ibídem
[36] Unidad Agrícola Familiar entendida
como la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal
cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con
tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un
excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio (artículo
38 Ley 160 de 1994).
[37] Artículos 9° y
siguientes del Acuerdo 005 de 1996.
[38] Decreto 2000 de 2009, art. 28: “b)
Disponibilidad de Aguas: El predio debe contar con los requerimientos de agua
suficientes para desarrollar los proyectos productivos. Cuando se requieran
obras complementarias para asegurar las disponibilidades de agua se
determinarán los balances hídricos de oferta y demanda. Lo anterior, sin
perjuicio de los demás permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que
se requieran según cada caso.”
[39] T-627 de 2007, T-331 de
2007, T-996A de 2006, T-910 de 2006, T-905 de 2006, T-851 de 2006, T-158 de
2006, y T-051 de 2006, T-760 de 2006,  T-588 de 2006, T-1110 de 2005 y SU-961
de 1999, entre otras.
[40] Sentencia T-037 de 2013.
[41] Cfr. Numeral 4 acápite de antecedentes.
[42] Subsidio Integral de Reforma Agraria.
[43] Ficha de verificación de campo
proferida con anterioridad a la adjudicación por la Consultora CDM. Cfr. Numeral
1.5.3. acápite de actuación en sede de revisión.
[44] Decreto 2000 de 2009, art. 30.
[45] “1. Los desplazados internos tienen
derecho a un nivel de vida adecuado.
2. Cualesquiera que sean las
circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados
internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que
disfrutan de libre acceso a los mismos:
alimentos esenciales y agua
potable;
alojamiento y vivienda básicos;
vestido adecuado; y
servicios médicos y de saneamiento
esenciales.
3. Se harán esfuerzos especiales
por asegurar la plena participación de la mujer en la planificación y
distribución de estos suministros básicos.”