T-267-16
Sentencia
T-267/16
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION
DESPLAZADA-Alcance y contenido
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION
DESPLAZADA-Marco
constitucional y legal
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA
DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Debe ofrecer soluciones efectivas/DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Obligaciones específicas del Estado
para su garantía
DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE
DESALOJO FORZOSO
Cuando se trate de población desplazada que ocupe un
inmueble, ya sea público o privado, para satisfacer su derecho a la vivienda y
no tengan otra alternativa de habitación, el Estado debe adoptar todas las
medidas necesarias para que se reubique a estas personas o se les proporcione
otra vivienda.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y REUBICACION EN CASOS DE ZONAS DE
ALTO RIESGO-Protección
constitucional
CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos eventos que a
su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
EFECTOS INTER COMUNIS-Se adoptan para proteger derechos de todos los afectados por la
misma situación de hecho o de derecho en condiciones de igualdad
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EFECTO INTER COMUNIS DE LA DECISION-Orden a la UARIV disponer de un
albergue temporal para todos los núcleos familiares que fueron censados en los
predios donde habitan accionantes
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Accionantes
recibieron una alternativa de vivienda temporal
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a la UARIV reubicar en albergue temporal a accionantes con sus
respectivos núcleos familiares
Referencia: expedientes T-5155974, T-5166664 y
T-5166665.
Acciones
de tutela instauradas por Yolima Góngora Araujo, Erminda Hinestroza Alegría y
Nancy Liliana González Velandia contra el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá
D.C., veinte y tres (23) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto
Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, y 33 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere
la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos el 26 de junio de
2015 por el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá,
expediente T-5155974, el 8 de julio y el 30 de junio de 2015
por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en
los expedientes T-5166664 y T-5166665, respectivamente.
La Sala de Selección
número 10, en Auto del 15 de octubre de 2015, dispuso acumular los expedientes
T-5155974, T-5166664, T-5166665, al advertir unidad de materia e identidad de
hechos que fundan las tres acciones de tutela. En razón de lo cual se producirá
un solo fallo para decidirlos.
I.
ANTECEDENTES
Las señoras
Erminda Hinestroza Alegría, Yolima Góngora Araujo y Nancy Liliana González
Velandia interpusieron acción de tutela, de manera separada, contra el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (en adelante DPS) y la
Alcaldía Mayor de Bogotá (en adelante Alcaldía Mayor). Optaron por esta vía
judicial porque (1) estas entidades intentaron desalojarlas sin ofrecerles medidas
previas para su reubicación y (ii) tampoco una solución de vivienda de carácter
permanente a pesar de encontrarse inscritas en programas para población
desplazada.
Lo anterior se
motiva en los siguientes:
1.     Expediente
T-5155974.
1.1.
Hechos[1].
La señora Yolima
Góngora Araujo (33 años[2])
y su grupo familiar, conformado por Elver Enrique Perea Angulo, Elly Daniela
Perea Góngora y Dennis Felipe Perea Góngora, son víctimas de desplazamiento de
la ciudad de Tumaco por hechos ocurridos en el 2012[3].
Aduce
que se encuentran en la ciudad de Bogotá desde febrero de 2015[4].
Explica que no
dispone de una vivienda ni de un lugar donde habitar y que no cuenta con los
recursos para satisfacer esta necesidad básica de su familia.
Manifiesta que,
en razón a ello, se encuentra ubicada en “el barrio 20 de Julio,
de la localidad cuarta de San Cristóbal de Bogotá D.C, en un lote de propiedad
del distrito de alto riesgo ubicado en la carrera 3 con calle 26 sur esquina
junto con otras 30 familias”[5].
El
terreno ocupado corresponde a 4 predios: 3 de ellos son de propiedad del IDIGER[6]
y el restante de la Caja de Vivienda Popular[7]. Este último
es de alto riesgo no mitigable por remoción de masa, con un área de influencia
del riesgo de 0.05 ha[8].
Afirma que allí
construyeron casetas
y cambuches con materiales reciclables[9] y no
cuentan con servicios públicos, lo que ha generado deterioro en el sector y,
por ende, el rechazo de los habitantes de la zona.
De acuerdo con
la señora Góngora Araujo, el Distrito Capital, el ESMAD y la Policía Nacional
han intentado desalojar al grupo de ocupantes al que pertenece.
Indica que las
entidades accionadas conocen la situación precaria en la que se encuentran y a
pesar de ello no dan respuesta ni proponen alternativas para garantizar sus
derechos como desplazados, por lo que aún se encuentran habitando el terreno en
espera de una solución definitiva de vivienda.
Con base en lo
anterior, solicita el amparo del derecho fundamental a la vivienda. En
consecuencia, ordenar (i) la suspensión del desalojo y la reubicación
provisional hasta que se les garantice el acceso a la vivienda en condiciones
dignas; (ii) realizar un censo a fin de identificar a cada una de las familias
con el fin de que se les garantice alimentación, salud, educación y trabajo[10].
1.2.
Trámite procesal[11].
Mediante Auto del 16 de junio de 2015,
el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá admitió la acción de
tutela y corrió traslado a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Unidad de
Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, a quien vinculó.
1.3.
Respuesta de las entidades demandadas.
1.3.1. La Alcaldía
Mayor de Bogotá – Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico- comunicó
que a través de la Alta Consejería, Unidad para La Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – en adelante la Alta Consejería- desarrolla el
Programa de Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral
a las Víctimas.
Reconoció que la señora Yolima Góngora
Araujo se encuentra inscrita en el Sistema Distrital de Información de Víctimas
(SIVIC), manifestando que fue “caracterizada en el Centro Dignificar de
Puente Aranda, Kennedy y Rafael Uribe Uribe desde el 17 de diciembre de 2012
hasta el 29 de marzo de 2015, recibiendo cupo escolar para sus hijos, y a la
Registraduría Local de Kennedy para el trámite de duplicado de Cédula de
Ciudadanía del señor Elver Enrique Perea y jornadas de atención los días 1-2-5
de marzo de 2015 en la ocupación de lote Montebello, localidad de San
Cristóbal. Y la última en igual sentido el 29 de abril de 2015 se verificaron
sus derechos y se encontró que el núcleo familiar está afiliado a la EPS-S
Capital Salud, que los niños se encuentran estudiando, ese día manifestó que se
encontraba desempleada por lo cual se remitió para que llevará a cabo la
caracterización socioproductiva que permite establecer enrutamiento, eficaz para
cada persona al ente Distrital o Nacional competente, ya sea a nivel de empleo,
emprendimiento y/o formación para el trabajo”[12].
1.3.2. La Secretaría de
Gobierno de Bogotá D.C., por su parte, informó que la Alcaldía Local de San
Cristóbal – en adelante la Alcaldía Local- realizó múltiples reuniones con la
comunidad afrodescendiente que ocupa los predios y entidades de orden nacional,
distrital y local para coordinar una solución de vivienda de manera paulatina.
Aseveró que la Secretaría
Distrital de Integración Social – en adelante SDID- y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - en adelante ICBF- realizaron un censo de los
ocupantes para determinar su composición, la atención prioritaria de niños y
mujeres embarazadas, y deliberaron con la Secretaría Distrital de Hábitat y
Territorio – SDHT en adelante.- y la Alcaldía Local el tipo de atención que
sería brindada en materia de vivienda[13].
Por último, la negativa a desalojar el
predio amenaza de la integridad personal de los ocupantes porque se localizaron
en una zona de alto riesgo no mitigable.
1.4.
Pruebas.
Obran en el expediente las siguientes:
-
Cédula
de ciudadanía Yolima Góngora Araujo (Fl. 4 , cuaderno 1)
-
Solicitud
de la Unidad de Atención y Orientación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del 17
de diciembre de 2012, a la red pública de Hospitales del Distrito para que
atiendan a Yolima Góngora Araujo y sus hijos menores, Elly Daniel Perea Góngora
y Dennis Felipe Perea Góngora (Fl. 5 , cuaderno 1)
-
Constancia
del sistema de información de víctimas -SIVIC- , donde está registrado que se
les atendió en las jornadas del 13 de marzo de 2015 y 29 de abril en
Montebello. (Fls. 22-25, cuaderno 1)
-
Tarjeta
de identidad de Elly Daniel Perea Góngora (Fl. 167 cuaderno 2 de pruebas)
-
Tarjeta
de identidad de Dennis Felipe Perea Góngora (Fl. 168 cuaderno 2 de pruebas)
-
Cédula
de ciudadanía de Elver Enrique Perea Angulo (Fl. 170 cuaderno 2 de pruebas)
-
CD
que contiene 110 folios de las actas de reuniones de autoridades de orden
nacional y distrital y la comunidad en relación con la ocupación del predio de
Montebello (Fl. X, cuaderno 1).
2.     Expediente
T-5166664.
2.1.
Hechos.
La señora Erminda Hinestroza
Alegría (41 años) es víctima de desplazamiento por la violencia de Timbiquí -
Cauca (1996). Su núcleo familiar está compuesto por Jovi Alexander, Jorge Luis
y M. Camila Carabali Hinestroza y John Jairo Montaño Hinestroza[14].
Reclamó la protección del derecho
a la vivienda, refiriéndose a los mismos hechos y pretensiones que la señora
Yolima Góngora Araujo[15].
2.2.
Trámite procesal[16].
Mediante Auto del 16 de junio de 2015,
el Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá avocó conocimiento y
corrió traslado a las entidades accionadas y a la UARIV, a quien vinculó, con
el fin de que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591
de 1991.
2.3.
Respuestas de las entidades demandadas.
2.3.1.
La
Alcaldía Mayor de Bogotá – Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico-
declaró que la Alta Consejería dirige los procesos y programas para la
prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las
víctimas que arriban a Bogotá.
Sobre la situación particular Erminda
Hinestroza Alegría, expuso que se encuentra inscrita en el SIVIC y fue
caracterizada en el Centro Dignificar desde el 21 de marzo de 2012 al 6 de
abril de 2015, periodo en el cual fue orientada en lo relacionado al trámite de
duplicado de la cédula de ciudadanía y entrega de ayuda humanitaria.
También comentó que distintas entidades
locales se reunieron y acordaron la atención del grupo al que pertenece la
actora, a través de las siguientes líneas de trabajo[17]:
1º- Protección y educación de menores a
cargo de la Secretaría de Educación Distrital;
2º- Atención en jardines infantiles y
comedores comunitarios a cargo del ICBF;
3º- Atención primaria en salud con
enfoque diferencial por parte de la Secretaría Distrital de Salud y el Hospital
de San Cristóbal;
4º- Verificación de la ruta de atención
de la población desplazada por parte de la Alta Consejería, a partir de la cual
determinará en cada caso particular la asesoría, acompañamiento y
representación jurídica que requiera el peticionario;
5º- Informar con respecto al programa de
vivienda a través del otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda en
Especie a cargo de la Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio.
Puntualmente, en materia de vivienda, ““la
Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio – SDHT- ha realizado charlas
informativas con respecto al programa de vivienda que se ejecuta a través del
otorgamiento del Subsidio Distrital de vivienda en Especie SDVE, el cual consiste
en el porcentaje de costo de la vivienda de interés prioritario de hasta 70
salarios mínimos legales mensuales vigentes, financiado con aportes
distritales, siempre que el hogar cumpla con los requisitos señalados en la
Resolución 844 del 9 de octubre de 2014, “por medio de la cual se adopta el
reglamento operativo para el otorgamiento del Subsidio Distrital de vivienda en
Especie para Vivienda de interés Prioritario en el Distrito Capital, en el
marco del Decreto Distrital 539 de 2012”. Sin embargo las personas manifiestan
su inconformidad a que ellos necesitan una solución de vivienda inmediata y
gratuita” [18].
Aduce que la ocupación se produjo en una
zona de alto riesgo no mitigable por el IDIGER y que, en consideración del
riesgo que ello implica, la Alcaldía adelantó mesas de trabajo para proteger a
dicha agrupación.
2.3.2. El DPS pidió que
se declare la improcedencia de la acción. Por una parte adujo la falta de
legitimación por activa, por cuanto no le compete la estabilización socioeconómica
de la peticionaria, sino a la UARIV, teniendo en cuenta que la demandante está
en etapa de emergencia.
Agregó que tampoco se cumple con el
requisito de subsidiariedad, dado que la actora no demostró haber acudido
previamente a las instituciones de manera directa. De ahí que es posible
inferir que no agotó los trámites administrativos para acceder a los programas
para desplazados antes de acudir a este medio judicial.
2.3.3. La Alcaldía
Mayor- Secretaría Distrital de Gobierno[19]- comunicó
que la Alcaldía Local de San Cristobal ha liderado múltiples acciones con el
fin de atender a la población desplazada que ocupó el predio en Montebello, así
como para facilitar una solución a su petición de vivienda. Para ello, convocó
a diferentes entidades del distrito para adelantar mesas de trabajo y así poder
asumir, conforme a sus competencias legales, las acciones pertinentes. Se
refirió expresamente a 14 reuniones llevadas a cabo entre el 1 de marzo y el 14
de mayo de 2015[20].
Denuncia que la entidad debe proteger el
espacio público y prever los riesgos de la permanencia de los ocupantes en un
lugar de alto riesgo no mitigable. Por ello, ha procurado concertar una
solución de desalojo voluntario, que al ser rechazado ha acudido a acciones
policivas. Así mismo, indica que no hay una diligencia prevista para ello, por
lo que no es cierta la vulneración de derechos por este motivo.
2.4. Pruebas.
-  Cédula de
ciudadanía de Erminda Hinestroza Alegría. (Fl.
4, cuaderno 1)
-  Constancia
expedida en diciembre de 2012 por la Unidad de Administrativa para la
-  Atención y
Reparación a las Víctimas respecto de la inscripción en el Registro Único de
Víctimas de Erminda Hinestroza Alegría y sus hijos Jovi Alexander, Jorge Luis y
M. Camila Carabali Hinestroza y John Jairo Montaño Hinestroza. (Fl. 5, cuaderno
1)
-  Constancia
del sistema de información de víctimas -SIVIC- , donde está
registrado que desde el 21 de marzo de 2012 recibe atenciones, esporádicas y
relación con el trámite de duplicado de cédula. (Fls. 26-29, cuaderno 1)
-  CD con
las actas de las reuniones interinstitucionales y jornadas de atención para la
población de desplazados que se asentó en Montebello (Fl. 64, cuaderno 1).
3.
Expediente T-5166665.
3.1.
Hechos.
La señora Nancy Liliana González
Velandia (33 años) y su grupo familiar, conformado por Maicol Estiven González
Lemos, Juan S. y Kevin Mauricio González Velandia[21]
son víctimas de desplazamiento de Tocaima por hechos ocurridos en el 2006 en
Girardot.
Reclamó la protección de los mismos
derechos, refiriéndose a los mismos hechos y planteó las mismas pretensiones
que las señoras Yolima Góngora Araujo y Erminda Hinestroza Alegría[22].
3.2.
Trámite Procesal[23].
Mediante Auto del 16 de junio de 2015,
el Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá avocó conocimiento y
corrió traslado a las entidades accionadas y a la UARIV, a quien vinculó, con
el fin de que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591
de 1991.
3.3.
Respuesta de las entidades demandadas[24].
3.3.1. La Alcaldía Mayor de Bogotá –
Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico- afirmó que Nancy Liliana
González Velandia no ha sido caracterizada como víctima, no se encuentra
inscrita en SIVIC y no ha estado presente en las jornadas de atención brindadas
en el predio[25].
Con motivo de lo anterior, solicita a la demandante presentarse ante cualquiera
de los Centros Dignificar, a fin de que reciba una orientación personalizada.
De otro lado, mencionó la disposición de
entidades distritales y nacionales para brindarle apoyo y atención integral al
grupo de desplazados afrodescendientes en el que participa la accionante. Sin
embargo, ninguna entidad tiene la posibilidad de asignar viviendas en corto plazo,
situación que le ha sido comunicada a la comunidad. Sobre este asunto, la SDHT
ha realizado charlas informativas sobre el programa distrital de subsidio en
especie, en el cual deben acoger los procedimientos, requisitos y tiempos del
mismo.
3.3.2. El DPS detalló que el Alcalde
Local de San Cristóbal coordinó las diligencias interinstitucionales
encaminadas a resolver la ocupación de una zona de alto riesgo no mitigable[26].
Además informó que desde el 1º de marzo
de 2015, la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Alta Consejería y la Personería
Local se hicieron presentes en el terreno para identificar las necesidades del
grupo y trazar la ruta de atención. Así mismo, la Secretaría
Distrital de Integración Social constató la presencia de un grupo de
desplazados, a quienes explicó el riesgo de permanecer allí.
3.4.
Pruebas.
-  Cédula de ciudadanía de Nancy Liliana
González Velandia.[27]
-
Copia constancia de solicitud de inscripción en el RUV, fechado el 5 de
noviembre de 2014 [28].
-
Constancia
del sistema de información de víctimas -SIVIC- , donde está
registrado que desde el 21 de marzo de 2012 recibe atenciones, esporádicas y
relación con el trámite de duplicado de cédula[29].
-
CD
con los documentos que respaldan las actuaciones administrativas y actas de
reuniones interinstitucionales[30].
II.- SENTENCIAS OBJETO DE
REVISION.
1. Exp. T-5155974 - Yolima
Góngora Araujo.
El Juzgado 40 Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 26 de junio de 2015, negó el
amparo solicitado por Yolima Góngora Araujo porque ha recibido toda la atención
por parte de las entidades territoriales. Razón por la cual, concluyó que sus
derechos fundamentales no han sido vulnerados.
El a-quo expuso que “no se
evidencia que las entidades del orden Nacional, Distrital o Local desconozcan
los derechos fundamentales en tal sentido, pues, su núcleo familiar se
encuentra vinculado a la red pública de salud, los menores se encuentran
vinculados al sistema de educación distrital y ha sido objeto de la
caracterización pscicoproductiva para establecer su enrutamiento al ente
Distrital o Nacional competente”[31].
En consideración de las condiciones
particulares del caso y que la respuesta de las diferentes dependencias de la
Alcaldía Mayor de Bogotá no demuestra una política orientada a la reubicación,
conminó a la Alcaldía a que conjuntamente con la UARIV incluyan en esquemas de
adjudicación de vivienda o en programas de reubicación a la accionante y a su
núcleo familiar.
2. Expediente T-5166664- Erminda
Hinestroza Alegría.
Mediante sentencia del 8 de julio de
2015, el Juez 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá negó el amparo
debido a que las entidades accionadas no dejaron de atender al grupo de
desplazados al que pertenece la señora Erminda Hinestroza Alegría. En este
sentido, advirtió a la demandante que puede acudir a los Centros Dignificar del
Distrito para que la orienten y asistan integralmente.
Con posterioridad al fallo, la UARIV indicó
haber informado a la peticionaria, “de manera clara, de fondo y mediante
comunicación”, que el 5 de junio de 2015 le fue otorgada la atención
humanitaria. Adicional a ello, explicó detalladamente los programas e
instituciones encargadas para brindar ayuda a la población desplazada.
3. Expediente T-5166665- Nancy
Liliana González Velandia
El Juzgado 19 Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá declaró improcedente el amparo en sentencia del 30 de
junio de 2015, advirtiendo que la actora no acudió a los trámites
administrativos para registrarse como víctima en el SIVIC y así solicitar las
ayudas que las entidades territoriales pudieran proveerle en materia de
vivienda. Por lo anterior, sostuvo que “teniendo en cuenta que estamos ante
la existencia de otros medios de defensa judicial contemplados en nuestro
ordenamiento jurídico, aptos e idóneos para la solución del objeto litigioso
alegado por la actora, la presente acción de tutela deviene improcedente y por
lo tanto, las peticiones elevadas ante este Despacho por Nancy Liliana González
Velandia serán desestimadas en esta instancia”[32].
III. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN.
3.1. Auto de
pruebas del 19 de noviembre de 2015.
El Magistrado
Sustanciador, para mejor proveer, solicitó la precisión de algunos hechos a las
partes
y que allegaran toda la documentación sobre las
condiciones de vivienda y de víctimas de desplazamiento de las demandantes, así
como de las actuaciones administrativas dirigidas a la atención inicial del
grupo al que pertenecen las demandantes.
Adicionalmente,
vinculó al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad Administrativa
de Reparación Integral a las Víctimas, a la Alcaldía Local de San Cristóbal, a
la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, a la Secretaría
Distrital de Hábitat y Territorio y de Gobierno de Bogotá, a la Alta Consejería
para los Derechos de las Víctimas, Paz y Reconciliación, al Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda), a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de
Defensoría del Espacio Público para que se refirieran a las actuaciones
administrativas específicas que hubieran implementado, según sus competencias
legales, y las que se encuentran en curso para la atención del grupo al que
pertenecen las actoras.
Además
de ello, libró despacho comisorio[33] al Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C.,
con el fin de que realizara una inspección judicial en el terreno, para que con
la colaboración de la Secretaría Distrital de Integración Social y la UARIV verificara
qué personas ocupan actualmente el predio y corroborara su calidad de víctimas
de desplazamiento.
3.2. Auto del 9 de
febrero de 2016.
Posteriormente, el
Magistrado Sustanciador, suspendió términos, vinculó a la Caja de Vivienda de Interés Popular y
Ministerio de Vivienda, requirió las pruebas que no fueron aportadas y,
adicionalmente, decretó otras pruebas en relación con: 1) el estado del
subsidio distrital de vivienda en especie al que se encuentran inscritas las
señoras Hinestroza Alegría y Góngora Araujo y sobre la participación en
programas de vivienda por parte de la señora Nancy Liliana González Velandia a
la fecha; y 2) la calidad de víctimas de las personas censadas en diciembre de
2015 y su acceso a programas de vivienda nacional o distrital.
Adicionalmente, se ordenó al Alcalde de Bogotá D.C. tomar todas las medidas necesarias para
prevenir el ingreso de personas distintas a las censadas el 7 de diciembre de
2015, con el fin de prevenir un incremento de la ocupación.
3.3. Respuestas allegadas.
Las entidades requeridas presentaron los correspondientes
informes[34]
aportando nuevas pruebas, que se destacan en el Anexo 2, lo que permitió a la
Sala tener conocimiento de lo siguiente:
- Las personas que hacen parte
del grupo que se instaló en los predios de Montebello, al que pertenecen las
señoras Yolima Góngora, Erminda Hinestroza y Nancy Liliana González, conocían
que se trataba de una zona de alto riesgo no mitigable del distrito[35].
- A partir del 1 de marzo de 2015
la Alcaldía Local, la Defensoría del Pueblo, la Alta Consejería, el
ICBF, la
UARIV
y a las Secretarías Distritales de Hábitat y Territorio e Integración Social,
entre otras entidades, coordinaron un trabajo conjunto para la atención
inmediata y solución del problema de vivienda de los ocupantes[36].
Se comunicó de manera permanente
a la comunidad los compromisos de cada entidad, las jornadas de atención e
información en materia de vivienda, salud, ayuda humanitaria, acceso a
servicios sociales, a través de los líderes y a la comunidad en general.
- La Alcaldía Local y la
Secretaría Distrital de Gobierno, entre otras entidades, coincidieron en la
urgencia de llevar a cabo el desalojo debido a que se trata de una zona de alto
riesgo que pone en peligro el derecho a la vida de los ocupantes[37].
Por ello, con
el fin de recuperar los predios, la Secretaría de Gobierno adelantó reuniones
preparatorias para un eventual desalojo: (i) la reunión preparatoria citada
para el 26 de marzo de 2015 no se llevó a cabo debido a la ausencia
del ICBF y del Alcalde Local de San Cristóbal[38]; el
operativo programado para el 14 de julio[39] fue
suspendido y reprogramado[40]
para el 28 de septiembre de 2015; (iii) el 28 de septiembre, a pesar de la
citación de la Secretaría de Gobierno, el desalojo no se produjo porque para la
fecha existía la orden de abstenerse de ello impartida por un juez de tutela[41].
Puntualmente, la Policía
Metropolitana de Bogotá certificó que no ha participado ni ha prestado servicio
de apoyo con unidades del Escuadrón Móvil antidisturbios en el sector de
Montebello a fin de llevar a cabo el desalojo de los ocupantes[42].
- La SDHT, la UARIV y la Alta
Consejería realizaron jornadas de información con los líderes y con los
miembros del grupo[43]
sobre las alternativas para adquirir una vivienda de interés social
prioritario, entre las cuales: (i) el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie
(SDVE); (ii) el programa de 100 mil
viviendas gratuitas del Gobierno Nacional; y (iii) el Programa de Vivienda de
Interés Prioritario para Ahorradores.
El
2 de marzo, 6 y 28 de abril y 30 de junio
de 2015, la Secretaría de Hábitat participó en jornadas de atención a los
hogares en el sitio de la ocupación, con el fin de explicarles el contenido y
las características del SDVE, del sistema de 100 mil viviendas gratis del
gobierno nacional y el programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores
(VIPA), refiriéndose a la forma de aplicar y resolviendo dudas[44].
- Otros miembros del grupo de
ocupantes al que pertenecen las accionantes también interpusieron acciones de
tutela. Estas ya fueron decididas por distintas instancias judiciales[45]
en su favor. De ahí que se ordenó a la Alcaldía Local abstenerse de cualquier
desalojo hasta que se les garantice a los ocupantes un albergue en condiciones
dignas. Así mismo, se ordenó a la UARIV y a Fonvivienda adelantar un censo, a
partir del cual, la primera, debe verificar la vulnerabilidad de cada núcleo
familiar y adelantar y concluir las acciones necesarias en orden a garantizar
el acceso efectivo a planes y programas de atención y de estabilización a los
que tienen derecho.
En cumplimiento de lo anterior[46],
el
21
de julio de 2015 la Alta Consejería levantó un censo[47] de
los ocupantes del predio. Con base en ello, ofreció un
albergue temporal a quienes fueron inscritos en el censo y se trasladaran de
manera voluntaria. Allí se les brindaría alojamiento, alimentación y
capacitaciones y orientación sobre los programas de asistencia para esta
población. No obstante lo anterior, según varias entidades la comunidad ha
manifestado que los servicios brindados no permiten superar las dificultades
que implica la situación de desplazamiento en la que se encuentran[48].
Ante la preocupación de no recibir soluciones definitivas de vivienda, el grupo
prefiere cierta estabilidad al permanecer en el predio del alto riesgo, a pesar
del peligro que ello implica para su integridad.
- La Alcaldía Mayor de
Bogotá[49]
y el Ministerio de Vivienda[50] afirman que ninguna
de las accionantes se ha postulado previamente a las convocatorias de los
programas o subsidios de vivienda de orden nacional, de acuerdo con la base de
datos de Fonvivienda.
- El Juzgado 19 Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá allegó el 19 de enero de 2015 el informe del despacho
comisorio ordenado mediante auto del 19 de noviembre de 2015. Advirtió que pese
haber comunicado la diligencia a la Secretaría Distrital de Integración
Social,
a la Unidad de Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, a
la Defensoría del Pueblo, a la Estación de Policía de San Cristóbal, la ICBF y,
sólo estos dos últimos se presentaron a la diligencia.
Aportó
el informe de la inspección judicial del predio Montebello el 7 de diciembre de
2015 y el censo[51],
en el que se reporta el incremento de ocupantes respecto del registro anterior
de la Secretaría
Distrital de Integración Social. En total se registraron 39 núcleos
familiares[52],
que constan en los Anexos 1 y 2 elaborados por la Juez y los funcionarios del
ICBF, respectivamente. Las familias de Erminda Hinestroza Alegría[53]
(grupo 11) y de Yolima Góngora Araujo[54]
(grupo 14) están incluidas en el primer anexo. Según el informe esta última no
fue inscrita en el censo previo a cargo de la Secretaría
Distrital de Integración Social. La señora Nancy Liliana González
Velandia no está registrada[55],
según el informe habría abandonado la ocupación[56].
- El
24 de febrero de 2016, las entidades demandadas intentaron concertar con los
ocupantes el desalojo, proponiendo el financiamiento de los arriendos que ello diera a lugar por 7 meses, no prorrogables (1 mes
a cargo del IDIGER, 3 meses a cargo de la Alcaldía Mayor -la Alta Consejería- y
3 meses a cargo de la UARIV). Esta propuesta fue rechazada por la comunidad a
la que pertenecen las accionantes[57], y en particular por las
señoras Erminda Hinestroza[58] y Yolima Góngora[59].
-
Ninguna de las accionantes está inscrita o ha
participado en convocatorias a los programas de vivienda de orden nacional,
como el de Viviendas Gratis[60].
-
El
11 de marzo de 2016, el IDIGER, la Alta Consejería, la Alcaldía Local, la
Personería y la Defensoría se reunieron con las familias del asentamiento, con
el fin de realizar el registro para el trámite de las ayudas humanitarias que
habían ofrecido (financiamiento de 7 meses) y sensibilizar sobre el riesgo en
el que se encuentran por el fenómeno de remoción de masa por las lluvias. El 17
de marzo, la vocera de la comunidad manifestó que requerían la entrega de la
totalidad de las ayudas y de manera directa, condición que las entidades no
aceptaron.
- Expediente
T-5155974 – Yolima Góngora Araujo
Yolima Góngora Araujo reside desde hace tres años reside en Bogotá[61]. Se encuentra inscrita en Sistema de
Información para la Financiación de Soluciones de Vivienda (SIFSV) desde el 27
de noviembre de 2013, para eventualmente acceder al subsidio distrital de
vivienda en especie. No obstante, a la fecha no ha acreditado ante la entidad
que cuenta con el cierre financiero de que trata el parágrafo 3 del artículo 12[62]
de la Resolución Nº 844 de 2014[63].
El
17 de abril de 2015 recibió la ayuda humanitaria y asistió a una charla
informativa del SDVE, en la que manifestó la inconformidad porque necesita una
solución inmediata y gratuita. De acuerdo con el registro de la jornada de
atención interinstitucional del 29 de abril de 2015[64],
la señora Yolima Góngora Araujo tiene dos menores a cargo (11 y 6 años)[65].
Recibió información escrita de la Secretaría Distrital de Hábitat sobre el
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie y las alternativas de programas de
vivienda, las etapas y requisitos para acceder a la vivienda de interés
prioritario como respuesta a una petición[66].
Posteriormente,
el 22 de enero de 2015, se le brindó atención personalizada para informarle de
manera puntal el reglamento vigente para ese momento (Resolución 844 de 2014) y
se informó que aún tenía un proceso en curso para acceder al beneficio y que
para concluirlo debía acreditar el cierre financiero para ser postulada[67]. La última información
otorgada sobre el subsidio ocurrió el 22 de enero de 2015.
- Expediente T-5166664 - Erminda Hinestroza Alegría
Erminda Hinestroza Alegría se
encuentra en Bogotá desde el 16 de febrero
de 1996. Se inscribió en el Sistema de Información para la Financiación
de Soluciones de Vivienda (SIFSV) desde el 9 de mayo de 2012, para
eventualmente acceder al subsidio distrital de vivienda en especie. El 2 de mayo de 2014 actualizó los datos
familiares que permiten valorar su petición. Luego, el 1º de septiembre de 2015
hubo una verificación interna de su proceso[68].
A la fecha no ha acreditado ante
la entidad que cuentan con el cierre financiero de que trata el parágrafo 3 del
artículo 12[69]
de la Resolución Nº 844 de 2014.
La señora Erminda Hinestroza
Alegría se encuentra en el censo efectuado el 21 de julio de 2015 y recibió el
pago de la ayuda humanitaria el 6 de mayo de 2015.
- Expediente T-5166665 - Nancy Liliana González
Velandia.
La señora Nancy Liliana González
Velandia no se encuentra inscrita en el SIFSV, ni ha solicitado ninguna ayuda
en materia de vivienda. Según el sistema de automatización de Procesos y
Documentos FOREST[70],
“no ha iniciado ante la entidad el trámite correspondiente al subsidio
distrital de vivienda”.
No se
encuentra en los censos del 21 de julio y 7 de diciembre de 2015.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITICIONAL.
1.      Competencia.
Esta Corte es competente para conocer
del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Problema
jurídico.
2.1. Las señoras
Erminda Hinestroza Alegría, Yolima Góngora y Nancy Liliana González Velandia,
víctimas de desplazamiento, ocuparon con sus núcleos familiares y
otras 30 familias unos predios ubicados en el barrio Montebello en la localidad
de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá. Allí construyeron cambuches
provisionales buscando la forma de procurarse un techo, por cuanto no tienen
una vivienda propia, ni un lugar donde acomodarse por falta de capacidad
económica y no haber accedido efectivamente a los programas de vivienda para
desplazados.
Interpusieron
las acciones de tutela en contra de la Alcaldía Local de San Cristóbal ya que
ha liderado el desalojo de dicho predio, bajo el argumento que los ocupantes se
encuentran en un lugar de alto riesgo no mitigable, sin reparar en darles una
alternativa de vivienda permanente. Conforme a ello, reclaman la protección de
su derecho fundamental a la vivienda digna porque, según las
demandantes, se
encuentra pendiente una diligencia de desalojo, sin garantizarles su
reubicación temporal. Alegan que tampoco les ofrecen una solución de vivienda
de carácter permanente a pesar de encontrarse inscritas en programas para
población desplazada.
2.2. Vistos los antecedentes expuestos,
primero, la Sala debe examinar si el DPS y la Alcaldía Mayor de Bogotá
vulneraron el derecho fundamental a la vivienda digna de las accionantes porque
no procuraron una alternativa de habitación como condición para desalojar el
terreno de alto riesgo no mitigable donde construyeron hogares improvisados.
Enseguida, deberá responder si el DPS y
la Alcaldía Mayor de Bogotá vulneraron el derecho fundamental a la vivienda
digna de las accionantes porque no han accedido materialmente a una solución de
vivienda de carácter permanente.
2.3. Para dar respuesta a lo anterior,
la Sala empezará por reiterar jurisprudencia sobre (i) el derecho a la vivienda
de la población desplazada, (ii) los derechos de la población desplazada ante
de desalojos forzosos. Luego, (iii) el deber de las autoridades administrativas
de reubicar a las personas asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable, (iv)
la cosa juzgada y el hecho superado, y (v) los efectos inter comunis de
los fallos de tutela. Finalmente, (vi) resolverá los casos concretos.
3. El derecho a la vivienda para la población desplazada y las
obligaciones correlativas del Estado colombiano.
3.1. El derecho a la vivienda digna está consagrado
en el artículo 51 superior[71] y reconocido en el artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948[72],
en el artículo 11 numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales[73] (en adelante DESC), así como en otros instrumentos internacionales. En
relación con la población desplazada, se trata un garantía reforzada de
conformidad con el Principio Rector Número 18 de los Desplazamientos Internos
de la ONU[74].
3.2. La Corte ha reconocido que el desplazamiento forzado lleva
implícita la afectación del derecho a la vivienda. En sentencia T-025 de 2004[75] explicó que:
“Entre los derechos
constitucionales fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las
situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de esta Corte ha
señalado los siguientes: (…) 14. El derecho a una vivienda digna, puesto que
las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios
hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones
inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando
pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este
derecho, los Principios 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben ser
garantizados a la población desplazada a fin de proveerles vivienda y
alojamiento básicos.”
Por las condiciones de desplazamiento y el
nexo con la dignidad de cada individuo, la garantía del derecho a la vivienda
cobra mayor importancia. En ese sentido, se ordenó al gobierno diseñar e
implantar una política de vivienda eficaz dirigida a esa población[76].
3.3. En concordancia con lo anterior, esta
Corporación ha sostenido, por un lado, que el Estado colombiano debe “(i) diseñar los planes y programas de
vivienda, con un énfasis prioritario en atender las especiales necesidades de
dicha población; (ii) brindar asesoría clara y efectiva a estas personas sobre
los trámites y requisitos para acceder a los programas de vivienda; (iii)
eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los
programas de asistencia social del Estado y (iv) proveerles soluciones de
vivienda asequibles, con gastos de mantenimiento soportables y dotadas de protección
jurídica.”[77]
De otro lado, ha fijado que el acceso
efectivo al derecho a la vivienda de la población desplazada debe cumplir con
criterios de titulación y seguridad jurídica sobre la misma. Al respecto ha
afirmado:
“debe reiterarse que el derecho a la vivienda digna de
la población desplazada sólo se satisface de manera integral cuando concurren
dos eventos: “(i) los titulares del derecho accedan materialmente a
alojamientos transitorios o a viviendas adecuadas, esto es, únicamente cuando
las personas desplazadas se encuentran viviendo en soluciones habitacionales
dignas destinadas para ello; y (ii) cuando se les ha garantizado a sus
moradores la seguridad jurídica de la tenencia de las viviendas. Hasta que ello
no ocurra el Estado no puede entender cesadas sus obligaciones constitucionales
en materia de vivienda, y mucho menos, sus deberes respecto de la protección
especial de la población desplazada…”[78].
3.4. Por otra parte, la
jurisprudencia constitucional ha admitido que las obligaciones del Estado en
materia de vivienda son progresivas, lo que implica que paulatinamente,
conforme a la disponibilidad presupuestal y de capacidad humana, proporcione a
todas las personas el acceso a una vivienda. Lo anterior, hasta brindar “plenas
condiciones de seguridad jurídica,
disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación
espacial y adecuación cultural”. [79]
3.4.1. En primer término, se encuentra la atención inmediata,
reflejada en las ayudas humanitarias y otras medidas que deben ser adoptadas
con premura, con el fin de brindar un mínimo de estabilidad y seguridad a las
personas.
3.4.1.1. El componente de vivienda en condiciones dignas está
incluido en la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia[80] definida por la Ley 387 de 1997[81] y el Decreto Reglamentario 2569
de 2000[82]. La garantía de
este derecho, en el caso de Bogotá, compete a la administración distrital, en
el marco de las medidas de atención inmediata o urgencia, a través de albergue
provisional cuando así se requiera por el ciudadano, en virtud del artículo 174
de la Ley 1448 de 2011[83].
Por
su parte, en ejercicio de los principios de concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad[84],
la administración central debe garantizar el derecho a la vivienda a través de
la ayuda de emergencia porque a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
le compete “16. Entregar la asistencia humanitaria a
las víctimas de que trata el artículo 47 de la
presente ley, al igual que la ayuda humanitaria de emergencia de que trata el
artículo 64, la
cual podrá ser entregada directamente o a través de las entidades
territoriales. Realizar la valoración de que trata el artículo 65 para
determinar la atención humanitaria de transición a la población desplazada”[85]. De igual manera, este ítem está incluido dentro
del dinero que se otorga por concepto de ayuda de emergencia, con arreglo al
artículo 22[86]
del Decreto Reglamentario 2569 de 2000.
Adicionalmente, la red nacional para la
atención humanitaria integral de emergencia está conformada por campamentos
móviles para alojamiento de emergencia, centros de alojamiento transitorio y
unidades de atención y orientación en las ciudades medianas y grandes (art.1)[87].
3.4.1.2. Adicionalmente,
la Corte ha identificado otras medidas de cumplimiento inmediato con el fin de
garantizar este derecho. En sentencia T-239 de 2013 se dipuso:
“Cuando
se trata de población desplazada por el conflicto armado, el derecho a la
vivienda implica al menos las siguientes obligaciones de cumplimiento
instantáneo: las de (i) reubicar a las personas desplazadas que debido al
desplazamiento se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo;
(ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y,
posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En
este sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones
de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados
alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las
personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a
los programas; (iv) tomar en consideración las especiales necesidades de la
población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta
-personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas
discapacitadas, etc.-; en el diseño de los planes y programas de vivienda y (v)
eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los
programas de asistencia social del Estado, entre otras.” (Subrayas
fuera del texto original)
3.5.2. En segundo
término, en desarrollo del principio de progresividad, se propende al
real y efectivo acceso a la vivienda a mediano y largo plazo, a través de la participación de programas de vivienda y
subsidios, de orden distrital y nacional.
Al respecto, la Ley
1448 de 2011 estableció los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, en virtud de los cuales las entidades territoriales deberán
contribuir en la ejecución de la política habitacional para las víctimas y “las
entidades públicas del orden municipal, distrital y departamental, generar
alternativas que incentiven el desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda
para población víctima, habilitar suelo para la construcción de viviendas,
ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda y titulación de bienes inmuebles
ocupados con vivienda de interés social” (art. 135). Sin embargo, dichos
programas siempre están sujetos a la disponibilidad presupuestal.
Como prueba de lo anterior, el gobierno
nacional está a cargo, por ejemplo, del Subsidio Familiar
100% de Vivienda en Especie (Programa de
Vivienda Gratuita)[88]
y
del Subsidio
Familiar de Vivienda para Población Desplazada[89], mientras
que al Distrito de Bogotá le compete el Subsidio Distrital de Vivienda en
Especie[90].
Ahora bien, para acceder a cada una de estas asistencias sociales, es necesario
que el postulante satisfaga los requisitos fijados en la ley y las
convocatorias respectivas.
4. Derechos de la población desplazada ante
desalojos forzosos.
4.1.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en
su Observación General Número 7 (en adelante OG 7), definió la expresión
“desalojo forzoso” en el párrafo 3º como “el hecho de
hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras
que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados
de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin
embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos
forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos”.
En relación al desalojo forzoso, dicha
normativa hace énfasis en la obligación del Estado de proporcionar
otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda y
de acuerdo con los recursos disponibles, a quienes queden sin vivienda una vez
efectuado el desahucio[91].
4.2. En concordancia
con lo anterior, es clara la incidencia
directa que tiene un eventual desalojo sobre el derecho a una vivienda digna.
Al respecto, la
Corte ha dispuesto que este puede conducirse de
manera que no afecte los derechos fundamentales de los ocupantes siempre y
cuando se respeten las garantías al debido proceso de los afectados y contemple
medidas para proveer
un alojamiento temporal en condiciones dignas.
En ese orden de ideas, ha fijado reglas que no se quebrantan derechos fundamentales de los
ocupantes cuando “(i) no han acreditado tener
algún derecho de propiedad, posesión o tenencia sobre el predio en cuestión y (ii) la orden
de desalojo tiene como motivo garantizar la protección de los ocupantes en
razón a que el predio habitado ha sido declarado zona de alto riesgo” [92]
y
respeta el debido proceso.
Así
mismo, ha establecido
los límites constitucionales y la salvaguarda del derecho fundamental a una
vivienda digna en el caso de los desalojos forzados, decantando las directrices
y garantías procesales básicas bajo los cuales deben conducirse este tipo de
diligencias:
“(i) Existe la necesidad de adoptar políticas sociales para evitar
los asentamientos humanos irregulares, en atención a la obligación que tiene el
Estado de promover programas de habitación, especialmente dirigidos a la
población vulnerable, que se ajusten a los contenidos básicos del derecho a la
vivienda digna.
(ii) Las autoridades en caso que pretendan recuperar bienes,
deben implementar las medidas adecuadas para la protección de los derechos
fundamentales de los afectados. Así, de acuerdo con las observaciones número 4
de 1991 y 7 de 1997 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
los Principios de Pinheiro, las autoridades deben, entre otros aspectos:“(a)
garantizar el debido proceso, (b) consultar previamente a la comunidad
afectada, (c) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y
razonable, (d) suministrar a los interesados, en un plazo razonable,
información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán
las tierras o las viviendas; (e) estar presentes durante la diligencia; (f) identificar a todas las
personas que efectúen el desalojo; (g) no efectuar desalojos cuando haya muy
mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; (h) ofrecer recursos jurídicos
efectivos a los afectados; y
(i) ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de
sus derechos y, si es del caso, la reparación de los daños que les sean
causados.”
(iii) Cuando el grupo poblacional afectado no disponga de recursos
propios para proveerse una solución de vivienda digna, las autoridades deben
adoptar las medidas pertinentes de acuerdo con sus posibilidades, para que se
proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas,
según proceda.
(iv) Las autoridades deben evitar el uso desproporcionado de la
fuerza y proteger especialmente a la población más vulnerable, como adultos
mayores, menores de 18 años, personas en situación de discapacidad,
desplazados, etc.
(v) En los procedimientos de desalojo, la responsabilidad de
garantizar el derecho a la vivienda digna recae sobre varias instituciones y
autoridades tanto a nivel local como nacional, quienes de manera conjunta deben
cumplir con las obligaciones antes mencionadas. En ese sentido, se ha señalado
que “las autoridades locales y de policía son garantes de los derechos
fundamentales de la población asentada en su respectiva jurisdicción, y que las
poblaciones vulnerables por razones de igualdad y justicia material, merecen
una consideración especial y son titulares de una protección reforzada de parte
de las autoridades.”[93]
Sobre este punto, la
jurisprudencia[94] es armónica en el sentido que los desalojos de inmuebles no
deben dar lugar a que sus habitantes se queden sin vivienda, por lo que
deben ser alojados en un albergue que garantice las condiciones mínimas del
derecho a la vivienda digna antes de que se profiera cualquier decisión policiva
sobre el predio en el que se encuentran asentados. En este sentido, cuando se
trate de población desplazada que ocupe un inmueble, ya sea público o privado,
para satisfacer su derecho a la vivienda y no tengan otra alternativa de
habitación, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que se
reubique a estas personas o se les proporcione otra vivienda[95].
5.
Obligaciones de las autoridades públicas para garantizar el acceso al derecho a
la vivienda para la población ubicada en zonas de alto riesgo.
5.1. El carácter iusfundamental y la autonomía del
derecho a la vivienda conlleva la obligación del Estado de garantizar que las
personas residan condiciones de seguridad e integridad. Esta obligación se
extiende a la situación de ciudadanos asentados en zonas de riesgo, en el marco
del ordenamiento y desarrollo municipal.
En
efecto, corresponde a los alcaldes llevar “un inventario de los
asentamientos humanos que presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón
de su ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos”
y de reubicar a estos habitantes en zonas apropiadas. [96]
Aunado a lo anterior,
los municipios que ostentan la responsabilidad de prevenir y atender los
desastres en su jurisdicción, adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de
alto riesgo, y reubicar los asentamientos que allí se ubiquen[97].
5.2. Por ejemplo, en el
distrito de Bogotá, se estableció un Programa de Gestión Integral de Riesgos,
que define el proyecto prioritario denominado Poblaciones Resilientes Frente a
Riesgos y Cambio Climático[98], el cual incluye acciones para
proteger la vida de las familias afectadas en situaciones de emergencia o en
alto riesgo no mitigable, ya sea mediante procesos de reubicación de viviendas
o la implementación de otras alternativas diseñadas por la administración
distrital[99].
En desarrollo de lo
anterior, el Decreto
Distrital 255 de 2013 reglamentó
la reubicación de hogares afectados por una emergencia o un riesgo inminente, debido a que se
encuentran ubicados en zonas de alto riesgo en el Distrito Capital, con el fin de proteger su vida. Esta se puede efectuar bajo las siguientes modalidades: a)
relocalización transitoria, b) reubicación, c) reparación o reconstrucción de
la vivienda (art. 2).
Por una parte, la
relocalización transitoria consiste en el traslado temporal hasta que se brinde una solución
definitiva a través de la reubicación o reparación o reconstrucción de la
vivienda (art. 4). Por otra parte, la medida definitiva depende de la ubicación
de la vivienda. Es decir, si se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo no mitigable procede la
reubicación que sugiere “el traslado definitivo a una vivienda de
reposición, por encontrarse en una zona de alto riesgo no mitigable por procesos de
remoción en masa; o en condición de riesgo por inundación, desbordamiento,
crecientes súbitas o avenidas torrenciales”[100], mientras que a falta de este presupuesto
procede la reconstrucción, ya sea estructural o de obras menores, para su
protección o estabilización. La implementación de esta modalidad de
reasentamiento está a cargo del FOPAE –hoy IDIGER- (artículos 10 y 11).
5.3. Esta Corporación
ha referido que la administración municipal vulnera el derecho a una vivienda
digna cuando no adopta
las medidas adecuadas y necesarias para culminar un proceso de reubicación de
familias que se encuentran viviendo en condiciones de precariedad[101].
A manera de ilustración[102], en
sentencia T-045 de 2014, abordó un caso paradigmático
relacionado con 16 residentes del barrio El Progreso, del sector Altos de
Cazucá del municipio de Soacha, quienes habitan en una zona de alto riesgo no
mitigable por remoción de masas. En esa oportunidad, la Sala observó que la Alcaldía
Local no había cumplido a cabalidad su deber de diagnosticar la habitabilidad
de la zona mediante un informe técnico especializado que le permitiese: (i)
contar con una información completa y actualizada de la zona que califique el
grado de vulnerabilidad y de riesgo extraordinario, y (ii) adoptar las medidas
necesarias para evitar la consolidación de un daño originado en una emergencia
por inestabilidad de los terrenos. En consecuencia, ordenó elaborar un estudio
técnico por medio del cual se evaluara el grado de vulnerabilidad y de riesgo;
y en caso que las viviendas no cumpliesen las condiciones de habitabilidad,
procediera a incluir a los accionantes en los programas oficiales y reubicarlos
en procura de salvaguardar su vida e integridad.
6. Carencia actual de objeto. Reiteración
jurisprudencial.
6.1. La autoridad judicial debe proferir de manera expedita las órdenes
que considere pertinentes para remediar la acción
u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares, que amenace o vulnere derechos
fundamentales[103], salvo
advierta que se trata de un hecho superado o que el daño está consumado[104].
El primero ocurre cuando
desaparece o se encuentra superada la situación de hecho que origina la
supuesta amenaza o vulneración del derecho. Por ejemplo, “cuando durante el trámite de
la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de
hechos que demuestren que la vulneración de los derechos fundamentales, en
principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha
dejado de ocurrir[105]”.
Conforme a lo
anterior la acción pierde su razón de ser y procede declarar la carencia actual de objeto. Para ello, se debe
verificar:
“ 1.   Que con anterioridad a la
interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada
prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o
de aquél en cuyo favor se actúa.
2.   Que durante el trámite de la acción de
tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza
haya cesado.
3.   Si lo que se pretende por medio de la acción
de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha
acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho
superado.[106]”
El segundo fenómeno, “se presenta cuando la
vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se
pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible
hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que
procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho
fundamental”[107]. En este sentido, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado.
6.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido la conducta del juez de tutela ante la presencia de un hecho
superado y/o un daño consumado[108]. Ambos se deben motivar y demostrar que se ha satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, lo que
autoriza a declarar la carencia actual de objeto y a prescindir de orden
alguna, sin perjuicio de prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de
su conducta y a advertirle de las sanciones.
7. Efectos inter comunis.
Los
efectos de una sentencia en la que se revisa una decisión de tutela se limitan
al caso concreto[109].
Sin embargo, el juez constitucional también puede extender los efectos de las
decisiones, esto es dar efecto inter comunis, cuando advierte que “el amparo de derechos a los
actores coexiste con el detrimento de las garantías de terceras personas que
comparten los supuestos fácticos”[110].En
otras palabras, cuando existen personas que se encuentran en las mismas condiciones que los
demandantes, pero no acudieron a la acción de tutela, la medida acogida
para la protección de derechos fundamentales extiende a ellos con el fin de
proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma
situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad[111].
El alcance inter comunis de
las decisiones garantiza ordenes uniformes para todos los afectados y la
coherencia del sistema de derecho y la seguridad jurídica, como quiera que
deben existir decisiones similares a casos equivalentes. El juez constitucional
tiene la posibilidad de dictar fallos con efectos inter comunis siempre: “(i) que la protección de los
derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar contra
los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron
a la acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas
similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de fallo se cumplan fines
constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la
comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva”[112].
En materia de
protección del derecho vivienda de desplazados en casos de desalojo, la
sentencia T-069 de 2015 concedió un efecto inter comunis a la decisión de otorgar “una asesoría detallada,
gratuita y clara sobre las políticas públicas disponibles que permitan a las
personas que lo deseen postularse para alguno de los programas municipales
vigentes, previa verificación de los requisitos exigidos y observando el debido
proceso en la asignación de los recursos disponibles; y que se priorice a los
núcleos familiares que presenten alguna condición adicional de vulnerabilidad”,
dado que en el curso del proceso se verificó que se había provisto una garantía
del derecho a la vivienda que no era efectiva como quiera que los ocupantes
eran beneficiaros de un subsidio de arrendamiento pero no se demostró su
entrega real y material.
8. Caso concreto.
8.1. Síntesis general de los casos.
En el presente caso tenemos que un grupo
de familias desplazadas por la violencia se asentaron y construyeron
improvisados refugios para suplir sus necesidades de vivienda, ocupando varios
predios – bienes fiscales- en el barrio Montebello en la localidad de San Cristóbal
en Bogotá, de alto riesgo no mitigable[113]. Ante esta
situación, la Alcaldía Local informó a entidades del Distrito y del Gobierno
Nacional con el fin de atender a la población y lograr su desalojo. Esto con
motivo del riesgo para la integridad física de los ocupantes que implica su
permanencia en el predio. Por lo anterior, las personas desplazadas, entre
ellas las tres demandantes, procedieron a interponer acciones de tutela con el
fin de que se ordenara la suspensión de cualquier desalojo y se les garantizara
su derecho fundamental a la vivienda digna.
En los tres procesos de tutela que se
estudian en esta sentencia, los jueces de instancia negaron el amparo.
8.2. Respuesta al primer problema
jurídico.
En primer término, la Sala responderá al
primer problema jurídico relacionado con la presunta vulneración del derecho a
la vivienda de las demandantes porque las entidades demandadas no les
procuraron una alternativa de habitación como condición para desalojar el
predio de alto riesgo no mitigable donde se ubicaron con otras familias de
desplazados, respecto de los tres casos bajo estudio. Esto en razón a que se
trata de circunstancias comunes que permiten un análisis conjunto.
Para ello, (i) insistirá en los derechos
de la población desplazada en materia de vivienda ante desalojos forzosos, a
partir de lo cual evaluará las actuaciones de las entidades demandadas y se
pronunciará sobre la solicitud de las accionantes de suspender la orden y
operativos de desalojo que pretende recuperar el terreno donde se asentaron.
Luego, (ii) examinará las actuaciones administrativas realizadas y orientadas a
brindar un albergue en curso de las acciones de tutela, de modo a establecer si
es necesario amparar el derecho a la vivienda y apreciar las medidas adecuadas
para ello.
(i) De acuerdo con lo dispuesto en la
Observación General Número 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, los desalojos forzosos que se efectúen en contra
de población vulnerable resultan en principio contrarios a las normas del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[114]. Sin
embargo, en los casos en los que personas sujetos de especial protección
constitucional, como la población desplazada, se encuentren ocupando un inmueble,
ya sea público o privado, para satisfacer su derecho a la vivienda y no tengan
otra alternativa de habitación, deben ser alojados en un albergue que garantice
las condiciones mínimas del derecho a la vivienda digna, antes que se emita
cualquier orden de lanzamiento o desalojo sobre el predio en el que se
encuentran asentados.
Según el material probatorio, por
solicitud de la Secretaría de Gobierno se llevaron a cabo reuniones
preparatorias para los desalojos que fueron programados para el 14 de julio y
el 28 de septiembre de 2015[115].
Sin embargo, estas diligencias no se llevaron a cabo: la primera se reprogramó[116];
la segunda fue cancelada en consideración de la prohibición de realizar este
operativo de la sentencia de tutela proferida por el Juez
36 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, con ocasión
del fallo de tutela núm. 2015-0083 del 30 de junio de 2015, que ordenó a la
Alcaldía Mayor de Bogotá “abstenerse de ordenar y realizar cualquier
diligencia de desalojo o de lanzamiento sobre el predio señalado (Montebello),
hasta tanto se les garantice a las personas desplazadas asentadas en el mismo
un albergue provisional en condiciones dignas”[117].
En apoyo de lo dicho, resulta
imprescindible la declaración de la Policía Metropolitana, que afirma que
durante todo el año 2015 no “ha prestado servicio de apoyo con unidades del
Escuadrón Móvil antidisturbios en el sector de Montebello a fin de llevar a
cabo desalojo alguno a los habitante de esta invasión”[118]. Esto
es respaldado por el informe (oficio Núm. 197880) del 29 de noviembre del 2015,
rendido por el Jefe de Planeación Metropolitana de Bogotá, en el que manifestó:
“Este
evento no se ha llevado a cabo durante la anualidad ni mucho menos se ha
desempeñado servicio de desalojo como lo afirma la acción de tutela interpuesta
por personas afectas en el sitio mencionado; en una última reunión que se
realizó el día 28 de septiembre la doctora Inés Esteban Parra Directora de
Seguridad manifestó que existe una acción de tutela que prohíbe realizar
operativos de desalojo en este lugar”.
En el mismo sentido, el
Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá afirma
que la Alcaldía Local de San Cristóbal no ha adelantado ningún procedimiento
tendiente al desalojo del predio referido.
Aunado a lo anterior, no hay evidencia
que actualmente haya otro operativo o reuniones preparatorias con el fin de
acordar una nueva diligencia de desalojo. Por lo tanto, es inviable acceder a
la petición de las demandantes relativa a su suspensión.
Ahora bien, las entidades debían prever
una opción de vivienda para las personas que serían afectadas por los
desahucios que habían programado. Sin embargo, tras el análisis de las actas de
las reuniones institucionales allegadas a los expedientes y de las
contestaciones de las demandas de tutela, se infiere que no se planteó ni previó
una alternativa de habitación. La única constancia de que se hubiera discutido
alguna medida de reubicación fue posterior a la interposición de las demandas
de tutela (5 de junio de 2015) y está planteada en el acta de reunión del 8 de
junio de 2015, donde se dejó constancia de la solicitud presentada por la
Defensoría del Pueblo para estos efectos.
En consecuencia, en próximas
oportunidades, la Alcaldía Mayor de Bogotá debe propender a identificar e
implementar medidas de albergue temporal o soluciones de vivienda de carácter temporal para reubicar a las
personas desplazadas que debido al desplazamiento se han visto obligadas a
asentarse en terrenos de alto riesgo.
(ii) En lo ateniente al acceso a un
albergue temporal en condiciones dignas a la población desplazada que
ocupa la zona de alto riesgo en Montebello, la Alcaldía Mayor, a través de la Alta
Consejería identificó, adecuó y asignó un hospedaje junto con la Cruz Blanca,
para que el grupo de desplazados identificado en el censo del
21 de julio de 2015 se reubicara[119].
Dicha medida cobijó a las señoras Erminda Hinestroza Alegría
y Nancy Liliana Velandia[120]. La
señora Yolima Góngora Araujo no fue incluida, toda vez que no está anotada en
dicho censo.
Sin embargo, la
reubicación no se llevó a cabo debido a la negativa de los ocupantes a
desplazarse al albergue designado, bajo el argumento que no se trata
de una solución definitiva. En su lugar, requieren que se les asigne una
vivienda gratis de manera inmediata[121].
Adicionalmente, el grupo de ocupantes
también desechó la propuesta que el IDIGER, la Alcaldía y la UARIV plantearon
en febrero de 2015, consistente en garantizar el derecho a la vivienda mediante
la financiación de 7 meses de arriendo para cada núcleo familiar, que se
encontraba a la fecha en la ocupación. Se infiere que esta alternativa
beneficiaba también a la señora Yolima Góngora Araujo, toda vez que manifestó
por escrito el conocimiento de la misma y su inconformidad, debido a que no es
un acceso material a una vivienda. La señora Erminda Hinestroza Algería se
pronunció en el mismo sentido.
En breve, la
falta de oferta de albergue temporal al que tienen derecho las
accionantes y los demás ocupantes en razón a encontrarse en un lugar de alto
riesgo no mitigable, cesó durante el trámite de las acciones de tutela bajo
estudio.
Esta situación se superó toda vez que desde julio de 2015 la Alcaldía y la
UARIV dispusieron de un albergue para los ocupantes del predio de Montebello.
Posteriormente, se ofreció una alternativa para que accedieran a una vivienda
temporal. Bajo estas nuevas circunstancias, la Sala declarará la carencia
actual de objeto.
Ahora bien, en consideración que no hay
certeza que actualmente el albergue aún se encuentre disponible y de las
necesidades urgentes e inmediatas de la población desplazada, se ordenará a la
UARIV que garantice el acceso a un albergue temporal a las señoras Erminda
Hinestroza Alegría, Yolima Góngora Araujo y Nancy Liliana González Velandia con
sus respectivos núcleos familiares, garantizando que cada grupo
familiar en su totalidad se ubique en el mismo lugar. Para ello, debe fijar qué
albergue(s) temporal(es) se dispondrá(n) para su reubicación, indicar fecha,
que no podrá ser un lapso mayor a un mes a partir de la notificación de esta
providencia, y hora en la que se llevará a cabo el traslado, para el cual
deberá coordinar el transporte necesario de las personas con
sus enseres y elementos personales. Esta información logística debe
ser comunicada a cada jefe de familia con 5 días de anterioridad a la fecha
prevista para la diligencia. Para tal fin, debe contar con el apoyo de la
Defensoría del Pueblo, el ICBF y la Policía Nacional de Infancia y
Adolescencia.
También se ordenará a la UARIV
suministrarles albergue temporal al menos por 7 meses, tiempo que la Sala
estima prudente para que la entidad verifique a cabalidad las particularidades
de todos los núcleos familiares[122]
y, a partir de ello, determine e informe a cada jefe de hogar el tiempo por el
cual se les proveerá el albergue temporal conforme a la normativa
correspondiente y las alternativas posteriores para asegurar su acceso al
componente de vivienda. Esta medida puede ser prorrogada una vez, por el mismo
tiempo, si luego de la evaluación la UARIV comprueba que persiste la situación
de aguda vulnerabilidad, o al menos hasta que verifique, según las
circunstancias  de cada núcleo familiar, la posibilidad que tienen de
procurarse una opción efectiva y permanente de vivienda, por ejemplo que
disponen de un ingreso que les permita pagar un arriendo.
Asimismo, es menester tener en cuenta
que las actoras, así como los demás ocupantes, rechazan movilizarse y
reubicarse en orden a salvaguardar su integridad[123],
a pesar de que su permanencia en el terreno representa una amenaza para su vida.
Por lo tanto, se ordenará a las señoras Erminda
Hinestroza Alegría, Yolima Góngora Araujo y Nancy Liliana González Velandia con
sus respectivos núcleos familiares y a todas las
personas censadas el 7 de diciembre de 2015 (Anexo 3), atender todas
las medidas que UARIV establezca para llevar a cabo la reubicación
en albergues temporales.
Además, se ordenará al Defensor del
Pueblo que, conforme a sus competencias, previo al traslado verifique que los
albergues temporales designados por la UARIV ofrezcan condiciones dignas, y
haga seguimiento de la reubicación correspondiente. Adicionalmente, por
advertir los múltiples señalamientos sobre la renuencia del grupo de
desplazados al que pertenecen las demandantes a recibir las ayudas y servicios
institucionales, también le corresponderá informar a todas
las personas identificadas en el Anexo 3 sobre sus derechos y obligaciones como
desplazados.
Con el fin de prevenir futuros
asentamientos humanos en la zona de alto riesgo en cuestión una vez se realicen
los traslados de todos los actuales ocupantes, se torna indispensable ordenar a
la Alcaldía adoptar todas las medidas necesarias para restringir el acceso al
lote en cuestión.
8.3. Respuesta al segundo problema
jurídico.
Del mismo modo corresponde a la Sala
dilucidar si las entidades demandas vulneraron el derecho a la vivienda de las
accionantes porque estas no han accedido materialmente a una solución de
vivienda de carácter permanente.
Al respecto, se observa que la petición
principal de las demandantes consiste en acceder a una solución de vivienda
permanente, a través del programa de viviendas gratuitas del gobierno nacional.
Por ello, de manera preliminar, (i) la Sala debe manifestarse en este sentido
y, enseguida, (ii) responder el problema jurídico planteado atendiendo a las
particularidades de cada caso.
8.3.1. Del acceso al Programa de 100 mil
Viviendas Gratis.
8.3.1.1. De acuerdo con la
jurisprudencia, el derecho a la vivienda no es
quebrantado
cuando no existe una solicitud previa.
Según la base de datos
de Fonvivienda ninguna de las demandantes ha participado en
las convocatorias del programa de estabilización 100 mil viviendas gratis del
Gobierno Nacional. De ahí que al no haber presentado ninguna petición en esta
materia, naturalmente no se encuentran suscritas como postulantes. Por ello,
tampoco ha habido una acción u omisión institucional que pueda vulnerar sus
derechos fundamentales.
Ahora bien, vale la pena insistir que
para beneficiarse de este programa es imperativo que los peticionarios cumplan
con los requisitos legales y agoten los trámites definidos por la Ley 1537 de
2012 y el Decreto 2726 de 2014. En este sentido, corresponderá al Ministerio de
Vivienda estudiar y verificar cada solicitud presentada para ser beneficiario
de una vivienda gratis. Visto lo anterior, las actoras y demás miembros del
grupo ocupante pueden acceder específicamente a este programa, siempre que se
presenten en la próxima convocatoria, cumplan con los requisitos y agoten el
procedimiento establecido.
Conforme a los hechos expuestos,
el
DPS informó sobre el programa de la vivienda gratis del gobierno nacional
durante la visita al terreno del 30 de junio de 2015, citada por el Defensor
del Pueblo. Dicha “reunión tenía como propósito realizar un jornada de
orientación e información acerca de las rutas, proceso y procedimientos
establecidos para acceder a la oferta institucional del DPS y explicar el
Decreto 2726 del 29 de diciembre de 2014, “por el cual modifican y precisan las
condiciones de selección y asignación de los beneficiarios de los subsidios de
vivienda urbana 100% en especie”, así como el decreto número 1021 del 17 de
septiembre de 2012, “por el cual se reglamentan los artículos 12 y 23 de la ley
1537 de 2012”[124]. Del
mismo modo, se tiene conocimiento que allí mismo se informaron las
particularidades del subsidio distrital, a los delegados de la comunidad.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda gratis fue la petición
principal y reiterada por parte del grupo de desplazados del que hacen parte
las demandantes y así mismo lo reseñan los escritos de tutela, la Sala ordenará
a la Alcaldía Mayor de
Bogotá, al Ministerio de Vivienda y a la
Unidad Administrativa de Reparación Integral de Víctimas brindar información completa, detallada,
gratuita y clara sobre el programa nacional de vivienda gratis (requisitos,
etapas, procedimientos, etc.) a las tres demandantes, de lo cual deberá dejar
un registro.
8.3.1.2. Sobre la
pretensión de las demandantes y del grupo de ocupantes en general que se les
suministre una vivienda gratuita y permanente, este Tribunal debe advertir que
atender a esta solicitud, en esos términos exactos, no es posible. Ello en
razón a que una orden de esta índole contravía los derechos al debido proceso y
a la igualdad del que son titulares otros postulantes dentro de esos programas,
personas que también suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad
extrema y reclaman asistencia con urgencia, y a las competencias en política
pública de la Administración.
8.3.2. Del goce efectivo al derecho a la
vivienda.
Por otra parte, la Sala advierte
particularidades de cada uno de los casos respecto del acceso a la vivienda a
través de programas de vivienda distintos al de 100 mil viviendas gratis. Visto que las señoras Hinestroza Alegría y Góngora Araujo se encuentran inscritas
en el programa de subsidio distrital en especie, la Sala comenzará su análisis
conjunto. En seguida, estudiará el caso de la señora Velandia González quien
tampoco está suscrita en ningún programa de vivienda distrital.
Los análisis correspondientes se harán
conforme a la parte dogmática de este fallo, según la cual estar inscrito en un
programa de vivienda no garantiza de manera suficiente el derecho a la vivienda
cuando este no
permite acceder a una
solución de hogar digna, oportuna y real en un tiempo proporcionado. Esto se
debe a que esto no es suficiente para garantizar los mínimos de este derecho: titularidad
y seguridad jurídica sobre un inmueble[125]. En su lugar, se trata de un acceso precario.
8.3.2.1. Análisis de los expedientes T-5155974 y
T-5166664.
Por una parte, a partir de las pruebas
que obran en el expediente T-5155974, la Sala constata que la
señora Yolima Góngora Araujo se encuentra inscrita en Sistema de Información
para la Financiación de Soluciones de Vivienda desde 27 de noviembre de 2013
para acceder eventualmente al subsidio distrital de vivienda en especie, pero a
la fecha no ha acreditado que cuenta con el cierre financiero, según informó la
Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio.
Posteriormente, el
22 de enero de 2015, se le brindó atención personalizada para informarle de
manera puntal el reglamento vigente para ese momento. Se le informó que aún
tenía un proceso para acceder al beneficio en curso y que para concluirlo debía
acreditar el cierre financiero para ser postulada[126].
De otra parte, acorde al
acervo probatorio del expediente T-5166664, la señora Erminda Hinestroza
Alegría está inscrita en Sistema de Información para la Financiación de
Soluciones de Vivienda (SIFSV) desde el 9 de mayo de 2012, pero no cuenta con
el cierre financiero.
De acuerdo con lo reseñado en los
escritos de tutela, las señoras Hinestroza
Alegría y Góngora Araujo fueron desplazadas por la violencia por hechos
ocurridos desde hace 20 y 4 años, respectivamente, tiempo durante el cual no
han accedido a una vivienda.
Aducen que en razón de
ello, participaron
en el asentamiento en el barrio Montebello para construir allí un cambuche
donde pudieran habitar. Ahora bien, desde
hace aproximadamente 3 y 2 años, respectivamente, se encuentran inscritas en el
Sistema
de Información para la Financiación de Soluciones de Vivienda para acceder al subsidio distrital de vivienda en especie. No obstante lo
anterior, ninguna de ellas ha acreditado el cierre financiero[127]. Es decir, no han agotado la etapa previa a la asignación
del subsidio.
A pesar de que la
Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio conoce la situación, esta no
demostró ninguna diligencia para superar el inconveniente; no refirió qué
actuaciones ha desarrollado para brindar información, proponer una solución o
alternativas a las señoras Hinestroza Alegría y Góngora Araujo para que puedan superar
esta etapa del programa y obtengan el subsidio o accedan a otro programa que se
adecue mejor a sus situaciones particulares.
Este encargo es exigible a la entidad como quiera que al tratarse de
núcleos familiares de víctimas del conflicto armado existe la
obligación de brindar una asesoría completa y además existen alternativas para
que las solicitantes acrediten el cierre financiero (subsidio asignado por Fonvivienda,
por el Banco Agrario de Colombia o las entidades que hagan sus veces o por una
Caja de Compensación Familiar).
En efecto, es
reprochable que el acceso a los subsidios para vivienda para población
vulnerable tarde lustros en concluirse, por adolecer de innumerables problemas
administrativos internos o por falta de acompañamiento al solicitante para que
logre culminar dicha etapa y le sea asignado el beneficio en cuestión.
En virtud de lo
anterior, la Sala revocará las decisiones proferidas por los jueces de
instancia dentro de las acciones de tutela instauradas por las señoras Erminda
Hinestroza Alegría y Yolima Góngora Araujo del asunto de referencia, por las
razones aquí expuestas.
En consecuencia, esta Sala considera
necesario ordenar a la Secretaría Distrital de
Hábitat y Territorio que brinde a las señoras
Hinestroza Alegría y Góngora Araujo una asesoría completa, detallada y gratuita sobre las alternativas
que existen para lograr el cierre financiero, los trámites y procedimientos que
se requieran para ello.
8.3.2.2. Análisis del expediente T-5166665.
Nancy Liliana González Velandia no se
encuentra inscrita en el SIFSV, ni ha solicitado ninguna ayuda en materia de
vivienda[128], “no
ha iniciado ante la entidad el trámite correspondiente al subsidio distrital de
vivienda” según el sistema FOREST. Sumado a ello, del escrito de tutela se
releva que desde 2006 no tiene una vivienda ni un lugar estable donde residir
que cumpla con el mínimo del derecho a la vivienda fijado por la jurisprudencia
de esta Corporación.
En consecuencia, la Sala revocará la
decisión de instancia en la que se negó la vulneración del derecho a la
vivienda. Conjuntamente, ordenará
a la Secretaría Distrital de Hábitat y
Territorio y a la UARIV que le ofrezcan una
asesoría detallada, gratuita y clara sobre las políticas públicas disponibles y
de los programas nacionales y distritales vigentes a los que pueda postular,
previa verificación de los requisitos exigidos y observando el debido proceso
en la asignación de los recursos disponibles.
En atención a lo expuesto, es claro que
en ninguno de los tres casos bajo estudio, las autoridades accionadas y
vinculadas a éste proceso han garantizado a los peticionarios el derecho a una
vivienda digna, como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional[129]
y el derecho internacional, desconociendo que se trata de personas desplazadas
por la violencia y que dada su condición de vulnerabilidad son sujetos de
especial protección constitucional.
8.4. Efecto inter comunis.
Esta Sala advierte la existencia de un
gran número de personas que se encuentran asentadas en los predios ubicados en
Montebello, que al igual que las accionantes se les vulnera su derecho a la
vivienda digna. Por ende, es preciso que en esta providencia se extiendan los
efectos de la misma a todas las personas desplazadas que se encuentran
asentadas en los citados predios. Lo anterior, con el fin de
asegurar una respuesta única a sus necesidades que facilite la coordinación
institucional y permita la superación de la situación actual. Como
ya se mencionó en el desarrollo dogmático de esta sentencia, los fallos de
tutela pueden tener efectos inter comunis cuando terceras personas se
encuentren en condiciones objetivas similares a aquellas que acudieron al
trámite de tutela en calidad de accionantes y se pretenda garantizar el goce
efectivo de los derechos de toda la comunidad, como acontece en esta oportunidad[130].
Por tal razón, resulta imperioso que la protección de los derechos
fundamentales abarque a todas las personas desplazadas incluidas en el censo
del 7 de diciembre de 2015.
El juez constitucional no puede ser
indiferente a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las
personas desplazadas asentadas en los predios debido a la falta de una
vivienda. Por este motivo, se ordenará a la UARIV que disponga de un albergue
temporal para todos los núcleos familiares que fueron censados el 7 de
diciembre de 2015 (Anexo 3) en los predios de Montebello, en condiciones
dignas, y en los mismos términos que se fijaron para las demandantes.
En este orden de ideas, se ordenará a la
Defensoría del Pueblo comunicar a todo el grupo de ocupantes de Montebello
(Anexo3) el sentido de este fallo y que deben trasladarse al albergue
provisional que la UARIV les asigne, que debe proporcionar condiciones dignas[131]
y en los mismos términos fijados para las demandantes.
Adicionalmente, se ordenará a la UARIV
que determine el estado actual de las ayudas recibidas por estas personas y sus
núcleos familiares, para que adelante y concluya las acciones necesarias para
que se les garantice el acceso efectivo a los planes y programas de atención y
estabilización diseñados para población desplazada. Esto incluye el ofrecerles
una solución definitiva mediante la ejecución de programas serios y continuados
de estabilización socioeconómica, hasta tanto las condiciones de vulnerabilidad
sean superadas
Por otra parte, en el
marco de las actuaciones administrativas desplegadas para la atención del grupo
de desplazados ocupantes del predio Montebello, la Secretaría Distrital de
Hábitat y Territorio realizó un cruce de información del periodo 2009-2015
de las bases de datos de Fonvivienda, sistema FOREST, Sistema Distrital de
Registro de Víctimas, entre otros, que fue allegado a esta Corporación. Esta
verificación permitió concluir que algunas personas de las que habían sido
censadas el 21 de julio de 2015 ya eran partícipes de programas de vivienda
para el 10 de agosto de 2015[132].
Conforme a ello, se ordenará a la Secretaría
Distrital de Hábitat y Territorio que informe por escrito, de manera clara y
detallada, a las personas del Anexo 3 cuáles son las políticas públicas a su
cargo destinadas a garantizar el acceso a una unidad de vivienda para sectores
vulnerables, los procedimientos y requisitos que deben cumplir para ser
incluidos en programas que atiendan a sus condiciones de especial debilidad,
vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por
materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
Para ello, deberán informar sobre las alternativas de
retorno y se dará prioridad a los núcleos familiares que presenten alguna condición
adicional de vulnerabilidad como, por ejemplo, encontrarse en situación de
desplazamiento, tener miembros menores de edad o adultos mayores, personas en
situación de discapacidad, entre otros. Así mismo, les provea un acompañamiento
para que surtan las etapas correspondientes de los programas de vivienda a los
que se han adscrito. En caso de no ser partícipes de estos o de subsidios de
vivienda se haga un acompañamiento para acceder a ellos.
Por último la Sala advierte que las
medidas protectoras de esta providencia no pueden ser entendidas como un aval a
las vías de hecho ni un incentivo o fomento de la ocupación de inmuebles para
hacer valer mediante acción de tutela un tratamiento preferente en materia de
acceso a subsidios y otros beneficios.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.
LEVANTAR
la
suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.  DECLARAR la
carencia actual de objeto en los expedientes T-5155974, T-5166664 y T-5166665,
respecto de la solicitud de asignación de una alternativa de vivienda como
condición previa del desalojo del predio de alto riesgo no mitigable, por los
motivos expuestos en esta providencia.
Tercero.  REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá, el 8 de julio de 2015, que negó el amparo de los derechos fundamentales
de la accionante, y en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho a la
vivienda de la señora Erminda Hinestroza Alegría y de su núcleo
familiar,
por los motivos expuestos en la parte considerativa (T-5166664).
Cuarto.
REVOCAR la
sentencia del 26 de junio de 2015 proferida por el Juzgado 40 Penal del
Circuito de Conocimiento de Bogotá que negó el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante, y en su lugar, CONCEDER el amparo del
derecho a la vivienda de la señora Yolima Góngora Araujo y de
su núcleo familiar, por los motivos expuestos en la parte
considerativa (T-5155974).
Quinto.
REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá, el 16 de junio de 2015, que declaró improcedente la acción de tutela
impetrada por la señora Nancy Liliana González. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho a la vivienda de la demandante y de su núcleo
familiar,
por las razones expuestas en la parte motiva (T-5166665).
Sexto.
ORDENAR
a
la Unidad Administrativa de Reparación Integral a las Víctimas que reubique en
albergue temporal a las señoras Erminda Hinestroza Alegría, Yolima
Góngora Araujo y Nancy Liliana González Velandia con sus respectivos núcleos
familiares y
a las familias identificadas en el censo elevado por el despacho comisorio
(Anexo 3), garantizando que cada grupo familiar en su totalidad se ubique en el
mismo albergue. Para ello, debe fijar qué albergue(s) temporal(es) se
dispondrá(n) para su reubicación, indicar fecha, que no podrá ser un lapso
mayor a un mes a partir de la notificación de esta providencia, y hora en la
que se llevará a cabo el traslado, para el cual deberá coordinar el transporte
necesario de las personas con sus enseres y elementos personales. Esta
información logística debe ser comunicada a cada jefe de familia con 5 días de
anterioridad a la fecha prevista para la diligencia. Para tal fin, debe y
contar con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, el ICBF y la Policía Nacional
de Infancia y Adolescencia.
Séptimo. ORDENAR a la
Unidad Administrativa de Reparación Integral de Víctimas suministrarles
albergue temporal al menos por 7 meses, prorrogables por el mismo lapso por una
vez de acuerdo a las condiciones expresadas en la parte motiva, a las señoras Erminda
Hinestroza Alegría, Yolima Góngora Araujo y Nancy Liliana González Velandia con
sus respectivos núcleos familiares y a todas las
personas censadas el 7 de diciembre de 2015 (Anexo 3), tiempo que la Sala
estima prudente para que la entidad verifique a cabalidad las particularidades
de los 40 núcleos familiares[133]
y, a partir de ello, determine e informe a cada jefe de hogar el tiempo por el
cual se les proveerá el albergue temporal conforme a la normativa
correspondiente y las alternativas posteriores para asegurar su acceso al
componente de vivienda.
Octavo.   ORDENAR
a
las señoras Erminda
Hinestroza Alegría, Yolima Góngora Araujo y Nancy Liliana González Velandia con
sus respectivos núcleos familiares y a todas las
personas censadas el 7 de diciembre de 2015 (Anexo 3), atender todas
las medidas que la Unidad Administrativa de Reparación Integral de
Víctimas establezca para llevar a cabo la reubicación en albergues temporales.
Noveno.    ORDENAR al
Defensor del Pueblo que, conforme a sus competencias, (i) previo al traslado
verifique que los albergues temporales designados por la UARIV ofrezcan
condiciones dignas; (ii) haga seguimiento de la reubicación correspondiente;
(iii) informe a
todas
las personas censadas el 7 de diciembre de 2015 (Anexo 3) sobre sus derechos y
obligaciones como desplazados y les que comunique el sentido de este
fallo, en orden a que se trasladen al albergue provisional que la UARIV les
asigne.
Décimo.    ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptar
todas las medidas necesarias para restringir el acceso al lote en cuestión una
vez se realice el traslado de los ocupantes a cargo de la Unidad Administrativa
de Reparación Integral a las Víctimas.
Undécimo.
ORDENAR a la Secretaría Distrital de Hábitat
y Territorio que brinde una asesoría completa, detallada y gratuita sobre las
alternativas que existen para lograr el cierre financiero del subsidio
distrital de vivienda en especie, los trámites y procedimientos que se
requieran para ello a las señoras Erminda
Hinestroza Alegría y –Yolima Góngora Araujo (T-5155974, T-5166664).
Duodécimo.
ORDENAR a la Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio
y a la UARIV ofrecer a Nancy Liliana González Velandia una asesoría detallada,
gratuita y clara sobre las políticas públicas disponibles y de los programas
nacionales y distritales vigentes a los que pueda postular, previa verificación
de los requisitos exigidos y observando el debido proceso en la asignación de
los recursos disponibles (T-5166665).
Decimotercero.   ORDENAR
a la
Alcaldía Mayor de Bogotá, al Ministerio de Vivienda y a la Unidad
Administrativa de Reparación Integral de Víctimas brindar información completa,
detallada, gratuita y clara sobre el programa nacional de vivienda gratis
(requisitos, etapas, procedimientos, etc.) a las señoras Erminda
Hinestroza Alegría, Yolima Góngora Araujo y Nancy Liliana González Velandia y al
grupo del anexo 3, de lo cual deberá dejar un registro.
Decimocuarto.
ORDENAR a la
UARIV examinar el estado actual de las ayudas recibidas por las personas
identificadas en el Anexo 3 y sus núcleos familiares, para que adelante y
concluya las acciones necesarias en orden a que se les garantice el acceso
efectivo a los planes y programas de atención y estabilización. Esto incluye el
ofrecerles una solución definitiva mediante la ejecución de programas serios y
continuados de estabilización socioeconómica, hasta tanto las condiciones de
vulnerabilidad sean superadas.
Decimoquinto.
ORDENAR a la Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio,
para que dentro del mes
siguiente a la notificación de esta providencia, informe por
escrito, de manera clara y detallada, a cada una de las personas del anexo 3, sobre las políticas
públicas en materia de vivienda y de los programas nacionales y distritales
vigentes que estén disponibles, a los que puedan postular que atiendan
a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión y
propendan, a través de un trato preferente, por materializar el goce efectivo
de sus derechos fundamentales. Para ello, deberán informar sobre las alternativas de
retorno y se dará prioridad a los núcleos familiares que presenten alguna
condición adicional de vulnerabilidad como, por ejemplo, encontrarse en
situación de desplazamiento, tener miembros menores de edad o adultos mayores,
personas en situación de discapacidad, entre otros. Así mismo, les provea un
acompañamiento para que surtan las etapas correspondientes de los programas de
vivienda a los que se han adscrito. En caso de no ser partícipes de estos o de
subsidios de vivienda se haga un acompañamiento para acceder a ellos.
Decimosexto.
LÍBRENSE por
Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Anexo 1.
Respuestas
de las entidades vinculadas a los autos del 19 de noviembre de 2015 y 9 de
febrero de 2016.
1.
Respuestas de las entidades vinculadas respecto del Auto
de pruebas del 19 de noviembre de 2015.
1.1. ICBF
Reiteró
la obligación del Estado de “adelantar todas las acciones necesarias para
lograr contrarrestar los efectos de la desigualdad que limite el goce efectivo
de los derechos fundamentales”, por lo que “debe prestarl(es) atención
oportuna, apoyo y socorro de manera preferente y privilegiada, para evitar que
sigan en un estado de zozobra y de debilidad manifiesta”.
Así
mismo, sostuvo que el ICBF expuso en varias ocasiones los servicios disponibles
para la atención de menores de la población desplazada, concretamente con el
fin de que no permanezcan durante el día en dicho predio debido al peligro que
ello representa. Esto ocurrió en la feria de servicios en el Centro Dignificar
Rafael Uribe Uribe el 29 de abril de 2015, reuniones conjuntas con la
Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar Generación 2000 y lideresas de
la ocupación durante el mes de mayo, reunión organizada por la Defensoría del
Pueblo el 5 de junio de 2015, reuniones informales con las lideresas de la
ocupación en noviembre, entre otras. Así mismo, destacó que “se ha encontrado
una fuerte resistencia de la población a acceder a estos servicios, señalando
que éstos no son los que requieren ya que el motivo de la vía de hecho es ‘el
derecho que tienen las víctimas del conflicto armado a acceder a la vivienda’”[134].
Advirtió
que la Policía Metropolitana notó que “la mayor parte de las familias no
pasan la noche en el lugar, sino que se reagrupan durante el día” [135] y,
además, que la Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio y Ministerio
de Vivienda también han explicado a los desplazados los trámites que deben
seguir para la postulación a los programas de vivienda pero las familias “insisten
que a través de la vía de hecho les deben entregan la vivienda digna y por esta
razón siguen ocupando el espacio público”[136].
1.2 .Alcaldía Mayor de Bogotá.
Manifestó
que los programas de reubicación para atender a la población desplazada en
zonas de alto riesgo son competencia del IDIGER y de la Caja de Vivienda
Popular.
Reiteró
que la Alcaldía Local de San Cristóbal no ha adelantado ningún procedimiento
tendiente al desalojo y, además, sostuvo que comunicó los acuerdos
interinstitucionales al grupo de desplazados a través de sus voceros en el
terreno ocupado, para lo cual también se entregaron copias de las actas y
compromisos a los asistentes a dichas reuniones.
Adujo
que a través de la Secretaría Distrital de Integración Social ofreció e
implementó a favor del grupo de ocupantes 5 programas previstos por la
Resolución 764 del 2013 de acuerdo con las condiciones fijadas para su
participación y priorización[137].
Además, resaltó la oferta institucional explicada y ofrecida a los ocupantes
que consistente en servicio social, canasta afro, mínimo vital alimentario,
jardines infantiles, ámbito familiar y emergencia social, en las jornadas de
atención coordinadas por la Alcaldía Local de San Cristóbal.
Luego,
destacó que la Secretaría Distrital de Integración Social asesora 42 personas
registradas como ocupantes a través de los centros ubicados en las Localidades
de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Kennedy, San Cristóbal y Santafé. Adicionalmente,
llamó la atención que sólo 8 personas hacen uso del beneficio de alimentación
en el comedor IDIPRON otorgado a 41 personas desde el 29 de abril de 2015.
1.3. La Secretaría de Hábitat Social de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
Previene
que ninguna de las accionantes se ha postulado previamente a las convocatorias
de los programas o subsidios de vivienda de orden nacional, de acuerdo con la
base de datos de FONVIVIENDA. Respecto de la ayuda territorial, explica que el
programa de vivienda del Distrito se ejecuta a través del otorgamiento del
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, el cual consiste en otorgar un
porcentaje del costo de la vivienda de interés prioritario, no cubre el 100% de
su valor, sino que corresponde a la financiación parcial de una vivienda cuyo
costo no supere los 70 s.m.l.m.v. Este programa comprende las etapas de
inscripción, calificación de condiciones de vulnerabilidad, verificación y
asignación o vinculación.
Aduce
que Erminda Hinestroza Alegría y Yolima Góngora Araujo se encuentran inscritas
en Sistema de Información para la Financiación de Soluciones de Vivienda
(SIFSV) desde el 9 de mayo de 2012 y 27 de noviembre de 2013 respectivamente,
para eventualmente acceder al subsidio distrital de vivienda en especie. No obstante,
a la fecha no han acreditado ante la entidad que cuentan con el cierre
financiero de que trata el parágrafo 3 del artículo 12[138]
de la Resolución Nº 844 de 2014[139].
Por el contrario, la señora Nancy Liliana González Velandia no se encuentra
inscrita en el SIFSV, ni ha solicitado ninguna ayuda en materia de vivienda
según el sistema de automatización de Procesos y Documentos FOREST[140],
“no ha iniciado ante la entidad el trámite correspondiente al subsidio
distrital de vivienda”. Además, ilustró por escrito a 40 mujeres cabeza de
hogar que ocupan el predio Montebello, entre las cuales señora Góngora Araujo,
de manera detallada sobre el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie y las
alternativas de programas de vivienda, las etapas y requisitos para acceder a
la vivienda de interés prioritario como respuesta a un derecho de petición[141].
Al analizar la situación particular de cada una de las peticionarias, concluyó
que sólo 7 de ellas habían postulado a dicho beneficio, por tanto instó a las
demás para que se acercaran a los CADES con el fin de informales y adelantar el
trámite necesario.
Además,
informó que participó en las jornadas de atención y mesas de trabajo (6 de
marzo, 6 y 28 de abril, 30 de junio, 2 y 5 de octubre) en el predio en cuestión
asesorando sobre la adquisición de una vivienda de interés prioritario, para lo
cual debió explicar las condiciones de acceso y en qué consistía cada uno de los
programas de Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, Programa de 100 mil
viviendas gratuitas del gobierno y el Programa de Vivienda de Interés
Prioritario para Ahorradores.
En
complemento de lo anterior, destacó que en marzo 2015 al verificar el cumplimiento
de los requisitos para acceder al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie por
parte de los ocupantes, encontró que 5 ocupantes tienen vivienda, 2 gozan de
subsidio nacional, 8 están afiliados a cajas de compensación familiar en
programas de vivienda, 33 han acudido a la Secretaría Distrital de Hábitat y
Territorio para la Financiación de Soluciones de Vivienda, mientras que 60 no
se encuentran inscritos por lo que en primer lugar deben agotar este trámite.
En
relación con la política distrital de vivienda para población desplazada expuso
que el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá Humana estableció como uno de sus
enfoques principales la restitución de la dignidad y derechos de las víctimas
implementando un modelo de reparación integral con el fin de garantizar su
inclusión económica, social y política.
Paralelamente,
advirtió que existe aún una deuda en materia de vivienda para los hogares
víctimas que se encuentran en Bogotá, sostiene que entre 2011 y 2014 el déficit
ha pasado del 22,7% al 15,4%. Manifestó que “el presupuesto disponible a
septiembre de 2015 de SDVE para adquisición de vivienda fue de $92.495.658.070
de los cuales $72.976.238.103 fueron destinados prioritariamente para víctimas,
lo cual corresponde al 79%. Lo anterior sujeto a que los hogares víctimas
contaran con el cierre financiero para lo cual se requería de la concurrencia
con el gobierno nacional. De los recursos disponibles para víctimas se han
ejecutado $18.017.135.005 que corresponden a $1.280.019.000 a SDVE específicos
para víctimas y el 79% de los proyectos aprobados por el comité de elegibilidad
a través de convenios con las entidades operadoras del sector ($21.213.899*79%=
$16.737.116.005) cuyas viviendas están destinadas prioritariamente para
víctimas siempre que cumplan con los requisitos del cierre financiero para
acceder a las viviendas”[142].
Explicó
que existen distintos esquemas de gestión de vivienda de población desplazada:
(i) programas de vivienda gratuita del gobierno nacional, de los cuales ha
habido dos convocatorias con un potencial de 4822 VIP; (ii) programa de
vivienda de interés prioritario para ahorradores del 2013 gestionado por el
Gobierno nacional que beneficio a 388 hogares víctimas en un proyecto que
construyó 3696 VIP, (iii) proyectos gestionados por el Sector Hábitat con
constructores privados (APP) financiados a través del subsidio de vivienda en
especie disponible para los hogares que alcancen el cierre financiero, en los
que 3137 hogares víctimas encontraron una solución de vivienda.
Por
último, reseñó una lista de factores limitantes en la implementación de la
política de vivienda que benefician a la población desplazada[143]:
·
La
falta de participación del gobierno nacional para que “complemente los
recursos para lograr el cierre financiero de los hogares víctimas, dado que el
gobierno distrital está gestionando suelo y generando oferta de vivienda de
interés prioritario;
·
Los
esquemas de postulación, los procedimientos y requisitos exigidos a los
proyectos de vivienda que incluyen VIP para tener acceso a los programas del
gobierno nacional no se articulan con las realidades territoriales,
particularmente de Bogotá D.C. Esto ha implicado una falta de coordinación y la
pérdida de oportunidad para financiar la oferta que se ha gestionado desde el
distrito (…);
·
La
falta de reglamentación nacional para acompañar y financia proyectos de vivienda
que incluyan esquemas asociativos ha significado perder la oportunidad de tener
este tipo de procesos y de generar oferta de vivienda VIP que además incluya un
componente social importante;
·
Los
recursos aprobados en el presupuesto distrital para vivienda no han sido
coherentes con la meta establecida para víctimas;
·
Escasez
de suelo apto para la construcción de vivienda lo que implica que el poco suelo
disponible esté supeditado a trámites complejos y a adecuaciones para su
desarrollo. (…)
·
Los
trámites de la cadena de urbanismo y construcción requieren tiempos no
inferiores a 18 meses (…) se incurre en costos que generan mayores costos al
desarrollo de un proyecto inmobiliario.
·
Las
mayores exigencias normativas también imponen un mayor costo a los proyectos de
interés prioritario. Mediante el Decreto 926 de 2010, el Ministerio de
Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial expidió la norma técnica de
sismo-resistencia NSR-10 que según estimaciones de Camacol, representó un
incremento del 12% sobre los costos de los proyectos de vivienda, lo que
dificulta la oferta de VIP”.
·
La
reducción de la demanda efectiva de hogares con menos recursos” (al
respecto explica que confluye el incremento del precio de la vivienda, la
reducción del poder adquisitivo y el aumento de los subsidios, lo que genera un
desequilibrio que deteriora la demanda efectiva de este tipo de vivienda)
·
La
afectación de las licencias de urbanismo y construcción de proyectos de VIP
debido la suspensión del Decreto 364 de 2013.
1.4. El Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público- DADEP.
Se
pronunció únicamente sobre el expediente T 5.155.974, respecto del cual
manifestó que no le constan los hechos, por tanto se atiene a lo probado en el
plenario. Solicitó declarar improcedente la acción por falta de legitimación
por pasiva, toda vez que la atención de emergencia compete a la Unidad
de Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Añadió
que de conformidad con el art. 2º del Acuerdo 18 de 1999 la misión del
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es “contribuir
con el mejoramiento de la calidad de vida del Bogotá D.C., por medio de una
eficaz defensa del espacio público, de una óptima administración del patrimonio
inmobiliario de la ciudad y de las construcción de una nueva cultura del
Espacio Público que garantice su uso y disfrute común y estimule la
participación comunitaria”[144]
y sus funciones son de carácter administrativo y no policivo.
Indicó
que según informe técnico del 1 de diciembre de 2015[145]
se trata de una ocupación indebida conforme a lo establecido en el artículo
2.2.3.3.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015[146]. En la
visita al terreno se constató que se encuentra instalada una valla que advierte
la propiedad y el riesgo del predio. Así mismo, planteó que corresponde a este
último evitar la ocupación mediante la rehabilitación o adecuación preliminar,
demarcación y señalización de los predios desocupados en desarrollo del proceso
de reasentamiento por alto riesgo no mitigable.
1.5. La Policía Metropolitana de Bogotá.
Explicó
que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de las actoras, “toda vez que
la Policía Metropolitana de Bogotá no ha hecho partición alguna, ni ha prestado
servicio de apoyo con unidades del Escuadrón Móvil antidisturbios en el sector
de Montebello a fin de llevar a cabo desalojo alguno a los habitante de esta
invasión”[147],
con fundamento en el informe (oficio Nº 197880) rendido el 29 de
noviembre del 2015 por el Jefe de Planeación Metropolitana de Bogotá.
1.6. Alcaldía Mayor de Bogotá - Defensa Judicial y
Prevención del Daño Antijurídico.
Afirmó
que a través de la Alta Consejería ha prestado
toda la atención que los ocupantes han requerido y contrario a lo expresado en
las tutelas no ha expedido ninguna orden de desalojo. Sin embargo, “viene
adelantando gestiones para promover una solución a la ocupación del inmueble de
manera pacífica y concertada[148]”
porque considera perentorio el abandono del predio, ya que el
terreno está cediendo representando un riesgo para los ocupantes y los vecinos,
aunado a los problemas de salubridad y seguridad que se presentan en el lugar.
Refirió
que “la Administración distrital a través de la alcaldía local, antes de
adoptar alguna medida concreta de desalojo, en reuniones con la comunidad ha
promovido y sigue invitando a las personas víctimas para que acojan a los
programas de atención y acudan a los medio institucionales para solicitar se
les garantice el derecho a la vivienda digna por la entidad competente y
gestionen la aplicación para los diversos planes de vivienda que ofrece el
distrito, sin que hasta el momento la administración distrital haya recibido
una solicitud que para estos efectos hayan presentado las señoras Erminda
Hinestroza Alegría, Yolima Góngora Araujo y Nancy Liliana González Velandia”[149].
Afirma que tampoco “han solicitado un albergue provisional, ayuda económica
con destino a proveerse una vivienda, ni existe decisión administrativa que les
haya negado la provisión de un albergue provisional”[150].
Por
otra parte, informó sobre la existencia de fallos de tutela[151]
que se profirieron a favor de otros miembros del grupo de ocupantes que
resultaron en la protección del del derecho a la vivienda de todos los
ocupantes. Puntualmente, el Juez 36 Penal del Circuito con Funciones de
Garantías ordenó la realización de un censo del grupo de ocupantes verificando
su calidad de víctimas de desplazamiento que se llevó a cabo el 21 de julio de
2015[152]
, a partir del cual se otorga el albergue temporal hasta que se les brinde una
solución definitiva. Explicó que remitió a la UARIV la información recaudada el
21 de julio de 2015 para que esta brindara un albergue provisional por tratarse
de ayuda de emergencia.
Respecto
de la orden dada a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que en coordinación con la
UARIV y Fonvivienda se garantizara un albergue provisional para todas las
personas desplazadas que se encontraran asentadas en el predio en cuestión,
hasta que se lograra solucionar en forma definitiva el problema de vivienda
planteado con la ocupación del inmueble, la Alta Consejería
para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
asevera que “acondicionó el albergue particular seleccionado por el socio
operador (Cruz Blanca) el cual es destinado para socorrer a las personas que
acaban de llegar a Bogotá desplazadas y sin ninguna red de apoyo familiar” y
se comprometió a solicitar un traslado presupuestal con el fin de garantizar el
albergue temporal y la atención de emergencia.
Enfatizó
que un alojamiento temporal con garantías humanitarias había sido asignado a
las familias que fueron censadas el 21 de julio de 2015 e incluidas en el RUV
una vez sea aceptado por las víctimas. Sin embargo, “los
ocupantes del predio por medio de sus líderes manifestaron no estar de acuerdo
y no fue posible que se trasladaran al trasladan (sic) al albergue”[153].
Sobre el particular, afirmó que según le informó la Secretaría de Hábitat y
Territorio algunos de los ocupantes se encuentran inscritos como postulantes
principales en la modalidad de vivienda de interés prioritario.
Para
corroborar lo dicho, allegó en medio magnético copia del censo de julio de 2015
y una planilla con cruce sistema información subsidio distrital de vivienda en
especie-Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio 2009 -2015 con corte de
agosto 10 de 2015, en donde se constató que algunas personas de las censadas se
encuentran vinculadas a programas de vivienda[154].
Allí consta que la señora Hinestroza Alegría se encuentra inscrita en el
programa para adquirir vivienda propia desde el 31 de marzo de 2015 pero no aún
no tiene entidad de crédito que respalde el cierre financiero; por su parte, el
trámite iniciado en relación con la señora Nancy Liliana González Velandia se
encuentra en etapa de verificación de información. Por el contrario, la señora
Góngora Araujo no aparece en el registro. Finalizó manifestando que “se han
brindado condiciones de acceso a toda la oferta distrital, sin embargo, la
asignación de vivienda no está dentro de nuestra órbita funcional pero se les
ha informado los requisitos que deben cumplir para acceder a los programas de
vivienda”.
De
igual manera, acreditó que 25 núcleos familiares debidamente incluidos en el
RUV del grupo de ocupante de Montebello recibieron la ayuda humanitaria
(alimentación y vivienda que incluye arriendo como albergue temporal) a corte
del 26 de agosto de 2015 según reportó la Unidad de
Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas
(oficio 201572013230841)[155].
El RUV reporta: (i) al grupo familiar de la señora Nancy Liliana González
Velandia en la etapa de verificación de información, desde el 27 de enero de
2015, que permite identificar el nivel de carencia de manera que se asigne la
ayuda humanitaria conforme al Plan de Atención, Asistencia y Reparación
Integral (PAARI); (ii) al grupo familiar de la señora Erminda Hinestroza
Alegría desde el 12 de agosto de 1996, quien cobro la última ayuda humanitaria
el 5 de junio de 2015.
1.7. La Defensoría del Pueblo.
Allegó
el 4 de diciembre de 2015 respuesta a lo requerido, relatando las actuaciones
administrativas y gestión en relación con los hechos como fue recopilado en el
acápite de hechos. Así miso, indicó que se encuentra a disposición de continuar
el seguimiento y atención al grupo de desplazados.
Aportó
un listado de las personas atendidas el 29 de abril en la jornada
interinstitucional, en la que observó “con extrañeza que los núcleos
familiares se negaron a recibir y utilizar los beneficios ofrecidos,
argumentando que su principal solicitud era la entrega efectiva de una vivienda
para cada núcleo familiar”[156].
En dicho registro, aparece la señora Yolima Góngora Araujo[157],
quien tiene dos menores a cargo (11 y 6 años). El 17 de abril de 2015 recibió
la ayuda humanitaria y asistió a una charla informativa del SDVE, en la que
manifestó la inconformidad porque necesitan una solución inmediata y gratuita,
y se informa de una charla del ACDVPR en temas de empleo, emprendimiento,
formación.
También
acompañó el acta de la reunión del 5 de junio en la que se acordó realizar una
visita el 30 de junio en el terreno para volver a presentar a la comunidad los
servicios de cada entidad entre las cuales, el Ministerio de Vivienda,
Departamento Administrativo de Prosperidad Social, ICBF, UARIV, Secretarias
Distrital de Gobierno y Hábitat y Territorio, Alta Consejería) junto con el
informe de la visita programada. Este último contiene material fotográfico que
pone en evidencia la construcción de cambuches con materiales reciclables, la
presencia de menores, las condiciones riesgosas del terreno e indica un
aproximado de 80 niños y 30 adultos. El reporte del Departamento Administrativo
de Prosperidad Social sobre esa visita, consigna que “la reunión tenía como
propósito realizar un jornada de orientación e información acerca de las rutas,
proceso y procedimientos establecidos para acceder a la oferta institucional
del DPS y explicar el Decreto 2726 del 29 de diciembre de 2014, “por el cual
modifican y precisan las condiciones de selección y asignación de los
beneficiarios de los subsidios de vivienda urbana 100% en especie”, así como el
decreto número 1021 del 17 de septiembre de 2012, “por el cual se reglamentan
los artículos 12 y 23 de la ley 1537 de 2012”[158].
Del mismo modo se informaron las particularidades del subsidio en Bogotá y
en el barrio Montebello. Para ello, se debió nombrar a delegados por parte de
la comunidad para establecer un dialogo y poder comunicar la información.
De
manera concreta, refirió que el Juez 36 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento, con ocasión del fallo de tutela nº 2015 -0083 del 30 de junio de
2015, ordenó a la Defensoría hacer el seguimiento de la orden dada a la
Alcaldía Mayor de Bogotá, consistente en “abstenerse de ordenar y realizar
cualquier diligencia de desalojo o de lanzamiento sobre el predio señalado
(Montebello), hasta tanto se les garantice a las personas desplazadas asentadas
en el mismo un albergue provisional en condiciones dignas”.
1.8. La Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C.
Se
pronunció el 9 de diciembre de 2015 en el sentido de que la señora Erminda
Hinestroza Alegría es la única de las tres accionantes que se encuentra en el
censo elevado el 21 de julio de 2015 y se le pagó la ayuda humanitaria el 6 de
mayo de 2015.
1.9. La Secretaría Distrital de Integración Social.
El
15 de enero de 2015, identificó el incremento del número de personas ocupantes
entre la primera y segunda jornada de atención liderada por la Alta
Consejería donde
participó la entidad.
1.10. El Juzgado 19
Penal del Circuito de Conocimiento.
Allegó
el 19 de enero de 2015 informe del despacho comisorio ordenado mediante auto
del 19 de noviembre de 2015. Advirtió que pese haber comunicado la diligencia a
la Secretaría
Distrital de Integración Social, a la Unidad de Administrativa para la
Atención y Reparación a las Víctimas, a la Defensoría del Pueblo, a la Estación
de Policía de San Cristóbal, la ICBF y, sólo estos dos últimos se presentaron a
la diligencia.
Allegó
el censo realizado con ocasión del despacho comisorio del 7 de diciembre de
2015, en el que se reporta el incremento de ocupantes respecto del censo
anterior de la Secretaría Distrital de Integración Social. En
total se registraron 40 núcleos familiares que constan en los Anexos 1 y 2
elaborados por la Juez y los funcionarios del ICBF, respectivamente. En el
primero se destacan los grupos 11 y 14, cuyos jefes de familia son Erminda
Hinestroza Alegría (CC. 51994909) y Yolima Góngora Araujo (CC 59.685.022)[159].
Según el informe esta última no fue inscrita en el censo previo a cargo del Secretaría
Distrital de Integración Social. La señora Nancy Liliana González
Velandia no está registrado.
1.11. La
UARIV y las señoras Erminda Hinestroza Alegría, Yolima Góngora y Nancy
Liliana González Velandia guardaron silencio.
2.
Respuestas allegadas respecto del Auto del 9 de febrero de 2016.
2.1. Caja de Vivienda Popular.
Narra que adquirió el terreno catalogado de alto riesgo
no mitigable, como resultado de un proceso de reubicación en el 2003.
En relación con el caso concreto, indica que se trata de
una ocupación indebida porque las demandantes actuaron bajo el conocimiento del
riesgo expresado en una valla o aviso que informaba a la comunidad que se
trataba de “un predio de alto riesgo no mitigable, suelo de protección por
riesgo. Prohibido habitar, construir o urbanizar”[160].
En razón a ello, no pueden alegar la propia culpa.
2.2. El Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Certificó que ninguno de los hogares ha presentado
solicitud dirigida a obtener un subsidio de vivienda familiar; Las demandantes
no han participado en las convocatorias adelantadas por FONVIVIENDA, no se
encuentra habilitado por el DPS para ser beneficiarios del programa de vivienda
gratuita y tampoco participaron en las convocatorias en los años 2004 y 2007
“Desplazados arrendamiento mejoramiento CSP y adquisición de vivienda nueva o
usada[161].
En respuesta a los requerimientos de la Corte (autos núms.
008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011), el gobierno nacional ajustó los
instrumentos de política de vivienda para la población desplazada formulando un
nuevo enfoque a través de la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias. Por
ello, no encontrarse postuladas no impide que puedan resultar beneficiarios del
subsidio de vivienda familiar de vivienda, pero para acceder a él, actualmente,
las peticionarias deben seguir el procedimiento y requisitos allí descritos.
En relación con la reubicación de las demandantes,
indica que corresponde a la alcaldía municipal con el apoyo del consejo
municipal de gestión de riesgo y desastres evaluar el riesgo y de acuerdo con
sus posibilidades presupuestales presentar los proyectos de vivienda que
correspondan, de conformidad con la Ley 1523 de 2012
2. 3. Secretaria
de Hábitat[162].
Amplió la información provista anteriormente[163], reiterando que ninguna de
las demandantes ha accedido al subsidio distrital de vivienda en especie, en
consideración de que:
1. La
señora Yolima Góngora Araujo se inscribió el 27 de noviembre de 2007, momento
para el cual se le explicó el reglamento operativo para acceder al subsidio de
vivienda, sin que ella agotara el procedimiento del cierre financiero.
Posteriormente, el 22 de enero de 2015, se le brindó atención personalizada
para informarle de manera puntal el reglamento vigente para ese momento (Resolución
844 de 2014) y se informó que aún tenía un proceso para acceder al beneficio en
curso y que para concluirlo debía acreditar el cierre financiero para ser
postulada[164]. Última información
otorgada sobre el subsidio ocurrió el 22 de enero de 2015.
2. La
señora Erminda Hinestroza Alegría se inscribió con el fin de acceder al
subsidio distrital de vivienda, el 9 de mayo de 2012, y solo hasta el 2 de mayo
de 2014 actualizó los datos familiares, el 1 de septiembre de 2015 hubo una
verificación interna de su proceso[165].
3. La
señora Nancy Liliana González Velandia no ha iniciado ante la entidad ningún
trámite correspondiente para ello.
Agregó que ninguna de ellas ha presentado, de manera
individual, solicitudes del subsidio distrital de vivienda.
Reseñó que el 2 de marzo, 6 y 28 de abril participó en
jornadas de atención a los hogares en el sitio de la ocupación, con el fin de
explicarles el contenido y las características del SDVE, del sistema de 100
vivienda gratis del gobierno nacional y el programa de vivienda de interés
prioritario para ahorradores (VIPA), refiriéndose a la forma de aplicar y
resolviendo dudas.
Informó que efectuó el cruce de información de las
personas censadas en diciembre de 2015 con su base de datos para determinar
quiénes de ellas se encuentran inscritas en programas de vivienda. Advierte un
error del censo, en la medida que separa a una persona de su núcleo familiar[166], por lo que no se tratan de
40 familias sino de 39. Concluyó que de esos 39 hogares, solo 12 se encuentran
inscritos para aplicar a la asignación del SDVE y los 27 restantes “simplemente
no se han inscrito”. Entre los 12 hogares referidos, está registrada la
señora Erminda Hinestrosa Alegría pero no las otras dos demandantes.
Adicionalmente, corroboró que solo 2 hogares del censo han recurrido a
Fonvivienda.
2. 4. Erminda
Hinestroza Alegría[167].
Manifiesta que hubo una impresión en el relato de la
acción de tutela, puesto que arribó con su familia a Bogotá aproximadamente el
16 de febrero de 1996. Desde ese entonces se ubicaron en el barrio las cruces.
Aduce que ha cambiado de residencia varias veces debido a las dificultades que
implica el pago del arriendo por la falta de trabajo fijo, la cantidad de hijos
y su raza.
Expone que desde el 2007 no ha solicitado subsidio de
Fonvivienda, a la Alcaldía Local y a la Alcaldía Mayor, porque le han dicho que
no hay convocatorias abiertas. Expresó que recibió implementos de cocina y
mercados pero nunca hospedaje. Así mismo, exteriorizó que desde el 2012 ha
recibido ayuda humanitaria equivalente a 975 mil pesos al año, es decir de
manera incompleta, por lo que ha debido interponer otras tutelas para acceder a
ella de manera íntegra.
Adicionalmente, relata que el 24 de febrero de 2016
asistió a una reunión en la que se presentó una oferta para que evacuen la zona
ocupada. Esta consistía en cubrir  los arriendos por 7 meses, no prorrogables,
1 mes a cargo del Idiger, 3 meses a cargo de la Alcaldía Mayor -la alta
consejería- y a cambio de 3 meses de la ayuda humanitaria a cargo de la UARIV.
La comunidad no aceptó la propuesta[168].
De igual manera, presentó una solicitud especial
dirigida a que se incluya a Luz Dary Palacios Mosquera y a Yolanda Anchico
Torres con sus respectivos núcleos familiares en el censo del 7 de diciembre de
2015, toda vez que el día que se efectuó se encontraban ausentes. Dicha
petición fue suscrita por 32 personas que acreditan que desde febrero de 2015
los acompaña en la ocupación el predio en Montebello[169].
2.5. Yolima
Góngora Araujo[170].
Relata que desde hace tres años reside en Bogotá y que
en ningún momento ha solicitado ningún subsidio de vivienda. Sin embargo, se ha
visto perjudicada porque “la alcaldía de San Cristóbal y la Fuerza Pública
han tratado de desalojar, causando graves daños con los gases lacrimógenos y
golpeándonos”[171].
Añadió que en la actualidad tiene 8 meses de embarazo y
se encuentra desempleada.
También se refirió a la propuesta que desechó la
comunidad del 29 de febrero de 2016 ya mencionada, aduciendo su inconformidad.
2.6. IDIGER[172].
El IDIGER sostiene
que junto con las demás entidades demandas realizó las acciones pertinente en
aras de trasladar a las familias que ocupan los predios en mención, no siendo
posible debido a la renuencia de las familias de evacuar y acceder a las ayudas
humanitarias de carácter pecuniario que se les ofreció el pasado 24 de febrero
de 2016. Esta última consistía en financiar el arriendo de cada familia por 7
meses, junto con la UARIV y la Alta Consejería. Para ello, elaboró las fichas
sociales de cada núcleo familiar y, con base a ello, determinar el monto. Sin
embargo, la comunidad no aceptó la propuesta. A la fecha las familias no
acataron la solicitud de evacuación y tampoco presentaron los documentos
requeridos para que se desembolsaran las ayudas correspondientes.
​Contrario a
lo referido por las demandantes, el informe de la actividad desplegada registra
que la financiación del arriendo no​ implica renunciar a la ayuda
humanitaria, la UARIV financiaría 3 meses de los 7 que se comprometieron las
entidades a cubrir.
De igual manera,
informa que por la naturaleza del riesgo, que abarca todo el terreno ocupado,
no fue posible implementar alguna obra o medida para reducir el riesgo.
De otra
parte, informó que[173], el 11 de marzo de
2016, el IDIGER, la Alta Consejería, la Alcaldía Local, la Personería y la
Defensoría se reunieron con las familias del asentamiento, con el fin de
realizar el registro para el trámite de las ayudas humanitarias que habían
ofrecido (financiamiento de 7 meses) y sensibilizar sobre el riesgo en el que
se encuentran por el fenómeno de remoción de masa por las lluvias. De igual
modo, manifestó que la comunidad no recibió las actas de recomendación de
evacuación del Idiger, donde se precisaron las condiciones para acceder a la
ayuda humanitaria (consecución de una vivienda para el traslado e informar
dirección y fecha del desplazamiento). Dos meses sería pagada a las familias
dentro de los primeros 8 días después de la evacuación y los siguientes de
manera mensual.
El 17 de marzo, la vocera de la
comunidad manifestó que requerían la entrega de la totalidad de las ayudas y de
manera directa, condición que las entidades no aceptaron.
2.7. Alcaldía
Mayor de Bogotá- Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico[174].
Reitera que es
competencia directa de la UARIV atender a las personas que están incluidas en
el RUV, que son la mayoría de quienes están en la toma en el barrio en
cuestión. Además, la ayuda humanitaria que entrega dicha entidad es para cubrir
el arriendo y la alimentación de 3 meses, para determinar el monto a asignar
caracteriza las necesidades de cada núcleo familiar.
Aduce que, con el
fin de proteger la vida e integridad personal de las familias ocupantes del
predio se adelantaron jornadas informativas sobre derechos y deberes en salud,
los servicios de salud disponible en el Hospital San Cristóbal. De igual
manera, llevaron a cabo jornadas de vacunación, de educación sexual y
reproductiva, talleres sobre gestión ambiental y saneamiento básico, y atención
prioritaria de riesgo psicosocial. Con el fin de mejorar la situación de
seguridad, la Alcaldía Local con el apoyo de la policía metropolitana
adelantaron un consejo de seguridad el 25 de febrero de 2016.
Visto que el
riesgo sigue latente y la resistencia al desalojo, participó de una propuesta
interinstitucional en la que se comprometió a pagar 3 meses de arriendo para
que voluntariamente se desplacen y busquen otra residencia. Sin embargo, la
comunidad no avaló la oferta.
Posteriormente,
explicó que el 11 de marzo se explicó a la comunidad la necesidad de que
evacuaran en el menor tiempo posible porque no es posible técnicamente realizar
obras o tomar medidas de mitigación que permitan garantizar su seguridad. Sin
embargo, la comunidad se negó a recibir las actas de evacuación, porque en su “imaginario
según (..) sólo salen del predio si se les garantiza la entrega inmediata de
una vivienda propia”.
Con base en lo
anterior, presentó una solicitud orientada a que se ordene la salida de los
cuarenta núcleos familiares ocupantes y que estos acepten las medidas
propuestas, ya sea el albergue o el financiamiento del arriendo por 7 meses,
bajo las condiciones que fueron explicadas a la comunidad y detalladas en las
actas de recomendación de evacuación del Idiger[175].
2.8. Nancy
Liliana González Velandia.
A pesar del requerimiento efectuado por
el sustanciador, guardó silencio.
2.9. UARIV.
En escrito
allegado el 11 de abril de 2016 certificó que las tres demandantes se
encuentran incluidas en el RUV. Por otra parte, relacionó las solicitudes y
pagos correspondientes de ayuda humanitaria respecto de cada una de ellas.
La señora Erminda
Hinestroza Alegría recibió ayudas humanitarias en septiembre de 2014 y en junio
de 2015, mientras que Yolima Góngora Araujo la obtuvo por última vez en mayo de
2015 y Nancy Liliana González Velandia las percibió en febrero, mayo y julio de
2015.
2.10. Otros[176].
Nelly Emelizandra
Segura Cuero, Marcela Mireya Segura Ojeda, Darkin Yerson Segura, Sayi Karina
Guerrero, Luz Dary Palacios (*), Alexandra Angulo, Javier Cortes Riascos, Luis
Hayde Torres Cuero, Christian Fernando Gómez Valencia, Gabriela Moreno Córdoba,
Luis Ángel Chiripua Mosquera, Paula Andrea Murillo López, Nelly Alberta Perea
Angulo, Yolima Góngora Araujo, Alexander Biojo Góngora, Jaime Mosquera Payan,
Yoli Cuero, Jair Salas Victoria, Daniel Góngora Gruezo, Stevenson Riascos
Valencia, Diomedez Gamboa Camacho, Victoria Eugenia Martínez  Calero, Sandra
Patricia Mina Bonilla, Arnoldo Picón Larios, Noris Moreno Quiñones, Giovany De
Luque, Lili Melissa Carrillo Montes, Michaell Jefferson Chiripua Mosquera,
Dennis Melissa Días Olmeda, Luz Angélica Payán, Yolanda Anchico Torres, Karen
Yessenia Mosquera, Ana Josefa Palomeque, Erminda Hinestroza Alegría, Maribel
Zuñiga, Héctor Harold Valdés Castrillón, Andrés Yamir Valencia Hurtado,
Franklin Chiripua, Javier Sinesterra Vidal, Luz Estela Mosquera, Arelis Rivas
Sepúlveda allegaron escritos donde manifestaban ser parte del grupo de
ocupantes en Montebello, haciendo referencia a su situación particular
(conformación del núcleo familiar, condición de víctima, acceso a subsidios de
vivienda para la población desplazada). De sus testimonios, se evidencia que al
igual que las demandantes son desplazados por la violencia desde hace varios
años y no han accedido efectivamente a una solución de vivienda. Sin embargo,
las particularidades de sus grupos familiares y solicitudes de apoyos estatales
son muy diversas.
Puntualmente, Luz Dary Palacios explicó que no fue incluida en el censo del 7 de
diciembre de 2015 porque no se encontraba presente, puesto que para ese momento
se encontraba realizando venta ambulante, actividad que le permite adquirir
algunos recursos para su manutención.
Anexo 2.
De las pruebas aportadas por las partes y
entidades vinculadas al trámite de referencia se destacan las siguientes:
-
Estudio Técnico de
diciembre 1 de 2015, elaborado por el DAPED, respecto de los predios ocupados,
en relación con la tutela rad. T.5155974 ac, donde consta que se construyeron
casetas de uso residencial, que se encuentran amenaza por ser un terreno de
alto riesgo no mitigable (Fl.70-71, cuaderno 1).
-
Informe de la
Policía Metropolitana -Núm. 177880- del 30 de noviembre de 2015, donde consta
que no ha participado en ninguna diligencia de desalojo en relación con la
ocupación en Montebello. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Gobierno -
Usos del Suelo solicitó esta diligencia para el 14 de julio y el 28 de
septiembre de 2015, sin que fuera posible llevarse a cabo ninguna de ellas
(Fl.80, cuaderno 1).
-
Correos enviados por
la Secretaría de Gobierno Usos del Suelo a la Policía Metropolitana con el fin
de informar la programación de las reuniones preparativas para lograr la
restitución del sector de Montebello (Fls. 86-87, cuaderno 1).
-
Acta del 8 de julio
de 2015, de la reunión preparatoria del operativo citado para el 14 de julio,
en la que se concertó pedir el acompañamiento de la Policía y DADEP, gestionar
transporte para trasladar a los ocupantes y sus enceres (fl.80-85, cuaderno 1).
-
Carta de la
Secretaría Distrital de Gobierno a la Policía fijando la operación policiva el
14 de julio, anotación que está prohibido por sentencia de tutela (fl.86,
cuaderno 1).
-
Dos fallos
interpuestos por otros miembros del grupo de ocupantes contra el Departamento
de Prosperidad Social y la Alcaldía Mayor, por los mismos hechos aducidos por
las tres demandantes de los casos bajo estudio: (i) Sentencia del 30 de junio
de 2015 proferida por el Juez 36 Penal con Funciones de Conocimiento de bogotá,
que resolvió la acción de tutela interpuesta por el señor Mauricio Ortiz, (ii)
Sentencia del 26 de junio de 2015, proferida por el Juez 31 Civil del Circuito
de Bogotá, interpuesta por Yoli Cuero y otros (Nº. 2015-00976).
Ambos fallos
constaron que: (i) no había habido orden de desalojo ni operativo programado
para ese fin; ninguna entidad ha garantizado el derecho a la vivienda como lo
ha entendido la jurisprudencia y el derecho internacional; (iii) que otras
familias que también ocupan el predio se encuentran en la misma situación que
el accionante. Por lo anterior, ordenó a la Alcaldía Local abstenerse de
cualquier desalojo hasta que se les garantice a los ocupantes un albergue en
condiciones dignas. Así mismo, ordenar a la UARIV y a FONVIVIENDA adelantar un
censo, a partir del cual, la primera, debe verificar la vulnerabilidad de cada
nucleo familiar y adelantar y concluir las acciones necesarias en orden a
garantizar el acceso efectivo a planes y programas de atención y de
estabilización a los que tienen derecho (Anexo 1 del CD, folio 98, cuaderno 1).
-
Censo del grupo
ocupantes en Montebello, realizado el 21 de julio de 2015 en cumplimiento de
las ordenes de tutela referidas, en el que se identifican 90 personas, entre
las cuales, la señora Erminda Hinestroza Alegría, Nancy Liliana Gónzalez
Velandia y Yoli Cuero. No está inscrita la señora Yolima Góngora Araujo (Anexo
3 del CD, folio 94, cuaderno 1).
-
Cruce de información
de la Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio comprando el censo y la base
de datos de programas de vivienda distritales, con corte de agosto 2015, donde
consta que Erminda Hinestroza Alegría se encuentra inscrita en un programa para
adquisición de viveinda nueva, Nancy liliana Gonzalez Veldandia no está
inscrita en ningun programa. Yolima góngoga Araujo no está en el registro
porque no fue censada (Anexo 6 del CD, folio 94, cuaderno 1).
-
Informe de
cumplimiento de la UARIV al Juez 31 Civil del Circuito de Bogotá, sobre las
ordenes impartidas en la decisión de la tutela interpuesta por Yoli Cuero y
otros contra el DPS y la Alcaldía Mayor (Nº. 2015-00976), donde constan las
actuaciones dirigidas a incluir a la totalidad de los ocupantes identificados
en julio en el RUV, a que reciban ayudas humanitarias y orientación sobre
vivienda. Se deja constancia que la UARIV, en colaboración con la Alta
Consejería y la Cruz Roja dispuso un albergue con capacidad para 100 personas,
para los ocupantes que acepten de manera voluntaria acceder a él (Anexo 7 del
CD, folio 94, cuaderno 1).
-
Informe de la
inspección judicial del Juez 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá
D.C, que contiene el censo del 7 de diciembre de 2015 del grupo ocupante en
Montebello (fls.243-279, cuaderno 1). En este, se encuentran inscritas Erminda
(fl. 252), Yolima (fl. 253, c.1), y advierte que un grupo de personas censadas
en julio, como Nancy Liliana Gónzalez Velandia, ya no se encuentran presentes
(fl.267, c.1).
-
Comparación de
censos del 21 de julio y 7 de diciembre de 2015, donde se constata que la
conformación de grupo ha cambiado y el número de personas aumentó (Fl. 241,
cuaderno 1).
-
Informes de la
Defensoría del Pueblo del 1 de marzo y del 30 de junio de 2015, donde consta
que “las familias pidieron un subsidio de arriendo mientras se la
adjudicación de vivienda” (Fls. 164-167 y 180-187, cuaderno 1).
-
Informe de la
Alcaldía Mayor sobre la ocupación en Montebello, respecto de lo ocurrido entre
el 1 al 5 de marzo de 2015 (Fls. 205-207, cuaderno 1).
-
Informe de la
Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio a la Defensoría del Pueblo, donde
estipula las acciones que ha desplegado para atender al grupo de desplazados en
Montebello (Fls. 220-230, cuaderno 1).
-
Cruce de información
de la información del SISFV, Fonvivienda, y Metro, donde consta que Erminda,
está inscrita para acceder a VIP desde el 31 de marzo de 2014, sin cierre financiero,
y Nancy y Yolima no están inscritas (Anexo 2, folio 63, cuaderno 1).
-
Diagnóstico Técnico
núm. DI-1809 de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, de
octubre de 2003, donde registran que el predio ubicado en la Transversal
2ª-25.57 Sur presenta afectación media por remoción de masas, con un área de
influencia de 0.05 ha. (Fls. 48-51, cuaderno 2).
-
Resultado de
búsqueda en la base de datos del Ministerio de Vivienda de las señoras Yolima
Góngora Araujo, Erminda Hinestroza Alegría y Nancy Liliana González Velandia,
donde consta que ninguna ha participado en las convocatorias de Fonvivienda
(Fls. 54-55, cuaderno 2).
-
Respuesta el derecho
de petición radicado 1-2015-16499 emitida por la SDHT a mujeres cabeza de hogar
ocupantes de Montebello, entre las cuales Yolima Góngora Araujo, donde se
explica lo pertinente sobre el SDVE (Fl. 90, cuaderno 2).
-
Respuesta de Erminda
Hinestroza en sede de revisión, donde explica la composición de su núcleo
familiar, que llegó a Bogotá en febrero de 1996, es vendedora informal y no ha
postulado a subsidios de vivienda ante Fonvivienda o la Alcaldía, porque de
manera informal, le han informado que no hay convocatorias vigentes (Fls.
154-155, cuaderno 2).
-
Escrito de Erminda
Hinestroza donde manifiesta su inconformidad con la propuesta del pago del
arriendo por 7 meses porque se debe proporcionar una suma superior a 500 mil
pesos para cada familia y que sea por un tiempo prolongado. (Fl. 159, cuaderno
2).
-
Acta del 24 de
febrero de 2016, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se deja constancia de la
reunión e entidades distritales y nacionales en las que se propone a la
comunidad el pago de 7 meses de arriendo para cada núcleo familiar según su
caracterización social, de manera que se facilite la evacuación del predio de
Montebello. Anotación “la comunidad no acepta la propuesta de reconocimiento
de los 7 meses hasta tanto no se garantice que tenga vivienda”. (Fl. 168,
cuaderno 2).
-
Memorial de Yolima
Góngora Araujo donde afirma estar en embarazo, haber llegado a Bogotá desde
hace 3 años, que no ha solicitado ningún subsidio, y que entidades distritales
y el ESMAD han tratado de desalojarlos. Inconformidad con la propuesta
presentada el 24 de febrero de 2016, para pagarles el arriendo por 7 meses (Fl.
165, cuaderno2).
-
Informe del Idiger
sobre actividad del equipo social en Montebello el 23 y 24 de febrero, visita
en al que se elaboraron fichas sociales y se ofreció a la comunidad el pago del
arriendo de 7 meses no prorrogables. (Fls. 181-186, cuaderno 2).
-
Archivo de fichas
sociales, consta Yolima Góngora Araujo (ficha núm. 401500) y Erminda Hinestroza
Alegría (ficha núm. 401470). Nancy Liliana González Velandia no registrado el
24 de febrero de 2016.
-
Plano del sector
donde se identifican los predios ocupados en febrero de 2016, donde se
identifica que la ocupación está en riesgo por un posible talud. (contenido CD,
Fl.192, cuaderno 2).
-
Actas de evacuación
que el Idiger comunicó a los ocupantes de manera individual, entre la cuales la
núm. 7685 a Yolima Góngora Araujo con anotación: no recibe acta y no firma; No
aparecen actas en relación con Erminda Hinestroza Alegría y Nancy Liliana
González Velandia (contenido CD, Fl.192, cuaderno 2).
-
Escritos allegados
por Nelly Emelizandra Segura Cuero, Marcela Mireya Segura
Ojeda, Darkin Yerson Segura, Sayi Karina Guerrero, Luz Dary Palacios (*),
Alexandra Angulo, Javier Cortes Riascos, Luis Hayde Torres Cuero, Christian
Fernando Gómez Valencia, Gabriela Moreno Córdoba, Luis Ángel Chiripua Mosquera,
Paula Andrea Murillo López, Nelly Alberta Perea Angulo, Yolima Góngora Araujo,
Alexander Biojo Góngora, Jaime Mosquera Payan, Yoli Cuero, Jair Salas Victoria,
Daniel Góngora Gruezo, Stevenson Riascos Valencia, Diomedez Gamboa Camacho,
Victoria Eugenia Martínez  Calero, Sandra Patricia Mina Bonilla, Arnoldo Picón
Larios, Noris Moreno Quiñones, Giovany De Luque, Lili Melissa Carrillo Montes,
Michaell Jefferson Chiripua Mosquera, Dennis Melissa Días Olmeda, Luz Angélica
Payán, Yolanda Anchico Torres, Karen Yessenia Mosquera, Ana Josefa Palomeque,
Erminda Hinestroza Alegría, Maribel Zuñiga, Héctor Harold Valdés Castrillón,
Andrés Yamir Valencia Hurtado, Franklin Chiripua, Javier Sinesterra Vidal, Luz
Estela Mosquera, Arelis Rivas Sepúlveda, en los que manifestaban ser parte del
grupo de ocupantes en Montebello, haciendo referencia a su situación particular
- conformación del núcleo familiar, condición de víctima, acceso a subsidios de
vivienda para la población desplazada (Fls.112-380, cuaderno 3 de pruebas).
Anexo 3.
GRUPO FAMILIAR
NOMBRES
APELLIDOS
DOCUMENTO
Y N° DE INDENTIFICACION
1
KAREN
YESSENIA
MOSQUERA
PAYAM
CC.1.006.189.607
KEVIN
ANDRES
MOSQUERA
MOSQUERA
T.I
1.111.759.164
ELKIN
FABIAN
VALES
MOSQUERA
1.111.772.573
SHAIR
NICOL
CAMACHO
MOSQUERA
1.111.807.824
2
DIOMEDES
GAMBOA
CAMACHO
CC.1.111.757.093
LINA
VANESA
GARCES
MOSQUERA
CC.
1.111.810.236
MICHAEL
STEVAN
GAMBOA
GARCES
1.206.219.973
3
GIOVANY
DE
LUQUE
CC.84.079.629
EDITH
YOJANA
MARIMON
ARTEAGA
CC.
50.988.418
GEOVANNA
ANDREA
DE
LUQUE MARIMON
TI.
1.006.582.641
EYDER
ANDRES
DE
LUQUE MARIMON
1.033.744.566
GIONVANNY
ANDRES
DE
LUQUE MARIMON
1.033.699.722
4
SANDRA
PATRICIA
MINA
BONILLA
CC.
1.113.638.160
DAVID
SANTIAGO
MINA
BONILLA
TI.
1.113.639.678
SEBASTIAN
ALEJANDRO
MINA
BONILLA
1.113.639.460
5
YOLI
CUERO
CC.
38.568.689
MAR
ANTONY
CUERO
1.192.752.386
LUIYI
CUERO
TI.
1.111.757.382
BRANDON
STIVEN
CUERO
TI.
1.192.752.375
6
LUIS
ALFONSO
VALENTIERRA
ORTIZ
CC.
1.028.187.833
LUZ
ESTELLA
MOSQUERA
PAYAN
CC.
66.944.591
YOSIMAR
VALENTIERRA
MOSQUERA
TI.1.115.452.662
PAOLA
ANDREA
VALENTIERRA
MOSQUERA
TI.
1.111.772.443
LUIS
ALFONSO
VALENTIERRA
MOSQUERA
TI.
1.111.772.442
KAREN
SOFIA
VALENTIERRA
MOSQUERA
1.196.713.707.
7
ANDRES
YAMIR
VALENCIA
HURTADO
CC.
1.111.795.744
SINDI
YULIE
MOSQUERA
PAYAN
CC.
1.006.195.510
JHOSTIN
ANDRES
VALENCIA
MOSQUERA
1.111.807.444
8
DENNYS
MELISA
DIAZ
OLMEDO
CC.
1.151.440.198
ANGEL
DUVAN
DIAZ
OLMEDO
1.190.465.208
YULIAN
JOHANY
SANCHEZ
DIAZ
1.1963.773.789
9
PAULA
ANDREA
MURILLO
LOPEZ
CC.
1.130.654.276
MARLON
RAUL
MURILLO
LOPEZ
T.I.
1.111.667.607
10
STEVENSON
RIASCOS
VALENCIA
CC.
1.111.747.878
MONICA
CAROLINA
CORTES
MORALES
CC.
1.015.425.154
11
ERMINDA
HINESTROZA
ALEGRIA
CC.
51.994.909
MARIA
CAMILA
CARABALI
HINESTROZA
1.021.514.495
12
LUIS
ANGEL
CHIRIPUA
MOSQUERA
CC.
1.028.187.959
DIANA
ISABEL
CHIRIPUA
MOSQUERA
1.148.445.793
KAROL
DAYANA
ALBORNO
MOSQUERA
CC.
1.111.779.163
13
LILI
MELISA
CARRILLO
MONTES
CC.
1.006.204.051
14
YOLIMA
GONGORA
ARAUJO
CC.
59.685.022
ELVER
ENRIQUE
PERA
ANGULO
CC.
14.471.636
DENNIS
FELIPE
PEREA
GONGORA
1.087.129.481
ELLY
DANIELA
PEREA
GONGORA
1.087.106.105
15
MIGUEL
ANGEL
PERLAZA
OROBIO
CC.
1.111.783.298
KATHERINE
MONTAÑO
SINISTERRA
CC.
1.112.222.502
EDWIN
SANTIAGO
BOLAÑOS
MONTAÑO
1.104.824.265
VICTOR
MANUEL
BOLAÑOS
MONTAÑO
1.114.622.062
16
MONICA
YAJAIRA
MOSQUERA
PAYAN
CC.
1.111.748.029
JAVIER
SINISTERRA
VIDAL
CC.
1.293.292.462
SHARON
NAHOMI
SINISTERRA
MOSQUERA
1.023.961.084
DILIAM
SANTIANGO
SINISTERRA
MOSQUERA
1.190.464.675
17
SORANCY
CAROLINA
MARTINEZ
CALERO
CC.
38.462.647
EILEN
CAMILA
GOMEZ
MARTINEZ
1.108.647.642
SHIRLEY
SOFIA
GOMEZ
MARTINEZ
TI.
1.005.862.786
CHRISTIAN
FERNANDO
GOMEZ
CC.
1.113.519.706
18
ALEXANDRA
ANGULO
CC.
56.676.851
JHON
JANER
ANGULO
CC.
1.087.113.967
MARCO
ANTONIO
QUIÑONES
ANGULO
1.087.122.806
DIANA
MARCELA
QUIÑONES
ANGULO
TI.
98.121.614.853
19
NELY
ALBERTA
PEREA
ANGULO
CC.
59.686.490
ENZO
ADRIAN
MNTAÑO
PEREA
TI.
1.087.113.024
ASLI
MICHEEL
MONTAÑO
PEREA
1.087.778.391
EMMANUEL
MONTAÑO
PEREA
1.087.817.280
20
JAIR
SALAS
VICTORIA
CC.
1.113.644.882
21
HECTOR
HAROLD
VALDES
CASTRILLON
CC.
16.494.718
JOEL
AMAD
CASTRILLON
POLANCO
TI.
1115.453.109
22
SAYI
KARINA
GUERRERO
ROANES
CC.
1.193.536.034
JONER
R.C.
54.007.296
23
DARKIN
YERSON
SEGURA
OJEDA
YENIFER
ALEXANDRA
MONTAÑO
QUIÑONES
24
MARCELA
MIREYA
SEGURA
OJEDA
CC.
31.380.894
YANEILA
QUIÑONES
CUERO
TI.
1.148.948.712
WALDI
GIRLEY
VELASCO
SEGURA
TI.
1.111.659.750
YENDRI
SARAY
NUÑEZ
SEGURA
TI.
1.111.671.750
JHON
JAIRO
MERCADO
CUESTA
CC.
1.007.832.362
25
JAIME
MOSQUERA
PAYAN
CC.
16.484.666
MARIA
VENICIA
TENORIO
OBANDO
CC.
31.387.668
JAMES
ANDRES
MOSQUERA
TENORIO
TI.
1.111.782.706
DIANA
MILENA
MOSQUERA
TENORIO
TI.
1.111.773.561
26
NELLY
EMELIZANDIA
SEGURA
CUERO
CC.
1.087.810.813
JOHAN
YEFREI
SEGURA
CUERO
TI.
1.087.810.838
HAYLIN
YORELIZ
RIVAS
SEGURA
RC.
1.023.952.859
27
LUZ
ANGELICA
MOSQUERA
PAYAN
CC.
31.585.726
DIANA
ISABEL
CHIRIPUA
MOSQUERA
RC.
1.148.445.793
MARIA
CAMILA
CHIRIPUA
MOSQUERA
RC.
1.111.779.111
JUAN
CAMILO
MOSQUERA
PAYAN
TI.
1.111.757.527
ANGEL
DAVID
SANCHEZ
LUGO
RC.
1.150.939.356
FRANKLIN
FERNANDO
CHIRIPUA
MOSQUERA
TI.
1.111.748.031
28
GABRIELA
MORENO
CORDOBA
CC.
35.897.015
ANDRES
DAVID
PALOMEQUE
MORENO
RC.
1.033.766.197
JOHAN
SITVEN
PALOMEQUE
MORENO
TI.
1.033.714.447
DIDIER
NICOLAS
PALOMEQUE
MORENO
TI.
1.033.765.749
KERLIN
FABIAN
CABRERA
MORENO
RC.
1.033.796.548
29
LUIS
HAYDE
TORRES
CUERO
CC.
1.111.758.750
LEIDY
JOHANNA
SINISTERRA
indocumentado
LEIDER
STIVEN
SINISTERRA
RC
madre aduce no saberlo.
31
ARNOLDO
PICON
LARIOS
CC.
91.322.933
32
VICTORIA
EUGENIA
MARTINEZ
CALERO
CC.
38.886.814
DIEGO
FERNANDO
GARRIDO
MARTINEZ
RC.
1.139.835.974
NESLYIN
STEFANY
CARRIDO
RC.
1.110.297.137
KINVERLIN
YOLIEE
ROJAS
MARTINEZ
Contraseña.
1.107.842.649
JUAN
JOSE
MARTINEZ
CALERO
TI.
1.005.862.785
JORGE
LUIS
MARTINEZ
CALERO
TI.
1.005.872.294
MARIA
ALEJANDRA
MOSQUERA
GARCES
TI.
1.028.160.037
MICHAEL
JEFERSO
CHIRIPUA
MOSQUERA
indocumentado
33
Maribel
ZUÑIGA
CC.
66.743.159
JOBEL
CUERO
ZATIZABAL
CC.
16.496.343
JOSHUA
JOSUE
CUERO
GLEAN
CERT
NAC 8-1093-1860
JOHAM
GABRIEL
CUERO
GLEAN
CERT
NAC 8-1116-566
34
ANA
JOSEFA
PALOMEQUE
CORDOBA
CC.
35.897.754
LUIS
JAVIER
PALOMEQUE
CORDOBA
CC.
1.077.434.884
DARLY
YANETH
PALOMEQUE
PALOMEQUE
TI.
1.003.929.729
YOARNI
PALOMEQUE
PALOMEQUE
TI.
1.004.011.967
35
ARELIS
RIVAS
SEPULVEDA
CC.
1.114.730.742
36
JAVIER
SOCRATES
CORTES
RIACOS
CC.
1.111.789.226
37
DANIEL
GONGORA
GRUESO
CC.12.907.855
LIDIA
ARAUJO
SANCHEZ
CC.
59.675.506
38
LIZETH
BIOJO
GONGORA
CC.1.087.132.861
ALEXANDER
BIOJO
GONGORA
CC.
1.087.121.650
DANA
CRISTINA
BIOJO
SINISTERRA
RC.
1.023.398.040
39
NORIS
MILDRED
MORENO
QUIÑONES
CC.1.004.615.088
DIANA
YISETH
GONGORA
MORENO
RC.
1.087.816.168
DEIBY
YOSETH
MORENO
QUIÑONEZ
RC.
1.087.814.270
40
YULI
MARCELA
QUIÑONES
VALLENCILLA
CC.
1.193.030.816
YAN
MARCOS
CASTILLO
QUIÑONES
TI.1.087.112.744.
MARIA
ANGELICA
CASTILLO
QUIÑONES
TI.1.087.112.746
[1] El
presente capítulo resume la narración hecha por la actora, así como otros
elementos fácticos y jurídicos observados en el expediente, los cuales se
consideran relevantes para comprender el caso.
[2]
Cédula de ciudadanía de Yolima Góngora Araujo. (Folio 4, cuaderno 1).
[3]
Afirmación de la demanda de tutela (fl.1, cuaderno 1); carta del 17 de
diciembre de 2012 del coordinador del Centro Dignificar de Puente Aranda a la
Red Pública de Hospitales del Distrito, ordenando incluir en el servicio de
asistencia y atención en salud al grupo familiar de Yolima Góngora Araujo:
Elver Enrique Perea Angulo, Elly Daniela Perea Góngora y Dennis Felipe Perea
Góngora Folio 5, cuaderno 1.
[4] Se
infiere esta fecha a partir la afirmación de “llevamos cuatro meses en la
ciudad” y de la fecha de presentación de las tres tutelas, 5/06/15.
[5] Folio1, cuaderno 1.
[6] Aquellos con número de identificación y documento técnico 1997-4-933
CT-2755; 1997-4-509 CT- 2755; 2000-4-1470 DI-889 de 2000 (Fl. 178, cuaderno 2
de pruebas.) Según
informó el DADEP, dos de ellos se encuentran identificados con
Registro Único de Patrimonio Inmobiliario – RUPI 90059347 y 90059134.
[7] Su número de identificador y
documento técnico es 2003-4-3957 DI 1809 de 2003 (fl. 178, cuaderno 2 de
pruebas) Según
informó el DADEP, está identificado con el CHIP AAA0002LBKL.
[8] El lote de cédula catastral 26 BS
T2A 21- folio de matrícula inmobiliaria 50S 406333 de la oficina de
Instrumentos Públicos Sede Sur, había sido catalogado por el diagnóstico
técnico DI19809 del 16 de octubre de 2003 como de alto riesgo no mitigable por
la Dirección de Prevención de Emergencias- hoy IDIGER, con un área de
influencia de 0.5 ha, por lo que comprende los otros tres inmuebles. (folio 48,
cuaderno 2 de pruebas).
[9] Escrito de tutela
(Folio 1, cuaderno 1); Esto está respaldado por el material fotográfico que
pone en evidencia la construcción de cambuches con materiales reciclables
contenidos en el informe de la visita al terreno el 30 de junio de 2015,
allegado por la Defensoría del Pueblo. (Fl. 196, cuaderno 1).
[10] Las
pretensiones son las idénticas en los tres casos puesto que las demandantes
utilizaron un formato de acción de tutela idéntico.
[11]
Mediante acta individual de reparto inicialmente correspondió a la Sala Penal
del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá el conocimiento de este asunto. Sin
embargo, esta entidad lo remitió por competencia a los Juzgados Penales del
Circuito de la misma ciudad con fundamento en el artículo 1º del Decreto 1382
de 2000, donde fue nuevamente sometido a reparto.
[12] Folio
21, cuaderno 1.
[13]
Allegó CD con documento de 110 folios de actas de reuniones de la problemática
de invasión Monte Bello.
[14] Fl. 5, cuaderno 1.
[15] La demanda de tutela
presentada por la actora, contiene idénticos elementos fácticos y jurídicos
observados en el expediente T-5155974, por tratarse de un mismo formato.
[16] Mediante
acta individual de reparto inicialmente correspondió a la Sala Penal del
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá el conocimiento de este asunto. Sin
embargo, esta entidad lo remitió por competencia a los Juzgados Penales del
Circuito de la misma ciudad con fundamento en el artículo 1º del Decreto 1382
de 2000, donde fue nuevamente sometido a reparto.
[17]
Folio 24, cuaderno 1. “Para la protección de los niños y niñas se han
adquirido compromisos en diferentes reuniones para la reubicación de acceso al
sistema educativo, la Secretaría de Educación Distrital- SED se ha comprometido
con la restitución y con la garantía del goce efectivo del derecho a la
educación de los NNA (sic) y jóvenes víctimas del conflicto armado de la
ocupación garantizado la atención educativa con enfoque diferencial, y el
acompañamiento para contribuir a la reconstrucción de sus proyectos de vida que
se tiene para la población víctima como el acceso a cupos escolares en
cualquier momento del año; gratuidad total en el sistema educativo; exención de
pago correspondiente a cobros educativos adicionales; la prioridad en los
programas de transporte escolar, kits escolares y uniformes; y la implementación
de programas de acompañamiento pedagógicos a instituciones educativas que
atienden a esta población, sin embargo, los adultos y cuidadores en algunos
casos no han accedido a llevarlos a clase. // De igual manera, en los jardines
de la Secretaría de Integración Social y del Instituto Colombiano del Bienestar
Familiar – ICBF- tampoco ha habido presencia de niños y niñas de la ocupación
por decisión de los padres o representantes que tampoco han accedido a los
comedores comunitarios porque según dicen no están de acuerdo con la minuta que
les sirven allí ni a la estrategia Atrapasueños. // Desde la Secretaría
Distrital de Salud – SDS y la Subsecretaría de Salud Pública principalmente el
hospital de San Cristóbal se ha facilitado la identificación y atención primaria
en salud con enfoque diferencial de esta población. Desde la SDS nos informan
que si bien es cierto estas personas han recibido atención médica también es
cierto que no han tenido la voluntad de pasar a recoger los medicamentos
formulados. // Desde la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la
Paz y la Reconciliación - hemos atendido y cooperado esfuerzos para proteger
los derechos de las personas en esta acción de ocupación, de acuerdo a nuestras
competencias, sin embargo la mayoría de las familias están valorados e
incluidos en el Registro Único de Víctimas RUV , esto quiere decir que se
encuentran en la etapa de emergencia frente a la ayuda humanitaria donde la
competencia directa para la entrega es de la Unidad de Atención y Reparación
Integral de Víctimas, frente a los componentes esenciales del alojamiento
temporal, alimentación y vestuario en la etapa de emergencia de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nacional 2569 de 2014. // El Centro Dignificar Rafael
Uribe Uribe como centro de influencia en la Localidad de San Cristóbal ha
realizado diferentes jornadas de atención y ha participado en las diferentes
reuniones convocadas por la Alcaldía Local de San Cristóbal. De igual manera la
Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
presta la asesoría, acompañamiento y representación jurídica, a estas familias
a través del equipo de Asistencia Legal y Reparación Integral. Sin embargo se
ha evidenciado que algunas de las personas han ido llegando a la ocupación en
el transcurso de los días, no obstante se les realiza la atención debido a que
manifiestan que en el momento están allí. (…) Frente al tema de vivienda la
Secretaría Distrital de Hábitat y Territorio –- ha realizado charlas
informativas con respecto al programa de vivienda que se ejecuta a través del
otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie subsidio distrital
de vivienda en especie, el cual consiste en el porcentaje de costo de la
vivienda de interés prioritario de hasta 70 salarios mínimos legales mensuales
vigentes financiado con aportes distritales, siempre que el hogar cumpla con
los requisitos señalados en la Resolución 844 del 9 de octubre de 2014, “por
medio de la cual se adopta el reglamento operativo para el otorgamiento del
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie para Vivienda de interés Prioritario
en el Distrito Capital, en el marco del Decreto Distrital 539 de 2012”. Sin
embargo las personas manifiestan su inconformidad a que ellos necesitan una
solución de vivienda inmediata y gratuita”
[18]
Folio 24, cuaderno 1.
[19] Folios 48-56, cuaderno 1.
[20] Para respaldar lo
dicho, en el oficio 20150430005173, el Alcalde Local de San Cristobal informó a
la Alcaldía Mayor de la situación. Además, aportó un CD que contiene las actas de dichas
reuniones y gestiones administrativas (folio 64, cuaderno 1).
[21] Folio, 94, cuaderno 1, Respuesta
de la UARIV al DPS núm. 2015720679782 del 26 de agosto de 2015 contenida en CD
de pruebas.
[22] La demanda de
tutela presentada por la actora, contienen idénticos elementos fácticos y
jurídicos observados en los expedientes T-5155974 y T-5166664, por tratarse de un mismo formato con mínima información a
diligenciar.
[23]
Mediante acta individual de reparto inicialmente correspondió a la Sala Penal
del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá el conocimiento de este asunto. Sin
embargo, esta entidad lo remitió por competencia a los Juzgados Penales del
Circuito de la misma ciudad con fundamento en el artículo 1º del Decreto 1382
de 2000, donde fue nuevamente sometido a reparto.
[24] La
Secretaría de Gobierno aportó copia de memorando del Grupo de Gestión Jurídica
dirigido a la Oficina Asesora Jurídica en relación con la acción de tutela
2015-01514 interpuesta por Noris Mildred Moreno Quiñones contra Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Alcaldía Mayor de
Bogotá. La Sala desestima esta prueba por no tener relación con el asunto bajo
estudio.
[25] Folio 19, cuaderno 1.
[26]
Folio 36, cuaderno 1. Se referencia el siguiente cronograma:
Marzo 2
Mesa de trabajo de las Secretarías de
Hábitat y Territorio, de Gobierno y de Integración Social, UARIV y líderes de
los ocupantes.
Marzo 4
Recuperación del predio Monte Bello
con presencia de las instituciones mencionadas y de la Policía Nacional –
Infancia y Adolescencia.
Marzo 5
Inspección de los predios.
Marzo 26
Reunión preparatoria para la
recuperación del espacio público con las entidades relacionadas.
Abril 1
Atención a la comunidad.
Abril 14
Jornada de atención y oferta
institucional a población ocupante del predio en Monte Bello por parte de la
Secretaría de integración, la Alta Consejería para los Derechos delas
víctimas, la Paz y la Reconciliación, ICBF, Policía Nacional, Defensoría del
Pueblo, IPES, Dirección de Etnias/SDG, Gestores de Convivencia, Dirección
DDHH.
Abril 17
Reunión de seguimiento.
Abril 27
Presentación de servicios del Hospital
San Cristóbal, Alcaldía Local de San Cristóbal de San Cristóbal, Secretarías
de Integración y de Gobierno, Personería local, IPES y Alta Consejería para
los Derechos delas víctimas, la Paz y la Reconciliación.
Abril 28
Reunión de seguimiento.
Abril 29
Jornada de atención.
Mayo 14
Reunión Mesa Local de Víctimas.
[27]
Folio 4, cuaderno 1.
[28]
Folio 5, cuaderno 1.
[29] Fls. 22-24, cuaderno
1
[30] Folio 51, cuaderno 1.
[31]
Folio 60, cuaderno 1.
[32]
Folio 62, cuaderno 1.
[33] La diligencia fue realizada el 7 de diciembre de 2015,
en la que se suscribió un censo.
[34] En el Anexo 1, se encuentran sintetizadas cada una
de las intervenciones en sede de revisión.
[35] Fls. 70-71,
cuaderno 1 y Fls. 48-51, cuaderno 2.
[36]
Folios 153-157, cuaderno de pruebas.
[37] Acta
de reunión del 17 de Junio de 2015 organizada por la Dirección de Seguridad en
la que participaron representantes de la Alcaldía Local de San Cristóbal de San
Cristóbal, DAE, DAL y la Secretaría Distrital de Gobierno,
contenida en CD
allegado por esta última en sede de revisión.
[38] Acta
del 26 de marzo de 2015 sobre la diligencia recuperación de espacio público
suscrita por la Policía Nacional, Personería Local, Secretaría de Gobierno,
SDIS, la Policía de Infancia y Adolescencia. Diligencia fallida por ausencia
del ICBF y del Alcalde Local de San Cristóbal, contenida en CD
allegado por la Secretaría Distrital de Gobierno en sede de revisión.
[39] Folio 85, cuaderno de pruebas.
Acta de compromisos de la reunión del 14 de julio de 2015.
[40] Folio 86, cuaderno de pruebas.
[41] La
Policía Metropolitana de Bogotá allegó copia del acta de la reunión
preparatoria de la diligencia citada para el 14 de julio, del correo del 13 de
julio de 2015, mediante el cual se notificó que sería reprogramada; del correo
del 23 de septiembre de 2015 mediante el cual se cita la diligencia para el 28
de septiembre, en la que la Directora de Seguridad manifestó que existe una
sentencia de tutela que prohíbe realizar operativos de desalojo en este lugar.
Folios 80-88.
[42]
Folio 80, cuaderno 1. Informe (oficio Nº 197880) rendido el 29 de noviembre del
2015 por el Jefe de Planeación Metropolitana de Bogotá.
[43] El 1, 6 y 28 de abril, el 14 y
27 de abril, el 14 de mayo y el 30 de junio de 2015.
[44] Fls 7-110, cuaderno 2.
[45]Alcaldía
Mayor de Bogotá - Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico refirió
que fueron interpuestos por otros miembros del grupo de ocupantes contra el DPS
y la Alcaldía Mayor, por los mismos hechos aducidos por las tres demandantes de
los casos bajo estudio: (i) Sentencia del 30 de junio de 2015 proferida por el
Juez 36 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que resolvió la acción
de tutela interpuesta por el señor Mauricio Ortiz, (ii) Sentencia del 26 de
junio de 2015, proferida por el Juez 31 Civil del Circuito de Bogotá,
interpuesta por Yoli Cuero y otros (Nº. 2015-00976). Ambos fallos constaron
que: (i) no había habido orden de desalojo ni operativo programado para ese
fin; ninguna entidad ha garantizado el derecho a la vivienda como lo ha
entendido la jurisprudencia y el derecho internacional; (iii) que otras
familias que también ocupan el predio se encuentran en la misma situación que el
accionante.
[46]Informe de cumplimiento de la
UARIV al Juez 31 Civil del Circuito de Bogotá, sobre las órdenes impartidas en
la decisión de la tutela interpuesta por Yoli Cuero y otros contra el DPS y la
Alcaldía Mayor (Nº. 2015-00976), donde constan las actuaciones dirigidas a
incluir a la totalidad de los ocupantes identificados en julio en el RUV, a que
reciban ayudas humanitarias y orientación sobre vivienda. Se deja constancia
que la UARIV, en colaboración con la Alta Consejería y la Cruz Roja dispuso un
albergue con capacidad para 100 personas, para los ocupantes que acepten de
manera voluntaria acceder a él (Anexo 7 del CD, folio 94, cuaderno 1)
[47] Censo
del grupo ocupantes en Montebello, elevado el 21 de julio de 2015 en
cumplimiento de las ordenes de tutela referidas, en el que se identifican 90
personas, entre las cuales, la señora Erminda Hinestroza Alegría, Nancy Liliana
González Velandia y Yoli Cuero. No está inscrita la señora Yolima Góngora
Araujo (Anexo 3 del CD, folio 94, cuaderno 1)
[48] Constancia de la Personería que
“desde el 1 de marzo se ha ofrecido la oferta institucional y no han querido
aceptarla” (Fl. 84). Los ocupantes se negaron a recibir las atenciones y ayudas
brindadas por múltiples entidades: Puntualmente, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas,
la Paz y la Reconciliación enfatizó
que “los ocupantes del predio por medio de sus líderes manifestaron no estar
de acuerdo y no fue posible que se trasladaran al albergue” (fl. 111). En este mismo sentido,
el ICBF advirtió que “de acuerdo con la movilización de la Organización de
Mujeres ante las Entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación
integral a las Víctimas (SNARIV), se les (los ocupantes) ha notificado que
cuentan con una orden inmediata de reubicación en albergue que sugieren
acataran solo en caso de que la decisión cobije a la totalidad de familias que
se encuentran dentro del censo”(fl.47).
Lo anterior también
es confirmado por la afirmación de la Defensoría del Pueblo de la jornada de
atención del 29 de abril en la que notó que los “núcleos familiares se
negaron a recibir y utilizar los beneficios ofrecidos, argumentando que su
principal solicitud era la entrega de una vivienda para cada núcleo
familiar”(fl. 149-150). Así mismo, el ICBF informó sobre
“la fuerte resistencia de la población a acceder a estos servicios”; y
de la Policía que informó en sede de revisión que los ocupantes
“insisten que a través de la vía de hecho les deben entregan la vivienda digna
y por esta razón siguen ocupando el espacio público”(Idem).
[49] Folio 92, cuaderno de pruebas.
[50] Folio 55-56, cuaderno 2 de
pruebas.
[51]
Fls.243-279,
cuaderno 1.
[52] El informe del
despacho comisorio reporta 40 núcleos familiares. Sin embargo, la Secreatría de
Habitat advirtió un error del censo, en la
medida que separa a una persona de su núcleo familiar (La persona indicada
en el hogar N°10, se encuentra registrada en el censo de la SDIS como
integrante del hogar n°7 del Anexo 2. Fl. 72, cuaderno 2 de pruebas.), por lo que no se tratan de 40 familias sino de 39.
Concluyó que de esos 39 hogares, solo 12 se encuentran inscritos para aplicar a
la asignación del SDVE y los 27 restantes “simplemente no se han inscrito”.
Entre los 12 hogares referidos, está registrada la señora Erminda Hinestrosa
Alegría pero no las otras dos demandantes. Adicionalmente, corroboró que solo 2
hogares del censo han recurrido a Fonvivienda.
[53] Fl. 252, cuaderno 1.
[54] Fl. 253 cuaderno 1.
[55]
Fl.267, cuaderno 1.
[56] Informe de la inspección judicial
del Juez 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C, que contiene el
censo efectuado el 7 de diciembre de 2015 del grupo ocupante en Montebello
(fls.243-279, cuaderno 1).
[57] Acta del 24 de febrero de 2016,
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se deja constancia de la reunión e
entidades distritales y nacionales en las que se propone a la comunidad el pago
de 7 meses de arriendo para cada núcleo familiar según su caracterización
social, de manera que se facilite la evacuación del predio de Montebello.
Anotación “la comunidad no acepta la propuesta de reconocimiento de los 7 meses
hasta tanto no se garantice que tenga vivienda”. (Fl. 168, cuaderno 2).
[58] Escrito de Erminda Hinestroza
donde manifiesta su inconformidad con la propuesta del pago del arriendo por 7
meses porque se debe proporcionar una suma superior a 500 mil pesos para cada
familia y que sea por un tiempo prolongado. ( fl. 159, cuaderno 2)
[59] Comunicación de Yolima Góngora Araujo que no
ha solicitado ningún subsidio, y que entidades distritales y el ESMAD han
tratado de desalojarlos. Inconformidad con la propuesta presentada el 24 de
febrero de 2016, para pagarles el arriendo por 7 meses (fl. 165, cuaderno2).
[60] Resultado de búsqueda en la base
de datos del Ministerio de Vivienda de las señoras Yolima Góngora Araujo,
Erminda Hinestroza Alegría y Nancy Liliana Gónzalez Velandia, donde consta que
ninguna ha participado en la convocatorias de FONVIVIENDA (Fls. 54-55, cuaderno
2).
[61] Folios 165-171, cuaderno 2 de
pruebas.
[62]“Cierre
financiero. Para la postulación, el hogar deberá acreditar que cuenta con los
recursos que sumados al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie le permita la
adquisición y/o construcción de una vivienda de interés prioritario. El cierre
financiero se deberá acreditar presentando, entre otros, los siguientes
documentos: 1. Fotocopia de la carta de asignación del SFV por parte de la
entidad competente del gobierno nacional en el caso de hogares víctimas del
conflicto interno armado. // 2. Certificación expedida por la entidad
financiera donde conste el monto de la cuenta de ahorro programado del hogar.
// 3. Fotocopia de la carta de aprobación del crédito hipotecario o leasing
habitacional, indicando el monto y la vigencia. // 4. Carta de pre-aprobación
del crédito hipotecario, indicando el monto y la vigencia. // 5. Aportes
obtenidos por donación proveniente de personas jurídicas debidamente
certificadas// 6. Documento de separación en el que conste la forma de pago del
inmueble a adquirir y su posterior inclusión de la promesa de compraventa. //
7. Certificado de cesantías donde conste el monto de las mismas. // 8.
Certificación del aporte en materiales o de mano de obra expedida por la entidad
que designe la SDHT. // 9. Certificación expedida por la entidad distrital o
nacional, donde conste los recursos reconocidos por reasentamiento o cualquier
otro aporte que permita al hogar completar el porcentaje de la vivienda no
cubierto por el SDVE. // PARÁGRAFO 1.En los esquemas de postulación Casa en
mano, territorial dirigida y colectiva, dicho cierre se exigirá al momento de
la inscripción. // PARÁGRAFO 2.En caso que el hogar no cuente con cierre
financiero la Secretaría del Hábitat ofrecerá acompañamiento y orientación para
la consecución de los recursos complementarios en el marco del programa de
Educación Financiera. // PARÁGRAFO 3. En el caso de hogares víctimas del
desplazamiento forzado con ocasión del conflicto interno armado, éstos podrán
acreditar que cuentan con el subsidio asignado por Fonvivienda, por el Banco
Agrario de Colombia o las entidades que hagan sus veces o por una Caja de
Compensación Familiar, o que les ha sido asignado el Valor Único de
Reconocimiento (VUR) por parte de la Caja de la Vivienda Popular, u otra fuente
de recursos.” ( subrayas fuera del texto original)
[63] “por medio de la cual se
adopta el reglamento operativo para el otorgamiento del Subsidio de vivienda en
Especie de interés Prioritario en el Distrito Capital, en el marco del Decreto
Distrital 539 de 2012”.
[64] Secretaría General de Alcaldía
Mayor de Bogotá Allegó constancia de la base de datos SIVIC donde se evidencia
el historial de atenciones prestadas a la peticionaria desde el 17 de diciembre
de 2012 al 29 de abril de 2015, donde puntualmente se señala que
“caracterizada en el Centro Dignificar de Puente Aranda, Kennedy y Rafael Uribe
Uribe desde el 17 de diciembre de 2012 hasta el 29 de marzo de 2015, recibiendo
(….) y jornadas de atención los días 1-2-5 de marzo de 2015 en la ocupación de
lote Montebello, localidad de San Cristóbal. Y la última en igual sentido el 29
de abril de 2015 se verificaron sus derechos y se encontró que el núcleo
familiar está afiliado a la EPS-S Capital Salud, que los niños se encuentras
estudiando, ese día manifestó que se encontraba desempleada por lo cual se
remitió para que llevará a cabo la caracterización socioproductiva que permite
establecer enrutamiento, eficaz para cada persona al ente Distrital o Nacional
competente, ya sea a nivel de empleo, emprendimiento y/o formación para el
trabajo”.
[65] Folio 165, cuaderno de pruebas.
[66] Fl. 145, cuaderno de pruebas. La demandante fue
parte del derecho de petición fornulado por 40 mujeres cabeza de hogar que
ocupan el predio Montebello, a quienes la Secretaría respondió a través de la comunicación
Nº2-2015-34378 del 2 de junio de 2015.
[67] Acreditado mediante la consulta
del SDV-SDHT, relación de solicitudes de Yolima Góngora Araujo. Fl. 97,
cuaderno 2 de pruebas.
[68] Acreditado mediante la consulta
del SDV-SDHT, relación de solicitudes de Erminda Hinestroza Alegría. Fls.95-96,
cuaderno 2 de pruebas.
[69]“Cierre
financiero. Para la postulación, el hogar deberá acreditar que cuenta con los
recursos que sumados al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie le permita la
adquisición y/o construcción de una vivienda de interés prioritario. El cierre
financiero se deberá acreditar presentando, entre otros, los siguientes
documentos: 1. Fotocopia de la carta de asignación del SFV por parte de la
entidad competente del gobierno nacional en el caso de hogares víctimas del
conflicto interno armado. // 2. Certificación expedida por la entidad
financiera donde conste el monto de la cuenta de ahorro programado del hogar.
// 3. Fotocopia de la carta de aprobación del crédito hipotecario o leasing
habitacional, indicando el monto y la vigencia. // 4. Carta de pre-aprobación
del crédito hipotecario, indicando el monto y la vigencia. // 5. Aportes
obtenidos por donación proveniente de personas jurídicas debidamente
certificadas// 6. Documento de separación en el que conste la forma de pago del
inmueble a adquirir y su posterior inclusión de la promesa de compraventa. //
7. Certificado de cesantías donde conste el monto de las mismas. // 8.
Certificación del aporte en materiales o de mano de obra expedida por la
entidad que designe la SDHT. // 9. Certificación expedida por la entidad
distrital o nacional, donde conste los recursos reconocidos por reasentamiento
o cualquier otro aporte que permita al hogar completar el porcentaje de la
vivienda no cubierto por el SDVE. // PARÁGRAFO 1.En los esquemas de postulación
Casa en mano, territorial dirigida y colectiva, dicho cierre se exigirá al
momento de la inscripción. // PARÁGRAFO 2.En caso que el hogar no cuente con
cierre financiero la Secretaría del Hábitat ofrecerá acompañamiento y
orientación para la consecución de los recursos complementarios en el marco del
programa de Educación Financiera. // PARÁGRAFO 3. En el caso de hogares
víctimas del desplazamiento forzado con ocasión del conflicto interno armado,
éstos podrán acreditar que cuentan con el subsidio asignado por Fonvivienda,
por el Banco Agrario de Colombia o las entidades que hagan sus veces o por una
Caja de Compensación Familiar, o que les ha sido asignado el Valor Único de
Reconocimiento (VUR) por parte de la Caja de la Vivienda Popular, u otra fuente
de recursos.” ( subrayas fuera del texto original)
[70] Folio 111 a 115, cuaderno de
pruebas.
[71] “Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
[72] “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad./ 2. (…)”
[73] “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento;
(…)”
[74] Principio 18. 1. “Los desplazados internos tienen
derecho a un nivel de vida adecuado. 2. Cualesquiera que sean las
circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados
internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que
disfrutan de libre acceso a los mismos: alimentos esenciales y agua potable;
alojamiento y vivienda básica; vestido adecuado; y servicios médicos y de
saneamiento esenciales. 3. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena
participación de la mujer en la planificación y distribución de estos
suministros básico”s. Respecto de estos principios, en sentencia T-602 de 2003, la
Corte determinó que “pueden,… (i) ser normas
relevantes para resolver casos específicos, y (ii) tener verdadero rango
constitucional, si son preceptos que reiteran normas incluidas en tratados de
derechos humanos o de derecho humanitario. El uso (i) denota que ciertos
principios o algunos de sus párrafos hacen parte de lo que la Corte ha
denominado bloque de constitucionalidad en sentido lato, mientras que el uso (ii)
denota que algunos de entre ellos forman parte del bloque de constitucionalidad
en estricto sentido, ya que tienen jerarquía constitucional e, incluso, sirven
de parámetro para evaluar la constitucionalidad de las leyes”. En este mismo sentido sentencia
T-831 A de 2013.
[75] Declaró la existencia de un
estado de cosas inconstitucional a raíz de la crisis humanitaria originada por
el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia y la sistemática
vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada
[76] Auto 008 de 2009. “Séptimo.-
ORDENAR al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director
de Acción Social y a la Directora del Departamento Nacional de Planeación,
dentro de la respectiva órbita de sus competencias, reformular la política de
vivienda para la población desplazada, para lo cual, podrán considerar los
elementos y criterios mínimos de racionalidad señalados en los párrafos 67 a 69
de este Auto. La reformulación de la política supone (i) la definición de los
lineamientos que orientarán la nueva política, (ii) el diseño de la política y
el establecimiento de los medios para su instrumentalización, (iii) la
definición de un cronograma para su ejecución, y (iv) su implementación y
seguimiento. El proceso de diagnóstico y definición de los lineamientos de la
política (etapa (i)) deberá estar culminado a más tardar el 30 de junio de
2009. La implementación de la nueva política, previo su diseño y el
establecimiento de los medios para su instrumentalización, deberá empezarse a
más tardar el 31 de agosto de 2009 (etapas (ii) a (iv)). A lo largo de este
proceso de diseño se darán oportunidades efectivas de participación a la
Comisión de Seguimiento y a las demás organizaciones que aboguen por los
derechos de los desplazados que hayan manifestado interés en participar, sin
perjuicio de que las entidades responsables adopten las decisiones sobre el
plan de manera autónoma. A este proceso de diseño también podrán ser convocadas
otras entidades del orden nacional o territorial cuya participación sea
considerada pertinente. El 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010, el
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Director de Acción
Social y la Directora del Departamento Nacional de Planeación deberán presentar
un informe común acerca de (i) las características de la nueva política y los
nuevos instrumentos y el cronograma de implementación, y (ii) el progreso en la
implementación de la nueva política con la descripción de las acciones
adelantadas, el cumplimiento de las metas y del cronograma adoptados y los
resultados alcanzados, de tal manera que sea posible apreciar que se avanza de
manera acelerada en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada
en la materia.” Corte Constitucional. Auto 008 del 2009.
[77] Sentencia T 472 de 2010. En
sentencia Sentencia T-885 de 2014 la Corte desarrolla el deber de suministrar
a la persona desplazada de forma clara, precisa y oportuna toda la información
que requiera sobre el alcance y contenido de sus derechos, y como hacerlos
efectivos ante las autoridades competentes a través de los procedimientos
administrativos dispuestos para tal fin.
[78] Sentencia
T-088 de 2011.
[79] Sentencia T-239 de 2013.
[80] La atención de la población desplazada correspondió
inicialmente al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia (Ley 387 de 1997, art. 6.). Luego concernió a la
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y a la Red de Solidaridad
Social, que fueron fusionadas por el Decreto 2467 de 2005 para crear la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción
Social-. Esta entidad encargada de la Coordinación Sistema Nacional de
Información y Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia fue
transformada posteriormente en Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, cuya función principal es fijar las
políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención
y reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos
vulnerables y la reintegración social y económica, de acuerdo con la Ley 1448
de 2011, “Por
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 4800 de 2011.
[81] “Por
la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”
[82] “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se
dictan otras disposiciones”
[83] “Con miras al cumplimiento de
los objetivos trazados en el artículo 161, y en concordancia con los artículos
172 y 173, y dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, las
entidades territoriales procederán a diseñar e implementar, a través de los
procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención,
protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deberán contar con
las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y
deberán ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. / Sin perjuicio de lo anterior,
las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones especiales para
la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas: / 1. Con cargo a
los recursos del presupuesto departamental, distrital o municipal, con sujeción
a las directrices fijadas en sus respectivos Planes de Desarrollo
Departamental, Distrital y Municipal y en concordancia con el Plan Nacional de
Atención y Reparación a las Víctimas, deberán prestarles asistencia de
urgencia, asistencia de gastos funerarios, complementar las medidas de atención
y reparación integral y gestionar la presencia y respuesta oportuna de las
autoridades nacionales respectivas para la atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas. / 2. Con cargo a los recursos que reciban del Sistema
General de Participaciones y con sujeción a las reglas constitucionales y
legales correspondientes, garantizarles la prestación eficiente y oportuna de
los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. (…)
PARÁGRAFO 1o. Los planes y programas que adopten las entidades territoriales
deben garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y tendrán en cuenta
el enfoque diferencial. //PARÁGRAFO 2o. La actuación de los departamentos,
distritos y municipios corresponde a la que en cumplimiento de los mandatos
constitucional y legal deben prestar a favor de la población, sin perjuicio de
la actuación que deban cumplir esas y las demás autoridades públicas con
sujeción a los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.”
[84] Art. 174 de la Ley 1448 de 2011, Parágrafo 2º. “La actuación de los
departamentos, distritos y municipios corresponde a la que en cumplimiento de
los mandatos constitucional y legal deben prestar a favor de la población, sin
perjuicio de la actuación que deban cumplir esas y las demás autoridades
públicas con sujeción a los principios de concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad.”
[85] Artículo 168 de la Ley 1448 de 2011.
[86] “Montos
de la ayuda humanitaria de emergencia. En atención a los principios de
solidaridad y de proporcionalidad, la Red de Solidaridad Social destinará de
los recursos que para tal fin reciba del presupuesto nacional y de manera
proporcional al tamaño y composición del grupo familiar, un monto máximo
equivalente en bienes y servicios, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal, así: 1. Para alojamiento transitorio, asistencia
alimentaria y elementos de aseo personal hasta una suma máxima mensual
equivalente a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, otorgada por
espacio de tres meses.(…)”
[87] “La Red de Solidaridad Social como entidad coordinadora del
Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada
por la Violencia desarrollará las siguientes actividades: (…) J. Promover con
entidades públicas y privadas el establecimiento de una red nacional para la
atención humanitaria integral de emergencia, conformada por campamentos móviles
para alojamiento de emergencia, centros de alojamiento transitorio y unidades
de atención y orientación en las ciudades medianas y grandes.”
[88]
Los requisitos para ser beneficiario de este
programa están fijados por la Ley 1537 de 2012 y su Decreto Reglamentario 2088
de 2012.
[89] Para acceder este subsidio el
postulante debe cumplir con las condiciones establecidas en los Decretos
Reglamentarios 951 de 2001 y 1160 de 2010 (artículo 132 del Decreto R. 4800 de
2011).
[90] El Decreto 539 de 2012 y la Resolución 844 de 2014 –
modificada por la Resolución 575 de 2015- fijan los requisitos para ser
favorecido con este subsidio.
[91]
Párrafo 16 de la OG 7: 16. “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se
queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando
los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá
adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus
recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a
tierras productivas, según proceda.”
[92]
Sentencia T-725 de 2008. Este criterio fue consolidado en la Sentencia de
Unificación 1150 de 2000, T-1346 de 2001 y T-078 de 2004.
[93] Sentencia T-109 de 2015. En
esa oportunidad, la Corte resolvió un caso en el que un plan de construcción de
vivienda de interés social se tornó inviable porque fue dispuesto sobre un área
de alto, medio y bajo riesgo por remoción de masas. Los damnificados - 400
beneficiarios de subsidios del programa cancelado- ocuparon y construyeron
parte del lote, adecuandolo con servicios públicos de luz, agua potable y
alcantarillado, ante lo cual las entidades locales iniciaron procesos policivos.
Los ocupantes impetraron la acción de tutela para evitar el perjuicio
irremediable que les ocasionaría ser desalojados. Solicitaron que les
garantizara una alternativa real de reubicación a través de un procedimiento
legal y acorde con la protección de la vivienda digna. Por lo que se refiere al
desalojo que ya se había efectuado al momento de proferir la sentencia, la
Corte otorgó la protección del derecho a la vivienda de los ocupantes mediante
la orden a la Alcaldía para que “brinde (…) una asesoría detallada, gratuita y
clara sobre las políticas públicas disponibles que permitan a las personas que
lo deseen postularse para alguno de los programas municipales vigentes, previa
verificación de los requisitos exigidos y observando el debido proceso en la
asignación de los recursos disponibles”. Adicionalmente, ordenó al Ministerio
de Vivienda que, coordine con las entidades territoriales la ejecución de
planes y programas de vivienda previstos en el predio ocupado, prestándole al
municipio la asesoría, cooperación y asistencia técnica necesaria.
Al tener en cuenta aspectos como: (i) la naturaleza del bien ocupado,
porque en ese caso se trataba de bienes públicos destinados al interés general,
(ii) las circunstancias económicas, sociales y culturales del grupo ocupante,
el número de potenciales afectados por el desalojo, la presencia de “otras
vulnerabilidades” como la edad, la eventual afectación de personas con
discapacidad o de mujeres embarazadas; y (iii) las consecuencias ciertas
derivadas del desalojo - la recuperación de predios destinados a programas de
construcción de vivienda-, resultó evidente que era necesario extender las
ordenes a todas las personas que se encontraran en la misma situación de los 7
accionantes pese a que no hubieran recurrido al mecanismo constitucional. De
este modo era posible proveer una solución única a la misma problemática que
podría ser presentada individualmente.
[94] En
sentencia T 239 de 2013, la Corte abordó el
estudio de vulneración del derecho a la vivienda digna de los
demandantes, personas en situación de desplazamiento que ocuparon predios
privados, al adelantar un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de
hecho en contra de los actores, a pesar de no haber garantizado un albergue
temporal para su reubicación. La Corte ordenó a la Alcaldía y a la UARIV que garantizaran un
albergue provisional a todas las personas desplazadas asentadas en los predios
como condición para que se efectuara el desalojo. En consideración del estado
de vulnerabilidad de la población desplazada, ordenó a la UARIV tomar las
medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a los planes y programas
de atención y estabilización a los que tiene derecho. En
sentencia T-068 de 2010 la Corte se pronunció sobre el desalojo de personas
desplazadas que habían ocupado un bien inmueble fiscal. Consideró que no podía
avalar una
actuación de hecho en contravía del principio de legalidad. Sin embargo, ordenó
la suspensión de la diligencia de desalojo y la preservación de los lugares
habitados por los peticionarios como albergue temporal porque el lugar
proporcionaba condiciones dignas de habitabilidad. Por otra parte, En sentencia T-314 de 2012 se estudió la situación de varias
familias que se apropiaron de una edificación en el Barrio Guacamayas de la
ciudad de Bogotá por más de 20 años, manifestando la imposibilidad económica
para acceder a una mejor solución de vivienda, en caso de ser desalojados. La
Corte concluyó que el problema radicaba en la notoria situación de
vulnerabilidad a la que serían expuestos quienes son desalojados por ocupar
bienes de uso público. Así las cosas, sentenció la Corte, el deber de
protección de los bienes de uso público no autoriza a las autoridades “para desconocer el principio de
confianza legítima sustentado en la buena fe de los ciudadanos, quienes a falta
de espacios apropiados para el desempeño de un trabajo o la necesidad de una
vivienda digna, se ven obligados a ocupar de hecho tales áreas”.
[95] En sentencia T-239 de 2013, del análisis de la línea
jurisprudencia la Corte concluyó que “viable concluir que (i) la tutela
es procedente en términos formales para estudiar asuntos en los que la
población desplazada se vea abocada a desalojos en el curso de procesos
policivos de restitución bienes ocupados irregularmente. En esos casos, (ii) el
Estado tiene la obligación de garantizar un albergue en condiciones acordes con
la dignidad humana para los afectados con la actuación policiva y (iii), en
caso de que ello no haya ocurrido aún, tiene el deber de activar el sistema de
protección de la población desplazada y asumir las obligaciones establecidas
por la jurisprudencia constitucional y la ley en cabeza de las distintas
autoridades públicas frente a las víctimas del desplazamiento forzado. Así
mismo, (iv) en el trámite de los procesos de lanzamiento por ocupación de
hecho, las autoridades de policía deben respetar el derecho al debido proceso
tanto de los querellantes como de las personas que se encuentran ocupando el
inmueble, y (v) en los casos de ocupación de predios privados es posible que el
juez de tutela ordene la suspensión de la diligencia de lanzamiento hasta tanto
no se haya garantizado un albergue provisional a la población desplazada
afectada”.
[96]
Artículo 56 de la Ley 9° de 1989: “Los alcaldes y el Intendente de
San Andrés y Providencia procederán a levantar, en el término máximo de seis
(6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, un inventario de
los asentamientos humanos que presenten altos riesgos para sus habitantes, en
razón a su ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y
deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda y reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas, con la
participación del Instituto de Crédito Territorial. Además, tomarán todas las
medidas y precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no vuelva a
ser usado para vivienda humana. // Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras
de las personas a ser reubicadas, mediante enajenación voluntaria directa o
mediante expropiación, en los términos de la presente Ley. // Cuando se trate
de la enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las inscripciones
en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta Ley.
Los inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en pago de los
inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el inmueble, pasará
a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que lo
adquirió.// Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo
rehúsan abandonar el sitio, corresponderá al alcalde o al Intendente de San
Andrés y Providencia ordenar la desocupación con el concurso de las autoridades
de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas. Esta orden se
considerará, para todos los efectos, como una orden policiva en los términos
del Código Nacional de Policía. // Las multas de que trata el numeral 9 del
artículo 2 del Decreto-Ley 78 de 1987 ingresarán al tesoro de la entidad que
las hubiere impuesto y se destinarán para financiar los programas de
reubicación de los habitantes en zonas de alto riesgo. // Las autoridades que
incumplieren las obligaciones que se les impone en el presente artículo,
incurrirán en el delito de prevaricato por omisión previsto en el artículo 150
del Código Penal, sin que respecto de ellos proceda el beneficio de
excarcelación”.
[97] Artículo 76 de la Ley 715 de
2001 .
[98] Informe de Gestión del Idiger y Bogotá Humana
Programa, denominado
“Gestión Integral del Riesgo”
para la vigencia
2014,
presentado en enero
de 2015. URL:
http://www.idiger.gov.co/documents/10180/961499/Informe+del+Programa+GIR+4+Trimestre+2015.pdf/237a51d7-0430-4ba3-b256-9da94bc6f661
[99] Artículo 29 del Acuerdo
Distrital 489 de 2012, mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Bogotá
Humana.
[100] Art. 4.
[101] Sentencia T-544 de 2009.
[102] Ver sentencias
T 269 de 2015, T-044 de 2015, T-312, T-706 y T-467 de 2011, T-036 de 2010,
T-585 T-728 y T-725 de 2008 y T-585 de 2006, T-078 y T-770 de 2004, entre
otras. En
dichas decisiones, la Corte estudió casos en los que personas desplazadas habían
ocupado bienes públicos no aptos para asentamientos humanos por encontrarse en
zonas de riesgo. Con motivo de ello, las autoridades iniciaron las diligencias
respectivas tendientes a efectuar el desalojo de los inmuebles. Resolvió
proteger los derechos fundamentales de los ocupantes pero no consideró
procedente suspender los desalojos, en razón a que la permanencia de los
actores en estos inmuebles comportaba una amenaza a sus derechos a la
integridad física y a la vida.
[103] sentencia T-308 de 2003
[104] Sentencias T-358 de 2014 y T-585 de 2010.
[105] Sentencia T-481 de 2010.
[106] Sentencia T-045 de 2008.
[107] Sentencia T-358 de 2014 y T-533
de 2009.
[108] Sentencia T-533 de 2009.
[109]
Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 “las sentencias en que se revise una
decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto (…)”
[110] En la sentencia SU-1023 de 2001, la Sala Plena manifestó que:
“hay eventos
excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en
consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho
fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se
evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales
del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de
aquel frente a la autoridad o particular accionado”.
[111] Sentencias
T-294 y 195 de 2015, T-319 de 2014, T 239 de 2013, SU 254 de 2013 y SU-1023 de
2001.
[112]
Sentencia T-239 de 2013, la Corte reiteró los requisitos delineados por la
sentencia T-088 de 2011.
[113] Para la Sala los cuatro predios
identificados como ocupados en el informe del Idiger son de alto riesgo no
mitigable, toda vez que el
diagnóstico técnico DI19809 del 16 de octubre de 2003 como de alto riesgo no
mitigable por la Dirección de Prevención de Emergencias- hoy IDIGER, con un
área de influencia de 0.5 ha,
lo que abarca la totalidad de la zona ocupada ( folio 48, cuaderno 2 de
pruebas).
[114] El desalojo no constituye por sí solo la
vulneración de derechos fundamentales, puesto que “se trata de una medida
necesaria que busca recuperar materialmente un bien que fue tomado de manera
inapropiada y evitar que terceros obtengan de mala fe un beneficio por su
acción ilegal. Esta necesidad se hace más imperiosa, incluso, cuando se
trata de proteger espacios públicos, por cuanto en estos casos media un interés
general supremo”.Sentencia T-109 de 2015.
[115] No
se trató de una medida arbitraria, toda vez que los ocupantes (i) no acreditaron tener algún derecho de propiedad,
posesión o tenencia sobre el predio en cuestión por cuanto lo ocupaban
deliberadamente de manera irregular y (ii) la orden de desalojo tenía como
motivo garantizar la protección de la integridad de los ocupantes en razón a
que el predio habitado ha sido declarado zona de alto riesgo por remoción de
masa, lo que implica la amenaza por deslizamientos o movimientos litológicos y,
por contera, la permanencia en él implica una exposición de su integridad
física. Por tanto, tratándose de un bien constitucional esencial, las
actuaciones del estado tienen como propósito primordial proteger la vida de las
personas.
[116] Folio 86, cuaderno 1. correo
enviado por la Dirección de Seguridad de la Secretaría Distrital de Gobierno a
la Policía Metropolitana de Bogotá
[117] Folio 87, cuaderno 1.
[118]
Folio 77, cuaderno 1.
[119] En cumplimiento de la orden del
Juez 36 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento (fallo de tutela nº 2015-0083 del 30 de junio de
2015) consistente en otorgar un albergue provisional en condiciones dignas a
las personas desplazadas asentadas en los predios de Montebello.
[120] Archivo 2, CD allegado por
oficina asesora jurídica de la secretaria de gobierno de Bogotá, contentivo del
censo del 21 de julio de 2015. (folio 235)
[121]
La Defensoría del Pueblo advirtió “con extrañeza que los núcleos familiares
se negaron a recibir y utilizar los beneficios ofrecidos, argumentado que su
principal solicitud era la entrega efectiva de una vivienda para cada núcleo
familiar” (Fl. 150, cuaderno 1 de pruebas); Según
el ICBF, los servicios de atención y guardería para los menores (7-17 años) en
los Jardines Sociales (modalidad ACUNAR), en el Centro de Desarrollo Infantil
Canadá y los Hogares Comunitarios de Bienestar del barrio Sosiego (modalidad
externado) han sido rechazados de manera permanente y reiterada por parte de la
comunidad aduciendo que “lo que ellos necesitan es la asignación de
vivienda” (folio 46, cuaderno 1 de pruebas).
[122] 40 registrados en el Anexo 1 y
el de Nancy Liliana González Velandia.
[123] Los
ocupantes se negaron a recibir las atenciones y ayudas brindadas por multiples
entidades: Puntualmente,
la Alta
Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación enfatizó
que “los ocupantes del predio por medio de sus líderes manifestaron no estar
de acuerdo y no fue posible que se trasladaran al albergue” (fl. 111). En
este mismo sentido, el ICBF advirtió que “de acuerdo con la movilización de
la Organización de Mujeres ante las Entidades del Sistema Nacional de Atención
y Reparación integral a las Víctimas (SNARIV), se les (los ocupantes) ha
notificado que cuentan con una orden inmediata de reubicación en albergue que
sugieren acataran solo en caso de que la decisión cobije a la totalidad de
familias que se encuentran dentro del censo”(fl.47). Lo
anterior también es confirmado por la afirmación de la Defensoría del Pueblo de
la jornada de atención del 29 de abril en la que notó que los “núcleos
familiares se negaron a recibir y utilizar los beneficios ofrecidos,
argumentando que su principal solicitud era la entrega de una vivienda para
cada núcleo familiar”(fl 149-150). Así mismo, el ICBF informó
sobre “la fuerte resistencia de la población a acceder a estos servicios”;
y de la Policía que informó en sede de revisión que los ocupantes
“insisten que a través de la vía de hecho les deben entregan la vivienda digna
y por esta razón siguen ocupando el espacio público”(idem).
[124] Folio 212, cuaderno de pruebas.
[125] Sentencia T-088 de 2011.
[126] Acreditado mediante la consulta
del SDV-SDHT, relación de solicitudes de Yolima Góngora Araujo. Fls- 97,
cuaderno 2 de pruebas.
[127] Esto
quiere decir que cuenta con los recursos que sumados al Subsidio Distrital de
Vivienda en Especie le permita la adquisición y/o construcción de una vivienda
de interés prioritario.
[128] Folio 111 a 115, cuaderno de
pruebas.
[129] El
derecho a la vivienda digna de la población desplazada sólo se satisface de
manera integral cuando concurren dos eventos: “(i) los titulares del derecho
accedan materialmente a alojamientos transitorios o a viviendas adecuadas, esto
es, únicamente cuando las personas desplazadas se encuentran viviendo en
soluciones habitacionales dignas destinadas para ello; y (ii) cuando se les ha
garantizado a sus moradores la seguridad jurídica de la tenencia de las
viviendas. Hasta que ello no ocurra el Estado no puede entender cesadas sus
obligaciones constitucionales en materia de vivienda, y mucho menos, sus
deberes respecto de la protección especial de la población desplazada”.
[130] Esto permite: (i) proveer una
respuesta uniforme que garantice el derecho a la igualdad de personas que se
encuentran en la misma situación fáctica: al respecto, proteger exclusivamente
a las tres peticionarias amenaza el derecho a la igualdad de los otros
ocupantes de Montebello, que también son desplazados y la evidente situación de
vulnerabilidad en que se encuentran al no contar con otra alternativa digna de
habitación; (ii) cobijar situaciones jurídicas similares: se tiene conocimiento
que el derecho a la vivienda de los demás ocupantes se encuentra insatisfecho
porque siguen habitando en cambuches construidos en ellos predios en cuestión;
(iii) tomar medidas para el goce efectivo del derecho a la vivienda del grupo:
extender los efectos de la sentencia persigue alcanzar fines constitucionales
legítimos y relevantes, en tanto contribuye a garantizar el goce efectivo del
derecho a la vivienda digna del conjunto de personas que ocupó los predios
ubicados en el barrio Montebello en Bogotá, sin que sea un obstáculo que no
hayan acudido como accionantes. Aunado a lo anterior, dado que los casos
plantean una vulneración de bienes fiscales mediante una ocupación ilegal por
parte del grupo y no sólo de las actoras, las medidas relacionadas no pueden
limitarse a ellas.
[131] Al respecto, tal como lo ha
reconocido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, toda vivienda debe tener una disponibilidad de servicios, como
agua potable, energía, instalaciones sanitarias, de aseo y de eliminación de
desechos, entre otros. Así mismo, debe ser habitable, lo que significa que debe
ofrecer a sus ocupantes un espacio adecuado. Finalmente, el mencionado órgano
de Naciones Unidas precisa que a los grupos desfavorecidos debe garantizárseles
un trato prioritario y un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados
para conseguir una vivienda
[132]
Folio 97, cuaderno de pruebas.
[133] 39 registrados en el Anexo 3 y el de Nancy Liliana González Velandia.
[134]
Folio 46. cuaderno de pruebas
[135]
Ídem.
[136]
Ídem.
[137] Proyecto 721 de Atención integral
a Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores, Proyecto 735 de
Desarrollo Integral para la primera infancia en Bogotá, Proyecto 742 de Atención
Integral para personas mayores ‘disminuyendo la discriminación y al segregación
socioeconómica’, Proyecto 760 de Protección Integral y desarrollo de
capacidades de niños, niñas y adolescentes, Proyecto 756 de Dignificación y
reparación de las víctimas en Bogotá: Tejiendo sociedad, Proyecto 730
denominado Alimentando Capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo
alimentario para superar las condiciones de vulnerabilidad.
[138]“Cierre
financiero. Para la postulación, el hogar deberá acreditar que cuenta con los
recursos que sumados al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie le permita la
adquisición y/o construcción de una vivienda de interés prioritario. El cierre
financiero se deberá acreditar presentando, entre otros, los siguientes
documentos: 1. Fotocopia de la carta de asignación del SFV por parte de la
entidad competente del gobierno nacional en el caso de hogares víctimas del
conflicto interno armado. // 2. Certificación expedida por la entidad
financiera donde conste el monto de la cuenta de ahorro programado del hogar.
// 3. Fotocopia de la carta de aprobación del crédito hipotecario o leasing
habitacional, indicando el monto y la vigencia. // 4. Carta de pre-aprobación
del crédito hipotecario, indicando el monto y la vigencia. // 5. Aportes
obtenidos por donación proveniente de personas jurídicas debidamente
certificadas// 6. Documento de separación en el que conste la forma de pago del
inmueble a adquirir y su posterior inclusión de la promesa de compraventa. //
7. Certificado de cesantías donde conste el monto de las mismas. // 8. Certificación
del aporte en materiales o de mano de obra expedida por la entidad que designe
la SDHT. // 9. Certificación expedida por la entidad distrital o nacional,
donde conste los recursos reconocidos por reasentamiento o cualquier otro
aporte que permita al hogar completar el porcentaje de la vivienda no cubierto
por el SDVE. // PARÁGRAFO 1.En los esquemas de postulación Casa en mano,
territorial dirigida y colectiva, dicho cierre se exigirá al momento de la
inscripción. // PARÁGRAFO 2.En caso que el hogar no cuente con cierre
financiero la Secretaría del Hábitat ofrecerá acompañamiento y orientación para
la consecución de los recursos complementarios en el marco del programa de
Educación Financiera. // PARÁGRAFO 3. En el caso de hogares víctimas del
desplazamiento forzado con ocasión del conflicto interno armado, éstos podrán
acreditar que cuentan con el subsidio asignado por Fonvivienda, por el Banco
Agrario de Colombia o las entidades que hagan sus veces o por una Caja de
Compensación Familiar, o que les ha sido asignado el Valor Único de
Reconocimiento (VUR) por parte de la Caja de la Vivienda Popular, u otra fuente
de recursos.” ( subrayas fuera del texto original)
[139] “por medio de la cual se
adopta el reglamento operativo para el otorgamiento del Subsidio de vivienda en
Especie de interés Prioritario en el Distrito Capital, en el marco del Decreto
Distrital 539 de 2012”.
[140] Folio 111 a 115, cuaderno de
pruebas.
[141] Fl. 145, cuaderno de pruebas.
comunicación Nº2-2015-34378 del 2 de junio de 2015
[142] Folio 124, cuaderno 1 de
pruebas.
[143] Folio 130-131, cuaderno 1 de
pruebas.
[144]
Folio 66, cuaderno de pruebas.
[145] Folios 70 -71, cuaderno de
pruebas.
[146] ‘Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio’ Modificado por el Decreto 1801 de 2015, Publicado en
el Diario Oficial N° 49630 Miércoles 9 de Septiembre de 2015,
[147]
Folio 77, cuaderno de pruebas
[148]
Folio 93, cuaderno de pruebas.
[149] Folio 92, cuaderno de pruebas.
[150]
Folio 93, cuaderno de pruebas.
[151] Tutela Nº 2015-193, interpuesta
por Mauricio Ortiz Fernández contra el Departamento para la Prosperidad Social,
UARIV, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de San Cristóbal de San
Cristóbal de San Cristóbal. Sentencia del 30 de junio de 2015 del Juzgado 36
Penal del Circuito de Bogotá; Tutela Nº 2015-00976, interpuesta por Yoli Cuero
y otros contra UARIV, Alcaldía Mayor de Bogotá. Sentencia del 26 de junio de
2015 del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá y sentencia del 3 de julio de
2015 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá;
Tutela Nº 2015-00129, interpuesta por Karelys Vega Rojano contra el
Departamento para la Prosperidad Social, UARIV, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Sentencia del 6 de julio de 2015 del Juzgado 20 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá.
[152] La UARIV, la Subdirección Local de la Secretaría de
Integración Social, Secretaria Distrital de Hábitat y Territorio, la Alcaldía
Local de San Cristóbal de San Cristóbal de San Cristóbal, la Personaría de
Bogotá y la Policía Nacional para realizar un nuevo censo de los ocupantes
[153]
Folio 95, cuaderno de pruebas.
[154]
Folio 97, cuaderno de pruebas.
[155] Allegó copia del informe de
cumplimiento de las órdenes de tutela de la UARIV del 26 de agosto de 2015
(oficio 201572013230841) presentado al Juzgado 31 Penal de Conocimiento del
Circuito Folio 96, cuaderno de pruebas
[156] Folio 150, cuaderno de pruebas.
[157] Folio 165, cuaderno de pruebas.
[158] Folio 212, cuaderno de pruebas.
[159] Folios 252 y 253, cuaderno de
pruebas.
[160] Folio 28, cuaderno 2 de pruebas.
[161] Folio 55-56, cuaderno 2 de
pruebas.
[162] Fls. 7-110, cuaderno 2 de
pruebas.
[163] Memorial presentado el 30 de
noviembre de 2015. Fls. 110-132, cuaderno 1 de pruebas.
[164] Acreditado mediante la consulta
del SDV-SDHT, relación de solicitudes de Yolima Góngora Araujo. Fl.  97,
cuaderno 2 de pruebas.
[165] Acreditado mediante la consulta
del SDV-SDHT, relación de solicitudes de Erminda Hinestroza Alegría. Fls-
95-96, cuaderno 2 de pruebas.
[166] La persona indicada en el hogar
N°10, se encuentra registrada en el censo de la SDIS como integrante del hogar
n°7 del Anexo2. Fl. 72, cuaderno 2 de pruebas.
[167] Folios 154-156 Y 173-175
cuaderno 2 de pruebas.
[168] Acta de reunión de la Alcaldía
Mayor, fl. 164, cuaderno 2 de pruebas.
[169] Folios 173- 175, cuaderno 2 de
pruebas.
[170] Folios 165-171, cuaderno 2 de
pruebas.
[171] Folio 165, cuaderno 2 de
pruebas.
[172] Folios 177-192, cuaderno 2 de
pruebas.
[173] Escrito allegado el 19 de abril
de 2016.
[174] Folios 194-207, cuaderno 2 de
pruebas.
[175] Folios 1-4, cuaderno 3 de
pruebas.
[176] Fls.112-380, cuaderno 3 de
pruebas.