T-730-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-730/14
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL E IN
DUBIO PRO OPERARIO-Criterios
de interpretación en el análisis de casos concretos que involucren la
protección del derecho a la seguridad social
El principio de favorabilidad se
consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal. Determina en
cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador.
El principio in dubio por operario (favorabilidad en sentido amplio),
“[I]mplica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso,
permiten la adscripción de diversas interpretaciones razonables dentro de su
contenido normativo, generando duda en el operador jurídico sobre cuál
hermenéutica escoger. En esta hipótesis el intérprete debe elegir la
interpretación que mayor amparo otorgue al trabajador. Mientras el principio de
favorabilidad en sentido estricto recae sobre la selección de una determinada
disposición jurídica, el principio in dubio pro operario lo hace sobre el
ejercicio interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido
normativo de una disposición jurídica. Para la Corte Constitucional “la “duda”
que da lugar a la aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro
operario “debe revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería
dable que ante una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo
el argumento que la primera es la más favorable al trabajador. En ese orden, la
seriedad y la objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de
las interpretaciones.
PRINCIPIO DE LA CONDICION
MAS BENEFICIOSA AL TRABAJADOR-Aplicación del principio de favorabilidad en materia
laboral
El operador judicial debe
acudir al criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa en favor del
afiliado o beneficiario de la seguridad social, para analizar los asuntos
sometidos a su conocimiento. Tanto la Corte Constitucional, como la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han sostenido que el principio de la
condición más beneficiosa se encuentra plasmado en la Constitución, el bloque
de constitucionalidad y la legislación nacional.
CARACTERIZACION DEL
DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Las decisiones no aplicaron al caso
concreto el principio de la condición más beneficiosa
APLICACION DEL PRINCIPIO
DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Orden a Colpensiones
reconocer pensión de sobrevivientes y pagar mesadas adeudadas
Referencia: expediente T- 4.318.396
Acción de tutela instaurada por Mabel
María Jabib Flórez contra el Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del
Circuito de Montería y la Sala Civil -  Familia - Laboral - Sala Primera de
Decisión, del Tribunal Superior de Montería
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, DC., veintiséis (26) de septiembre de dos mil
catorce (2014)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión del fallo
dictado en primera instancia, el 13 de enero de 2014, por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en segunda instancia, el 26 de
febrero de 2014, por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, en el
asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda
La
señora Mabel María Jabib Flórez, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Montería y la Sala Civil -  Familia
- Laboral - Sala Primera de Decisión, del Tribunal Superior de Montería, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital, a la dignidad humana, a la equidad, a la recta aplicación de la
administración de justicia y, por no haberse aplicado en su favor el principio
de la condición más beneficiosa. Su solicitud de amparo se fundamentó en los
siguientes hechos:
1.1.
Convivió con su
fallecido esposo Álvaro León Pretelt Naranjo, desde el día de su matrimonio
hasta su deceso, el 23 de mayo de 2010.
1.2. Durante la vida laboral del señor
Pretelt Naranjo, él como trabajador independiente y sus distintos empleadores
(Electrificadora Bolívar S.A., Electrocórdoba S.A. y Proaguas C.T.A.),
efectuaron las correspondientes cotizaciones a pensión ante el Instituto de Seguros
Sociales -en adelante ISS-, hoy Administradora Colombiana de Pensiones -en
adelante Colpensiones-.
1.3. En su condición de cónyuge supérstite,
el primero de julio de 2010, le solicitó al referido Instituto el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes conforme lo dispone el artículo
46 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, dicha prestación le fue negada mediante
Resolución No. 017604 del 25 de noviembre de 2010, con el argumento de que el causante
no había cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento,
en los términos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
1.4. Luego de haber presentado los recursos
de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 017604 del 25
de noviembre de 2010, expedida por el ISS, mediante apoderado judicial, presentó
demanda ordinaria laboral contra dicho Instituto, para obtener el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en cuantía de un salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de su causación, así como el pago de las
mesadas ordinarias, adicionales, los intereses de que trata el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993 y la indexación.
1.5. Dicha demanda correspondió por reparto
al Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Montería, que
mediante providencia del 13 de diciembre de 2011, declaró próspera la excepción
de cobro de lo no debido propuesta por el ISS y condenó en costas a la actora. El
juzgado resolvió que no había lugar a aplicar en su favor el principio de la
condición más beneficiosa, porque el mismo se debe observar cuando hay
transición legislativa y, dado que el régimen de transición establecido por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo cobija la pensión de vejez, dicho
principio “no es aplicable a la contingencia pretendida”.[1]
Sobre esto, expuso lo siguiente:
“Queda
pues de manifiesto que este régimen de transición no es aplicable a la
contingencia pretendida, puesto que la misma norma indica pensión de vejez,
razón por la cual no se puede tener en cuenta el principio de la condición más
beneficiosa en el presente caso”[2].
De
otro lado, si bien el Juzgado consideró que la accionante había convivido con
el causante los cinco últimos años de su vida, expuso que aquel no cotizó 50
semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento, tal y como lo exige el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de
1993. Se extracta de la providencia en mención lo siguiente:
“De las normas antes trascritas, tenemos
que se torna necesario, que para disfrutar la pensión de sobreviviente, en el
caso de los cónyuges, estos deben acreditar que estuvieron haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haber convivido no menos de 5 años continuos
con anterioridad  a su muerte.
Este requisito es cumplido por parte de
la accionante, según se desprende de la declaración de ALONSO PRETELT NARANJO
militante a folio 35 del expediente, y del documento militante a folio 21,
razón por la cual la legitimación por activa se encuentra demostrada.
En cuanto al derecho sustancial
pretendido, tenemos que el finado PRETELT NARANJO debió cotizar 50 semanas
dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento, para que naciera el derecho
a la demandante.
En el caso bajo estudio, solamente se
acreditó a folios 7, 113 y 14 del expediente que el finado en mención cotizó
solamente 36.98 semanas, las que no son suficientes para que nazca el derecho
en cabeza de la demandante”[3].
1.6. El anterior fallo fue apelado por la actora,
bajo el siguiente argumento:
“[A]l
asunto, por virtud del principio de progresividad y favorabilidad de las normas
laborales establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional, se le ha
debido aplicar la normativa contenida en el artículo 6º del acuerdo 049 de
1990, el cual se (sic) establece requisitos de semanas de cotización, superados
con creces por el difunto Álvaro León Pretelt Naranjo”[4].
1.7. La Sala Primera de Decisión del Tribunal
Superior de Montería, mediante sentencia del 10 de agosto de 2012, decidió
confirmar la sentencia de primera instancia. Dicha oficina judicial dispuso:
“Ahora
bien, alega la apelante que por virtud del principio de la condición más
beneficiosa, se debió aplicar el acuerdo 049 de 1990, con el cual lograría
acceder al derecho pensional pretendido. Es de recordar que tal principio se
aplica de manera exceptiva en los casos en que se presente tránsito legislativo
y ante la ausencia de un régimen de transición, se torne necesario proteger la
situación jurídica del destinatario, quien ha visto desmejorada su situación
por una nueva legislación, de lo contrario se debe continuar con la regla
contenida en el artículo 16 del CST[5].
[…]
De
lo anterior se puede colegir, que el afiliado murió en vigencia de la Ley 797
de 2003, no es posible utilizar la condición más beneficiosa so capa de
favorecer a sus beneficiarios con legislaciones laborales más garantistas, en
tanto que para acoger tal principio, es necesario que la legislación a
inaplicar establezca requisitos más exigentes que los establecidos en la
normatividad anterior y este no es el caso, dado que la ley 797 de 2003 respeta
el mandato de progresividad de los derechos sociales, tornándose más garantista
que la anterior (ley 100 de 1993)[6]”.
1.8. Relató que el señor Álvaro León Pretelt
Naranjo, falleció el 23 de mayo de 2010, fecha en la que ya se encontraba
vigente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 46 de
la Ley 100 de 1993, el cual exige como requisito para ser beneficiario de la
pensión de sobrevivientes, que el causante hubiera cotizado 50 semanas dentro
de los tres años anteriores a su fallecimiento.
1.10. Expuso que si bien su cónyuge fallecido
no cumple con tal requerimiento, para el 23 de mayo de 2010, tenía cotizadas un
total de 924.71 semanas, según el reporte expedido por el ISS y, 891.43
semanas, según el reporte expedido por Colpensiones, que no pueden ser
desconocidas.
Así,
con base en lo anterior, expone que debe aplicarse en su favor el principio de
la condición más beneficiosa para que se le otorgue la pensión de
sobrevivientes a la que tiene derecho, bien porque antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 su cónyuge tenía 793.87 semanas cotizadas, que
superan las 300 cotizadas en cualquier tiempo que son exigidas por el Acuerdo
040 de 1990; o bien, porque para la fecha de su fallecimiento, su cónyuge
cumplía con los requerimientos exigidos por el artículo 46 original de la ley
100 de 1993, dado que era afiliado al sistema y tenía más de 26 semanas
cotizadas.
1.11. Aclaró que no interpuso recurso de
casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
accionado, dado que no tenía los recursos económicos para solventar los costos
de un abogado casacioncita. Si bien, reconoció devengar una pensión de
$1.500.000, expuso que de aquella solo recibe la suma mensual de $726.474, lo
cual le impide vivir dignamente a su edad, para atender sus gastos y los de su
hijo, a quien debe pagar sus estudios y manutención.
1.12. Manifestó que en el presente asunto, se
cumplen los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de
amparo en contra de providencias judiciales. Respecto de la inmediatez, informó
que solo tuvo conocimiento de la aplicación del principio de la condición más
beneficiosa, una vez proferida la sentencia de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, con radicado No. 405, del tres de julio de 2013,
por lo que, solo después de esto, acudió a la vía tutelar. Además, señaló que
la vulneración de sus derechos fundamentales se ha extendido de manera
continuada en el tiempo, lo que hace que la interposición de la acción de
amparo sea oportuna.
II.
Pretensiones
Con
base en los hechos antes narrados, la señora Mabel María Jabib Flórez, solicita
que en la sentencia que ponga fin al amparo, se profieran las siguientes
órdenes:
2.1.
Tutelar sus derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna, a la equidad y a
la recta administración de justicia y, aplicar en su favor el principio
proteccionista de la condición más beneficiosa.
2.2. Revocar las sentencias proferidas por
las autoridades judiciales demandadas.
2.3. Ordenar a Colpensiones el reconocimiento
de su pensión de sobrevivientes, en calidad de beneficiaria de su cónyuge
fallecido, desde la fecha de su fallecimiento (23 de mayo de 2010), en el monto
establecido por la ley, aplicando la fórmula que le sea más favorable y con los
incrementos anuales. Igualmente, ordenar a Colpensiones su inclusión en la
nómina de pensionados y realizar los descuentos al Sistema de Seguridad Social
en Salud para Comfenalco Antioquia.
2.4.
La accionante solicitó
se citara al trámite tutelar a Colpensiones, por conducto de su representante
legal.
III.
Actuaciones
Mediante
auto del cinco de diciembre de 2013[7],
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción
de tutela de la referencia, ordenó vincular a Colpensiones y notificar a las
tuteladas por el medio más expedito.
Dentro
del término del traslado, solo el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Montería, manifestó atenerse a lo resuelto por el Tribunal Superior de la
citada ciudad.
IV.
Decisiones judiciales objeto de revisión
4.1.
Fallo de primera instancia
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 13
de enero de 2014, negó el amparo solicitado por la señora Mabel María Jabib
Flórez. En dicha providencia consideró lo siguiente:
4.1.1.      El señor Álvaro León Pretelt Naranjo murió el 23 de
mayo de 2010, fecha en la que estaba vigente el artículo 12 de la Ley 797 de
2003, que exige que el causante haya cotizado 50 semanas dentro de los tres
últimos años anteriores a su muerte, para que sus beneficiarios puedan reclamar
satisfactoriamente la pensión de sobrevivientes.
4.1.2.      Conforme con la historia laboral del causante expedida
por el ISS, se encuentra que desde el primero de enero de 1977 hasta el 24 de
septiembre de 1992, los pagos a pensiones fueron realizados por la
Electrificadora de Bolívar y Electrocórdoba S.A. y que, entre el 12 de
noviembre de 1992 y el 31 de marzo de 1996, los mismos fueron asumidos por el
señor Pretelt Naranjo como trabajador independiente. Luego de haber dejado de
cotizar casi por 10 años, el señor Pretelt Naranjo reanudó las cotizaciones
como trabajador independiente entre el primero de febrero de 2006 y el 28 de
febrero del mismo año. Finalmente, entre el primero de abril del 2008 y el 30
de abril del citado año, la empresa Proaguas C.T.A. fue la que realizó las
cotizaciones en su favor.
4.1.3.      Para aplicar el principio de la condición más beneficiosa,
habría de tenerse en cuenta el texto original del artículo 46 de la Ley 100 de
1993[8],
sin embargo, se encuentra que la última cotización válida realizada por el
señor Pretelt Naranjo es del 30 de abril de 2008, lo que indica que no era
cotizante activo al momento de su fallecimiento ni tenía 26 semanas cotizadas
en el año inmediatamente anterior a la ocurrencia de tal hecho.
4.1.4.      Si bien, al señor Pretelt Naranjo le aparecen otros
reportes efectuados por la empresa Proaguas C.T.A., éstos no serán tenidos en
cuenta, dado que en los mismos se aclara que no existió relación laboral en la
afiliación.
4.1.5.      Como quiera que la acción de tutela de la referencia
fue presentada el 29 de noviembre de 2013, esto es, un año y tres meses después
de que fuera proferida la sentencia del Tribunal accionado confirmando la de
primera instancia, es evidente que no se cumple con el requisito de inmediatez,
lo que adicionalmente hace que las pretensiones de las actora no puedan ser
acogidas.
4.1.6.      Además de lo anterior, es dable advertir que la actora
no agotó el recurso extraordinario de casación, lo que constituye otro elemento
que impediría acceder a la protección constitucional invocada.
4.2.
Impugnación
La
accionante impugnó la sentencia antes citada. Expuso que para denegar su
solicitud de amparo, se tuvieron en cuenta dos aspectos: el primero, que su
cónyuge no tenía la calidad de afiliado al sistema al momento del fallecimiento
y no tenía 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a éste; el
segundo, que la acción de tutela se promovió sin observarse el principio de la inmediatez.
Para oponerse a las consideraciones del fallo de primera instancia, argumentó
lo siguiente:
4.2.1.      El reporte de semanas de cotización rendido por
Colpensiones, indica que la última cotización del señor Pretelt Naranjo fue en
el mes de mayo de 2010, por lo que a la fecha de su fallecimiento sí era
afiliado activo al sistema general de seguridad social en pensiones -SGSSP-, a
diferencia de lo que resolvió el a quo. Además, entre mayo de 2010 y
diciembre de 2009, el causante tenía cotizadas 33.21 semanas, es decir, más de
las 26 semanas de las que habla el fallo recurrido.
Es
inaceptable que no se hayan tenido en cuenta los últimos aportes realizados por
el fallecido, con el argumento de que en éstos se acompaña una anotación que
dice “no registra relación laboral en la afiliación”. Por lo anterior,
se aportan las planillas que acreditan que dichos pagos fueron efectivamente
realizados y recibidos por el ISS. Así las cosas, debe concederse la pretensión
solicitada, en tanto a la fecha del fallecimiento, el causante tenía cotizadas
924.71 y, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía cotizadas más
de las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 de 1990 (artículos sexto, 25 y 27).
Finalmente,
se debe aplicar la condición más beneficiosa en el caso concreto, protección
constitucional que se cimienta en jurisprudencias de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia[9]
y de la Corte Constitucional[10].
4.2.2.      El principio de inmediatez no puede exigirse de manera estricta,
menos aun cuando se evidencia que la vulneración de los derechos fundamentales
es continuada en el tiempo. Además, sobre el principio de la condición
más beneficiosa, solo se tuvo conocimiento a partir de la sentencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del tres de julio de 2013 y,
después de esto, se interpuso la acción de tutela, así, la actuación desplegada
no es negligente. De otro lado, no se puede penalizar el hecho de no haberse
presentado el recurso extraordinario de casación, dado que no se tenían los
medios económicos para contratar a un abogado casacionista.
4.3.
Fallo de segunda instancia
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 26
de febrero de 2014, confirmó la providencia impugnada, con base en los
siguientes argumentos:
4.3.1.      Se advierte que el reproche constitucional resulta inoportuno, en
tanto se produce más de un año después de la expedición del fallo laboral de
segundo grado.
4.3.2.      La acción de tutela es un mecanismo de defensa de carácter residual
y subsidiario. En el presente asunto, la pretensión que se eleva en tutela ya
fue atendida por la jurisdicción laboral, sin que se hubiera interpuesto el
recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia, lo
que hace que la acción de amparo sea improcedente, en los términos del numeral
primero, artículo sexto, del Decreto 2591 de 1991.
4.3.3.      La ausencia de recursos no es una disculpa para no agotar las
instancias dispuestas por la ley, en tanto se puede acudir al amparo de pobreza
o solicitar el servicio de la defensoría pública en materia laboral, al tenor
de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 24 de 1992.
V.
Pruebas relevantes aportadas al proceso
5.1.
Sentencia del 13 de
diciembre de 2011, del Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral de Montería[11].
5.2.
Sentencia del 10 de
agosto de 2012, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior
de Montería[12].
5.3. Fotocopias de la cédula de ciudadanía de
la actora, del registro civil de matrimonio de ella y el causante y del
registro civil de defunción del señor Álvaro León Pretelt Naranjo[13].
5.4. Reporte de semanas cotizadas por el
señor Álvaro León Pretelt Naranjo, expedido por el ISS[14].
5.5. Reporte de semanas cotizadas por el
señor Álvaro León Pretelt Naranjo, expedido por Colpensiones[15].
5.6. Resolución No. 013807 de 2009, por medio
de la cual el ISS le reconoce la pensión de vejez a la señora Mabel María Jabib
Flórez, por valor de $1.225.099[16].
5.7.
Registro civil de
nacimiento del joven Juan David Pretelt Jabib, hijo de la actora y del señor
Álvaro León[17].
5.8. Recibo de pago de estudios del joven
Juan David Pretelt Jabib[18].
5.9. Certificado de estudios expedido por la
Universidad Cooperativa de Colombia, en el que se informa que el joven Juan
David Pretelt Jabib, se encuentra matriculado en el programa de contaduría
pública de dicha institución[19].
5.10. Certificación expedida por Bancolombia
de un crédito hipotecario que con tal entidad posee la actora, por la suma de
$24.115.669.01[20].
5.11. Recibos de pago del crédito hipotecario
en Bancolombia, de servicios públicos y de la administración[21].
5.12. Certificación en la que se acredita una
deuda contraída por la accionante ante el Banco Popular, por un valor de
$21.000.000[22].
5.13. Certificación de deudas que ante
Colpatria tiene la actora, por la tarjeta de crédito Visa por $5.457.572.00,
préstamo de libre inversión por $9.841.541.72 y tarjeta de crédito Master por
$2.247.249.31[23].
5.14. Certificación expedida por la Tesorería
Municipal de Montería, en donde se le informa a la accionante que está en mora
de pagar el impuesto predial de los años 2011 y 2012[24].
5.15. Recibo del impuesto predial del año 2013[25].
5.16. Planillas que acreditan los pagos al SGSSP
realizados por Proaguas C.T.A. y recibidos por el ISS, desde el mes de octubre
de 2009 hasta junio de 2010, a favor del señor Álvaro León Pretelt Naranjo[26].
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
DECISIÓN
6.1. Competencia.
El expediente de la referencia, fue
seleccionado para revisión por medio de Auto del 11 de junio de 2014, proferido
por la Sala de Selección Número Seis. En consecuencia, esta Sala de Revisión de
la Corte Constitucional, es competente para proferir sentencia dentro de la
acción de tutela de la referencia, con fundamento en el inciso segundo del
artículo 86, y en el numeral noveno del artículo 241 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
6.2. Problema Jurídico
Corresponde a la
Corte determinar si los derechos fundamentales de la señora Mabel María Jabib
Flórez han sido vulnerados por el Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Montería
y la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de la misma ciudad, al no acceder al reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes en su calidad de cónyuge supérstite del señor Álvaro León
Pretelt Naranjo, bajo el argumento de que el causante no cumplió con los
requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del
46 de la Ley 100 de 1993.
Para efectos de dar solución a este asunto
y como quiera que la presente acción se dirige a cuestionar el contenido de dos
fallos judiciales, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia
constitucional relacionada con los
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, (ii) los principios protectores de
favorabilidad, in dubio pro operario y condición más beneficiosa, como
criterios de interpretación en el análisis de casos concretos que involucren la
protección del derecho a la seguridad social. Una vez realizadas las anteriores
consideraciones, procederá a resolver el caso concreto.
6.3. La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo
con el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y
sumario cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales de las
personas. En efecto, la norma en cuestión dispone lo siguiente:
“Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […] la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública […]”.
Bajo tal
premisa, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido reiteradamente que
la acción de tutela procede también frente a actuaciones  u omisiones de los jueces en las que se vulneren derechos fundamentales[27]. Sin
embargo, dicha procedencia, como también lo ha indicado la propia Corte, es
excepcional, de manera que no en todos los casos podrá acudirse al mecanismo de
amparo constitucional. Esta consideración encuentra fundamento, en primer
lugar, en el propio texto de la
Constitución Política, en cuyo artículo 86 -atrás señalado-, establece que a
la acción de tutela solo podrá acudirse “cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que […] se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”. Lo anterior tiene
sentido, en tanto todos los procesos son, en sí mismos, medios de defensa de
los derechos de las personas y, por esa misma circunstancia, cuentan con
mecanismos para controvertir las actuaciones de la autoridad judicial; además,
porque se debe garantizar el respeto por los principios de la cosa juzgada de
las decisiones judiciales, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia
de la que gozan dichas autoridades.
A
este específico asunto se refirió la
Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005, así:
“[…]
[E]l panorama es claro ya que como regla general la acción de tutela no procede
contra decisiones judiciales y esto por varios motivos.  Entre ellos, en
primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la
Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las
sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la
estructura del poder público inherente a un régimen democrático.”
En este
escenario, es claro que el juez constitucional no puede terminar suplantando o
desplazando al juez ordinario en el estudio de los asuntos que por su
naturaleza le competen, ni tampoco, anulando decisiones que no comparte o,
imponiendo su personal interpretación de las normas aplicables en un caso
concreto. En ese sentido, esta Corporación ha indicado que:
“[S]e
trata de una garantía excepcional, subsidiaria y autónoma para asegurar, cuando
todos los recursos anteriores han fallado, que a las personas sometidas a un
proceso judicial no les violen sus derechos constitucionales fundamentales. No
se trata entonces de garantizar la adecuada aplicación del resto de las normas
que integran el sistema jurídico o de los derechos que tienen origen en la
ley”.[28]
Con
fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido
que la acción de tutela contra providencias judiciales procede si se cumplen ciertos
y rigurosos requisitos, unos de carácter general, que habilitan la viabilidad
procesal del amparo, y otros, de carácter específico, que determinan su
prosperidad.
Así, en la
Sentencia C-590 de 2005 atrás citada, se determinaron como requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[29]. En consecuencia, el
juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[30].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[31].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[32].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[33].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[34]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Ahora bien,
si en el caso concreto se encuentran cumplidos los requisitos genéricos antes
mencionados, será necesario acreditar, además, que se haya configurado alguna
de las denominadas causales específicas de procedibilidad, que constituyen defectos
o vicios en los que puede incurrir la autoridad judicial al momento de proferir
sus decisiones. Ellos también fueron sintetizados por la sentencia de
constitucionalidad en cuestión, así:
“… [A]hora, además de los requisitos
generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una
sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de
los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente,
de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[35]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[36].
h.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta,
si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”[37]
En suma, la
acción de tutela contra providencias judiciales es procedente de manera
excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales para su
procedibilidad y se configure alguna de las causales específicas definidas por
esta Corporación.
De otro lado,
y dado que en el presente asunto la señora Mabel María Jabib Flórez cuestiona
las decisiones proferidas por los jueces laborales, quienes  negaron el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y no aplicaron en su favor el
principio por ella invocado de la condición más beneficiosa, la Sala encuentra
necesario referirse a dicho principio para definirlo y diferenciarlo, y,
posteriormente delimitarlo en su particular situación de hecho.
6.4. Los principios protectores de
favorabilidad, in dubio pro operario y condición más beneficiosa, como criterios de interpretación en el
análisis de casos concretos que involucren la protección del derecho a la
seguridad social
El artículo 53 de la Constitución, contiene los
principios mínimos fundamentales del derecho laboral. Así, la citada
disposición Superior garantiza la protección de la “situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales del derecho”[38],
a través de dos principios hermenéuticos: (i) favorabilidad en sentido
estricto e (ii) in dubio pro operario[39]. “A su
turno, derivado de la prohibición de menoscabo de los derechos de los
trabajadores (Art. 53 y 215 C.P.) se desprende (iii) la salvaguarda de las
expectativas legítimas mediante la aplicación del criterio de la condición más
beneficiosa al trabajador o beneficiario de la seguridad social”[40].
Los anteriores postulados que orientan la
aplicación e interpretación de los derechos al trabajo y la seguridad social,
serán estudiados a continuación.
6.4.1.      Los principios
de favorabilidad e in dubio pro operario
El principio de favorabilidad “se
consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal”[41].
Determina “en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para
el trabajador”[42].
Sobre su aplicación, ha dicho este Tribunal
Constitucional lo siguiente:
“[S]e aplica en aquellos casos en que surge
duda en el operador jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al
momento de resolver un asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos
o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, gobiernan
la solución del caso concreto. En estos eventos los cánones protectores de los
derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la
disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o
beneficiario del sistema de seguridad social. El texto legal así escogido debe
emplearse respetando el principio de inescindibilidad o conglobamento, es
decir, aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo
normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones
tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando
disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido.
29. El legislador desarrolló el principio
de favorabilidad en armonía con el criterio de conglobamento en el artículo 21
del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos: “Normas más
favorables. En caso de conflicto o duda sobre la
aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”
(énfasis añadido). En acuerdo con el anterior precepto, el artículo 20 del
mismo cuerpo normativo expresa: “Conflictos de leyes. En
caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, prefieren
aquéllas”. Cabe precisar, sin embargo, que el criterio de inescindibilidad o
conglobamento no es absoluto y por ello admite diversas limitaciones atendiendo
a criterios de razonabilidad y proporcionalidad analizables en cada caso
concreto (Infra 59 y 60)”[43]. (Negrita original).
6.4.2.      Sobre el principio in dubio por
operario[44]
(favorabilidad en sentido amplio), se dijo en la jurisprudencia ya citada que:
“[I]mplica que una o varias disposiciones
jurídicas aplicables a un caso, permiten la adscripción de diversas interpretaciones
razonables dentro de su contenido normativo, generando duda en el operador
jurídico sobre cuál hermenéutica escoger[45]. En esta hipótesis
el intérprete debe elegir la interpretación que mayor amparo otorgue al
trabajador[46].
33. Mientras el principio de favorabilidad
en sentido estricto recae sobre la selección de una determinada disposición
jurídica, el principio in dubio pro operario lo hace sobre el ejercicio
interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido normativo
de una disposición jurídica. Para la Corte Constitucional “la “duda” que da
lugar a la aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro
operario “debe revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería
dable que ante una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo
el argumento que la primera es la más favorable al trabajador. En ese orden, la
seriedad y la objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de
las interpretaciones. En efecto, la fundamentación y solidez jurídica de las
interpretaciones, es la que determina que la duda que se cierna sobre el
operador jurídico, sea como tal una duda seria y objetiva”.[47]
Igualmente, la Sala precisa que la duda que surge en este contexto es de
carácter normativo, por esa razón no es posible la utilización de estos
principios en caso de incertidumbre sobre la ocurrencia de un aspecto fáctico,
esto es, en el escenario de la prueba de los hechos[48]”[49].
Es menester aclarar que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la distinción que se presenta entre los principios
de favorabilidad e in dubio pro operario[50]. Sin
embargo, “debido a la estrecha similitud de ambos conceptos y su confección
en el artículo 53 superior[51],
ha empleado una terminología única para explicar sus alcances”[52].
Así, ha dispuesto que “[l]a favorabilidad
opera no sólo cuando existe conflicto entre dos [disposiciones jurídicas] de
distinta fuente formal, o entre dos [disposiciones jurídicas] de idéntica
fuente, sino también cuando existe una sola [disposición jurídica] que admite
varias interpretaciones dentro de los parámetros de razonabilidad y partiendo
de la jurisprudencia y doctrina pertinentes”[53].
6.4.3.      El principio de
la condición más beneficiosa
El operador judicial debe acudir al
criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa en favor del afiliado o
beneficiario de la seguridad social, para analizar los asuntos sometidos a su
conocimiento.
Tanto la Corte Constitucional, como la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han sostenido que el
principio de la condición más beneficiosa se encuentra plasmado en la
Constitución, el bloque de constitucionalidad y la legislación nacional.
La
Corte Constitucional, en la construcción de dicho principio, señaló en la
Sentencia C-168 de 1995 lo siguiente:
“De otra parte, considera la Corte que la
"condición más beneficiosa" para el trabajador, se encuentra
plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad
que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también
legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más
ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o
interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad
se halla regulado en los siguientes términos: "situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho", precepto que debe incluirse en el estatuto del
trabajo que expida el Congreso.
De conformidad con este mandato, cuando una misma
situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho
(ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien
ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa
o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando
existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas
de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya
que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear
una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.
El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla
el principio de favorabilidad, así: "En caso de conflicto o duda sobre la
aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad"; se
parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales
vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual
habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho
principio difiere del "in dubio pro operario", según el cual toda
duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo
existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como
admite distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más
favorable al trabajador”.
La
anterior providencia hizo carrera y ha sido reiterada, entre otras oportunidades,
por este Tribunal, así:
“[...]
[E]l principio de la “condición más beneficiosa” se complementa con el de
favorabilidad, consagrado expresamente en los artículos 53 de la Carta Política
y 21 del Código Sustantivo del Trabajo[54], para ampliar el
espectro de protección de los derechos del trabajador. De acuerdo con el último
en mención, frente a la interpretación disonante de una o varias normas que
regulan de manera diferente el mismo supuesto de hecho, el operador jurídico
está obligado a acoger la más favorable a los intereses del trabajador. Así, a
juicio de la Corte, ‘la favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe
conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de
idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones […]”[55].
Por su parte, la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que el principio de la condición
más beneficiosa encuentra respaldo en el ordenamiento constitucional y en los
Convenios sobre derechos humanos laborales ratificados por Colombia, en
particular en el artículo 53 Superior y el artículo 19.8 de la Constitución de
la OIT, respectivamente. En ese sentido ha señalado lo siguiente:
“Como lo ha puesto de
presente esta Corporación en otras ocasiones, el legislador tradicionalmente ha
protegido la <condición más  beneficiosa> aunque la misma no se halle
expresa y claramente instituida en una norma o precepto legal, ello mediante la
consagración de regímenes razonables de transición que procuran mantener
los aspectos favorables de la normatividad social modificada o abolida y proteger
los derechos adquiridos o las expectativas legítimas de los trabajadores o
afiliados a la seguridad social; al igual que al establecer
categóricamente tanto el constituyente como el legislador, que la nueva ley no
puede “menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de
los trabajadores” (resalta la Sala) para el presente caso -afiliados y sus
beneficiarios-, conforme se desprende de lo expresado en el último inciso
del artículo 53 de la Carta Superior y del artículo 272 de la Ley 100 de
1993.||Es por lo dicho, que al interior de esta Sala de Casación se ha venido
aceptado la <condición más beneficiosa> como un principio legal y
constitucionalmente aplicable a asuntos de seguridad social, en especial en
materia pensional.
Es más, remitiéndose esta Corporación a las
fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo,
incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la
ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los
términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a
integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de
la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de
la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la
orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en
el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que “En ningún caso podrá
considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la
Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará
cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los
trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el
convenio o en la recomendación” [56]. (Énfasis y subrayado, en el original).
Del mismo modo, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, extractó los contenidos fundamentales de dicho
principio y explicó las diferencias y similitudes con los principios de
favorabilidad e indubio pro operario:
“La condición más beneficiosa, tiene
adoctrinado la Sala, entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera
o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el
régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un
derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia habida cuenta que
poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido
en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada.
A ellos, entonces, se les debe aplicar la disposición anterior, es decir, la
vigente para el momento en que las satisfizo. En ese horizonte, ha enseñado
esta Corporación que tratándose de derechos que no se consolidan por un solo
acto sino que suponen una situación que se integra mediante hechos sucesivos,
hay lugar al derecho eventual, que no es definitivo o adquirido mientras no se
cumpla la última condición, pero que sí implica una situación concreta
protegida por la ley, tanto en lo que atañe al acreedor como al deudor, por lo
que supera la mera o simple expectativa.||4º) Los principios de favorabilidad e
indubio pro operario difieren de la condición más beneficiosa.||El primero se
presenta en caso de duda sobre la aplicación de normas vigentes
de trabajo.||Las características primordiales son: (i) la duda surge sobre la aplicación
de dos o más normas, entendidas éstas como “un enunciado hipotético al cual se
enlaza una determinada consecuencia jurídica”; (ii) las disposiciones deben ser
válidas y estar en vigor; (iii) deben regular la misma situación fáctica, y
(iv) al emplearse debe respetarse el principio de la inescindibilidad o
conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza
íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo.||A
contrario sensu, el principio in dubio pro operario, se presenta cuando frente a
una misma norma laboral surgen varias interpretaciones
sensatas, la cual implica la escogencia del ejercicio hermenéutico que más le
favorezca al trabajador. Además, tiene como particularidades las siguientes:
(i) su aplicación se restringe para aquellos eventos en que nazca  en el juez
una duda en la interpretación, es decir, si para él no existe, así la norma
permita otras interpretaciones, no es obligatorio su empleo; (ii) los jueces no
están obligados en todos los casos a acoger como correctas las interpretaciones
que de las normas propongan las partes, tanto demandante como demandado, y
(iii)  no se hace extensivo a los casos en que al juzgador pueda surgirle
incertidumbre respecto de la valoración de una prueba, esto es, la que resulta
de defecto o insuficiencia en la prueba de los hechos, dado que el artículo 61
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social consagra la potestad
de los jueces de formar libremente su convencimiento y no los sujeta a una
tarifa legal de prueba.||Por último, la condición más beneficiosa, se distingue
porque: (i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen
de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii)
el destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida,
dado que con la nueva ley se le desmejora.||Por lo brevemente expuesto se
concluye que, si bien todas las reglas en precedencia son manifestaciones
palpables de los postulados proteccionistas y tuitivos del derecho laboral y de
la seguridad social, difieren entre si, por que, se reitera,  la primera, se
refiere al conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes
de trabajo, la segunda  alude a duda en la interpretación de una norma
y, la tercera, a la sucesión normativa, que implica la verificación entre una
norma derogada y una vigente”[57].
(Énfasis y subrayado en el
original).
Con
base en lo anterior, se tiene que es amplia la línea jurisprudencial de esta
Corporación, desarrollada a partir de lo dispuesto en la Constitución Política,
los tratados internacionales y la ley, con base en la cual se le puede permitir
a los trabajadores acceder a las prestaciones establecidas en el sistema
general de seguridad social en pensiones, dando aplicación a los principios de
favorabilidad, in dubio pro operario y la condición más beneficiosa.
VII. Caso
Concreto
7.1.
Antecedentes
7.1.1.      Una vez fallecido el señor Álvaro León
Pretelt Naranjo el 23 de mayo de 2010, la señora Mabel María Jabib Flórez, en
su condición de cónyuge supérstite, el primero de julio de 2010 le solicitó al
ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes conforme lo dispone el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, dicha prestación le fue negada
mediante Resolución No. 017604 del 25 de noviembre de 2010, con el argumento de
que su cónyuge fallecido no había cotizado 50 semanas en los tres años
anteriores a la fecha de su muerte, tal y como lo exige el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, vigente al momento de su deceso.
7.1.2.      Contra la Resolución del ISS No. 017604
del 25 de noviembre de 2010, la accionante presentó los recursos de reposición
y apelación, no obstante, la decisión contenida en ella se mantuvo por el
referido Instituto.
7.1.3.      Por lo anterior, mediante apoderado
judicial la actora presentó demanda ordinaria laboral contra el ISS, para
obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en cuantía de un
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de su causación y demás
prestaciones adicionales.
7.1.4.      Dicha demanda en primera instancia
correspondió al Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de
Montería, autoridad judicial que resolvió que no había lugar a aplicar en favor
de la accionante el principio de la condición más beneficiosa, porque el mismo
se debe observar cuando hay transición legislativa y, dado que el régimen de
transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo cobija a la
pensión de vejez, dicho principio “no es aplicable a la contingencia
pretendida”[58].
Así, el a quo negó las pretensiones de la demanda, sobre la base de que
el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a su
fallecimiento, tal y como lo exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
7.15.       El anterior fallo fue apelado por la
actora, quien en virtud de los principios de progresividad y favorabilidad que
irradian las normas laborales, solicitó se le reconociera la pensión de
sobrevivientes. Dicho recurso de alzada le correspondió desatarlo a la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Superior de Montería, autoridad que confirmó
íntegramente lo decidido por el a quo.
7.1.6.      Como consecuencia de lo anterior, la
señora Mabel María Jabib Flórez, interpuso acción de tutela en contra de las
decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Tercero Adjunto al Primero
Laboral del Circuito de Montería y, por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Superior de la misma ciudad. Considera que dichas autoridades judiciales,
trasgredieron sus derechos fundamentales, al haberle negado el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho, en su calidad de
cónyuge supérstite del señor Álvaro León Pretelt Naranjo.
7.1.7.      En el escrito de tutela, expuso que
trasgrede sus derechos fundamentales, el hecho de que no le hayan reconocido la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, solicita que se aplique en su favor
el principio de la condición más beneficiosa, para que se le otorgue la prestación
a la que tiene derecho, bien porque antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 su cónyuge cumplía con el número de semanas exigidas por el Acuerdo
040 de 1990, o bien, porque para la fecha de su fallecimiento, su cónyuge
cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 46 original de la ley 100
de 1993. Así, solicita se inaplique en su caso concreto el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, por serle desfavorable.
7.1.8.      Sin embargo, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, juez de tutela de primera instancia, no
concedió el amparo solicitado. En primer lugar, reiteró que el señor Álvaro
León Pretelt Naranjo no cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 12
de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 46 de la Ley 100 de 1993, que exige
que el afiliado debe haber cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores a su fallecimiento, para que sus beneficiarios puedan
reclamar la pensión de sobrevivientes. En segundo lugar, expuso que de acuerdo con
el criterio mayoritario de la Sala, para tener en cuenta el principio de la
condición más beneficiosa, habría de considerarse las previsiones del artículo
46 original de la Ley 100 de 1993, sin embargo, como la última cotización
válida que reportaba el señor Pretelt Naranjo en su historia laboral era del 30
de mayo de 2008, aquel para la fecha de su fallecimiento ni era cotizante
activo al sistema ni tenía 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente
anterior a tal suceso. Finalmente, la Sala negó el amparo por incumplir el
requisito de inmediatez y porque la actora omitió interponer el recurso de
casación.
7.1.9.      La accionante impugnó el anterior fallo
reiterando sus pretensiones de la acción de tutela y rechazando el hecho de que el juez de tutela de primera
instancia solo hubiera tenido como última cotización válida realizada por el
señor Pretelt Naranjo, la del 30 de abril de 2008, para concluir que no era
cotizante activo al momento de su fallecimiento ni tenía 26 semanas cotizadas
en el año inmediatamente anterior a la ocurrencia de tal hecho, lo que impedía
aplicar en su favor la condición más beneficiosa, esto es, la normatividad
dispuesta por el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993. La accionante
alegó que no pueden
desconocerse los aportes efectuados por su cónyuge fallecido, con el argumento
de que en la historia laboral aparece una anotación que dice “no registra la
relación laboral en afiliación”, dado que los aportes efectivamente se
hicieron por parte de Proaguas C.T.A. -empleador del causante- y fueron
recibidos por el ISS.
7.1.10.    Finalmente, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en el trámite del recurso de alzada, confirmó la
providencia en su integridad.
De esta
forma, y de acuerdo con lo que se indicó en el acápite de consideraciones de la
presente providencia, le compete ahora a la
Sala determinar, en primer lugar, si se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, para
luego, de ser el caso, verificar si en este asunto se presentó alguno de los
defectos sentados por la jurisprudencia.
7.2. Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad
·
a. Relevancia
constitucional.
Encuentra la
Sala que en el caso bajo examen la cuestión que se discute resulta de
indudable relevancia constitucional. La actora, clama por la protección
eficiente de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad,
al mínimo vital y a la dignidad humana, que considera trasgredidos por los
jueces de conocimiento de su proceso laboral, quienes no tuvieron en cuenta el
principio de la condición más beneficiosa para otorgar en su favor la pensión
de sobrevivientes.
Así, sobre la base de que la pretensión
principal de la accionante gira en torno al reconocimiento de un derecho de
contenido prestacional, el cual es la pensión de sobrevivientes, la Sala
considera necesario hacer referencia al derecho a la seguridad social, el que
puede ser el principalmente desconocido por las providencias judiciales
censuradas.
Con tal propósito, se tiene que, según los
lineamientos establecidos en el artículo 48[59]
de la Constitución, la seguridad social es un servicio público y un derecho de
carácter irrenunciable, el cual debe ser prestado por el Estado con fundamento
en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad,
unidad y participación. De igual forma, el sistema general de seguridad social
integral está conformado por los regímenes generales para pensiones, salud,
riesgos laborales y los servicios sociales complementarios definidos en la
Ley 100 de 1993[60].
Por su parte, el SGSSP, establece una
amplia gama de prestaciones asistenciales y económicas que amparan los riesgos
de vejez, invalidez, o muerte, así como también, el derecho a la sustitución
pensional, a la pensión de sobrevivientes y a la indemnización sustitutiva,
entre otras.
Descendiendo al asunto puesto en
consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la
pensión de sobrevivientes consiste en la garantía que le asiste al grupo
familiar de una persona que fallece siendo afiliada al SGSSP, para reclamar la
prestación que se causa precisamente con tal deceso.
Así las cosas, la finalidad[61] de la
pensión de sobrevivientes, es que los familiares del afiliado fallecido puedan
continuar recibiendo los beneficios asistenciales y económicos que aquel les
proporcionaba, para que en su ausencia no se vean disminuidas sus condiciones
de vida, ya que “la pensión de sobrevivientes busca impedir que, ocurrida la
muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar
individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”[62].
Justamente, el objetivo de dicha prestación es “evitar que las personas
allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral”[63]
queden, por el hecho de su muerte, desamparados o desprotegidos.
Esta Corporación también ha considerado que
dicha prestación se fundamenta en varios principios constitucionales, entre los
cuales se encuentran:
“[E]l de solidaridad que lleva a brindar estabilidad
económica y social a los allegados al causante; el de reciprocidad, por cuanto
de esta manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas una
prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que
mantuvieron con el causante; y el de universalidad del servicio público de la
seguridad social, toda vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la
órbita de protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de
mantener las condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del
causante”[64].
Asimismo, principios de “justicia retributiva y de
equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador
tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo
de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del
trabajador fallecido”[65].
De otro lado, y en relación con la
naturaleza jurídica del derecho a la pensión de sobrevivientes, esta Corporación
ha expuesto que “puede llegar a constituirse en derecho fundamental”[66].
Ha precisado que a pesar de su contenido prestacional, en algunos casos el
desconocimiento de tal prerrogativa puede acarrear la afectación de derechos
constitucionales como la vida, la dignidad, el mínimo vital, la salud, la
igualdad y la seguridad social. De ahí que, la pensión de sobrevivientes puede
adquirir el carácter de fundamental si de su reconocimiento depende la
materialización de garantías de los beneficiarios que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta, ya sea por razones de tipo económico, físico
o mental. En esos casos, se debe promover un trato diferencial positivo que
asegure la subsistencia de quien perdió a su ser querido, sin que se altere la
situación social y económica con que contaba en vida del asegurado[67].
Conforme con lo expuesto, esta Corporación
ha sostenido que la negativa de las Administradoras de Fondos de Pensiones en
reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes a los familiares del
afiliado fallecido, puede constituir una afectación a sus derechos fundamentales,
si como en el caso bajo estudio, la principal beneficiaria es un adulto mayor,
quien no tiene los recursos económicos necesarios para solventar los gastos que
demanda su digna subsistencia y la de su hijo que aún es estudiante y depende
de ella de manera total.
Así, el caso sub examine es de la
entidad constitucional suficiente para que la Sala pueda proceder a su estudio,
en tanto se trata de la vulneración de un derecho de contenido prestacional que
está en cabeza de un adulto mayor que se encuentra en condiciones debilidad[68],
lo que afecta su mínimo vital, pues su situación económica se hace más gravosa
con la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones en reconocer la
prestación solicitada.
·
b. Que se hayan
agotado todos los mecanismos judiciales idóneos y adecuados, ordinarios y
extraordinarios antes de acudir a la acción de tutela.
Una vez fallecido el señor Álvaro León
Pretelt Naranjo, su esposa Mabel María Jabib Flórez, le solicitó al ISS el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la que cree tener
derecho. Por su parte, dicha administradora de pensiones negó la prestación
solicitada, sobre la base de que el causante no cumplió con los requisitos que
la ley vigente al momento de muerte exigía para que sus beneficiarios pudieran
acceder a ella. Pese a que la actora interpuso los recursos de reposición y de
apelación en contra de dicha resolución, el ISS mantuvo la decisión adoptada
inicialmente.
Inconforme con lo anterior, la señora Jabib
Flórez por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda laboral ordinaria
contra el ISS, que fue resuelta de manera desfavorable a sus pretensiones en
primera y en segunda instancia, por el Juzgado Tercero Adjunto al Primero
Laboral del Circuito de Montería y la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Superior de la misma ciudad, respectivamente.
Como puede observarse del anterior
recuento, la actitud de la accionante no ha sido negligente ni pasiva. No
obstante, los jueces de la instancia constitucional censuraron el hecho de que
la señora Jabib Flórez no hubiese interpuesto el recurso extraordinario de
casación contra la sentencia de segunda instancia.
La explicación que a esta omisión dio la
actora, se basó en que no contaba con los recursos para sufragar los costos de
un abogado casacionista, cuyos honorarios en esa esa época ascendían a la suma
de $5.000.000. A juicio de la Sala, dicha afirmación encuentra justificación en
su situación particular, pues acudió tanto a la vía gubernativa para reclamar
sus derechos como a la jurisdicción ordinaria para hacerlos efectivos, así que
si su obstáculo no hubiese sido económico, probablemente hubiera agotado el
último de sus recursos.
Efectivamente, vistas las pruebas arrimadas
al expediente, esto es la resolución por medio de la cual se le reconoció la
pensión de vejez a la actora por parte del ISS y el monto de la misma[69],
así como también los recibos de los servicios públicos que debe cancelar y las
certificaciones de cada uno de los pasivos por los que debe responder[70],
es razonable que la señora Jabib Flórez no haya tenido recursos económicos
suficientes para cancelar en esa época la elevada suma que le fue cobrada por
tramitar el recurso extraordinario ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
Pero además de lo anterior, cabe advertir,
a partir de lo relatado, que la existencia formal de medios de defensa judicial
no necesariamente impide que la actora hubiese podido acudir al mecanismo
tutelar, examinadas las particulares circunstancias del caso. Así, lo que surge
de las pruebas del expediente de la referencia, es que la accionante en su
momento no tuvo medios económicos para sufragar el costo de los honorarios que
le cobraron y, hoy día, aparece claro que el juez constitucional no puede hacer
prevalecer un procedimiento cuyos términos ya vencieron, por encima de derechos
sustanciales de elevado rango constitucional[71]
que son imprescriptibles y cuya violación tiene un carácter permanente.
Con
base en lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto la acción
también se encuentra procedente, pues no hay mecanismo judiciales ordinarios ni
extraordinarios a los que la actora pueda acudir a efectos de reclamar la
prestación requerida.
·
c. Requisito de
inmediatez.
La Corte ha considerado que la oportunidad en la presentación de la
acción de tutela tiene una relación directa con el objetivo que la Constitución
le atribuye de brindar “protección
actual, inmediata y efectiva[72]
a los derechos fundamentales.
Ya esta Corporación ha tenido oportunidad
de explicar que establecer un término perentorio para el ejercicio de la acción
de tutela es inconstitucional[73],
pues las acciones para la defensa de los derechos fundamentales no caducan. Sin
embargo, también ha señalado que la acción debe interponerse dentro de
un “plazo razonable”[74]. Así, ha expuesto que “en algunos casos,
seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela
improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar
razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso[75]”[76].
No obstante, ha señalado esta Corporación que el juez debe evaluar (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad injustificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión y; (iii) si
existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración
de los derechos fundamentales del interesado, con el fin de establecer si el
lapso transcurrido entre la posible vulneración y la presentación del amparo
resulta razonable[77].
Igualmente, ha sostenido este Tribunal que
la inmediatez debe analizarse de manera menos rigurosa (i) cuando
se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo[78] y que, pese
a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación es continua y actual y, (ii)
cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus
derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir al juez constitucional, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.[79]
Por ello, esta Corte ha señalado que, según las circunstancias de cada caso, es
el juez constitucional quien debe evaluar la razonabilidad del tiempo que ha
trascurrido entre la situación que produce la afectación de los derechos y la
presentación de la acción, a fin de determinar si se encuentra satisfecho el
requisito de la inmediatez[80].
En el caso sub iudice, la señora
Jabib Flórez manifestó que presentó la acción de tutela una vez conoció de la
sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 3
de julio de 2013, en la que se dio aplicación al principio de la condición más
beneficiosa por ella reclamado. Además, señaló que como su pretensión es de
tipo pensional y dado que a la fecha continúa sin dicha prestación, la
vulneración a sus derechos permanece, por lo que la acción de amparo en su caso
resulta procedente.
Así, como lo ha reconocido esta Corporación
en abundante jurisprudencia[81],
a la actora le asiste razón cuando expone que el derecho a reclamar la pensión
de sobrevivientes es imprescriptible y, por lo tanto, la amenaza o vulneración
del mismo se prolonga indefinidamente en el tiempo, pudiendo ser objeto de
reclamación judicial en cualquier momento[82].
Con base en lo anterior, contrario a lo expresado por los jueces de instancia,
en el caso presente la acción de amparo cumple con el requisito de inmediatez,
en tanto la accionante reclama el otorgamiento de un derecho de carácter
prestacional que aún no le ha sido concedido, de manera que, por tratarse de
una persona a quien la vulneración de sus garantías permanece en el tiempo ya
que la circunstancia que afecta su derecho a la seguridad social continúa, la
posibilidad que tiene de reclamar la pensión de sobrevivientes es
imprescriptible, pudiendo hacerlo en cualquier momento.
·
d.  Si lo que se
alega es la existencia de una irregularidad procesal, debe ser evidente que la
misma tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y b) afecta
los derechos fundamentales del accionante, salvo cuando se trate de una prueba
ilícita obtenida con violación de esos derechos
En el presente asunto no se alega una
irregularidad de tipo procesal, sino la nugatoria de un derecho de contenido
prestacional con base en una
norma que no resulta aplicable al caso concreto.
·
e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible
En
el asunto bajo estudio, la señora Mabel María Jabib Flórez, identifica de
manera razonable los hechos que generan la vulneración y los derechos
fundamentales que le son trasgredidos. Lo anterior, de igual forma, fue alegado
en el proceso ordinario laboral que se surtió ante los despachos demandados.
Así
bien, la actora manifiesta que la nugatoria a su pretensión, que se fundamentó
en el hecho de que el causante no acreditó los requisitos exigidos por el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 46 de la Ley 100 de 1993,
vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la
dignidad humana, a la equidad y a la recta aplicación de la administración de
justicia.
En
consecuencia, solicita en la instancia constitucional, tal y como lo solicitó
ante los jueces laborales, que con base en el principio de la condición más
beneficiosa, se le otorgue la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho,
bien porque antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su cónyuge
tenía cotizadas el número de semanas exigidas por el Acuerdo 040 de 1990, o
bien, porque para la fecha de fallecimiento del causante, aquel cumplía con los
requisitos del artículo 46 original de la ley 100 de 1993. En conclusión, pide
que se inaplique en su caso concreto el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por
no serle favorable.
De tal modo, se concluye, que el requisito
objeto de estudio también está acreditado.
·
f. Que el fallo
controvertido no sea una sentencia de tutela.
En el presente asunto se controvierten las
sentencias proferidas en primera y en segunda instancia por el Juzgado Tercero
Adjunto al Primero Laboral de Montería, el 13 de diciembre de 2011 y, por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal de Montería, el 10 de agosto de 2012,
dentro del proceso ordinario laboral interpuesto por la señora María Jabib
Flórez contra el ISS.
De manera que, los fallos controvertidos no
son sentencias de tutela, por lo que este requisito también se encuentra
satisfecho.
7.3.
Análisis de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Defecto material o sustantivo
Una vez acreditados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la Sala asumirá el análisis de los requisitos específicos de procedibilidad
exigidos por la jurisprudencia constitucional.
Si bien, en el escrito de tutela la
accionante solo mencionó que las autoridades judiciales trasgredieron sus
derechos fundamentales “por haber incurrido en una vía de hecho”[83],
no expuso con nombre propio el o los defectos en los que hubiesen incurrido las
providencias judiciales censuradas.
Sin embargo, a la luz de las reglas que ha establecido la
jurisprudencia para el efecto, cuando
una autoridad judicial o administrativa niega una pensión con base en una norma
que no resulta aplicable al caso, la providencia judicial o el acto administrativo
respectivo, adolece de un defecto sustantivo[84].
De modo que, será dicho defecto el que se estudiará por esta Sala de Revisión.
En relación con lo anterior, esta Corporación
ha reconocido que se configura un defecto sustantivo cuando se decide con base
en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso concreto.
También ha dispuesto este Tribunal, que la autonomía e independencia de las
autoridades judiciales no es absoluta, puesto que la tarea de interpretar y
aplicar las normas jurídicas se encuentra limitada por el respeto a los
derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso[85].
En este sentido, como ha sido perfilado por la jurisprudencia
constitucional, se está ante un defecto sustantivo siempre que: (i) la
decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al
caso concreto, por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso[86],
no se encuentra vigente por haber sido derogada[87],
o ha sido declarada inconstitucional[88]; (ii) a pesar del amplio
margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o
aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias
con efectos erga omnes que han definido su alcance[89];
(iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática[90]; (iv) cuando la norma
pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada[91];
o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuestión
está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual
se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador[92].
7.4. En el caso bajo estudio, la actora plantea,
básicamente, que las providencias del Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de
Montería y de la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Superior de la misma ciudad, jueces que conocieron de
su proceso laboral en contra del ISS en primera y en segunda instancia, incurrieron
en una vía de hecho por no haber aplicado en su caso la ley pensional teniendo
en cuenta el principio de la condición más beneficiosa, lo que “perjudicó
sus legítimos intereses[93]”.
Así, en primera instancia, el Juzgado Tercero Adjunto al Primero
Laboral del Circuito de Montería, resolvió que la accionante no podía ser
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, sobre la base de que su cónyuge
fallecido no había cotizado 50 semanas en los tres últimos años inmediatamente
anteriores a la fecha de su deceso, por lo que no cumplía los requisitos
establecidos por la Ley 797 de 2003. De igual forma, expuso que no había lugar
a aplicar en su favor el principio de la condición más beneficiosa, porque el
mismo se debe observar cuando hay transición legislativa y, dado que el régimen
de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo cobija
a la pensión de vejez, dicho principio “no es aplicable a la contingencia
pretendida”[94].
Por
su parte, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de Montería, como
juez de segunda instancia, confirmó íntegramente lo decidido por el a quo.
El Superior, adujo que el principio de la condición más beneficiosa es
aplicable cuando hay tránsito legislativo, de lo contrario debe acatarse lo
dispuesto por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Concluyó que,
dado que el afiliado murió en vigencia de la Ley 797 de 2003, no es posible
utilizar la condición más beneficiosa para favorecer a sus beneficiarios con
legislaciones laborales más garantistas, en tanto que para acoger tal
principio, es necesario que la legislación a inaplicar establezca requisitos
más exigentes que los establecidos en la normatividad anterior y, ese no es el
caso del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
7.5. Descendiendo al caso bajo estudio, vistas las pruebas
arrimadas al expediente, se tiene que la historia laboral del señor Álvaro León
Pretelt Naranjo, según el ISS y Colpensiones, es la siguiente:
(i.i.) Historia laboral del señor Álvaro
León Pretelt Naranjo, según el ISS:
(i.i.i.) Resumen de
semanas cotizadas por empleador
[1]Identificación
del empleador
[2]Nombre o
Razón Social
[3]Desde
[4]Hasta
[5]Último
Salario
[6]Semanas
[7]Lic.
[8]Sim.
[9]Total
18015100001
ELECTRIFICADORA
BOLIVAR S.A.
01/12/1977
21/02/1979
$9.480
64,0
0
0
64,00
22015100001
ELECTROCORDOBA
S.A
01/01/1980
01/10/1980
$21.420
39,29
0
0
39,29
22025100002
ELECTROCORDOBA
S.A
01/10/1980
01/07/1981
$30.150
39,14
0
0
39,00
22015100001
ELECTROCORDOBA
S.A
01/04/1981
24/09/1992
$399.150
599,29
0
13
586,15
22019800990
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
12/11/1992
31/07/1993
$234.720
37,43
0
0
37,43
22019800990
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/09/1993
31/12/1994
$234.720
69,57
0
0
69,57
19088845
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/01/1995
28/02/1995
$234.720
4,86
0
0
4,86
19088845
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/04/1995
31/07/1995
$234.720
17,14
0
0
17,14
19088845
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/09/1995
31/10/1995
$234.720
8,57
0
0
8,57
19088845
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/12/1995
31/12/1995
$234.720
4,29
0
0
4,29
19088845
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/01/1996
31/01/1996
$284.250
4,14
0
0
4,14
19088845
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/02/1996
31/03/1996
$300.000
8,57
0
0
8,57
19088845
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/02/2006
28/02/2006
$408.000
4,29
0
0
4,29
19088845
PRETELT NARANJO
ALVARO LEON
01/04/2008
30/04/2008
$750.000
4,14
0
0
4,14
805026991
PROAGUAS CTA
01/10/2009
31/12/2009
$497.000
12,86
0
0
12,86
805026991
PROAGUAS CTA
01/01/2010
31/01/2010
$515.000
4,29
0
0
4,29
805026991
PROAGUAS CTA
01/02/2010
30/04/2010
$1.200.000
12,86
0
0
12,86
805026991
PROAGUAS CTA
01/05/2010
31/05/2010
$920.000
3,29
0
0
3,20
TOTAL SEMANAS
COTIZADAS:    924,71
i.i.ii. Detalle de pagos
efectuados a partir de 1995
10]
Identificación
Empleador
[11]Nombre o Razón Social
[12]
RA
[13]
Periodo
[14]
Fecha de
Pago
[15]
Ref. de
Pago
[16]IBC
Reportado
[17]
Cotización
[18]
Cotización Mora sin intereses
[19]
Nov
[20]
Días Rep
[21]
Días
Cot
[22]Observación
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199501
09/02/1995
11270301000799
$234.720
$4.013
-$25.327
30
4
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199502
09/02/1995
11270301000798
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199504
03/04/1995
11270301002824
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199505
04/05/1995
50066001002554
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199506
05/06/1995
50066001003328
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199507
05/07/1995
50066001004192
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199509
01/09/1995
50066001007198
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199510
03/10/1995
50066001007971
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199512
05/12/1995
50066001009293
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199601
25/01/1996
50066001010380
$284.250
$36.784
-$1.590
30
29
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199602
14/02/1996
11270301022845
$300.000
$40.499
-$1
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199603
07/03/1996
50066001010738
$300.000
$40.500
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
200602
21/02/2006
52055003008249
$408.000
$63.240
$0
30
30
Pagó como
Trabajador Independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
NO
200804
30/04/2008
40270301040037
$750.000
$117.163
-$2.837
30
29
Pagó como
Trabajador Independiente
805026991
PROAGUAS CTA
NO
200910
23/11/2009
88P20004790495
$497.000
$79.147
-$373
30
0
Pago aplicado al
periodo declarado
805026991
PROAGUAS CTA
NO
200911
21/12/2009
88P20004998166
$497.000
$79.202
-$318
30
0
Pago aplicado al
periodo declarado
805026991
PROAGUAS CTA
NO
200912
20/01/2010
88P20005779375
$497.000
$79.218
-$302
30
0
Pago aplicado al
periodo declarado
805026991
PROAGUAS CTA
NO
201001
16/02/2010
88P20006271839
$515.000
$82.091
-$309
30
0
Pago aplicado al
periodo declarado
805026991
PROAGUAS CTA
NO
201002
18/03/2010
88P20006683008
$1.200.000
$191.993
-$7
30
0
Pago aplicado al
periodo declarado
805026991
PROAGUAS CTA
NO
201003
21/04/2010
88P20007013395
$1.200.000
$191.999
-$1
30
0
Pago aplicado al
periodo declarado
805026991
PROAGUAS CTA
NO
201004
19/05/2010
84P28401044774
$1.200.000
$192.000
$0
30
0
Pago aplicado al
periodo declarado
805026991
PROAGUAS CTA
NO
201005
21/06/2010
88P20007534349
$920.000
$147.199
-$1
R
23
0
Pago aplicado al
periodo declarado
(i.ii.) Historia laboral del señor Álvaro
León Pretelt Naranjo, según Colpensiones
(i.ii.i) Resumen de
semanas cotizadas por empleador
[1]Identificación
del empleador
[2]Nombre o
Razón Social
[3]Desde
[4]Hasta
[5]Último
Salario
[6]Semanas
[7]Lic.
[8]Sim.
[9]Total
18015100001
ELECTRIFICADORA
BOLI
01/12/1977
21/02/1979
$9.480
64,0
0,00
0
64,00
22015100001
ELECTROCORDOBA
S.A
01/01/1980
01/10/1980
$21.420
39,29
0,00
0
39,29
22025100002
ELECTROCORDOBA
S.A
01/10/1980
01/07/1981
$30.150
39,14
0,00
0,14
39,00
22015100001
ELECTROCORDOBA
S.A
01/04/1981
24/09/1992
$399.150
599,29
0,00
13,14
586,15
22019800990
PRETELT NARANJO
ALVA
12/11/1992
31/07/1993
$234.720
37,43
0,00
0,00
37,43
22019800990
PRETELT NARANJO
ALVA
01/09/1993
31/12/1994
$234.720
69,57
0,00
0,00
69,57
19088845
ALVARO PRETELT
NARAN
01/01/1995
28/02/1995
$234.720
4,86
0,00
0,00
4,86
19088845
ALVARO PRETELT
NARAN
01/04/1995
31/07/1995
$234.720
17,14
0,00
0,00
17,14
19088845
ALVARO PRETELT
NARAN
01/09/1995
31/10/1995
$234.720
8,57
0,00
0,00
8,57
19088845
ALVARO PRETELT
NARAN
01/12/1995
31/12/1995
$234.720
4,29
0,00
0,00
4,29
19088845
ALVARO PRETELT
NARAN
01/01/1996
31/01/1996
$284.250
4,14
0,00
0,00
4,14
19088845
ALVARO PRETELT
NARAN
01/02/1996
31/03/1996
$300.000
8,57
0,00
0,00
8,57
19088845
ALVARO PRETELT
NARAN
01/02/2006
28/02/2006
$408.000
4,29
0,00
0,00
4,29
19088845
ALVARO PRETELT
NARAN
01/04/2008
30/04/2008
$750.000
4,14
0,00
0,00
4,14
805026991
PROAGUAS CTA
01/10/2009
31/12/2009
$497.000
0,00
0,00
0,00
0,00
805026991
PROAGUAS CTA
01/01/2010
31/01/2010
$515.000
0,00
0,00
0,00
0,00
805026991
PROAGUAS CTA
01/02/2010
30/04/2010
$1.200.000
0,00
0,00
0,00
0,00
805026991
PROAGUAS CTA
01/05/2010
31/05/2010
$920.000
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL SEMANAS
COTIZADAS:    891,43
(i.ii.ii) Detalle de pagos efectuados a
partir de 1995
[11]
Identificación
Aportante
[12]Nombre o Razón Social
[13]
RA
[14]
Periodo
[15]
Fecha de
Pago
[16]
Ref. de
Pago
[17]IBC
Reportado
[18]
Cotización
[19]
Cotización Mora sin intereses
[20]
Nov
[21]
Días Rep
[22]
Días
Cot
[23]Observación
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199501
09/02/1995
11270301000799
$234.720
$4.013
-$25.327
30
4
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199502
09/02/1995
11270301000798
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199504
03/04/1995
11270301002824
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199505
04/05/1995
50066001002554
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199506
05/06/1995
50066001003328
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199507
05/07/1995
50066001004192
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199509
01/09/1995
50066001007198
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199510
03/10/1995
50066001007971
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199512
05/12/1995
50066001009293
$234.720
$29.340
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199601
25/01/1996
50066001010380
$284.250
$36.784
-$1.590
30
29
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199602
14/02/1996
11270301022845
$300.000
$40.499
-$1
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
199603
07/03/1996
50066001010738
$300.000
$40.500
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
SI
200602
21/02/2006
52055003008249
$408.000
$63.240
$0
30
30
Pagó como
trabajador independiente
19088845
ALVARO PRETELT
NARANJO
NO
200804
30/04/2008
40270301040037
$750.000
$117.163
-$2.837
30
29
Pagó como
trabajador independiente
805026991
PROAGUAS
CTA
NO
200910
23/11/2009
88P20004790495
$497.000
$79.147
-$373
30
0
No
registra la relación laboral en la afiliación
805026991
PROAGUAS
CTA
NO
200911
21/12/2009
88P20004998166
$497.000
$79.202
-$318
30
0
No
registra la relación laboral en la afiliación
805026991
PROAGUAS
CTA
NO
200912
20/01/2010
88P20005779375
$497.000
$79.218
-$302
30
0
No
registra la relación laboral en la afiliación
805026991
PROAGUAS
CTA
NO
201001
16/02/2010
88P20006271839
$515.000
$82.091
-$309
30
0
No
registra la relación laboral en la afiliación
805026991
PROAGUAS
CTA
NO
201002
18/03/2010
88P20006683008
$1.200.000
$191.993
-$7
30
0
No
registra la relación laboral en la afiliación
805026991
PROAGUAS
CTA
NO
201003
21/04/2010
88P20007013395
$1.200.000
$191.999
-$1
30
0
No
registra la relación laboral en la afiliación
805026991
PROAGUAS
CTA
NO
201004
19/05/2010
84P28401044774
$1.200.000
$192.000
$0
30
0
No
registra la relación laboral en la afiliación
805026991
PROAGUAS
CTA
NO
201005
21/06/2010
88P20007534349
$920.000
$147.199
-$1
R
23
0
No
registra la relación laboral en la afiliación
(Subrayado fuera del texto).
7.6. Así bien, de la lectura de las historias laborales,
se evidencia que según el reporte expedido por el ISS, el señor Pretelt Naranjo
cotizó 924.71 semanas, sin embargo, según el reporte de Colpensiones, cotizó
891.43 semanas. En los tres años anteriores a su muerte, esto es, entre mayo de
2007 y mayo de 2010, según el reporte expedido por el primero de los
institutos, cotizó 37.35 semanas, no obstante, Colpensiones, invalida los
aportes efectuados en ese tiempo, por cuanto aparece una anotación que dice “[n]o
registra la relación laboral en la afiliación”, como se subrayó en el
reporte respectivo.
De igual forma, con base en la información
que arrojan ambos reportes, entre diciembre de 1977 hasta septiembre de 1992,
las cotizaciones estuvieron a cargo de Electrocórdoba y, entre noviembre de
1992 y marzo 1996, el señor Pretelt Naranjo cotizó como independiente. Sin
embargo, el causante no cotizó entre abril de 1996 y enero de 2006. Así, las
siguientes cotizaciones que aparecen, estuvieron a cargo de Proaguas C.T.A.
desde octubre de 2009 hasta mayo de 2010. Por lo anterior, para el 23 de mayo
de 2010, fecha de su deceso, el señor Álvaro León Pretelt Naranjo era cotizante
activo al sistema general de seguridad social.
7.7. Entonces, del estudio de las historias laborales que
reposan en el expediente, se concluye que el señor Pretelt Naranjo no tenía 50
semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, tal y
como lo consideraron los jueces de la jurisdicción laboral.
Como ya se señaló, el Juez Tercero Adjunto
al Primero Laboral del Circuito de Montería y la Sala Civil del Tribunal
Superior de la misma ciudad, resolvieron que la señora María Jabib Flórez no tenía
derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, en tanto su cónyuge fallecido
no cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley 797 de
2003. De igual forma, los mismos operadores judiciales estimaron que tampoco era
procedente la aplicación en su favor del principio de la condición más
beneficiosa. Para justificar lo último, la primera de las autoridades consideró
que no había transición legislativa y que el régimen de transición establecido
por la Ley 100 de 1993 aplicaba solamente para la pensión de vejez. Por su
parte, el ad quem, consideró que no había tránsito legislativo.
7.8. Tal y como se expuso en el numeral 6.4.3. de esta
providencia, el principio de la condición más beneficiosa, se distingue porque:
“(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de
transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el
destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado
que con la nueva ley se le desmejora”[95].
En efecto, en el caso bajo estudio, sí hay
un tránsito legislativo pero no un régimen de transición, pues el régimen de
transición al que aludieron los jueces laborales fue el creado por la Ley 100
de 1993, mientras que en la modificación que a ésta se hizo por la ley 797 de
2003, para la pensión de sobrevivientes, no hubo tal, por lo que se cumple el
primero de los requisitos contemplados para dar vía libre a la aplicación de
dicho principio.
En segundo lugar, de lo que se trata en el
asunto de la referencia, es de cotejar el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 con
el vigente inmediatamente antes que éste, esto es, con el artículo 46 original
de la Ley 100 de 1993 y no, con el Acuerdo 040 de 1990, para ver si hay lugar a
proteger la situación jurídica concreta de la señora Jabib Flórez.
No obstante lo anterior, de manera
desacertada los jueces accionados consideraron que por no haber un régimen de
transición, el principio de la condición beneficiosa no era aplicable, cuando
por el contrario, es justamente en el evento de un tránsito legislativo carente
de régimen de transición que el mismo tiene operancia.
Entonces, si bien para la Sala es razonable
el análisis de los jueces de la jurisdicción laboral, según el cual el señor
Pretelt Naranjo no cotizó el número de semanas exigidas por el artículo 12 de
la Ley 797 de 2003 para que sus beneficiarios pudieran tener derecho a reclamar
la pensión de sobrevivientes, no lo es el hecho de que no hubiesen tenido en
cuenta los principios prescritos por el artículo 53 de la Carta Política, para
que, a la luz del principio de la condición más beneficiosa, la señora Mabel
María Jabib Flórez pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes solicitada.
Lo anterior se justifica, por cuanto, a
pesar de la transición legislativa, no hubo un régimen de transición entre Ley
100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, y, porque, el artículo 46 original de la Ley
100 de 1993, anterior al 12 de la Ley 797 de 2003, le resulta más favorable a
la accionante vista la historia laboral de su cónyuge fallecido.
Así las cosas, y a efectos de analizar si
hay lugar a conceder la prestación solicitada por la actora a la luz del
principio de la condición más beneficiosa, es menester -así como lo precisó el
juez de primera instancia de la acción de tutela, y lo ha expuesto la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de este Tribunal-, acudir a
lo dispuesto por la norma que regía inmediatamente antes de que adquiriera
plena eficacia y validez el artículo 12 de la ley 797 de 2003, precepto
aplicable conforme con las reglas generales del derecho[96].
En ese propósito, vistas las normas que han
regulado la materia, la ley vigente inmediatamente antes de que cobrara
vigencia el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, era el artículo 46 original de
la Ley 100 de 1993, que disponía como requisitos para obtener la pensión
de sobrevivientes los siguientes:
“Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
[…] 2.  Los miembros del grupo familiar del
afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los
siguientes requisitos:
a)  Que el afiliado se encuentre cotizando
al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento
de la muerte, y
b)  Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas
del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARAGRAFO.-Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente ley”.
Según los requisitos exigidos por el ordinal a), numeral segundo, del
artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, los miembros del grupo familiar del
afiliado que fallezca, tendrán derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes
si aquel se encuentra cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos 26
semanas al momento de su muerte.
Entonces, para esta Sala, una vez revisadas
las historias laborales aportadas al expediente y las planillas de pago de
“Pago Simple” que se allegaron al plenario en el escrito de impugnación de la
acción de tutela, es dable concluir que al momento del fallecimiento, el señor
Álvaro León Pretelt Naranjo era cotizante activo y había aportado más de 26
semanas al sistema.
A la primera conclusión se llega después de
analizar los reportes trascritos, ya que en ambos aparece como última
cotización del señor Álvaro León Pretelt Naranjo, la del mes de mayo de 2010,
cuyo pago se efectuó el 21 de junio del mismo año, con referencia de pago No.
88P20007534349, con un IBC de $920.000, cuyo aporte correspondió a la suma de
$147.199. Por lo que se evidencia que para el 23 de mayo de 2010, fecha en la
que falleció, era cotizante activo.
Del estudio del mismo material probatorio,
la Sala arribó a la segunda
conclusión, pues como se vio anteriormente, el señor Pretelt Naranjo según el
reporte expedido por el ISS cotizó 924,71 semanas, mientras que, según el
reporte expedido por Colpensiones, cotizó 891,43 semanas. Dicha cantidad de
semanas cotizadas, superan ampliamente el número de 26 exigido por el artículo
46 original de la Ley 100 de 1993.
7.9. Dejando de un lado las decisiones tomadas en la
jurisdicción laboral y analizando los fallos de tutela, se tiene que los jueces
constitucionales abrigaron la posibilidad de aplicar en favor de la actora el
principio de la condición más beneficiosa, con el fin de que aquella pudiera
tener derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes solicitada, a partir de
lo dispuesto por el artículo 46 original de la Ley 100 de 1990, por ser la
norma vigente antes de que lo fuera el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. No
obstante lo anterior, concluyeron que la señora Jabib Flórez tampoco cumplía
los requisitos exigidos por dicha disposición normativa, porque a la fecha del
fallecimiento, el señor Pretelt Naranjo no era afiliado al sistema, ni tenía
cotizadas 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su muerte, tal y como
lo exige el ordinal b),
numeral segundo, del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993.
Para llegar a las anteriores conclusiones,
los jueces constitucionales tuvieron como inválidas las cotizaciones realizadas
por Proaguas C.T.A. en favor del causante, porque en el reporte de la historia laboral se dice
que “[n]o registra la relación laboral en la afiliación”. Dicha
apreciación no es compartida por esta Sala de Revisión, por cuanto en las
historias laborales expedidas por ambas administradoras de pensiones, aparecen
las referencias de pago de dichos meses, el IBC reportado para realizar los
mismos, el monto de la cotización realizada y el periodo que se cancelaba. Pero además, así dichos aportes se hubiesen
hecho estando o no acreditada una relación laboral entre el cotizante y el
beneficiario, o se hubiesen hecho por el fallecido señor Pretelt Naranjo como
independiente, no existe razón legal para desconocerlos, sin que se vulneren
los derechos fundamentales de sus beneficiarios
7.10. Volviendo al estudio de los fallos censurados y con
base en los análisis expuestos en antecedencia, la Sala se permite reiterar la
conclusión según la cual el cónyuge de la actora, para la fecha de su deceso,
sí era cotizante activo al sistema y tenía 26 semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral, por lo cual
la señora Mabel María Jabib Flórez cumple con los requisitos exigidos por el
ordinal a), numeral segundo, del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993,
para tener derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge
supérstite del señor Álvaro León Pretelt Naranjo.
7.11. Vistas así las cosas, en el caso concreto, el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, resulta más riguroso que el artículo 46 de
la Ley 100 de 1993 que modificó. Así bien, satisfechos los requisitos y
condiciones de la derogada disposición, es plausible en el presente caso hacer
valer en favor de la actora el principio de la condición más beneficiosa previsto por el artículo 53 de la
Constitución Política, pues entendido el derecho a la seguridad social, dentro
de esa especial categoría de principios que lo inspiran, valga decir, la
eficiencia, la integralidad, la universalidad y la solidaridad, es indudable
que no podría truncársele el derecho a pensionarse, si ha cumplido aportaciones
suficientes para acceder a él bajo la norma aplicable inmediatamente antes del
régimen que le es exigible[97].
7.12. Desde luego que con lo anterior, no se desconoce el
efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que ocurre es que en
eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la
pensión de sobrevivientes, no resulta acorde con los principios establecidos
por la Norma de Normas, considerar como único parámetro para determinar si
existe o no el derecho a reclamar tal prestación, los requisitos que exige la
norma vigente al momento del fallecimiento del causante, pues no deben dejarse
de lado, aquellos establecidos en la legislación que regía cuando el causante
realizó aportes al SGSSP.
7.13. Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico
y dinámico además, si se negara el derecho pensional a los beneficiarios de
quien estuvo afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de
aportaciones muy superior al exigido por la norma vigente al momento de su
fallecimiento, por el hecho de que cierto número de semanas no se hubiesen
efectuado en el periodo de tiempo señalado por dicha norma.
7.14. No debe pasarse por alto que en el caso presente, a
pesar de que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 consulta el principio de
progresividad del sistema, no le es favorable a la señora Jabib Flórez, como se
dijo, porque su cónyuge tiene cotizadas al sistema un número de semanas muy
superior al exigido por la norma, solo que, las mismas no se circunscriben a
los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante[98].
7.15. De suerte que, no resulta acorde con la lógica, ni
conforme con el ordenamiento constitucional, que una modificación como la
introducida por la Ley 797 de 2003, desconozca las más de 900 semanas de
cotización que tiene el señor Álvaro León Pretelt Naranjo a lo largo de su
historia laboral, por el hecho de no haber cotizado 50 de ellas en los tres
últimos años anteriores a su deceso.
7.16. Lo anterior, trasgrede en grado sumo los derechos
fundamentales de la señora Mabel María Jabib Flórez, pues la nugatoria a su
derecho prestacional le impide tanto a ella como a su hijo, procurarse una
digna subsistencia. Así, una interpretación acorde con la Constitución y con el
principio de la condición más beneficiosa, es permitir que la actora se
pensione conforme con los requisitos exigidos por el ordinal a), numeral segundo, del artículo 46 original
de la Ley 100 de 1993 -ley vigente inmediatamente antes de que lo fuera el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003-, que exige que los beneficiarios del
causante acrediten que aquel era cotizante activo al momento de su
fallecimiento y que cotizó 26 semanas a lo largo de su historia laboral.
7.17. Los análisis precedentes permiten concluir que las
decisiones adoptadas por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de
Montería, el 10 de agosto de 2012, que a su vez confirmó la del Juzgado Tercero
Adjunto al Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad del 13 de diciembre
de 2011, adolecen del defecto material o sustantivo, en tanto no aplicaron al
caso concreto el principio de la condición más beneficiosa, desconociendo así
la norma pensional que resultaba más favorable a los intereses de la señora
Mabel María Jabib Flórez, para reclamar la pensión de sobrevivientes a la que
tiene derecho, en su condición de cónyuge supérstite del señor Álvaro León
Pretelt Naranjo.
7.18. Con fundamento en lo anterior, los fallos de tutela
proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 26
de febrero de 2014, que a su vez confirmó el de la Sala de Casación Laboral de
la misma Corporación, del cinco de diciembre de 2013, deberán ser revocados.
En su lugar, serán tutelados los referidos derechos
fundamentales de la señora Mabel María Jabib Flórez  y se dispondrá que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta sentencia, Colpensiones por conducto de su representante legal o quien
haga sus veces, si aún no lo ha efectuado, expida la resolución de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la actora y la incluya en la
nómina de pensionados.
VIII.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo de tutela proferido por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de febrero de 2014,
que a su vez confirmó el de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, del 13 de enero de 2014, para en su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales de la señora Mabel María Jabib Flórez y ORDENAR a
Colpensiones, por conducto de su representante legal y/o quien haga sus veces,
que si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, expida la resolución de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la actora y la
incluya en la nómina de pensionados, procediendo a pagar las mesadas dejadas de
percibir que en los términos de ley no hayan prescritos para su cobro.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Superior de Montería, el 10 de agosto de 2012, que a su vez confirmó la del
Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, del
13 de diciembre de 2011, dentro
del proceso laboral ordinario promovido por la señora Mabel María Jabib Flórez
contra el ISS.
Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación
a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (e)
[1]
Folio 19, cuaderno No. 1.
[2]
Folio 19, cuaderno No. 1.
[3]
Folio 22, cuaderno No. 1.
[4]
Folio 26, cuaderno No. 1. Se resalta que esta cita corresponde
al extracto hecho por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de
Montería, en la sentencia del 10 de agosto de 2012, mediante la cual resolvió
el recurso de apelación a la sentencia del 13 de
diciembre de 2011, del Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito
de la misma ciudad.
[5]
Folios 27 y 28, cuaderno No. 1.
[6]
Folio 29, cuaderno No. 1.
[7]
Folio 3, cuaderno No. 2.
[8] “Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1.  Los
miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca.
2.  Los
miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a)  Que el
afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b)  Que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca la muerte.
PARAGRAFO.-Para efectos del cómputo
de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo
dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley”.
[9]
Se citan las sentencias con radicados Nos. 44523 y 38674, del
tres de julio de 2013 y el 25 de julio de 2012, respectivamente, las dos con
ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve. Folio 29 del cuaderno
No. 2.
[10] Se cita
la Sentencia T-584 de 2011.
[11] Folios
15 al 23, cuaderno No. 1.
[12] Folios
24 al 30, cuaderno No. 1.
[13] Folios
31 al 33, cuaderno No. 1.
[14] Folios
34 y 35, cuaderno No. 1.
[15] Folios
36 y 37, cuaderno No. 1.
[16] Folio
39, cuaderno No. 1.
[17] Folio
40, cuaderno No. 1.
[18] Folios
42 y 43, cuaderno No. 1.
[19] Folio
44, cuaderno No. 1.
[20] Folio
45, cuaderno No. 1.
[21] Folios
46 al 51, cuaderno No. 1.
[22] Folios
52 al 55, cuaderno No. 1.
[23] Folios
56 y 57, cuaderno No. 1.
[24] Folio
58, cuaderno No. 1.
[25] Folios
59 y 60, cuaderno No. 1.
[26] Folios
36 y 37, cuaderno No. 2.
[27] Sobre este particular
puede consultarse la Sentencia T-933 de 2012 de esta Sala de
Revisión.
[28] Sentencia C-590 de 2005.
[29]  Sentencia T-173 de 1993.
[30] Sentencia T-504 de 2000.
[31] Ver entre otras la
sentencia T-315 de 2005.
[32] Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.
[33] Sentencia T-658 de 1998.
[34] Sentencias T-088 de 1999
y SU-1219 de 2001.
[35] Sentencia
T-522 de 2001.
“[36] Cfr. Sentencias T-462 de
2003, SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.”
[37] Sentencia C-590 de 2005.
[38] Artículo
53 de la Constitución Política.
[39] Sentencia
T-832A de 2013.
[40] Sentencia
T-832A de 2013.
[41] Sentencia
T-688 de 2011.
[42] Cfr. C-168 de abril 20 de 1995.
[43] Sentencia T-832A de 2013. Continúa la misma providencia señalando
lo siguiente: “30. Brevemente y solo a modo de ilustración es pertinente
indicar que la Sala de Casación Laboral ha modulado el criterio de
conglobamento o inescindibilidad en diversas ocasiones, entre ellas en (i)
Sentencia 39766 del 2 de agosto de 2011(M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza) en la
que estimó procedente tomar en consideración el cumplimiento del requisito de
densidad de cotizaciones de la pensión de vejez, para reconocer una pensión de
invalidez a una persona que no reunía los presupuestos de acceso de esta última
prestación. Lo anterior a pesar de que el asunto no envolvía un problema de
conflicto entre disposiciones aplicables, sino la posibilidad de dar
efectividad a la satisfacción del requisito de densidad de aportes de un
sistema normativo más exigente (pensión de vejez), frente a otro diverso y
menos arduo en la consolidación del presupuesto de cotización (pensión de
invalidez) y; (ii) en Sentencia 29470 del 20 de abril de
2007 (M.P. Luis Javier Osorio) en
la que el Tribunal de Casación estimó que en ausencia de disposición
infraconstitucional que consagrara expresamente la obligación de actualizar el
ingreso base de liquidación de la primera mesada de las pensiones de origen
legal distintas a las consagradas en el sistema normativo de la Ley 100 de
1993, se apreciaba necesario aplicar la fórmula de indexación prevista en esta
última legislación. (En esa dirección el Tribunal
señaló: “en los casos en los
cuales procede la aplicación de la indexación para el salario base de las
pensiones legales, distintas a las consagradas en la ley de seguridad social, o
de aquellas no sujetas a su artículo 36, causadas a partir de la vigencia de la
Constitución de 1991, deben tomarse como pautas las consagradas en la
mencionada Ley 100 de 1993; esto es, actualizando el IBL anualmente con el
índice de precios al consumidor”. En este punto es necesario
precisar que la jurisprudencia en vigor de la Sala de Casación Laboral se opone
a la indexación de la primera mesada pensional de prestaciones causadas con
anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, mientras que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sí ordena dicho reconocimiento incluso
en prestaciones consolidadas en vigor de la Constitución de 1886. Al respecto
puede ser consultada la sentencia T-259 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas),
entre muchas otras)
31. Asimismo,
el propio legislador ha matizado el principio de conglobamento o indivisibilidad
en distintas ocasiones. A manera de ejemplo se puede referir (i) el artículo 33
de la Ley 100 de 1993 que consagra los requisitos de acceso a la pensión de
vejez. En su parágrafo 1 señala los periodos que podrán acumularse para el
efecto, disponiendo la totalización de tiempos servidos y aportes efectuados en
diversos regímenes; (ii) el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003
que establece que los beneficiarios de un afiliado que fallece habiendo
cotizado el mínimo de semanas necesarias para el reconocimiento de una pensión
de vejez, tienen derecho a una pensión de sobrevivientes y; (iii) el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 860
de 2003 que al regular los requisitos de acceso a la pensión de invalidez
consagra que “Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años. (Énfasis
añadido)”.
[44] Según lo ha dicho este Tribunal Constitucional, el principio de in
dubio pro operario, previsto no sólo en el artículo 53 constitucional sino
también en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, impone elegir, en
caso de duda, la interpretación que más favorezca al trabajador.
[45] “Para una mejor comprensión de esta figura es necesario recordar
la habitual distinción entre disposición y norma jurídica empleada por esta
Corporación. En esa dirección, la Corte ha precisado que una misma disposición
jurídica puede contener diversas normas jurídicas o interpretaciones. La norma
jurídica en realidad es el resultado de la disposición jurídica interpretada.
Al respecto, es necesario tener en cuenta que las expresiones texto legal,
disposición jurídica y enunciado normativo, son sinónimas; y que los términos
norma jurídica, contenido normativo e interpretación, lo son igualmente entre
sí. Para mayor ilustración conviene traer a cita un fragmento de la sentencia
C-987 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas), en la que se precisó: “Hay que acudir a la distinción, acogida por la doctrina y
frecuentemente empleada por esta Corporación entre disposición y norma pues es
claro que con frecuencia el control de constitucionalidad no recae sobre un
texto legal (disposición o enunciado normativo) sino sobre su interpretación
(norma o contenido normativo), por lo tanto, en principio no siempre que la
demanda de constitucionalidad verse sobre la interpretación de una disposición
resultaría infundada, sin embargo, la interpretación que se acusa debe ser
plausible y además debe desprenderse del enunciado normativo acusado. La falta
de estas características se traduce en la ausencia del requisito de certeza en
la formulación de los cargo”.
[46] “La Sala de Casación
Laboral ha circunscrito esta posibilidad a la duda que surge al interpretar una
misma disposición jurídica. Sin embargo, en criterio de la Sala la posibilidad
de incertidumbre en el marco interpretativo también se presenta ante la
presencia de una pluralidad de disposiciones jurídicas, pues no en pocos casos
el intérprete se ve forzado a derivar una norma jurídica a partir de distintos
textos legales”.
[47] “Cfr. Sentencia
T-1268 de 2005”.
[48] “Esta imposibilidad de aplicar los principios de favorabilidad e
in dubio pro operario en el escenario de la prueba de los hechos no se opone,
sin embargo, al uso de estándares flexibles en materia probatoria laboral y de
la seguridad social”.
[49] Sentencia
T-832A de 2013.
[50] “La Sentencia C-168 de 1995, indicó lo siguiente: “El Código
Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de
favorabilidad, así: "En caso de conflicto o duda sobre la aplicación
de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La
norma que se adopte debe aplicarse en su integridad"; se parte entonces
del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan
una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la
norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho principio difiere
del "in dubio pro operario", según el cual toda duda ha de
resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un
precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite
distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al
trabajador”. (Negrita del texto).
[51] El siguiente es el texto del artículo 53 de la Constitución
Política: “El Congreso expedirá el estatuto del
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.||El estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.||Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.|| La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de los trabajadores”.
[52] Sentencia
T-832A de 2013.
[53] Sentencia T-1268 de
2005.
[54] "En caso de
conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece
la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad".
[55] Sentencia T-290 de 2005.
Dicho principio se ha reiterado en las Sentencias T-470 de 2002, T-594 de 2011, T-668 de 2011, T-298 de 2012,
T-595 de 2012, T-1042 de 2012 y T-1074 de 2012, entre muchas otras.
[56] Sala de Casación
Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 30581 del 9 de julio de 2008,
M.P. Luis Javier Osorio López.
[57] Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sentencia
40662 del 15 de febrero de 2011, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[58] Folio
19, cuaderno No. 1.
[59] Artículo 48: “La
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.”
[60] Ley 100 de 1993 “Por
la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones”.
[61] “[…] [L]a
finalidad de la pensión de sobrevivientes, es suplir la ausencia repentina del
apoyo económico del pensionado o del afiliado a los allegados dependientes y,
por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Una decisión administrativa, que desconozca esa realidad, e
implique por consiguiente la reducción de las personas a un estado de miseria,
abandono, indigencia o desprotección, es contraria al ordenamiento jurídico por
desconocer la protección especial que la
Constitución le otorgó al mínimo vital y a la dignidad humana como derechos
inalienables de la persona, y a los principios constitucionales de solidaridad
y protección de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta,
como soportes esenciales del Estado Social de Derecho”. Sentencia T-236 de 2007.
[62] Sentencia C-080 de 1999
[63] Sentencia T-190 de 1993.
[64] Sentencia C-336 de 2008.
[65] Sentencia T-190 de 1993.
[66] Sentencia T-049 de 2002. Ver, entre otras,
las Sentencias T-072 de 2002, T-996 de 2005 y C-336 de 2008.
[67] Sentencia
C-1176 de 2001.
[68] “[…] [E]n estos casos la lesión a sus derechos fundamentales
tiene un efecto particularmente severo en la medida en que estos sujetos se
encuentran previamente en una especial condición de desamparo, la cual se hace
mucho más gravosa ante el no reconocimiento del derecho pensional.”
Sentencia T- 836 de 2006.
[69] Folio
39, cuaderno No. 1. Según lo relatado por la actora, su mesada pensional no
alcanza a la suma de $1.500.000 y de los múltiples descuentos que le hacen,
recibe un total mensual de $726.474 (Folio 9, cuaderno No. 1).
[70] Folios
42 al 60, cuaderno No. 1.
[71] Sentencia T-688 de 2011.
[72] Sentencia
T-900 de 2004, reiterada en sentencias  T- 541, T- 675 y T- 678 todas de
2006, entre otras.
[73] En la Sentencia C-543 de 1992, la Corte sostuvo que la Constitución prohíbe
establecer términos de caducidad para la presentación de las acciones de
tutela, toda vez que el artículo 86 de la Carta dispone que el de amparo es un
medio de defensa judicial que las personas pueden ejercer “en todo momento”
para la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
[74] “La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los
hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se
vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de
tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice
la acción”. Sentencia
SU-961 de 1999.
[75] Sentencia T-033 de 2010.
[76] Cfr. Sentencia T-288 de
2011.
[77] Sentencia SU-961 de
1999.
[78] Consultar, entre otras,
las Sentencias T- 1110 de 2005 y T-425 de 2009.
[79] Ver, entre otras,
sentencias T-158 de 2006 y T-792 de 2007.
[80] Ver la
Sentencia T-1013 de 2006.
[81] En el caso que concluyó
con la sentencia T-1028 de 2010, la Corte debía dirimir una
controversia similar a esta, sobre la inmediatez de la tutela promovida por una
persona contra una providencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en la cual se le había negado la pensión de sobrevivientes
reclamada. En tal ocasión, habían transcurrido dos años y ochos meses entre la
expedición del fallo de casación demandado y la presentación de la tutela. Sin
embargo, la Sala Octava de Revisión estimó que la tutela era procedente. Sobre
el particular consideró: “a
pesar del paso del tiempo, la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales permanece, es decir, continúa y es actual”.
[82] Sentencia C-198 de 1999:“El
Legislador puede entonces consagrar la prescripción extintiva de derechos
patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional, incluso si
éste es fundamental, siempre y cuando el término sea proporcionado y no afecte
el contenido esencial mismo del derecho constitucional. Aplicando estos
criterios, esta Corte concluyó que la ley no podía consagrar la prescripción
del derecho a la pensión como tal, aunque sí podía establecer un término
temporal para la reclamación de las distintas mesadas”. Ver igualmente, las
sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, radicado No. 14.184, del 26 de septiembre de 2000, y, de la
Corte Constitucional, las Sentencias C-230 de 1998,
SU-430 de 1998, C-624 de 2003, T-274 de 2007 y T-932
de 2008, entre otras.
[83] Folio
1, cuaderno No. 1.
[84] Ver, entre otras, las
Sentencias T-571 de 2002, T-019 de 2008, T-957 de 2010, T-1003 de 2010, T-430
de 2011 y T-1074 de 2012.
[85] Sentencia
T-007 de 2014.
[86] Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005.
[87] Sentencia T-205 de 2004.
[88] Consultar las Sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001.
[89] Ver la Sentencias T-1244 de 2004 y T-462 de 2003.
[90] Sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004.
[91] Sentencia T-056 de 2005.
[92] Sentencia SU-159 de 2002. Citada de la Sentencia T-781 de
2011.
[93]
Sentencia T-462 de 2003.
[94] Folio
19, cuaderno No. 1.
[95]
Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 30581 del 9 de
Julio de 2008, M.P. Luis Javier López Osorio.
[96] Ver la sentencia de la Sala de Casación
Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón.
Diciembre 9 de 2008. Radicación No.32642. En esta
providencia se conoce en casación una sentencia del Tribunal de Medellín, en la
cual, se concede una pensión de sobrevivientes, con base en el principio de la
condición más beneficiosa. El caso es de un señor que fallece el 20 de
diciembre de 2013, por lo cual, el régimen aplicable para reclamar la pensión
de sobrevivientes es el establecido en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
Sin embargo, en aras de aplicar la condición más beneficiosa, dice la Corte que
ha debido observarse el artículo 46 de la Ley 100, antes de que fuera reformado
por el 12 de la Ley 797, y no, el Acuerdo 049 de 1990, tal y como lo hizo el
Tribunal. Con base en tales argumentos casó la sentencia. Lo anterior se dijo
en los siguientes términos: “En otras palabras, no
es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más
beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento
pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema
de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir
plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales
del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de
2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a la
norma reemplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y
condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la
condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio
histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100
de 1993 que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la
que viene al caso,  para darle un especie de efectos “plusultractivos”, que
resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la
Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos
decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de
febrero de 2008 (rad. 32642). Con base en esos antecedentes, para la Corte
queda claro que como el fallecimiento del afiliado al régimen de prima media
con prestación definida, Manlio César Acevedo
Meneses, ocurrió por muerte natural el 20 de diciembre de 2003, la norma
llamada a regular la situación debatida, en principio, es el artículo 12 de la
Ley 797 del 29 de enero de 2003, que exige, primeramente, que quienes aspiren a
la prestación de sobrevivencia como causahabientes del afiliado fallecido en
tales circunstancias, acrediten que éste, en los 3 últimos años anteriores al
deceso, en este caso entre el 19 de diciembre de 2000
a la misma fecha del año 2003, hubiere cotizado al menos 50 semanas. Además,
que al menos 25% de las contribuciones al sistema hubieren sido sufragadas
después de los 20 años de edad, si la muerte ocurre tras enfermedad, o de 20%,
si se da por accidente. La regla de 2003, sin lugar a dudas, hizo más rigurosos
los requisitos y condiciones que estaban vigentes hasta el 28 de enero de ese
año, pues la fidelidad al sistema, en el artículo 46 de Ley 100 de 1993
reemplazado por el hoy vigente, contemplaba dos eventos: Uno, respecto de quien
falleció siendo afiliado activo y cotizante, caso en el cual suficiente
resultaba haber pagado 26 semanas al momento de la muerte. La otra, con
relación a quien estuvo afiliado pero dejó de cotizar al sistema, eventualidad
en la que era necesario haber efectuado 26 semanas de aportes en el año
inmediatamente anterior a la defunción. Cualquiera de estas opciones dadas, que
rigieron hasta enero de 2003, eran mucho más flexibles que las de la Ley 797. Luego,
sí es admisible que frente al cambio introducido por ésta, si un afiliado
falleció del 29 de enero de 2003 en adelante, en el supuesto de hallarse en
alguna de las dos situaciones planteadas por la norma derogada, habilitaba a
sus causahabientes para que se les reconociera la pensión de sobrevivientes en
los términos contemplados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su texto
original, en virtud de la regla no explícita de la condición más beneficiosa.
Lo que no cabía era acudir a una legislación anterior a la Ley 100 de 1993,
pues no está en discusión que el causante falleció en vigencia de la Ley 797 de
2003, razón por la cual el alcance dado por el Tribunal a la jurisprudencia que
estructuró la regla de la condición más beneficiosa, no es el que se acompasa
con el sentido y la hermenéutica de la misma Corte Suprema de Justicia, como ya
se explicó”. En la
sentencia de la Sala de Casación Laboral, de la Corte
Suprema de Justicia, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo,
Radicación N.° 45869. Julio 2 de 2014, se casa la sentencia del Tribunal
de Pereira, en la cual se había otorgado la pensión de sobrevivientes, porque
se aplicó como condición beneficiosa el Acuerdo 040 de 1990, pero el causante
falleció en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por lo que, la
Corte reconoce que la condición más beneficiosa para los beneficiarios del
causante era el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993. Así lo dice la
providencia: “ii.-) En relación con el segundo aspecto reprochado, como
quedó sentado el fallecimiento del causante CARLOS ALBERTO GRISALES BASTIDAS
fue el 27 de agosto de 2004, lo que significa que la norma que en principio
rige el caso es la Ley 797 de 2003. Ahora bien, si se pretendiera aplicar el
principio de la condición más beneficiosa, no es procedente adoptar el Acuerdo
049/90 para atender a sus requisitos, ya que su aplicación no le permite al
juzgador aplicar de manera indiscriminada o en consideración a su conveniencia
cualquier norma legal que haya regulado el asunto en el pasado, sino la
inmediatamente anterior en cuya vigencia el afiliado vea afectado su derecho a
acceder al beneficio prestacional con ocasión de la nueva ley sobreviniente”.
[97] Según la jurisprudencia
sobre el particular: “para poder aplicar el principio de la condición más
beneficiosa (…), es necesario que el afiliado cumpla con la densidad de semanas
de la norma inmediatamente precedente” (énfasis añadido). Sala de
Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38674 del 25 de julio de
2012, M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve y
Luis Gabriel Miranda.
[98]El
siguiente es el contenido del artículo 272 de la Ley 100 de 1993. “Aplicación
preferencial. El Sistema Integral de Seguridad Social establecido en la
presente Ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando menoscabe la
libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores.||En tal
sentido, los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo
53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia”. Sin
perjuicio de estos principios, en el campo de los derechos a la seguridad
social y al trabajo también opera el principio de retrospectividad de la ley,
el que sin embargo no se abordará en esta oportunidad. Sobre el contenido de
este precepto puede consultarse la Sentencia T-110 de 2011 (M.P. Luis Ernesto
Vargas)