T-248-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-248/14
(Bogotá D.C., abril
11)
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA
ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad
TEMERIDAD-Configuración
La jurisprudencia constitucional, ha entendido la actuación
temeraria como, “la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de
contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume
actitudes dilatorias, con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil
del proceso. Para que exista temeridad, es necesario verificar la identidad de
partes, hechos y pretensiones entre las acciones de tutela interpuestas y la
existencia de justificación razonable y objetiva que explique la ocurrencia de
la temeridad y descarte la mala fe del agente.
TEMERIDAD-Inexistencia por presentarse
nuevos hechos
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Derecho subjetivo, de carácter voluntario, relacional e instrumental
Esta Corporación ha reconocido
el derecho a la asociación sindical como, una “garantía
de naturaleza fundamental calificado como un derecho subjetivo de carácter
voluntario, relacional e instrumental. No se agota en la posibilidad de crear
organizaciones de trabajadores o de empleadores, sino que comporta igualmente
el derecho de vincularse a aquella organización que represente e interprete más
fielmente los derechos y los intereses de cada individuo y comporta, además su
real y efectivo ejercicio el cual se materializa a través de la negociación
colectiva concretándose así su carácter instrumental.
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Dimensiones
La jurisprudencia ha identificado tres dimensiones del derecho de
asociación sindical, a saber: (i) una dimensión individual –como expresión del
derecho de libertad de expresión- , (ii) una colectiva –con la finalidad de
asociarse con el fin de lograr mejores derechos y condiciones laborales- y,
(iii) la instrumental, -materialización de la finalidad de asociación por medio
de la herramienta de la negociación-. Esta última consiste en que, “el
derecho de asociación es el medio para que los trabajadores puedan lograr la
consecución de algunos fines, especialmente el mejoramiento de sus condiciones
laborales. Ello por cuanto, de acuerdo con el artículo 13 del Código
Sustantivo, las normas de la legislación laboral tan solo constituyen un mínimo
de garantías que bien pueden ser mejoradas mediante la negociación colectiva”.
DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA-Garantía constitucional
En principio, el derecho a la negociación colectiva no es
considerado un derecho fundamental y por ende no es amparable a través de la
acción de tutela; sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que podrá
adquirir este carácter, “cuando su vulneración implica la amenaza del derecho
al trabajo o el de asociación sindical”. La negociación colectiva representa el
mecanismo idóneo para llegar a un acuerdo entre trabajador y empleador para
optimizar las condiciones laborales a las que se encuentran sometidos, evitando
recurrir a un escenario judicial requiriendo a un tercero para que dirima el
conflicto. Resulta ser una garantía indispensable para las organizaciones
sindicales, dado que de no tener la posibilidad de llegar a acuerdos con su
empleador los fines de la agrupación resultarían frustrados.
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y NEGOCIACION
COLECTIVA-Vulneración por la omisión reiterada de
una empresa de iniciar conversaciones colectivas con el sindicato, aun cuando
existe una Resolución del Ministerio del Trabajo ordenando su inicio
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y NEGOCIACION
COLECTIVA-Orden a empresa acatar la resolución del Ministerio del Trabajo relacionada
con el inicio de las conversaciones con la Unión Sindical Obrera de la
Industria del Petróleo
Referencia: Expediente T-4.142.309.
Fallos de tutela objeto de
revisión: Sentencia proferida por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja del 9 de julio de 2013 que
revocó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Barrancabermeja del 28 de mayo de 2013, que concedió el amparo
constitucional.
Accionante: Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo.
Accionado: Ecodiesel Colombia S.A.
Magistrados de la Sala Segunda
de Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
I.
ANTECEDENTES.
1.
Demanda de tutela[1].
1.1. Elementos y pretensión.
1.1.1. Derechos fundamentales invocados: al
trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva y los Convenios
87 y 88 de la OIT sobre libertad sindical, protección del derecho de
sindicación y organización del servicio del empleo.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración: la
negativa por parte de la empresa Ecodiesel Colombia S.A. de iniciar el proceso
de negociación colectiva con la Unión Sindical Obrera de la Industria del
Petróleo, argumentando irregularidades en la afiliación al sindicato y el
pliego de peticiones.
1.1.3. Pretensión: ordenar
a la empresa accionada iniciar inmediatamente conversaciones con la Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, con el fin de discutir el pliego
de peticiones presentado el día 13 de abril de 2012.
1.2. Fundamentos de la pretensión.
1.2.1. El 20 de enero de 2012, mediante acta No.012,  la Junta
Directiva de la Unión Sindical Obrera de la Industria
del Petróleo aprobó pliego de peticiones.[2]
1.2.2. En abril del mismo año, cinco
trabajadores de Ecodiesel Colombia S.A se afiliaron a la Unión Sindical Obrera
de la Industria del Petróleo y presentaron el pliego de peticiones mencionado
anteriormente ante la entidad accionada, en virtud de lo establecido en el
Convenio 98 de la OIT.[3]
1.2.3. Según la Unión Sindical, a raíz de
la presentación del pliego de peticiones, la empresa accionada inició una
política antisindical; resaltando que de los cinco trabajadores sindicalizados:
uno tuvo que renunciar, dos fueron despedidos y uno fue empleado directamente
por Ecopetrol S.A., a cambio de su renuncia al sindicato.[4]
1.2.4. En la actualidad solo existe un trabajador afiliado al
sindicato; y es uno de los despedidos que fue reintegrado transitoriamente a través
de una acción de tutela.[5]
1.2.5. El 26 de abril de 2012, la Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo radicó querella ante el Ministerio
del Trabajo por la negativa de la empresa accionada de iniciar conversaciones
para aprobar el pliego de peticiones previamente presentado[6].
Por su parte, el 3 de mayo de 2012 la empresa Ecodiesel Colombia S.A radicó
escrito ante el mismo Ministerio, solicitando ser exonerado de iniciar las
conversaciones con el sindicato[7].
1.2.6. El 28 de mayo de 2012, la Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo instauró acción de tutela en
contra de la empresa Ecodiesel Colombia S.A. con el fin de que la misma
iniciara conversaciones con el sindicato[8], conforme a
los artículos 432 y 433 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, el
sindicato interpuso denuncia penal por violación del artículo 200 del Código
Penal, sin que la Fiscalía se haya pronunciado al respecto. En dicha oportunidad, el juez declaró improcedente la acción de
tutela, por falta de perjuicio irremediable y por existir otro mecanismo de
defensa judicial; en este caso el trámite de querella ante el Ministerio del
Trabajo.
1.2.7. El 1º de junio de 2012, el Ministerio del Trabajo -
Dirección Territorial de Santander- citó a las partes a una mesa de trabajo. En
dicha diligencia, acordaron atenerse al pronunciamiento del Ministerio, y
realizar la observancia necesaria a los trabajadores que se encuentran
afectados por pertenecer al sindicato, para hacer efectivo su derecho de
asociación[9].
1.2.8. El 10 de septiembre el Ministerio del Trabajo decidió acumular
ambas querellas, teniendo en cuenta que existe identidad de partes y hechos.[10]
1.2.9. El 25 de octubre de 2012, la Oficina Especial de
Barrancabermeja, mediante telegrama citó a la empresa Ecodiesel Colombia S.A al
“inicio de conversaciones artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo”[11].
Actuación que fue reconocida por el Viceministro de Relaciones Laborales e
Inspección como irregular, por atentar contra los derechos a la igualdad y al
debido proceso de la empresa accionada.[12]
1.2.10. Mediante Resolución No. 283 del 13 de noviembre de 2012, el
Ministerio del Trabajo sancionó a la entidad accionada[13]
con una multa de $ 600.000.000.oo, y conminó a la empresa a iniciar
conversaciones colectivas con el sindicato; compulsando copias a la Fiscalía
General de la Nación por incursión en el delito de violación al derecho de
asociación. Actualmente dicha decisión se encuentra ejecutoriada sin que la
empresa haya cumplido[14].
1.2.11. El 20 de noviembre de 2012 bajo el radicado 179.664 la
empresa Ecodiesel Colombia S.A., solicitó ante la Dirección General de
Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del
Trabajo, el traslado de la investigación administrativa laboral que cursa en la
Dirección Territorial de Barrancabermeja en su contra, por presuntas
violaciones a su derecho a la defensa y debido proceso.[15]
1.2.12. El 20 de febrero de 2013 el Viceministro de Relaciones
Laborales e Inspección, mediante auto No. 0000001 de 2012[16],
decidió reasignar la investigación de la querella instaurada por la Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo contra Ecodiesel Colombia S.A, con
el fin de garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales y
legales que deben guiar la actuación del poder ejecutivo.
1.2.13. La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo
considera que la tardía solución al conflicto colectivo del trabajo que
padecen, constituye un menoscabo injustificado que les genera un perjuicio
irremediable en cuanto al sindicato no le es permitido ingresar a las
instalaciones de la empresa, y acudir a un proceso ordinario laboral implicaría
años de espera.
1.2.14. El 12 de julio de 2013, la empresa Ecodiesel Colombia S.A.
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio
del Trabajo- Dirección territorial, Oficina Especial de Barrancabermeja, por las
Resoluciones No. 283 de 2012, la Resolución No. 00000347 de 2012, No. 00000067
de 2013 y el acto ficto o presunto por el cual se resuelve el recurso de
apelación de la sanción impuesta, en virtud de la investigación adelantada por
la elusión a negociar pliego de peticiones.[17] Acción que
fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante auto del 8 de
octubre de 2013.[18]
2. Respuesta de la entidad
accionada.
2.1. Ecodiesel Colombia S.A.[19]
2.1.1. Consideró que las acusaciones de la
apoderada de la parte accionante resultan injuriosas en cuanto, un trabajador
renunció voluntariamente y se vinculó con Ecopetrol S.A., dos trabajadores se
encuentran laborando en la empresa accionada, uno fue despedido con justa causa
y el otro fue despedido en diciembre de 2011, antes de vincularse al sindicato.
2.1.2. Afirmó que la vinculación de dichos
trabajadores a la organización sindical es ilegal, pues contraría la
Constitución, la regulación laboral y los estatutos de la Unión Sindical Obrera
de la Industria del Petróleo. De igual forma, mencionó la imposibilidad de los
trabajadores de Ecodiesel Colombia S.A. de pertenecer a la organización
sindical accionante, pues la misma agrupa el sector de hidrocarburos, mientras
que la empresa accionada pertenece al sector de los aceites y las grasas.
2.1.3. Advirtió la existencia de otra acción de
tutela, con identidad de partes, pretensiones y hechos, que configura la
temeridad en este caso.
Respecto a la sanción impuesta por el Ministerio
del Trabajo a esta empresa, mediante Resolución No. 283 de 2012 donde también
se ordena a la misma iniciar conversaciones con el sindicato accionante,
aseguró que la misma no es legal pues no es el Ministerio del Trabajo quien
debe impartir esta orden al no encontrarse legitimado para ejercer funciones
jurisdiccionales. Por el contrario, la resolución ya citada lesiona el derecho
al debido proceso de la empresa Ecodiesel Colombia S.A.
2.1.4. Así mismo, corresponde al juez laboral
pronunciarse sobre el conflicto que se presenta en este caso, y no al juez de
tutela, en virtud del carácter subsidiario y residual de la acción de tutela.
2.1.5. Solicitó la intervención de la Procuraduría
General de la Nación con el fin de garantizar la seguridad jurídica que propone
la accionante. Aseguró que la libertad sindical no tiene carácter absoluto, y
la misma debe estar en armonía con el ordenamiento jurídico; que en este caso
los trabajadores optaron por la libertad negativa de asociación, lo cual se
encuentra probado una vez que no existe ningún sindicato al interior de la
empresa accionada. Únicamente hay un trabajador que tiene un vínculo sindical que
no se ajusta a la ley pues la afiliación no se adapta a los estatutos de la
organización sindical ya que el pliego de peticiones fue aprobado por la Junta
Directiva del sindicato y no por la Asamblea General, conforme al artículo 356
del Código Sustantivo del Trabajo. Además de su presentación extemporánea, al
momento de aprobar el pliego de peticiones presentado, no se encontraba
afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo ningún
trabajador de la empresa Ecodiesel Colombia S.A.
2.1.6. Finalmente, consideró que la verdadera
intención de la accionante no es proteger el derecho a la negociación colectiva
del sindicato, sino que no cuenta con las herramientas necesarias para que
prosperen sus pretensiones ante la justicia laboral y busca inducir a error al
juez de tutela, para que legitime las actuaciones ilegales del sindicato.
3. Decisiones judiciales objeto de revisión.
3.1. Sentencia del Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja del 28 de mayo de 2013.[20]
3.1.1. Tuteló los derechos al
trabajo, asociación sindical, negociación colectiva y lo establecido en los
Convenios 87 y 88 de la OIT; de la organización sindical accionante, y ordenó
de forma inmediata iniciar la negociación colectiva.
3.1.2. Consideró que no se
configuró el fenómeno de la temeridad, pues si bien existía identidad de partes
y pretensiones, surgió un nuevo hecho que no fue tomado en cuenta en la
decisión anterior, el cual es que el Ministerio de Trabajo resolvió las
querellas; sancionó pecuniariamente a la empresa accionada y le ordenó iniciar
conversaciones con el sindicato accionante.
3.1.3. Aseguró que la libertad
sindical no es un derecho absoluto pues la Constitución establece como
limitación que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones
sociales y gremiales se sujeten al orden legal y los principios democráticos”.
Sin embargo, dichas restricciones no pueden ser caprichosas y deben atender a
razones mínimas, indispensables, necesarias y proporcionadas; de esta forma no
pueden afectar el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical. Así el
marco regulatorio del derecho a la libertad sindical, debe estar acorde con la
autonomía de los sindicatos para establecer sus reglamentos, requisitos de
admisión de afiliados y forma de gestión administrativa y financiera; en virtud
del principio de no injerencia del Estado en el funcionamiento de las
organizaciones sindicales.
3.1.4. En cuanto al derecho a la
negociación colectiva, aseguró que este no se limita a la presentación de
pliegos de peticiones sino que abarca de forma general el escenario de
negociación entre empleadores y trabajadores para regular las condiciones de
trabajo. Así mismo, no es un derecho absoluto, pues es objeto de limitaciones
que a su vez deben responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
conforme a la Constitución Política. No obstante, estableció que en virtud de
los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la OIT, trabajadores y empleadores
tienen el derecho a constituir las organizaciones sindicales que estimen
convenientes, sin autorización previa, así como el afiliarse a estas
organizaciones, con el único requisito de respetar los estatutos de la misma.
3.1.5. Indicó que se configuró un
perjuicio irremediable ante el incumplimiento de la Resolución No. 283 del 13
de noviembre de 2012 expedida por el Ministerio del Trabajo; lo cual constituye
una dilación injustificada en el tiempo.
Por último, afirmó que la negativa
por parte de la empresa accionada de iniciar el proceso de negociación
colectiva con la organización sindical, no se encuentra justificada, pues
únicamente se centra en el proceso administrativo y las demandas laborales
tramitadas por otros juzgados.
3.2. Impugnación[21].
3.2.1. La empresa accionada
Ecodiesel Colombia S.A. presentó escrito de impugnación considerando que
la decisión adoptada, carece de fundamentos objetivos y desconoce el derecho a
la igualdad y al debido proceso de la empresa accionada por desconocimiento de
las pruebas aportadas por la misma.
3.2.3. Respecto al perjuicio irremediable, aseguró
que la organización sindical no logró acreditarlo lo cual hace improcedente la
acción de tutela, pues el mecanismo de defensa judicial en estos casos se debe
surtir ante la jurisdicción laboral y que es imposible predicar su existencia
frente a una resolución que desconoce un acto administrativo del mismo
superior. Así mismo, reafirmó la improcedencia del amparo constitucional en
este caso en virtud del principio de cosa juzgada.
3.2.4. Al no advertir la actuación desbordada del
Ministerio del Trabajo al ordenar a la accionada iniciar la negociación
colectiva mediante la Resolución No. 283 de 2012, el juez de primera instancia
interpretó y aplicó arbitrariamente las normas constitucionales.
3.3. Sentencia del Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja del 9 de julio de 2013[22].
Revocó la sentencia proferida por
el a quo por considerar improcedente la acción de tutela en este caso.
Advirtió que no es posible inferir
la existencia de un perjuicio irremediable, pues en el presente caso se
evidencia un conflicto colectivo que no tiene transcendencia en el mínimo vital
de los trabajadores. Y en segundo lugar, porque el legislador previamente
estableció la acción ordinaria ante la jurisdicción laboral como escenario para
controvertir disputas que puedan presentarse entre patronos, trabajadores y
sindicatos; de esta forma, declarar la procedencia de la acción, desconoce el
carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, establecido en la
Constitución.
II.
CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241 numeral 9- y lo desarrollado en el
Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36[23].
2.
Actuación de la Corte en sede de Revisión.
2.1.
Mediante auto del diecinueve (19) de febrero de 2014, esta Sala decidió
vincular al presente proceso al Ministerio del Trabajo-Dirección Territorial de
Santander, Ministerio del Trabajo-Dirección Territorial de Antioquia y al
Ministerio del Trabajo- Oficina Especial de Barrancabermeja, con el fin de que
aportaran todos los documentos relacionados con el trámite de la querella
iniciada por la organización sindical accionante contra la empresa Ecodiesel
Colombia S.A., así como los documentos relacionados con el trámite de la
querella iniciada por la empresa accionada contra la unión sindical.
2.2.
Durante el término señalado, el 4 de marzo de 2014, la doctora Ofelia Hernández
Araque, Directora Territorial de Santander del Ministerio de Trabajo, solicitó
ser desvinculada de la presente acción, pues en virtud del memorando 001104027
del 17 de julio de 2012, emitido por la Oficina Jurídica del Nivel Central
remitió la documentación referente al presente proceso a la Dirección
Territorial Oficina Especial de Barrancabermeja, para dar trámite a la
investigación administrativa correspondiente.
2.3.
De forma extemporánea, el 21 de marzo de 2014, la señora Norma Cecilia Cabrera
Pérez, Directora Territorial del Ministerio del Trabajo- Oficina Especial de
Barrancabermeja, allegó los documentos relacionados con las querellas
interpuestas por la Unión Sindical Obrera y la empresa Ecodiesel Colombia S.A.;
aseguró que si bien dicha entidad ejecutó el trámite administrativo
correspondiente, la empresa accionada se niega a negociar pese a que el acto
administrativo proferido por el Ministerio del Trabajo, se encuentra en firme y
goza de presunción de legalidad. Igualmente, hizo énfasis en que la función del
Ministerio es administrativa por cuanto solo impone multas ante el
incumplimiento de la norma laboral y no existe herramienta jurídica que obligue
a la empresa a negociar el pliego de peticiones.
2.4.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo -Dirección Territorial de Antioquia
allegó respuesta el 10 de abril de 2014, indicando que no posee la
documentación requerida, pues en cumplimiento del fallo de tutela del 16  de
abril del 2013 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, remitió
el expediente contentivo de la investigación administrativa promovida por la
USO contra Ecodiesel Colombia S.A., a la Oficina Especial del Ministerio del
Trabajo, de la ciudad de Barrancabermeja.
3. Procedencia de la demanda de tutela.
3.1. Alegación de afectación de un derecho fundamental. Se alega la vulneración de los derechos fundamentales al
trabajo, a la asociación sindical y a la negociación colectiva, consagrados en
la Carta Política.
3.2. Legitimación activa. La señora Sandra Paola León Díaz, actuando en representación de la Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo; se encuentra legitimada para
interponer la presente acción de tutela.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha reconocido
la posibilidad de las personas jurídicas de iniciar acciones de tutela, al
igual que las personas naturales; de esta forma, se ha venido reconociendo la
legitimación por activa de los sindicatos para ejercer el amparo
constitucional.
“Así, pues, la Constitución no
exige que cada uno de los sujetos pasivos de la vulneración de derechos
fundamentales ejerza tal acción de manera personal y directa. Está prevista la
representación, de la cual en norma alguna han sido excluidos los sindicatos
ni, en general, asociación alguna que encarne intereses comunes.”[24]
3.3. Legitimación pasiva. La empresa Ecodiesel Colombia S.A, es una sociedad anónima donde actualmente labora un trabajador
afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo.
En este caso, la acción de
tutela es procedente contra particulares, de acuerdo con el numeral 4 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 86 de la C.P.
3.4. Inmediatez. La señora Sandra Paola León Díaz actuando en representación de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, interpuso
acción de tutela para la protección del derecho al trabajo, a la asociación
sindical y a la negociación colectiva de sus representados, como consecuencia
de la omisión por parte de la empresa accionada de iniciar conversaciones
colectivas.
3.4.1. Teniendo en cuenta que el pliego de peticiones fue radicado
ante la empresa el 13 de abril de 2012 y la misma se negó a dar trámite a las
conversaciones respectivas, la Unión Sindical Obrera de la Industria del
Petróleo interpuso querella ante el Ministerio del Trabajo contra la accionada,
con el fin de iniciar los diálogos; a su vez la empresa Ecodiesel Colombia S.A
ejerció el mismo recurso ante el mismo Ministerio en contra del sindicato para
ser exonerado de iniciar el proceso de negociación colectiva, por presuntas
irregularidades del pliego presentado y considerar ilegal la afiliación de sus
trabajadores a dicho sindicato por no pertenecer a la misma industria.
3.4.2. El 13 de noviembre de 2012 el Ministerio del Trabajo
acumuló las querellas, resolvió multar a la empresa accionada, y ordenó iniciar
de forma inmediata las conversaciones colectivas.
3.4.3. No obstante la orden impartida por el Ministerio, la
empresa Ecodiesel Colombia S.A, continúa negándose a iniciar conversaciones,
razón por la cual, seis meses después, concretamente el 15 de mayo de 2013 la
Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo decidió interponer acción de
tutela para la protección de sus derechos fundamentales; término razonable para el ejercicio de la acción[25].
3.5. Subsidiariedad. Si
bien es cierto que el artículo 86 de la Constitución Política consagra la
acción de tutela como un mecanismo de defensa de derechos fundamentales de carácter
residual y subsidiario, es decir que su procedencia depende de la inexistencia
de otro medio de protección previamente establecido por el legislador, esta
Corporación ha reconocido ciertos casos en los que la acción de tutela es
procedente aún cuando exista otra vía de defensa, a saber:
“(i) los medios ordinarios de defensa judicial no son
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados, (ii) aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de
no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se producirá
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales, y (iii) el accionante
es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera
edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada,
niños y niñas), y por lo tanto la situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela”[26].
En sentencia T-251 de
2010, la Corte Constitucional decidió que en casos donde las empresas se niegan
a iniciar el proceso de negociación colectiva con los sindicatos, “sí
procede la acción de tutela, al evidenciarse la presencia de un perjuicio
irremediable, puesto que en el proceso de negociación colectiva se presentó una
dilación injustificada, sin que a la fecha se haya concretado la negociación a
que hay derecho, a pesar de que ésta ha de realizarse con diligencia y
celeridad, como lo han establecido la ley y la jurisprudencia, para evitar la
vulneración del “derecho de negociación colectiva que es consustancial al
derecho de asociación sindical, en cuanto le permite a la organización sindical
cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses
económicos comunes a sus afiliados y hacer posible, real y efectivo el derecho
a la igualdad”[27].
En el caso bajo estudio,
la negativa por parte de la empresa de iniciar las conversaciones colectivas, genera
un perjuicio irremediable, en cuanto, mientras la empresa continúe con dicha
actitud, la vulneración de sus derechos fundamentales se prolongará en el
tiempo de forma desproporcionada e injustificada. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el Ministerio del Trabajo mediante Resolución No. 283 de 2012 ordenó
el inicio de las conversaciones, acto que se encuentra en firme y por lo tanto
se presume legal, sin que hasta la fecha la empresa accionada haya cumplido con
lo ordenado.
Cabe resaltar que, si
bien el perjuicio irremediable no repercute en los derechos individuales de cada
uno de los afiliados al sindicato, pues de ninguna manera compromete su mínimo
vital, genera un menoscabo injustificado y desproporcionado en los derechos
propios de la organización sindical; haciendo referencia a que, “la libertad
sindical es un concepto bivalente, ya que de una parte es un derecho individual
que comporta la facultad de trabajadores y empleadores para constituir los
organismos que estimen convenientes, afiliarse o desafiliarse y solicitar su
disolución cuando lo estimen pertinente; y de otra, constituye un derecho de
carácter colectivo, pues una vez constituida la organización, ésta tiene
derecho a regir su destino independiente.”[28]
Por las razones ya
esgrimidas, y al considerar que en el presente caso se evidencia la ocurrencia
de un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales del actor, la acción
de tutela resulta procedente. No obstante, vale aclarar que para el juez
constitucional únicamente será relevante pronunciarse sobre la posible
vulneración por parte de la empresa accionada de los derechos fundamentales de
la unión sindical accionante, dejando al juez correspondiente resolver lo
referente a la legalidad de los actos cuestionados por la accionada.
De igual forma, en virtud
de que la Unión Sindical, no cuenta con otro mecanismo que obligue a la entidad
accionada a iniciar conversaciones colectivas, de acuerdo a lo expresado por el
mismo Ministerio del Trabajo Oficina Especial de Barrancabermeja, la acción de
tutela es el medio idóneo para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
3.6. Temeridad. Considera la accionada que la acción de tutela es temeraria
porque ya se había presentado una demanda con similitud de partes, hechos y
pretensiones.
3.6.1. La jurisprudencia
constitucional, ha entendido la actuación temeraria como, “la actitud de
quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de
razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias, con el fin de entorpecer el
desarrollo ordenado y ágil del proceso”[29].
De esta forma, para que exista temeridad, es necesario verificar la
identidad de partes, hechos y pretensiones entre las acciones de tutela
interpuestas y la existencia de justificación razonable y objetiva que explique
la ocurrencia de la temeridad y descarte la mala fe del agente.[30]
3.6.2. En el presente
caso, si bien comprende esta Corporación que la unión sindical accionante
efectivamente interpuso acción de tutela persiguiendo el mismo fin, lo que
implica una identidad de partes y pretensiones; no sucede lo mismo con
identidad de los hechos, pues para la fecha en que fue interpuesta la primera
acción, el Ministerio del Trabajo aún no había resuelto las querellas radicadas
por las partes, tanto es así que, ordenó a esta entidad dar pronta respuesta a
las mismas. Actualmente se encuentra probado que dicho Ministerio ya emitió
respuesta a las querellas mencionadas; multando dinerariamente a la empresa
Ecodiesel Colombia S.A. y a su vez, ordenándole iniciar conversaciones con el
sindicato; siendo este un hecho nuevo para tener en cuenta en este fallo.
4. Problema Jurídico.
¿Ecodiesel Colombia S.A vulneró los derechos a la
asociación sindical y a la negociación colectiva de la Unión Sindical Obrera de
la Industria del Petróleo al no cumplir la Resolución
No. 283 de 2012 expedida por el Ministerio del Trabajo que ordena el inicio de
las conversaciones colectivas entre la empresa y el sindicato?
5. Derecho a la asociación
sindical. Reiteración de jurisprudencia.
5.1. El derecho a la asociación
sindical se encuentra consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política,
que reza de la siguiente manera:
“Los trabajadores y empleadores tienen derecho a
constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su
reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de
constitución.
La estructura interna y el funcionamiento de los
sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y
a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la personería
jurídica sólo procede por vía judicial.
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y
las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sindical los
miembros de la fuerza pública.”
5.2. No obstante, trabajadores y
empleadores cuentan con la posibilidad de constituir las organizaciones
sindicales que consideren pertinentes, además de afiliarse y desafiliarse sin
injerencia del Estado; este derecho no es absoluto, en la medida en que la
misma Constitución establece como limitación “el orden legal y los
principios democráticos”. Es necesario que, las restricciones impuestas
respondan a parámetros mínimos, necesarios, indispensables y de
proporcionalidad, sin que se vea afectado el núcleo esencial del derecho a la
libertad sindical[31].
5.3. De esta forma, la potestad
regulatoria del Legislador debe encontrar coherencia con la autonomía de
autogobierno y autorregulación de los sindicatos; en virtud del principio de no
injerencia del Estado en el funcionamiento de las organizaciones sindicales[32].
5.4. Así, esta Corporación ha
reconocido el derecho a la asociación sindical como, una “garantía de
naturaleza fundamental calificado como un derecho subjetivo de carácter
voluntario, relacional e instrumental. No se agota en la posibilidad de crear
organizaciones de trabajadores o de empleadores, sino que comporta igualmente
el derecho de vincularse a aquella organización que represente e interprete más
fielmente los derechos y los intereses de cada individuo y comporta, además su
real y efectivo ejercicio el cual se materializa a través de la negociación
colectiva concretándose así su carácter instrumental.[33]”
5.5. Por otro lado, la
jurisprudencia ha identificado tres dimensiones del derecho de asociación
sindical, a saber: (i) una dimensión individual –como expresión del derecho de
libertad de expresión- , (ii) una colectiva –con la finalidad de asociarse con
el fin de lograr mejores derechos y condiciones laborales- y, (iii) la
instrumental, -materialización de la finalidad de asociación por medio de la
herramienta de la negociación-. Esta última consiste en que, “el derecho de
asociación es el medio para que los trabajadores puedan lograr la consecución
de algunos fines, especialmente el mejoramiento de sus condiciones laborales.
Ello por cuanto, de acuerdo con el artículo 13 del Código Sustantivo, las
normas de la legislación laboral tan solo constituyen un mínimo de garantías
que bien pueden ser mejoradas mediante la negociación colectiva”[34].
6. Derecho a la negociación
colectiva. Reiteración de jurisprudencia
6.1. En principio, el derecho a la
negociación colectiva no es considerado un derecho fundamental y por ende no es
amparable a través de la acción de tutela; sin embargo, la jurisprudencia ha
establecido que podrá adquirir este carácter, “cuando su vulneración implica
la amenaza del derecho al trabajo o el de asociación sindical”[35].
6.2. El artículo 55 superior,
reconoce el derecho a la negociación colectiva, “para regular las relaciones
laborales, con las excepciones que señale la Ley, imponiéndole al Estado el
deber de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica
de conflictos colectivos de trabajo”; es decir, que si bien constituye el
medio de solución de conflictos colectivos por excelencia, su carácter no es
absoluto pues podrá ser limitado por el Legislador.
6.2.1. En primer lugar, como
instrumento para “regular las relaciones laborales”, la negociación
colectiva representa el mecanismo idóneo para llegar a un acuerdo entre
trabajador y empleador para optimizar las condiciones laborales a las que se
encuentran sometidos, evitando recurrir a un escenario judicial requiriendo a
un tercero para que dirima el conflicto.
6.2.2. Por virtud del articulo 2
del Convenio 154 de la OIT sobre el fomento de la
negociación colectiva “la expresión negociación colectiva
comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo
de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por
una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores (…)”. Lo
que ha sido reiterado por esta Corporación, al indicar que el derecho a la
negociación colectiva,“no se limita únicamente a la presentación
de pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, sino que influye
todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y
que tengan el fin de regular las condiciones de trabajo mediante la
concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes
involucradas en el conflicto económico laboral, la garantía de que los
representantes de unos y otros sean oídos y atendidos así como la consolidación
de la justicia social en las relaciones que se den entre empleadores y
trabajadores.”[36]
6.2.3. De esta forma, la
negociación colectiva resulta ser una garantía indispensable para las
organizaciones sindicales, dado que de no tener la posibilidad de llegar a
acuerdos con su empleador los fines de la agrupación resultarían frustrados.
Cabe resaltar, que la protección al derecho a la negociación colectiva no
implica per se llegar a un acuerdo u obligar a alguna de las partes a
acoger las condiciones que no comparten, pues lo que busca la Constitución es
garantizar el inicio de las conversaciones correspondientes.
6.2.4. Haciendo hincapié en que
las organizaciones sindicales encuentran su origen en la necesidad de
trabajadores y empleadores con intereses comunes de agruparse para acordar mejores
relaciones laborales, obstaculizar el proceso de negociación colectiva o
cualquier modo de concertación entre empleador y sindicato, desconocería la
garantía ofrecida por el Constituyente a dichas organizaciones, pues de no
gozar de esta protección perdería sentido su agrupación.
6.2.5. Por otro lado, es deber del
Estado propiciar los escenarios requeridos para que el proceso de negociación
colectiva se lleve acabo con el fin de proteger las prerrogativas ya citadas,
es decir que mal haría la autoridad competente al establecer trabas
injustificadas para la realización de la negociación.[37]
Las medidas adoptadas por el Estado, en todo momento deberán responder a la
protección efectiva del derecho a la libertad sindical.[38]
6.3. Etapas de la negociación
colectiva.
6.3.1. El Código Sustantivo del
Trabajo regula el procedimiento de negociación colectiva entre sindicatos y
empleadores, estableciendo en su artículo 433 que el proceso inicia con la
presentación del pliego de peticiones, oportunidad en la que el sindicato
plasma sus inconformidades y propuestas de cambio, sobre las cuales se busca
llegar a un acuerdo. Posteriormente, el empleador cuenta con 24 horas para
iniciar conversaciones con la organización, y en todo caso, no más de 5 días
para hacerlo.
6.3.2. En el mismo momento en que
las partes inician las conversaciones, el Código entiende que comienza la etapa
de arreglo directo, que “constituye la primera oportunidad que tienen tanto
los trabajadores como los empleadores para llegar a un acuerdo a partir del
pliego de peticiones formulado, antes de tomarse la decisión de declarar la
huelga o de someter las diferencias a un Tribunal de Arbitramento”.[39]
De esta forma, es esta la oportunidad para las
partes de entrar a discutir las cuestiones legales, de fondo y forma del pliego
de peticiones. Resulta lógico, que para dar inicio a la etapa de arreglo
directo, previamente el empleador debe recibir a la organización sindical con
el fin de dar inicio al proceso de negociación colectiva.
6.3.3. A su turno, el mismo
artículo establece que, “el patrono que se niegue o eluda iniciar las
conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado
por las autoridades del trabajo con multas de 5
a 10 veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora (…)”.
El artículo 434 del C.S.T, establece un término de 20 días calendario,
prorrogables por otros 20 para la duración máxima de la etapa de arreglo
directo.
6.3.4. En caso de llegar a un
acuerdo total o parcial durante esta etapa las partes firmarán la convención
colectiva, mientras que en caso de desacuerdo, “se expresará el estado en
que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se indicará con
toda precisión cuales fueron los acuerdos parciales sobre los puntos del pliego
y cuales en los que no se produjo arreglo alguno”.
6.3.5. Una vez finalizada la etapa
de arreglo directo, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga
o acudir ante un Tribunal de Arbitramento para solucionar sus diferencias. Cabe
resaltar que para acudir a estos últimos mecanismos de solución de
controversias, es necesario haber agotado la etapa de arreglo directo, pues la
organización sindical no se encontraría legitimada para iniciarlas, sin antes
haber conversado con la empresa en cuestión.
6.4. No obstante, el derecho a la
negociación colectiva no es absoluto, pues sus limitaciones, “podrán ser
justificadas en cuanto busquen proteger bienes constitucionalmente relevantes
como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos
trazados por la política económica y social del Estado, la estabilidad macroeconómica
y la función social de las empresas, ente otros.”[40]
7. Caso Concreto
7.1. En lo referente a la
dimensión instrumental del derecho a la asociación sindical que garantiza la
posibilidad de iniciar un proceso de conversaciones entre empleador y
trabajador con el fin de mejorar las condiciones laborales, la actitud adoptada
por la accionada afecta el derecho, en la medida en que frustra uno de los
fines primordiales de la agrupación. No obstante, el derecho a la asociación
sindical puede ser limitado por el orden legal y los principios democráticos,
dichas restricciones deben responder a parámetros de necesidad y
proporcionalidad; que en el presente caso no se respetan, pues si bien la
empresa justificó su negativa en presuntas irregularidades del pliego de
peticiones, el Ministerio del Trabajo no le asistió la razón, ordenándole
iniciar las conversaciones pertinentes, acto que a la fecha se encuentra
ejecutoriado y por ende goza de presunción de legalidad.
7.2. La empresa Ecodiesel Colombia
S.A. vulneró la garantía fundamental de negociación colectiva de la Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, pues su negativa a iniciar
conversaciones acarrea la imposibilidad de iniciar la etapa de arreglo directo
y posteriormente los mecanismos alternativos de solución de controversias
colectivas, establecidos previamente por el Legislador en caso de fracasar la
primera etapa; dejando de esta forma desprotegido al sindicato, sin posibilidad
de dirimir el conflicto. Así mismo, no se evidencia que la negativa de la
empresa de iniciar conversaciones responda a la protección de bienes
constitucionalmente relevantes; pues únicamente fundamenta su actitud en que el
pliego de peticiones no podía ser presentando por dicha organización sindical
por no hacer parte de la misma industria de la empresa, por haber sido aprobado
por la Junta Directiva del sindicato y presentado de manera extemporánea.
Además deja a un lado la competencia del Ministerio del Trabajo para dirimir
esta clase de conflictos.
7.3. Bajo el
entendido de que la Resolución No. 283 de 2012 expedida por el Ministerio del
Trabajo que ordena a la empresa Ecodiesel Colombia S.A. iniciar conversaciones
colectivas, la misma se encuentra vigente y en firme, goza de presunción de
legalidad y por ende resulta vinculante. Dicho Ministerio, consideró que las
explicaciones aportadas por la empresa para ser exonerada de iniciar
conversaciones colectivas con el sindicato tras la presentación del pliego de
peticiones, no justifican su omisión; pues, en los estatutos de la Unión
Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, se establece que el mismo estará
conformado por trabajadores del sector del proceso industrial del biodiesel, lo
cual confirma que los trabajadores de Ecodiesel sí se encuentran legitimados
para hacer parte de la organización sindical. Además aseguró que la
presentación extemporánea del pliego de peticiones, obedeció  a que la misma
empresa dilató de manera injustificada el proceso para la presentación del
pliego.
7.4. Considera esta Sala de suma
importancia, aclarar que la protección del derecho a la negociación colectiva
de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, en ningún momento
legitima el presunto actuar irregular del sindicato, ni subsana las posibles
inconsistencias del pliego de peticiones presentado ante la empresa Ecodiesel
Colombia S.A., pues como se mencionó anteriormente, al juez de tutela
únicamente compete el estudio de la vulneración de derechos fundamentales y no
el análisis de la legalidad de los actos de la formación del sindicato o de
aprobación del pliego de peticiones, para los cuales se ha previsto la
jurisdicción laboral y la jurisdicción contencioso administrativa. De esta
forma, esta Sala procederá a conceder el amparo transitorio de los derechos a
la asociación sindical y la negociación colectiva de la Unión Sindical Obrera
de la Industria del Petróleo, hasta tanto la jurisdicción laboral o contenciosa
administrativa decida sobre la legalidad del pliego de peticiones presentado
por la organización sindical ante la empresa Ecodiesel Colombia S.A. el 13 de
abril de 2012.
8. Razón de la decisión.
8.1. Síntesis del caso.
La Unión Sindical Obrera de la
Industria del Petróleo considera vulnerados por parte de la empresa Ecodiesel
Colombia S.A., sus derechos a la asociación sindical y a la negociación
colectiva; al negarse a iniciar conversaciones colectivas, tras la presentación
del pliego de peticiones el 13 de abril de 2012.
A pesar de que el Ministerio del
Trabajo, ordenó a la empresa iniciar conversaciones con el sindicato, decisión
que hasta la fecha se encuentra vigente, esta continúa negándose argumentando
razones legales.
La Corte considera, que Ecodiesel Colombia S.A., vulneró el
derecho a la asociación sindical y a la negociación colectiva de la
organización sindical accionante, pues desconoce la obligatoriedad de la
resolución proferida por el Ministerio del Trabajo, lo cual constituye una
obstrucción injustificada al proceso de negociación entre el sindicato y la
empresa, que tiene por objeto optimizar las condiciones laborales, pues el
derecho a la negociación colectiva garantiza el inicio de las conversaciones
colectivas, más no implica la obligación de llegar a acuerdos concediendo lo
peticionado. Ahora bien, no obstante, las presuntas irregularidades en el
pliego de peticiones, esta Sala concederá el amparo transitorio de los derechos
invocados, pero hasta tanto la jurisdicción laboral o contenciosa
administrativa se pronuncie sobre las mismas.
8.2. Regla de derecho.
La omisión reiterada por parte de
una empresa de iniciar conversaciones colectivas con el sindicato, aun cuando existe una Resolución del Ministerio del
Trabajo, ordenando su inicio; desconoce la fuerza vinculante de las decisiones
de dicha entidad, es una práctica antisindical y vulnera la garantía
constitucional a la negociación colectiva, pues obstruye de manera
injustificada y desproporcionada la realización del proceso de negociación.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Barrancabermeja del 9 de julio de 2013 que revocó la
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Barrancabermeja del 28 de mayo de 2013,
que concedió el amparo constitucional. En su lugar, CONCEDER de manera
transitoria el amparo del derecho a la asociación sindical y a la negociación
colectiva de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo.
SEGUNDO.- ORDENAR a la empresa Ecodiesel
Colombia S.A., que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir
de la notificación de esta sentencia, acate la orden emanada del Ministerio del
Trabajo relacionada con el inicio de las conversaciones con la Unión Sindical
Obrera de la Industria del Petróleo.
TERCERO.- La orden proferida en esta sentencia se mantendrá hasta tanto el
juez natural se pronuncie respecto de las irregularidades planteadas por la
empresa Ecodisel Colombia S.A., en la respuesta de la demanda de tutela.
CUARTO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MENDEZ
Secretaria General
[1] Acción de tutela presentada el quince (15) de mayo de 2013.
(Folios 1 a 121).
[2] Folio 195 cuaderno documentos aportados
por el Ministerio del Trabajo Oficina Especial de Barrancabermeja.
[3] Si bien no se adjunta prueba documental,
ambas partes hacen referencia a este hecho.
[4] Así lo afirma la Unión Sindical, en el
escrito de tutela.
[5] Tal como lo manifiesta la parte
accionante en el escrito de tutela.
[6] Folios 17
a 18 cuaderno documentos aportados por el Ministerio del Trabajo –Dirección
Territorial de Santander-.
[7] Folios 2
a 9, cuaderno documentos aportados por el Ministerio del Trabajo –Dirección
Territorial de Santander-.
[8] Folios 245
a 295, cuaderno documentos aportados por el Ministerio del Trabajo –Dirección
Territorial de Santander-.
[9] Folios 66
a 67, cuaderno documentos aportados por el Ministerio del Trabajo –Dirección
Territorial de Santander-.
[10] Folios 102
a 103 cuaderno documentos aportados por el Ministerio del Trabajo Oficina
Especial de Barrancabermeja.
[11] Folios 320
a 325.
[12] Ibídem.
[13] Folios 9 al 30.
[14] Folios 32 al 33.
[15] Folios 320
a 325.
[16] Folios 170 al 175.
[17] Folios 22
a 59, escrito presentado por Ecodiesel Colombia S.A. el 11 de febrero de 2014.
[18] Folios 60
a 63, escrito presentado por Ecodiesel Colombia S.A. el 11 de febrero de 2014.
[19] Folios 156 al 272.
[20] Folios 280
a 307.
[21] Folios 311 a 343.
[22] Folios 66 al 84 del segundo libro.
[23] En Auto del veintiocho (28) de noviembre de 2013, la Sala de
Selección de tutela Número Once de la Corte Constitucional dispuso la revisión
de la providencia en cuestión y procedió a su reparto.
[24] Sentencia T-775A de 2000.
[25] De conformidad con la Sentencia SU-961 de
1999: “la razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si
bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia
reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por
su ‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la
protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica
que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa
de la acción”.
[26] Sentencia T-185 de 2007.
[27] Sentencia C-161 de 2000.
[28] Sentencia T-251 de 2010.
[29] Sentencia T-655 de 1998.
[30] Sentencia T-084 de 2012.
[31] Sentencia T-251 de 2010.
[32] Ibídem.
[33] Ibídem.
[34] Sentencia T-701 de 2003.
[35] Sentencias C-1050 de 2001, C-161 de 2000, T-418 de 1992, SU-342
de 1995.
[36] Sentencia C-280 de 2007.
[37] Sentencia T-434 de 2011,  Convenio 154 de
la OIT articulo 5.
[38] Convenio 154 de la OIT articulo 8.
[39] Sentencia C-349 de 2009.
[40] Sentencia C-063 de 2008.