SU915-13
Sentencia SU915/13
Sentencia
SU915/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial respecto al reemplazo de la
expresión "vía de hecho" por la de "causales genéricas de
procedibilidad"
La
jurisprudencia ha reemplazado el concepto de vía de hecho por la doctrina de
las “causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción”, por
cuanto la Corte ha  depurado el primer término que se refería al capricho y la
arbitrariedad judicial, entendiendo ahora que “(…) no sólo se trata de los
casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que
toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales
(a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.” En definitiva, dicho avance
jurisprudencial trajo como consecuencia el reemplazo del uso conceptual de la
expresión vía de hecho por la doctrina de los requisitos generales y causales
específicas de procedibilidad.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
Siempre
que concurran los requisitos generales y por lo menos una de las causales
específicas de procedibilidad de la tutela contra las providencias judiciales,
el juez de tutela debe conceder el amparo como mecanismo excepcional ante la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso y otros derechos
fundamentales.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva
La dimensión positiva: que generalmente se desarrolla cuando el
juez o autoridad administrativa aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar y
al hacerlo desconoce la Constitución.
La dimensión negativa: esta se presenta cuando el juez se niega a dar por
probado un hecho que aparece claramente en el proceso, omisión que no puede
limitarse solo a esta premisa, pues la jurisprudencia es clara en manifestar
que también se configura cuando la ley le confiere el deber o facultad de
decretar la prueba, la autoridad no lo hace por razones que no resultan
justificadas. Esto se funda en que la ley ha autorizado al juez a decretar
pruebas de oficio cuando existen dudas y hechos que aún no son claros e impiden
adoptar una decisión definitiva.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO
CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
La Corte ha precisado que, pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto,
para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor,
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley. Por tal razón, la
Corte recuerda que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, tales como, de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, pro homine, entre otros. (Artículos 6°, 29, 228 y
230 de la Constitución Política).
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN PROCESOS JUDICIALES-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL
La
protección de los derechos de las víctimas se ha reconocido a nivel
internacional a través de múltiples convenciones y declaraciones que han
reconocido sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y
A LA REPARACION INTEGRAL EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS-Contenido y alcance
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Principios y preceptos/DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Protección
constitucional
Los
derechos de las víctimas se encuentran fundados en varios principios y
preceptos: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en la consagración constitucional directa de
los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las
autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el
goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la
protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv)  en el principio de
dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga
justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que
promueve la participación,  de donde deviene que la intervención de las
víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones
de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a
la administración de justicia. De acuerdo a lo anterior, la jurisprudencia
constitucional colombiana ha efectuado un profuso y consistente desarrollo de
los derechos de las víctimas del delito, basándose para ello en la propia
normativa constitucional (Arts. 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250) y en los avances
del derecho internacional de los derechos humanos.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACION-Contenido y alcance en la
Constitución Política y Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Reconocimiento en la jurisdicción contencioso
administrativa en proceso de reparación directa
Esta Corporación ha reconocido los derechos de las
víctimas a la verdad a la justicia y a la reparación, los cuales tienen a su
vez una serie de consecuencias concreta. El derecho a la verdad, esto es, la
posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la
verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente
importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. Este derecho
comporta a su vez las garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii)
el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber. El derecho a
que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.
Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos
que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden
sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar
adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las
víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos
los juicios las reglas del debido proceso. El derecho a la reparación integral
del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la
forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito. Este derecho
comprende  la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i)
restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv) satisfacción y
(v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de
satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a
restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o
comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas. En todo caso,
estos derechos no solamente deben reconocerse al interior de procesos penales,
sino también ante otras jurisdicciones, tal como sucede con la contencioso
administrativa, en la cual las víctimas también podrán exigir su cumplimiento,
tal como sucede por ejemplo en los procesos de reparación directa.
VALORACION PROBATORIA EN ASUNTOS DE LA JURISDICCION
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Copias
deben ser auténticas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico por omisión en el decreto y práctica
de pruebas en proceso por reparación directa ante la jurisdicción contencioso
administrativa
Si
bien la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el decreto, práctica y
valoración de los elementos probatorios hacen parte de la independencia y
autonomía de los jueces, también ha encontrado que tan amplias atribuciones
tienen un límite. Ha dicho esta Corporación que en el hipotético caso en que
una autoridad judicial haya dejado de practicar una prueba que previamente
había sido decretada, sólo puede deberse a que “ellas [las pruebas] no
conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que
estén legalmente prohibidas o sean  ineficaces o versen sobre hechos
notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas”. En
este sentido, la jurisprudencia ha recalcado que la práctica de pruebas
constituye una de las principales actuaciones en la conducción del proceso,
dada su capital importancia como parte de los elementos observados por el
fallador para formar el convencimiento sobre los hechos sometidos a su juicio.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por vulneración del debido proceso,
derecho a la verdad y acceso a la administración de justicia, por cuanto
Tribunal no practicó una prueba que había sido previamente decretada en proceso
de reparación directa por muerte de joven en celdas de la Dijín
Desde la órbita constitucional vigente, la
decisión del juez de instancia del proceso de reparación directa configura un
defecto fáctico por desconocer las garantías del debido proceso y la
administración de justicia de los accionantes, sometiéndolos a la imposibilidad
de conocer la verdad jurídica y material acerca de los hechos que rodearon la
muerte de su hijo. Ahora bien, la
Sala aclara que, no obstante la acción de tutela va dirigida contra la
sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda
instancia dentro del proceso de reparación directa ya citado, encuentra que el
defecto fáctico se originó en la providencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por lo que, es a dicha autoridad que la Sala
considera atribuible el defecto fáctico alegado y, por tanto, la vulneración de
los derechos fundamentales a la verdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los accionantes.
Referencia: expediente T-3.181.396
Acción de tutela presentada por Aníbal
Cañas Arias en contra de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Derechos fundamentales invocados: al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, conformada por los
magistrados Jorge Iván Palacio Palacio –quien la preside-, María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, que confirmó la sentencia
proferida por la Sección Cuarta de la misma Corporación, dentro de la acción de
tutela incoada por los ciudadanos Alba Álvarez de Cañas y Aníbal Cañas Arias,
en contra de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
1.
ANTECEDENTES
Por
intermedio de apoderado judicial, los ciudadanos Alba
Álvarez de Cañas y Aníbal Cañas Arias
interpusieron acción de tutela en contra de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar que dicha autoridad
judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia. La solicitud de amparo se sustentó en
los siguientes:
1.1.
HECHOS
1.1.1. Narran los tutelantes que en el año de 1997 formularon demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de defensa – Policía Nacional,
“por la muerte del estudiante Universitario VÍCTOR JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ,
quien apareciera ahorcado en la celda No. 12 de las instalaciones de la Sijín
en Bogotá, ubicados en la Cra. 15 No. 6-20”.
1.1.2. Sostienen que en oficio fechado el 9 de abril de 1999, dirigido al jefe
de la SIJIN, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien conoció de la
demanda, le solicitó remitir, entre otros documentos[1],
todas las constancias sobre la hora y motivo de ingreso del señor Víctor Javier
Cañas Álvarez a dichas instalaciones, especialmente el día 7 de junio de 1995.
1.1.3. Asimismo, indicaron que dicha autoridad judicial mediante el mismo
oficio solicitó a la Fiscalía 289 Delegada para que remitiera copia auténtica
de las “… copias de las pruebas que conforman el proceso penal donde figura
como occiso el señor VÍCTOR JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ, registrada el 7 de junio de
1995, en la sala de retenidos de la SIJIN en Santafé de Bogotá”.
1.1.4. Afirma que en respuesta, la unidad de Fiscalía le informó al Tribunal
que esa sede había empezado a funcionar desde el 3 de febrero de 1996 y que,
por tanto, no contaban con el expediente, añadiendo que la petición debía
dirigirse a la oficina de asignaciones de Paloquemao.
1.1.5. De otro lado, señalan que la Policía Nacional – SIJIN, informó a la
misma autoridad judicial que una vez habían revisado los libros de ingresos y
salidas para el mes de junio de 1995, “no se encontró registro alguno de
ingreso en calidad de retenido del señor VÍCTOR JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ a estas
instalaciones, en especial el día 07/06/95”.
1.1.6. Indican que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia el 2 de noviembre de 1999, negando las pretensiones de la demanda. Al
respecto, citan varios apartes de la sentencia, centrándose en los argumentos
que sirvieron de fundamento para ello. En tal sentido destacan lo siguiente:
“A pesar de la acusación, ésta se quedó en la simple
afirmación pues no se allegó prueba alguna de la cual se pueda inferir que los
captores fueran pertenecientes a la Policía Nacional.
Contrario a lo afirmado por los demandantes se allega
prueba por parte de la sala de retenidos de la SIJIN, de la cual se establece
que para el mes de los hechos, no se registró entrada alguna con el nombre de
VÍCTOR JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ, igualmente informan que durante los últimos cinco
años no se ha reportado muerte violenta ni natural, dentro de sus
instalaciones”.
1.1.7.
Al respecto, los accionantes
afirman que el 19 de octubre de 1999, semanas antes de proferirse el fallo,
allegaron material probatorio contentivo de la copia del proceso penal y de la
investigación disciplinaria, con el fin de que fueran tenidos en cuenta por
parte del juez a la hora de tomar una decisión.
1.1.8.
Relatan que a pesar de
ello, una vez apelada la sentencia, en segunda instancia, el proceso
pasó a la Sección Tercera del Consejo de Estado, que mediante sentencia del 14
de abril de 2010, confirmó la sentencia del a quo. De dicho fallo, los
demandantes destacaron que en la parte final de la sentencia se indicó que no
se podían valorar los documentos por ellos allegados, por encontrarse en copia
simple y no haber sido oportunamente presentados de acuerdo al artículo 209 del
C.C.A.
1.1.9.
A raíz de lo anterior,
interpusieron acción de tutela contra el último fallo, por considerar que el
Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo y fáctico por falta de
aplicación de los artículos 179 y 180 del C.P.C., en concordancia con el
artículo 169 del C.C.A; así también, en un defecto procedimental por no darle
aplicación y prevalencia al derecho sustancial, negando el acceso a la
administración de justicia.
1.1.10.
Como pretensiones de la acción
de tutela, los accionantes solicitan que se deje sin efectos la sentencia
proferida el 14 de abril de 2010 por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Asimismo, que se corra traslado de todas las pruebas a la parte demandada, de
conformidad con los artículos 238 y ss, y 289 del C.P.C. Finalmente, que una vez
cumplido lo anterior, se profiera nuevo fallo valorando la prueba trasladada.
1.2.
PRUEBAS DOCUMENTALES
Obran en el expediente las siguientes pruebas
documentales:
1.2.1.
Copia del Registro Civil de
Defunción del señor Jorge Aníbal Cañas Álvarez, con fecha de expedición del 16
de junio de 2010.
1.2.2.
Copia íntegra del expediente
del proceso de reparación directa interpuesta por los accionantes en contra de
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
1.3.
ACTUACIONES PROCESALES
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, avocó el
conocimiento de la acción de tutela y mediante auto calendado el 22 de junio de
2010, ordenó correr traslado de la misma a la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
1.3.1.
Nulidad procesal.
1.3.1.1.
Una vez recibido el escrito de
respuesta por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el juez de
tutela de primera instancia procedió a dictar sentencia el 29 de julio de 2010,
rechazando por improcedente el amparo solicitado. Posteriormente, tras ser impugnada
la decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en segunda instancia,
advirtió que se presentaba un hecho constitutivo de nulidad procesal, dado que
se omitió notificar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
entidad demandada dentro del proceso de reparación directa, y que por ello
tiene un interés directo en los resultados del proceso de tutela.
1.3.1.2.  En consecuencia, decretó la nulidad de todo lo actuado
a partir del auto admisorio de la demanda, ordenándole al juez de primera
instancia que notificara la solicitud de tutela a las partes y a todos los
terceros con interés legítimo.
1.3.1.3.  Surtida nuevamente la actuación por parte de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, ésta ordenó vincular a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Así, dentro del proceso de la
referencia se recibieron las siguientes intervenciones:
1.3.2.
Respuesta de la Sección
Tercera del Consejo de Estado
1.3.2.1.  Sostuvo que, de acuerdo a la jurisprudencia
constitucional, en el caso concreto es improcedente la acción de tutela contra
providencia judicial. En tal sentido, afirmó que una de las razones para que se
niegue la procedencia, es la existencia de otros mecanismos o medios de defensa
judicial.
1.3.3.
Respuesta de la Policía
Nacional
Solicitó rechazar la tutela por improcedente.
1.3.3.1.
En primer lugar, señaló que la
actividad y función de la Policía Nacional, frente al respeto y garantía de los
derechos fundamentales previstos en la Carta Política, son totalmente distintos
a los criterios autónomos, conscientes y libres de una autoridad judicial a la
hora de tomar una decisión.
1.3.3.2.
En segundo lugar, frente a la
legalidad del fallo de reparación directa, afirmó que la reiterada
jurisprudencia constitucional ha señalado que no es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, salvo
únicamente cuando se configure una de las causales de procedencia que llevan a
concluir que ha existido una vía de hecho.
1.3.3.3.
Finalmente, sostuvo que el
accionante ha tenido a su alcance todas las oportunidades procesales brindadas
por el ordenamiento jurídico para controvertir las determinaciones que le
resultaren desfavorables. En este sentido, señaló que “ha contado con la
oportunidad y los derechos a la defensa y contradicción, no solo de las
determinaciones adoptadas por la Institución, sino contra las decisiones
judiciales proferidas por el fallador contencioso de instancia, espacios
judiciales que le permitieron aportar las pruebas que consideró pertinentes,
con todas las garantías procesales que integran el debido proceso”.
2.
DECISIONES JUDICIALES
2.1.
SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
En fallo proferido el 29 de julio de 2010, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado decidió rechazar por improcedente la acción de
tutela presentada por el actor.
2.1.1.
Se refirió a la jurisprudencia
constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, específicamente a las reglas establecidas en la sentencia C-590 de
2005. En cuanto al tema, sostuvo que “para la Sección Cuarta la acción de
tutela resulta procedente, de manera excepcional, contra providencias judiciales,
excluyendo las providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, máximos órganos de la respectiva
jurisdicción; y por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria –
como máximo órganos en materia disciplinaria, en razón a que cuando estos
órganos judiciales se pronuncian, ponen fin a un largo recorrido judicial en el
que los involucrados han contado con todos los medios legales para hacer valer
sus derechos (…)”.
2.1.2.
Frente a la solicitud de
tutela presentada por los accionantes en contra de la sentencia proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, adujo que en no se cumplían ninguno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, como quiera que durante todo el proceso se les permitió
hacer uso de los medios ordinarios e idóneos para defender sus intereses.
2.2.
IMPUGNACIÓN
2.2.1.
Los accionantes impugnaron la
decisión del juez de primera instancia, aduciendo que sostener la tesis según
la cual la acción de tutela no procede contra providencias judiciales
proferidas por Altas cortes, sería aceptar que estas son infalibles en relación
con la violación de los derechos fundamentales.
2.2.2.
Por esta razón, solicitaron
que se revocara la decisión proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y, en su lugar, se concediera de fondo el amparo solicitado.
2.3.
SEGUNDA INSTANCIA – CONSEJO
DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
En sentencia del 11 de julio de 2011, el juez decidió
confirmar la decisión adoptada en primera instancia.
2.3.1.  Tras resumir consideraciones acerca de la procedencia
de la acción de tutela y hechos del proceso llevados a cabo durante la demanda
de reparación directa, señaló que “la omisión del apoderado de los
demandantes en ejercer estos medios ordinarios de defensa judicial que al
interior del proceso tuvo a su alcance para promover e insistir a través de
requerimientos el recaudo de las copias auténticas del proceso penal a la
dependencia de la Fiscalía que debía suministrarlas, y para recurrir el auto
que corrió traslado para alegar si consideraba que todavía no estaba completo
el acervo probatorio que era esencial, no permite dar por probado que el sentido
denegatorio de las súplicas de la demanda de la sentencia que definió el
proceso de reparación directa haya sido arbitrario, caprichoso y lesivo de los
derechos fundamentales al acceso al a administración de justicia y/o al debido
proceso”. Bajo estos argumentos, confirmó la sentencia del a quo.
2.4.
PRUEBAS SOLICITADAS POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
2.4.1.
Mediante auto proferido el 13
de diciembre de 2011, el Magistrado sustanciador suspendió los términos para
decidir en el proceso de la referencia, con el fin de solicitar algunas
pruebas.
2.4.2.
Así, requirió a la Fiscalía
General de la Nación,  para que en un término de cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la providencia, enviara copia de la totalidad
de los documentos correspondientes al proceso penal adelantado como
consecuencia de la muerte de Víctor Javier Cañas Álvarez.
2.4.3.
En igual sentido, solicitó a
la Policía Nacional –SIJIN-, el envío de los documentos relacionados con el
proceso disciplinario adelantado como consecuencia del fallecimiento de la
misma persona.
2.4.4.
En respuesta, ninguna de las
entidades remitió copia alguna de los expedientes solicitados; no obstante, el
apoderado de la parte actora, mediante memorial recibido en la Secretaría de la
Corte Constitucional el 9 de febrero de 2012, allegó copia auténtica (510
folios), de la totalidad del expediente penal iniciado por la Fiscalía 289
Seccional Delegada como consecuencia de la muerte de Víctor Javier Cañas
Álvarez.
2.4.5.
Posteriormente, en auto del 28
de noviembre de 2013, el Magistrado sustanciador dispuso vincular al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, y a la Fiscalía General de la
Nación, para que manifestaran lo que estimen pertinente.
3.
CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Plena de la Corte Constitucional, con base en las facultades conferidas por los
artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución, es competente para revisar
el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. Además, procede la
revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del
reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO
3.2.1.
La Sala Plena de esta
Corporación debe entrar a determinar si, en el caso bajo estudio, la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en alguna de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, teniendo en
cuenta la decisión que tomó en segunda instancia en razón de la demanda de
reparación directa interpuesta por el accionante en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
3.2.2.
Para ello, la Sala reiterará,
en primer lugar, la jurisprudencia sobre los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En segundo término, se referirá a los defectos fáctico y
sustantivo en particular; en tercer lugar, señalará cuáles son los
derechos de las víctimas al interior de los procesos judiciales y, finalmente,
resolverá el caso concreto.
3.3.
CAUSALES GENERALES Y
ESPECÍFICAS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES.
3.3.1.
El artículo 86
de la Constitución señala que la acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de cualquier autoridad pública. En tal sentido, las autoridades
judiciales son autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones deben
ajustarse a la Constitución y a la ley, garantizando la efectividad de los
principios, deberes y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Por esta razón, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales que infringen los derechos
fundamentales de las partes, en particular el derecho al debido proceso, y que
se apartan notablemente de los mandatos constitucionales. Sin embargo, la Corte
ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser
excepcional, en atención a los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela.
3.3.2.
En desarrollo
del artículo 86 constitucional, el Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad
de vulneración de derechos fundamentales por las autoridades judiciales en sus
decisiones. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-543 de 1992,
declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del decreto, referidos a la
caducidad y la competencia especial de la tutela contra providencias judiciales.
En aquel momento la Corte consideró que la acción de tutela no había sido
concebida para impugnar decisiones judiciales y que permitir su ejercicio
contra providencias de los jueces vulneraba los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, además de transgredir la autonomía e independencia
judicial.
3.3.3.
No obstante la
declaración de inexequibilidad de los artículos 11, 12 y  40 del Decreto
2591 de 1991, la Corte mantuvo abierta la posibilidad de interponer acciones de
tutela contra providencias judiciales cuando estas constituyeran
manifiestas vías de hecho. Así, a partir de 1992, la Corte
comenzó a admitir la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales que
constituyan vías de hecho, es decir, decisiones manifiestamente arbitrarias
porque, por ejemplo, (i) se basan en normas evidentemente inaplicables (defecto
sustantivo), (ii) son proferidas con carencia absoluta de competencia (defecto
orgánico), (iii) se fundamentan en una valoración arbitraria de las pruebas
(defecto fáctico), o (iv) fueron proferidas en un trámite que se apartó
ostensiblemente del procedimiento fijado por la normativa vigente (defecto
procedimental). Con el paso del tiempo, la Corte en su jurisprudencia fue
identificando otros defectos constitutivos de vías de hecho.
3.3.4.
Con el paso de los años y en
virtud de la evolución jurisprudencial, la Corte ha reconocido recientemente
que la tutela contra providencias judiciales sólo resulta posible cuando “la actuación  de la autoridad
judicial se ha dado en abierta contra vía de los valores, principios y demás
garantías constitucionales y con el objetivo básico de recobrar la plena
vigencia del orden jurídico quebrantado y la restitución a los titulares en el
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales afectados.”[2]
3.3.5.
Partiendo de lo anterior, la
jurisprudencia ha reemplazado el concepto de vía de hecho por la
doctrina de las “causales genéricas y específicas de procedibilidad de la
acción”, por cuanto la Corte ha  depurado el primer término que se refería
al capricho y la arbitrariedad judicial, entendiendo ahora que “(…) no sólo
se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.”[3]
3.3.6.
En definitiva, dicho avance
jurisprudencial trajo como consecuencia el reemplazo del uso conceptual de la
expresión vía de hecho por la doctrina de los requisitos generales y
causales específicas de procedibilidad.
3.3.7.
La sistematización de esta
nueva doctrina se dio con ocasión de la revisión de constitucionalidad del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004, contentiva del Código de Procedimiento
Penal, mediante la Sentencia C-590 de 2005[4].
3.3.8.
En cuanto a los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela intentada contra providencias
judiciales, es decir, aquellas circunstancias de naturaleza procesal que tienen
que estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y
decidir una acción de tutela contra providencias judiciales, dijo entonces la
Corte:
“24.  Los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[5].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios
y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[6].  De allí que sea un deber del actor desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[7].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[8].  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[9].  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[10].  Esto por cuanto los debates sobre la protección de
los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho
más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.”  (Subrayas fuera del original)
3.3.9.
Distintos de los anteriores
requisitos de procedencia son los motivos o causales específicas de
procedibilidad, que hacen referencia a las razones de orden sustantivo que
ameritarían conceder la acción de tutela promovida contra una providencia
judicial. Sobre este asunto, en el mismo fallo en cita se vertieron estos
conceptos:
“25.  Ahora, además de los requisitos generales
mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra
una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos que adelante se explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[11] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
“g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
“h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis
que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[12].
“i.  Violación directa de la Constitución.” (Subrayas
fuera del original.)
3.3.10.
La sentencia en comento
también explicó que los anteriores vicios, que determinan la procedencia la
acción de tutela contra decisiones judiciales, “involucran la superación del
concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de
procedebilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.”  Añadió que esta evolución de la doctrina
constitucional había sido reseñada de la siguiente manera por la Corte:
“(E)n los últimos años se ha venido presentando una
evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que
hacen viable  la acción de tutela contra providencias judiciales. Este
desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser
atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales,
y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea
necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es  más
adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la
acción” que el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa) se describe la evolución presentada de la siguiente
manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha
evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los
conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se
fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los
casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que
toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales
(a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.’[13]
En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a
remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se
redefine en los siguientes términos...
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez
de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con
ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales
por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente,
cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de
alguno de los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:
(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii)
error inducido; (iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del
precedente y  (vi) violación directa de la Constitución.”[14]”[15]” [16]
3.3.11.
En resumen, siempre que
concurran los requisitos generales y por lo menos una de las causales
específicas de procedibilidad de la tutela contra las providencias judiciales,
el juez de tutela debe conceder el amparo como mecanismo excepcional ante la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso y otros derechos
fundamentales.
3.4.
CARACTERÍSTICAS DEL DEFECTO
FÁCTICO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
3.4.1.
La tercera hipótesis señalada
por la jurisprudencia como causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, es el denominado defecto fáctico
absoluto. Este se refriere a la actuación judicial que pretermite u omite la
práctica o valoración de pruebas indiscutiblemente relevantes para resolver el
respectivo asunto sometido a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Al
respecto, es pertinente aclarar que no se trata de indagar si fue adecuada la
valoración judicial de las pruebas, pues ello hace parte de la esencia del
principio de autonomía judicial.
3.4.2.
Partiendo de tales
postulados, la doctrina constitucional ha establecido con claridad cuándo se
incurre en un defecto fáctico:
“En otras palabras, se presenta defecto fáctico por
omisión cuando
el juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia
'impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido’. Existe defecto
fáctico por
no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar
pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a
un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba
obtenida de manera ilícita.”[17]
3.4.3.
Como consecuencia
de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos
dimensiones del  defecto fáctico:
3.4.4.
En primer término,
la dimensión positiva: que generalmente se desarrolla cuando el juez o
autoridad administrativa aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar y al
hacerlo desconoce la Constitución[18].
3.4.5.
Es importante reiterar frente
a este tema, lo dicho por la sentencia T-442 de 1994[19],
donde la Corte se refiere a los límites de la discrecionalidad del juez al
momento de observar el material probatorio, señalando que no puede ser una
valoración arbitraria que desconozca hechos contundentes y la realidad objetiva
de las circunstancias. Los términos expresados en la citada sentencia son los
siguientes:
“Importa precisar ahora si de manera
excepcional puede configurarse una actuación arbitraria e irregular, carente de
todo viso de legalidad, y constitutiva de una vía de hecho cuando el juzgador
ante pruebas claras y contundentes, que manifiestamente muestran una realidad
objetiva, profiere una providencia contrariando la realidad probatoria del
proceso.
“Evidentemente, si bien el juzgador goza
de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual
debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en
los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L),
dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de
evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una
situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos
constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta
manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y
efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y
valores constitucionales.
“No obstante lo anterior advierte la Sala,
que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una
manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría
la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras
jurisdicciones.”
3.4.6.
El anterior criterio fue
reiterado por esta Corporación mediante la sentencia T-055 de 1997[20],
donde se resalta la independencia judicial al momento de tomar la decisión,
criterio que sirve al juez para examinar debidamente el material probatorio
sometido a su juicio:
“El campo en el que la
independencia del juez se mantiene con mayor vigor es el de la valoración de
las pruebas. Ello por cuanto el juez de la causa es el que puede apreciar y
valorar de la manera más certera el material probatorio que obra dentro de un
proceso. El es el que puede sopesar de la mejor manera los testimonios, el que
ha concurrido a las inspecciones judiciales y el que conoce a las partes y a su
entorno. Por eso, la regla general de que la figura de la vía de hecho
solamente puede tener aplicación en situaciones extremas debe ser manejada de
forma aún más restrictiva cuando se trata de debates acerca de si el material
probatorio fue valorado en la debida forma. Solo excepcionalmente puede el juez
constitucional entrar a decidir sobre la significación y la jerarquización de
las pruebas que obran en un proceso determinado, puesto que él no ha
participado de ninguna manera en la práctica de las mismas.”
3.4.7.
Igualmente, no puede olvidarse
lo señalado en la SU-132 de 2002[21],
donde la Corte conoció de un caso de tutela interpuesta por un particular en
contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado. El accionante demandó en
acción de nulidad electoral el acto administrativo proferido por la
Registraduría Nacional, en el cual se certificaban los resultados de los
escrutinios, dando como perdedor al ciudadano demandante.
3.4.8.
En cuanto a la valoración de
las pruebas hechas por el Consejo de Estado, el accionante manifestó que se
presentó un defecto fáctico, por cuanto señaló que la copia de las actas por él
aportadas y que sustentaron el acto administrativo atacado, difieren en su
contenido de las actas de la Registraduría Nacional; escenario en el cual las
primeras lo dan como ganador.
3.4.9.
Para determinar si la Sección
Quinta del Consejo de Estado había incurrido en una vía de hecho[22],
la Corte señaló en primer lugar que en materia probatoria, “la revisión que
efectúa el juez de tutela es, entonces, muy limitada por la dificultad que éste
encuentra para calificar de fondo el comportamiento del fallador al valorar los
elementos probatorios allegados al proceso bajo su conocimiento, dada la falta
de inmediatez del juez constitucional con respecto de la práctica de los mismos[23]”
3.4.10.
En este sentido, aclaró que la
posible ocurrencia de un defecto fáctico ya sea por al inexistencia o
inobservancia del materia probatorio, se presenta únicamente cuando “está de
por medio una actuación ostensiblemente irregular del fallador, que riñe con la
función que le ha sido asignada de administrar justicia”[24].
3.4.11.
Asimismo, indicó que la
negativa a la práctica de una prueba aportada para hacer valer una pretensión,
sólo puede tener fundamento en que las mismas no son conducentes para
establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén
legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente
impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas. No obstante, a
pesar de que existan estas razones para pretermitir la valoración de algunos
elementos probatorios, la Corte ha aclarado que tal determinación debe ser
objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, concluyendo que el
rechazo de una prueba que sea legalmente conducente constituye una violación
del derecho de defensa y el debido proceso[25].
3.4.12.
En suma, para la Corte
Constitucional, cuando un juez incurre en un defecto fáctico “no plasma un
dictado de justicia, sino que, por el contrario, la quebranta”[26].
De modo que, en los eventos donde el juez de tutela advierta que la actuación
del fallador es totalmente defectuosa por carecer de un análisis razonable
mínimo del material probatorio, es procedente la acción de tutela.[27]
3.4.13.
En segundo lugar, se encuentra
la dimensión negativa: esta se presenta cuando el juez se niega a dar
por probado un hecho que aparece claramente en el proceso, omisión que no puede
limitarse solo a esta premisa, pues la jurisprudencia es clara en manifestar
que también se configura cuando la ley le confiere el deber o facultad de
decretar la prueba, la autoridad no lo hace por razones que no resultan
justificadas. Esto se funda en que la ley ha autorizado al juez a decretar
pruebas de oficio[28]
cuando existen dudas y hechos que aún no son claros e impiden adoptar una
decisión definitiva.
3.4.14. Ejemplo de ello es la sentencia T-949 de 2003[29],
en la cual se encontró que el juez
de la causa decidió un asunto penal sin identificar correctamente a la persona
sometida al proceso penal, quién además había sido suplantada. La Sala Séptima
de Revisión concluyó que al juez correspondía decretar las pruebas pertinentes
para identificar al sujeto activo del delito investigado y la falta de ellas
constituía un claro defecto fáctico que autorizaba a ordenar al juez competente
la modificación de la decisión judicial.
3.4.15.
En
el mismo sentido, la sentencia T-554 de 2003[30], dejó sin
efectos la decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de una investigación
penal sin la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se requería para
determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que se le imputaba
al sindicado
3.4.16.
Así también, en la sentencia T-417
de 2008[31],
la Corte Constitucional revisó el caso donde los jueces no habían dado
crédito a ninguno de los peritajes aportados por cada una de las partes y, por
ello, decidieron que no se encontraban probadas las pretensiones. La Corte
encontró que los jueces de instancia omitieron el deber legal de decretar de
manera oficiosa la prueba pericial que ordenan los artículos 183 del C.P.C. y
10 de la Ley 446 de 1998 cuando existen experticios contradictorios,
considerando que con tal descuido se vulneró el derecho al debido proceso de la
accionante pues la prueba resultaba determinante para la decisión final.
3.4.17.
De manera reciente, mediante
sentencia SU-226 de 2013[32],
la Sala Plena abordó el caso de un ciudadano que, con base en una decisión del
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró al nulidad de unas elecciones y
ordenó realizar los escrutinios nuevamente, acudió ante el juez administrativo
solicitando la reparación de los perjuicios ocasionados por el Estado a través
de la Organización Electoral, la cual había desconocido los resultados que
obtuvo en su elección como senador de la República. El reclamo hecho ante la
justicia contenciosa administrativa, consistía en el pago de todos los salarios
dejados de percibir por el hecho de no haber podido ocupar el cargo de senador
desde el mismo momento en que se produjo la elección, ya que mientras se
resolvía la demanda electoral no pudo ejercerlo, a pesar de que finalmente
salió elegido. Los jueces de primera (Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Bogotá) y segunda instancia (Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca)
negaron las pretensiones del actor, bajo el argumento de que allegó en copia
simple la certificación de los factores salariales de los años 2002 a 2005, que
para ese periodo correspondían a un senador de la República.
3.4.18.
Por lo anterior, el accionante
alegaba que las sentencias proferidas dentro del proceso de reparación directa,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la administración de
justicia y a la igualdad, al incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria.
3.4.19.
En esa oportunidad, luego de
reiterar su jurisprudencia respecto de las causales genéricas y específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional concluyó que en el caso concreto no existió vulneración de los
derechos fundamentales cuya protección invocaba el accionante por la presunta
indebida valoración probatoria hecha por los jueces. De forma concreta, acerca
de la necesidad de que las copias de documentos públicos sean allegados en
original cuando se pretendan hacer valer como elemento probatorio ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, afirmó lo siguiente:
“14.- Para la Sala, la exigencia de certificaciones en
original, tratándose de documentos públicos en asuntos contencioso
administrativos, resulta razonable, pues permite que el juez de instancia, al
realizar la debida valoración del material probatorio obrante en el expediente,
pueda, por medio de un análisis cuidadoso de los elementos de juicio puestos en
su conocimiento, otorgarles, de ser posible, el valor probatorio que estos
ameritan, para efectos de una decisión razonable, justa y equitativa, acorde
con los principios y valores constitucionales
15.-  En este sentido, esta Corporación en sentencia
de constitucionalidad C-023 de 1998[33]
al analizar la demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 254 (parcial), y 268 (parcial) del Código de Procedimiento
Civil, modificados por el decreto  2282 de 1989, artículo 1°, numerales 117 y
120. Declaró exequible las normas demandadas al considerar que:
“La exigencia del numeral 2 del artículo 254 es
razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228.
En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor
probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el
proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la
demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos”.
3.4.20.
En este orden de ideas, la
Sala Plena concluyó entonces que los jueces de instancia no incurrieron en
ninguna actuación arbitraria, toda vez que sus decisiones se dieron con
fundamento en las normas vigentes para la época (2009) y aplicables al caso
concreto:
“20.- Considera esta Sala que los fallos objeto de
cuestionamiento se profirieron de conformidad con las normas constitucionales,
declaradas exequibles mediante previo control de constitucionalidad por parte
de esta Corte[34],
y legales aplicables al caso concreto, y que se encontraban vigentes para la fecha
en que se tramitó el proceso contencioso, dentro del marco de la autonomía e
independencia judicial, con apoyo en las pruebas allegadas al proceso por el
peticionario, y de acuerdo con el procedimiento establecido para el trámite de
la acción de reparación directa. Lo anterior, permite inferir que no se
presentó una actuación arbitraria o abusiva de los jueces competentes en este
asunto.
21.- En este sentido, de manera reiterada, la Corte
Constitucional ha sostenido que cuando una decisión judicial se profiere de
conformidad con un determinado criterio jurídico, con una lógica y razonable
interpretación de las normas aplicables al caso, con la debida valoración del
material probatorio obrante en el expediente, no resulta admisible la
procedencia del amparo constitucional contra providencias judiciales toda vez
que ello supone una intromisión arbitraria del juez de tutela que afecta
gravemente la autonomía e independencia judicial, en la medida en que restringe
la competencia de los jueces para aplicar la ley y fijar su sentido y alcance
en un asunto determinado.[35]”.
3.4.21.
Por parte del máximo Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, la Sección Primera del Consejo de Estado en
sentencia de tutela con radicado 11001-03-15-000-2012-01462-00 (AC)[36],
amparó derechos fundamentales al considerar que se había presentado un “defecto
fáctico y un exceso ritual manifiesto”, por el no recaudo de pruebas, luego
de haber sido decretadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, omitiendo
el cumplimiento del artículo 37 del C. de P.C., que consagra entre los poderes
del juez, el de adoptar medidas conducentes en materia de pruebas “siempre
que lo considere conveniente para verifica r los hechos alegados por las partes
y evitar nulidades y providencias inhibitorias”.
3.4.22.
En suma, la jurisprudencia de
esta Corporación y del Consejo de Estado ha dicho que procede la protección de
derechos fundamentales afectados por una sentencia ejecutoriada cuando el
defecto fáctico resulta determinante para la decisión, pues el juez constitucional solamente está autorizado a dejar
sin efectos un fallo cuando se evidencia que el resultado judicial es contrario
a la Constitución, viola derechos fundamentales y cambia la verdad procesal.
3.5.
BREVE CARACTERIZACIÓN DEL
DEFECTO SUSTANTIVO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
3.5.1.
En varias oportunidades la
jurisprudencia ha recopilado las circunstancias en las cuales la Corte
Constitucional ha considerado que se presenta un defecto sustantivo. Un ejemplo
de ello es la sentencia T-949 de 2009[37],
en donde se manifiesta que, como causal específica de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, el defecto sustantivo se presenta:
“(i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento
una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha perdido su
vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente, d) ha sido declarada
contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional ‘no se adecúa a la situación fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador’ (ii) cuando pese a la
autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma, al caso
concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o ‘la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes’ o cuando en una
decisión judicial ‘se aplica una norma jurídica manifiestamente errada, sacando
del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial’, (iii) cuando no toma en cuenta sentencias que han definido
su alcance con efectos erga omnes, (iv) la disposición aplicada se muestra,
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento se utiliza ‘para un fin no previsto en la
disposición’, (vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no
sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso, (vii) cuando se desconoce la norma aplicable al caso
concreto”.
3.5.2.
Además de lo anterior, allí
mismo se indicó que existía un defecto sustantivo en providencias judiciales: “(vii)
con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte
derechos fundamentales; (viii) ‘cuando se desconoce el precedente judicial sin
ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión
diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia’; o (ix) ‘cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna
de las partes en el proceso”.
3.5.3.
En
este orden de ideas la Corte ha precisado que, pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para
determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e
integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de
las disposiciones de la Constitución o la ley. Por tal razón, la Corte recuerda
que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y
principios constitucionales de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, pro homine, entre otros. (Artículos 6°, 29, 228 y
230 de la Constitución Política)[38].
3.6.
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN
LOS PROCESOS JUDICIALES
3.6.1.
Los derechos de las
víctimas en el derecho internacional
La protección de los derechos de las víctimas se ha
reconocido a nivel internacional a través de múltiples convenciones y declaraciones
que han reconocido sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación:
3.6.1.1.  La Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó por consenso la "Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder"[39],
según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido"
y para ello es necesario que se permita "que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin
perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia
penal correspondiente".
3.6.1.2.  Los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana sobre derechos humanos, consagran el derecho de todas
las personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus
derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los derechos
de las víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte de la
protección judicial a la cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el
derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales. Por su especial
relevancia respecto de la decisión que debe adoptarse en este asunto, conviene
citarlo:
“Artículo 25.  Protección Judicial. 1.  Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2.    Los Estados partes se
comprometen:
a. )    a garantizar que la
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b.)  a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y
c.) a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso.
3.6.1.3.
El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos consagra obligaciones del Estado relativas
a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones de Derechos
Humanos encuentran un primer fundamento normativo explícito en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, el literal a) del
numeral 3º del artículo 2º de dicho Pacto, al respecto señala literalmente que “toda
persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales”[40].
Los recursos a que se refiere esta norma (i) estén a
disposición de toda persona, y sean adecuados para que aun los sujetos
especialmente vulnerables puedan acceder a ellos; (ii) sean efectivos para
reivindicar los derechos fundamentales amparados por el Pacto, y (iii)
garanticen que las denuncias por violaciones de derechos sean investigadas de
un modo rápido, detallado y efectivo por órganos independientes e imparciales.
Adicionalmente, la interpretación de la norma exige que haya una reparación
para las personas cuyos derechos amparados por el Pacto hayan sido violados,
reparación que implica “por lo general” la concesión de una
indemnización apropiada[41].
3.6.1.4.
La “Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”[42],
y la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura”[43]
garantizan a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, el
derecho a que su caso sea examinado imparcialmente. Así mismo, se comprometen a
investigar de oficio los casos de tortura de que tengan denuncia o razón
fundada para estimar que se han cometido, abriendo el respetivo proceso penal,
y a incorporar en las legislaciones nacionales normas que garanticen la
compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.[44]
3.6.1.5.
La “Convención
Interamericana sobre desaparición forzada de personas” consagra que los  Estados se comprometen a
no practicarla ni permitir que se practique, y a sancionar a los autores de
este delito, sus cómplices y encubridores. Así mismo a tomar medidas
legislativas para tipificar el delito, cuya acción penal no estará sujeta a
prescripción[45].
3.6.1.6.
La “Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio”[46]
señala que las personas acusadas de genocidio serán juzgadas por un tribunal
competente del Estado en el cual el delito fue cometido, o ante la Corte Penal
Internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes
que hayan reconocido su jurisdicción[47].
3.6.1.7.
El Estatuto de la Corte
Penal Internacional[48].
El Estatuto de Roma, mediante el cual
se crea la Corte Penal Internacional, constituye probablemente el mayor
instrumento internacional de protección a los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, el cual se aplica cuando uno de lo Estados
signatarios no tiene capacidad o disposición de administrar justicia respecto
de aquellos casos para los cuales fue establecido el referido Tribunal.[49]
3.6.1.8.
La Jurisprudencia
Interamericana relativa al Derecho a la Justicia, a la investigación y
conocimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no
repetición, establece una serie de derechos de las víctimas y correlativos
deberes en cabeza del Estado por la violación de los derechos humanos:
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 20 de enero de 1989[50]
señala una serie de obligaciones para los Estados: (i) la obligación de
prevención de dichos atentados, involucra la positiva adopción de medidas
jurídicas, políticas, administrativas y aun culturales, que aunque pueden ser
de variada naturaleza, deben dirigirse a impedir que tales hechos sucedan
aunque “no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho
haya sido violado”; (ii) la obligación de investigación manifiesta que
toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por
la Convención debe ser objeto de indagación, y que cuando se tolere que los
particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de tales
derechos humanos, dicha obligación queda sustancialmente incumplida.
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001[51]
se refirió a la inadmisibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones
de prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad,
respecto de graves atentados contra los derechos fundamentales reconocidos en
la Convención Americana de Derechos Humanos. Así mismo, sostuvo el derecho de
los familiares al conocimiento de la verdad respecto de las violaciones de
derechos humanos y el derecho a la reparación por los mismos atropellos
quedaban en entredicho con tal categoría de leyes y disposiciones.
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2003[52]
se refirió de manera especial al derecho de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos a un recurso judicial efectivo.  A este propósito recordó que
con anterioridad esa Corporación judicial había establecido que “(e)l
esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones
internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede
conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos
internos”[53].
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2004[54]
se refirió nuevamente la inadmisibilidad de las disposiciones de derecho
interno referentes a prescripción o cualquier otra circunstancia conducente a
impedir la investigación y sanción de los responsables de la violación de
derechos humanos, al deber del Estado de investigar oficiosamente los actos de
tortura y a impedir la repetición de las violaciones de esta clase de derechos
mediante la adopción de medidas para garantizar la investigación y sanción
efectiva. Además, definió la noción de impunidad.
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 15 de septiembre de 2005[55]
precisó el alcance del derecho de las víctimas de violaciones de derechos
humanos y de sus familiares a un recurso judicial efectivo, y el deber del
Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. De
manera especial señaló que los procesos de paz, como el que atraviesa Colombia,
no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones
establecidas en ella en materia de Derechos humanos.
-
La  Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 15 de junio de 2005[56]se
refirió a la responsabilidad estatal de reparar, se afirmó en esta ocasión que al
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la
responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma
internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer
cesar las consecuencias de la violación. En cuanto a las condiciones de la
reparación, señaló que en la medida de lo posible debía ser plena, es decir
debía consistir en el restablecimiento de la situación anterior a la violación;
si esto no fuera posible, se indicó que deben adoptarse otras medidas de
reparación, entre ellas el pago de una indemnización compensatoria; además,
señaló que la reparación implica el otorgamiento de garantías de no repetición.
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos 22 de noviembre de 2000[57]
se refirió de manera particular al derecho a la verdad, señalando que implica
que las víctimas conozcan lo que sucedió y quiénes fueron los responsables de
los hechos. Consideró que el conocimiento de la verdad forma parte del derecho
a la reparación. En caso de homicidio, la posibilidad de los familiares de la
víctima de conocer dónde se encuentran sus restos[58],
constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado
debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo.
3.6.1.9.
El “Conjunto de Principios
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad”, proclamados por la Comisión de Derechos Humanos ONU
en 1998, encuentra su principal antecedente histórico en el “Informe Final
del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la
protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”
señala que a las víctimas les asisten los siguientes derechos:
-
El derecho a saber, el cual no se trata solamente del derecho individual que toda
víctima o sus parientes a saber qué pasó, sino que también se trata de un
derecho colectivo que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las
violaciones se reproduzcan. En tal virtud se tiene, a cargo del Estado, el "deber
de la memoria" a fin de prevenir las deformaciones de la historia. [59]
-
El derecho a la justicia que
incluye a su vez los derechos a un recurso justo y eficaz y a la reparación. Este
derecho, dicen los Principios, implica tanto medidas individuales como medidas
generales y colectivas:
“a) Medidas de restitución (tendentes a que la víctima
pueda volver a la situación anterior a la violación);
b) Medidas de indemnización (perjuicio síquico y
moral, así como pérdida de una oportunidad, daños materiales, atentados a la
reputación y gastos de asistencia jurídica); y
c) Medidas de readaptación (atención médica que
comprenda la atención psicológica y psiquiátrica).”
-
La garantía de no repetición de
las violaciones,  Joinet, las mismas
causas producen los mismos efectos, por lo cual “tres medidas se imponen
para evitar que las víctimas no sean de nuevo confrontadas a violaciones que
puedan atentar contra su dignidad:
“a) Disolución de los grupos armados paramilitares: se
trata de una de las medidas más difíciles de aplicar porque, si no va
acompañada de medidas de reinserción, el remedio puede ser peor que la
enfermedad;
“b) Derogación de todas las leyes y jurisdicciones de
excepción y reconocimiento del carácter intangible y no derogable del recurso
de habeas corpus; y
“c) Destitución de los altos funcionarios implicados
en las violaciones graves que han sido cometidas. Se debe tratar de medidas
administrativas y no represivas con carácter preventivo y los funcionarios
pueden beneficiarse de garantías.”
3.6.2.
La
protección constitucional de los derechos de las víctimas
3.6.2.1.
Los derechos de las víctimas
se encuentran fundados en varios principios y preceptos: (i) En el
mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art.
93 CP); (ii) en la consagración constitucional directa de los derechos
de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las
autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el
goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la
protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv)  en el principio
de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se
haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de
Derecho que promueve la participación,  de donde deviene que la
intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse
exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera
preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia[60].
3.6.2.2.
De acuerdo a lo anterior, la
jurisprudencia constitucional colombiana ha efectuado un profuso y consistente
desarrollo de los derechos de las víctimas del delito, basándose para ello en
la propia normativa constitucional (Arts. 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250)[61]
y en los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Desde la
sentencia C-228 de 2002[62],
la Corte Constitucional estableció el alcance y la naturaleza compleja de los
derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho punible, decantando las
siguientes reglas que han sido reiteradas con posterioridad[63]:
(i)
La concepción amplia de los
derechos de las víctimas que no se restringe exclusivamente a una reparación
económica, sino que incluye garantías como los derechos a la verdad[64],
a la justicia[65]
y a la reparación integral de los daños sufridos[66].
(ii)
Los deberes correlativos de
las autoridades públicas para la protección de los derechos de las víctimas,
quienes deben orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus
derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible.
(iii)
La interdependencia y
autonomía de las garantías que integran los derechos de las víctimas de verdad,
justicia y reparación.
(iv)
La condición de víctima para
cuya acreditación se requiere que haya un daño real, concreto, y específico
cualquiera que sea la naturaleza de éste, que legitime la participación de la
víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la
justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada
caso.[67].
3.6.3.
Los derechos
constitucionales a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas
Esta Corporación ha reconocido los derechos de las
víctimas a la verdad a la justicia y a la reparación, los cuales tienen a su
vez una serie de consecuencias concretas que se señalarán a continuación[68]:
3.6.3.1.  El derecho a la verdad,
esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia
entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente
importante frente a graves violaciones de los derechos humanos.[69]
Este derecho comporta a su vez las garantías: (i) el derecho inalienable a la
verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber:
“El primero, comporta el derecho de cada pueblo a
conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias
que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el
conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su
patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de
recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente
de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan
entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la
verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en
caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la
víctima”.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha
determinado que  el  derecho  de acceder a la verdad, implica que las personas
tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La
dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que
es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al
respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima[70]”[71]
3.6.3.2.  El derecho a que se haga
justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad[72].
Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos
que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse
así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los
autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un
recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las
reglas del debido proceso.
3.6.3.3.  El derecho
a la reparación integral del daño que se le ha causado a través de una
compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la
víctima de un delito. [73]. Este derecho comprende  la adopción de medidas individuales
relativas al derecho de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su
dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como
la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los
derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las
violaciones ocurridas[74].
Este derecho tiene
un soporte constitucional no sólo en las disposiciones que contemplan las
funciones y competencias de la Fiscalía General de la Nación (arts. 250, 6º y
7º) en su redacción proveniente de las modificaciones introducidas mediante el
Acto Legislativo No. 3 de 2002, sino también en la dignidad humana y la
solidaridad como fundamentos del Estado Social del Derecho (art. 1º), en el fin
esencial del Estado de hacer efectivos los derechos y dar cumplimiento al deber
de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo (Preámbulo y art.
2°), en el mandato de protección de las personas que se encuentran en
circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13), en disposiciones contenidas en
los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad o que sirven como
criterio de interpretación de los derechos (art. 93)[75], en el derecho de
acceso a la justicia (art. 229) y, no hay por qué descartarlo, en el principio
general del derecho de daños según el cual el dolor con pan es menos (art.
230) [76].
En efecto, como lo ha dicho en múltiples
oportunidades esta Corporación[77],
el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas no sólo
tiene fundamento expreso en los artículos 1º, 2º y 250 de la Constitución, sino
también en varias normas del derecho internacional que hacen parte del bloque
de constitucionalidad y, por consiguiente, resultan vinculantes en nuestro
ordenamiento jurídico. Así, entonces, dijo la Corte, que la petición de
reparación del daño causado surge: i) del concepto mismo de dignidad humana que
busca reestablecer a las víctimas las condiciones anteriores al hecho ilícito
(artículo 1º superior), ii) del deber de las autoridades públicas de proteger
la vida, honra y bienes de los residentes y de garantizar la plena efectividad
de sus derechos (artículo 2º de la Carta), iii) del principio de participación
e intervención en las decisiones que los afectan (artículo 2º de la
Constitución), iv) de la consagración expresa del deber estatal de protección,
asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos de las
víctimas (artículo 250, numerales 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de acceso a
los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y
efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de
Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de
la Convención Americana de Derechos Humanos)[78].
3.6.3.4.
En todo caso, estos derechos
no solamente deben reconocerse al interior de procesos penales, sino también
ante otras jurisdicciones, tal como sucede con la contencioso administrativa,
en la cual las víctimas también podrán exigir su cumplimiento, tal como sucede
por ejemplo en los procesos de reparación directa.
4.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
4.1.
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS
4.1.1.
En el año1999, los ciudadanos
Aníbal Cañas Arias y Alba Álvarez de Cañas, mediante apoderado, formularon
demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca. La
razón de la demanda fue la muerte de su hijo Víctor Javier Cañas Álvarez,
quien, según señalan, fue hallado muerto el 7 de junio de 1995 por asfixia
mecánica en una celda dentro de las instalaciones de la SIJIN en Bogotá.
4.1.2.
En el curso del proceso, el
Tribunal solicitó al Fiscal 289, Seccional Delegado que remitiera copia auténtica
de las pruebas que conforman el proceso penal iniciado por la muerte del señor
Víctor Javier Cañas, de acuerdo con lo solicitado por los demandantes. En
respuesta remitida el 27 de abril de 1999, el Secretario de la Unidad de
Reacción Inmediata de Engativá, informo que le era imposible aportar la copia
solicitada porque esa fiscalía comenzó a funcionar en una fecha posterior a la
del hecho que se indaga y le sugirió al Tribunal dirigir la petición a la
Oficina de Asignaciones Seccional de Paloquemao.
4.1.3.
El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el dos (2) de noviembre de
mil novecientos noventa y nueve (1999) negando las pretensiones de la demanda
al considerar que de ninguna de las pruebas allegadas al proceso se puede
inferir, si quiera de manera sumaria, la responsabilidad de la Administración
por el hecho de sus agentes. Apelado el fallo, la Sección Tercera del Consejo
de Estado confirmó la decisión del a quo.
4.2.
ACTOS PROCESALES SURTIDOS
EN LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA INICIADO POR LOS ACCIONANTES EN CONTRA DE
LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL
4.2.1.
Primera Instancia –
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
4.2.1.1.
La demanda de reparación
directa fue interpuesta por los accionantes el 4 de abril de 1997, donde además
de narrar los hechos que sucedieron en  torno al fallecimiento de su hijo,
solicitan que se practiquen, entre otras, las siguientes pruebas[79]:
“B. PRUEBAS DOCUMENTALES A PEDIR.
(…)
3º. Ofíciese a la Fiscalía No. 289 Seccional Delegada,
con sede en Engativá, ubicado en el Barrio La Granja, Cra 78 No. 77ª-62, para
que se sirva remitir copias debidamente autenticadas de las pruebas que
conforman el proceso penal por homicidio, donde figura como occiso el Señor
VICTOR JAVIER CAÑAS ALVAREZ, registrada el 7 de Junio de 1995 en la Sala de
retenidos de la SIJIN de Santafé de Bogotá D.C.
4º.Ofíciese al señor Jefe de la SIJIN, ubicada en la
Cra 15 No. 6-20 de Santafé de Bogotá D.C., para que con fundamento en los
libros y demás documentos que se llevan en esas dependencias no sólo se sirva
remitir sino certificar lo que a continuación de le solicita:
a) Remita todas las constancias que aparezcan en los
libros acerca de la hora y el motivo de ingreso del Señor VICTOR JAVIER CAÑAS
ALVAREZ a esas instalaciones, para el 7 de Junio de 1995.
b) Remita todas las constancias que aparezcan en los
libros acerca de las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
c) Que se remita copia del proceso o investigación
disciplinaria  o administrativa que se haya adelantado con ocasión de su
fallecimiento.
(…)”
4.2.1.2.
Mediante auto proferido el 18
de abril de 1997, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda
y ordenó notificar de la misma a la parte demandada.
4.2.1.3.
El 31 de julio de 1997, una
vez recibido el escrito de contestación de la demanda, el Tribunal decretó la
práctica de las siguientes pruebas:
“1. Désele el valor que la ley les asigne a los
documentos acompañados con al demanda y el escrito visible a folio 44 del
expediente.
2. Por la Secretaría de la Sección, líbrense los
oficios solicitados en el acápite D de las pruebas (fls 41 a 43 C.1).
3. El Despacho limitará los testimonios, sin perjuicio
de que mas delante de considerarlo necesario se llame a declarar a los demás
testigos. En consecuencia, se señala el día 24 de septiembre de presente año a
las dos de la tarde (2:00 p.m.), para recibir las declaraciones de LUIS
NORBERTO SÁNCHEZ ARDILA, AMPARO URIBE FANDIÑO y WILLIAM SALAZAR VERGARA (fl. 44
del C.1)
4. No se decretará la Inspección Judicial solicitada,
con base en la facultad concedida al Juez en el artículo 244 del C.P.C., en
razón, a que esta es innecesaria en virtud de las otras pruebas que existen en
el proceso”
4.2.1.4.
Inconformes con esta decisión,
los demandantes interpusieron recurso de súplica, alegando que no debió
limitarse la prueba testimonial. El 30 de octubre de 1997, el Tribunal revocó
el contenido del numeral referido a los testimonios y ordenó la práctica de
cada uno de ellos.
4.2.1.5.
Para dar cumplimiento al auto
que decretó la práctica de pruebas, el Tribunal profirió varios oficios el 9 de
abril de 1999, entre ellos los siguientes:
-
Oficio No. 210. Solicita a la
SIJIN para que remita copia de todos los documentos relacionados con el ingreso
del fallecido a sus instalaciones.
-
Oficio No. 208. Solicita al Fiscal
289 Seccional Delegada que remita copias que conforman el proceso penal, donde
figura como occiso el señor VÍCTOR JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ.
4.2.1.6.
En respuesta a los anteriores
oficios, la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá – Sala de Retenidos
DIJIN, informó al Tribunal que “revisados los libros de Control de Retenidos
de ingreso y salida de personas que se llevaban en esta Seccional para la época
JUNIO/95, no se encontró registro alguno de ingreso en calidad de retenido del
señor VÍCTOR  JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ a estas instalaciones, en especial para el
día 07/06/95. En consecuencia, anexo fiel copia tomada del libro en mención a
Folio 20 y 21, donde obra el ingreso de las personas de acuerdo a la fecha
indicada.”
Por su lado, la Fiscalía General de la Nación,
Dirección Seccional de Fiscalía, en escrito del 28 de abril de 1999, informó
que “revisados los libros radicadores e índices que se llevan en ésta Unidad
de Fiscalía, se encontró que esta Sede, empezó a funcionar en esta Zona el día
tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1.996). // Razón ésta
que imposibilita su petición, la cual debe dirigirse ante la OFICINA DE
ASIGNACIONES SECCIONAL PALOQUEMAO”.
4.2.1.7.
El 22 de julio de 1999, el
Tribunal cerró el término probatorio y ordenó correr traslado a las partes por
el término común de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión.
4.2.1.8.
Entre tanto, el 13 de octubre
de 1999, los demandantes radicaron un escrito ante el Tribunal con el cual adjuntaron
copia del proceso penal y de la investigación disciplinaria, adelantados en
razón de la muerte del señor Víctor Javier Cañas Álvarez.
4.2.1.9.
Una vez presentados los
respectivos alegatos de conclusión por cada una de las partes, el Tribunal procedió
proferir sentencia de primera instancia el 14 de octubre de 1999. De acuerdo
con las pruebas recaudadas, dicha autoridad efectuó el análisis de la
responsabilidad del Estado, por lo que primero determinó si existió una falla o
falta en la prestación del servicio, ya fuera por omisión, retardo,
irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; que se haya presentado el
daño de un bien jurídicamente tutelado y, finalmente, que hubiera existido un
nexo causal entre el daño y las prestación del servicio a que la administración
está obligada. Teniendo en cuenta estos elementos, concluyó:
“Para la Sala el primer elemento no se encuentra
configurado, toda vez que no se demostró la falla en la prestación del
servicio.
En efecto, se afirma en la demanda que la captura y
posterior muerte de Víctor Javier Cañas Álvarez fue llevada a cabo por miembros
de la Sijin quienes sin dar explicación alguna procedieron a su captura, que
posteriormente se informó de la muerte del joven Cañas Álvarez, dentro de los
calabozos de la Sijin. A pesar de la acusación, esta se quedó en la simple
afirmación, pues no se allegó prueba alguna de la cual se pueda inferir que los
captores fueran pertenecientes a la Policía Nacional.
Contrario a lo afirmado por los demandantes se allega
prueba por parte de la Sala de retenidos de la Sijin, de la cual se establece
que para el mes de los hechos, no se registro (sic) entrada alguna con el nombre de Víctor Javier
Cañas Álvarez, igualmente informan que durante los últimos cinco años no se ha
reportado muerte violenta ni natural, dentro de sus instalaciones.
Es así como la escasa prueba recaudada en este proceso
de ninguna de ellas se pueda inferir siquiera sumariamente o como indicio, la
responsabilidad de la administración por el hecho de sus agentes, toda vez que
no se pudo establecer el hecho de la retención o por lo menos la identidad de
las personas que llevaron a cabo la captura. Es más, no existe prueba alguna
que permita inferir que la muerte se produjo dentro de las instalaciones de la
Policía Nacional – Sijin (sic).
No estando demostrado que el hecho endilgado fuera
provocado por miembros de la fuerza pública como tampoco que Víctor Javier
Cañas Álvarez. Hubiera (sic) sido
muerto en manos de la Policía, se impone para la Sala la no prosperidad de las
pretensiones”.
4.2.1.10.
Por estar en desacuerdo con el
fallo, los accionantes interpusieron recurso de apelación, el cual fue
concedido.
4.2.1.11.
Previo a desatar el recurso de
apelación, la Procuraduría V Delegada ante el Consejo de Estado, rindió
concepto solicitando REVOCAR la sentencia de primera instancia y atender las
súplicas de la demanda, teniendo en cuenta la prueba documental aportada por el
apoderado de los demandantes, en la que se encontraban incorporados al
protocolo de necropsia y el registro civil de defunción, documentos en los que
consta que la víctima murió en la sala de retenidos de la DIJÍN. Solicitó
además, correr traslado de la prueba documental a la parte demandada.
4.2.1.12.
Posteriormente, en segunda
instancia, la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia del 14
de abril de 2010, confirmando el fallo del  a quo con fundamento en los
siguientes argumentos:
“De conformidad con lo anterior, encuentra la Sala acreditado
el daño padecido por los demandantes, consistente en la muerte por asfixia
mecánica del señor Víctor Javier Cañas Álvarez el 7 de junio de 1995 en la
ciudad de Bogotá D.C.; así mismo, se demostró que tal deceso produjo en sus
padres, los señores Aníbal Cañas Arias y Alba Álvarez Mesa y en su hermano, el
señor Jorge Aníbal Cañas Álvarez, una profunda aflicción, dado que los cuatro
conformaban una unida y amorosa familia.
No obstante lo anterior, considera la Sala que no es
posible atribuirle el anotado daño a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, toda vez que el escasísimo material probatorio allegado
oportuna y válidamente al expediente, no da cuenta de la existencia de un nexo
de causalidad entre el daño sufrido por la parte actora y una conducta –activa
u omisiva- desplegada por la parte demandada.
En efecto, en la demanda se alegó que la muerte del
señor Víctor Javier Cañas Álvarez habría ocurrido en las instalaciones de la
Sala de Retenidos de la SIJIN de la ciudad de Bogotá D.C., en donde aquel se
encontraba en calidad de detenido por parte de la Policía Nacional, por lo
cual, sería dicha entidad pública la llamada a responder por los perjuicios que
su deceso habría causado a sus parientes cercanos; sin embargo, tal afirmación
no fue acreditada al interior del expediente por quien tenía dicha
responsabilidad procesal -artículo 177 del Código de Procedimiento Civil- toda
vez que, el único documento que podría haberle arrojado a la Sala el
conocimiento acerca de las circunstancias en las cuales se produjo el
fallecimiento del señor Cañas Álvarez, esto es la copia de la investigación
penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, fue allegada al
expediente en copia simple y por fuera de la oportunidad legal pertinente, lo
cual imposibilita su valoración (…)”.
Luego de exponer estas razones, la Sección Tercera del
Consejo de Estado las justifica como se expone a continuación:
“(…) para la Sala es claro que la parte actora no fue
diligente en cumplir con la carga probatoria que le impone el artículo 177 del
Código de Procedimiento Civil, según el cual  ‘Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen’, puesto que, si bien en la demanda solicitó que se decretara el
traslado de las pruebas recaudadas al interior de la investigación penal
adelantada con ocasión de la muerte del señor Víctor Javier Cañas Álvarez, lo
cierto es que con posterioridad a dicha oportunidad se desatendió por completo
el mencionado deber, tanto así que guardó completo silencio una vez el a quo
declaró cerrado el debate probatorio y concedió a las partes el término de 10
días para alegar de conclusión –dicha decisión no fue objeto de recurso alguno
y el escrito de alegatos de conclusión fue allegado de forma extemporánea-, lo
cual implica que fue aquiesciente el estado del material probatorio recaudado
hasta este momento.
Tanto así, que en la oportunidad procesal pertinente
en segunda instancia –en la sustentación del recurso de apelación y a más
tardar dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso,
artículo 212 Código Contencioso Administrativo- la parte actora no solicitó la
práctica de prueba alguna que cumpliera con los requisitos del artículo 214 del
Código Contencioso Administrativo, lo cual implica que se mostró conforme a la
realidad probatoria del proceso por ella promovido, motivo por el cual, en esta
oportunidad, cuando la Sala observa la ausencia de elementos que acrediten la
existencia de un nexo causal entre el daño padecido por los actores y una
conducta de la Administración, no puede desatender las reglas procesales en
materia probatoria y valorar un documento que se encuentra en copia simple
–artículo 252 Código de Procedimiento Civil- y que no fue allegado de manera
oportuna –artículo 209 Código Contencioso Administrativo-”.
4.3.
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA PROFERIDA POR LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO.
4.3.1.
De acuerdo con las
consideraciones, en el asunto sometido a revisión, la acción de tutela resulta
procedente por los siguientes motivos:
(i)   La cuestión que se discute resulta de evidente
relevancia constitucional. En efecto, se trata de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de
justicia, generada, según los accionantes, por el hecho de haberse omitido el
deber de decretar pruebas de oficio que resultaban de vital importancia para
que se pudiera decidir de fondo.
(ii)  Se agotaron todos los medios de defensa judicial.
Antes de acudir a la acción de tutela, los accionantes interpusieron recurso de
apelación contra la demanda de primera instancia y al haberse dictado sentencia
por el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre, para la Sala se han
agotado todo los recursos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.
(iii) Se cumple el requisito de inmediatez. La
sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado es del 14 de
abril de 2010 y la acción de tutela fue interpuesta el 15 de junio de 2010,
tiempo razonable para considerar que no se incumplió con dicho requisito.
(iv) La identificación, en forma
razonable, de los hechos que generaron la violación y que ésta haya sido
alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible. Mediante la acción de tutela los accionantes señalaron
que la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico,
procedimental y sustantivo, al no valorar las pruebas allegadas en copia simple
o por lo menos haber cumplido el trámite de correr traslado de las mismas a la
parte demandada; al considerar que no podría dar valor probatorio a un
documento público sin autenticar y, finalmente, por no dar aplicación al art.
169 del C.C.A sobre el poder oficioso de decretar pruebas.
Las anteriores afirmaciones fueron alegadas por los
accionantes en el escrito de apelación[80],
donde solicitaron que se revocara la sentencia de primera instancia en atención
a la existencia de pruebas que demostraban que la muerte del señor Víctor
Javier Cañas Álvarez había ocurrido al interior de las instalaciones de la
SIJIN.
(v)
El fallo controvertido no debe
ser una sentencia de tutela. Las
providencias judiciales que según los accionantes vulneraron sus derechos
fundamentales, fueron proferidas en el curso de una demanda de reparación
directa, por tanto, se cumple con tal requisito.
4.4.
ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS
ALEGADOS POR LOS ACCIONANTES
Dado que el apoderado de los accionantes señaló que el
Consejo de Estado pudo haber incurrido en un defecto fáctico, procedimental y
sustantivo, la Sala se centrará en analizar estos tres, sin perjuicio de que en
dicho ejercicio se advierta que existe algún otro que no haya sido identificado
en el escrito de tutela.
4.4.1.
El defecto fáctico
Los accionantes señalan que la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera, incurrió en un defecto fáctico por considerar que
no se valoró la prueba trasladada, la cual era necesaria y determinante para
verificar los hechos alegados en la demanda de reparación directa. No obstante
la acción de tutela está dirigida contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
por ser esta la última autoridad judicial que conoció del proceso de reparación
directa, la Sala encuentra que para un mejor análisis de los posibles defectos
que pudieron haberse presentado en el proceso, es necesario iniciar haciendo
referencia a las actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
autoridad judicial ante la cual se surtió la mayor actividad probatoria.
Así pues, partiendo de los hechos concisamente
descritos, la Sala considera que es preciso fragmentar el problema jurídico en
dos preguntas esenciales:
(i)      La primera: ¿Vulnera los derechos fundamentales al
debido proceso y  al acceso a la administración de justicia, el hecho de que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya dejado de valorar las copias
simples del proceso penal allegadas por los accionantes de manera
extemporánea?;
(ii)     la segunda, busca establecer lo siguiente: ¿Vulnera
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de los accionantes, el hecho de que el Tribunal haya dejado de
practicar la prueba referida al proceso penal iniciado con ocasión de la muerte
de Víctor Javier Cañas?
En este orden de ideas, pasa la Corte a resolver ambos
interrogantes:
4.4.1.1.
Defecto fáctico por no
valoración del material probatorio allegado en copia simple de manera
extemporánea
4.4.1.1.1 Partiendo de los hechos descritos, la Sala observa
que los accionantes solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
oficiara a la Fiscalía General de la Nación para que ésta allegara el
expediente penal donde se investigó la muerte de su hijo, Víctor Javier Cañas,
pero dicha prueba nunca llegó. Sin embargo, por sus propios medios lograron
conseguir el aludido documento, aunque el mismo no fue tenido en cuenta por el
fallador dado que (i) se adjuntaron en copia simple y (ii) por
fuera del término probatorio. Para ellos, esta situación también constituyó un
defecto, dado que se omitió dar valor probatorio a estos documentos. A partir
de esta premisa, la Sala debe resolver si: ¿Vulnera los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, el hecho de que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya dejado de valorar las copias
simples del proceso penal allegadas por los accionantes de manera extemporánea?
4.4.1.1.2. De acuerdo con la SU-226 de 2013[81],
en asuntos contencioso administrativos, cuando se alleguen documentos públicos
que pretendan hacerse valer como pruebas por las partes, resulta razonable que
el juez de instancia requiera su certificación en original, para efectos de que
pueda otorgarles el valor probatorio que estos ameritan.
4.4.1.1.3. Tal criterio, acogido por la Sala Plena de esta
Corporación, permite inferir que en el caso concreto, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca obró de manera razonada al señalar que no podía
otorgarle ningún valor probatorio a las pruebas allegas por los demandantes,
las cuales, como bien se señaló, consistían en la copia simple del proceso
penal adelantado en razón de la muerte del joven Víctor Javier Cañas. Por
tanto, en esta oportunidad la Sala no encuentra que la sentencia proferida por
dicha autoridad judicial haya incurrido en un defecto fáctico por la no
valoración de estos documentos, tal como lo alegan los tutelantes.
4.4.1.1.4. Resulta pertinente recordar lo que la citada
sentencia de unificación indicó al expresar que “cuando una decisión
judicial se profiere de conformidad con un determinado criterio jurídico, con
una lógica y razonable interpretación de las normas aplicables al caso, con la
debida valoración del material probatorio obrante en el expediente, no resulta
admisible la procedencia del amparo constitucional contra providencias
judiciales toda vez que ello supone una intromisión arbitraria del juez de
tutela que afecta gravemente la autonomía e independencia judicial, en la
medida en que restringe la competencia de los jueces para aplicar la ley y
fijar su sentido y alcance en un asunto determinado”.
4.4.1.1.5. No obstante haber llegado a esta conclusión, la Sala
considera que el criterio jurisprudencial unificado debe adoptarse de manera
razonable y observando las circunstancias que rodean al caso concreto. Por
ejemplo, en el asunto que ahora se revisa, si bien el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca no podía dar ningún valor probatorio a las copias simples
allegadas por la parte demandante, el sólo hecho de haber conocido de la
existencia de las mismas, era indicio suficiente para determinar su existencia
y, por ende, para hacer uso de los poderes oficiosos que el legislador le ha
otorgado para requerir nuevamente a la institución que las tenía en su poder,
para que las enviara.
4.4.1.1.6. Por otro lado, resulta pertinente tener  en cuenta la
Sentencia de Unificación expedida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 28 de agosto de 2013[82],
mediante la cual dicha Corporación adoptó una tesis distinta a la que venía
sosteniendo respecto de la valoración de pruebas allegadas en copias simples.
En concreto, el Alto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo indicó lo siguiente:
“En el caso sub examine, las partes
demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada
por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal
que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna
de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.
Por lo tanto, la Sala en aras de
respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad
procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del
proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su
veracidad por las entidades demandadas.
El anterior paradigma, como se
señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010,  1437 de 2011, y 1564 de 2012,
lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar
el modelo que ha imperado desde la expedición de los  Decretos leyes 1400 y
2019 de 1970.
En otros términos, a la luz de la
Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos
en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación,
implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo
a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.)”.
En esa medida, concluyó que invocar como justificación
para negar las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una
excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentre
en copia simple, desconoce de manera abierta los principios de confianza y
buena fe.
4.4.1.1.7. Vista la tesis central del Consejo de Estado respecto
a la valoración de copias simples en los procesos contencioso administrativos,
resulta necesario señalar por qué la regla allí sostenida no es aplicable al
caso que ahora revisa la Corte Constitucional.
4.4.1.1.8. En primer lugar, debe partirse de la base que la
posición del Consejo de Estado admite la valoración de copias simples cuando
las mismas han sido parte del proceso desde su inicio y no han sido tachas de
falsas, esto es, no fueron objeto de controversia por la parte contra quien se
aducen.
Frente al caso que revisa la Sala, resulta forzoso
aplicar esta hipótesis, dado que, como se observó, el expediente penal fue
allegado en copia simple por la parte demandante una vez venció el término
probatorio y un día antes proferirse sentencia de primera instancia por parte
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4.4.1.1.9. En segundo lugar, de llegarse a admitir la prueba
documental allegada de forma extemporánea, se estaría vulnerando el derecho de
defensa que le asiste a la parte demandada, pues la misma no podría
controvertirla ni pronunciarse sobre esta.
4.4.1.1.10. Por estas razones, la Sala considera que en esta
oportunidad no puede darse aplicación a tal criterio y, por tanto, conserva la
posición que previamente había adoptado esta Corporación mediante la SU-226 de
2013.
4.4.1.2.
Defecto fáctico por no
practicar una prueba que había sido decretada previamente
4.4.1.2.1. Frente a lo ocurrido procesal y sustancialmente en el
trámite de la demanda de reparación directa ante la jurisdicción contencioso
administrativa, la Sala concluye, en este segundo aspecto, que sí existe un
defecto fáctico en la variable que la jurisprudencia ha denominado por
omisión en el decreto y práctica de pruebas.
4.4.1.2.2. Si bien la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que el decreto, práctica y valoración de los elementos probatorios hacen parte
de la independencia y autonomía de los jueces, también ha encontrado que tan
amplias atribuciones tienen un límite.
4.4.1.2.3. Ha dicho esta Corporación que en el hipotético caso
en que una autoridad judicial haya dejado de practicar una prueba que
previamente había sido decretada, sólo puede deberse a que “ellas [las
pruebas] no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del
proceso o que estén legalmente prohibidas o sean  ineficaces o versen sobre
hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente
superfluas”[83].
4.4.1.2.4. En este sentido, la jurisprudencia ha recalcado que
la práctica de pruebas constituye una de las principales actuaciones en la
conducción del proceso, dada su capital importancia como parte de los elementos
observados por el fallador para formar el convencimiento sobre los hechos
sometidos a su juicio. En palabras de esta Corporación:
“La prueba, examinada por el juez en todos sus
aspectos, escudriñada en cuanto a su validez e idoneidad, comparada y medida en
su valor frente a las demás que obran en el plenario, sopesada en cuanto a su
relación con los hechos materia de litigio y con las normas generales y
abstractas que corresponde aplicar en el caso, complementada con aquellas
adicionales que el juez estime necesarias para llegar a una auténtica
convicción sobre la verdad y, en fin, evaluada, analizada y criticada a la luz
del Derecho y con miras a la realización de la justicia, es elemento esencial
de la sentencia, supuesto esencial de las conclusiones en ella consignadas y
base imprescindible para reconocer en el fallo la objetividad y la
imparcialidad de quien lo profiere”[84] .
Así pues, la jurisprudencia constitucional ha
concluido que la omisión en el análisis probatorio o la ausencia total del
mismo, constituyen un defecto fáctico, pues “vulneran de manera ostensible
el debido proceso”[85].
4.4.1.2.5. En el caso particular, la Sala encuentra que, en
primera instancia, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ofició a
la “Fiscalía No. 289 Seccional Delegada” para que remitiera copia del
expediente penal adelantado con ocasión de la muerte, no fue posible obtenerlo
dado que no se encontraba allí. Sin embargo, el apoderado de la parte actora lo
aportó en copia simple previo a la expedición de la sentencia.
4.4.1.2.6. Al respecto, la Sala no observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca haya justificado el hecho de haber desechado o
prescindido de una prueba tan determinante como el expediente penal atrás
aludido. Contrario a ello, la actitud esperada, en respeto del derecho
fundamental al debido proceso y a la verdad de los demandantes, era la de
proceder a requerir o solicitar nuevamente tales documentos a la Fiscalía
General de la Nación, haciendo uso de las facultades procesales otorgadas por
el legislador.
4.4.1.2.7. En este sentido, la Corte encuentra censurable que el
Tribunal, luego de que la Fiscalía General de la Nación le informara que el
expediente penal no se encontraba allí y le sugiriera remitir la solicitud a la
Oficina de Asignaciones Judiciales, no lo haya hecho, teniendo en cuenta que
este oficio fue recibido el 28 de abril de 1999 y, sólo hasta el 22 de julio
del mismo año, cerró la etapa probatoria, lapso que la Sala considera más que
suficiente para lograr la práctica de una prueba documental como la señalada.
4.4.1.2.8. Ahora bien, en cierta medida puede pensarse que de
acuerdo al principio de autonomía judicial, la decisión de decretar y no
practicar una prueba de oficio obedeció a un juicio razonable, según el cual,
no era necesaria para resolver de fondo el asunto. No obstante, frente a tal
supuesto, se precisa que dicha prueba era determinante y fundamental para que
el asunto fuera resuelto en un sentido diferente al que aconteció, pues como se
demostrará era conducente para establecer la verdad sobre los hechos:
4.4.1.2.9. En razón del auto proferido el 13 de diciembre de
2011, la Corte tuvo la oportunidad de conocer, en copia auténtica, el
expediente abierto por la Fiscalía General de la Nación para determinar las
circunstancias de la muerte del señor Víctor Javier Cañas Álvarez. Dentro del
mismo, se encuentra el acta de la diligencia de inspección de cadáver elaborada
por la “Fiscalía General de la Nación, Unidad de Reacción Inmediata,
Fiscalía 289 Delegada”, en donde se lee:
“ZONA DONDE OCURRIERON LOS HECHOS: 15
En santa fé de Bogotá D.C., siendo las 02:30 horas, de
hoy ocho (8) de Junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), el Suscrito
Fiscal 289 Seccional en asocio del laboratorio móvil de DAS, y de su auxiliar
se trasladó a La Sala de Retenidos de la DIJIN con el fin de practicar
diligencia de Inspección de cadáver, estableciendo que corresponde a la
siguiente información (sic):
Nombre del occiso: VÍCTOR JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC. No. 10.021.645 de Pereira
(Risaralda)
OCUPACIÓN: Se desconoce
EDAD: 20 años
RESIDENCIA: Se desconoce
Lugar del hecho: Celda No. 12 Sección B de la Sala de
Retenidos de la DIJIN”[86].
De igual manera, en el protocolo de necropsia y en el
registro civil de defunción, consta que los hechos ocurrieron en la sala de
detenidos de la DIJÍN.
4.4.1.2.10. Vista la trascripción, la Corte constata que esta
prueba era absolutamente conducente para determinar el grado de responsabilidad
endilgado al Estado por parte de los accionantes, pues según la demanda de
reparación, la reclamación surgió a raíz de que el cadáver de su hijo fue
encontrado al interior de las instalaciones de la DIJIN. Así pues, este tipo de
documento aclararía las posibles dudas que se generaran entorno al suceso,
ayudando a la administración de justicia a alcanzar un mayor ámbito de
protección de los derechos fundamentales de quienes acuden a ella, más aún
cuando se trata de garantizar el derecho a la verdad.
4.4.1.2.11. Además de lo anterior, la Sala no encuentra que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya argumentado, siquiera de manera
sumaria, las razones por las cuales la prueba referida al expediente penal atrás
aludido no era necesaria para resolver el caso de fondo, o que no era
conducente para esclarecer la verdad sobre los hechos, o que era abiertamente
ilegal, siendo éstas las únicas razones que la jurisprudencia ha señalado como
válidas para que una autoridad judicial deje de practicar una prueba que
previamente fue decretada.
Por todo lo anterior, la Sala considera que en
garantía de los derechos que tienen las víctimas en todo proceso judicial a
conocer la verdad de los hechos y, según el caso, a la respectiva reparación,
era pertinente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca requiriera
nuevamente a la Fiscalía General de la Nación para que le remitiera copia
auténtica del expediente penal.
4.4.1.2.12. En este orden de ideas,
desde la órbita constitucional vigente, la decisión del juez de instancia del
proceso de reparación directa configura un defecto fáctico por desconocer las
garantías del debido proceso y la administración de justicia de los
accionantes, sometiéndolos a la imposibilidad de conocer la verdad jurídica y
material acerca de los hechos que rodearon la muerte de su hijo.
4.4.1.2.13. Ahora bien, como se dijo líneas atrás, la Sala aclara
que, no obstante la acción de tutela va dirigida contra la sentencia proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia dentro del
proceso de reparación directa ya citado, encuentra que el defecto fáctico se
originó en la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por lo que, es a dicha autoridad que la Sala considera atribuible
el defecto fáctico alegado y, por tanto, la vulneración de los derechos
fundamentales a la verdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de Alba Álvarez de Cañas y Aníbal Cañas Arias.
4.4.1.2.14. Finalmente, la Sala recuerda que en los
procedimientos que se adelanten ante cualquier jurisdicción, debe primar la
garantía de los derechos constitucionales de los asociados. La función judicial
así planteada, busca entonces que el operador jurídico no se limite únicamente
a aplicar normas procedimentales de manera rígida, sino que, a través de las
distintas facultades y poderes otorgados por el ordenamiento jurídico, su
actuar esté orientado al cumplimiento de los principios fundamentales del
Estado Social de Derecho, a la búsqueda de la verdad y al respeto y garantía de
los derechos de las personas.
4.4.2.
El defecto sustantivo
4.4.2.1.
La Sala estima que en esta
oportunidad, la ocurrencia del defecto sustantivo se encuentra estrechamente
relacionada con el defecto fáctico previamente analizado, pues precisamente al
no practicar la prueba referida al expediente penal en manos de la Fiscalía General
de la Nación, con  el fin de esclarecer los hechos objeto de debate, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca pretermitió dar aplicación al artículo
37 del C. de P.C., siendo una norma totalmente aplicable en el asunto objeto de
litigio, pues señala que, en materia probatoria, es deber del juez usar todos
las facultades conferidas por la ley para verificar los hechos alegados por las
partes. En consecuencia, la Sala no considera necesario entrar a profundizar en
el análisis de este defecto ni del procedimental, dado que con uno sólo se ha
demostrado la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.
4.5.
CONCLUSIONES
4.5.1. En esta oportunidad, la Sala Plena de la Corte
Constitucional determinó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en un defecto fáctico por no practicar una prueba que era conducente
para verificar los supuestos fácticos en que se basó la demanda de reparación
directa interpuesta por los accionantes en contra de la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional.
4.5.2. En el mencionado proceso administrativo, la prueba a
que tanto se ha hecho alusión, había sido solicitada en la demanda y,
posteriormente, fue decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
No obstante, esta autoridad falló sin haber practicado la prueba documental,
que consistía en el expediente penal donde la Fiscalía General de la Nación
investigó la muerte del joven Víctor Javier Cañas, hijo de los accionantes.
4.5.3. Bajo el escenario anterior, la Sala encontró, con fundamento
en la jurisprudencia constitucional sobre el defecto fáctico como causal
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había incurrido en
esta falta por no practicar dicha prueba. En esa medida, teniendo en cuenta que
esta Corporación tuvo conocimiento de la copia auténtica del expediente penal
atrás señalado, se pudo demostrar que dicha prueba era determinante para que
pudiera producirse una sentencia con arreglo a los principios constitucionales.
4.5.4. Así pues, se consideró que la actitud del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al omitir la práctica de dicha prueba, no fue
acorde con la garantía de los derechos que tienen los accionantes al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, en relación con el derecho
que les asiste a conocer la verdad sobre lo sucedido con su hijo fallecido y,
si es el caso, a la respectiva reparación.
4.6.
MEDIDAS A ADOPTAR
4.6.1.
De acuerdo con las
consideraciones precedentes, la Sala llegó a la conclusión que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el  2 de noviembre
de 1999, incurrió en un defecto fáctico por omitir practicar pruebas que eran
relevantes y determinantes en la solución del litigio.
4.6.2.
Como resultado de todo lo
anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en segunda instancia, dentro de la acción de
tutela interpuesta por los ciudadanos Aníbal Cañas Arias y Alba Álvarez de
Cañas contra la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, concederá
el amparo por ellos invocado.
4.6.3.
Así pues, para garantizar los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso de los accionantes, así como también el derecho a la verdad, la
justicia y la reparación, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin
efectos las sentencias judiciales proferidas con ocasión de la demanda de
reparación directa interpuesta por ellos, tanto en primera como en segunda
instancia. En consecuencia, ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que profiera un nuevo fallo, para lo cual, previamente, primero deberá
solicitar a la Fiscalía General de la Nación que le remita copia auténtica del
expediente contentivo de la acción penal iniciada en razón al fallecimiento del
señor Víctor Javier Cañas Álvarez, y luego correrá traslado del mismo a la
parte demandada. Una vez cumplido este procedimiento, procederá a emitir sentencia
de fondo, valorando dicho elemento probatorio.
4.6.4.
Por otro lado, dado que el
señor Aníbal Cañas y la señora Alba Álvarez de Cañas, cuentan con 87 y 74 años
de edad respectivamente, la Sala encuentra pertinente enviar copia de la
presente sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del
Pueblo para que acompañen el cumplimiento de la misma, en aras de garantizar
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no exceda el término que le
fijará esta Corporación para proferir un nuevo fallo. Asimismo, remitirá otra
copia a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las gestiones
pertinentes en la remisión de las copias auténticas del expediente penal que el
Tribunal Administrativo le requerirá para que pueda ser valorada dentro de la
demanda de reparación directa.
4.6.5.
Finalmente, por el mismo hecho
de la avanzada edad de los accionantes, la Sala solicitará al Consejo de
Estado, Sección Tercera, que en caso de llegarse a presentar impugnación del
nuevo fallo que profiera el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, priorice
el reparto y sustanciación del asunto.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de términos
decretada en el proceso de la referencia.
SEGUNDO.-
REVOCAR el fallo de tutela proferido
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 20 de enero de 2011. En su
lugar, CONCEDER los derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación de los
ciudadanos Aníbal Cañas Arias y Alba Álvarez de Cañas.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencias proferidas por
la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 14 de abril de 2010 y el 2 de noviembre de 1999, respectivamente,
dentro de la demanda de reparación directa iniciada por los ciudadanos
Aníbal Cañas Arias y Alba Álvarez de Cañas en contra de la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional.
CUARTO.-
ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, en uso de la facultad conferida por el artículo 169 del
C.C.A.[87],
profiera un auto ordenando a la Fiscalía General de la Nación que le remita
copia auténtica del expediente contentivo de la acción penal iniciada en razón
al fallecimiento del señor Víctor Javier Cañas Álvarez.
QUINTO.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, una vez allegada la prueba decretada en el ordinal anterior,
corra traslado de la misma a la parte demandada y, vencido el término legal,
profiera una nueva sentencia valorando el material probatorio allegado por la
Fiscalía. Para el cumplimento del
fallo de tutela, se concede el término previsto para dictar sentencia en el
artículo 124 del Código de Procedimiento Civil[88], en concordancia con el
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo[89], contado a partir
de la notificación de la presente sentencia al mencionado Tribunal.
SEXTO.- REMITIR copia de la presente providencia a la
Fiscalía General de la Nación para que adelante las gestiones administrativas
tendientes a enviar, en el menor tiempo posible, la copia auténtica del
expediente contentivo de la investigación penal iniciada con ocasión de la
muerte del ciudadano Víctor Javier Cañas Álvarez, una vez lo solicite el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SÉPTIMO.- COMUNICAR la presente providencia a
la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que
velen por su efectivo cumplimiento.
OCTAVO.-
EXHORTAR al Consejo de Estado,
Sección Tercera a que, en caso de que se llegare a apelar la nueva sentencia
que profiera el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme lo señalado
en la presente providencia, priorice el reparto y sustanciación del asunto de
la referencia, a efectos de que se resuelva en el menor tiempo posible.
NOVENO.- Por
Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
Con aclaración de voto
NILSON PINILLA PINILLA
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
Con aclaración de voto
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA SU915/13
Referencia: expediente T-3181396
Acción de tutela presentada por el señor Aníbal Cañas
Arias y otros contra la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Magistrado ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.
Habiendo votado positivamente y firmado el proyecto
presentado en este caso por el Magistrado sustanciador, estimo necesario
consignar por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de mi voto en
el presente asunto.
Si bien participo de la resolución adoptada, por
cuanto comparto la percepción de que en este caso el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca debió practicar una prueba que era conducente para verificar los
supuestos fácticos en que se basó la demanda de reparación directa interpuesta
por los accionantes, debo aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al
enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y en relación con
algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más
amplitud frente a otras decisiones[90],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en las argumentaciones relacionadas con la
sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyos
planteamientos discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha sentencia radica en el hecho
de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, y que
aquí son traídas a colación en las consideraciones (páginas 10 a 23), abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la acción de
tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más)
nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido
por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una
(o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo
proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito de protección
subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991,
que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación
con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea
jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones que se
dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en
realidad ese pronunciamiento[91],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se
consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no
puede ser quebrantada, que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra
la seguridad jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como
el “principio democrático de la autonomía funcional del juez”, “la
independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de
justicia” y “la función garantizadora del Derecho” que cumple el
proceso, y en consecuencia se declaró inexequible la preceptiva que
reglamentaba tal posibilidad, en la C-590 de 2005 se presenta un amplio listado
de situaciones, creyéndose que de inferirse la materialización de alguna de ellas,
en opinión de quien realiza el control tutelar, de por sí le está permitido
remover o dejar sin efecto la decisión judicial, cual si aplicara un recurso
ordinario más, con lo cual se ha desquiciado gravemente su carácter
excepcionalísimo y, en la práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es
también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión adoptada con mi
acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con alcances de tal
índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
A
LA SENTENCIA SU915/13
DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIAS AUTENTICAS-Jurisprudencia constitucional/VALOR PROBATORIO DE
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y LAS COPIAS SIMPLES-Tendrán el mismo valor
probatorio, según ley 1395 de 2010, art. 11 (Aclaración de voto)
VALORACION
PROBATORIA EN ASUNTOS DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Copias deben ser auténticas (Aclaración
de voto)
IDONEIDAD Y EFICACIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Debió
decantarse con suficiencia lo referente a la idoneidad de los mecanismos
ordinarios y extraordinarios para proteger los derechos fundamentales (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente
T-3.181.396. Acción de tutela presentada por Aníbal Cañas Arias en contra de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
Magistrado
ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Mi
aclaración de voto en este asunto se limita a señalar, de manera sucinta, que
ciertamente comparto la decisión de mayoría en lo concerniente a conceder la
protección de los derechos fundamentales de los actores con base en las muy
sustentadas razones que al efecto se tuvieron en cuenta, sin embargo, he
considerado importante destacar que, en gran medida, la decisión tutelada, en
cuanto dejó de valorar determinadas evidencias documentales alusivas a aspectos
trascendentales del debate, en razón de carecer de autenticidad, tiene sólido
sustento en lo que esta misma Corte, en diversas oportunidades, de tiempo
atrás, ha señalado al respecto.
En
efecto sobre el punto esta Corporación concluyó en sentencia C-023 de 1998 lo
que, en lo pertinente, seguidamente se transcribe:
"En
las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces,
"prevalecerá el derecho sustancial". Lo cual significa esto, y
solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas
procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los
derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2 del
artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como
tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle
"el mismo valor probatorio del original" es un precepto que rige para
todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías
de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los
derechos ".
(...)
El
numeral 2 del artículo 254 establece que las copias tendrán el mismo valor
probatorio del original "cuando sean autenticadas por notario, previo
cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente ". La
razón de ser de esta exigencia es elemental, ya se trate de transcripción del
documento o de reproducción mecánica, del original (fotocopia): resultaría
imposible saber con certeza que la una o la otra corresponde al original, de no
existir la autenticación. Esa nota de autenticación debe ser original en cada
copia. Así lo definió expresamente el Consejo de Estado, en sentencia de abril
4 de 1980:
"Es
claro que la ley le da a las copias un valor probatorio similar al del
documento original, pero, como es obvio, la diligencia que da fe de que la
copia que se sella corresponde al documento original o a una copia debidamente
autenticada, debe ser cumplida directamente por el funcionario autenticante,
sin que pueda suplirse con la adjunción de una simple copia con la atestación
original referida. En otros términos, toda copia debe tener un sello de
autenticación propia para poder ser valorada como el documento original".
(Consejo de Estado, sentencia de abril 4/80 magistrado ponente, Carlos
Betancourt Jaramillo).
Así,
la exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el
artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación
de la copia para reconocerle "el mismo valor probatorio del original"
es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene
otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los
hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos.
Sostener
que el exigir una copia autenticada en el caso del numeral 2 del artículo 254
es presumir la mala fe de quien pretende hacerla valer como prueba, sería tanto
como afirmar que también desconoce la presunción de buena fe la exigencia de
solemnidades ad substantiam
actus en algunos
contratos (como en la compraventa de inmuebles), porque con el argumento de la
buena fe deberían eliminarse las escrituras públicas, el registro de la
propiedad inmobiliaria, el registro del estado civil, etc. Nada más absurdo y
más contrario a las relaciones jurídicas y, en especial, a la seguridad, a la
certeza, que debe haber en ellas. (...)
"Las
normas acusadas versan sobre las copias. Un principio elemental que siempre ha
regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan
valor probatorio, tienen que ser auténticas. De otra parte, la certeza de los
hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con
copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales
copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de
justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los
derechos reconocidos en la ley sustancial".
En
el mismo sentido se pronunció esta Corte en sentencia de unificación 226 de
2013, al sostener que en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa: "en
lo relacionado con los medios de prueba, la forma de practicarlos y los
criterios de valoración de los mismos, se aplicarán las normas contenidas en el
Código de Procedimiento Civil, siempre que no resulten incompatibles con la
Constitución y las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. Bajo
esa premisa, es posible que en materia probatoria se aplique, entre otros, el
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual, para que las
copias tengan el mismo valor probatorio que el original, deben ser autorizadas
por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina
judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia
autenticada o autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la
copia autenticada que se le presente. De la misma manera, el alcance probatorio
de los documentos públicos aportados en copia simple, se tiene que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento
Civil, documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de
su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o
suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es
otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el
respectivo protocolo, se denomina escritura pública. En esa medida, es claro que
las copias, para que pueda reconocérseles valor probatorio, deben ser siempre
auténticas ".
(...)
"Para
la Sala, la exigencia de certificaciones en original, tratándose de documentos
públicos en asuntos contencioso administrativos, resulta razonable, pues
permite que el juez de instancia, al realizar la debida valoración del material
probatorio obrante en el expediente, pueda, por medio de un análisis cuidadoso
de los elementos de juicio puestos en su conocimiento, otorgarles, de ser
posible, el valor probatorio que estos ameritan, para efectos de una decisión
razonable, justa y equitativa, acorde con los principios y valores
constitucionales ".
(...)
Por
otra parte y, en relación con el caso que ocupa a esta Sala, es pertinente
señalar que esta Corporación ha sostenido que la certeza de los hechos
invocados como fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda, a través
de una prueba documental constitutiva de copias de documentos, está en relación
directa con esa autenticidad. Dicha certeza configura un sustento de la
eficacia de la administración de justicia y de la garantía de los derechos
reconocidos en la ley sustancial. De manera que, el juez de la causa pueda
determinar la utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a
través de criterios objetivos y razonables, con el fin de formar su
convencimiento y sustentar la decisión final, utilizando las reglas de la sana
crítica (artículo 187 del Código de Procedimiento Civil).
Analizado
el contenido de la sentencia acusada, encuentra la Sala que para efectos de la
decisión que allí se adoptó, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá realizó una correcta ponderación de las pruebas y de los
hechos constitutivos del proceso contencioso de reparación directa para llegar a. la conclusión, de acuerdo con una
razonable interpretación de las normas vigentes para ese momento[22], de que
las copias para que tengan mérito probatorio, tienen que ser auténticas. Razón
por la cual, esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera.
(...)
Así
las cosas, de las circunstancias fácticas que dieron origen al proceso
contencioso de reparación directa bajo estudio y de los fundamentos jurídicos
que expuso el Tribunal para justificar el sentido de su decisión, no se deduce,
en modo alguno, que las autoridades judiciales accionadas hayan incurrido en
una violación de derechos fundamentales que justifique la procedencia del
amparo constitucional impetrado. La decisión cuestionada en sede de tutela, se
reitera, es en realidad el resultado de una razonable apreciación de las
pruebas aportadas al proceso, a su vez confrontadas con las preceptivas legales
que delimitan el marco del proceso de reparación directa y que resultaban
aplicables al caso concreto.
(...)
Por
lo anterior, queda plenamente demostrado que las sentencias objeto de reproche
se profirieron con fundamento en una adecuada y razonable valoración de las
pruebas aportadas al proceso y con apoyo en la interpretación objetiva de las
normas vigentes aplicables al caso concreto, en especial el artículo 254 del
Código de Procedimiento Civil, el cual consagra como principio elemental en los
ordenamientos procesales que las copias, para que tengan valor probatorio,
tienen que ser auténticas, artículo que fue declarado exequible por esta
Corporación, mediante sentencia de constitucionalidadC-023 de 1998".
He
de manifestar entonces que comparto el viraje jurisprudencial que en esta
oportunidad se ha producido bajo un enfoque que está a tono con el principio
Superior que propende hacia la efectiva realización de los derechos sustantivos
y de los demás de rango fundamental que esta Corte consideró menester prohijar dejando
atrás una exégesis que en realidad merecía ser objeto de la epanortosis
asumida.
De
manera adicional, considero necesario aclarar lo relativo al "análisis de
procedencia de la acción de tutela contra la providencia proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado", acápite enumerado 4.3, de la parte
considerativa del fallo de mayoría, que señaló:
"Se
agotaron todos los medios de defensa judicial. Antes
de acudir a la acción de tutela, los accionantes interpusieron recurso de
apelación contra la demanda de primera instancia y al haberse dictado sentencia
por el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre, para la Sala se han
agotado todo los recursos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico
".
En
el aparte transcrito, de forma breve, se dio por sentado que los actores
agotaron todos los medios de defensa a su alcance. Sin embargo, a mi juicio,
debió decantarse con suficiencia, tal y como lo ha explicado la jurisprudencia
de esta Corporación, lo referente a la idoneidad de los mecanismos ordinarios y
extraordinarios para proteger los derechos fundamentales que, en el caso
examinado, tuvieron los actores a su disposición y la justificación por la cual
los mismos no fueron utilizados.
Lo
anterior cobra importancia por cuanto, a mi juicio, atendiendo las distintas
connotaciones del principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela, a
el apoderado de los demandantes en el proceso contencioso administrativo, hoy
tutelantes, les correspondía asumir la carga procesal de agotar todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios que ha dispuesto el
ordenamiento jurídico procesal a objeto de garantizar el pleno ejercicio del
derecho de defensa.
Es
válida la precedente observación, pues, de lo que se dijo al respecto en el
fallo cuestionado no quedó claro el cumplimiento de tal exigencia, por cuanto,
el supuesto fáctico que generó el problema jurídico que ocupó el estudio de la
Sala inició porque en el periodo probatorio de la primera instancia del proceso
de reparación directa, no se allegó al expediente una prueba que había sido
legalmente decretada, no obstante lo cual, mediante el auto proferido el 22 de
julio de 1999, el Tribunal Contencioso Administrativo que lo adelantaba decretó
el cierre de la etapa probatoria y ordenó correr traslado a la partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y, tal auto, era susceptible de los
recursos de ley, los cuales, no fueron ejercidos.
La
jurisprudencia constitucional ha explicado que el cumplimiento del principio de
subsidiariedad también debe pasar por la verificación de aquellos casos en los
que la acción de tutela es ejercida para revivir etapas procesales en las que
no fueron utilizados oportunamente los recursos que prevé el ordenamiento
legal, es decir, cuando se tuvo a disposición esas vías judiciales ordinarias y
no se invocaron en la etapa procesal correspondiente y, en su lugar, se optó
por acudir, de manera directa y principal, a la acción de amparo[92],
en abierta elusión de las mínimas cargas procedimentales que se debían asumir,
evento en el cual, en principio, no sería válido invocar directamente la
protección constitucional del asunto controversial de que se trate, sobre la
base de la eventual violación de algún derecho fundamental en particular.
Así
las cosas, a mi modo de ver, de lo brevemente expuesto, se trasluce la
necesidad de haber incorporado en la argumentación que sustentó la decisión
adoptada, de una específica argumentación sobre el aspecto que atrás hemos
reseñado.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]Los
accionantes señalan que el mencionado oficio además solicitó: “Remita todas
las constancias que aparezcan en los libros acerca de las circunstancias que
rodean su fallecimiento. Que remita copia del proceso o investigación
disciplinaria o administrativa que se haya adelantado con ocasión de
fallecimiento. Certifique cuántos agentes de la policía nacional se encontraban
en esas instalaciones para la fecha aludida. Certifique quién era el comandante
de guardia y quién el comandante de esa unidad militar al momento de suceder
los hechos que terminaron con la vida de VÍCTOR JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ. Remitir
copia de todo los informes que se hayan producido con ocasión de la muerte del
señor CAÑAS ÁLVAREZ. Indicar cuál es el servicio de vigilancia y como se presta
cuántos hombres, en relación con la sala de retenidos, para asegurar el
bienestar de los mismos. Certificar cuántas personas estaban privadas de la
libertad para la fecha mencionada en esas instalaciones de la SIJIN”.
[2]
Sentencia T-104 de 2007 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[3]
Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4]
M.P. Jaime Córdoba Triviño. La Sentencia C-590/05 encontró contraria a la
Constitución la expresión “ni acción”  incluida en el artículo 185 de la
Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues implicaba la exclusión de
la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
[5]
Sentencia 173/93.
[6]
Sentencia T-504/00.
[7]
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[8]
Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.
[9]
Sentencia T-658-98
[10]
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[11]
Sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
[12]Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.
[13]
Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que “(…) el pretermitir la
utilización de los medios ordinarios de defensa, torna en improcedente la
acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el
caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En
efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de
una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la
condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar
sobre lo sustancial (CP. art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente
violación de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, la
Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la
efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios
judiciales de defensa.”
[14]
“Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió que “(…) la
infracción del deber de identificar correctamente la persona sometida al
proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro
defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.”
[15]
“Sentencia T-453/05.”
[16] Sentencia C-590/05
[17]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 1065 del 07 de diciembre de 2006. MP. Humberto Sierra
Porto.
[18]
Ibídem. Sentencia T-538
del 29 de noviembre 1994. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[19]
M.P. Antonio Barrera Carbonell
[20]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[21]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[22]
Era la expresión utilizada para la época en que fue proferida la sentencia
SU-132 de 2002.
[23]
“Vid. Sentencia T-055 de 1997, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
[24]
SU-132 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[25]
Sentencia T-393 de 1994, citada por la SU-132 de 2002.
[26]
Sentencia T-329 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[27]
SU-132 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[28]
Los artículos 180 del Código de
Procedimiento Civil, 54 del Código Procesal del Trabajo y 169 del Código
Contencioso Administrativo autorizan la práctica de pruebas de oficio. Obviamente esta facultad dependerá de
la autorización legal para el efecto, pues en el caso, por ejemplo, de lo
dispuesto en el artículo 361 de la Ley 906 de 2004, según el cual el juez penal
de conocimiento no puede decretar pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento,
no es posible exigirle al juez algo distinto a lo expresamente permitido. En
este aspecto, puede verse la sentencia C-396 de 2007.
[29]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[30]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[31]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[32]
M.P. Alexei Julio Estrada.
[33] “La Corte Constitucional
mediante sentencia C-023 de 1998 en su numeral primero resolvió:  “Primero.-  Declarar  EXEQUIBLE el numeral 2 del
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente:
“Valor
probatorio de las copias.  Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, en los siguientes casos:
“...
“2.
Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia
autenticada que se le presente”.
[34]
“Sentencia C-023 de 1998.”
[35]
“Sentencia T-217 de 2010”
[36]
Actor: Jaider Alzate. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno
[37]
M.P. Mauricio González Cuervo
[38]
Sentencia T-018 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[39] Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de
1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas serán tratadas con
compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo
dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y reforzarán, cuando
sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las
víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas
de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se
facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a
las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del
alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de
la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y
cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin
perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal
correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo
el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas
a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su
seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor,
contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias
en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos
que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda,
mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación,
el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de
facilitar la conciliación y la   reparación en favor de las víctimas.
[40] Sentencias de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[41] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Treviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[42]
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, aprobada
mediante la Ley 70 de 1986.
[43]
Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias en 1985,
aprobada mediante la Ley 406 de 1997, declarada exequible mediante la Sentencia
C-351 de 1998, M.P Fabio Morón Díaz.
[44] Al respecto ver los artículos 8 y 9 de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y los artículos
4. 5 y 6 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes. Sentencia
C-370 de 2006, M.P.: Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[45] Sentencia de la Corte Constitucional  C-370/ de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[46]
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones unidas en diciembre de 1948,
aprobada por Colombia mediante la Ley 28 de 1959.
[47] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[48]
Adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones
Unidas el 17 de junio de 1998, aprobado mediante la Ley 742 de 2002,  revisada
mediante la Sentencia C-578 de 2002, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[49]
La Corte Penal Internacional, respecto de Colombia, sólo pude conocer delitos
ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en el
país, acaecida el 1º de noviembre de 2002.  Además, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 124, y en la correspondiente declaración del Estado colombiano,
no tendrá competencia para conocer crímenes de guerra cometidos en Colombia
durante los siete años siguientes a dicha entrada en vigor.
[50]
Caso Godínez Cruz vs. Honduras. En ese caso el señor Godínez Cruz, dirigente
sindical, fue secuestrado y posteriormente desaparecido. La pruebas obrantes
dentro del proceso permitieron establecer que el hecho fue ejecutado por las
autoridades hondureñas, dentro de una práctica generalizada de desaparecer a
personas consideradas peligrosas. La Corte consideró que Honduras había
violado, en perjuicio del señor Godínez Cruz, los deberes de respeto y garantía
de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales consagrados
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[51]
Caso Barrios Altos vs. Perú. En este caso los hechos acaecidos consistieron en
el asalto por parte de seis miembros del ejército peruano a un inmueble ubicado
en el vecindario conocido como “Barrios Altos” de la ciudad de Lima, donde
dispararon indiscriminadamente contra los ocupantes de la vivienda, matando a
quince de ellos e hiriendo gravemente a otros cuatro.
[52]
Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Los hechos que motivaron este proceso
consistieron en el ataque a Myrna Mack Chang, antropóloga, por parte de dos
personas que le propinaron 27 heridas de arma blanca, causándole la muerte. Las
investigaciones llevaron a concluir que el homicidio fue perpetrado por agentes
de seguridad del Estado guatemalteco, en represalia al trabajo que ella
adelantaba para establecer las causas y consecuencias del fenómeno del
desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Guatemala.
[53]
Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 9, párr. 120; Caso Bámaca
Velásquez, supra nota 250, párr. 188; y Caso de los “Niños de la Calle”
(Villagrán Morales y otros), supra nota 8, párr. 222.
[54]
Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. En esta oportunidad, los hechos que
dieron lugar al proceso consietieron en la captura, tortura y ejecución de los
hermanos Emilio y Rafael Gómez Paquyauri de 14 y 17 años respectivamente, por
agentes de la Policía Peruana. El tribunal del Callao dictó sentencia
condenatoria contra los autores materiales del delito, dos años después de los
hechos. Sin embargo, transcurridos más de trece años a partir del delito, los
autores intelectuales permanecían sin ser juzgados ni sancionados.
[55]
Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Los hechos que suscitaron el caso
consistieron la llegada al aeropuerto de San José de Guaviare de
aproximadamente un centenar de miembros de la autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron recogidos por
miembros del Ejército Nacional, y transportados hasta el municipio de
Mapiripán, en camiones de esa Institución. Durante su permanencia en Mapiripán,
los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y descuartizaron a 49
personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La Fiscalía concluyó
que la masacre se había perpetrado con el apoyo y aquiescencia de la Fuerza
Pública. Pese a ser informados, los comandantes del ejército se mantuvieron en
completa inactividad. Transcurridos más de ocho años, la justicia penal no
había logrado identificar a las víctimas, y solo había juzgado y sancionado a
unas pocas personas comprometidas en la masacre.
[56]
Caso comunidad Moiwana vs. Suriname. Los hechos que dieron lugar al proceso
consistieron en que las fuerzas armadas de Suriname atacaron la comunidad
N’djuka Maroon de Moiwana.  Los soldados masacraron a más de 40 hombres,
mujeres y niños, y arrasaron la comunidad.  Los que lograron escapar huyeron a
los bosques circundantes, y después fueron exiliados o internamente desplazados.
A la fecha de la presentación de la demanda no había habido una investigación
adecuada de la masacre, nadie habría sido juzgado ni sancionado, y los
sobrevivientes permanecerían desplazados de sus tierras.
[57]
Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Los hechos que dieron lugar a este proceso
consistieron en el apresamiento del líder guerrillero Efraín Bámaca por el
ejército guatemalteco. Estando detenido fue torturado a fin de que revelara
información. Y luego fue desaparecido, sin que hasta el momento de la sentencia
se tuviera información sobre su paradero.
[58]Cfr.
Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr.
90; Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C
No. 31, párr. 58; y Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones, supra nota 38,
párr. 69.
[59]
Sobre este derecho colectivo, se lee lo siguiente en los Principios: “PRINCIPIO
2. EL DERECHO INALIENABLE A LA VERDAD. Cada pueblo tiene el derecho inalienable
a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en
relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y
los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la
perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la
verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales
violaciones.
PRINCIPIO 3. EL DEBER DE
RECORDAR. El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte
de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en
aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y
otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho
humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas
deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en
particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacioncitas.”
[60] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de
2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[61]
En la sentencia C-228 de 2002, Fundamento 4.1, bajo el título “Los derechos de
la parte civil a la luz de la Constitución”, la Corte analizó  de manera
particularizada cada una de las disposiciones constitucionales enunciadas para
deducir de cada una de ellas alguna prerrogativa de las víctimas en el proceso
penal. En particular sobre los artículos 15 y 21 como eventuales fuentes
constitucionales de derechos de las  víctimas de los delitos señaló:
“Finalmente, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
económica reconocidos a las víctimas o perjudicados por un hecho punible,
pueden tener como fundamento constitucional otros derechos, en especial el
derecho al buen nombre y a la honra de las personas (arts 1º, 15 y 21, CP),
puesto que el proceso penal puede ser la única ocasión para que las víctimas y
los perjudicados puedan controvertir versiones sobre los hechos que pueden ser
manifiestamente lesivas de estos derechos constitucionales, como cuando durante
el proceso penal se hacen afirmaciones que puedan afectar la honra o el buen
nombre de la víctimas o perjudicados”. Ese mismo soporte constitucional fue
reiterado en la sentencia C-209 de 2007, Fundamento 3, al  señalar: “De
conformidad con lo anterior, corresponde a la Corte Constitucional resolver los
siguientes problemas jurídicos: Si a la luz de los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación derivados de los artículos 1, 2, 15, 21,
93, 229, y 250 de la Carta (…)”.
[62]
MMPP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, con Aclaración
de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería. En esta sentencia la Corte
Constitucional precisó el alcance constitucional de los derechos de las
víctimas en el proceso penal y resolvió lo siguiente: Primero.- Declarar
EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del
artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene
derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la
presente sentencia. Así mismo, declarar EXEQUIBLES, en relación con los cargos
estudiados, los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de
2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la constituida por
las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo, que se declara
inexequible. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley 600 de 2000,
en relación con los cargos estudiados, en el entendido de que las víctimas o
los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil, pueden acceder
directamente al expediente. Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 47 de la
Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, salvo la expresión “a partir
de la resolución de apertura de instrucción” que se declara INEXEQUIBLE.
[63]
Sentencia de la Corte Constitucional C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[64]
El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en
buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho
ha sido relevante para la resolución de entre otros, los casos Velásquez
Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos
(fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana
aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le
nieguen a  las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.
[65] El
derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que
no haya impunidad.
[66]
El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una
compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la
víctima de un delito. Los sistemas jurídicos reconocen diversos mecanismos para
la reparación del daño, en algunos puede ser solicitado dentro del mismo
proceso penal (rasgo  característico de los sistemas romano germánicos), o bien
a través de la jurisdicción civil (esquema propio de los sistemas del tradición
anglosajona. (C-228 de 2002, citando a Pradel, Jean, “Droit  Pénal Comparé. Ed.
Dalloz, 1995. pags. 532 y ss.).
[67]
Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[68] Sentencias
de la Corte  Constitucional C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández; C- 228 de 2002, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[69]
Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del
29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo
de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta
como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales
desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a
la verdad y a la justicia. Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[70]
Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional T- 443 de 1994, MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz;  C- 293 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[71]
Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[72]
Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006, M.P:
Álvaro Tafur Galvis.
[73] Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el
derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en
particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser
solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas
romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en
los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial
Dalloz, 1995, páginas 532 y ss. Sentencias
de la Corte Constitucional C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-209 de
2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[74]
Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
[75]
Sobre las fuentes de derecho internacional de los derechos humanos en las que
se hallan bases para el reconocimiento, establecimiento e interpretación de los
derechos y garantías para las víctimas del delito, en particular de los delitos
que atentan contra derechos fundamentales, se encuentra, según reiterada
jurisprudencia (vrg. Sentencia C-916 de 2002), el derecho de acceso a los
tribunales para hacer valer los derechos mediante los recursos ágiles y
efectivos (art. 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos); el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, Artículo 63.1, relacionado con el poder de la CIDH para garantizar a
la víctima de violación de los derechos de la Convención, entre otras, “el pago
de una justa indemnización a la parte lesionada”; Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/34 de 29 de
noviembre de 1985, Resarcimiento; los Principios y Directrices Básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de Derecho
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones,
adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mediante
Resolución 2005/35 del 20 de Abril; Observación No. 31: la índole de la
obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto,
preparada por el entonces Comité de Derechos Humanos, el 26 de Mayo de 2004,
Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005,
mediante la cual se adoptan los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
[76]
Sentencia de la Corte Constitucional C-409 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[77]
En relación con la amplitud del concepto
reparación integral del daño causado por el delito, pueden consultarse, entre
otras, las sentencias C-805 de 2002 y C-916 de 2002. En cuanto al fundamento
constitucional del derecho a la reparación de las víctimas, véanse las
sentencias de la Corte Constitucional C-570 de 2003, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; C-899 de 2003, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, C-805 de 2002, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
[78]
Al respecto, puede verse la sentencia C-228 de
2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-210 de
2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[79]
Folio 41, Anexo 1, Cd. Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
[80]
Folio 150 C. Número Dos, segunda instancia, Consejo de Estado, Sección Tercera.
[81]
M.P. Alexei Julio Estrada.
[82]
C.P. Enrique Gil Botero.
[83]
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[84]
Sentencia T-100 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[85]
Ibíd.
[86]
Folio 40 Cd. Corte Constitucional.
[87]
Las normas citadas correspondientes al Código Contencioso Administrativo y
Código de Procedimiento Civil, eran las vigentes para el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron origen a la acción de tutela y, a su vez,
aplicadas durante el proceso de reparación directa tanto en primera como en
segunda instancia. Se hace la aclaración por cuanto actualmente dichos Códigos
fueron derogados mediante las leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012,
respectivamente.
[88]
Ibíd.
[89]
Ibíd.
[90]
Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las
sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007;
T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256
de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las
sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925,
T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364,
T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y
T-786 y T-867 de 2011; T-010 y SU-026 de 2012; SU-226, SU-407 y SU-539 de 2013.
[91]
C-590 de 2005.
[92]
Sentencia
T-753 de 2006