T-671-17
Expediente T-6.320.322
Sentencia
T-671/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
La
Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
las decisiones de los jueces, en su calidad de autoridades públicas, cuando
incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y
afecten los derechos fundamentales de las partes. En todo caso, dicha
procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa
juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la
naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
LINEA JURISPRUDENCIAL DEL CONSEJO DE
ESTADO EN MATERIA DE DAÑO MORAL Y TASACION DE PERJUICIOS MORALES
REPARACION DE DAÑO MORAL EN CASO DE
LESIONES-Precedente
jurisprudencial contenido en sentencia de unificación del Consejo de Estado
En
la sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia
sobre la tasación de perjuicios morales en casos de lesiones. En tal sentido,
puntualizó que para determinar el monto que corresponde como indemnización, se
debe verificar la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa.
Además, señaló que a las víctimas indirectas se les asignará un porcentaje, de
acuerdo con el nivel de relación en que se hallen respecto del lesionado.
Así mismo, aclaró
que “la gravedad o levedad de la lesión y
los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo
probado en el proceso”. Con posterioridad a este pronunciamiento, la
jurisprudencia de la Sección Tercera señaló que la valoración de la gravedad o
levedad de la lesión es el referente que permite ubicar el quantum indemnizatorio
que le corresponde a quien alegue el perjuicio moral, dentro de los parámetros
establecidos en la sentencia de unificación . Además,
de manera reiterada, ha sostenido que esa cuantificación debe ser definida en cada caso
por el juez, en proporción
al daño sufrido, a las circunstancias particulares de las causas y
consecuencias de la lesión y según lo que se pruebe en el proceso.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA-Procedencia por defecto fáctico
por no apreciación de las pruebas en materia de reparación de daño moral en
caso de lesiones
En
primer lugar, considera que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico, pues no apreció
las pruebas obrantes en el proceso de una manera racional, objetiva y rigurosa.
En efecto, el Tribunal dejó de valorar pruebas relevantes para determinar el
grado de afectación física y sicológica que sufrió JPP. De otro lado, consideró
que el acervo probatorio no era suficiente para verificar la gravedad de la
lesión, pues no existía un diagnóstico definitivo al respecto, a pesar de que
el dictamen de incapacidad médico legal o de porcentaje de pérdida de capacidad
laboral no constituye tarifa legal para acreditar la magnitud de las lesiones.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA-Procedencia por defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al incurrir en un rigorismo en la
apreciación de las pruebas en materia de reparación de daño moral en caso de
lesiones
La
decisión del Tribunal también está viciada de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al incurrir en un rigorismo en la apreciación de las
pruebas. Este defecto se configura, en la medida que el Tribunal exige un
dictamen que acredite el porcentaje de incapacidad laboral derivado de la
lesión sufrida por JPP, para poder aplicar la sentencia de unificación del
Consejo de Estado sobre la reparación del daño moral en caso de lesiones. De
esta manera, arguye
razones formales a manera de impedimento para determinar el monto
indemnizatorio de acuerdo con lo señalado en dicha sentencia, lo cual implica
una denegación de justicia.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA-Se incurre en decisión sin
motivación en materia de reparación de daño moral en caso de lesiones
El
Tribunal incurre en una decisión sin motivación, pues no da cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales decidió reducir la
indemnización reconocida en primera instancia a los accionantes, de 60 y 30
SMLMV a 6 y 3 SMLMV. Si bien aduce que no fue posible probar la gravedad de la
lesión sufrida por JPP, su valoración probatoria está viciada de defecto
fáctico y, en esa medida, sus argumentos son defectuosos e insuficientes.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA-Procedencia por desconocimiento
del precedente en sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre
reparación del daño moral en caso de lesiones
La sentencia del Tribunal incurre en un
desconocimiento del precedente, pues decide no aplicar la sentencia de
unificación del Consejo de Estado sobre reparación del daño moral en caso de
lesiones, por la falta de un dictamen definitivo que determine el porcentaje de
incapacidad derivado de la lesión sufrida por JPP. A juicio de esta Sala de
Revisión, este no es un argumento razonable y suficiente para apartarse de la
sentencia de unificación. Por el contrario, como se explicó, configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Así, al no aplicar la
sentencia unificadora al caso que se analiza, el Tribunal privó a los
demandantes de la posibilidad de obtener una indemnización ajustada a las
reglas decisionales que han servido de fundamento en casos similares.
Referencia: Expediente T-6.320.322.
Acción de tutela presentada por JPP y otros, en contra de la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Procedencia: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Liquidación de
perjuicios morales en proceso de reparación directa.
Magistrado Ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D. C., siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y
Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en especial de la
prevista por el artículo 241.9 de la Constitución Política y por los artículos
33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la sentencia
adoptada el 25 de mayo de 2017 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el proceso de tutela
promovido por JPP y otros en contra de la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Aclaración previa
Con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015
(Reglamento de la Corte Constitucional), dado que el asunto de la referencia
involucra temas sensibles relacionados con la intimidad de los accionantes,
esta Sala de Revisión emitirá dos copias del mismo
fallo, con la diferencia de que en aquella
que publique la Corte Constitucional se utilizarán las iniciales de sus nombres.
I. ANTECEDENTES
1. El 23 de febrero de
2017, la abogada Leydi Diana Palomino Salazar presentó acción de tutela en
calidad de representante judicial de JPP, RMPT, ENPP, CFLP y CMLP, en contra de
la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Según los accionantes, el fallo de segunda instancia que ese
Tribunal profirió el 26 de octubre de 2016, en el cual tasó los perjuicios
morales en el proceso de reparación directa que adelantaron en contra del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario[1]
(en adelante Inpec), vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad.
1. Hechos
2. El 10 de enero de 2012, JPP, quien
entonces tenía 18 años de edad, fue recluido en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (en adelante EPMSC) de Leticia,
por el delito de hurto calificado[2].
3. En horas de la mañana del 1 de
febrero de 2012, en presencia del guardia de turno, el señor JPP fue agredido y
abusado sexualmente por un grupo de internos de ese establecimiento, quienes lo
acusaban de estar recluido por el delito de abuso sexual y no por hurto
calificado.
4. Ese mismo día, antes de una audiencia
de verificación de allanamiento a cargos que tenía en el Palacio de Justicia de
Leticia, el señor JPP le informó lo sucedido a su defensora, Gloria Villanueva,
quien a su vez puso estos hechos en conocimiento del juez que presidía la
diligencia. El funcionario decidió suspender la audiencia, y el interno fue
remitido por la Policía al Hospital San Rafael de Leticia[3],
para que le practicaran un examen de reconocimiento médico-legal y sexológico,
que arrojó hallazgos compatibles con maniobras sexuales recientes[4].
5. Al día siguiente, el 2 de febrero de
2012, la sicóloga Aura Elena Niño Félix, del Programa de Reinserción Social del
Inpec, atendió al señor JPP y recomendó, entre otras cosas, “realizar
terapia de lunes a viernes al interno JPP, ya que su salud emocional y mental
se encuentra afectada”[5].
La misma funcionaria suscribió ese día la respectiva historia clínica sicológica[6].
6. En atención a lo ocurrido, el 31 de
enero de 2014, el interno y sus familiares interpusieron demanda de reparación
directa por falla del servicio[7],
en contra de la Nación - Ministerio de Justicia[8]
y del Inpec, ante el Juzgado Único Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Leticia.
7. En la sentencia del 9 de septiembre
de 2015[9],
el Juzgado declaró administrativamente responsable al Inpec por los perjuicios
morales causados a los demandantes, y lo condenó a indemnizarlos de la
siguiente manera: a favor de JPP (víctima directa), el equivalente a 60
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV);  a favor de RMPT (madre de
la víctima directa), el equivalente a 60 SMLMV; a favor de ENPP (hermana de la
víctima directa), el equivalente a 30 SMLMV; a favor de CFLP (hermana de la
víctima directa), el equivalente a 30 SMLMV, y a favor de CMLP (hermano de la
víctima directa), el equivalente a 30 SMLMV[10].
Para ello, clasificó la gravedad de la lesión sufrida por el señor JPP en un
porcentaje igual o superior al 30 % e inferior al 40 %, de acuerdo con la tabla
de reparación del daño moral en caso de lesiones que la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó en Sentencia
de Unificación del 28 de agosto de 2014[11].
8. El 18 de septiembre de 2015, el Inpec
interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del juzgado
administrativo[12].
La entidad alegó que no había certeza de la lesión sufrida por JPP ni de las
secuelas que esta le produjo, pues el juez de primera instancia no solicitó de
manera oficiosa un diagnóstico psiquiátrico forense del Instituto Nacional de
Medicina Legal.
9. El recurso fue conocido y resuelto por
la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que mediante el Auto del 4 de abril de 2016[13],
decretó prueba de oficio, con el fin de que el señor JPP fuera valorado por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, para determinar
el porcentaje de incapacidad definitivo. Para adelantar este trámite, el Inpec
se encargaría del traslado del interno, y la parte actora, de consignar la suma
de un (1) SMLMV, a órdenes de la junta.
10. El 23 de mayo de 2016, el apoderado
de la parte actora presentó un escrito en el que el señor JPP y su grupo
familiar solicitaron el beneficio de amparo de pobreza, con el fin de ser exonerados
del pago de la suma de dinero requerida para adelantar el trámite ante la junta
de calificación de invalidez[14].
11. En el auto del 7 de septiembre de
2016, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó la anterior solicitud, al considerar que la parte actora sí
contaba con recursos económicos, pues le “confirió poder amplio y suficiente
a un apoderado de confianza”[15].
En esa misma providencia, señaló que en atención al tiempo transcurrido desde
que se decretó la prueba, no insistiría en su práctica y proferiría sentencia
con base en el material probatorio obrante en el proceso[16].
12. En la sentencia del 26 de octubre de
2016[17],
la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca modificó el fallo de primera instancia, al disminuir el valor de
las indemnizaciones para JPP y su señora madre, RMPT, de 60 a 6 SMLMV para cada
uno, y para ENPP, CFLP y CMLP, hermanos de la víctima, de 30 a 3 SMLMV para
cada uno. A su juicio, el juez de primera instancia no podía fijar el
porcentaje de la lesión sufrida por JPP, “sin tener un diagnóstico
definitivo o una valoración de la gravedad”. Por lo tanto, en su opinión, “en
este caso no es posible aplicar la sentencia de unificación de jurisprudencia
por lesiones”.
2. Pretensiones y fundamentos de la
demanda de acción de tutela[18]
13. Los accionantes solicitan revocar la
sentencia proferida el 26 de octubre de 2016 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y conceder el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso. En consecuencia,
piden dejar sin efectos la referida sentencia y ordenar que el Tribunal
profiera una nueva decisión o, en su defecto, no modifique el fallo de primera
instancia del Juzgado Único Administrativo Oral de Leticia.
14. En sustento de su petición, afirman
que la prueba solicitada de oficio por el Tribunal era innecesaria, porque la
valoración sicológica de JPP la realizó en su momento la doctora Aura Elena Niño
Félix. Agregan que la prueba tampoco era pertinente ni conducente, pues se
trata de un proceso de reparación directa por falla del servicio y no de un
proceso laboral administrativo que pretenda el reconocimiento de una pensión de
invalidez.
15. Además, a su juicio, la modificación
de los perjuicios morales reconocidos por el juez de primera instancia vulnera
el derecho a la igualdad, pues el Tribunal “no debía fallar de manera
caprichosa, sino a partir de criterios de razonabilidad, desde el análisis de
casos previos y de similitudes y diferencias con el evento estudiado”[19].
Así mismo, sostienen que el Tribunal debió argumentar su decisión de manera
clara y suficiente.
3. Respuesta de la entidad accionada[20]
16. La Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contestó, por una parte,
que la acción de tutela es improcedente, pues no cumple ninguno de los
requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional, “toda vez que el
tutelante debió ejercer el medio de control de reparación directa dentro del
término de caducidad previsto en la ley”[21].
17. A su vez, insistió en que la parte
actora no probó el porcentaje de la lesión que sufrió JPP y, por lo tanto, no
se determinó su gravedad. Por esa razón, ponderó las pruebas allegadas al
proceso y concluyó que se debía modificar la sentencia de primera instancia. Según
indicó, cuando no se determina el porcentaje de la lesión, el juez debe
realizar una valoración de las pruebas y, con fundamento en ellas, determinar
los perjuicios.
4.
Decisión
objeto de revisión[22]
18. La Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la sentencia de 25 de mayo
de 2017, consideró cumplidos los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales y se pronunció sobre la
posible configuración de un defecto fáctico por errónea apreciación del acervo
probatorio, relacionado con la tasación de la indemnización por perjuicios
morales.
19. En su opinión, la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca “interpretó en
debida forma el acervo probatorio” y “ejerció de oficio el decreto de
pruebas que consideró necesarias” para determinar la gravedad de la lesión
sufrida por JPP, que “no fue practicada por una circunstancia imputable a la
parte actora”. Agregó que el Tribunal explicó con suficiencia las razones
por las que no podía aplicar la tabla de reparación del daño moral en caso de
lesiones adoptada por el Consejo de Estado.
20. Así mismo, señaló que de los
documentos obrantes en el proceso se podía llegar válidamente a las
conclusiones a las que arribó el Tribunal, sin que se advierta un actuar
caprichoso, irracional o arbitrario de este. Por estas razones, denegó el
amparo invocado[23].
5.
Actuaciones
en sede de revisión
21. El expediente de la referencia fue
escogido para revisión de la Corte Constitucional, mediante el Auto del 25 de
agosto de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Ocho[24].
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
22. Esta Corte es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo previsto
por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, por los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en virtud del auto del 25 de agosto de
2017 expedido por la Sala de Selección Número Ocho
de esta Corte, que decidió seleccionar el presente asunto para su revisión.
2. Problema jurídico
23. Esta Sala de Revisión debe resolver
el siguiente problema jurídico: ¿la acción de tutela presentada por JPP y otros contra la
sentencia proferida el 26 de octubre de 2016 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?
24.
En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, esta Sala pasará
a resolver el siguiente problema jurídico: ¿la
acción de tutela presentada por JPP y otros contra la sentencia proferida
el 26 de octubre de 2016 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca cumple con al menos uno de los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales? De ser así, ¿la providencia cuestionada vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los accionantes?
3. Metodología de la decisión
25. Para resolver los anteriores
interrogantes, esta Sala de Revisión reiterará, en primer lugar, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. A su turno,
expondrá el precedente en materia de reparación del daño moral en caso de
lesiones, teniendo en cuenta la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Finalmente,
analizará el asunto sometido a revisión, para lo cual determinará si se
cumplen: (i) los requisitos de legitimación en la causa por activa y por
pasiva, (ii) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y (iii) al menos uno de los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, que haga necesaria la intervención del juez constitucional para
garantizar los derechos fundamentales cuya protección solicitan los accionantes.
4. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. Requisitos generales de procedencia
26.
Los artículos 86 de la Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991 disponen que toda persona puede acudir a la acción de
tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
27. La Corte Constitucional ha admitido la
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, en su calidad
de autoridades públicas, cuando incurran en graves falencias que las hagan
incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las
partes[25].
En todo caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de
cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la
naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”[26].
28. Para tal efecto, la jurisprudencia
constitucional[27]
introdujo los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su
totalidad: (i) que la cuestión que se discuta
tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración
de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el
presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios
de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un
perjuicio irremediable; (iii) que se
cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia que se impugna[28];
(v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y los derechos vulnerados, y (vi) que no se trate de sentencias de
tutela.
4.2. Requisitos específicos de procedencia
29. Además de los
requisitos generales, la jurisprudencia constitucional ha definido unos
requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, relacionados con graves defectos que las hacen
incompatibles con los preceptos constitucionales[29]. De
estos, al menos uno debe cumplirse para que
la acción de tutela sea procedente. Así mismo, debe tenerse en cuenta que una
misma irregularidad puede dar lugar a la configuración de varios de estos
defectos.
30. Defecto material o sustantivo: la jurisprudencia de esta Corte ha
sostenido que el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la providencia judicial se basa
en una norma inaplicable al caso concreto, ya sea porque no se ajusta a este,
no está vigente por haber sido derogada o fue declarada inconstitucional; (ii)
a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución les reconoce a las
autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma
en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido su alcance; (iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras
disposiciones aplicables al caso, que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática, (iv) la norma pertinente es inobservada e
inaplicada[30] o (v) no se hace uso de la excepción
de inconstitucionalidad y, por el contrario, se emplea una interpretación normativa sin tener en
cuenta que resulta contraria a los derechos y principios consagrados en la Constitución[31]. En
estos eventos, el juez de tutela debe intervenir excepcionalmente, para
garantizar la vigencia de los preceptos constitucionales, a pesar de la
autonomía que, en principio, tienen los jueces para definir las normas en las
que se fundamenta la solución del caso puesto a su consideración[32].
31. Defecto fáctico: se
configura cuando la providencia judicial es el resultado de un proceso en
el que (i) dejaron de practicarse pruebas determinantes para dirimir el
conflicto, o que (ii) habiendo sido decretadas y practicadas, no fueron
apreciadas por el juez bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, o
que (iii) carecen de aptitud o de legalidad, bien sea por su inconducencia,
impertinencia o porque fueron recaudadas de forma inapropiada[33].
32. Defecto procedimental: el
juez, al dictar su decisión o durante los actos o diligencias previas,
desatiende o deja de aplicar las reglas procesales pertinentes. La Sentencia
T-781 de 2011 explicó que se han reconocido dos modalidades de defecto
procedimental: (i) absoluto, cuando el juez sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales del
procedimiento, pasa por alto el debate
probatorio o dilata injustificadamente tanto la adopción de decisiones como su
cumplimiento[34], y (ii) por exceso ritual manifiesto, esto es, cuando arguye
razones formales a manera de impedimento, que implican una denegación de
justicia.
33. Esta segunda
modalidad, de acuerdo con la Sentencia SU-215 de 2016, se puede dar cuando el
juez (i) aplica disposiciones procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii)
exige el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, que en
determinadas circunstancias pueden constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; (iii) incurre en
un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas, o (iv) se omite el
decreto oficioso de pruebas cuando haya lugar a ello.
34. Decisión sin motivación: el juez no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones, o lo hace apenas de manera aparente, a pesar de que, precisamente,
en tal motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de
las providencias que le compete proferir. Al respecto, ha dicho esta Corte que
solo cuando “la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente
insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en
la decisión judicial para revocar el fallo infundado”[35].
35. Desconocimiento del precedente: el juez desconoce el precedente jurisprudencial sobre determinado
asunto, sin exponer una razón suficiente para apartarse. En
estos casos, es necesario: (i) determinar la existencia de un precedente o
grupo de precedentes aplicables al caso y distinguir las reglas decisionales
contenidas en ellos; (ii) comprobar que la providencia judicial debió tomar en
cuenta tales precedentes, pues, de no hacerlo, desconocería el principio de
igualdad, y (iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del
precedente, bien por encontrar diferencias fácticas entre este y el caso
analizado, bien porque la decisión debía ser adoptada de otra manera para
lograr una interpretación más armónica con los principios constitucionales y
más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales[36].
36. Defecto orgánico: el juez que profirió la sentencia impugnada carece en forma
absoluta de competencia. Ha dicho la Corte Constitucional que, entre otros
supuestos, este defecto se produce cuando los jueces desconocen su competencia o
asumen una que no les corresponde, así como cuando adelantan alguna actuación o
emiten un pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos
para que se surtan determinadas actuaciones[37].
37. Error inducido: la
providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización
participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia,
cuyo manejo irregular induce a error al funcionario judicial, con grave
perjuicio para los derechos fundamentales de alguna de las partes o de
terceros. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, son requisitos de esta causal los siguientes: (i) la providencia que contiene el error
está en firme; (ii) la decisión se adopta respetando el debido proceso, por lo que no hay una
actuación dolosa o culposa del juez; (iii) no obstante, la decisión resulta
equivocada, pues se fundamenta en la apreciación de hechos o situaciones
jurídicas en las cuales hay error; (iv) ese
error es atribuible al actuar de un tercero (órgano estatal u otra persona
natural o jurídica), y (v) la providencia judicial produce un
perjuicio ius fundamental[38].
38. Violación directa de la Constitución: el juez adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, postulados de la Constitución, ya sea porque
(i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o
(ii) aplica la ley al margen de los preceptos Superiores.
5. Precedente en materia de reparación del daño moral en caso
de lesiones. Sentencia de unificación del Consejo de Estado.
39. De manera previa al análisis del caso sometido a
revisión, esta Sala se referirá al desarrollo que ha tenido en la
jurisprudencia del Consejo de Estado el reconocimiento y la liquidación de los perjuicios
morales en casos de lesiones, por ser esta la materia sobre la cual se decidió
en la sentencia cuestionada en la acción de tutela[39].
40. El artículo 16 de la Ley 446 de 1998
dispone que “dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración
de Justicia la valoración de daños irrogados a
las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
41. De acuerdo con el Consejo de Estado, la reparación
integral a la que se refiere ese artículo busca el restablecimiento del
derecho, bien o interés jurídicamente tutelado que fue afectado por el hecho
dañoso. En ese sentido, ha identificado una serie de perjuicios, entre ellos
los morales, que están compuestos “por el dolor,
la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja,
desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta
de un daño antijurídico, individual o colectivo”[40].
42.
En la sentencia de 20 de abril de 2005[41],
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado señaló que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, la indemnización de
perjuicios morales tiene una función satisfactoria, mas no reparatoria
de tal aflicción. En ese sentido, “los
medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su
existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto,
corresponde al juez tasar discrecionalmente
la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al
demandante”. Dicha gravedad, agregó la Sección, “puede ser apreciada por
sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración
cualquier tipo de prueba”.
43.
En reiteradas oportunidades[42],
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado se ha referido a la presunción de aflicción para acceder a la
indemnización de perjuicios morales. Según ha dicho, las reglas o máximas de la
experiencia demuestran que, en eventos de muerte, las personas que pierden a un
ser querido sufren profundos sentimientos tristeza. Así mismo, en casos de
lesiones personales, el individuo que ha sufrido una afección física y/o
sicológica experimenta sentimientos de aflicción que se pueden extender a los
miembros de su núcleo familiar.
44.
En efecto, en ciertos casos, las lesiones son de tal magnitud que afectan no
solo a la víctima directa, sino también a terceros. En tales eventos, ha dicho
el Consejo de Estado[43],
el parentesco con la víctima es un indicio suficiente para tener por demostrado
el perjuicio, siempre que no haya pruebas que indiquen lo contrario. Así mismo,
hay casos en los cuales “las respectivas lesiones no alcanzan a tener una
entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores
cotidianas de una persona”. Con todo, la cuantificación de los perjuicios
morales derivados de lesiones debe ser definida por el juez, de manera
proporcional al daño sufrido.
45.
De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa, el juez debe tasar
estos perjuicios con base en la facultad discrecional (arbitrium judicis)
que le es propia. Esa facultad está “regida por los siguientes parámetros:
a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación (…) mas no
de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación
del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c)
la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en
el proceso, y relacionados con las características del perjuicio; y d) debe
estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de
garantizar el principio de igualdad”[44].
46. En la
sentencia de 28 de agosto de 2014[45],
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado unificó su jurisprudencia sobre la tasación de perjuicios morales en
casos de lesiones. En tal sentido, puntualizó que para determinar el monto que
corresponde como indemnización, se debe verificar la gravedad o levedad de la
lesión causada a la víctima directa. Además, señaló que a las víctimas
indirectas se les asignará un porcentaje, de acuerdo con el nivel de relación
en que se hallen respecto del lesionado, así:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN
Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno filiales
Relaciones afectivas
del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)
Relaciones afectivas del tercer grado de consanguinidad o civil
Relaciones afectivas del cuarto grado de consanguinidad o civil
Relaciones afectivas no familiares – terceros damnificados
SMLMV
Igual o superior al 50%
100
50
35
25
15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%
80
40
28
20
12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%
60
30
21
15
9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%
40
20
14
10
6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%
20
10
7
5
3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%
10
5
3,5
2,5
1,5
Así mismo, aclaró que “la
gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán
y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso”.
47. Con posterioridad a
este pronunciamiento, la jurisprudencia de la Sección Tercera señaló que la valoración de la gravedad o levedad de
la lesión es el referente que permite ubicar el quantum indemnizatorio
que le corresponde a quien alegue el perjuicio moral, dentro de los parámetros
establecidos en la sentencia de unificación [46]. Además, de manera reiterada, ha
sostenido que esa
cuantificación debe ser definida en cada caso por el juez, en proporción al daño
sufrido, a las circunstancias particulares de las causas y consecuencias de la
lesión y según lo que se pruebe en el proceso[47].
48. Vale la pena anotar
que con respecto a la valoración probatoria, la Sentencia de 10 de agosto de
2016 referida al Expediente 37040 advirtió que a pesar de que no obre prueba de
la incapacidad médico-legal o del porcentaje de pérdida de capacidad laboral
causado por la lesión, “aquellas no constituyen una tarifa legal para acreditar la magnitud de
la lesión, por lo que, ante su ausencia, deberá tenerse en cuenta cualquier
otro medio probatorio que permita determinar la gravedad o levedad del daño”.
6. Análisis del caso
sometido a revisión
6.1. Legitimación en la causa
49. En el presente caso, se cumplen los requisitos de
legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva, como pasa a
explicarse.
50. Los accionantes JPP y RMPT, quien actúa en representación
de sus hijos menores de edad ENPP, CFLP y CMLP, conformaron la parte actora en
el proceso de reparación directa que concluyó con la sentencia de la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese
sentido, están legitimados en la causa por activa para presentar la acción de
tutela en contra de esa providencia judicial.
51. Dicha
acción se interpuso, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 26 de octubre de 2016 emitió la sentencia
cuestionada. En este orden de ideas,
también se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política[48].
6.2. Cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales.
52. En el presente apartado,
esta Sala de Revisión hará el análisis del cumplimiento de cada uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso que
analiza.
a)
Relevancia
constitucional
53. En cuanto al primero
de los requisitos, el asunto sometido a revisión de esta Sala involucra la posible
vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes a la igualdad (artículo
13 de la Constitución Política) y al debido proceso (artículo 29 de la
Constitución Política).
54. La presunta vulneración
de estos derechos tiene origen en una sentencia de reparación directa proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la que redujo de manera considerable la indemnización de perjuicios
morales reconocida en primera instancia a un recluso que fue víctima de acceso
carnal violento en su lugar de detención, y a sus familiares en el primer y
segundo grado de consanguinidad.
55. Los accionantes,
quienes constituyeron la parte demandante en el proceso de reparación directa,
son indígenas pertenecientes a la etnia ticuna y están registrados en el Censo
del Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia (Capiul), según consta en
certificaciones expedidas por el gobernador de dicho cabildo[49].
56. En el asunto por el
que estas personas acudieron al medio de control de reparación directa, se
cuestionaron los especiales deberes de protección y cuidado que tiene el Estado
con la población reclusa, los cuales fueron desconocidos por el Inpec, entidad
que fue declarada administrativamente responsable por los perjuicios morales
causados a los demandantes con ocasión de las lesiones sufridas por la víctima
del acceso carnal violento[50].
57. Al respecto, vale la
pena recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la relación
de especial sujeción de los reclusos con el Estado no los priva de su calidad
de sujetos activos de derechos. Por el contrario, si bien estas personas tienen
algunas garantías suspendidas y limitadas, “gozan del ejercicio de algunos
derechos fundamentales básicos en forma plena, como la vida, la integridad
física y la dignidad humana”[51].
58. En cuanto a la
protección que el Estado les debe garantizar a las personas privadas de la
libertad, la Corte Constitucional ha sido clara al advertir que “cuando se
detiene a una persona, y luego ésta es recluida en una cárcel, las autoridades
deben devolverla al seno de su familia en las mismas condiciones físicas y
síquicas en que fue detenida, obligación que surge desde el mismo momento de la
detención”[52].
59. Las consideraciones
anteriores permiten concluir que el caso sometido al estudio de esta Sala es
constitucionalmente relevante, en atención al carácter fundamental de los
derechos que se pide proteger, a la naturaleza de los perjuicios cuya
reparación solicitaron los accionantes en sede contencioso administrativa, a la
pertenencia de estas personas a una comunidad indígena y a la condición de
persona privada de la libertad de la víctima del acceso carnal violento, cuya
vida, integridad y dignidad debieron haber sido protegidas por las autoridades
penitenciarias.
b)
Requisito
de subsidiariedad
60. De acuerdo con el artículo 86 Superior,
la acción de tutela solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. Esta exigencia ha sido definida por la
jurisprudencia constitucional como requisito de subsidiariedad. En todo caso,
la propia jurisprudencia ha precisado que el examen del cumplimiento de este
requisito no se agota con corroborar la existencia de otro medio de defensa,
sino que implica, además, verificar que este sea idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales, pues, en caso contrario, la tutela
resultaría excepcionalmente procedente.
61. Esta Corte ha advertido que tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, es necesario que el
accionante haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, para que la acción de tutela sea procedente[53].
Es decir que este mecanismo solo puede operar
cuando todos los mecanismos anteriores han fallado, y siempre que la persona
haya acudido a ellos de manera diligente, ya que si han operado adecuadamente, “nada
nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues los jueces ordinarios habrán
cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar los derechos fundamentales
concernidos”[54].
62. En los términos de la Sentencia SU-424
de 2012, “[L]a acción
de tutela no puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio judicial
alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para
defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos
ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”.
63.
Siguiendo esta línea, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corte según
la cual el amparo
constitucional no es procedente cuando, mediante la acción de tutela, se
pretende reabrir etapas procesales que están debidamente cerradas porque no se
presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o
distracción de las partes[55].
64. Teniendo en
cuenta los anteriores precedentes, a juicio de esta Sala de Revisión, la acción
de tutela que se analiza cumple el requisito de subsidiariedad, por las razones
que se explican a continuación.
65. La tutela
cuestiona una sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en un proceso de reparación directa, que fue
tramitado según lo dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA)[56].
Este Código prevé los recursos ordinarios de reposición, apelación,
queja y súplica, que no proceden contra las sentencias de segunda
instancia proferidas por los tribunales administrativos[57]. Además,
regula los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, que sí son procedentes contra ese tipo de sentencias.
66. Los accionantes alegan la violación de sus derechos
fundamentales, porque la sentencia se apartó sin justificación de la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre la reparación del daño
moral en caso de lesiones. Ese cuestionamiento no encaja en ninguna de las ocho
causales de procedencia del recurso de revisión[58].
En cambio, sí lo hace frente al recurso de unificación de jurisprudencia, que
es viable contra los fallos dictados en única y segunda instancia por los tribunales administrativos, precisamente,
cuando contraríen o se opongan a una sentencia de unificación del Consejo de
Estado[59].
67. Según el artículo 256 del CPACA, el recurso de unificación de jurisprudencia busca “asegurar la unidad en la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de
los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida”.
Además, cuando sea del caso, señala el mismo artículo, servirá para “reparar
los agravios inferidos a tales sujetos procesales”.
68. Es decir que su alcance, tal como lo ha indicado la Corte
Constitucional, “parte de la idea de preservar por razones de igualdad y de seguridad
jurídica, una misma regla de derecho a favor de las partes y de los terceros,
que concurren por la vía de lo contencioso administrativo a la solución de un
caso con identidad de características a otro que ya fue resuelto con
anterioridad, a través de una sentencia de unificación del Consejo de Estado”[60].
69. De lo expuesto anteriormente se
desprende que los legitimados para interponer este recurso son (i) las partes
del proceso y (ii) los terceros que resulten agraviados con la providencia que
se opone a la sentencia de unificación. No obstante, en este aspecto, el
parágrafo del artículo 260 del CPACA introdujo una restricción, según la cual “no
podrá interponer este recurso quien no apeló
la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la otra parte, cuando
el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella”.
70. De acuerdo con lo anterior, en el asunto que se revisa, los
accionantes estaban legitimados para interponer el recurso de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia del Tribunal, en su calidad de parte
perjudicada por la supuesta inobservancia de la sentencia de unificación del
Consejo de Estado. Además, como el fallo del Tribunal no confirmó la sentencia
de primera instancia, sino que la modificó, no estaban cobijados por la
restricción contenida en el parágrafo del artículo 260 del CPACA.
71. Ahora bien, el artículo 257 de ese Código advierte que si el fallo contrario a la sentencia
de unificación es de contenido patrimonial o económico, la cuantía de la
condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda debe ser igual o
exceder ciertos montos, según el tipo de proceso[61], para que el recurso de unificación
de jurisprudencia sea procedente. En el caso de los procesos de reparación
directa, dicho monto se fijó en 450 SMLMV.
72. La sentencia cuestionada condenó a la parte demanda a
pagar una indemnización por concepto de perjuicios morales, por lo tanto, se
trata de un fallo de contenido patrimonial o económico. Sin embargo, la cuantía
de la condena, que en total ascendió a 21 SMLMV[62],
hace improcedente el recurso de unificación de jurisprudencia, pues no
llega a los 450 SMLMV necesarios para que este se
pueda interponer en un proceso de reparación directa.
73. Así las cosas, toda vez que contra de la sentencia de la Subsección B de la
Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no procedía ninguno de los recursos
ordinarios ni extraordinarios previstos en el CPACA, esta Sala de
Revisión considera satisfecho el requisito de subsidiariedad.
c)     Requisito de
inmediatez
74. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe
presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que
generó la vulneración, en este caso, la adopción de la providencia judicial que
se estima violatoria de derechos fundamentales.
75. Ha expresado la
Corte que la razón de ser de este requisito es evitar la transgresión de principios
como la cosa juzgada o la seguridad jurídica, ya que permitir que la acción de
tutela se interponga meses o incluso años después de la fecha en la que se toma
la decisión desdibujaría la finalidad de los mecanismos ordinarios de defensa
previstos por el legislador[63].
Además, se desnaturalizaría la propia acción de tutela, que fue concebida como “un remedio de aplicación urgente que demanda una protección
efectiva y actual de los derechos invocados”[64].
76. La Corte
Constitucional no ha fijado un lapso que pueda considerarse razonable y
proporcionado para interponer la acción de tutela contra providencias
judiciales. De hecho, ha señalado que, en algunos casos, seis meses podrían
considerarse suficientes para declararla improcedente;
sin embargo, en otros, un término de dos años podría considerarse razonable. De manera que ese
lapso no es rígido, sino que debe analizarse con base en las circunstancias de
cada caso y, de ser necesario, flexibilizarse[65].
77. Con el fin de
orientar la labor del juez de tutela, la jurisprudencia constitucional ha
identificado cinco criterios que ayudan a determinar, en cada caso, el
cumplimiento del requisito de inmediatez: (i) la situación personal del
peticionario, que puede hacer desproporcionada la exigencia de presentar la
acción de tutela en un término breve; (ii) el momento en el que se produce la
vulneración, ya que pueden existir casos de violación permanente de derechos
fundamentales; (iii) la naturaleza de la vulneración, pues la demora en la
presentación de la tutela puede estar relacionada, precisamente, con la
situación que, según el accionante, vulnera sus derechos fundamentales; (iv) la
actuación contra la que se dirige la tutela, ya que si se trata de una
providencia judicial, el análisis debe ser más estricto, y (v) los efectos de
la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa legítima
de que se proteja su seguridad jurídica[66].
78. En el asunto que
se examina, tres de estos criterios resultan particularmente relevantes para
determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez: la situación personal
del peticionario, la actuación contra la que se dirige la tutela y los efectos
de esta en los derechos de terceros. Al respecto, vale la pena señalar, en
primer lugar, que al tratarse de una tutela contra una sentencia, el análisis
de esta Sala de Revisión deberá ser estricto, pues, como lo ha advertido la
jurisprudencia de esta Corte, “la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente”[67].
79. Para realizar
ese análisis, el juez de tutela “debe
confrontar el tiempo trascurrido entre la posible afectación o amenaza del
derecho con la fecha de la presentación de la demanda, con el objeto de
establecer si esa interposición es razonable”[68]. En el caso que se estudia, la acción de tutela se interpuso el 23 de febrero
de 2017, esto es, tres meses y 21 días después de la fecha de ejecutoria de la
sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que ocurrió el 2 de noviembre de 2016[69]. Esto
revela que el ejercicio de la acción de tutela fue razonable.
80. Para la época en
que se profirió la sentencia cuestionada, el actor JPP se encontraba recluido
en el EPMSC de Leticia, según certificación expedida por el Juez Único de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad[70]. Cabe anotar
que este no es un hecho irrelevante para la verificación del cumplimiento del
requisito de inmediatez, como se explica a continuación.
81. La
jurisprudencia constitucional ha considerado admisible que transcurra un
extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la vulneración y la
interposición de la acción de tutela en dos circunstancias: (i) cuando la
afectación es permanente en el tiempo y (ii) cuando “la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”[71].
82. Esta Corte
también ha sostenido que “las personas
privadas de la libertad, en razón a su estado de reclusión, se encuentran en
una condición de indefensión y vulnerabilidad, derivada del hecho de no estar
en capacidad de proveerse por sí mismos los medios necesarios para su
subsistencia y para el ejercicio mínimo de sus garantías”[72]. En esa medida, en
atención a su especial situación de indefensión y vulnerabilidad, resultaría
desproporcionado exigirle a un recluso acudir de manera inmediata ante un juez
para solicitar la protección de sus derechos.
83. Con todo, el
accionante le confirió poder a una abogada, y presentó la tutela tres meses y
21 días después de la ejecutoria de la sentencia, término que resulta razonable
y proporcionado, debido a su situación particular. Ahora bien, ese criterio de
razonabilidad implica, a su vez, que la acción de tutela interpuesta no tiene
la potencialidad de poner en riesgo principios como la cosa juzgada o la
seguridad jurídica. En ese sentido, esta Sala de Revisión no evidencia una
vulneración de los derechos de terceros con expectativas legítimas que impida
considerar cumplido el requisito de inmediatez en el asunto que se analiza.
d)    Efecto decisivo de
la irregularidad
84. Esta Corte
también ha advertido que cuando se trata de irregularidades procesales, estas
deben tener un efecto decisivo o determinante en la providencia judicial que se
cuestiona, para que sea procedente la acción de tutela. Lo anterior quiere
decir que esas irregularidades deben ser de tal magnitud que afecten derechos
fundamentales de los accionantes, cuestión que debe entrar a corregir el juez
constitucional[73].
85. En el asunto que
se analiza, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca afirmó que el juez de primera instancia en la
acción de reparación directa no podía fijar un porcentaje de gravedad de la
lesión sufrida por JPP sin tener un diagnóstico definitivo. En esa medida,
agregó, no era posible aplicar la sentencia de unificación de la Sección Tercera
de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sobre reparación del daño
moral en caso de lesiones.
86. De esta manera,
el Tribunal consideró necesario modificar la sentencia de primera instancia y
disminuir las sumas reconocidas a los accionantes como indemnización de
perjuicios morales, de 60 a 6 SMLMV para la víctima directa y su señora madre,
y de 30 a 3 SMLMV para los hermanos menores de edad de la víctima directa.
87. Según los
accionantes, la modificación de la sentencia de primera instancia fue
caprichosa, porque el Tribunal no tuvo en cuenta criterios de razonabilidad ni
analizó casos previos similares. Además, advirtieron, el a quo “debió
argumentar su sentencia de manera clara y suficiente”, sin apartarse de la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
88. De otro lado,
consideraron que la prueba de oficio decretada por el Tribunal para establecer
la gravedad de la lesión era innecesaria, pues la víctima ya había sido
valorada sicológicamente. Así mismo, afirmaron que esa prueba no era “pertinente,
conducente, ya que estamos es frente a un proceso de reparación directa (falla
en el servicio) y no frente a un proceso Laboral Administrativo que pretenda la
pensión de Invalidez”.
89. De lo expuesto,
es claro que, de acreditarse, las irregularidades alegadas por los accionantes
tienen efectos decisivos en la providencia cuestionada. En efecto, el Tribunal
decidió modificar el fallo de primera instancia y disminuir las indemnizaciones
reconocidas a los demandantes, porque no se practicó la prueba que decretó de
oficio y no fue posible determinar la gravedad de la lesión sufrida por JPP con
base en el porcentaje de incapacidad laboral. Por lo tanto, resulta evidente
que es en la propia sentencia en la que la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le puso
fin al proceso de reparación directa donde tuvieron lugar las presuntas
irregularidades que alegan los accionantes.
e)     Identificación
razonable de los hechos
90. Para que proceda
la acción de tutela contra providencias judiciales, también es necesario que la
parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados. Además, que haya alegado esa
vulneración en el proceso ordinario, siempre y cuando haya tenido oportunidad
de hacerlo[74].
91. En el asunto sometido
a revisión de esta Sala, los accionantes hacen un relato claro, detallado y
comprensible de los hechos que dieron origen a la sentencia que cuestionan. Además,
la acción de tutela identifica los derechos fundamentales que, razonablemente,
se estiman vulnerados con esa providencia judicial, esto es, la igualdad y el
debido proceso.
92. Ahora bien, tal
como se señaló en el apartado correspondiente al requisito de subsidiariedad, los
accionantes no tenían la posibilidad de alegar la vulneración de tales derechos
en el trámite del proceso ordinario, pues contra la sentencia de segunda
instancia de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no procedían recursos.
f)
No se trata de una
sentencia de tutela
93. Finalmente, es
necesario que la providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de
tutela, pues los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida[75].
94. En la sentencia SU-1219 de 2001, la Corte precisó que la
acción de tutela no procede contra un fallo de tutela, porque: i) implicaría
instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas no
seleccionadas; (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, que
afectaría la seguridad jurídica; (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la
tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada
hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar
otra tutela contra el fallo que le fue adverso”, evento en el cual “seguramente
el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a
vencer”.
95. En el asunto que se examina, es evidente que la acción de
tutela no se dirige contra una sentencia de tutela, sino contra una sentencia
de segunda instancia proferida en un proceso contencioso administrativo de
reparación directa por falla del servicio.
96. De esta manera, la Sala encuentra que en el presente
asunto se cumplen  todos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Por lo tanto, pasa a estudiar el
cumplimiento de los requisitos específicos.
6.3. Cumplimiento de los requisitos específicos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
97. Los accionantes sostienen que la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (i) decretó una
prueba innecesaria, impertinente e inconducente para determinar la gravedad de
la lesión sufrida por JPP y tasar la correspondiente indemnización de
perjuicios morales; (ii) modificó de manera caprichosa las sumas reconocidas en
la sentencia de primera instancia como indemnización de perjuicios morales, sin
analizar casos previos similares, y (iii) no argumentó su decisión de manera
clara y suficiente.
98. En el fallo de tutela que se
revisa, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado señala que, según los accionantes, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca “incurrió en defecto fáctico al pretender determinar el
monto de los perjuicios morales causados a los actores por la agresión de la
que fue víctima el señor JPP, con base en la calificación de la pérdida de la
capacidad laboral, por parte de la Junta de Calificación de Invalidez de
Bogotá, cuando obran otras pruebas en el plenario para establecer, debidamente,
la indemnización que les corresponde”.
99. En virtud de
lo anterior, sostuvo que le correspondía definir si la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un “defecto
fáctico por errónea apreciación del acervo probatorio, en relación con la
tasación de la indemnización por los perjuicios morales sufridos con ocasión
del abuso del que fuera víctima el señor JPP”[76].
100.
Al respecto, la sentencia de tutela concluye que “el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección ‘B’, hizo alusión a la totalidad
del acervo probatorio, explicando el valor dado a cada una de las pruebas,
teniendo en consideración la lógica y aplicando las reglas de la sana crítica”.
Con base en esa valoración, explica, el Tribunal encontró no probada la
gravedad de la lesión sufrida por JPP y, por esa razón, inaplicó los parámetros
jurisprudenciales de reparación del daño moral definidos en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014.
101. A partir de las deficiencias que los actores le endilgan
a la sentencia del Tribunal y del análisis que realiza la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en el fallo de tutela, esta Sala de Revisión determinará si
en el presente asunto se configuran los siguientes defectos: fáctico,
procedimental, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.
6.3.1 Análisis del defecto
fáctico en el caso concreto
102. A juicio de la Sala, la
sentencia proferida el 26 de octubre de 2016 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca adolece de defecto fáctico
por tres razones: (i) se limitó a hacer una enunciación de las pruebas, (ii)
desconoció piezas procesales que obran en el expediente y (iii) no hizo una
valoración integral del acervo probatorio.
103. En la sentencia cuestionada,
el Tribunal relaciona las siguientes pruebas: (i) el reconocimiento
médico-legal – dictamen sexológico que se le realizó a JPP en el Hospital San
Rafael de Leticia el día de los hechos; (ii) el oficio No. 101 EPMSC LET/077,
en el que la sicóloga Aura Elena Niño Félix, del Programa de Reinserción Social
del Inpec, hizo recomendaciones relacionadas con la integridad física y la
salud mental del señor JPP; (iii) la historia clínica psicológica EPMSCL, en la
que la sicóloga Aura Elena Niño Félix valoró a la víctima e hizo
recomendaciones; (iv) documentos que demuestran el seguimiento de sicología que
se le brindó a la víctima los días 8 y 9 de febrero de 2012; (v) las
respectivas investigaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría y el
Inpec; (vi) el testimonio del señor Walter Fredy Girón Villalobos, que estuvo
recluido en el EPMSC de Leticia; (vii) el testimonio de la sicóloga Aura Elena
Niño Félix, y (viii) la historia clínica allegada por el apoderado de la parte
actora.
104. Al ponderar estas pruebas,
el Tribunal concluyó que (i) los demandantes no acreditaron el porcentaje de
incapacidad laboral causada por la lesión que sufrió JPP[77];
(ii) la víctima recibió atención médica y sicológica luego de los hechos;
incluso, en la última valoración, se menciona que “evolucionó en su conducta
de depresión y que tenía manifestaciones positivas hacia sí mismo y su
familia”; (iii) la historia clínica allegada contiene consultas por sucesos
posteriores y no hay una valoración sicológica; (iv) de la historia clínica que
obra en el cuaderno 2 de pruebas, solo se observa la atención brindada el 2 de
febrero de 2012, en la que “se observó solo un eritema en el muslo derecho”,
y (v) los testimonios solo señalaron las circunstancias relatadas por la
víctima, sin que se pueda determinar su porcentaje de afectación sicológica.
105. Esta Sala de Revisión advierte
que, contrario a lo que sostiene la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no hizo alusión a la totalidad del acervo probatorio, no explicó
el valor otorgado a cada prueba, ni las valoró teniendo en cuenta la lógica y
las reglas de la sana crítica.
106. En efecto, en su relación
del material probatorio obrante en el proceso, el Tribunal ni siquiera menciona
los oficios 101 EPMSC LET/078 del 3 de febrero de 2012[78],
101 EPMSC LET/016 del 4 de febrero de 2012[79]
y 101 EPMSC LET/131 del 8 de febrero de 2012[80],
que también hacen parte del seguimiento de sicología que se le realizó a JPP.
De lo dicho por el Tribunal en su sentencia, podría concluirse que a la víctima
solo se le realizó dicho seguimiento los días 8 y 9 de febrero de 2012, lo cual
no corresponde a la realidad. Al contrario, los documentos enumerados muestran
que la víctima también fue valorada sicológicamente los días 3, 4 y 7 de
febrero.
107. En esas valoraciones, a las
que no se refiere el Tribunal, la sicóloga Aura Elena Niño Félix recomienda, de
manera reiterada, preservar la integridad física de JPP, “evitando que pueda
ser agredido, pueda agredirse a sí mismo o a terceros, lo cual puede ocasionar
consecuencias letales”. Además, solicita iniciar una “terapia
sistémica”, tres días a la semana, “para elaborar un adecuado proceso de
duelo y autoestima”, y cita declaraciones en las que la víctima manifiesta
no querer vivir, sentir miedo y no poder dormir. De hecho, la sicóloga afirma
que el señor JPP muestra “signos de depresión, angustia y miedo”.
108. El Tribunal tampoco menciona
el documento titulado Historia Clínica EPMSC Leticia fechado el 27 de febrero
de 2012[81],
que da cuenta de una “autoagresión vs. intento de suicidio” de JPP. En
ese documento consta que el paciente está “cabizbajo, melancólico, con
heridas en piel del miembro superior izq. en formas lineales”. Además, señala
que al preguntarle sobre el porqué de la autoagresión, responde: “rabia,
tristeza, me siento en un círculo de pensamientos que no encontraba la salida,
cabeza llena de muchas cosas… Hay ratos que me deprimo, quiero salir de este
problema, siento que algo me está matando despacio”.
109. Ese relato concuerda con el
testimonio rendido por la sicóloga Aura Elena Niño Félix dentro del proceso de
reparación directa, en el que afirmó que “cuando se le hizo (sic) en varias
ocasiones algunas entrevistas de atención, el interno se autolesionaba, se
cortaba con una ‘Gillette’, se cortaba los brazos, por lo tanto igualmente, tenía
pensamientos suicidas, recurrentemente, de manera permanente”[82].
En dicho testimonio, la sicóloga explica que las consecuencias más frecuentes
del tipo de agresión del que fue víctima JPP son “alteraciones emocionales, alteraciones
de sueño, depresiones, ansiedad, entre otros”. Esto también permite concluir
que, contrario a lo que afirma el Tribunal, los testimonios no solo se refieren
al relato del interno sobre la forma en la que ocurrieron los hechos, sino que
dan cuenta de las aflicciones sufridas por él.
110. Además, el Tribunal no
valoró cada una de las pruebas. Simplemente, al relacionarlas, hizo una breve
descripción de estas, para llegar a las cinco conclusiones que se mencionan en
el párrafo 104 de esta providencia.
111. De igual manera, el análisis
probatorio fue apenas parcial. Por ejemplo, afirma el Tribunal que en la última
valoración sicológica que obra en el expediente[83],
“se menciona que el paciente evolucionó en su conducta de depresión y que
tenía manifestaciones positivas hacia sí mismo y su familia”, pero omite
decir que, a renglón seguido, el mismo concepto médico destaca “que se puede
presentar algún cuadro con alteraciones emocionales a corto, mediano o largo
plazo”. Es decir que el hecho de que se presente alguna mejoría no implica
que el paciente no tenga recaidas a futuro.
112. Lo mismo se puede decir de
la valoración de la historia clínica. Según el Tribunal, únicamente se observa
la atención brindada el 2 de febrero de 2012 “de la cual se narran los
hechos y la valoración que se efectuó en su integridad corporal, en la cual se
observó solo un eritema en el muslo derecho”. Omite el Tribunal mencionar
que, además de esa lesión, el examen físico evidenció “dolor a la apertura
de los glúteos para la inspección, se observa eritema en región anal, laceraciones,
dolor a la palpación”. Además, consigna como impresión diagnóstica “–abuso
sexual violento –traumatismo anal – politraumatismo”, lo que revela la
intensidad de la agresión sufrida.
113.
Ese diagnóstico coincide con el reconocimiento médico-legal – dictamen
sexológico que se le realizó a JPP el día de la agresión, según el cual “se
observan (sic) una (1) laceración de mucosa anal de 2 milímetros, en el
meridiano de las 6; compatibles con maniobras sexuales recientes a ese nivel”.
A pesar de ello, el Tribunal no valoró este dictamen; por el contrario, afirmó
que “se observó solo un eritema en el muslo derecho” de la víctima.
114. Esta Corte ha advertido que el
funcionario judicial incurre en un defecto fáctico cuando “omite considerar elementos probatorios que constan en el
proceso, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar su decisión y, en el caso concreto, resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
habría variado sustancialmente”[84].
115. A juicio de esta
Sala de Revisión, las pruebas anteriormente mencionadas, a las que el Tribunal,
sin justificación alguna, no se refirió en su sentencia, revelan que las
consecuencias derivadas de la agresión de la que fue víctima JPP son mucho más
intensas de lo que sugiere el fallo cuestionado. En esa medida, la valoración
de la gravedad de la lesión, que el Tribunal debió realizar según lo probado en
el proceso, tendría que haber variado, de acuerdo con esa mayor intensidad.
Esto, necesariamente, habría modificado la tasación de la indemnización de
perjuicios morales reconocida a los demandantes.
116. Habiendo encontrado configurado el
defecto fáctico, toda vez que las pruebas obrantes en el proceso de reparación
directa no fueron tenidas en cuenta  en su totalidad por el Tribunal, que se
limitó a hacer una enunciación de estas sin realizar una valoración integral,
esta Sala podría entrar a adoptar su decisión en el caso que la ocupa. No
obstante, atendiendo a la relevancia del asunto, también se referirá a la
posible configuración de los defectos procedimental, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente.
6.3.2. Análisis del defecto
procedimental en el caso concreto
117. En opinión de la Sala, la
sentencia cuestionada también está viciada de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, pues incurre en un rigorismo en la apreciación de las
pruebas. Este defecto se configura porque el Tribunal exige un dictamen que
acredite el porcentaje de incapacidad laboral derivado de la lesión sufrida por
JPP, para poder aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre
la reparación del daño moral en caso de lesiones. De ese modo, arguye razones formales a manera de impedimento para
determinar el monto indemnizatorio de acuerdo con lo señalado en dicha
sentencia, lo cual implica una denegación de justicia.
118. El argumento central de la
valoración probatoria que hace el Tribunal es que los demandantes no
acreditaron el porcentaje de incapacidad laboral que generaron las lesiones
sufridas por JPP. Es decir, que no se determinó su gravedad o levedad y, por lo
tanto, no era posible aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado
para fijar el monto indemnizatorio.
119. A pesar de ello, esta Sala
considera que el Tribunal contaba con elementos de juicio suficientes para
determinar la gravedad de la lesión, que no se limita al plano físico, sino que
tiene un evidente componente sicológico. El dictamen o diagnóstico definitivo que
pretendía obtener con la valoración de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, si bien hubiera podido aportar mayores elementos de juicio, no era
indispensable para determinar dicha gravedad y tasar la correspondiente
indemnización de perjuicios morales, pues en estos casos no existe tarifa
probatoria.
120. En efecto, en sentencia de
10 de agosto de 2016[85], la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado indicó que las pruebas de la incapacidad médico legal o del porcentaje
de pérdida de capacidad laboral “no constituyen tarifa legal para acreditar
la magnitud de la lesión, por lo que, ante su ausencia, deberá
tenerse en cuenta cualquier otro medio probatorio que permita determinar la
gravedad o levedad del daño”.
121. Previamente, en sentencia de
9 de octubre de 2014, ese alto tribunal recordó que, en decisiones de
unificación, la Sección Tercera determinó que el reconocimiento y la tasación
del daño no se limitan a “constatar el porcentaje
certificado de la pérdida de capacidad laboral, sino que deben tener en cuenta
las consecuencias de la enfermedad, el accidente o, en general, el hecho
dañino, que reflejen alteraciones en el comportamiento y desempeño de la
persona dentro de su entorno social y cultural que agraven su situación, como
los casos estéticos o lesiones sexuales, que difícilmente se consideran
constitutivos de incapacidad”[86].
122. En el asunto sometido a la
revisión de esta Sala, el Tribunal no tuvo en cuenta las alteraciones
emocionales y de comportamiento que evidenció el señor JPP tras el acceso
carnal violento del que fue víctima. Al contrario, modificó la indemnización de
perjuicios morales reconocida en primera instancia, argumentando que, como no
existía un dictamen de incapacidad laboral definitivo, no podía aplicar la
sentencia de unificación del Consejo de Estado. De esta manera, no solo ignoró
que las lesiones sexuales difícilmente derivan en una incapacidad, sino que ese
dictamen no es obligatorio para determinar la gravedad de las lesiones.
123. A pesar de ello, el Tribunal
decretó que JPP fuera valorado por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, “para determinar su porcentaje de
incapacidad e identificar el origen de los daños”[87].
Para practicar esa prueba, la parte actora debía aportar copia de la historia
clínica actualizada de la víctima, fotocopia de la cédula de esta y consignar el
equivalente a un (1) SMLMV a órdenes de la junta.
124. En oficio del 23 de mayo de
2016[88],
los demandantes aportaron los documentos y solicitaron que se les concediera el
beneficio de amparo de pobreza, con el fin de ser exonerados del pago de la
suma de dinero requerida. El 7 de septiembre de 2016[89],
el Tribunal negó esa solicitud, porque “en el proceso la parte actora confirió
poder amplio y suficiente a un apoderado de confianza”, lo que, a su
juicio, demostraba que contaba con recursos económicos. En la misma decisión,
resolvió no insistir en la práctica de esta prueba, en atención al tiempo
transcurrido desde que se decretó, y proferir la sentencia “conforme al
material probatorio que obra en el proceso”.
125. La sentencia del Tribunal
disminuyó las sumas reconocidas en primera instancia como indemnización de
perjuicios morales, debido a la ausencia del diagnóstico que se menciona en el
párrafo 119. Como fundamento de lo anterior, señaló: “Los demandantes no
acreditaron el porcentaje de incapacidad laboral causada por la lesión que
sufrió el señor Jeison el 1 de febrero de 2012, pese a que el despacho decretó
prueba de oficio, la parte actora manifestó que no contaban con 1 s.m.l.m.v,
para que la Junta de Calificación de Invalidez realizara la valoración y
determinar (sic) el porcentaje de la lesión”.
126. Afirma el Tribunal que la
sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre reparación del daño moral
en caso de lesiones señala “con suma claridad que se deberá verificar la
gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa de conformidad con
el porcentaje de incapacidad laboral de la misma”. Esto no es cierto.
Textualmente, la sentencia de unificación dice que “deberá verificarse la
gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que
determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos”. Y agrega: “La
gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán
y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso”. De ninguna manera
exige acreditar un porcentaje de incapacidad laboral.
127. Sin embargo, a juicio del
Tribunal, las pruebas obrantes en el proceso no revelan la gravedad de la
lesión sufrida por JPP. La única que podría hacerlo, sostiene, es el dictamen
de pérdida de capacidad laboral. Con esa postura, incurre en una apreciación en
exceso rigurosa del material probatorio, con la que les impide a los demandantes
acceder a una reparación de los daños morales en los términos de la sentencia
de unificación de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. Así las cosas, su decisión está viciada
por un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que se configura con
la infundada exigencia del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, a
manera de tarifa legal, tanto en el curso del proceso de reparación directa
como en la sentencia que le puso fin a este.
128. La Sentencia SU-636 de 2015
precisa que, en cualquiera de sus modalidades, “la
procedencia de la tutela por defecto procedimental está sujeta a que concurran
los siguientes elementos: ‘(i) (Q)ue no haya posibilidad
de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior
se presente una vulneración a los derechos fundamentales”.
129. Esta Sala de Revisión
considera procedente declarar la configuración del defecto procedimental, en la
medida que: (i) la única vía por la que es posible corregir la irregularidad
detectada es la acción de tutela, teniendo en cuenta lo señalado en el apartado
relativo al cumplimiento del requisito de subsidiariedad; (ii) el
defecto procesal tiene una incidencia directa en la sentencia cuestionada, pues
la reducción del monto reconocido como indemnización de perjuicios morales se
fundamenta en la imposibilidad de determinar la gravedad de la lesión porque no
existe un dictamen de pérdida de capacidad laboral; (iii) no era posible
alegar esa irregularidad en el proceso ordinario, pues esta se configuró con la
sentencia del Tribunal, contra la cual no procedían recursos, y (iv) tal
irregularidad afecta el derecho al debido proceso de los accionantes.
6.3.3. Análisis de la “decisión
sin motivación” en el caso concreto
130. La sentencia del Tribunal
incurre además en una decisión sin motivación, por dos razones evidentes: (i)
en virtud de los defectos fáctico y procedimental de los que adolece, la
argumentación para disminuir el monto de la indemnización de perjuicios morales
reconocida a los demandantes es insuficiente y defectuosa, y (ii) la
argumentación para fijar el monto de esa indemnización en 6 SMLMV y 3 SMLMV es
inexistente.
131. Según el Tribunal, como el
juez de primera instancia no contaba con un diagnóstico definitivo de la
gravedad de la lesión sufrida por JPP, no podía fijarla en un rango igual o
superior al 30% e inferior al 40%, según la tabla de reparación del daño moral
en caso de lesiones adoptada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2014.
132. Por esa razón, decidió
disminuir las sumas reconocidas a los accionantes como indemnización de
perjuicios morales, así: “a JPP y a su madre RMP se le concederá (sic)
la suma de 6 s.m.l.m.v; y a sus hermanos menores ENPP, CFLP y CMLP la suma de 3
s.m.l.m.v para cada uno”.
133. Las razones de dicha
modificación son las mismas cinco que se expusieron en el párrafo 104 de esta
providencia, relacionado con la valoración probatoria. Ahora bien, el Tribunal
no aporta ningún fundamento fáctico ni jurídico para considerar que 6 SMLMV y 3
SMLMV son suficientes para indemnizar los perjuicios morales sufridos por los
demandantes.
134. Llama la atención que si
bien el Tribunal no aplicó la tabla de reparación del daño moral en caso de
lesiones, 6 SMLMV y 3 SMLMV, según esa tabla, es lo que se les reconocería a
terceros damnificados que no tienen una relación familiar con la víctima (nivel
5), por una lesión cuya gravedad está entre el 10% y el 30%. En el caso
sometido a revisión, los beneficiarios de la indemnización no son terceros
damnificados, sino la propia víctima (nivel 1), la madre de la víctima (nivel
1) y los hermanos de la víctima (nivel 2).
135. Aunque, como se explicó en
el párrafo 45, la tasación de esta clase de perjuicios se hace con aplicación
de la facultad discrecional del juez, esta no es ilimitada. Al acudir a ella,
es necesario tener en cuenta que la indemnización se hace a título de
compensación, pues la suma no se ajusta al monto exacto del perjuicio; que la
tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad; que la
determinación del monto se sustenta en las pruebas que obran en el proceso; que
la indemnización debe ser proporcional al perjuicio, y que debe estar
fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias, para garantizar el
principio de igualdad. Ninguna de estas consideraciones está presente en la
sentencia del Tribunal.
6.3.4. Análisis del
“desconocimiento del precedente” en el caso concreto
136. Finalmente, al dejar de lado
la sentencia de unificación de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado sobre reparación del daño moral en caso de
lesiones, la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca privó injustificadamente a
los demandantes de la posibilidad de obtener una indemnización ajustada a las
reglas decisionales que han servido de fundamento para reconocer la
indemnización de perjuicios morales en casos similares. De esta manera,
incurrió en un desconocimiento del precedente.
137. Los accionantes reclaman que
la modificación de las sumas reconocidas en
primera instancia como indemnización de perjuicios no tuvo en cuenta casos
previos similares. Concretamente, alegan que la decisión “no se debió
apartar de las jurisprudencias del Consejo de Estado”. En ese sentido,
advierten que la sentencia del Tribunal viola su derecho a la igualdad.
138.
Como se indicó en el párrafo 35, para que se configure un defecto por
desconocimiento del precedente, es necesario determinar la existencia de un precedente o grupo
de precedentes aplicables al caso y distinguir sus reglas decisionales,
comprobar que la providencia debió tomar en cuenta tales precedentes y
verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse de ellos.
139. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de
superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las
jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa y constitucional) no
constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un
deber de obligatorio cumplimiento”[90].
140. En todo caso, el funcionario judicial puede apartarse
del precedente si explica las razones que lo llevan a hacerlo, para lo cual
deberá “i)
referirse al precedente anterior y ii) ofrecer un argumento suficiente para el
abandono o cambio si en un caso se pretende fallar en un sentido contrario al
anterior en situaciones fácticas similares, a fin de conjurar la arbitrariedad
y asegurar el respeto al principio de igualdad”[91].
141. Tal como se indicó en el apartado
relacionado con la reparación del daño moral en caso de lesiones (párrafos 39
al 48), el 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia
sobre el reconocimiento y la liquidación de este tipo de perjuicios.
142. Esa sentencia de unificación determinó las
siguientes reglas decisionales: (i) la reparación se fundamenta
en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, sus familiares y
demás personas allegadas; (ii) el referente en la liquidación del
perjuicio es la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por
la víctima, cuyo manejo se divide en seis rangos, de acuerdo con la tabla
transcrita en el párrafo 46; (iii) para las víctimas indirectas, se asignará un
porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que se hallen respecto del
lesionado, conforme dicha tabla, y (iv) la gravedad o levedad de la lesión y
los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo
probado en el proceso.
143. En el asunto sometido a revisión de esta Sala, el
Tribunal decidió apartarse de la sentencia de unificación del Consejo de Estado,
porque, a su juicio, no era posible determinar la gravedad de la lesión sufrida
por JPP, debido a la falta un dictamen definitivo de incapacidad laboral. Sin
embargo, como se explicó en los apartados anteriores, en particular en el
párrafo 126, la sentencia de unificación sí era aplicable, ya que dicho
dictamen no es indispensable para valorar la gravedad o levedad de la lesión,
que es el referente de la liquidación del perjuicio moral. Por lo tanto, la
razón alegada por el Tribunal no era suficiente para inaplicar dicha sentencia
al caso que se examina.
144. En esa medida, el Tribunal debió sujetarse a
las reglas decisionales contenidas en la sentencia de unificación, con el fin
de garantizar que a los demandantes se les diera el mismo trato que, a partir
de ese fallo, el Consejo de Estado les ha dado a otras personas al reconocerles
una indemnización por concepto de perjuicios morales en caso de lesiones, en
particular, de las ocasionadas por agresiones como la sufrida por el señor JPP.
145. En efecto, con posterioridad
a la sentencia de unificación, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado se ha referido, de manera específica, al
reconocimiento de perjuicios morales por lesiones derivadas de agresiones
sexuales. Por ejemplo, en la sentencia de 26 de febrero de 2015[92],
reconoció el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes (la
cuantía máxima contenida en la tabla de reparación), por los perjuicios morales
que generaron las lesiones sufridas por una menor víctima de acceso carnal
violento.
146. En esa sentencia, la Sección
Tercera consideró que si bien la agresión no dejó secuelas físicas, “sí produjo
lesiones de orden psíquico, que comportan necesariamente sufrimiento de orden
moral”.
Así mismo, indicó que una situación como la analizada en esa oportunidad “resulta
asimilable a los parámetros establecidos en la sentencia de unificación sobre
cuantificación de los perjuicios morales derivados de lesiones”, ante la
evidencia de las lesiones síquicas sufridas por la víctima.
147. Precisamente, sobre la
intensidad de la afectación moral que genera ser víctima de un acceso carnal
violento, la Sección Tercera, en la sentencia de 9 de octubre de 2014[93],
señaló: “La violación
sexual es, desde luego, una experiencia sumamente traumática que tiene severas
consecuencias y causa gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima
humillada física y emocionalmente. El abuso sexual, además de constituir una
violación de la integridad física y psicológica del ser humano, supone un
ultraje deliberado a su dignidad, difícilmente superable por el paso del
tiempo”.
148. En esa
sentencia, el alto tribunal reconoció las sumas máximas previstas por la tabla
de reparación del daño moral para cada uno de los demandantes, por la violación
de la que fue víctima una mujer de 18 años. Cabe mencionar que, en ese caso, la
Sección Tercera consideró que se desbordaban los parámetros fijados por la
sentencia de unificación, pues el perjuicio moral se fundaba en la afectación
grave de esferas del ser humano diferentes a la física, “de
igual o incluso de mayor importancia: la autonomía personal y el derecho a un
desarrollo sexual y afectivo libre de interferencias violentas”. Con
todo, acudió a la jurisprudencia unificada, para fijar el monto indemnizatorio.
149. Aunque los anteriores casos se
refieren a violaciones sexuales padecidas por mujeres, una de ellas menor de
edad, las esferas individuales protegidas en esos eventos son las mismas que
resultaron afectadas en el asunto que se revisa, en el que la víctima es un
hombre. Por lo tanto, la situación resulta perfectamente asimilable. Es más, en
un caso como el sometido a la revisión de esta Sala, esa protección es
particularmente relevante, si se tiene en cuenta la relación de especial
sujeción que existe entre el interno de un establecimiento penitenciario y el
Estado, que tiene el “deber positivo de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales
que no permiten limitación en razón a la especial situación de indefensión en
la que se encuentran los reclusos”[94].
150. Con base en las consideraciones
anteriores, esta Sala de Revisión encuentra cumplidos los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela en el caso que se analiza. Por
lo tanto, procede a adoptar una decisión de fondo, en la que revocará la
sentencia proferida el 25 de mayo de 2017 por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, tutelará los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los accionantes, dejará sin
efectos la sentencia del 26 de octubre de 2016 proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le ordenará a
esa autoridad judicial proferir una nueva decisión en la que (i) valore la
gravedad de la lesión sufrida por JPP teniendo en cuenta todas las pruebas
obrantes en el proceso, y (ii) tase la correspondiente indemnización de
perjuicios morales según lo definido por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
que, al respecto, profirió el 28 de agosto de 2014.
7. Síntesis de la decisión
151. Por intermedio de apoderado, JPP,
RMPT, ENPP, CFLP y CMLP presentaron acción de tutela en la que piden la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Según
afirman, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca falló de manera caprichosa, con una argumentación insuficiente y
sin tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, al reducir las
sumas reconocidas en primera instancia como indemnización de perjuicios morales
por concepto de lesiones, dentro del proceso de reparación directa que
adelantaron en contra del Inpec.
152. La Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó el amparo solicitado,
porque, en su opinión, el Tribunal interpretó en debida forma el acervo
probatorio y llegó válidamente a las conclusiones expuestas en su sentencia,
sin que se advirtiera un actuar caprichoso, irracional o arbitrario de su parte.
153. Esta Sala de Revisión no comparte
las razones esgrimidas por el juez de tutela. En primer lugar, considera que la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico, pues no
apreció las pruebas obrantes en el proceso de una manera racional, objetiva y
rigurosa. En efecto, el Tribunal dejó de valorar pruebas relevantes para
determinar el grado de afectación física y sicológica que sufrió JPP. De otro
lado, consideró que el acervo probatorio no era suficiente para verificar la
gravedad de la lesión, pues no existía un diagnóstico definitivo al respecto, a
pesar de que el dictamen de incapacidad médico legal o de porcentaje de pérdida
de capacidad laboral no constituye tarifa legal para acreditar la magnitud de
las lesiones.
154. La decisión del Tribunal también
está viciada de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
incurrir en un rigorismo en la apreciación de las pruebas. Este defecto se
configura, en la medida que el Tribunal exige un dictamen que acredite el
porcentaje de incapacidad laboral derivado de la lesión sufrida por JPP, para
poder aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la
reparación del daño moral en caso de lesiones. De esta manera, arguye razones formales a manera de impedimento para
determinar el monto indemnizatorio de acuerdo con lo señalado en dicha
sentencia, lo cual implica una denegación de justicia.
155. En tercer lugar,
el Tribunal incurre en una decisión sin motivación, pues no da cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales decidió reducir la
indemnización reconocida en primera instancia a los accionantes, de 60 y 30
SMLMV a 6 y 3 SMLMV. Si bien aduce que no fue posible probar la gravedad de la
lesión sufrida por JPP, su valoración probatoria está viciada de defecto
fáctico y, en esa medida, sus argumentos son defectuosos e insuficientes.
156. Finalmente, la
sentencia del Tribunal incurre en un desconocimiento del precedente, pues
decide no aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre
reparación del daño moral en caso de lesiones, por la falta de un dictamen
definitivo que determine el porcentaje de incapacidad derivado de la lesión
sufrida por JPP. A juicio de esta Sala de Revisión, este no es un argumento
razonable y suficiente para apartarse de la sentencia de unificación. Por el
contrario, como se explicó, configura un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto. Así, al no aplicar la sentencia unificadora al caso que se
analiza, el Tribunal privó a los demandantes de la
posibilidad de obtener una indemnización ajustada a las reglas decisionales que
han servido de fundamento en casos similares.
157. Con base en las consideraciones
precedentes, esta Sala de Revisión concluye que la sentencia de segunda
instancia proferida el 26 de octubre de 2016 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad de los accionantes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 25 de mayo de 2017 por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que resolvió no conceder el amparo impetrado, y, en su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por JPP,
RMPT, ENPP, CFLP y CMLP.
SEGUNDO.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de 26 de octubre de 2016 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso
correspondiente al número de expediente 91001333300120140001901, y ORDENAR a esa
autoridad judicial que dentro de los veinte (20) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de este proveido, (i) valore la
gravedad de la lesión sufrida por JPP teniendo en cuenta todas las pruebas
obrantes en el proceso, y (ii) tase la correspondiente indemnización de
perjuicios morales según lo definido por la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
que, al respecto, profirió el 28 de agosto de 2014.
TERCERO.- Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
comuníquese y cúmplase.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] Cno. principal, fls.
2 al 8. Los poderes correspondientes obran en los folios 9 y 10 del cuaderno
principal. La señora RMPT suscribió el poder en nombre propio y en
representación de sus hijos menores de edad ENPP, CFLP y CMLP.
[2] En los folios 83 a 84
del Anexo I, obra copia de la cartilla biográfica del interno.
[3] Anexo I, fl. 41.
[4] Anexo I, fls. 43 a 44.
El examen también evidencia un eritema de 15 x 8 cm en el muslo derecho y una
laceración de mucosa anal de 2 mm, compatible con maniobras sexuales recientes.
[5] Cno. principal, fl.
108.
[6] Cno. principal. fls.
104 a 106.
[7] Anexo I, fls. 396 a
401. Luego de ser inadmitida en auto del 14 de febrero de 2014, la demanda fue
subsanada, siendo admitida por el juzgado el día 19 de marzo de 2014.
[8] En la audiencia
inicial, el juzgado declaró probada la excepción de falta de legitimación
material en la causa por pasiva formulada por la Nación – Ministerio de
Justicia y del Derecho (Anexo II, fl. 29).
[9] Anexo II, fls. 109 a
118.
[10] En los folios 405 a
408 del Anexo I obran copias de los registros civiles de nacimiento que
acreditan el parentesco de estas personas con el señor JPP.
[11] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto del 2014. Expediente 31172.
[12] Anexo II, fls. 134 a
140.
[13] Anexo II, fls. 187 a
189.
[14] Anexo II, fls. 202 y
205.
[15] Anexo II, fl. 216.
[16] Anexo II, fl. 216.
[17] Anexo II, fls. 222 a
228.
[18] Cno. principal, fls.
2 al 8.
[19] Cno. principal, fl.
4.
[20] Cno. principal, fls.
30 al 33.
[21] Cno. principal, fl.
31.
[22] Cno. principal, fls.
46 a 54.
[23] La sentencia de
tutela no fue impugnada.
[24] Cno. de revisión, fls
4 al 16. La Sala de Selección Número Ocho estuvo integrada por las magistradas
Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger.
[25] Véase, por ejemplo,
Corte Constitucional, Sentencia
T-555 de 2009.
[26] Corte Constitucional,
Sentencia T-244 de 2016.
[27] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005.
[28] En los términos de la
Sentencia C-590 de 2005, los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales no exigen que la decisión cuestionada
comporte necesariamente una irregularidad procesal, sino que tal irregularidad
tenga un efecto determinante en la providencia que se impugna.
[29] Véanse, por ejemplo,
Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005, T-666 de 2015 y T-582 de 2016.
[30] Véanse, por ejemplo,
Corte Constitucional, Sentencias T-781 de 2011, SU 424 de 2012, T-388 de 2015 y T-582 de 2016. Ha dicho la Corte que, en tales casos, la
decisión judicial pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad que debe
dejarse sin efectos, para lo cual la tutela resulta ser el mecanismo idóneo y
apropiado.
[31] Corte Constitucional,
Sentencia SU-132 de 2013.
[32] Corte Constitucional,
Sentencia T-123 de 2016.
[33] Ibíd. De acuerdo con la
Sentencia SU-159 de 2002, al adelantar el estudio del material probatorio, el
operador judicial debe utilizar “criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que
ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.
[34] Corte Constitucional,
Sentencia T-950 de 2011.
[35] Corte Constitucional,
Sentencias T-233 de 2007 y T-709 de 2010.
[36] Corte Constitucional,
Sentencia T-140 de 2012.
[37] Corte Constitucional, Sentencias T-446 de 2007 y T-929
de 2008.
[38] Corte Constitucional, Sentencia T-863 de 2013.
[39] La Corte Constitucional
ha advertido que la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de
perjuicios morales “establece parámetros vinculantes para los jueces
administrativos”. Entre ellos, destaca que el daño moral puede probarse por
cualquier medio, aunque dicha prueba no permite determinar de manera precisa el
monto que se debe reconocer como indemnización de perjuicios. Por lo
tanto, para la tasación del daño, “el juez se debe guiar por su prudente
arbitrio, pero está obligado a observar, por expreso mandato legal los
principios de equidad y reparación integral”. La Corte también ha sostenido
que, por su naturaleza, los perjuicios morales no tienen un carácter
indemnizatorio, sino compensatorio, pues “en alguna manera intentan
recomponer un equilibrio afectado”. Así mismo, ha dicho que el monto de 100
SMLMV definido por la jurisprudencia contencioso administrativa como tope para
la indemnización de perjuicios morales, “unido a análisis de equidad, debe
permitir que cada juez no falle de forma caprichosa sino a partir de criterios
de razonabilidad, a partir del análisis de casos previos, y de sus
similitudes y diferencias con el evento estudiado”. Véanse, por ejemplo,
las sentencias T-351 de 2011, T-464 de 2011, T-212 de 2012 y T-736 de 2012.
[40] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de
agosto de 2014, Exp. 26251.
[41] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia de 20 de abril de 2005, Exp. 15247.
[42] Véanse, entre otras,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias
Exps. 28437 de 2014, 33504 de 2014, 35715 de 2015, 37994 de 2016 y 36816A de
2017.
[43] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de
marzo de 2008, Exp. 16403.
[44] Véanse, por ejemplo,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias Exps. 27136 y 33504 de 2014.
[45] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de
28 de agosto de 2014, Exp. 31172.
[46] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 5 de
octubre de 2016, Exp. 41699.
[47] Véanse, entre otras,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias Exp. 27771 de 2014, Exp. 33465 de 2015, Exp. 45513 de 2015, Exp.
37994 de 2016 y Exp. 40098 de 2017.
[48] El artículo 86 superior dispone que toda persona podrá
interponer acción de tutela en nombre propio o a través de un representante que
actúe en su nombre, cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
[49] Estas certificaciones
obran en los folios 11 al 15 del cuaderno de tutela.
[50] Según el relato de
los hechos que se hace en la sentencia cuestionada, JPP “fue obligado por
unos internos de la cárcel de Leticia a usar un interior femenino, lo
arrastraron por todo el patio, burlándose y golpeándolo, luego lo llevaron a la
última celda donde fue agredido física y sexualmente, lo cual ocurrió en
presencia del guardián de turno, quien con su omisión y negligencia permitió la
ocurrencia del daño”.
[51] Corte Constitucional,
Sentencia T-186 de 2016.
[52] Corte Constitucional,
Sentencia T-590 de 1998.
[53] Corte Constitucional,
Sentencia T-006 de 2015.
[54] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005.
[55] Corte Constitucional,
Sentencia T-103 de 2014.
[56] El Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido
mediante la Ley 1437 de 2011, comenzó a regir el 2 de julio de 2012, con
aplicación a los procedimientos y
las actuaciones administrativas iniciadas, así como a las demandas y procesos
instaurados con posterioridad a su entrada en vigencia.
[57] De acuerdo con los artículos 242, 243, 245 y 246
del CPACA, el recurso de reposición procede contra los autos no
susceptibles de apelación o súplica; el de apelación, contra las
sentencias de primera instancia de los tribunales y los jueces, y contra autos
proferidos en esa misma instancia por los jueces; el de queja, cuando se
niega la apelación o esta se concede en un efecto diferente, o cuando no se
conceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación de
jurisprudencia; y el de súplica, contra autos que por su naturaleza
serían apelables, dictados en segunda o única instancia o en el trámite de la
apelación de un auto, o contra el auto que rechaza o
declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.
[58] Los artículos 248 a
255 del CPCA señalan que el recurso de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los
jueces administrativos, cuando: (i) después de
dictada la sentencia, se encuentran o recobran documentos decisivos con los que
se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo
aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; (ii)
la sentencia se dicta con fundamento en documentos falsos o adulterados; (iii)
la sentencia se dicta con base en el dictamen de peritos condenados penalmente
por ilícitos cometidos en su expedición; (iv) se dicta sentencia penal que
declara que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia;
(v) existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación; (vi) aparece, después de dictada
la sentencia, otra persona con mejor derecho para reclamar; (vii) la persona en
cuyo favor se decretó una prestación periódica no tiene, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o pierde esa aptitud después de la
sentencia o sobreviene alguna causal legal para su pérdida, y (viii) la
sentencia es contraria a otra anterior que constituye cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada.
[59] CPACA, artículos 256 a 268.
[60] Corte Constitucional,
Sentencia C-179 de 2016.
[61] Estos montos, según el artículo 257 del
CPACA, son los siguientes: 90 SMLMV, en los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan
de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos
de cualquier autoridad; 250 SMLMV, en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de
cualquier autoridad; 250 SMLMV, en los procesos que se promuevan sobre el
monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas
nacionales, departamentales, municipales o distritales; 450 SMLMV, en los
procesos sobre contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y
450 SMLMV, en los procesos de reparación directa y en las acciones de
repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos
y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.
[62] El fallo condena al
Inpec a indemnizar con el equivalente a 6 SMLMV a la víctima directa, con el
equivalente 6 SMLMV a la madre de la víctima directa y con el equivalente 3
SMLMV a cada uno de los tres hermanos de la víctima directa, para un total de
21 SMLMV.
[63] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005.
[64] Corte Constitucional,
Sentencia SU-391 de 2016. En ese mismo sentido, Corte Constitucional, Sentencia
SU-961 de 1999.
[65] Corte Constitucional,
Sentencia T-265 de 2015.
[66] Corte Constitucional,
Sentencia SU-391 de 2016.
[67] Corte
Constitucional, Sentencia T-594 de 2008.
[68] Corte Constitucional,
Sentencia T-069 de 2015.
[69] Anexo II, fl. 237.
[70] Cuaderno de tutela,
fl. 16.
[71] Corte Constitucional,
Sentencias T-158 de 2006 y T-172 de 2013.
[72] Corte
Constitucional, Sentencia C-026 de 2016.
[73] Corte Constitucional,
Sentencia T-323 de 2012.
[74] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005.
[75] Vale la pena anotar
que la jurisprudencia constitucional también ha considerado improcedente la
acción de tutela contra las sentencias en las que se realiza un control
abstracto de constitucionalidad, por dos razones: (i) como estas sentencias
tienen efectos erga omnes, encuadran en la causal según la cual la
tutela no procede “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal
y abstracto”, y (ii) una vez proferidos, tales fallos hacen tránsito a cosa
juzgada y son inmodificables. Véanse, al respecto, las sentencias T-282 de 1996
y SU-391 de 2016 (en esta última sentencia, la Corte Constitucional precisó que
la tutela tampoco procede contra las decisiones
del Consejo de Estado que resuelven acciones de nulidad por
inconstitucionalidad).
[76] Cno. principal, fls.
48 vto. y 50 vto.
[77] En este punto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca advierte que a pesar de haber decretado
una prueba de oficio para determinar el porcentaje de incapacidad, “la misma
no se llevó a cabo, en atención a que la parte actora manifestó su
imposibilidad de cancelar un (1) salario mínimo legal mensual vigente”
(Anexo II, fl. 225 vto.).
[78] Anexo I, fls. 16 y
17.
[79] Anexo 1, fls. 111 y
112.
[80] Anexo I, fls. 113 y
114.
[81] Anexo I, fls.379 y
380.
[82] Anexo II, fls. 112
vto. y 113.
[83] Anexo I, fls. 119 a
122.
[84] Corte Constitucional,
Sentencia T-267 de 2013.
[85] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia Exp. 37040 de
2016.
[86] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 9 de octubre
de 2014, Exp. 29033. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencias de 28 de agosto de 2014, Exps. 31170
y 28832.
[87] Anexo II, fls. 187 a
189.
[88] Anexo II, fls. 202 a
205.
[89] Anexo II, fl. 216.
[90] Corte
Constitucional, Sentencia T-766 de 2008.
[91] Corte
Constitucional, Sentencia T-698 de 2004.
[92] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de
febrero de 2015, Exp. 30924.
[93] Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 9 de
octubre de 2014, Exp. 29033.
[94] Corte
Constitucional, Sentencia T-077 de 2013.