T-482-20
Sentencia
T-482/20
Referencia:
Expediente T-7.746.796
Solicitud
de tutela presentada por José Edilberto Rodríguez Rodríguez en contra del
Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá.
Magistrado
sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
sentencia al revisar las decisiones judiciales relacionadas con la solicitud de
tutela de la referencia[1].
I.
ANTECEDENTES
1.       La
solicitud de tutela
El 30 de septiembre de 2019,
José Edilberto Rodríguez Rodríguez, actuando por conducto de apoderado judicial[2], presentó demanda de tutela en contra
del Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá, por considerar que los
autos del 3 de abril y del 20 de septiembre de 2019, proferidos dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado iniciado por Luis Alfredo y Doris
Yaneth Rodríguez Rodríguez en su contra[3], vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia al
incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, y en violación
directa de la Constitución. En las providencias mencionadas, en su orden, (i)
se le hizo un requerimiento en el sentido de acreditar el pago de los cánones
de arrendamiento adeudados para ser oído en el proceso y para resolver el
recurso de reposición que interpuso en contra del auto admisorio de la demanda;
y (ii) se le negó el recurso de reposición interpuesto en contra de la
decisión anterior, además de la concesión del recurso de apelación.
2.       Hechos relevantes
2.1. Los señores Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez
iniciaron un proceso verbal de restitución de inmueble arrendado en contra del
accionante, que correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Siete Civil
Municipal de Bogotá.
2.2. Mediante el auto del 10 de septiembre de 2018, el juzgado
accionado admitió la demanda de restitución de inmueble arrendado, imprimiéndole
el trámite del proceso verbal de mínima cuantía[4].
Adicionalmente, le corrió traslado de la demanda y sus anexos al demandado,
advirtiéndole “que no será oíd[o] en el proceso, hasta tanto demuestre que
ha consignado a órdenes del juzgado en la cuenta del Banco Agrario, los valores
adeudados por concepto de cánones de arrendamiento endilgados en mora. De igual
manera, deberá seguir consignando aquellos que se sigan causando durante el
proceso […]”[5].
2.3. En contra de la providencia anterior el apoderado judicial
del señor José Edilberto Rodríguez interpuso recurso de reposición. En esa
oportunidad cuestionó la existencia de un contrato de arrendamiento que pudiera
fundamentar el proceso de restitución de inmueble arrendado[6].
2.4. Mediante el auto del 3 de abril de 2019, el Juzgado Treinta y
Siete Civil Municipal de Bogotá requirió al demandado para que, en el término
perentorio de cinco días, acreditara el pago de los cánones de arrendamiento
que se indican en la demanda como adeudados para efectos de ser oído en el
proceso y poder resolver el recurso de reposición interpuesto en contra del
auto admisorio[7].
2.5. En contra de la providencia anterior el apoderado judicial
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. Reiteró los
argumentos expuestos en el marco de la impugnación del auto admisorio de la
demanda, en el sentido de señalar que “se encontraba en discusión la
existencia del contrato de arrendamiento allegado y alegado en la demanda, lo
que conforme a lo establecido en la sentencia T-118/12 de la Corte
Constitucional, eximía al demandado de dar cumplimiento a tal exigencia legal
para ser oído en el proceso”[8].
2.6. Mediante el auto del 20 de septiembre de 2019, el juzgado
accionado resolvió los recursos presentados en contra del auto que requirió al
demandado para que acreditara el pago de los cánones que el demandante alega se
le adeudan. En esta providencia decidió: (i) no reponer el auto del 3 de
abril de 2019, al considerar que “las declaraciones extrajuicio [aportadas
con la demanda] eran suficientes para tener por acreditado el contrato”[9]; (ii) requerir al demandado para
que acredite el pago de los cánones de arrendamiento adeudados, de acuerdo con
el numeral 4 del artículo 384 del Código General del Proceso; y (iii) no
acceder al recurso de apelación interpuesto toda vez que el proceso se adelanta
en una única instancia[10].
2.7. En la actualidad cursa un proceso de declaración de
pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria en el
Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá,
que involucra el bien que es objeto de la solicitud de restitución, en donde
actúa como demandante José Edilberto Rodríguez Rodríguez y como demandados la
sociedad Vestidos El Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C., quien aparece
como titular del inmueble, Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez[11].
3.       Los defectos atribuidos a las decisiones
3.1. En la demanda de tutela se sostuvo que con las decisiones
cuestionadas, esto es, los autos del 3 de abril y del 20 de septiembre de 2019,
se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, y en violación
directa de la Constitución. A continuación se exponen los argumentos.
3.2. Se incurrió en un defecto sustantivo porque el juzgado
accionado le impuso al señor José Edilberto Rodríguez la carga de demostrar,
como requisito para ser oído en el proceso, el pago de los cánones que el
demandante alega se le adeudan, pese a que en el recurso de reposición
interpuesto en contra del auto admisorio de la demanda se controvirtió la
existencia del contrato de arrendamiento y la falta de legitimación en la causa
de los demandantes al no tener la calidad de arrendadores. Con ello, se
desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
T-118 de 2012, que reconoce la posibilidad de excepcionar la exigencia de pago
de los cánones que se dicen adeudados -como presupuesto para ser oído en el
juicio-, en los casos en los que se cuestiona el contrato que fundamenta la
pretensión[12].
3.3. Se presentó un defecto fáctico en la medida en que los
autos se apoyaron en dos declaraciones extrajuicio allegadas con la demanda referentes
a la existencia del contrato de arrendamiento. En ellas se indica que “quien
eventualmente pudo haber celebrado un contrato de arrendamiento era la sociedad
Vestidos El Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C. [y] no los demandantes,
esto con apoyo en las actas 3 y 4 de dicha sociedad que también se aportaron
con la demanda”[13]. En ese orden, las pruebas aportadas
con la demanda eran insuficientes para tener certeza acerca de la existencia
del contrato de arrendamiento; por ello, tal conclusión prematura fue objeto de
controversia en el recurso de reposición interpuesto en contra del auto
admisorio de la demanda.
Adicionalmente, explicó que la sociedad mencionada fue liquidada
desde 1997 y que no existe constancia de que el contrato de arrendamiento se
haya cedido a los demandantes. Afirmó el accionante: “Por el contrario, con
el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda se aportó el
acta 10 de la sociedad con la que se liquidó la misma y donde en el activo no
aparece obligación alguna a favor de Vestidos El Triunfo Rodríguez Rodríguez y
Cia S. en C. y a cargo de José Edilberto Rodríguez Rodríguez por concepto de
arrendamiento y tampoco aparece como activo contrato de arrendamiento alguno.
Tampoco aparece […] en las adjudicaciones que dicho contrato, si existió, se
hubiera adjudicado a los demandantes o cedido a ellos”[14].
3.4. Se incurrió en un defecto procedimental en la
medida en que se decide continuar el proceso y negar al demandado la
posibilidad de ser oído hasta tanto no consigne los cánones que se dice que
adeuda, a pesar de que no existe certeza acerca de la existencia del contrato
de arrendamiento y de la legitimación en la causa de los demandantes. Con ello,
el juzgado accionado actuó al margen del procedimiento regulado al establecer
una carga excesiva para el demandado, sin tener en cuenta lo señalado por el
tribunal constitucional en casos en los que no hay certeza absoluta de la
existencia del negocio jurídico de arrendamiento.
3.5. Se presentó una violación directa de la Constitución
porque al condicionar el derecho a ser oído en el juicio al pago de los cánones
que se afirmaron como adeudados en la demanda, se le impidió al demandado
ejercer el derecho de defensa en la fase inicial del proceso y, con ello, se
vulneró el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de
justicia.
3.6. Pretensiones. En razón de lo anterior, el accionante
solicitó que se tutelen los derechos fundamentales invocados y que, en
consecuencia, se disponga dejar sin efectos los autos del 3 de abril y del 20
de septiembre de 2019 proferidos por el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal
de Bogotá. En su lugar, pidió que se profiera una nueva decisión en la que se
aplique la regla jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, según
la cual puede eximirse al demandado de acreditar el pago de los cánones que se
afirman adeudados cuando hay “serias dudas sobre la existencia del contrato
de arrendamiento y acerca de que los demandantes tengan legitimación en la
causa por activa”[15].
3.7. Adicionalmente, en la demanda se solicitó decretar como
medida provisional la suspensión del proceso de restitución de inmueble arrendado
iniciado por Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez en contra del accionante
para  impedir la configuración de un perjuicio irremediable. Ello, en la medida
en que el proceso verbal avanza sin permitirle al demandado ejercer su derecho
de defensa.
4.       Trámite
procesal de primera instancia
Mediante
auto del 4 de octubre de 2019, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito
de Bogotá admitió la demanda de tutela y requirió al juzgado accionado para que
ejerciera su derecho de defensa y contradicción, ordenando notificar dicha
decisión a las partes, intervinientes y auxiliares de la justicia del proceso
110014003-037-2018-00442-00[16].
5.       Fundamentos
de la oposición
El 7
de octubre de 2019, el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá
solicitó negar el amparo invocado por el accionante en la medida en que le ha
garantizado el debido proceso y le ha resuelto todas las peticiones realizadas
en la etapa preliminar del proceso verbal de restitución de inmueble arrendado[17].
Expuso:
“[el]
recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda, […] no ha tenido
lugar a ser resuelto dado que, la parte demandante alegó como causal de
restitución la mora en los cánones de arrendamiento, y este Despacho de
conformidad con el numeral 4º del artículo 384 del Código General del Proceso,
dispuso requerir por el término de cinco (5) días a la parte demandada para que
acreditara el pago de los cánones de arrendamiento, a efectos de no vulnerar el
debido proceso y el derecho de contradicción de las partes que intervienen en
ese proceso, auto que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio
apelación.
Sea
del caso advertir, que mediante proveído [del] 20 de septiembre de 2019, este
operador judicial resolvió no reponer dicho auto pues, el señor José Edilberto
Rodríguez Rodríguez, no ha acreditado el pago de los cánones de arrendamiento
solicitados ante este Juzgador a través de la demanda de restitución de
inmueble arrendado además, en el expediente obra prueba de unas declaraciones
extraproceso en las que, la parte activa de esta Litis cumple con lo instituido
en el numeral 1º del artículo 384 del Código General del Proceso, esto es, que
con la demanda debía acompañar prueba documental del contrato de arrendamiento
suscrito por el arrendatario, o la confesión de este hecho en interrogatorio de
parte extraprocesal, o una prueba testimonial siquiera sumaria.
Por
lo que, para este Juzgador le fue imposible reponerle el auto recurrido de
fecha 3 de abril de 2019, y concederle el recurso de apelación interpuesto en
subsidio toda vez que, el trámite es de única instancia, y en su lugar dispuso
requerir nuevamente para que en el mismo término, acreditara el pago de los
cánones de arrendamiento adeudados a la fecha conforme al numeral 4º del artículo
384 del C.G.P., con la advertencia de que si no daba cumplimiento no sería oído
por este estrado judicial por lo que, mediante memorial de fecha 25 de
septiembre de 2019, el aquí accionante interpuso recurso de reposición contra
la decisión de fecha 20 de septiembre de 2019, y a la data el proceso se
encuentra en traslados para resolver”[18].
6.       Decisiones
judiciales que se revisan
6.1.
Decisión del juez de tutela de primera instancia
El
Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del
10 de octubre de 2019, negó la tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia[19];
consideró que en las providencias censuradas no se incurrió en ninguno de los
defectos alegados, además, que no se revelan vicios de arbitrariedad o capricho
del juzgador. Por el contrario, encontró que en el trámite procesal se dio
cumplimiento a lo regulado en el artículo 384 del Código General del Proceso.
Adicionalmente, señaló que lo que “encuentra es más bien una inconformidad
hacia las decisiones proferidas, lo cual, naturalmente, constituyen meras
apreciaciones subjetivas que no alcanzan a demostrar realmente la incursión de
la autoridad judicial en actos violatorios de derechos fundamentales, y que,
por lo mismo, escapa del amparo deprecado”[20].
6.2.
Impugnación
El 21
de octubre de 2019, el apoderado judicial del accionante impugnó la sentencia
de primera instancia[21].
Además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, explicó que “[l]a
razón o el motivo de incoar el amparo constitucional radica en el
desconocimiento que el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá tuvo de la
jurisprudencia reiterada y abundante de la Corte Constitucional acerca de la
necesidad de aplicar la subregla constitucional de no exigir la demostración o
acreditación del pago de los cánones de arrendamiento en orden a ser oído en el
proceso, cuando la causal alegada sea la mora en el pago de los mismos, para
aquellos casos en que se encuentre en discusión la existencia del contrato de
arrendamiento o haya serias dudas sobre su existencia a partir de los
documentos allegados con [la demanda]”[22].
6.3.
Sentencia de segunda instancia
La
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 14 de
noviembre de 2019, confirmó el fallo de tutela de primera instancia[23].
Señaló que “la actuación del juez cuestionado no deviene en transgresora de
los derechos del actor, ni configura los defectos [señalados], pues las pruebas
adosadas con la demanda[24]
permitieron al fallador de instancia tener certeza sobre la existencia del
contrato de arrendamiento en relación con el inmueble ubicado en la calle […];
y en lo que atañe a la aplicación de la sub regla jurisprudencial para eximir
al accionante de la demostración del pago de los cánones de arrendamiento
adeudados como requisito para ser oído, baste decir que, tal proceder solo se
imponía si el fallador no tenía certeza sobre la existencia del contrato, lo
que no ocurrió en este asunto […]”[25].
7.       Actuaciones
en sede de revisión
7.1.
Mediante el auto del 9 de marzo de 2020[26], el
magistrado sustanciador decretó algunas pruebas con la finalidad de obtener
elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisión más informada en el
caso objeto de estudio. Las pruebas decretadas fueron las siguientes:
7.1.1.
Solicitó al Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá que remitiera, en
calidad de préstamo, el expediente del proceso de restitución de inmueble
arrendado identificado con el radicado No. 110014003-037-2018-00442-00.
Adicionalmente, lo invitó a informar cualquier otro hecho o consideración que
estimara pertinente tener en cuenta en el estudio del caso concreto.
7.1.2.
Solicitó al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá que informara el estado
del proceso de pertenencia identificado con el radicado
110013103-011-2017-00535-00, en el que aparecen como partes demandante José
Edilberto Rodríguez Rodríguez, y demandada Vestidos el Triunfo Rodríguez
Rodríguez y Cia S. en C. y Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez.
7.2.
La Secretaría General de la Corporación informó que se dio cumplimiento al auto
del 9 de marzo de 2020, recibiendo las siguientes comunicaciones:
7.2.1.
El 13 de marzo de 2020, en relación con el estado del proceso de pertenencia
identificado con el radicado 110013103-011-2017-00535-00, la jueza Once Civil
del Circuito de Bogotá, María Eugenia Santa García, informó[27]:
-
Mediante auto del 1 de diciembre de 2017, se admitió la demanda de
pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria adelantada
por José Edilberto Rodríguez Rodríguez en contra de Vestidos el Triunfo
Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C., Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez y Luis
Alfredo Rodríguez Rodríguez, además de personas indeterminadas.
-
Los demandados Doris Yaneth y Luis Alfredo Rodríguez Rodríguez se
encuentran notificados. Actualmente el proceso se encuentra en la diligencia
tendiente a nombrar y notificar al curador ad litem que representará
judicialmente a las personas indeterminadas. Una vez se integre el
contradictorio se continuará con los trámites pertinentes.
7.2.2.
El 13 de marzo de 2020, el juez Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá, Luis
Carlos Riaño Vera, remitió el expediente del proceso verbal de restitución de
inmueble arrendado de mínima cuantía identificado con el radicado No.
110014003-037-2018-00442-00 (con 224 folios), en calidad de préstamo[28].
Adicionalmente informó:
-
La admisión de la demanda se realizó mediante auto del 10 de
septiembre de 2018, decisión que fue notificada al accionante en forma personal
el 5 de octubre de 2018, y frente a la que formuló recurso de reposición, el 10
de octubre de la misma anualidad.
-
Dicho recurso “no ha tenido lugar dado que, la parte demandante
alegó como causal de restitución la mora en los cánones de arrendamiento, y
este Despacho de conformidad con el numeral 4º del artículo 384 del Código
General del Proceso, dispuso requerir por el término de cinco (5) días a la
parte demandada para que acreditara el pago de los cánones de arrendamiento, a
efectos de no vulnerar el debido proceso y el derecho de contradicción de las
partes que intervienen en ese proceso, auto que fue objeto de recurso de
reposición y en subsidio apelación”.
-
Mediante providencia del 20 de septiembre de 2019, se resolvió no
reponer el auto impugnado (del 3 de abril de 2019) toda vez que el señor José
Edilberto Rodríguez no acreditó el pago de los cánones de arrendamiento que se
afirman adeudados en la demanda, además, porque en el expediente obra prueba de
unas declaraciones extraproceso en las que la parte demandante cumple con lo
establecido en el numeral 1º del artículo 384 del Código General del Proceso,
en el sentido de que la demanda se debe acompañar con “prueba documental del
contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de este
hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, o prueba testimonial
siquiera sumaria” (negrillas originales).
-
Fue imposible reponer el auto del 3 de abril de 2019 y además
conceder el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria, porque se
trata de un proceso de única instancia. En su lugar, se dispuso requerir
nuevamente al demandado para que acreditara el pago de los cánones que se
afirman adeudados, con la advertencia de que si no daba cumplimiento a lo
solicitado “no sería oído”.
-
Mediante memorial del 25 de septiembre de 2019, el accionante
presentó reposición y en subsidio de queja en contra del auto del 20 de
septiembre de 2019. El primer recurso fue rechazado de plano el 6 de noviembre
de 2019, de conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso. Así
mismo, se rechazó el recurso de queja presentado, de acuerdo con el artículo
352 ibíd., por tratarse de un proceso de única instancia.
-
Esta instancia ha garantizado el debido proceso y no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, además ha resuelto todas y cada una de las
peticiones presentadas por el demandado en el proceso de restitución de
inmueble arrendado.
7.2.3.
El 12 de agosto de 2020, el juez Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá,
Luis Carlos Riaño Vera, reiteró parte de lo informado en el oficio anterior.
Agregó que desde el 13 de marzo de 2020, fecha en la que remitió el expediente
del proceso de restitución de inmueble arrendado identificado con el radicado No.
110014003-037-2018-00442-00, no ha habido actuación alguna. Adicionalmente,
señaló que se abstiene de realizar algún pronunciamiento sobre el proceso que
cursa en el Juzgado Once Civil del Circuito de la ciudad, bajo el radicado No.
110013103-011-2017-00535-00, porque no tiene conocimiento sobre las actuaciones
puntuales surtidas en el mismo[29].
7.2.4.
El 12 de agosto de 2020, Luis Ángel Torres, apoderado de Luis Alfredo y Doris
Yaneth Rodríguez, demandantes en el proceso de restitución de inmueble arrendado
que se sigue en el juzgado accionado, solicitó que se confirme en todas sus
partes lo resuelto por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de
Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad en sus
decisiones del 10 de octubre de 2019 y del 14 de noviembre del mismo año,
respectivamente[30].
Asimismo señaló:
-
El proceso de restitución, motivo de la acción de tutela, no ha
podido continuar su trámite por la actuación dilatoria del demandado José
Edilberto Rodríguez y su apoderado.
-
Los autos atacados, mediante los que se dio oportunidad al
demandado para poner a disposición del juzgado los títulos judiciales
correspondientes al valor de los cánones de arrendamiento adeudados a la
presentación de la demanda y los causados durante el trámite del proceso,
además de las cuotas de administración, cumplen con el artículo 384 del Código
General del Proceso “pues no en vano la norma claramente establece dicha
carga procesal al demandado so pena de no ser oído”.
-
No le asiste razón al accionante al plantear la configuración de
un defecto sustantivo en los autos atacados, debido a que no es el juez quien
impone la carga de consignar los cánones adeudados a órdenes del juzgado sino
la ley.
-
El señor José Edilberto Rodríguez no propuso la excepción que
ahora alega en su favor dentro del proceso de restitución que se sigue en el
Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá. De tenerse por alegada, no
es leal con la justicia ni con la contraparte porque habiendo recibido el
accionante el bien inmueble en calidad de arrendatario, ahora pretenda eludir
el pago de los cánones adeudados alegando posesión. Adicionalmente, agregó que
la esposa del demandado, señora Martha Eugenia Vera Vega, no tuvo éxito en un
proceso anterior de pertenencia iniciado en contra de Vestidos el Triunfo
Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C., que cursara fallidamente en el Juzgado
Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá (expediente radicado
110013103-042-2009-00877-00[31]).
-
El accionante incurre en un error al calificar de insuficientes
las pruebas aportadas y, con fundamento ello, atribuir defecto procedimental,
ya que por mandato legal, se debe acompañar a la demanda de restitución de
inmueble arrendado la prueba documental del contrato, o la confesión o una
prueba testimonial sumaria.
-
Los asuntos relacionados con la liquidación de la sociedad y la
adjudicación de bienes escapan al proceso de restitución de inmueble arrendado.
Ellos no pueden ser debatidos en este tipo de acciones sino, como es apenas
natural, al interior del proceso de pertenencia, como en efecto lo alega el
accionante ante el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá.
7.2.5.
El 14 de agosto de 2020, Norman Albin Garzón Mora, apoderado judicial del
accionante, solicitó que se analice la situación de hecho presentada en el
proceso de restitución de inmueble arrendado. Ella tiene que ver (i) con
la causal invocada como sustento de la solicitud de restitución de inmueble
–mora en el pago de los cánones de arrendamiento–; (ii) la prueba
aportada por la parte demandante para demostrar la existencia del citado
contrato –las dos declaraciones extrajuicio–; y (iii) lo manifestado en
el recurso interpuesto por el demandado y aquí accionante, junto con las
pruebas documentales aportadas en esa ocasión. Lo anterior, con la finalidad de
determinar si dicha situación encaja dentro del precedente constitucional que
releva al demandado de cumplir el requisito de acreditar el pago de los cánones
que se afirman adeudados para efectos de ser oído, y que solo deviene necesario
cuando se tiene plena prueba de la existencia del contrato de arrendamiento[32].
Así mismo, señaló:
-
La parte demandante aportó dos declaraciones extrajuicio
idénticas, “de esas que se llevan al notario para que las reproduzca en
papel notarial únicamente, en las que se indica que la sociedad VESTIDOS EL
TRIUNFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y CIA. S. EN C., entregó en arrendamiento al
demandado el inmueble objeto de restitución” (mayúsculas originales).
Dichas declaraciones no coinciden del todo con las actas de la sociedad, que
constituyen una prueba de la situación presentada al interior de la misma, y
que no acreditan la totalidad de los elementos constitutivos del contrato de
arrendamiento.
-
Los juzgadores de primera y segunda instancia no tienen en cuenta
que: (i) si en efecto hubo un contrato de arrendamiento, este fue
suscrito por la aludida sociedad en calidad de arrendadora y no por los que
actúan en calidad de demandantes. (ii) La sociedad Vestidos el Triunfo
Rodríguez Rodríguez y Cia. S. en C., se encuentra disuelta y liquidada desde
hace más de 20 años, de manera que no podría ser titular de derechos y
obligaciones. Además, tampoco podría tener legitimación en la causa por activa
para adelantar el respectivo proceso[33]. (iii) En las actas de la
sociedad que se acompañaron con el recurso de reposición presentado en contra
del auto admisorio de la demanda, entre las que se encuentra la de liquidación
de la misma, en ninguna parte se consigna que el supuesto contrato de
arrendamiento haya sido cedido a los demandantes, antes o al momento de la
liquidación, como para que estos estén legitimados para adelantar el proceso de
restitución de inmueble arrendado. (iv) En el acta de liquidación y que
contiene el inventario final “no se incluye partida alguna en el activo de
crédito proveniente de la deuda por concepto de cánones de arrendamiento
adeudados por el demandado y que dicho activo se le hubiera adjudicado a
persona alguna al momento de la liquidación”. (v) Ni las
declaraciones extrajuicio ni las actas allegadas indican en parte alguna que
los demandantes sean los arrendadores o que se les haya cedido el contrato de
arrendamiento. (vi) De acuerdo con el concepto aportado con el recurso
de reposición[34], “producida la disolución de la
sociedad, el o la liquidadora de la misma debieron haber adelantado las
gestiones necesarias para la terminación de los contratos de arrendamiento que
tuviera la sociedad en ese momento y la restitución de los inmuebles pues, era
indispensable para la liquidación y adjudicación, circunstancia que hace
presumir que no existía ningún contrato de arrendamiento vigente para esa época
con el demandado”.
-
Con apoyo en lo afirmado, insistió en que se analicen las pruebas
aportadas con el recurso de reposición interpuesto, “que hasta la fecha no
han sido estudiadas, analizadas ni valoradas”, además de las excepciones
propuestas, para, en ese momento, determinar la exigibilidad de la obligación
de acreditar el pago de los cánones de arrendamiento que se afirman adeudados,
a partir de la claridad acerca de la certeza o no de la existencia del contrato
de arrendamiento que soporta la pretensión procesal. Y agregó: “Incluso,
esto no implica que la acción se acabe y termine, simplemente, la misma puede
continuar pero, sin que se exija cumplir el aludido requisito”.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.       Competencia
Esta
Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en el inciso segundo del
artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.       Problema
jurídico y estructura de la decisión
2.1.
Teniendo en cuenta los antecedentes de la presente actuación, corresponde
a la Sala Quinta de Revisión determinar si el Juzgado Treinta y Siete Civil
Municipal de Bogotá vulneró los derechos fundamentales del accionante al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, al
proferir los autos del 3 de abril y del 20 de septiembre de 2019 dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado en su contra, en los
que fue requerido para acreditar el pago de los cánones que el demandante alega
que se le adeudan, de acuerdo con el numeral 4, inciso segundo, del artículo
384 del Código General del Proceso, pese a que en debida oportunidad el
demandado cuestionó la existencia del contrato de arrendamiento y la calidad de
arrendadores de los demandantes.
2.2.
Para resolver el problema planteado, como cuestión previa, la Sala (i)
analizará la legitimación en la causa y el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la tutela, teniendo en cuenta que se
dirige contra unas providencias judiciales. En caso de encontrarlos
satisfechos, (ii) pasará a referirse a los requisitos
específicos de procedibilidad de la tutela y, en concreto, a los defectos
sustantivo, fáctico y procedimental y la violación directa de la Constitución
alegados por el accionante. A continuación, (iii) determinará la
procedencia de aplicar la regla jurisprudencial que exime al demandado -como
requisito para ser oído en el proceso-, de pagar los cánones que se dicen
adeudados en la demanda, en los eventos en que hay serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico, y (iv)
revisará la regulación del derecho de defensa del demandado en el proceso de
restitución de inmueble arrendado en el Código General del Proceso, cuando el
fundamento de la demanda es la falta de pago de la renta. Finalmente, (v) resolverá
el caso concreto.
3.       Cuestión
previa: legitimación en la causa y procedencia de la tutela
3.1.
Legitimación en la causa por activa y por pasiva
De un
lado, el señor José Edilberto Rodríguez Rodríguez se encuentra legitimado para
presentar la solicitud de tutela porque lo que pretende es la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia[35].
De
otro lado, el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá está legitimado
en la causa por pasiva, pues es la autoridad judicial a la que el accionante
atribuye haber proferido las providencias que considera violatorias de sus
derechos[36].
3.2. Procedencia excepcional
de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Reiteración
jurisprudencial[37]
De
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, toda persona puede reclamar ante
los jueces, mediante acción de tutela, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o, en los casos que establezca la
ley, de los particulares[38],
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Tal
mecanismo de protección procede, en consecuencia, contra cualquier autoridad
pública que con sus actuaciones u omisiones vulnere o amenace derechos
constitucionales fundamentales. Dentro de dichas autoridades públicas se
encuentran incluidas, por supuesto, las judiciales, en cuanto autoridades de la
República, las cuales, sin excepción, están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias
y demás derechos y libertades, como lo dispone el artículo 2 de la Constitución.
Bajo
dichos supuestos constitucionales y los artículos 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos[39],
la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela para
la protección de derechos fundamentales vulnerados por decisiones judiciales
respecto de las que (i) no existan otros recursos o medios de defensa
judicial, o (ii) cuando, no obstante su existencia, se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; o, en los términos
del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, (iii) cuando, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentre el solicitante, los medios existentes no
resulten eficaces.
No
obstante, dada la naturaleza de las autoridades judiciales –a las que la
Constitución ha asignado la función de administrar justicia[40]–,
este tribunal ha precisado que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales es excepcional[41] puesto que,
en tales casos, “la adecuada protección de los principios y valores
constitucionales implica un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la
mencionada acción –presupuesto del Estado Social y Democrático de
Derecho–, y la vigencia de la autonomía e independencia judicial, el
principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica”[42].
Por lo anterior, ha señalado la Corte que “la acción de tutela
contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a
enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves
falencias, de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión
incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela
contra decisión judicial es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen
a la controversia”[43].
La
excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales ha llevado a este
tribunal, a partir de la sentencia C-590 de 2005, a exigir el cumplimiento de
los siguientes requisitos generales y específicos de procedencia.
3.2.1.
De los requisitos generales[44]
Para
determinar la procedencia de la acción de tutela contra una decisión judicial
deben cumplirse los siguientes requisitos generales[45]:
Requisitos generales de la
solicitud de tutela contra decisiones judiciales
1
Relevancia constitucional, esto es,
que involucre la posible vulneración de derechos fundamentales del
accionante[46].
2
Subsidiariedad, en el sentido de que
se hubieren agotado los recursos ordinarios y extraordinarios al alcance del
accionante dentro del proceso en que se profirió la providencia,
excepto que, atendiendo a las circunstancias en que se encuentre, no sean
eficaces, o que la tutela pretenda evitar la consumación de un
perjuicio irremediable[47].
3
Inmediatez, es decir que, atendiendo a
las circunstancias del accionante, se interponga en un término
razonable a partir del hecho que originó la vulneración.
4
Cuando se trate de una irregularidad
procesal, que esta tenga incidencia en la decisión que se considera
lesiva de los derechos fundamentales.
5
Que el accionante identifique de forma
razonable los yerros que genera la vulneración, y que estos hayan sido
cuestionados dentro del proceso judicial, en cuanto ello hubiere sido posible
6
Que no se dirija contra una sentencia
de tutela, salvo si existió fraude en su adopción[48].
3.2.2.
De los requisitos específicos[49]
Además
de los anteriores requisitos generales, es necesario acreditar que la autoridad
judicial demandada vulneró en forma grave el derecho al debido proceso
del accionante (art. 29 C.P.)[50],
entre otros derechos fundamentales, a tal punto que la decisión judicial
resulta incompatible con la Constitución por incurrir en al menos uno de
los defectos que pasan a describirse[51],
y que la jurisprudencia constitucional denomina requisitos específicos de
procedibilidad.
Requisitos específicos de la
solicitud de tutela contra decisiones judiciales
1
Defecto orgánico: se
presenta cuando la providencia impugnada fue proferida por un funcionario
judicial que carecía de competencia para adoptarla[52].
2
Defecto procedimental: se
origina cuando la decisión judicial cuestionada se adoptó con
desconocimiento del procedimiento establecido[53].
3
Defecto fáctico: se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio para la aplicación
del supuesto legal en que se sustenta la decisión cuestionada, o cuando
la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada[54].
4
Defecto material o sustantivo:
ocurre cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o
claramente inaplicables al caso concreto[55]; cuando se
presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido y
alcance que no tiene, entre otros supuestos.
5
Error inducido:
sucede cuando la decisión que vulnera los derechos fundamentales del
accionante es producto de un engaño por parte de terceros[56].
6
Falta de motivación:
implica el incumplimiento del deber de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de la decisión[57].
7
Desconocimiento del precedente: se
configura cuando el funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial
establecida en la materia de que se trate, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación[58].
8
Violación directa de la Constitución: se
estructura cuando la autoridad judicial le da a una disposición un
alcance abiertamente contrario a la Carta Fundamental[59].
Esta Corte ha indicado[60]
que se presenta violación directa de la Constitución cuando,
desconociendo que, de acuerdo con su artículo 4 “la
Constitución es norma de normas”, por lo que en caso de
incompatibilidad entre ella y la ley u otra regla jurídica “se
aplicarán las disposiciones superiores”[61],
el juez adopta, entre otros supuestos, una decisión que la desconoce[62],
porque deja de aplicar una norma constitucional que resulta aplicable al caso
concreto[63],
o desconoce valores, principios o reglas constitucionales que determinan la
aplicación de la disposición legal al caso concreto. Se configura
igualmente cuando se desconoce o altera el sentido y alcance de una regla
fijada directamente por el constituyente.
Esta
Corporación ha sido enfática en señalar que no toda irregularidad
procesal o diferencia interpretativa configura una causal de procedibilidad de
la acción[64].
Es necesario que los reproches alegados sean de tal magnitud que permitan
desvirtuar la constitucionalidad de la decisión judicial que es objeto de
la tutela[65].
“No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez
ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas
del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y
residual, para proteger los derechos fundamentales de quien, luego de haber
pasado por un proceso judicial, se encuentra en condición de
indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente –es
decir segura y en condiciones de igualdad–, de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho”[66].
3.3.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales
La
Sala encuentra cumplidos los requisitos generales anteriormente
reseñados, por las siguientes razones:
3.3.1.
En efecto, la cuestión sometida a consideración de la Corte tiene
evidente relevancia constitucional por cuanto gira en torno a la posible
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y al acceso a la administración de justicia, en el marco de un proceso de
restitución de inmueble arrendado. El señor José Edilberto Rodríguez Rodríguez
entiende que fueron quebrantados dichos derechos porque no se dio aplicación al
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia T-118 de 2012,
que señala que en los casos en los que se cuestiona el contrato de
arrendamiento que fundamenta la pretensión, es posible excepcionar la exigencia
de pago de los cánones que se dicen adeudados como presupuesto para ser oído en
el proceso.
El asunto sometido a la Sala, en consecuencia, gira en torno a la
aplicación de un precedente jurisprudencial de este tribunal relacionado con el
ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada en un proceso de restitución
de inmueble arrendado, cuyo fundamento es la falta de pago de la renta. Este
precedente fue adoptado cuando se encontraba vigente el Código de Procedimiento
Civil y reviste relevancia constitucional determinar si es aplicable bajo el
Código General del Proceso.
3.3.2. Así mismo, encuentra la Sala que el accionante,
demandado en el proceso de restitución de inmueble arrendado iniciado por Luis
Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez, cuestionó a través de los recursos
ordinarios las decisiones a las que les atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales. Esto es, los autos del 3 de abril y del 20 de septiembre de 2019
proferidos por el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá, que, en su
orden, (i) le requirió la acreditación del pago de los cánones de
arrendamiento adeudados para ser oído en el proceso, y para resolver el recurso
de reposición que interpuso en contra del auto admisorio de la demanda; y
(ii) le negó el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión anterior,
además de la concesión del recurso de apelación.
Ello
demuestra que el accionante acudió a los medios de defensa judicial
ordinarios con el fin de cuestionar las decisiones que considera afectan sus
derechos fundamentales. Debe señalarse que en la fase inicial del proceso no se
prevén medios de defensa extraordinarios.
3.3.3.
De igual manera se satisface el principio de inmediatez, por cuanto la
acción de tutela fue presentada por José Edilberto Rodríguez Rodríguez el
30 de septiembre de 2019[67],
para cuestionar los autos del 3 de abril y del 20 de septiembre de 2019 –a
partir del que cobró ejecutoria el primero– dictados por el Juzgado
Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá. Este último, notificado por
anotación en el estado No. 112 fijado el 23 de septiembre de 2019[68].
Es decir, que no transcurrieron ni ocho días en el ejercicio de la solicitud de
amparo.
3.3.4.
También es claro que el cuestionamiento propuesto por el accionante se dirige a
demostrar que el órgano judicial accionado, al no aplicar el precedente
judicial fijado por este tribunal en la sentencia T-118 de 2012, cercenó su
derecho fundamental a la defensa en la fase preliminar del proceso de
restitución de inmueble arrendado. Lo anterior, porque al controvertir la
existencia del contrato de arrendamiento aducido por los demandantes como
fundamento de su pretensión, según señaló, no estaba obligado a acreditar el
pago de los cánones que se afirman adeudados en la demanda, como presupuesto
para ser oído en el proceso.
3.3.5.
El demandante igualmente identificó en forma razonable los hechos
que, en su opinión, generaron la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración
de justicia. Señaló, entre otras consideraciones, que las
providencias cuestionadas los desconocieron al haberle exigido la acreditación
del pago de los cánones de arrendamiento que se afirmaron adeudados, pese a que
en el recurso de reposición interpuesto en contra del auto admisorio de la
demanda controvirtió la existencia del contrato de arrendamiento que fundamenta
la pretensión de restitución del inmueble arrendado.
3.3.6.
Finalmente se constata que la acción de tutela no se dirige en contra de una
decisión de tutela, pues las providencias acusadas fueron proferidas por el
Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá en el marco de un proceso
verbal de restitución de inmueble arrendado.
4.       Análisis
de los cuestionamientos realizados a las providencias acusadas
4.1. El accionante alega que el Juzgado Treinta y Siete Civil
Municipal de Bogotá, al proferir los autos del 3 de abril y del 20 de
septiembre de 2019, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental, y en violación directa de la Constitución, con fundamento en los
siguientes argumentos:
4.1.1. Incurrió en un defecto sustantivo porque el juzgado
accionado le impuso, en su condición de demandado, la carga de demostrar el
pago de los cánones señalados como adeudados en la demanda, como requisito para
ser oído en el proceso, pese a que en el recurso de reposición interpuesto en contra
del auto admisorio de la demanda controvirtió la existencia del contrato de
arrendamiento y la falta de legitimación en la causa de los demandantes al no
tener la calidad de arrendadores. Tal situación desconoció el precedente fijado
por este tribunal en la sentencia T-118 de 2012, que plantea la posibilidad de
excepcionar la exigencia de pago de los cánones que se dicen adeudados como
presupuesto para ser oído en el juicio, precisamente, cuando se cuestiona el
contrato que fundamenta la pretensión.
4.1.2. Incurrió en un defecto fáctico en la medida en que
los autos se apoyaron en dos declaraciones extrajuicio allegadas con la demanda
referentes a la existencia del contrato de arrendamiento, no obstante que “indican
que quien eventualmente pudo haber celebrado un contrato de arrendamiento era
la sociedad Vestidos El Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C. [y] no los
demandantes, esto con apoyo en las actas 3 y 4 de dicha sociedad que también se
aportaron con la demanda”[69]. Señaló, entonces, que las pruebas
aportadas con la demanda eran insuficientes para tener certeza acerca de la
existencia del contrato de arrendamiento.
4.1.3. Incurrió en un defecto procedimental porque el
juzgado accionado decidió continuar el proceso negándole la posibilidad de ser
oído en la fase inicial, hasta tanto consigne los cánones que se afirman
adeudados, a pesar de que no existe certeza acerca de la existencia del
contrato de arrendamiento y de la legitimación en la causa de los demandantes.
Con ello, afirmó, actuó al margen del procedimiento regulado al establecer una
carga excesiva para el demandado, sin tener en cuenta lo señalado por este
tribunal en casos en los que no hay certeza absoluta de la existencia del
negocio jurídico de arrendamiento.
4.1.4. Generó una violación directa de la Constitución
porque al condicionar el derecho a ser oído al pago de los cánones que se
afirmaron como adeudados en la demanda, se le impidió al demandado ejercer su
derecho de defensa en la fase inicial del proceso y, con ello, se vulneró el
debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia.
4.2. Haciendo un análisis de los argumentos planteados por el
accionante, la Sala encuentra que en realidad no se configura un defecto
procedimental absoluto con entidad propia, debido al desconocimiento del
procedimiento establecido en el Código General del Proceso[70].
Lo que nuevamente se cuestiona por la vía de dicho yerro es la
inaplicación en el caso concreto de la regla jurisprudencial que exime al
demandado de pagar los cánones que se dicen adeudados en la demanda, en los
eventos en que hay serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento. Tal decisión, en efecto, ha tenido implicaciones directas en el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción por parte del demandado en la
fase inicial del proceso de restitución. Lo anterior es un análisis que puede
abordarse en el marco del defecto sustantivo.
4.3. En ese orden, la Sala limitará el estudio a la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, así como a la violación directa de la Constitución. Además,
incluirá el análisis del desconocimiento del precedente constitucional en la
medida en que los argumentos del accionante están orientados a demostrar que en
el caso concreto no se atendió la regla jurisprudencial antes descrita. Para
ello, pasa a hacer una breve caracterización de los mismos.
5.       Breve
caracterización del defecto sustantivo[71]
5.1.
La Corte ha señalado que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento
de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y
aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e
independencia judicial, no es en ningún caso absoluta”[72].
En consecuencia, este defecto se materializa cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen[73].
5.2.
La jurisprudencia de este tribunal[74]
ha precisado los supuestos que pueden configurar este defecto:
Supuestos de materialización
del defecto sustantivo
1
Cuando existe carencia absoluta de
fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma
inexistente[75],
derogada[76]
o que ha sido declarada inconstitucional[77].
2
Cuando la decisión judicial tiene como
fundamento una norma que no es aplicable por no ser pertinente[78].
3
Cuando, a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada
a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le
reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador[79].
4
Cuando se aplica una norma cuya
interpretación desconoce una sentencia con efectos erga omnes. En esta
hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi
de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico[80].
5
Cuando la disposición aplicada se
muestra injustificadamente regresiva[81] o
claramente contraria a la Constitución[82].
6
Cuando un poder concedido al juez se
utiliza para un fin no previsto en la disposición[83].
7
Cuando la decisión se funda en una interpretación
no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso[84].
8
Cuando el servidor judicial da una
insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta
derechos fundamentales[85].
9
Cuando se desconoce el precedente
judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación[86].
10
Cuando el juez se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad[87]. Se trata
de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales[88]
o que al ser aplicadas al caso concreto vulneran derechos fundamentales,
razón por la que debe ser igualmente inaplicada[89].
11
Cuando la providencia incurre en
incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación
se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las
motivaciones expuestas en la providencia[90].
12
Cuando la interpretación es
irrazonable[91]
en, al menos, dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición
jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente
–interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes[92]; y (ii)
cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación
que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones
que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados, sacando la decisión
del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable[93].
6.       Breve
caracterización del defecto fáctico[94]
6.1. El defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que surge o se presenta por la omisión en el decreto
y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio; o el
desconocimiento de las reglas de la sana crítica[95].
Adicionalmente, la Corte también ha considerado su configuración cuando están
de por medio problemas relacionados con soportes probatorios[96].
6.2.
Desde sus inicios la Corte estableció que los jueces de conocimiento tienen
amplias facultades para efectuar el análisis del material probatorio en cada
caso concreto[97].
Por ello, determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio, la
evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela debe
privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[98].
No
obstante, tal poder debe estar inspirado en los principios de la sana crítica,
atender necesariamente criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y
motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
el margen de apreciación del juez sería entendido como arbitrariedad judicial,
hipótesis en la que se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de
tutela podría dejar sin efectos la providencia atacada[99].
6.3.
Este tribunal estableció que el defecto fáctico se configura en cualquiera de
siguientes casos:
Supuestos de configuración del
defecto fáctico
1
Existencia de una omisión en el
decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso.
2
Existencia de una valoración
caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas.
3
No valoración del material probatorio
en forma íntegra.
6.4.
Así mismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos
dimensiones, una positiva[100]
y otra negativa[101].
De un lado, la dimensión positiva se presenta cuando el juez efectúa una
valoración por “completo equivocada”, o fundamenta su decisión en una
prueba no apta. Lo anterior implica la evaluación de errores en la apreciación
del hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca (i)
al fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en
su expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se
establecen de ella; o (ii) porque al momento de otorgarle mérito
persuasivo a una prueba, se aparta de los criterios técnico-científicos o los
postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la
experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica como método
de valoración probatoria[102].
Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas
del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la
lógica y las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras
contribuyen de igual manera a que el juzgador pueda analizar las pruebas con
arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas[103].
El sistema de la libre apreciación o de la sana crítica, faculta
al juez para valorar de una manera libre y razonada las pruebas, en donde puede
llegar a la conclusión de una manera personal sin que deba sujetarse a reglas
abstractas preestablecidas[104]. La expresión sana crítica, conlleva
la obligación para el juez de analizar en conjunto el material probatorio para
obtener, con la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y la
experiencia, la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos
de decidir lo que corresponda[105].
Por su parte, las máximas de la experiencia son aquellas
reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción, que
constituyen una vocación espontánea o provocada de conocimientos anteriores y
que se producen en el pensamiento como nutrientes de consecutivas inferencias
lógicas[106]. Una
máxima de la experiencia por definición es una conclusión empírica fundada
sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio
hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y tomado de las
distintas ramas de la ciencia.
La sentencia que razona en contra de esas máximas, o que se funda
en pretendidas máximas de experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable
en su motivación, que configuraría la causal
por defecto fáctico y, por tanto, el juez de tutela podría dejar sin efectos la
providencia atacada.
6.5.
De otro lado, la dimensión negativa del defecto fáctico se produce cuando el
juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante, o no decretó su
práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende las omisiones en la
apreciación de pruebas determinantes para comprobar la veracidad de los hechos
analizados por el juez[107].
Sobre el particular la Sala Quinta de Revisión expuso: “El juez, en el
ejercicio de su facultad de valoración, deja de apreciar una prueba fundamental
para la solución del proceso, ignora sin razones suficientes elementos
probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis ostensiblemente
deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del elemento probatorio”[108].
7.       Breve
caracterización de la violación directa de la Constitución[109]
7.1.
El fundamento de esta causal es el modelo actual del ordenamiento
constitucional, puesto que a los preceptos contenidos en la Carta de 1991 se
les ha reconocido valor normativo, de manera que pueden ser aplicados
directamente por las autoridades y los particulares en algunos casos. En ese
sentido, es posible discutir las decisiones judiciales por medio de la acción
de tutela en los eventos en que los jueces omiten o no aplican debidamente las
normas constitucionales[110].
7.2.
El desconocimiento de la Constitución puede producirse por diferentes hipótesis[111].
En términos generales, esta figura se estructura cuando el juez en la decisión
desconoce su contenido, en los siguientes casos:
Supuestos de materialización de
desconocimiento de la Constitución
1
No aplica una norma fundamental al
caso en estudio[112],
ya sea porque
(i) en la solución
del caso dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional;
(ii) no tuvo en
cuenta un derecho fundamental de aplicación inmediata[113];
(iii) vulneró
derechos fundamentales al no tener en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución[114].
2
Aplica la ley al margen de los
preceptos consagrados en la Constitución[115].
En el
último caso enunciado, se ha señalado que los jueces en sus fallos deben tener
en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4
Superior[116],
en tanto la Constitución es norma de normas y, cuando existe incompatibilidad
entre las disposiciones de esta y de la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
de preferencia las constitucionales[117].
En suma, esta causal de procedencia específica de la acción de tutela se genera
a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme
con el mandato consagrado en el artículo 4, que antepone de manera preferente
la aplicación de sus postulados.
7.3.
En lo que tiene que ver con la inaplicación del precedente en este supuesto, es
importante recordar que los precedentes fijados por la Corte Constitucional
tienen fuerza vinculante, de tal manera, ante los mismos hechos relevantes se
impone la aplicación de la misma regla establecida por este tribunal, en virtud
de los principios de igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y
supremacía de la Constitución[118].
En ese orden, no es discrecional su aplicación. Si los jueces deciden apartarse
de un precedente vigente en el caso que juzgan, haya sido o no alegado por las
partes del proceso, deben sustentar de forma completa, pertinente, suficiente y
conexa las razones por las que optan por tal decisión[119].
El desconocimiento de este deber supone una violación al debido proceso al que
tienen derecho legítimo las partes y una elusión de la función unificadora de
la jurisprudencia que, por virtud de la Constitución, cumple esta Corte.
8.       Breve
caracterización del desconocimiento del precedente constitucional[120]
8.1. El desconocimiento del
precedente constitucional “se origina cuando el juez ordinario, por
ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho
fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado”[121].
8.2. El funcionario judicial, en su
tarea decisoria, no puede apartarse de un precedente constitucional salvo que
exista un motivo suficiente que justifique su inaplicación en un caso concreto[122],
previo cumplimiento de una carga seria de argumentación que explique de manera
completa, pertinente, suficiente y conexa las razones por las que se desatiende[123].
Por ello, la Corte Constitucional ha
establecido unos requisitos para que prospere el desconocimiento del precedente
constitucional, como causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales. En este sentido ha explicado, primero, que debe existir una
sentencia previa o un “conjunto de sentencias previas al caso que se habrá
de resolver”[124],
ya sea una sentencia de unificación o una de constitucionalidad de la Sala
Plena o varias sentencias de tutela de las salas de revisión con un precedente
o línea de decisión en vigor; y, segundo, que la regla jurisprudencial que se
desprende de la ratio decidendi de dicha sentencia o conjunto de
sentencias, respecto del caso concreto que se esté estudiando, tenga (i)
un problema jurídico semejante, y (ii) unos supuestos fácticos y
aspectos normativos análogos[125].
8.3. La Corporación ha delimitado el
alcance de esta causal de la siguiente manera[126]:
Supuestos de materialización
del desconocimiento del precedente constitucional
1
Cuando se aplican disposiciones
legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad.
2
Cuando  se aplican disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución.
3
Cuando se contraría la ratio
decidendi de una sentencia expedida por la Sala Plena o contenida en una
línea de decisión en vigor de sentencias de tutela de las salas de revisión.
4
Cuando se desconoce el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la
ratio decidendi de sus sentencias de tutela.
8.4.
Explicado lo anterior, la Sala se referirá al precedente fijado por esta
Corporación en relación con el ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del demandado que contradice fundadamente la existencia del contrato de
arrendamiento, presupuesto fáctico de la solicitud de restitución de inmueble.
9.       Regla jurisprudencial que exime al
demandado de pagar los cánones que se dicen adeudados en la demanda, en los
eventos en que hay serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico
9.1.
Desde el 2004, la jurisprudencia constitucional ha precisado una regla que debe
aplicarse cuando se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico de un proceso de restitución de
inmueble.
Dicha
regla[127]
se concreta en que no puede exigirse al demandado, para ser oído dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado, la prueba del pago o la
consignación de los cánones supuestamente adeudados, cuando no existe certeza
sobre la concurrencia de uno de los presupuestos fácticos de aplicación de la
norma, esto es, el contrato de arrendamiento. En ese orden, el momento procesal
adecuado para realizar esta valoración es una vez presentada la contestación de
la demanda, pues con ella se adjuntan las pruebas que eventualmente
demostrarían la duda respecto del perfeccionamiento y la vigencia del contrato.
9.2.
La anterior posición fue claramente precisada en la sentencia T-118 de 2012,
reiteradamente mencionada por el accionante. En esa oportunidad, le
correspondió a la Sala Novena de Revisión de este tribunal estudiar si el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de
la accionante, al no permitirle ser oída en el proceso de restitución de
inmueble arrendado iniciado en su contra, debido a la falta de pago de los
cánones según afirmación que se hizo en la demanda, pese a que tachó de falsos
los documentos allegados con la misma como prueba de la existencia del contrato
de arrendamiento[128].
Además, controvirtió la calidad de arrendadora que afirmaba tener la
demandante, al manifestar que desde hacía diez años venía poseyendo con ánimo
de señora y dueña el inmueble objeto del proceso.
Dado
el acervo probatorio obrante en el proceso de tutela, la Sala Novena de
Revisión concluyó que el juzgado accionado incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo. En el primero, porque tomó la decisión de no escuchar a la
accionante, pese a que no estaba plenamente demostrado el supuesto de hecho que
legalmente determinaba la carga procesal; esto es, la certeza de la existencia
del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes del proceso civil de
restitución. En ese orden, al no cumplir la demandante y supuesta arrendadora
con la carga probatoria de demostrar el negocio jurídico mencionado, quedaba el
juez impedido para limitar el derecho de defensa de la tutelante. Además,
incurrió en el defecto sustantivo, porque la decisión de no oír a la demandada,
según el precedente jurisprudencial citado, se fundamentó en una norma
inaplicable al caso concreto, en tanto que el contenido del numeral 2 del
parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil no tenía
conexión material con los presupuestos fácticos del proceso, en la medida en
que existían serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento.
La
Sala decidió, entonces, conceder la tutela de los derechos al debido proceso, a
la defensa y contradicción y al acceso a la administración de justicia de la
accionante. En consecuencia, dejó sin efecto todo lo actuado dentro del proceso
de restitución de inmueble arrendado, a partir del auto que decidió no escuchar
en el proceso a la tutelante.
9.3.
En esa ocasión se analizó la regla jurisprudencial creada para armonizar con la
Constitución la aplicación de los numerales 2 y 3 del parágrafo 2º del artículo
424 del entonces vigente Código de Procedimiento Civil[129],
en los eventos en que hay serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico. Así, fueron establecidos los siguientes
parámetros:
9.3.1. Las cargas probatorias contenidas en los numerales 2 y 3
del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil,
referentes al pago de los cánones de arrendamiento que se señalen como
adeudados en la demanda y de los que se causen durante el proceso, no son
exigibles al demandado en un proceso de restitución de inmueble
arrendado, cuando se presente incertidumbre sobre la existencia del contrato de
arrendamiento.
9.3.2. La inaplicación de las reglas contenidas en los numerales 2
y 3 del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, no es el resultado de
la utilización de la figura de la excepción de inconstitucionalidad, sino que
es consecuencia del incumplimiento de la carga probatoria que corresponde al
arrendador, consistente en demostrar la existencia del contrato de
arrendamiento, supuesto de hecho necesario de la norma que concede el efecto
jurídico de no oír al demandado hasta tanto no pague los cánones que se le
atribuyen.
9.3.3. El juez tiene el poder jurisdiccional de no escuchar al
arrendatario demandado en un proceso de restitución de inmueble arrendado, cuya
demanda se fundamenta en la falta de pago, hasta tanto este no demuestre el
pago de los cánones que se afirman adeudados. No obstante, dicho poder está
condicionado a que hayan elementos de convicción que le permitan tener certeza
absoluta acerca de la existencia del contrato de arrendamiento. De allí que
esta valoración solo la puede realizar el juez después de presentada la
contestación la demanda, pues en ella el demandado ha debido adjuntar las
pruebas que eventualmente pueden generar una duda en relación con el
perfeccionamiento y la vigencia del negocio jurídico.
9.3.4. La jurisprudencia de esta Corporación inicialmente
consideró que se configuraba un defecto procedimental, en los eventos en los
que se le exigía al arrendatario demandado cancelar los cánones que en la
demanda se afirmaban adeudados, para efectos de ser escuchado en el proceso,
sin importar que exista duda respecto de la existencia del contrato de
arrendamiento. Posteriormente, diferentes salas de revisión llegaron a la
conclusión de que, en el citado supuesto de hecho, se incurre simultáneamente en
un defecto fáctico y en uno sustantivo.
9.4. Posteriormente, en la sentencia T-107 de 2014 la Sala
Novena de Revisión reiteró el anterior precedente. En esa ocasión le
correspondió determinar si el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué
desconoció derechos fundamentales del accionante, al negarse a oírlo dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado afirmando que este no demostró
haber pagado al demandante los cánones supuestamente adeudados, a pesar de que
probó que el inmueble objeto de la restitución había sido secuestrado en otro
proceso judicial y que su administración la estaba ejerciendo un auxiliar de la
justicia (secuestre), con quien celebró un nuevo contrato de arrendamiento y a
quien le pagaba los cánones mensuales, encontrándose al día. Luego de repasar
la jurisprudencia que de forma pacífica ha decantado este tribunal, decidió
conceder la protección constitucional de los derechos al debido proceso, a la
defensa y contradicción y al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia,
le ordenó a la autoridad judicial dejar sin efecto todo lo actuado dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado, a partir del auto que decidió no
escuchar al tutelante.
9.5. La misma regla jurisprudencial fue reiterada en las sentencias
T-427 de 2014[130] y T-340 de 2015[131].
Con todo, en dichas decisiones no fue concedido el amparo solicitado debido a
que las alegaciones probatorias de los demandados en los procesos de
restitución de inmueble no puso en serias dudas la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico.
10.     La
regulación del derecho de defensa del demandado en el proceso de restitución de
inmueble arrendado en el Código General del Proceso, cuando el fundamento de la
demanda es falta de pago de la renta
10.1.
Del precedente jurisprudencial señalado se puede concluir que no es posible
entender que la carga procesal prevista en los numerales 2 y 3 del parágrafo 2º
del derogado artículo 424 del Código de Procedimiento Civil[132],
deba extenderse a los supuesto en los que se presentan serias dudas sobre la
existencia o la vigencia del contrato de arrendamiento, como quiera que ello
viola el derecho fundamental al debido proceso y coarta el acceso efectivo a la
administración de justicia.
10.2.
La normativa que en la actualidad regula la actividad procesal en los asuntos
civiles, comerciales, de familia y agrarios es el Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012). En concreto, el artículo 384 establece las reglas de
procedimiento en el proceso de restitución de inmueble arrendado. En lo
pertinente con la demanda y contestación de la demanda, en el tránsito
legislativo se presentó una continuidad de las reglas. Veamos:
-
A la demanda debe acompañarse prueba documental del contrato de
arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de este hecha en
interrogatorio de parte extraprocesal (antes prueba anticipada), o prueba
testimonial siquiera sumaria.
-
Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta, el
demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha
consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba
allegada con la demanda, tienen los cánones que se afirman adeudados, o en
defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el
arrendador, correspondientes a los tres últimos períodos, o las consignaciones
efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel.
-
Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también
deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos
judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y
si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito
respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la
consignación efectuada en proceso ejecutivo.
10.3.
A continuación se comparará la regulación pertinente para corroborar la
similitud entre la norma procesal derogada y la que se encuentra vigente:
Art. 424 Código de
Procedimiento Civil
Art. 384 Código General del
Proceso
RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO.
Cuando se trate de demanda para que el arrendatario restituya al arrendador
el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas:
PARÁGRAFO 1º. Demanda y traslado.
1. A la demanda deberá acompañarse
prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario,
o la confesión de éste prevista en el artículo 294[133],
o prueba testimonial siquiera sumaria.
[…]
PARÁGRAFO 2º. Contestación, derecho de
retención y consignación.
[…]
2. Si la demanda se fundamenta en
falta de pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto
demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que de
acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados,
o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos
por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el
caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la
ley y por los mismos períodos, en favor de aquel.
3. Cualquiera que fuere la causal
invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del
juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen
durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído
hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago
hecho directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en
proceso ejecutivo.
[…]
RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO. Cuando
el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble
arrendado se aplicarán las siguientes reglas:
1. Demanda. A la demanda deberá
acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el
arrendatario, o la confesión de este hecha en interrogatorio de parte
extraprocesal, o prueba testimonial siquiera sumaria.
[...]
4. Contestación, mejoras y
consignación. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la
contestación de la demanda, y se tramitará como excepción.
Si la demanda se fundamenta en falta
de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de
administración u otros conceptos a que esté obligado el demandado en virtud
del contrato, este no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre
que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la
prueba allegada con la demanda, tienen los cánones y los demás conceptos
adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago
expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos
períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones
efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel.
Cualquiera que fuere la causal
invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del
juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen
durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído
hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo del pago
hecho directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en
proceso ejecutivo.
[…]
10.4.
Como se indicó en el acápite anterior (supra 8) la regla
jurisprudencial que exime al demandado de pagar los cánones que se dicen
adeudados en la demanda, en los eventos en que hay serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico, fue referida
al derogado artículo 424 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, dada
la equivalencia sustancial en los supuestos de hecho y las consecuencias
jurídicas del contenido normativo descrito con el hoy vigente artículo 384 del
Código General del Proceso, resulta imperativo extender dicha regla a los
procesos de restitución de inmueble arrendado que se tramitan bajo el CGP.
10.5.
En ese orden, siguiendo la misma secuencia argumentativa que plantea el
precedente jurisprudencial (supra 8), las cargas probatorias contenidas
en el numeral 4 del artículo 384 del Código General del Proceso no son
exigibles al demandado en un proceso de restitución de inmueble arrendado,
cuando se aportan elementos de convicción que generan serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento. Este supuesto de hecho debe haber
sido alegado oportunamente por el demandado o constatado directamente por el
juez luego de presentada la oposición a la demanda,
pues con ella se adjuntan las pruebas que eventualmente pueden controvetir el
perfeccionamiento y la vigencia del negocio jurídico.
11.     El caso concreto: el juzgado accionado vulneró el debido
proceso del accionante al no dar aplicación a la regla jurisprudencial que
exime al demandado de pagar los cánones que se dicen adeudados en la demanda,
en los eventos en que hay serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico
11.1. La Sala Quinta de Revisión encuentra que el Juzgado Treinta
y Siete Civil Municipal de Bogotá vulneró los derechos fundamentales del
accionante al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de
justicia, al proferir los autos del 3 de abril y del 20 de septiembre de 2019 y
exigirle la carga de acreditar el pago de los cánones que se afirmaron
adeudados en la demanda de restitución de inmueble, de acuerdo con el numeral
4, inciso segundo, del artículo 384 del Código General del Proceso, pese a que
presentó elementos de convicción que, sumados a los aportados por la parte
demandante, generan serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico.
11.2. Para fundamentar la anterior conclusión, a continuación se
hará una reseña de las actuaciones relevantes encontradas en el proceso
referido.
11.2.1. Conforme con lo que se verifica en el expediente[134], el proceso de restitución de
inmueble arrendado promovido por Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez
Rodríguez en contra de José Edilberto Rodríguez Rodríguez, se fundamentó en la
causal de no pago de los cánones de arrendamiento[135],
además de las cuotas de administración. Para demostrar la existencia del
contrato de arrendamiento con la demanda fueron adjuntadas las siguientes
pruebas documentales:
-
Copia de las actas No. 3 del 5 de septiembre de 1987 y No. 4 del
21 de febrero de 1988 de la junta de socios de la extinta sociedad Vestidos el
Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia. S. en C. (liquidada), en donde se da cuenta
de la tenencia en arrendamiento de un apartamento de propiedad de la sociedad
por parte del señor José Edilberto Rodríguez [136].
-
Declaración extraproceso del señor Balbino Rodríguez Medina, quien
se desempeñó como contador de la sociedad de la que formaron parte José
Edilberto, Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez, en donde se afirma
la existencia de un contrato de arrendamiento ratificado por la junta de socios
el 21 de febrero de 1988[137].
-
Declaración extraproceso de la señora Carlina Rodríguez Medina,
quien se desempeñó como secretaria auxiliar contable de la sociedad, en igual
sentido que la anterior[138].
-
Comunicación dirigida por Doris Yaneth y Luis Alfredo Rodríguez
Rodríguez a José Edilberto Rodríguez Rodríguez, fechada el 20 de mayo de 2017,
en la que se da por terminado el contrato de arrendamiento debido al
incumplimiento del pago de los cánones causados, además de las cuotas de
administración[139]. Adicionalmente, se solicita la
entrega inmediata del apartamento y a paz y salvo en lo que tiene que ver con
cuotas de administración y servicios públicos domiciliarios. Al final se agrega
que “según acta No. 4 de la Junta de Socios de la liquidada sociedad
Vestidos el Triunfo Rodríguez Rodríguez Cia S. en C., el contrato de
arrendamiento tiene como fecha de inicio el día 21 de febrero de 1988”[140] (negrillas fuera de texto).
-
Acta No. 10 del 30 abril de 1997, registrada en la Cámara de
Comercio de Bogotá, que da cuenta de la reunión extraordinaria de los socios de
la sociedad Vestidos el Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C. En el
numeral 3 del orden del día se anuncia la proposición de liquidación de la
sociedad[141]. Entre los activos fijos se describe
el apartamento objeto de la controversia, entre otros inmuebles. En el apartado
referente al informe del gerente se lee: “Al analizar el balance se
determinó que los activos existentes sean adjudicados a los socios [Doris
Yaneth y Luis Alfredo Rodríguez Rodríguez] ya que existen unas obligaciones de
la Compañía con los socios y es con lo único que se les puede pagar. || Por lo
anterior se ordenó a la señora Rosa Elvira Rodríguez Rodríguez Gerente de la
Compañía para que continúe los trámites de liquidación y se haga la
correspondiente adjudicación por escritura pública. || Los otorgados aceptan el
reparto y la adjudicación de los bienes raíces y los derechos y las
obligaciones que tales adjudicaciones originen”[142].
-
Certificado de tradición y libertad de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, con fecha del 25 de junio de 2018, en donde
consta que el derecho real de dominio del apartamento objeto de la controversia
sigue a nombre de la sociedad Vestidos el Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia S.
en C., hoy liquidada. En la anotación No. 15 aparece la inscripción de una
demanda de pertenencia adelantada en el Juzgado Once Civil de Circuito de
Bogotá por José Edilberto Rodríguez Rodríguez en contra de la sociedad[143] (esa es la última anotación)[144].
11.2.2. El Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá
admitió la demanda mediante auto del 10 de septiembre de 2018. En dicha
providencia se lee: “Se advierte a la parte demandada que no será oída en el
proceso, hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado en la
cuenta del Banco Agrario, los valores adeudados por concepto de cánones de
arrendamiento endilgados en mora. De igual manera, deberá consignar aquellos
que se sigan causando durante el proceso, lo anterior de conformidad con el
artículo 384 [del Código General del Proceso]”[145].
11.2.3. El 5 de octubre de 2018, el señor José Edilberto Rodríguez
se notificó personalmente[146] y, a continuación, por conducto de su
apoderado judicial, interpuso recurso de reposición en contra del auto
admisorio de la demanda con la finalidad de que se revocara la actuación. En
esa oportunidad, desconoció la existencia de un contrato de arrendamiento que
pudiera fundamentar el proceso de restitución adelantado en su contra, además,
la calidad de arrendadores de los demandantes[147].
Adicionalmente, señaló:
-
En cuanto a la no existencia del contrato de arrendamiento:
remarcó que el inmueble objeto de controversia pertenecía a la sociedad
Vestidos el Triunfo Rodríguez Rodríguez, por lo que era a quien correspondía
celebrar el contrato. Al respecto, agregó: “Si como lo afirma el apoderado
de los actores, el demandado no pagó los cánones de arrendamiento desde el 1º
de enero de 1996 y, en efecto, existía un contrato de arrendamiento celebrado
entre la sociedad y José Edilberto Rodríguez Rodríguez, dicha obligación constituía
una acreencia o crédito en su favor que debía aparecer en el activo de la
sociedad como una cuenta por cobrar en el inventario y balance de liquidación;
sin embargo, nada de esto aparece en el acta que recoge la liquidación de la
sociedad y que [se] aporta con éste escrito. || Adicionalmente, si la sociedad
había celebrado contrato de arrendamiento alguno con el demandado, éste debió
haberse relacionado en el activo de la sociedad en el balance de liquidación y,
como activo que era, debió haberse adjudicado y cedido en dicho acto para así,
poderse haber ejercido los derechos que de él se derivaban para el
adjudicatario. || […] en el acto de liquidación de la sociedad, siendo dicho
contrato, e incluso la deuda que se dice que tiene el demandado por concepto de
cánones de arrendamiento, un activo de la sociedad distinto de la propiedad del
inmueble, debió ser objeto de inclusión, liquidación y adjudicación en dicho
acto, circunstancia que jamás se presentó”[148].
-
En cuanto a la liquidación de la sociedad: planteó que la
liquidación de Vestidos el Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C., que
consta en el Acta No. 10 del 30 abril de 1997[149],
y cuya disolución se dio desde el 5 de junio de 1996 según escritura pública
No. 2120 de la Notaría 48 de Bogotá, implicó la desaparición de la persona
jurídica y, con ello, la terminación de los actos y contratos que hubiera
celebrado. Citó el artículo 238 del Código de Comercio, que regula que en el
procedimiento previo de disolución el liquidador debe obtener la restitución de
los bienes sociales que estén en poder de los asociados o de terceros[150]. Al respeto, señaló que “[s]i
hubiera existido alguna clase de contrato de arrendamiento como lo afirman los
demandantes, una vez disuelta la sociedad, la liquidadora debió haber
adelantado las acciones necesarias para obtener la restitución del inmueble,
máxime si para esa fecha, no sólo el tiempo para la restitución debía estar más
que cumplido y vencido, sino que según lo afirmado por los demandantes, el
demandado no había pagado los cánones de arrendamiento lo que habilitaba y
justificaba su restitución”[151]. Finalmente, planteó que si se
hubiera celebrado un contrato con la sociedad arrendadora y las actas y
declaraciones allegadas con la demanda constituyeran prueba de ello, “dicho
contrato terminó en la fecha de liquidación de la sociedad por la desaparición
de la misma”[152].
-
En cuanto al no pago de cánones de arrendamiento: cuestionó que se
haga el cobro de unos cánones de arrendamiento desde agosto de 2012, por un
valor mensual para ese año de $815.424,55 que no sabe de dónde salió, cuando
además se está reconociendo que dejó de pagar dicha obligación a partir del 1
de enero de 1996, tal como se afirma en el hecho sexto de la demanda[153].
-
En cuanto a la existencia de un proceso de pertenencia en trámite:
afirmó que “omite deliberadamente el demandante manifestar e informar al
Despacho que el demandado JOSÉ EDILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, adelanta proceso
verbal de declaración de pertenencia contra la sociedad VESTIDOS EL TRIUNFO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ Y CIA S. EN C. - LIQUIDADA y los aquí demandados en su calidad de
adjudicatarios del inmueble en la liquidación de dicha sociedad, sobre el
inmueble materia de este proceso”[154]
(mayúsculas originales).
11.2.4. Mediante auto del 14 de enero de 2019, el Juzgado Treinta
y Siete Civil Municipal de Bogotá declaró que el demandado, luego de
notificarse personalmente, por conducto de apoderado judicial dio contestación
a la demanda proponiendo excepciones previas por medio del recurso de reposición
presentado. Adicionalmente, ordenó correr traslado del escrito a la parte
demandante[155]. En ese orden, el apoderado de Doris
Yaneth y Luis Alfredo Rodríguez Rodríguez solicitó que, con fundamento en el
numeral 4 del artículo 384 del Código General del Proceso, no se resuelva
acerca del recurso interpuesto toda vez que el demandado no puede ser oído
hasta tanto pague los cánones de arrendamiento adeudados[156].
11.2.5. Por auto del 3 de abril de 2019, el Juzgado accionado
decidió: “Previo a resolver el recurso de reposición interpuesto por la
parte demandada a través de apoderado judicial, se REQUIERE a la parte para que
en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del
presente auto, acredite el pago de los cánones de arrendamiento adeudados
conforme lo establecido en el inciso segundo del numeral 4º del artículo 384
del Código General del Proceso, so pena de no tener en cuenta el escrito de
reposición presentado a folios 80 a 100 del presente trámite”[157] (mayúsculas originales).
11.2.6. A continuación, el apoderado judicial de José Edilberto
Rodríguez presentó recurso de reposición en contra del auto del 3 de abril de
2019. Fundamentó su solicitud en la regla jurisprudencial que exime al
demandado de pagar los cánones que se dicen adeudados en la demanda, en los
eventos en que hay serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico, de acuerdo con la sentencia T-118 de
2012[158]. En esa oportunidad, reiteró los
argumentos señalados en el recurso de reposición presentado en contra del auto
admisorio de la demanda, y remarcó que los demandantes carecen de legitimación
en la causa por activa para adelantar el proceso porque no ostentan la calidad
de arrendadores, por lo que solicitó el proferimiento de una sentencia
anticipada, de acuerdo con el inciso tercero, numeral 3, del artículo 278 del
Código General del Proceso[159].
11.2.7. Mediante auto del 20 de septiembre de 2019, el Juzgado
Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá resolvió (i) no reponer el
auto del 3 de abril de 2019 porque la parte demandante cumplió con la carga
probatoria que le asistía, pues obran dos actas de declaración extraproceso
ante el Notario Veintitrés de Bogotá, en las que los señores Balbino Rodríguez
Medina y Carlina Rodríguez Medina manifestaron bajo la gravedad de juramento
que José Edilberto Rodríguez tomó el apartamento en arrendamiento desde el 5 de
septiembre de 1987, con un canon de $40.000 mensuales, que dejó de pagar desde
enero de 1996. (ii) Requerir a la parte demandada “para que en el
término de cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente
auto, acredite el pago de los cánones de arrendamiento adeudados a la fecha, de
conformidad con el numeral 4º del artículo 384 del Código General del Proceso,
so pena de no ser oído por el estrado judicial”[160].
Y, (iii) no acceder al recurso de apelación interpuesto por tratarse de
un proceso de única instancia[161].
11.2.8. Contra la anterior decisión el apoderado judicial del
demandado interpuso recurso de reposición y en subsidio el de queja, de acuerdo
con el artículo 353 del Código General del Proceso[162].
Por medio del auto del 6 de noviembre de 2019, el Juzgado Treinta y Siete Civil
Municipal de Bogotá rechazó de plano el recurso de reposición, conforme con el
artículo 318 del CGP y, adicionalmente, negó el recurso de queja por tratarse
de un proceso de única instancia[163].
11.2.9. El 20 de noviembre de 2019, el apoderado judicial de José
Edilberto Rodríguez contestó la demanda y propuso como excepciones de fondo la
inexistencia del contrato de arrendamiento, la falta de legitimación en la
causa de los demandantes para adelantar el proceso que se sigue en su contra,
la inexistencia de la obligación de pago de cánones de arrendamiento, el
desconocimiento de la calidad de poseedor del inmueble por haberlo poseído por
más de 10 años de manera quieta, pacífica y tranquila, la prescripción del
derecho derivado del supuesto contrato de arrendamiento celebrado con la
sociedad, entre otras[164].
11.2.10. El 16 de diciembre de 2019, el apoderado del demandado
radicó memorial solicitando la suspensión del proceso de restitución de
inmueble arrendado por prejudicialidad, de acuerdo con el numeral 1 del
artículo 161 del Código General del Proceso, debido a que en la actualidad
cursa un proceso de pertenencia en el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá
que involucra el mismo bien[165].
11.3. Observa la Sala que el accionante intervino oportunamente
dentro del proceso de restitución en defensa de sus derechos negando la
existencia del contrato de arrendamiento y, con ello, la deuda por concepto de
los cánones reclamados, además de la calidad de arrendadores de los
demandantes. De las pruebas documentales aportadas con la demanda y el recurso
de reposición interpuesto en contra del auto admisorio, puede observarse:
-
Las actas No. 3 del 5 de septiembre de 1987 y No. 4 del 21 de
febrero de 1988 de la junta de socios de la extinta sociedad Vestidos el
Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia. S. en C. (liquidada), permiten inferir que
al menos desde el 21 de febrero de 1988, reunión en la que participó el
accionante, se le entregó en arriendo el apartamento de propiedad de la
sociedad, asumiendo este la obligación de pagar como canon de arrendamiento el
valor correspondiente a la cuota debida al banco Granahorrar ($40.000). Se fijó
como plazo inicial del contrato hasta el 31 de diciembre de 1988.
Adicionalmente se estipuló que en caso de que el arrendatario no consiguiera
una nueva vivienda para esa fecha, se firmaría un contrato de arrendamiento con
la sociedad, con un canon mensual. Al parecer ese segundo contrato de
arrendamiento nunca se suscribió pues ninguna de las partes lo aporta al
proceso. No obstante, el contrato inicial siguió vigente en el tiempo pues el
arrendatario no restituyó el inmueble a la sociedad y continuó pagando los
cánones de arrendamiento mensuales inicialmente pactados.
-
Las declaraciones extraproceso del señor Balbino Rodríguez Medina
y la señora Carlina Rodríguez Medina, quienes trabajaron en la sociedad para la
época de celebración del contrato, indican que José Edilberto pagó hasta la
última cuota del apartamento a Granahorrar, es decir, hasta diciembre de 1995.
Además, que dejó de pagar el canon de arrendamiento a partir del mes de enero
de 1996.
-
El acta No. 10, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá,
prueba que la sociedad Vestidos el Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C.
fue liquidada el 30 abril de 1997[166]. Para ese momento el señor José
Edilberto Rodríguez ya no era socio. En el balance, se describieron como
activos fijos de la compañía un apartamento y dos locales comerciales, además
de unos pasivos con los socios Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez, y se determinó
que los activos existentes les fueran adjudicados a los socios como forma de pago
de las obligaciones. En el acta no se hace ninguna mención a la situación
jurídica del inmueble cuya restitución se solicita.
-
La demanda señala que el accionante dejó de cumplir la obligación
de pagar los cánones de arrendamiento a partir del 1 de enero de 1996 (hecho
6). Y a continuación se afirma que “[n]o obstante lo anterior, en julio 7 de
2012 las partes firman el acuerdo adjunto que, al igual fue incumplido por el
demandado pues se retractó al día siguiente de haberlo realizado” (hecho
7). No hay claridad acerca del posible acuerdo descrito y no obra en el
expediente un documento que permita identificarlo. Lo cierto es que se plantea
que los cánones adeudados que pretenden cobrarse son los causados desde agosto
de 2012 hasta marzo de 2018, mes este último en que fue presentada la demanda
de restitución, por un valor total de $62.470.490,42 (hecho 8). La demanda no
ofrece ninguna explicación del por qué si se reconoce que el demandado dejó de
cumplir su obligación de pago desde el 1 de enero de 1996, solo hasta el 2018
se persigue la restitución del inmueble.
-
El bien inmueble cuya restitución se pretende también es objeto de
un proceso de declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de
dominio extraordinaria adelantada en el Juzgado Once Civil del Circuito de
Bogotá[167], en donde actúa como demandante José
Edilberto Rodríguez Rodríguez. La funcionaria judicial encargada del trámite
informó que la demanda fue admitida mediante auto del 1 de diciembre de 2017,
que los demandados Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez ya se
encuentran notificados, y que en la actualidad el proceso se encuentra en la
diligencia tendiente a nombrar y notificar al curador ad litem que
representará judicialmente a las personas indeterminadas[168].
11.4. La Sala no desconoce la naturaleza consensual del contrato
de arrendamiento, que implica que no requiere para su perfeccionamiento que
este conste por escrito[169]. Sin embargo, el numeral 1 del
artículo 384 del Código General del Proceso exige que, en caso de no contar con
prueba documental del negocio jurídico, la demanda de restitución de inmueble
arrendado se acompañe de una prueba testimonial siquiera sumaria para demostrar
su existencia, esto es, un medio de convicción que en principio no ha sido
controvertido, pero que ofrece certeza respecto de la celebración del acuerdo y
de su vigencia (supra 8). En el presente caso, aunque de las
declaraciones extraprocesales puede inferirse una fecha de entrada en vigencia
del contrato de arrendamiento y el momento en que se inició la mora en el pago
de los cánones (1 de enero de 1996), no obra prueba alguna que permita
dilucidar que ese convenio inicialmente celebrado con la sociedad se encuentre
vigente en la actualidad. Obsérvese que hay un período extenso, desde el 1 de
enero de 1996 hasta marzo de 2018, mes en que fue presentada la demanda de
restitución, es decir, de más de veinte años, en que el señor José Edilberto
Rodríguez no ha pagado canon de arrendamiento alguno. En ese orden, no se
encuentran argumentos que generen un convencimiento acerca de la existencia del
negocio jurídico.
11.5. Como lo indicó la Sala Novena de Revisión en la
sentencia T-118 de 2012, es un indicio en contra de la certeza del
perfeccionamiento y vigencia del contrato, el hecho de que se demande la
restitución del inmueble pasado un tiempo considerable después de la fecha en
que se afirma la cesación de pagos por concepto de cánones de arrendamiento (en
esa ocasión habían transcurrido seis años). La tardanza en la reclamación del
derecho indica la incertidumbre acerca de la existencia del negocio jurídico,
además contradice la regla de la experiencia según la que un arrendador que se
vea defraudado en sus derechos acudirá en un tiempo razonable a los trámites
extrajudiciales y judiciales necesarios para obtener la restitución del
inmueble y el pago de las rentas adeudadas.
11.6. Es cierto que el juez tiene el poder jurisdiccional de no
escuchar al demandado en un proceso de restitución de inmueble arrendado que se
fundamenta en la falta de pago de la renta, hasta tanto este no demuestre estar
a paz y salvo con los cánones que se afirman adeudados, siempre que obren
pruebas que le permitan tener certeza acerca de la existencia del contrato. Con
todo, en el presente caso, el material probatorio aportado por la parte
demandada en la fase inicial del proceso de restitución, confrontado con el
allegado por la demandante, genera una incertidumbre respecto de la existencia
real del negocio jurídico entre los demandantes y el demandado. Esta valoración
corresponde realizarla al juzgador después de presentada la oposición a la
demanda, pues con ella se adjuntan los medios de convicción que eventualmente
pueden arrojar serias dudas en relación con el perfeccionamiento y la vigencia
del contrato que fundamenta la pretensión.
11.7. Estos asuntos no deberían ser objeto de debate mediante una
acción de tutela pues el proceso de restitución de inmueble arrendado tiene los
mecanismos procesales adecuados y oportunos para permitirle al demandado, en la
fase inicial, controvertir fundadamente la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico de la pretensión. Una oposición en tal
sentido, impide que se hagan exigibles las cargas probatorias contenidas en el
numeral 4 del artículo 384 del Código General del Proceso.
11.8. Entonces, la negación de la existencia del contrato de
arrendamiento por parte del demandado en el proceso civil, apoyada con las
pruebas documentales anexas al recurso de reposición presentado en contra del
auto admisorio de la demanda, a lo que se suman los medios de convicción que
fueron aportados por los demandantes, debieron motivar al juez de conocimiento
para oír a José Edilberto Rodríguez en la fase inicial del proceso de
restitución, y permitirle controvertir el supuesto fáctico que justifica la
reclamación procesal. Contrario a ello, lo requirió en forma reiterativa, en
los autos del 3 de abril y del 20 de septiembre de 2019, para que acreditara el
pago de los cánones que se afirman adeudados, so pena de no ser oído en el
juicio.
11.9. Cabe precisar que el hecho de que el juez le permita al
demandado ejercer su derecho de defensa en la fase preliminar del proceso de
restitución, le aporta en el esclarecimiento de los hechos controvertidos y en
la formación del convencimiento que requiere para decidir de fondo el conflicto
jurídico que le fue sometido. En esa tarea, puede encontrar probada la
existencia del contrato de arrendamiento y, en coherencia con ello, hará la
condena respectiva para que el arrendatario pague lo que debe. Es decir,
permitir que José Edilberto Rodríguez se defienda desde el inicio del trámite
procesal no implica que sea eximido del pago de los cánones, pues tal
obligación será objeto de prueba en el transcurso del proceso de restitución de
tenencia. Impedir que el accionante intervenga en el juicio y presente
medios de convicción para controvertir los supuestos de hecho de la pretensión
desconoce sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia. Lo anterior cobra mayor importancia si
se tiene en cuenta que, de acuerdo con el numeral 9 del Código General del
Proceso, cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago
del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia.
11.10. La Sala concluye que el Juez Treinta y Siete Civil
Municipal de Bogotá incurrió en un defecto fáctico, toda vez que tomó la
decisión de no oír al señor José Edilberto Rodríguez a pesar de que presentó
elementos de prueba que, sumados a los aportados por la parte demandante,
generan una seria duda acerca de la existencia del contrato de arrendamiento.
11.11. Ahora bien, el defecto fáctico en que incurrió la autoridad
judicial se manifestó en dos dimensiones (supra 6.2.). Por una parte, en
el ámbito positivo comoquiera que la decisión de no escuchar al demandado
estuvo apoyada en pruebas que no permitían determinar con certeza la existencia
del mencionado contrato de arrendamiento, elemento necesario para fundamentar
la demanda de restitución de inmueble arrendado. Esta circunstancia impedía la
aplicación del supuesto legal que sirvió de fundamento a sus decisiones. Por
otra parte, en su dimensión negativa, puesto que el juzgador no valoró en su
integridad el material probatorio aportado con el recurso de reposición
presentado en contra del auto admisorio de la demanda y el solicitado tener
como prueba, y que fuera allegado por los demandantes. Si se observa, el único
argumento que da el juzgador en el auto del 20 de septiembre de 2019, para no
reponer el auto del 3 de abril de 2019, es que la parte demandante cumplió con
la carga probatoria que le asistía, pues obran dos actas de declaración
extraproceso ante el Notario Veintitrés de Bogotá, en las que los señores
Balbino Rodríguez Medina y Carlina Rodríguez Medina, manifestaron bajo la
gravedad de juramento que José Edilberto Rodríguez tomó el apartamento en
arrendamiento desde el 5 de septiembre de 1987, con un canon de $40.000
mensuales, que dejó de pagar desde enero de 1996. No llamó la atención del juez
el tiempo transcurrido entre el incumplimiento de la obligación de pagar la
renta por parte del demandado y la presentación de la demanda, lo que
claramente desconoce las reglas de la sana crítica.
11.12. Entonces, la decisión del juez estuvo apoyada en pruebas
que no permitían demostrar con certeza la existencia del contrato de
arrendamiento, circunstancia que impide la aplicación de la consecuencia legal
que sirvió de fundamento a sus providencias. Se insiste en que la base de la
demanda de restitución de inmueble arrendado cuando se apoya en la falta de
pago de la renta, es que se encuentre demostrada la existencia del negocio
jurídico, ya que ello hace parte del supuesto de hecho que regula el numeral 4,
inciso segundo, del artículo 384 del Código General del Proceso.
11.13.  El juzgador accionado también incurrió en un defecto
sustantivo, porque la decisión de no oír al demandado se fundamentó en una
norma cuya aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de
estudio, en tanto que el contenido del numeral 4, inciso segundo, del artículo
384 del Código General del Proceso no encuentra conexión material con los
presupuestos fácticos del juicio, pues hay serias dudas acerca de la existencia
del contrato de arrendamiento celebrado entre Luis Alfredo y Doris Yaneth
Rodríguez con José Edilberto Rodríguez. De nuevo, se reitera que las cargas
probatorias contenidas en la disposición descrita no son exigibles al demandado
en un proceso de restitución de inmueble arrendado en que se alega la falta de
pago de la renta, cuando se presenta incertidumbre sobre la existencia del
negocio jurídico.
11.14. Adicionalmente, el juez incurrió en una violación directa
de la Constitución al desconocer su contenido, en la medida en que en las
decisiones adoptadas aplicó el numeral 4, inciso segundo, del artículo 384 del
Código General del Proceso al margen de la regla jurisprudencial que exime al
demandado de pagar los cánones que se dicen adeudados en la demanda, en los
eventos en que hay serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento como presupuesto fáctico.
No es posible aplicar mecánicamente la carga procesal prevista en
la disposición descrita, comoquiera que ello vulnera los derechos fundamentales
al debido proceso (art. 29 C.P.), que además prevé la garantía de la defensa y
la contradicción, y al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.).
11.15. Finalmente, se encuentra probado el desconocimiento del
precedente constitucional que ha sido reiterado por este tribunal en las
sentencias T-118 de 2012, T-107 de 2014, T-427 de 2014 y T-340 de 2015, entre
otras anteriores, en la medida en que han sostenido la regla jurisprudencial
que exime al demandado de pagar los cánones que se dicen adeudados en la
demanda, en los eventos en que hay serias dudas sobre la existencia del
contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico.
11.16. Como resultado de las consideraciones precedentes, la Sala
revocará las sentencias proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, el 14 de noviembre de 2019, y por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil
del Circuito de Bogotá, el 10 de octubre de 2019, que negaron el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia del señor José Edilberto Rodríguez.
En su lugar, concederá la protección de los derechos
fundamentales invocados. En ese orden, dejará sin efecto todo lo
actuado, a partir del auto del 3 de abril de 2019 que decidió no escuchar al
accionante dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado iniciado por
Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez en su contra.
Por lo tanto, el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de
Bogotá deberá oír al señor José Edilberto y garantizarle, en los términos de
esta providencia, sus derechos fundamentales, valorando todos los elementos de
convicción obrantes en el expediente.
12.
Síntesis de la decisión
La Sala decide sobre la revisión de los
fallos adoptados por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá
y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver la solicitud de
tutela presentada por José Edilberto Rodríguez Rodríguez en contra del Juzgado
Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá por la violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración
de justicia.
La solicitud de tutela fue motivada por
la expedición de los autos del 3 de abril y del 20 de septiembre de 2019,
dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado iniciado por Luis
Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez en su contra. En dichas providencias
fue requerido para acreditar el pago de los cánones que se afirmaron adeudados,
pese a que presentó elementos de convicción que, sumados a los aportados por la
parte demandante, permitían generar una duda razonable sobre la existencia del
contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico.
La
Sala de Revisión reitera que las cargas probatorias contenidas en el numeral 4
del artículo 384 del Código General del Proceso, referentes al pago de los
cánones que se señalen como adeudados en la demanda y de los que se causen
durante el juicio, no son exigibles al demandado en un proceso de restitución
de inmueble, cuando se presente incertidumbre sobre la existencia del contrato
de arrendamiento, y tal supuesto de hecho hubiera sido alegado oportunamente por
este o constatado directamente por el juez.
La
Sala precisa que aunque la regla jurisprudencial que exime al demandado de
pagar los cánones que se dicen adeudados en la demanda -como requisito para ser
oído dentro del proceso-, en los eventos en que hay serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico, se
estableció en vigencia del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, hoy
derogado, esta regla es aplicable a los procesos de restitución de inmueble
arrendado que se tramitan bajo el Código General del Proceso. El fundamento de
esta determinación es la equivalencia sustancial entre los supuestos de hecho y
las consecuencias jurídicas entre el artículo 424 del CPC y el hoy vigente
artículo 384 del CGP.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional concluye
que, en el presente caso, los jueces de tutela:
(i) No
reconocieron la existencia de un defecto fáctico en la decisión adoptada por el
Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá al tomar la decisión de no
oír al señor José Edilberto Rodríguez a pesar de los elementos de prueba que
reposaban en el expediente.
(ii) No
advirtieron la existencia de un defecto sustantivo en las decisiones del 3 de
abril y del 20 de septiembre de 2019, en la medida en que el Juzgado Treinta y
Siete referido se apoyó en una norma cuya aplicación no resulta adecuada a la
situación fáctica objeto de estudio. El numeral 4, inciso segundo, del artículo
384 del Código General del Proceso no tiene conexión material suficiente con
los presupuestos fácticos del juicio al existir elementos de convicción que
producen dudas acerca de la existencia del contrato de arrendamiento celebrado
entre Luis Alfredo y Doris Yaneth Rodríguez con José Edilberto Rodríguez.
(iii)
Tampoco reconocieron la existencia de una violación directa de la Constitución
por desconocimiento del precedente constitucional que ha sido reiterado por
este tribunal en las sentencias T-118 de 2012, T-107 de 2014, T-427 de 2014 y
T-340 de 2015, entre otras anteriores, al desatender la regla jurisprudencial
vigente para este tipo de casos y que exime al demandado de pagar los cánones
que se dicen adeudados en la demanda, en los eventos en que hay serias dudas
sobre la existencia del contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR las sentencias
proferidas el 14 de noviembre de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá, y el 10 de octubre de 2019 por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil
del Circuito de Bogotá, que negaron el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia del
señor José Edilberto Rodríguez Rodríguez. En su lugar, CONCEDER la
protección de los derechos invocados.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO todo
lo actuado, a partir del auto del 3 de abril de 2019 que decidió no escuchar a
José Edilberto Rodríguez Rodríguez dentro del proceso de restitución de
inmueble arrendado iniciado en su contra por Luis Alfredo Rodríguez Rodríguez y
Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez. Por lo tanto, el Juzgado Treinta y Siete
Civil Municipal de Bogotá deberá oír al señor José Edilberto y garantizarle, en
los términos de esta providencia, sus derechos fundamentales.
TERCERO. DEVOLVER el
expediente del proceso de restitución de inmueble arrendado de mínima cuantía
radicado 110014003037-2018-00442-00 al Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal
de Bogotá.
CUARTO. LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por
la Sala de Selección de Tutelas Número Uno, mediante auto proferido el 31 de
enero de 2020 y notificado el 14 de febrero de 2020 (folios 5 al 17 del
cuaderno de revisión).
[2] Doctor Norman Albin Garzón Mora. El poder para actuar obra a
folios 1 y 2 del cuaderno principal. En adelante, los folios a que se haga
referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale otra
cosa.
[3] Proceso identificado con el radicado No. 110014003-037-2018-00442-00.
[4] El auto referido señala que el proceso será tramitado en única
instancia “por haberse alegado como causal de restitución sólo la mora en el
pago del canon de arrendamiento”, de acuerdo con el artículo 384 del Código
General del Proceso ((folio 3).
[5] Folios 3 y 4. El auto admisorio de la demanda fue notificado por
anotación en el estado No. 116 del 11 de septiembre de 2018 (folio 4).
[6] La providencia señala: “Previo a resolver el recurso de
reposición interpuesto por la parte demandada a través de apoderado judicial,
se REQUIERE a la parte para que en el término de cinco (5) días contados a
partir de la notificación del presente auto, acredite el pago de los cánones de
arrendamiento adeudados conforme lo establecido en el inciso segundo del
numeral 4º del artículo 384 del Código General del Proceso, so pena de no
tener en cuenta el escrito de reposición presentado a folios 80 a 100 del
presente trámite” (negrillas fuera de texto) (folio 5). El auto fue
notificado por anotación en el estado No. 38 del 4 de abril de 2019.
[7] Folio 20. El auto fue notificado por anotación en el estado No.
38 del 4 de abril de 2019.
[8] Folio 20.
[9] Folio 20.
[10] El auto obra a folios 6 al 9, y se notificó por anotación en el
estado No. 112 del 23 de septiembre de 2019.
[11] Proceso de pertenencia radicado 110013103-011-2017-00535-00.
[12] En la demanda se señaló que en dicha providencia la Corporación
se ocupó del derecho que tiene el arrendatario demandado a ser oído en el
proceso en los siguientes términos: “El juez tiene la facultad para decidir no
escuchar al accionado arrendatario en un proceso de restitución de inmueble
arrendado hasta que éste no pague los cánones adeudados, siempre que conforme
al material probatorio aportado por las partes, aquel tenga certeza absoluta de
la existencia del negocio jurídico de arrendamiento. Por consiguiente, el
funcionario judicial debe realizar esta valoración después de presentada la
contestación la demanda, pues con ella se adjuntan las pruebas que
eventualmente demostrarían la duda respecto del perfeccionamiento y vigencia
del convenio” (folio 23).
[13] Folios 22 y 23. Al respecto, se precisó: “En las mencionadas
declaraciones extrajuicio se indica que quien supuestamente entregó en
arrendamiento fue la sociedad y que dicha sociedad se disolvió y liquidó, es
decir, dejó de existir desde el año 1997. En ninguna parte existe constancia
alguna acerca de que haya cedido a los demandantes el contrato”.
[14] Folio 23. Como prueba de la liquidación de la sociedad señalada,
aportó copia del auto del 19 de septiembre de 2019 proferido por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el marco de un
proceso verbal de pertenencia iniciado por José Edilberto Rodríguez Rodríguez
en contra de Vestidos el Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia. S. en C. y otros.
En dicha providencia, en segunda instancia, se confirmó la decisión que declaró
fundada la excepción previa de “inexistencia del demandado” y se revocó la
parte concerniente a la terminación de la actuación, disponiendo que el Juzgado
Once Civil del Circuito de Bogotá, juez de primera instancia, continúe el
proceso (folios 10 al 17).
[15] Folio 43.
[16] El auto obra a folio 40. A folios 44 al 48 obra copia de los
telegramas No. 1081 al 1085 con sello de envío del 7 octubre de 2019, emitidos
por el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá con destino a Luis
Ángel Torres Gómez (apoderado demandantes), Luis Alberto Torres Tarazona y
Norman Albin Garzón Mora (apoderados demandado), Luis Alfredo Rodríguez
Rodríguez y Doris Yaneth Rodríguez Rodríguez (demandantes) y José Edilberto
Rodríguez Rodríguez (demandado).
[17] La respuesta obra a folio 51.
[18] Folio 51.
[19] El fallo obra a folios 52 al 55.
[20] Folio 54, reverso.
[21] El escrito obra a folios 62 al 68.
[22] Folio 63.
[23] El fallo obra a folios 3 al 6 del expediente de impugnación.
[24] Se refiere a las declaraciones extrajudiciales de Balbino
Rodríguez Medina y Carlina Rodríguez Medina (folio 5 del cuaderno de
impugnación).
[25] Folio 6 del cuaderno de impugnación.
[26] Folios 24 al 26 del cuaderno de revisión.
[27] Folio 33 del cuaderno de revisión.
[28] Folio 31 del cuaderno de revisión.
[29] Folios 44 y 45 del expediente de revisión.
[30] Folios 48 y 49 del expediente de revisión.
[31] Consultado el proceso virtual en la página web de la Rama
Judicial se encontró que la última actuación corresponde al archivo definitivo
del proceso el 8 de marzo de 2019 (fecha de consulta 17 de septiembre de 2020).
[32] Folios 51 y 52 del expediente de revisión.
[33] Agregó que de acuerdo con el Código de Comercio que regula el
tema de las sociedades en nuestro país, no resulta posible que la sociedad, a
estas alturas y sin que se designe un nuevo liquidador, pudiera incoar la
acción.
[34] Se refiere al concepto de la Superintendencia de Sociedades
contenido en el oficio 220-004286 del 2 de febrero de 2010 (folio 85 del
expediente del proceso radicado 2018-00442-00).
[35] El artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier
persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que dicha
acción “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí mismo o a través de representante. Los poderes
se presumirán auténticos”.
[36] La legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se
refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción, trátese de una autoridad pública o de un particular, según los
artículos 86 Superior y 5 del Decreto 2591 de 1991, y quien está llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando esta
resulte demostrada.
[37] Este acápite es tomado de la sentencia SU-516 de 2019.
[38] El inciso quinto del artículo 86 establece que la tutela también
procede, en los casos que señale el legislador, contra particulares encargados
de la prestación de servicios públicos, o cuando afecten el interés colectivo,
o respecto de quienes el accionante se halle en estado de indefensión o de
subordinación.
[39] Corte Constitucional, sentencia SU-425 de 2016.
[40] El artículo 116 de la Constitución les
asigna la función de administrar justicia.
[41] Corte Constitucional, sentencias T-441
de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003, T-949 de 2003, C-590 de 2005 y T-018 de
2008, T-743 de 2008, T-310 de 2009, T-451 de 2012, SU-424 de 2016, SU-037 de
2019 y T-078 de 2019, entre muchas otras, mediante las cuales la posición
fijada ha sido reiterada.
[42] Corte Constitucional, sentencias T-310
de 2009, T-451 de 2012 y T-283 de 2013.
[43] Corte Constitucional, sentencia T-555 de
2009.
[44] Este acápite es tomado de la sentencia SU-566 de 2019.
[45] Corte
Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
[46] Corte Constitucional, sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[47] Corte Constitucional, sentencia SU-115 de 2018.
[48] Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte
Constitucional ejercida a través de sus salas de selección. Así, debe
entenderse que si un proceso no fue seleccionado para su revisión, se encuentra
acorde con los derechos fundamentales.
[49] Este acápite es tomado de la sentencia SU-566 de 2019.
[50] Corte Constitucional, sentencia C-590 de
2005, reiterada sucesivamente, entre otras, en la sentencia SU-037 de 2019.
[51] Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016.
[52] En la sentencia T-324 de 1996 dijo la Sala Tercera de
Revisión: “[…] sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe
la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, –bien por la
notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora
porque su contenido sea abiertamente antijurídico–, el juez constitucional
puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en
ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones
descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la
decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del
funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por
defecto orgánico”.
[53] Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-937 de 2001,
SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-196 de 2006.
[54] En razón del principio de independencia judicial, el campo de
intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente
restringido.
[55] En la sentencia SU-159 de 2002 señaló la
Corte: “[…] opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de
acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico,
(ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador”.
[56] En la sentencia SU-014 de 2001 advirtió
la Corte: “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos
fundamentales por defectos propios del aparato judicial –presupuesto de la vía
de hecho–, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de
manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como
consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la
orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de
justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos
constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia,
en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para
ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en
realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al
inducirlo en error.  En tales casos –vía de hecho por consecuencia– se
presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial,
en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación
inconstitucional de otros órganos estatales”.
[57] La decisión sin motivación se configura en una de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la motivación es un deber de
los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un
ordenamiento democrático. Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-114 de
2002.
[58] Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Conforme con la
sentencia T-018 de 2008, el desconocimiento del precedente constitucional “[se
presenta cuando] la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance”. También ver sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285 de 2005
y T-292 de 2006.
[59] Corte Constitucional, sentencia T-208A de 2018.
[60] Corte Constitucional, sentencia SU-037 de 2019.
[61] Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001.
[62] Corte
Constitucional, sentencia T-031 de 2016.
[63] Corte
Constitucional, sentencia T-809 de 2010.
[64] Corte Constitucional, sentencia T-231 de 2007, entre otras.
[65] Corte Constitucional, sentencias T-231 de 2007 y T-933 de 2003.
[66] Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
[67] Folio 38.
[68] Folio 145, reverso, del expediente del proceso radicado
2018-00442-00.
[69] Folios 22 y 23. Al respecto, se precisó: “En las mencionadas
declaraciones extrajuicio se indica que quien supuestamente entregó en
arrendamiento fue la sociedad y que dicha sociedad se disolvió y liquidó, es
decir, dejó de existir desde el año 1997. En ninguna parte existe constancia
alguna acerca de que haya cedido a los demandantes el contrato”.
[70] En lo que respecta al defecto procedimental absoluto este
Tribunal ha establecido que se materializa cuando el juez “se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al
pertinente –desvía el cauce del asunto–, o ii) omite etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso”, o porque “iii) pasa por alto
realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles
sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la
consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación
a los derechos fundamentales”. Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013.
[71] Este apartado es tomado de la sentencia SU-516 de 2019.
[72] Corte Constitucional, sentencia SU-210
de 2017.
[73] Corte Constitucional, sentencias T-008
de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009.
[74] Corte Constitucional, sentencias SU-515
de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-632 de 2017, SU-116 de 2018 y
SU-516 de 2019.
[75] Corte Constitucional, sentencia T-800 de
2006.
[76] Corte Constitucional, sentencia T-205 de
2004.
[77] Corte Constitucional, sentencias T-158
de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de 2006.
[78] Corte Constitucional, sentencia T-189 de
2005.
[79] Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002.
[80] Corte Constitucional, sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001,
T-462 de 2003 y T-790 de 2010.
[81] Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2008.
[82] Corte Constitucional, sentencia T-086 de 2007.
[83] Corte Constitucional, sentencia T-231 de 1994.
[84] Corte Constitucional, sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y
T-510 de 2011.
[85] Corte Constitucional, sentencias T-114 de 2002, T-1285 de 2005 y
T-086 de 2007.
[86] Corte Constitucional, sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003,
T-1285 de 2005 y T-292 de 2006.
[87] En la sentencia T-808 de 2007 se expuso que “en cualquiera de
estos casos debe estarse frente a un desconocimiento claro y ostensible de la
normatividad aplicable al caso concreto, de manera que la desconexión entre la
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial sea notoria y no tenga
respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le
reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse además, que el amparo
constitucional en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones
más favorables para quien tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos
fundamentales de quien queda sujeto a una providencia que se ha apartado de lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico”.
[88] Corte Constitucional, sentencias T-572
de 1994 y SU-159 de 2002.
[89] Corte Constitucional, sentencias T-572
de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007.
[90] Corte Constitucional, sentencia T-100 de
1998.
[91] Corte Constitucional, sentencias T-1101 de 2005 y T-051 de 2009.
[92] Corte Constitucional, sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y
T-462 de 2003.
[93] Corte Constitucional, sentencias T-079 de 1993 y T-066 de 2009.
[94] Este apartado es tomado de la sentencia T-041 de 2018.
[95] Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2007.
[96] Corte Constitucional, sentencia T-436 de 2009.
[97] Corte
Constitucional, sentencia T-055 de 1997.
[98] Corte Constitucional, sentencias T-231 de 1994, T-442 de 1994,
T-008 de 1998, T-025 de 2001, SU-159 de 2002, T-109 de 2005, T-264 de 2009,
T-114 de 2010 y SU-198 de 2013, entre otras. En esta última la Sala Plena
indicó: “[…] la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado
por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. El respeto por los principios de autonomía judicial y del juez
natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material
probatorio”.
[99] Corte
Constitucional, sentencia T-442 de 1994. En esa oportunidad la Sala Segunda de
Revisión afirmó: “[…] si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional
para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la
sana crítica […], dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad
evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos,
racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación
o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón
valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente”.
[100] Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002.
[101] Corte Constitucional, sentencias T-442 de 1994 y SU-159 de 2002.
[102] Estos errores han sido nombrados por la Corte Suprema de Justicia
como falso juicio de identidad y falso raciocinio.
[103] Corte Constitucional, sentencia C-622 de 1998. En la doctrina, se
denomina sana crítica al conjunto de reglas que el juez observa para determinar
el valor probatorio de la prueba. Estas reglas no son otra cosa que el análisis
racional y lógico de la misma. Es racional, por cuanto se ajusta a la razón o
el discernimiento humano. Es lógico, por enmarcarse dentro de las leyes del
conocimiento. Dicho análisis se efectúa por regla general mediante un
silogismo, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la
menor, la situación en particular, para así obtener una conclusión. Azula
Camacho, Jaime (2015). Manual de Derecho Procesal Civil, Teoría General del
Proceso, Tomo VI. Bogotá: Editorial Temis. P. 66.
[104] Giacomette Ferrer, Ana (2009). Introducción a la teoría general
de la prueba. Bogotá: Señal Editora, Universidad del Rosario, Ediciones
Rosaristas. P. 232.
[105] López Blanco, Hernán (2008). Procedimiento Civil, Tomo III.
Segunda Edición. Bogotá: Dupre Editores. P. 79.
[106] Muñoz Sabaté, Luis (2001). Fundamentos de pruebas judicial civil.
Barcelona: J.M. Bosch Editor. P. 437.
[107] Corte Constitucional, sentencia T-464 de 2001.
[108] Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007.
[109] En este apartado se sigue de cerca la sentencia SU-516 de 2019.
[110] Corte Constitucional, sentencias SU-198 de 2013, T-310 de 2009 y
T-555 de 2009
[111] Corte Constitucional, sentencia T-888 de 2010. Posición reiterada
en la sentencia SU-069 de 2018.
[112] En la sentencia C-590 de 2005 dijo la Corte que se deja de
aplicar una disposición iusfundamental en los casos en que “[…] si bien
no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
[113] Corte Constitucional, sentencias T-765 de 1998 y T-001 de 1999.
Los derechos de aplicación inmediata están consagrados en el artículo 85 de la
Constitución. Ellos son: la vida, la integridad personal, la igualdad, la
personalidad jurídica, la intimidad, el buen nombre, la honra, el libre
desarrollo de la personalidad, la libertad, incluyendo la libertad de
conciencia, de cultos y de expresión, de petición, la libertad de escoger
profesión u oficio, la libertad personal, la libre circulación, el debido proceso,
el habeas corpus, la segunda instancia en materia penal, la no incriminación,
la inviolabilidad del domicilio, de reunión, de asociación y los derechos
políticos.
[114] Ver, entre otras, las sentencias T-199 de 2009, T-590 de 2009 y
T-809 de 2010.
[115] En la sentencia C-590 de 2005 se reconoció autonomía a esta
causal de procedibilidad de la acción de tutela y se establecieron algunos
criterios para su aplicación.
[116] En la sentencia T-522 de 2001, se dijo que la solicitud debía ser
expresa.
[117] Corte Constitucional, sentencias T-927 de 2010 y T-522 de 2001.
[118] En la sentencia C-335 de 2008 la Corporación sostuvo que
“reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor
coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con
imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera,
la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del
derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos
semejantes son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces
ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor
seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares”.
[119] Corte Constitucional, sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
El funcionario judicial en su tarea decisoria no puede apartarse de un
precedente constitucional, salvo que exista un motivo suficiente que justifique
su inaplicación en un caso concreto (como, por ejemplo, un cambio de
legislación, un cambio de las circunstancias sociales, un escenario fáctico
distinto, etc.), previo cumplimiento de una carga seria de argumentación que
explique de manera completa, pertinente, suficiente y conexa las razones por
las que se desatiende. En la sentencia T-468 de 2003 se explicó: “La motivación
requiere entonces el cumplimiento de varias condiciones que le dotan de plena
legitimidad. En efecto, ella debe ser: (i) completa, (ii) pertinente, (iii)
suficiente y (iv) conexa. Es completa cuando se invocan todos los fundamentos
de hecho y de derecho que amparan la decisión; es pertinente si resulta
jurídicamente observable; es suficiente cuando por sí misma es apta e idónea
para decidir un asunto sometido a controversia y; es conexa si se relaciona
directamente con el objeto cuestionado”.
[120] Este apartado es tomado de la sentencia T-640 de 2017.
[121] Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2012.
[122] Como, por ejemplo, un cambio de legislación, un cambio de las
circunstancias sociales, un escenario fáctico distinto, etc.
[123] En la sentencia T-468 de 2003 se explicó: “En este contexto,
surge como elemento preponderante que todo cambio o inaplicación de un
precedente judicial de tipo vertical a partir de la presencia de diversos
supuestos fácticos o en razón del cambio de legislación debe estar plenamente
motivado, en aras de salvaguardar el principio constitucional de interdicción
de la arbitrariedad, convirtiéndose el conocimiento de los argumentos
judiciales, en una herramienta ciudadana de control sobre la legitimidad de las
decisiones proferidas por el juzgador. || La motivación requiere entonces el cumplimiento
de varias condiciones que le dotan de plena legitimidad. En efecto, ella debe
ser: (i) completa, (ii) pertinente, (iii) suficiente y (iv) conexa. Es completa
cuando se invocan todos los fundamentos de hecho y de derecho que amparan la
decisión; es pertinente si resulta jurídicamente observable; es suficiente
cuando por sí misma es apta e idónea para decidir un asunto sometido a
controversia y; es conexa si se relaciona directamente con el objeto
cuestionado. || Por consiguiente, si un juez de tutela pretende inaplicar la
doctrina constitucional que sobre una materia en específico ha establecido esta
Corporación, no sólo debe motivar la decisión de manera completa, pertinente,
suficiente y conexa, sino que también tiene que probar la diversidad de los
supuestos fácticos o de las circunstancias de hecho que conlleven a otorgar un
tratamiento desigual y/o la existencia de una nueva legislación que modifique
las consecuencias jurídicas aplicables al caso controvertido”.
[124] Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2013.
[125] Corte Constitucional, sentencia C-335 de 2008. Más recientemente,
pueden consultarse los Autos 186 de 2017 y 272 de 2020. En el primero de ellos,
la Sala Plena señaló: “[…] la jurisprudencia constitucional ha precisado los
parámetros que permiten determinar si en un caso es aplicable un precedente o
no. En ese sentido, se ha establecido que es necesaria la comprobación de la
presencia de los siguientes elementos esenciales: ‘i) que en la ratio
decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial
aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema
jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos
del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente’” (cursivas y
negrillas originales). Por su parte, en el Auto 272 de 2020 sostuvo: “[…] la
Corte ha precisado que (i) la acreditación del desconocimiento de la
jurisprudencia de la Sala Plena requiere de dos elementos de comparación (1) la
ratio decidendi de la sentencia emitida por la Sala Plena y (2) la ratio de la
sentencia cuya nulidad se alega, los cuales resultan suficientes para
establecer si la última confrontó o desconoció la primera; y (ii) el
desconocimiento de la jurisprudencia en vigor de las salas de revisión como
causal de nulidad está condicionado a la existencia de un precedente
jurisprudencial consolidado, lo cual comporta una mayor exigencia en su
acreditación, puesto que se requiere una pluralidad de decisiones anteriores
(“precedentes”) que traten problemas jurídicos análogos con presupuestos
fácticos idénticos, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma
regla de decisión” (cursivas originales, negrillas fuera de texto).
[126] Corte Constitucional, sentencia T-1092 de 2007, reiterada en la
sentencia T-597 de 2014, entre otras.
[127] La sentencia fundadora de esta línea es la T-838 de 2004.
Posteriormente ha sido desarrollada y concretada en las sentencias T-162 de
2005, T-494 de 2005, T-035 de 2006, T-326 de 2006, T-601 de 2006, T-150 de
2007, T-808 de 2009, T-067 de 2010, T-118 de 2012, T-107 de 2014, T-427 de 2014
y T-340 de 2015.
[128] Se indica en la providencia que con la demanda de restitución de
inmueble arrendado se adjuntaron como pruebas: (i) tres declaraciones
sumarias rendidas ante la Notaría Cuarta del Circulo de Cartagena, y (ii)
un acta de conciliación adelantada ante el Centro de Conciliación de la
Universidad Rafael Núñez en la que la presunta arrendataria aceptó deber varios
cánones de arrendamiento a la demandante.
[129] El artículo 424 del CPC señalaba: “PARÁGRAFO 2º. Contestación,
derecho de retención y consignación. || […] || 2. Si la demanda se fundamenta
en falta de pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto
demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo
con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o en
defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el
arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los
correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por
los mismos períodos, en favor de aquel. || 3. Cualquiera que fuere la causal
invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del
juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen
durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído
hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho
directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso
ejecutivo” (negrillas fuera de texto). En las sentencias C-070 de 1993 y C-056
de 1996, en su orden, este tribunal declaró exequibles los numerales 2 y 3 del
parágrafo segundo del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil,
modificados por el artículo 1, numeral 227, del Decreto 2282 de 1989.
[130] Correspondió a la Sala Sexta de Revisión determinar si los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia del accionante fueron vulnerados por el Juzgado
Veinticinco Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, al no haberlo oído en
juicio dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, pese a haber
controvertido la legitimación en la causa de la demandante.
[131] Correspondió a la Sala Sexta de Revisión determinar si el Juzgado
Primero Civil Municipal de Girardot vulneró los derechos al debido proceso, a
la defensa, al acceso a la administración de justicia y la igualdad procesal
del arrendatario demandado por mora en el pago de los cánones, al no escucharlo
en el proceso hasta que demostrara el pago del valor discutido, a pesar de que
este cuestionó la existencia del contrato de arrendamiento en la fase inicial
del trámite.
[132] El artículo 424 del Código de Procedimiento Civil fue derogado
por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, Código General del
Proceso.
[133] El artículo 294 del Código de Procedimiento Civil establecía el
interrogatorio de parte como prueba anticipada.
[134] Proceso de restitución de inmueble arrendado de mínima cuantía
radicado 110014003037-2018-00442-00. La demanda fue presentada el 21 de marzo
de 2018.
[135] En el hecho 8 de la demanda se señalan como cánones adeudados: de
agosto a diciembre de 2012, por valor de $815.424,55; de enero a diciembre de
2013, por valor de $831.243,78; de enero a diciembre de 2014, por valor de
$861.667,30; de enero a diciembre de 2015, $920.002,18; de enero a diciembre de
2016, por valor de $972.902,31; de enero a diciembre de 2017, por valor de
$1.012.694,01; de enero a marzo de 2018, por valor de $1.070.417,57, para un
total de $$62.470.490,42. El valor de los cánones de arrendamiento se presentan
actualizados según el IPC (folio 55 del expediente del proceso radicado
2018-00442-00). En los hechos 6 y 7 de la demanda se afirma que aunque el
demandado incumplió la obligación de pagar el canon de arrendamiento a partir
del 1 de enero de 1996, en junio 7 de 2012 las partes contratantes llegaron a
un acuerdo, que igualmente fue incumplido por el demandado (ibídem.).
[136] En el acta de reunión de socios No. 3 del 5 de septiembre de 1987
se lee: “El socio gestor y gerente pregunta a los socios presentes que al
retirarse el socio Edilberto Rodríguez como socio activo qué determinación se
debía tomar sobre el apartamento que él está ocupando. Tomó la palabra el socio
Alfredo Rodríguez y dijo que como la sociedad está pagando un préstamo a
Granahorrar sobre ese apartamento de cuotas mensuales de casi $40.000, lo más
conveniente sería que él firmara un contrato de arrendamiento con la compañía
por valor de $40.000 mensuales a partir de septiembre 5 de 1987[,] propuesta
que fue aprobada por todos los socios presentes [José Rodríguez Barrera, Elvira
Rodríguez de Rodríguez, Alfredo Rodríguez, Doris Yaneth Rodríguez]” (folios 12
y 13 del expediente del proceso radicado 2018-00442-00). En el acta de reunión
de socios No. 4 del 21 de febrero de 1988 se lee: “En relación con el
apartamento de propiedad de la sociedad ubicado en la calle […] el socio José
Edilberto Rodríguez Rodríguez seguirá ocupando el apartamento con un canon de
arrendamiento según valor de cuota a Granahorrar puesto que el socio lo propuso
así, mientras él consigue nueva vivienda, este plazo será máximo hasta el 31 de
diciembre de 1988. || En caso de que el señor José Edilberto Rodríguez
Rodríguez no haya conseguido nueva vivienda [en] la fecha señalada, […] firmará
un contrato de arrendamiento con la sociedad, con un canon de arrendamiento
mensual” (folio 19 ib.). A esta última reunión asistieron José Rodríguez
Barrera y Rosa Elvira Rodríguez de Rodríguez como socios gestores, y como
socios activos José Edilberto Rodríguez, Doris Yaneth Rodríguez y Luis Alfredo
Rodríguez.
[137] En el acta No. 2078 de declaración extraproceso del 26 de
diciembre de 2017 de la Notaría 23 de Bogotá, se lee: “Sí es de mi pleno
conocimiento que la sociedad VESTIDOS EL TRIUNFO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y CIA S.
EN C. le entregó al señor JOSÉ EDILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en calidad de
arrendamiento, el apartamento […]. Me consta que el apartamento fue entregado
en arrendamiento al señor JOSÉ EDILBERTO […], el día 5 de septiembre del año
1987. […] En cuanto al canon de arrendamiento me consta que fue [de] unos
$40.000,00 mensuales pero además, […] el arrendatario debía cancelar el agua,
la luz, el teléfono y la administración. […] me consta que el contrato de
arrendamiento fue ratificado por la Junta de Socios de VESTIDOS EL TRIUNFO […]
el día 21 de febrero de 1988, porque yo me encontraba allí. […] Tengo entendido
que el señor JOSÉ EDILBERTO […] pagó hasta la última cuota del apartamento a
Granahorrar, esto es, […] hasta diciembre de 1995. […] Es de mi pleno
conocimiento que el señor JOSÉ EDILBERTO […] dejó de pagar el canon de
arrendamiento a partir del mes de enero del año 1996 y hasta la fecha. Las
razones las desconozco. […] me consta que la sociedad VESTIDOS EL TRIUNFO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y CIA S. EN C. fue liquidada definitivamente el 30 de abril
del año 1997. También me consta que sus bienes, entre ellos el apartamento […],
fueron adjudicados a los socios LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y DORIS YANETH
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, porque para esa fecha JOSÉ EDILBERTO […] ya se había
retirado y los derechos adquiridos por sus hermanos […]” (mayúsculas
originales) (folio 23 del expediente del proceso radicado 2018-00442-00).
[138] En el acta No. 2079 de declaración extraproceso del 26 de
diciembre de 2017 de la Notaría 23 de Bogotá, se reitera lo afirmado por
Balbino Rodríguez Medina (folios 26 al 28 del expediente del proceso radicado
2018-00442-00).
[139] A folio 49 del expediente del proceso radicado 2018-00442-00
aparece una certificación firmada por la administradora del conjunto
multifamiliar San Martín, en la que se indica que la compañía Vestidos el
Triunfo Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C., propietaria del apartamento objeto
de discusión, al 27 de agosto de 2013 adeuda por administración y otros
conceptos $8.338.575,70. A folio 216 del mismo proceso, aparece otra certificación
con fecha del 3 de octubre de 2019, en la que la administradora señala que el
estado de la cartera del apartamento supera los límites de morosidad.
[140] Folio 47 del expediente del proceso
radicado 2018-00442-00. A folio 48 obra la constancia de entrega de la
comunicación con fecha del 31 de mayo de 2017.
[141] Aparecen como socios gestores José Sagrario y Rosa Elvira
Rodríguez Rodríguez y como socios comanditarios Doris Yaneth y Luis Alfredo
Rodríguez Rodríguez. Para ese momento José Edilberto Rodríguez Rodríguez ya no
era socio.
[142] Folios 52 y 53 del expediente del proceso radicado 2018-00442-00.
También la gerente informó sobre la situación de la sociedad. Señaló: “[…] ésta
se disolvió desde el 5 de junio de 1996 según escritura pública No. 2120 de la
Notaría cuarenta y ocho del circuito de Bogotá, y desde esa fecha la sociedad
no volvió a tener actividades comerciales sino que su liquidación se dedicó a
cobrar la poca cartera que existía y a cancelar los proveedores y acreedores
tanto en dinero como en inventario de mercancía existentes” (folio 52 ibíd.).
[143] Proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio radicado 110013103-011-2017-00535-00.
[144] Folios 68 al 73 del expediente del proceso radicado
2018-00442-00.
[145] Folio 78 ibíd. Aparece constancia de que la providencia
fue notificada por anotación en el estado No. 116 fijado el 11 de septiembre de
2019.
[146] Folio 79 ibíd.
[147] El escrito y sus anexos obran a folios 80 al 100 ibíd.
[148] Folio 83 del expediente del proceso radicado 2018-00442-00.
Mencionó que la sociedad fue disuelta el 5 de junio de 1996.
[149] Folios 90 al 100 del expediente del proceso radicado
2018-00442-00.
[150] Argumento que apoya en el concepto de la Superintendencia de Sociedades
contenido en el oficio 220-004286 del 2 de febrero de 2010 (folio 85 del
expediente del proceso radicado 2018-00442-00).
[151] Folio 85 ibíd.
[152] Folio 86 ibíd.
[153] Folio 82 del expediente del proceso radicado 2018-00442-00.
[154] Folio 86 ibíd. El proceso de pertenencia cursa en el
Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, bajo el radicado
110013103-011-2017-00535-00.
[155] Folio 102 del expediente del proceso radicado 2018-00442-00.
[156] Folio 104 ibíd. El mismo argumento es reiterado por el
apoderado judicial de los demandantes en todos los traslados que se le hacen en
el curso de la fase inicial del proceso.
[157] Folio 108 ibíd. Aparece constancia de que la providencia
fue notificada por anotación en el estado No. 38 fijado el 4 de abril de 2019.
[158] Folios 109 al 120 del expediente del proceso radicado
2018-00442-00.
[159] El inciso tercero, numeral 3, del artículo 278 del Código General
del Proceso establece: “En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar
sentencia anticipada, total o parcial en los siguientes casos: […] 3. Cuando se
encuentre probada […] la carencia de legitimación en la causa”.
[160] Folio 145, reverso, del expediente del proceso radicado
2018-00442-00.
[161] Folios 144 y 145 ibíd. Aparece constancia de que la
providencia fue notificada por anotación en el estado No. 112 fijado el 23 de
septiembre de 2019.
[162] Folios 146 al 151 del expediente del proceso radicado
2018-00442-00.
[163] Folio 171 ibíd. Aparece constancia de que la providencia
fue notificada por anotación en el estado No. 134 fijado el 07 de noviembre de
2019.
[164] Folios 172 al 192 del expediente del proceso radicado
2018-00442-00.
[165] Folios 210 y 211 ibíd. A folio 212 obra certificación
expedida por el secretario del Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá,
fechada el 11 de diciembre de 2019, en donde informa la existencia del proceso
referido, radicado 110013103-011-2017-00535-00, en el que se busca adquirir por
prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio el apartamento que es objeto
de la restitución. Indica que la actuación se encuentra pendiente de continuar
con el señalamiento de fecha para efectos de desarrollar la audiencia de que
trata el artículo 372 del Código General del Proceso.
[166] A folio 90 obra certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá,
fechado el 12 de agosto de 2013, en donde se lee: “[…] el acta número 10 de la
reunión de la junta de socios del 30 de abril de 1997, por medio de la cual se
aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad [Vestidos el Triunfo
Rodríguez Rodríguez y Cia S. en C.], fue inscrita el 12 de diciembre de 1997
bajo el número 614.113 del Libro IX. || Que, en consecuencia, y conforme con
los registros que aparecen en la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad se
encuentra liquidada”.
[167] Proceso de pertenencia radicado 110013103-011-2017-00535-00.
[168] Folio 33 del cuaderno de revisión. En el certificado de tradición
y libertad de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, con
fecha del 25 de junio de 2018, anexo a la demanda de restitución de inmueble
arrendado, se observa en la anotación No. 15 la inscripción de una demanda de
pertenencia adelantada en el Juzgado Once Civil de Circuito de Bogotá por José
Edilberto Rodríguez Rodríguez en contra de la sociedad y otros.
[169] De acuedo con el artículo 3 de la Ley 820 de 2003, el contrato de
arrendamiento para vivienda urbana puede ser verbal o escrito. Corte
Constitucional, sentencias T-118 de 2012 y T-107 de 2014.