T-614-19
Sentencia T-614/19
ACCION DE TUTELA
PARA PROTEGER DERECHO A LA SALUD Y
AMBIENTE SANO DE COMUNIDAD INDIGENA FRENTE A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE CARBON-Procedencia
PROTECCION DEL
ECOSISTEMA Y LA SALUD ANTE FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL-Obligaciones del Estado frente a actividades
extractivas
Le corresponde al Estado no sólo la
obligación de preservar, conservar y prevenir sino también la de restaurar los
recursos naturales y el ambiente de las contingencias del mundo físico y,
particularmente, de las actividades extractivas, motivo por el cual, resulta
indispensable adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir
la ocurrencia de daños a la naturaleza, así como exigir a los diferentes
actores sociales y empresariales su cumplimiento y, de ser necesario, la
modificación de las ya existentes, con el fin ulterior de garantizar plenamente
la salvaguarda del ecosistema y de las personas que pueden verse afectadas por
ello.
MEDIO AMBIENTE SANO-Impacto por extracción de minerales
MEDIO AMBIENTE SANO-Protección constitucional/CONSTITUCION ECOLOGICA-Jurisprudencia constitucional
JUSTICIA AMBIENTAL-Elementos
i) La justicia distributiva; ii) la
justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad; y, iv) el
principio de precaución
PRINCIPIO DE
PRECAUCION AMBIENTAL-Jurisprudencia
constitucional
PRINCIPIO DE
PRECAUCION-Aplicación no solo tiene
como finalidad la protección del medio ambiente sino también evitar un daño a
la salud
PRINCIPIO DE
PRECAUCION AMBIENTAL-Aplicación
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional[302] ha previsto ciertas condiciones de aplicabilidad del
principio de precaución: (i) la existencia de un peligro de daño; (ii) la
representación de un perjuicio grave e irreversible; y (iii) la valoración científica
del riesgo, así no llegue a niveles de certeza absoluta; (iv) la finalidad
proteccionista de la decisión, encaminada a impedir la degradación del medio
ambiente; y, (v) la motivación de la sentencia o acto administrativo que
aplique el principio.
PRINCIPIO DE
PRECAUCION AMBIENTAL DEBE SER APLICADO A FALTA DE CERTEZA CIENTIFICA-Reiteración de jurisprudencia
No es
necesario tener certeza científica sobre el riesgo que representa una actividad
o sustancia para el ambiente y/o la salud humana, con el fin de ordenar la
adopción de medidas que eviten la ocurrencia de dicho peligro y, así, evitar la
ocurrencia de daños con graves repercusiones sobre el ecosistema o alguna
comunidad
EFECTOS AMBIENTALES-Control a través de medidas
e instrumentos administrativos
CONTROL AMBIENTAL-Definición
El control ambiental ha sido entendido por la Corte Constitucional
como la inspección, vigilancia y la aplicación de las medidas técnicas y
legales necesarias para evitar o disminuir cualquier tipo de afectación al ambiente
producto de las actividades humanas o desastres naturales, entendiendo que un
impacto se produce por cualquier alteración en el medio biótico, abiótico o
socioeconómico, siempre que pueda ser atribuido al desarrollo de una obra, una
actividad o hecho de la naturaleza
LICENCIA AMBIENTAL-Definición
La jurisprudencia constitucional, con base en la legislación
correspondiente, ha definido este instrumento como el acto administrativo de
autorización que otorga a su titular el derecho a realizar una obra o actividad
con efectos sobre el ambiente, de conformidad con las condiciones técnicas y
jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente. Esta licencia
es esencialmente revocable, cuando no se estén cumpliendo las condiciones o
exigencias establecidas en el acto de su expedición-
JUSTICIA AMBIENTAL Y CONTROL AMBIENTAL-Jurisprudencia
constitucional
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-Definición
La jurisprudencia constitucional ha definido este mecanismo de
control como un conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de
una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de
un  proyecto o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia y abandono según la naturaleza de la obra.
DERECHOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE SANO FRENTE A ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA SALUD Y
AL AMBIENTE SANO DE COMUNIDAD INDIGENA FRENTE A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS-Protección
Referencia: expediente T-6.518.300
Acción de tutela formulada por Mary Luz
Uriana Ipuana y Yasmina Uriana, en calidad de integrantes del Resguardo
Indígena Provincial, contra la empresa Carbones del Cerrejón Limited, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la
Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira
(Corpoguajira).
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre
de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos
Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos
33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela
proferido el 7 de noviembre de 2017 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, en segunda instancia, la cual confirmó la decisión adoptada el
21 de septiembre de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha, La Guajira, que negó la acción de tutela de la referencia.
I.       ANTECEDENTES
1.       Hechos
1.1 Las accionantes, Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina
Uriana, actúan en nombre propio y, en el caso de Mary Luz, también en
representación de su hijo Duber José Brito Uriana de 18 meses de edad, los tres
son integrantes del Resguardo Indígena Wayúu Provincial, ubicado en el
municipio de Barrancas, La Guajira.
1.2 Solicitan la protección urgente de los derechos fundamentales
a la vida, a la integridad personal, a la salud, al ambiente sano y a la
intimidad de los habitantes de su comunidad, debido a que tales garantías se
encontrarían en grave peligro ante la cercanía del resguardo con la explotación
minera adelantada por la empresa Carbones del Cerrejón Limited[1].
1.2 Como fundamento de lo anterior, indican que a lo
largo de la cuenca del río Ranchería han habitado históricamente asentamientos
Wayúu y que el 20 de septiembre de 1988 se reconoció legalmente su resguardo Provincial,
hoy conformado por 679 personas[2].
1.3 Manifiestan que la empresa accionada desde hace
décadas utiliza un mecanismo de extracción a cielo abierto mediante voladura
con explosivos en un área que abarca 38.000 hectáreas, durante las 24 horas de
los 7 días de la semana y genera emisiones permanentes de material particulado,
ruidos constantes y olores prolongados que afectan la salud de su comunidad[3].
1.4 Destacan que el Tajo Patilla y varios botaderos
aledaños a éste se encuentran aproximadamente a menos de dos kilómetros del
resguardo, lo cual implica experimentar a diario explosiones que generan
temblores y dispersión de polvillo de carbón que llega hasta sus casas, plantas
y animales, así como la producción de fuertes olores a azufre o carbón quemado
producto de los constantes incendios de los taludes[4].
1.5 También citan el estudio denominado “Evaluación
y caracterización de mezclas complejas generadas en una mina de carbón a cielo
abierto y sus efectos biológicos en linfocitos humanos polimórficos”
realizado en su comunidad por la Universidad del Sinú (Colombia) y la
Universidad Federal de Rio Grande du Soul (Brasil), con el apoyo de Colciencias
y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, en el que se concluyó lo
siguiente:
“Qué
sustancias o residuos encontramos en las muestras de aire de las rancherías?
Mezclas
complejas: Componentes orgánicos asociados a la quema de carbón + Haps[5].
En el aire de
las comunidades encontramos elementos altamente enriquecidos como el azufre (S) y otros medianamente
enriquecidos como el Cromo (CR), Cobre (Cu) y el Zinc (Zn).
Qué
encontramos en la sangre?
Comparado con
MAYAPO[6]
los habitantes del corredor minero mostraron altas concentraciones de
Cromo (Cr), Níquel (Ni), Manganeso (Mn), y Bromo (Br) en la sangre.
Elementos como el Azufre (S), Cromo (Cr) y Bromo (Br) pueden dañar las
células del cuerpo.
También encontramos
daños en las células de los pobladores del corredor minero. Este daño puede
relacionarse con algunas enfermedades respiratorias, del corazón, de la piel,
estómago y cáncer.”[7]
1.6 Las demandantes aseguran que en Provincial se
destacan múltiples afecciones respiratorias en niños y adultos, así como
problemas visuales y cutáneos. Agregan que la contaminación ambiental ha
imposibilitado el acceso a fuentes de agua subterránea o superficial, por su
acidez y abundante contenido de sulfatos y óxidos producto del polvillo de
carbón que cae en los afluentes cercanos[8].
1.7 Por otra parte, argumentan que las labores de la
empresa Cerrejón han repercutido en una afectación cultural respecto a sus usos
y costumbres, también ha generado la improductividad de sus suelos y el
hacinamiento de su población ante la reiterada compra de predios que antes eran
utilizados como caminos, vías de pastoreo, entre otros, y ahora son propiedad
privada de la empresa[9].
1.8 También referencian informes de las Universidad
Nacional, de los Andes y Externado de Colombia que explican las consecuencias ambientales
que genera la explotación de carbón a cielo abierto, entre las cuales se
destacan enfermedades respiratorias de tipo crónico y progresivo, afecciones
cardíacas, daños irreversibles en los pulmones, diversas clases de cáncer y
daños irreversibles para el ecosistema[10].
1.9 Finalmente, sostienen que la empresa Cerrejón ha
argumentado en su defensa que la causa de las afecciones del resguardo indígena
tiene como fundamento cocinar con leña o la falta de pavimentación de algunas
vías, frente a lo cual argumentan:
“Es preciso tener en cuenta que no
existe en el Resguardo, ni cerca de él, otra actividad con la misma o mayor
capacidad de contaminación ambiental que la generada por el Cerrejón.
Que a pesar del aseo que se realice en las casa[s] incluso hasta avanzadas
horas de la noche, en la mañana siguiente siempre se encuentra el polvillo
de carbón depositado en todas las superficies del suelo, de muebles, de
enseres y por supuesto en los cuerpos de las personas.
Asumir que los problemas de salud obedecen
a la quema de leña en la cocina o la inexistencia de pavimento en la mayoría
del Resguardo, sería aceptar que en la mayoría del país se presenta el mismo
problema, pues son muchas las personas que aún cocinan con leña y muchas vías
se encuentran sin pavimentar.”[11]
1.10 Con base en lo anterior, las accionantes
solicitan que: (i) se reconozca “la vulneración y el riesgo sobre nuestros
derechos como comunidad indígena colindante con la minería de carbón Cerrejón”[12];
(ii) se ordene a la empresa el cierre de los tajos y botaderos más cercanos a
su resguardo hasta que se diseñe y desarrolle un sistema de vigilancia
epidemiológica y de monitoreo crítico de las condiciones ambientales y de salud
en la zona; (iii) se ordene a las entidades de control ambiental estudiar a
profundidad la afectación que pueden generar los elementos tóxicos presentes en
los tajos y botaderos de la mina; (iv) se ordene al Ministerio de Salud y
Protección Social que apoye el restablecimiento de las condiciones de
productividad para los integrantes de la comunidad; y, (v) se disponga el
acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo y la Contraloría General de la República en la implementación de las
órdenes a que haya lugar[13].
2. Trámite impartido a la acción de tutela
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha, La Guajira, asumió el conocimiento del asunto y, mediante proveído
del 11 de septiembre de 2017, comunicó el objeto de la acción de tutela a las
demandadas para que se pronunciaran al respecto[14]. Igualmente,
dispuso la vinculación del Ministerio de Minas y Energía, y la Alcaldía
Municipal de Barrancas, La Guajira.
Por otra parte ofició a: (i) Corpoguajira para que
remitiera los informes de material particulado PM 2.5 de la estación de
monitoreo de Provincial de los años 2013 a 2017; y, (ii) la Universidad
Nacional de Colombia, a través de la Coordinación del Doctorado Interfacultades
en Salud Pública y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), para que
efectúe un peritaje en salud pública y ambiental sobre los impactos de la
actividad minera en la población Provincial[15].
3. Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
3.1 Ministerio de Minas y Energía
El apoderado especial de dicho Ministerio solicitó que
la acción de tutela fuera declarada improcedente, debido a la presunta
inobservancia de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Adicionalmente,
señaló que existía falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad
que representa, dadas las funciones que ésta adelanta[16].
3.2 Carbones del Cerrejón Limited
La empresa accionada aseguró que, si bien su operación
minera genera material particulado, estas emisiones están identificadas y
controladas para que no superen los niveles máximos permitidos por el
ordenamiento colombiano. En ese sentido, describió las medidas de mitigación
que se adelantan en virtud del Plan de Manejo Ambiental Integral -PMAI- que
rige sus actividades[17].
Señaló que los niveles de ruido y de emisiones de
contaminantes al aire cumplen con “los más altos estándares de control tanto
nacionales como internacionales” y que, en esa medida, no se han generado
afectaciones a la comunidad Provincial[18].
También cuestionó las afirmaciones de las accionantes
relacionadas con la contaminación de los cuerpos de agua cercanos. Al respecto,
refirió que “no hay en el río una condición sanitaria, que haya sido
generada por polvillo de carbón, que produzca efectos adversos (…) si
bien es cierto, que esporádicamente se hacen vertimientos de aguas de minería,
por reboses de lagunas de sedimentación en los períodos de invierno, no se han
registrado afectaciones en la calidad del agua”[19].
Con base en estos puntos, argumentó que no existe
vulneración a derecho alguno ni una situación que pueda ser catalogada como perjuicio
irremediable, en los términos de la jurisprudencia constitucional, por
lo cual solicitó que se declare la improcedencia del amparo[20].
3.3 Corporación Autónoma Regional de La
Guajira -Corpoguajira-
La Secretaría General de esta institución indicó que “es
cierto que la actividad minera genera emisiones de material particulado. Sin
embargo. La empresa Cerrejón reporta los estudios de calidad de aire, los
cuales evidencian que estas emisiones no están por encima de los niveles
permitidos por la ley”[21].
Agregó que: “por parte de esta entidad no ha
existido vulneración, desconocimiento o transgresión por acción u omisión de
los derechos fundamentales principales o conexos (salud, agua) ni ha
desconocido los derechos fundamentales de los niños de las comunidades del
resguardo indígena Provincial”[22].
En relación con la prueba solicitada por el Tribunal,
que “Corpoguajira nunca ha adelantado monitoreos de calidad del aire para el
contaminante PM 2.5 en Provincial”, debido a que la Resolución 610 de 2010
no incluye expresamente la obligación de realizar dichos controles, los cuales
solo serían exigidos cuando se presenta un incumplimiento de los niveles
máximos permitidos para material particulado de 10 micras (PM10)[23].
3.4 Agencia Nacional de Minería
Por su parte, esta entidad administrativa afirmó que
el Ministerio del Interior había certificado que en las áreas de explotación minera
no existían comunidades étnicas susceptibles de ser afectadas[24]. Además,
adujo que Cerrejón ha dado cumplimiento a lo exigido en la licencia ambiental
aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que la acción
de tutela no cumple los requisitos legales para su procedencia, más aún,
solicitó que se le desvinculara del proceso ante su falta de legitimación en la
causa por pasiva[25].
3.5 Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales
La apoderada judicial de la ANLA explicó que el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió la
Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005 con el fin de modificar el Plan de
Manejo Ambiental de la empresa Cerrejón para adicionar el área de explotación
carbonífera denominada Tajo Patilla[26].
Sobre el particular, describió las medidas de
mitigación que lleva a cabo Cerrejón con el fin de evitar que las operaciones
mineras adelantadas las 24 horas de los 7 días de la semana perjudiquen a las
comunidades aledañas[27].
También adujo:
“Según los resultados de material
particulado se establece que si bien, la dispersión de partículas alcanza la
comunidad de Provincial como consecuencia de la explotación minera de Cerrejón,
estas partículas no superan los límites permisibles establecidos por la
normatividad colombiana en la Resolución 610 de 2010 del actual Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible”[28].
Finalmente, mencionó que la ANLA ha obrado conforme a
la buena fe exenta de culpa y debería ser excluida del presente trámite de
tutela, además, señaló que el amparo devenía improcedente por su carácter
subsidiario[29].
3.6 Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Indicó respecto a los hechos del amparo “que no se
entrará a afirmar ni a negar ninguno toda vez que al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible no le constan (…) por lo que me atengo a lo que se
demuestre dentro del trámite de la presente acción”[30].
También destacó que no ha vulnerado o amenazado alguno
de los derechos fundamentales invocados por las accionantes, pues la presencia
de comunidades indígenas en zonas de influencia directa de operaciones mineras
le compete únicamente al Ministerio del Interior, y la labor de otorgar y hacer
seguimiento a las licencias ambientales es competencia de la ANLA[31].
3.7 Otras entidades e instituciones
educativas
Por su parte, la Alcaldía Municipal de Barrancas, La
Guajira, y el Ministerio de Salud y Protección Social guardaron silencio.
Además, el Coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la
Universidad Nacional de Colombia solicitó un día de plazo para presentar su
concepto, sin que se accediera a su solicitud.
4. Decisiones judiciales objeto de revisión
4.1 Primera instancia
En sentencia del 21 de septiembre de 2017, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha, La Guajira, abordó el fondo del
asunto al indicar que “los derechos que por esta vía se reclaman atañen
directamente a las actoras como integrantes de las comunidades étnicas, las
cuales son destinatarias de la especial protección constitucional”[32].
Por otra parte, señaló que “se ha verificado que
las actividades o explotación minera y el uso del tajo patilla o botadero de
material estéril ha causado daños ambientales con repercusiones en la vida y en
la integridad personal de los pobladores y con ello la afectación de sus
derechos ancestrales”[33].
Sin embargo, argumentó que “no hay daños ambientales o en la salud (de los
habitantes del sector provincial) que superen los límites impuestos por las
normas y las autoridades que controlan tal actividad”[34].
En concepto de ese Despacho, las demandantes tenían la
carga de probar claramente la afectación de los derechos fundamentales
invocados, sin embargo, no aportaron suficientes elementos de prueba que
justificaran esa conclusión. Posteriormente, la sentencia resalta lo siguiente:
“Pudiese válidamente alegarse la aplicación
del principio de precaución (…) que se aplica en los casos en que no teniendo
el conocimiento anticipado acerca de la afectación del medio ambiente, existe
evidencia acerca de la causación de un riesgo o la magnitud del daño producido
o que pueda sobrevenir (…); pero en el presente caso ello no resulta viable,
pues como se encuentra registrado no aflora del acervo probatorio recaudado las
bases mínimas para considerar que la actividad que aquí se cuestiona viene
transgrediendo o sobrepasando los límites permitidos con ocasión a la actividad
minera. Es precisamente ese déficit el que obliga a la Sala a negar la tutela”[35].
Así las cosas, el Tribunal negó la protección invocada
por las accionantes, no obstante agregó que “siendo para la Sala un tema
sensible, en lo que corresponde a los derechos fundamentales de una comunidad
de especial protección constitucional como es la etnia wayuu” era necesario
que la Sala: (i) exhortara a las autoridades ambientales para que diseñen un
plan estratégico tendiente a verificar si la explotación minera que se adelanta
en las limitaciones del resguardo Provincial genera daños ambientales
que afecten a dicha comunidad, y a adelantar los estudios correspondientes para
determinar la composición de los tajos y botaderos de la mina; y, (ii)
dispusiera que la Procuraduría Regional Ambiental de la Guajira haga un
seguimiento estricto al punto resolutivo anterior[36].
4.2 Concepto del Doctorado Interfacultades
en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia
El mismo 21 de septiembre de 2017, el Coordinador del
Doctorado mencionado allegó un escrito en el cual resaltó que sin duda hay una
especial condición de riesgo en la zona ante la exposición de la comunidad a
material particulado, especialmente de 2.5 micras o menor (PM 2.5), dado que
está relacionado con la mayor presencia de afecciones respiratorias, cáncer y
enfermedades respiratorias.
A lo cual agregó que “la presencia de ‘desechos
tóxicos’ queda suficientemente sustentada con el estudio de la Universidad del
Sinú y de la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil, con el apoyo
de Colciencias y Corpoguajira. (...) Es contundente el hallazgo en el aire que
respiran estas comunidades de ‘mezclas complejas’ como resultado de componentes
orgánicos asociados a la quema del carbón, como los llamados hidrocarburos
aromáticos policíclicos (Haps), de los que hay más de 100 sustancias químicas
diferentes muchas de las cuales puede ser cancerígenas”[37].
A su vez, resaltó que la presencia de sustancias como
Azufre, Cromo, Cobre, Bromo, Níquel, Manganeso y Zinc en el aire de la zona y
la sangre de los habitantes “debe ser considerado un alto riesgo
para la salud, en especial de niños y niñas, precisamente por las alteraciones
que pueden producir al desarrollo neurológico, óseo e inmunológico de esta
población infantil”[38].
Finalmente, concluyó que “existe un riesgo
potencial alto en el caso de las comunidades que habitan el resguardo Provincial”,
lo que, “debería ser suficiente para aplicar el principio de precaución para
suspender la explotación de carbón, por lo menos en el tajo en mención [Patilla]”[39].
4.3 Impugnación
Las ciudadanas Mary Luz Uriana y Yasmina Uriana
impugnaron la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:
Reprocharon que la Sala les haya exigido recaudar
elementos probatorios de elevada complejidad para acreditar la existencia de
daños ambientales, desconociendo el profundo estado de vulnerabilidad en el que
se encuentra la comunidad y su dificultad para acceder a la administración de
justicia. Sobre tal punto, cuestionaron: “¿los señores magistrados imaginan
siquiera los pasos que significan para nuestra comunidad llegar a la
presentación de una acción de tutela como esta? No creemos.”[40]
A lo cual agregaron que si el juez de primera
instancia consideraba que sus argumentos eran insuficientes para que adoptara
medidas para la protección de sus derechos, lo que debía hacer era ordenar las
pruebas que considerara pertinentes y/o disponer la práctica de las que,
inclusive, solicitaron en la acción de tutela[41].
Además, refirieron que anexaron el informe realizado por la Universidad del
Sinú (Colombia) y la Universidad Federal de Rio Grande do Soul (Brasil),
el cual indica claramente la existencia de contaminación en el aire de la zona
y en la sangre de varios habitantes[42].
También allegó la historia clínica del menor Duber
José Brito Uriana, de 18 meses de edad y cuyos derechos son representados por
la señora Mary Luz Uriana Ipuana. El niño presenta afecciones respiratorias y
su médico tratante le ha recomendado abandonar el resguardo debido a la mala
calidad del ambiente en Provincial. Adicionalmente, hicieron referencia
a conceptos de varias universidades que en el pasado intervinieron ante la
Corte Constitucional para explicar los efectos nocivos de la minería de carbón
a cielo abierto[43].
Por otra parte, señalaron que: (i) la morbilidad y
mortalidad en su población se ha incrementado con el paso del tiempo; (ii) la
mina es una fuente constante de contaminación por el material particulado que
emite y por la continua combustión del carbón apilado en la zona; (iii) las
autoridades de control no han monitoreado las partículas PM 2.5, las cuales
tienen la mayor potencialidad de generar daños ambientales y de salud; y, (iv)
la empresa accionada les ha cerrado el paso al río Ranchería para su
abastecimiento de agua[44].
Refirieron que “desde hace mucho tiempo,
gran parte de nuestra comunidad utiliza gas para la cocción
de los alimentos, entre otras cosas porque la obtención de leña hace
mucho que es un lujo en nuestro resguardo igual que la caza, la pesca y
el pastoreo base de nuestra subsistencia”[45].
A lo cual añadieron “tampoco en nuestro entorno existe otra actividad
contaminante que tenga igual o mayor capacidad que la minería de afectar el
ambiente como la de la explotación y cargue de la minería de carbón”[46].
Finalmente, aseguraron que no pretenden que la empresa
deje de funcionar o que el país cambie sus planes económicos, sino que el
Estado y la empresa Cerrejón asuman sus obligaciones de prevención y precaución
en relación con la protección de sus derechos fundamentales a un medio ambiente
sano, a la salud y a la integridad personal, frente a la explotación que se
adelanta en el Tajo patilla, a menos de dos kilómetros de distancia de su
comunidad[47].
4.4 Oposición a la impugnación
La empresa Cerrejón Limited solicitó que se confirmara
el fallo de primera instancia, dado que las accionantes no señalaron de manera
concreta por qué debía revocarse la sentencia[48].
Agregó que el Tribunal analizó de manera adecuada las pruebas obrantes en el
expediente, toda vez que no se aportaron “bases científicas sólidas” que
acreditaran los daños ambientales endilgados en la tutela[49].
Al respecto, mencionó que las emisiones de material
particulado que se generan en la mina, se encuentran identificadas y son
manejadas de acuerdo a “los más altos estándares a nivel nacional e
internacional”[50].
También, precisó que la minería a cielo abierto genera grandes volúmenes de
material estéril, pero no puede considerarse como una actividad tóxica[51].
Precisó que no se ha detectado la presencia de
sustancias contaminantes como monóxido de nitrógeno, benceno, tolueno, ethil
benceno, xileno, entre otros, tan solo destacó que “el monóxido de carbono
arrojó valores muy cercanos al límite permisible ocupacional”[52].
Con lo cual afirmó que no existe una afectación importante de la calidad del
aire o del agua de la zona, que haya sido generada por el polvillo de carbón o
vertimientos de la empresa, dado que no se realizan descargas de material en el
río ni los arroyos circundantes “lo poco que puede llegar es a través de las
escorrentías desde las vías de acarreo, lo cual ocurre en los períodos de fuertes
lluvias”[53].
Destacó que la Resolución 1917 de 2007, mediante la
cual se dispuso la ampliación del botadero Patilla, fue expedida sin realizar
consulta previa alguna, debido a que el Ministerio del Interior certificó que
no había presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia del
proyecto[54].
También, enfatizó recurrentemente que no existen los
elementos de juicio suficientes para demostrar que existe un grave riesgo para
la comunidad de Provincial, o un perjuicio irremediable que deba
prevenirse por parte del juez de tutela, máxime si no se cumplió con la carga
de la prueba que tenían las accionantes al respecto.
En relación con la solicitud de suspensión de sus
actividades extractivas, indicó que “es posible proteger los derechos fundamentales,
sin que resulte necesario ordenar la suspensión del proyecto”, a lo cual
agregó que, por ejemplo, la sentencia T-730 de 2016 resolvió un caso relativo a
la contaminación ambiental que generaba un proyecto petrolero, frente a lo cual
la Corte señaló que era necesario armonizar la tensión de los diferentes bienes
en controversia, absteniéndose de suspender las operaciones y, en cambio,
ordenó la adopción de medidas urgentes para subsanar los daños ambientales
causados[55].
Finalmente, la compañía accionada argumentó que en
este caso no existen los elementos necesarios para aplicar el principio de
precaución, ya que para ello se requiere un mínimo de certidumbre científica
respecto a la posibilidad de afectación del medio ambiente[56].
4.5 Segunda instancia
En sentencia del 7 de noviembre de 2017, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 3,
confirmó la negativa del amparo.
Para tal efecto, sostuvo que los habitantes del
territorio colombiano tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano y el
Estado tiene el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, “imponer sanciones legales por conductas lesivas del ambiente y
exigir la reparación de los daños causados”[57]. Sin
embargo, aseguró que, en el caso concreto, las pruebas aportadas en el proceso son
insuficientes para acreditar afectaciones a las comunidades.
Destacó que “si bien el material particulado que se
genera como consecuencia de la operación minera (...) puede causar ciertos daños
al ambiente, también lo es que dichas emisiones atmosféricas se están
controlando”[58].
Sobre este punto, señaló:
“si bien la actividad minera genera
emisiones de material particulado que alcanza la comunidad de Provincial,
también lo es que estas partículas no superan los límites permisibles
establecidos por la normatividad colombiana en la Resolución 610 de 2010; así
incluso lo demostró la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA,
conforme a estudios realizados sobre el particular, por lo que no podría
evidenciarse la causación de un riesgo o la magnitud del daño al que aluden las
actoras.” [59]
Por último, indicó que tampoco podía darse aplicación
al principio de precaución, dado que “no hay manera de establecer con
certeza que como consecuencia de la actividad minera desarrollada por el
Cerrejón se está causando graves afecciones en la salud y vida de la comunidad
a la que pertenecen las accionantes”[60].
4.6 Remisión del expediente a la Corte
Constitucional
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
ordenó el envío del expediente a esta Corporación para su eventual revisión[61],
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
5. Material probatorio aportado con la acción de
tutela
●      Copia de la historia clínica del menor Duber
José Brito Uriana, quien fue atendido por la Unidad Pediátrica Simón Bolívar
IPS S.A.S.[62]
●      Copia del Informe de resultados de calidad
de agua, en el marco del proyecto “Evaluación de algunos aspectos de salud
ambiental en el área de influencia de la actividad minera de carbón en el sur
de la Guajira colombiana” adelantado por el Grupo de Química Ambiental y
Computacional de la Universidad de Cartagena[63].
●      Copia del registro civil de nacimiento del
menor Duber José Brito Uriana[64].
●      Copia de la cédula de ciudadanía de Mari
Luz Uriana Ipuana[65].
6. Selección del expediente por parte de la Corte
Constitucional
Mediante Auto del 15 de diciembre de 2017, la Sala de
Selección de Tutelas Número Doce, conformada por la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, escogió el
expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto
Rojas Ríos para efectuar su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a
36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
El referido Auto indica que el expediente fue
seleccionado bajo los siguientes criterios de selección: (i) -subjetivo- urgencia
de proteger un derecho fundamental; y, (ii) -objetivo- exigencia de
aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental.
7. Actuaciones surtidas en sede de revisión
Teniendo en cuenta que el presente caso gira en torno
a la posible existencia de afectaciones al ambiente y a la salud por parte de
la empresa Carbones del Cerrejón Limited y sus eventuales repercusiones en la
calidad de vida de los habitantes del resguardo indígena Wayúu Provincial,
el Magistrado Ponente consideró que se requerían mayores elementos de juicio
para adoptar una decisión en el presente asunto.
A continuación, se resumen los aspectos más relevantes
de los Autos proferidos y de las distintas intervenciones y pruebas aportadas
en sede de revisión.
7.1 Auto del 6 de marzo de 2018
El Magistrado Ponente profirió Auto de vinculación y
pruebas el 6 de marzo de 2018, en el cual se vinculó al trámite de la acción de
tutela a las Secretarías de Salud del Departamento de la Guajira y del
municipio de Barrancas, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General
de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que se
pronunciaran sobre el asunto objeto de estudio.
Así mismo, se resaltó la necesidad de ordenar la
realización de distintas pruebas con el fin de: (i) comprobar la verosimilitud
de lo aducido por las accionantes; (ii) analizar las condiciones de morbilidad
y mortalidad en el resguardo; (iii) verificar las características ambientales y
fisicoquímicas de la zona; y (iv) examinar el control y seguimiento realizado a
las operaciones extractivas de la empresa.
En consecuencia, solicitó: (i) a las Universidades
Nacional de Colombia, del Sinú y de Cartagena, que allegaran al proceso las
investigaciones que habían adelantado sobre las condiciones ambientales en la
zona; (ii) al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-, que
presentara las pruebas que estimara pertinentes sobre el asunto de la
referencia, en tanto ostentó la representación judicial del resguardo durante
los años 2011 al 2015; (iii) a las ciudadanas accionantes, que precisaran las
afirmaciones contenidas en la acción de tutela y, de ser posible, aportaran
pruebas adicionales que permitieran su comprobación; (iv) a la Defensoría del
Pueblo, que realizara una visita de verificación a la comunidad para examinar
las denuncias realizadas por las demandantes; (v) al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corpoguajira,
que remitieran los actos administrativos de control y seguimiento ambiental
respecto a la mina; (vi) a la empresa Carbones del Cerrejón, que aportara su
plan de mitigación de daños ambientales, sociales y culturales; y, (vii) a la
Corporación Geoambiental TERRAE, a la Red por la Justicia Ambiental en
Colombia, al Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP-, y al Grupo de
Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional
de Colombia -GIDCA-, que rindieran su concepto técnico sobre las presuntas
afecciones ambientales y de salud en el resguardo Provincial.
a. Contraloría General de la República
El ente de control señaló a través de su Delegada para
el Medio Ambiente, que realizó una auditoría a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales en relación con sus funciones de control al complejo
minero de Carbones del Cerrejón Limited.
Dentro de los múltiples hallazgos que refirió la
Contraloría, se destaca que identificó retrasos de hasta 20 meses en la revisión
y evaluación de los Informes de Cumplimiento Ambiental de la empresa, lo cual
ha tenido como causa “la baja capacidad operativa y deficiencias en la
planeación de las actividades de seguimiento y control a los POA”
-Proyectos, Obras o Actividades-[66].
Al respecto, el informe aportado destaca que esta
situación:
“Pone en riesgo el cumplimiento de
las medidas, obligaciones y responsabilidades asumidos por el beneficiario de
la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, así como la
posibilidad de actuar a prevención para evitar, prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos negativos sobre el ambiente, los recursos naturales, los
servicios ecosistémicos y las comunidades en el Área de Influencia Directa del
POA.
Esta situación se convierte en importante
factor de riesgo, tanto ambiental, como social y económico, en los territorios donde tienen su área
de influencia dichos POA, más aún si se toma en cuenta que los POA objeto de
licenciamiento competencia del MADS-ANLA corresponde a aquellos megaproyectos
que suelen tener un mayor impacto ambiental, económico y social.”[67]
Adicionalmente, aborda otro tipo de hallazgos
relativos a la problemática relativa al Arroyo Bruno y a un Proyecto denominado
Tajo la Puente, que no se corresponden al objeto de la acción de tutela
bajo estudio. Tan solo resulta pertinente señalar que en relación con el Río
Ranchería, la Contraloría indicó que se adoptaron medidas respecto a la sequía
de este afluente para minimizar la captación de aguas que realiza Cerrejón, que
en su proceso de explotación pasó de consumir 17 millones de litros de agua al
día a 3.7 millones[68].
b. Defensoría del Pueblo
En un primer momento esta entidad solicitó que se le
concediera un tiempo adicional para presentar el informe que se le encargó respecto
a las condiciones del resguardo indígena[69].
Sin embargo, aportó varios documentos realizados por la Defensoría Delegada
para los Derechos Colectivos y del Ambiente, en su función de seguimiento a las
operaciones de Cerrejón.
Sobre la comunidad Provincial, señaló que la
generación de polvo “tiene un impacto sobre las poblaciones que se ubican
vientos abajo, dentro de los cuales se encuentran los resguardos
indígenas Provincial y San Francisco”[70].
A su vez, refirió que “el fenómeno de autocombustión del carbón (...)
genera óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y gas carbónico, entre otros
gases, que son perceptibles por el olfato”[71].
También se aduce que “la flora se ha visto
afectada porque en épocas de lluvia, la escorrentía al no tener
cobertura vegetal sino una red de canales de drenajes, llega más rápido al río
sin regulación de caudales”[72],
y se relata que la organización CESAT “evidenció la presencia de material
particulado de carbón en el aire en inmediaciones de la comunidad Provincial
(...) lo cual también afecta las plantas vegetales y fuentes de agua de la zona”[73].
Dentro de las conclusiones del documento aportado por
la Defensoría se argumenta que “la explotación de carbón de la Mina del
Cerrejón ha conllevado a excesos con los habitantes de los municipios que
se encuentran en la zona de influencia de la Mina, afectando de manera
directa sus costumbres políticas, económicas y sociales”[74].
Además, se refirió que “se observaron malos manejos de las aguas de
escorrentía en algunos puntos de los botaderos de la empresa Cerrejón, lo cual
permite la contaminación de los cuerpos de agua más próximos”[75].
En otro informe defensorial sobre la crisis
humanitaria en el Departamento de La Guajira, se aduce que “la explotación
de los recursos minero-energéticos, denotan impactos significativos para la
población indígena. En particular respecto a aspectos de su organización
política, ordenamiento interno, representación y ejercicio de su autoridad,
circunstancias que han incrementado los conflictos interétnicos”[76].
c. Secretaría de Salud Departamental de La Guajira e
Instituto Nacional de Salud
Ambas entidades  se limitaron a aportar datos de
morbilidad a nivel de cada municipio del departamento de La Guajira, dado que
no tienen información específica sobre el resguardo Provincial[77].
d. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Esta cartera indicó que está adelantando un Plan
Estratégico para verificar si se han causado daños ambientales que afecten a la
población bajo estudio, para lo cual está adelantando reuniones con la ANLA y
Corpoguajira[78].
Señaló que Corpoguajira es la máxima autoridad
ambiental sobre el territorio y, como tal,  ha realizado monitoreos de la
calidad del aire en la zona, sobre los cuales presenta una gráfica sobre los
resultados del primer semestre del año 2017[79].
En esta ilustración se registran concentraciones que
fluctúan alrededor de los 50 µg/m3 de material particulado PM10, presentando un
mínimo de 20 µg/m3 en el mes de mayo y un máximo de 110 µg/m3 en julio[80].
Estos resultados implican sucesivos incumplimientos
del nivel máximo permitido en la Guía de Calidad del Aire de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que aplica un estándar de 20 µg/m3 para la media
anual y 50 µg/m3 para 24 horas, e inclusive, se evidencian niveles que superan
lo exigido por la normatividad colombiana (Resolución 610 de 2010), que es más
laxa en sus límites al exigir 50 µg/m3 para la media anual y 100 µg/m3 como
promedio de 24 horas[81].
Por último, señala que ha proyectado un plan de Fortalecimiento
del Sistema Especial de Vigilancia de la Calidad de Aire en el Departamento de
La Guajira, así como una Rehabilitación de ecosistemas forestales en las
cuencas de los ríos Ranchería, Tapias y Cesar en los municipios de Riohacha,
San Juan del Cesar y Albania[82].
e. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Esta institución señaló que ha participado en las
mesas lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para
definir un cronograma en el que se evalúen si las operaciones de Cerrejón
causan daños a la comunidad[83].
Explicó que la empresa accionada cuenta con un Plan de
Manejo Ambiental -PMA- aprobado mediante la Resolución No. 670 de julio de
1998, el cual ha venido siendo objeto de seguimiento en múltiples actos
administrativos, algunos de los cuales anexó a su intervención[84].
Por otra parte, señaló que ha dado cumplimiento a la
orden cuarta de la sentencia T-704 de 2016, en la que se resolvió que la ANLA
debía revisar el PMA de Cerrejón y analizar si era suficiente para “hacer
frente a la contaminación que se produce”[85].
Indicó que rindió concepto técnico sobre todas las operaciones extractivas y
determinó que “en términos generales” es suficiente para mitigar los
impactos generados, sin embargo, señaló que la empresa debía cumplir unos
requerimientos adicionales para dar pleno cumplimiento al PMA[86].
f. Corporación Autónoma Regional de la Guajira -
Corpoguajira
●      Dentro de los documentos allegados por esta
entidad, se resalta un informe en el cual se relata que Corpoguajira realizó
una visita al resguardo Provincial los días 15 y 16 de marzo de 2018, en
la cual constató los siguientes hallazgos de especial importancia:
-“El polvillo emitido por la
explotación a cielo abierto del carbón por la empresa el Cerrejón es
constante en las diferentes rancherías de la comunidad, así como el olor
a azufre”[87].
-“Se pudo evidenciar un polvillo negro en
las hojas de los árboles especialmente del predominante turpillos y en arbustos
menores, los frutos de estos árboles son consumidos por el ganado vacuno y
caprino”[88].
-“Casa de Mari Luz Uriana (...) Desde su
casa alcanza ver la cortina de polvo que se ve en los botaderos de la empresa
el Cerrejón cuando se presentan las voladuras, polvillos que caen sobre la
comunidad por estar vientos abajo, hecho de mucha gravedad”[89].
-“Los temblores crean grietas en las
viviendas y el polvillo ha generado enfermedades cutáneas y respiratorias
que afectan con mayor fuerza a los niños menores de 5 años y a los adultos
mayores”[90].
Así mismo, esta Corporación reseñó algunos testimonios
de la comunidad sobre las afectaciones sufridas:
- “Según la comunidad en épocas de
inviernos se ven las aguas contaminadas corriendo de los botaderos hacía el
río ranchería única fuente de abastecimiento permanente de recurso hídrico
de toda la comunidad”[91].
- “En esta comunidad sus habitantes sienten
muy fuertes las voladuras todos los días. En las noches sienten ruidos
de las maquinarias pesadas. (...) La comunidad expresa sentirse afectada
cultural, psicológica, física, emocional y económicamente.”[92]
Debido a todo lo anterior, Corpoguajira constató que,
con base en el cronograma de voladuras, las explosiones en las áreas mineras de
Oreganal y Patilla han sido constantes en los últimos meses con una periodicidad
promedio de cada dos días[93].
También se indicó “Indudablemente que los
impactos ocasionados por la actividad de extracción de carbón de la empresa
Cerrejón sobre la comunidad indígena de Provincial están directamente
relacionados con la cercanía de la minería con la población”[94].
La entidad presentó las siguientes conclusiones que,
dada su importancia para el caso, se reproducen casi en su totalidad:
“1. Se evidenciaron diferentes
problemáticas ambientales mencionadas en la queja interpuesta por MARI LUZ
URIANA y YASMINA URIANA TUTELANTE miembros de la comunidad, todas de gran
importancia y que afectan notablemente la calidad de vida del medio ambiente,
de los moradores del Resguardo Indígena Provincial del municipio de Barrancas.
2. Se identificaron varias grietas
en las casas de los diferentes lugares visitados (...) causadas presumiblemente
por las voladuras hechas por la empresa (...).
3. En el sitio se evidenció que, en los
muebles de las casas, en puertas, adentro de los hogares del resguardo residuos
de polvillo emitidos probablemente por la explotación de minerales a cielo
abierto que se hace a distancia de esta localidad (...) específicamente en el
tajo Patilla y Tajo Oreganal muy cerca esta comunidad indígena. (...)
6. El día viernes 16 de marzo de 2018,
siendo aproximadamente la 12:58 G.M.T. ocurrió un evento de voladura, con una
explosión perceptible en el área de la comunidad de Provincial.
AIRE: La calidad del aire se está
(sic) está significativamente afectada por la permanente emisión de polvos y
partículas, la emisión de ruido especialmente en horas nocturnas y
olores ofensivos.
AGUA: Las fuentes de aguas tanto
superficiales como subterráneas en el área de la comunidad de Provincial son
afectadas por la actividad minera por el aporte de sedimentos contaminantes
y la desaparición de cauces superficiales y alteración de acuíferos
subterráneos, dada la escasez del recurso en el área, se considera
uno de los impactos más significativos y relevantes con el transcurso del
tiempo. (...)
ASPECTOS CULTURALES. Cambios en los usos y
costumbres de las comunidades”[95].
●    De manera semejante, Corpoguajira aporta un
Informe de Seguimiento Ambiental producto de la visita realizada del 20 al 24
de noviembre de 2017 a las instalaciones de la empresa. En las conclusiones de
este documento se registró que, a pesar de las medidas adelantadas por Cerrejón
para prevenir y controlar las afectaciones ambientales que genera, se
encontraron los siguientes hallazgos de contaminación:
-“Se observa presencia de películas de
aceites sobre el agua vertida a la Laguna Sur (...) el sistema no es
suficiente y/o efectivo debido a que al presentarse aumento en caudal y
turbulencia permite el paso de hidrocarburos sin retención alguna.[96]”
- “Se evidencian vestigio de derrames que
obedecen a manejo inadecuado de hidrocarburos que generan contaminación de
suelo y cuerpos de aguas subterráneas y superficiales. (...) el sistema de
retención Dique Jairo González, no es efectivo y permite el paso de poco o
mucho material contaminante con hidrocarburos, dependiendo de las condiciones
climáticas.[97]”
- “Dentro de la planta de emulsión, se
presentan derrames constantes de hidrocarburos. (...) en el vertimiento
final se evidencia una película de trazas de hidrocarburo, que ha dejado su
rastro de muchos años en el suelo y vegetación con la que tienen contacto
por un tramo aproximado de 300 metros hasta llegar a la Laguna Sur y después
al Río Ranchería. Cabe aclarar que en la laguna Sur no se realiza
tratamiento de hidrocarburos, por lo tanto no debería realizarse
vertimientos con trazas de hidrocarburos.[98]”
- “El vertimiento realizado desde la planta
de emulsión no cuenta con el respectivo permiso otorgado por la
autoridad ambiental.”
- “Se solicitaron los monitoreos realizados
por Cerrejón en el periodo 2017 a los vertimientos generados desde la planta de
emulsión (...) los cuales al comparar con la norma de vertimientos
evidencian un incumplimiento de la misma.[99]”
- “En seguimientos anteriores se ha
evidenciado que en la laguna de disposición de cada uno de los sistemas de
tratamiento de los reasentamientos (Roche, Patilla - Chancleta, Las Casitas y
Tamaquito), se han convertido en trampas mortales para animales silvestres que
anidan en los alrededores de dichos sistemas.[100]”
- “La empresa CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED
debe eliminar de inmediato el Dique Jairo González, como sistema de retención
y/o separación de líquidos aceitosos provenientes de áreas de taller y
mantenimiento, debido a que en época de escenarios de alta precipitación, el
Dique no funciona y todos los residuos líquidos aceitosos pasan a la laguna Sur
y posteriormente al Río Ranchería.[101]”
- “La empresa CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED
debe suspender de inmediato los vertimientos realizados al suelo desde la
planta de emulsión, debido a que se está realizando contaminación de suelos
por los altos niveles de aceite, grasas y otros contaminantes.[102]”
- “MATERIAL PARTICULADO (...)
Corpoguajira, como la entidad encargada del cuidado y preservación del ambiente
y los recursos naturales tiene el deber de salvaguardar los recursos dentro de
su jurisdicción, considera pertinente tomar las acciones jurídicas y proceder
conforme a la situación encontrada, ya que es evidente una afectación de los
recursos agua, suelo, flora y fauna.[103]”
- “Corpoguajira debe tomar las medidas
pertinentes en contra de la empresa Carbones del Cerrejón Limited- Cerrejón
por haber contaminado de forma irresponsable varias fuentes hídricas.
(...) por estar realizando vertimiento a cuerpos de agua sin el debido permiso.[104]”
●
En otra visita
realizada del 20 al 23 de junio de 2017 en la zona de la mina se registraron
las siguientes advertencias:
- “Manejo de aguas de escorrentía:
En la mayoría de los casos, los sedimentos y lodos arrastrados por las
escorrentías son controlados en las lagunas de retención, no obstante se
observa con preocupación las escorrentías directas que arrastran sedimentos
y material lodoso principalmente desde las vías internas hacia el cauce
principal del río Ranchería. En una revisión muy somera se logró
identificar arrastre de sedimentos directos al cauce del río Ranchería mediante
escorrentías que socavan el suelo y que desestabilizan el margen del
río y el bosque ripario.[105]”
- “Control de Polvo en la mina:
(...) A pesar de los altos esfuerzos e implementación de sus sistemas de
control, se observó levantamiento de material particulado debido a que
la dinámica del mismo hace que se desprenda muy fácilmente por efectos del
viento o con el paso de cualquier vehículo, sin importar el tamaño ni la
velocidad a que éste marche. Este material por ser tan fino viaja fuera de
la mina e impacta a las comunidades de influencia directa.[106]”
Así mismo, Corpoguajira encontró graves hechos de
contaminación en varios lugares donde se adelantan operaciones mineras por
parte de la empresa accionada:
-“En algunos tramos que se visitaron se
evidenció que la empresa CERREJÓN está realizando labores de limpieza, pero
también es de anotar que dicha empresa está realizando una inadecuada
disposición del material recogido, pues lo está depositando en la parte
baja de los puentes por donde muchas veces pasan los arroyos de los
cuales se abastece de agua la comunidad Wayuu.[107]”
-“Se evidenció que el jagüey que se
encuentra al lado izquierdo de la vía férrea (...) estaba seco, lo cual hizo
evidente la gran acumulación de CARBÓN que se encuentra depositado allí (aunque
anteriormente la empresa CERREJÓN había informado a CORPOGUAJIRA que ellos
habían realizado la limpieza del mencionado Jagüey)[108].”
-“En el tramo de la vía que conduce a la
entrada de Puerto Bolívar (...) toda la vegetación que se encuentra allí
está impregnada de polvillo de carbón, al igual es evidente que gran
cantidad de suelo está en las mismas condiciones[109].”
Corpoguajira también hizo la siguiente recomendación
específica sobre la comunidad Provincial:
-“Que en la época seca, debe mantener
inactivo aquellos botaderos que están cercanos a las poblaciones de Las
Casitas, Barrancas y Provincial. La anterior recomendación la
estamos haciendo en virtud que algunos botaderos, tiene influencia directa
sobre las poblaciones mencionadas, ya que están a escasos 5 kilómetros y
los resultados de calidad del aire de nuestro SVCA así lo indican. Es
importante que los riegos se concentren más en los botaderos del sur, sur-oeste
y sureste que pueden afectar poblaciones de influencia directa y además regar
con cierta frecuencia aquellas vías de poco tránsito o que han sido cerradas,
ya que por efectos de viento se levanta con mucha facilidad el material fino
suelto.[110]”
g. Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad
de Cartagena
Esta institución académica allegó el estudio
preliminar denominado “Caracterización de algunos indicadores de
contaminación ambiental asociada a la actividad minera en el sur del
Departamento de La Guajira”, el cual se construyó con base en un monitoreo
de la calidad ambiental en dicha zona.
En general, el estudio asevera que la toxicidad de la
minería de carbón está directamente relacionada con el tiempo de exposición, el
tamaño de las partículas (mayor toxicidad igual o menor a PM 2.5) y la
presencia de contaminantes químicos como los metales pesados (Ni, Pb, As y Hg,
otros) e hidrocarburos aromáticos entre otras sustancias[111]. Lo que
puede generar alteraciones a nivel celular, neumoconiosis, asma, fibrosis
masiva progresiva, bronquitis crónica, EPOC y/o cáncer[112].
Se realizaron muestreos a diferentes cuerpos de agua,
caracterizaciones morfométricas de chivos e iguanas de la zona y algunas
evaluaciones al estado de salud de algunos de los habitantes de las comunidades
indígenas. Dentro de las conclusiones del estudio se destaca que las iguanas
están sometidas a “condiciones ambientales de contaminación,
que afectan el funcionamiento de su hígado y pulmones”[113].
Al respecto, se afirma que “los resultados
encontrados en el presente estudio, permiten afirmar que las iguanas
provenientes de las comunidades, Tamaquito y Provincial han tenido mayor
grado de exposición a los contaminantes ambientales, (...) lo cual puede
estar asociado con la inhalación de sustancias contaminantes derivadas de la
actividad minera en la zona”[114].
Adicionalmente, se asevera que “el pozo ubicado en
la comunidad de provincial (punto 7), presentó el mayor promedio de
las variables analizadas, resaltándose entre estas, la conductividad
eléctrica, salinidad, contenido de sólidos totales disueltos y el potencial de
óxido-reducción (redox), que representa un riesgo potencial para su consumo”[115].
Sobre la medición de metales se sostiene que “indican
la existencia de un impacto ecológico y ambiental, potencialmente negativo
para la biodiversidad de organismos bentónicos (...) muy probablemente
afectando aquellas especies que hacen parte del entramado trófico en el sistema”.
Y respecto al estado de salud de algunos habitantes de
la zona, se encontraron afectaciones de la función pulmonar en el 10% de las
personas analizadas “lo cual resulta preocupante debido a la cercanía de
las explotaciones mineras ya que el material particulado que usualmente se
emite a partir de esa actividad, contribuye de manera negativa con el funcionamiento
del sistema respiratorio.[116]”
h. Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la
Universidad Nacional de Colombia
El coordinador de este programa allegó un escrito de
ampliación del concepto sobre el objeto de la presente acción. En primer lugar,
señaló que una verdadera valoración de la situación afrontada por el resguardo Provincial
no puede realizarse con base en un enfoque lineal de “causa- efecto”, que
se limite a verificar si se incumplieron los parámetros normativos para
sustancias contaminantes en la zona[117].
En contraste, planteó que debe hacerse un análisis
integral, sistémico y dinámico del asunto que permita comprender las
dimensiones socio-ambientales del asunto desde dos perspectivas: la ecológica y
la de salud pública. Frente a la primera, sostuvo que la actividad minera no
sólo representa alteraciones fisicoquímicas del ecosistema, sino que, además,
introduce modificaciones a las relaciones sociales y de poder que se presentan
en los territorios, lo que afecta sensiblemente los usos y costumbres de las
comunidades indígenas de la zona[118].
Respecto a la perspectiva de salud pública, se
argumentó que no puede reducirse este ámbito a examinar si se superaron o no
los límites de material particulado PM10. Lo anterior, debido a que la
combinación y exposición cotidiana a PM 2.5 y las diferentes sustancias
químicas que resultan del proceso de oxidación de carbón van perjudicando
progresivamente a los habitantes de la región a nivel micro celular, por lo que
“ameritaría aplicar, como mínimo, el principio de precaución”[119].
i. Escrito de las accionantes del 2 de abril de 2018
Las tutelantes aportaron un documento en el que
completan sus alegatos en construcción con diálogos que han tenido con su
comunidad. Refieren que la cercanía del Tajo Patilla y otros tajos y botaderos
afecta diariamente su forma de vida al secar sus ríos, volver la tierra
infértil y confinarlos entre letreros de “propiedad privada” que antes no
existían[120].
Aducen que han acudido al Estado colombiano para
defender sus derechos, pero ha resultado infructuoso, ante lo cual, aseveran
que en el proceso ha quedado comprobado el riesgo ambiental en el que se
encuentran, por lo que esto debería ser razón suficiente para por lo menos
suspender las labores del Tajo Patilla[121].
Señalan que Cerrejón ha impedido pasar los caminos
reales por los cuales transitaban e, inclusive, las rutas para llegar al río
Ranchería, imposibilitando así su acceso al agua[122]. También
indican que sitios sagrados han sido afectados por las máquinas de la empresa y
que las constantes negociaciones y conflictos con Cerrejón han redundado en
divisiones internas y el daño a su tejido social[123].
Así mismo, afirman que la conciliación que realizaron
algunos integrantes de la comunidad con la empresa se dio ante su habilidad y
poder económico para convencer a algunas personas y así ocultar la realidad que
viven, sobre lo cual refieren que externamente Cerrejón muestra esos acuerdos
como forma de compensación, pero les dicen que fue un simple acto de generosidad
porque no tienen ninguna obligación frente al resguardo[124].
Además se oponen a las propuestas de la empresa
relativas a su reubicación, al referir que “la empresa siempre ha querido
sacarnos de nuestro territorios (...) la empresa pretendía que nos fuéramos, la
reubicación más no una verdadera reparación de la comunidad”[125].
Resaltan su conexión con el territorio y reprochan el daño que éste ha sufrido,
lo que genera falta de alimentos y agua, así como un daño a su proyecto de vida
como colectivo que “se nubla en la desesperanza, hecho que genera tristeza y
dolor que igualmente repercute en la salud de la tierra y en la salud de todos”[126].
Aportan varios documentos, historias clínicas y
estudios para sustentar los perjuicios que están sufriendo. En especial, citan
un artículo de investigación que demostró una asociación muy alta entre cáncer
y residentes cercanos a una mina de carbón, como producto de las emisiones de
PM 2.5[127].
En las historias clínicas que se allegan se registran
personas con asma, bronquitis, tuberculosis pulmonar, rinitis, entre otras
enfermedades e infecciones respiratorias[128].
Además, aportan un control de morbilidad y mortalidad que realizó la comunidad
en el cual aducen que “las dolencias aparecían o se agudizaban ante los
olores azufrados que llegan hasta nuestro resguardo provenientes de la quema de
carbón del Botadero de Patilla. Así mismo, relacionaron sus dolencias
respiratorias y de visión con el polvillo o carbonilla que todas las tardes cae
sobre nuestras casas”[129].
Anexan otro informe relativo a las voladuras de la
empresa y los daños que estarían causando en las casas de los habitantes de la
comunidad. Relatan que esto ha generado temor en los niños que no entienden los
constantes ruidos y temblores, y en los adultos respecto a los daños que se
generan en sus casas, lo que en suma termina afectando la tranquilidad y el
sueño de todo el resguardo[130].
j. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Por su parte, el CAJAR aportó varias pruebas
acreditando la contaminación ambiental generada al resguardo Provincial, el
desamparo institucional en el que se encontraría la comunidad, la insuficiencia
de las medidas adoptadas por las autoridades de control, la constante
generación de grietas en las casas pese a las reparaciones efectuadas, entre
otros aspectos[131].
Dentro de los documentos aportados, se incluyen fotos
que muestran la presencia de polvillo de carbón en las superficies de los
techos y los tanques de agua[132].
Así mismo, incluyen gráficas en las que se explica que Cerrejón se ha defendido
aduciendo que el material particulado encontrado no supera la normatividad
nacional, pero ignora que ésta no se encuentra conforme a los lineamientos de
la Organización Mundial de la Salud y al comparar las concentraciones
identificadas con los límites de la OMS[133],
se evidencian constantes niveles excesivos[134].
Agregan que los animales de la comunidad también
presentan enfermedades y muertes repentinas a causa del polvillo del carbón, lo
que les hace temer consumir su carne[135].
También relatan que los médicos tratantes recomiendan frecuentemente salir del
resguardo debido a las malas condiciones ambientales que éste enfrenta[136].
Indican que el resguardo presenta una situación de
hacinamiento, dado que solo tienen una vía de acceso, están rodeados por los
Tajos Patilla y 100, así como terrenos adquiridos por la empresa, y en 82 de
las 121 viviendas deben vivir más de dos familias[137]. Explican
que resulta contradictorio el haber reubicado a varias comunidades para
alejarlos de la contaminación de la empresa y, a su vez, negar que en Provincial
se esten generando afectaciones al medio ambiente y a la salud de sus
habitantes[138].
Con lo cual concluyen que: (i) debe aplicarse el
principio de precaución en defensa del medio ambiente, la comunidad indígena y los
derechos fundamentales de los niños del resguardo; (ii) es necesario garantizar
la transparencia del control ambiental, el cual debe realizarse en estudios
independientes y no en documentos construidos por la misma empresa; y, (iii)
constituir sistemas de vigilancia al interior de las comunidades que les
permitan conocer y generar reportes sobre su situación[139].
k. Coadyuvancia de varios integrantes del resguardo
Provincial
Varias decenas de miembros de la comunidad presentaron
un escrito en el cual coadyuvan la presente acción de tutela y la petición de
suspender la actividad minera alrededor del resguardo. Como fundamento de ello,
refirieron que es la única alternativa que tienen para volver a tener un aire
sano y no tener que ser reubicados, como ha ocurrido con otras comunidades
aledañas[140].
l. Centro de Investigación y Educación
Popular/Programa por la Paz (CINEP/PP)
Como respuesta al concepto técnico solicitado por el
Auto de Pruebas ya referido, el CINEP relata que realizó distintas
investigaciones con relación a la situación de Provincial, en las cuales
concluyó que Cerrejón ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud y al
medio ambiente sano tanto individualmente como a nivel de la colectividad, y
que las acciones adelantadas por las autoridades ambientales han sido insuficientes
para afrontar la situación[141].
Como fundamento de lo anterior, señala que el vertimiento
de aguas de la mina, el arrastre de material de los botaderos, la acumulación
de carbón en el lecho del río Ranchería y las aguas de escorrentía ha generado
contaminación de distintas fuentes hídricas superficiales y subterráneas[142].
Se aduce que se ha limitado el acceso a cuerpos de
agua por el cierre de vías y caminos tradicionales que antes eran de libre
circulación, lo que dificulta aún más el abastecimiento de este recurso[143].
En el río Ranchería registra conductividades por encima de los 1000 us/cm (Res.
2115 de 2007) lo que indica una alteración externa de este cuerpo de agua[144].
Frente a la calidad del aire señala mediciones de 31 y
46 ug/m3 en un día, superiores al valor de referencia de la OMS para PM 10 (20
ug/m3)[145];
y en ruido, se refiere que “la mayoría de monitoreos presentan
incumplimientos a la norma[146]
y a las recomendaciones de la OMS”, la Resolución 627 de 2016 plantea un
límite de 65 db (día) y 55 db (noche) para zonas residenciales, y en Provincial
se registraron medidas de 81,6 db (día) y 62 (noche)[147].
m. Coadyuvancia de Alirio Uribe Muñoz
Ciudadano que pone de presente la necesidad de
salvaguardar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional
involucrados en este caso, reitera argumentos ya presentados por las tutelantes
y el CCAJAR, y enfatiza en que las autoridades de control no pueden sustentar
sus actos de seguimiento en la información aportada por la misma empresa
accionada[148].
n. Corporación Geoambiental TERRAE
En el concepto técnico aportado se resaltan los
múltiples elementos que llevan a concluir que, como mínimo, la comunidad Provincial
sí se encuentra en un grave riesgo ante la contaminación generada por la
mina. Dentro de los aspectos novedosos aportados se indica que el pH del río
Ranchería tiene una “evidente tendencia a la alcalinización” lo que se
relaciona con la liberación y movilización de metales y metaloides[149].
Lo que se complementa con la identificación de
concentraciones de cadmio y plomo en ese afluente que exceden dos y hasta once
veces el valor permisible para conservación de fauna y flora, especialmente en
la estación ubicada cerca al Tajo Patilla[150].
Así como, niveles de plomo altamente excesivos en los arroyos Bruno y Cerrejón[151].
TERRAE denuncia que “se desconoce el comportamiento
del agua subterránea a diferentes profundidades donde se identifiquen realmente
esos gradientes en el contenido de iones mayores que imposibiliten el consumo
de esta agua en la región”[152],
y que la empresa debe generar cuanto antes información detallada sobre las
características geoquímicas e hidrogénicas de sus botaderos, dada la
posibilidad real de que se estén liberando especies químicas tóxicas a los
suelos y aguas de la zona[153].
A su vez, reitera que cerca al resguardo se registraron concentraciones de PM10
hasta dos veces superior a los límites de la OMS[154].
7.2 Auto de suspensión de términos
Teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo
solicitó la ampliación del término para rendir su concepto y que varias
entidades no habían aportado las pruebas solicitadas, la Sala Novena de
Revisión profirió Auto del 19 de abril de 2018 en el cual requirió nuevamente
el envío de la información solicitada inicialmente y dispuso la suspensión de
los términos para fallar, de conformidad con el inciso 2º del artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional)[155].
a. Intervención de la Asociación Interamericana de
Derechos Humanos (AIDA) y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia
En concepto conjunto explicaron los graves riesgos de
realizar minería de carbón a cielo abierto y refirieron varios estudios
científicos que acreditan valores superiores de daño al material genético en
trabajadores de Cerrejón en comparación a un grupo de referencia[156],
así como un incremento de problemas respiratorios agudos en personas que viven
en cercanías de la mina, de acuerdo a fuentes del hospital local de Barrancas[157].
Con base en lo anterior, solicitan que se amparen los
derechos fundamentales invocados en cumplimiento de la normatividad
internacional que protege al medio ambiente y a las comunidades indígenas, y se
suspendan las actividades mineras más cercanas al resguardo hasta que no se
adopten las medidas de evaluación y valoración pertinentes para estudiar
integralmente los aspectos epidemiológicos y ambientales de este caso[158].
b. Visita realizada por la Defensoría del Pueblo
En el informe aportado por la Defensoría respecto a la
visita que realizó al resguardo Provincial los días 11 al 16 de abril de
2018 se expone, entre otros aspectos, que “el ruido generado por la
actividad minera se puede percibir en algunos sitios próximos a la mina y se
debe a la actividad constante de la maquinaria”[159]. En
adición, se relata que la comunidad en general tiene un sentimiento de
desesperanza con relación a continuar viviendo en esas condiciones, afirman que
“para poder sobrevivir hay que salir de aquí”[160].
La Defensoría aporta varias fotografías de niños con
afecciones en la piel[161]
y señala que los habitantes de la zona manifiestan que los olores son muy
fuertes en época de lluvias[162].
En entrevista con una de las accionantes, Mary Luz Uriana, explica que su hijo
tiene neumonía aguda y presenta crisis cada vez que aumenta el polvillo de la
mina[163].
Como elemento adicional se registran fotografías del
polvillo de carbón en tejas de las casas [164]
y en hojas de árboles[165],
también se incluyen imágenes que muestran trozos de carbón en la ribera del río
Ranchería[166].
Por otra parte, se manifiesta que el resguardo carece
de servicio de agua potable por daños en los equipos de bombeo, por lo que
dependen del río Ranchería[167].
Se argumenta también que:
“es evidente que la actividad minera ha
cambiado los patrones de subsistencia de la comunidad, generando
progresivamente dependencia para adquirir los productos necesarios o ser subsidiados
por parte de la empresa (...)
El ambiente y el equilibrio ecológico se
ven afectados por la contaminación del aire y del agua, así como por las
intervenciones sobre los cuerpos de agua de la región que afectan la dinámica
hidráulica natural. Estas afectaciones repercuten en otros derechos, pero en
particular, sobre la salud y la seguridad alimentaria.[168]”
Frente a la calidad del aire, asegura que de acuerdo
al IDEAM, en esta zona hay una falta de cobertura de estaciones de monitoreo y
las existentes no miden PM 2.5, además, sí se registró un aumento progresivo de
PM10 en Provincial[169].
Frente a este punto explican:
“La incidencia de la actividad minera sobre la calidad
del aire, sumada a otras
actividades que aportan contaminantes atmosféricos, no obstante registrar la
mayor parte del año niveles inferiores a los estándares normativos, pero
superiores a los niveles fijados por la OMS, afecta a las comunidades que
están expuestas a estas condiciones la mayor parte del tiempo.
Además, si bien el promedio aritmético de
concentración de PM10 durante un año es menor a 50 ug/m3, se presentan
momentos en el tiempo con niveles superiores o incluso muy superiores al de la
norma colombiana [A pie de página se mencionan concentraciones de:
86.6, 99, 213, 119 y 93 ug/m3].
Esta situación puede estar asociada a
afectaciones a la salud de
las personas, especialmente las más susceptibles como los niños y los adultos
mayores, como fue expresado por la mayor parte de la comunidad del resguardo.
Si bien se presta atención básica en salud
a la comunidad, la atención especializada ha sido mínima y no hay estudios que
permitan aclarar y avanzar en los diagnósticos y tratamientos específicos,
especialmente de los niños que son los más afectados por las condiciones de
contaminación del aire.[170]”
Refiere que la comunidad carece de acceso directo al
agua para su consumo y depende de carro tanques que envían la Alcaldía de
Barrancas y la empresa Cerrejón, por lo que el lavado de ropa y el baño diario
se realizan en el río Ranchería. A su vez, el acueducto se surte de este cuerpo
de agua, pero no cuenta con planta de tratamiento. Las otras fuentes de agua
son pozos que están fuera de servicio por daños en los equipos y jagüeyes que
se secan en épocas de altas temperaturas[171].
Esta entidad recomienda: (i) realizar estudios
especializados sobre las enfermedades respiratorias que se presentan en la
comunidad; (ii) llevar a cabo un estudio de salud ambiental para determinar las
causas de las afectaciones y el grado de responsabilidad de la actividad minera
sobre estas; (iii) a Cerrejón optimizar el control de emisiones atmosféricas
del complejo minero, especialmente respecto a la quema de carbón y las
voladuras; y, (iv) al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que debe
revisar su cronograma de adaptación de sus estándares conforme a los niveles
señalados por la OMS[172].
Finalmente, advierte la poca presencia estatal en el
resguardo ante las necesidades de agua potable, saneamiento básico y salud.
Añade que algunos miembros quieren plantear la posibilidad de reubicación “como
consecuencia de las condiciones medioambientales y de salud adversas que
atentan contra su proyecto de vida comunitario, sin embargo no existe consenso
sobre esta opción”[173].
c. Amicus Curiae presentados por la Clínica Jurídica
de la Universidad de Medellín, la Red Principio 10, la organización Defensa de
Niñas y Niños Internacional, y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental
La Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín y la
Red Principio 10 plantearon su apoyo a las pretensiones de las accionantes,
asegurando que, dada la calidad de sujetos de especial protección
constitucional, las particularidades de este caso y el derecho al acceso a la
justicia, no se puede impedir que estas comunidades acudan a la acción de
tutela para para solicitar la protección de sus derechos[174].
La organización Defensa de Niñas y Niños Internacional
subrayó que deben defenderse contundentemente los derechos de los menores
involucrados en este caso, toda vez que resultan ser los más afectados ante las
condiciones ambientales en que viven, lo que resulta más imperioso ante su
derecho fundamental a tener un entorno limpio que les permita crecer en un
entorno limpio y carente de riesgos de contaminación[175].
Por último, la Alianza Mundial de Derecho Ambiental
con sede en Estados Unidos argumenta que el derecho internacional impone que
prevalecen los derechos indígenas, ambientales y a la salud sobre los
económicos, para lo cual hace referencia a distintas fuentes internacionales y
nacionales vinculantes para el Estado colombiano, dentro de las cuales enfatiza
aquellas que le exigen mitigar la contaminación ambiental, así como las causas
del cambio climático[176].
A su vez, indica que en este caso debe aplicarse la
carga dinámica de la prueba y el principio de precaución ante
cualquier duda que subsista sobre la contaminación generada por Cerrejón. Al
respecto, subrayó que la empresa ha excedido continuamente los límites
adoptados por la OMS, los cuales son desconocidos por la normatividad
colombiana[177].
Finalmente, recomendó la adopción de medidas urgentes para prevenir, controlar
y mitigar los daños causados[178].
d. Universidad del Sinú y Colciencias
Estas instituciones aportaron los resultados finales
del estudio “Evaluación y caracterización de mezclas complejas generadas en
una mina de carbón a cielo abierto y de sus efectos biológicos en linfocitos
humanos”, el cual fue invocado por las accionantes para acreditar la
contaminación de su resguardo.
La investigación fue adelantada bajo la cooperación
entre Colciencias, las universidades del Sinú y del Cauca (Colombia), Federal
do Rio Grande do Sul y Luterana do Brasil, teniendo como objetivo
realizar un monitoreo de tres años sobre la actividad genotóxica de los
residuos de minería de carbón en las poblaciones aledañas a la mayor mina de
este material a cielo abierto en todo el mundo: Cerrejón[179].
Ante la trascendencia de los hallazgos de este
estudio, en adelante se reproducen textualmente apartes del Informe Técnico
Final:
“Los efectos mutagénicos y genotóxicos
generados por la exposición a residuos de la explotación de carbón en nuestro
país, han sido previamente establecidos en yacimientos a cielo abierto
utilizando roedores, reptiles y poblaciones ocupacionalmente expuestas.
Los resultados obtenidos revelaron la
presencia de un incremento en los valores de daño en el ADN detectados con el Ensayo Cometa y en la
frecuencia de Micronúcleos -y por tanto en el riesgo de padecer cáncer- en
las poblaciones de los individuos expuestos comparados con individuos controles
sin exposición. (...)
La falta de datos sobre la naturaleza de
los efectos biológicos generados por los residuos de minería, que permitan
caracterizar el riesgo y despertar una mayor preocupación sobre los tipos de
residuos que ponen en riesgo la salud, constituye la causa fundamental para que
hasta el momento no se haya implementado una regulación estricta a nivel
nacional al respecto de la explotación de carbón.
[Se] detectó la presencia de una gran
cantidad de compuestos orgánicos volátiles principalmente, alquenos,
algunos reportados como indicativos de procesos de combustión espontánea de
mantos de carbón. El hallazgo más importante y sorpresivo de la
caracterización fue la detección en extractos polares, de hidrocarburos
aromáticos policíclicos oxidados (Oxy-HAPs) (...) Este evento es
altamente probable en los ambientes alrededor de las minas y en las altas
temperaturas y condiciones de irradiación solar presentes en La Guajira. (...).
Estas sustancias pueden inducir daño en el
ADN, genotoxicidad y enfermedades como el cáncer, por lo que nuestros resultados revelan la
necesidad de incorporar alrededor de las áreas de influencia de sistemas de
minería de carbón, estándares de calidad del aire que consideren el monitoreo
de los niveles de PM 2.5 y conjuntamente la caracterización química de los
residuos con especial énfasis en productos volátiles de la combustión como
Oxy-PAHs, flatatos y alquenos. (...)
Fueron encontrados por encima del límite de
detección: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ti, Cr, Mn, Cu, Zn, S, Cr, Cl, Cu y Zn
fueron encontrados enriquecidos en muestras del material particulado PM 2.5 de
las zonas controles y expuestas. (...) el factor de enriquecimiento (EF)
para las concentraciones de S [Azufre] en el área de minería (258,09
p.p.m) y en las áreas de control (90.13 p.p.m) fueron significativamente
diferentes. (...) para el Cr [Cromo] también mostró un aumento 2.52 veces
alrededor de la zona minera de carbón. (...)
Nuestros resultados sugieren que las
fracciones polares del PM 2.5, conteniendo metales y material orgánico representado
por HAPs modificados juegan un rol dominante en la inducción del daño en
el ADN y la inducción de inestabilidad genómica. (...) De hecho varios
estudios han demostrado que el daño del ADN se correlaciona específicamente con
la contaminación causada por PM fino y ultrafino (PM 2.5 - PM 1.0).”[180].
Dentro de la socialización de los resultados con las
comunidades también se aborda la comparación entre los hallazgos obtenidos en
poblaciones cercanas a la mina y aquellas alejadas (Mayapo-ubicado al norte de
La Guajira):
“En el aire de las comunidades
encontramos elementos altamente enriquecidos como el Azufre (S) y otros
medianamente enriquecidos como el Cromo (Cr), Cobre (Cu) y el Zinc (Zn). Estos
elementos no se encontraron enriquecidos en el aire de MAYAPO que
usamos como control. (...)
Comparado con los pobladores de MAYAPO los
habitantes alrededor del corredor minero mostraron altas concentraciones de Cromo (Cr), Níquel (Ni), Manganeso (Mn) y
Bromo (Br) en la sangre.
Elementos como el Azufre (S), Cromo (Cr) y
Bromo (Br) pueden dañar las células del cuerpo.
También encontramos daño en las células de
los pobladores del corredor minero.
Este daño puede relacionarse con
enfermedades respiratorias, del corazón, de la piel, estómago y cáncer.[181]”
Por otra parte, se aportan tres artículos científicos
realizados por investigadores de las universidades mencionadas con base en los
resultados obtenidos. El primero expone que: (i) se encontró una relación
espacial entre la exposición a elevadas concentraciones de PM 2.5-PM 10 y daños
a nivel citogenético; (ii) los tajos activos, botaderos y áreas de
almacenamiento de la mina son las principales causas de emisión de elementos de
combustión asociados a la quema de carbón; (iii) existe una relación entre la
mina y concentraciones de elementos altamente enriquecidos en el aire de la
zona, como lo son el Azufre, el Cobre y el Cromo; y, (iv) las condiciones de
viento y la topografía de la zona aumentan la dispersión del material
particulado y el daño que éste genera [182].
El segundo menciona que la composición química del
material particulado es el factor más determinante para evaluar su impacto en
la salud humana, así se presente en concentraciones menores a las establecidas
en los estándares aplicables. El análisis de estas partículas en Cerrejón
evidenció que contienen metales potencialmente peligrosos y altos picos de
flúor en algunas muestras, lo que representa un gran riesgo para las personas
que habitan cerca de la mina[183].
El último desarrolla la peligrosidad de las emisiones
de material particulado al aire, en tanto causante de enfermedades
respiratorias, cardiopulmonares, daño al ADN, entre otras. En el caso concreto,
se encontró que la caracterización química del PM 2.5 necesariamente debe ser
parte del monitoreo ambiental a la empresa accionada, dado que los metales e
hidrocarburos oxidados (Oxy-HAPs) hallados en este material tienen un rol
dominante en la generación de inestabilidad genética y alteraciones del ADN[184].
e. Escrito de la empresa Cerrejón del 2 de abril de
2018
En un primer escrito, el apoderado judicial de la
empresa allegó el documento denominado “Informe de Cumplimiento Plan
Inmediato de Mitigación y Compensación de Daños Sentencia T-704 de 2016”,
en virtud de la solicitud que realizó el Magistrado Ponente sobre la orden
adoptada en esa providencia, en la cual se le exigió a la empresa implementar
un plan inmediato de mitigación de los daños generados en La Guajira.
La entidad expuso que cumplió dicha orden al realizar inmediatamente
21 actividades generales que se realizaron en lugares cercanos al Puerto
Bolívar (norte de la Guajira) y a la línea férrea, estas labores consistieron
en inspeccionar diferentes lugares aledaños al Puerto, hacer un inventario de
emisiones para esta zona, humectar el carbón transportado en tren, realizar limpiezas
de la línea férrea, llevar a cabo campañas de divulgación en materia ambiental,
asegurarse del cumplimiento de la normatividad colombiana vigente, extinguir
incendios espontáneos, dialogar con las comunidades y hacer talleres de
socialización con poblaciones cercanas a la trayectoria del tren[185].
En el documento se resaltó que, si bien se trató de actividades
ya culminadas, “Cerrejón continuará por voluntad propia y como parte de su
responsabilidad social empresarial, adelantando actividades que ya de acuerdo
al cronograma se encuentran terminadas”[186].
A su vez, incluye unas etapas para realizar un Plan de
Compensación por los impactos causados en la zona, pero asegura que no ha sido
posible su realización debido a que implica la realización de diferentes
procesos de consulta con todas las comunidades que pudieran verse afectadas, lo
que conlleva tiempo y múltiples esfuerzos logísticos[187].
f. Amicus Curiae del Colectivo Encuentros
Permaculturales
Esta organización intervino en el proceso señalando
que la comunidad de Provincial debe ser protegida de manera urgente ante
la falta de acceso a medios básicos de subsistencia y seguridad alimentaria. Al
respecto refirieron lo siguiente:
“Observamos que los recursos más
elementales de la vida, como son el paisaje, el silencio, el libre paso por su
territorio, el agua, la caza, la pesca, les han sido quitados por la empresa
minera en su afán de riqueza. (...) los medios de vida cada vez son más
frágiles para el resguardo.
También observamos que es viable la
construcción de las bases para trabajar con la comunidad en torno a nuevas
maneras de generar desarrollo sostenible, desde la reconstrucción del tejido
social y ‘adentro hacia fuera’ esto es desde las decisiones que tomamos a nivel
personal, desde las iniciativas familiares y comunitarias; desde las acciones
cooperativas locales y regionales, desde la planeación con base en el
territorio y desde dar la oportunidad a las comunidades de participar en su
propio desarrollo”[188].
g. Procuraduría General de la Nación
Se informa que no se está dando cumplimiento al
exhorto proferido en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Riohacha, La Guajira, en el trámite de la presente acción de
tutela, dado que los entes de control no están adelantando un plan estratégico
para evaluar si las operaciones mineras están generando daños a la comunidad de
Provincial[189].
h. Escrito de la empresa Cerrejón del 1º de junio de
2018
Cerrejón remite una carta solicitando al Magistrado
Ponente que, en ejercicio de su discrecionalidad, ponga a consideración de la
Sala Plena de la Corte asumir el conocimiento del caso, dado que sería una
oportunidad para unificar jurisprudencia sobre los temas que versa esta tutela[190].
Así mismo, aporta un documento que varias autoridades tradicionales del resguardo
enviaron a la empresa el 19 de marzo de 2018, señalando que no son partícipes
de ninguna acción de tutela en su contra[191].
i. Secretaría de Salud y Sanidad Pública Municipal de
Barrancas, La Guajira
Se aporta un análisis de las condiciones de salud del
resguardo para los años 2015 a 2017, en el cual se destacan como principales
causas de morbilidad infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas
agudas, también se resalta la presencia recurrente de casos de fiebres,
cefaleas y neumonía[192].
j. Escrito de la empresa Cerrejón del 30 de mayo de
2018
En los oficios aportados por la empresa, se realizan
varias consideraciones respecto a algunas de las pruebas y documentos allegados
en sede de revisión. Se afirma que las mediciones de aire se encuentran dentro
del rango de lo permitido en Colombia, por lo que no se habrían generado
afectaciones a los habitantes del resguardo. Lo cual se ratifica con los
resultados positivos del monitoreo de gases, que realiza la empresa cada dos
años[193].
En relación con los testimonios reseñados por la
Defensoría del Pueblo, enfoca su defensa en indicar que las afirmaciones de los
residentes de la zona no tienen sustento científico y no cuentan con la
potencialidad de establecer una relación entre sus denuncias y las operaciones
de la empresa. A su vez, refiere que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
son comunes en todo el país y en La Guajira, por lo que no podría afirmarse que
la minería de carbón sea su causante en Provincial.
Sostiene también que han tomado medidas de prevención
para que las aguas de escorrentía de sus labores extractivas no afecten los
ríos y arroyos aledaños. Respecto al concepto remitido por el Doctorado
Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional, menciona que se trata
de meras afirmaciones teóricas y acusaciones conjeturales que no tendrían
soporte[194].
Añaden que con anterioridad ya han llegado a acuerdos
con la comunidad para compensar el daño causado con inversiones en proyectos
productivos, de educación ambiental y fortalecimiento cultural. Frente al
documento de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, argumentan que la calidad
del aire ha estado entre buena y moderada, sin que llegue a
alcanzar la categoría de dañina para grupos sensibles; además, critica
las afirmaciones del escrito relacionadas con las IRA y los estándares de la
OMS, ya que corresponderían a un contexto genérico y no al de La Guajira[195].
k. Amicus curiae del Doctor Alejandro Badillo
Rodríguez
Inició recapitulando algunas de las providencias judiciales
de esta Corporación respecto del principio de precaución ambiental y reseñó
algunos doctrinantes frente al tema de la conexidad entre los derechos
fundamentales sociales y colectivos.
Expuso el alcance del enfoque ecocéntrico,
desarrollado por esta Corporación en sentencia T-622 de 2016, respecto de la
protección constitucional  de los ríos como sujetos de derechos, el cual parte
de que la tierra no pertenece al hombre sino que por el contrario asume que el
hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier especie.
Es decir, el hombre solo hace parte de la línea de
evolución de tal modo que no es dueño de ninguna especie ni la biodiversidad ni
los recursos naturales. En otras palabras esta teoría concibe la naturaleza
como sujeto de derechos, reconocida por los Estados y ejercida, bajo tutela,
por los representantes legales.
En tal sentido, la protección del agua, los bosques,
la seguridad y soberanía alimentaria, está íntimamente relacionada con la
preservación del ambiente, el resguardo de los ecosistemas, la protección de la
flora y la fauna, la defensa ambiental de las especiales animales y vegetales
como mandatos imperativos en cabeza de las autoridades y los habitantes de todo
el territorio nacional, tal como se consagra en el marco de la llamada
constitución ecológica.
Solicitó a esta Corporación considerar la posibilidad
de declarar el rio Ranchería como sujeto de derechos y ordenar de acuerdo con
el principio de precaución la suspensión de la explotación minera, con el fin
de garantizar un ambiente sano a las comunidades asentadas en el territorio
afectado.
7.3 Auto que mantiene suspensión de términos
Dado el abundante material probatorio obrante en el
expediente, tanto las accionantes como la empresa Cerrejón solicitaron la ampliación
del término para analizar las pruebas aportadas y pronunciarse al respecto, por
lo que la Sala Novena de Revisión profirió Auto del 15 de junio de 2018 en el
que dispuso ampliar la suspensión de términos dentro de este proceso[196].
a. Escrito de la empresa Cerrejón del 27 de junio de
2018
La accionada presenta diferentes argumentos como
defensa ante las pretensiones de las tutelantes. En primer lugar, señala que
debería declararse la falta de legitimación por activa en este caso, dado que
quienes formulan la acción no son autoridades del resguardo e, inclusive,
líderes tradicionales remitieron una carta en la que afirman que no hacen parte
de ningún proceso en contra de Cerrejón[197].
En adición, argumentan que se incumple el requisito de
subsidiariedad, ante la existencia de medios judiciales para promover esta
controversia, a saber, acción popular o de grupo. Sobre el fondo del asunto,
destacan el Plan de Manejo Ambiental Integral que poseen y las medidas que éste
incluye para mitigar y compensar las afectaciones ambientales que se puedan
llegar a causar.
Señalan que hacen un buen uso del recurso hídrico que
utilizan para su operación y sostenimiento, también refieren que los botaderos
sólo incluyen material que pasa del subsuelo a la superficie, sin alterar su
composición química, por lo que no se podría hablar de “residuos tóxicos” sino
“residuos o desechos peligrosos”[198].
En relación con los riesgos del material particulado sostiene:
“El material particulado no tiene una
composición química específica y, por lo tanto, por sí mismo no puede afirmarse
que sea la causa de determinadas enfermedades. Lo que ocurre es que
estadísticamente existe una probabilidad de que el material particulado
contenga determinadas moléculas o combinaciones de moléculas que sí están
asociadas con ciertas enfermedades. Por lo tanto, se asocia al material
particulado con distintos riesgos para la salud.[199]”
Lo cual complementa señalando que en el caso de Provincial
este material no representa un riesgo al provenir de diferentes fuentes y
no sobrepasar la cantidad que se considera puede ser dañina para la salud[200].
Finaliza argumentando que existiría una identidad de objeto con la sentencia
T-704 de 2016, la cual amparó el derecho fundamental a la consulta previa de la
comunidad Media Luna 2, ya que allí se ordenó a Cerrejón realizar un plan de
compensación de las afectaciones generadas a todos los resguardos perjudicados[201].
b. Escrito de las accionantes del 16 de julio de 2018
En este documento las tutelantes se pronuncian en
relación con las pruebas allegadas en sede de revisión. Sobre el concepto de la
Defensoría del Pueblo remarcan que incluye los testimonios de la comunidad y
graves hallazgos encontrados. Aunque no se pronunciaron contundentemente sobre
los mismos, agregan que los derechos de los niños están en peligro y que existe
una reducción alta de las especies animales de la región y que la tranquilidad
de toda la población es afectada por la mina[202].
Critican cualquier plan de reubicación de sus hogares,
solicitan que las mediciones de PM 2.5 se realicen por agentes independientes
para garantizar un adecuado control ambiental y señalan que el estudio
especializado que la Defensoría sugiere realizar ya se llevó a cabo por parte
de Colciencias, la Universidad del Sinú, entre otras[203].
En relación con el “Plan Inmediato de Mitigación” que
aduce haber ejecutado Cerrejón, argumentan que las 21 actividades que se
efectuaron ya hacían parte del Plan de Manejo Ambiental Integral desde 2005 y
que no constituyen medidas que contribuyan a mejorar la situación en el mediano
y largo plazo, ni responden a los llamados de la población[204].
Finalmente, destacan los hallazgos de Corpoguajira
donde se acredita una vez más que la contaminación se encuentra a plena vista,
enfatizan en la afectación de los cuerpos de agua de la zona y aportan
fotografías de menores con diferentes lesiones dermatológicas[205].
c. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-
Sostiene que los argumentos expuestos en la acción de
tutela son insuficientes para acreditar una relación entre las afectaciones del
resguardo y las labores de Cerrejón. Posteriormente, señala que se realizó una
visita técnica a Provincial en la cual se detallan diferentes mediciones
de partículas suspendidas totales y material particulado. Llama la atención que
en todas las tablas y gráficas aportadas se indican concentraciones que superan
los límites establecidos por la OMS para garantizar la calidad del aire, esto
se repite desde el año 2010 hasta el 2018[206].
El estándar de la OMS para concentración media anual
de PM10 está en 20 ug/m3 y todos los datos año a año de la comunidad Provincial
superan ese número (42, 30, 36, 35, 39, 42, 40 y 45 ug/m3)[207]. Inclusive,
la misma descripción de la ANLA refiere que en varias ocasiones se han superado
los niveles de las resoluciones vigentes en Colombia respecto a PM 10[208].
Sin embargo, reitera su defensa a la empresa accionada
señalando que no se puede establecer una responsabilidad exclusiva del proyecto
minero frente a la calidad del aire en la zona, dado que se presentan otras
actividades antrópicas como la quema de basuras a cielo abierto, el uso de leña
en la cocción de alimentos y la falta de pavimentación de las vías, entre otras[209].
d. Agencia Nacional de Minería
Esta institución señala que debería declararse la
improcedencia del amparo por: (i) falta de legitimación en la causa por activa,
ya que las accionantes no son autoridades del resguardo y, por ende, no tienen
la representación de la comunidad; y (ii) subsidiariedad, en tanto no
acreditaron por qué omitieron acudir a los recursos ordinarios[210].
Se arguye que se presenta un hecho superado en
tanto Cerrejón ya puso en marcha el Plan Inmediato de Mitigación de Daños que
fue explicado anteriormente[211],
y la ANLA revisó el Plan de Manejo Ambiental de la empresa.
En relación con el fondo del asunto, descartan los
perjuicios aducidos por las accionantes dado que la accionada ha aplicado
múltiples medidas de mitigación y compensación ambiental y, además, todas las
mediciones de contaminación registran niveles dentro de lo permitido en el
ordenamiento jurídico colombiano[212].
e. Escrito de la empresa Cerrejón del 3 de agosto de
2018
En esta oportunidad, la accionada amplía sus
consideraciones sobre las pruebas del expediente y manifiesta su oposición a
todos los amicus curiae del proceso por no exponer pruebas contundentes
sobre su responsabilidad en este caso. Relata también que no ha bloqueado los
caminos tradicionales de la comunidad hacia el río Ranchería y que los documentos
aportados en el proceso no tienen el carácter técnico necesario para acreditar
una situación grave de riesgo en la zona.
Frente al estudio de Colciencias y la Universidad del
Sinú, entre otras, aduce que un solo análisis resulta insuficiente para llegar
a las conclusiones a las que éste arriba, pues, según su criterio, se
requeriría una investigación exhaustiva al respecto, sobre todo en lo relativo
a la causación de daños al ADN.
También reitera que se han mitigado las afectaciones
ambientales que generan sus operaciones y ha dispuesto una red de monitoreo
para controlar sus emisiones y vertimientos, los cuales no superarían los
estándares nacionales y, por ende, no representan un riesgo para la salud de
las personas que habitan en las inmediaciones de la mina.
A su vez, anexan conceptos científicos emitidos por la
firma Ramboll US Corporation para cuestionar algunos de los hallazgos descritos
a lo largo del expediente[213].
Por ejemplo, sostienen que los estudios de genotoxicidad que se han realizado deben
ser cuidadosamente analizados debido a que, si bien la formación de
micronúcleos en los linfocitos de sangre sí representa un riesgo para la
generación de cáncer, esto no significa que conduzcan necesariamente a ello[214].
Estos conceptos también señalan que Cerrejón adelanta
métodos de control de emisiones que se fundamentan en las mejores prácticas internacionales
en este ámbito, al tener como objetivo intentar minimizar la dispersión de
polvillo mediante la aplicación de humectantes y químicos a las pilas de
carbón. Adicionalmente, le recomiendan a la empresa que puede avanzar en la
disminución de sus emisiones “especificando alturas de caída máximas para
reducir el polvo fugitivo durante el vertimiento del carbón y el estéril” [215].
7.4 Auto de prórroga de suspensión de términos
El 27 de agosto de 2018, la Sala Novena de Revisión
señaló que con posterioridad al traslado de las pruebas inicialmente allegadas
y de las correspondientes intervenciones de las partes, diferentes
instituciones aportaron nuevos documentos al respecto, lo que motivó varias
peticiones de las accionadas y de Cerrejón para ampliar los términos del
proceso y así, manifestar sus consideraciones sobre estos nuevos elementos de
juicio. Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior y dada la complejidad y
extensión de las pruebas aportadas, los Magistrados que integran la Sala Novena
de Revisión de Tutelas prorrogaron la suspensión de términos dentro del proceso[216].
a. Escrito de la empresa Cerrejón del 5 de
septiembre de 2018
La empresa critica el concepto presentado por la
Asociación Interamericana de Derechos Humanos (AIDA) y la Red por la Justicia
Ambiental en Colombia, al sostener que la información aportada no es pertinente
para este caso, ya que los estudios que cita se basaron en minería de carbón a
nivel subterráneo y no a cielo abierto, lo que podría alterar los resultados
obtenidos.
A su vez, aduce que los argumentos esbozados en todo
el trámite de la tutela se fundamentan en aspectos generales que desconocen las
particularidades del presente caso, por lo que, en su criterio, reitera que
solo un complejo estudio multicéntrico de varios años de seguimiento podría
esclarecer si existe una efectiva relación entre sus operaciones y las
afectaciones que reclama la comunidad[217].
b. Intervención del entonces Gobernador del Resguardo
Indígena Provincial
Luis Segundo Bouriyú, en calidad de Gobernador del
Resguardo, ratificó la acción de tutela bajo estudio, ante “la grave
contaminación histórica y creciente” de la mina Cerrejón. A su vez,
solicitó no tener en cuenta el escrito que formularon algunas “autoridades
tradicionales” que no representan a la comunidad ni sus intereses, dado que ha
desarrollado diversas reuniones con la población y ha “escuchado en
recientes asambleas de su viva voz la necesidad de esta acción de tutela ante
el máximo juez constitucional para ponerle fin a los graves impactos de
contaminación a los que ha sido sometido mi pueblo”[218].
c. Escrito de las accionantes del 28 de septiembre de
2018
Las tutelantes rinden sus consideraciones sobre las
pruebas del expediente, destacando los siguientes aspectos: las enfermedades
que denuncian son verídicas, se les ha impuesto un proyecto de explotación
minera que nunca fue objeto de consulta previa ni consentimiento, se
acreditaron los efectos tóxicos del polvillo de carbón, así como los
vertimientos de metales al río Ranchería.
Añade que múltiples organizaciones, profesionales de
la salud, instituciones públicas, universidades, entre otras, ratificaron el
grave riesgo en que está la comunidad Provincial, siendo innecesario
seguir solicitando estudios e investigaciones que ya fueron realizadas en el
marco de este proceso[219].
Sobre el concepto y visita de la Defensoría del Pueblo
resaltan que esta entidad verificó que la mayoría de la comunidad se manifestó
en contra de la contaminación recibida por la mina, lo que refuerza su
legitimación por activa en este proceso, adicionalmente, enfatizaron los
hallazgos de la Defensoría respecto a la falta de medición de PM 2.5 y la
constante violación de los límites de la OMS e incluso de la normatividad
colombiana[220].
En suma, reiteran cómo a lo largo del proceso se han
acreditado las afectaciones generadas por Cerrejón, sin que ésta pueda asegurar
que las medidas que ha adoptado resultan suficientes de cara a la protección
del resguardo. También contra argumentan las razones de la accionada respecto
al incumplimiento de los estándares de calidad del aire en Bogotá y varias
ciudades del país, precisando que Provincial tiene cifras más altas de
contaminación que estas urbes estando en zona rural de La Guajira y no
una ciudad con aproximadamente 10 millones de habitantes[221].
d. Estudio aportado por el Colectivo de Abogados “José
Alvear Restrepo”
El CAJAR aporta un texto denominado “Carbón Tóxico:
Daños y Riesgos a la salud de Trabajadores Mineros y Población Expuesta al
Carbón. Evidencias Científicas en Colombia” realizado por Sintracarbón y la
Fundación alemana “Rosa de Luxemburg”, en la cual se recopila la investigación científica
adelantada por distintos profesionales en toxicología, microbiología, biología,
biomedicina, ingeniería y matemática, quienes en más de 4 estudios realizados
sobre poblaciones aledañas a Cerrejón comprueban que las emisiones de carbón se
relacionan con daño a nivel celular, afecciones respiratorias, entre otras[222].
Adicionalmente, traen a colación los impactos del
carbón a escala global, de cara a su impacto ante el cambio climático, lo que
ha llevado a países como  Francia, Suecia, Austria, Italia, entre otros, a
terminar su explotación del carbón[223].
Encima, el CCAJAR aportó un informe realizado por
INDEPAZ, en el cual evidencia que existen múltiples incongruencias entre los
datos de Cerrejón y los Informes de Cumplimiento Ambiental -ICA-, registrándose
en los segundos mediciones disímiles y concentraciones excesivas de metales en
el resguardo de Provincial que no aparecen en los registros de la
empresa[224].
e. Intervención del nuevo Gobernador del Resguardo
Indígena Provincial
En oficio remitido a la Corte, el señor Oscar Guariyu
señaló que fue elegido como nuevo Gobernador el día 28 de diciembre de 2018 y
manifestó su rechazo frente a la presente acción de tutela, aduciendo que no se
realizó un debate dentro de la comunidad sobre este amparo[225].
f. Agencia Nacional de Minería
Se limita a criticar las pruebas del expediente que
apoyan las tesis de las accionantes, indicando que carecen del rigor científico
necesario para ser consideradas por la Corte. Además, solicita que las decisiones
de instancia sean confirmadas dado que las tutelantes no habrían desvirtuado
las evidencias aportadas por la empresa Cerrejón, en particular hace referencia
a la existencia de protocolos adoptados para mitigar los efectos adversos que
tendrían el cargue y descargue de carbón[226].
7.5 Auto de 29 de noviembre de 2018
La Sala Novena de Revisión profirió un nuevo Auto de
pruebas en el que se propuso indagar las condiciones de salud de los pobladores
de la zona, por lo que ordenó a las accionantes y al Ministerio del Interior
enviar los censos del resguardo a las EPS donde se encuentren afiliados sus
habitantes, para que estas, a su vez, remitan a la Corte Constitucional las
historias clínicas de estas personas[227].
a. Escrito de la empresa Cerrejón del 15 de enero de
2019
En un primer documento la demandada: (i) solicita
ampliar los términos para pronunciarse sobre las nuevas pruebas allegadas y así
garantizar el derecho al debido proceso; y, (ii) ataca cada uno de los escritos
de las accionantes y el CAJAR, señalando deficiencias respecto a vacíos de
información, afirmaciones sin suficiente fundamento y la inaplicación de los
estándares de la OMS ante la existencia de normatividad específica sobre
calidad del aire en Colombia[228].
Sobre el material estéril de los botaderos de la mina,
indica que está constituido principalmente por arcillolitas, lutitas y
areniscas que contienen “óxidos de calcio, sodio, hierro, magnesio, potasio,
manganeso (en mayor cantidad) y elementos trazas (en menor cantidad), como cobre,
cromo, mercurio, plomo, níquel, plata, cadmio y selenio, entre otros. También
están presentes sales minerales como sulfatos, cloruros y carbonatos”[229].
Sin embargo, relatan que estos elementos también están presentes en los suelos
de la zona, aunque en proporciones inferiores al material que está en contacto
con yacimientos carboníferos.
Afirma que el CAJAR presenta argumentos que carecen de
objetividad y/o de sustento probatorio, al igual que el Colectivo de Encuentros
Permaculturales y destaca las medidas que ha realizado en favor de la identidad
cultural de la comunidad, por ejemplo, talleres para la construcción de la
visión y desarrollo del bienestar del resguardo a largo plazo, acciones en
educación y apoyo a proyectos productivos[230].
Sobre los valores recomendados por la OMS, arguye que
los países tienen la potestad de escoger valores tan solo intermedios en
función de los aspectos económicos, sociales y de desarrollo de cada Estado,
por lo que Colombia en sus normas solo acogió el valor intermedio 1 y no los
límites guía de esa institución[231].
En otro documento más extenso, Cerrejón reitera sus
argumentos a modo de conclusión, enfatizando en que, de acuerdo a
investigaciones, no es clara la existencia de una relación entre la minería de
carbón a cielo abierto y la generación de enfermedades en quienes habitan a su
alrededor[232].
Tampoco podría sostenerse, en su criterio, que los
niveles de material particulado en Provincial son responsabilidad
exclusiva de la empresa, ante la existencia de otras fuentes de emisión “naturales
y antropogénicas” que abarcarían la quema de desechos y biomasa, lo que
aumenta el material que se dispersa en la zona por la falta de vegetación y las
altas velocidades del viento[233].
Al respecto, se plantea que las concentraciones de
este material en la zona no representan un riesgo para la salud humana y que
las enfermedades identificadas en la comunidad son comunes a todo el país y a
La Guajira. En todo caso, reafirma que ha adoptado medidas para mitigar
dispersiones atmosféricas y el posible impacto que puedan tener[234].
b. Escrito de las accionantes del 5 de marzo de 2019
Aportan varias historias clínicas de integrantes de la
comunidad que padecen enfermedades como asma bronquial, neumonía, trastornos
respiratorios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), infecciones
respiratorias agudas, dermatitis, afecciones cardiovasculares, entre otras[235].
Así mismo señalan que un doctor local desde el
anonimato denuncia la problemática del carbón respecto a los cuadros de
morbilidad en la zona y la imposibilidad de manifestar esta situación por la
influencia y poder de la empresa en la región. Refieren que recientemente Oscar
Guariyú fue elegido como nuevo Gobernador, en una elección de 207 a 205 votos y
resaltan que él es quien realizó las antiguas negociaciones con la empresa[236].
Como anexos aportan varias carteleras realizadas por
niños del resguardo sobre la contaminación y sus sueños para la comunidad,
fotos de afecciones dermatológicas que padecen varios habitantes y vídeos con
testimonios sobre la situación general de la población[237].
c. Escrito de la empresa Cerrejón del 5 de abril de
2019
El apoderado de la empresa presenta argumentos de
defensa sobre la validez y eficacia del Plan de Manejo Ambiental que rige sus
operaciones extractivas, aduciendo que es adecuado y suficiente para manejar y
mitigar los efectos ambientales y socioeconómicos de la mina. Plantea que no
cuenta con licencia ambiental dado que se benefició del régimen de transición
adoptado por la Ley 99 de 1993, en tanto inició operaciones en 1983.
Precisa que lo anterior no significa que se
desconozcan las garantías mínimas de protección ambiental, pues cuenta con un
Plan de Manejo Ambiental Integral que abarca todas sus actividades, por lo que
es equivalente a una licencia ambiental[238].
Aparte de ello, asegura que, de conformidad a la
reciente sentencia SU-123 de 2018, ha cumplido con el principio de debida
diligencia reconocido en la Declaración de Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos-también llamados “Principios Ruggie”.
Sobre este punto, referencia que sus políticas corporativas siguen estos
principios y, como muestra de ello, adelantan sesiones de diálogo con la
comunidad y realizan varios programas sociales y de desarrollo en su favor[239].
7.6 Auto del 2 de mayo de 2019
Teniendo en cuenta que las accionantes informaron las
EPS en las cuales se encuentran afiliados los habitantes del resguardo y que el
Ministerio del Interior remitió los censos de la comunidad, el Magistrado
Ponente dispuso que por Secretaría General de la Corte se enviaran dichos
censos a las entidades de salud para que estas allegaran las respectivas
historias clínicas[240].
a. Informes de Dusakawi EPSI, ANAS WAYUU EPSI y
ANASHIWAYA IPS
En las historias clínicas allegadas y las bases de
datos de las EPS se registran los diagnósticos y atenciones que se han brindado
a la población del resguardo Provincial. En el CD aportado por Dusakawi
EPSI se incluye un reporte completo de atenciones a aproximadamente 160 integrantes
de la comunidad desde 2012 hasta mayo de 2019, incluyendo pacientes desde el
primer año de edad hasta los 82.
De la base de datos aportada se destacan casos de neumonías
bacterianas no especificadas (6), asma mixta y no especificada (3), laringitis
obstructiva aguda (1), “infecciones agudas no especificadas de las vías
respiratorias inferiores” y “otras infecciones agudas de sitios
múltiples de las vías respiratorias superiores” (31), neumonía no
especificada (1), así como personas que requerían constantemente terapias
respiratorias integrales (5).[241]
En el CD que anexa ANAS WAYUU EPSI se aportan 37
historias clínicas, de las cuales se destacan diferentes pacientes que tienen lesiones
dermatológicas (1), tumor en la piel (1), asma no alérgica (1), fiebre (2), “cuerpo
extraño en la faringe” (1), “infección aguda no especificada en las vías
respiratorias inferiores” (1) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(epoc) con infección aguda de las vías respiratorias (1)[242]. Y en las
12 historias que allega ANASHIWAYA IPS también se registran casos de infección
aguda no especificadas de las vías respiratorias (1), insuficiencia
respiratoria (1) y también brotes dermatológicos (1)[243].
b. Escrito de las accionantes del 26 de junio de 2019
En primer lugar, las tutelantes reiteran que quedó
probado que las enfermedades aducidas en la acción de amparo son verídicas y
que el material particulado PM 2.5 no ha sido monitoreado en debida forma.
Contra argumentan a la empresa respecto a la supuesta incidencia que tendría
cocinar con leña para la contaminación de la zona, dado que “muchas utilizan
cocinas de gas natural en el Resguardo, o en su defecto el tradicional Yotojoro
o Cactus como combustibles”[244].
Respecto al PMAI de Cerrejón, aseguran que este
resulta insuficiente e ineficiente, ya que la existencia de medidas de
mitigación no subsana todos los hallazgos que se han encontrado respecto a las
afectaciones ambientales y a la salud de la empresa[245].
Por último, allegan un nuevo informe de Corpoguajira
sobre el complejo minero, el cual tiene fecha del 24 de octubre de 2018. En
este documento se describe que “llegando a un punto de vertimiento de aguas
de escorrentía provenientes del Tajo Patilla, sector del río ranchería para
constatar la información, efectivamente se encontró material tipo carbón dentro
del cauce”[246].
En adición, esta entidad refiere textualmente que:
“En el sitio se evidenció al interior de las casas, en
puertas, en camas de los hogares residuos de polvillo emitidos probablemente por la explotación
de minerales a cielo abierto que se hace a distancia de esta localidad (...),
específicamente en el tajo Patilla y Tajo Oreganal muy cerca a esta comunidad
indígena”[247].
De manera semejante, las conclusiones del informe
confirman la contaminación del aire y el agua de la zona entre otras. Dada su
importancia, se transcriben a continuación:
“Aire: La calidad del aire
está significativamente afectada por la permanente emisión de polvos y
partículas, el ruido especialmente en horas nocturnas y olores ofensivos es
percibido constantemente por los pobladores del Resguardo Indígena Provincial.
Polvillo: Obedece a la permanente caída de elementos sólidos
por parte de la polución de la actividad minera que según los resultados
del monitoreo de emisiones a la atmósfera, siempre cumplen con la normatividad
vigente, sin embargo no se ha podido determinar si estar expuesto
permanentemente (aun cumpliendo la legislación) tiene
consecuencias en la salud de los pobladores del Resguardo, siendo necesario
un estudio que evidencia epidemiología, morbilidad, mortalidad y otras
enfermedades asociadas a la contaminación.
Ruido: Se convierte este ítem de gran relevancia debido a
que los pobladores del resguardo se han quejado del ruido generados por
las sirenas de los vehículos que alertan de las explosiones, igualmente por
los motores de camiones tipo guacos (24 horas) que en el día y en la noche
especialmente alimentan los botaderos del Cerrejón que están a pocos metros del
resguardo y adicionalmente el ruido retumbante de las explosiones casi
diarias que llegan a perturbar la tranquilidad de esta comunidad. (...)
Agua: Las fuentes de aguas tanto superficiales como
subterráneas en el área de la comunidad de Provincial son afectadas por la
actividad minera por el aporte de sedimentos contaminantes y la
desaparición de cauces superficiales y alteración de acuíferos subterráneos,
dada la escasez del recurso en el área, se considera uno de los impactos más
significativos y relevantes con el transcurso del tiempo. Expresó la comunidad
que no existen manantiales, desaparecieron de forma repentina y ya no los
recuerdan. (...)
Vibraciones: Este efecto es generado por las detonaciones que
casi siempre se dan a horas de 12:30 a 1:00 p.m., crea un malestar debido al
sonido retumbante que según los pobladores son la causa principal del
ahuyentamiento de animales en la zona. CORPOGUAJIRA no ha otorgado permiso y
autorización que se relacione con las vibraciones y consecuentes
microsismos que se presentan como consecuencia de las detonaciones.
Flora: En la inspección se identificaron cómo algunas
especies de árboles casi no tienen hojas, algunos están secos producto de la
resequedad extrema atribuida a los cambios de la temperatura sin embargo
también a la exposición constante de la polución y los efectos adverso(s) de
estar cerca de la explotación minera que ocasiona que en la parte superior
de sus hojas tallos y se acumulen material particulado.
Aspectos Culturales: (...) Muchos indígenas se han ido del
resguardo por alejarse de la contaminación producida por el CERREJÓN, situación
que afecta la línea cultural que arraiga los indígenas al territorio como eje
de la vida misma de su existencia.”[248]
c. Escrito de las accionantes del 29 de julio de 2019.
Las señoras Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana,
solicitaron se decrete el cierre de la etapa probatoria en sede de revisión,
por considerar que ya ha transcurrido el tiempo prudencial requerido, además
que dentro del proceso ya se aportó la información necesaria para establecer
los impactos negativos y la afectación en la salud como consecuencia de las
actividades extractiva de carbón.
7.7 Auto del 5 de agosto de 2019
Con el ánimo de garantizar los derechos fundamentales
al debido proceso, la defensa y el principio de contradicción procesal, el Magistrado
Ponente ordenó correr traslado de la totalidad del material probatorio allegado
al expediente.
a. Escrito de la empresa Cerrejón del 14 de agosto de
2019
De manera preliminar, solicitó la ampliación del
término otorgado en el Auto del 5 de agosto de 2019, a efectos poder ejercer de
manera integral su derecho de contradicción respecto de las pruebas y los
documentos puestos en conocimiento.
Refirió que del contenido de las historias clínicas
aportadas por las accionantes se observa que no se detallan de manera alguna
condiciones de posible exposición, factores exógenos, ni condiciones de riesgo,
toda vez que los documentos allegados ni siquiera constituyen una historia
clínica, pues se refieren a consultas externas por temas puntuales.
Señaló que si bien las historias clínicas aportadas
hacen referencia a dolencias comunes y enfermedades pulmonares, dichas
situaciones médicas no guardan relación con la extracción de carbón, es decir,
no se demostró que existía evidencia que permitiera establecer un nexo de
causalidad entre la condición médica de la población y la explotación del
carbón.
Indicó que la contaminación del río Ranchería  no es
atribuible a Cerrejón pues de las pruebas aportadas por la Corporación Autónoma
Regional de la Guajira se logró evidenciar que es resultado de las excretas
animales y residuos domésticos.
Expuso que no existe razones para  afirmar que la
afectación a las plantas y coberturas vegetales del área adyacente a las
operaciones mineras es consecuencia de la explotación del carbón pues por el
contrario dicha degradación es resultado de las prácticas agrícolas y pecuarios
aplicadas por los habitantes del resguardo que ocasionan una pérdida orgánica
por las inadecuadas prácticas del uso del suelo.
Señaló que el agua del Ranchería no está totalmente
contaminada, pues los resultados de las mediciones de metales demuestran que
estas sustancias se encuentran a lo largo de la cuenca y no se observa un
incremento en los puntos cercanos a las operaciones mineras de Cerrejón.
Por último, afirmó que la empresa Cerrejón ha
adelantado programas de inversión social en el Resguardo Provisional tanto en
asuntos de trabajo, ambiente, educación ambiental, mantenimiento de los centros
educativos, comunicaciones, capacitación, talleres, adecuación de viviendas,
fortalecimiento cultural y educación.
b. Escrito de la empresa Cerrejón del 14 de agosto de
2019, referido a la intervención en calidad de amicus curiae del Doctor
José Vicente Zapata Lugo
La accionada advirtió que la intervención en calidad
de amicus curiae no constituye un elemento probatorio pues una vez
analizado en detalle el escrito presentado por el señor Alejandro Badillo se
encontró que más que aportar información sólida y de relevancia jurídica para
el caso discutido, expuso argumentos de la figura de coadyuvancia. Es decir, su
escrito no está dirigido como un amicus curiae, sino por el contrario,
está utilizando la figura procesal de “pretensión”, por lo que pierde el
carácter imparcial  que debería tener un experto en el asunto.
c. Escrito del Ministerio de Minas y Energía del 15 de
agosto de 2019
Esta Cartera presentó un escrito de manera
extemporánea en el que señaló que los elementos probatorios aportados en el
proceso no acreditan el nexo causal entre la actividad minera y las afecciones
de la comunidad, ni demuestran la eventual vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales de los accionantes.
Por otra parte, solicitó a esta Corporación acudir a
un nuevo amicus curiae experto en temas minero energéticos para democratizar
y enriquecer el debate. Por último, pidió la ampliación del término de traslado
de pruebas dado su volumen y especialidad.
Sobre estas solicitudes la Corte destaca que fueron
presentadas de forma extemporánea y que el expediente estuvo a disposición de
las partes hasta la fecha en que se registró proyecto de sentencia, sin que el
Ministerio de Minas y Energía hubiera aportado algún concepto adicional[249].
d. Escrito de las accionantes el 30 de agosto de 2019
Las demandantes reiteraron su llamado a la Corte para
proteger sus derechos fundamentales ante la “grave situación de amenaza a
causa de la explotación de carbón”, lo que pone en peligro la salud y
calidad de vida de los habitantes de su comunidad[250].
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Análisis de procedencia formal de la acción de
tutela
En primer lugar, la Sala pasa a verificar el
cumplimiento de los requisitos de procedencia formal del amparo, para lo cual,
explicará y resolverá progresivamente cada uno de estos requisitos de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional y los aspectos propios del caso concreto.
De sobrepasar el referido examen, se pasará a formular el respectivo problema
jurídico y se realizará su análisis de fondo.
2.1 Legitimación en la causa por activa
El artículo 86 de la Constitución establece que
cualquier persona, por sí misma o por medio de quien actúe a su nombre, puede
acudir a la acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos
fundamentales. El Decreto 2591 de 1991, artículo 10º, también dispone que “se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa”.
Al tratarse de comunidades indígenas, la Corte
Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que tienen una singularidad
propia, dado que “son un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de
sujetos individuales que comparten los mismos derechos”[251]. De manera
que, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que sus autoridades y
miembros gozan de legitimación para reclamar vía acción de tutela la protección
de los derechos fundamentales de la comunidad[252].
En el asunto concreto, se evidencia que las
accionantes, Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana, son integrantes del
Resguardo Indígena Provincial; adicionalmente, se destaca que varias
decenas de miembros de la comunidad presentaron un escrito coadyuvando esta
acción[253]
e, inclusive, el entonces Gobernador del Cabildo, el señor Luis Segundo
Bouriyú, la ratificó en todos sus aspectos[254].
Aunque se vislumbra que, posteriormente, se eligió un
nuevo Gobernador y éste señaló su rechazo al amparo[255], la Sala
concluye que esto no tiene la potencialidad de desvirtuar la legitimación de
las accionantes para formular la presente tutela, ni mucho menos puede
entenderse como un desistimiento[256].
Así las cosas, se acredita el cumplimiento de este requisito de cara a la
defensa de los derechos fundamentales de las demandantes y los de la comunidad
en su sentido colectivo.
2.2 Legitimación en la causa por pasiva
De acuerdo al artículo 86 Superior y las disposiciones
5º y 13 del Decreto 2591 de 1991, este requisito de procedencia se basa en la
responsabilidad que tienen las entidades o personas accionadas respecto a la
eventual vulneración de las garantías constitucionales de quienes formulan la
acción de tutela[257].
En el presente caso, el amparo se dirigió contra la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, la
Corporación Autónoma Regional de La Guajira, la empresa Carbones del Cerrejón
Limited, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Adicionalmente, en sedes de instancia y revisión, se
vinculó al Ministerio de Minas y Energía, a la Alcaldía Municipal de Barrancas,
a las Secretarías de Salud de ese mismo municipio y del Departamento de La
Guajira, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a
la Contraloría General de la República.
La Sala evidencia que la empresa Carbones del Cerrejón
Limited, quien opera la mina de carbón a cielo abierto aledaña al resguardo,
así como las entidades mencionadas, tienen un papel determinante respecto a:
(i) la contaminación ambiental que presuntamente se genera en la zona y afecta
la salud y tranquilidad de los habitantes de Provincial; (ii) el control
que se realiza a las emisiones y vertimientos de distintas sustancias al
ecosistema de la zona; (iii) las condiciones de morbilidad de los integrantes
del resguardo; y, (iv) en general, la protección efectiva de los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad personal, entre otros, de
la comunidad indígena y de sus miembros.
De acuerdo con ello, las accionadas y las entidades
vinculadas al proceso tienen relación directa con los aspectos que se discuten
en este amparo, por lo que se acredita este requisito.
2.3 Inmediatez
Dado que la Constitución creó este mecanismo judicial
como una forma de solicitar la “protección inmediata” de los derechos
fundamentales, esta Corporación ha indicado que debe cumplirse el presupuesto
de inmediatez, según el cual se exige que la tutela haya sido formulada en un
plazo razonable desde el hecho que se alega vulnera o amenaza las garantías del
accionante.
Sobre el análisis de este requisito, la Corte
Constitucional ha indicado que es necesario tener en cuenta: (i) si la
vulneración de los derechos alegados ha sido permanente en el tiempo, de forma
que, si bien puede tener lugar en un momento muy anterior, resulta continua y
actual; y, (ii) las condiciones de vulnerabilidad de los accionantes en cada
caso concreto[258].
En el presente asunto, se destaca que las actividades
de extracción minera se realizan hace varios años en inmediaciones de la
comunidad Provincial y, además, las afecciones que presuntamente ha
generado la empresa serían el producto de las sucesivas actuaciones, emisiones
y vertimientos de Cerrejón, por lo que ni siquiera es posible determinar una
fecha en la cual tuvo lugar un único hecho vulnerador.
Es por esto, que la presunta contaminación constante y
progresiva en la zona motivó la formulación del presente amparo, aunada a las
crecientes denuncias de la comunidad sobre las afectaciones de su salud,
integridad personal, ambiente y modo de vida.
Así las cosas, la Sala pone de presente que esta
acción de tutela se dirige a intentar detener o mitigar las afectaciones
actuales que estaría sufriendo  una comunidad indígena, cuyas condiciones
socioeconómicas y de salud llevan a concluir que sus integrantes se encuentran
en una situación de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, hay un ejercicio
razonable de la acción de tutela que permite concluir el cumplimiento de este
requisito bajo el criterio de daño actual.
2.4 Subsidiariedad
El citado artículo 86 de la Constitución establece que
la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, dado que resulta
procedente cuando no existe otro medio judicial idóneo y eficaz para
la protección de los derechos fundamentales invocados[259], salvo si
se formula como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable[260].
De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha
explicado que el análisis de este requisito debe realizarse conforme a los
aspectos específicos de cada caso concreto. Al respecto, la sentencia SU-124 de
2018 refiere que: “Las anteriores reglas implican que, de verificarse la
existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluación
de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar si aquellos
tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos
invocados”.
En relación con el ejercicio de la acción de tutela
para proteger los derechos de las comunidades étnicas, esta Corporación ha
sostenido:
“los pueblos indígenas, son sujetos
colectivos titulares de derechos fundamentales por su condición de sujetos de
especial protección constitucional en situación de vulnerabilidad, por lo que
es procedente que acudan a la acción de tutela en el objeto de demandar la
protección de sus derechos, por ejemplo a la autodeterminación, territorio,
consulta previa, entre otros.”[261]
En el caso bajo examen, se evidencia que las
accionantes, en su calidad de integrantes del Resguardo Indígena Provincial,
formularon la presente acción de tutela ante la urgencia de proteger los
derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad personal, entre
otros, de los miembros de su comunidad, ante el riesgo que representaría la
contaminación generada por las actividades extractivas de la empresa Cerrejón
en cercanías de su territorio.
Se destaca que las tutelantes pretenden la protección
de la salud e integridad de los habitantes del resguardo, ante la presencia
creciente de enfermedades en Provincial y la realización de estudios que
ratifican afecciones a la salud causadas por la exposición a los agentes
contaminantes de la mina.
Frente a esto, la Sala enfatiza que, en particular,
los derechos a la salud y a la integridad personal tienen carácter fundamental
y su preservación es determinante para garantizar la vida humana en condiciones
que resulten aptas para su desarrollo[262].
Lo cual desborda el ámbito de protección del ambiente en su dimensión colectiva
y se instala en la salvaguarda de garantías individuales, propia de la acción
de tutela.
Sobre esta precisión, esta Corte ha sostenido:
"Fundamental advertencia sobre este
punto es aquella que señala de modo indubitable que este derecho constitucional
colectivo (gozar de un ambiente sano) puede vincularse con la violación de otro
derecho fundamental como la salud, la vida o la integridad física entre otros,
para obtener, por vía de la tutela que establece el artículo 86 de la
Constitución Nacional, el amparo de uno y otros derechos de origen
constitucional, pues en estos casos prevalece la protección del derecho
constitucional fundamental y es deber del juez remover todos los obstáculos,
ofensas y amenazas que atenten contra éste.”[263]
De esta manera, la Sala concluye que la acción de
tutela es el mecanismo idóneo para abordar el presente caso, en tanto no se
pretende la protección abstracta del ambiente (acción popular) ni la reparación
económica de perjuicios (acción de grupo), sino la salvaguarda de las garantías
fundamentales a la vida, salud e integridad personal de miembros de una
comunidad indígena que, por ende, gozan de una especial protección
constitucional[264],
ante la presunta afectación al ambiente generada por las operaciones de la
empresa accionada.
Así las cosas, teniendo en cuenta que se cumplió con
el examen de procedencia formal de la acción de tutela, pasa la Sala a resolver
el fondo del asunto.
3. Presentación del asunto objeto de revisión,
problema jurídico y estructura de la decisión
3.1     En esta oportunidad, la Sala estudia el amparo
formulado por integrantes del Resguardo Indígena Provincial, ubicado en
el departamento de La Guajira, a una distancia aproximada de un kilómetro del
Tajo Patilla y dos kilómetros de otras áreas de explotación minera de la
empresa Carbones del Cerrejón Limited.
Las accionantes alegan que las actividades extractivas
a cielo abierto, desarrolladas por la empresa durante las 24 horas del día 7
días a la semana, generan afectaciones a su salud y ambiente por el material
particulado, el ruido y los malos olores que genera dicha actividad.
En particular, sostienen que existe evidencia
científica de residuos en el aire y en la sangre de los integrantes de la
comunidad, que repercuten, además, en enfermedades respiratorias de niños y
adultos, así como en problemas visuales y cutáneos. Destacan, igualmente que la
contaminación ambiental ha afectado el acceso a las fuentes hídricas y que el
escenario descrito ha dañado el tejido social de la comunidad por los cambios
en sus usos y costumbres, el hacinamiento de la población y la compra de
predios que antes eran usados por la comunidad.
3.2.    Por su parte, la empresa accionada afirma que no
existe la vulneración de derechos alegada, en tanto las afectaciones
ambientales de sus operaciones han sido identificadas y controladas dentro de
los niveles permitidos por el ordenamiento jurídico colombiano y, además,
adelanta diversas medidas de mitigación previstas en su Plan de Manejo
Ambiental, con lo cual asegura que no ha generado las afectaciones denunciadas
por la comunidad.
3.3.    A lo largo del proceso, diversas entidades
públicas, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, entre
otras, han rendido sus conceptos sobre la situación que se vive en el resguardo
Provincial. Algunos de los intervinientes, ratifican con diversos
estudios y testimonios que la empresa Cerrejón ha contaminado el entorno en que
habita esta comunidad y esto ha redundado en el menoscabo de su salud y
ambiente sano. Por su parte, otros sostienen que no se han aportado pruebas
suficientes que permitan llegar a esa conclusión y destacan que la accionada ha
adoptado diversos mecanismos para controlar sus emisiones y vertimientos al
ambiente.
3.4.    Con base en la anterior plataforma fáctica, la
Sala debe establecer si la empresa Carbones Cerrejón Limited, así como las
autoridades públicas vinculadas en este proceso, han vulnerado los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, al ambiente sano y a la integridad física
de los integrantes del Resguardo Indígena Provincial, debido a la
presunta contaminación generada por las actividades de explotación de carbón a
cielo abierto que se adelantan en las inmediaciones de su territorio.
A su vez, se destaca que el presente asunto involucra resolver
interrogantes relativos a los deberes de las autoridades públicas frente a esta
clase de actividades extractivas, la forma en que el juez constitucional debe
analizar estos casos sobre contaminación ambiental, el papel de la
incertidumbre y el riesgo frente a la protección de los derechos involucrados,
la manera en que se realiza el control ambiental en el país, entre otros.
3.5.    Es por ello, que la Corte analizará los
siguientes temas tratados por la jurisprudencia constitucional, con el fin de
identificar adecuadamente aquellas subreglas necesarias para resolver el
presente caso:
(i) Obligaciones del Estado frente a la protección del
ecosistema y la salud ante factores de deterioro ambiental.
(ii) La justicia ambiental como marco para la
resolución de conflictos relacionados con cargas y beneficios ambientales;
(iii) El principio de precaución como herramienta
para la salvaguarda de la salud y el ambiente sano;
(iv) Las medidas y los instrumentos administrativos para el
control de los efectos ambientales; y,
(v) Casos sobre la protección de los derechos a la salud y
al ambiente sano frente a actividades extractivas.
Con base en el anterior marco jurisprudencial, la
Corte, finalmente, abordará el análisis del asunto concreto.
4. Obligaciones del Estado frente a la protección del
ecosistema y la salud ante factores de deterioro ambiental
4.1.    La Constitución Política de 1991 señala
lineamientos y principios que no son indiferentes frente al papel que tiene el
ambiente en la vida social y humana, tanto así que se le ha denominado la Constitución
Ecológica, denominación que descansa en dos dimensiones: i) una que pone de
relieve la importancia de garantizar un ambiente sano para salvaguardar
derechos individuales como la vida, la salud y la integridad física[265]
y; ii) otra, que no solo busca la defensa del ecosistema frente del individuo
en sociedad, sino que le da un carácter ecocéntrico y autónomo como sujeto de
protección con independencia del papel que juega frente a la humanidad[266].
De tal forma, la Carta es la causante de apostar por
un profundo cambio institucional en el engranaje de la vida social, con el
objeto de evolucionar la sociedad colombiana hacia una auténtica revolución
cultural y jurídica, donde el ambiente y la consecución real de un orden social
y ambientalmente justo, estructure un modelo de sociedad y de Estado, en el que
se cambie el fundamento de una cultura jurídica basada en un Estado
pasivo -Constitución de 1886-, a uno capaz de conjugar los riesgos derivados
del estado de la naturaleza y realizar transformaciones profundas en favor de
su protección.
“(…) De lo anterior se deduce que la
Constitución de 1.991, a diferencia de la de 1886,  no sólo señala al poder
público el límite de lo permitido, sino que le impone el deber positivo de
garantizar la creación de un orden político, económico y social justo, como
explícitamente se determina en el preámbulo y en el artículo 2º”[267]
.
En otras palabras, desde 1991 se instituyó una
política ambiental estatal, no como un acto de bondad social, sino como una
auténtica obligación elevada a rango constitucional con un eje esencial del
desarrollo, cultural, social y económico en las políticas públicas del Estado,
tal como lo señalan, entre otros, los artículos 58, 79, 80, 332 y 334
Superiores.
4.2.    En este orden de ideas, con la aplicación
sistemática de los principios ambientales se concretan efectivamente una gran
cantidad de postulados constitucionales[268].
Debido a ello, esta Corte como guardiana de la Carta ha protegido desde sus
inicios el derecho fundamental al ambiente sano, elaborando reglas
interpretativas con fuerza normativa para fundamentar una visión ecológica de
la Constitución de 1991 y poder materializarla en las relaciones sociales y económicas
del país.
En defensa de este sistema de valores, esta
Corporación ha sostenido que “el problema ecológico y todo lo que este
implica es hoy en día  un clamor universal, es un problema de supervivencia[269]”
por lo que ha establecido un trípode de defensa al sistema ambiental, que
patenta el derecho al ambiente sano en las siguientes dimensiones:
“i) “De un lado, la protección al medio
ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es
obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación (CP art 8).
ii) De otro lado, aparece como el
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho
constitucional que es exigible por diversas vías judiciales (CP art 79).
iii) Y, finalmente, de la constitución ecológica
derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los
particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la
importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica para el
Estado, en materia ecológica, "unos deberes calificados de
protección".[270]
4.3.    Para esta Corporación la Constitución
Ecológica[271]
no se plasma en un simple planteamiento teórico o doctrinal, o en una ilusión
constitucional vacía de contenido, sino en una realidad social y normativa
relevante que vincula a todos los asociados y obliga a tomar acciones
inmediatas y responsables en la concreción de un marco constitucional verde que
proteja, como principio fundamental de la Carta, las riquezas naturales de la
Nación[272].
Lo anterior, no solo en aras de salvaguardar los
derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, sino teniendo en cuenta
que el acceso a un entorno limpio y libre de emisiones y perturbaciones
riesgosas para la salud y la vida humana, se conjuga con la obligación de las
autoridades estatales de aminorar la proximidad de daños ambientales
irreparables a escala local y global, haciendo un llamado urgente a garantizar
la supervivencia de la especie humana como género.
Sobra resaltar que “Colombia ha sido reconocido por
la comunidad internacional como un país `megabio diverso´, al
constituir fuente de riquezas naturales invaluables sin par en el planeta, lo
que significa, que amerita una protección especial bajo una corresponsabilidad
universal”[273].
En este sentido, se destaca que, a largo plazo, la afectación al ecosistema
en el territorio nacional puede comprometer no solo el patrimonio natural
nacional, sino el de toda la humanidad.
4.4.    Desde temprana jurisprudencia (sentencia T-411
de 1992), esta Corporación ha considerado que las problemáticas ambientales de
los últimos tiempos han redundado en un escenario de grave riesgo para el
planeta en general y para la preservación de la vida humana:
“la protección al medio ambiente no es un
“amor platónico hacia la madre naturaleza”, sino una respuesta a un problema
que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica
cuestión de vida o muerte:
la contaminación de los ríos y mares, la
progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable
de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de
la capa de ozono, el efecto de productos químicos, los desechos industriales,
la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos
genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión
firme  y unánime de la población mundial.
Al fin y al cabo el patrimonio natural de
un país, al igual que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a las
personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que
estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido
en condiciones óptimas a nuestros descendientes" [274].
Este cambio de paradigma frente al ambiente, en un
Estado Social de Derecho, cambia las lógicas en la producción
legislativa/administrativa y unifica la interpretación sobre este tema, de
manera que la protección al ecosistema se eleva en un verdadero mandato
constitucional que obliga a las autoridades a participar de forma efectiva en
la consecución de normas ambientales, supliendo así los preceptos del
constitucionalismo clásico liberal y la aplicación subsumida de la Ley, por una
supremacía constitucional ponderada, activa y capaz de adaptar el vaivén de las
circunstancias históricas y culturales a la realidad socio-ambiental actual.
Lo que implica, por ejemplo, que si no existe claridad
sobre qué norma o política es aplicable a una situación en concreto, no es de
recibo aplicar de forma restrictiva la que es desfavorable al ambiente; bajo la
óptica del Constituyente de 1991, su protección es un imperativo
constitucional, que indica que siempre debe primar la interpretación, norma o
política que garantice en mayor medida un ambiente sano (principio in dubio
pro natura o pro ambiente).
Esto también se ve reflejado en una respuesta a los
paradigmas que propugnan por la amplitud de las libertades económicas, las
cuales deben ser compatibles con la necesidad imperante de preservar los
recursos naturales. Sobre lo cual, esta Corporación ha establecido:
“En la misma perspectiva, dentro de la
tensión existente entre el bienestar económico -arraigado en la configuración
histórica del orden social- y el medio ambiente. Gradualmente “(…)” “se ha dado
por “una mayor propensión de la protección del medio ambiente, atendiendo el
impacto ambiental que generan ciertas actividades sobre el entorno ecológico y
sus componentes, además del desconocimiento de la diversidad étnica y cultural
de la Nación.”(…)
“Ello se ha reflejado en la imposición de
una serie de limitaciones y condicionamientos al ejercicio de la libertad de la
actividad económica, que buscan hacer compatibles de una manera más justa
el desarrollo económico con la necesidad e interés superior de mantener y
preservar un ambiente sano”[275].
4.5.    Desde el enfoque material, este Tribunal ha
considerado que la protección del ambiente y los recursos naturales, como
contenido sustancial, “se irradia en todo el orden jurídico en cuanto se le
atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el
desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación”[276].
Lo que se resume en la existencia de un deber estatal
de garantizar la preservación y respeto al medio ambiente en cabeza de todas
las ramas del poder público, que obliga a las mismas desde sus respectivas
funciones, a comprometerse con “prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados”, tal como lo exige el artículo 80 constitucional[277].
Correlativamente, en el artículo 95.8 Superior, se consagra el deber de todo
ciudadano de proteger los recursos naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
4.6.    Al sentir de esta Corporación, la protección
efectiva del ecosistema en condiciones que garanticen la salud y el bienestar
de todos, no es un principio abstracto plasmado en el papel, sino un auténtico
programa contentivo de obligaciones concretas para el Estado colombiano. Entre
estas se encuentran:
“(…)” “1) proteger su diversidad e
integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar
las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones
en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.[278]”
Ahora bien, no solo existe nominalmente el derecho a
gozar de un ambiente sano, sino que pervive una profunda relación que asocia
las formas jurídicas, sociales y naturales y les otorga justiciabilidad y
efectividad, proyectándose, bien sea en la protección del medio ambiente como
agenciamiento jurídico de la moral y del patrimonio colectivo y/o cultural (art
88 CP), o como, modo inequívoco para amparar derechos fundamentales
constitucionales y evitar su menoscabo o amenaza (art 86 CP), lo cual se realza
frente a la protección de la vida y la salud humana ante entornos que
representan un grave riesgo para estas.
El ambiente se predica como un derecho-deber que, en
su parte instrumental, consta de dos facetas: una genérica que se manifiesta
como derecho prestacional sobre el bien de toda la comunidad, defendible a
través de mecanismos de protección colectiva, como la acción popular y la
acción de grupo y, una concreta, que se expresa como el menoscabo del medio
ambiente en la esfera individual, susceptible de ser protegida a través de la
acción de tutela.
4.7.    Así las cosas, le corresponde al Estado no
sólo la obligación de preservar, conservar y prevenir sino también la de
restaurar los recursos naturales y el ambiente de las contingencias del mundo
físico y, particularmente, de las actividades extractivas, motivo por el cual,
resulta indispensable adoptar todas las medidas que resulten necesarias para
prevenir la ocurrencia de daños a la naturaleza, así como exigir a los
diferentes actores sociales y empresariales su cumplimiento y, de ser
necesario, la modificación de las ya existentes, con el fin ulterior de
garantizar plenamente la salvaguarda del ecosistema y de las personas que
pueden verse afectadas por ello.
La Constitución de 1991 contiene un variado número de
preceptos en materia ambiental, por lo que la preservación de los recursos
naturales es una garantía que el Estado ofrece a todos los habitantes para
lograr el cometido constitucional de gozar de un ambiente sano y garantizar un
verdadero desarrollo sostenible[279].
Además, implica la obligación de controlar los factores de deterioro ambiental,
en razón a que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y su salvaguarda
es condición necesaria para la supervivencia y el desarrollo económico y social
de los pueblos.
En consecuencia, se enfatiza que el Estado debe
cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones para garantizar
verdaderamente el derecho a vivir en un entorno libre de riesgos: (i) conservar
y restaurar la naturaleza; (ii) prevenir y controlar eficazmente los factores
de deterioro ambiental; y, (iii) garantizar las condiciones para lograr un desarrollo
sostenible que permita el crecimiento económico en condiciones aptas para
la preservación del ambiente y la salud humana.
5. La justicia ambiental como marco para la resolución
de conflictos relacionados con cargas y beneficios ambientales
5.1.    La jurisprudencia constitucional ha utilizado
el criterio de justicia ambiental[280]
para estudiar los casos que se relacionan con: i) la gestión de los
ecosistemas; ii) la administración de las acciones humanas que impactan el
ambiente; iii) la distribución de las cargas ambientales derivadas de los principios
de protección a los ecosistema; iv) la repartición de los costos negativos que
causan las actividades productivas de las personas así como comunidades; y, v)
el acceso a los recursos y servicios naturales.
Se trata de una herramienta que permite resolver
problemas de distribución inequitativa de cargas y beneficios ambientales entre
los diferentes grupos sociales. Por regla general, la solución de esos
inconvenientes se encuentra en profundizar la participación de colectividades
afectadas con esa situación de inequidad, entre ellas, las étnicamente
diversas. En efecto, el derecho a la consulta previa también es entendido como
una garantía de justicia ambiental para los pueblos indígenas o tribales[281].
5.2.    En los conflictos ambientales en los cuales
quedan inmersos los pueblos indígenas y afrodescendientes existe el imperativo
de acudir a la justicia ambiental, dado que, de acuerdo con la Opinión
Consultiva OC-23/17, tales comunidades padecen con mayor fuerza el deterioro
del ecosistema[282].
Los indígenas tienen una vulnerabilidad especial a la degradación ambiental por
su relación espiritual y cultural con sus territorios y por su dependencia
económica con los recursos naturales.
5.3.    En Sentencia T-294 de 2014, la Corte definió
la justicia ambiental como: “el tratamiento justo y la participación
significativa de todas las personas independientemente de su raza, color,
origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la
aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales”. Esa teoría
se convierte entonces en el remedio de un conflicto ecológico distributivo,
dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en
relación con el acceso de servicios ambientales y la exposición superlativa a
los riesgos de ciertas industrias o actividades extractivas.
Este criterio tuvo su origen en la década de 1980, en
los Estados Unidos de América cuando comenzaron a surgir movimientos civiles
que denunciaban la vulneración de su derecho a la igualdad y a la no
discriminación, debido a que cerca de sus viviendas se instalaban vertederos de
residuos tóxicos, debiendo soportar con mayor intensidad las consecuencias
negativas de las actividades contaminantes[283].
En ese contexto, los colectivos acudieron ante los jueces para demandar mayor
equidad en el acceso de los recursos naturales y en la asunción equitativa de
las cargas de la contaminación, en la medida en que esa distribución se
realizaba en perjuicio de la población vulnerable.
5.4.    Resulta inequitativo que un grupo
poblacional determinado deba sufrir las consecuencias de la contaminación y sus
efectos en el ecosistema y la salud, debido al beneficio o interés general que
puede involucrar una determinada actividad industrial o extractiva. Esto
también se conoce como el principio “Niaby” (Not in anybody backyard –
No en el patio trasero de nadie), que defiende el derecho de toda
persona a vivir en un ambiente saludable y libre de riesgos ambientales.
5.5.    La justicia ambiental se compone de
cuatro elementos incorporados en la Constitución de 1991 y que además han sido
recopilados en jurisprudencia de esta Corporación, a saber: i) la justicia
distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de sostenibilidad;
y, iv) el principio de precaución[284].
5.5.1. En primer lugar, el componente de justicia
distributiva respalda el reparto equitativo de las cargas y beneficios
ambientales. Esa característica se justifica con los siguientes mandatos: i) el
principio de equidad ambiental que exige justificar el reparto
inequitativo de bienes y cargas ambientales en el diseño, implementación y
aplicación de una política o actividad que entrañe perjuicios ecosistémicos; y,
ii) el principio de efectiva retribución o compensación, que comprende
la adopción de medidas para mitigar y compensar los perjuicios causados, cuando
una comunidad soporta en mayor medida las consecuencias nocivas de un proyecto.
Esta dimensión tiene soporte constitucional en los
artículos 79 y 13 de la Constitución, que reconocen el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano y la garantía de igualdad formal y
material. Las prescripciones reseñadas justifican, en términos de la sentencia
T-294 de 2014, el “derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes
ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas contaminantes, al
igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales
discriminados o marginados”.
Conjuntamente, el principio de efectiva
retribución y compensación por las lesiones o cargas ambientales derivadas
de las actividades lícitas surge de la hermenéutica sistemática de los mandatos
de la solidaridad (art. 1º C.P.), igualdad (art. 13 C.P.), responsabilidad del
Estado por causación del daño antijurídico, el deber de reparación de
perjuicios ambientales (art. 90 CP) y la garantía de “la distribución
equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano” (art. 334 C.P.).
5.5.2. En segundo lugar, la justicia ambiental
requiere de una justicia participativa. Ello significa que en las
decisiones ambientales se exige la intervención activa y significativa de las
personas que resultan afectadas. Tal elemento incluye la apertura de espacios
para la comunidad con el fin de que ésta intervenga en: i) las decisiones
relativas al inicio de proyectos, programas o medidas susceptibles de generar
perjuicios; ii) su planeación y ejecución; y, iii) la evaluación de los
impactos que genera, al igual que la forma de mitigarlos, compensarlos y
prevenirlos. En este aspecto, la idea es que coexista el conocimiento técnico
con el saber nativo sobre los asuntos locales, sin sobreestimar los argumentos
técnicos sobre las consideraciones de la comunidad.
Esta dimensión participativa deviene del artículo 2º
Constitucional, norma que consigna como fin esencial del Estado que la
comunidad haga parte de las decisiones que la afectan en sus distintos ámbitos
económicos, políticos, administrativos, culturales, entre otros. Esa
prescripción se concreta con el artículo 79 Superior, al reconocer de manera
específica el derecho de las personas a participar en las decisiones que tienen
la virtualidad de afectar su derecho al ambiente sano. Además, la consulta
previa se erige como una forma de participación en la gestión de los
ecosistemas a favor de las comunidades étnicas diversas (art. 330 C.P. y
Convenio OIT 169).
5.5.3. En tercer lugar, se halla el principio de sostenibilidad,
mandato que reclama que los sistemas económicos y sociales deben ser
reproducibles sin el deterioro de los ecosistemas en que se apoyan, esto es, la
viabilidad ecológica[285].
Esa sustentabilidad tiene la obligación de respetar los límites de absorción y
de regeneración del ambiente, de modo que no se comprometa su disfrute para las
generaciones futuras y para otras especies vivas no humanas[286].
El artículo 80 de la Constitución recoge
este principio, al indicar que todos los niveles de la administración del
Estado deben planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación,
restauración o sustitución.
En Sentencia C-137 de 1996, se precisó que
ese crecimiento sustentable “permite satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas propias”. Adicionalmente, se ha indicado que
cualquier actividad que tenga el potencial de afectar los recursos naturales
debe ejecutarse y formularse teniendo en cuenta el criterio de desarrollo
sostenible[287].
Inclusive, este Tribunal ha señalado que la Constitución atribuyó a las
autoridades el deber de proteger, preservar los recursos naturales, al igual
que cuidar y controlar los factores de deterioro ambiental, ámbitos que
corresponden con la sustentabilidad de los ecosistemas[288].
5.5.4. En cuarto lugar, la justicia
ambiental se liga al principio de precaución para prescribir que los
agentes ambientales deben abstenerse de ejecutar una actividad, siempre que
exista una duda razonable de que el acto pueda causar daños al ecosistema y a
la salud humana. Ese mandato se deriva de la racionalidad o de un saber
práctico, puesto que se convierte en una guía de acción humana para comportarse
ante la incertidumbre de perjuicios en un ecosistema y prevenir ese riesgo[289].
Además, reconoce la falibilidad de la ciencia, al punto que ésta se encuentra
en un camino abierto de investigación, escenario que impone al ser humano la
obligación de ser prudente ante la incertidumbre de una eventual lesión.
En Sentencia C-595 de 2010, la Sala Plena de este
Tribunal manifestó que el principio de precaución se encuentra
constitucionalizado en  la internacionalización de las relaciones ecológicas
consagrada en el artículo 266 Superior, y en la fijación de los deberes de
protección y prevención sobre el ambiente contenidos en los artículos 78, 79 y
80 de la Carta Política[290].
Igualmente, indicó que “la precaución no sólo atiende en su ejercicio a las
consecuencias de los actos, sino que principalmente exige una postura activa de
anticipación, con un objetivo de previsión de la futura situación
medioambiental a efectos de optimizar el entorno de vida natural”.
En conclusión, con base en estos cuatro parámetros de justicia
ambiental, se ha otorgado protección a sectores de la sociedad que padecen
de manera desigual las consecuencias contaminantes de la producción económica o
de actividades -legales- que redundan en una afectación del ambiente.
5.6.    Se destaca que se han aplicado estos criterios
en casos sobre: i) la instalación, operación y clausura de rellenos sanitarios
que causan un mayor impacto en algunas comunidades[291]; (ii) la
ejecución de proyectos de infraestructura que impactan el ambiente y/o las
condiciones de vida y salud de poblaciones[292];
y (iii) las actividades mineras o de hidrocarburos que se desarrollan en
inmediaciones del territorio de una comunidad[293].
6. El principio de precaución como herramienta
para la salvaguarda del ambiente sano y la salud
6.1.    Teniendo en cuenta la importancia del principio
de precaución, se profundizará en su concreción, relevancia internacional y
criterios de aplicación. Como parte de la justicia ambiental, este
principio hace parte de las obligaciones que tienen el Estado y los
particulares respecto a la protección del medio ambiente, a la hora de tomar
decisiones que pueden afectar gravemente el ambiente y la salud humana.
El principio de precaución advierte que no es
necesario tener certeza científica sobre el riesgo que representa una actividad
o sustancia para el ambiente y/o la salud humana, con el fin de ordenar la
adopción de medidas que eviten la ocurrencia de dicho peligro y, así, evitar la
ocurrencia de daños con graves repercusiones sobre el ecosistema o alguna
comunidad[294].
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo se reconoció este principio desde el año 1992
en la Declaración de Río de Janeiro, cuyo numeral 15 establece:
“Con el fin de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a
sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente.”
De tal forma, el Derecho ha previsto cómo abordar la
solución de un caso que involucra márgenes de duda respecto al potencial de
daño que tiene una actuación, de manera que se exige una postura que se
anticipe a la ocurrencia de los perjuicios que se quieren evitar. Sobre este
punto, esta Corporación ha sostenido: “la precaución no sólo atiende en su
ejercicio a las consecuencias de los actos, sino que principalmente exige una
postura activa de anticipación, con un objetivo de previsión de la futura
situación medioambiental a efectos de optimizar el entorno de vida natural”[295].
6.2.    La Sala Plena de la Corte también ha abordado
el alcance de esta máxima haciendo referencia a la providencia C-528 de 1994
que avaló su consagración interna en la Ley 99 de 1993[296] y, además,
ha indicado que se encuentra constitucionalizada “puesto que se desprende de
la internacionalización de las relaciones ecológicas (art. 226) y de los
deberes de protección y prevención (arts. 78, 79 y 80)”[297].
Al respecto, resulta de especial importancia el fallo
de la Corte Internacional de Justicia en el caso Gabčikovo-Nagymaros (Hungría
v. Eslovaquia), en el cual la protección del medio ambiente tuvo un
papel central frente a los nuevos estándares internacionales. De la sentencia
se destaca el siguiente aparte:
“A través de las distintas épocas de la
historia, por razones económicas entre muchas otras, se ha interferido la
naturaleza de manera constante. En el pasado, esto se hacía usualmente sin
consideración a los efectos que se generaban en el ambiente. Sin embargo,
reconociendo nuevos avances científicos y una creciente conciencia sobre los
riesgos que tiene para la humanidad -generaciones presentes y futuras- el
hecho de realizar intervenciones a un ritmo continuo y sin consideración, es
que se han adoptado nuevas normas y numerosos estándares internacionales
durante las últimas dos décadas. (...)
La Corte es consciente de que, en la esfera
de la protección ambiental, la vigilancia y la prevención son necesarias,
habida cuenta del carácter frecuentemente irreversible de los daños
causados al medio ambiente y de las limitaciones inherentes al propio
mecanismo de reparación de ese tipo de daño. (...) Han de tenerse en cuenta
esas nuevas normas y considerarse debidamente esos nuevos principios no sólo
cuando los Estados prevean nuevas actividades, sino también cuando continúen
realizando actividades iniciadas en otras épocas.”[298]
Se destaca que las cuestiones ambientales usualmente
se caracterizan por altos niveles de incertidumbre técnica y científica, falta
de sistemas de medición y seguimiento adecuados en varias zonas del territorio,
aunado a la dificultad de establecer las consecuencias de los factores
contaminantes que interactúan en el ecosistema[299]. Sin
embargo, tales aspectos no pueden justificar la inacción del Estado ni una
postura pasiva frente a los riesgos existentes.
Es tal la gravedad de los daños que se han causado al
planeta, que el principio de precaución se ha erigido en un instrumento
vital para evitar que se causen perjuicios irreversibles al ambiente o a la
salud humana  que, en la actualidad, son imposibles de prever bajo un esquema
de certeza científica, propio de una lógica basada en la teoría del daño cierto
y plenamente verificable[300].
De esta forma, si existe un caso en el cual se
observan circunstancias de riesgo para el ambiente y/o la salud humana, pero no
hay certeza absoluta sobre su incidencia en posibles resultados nocivos, es
obligación de las autoridades estatales adoptar medidas suficientes que
prevengan su ocurrencia, antes de que sea demasiado tarde para ello.
Tal directriz de actuación se relaciona
intrínsecamente con el principio o criterio superior de in dubio pro
ambiente o pro natura, “consistente en que ante una tensión entre
principios y derechos en conflicto la autoridad debe propender por la
interpretación que resulte más acorde con la garantía y disfrute de un ambiente
sano, respecto de aquella que lo suspenda, limite o restrinja”[301].
6.3.    Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[302]
ha previsto ciertas condiciones de aplicabilidad del principio de precaución:
(i) la existencia de un peligro de daño; (ii) la representación de un perjuicio
grave e irreversible; y (iii) la valoración científica del riesgo, así no
llegue a niveles de certeza absoluta; (iv) la finalidad proteccionista de la
decisión, encaminada a impedir la degradación del medio ambiente; y, (v) la
motivación de la sentencia o acto administrativo que aplique el principio.
Un claro ejemplo jurisprudencial en el que se
aplicaron estos criterios fue la sentencia T-154 de 2013, en la cual se analizó
una acción de tutela formulada por un trabajador rural cuya residencia se
encontraba en cercanías de una mina de carbón administrada por la empresa
Drummond Ltda. El accionante aseguraba que la corta distancia de su finca con
la mina ocasionaba polvillo y material particulado disperso en el aire, ruidos
constantes e insoportables, afecciones de salud en los sistemas respiratorio y
visual, entre otras[303].
El juez de instancia negó el amparo invocado al no
hallar expresamente demostrado que la mina generara tales daños. En contraste,
la Corte abordó la problemática expuesta con base en el principio de
precaución y reprochó el fallo de instancia al indicar que:
“si tal insuficiencia probatoria se
diere, lo cual podría deberse a inacción judicial y a la celeridad impuesta
para que la protección de los derechos fundamentales sea oportuna, ya se ha
efectuado referencia al principio de precaución, de imperio trasnacional e
interno, que conduce a que la falta de certeza científica no puede aducirse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para precaver la
degradación del ambiente y la generación de riesgos contra la salud.”[304]
Como consecuencia de lo anterior, la Corte evidenció
una situación de riesgo que permitía dar aplicación a este postulado y ordenó:
(i) tutelar los derechos fundamentales a la vida, salud, intimidad y al
ambiente sano del actor y su familia; y, (ii) a la empresa Drummond Ltd. que
instalara maquinaría de última generación técnica, amortiguadores, lavadores,
cubiertas, plantación de barreras vivas y recuperadores de carbón para
contrarrestar el ruido y la dispersión producida por la explotación
carbonífera.
7. Las medidas y los instrumentos administrativos para
el control de los efectos ambientales
7.1.    El control ambiental ha sido entendido por la
Corte Constitucional como la inspección, vigilancia y la aplicación de las
medidas técnicas y legales necesarias para evitar o disminuir cualquier tipo de
afectación al ambiente producto de las actividades humanas o desastres
naturales, entendiendo que un impacto se produce por cualquier alteración en el
medio biótico, abiótico o socioeconómico, siempre que pueda ser atribuido al desarrollo
de una obra, una actividad o hecho de la naturaleza[305].
7.2.    En el ordenamiento jurídico existen, al menos,
dos instrumentos de control y gestión ambiental. El primero consiste en
expedición de normas ambientales que responden, en su configuración, a la
protección del ecosistema. Dichas normas se encargan de ponderar la relación
entre el desarrollo económico y la salvaguarda del ambiente. Por su parte, el
segundo mecanismo de control radica en los instrumentos administrativos
concretos que permiten y controlan el uso de recursos naturales frente a
actividades que realicen los ciudadanos o las empresas.
Dentro de la primera se encuentran las diferentes
leyes, decretos y resoluciones que se han expedido para resguardar el ambiente
en sus diferentes dimensiones (agua, aire, ruido, entre otros), también es
conocido como el Sistema Nacional Ambiental -SINA- conformado por toda esta
normatividad y las entidades del Estado responsables de la política y de la
acción ambiental, señaladas en la Ley[306].
Por su parte, dentro los instrumentos administrativos
que la legislación ha previsto para realizar el control ambiental se destacan
principalmente la licencia ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Debido a su
importancia, en adelante se profundizará en cada una de ellas.
Licencia ambiental
7.3.    La jurisprudencia constitucional, con base en
la legislación correspondiente, ha definido este instrumento como el acto
administrativo de autorización que otorga a su titular el derecho a realizar
una obra o actividad con efectos sobre el ambiente, de conformidad con las
condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad
competente. Esta licencia es esencialmente revocable, cuando no se estén
cumpliendo las condiciones o exigencias establecidas en el acto de su
expedición[307].
A partir de esta definición, la jurisprudencia
constitucional explicó los elementos que la identifican y su importancia para
la preservación de la naturaleza. Mediante la sentencia T-227 de 2017, la Corte
sostuvo que la licencia es:
“i) de carácter obligatoria y previa, por
lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de las obras,
actividades o proyectos;
ii) opera como instrumento coordinador,
planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado
cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos, proteger los recursos
naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia
ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función
ecológica de la propiedad;
iii) es el resultado de un proceso
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la
cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa, si
en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos
indígenas o afrocolombianos;
iv) tiene simultáneamente un carácter
técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados
con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico y sensible a los
intereses de las poblaciones afectadas y;
v) se concreta en la expedición de un acto
administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento
de los términos que condiciona”[308].
Mediante la sentencia C-328 de 1995 esta Corporación
explicó que la finalidad de la licencia es la protección de derechos
individuales y colectivos, y desarrolla la obligación de las autoridades de
velar y proteger, bajo sus competencias, estos derechos, “en particular
cuando la amenaza de su vulneración aumenta debido al desarrollo de actividades
riesgosas”.
Además, refiere que conlleva el deber de prevención y
control de las actividades que causan deterioro ambiental, por lo que solamente
el permiso previo de las autoridades competentes hace jurídicamente viable la
ejecución de obras o labores que puedan tener efectos nocivos sobre la
naturaleza.
Plan de Manejo Ambiental
7.4.    La jurisprudencia constitucional ha definido
este mecanismo de control como un conjunto detallado de medidas y actividades
que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen
por el desarrollo de un  proyecto o actividad[309]. Incluye
los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la
naturaleza de la obra.
Este mecanismo de control es definido en el artículo
1º del Decreto 2041 de 2014, el cual señala las diferencias entre las medidas
de prevención, mitigación, corrección y compensación:
“i) las medidas de prevención: son las
acciones dirigidas a evitar los impactos y efectos negativos de
un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
ii) las medidas de mitigación: son las
acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos
de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
iii) las medidas de corrección: son las
acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
iv) las medidas de compensación: son las
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades,
regiones, localidades y entorno natural por los impactos o efectos negativos
generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados,
corregidos o mitigados.”[310]
7.5.    Finalmente, se concluye que estos mecanismos
de control ambiental revisten una gran importancia debido a su función de
materializar los principios internacionales y constitucionales que exigen una
protección real del ambiente y hacen posible que los ciudadanos tengan derecho
a vivir en un entorno libre de riesgos para su vida y salud.
Respecto a esto último, se destaca que dichas
funciones de control y supervisión deben ir más allá de verificar el
cumplimiento o no de la licencia o plan de manejo ambiental, lo primordial es
verificar las afectaciones al ecosistema que se realizan como consecuencia de
la ejecución de la obra o proyecto. En otras palabras, si bien es cierto que
existe una vulneración a garantías constitucionales como consecuencia del
incumplimiento de estos instrumentos, en determinados casos, su cumplimiento no
implica per se que no se estén generando daños al ambiente y a la salud
humana que redundan en una vulneración de derechos fundamentales.
8. Casos sobre la protección de los derechos a la
salud y al ambiente sano frente a actividades extractivas
Esta Corporación ha proferido varias decisiones
relativas a las afectaciones a la salud y al ambiente generadas por factores de
contaminación, entre las cuales se destacan varias providencias específicamente
contra la empresa Carbones del Cerrejón Limited, en relación con diferentes
resguardos indígenas. A continuación, se reseñan los aspectos más importantes
de estas sentencias y las órdenes que profirió la Corte en cada caso.
Sentencia SU-123 de 2018
8.1.    El Gobernador del Cabildo Indígena Awá La
Cabaña formuló acción de tutela contra el Consorcio Colombia Energy y varias
entidades públicas con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales a la consulta previa, a la integridad cultural, entre otros,
debido a las labores de exploración y explotación de hidrocarburos que se
realizan en inmediaciones de su territorio, ubicado en el Departamento del
Putumayo.
La Corte estudió los criterios de afectación
directa para resolver la exigibilidad de la consulta en este caso, las
reglas jurisprudenciales que rigen la forma de realizar un proceso consultivo
con estas comunidades y el estándar de diligencia debida del
Estado y las empresas para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Respecto al último punto, se destacó la Declaración
de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, también
denominados “Principios Ruggie”, en los cuales se reconoció que las
empresas, y no solo los Estados, tienen la obligación de actuar con una debida
diligencia a fin de identificar, prevenir, mitigar y responder a las
consecuencias negativas de sus actividades. Sobre estos principios, la Corte
sostuvo:
“confirman la máxima bien establecida del
derecho internacional de que (i) los Estados tienen el deber de proteger
los derechos humanos, por ejemplo, contra violaciones cometidas por las
empresas comerciales y otras terceras partes, mediante medidas adecuadas,
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia; pero que las [sic] (ii) las empresas deben respetar
los derechos humanos, actuando con la debida diligencia para no vulnerar los
derechos humanos o contribuir a vulnerarlos; y que existe (iii) la necesidad de
que sean establecidas vías de recurso efectivas para reparar las
violaciones cuando se producen”.
En el caso concreto, la Sala Plena encontró que el
proyecto de explotación de hidrocarburos había generado diversos “impactos
ambientales negativos que menoscaban la vida de la comunidad Awá “La Cabaña”
y su estructura cultural y que se vulnera el derecho al ambiente sano”,
particularmente, destacó la contaminación de afluentes, mortandad de fauna
local, deterioro de la flora y vegetación, disminución de la calidad del aire
por polución y la afectación del derecho a la salud.
Por ende, concluyó que debían ampararse los derechos
fundamentales a la consulta previa y al ambiente sano de la población indígena
y, en consecuencia, debía adelantarse una consulta para identificar plenamente
los impactos generados a la comunidad e “implementar las medidas requeridas
para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar los efectos de esa
actividad extractiva”. Para ello, se precisó que debían establecerse plazos
que permitieran realizar un seguimiento a los acuerdos, así como mecanismos de control
y evaluación de los avances que se vayan obteniendo, siempre bajo el objetivo
de garantizar el derecho del resguardo a tener un ecosistema apto para su
subsistencia.
Sentencia T-733 de 2017
8.2.    El Gobernador y Cacique Mayor del Resguardo
Indígena Zenú del Alto San Jorge y el Presidente del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de San José de Uré (Departamento de Córdoba), acudieron a la
acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la
salud, a la consulta previa, al ambiente sano, entre otros, debido a que desde
el año 1982 la empresa Cerro Matoso S.A. ha llevado a cabo actividades de
extracción minera cerca a sus territorios, lo que ha generado múltiples daños
al ecosistema y la aparición recurrente de diversas clases de enfermedades.
Para analizar el asunto, la Corte analizó las
complejidades del daño ambiental, la protección del derecho a la consulta
previa así no se trate de un proyecto nuevo, los principios rectores del
derecho ambiental y el verdadero significado probatorio de los valores
límite de concentración.
Con respecto a estos valores, la Sala explicó que su
cumplimiento no indica la ausencia de afectaciones a la salud o al ambiente, ni
puede asumirse como un dictamen pericial anticipado sobre si existe o no
contaminación. Resaltó que “no está claro ni siquiera que exista algo así
como un “valor límite” a partir del cual un determinado agente físico o químico
nocivo deja de serlo” y, además, refirió que estos estándares “no pueden
medir la acción combinada de los químicos en el medio ambiente, ni su efecto
acumulativo”.
Por ende, sostuvo que no pueden entenderse como
permisos para contaminar hasta un cierto punto, lo que estaría marcado por la
pregunta ¿cuánta contaminación puedo causar? En contraste, relató que las
críticas a estos límites han dado lugar a otro principio basado en un
interrogante diferente ¿cuánta contaminación puedo evitar? para así lograr
efectos nocivos “tan bajos como sea razonablemente posible” (as low as
reasonably achivable). En suma, la Corte concluyó al respecto:
“Adviértase que los valores límites no
son concebidos en términos de “autorización para contaminar”; por el
contrario, su fijación apunta es a “evitar, prevenir o reducir” los efectos
perjudiciales que causan en los seres humanos y el medio ambiente determinadas
sustancias.
De allí que, el control
administrativo ambiental que se ejerce sobre los agentes contaminantes no
puede limitarse a verificar el cumplimiento de unos valores considerados
como “máximos”[311].
Respecto al caso concreto y tras examinar el extenso
material probatorio en el expediente, la Sala encontró que, pese al aparente
cumplimiento de la normatividad aplicable, existían múltiples hallazgos que
acreditaban un grave escenario de contaminación ambiental y daños al
ecosistema, a la salud y a la integridad de los miembros de varias comunidades
aledañas al complejo minero.
Específicamente, comprobó la recurrente emisión de
nubes de escoria y material particulado que afectaba seriamente a las comunidades
aledañas, concentraciones excesivas de distintos componentes químicos en los
recursos atmosféricos e hídricos circundantes, contaminación de varios ríos y
cuerpos de agua, así como el diagnóstico de múltiples habitantes de la zona que
presentan lesiones cutáneas de gravedad, enfermedades irritativas de las vías
respiratorias, cáncer de pulmón, afectaciones cardiacas, niveles altos de
níquel en la sangre y orina, entre otros.
Bajo este panorama, esta Corporación ordenó, entre
otras medidas: (i) a la empresa demandada, expedir una nueva licencia ambiental
conforme a los estándares constitucionales vigentes; (ii) al Ministerio del
Interior, adelantar una consulta previa con las comunidades afectadas para
fijar medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto a los
perjuicios que podrían generar las labores extractivas de la compañía; (iii) al
Ministerio de Salud y Protección Social, valorar médicamente a todos los
habitantes de la zona afectada y realizar un perfil epidemiológico de las
comunidades; (iv) a Cerro Matoso S.A., brindar atención integral a quienes
padecen enfermedades relacionadas con la explotación minera; (v) al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ajustar “los instrumentos normativos a
que haya lugar, de conformidad con los estándares de la Organización Mundial de
la Salud”[312];
y, (vi) a los entes de control ambiental, que realicen un seguimiento estricto
a las operaciones de la empresa para evitar ulteriores afectaciones[313].
Sentencia SU-698 de 2017
8.3.    Los representantes de las comunidades
indígenas de Paradero, La Gran Parada y La Horqueta, pertenecientes a la etnia
wayúu en La Guajira presentaron acción de amparo contra la empresa Carbones del
Cerrejón Limited y las autoridades ambientales que avalaron la desviación del
Arroyo Bruno con el fin de ampliar la extracción de carbón.
A juicio de los accionantes esto traía graves
consecuencias ambientales y sociales que perjudicaban a las comunidades. En
contraste, la empresa aseveró que esta obra era necesaria para mantener su
producción y se encontraba ajustada a los “más altos estándares y protocolos
ambientales”.
La Sala Plena de la Corte adoptó como medida
provisional suspender todos los actos asociados a la ejecución del proyecto
para evitar así la remoción de capa vegetal en la zona y el avance del Tajo La
Puente hacía el cauce natural del arroyo.
En la sentencia se analizó el impacto ambiental que
tendría el proyecto y su incidencia en los derechos fundamentales al agua, a la
salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades cercanas. Bajo esa
finalidad, examinó el contenido y alcance de estas garantías en poblaciones “altamente
dependientes de los servicios eco-sistémicos de la biodiversidad, en escenarios
de deterioro ambiental”.
En relación con el caso concreto, esta Corporación
encontró varios factores de riesgo: (i) la empresa no cuenta con licencia
ambiental al acogerse al régimen de transición establecido por la Ley 99 de
1993, con lo cual sus operaciones se rigen por un Plan de Manejo Ambiental; y,
(ii) existen múltiples incertidumbres que impiden concluir que el proyecto es
seguro para preservar el ecosistema en la zona.
Frente a esto último, destacó que la desviación del
arroyo podría tener un alto impacto en la oferta hídrica de los territorios a
su alrededor y en las funciones biológicas, culturales y de abastecimiento que
tiene. Lo que, en suma, genera una amenaza a las garantías fundamentales de las
comunidades accionantes.
La decisión de la Corte fue mantener la suspensión de
todo el proyecto hasta que la mesa interinstitucional que integran múltiples
autoridades[314]:
(i) abra espacios de participación suficientes a las comunidades, las
instituciones y el personal técnico que intervino en el proceso de tutela para
discutir el asunto; y, (ii) realice un estudio técnico completo que responda a
las incertidumbres sobre las consecuencias ambientales de cambiar el curso del
Arroyo Bruno, teniendo en cuenta las especiales condiciones de este cuerpo de
agua. Esto, con el fin de que se pueda valorar adecuadamente la viabilidad
ambiental del proyecto.
Igualmente, a la ANLA se le ordenó incorporar las
conclusiones de dicho estudio técnico al PMA de la mina; y a la empresa
Cerrejón, la conminó a que, una vez se ajuste su plan de manejo, inicie de
manera inmediata “las medidas de prevención, mitigación, control,
compensación y corrección de los impactos sociales y ambientales del proyecto”.
Sentencia T-730 de 2016
8.4.    Dos resguardos indígenas Nasa del
Departamento del Putumayo presentaron acción de tutela contra varias entidades
y consorcios[315]
con el fin de lograr la protección de sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la integridad personal, a la consulta previa, entre
otros, debido a que su entorno está siendo afectado por labores de explotación
de hidrocarburos que generan contaminación ambiental en la zona. Además,
señalaron que se había concedido una nueva licencia para el inicio de otro
proyecto petrolero en su territorio, sin haber realizado la respectiva
consulta.
Tras el debate probatorio correspondiente, la Corte
constató la presencia de afectaciones al ambiente señalando que:
“Inicialmente corresponde advertir que para
la Sala está suficientemente claro un aspecto que ha suscitado discusión en el
debate procesal. Se trata de la existencia de afectaciones al medio ambiente
por causa de las actividades de operación del Consorcio Colombia Energy en la
explotación de los pozos petroleros Quillacinga, Cohembi y Quinde, ubicados en
proximidades de los territorios en los cuales residen los miembros de la
comunidad Nasa. (…)
Las afectaciones a los ecosistemas en los
cuales desarrollan su ciclo vital los miembros de las comunidades accionantes
dañan de modo directo sus lugares de caza, pesca, recolección de plantas medicinales
y práctica de rituales propios de su cosmovisión.”
Como consecuencia de lo anterior, la Sala Cuarta de
Revisión ordenó la realización de una consulta previa respecto al nuevo
proyecto que se quiere implementar en la zona, además, resolvió que el Ministerio
del Interior debía convocar a los consorcios que habían generado afectaciones
ambientales en la zona, para que junto con los resguardos acuerden medidas para
“subsanar y compensar lo más pronto posible los daños causados”.
Frente a esto último, se precisa que la Sala se
abstuvo de suspender los proyectos de hidrocarburos advirtiendo que sería
posible su continuación si se da “a la par de la toma de medidas concertadas
e inmediatas, ordenadas y supervisadas por las autoridades ambientales para subsanar,
a la mayor brevedad posible, los daños causados por los hechos varias veces
mencionados”.
Finalmente, resolvió que la ANLA debía realizar una
visita a los proyectos de los consorcios accionados y analizar los daños que se
ocasionaron para realizar las investigaciones y/o aplicar las sanciones a que
haya lugar. También ordenó a esta autoridad y a Corpoamazonía que remitieran
informes detallados con destino al juez de primera instancia sobre el
cumplimiento de las obligaciones de los accionados en materia de protección del
ambiente.
Sentencia T-704 de 2016
8.5.    Una de las autoridades tradicionales de la
comunidad Media Luna Dos ubicada al norte de La Guajira formuló acción de
tutela contra la empresa Cerrejón, la ANLA, y los Ministerios del Interior y de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la expedición de una licencia ambiental
para poner en marcha un proyecto de expansión del Puerto Bolívar, utilizado por
la empresa para el descargue y exportación del carbón que extrae del sur de La
Guajira.
A pesar que el Ministerio del Interior certificó que
no había presencia de comunidades étnicas en la zona de influencia directa del
proyecto, la población de Media Luna Dos refirió que éste afecta su hábitat
natural y ambiente, por lo que solicitó el amparo de su derecho a la consulta
previa y la suspensión de la referida licencia.
La Corte analizó la relación entre el derecho a la
consulta previa y las afectaciones ambientales que se generan a las comunidades
étnicas. Sobre este punto, se destaca el siguiente aparte:
“[C]uando se trata de afectaciones ambientales a
las comunidades diferenciadas, la jurisprudencia constitucional ha identificado
reglas precisas para la protección de los derechos de dichos pueblos étnicos.
En efecto, cuando se explota la tierra, por definición, dicha actividad puede
producir efectos nocivos sobre el ambiente. Pero esos efectos pueden no
solamente afectar al ambiente como derecho autónomo y sobre el cual todos y
todas somos titulares, sino, lesionar particularmente a algunas comunidades, generando
cargas desproporcionadas en su modo de vida.
Esas
poblaciones, como se vio, algunas veces son las más vulnerables y otras, no
solamente tienen esa condición, sino que además son comunidades ancestrales. En
ese caso, la justicia ambiental adquiere una dimensión diferente pues su
aplicación no puede ser la misma a la que se realiza con el común de la
sociedad. En estos eventos, cuando se causan daños al ambiente que afectan a
los pueblos indígenas o afrodescendientes, el mecanismo para participar no es
otro diferente al de la consulta previa o, según el caso, consentimiento libre,
previo e informado.”
En el asunto concreto, este Tribunal refirió que la
extracción de carbón en La Guajira ha generado varios conflictos socio
ambientales con los pueblos indígenas de la región, debido al impacto de esta
actividad en el ambiente. Lo cual resultaba especialmente grave frente a la
comunidad Media Luna Dos, dado que “las pruebas evidencian que del Puerto
Bolívar se producen emisiones de carbón que contaminan el aire y al estar tan
cerca (aproximadamente 2 kilómetros del caserío) de este puerto, los habitantes
han venido padeciendo afectaciones en su salud, actividades económicas y
contaminación al ambiente de su zona”.
Por lo tanto, se concluyó que la expansión del puerto
generaba una afectación directa a esta población y, como tal, debía suspenderse
hasta tanto no fuera objeto de consulta previa. Adicionalmente, se ordenó como
medidas generales que: (i) la ANLA debía revisar todo el PMA de la empresa para
verificar si era suficiente para hacer frente a la contaminación producida por
la extracción de carbón; y, (ii) la empresa debía implementar un “plan
inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales, en la zona”
y compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a
los derechos de las comunidades afectadas, previa realización de las consultas
a que haya lugar.
Sentencia T-256 de 2015
8.6.    Miembros de la comunidad de negros y
afrodescendientes de los corregimientos de Patilla[316] y Chancleta
del municipio de Barrancas, La Guajira formularon tutela contra la empresa
Carbones del Cerrejón asegurando que se desconocían sus derechos fundamentales
a un ambiente sano, a la intimidad, a la vida, a la salud y a la consulta
previa, como consecuencia de la contaminación ambiental que produce la mina y
de su exclusión del proceso de reasentamiento que ésta adelanta en dichos
corregimientos, por cuanto negó su identidad étnica.
La Corte realizó una inspección judicial en la cual
concluyó lo siguiente:
“Se pudo verificar que en la actualidad las
fuentes hídricas de las que se abastecen los habitantes de la comunidad
accionante se encuentran contaminadas; (ii) existe un riesgo constante para la
salud de la comunidad debido a la permanente explotación carbonífera y al
material particulado que se genera; (iii) la población accionante no cuenta con
servicio de acueducto ni de alcantarillado; (iv) no existen en la actualidad
medidas tendientes contrarrestar los impactos causados por la extracción de
carbón; y, (v) resulta necesario establecer acciones de prevención, mitigación,
corrección y compensación correspondientes teniendo en cuenta concepción
cultural y social de la comunidad.
De otro lado, (vi) se constató la precaria
prestación del servicio de agua potable en el lugar de reasentamiento dispuesto
por la empresa accionada, así como, (vi) la falta de condiciones óptimas para
desarrollar proyectos productivos que permitan el autosostenimiento de las
familias reubicadas, entre otras falencias presentadas por el presunto
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa Carbones del
Cerrejón dentro del proceso de reasentamiento de las comunidades de Patilla y
Chancleta.”
Por una parte, la Sala abordó el alcance de los
derechos de las comunidades étnicas en general y aseveró que la empresa había
desconocido la identidad étnica de la población accionante, lo que se tradujo
en una vulneración de su garantía a la consulta previa y en su exclusión del
proceso de reasentamiento que adelanta Cerrejón para la expansión de sus
labores.
Por otra parte, se examinó el contenido del derecho
fundamental al agua en sus dimensiones de accesibilidad, disponibilidad y
calidad, las cuales se ignoraron respecto a los tutelantes por cuanto no tienen
servicio público de este recurso. Al profundizar en este aspecto, comprobó la
responsabilidad de varias entidades públicas y la empresa Aguas del Sur de La
Guajira S.A. por la falta de suministro a esa población, así como de la empresa
Cerrejón por la contaminación de varios cuerpos hídricos.
Así las cosas, la Corte ordenó conceder el amparo de
los derechos invocados e incluir a la comunidad accionante en los procesos de
consulta previa que se adelantan para el proyecto de reasentamiento, sobre el
cual advirtió que debía realizarse sólo si se obtenía el consentimiento previo,
libre e informado de la población.
Además, ordenó a Cerrejón, Aguas del Sur de La Guajira
S.A. y a la Alcaldía de Barrancas que adoptaran medidas para asegurar un mínimo
de acceso, disponibilidad y agua potable a la comunidad accionante, así como un
plan definitivo a largo plazo que garantice el suministro de ese servicio.
Sentencia T-154 de 2013
8.7.    Se resalta nuevamente un caso reseñado
brevemente en otra sección,  en el que un ciudadano promovió acción de tutela
contra la sociedad Drummond Ltda, debido a que él y su familia residían a pocos
metros de la mina de carbón a cielo abierto operada por dicha empresa 24 horas
de los 7 días de la semana, lo que generaba el menoscabo de sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, al ambiente sano y a la intimidad.
Lo anterior, debido a ruidos constantes de la
maquinaria de la mina, la dispersión de polvillo y material particulado que se
posaba sobre su casa, muebles, afluentes de agua, entre otros; así como la
aparición de afecciones de salud en quienes residían en su lugar, en especial
niños que presentaban irritaciones en ojos y vías respiratorias.
En primer lugar, la Corte ordenó la realización de
diversas pruebas indagando sobre los efectos de la explotación del carbón en la
salud humana y el ecosistema. Dentro de las respuestas obtenidas se advirtió
que, sin la adopción de medidas de control suficientes, la dispersión del
material particulado puede generar neumoconiosis, asma, enfermedades cardíacas
y pulmonares, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), así
como la afectación del suelo y flora circundante, entre otros efectos nocivos.
A modo de consideraciones generales, la sentencia
resaltó que la Sala Plena de esta Corporación ha advertido sobre el carácter
fundamental del derecho a un ambiente sano y su relación con la salvaguarda de
la vida y la salud de las personas. Por lo que citó el siguiente aparte de la
providencia C-671 de 2001:
“El derecho al medio ambiente no se puede
desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los
factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los
seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un
derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión
se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en
la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha
afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental.”[317]
A su vez, sostuvo que se vulneran o amenazan los
derechos a la vida y a la salud cuando los controles a la explotación,
transporte y almacenamiento de carbón resultan ineficaces o insuficientes, pues
“esas actividades deben estar sometidas a vigilancia, con específicas y
severas medidas sanitarias y de control, tendientes a proteger la indemnidad
del ambiente, el bienestar general y, particularmente, la salud y demás
derechos de la población circunvecina”.
Así las cosas, aseveró que el incumplimiento de las
normas sobre la calidad del aire conlleva, no solo el desconocimiento de
derechos fundamentales sino un quebrantamiento grave de los deberes
internacionales que tiene Colombia respecto a la protección del ambiente. Sobre
lo cual reseñó varios casos en los que la Corte Europea de Derechos Humanos
declaró responsables a varios Estados por no haber adoptado medidas suficientes
para proteger a quienes habitan en cercanías de minas o fábricas contaminantes[318].
Descendiendo al caso específico, señaló que se
comprobó un gran impacto ambiental en el área de influencia del proyecto
carbonífero de la empresa Drummond Ltda, lo que afectaba especialmente a la
comunidad aledaña a la mina: “Así, es evidente que al esparcirse las
partículas de carbón, además de la degradación que producen en el ambiente,
directamente en sus componentes de aire y agua, su propagación constante genera
contaminación hacia vegetales, animales y todo el entorno, con severa
repercusión contra la población humana, cuya salud compromete especialmente al
causar enfermedades respiratorias y pulmonares”.
También sostuvo que el alegado cumplimiento de los
estándares normativos no es un obstáculo para evidenciar que la contaminación
de la mina está afectando a la comunidad aledaña. Específicamente argumentó lo
siguiente:
“Debe observarse que las licencias de
funcionamiento y el presunto ceñimiento a los requisitos por parte de la
empresa accionada, no desvirtúan la constatación objetiva de la polución que se
sigue generando sobre el ambiente, en principio sobre las zonas aledañas a la
explotación, almacenamiento e inicio del transporte.
La realidad resulta así confrontada con el
hipotético cumplimiento de unas disposiciones reglamentarias, que no es
sustento constitucional suficiente para la continuidad, dentro de unas
circunstancias que visiblemente no satisfacen la inalienable obligación “del
Estado y de las personas” de proteger la riqueza natural de la Nación (art.
8° Const., no está en negrilla en el texto original), de una explotación
económica, que por importante y rentable que sea no justifica el deterioro
ambiental.”
De tal manera, arguyó que “cuando lo demás falla,
es procedente la implementación tutelar de mecanismos preventivos”, por lo
que debían imponerse los correctivos necesarios para proteger a la familia del
actor y los otros vecinos que habitan en la zona.
La Corte criticó el fallo de instancia por cuanto
omitió la adopción de medidas de mitigación porque, en su criterio, no se había
demostrado plenamente que la empresa generara los daños denunciados, lo cual
daba lugar a aplicar el principio de precaución. Sobre lo cual esta Corporación
afirmó:
“Si tal insuficiencia probatoria se diere,
lo cual podría deberse a inacción judicial y a la celeridad impuesta para que
la protección de los derechos fundamentales sea oportuna, ya se ha efectuado
referencia al principio de precaución, de imperio trasnacional e
interno, que conduce a que la falta de certeza científica no puede aducirse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para precaver la
degradación del ambiente y la generación de riesgos contra la salud.”
En consecuencia, se ordenó (i) tutelar los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la intimidad y al ambiente sano del
accionante y su familia; (ii) al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que hiciera cumplir la normatividad colombiana y las
recomendaciones de la OMS[319]
respecto a explotación carbonífera, y que hiciera funcionar mecanismos para
amortiguar el ruido y erradicar las emisiones de partículas de carbón,
imponiendo las sanciones a que haya lugar; (iii) a esta misma cartera, que promoviera
una política nacional para controlar la contaminación del aire y agua causada
por carbón con base en las guías de la OMS; y, (iv) a la empresa Drummond Ltda,
que ejecutara “la instalación de maquinaria de última generación técnica, al
igual que amortiguadores, lavadores, cubiertas y recuperadores de carbón y sus
partículas, para contrarrestar el ruido y la dispersión” e incluyera
barreras vivas que ayudaran a erradicar el daño generado por la explotación
carbonífera.
Sentencia T-046 de 1999
8.8. En esta oportunidad, el Director Nacional de
Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo formuló acción de
tutela en representación de varios habitantes de la bahía de Santa Marta,
Magdalena, debido a la contaminación que se producía con el transporte, cargue
y descargue de carbón en un puerto aledaño y que provenía de varias zonas del
país, como Cundinamarca, el Cesar y de la mina del Cerrejón.
El juez de primera instancia advirtió que existía un
manejo inadecuado del material mencionado y ordenó que el puerto debía ubicarse
en otro lugar para garantizar la protección de los derechos fundamentales a la
salud y al ambiente sano de los pobladores de la zona.
En segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia confirmó que las partículas de carbón se dispersaban
hasta las residencias cercanas y generaban contaminación ambiental, por lo que
aseguró que “no es posible esperar la ocurrencia de daños irreparables en
las personas para salvaguardar estos derechos [salud y ambiente]”. En
consecuencia, ratificó la decisión anterior, pero indicó que la orden debía modificarse
por un plan de inversiones necesarias para eliminar cualquier afectación de la
comunidad.
La Corte Constitucional analizó el caso y verificó que,
si bien existía un “cumplimiento de las normas ambientales por parte de la
accionada”, las partículas de carbón se dispersaban por la región y habían
causado diversas enfermedades respiratorias y pulmonares en los pobladores,
comprometiendo así su salud y entorno libre de riesgos.
Frente a lo cual, aseguró que no se estaba
garantizando el derecho a vivir en condiciones saludables y sanitarias, lo que redundaba
en una afectación a los derechos fundamentales a la integridad personal, a la
tranquilidad e, inclusive, a la intimidad. Sobre este punto, sostuvo lo
siguiente:
“En la confrontación de derechos y de
libertades, sin lugar a dudas prevalece el reconocimiento de la persona humana
y su derecho a la existencia en condiciones dignas y saludables, sin
injerencias que coarten sus libertades, así como a disfrutar de un medio
ambiente sano; de manera que, resulta totalmente adecuada, en el caso que se
examina, la decisión de impartir órdenes preventivas a fin de implementar
los correctivos necesarios para reducir el efecto nocivo que está
produciendo por la emisión de partículas de carbón durante la actividad que
realiza la sociedad accionada, a fin de amparar los derechos fundamentales de
los accionantes y demás personas afectadas, sin desconocer la protección a
libertad de empresa de la sociedad demandada”[320].
En consecuencia, la Corte confirmó el fallo de segunda
instancia y agregó que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena debía
elaborar un cronograma para examinar el cumplimiento de la sentencia y
garantizar un control efectivo de la contaminación ambiental.
Sentencia T-528 de 1992
8.9  Desde las primeras sentencias de la Corte se
resolvió un caso relativo a la explotación carbonífera del Cerrejón y sus
efectos ambientales. El 12 de febrero de 1992, un ciudadano presentó acción de
tutela como agente oficioso de quienes habitaban las veredas Caracolí y el
Espinal, La Guajira, debido a la presencia de  “niveles insoportables e
impermisibles para la vida humana, de material particulado de Carbón y estéril,
ruidos y vibraciones ocasionadas por la actividad minera del Complejo
Carbonífero El Cerrejón, en el área distinguida con el nombre Tajo Sur”.
El demandante advirtió el Ministerio de Salud expidió
una resolución en la cual registró las “gravísimas circunstancias” de
salud que afectaban a los habitantes de la zona y la declaró como “zona
inhabitable” y “de riesgo para la salud humana, animal y vegetal”.
Pese a ello, la entidad no adoptó ninguna medida para detener las operaciones
mineras y proteger a la población.
Los jueces de instancia consideraron que no se
acreditaban los requisitos de la agencia oficiosa en este caso, pero señalaron
que era “lamentable la conducta estatal sobre la contaminación ambiental de
las poblaciones de Caracolí y el Espinal”, lo que debía ser informado a la
Procuraduría General de la Nación.
Por su parte, la Corte Constitucional señaló que
existía “una clara y notoria omisión en el deber de proteger con medidas
específicas y eficaces a las personas señaladas por el peticionario en sus
vidas y en su integridad física, afectadas directamente por la contaminación
ambiental que se ha probado”.
Además confirmó que la zona aledaña al Tajo Sur de la
explotación minera del Cerrejón era inhabitable y representaba un grave riesgo
para la salud humana y ambiental, “mucho más cuando las dependencias
correspondientes no ordenan las medidas que se hacen necesarias, para proteger
de modo directo y eficaz la vida de los habitantes y residentes de aquellas
zonas”.
Así las cosas, revocó los fallos de instancia,
concedió el amparo invocado y ordenó a los Ministerios de Salud y de Minas y
Energía que adoptaran “todas las medidas, ordenes, resoluciones y
provisiones que sean necesarias y adecuadas para garantizar la efectiva
protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales a la Vida y a la
Integridad Física” de los habitantes de Caracolí y el Espinal en La
Guajira.
8.10 Como conclusión del recuento jurisprudencial
anterior, se evidencia que la Corte Constitucional ha adoptado distintas
decisiones en favor del ambiente y la salud humana, señalando que el
cumplimiento de la normatividad aplicable o de valores límite de
concentración no excluye la posibilidad de que se generen daños graves al
ecosistema y/o a la población aledaña a una actividad contaminante.
Además, se vislumbra que una vez corrobora la
presencia de afectaciones ambientales, plantea la necesidad urgente de adoptar
medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental frente a
las labores extractivas, para lo cual suele ordenar la realización de procesos
consultivos con las comunidades afectadas y advierte a los entes de control que
acompañen esas consultas y que ejerzan una supervisión más estricta de los
factores que generaron el deterioro ambiental.
Por otra parte, se evidencia que la Corte
Constitucional ha resuelto varios casos en los cuales se ha demostrado la
necesidad de proteger los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano
de varias comunidades, ante la contaminación que se produce por las actividades
extractivas de carbón a cielo abierto y, específicamente, por las labores que
adelanta la empresa Cerrejón.
9. Análisis del caso concreto
9.1.    La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional resolverá el caso concreto del resguardo indígena Provincial,
cuyos integrantes solicitan el amparo de sus derechos fundamentales a la salud,
a la integridad física, al ambiente sano, entre otros, ante la presunta
existencia de afectaciones generadas por las operaciones de extracción,
transporte y almacenamiento de carbón y material estéril por parte de la
empresa Carbones del Cerrejón Limited.
En primer lugar, la Sala evidencia que la empresa
accionada ha señalado que, si bien sus labores generan emisiones de material
particulado, éstas se encuentran identificadas y controladas para que no se
superen los valores límite de concentración exigidos por el ordenamiento
colombiano[321].
Agrega que ha adelantado medidas de mitigación que
están previstas en el Plan de Manejo Ambiental que rige sus operaciones[322]
y que, con ocasión a la sentencia T-704 de 2016, reseñada con anterioridad,
adelantó un Plan “Inmediato” de Mitigación en el que realizó labores de
limpieza en zonas aledañas al Puerto Bolívar (norte de La Guajira) y a la línea
férrea de la empresa, se aseguró del cumplimiento de la normatividad nacional y
adelantó actividades de socialización y divulgación de protección del ambiente[323]. Además, señaló que
ha intentado realizar un plan de compensaciones con las poblaciones de su zona
de influencia, pero dicho proceso sigue en curso ante la necesidad de adelantar
diversas reuniones con las comunidades para su ejecución[324].
También ha reiterado en varias oportunidades que
cumple con “los más altos estándares de control tanto nacionales como
internacionales”[325]
para controlar los efectos de su actividad. Con lo cual, concluye que no ha
generado afectaciones a la comunidad de Provincial[326], pues las
mediciones indican que los posibles factores de contaminación de sus
operaciones se encuentran dentro del rango permitido[327].
Bajo estos criterios, Carbones del Cerrejón enfatizó a
lo largo del proceso que las accionantes no aportaron elementos de juicio
suficientes para acreditar sus denuncias, sobre una posible afectación del
ambiente y la salud en el resguardo[328].
Este argumento fue apoyado por la Agencia Nacional de Minería[329] y la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales[330].
Los fallos de primera y segunda instancia indicaron
razones similares para negar el amparo invocado. En el primer caso, se aseguró
que: “no aflora del acervo probatorio recaudado las bases mínimas para
considerar que la actividad que aquí se cuestiona viene transgrediendo o
sobrepasando los límites permitidos con ocasión a la actividad minera”[331].
Y en el segundo, se sostuvo que: “no hay manera de establecer con certeza
que como consecuencia de la actividad minera desarrollada por el Cerrejón se
está causando graves afecciones en la salud y vida de la comunidad a la que
pertenecen las accionantes”[332].
9.2.    Del extenso material probatorio obrante en
este caso, la Sala destaca que varias entidades públicas e informes de varias
instituciones académicas y sociales señalan importantes hallazgos respecto a: (i)
la calidad del aire en Provincial, (ii) el estado de varios cuerpos de
agua y vegetación aledaños (iii) los ruidos y vibraciones que genera el
complejo minero, y (iv) amenazas para la salud de los habitantes del resguardo.
9.3 En primer lugar, se hace referencia a las pruebas
que indican la presencia de polvillo de carbón o material particulado
emitido por la empresa Cerrejón en Provincial y las sustancias químicas
que se encontraron en el aire de la zona.
Por ejemplo, en la investigación adelantada entre
Colciencias y las universidades del Sinú, del Cauca (Colombia), Federal do
Rio Grande do Sul y Luterana do Brasil, se indica que en las
muestras de aire obtenidas en cercanías a la mina se encontraron: “Mezclas
complejas: Componentes orgánicos asociados a la quema de carbón + Haps”[333]
y “elementos altamente enriquecidos como el azufre (S) y otros
medianamente enriquecidos como el Cromo (CR), Cobre (Cu) y el Zinc (Zn).”[334]
En el Informe Técnico Final de este estudio se indica que
se “detectó la presencia de una gran cantidad de compuestos orgánicos
volátiles principalmente, alquenos. (...) [e] hidrocarburos aromáticos
policíclicos oxidados (Oxy-HAPs)” sustancias que “pueden inducir daño en
el ADN, genotoxicidad y enfermedades como el cáncer”[335]. Además,
se explicó que se encontraron concentraciones de azufre y cromo que eran
significativamente superiores a otras zonas de La Guajira utilizadas para
efectos comparativos[336].
Por su parte, la Defensoría del Pueblo indicó que el
material emitido por la empresa “tiene un impacto sobre las poblaciones que
se ubican vientos abajo, dentro de los cuales se encuentran los resguardos
indígenas Provincial y San Francisco”[337]
y que “el fenómeno de autocombustión del carbón (...) genera óxidos de azufre,
óxidos de nitrógeno y gas carbónico, entre otros gases, que son perceptibles
por el olfato”[338].
Adicionalmente, esta entidad realizó una visita a la
zona entre los días 11 y 16 de abril de 2018, en la cual registró fotografías
de polvillo de carbón en tejados y plantas[339].
Explicó que, de acuerdo al IDEAM, en la zona hay una falta de cobertura de
estaciones de monitoreo de calidad del aire y las existentes sólo miden
material particulado de 10 micras (PM 10) y no de 2.5 micras (PM 2.5), que es
el más dañino para la salud humana[340].
Argumentó que hay un progresivo aumento de PM 10 en Provincial
y que, si bien el promedio anual de concentración es menor al exigido en
Colombia, es superior al establecido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), lo que “afecta a las comunidades que están expuestas a estas
condiciones la mayor parte del tiempo” y, además, señaló que “se
presentan momentos en el tiempo con niveles superiores o incluso muy superiores
al de la norma colombiana”[341].
En uno de los conceptos remitidos por Corpoguajira
reconoce que “nunca ha adelantado monitoreos de calidad del aire para el
contaminante PM 2.5 en Provincial”, dado que la Resolución 610 de 2010 no
incluía expresamente la obligación de realizar estos controles[342].
Adicionalmente, se resalta que la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales señaló en uno de sus informes de control que “la
dispersión de partículas alcanza la comunidad de Provincial como consecuencia
de la explotación minera de Cerrejón”[343],
sin embargo enfatizó que éstas no superan los límites de la normatividad
colombiana.
En contraste con ello, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible presentó una gráfica de los niveles de PM10 en el
resguardo indígena durante los meses de enero a julio de 2017. Se destaca que
se registraron concentraciones que superaron los niveles exigidos por la OMS:
50 ug/m3, e inclusive aquellos adoptados por la Resolución 610 de 2010 que
duplica tal exigencia a 100 ug/m3[344].
Llama especialmente la atención el informe que realizó
Corpoguajira de su visita  a la comunidad Provincial los días 15 y 16 de
marzo de 2018, en el que indicó que “el polvillo emitido por
la explotación a cielo abierto del carbón por la empresa el Cerrejón es
constante en las diferentes rancherías de la comunidad, así como el olor a
azufre”[345].
Registró también que, desde la casa de una de las
accionantes, Mary Luz Uriana, se “alcanza a ver la cortina de polvo que se
ve en los botaderos de la empresa el Cerrejón cuando se presentan las
voladuras, polvillos que caen sobre la comunidad por estar vientos abajo, hecho
de mucha gravedad”[346].
Y señaló que “el polvillo ha generado enfermedades cutáneas y respiratorias
que afectan con mayor fuerza a los niños menores de 5 años y a los adultos
mayores”[347].
En las conclusiones de este informe se refiere que “se
evidenció que, en los muebles de las casas, en puertas, adentro de los hogares
del resguardo residuos de polvillo emitidos probablemente por la explotación de
minerales”, adelantada en los Tajos Patilla y Oreganal, los más cercanos a
la comunidad. Con lo cual, afirmó: “La calidad del aire se está  está (sic)
significativamente afectada por la permanente emisión de polvos y
partículas, la emisión de ruido especialmente en horas nocturnas y olores
ofensivos”[348].
En otro informe de Corpoguajira del año 2017, se
sostienen aspectos similares al indicar que “a pesar de los altos esfuerzos
e implementación de sus sistemas de control, se observó levantamiento de
material particulado”, que se desprende muy fácilmente por los efectos del
viento y “por ser tan fino viaja fuera de la mina e impacta a las
comunidades de influencia directa”[349].
Estos hallazgos continuaron repitiéndose en el
documento del 24 de octubre de 2018, en el que esta misma institución  sostuvo
que: “en el sitio se evidenció al interior de las casas, en puertas, en
camas de los hogares residuos de polvillo” y se constató “la permanente
caída de elementos sólidos por parte de la polución de la actividad minera”[350].
Frente a los cuales advirtió que, si bien suele cumplirse
la normativa vigente “no se ha podido determinar si estar expuesto
permanentemente (aun cumpliendo la legislación) tiene consecuencias en la salud
de los pobladores del Resguardo”[351].
9.4     La Corte también advierte que diversas pruebas
señalan una afectación a los cuerpos de agua circundantes al resguardo
indígena accionante, así como a la vegetación de la región.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo relató que “se
observaron malos manejos de las aguas de escorrentía en algunos puntos de los
botaderos de la empresa Cerrejón, lo cual permite la contaminación de los
cuerpos de agua más próximos” y que “la flora se ha visto afectada porque
en épocas de lluvia, la escorrentía al no tener cobertura vegetal sino una red
de canales de drenajes, llega más rápido al río sin regulación”[352].
La misma empresa Cerrejón reconoció en uno de sus
escritos que, si bien no realiza vertimientos al río Ranchería, puede llegar
material a éste “a través de las escorrentías desde las vías de acarreo, lo
cual ocurre en los períodos de fuertes lluvias”[353].
A su vez, la Corporación Geoambiental TERRAE aportó un
concepto técnico que indica una “evidente tendencia a la alcalinización”
de este cuerpo de agua, lo que podría relacionarse con la presencia de metales
en su cauce[354].
En los conceptos realizados por Corpoguajira se hacen
serias denuncias sobre la contaminación a cuerpos de agua aledaños a la mina,
asegurándose que: “Las fuentes de aguas tanto superficiales como
subterráneas en el área de la comunidad de Provincial son afectadas por la
actividad minera por el aporte de sedimentos contaminantes y la desaparición de
cauces superficiales y alteración de acuíferos subterráneos”[355], frente
a lo cual se aseguró que “dada la escasez del recurso en el área, se
considera uno de los impactos más significativos y relevantes con el transcurso
del tiempo”[356].
Señala que observó un manejo inadecuado de
hidrocarburos y vertimientos que “generan contaminación de suelo y cuerpos
de aguas subterráneas y superficiales”[357].
Particularmente en época de lluvias, destacó que de la planta de emulsión “todos
los residuos líquidos aceitosos pasan a la laguna Sur y posteriormente al Río
Ranchería” y que “al comparar con la norma de vertimientos evidencian un
incumplimiento de la misma”[358].
Respecto al control ambiental en dicha laguna sur,
refirió: “se observa presencia de películas de aceites sobre el agua vertida
a la Laguna Sur (...) el sistema no es suficiente y/o efectivo debido a que al
presentarse aumento en caudal y turbulencia permite el paso de hidrocarburos
sin retención alguna.”[359].
En concepto del 24 de octubre de 2018, funcionarios de
esta Corporación Autónoma describieron que “llegando a un punto de
vertimiento de aguas de escorrentía provenientes del Tajo Patilla, sector del
río ranchería para constatar la información, efectivamente se encontró material
tipo carbón dentro del cauce”[360].
Relata que este escenario ha afectado la fauna de la
zona ante “la exposición constante de la polución y los efectos adverso(s)
de estar cerca de la explotación minera que ocasiona que en la parte superior
de sus hojas tallos y (sic) se acumulen material particulado”[361].
Fue tal la gravedad de los hallazgos que Corpoguajira
refiere que en uno de sus conceptos técnicos se adujo que “debe tomar las
medidas pertinentes en contra de la empresa Carbones del Cerrejón Limited-
Cerrejón por haber contaminado de forma irresponsable varias fuentes
hídricas. (...) por estar realizando vertimiento a cuerpos de agua sin el
debido permiso”[362].
Sin embargo, no se indican sanciones o medidas que se hayan adoptado en contra
de la accionada.
9.5     En relación con el ruido producido por
la maquinaria utilizada en los tajos y botaderos más cercanos a la mina, así
como las vibraciones generadas por las explosiones en ésta, la Sala
destaca los siguientes informes:
El Centro de Investigación y Educación
Popular/Programa por la Paz (CINEP/PP) relató que realizó diversas
investigaciones en Provincial y concluyó que “la mayoría de
monitoreos presentan incumplimientos a la norma [Resolución 627 de 2016]
y a las recomendaciones de la OMS”, la norma nacional establece 65 db en el
día y 55 db en la noche para zonas residenciales, y en el resguardo se
registraron mediciones de 81,6 db en el día y 62 db en la noche[363].
La Defensoría del Pueblo ratificó las denuncias de la
comunidad en su visita a la zona, manifestando que “el ruido generado por la
actividad minera se puede percibir en algunos sitios próximos a la mina y se
debe a la actividad constante de la maquinaria”[364].
Corpoguajira también se pronunció al respecto
indicando que se han generado múltiples quejas de la población frente a los
ruidos de los vehículos que alertan las explosiones y los camiones que
funcionan las 24 horas del día. Además señaló que “no ha otorgado permiso y
autorización que se relacione con las vibraciones y consecuentes microsismos
que se presentan como consecuencia de las detonaciones”[365].
9.6     Frente a las amenazas y afectaciones a la
salud de los integrantes del resguardo, la Sala evidencia que varias
instituciones expusieron los riesgos que tiene la dispersión de carbón y
material particulado en relación con varias enfermedades.
Así, por ejemplo, la Asociación Interamericana de
Derechos Humanos (AIDA), la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, la
Alianza Mundial de Derecho Ambiental, el Doctorado Interfacultades en Salud
Pública de la Universidad Nacional de Colombia, entre otras, explicaron que
podrían generarse diversas enfermedades respiratorias, cardiovasculares y daños
a nivel celular por la exposición a estos materiales[366].
Sobre este punto, la empresa Cerrejón explicó que “el
material particulado no tiene una composición química específica y, por lo
tanto, por sí mismo no puede afirmarse que sea la causa de determinadas
enfermedades. Lo que ocurre es que estadísticamente existe una probabilidad de
que el material particulado contenga determinadas moléculas o combinaciones de
moléculas que sí están asociadas con ciertas enfermedades. Por lo tanto, se
asocia al material particulado con distintos riesgos para la salud”[367].
En este sentido, la composición química de las
partículas que emite la empresa Cerrejón y llega al resguardo Provincial
reviste una especial importancia, de cara al riesgo que involucra para la salud
humana. Al respecto, la misma compañía aseguró que el “material estéril”
que deposita en los botaderos de la mina contiene “óxidos de calcio, sodio,
hierro, magnesio, potasio, manganeso (en mayor cantidad) y elementos trazas (en
menor cantidad), como cobre, cromo, mercurio, plomo, níquel, plata, cadmio y
selenio, entre otros. También están presentes sales minerales como sulfatos,
cloruros y carbonatos”[368].
A su vez, las investigaciones adelantadas por
Colciencias y las universidades del Sinú, del Cauca (Colombia), Federal do
Rio Grande do Sul y Luterana do Brasil exponen que el material
particulado PM 2.5 circundante en el aire de la zona aledaña a la mina contiene
concentraciones de diversos metales y, particularmente, cromo y azufre, así
como hidrocarburos aromáticos policíclicos oxidados (Oxy-Haps), sustancias que
“pueden inducir daño en el ADN, genotoxicidad y enfermedades como el cáncer”[369].
Textualmente, el informe investigativo refiere: “nuestros
resultados sugieren que las fracciones polares del PM 2.5, conteniendo metales
y material orgánico representado por HAPs modificados juegan un rol dominante
en la inducción del daño en el ADN y la inducción de inestabilidad genómica.
(...) De hecho varios estudios han demostrado que el daño del ADN se
correlaciona específicamente con la contaminación causada por PM fino y
ultrafino (PM 2.5 - PM 1.0)”[370].
En el aire de las comunidades también encontraron “elementos
altamente enriquecidos como el Azufre (S) y otros medianamente enriquecidos
como el Cromo (Cr), Cobre (Cu) y el Zinc (Zn)” que no se encontraron en la
población de Mayapo, al norte de La Guajira[371].
Esto se relaciona con el siguiente hallazgo en la
sangre de varios habitantes de la zona: “Comparado con los pobladores de
MAYAPO los habitantes alrededor del corredor minero mostraron altas
concentraciones de Cromo (Cr), Níquel (Ni), Manganeso (Mn) y Bromo (Br) en la
sangre. Elementos como el Azufre (S), Cromo (Cr) y Bromo (Br) pueden dañar las
células del cuerpo. También encontramos daño en las células de los pobladores
del corredor minero. Este daño puede relacionarse con enfermedades
respiratorias, del corazón, de la piel, estómago y cáncer.”[372]
Adicional a todo lo anterior, las universidades
involucradas realizaron varios artículos científicos sobre estos resultados, en
los que explicaron la existencia de una relación entre la exposición al
material particulado de la mina de Cerrejón y daños a nivel citogenético en
pobladores cercanos a ésta[373].
También, expusieron que la composición química de este material es el factor
más determinante para evaluar su impacto en la salud humana, así se presente en
concentraciones menores a las establecidas en los estándares aplicables, por lo
que debe ser parte del monitoreo ambiental que realizan las autoridades de
control[374].
Por otra parte, el Doctorado en Toxicología Ambiental
de la Universidad de Cartagena explicó que la exposición a PM 10 y PM 2.5 y
varios contaminantes químicos pueden generar alteraciones a nivel celular,
neumoconiosis, asma, fibrosis masiva progresiva, bronquitis crónica, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica -EPOC- y/o cáncer, más aún si dicha exposición
persiste en el tiempo[375].
Agregó que la presencia de metales en la zona de Provincial
indica la existencia de un impacto ecológico y ambiental potencialmente
negativo para la biodiversidad y la salud humana. Sobre esta última, advirtió
que 10% de las personas que examinó en el resguardo tienen afectaciones en su
función pulmonar, “lo cual resulta preocupante debido a la cercanía de las
explotaciones mineras ya que el material particulado que usualmente se emite a
partir de esa actividad, contribuye de manera negativa con el funcionamiento
del sistema respiratorio”[376].
Todos los estudios destacados se podrían vincular con
la presencia recurrente de ciertas afecciones en las historias clínicas de los
integrantes de la comunidad indígena, las cuales fueron aportadas por las
entidades Dusakawi EPSI, ANAS WAYUU EPSI y ANASHIWAYA IPS. En estas historias
se resaltan casos de neumonías bacterianas no especificadas, asma mixta, asma
bronquial, laringitis obstructiva aguda, fiebres no especificadas, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (epoc), así como  múltiples registros de infecciones
agudas no especificadas de las vías respiratorias inferiores y otras
infecciones agudas de “sitios múltiples de las vías respiratorias superiores
e inferiores”[377].
9.7     En conclusión, los principales hallazgos que
se encontraron en las pruebas descritas con anterioridad, fueron los
siguientes:
·
Se identificaron
mezclas complejas de sustancias químicas asociadas a la quema de carbón, tales
como, hidrocarburos aromáticos
policíclicos, azufre, cromo, cobre y zinc en muestras de aire obtenidas cerca del complejo
minero de Cerrejón. En especial, se encontraron
concentraciones de azufre y cromo significativamente superiores a las
encontradas en otras zonas de la Guajira[378].
·
Se evidenció que los incendios de los mantos de carbón
de la mina generaban óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, gas carbónico,
entre otros gases, que eran incluso perceptibles por el olfato[379].
·
Se concluyó que existía
un incremento progresivo de material particulado PM10 en el aire de Provincial
y se registró su acumulación en los tejados y la vegetación de la zona[380]. Además, se precisó
que no se adelantaban monitoreos independientes del material PM 2.5 en el
resguardo[381].
·
Se documentó que la
dispersión de partículas emitidas por la mina alcanzaba la comunidad[382] y que las
concentraciones del material PM10 superaban los niveles de la OMS e incluso
duplicaban los permitidos por la normatividad colombiana[383].
·
Se confirmó que el
polvillo de carbón es constante al interior de las rancherías de la comunidad,
así como el olor a azufre. Inclusive, se documentó la presencia de cortinas de
polvo que se desplazaban desde los botaderos de la empresa[384].
·
Se evidenciaron manejos
de aguas de escorrentía ineficientes que permitían la contaminación de cuerpos
de agua cercanos y la afectación de la vegetación aledaña, especialmente, en
temporada de lluvias[385].
·
Se concluyó que las
fuentes de agua superficiales y subterráneas de la comunidad accionante estaban
siendo afectadas por las operaciones de Cerrejón, debido al aporte de sedimentos
contaminantes y la desaparición y alteración de cauces y acuíferos[386].
·
Se encontraron
incumplimientos de la norma de vertimientos y la presencia de residuos líquidos
aceitosos de la empresa, así como material tipo carbón en el Río Ranchería.
Además, se evidenciaron vertimientos que se realizaban sin el permiso
correspondiente[387].
·
Se detalló que la flora
de la región estaba siendo afectada por su cercanía con el complejo minero, lo
que ocasionaba una exposición constante a la polución y la acumulación de material
particulado[388].
·
Se constató que el
ruido generado por las explosiones y la actividad de la maquinaria en la zona
era continuo y perceptible[389],
además, se registraron mediciones de ruido superiores a la normatividad
colombiana[390].
·
Se encontraron altas
concentraciones de diversos metales en la sangre de los habitantes cercanos a
la mina, especialmente azufre, cromo y bromo, lo que puede generar daños en el
ADN y enfermedades como cáncer[391].
·
Se verificó la
existencia de daño en las células de pobladores de la zona, lo que puede
relacionarse con enfermedades respiratorias, cardíacas, dermatológicas, cáncer,
entre otras[392].
·
Se registró que 10% de
los integrantes del resguardo tienen afectaciones en su función pulmonar[393] y se encontraron
diversos casos de enfermedades respiratorias e infecciones agudas en las vías
respiratorias de esta población[394].
9.8 Debido a todo lo anterior, la Sala Novena de
Revisión evidencia que existe una clara situación de riesgo para quienes
habitan el resguardo indígena Provincial. El material probatorio del
expediente permite concluir que las afirmaciones de la comunidad no son
denuncias sin soporte alguno, sino todo lo contrario, han sido diversas
autoridades públicas, organizaciones e instituciones académicas que, en
distintos períodos, han constatado la veracidad de las afectaciones alegadas.
De tal forma, Corpoguajira describió lo siguiente: “Indudablemente
que los impactos ocasionados por la actividad de extracción de carbón de la
empresa Cerrejón sobre la comunidad indígena de Provincial están directamente
relacionados con la cercanía de la minería con la población”[395].
Y la Defensoría del Pueblo, en un sentido similar,
aseveró: “El ambiente y el equilibrio ecológico se ven afectados por la
contaminación del aire y del agua, así como por las intervenciones sobre los
cuerpos de agua de la región que afectan la dinámica hidráulica natural. Estas
afectaciones repercuten en otros derechos, pero en particular, sobre la salud y
la seguridad alimentaria”[396].
De esta manera, la Sala concluye que en Provincial se
presenta una situación muy particular en la que: (i) existe un peligro real de
que se generen o se sigan generando daños al ambiente y la salud humana; (ii)
esto implicaría perjuicios graves e irremediables para la comunidad; y, (iii)
se ha valorado científicamente que este riesgo no se trata de denuncias sin
fundamento alguno.
Por lo tanto, existe mérito suficiente para dar
aplicación al principio de precaución en este caso, pues, tal como se
afirmó en el acápite séptimo de esta providencia, tal parámetro exige que, si
existe un caso en el cual se observan circunstancias de riesgo para el ambiente
y/o la salud humana, pero no hay certeza absoluta sobre su incidencia en
posibles resultados nocivos, es obligación de las autoridades estatales adoptar
medidas suficientes que prevengan su ocurrencia, antes de que sea demasiado
tarde para ello.
Justamente, este principio se creó con la finalidad de
proteger el ecosistema y la salud humana cuando no fuera posible llegar a
niveles de certeza absoluta, pero existiera: (i) la existencia de un peligro de
daño; (ii) la representación de un perjuicio grave e irreversible; y, (iii) la
valoración científica del riesgo, presupuestos que se cumplen en el caso de la
comunidad Provincial.
Es por ello que resulta reprochable el fallo de
primera instancia en el que inclusive se sostuvo: “se ha verificado que las
actividades o explotación minera y el uso del tajo patilla o botadero de
material estéril ha causado daños ambientales con repercusiones en la vida y en
la integridad personal de los pobladores y con ello la afectación de sus
derechos ancestrales”, pero, a pesar de ello, se abstuvo de aplicar el
principio de precaución al referir que “no hay daños ambientales o en la
salud (de los habitantes del sector provincial) que superen los límites
impuestos por las normas y las autoridades que controlan tal actividad”[397].
9.9     Sobre este fallo de primer grado, la Corte
subraya que tan sólo la alusión a daños ambientales o en la salud que puedan
clasificarse según si “superan o no los límites permitidos”, genera serias
problemáticas respecto a la comprensión del control ambiental y los valores
límite de concentración.
Tal como se explicó en el acápite octavo de la
sentencia, estos valores o estándares normativos no pueden asumirse como una
“autorización para contaminar” o generar daños por debajo de un determinado
límite. Todo lo contrario, su fin es evitar y prevenir la generación de
perjuicios a la naturaleza y a la salud de las personas.
Es por esto que el control ambiental y la forma de
analizar si hay impactos nocivos de una actividad contaminante, no puede reducirse
a la verificación matemática del cumplimiento de unos valores límite; menos
aún, puede afirmarse que, si se acreditan estos parámetros, no se han
ocasionado daños ambientales, como si se tratase de una especie de “dictamen
pericial anticipado” al respecto.
La Corte reitera y enfatiza que no pueden
sobreestimarse estas mediciones pues “no está claro ni siquiera que exista
algo así como un “valor límite” a partir del cual un determinado agente físico
o químico nocivo deja de serlo”[398],
además, estos estándares “no pueden medir la acción combinada de los
químicos en el medio ambiente, ni su efecto acumulativo” en el tiempo[399].
Tampoco puede señalarse categóricamente que el
cumplimiento de los instrumentos ambientales de control y de las medidas de
prevención y mitigación que estos contemplan, excluyen la posibilidad de que se
hayan ocasionado afectaciones a la salud o al ecosistema[400].
9.10   En el presente caso, no se desconoce que la
empresa Cerrejón ha adelantado estrategias para controlar los efectos de sus
emisiones y demás labores propias de sus labores extractivas, sin embargo,
estas han resultado insuficientes frente al grave riesgo que generan para esta
comunidad indígena, tal como puede evidenciarse en las pruebas referidas con
anterioridad.
Este aspecto llama especialmente la atención de la
Corte Constitucional, dado que no es la primera vez que se resuelve un caso en
contra de Carbones Cerrejón Limited por poner en riesgo y/o generar
afectaciones al ambiente y a la salud de poblaciones cercanas.
En las sentencias SU-698 de 2017, T-704 de 2016, T-256
de 2015 y T-528 de 1992, esta Corporación analizó casos que presentan varias
similitudes con el de la comunidad Provincial, en los cuáles se estudió el
grave impacto que causa la explotación de carbón a cielo abierto y el peligro
que representa para la vida que se encuentra a su alrededor.
En consecuencia, se evidencia que el presente amparo
se encuentra inmerso en un contexto general que se caracteriza por comunidades
indígenas que presentan un alto grado de vulnerabilidad y una explotación
minera de grandes proporciones que pone en riesgo su ambiente y salud.
Es por esto que la empresa Carbones del Cerrejón
Limited debe adelantar sus operaciones con un especial grado de cuidado y
diligencia ante la magnitud de los daños que puede ocasionar. Ello implica
tomar conciencia sobre su papel en la protección del entorno que lo rodea y
asumir con prudencia el control ambiental que debe realizar a sus actividades.
Por lo que su supervisión interna debería ir más allá
de constatar el cumplimiento numérico de normas como forma de desacreditar las
denuncias que le exponen las comunidades vecinas, en vez de ello, podría propiciar
un dialogo abierto, continuo y sincero que busque adoptar medidas efectivas
para garantizar la protección del ecosistema y las personas que habitan a su
alrededor.
Es así, que esta compañía incumplió el estándar
internacional de debida diligencia exigido por la Declaración de
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, también
denominados “Principios Ruggie” para no vulnerar derechos humanos de
poblaciones susceptibles de ser afectadas[401].
Este deber implicaba en el asunto concreto: (i) haber
identificado adecuadamente y a profundidad los posibles impactos que los Tajos
y botaderos cercanos podían ocasionar a los habitantes del resguardo Provincial;
y, (ii) como consecuencia de ello, haber adoptado las medidas suficientes
para prevenir y controlar dichos efectos a fin de garantizar plenamente los
derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano de sus habitantes, quienes
tienen pleno derecho a vivir en un entorno libre de riesgos.
Es por ello, que la Corte Constitucional hace un
especial llamado a la empresa Carbones del Cerrejón Limited para que realice
sus actividades mineras con un grado especial de diligencia, a fin de que sus
acciones no afecten el goce efectivo de derechos fundamentales de otras comunidades
que habitan cerca de sus terrenos de operación.
9.11   Adicionalmente, se destaca que la situación a
la que ha sido expuesta esta comunidad indígena, se enmarca en un desequilibrio
de las cargas y beneficios ambientales, en el que una población, que es sujeto
de especial protección constitucional, ha tenido que asumir con mayor
intensidad las consecuencias nocivas de la contaminación generada por el
complejo minero en cuestión.
Esto ejemplifica un quiebre del criterio de justicia
ambiental en este caso[402],
el cual exige un reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales,
resultando inequitativo que una comunidad indígena haya tenido que estar
altamente expuesta a los riesgos de la minería de carbón a cielo abierto, lo que
se contrasta con los beneficios económicos obtenidos por la empresa accionada y
el Estado colombiano.
Así las cosas, se hace inminente que Carbones del
Cerrejón adopte medidas suficientes y permanentes de prevención, mitigación,
corrección y compensación de sus impactos ambientales en la zona, teniendo en
cuenta todos los elementos probatorios obrantes en el expediente que refieren
la intensidad del riesgo en que se encuentra la comunidad.
Ahora bien, estas medidas deben ser consultadas con la
población, en tanto susceptibles de afectarles directamente (derecho
fundamental a la consulta previa)[403]
y, además, obedecen a la dimensión participativa de la justicia ambiental que
exige la intervención activa y significativa de las personas que puedan verse
afectadas por proyectos de tal naturaleza, más aún tratándose de comunidades
étnicas.
La Corte subraya que, según este criterio, la
participación debe tener su origen desde la evaluación de los impactos que se
pueden generar y, adicionalmente debe permitir la coexistencia del conocimiento
técnico y el saber nativo de la población, de manera que no se sobreestime el
primero ni se subvalore el segundo.
9.12   Por último, se resalta que en este caso se
evidenciaron varias deficiencias en el control ambiental realizado a las
actividades de la empresa accionada, lo que llevó a que, pese a los hallazgos
expuestos a lo largo de la sentencia, no se realizaron actuaciones ni
advertencias para evitar que se generaran perjuicios a la comunidad.
Como ejemplo de ello, los informes presentados por la
Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
dan prioridad al examen numérico del cumplimiento de los valores límite y
del PMA de la empresa, sin que se aborden mayores elementos de juicio
adicionales para estudiar si se estaban ocasionando afectaciones a la comunidad
o si los testimonios de sus integrantes eran veraces, con lo cual su análisis
ambiental se limitó a una constatación numérica alejada de la verificación
fáctica de los hechos.
Tampoco se realizaban controles independientes de
material particulado de menos de 2.5 micras (PM 2.5) pese a que se trata del
más peligroso para el ambiente y tiene una mayor relación con enfermedades
respiratorias, además se dispersa de manera más rápida y extensa por la acción
del viento[404].
Además, la Contraloría General de la República
identificó que existían serios retrasos en la revisión de los Informes de
Cumplimiento Ambiental -ICA- del complejo minero de Cerrejón, lo que, en
palabras de la entidad:
“Pone en riesgo el cumplimiento de las
medidas, obligaciones y responsabilidades asumidos por el beneficiario de la
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, así como la posibilidad de
actuar a prevención para evitar, prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos negativos sobre el ambiente, los recursos naturales, los servicios
ecosistémicos y las comunidades en el Área de Influencia Directa del POA.
Esta situación se convierte en importante
factor de riesgo, tanto ambiental, como social y económico, en los territorios donde tienen su área
de influencia dichos POA, más aún si se toma en cuenta que los POA objeto de
licenciamiento competencia del MADS-ANLA corresponde a aquellos megaproyectos
que suelen tener un mayor impacto ambiental, económico y social.”[405]
La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible que debía revisar su cronograma de adaptación
de sus estándares conforme a los niveles señalados por la OMS, en atención a
que la normatividad colombiana exige niveles que duplican los estándares de
esta organización[406].
Frente a Corpoguajira, la Corte resalta que, si bien
registró que los vertimientos realizados desde la planta de emulsión de la mina
no tenían el permiso correspondiente[407],
ni se contaba con autorización para las vibraciones generadas por explosiones[408]
y que, además, explicó a lo largo de sus informes múltiples hechos de
contaminación, no advirtió de tal situación a otras entidades públicas o a la
población del resguardo para que se adoptaran medidas eficaces al respecto.
En suma, estas falencias en el control ambiental se
constituyen en un incumplimiento de: (i) los deberes cualificados de protección
que tiene el Estado en materia nacional e internacional frente al ambiente y
los pueblos indígenas; (ii) el deber constitucional de controlar los factores
de deterioro ambiental; y, (iii) la obligación de hacer compatible el
desarrollo económico con la defensa de la naturaleza y la protección de los
derechos fundamentales[409].
Lo cual merece un reproche incluso mayor, al evidenciar
que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado varias veces sobre el riesgo
que representa la explotación de carbón a cielo abierto, las actividades de la
empresa Cerrejón y la necesidad de que sean controladas de manera estricta y completa
por parte de las autoridades previstas constitucional y legalmente para ello.
Inclusive, desde la sentencia T-528 de 1992, esta
Corporación ha ordenado a varias entidades estatales que adopten las medidas
que resulten necesarias para proteger a comunidades cercanas a la explotación
minera de Cerrejón. Sin embargo, las labores de control que se han ejercido desde
entonces han permitido la repetición de escenarios semejantes al resuelto.
10.     Órdenes a impartir
Con el propósito de proteger los derechos
fundamentales a la salud y al ambiente sano de los integrantes del Resguardo
Indígena Provincial, así como garantizar el desarrollo de la actividad
minera de manera responsable y respetuosa de los postulados constitucionales,
la Sala impartirá las siguientes órdenes:
10.1.  A la empresa Carbones del Cerrejón Limited, en
aplicación del principio de precaución, se le ordena implementar medidas
transitorias urgentes para lograr reducir el riesgo que las operaciones de la
empresa representan para la comunidad indígena, por lo que debe:
(i) controlar que sus emisiones de material
particulado no lleguen a niveles de concentración que afecten la calidad de
aire en el resguardo de Provincial. Esto tiene como propósito reducir el
peligro que esta exposición significa para la salud humana, para lo cual es
posible acudir a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, quien
señala que a mayores concentraciones de material particulado existe una
probabilidad más alta de enfermedades respiratorias[410]. Además, determinó
unos niveles guía a partir de los cuales ese riesgo se mitiga de manera
significativa y se reducen las probabilidades de adquirir este tipo de enfermedades[411].
Por esto resulta viable exigir como medida transitoria
que la calidad del aire en Provincial se mantenga con concentraciones
que no superen 25 µg/m3 -promedio diario- y 10 µg/m3 -promedio mensual-
respecto a PM 2.5 (menor a 2.5 micras), ni 50 µg/m3 -promedio diario- y 20
µg/m3 -promedio mensual- respecto a PM 10 (menor o igual a 10 micras)[412].
Se destaca que esto no significa ordenar a Cerrejón
que toda su explotación minera y sus emisiones deban regirse por un estándar
internacional, sino que debe evitar que sus operaciones generen emisiones que
se trasladen hasta la comunidad a tal punto que afecten su calidad de aire y
aumenten el riesgo de enfermedades en Provincial. Para ello, podrá
implementar la estrategia que mejor considere, tales como barreras, mayor
humectación, regulación de los períodos de explotación, entre otras.
También se precisa que la duración de esta medida
transitoria estará sujeta a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la empresa Carbones del Cerrejón Limited y la comunidad lleguen a
un acuerdo respecto al estándar de calidad de aire que deberá regir para Provincial.
Este límite deberá tener en cuenta las particularidades de la explotación
de carbón a cielo abierto que se adelanta en la zona y la protección efectiva
de los derechos fundamentales de la comunidad accionante.
(ii) Adicionalmente, la empresa también debe realizar
labores de limpieza exhaustivas del material particulado que actualmente y a
futuro se encuentre en las viviendas del resguardo, los pozos de agua que
utilizan sus habitantes y en la vegetación circundante.
(iii) Disminuir el nivel de  los ruidos que genera su
actividad, con el fin de asegurar que en el resguardo se cumplan los límites
establecidos para zonas residenciales[413].
(iv) Adoptar estrategias efectivas que impidan la
contaminación de fuentes hídricas por la acción de aguas de escorrentía que
provienen de la mina u otras zonas utilizadas por la empresa. Frente a ello, se
resalta que esta orden no conlleva una pérdida de vigencia de los permisos con
que cuenta Cerrejón, sino que hace énfasis en el cuidado y preservación de los
cuerpos de agua en la zona, especialmente, aquellos que puedan versen afectados
por las aguas de escorrentía.
(v) Y, finalmente, incrementar sus labores de
prevención de incendios y combustión espontánea de los mantos y taludes de
carbón y material estéril con que cuenta, dado que estos pueden generar gases
nocivos que elevan el riesgo de afectaciones para la comunidad[414]. En consecuencia, se
ordena a la empresa que disponga las estrategias necesarias para que se apaguen
de manera inmediata todos los incendios que se generan a menos de cinco (5)
kilómetros del resguardo.
10.2.  Se ordena la creación de una Comisión Técnica
conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio
de Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la ANLA, la Gobernación
de La Guajira y Corpoguajira, que tiene como propósito determinar los factores
de riesgo de la explotación minera que afectan al resguardo e identificar
medidas para mitigar y corregir de manera definitiva esos riesgos en el corto,
mediano y largo plazo.
La Comisión deberá crear espacios de diálogo con la comunidad
y la empresa, así como invitar a las siguientes organizaciones para que aporten su
concepto técnico al respecto: (i) Colciencias, (ii) Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad del Sinú, (iii) Doctorado en Toxicología Ambiental de
la Universidad de Cartagena, y (iv) Doctorado Interfacultades en Salud Pública,
Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) e Instituto
de Estudios Ambientales (IDEA), estos tres últimos adscritos a la Universidad
Nacional de Colombia –sede Bogotá–.
10.3 Se encarga a la Defensoría del Pueblo la
presidencia de la Comisión referida para que defina un cronograma y una
estrategia detallada para que se cumplan las finalidades previstas en el
término de un (1) año y se remitan las conclusiones respectivas a la comunidad,
a la empresa y al Ministerio del Interior para que se definan las medidas
definitivas a adoptar, de acuerdo con los procesos de consulta previa
y/o de consentimiento previo, libre e informado, según la estrategia que
se busque implementar[415].
Se resalta que en estos procesos se analizará la pertinencia y vigencia de las
medidas transitorias urgentes indicadas con anterioridad.
10.4 Se ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira -Corpoguajira- que implementen un sistema
independiente de medición de la calidad del aire en el Resguardo Indígena Provincial
y la calidad de agua en las fuentes hídricas que lo abastecen.
Este sistema deberá tener las siguientes
características: (i) contar con instrumentos idóneos que midan la calidad de
agua y del aire en la zona, incluyendo concentraciones de material particulado
menor a 10 y a 2.5 micras; (ii) permitir el análisis periódico de la
composición química de dicho material; (iii) incluir la supervisión de los
instrumentos de medición con un equipo técnico e imparcial con conocimientos
especializados en la materia; (iv) garantizar un monitoreo constante de los
resultados; (iv) ser de público acceso, preferiblemente a través de una
plataforma de consulta en tiempo real; y, (v) emitir señales de alarma a la
empresa y a la comunidad cuando se superen los niveles permisibles de
contaminación correspondientes, con el fin de que la entidad accionada pueda
tomar con urgencia los correctivos a que haya lugar y prevenga la generación de
afectaciones.
10.5 También se le exige a estas entidades que
realicen un control estricto y efectivo de las operaciones que adelanta la
empresa Cerrejón Limited. En este sentido,  el control ambiental que realicen
no puede centrarse en realizar verificaciones numéricas de la normatividad
colombiana o internacional, y examinar si se adoptaron las medidas previstas en
el Plan de Manejo Ambiental y demás instrumentos administrativos. En cambio,
deberán examinar a profundidad y con base en diferentes elementos probatorios
si se están generando afectaciones ambientales y/o a la salud de las
comunidades que se encuentran alrededor del complejo de Cerrejón, caso en el
cual deberán ejercer sus facultades de control y/o sanción, de conformidad con
sus competencias legales.
Como consecuencia de lo anterior, tendrán la
obligación de verificar el cumplimiento de las órdenes ya señaladas, así como
de las medidas transitorias y definitivas que adopte la empresa Cerrejón. En
caso de que corroboren su incumplimiento y, de acuerdo a la gravedad de la
infracción y sus competencias legales y reglamentarias, podrán ordenar la
suspensión de los tajos y botaderos de la mina que se encuentren a menos de
cinco (5) kilómetros de la comunidad de Provincial. La Procuraduría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se encargarán de hacer
seguimiento estricto al cumplimiento de estas previsiones por parte de las
entidades de control ambiental.
10.6 Por otra parte, con el fin de garantizar el
derecho de la comunidad a participar en las decisiones que los afectan y
fortalecer los canales de diálogo que tienen con las entidades de control
ambiental, se ordenará que estas autoridades comuniquen los resultados de sus
labores de control a los habitantes del resguardo y hacerlos partícipes de esa
supervisión, de forma que puedan formular denuncias y quejas, así como entablar
un diálogo continuo y de buena fe.
Se resalta que las autoridades referidas deberán
seguir garantizando el derecho fundamental al debido proceso de Carbones
Cerrejón Limited e informar oportunamente a la empresa de sus actuaciones de
control.
10.7 Teniendo en cuenta que en Colombia no se
encuentran regulados los niveles de vibraciones admisibles en relación con voladuras
y el uso de explosivos[416],
se le ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible que, en
aplicación de sus competencias, regule tales estándares en especial respecto a
las vibraciones que se generan por voladuras en zonas residenciales, de forma
que puedan aplicarse al control de las operaciones de la empresa Cerrejón y sus
efectos en el resguardo Provincial.
10.8 Al Ministerio de Salud y Protección Social se le
ordenará crear una brigada de salud para hacer una valoración médica de los
habitantes de Provincial, construir un perfil epidemiológico de la
comunidad e informar los resultados a la Comisión Técnica referida
anteriormente[417]
y también a las EPS que tengan afiliados dentro de la comunidad, para que
brinden los tratamientos de salud que resulten necesarios, de conformidad con
los procedimientos legales y reglamentarios a que haya lugar.
A su vez, se le ordena al Ministerio que diseñe para
las EPS e IPS que operan en los municipios cercanos a las operaciones de
Carbones del Cerrejón Limited, un protocolo de atención y registro de
enfermedades posiblemente relacionadas con la actividad minera, con el fin de
garantizar una atención efectiva en salud a toda la población del resguardo.
Los datos que se obtengan a partir de este protocolo también deberán remitirse
a la Comisión Técnica para su análisis.
La Sala Novena destaca que el fundamento de esta orden
es que el Estado tiene a su cargo el servicio público y derecho fundamental a
la salud[418],
por lo que debe asumir la obligación de identificar los riesgos que se derivan
del ejercicio de una actividad lícita, como lo es la minería.
10.9 La Corte también evidencia que la Defensoría del
Pueblo señaló en su visita a la zona que podría existir un grave problema de
acceso al agua potable en el resguardo[419],
por lo que se hace necesario disponer que la Gobernación de La Guajira y la
Alcaldía de Barrancas se aseguren de que los integrantes de la comunidad tienen
acceso a un mínimo de agua potable suficiente para cubrir sus necesidades
personales y domésticas, de conformidad con el principio de razonabilidad y la
jurisprudencia constitucional.
Para el cumplimiento de esta orden, podrán acudir al apoyo
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en atención a que sus funcionales legales y reglamentarias
contemplan la fijación de criterios y lineamientos para garantizar el derecho
al agua potable[420].
10.10 Se le encarga a la Procuraduría General de la
Nación, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la
Nación y a la Defensoría del Pueblo que, dentro de sus competencias
constitucionales y legales, realicen la supervisión estricta del cumplimiento
de la providencia y de las funciones de control ambiental que ejercerán el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y Corpoguajira,
respecto a las operaciones de Cerrejón.
10.11 Finalmente, se ordena que se comunique la
sentencia a las siguientes instituciones para posibilitar su efectiva y pronta
participación en la Comisión Técnica: (i) Colciencias, (ii) Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad del Sinú, (iii) Doctorado en Toxicología
Ambiental de la Universidad de Cartagena, y (iv) Doctorado Interfacultades en
Salud Pública, Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales
(GIDCA) e Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), estos tres últimos
adscritos a la Universidad Nacional de Colombia –sede Bogotá–.
También se comunicará el fallo a las siguientes
entidades públicas: Gobernación de La Guajira, Alcaldía de Barrancas,
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la
República, Fiscalía General de la Nación y, Defensoría del Pueblo.
Además, se ordena a la empresa
Cerrejón que traduzca la sentencia al idioma inglés y la remita a las sedes centrales de las sociedades Anglo American, BHP Billiton y
Glencore, en tanto accionistas de Carbones del Cerrejón Limited, para que,
dentro del marco de su autonomía y políticas de protección del ambiente,
valoren la necesidad de adoptar medidas adicionales a las dispuestas en esta providencia.
11. Síntesis de la decisión
11.1.  En la presente oportunidad la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional estudia la acción de tutela formulada por
las señoras Mary Luz Uriana Ipuana  y Yasmina Uriana, integrantes del Resguardo
Indígena Wayúu Provincial, contra la empresa Carbones del Cerrejón Limited, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia
Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
11.2.  En el escrito de tutela, las accionantes
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la
integridad personal, a la salud, al medio ambiente sano y a la intimidad de los
habitantes de su comunidad, debido a que la explotación minera adelantada por
la empresa Carbones del Cerrejón Limited ha generado en la comunidad: (i)
afecciones respiratorias en niños y adultos, así como problemas visuales y
cutáneos; (ii) contaminación ambiental, la cual ha imposibilitado el acceso a
fuentes hídricas; (iii) improductividad de sus suelos; y (iv) hacinamiento.
11.3.  La empresa accionada señaló que si bien sus
labores generan emisiones de material particulado, éstas se encuentran
identificadas y controladas para que no se superen los valores límite de
concentración exigidos por el ordenamiento colombiano. También manifestó
haber adoptado las medidas de mitigación previstas en el Plan de Manejo
Ambiental que rige sus operaciones así como unos planes de compensación para
las poblaciones afectadas, sin que aún haya sido posible su ejecución.
11.4.  Bajo esta panorámica, a la Sala Novena de
Revisión le correspondió establecer si la compañía Carbones Cerrejón Limited, y
las autoridades públicas vinculadas en este proceso, han vulnerado los derechos
fundamentales a la vida, a la salud, al ambiente sano y a la integridad física
de los integrantes del Resguardo Indígena Provincial, como consecuencia de la
presunta contaminación generada por las actividades de explotación de carbón a
cielo abierto que se adelantan en las inmediaciones de su territorio.
11.5.  Tras abordar el estudio del caso, la Sala
destaca que los derechos a la salud y a la integridad personal tienen carácter
fundamental y su preservación es determinante para garantizar la vida humana en
condiciones que resulten aptas para su desarrollo. Por tanto, el ámbito de
protección del medio ambiente en su dimensión colectiva, se instala en la
salvaguarda de garantías individuales, que torna procedente esta acción de
amparo.
11.6.  Para la Sala el Estado no sólo tiene la
obligación de preservar, conservar y prevenir, sino también la de restaurar los
recursos naturales de las contingencias del mundo físico y, particularmente, de
las actividades extractivas, motivo por el cual, resulta indispensable adoptar
todas las medidas para mitigar la ocurrencia de daños a la naturaleza, así como
exigir a los diferentes actores sociales y empresariales su cumplimiento y, de
ser necesario, la modificación de las ya existentes, con el fin ulterior de
garantizar plenamente la salvaguarda del ecosistema y de las personas que
pueden verse afectadas por ello.
11.7.  La Sala considera que es obligación del Estado
garantizar la justicia ambiental, elemento mediante el cual se debe proteger
a las personas y comunidades que padecen de forma desigual las consecuencias de
las actividades extractivas que afectan el ambiente. Dentro de estas acciones
se encuentran: i) la instalación, operación y clausura de rellenos sanitarios
que causan un mayor impacto en algunas comunidades; (ii) la ejecución de
proyectos de infraestructura que impactan el ambiente y/o las condiciones de
vida y salud de poblaciones; y (iii) las actividades mineras o de hidrocarburos
que se desarrollan en inmediaciones del territorio de una comunidad.
11.8.  Así mismo, explica que el deber del Estado de
prevenir la ocurrencia de un daño se circunscribe en el principio de
precaución, instrumento que busca evitar que se causen perjuicios
irreversibles al ambiente o a la salud humana que, en la actualidad, son
imposibles de prever bajo un esquema de certeza científica propio de una lógica
basada en la teoría del daño cierto y plenamente verificable. Por tanto, cuando
se adviertan circunstancias de riesgo para el ambiente y/o la salud humana,
pero no exista certeza absoluta sobre su incidencia en posibles resultados
nocivos, es obligación de las autoridades estatales adoptar medidas suficientes
que prevengan su ocurrencia, antes de que se consume el posible daño.
11.9.  En este sentido, el control ambiental y la
forma de analizar si hay impactos nocivos de una actividad contaminante, no
puede limitarse a la verificación matemática del cumplimiento de unos límites;
menos aún, puede afirmarse que, si se acreditan estos parámetros, no se estén
ocasionado daños ambientales, como si se tratase de una especie de “dictamen
pericial anticipado”.
11.10.         En el caso concreto, la Sala Novena de
Revisión evidencia que en el resguardo indígena Provincial existe un peligro
real de que se generen o se sigan generando daños al ambiente y la salud humana,
lo que implicaría perjuicios graves e irremediables para la comunidad.
11.11.         De acuerdo con los estudios realizados
por diferentes autoridades públicas, organizaciones e instituciones académicas,
en la zona del resguardo se evidenció: (i) presencia de metales y material
orgánico en el aire que impactaron en la salud humana; (ii) residuos de
polvillo, debido a la explotación de minerales, en los muebles de las casas, en
puertas, y otros lugares dentro de los hogares del resguardo; (iii) afectación
del suelo y varias fuentes hídricas por la actividad minera; y (iv) al menos el
10% de las personas de la comunidad tenía afectaciones en su función pulmonar.
La Sala concluye que en este caso había mérito
suficiente para dar aplicación al principio de precaución, en la medida que:
(i) se observa un peligro de daño (ii) se está ante la representación de un
perjuicio grave e irreversible; y, (iii) existe una valoración del riesgo.
11.12. A su vez, agrega que las actividades
extractivas adelantadas por la empresa Carbones del Cerrejón Limited generaron
consecuencias medio ambientales que afectaron el entorno y la salud de la
comunidad, situación que, a su vez, le impuso una serie de cargas
desproporcionadas desconociendo el criterio de la justicia ambiental. En
este orden, señala que, si bien la empresa accionada adelantó estrategias para
controlar los efectos de sus emisiones y demás acciones propias de sus labores
extractivas, las mismas fueron insuficientes frente al grave riesgo que generan
para esta comunidad indígena.
La Sala resalta que en cumplimiento a los principios
Ruggie la empresa debió: (i) haber identificado adecuadamente y a
profundidad los posibles impactos que los tajos y botaderos cercanos podían
ocasionar a los habitantes del resguardo Provincial; y, (ii) como consecuencia
de ello, haber adoptado las medidas suficientes para prevenir y controlar
dichos efectos a fin de garantizar plenamente los derechos fundamentales a la
salud y al ambiente sano de sus habitantes, quienes tienen pleno derecho a
vivir en un entorno libre de riesgos.
11.13. Conforme con lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de esta Corporación revoca las sentencias proferidas en primera y
segunda instancia, las cuales negaron el amparo invocado, y en su lugar,
concede la protección de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente
sano de los habitantes del Resguardo Indígena Provincial.
11.14.         Aunado a ello, al advertir la necesidad
de que la empresa Carbones del Cerrejón Limited reduzca el riesgo que
representan sus operaciones y adopte medidas suficientes de prevención,
mitigación y corrección de sus impactos ambientales en la zona del Resguardo
Indígena, se ordena lo siguiente:
a. A la empresa Carbones del Cerrejón Limited que
implemente medidas transitorias urgentes para: (i) controlar que sus emisiones
de material particulado no afecten la calidad del aire en la comunidad de Provincial,
conforme a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, (ii)
realizar labores de limpieza de este material en la zona, (iii) disminuir el
nivel de los ruidos que genera su actividad, (iv) impedir la contaminación de
fuentes hídricas cercanas y, (v) prevenir y apagar inmediatamente los incendios
que se generan en los mantos de carbón más cercanos.
En relación con la primera medida se establece que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la empresa y la población del
resguardo deberán acordar un estándar definitivo para la calidad de aire en el
pueblo de Provincial, teniendo en cuenta las particularidades de la
minería a cielo abierto y la protección de los derechos de la comunidad.
b. Se ordena la creación de una Comisión Técnica
conformada por varias entidades del nivel nacional y local[421] para determinar los
factores de riesgo que afectan a la comunidad de Provincial e
identificar medidas para mitigar y corregir de manera definitiva esos riesgos
en el corto, mediano y largo plazo.
Para ello, deberá crear espacios de participación con
la comunidad, la empresa accionada y las instituciones académicas que
participaron en el proceso[422].
La Comisión será presidida por la Defensoría del Pueblo, quien remitirá las
conclusiones correspondientes al resguardo y a la empresa Cerrejón para que se
definan las medidas definitivas a adoptar de acuerdo con los procesos de consulta
previa y/o de consentimiento previo, libre e informado.
c. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira –Corpoguajira– se les ordena implementar un sistema
independiente de medición de la calidad del aire en el Resguardo y de las
fuentes hídricas que lo abastecen.
d. Adicionalmente se les exige que realicen un control
estricto y efectivo de las operaciones de Cerrejón, en el que hagan partícipe a
la comunidad y no se centren únicamente en realizar verificaciones numéricas de
la normatividad, sino que deben examinar a profundidad si se están generando
afectaciones al ecosistema o a la salud, caso en el cual deberán ejercer sus
facultades de control y/o sanción de manera oportuna, lo cual abarca la
posibilidad de suspender las operaciones que se adelantan en cercanías a la
comunidad.
e. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
se le exige regular niveles admisibles de vibraciones relacionadas con
voladuras, en especial, respecto a zonas residenciales, de forma que sea
posible su aplicación al control ambiental que debe realizarse a la empresa
Cerrejón.
f. Al Ministerio de Salud y Protección Social se le
ordena crear una brigada de salud para valorar a los habitantes del resguardo,
construir un perfil epidemiológico de la comunidad e informar los resultados a
la Comisión Técnica y a las EPS correspondientes para que brinden los
tratamientos de salud necesarios, de conformidad con los procedimientos a que
haya lugar.
También se le exige al Ministerio realizar un
protocolo de atención y registro de enfermedades que posiblemente tengan
relación con la actividad minera, para garantizar una atención efectiva en
salud a las personas afectadas.
g.  A la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía de
Barrancas se les ordena que, con el posible apoyo del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se aseguren
de que los integrantes de la comunidad de Provincial tengan acceso a un
mínimo de agua potable suficiente para cubrir sus necesidades personales y
domésticas.
h. A la Procuraduría General de la Nación, a la
Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo se les encarga la estricta supervisión del cumplimiento
del fallo y del control ambiental realizado por las entidades correspondientes.
i. Finalmente, se incluye la comunicación de esta
sentencia a las instituciones científicas y educativas que participaron en el
proceso[423]
y a las entidades públicas que no fueron accionadas, pero tienen un papel
importante en el cumplimiento de esta providencia[424]. También, se ordena a
la empresa Carbones del Cerrejón que traduzca el fallo al idioma inglés y lo
remita a las sedes centrales de las sociedades accionistas Anglo American, BHP
Billiton y Glencore, para que, dentro de su autonomía, valoren la necesidad de
adoptar medidas adicionales a las ya mencionadas para proteger el ambiente y la
salud humana.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de los términos para fallar, dispuesta
por el Auto del 19 de abril de 2018 y prorrogada por los Autos del 15 de junio,
27 de agosto y 29 de noviembre de esa misma anualidad.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencias proferidas el 21 de septiembre de 2017,
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, La Guajira, en primera
instancia, y el 7 de noviembre de 2017, por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, en segunda instancia, las cuales negaron el amparo invocado
por Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana, en calidad de integrantes del
Resguardo Indígena Provincial, contra la empresa Carbones del Cerrejón
Limited, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Salud y Protección Social, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la
Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la
salud y al ambiente sano de los habitantes del Resguardo Indígena Provincial.
TERCERO.- En aplicación del principio de precaución, ORDENAR a
la empresa Carbones del Cerrejón Limited que, dentro del término máximo de un
(1) mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, y como medida
transitoria urgente, controle sus emisiones de material particulado de manera
que la calidad del aire en el Resguardo Indígena Provincial se mantenga con
concentraciones que no superen los 25 µg/m3 -promedio diario- y 10 µg/m3
-promedio mensual- de PM 2.5 (menor a 2.5 micras), ni los  50 µg/m3 -promedio
diario- y 20 µg/m3 -promedio mensual- de PM 10 (menor o igual a 10 micras)[425].
Esta medida estará vigente hasta que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la empresa Carbones del Cerrejón Limited y la
comunidad accionante acuerden un estándar de calidad de aire para el Resguardo
Indígena Provincial, que tenga en cuenta las particularidades de las
operaciones extractivas de carbón a cielo abierto y la protección efectiva de los
derechos fundamentales de la comunidad accionante.
CUARTO.- En aplicación del principio de precaución, ORDENAR a la empresa
Carbones del Cerrejón Limited que, dentro del término máximo de un (1) mes,
contado a partir de la notificación de esta providencia, implemente las
siguientes medidas transitorias urgentes para reducir el riesgo que sus
operaciones representan para la comunidad indígena Provincial: (i)
realice labores de limpieza exhaustivas de polvillo de carbón en las viviendas
del resguardo, los pozos de agua que utilizan sus habitantes y en la vegetación
circundante; (ii) disminuya el nivel de ruidos que genera su actividad, de
forma que en el resguardo no se exceda una medida de 65 decibeles durante el
día ni 55 decibeles en la noche[426];
(iii) impida la contaminación de fuentes hídricas por la acción de aguas de
escorrentía que provienen de la mina u otras zonas utilizadas por la empresa;
y, (iv) incremente sus labores de prevención de incendios y apague
inmediatamente aquellos que se generan en los mantos de carbón y material
estéril que se encuentren a menos de cinco (5) kilómetros del resguardo.
QUINTO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al
Ministerio de Salud y Protección Social, a la Defensoría del Pueblo, a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Gobernación de La Guajira y a
la Corporación Autónoma Regional de La Guajira que, en el término máximo de un
(1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, conformen una
Comisión Técnica que tenga como objetivos: (i) determinar los factores de
riesgo de la explotación minera que afectan a la comunidad del Resguardo
Indígena Provincial; y, (ii) identificar las alternativas que existen
para prevenir, mitigar y corregir de manera definitiva tales riesgos en el
corto, mediano y largo plazo.
Para ello, la Comisión tendrá que crear espacios de
diálogo con la comunidad y la empresa Carbones del Cerrejón, así como solicitar
a las siguientes organizaciones que rindan su concepto técnico al respecto:  (i)
Colciencias, (ii) Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sinú,
(iii) Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, y (iv)
Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Grupo de Investigación en Derechos
Colectivos y Ambientales (GIDCA) e Instituto de Estudios Ambientales (IDEA),
estos tres últimos adscritos a la Universidad Nacional de Colombia –sede
Bogotá–.
La Defensoría del Pueblo será la encargada de presidir
la Comisión y de definir un cronograma y una estrategia detallada para cumplir
las finalidades previstas dentro del término máximo de (1) un año, contado a
partir de la notificación de esta sentencia. Al cabo de este período, la
Comisión deberá remitir sus conclusiones a la comunidad del Resguardo Provincial,
a la empresa Carbones del Cerrejón Limited y a la Dirección de Consulta Previa
del Ministerio del Interior para que se definan cuáles serán las medidas definitivas
que deberán implementarse, de conformidad con los procesos de consulta
previa y/o consentimiento previo, libre e informado.
SEXTO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira -Corpoguajira- que, en el término máximo de (4) meses,
contado a partir de la notificación de esta sentencia, implementen un sistema independiente
de medición de la calidad del aire en el Resguardo Indígena Provincial y
la calidad de agua en las fuentes hídricas que lo abastecen.
Este sistema deberá: (i) contar con instrumentos
idóneos que midan la calidad de agua y del aire en la zona, incluyendo concentraciones
de material particulado menor a 10 y a 2.5 micras; (ii) permitir el análisis
periódico de la composición química de dicho material; (iii) incluir la
supervisión de los instrumentos de medición con un equipo técnico e imparcial
con conocimientos especializados en la materia; (iv) garantizar un monitoreo
constante de los resultados; (iv) ser de público acceso, preferiblemente a
través de una plataforma de consulta en tiempo real; y, (v) emitir señales de
alarma a la empresa y a la comunidad cuando se superen los niveles permisibles
de contaminación correspondientes, con el fin de que la entidad accionada pueda
tomar con urgencia los correctivos a que haya lugar.
SÉPTIMO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y a la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira -Corpoguajira- que, en lo sucesivo, adelanten
un control estricto y efectivo de las operaciones que realiza la empresa
Carbones del Cerrejón Limited, de manera que sus labores de control ambiental
no se centren únicamente en verificar el cumplimiento de valores límite de
concentración y/o de medidas establecidas en los instrumentos
administrativos que rigen las operaciones de la empresa. En cambio, deberán
examinar a profundidad y con base en diferentes elementos probatorios, si se
continúan generando afectaciones ambientales y/o a la salud de las comunidades
circundantes, caso en el cual deberán ejercer sus facultades de control y/o
sanción de manera oportuna y de conformidad con sus competencias legales.
En este sentido, tendrán la obligación de verificar el
cumplimiento de las órdenes tercera, cuarta y quinta, y de las medidas transitorias
y definitivas que adopte Carbones del Cerrejón Limited. En caso de
incumplimiento y, según la gravedad de la infracción, las autoridades
mencionadas podrán suspender los tajos y botaderos de la mina que se encuentren
a menos de cinco (5) kilómetros de la comunidad indígena Provincial, de
conformidad con sus competencias legales. La Procuraduría General de la Nación
y la Defensoría del Pueblo harán seguimiento estricto a esta orden.
OCTAVO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira -Corpoguajira- que, en adelante, deberán comunicar los
resultados de sus labores de supervisión ambiental a los integrantes del
Resguardo Indígena Provincial y disponer mecanismos para hacerlos
partícipes de dicho control, de manera que puedan formular denuncias y quejas,
así como entablar un diálogo continuo y de buena fe con las entidades
involucradas, y con sujeción al debido proceso que le asiste a Carbones del
Cerrejón Limited.
NOVENO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que,
en el término máximo de tres (3) meses, contado a partir de la notificación de
este fallo, regule los niveles admisibles de vibraciones relacionadas con
voladuras, en especial, respecto a zonas residenciales. Esto, con el fin de que
puedan aplicarse al control de la empresa Carbones del Cerrejón Limited y los
efectos de sus operaciones en la comunidad indígena Provincial.
DÉCIMO.- ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, en el
término máximo de dos (2) meses contado a partir de la notificación de esta
sentencia, cree una brigada de salud con la finalidad de: (i) hacer una
valoración médica de los integrantes del Resguardo Indígena Provincial;
(ii) construir un perfil epidemiológico de la comunidad; y, (iii) informar
los resultados obtenidos a la Comisión Técnica referida en la orden quinta y a
las entidades prestadoras del servicio de salud que tengan como afiliados a
integrantes del resguardo, para que realicen los tratamientos correspondientes,
de conformidad con los procedimientos legales y reglamentarios a que haya
lugar.
Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social,
dentro del mismo término de dos (2) meses, deberá diseñar para las entidades e
instituciones prestadoras del servicio de salud (EPS e IPS) que operan en los
municipios cercanos a las operaciones de Carbones del Cerrejón Limited, un
protocolo de atención y registro de enfermedades posiblemente relacionadas con
la actividad minera, con el fin de garantizar una atención efectiva en salud.
Los datos obtenidos a partir de este protocolo también deberán remitirse a la
Comisión Técnica prevista en la orden quinta de este fallo.
DÉCIMO PRIMERO.- ORDENAR a la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía de
Barrancas que, con el eventual apoyo del Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se aseguren de que los
habitantes del Resguardo Indígena Provincial tengan acceso a un mínimo
de agua potable suficiente para cubrir sus necesidades personales y domésticas,
de conformidad con el principio de razonabilidad y la jurisprudencia
constitucional.
DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, a la
Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo que, dentro de sus competencias constitucionales y
legales, ejerzan labores estrictas de supervisión sobre el cumplimiento de las
órdenes adoptadas en esta providencia y las funciones de control ambiental que
ejercen el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La
Guajira -Corpoguajira-, respecto a las operaciones adelantadas por la empresa
Carbones del Cerrejón Limited.
DÉCIMO TERCERO.- ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que
comunique esta providencia y remita copia de la misma a las siguientes entidades:
(i) Colciencias, (ii) Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del
Sinú, (iii) Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena,
y (iv) Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Grupo de Investigación en
Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) e Instituto de Estudios Ambientales
(IDEA), estos tres últimos adscritos a la Universidad Nacional de Colombia
–sede Bogotá–.
Igualmente, se comunicará y remitirá copia de la
sentencia a las siguientes instituciones: (i) Gobernación de La Guajira, (ii)
Alcaldía de Barrancas, (iii) Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, (iv) Procuraduría General de la
Nación, (v) Contraloría General de la República, (vi) Fiscalía General de la
Nación y, (vii) Defensoría del Pueblo.
DÉCIMO CUARTO.- ORDENAR a Carbones del Cerrejón Limited que, en el término
máximo de (1) mes, contado a partir de la notificación de este fallo, traduzca
esta sentencia al idioma inglés y envíe copia de la misma a las sedes centrales
de las sociedades Anglo American, BHP Billiton y Glencore, para que, dentro del
marco de su autonomía, valoren la necesidad de adoptar medidas adicionales a
las dispuestas en esta providencia, con el propósito de que se cumplan a
cabalidad las finalidades de la misma.
DÉCIMO QUINTO.- Líbrense por Secretaría, las comunicaciones aludidas
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
publíquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Folio 1 del Cuaderno No. 1
[2] Ibídem. Folios 2 y 8.
[3] Ibídem. Folios 3 al 5.
[4] Ibídem. Folios 4 al 8.
[5] Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, “son
un grupo de sustancias químicas que se forman durante la incineración
incompleta del carbón, el petróleo, el gas, la madera, la basura y otras
sustancias orgánicas, como el tabaco y la carne asada al carbón.”. Agencia
para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos de
América. Disponible en: https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs69.html
[6] Mayapo es un resguardo indígena Wayúu
ubicado al norte de La Guajira que se utilizó para compararlo con Provincial
ubicado en la Baja Guajira, en la zona minera de Cerrejón.
[7] Cfr. Folios 6 y 7 del Cuaderno No. 1.
Énfasis agregado.
[8] Ibídem. Folios 8 y 9.
[9] Ídem
[10] Ibídem. Folio 16
[11] Ibídem. Folios 20 y 21. Énfasis agregado.
[12] Ibídem. Folios 27.
[13] Ibídem. Folios 27 y 28.
[14] Ibídem. Folio 55.
[15] Ibídem. Folio 57.
[16] Ibídem. Folios 80, 81, 86 y 88.
[17] Ibídem. Folios 102 y 103.
[18] Ibídem. Folio 105.
[19] Ibídem. Folio 121.
[20] Ibídem. Folio 150.
[21] Ibídem. Folio 423 del Cuaderno No. 2
[22] Ibídem. Folio 424.
[23] Ídem.
[24] Ibídem. Folio 434.
[25] Ibídem. Folios 437-439.
[26] Ibídem. Folio 500.
[27] Ibídem. Folio 501.
[28] Ibídem. Folio 503.
[29] Ibídem. Folios 510 y 511.
[30] Folio 635 del Cuaderno No. 3.
[31] Ibídem. Folios 635 y 641.
[32] Ibídem. Folio 594.
[33] Ibídem. Folio 595.
[34] Ídem.
[35] Ibídem. Folio 597.
[36] Ibídem. Folio 598.
[37] Ibídem. Folio 605.
[38] Ídem. Énfasis agregado.
[39] Ibídem. Folio 606.
[40] Ibídem. Folio 684.
[41] Ibídem. Folio 685. Sobre este punto se
destaca que las accionantes solicitaron la práctica de una inspección judicial
en la zona, la realización de múltiples entrevistas, oficiar al Ministerio de
Salud y Protección Social, a Corpoguajira y al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para que remitieran los informes de seguimiento ambiental
realizados a la empresa, y además, indicaron “solicitamos que de oficio el
tribunal determine las pruebas que a bien tenga incorporar en este expediente”.
Cfr. Folio 30 del Cuaderno No. 1.
[42] Cfr. Folio 682 del Cuaderno No. 3.
[43] Ibídem.
[44] Ibídem. Folios 683-686.
[45] Ibídem. Folio 687. Énfasis agregado.
[46] Ídem.
[47] Ibídem. Folio 686.
[48] Folio 2 del Cuaderno de Impugnación.
[49] Ibídem. Folio 9.
[50] Ibídem. Folio 17.
[51] Ibídem. Folio 18.
[52] Ídem.
[53] Ibídem. Folio 19.
[54] Ibídem. Folio 25.
[55] Ibídem. Folio 29.
[56] Ibídem. Folio 30.
[57] Ibídem. Folio 58.
[58] Ibídem. Folio 59.
[59] Ibídem. Folio 63. Énfasis agregado.
[60] Ibídem. Folio 65.
[61] Ibídem. Folio 69.
[62] Folios 32-47 del Cuaderno No. 1.
[63] Ibídem. Folios 48-49.
[64] Ibídem. Folio 50.
[65] Ibídem. Folio 51.
[66] Cfr. Folio 3 del Cuaderno de Pruebas No.
1.
[67] Ibídem. Folio 4. Énfasis agregado.
[68] Ibídem. Folio 16.
[69] Ibídem. Folio 24.
[70] Ibídem. Folio 30b y 36. Énfasis agregado.
[71] Ídem. Énfasis agregado.
[72] Ídem. Énfasis agregado.
[73] Ibídem. Folio 31. Énfasis agregado.
[74] Ibídem. Folio 33b. Énfasis agregado.
[75] Ibídem. Folio 39b. Énfasis agregado.
[76] Ibídem. Folio 57.
[77] Ibídem. Folios 78-82 y 88-96.
[78] Ibídem. Folio 97 y 97b.
[79] Ídem.
[80] Ibídem. Folio 98.
[81]  Ídem.
[82] Ídem.
[83]  Ibídem. Folio 99.
[84]  Ibídem. Folios 99-102. Énfasis agregado.
[85] “CUARTO: ORDENAR a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales REVISAR, de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 3 del Decreto Ley 3573 de 2011 y el artículo 62 de la
Ley 99 de 1993, la Resolución 2097 de 2005 por medio del cual se establece y
aprueba el Plan de Manejo Ambiental Integral de todo el proyecto minero “El
Cerrejón” y sus consecuentes resoluciones, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia. En esa revisión deberá analizar si el Plan de Manejo
Ambiental Vigente es suficiente para hacer frente a la contaminación que se
produce por la explotación de carbón y, de haber lugar, modificar, suspender o
cancelar la licencia ambiental otorgada al proyecto. En este trámite deberá
GARANTIZAR los derechos de participación de toda la población que pueda verse
comprometida por dicha revisión, y, en todo caso, cuando se afecten
directamente derechos de comunidades indígenas, el mecanismo de participación
que deberá implementar será la consulta previa.”
[86] Op. Cit. Folios 101-102.
[87]  Ibídem. Folio 105b. Énfasis agregado.
[88] Ídem. Énfasis agregado.
[89] Ídem. Énfasis agregado.
[90] Ídem. Énfasis agregado.
[91] Ídem.
[92] Ídem. Énfasis agregado.
[93] Ibídem. Folios 106 y 107.
[94] Ibídem. Folio 106b. Énfasis agregado.
[95] Ibídem. Folios 109 y 109b.Énfasis
agregado.
[96]  Ibídem. Folio 151b. Énfasis agregado.
[97] Ídem. Énfasis agregado.
[98] Ídem. Énfasis agregado.
[99] Ídem. Énfasis agregado.
[100] Ibídem. Folio 152b. Énfasis agregado.
[101] Ídem. Énfasis agregado.
[102] Ibídem. Folio 153. Énfasis agregado.
[103]  Ídem. Énfasis agregado.
[104]  Ídem. Énfasis agregado.
[105] Ibídem. Folio 165. Énfasis agregado.
[106] Ibídem. Folio 167. Énfasis agregado.
[107] Ibídem. Folio 173b. Énfasis agregado.
[108] Ibídem. Folio 174. Énfasis agregado.
[109] Ibídem. Folio 175. Énfasis agregado.
[110] Ibídem. Folio 181. Énfasis agregado.
[111] Ibídem. Folio 225. Énfasis agregado.
[112] Ibídem. Folio 225b. Énfasis agregado.
[113] Ibídem. Folio 260. Énfasis agregado.
[114] Ibídem. Folio 242. Énfasis agregado.
[115] Ibídem. Folio 260b. Énfasis agregado.
[116] Ibídem. Folio 261. Énfasis agregado.
[117]  Ibídem. Folio 268.
[118]  Ibídem. Folio 269-273.
[119]  Ibídem. Folios 274-276.
[120] Cuaderno de Pruebas No. 2. Folio 2.
[121] Ibídem. Folio 5.
[122] Ibídem. Folio 11.
[123] Ibídem. Folio 16.
[124] Ídem.
[125] Ídem.
[126] Ídem.
[127] Ibídem. Folio 19. El estudio citado se
denomina “Cytogenetic instability in populations with residential proximity
to open-pit coal mine in Northern Colombia in relation to PM 10 and PM 2.5
levels”. Publicado en la
revista Ecotoxicology and Environmental Safety. No. 148 (2018). Págs.
453-466. Anexado a folios 312-325.
[128] Ibídem. Folios 22-138.
[129] Ibídem. Folio 145.
[130] Ibídem. Folios 297-308.
[131] Cuaderno de pruebas No. 3. Folios 1-251.
[132] Ibídem. Folios 37-39.
[133] Para material particulado de 10 micras (PM 10). La Guía de
Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exige un estándar
de 20 µg/m3 media anual y 50 µg/m3 para media diaria. En contraste, la
normatividad colombiana exige 50 µg/m3 para media anual y 100 µg/m3 como
promedio diario. A partir de julio de 2018, la Resolución 2254 de 2017 redujo a
75 ug/m3 para la exposición diaria.
Para
material particulado (PM 2.5). La OMS exige 10
µg/m3 para media anual y 25 µg/m3 para media diaria. La Resolución 610 de 2010
establece 25 ug/m3 para media anueal y 50 ug/m3 para la media diaria. A partir
de julio de 2018 la Resolución 2254 de 2017 redujo a 37 ug/m3 el promedio para
exposición diaria.
[134] Ibídem. Folio 40.
[135] Ibídem. Folio 49.
[136] Ibídem. Folios 55-56.
[137] Ibídem. Folio 61
[138] Ibídem. Folio 64.
[139] Ibídem. Folio 75.
[140] Ibídem. Folios 254-262.
[141] Ibídem. Folio 263b.
[142] Ibídem. Folios 264-265b.
[143] Ibídem. Folios 265-266.
[144] Ibídem. Folio 265.
[145] Ibídem. Folio 266.  La Guía
de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exige un
estándar para material particulado de 10 micras (PM 10) de 20 µg/m3 media anual
y 50 µg/m3 para media diaria. En contraste, la normatividad colombiana
(Resolución 610 de 2010) es más laxa en sus límites al exigir 50 µg/m3 para la
media anual y 100 µg/m3 como promedio diario.
[146] Resolución 627 de 2016.
[147] Ibídem. Folio 267.
[148] Ibídem. Folios 268-274.
[149] Ibídem. Folio 359.
[150] Ibídem. Folio 363.
[151] Ibídem. Folio 366.
[152] Ibídem. Folio 370.
[153] Ibídem. Folio 371.
[154] Ibídem. Folio 375. La Guía de Calidad del Aire de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) exige un estándar para material particulado de 10 micras (PM
10) 20 µg/m3 media anual y 50 µg/m3 para media diaria. En contraste, la
normatividad colombiana (Resolución 610 de 2010) es más laxa en sus límites al
exigir 50 µg/m3 para la media anual y 100 µg/m3 como promedio diario.
[155] Ibídem. Folios 586-588.
[156] Ibídem. Folio 397.
[157] Ibídem. Folio 398.
[158] Ibídem. Folios 406 y 407.
[159] Ibídem. Folio 418.
[160] Ibídem. Folio 422.
[161] Ibídem. Folio 424.
[162] Ibídem. Folio 426.
[163] Ibídem. Folios 435 y 436.
[164] Ibídem. Folio 437.
[165] Ibídem. Folio 443.
[166] Ídem.
[167] Ibídem. Folio 455.
[168] Ibídem. Folios 455 y 456.
[169] Ibídem. Folio 413.
[170] Ibídem. Folios 456. Énfasis agregado.
[171] Ibídem. Folios 457.
[172] Ibídem. Folios 457 y 458.
[173] Ibídem. Folios 458.
[174] Ibídem. Folios 460-489.
[175] Ibídem. Folios 498-515.
[176] Ibídem. Folios 517-548.
[177] Para material particulado de 10 micras (PM 10). La Guía de
Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exige un estándar
de 20 µg/m3 media anual y 50 µg/m3 para media diaria. En contraste, la normatividad
colombiana exige 50 µg/m3 para media anual y 100 µg/m3 como promedio diario. A
partir de julio de 2018, la Resolución 2254 de 2017 redujo a 75 ug/m3 para la
exposición diaria.
Para
material particulado (PM 2.5). La OMS exige 10
µg/m3 para media anual y 25 µg/m3 para media diaria. La Resolución 610 de 2010
establece 25 ug/m3 para media anueal y 50 ug/m3 para la media diaria. A partir
de julio de 2018 la Resolución 2254 de 2017 redujo a 37 ug/m3 el promedio para
exposición diaria.
[178] Ibídem. Folios 549-584.
[179] Cuaderno Anexo No.1
[180] Ibídem. Folios 3 y 3b. Énfasis agregado.
[181]  Ibídem. Folios 27 y 27b. Énfasis
agregado.
[182]  Ibídem. Folios 43b, 47 y 51b.
[183]  Ibídem. Folio 56b.
[184] Ibídem. Folios 64b, 65 y 70.
[185] Anexo No. 2. Folios 3-32.
[186] Ibídem. Folio 26.
[187] Ibídem. Folios 26-28.
[188] Cuaderno de Pruebas No. 4. Folio 21.
[189] Ibídem. Folios 100-101.
[190] Ibídem. Folios 121-133.
[191] Ibídem. Folios 134-136.
[192] Ibídem. Folios 147-156.
[193] Anexo No. 3. Folios 3-9.
[194] Ibídem. Folios 35-37.
[195] Ibídem. Folios 49-62. La Guía de Calidad
del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exige un estándar para
material particulado de 10 micras (PM 10) 20 µg/m3 media anual y 50 µg/m3 para
media diaria. En contraste, la normatividad colombiana (Resolución 610 de 2010)
es más laxa en sus límites al exigir 50 µg/m3 para la media anual y 100 µg/m3
como promedio diario.
[196] Cuaderno de Pruebas No. 4. Folios 223-225.
[197] Anexo No. 4. Folios 9-10.
[198] Ibídem. Folios 38-47.
[199] Ibídem. Folio 51.
[200] Ibídem. Folios 52-64
[201] Ibídem. Folios 110-114
[202] Cuaderno de Pruebas No. 4. Folios 188-191
[203] Ibídem. Folios 192-195.
[204] Ibídem. Folios 197b-199
[205] Ibídem. Folios 204-211.
[206] Ibídem. Folios 266b-267b. La Guía de
Calidad del Aire de la OMS aplica un estándar para PM 10 de: 50 µg/m3 para 24
horas, y 20 µg/m3 en el año.
[207] Ibídem. Folios 267 y 267b.
[208] Ibídem. Folios 267-268b.
[209] Ibídem. Folio 270.
[210] Ibídem. Folios 272-290.
[211] Este plan fue explicado en el punto 7.2 (e), escrito de
Cerrejón del 2 de abril de 2018. Se destaca que no se fijan medidas específicas
para el resguardo Provincial y se centra en los territorios cercanos al Puerto
Bolívar y a la línea férrea utilizada por la empresa.
[212] Cuaderno de Pruebas No. 4. Folios 312-335.
[213] Ibídem. Folios 344-384. Anexos desde los
folios 385 hasta 457.
[214] Ibídem. Folio 377.
[215] Ibídem. Folios 410 y 410b.
[216] Cuaderno de pruebas No. 5. Folios 92-94.
[217] Cuaderno de pruebas No. 4. Folios 525-539.
[218] Cuaderno de pruebas No. 5. Folio 2.
[219] Ibídem. Folios 7 y 8.
[220] Ibídem. Folios 11 y 12. Para material particulado de 10 micras
(PM 10). La Guía de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) exige un estándar de 20 µg/m3 media anual y 50 µg/m3 para media diaria.
En contraste, la normatividad colombiana exige 50 µg/m3 para media anual y 100
µg/m3 como promedio diario. A partir de julio de 2018, la Resolución 2254 de
2017 redujo a 75 ug/m3 para la exposición diaria.
Para material particulado (PM 2.5). La OMS exige 10 µg/m3 para media anual y 25
µg/m3 para media diaria. La Resolución 610 de 2010 establece 25 ug/m3 para
media anueal y 50 ug/m3 para la media diaria. A partir de julio de 2018 la
Resolución 2254 de 2017 redujo a 37 ug/m3 el promedio para exposición diaria.
[221] Ibídem. Folios 35 y 36.
[222] Ibídem. Folios 88 y 89. El libro se
encuentra en el Anexo No. 5.
[223] Anexo No. 5. Pág. 6
[224] Cuaderno de pruebas No.5. Folios 96-100.
[225] Ibídem. Folios 153.
[226] Ibídem. Folios 160-168
[227] Ibídem. Folios 181-184
[228] Anexo No. 6. Folios 1-10.
[229]  Ibídem. Folio 10.
[230] Ibídem. Folio 21.
[231]  Ibídem. Folio 31. Para material particulado de 10 micras (PM
10). La Guía de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) exige un estándar de 20 µg/m3 media anual y 50 µg/m3 para media diaria.
En contraste, la normatividad colombiana exige 50 µg/m3 para media anual y 100
µg/m3 como promedio diario. A partir de julio de 2018, la Resolución 2254 de
2017 redujo a 75 ug/m3 para la exposición diaria.
Para material particulado (PM 2.5). La OMS exige 10 µg/m3 para media anual y 25
µg/m3 para media diaria. La Resolución 610 de 2010 establece 25 ug/m3 para
media anual y 50 ug/m3 para la media diaria. A partir de julio de 2018 la
Resolución 2254 de 2017 redujo a 37 ug/m3 el promedio para exposición diaria.
[232] Anexo No. 7 Folio 4.
[233]  Ibídem. Folio 10.
[234]  Ibídem. Folio 37.
[235] Cuaderno de pruebas No.5. Folios 247b y
248.
[236] Ibídem. Folios 248b y 249.
[237] Ibídem. Folio 250
[238]  Ibídem. Folios 260-270.
[239] Ibídem. Folios 271-300.
[240] Ibídem. Folios 359-360.
[241] Ibídem. Folios 350 y 390.
[242]  Ibídem. Folios 353.
[243]  Ibídem. Folios 361.
[244]  Ibídem. Folios 382.
[245]  Ibídem. Folios 383b.
[246] Ibídem. CD Anexo al folio 387. Pág. 73.
Énfasis agregado
[247] Ídem.
[248]  Ibídem. CD Anexo al folio 387. Págs. 77 y
78. Énfasis agregado
[249] Se registró el proyecto de sentencia el 30 de agosto de 2019.
Cuaderno de Pruebas No. 6 Folio 680.
[250] Ibídem. Folio 679.
[251] Sentencias T-011 de 2019, T-379 de 2011,
T-154 de 2009, T-769 de 2009, entre otras.
[252] La reciente sentencia T-011 de 2019,
menciona al respecto: “Como sujetos titulares de derechos, las
comunidades indígenas a través de sus dirigentes y miembros, gozan de
legitimidad para reclamar en sede de tutela la protección de sus
derechos fundamentales, según ha establecido la jurisprudencia constitucional.
Así mismo, ha admitido que pueden hacerlo las organizaciones creadas para la
defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la Defensoría del Pueblo.”
En el mismo sentido, la providencia T-001 de 2019 cita el siguiente aparte del
fallo T-049 de 2013: “la jurisprudencia de esta Corte ‘ha reconocido no solo
el estatus de sujetos colectivos de derechos fundamentales a las comunidades
étnicas, sino que adicionalmente ha establecido que tanto los dirigentes
como los miembros individuales de estas comunidades se encuentran
legitimados para [incoar] la acción de tutela con el fin de perseguir la
protección de los derechos de la comunidad, así como también “las
organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas
y la Defensoría del Pueblo’”. Además, la sentencia T-379 de 2011 refiere: “además
de reconocer a las comunidades indígenas como sujetos titulares de derechos,
la jurisprudencia constitucional ha establecido que sus dirigentes y miembros
gozan de legitimidad para reclamar en sede de tutela la protección de
los derechos fundamentales de los cuales goza su comunidad”.
[253] Escrito reseñado en el aparte 7.1 (k) de
las actuaciones surtidas en sede de revisión.
[254] Escrito reseñado en el aparte 7.4 (b) de
las actuaciones surtidas en sede de revisión.
[255] Ibídem. literal (e).
[256] Sobre la imposibilidad de desistir una
acción de tutela en sede de revisión, pueden consultarse los Autos A-283 de
2015, A-345 de 2010, entre otros.
[257] Ver sentencias T-239 de 2009, SU-123 de
2018, entre otras.
[258] Al respecto, pueden estudiarse las
sentencias T-293 de 2017, SU-123 de 2018, T-099 de 2016, T-436 de 2016, T-733
de 2017, T-011 de 2019, entre muchas otras.
[259] Sobre este punto, la Corte ha establecido
que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además,
debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que
brinde oportunamente una protección al derecho” Sentencias T-040 de 2016,
SU-124 de 2018, entre otras.
[260] Ver sentencias T-119 de 2015, T-250 de
2015, T-446 de 2015 y T-548 de 2015, y T-317 de 2015, entre otras.
[261] Ver sentencia T-001 de 2019.
[262] Sentencias T-248 de 1998, C-313 de 2014,
SU-124 de 2018, entre otras.
[263] Sentencia SU-442 de 1997 que cita a su
vez, los fallos T-366 de 1993 y T-067 de 1993.
[264] Ver sentencias SU-698 de 2017, SU-217 de
2017, SU-123 de 2018, entre otras.
[265] Sentencia C-595 de 2010
[266] Sentencia C-632 de 2011
[267] Sentencia T-411 de 1992.
[268] Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del
Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las riquezas naturales de
la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos
fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento
ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios
por calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente), 78
(regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79
(derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80
(planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81
(prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger
los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia por perturbación
o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones
ecológicas), 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente),
277-4 (defensa del ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor
del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del ambiente),
289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la
preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente),
301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos
naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San
Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos
naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294
(contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos
naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los
recursos naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y
preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los
recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica
por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación
de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el
plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en
el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de necesidades del
saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado).
[269] Sentencia T-411 de 1992.
[270] Sentencia C-495 de 1996.
[271] Cfr. Sentencia T-411 de 1992.
[272] Artículo 8 Constitución Política.
[273] Sentencias C-632 de 2011, C-595 de 2010,
C-519 de 1994 y C 499 de 2015.
[274] Sentencia T-411 de 1992.
[275] Sentencia C-449 de 2015. Énfasis agregado.
[276] Sentencia C-632 de 2011.
[277] Artículo 80 Constitución Política.
[278] Sentencia T-123 de 2014. Énfasis agregado.
[279] Sobre este concepto, se destaca que fue
definido en 1987 en el Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, como “el desarrollo que asegura
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para asumir sus propias necesidades”.
[280] En este aparte, se reiterarán la premisas
y postulados planteados en la Sentencia T-294 de 2014, argumentos que se
confirmaron en las providencias T-080 de 2015, T-606 de 2005 y T-445 de 2016.
[281] Sentencias T-294 de 2014, SU-133 de 2017,
SU-217 de 2017 y T-272 de 2017.
[282] Opinión Consultiva OC- 023 de 2017, párr.
67.
[283] Como antecedente del movimiento por la
Justicia Ambiental se alude a las protestas de los habitantes del vecindario
Lovel Canal, situado en la ciudad Buffalo, Nueva York, poblado construido sobre
un antiguo vertedero de residuos químicos tóxicos, y donde residía población
blanca de escasos recursos económicos. En el año 1978, como resultado de las
fuertes lluvias, los residuos allí depositados emergieron, escenario que
originó un incremento considerable de enfermedades en los niños del lugar. Una
madre de uno de los niños afectados (Louis Marie Gibbs) lideró la reacción de
la comunidad, a punto que produjo la declaratoria de zona de desastre nacional,
así como la reubicación de los residentes. Sin embargo, la consolidación del
reclamo de discriminación racial asociado a este movimiento en los Estados
Unidos tuvo lugar luego de las protestas de los habitantes del Condado de
Warren (Carolina del Norte), por la instalación de una planta incineradora de
residuos tóxicos (policloruros de bifenilo PCB) en la localidad de Afton,
habitada en su mayoría por afroamericanos. Los residentes del sector
protestaron porque la elección de su vecindario como sitio de instalación del
vertedero era una muestra de “racismo ambiental”. Las protestas se saldaron con
el arresto de más de 500 personas y, si bien la planta incineradora no fue
retirada, como resultado de las denuncias ciudadanas se realizaron estudios que
demostraron un patrón de discriminación racial en la selección de lugares para
el vertimiento de desechos tóxicos. Sobre los orígenes del movimiento por la
justicia ambiental en Estados Unidos ver, Bellver Capella, Vicente. “El
movimiento por la justicia ambiental…”, citado, p.p. 329-333; Espinosa
González, Adriana. “La Justicia Ambiental, hacia la igualdad en el disfrute del
derecho a un medio ambiente sano”, citado, p.p. 60-61; Crawford, Colin.
“Derechos culturales y justicia ambiental: lecciones del modelo colombiano”,
citado, p.p. 31-32; más ampliamente en Shrader – Frechette, Kristin. Enviromental
Justice., citado, p.p. 5-15.
[284] La sentencia T-021 de 2019 explica al
respecto que “no puede desconocerse que la
presentación del marco teórico de la justicia ambiental es amplia, de modo que
algunos autores presentan una tipología diferente a la utilizada por la Corte
Constitucional de Colombia. Por ejemplo, Robert Bullard plantea los siguientes
3 elementos centrales de esa doctrina, como son: i) principio de todos los
individuos deben estar protegidos contra la degradación ambiental; ii)
principio de precaución; y iii) la finalidad de invertir las lógicas dominantes
de investigación [BULLARD, Robert (ed.) The quest of for environmental
justice. Human rights and the politics of pollution. San Francisco (EEUU): Sierra Club
Books, 2005`]. Por
su parte, el profesor Jorge Riechman consideró que la justicia ambiental debe
tener: i) una responsabilidad ampliada de los agentes ambientales con esta
generación y las futuras; ii) el principio de la sustentabilidad; y iii)
principio de partes iguales en la distribución equitativa de los recursos
naturales; y iv) reparto 50% - 50% en los recursos ambientales entre humanos y
los animales no humanos [RIECHMANN, Jorge. Un mundo vulnerable. Ensayos sobre
ecología, ética y tecnociencia. Madrid: Los libros de la Catarata, 2000]. A su
vez, Edith Weiss habla que la justicia ambiental debe tener una equidad
diacrónica, pues cada generación recibe un fideicomiso ecológico para gastar y
dejar a la siguiente. Así, cada generación debe conservar las opciones
ambientales, la calidad de las mismas y el acceso a éstas. A su vez, dicha
autora aboga por la aplicación del principio de precaución [WEISS, Edith Brown.
vid. Un mundo más justo para las futuras generaciones: Derecho Internacional,
Patrimonio Común y Equidad Intergeneracional. Máximo E. Gowland (trad.) Madrid:
Ediciones Mundi-Prensa, 1999]. Ante ese escenario, la Corte tomó los elementos
de la justicia ambiental que tienen referentes constitucionales o
jurisprudenciales. Para una lectura más completa del marco teórico de esta área
puede verse MARTINEZ ALIER, Joan. El ecologismo de los pobres. Conflictos
ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria editorial S.a., 2004”.
[285] Mesa Cuadros, Gregorio. “Elementos para
una teoría de la Justicia Ambiental”, en Elementos para una teoría de la
Justicia Ambiental y el Estado Ambiental de Derecho, Grupo de Investigación en
Derechos Colectivos y Ambientales – GIDC, G. Mesa Cuadros (editor), Bogotá,
Universidad Nacional de Colombia, 2012. Indicó que una actividad de producción,
intercambio o consumo, es decir, una determinada huella ambiental, estará
permitida y será ética, moral o incluso jurídicamente aceptable (es decir, es
sostenible) si y solo si, en el caso de ser universalizable o practicada por
todos, no sobrepasa los límites ambientales, los cuales son límites físicos
concretos de la única ecosfera con la que contamos” p.p. 46-47.
[286] En Sentencia T-411 de 1992, la Corte
manifestó que la protección al medio ambiente está ligada al derecho a la vida
de las generaciones actuales y de las ulteriores. Así consideró que: “El
patrimonio natural de un país pertenece a las personas que en él viven, pero
también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el
desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a
nuestros descendientes”
[287] Sentencia T-446 de 2015.
[288] Sentencias C-094 de 2015, C-449 de 2015 y
T-445 de 2016. Por ejemplo, en Sentencia T-080 de 2015, al examinar la
protección y reparación del medio ambiente en virtud del derrame de Losrban
sobre la bahía de Cartagena en 1989. Precisó, desde la corriente dominante del
pensamiento económico occidental, que “se ha comenzado a tomar en serio la
preocupación por el medio ambiente, en el entendido que su sacrificio
desproporcionado podría conducir al estancamiento y colapso del crecimiento
financiero de toda una región, antes que al tan anhelado “desarrollo”. Más aún,
se ha advertido que existen múltiples y graves externalidades conexas a los
macroproyectos de ´desarrollo´ (desempleo, contaminación de fuentes hídricas,
dependencia de los recursos provenientes de las materias primas,
desplazamiento, seguridad alimentaria y violencia) que ponen en entredicho el
valor real del progreso perseguido, y que cuestionan el supuesto balance
positivo final en términos de costo-beneficio”.
[289] Marcos, A. “Precaución, ética y medio
ambiente”, en: García Gómez-Heras, J.Mª y Velayos, C. (eds), Responsabilidad
política y medio ambiente. op. cit. pp 163-187.
[290] Sentencias C-071 de 2003, C-988 de 2004,
T-299 de 2008 y T-360 de 2010 y T-1077 de 2012.
[291] Sentencias T-126 de 1994, T-244 de 1998,
T-086 de 2003, T-123 de 2009, T-224 de 2014, SU-217 de 2017 y T-227 de 2017.
[292] Sentencias T-574 de 1996, T-194 de 1999,
T-348 de 2012, T-135 de 2013, T-597 de 2015 y T-660 de 2015.
[293] Sentencias SU-133 de 2017 y T-733 de 2017
[294] Al respecto, ver sentencias C-595 de 2010,
T-055 de 2011, T-204 de 2014, T-733 de 2017, entre otras.
[295] Sentencia C-595 de 2010 y T-021 de 2019.
[296] Numeral 6º, artículo 1º de la Ley 99 de
1993 “La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente.” Énfasis agregado. También analizado en la sentencia C-293 de
2002.
[297] Sentencia C-449 de 2015.
[298] Énfasis agregado.
[299] Sentencia T-622 de 2016.
[300] Aspecto que se enfatiza en la sentencia
T-622 de 2016 respecto a las advertencias del Pr. Cass Sunstein, quien ha
sostenido: “la preocupación global acerca del problema del cambio
climático ha llevado a que las naciones consideren la adopción de un principio
internacional que permite combatir esta clase de peligro: el
principio de precaución que alude específicamente a tratar de evitar un daño
irremediable”. Sunstein,
Cass R. “Two conceptions of irreversible environmental harm”. Public Law and
Legal Theory Working Paper No. 218, Reg-Markets Center, The Law School, The
University of Chicago
[301] Sentencia C-449 de 2015.
[302] Sentencias C-293 de 2002, T-622 de 2016,
T-733 de 2017, entre otras.
[303] Sentencia también reseñada en el fallo
T-622 de 2016.
[304] Énfasis agregado.
[305] Corte Constitucional. Sentencias T-272 de
2017 y T-227 de 2017.
[306] Las instituciones que hacen parte de dicho
sistema son: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y los Institutos de Investigaciones:
i) el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-; ii)
el Institutos de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de
Andreis” -INVEMAR-; iii) el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos
“Alexander Von Humboldt”; iv) el Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas “Sinchi”; y v) el Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico “John Von Neumann”, entre otras. Ley 99 de 1993. Artículo 4º
[307] Sentencia C-746 de 2012.
[308] Sentencia T-227 de 2017.
[309] Ibídem.
[310] Ibídem.
[311] Énfasis agregado.
[312] En la explicación de las órdenes a tomar, la Corte señala sobre
este punto: “Se destaca que uno de los instrumentos normativos a modificar
es la Resolución 610 de 2010, debido a que los “niveles máximos permisibles a
condiciones de referencia para contaminantes criterio” no se encuentra acorde a
los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, tal como se explicó en
la parte motiva del presente fallo.”. Sobre este punto la sentencia explica
“La Resolución 610 de 2010 determinó el máximo admisible en 100 µg/m3 para
24 horas, y 50 µg/m3 para la media anual. La Guía de Calidad del Aire de la OMS
aplica un estándar de: 50 µg/m3 para 24 horas, y 20 µg/m3 en el año.”.
Para
material particulado de 10 micras (PM 10). La Guía
de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exige un
estándar de 20 µg/m3 media anual y 50 µg/m3 para media diaria. En contraste, la
normatividad colombiana exige 50 µg/m3 para media anual y 100 µg/m3 como
promedio diario. A partir de julio de 2018, la Resolución 2254 de 2017 redujo a
75 ug/m3 para la exposición diaria.
Para
material particulado (PM 2.5). La OMS exige 10
µg/m3 para media anual y 25 µg/m3 para media diaria. La Resolución 610 de 2010
establece 25 ug/m3 para media anueal y 50 ug/m3 para la media diaria. A partir
de julio de 2018 la Resolución 2254 de 2017 redujo a 37 ug/m3 el promedio para
exposición diaria.
[313] Mediante Auto 616 del 2018, la Sala Plena
de la Corte declaró la nulidad de tres órdenes que exigían a la empresa Cerro
Matoso S.A. reparar los perjuicios ocasionados y cumplir integralmente la
sentencia so pena de que el juez encargado de verificar el cumplimiento del
fallo suspendiera sus operaciones.
[314] Integrada por el Ministerio del Interior-
Dirección de Consulta Previa-; el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales -IDEAM-; Carbones de Cerrejón Limited; la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-; la Agencia Nacional Minera -ANM-; el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Agencia Nacional de Tierras
y la Agencia de Desarrollo Rural (INCODER)1; el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Departamento de La
Guajira; el Municipio de Maicao; el Municipio de Albania; la Defensoría del
Pueblo; la Procuraduría General de la Nación; la Contraloría General de la
República y el Servicio Geológico Colombiano –SGC-.
[315] El Ministerio de Minas y Energía, el
Instituto Colombiano de Geología y Minería -Ingeominas-, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos -ANH-, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía -Corpoamazonía-, el Ministerio de
Defensa, el Ejército Nacional, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio
del Interior, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la
Gobernación del Putumayo, el Municipio de Puerto Asís, el Ministerio de Hacienda,
Ecopetrol S.A., el Consorcio Colombia Energy, la Cooperativa de Transportadores
Kili Ltda –Cootranskilili Ltda-, y Transdepet Ltda.
[316] La empresa precisó que este corregimiento
es diferente al Tajo Patilla que hace parte de sus zonas de explotación.
[317] Énfasis agregado.
[318] Se reseñaron los casos López Ostra vs.
España, Fadeyeva vs. Rusia, Taskin y otros vs. Turquía, y Dubetska y otros vs.
Ucrania,
[319] La Guía de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) exige un estándar para material particulado de 10 micras (PM 10) 20 µg/m3
media anual y 50 µg/m3 para media diaria. En contraste, la normatividad
colombiana (Resolución 610 de 2010) es más laxa en sus límites al exigir 50
µg/m3 para la media anual y 100 µg/m3 como promedio diario.
Textualmente
esta orden establece: “ORDENAR al Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien al respecto haga sus veces, que en el
ámbito de sus funciones analice a cabalidad y haga cumplir apropiadamente la
preceptiva constitucional colombiana y, en lo que corresponda, las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros
organismos internacionales relacionados en el presente fallo, particularmente
frente a los efectos adversos a la salud y, en general, contra el ambiente, que
genere la explotación carbonífera a gran escala, implantando y haciendo
ejecutar las medidas adecuadas que deban tomarse para erradicar los referidos
efectos.
En particular, dicho
Ministro o quien al respecto obre por él, hará implantar y funcionar eficientemente,
en un lapso no superior a tres (3) meses contados desde la notificación de esta
sentencia, con subsiguiente control constante y cabal, la amortiguación del
ruido y la erradicación de las emanaciones de partículas de carbón, en su
explotación, almacenamiento y trasporte del mineral, supervisando el pleno
cumplimiento de lo que a continuación se determina y previendo, imponiendo o
haciendo imponer, por el conducto correspondiente, las sanciones a que haya
lugar.”.
[320] Énfasis agregado.
[321] Cuaderno No.1. Folios 102 y 103. Ver
sección 3.2 de la sentencia.
[322] Ídem.
[323] Se destaca que este plan no fija medidas específicas para la
comunidad de Provincial.
[324] Anexo No. 2. Folios 26-28. Ver sección 7.2
(e) de la sentencia. Sobre este punto, señaló que el plan de compensaciones
implicaba realizar procesos de consulta con todas las comunidades de su zona de
influencia, lo que generaba un período extenso para su realización.
[325] Ibídem. Folio 105 y en Cuaderno de
Impugnación. Folio 17. Ver secciones 3.2 y 4.4 del fallo.
[326] Cuaderno No.1. Folios 105. Ver sección 3.2
de la sentencia.
[327] Anexo No. 3. Folios 3-9. Ver, por ejemplo,
literal j del aparte 7.2 de la sentencia.
[328] Ver las siguientes secciones del fallo
4.4, 7.4 (a), 7.5 (a), entre otros.
[329] Ver secciones 3.4 y 7.4 (f) de la
sentencia.
[330] Ver sección 7.3 (c) de la sentencia.
[331] Cuaderno No. 2. Folio 597. Ver sección 4.1
[332] Cuaderno de Impugnación. Folio 65. Ver
sección 4.5
[333] Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, “son
un grupo de sustancias químicas que se forman durante la incineración
incompleta del carbón, el petróleo, el gas, la madera, las basuras y otras
sustancias orgánicas, como el tabaco y la carne asada al carbón.”. Agencia
para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos de
América. Disponible en: https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs69.html
[334] Cuaderno Anexo No. 1. Folios 27 y 27b. Ver
sección 7.2 (d) de la sentencia.
[335] Ibídem. Folios 3 y 3b.
[336] Ídem. Concretamente, la población en
comparación fue Mayapo, al norte del departamento.
[337] Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 30b y 36.
[338] Ídem.
[339] Cuaderno de Pruebas No.3. Folios 435-437.
Ver sección 7.2 (b)
[340]  Ibídem. Folio 413.
[341] Ibídem. Folios 456. Se encontraron
concentraciones de concentraciones de: 86.6, 99, 213, 119 y 93 ug/m3.
[342] Cuaderno no. 2.  Folio 424. Sección 3.3 de
la sentencia
[343] Ibídem. Folio 503. Sección 3.5 de la
sentencia
[344]  Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 98.
Sección 7.1 (d). Se registran concentraciones que fluctúan alrededor de los 50
µg/m3 de material particulado PM10, presentando un mínimo de 20 µg/m3 en el mes
de mayo y un máximo de 110 µg/m3 en julio. La Guía de Calidad del Aire de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) exige un estándar para material
particulado de 10 micras (PM 10) 20 µg/m3 media anual y 50 µg/m3 para media
diaria. En contraste, la normatividad colombiana (Resolución 610 de 2010) es
más laxa en sus límites al exigir 50 µg/m3 para la media anual y 100 µg/m3 como
promedio diario.
[345] Cuaderno de pruebas No. 1. Folio 105b. Ver
sección 7.1 (f)
[346] Ídem.
[347] Ídem.
[348]  Ibídem. Folios 109 y 109b.
[349] Ibídem. Folio 167.
[350] Cuaderno de pruebas No.5. CD Anexo al
folio 387. Págs. 77 y 78.
[351] Ídem.
[352] Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 31 y
33b. Ver sección 7.1 (b) del fallo.
[353] Cuaderno de Impugnación. Folio 19. Ver
sección 4.4 del fallo.
[354] Cuaderno de pruebas No. 3. Folio 359. Ver
sección 7.1 (n) del fallo.
[355] Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 109 y
109b. Ver sección 7.1 (f) del fallo.
[356] Ídem.
[357] Ibídem. Folio 151b.
[358] Ídem.
[359] Ídem.
[360] Cuaderno de pruebas No.5. CD Anexo al
folio 387. Pág. 73. Ver sección 7.6 (b) de la sentencia.
[361] Ibídem. Págs. 77 y 78.
[362]  Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 153.
[363]  Ibídem. Folio 267. Ver sección 7.1 (i)
del fallo.
[364]  Cuaderno de pruebas No. 3. Folio 418.
[365]  Cuaderno de pruebas No. 5. CD Anexo al
folio 387. Págs. 77 y 78
[366] Ver conceptos en Anexo No. 5 del
expediente (aportado por el CAJAR), Cuaderno de pruebas No. 3. Folios 517-548.
Reseñados en las secciones 7.1 (l), 7.4 (d) del fallo, entre otros.
[367] Anexo No. 4. Folio 51. Ver sección 7.3 (a)
del fallo.
[368] Anexo No. 6. Folio 10. Ver sección 7.5 (a)
de la sentencia.
[369] Anexo No.1. Folios 3 y 3b. Ver sección 7.2
(d)
[370] Ídem.
[371] Ibídem. Folios 27 y 27b.
[372] Ídem.
[373] Ibídem. Folios 43b, 47 y 51b.
[374] Ibídem. Folio 56b.
[375] Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 225 y
225b. Ver sección 7.1 (g)
[376] Ibídem. Folio 261.
[377] Cuaderno de pruebas No.5. Folios 247b,
248; 350, 353, 361, 390 que incluyen CD’s con las historias clínicas. Ver
secciones 7.5 (b) y 7.6 (a) del fallo.
[378] Hallazgo incluido en la investigación adelantada por Colciencias y las universidades del Sinú, del Cauca (Colombia), Federal
do Rio Grande do Sul y Luterana do Brasil.
[379] Visita realizada por la Defensoría del Pueblo.
[380] Ibídem.
[381] Información reconocida por Corpoguajira.
[382] Informe de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
[383] Así se indica en el gráfico presentado en la intervención del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
[384] Informe de seguimiento ambiental de Corpoguajira.
[385] Hallazgo de la Defensoría del Pueblo que también es aceptada
por parte de la empresa Cerrejón.
[386] Conclusión incluida en Informe de Corpoguajira.
[387] Ibídem.
[388] Ibídem.
[389] Visita realizada por la Defensoría del Pueblo.
[390] Mediciones llevadas a cabo por el Centro de
Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PP).
[391] Hallazgo incluido en la investigación adelantada por Colciencias y las universidades del Sinú, del Cauca (Colombia), Federal
do Rio Grande do Sul y Luterana do Brasil.
[392] Ibídem.
[393] Investigación del Doctorado en Toxicología Ambiental de la
Universidad de Cartagena.
[394] Así se evidencia en las historias clínicas de algunos de los
integrantes del resguardo, las cuales fueron aportadas por Dusakawi
EPSI, ANAS WAYUU EPSI y ANASHIWAYA IPS.
[395] Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 106b. Ver
sección 7.1 (f) de la sentencia.
[396] Cuaderno de pruebas No. 3. Folios 455 y
456. Ver sección 7.2 (b) del fallo.
[397] Cuaderno No. 3. Folio 595. Ver sección 4.1
de la sentencia.
[398] Sentencia T-733 de 2017. Explicación
obtenida del texto Antonio Embid Tello, “La
dependencia del derecho ambiental de los estándares técnicos para la toma de
decisiones en situaciones de incertidumbre”, en Evaluación de
impacto ambiental, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 2012.
Pág. 120.
[399] Ibídem. Pág. 121
[400] Conclusión que se obtuvo del acápite 9 de
la sentencia, respecto a casos semejantes resueltos por la Corte
Constitucional.
[401] Estos principios son explicados a
propósito de la sentencia SU-123 de 2018 en el acápite 9 de este fallo.
[402] Concepto explicado en el acápite seis de
este fallo.
[403] Sobre esta garantía se destaca que las
labores de Cerrejón no han sido objeto de consulta previa y que la comunidad no
ha participado en el proceso de construcción de las medidas de control
ambiental, ante los certificados del Ministerio del Interior en los que se aseguró
que, por ejemplo, no había comunidades étnicas en la zona de influencia directa
de un proyecto para la ampliación de un botadero cercano al resguardo
(Resolución 1917 de 2007). Cuaderno de Impugnación. Folio 19. Ver sección 4.4
de la sentencia.
[404] Concepto de la Defensoría del Pueblo. (Cuaderno No. 3. Folio
413.) y del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad
Nacional de Colombia (Cuaderno No. 3. Folio 605).
[405] Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 4.
Énfasis agregado.
[406] Cuaderno de pruebas No. 3. Folios 457 y 458. Para material
particulado de 10 micras (PM 10). La Guía de Calidad del Aire de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) exige un estándar de 20 µg/m3 media
anual y 50 µg/m3 para media diaria. En contraste, la normatividad colombiana
exige 50 µg/m3 para media anual y 100 µg/m3 como promedio diario. A partir de
julio de 2018, la Resolución 2254 de 2017 redujo a 75 ug/m3 para la exposición
diaria.
Para
material particulado (PM 2.5). La OMS exige 10
µg/m3 para media anual y 25 µg/m3 para media diaria. La Resolución 610 de 2010
establece 25 ug/m3 para media anual y 50 ug/m3 para la media diaria. A partir
de julio de 2018 la Resolución 2254 de 2017 redujo a 37 ug/m3 el promedio para
exposición diaria.
[407] Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 153.
[408] Cuaderno de pruebas No. 5. CD Anexo al
folio 387. Págs. 77 y 78
[409] Estas obligaciones fueron abordadas en el
acápite 2 del fallo.
[410] Guía de Calidad del Aire de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) Actualización mundial 2005. Se destaca que el estándar a largo plazo
utiliza una periodicidad anual, sin embargo aquí se expresa en términos
mensuales para posibilitar su medición y control como medida urgente y
transitoria para reducir el riesgo al que se encuentra expuesta la comunidad.
[411] Ibídem.
[412] Ibídem.
[413] La Resolución 627 de 2016, artículo 9º, plantea este límite para
zonas residenciales. A su vez, el artículo 2º señala que el día abarca desde
las 7:01 am hasta las 21:00 pm y la noche inicia a las 21:01 pm hasta las 7:00
horas am.
[414] Colciencias, las universidades del Sinú y del Cauca (Colombia), Federal
do Rio Grande do Sul y Luterana do Brasil concluyeron que “[Se] detectó
la presencia de una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles
principalmente, alquenos, algunos reportados como indicativos de
procesos de combustión espontánea de mantos de carbón”. Adicionalmente se
destaca que la empresa reconoce que este es un factor de riesgo y a folios
181-184 (Anexo No. 7) explica las labores de prevención y control que viene adelantando,
y aporta imágenes de los incendios en varios tajos.
[415] Por ejemplo, si la Comisión plantea la opción de reubicar el
resguardo. Dado que esta clase consentimiento procede en los casos de: “(i)
Traslado o reubicación del pueblo indígena o tribal de su lugar de asentamiento
(ii) el almacenamiento o depósito de materiales peligrosos o tóxicos en sus
territorios; (iii) medidas que impliquen un alto impacto social, cultural y
ambiental que pone en riesgo su subsistencia”. Sentencia SU-123 de 2018.
[416] Cuaderno de Tutela No. 1. Folio 117. Cerrejón afirma “En la
actualidad no existe en Colombia una legislación vigente que regule los niveles
de vibración o sobrepresión asociados a voladuras”.
[417] Esta remisión resulta de especial importancia toda vez que puede
ser útil para la identificación de los riesgos y las medidas que deben
adoptarse para asegurar la satisfacción de los derechos fundamentales de la
comunidad.
[418] Artículo 49 de la Constitución.
[419] Ver páginas 38 y 39 de esta sentencia. Acápite 7.2 (b)
[420] Decreto Ley 3571 de 2011. “ARTÍCULO  19. Despacho
del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Son funciones del
Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, las siguientes: 1.
Presentar propuestas relacionadas con la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes de
agua potable y saneamiento básico. 2. Proponer los lineamientos para la
identificación de las fuentes de financiamiento para el sector de agua potable
y saneamiento básico y coordinar la asignación de los recursos provenientes de
dichas fuentes. (…)”.
[421] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la ANLA, la Gobernación de
La Guajira y Corpoguajira.
[422] (i) Colciencias, (ii) Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad del Sinú, (iii) Doctorado en Toxicología Ambiental de la
Universidad de Cartagena, y (iv) Doctorado Interfacultades en Salud Pública,
Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) e Instituto
de Estudios Ambientales (IDEA), estos tres últimos adscritos a la Universidad
Nacional de Colombia –sede Bogotá.
[423] Colciencias, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del
Sinú, Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, y
Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Grupo de Investigación en Derechos
Colectivos y Ambientales (GIDCA) e Instituto de Estudios Ambientales (IDEA),
estos tres últimos adscritos a la Universidad Nacional de Colombia –sede Bogotá.
[424] Gobernación de La Guajira, Alcaldía de Barrancas, Viceministerio de
Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de
la Nación y, Defensoría del Pueblo.
[425] Valores recomendados para disminuir el riesgo de enfermedades
respiratorias por concentraciones de material particulado. Guía de Calidad del
Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Actualización mundial 2005.
[426] La Resolución 627 de 2016, artículo 9º, plantea este límite para
zonas residenciales. A su vez, el artículo 2º señala que el día abarca desde
las 7:01 am hasta las 21:00 pm y la noche inicia a las 21:01 pm hasta las 7:00
horas am.