T-596-13
Sentencia T-596/13
Sentencia T-596/13
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION
POR MEDIO DE ACCION DE TUTELA-Reiteración
de jurisprudencia
Conforme a la
jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad social es un real
derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter
irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados
internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de
su prestación como servicio público en concordancia con el principio de
universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad
social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de
la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho fundamental a
la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los
rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su regulación
normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar
una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos de
procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos
fundamentales”. En hilo de lo dicho, se tiene que en la actualidad la Corte
reconoce que el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental,
independiente y autónomo, que puede ser objeto de protección constitucional
mediante la acción de tutela, cuando, entre otras, se comprueba la ocurrencia
de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad del medio judicial
ordinario para protegerlo.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Reconocimiento en el ámbito internacional
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
PENSIONALES-Procedencia excepcional
por ser sujetos de especial protección
La
jurisprudencia constitucional ha establecido, por regla general, la
improcedencia de la acción de tutela como mecanismo para el reconocimiento de
derechos pensionales, toda vez que existen otros mecanismos idóneos
establecidos en la jurisdicción ordinaria laboral o en la contencioso
administrativa, según sea el caso. Sin embargo, de manera excepcional, el juez
de tutela puede ordenar el reconocimiento de dicha prestación económica, si (i)
existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos
fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se
encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii)
los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección
constitucional; y, (iv) cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el
juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de que le asiste al
accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de manera
caprichosa o arbitraria.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Si
bien es cierto los jueces, dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho. El defecto sustantivo también se
presenta cuando se interpreta una norma en forma incompatible con las
circunstancias fácticas, y por tanto, la exégesis dada por el juez resulta a
todas luces improcedente. Respecto al defecto sustantivo que se presenta como
consecuencia de una errada interpretación, la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en indicar que no cualquier interpretación tiene la virtualidad
de constituir una vía de hecho, sino que aquella debe ser abiertamente
arbitraria. Se colige que pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de
aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor apartarse de las
disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se
constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la
decisión adoptada.
SEGURIDAD SOCIAL
EN PENSIONES CON ANTERIORIDAD Y POSTERIORIDAD DE LA LEY 100/93
ACUMULACION DE TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS PARA PENSION
DE VEJEZ-Interpretación del artículo
33 de la ley 100 de 1993
DERECHO A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION
DE VEJEZ-Se deben tener en cuenta las
semanas cotizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de
1993
Podrán solicitar
la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez aquellas personas que,
independientemente de haber estado o no afiliadas al Sistema Integral de
Seguridad Social en el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993,
cumplan en cualquier tiempo con la edad exigida, pero no las semanas mínimas de
cotización al sistema para adquirir la pensión de vejez. Así, es posible que en
un solo pago les sea devuelto el ahorro que efectuaron en el transcurso de su
vida laboral, para que con él atiendan sus necesidades básicas en procura de
una subsistencia digna.
PENSION DE VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION-Aplicación del Acuerdo No. 049/90/PENSION DE VEJEZ-No
exige cotizaciones efectuadas de manera exclusiva al Instituto de Seguros
Sociales según Decreto 758/90
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia cuando afecta mínimo vital y demás
derechos de personas de la tercera edad
En todos los
asuntos objeto de revisión los peticionarios son personas de la tercera edad,
pues cuentan con 85, 78, 79, 79, 64, 63 y 72 años de edad respectivamente, por
lo que obligarlos a recurrir a otras vías procesales no sólo no los libera de
la trasgresión de sus derechos, sino que necesariamente los coloca en
circunstancias de ser afectados por un perjuicio irremediable, pues la efectiva
realización de sus derechos se suspende hasta que sean decididas las
correspondientes acciones ordinarias. De esta manera, se insiste en el hecho de
que los accionantes son personas sujetas a una especial protección
constitucional y está demostrada la inminencia de que se configure para ellos
un perjuicio irremediable, puesto que exigirles recurrir a los procedimientos
contemplados en la jurisdicción ordinaria, los cuales pueden llegar a durar
varios años en su resolución, resulta una medida injusta, inequitativa e
ineficaz, puesto que la demora en el proceso ordinario podría llegar a ser
igual o superior a la simple expectativa de vida para la protección de sus
derechos. Encuentra procedente esta Sala la acción de tutela incoada por ellos
y, en consecuencia, la considera idónea para solicitar y  obtener la
correspondiente indemnización sustitutiva.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Casos en que se realizaron las cotizaciones y se
prestaron los servicios con anterioridad a la vigencia del artículo 37 de la
ley 100/93
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Excepciones para aceptar que se presente en un extenso
espacio de tiempo entre vulneración y presentación
De
conformidad con la jurisprudencia constitucional, es factible inaplicar el
requisito de inmediatez en materia pensional cuando (i)la carga de interponer la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada en atención a la avanzada edad del
peticionario; (ii) el accionante se encuentra en circunstancia de debilidad
manifiesta por el deterioro ostensible de su salud; (iii) la decisión en sede
de tutela no afectará los derechos de terceros y el principio de seguridad
jurídica; y (iv) la conducta del interesado frente al reconocimiento de sus
derechos no ha sido negligente.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo por indebida interpretación del
artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para obtener pensión de vejez
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Orden a Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles, Cajanal,
Colpensiones, Caprecom reconocer y pagar indemnización sustitutiva conforme al
artículo 37 de la ley 100 de 1993
INDEMNIZACION SUSTITUTVA-Orden a Tribunal profiera nueva sentencia para
determinar si el actor cumple los requisitos exigidos en el artículo 12 del
Decreto 758/90 para pensión de vejez teniendo en cuenta semanas laboradas en el
sector público, sector privado y el tiempo del servicio militar
Referencia:
expedientes T-3.799.472– T- 3.807.074– T-3.807.109- T- 3.807.778 – T-
3.812.583- T- 3.813.132, T-3.819.515 y T- 3.904.057.
Acciones
de Tutela instauradas por Alfonso Ramírez Gómez; Pedro Pablo Canro; Antonio José
Alvarez De Castro; José del Carmen Ordoñez; Luzmila Isaza Gómez; David Vásquez
Caycedo; Flor María Ortiz Franco y Carlos Enrique García Bedoya en contra de   del
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales; CAJANAL; Departamento de
Santander; Instituto del  Seguro Social en Liquidación; CAPRECOM y
Colpensiones.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,
treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013)
La Sala Séptima
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas
Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos
86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos por: (i)el Juzgado Cuarto Civil de
Circuito de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el
señor Alfonso Ramírez Gómez en contra del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales;
(ii) el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito Con Función de
Conocimiento de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela iniciado por el
señor Pedro Pablo Canro en contra de CAJANAL EICE;(iii)el Juzgado
Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, en el trámite de la acción de
tutela presentada por el señor Antonio José Álvarez de Castro en contra de
CAJANAL EICE; (iv) el Tribunal Administrativo de Santander, en el
trámite de la acción de tutela incoada por el señor José del Carmen Ordoñez en
contra del Departamento de Santander; (v)el Juzgado Veintiséis Penal del
Circuito de Medellín, en el trámite de la acción de tutela incoada por la
señora Luzmila Isaza Gómez en contra del Instituto del Seguro Social en
Liquidación;(vi)la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el
trámite de la acción de tutela solicitada por el señor David Vásquez Caycedo en
contra de CAPRECOM; (vii) el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá, en el trámite de la acción de tutela impetrada por la señora Flor María
Ortiz Franco en contra de CAJANAL EICE; y (viii) la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de
tutela impetrada por el señor Carlos Enrique García Bedoya en contra del
Instituto del Seguro Social y el Tribunal Superior de Medellín
La Sala de
Selección Número Tres mediante Autos del doce (12) de marzo y del veintiuno
(21) de marzo de dos mil trece (2013) decidió acumular, para ser fallados en la
misma sentencia, los expedientes T-3.799.472 – T- 3.807.074  – T-3.807.109 - T-
3.807.778 – T- 3.812.583 - T- 3.813.132 y T-3.819.515, por presentar unidad de
materia relacionada con la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes derivada del no reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva y de la pensión de vejez, por cuanto, en ambas hipótesis, no se
tuvo en cuenta los períodos cotizados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993. Posteriormente, mediante Auto del diecinueve (19) de
junio de dos mil trece (2013), la Sala Séptima de Revisión acumuló el
expediente T-3.904.057.
En consecuencia,
la Sala procede a exponer los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales
de cada uno de los expedientes:
1.
ANTECEDENTES
1.1.
EXPEDIENTE
T- 3.799.472
1.1.1
SOLICITUD
El señor Alfonso
Ramírez Gómez solicita al juez de tutela proteger sus derechos
fundamentales a la vida y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por
el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, al
negarle el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, argumentando para ello no haber efectuado cotizaciones a una
administradora del régimen de prima media, entidades que en virtud de lo
establecido en la Ley 100 de 1993, tienen la competencia de reconocer dicha
prestación.
1.1.2. HECHOS Y
ARGUMENTOS DE DERECHO
1.1.2.1.
Indica que nació el 27 de
abril de 1925, por lo que a la fecha cuenta con 85 años de edad.
1.1.2.2.
Refiere que laboró para los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia del 25 de octubre de 1942 al 25 de octubre de 1950 y del
5 de noviembre de 1952 al 20 de marzo de 1955. Tiempo que fue certificado por
el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para la
expedición del respectivo bono pensional.
1.1.2.3.
Manifiesta que el día 13 de
junio de 2011, radicó ante el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia solicitud para el reconocimiento de su pensión de vejez o, en
subsidio, la indemnización sustitutiva pensional.
1.1.2.4.
Narra que mediante Resolución
No. 1908 del 25 de julio de 2011, la prestación pensional solicitada le fue
negada bajo el argumento de que no contaba con el tiempo suficiente para
acceder a la prestación económica de manera vitalicia.
1.1.2.5.
Inconforme con lo anterior,
presentó recurso de reposición, advirtiendo que sí cumple con lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, para acceder al reconocimiento y pago de
la indemnización sustitutiva.
1.1.2.6.
Afirma que mediante Resolución
No. 2404 del 5 de septiembre de 2011, el Subdirector de Prestaciones Sociales
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia confirmó el
contenido de la Resolución No. 1908 de 2011, manifestando que se encontraba
ajustada a derecho.
1.1.2.7.
En virtud de lo anterior,
solicita al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales a la salud, a la
vida y al mínimo vital, y en consecuencia, ordenar de forma inmediata a la
entidad accionada el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de
vejez que le corresponde.
1.1.3.      TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante
Auto del catorce (14) de enero de dos mil trece (2013), el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Bogotá procedió a admitirla y ordenó correr traslado de la
misma al Representante del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia.
1.1.3.1.
El Fondo Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia
se opuso a las pretensiones elevadas por el accionante, por cuanto el señor
Alfonso Ramírez Gómez no cumple con los requisitos exigidos para acceder al
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
Explicó que el accionante laboró al servicio de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia durante 9 años, 8 meses, 4 días, para un
total de 3.484 días y su retiro definitivo se produjo el 20 de marzo de 1955
por renuncia al cargo.
Luego de realizar una descripción del contenido del
artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y otras normas del régimen de seguridad
social, sostuvo que la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez es procedente en cabeza de la entidad, siempre y cuando
Ferrocarriles Nacionales de Colombia hubieren hecho descuentos para seguridad
social.
Destacó que, en el presente asunto, la acción de
tutela no es el mecanismo idóneo o adecuado para controvertir las pretensiones
del peticionario, puesto que están previstos para dichos casos los mecanismos
contemplados en la jurisdicción ordinaria.
Indicó que al no haber realizado el accionante
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en pensiones y teniendo en cuenta
que la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia canceló en su momento todas
las acreencias laborales a favor del demandante y que en la actualidad no es
una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida,  no
tiene la obligación de reconocer la prestación solicitada.
1.1.4. DECISIÓN ÚNICA
DE INSTANCIA – JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.
En
Sentencia proferida el veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013), el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá negó la solicitud de amparo de los derechos
invocados por el tutelante.
De
forma muy sucinta, consideró el fallador que la gestión del accionante se hace
improcedente ya que cuenta con otros medios de defensa judicial como lo es la
jurisdicción ordinaria laboral.
Adujo
que la entidad accionada resolvió a tiempo las peticiones del accionante donde
le indicó claramente que no tiene derecho al pago de la pensión proporcional o
indemnización sustitutiva solicitada.
1.1.5.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron como pruebas:
1.1.5.1.
Certificación expedida por el
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, donde se indica que el
demandante ingresó a laborar el 25 de octubre de 1942 y se retiró el día 25 de
octubre de 1950, para un total de 2.720 días laborados. Posteriormente, ingresó
el 5 de noviembre de 1952 y se retiró el 20 de marzo de 1955, para un total de
764 días laborados, siendo el último cargo desempeñado el de ACEPILLADOR 2 –
SECCIÓN DE TALLERES – DIVISIÓN CENTRAL, con una última asignación básica de
$188.10 mensuales.
1.1.5.2.
Resolución No. 1908 del 25 de
julio del 2011, expedida por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de
Colombia, por medio de la cual se resuelve la petición elevada por el
accionante con el fin de obtener el reconocimiento a su favor del pago de la
pensión proporcional o de la indemnización sustitutiva.
En relación con el derecho a la pensión proporcional
de jubilación, señaló que los artículos 8° de la Ley 171 de 1961 y 74 del
Decreto 1848 de 1969 consagran los requisitos para acceder a dicha prestación,
a saber, cuando el trabajador sea despedido sin justa causa después de haber
laborado 10 años y menos de 15 años de servicios continuos o discontinuos en la
empresa y, cuando el trabajador renuncie de forma voluntaria después de haber
laborado 15 años o más en la empresa.
De esta forma, aseveró que el peticionario no tiene
derecho a la prestación, por cuanto, de una parte, la ley no tiene efectos
retroactivos y el señor Ramírez Gómez laboró para la empresa con mucha
anterioridad a la expedición de las citadas normas y, por otra parte, el
demandante no fue despedido, como lo contempla la norma, sino que renunció
voluntariamente.
1.1.5.3.
Recurso de reposición
presentado por el señor Alfonso Ramírez Gómez, donde manifiesta su
inconformidad en relación con la Resolución No. 1908 de 2011.
1.1.5.4.
Resolución No. 2404 del 5 de
septiembre de 2011, expedida por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de
Colombia, por medio de la cual se resuelve no reponer la Resolución No. 1908 de
2011, y por tanto se confirma dicha resolución
1.2.
EXPEDIENTE
T- 3.807.074
1.2.1. SOLICITUD
El
Señor Pedro Pablo Canro demanda al juez de tutela proteger sus derechos
fundamentales a la vida, a la igualdad, al mínimo vital y a la protección
especial reforzada de las personas de la tercera edad, presuntamente vulnerados
por la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL EICE-, al negarle el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, bajo el
argumento de no haber realizado cotizaciones al Sistema General de Pensiones
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
1.2.2. HECHOS Y
ARGUMENTOS DE DERECHO
1.2.2.1.
Indica
el peticionario que nació el 24 de octubre de 1934, por lo que a la fecha
cuenta con 78 años de edad.
1.2.2.2.
Afirma
que laboró para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, como
Sub-Inspector de la Cárcel del Circuito Judicial de Facatativá desde el 1° de
junio de 1961 hasta el 28 de febrero de 1969
1.2.2.3. Relata que el día 9 de agosto de
2006 solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL- se le hiciera el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, según lo
ordenado por el artículo 37 de la ley 100 de 1993.
1.2.2.4. Manifiesta que mediante
Resolución No. 38982, la entidad accionada negó la petición, argumentando que
su retiro se efectuó con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, y
que de hacerlo se estaría concediendo a la ley efecto retroactivo.
Adicionalmente, se le indicó que a la fecha de retiro no cumplía con el
requisito de edad exigido.
1.2.2.5. Señala que dentro del término
legal interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 38982 en el
sentido de que sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo 37 de
la ley 100 de 1993, en lo que respecta al reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión.
1.2.2.6.
Indica que mediante Resolución
No. 56217 se confirmó la decisión, coligiendo que la misma se encontraba
ajustada a derecho. De igual forma, CAJANAL le advirtió que tampoco era posible
la devolución de saldos, porque esta entidad no hace parte del “RÉGIMEN DE
AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD”.
1.2.2.7. Sostiene el actor que dada su
condición de vulnerabilidad, el 19 de julio de 2011 insistió ante la entidad
demandada el reconocimiento y pago de su indemnización sustitutiva. Sin
embargo, mediante Resolución UGM 039680 se confirmó la decisión.
1.2.2.8. Asevera que se encuentra en
situación de indefensión debido a su avanzada edad, por lo que le es imposible
conseguir un trabajo que le permita obtener ingresos para su subsistencia,
aunado a sus múltiples quebrantos de salud, lo cual le imposibilita acudir a
los medios ordinarios de defensa, los cuales requieren de un largo tiempo para
su resolución.
1.2.2.9. En virtud de lo anterior,
solicita al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales a la vida, a la
igualdad y al mínimo vital y, en consecuencia, ordenar a la accionada el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o en su
defecto, la devolución de los aportes realizados.
1.2.3. TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la
solicitud de tutela, el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito Con Función de
Conocimiento de Bogotá procedió a admitirla y ordenó correr traslado de la
misma al Gerente Liquidador de la Caja de Previsión Social así como al Gerente
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.
1.2.3.1.
La Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación, a través de apoderada judicial, solicitó su desvinculación del
trámite tutelar por existir falta de legitimación por pasiva, dado que el
competente para resolver la solicitud del accionante es la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP-.
Al
respecto, manifestó que la entidad se encuentra en liquidación, y desde el 1°
de diciembre de 2012, en virtud del Decreto 4107 de 2011, perdió competencia
para otorgar el reconocimiento de prestaciones pensiónales, así como los
trámites establecidos sobre la administración de nómina de pensionados. Adujo
que la entidad ahora encargada de llevar a cabo dichos trámites es la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP.
1.2.3.2.
El Subdirector Jurídico
Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela, por existir otros mecanismos de defensa judicial donde deben
controvertirse las pretensiones del demandante.
De esta manera, indicó que
al tratarse del reconocimiento o establecimiento de derechos prestacionales, el
juez constitucional carece de competencia para conocer del tema, por lo que el
accionante utiliza este mecanismo de naturaleza excepcional y residual como una
forma de “ahorrar tiempo” en la atención de sus controversias.
Por otro lado, advirtió que
no existe un nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales y el actuar de esta entidad, por cuanto ni de las manifestaciones
hechas por el solicitante en su escrito de demanda, ni de los documentos
allegados con el mismo, se encuentra satisfecho el requisito de existencia de
una vinculación directa y específica entre la acción u omisión de la UGPP y el
daño o peligro de los derechos fundamentales invocados.
1.2.4.  DECISIÓN ÚNICA
DE INSTANCIA – JUZGADO
VEINTIOCHO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ.
En Sentencia
proferida el dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), el Juzgado
Dieciocho Penal del Circuito de Bogotá negó la solicitud de amparo de los
derechos invocados por el tutelante, con base en lo siguiente:
Consideró que el
accionante cuenta con otros medios de defensa judicial, teniendo en cuenta que
una vez agotó la vía gubernativa debió acudir a las acciones ordinarias
contempladas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Recordó que el
pago de acreencias laborales no procede por vía de tutela salvo en el evento de
un grave e irremediable perjuicio para el accionante o cuando no exista otro
medio de defensa judicial. Con fundamento en esta premisa, determinó que el
accionante no se encuentra inmerso en ninguno de los presupuestos que hacen
posible que se conceda el amparo tutelar.
Lo anterior,
teniendo en consideración que el peticionario no demostró afectación alguna a
sus derechos fundamentales y, adicionalmente, cuenta con el proceso ordinario
para lograr lo pretendido.
Adicionalmente,
destacó que no se cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que han
transcurrido más de 4 años desde que se agotó la vía gubernativa, tiempo más
que suficiente para acudir a la justicia ordinaria.
1.2.5. PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron como pruebas:
1.2.5.1.
Copia de Cédula de Ciudadanía
del accionante, donde consta que nació el día 24 de octubre de 1934, es decir
que en la actualidad cuenta con 78 años de edad.
1.2.5.2.
Certificación de información
laboral expedida por CAJANAL EICE.
1.2.5.3.
Certificación de información
laboral expedida por el Jefe De División de Personal del Ministerio de
Justicia.
1.2.5.4.
Certificación de información
laboral expedida por la Jefe de División de Gestión Humana del INPEC.
1.2.5.5.
Certificación de salario base
para liquidación y emisión de bonos pensiónales expedida por CAJANAL EICE.
1.2.5.6.
Resolución No. 56217 del 12 de
noviembre de 2008 del CAJANAL EICE por medio de la cual se resuelve la petición
elevada por el accionante con el fin de obtener el reconocimiento a su favor de
pago de sustitución pensional.
1.2.5.7.
Resolución No. UGM 028946 del
24 de enero de 2012 por la cual se niega la petición de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez proferida por CAJANAL EICE.
1.2.5.8.
Resolución No. UGM 039680 del
23 de marzo de 2012, por la cual se resolvió el recurso de reposición en contra
de la resolución 28946 del 24 de enero de 2012.
1.2.5.9.
Certificaciones médicas del
accionante.
1.2.5.10.
Declaración extraprocesal
rendida por Pedro Pablo Canro en la que expresa su imposibilidad de seguir
cotizando al sistema general de pensiones.
1.3.
EXPEDIENTE
T- 3.807.109
1.3.1. SOLICITUD
El
señorAntonio José Álvarez De Castro solicita al juez de tutela que
ampare sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad
personal, a la seguridad social y al mínimo vital, presuntamente vulnerados por
la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL EICE en Liquidación-, al
negarle el reconocimiento y pago proporcional de su indemnización sustitutiva
pensional.
1.3.2. HECHOS Y ARGUMENTOS
DE DERECHO
1.3.2.1.
Afirma
que nació el día 4 de abril de 1934, por lo que actualmente cuenta con 79 años
de edad.
1.3.2.2.
Refiere
que el día 05 de abril de 2011, radicó ante la entidad accionada solicitud de
reconocimiento y pago de la respectiva indemnización sustitutiva pensional, la
cual fue radicada bajo el número 56142/2011.
1.3.2.3.
Sostiene
que la solicitud para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva encuentra
su razón de ser en el hecho de haber prestado sus servicios como Director del
Hospital Regional Sur Oriental de municipio de Chinácota desde el 21 de agosto
de 1962 hasta el 15 de abril de 1964. Igualmente, aduce haber laborado al
servicio del Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima desde
el 01 de enero de 1966 al 21 de julio de 1969.
1.3.2.4.
Señala
que una vez efectuada la ratificación del tiempo referenciado, se obtiene un
total de 1.281 días laborados equivalentes a 183 semanas, período en el cual
afirma realizó los respectivos aportes a la entidad accionada con el fin de
obtener el reconocimiento de su pensión de vejez.
1.3.2.5.
Indica
que en atención a la solicitud elevada ante CAJANAL, mediante Resolución No.
UGM 02391404, la entidad decidió negar el reconocimiento solicitado, aduciendo
que conforme a lo señalado en el artículo 37 de la ley 100 de 1993 y el
artículo 9 de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la ley 100 de
1993, el peticionario no realizó las debidas cotizaciones al Sistema General de
Pensiones con posterioridad a la entrada en vigencia de las normas citadas.
1.3.2.6.
Asegura
que ha cumplido la edad mínima para acceder a la pensión de vejez y ha
declarado su imposibilidad de continuar cotizando al Sistema General de
Pensiones.
1.3.3. TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la
solicitud de tutela, el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá,
mediante Auto del 6 de septiembre de 2012, admitió la demanda y corrió traslado
de la misma a la entidad demanda para que se pronuncie sobre los hechos en que
se fundamenta la acción.
1.3.3.1.
La Caja Nacional de Previsión
Social –CAJANAL EICE en Liquidación,
contestó extemporáneamente y solicitó declarar la improcedencia de la acción.
Señaló que solo pueden tenerse en cuenta, para efectos
del reconocimiento de la indemnización sustitutiva, los periodos cotizados en
vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que se negó la solicitud al respecto
elevada por el accionante.
Finalmente, alegó que el demandante cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial.
1.3.4. SENTENCIA ÚNICA
DE INSTANCIA–
JUZGADO
CINCUENTA Y UNO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.
En Sentencia
proferida el catorce (14) de septiembre de dos mil doce (2012), el Juzgado
Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, negó la solicitud de los derechos
invocados por el tutelante con base en los siguientes argumentos:
Advirtió que en
atención a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, la acción de
tutela no puede utilizarse con el fin de obtener la titularidad de derechos en
materia de seguridad social, puesto que el conocimiento de este tipo de
solicitudes compete a la jurisdicción ordinaria.
Indicó que si
bien, el accionante es una persona de la tercera edad y por tanto sujeto de
especial protección constitucional, no probó que la falta del reconocimiento de
la prestación económica reclamada le esté generando afectación alguna a sus
derechos fundamentales, concretamente a su mínimo vital. Igualmente, tampoco
acreditó el peticionario haber recurrido a otras instancias judiciales para
demandar el acto administrativo que considera vulneratorio de sus derechos.
En este orden,
tras destacar que el accionante no se encuentra dentro de ninguna de las
causales que justifican de manera excepcional la intervención del juez de
tutela negó el amparo de los derechos fundamentales deprecados.
1.3.5. PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron las siguientes:
1.3.5.1.
Copia de la Resolución UGM
023914 del 4 de enero de 2012, por medio de la cual se negó la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez solicitada por el accionante.
1.4.    EXPEDIENTE T-
3.807.778
1.4.1. SOLICITUD
El
señor José del Carmen Ordoñez interpuso acción de tutela contra el departamento
de Santander, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas y a la
protección especial otorgada a las personas de la tercera edad, al no reconocer
la indemnización sustitutiva pensional, alegando no tener derecho a la misma
por cuanto dicha prestación surgió con la Ley 100 de 1993, tiempo posterior a
su vinculación con la entidad territorial.
1.4.2. HECHOS Y
ARGUMENTOS DE DERECHO
1.4.2.1.  Refiere que
prestó sus servicios a la Gobernación de Antioquia, por el término de 5 años, 4
meses y 3 días, tal como consta en la certificación aportada al trámite
tutelar.
1.4.2.2.  Afirma que dada
su incapacidad para seguir cotizando al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, y por haber cumplido con la edad exigida para pensionarse, solicitó
a la entidad accionada, mediante derecho de petición, el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez o, en su defecto, la respectiva indemnización
sustitutiva.
1.4.2.3.  En respuesta, la
Gobernación de Antioquia, negó el reconocimiento de la prestación, puesto que
el tiempo laborado a su servicio fue anterior a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993.
1.4.2.4.  Sostiene ser una
persona de escasos recursos económicos, con graves quebrantos de salud dada su
avanzada edad, por lo que se le es más gravoso conseguir un medio de trabajo
que permita su subsistencia.
1.4.3. TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Recibida
la solicitud de tutela, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Bucaramanga admitió la demanda y ordenó correr traslado al departamento de
Santander – Fondo Territorial de Pensiones de Santander.
1.4.3.1.
El Fondo de Pensiones de la
Gobernación de Santander contestó la
demanda de tutela, y solicitó declarar su improcedencia.
Indicó que con anterioridad a la expedición de la Ley
100 de 1993, el trabajador no tenía la obligación de realizar ninguna
cotización para efectos de adquirir la pensión de jubilación, puesto que dicha
obligación se encontraba a cargo del empleador.
De esta manera, recordó que el accionante no realizó
ningún tipo de aporte a pensión, requisito exigido para acceder a la prestación
solicitada. Recalcando a su vez, que la indemnización sustitutiva sólo entró a
regir con la Ley 100 de 1993.
1.4.4. DECISIÓN DE
PRIMERA INSTANCIA- JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE
BUCARAMANGA.
El
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Bucaramanga, mediante fallo
del treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), concedió el amparo de los
derechos fundamentales deprecados.
Acertadamente,
el juez de instancia aplicó la jurisprudencia constitucional referente a que la
indemnización sustitutiva, en virtud del derecho a la igualdad, entre otros, se
reconoce también a las personas que realizaron aportes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, sin importar si tenían la calidad de
cotizante o no. Asimismo, indicó que no se requiere para el reconocimiento de
esta prestación estar cotizando al sistema a la entrada en vigencia de la
normativa citada.
1.4.5. IMPUGNACIÓN
El
Fondo de Pensiones de la Gobernación de Santander, impugnó el fallo reiterando
los mismos fundamentos esgrimidos en el escrito de contestación de la demanda.
1.4.6. SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA –TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.
El
Tribunal Administrativo de Santander, en fallo del cinco (05) de febrero de dos
mil trece (2013), revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
rechazó por improcedente el amparo deprecado.
Consideró
que no sólo por el hecho del accionante ser una persona de la tercera edad y no
contar recursos económicos se le puede eximir del cumplimiento de lo
presupuestado en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 para efectos del
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
Señaló
que a pesar de haber manifestado su condición de adulto mayor y afirmado su
precaria condición económica, no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable a sus derechos fundamentales, motivo por el cual debe acudir a la
justicia ordinaria, para que en el desarrollo de un debate probatorio se
determine la titularidad del derecho pretendido.
1.4.7. PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron las siguientes:
1.4.7.1.
Copia
de la respuesta otorgada por el Fondo de Pensiones de la Gobernación de Santander
a la solicitud de pensión de jubilación o indemnización sustitutiva realizada
por el señor José del Carmen Ordoñez, en la que se le manifiesta que el tiempo
correspondiente a los años 1963 a 1968 no es suficiente para alcanzar el
derecho a la pensión de vejez.
En
relación con la solicitud subsidiaria de la indemnización sustitutiva, aseveró
que los empleados vinculados al departamento de Santander con anterioridad a
1994, no estaban obligados a realizar cotizaciones o aportes para pensión,
puesto que “no era obligación del empleado o trabajador acreditar semanas
cotizadas sino sencillamente estar afiliado a la respectiva Caja de Previsión
de la entidad (…)”.
Agregó
que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no se
encontraba contemplado el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de
jubilación.
1.4.7.2.
Copia
del acta de bautizo de José del Carmen Ordoñez, donde se indica que nació el
día 20 de septiembre de 1934.
1.4.7.3.
Certificación
de información laboral del señor José del Carmen Ordoñez expedida por la
Gobernación de Santander.
1.5.    EXPEDIENTE T-
3.812.583
1.5.1. SOLICITUD
La señora Luzmila
Isaza Gómez interpuso acción de tutela  contra el Instituto del
Seguros Social en liquidación y la Gobernación de Antioquia, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
integridad personal, a la seguridad social, al mínimo vital y a los derechos
inherentes a las personas de la tercera edad, al no tener en cuenta para la
liquidación de la indemnización sustitutiva pensional el tiempo laborado en la
Gobernación de Antioquia, el cual no fue cotizado al Instituto del Seguro
Social.
Por
tanto, solicita la indemnización sustitutiva teniendo en cuenta los 7 años
laborados y cotizados por la Gobernación de Antioquia.
1.5.2. HECHOS Y
ARGUMENTOS DE DERECHO
1.5.2.1.
Relata
la actora que el día 28 de julio de 2010 presentó ante el Departamento de
Pensiones del Instituto del Seguro Social, Seccional Antioquia, solicitud para
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.
1.5.2.2.
Señala
que la prestación pensional solicitada le fue negada bajo el argumento que no
contaba con el tiempo suficiente para acceder a la prestación económica de
manera vitalicia, por lo que en contraprestación se le reconoció la
indemnización sustitutiva pensional mediante Resolución No. 4630 del 2 de julio
de 2009.
1.5.2.3.
Precisa
que en la resolución por medio de la cual se le reconoció la indemnización
sustitutiva sólo se tuvieron en cuenta los días cotizados al Instituto del
Seguro Social, sin tener en consideración el tiempo laborado para la
Gobernación de Antioquia, entidad que no consignó los aportes correspondientes
a 7 años laborados como docente del departamento.
1.5.2.4.
Por
lo anterior, presentó ante la Gobernación de Antioquia derecho de petición el
día 24 de abril de 2012, obteniendo nuevamente respuesta desfavorable a sus
pretensiones, mediante Resolución No. 041458 del 16 de mayo de 2012, en la cual
se le manifestó que “las semanas cotizadas al departamento solo sirven para
acumular tiempo con el servido o cotizado en otras entidades públicas o
particulares, o como trabajador independiente con el fin de completar las
semanas que se requieren para obtener la pensión de jubilación o de vejez.”.
1.5.2.5.
Afirma
que la Gobernación de Antioquia se niega a realizar el pago de la prestación
económica a que tiene derecho, bajo argumentos en su sentir, no válidos y
negligentes.
1.5.2.6.
En
consecuencia, solicita al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales y
ordenar a la Gobernación de Antioquia el reconocimiento de la pensión de vejez
o, en su defecto, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva incluyendo
el tiempo laborado en el departamento de Antioquia.
1.5.3. TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante
Auto del dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), el Juzgado
Vigésimo Sexto Penal del Circuito de Medellín, admitió la demanda interpuesta y
dio traslado al Instituto del Seguro Social en Liquidación, a Colpensiones y a la
Gobernación de Antioquia para que  ejercieran sus derechos de defensa y
contradicción.
1.5.3.1.
El Director de Prestaciones
Sociales y Nómina de la Gobernación de Antioquia solicitó declarar la improcedencia del amparo
solicitado, toda vez que se trata del reconocimiento de un derecho de
naturaleza prestacional y no fundamental.
Señaló que mediante actos administrativos en firme, el
Instituto del Seguro Social dio respuesta a la solicitud de pensión de vejez o
indemnización sustitutiva realizada por la peticionaria, de esta forma, al no
encontrarse conforme con dicha decisiones, la accionante debió recurrir a la
jurisdicción contencioso administrativa o a la jurisdicción laboral ordinaria
más no a la acción de amparo constitucional.
Advirtió que la demandante en ningún momento ha
causado el derecho a la pensión de vejez, por cuanto no reúne los requisitos
exigidos en la normativa aplicable. De igual forma, tampoco es beneficiaria de
la indemnización sustitutiva por parte del Departamento de Antioquia.
Por último, indicó que no
se demostró la existencia de una omisión por parte del Departamento de
Antioquia, ni la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez de tutela.
1.5.3.2.
El Instituto del Seguro
Social en Liquidación y Colpensiones, guardaron
silencio
1.5.4.
DECISIÓN ÚNICA DE INSTANCIA - JUZGADO VIGÉSIMO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN.
El
Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Circuito de Medellín, mediante providencia del
quince (15) de enero de dos mil trece (2013), denegó por improcedente la acción
de tutela de la referencia, dado que la accionante cuenta con otro medio de
defensa judicial a su alcance.
Brevemente
sostuvo que en el caso en discusión, la señora Isaza Gómez debió adelantar un
proceso ordinario para lograr lo pretendido, pues no pueden desconocerse las
etapas procesales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico.
1.5.5. PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron las siguientes:
1.5.5.1.
Copia de la Cedula de
Ciudadanía de la actora, donde se indica que nació el 19 de septiembre de 1948,
es decir que cuenta con 64 años de edad.
1.5.5.2.
Copia de la Resolución No.
011849 del 28 de julio de 2010, por medio de la cual se niega la pensión de
vejez a la señora Luzmila Isaza Gómez.
Dentro de las razones expuestas para fundamentar esta
decisión está que la normativa que permite acumular tiempo laborado al servicio
del Estado y no aportado a ninguna Caja de Previsión y períodos cotizados al
Instituto del Seguro Social en calidad de trabajador vinculado a la empresa
privada es el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, la cual exige para acceder a la pensión de vejez, acreditar 55
años o más en el caso de las mujeres y un mínimo de 1000 semanas cotizadas
hasta diciembre de 2004, 1050 semanas hasta diciembre de 2005, aumentando 25
semanas cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015.
En este orden, advirtió que la peticionaria cumple con
la edad mínima exigida, esto es, 55 años de edad. No obstante, frente al
requisito del tiempo cotizado, señaló que se reportan 363.71 semanas laboradas
en el sector público (departamento de Antioquia) sin cotización al ISS, tiempo
por el cual se genera la obligación a cargo de las entidades públicas
empleadoras de emitir el correspondiente bono pensional a favor del ISS, para
convalidar ese tiempo a efectos del reconocimiento del derecho pensional.
De esta manera, aseveró que no se ha procedido a
efectuar el trámite de “SOLICITUD DE EMISIÓN DE BONO PENSIONAL”, por
cuanto el tiempo cotizado al Instituto del Seguro Social es de 398.43 semanas,
el cual sumado al tiempo laborado en el sector público y no cotizado da un
total de 762.14 semanas cotizadas, de lo que se deriva que la asegurada no cumple
con el tiempo requerido para acceder a la pensión de vejez, motivo por el cual
no se ordenó iniciar el procedimiento de solicitud de emisión de bono
pensional, puesto que “aún incluyendo el tiempo de servicio público no
acredita el(la) solicitan de las semanas mínimas exigidas para la prestación”.
1.5.5.3.
Copia de la Resolución No.
028823 del 26 de octubre de 2011, a través de la cual el Instituto del Seguro
Social resuelve el recurso de apelación presentado por la accionante, señalando
que el reconocimiento de la indemnización sustitutiva por el tiempo laborado en
la Gobernación de Antioquia debe ser solicitado directamente a dicha entidad
pública, toda vez que el ISS reconoció la indemnización sustitutiva únicamente
por los períodos cotizados al Instituto, en atención a lo establecido en el
Decreto 1730 de 2001, que señala que “cada Administradora del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida a la que haya cotizado el trabajador,
deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al
tiempo cotizado.”, por lo que consideró que el ISS no es el competente para
reconocer la indemnización sustitutiva de vejez por los períodos laborados en
departamento de Antioquia y no cotizados al ISS.
1.5.5.4.
Copia de derecho de petición
del 18 de abril de 2012, por medio del cual la señora Luzmila Isaza Gómez
solicita a la Gobernación de Antioquia el reconocimiento de su pensión o, en su
defecto, de la indemnización sustitutiva pensional, teniendo en cuenta que
laboró como docente del departamento de Antioquia desde el 4 de mayo de 1970
hasta el 30 de mayo de 1977, y en la actualidad no cuenta con medios económicos
para seguir cotizando a pensión.
1.5.5.5.
Copia de la Resolución No. 041458
del 16 de mayo de 2012, en la que el Director de Prestaciones Sociales y Nómina
de la Gobernación de Antioquia contesta el derecho de petición presentado por
la accionante.
En la respuesta otorgada se reconoció que la señora
Luzmila Isaza Gómez prestó sus servicios al Departamento de Antioquia un total
de 2.553 días, tiempo durante el cual dicha entidad asumía totalmente el pago
de la pensión de jubilación de sus empleados. De esta manera, y en atención a
lo señalado en la Ley 6° de 1945, concluyó que no puede la peticionaria acceder
a la pensión de vejez, puesto que no cumple con los 20 años de servicio
exigidos en dicha norma.
Por otra parte, frente a la indemnización sustitutiva
pensional, referenció que teniendo en cuenta la Ley 100 de 1993 y sus normas
reglamentarias, la misma se encuentra a cargo único y exclusivo de las
Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y sólo
procede respecto de los afiliados al Sistema General de Pensiones que teniendo
la edad, se retiren del servicio sin haber cumplido el mínimo de semanas de cotización
exigidas por la ley.
Así, argumentó que el departamento de Antioquia no
ostenta la calidad de Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, sumado al hecho de que la señora Isaza Gómez “al parecer no ha
tenido la calidad de afiliado al Sistema General de Pensiones establecido en la
Ley 100 de 1993 y su retiro del servicio es con anterioridad al cumplimiento de
la edad”, por lo que no cumple con los requisitos normativos para causar el
derecho a la indemnización sustitutiva.
Igualmente, resaltó que con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, no estaba contemplado el pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
1.5.5.6.
Copia del Recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución No. 041458 del 16 de mayo de 2012.
1.5.5.7.
Copia de la Resolución No.
056037 del 25 de julio de 2012, por la cual se da respuesta al recurso de
apelación presentado, confirmando la Resolución No. 041458 del 16 de mayo de
2012.
1.5.5.8.
Constancia
expedida por la Procuraduría Provincial del Valle de Aburra, en la que se
consigna que la accionante junto sus hijos son desplazados del municipio de
Vegachi, corregimiento el Tigre desde el año de 1995.
1.6.    EXPEDIENTE
T-3.813.132
1.6.1. SOLICITUD
El
señor David Vásquez Caycedo, solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, y los inherentes a las
personas de la tercera edad, presuntamente vulnerados por la Caja de
Previsión Social de Comunicaciones –CAPRECOM, al no tener en cuenta el
tiempo laborado en TELECOM, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, para efectos del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez.
1.6.2. HECHOS Y
ARGUMENTOS DE DERECHO
1.6.2.1.
Afirma que laboró al servicio
de la empresa TELECOM, en el cargo de profesional II, desde el día 16 de
febrero de 1976 hasta el 1° de enero de 1980, tal como consta en certificación
No 0565 emitida por el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR.
1.6.2.2.
Manifiesta que el día 28 de
mayo del 2012 solicitó a CAPRECOM el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de pensión de vejez, de conformidad con lo establecido en el
artículo 37 de la ley 100 de 1993.
1.6.2.3.
Refiere que mediante
Resolución No. 0001199 del 29 de junio del 2012, CAPRECOM negó el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez,
aduciendo que esta figura entró en vigencia con la ley 100 de 1993, por lo cual
no es posible su aplicación de forma retroactiva.
1.6.2.4.
Señala que el día 03 de
septiembre del 2012 presentó recurso de apelación contra la Resolución No.
0001199, el cual afirma no le fue resuelto.
1.6.2.5.
Por lo anterior, radicó el 19
de septiembre derecho de petición reiterando su solicitud y anexando fotocopia
del formato de actualización de datos, certificado de tiempo de servicios y
factores salariales.
1.6.2.6.
Relata que el día 25 de
septiembre, mediante oficio SP-AP60667 CAPRECOM dio respuesta al derecho de
petición, indicándole que el recurso de apelación no es procedente, por lo que
el acto administrativo mediante el cual le fue negada la indemnización
sustitutiva de pensión de vejez quedó debidamente ejecutoriado.
1.6.2.7.
En consecuencia, solicita al
juez de tutela ordenar a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de vejez a que tiene derecho.
1.6.3. TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida
la solicitud de tutela, el Juzgado Veintiocho Laboral Adjunto del Circuito de
Bogotáprocedió admitirla y corrió traslado al ente demandado, quien no se
pronunció al respecto.
1.6.4. DECISIÓN DE
PRIMERA INSTANCIA- JUZGADO VEINTIOCHO LABORAL ADJUNTO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.
Mediante
Sentencia del catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), el Juzgado
Veintiocho Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá declaró improcedente la
acción de tutela estudiada.
Consideró
que la acción de tutela no es el mecanismo procesal adecuado para lograr lo
pretendido por el demandante, pues él tiene a su alcance las vías ordinarias,
las cuales contemplan un procedimiento específico para dirimir el debate en
cuestión.
Sostuvo
que lo alegado por el accionante no es suficiente para justificar la
intervención del juez de tutela, desplazando los demás mecanismos de defensa.
Así, tras advertir que el asunto no reviste carácter de inminencia, urgencia y
gravedad declaró la improcedencia de la acción.
1.6.5.
IMPUGNACIÓN
El
señor David Vásquez Caycedo impugnó la decisión reiterando los argumentos
esgrimidos en el escrito de tutela y enfatizando ser una persona de avanzada
edad que no puede esperar la resolución de un proceso ordinario, el cual puede llegar a
superar su expectativa de vida.
1.6.6.
DECISIÓN DE SEGUNDA
INSTANCIA – SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.
El Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Laboral,
mediante Sentencia proferida el seis (06) de febrero de dos mil trece (2013),
confirmó la decisión del Juez de Primera Instancia. Consideró que la solicitud
del accionante referente al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva,
que dice tener derecho en aplicación al artículo 37 de la ley 100 de 1993, no
es un asunto de naturaleza constitucional, que ponga de manifiesto la violación
de un derecho de aquellos cuyo amparo pueda buscarse mediante la acción de
tutela, ya que lo que se pretende es el pago de una indemnización sustitutiva,
petición que sin duda corresponde a un conflicto jurídico de aquellos que
encuentran solución a través de los medios judiciales legales erigidos como los
más eficaces para brindar la protección inmediata de los derechos de rango
legal vulnerados.
1.6.7. PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron las siguientes:
1.6.7.1.
Certificación
laboral expedida por Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR.
1.6.7.2.
Copia
de la Resolución No. 0001199 de 2011, mediante la cual CAPRECOM niega la
solicitud de indemnización sustitutiva.
1.6.7.3.
Recurso
de apelación presentado por el señor David Vásquez Caycedo contra la Resolución
No. 0001199 de 2011.
1.6.7.4.
Copia
del derecho de petición presentado por el accionante el 4 de septiembre de
2012, mediante el cual reitera su solicitud de la indemnización sustitutiva.
1.6.7.5.
Respuesta
al derecho de petición, datada el 25 de septiembre de 2012.
1.6.7.6.
Copia
de la Cédula de Ciudadanía del señor David Vásquez Caycedo, en la que consta
que nació el 8 de octubre de 1944, es decir, que a la fecha cuenta con 63 años
de edad.
1.6.7.7.
Declaración
juramentada otorgada por el señor David Vásquez Caycedo, en la que manifiesta
no percibir ningún ingreso económico y depender exclusivamente de lo que le
brinde su cónyuge.
1.7.
EXPEDIENTE T-3.819.515
1.7.1. SOLICITUD
La
señora Flor María Ortiz Franco, solicita al juez de tutela proteger sus
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad social,
a la salud y  a la protección especial de las personas de la tercera edad,
presuntamente vulnerados por CAJANAL EICE en Liquidación, al negarle
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez necesario
para evitar un perjuicio irremediable, bajo el argumento de no haber efectuado
cotizaciones una vez entró a regir la Ley 100 de 1993.
1.7.2. HECHOS Y
ARGUMENTOS DE DERECHO
1.7.2.1.
Indica que nació el 24 de
septiembre de 1940, por lo que a la fecha cuenta con 72 años de edad.
1.7.2.2.  Relata  que
laboró para JUNDEPORTES QUINDÍO, como auxiliar de servicios generales, desde el
1 de julio de 1974 hasta el 10 de enero de 1983.
1.7.2.3.
Aduce
que el día 4 de octubre de 2011, solicitó a la entidad accionada se le hiciera
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, según
lo ordenado por el artículo 37 de la ley 100 de 1993.
1.7.2.4.
Manifiesta
que el 19 de abril del mismo año le fue negada la petición a través de la
Resolución UGM039703 del 23 de marzo del 2012, argumentando que con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no se realizó cotización
alguna.
1.7.2.5.
Señala
que no cuenta con recursos económicos suficientes para satisfacer sus
necesidades básicas, y por su avanzada edad no puede entrar al mercado laboral.
1.7.2.6.
En
virtud de lo anterior, solicita al juez de tutela amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad social, a la
salud y a la protección especial de las personas de la tercera edad, y en
consecuencia, ordenar de forma inmediata a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez que le
corresponde.
1.7.3. TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida
la solicitud de tutela, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia
procedió a admitirla y ordenó correr traslado de la misma al Representante de la
Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación para que se
pronunciara al respecto.
1.7.3.1.
La Caja Nacional de
Previsión Social se pronunció
extemporáneamente solicitando desestimar las pretensiones del accionante y
desvincular del proceso a la entidad, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Resaltó la improcedencia de la acción de tutela para
lograr lo pretendido  no sólo por existir otros mecanismos de defensa judicial
idóneos establecidos en la jurisdicción ordinaria sino por que además la
accionante no demostró la existencia o configuración de un perjuicio
irremediable.
Por otra parte, explicó que la caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL EICE fue suprimida y liquidada por disposición del
Decreto 2169 de 2009, por lo que mediante Decreto 4269 de 2011 se estableció
que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, asumiría las funciones del reconocimiento
de derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades
públicas.
En este sentido, existe falta de legitimación por
pasiva, puesto que el encargado de reconocer dicha prestación es la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP-.
1.7.4.
DECISIÓN ÚNICA DE
INSTANCIA- JUZGADO TERCERO LABORAL
DEL CIRCUITO ARMENIA.
En
Sentencia proferida el dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia negó la solicitud de amparo de
los derechos invocados por el tutelante.
Consideró
que la gestión del accionante se hace improcedente ya que  cuenta con otros
medios de defensa judicial como lo es la vía ordinaria administrativa.
Adicionalmente, señaló que no se acreditó el perjuicio irremediable que
justificara la utilización de la acción tutela como mecanismo transitorio para salvaguardar
o evitar una inminente vulneració0n de los derechos deprecados.
1.7.5. PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron las siguientes:
1.7.5.1.
Copia del derecho de petición
presentado por la señora Flor maría Ortiz de Franco ante CAJANAL, mediante el
cual solicita el pago de la indemnización sustitutiva.
1.7.5.2.
Copia de la Resolución No.
7730/2011-97869/2011 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL
EICE EN LIQUIDACIÓN, la cual  negó la prestación solicitada.
1.7.5.3.
Copia de la Cédula de
Ciudadanía de la señora Flor María Ortiz de Franco, en la que consta que nació
el 24 de septiembre de 1940, es decir, que a la fecha cuenta con 72 años.
1.8.
EXPEDIENTE T-3.904.057
1.8.1. SOLICITUD
El
señor Carlos Enrique García Bedoya, demanda al juez constitucional de
tutela la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital, presuntamente vulnerados por el
Instituto del Seguro Social y el Tribunal Superior de Medellín, al no tener
en cuenta el tiempo laborado con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993,para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, por
cuanto durante ese periodo no se realizaron cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones.
1.8.2. HECHOS Y
ARGUMENTOS DE DERECHO
1.8.2.1.
Afirma que nació el día 5 de
abril de 1940, por lo que al 1° de abril de 1994 contaba con 56 años de edad y
se encontraba afiliado al Instituto del Seguro Social, motivo por el cual es
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
1.8.2.2.
Manifiesta que laboró como
servidor público con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, por
tanto sin haberse efectuado cotizaciones al Instituto del Seguro Social un
total de 3.033 días, es decir, 433.29 semanas. De igual forma, narra que cotizó
al Instituto del Seguro Social, en calidad de trabajador del sector privado, un
total de 604.57 semanas.
1.8.2.3.
Señala que solicitó al
Instituto del Seguro Social el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual
fue negada mediante Resolución No. 00472 del 23 de abril de 1998, argumentando
para ello que sólo contaba con 216 semanas cotizadas en los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad mínima exigida para acceder a la
prestación pensional.
1.8.2.4.
La anterior decisión fue
confirmada mediante Resolución No. 10753 del 30 de septiembre de 1999, mediante
la cual se adujo que además de las 216 semanas referenciadas, el peticionario
había allegado certificado de haber laborado en el municipio de Medellín 244
semanas, en Ferrocarriles Nacionales de Colombia 105 semanas, para un total de
565 semanas, no reuniendo el requisito de 1000 semanas.
1.8.2.5.
Posteriormente, mediante
apoderado judicial, en mayo de 2007, solicitó el desarchive del expediente y el
reconocimiento de la pensión de vejez a la que tiene derecho. Esta solicitud
fue negada mediante Resolución del 29 de febrero de 2008, bajo el argumento de
que si bien, reunía los requisitos establecidos en el artículo 9° de la Ley 797
de 2003, sumado el tiempo laborado en el sector público sin cotizaciones al ISS
y el tiempo laborado y efectivamente cotizado, arroja un total de 952.57
semanas, tiempo insuficiente para acceder a la prestación.
1.8.2.6.
Inconforme con la decisión,
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, arguyendo que sí
cumplía con los requisitos exigidos, siendo confirmada la decisión en ambas
instancias.
1.8.2.7.
El 26 de marzo de 2009,
presentó derecho de petición ante la entidad accionada, solicitando se tenga en
cuenta el tiempo del servicio militar, para lo cual adjunto el respectivo bono
pensional expedido por el Ministerio de Defensa Nacional.
1.8.2.8.
Al no obtener respuesta
oportuna a su derecho de petición, interpuso acción de tutela, obteniendo por
este medio, que el Instituto del Seguro Social contestara en el sentido de
confirmar su negativa de reconocimiento de la pensión de vejez, argumentando esta
vez no reunir los requisitos de la Ley 797 de 2003, que permite sumar los
tiempos laborados al sector público con los laborados al sector privado.
1.8.2.9.
Frente a la reiterada negativa
del Instituto del Seguro Social, interpuso demanda ordinaria laboral, la cual
fue conocida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito
de Medellín, quien mediante Sentencia del 27 de agosto de 2010 accedió a lo
pretendido.
1.8.2.10.
El Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Medellín consideró que el señor García Bedoya cumplía con lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual establece en su
parágrafo que para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, se
tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, al Instituto del Seguro Social, a las Cajas,
fondos o entidades de seguridad social, tanto del sector público como del
privado.
Igualmente, resaltó que en virtud de lo establecido en
el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, el tiempo de servicio militar debe ser
computado para efectos de cesantías, pensión de vejez y prima de antigüedad.
Así, concluyó que teniendo en cuenta tanto las semanas
cotizadas como trabajador del sector privado y las semanas laboradas al sector
público y el tiempo de servicio militar prestado, da un total de 1037.86
semanas, tiempo suficiente para tener derecho a la pensión de vejez.
1.8.2.11.
Apelada la decisión por parte
del Instituto del Seguro Social, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, mediante Sentencia del 31 de enero de 2012, revoco la decisión
adoptada en primera instancia, indicando que si el solicitante pretende
acumular tiempo de servicios laborados en el sector público y no cotizados al
ISS con el tiempo efectivamente cotizado al ISS, debe cumplir con lo dispuesto
en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Señaló que aunque el demandante laboró para el sector
público, en el momento de la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones se encontraba vinculado en el sector privado efectuando cotizaciones
al ISS, motivo por el cual, en virtud del régimen de transición, debe aplicarse
el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, régimen
vigente para las personas que se encontraba cotizando al ISS antes de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993.
En este orden, indicó que el Acuerdo 049 de 1990, el
cual se sustenta exclusivamente en las semanas cotizadas, por lo que no es
posible acumular el tiempo en el que no se efectuó cotizaciones, es decir,
aquellas laboradas con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
1.8.2.12.
Alega que la decisión adoptada
por el Tribunal Superior de Medellín comporta defectos que avalan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, puesto que
no tuvo en cuenta el tiempo laborado en el Ministerio de Defensa como soldado,
en el municipio de Medellín y en los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, lo
cual da un total de 433.29 semanas, que sumadas a las 604.57 semanas cotizadas
al ISS, otorgan el derecho a acceder a la prestación solicitada.
1.8.2.13.
Afirma que por su avanzada
edad no cuenta con un empleo que le permita subsistir, asimismo tiene un
delicado estado de salud pues le fue diagnosticado carcinoma de la piel del
cuero cabelludo y del cuello.
1.8.3. TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida
la solicitud de tutela, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia procedió admitirla y corrió traslado a los accionados dentro del
proceso.
1.8.4. DECISIÓN DE
PRIMERA INSTANCIA- SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Mediante
Sentencia del treinta (30) de enero de dos mil trece (2013), la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
Consideró
que el accionante no cumplió con el requisito de la inmediatez, toda vez que la
providencia cuestionada en sede de tutela fue proferida el 31 de enero de 2012
y la demanda de amparo sólo se presentó el 19 de diciembre de 2012, es decir,
más de 10 meses después.
De
esta manera, no encontró justificada la omisión del demandante para acudir a
este mecanismo de defensa.
1.8.5.
IMPUGNACIÓN.
El
señor Carlos Enrique García Bedoya impugnó la decisión, resaltando el hecho de
ser una persona de la tercera edad, pues cuenta con 75 años de edad, aunado al
hecho de habérsele diagnosticado cáncer en el cuello y en la piel del cuero
cabelludo, motivo por el cual su salud se ha visto muy disminuida.
Adicionalmente, advirtió que desde el año 2007 cumplió con los requisitos para
acceder a la prestación pensional solicitada, y desde esa época ha intentado
por todos los medios su reconocimiento. Circunstancias que deben tenerse en
cuenta para analizar el requisito de la inmediatez.
1.8.6.
DECISIÓN DE SEGUNDA
INSTANCIA – SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante Sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil
trece (2013), confirmó la decisión. Señaló que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial
a su alcance, así como tampoco se encuentra justificado el plazo prolongado
para interponer la acción de tutela.
1.8.7. PRUEBAS
DOCUMENTALES
En
el trámite de la acción de amparo se aportaron las siguientes:
1.8.7.1.
Copia
de la Cédula de Ciudadanía del señor Carlos Enrique García Bedoya, en la que se
indica que nació el día 5 de febrero de 1938, es decir, que a la fecha tiene 75
años de edad.
1.8.7.2.
Certificado
de historia laboral expedido por el Ministerio de Defensa nacional.
1.8.7.3.
Copia
de la Resolución No. 005766 del 29 de febrero de 2009, proferida por el
Instituto del Seguro Social, mediante la cual niega el reconocimiento de la
pensión de vejez.
1.8.7.4.
Copia
de la Resolución No. 01855 del 27 de junio de 2009, por medio de la cual el
Instituto del Seguro Social resuelve el recurso de reposición presentado por el
señor Carlos Enrique García Bedoya contra la Resolución No. 005766 del 29 de
febrero de 2009.
1.8.7.5.
Copia
del derecho de petición presentado por el accionante el 4 de septiembre de
2012, mediante el cual reitera su solicitud de la indemnización sustitutiva.
1.8.7.6.
Respuesta
al derecho de petición, datada el 25 de septiembre de 2012.
1.8.7.7.
Copia
de la Cédula de Ciudadanía del señor David Vásquez Caycedo, en la que consta
que nació el 8 de octubre de 1944, es decir, que a la fecha cuenta con 63 años
de edad.
1.8.7.8.
Declaración
juramentada otorgada por el señor David Vásquez Caycedo, en la que manifiesta
no percibir ningún ingreso económico y depender exclusivamente de lo que le
brinda su cónyuge.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1       COMPETENCIA
La
Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y con el Decreto 2591
de 1991.
2.2       PROBLEMA
JURÍDICO
Conforme
a lo reseñado respecto de las situaciones fácticas planteadas y de las
decisiones adoptadas por los jueces de instancia en el trámite de las
solicitudes de amparo objeto de revisión, corresponde a la Sala Séptima de
Revisión establecer si en los casos expuestos procede la acción de tutela
para salvaguardar los derechos fundamentales de los peticionarios,
presuntamente vulnerados por las entidades accionadas, al negar el
reconocimiento de las prestaciones reclamadas argumentado por un lado, y en la
mayoría de los casos estudiados, no haber realizado aportes a pensión a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y por otro lado, no poderse computar
el tiempo de servicios cotizados al Instituto del Seguro Social con aquel
laborado pero no cotizado con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para
solucionar el problema jurídico planteado, esta Sala examinará: primero,
el carácter fundamental del derecho a la seguridad social; segundo, la
procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de un
derecho pensional; tercero, la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; cuarto, la seguridad social antes
y después de la expedición de la Ley 100 de 1993; quinto, la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de aquellas personas que
cotizaron de manera previa a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; y sexto,
los casos concretos.
2.2.1. El derecho
fundamental a la seguridad social. Reiteración de jurisprudencia.
La Seguridad
Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho
constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta
Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho
irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público[1], de tal
manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado el obligado a
dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.
La protección
que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social
se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional, pues
son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las
personas a la seguridad social.
Así por ejemplo,
el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Toda
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”.
El artículo 16
de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que: “Toda
persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física
o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
Así mismo, se
encuentra estipulado en el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos
Sociales y Culturales que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De manera
similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
prescribe: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite
física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y
decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad
social serán aplicadas a sus dependientes”.
En el mismo
sentido el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado por la ley 516
de 1999, en su artículo 1°, establece que reconoce a la Seguridad Social como
un derecho inalienable del ser humano.
De la lectura de
las normas transcritas se deduce que el derecho a la seguridad social protege a
las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios
de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del
desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.
En este orden,
el derecho a la pensión de vejez es uno de los mecanismos que, en virtud del
derecho a la seguridad social, protege a las personas cuando su vejez produce
una esperable disminución de la producción laboral lo que les dificulta o
impide obtener los recursos para disfrutar de una vida digna[2].
Como se puede
apreciar, el derecho a la seguridad social demanda el diseño de una estructura
básica que, en primer lugar, establezca las instituciones encargadas de la
prestación del servicio y precise, además, los procedimientos bajo los cuales
éste debe discurrir. En segundo término, debe definir el sistema a tener en
cuenta para asegurar la provisión de fondos que garanticen su buen
funcionamiento. En este punto cobra especial importancia la labor del Estado,
el cual, por medio de asignaciones de sus recursos fiscales, tiene la
obligación constitucional de brindar las condiciones necesarias para asegurar
el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social[3].
En el
ordenamiento jurídico colombiano y, durante un amplio lapso, la doctrina
constitucional – incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional -,
acogió la distinción teórica entre derechos civiles y políticos, de una parte,
y derechos sociales, económicos y culturales, de otra. Los primeros generadores
de obligaciones negativas o de abstención y por ello reconocidos en su
calidad de derechos fundamentales y susceptibles de protección directa por vía
de tutela. Los segundos, desprovistos de carácter fundamental por
ser fuente de prestaciones u obligaciones positivas, frente a los cuales, por
ésta misma razón, la acción de tutela resultaba, en principio, improcedente.
Sin embargo,
desde muy temprano, el Tribunal Constitucional colombiano admitió que los
derechos sociales, económicos y culturales, llamados también de segunda
generación, podían ser amparados por vía de tutela cuando se lograba demostrar
un nexo inescindible entre estos derechos de orden prestacional y un derecho
fundamental, lo que se denominó “tesis de la conexidad”[4].
Otra corriente
doctrinal ha mostrado, entretanto, que los derechos civiles y políticos así
como los derechos sociales, económicos y culturales son derechos fundamentales
que implican obligaciones de carácter negativo como de índole positiva[5].
El Estado ha de abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer estos
derechos (deberes negativos del Estado) y con el fin de lograr la plena
realización en la práctica de todos estos derechos – políticos, civiles,
sociales, económicos y culturales – es preciso, también, que el Estado adopte
un conjunto de medidas y despliegue actividades que implican exigencias de
orden prestacional (deberes positivos del Estado).
Según esta
óptica, la implementación práctica de todos los derechos constitucionales
fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria,
de forma tal que despojar a los derechos sociales – como el derecho a la salud,
a la educación, a la vivienda, al acceso al agua potable entre otros - de su
carácter de derechos fundamentales por esta razón resultaría no sólo confuso
sino contradictorio.
Es por ello que
en pronunciamientos más recientes esta Corte ha señalado que todos los
derechos constitucionales son fundamentales[6] pues se conectan de
manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar
democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la
Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos
vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir
la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones
estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo,
admitir que en el Estado Social y Democrático de derecho, no todas las personas
gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y
educativos - indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que
tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la
consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas
personas ubicadas en una situación de desventaja social, económica y educativa.
Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en
relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz
(obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).
De lo anterior
se concluye que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la
seguridad social es un real derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de
(i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios
y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y
(iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio
de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la
seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a
través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho
fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i)
adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su
regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que
impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos
de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos
fundamentales”[7].
En hilo de lo
dicho, se tiene que en la actualidad la Corte reconoce que el derecho a la
seguridad social es un derecho fundamental, independiente y autónomo, que puede
ser objeto de protección constitucional mediante la acción de tutela, cuando,
entre otras, se comprueba la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la falta
de idoneidad del medio judicial ordinario para protegerlo.[8]
2.2.2.  Procedencia
excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de un derecho
pensional.
El
artículo 86 constitucional consagra la acción de tutela como un  mecanismo de
protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las
personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos
establecidos en la ley.
En virtud del
principio de subsidiariedad, la acción de tutela sólo procede (i) cuando no
existe ninguna otra acción judicial por la que se pueda resolver un conflicto
relacionado con la vulneración de un derecho fundamental; (ii) cuando
existiendo otras acciones, éstas no resultan eficaces o idóneas para la
protección de tales derechos; (iii) cuando aún existiendo acciones ordinarias,
resulta imprescindible la intervención del juez de tutela para evitar que
ocurra un perjuicio irremediable.[9]
De
esta manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido, por regla
general, la improcedencia de la acción de tutela como mecanismo para el
reconocimiento de derechos pensionales, toda vez que existen otros mecanismos
idóneos establecidos en la jurisdicción ordinaria laboral o en la contencioso
administrativa, según sea el caso.
Sin
embargo, de manera excepcional, el juez de tutela puede ordenar el
reconocimiento de dicha prestación económica, si (i) existe certeza sobre la
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el
reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente
demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del
derecho pensional son sujetos de especial protección constitucional; y, (iv)
cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela determina
que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional
que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.[10]
Ahora bien, la
Corte ha entendido que la tutela resulta procedente, en las hipótesis
descritas, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no existe
controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho.[11]
De igual forma,
esta Corporación ha indicado que cuando el amparo de los derechos
prestacionales es solicitado por personas de la tercera edad, los requisitos de
procedencia de la acción de tutela deben ser analizados con mayor flexibilidad
en atención a que el peticionario es un sujeto de especial protección
constitucional.
De esta manera,
en la sentencia T-456 de 2004, esta Corporación expresó que:
“(…)
en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento
deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un
criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de
especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de
tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados,
ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza
extrema”.[12]
Por tanto,
cuando el peticionario pertenece a la tercera edad, el juez constitucional debe
declarar la procedencia de la acción de tutela aunque disponga de otro medio de
defensa judicial para solicitar las prestaciones pensionales.
Así, se
manifestó la Corte en la sentencia T-001 del 15 de enero de 2009[13]:
“Someter
a un litigio laboral, con las demoras y complejidades propias de los procesos
ordinarios, a un adulto mayor con disminución de su capacidad laboral que le
impide acceder a un trabajo, resulta muy gravoso para él, con serios perjuicios
para el desenvolvimiento inmediato de su vida personal y familiar, menguando su
calidad de vida. Por esta razón, la Corte ha tutelado el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en forma definitiva[14],
de personas cuyo derecho a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital
resultan afectados por la omisión atribuible a las entidades demandadas.”
2.2.3.      Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales es un tema
que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones, por lo que la
Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad, y las reglas
establecidas para el examen de  procedibilidad en un caso concreto.
La Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de
los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y
competencia especial de la tutela frente a providencias judiciales, por
considerar que contrariaban principios constitucionales de gran valía como la
autonomía judicial, la desconcentración de la administración de justicia y la
seguridad jurídica.
No obstante,
reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias pueden
desconocer derechos fundamentales, para lo cual  admitió como única excepción
para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido en lo
que denominó una vía de hecho.
A partir de este
precedente, la Corte ha construido una línea jurisprudencial sobre el tema, y
ha determinado progresivamente los defectos que configuran una vía de hecho.
Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si este
comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma -
se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento
para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el
ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”[15]. En
casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos
de vías de hecho.
En virtud de
esta línea jurisprudencial, se ha subrayado, que todo el ordenamiento jurídico
debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón a lo dispuesto en el
artículo 4 de la Carta Fundamental. Además, se ha indicado que uno de los
efectos de la categoría Estado Social de derecho en el orden normativo
está referido a que los jueces, en sus providencias, definitivamente están
obligados a respetar los derechos fundamentales.
Por un amplio
periodo de tiempo, la Corte Constitucional decantó de tal manera el concepto de
vía de hecho. Posteriormente, un análisis de evolución de la jurisprudencia
constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de
tutela contra providencias judiciales llevó a concluir que las sentencias
judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros
defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la
sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria y caprichosa del
juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de
procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.
Con el fin de
orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros uniformes
que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en
las sentencias C-590 de 2005[16]
y SU-913 de 2009, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las
razones o motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencia. Actualmente
no “(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera
y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en
los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y
cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[17].
De esta forma, la
Corte ha distinguido, en primer lugar, los requisitos de carácter
general[18]
orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos
de procedencia- y, en segundo lugar, los de carácter específico[19],
centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas
consideradas -requisitos de procedibilidad-.
Así, la Corte en
la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005,  hizo alusión a los requisitos
generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de procedencia
estableció:
“Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[20].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamenta lirremediable[21].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[22].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[23].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[24].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[25].  Esto
por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[26]
De igual forma,
en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, además de los requisitos
generales, se señalaron las causales de procedibilidad especiales o materiales
del amparo tutelar contra las sentencias judiciales. Estas son:
“…Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[27] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.       Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[28].
i.   Violación
directa de la Constitución.
Estos
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”[29]
Es
decir, siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de
las causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales,
es procedente ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
2.2.31.
Defecto material o
sustantivo en la jurisprudencia constitucional.
El defecto
sustantivo,
como una circunstancia que determina la procedibilidad de la acción de tutela
contra las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el
desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga
omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la
que pesa la cosa juzgada.
Tal como lo
señala la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un
defecto sustantivo:
(i)
Cuando
la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador,
(ii)
Cuando
a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente,
(iii)
Cuando
el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva”.[30]
Frente a la
configuración de este defecto puede concluirse que, si bien es
cierto los jueces, dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
Con
fundamento en lo anterior, el defecto sustantivo también se presenta cuando se
interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas, y
por tanto, la exégesis dada por el juez resulta a todas luces improcedente.
Respecto
al defecto sustantivo que se presenta como consecuencia de una errada
interpretación, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en indicar
que no cualquier interpretación tiene la virtualidad de constituir una vía de
hecho, sino que aquella debe ser abiertamente arbitraria.
Se
colige entonces, que pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas
jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de
aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor apartarse de las
disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se
constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la
decisión adoptada.
2.2.4. Seguridad
Social en Pensiones con anterioridad y posterioridad de la Ley 100 de 1993.
Esta Corporación
se ha detenido en repetidas oportunidades a analizar la evolución fáctica y
jurídica que antecede el actual Sistema General de Seguridad Social en materia
pensional, establecido en la Ley 100 de 1993.
Así, se ha
señalado que con anterioridad no existía un adecuado desarrollo normativo en la
materia, pues subsistían diferentes regímenes administrados por diversas
entidades y correspondía a ciertos empleadores asumir el pago de las pensiones.[31]
En sus inicios,
por regla general, las obligaciones patronales, como la derivada del reconocimiento
de la pensión de jubilación, correspondían al empleador[32], motivo
por el cual, con el fin de reglamentar las relaciones con los trabajadores, se
expidió la ley 6º de 1945 considerada como el primer Estatuto Orgánico del
Trabajo.
El artículo 14
de la citada ley estableció:
“La
empresa cuyo capital exceda de un millón de pesos ($1.000.000) estará también
obligada:
a)
A sostener y establecer escuelas primarias para los hijos de sus trabajadores,
con sujeción a las normas del Ministerio de Educación, cuando el lugar de los
trabajos este situado a más de dos (2) kilómetros de las poblaciones en donde
funcionen las escuelas oficiales, y siempre que haya al menos veinte (20) niños
de edad escolar;
b)
A costear permanentemente estudios de especialización técnica relacionados con
su actividad característica, en establecimientos nacionales o extranjeros, a
sus trabajadores o a los hijos de estos, a razón de uno (1) por cada quinientos
(500) trabajadores o fracción;
c)
A pagar al trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de
edad después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, una
pensión vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras partes del
promedio de los salarios devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni
exceder de doscientos pesos ($ 200), en cada mes. La pensión de jubilación
excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones
parciales, o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya
cuantía se irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan
del 20% de cada pensión.”
No obstante, el
artículo 12 ibídem indicó que esta obligación iría hasta la creación de
un Seguro Social, el cual sustituiría al empleador en la asunción de la
prestación pensional y arrogaría los riesgos de vejez, invalidez, muerte,
enfermedad general, maternidad y riesgos profesionales de todos los
trabajadores.
La Ley 90 de
1946 instituyó el seguro social obligatorio para todos los individuos,
nacionales y extranjeros, que prestaran sus servicios a otra persona en virtud
de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje[33], y creó
para su manejo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales[34].
El artículo 72
de la ley 90 de 1946 consagró en Colombia un sistema de subrogación de riesgos
de origen legal, al establecer una implementación gradual y progresiva del
sistema de seguro social, pues indicó:
“Las
prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de
disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por
tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya
asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso.
Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí
establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores”.(Negrilla
y Subrayado fuera del texto)
Posteriormente,
el Código Sustantivo del Trabajo[35]
en su artículo 259 dispuso, de manera temporal, el pago de las prestaciones
sociales, tales como la pensión de jubilación, en cabeza del empleador hasta
que el riesgo correspondiente fuera asumido por el Instituto del Seguro
Social:
“1.
Los empleadores o empresas que se determinan en el presente Título deben pagar
a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las especiales que aquí
se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de ellas en su
respectivo capítulo.
2.
Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida
colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el
riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de
acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto.”
Luego fue
expedido el Decreto 3041 de 1966, cuyos artículos 60 y 61 regularon la
subrogación paulatina por la referida entidad al empleador en el reconocimiento
de la pensión de jubilación (art. 260 C. S. T.), y contemplaron la denominada
pensión sanción, de modo que bajo la vigencia de esas disposiciones el
Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir
gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto
es las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo.
Con la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, se consagraron tres regímenes. En primer
lugar, la creación del Sistema General de Pensiones que tiene por objeto
garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la
vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que la misma Ley determina. En segundo lugar, el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, que  tiene  por objeto la
regulación del servicio público esencial de salud. Finalmente, el Sistema
General de Riesgos Profesionales, que propende por la cobertura de las
contingencias que ocurran como consecuencia de las actividades de trabajo y que
comprometan la capacidad laboral de las personas.
El régimen
especial de pensiones,
prescribe la cobertura universal de todos los habitantes del territorio nacional
dentro de las restricciones que su naturaleza de derecho programático le
imponen. Conformado por dos regímenes solidarios, excluyentes pero que
coexisten, uno de ellos contemplado en el Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida, donde se encuentra la pensión de vejez cuyo
reconocimiento está sujeto al cumplimiento de una edad mínima y a la cotización
de un período determinado.
De esta manera,
el artículo 33, posteriormente modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de
2003, introdujo nuevos requisitos para  reconocimiento de la pensión de vejez y
algunas reglas pertinentes para el cómputo de las semanas cotizadas en el
régimen de prima media:
“Para
tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las
siguientes condiciones:
Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre.
A
partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y
siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el
hombre.
2.
Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A
partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50
y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO
1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo, se tendrá en cuenta:
a)
El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones;
b)
El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los
tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c)
El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de
la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de
la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se
haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d)
El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores
que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e)
El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que
antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión.
En
los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será
procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen,
con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se
afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará
representado por un bono o título pensional”[36]
El parágrafo del
artículo 33 de la Ley 100 reiteró la posibilidad de acumular tiempos laborados
en los sectores públicos y privados, con el fin de obtener el reconocimiento de
la pensión de vejez, y amplió las posibilidades de acumulación a hipótesis que
no habían sido previstas por las leyes 6 de 1945 y 71 de 1988. En efecto, la
primera ley autorizaba la acumulación de tiempos laborados en entidades de
derecho público, mientras la segunda permitía la acumulación de semanas
cotizadas en las cajas de previsión social y en el Instituto de Seguros Sociales.
El parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 amplió esta posibilidad y contempló
hipótesis que habían sido pasadas por alto por las anteriores leyes, como la
acumulación de (i) las semanas laboradas para empleadores que aún
mantenían la obligación de reconocer directamente –por ejemplo en virtud de una
convención colectiva- la pensión de jubilación –literal c-, siempre y cuando el
contrato laboral se encontrara vigente al 1° de abril de 1994 o se iniciara con
posterioridad a esa fecha[37],
y (ii) las semanas trabajadas para un empleador que había omitido su
obligación de afiliar al trabajador al Instituto de Seguros Sociales antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 –literal d-.
Así las cosas,
se puede concluir que la lectura del parágrafo 1°, literal c) del artículo 33
de la Ley 100 de 1993, debe hacerse de manera integrada con lo señalado en
precedencia, es decir, teniendo en cuenta que cuando la norma establece que “El
tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión (…)”, está haciendo referencia a esos casos excepcionalísimos en
los que los empleadores aun mantenían la obligación de reconocer las pensiones
de sus trabajadores y no de aquellos que ya estaban afiliados o existía la
obligación de afiliarlos al ISS o a las cajas de previsión social.
2.2.5.
La indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez para aquellas personas que cotizaron de
manera previa a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Reiteración de
jurisprudencia.
Tal como se expuso, el artículo 33 de la Ley 100 de
1993, establece en la actualidad cuales son los requisitos exigidos para
acceder a la pensión de vejez en el Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida, a saber: (i) haber cumplido 55 años de edad si
es mujer y 60 años de edad si es hombre[38]; y, (ii) haber
cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo[39].
Si hay concurrencia en el cumplimiento de estos requisitos, se adquiere el
derecho a la pensión de vejez.
No
obstante, frente a estos requisitos pueden suscitarse diferentes situaciones,
según el nivel de concurrencia en el cumplimiento de los mismos. Una de
ellas, supone la situación en la que el afiliado cumple con la edad mínima para
pensionarse pero no reúne el requisito de las semanas mínimas cotizadas,
encontrándose en imposibilidad de seguir cotizando. Para este tipo de
contingencias, el legislador dispuso como solución alternativa al pago de la
pensión, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, consagrada en el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, que prevé:
“Las personas que habiendo
cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo
de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un
salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de
semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado
de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
La indemnización sustitutiva, en el régimen de prima
media con prestación definida, como derecho suplementario dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, ha sido definido como “el derecho
que le asiste a las personas que no logran acreditar los requisitos para
obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez, de vejez y de
sobrevivientes, para reclamar - en sustitución de dicha pensión - una
indemnización equivalente a las sumas cotizadas debidamente actualizadas”.[40]
En la misma línea, la Sentencia T-080 de 2010, se
refirió a la indemnización sustitutiva como:
“(…) una especie de ahorro que pertenece a los
trabajadores por los aportes efectuados durante un periodo de su vida laboral,
los cuales tendrán derecho de recuperar ante la imposibilidad de obtener la
pensión por no cumplir con todos los requisitos que exige la Ley.”.
Ahora
bien, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha estudiado el ámbito de
aplicación de las normas de la Ley 100 de 1993 que consagran el derecho a
solicitar la indemnización sustitutiva, concluyendo que tales normas se aplican
a todos los habitantes del territorio nacional, sin que se vean afectados los
beneficios, derechos, garantías, prerrogativas y servicios adquiridos en virtud
de disposiciones anteriores a dicha ley.
Así,
en la Sentencia T-972 de 2006,  la Corte estudió
el caso de una persona de la tercera edad, quien laboró en el INCORA entre el
25 de septiembre de 1967  y el 30 de septiembre de 1976, y posteriormente en el
Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras
(HIMAT), hasta el 24 de junio de 1981. Posteriormente, y dado que no le fue
posible hallar una nueva ocupación laboral, el actor y su familia entraron en
una grave crisis económica que los llevó a la indigencia, por lo que en el año
2003 solicitó a CAJANAL que se le reconociera y pagara la indemnización
sustitutiva; sin embargo, se denegó la prestación económica señalando que no
cumplía con los requisitos para acceder a la misma. La Corte tuteló los
derechos del accionante y ordenó adelantar el trámite pertinente para que la
indemnización fuera reconocida y pagada, con base, en argumentos como el
siguiente:
“Las personas que venían cotizando al sistema de seguridad
social en pensiones bajo el imperio de normas precedentes, se rigen en la
actualidad por las disposiciones de la Ley 100 de 1993, salvo que antes de su
entrada en vigencia estuvieran consolidados derechos subjetivos, respecto de
los cuales, por el principio de respeto a los derechos adquiridos (artículo 58
de la Constitución Política), no tienen aplicación los preceptos introducidos
por la Ley en referencia. En efecto, el sistema de pensiones
introducido por la Ley 100 de 1993, reconoce para efectos del cumplimiento de
los requisitos para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, los tiempos cotizados con anterioridad a su entrada en
vigencia. En este sentido, el literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993
señala que ‘para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas
en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales
o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo
de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o el tiempo de servicio’. De esta forma, de acuerdo a las normas
referidas, en materia del derecho a la indemnización sustitutiva, las
entidades encargadas de su reconocimiento se encuentran en la obligación de
tener en cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993.”[41]
(Negrita fuera de texto).
Posteriormente,
en la Sentencia T-1088 de 2007, esta Corporación
ordenó a CAJANAL que adelantara los trámites necesarios para el reconocimiento
y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de una persona de tercera
edad que cotizó para pensiones hasta 1967, siéndole ésta negada bajo el
argumento de que sólo tenían derecho al reconocimiento y pago de la misma, las
personas que fueran afiliadas activas al Sistema General de Pensiones que
establece la Ley 100. Señaló la Corte en la sentencia aludida:
“(…) las normas que regulan lo referente a la indemnización
sustitutiva también tienen aplicación en relación con aquellas personas que
cotizaron bajo la vigencia de la anterior normatividad y cuya situación jurídica
no se consolidó en aplicación de normas precedentes, lo que exige que su
definición se efectúe bajo el imperio de la Ley 100 de 1993. En
consecuencia, las entidades encargadas de su reconocimiento no pueden oponerse
a éste bajo el argumento de que las cotizaciones de hayan realizado con
anterioridad a la Ley 100 de 1993 y que, en consecuencia, no son las aplicables
las disposiciones normativas de dicha Ley, ya que, tal como se estableció, las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993 son de orden público, lo que implica
que ellas son de inmediato y obligatorio cumplimiento y, por tanto, afectan
situaciones no consolidadas que se encuentren en curso.”[42]
(Negrita fuera de texto).
De
la misma manera, en la Sentencia T-850 de 2008 la
Corte estudió el caso de una persona que se desempeñó laboralmente como
conductor en la Universidad del Tolima, entre el 19 de febrero de 1971 y el 7
de marzo de 1982, y que al solicitar el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de su pensión, recibió una respuesta negativa bajo el
argumento de que la misma solo procede para aquellas personas que se
encontraban cotizando a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La Corte
reiteró la jurisprudencia ya citada y concedió el amparo, ordenando en
consecuencia al Departamento del Tolima que adelantara los trámites necesarios
para el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva al actor.
Puede
sostenerse entonces que el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no establece
límites temporales ni condicionamientos algunos en su aplicación, pues se trata
de una norma laboral de orden público y de aplicación obligatoria e inmediata,
y en esa medida, aquellas personas que cotizaron en vigencia de la normatividad
anterior y cuya situación jurídica no se consolidó con respecto a las normas
precedentes están cobijadas por lo establecido en la normatividad de 1993.
Además,
el Decreto 1730 de 2001 que reglamenta lo consagrado en el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993, establece las situaciones en las que hay lugar al
reconocimiento de la indemnización sustitutiva, siendo una de ellas, “que el
afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando”[43]. En
este orden, conviene aclarar: primero) que aunque el primer inciso del
artículo 1° del Decreto 1730 de 2001 fue reformado por el Decreto 4640 de 2005,
la disposición aludida no sufrió modificación alguna[44]; y segundo)
que para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, no es necesaria la existencia de una vinculación laboral al momento de
cumplir la edad, en otras palabras, la persona puede retirarse del sistema sin
alcanzar la edad exigida y, posteriormente, cuando la alcance, elevar la
solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización[45].
En
conclusión, podrán solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez aquellas personas que, independientemente de haber estado o no afiliadas
al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento en que entró en vigencia la
Ley 100 de 1993, cumplan en cualquier tiempo con la edad exigida, pero no las
semanas mínimas de cotización al sistema para adquirir la pensión de vejez.
Así, es posible que en un solo pago les sea devuelto el ahorro que efectuaron
en el transcurso de su vida laboral, para que con él atiendan sus necesidades
básicas en procura de una subsistencia digna[46].
2.2.6.Alcance de la figura de la
pensión de vejez en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Régimen de transición y aplicación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
Reiteración de jurisprudencia
Mediante la
sentencia T-093 de 2011[47],
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional estudió las sentencias
proferidas en el trámite de la acción de tutela interpuesta por un ciudadano
contra el ISS, por la negativa de esa entidad frente a su solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
De acuerdo con
los antecedentes del fallo, el accionante, quien tenía 67 años de edad y era
beneficiario del Régimen de transición, solicitó al ISS el reconocimiento de la
pensión de vejez. Sin embargo, el ISS negó la petición aludida, por considerar
que el actor no cumplía el número de semanas exigidas para ello, pues solo
había cotizado 16 años, 11 meses y 9 días ante esa entidad. Según el apoderado
judicial del actor, la discrepancia en el tiempo cotizado obedecía a que el ISS
no había tenido en cuenta el tiempo cotizado por su poderdante ante a la Caja
de Previsión Social de Boyacá.
En criterio de
los jueces de tutela, la acción incoada no satisfacía el requisito de
subsidiariedad, pues el conflicto sobre el número de semanas efectivamente
cotizadas debía resolverse en un proceso ordinario laboral, y no en el trámite
de una acción constitucional.
En consecuencia,
luego de reiterar los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional
para admitir la procedencia de la acción de tutela a fin de obtener el
reconocimiento de derechos pensionales, y para determinar “si la decisión de
negar el reconocimiento de la pensión de vejez vulnera el derecho a la
seguridad social de una persona, quien afirma haber cotizado por más de 23 años
pero no de forma exclusiva al ISS sino aportando parte de ese tiempo a una Caja
de Previsión Social Regional”, en los fundamentos jurídicos de la sentencia
la Corte sostuvo:
De conformidad
con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, tienen derecho al reconocimiento de
la pensión de vejez quienes satisfagan los siguientes requisitos:
“1.
Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60)
años si es hombre.
A
partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y
siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el
hombre.
2.
Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A
partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50
y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015.”
Ahora bien, en
virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, “el análisis para
el reconocimiento de la pensión involucra determinar si el solicitante es
beneficiario del régimen de transición”, pues de encontrase que el
interesado tiene derecho a la aplicación de ese régimen, la verificación de los
requisitos para acceder a la pensión de vejez debe hacerse con base en el
régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993, más favorable, y no con base
en el previsto en el artículo 33 de esa ley. De esta manera, es preciso tener en
cuenta que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece:
“RÉGIMEN
DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres,
hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La
edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.”
Específicamente,
el Decreto
758 de 1990 “Por el cual se aprueba el acuerdo numero 049 de febrero 1 de 1990
emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”, señala en su
artículo 12:
“REQUISITOS
DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas
que reúnan los siguientes requisitos:
a)
Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más
años de edad, si se es mujer y,
b)
Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo.”
Si bien el ISS
ha sostenido que los interesados en el reconocimiento de la pensión de vejez
deben haber cotizado todo el tiempo de servicios requerido, solamente a ese
instituto, en las sentencias T-090 y T-389 de 2009, y T-583 de 2010, la Corte
Constitucional manifestó que en aplicación del principio de favorabilidad ya
aludido, “es posible la acumulación de tiempos no cotizados al ISS” para
contabilizar las semanas requeridas a fin de obtener el reconocimiento de la
pensión de vejez, habida cuenta que:
(1) La falta o
indebida aplicación de las normas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, hacen nugatorios los beneficios que se derivan del régimen de transición
y, en consecuencia, del régimen anterior al cual se encuentra afiliado el peticionario.
Y,
(2) El artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no exige que
las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva al Instituto de Seguro
Social.
Con base en las
consideraciones expuestas, en la citada sentencia T-093 de 2011, en primer
lugar, esta Corporación concluyó que la acción de tutela interpuesta sí era
procedente porque el accionante era una persona de avanzada edad, “que no
cuenta con ingresos permanentes que le permitan solventar los gastos
ordinarios, que le resulta imposible obtener una nueva vinculación laboral u
obtener un ingreso diferente al de su mesada pensional, que no puede someterse
a la espera de un proceso ordinario, que no es propietario de bienes, ni ha
acumulado riqueza pues en su vida laboral se desempeñó como vigilante.”
En segundo
lugar, determinó que el accionante se encuentra amparado por el Régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para
el 1° de abril de 1994, tenía 50 años edad.
En tercer lugar,
la Corte afirmó que a diferencia de lo estimado por el ISS, el actor sí
satisface los requisitos exigidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990
para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez. Esto, porque de
conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, el actor “tiene
más de 23 años de tiempo de servicio cotizado al ISS y la Caja de Previsión
Social de Boyacá. Justamente el tiempo aportado a esta Caja es el que no
reconoce de forma completa el ISS, (…).”Con fundamento en esta
comprobación, finalmente la Corporación señaló:
“De
conformidad con los precedentes jurisprudenciales expuestos, no es necesario
que el tiempo de servicios requerido para ser beneficiario del Acuerdo 049 de
1990 se hubiere cotizado de forma exclusiva al ISS. En esa medida, resulta
relevante tener en cuenta que de haberse contado el periodo laborado por el
peticionario a la Secretaría Municipal de Educación de Sogamoso, el actor
cumpliría con las 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores a tener 60
años. Esto, comoquiera que el accionante cumplió la edad requerida el 30 de
mayo de 2003[48] y
el tiempo que fue descartado por el ISS al servicio del ente municipal
transcurrió entre julio de 1990 y febrero de 1996.
(…)
En
consecuencia, al señor Benjamín Fernández Naranjo le asiste el derecho a que
el ISS le reconozca y pague la pensión de vejez aún cuando para completar el
tiempo de servicios previsto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 sea
necesario acumular periodos cotizados al ISS y a la Caja de Previsión Social de
Boyacá. De hecho, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la
prestación se debe reconocer con independencia de que el tiempo se hubiere
cotizado en forma exclusiva al ISS o como en el caso del señor Fernández
Naranjo al ISS y a la Caja de Previsión Social de Boyacá.” (Negrilla fuera
del texto original).
Así las cosas, la
Corte resolvió dejar sin efectos las resoluciones mediante las cuales el ISS
negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del accionante y
ordenó al ISS reconocer a su favor dicha prestación “de acuerdo con las
semanas de cotización que se encuentren debidamente acreditadas, para lo cual
deberá aplicar la jurisprudencia de esta corporación que permite la acumulación
de tiempos de servicios para ser beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, así como las demás
consideraciones de esta providencia sobre el reconocimiento del tiempo laborado
por el peticionario en la Secretaría de Educación del municipio de Sogamoso
entre julio de 1990 y febrero de 1996.”
En síntesis, la
decisión de negar el reconocimiento de la pensión de vejez a quien se encuentra
amparado por el régimen pensional previsto en el artículo 12 del Decreto 758 de
1990, por no haber cotizado únicamente al ISS, constituye una vulneración de
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.
3.
LOS
CASOS CONCRETOS
Observa la Sala
que los asuntos objeto de revisión se refieren a la negativa de las entidades
accionadas de reconocer las prestaciones pensionales solicitadas, arguyendo
para ello no poder tenerse en cuenta los períodos laborados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
En
los expedientes T-3.799.472, T- 3.807.074, T- 3.807.109, T- 3.807.778, T-
3.812.583, T- 3.813.132 y T-3.819.515 los accionantes, al no cumplir con el
número de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, solicitan se
les reconozca el pago de la indemnización sustitutiva a la que dicen tener
derecho. No obstante, todas las entidades demandadas exponen el argumento común
de que los hechos configurativos de las condiciones para concederles la
indemnización reclamada se dieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, de tal manera que no fueron cubiertos por el Régimen de
Seguridad Social establecido en dicha normativa.
Por
su parte, en el expediente T-3.904.057, el peticionario por considerar que
cumple con los requisitos exigidos para acceder de manera vitalicia a la
pensión de vejez, demanda al juez de tutela su reconocimiento, toda vez que no
ha sido posible lograr lo pretendido a través de otros mecanismos. En esta
oportunidad, tanto la entidad encargada del reconocimiento de la prestación
económica como el despacho judicial que conoció en segunda instancia el proceso
ordinario instaurado por el accionante, sostienen que no es posible acumularse
las semanas trabajadas en el sector público sin cotizaciones al Instituto del
Seguro Social, por cuanto se causaron con anterioridad a la Ley 100 de 1993, y
las semanas efectivamente cotizadas al ISS, motivo por el cual no reúne el
tiempo mínimo cotizado exigido para el efecto.
En
este orden de ideas, la Sala Séptima de Revisión hará unas consideraciones
generales aplicables al primer grupo de expedientes referenciados y,
posteriormente, se detendrá a analizar el segundo caso expuesto habida cuenta
de que ya se surtió el trámite ordinario laboral contemplado, por lo que se
trata de una acción de tutela dirigida contra una providencia judicial
3.1.
EXPEDIENTES
T-3.799.472, T- 3.807.074, T- 3.807.109, T- 3.807.778, T- 3.812.583, T-
3.813.132 y T-3.819.515.
En los presentes
casos, las entidades accionadas cuestionan el no agotamiento por parte de los
solicitantes de los medios ordinarios de defensa judicial para lograr lo
pretendido. Argumento que, en todos los casos, fue avalado por los jueces de
tutela, quienes sin realizar mayor consideración referente a las condiciones
particulares de los accionantes, negaron los amparos solicitados por no
encontrarse satisfecho el requisito de la subsidiariedad.
Al respecto,
manifiesta la Sala que es indiscutible que la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez es un derecho de naturaleza económica y de regulación legal,
por lo que sus titulares podrían reclamarlo ante la jurisdicción ordinaria
laboral, tal como lo alegan las entidades accionadas y los jueces en sus
decisiones.
No obstante,
debe advertirse que en todos los asuntos objeto de revisión los peticionarios
son personas de la tercera edad, pues cuentan con 85, 78, 79, 79, 64, 63 y 72
años de edad respectivamente, por lo que obligarlos a recurrir a otras vías
procesales no sólo no los libera de la trasgresión de sus derechos, sino que
necesariamente los coloca en circunstancias de ser afectados por un perjuicio
irremediable, pues la efectiva realización de sus derechos se suspende hasta
que sean decididas las correspondientes acciones ordinarias.
De esta manera,
se insiste en el hecho de que los accionantes son personas sujetas a una
especial protección constitucional y está demostrada la inminencia de que se
configure para ellos un perjuicio irremediable, puesto que exigirles recurrir a
los procedimientos contemplados en la jurisdicción ordinaria, los cuales pueden
llegar a durar varios años en su resolución, resulta una medida injusta,
inequitativa e ineficaz, puesto que la demora en el proceso ordinario podría
llegar a ser igual o superior a la simple expectativa de vida para la
protección de sus derechos.
Encuentra
entonces procedente esta Sala la acción de tutela incoada por ellos y, en
consecuencia, la considera idónea para solicitar y  obtener la correspondiente
indemnización sustitutiva.
Ahora, en
relación con la prestación solicitada, debe reiterarse las consideraciones
esgrimidas en la parte motiva de esta providencia, en el entendido que las
entidades encargadas del reconocimiento de la indemnización sustitutiva por el
tiempo en que los solicitantes hallan laborado para ellas, no pueden oponerse a
su reconocimiento bajo el argumento de que no se hicieron los respectivos
descuentos para aportes a pensión y que, en consecuencia, no hay dineros para
devolver ni mucho menos son aplicables las disposiciones normativas de la Ley
100 de 1993, ya que las normas establecidas en dicha ley son de orden público,
lo que implica que ellas son de inmediato y obligatorio cumplimiento y, por
tanto, afectan situaciones no consolidadas que se encuentren en curso.
Así,
teniendo en cuenta lo que se ha expuesto a lo largo de esta sentencia, se puede
concluir que los accionantes sí tienen el derecho a percibir la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, ya que se aplica plenamente el régimen
establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, en la medida que se trata
de personas que cumplieron la edad para adquirir la pensión de vejez, pero no
cuentan con el número mínimo de semanas cotizadas para acceder a la misma.
Además, debe considerarse que actualmente se encuentran en imposibilidad de
continuar cotizando dada su edad y sus problemas de salud, y que el artículo
37 de la Ley 100 de 1993 no presenta límites temporales, por lo que quienes
hayan cotizado en vigencia de una normatividad anterior y cuya situación
jurídica no se consolidó con relación a la misma, están cobijados por lo
dispuesto en la normativa citada.
En consecuencia,
resulta claro que ni las entidades demandadas en sus actos administrativos, ni
los jueces en sus fallos, tuvieron en cuenta la solicitud de esta indemnización
sino que ignoraron los precedentes y los pronunciamientos jurisprudenciales de la
Corte sobre este asunto, algunos de los cuales, incluso, fueron alegados por
los mismos tutelantes en sus acciones.
No comparte la
Sala las posiciones adoptadas por los jueces de instancia, quienes extremaron
su rigor al momento de examinar las condiciones de procedibilidad de las
tutelas que aquí se revisan y  olvidaron que, cuando el amparo de los derechos
es solicitado por sujetos de especial protección constitucional como
consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran y del
especial amparo que la Constitución Política les brinda, por haber sobrepasado
o estar cercano a los umbrales de la tercera edad, la Corte ha considerado que
se debe hacer un examen menos estricto de las reglas de procedencia de la
acción de tutela.[49]
En este orden de
ideas, se concluye que los accionantes han superado el rango de los 60 años de
edad, por lo que es evidente que su situación está conectada con su ya escasa
expectativa de vida. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se trata de un derecho
imprescriptible, el cual según la jurisprudencia de la Corte aquí examinada,
pueden reclamarlo independientemente de haber estado afiliados al Sistema de
Seguridad Social al momento de la vigencia de la Ley 100 del 93.
En esta medida, la
Corte considera equivocados los fallos que se revisan a la luz de las
consideraciones efectuadas en esta providencia, y estima del caso revocarlos y,
en su lugar, tutelar los derechos constitucionales fundamentales de los
accionantes, ordenando a las entidades accionadas, o a las que hagan sus veces,
expedir un nuevo acto en el que reconozcan y paguen la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez a que tienen derecho los solicitantes, de
acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren debidamente
acreditadas, prestaciones que se deberán liquidar de acuerdo con las reglas
contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.
3.2.
EXPEDIENTE T-3.904.057
En el presente
asunto, el señor Carlos Enrique García Bedoya solicita el amparo a sus derechos
fundamentales, vulnerados por el Instituto del Seguro Social y el Tribunal
Superior de Medellín, al no reconocerle su pensión de vejez, bajo el sustento
de no cumplir con los requisitos señalados en el Acuerdo 049 de 1990, en el
entendido de no poderse acumular, para efectos del reconocimiento pensional, el
tiempo laborado y no cotizados al ISS, con el tiempo efectivamente cotizado al
ISS.
Al cuestionar el
accionante la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Medellín, proferida
en segunda instancia dentro del proceso laboral ordinario iniciado por el aquí
accionante, debe la Sala entrar a estudiar si cumple con los requisitos
exigidos para la  procedencia de la acción de tutela para controvertir
providencias judiciales.
3.2.1.
Relevancia constitucional
La cuestión
planteada tiene relevancia constitucional, comoquiera que implica establecer si
la Sala Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital del accionante, al revocar la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Medellín, mediante la cual se condenó al Instituto del
Seguro Social a reconocer y pagar a favor del actor la pensión de vejez.
3.2.2.
Agotamiento de todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
En criterio de
los jueces de tutela, la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad. Al respecto, observa la Sala que  el actor no interpuso recurso
de casación contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín.
Ahora bien, a
juicio de esta Corporación, la presente acción de tutela sí satisface el
requisito de subsidiariedad, en virtud de las siguientes razones. En primer
lugar, porque aunque en principio el actor puede interponer el recurso de
casación, no puede perderse de vista que ese trámite
tienen una duración aproximada de 3 a 5 años. De este modo, para esta Sala,
someter al accionante a un trámite de esa naturaleza, dada su avanzada edad,
resulta una carga desproporcionada.
En
segundo lugar, porque en atención al argumento anterior, el mecanismo judicial
con que cuenta la accionante, es decir, el recurso de casación, para
controvertir la decisión judicial cuestionada, no es idóneo ni eficaz para
obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
En
este punto, cabe recordar que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
la procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos de
reconocimiento y pago de derechos pensionales, adquiere cierto grado de
justificación cuando sus titulares son personas de la tercera edad, ya que se
trata de sujetos que requieren un tratamiento especial, diferencial y más
proteccionista[50]. Así, se
debe tener en cuenta que ha sido criterio reiterado de esta Corporación que la
tardanza en la decisión de conflictos en materia pensional, “sin duda
puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad al
mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en
principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la
intervención plena del juez constitucional.[51]”
Aunado a lo
anterior, encuentra la Sala que el accionante está frente a la inminente
ocurrencia de un perjuicio irremediable, toda vez que, tal como es afirmado en
el libelo de tutela, el peticionario no tiene ninguna fuente de ingresos
económicos que permitan cubrir su mínimo vital, puesto que al ser una persona
de la tercera edad el mercado laboral es muy restrictivo, motivo por el cual
requiere de su pensión de vejez para efectos de su subsistencia.
3.2.3.
Cumplimiento del requisito
de inmediatez
Igualmente, según
lo anotado por los jueces de tutela, la acción de tutela sub judice no
cumple el requisito de inmediatez, habida cuenta que transcurrieron más de 10
meses entre la fecha en que fue proferida la sentencia cuestionada, y la
interposición de la solicitud de amparo constitucional.
Esta Corporación
no comparte el argumento anterior, porque de conformidad con la jurisprudencia
constitucional[52],
es factible inaplicar el requisito de inmediatez en materia pensional cuando (i)la carga de interponer la acción de tutela
en un plazo razonable resulta desproporcionada en atención a la avanzada edad
del peticionario; (ii) el accionante se encuentra en circunstancia de
debilidad manifiesta por el deterioro ostensible de su salud[53];
(iii) la decisión en sede de tutela no afectará los derechos de terceros
y el principio de seguridad jurídica[54]; y (iv) la
conducta del interesado frente al reconocimiento de sus derechos no ha sido
negligente.
La Sala
encuentra que el presente caso cumple los requisitos señalados, habida cuenta
que el accionante es una persona de 74 años de edad, que padece serios
problemas de salud, pues le fue diagnosticado carcinoma en la piel del cuero
cabelludo y en el cuello;el
reconocimiento de su derecho a la pensión de jubilación no afectará los derechos de terceros y el principio de seguridad
jurídica; y lleva más de 6 años intentando obtener el pago de esa prestación,
mediante el agotamiento de los recursos administrativos y el trámite del
proceso laboral correspondiente.
3.2.4.
Que no se trate de
sentencias de tutela
La providencia
que se considera violatoria de los derechos fundamentales invocados se produjo
en el curso de un proceso laboral  presentada por el accionante, como
consecuencia de la decisión del ISS de negar su solicitud de reconocimiento de
la pensión de jubilación.
3.2.5.
ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS
ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES.
En sentir de esta Sala de Revisión, la Sala Quinta de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín incurrió en un defecto
sustantivo.
Según los
argumentos expuestos anteriormente, la sentencia de la Sala Quinta
de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín incurrió en un
defecto sustantivo, porque para efectos de determinar si el accionante
satisfacía los requisitos exigidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990
“Por el cual se aprueba el acuerdo numero 049 de febrero 1 de 1990 emanado del
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”, para acceder a la
pensión de vejez, únicamente tuvo en cuenta las semanas cotizadas por el
accionante al ISS, aunque el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no exige que
las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva a esa entidad.
En efecto, en la
sentencia cuestionada, frente al cumplimiento del requisito relativo a los
aportes pensionales realizados por el demandante, el despacho accionado
manifestó que “al no poderse tener en cuenta para efectos de consolidar el
derecho a la pensión de vejez del señor García Bedoya, el servicio en el sector
público, las semanas de cotización al ISS que en total fueron 642.28, resultan
insuficientes para alcanzar la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para tener derecho a la
pensión de vejez por el régimen de transición”.
Nótese que para
efectos del cálculo de semanas cotizadas, de manera injustificada la Sala
Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín no tuvo en
cuenta los periodos laborados para el sector público.
A juicio de esta
Sala, en virtud de los fundamentos jurídicos de esta sentencia, la omisión de la
Sala Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín respecto
del cálculo de semanas cotizadas en el caso del actor, configura un defecto
sustantivo en la segunda circunstancia planteada por la jurisprudencia para su
configuración, esto es, cuando a pesar del amplio margen interpretativo de que
gozan las autoridades judiciales, la aplicación es inaceptable por tratarse de
una interpretación contra legem o  ser irrazonable o desproporcionada para los
intereses legítimos de una de las partes. Ello es así, por cuanto, como ya se
indicó, el artículo 12 del Decreto 758 de 1990
no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva a ese
Instituto.
Así las cosas, la
Corte Constitucional revocará los fallos de tutela proferidos por la Corte
Suprema de Justicia en sus salas de Casación Laboral y Penal, que declararon la
improcedencia de la presente acción.
De esta manera y
para proteger los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social
y el mínimo vital del accionante, dejará sin efectos la sentencia proferida el
31 de enero de 2012 por la Sala Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín.
En este sentido,
ordenará a la Sala Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín que dentro de los tres días siguientes contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera nuevamente sentencia que resuelva el
recurso de apelación presentado por el ISS contra la decisión adoptada el 27 de
agosto de 2010 por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín. Para
resolver el recurso y determinar si el actor cumple los requisitos exigidos en
el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 para acceder al reconocimiento de la
pensión de vejez, además de las semanas cotizadas por el accionante al ISS,
deberá tener en cuenta las semanas laboradas en el sector público, así como el
tiempo del servicio militar y las semanas cotizadas por el actor al ISS en
calidad de trabajador del sector privado.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- En el
expediente T-3.799.472, REVOCAR, por las razones expuestas en esta
providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Bogotá el veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013), y en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales del señor Alfonso Ramírez Gómez.
SEGUNDO.- ORDENAR al Fondo
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia o quien haga sus
veces que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de este fallo, expida un nuevo acto en el que reconozca y pague la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho el señor
Alfonso Ramírez Gómez, de acuerdo con las semanas de cotización que se
encuentren debidamente acreditadas, prestación que deberá liquidar de acuerdo
con las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas concordantes.
TERCERO.- En el
expediente T-3.807.074, REVOCAR, por las razones expuestas en esta
providencia, la
Sentencia dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), proferida por el
Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Bogotá  y, en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales del señor Pedro Pablo Canro.
CUARTO.- ORDENAR a la Caja
Nacional de Previsión Social- CAJANAL EICE o quien haga sus veces que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de
este fallo, expida
un nuevo acto en el que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez a que tiene derecho el señor Pedro Pablo Canro, de acuerdo con
las semanas de cotización que se encuentren debidamente acreditadas, prestación
que deberá liquidar de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.
QUINTO.- En el
expediente T-3.807.109, REVOCAR por las razones expuestas en esta
providencia, la Sentencia proferida el catorce (14) de septiembre de dos mil
doce (2012), por el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, y en
su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales del señor
Antonio José Álvarez De Castro.
SEXTO.- ORDENAR a la Caja
Nacional de Previsión Social- CAJANAL EICE o quien haga sus veces que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de
este fallo, expida
un nuevo acto en el que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez a que tiene derecho el Antonio José Álvarez de Castro, de
acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren debidamente
acreditadas, prestación que deberá liquidar de acuerdo con las reglas
contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.
SÉPTIMO.- En el
expediente T-3.807.778, REVOCARpor las razones expuestas en esta
providencia, la
Sentencia proferida el Tribunal Administrativo de Santander, en fallo del cinco
(05) de febrero de dos mil trece (2013) y, en su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales del señor José del Carmen Ordoñez.
OCTAVO.- ORDENAR al Departamento
de Santander que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a
partir de la notificación de este fallo, expida un nuevo acto en el que reconozca
y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho
el señor José del Carmen Ordoñez, de acuerdo con las semanas de cotización que
se encuentren debidamente acreditadas, prestación que deberá liquidar de
acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y
demás normas concordantes.
NOVENO.- En el
expediente T-3.812.583, REVOCARpor las razones expuestas en esta
providencia, la
Sentencia proferida por el Juzgado Vigésimo Sexto Penal del Circuito de
Medellín del quince (15) de enero de dos mil trece (2013) y, en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales de la señora Luzmila Isaza Gómez.
DÉCIMO.- ORDENAR al Instituto
del Seguro Social que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado
a partir de la notificación de este fallo, expida un nuevo acto en el que reconozca
y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho
la señora Luzmila Isaza Gómez, de acuerdo con las semanas de cotización que se
encuentren debidamente acreditadas, prestación que deberá liquidar de acuerdo
con las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas concordantes.
DÉCIMO PRIMERO.-
En el expediente T-3.813.132, REVOCAR por las razones expuestas en esta
providencia, la
Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Laboral, del seis (06) de
febrero de dos mil trece (2013) y, en su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales del señor David Vásquez Caycedo.
DÉCIMO SEGUNDO.-
ORDENAR ala Caja de
Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM-o quien haga sus veces que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación
de este fallo, expida
un nuevo acto en el que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez a que tiene derecho el señor David Vásquez Caycedo, de acuerdo
con las semanas de cotización que se encuentren debidamente acreditadas,
prestación que deberá liquidar de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo
37 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.
DÉCIMO TERCERO.-
En
el expediente T-3.819.515, REVOCAR por las razones expuestas en esta
providencia, la
Sentencia proferida el dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), por
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia y, en su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales de la señora Flor María Ortiz de Franco.
DÉCIMO CUARTO.- ORDENAR ala Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE o quien haga sus veces que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación
de este fallo, expida
un nuevo acto en el que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez a que tiene derecho la señora Flor María Ortiz de Franco, de
acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren debidamente
acreditadas, prestación que deberá liquidar de acuerdo con las reglas
contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.
DÉCIMO QUINTO.- En el expediente
T-3.904.057, REVOCAR por
las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida el diecisiete
(17) de abril de dos mil trece (2013), por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales del señor Carlos Enrique García Bedoya.
DÉCIMO SEXTO.-
DEJAR SIN EFECTOS,
con base en las consideraciones esgrimidas en esta providencia, la Sentencia
del treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012), proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín.
DÉCIMO SÉPTIMO.-
ORDENAR
a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla que en el
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera nuevamente una decisión, de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia.
DÉCIMO OCTAVO.- LÍBRENSE por Secretaría
General, las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRTELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Sentencias T-414 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-642 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[2] Sentencia T-284-07.
[3] Sentencia C-623 de 2004
[4] Posición planteada desde la sentencia T-406 de 1992.
[5] Víctor Abramovich, Christian Courtis, Los derechos sociales
como derechos exigibles, Editorial Trotta, Madrid, 2002.
[6] Ver las sentencias T-016-07 sobre el derecho a la salud, T-585-08
sobre el derecho a la vivienda y T-580-07 sobre el derecho a la seguridad
social.
[7] Sentencia T-414 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] Sentencia C-1141 del 19 de noviembre de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[9] Sentencia T-434 del 7 de mayo de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[10]Ver
entre otras, las sentencias: T-816 del 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1309 del 12 de diciembre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-691 del 1 de julio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 del 27 de mayo de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y; T-425 del 6 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[11]Sentencia
T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández
[12]Sentencia T-456 del 11 de mayo de 2004; M.P. Jaime Araujo Renteria.
[13] M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[14] Sentencia T-860 del 18 de agosto de 2005 y SU-1354 de 2000.
[15] Corte Constitucional, sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16] Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[17]Sentencia T-774 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[18] Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios generales
de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a
garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de
un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer
valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta Corporación, la razón
detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se
interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”
[19] Sentencia T-1240 de 2008: los criterios específicos o
defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial
cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los
derechos fundamentales del reclamante.
“[20]
Sentencia 173/93.”
“[21]
Sentencia T-504/00.”
[22] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[23] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[24] Sentencia T-658-98
[25] Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[26] Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[27] Sentencia T-522/01
[28]Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.
[29] Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[30] Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[31] Sentencias T-232 del 31 de marzo de 2011 y 719 del 23 de
septiembre de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[32] Artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, Derogados
por la Ley 100 de 1993.
[33]Artículo 2, Ley 90 de 1946: Serán
asegurados por el régimen del seguro social obligatorio, todos los individuos,
nacionales y extranjeros, que presten sus servicios a otra persona en virtud de
un contrato expreso o presunto, de trabajo o aprendizaje, inclusive los
trabajadores a domicilio y los del servicio doméstico.
Sin
embargo, los asegurados que tengan sesenta (60) años o más al inscribirse por
primera vez en el seguro, no quedarán protegidos contra los riesgos de
invalidez, vejez y muerte, ni habrá lugar alas respectivas cotizaciones.
[34]Artículo 8, Ley 90 de 1946:Para la
dirección y vigilancia de los seguros sociales, créase como entidad autónoma
con personería jurídica y patrimonio propio, un organismo que se denominará
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, cuya sede será Bogotá.
[35] Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961.
[36] El literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el trascrito, retomaron lo contemplado en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, que otorgaba la posibilidad de acumulación de aportes para los trabajadores
del sector público y del sector privado que a partir de su vigencia, diciembre
19 de 1988, acreditaran 20 años de aportes cotizados “en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus
veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o
distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una
pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es
varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”.
[37] El literal c del parágrafo 1°, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, fue modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, norma que también fue objeto de pronunciamiento por esta Corporación en sentencia C-1024 de
2004, en la cual se resolvió estarse a lo resuelto en el fallo C-506 de 2001.
[38] A partir del 1° de enero de 2014, la edad se incrementará a
57 años si se es mujer y 62 años si se es hombre.
[39]A partir del 1° de enero de 2005 el número de
semanas se incrementó en 50 y, a partir del 1° de enero de 2006 se presenta un
incremento anual de 25 semanas, hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015.
[40] Sentencia C-624 de 2003. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
[41]Cfr. Sentencia T-792 del 23 de noviembre de 2006. MP. Rodrigo
Escobar Gil.
[42]Cfr. Sentencia T-1088 del 14 de diciembre de 2007. MP. Rodrigo
Escobar Gil.
[43]Decreto 1730 de 2001. Artículo 1°. Literal a).
[44]Ver Sentencias: T-850 del 28 de agosto de 2008. MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra y T-080 del 11 de febrero de 2010. MP.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[45]Ibídem. Sentencia T-080 del 11 de febrero de
2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[46]Ibídem. Sentencia T-080 del 11 de febrero de
2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[47]La reiteración de jurisprudencia se hará con base en esta sentencia,
dado que en ella el suscrito magistrado resolvió un problema jurídico
sustancial similar al que se estudia en esta oportunidad.
[48]El accionante nació el 30 de mayo de 1943.
[49]Sentencias T-789 de 2003, T-515A de 2006,
T-180 de 2009 y T-238 de 2009.
[50] Sobre el particular se puede consultar las sentencias T-702 de
2008, T-681 de 2008 y T-607 de 2007.
[51]Sentencia T-083 de 2004.
[52] Sentencia T-1028 de 2010.
[53] En la sentencia T-654 de 2006 se indicó: “la inmediatez no
puede alegarse como excusa para dejar de amparar los derechos constitucionales
fundamentales cuando frente a quien se pretende hacer valer este requisito es
una persona que sufre un serio deterioro en su salud (…) De admitirse esta
posibilidad, se le estaría negando a una persona colocada en circunstancias de
debilidad manifiesta de manera seria y grave la posibilidad de acceder a la
administración de justicia en defensa de los derechos que le han sido
desconocidos, tanto más cuanto, las consecuencias de esa vulneración han
permanecido en el tiempo y tienden a agudizarse cada día más”.
[54] SentenciasT-1112 de 2008, T-743 de 2008 y T-243 de 2008.