T-069-15
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-069/15
LEGITIMACION
DE SINDICATO PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA A FAVOR DE SUS AFILIADOS
Específicamente,
en las asociaciones de trabajadores, la Corte Constitucional ha reiterado de
manera clara que dichas personas jurídicas tienen legitimidad para presentar la
acción de tutela en dos eventos: “i) cuando ejercen la defensa de sus propios
derechos fundamentales, o (ii) cuando buscan la protección de los derechos
fundamentales de los trabajadores sindicalizados”. En la primera situación, el
sindicato solicita directamente la protección de sus derechos, como en el caso
de vulneración del debido proceso. En la segunda hipótesis, la citada persona
jurídica actúa para salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos que
la conforman, verbigracia, los derechos a la igualdad o de asociación sindical.
De acuerdo a las particularidades de los casos sometidos a revisión, la Sala se
detendrá en el segundo escenario. A través de su representante, el sindicato
podrá representar los intereses de sus asociados cuando la vulneración de los
derechos fundamentales supere la órbita individual del trabajador y se inscriba
en un ámbito colectivo que tenga la finalidad de proteger  a la asociación. Tal
consideración no desconoce que la actuación de la persona jurídica tenga
incidencia en el plano particular del trabajador; empero, ese efecto es
consecuencia de la salvaguarda colectiva. En contraste, la organización de
trabajadores no podrá representar en principio a los empleados, en el evento en
que aboga por intereses individuales que no afectan a la persona moral, pues se
persigue la satisfacción de beneficios particulares que no involucran al
sindicato.
LEGITIMACION
POR ACTIVA DE ORGANIZACION SINDICAL-A través del
Presidente del Sindicato o miembros de la Junta Directiva, no es necesario
aportar poder o manifestación de la facultad de representación
ACCION
DE TUTELA TEMERARIA-Elementos para su configuración
TEMERIDAD
EN MATERIA SINDICAL-Se debe tener en cuenta la legitimación
por activa en las situaciones en que los sindicatos y sus afiliados concurren
para solicitar la protección de sus derechos
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA-Procedencia de la
acción de tutela para la protección de los derechos de los trabajadores
asociados
Esta
Corporación ha sido clara en señalar que en ciertos supuestos la acción de
tutela se convierte en el medio adecuado para conjurar la vulneración de los
derechos a la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la igualdad y
al trabajo que padecen las organizaciones de trabadores, porque carecen de
herramienta procesal ordinaria de naturaleza judicial que detenga la afectación
a esos principios constitucionales. Ello ocurre cuando el empleador ejerce
actos de discriminación contra los miembros del sindicato o se niega a negociar
con la asociación de los trabajadores.
PRINCIPIO
DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Inaplicación cuando violación
persiste en el tiempo
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL Y DE NEGOCIACION COLECTIVA-Alcance
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL-Naturaleza
El derecho a la asociación sindical tiene naturaleza
fundamental, rango que deviene de las normas Constitucionales entre las que se
encuentran los Convenios 87 y 98 de la OIT. La estructura del derecho a la
asociación sindical implica dimensiones individuales, colectivas e
instrumentales. La Corte se ha pronunciado sobre dicha garantía para
salvaguardarla, en el evento en se presenta una discriminación contra los
trabajadores sindicalizados o los convencionales.
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL-Protección constitucional e internacional
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL-Reglas jurisprudenciales respecto a las
discriminaciones a trabajadores sindicalizados o los que se rigen por la
convención
i. La creación injustificada de estímulos a los
trabajadores no sindicalizados se erige en violación del derecho a la igualdad
respecto de los trabajadores sindicalizados. Ello, porque la concesión de
beneficios no justificados a los trabajadores que no hacen parte de un sindicato,
promueve la deserción del sindicato, habida cuenta que sus miembros se ven
discriminados en aspectos de su relación laboral, por el sólo hecho de
pertenecer a este tipo de asociaciones; ii) el derecho fundamental a la
asociación sindical y a la igualdad se vulnera en el evento en que se exige al
trabajador la renuncia al sindicato o de los derechos convencionales para
acceder a los beneficios de un pacto colectivo; iii. la identificación de un
pacto colectivo depende de los efectos que tiene sobre las relaciones laborales
y no sobre el cumplimiento de las formalidades legales o reglamentarias.
Entonces prima un criterio material para evaluar los acuerdos entre los
empleados y los empleados, los cuales pretenden resolver los conflictos
colectivos; iv. las cláusulas de los acuerdos pueden vulnerar los derechos a la
asociación colectiva y a la igualdad cuando excluyen de forma injustificada a
algún trabajador o cuando impiden su afiliación al sindicato o a la suscripción
de la convención; v. el derecho fundamental a la asociación sindical se vulnera
cuando se crea estímulos directos o indirectos para que los trabajadores se
retiren del sindicato o con el fin de que los empleados no sindicalizados
beneficiarios de la convención renuncien a la aplicación del régimen
convencional.
DERECHO DE
NEGOCIACION COLECTIVA-Alcance y finalidad
PACTO COLECTIVO Y
CONVENCION COLECTIVA-Finalidad
La convención colectiva tiene la función de dar
solución y finalizar los conflictos colectivos de trabajo con el fin de evitar
que tales discusiones incurran en huelga. Por ende, esos acuerdos es un
instrumento para la negociación. De otro lado, los pactos colectivos son
considerados como una forma de solucionar los conflictos entre los empleadores
y los trabajadores. Sin embargo, regulan las condiciones laborares entre la
empresa y los empleados que no pertenecen al sindicato, quien se reunirán en
una coalición momentánea mientras se suscribe el acuerdo. Así, el artículo 481
del CST señaló que: “…el pacto colectivo se celebra entre empleadores y
trabajadores no sindicalizados y se aplica exclusivamente a los últimos que lo
hayan suscrito o se adhieran posteriormente a ellos.”.
PROCESO DE
NEGOCIACION COLECTIVA-Etapas
DERECHO DE
NEGOCIACION COLECTIVA-Garantía constitucional
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Vulneración por Avianca, por cuanto
estableció un pacto colectivo con mayores beneficios que la convención
colectiva de trabajo y que solo se reconoce a los empleados no sindicalizados
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL Y DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminación por
Avianca al establecer Plan Voluntario de Beneficios a trabajadores no
sindicalizados frente a los beneficios de la Convención colectiva, generando
deserción del sindicato
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL Y DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración por
Avianca, al exigir al trabajador la renuncia al sindicato o de los derechos
convencionales, para acceder a los beneficios del Plan Voluntario de Beneficios
PVB
La Sala considera que AVIANCA vulneró los derechos a
la asociación sindical de los actores y de paso de la ACDAC, porque creó un
pacto colectivo que tiene mayores beneficios que la convención colectiva,
escenario que produjo la deserción de miembros del sindicato y la exclusión de
los trabajadores del régimen convencional. Además, la empresa conculcó los
derechos de los peticionarios, como quiera que condicionó el acceso de los
beneficios del PVB a su suscripción integral o a la modificación del clausulado
de la convención colectiva. Las vulneraciones señaladas se presentaron en el
marco de una línea de conducta que evidencia que la sociedad de aviación
accionada pretende presionar al sindicato con el que se encuentra en una
discusión colectiva. En consecuencia, como mecanismo de reparación de la
infracción constitucional, el empleador debe proceder a igualar los beneficios
que se encuentran en el PVB a las prestaciones que se regulan en la convención.
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL Y DE NEGOCIACION COLECTIVA-Vulneración por
Avianca, por cuanto se ha negado a iniciar el proceso de resolución de
conflictos, bajo el argumento que el sindicato denunció de forma extemporánea
la convención colectiva, acto necesario para iniciar la etapa de arreglo
directo
DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL Y DERECHO A LA IGUALDAD-Orden a Avianca
que extienda a los trabajadores sindicalizados, los beneficios que se
establecieron en el Plan Voluntario de Beneficios, con  efecto inter comunis
Referencia:
Expedientes T-4.294.297, T-4.316.566, T-4.324.340, T-4.330.192, T-4.354.060,
T-4.363.853, T-4.369.843, T-4.371.787, T-4.376.027, T-4.385.804, T-4.392.801,
T-4.397.563, T-4.399.693, T-4.421.580, T-4.435.249, T-4.536.832, T-4.547.067.
Acciones de tutela instauradas por
Julián Gustavo Pinzón Saavedra, Edgar Alonso Obando Vilalcis[1],
Fernando Jáuregui Pinilla[2], Jorge Mario Medina Cadena[3], Diana María Rubio Martínez[4], Guillermo Enrique Robayo
Garrido[5] y Jaime Hernández Sierra en
nombre propio[6], así como en representación de
varios aviadores[7] y de la Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles – en adelante ACDAC[8]
contra Aerovías del Continente Americano -AVIANCA S.A.-.
Magistrada (e) Ponente
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Bogotá, D.C., dieciocho
(18)  de febrero de  dos mil quince (2015).
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política
y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA.
Mediante
la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela
dictados dentro de los procesos de la referencia, en su orden:
Expediente
Fallos de tutela
T-4.294.297
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado
Treinta y Cuatro Penal Municipal de Bogotá, del 4 de diciembre de 2013.
Segunda
Instancia: sentencia
del Juzgado
Cuarenta y Cinco Penal de Conocimiento del Circuito de Bogotá, del 11 de
febrero de 2014.
T-4.316.566
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado
Veintiséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, del 30 de
diciembre de 2013.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Cuarenta
y Nueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, del 12 de
febrero de 2014.
T-4.324.340
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Cuarenta
y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del 25
de enero de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, del 7 de marzo de 2014.
T-4.330.192
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Treinta
y Siete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del 23
de enero de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Treinta
y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, del 25 de
febrero de 2014.
T-4.354.060
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Diecinueve Penal Municipal de
Conocimiento de Bogotá, del 26 de febrero de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Segundo
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, del 10 de
abril de 2014.
T-4.363.853
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Treinta
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, del 31 de enero de
2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Cuarenta
y Uno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, del 15 de
marzo de 2014.
T-4.369.843
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Sesenta
y Nueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del 26 de diciembre de 2013.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Cuarto
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, del 11 de febrero
de 2014.
T-4.371.787
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Bogotá, del 4 de marzo de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Treinta Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, del 21 de abril de 2014.
T-4.376.027
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del 4 de marzo de
2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Treinta Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, del 10 de abril de 2014.
T-4.385.804
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Dieciséis
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del 19 de
marzo de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Cincuenta
Penal del Circuito de Bogotá,  del 12  de mayo de 2014.
T-4.392.801
Primera
Instancia: sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá- Sala Laboral, del 12 de marzo de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia de la Corte Suprema de
Justicia- Sala de Casación Laboral, del 30  de abril de 2014.
T-4.397.563
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Once
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, del 27 de marzo de
2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Veinticuatro
Penal del Circuito con Función de Conocimiento, 16 de mayo de 2014.
T-4.399.693
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Setenta y Dos
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del 29 de
enero de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Cuarenta y Dos
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, del 13 de marzo de
2014.
T-4.421.580
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Dieciocho
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, del 9 de abril de
2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Cuarenta
y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, del 30 de
abril de 2014.
T-4.435.249
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Cuarenta
y Tres Penal Municipal de Bogotá, del 31 de marzo de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Sexto
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, del 21 de mayo de
2014.
T-4.536.832
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Sesenta
y Cuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del
10 de junio de 2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Veintiuno
Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, del 28 de julio de 2014.
T-4.547.067
Primera
Instancia: sentencia del Juzgado Noveno
Penal Municipal Con Función de Conocimiento de Bogotá, del 16 de junio de
2014.
Segunda
Instancia: sentencia del Juzgado Treinta
y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, del 29 de
julio de 2014.
I.
ANTECEDENTES
Los siguientes expedientes corresponden a ciudadanas y ciudadanos que
pertenecen a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (en adelante ACDAC),
así como al Sindicato de Auxiliares de Vuelo  (en adelante ACAV[9]),
quienes trabajan para Aerovías del Continente Americano (en adelante AVIANCA
S.A.). Los accionantes presentaron demanda en nombre propio o actuando a través
del presidente del sindicato, el capitán Jaime Hernández Sierra, solicitando a los
jueces constitucionales la garantía de sus derechos fundamentales a la
asociación sindical y a la igualdad, porque la empresa negó el reconocimiento
de unos beneficios que fueron concedidos a los trabajadores no sindicalizados.
Así mismo, el representante de la asociación sindical de aviadores advierte que
la empresa demandada ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva de la
organización, puesto que se ha negado a iniciar la etapa de concertación.
Teniendo en cuenta el número de casos que la Corte revisará, se
hará un resumen de sus hechos de manera global con el fin de sintetizar los
aspectos fácticos relevantes y permitir un mejor entendimiento de esta
providencia. Cabe resaltar, que la situación fáctica de los expedientes
analizados discurre en torno de un conflicto entre un grupo de trabajadores y
su empleador, por lo que al plantear una posible vulneración colectiva de derechos
fundamentales, comparten los hechos y los medios de convicción. Por ende, los
supuestos de hecho y las pruebas se presentarán de forma conjunta.
En contraste, los fallos de instancia y las impugnaciones son disímiles,
dado que algunos jueces concedieron el amparo de derechos y otros negaron el
mismo por motivos de improcedencia o de fondo. Por tanto, se agruparán las
sentencias dependiendo de su decisión frente a la protección de derechos.
Además, la Sala realizará una separación entre los sindicatos en
los que son miembros los accionantes con el fin de identificar y diferenciar
los hechos objeto de discusión en los procesos.
1.
Afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC
1.1.
Hechos
1.1.1. Los
(as) demandantes se desempeñan como pilotos de la empresa AVIANCA.
1.1.2. El 22 de marzo de 2013, la Asociación Colombiana de Aviadores
Civiles ACDAC denunció la convención colectiva que celebró con la compañía
accionada.
1.1.3. El 31
de marzo de esa anualidad, la convención colectiva celebrada entre ACDAC y
AVIANCA perdió su vigencia sin que se negociara su renovación y sin que la
asociación sindical hubiese presentado el pliego de peticiones.
1.1.4. Entre
los meses de septiembre y octubre del año 2013, los Directivos de la empresa
AVIANCA y los miembros del sindicato ACDAC celebraron una mesa de diálogo
dirigida por el Ministro del Trabajo, con el fin de acordar mejoras a las
condiciones laborales de los pilotos. Sin embargo, las partes no llegaron a
acuerdo alguno.
1.1.5. Los
Directivos de AVIANCA ofrecieron el Plan Voluntario de Beneficios (en adelante
PVB) a los trabajadores no sindicalizados. EL PVB incluye los incrementos
económicos de: i) remuneración mensual pactada en régimen de salario global;
ii) régimen de salario integral; iii) prima de antigüedad; iv) prima de
alimentación; v) auxilio de transporte; vi) prima de vacaciones; vii) auxilio
de maternidad; viii) auxilio por traslado permanente; ix) auxilio educativo; x)
viáticos; xi) prima de navegación; xii) incentivo por no ausentismo; xiii)
seguro de vida; xiv) uniformes; y xv) aumentos salariales (sumas que acuerden
en el PVB).
1.1.6.  Más
adelante, la compañía envió por correo electrónico y a las direcciones de
residencia de todos los pilotos el plan salarial referido con el fin de que
suscribieran dicha oferta.
1.1.7. En
atención a las comunicaciones, los trabajadores se reunieron con miembros de la
empresa en diferentes lugares de la ciudad para suscribir los PVB, acuerdos que
implicaban la adscripción integral a ese régimen salarial y la exclusión de los
beneficios convencionales.
1.1.8. El 9 de
octubre de 2013, AVIANCA envió una comunicación a todos los pilotos solicitando
que se acogieran de manera integral al PVB.  Además, la empresa ofreció un bono
especial que cubriría el retroactivo salarial, siempre que la persona
suscribiera en integridad el Plan Voluntario de Beneficios.
1.1.9. Los
pilotos sindicalizados solicitaron a la compañía de aviación demandada que
extendiera el pago del bono especial y los otros incrementos que se
reconocieron a los trabajadores que suscribieron el pacto colectivo sin perder
los beneficios convencionales. La empresa negó esas peticiones, porque las
prestaciones contenidas en el PVB solo se causan con la aceptación integral de
ese régimen jurídico por parte del trabajador.
1.1.10.
La
sociedad accionada otorgó un plazo para que los pilotos aceptaran el PVB y
recibieran el bono especial, tiempo que venció el 25 de octubre de 2013.
1.1.11.
Como
resultado de esas actuaciones, 150 miembros del sindicato suscribieron el PVB
motivado por sus beneficios económicos. El presidente del ACDAC informó a esos
aviadores que la firma de dicha oferta del plan implicó la renuncia a la
organización sindical.
1.1.12.
AVIANCA
pagó el bono especial a los pilotos sindicalizados que suscribieron el PVB,
dinero que correspondía a la diferencia salarial causada entre abril y
septiembre de 2013, fechas de la suscripción del PVB y su entrada en vigencia. Entre
otros, Jorge Mario Medina Cadena miembro de la junta directiva de ACDAC recibió
ese desembolso.
1.1.13.
El 17 de diciembre de 2013, la asociación sindical a la que
pertenecen los solicitantes presentó pliego de peticiones a la empresa de
aviación accionada, documento que incluye nuevos beneficios para los aviadores
sindicalizados[10]. Dicha presentación se
notificó al Ministerio del Trabajo.
1.1.14.
La empresa demandada se ha negado a iniciar los procesos de
negociación, porque considera que ese período terminó con la prórroga de la
convención colectiva de trabajo y la ACDAC no denunció en forma oportuna la
convención colectiva.
1.1.15.
El 3 enero de 2014, ACDAC presentó querella contra la compañía
accionada ante el Ministerio de Trabajo, debido a que esta se ha negado a
iniciar el proceso de negociación. La autoridad pública no se ha pronunciado al
respecto.
1.2.
Argumentación de las demandas
1.2.1. Los accionantes
manifestaron que la actuación de la empresa AVIANCA desconoció sus derechos a
la asociación sindical y a la igualdad, al omitir el reconocimiento del bono
especial y los beneficios establecidos en el PVB para los trabajadores no
sindicalizados. Los incentivos económicos que tiene dicho régimen salarial
pretenden someter a los pilotos a aceptar la oferta del plan, consentimiento
que implica la desafiliación del sindicato. Al mismo tiempo, adujeron que dicha
actuación vulnera su derecho a la igualdad, dado que la compañía no reconoce
que debe extender los beneficios de los aviadores que no pertenecen a la
asociación sindical a quienes se encuentran sindicalizados, tal como advierte
la sentencia SU-570 de 1996.
Para
los actores, el bono especial y el PVB son presiones que deben soportar los
trabajadores que pertenecen a la ACDAC, las cuales tienen la finalidad de
debilitar al sindicato por medio de la desafiliación de sus miembros y evitar
el aumento de nuevos adeptos. Indican, que la sociedad de aviación incurrió en
las acciones negativas patronales identificadas en el inciso segundo del
numeral 2 del artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el
artículo 39 de la Ley 5 de 1990. Por ejemplo, las constantes comunicaciones
enviadas a los correos personales al igual que a las residencias de los pilotos
y los despidos de los aviadores sin justa causa, como ocurrió con el Capitán
Roither, caso que fue conocido por un juez constitucional, quien finalmente
ordenó el reintegro correspondiente del trabajador.
Observaron
que el trato discriminatorio que padecen los empleados sindicalizados se
encuentra proscrito por el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo. Además,
precisaron que dicho acto de desigualdad se materializó en que el texto del PVB
expresó que “quien así lo hiciere no podrá beneficiarse simultáneamente de
cualquier otro régimen de beneficios extralegales existentes en la compañía”.
Los
demandantes aseveraron que el Ministerio del Trabajo multó a AVIANCA por
conductas similares a las descritas, sanciones impuestas por las resoluciones
0000639 del 23 de mayo de 2013, 0000985 del 26 de julio de 2012, 1427 de ese
mismo años y 204 de marzo de 2013
1.2.2. Agregaron
que el PVB modifica la convención colectiva de trabajo en aspectos que generan
un evidente perjuicio para los miembros del sindicato. Al respecto, la oferta
del plan incluye: i) asignaciones de vuelo en las que los trabajadores deben
completar la jornada laboral, con independencia de que estén enfermos o
incapacitados, para que se les pague; ii) puntualidad en la llegada de los
vuelos, que depende de las acciones laborales de otros empleados, las cuales no
se pueden controlar; iii) técnicas de llenado de combustible, que se refiere al
tiempo de preparación de la aeronave, condición que está ligada a factores
externos, verbigracia, la autorización de la torre de control, el tráfico
aéreo, aviones con prioridad, condiciones meteorológicas, entre otras. Sobre
estas condiciones, el aviador tiene un control demasiado reducido; y iv) modificación
del sistema de acumulación de días libres que afecta su descanso.
1.2.3. Además,
advirtieron que tanto los pactos y las convenciones colectivas son formas de
resolver los conflictos que surgen entre el empresa y el trabajador. Dichos
acuerdos tienen fuerza obligatoria legal y contractual y su  diferencia radica
en las partes que negocian sus cláusulas. Las convenciones comprenden un
acuerdo entre el empleador y los trabajadores sindicalizados. En contraste, el
pacto colectivo implica una discusión entre la compañía y los empleados que no
pertenecen a la asociación sindical. Así, recordaron que el empleador tiene
reducida su libertad de negociación en los pactos colectivos, en el evento en
que coexiste con la convención. Esa restricción se materializa en el respeto y
cumplimiento de normas legales, así como constitucionales.
1.2.4. El
director del sindicato de ACDAC[11]
aclaró que nunca ha expulsado a un miembro de la organización. Lo que sucede es
que ha comunicado a sus afiliados que la aceptación del PVB implica la renuncia
a la asociación sindical, de acuerdo a los artículos 481 y 467 del Código
Sustantivo del Trabajo.
1.2.5. En
relación con los requisitos de forma, los peticionarios y sus representantes
adujeron que la acción de tutela es procedente, porque los medios ordinarios de
defensa judicial no ofrecen una completa protección al derecho fundamental al
trabajo, a la asociación sindical y a la negociación colectiva. De similar
forma, adujeron que la demanda constitucional desplaza las herramientas
ordinarias, toda vez que intenta amparar una dimensión que hace parte del
núcleo esencial del derecho al trabajo, como es la igual remuneración por
desempeñar labores similares.
1.3.
Contestación de la demanda
1.3.1. El abogado
Eduardo López Villegas, apoderado de la empresa de aviación solicitó que las
acciones de tutela de la referencia fuesen negadas con sustento en los
siguientes argumentos:
1.3.1.1.
En los procesos en que el capitán Jaime Hernández Sierra fungió
como representantes de los pilotos y los copilotos existe la falta de
legitimación en la causa en la parte activa, toda vez que no allegó los
documentos que acreditaran la representación de las personas en cuyo nombre
actuó o la pertenencia al sindicato de las mismas.
1.3.2. La
acción de tutela es improcedente, en la medida que los actores solicitaron
prestaciones económicas, peticiones que corresponden a un proceso ordinario y
no a la acción de amparo de derechos. El profesional en derecho resaltó que no
se encuentra afectado el mínimo vital de los actores, dado que estos devengan
un salario equivalente a 25 SMLV. Tales condiciones evidencian la improcedencia
de la tutela para extender los beneficios de la oferta del plan a los
solicitantes, pues no existe el riesgo que se configure un perjuicio
irremediable en sus derechos. Además, adujo que la discusión que plantean los peticionarios
es de rango legal y no constitucional, por eso dicha causa corresponde al juez
laboral en el marco de un proceso ordinario.
En ese ámbito procesal, adujo que resolver
de fondo la demanda de tutela implica desconocer la competencia que tiene el
Ministro del Trabajo para conocer de las querellas presentadas por los
trabajadores contra los empleadores que se originen en la vulneración del
derecho a la asociación sindical y en la negativa de iniciar conversaciones.
1.3.3. El
abogado precisó que el PVB no es un pacto colectivo, sino una oferta del plan
que pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la
compañía. El PVB no supone un acuerdo previo colectivo e incumple con las
condiciones que exige la ley para esa figura. En realidad, ese convenio es un
plan general de carácter integral. Subrayó que la  jurisprudencia y la ley han
considerado de forma reiterada además de pacifica, que los regímenes salariales
son integrales. Por eso, en la oferta del plan aplica el principio de
inescindibilidad del régimen salarial, mandato que prohíbe la coexistencia de
varios regímenes salariales en un solo trabajador.  Al respecto, citó
sentencias de la Corte Suprema de Justicia que señalan que los trabajadores que
pertenecen a varios sindicatos deben escoger la convención colectiva que más
los beneficie y no obtener ventaja de varios acuerdos[12].
Al mismo tiempo, estimó que la sentencia SU-569 de 1996
reconoció que el empleador tiene la potestad de crear beneficios para todos los
trabajadores a través de mecanismos como el Plan Voluntario de Beneficios. Por
ende, las medidas prohibidas para la empresa se concretan en condicionar esas
ventajas a la renuncia al sindicato, exigencia que su representada jamás
formuló a los trabajadores.
En
ese contexto, adujo que los beneficios del PVB y el bono único especial
dependen que el piloto suscriba la oferta del plan y no de la afiliación al
sindicato. Por ello, la empresa nunca ha exigido a algún trabajador de AVIANCA
la renuncia a la ACDAC para acceder a las ventajas del régimen salarial
propuesto por la sociedad. Así mismo, reiteró que la empresa no ha desplegado
acto alguno de presión con el fin que los empleados acepten el plan propuesto.
1.3.4.
El
apoderado de la empresa de aviación aclaró que la oferta del plan pretende mejorar
las condiciones salariales de los pilotos y no modificar la convención
colectiva de trabajo o estimular la desafiliación de los miembros del sindicato
a la ACDAC. De hecho, informó que las vinculaciones a la organización de
trabajadores han aumentado en el período de negociaciones realizada entre la
sociedad y los trabajadores. En realidad, las presuntas desafiliaciones de los
empleados que pertenecen la asociación de trabajadores son expulsiones
unilaterales de esa entidad de los miembros que suscribieron la oferta del plan,
exclusiones que vulneraron el reglamento así como los estatutos de ACDAC. Con
esa actuación, la organización incurrió en abuso del derecho a la asociación
sindical, tal como muestran las comunicaciones enviadas por Jaime Hernández
Sierra, presidente de la asociación sindical, a los pilotos que aceptaron el
PVB.
1.3.5.
Aseveró
que AVIANCA no ha vulnerado el derecho a la igualdad de los accionantes, como quiera
que ofreció el plan a todos los pilotos de la compañía incluidos los actores.
Entonces, ellos tuvieron toda la libertad para decidir si asentían los
beneficios que ofertó la compañía. Todos los pilotos tuvieron el mismo plazo
para aceptar el plan, período que feneció el 25 de octubre de 2013. La opción
de acceder a los beneficios ofrecidos por la empresa siempre respetó la
libertad de los trabajadores.
1.3.6.
Consideró
que la compañía no ha vulnerado el derecho al trabajo de los petentes, en la
medida que no ha: i) ocultado las condiciones de trabajo o funciones; ii)
dejado de cancelar el salario a los trabajadores; o iii) discriminado a algún
trabajador.
1.3.7.
De
otra parte, el apoderado de la entidad accionada adujo que en el evento en que
se conceda el amparo se vulneraría el derecho a la igualdad de los trabajadores
que aceptaron la oferta del plan, toda vez que los actores gozarían de las
condiciones más beneficiosas de los dos regímenes salariales. Además, reprochó
que los peticionarios pretenden beneficiarse de dos modelos de remuneración
distintos. En caso de que los pilotos sindicalizados quieran acceder a más
ventajas deberán realizar esas exigencias mediante los trámites legales de la
convención colectiva.
1.3.8.
También
advirtió que ACDAC no presentó de forma oportuna la denuncia de la convención
colectiva de trabajo, de modo que ese acuerdo se prorrogó de forma automática,
conforme establece el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo[13].
De igual modo, la asociación sindical omitió formular el pliego de peticiones,
acto indispensable para evitar la prórroga de la convención y entrar en un
trámite de negociación. Por consiguiente, el sindicato incumplió dos cargas que
debían ser realizadas coetáneamente y antes septiembre de 2013, si se quería
impedir la renovación del acuerdo convencional e iniciar el período de
discusión. Sin embargo, reconoció que la organización de los trabajadores se
encuentra dentro del plazo legal para denunciar la convención 2009-2013.
1.3.9.
Finalmente,
se opuso a la extensión del fallo de la referencia a todos los pilotos
sindicalizados que no son parte en el proceso, toda vez que no se encuentran
vinculados al mismo. Recordó que la acción de tutela tiene efectos inter
partes, de modo que la eventual decisión de amparo no puede extenderse a
quienes carecen de interés en el procedimiento
1.4.
Sentencias de primera instancia
Como se explicó en el inició de la
presente providencia, la Sala reseñará los fallos de primera instancia
agrupándolos en las decisiones que concedieron el amparo a los derechos de los accionantes
y en los proveídos que negaron dicha protección o consideraron que la demanda
era improcedente.
1.4.1.  Providencias que ampararon los derechos fundamentales[14]
1.4.1.1.
Los
jueces de primera instancia consideraron que la acción de tutela era
procedente, en la medida que se evidencia una relación de subordinación mediada
por un contrato laboral entre los accionantes y la empresa AVIANCA. Además,
señalaron que existe legitimación por activa en la presente demanda, dado que
la organización sindical puede solicitar la protección de derechos de la misma
persona jurídica o de los miembros que la componen, tal como ocurre en el caso
concreto[15].
Tampoco se configuró la temeridad, dado que no existe identidad de partes de
los procesos, en razón de que en unos expedientes el presidente del sindicato
actuó a nombre propio y en otros como representante de la asociación[16].
Por último, estimaron que la querella presentada ante el Ministerio de Trabajo
no es un mecanismo de defensa de judicial que pueda proteger los derechos de
los accionantes, dado que es un procedimiento administrativo.
1.4.1.2.
Frente
al fondo, los despachos judiciales manifestaron que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional establece que el juez de tutela puede decidir sobre las
violaciones al derecho a la asociación de los trabajadores de una empresa.
También, advirtieron que el asunto analizado es una controversia económica y
colectiva entre los trabajadores y el empleador sobre la convención colectiva,
así como las prestaciones del PVB.
Para los jueces constitucionales, la empresa accionada
violó los derechos a la igualdad y a la libre asociación sindical de los
actores, dado que les negó los beneficios que fueron reconocidos a los empleados
no sindicalizados. De esta manera, la empresa obligó a que los pilotos que
desearan acceder al PVB se desvincularan del sindicato, bajo el argumento de
que solo pueden acceder a un solo régimen salarial[17].
Incluso, precisaron que el empleador afectó los derechos de los trabajadores, al
estipular en el clausulado de la oferta del plan, que los suscriptores de dicho
acuerdo no podían beneficiarse de dos instrumentos salariales a la vez[18].
Además, la sociedad accionada vulneró el derecho a la
igualdad de los peticionarios, en la medida que en el PVB se consignó que
AVIANCA deberá igualar a sus suscriptores las condiciones salariales más
beneficiosas que fueran reconocidos a otros trabajadores, obligación que no
opera para los empleados que tienen la convención con ACDAC[19].
Los funcionarios judiciales encontraron probado que aceptar
el Plan Voluntario de Beneficios implica el desconocimiento implícito de la
convención colectiva, por lo cual no se puede sostener que existió una “expulsión
de los asociados del ACDAC por parte de la misma organización”[20].
Con el PVB, la empresa pretendió la renuncia tácita de los pilotos del
sindicato, actuación que vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y a
la libertad de asociación sindical, puesto que se crearon diversos planes de beneficios
que favorecen solo a los pilotos y copilotos que no se encuentran afiliados al
sindicato[21].
Incluso, la aceptación de la oferta del plan lleva consigo que el trabajador
carezca de incidencia alguna en ACDAC, pues las nuevas condiciones no pueden
ser negociadas en una convención[22].
Lo anterior, en la medida que el empleado quedó totalmente excluido de ese
acuerdo sindical y no podrán realizar propuesta alguna al respecto. La
coexistencia de la convención y del pacto reduce la afiliación sindical cuando
el segundo tiene mayores beneficios que el primero, escenario que afecta de
manera cierta el derecho de asociación, tal como sucede en el caso sub-examine[23].
Los jueces concluyeron que carece de justificación
negar a los accionantes el reconocimiento del bono especial, porque ese
beneficio tenía la finalidad de cubrir la diferencia que se produjo con los
retroactivos. Entonces, si la meta del bono era cancelar esos valores es incomprensible
las razones que llevaron a que dicho beneficio no se reconociera a todos los
trabajadores[24].
Aunado a lo anterior, aclararon que los efectos del
PVB se asimilan a un pacto colectivo, pues tiene la finalidad que AVIANCA
negocie condiciones salariales y prestacionales con los trabajadores que no
pertenecen a las organizaciones sindicales[25]. Al respecto,
citó la jurisprudencia de esta Corporación que señala que el criterio material
rige para identificar los pactos colectivos y no el cumplimiento de las
formalidades legales.
1.4.1.3.
Ahora bien, los juzgados estimaron que la empresa accionada
vulneró el derecho a la negociación colectiva, al negarse a iniciar las etapas
de discusión y de diálogo con los trabajadores afiliados al sindicato. Esa
conclusión se sustentó en que las partes del proceso realizaron la denuncia de
la convención en el mes de marzo, acto que autoriza la negociación sin importar
en que tiempo se presentaron los pliegos de peticiones, puesto que dicha
manifestación de terminar parcialmente con el acuerdo se produjo dentro de los
60 días anteriores al vencimiento de la convención, según establecen los
artículos 468 y 479 del CST[26]. Por ende, estimó que la negativa de AVIANCA
a negociar con el sindicato vulnera los derechos fundamentales de ACDAC.
1.4.1.4.
En
tal virtud, los jueces ordenaron extender los beneficios salariales así como
prestacionales de carácter legal o extralegal a los actores, que son
reconocidos a los empleados no sindicalizados. Además, dispusieron que AVIANCA
tenía la obligación de iniciar las etapas de negociación con la asociación
sindical demandante.
1.4.2.  Providencias que negaron la tutela de los derechos fundamentales[27]
1.4.2.1.
De un lado, los jueces de instancia consideraron que las demandas
presentadas por los actores eran improcedentes, porque: i) es un asunto de controversia
económica entre la empresa y los trabajadores que debe ser resuelto en una
negociación colectiva, un laudo arbitral o en una acción ordinaria laboral[28]. En este tema, señalaron que los
actores no demostraron la existencia de un perjuicio irremediable que
desplazara los medios ordinarios de defensa judicial que tienen a su
disposición para defender sus derechos[29],
ni argumentaron sobre la ineficacia o falta de idoneidad de esas herramientas
procesales[30]; ii) el presidente de la organización
sindical, el capitán Jaime Hernández Sierra, carece de legitimidad por activa
para presentar las demandas constitucionales a favor de los miembros del
sindicato, puesto que omitió aportar al proceso las manifestaciones de voluntad
de los actores que acceden a la representación de sus intereses por parte del
citado aviador[31]; y iii) existió temeridad en la acción
de tutela, pues el capitán Jaime Hernández Sierra presentó una tutela anterior
en la que representaba los intereses de los pilotos Francisco Luis Kocka,
Alejandro Londoño Garavito y Yeison Galeano Jiménez, demandantes en el proceso
de la referencia[32]. También aseveró que los peticionarios
no explicaron los parámetros de comparación entre los pilotos a quienes les cancelaron
el bono especial y ellos, argumentación necesaria para realizar un juicio de
igualdad[33].
1.4.2.2.
De otro lado, los funcionarios judiciales estimaron que AVIANCA no
vulneró los derechos fundamentales de los peticionarios a la asociación
sindical y a la igualdad, toda vez que: i) la empresa brindó las mismas
oportunidades para que todos los trabajadores decidieran si aceptaban el PVB,
posibilidad que no consideró la calidad de sindicalizado del empleado[34]. La sociedad demandada garantizó el
derecho de asociación sindical de los accionantes, al comunicar en forma
expresa que el acogimiento a la oferta del plan no afectaba la afiliación
sindical de los trabajadores miembros de la ACDAC; ii) no promovió la
desafiliación del sindicato, dado que la misma organización expulsó a sus
miembros que suscribieron el PVB[35]. De hecho, los jueces reprocharon que
los actores no cumplieron con la carga probatoria de demostrar que la compañía
originó la deserción sindical[36]; iii) la sociedad demandada no ha
obstaculizado el ejercicio del derecho de asociación, puesto que ha concedido
los permisos sindicales respectivos[37]; iv) la compañía no ejecutó acción
alguna para perjudicar a la asociación sindical. La sociedad no ha ofrecido
prebendas económicas a los trabajadores supeditadas a la desafiliación del
sindicato, por cuanto el acceso al PVB únicamente requiere suscribir el
documento de aceptación[38]; y v) la aceptación de la oferta del
plan por parte de los pilotos que se benefician del PVB es la justificación
para que los actores no reciban los dineros derivados de ese acuerdo, pues
ellos no aceptaron dicho régimen salarial.[39]
1.5.
Impugnaciones
1.5.1. Apelaciones por la empresa AVIANCA contra las providencias que
concedieron el amparo
La entidad accionada solicitó la
revocatoria de los fallos que concedieron el amparo a los derechos de los
accionantes, porque no ha ejercido trato discriminatorio alguno frente a los
trabajadores. Lo anterior, en razón de que la compañía ofreció el PVB a todos
los empleados de la sociedad, grupo que incluyó a los trabajadores
sindicalizados. Subrayó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional permite
que las empresas creen planes de beneficios y no sanciona ese simple
establecimiento. En realidad, la jurisprudencia proscribe que las empresas
establezcan la renuncia a los sindicatos como una condición para acceder a esos
beneficios.
Al mismo tiempo, advirtió que en la
empresa no existe conflicto colectivo de trabajo, de modo que no puede
celebrarse alguna negociación. Resaltó que AVIANCA no pretende desintegrar el
sindicato, pues la aceptación del PVB no implica o exige la renuncia del
sindicato. Es más, la ACDAC ha  aumentado sus miembros en un 25 % desde el 30
de noviembre de 2013.
Señaló que el PVB no es un pacto
colectivo, en la medida que incumple las condiciones legales y reglamentarias
que deben tener esos acuerdos, por ejemplo los requisitos establecidos en el
Decreto Reglamentario 1469 de 1978.
También, manifestó que las decisiones de
los jueces de instancia quebrantaron el principio de inescindibilidad salarial,
puesto que permitieron que los trabajadores de la empresa se beneficiaran de
varios regímenes de remuneración, situación contraria a la jurisprudencia de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Adicionalmente, el apoderado de la empresa
consideró que no puede iniciar negociación colectiva con ACDAC, dado que se
encuentra vigente la convención de 2009-2013. Es más ese acuerdo carece de denuncia.
Resaltó que el juez de instancia erró al armonizar los artículos 468, 477 y 479
del CST, normas que regulan dos momentos distintos.
En relación con la forma, el apoderado
recordó que la acción de tutela es improcedente, toda vez que los solicitantes:
i) tienen otros medios de defensa de sus derechos, los cuales no fueron
agotados, como por ejemplo acudir al Ministerio del Trabajo; ii) solicitaron
prestaciones económicas, pretensiones que no son objeto de la acción de tutela;
y iii) no ven afectado su derecho al mínimo vital, en la medida que cuentan con
ingresos mensuales superiores a 10 millones de pesos. Entonces, concluyó que
esos elementos evidenciaban que la tutela no desplaza los medios ordinarios de
defensa judicial. A lo anterior, añadió que los jueces de primera instancia
aplicaron de manera errónea los precedentes jurisprudenciales con respecto a la
legitimación por activa en los sindicatos. En consecuencia, no es cierto que el
señor Jaime Hernández Sierra pueda interponer acción de tutela representando a
los miembros del sindicato sin que aporte la prueba de la manifestación de voluntad
de los actores para estos efectos. Por último, reprochó que los jueces de
instancia dieron una interpretación restringida que desconoce la naturaleza
residual de la acción de tutela, al considerar que la querella ante el
Ministerio de Trabajo no es un medio de defensa a los derechos de los accionantes.
1.5.2. Apelaciones por parte de la demandante contra las providencias que
negaron el amparo
Los demandantes se opusieron a las
sentencias que negaron la protección a sus derechos fundamentales, como quiera
que: i) los jueces no aplicaron el principio de primacía del derecho sustancial
sobre las formalidades, al exigir al presidente del sindicato el poder
individual para que ejerza la representación los derechos de los miembros de
ACDAC; ii) En la medida en que AVIANCA vulneró los derechos de los trabajadores
afiliados de la organización sindical como persona jurídica, el sindicato puede
iniciar las acciones correspondientes para representar los derechos de sus
miembros; iii) los juzgados de primera instancia omitieron analizar de fondo
las pruebas que se aportaron al proceso, de modo que concluyeron que el proceso
ordinario laboral es el medio más expedito e idóneo para la protección de los
derechos invocados; iv) la acción ordinaria laboral demora 5 años, tiempo en el
que el sindicato puede desaparecer por la deserción de sus afiliados, debido a la
intención de acceder al PVB así como sus beneficios, y v) el capitán Hernández
Sierra no incurrió en temeridad, porque los jueces de instancia excluyeron del
amparo de derechos a los pilotos que se indica participaron en dos procesos
distintos[40].
Frente al tema de fondo, los peticionarios
reiteraron los argumentos de la demanda. Agregaron que los jueces de instancia
desconocieron la jurisprudencia de la Corte Constitucional que advierte que la
discriminación de los miembros del sindicato ocurre cuando el empleador niega
beneficios que son reconocidos a los trabajadores que no pertenecen a la
organización sindical.
1.6.
Sentencias de segunda instancia
La Sala reseñará las decisiones de alzada
teniendo en cuenta su decisión de primera instancia, la determinación del juez
de apelación y el fallo frente a los derechos de los solicitantes. Esas
variables dan como resultado las siguientes cuatro situaciones que se agrupan
en negación y protección de los derechos de los actores.
1.6.1. Decisiones que negaron el amparo a la protección de los derechos
de los trabajadores
1.6.1.1. Sentencias
que confirmaron los fallos de primera instancia que negaron la demanda de
tutela[41]
En estos casos, los jueces de apelación
confirmaron las providencias que negaron la protección a los derechos de los
trabajadores, porque la acción de tutela es improcedente. Ello,  toda vez que:
i) en los asuntos analizados no se evidencia la posible
configuración de perjuicio irremediable, máxime cuando la asociación sindical
se encuentra en condición de negociar una nueva convención colectiva[42], los accionantes no son discapacitados[43] y el mínimo vital de las familias de
los pilotos no se ve afectada, dado que ellos continúan devengando su salario[44]; ii)
los accionantes no agotaron todos los medios de defensa judicial a su
disposición para obtener las prestaciones económicas solicitadas, como por
ejemplo acudir al tribunal de arbitramento o a la acción ordinaria[45]; y iii) en la demanda existió
temeridad con una acción de tutela anterior, la cual presentó el capitán
Hernández Sierra a nombre de la asociación sindical[46].
En relación con los cargos de fondo, los
funcionarios judiciales de apelación estimaron que AVIANCA no
atentó contra el derecho de asociación sindical, como quiera que no ha
prohibido o coaccionado a los trabajadores para que se abstengan de afiliarse a
la ACDAC[47].
De hecho, precisaron que dicha sociedad tampoco ha inducido a la desafiliación
de los miembros del sindicato. Subrayaron que la decisión de varios pilotos de
aceptar el PVB ha sido libre y propia, de modo que ellos fueron los que optaron
por renunciar al sindicato para acceder a ciertos beneficios, sin que en esa
decisión hubiese influido la compañía accionada.
Finalmente, recordaron que la Convención Colectiva
rige la relación laboral de los trabajadores sindicalizados, y en consecuencia no
pueden acceder a los beneficios que se ofrecen en otras fuentes de derecho
extralegales tal como establece la cláusula segunda 2B de ese estatuto
celebrado entre ACDAC y AVIANCA. El propio acuerdo colectivo señala que la duplicidad
de régimen salarial y prestaciones se encuentra prohibida. Entonces, son las
partes en conflicto las que pueden levantar esa restricción por medio de una
estipulación que permita a los trabajadores beneficiarse de varios estatutos de
remuneración. En ese contexto, el juez de tutela no tiene la facultad de
inmiscuirse en acuerdos colectivos y modificarlos como lo pretenden los
accionantes.
1.6.1.2. Sentencias
que revocaron los fallos de primera instancia que concedieron el amparo de los
derechos de los peticionarios, y en su lugar determinaron negar las pretensiones
de los actores[48]
En otros procesos, los juzgados de alzada
revocaron las sentencias proferidas en primera instancia que tutelaron los
derechos a la asociación sindical y a la igualdad de los solicitantes, y en su
lugar negaron tales pretensiones por las siguientes razones.
De una parte, estimaron que las demandas
son improcedentes, dado que los actores no cumplieron con el requisito de
subsidiariedad, puesto que no presentaron: i) la querella ante el Ministerio de
Trabajado por los mismos hechos de la tutela, medio de defensa que protege los
derechos de los actores con independencia de que sea de carácter administrativo[49]; ii) las acciones ordinarias, las
cuales establecen que la Corte Suprema de Justicia es la corporación judicial
competente para resolver los conflictos de nivelación salarial[50].
Al mismo tiempo, advirtieron que las situaciones de los accionantes carecen del
riesgo de la configuración de un perjuicio irremediable, en la medida que los
aviadores no ven afectado su mínimo vital y móvil[51].
Ello, porque los accionantes continúan devengando su salario, ingreso con el
que satisfacen las necesidades básicas suyas y de sus familias; y iii) en la demanda existió temeridad con una acción de tutela anterior,
la cual presentó el capitán Hernández Sierra a nombre propio[52].
De otra parte, consideraron que no es
suficiente la manifestación del accionante para entender probado que el PVB
constituye un pacto colectivo, puesto que ese acuerdo no observa los requisitos
de ley[53]. Además, afirmaron que no se demostró
que la accionada supeditara la suscripción de la oferta del plan a la
desvinculación de la asociación sindical. En contraste, los miembros de ACDAC
aumentaron en un 25% en el año 2013. Tampoco se evidenció que la empresa
ofreciera beneficios laborales únicamente a quienes no estuviesen asociados.
1.6.2.  Decisiones de segunda instancia que tutelaron los derechos de los
trabajadores
1.6.2.1. Sentencias
que revocaron las decisiones de primera instancia que negaron los derechos de los
peticionarios y en su lugar, protegieron esas garantías[54]
En algunos casos, los jueces de alzada
revocaron los fallos de primera instancia, los cuales negaron las demandas
promovidas por los actores con sustento en los argumentos que se esbozan a
continuación.
Frente a los requisitos formales,
estimaron que la acción de tutela cumple con los requisitos de subsidiariedad,
como quiera que el asunto reviste relevancia constitucional que amerita la
intervención del juez de tutela[55]. Además, señalaron que existe
legitimación por activa por parte del capitán Hernández Sierra para representar
a los pilotos que aparecen reseñados en las demandas[56].
En relación con el fondo, los juzgados
precisaron que el PVB es un pacto colectivo, puesto que los efectos de la
oferta del plan son iguales a dichos acuerdos. Lo antepuesto, en razón de que
el trabajador que suscriba el PVB renuncia a los derechos adquiridos por la
convención colectiva de trabajo. Así mismo, advirtieron que los efectos
jurídicos del pacto colectivo se extienden a los trabajadores sindicalizados,
de modo que el empleador no puede restringir su acceso.
Concluyeron que la empresa vulneró los
derechos fundamentales a la asociación sindical y a la igualdad, toda vez que
condiciona el acceso a los PVB a la renuncia de los derechos convencionales.
Ese requisito implica que la compañía evite que miembros del sindicato entren a
negociar la convención, pues no se regirán por dicho acuerdo y quedan libre de
concertación. Simultáneamente, la aceptación del PVB significa que el
trabajador asuma ciertas condiciones que afectan la organización sindical y la
convención.
Por último, aseveraron que AVIANCA viola
el derecho a la igualdad de los peticionarios, como quiera que no pueden
acceder a los beneficios de la oferta del plan hasta que no acepten las
condiciones de la empresa.
1.6.2.1.
Sentencias que confirmaron las providencias que ampararon los
derechos de los accionantes[57].
Los jueces que confirmaron las decisiones
de primera instancia, fallos que ampararon los derechos de los actores, consideraron
que la tutela era procedente y que la actuación de la empresa accionada vulneró
los derechos de los aviadores.
Los despachos de alzada discurrieron que
la tutela era procedente contra los particulares cuando existe una relación de
subordinación entre el peticionario y el accionado, situación que se presenta
en el caso sub-examine en relación con las partes del presente proceso[58]. Además, advirtieron que la empresa
accionada se equivocó al considerar que el capitán Hernández Sierra carece de
la legitimidad para solicitar la protección de los derechos de los actores[59].
Los juzgados concluyeron que el PVB está
impidiendo que el empleador llegue a un acuerdo con los pilotos sindicalizados
sobre las condiciones de trabajo. Esa discusión es necesaria con el fin de que se
produzca una convención colectiva, norma imprescindible para que exista una
controversia derivada de la interpretación y aplicación de sus cláusulas.
Entonces, los trabajadores no pueden denunciar o demandar ante los tribunales
un documento inexistente, de modo que la acción de tutela es el mecanismo
procedente para proteger los derechos de los actores. Al respecto, se consideró
que “la práctica contra la libertad de asociación sindical, no se
ejecuta solamente cuando se promueve, bajo cualquier forma la deserción de los
miembros de una agremiación de este tipo, sino también cuando se deja sin
argumentos o sin herramientas a la asociación de trabajadores, para negociar
ante el patrón”[60].
Señalaron que la adscripción al PVB impone
una barrera a que el sindicato presente un pliego de condiciones a la empresa,
toda vez que la oferta del plan ha negado la suscripción de nuevos miembros,
pues al firmar el acuerdo los pilotos no pueden tener argumentos para discutir
el clausulado de la convención.
A través de un examen de los hechos,
indicaron que la empresa discriminó a los miembros del sindicato, como quiera
que les exigió tácitamente la renuncia de la organización de trabajadores para
pertenecer al PVB. Al mismo tiempo, los empleados fueron sometidos a
diferencias salariales desfavorables, sin justificación constitucional
razonable. En especial, El Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá manifestó que la discusión constitucional se
concentra en que el salario de los trabajadores debe ser proporcional al cargo
desempeñado y al grado de responsabilidad. El Plan Voluntario de Beneficios
resulta ser una medida inadecuada, así como innecesaria, que configura un
perjuicio irremediable que no se compara con las ventajas que trae su
suscripción y exclusión de otros pilotos o copilotos[61].
1.7.
Pruebas relevantes del expediente
·
Copia
de la convención colectiva de trabajo acordada entre AVIANCA y ADCA 2009 -2013,
documento que tuvo vigencia hasta el 31 de marzo de 2013. Además, evidencia que
en las cláusulas 2 A y  B se fijó la aplicación integral del régimen colectivo
y se advierte que este es incompatible con otras fuentes de derechos, por
ejemplo otras convenciones o planes de beneficios. La convención reconoce la
aplicación del principio de favorabilidad entre las normas que rigen la relación
laboral
(Folios
4 – 38 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 86-122 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 58-94 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 54-90 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 250-286 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folios
No. 1-38 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 2-38 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 80-116 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 80-116 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 319-354 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 80-116 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 80-116 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 80-116 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 77-112Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 82-118 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
del plan voluntario de beneficios propuesto por la empresa AVIANCA para los
años 2009 -20013, documento que tuvo vigencia hasta el 31 de marzo de 2013.
Además, evidencia que en las clausulas 3 y 4 se fijó la aplicación integral del
régimen de beneficios de ese plan. En especial, se indica que es incompatible
con otras fuentes de derechos, por ejemplo, otras convenciones o planes de
beneficios. En la cláusula 5 se reconoce que podrán acceder al PVB los pilotos
sindicalizados (depende de sus deberes en las asociaciones sindicales) y no
sindicalizados. La PVB estipula la aplicación del principio de favorabilidad, a
partir del cual la empresa tiene la obligación de revisar el plan cuando ella
reconozca a otros pilotos condiciones más favorables a los aviadores que
suscriben el presente plan.
(Folios
39 – 86 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 124-170 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 96-139 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 92-138 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 40-86 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 40-86 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 356-402 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 114-160 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 120-166 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copias
de las peticiones del 13 de febrero de 2013 presentadas por el presidente de la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), el capitán Jaime Hernández
Sierra, quien solicitó la extensión a los pilotos sindicalizados de los
beneficios reconocidos en el PVB y que no se encuentran en la Convención, como
son: i) la remuneración mensual régimen de salario global – C 23-; ii) el
régimen de salario integral –C 24-; iii) la prima de antigüedad –C 27-; iv) la
prima de alimentación –C 28-. Adicionalmente, pidió que los montos de las
siguientes prestaciones convencionales que disfrutan los trabajadores
sindicalizados sean igualadas a la proporción que reciben los trabajadores no
sindicalizados de acuerdo al PVB : i) auxilio de transporte –C 30-; ii) prima
de vacaciones –C 32-; iii) auxilio de maternidad –C 35-; iv) auxilio por
traslado permanente –C 36-; v) auxilio educativo –C 39-; vi) viáticos –C 41-;
vii) prima de navegación –C 42-; viii) incentivo por no ausentismo –C 48-; ix)
seguro de vida –C 65-; x) uniformes –C 75. Sin embargo, precisó que el
reconocimiento de los aumentos  de la cláusula 74 se realice conforme al plan,
sin perjuicio de los acuerdos suscritos en convenciones, actas, actas extra
convencionales que se presenten para los años venideros. Finalmente, solicitó
que la empresa cancele a las personas afiliadas al sindicato el bono especial
que se reconoció a los pilotos no sindicalizados.
(Folios
93 – 99 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 172-174 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 141-143 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 140-142 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 88-90 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 88-90 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 166-168 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 166-168 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 404-406 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 166-168 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 166-168 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 166-168 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 162-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 168-170 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de Comunicación del 5 de abril de 2013 de ACDAC a AVIANCA, que solicita
permisos sindicales permanentes remunerados a John Sánchez, Andrea Sampedro y
Leonardo Mantilla para negociar el Pliego de Peticiones.
(Folios
No. 175 y 176 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 144 y 145 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folios
143 y 144 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 91 y 92 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 91 y 92 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 169-170 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 169-170 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 407-408 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 169-170 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 169-170 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 169-170 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 165-166 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 171-172 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de Comunicación del 23 de octubre de 2013 de ACDAC a AVIANCA con respecto a la
aplicación de beneficios extralegales en el PVB.
(Folios
No. 177-183 y 219-225 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 146-152 y 188-194 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 145-151 y 187-193 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 93-99 y 135-141 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 93-99 y 135-141 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 171-177 y 213-219 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 171-177 y 213-219 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 409-415 y 450-456 Cuaderno 1, 36-217 y 284-287 Cuaderno 4 Expediente
T-4.399.693)
(Folios
No. 171-177, 213-219, 870-876 Cuaderno 1 y 348-415 Cuaderno 2 Expediente
T-4.376.027)
(Folios
No. 171-177, 213- 219 Cuaderno 1, 264-270 Cuaderno 3, 13-76 Cuaderno 5
Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 171-177, 213-219 Cuaderno 1 y 52-102 Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 167-173, 208-214 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 173-179, 215-221 Cuaderno 1 y 101-175 Cuaderno 9 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de Comunicación de abril de 2013 de AVIANCA a ACDAC,  que formaliza los
permisos sindicales permanentes remunerados solicitados.
(Folios
No 184 y 185 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 153 y 154 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 152 y 153 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 100 y 101 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 100 y 101 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 178 y 179 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 178 y 179 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 416-417 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 178-179 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 178-179 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 178-179 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 174-175 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 180-181 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Comunicación
de la empresa AVIANCA a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC)
del 4 de junio de 2013, mediante la cual la compañía expresa su intención de
dialogar sobre la renovación del convención colectiva de trabajo. Por ello,
informa que retirará la denuncia de la convención en las prestaciones de salud
(Folios 102 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folio
No. 186 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folio
No. 155 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 154 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folio
No. 102 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folio
No. 102 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folio
No. 180 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folio
No. 180 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folio
No. 418 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folio
No. 180 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folio
No. 180 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folio
No. 180 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folio
No. 176 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folio
No. 182 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la oferta de beneficios extralegales propuesta por la sociedad demandada,
documento que demuestra que AVIANCA planteó: i) una oferta de beneficios a los
pilotos con el fin de que aceptaran unas prestaciones laborales. Ese acuerdo
tendrá vigencia del 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2017. La empresa
cancelará a los empleados una bonificación única especial mientras el PVB entra
a regir el 1 de octubre de 2013, monto que según el acuerdo no constituye
salario; ii) un sueldo mensual global que se compone de salario básico, horas
garantizadas de vuelo, prima de equipo, prima de comando fija y variable
nacional, prima de antigüedad anterior, horas tripadi, horas extra,
remuneración por hora extra, recargo nocturno y trabajo en días domingos y
festivos; iii) la prima de antigüedad a los Copilotos y Comandantes  que será
cancelada de acuerdo a los años de servicio cumplidos; iv) régimen de salario
integral a los aviadores jubilados que trabajan en la empresa; v) prima de
alimentación que se cancela a los pilotos activos durante el ejercicio real de
sus funciones; vi) auxilio de transporte que se desembolsará a los pilotos que
usen sus propios vehículos para  transportarse desde su vivienda al aeropuerto
y viceversa; vii) prima de vacaciones equivalente a 19 días de salario global
que devengue el trabajador al momento de disfrutar sus vacaciones; viii)
auxilio de maternidad, el cual cancelará una prima por cada hijo; ix) auxilio
de traslado permanente en caso de que la compañía lo determine –C 36-; x)
auxilio educativo que consistirá en entregar dinero al piloto con hijo en edad
escolar con el objeto de costear la matricula; xi) viáticos en los casos que el
aviador deba pernoctar, valores que incluyen hotel; xii) prima de navegación
que dependerá de la programación de permanencia de 12 horas hasta 24 horas e incluyendo
el período de descanso del Copiloto y el Comandante –C 42-; xiii) incentivo de
ausentismo, el cual se pagará en dinero a los Comandantes que no presenten
novedades de ausencia. Los pilotos y primeros oficiales recibirán el pago de
acuerdo al tiempo de servicio en la compañía y al equipo comandado –C 48-; xix)
seguro de vida –C 65-. Al respecto precisó que los accidentes de trabajo se
presentan en el evento en que un piloto sufre una lesión: a) transportándose
desde o hacia el aeropuerto en vehículos proporcionados por la empresa o propio
para cumplir una asignación; o b) fuera de la aeronave en el aeropuerto; xx)
uniformes confeccionados sobre medidas y elaborados con material nacional –C
75-; xxi) aumentos para los trabajadores en los años 2014, 2015 y 2016 que
consiste en el IPC más un 0.75% -C 76-; xxi) días libres que se programaran
sobre la base de días calendario –C 79-; xxii) incentivo de eficiencia de
operación que constituye salario de medición y pago mensual que se cancelará
según  porcentaje del sueldo del piloto. Sin embargo, ese monto tendrá un tope
frente al salario. Las variables para medir la eficiencia serán el indicador de
días calendario de la compañía DCSC, las horas de vuelo, la puntualidad. Cabe
resaltar que los clausulados del plan revalidan el pacto del PVB precedente, de
modo que las nuevas normas reemplazaran a las anteriores en lo que expresamente
señalen y quedando las demás reglas válidas.
(Folios
103 – 121 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297).
(Folios
No. 187-205 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 156-174 Cuaderno 1 y 272-290 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 155-173 Cuaderno 1 y 1-19 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 103-121 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 103-121 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 181-199 Cuaderno 1 y 52-70 Cuaderno 5 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 181-199 Cuaderno 1 y 392-410 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 419-437 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 181-199 Cuaderno 1 y 329-347 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 181-199 Cuaderno 1, 294-300 Cuaderno 4 y 1-12 Cuaderno 5 Expediente
T-4.354.060)
(Folios
No. 181-199 Cuaderno 1 y 33-51 Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 177-195 Cuaderno 1 y 255-273 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 183-201 Cuaderno 1 y 80-98 Cuaderno 9  Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la comunicación del 26 de septiembre de 2013, documento enviado por AVIANCA
a sus aviadores con el fin de socializar la oferta del plan que no fue aceptada
por ODEAA y ACDAC, en el marco de la negociación colectiva. Para ello, la
empresa mostró las bondades de su ofrecimiento explicando los ingresos que tendría
un Piloto Airbus A320 con 7 y 17 años de antigüedad, trabajador con un
cumplimiento del incentivo variable del 76,51 %.
(Folios
122 y 123 Cuaderno 4 y Folio 139-141 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 206 y 207 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 175 y 176 Cuaderno 1 y 176-179 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 174 y 175 Cuaderno 1 y 189-192 Cuaderno 3  Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 122 y 123 Cuaderno 2 y 175-178 Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 242-245 Cuaderno 1 y 122-123 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 200-201 Cuaderno 1 y 250-253 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 200-201 Cuaderno 1 y 222- 225 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 438-439 Cuaderno 1 y 279-282 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 200-201 Cuaderno 1 y 222-226 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 200-201 Cuaderno 1 y 192-195 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 200-201 Cuaderno 1 y 225-228 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 196-197 Cuaderno 1 y 177-180 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 202-203 Cuaderno 1 y 276-279 Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la comunicación del 9 de octubre de 2013 que evidencia que la empresa envió
a ACDAC la propuesta del PVB, debido a que: i) la Convención Colectiva venció en
marzo 31 de esa anualidad; y ii) no se denunció ese acuerdo colectivo en
tiempo. En el escrito la compañía quiere que los pilotos sindicalizados acepten
el régimen salarial de los empleados no sindicalizados. Además, pide a la
organización que reconsidere incluir esas cláusulas en la convención colectiva.
(Folio
124 Cuaderno 4 y Folio 142 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297).
(Folio
No. 208 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 177 Cuaderno 1 y 180 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 176 Cuaderno 1 y 193 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 124 Cuaderno 2 y 174 Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 246 Cuaderno 1 y 124 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 202 Cuaderno 1 y 254 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 202 Cuaderno 1 y 226 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 440 Cuaderno 1 y 283 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 202 Cuaderno 1 y 226 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 202 Cuaderno 1 y 196 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 202 Cuaderno 1 y 229 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folio
No. 198 Cuaderno 1 y 181 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folio
No. 204 Cuaderno 1 y 280 Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la comunicación del 21 de octubre de 2013 enviada por el señor presidente de
Avianca Fabio Villegas, documento que constata que el PVB debe ser aceptado en
su integridad y de esa aquiescencia se deriva las prestaciones de esa oferta.
Al mismo tiempo, aclaró que la suscripción del PVB no afecta los derechos
convencionales ni el derecho a la asociación sindical.
(Folio
125 y 126 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297).
(Folios
No. 209 y 210 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 178 y 179 Cuaderno 1 y 181-183 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 177 y 178 Cuaderno 1 y 194-196 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 125 y 126 Cuaderno 2 y 180-209 Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 247-249 Cuaderno 1 y 125-126 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 203-204 Cuaderno 1 y 71-129 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 203-204 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 441-442 Cuaderno 1 y 117-118 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 203-204 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 203-204 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 203-204 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 199-200 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 205-206 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de Comunicación del 18 de octubre de 2013 de ACDAC dirigida al Presidente Juan
Manuel Santos, notificando la problemática con AVIANCA y el PVB.
(Folios
No. 212-214 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 181-183 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 180-182 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 128-130 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 128-130 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 206-208 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 206-208 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 444-443 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 206-208 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 206-208 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 206-208 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 202-204 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 208-210 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de Comunicación del 21 de octubre de 2013 que notifica a Jaime Hernández Sierra
del traslado de la denuncia en Fiscalía.
(Folios
No. 215-218 y 226-227 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 184-187 y 195-196 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 183-186 y 194-195 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 131-134 y 142-143 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 131-134 y 142-143 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 209-212 y 220-221 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 209-212 y 220-221 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 447-449 y 457-458 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 209-212 y 220-221 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 209-212 y 220-221 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 209-212 y 220-221 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 205-207  y 215-216 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 211-214 y 222 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de comunicados de prensa que evidencian que existió una negociación entre la
empresa demandada y el sindicato ACDAC, debido a que la compañía denunció la
convención colectiva, acuerdo que venció y debía renovarse. Incluso, reseñan
que las asociaciones sindicales ACDAC y ODEAA entraron en operación reglamento
o cero trabajo suplementario, en la medida que no hubo resolución en el pliego
de condiciones. Además, mostraron que los pilotos de ODEAA suscribieron el PBV,
mientras que la organización sindical  ACDAC no aceptó la propuesta.
(Folios
160 -  294  Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 229-299 Cuaderno 1 y 1-128 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 198-301 Cuaderno 1 y 1-56 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 197-295 Cuaderno 1 y 1-59 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 145-247 Cuaderno 2 y 1-44 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 145-306 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 223-300 Cuaderno 1, 1-26 y 81-122 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 223-300 Cuaderno 1, 1-26 y 80-120 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No.460-542 Cuaderno 1 y 1-62 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 223-326 y 380-421 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 223-300 Cuaderno 1, 1-26 y 80-121 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 223-299 Cuaderno 1, 1-27 y 81- 122 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 218-362 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)ç
(Folios
No. 224-300 Cuaderno 1, 1-27 y 80-120 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Comunicados
de la Asociación Sindical de Aviadores Civiles dirigidas a los pilotos con el
fin de persuadirlos para que no firmen el PVB que ofreció la empresa. Los
representantes del sindicato aseveraron que la propuesta de AVIANCA no
disminuye la pérdida adquisitiva que sufrió su salario en años anteriores, ni
reduce las diferencias salariales entre el comandante  y los copilotos. Además,
señalaron que en caso de sufrir un accidente el empleador solo cancelará el 40
% del sueldo al trabajador. También informaron los avances de la negociación
entre la compañía y los sindicatos, la cual se adelantó entre los meses de
septiembre y octubre de 2013.
(Folios
160 -  294  Cuaderno 4 expediente T-4.294.297).
(Folios
No. 129-194 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 57-93 y 97-163 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 60-96 y 100-166 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 248-300 Cuaderno 2 y 45-110 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 307-343 y 347-412 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 27-76, 80 y 123-188 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 27-75, 79 y 121-186 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 63-111, y 115-179 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 327-375, 379 y 422-487Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 27-75, 79 y 122-187 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 28-76, 80 y 123-188 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 363-411 y 415-479 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 28-75, 79 y 121-186 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Comunicado
41 de la Asociación Sindical de Aviadores Civiles dirigida a los pilotos, carta
abierta que explica que la convención colectiva es incompatible con el pacto
voluntario de beneficios. Es más, señala que la firma de la oferta del plan
significa  renunciar a los beneficios del acuerdo grupal, y en consecuencia del
sindicato. Reseña que el PVB afecta las siguientes clausulas convencionales: i)
2 obligatoriedad; ii) 2ª inescindibilidad de salarios y demás beneficios; iii)
3 derecho de asociación; iv) 4 representación sindical; v) 5 aplicación del
principio de favorabilidad; vi) 11ª días libres; vii) 20 restricción a pilotos
administrativos; viii) 23 protección a la estabilidad; ix) 38 prima de
estabilidad; x) salario en especie; xi) 88 prima de antigüedad; xii) 91
remuneración mensual; xiii) 92ª auxilio por no ausentismo; xiv) 132
atribuciones para firmar actas.
(Folio
342 -345 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 94-96 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 97-99 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 344-346 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 77-79 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 76-78 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 112-114 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 376-378 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 76-78 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 77-79 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 412-414 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 76-78 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la Resolución No 1567 de 2013 proferida por el Coordinador del Grupo de
Resoluciones de Conflictos y de Conciliación de la Dirección Territorial de
Cundinamarca del Ministerio del Trabajo, acto administrativo que sancionó a
TAMPA CARGO S.A. por no acceder a negociar la convención colectiva de trabajo.
La empresa sustentó esa decisión en que la convención Colectiva no había
expirado, argumento que fue desechado por la entidad administrativa.  (Folio
413 -423 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297).
(Folios
No. 196-206 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 165-175 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 168-178 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 79-89 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folios
No. 112-122 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 414-424 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 190-200 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 188-198 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 181-191 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 489-499 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 189-199 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 190-200 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 481-491 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 188-198 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la Resolución No 639 de 2013 emitida por el Coordinador del Grupo de
Resoluciones de Conflictos y de Conciliación de la Dirección Territorial de
Cundinamarca del Ministerio del Trabajo, acto administrativo que estudió la
presunta vulneración del derecho a la igualdad que sufrió la asociación
sindical ACAV, porque AVIANCA estableció un PVB que ofrece mayores beneficios
que la convención colectiva de trabajo. Ese despacho concluyó que la compañía
intenta desestimular la afiliación al sindicato con los beneficios PVB, pues
sujetó la suscripción de ese acuerdo a modificar la cláusula segunda de la
convención que otorga su fuerza obligatoria. De hecho, estimó que AVIANCA S.A no
logro probar que los beneficios del PVB estén dirigidos a los sindicalizados,
por el contrario existe una política de presión y desestimulo de la actividad
sindical, al punto de tornar minoritario un sindicato que por ello podría
desaparecer.
(Folio
425 -435 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297 y, fls 188-198 Cuaderno 2 expediente
T-4363853)
(Folios
No. 208-218 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 177-187 Cuaderno 2 y 99-109 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 180-190 Cuaderno 2 y 134-144 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 124-134 Cuaderno 3 y 121-131 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 450-460 Cuaderno 1 y 426-436 Cuaderno 2 y 116-127 Cuaderno 3 Expediente
T-4.330.192)
(Folios
No. 202-212 Cuaderno 2 y 18-28 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 200-210 Cuaderno 2 y 121-131 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 193-203 Cuaderno 2, 209-219 Cuaderno 5 y 119-130 Cuaderno 6 Expediente
T-4.399.693)
(Folios
No. 501-511 Cuaderno 1  y 121-131 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 201-211 Cuaderno 2 y 8-18 Cuaderno 6 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 501-511 Cuaderno 2 y 11-21 Cuaderno 6 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 493-503 Cuaderno 1 y 76-87 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 220-230 Cuaderno 4 y 121-131 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Resolución
00000144 de 20 de febrero de 2013 firmada por el Coordinador del Grupo de
Resolución de Conflictos y Conciliaciones del Ministerio del Trabajo (Conflicto
entre AVIANCA S.A y ACAV). En ese acto administrativo la autoridad pública
sancionó a la compañía accionada, porque violó el derecho a la asociación de la
citada organización. Ese hecho negativo consistió en condicionar la admisión a
la convocatoria de jefe de cabina a la renuncia de los derechos fijados en la
convención colectiva. Dicho requisito implicó que 36 trabajadores se retiraran
de su asociación sindical
(Folios
No. 199-205 Cuaderno 2 expediente T-4363853)
(Folios
No. 110-116 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 145-151 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 132-138 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 461-467 Cuaderno 1 y 128-134 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 29-35 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 132-135 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 220-226 Cuaderno 5 y 131-137 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 132-138 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 19-25 Cuaderno 6 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 22-28 Cuaderno 6 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 88-94 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 231-237 Cuaderno 4 y 132-138 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Resolución
No. 985 de 26 de julio de 2012 del Coordinador del Grupo de Resolución de
Conflictos y Conciliaciones del Ministerio del Trabajo. (Conflicto entre AIRES-
LAN y ACDAC). En ese acto administrativo, la autoridad consideró que la empresa
vulneró el derecho a la asociación del citado sindicato, porque el pacto
colectivo ofrece mayores beneficios que la convención, situación que llevó a
que varios trabajadores renuncien al sindicato con el fin de acceder a esas
ventajas
(Folios
No. 220-229 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 189-198 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 192-201 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 136-145 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 438-447 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 214-223 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 212-221 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 205-214 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 513-522 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 213-222 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 214-223 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 505-514 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 200-221 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Resolución
No. 1427 de 11 de septiembre de 2012 de la Coordinadora del grupo de Resolución
de Conflictos-Conciliación de la Dirección Territorial de Cundinamarca, acto
administrativo que confirmó la resolución número 985 de 2012 que sancionó  a la
empresa Aerovías de Integración Regional AIRES por afectar el derecho a la
asociación sindical de ACDAC. La medida se sustentó en que la compañía promovió
el retiro de varios empleados con el fin de que suscribieran el pacto colectivo
propuesto.
(Folios
No. 231-235 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 200-204 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 203-207 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 147-151 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 449-453 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 225-229 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 223-227 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 216-220 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 524-528 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 224-228 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 225-229 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 516-520 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 223-227 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Resolución
No. 204 de 6 marzo de 2013 del Director Territorial de Cundinamarca que
resuelve Recurso de Apelación interpuesta contra el acto administrativo 985 de
2012 que sancionó AIRES por violar el derecho a ACDAC, al establecer mayores
beneficios en el pacto colectivo frente a la convención, escenario que
significó la renuncia de trabajadores del sindicato. La autoridad
administrativa de apelación confirmó los argumentos descritos.
(Folios
No. 236-245 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 205-214 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 208-217 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 152-161 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 454-463 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 230-239 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 228-236 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 221-230 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 529-538 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 229-238 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 230-239 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 521-530 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 228-237 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Resolución
5561 de 30 de noviembre de 2011, por medio de la cual se efectúan unas
delegaciones en el Ministerio del Trabajo.
(Folio
No. 34 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folio
No. 541 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folio
No. 128 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693)
·
Memorial
del 27 de agosto de 2012 presentado por Paola Natalia Hoyos Arias en el que
manifiesta su intención de promover incidente de desacato.
(Folios
No. 247-259 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 216-228 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 219-231 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 163-175 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 465-477 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 241-253 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 238-250 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 232-244 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 540-552 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 240-252 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 241-253 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 532-544 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 238-251 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la invitación que realizó el presidente de AVIANCA al capitán Julián Gustavo
Pinzón Saavedra con fin de que aceptara el PBV, puesto que la convención
colectiva venció el 31 de marzo de 2013. Además, el ACDAC no presentó pliego de
peticiones. Ante esos hechos y pensando en el bienestar de los pilotos, la
compañía extendió la invitación a suscribir la oferta del plan de manera
integral.
(Folio
478 -479 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 261 y 262 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 230 y 231 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 233 y 234 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 177-178 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 479-489 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 255-256 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 252-253 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 246-247 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 554-555 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 254-255 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 256-257 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 546-547 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 253-254 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
del derecho de petición presentado el 22 de octubre de 2013, por el capitán
Julián Gustavo Pinzón Saavedra al presidente de AVIANCA, el doctor Fabio
Villegas, con el fin de que la empresa extienda los beneficios ofrecidos en el
PVB al actor. Además, pide que manifieste por escrito que la suscripción de la
oferta del plan no afecta alguna cláusula de la convención.
(Folio
478 -479 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297).
(Folios
No. 263-265 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 232-234 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 235-237 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 179-181 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 481-483 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 257-259 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 254-256 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 248-250 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 556-558 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 256-258 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 258-260 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 548-550 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 255-257 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la respuesta al derecho de petición presentado por el  capitán Julián
Gustavo Pinzón Saavedra el 22 de octubre de 2013, documento que indica que su
solicitud fue negada. El presidente de AVIANCA sustentó esa decisión en que la
aceptación de la oferta del Plan se encuentra sujeta a la adopción integral de
la misma y al principio de inescindibilidad. Así mismo, subrayó que el PVB no
es un pacto colectivo, puesto que no cumple con esos requisitos.
(Folio
483 -485 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 266-268 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 235-237 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 238-240 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 182-184 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 484-486 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 260-262 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 257-259 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 251-253 Cuaderno 2 y 218-220 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 559-561 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 259-261 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 261-263 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 551-553 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 258-260 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
del desprendible de nómina de los pilotos sindicalizados Edgar Alonso Obando
Vellacis, Diana Martínez Rubio, Fernando Jauregui Pinilla, Jaime Alberto
Hernández Sierra de las quincenas de octubre de 2013, que evidencia que la
compañía cancela sus ingresos con base en los siguientes rubros: i) sueldo
básico; ii) auxilio de transporte; ii) incentivo de productividad; iii) prima
equipo; iv) ajuste al peso; v) rima de antigüedad; y vi) prima de alimentación.
Así mismo, indica que los aviadores no recibieron el desembolso del bono
especial del PVB.
(Folio
491 -516 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 287-298 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 256-267 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 259-270 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 203-214 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 505-516 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 281-292 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 278-289 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 272-283 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 580-591 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 280-291 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 282-293 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 572-583 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 279-290 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
del desprendible de nómina del piloto sindicalizado Julián Gustavo Pinzón
Saavedra desde la segunda quincena de septiembre de 2013 hasta la segunda quincena
de octubre de 2013.
(Folios
270-272 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 239-241 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 242-244 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 186-188 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 488-490 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 264-266 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 261-263 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 255-257 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 563-565 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 263-265 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 265-267 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 555-557 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 262-264 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
del desprendible de nómina de los pilotos Maximiliano Fernández, Luis Fernando
Leal Perico, Jorge Mario Medina Cadena Palacio de las quincenas de septiembre y
octubre de 2013, que evidencia que la compañía canceló un Bono Único Especial.
(Folios
No. 274-285 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 243-254 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 246-257 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 190-201 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 492-503 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 268-279 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 265-276 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 259-270 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 567-578 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 267-278 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 269-280 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 559-570 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 266-277 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copias
de desprendibles de nómina de los pilotos sindicalizados accionantes, documentos
en los que se constata que la empresa descuenta del salario la cuota de
asociación sindical, debido a que pertenecen a ACDAC.
(Folios
19-78 Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 213-300 Cuaderno 6 y 1-171 Cuaderno 7 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 145-256 Cuaderno 3 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 147-224 Cuaderno 3 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 661-745 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 208-263 Cuaderno 3 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 154-254 Cuaderno 3 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 614-625 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 161-283 Cuaderno 3 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de certificación del 13 de noviembre de 2013 en la que consta  que Julián
Gustavo Pinzón Saavedra es socio activo de ACDAC desde el 1 de febrero de 1998.
(Folio
No. 2 Cuaderno 3 Expediente T-4.536.832)
(Folio
No. 269 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 272 Cuaderno 2 Expediente T-4.316.566)
(Folio
No. 216 Cuaderno 3 Expediente T-4.421.580)
(Folio
No. 518 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folio
No. 294 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563)
(Folio
No. 291 Cuaderno 2 Expediente T-4.385.804)
(Folio
No. 285 Cuaderno 2 Expediente T-4.399.693)
(Folio
No. 593 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folio
No. 293 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060)
(Folio
No. 295 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249)
(Folio
No. 585 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340)
(Folio
No. 292 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
del desprendible de nómina del piloto sindicalizado Carlos Andrés Gómez Herrera
de la segunda quincena de octubre de 2013.
(Folio
No. 298 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 547 y 551-556 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folio
No. 15 Cuaderno 3 Expediente T-4.399.693)
·
Copia
de la respuesta al derecho de petición presentado por Carlos Andrés Gómez
Herrera el 21 de octubre de 2013, documento que indica que su solicitud fue
negada. El presidente de AVIANCA sustentó esa decisión en que la aceptación de
la oferta del Plan se encuentra sujeta a la adopción integral de la misma y al
principio de inescindibilidad. Así mismo subrayó que el PVB no es un pacto
colectivo, puesto que no cumple con los requisitos para ello.
(Folios
No. 299 y 300 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 3-4 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 548-550 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 16-18 Cuaderno 3 Expediente T-4.399.693)
·
Copia
de 27 cartas de renuncia de afiliados a ACDAC después de acogerse a beneficios
del PVB.
(Folios
No. 31-58 Cuaderno 3 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 136-162 Cuaderno 1 y 235-261 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 142-168 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 37-62 Cuaderno 7 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 153-178 Cuaderno 7 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 103-128 y 140-167 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de Acta de ACDAC del 21 de noviembre de 2013, en la que se autoriza a Jaime
Hernández Sierra como representante legal para instaurar las acciones de tutela
pertinentes. (Folios No. 59-62 Cuaderno 3 Expediente T-4.536.832)
·
Copia
de las cartas del presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
ACDAC, el capitán Jaime Hernández Sierra, documento que informa a los pilotos
sindicalizados que suscribieron el PVB que la firma de ese acuerdo implicó la
renuncia a la ACDAC, debido el traspaso del empleado al pacto colectivo. Así
mismo, comunica que el presidente de AVIANCA negó las peticiones que realizó la
organización sindical para que la empresa extendiera los beneficios de la
oferta del plan a los pilotos sindicalizados, decisión que se fundamentó en que
la aceptación del PVB es integral, de modo que el principio de inescindibilidad
salarial impide que el trabajador se beneficie de dos regímenes salariales.
Además, señala que la compañía indujo a los trabajadores a firmar dicho acuerdo
con el ofrecimiento de beneficios que no tenía la convención colectiva. Subraya
que la única forma de aceptar el acuerdo de la empresa consiste en modificar la
convención. También recuerda que la asociación brindó toda la asesoría correspondiente
para evitar que los trabajadores suscribieran dicha oferta. Finalmente, asevera
que seguirá descontando la cuota de beneficio convencional hasta que el piloto
exprese lo contrario.
(Folios
1 - 115 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 37-159 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 50-172 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 38-135 Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 102-225 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 39-184 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 41-164 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 72-194 Cuaderno 3 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 39-160 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 15-137 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 38-160 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 98-220 Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
·
Copias
de las ofertas del plan enviadas por la empresa a los pilotos Julián Gustavo
Pinzón Saavedra Edgar, Alonso Obando Vellacis, Diana Martínez Rubio, Fernando
Jauregui Pinilla y Jaime Alberto Hernández Sierra y Jorge Mario Medina Cadena.
En ese documento, el presidente de AVIANCA señala que la convención colectiva
que tenía la empresa con ACDAC venció el 31 de marzo de 2012, sin que hubiese
sido renovada o iniciado el proceso de negociación colectiva, pues no ha
presentado pliego de peticiones. Así mismo, informa que la compañía ofrece el
plan que de manera integral y en igualdad de condiciones disfrutan los pilotos
no sindicalizados, “respetando su afiliación sindical a  la Acdac”.  También
explica que los beneficios se aplicarían de las siguiente manera: i) incremento
significativo de los ingresos del trabajador; ii) reconocimiento de un bono
único especial que tiene la finalidad de cubrir la diferencia en materia de
retroactivos causados entre el 1º y el 30 de septiembre de 2013 para los
trabajadores que se acojan al plan el 25 de octubre de ese año; iii) los
beneficios, condiciones, esquemas salariales y demás prerrogativas contempladas
en convenciones, acuerdos o actas extra convencionales se respetaran conforme a
lo convenido entre partes; iv) los incrementos antes mencionados a partir de la
aceptación del oficio se computaran con cualquier otro acuerdo convencional o
extra convencional a que se llegare entre la empresa y la asociación sindical.
Precisa que la aceptación inmediata de la propuesta implicará que esta entre a
regir el 1 de octubre de 2013. En caso de que el trabajador acoja la oferta
después de la última fecha señalada, el PVB entrara a regir a partir del día
siguiente hábil de la entrega de la comunicación que envíe el empleado.
(Folio
116 -  132 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 160-169 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 173-182 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 136-167 Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 226-235 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 185-244 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 165-214 y 227-229 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 195-300 Cuaderno 3 y 1-35 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 161-215 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 138-185 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 166-217 Cuaderno 4  Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 161-170 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 221-268 Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la carta enviada por el presidente de AVIANCA, Fabio Villegas Ramírez, que
informa a los pilotos acerca del reajuste de los salarios a partir del 1º de
abril de 2013, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor  reportado por
el DANE entre enero y marzo de esa anualidad, valor que asciende al 1.91 %.
(Folio
133 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297).
(Folio
No. 170 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 183 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folio
No. 455 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folio
No. 168 Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580)
(Folio
No. 236 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192)
(Folio
No. 245 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563)
(Folio
No. 215 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folio
No. 273 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folio
No. 216 y 328 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folio
No. 186 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folio
No. 218-219 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folio
No. 171 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folio
No. 269 Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la carta enviada el 2 de septiembre de 2013, por el presidente de AVIANCA en
la que resume la propuesta del PVB de la siguiente forma: i) el incremento del
0.5 % de los conceptos económicos salariales y no salariales no operará en los
dineros que se causen en moneda extranjera; y ii) se propone una estructura
variable de compensación que se conforma por un reconocimiento semestral,
ingreso que mezcla las horas de vuelo, así como las prácticas de eficiencia de
combustible.
(Folio
134 - 135 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297).
(Folios
No. 171 y 172 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 184 y 185 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 170 y 171 Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 237 y 238 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 132-133 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 217-218 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 274-275 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 217-218 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 187-188 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 220-221 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 172-173 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 271-272 Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de comunicado del 10 de septiembre de 2013 enviado por el señor Fabio Villegas
Ramírez, presidente de AVIANCA, en el que explica las ventajas de suscribir el
PVB. Así, indica que la aceptación de la oferta del gobierno implica que los
pilotos recuperen el dinero descontado por cuenta del impuesto IMAN. También
advierte que las propuestas presentadas por las asociaciones de los sindicatos
son imposibles de cumplir, como quiera que  piden un aumento salarial superior
al 15 %.
(Folio
137-138 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 173-175 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 186-188 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 172-174 Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 239-241 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 247-249 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 219-221 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 276-278 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 219-221 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 189-191 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 222-224 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 174-176 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 273-275 Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la respuesta al derecho de petición presentado por los capitanes Edgar
Alonso Obando Villacis y Julián Gustavo Pinzón Saavedra, quienes solicitaron a
la compañía la extensión de los beneficios del PVB. En ese documento se niega
la solicitud de la referencia. El presidente de AVIANCA sustentó esa decisión
en que la aceptación de la oferta del Plan se encuentra sujeta a la adopción
integral de la misma y al principio de inescindibilidad. Así mismo subrayó que
el PVB no es un pacto colectivo, puesto que no cumple con esos requisitos. (Folio
143-145 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del
29 de enero de 2013,  en la que advierte que 13 pilotos son nuevos socios
activos de la organización sindical.
(Folio
152 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297); (Folio No. 186 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843); (Folio No. 217 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566); (Folio No. 210
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580); (Folio No. 252 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192); (Folio No. 255 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563); (Folio No. 294
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folio No. 289 Cuaderno 4 Expediente
T-4.399.693); (Folio No. 228 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027); (Folio No. 198
Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060); (Folio No. 230 Cuaderno 4 Expediente
T-4.435.249); (Folio No. 182 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 15 de febrero de 2013.
(Folio
151 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297); (Folio No. 185 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843); (Folio No. 199 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566); (Folio No. 211
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580); (Folio No. 251 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192); (Folio No. 256 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563); (Folio No. 295
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folio No. 288 Cuaderno 4 Expediente
T-4.399.693); (Folio No. 227 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027); (Folio No. 197
Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060); (Folio No. 231 Cuaderno 4 Expediente
T-4.435.249); (Folio No. 183 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 282
Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787).
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del
11 de marzo de 2013,  en la que advierte que 14 pilotos son nuevos socios
activos de la organización sindical.
(Folio
155 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297); (Folio No. 189 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843); (Folio No. 216 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566); (Folio No. 213
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580); (Folio No. 255 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192); (Folio No. 258 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563); (Folio No. 297
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folio No. 292 Cuaderno 4 Expediente
T-4.399.693); (Folio No. 231 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027); (Folio No. 201
Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060); (Folio No. 233 Cuaderno 4 Expediente
T-4.435.249); (Folio No. 185 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 22 de marzo de 2013.
(Folio
153 Cuaderno expediente T-4.294.2975); (Folio No. 188  Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843); (Folio No. 201 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566); (Folio No. 212
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580); (Folio No. 254 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192); (Folio No. 257 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563); (Folio No. 296
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folio No. 291 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693);
(Folio No. 230 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027); (Folio No. 200 Cuaderno 4
Expediente T-4.354.060); (Folio No. 232 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249); (Folio
No. 184 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 283 Expediente
T-4.371.787).
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del 8
de mayo de 2013,  en la que advierte que 12 pilotos son nuevos socios activos
de la organización sindical
(Folio
157 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297); (Folio No. 193 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843); (Folio No. 205 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566); (Folio No. 215
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580); (Folio No. 259 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192); (Folio No. 301 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folio No. 296
Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693); (Folio No. 235 Cuaderno 2 Expediente
T-4.376.027); (Folio No. 205  Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060); (Folio No 237
Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249); (Folio No. 189 Cuaderno 2 Expediente
T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 20 de mayo de 2013.
(Folio
153 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297); (Folio No. 192 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843); (Folio No. 202 Cuaderno Expediente T-4.316.566); (Folio No. 214
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580); (Folio No. 258 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192); (Folio No. 259 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563); (Folio No. 300
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folio No. 295 Cuaderno 4 Expediente
T-4.399.693); (Folio No. 234 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027); (Folio No. 204
Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060); (Folio No. 236 Cuaderno 4 Expediente
T-4.435.249); (Folio No. 188 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 289
Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787).
.
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del
24 de julio de 2013,  en la que advierte que 12 pilotos son nuevos socios
activos de la organización sindical.
(Folio
161 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297); (Folio No. 195 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843); (Folio No. 215 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566); (Folio No. 217
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580); (Folio No. 261 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192);(Folio No. 263 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563); (Folio No. 303
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No 298 Cuaderno 4 Expediente
T-4.399.693) (Folio No. 237 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027) (Folio No. 207
Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060) (Folio No. 239 Cuaderno 4 Expediente
T-4.435.249) (Folio No. 191 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 30 de julio de 2013.
(Folio
160 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 194 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843) (Folio No. 206 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566) (Folio No. 216
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio No. 260 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192) (Folio No. 262 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563) (Folio No. 302
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No. 297 Cuaderno 4 Expediente
T-4.399.693) (Folio No. 236 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027) (Folio No. 206
Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060) (Folio No. 238 Cuaderno 4 Expediente
T-4.435.249) (Folio No. 190 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 289
Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787).
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del 4
de septiembre de 2013, en la que advierte que 11 pilotos son nuevos socios
activos de la organización sindical (Folio 163 Cuaderno 5 expediente
T-4.294.297) (Folio No. 208 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566) (Folio No. 218
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio No. 263 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192) (Folio No. 265 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563) (Folio No. 305
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No. 300 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folio No. 239 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027) (Folio No. 209 Cuaderno 4
Expediente T-4.354.060) (Folio No. 241 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folio No. 193 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 16 de septiembre de 2013.
(Folio
162 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 196 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843) (Folio No. 207 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566) (Folio No. 219
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio No. 262 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192) (Folio No. 264 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563) (Folio No. 304
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No. 299 Cuaderno 4 Expediente
T-4.399.693) (Folio No. 238 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027) (Folio No. 208
Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060) (Folio No. 240 Cuaderno 4 Expediente
T-4.435.249) (Folio No. 192 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 291
Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787).
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del
18 de octubre de 2013, en la que advierte que 36 pilotos son nuevos socios activos
de la organización sindical.
(Folio
164 -165 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 201 y 202 Cuaderno 3
Expediente T-4.369.843) (Folios No. 213 y 214 Cuaderno 3 Expediente
T-4.316.566) (Folios No. 223-224 Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio
No.268-269 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192) (Folios No. 270-271 Cuaderno 4
Expediente T-4.397.563) (Folio No. 310-311 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios No. 5-6 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693) (Folios No. 244-245 Cuaderno
2 Expediente T-4.376.027) (Folios No. 214-215 Cuaderno 4 Expediente
T-4.354.060) (Folios No. 246-247 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249) (Folios No.
198-199 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 23 de octubre de 2013.
(Folios
166 - 167 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 199 y 200 Cuaderno 3
Folio No. 197 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843) (Folios No. 211-212 Cuaderno 3
Expediente T-4.316.566) (Folios No. 221-222 Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580)
(Folios No. 266-267 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192) (Folios No. 268-269
Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563) (Folios No. 308-309 Cuaderno 5 Expediente
T-4.385.804) (Folios No. 3-4 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693) (Folio No.
242-243 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027) (Folios No. 212-213 Cuaderno 4
Expediente T-4.354.060) (Folios No. 244-245 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folios No. 196-197 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 295-296
Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del
17 de octubre de 2013,  en la que advierte que 14 pilotos son nuevos socios
activos de la organización sindical.
(Folio
169 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 198 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843) (Folio No. 210 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566) (Folio No. 220
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio No. 265  Cuaderno 1 (Folio No. 264
Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192) (Folio No. 267 Cuaderno 4 Expediente
T-4.397.563) (Folio No. 307 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No. 2
Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693) (Folio No. 241 Cuaderno 2 Expediente
T-4.376.027) (Folios No. 211 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060) (Folio No. 243
Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249) (Folio No. 195 Cuaderno 2 Expediente
T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 23 de octubre de 2013.
(Folio
169 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 197 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843) (Folio No. 209 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566) (Folio No. 219
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio No. 264 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192) (Folio No. 266 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563) (Folio No. 306
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No. 1 Cuaderno 5 Expediente
T-4.399.693) (Folio No. 240 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027) (Folios No. 210
Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060) (Folio No. 242 Cuaderno 4 Expediente
T-4.435.249) (Folio No. 194 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 293
Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787).
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del 8
de noviembre de 2013,  en la que advierte que 2 pilotos son nuevos socios activos
de la organización sindical.
(Folio
171 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 221 Cuaderno 3 Expediente
T-4.316.566) (Folio No. 228 Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio No. 273
Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192) (Folio No. 275 Cuaderno 4 Expediente
T-4.397.563) (Folio No. 315 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No. 10
Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693) (Folio No. 249 Cuaderno 2 Expediente
T-4.376.027) (Folio No. 219 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060) (Folio No. 251
Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249) (Folio No. 203 Cuaderno 2 Expediente
T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 14 de noviembre de 2013.
(Folio
170 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 219 Cuaderno 3 Expediente
T-4.316.566) (Folio No. 227 Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio No. 272
Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192) (Folio No. 272 Cuaderno 4 Expediente
T-4.397.563) (Folio No. 314 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No. 9
Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693) (Folio No. 248 Cuaderno 2 Expediente
T-4.376.027) (Folio No. 218 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060) (Folio No. 250
Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249) (Folio No. 202 Cuaderno 2 Expediente
T-4.324.340); (Folio No. 1 Cuaderno 9 Expediente T-4.371.787).
·
Copia
de la comunicación enviada por el Secretario General y el fiscal de ACDAC del
24 de octubre de 2013,  en la que advierte que 13 pilotos son nuevos socios
activos de la organización sindical (Folio 173 Cuaderno 5 expediente
T-4.294.297) (Folio No. 204 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843) (Folio No. 220
Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566) (Folio No. 226 Cuaderno 5 Expediente
T-4.421.580) (Folio No. 271 cuaderno 1  (Folio No. 270 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192) (Folio No. 273 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563) (Folio No. 313
Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804) (Folio No. 8 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693)
(Folio No. 247 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027) (Folio No. 217 Cuaderno 4
Expediente T-4.354.060) (Folio No. 249 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folio No. 201 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340).
La
empresa AVIANCA acusó recibo de esa carta el 14 de noviembre de 2013.
(Folio
172 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297) (Folio No. 205 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843) (Folio No. 218 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566) (Folio No. 225
Cuaderno 5 Expediente T-4.421.580) (Folio No. 270 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192) (Folio No. 274 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563) (Folio no 246
Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027) (Folio No. 216 Cuaderno 4 Expediente
T-4.354.060) (Folio No. 248 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249) (Folio No. 200
Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 312 Cuaderno 5 Expediente
T-4.385.804) (Folio No. 7 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693); (Folio No. 299
Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787).
·
Copia
de los estatutos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC
(Folio
174 - 216 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 63-108 Cuaderno 3 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 207-249 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 222-264 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 376-419 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folios
No. 230-300 Cuaderno 5 y 1-13 Cuaderno 6 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 274-342 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 277-300 Cuaderno 4 y 1-18 Cuaderno 15 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 317-359 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 11-90 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 250-294 Cuaderno 2  y 237-324 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 220-263 Cuaderno 4 y 158-203 Cuaderno 5 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 253-295 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 205-247 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 4-47 Cuaderno 9 y 237-298 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Copias
de Solicitud de ingreso a ACDAC de  varios pilotos.
(Folios
No. 125-140 Cuaderno 3 Expediente T-4.536.832)
(Folios
No. 245-300 Cuaderno 3 y 1-18 Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 23-149 Cuaderno 3 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 22-146 Cuaderno 3 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 175-300 Cuaderno 7 y 1-150 Cuaderno 8 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 746-869 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 61-207 Cuaderno 3 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 29-153 Cuaderno 3 y 43-165 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 21-160 Cuaderno 3 Expediente T-4.371.787)
·
Certificación
de AVIANCA del 25 de noviembre de 2013, en la que constata que la oferta del
PVB incluye los siguientes beneficios: i) remuneración mensual pactado en
régimen de salario global; ii) régimen de salario integral; iii) prima de
antigüedad; iv) tiquetes, además de auxilio y prima de alimentación; v) auxilio
de transporte; vi) prima de vacaciones; vii) auxilio de maternidad; viii)
auxilio por traslado permanente; ix) auxilio educativo; x) viáticos nacionales;
xi) incentivo por eficiencia operacional; xii) incentivo por no ausentismo; y
xiii) seguro de vida. Además, certifica que 509  pilotos han suscrito la oferta
del plan
(Folios
221 - 239 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
(Folios
No. 252-271 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 265-284 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 19-51 Cuaderno 5 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 386-391 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 221-272 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 322-327 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 287-292 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 27-32 Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249)
(Folio
No. 248 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 74-79 Cuaderno 9 Expediente T-4.371.787)
·
Oficio
de AVIANCA del 25 de noviembre de 2013, documento que asevera que los asociados
de ACDAC aumentaron de 394 a 531 entre enero y noviembre de 2013.
(Folio
259 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
(Folio
No. 291 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 288 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folio
No. 343 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192)
(Folio
No. 385 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folio
No. 93 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 295-320 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 264-285 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 296-297 Cuaderno 4 y 1-25 Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249)
(Folio
No. 276 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 48-72 y 217-249 Cuaderno 9 Expediente T-4.371.787)
·
Certificación
proferida por la empresa AVIANCA del 25 de noviembre de 2013, la cual advierte
que ofreció a 970 pilotos el PVB, el 6 de octubre de ese año. En esa reunión
aceptaron el acuerdo 538 aviadores y lo rechazaron 386
(Folio
260 Cuaderno 5 expediente T-4.294.297)
(Folio
No. 292 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 289 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folio
No. 344 Cuaderno 1 Expediente T-4.330.192)
(Folio
No. 360-384 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804)
(Folio
No. 24 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693)
(Folio
No. 321 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027)
(Folio
No. 286 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060)
(Folio
No. 26 Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 250-254 y 277 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340)
(Folio
No. 73 Cuaderno 9 Expediente T-4.371.787)
·
Acción
de tutela de 12 de marzo de 2014 presentada por el Presidente de ACDAC contra
AVIANCA S.A ante el Juzgado 41 Penal del Circuito con función de Conocimiento.
Su pretensión se centra en la defensa de la Convención Colectiva que los
cobija, específicamente el esquema salarial, toda vez que ella pretende ser
modificada por AVIANCA S.A, empresa que se escuda en que la aceptación del PVB
es una decisión libre y voluntaria. Por el contrario su adhesión implica la
renuncia a los beneficios de la Convención Colectiva (artículos 467-481 CST),
por cuanto a pesar de solicitar la extensión de las condiciones del Pacto
Colectivo a los sindicalizados (derecho a la igualdad) ello no ocurrió,
discriminando así a quienes requirieron esto. De ahí que la vulneración al
derecho de asociación sindical sea ostensible, pues indujo al retiro de la
ACDAC. Destacó que AVIANCA S.A ha sido reiterativa en esta conducta
discriminatoria, por cuanto ya fue sancionada por ello en Resolución 0000639 de
23 de mayo de 2013, de hecho, los precedentes de esta decisión son las
resoluciones 000985 de 26 de julio de 2012, 1427 de 11 de septiembre de 2012 y
204 de 6 de marzo de 2013. Por otro lado resaltó que la presión para acogerse
al PVB consistió en prometer la entrega de un bono especial que representaba el
retroactivo de los incrementos causados entre el 1 de abril y 30 de septiembre
de 2013, es decir, quienes no firmaron no se beneficiaron de esta medida, por
ello 150 pilotos sindicalizados decidieron aceptar el Pacto Colectivo, creyendo
que era más favorable (Cuaderno original, fls 68-114 Cuaderno 1 2 expediente
T-4363853)
·
Copia
de Comunicación del 25 de octubre de 2013 de AVIANCA a Luis Ernesto Pinto
Barbosa, expresando la inclusión en el PVB.
(Folio
No. 80 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843)
(Folio
No. 116 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folio
No. 103 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folio
No. 452 Cuaderno 1 y 97 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192)
(Folio
No. 300 Cuaderno 5 Expediente T-4.397.563)
(Folio
No. 103 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folio
No. 191 Cuaderno 5 y 103 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folio
No. 103 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folio
No. 293 Cuaderno 5 Expediente T-4.354.060)
(Folio
No. 290 Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249)
(Folio
No. 59 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folio
No. 202 Cuaderno 4 y 103 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
del desprendible de nómina del piloto sindicalizado Jaime Hernández Sierra
desde la primera quincena de noviembre de 2013 hasta la primera quincena de
diciembre de 2013.
(Folios
No. 81-83 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 117-119 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 104-106 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 433-435 Cuaderno 1 y 98-103 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 1-3 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 104-106 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 192-194 Cuaderno 5 y 104-105 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 104-106 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 291-293  Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 60-62 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 203-205 Cuaderno 4 y 104-106 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Circular
informativa sobre los pilotos adscritos a la ACDAC que se acogieron al PVB. La
Junta Directiva de la ACDAC pretendió poner en conocimiento de sus afiliados la
CARTA DE ACEPTACION que firmaron quienes prefirieron el Pacto Colectivo, con el
fin de que advertir que lo propuesto esta cimentado en el interés de AVIANCA
deteriorar las condiciones laborales de sus trabajadores
(Folios
174-177 Cuaderno 2 expediente T-4363853)
(Folios
No. 84-87 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 120-123 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 107-110 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 436-439 Cuaderno 1 y 104-107 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 4-7 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 108-110 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 195-198 Cuaderno 5 y 106-109 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 107-110 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 294-297 Cuaderno 5 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 294-297 Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 63-66 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 206-209 Cuaderno 4 y 107-110 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Circular
informativa del 11 de diciembre de 2013 emitida por la Junta Directiva de la
ACDAC. Se resaltó que el Juzgado 34 Penal Municipal fallo a favor las dos
primeras tutelas por discriminación en contra de la administración de AVIANCA
S.A. Como argumento beneficioso es claro que los pilotos que firmaron el
documento de AVIANCA S.A en ningún momento fueron expulsados como se ha
afirmado
(Folios
178-180 Cuaderno 2 expediente T-4363853)
(Folios
No. 88-91 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 124-126 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 111-113 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 440-442 Cuaderno 1 y 108-110 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 8-10 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 111-113 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 199-201 Cuaderno 5 y 110-112 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 111-113 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 298-300 Cuaderno 5 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 1-3 Cuaderno 6 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 67-70 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 210-212 Cuaderno 4 y 111-113 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Comunicado
del 6 de diciembre de 2013 enviado por los capitanes Jaime Hernández Sierra
(Presidente ACDAC), Julián Gustavo Pinzón Saavedra y Edgar Alonso Obando
Villacis, al representante legal de AVIANCA S.A Fabio Villegas Ramírez. En él
se exige el cumplimiento del fallo de tutela emitido por el Juzgado 34 Penal
Municipal de Bogotá el 4 de diciembre de 2013 el cual fue claro al señalar que se
deberá extender a los trabajadores sindicalizados citados los mismos beneficios
económicos otorgados a los no sindicalizados, así mismo deberá efectuar los
reajustes salariales y prestacionales de carácter legal y extralegal, hasta
tanto no se resuelva debidamente el conflicto existente entre la ACDAC y
AVIANCA S.A. Se envió copia a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
(Folios
181-185 Cuaderno 2 expediente T-4363853)
(Folios
No. 92-96 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 127-131 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 114-118 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 443-447 y 510-514 Cuaderno 1 y 111-113 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 11-15 y 70-74 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 114-118 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 202-206, 269-273 Cuaderno 5 y 113-114 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 114-118 y 172-176 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 29-33 Cuaderno 3  y 1-5 Cuaderno 6 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 4-8 Cuaderno 6 y 63-67 Cuaderno 6 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 71-73 y 137-141 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 213-217, 271-275 Cuaderno 4, 114-118 y 172-176 Cuaderno 10 Expediente
T-4.371.787)
·
Comunicación
del 21 de octubre de 2013 suscrita por el Representante Legal de AVIANCA S.A,
Fabio Villegas, dirigida a los pilotos sindicalizados en la que advierte que
solo se accederá al Bono de Retroactividad existente si los trabajadores aceptan
integralmente la propuesta. De hecho, la prestación propuesta corresponde a las
necesidades económicas planteadas por los trabajadores, incluso por miembros de
la ACDAC en la mesa de trabajo que se adelantó en el mes de septiembre.
(Folios
186-187 Cuaderno 2 expediente T-4363853)
(Folios
No. 97 y 98 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843)
(Folios
No. 132-133 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566)
(Folios
No. 119-120 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folios
No. 448-449 Cuaderno 1 y 114-115 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 16 y 17 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folios
No. 230-231 Cuaderno 6 y 119-120 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 207-208 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 119-120 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 6-7 Cuaderno 6 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 9-10 Cuaderno 6 Expediente T-4.435.249)
(Folios
No. 74-75 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 218-219 Cuaderno 4 y 119-120 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Comunicado
del 28 de marzo de 2014 enviado por el capitán Jaime Hernández Sierra, Presidente
ACDAC, al representante legal de AVIANCA S.A, el señor Fabio Villegas Ramírez.
En él se exige el cumplimiento del fallo de tutela emitido por el Juzgado 16
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el 19 de marzo de
2014. (Folios No. 46-55 Cuaderno 4 Expediente T-4.385.804)
·
Comunicado
del 6 de diciembre de 2013 enviado por los capitanes Jaime Hernández Sierra
(Presidente ACDAC), Julián Gustavo Pinzón Saavedra y Edgar Alonso Obando
Villacis, al representante legal de AVIANCA S.A, el señor Fabio Villegas
Ramírez. En ese documento se exige el cumplimiento del fallo de tutela emitido
por el Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá el 4 de diciembre de 2013 el cual
fue claro al señalar que se deberá extender a los trabajadores
sindicalizados citados los mismos beneficios económicos otorgados a los no
sindicalizados, así mismo deberá efectuar los reajustes salariales y
prestacionales de carácter legal y extralegal, hasta tanto no se resuelva
debidamente el conflicto existente entre la ACDAC y AVIANCA S.A. Se
envió copia a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y
la Fiscalía General de la Nación (fls 181-185 Cuaderno 2 expediente T-4363853)
(Folios
No. 181-185 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folios
No. 629-633 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027)
·
Comunicación
del 7 de enero de 2014 dirigida a la ACDAC y suscrita por la Directora de
Talento Humano. En él se advierte que el PVB no es un pacto colectivo pues no
se han superado los pasos establecidos legalmente: presentación de pliego de
peticiones y arreglo directo. Al contrario, la propuesta presentada es una
actualización económica de los valores reconocidos en los beneficios
extralegales. La compañía pretendía presentar en un plano de equidad una oferta
especial para los afiliados de la organización sindical, es decir, el hecho de
que sus afiliados acepten la propuesta económica no implica que sean miembros
adherentes al PVB. Por tanto la aceptación de la propuesta de actualización
económica presentada por la Compañía, es totalmente autónoma y voluntaria de
cada trabajador afiliado; se reitera su aceptación no implica la
exclusión de la Organización Sindical. (Folios 268-269 Cuaderno 2
expediente T-4363853)
·
Comunicación
del 13 de enero de 2014 dirigida a la ACDAC y suscrita por la Gerente de
Relaciones Laborales de AVIANCA. En ella se aclara una vez más que el
ofrecimiento presentado por la Compañía ante sus afiliados constituye una
propuesta de actualización de los beneficios económicos que se encuentran
establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Ello implicaba la
posibilidad de acceder a una compensación variable atada a factores de
productividad, beneficios que no van en contravía de lo acordado
convencionalmente. Finalmente recordó que su aceptación no trae consigo la
renuncia de los trabajadores a su condición de afiliados al sindicato (Folios
270-272 Cuaderno 2 expediente T-4363853)
·
Certificación
del 21 de enero de 2014 avalado por el Gerente de Desempeño y Compensación Ejecutiva
de Avianca S.A. En él se detalla el número de afiliado a la ACDAC entre el 1 de
enero y 31 de diciembre de 2013. En ese documento se certifica que el número de
trabajadores sindicalizados se incrementó.  (Folio 36 Cuaderno 6
expediente T-4363853)
·
Certificados
del 22 de enero de 2014 avalado por el Gerente de Desempeño y Compensación
Ejecutiva de Avianca S.A en el que se indica la fecha de vinculación del piloto
sindicalizado, el tipo de contrato mediante el cual está vinculado, el salario
que devenga y el incremento salarial que se efectuó a partir del 1 de abril de
2013. Ese documento certifica que los accionantes pertenecen a ACDAC (fls
45-141 Cuaderno 6 expediente T-4363853)
·
Derecho
de petición del 28 de octubre de 2013, de Jaime Hernández Sierra al Ministro de
Trabajo. (Folios No. 231-249 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folios
No. 5-23 Cuaderno 4 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 26-44  Cuaderno 4 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 294-300 Cuaderno 3 y 1-12 Cuaderno 4 Expediente T-4.371.787)
·
Acta
de reunión de ACDAC realizada el 21 de noviembre de 2013, en la que se aprobó
el Pliego de Peticiones. (Folios No. 289-314 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folios
No. 155-157 Cuaderno 5 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 78-131 Cuaderno 4 Expediente T-4.324.340)
·
Pliego
de peticiones presentado por ACDAC ante AVIANCA S.A. el 17 de diciembre de
2013. Avalado por el Capitán Jaime Hernández Sierra, Presidente de la
Asociación- Ese documento expresa las aspiraciones mínimas de los tripulantes
de la compañía, entre las que se hallan que: i) los comandantes de las
aeronaves sean de nacionalidad Colombiana, con excepción de los capitanes de
nuevos equipos, evento en que se concertara con el sindicato; ii) límite a la
extensión del horarios; iii) formación, actualización y refuerzo de inglés de
la tripulación; iv) restricción de vuelos nocturnos continuos; v) descanso
adicional por trabajo nocturno; vi) limitación de jornadas laborales en la
madrugada; vii) prohibición de la figura de safe pilot (piloto de apoyo)
en un equipo diferente en que opera habitualmente; viii) asignación de los jumpseats
por parte del comandante de la aeronave; ix) 9 días libres mensuales; x) 3
fines de semana libres al mes; x) indemnizaciones por sanciones impuestas a los
aviadores, debido al incumplimiento de normas aeronáuticas que se causen por
seguir órdenes de la compañía o directores de la misma; xi) creación de un
comité técnico que evalué la seguridad aérea; xii) investigaciones de los
accidentes, incidentes o eventos operacionales en las aeronaves de la empresa
por parte de los peritos de la organización sindical; xiii) tope máximo de
horas de vuelo diarias, semanales, quincenales, mensuales; trimestrales y
anuales; xiv) publicación mensual del itinerario; xv) suministro de desayuno,
almuerzo y comida; xvi) estabilidad salarial; xvii) aumento de viáticos; xviii)
prima de comando así como de navegación; xix)  igualdad salarial entre
copilotos; xx) remuneración para instructores de vuelo, tierra y chequeadores;
xxi) licencia de maternidad y de paternidad; xxii) compensación por gastos de
sala cuna, guardería y preescolar; xxiii) pasa-bordo de cortesía; xxiv) prima
única de antigüedad; xxv) prima de riesgo por transportar mercancías peligrosa
o radioactivas; xxvi) prima de riesgo por volar desde y hacia aeropuertos
especiales, así como por vuelos CAT 2 y 3; xxvii) prima de operaciones ETOPS;
xxviii) auxilio para estudio; xxix) convocatorias para traslado de base; xxx)
pago de multa por terminación anticipado de contrato de arrendamiento que
suscribió un piloto, en razón del traslado de su base de operación; xxxi)
condiciones de las salas de pilotos; xxxii) tripadis sin asignación; xxxiii)
seguro médico, odontológico y medicamento para familiares; xxxiv) club o sede
social; xxxv) presentación de ACDAC en la inducción de nuevos tripulantes;
xxxvi) permiso para los negociadores del sindicato; xxxvii) comisión de quejas,
reclamos y de seguridad aérea; xxxviii) sanciones a la empresa por incumplir la
convención colectivas, la cuales se pagarán al tripulante afectado; xxxix)
reembolso de gastos en que incurra ACDAC por procesos judiciales y
procedimientos administrativos que debe iniciar contra la empresa; xl) unidad
de empresa
(Folios
No. 273-304, Cuaderno 2 expediente T-4363853)
(Folios
No. 46-78 y 479-511 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folios
No. 209-241 Cuaderno 3 y 21-56 Cuaderno 4 Expediente T-4.330.192)
(Folios
No. 205-237 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folios
No. 204-236 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folios
No. 204-236 Cuaderno 5 Expediente T-4.354.060)
(Folios
No. 45-77 Cuaderno 4 Expediente T-4.324.340)
(Folios
No. 13-45 Cuaderno 4 y 203-236 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Proceso
de Denuncia de Convenciones y Pactos Colectivos en el Ministerio de Trabajo
iniciado por Jaime Hernández Sierra y Lina Garzón Roa (representante legal de
la sociedad accionada). (Folios No. 114-134, 343-345, 420-454, 456-478 Cuaderno
1 Expediente T-4.392.801)
·
Derecho
de petición del 3 de enero de 2014, de Jaime Hernández Sierra al Ministro de
Trabajo en que solicita la intervención de esa autoridad pública, con el fin de
que se inicie el período de negociación colectiva que ha negado AVIANCA.
(Folios
No. 177-230 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
(Folios
No. 57-110 Cuaderno 4 Expediente T-4.330.192)
·
Comunicación
del 23 de diciembre de 2013 de AVIANCA acusando recibo del Pliego de Peticiones
y solicitando denuncia de la Convención Colectiva. (Folio No. 512 Cuaderno 1
Expediente T-4.392.801)
·
Copia
de la denuncia parcial de la convención colectiva realizada ante el Ministerio
del Trabajo por ACDAC el 22 de marzo de 2013. En dicho documento se deja
constancia de que se allegaron las 3 copias (Folios No. 114- 115 Cuaderno 1
Expediente T-4.392.801)
·
Comunicación
de ACDAC del 23 de diciembre de 2013, remitiendo denuncia de la Convención
Colectiva. (Folios No. 513-521 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
·
Comunicación
de ACDAC del 23 de diciembre de 2013, que solicita reunión para instalar mesa
de negociación del Pliego de peticiones presentado. (Folio No. 524 Cuaderno 1
Expediente T-4.392.801)
·
Comunicación
de AVIANCA  del 7 de enero de 2014, que informa que la Convención Colectiva se
ha prorrogado, debido a que transcurrió el término para el arreglo directo sin
que el sindicato hubiese denunciado la convención y presentado pliego de
peticiones. (Folios No. 522 y 523 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
·
Comunicación
de AVIANCA del 13 de enero de 2014, documento que advierte que la Convención
Colectiva se ha prorrogado, debido a que transcurrió el término para el arreglo
directo sin que el sindicato hubiese denunciado la convención y presentado
pliego de peticiones. (Folios No. 525 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
·
Certificación
de AVIANCA que confirma vinculación de Jesús Alberto Mercado Rincón a la
compañía desde el 11 de febrero de 1994 hasta el 25 de noviembre de 2013.
(Folio No. 211 Cuaderno 3 Expediente T-4.536.832)
·
Copia
proceso de incidente de desacato del fallo del 4 de marzo de 2014 proferido por
el Juzgado 3 Penal Municipal con Función de Control de Garantías (Folios No.
53-120 Cuaderno 4 Expediente T-4.536.832).
·
Comunicación
del 19 de marzo de 2014 de ACDAC dirigido a AVIANCA, solicitando inicio de
negociaciones del Pliego de Peticiones. (Folios No. 559 y 560 Cuaderno 1 y 3
Cuaderno 2 Expediente T-4.392.801)
·
Comunicación
del 26 de marzo de 2014 de ACDAC dirigido a AVIANCA, remitiendo el acta de
instalación de inicio de etapa de arreglo directo. (Folios No. 583-592 Cuaderno
1 Expediente T-4.392.801)
·
Derecho
de petición del 1 de noviembre de 2013, de Jaime Hernández Sierra a AVIANCA
solicitando los nombres de las personas que acogieron el PVB.
(Folio
No. 166 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580)
(Folio
No. 170 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192)
(Folio
No. 63 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563)
(Folio
No 166 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804)
(Folio
No. 262 Cuaderno 5  y 173 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693)
(Folio
No. 622 Cuaderno 1  y 165 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027)
(Folio
No. 12 Cuaderno 3 Expediente T-4.354.060)
(Folio
No. 56 Cuaderno 6 Expediente T-4.435.249)
(Folio
No. 130 Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340)
(Folio
No. 264 Cuaderno 4 y 165 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Comunicación
15 de enero de 2014 de Jaime Sierra Hernández certificando pilotos
sindicalizados activos. (Folios No. 116-125 Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693)
·
Comunicación
del 10 de marzo de 2014 que certifica los pilotos que se acogieron al PVB.
(Folios No. 2-33 Cuaderno 6 Expediente T-4.385.804)
·
Memorial
del 25 de marzo de 2014 de ACDAC contra AVIANCA frente al Juzgado 41 Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. (Folios No. 11-41 Cuaderno 8
Expediente T-4.421.580)
·
Copia
de la comunicación que ACDAC envió a la empresa AVIANCA para señalar que 40
socios del sindicato no se encuentran activos, situación que ocurrió como
consecuencia de la suscripción del PVB por parte de los trabajadores (Folios
170-171 y 183 y 184 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
·
Copia
de documentos y certificaciones que muestran que los demandantes del proceso
T-4.536.832 pertenecen a la ACDAC (Folio 141 Cuaderno 4).
·
Copia
de documentos y certificaciones que muestran que los demandantes del proceso
T-4.435.249 pertenecen a la ACDAC (Folio 28 y siguientes Cuaderno original y
anexos 3).
·
Comunicación
del 10 de marzo de 2014 que certifica que 208 pilotos que pertenecieron a ACDAC
se acogieron al PVB. (Folios No. 2-8 Cuaderno 6 Expediente T-4.385.804)
·
Comunicación
del 10 de marzo de 2014 que certifica que 526 pilotos no sindicalizados que son
beneficiarios del PVB. (Folios No. 9-23 Cuaderno 6 Expediente T-4.385.804)
·
Comunicación
del 10 de marzo de 2014 que certifica que 328 pilotos sindicalizados a ACDAC
rechazaron los beneficios del PVB, y en consecuencia no son beneficiarios de la
oferta del plan. (Folios No. 24-33 Cuaderno 6 Expediente T-4.385.804)
2.        Afiliado al Sindicato de
Auxiliares de Vuelo ACAV[62]
2.1.     Hechos
2.1.1.
Desde
junio de 1987, el señor Guillermo Enrique Robayo Garrido ingresó a trabajar en
AVIANCA como auxiliar de vuelo.
2.1.2.
La
empresa reconoció al actor las bonificaciones de alimentación y ayuda especial
para gastos de salud, rubros que se encontraban reconocidos en el Plan
Voluntario de Beneficios.
2.1.3.
En
el año de 1990, el peticionario se afilió al sindicato de auxiliares de vuelo
(ACAV). Como resultado de esa vinculación, la compañía dejó de cancelar los
auxilios referidos.
2.1.4.
La
empresa cancela los beneficios citados a otros auxiliares que no pertenecen al
sindicato, dado que suscribieron el PVB que ofertó AVIANCA.
2.1.5.
El
actor solicitó el reconocimiento de los auxilios de salud y alimentación a la
empresa demandada. Sin embargo, la sociedad se negó extender las ventajas, en
la medida que ellas se derivan de la suscripción del PVB, aceptación que el
peticionario no ha presentado.
2.2.   Argumentos de la acción de tutela
El accionante considera que la compañía
AVIANCA se encuentra vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad y a la
asociación sindical, puesto que coacciona de manera económica a los
trabajadores con el fin de que renuncien a la asociación sindical. Con esas
actuaciones, la sociedad pretende manejar a su antojo la dignidad de los empleados.
Por tanto, concluyó que los actos de  sociedad demandada son contrarios a los
derechos al trabajo, a la asociación sindical, así como al principio de
justicia.
2.3.   Contestación de la demanda
El apoderado de AVIANCA, el abogado
Ricardo Alfredo Moreno Moreno se opuso a los argumentos de la demanda, al
advertir que el sindicato ACAV se ha reusado a negociar la convención colectiva
que estuvo vigente hasta el año 2005. Ese acuerdo estipuló que los
beneficiarios de la convención no pueden acceder a las ventajas de otra fuente
legal o extralegal. Ante esa regulación, es imposible que el actor sea
destinatario del PVB. Es más, resaltó que la oferta del plan prohíbe la
duplicidad de regímenes salariales, tal como solicita el accionante.
En cumplimiento de la convención colectiva
celebrada entre AVIANCA Y ACAV, la empresa ha honrado su acuerdo reconociendo y
desembolsando al actor todos los dineros que se derivan de dicho documento. Por
eso, la compañía no puede desatender el articulado convencional, al reconocer
un beneficio extralegal que ella misma prohíbe. Resaltó que su apoderada ha
protegido el derecho a la asociación sindical a tal punto, que dejó a consideración
del sindicato sí acogía la propuesta de la empresa.
Para el apoderado, no se vulneró el
derecho a la igualdad del señor Robayo Garrido, en la medida que el PVB se
ofreció a todos los trabajadores con independencia que pertenecieran al
sindicato.
Así mismo, el profesional en derecho
estimó que la acción de tutela carece de inmediatez, en la medida que el
accionante presentó la demanda después de 9 años de la entrada en vigencia del
PVB. Al mismo tiempo, adujo que la demanda incumple la subsidiariedad, porque existen
otros medios de defensa judicial para que se discutan las pretensiones del
demandante. Incluso, reseñó que en la jurisdicción ordinaria se encuentran dos
procesos que tienen las mismas pretensiones que la demanda de tutela.
2.4.   Decisiones judiciales objeto de revisión
·
Decisión de primera instancia
El 16 de junio de 2013, el Juzgado Noveno
Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá negó el amparo solicitado,
al considerar que la acción de tutela era improcedente, en la medida que: i) el
actor no demostró que estuviese en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable
que desplace los medios ordinarios de defensa judicial; y ii) la demanda carece
de inmediatez, puesto que el peticionario solicitó ante los jueces
constitucionales los pagos de los beneficios del PVB, después de 9 años de la
entrada en vigencia de dicho acuerdo.
·
Impugnación
El accionante impugnó el fallo de primera instancia, precisando que
la discusión jurídica que propone se circunscribe al derecho a la igualdad y no
al reconocimiento de unas acreencias laborales. Así mismo, advirtió que el
perjuicio irremediable no se presenta en materia económica, sino frente al
derecho a la asociación sindical, toda vez que los ingresos del auxilio de
salud y alimentación pretenden que los trabajadores renuncien al sindicato,
situación que eliminaría la asociación de trabajadores y otorgaría el pleno
control laboral a la compañía.
Adicionalmente, precisó que AVIANCA vulneró
su derecho a la igualdad, al no reconocer el pago de los auxilios de salud así
como alimentación, porque ese desembolso se realiza a otros auxiliares de vuelo
que no pertenecen al sindicato de trabajadores. Reiteró que ese principio se
vulnera cuando se reconocen prerrogativas a los trabajadores no sindicalizados
sin justificación alguna, como quiera que ello promueve la deserción de los
trabajadores sindicalizados, hecho que puede culminar en la desaparición de
dichas organizaciones.
·
Sentencia de segunda instancia
El 29 julio de 2013, el Juzgado Treinta y
Siete Penal del Circuito de Bogotá confirmó la decisión del juez de primera
instancia, al considerar que el señor Robayo Garrido no agotó los medios
ordinarios de defensa que tiene a su disposición, por ejemplo las querellas
administrativas ante la autoridad del trabajo y las acciones ordinarias en
jurisdicción laboral. De hecho, resaltó que los jueces de tutela tienen vedado
pronunciarse sobre prestaciones económicas como son los auxilios de salud y de
alimentación. Además, precisó que el supuesto perjuicio irremediable originado
en la desaparición de ACAV es incierto, pues no existe amenaza que ello vaya a
suceder. Finalmente, advirtió que la acción de tutela incumple el requisito de
inmediatez, puesto que el peticionario solicita unas prestaciones que fueron
reconocidas hace 9 años en el PVB de la anualidad de 2005.
2.5.    Pruebas relevantes del expediente.
·
Copia
de cédula de ciudadanía del señor Guillermo Enrique Robayo Garrido,
identificación que advierte que tiene 52 años de edad. (Folio No. 8)
·
Copia
de Comprobantes de Pago de Nómina realizados a Guillermo Enrique Robayo Garrido
desde la segunda quincena de marzo de 2014 hasta la segunda quincena de abril
de 2014. Los comprobantes indican que el actor devenga un promedio de $
1.000.000 quincenal, monto que se calcula con: i) sueldo básico; ii) gastos de
representación; iii) viáticos; iv) ajuste al peso; v) horas de vuelo; vi) en
algunos desprendibles prima de jefe de cabina encargado  (Folios No. 10-12)
·
Copia
de Propuesta Acuerdo Convencional del 23 de septiembre de 2010 presentado a los
auxiliares de vuelo afiliados a ACAV por parte de AVIANCA, la cual tiene los
siguientes elementos: i) aspecto económico en que se incrementaran en el IPC el
fondo de vivienda así como educativo, viáticos. También establece un salario
garantizado, la prima de jefe de cabina y unificar los cargos de jefe de cabina
nacional/internacional a uno solo. La empresa propone un incentivo operacional
y condiciones: a) corporativas que incluyen reducción de ausentismos,
disminución de accidentalidad así como cumplimiento de metas a satisfacción; y
b) individuales que comprenden cero ausentismos en el trimestre al igual que
cero faltas disciplinarias; y ii) aspectos operativos, que reconocen
información de avisos de horarios electrónicos, así como la asignación estándar
del servicio. El documento advierte que la aceptación debe ser integral, de
modo que no proceden las aquiescencias parciales. (Folios No. 43-47)
·
Copia
de Plan Voluntario de Beneficios -PVB- de AVIANCA para los auxiliares de vuelo
documento que tiene vigencia hasta el 30 de marzo de 2015. Además, evidencia
que en las cláusulas 3 y 4 se fijó la aplicación integral del régimen de
beneficios de ese plan. Es especial, se indica que ningún auxiliar de vuelo
podrá solicitar la aplicación parcial de una norma o de varias de dicho
acuerdo. Recalca que el PVB es incompatible con otras fuentes de
derechos existentes en la empresa, de modo que “el Auxiliar de vuelo que se
beneficie del PVB no podrá beneficiarse a la vez de los beneficios establecidos
en otras fuentes de derechos extralegales”. En la cláusula 5 se reconoce
que podrán acceder al PVB los pilotos sindicalizados (depende de sus deberes en
las asociaciones sindicales) y no sindicalizados. (Folio No. 48-73).
·
Copia
de Acta de Acuerdo Final de Modificación Convencional del 25 de agosto de 2005
que reconoce que AVIANCA y ACAV llegaron un acuerdo integral en el clausulado
convencional que ampliaba la vigencia de ese acuerdo hasta el año 2010.
(Folios No. 84-95)
·
Copia
de la Cláusula 1 de la Convención Colectiva de Trabajo entre AVIANCA  y
SINTRAVA (sindicato Nacional de Trabajadores de Avianca), que reconoce la
obligación de la compañía de cumplir el acuerdo convencional. (Folios No. 74-77)
·
Copia
de Comunicación del 30 de noviembre de 2006 de AVIANCA para ACAV con respecto
al Plan Voluntario de Beneficios para Auxiliares de Vuelo, oferta del plan que
fue presentada a los trabajadores no sindicalizados. (Folios No. 97 y 98)
·
Copia
de Comunicación del 20 de agosto de 2010 de AVIANCA a sus auxiliares de vuelo,
informando los cambios incorporados al PVB a partir del 1 de julio de 2010.
(Folios No. 78-83)
·
Copia
de Comunicación del 19 de agosto de 2010 de AVIANCA para ACAV con respecto a la
Propuesta de Acuerdo Convencional para Auxiliares de Vuelo afiliados a la ACAV.
(Folios No. 99 y 100)
·
Copia
de Comunicación del 23 de septiembre de 2010 de ACAV para AVIANCA, informando
la no aceptación de la Propuesta de Acuerdo Convencional para Auxiliares de
Vuelo Afiliados a la ACAV del 19 de agosto de 2010. (Folio No. 101)
·
Copia
de Comunicaciones del 6 y 25 de octubre de 2010 de AVIANCA para ACAV que acusan
recibo de la comunicación del 27 de septiembre que rechazó la Propuesta de
Acuerdo Convencional. (Folios No. 102-105)
·
Copia
de Comunicación del 9 de febrero de 2011 informando atraso en la incorporación
del escalafón de Jefe de Cabina Integral, cargo que unificaba los empleados de
Jefe de Cabina Integral Nacional/Internacional. (Folio No. 96)
·
Copia
de Memorial presentado por apoderado de AVIANCA, solicitando corrección de
error mecanográfico en el aparte “Asunto a tratar” del fallo del 28 de junio de
2011. (Folio No. 147)
·
Copia
de Acta de Acuerdo Convencional del 2 de octubre de 2003. (Folios No. 170-191)
·
Copia
de Comunicación del 9 de octubre de 2003 que deposita el Acta de Acuerdo
Convencional en el ministerio de Protección Social. (Folio No. 169)
·
Memorial
del 17 de junio de 2014 informando la afiliación de Guillermo Enrique Robayo
Garrido desde el 2 de enero de 1990 según Acta No. 390. (Folio No. 282 Cuaderno
de Primera Instancia)
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.
Esta
Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela de conformidad
con lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución
Política y en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y problemas jurídicos
2.
En
esta oportunidad, la Sala estudiará diecisiete expedientes en los cuales debe
verificar, si la empresa de aviación accionada ha vulnerado los derechos a la
asociación sindical y a la igualdad de los actores en el proceso de discusión
colectiva de los trabajadores con la empresa. Específicamente, determinará
si:
i)
¿El
Plan Voluntario de Beneficios se asimila a un pacto colectivo por los efectos
que tiene de excluir a un trabajador de la aplicación de la convención
colectiva de trabajo?
ii)      ¿La
empresa demandada ha conculcado los derechos a la igualdad y a la asociación
sindical de los accionantes, porque estableció un régimen salarial más
beneficioso para los empleados que suscriben el PVB que la regulación que
tienen los trabajadores que los cobija la convención colectiva?
iii)    ¿AVIANCA
ha quebrantado los derechos a la asociación sindical y a la igualdad de los
tutelantes, al condicionar el acceso de los beneficios del PVB a la aceptación
integral de la oferta del plan y/o a la modificación del clausulado de la
convención colectiva de trabajadores?
iv)    ¿La
compañía accionada ha desconocido los derechos a la asociación sindical y a la
negociación colectiva de ACDAC, al negarse a iniciar el proceso de diálogo con
esa organización de trabajadores, porque esta no denunció en forma oportuna la
convención colectiva?
Sin embargo, esta Corporación advierte la necesidad de
examinar de manera preliminar elementos formales de la acción de tutela, que
también fueron observados por algunos de los jueces de instancia, quienes
consideraron la demanda como improcedente, porque carecía de legitimidad por
activa, de cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez[63].
Así mismo, señalaron que el representante del sindicato de ACDAC incurrió en
temeridad. Debido a lo anterior, la Corporación deberá establecer si:
i)
¿El
capitán Jaime Hernández Sierra, el presidente del sindicato ACDAC, tiene la
legitimidad por activa para solicitar la protección de los derechos a la
asociación sindical, a la negociación colectiva y a la igualdad de los pilotos
que pertenecen a esa organización de trabajadores, a pesar de que estos no
allegaron a los procesos de la referencia las autorizaciones de representación
de sus derechos?
ii)      ¿Se
configuró temeridad en los procesos: a) T-4.371.787 y T-4.376.027 frente al
expediente T-4.369.843, en la medida que el capitán Hernández Sierra actuó en
los dos primeros procedimientos en representación de varios pilotos y en el
segundo a nombre propio, solicitando el amparo de los derechos de todos los
trabajadores sindicalizados; y b) T-4.536.832 en relación con el expediente
T-4-376-027, toda vez que el presidente del sindicato ACDAC representó a los
pilotos Luis Francisco Kocka López, Alejandro Londoño Garavito, Jeison Galeano
Jiménez en los dos procedimientos?
iii)    ¿La
acción de tutela observa el principio de subsidiariedad para proteger los
derechos a la asociación sindical, a la negociación y la igualdad de los peticionarios
en el caso concreto?
iv)    ¿Se
cumple el requisito de inmediatez en el expediente T-4.547.067, en tanto que el
actor presentó la acción de tutela 9 años después que entrara en vigencia el
PVB que contiene las prestaciones solicitadas?
3.
Para abordar los problemas descritos, la Sala comenzará por
reiterar la jurisprudencia sobre la legitimidad por activa en las
organizaciones sindicales. A continuación, hará referencia al concepto y
alcance de la temeridad. Posteriormente, reseñará las reglas de procedibilidad
de la acción de tutela para proteger el derecho a la asociación y a la
negociación colectiva. Más adelante, se pronunciará sobre el alcance de esas
garantías constitucionales. En ese acápite se precisarán las características de
los pactos colectivos, las convenciones colectivas y las reglas jurisprudenciales
sobre su coexistencia en una misma compañía. Finalmente, llevará a cabo el
análisis de los casos en concreto.
Legitimidad por activa en las organizaciones
sindicales[64]
4.
La Corte Constitucional ha manifestado que la acción de
tutela es una herramienta procesal preferente, informal, sumaria y expedita que
pretende la protección de los derechos fundamentales de una persona que se ven
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o
particular. No obstante, estas características no relevan al demandante de
cumplir ciertos requisitos mínimos de procedibilidad, entre ellos demostrar la
legitimación en la causa en el asunto respectivo[65].
4.1.
El artículo 86 de la Constitución[66]
estableció que cualquier persona puede promover la acción de tutela por sí
misma o a través de otra que actúa en su nombre. En desarrollo de esa norma
superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[67]
reconoció que la persona que vea vulnerados o amenazados sus derechos
fundamentales puede utilizar la acción de tutela para que ella o su
representante conjure esa situación. Además, previó que un tercero agencie los
derechos del afectado y solicite su protección, cuando el titular de aquellos
se encuentra imposibilitado de solicitar su salvaguarda.
La
redacción de la norma constitucional y la disposición legal han permitido que
la jurisprudencia de la Corte considere que las personas jurídicas son
titulares de derechos fundamentales objetivos y directos, por ejemplo el debido
proceso. En otros casos, ellas tienen la potestad para exigir una relación
subjetiva de manera indirecta, en razón de que se ven amenazados o afectados
los derechos esenciales de las personas naturales que conforman la entidad[68].
Entonces, los entes morales pueden hacer uso de la acción tutela para solicitar
la protección sus derechos fundamentales directos e indirectos, tal como ocurre
con los sindicatos[69].
La discusión de este acápite se centrará en identificar cómo pueden activar ese
mecanismo constitucional.
Las
normas citadas regulan la legitimidad por activa, figura procesal que se
refiere a la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”[70].
En materia de tutela, la Corte ha precisado que “la legitimación en la
causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica siempre de los
titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados”[71].
En la mayoría de los casos, el afectado acudirá de forma directa ante los
jueces para promover la acción de tutela. Lo anterior, en razón de que los
principios de la dignidad humana y la autonomía de la voluntad otorgan a la
persona el derecho a decidir si inicia las acciones idóneas para proteger sus
derechos fundamentales, sin que un tercero puede entrometerse en ello[72].
Sin embargo, en las organizaciones no pueden actuar ellas mismas, puesto que
son ficciones jurídicas que carecen de agencia propia. Por eso, deben recurrir
a las personas que la conforman o la representan.
4.2.
Específicamente,
en las asociaciones de trabajadores, la Corte Constitucional ha reiterado de
manera clara que dichas personas jurídicas tienen legitimidad para presentar la
acción de tutela en dos eventos: “i) cuando ejercen la defensa de sus
propios derechos fundamentales, o (ii) cuando buscan la protección de los
derechos fundamentales de los trabajadores sindicalizados”[73].
En la primera situación, el sindicato solicita directamente la protección de
sus derechos, como en el caso de vulneración del debido proceso. En la segunda
hipótesis, la citada persona jurídica actúa para salvaguardar los derechos
fundamentales de los individuos que la conforman, verbigracia, los derechos a
la igualdad o de asociación sindical. De acuerdo a las particularidades de los
casos sometidos a revisión, la Sala se detendrá en el segundo escenario.
A través de su
representante, el sindicato podrá representar los intereses de sus asociados
cuando la vulneración de los derechos fundamentales supere la órbita individual
del trabajador y se inscriba en un ámbito colectivo que tenga la finalidad de
proteger  a la asociación[74].
Tal consideración no desconoce que la actuación de la persona jurídica tenga
incidencia en el plano particular del trabajador; empero, ese efecto es
consecuencia de la salvaguarda colectiva. En contraste, la organización de
trabajadores no podrá representar en principio a los empleados, en el evento en
que aboga por intereses individuales que no afectan a la persona moral, pues se
persigue la satisfacción de beneficios particulares que no involucran al
sindicato[75].
No obstante, “Si
a todos los sindicalizados o a un número significativo de ellos les están
siendo vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, nada se opone a que
el Sindicato, en cuanto persona jurídica surgida justamente para fortalecerlos
frente al patrono, tome a cargo la representación de los afectados, ante
comportamientos de aquél que sean contrarios al ordenamiento jurídico o
violatorios de sus derechos fundamentales, con el objeto de solicitar a los
jueces que impartan las órdenes conducentes al inmediato amparo constitucional”
[…] No en vano el artículo 86 de la Carta Política estatuye que la acción de
tutela puede intentarla toda persona por sí misma o por quien actúe a su
nombre, en búsqueda de protección inmediata y preferente para sus derechos
fundamentales violados o amenazados”[76].
4.3.
La
Sala precisa que en los eventos descritos el representante del sindicato solo
deberá demostrar la pertenencia de los trabajadores al sindicato, sin que sea
obligatorio probar una manifestación específica de los afiliados sobre el
mandato de representación. Lo anterior, en razón de que se está protegiendo
derechos que tienen un mayor impacto en la persona moral que en la natural, sin
desconocer que puede repercutir en esta.
En la sentencia SU-342 de 1995, esta corporación
estudió la demanda de tutela promovida por varios empleados que pertenecían al
Sindicato de Trabajadores de Confecciones Leonisa S.A, SINTRALEONISA contra su empleador.
La Corte reconoció que el sindicato tenía la legitimidad por activa para pedir
la protección de los derechos de sus asociados, como quiera que representa el
interés de la comunidad de trabajadores, de acuerdo establece el artículo 372
del CST. Además, estimó que la Constitución y la ley permiten que la tutela
pueda ser instaurada por el afectado o por quien actúe en su nombre o lo
represente[77].
En la sentencia T-340 de 2012, la Sala Octava de
Revisión concluyó que el sindicato no tiene la obligación de allegar poder
sobre la representación de sus afiliados. Lo antepuesto, porque el presidente
de la organización actúa para defender los derechos de la asociación que se
afectan indirectamente. En esa ocasión, la Corte estimó que el presidente de
SINTRABRINKS cumplía con la legitimidad por activa para representar a cinco
miembros del sindicato. En la providencia T-616 de ese mismo año, la Corte
reiteró la tesis sobre el no requerimiento del poder para que el sindicato
abogue por los derechos de sus afiliados que vulneren en mayor medida a la
asociación[78].
En forma reciente, en la Sentencia T-841 de 2014, la
Corte consideró  que el presidente del sindicato SINTRAMSDES se encontraba
legitimado para actuar en representación de treinta y ocho (38) trabajadores
que solicitaban el pago de unas acreencias laborales, dado que se trataba de
una presunta violación a sus derechos fundamentales individuales que era
resultado de una situación laboral común a todos los actores.
.
4.4.
Por
consiguiente, los sindicatos a través de su presidente pueden representar los
derechos de sus afiliados, siempre que la vulneración de esas garantías
implique la conculcación de los derechos de la asociación de trabajadores y no
se agote en una pretensión de intereses individuales del empleado. Para ello,
no es necesario aportar poder o manifestación de la facultad de representación,
pues bastará demostrar que el demandante pertenece al sindicato.
Configuración de la actuación temeraria en la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia[79].
5.
La
jurisprudencia de la Corte ha señalado que la temeridad es un fenómeno que nace
de la presentación de varias demandas de tutela en relación con unos mismos
hechos guiado por un elemento volitivo negativo que debe tener el accionante.
La jurisprudencia ha fijado criterios interpretativos y reglas
jurisprudenciales para identificar el actuar temerario de los tutelantes.
5.1.
En
el balance constitucional actual, las diferentes Salas de Revisión han
precisado que la temeridad se constituye en los eventos en que el demandante
presenta varias acciones de tutela frente a hechos idénticos, actuación que
debe ser dolosa y de mala fe[80].
Así, la Corte ha resaltado que el juez constitucional
es el competente para establecer en cada caso concreto la existencia o no de la
temeridad[81],
evaluando si la conducta:“(i) resulta amañada, en la medida en que el actor
se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones[82];
(ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable[83];
(iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción[84]; o
finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la
buena fe de los administradores de justicia”[85].
Esta Corporación ha planteado una regla interpretativa
en la que se puede encontrar la mala fe y la temeridad en una actuación, la
cual responde a que el peticionario manifieste o no “la existencia de
tutelas anteriores que puedan relacionarse con el mismo asunto”[86],
es decir, “[e]l que interponga una acción de tutela deberá manifestar, bajo
la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos
hechos y  derechos”[87].
La Sentencia T-045 de 2014 advirtió que la temeridad
se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) [i]dentidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones[88]”[89];
y (iv) la ausencia de justificación [razonable][90]
en la presentación de la nueva demanda[91], vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del demandante. En en la Sentencia
T-727 de 2011[92]
se definió los siguientes elementos “(…) (i) una identidad en el
objeto, es decir, que ¨las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental¨[93];(ii)
una identidad de causa petendi, que hace referencia a ¨que el ejercicio de las
acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa¨[94];
y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan
dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por
el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona
jurídica, de manera directa o por medio de apoderado[95]”.
En contraste, el juez de tutela concluirá que la
actuación no
es temeraria cuando “…[a] pesar de existir dicha duplicidad, el
ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del
accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho[96];
o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente
es la declaratoria de ‘improcedencia’ de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por lo mismo, no
conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante[97].
Aunque, en estos eventos la demanda de tutela deberá ser declarada
improcedente.
Además, el fallo T-1034 de 2005 precisó que existen
supuestos que facultan a una persona a interponer nuevamente una acción de
tutela sin que sea considerada temeraria, que consisten en[98]:
i) el surgimiento de adicionales circunstancias fácticas o jurídicas. “Es
más, un hecho nuevo puede ser, y así lo ha considerado la Corte[99],
la consagración de una doctrina constitucional que reconoce la violación de
derechos fundamentales en casos similares”[100];
y ii) la inexistencia de pronunciamiento de la pretensión de fondo por parte de
la jurisdicción constitucional[101].
5.2.
En
materia sindical, en la sentencia T-229 de 2013, la Corte declaró improcedente
el amparo de derechos presentado por el presidente del Sindicato de
Trabajadores del INPEC, en la medida que el vicepresidente de esa asociación de
trabajadores había presentado otra demanda de tutela por los mismos hechos y en
representación de dicha persona jurídica.
5.3.
En
contraste, la Corte ha considerado que no existe temeridad cuando: i) los
miembros del sindicato y la asociación promueven al mismo tiempo la acción de
tutela con base en hechos idénticos; ii) pese a la presencia de dos demandas
que se fundan en hechos idénticos, al igual que de las partes, uno de los
libelos no tuvo decisión de fondo; y iii) aparece un nuevo hecho que habilita
la interposición de una nueva demanda de tutela.
En el fallo T-882 de 2010, la Sala Quinta de Revisión  sintetizó
que en la demanda no existió temeridad, debido a que “no se cumple con el
requisito de la triple identidad para que se configure la actuación temeraria,
toda vez que si bien existe identidad de la parte pasiva (ETB), el actor es
otro, con intereses diferentes, toda vez que los trabajadores individualmente
considerados buscaron la protección de sus intereses particulares y el
sindicato está actuando en pro de la colectividad, es decir, a favor de sus
afiliados en razón a su capacidad de negociación, representación y
participación frente a la ETB. Por tanto, no se puede considerar que se esté
frente a una eventual temeridad, en relación con aquellos que iniciaron una
acción anterior frente a sus consideraciones individuales.” De ahí que la
Corte hubiese distinguido entre la legitimidad por activa para iniciar la
tutela, es decir, entre las personas a quienes les vulneraron los derechos
fundamentales. Lo anterior con independencia de que la afectación se produjera
por los mismos hechos o tuviesen algún nexo.
En la sentencia T-084 de 2012, esta Corporación
reiteró la posición de que no existe temeridad en una acción de tutela en
relación con otra demanda, cuando fueron promovidas por personas distintas, el
presidente del sindicato y el afiliado del mismo. En esa ocasión, se estudiaba
la vulneración al derecho a la igualdad en el marco de un conflicto colectivo.
Así mismo, la Sala Novena de Revisión concluyó en la
providencia T-718 de 2011 que no se conjuraba la temeridad en caso de que uno
de los procesos de fondo careció de decisión. En esa oportunidad, se estimó que
era procedente estudiar la vulneración al derecho de petición de los miembros
del sindicato, a pesar de que los peticionarios de ese entonces presentaron dos
demandas con sustento en los mismos hechos, porque uno de esos libelos fueron
desistidos antes de que se existiese decisión final. Aunque, la Corte declaró
improcedente el amparo en relación con el derecho a la seguridad social, puesto
que no  existía un riesgo que se configurara un perjuicio irremediable que
desplazara los medios ordinarios de defensa judicial y se estudiará la
titularidad del derecho pensional convencional que alegaban los peticionarios.
Ahora bien, esta Corporación ha manifestado que un
nuevo hecho autoriza la interposición de una nueva acción de tutela, sin que
por eso pueda sancionarse al interesado. Así, en la Sentencia T-248 de 2014 se
consideró que no se configuró temeridad con la demandas promovidas por el
presidente del sindicato de la Unión Sindical Obrera de la Industria del
Petróleo con el fin de que la empresa Ecodiesel Colombia S.A iniciara el
proceso de negociación colectiva, porque entre una y otra tutela medio un hecho
nuevo, que consistió en la resolución del Ministerio del Trabajo que ordenó el
inicio de las conversaciones colectivas entre la compañía y el sindicato.
La Sala considera que para evaluar la temeridad en
relación con los sindicatos se debe tener en cuenta la legitimidad por activa
que se presenta en el caso concreto, dado que en ciertos eventos la citada
figura procesal puede concurrir en el presidente del sindicato y en sus
afiliados. Esa hipótesis ocurre cuando existe vulneración indirecta de los
derechos fundamentales de la asociación sindical, caso en que se afectan las
garantías  de la organización a través de sus afiliados (Supra 4). Entonces, se
tienen dos interesados (el sindicato y sus miembros), quienes podrán solicitar
el amparo de sus derechos de manera conjunta o separada. Por ello, los jueces
constitucionales deben tener especial cuidado al analizar las demandas en que
coexistan esos interesados, puesto que sería contrario al derecho a la
administración de justicia eliminar la posibilidad de que los afiliados puedan
presentar demandas de tutela para solicitar la protección de sus derechos y por
esa vía de la organización sindical.
Al mismo tiempo, la evaluación de la temeridad en
materia sindical debe estar mediado por la verificación de un hecho nuevo o del
estudio de fondo de los casos por parte de los jueces que decidieron las
demandas presentadas sobre los mismos hechos. Las precisiones propuestas se
presentan sin perjuicio de las reglas generales de temeridad que se reseñaron
arriba.
5.4.
En
suma, la Corte concluye que la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva de las acciones de tutela[102].
El juez constitucional es el encargado de establecer si se presenta esa
figura procesal a partir del análisis de cada caso concreto y teniendo en
cuenta la legitimidad por activa en las situaciones en que los sindicatos y sus
afiliados concurren a los estrados judiciales para solicitar la protección de
sus derechos por vía de tutela.
Procedibilidad de la acción de tutela para amparar el
derecho a la asociación y negociación colectiva. Reiteración de
jurisprudencia.[103]
6.
En
la procedibilidad de la acción de tutela se debe estudiar si la demanda cumple
con los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez, dado que esa herramienta
procesal tiene un carácter residual.
El principio de subsidiariedad
6.1.
Como
regla general, el Decreto 2591 de 1991 y la Corte indican que la acción de
tutela es procedente, siempre que el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial. Lo anterior, en razón de que el amparo no puede desplazar, ni
sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico[104]. La
citada norma tiene dos excepciones, las cuales comparten como supuesto fáctico
la existencia del medio judicial ordinario, que consisten en[105]:
i) la instauración de la acción de tutela de forma transitoria para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable; y ii) promover el amparo como
mecanismo principal, situación que ocurre en el evento en que las acciones
ordinarias carecen de idoneidad o de eficacia para defender los derechos
fundamentales del accionante[106].
6.1.1. La procedibilidad
de la tutela para solicitar la protección de derechos laborales se debe evaluar
de forma diferenciada en los campos del derecho individual y colectivo del
trabajo[107].
En el primer ámbito, los jueces examinan el incumplimiento de deberes y
obligaciones que se derivan del contrato de trabajo. En el segundo campo, los
funcionarios judiciales evalúan el comportamiento así como las condiciones que
existen entre un grupo de empleados y la empresa. La colectividad de
trabajadores presupone la existencia del derecho fundamental a la asociación
sindical, el cual se encuentra reconocido a todos los trabajadores (particulares
o servidores públicos[108])
e intenta minimizar el poder preponderante que ostenta el empleador en la
relación laboral. Los artículos 38 y 39 de la Constitución reconocen los
derechos a la asociación sindical y a la negociación colectiva.  De acuerdo a
las particularidades del caso, la Sala se concentrará en el segundo campo del
derecho del trabajo.
6.1.2. Las reglas de
procedibilidad de la acción de tutela tienen una aplicación especial en el tema
sindical, materia en que la Corte Constitucional ha concluido que en ciertos
eventos los trabajadores carecen de medios idóneos y eficaces  de defensa
judicial para proteger sus derechos fundamentales a la asociación sindical, a
la negociación colectiva, a la igualdad y/o al trabajo. Ello ocurre, porque los
empleados tienen dos posiciones frente a la empresa[109].
De un lado se encuentran en subordinación directa contra este, vínculo que se
haya mediado por un contrato laboral. De otro lado, los trabajadores como
miembros de una asociación sindical quedan en indefensión absoluta en relación
con su empleador.
6.1.3. En la Sentencia
SU-342 de 1995, la Sala Plena de esta Corporación enunció algunas sub-reglas de
procedencia de la acción de amparo en aquellos eventos en que dentro de una
relación de trabajo en materia colectiva se afecta un derecho fundamental de
los trabajadores o de las organizaciones sindicales. En las siguientes
hipótesis la acción de tutela será el mecanismo idóneo para proteger los
derechos fundamentales que se aducen afectados:
“a) Cuando el empleador desconoce el derecho de los
trabajadores a constituir sindicatos, o afiliarse a estos, o promueve su
desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de
los representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato,
adopta medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que
pretendan afiliarse al sindicato. Igualmente, cuando el empleador, obstaculiza
o  desconoce, el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que ésta es
permitida”.  En esta situación, la Corte utilizó el listado de actos
negativos para el derecho a la asociación sindical que pueden realizar los empleadores,
que se establecen en el inciso 2, del numeral 2 del artículo 354 del CST, norma
que modificó el artículo 39 de la Ley 5ª de 1990 y que comprende a:
Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a
una organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o
promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del
empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios;
Despedir, suspender o modificar las condiciones de
trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la
fundación de las organizaciones sindicales;
Negarse a negociar con las organizaciones sindicales
que hubiere presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos
legales;
Despedir, suspender o modificar las condiciones de
trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el
ejercicio del derecho de asociación, y
Adoptar medidas de represión contra los trabajadores
por haber acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones
administrativas tendientes a comprobar la violación de esta norma".   (…)
b)
Cuando el empleador obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la
negociación colectiva. Aun cuando, tal derecho (art. 55 C.P.), no figura entre
los derechos  fundamentales, puede ser protegido a través de la tutela, porque
su desconocimiento puede implicar, la violación o amenaza de vulneración de
derecho al trabajo, como también el derecho de asociación sindical, si se tiene
en cuenta que una de las funciones de los sindicatos es la de presentar pliegos
de peticiones, que luego del trámite correspondiente conduce a la celebración
de la respectiva convención colectiva de trabajo”.
c) Cuando las
autoridades administrativas del trabajo incurren en acciones y omisiones que
impiden la organización o el funcionamiento de los tribunales de arbitramento,
sean obligatorios o voluntarios, encargados de dirimir los conflictos
colectivos de trabajo, que no se hubieren podido resolver mediante arreglo
directo o conciliación, o el ejercicio del derecho de huelga (art. 56 C.P.), o
cuando incumplan las funciones que le corresponden, según el art. 448 del
C.S.T., durante el desarrollo de la huelga”.
En dichas
situaciones, los trabajadores sindicalizados y los sindicatos no tienen medios
idóneos así como eficaces que eviten la vulneración de los derechos a la
asociación sindical, la negociación colectiva, la igualdad y al trabajo por
parte del empleado, porque las herramientas procesales ordinarias no ofrecen
una protección a las citadas garantías.
Por ejemplo, el
procedimiento administrativo sancionatorio que adelanta el Ministerio de
Trabajo incumple la naturaleza cualificada que debe tener un medio de defensa
para que desplace la tutela, que se identifica con el carácter judicial de la
herramienta procesal. En similar sentido, la acción penal carece de la
idoneidad para proteger los derechos a la asociación a la igualdad y a la
negociación colectiva, porque se circunscribe a verificar la comisión de un
hecho punible derivado de la consumación de los delitos contra la libertad del
trabajo y asociación consignados en capítulo VIII del Código de Penal y no a
solucionar conflictos colectivos. Es más, las conductas descritas en esos
enunciados legislativos no describen que los hechos discriminatorios contra los
trabajadores sindicalizados o la omisión del empleador en negociar se
encuentren en los tipos penales. Por tanto, los medios punitivos carecen de
correspondencia para conjurar la vulneración de derechos fundamentales
enunciada.
Adicionalmente, la
mayoría de la hipótesis mencionadas se circunscriben a un contexto de conflicto
económico, discusión que queda por fuera de la competencia de la jurisdicción
de ordinaría según establece los artículos 2 y 3 del Código Procesal del
Trabajo. Las normas en cita indican que los conflictos colectivos se regirán por
las leyes especiales de la matería como son los artículos 429 y siguientes del
Código Sustantivo del Trabajo, disposiciones que contemplan un esquema de
solución compuesto por (i) la denuncia de la convención y la presentación del
pliego de peticiones al empleador, (ii) la etapa de arreglo directo, y (iii) la
oportunidad de acudir a la huelga o ante un tribunal de arbitramiento en caso
de fracasar la negociación entre las partes.
La Sala recuerda
que “los conflictos económicos o de intereses, entendidos como las
controversias que surgen, no por la interpretación en torno a un derecho, sino
sobre las reivindicaciones tendientes a crear un nuevo derecho, o a modificar
los existentes. Se entiende entonces que, por lo general, son de naturaleza
colectiva, en tanto que se configuran entre los trabajadores colectivamente
considerados (sindicalizados o no) y el empleador –o asociación patronal- en
desarrollo de las reclamaciones de los primeros Estos son conocidos como
conflictos colectivos de trabajo, para cuya solución no se acude a
procedimientos judiciales, sino a la negociación colectiva entre el grupo de
trabajadores y el empleador –o asociación patronal- , a la huelga o a la
convocatoria de un Tribunal de Arbitramento. La solución a este tipo de
conflictos se da mediante la firma de una Convención Colectiva entre las
partes, o por laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento, en los
casos en los que haya lugar a él”[110].
Cabe
resaltar que la falta de idoneidad y de eficacia de los recursos ordinarios se
acrecienta cuando la posible vulneración al derecho de la asociación sindical
se vincula con una presunta discriminación del empleador a los trabajadores. En
la sentencia SU-547 de 1997, la Sala Plena resaltó dicho déficit de los
recursos ordinarios para proteger los derechos a la asociación sindical y a la
igualdad de la siguiente forma: “ha sido constante la jurisprudencia de esta
Corte en el sentido de que, frente al objetivo prevalente de asegurar el
respeto a los derechos fundamentales por la vía judicial, no es lo mismo
cotejar una determinada situación con preceptos de orden legal que compararla
con los postulados de la Constitución, pues la materia objeto de examen puede
no estar comprendida dentro del ámbito de aquél, ni ofrecer la ley una solución
adecuada o una efectiva protección a la persona en la circunstancia que la
mueve a solicitar el amparo, encajando la hipótesis, en cambio, en una directa
y clara vulneración de disposiciones constitucionales.  La Corte recalcó esa
diferencia, respecto de la magnitud del objeto de los procesos, haciendo ver
que una es la dimensión de los ordinarios y otra la específica del juicio de
protección constitucional en situaciones no cobijadas por aquéllos”[111].
6.1.4. En específico, la
Corte ha evaluado las demandas de tutela en las que los actores alegan que el empleador
vulneró sus derechos a la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la
igualdad y al trabajo, porque: i) estableció algunos beneficios en favor de los
trabajadores que no se regulan por la convención colectiva, prestaciones que no
aplican para los empleados sindicalizados o que se encuentran bajo el régimen
convencional; y ii) se niega a iniciar proceso de negociación colectiva:
6.1.4.1.
En
la primera hipótesis se encuentra los fallos SU-342 de 1995[112],
SU-569 de ese mismo año[113].
En todos esos eventos se analizaron vulneraciones del derecho del derecho a la
asociación sindical y a la igualdad, porque el empleador negó beneficios a los
empleados sindicalizados, mientras fijaba mayores ventajas a los trabajadores
regulados por el pacto colectivo. En el primer proveído, la Sala Plena concluyó
“que
las acciones que pueden intentar ante la justicia ordinaria laboral los
trabajadores que resultan perjudicados en sus derechos laborales por las
disposiciones discriminatorias contenidas en el pacto colectivo, no constituyen
medios alternativos de defensa judicial idóneos y eficaces para obtener el
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación sindical.
Tampoco el sindicato dispone de los referidos medios para obtener el amparo
reclamado. Además, la sola circunstancia de las decisiones contradictorias de
los jueces laborales que juzgaron el mismo asunto, que en unos casos condenaron
a la empresa aplicando el principio a trabajo igual salario igual y en otros la
absolvió, es indicativo a juicio de la Corte de la falta de idoneidad y de
eficacia de las acciones laborales ordinarias como mecanismo alternativo de
defensa judicial en el presente caso”. En la
segunda providencia, la Corte no se pronunció de forma expresa sobre la
subsidiariedad, empero analizó de fondo las demandas de tutela.
En la sentencia SU-169 de 1999, la Sala Plena concedió
el amparo a los trabajadores sindicalizados a la Asociación
Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales y Clínicas, Consultorios y
Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad -ANTHOC, porque su empleador
la Fundación Clínica Abood Shaio inició actuaciones que discriminaron a los
actores de ese entonces. El citado conflicto colectivo estaba siendo discutido
en un tribunal de arbitramento. Sin embargo, la Corte consideró que el laudo
arbitral era inidóneo para proteger  los derechos de los demandantes, como
quiera que las funciones asignadas a los árbitros se encuentran limitadas desde
el punto de vista legal, de modo que sus atribuciones no son suficientes para
poner fin a las situaciones de discriminación alegadas por los demandantes.
Resaltó que “los árbitros simplemente se les exige que fallen en equidad,
según su leal saber y entender y apreciando con cierto margen de libertad los
motivos que determinan la divergencia entre las partes, sin que exista un
parámetro exacto para determinar en un caso concreto lo que es equitativo para
solucionar un conflicto económico. Por ello, la jurisprudencia laboral
reiteradamente ha sostenido que el fallo que producen los árbitros es
intangible, a menos que él resulte manifiestamente inequitativo”.
Más adelante, la sentencia T-345
de 2007 estudió las demandas presentadas por los trabajadores sindicalizados de
la la
Caja de Compensación Familia Cafam (SINALTRACAF), dado que la empresa omitió
realizar el incremento salarial de acuerdo al IPC, ajuste que sí efectuó a los
empleados que no pertenecen al sindicato. En esa oportunidad, la Corte estimó
que la acción de tutela era procedente, toda vez que en las pretensiones de los
actores se incluyó una “posible vulneración de los derecho a la igualdad, a
la asociación y a la movilidad del salario, frente a las
cuales la protección que ofrece la vía ordinaria resulta insuficiente e
ineficaz”.  Esa posición
jurisprudencia se reiteró en las sentencias T-570 de 2007 y T-149 de 2008.
La Sala Octava de Revisión consideró que era
procedente una tutela que presentó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A contra la sociedad
a la que pertenece, en la medida en que ésta suscribió una serie de pactos
individuales con varios trabajadores que no hacían parte de la organización
sindical, pero que se beneficiaban de la convención colectiva[114].
Ello ocurrió mientras se encontraba latente un conflicto colectivo para renovar
la convención. En esa ocasión, la Corte confirmó que el laudo arbitral no es un
mecanismo idóneo para proteger los derechos a la igualdad de los accionantes,
máxime si la deserción sindical afecta al sindicato y reduce la disminución de
sus ingresos. Al mismo tiempo, estimó que la persona jurídica afectada carece
de herramientas procesales ordinarias para proteger sus derechos fundamentales.
La Sentencia T-619 de 2013 consideró que la acción de
tutela es procedente “cuando se persigue la protección de derechos
fundamentales como el de libertad de asociación sindical, movilidad salarial e
igualdad, teniendo en cuenta que: (i) los trabajadores sindicalizados se
encuentran en una especial situación de subordinación e indefensión respecto a
su empleador, y (ii) la vía ordinaria no resulta adecuada ni eficaz para
acceder a la protección inmediata de estos derechos”.
6.1.4.2.
En
la segunda hipótesis, que se relaciona con la negativa del empleador para
negociar con las organizaciones sindicales, la Corte ha recalcado que la acción
de tutela es procedente para exigir a la empresa el diálogo con los
trabajadores, porque el derecho a la negociación colectiva tiene un vínculo
inherente al derecho a la asociación sindical y en esas hipótesis el
ordenamiento jurídico no ofrece medios ordinarios para proteger esas garantías.
Aunado a lo anterior, las Salas de Revisión han advertido que la demora en
inició de los diálogos crea las condiciones para que se configure un perjuicio
irremediable que repercute en los derechos del sindicato.
En las sentencia  T-251 de 2010, la Corte
Constitucional señaló que en casos en que las empresas se niegan a iniciar el
proceso de negociación colectiva con los sindicatos, “sí procede la acción
de tutela, al evidenciarse la presencia de un perjuicio irremediable, puesto
que en el proceso de negociación colectiva se presentó una dilación
injustificada, sin que a la fecha se haya concretado la negociación a que hay
derecho, a pesar de que ésta ha de realizarse con diligencia y celeridad, como
lo han establecido la ley y la jurisprudencia, para evitar la vulneración del
derecho de negociación colectiva que es consustancial al derecho de asociación
sindical, en cuanto le permite a la organización sindical cumplir la misión que
le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes a sus
afiliados y hacer posible, real y efectivo el derecho a la igualdad”.
Más adelante, la Sala Segunda de Revisión precisó que
la omisión de las compañías en iniciar el proceso de negociación significa una
vulneración desproporcionada e injustificada a los derechos de las asociaciones
sindicales, escenario que genera un perjuicio irremediable en los derechos
propios u objetivos de la organización de trabajadores[115].
Además, señaló que no existe herramienta jurídica que obligue a la empresa a
negociar, de modo que los sindicatos carecen del medio judicial que pueden
utilizar para defender su derecho a la negociación colectiva.
En la sentencia T-711 de 2014, la Sala Tercera de
Revisión recalcó que las organizaciones sindicales no tienen un mecanismo
idóneo y eficaz para solucionar la problemática generada por la omisión de los empleadores
de negociar con ellos. Esa negativa impide que se adelante el esquema de
resolución de conflictos y que inicie la etapa de arreglo directo. Así mismo,
señaló que el trámite administrativo adelantado ante el Ministerio de Trabajo
no puede ser exigido como agotamiento de medio de defensa, puesto que carece de
la naturaleza judicial que requiere la Constitución y la ley para que desplace
a la tutela. Frente a la denuncia penal, advirtió que esa herramienta
jurisdiccional carece de idoneidad para proteger los derechos de la asociación
sindical, puesto que es un simple medio punitivo que sanciona las conductas
típicas, antijurídicas y culpables, empero no resuelve los conflictos
colectivos. Por último, recordó que los conflictos colectivos se hallan
excluidos del conocimiento de la jurisdicción laboral.
6.1.5. Por consiguiente, esta
Corporación ha sido clara en señalar que en ciertos supuestos la acción de
tutela se convierte en el medio adecuado para conjurar la vulneración de los
derechos a la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la igualdad y
al trabajo que padecen las organizaciones de trabadores, porque carecen de
herramienta procesal ordinaria de naturaleza judicial que detenga la afectación
a esos principios constitucionales. Ello ocurre cuando el empleador ejerce
actos de discriminación contra los miembros del sindicato o se niega a negociar
con la asociación de los trabajadores.
El principio de inmediatez
6.2.
.
El principio de inmediatez exige que la acción de tutela sea promovida dentro
del plazo razonable al hecho que generó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de las personas. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
el principio de inmediatez surge de la naturaleza de la acción de tutela, pues
la finalidad última del amparo es proteger de forma inmediata los
derechos constitucionales.
6.2.1. Para verificar el
cumplimiento de este principio, el juez debe confrontar el tiempo trascurrido
entre la posible afectación o amenaza del derecho con la fecha de la
presentación de la demanda, con el objeto de establecer si esa interposición es
razonable[116].
En caso de que se llegue a una conclusión contraria, se debe evaluar si existe
una justificación para la demora del interesado en interponer la acción de
tutela. En esa labor, el
juez de tutela debe evaluar el cumplimiento de este requisito en relación con
las circunstancias que rodean el caso concreto, entre las cuales se encuentran:
i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; ii) las situaciones
personales o coyunturales que le hayan impedido acudir de forma inmediata ante
la jurisdicción constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv) la
vulnerabilidad económica, además de la persistencia o agravación de la
situación del actor; v) la eventual vulneración de derechos de terceros; vi) la
ausencia absoluta de diligencia por parte del afectado; y vii) la posibilidad
de que el amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica[117].
6.2.2. Adicionalmente, la
Corte Constitucional ha manifestado que los  siguientes factores justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la vulneración del
derecho y la fecha de interposición de la acción “(i) que se demuestre que
la vulneración es permanente en el tiempo en el entendido de que si bien el
hecho que la originó es muy antiguo, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es actual; y (ii) que la
especial situación del actor convierta en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de ejercer los medios ordinarios de defensa judicial”[118].
El alcance del derecho a la asociación sindical y a la
negociación colectiva
7.
El
derecho a la asociación sindical tiene naturaleza fundamental, rango que
deviene de las normas Constitucionales entre las que se encuentran los
Convenios 87 y 98 de la OIT. La estructura del derecho a la asociación sindical
implica dimensiones individuales, colectivas e instrumentales. La Corte se ha
pronunciado sobre dicha garantía para salvaguardarla, en el evento en se
presenta una discriminación contra los trabajadores sindicalizados o los
convencionales.
Derecho a la asociación sindical
7.1.
El
artículo 39 de la Constitución Política reconoció el derecho a la asociación
sindical que tienen los trabajadores, al señalar que: “Artículo 39: Los
trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico con la
simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el
funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la
suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial”.
Adicionalmente,
ese derecho se introduce en el ordenamiento jurídico vía bloque de
constitucionalidad[119].
Así, la asociación sindical se encuentra consignado internacionalmente en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; y los convenios 87[120] y 98[121] de la
Organización Internacional del Trabajo. Con base en ellos, la jurisprudencia ha
considerado que tal garantía regula las relaciones obrero-patronales y es la
máxima manifestación del Estado Social de Derecho[122], puesto
que se inscribe en de sus bases, por ejemplo el trabajo. A su vez desarrolla varios
de sus fines, una muestra de ello es la participación y la democracia. La Corte
ha advertido que:
“Para definir el contenido y alcance de la protección
constitucional que se deriva del artículo 39 de la
Carta procede recordar que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la
Convención Americana de los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador,
estipulan i) que toda persona tiene derecho a asociarse libremente y a
constituir sindicatos en defensa de sus intereses, ii) que, para el efecto, los
trabajadores deben gozar de total libertad de elección, iii) que los requisitos
para fundar e ingresar a un sindicato solo pueden ser establecidos por la
propia organización, iv) que la ley puede establecer restricciones al derecho
de asociación sindical en interés de la seguridad nacional y en defensa del
orden público, y iv) que los Estados Partes, que a su vez son miembros del
Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo, no pueden adoptar medidas legislativas
que menoscaben la libertad sindical y el derecho a la sindicalización (La
Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos Sociales y
Culturales fueron abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200A (XXI) de 16
de diciembre de 1966, la
Convención Americana de los Derechos Humanos fue adoptada por la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos reunida en San
José el 22 de noviembre de 1969, -Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972
respectivamente.) [123].
De esos documentos internacionales, la Sala encuentra
oportuno resaltar algunos elementos de los convenios 87 y 98 de la OIT sobre la
libertad sindical así como el derecho de sindicación, y de negociación
colectiva.
En
la sentencia SU-555 de 2014, la Corte precisó que la jurisprudencia ha
incorporado al bloque de constitucionalidad, en sentido estricto, los convenios
citados de conformidad con el inciso 4 del artículo 53 y el inciso 1 del
artículo 93 de la Constitución. Ese reconocimiento implica que esos acuerdos
pelean la eficacia normativa con otras disposiciones de la Carta Política, al
punto que son normas integran nuestra ley superior[124].
Entonces, si las reglas que versan sobre el derecho a la asociación sindical y
la negociación colectiva se encuentran en contravía de los Convenios 87 y 98 de
la OIT, el operador jurídico debe privilegiar estos últimos sobre norma
ordinaria. Lo anterior es una consecuencia del reconocimiento de la
Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, según establece el
artículo 4 de la Constitución.
El
Convenio 87 de la OIT sobre derecho de asociación ratificado por Colombia
mediante la Ley 26 de 1976 relativo a la libertad sindical, consagró el derecho
que tienen tanto los trabajadores como los empleadores, “de constituir las
organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas, sin
autorización previa; el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar
su administración y sus actividades, el de formular su programa de acción, sin
injerencia de las autoridades públicas y el derecho a la negociación colectiva
libre y voluntaria”.
El
Convenio 98 de la OIT, ratificado mediante la Ley 27 de 1976 y el Convenio 154
ratificado mediante la Ley 524 de 1999 acompañado de la recomendación 163 de
1981, sobre el fomento de la negociación colectiva, establecen el principio
general de que ninguna persona debe ser “objeto de discriminación en el
empleo a causa de su actividad o de su afiliación sindical legítimas, siendo
esta protección particularmente necesaria para los dirigentes sindicales. Así
mismo, prohíbe “despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra
forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador,
durante las horas de trabajo.”
Los
instrumentos internacionales ofrecen una protección contra los actos de
discriminación antisindical y advierten que la salvaguarda debe ser efectiva. De
ahí que, la legislación interna debe contener disposiciones que protejan de
manera suficiente al personal sindicalizado, el establecimiento de
procedimientos capaces de garantizar que sus reclamos sean examinados con
prontitud, imparcialidad, economía y eficacia[125].
Así
mismo, en relación con el sistema de la OIT, la Corte ha señalado que las
recomendaciones que realiza el Comité de Libertad Sindical son vinculantes para
el Estado Colombiano, siempre que hubiesen sido sometidas a consideración del
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo[126].
Cabe resaltar, que el primer órgano tiene la facultad de recibir las quejas
presentadas contra la libertad sindical.
No obstante, la Sala resalta que puede utilizar las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical que no hayan sido discutidas
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo como
una premisa ab-exemplo de carácter interpretativo, la cual se
erige como una guía para resolver un asunto sometido a su competencia,
verbigracia, evidenciar las situaciones que se identifican como
discriminatorias. Incluso, las recomendaciones en ciertos casos proponen el
contenido del derecho a la asociación sindical o muestra cuál es la comprensión
de la norma establecida en los Convenios. “[E]l ejemplo sirve para hacer
entender, explicar, descubrir los posibles significados y aplicaciones de una
norma, o para individuar los casos en que esta norma sea ambigua o incierta.
Desde este punto de vista, el ejemplo es un instrumento de interpretación y de
control de la interpretación”[127].
La Corte propone utilizar esa clase de recomendaciones como criterio hermenéutico
para identificar actos lesivos a la asociación sindical. Nótese que se está
formulando una utilización de las decisiones del Comité Libertad Sindical que
carecen de vinculatoriedad. Ese planteamiento se presenta con independencia de
su valor como fuente de derecho que implica jerarquía en el ordenamiento
jurídico. En realidad, las decisiones de ese órgano de la OIT se
utilizarán con el objeto de evidenciar las actuaciones negativas de los empleadores
a modo de guía interpretativa para resolver los asuntos sometidos a discusión.
Entonces,
la
Sala mostrará algunos ejemplos en los cuales el Comité de Libertad Sindical ha
encontrado actos que afectan el derecho a la asociación sindical, al proponer
incentivos que producen la renuncia de los trabajadores a la negociación
colectiva o al  discriminar a los empleados sindicalizados.
En el primer supuesto de hecho se encuentra el
informe No 294º, caso numero 1730 (Reino Unido)[128].
En esa queja, el Comité consideró que el artículo 13 del Trade Union Reform and
Employment Rights Act de 1993 que establece medidas muy amplias y barreras al
control judicial sobre las acciones de los empleadores en las etapas de
negociación colectiva impidió que los jueces ordinarios protegiera a varios
trabajadores sindicalizados. Una muestra de ello ocurrió en el  caso Wilson v
Associated Newspapers, causa en la que la empresa dejó de reconocer beneficios
al sindicato de periodistas y comenzó a ofrecer acuerdos individuales a sus
asalariados en lugar de un convenio colectivo, propuesta que traía consigo un
incremento salarial del 4.5%, el cual no se cancelaba a los empleados que no
firmaban el acuerdo. Al respecto, se estimó que evitar el control judicial
causa importantes problemas de compatibilidad respecto de los principios de la
libertad sindical, y en especial, con el artículo 1º, párrafo 2, apartado b)
del Convenio núm. 98. Además, difícilmente puede afirmarse que una disposición
como ésta pueda constituir una medida destinada a "estimular y fomentar
el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con
objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de
empleo", tal y como se señala en el artículo 4º del Convenio núm. 98.
Así mismo, el informe de caso número 2186
(China-Región Administrativa Especial de Hong Kong)[129]
analizó el conflicto colectivo que se presentó entre la Asociación de Oficiales
de Tripulaciones de Vuelo de Hong Kong (HKAOA), que representa a los pilotos de
Cathay Pacific Airways y a sus compañías filiales Veta Limited y USA Basing
Limited, y la empresa Cathay Pacific Airways. Esa discusión versó sobre la
negociación de salarios y prestaciones además de las condiciones de trabajo. En
el informe se resaltó que la empresa envío a sus trabajadores la siguiente
carta: “lo que tengo que decir es de vital importancia para usted y su
familia [...] y es con gran pesar que le informó que no hemos podido llegar a
un acuerdo [con la HKAOA] [...] Lo que hemos hecho es sacar lo ‘superfluo de la
negociación’ de nuestra propuesta y nos hemos basado en las medidas que
protegen contra la fatiga y proporcionan un estilo de vida aceptable. Lo máximo
que podemos proporcionar está ya disponible para aquellos de ustedes que deseen
aceptarlo [...] tomen nota: no tienen por qué aceptar las nuevas medidas, ya
que éstas son únicamente para aquellos que deseen hacerlo. Si deciden no
aceptar la oferta [...] su salario aumentará únicamente lo normal [...] hasta
que alcance un nivel competitivo, y no tendrán derecho a solicitar un nuevo
destino. Aquellos que deseen aceptar las nuevas condiciones deben [firmar y]
devolver el formulario de aceptación adjunto en el plazo de un mes [...] Se
trata de una propuesta que no volverá a repetirse”. Aquellos empleados que
no se acogieron a la propuesta vieron su sueldo congelado y perdieron la
posibilidad de ser asignados fuera de Hong Kong. Es más, un oficial de la HKAOA
que fue despedido declaró que como resultado de omisión de firmar la propuesta
la empresa tomó la decisión de bajarlo de categoría, situación que significó la
reducción del sueldo y la supresión de aspiraciones profesionales. El Comité
identificó que las condiciones propuestas fueron impuestas unilateralmente por
la Dirección en 2001 y que no fueron aceptadas por la HKAOA. Por ende, su
aplicación constituye una violación flagrante del carácter voluntario de la
negociación colectiva y del artículo 4 del Convenio núm. 98. El Comité pidió al
Gobierno que adoptara lo antes posible las medidas necesarias para poner fin
inmediatamente a las prácticas contrarias al artículo 4 del Convenio núm. 98.
El Estado tenía que fomentar las negociaciones de buena fe entre Cathay Pacific
Airways y la HKAOA con miras a encontrar una solución rápida y amplía a todas
las cuestiones pendientes"
En la segunda situación que hace referencia a la
discriminación de los trabajadores, el Comité conoció del conflicto entre la
Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay y Lloyds Bank Limited[130],
con ocasión de los siguientes actos de discriminación por parte de la compañía
que comprendieron: a) en el año 1990, otorgó gratificaciones a personal que
trabajó durante acciones colectivas reivindicatorias, por ejemplo huelga; b)
designación para cargos ejecutivos únicamente a trabajadores no afiliados al
sindicato; y c) en 1985, la concesión de un aumento salarial de un 6 por ciento
a trabajadores no afiliados. A pesar de que las gratificaciones no fueron
otorgadas a la totalidad de los trabajadores no afiliados al sindicato, el
Comité constató que ningún afiliado a la organización sindical recibió un bono
y que estos se otorgaron durante un período de conflicto derivado de la
negociación de un convenio colectivo. En este contexto, el Comité aseveró que
es un acto de discriminación antisindical contrario al Convenio núm. 98 que el empleador
otorgue gratificaciones al personal no afiliado a la organización sindical -
aun si no es a la totalidad de los trabajadores no afiliados – y excluyendo de
ellas a todos los trabajadores afiliados en momentos que existe un conflicto
colectivo".
De los ejemplos esbozados, la Sala identifica que
pueden ser considerados actos contrarios a la libertad sindical, ofrecer
incentivo a los trabajadores no sindicalizados para acceden a los acuerdos
individuales. Así mismo, prometer dádivas para que el personal que se beneficia
de la convención cambie de régimen jurídico. Dentro de esas hipótesis se
encuentran presiones más directas, por ejemplo rebajas de sueldos. Los casos
citados evidencian que esas prácticas negativas se realizan en el marco de una
negociación colectiva cuando se va renovar el acuerdo colectivo.
7.1.1. Ahora bien, la Corte ha precisado
que el derecho a la asociación sindical tiene una intrínseca relación con la
libertad sindical, puesto que permite el cumplimiento de sus fines. La
jurisprudencia de esta Corporación ha estimado que el núcleo esencial de ese
derecho se identifica con “la facultad de toda persona para comprometerse
con otra en la realización de un proyecto colectivo, libremente concertado, de
carácter social, cultural, político, económico, etc. a través de la
conformación de una estructura organizativa, reconocida por el estado (…) [y]
abstenerse a formar parte de una determinada asociación y la expresión del
derecho correlativo a no ser obligado, -ni directa ni indirectamente a ello-,
libertad que se encuentra protegida por los artículos 16 y 38 de la
Constitución” [131]. A partir de esa
definición, ha identificado tres dimensiones dentro del derecho, estas son[132]:
(i)
Individual, que hace referencia a posibilidad que tiene el trabajador de
afiliarse, de permanecer y de retirarse de la organización social. Esas
opciones deben estar precedidas de la decisión libre y espontánea que tenga el
trabajador, “sin injerencia alguna o presiones externas, ni por parte del empleador
ni incluso del mismo sindicato”[133].
(ii).
Un ámbito colectivo, en que los trabajadores deciden el gobierno y
autogestión del sindicato, labor que debe desempeñarse de forma autónoma sin
injerencia del empleador o de otros actores.
(iii).
Instrumental, “según la cual el derecho de asociación es el medio
para que los trabajadores puedan lograr la consecución de algunos fines,
especialmente el mejoramiento de sus condiciones laborales. Ello por cuanto, de
acuerdo con el artículo 13 del Código Sustantivo, las normas de la legislación
laboral tan solo constituyen un mínimo de garantías que bien pueden ser
mejoradas mediante la negociación colectiva”[134]. Además,
se incluyen las funciones de: a) estudiar las características de la profesión u
oficio, los salarios en estas, con el fin de promover el mejoramiento de esas
condiciones; b) propiciar el diálogo entre la empresa y los empleados, relación
que debe guiarse en la justicia, el mutuo respeto así como la observancia de la
Ley; c) brindar la asesoría a sus afiliados para la defensa de sus derechos; d)
incentivar la educación en sus miembros, entre otras[135].
Sin embargo, el derecho a la asociación sindical no es
absoluto, toda vez que tiene límites en el orden legal y los principios
democráticos (art. 39-2 superior). Tales restricciones no pueden eliminar o
afectar el núcleo esencial del derecho, al punto que se desnaturalice o impida
su ejercicio. Entonces, las interferencias a esa garantía deben ser necesarias,
mínimas, razonadas y proporcionadas, y solo podrán justificarse en la
protección de bienes constitucionalmente relevantes.[136]
7.1.2. El ordenamiento
jurídico ha fijado disposiciones que pretenden proteger el derecho a la
asociación sindical en sus tres dimensiones. Por ejemplo, el artículo 354 del
Código Sustantivo del Trabajo remite a los delitos consagrados contra la
asociación sindical estipulados en el Capítulo VIII de la Ley 599 de 2000,
acápite que sanciona conductas que afecten ese bien jurídico. La misma norma
laboral fija castigos administrativos a los empleadores cuando incurren en una
serie de actos que incluyen obstruir la afiliación o negar a iniciar una
negociación colectiva[137].
7.1.3. La Corte
Constitucional ha manifestado que se atenta contra el derecho a la asociación
sindical por discriminación cuando la empresa establece un régimen jurídico
diferenciado entre los trabajadores no sindicalizados y aquellos que pertenecen
a la organización sindical o se benefician del régimen convencional.
Inicialmente, el precedente constitucional resaltó la vulneración del derecho a
la igualdad y a la asociación entre trabajadores sindicalizados a no
sindicalizados. Al mismo tiempo, reprochó la práctica nefasta de que los empleadores
solicitaran al personal la renuncia al sindicato para acceder a las
prestaciones fijadas en los pactos colectivos. Más adelante, dicha comparación
se desplazó de los sujetos jurídicos destinatarios de las normas a los regímenes
mismos. También, la Corte sancionó que los empleadores incluyeran en los
contratos laborales cláusulas que implicaban la renuncia al régimen
convencional para acceder a los planes de beneficios. Entonces, en el actual
balance constitucional se evalúa la diferencia entre los empleados que se
benefician de la convención y quienes no les aplica dicha norma.
En las sentencias SU-342 de 1995, SU-569 así como
SU-570 de 1996 y SU-169 de 1999, la Sala Plena de la Corte estudió casos de
discriminación que consistieron en que las empresas reconocieron mayores
beneficios a los trabajadores no sindicalizados que a los empleados que
pertenecían a las asociaciones. Además, establecieron como condición para
acceder a las ventajas de los pactos colectivos la renuncia a los sindicatos[138].
En dichas providencias se señaló que afectaba el derecho a la asociación
sindical y a la igualdad celebrar pactos colectivos en los que se crean
condiciones de trabajo más favorables para esos trabajadores, dado que ello
contribuye a desestimular la afiliación al sindicato y lo convierten en una
organización minoritaria.
En especial, en la decisión SU-342 de 1995, se
concluyó que “se afecta el derecho a la igualdad, cuando el pacto colectivo
contiene cláusulas que crean condiciones de trabajo para los trabajadores no
sindicalizados, diferentes a las previstas para los trabajadores
sindicalizados, y las circunstancias fácticas no justifican desde el punto de
vista de su diferencia, racionalidad, razonabilidad y finalidad un tratamiento
distinto. Así mismo, se viola el derecho a la asociación sindical, porque las
aludidas diferencias en las condiciones de trabajo estimulan la deserción de
los miembros del sindicato, con el resultado de que un sindicato que antes era
mayoritario se puede tornar en minoritario con las consecuencias jurídicas que
ello implica e incluso puede llegar a desaparecer”[139].
La Sala Plena ordenó a la empresa demandada realizar los aumentos
correspondientes y pagar la bonificación negada a los miembros del sindicato.
En la sentencia SU-569 de 1996, la Corte advirtió que
la empresa PROPAL vulneró el derecho a la asociación sindical, al condicionar
la aceptación del plan ofrecido por la empresa a la renuncia de la convención y
al sindicato. Lo anterior, en razón de que resulta incompatible beneficiarse
del plan y de la convención. Se llegó a esa conclusión después de que se valoró
el acervo probatorio que mostró las cartas en las cuales la empresa exigía “su
condición de no afiliados a ningún sindicato” para recibir el aumento
salarial. Cabe resaltar que la empresa demandada argumentaba que las mejoras en
las condiciones de los trabajadores no eran un Pacto Colectivo, sino un Plan
Voluntario de Servicios y Beneficios. Esta Corporación desechó dicha
afirmación, al advertir  que esa oferta de la compañía tiene los mismos efectos
que un pacto colectivo, los cuales se identifican en que la aceptación de ese
acuerdo produce la consecuencia jurídica de que el trabajador quedó sujeto a un
único régimen y si esa oferta es aceptada por varios empleados, la situación
jurídica será igual a la que se produce con un pacto colectivo.
Sobre el particular recalcó que “es obvio, que el
establecerse en el Plan mejores condiciones laborales se revela el inocultable
propósito de discriminar a los trabajadores sindicalizados, desestimular su
afiliación al sindicato, o promover su deserción del mismo”. Entonces,
esta Corporación ha defendido un criterio material para identificar un pacto
colectivo, noción en la que se profundizará en el próximo acápite. También
reprochó que la empresa accionada condicionara la aceptación del plan de
beneficios a la renuncia del sindicato. Frente a la parte resolutiva, se ordenó
cancelar a los trabajadores sindicalizados y a los no sindicalizados
beneficiarios de la convención los derechos además de ventajas laborales
reconocidas a los trabajadores que no pertenecen al sindicato que consignaron
en el Plan Voluntario de Beneficios.
Las reglas descritas sobre discriminación salarial y
criterio material para identificar un pacto colectivo fueron reiteradas en la
providencia SU-570 de 1996. En esa ocasión, la Corte consideró que la compañía
NOEL S.A. violó el derecho de asociación sindical y a la igualdad de los
miembros del sindicato de la compañía, dado que después de celebrar la
convención colectiva, la sociedad comenzó a ofrecer a los empleados que
quedaron excluidos del acuerdo sindical un conjunto de normas denominadas “Política
Administrativa  de Prestaciones Extralegales”. Ese compendio normativo se
robusteció con prestaciones en salud, educación, préstamos y otros incentivos.
Dicha situación produjo varias deserciones de los miembros del sindicato.  Además,
manifestó que el Pacto de Prestaciones Legales tenía los “efectos de un pacto
colectivo”, de modo que en realidad configurada dicha figura de negociación. La
Sala Plena también estimó que la empresa desconoció la norma que obliga a
extender el régimen convencional a los trabajadores no sindicalizados cuando el
sindicato contratante es mayoritario como ocurría en ese caso. En la parte
resolutiva, se ordenó a la sociedad accionada que se aplique por igual los
beneficios laborales de la Política Administrativa de Prestaciones Extralegales
a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, así como a los
sindicalizados que renuncien a la Convención y los no sindicalizados
beneficiarios de este acuerdo.
La Sala Plena confirmó tales posiciones en el fallo
SU-169 de 1999 y advirtió “que cualquier norma,
incluso contractual o convencional, que en alguna forma coarte directa o
indirectamente el ejercicio del derecho de asociación desconoce la normatividad
constitucional, en cuanto ésta garantiza los derechos de asociación, a la
libertad y a la autonomía personales”. Los actos de
discriminación consistieron en establecer mayores beneficios a los trabajadores
del pacto colectivo que a los sindicalizados, por ejemplo los primeros tenían
derecho a que la fundación suministrara los pañales para sus hijos o la
donación de recursos superiores al fondo en que se hallaban afiliados los
empleados que no pertenecen al sindicato. En esa
situación, se consideró que la Fundación accionada afectó los derechos a la
igualdad y a la asociación sindical de los miembros del sindicato, así como
quebrantó  los mandatos contenidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT, debido a
que estableció mayores beneficios a los trabajadores no sindicalizados. En la
parte resolutiva, la Corte ordenó que se implicaran las cláusulas del pacto
colectivo que vulneraban los derechos demandados y extendió los beneficios
negados a los trabajadores sindicalizados.
Más adelante, en las Sentencias T-012, T-020 y T-345
de 2007[140],
esta
Corporación conoció de las tutelas presentadas por trabajadores de una caja de
compensación familiar, que eran miembros de un sindicato gremial (Sindicato
Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar – Sinaltracaf). Los
trabajadores manifestaron que el sindicato suscribió la convención colectiva
con la caja de compensación familiar, y que en el año 2004 se había dictado un
laudo arbitral que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. En el
laudo se reguló, entre otros temas, la forma en que debía incrementarse el
salario de los trabajadores sindicalizados entre los años 2003 y 2004. Los
actores ese entonces no denunciaron la convención para mantener los beneficios.
Paralelamente, la caja de compensación celebró pactos colectivos con los
empleados no sindicalizados y estipuló que los salarios se incrementarían en
los años 2005 y 2006, en consonancia con el IPC. La entidad demanda nunca
reconoció esa prestación a los trabajadores sindicalizados.
En dichas oportunidades, se consideró que la caja de
compensación accionada vulneró el derecho de asociación sindical, a la
igualdad, al salario móvil a los actores, porque concedió a los trabajadores no
sindicalizados el incremento de salario, mientras negó esa petición a los
miembros de la asociación. Las sentencias sustentaron esa decisión en que “el
derecho fundamental a la asociación sindical se vulnera cuando se crean
estímulos directos o indirectos para que los afiliados del sindicato se retiren
de él o para desincentivar la afiliación al mismo. De esta manera, las
condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados y las de los no
sindicalizados deben ser las mismas, y solamente es admisible la existencia de
diferencias que estén debidamente justificadas con criterios objetivos y
razonables. Por lo tanto, no puede el empleador suscribir pactos colectivos con
los trabajadores no sindicalizados en los que les conceda más beneficios que a
los trabajadores que pertenecen al sindicato, a no ser que demuestre que las
diferencias se encuentran sustentadas en razones objetivas y razonables”[141].
De hecho precisó que “cuando el empleador establece beneficios diferenciados
entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados, se configura una
vulneración directa al derecho a la igualdad y mediata al derecho de asociación
sindical, pues con dicho trato diferenciado promueve la deserción sindical,
debido a que sus miembros se ven discriminados en aspectos fundamentales de su
relación laboral, por pertenecer a ese tipo de agremiaciones”[142].
En tales providencias se ordenó a CAFAM que procediera a efectuar el aumento
salarial correspondiente a los actores.
A través de la sentencia T-570 de 2007, Sala Quinta de
Revisión estudió la solicitud de amparo de derechos promovida por un empleado
de la Universidad San Buenaventura, quien se encontraba vinculado al Sindicato
Nacional de Trabajadores y Empleado Universitarios de Colombia –SINTRAUNICOL-.
El actor de ese entonces cuestionaba que su empleador suscribió un pacto
colectivo con los trabajadores no sindicalizados, acuerdo que implicaba la
concesión de ciertos beneficios que fueron negados a los trabajadores
vinculados a la asociación sindical. En este evento, se concedió el amparo
reclamado por el accionante y, de contera, ordenó a la Universidad San
Buenaventura de Cali reconocer a favor del actor “los beneficios conferidos
mediante pacto colectivo a los trabajadores  no sindicalizados, excepto
respecto de los cuales la universidad y el sindicato al cual pertenece el señor
(…) ya hubieren llegado a un acuerdo directo”[143].
También precisó que los efectos de la orden permanecerían hasta que el
conflicto colectivo entre el sindicato y el empleador fuese solucionado. Lo
antepuesto, porque no se había resuelto la solicitud de convocatoria al
Tribunal de Arbitramento, de modo que las partes podían negociar[144].
Una decisión importante en la línea jurisprudencial
explicada sobre la discriminación en las relaciones de trabajo colectivo es la
sentencia T-084 de 2012. En esa decisión, la Sala Octava de Revisión estudió la
validez constitucional de la conducta de un empleador que comenzó a suscribir
pactos individuales con trabajadores no sindicalizados beneficiarios de la
convención colectiva de la empresa, mientras se encontraba latente un conflicto
colectivo que surgió por la presentación del pliego de condiciones. Con la
firma de los pactos, el signatario se hacía suscriptor de una prima de arraigo.
Esta Corporación concluyó que existió vulneración del derecho a la asociación
sindical, dado que el acceso de los beneficios se encontraba supeditado a la
renuncia de los derechos convencionales de los trabajadores no sindicalizados,
situación que afecta al sindicato ya que no puede descontar los dineros de los
beneficiarios de la convención. Aunado a lo anterior, se presentaron renuncias
de los miembros del sindicato para acceder a ese régimen salarial. Al respecto,
se llama la atención de que la sentencia reseñada consideró que se afecta el
derecho a la asociación cuando los trabajadores beneficiarios de la convención
renuncian a sus derechos con independencia de si pertenecen al sindicato.
Así mismo, la Sala estimó que se vulnera el derecho a
la igualdad de los trabajadores sindicalizados, dado que los planes ofertados
por la empresa implican que los empleados no asociados quedan con mejores
condiciones que los primeros. Los efectos de la orden se existirían hasta que
se presentara la solución del problema colectivo en que se encontraban el
sindicato y la empresa.
Finalmente, en la sentencia T-619 de 2013 se analizó
la demanda que solicitaba la protección por algunos miembros del sindicato
SINTRAELECOL contra ELECTRICARIBE, porque la compañía violó sus derechos a la
asociación sindical, movilidad salarial e igualdad, al incluir cláusulas en los
contratos de trabajo que estipularon la renuncia a beneficios convencionales a
cambio de una remuneración especial, o al pago de bonos así como de auxilios
extra-salariales para los trabajadores no sindicalizados.
La Sala Quinta de Revisión verificó que en los
contratos laborales se incluyó la renuncia a los beneficios convencionales para
acceder a una suma mensual que recibiría el empleado. En caso de que el
trabajador se beneficiara de la convención perdería dicho ingreso. Con base en
ello, concluyó que la compañía “está incurriendo en un tratamiento
discriminatorio que atenta directamente contra el derecho de libertad de
asociación sindical, en la medida en que se coarta la oportunidad de pertenecer
al sindicato desde la vinculación del trabajador”.  Lo propio ocurrió con
la práctica de bonos y auxilio, dado que esos rubros solo benefician a quienes
no pertenecen a la convención colectiva y al sindicato. En la parte resolutiva,
la Corte ordenó a la compañía que modificara las cláusulas de renuncia a los
beneficios convencionales. También le advirtió que se abstenga de incluir en
los contratos laborales prebendas para dimitir de los derechos fijados en la
convención. Y dispuso que la empresa tenía el deber de ofrecer prebendas
similares a los bonos y auxilios.
Para esta Corporación, las renuncias de los derechos
convencionales no solo afectan los derechos a la asociación sindical cuando
esta es expresa, puesto que sus efectos negativos también se materializan
cuando el trabajador dimite tácitamente de la aplicación del régimen
convencional, lo que sucede en el evento en que suscribe un acuerdo que es
incompatible con la normatividad sindical. Se resalta que ese acto impide que
un trabajador acceda al régimen de la convención y que pueda hacer parte de las
futuras negociaciones colectivas para su renovación, en razón de que tendrá un
régimen definido y aplicable.
Lo propio produce en las hipótesis en que los trabajadores
beneficiarios de la convención que no pertenecen a la organización renuncian a
ese acuerdo colectivo, cuando se proponen mayores beneficios en otro documento
extra-legal, régimen jurídico que excluye la aplicación de la norma colectiva.
Lo antepuesto, porque dejan de sumarse a la negociación que tienen los
trabajadores con el patrono, al estar regulados por otro régimen. Además, la
asociación de trabajadores deja de recibir la cuota que esa clase de empleados
cancela al sindicato, dinero con el que la organización cumple sus principales
funciones, entre las que se encuentran preparar los pliegos de condiciones,
negociarlos y firmar las convenciones colectivas.
7.1.4. En este orden de
ideas, la Sala Octava de Revisión precisa las siguientes reglas jurisprudenciales
en relación con las discriminaciones a los trabajadores sindicalizados o los
que se rigen por la convención:
i)
La
creación injustificada de estímulos a los trabajadores no sindicalizados se
erige en violación del derecho a la igualdad respecto de los trabajadores
sindicalizados. Ello, porque la concesión de beneficios no justificados a los
trabajadores que no hacen parte de un sindicato, promueve la deserción del
sindicato, habida cuenta que sus miembros se ven discriminados en aspectos de
su relación laboral, por el sólo hecho de pertenecer a este tipo de
asociaciones.
ii)
El
derecho fundamental a la asociación sindical y a la igualdad se vulnera en el
evento en que se exige al trabajador la renuncia al sindicato o de los derechos
convencionales para acceder a los beneficios de un pacto colectivo.
iii)
La
identificación de un pacto colectivo depende de los efectos que tiene sobre las
relaciones laborales y no sobre el cumplimiento de las formalidades legales o
reglamentarias. Entonces prima un criterio material para evaluar los acuerdos
entre los empleados y los empleados, los cuales pretenden resolver los
conflictos colectivos.
iv)
Las
cláusulas de los acuerdos pueden vulnerar los derechos a la asociación
colectiva y a la igualdad cuando excluyen de forma injustificada a algún
trabajador o cuando impiden su afiliación al sindicato o a la suscripción de la
convención.
v)
El
derecho fundamental a la asociación sindical se vulnera cuando se crea
estímulos directos o indirectos para que los trabajadores se retiren del
sindicato o con el fin de que los empleados no sindicalizados beneficiarios de
la convención renuncien a la aplicación del régimen convencional
Derecho a la negociación colectiva. Reiteración
jurisprudencial[145]
7.2.
El
derecho a la negociación colectiva comprende el diálogo entre los empleadores y
los trabajadores con el fin de establecer las condiciones de la relación laboral
o regular sus condiciones de trabajo. La jurisprudencia de la  Corte ha
expresado que esa garantía no se agota en la presentación de los pliegos de
condiciones. Además ha estimado que tiene un vínculo inescindible con el
derecho a la asociación. También ha señalado que las convenciones y los pactos
colectivos son formas de resolver los conflictos entre las partes de los
contratos laborales. El Estado tiene el deber de regular las etapas de
negociación, entre las que existe un deber del empleador de iniciar la
discusión.
7.2.1. El artículo 55 de
la Constitución garantiza el derecho a la negociación colectiva, el cual tiene
la finalidad de regular las relaciones laborales, con las excepciones que
señale la ley. Así mismo, ese enunciado constitucional impone al Estado el
deber de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica
de los conflictos colectivos de trabajo.
El artículo 2° del Convenio 154 de la OIT[146]
se refiere al termino de negociación colectiva “un concepto
genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un empleador,
grupo de empleadores u organización de empleadores con una o varias
organizaciones de trabajadores, con el propósito de fijar las condiciones que
habrán de regir el trabajo y el empleo, o con el fin de regular las relaciones
entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de
unos y otros”[147].
Las otras normas de rango constitucional que definen el
derecho a la negociación colectiva son los Convenios 87 y 98 de la OIT (Supra 7.1).
De un lado, los
artículos 2º y 3° del Convenio 87 señalan que los trabajadores y los empleadores
tienen el derecho de constituir sin autorización previa las organizaciones que
estimen convenientes, así como afiliarse a las mismas con la única condición de
observar sus estatutos. Así mismo, concede el poder de autogestión a las
organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como la facultad normativa
interna, al igual que el auto gobierno. Correlativamente, el Convenio impone el
deber a las autoridades públicas de abstenerse de cualquier intervención que
tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
De otro lado, el
artículo 4° del Convenio
98 de la OIT establece que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas
adecuadas para estimular y fomentar la organización de empleadores y de
trabajadores. Al mismo tiempo, tiene el deber de promover el pleno desarrollo y
uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por
medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. A fin de fomentar la
negociación colectiva, este convenio resalta la autonomía de las partes y el
carácter voluntario de las negociaciones.
Cabe recordar la
Recomendación 163[148],
que consiga la obligación que tiene el Estado de fomentar la negociación
colectiva[149]
y de adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales, en la medida que
resulte necesario y apropiado, para que “a) las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores sean reconocidas a efectos de
la negociación colectiva; b) en los países en que las autoridades competicionarios
apliquen procedimientos de reconocimiento a efectos de determinar las
organizaciones a las que ha de atribuirse el derecho de negociación colectiva,
dicha determinación se base en criterios objetivos y previamente definidos,
respecto del carácter representativo de esas organizaciones, establecidos en
consulta con las organizaciones representativas de los empleadores y de
los trabajadores”.[150]
7.2.2. El derecho a
la "negociación colectiva para regular las relaciones laborales" se
hace efectivo y adquiere vigencia además de operatividad, a través de la
celebración de los "acuerdos y convenios de trabajo", denominados en
nuestra legislación Pactos Colectivos o Convenciones Colectivas de Trabajo, que
constituyen los mecanismos ideados, además de la concertación, para la solución
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (art. 53, inciso final, 55 y
56, inciso final C.P. Aunque, la Corte Constitucional ha precisado que el
derecho a la negociación colectiva no se agota en la presentación de los
acuerdos citados, puesto que “incluye todas las formas de negociación que se
den entre trabajadores y empleadores y que tengan el fin de regular las
condiciones del trabajo mediante la concertación voluntaria, la defensa de los
intereses comunes entre las partes involucradas en el conflicto económico
laboral, la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y
atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones
que se den entre los empleadores y los trabajadores”[151].
Adicionalmente, la jurisprudencia ha reconocido que el
derecho a la negociación colectiva tiene una estrecha relación con la
asociación sindical. Lo anterior, porque el primero permite que el segundo
desarrolle la misión de proteger los derechos y la dimensión instrumental del
mismo. A pesar de ese vínculo, la negociación colectiva tiene autonomía frente
a la asociación sindical, por cuanto que aquel es un medio que regula las relaciones
laborales y carece de naturaleza fundamental, salvo que se vincule con la
asociación sindical.
Empero, no puede negarse que la negociación colectiva es
una garantía indispensable para las organizaciones sindicales, debido a que la
imposibilidad de llegar a un acuerdo con el empleador volvería inocuas las
finalidades de los sindicatos. “Cabe resaltar, que la protección al derecho
a la negociación colectiva no implica per se llegar a un acuerdo u obligar a
alguna de las partes a acoger las condiciones que no comparten, pues lo que
busca la Constitución es garantizar el inicio de las conversaciones
correspondientes”[152]
Precisiones
sobre los pactos colectivos y las convenciones colectivas
7.3.
Los
pactos y las convenciones colectivas son medios que tienen los trabajadores y
los empleadores para resolver los conflictos que surgen en el desarrollo de la
relación laboral. Sin embargo, tales acuerdos tienen destinatarios diferentes.
Así mismo, la Corte fijó las reglas jurisprudenciales para su coexistencia.
7.3.1. De un lado, el artículo 467 del
Código Sustantivo del Trabajo define a  la Convención Colectiva de Trabajo a la
celebrada “entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por una
parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por
la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo
durante su vigencia”. El artículo 470 del CST y la doctrina[153]
advierten sobre la extensión de la aplicación de la convención colectiva,
figura que explica quiénes son los destinatarios de la norma al interior de una
compañia. Así, en el evento en que el sindicato no supera la tercera parte de
los trabajadores de una empresa, el acuerdo que la asociación realice es
aplicable a sus miembros, a los trabajadores que adhieren el convenio colectivo
sin ser afiliados a la organización, y a todo trabajador que se vincule al
sindicato. En esos casos, los trabajadores deberán cancelar la cuota al
sindicato. En el escenario en que la convención colectiva beneficie a un
sindicato que agrupe más de la tercera parte de los trabajadores, el convenio
se aplicará a todos los empleados de la empresa.
La
jurisprudencia y la doctrina han advertido que la Convención Colectiva se erige
como la fuente formal de derecho entre los empleadores y los sindicatos de
trabajadores[154]. Esa norma
jurídica resulta del acuerdo de las partes señalas y tiene la finalidad de
regular las relaciones así como condiciones laborales. “Las cláusulas
convencionales de tipo normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al
contenido mismo de los contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las
obligaciones concretas del empleador frente a cada uno de los trabajadores,
como también, las obligaciones que de modo general adquiere el empleador frente
a la generalidad de los trabajadores, vgr., las que fijan la jornada de
trabajo, los descansos, los salarios, prestaciones sociales, el régimen
disciplinario, o las que establecen servicios comunes para todos los
trabajadores en el campo de la seguridad social, cultural o recreacional”[155].
Además, como lo
indica la jurisprudencia[156],
de la convención colectiva se puede deducir: “Es un instrumento de gran
importancia en la regulación de derechos en las relaciones obrero-patronales;
tiene como referente constitucional el artículo 55 Superior en cuanto se
garantiza el derecho de negociación colectiva; por su origen y finalidad carece
del alcance nacional de las leyes; las partes que la celebraron, son las
llamadas, en principio, a fijar su sentido y alcance, y se trata de una prueba
de las obligaciones entre las partes, de suerte que cuando el derecho
pretendido tiene como base una convención colectiva, no puede menos que
acreditarse en juicio, toda vez que es fuente de derechos para quien la invoca
en su favor y la prueba de la misma será su texto auténtico y el del acta de su
depósito oportuno ante la autoridad competente, o cuando menos la certificación
sobre el hecho del depósito, admitiéndose también la copia o la fotocopia
simple siempre y cuando contenga la constancia del depósito[157]”.
La
convención colectiva tiene la función de dar solución y finalizar los
conflictos colectivos de trabajo con el fin de evitar que tales discusiones
incurran en huelga. Por ende, esos acuerdos es un instrumento para la
negociación[158].
En
la sentencia SU-1185 de 2001, la Sala Plena de la Corte consideró que las
convenciones tiene la naturaleza de solmenes, porque la ley ha previsto para su
eficacia ciertas formalidades: la Convención Colectiva debe constar por escrito
y el acta debe depositarse oportunamente ante la autoridad laboral. De lo
anterior se desprende que para acreditar derechos que tienen como fuente formal
la Convención Colectiva es preciso aportar el texto auténtico y el acta de
certificación sobre el depósito oportuno ante la autoridad laboral tal y como
lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo[159].
En el
fallo T-251 de 2010, la Sala Sexta de Revisión  señaló que en una misma empresa
pueden existir dos o más sindicatos y varias convenciones colectivas de
trabajo.
7.3.2. De otro lado, los
pactos colectivos son considerados como una forma de solucionar los conflictos
entre los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, regulan las condiciones
laborares entre la empresa y los empleados que no pertenecen al sindicato,
quien se reunirán en una coalición momentánea mientras se suscribe el acuerdo.
Así, el
artículo 481 del CST señaló que: “…el pacto colectivo se celebra entre empleadores
y trabajadores no sindicalizados y se aplica exclusivamente a los últimos que
lo hayan suscrito o se adhieran posteriormente a ellos.”.
La Corte ha
considerado que los pactos entre trabajadores no sindicalizados y la
empresa, constituye un desarrollo de la libertad patronal pero solamente son
aplicables a dichas relaciones las disposiciones establecidas en el título II y
III, capítulo segundo del C.S.T[160].
Sin embargo, dicha potestad se encuentra restringida por normas
constitucionales y legales. Por ejemplo, en los artículos 1, 4 numeral 2, y 95
superiores. A nivel legal, el ordenamiento jurídico impone la obligación al empleador
de acatar la ley de respetar los derechos ajenos así como no abusar de los
propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, defender los
derechos humanos y propender al logro y mantenimiento de la paz, lo cual se
traduce en el establecimiento de relaciones laborales justas en todo sentido,
además del reconocimiento y respeto de los derechos de los trabajadores y de
las organizaciones sindicales.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
precisado que “el pacto colectivo, una vez es suscrito por el trabajador  o
este se adhiere a él, sirve para fijar las condiciones de rigen los contratos
de trabajo”.[161]
7.3.3. Ahora bien, esta
Corporación se ha interesado por definir las relaciones de interacción entre la
convención y los pactos colectivos cuando dichas figuras coexisten en una
compañía. En la sentencia SU-342 de 1995, la Sala Plena fijo los criterios de
comparación de esas figuras de la siguiente forma:
“a) Los pactos y las convenciones son instrumentos o
mecanismos para la negociación colectiva, destinada a dar solución y a poner
fin a los conflictos colectivos de trabajo y a precaver que éstos desemboquen
en la huelga.
b) Los pactos y las convenciones colectivas tienen
como finalidad "fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo
durante su vigencia". Es decir, que unos y otras tienen no sólo un
carácter normativo sino un elemento obligatorio o aspecto obligacional, con los
alcances que quedaron precisados en la aludida sentencia C-009 de 1994.
c) Los pactos y convenciones se rigen por normas
jurídicas comunes.
d) La diferencia entre los pactos y las convenciones
estriba en que aquéllos se celebran entre los empleadores y los trabajadores no
sindicalizados, mientras éstas se negocian "entre uno o varios empleadores
o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o
federaciones sindicales por la otra".
e) El empleador goza de libertad para celebrar con los
trabajadores no sindicalizados pactos colectivos, que pueden coexistir con
convenciones colectivas de trabajo. No obstante, esta regla general tiene su
excepción en el art. 70 de la ley 50 de 1990, que dice: ‘cuando el sindicato o
sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa,
ésta no podrá suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes’".
Ese enunciado normativo reconoce la supremacía de la organización sindical
mayoritaria en relación con los trabajadores. Lo antepuesto con el fin de
evitar que el empleador cree condiciones más favorables a una minoría a través
de los pactos colectivos.
f) la coexistencia de los pactos colectivos y las
convenciones implica que el primero se restringe a los derechos y valores que
reconoce la Constitución.
g) “Se afecta el derecho a la igualdad, cuando el
pacto colectivo contiene cláusulas que crean condiciones de trabajo para los
trabajadores no sindicalizados, diferentes a las previstas para los
trabajadores sindicalizados, y las circunstancias fácticas no justifican desde
el punto de vista de su diferencia, racionalidad, razonabilidad y finalidad un
tratamiento distinto. Asi mismo se viola el derecho a la asociación sindical,
porque las aludidas diferencias en las condiciones de trabajo estimulan la
deserción de los miembros del sindicato, con el resultado de que un sindicato
que antes era mayoritario se puede tornar en minoritario con las consecuencias
jurídicas que ello implica e incluso puede llegar a desaparecer”.
Con base en esas reglas, las sentencias SU-569 y
SU-570 de 1999 defendieron un criterio material del concepto de pacto colectivo
para identificar un acto discriminatorio en un acuerdo extra-legal entre la
empresa y los trabajadores. La Sala Plena desechó concepciones formalistas que
pretendían hacer pasar un pacto colectivo por unos beneficios que el empleador
decidió entregar a los trabajadores no sindicalizado. En esa labor, la Corte
acudió a evaluar los efectos que tenían los presuntos convenios en las relaciones
laborales. De ahí que advirtió que dichos acuerdos eran iguales a un pacto
colectivo, puesto implicaba la negociación de la empresa con empleados no
sindicalizados, escenario que significaba asumir el régimen de pacto individual
y de renunciar a la convención,  puesto que son incompatibles. Al respecto se
manifestó que:
“Frente a la realidad de que da cuenta el proceso
considera la Corte que desde el punto de vista material la situación es la
misma, porque unilateralmente la empresa, a través del Plan Voluntario de
Servicios y Beneficios, ha producido unos efectos iguales a los de un pacto
colectivo, suscrito con los trabajadores no sindicalizados; ello es asi, porque
como el Plan contiene una oferta dirigida por la empresa a los trabajadores de acogerse
o no a unas determinadas condiciones económico-laborales, la aceptación de
dicha oferta por cada trabajador produce unos efectos jurídicos en el campo de
las obligaciones laborales y al ser aceptado por un número plural de
trabajadores, jurídica y materialmente, produce los mismos efectos de un pacto
colectivo de trabajo. Es obvio, que el establecerse en el Plan mejores
condiciones laborales se revela el inocultable propósito de discriminar a los
trabajadores sindicalizados, desestimular su afiliación al sindicato, o
promover su deserción del mismo.”
Sin
embargo, la Sala precisó que no se opone a que la empresa celebre pactos
colectivos con sus trabajadores no sindicalizados, ni que coexistan esos
acuerdos con la convención[162].
En realidad se encuentra proscrito por la Constitución que el empleador cree
mejores condiciones a los empleados que suscriban los pactos colectivos en
relación con estado de las relaciones laborales con los trabajadores
sindicalizados. “Con respecto a la coexistencia entre pactos y convenciones
colectivas, en el sentido de que las condiciones de trabajo que ofrezca la
empresa, de modo general y en forma unilateral a sus trabajadores no
sindicalizados, deben ser iguales a las establecidas en la Convención
Colectiva, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad (…) el
problema no consiste en si la empresa o empleador puede o no unilateralmente
crear beneficios o incentivos laborales de modo general para sus trabajadores,
a través de mecanismos como el Plan Voluntario de Servicios y Beneficios pues
ya se ha dicho que ello si le está permitido, pero sujeto a que se respeten los
derechos, principios y valores constitucionales, y, por lo tanto, que no se
condicione la determinación de un trabajador de acogerse al Plan a la exigencia
de renunciar al sindicato o de no afiliarse a él”[163].
Nótese que la jurisprudencia realza el vínculo de la
asociación sindical con el derecho a la igualdad, dado que el reconocimiento de
mayores beneficios a los empleados no sindicalizados significa una discriminación
que lleva a la deserción de los miembros de organización de trabajadores para
acceder a esas ventajas. Ello, en razón de que el empleado no escapa a sus
necesidades y a las realidades materiales que tiene todo trabajador en la
pretensión de adquirir más bienes y servicios. Por tanto, la simple desigualdad
de prestaciones entre dichos sujetos quebranta la constitución y sus derechos
fundamentales.
Para la Sala, se obtiene el mismo resultado cuando se
pide renunciar al trabajador del sindicato que en el evento en que él queda
excluido del régimen convencional, porque elimina la posibilidad de que el
empleado discuta las futuras condiciones laborales, pues el trabajador ya tiene
un régimen jurídico que se introdujo en su contrato de trabajo, el pacto
colectivo. Además, dicha situación suprime la dimensión instrumental del
derecho a la asociación sindical, dado que carece de sentido que un trabajador
discuta con su empleador cláusulas que no le serán aplicadas. Por consiguiente,
la exclusión del régimen convencional como resultado de una discriminación
entre los trabajadores que se rigen por la convención y los que dirigen sus
condiciones laborales con el pacto colectivo afecta el derecho a la asociación
sindical.
7.3.4. En suma, la
convención y los pactos colectivos son mecanismos que existen para solucionar
los conflictos que surgen entre los empleadores y los empleados. Dichas figuras
tienen similar regulación, empero se diferencia entre sus destinatarios. Así
mismo, existe la posibilidad de que en una compañía se presente la coexistencia
entre la convención y pacto colectivo, situaciones en que no se pueden utilizar
los acuerdos para discriminar a los trabajadores sindicalizados y debilitar la
organización. Esa regla también se aplica cuando a partir de la violación al
derecho a la igualdad, se pretende excluir del régimen convencional a un
trabajador, dado a la incompatibilidad entre la convención y el pacto colectivo.
Para la verificación de la validez constitucional de los beneficios o
incentivos laborales que crea el empleador para sus trabajadores debe utilizase
un criterio material que permita evidenciar si tales ventajas son un pacto
colectivo que tiene la finalidad excluir beneficiarios de la convención.
Etapas del proceso de negociación
7.4.
Las
etapas del proceso de negociación colectiva son el desarrollo de la obligación
que tiene el Estado para fomentar y promover el diálogo entre los empleadores y
los trabajadores. Al respecto, el Código Sustantivo del Trabajo regula el
procedimiento reseñado, estableciendo en su artículo 433 que el proceso inicia
con la denuncia de la convención y la presentación del pliego de peticiones,
oportunidad en la que el sindicato plasma sus inconformidades y propuestas de
cambio, sobre las cuales se busca llegar a un acuerdo. Posteriormente, el empleador
cuenta con 24 horas para iniciar conversaciones con la organización, y en todo
caso, no más de 5 días para hacerlo. La Segunda etapa del conflicto colectivo
se caracteriza por la huelga o el arbitraje
7.4.1. Un conflicto
colectivo comienza de dos formas[164]:
i) la denuncia de la convención colectiva de trabajo y la presentación del
pliego de peticiones por parte de la organización sindical; o ii) la denuncia
de ambas partes separadamente[165].
En ambas situaciones, el conflicto se extiende hasta cuando se celebre una
nueva convención colectiva de trabajo o se emita el correspondiente laudo
arbitral[166].
De una parte, la denuncia de la convención colectiva
es el inicio de las etapas del conflicto colectivo. Ese acto puede entenderse
como la manifestación de los empleadores y/o los trabajadores que tiene la
finalidad de terminar la convención colectiva[167].
Dicho acto de discusión jurídica puede atacar parcial o totalmente el acuerdo
colectivo. La denuncia tiene por objeto que se presente una negociación entre
los empleados y los empleadores para que se establezca una nueva norma que
regule las condiciones laborales. Aunque, mientras ello no ocurra seguirá
rigiendo la convención colectiva denunciada. Para que esa manifestación de
voluntad tenga efectos la parte que ataca la convención debe radicar la
denuncia ante el inspector de trabajo acompañado de tres copias.
El artículo 477 del Código Sustantivo del Trabajo
advierte que la denuncia de la convención colectiva debe ser presentada dentro
de los 60 días inmediatamente anteriores a su vencimiento. En caso de que el
sindicato no manifieste que desea terminar con la convención ese acuerdo se
prorrogara por 6 meses en 6 términos sucesivos, según establece el artículo 478
del CST.
De otro lado, los pliegos de peticiones son los
escritos que contienen las pretensiones de los trabajadores que buscan
modificar la convención, ya sea creando derechos inexistentes en ella o
robusteciéndolos[168].
El documento con las demandas de los empleados debe ser aprobado por la
organización y presentado a los empleadores. El ordenamiento jurídico no
establece los requisitos de dichos medios de generar conflictos. Tampoco fija
un tiempo específico en que se debe presentar los pliegos de condiciones
después de la denuncia de la convención. Sin embargo, el artículo 376 del CST
ordena que el pliego de condiciones debe ser presentado al empleador a los dos
meses posteriores de su aprobación, plazo que funge como máximo. Acto seguido,
las partes en conflicto deben nombrar una comisión negociadora.
Cabe resaltar que la jurisprudencia de la Corte ha concedido
una gran importancia a la presentación del pliego de petición, al punto que si
esta no existe no ocurre el conflicto colectivo[169].
7.4.2. La etapa de
arreglo directo inicia en el instante en que las partes comienzan a dialogar.
El Código entiende que tal fase “constituye la primera oportunidad que
tienen tanto los trabajadores como los empleadores para llegar a un acuerdo a
partir del pliego de peticiones formulado, antes de tomarse la decisión de
declarar la huelga o de someter las diferencias a un Tribunal de Arbitramento”.[170]
En ese momento se presenta  la oportunidad para que las partes discutan
asuntos legales y temas de forma sobre el pliego de peticiones. “Resulta
lógico, que para dar inicio a la etapa de arreglo directo, previamente el empleador
debe recibir a la organización sindical con el fin de dar inicio al proceso de
negociación colectiva”[171]
Al respecto, el artículo 433 del CST establece una
sanción administrativa para el empleador que se niega a iniciar las
conversaciones de arreglo directo. El artículo 434 Ibídem consigna que el
arreglo directo tiene un período de 20 días calendario, plazo que puede
prorrogarse por otros 20 días como tiempo máximo de duración de dicha etapa.
7.4.3. En caso de existir
acuerdo parcial o total, las partes firmaran la convención colectiva. En
contraste, si prevalece el desacuerdo “se expresará el
estado en que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se
indicará con toda precisión cuales fueron los acuerdos parciales sobre los
puntos del pliego y cuales en los que no se produjo arreglo alguno”. Con
ello, dará por concluida la etapa de arreglo directo.
7.4.4. En ese escenario,
los trabajadores tiene la opción de: i) declarar la huelga; o ii) acudir al
Tribunal de Arbitramento. Tales posibilidades solo surgen cuando se agotó la
etapa de arreglo directo.
7.4.5. Como resultado del
requisito que tiene la primera etapa de la negoción colectiva, las Salas de
Revisión han establecido que el empleador tiene el deber de acudir al arreglo
directo siempre que se presente la correspondiente denuncia de la convención y
la presentación de los pliegos de peticiones, puesto que si no acude los
trabajadores no podrán ir a huelga o al Tribunal de Arbitramento.
En la sentencia T-251 de 2010, esta Corporación
estudió el caso de un empleador que rechazó el pliego presentado por SINTRAIME,
porque ese sindicato es de industria de las acerías, sector en el que la
compañía no se desempeña. Se consideró que se vulneró el derecho a la
asociación sindical y a la negociación colectiva de la organización de
trabajadores, debido a que la empresa se  negó a iniciar etapa de arregló directo
soslayando que el sindicato estaba acreditado en la autoridad de trabajo
respectiva para iniciar la negociación colectiva. Además, precisó que en la
compañía pueden existir dos convenciones, acuerdos celebrados con el sindicato
gremial y la organización de trabajadores de la empresa.
Más
adelante, la Sala Segunda de Revisión[172] concluyó que
la compañía Ecodiesel Colombia S.A., vulneró el derecho a la asociación
sindical y a la negociación colectiva de la organización sindical accionante,
puesto desconoció la obligatoriedad de la resolución proferida por el
Ministerio del Trabajo, acto administrativo que sancionó a la empresa y le
ordenó seguir adelante con la etapa de arreglo directo. Para la Corte, la
actuación del empleador constituye una obstrucción injustificada al proceso de
negociación entre el sindicato y la empresa, que tiene por objeto optimizar las
condiciones laborales, pues el derecho a la negociación colectiva garantiza el
inicio de las conversaciones colectivas, más no implica la obligación de llegar
a acuerdos concediendo lo peticionado. Esa decisión se sustentó en la siguiente
regla de derecho: “La omisión reiterada por parte de una
empresa de iniciar conversaciones colectivas con el sindicato, aun cuando
existe una Resolución del Ministerio del Trabajo, ordenando su inicio;
desconoce la fuerza vinculante de las decisiones de dicha entidad, es una
práctica antisindical y vulnera la garantía constitucional a la negociación
colectiva, pues obstruye de manera injustificada y desproporcionada la
realización del proceso de negociación”[173].
No
obstante, el amparo se concedió en forma transitoria, en razón de que el pliego
adoleció de presuntas irregularidades.
De
manera reciente, la Sentencia T-711 de 2014 estimó que los empleadores tienen
el deber de dar inicio a la etapa de arreglo directo ante la presentación de un
pliego de peticiones. En uso de esa regla, esta Corporación señaló que no
existía impedimento legal para que Cargo Tampa iniciara negociación con el
sindicato ACDAC. Además, reprochó que la empresa no hubiese iniciado etapa de
arreglo directo, pese a que el Ministerio del Trabajo lo ordenó. La orden de
amparo consistió en que la compañía debía designar un árbitro, en la medida que
la etapa de arreglo directo no tuvo resultado alguno, actuación que se adelantó
como consecuencia del fallo de primea instancia del proceso de tutela.
7.4.6.
Por
consiguiente, el legislador estableció un procedimiento en el que los
trabajadores y los empleadores pueden solucionar los conflictos colectivos.
Dicho procedimiento tiene las etapas de denuncia-presentación de pliegos de
petición, el arreglo directo y de solución de conflicto por declaratoria de
huelga o convocatoria a tribunal de arbitramento. Cabe resaltar que cada fase
es un prerrequisito para entrar a la siguiente. Por eso, el empleador tiene el
deber de iniciar la etapa de arreglo directo, so pena de afectar el derecho a
la asociación sindical y negociación colectiva.
Caso
concreto
8.
En
el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala, se discute si la
empresa AVIANCA S.A. desconoció los derechos a la asociación sindical, a la
igualdad de los trabajadores: i) al establecer un régimen salarial con mayores
prestaciones que la normatividad que aplica a los beneficiarios de la
convención colectiva de trabajo; ii) al condicionar el acceso a los beneficios
del PVB a la aceptación integral de la oferta del plan y/o a la modificación de
la convención colectiva. Así mismo, se debe establecer si el empleador vulnera
el derecho a asociación sindical y a la negociación colectiva del sindicato
ADCAD, como quiera que se niega a iniciar la etapa de discusión con fundamento
en que la asociación de trabajadores presentó por fuera de tiempo la denuncia
de la convención.
Adicionalmente, como se advirtió en la formulación del
problema jurídico, los jueces de instancia consideraron que la demanda era
improcedente, porque carecía de legitimidad por activa y de cumplimiento de los
principios de subsidiariedad e inmediatez. También, señalaron que el
representante del sindicato de ACDAC incurrió en temeridad.
El análisis de los casos puestos a
disposición de la Sala se realizará dependiendo de los sindicatos que presentan
las demandas. En el caso de ACDAC se estudiaran en forma conjunta  los procesos
de la referencia, toda vez que existen supuestos de hecho similares. En la hipótesis en que
se involucra ACAV se analizará el asunto de manera individual. Además, para
resolver los casos concretos, la Corte verificará la legitimación por activa y
la procedibilidad de la acción de tutela. En el evento de que los procesos
examinados sobrepasen el estudio de estos presupuestos formales, la Corte
procederá a resolver de manera específica cada petición de los actores, con
fundamento en los hechos y pruebas que obran en los respectivos expedientes
acumulados y las consideraciones expuestas a lo largo de esta providencia.
Afiliados a la
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC.
9.
Como
se mencionó, esta Corporación estudiará los problemas jurídicos formales, los
cuales tiene que ver con establecer si: i) el capitán Jaime
Hernández Sierra, el presidente del sindicato ACDAC, tiene la legitimidad por
activa para solicitar la protección de los derechos a la asociación sindical, a
la negociación colectiva y a la igualdad de los pilotos que pertenecen a esa
organización de trabajadores; ii) se configuró la temeridad en los expedientes
T-4.371.787, T-4.376.027 así como T-4.536.832; y iii) las demandas de tutela
cumplen con el principio de subsidiariedad.
Legitimidad por activa del presidente de sindicato de
ACDAC para representar los derechos de los afiliados de la empresa.
9.1.
En
los procesos T-4.354.060[174]
y T-4.371.787[175],
los jueces de instancia negaron las demandas constitucionales, por considerar
que el presidente del sindicato ACDAC, el capitán Hernández Sierra, carecía de
la legitimidad por activa para promover el amparo de derechos. Lo anterior, en
razón de que el representante de la organización no aportó a los procesos de
tutela de la referencia  la manifestación de voluntad de los actores para la representación
de sus intereses en cabeza del presidente de ACDAC.
De conformidad con la jurisprudencia, ya se ha
señalado en la presente providencia que los sindicatos a través de su
presidente pueden representar los derechos de sus afiliados, siempre que la
vulneración de esas garantías implique la conculcación de los derechos de la
asociación de trabajadores y no se agote en una pretensión de intereses
individuales del empleado. Para ello, no es necesario aportar poder o manifestación
de la facultad de representación, pues bastará demostrar que el demandante
pertenece al sindicato (Supra 3.4).
El presidente del sindicato ACDAC representa los
intereses de los pilotos asociados a dicha organización, quienes manifestaron
que la empresa de aviación AVIANCA afectó sus derechos a la igualdad y a la
asociación sindical, porque reconoció mayores beneficios a los trabajadores que
no pertenecen a la organización. Así mismo, el representante advierte que esas
conductas han afectado al sindicato, pues ha producido deserciones masivas de
dicha asociación.
En el caso objeto de estudio, la Sala estima que la
posible afectación de los derechos de los aviadores puede significar la
violación a las garantías del sindicato, puesto que los hechos alegados por los
peticionaros indican que existe la posibilidad de que se haya presentado una
discriminación, en razón de que pertenecen a la organización de trabajadores.
Al mismo tiempo, se advierte que la discusión que presentan las acciones de
tutela de la referencia se circunscribe en un conflicto colectivo que incluye
de manera evidente una de las funciones de los sindicatos. Los pilotos no se
encuentran solicitando la prevalencia de sus intereses individuales, sino la
existencia de una supuesta vulneración de derechos que abarca a todos los
miembros de la organización y por tanto la impacta.
Adicionalmente, una de las demandas[176]
alega que existe la vulneración al derecho a la negoción colectiva, porque la
sociedad de aviación se ha negado a iniciar la etapa de arreglo directo. Dicho
argumento se relaciona directamente con el actuar del sindicato, toda vez que
entre sus funciones se encuentra presentar pliegos así como negociarlos.
Entonces, puede que se hubiese presentado una
conculcación indirecta y directa de los derechos fundamentales de la ACDAC, al
quebrantar las garantías de los afiliados de la organización, o al desconocer
el derecho a la negociación colectiva de esa persona jurídica. Esas situaciones
otorgan la facultad al capitán Hernández Sierra de representar a sus
compañeros.
En los procesos en los cuales el presidente del
sindicato actuó como representante, esta Corporación observa que se allegó la
prueba de que los tutelantes pertenecen al sindicato[177],
calidad que se demostró de dos maneras. De un lado, en los expedientes existen
certificados de afiliación ACDAC[178].
De otro lado, en el acervo probatorio se hallan los recibos de pago de los
trabajadores, documentos que evidencian que en la nómina de los trabajadores se
descuenta la cuota de afiliación al sindicato[179].
En suma, el capitán Hernández Sierra tiene la
legitimidad por activa para representar los derechos de los actores, toda vez
que protege sus garantías y las de la asociación sindical. Además, demostró
dentro del proceso que los actores pertenecen a ACDAC. Las condiciones
enunciadas bastan para que el presidente de la citada organización tenga la posibilidad
para incoar el amparo de los derechos de sus compañeros.
Inexistencia de la temeridad de las acciones de tutela
de T-4.371.787, T-4.376.027 y T-4.536.832
9.2.
Los
funcionarios jurisdiccionales consideraron que se configuró la institución de
la temeridad en los procesos T-4.371.787, T-4.376.027 y T-4.536.832.
Como se reseñó en la parte motiva
de esta providencia, la temeridad se constituye en los eventos en que el
demandante presenta varias acciones de tutela frente a hechos idénticos,
actuación que debe ser dolosa y de mala fe (Supra 4.1). Adicionalmente, se
advirtió que el juez constitucional debe tener en cuenta la legitimidad por
activa en las situaciones en que los sindicatos y sus afiliados concurren a los
estrados judiciales para solicitar la protección de sus derechos por vía de
tutela (Supra 4.4).
9.2.1. La Sala agrupará
el estudio de ese requisito formal en los proveídos T-4.371.787 y T-4.376.027,
dado que en aquellos procesos el capitán Hernández Sierra representó a varios
pilotos. Además los jueces de instancia manifestaron que la temeridad se generó
con relación a la misma decisión, el radicado T-4.369.843.
En el expediente T-4.376.027, el Juzgado Treinta Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá consideró que el capitán
Hernández Sierra incurrió en temeridad con la demanda de ese proceso, puesto
que existió identidad de partes, objeto y causa con la sentencia proferida por
el Juzgado Sesenta y Nueve Penal Municipal con control de Garantías de Bogotá
(Expediente T-4.369.843). Al respecto, justificó la igualdad de esos elementos
de la siguiente forma: i) identidad de partes: en los dos procesos el actor es
el señor Hernández Sierra con independencia que en el expediente T-4.376.027
hubiese actuado como representante de pilotos afiliados al sindicato y en el
expediente T-4.369.843, el citado aviador propuso la tutela a nombre propio. Lo
anterior, en razón de que en ambos trámites solicitó la protección a todos los
pilotos sindicalizados; ii) identidad fáctica: en los procesos señalados se
discutieron los mismos hechos sobre la posible vulneración al derecho a la
asociación sindical por no extender los beneficios del PVB, situación que ha
producido la desafiliación de los miembros de ACDAC; y iii) identidad de causa
petendi: en ambos procesos el peticionario solicitó la protección de los mismos
derechos así como pretensiones.
En el expediente T-4.371.787, el Juez Treinta Penal
del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá concluyó que la
improcedencia de la acción de tutela se manifiesta en su temeridad. Lo
anterior, puesto que se presentó una demanda previa a la actual tutela, que
correspondió por reparto al Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá y en segunda instancia, al Juzgado Cuarto Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá (T-4.369.843).  El Juzgado
sintetizó que entre estas dos acciones existe identidad de: i) demandante,
puesto que la representación de un número mayor o menor de pilotos
sindicalizados no cambia la naturaleza del demandante; ii) causa pretendi, dado
que se realizó la misma solicitud de amparo en ambas acciones, pretensión que
corresponde al reconocimiento de los beneficios económicos del PVB a pilotos
sindicalizados que no aceptaron la oferta de AVIANCA S.A.; y iii) fáctica,
debido a que se plantea la misma problemática sin ofrecer hechos nuevos. En
este sentido, se consideró que el accionante abusó de su derecho de acción, al
intentar revivir un asunto que los jueces de tutela estudiaron.
Frente a los asuntos, la Sala estima que no se consumó
la figura procesal de la institución de la temeridad, dado que la identidad de
partes es inexistente. En los expedientes T-4.371.787 y T-4.376.027, la
legitimidad por actica se identificó en varios pilotos que fueron representados
por el capitán Hernández Sierra. En contraste en el proceso de T-4.369.843, el
presidente del sindicato actuó a nombre propio solicitando la protección de sus
derechos a los jueces constitucionales. Por ende, las víctimas de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales son diferentes, calidad en la que
reside la institución de legitimad en la causa por activa.
Nótese que en los primeros procesos el capitán
Hernández Sierra concurre como representante de varios de sus compañeros,
mientras en el segundo radicado él mismo acude ante los jueces para que
salvaguarden sus derechos. De ahí que, es adecuado concluir que no existe
identidad de partes, puesto en los trámites T-4.371.787 y T-4.347.027 el
capitán funge como representante y no como parte procesal.
Se recuerda que en las demandas de tutela en las que
se involucran los sindicatos debe revisarse con suma atención la legitimidad
por activa, diligencia que los jueces de instancia no tuvieron, puesto que no
diferenciaron las distintas figuras procesales en la que intervino el
presidente de ACDAC en los citados procedimientos. Así mismo, olvidaron que el
caso estudiado implica un análisis sobre la presunta vulneración de los
derechos indirectos de una asociación sindical, escenario que advierte la
afectación de las garantías esenciales de sus miembros así como de la
organización de trabajadores.
Tampoco son de recibo los argumentos de los jueces de
instancia que indicaron que la temeridad se justificó en que el capitán
solicitó la protección a los derechos de todos los pilotos en las dos demandas,
porque ello no elimina la diferencia en la legitimad por activa en los dos
procesos. Aceptar la argumentación de los jueces de instancia impediría que los
miembros del sindicato soliciten la protección a sus derechos fundamentales,
premisa que a todas luces quebranta el principio de la administración de
justicia.
Por consiguiente, en los expedientes reseñados no se
configuró la institución de la temeridad, en razón de que la triple entidad
requerida es inexistente, debido a que se presentó la diferencia de partes en
los trámites analizados.
9.2.2. En trámite
T-4.536.832, el despacho de primera instancia a cargo del Juzgado Sesenta y
Cuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías consideró que la
demanda promovida por el presidente del sindicato incurrió en temeridad, porque
este representó los derechos de los pilotos Francisco Luis Kocka López,
Alejandro Londoño Garavito y Yeison Galeano Jiménez en el expediente
T-4.376.027. El presidente del sindicato impugnó esa decisión argumentando que
los pilotos fueron excluidos del amparo de primera instancia que otorgó el Juez
Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá en el
proceso T-4.376.027, debido a que no acreditaron la afiliación al sindicato
(supra 1.5.2 y cita 40). Ante esa argumentación, el Juez Veintiuno Penal de
Conocimiento – segunda instancia del expediente T-4.536.832- estimó que la
demanda de tutela no es temeraria, dado que el juez del trámite T-4.376.027
excluyó a los trabajadores Kocka López, Londoño Garavito y Galeano Jiménez de
la tutela de derechos, de modo que frente a ellos no se presentó
pronunciamiento alguno. También manifestó que el juez de segunda instancia del
proceso T-4.376.027  declaró improcedente el amparo. Entonces, no existió una
actuación desleal del presidente del sindicato y podía presentarse una nueva
tutela en representación de esos pilotos.
Con relación a la hipótesis descrita, esta Corporación
concluye que no se configuró la institución de la temeridad en el expediente
T-4.536.832 en relación con proceso T-4.376.027, en la medida que no existieron
dos decisiones de fondo sobre los derechos de los actores Luis
Francisco Kocka López, Alejandro Londoño Garavito y Jeison Galeano Jiménez. En
el trámite T-4.376.027, los jueces de instancia no estudiaron de fondo las
demandas de los citados trabajadores, como quiera que el a quo de ese
proceso excluyó a esos aviadores del amparo y el ad quem declaró
improcedente la demanda, porque consideró que se incurrió en temeridad en
relación con expediente T-4.369.843. Entonces en el radicado T-4.376.27, la
presunta vulneración de los derechos de los señores Londoño Garavito, Kocka
López y Galeano Jiménez jamás fue analizada de fondo por un juez
constitucional.
Para la Sala, esa situación facultó a los actores para
que presentaran una nueva acción de tutela con el objeto de que la posible
vulneración a sus derechos sea estudiada. Esa situación aconteció en el proceso
T-4.536.832. Adicionalmente, no se evidencia un actuar doloso o de mala fe del
representante del sindicato, dado que era razonable creer que estaba facultado
para promover otra demanda, pues en la primera ocasión los jueces constitucionales
no estudiaron el caso de los pilotos citados. Tales consideraciones fueron
desatendidas por los funcionarios jurisdiccionales que declararon la temeridad
de las demandas.
Por
consiguiente, en el expediente T-4.536.832 es inexistente la temeridad alegada
por el juez de segunda instancia, dado que en el primer proceso no se estudió
la situación fáctica o la pretensión es de los señores Luis Francisco
Kocka López, Alejandro Londoño Garavito, Jeison Galeano Jiménez.
Cumplimiento de las reglas de subsidiariedad e
inmediatez en las demandas de tutela
9.3.
En
este acápite de la providencia se evaluará el cumplimiento de los principios de
subsidiariedad además de inmediatez. En dicho análisis se incluirá la
verificación de la procedibilidad de la acción de tutela para estudiar los
asuntos en los que se presenta una presunta afectación a los derechos a la
asociación sindical y a la igualdad de los actores, así como a la negociación
colectiva de ACDAC.
9.3.1.
Acerca
del primer aspecto, la Sala debe recordar que el Decreto 2591 de 1991 y el
precedente constitucional establecen que en principio la acción de tutela es
procedente, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, en la medida que el amparo no puede desplazar, ni sustituir, los
mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta regla
que se deriva del
carácter excepcional y residual de la acción de tutela, cuenta con dos
excepciones que comparten como supuesto fáctico la existencia del medio
judicial ordinario, que consisten en: i) la instauración de la acción de tutela
de forma transitoria para evitar la configuración de un perjuicio irremediable;
y ii) la falta de idoneidad o de eficacia de la acción ordinaria para
salvaguardar los derechos fundamentales del accionante.
En la materia analizada, esta Corporación ha señalado
que la acción de tutela se convierte en el medio adecuado para conjurar la
vulneración de los derechos a la asociación sindical, a la negociación
colectiva, a la igualdad y al trabajo que padecen las organizaciones de
trabadores, así como sus miembros, porque tales titulares de derechos carecen
de herramienta procesal ordinaria de naturaleza judicial que detenga la
afectación a esos principios constitucionales. Ello ocurre cuando el patrono
ejerce actos de discriminación contra los miembros del sindicato o se niega a
negociar con la asociación de los trabajadores (supra 5).
En ese estado de cosas, la Corte advierte que las
demandas de tutela son procedentes para que el juez constitucional analice la
presunta vulneración de derechos que padecen los miembros del sindicato de
ACDAC, debido a que AVIANCA negó la extensión de ciertos beneficios del PVB a
los pilotos sindicalizados. Lo anterior, en razón de que los actores carecen de
medio idóneo y eficaz de defensa judicial para proteger sus derechos fundamentales.
Además, los peticionarios  se encuentran en una especial situación de
subordinación e indefensión respecto de su empleador. Se recuerda que en este
caso, los procesos ordinarios carecen de la amplitud requerida para que el juez
tenga como objeto estudio el derecho a la igualdad.
Lo
propio sucede con la presunta afectación del derecho a la negociación
colectiva, hechos que se soportan en que AVIANCA se ha negado a iniciar  la
etapa de arreglo directo. El derecho a la negociación colectiva tiene un
vínculo inherente al derecho a la asociación sindical y en esas hipótesis el
ordenamiento jurídico no ofrece medios ordinarios para proteger esas garantías.
Aunado a lo anterior, las Salas de Revisión han advertido que la demora en
inició de los diálogos crea las condiciones para que se configure un perjuicio
irremediable que repercute en los derechos del sindicato.
La
negativa de la empresa accionada de iniciar la negociación colectiva impide que
ACDAC acuda al esquema de resolución de conflictos colectivos establecidos por
el legislador, ya que la omisión en iniciar la etapa de arreglo directo evita
que se continúe con el citado procedimiento, verbigracia huelga o conformar un
tribunal de arbitramento.
La
Sala reitera que el trámite administrativo sancionatorio adelantado por el
Ministerio del Trabajo no puede desplazar la acción de tutela, dado que es un
mecanismo administrativo, naturaleza que incumple la condición cualificada que
debe tener un medio de defensa idóneo y eficaz, que responde al carácter judicial
de la herramienta procesal. La consideración expuesta aplica para todo tipo
de hipótesis en que se evalué la procedibilidad de una acción de tutela.
9.3.2. En relación con el
principio de inmediatez, la Corte Constitucional ha establecido que si bien no
existe un término legal concreto para la interposición de la acción, esta debe
proponerse dentro del plazo razonable a la vulneración de los derechos
fundamentales.
De
un lado, la Corte encuentra que los actores cumplieron el principio de
inmediatez, dado que promovieron las acciones de tutela en un tiempo razonable
a la ocurrencia de los hechos que fundamentaron la demanda. Desde octubre del
año 2013, la empresa demandada ha proferido diferentes comunicados invitando a
los trabajadores de AVIANCA que se adhieran al PVB. Las acciones de tutela han
sido presentadas entre los meses de noviembre[180]
de esa anualidad y junio de 2014[181].
En ese interregno en algunos casos ha comprendido 7 meses, plazo razonable si
se tiene en cuenta la dinámica de dialogo entre la empresa de aviación
demandada y el sindicato. En ese tiempo, el presidente del sindicato ha
solicitado la extensión de los beneficios del PVB para los miembros del ACDAC,
por ejemplo en petición del 13 de febrero de 2013[182].
Así mismo, la compañía ha ofrecido la oferta del plan en varias ocasiones,
entre ellas el 26 de septiembre de 2013. También AVIANCA ha negado la extensión
de tales beneficios de forma individual en ese lapso del tiempo, una muestra de
ello ocurrió con el capitán Julián Gustavo Pinzón Saavedra, a quien la empresa
informó que no podía extender las ventajas del PVB, el 22 de octubre de 2013[183].
Tales medios de convicción evidencian que ha existido un contexto prolongado, en
el que se hallan los supuestos fácticos analizados y de los que su inmediatez
se extiende en el tiempo.
Adicionalmente,
la presunta vulneración que alegan los tutelistas es actual, en la medida que
la empresa no  ha reconocido la extensión de los valores de PVB, pues ellos no
han suscrito dicho acuerdo.
De otro lado, la demanda que aduce la vulneración del
derecho a la negociación colectiva[184]
se presentó dentro de un tiempo razonable, toda vez que se interpuso dos meses
después de que la compañía negara el inicio de las negociaciones, el 7 y 13 de
enero de 2014. Además, la presunta vulneración es actual, debido a que ACDAC y
la empresa AVIANCA no han iniciado la etapa de arreglo directo, y la compañía
continua fundamentando esa situación en que el sindicato denunció la convención
de forma extemporánea.
9.3.3. En suma, las
acciones de tutela son procedentes, porque: i) es el medio idóneo y eficaz que
tiene los accionantes para evitar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales,
derivados de la discriminación que establece mayores beneficios a los
trabajadores que no se benefician de la convención, o de la negativa de iniciar
la etapa de arreglo directo (subsidiariedad); y ii) las demandas de tutela se
presentaron en un tiempo razonable de la vulneración de los derechos del actor,
máxime cuando la afectación alegada es actual (inmediatez).
Vulneración indirecta a los derechos a la asociación
sindical y a la igualdad de ACDAC derivada de la afectación de los derechos de sus
afiliados
9.4.
Los
peticionarios adujeron que la sociedad demandada vulneró sus derechos
fundamentales a la asociación sindical, a la igualdad, por cuanto estableció un
pacto colectivo con mayores beneficios que la convención colectiva de trabajo y
que solo se reconoce a los empleados no sindicalizados. Esas medias constituyen
una forma de presión que pretende disminuir a la organización de trabajadores.
Además, advirtieron que la adopción del PVB implica perjudicar en diferentes
partes a la convención colectiva de trabajo.
Por su parte, los abogados de la sociedad demandada
adujeron que su representada no ha incurrido en acto alguno de discriminación,
pues ha ofrecido la oferta del plan a todos los pilotos, incluidos los
sindicalizados. Subrayó que el PVB es un régimen jurídico que se creó con el
fin de beneficiar a los trabajadores, acuerdo que no se corresponde con un
pacto colectivo. Manifestó que la negativa de otorgar las prestaciones a los
peticionarios se sustentó en que ellos deben aceptar el PVB de forma integral,
dado que el principio de inescindibilidad salarial impide que un empleado
regule su relación laboral con dos normas distintas. Ante eso, recalcó que los
beneficios del PVB y el bono especial dependen de la suscripción de ese documento
y no de la pertenencia al sindicato por parte del empleado.
Adicionalmente, advirtió que la empresa no pretende
desincentivar la afiliación al sindicato. Incluso, el número de miembros de
ACDAC ha aumentado. En realidad, la disminución de los afiliados se debe a que
la organización de trabajadores ha expulsado a sus miembros.
9.4.1. La Sala estima que
se encuentra en una discusión colectiva que enfrenta la aplicación de dos
regímenes jurídicos que regulan las condiciones de trabajo de los pilotos de la
compañía de AVIANCA y los efectos que estos tienen. Por ello, es determinante
identificar qué naturaleza tiene el PVB y si este es un pacto colectivo, máxime
cuando definirá sus destinatarios, así como las consecuencias de su suscripción.
Esas precisiones son necesarias para establecer si existe en el caso concreto
vulneración a los derechos a la igualdad y a la asociación sindical.
9.4.2. En la parte motiva
de esta sentencia, se precisó que se debe usar un criterio material para analizar
si los planes o beneficios extra-legales que ofrece el patrono son pactos
colectivos. La herramienta de solución de conflictos se caracteriza en que “es
un acto jurídico por medio del cual los trabajadores no sindicalizados pueden
disfrutar de prerrogativas durante la ejecución del contrato de trabajo y solamente
son beneficiarios del mismo los trabajadores que lo acepten expresamente,
firmándolo o expresamente adhiriéndose a él”[185].
El balance constitucional actual de la materia desecha el criterio formal para
identificar un pacto colecto, de modo que esa calidad no se sujeta al
cumplimiento de requisitos o formalidad alguna (Supra 6.33 y 6.34).
La Sala considera que el Plan Voluntario de Beneficios
en realidad es un pacto colectivo, toda vez que tiene los efectos de esa medio
de solución de conflictos, el cual es suscrito por empleados no sindicalizados.
Lo anterior, en razón de que el PVB ofrece unas condiciones laborales que la empresa
dirige a los pilotos que laboran en ella, régimen que regulará el desarrollo de
la relación laboral. Si bien es cierto que se ofreció tanto los trabajadores no
sindicalizados como a los sindicalizados, también los es que la aceptación del
PVB por parte del trabajador implica que él se adhiere de forma integral a la
oferta del plan, efecto  jurídico idéntico a un pacto colectivo, pues bajo esas
premisas es inaplicable la convención colectiva, por incompatibilidad. Cabe
resaltar las múltiples respuestas de AVIANCA a los pilotos sindicalizados que
no suscribieron el PVB, documentos que indican que no pueden beneficiarse de
dos regímenes. Es más, el argumento del principio de inescindibilidad
salarial opera como forma de exclusión entre el PVB y la convención colectiva a
manera de la incompatibilidad que existe entre el régimen del pacto colectivo y
el convencional.
Al respecto, las clausulas 3 y  4 del plan voluntario
de beneficios propuesta por la empresa AVIANCA para los años 2009 -2013,
documento que fue renovado con las firmas de la oferta del plan, fijó la aplicación
integral del régimen de beneficios. En especial, indicó que es incompatible
con otras fuentes de derechos, por ejemplo otras convenciones o planes de
beneficios. Aunado  a lo anterior, las clausulas 2 A y B de la Convención
Colectiva ACDAC – AVIANCA 2009-2003 establecieron que el régimen colectivo se
aplica de manera integral, de modo que no puede existir aplicación parcial de
la misma. También, advierte que este es incompatible con las demás fuentes de
derechos existentes en la compañía, por ejemplo otras convenciones o planes de
beneficios. Por consiguiente, los dos documentos reseñados muestran su
incompatibilidad con la suscripción a otros regímenes, escenario que impide su
aplicación simultánea.
Tales cláusulas muestran de forma evidente que sus
consecuencias jurídicas son iguales a las que tiene el pacto colectivo. Así,
la suscripción del PVB por parte del trabajador individual produce efectos en
las obligaciones laborales que regirá su contrato de trabajo, por ejemplo
formas de salario global o prima de alimentación, tal como indica la propuesta
de oferta del plan[186].
En el mismo sentido, la aceptación del PVB por varios empleados produce  los
efectos de un pacto colectivo, al punto que implica la renuncia a la
convención.
9.4.3. Sin embargo, el
ordenamiento jurídico no impide que la empresa formule un pacto colectivo con
el fin de mejorar las condiciones de sus trabajadores. Incluso, reconoce la
posibilidad de que en una compañía coexistan la convención y el pacto
colectivo. Lo que la Corte ha proscrito es que se utilicen los acuerdos para
discriminar a los trabajadores sindicalizados y debilitar la organización,
situación que ocurre cuando el empleador crea mejores condiciones a los
empleados que suscriban los pactos colectivos en relación con el estado de las
relaciones laborales que tienen los trabajadores sindicalizados. Esa regla
también se aplica cuando a partir de la violación al derecho a la igualdad, se
pretende excluir del régimen convencional a un trabajador, dado a la
incompatibilidad entre la convención y el pacto colectivo (Supra 6.3.4).
Se advierte que los juicios sobre la existencia de actos
de discriminación del empleador contra un sindicato se encaminan a determinar
si un conjunto de hechos, valorados según las normas de la experiencia y la
sana crítica, que tienen lugar en el marco de unas relaciones obrero
patronales, evidencian o no  la presencia de una línea de conducta de la
empresa en contra de la existencia y normal funcionamiento de una organización
sindical[187].
Lo anterior implica un análisis del contexto en que se presentan las relaciones
laborales.
9.4.3.1.
En
atención a ello, la Sala procederá a contrastar el Plan Voluntario de Beneficios
con la convención colectiva celebrada entre ACDAC y la sociedad AVIANCA para
identificar si aquel cuenta con mayores beneficios que ésta. Luego evaluará el
contexto del  conflicto colectivo entre patrono y trabajadores para identificar
si existieron actos de discriminación.
Salario/prestac.
Plan Voluntario Beneficios 188
Convención Colectiva 189
Remuneración mensual
Sueldo básico que se compone de un salario global
que incluye: básico, horas de vuelo garantizadas, prima de equipo, prima de
comando fija y variable nacional, prima de antigüedad, horas extras, nocturno
y trabajo en días dominicales y festivos. Por ejemplo los valores del salario
global un piloto de A 330/787 asciende a $ 12.457.025. –C 23-
Sueldo básico (C 25 y 91) que se compone de un
salario global que incluye: básico, horas de vuelo garantizadas, prima de
equipo, prima de comando fija y variable nacional, prima de antigüedad, horas
tripadi, horas extras, nocturno y trabajo en días dominicales y festivos.
Por ejemplo, los valores del salario global un
piloto de A 330/787 asciende a $ 11.139.872.
Auxilio de alimentación
Pago mensual. - por ejemplo el piloto de A 330/787
recibe  $ 4.504.475. –C 23-
Solo se reconoce a los pilotos con salario integral.
Por ejemplo el piloto de A 330/787 recibe  $ 3.133.031 –C-91 B-.
Prima de alimentación
Se reconoce a los pilotos en ejercicio y se
incrementa en cada por ejemplo el piloto A 330/787 recibe  $ 903.588.  –C
28-.
Se reconoce a los pilotos en ejercicio –C 38- por
ejemplo el piloto A 330/787 recibe  $ 638.168.
Prima de antigüedad
Se propone un pago mensual que depende del tiempo de
servicio, por ejemplo el piloto de A 330/787 recibe  $ 130.349. – C 27-
Se propone un pago mensual que depende del tiempo de
servicio, por ejemplo el piloto de A 330/787 recibe  $ 116.566. –C 88-
Salario integral
Se cancela a los aviadores jubilados que laboran en
la empresa y que firmaron el otrosí. Por ejemplo el piloto de A 330/787
recibe  $ 9.499.207.
Se cancela a los aviadores jubilados que laboran en
la empresa y que firmaron el otrosí. Por ejemplo el piloto de A 330/787
recibe  $ 8.494.802. –C 114-
Auxilio de transporte
Desembolso de $ 490.065 que se desembolsará a los
pilotos que usen sus propios vehículos para  transportarse desde su vivienda
al aeropuerto y viceversa –C 28-
Desembolso de $ 438.247 que se desembolsará a los
pilotos que usen sus propios vehículos para  transportarse desde su vivienda
al aeropuerto y viceversa –C 111-
Prima de vacaciones
Pago de dinero equivalente a 19 días de salario
global que devengue el trabajador al momento de disfrutar sus vacaciones –C
30-
Pago de dinero equivalente a 18 días de salario
global que devengue el trabajador al momento de disfrutar sus vacaciones –C
97-
Auxilio de maternidad
Cancela una prima por cada hijo de los trabajadores que
nazca asciende a $ 262.267
Cancela una prima por cada hijo de los trabajadores
que nazca asciende a $ 234.536
Auxilio por traslado permanente
Pago de una auxilio de $ 1.623.735 caso de que la
compañía lo determine. Además, incluye 5 habitaciones en un hotel–C 36-
Pago de una auxilio de $ 1.452.045 caso de que la
compañía lo determine. Además, incluye 5 habitaciones en un hotel–C 121-
Auxilio educativo
Entrega de dinero al piloto con hijo en edad escolar
con el objeto de costear la matricula, valor que corresponde a:  primaria $
36.536.oo; bachillerato $ 48.704.oo; universidad $ 65.769 –C 39-
Entrega de dinero al piloto con hijo en edad escolar
con el objeto de costear la matricula, valor que corresponde a:  primaria $
32.673.oo; bachillerato $ 43.554.oo; universidad $  58.815.oo –C 48-
Viáticos
viáticos en los casos que el aviador deba pernoctar,
valores que incluyen hotel, auxilio que se divide en: nacional (más de 12
horas y hasta 24 $45.376.oo; menos de 12 horas que incluya periodo de
descanso $ 22.705.oo); internacional (más de 12 horas y hasta 24 que incluye
periodos de descanso en vuelos fuera del continente americano USD 73.oo, en
vuelos dentro del continente USD 71.oo; menos de 12 horas que incluye
descanso en vuelos fuera del continente americano USD 47.oo, en vuelos dentro
de dicho espacio USD 46.oo) –C 41-
viáticos en los casos que el aviador deba pernoctar,
valores que incluyen hotel, auxilio que se divide en: nacional (más de 12
horas y hasta 24 $40.578.oo; menos de 12 horas que incluya periodo de
descanso $ 22.304.oo); internacional (más de 12 horas y hasta 24 que incluye
periodos de descanso en vuelos fuera del continente americano USD 73.oo, en
vuelos dentro del continente USD 71.oo; menos de 12 horas que incluye
descanso en vuelos fuera del continente americano USD 47.oo, en vuelos dentro
de dicho espacio USD 46.oo) –C 120--
Prima de navegación
Dinero entregado al aviador para operaciones: i)
nacionales (más de 12 horas y hasta 24 $31.440.oo; menos de 12 horas que
incluya periodo de descanso $ 17.111.oo); internacional (más de 12 horas y
hasta 24 horas que incluye periodos de descanso en vuelos fuera del
continente americano USD 28.oo, en vuelos dentro del continente USD 22.oo;
menos de 12 horas que incluye descanso en vuelos fuera del continente
americano USD 13.oo, en vuelos dentro de dicho espacio USD 13.oo) –C 42-
Dinero entregado al aviador para operaciones: i)
nacionales (más de 12 horas y hasta 24 $ 28.116.oo; menos de 12 horas que
incluya periodo de descanso $ 15.302oo); internacional (más de 12 horas y
hasta 24 horas que incluye periodos de descanso en vuelos fuera del continente
americano USD 28.oo, en vuelos dentro del continente USD 22.oo; menos de 12
horas que incluye descanso en vuelos fuera del continente americano USD
13.oo, en vuelos dentro de dicho espacio USD 13.oo) –C 95-
Incentivo por no ausentismo
Pago a los Comandantes que no presenten novedades de
ausencia, dinero que asciende a: i) cero días de ausentismo $ 225.000; ii) 1
día de ausentismo $ 112.500; iii) 2 días de ausentismo $ 98.480; iv) 3 días
de ausentismo $ 65.653; y v) más de tres días de ausentismo $ 0. Los pilotos
y primeros oficiales recibirán el pago de acuerdo al tiempo de servicio en la
compañía y al equipo comandado, el dinero que asciende a: i) cero días de
ausentismo $ 175.001; ii) 1 día de ausentismo $ 131.008; iii) 2 días de
ausentismo $ 98.480; 3 días de ausentismo $ 65.653; y iv) más de tres días de
ausentismo $ 0  –C 48-
Pago a los pilotos y copilotos que no presenten
novedades de ausencia, dinero que asciende a: i) cero días de ausentismo $
150.000; ii) 1 día de ausentismo $ 117.423; iii) 2 días de ausentismo $
88.046; iv) 3 días de ausentismo $ 65.653; y v) más de tres días de
ausentismo $ 0. –C 92ª-
Seguro de vida
La empresa pagará el seguro de vida por muerte en
accidente de trabajo $ 201.657.254.oo –C 65-
La empresa pagará el seguro de vida por muerte en
accidente de trabajo $ 180.334.877.oo –C 102-
Uniformes
Uniformes confeccionados sobre medidas y elaborados
con material nacional: Entre ellas se encuentran las siguientes prendas: i) 1
chaqueta cada año; ii) 2 pantalones cada año; iii) 2 corbatas cada año; iv) 1
juego de presillas cada año; v) 3 camisas semestrales; vi) 1 maletín cada 2
años; vii) 1 Kepis cada tres años; viii) 2 forros para Kepis; ix) 1 gabardina
cada 4 años para los pilotos que viajas a áreas con estaciones; x) por una
sola vez el suministro del escudo de la compañía y un computador Jeppensen.
Reconocerá la suma de $ 32.474 –C75-
Uniformes confeccionados sobre medidas y elaborados
con material nacional. Entre ellas se encuentran las siguientes prendas: i) 1
chaqueta; ii) 2 pantalones; iii) 2 corbatas; iv) 1 juego de presillas; y v) 3
camisas semestrales. Reconociendo a la suma de $ 29.040 –C 119-.
Aumento de valores
Todos los valores reseñados aumentaran cada año el
IPC más el 0.75 % -C 76-
Todos los valores reseñados aumentaran cada año al
IPC.
Bono especial
Bonificación constitutiva de salario, equivalente a
un  incentivo variable al 80 % de cumplimiento. Retroactividad a 1º abril de
2013. Por ejemplo, la compañía cancelaría a un piloto de A320 con antigüedad
de 7 años $ 7.449.252. y el mismo aviador con 17 años de antigüedad recibirá $
9.166.171
No existe el ítem
Con base en el cuadro presentado, la Sala concluye que
comparativamente, el PVB reconoce mayores beneficios que la convención
colectiva de trabajo, ventajas que en algunos casos se representan en los
valores de las prestaciones y en otras en su objeto mismo.
En primer lugar, los dos documentos reconocen una
remuneración mensual con igual número de ítems. Así mismo, esos valores eran
similares en el año 2013, debido a la indexación sobre el IPC que tiene la
convención. Sin embargo, a partir de 2014 la equidad salarial se rompió, toda
vez que el PVB establece que elevará los beneficios y auxilios en un 0.75 % por
encima del IPC, porcentaje que supera al que ofrece la convención que se agota
en el IPC. Ese acrecentamiento  es elevado si se tiene en cuenta que muchos de
los valores se utilizan para establecer el ingreso mensual del trabajador. Cada
mes los empleados que suscribieron el PVB recibirán un mayor ingreso que los
trabajadores que se cobijan por la convención. Incluso, cada año los primeros
tendrán un aumento mayor de salario. Además, existe una diferencia en la prima
de vacaciones, puesto que el PVB reconoce 19 días  y la convención 18.
En segundo lugar, el pacto colectivo estipuló algunos
beneficios que no posee la convención. Por ejemplo, el PVB incluye prendas e
implementos de vestuario que el acuerdo sindical no suministra, entre las que
se encuentran gabardinas, Kepis, maletines o un computador. Así mismo, la Sala
llama la atención que el bono único especial es la mayor diferencia que tiene
el PVB frente a la convención, puesto que en algunos casos un piloto puede
llegar a recibir $ 10.000.000.oo de pesos por la aceptación de la oferta del
plan. Esa suma de dinero nunca será desembolsado al trabajador que se beneficie
de la convención y que no suscriba el pacto colectivo.
La compañía reconoció que las bondades que trae el PVB
son superiores a las que tiene la convención, al presentar la propuesta en los
siguientes comunicados:
a)       Carta
enviada el 2 de septiembre de 2013[188],
por el presidente de AVIANCA en la que resume la propuesta del PVB de la
siguiente forma: i) el incremento del 0.5 % de los conceptos económicos
salariales; y ii) se propone una estructura variable de compensación que se
conforma por un reconocimiento semestral, ingreso que mezcla las horas de
vuelo, así como las prácticas de eficiencia de combustible.
b)      El 10
de septiembre de 2013[189],
el señor Fabio Villegas Ramírez, presidente de AVIANCA, explicó las ventajas de
suscribir el PVB. Así, indicó que la aceptación de la oferta del gobierno
implica que los pilotos recuperen el dinero descontado por cuenta del impuesto
IMAN. También  advierte que las propuestas presentadas por las asociaciones de
los sindicatos son imposibles de cumplir, como quiera que  piden un aumento
salarial superior al 15 %.
9.4.3.2.
La
Corte considera que la simple diferenciación entre los beneficios del pacto
colectivo y la convención genera una discriminación entre los trabajadores que
suscribieron el primer régimen con quienes se benefician del segundo, escenario
que implica que se vulnere el derecho a la igualdad. Así mismo, esa diferencia
va promover la deserción de esos trabajadores de la convención colectiva y/o del
sindicato. Se subraya que a la luz de la Constitución, se encuentra proscrito
que se creen mejores condiciones a los empleados que suscriben acuerdos
salariales o de beneficios salariales por fuera de la convención colectiva
(pacto colectivo), en relación con el estado de las relaciones laborales con
los trabajadores sindicalizados (supra 7.3.3.)
Adicionalmente, esta Corporación llama la atención que
la diferencia de los estímulos carece de justificación, puesto que la empresa
solo esbozó la suscripción del PVB por parte de los trabajadores para que se
fundamente reconocer tales beneficios. Tal argumento no presenta las razones
que advierten porqué los empleados del PVB recibirán mayores valores en la
remuneración mensual o más días de vacaciones pagas que los empleados que se
benefician de la convención. Incluso, con el uso del principio de
inescindibilidad para negar las prestaciones, la Corte advierte que cierto
grupo de trabajadores no recibirá tales beneficios, dado que son regímenes
excluyentes.
Cabe resaltar que la citada discriminación se presenta
por la creación de beneficios injustificados a trabajadores que no se rigen por
la convención. Dicha afectación de derechos no se elimina con el hecho de que
la compañía ofreció el plan a los pilotos sindicalizados, porque la aceptación
de PVB produce la exclusión del régimen convencional, hipótesis que conduce a
que el trabajador deje de cancelar la cuota de la organización, dinero que
requiere el sindicato para ejercer sus funciones, verbigracia la negociación
colectiva.
La desigualdad en los beneficios del PVB y la
convención colectiva ha llevado a las deserciones de miembros del sindicato y
que trabajadores que se beneficiaban de la convención colectiva renuncien a ese
régimen jurídico por acceder a las ventajas de la oferta del plan. Esas
dimisiones se agravan cuando los trabajadores que renuncian son las personas
que llevan mucho tiempo en la organización de ACDAC, afiliados que tomaron la
decisión de desvincularse de la organización para obtener un bono especial,
beneficio que aumenta de conformidad a la antigüedad del piloto y que puede
sobrepasar los 10 SMLV.
En el acervo probatorio de los expedientes, la Sala
encontró cartas de 27 pilotos que renunciaban a la convención y al sindicato
para acceder al PVB, en especial al bono único. Por ejemplo, Diego Ocampo
manifestó que:
“primero que todo quiero agradecer a  ustedes al haberme
recibido en la asociación cuando solicité ingresar, de mi parte solo tengo
buenos sentimientos  hacia la asociación y un gran respeto hacía la junta
directiva. Como es de su conocimiento yo fui uno de los pilotos que aceptó la
propuesta económica de la empresa Avianca, mi interés nunca fue hacerle daño a
la asociación y mucho menos a mis compañeros, esta decisión fue muy difícil de
tomar para mí, sin embargo en este momento estoy atravesando por una situación
económica difícil debido a que acabo de tener una bebe y mi esposa no está
trabajando en este momento, lo cual aumento considerablemente mis gastos además
de algunas otras razones personales por las cuales me vi obligado a aceptar la
oferta”[190].
El señor Ramírez Barbosa aseveró que “por medio de
la presente me permito comunicar a ustedes mi decisión de retirarme muy a mi
pesar y debido a las circunstancias conocidos por todos nosotros, de la
asociación que  por tantos años me acogió. Por tal motivo ruego no hacer más
descuentos de cobros que se venían generando a mi cargo”. En ese mismo
sentido, el trabajador Ricardo Villa presentó renuncia irrevocable a ACDAC y
precisó que “ya todos los servicios de telefonía, seguros y parqueaderos
fueron definidos por fuera de dicha asociación y a partir de la fecha no existe
ningún vínculo entre las partes, le ruego el favor de abstenerse de efectuar
cualquier cobro a cargo por nomina a la aerolínea Avianca”.
Los documentos transcritos demuestran que los
trabajadores suscribieron el PVB para acceder a los beneficios que dicho
régimen suministra, los cuales no ofrece la convención colectiva. El
reconocimiento de esas ventajas genera una deserción del sindicato y del
beneficio de la convención, toda vez que ella es incompatible con la oferta del
plan. En las cartas se evidencia que los empleados dejan de cancelar sus cuotas
sindicales, situación que afecta directamente a ACDAC. Al mismo tiempo, se
produce una dimisión tacita de la aplicación del régimen convencional, dado que
el PVB es incompatible con la normatividad sindical. La renuncia de los
empleados que firmaron las cartas transcritas impide que ellos accedan al
régimen de la convención y que puedan hacer parte de las futuras negociaciones
colectivas para su renovación, en razón de que tendrá un régimen definido, el
plan voluntario de beneficios.
Conjuntamente, esta corporación advierte de la
disminución de los trabajadores que se benefician de la convención colectiva. En
comunicación del 10 de marzo de 2014, la compañía certificó que 208 pilotos que
pertenecieron a ACDAC se acogieron al PVB, escenario que indica que esos
trabajadores dejaron de regir sus condiciones laborales por la convención
colectiva y no harán parte de la discusión entre los trabajadores y la empresa,
conflicto que en este momento se presenta en la empresa. Tal disminución de
adeptos afecta la función principal de los sindicatos y desconoce la necesidad
de que exista la asociación entre trabajadores. Así mismo, la organización no
recibe las cuotas de dichos trabajadores. Esas actuaciones evidencian el poder
disuasivo del PVB, el cual se sustenta en el acceso a sus beneficios y al bono
especial único, siempre y cuando se acepte la totalidad del acuerdo, aspecto
que se acompaña con la negativa de extender los beneficios de la oferta del
plan por el principio de inescidibilidad.
La Sala subraya que solo 328[191]
pilotos sindicalizados a ACDAC pueden discutir la renovación de la convención
colectiva, toda vez que ellos continúan rigiendo sus condiciones laborales con
ese acuerdo. Lo anterior, afecta el poder de negociación del sindicato, toda
vez que se redujo en un alto número a los trabajadores convencionales, quienes
no apoyarán la discusión con el empleador.
Para la Corte, el aumento de miembros de ACDAC en un
25%[192]
no elimina la vulneración al derecho a la asociación sindical que han sufrido
los tutelantes y la misma organización, dado que la compañía ofrece un pacto
colectivo que tiene mayores beneficios que la convención. Además, se han
presentado renuncias expresas que afectan a la asociación.
Nótese que el análisis de afectación de los derechos
del sindicato no se debe guiar por un estudio cuantitativo que se reduzca a
sumar y restar el número de miembros que salen y entran de un sindicato. El
juez constitucional debe verificar la existencia de actos discriminatorios y la
conducencia que estos tienen para persuadir a los afiliados del sindicato para
que se retiren de la organización. El operador jurídico desconoce principios
constitucionales cuando establece un umbral de salida de trabajadores de la
organización, pues omite su deber de impedir las reducciones de los sindicatos
y evitar que la organización termine siendo minoritaria a largo plazo. También
se advierte que la conculcación de los derechos a la asociación sindical y a la
igualdad de las asociaciones de trabajadores y de sus miembros ocurre cuando
los empleados renuncian al régimen convencional, hipótesis que los jueces deben
evaluar.
Los argumentos presentados por la sociedad accionada
que resaltan que ACDAC expulsó a sus miembros es inocua frente a la vulneración
que se presenta a los derechos a la asociación sindical y a la igualdad, dado
que esa infracción de principios constitucionales se configura al excluir del
régimen convencional a los trabajadores que antes se beneficiaban de este, con
la suscripción del PVB.
9.4.3.3.
Ahora
bien, el derecho fundamental a la asociación sindical y a la igualdad se
vulnera en el evento en que se exige al trabajador la renuncia al sindicato o
de los derechos convencionales para acceder a los beneficios del pacto
colectivo (literal ii supra 7.1.4).
Al respeto, se sintetiza que AVIANCA ha vulnerado los
derechos de los actores, y en consecuencia los de ACDAC, al condicionar el
acceso a los beneficios del plan a la suscripción integral de la oferta, toda
vez que ello implica abandonar el régimen convencional.
Tal
conclusión se demuestra en los múltiples comunicados que la compañía envió a
los pilotos con el fin de que aceptaran el plan. Por ejemplo, la
comunicación del 21 de octubre de 2013 enviada por el señor presidente de
Avianca Fabio Villegas, documento que constata que el PVB debe ser aceptado en
su integridad y de esa aquiescencia se deriva las prestaciones de esa oferta[193].
Así mismo en las contestaciones de tutela, los apoderados de la compañía en
varias ocasiones manifestaron que la empresa negó la extensión de los
beneficios del PVB y el bono especial, dado que no suscribieron en su
integridad esa propuesta.
Los
actos mencionados llevan al trabajador a un dilema que se compone de dos
salidas excluyentes. De un lado, el empleado no firma el PVB, por ende queda
fuera de sus beneficios y mantiene sus derechos convencionales. De otro lado,
suscribe el pacto colectivo y adquiere sus prestaciones, empero deja de
beneficiarse de la convención. El empleado en las dos soluciones pierde, hecho
que redunda en la violación de sus derechos, debido a que soporta una
discriminación o renuncia a sus derechos convencionales y de asociación
sindical. En ese escenario, el aviador tiende a renunciar a sus garantías
colectivas, como quiera que el trabajador se encuentra sometido a las
necesidades reales y sus condiciones materiales que evidencian que trabaja para
subsistir, contexto que en muchos casos impide que pueda tener conciencia de
cuerpo. Entonces, poner al trabajador en esa disyuntiva evidencia una actitud
de mala fe por parte del empleador que pretende disminuir al sindicato y a los
beneficiarios de la convención.
Conjuntamente,
la compañía viene presionando a los miembros de ACDAC  para que modifiquen la
convención colectiva de trabajo con el fin de acceder a los beneficios
contenidos en el PVB. La negativa de conceder la extensión de esas ventajas se
ha convertido en una forma de negociación que pretende obligar a ACDAC a que
acepte las condiciones de la empresa. Conclusión que se demuestra en la comunicación
del 9 de octubre de 2013 que evidencia que la empresa envió a ACDAC la
propuesta del PVB, debido a que: i) la Convención Colectiva venció en marzo 31
de esa anualidad; y ii) no se denunció ese acuerdo colectivo en tiempo. En el
escrito la compañía quiere que los pilotos sindicalizados acepten el régimen
salarial de los empleados no sindicalizados. Además, pide a la organización que
reconsidere incluir esas cláusulas en la convención colectiva[194].
Lo
actos de discriminación contra los miembros del sindicato, acto que afecta el
régimen convencional, se agrava si se tiene en cuenta que se encuentra latente
la discusión sobre la renovación de la convención, proceso en que debe
producirse una negociación. En efecto, los actos de la empresa de aviación se
enmarcan en una línea de conducta que indica que AVIANCA pretende debilitar al
sindicato para obtener prevalencia en el conflicto colectivo, situación que
vulnera el derecho a la igualdad.
Así
mismo, los supuestos fácticos del contexto en discusión son ejemplos en que la
empresa intenta imponer su propuesta unilateralmente cuando el sindicado no la
aceptó. Así, la compañía envía comunicaciones persuasivas para que los
trabajadores adopten sus propuestas con el fin de obtener cuantiosos
beneficios, que eliminan la libertad de decisión. Un comportamiento similar se
presentó en  el informe de caso número 2186 (China-Región Administrativa
Especial de Hong Kong), decisión del Comité de libertad Sindical que se reseñó en
la parte motiva de la sentencia (Supra 7).
9.4.4.
Por
consiguiente, la Sala considera que AVIANCA vulneró los derechos a la
asociación sindical de los actores y de paso de la ACDAC, porque creó un pacto
colectivo que tiene mayores beneficios que la convención colectiva, escenario
que produjo la deserción de miembros del sindicato y la exclusión de los
trabajadores del régimen convencional. Además, la empresa conculcó los derechos
de los peticionarios, como quiera que condicionó el acceso de los beneficios
del PVB a su suscripción integral o a la modificación del clausulado de la
convención colectiva. Las vulneraciones señaladas se presentaron en el marco de
una línea de conducta que evidencia que la sociedad de aviación accionada
pretende presionar al sindicato con el que se encuentra en una discusión
colectiva. En consecuencia, como mecanismo de reparación de la infracción
constitucional, el empleador debe proceder a igualar los beneficios que se
encuentran en el PVB a las prestaciones que se regulan en la convención.
Vulneración de los derechos a la asociación sindical y
a la negociación colectiva de ACDAC
9.5.
El
capitán Jaime Hernández Sierra, presidente de ACDAC, considera que la compañía
de AVIANCA vulneró su derecho a la asociación sindical y a la negociación colectiva,
por cuanto se ha negado a iniciar el proceso de resolución de conflictos.
9.5.1. La empresa
accionada argumentó que no se encuentra obligada a iniciar el proceso de
negociación colectiva, debido a que el sindicato denunció de forma extemporánea
la convención colectiva, acto necesario para iniciar la etapa de arreglo
directo.
9.5.2. La Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá tuteló los derechos invocados, porque ACDAC
cumplió los requisitos que se exigen para iniciar el procedimiento de
negociación colectiva. Así, consideró que la organización sindical realizó la
denuncia parcial dentro de los 60 días anteriores a la expiración de la
vigencia de la convención (31 de marzo de 2013), acto con el que dejó abierta
la posibilidad de iniciar la etapa de arreglo directo con la presentación del
pliego de peticiones, el 17 de diciembre de ese año. Apelada la sentencia, la
Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo, porque existen otros
mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores.
9.5.3.
El
legislador estableció un procedimiento en el que los trabajadores y los empleadores
pueden solucionar los conflictos colectivos. Dicho trámite tiene las etapas de
denuncia-presentación de pliegos de petición, de arreglo directo y de solución
de conflicto por declaratoria de huelga o convocatoria a tribunal de
arbitramento. Cabe resaltar que cada fase es un prerrequisito para entrar a la
siguiente. Por eso, el empleador tiene el deber de iniciar la etapa de arreglo
directo, so pena de afectar el derecho a la asociación sindical y negociación
colectiva (Supra 7.4.6).
9.5.4.
Con
base en las pruebas del expediente, la Corte considera que la empresa AVIANCA
vulneró los derechos a la asociación sindical y a la negociación colectiva de
ACDAC, toda vez que omitió iniciar la etapa de arreglo directo con el sindicato
demandante, con fundamento en el errado argumento de que se presentó la
denuncia de la convención de forma extemporánea.
El
22 de marzo de 2013, ACDAC denunció parcialmente la convención colectiva que
celebró con la empresa accionada, acto jurídico que realizó ante el ministerio
de trabajo con las respectivas tres copias[195]. La denuncia
de la convención se efectuó dentro del terminó de 60 días antes de su
vencimiento, el 31 de marzo de 2013, plazo que establece el artículo 477 del
CST. Además, ese acto cumplió con la validez requerida, puesto que el presidente
del sindicato presentó ese documento ante el Ministerio de Trabajo con las tres
copias requeridas.
El
17 de diciembre de 2013, ACDAC formuló el pliego de peticiones ante la empresa
AVIANCA[196],
documento que la organización sindical aprobó el 21 de noviembre de esa
anualidad[197].
Con tales condiciones, la organización sindical cumplió con las condiciones que
exige la ley para que inicie el conflicto colectivo, puesto presentó el pliego
de peticiones al patrono dentro de los dos meses posteriores a la aprobación de
ese documento. La Sala resalta que la ley no fijó un tiempo específico en que
se debe presentar los pliegos de condiciones después de la denuncia de la
convención, de modo que es irrelevante la distancia de 9 meses que existió
entre esos dos actos.
Adicionalmente,
la sociedad de aviación demandada no puede argumentar que nunca se enteró de
los actos de denuncia de la convención y de los pliegos de cargo, toda vez que
en el expediente se encuentran documentos en los que participó en ese proceso.
Por ejemplo trámite de la denuncia de la convención en que participó Lina
Garzón Roa, representante legal de AVIANCA[198], el recibido
del pliego de petición por parte de la compañía[199],
o los comunicados que advierte que la convención colectiva se prorrogó[200].
Entonces,
la Sala considera que ACDAC cumplió con los requisitos que exige la ley para
iniciar el proceso de conflicto colectivo, puesto que denunció la convención
dentro del plazo legal y presentó los pliegos de petición. Con tales
requisitos, la empresa AVIANCA se encontraba obligada a comenzar con la etapa
de arreglo directo. La negativa de la compañía significa que la asociación de
trabajadores no puede resolver el conflicto colectivo, dado que sin agotar la etapa
de arreglo directo se encuentra imposibilitada para acudir a la huelga o al
tribunal de arbitramento.
La
actitud de la compañía se encuentra inmersa en una serie de discriminaciones a
los miembros del sindicato, situación que se agrava con la demora en el inicio
del procedimiento de solución de conflictos.  Debido a que la omisión de
resolver la discusión colectiva se entrelazan con actos que pretenden debilitar
al sindicato, tal como se mostró en el acápite precedente.
9.5.5.
En
suma, la aerolínea demandada vulneró los derechos a la asociación sindical y a
la negociación colectiva de ACDAC, como quiera que se negó a comenzar la etapa
de arreglo directo, soslayando que el sindicato cumplió con los requisitos
legales de la denuncia de la convención y presentación de pliego de peticiones.
Afiliado al Sindicato de Auxiliares de
Vuelo ACAV
10.
El
señor Guillermo Enrique Robayo trabaja en la empresa AVIANCA como auxiliar de
vuelo y recibía las bonificaciones de alimentación así como de gastos en salud,
rubros que la compañía dejo de desembolsar cuando se afilió al sindicato ACAV. Resaltó
que esos valores son cancelados a otros auxiliares de vuelo que suscribieron el
PVB. Advirtió que solicitó a la empresa el pago de esos beneficios, petición
que la compañía negó con fundamento en que el tutelante no suscribió el plan
voluntario de beneficios.
10.1.    El
abogado de la compañía de aviación accionada manifestó que el sindicato ACAV se
ha negado a negociar con su representada. Además, señaló que no puede extender
los beneficios del PVB, porque la convención prohíbe que un beneficiario suyo
se regule por otra normatividad. También, precisó que la empresa respetó el
derecho a la igualdad, toda vez que ofreció a todos los auxiliares el PVB. Por
último manifestó que la demanda de tutela es improcedente, en la medida que el
actor: i) presentó la tutela 9 años después de que entró a regir el PVB; y ii)
tiene a su disposición otros medios de defensa judicial.
10.2.     Los
jueces de instancia declararon improcedente el amparo, porque i) el actor no
demostró que estuviese en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable que
desplace los medios ordinarios de defensa judicial; y ii) la demanda carece de
inmediatez, puesto que el peticionario solicitó ante los jueces
constitucionales los pagos de los beneficios del PVB, después de 9 años de la
entrada en vigencia de dicho acuerdo.
10.3.    Como se
advirtió en el inicio del caso concreto, la Sala debe iniciar con el análisis
formal del asunto de la referencia, máxime si esas fueron las razones de los
jueces de instancia para negar el amparo. En el evento en que se supere ese
análisis, la se procederá con el estudio de fondo.
Verificación de los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela
10.4.    El
asunto sub-judice obliga a que la Sala determine si la acción de tutela:
i) cumple con el principio de subsidiariedad en caso concreto; y ii) carece de
inmediatez, en razón de que el actor promovió la demanda 9 años después de que el
PVB inició su vigencia.
10.4.1.
El
Decreto 2591 de 1991 y el precedente constitucional manifiestan que en principio la
acción de tutela es procedente siempre que el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, en la medida que el amparo no puede desplazar, ni
sustituir, los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico.
Esta
regla que se deriva del
carácter excepcional y residual de la acción de tutela cuenta con dos
excepciones que comparten como supuesto fáctico la existencia del medio
judicial ordinario, que consisten en: i) la instauración de la acción de tutela
de forma transitoria para evitar la configuración de un perjuicio irremediable;
y ii) la falta de idoneidad o de eficacia de la acción ordinaria para
salvaguardar los derechos fundamentales del accionante.
En la materia analizada, esta Corporación ha señalado
que la acción de tutela se convierte en el medio adecuado para conjurar la
vulneración de los derechos a la asociación sindical, a la igualdad y al
trabajo que padecen la organización de trabadores, así como sus miembros,
porque tales titulares de derechos carecen de herramientas procesales
ordinarias de naturaleza judicial para impedir la afectación a esos principios constitucionales.
Ello ocurre cuando el patrono ejerce actos de discriminación contra los
miembros del sindicato o se niega a negociar con la asociación de los
trabajadores (supra 5).
En ese estado de cosas, la Corte advierte que la
demanda de tutela es procedente, debido a que AVIANCA negó la extensión de
ciertos beneficios del PVB a los trabajadores sindicalizados, entre ellos el
actor. Es más, el peticionario advirtió que la afiliación al sindicato implicó
que la empresa accionada dejara de cancelar los auxilios de alimentación y de
salud. El tutelista carece de medio idóneo y eficaz de defensa judicial para
proteger sus derechos fundamentales. Además, el actor se encuentra en una
especial situación de subordinación e indefensión respecto de su empleador. Se
recuerda que en este caso, los procesos ordinarios carecen de la amplitud
requerida para que el juez tenga como objeto estudio el derecho a la igualdad.
10.4.2.
En
relación con el principio de inmediatez, la Corte Constitucional ha establecido
que si bien no existe un término legal concreto para la interposición de la
acción, esta debe proponerse dentro del plazo razonable a la vulneración de los
derechos fundamentales. Así mismo, manifestó que los  siguientes
factores justifican el transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la
vulneración del derecho y la fecha de interposición de la acción “(i) que se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo en el entendido de que
si bien el hecho que la originó es muy antiguo, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es actual; y (ii) que la
especial situación del actor convierta en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de ejercer los medios ordinarios de defensa judicial”[201].
La
Sala advierte que la vulneración alegada por el actor ocurrió hace 9 años,
tiempo que parece desvirtuar la inmediatez de la acción de tutela. Sin embargo,
la presunta vulneración de derechos fundamentales es actual,  dado que la
empresa continúa sin cancelar los auxilios de alimentación y de salud al
peticionario. Es más, sigue argumentando que el acceso a los beneficios depende
de la suscripción integral PVB. La discusión constitucional que plantea el
peticionario sigue teniendo vigencia, debido a que las circunstancias que la
generaron se están presentando actualmente. Por consiguiente, existe el presupuesto
que faculta al tutelante para promover la demanda de amparo, a pesar de ha
transcurrido un tiempo prologado entre la inicial afectación de derechos.
10.4.3.
Así
las cosas, la acción de tutela es procedentes, porque: i) es el medio idóneo y
eficaz que tiene el accionante para evitar la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, que se causa con la discriminación que establece mayores
beneficios a los trabajadores que no se benefician de la convención
(subsidiariedad); y ii) las demandas de tutela se presentaron en un tiempo
razonable de la vulneración de los derechos del actor, por cuanto que la
afectación de derechos alegada es actual (inmediatez).
Vulneración indirecta a los derechos a la asociación
sindical y a la igualdad de Guillermo Enrique Robayo Garrido[202]
10.5.    En este
asunto al igual que en los anteriores, la Sala estima que se encuentra frente a
una discusión colectiva que enfrenta la aplicación de dos regímenes jurídicos
que regulan las condiciones de trabajo de los auxiliares de vuelo que laboran
en la compañía demandada y AVIANCA. Por ello, es determinante identificar que
naturaleza tiene el PVB y si este es un pacto colectivo, máxime cuando definirá
sus destinatarios, así como las consecuencias de su suscripción. Esas
precisiones son necesarias para establecer si existe en el caso concreto
vulneración a los derechos a la igualdad y a la asociación sindical.
10.5.1.
En
la parte motiva de esta sentencia, se precisó que el juez constitucional debe
usar un criterio material para analizar si los planes o beneficios
extra-legales que ofrece el patrono es un pacto colectivo. La Sala recuerda que
esa herramienta de solución de conflictos que se caracteriza en que “es un
acto jurídico por medio del cual los trabajadores no sindicalizados pueden
disfrutar de prerrogativas durante la ejecución del contrato de trabajo y
solamente son beneficiarios del mismo los trabajadores que lo acepten
expresamente, firmándolo o expresamente adhiriéndose a él”[203]
. El balance constitucional actual de la materia desecha el criterio formal para
identificar un pacto colecto, de modo que esa calidad no se sujeta al
cumplimiento de requisito legal o reglamentario (Supra 6.33 y 6.34).
La Corte considera que el Plan Voluntario de
Beneficios es un pacto colectivo, toda vez que tiene los efectos de esa medio
de solución de conflictos, que se suscribe únicamente por empleados no
sindicalizados. Lo anterior, en razón de que el PVB ofrece unas condiciones
laborales que la empresa dirigió a los auxiliares de vuelo que laboran en ella,
régimen que regulará el desarrollo de la relación laboral. La aceptación del
trabajador del PVB implica que se adhiere de forma integral a ese acuerdo,
efectos jurídicos idénticos a un pacto colectivo, puesto que hace inaplicable
la convención colectiva de trabajo, debido a la incompatibilidad entre las dos
normas.
Dentro de las pruebas del expediente, esta Corporación
resalta los múltiples comunicados de AVIANCA que señalan la imposibilidad de
que un trabajador se rija por dos regímenes jurídicos distintos[204].
Así, el argumento del principio de inescindibilidad salarial opera como forma
de exclusión entre el PVB y la convención colectiva a manera de la
incompatibilidad que existe entre el régimen del pacto colectivo y el
convencional.
Adicionalmente, el Voluntario de
Beneficios -PVB- de AVIANCA para los auxiliares de vuelo estipuló en las
cláusulas 3 y 4 la aplicación integral del régimen de beneficios de ese
acuerdo. En especial,  indicó que ningún auxiliar de vuelo podrá solicitar la
aplicación parcial de una norma o de varias de dicho pacto. Recalcó que el PVB
es incompatible con otras fuentes de derechos existentes en la empresa, de modo
que “el Auxiliar de vuelo que se beneficie del PVB no podrá beneficiarse a
la vez de los beneficios establecidos en otras fuentes de derechos
extralegales”.
A su vez, la cláusula 1 de la Convención Colectiva
ACDAC – ACAV 2005-2010 estableció que las partes contratantes se encuentran
obligadas a cumplir estrictamente la convención. “Por ello las disposiciones
de la presente convención se convertirán en clausulas obligatorias y parte
integrante de los contratos individuales der trabajo de los trabajadores y de los
que se celebren dentro de su vigencia y en consecuencia, será nulo todo acuerdo
entre la empresa y sus trabajadores, la contradicción con esta convención y las
disposiciones de las mismas sustituirá automáticamente dichos acuerdos. Esta
nulidad podrá ser invocada en cualquier tiempo por cualquiera de las partes
contratante”. Por consiguiente, los dos documentos reseñados evidencian su
incompatibilidad con la suscripción a otros regímenes, escenario que impide su
aplicación simultánea. Incluso, la firma de actos contrarios a la convención
adolecerá de nulidad, sanción que resalta la imposibilidad de que se apliquen
los dos regímenes de manera coetánea.
Les clausulas citadas muestran que el PVB tiene las
consecuencias jurídicas iguales a las que posee el pacto colectivo. Así,  la
suscripción del PVB por parte del trabajador individual produce efectos en las
obligaciones laborales que regirá su contrato de trabajo, por ejemplo gastos de
representación, auxilio de salud, el sueldo básico[205].
Además, se subraya que la convención colectiva es enfática en señalar que sus
cláusulas son obligatorias y que será nula todo convenio que la contradiga. La
exclusión entre los dos regímenes es evidente, puesto que no pueden coexistir y
su simultaneidad se sanciona con nulidad. En el mismo sentido, la aceptación
del PVB por varios empleados produce  los efectos de un pacto colectivo, al
punto que implica la renuncia a la convención y que ese grupo de trabajadores
deje de regirse por dicho acuerdo.
10.5.2.
Como
se precisó, el ordenamiento jurídico no impide que el empleador formule un
pacto colectivo con el fin de mejorar las condiciones de sus trabajadores.
Incluso, reconoce la posibilidad de que en una compañía coexistan la
convención y el pacto colectivo. El ordenamiento jurídico  proscribe que el
patrono utilice los acuerdos para discriminar a los trabajadores sindicalizados
y debilitar la organización, situación que ocurre cuando el empleador crea
mejores condiciones a los empleados que suscriban los pactos colectivos frente
al estado de las relaciones laborales que tienen los trabajadores
sindicalizados. Esa regla también se aplica cuando a partir de la violación al
derecho a la igualdad, se pretende excluir del régimen convencional a un
trabajador, dado a la incompatibilidad entre la convención y el pacto colectivo
(Supra 6.3.4).
En atención a ello, la Sala procederá a contrastar el
PVB con la convención colectiva celebrada entre ACAV y la sociedad AVIANCA. Lo
anterior con el fin de identificar si aquel cuenta con mayores beneficios que
esta. Cabe resaltar que ese contraste se realiza frente a prestaciones. Luego
evaluará el contexto del  conflicto colectivo entre patrono y trabajadores para
identificar si existieron actos de discriminación.
Pacto Colectivo –PVB-[206]
Convención Colectiva[207]
Remuneración mensual
Categoría:
Jefe
de cabina Nacional
Sueldo
básico: 633.721
Categoría:
Jefe
de cabina Internacional
Sueldo
básico: 762.200
Categoría:
Jefe
de cabina Nacional
Sueldo
básico: 444.921
Categoría:
Jefe
de cabina Internacional
Sueldo
básico: 535.122
Rango de horas de vuelo
Horas
de vuelos garantizadas :
De
0 horas hasta 55 horas
Valor
por hora: 9.070
Horas
de vuelo adicional a las garantizadas:
De
55.1 horas en adelante.
Valor:
13.743 hora
Horas
de vuelos garantizadas :
De
0 horas hasta 50 horas
Valor
por hora: 6000
Horas
de vuelo adicional a las garantizadas:
De
51 horas en adelante.
Valor:9.648
hora
Gastos de Representación:
Jefe
de cabina nacional:
$
372.326
Jefe
de cabina internacional:
$ 362.531
Jefe
de cabina internaciona/nacional
$
273.117
Jefe
de cabina Nacional:
$ 280.982
Prima Jefes De Cabina
Jefes
de cabina Nacionales
$
373.326
Jefes
de cabina Internacionales.
$
458.213
Jefes
de cabina Nacionales $ 298.822
Jefes
de cabina Internacionales.
$ 358.698
Auxilio
en salud
Póliza medica que suministra el servicio de medicina
pre-pagada a razón de $ 33.178.oo o del 40 %  de la póliza por afiliado y
hasta tres miembros de su familia
Póliza de Medicina Prepagada para el afiliado  y
tres  miembros más de su familia (cónyuge, hijos empleador padres), para lo
cual  la empresa aportará el 40%  del valor de la prima sin que el valor
individual  supere los 25.000.00 del valor mensual de la prima.
Auxilio
de alimentación
Desembolso de $ 103.019 mensual, dinero que puede aumentar
a $ 167.198 o 214.014 si el resultado de la evaluación del auxiliar de vuelo
supera el 70 % o el 85% respectivamente
No tiene equivalentes
Aumentos
anuales
Incremento conforme el IPC
Incremento conforme IPC
Con base en el cuadro presentado, la Sala concluye que
el PVB reconoce mayores beneficios que la convención colectiva de trabajo,
ventajas que se representan en prestaciones. Por ejemplo, en la póliza de salud
el pacto colectivo no restringió el pago de la medicina pre-pagada a un monto
que sí identificó la convención. Se resalta que el vocablo “o” permite a los
trabajadores beneficiarios del PVB que la empresa sufrague hasta el 40% de la
medicina pre-pagada. En contraste, la convención limita ese valor a $
25.000.oo. Adicionalmente, el pacto colectivo permite que tres familiares del
trabajador se beneficien del servicio médico. Por su parte, la convención
establece que el mismo número de familiares acceda al servicio médico, empero
circunscribe a los beneficiarios que se encuentren en el primer grado de
afinidad o de consanguinidad del auxiliar de vuelo.
Así mismo, el PVB tiene prestaciones que no posee la
convención. Ello sucede con el auxilio de alimentación, prestación que les reconoce
un desembolso que los beneficiarios de la convención no perciben.
10.5.2.1.
La
Corte considera que la simple diferenciación entre los beneficios del pacto
colectivo y la convención genera una discriminación entre los trabajadores que
suscribieron el primer régimen con quienes se benefician del segundo, escenario
que implica que se vulnere el derecho a la igualdad. La diferencia va promover
la deserción de esos trabajadores de la convención colectiva y/o del sindicato.
Se subraya que se encuentra proscrito por la Constitución que el empleador cree
mejores condiciones a los empleados que suscriben los pactos colectivos en
relación con el estado de las relaciones laborales con
los trabajadores sindicalizados (supra 7.3.3.)
Los beneficios que reconoce el PVB en salud y
alimentación carecen de justificación, puesto que no existe argumentación
alguna que evidencie las razones por las cuales unos auxiliares de vuelo deben
recibir mayores atenciones. La fundamentación se reduce a indicar que el actor
no firmó el PVB o que el sindicato no modificó la convención. Dicha afectación
de derecho no se elimina con el hecho de que la compañía ofreció el plan a los
pilotos sindicalizados, porque la aceptación de PVB produce la exclusión del
régimen convencional, hipótesis que conduce a que el trabajador deje de
cancelar la cuota de la organización, dinero que requiere el sindicato para
ejercer sus funciones verbigracia la negociación colectiva.
La Corte subraya que la propia compañía reconoció que
el PVB tiene los efectos de pacto colectivo, y aceptó que su suscripción genera
una renuncia a los derechos sindicales, tal como advierte el actor. “El
plan de vuelo está dirigido a todos y cada uno de los auxiliares de vuelo,
independientemente si hacen parte o no de la asociación y no pretende dividir o
romper la estabilidad de ACAV. De hecho aspiramos a que no sean necesario
renunciar a la Asociación para acogerse al plan, por esta razón invitamos a la
asociación a que de manera expedita y de común acuerdo modifiquemos la cláusula
primera en aquella parte que impide que los miembros de la organización tengan
acuerdos laborales en sus condiciones con la empresa ”[208].
La cláusula primera de la convención no se ha modificado, de modo que los
efectos de la suscripción de las ofertas del plan se mantienen.
10.5.2.2.
Ahora
bien, el derecho fundamental a la asociación sindical y a la igualdad se
vulnera en el evento en que se exige al trabajador la renuncia al sindicato o
de los derechos convencionales para acceder a los beneficios del pacto
colectivo (literal ii supra 7.1.4).
Al respeto, se sintetiza que AVIANCA ha vulnerado los
derechos de los actores, y en consecuencia los de ACAV, al condicionar el
acceso a los beneficios del plan a la suscripción integral de la oferta, toda
vez que ello implica abandonar el régimen convencional. Se resalta la evidente
incompatibilidad de la pacto con la convención.
Tal
conclusión se demuestra en los múltiples comunicados que la compañía envió a
los auxiliares de vuelo con el fin de que aceptaran el plan. Por ejemplo, en la
comunicación
del 20 de agosto de 2010, AVIANCA informó a los trabajadores los cambios
incorporados al PVB a partir del 1º de julio de 2010. En ese documento advirtió
que la suscripción del pacto debe ser integral para acceder a tales beneficios,
situación que obliga que se acepte el PVB si se desea gozar de esas ventajas,
aunque ello implique renunciar a la convención. Entonces, el actor debe
suscribir el PVB para obtener el auxilio de alimentación y la subvención de la
medicina pre-pagada en el porcentaje que se reconoce el pacto colectivo,
condición que implica que renuncie al acuerdo convencional.
Conjuntamente,
la compañía viene presionando a los miembros del ACAV  para que modifiquen la
convención colectiva de trabajo con el fin de acceder a los beneficios
contenidos en el PVB. La negativa de conceder la extensión de esas ventajas se
ha convertido en una forma de negociación que pretende obligar a ACAV a que
acepte las condiciones de la empresa. Dicho acto negativo se sustenta en las
diferentes comunicaciones en las que ACDAC ha manifestado que la asociación
sindical debe modificar la cláusula primera de la convención si desea acceder
al PVB, mientras ello no suceda, la empresa queda imposibilitada para otorgar
tales beneficios[209].
El 19 de agosto de 2014, la compañía de aviación señaló que “la presente
propuesta debe plasmarse en un acta que modifique la convención colectiva y sea
suscrita por los representantes del sindicato debidamente facultados para ese
efecto”.
La
Sala no puede pasar por alto que la empresa ha sido sancionada por conductas similares
a la que se estudia en esta ocasión. De ahí que sea evidente que estamos en un
contexto en el que la empresa presiona a las organizaciones sindicales con el
fin de debilitarlas, tal como han advertido las autoridades administrativas.
Así,
mediante de la Resolución No 639 de 2013, el Coordinador del Grupo de
Resoluciones de Conflictos y de Conciliación de la Dirección Territorial de
Cundinamarca del Ministerio del Trabajo consideró que AVIANCA vulneró el
derecho a la igualdad de ACAV, porque estableció un PVB que ofrece mayores
beneficios que la convención colectiva de trabajo. Ese despacho concluyó que la
compañía intenta desestimular la afiliación al sindicato con los beneficios
PVB, pues sujetó la suscripción de ese acuerdo a modificar la cláusula segunda
de la convención que otorga su fuerza obligatoria. De hecho, estimó que AVIANCA
S.A “no logro probar que los beneficios del PVB estén dirigidos a los
sindicalizados, por el contrario existe una política de presión y desestimulo
de la actividad sindical, al punto de tornar minoritario un sindicato que por
ello podría desaparecer”[210].
En
ese mismo sentido, a través de la resolución 00000144 de 20 de febrero de 2013[211],
el Coordinador del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones del
Ministerio del Trabajo (Conflicto entre AVIANCA S.A y ACAV) sancionó a la
compañía accionada, porque violó el derecho a la asociación de la citada
organización. Ese hecho negativo consistió en condicionar la admisión a la
convocatoria de jefe de cabina a la renuncia de los derechos fijados en la
convención colectiva. Dicho requisito implicó que 36 trabajadores se retiraran
de su asociación sindical.
Lo
actos de discriminación de la empresa de aviación se enmarcan en una línea de
conducta que indica que AVIANCA pretende debilitar al sindicato para obtener
prevalencia en el conflicto colectivo, situación que vulnera el derecho a la
igualdad. Como se mostró en la parte motiva cuando se reseñaron algunos
pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, esta Corporación considera
que un ejemplo de desigualdad de trato se representa con el reconocimiento de
prestaciones adicionales a los trabajadores que no pertenecen al sindicato o a
la convención.
10.5.3.
Por
consiguiente, la Sala considera que AVIANCA vulneró los derechos a la asociación
sindical y a la igualdad del tutelante y de paso de la ACAV, porque creó un
pacto colectivo que tiene mayores beneficios que la convención colectiva,
escenario que implica la exclusión de los trabajadores del régimen
convencional. Además, la empresa conculcó los derechos del señor Guillermo
Enrique Robayo, como quiera que condicionó el acceso de los beneficios del PVB
a su suscripción integral y/o a la modificación del clausulado de la convención
colectiva. Lo anterior en el marco de una línea de conducta que evidencia que
la sociedad de aviación accionada pretende presionar al sindicato. En
consecuencia, el empleador debe proceder a igualar los beneficios que se
encuentran en el PVB a los trabajadores sindicalizados.
Alcance de las órdenes a impartir
11.
De
los expedientes analizados, la Sala Octava de Revisión evidencia que los
accionantes no son los únicos que fueron discriminados por la empresa AVIANCA,
al establecer mayores beneficios en el pacto colectivo que en la convención colectiva.
En esa misma situación se encuentran todos los trabajadores que se benefician
de las convenciones celebradas por la compañía demandada con ACDAC y ACAV, pues
son ellos quienes debieron soportar las presiones de la empresa. Por
consiguiente, es necesario que los efectos de esta sentencia se extiendan a los
trabajadores que se encuentran afiliados a los sindicatos citados o que se
benefician de la convención colectiva.
11.1.    El
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que “las sentencias en que se
revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto (…)”. Sin
embargo, la Corte Constitucional ha optado por extender los efectos de sus
sentencias a personas que se encuentran en las mismas condiciones de los tutelantes,
empero no acudieron a la acción de tutela en calidad de accionantes[212].
En esos casos, esta Corporación decidió otorgar un efecto inter comunis a
sus fallos cuando se evidencia que el amparo de derechos a los actores coexiste
con el detrimento de las garantías de terceras personas que comparten los
supuestos fácticos[213].
Los efectos inter comunis pretenden
salvaguardar el principio de igualdad entre los sujetos pasivos de una
vulneración de derechos fundamentales, puesto que las mismas circunstancias
obligan a que el juez emita ordenes uniformes para todos los afectados. Así
mismo, esos alcances de las decisiones garantizan la coherencia del sistema de
derecho y la seguridad jurídica, como quiera que deben existir decisiones
similares a casos equivalentes. El juez constitucional tiene la posibilidad de
dictar fallos con efectos inter comunis siempre: “(i)
que la protección de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o
amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes;
(ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los accionantes se
encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopción de
este tipo de  fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el
goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial
efectiva”.[214]
En materia de discriminación sindical, la sentencia
T-938 de 2011 concedió un efecto inter comunis a la decisión de
reintegrar al demandante de ese entonces a su puesto de trabajo, dado que el empleador
lo despidió cuando se afilió al sindicato. Entonces, dispuso del reintegró de
los trabajadores que sufrieron al suerte del tutelante, empero no concurrieron
a los estrados judiciales a solicitar la protección de sus derechos.
11.2.    La Sala
concluye que en los expedientes analizados concurren los requisitos para dictar
una decisión con efectos inter-comunis, porque: i) proteger únicamente
los derechos de los actores amenaza el derecho a la igualdad de otros
trabajadores que pertenecen a las asociaciones sindicales de ACDAC y ACAV o se
benefician de la convención colectiva de trabajo que firmaron dichas
asociaciones de trabajadores; ii) los empleados que no acudieron al proceso de
tutela se encuentran en las mismas situaciones que los peticionarios, dado que
todos pertenecen  a las organizaciones sindicales citadas o se benefician de la
convención. También fueron objeto de discriminación y no suscribieron el PVB.
Los trabajadores beneficiarios de la extensión del fallo se encuentran en una
subordinación así como indefensión frente a su patrono, la compañía AVIANCA; y
iii) los efectos ampliados de la presente providencia permite que se obtenga la
materialización de fines legítimos además de relevancia constitucional, en
razón de que elimina toda forma de discriminación que pueden sufrir los
sindicatos en la empresa accionada. Al mismo tiempo, previene las formas de
presión que tienen los empleadores contra la organización de los trabajadores.
De donde se sigue que, es necesario que la protección
de los derechos fundamentales a la asociación sindical y a la igualdad a todos
los trabajadores que pertenecen a los sindicatos ACDAC y ACAV, o que se
benefician de las convenciones colectivas de esas organizaciones de
trabajadores, y que no hubiesen suscrito el PVB.
Con fin de eliminar las consecuencias de
la infracción constitucional, AVIANCA debe ofrecer las garantías a los
trabajadores sindicalizados que suscribieron el PVB y que renunciaron a ACDAC y
ACAV para que retornen a las asociaciones de empleados, en caso de que así
decidan. La empresa accionada tiene la obligación de respetar los derechos que
los trabajadores adquirieron al firmar el PVB, por ejemplo el bono especial.
Las prestaciones posteriores al regreso de los trabajadores a los sindicatos se
regirán con la convención colectiva, acuerdo que se encontrará adicionado con
los beneficios agregados que estableció el PVB para discriminar a los
trabajadores.
Cabe resaltar que en esos eventos no
existe una ruptura del principio de integralidad de los acuerdos suscritos
entre empleadores y trabajadores. En realidad ocurre una aplicación consecutiva
de los regímenes jurídicos en el tiempo y no simultánea. Así, los trabajadores
que renunciaron implícitamente al sindicato, al suscribir el PVB, rigieron su
relación laboral con ese pacto, de modo que accedieron a sus beneficios que no
pueden ser devueltos, en la medida en que son derechos adquiridos. Cuando esos
empleados deseen retornar a las asociaciones sindicales no perderán esas prestaciones.
Y en adelante, ellos regirán su relación de trabajo con la convención
colectiva, pacto que se encuentra conformado por su clausulado inicial y por las
estipulaciones que se integrarán después que se extiendan a dicho acuerdo los
beneficios del PVB.
11.3.    Por
consiguiente, la Sala Octava de Revisión amparará con
efectos inter comunis los
derechos a la asociación sindical y a la igualdad de los actores, de ACDAC y de
los trabajadores que renunciaron a dicha organización para acceder a los
beneficios del PVB. Por ello, ordenará a la empresa Aerovías del Continente
Americano –AVIANCA- que extienda a los trabajadores sindicalizados o que se benefician
de la convención colectiva de esa organización los beneficios y aumentos que se
establecieron en el Plan Voluntario de Beneficios. Así
mismo, ordenará a la entidad demandada que garantice la posibilidad de retornar
a ACDAC a los trabajadores que renunciaron a dicha organización por disfrutar las
prestaciones del PVB. Esa protección comprende el respeto de los beneficios que
adquirieron los trabajadores al suscribir el pacto colectivo. Además implica la
garantía de que ellos regirán su relación laboral por la convención colectiva,
documento que incluye el clausulado original así como las prestaciones y aumentos
que se extendieron a ese acuerdo y que se encuentran en el Plan Voluntario de
Beneficios. Cabe resaltar que, la única
orden vigente frente a asuntos similares será la dictada en la presente
providencia.
Con relaciones a las decisiones de instancia, la Sala
revocará las sentencias que negaron la protección a los derechos de los actores
y confirmará los fallos que ampararon tales garantías por las razones expuestas
en esta providencia. La Sala expondrá los numerales de la parte resolutiva de acuerdo
a la manera en que agruparon las providencias en los antecedentes, metodología
que consistió en articular los proveídos dependiendo de las decisiones de
instancia y la protección de derechos. Esas variables dan como resultado las
siguientes cuatro situaciones: i) sentencias que confirmaron los fallos de
primera instancia que negaron la demanda de tutela[215];
ii) sentencias que revocaron los fallos de primera instancia que concedieron el
amparo de los derechos de los tutelantes, y en su lugar determinaron negar las
pretensiones de los actores[216];
iii) sentencias que revocaron las decisiones de primera instancia que negaron
los derechos de los petentes, y en su lugar, protegieron esas garantías[217];
y iv) sentencias que confirmaron las providencias que ampararon los derechos de
los accionantes[218].
Adicionalmente, la Sala protegerá el derecho a la
negociación colectiva de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –ACDAC-[219].
Para ello, confirmará la decisión de primera instancia que ordenó a la compañía
demandada que inicie el proceso de arreglo directo con la asociación requerida dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
11.4.    En
similar sentido, la Sala Octava de Revisión amparará con
efectos inter comunis los derechos a la y
de los trabajadores que renunciaron a dicha organización para acceder a los
beneficios del PVB asociación sindical y a la igualdad de Guillermo
Enrique Robayo Garrido, de ACAV. Por ello, ordenará a la empresa Aerovías del
Continente Americano –AVIANCA- que extienda a los trabajadores sindicalizados o
los beneficiarios de la convención celebrada por la citada organización
sindical los beneficios que se establecieron en el Plan Voluntario de
Beneficios. Así mismo, ordenará a la entidad
demandada que garantice la posibilidad de retornar a ACAV a los trabajadores
que renunciaron a dicha organización por disfrutar las prestaciones del PVB.
Esa protección comprende el respeto de los beneficios que adquirieron los
trabajadores al suscribir el pacto colectivo. Además implica la garantía de que
ellos regirán su relación laboral por la convención colectiva, documento que
incluye el clausulado original así como las prestaciones y aumentos que se
extendieron a ese acuerdo y que se encuentran en el Plan Voluntario de
Beneficios. Cabe resaltar que, la única
orden vigente frente a asuntos similares será la dictada en la presente
providencia.
11.5.    Por último, esta Corporación prevendrá a la empresa accionada para
que se abstenga de incurrir en actos de discriminación contra los trabajadores
que pertenecen a los sindicatos de la compañía, conductas que sean similares a
los supuestos fácticos estudiados en la presente ocasión.
IV.
DECISIÓN
Con base en las
anteriores consideraciones, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR
las sentencias de primera y de segunda instancia que negaron el amparo de los
derechos de los actores, decisiones proferidas: i) el 23 de enero de
2014, por
el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá y el 25 de febrero de 2014, por el Juzgado
Treinta y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en
el proceso T-4.330.192; ii) el 31 de enero de 2014, por el Juzgado Treinta
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y el 15 de marzo de 2014,
por el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Bogotá, en el proceso T-4.363.853; iii) el 26 de
diciembre de 2013, por el Juzgado Sesenta y Nueve Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá y el 11 de febrero de 2014, por
el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en
el proceso T-4.369.843; iv) el 4 de marzo 2014, por el Juzgado Séptimo
Penal Municipal de Bogotá
y el 21 de abril de 2014, por el Juzgado Treinta Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá, en el proceso T-4.371.787; v) el 27 de marzo de
2014, por el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Bogotá y el 16 de mayo de 2014, por el Juzgado Veinticuatro  Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en el proceso T-4.397.563; vi)
el 9 de abril de 2014, por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá y el 30 de abril de 2014, por el Juzgado
Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en
el proceso T-4.421.580; vii) el 31 de marzo de 2014, por el Juzgado Cuarenta y
Tres Penal Municipal de Bogotá y el 21 de mayo de 2014, por el Juzgado Sexto
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en el proceso
T-4.435.249; y viii) el 10 de junio de 2014, por el Juzgado Sesenta y Cuatro
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y el 28 de
julio de 2014, por el Juzgado
Veintiuno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en el expediente, en el
expediente T-4.536.832. En su lugar CONCEDER la tutela de
los derecho los derechos a la asociación sindical y a la igualdad de los
accionantes de los procesos referidos, a ACAV, y a
los trabajadores que renunciaron a dicha organización para acceder a los
beneficios del PVB.
SEGUNDO.-
REVOCAR las
sentencias de segunda instancia que negaron el amparo de los derechos
fundamentales de los actores, decisiones proferidas el: i) 12 de febrero de
2014, por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá en el expediente T-4.316.566; ii) el 10
de abril de 2014, por el Juzgado Treinta Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, en el expediente T-4.376.027; y iii) 12  de mayo de
2014, por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, en el expediente
T-4.386.804.
Por las razones expuestas en la presente providencia, CONFIRMAR las
sentencia de primera instancia que tutelaron los derechos fundamentales a la
asociación sindical y a la igualdad de los demandantes, fallos emitidos el: i) 30 de diciembre
de 2013, por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con Función de Conocimiento
de Bogotá en el expediente T-4.316.566; ii) 4 de marzo de
2014, por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, en el expediente T-4.376.027; y iii) 19 de marzo de
2014, por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, en el expediente T-4.386.804.
TERCERO.-
CONFIRMAR las
sentencias de segunda instancia que protegieron los derechos fundamentales a la
asociación sindical y a la igualdad de los accionantes por las razones
expuestas en la presente providencia, fallos proferidos el: i) 7 de marzo de
2014, el Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bogotá, en el expediente T-4.324.340;  y ii) 10 de
abril de 2014, por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en el
expediente T-4.354.060.
CUARTO.-
CONFIRMAR  las sentencias de primera y segunda instancia que
tutelaron los derechos fundamentales a la asociación sindical y a la igualdad
de los accionantes por las razones que se expusieron en la presente sentencia,
fallos proferidos el: i) 4
de diciembre de 2013, por el Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal
de Bogotá y el 11 de febrero de 2014, por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal de
Conocimiento del Circuito der Bogotá, en el expediente T-4.294.297; y ii) el 29
de enero de 2014, el Juzgado Setenta y Dos Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá  y el 13 de marzo de 2014, por el Juzgado
Cuarenta y Dos Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y, en
el expediente T-4.399.693.
QUINTO.- ORDENAR
a
la empresa Aerovías del Continente Americano –AVIANCA- que de conformidad con los efectos inter comunis, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, extienda a los trabajadores sindicalizados a la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles –ACDAC- y/o  a los empleados que se benefician
de la convención colectiva de esa organización los beneficios y los aumentos que
se establecieron en el Plan Voluntario de Beneficios. Así
mismo, ORDENAR a la entidad demandada que garantice con efectos inter
comunis la posibilidad de retornar a ACDAC a los trabajadores que renunciaron
a dicha organización por disfrutar las prestaciones del PVB. Esa protección
comprende el respeto de los beneficios que adquirieron los trabajadores al
suscribir el pacto colectivo. Además implica la garantía de que ellos regirán
su relación laboral por la convención colectiva, documento que incluye el
clausulado original así como las prestaciones y aumentos que se extendieron a
ese acuerdo y que se encuentran en el Plan Voluntario de Beneficios. Cabe
resaltar que, la única orden vigente frente a los casos analizados será la
dictada en la presente providencia.
SEXTO.-
REVOCAR
la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Casación laboral de
la Corte Suprema de Justicia, el 30 de abril de 2014; y en su lugar, CONFIRMAR
la providencia de primer grado dada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá de la misma ciudad, el 12 de marzo de 2014, en el sentido de
CONCEDER el amparo de los derechos a la asociación sindical y a la
negociación colectiva. Así mismo, se avala la orden del juez de instancia que
dispuso “a la empresa AVIANCA, que en el perentorio e improrrogable término
de cuarenta y ocho 48 horas, proceda a iniciar conversaciones de arreglo directo
con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –ACDAC-, en virtud del pliego
de peticiones presentado por esa asociación, el 17 de diciembre de 2013”
(Expediente T-4.392.801).
SÉPTIMO.-
REVOCAR
la sentencia del 29 de Julio de 2014, proferida por el Juzgado Treinta y
Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que
confirmó el fallo del 16 de junio del mismo año, emitido por el Juzgado Noveno
Penal Municipal Con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante el cual
negó el amparo constitucional solicitado, y en su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos a la asociación sindical y a la igualdad del señor
Guillermo Enrique Robayo Garrido (Expediente T-4.547.067).
OCTAVA.-
ORDENAR a
la empresa Aerovías del Continente Americano –AVIANCA- que de conformidad con los efectos inter comunis,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, extienda a los trabajadores sindicalizados a la
Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo–ACAV- y/o a los empleados que se
benefician de la convención colectiva de esa organización los beneficios que se
establecieron en el Pacto Voluntario de Beneficios. Así
mismo, ORDENAR a la entidad demandada que garantice con efecto inter
comunis la posibilidad de retornar a ACAV a los trabajadores que
renunciaron a dicha organización por disfrutar las prestaciones del PVB. Esa
protección comprende el respeto de los beneficios que adquirieron los
trabajadores al suscribir el pacto colectivo. Además, implica la garantía de
que ellos regirán su relación laboral por la convención colectiva, documento
que incluye el clausulado original así como las prestaciones y aumentos que se
extendieron a ese acuerdo y que se encuentran en el Plan Voluntario de
Beneficios Cabe resaltar que, la única orden vigente frente a los casos
analizados será la dictada en la presente providencia.
NOVENO.- PREVENIR a la compañía Aerovías
del Continente Americano –AVIANCA- para que en adelante, y al celebrar pactos y
convenciones colectivas, que regulen las condiciones laborales, tanto para los
trabajadores no sindicalizados firmantes de dichos pactos como para los
trabajadores sindicalizados, se ABSTENGA de fijar condiciones  de
trabajo en dichos acuerdos que impliquen discriminación contra los trabajadores
sindicalizados, y de adoptar políticas tendientes a desestimular el ingreso o
permanencia de trabajadores al sindicato.
DÉCIMO.- LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Magistrada (E)
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretaria General
[1] Expediente T-4.294.297
[2] Expediente T-4.316.566
[3] Expediente T-4.324.340
[4] Expediente T-4.330.192
[5] Expediente T-4.547.067
[6] Expediente T-4.369.843
[7] Expedientes T-4.354.060, T-4.363.853, T-4.371.787,
T-4.376.027, T-4.397.563, T-4.399.693, T-4.421.580, T-4.435.249 y T-4.536.832
ver Anexo 1
[8] Expediente T-4.392.801
[9] Expediente. T-4547067
[10] Expediente. T-4547067
[11]El capitán Jaime Hernández Sierra actuó
como coadyuvante en algunos procesos, en otros como representante de los
aviadores sindicalizados y en el expediente T-4.369.843 fungió como demandante.
[12] Corte Suprema de Justicia, sentencia del
28 de abril de 2008, radicación 33988. Ver sentencias del 28 de febrero de
2012, radicado 50795, del 4 de diciembre de 2012 radicado 55501.
[13] Expediente T-4.392.801
[14] Expedientes T-4.294.297, T-4.316.566, T-4.376.027, T-4.385.804, T-4.392.801 y
T-4.399.693.
[15] Expediente T-4.399.693 y T4.376.027
[16] Ibídem.
[17] Expedientes T-4.294.297 y T-4.385.804
[18] Expediente T-4.385.804, Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá
[19] Ibídem
[20] Expediente T-4.399.693, Juzgado 72 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá
[21] Expedientes T-4.316.566 yT-4.399.693.
[22] Expediente T-4.399.693 y T4.376.027
[23] Expediente T-4.399.693
[24] [24]
Expediente T4.376.027
[25] Expediente T-4.316.566, Juzgado 26 Penal Municipal con
función de Conocimiento de Bogotá.
[26] Expediente T-4.392.801, Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá
[27] Expedientes T-4.324.340, T-4.330.192, T-4.354.060, T-4.363.853, T-4.369.843, T-4.371.787, T-4.397.563, T-4.421.580, T-4.435.249 y
T-4.536.832
[28] Expedientes T-4.324.340,  T-4.354.060, T-4.369.843,
T-4.397.563 T-4.421.580 y T-4.435.249
[29] Ibídem Expedientes T-4.324.340,  T-4.354.060,
T-4.363.853, T-4.371.787, T-4.397.563 y T-4.421.580
[30] Expediente T-4.369.843.
[31] Expediente T-4.354.060 y T-4.371.787
[32] Expediente T-4.536.832 En este plenario, el Juez de
primera instancia a cargo del Juzgado Sesenta y Cuatro Penal Municipal con
Función de Control de Garantías consideró que la demanda promovida por el
presidente del sindicato incurrió en temeridad, porque este representó los
derechos de los pilotos Francisco Luis Kocka López, Alejandro Londoño Garavito
y Yeison Galeano Jiménez en el expediente T-4.376.027. El presidente del
sindicato impugnó esa decisión argumentando que los pilotos fueron excluidos
del amparó que en primera instancia otorgó el Juez Tercero Penal Municipal con
función de control de Garantías de Bogotá en el proceso T-4.376.027, debido a
que no acreditaron la afiliación al sindicato (supra 1.5.2 y cita 40). Ante esa
argumentación, el Juez Veintiuno Penal de Conocimiento – segunda instancia del
expediente T-4.536.832- estimó que la demanda de tutela no es temeraria, dado
que el juez del trámite T-4.376.027 excluyó a los trabajadores Kocka López, Londoño
Garavito y Galeano Jiménez  de la tutela de derechos, de modo que frente a
ellos no se presentó pronunciamiento alguno. Entonces, no existió una actuación
desleal del presidente del sindicato y podía presentarse una nueva tutela en
representación de esos pilotos. Sin embargo, el Tercero Penal Municipal con
función de control de Garantías de Bogotá declaró improcedente el amparo,
porque no existe perjuicio irremediable que desplace los medios ordinarios de
defensa judicial (supra1.6.1.1. y cita 44).
[33] Expediente T-4.369.843
[34] Expedientes T-4.330.192
[35] Ibídem
[36] Expediente T-369.843
[37] Expedientes T-4.330.192
[38] Expediente T-4.435.249
[39] Ibídem
[40] Expediente T-4.536.832. Además ver cita 32 y supra 1.4.2.1.
[41] Expedientes T-4.330.192, T-4.363.853, T-4.369.843,
T-4.371.787, T-4.397.563, T-4.421.580, T-4.435.249 y T-4.536.832
[42] Expedientes T-4-330.192
[43] Expediente T-4.435.249
[44] Expediente T-4.363.853,
T-4.369.843, T-4.397.563,
T-4.536.832 (Además ver cita 32 y supra 1.4.2.1.), y T-4.421.580
[45] Expedientes T-4.363.853, T-4.369.843,T-4.397.563, T-4.421.580 y
T-4.435.249
[46] En el proceso T-4.371.787, el Juez Treinta
Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá concluyó que la
improcedencia de la acción de tutela se manifiesta en la temeridad de la misma.
Lo anterior, puesto que se presentó una demanda previa a la actual tutela, que
correspondió por reparto al Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá y en segunda instancia, al Juzgado Cuarto Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá (T-4.369.843).  El Juzgado
sintetizó que entre estas dos acciones existe identidad de: i) demandante,
puesto que la representación de un número mayor o menor de pilotos
sindicalizados no cambia la naturaleza del demandante; ii) causa pretendi, dado
que se realizó la misma solicitud de amparo en ambas acciones, pretensión que
corresponde al reconocimiento de los beneficios económicos del PVB a pilotos
sindicalizados que no aceptaron la oferta de AVIANCA S.A.; y iii) fáctica,
debido a que se plantea la misma problemática sin ofrecer hechos nuevos. En
este sentido, se consideró que el accionante abusó de su derecho de acción, al
intentar revivir un asunto que los jueces de tutela estudiaron.
[47] Expediente T-4.363.853
y T-4.435.249
[48] Expedientes T-4.316.566, T-4.376.027, T-4.386.804, y
T-4.392.801
[49] Expedientes T-4.376.027 y T-4.392.801
[50] Expediente T-4.386.804 y T-4.316.566
[51] Ibídem
[52] En el expediente T-4.376.027, el Juzgado Treinta Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá consideró que el capitán
Hernández Sierra incurrió en temeridad con la demanda de ese proceso, puesto
que existió identidad de partes, objeto y causa con la sentencia proferida por
el juzgado Sesenta y Nueve Penal Municipal con control de Garantías de Bogotá
(Expediente T-4.369.843). Al respecto justifico la igualdad de esos elementos
de la siguiente forma: i) identidad de partes: en los dos procesos el actor es
el señor Hernández Sierra con independencia que en el expediente T-4.376.027
hubiese actuado como representante de pilotos afiliados al sindicato y en el
expediente T-4.369.843 el citado aviador propuso la tutela a nombre propio. Lo
anterior, en razón de que en ambos trámites solicitó la protección a todos los
pilotos sindicalizados; ii) identidad fáctica: en los procesos señalados se discuten
los mismo hechos sobre la posible vulneración al derecho a la asociación
sindical vulnerada por no extender los beneficios del PVB, situación que ha
producido la desafiliación de los miembros de ACDAC; y iii) identidad de causa
petendi: en ambos procesos el peticionario solicitó la protección de los mismos
derechos así como pretensiones.
[53] Expediente T-4-316.566
[54] Expedientes T-4.324.340 y T-4.354.060
[55] Ibídem
[56] Expediente T-4.354.060
[57] Expedientes T-4.294.297 y T-4.399.693
[58] Expediente T-4.294.297
[59] Expediente T-4.399.693
[60] Expediente T-4-294.297, Juzgado 45 Penal de
Conocimiento del Circuito der Bogotá
[61] Expediente T-4.399.693
[62] Expediente: T-4.547.067
[63] En el expediente T-4.547.067, los jueces de instancia consideraron que
la demanda del actor incumplió el requisito de inmediatez, en  la medida en que
demoró 9 años en promover la acción de tutela, fecha que se identifica con la
entrada en vigencia del PVB que tiene los beneficios solicitados por el
peticionario.
[64] La Sala reiterará la posición jurisprudencial reitera
en las sentencias SU-345 de 1995, SU-570 de 1996, T-1166 de 2004, T-518 de
2009, T-340 y T-616 de 2012, T-619 de 2013, T-063 y T-841 de 2014
[65] Ver
Sentencias T-724 de 2004  y T-623 de 2005.
[66] “Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.” (Resaltado fuera del texto original)”.
[67] “La acción de tutela podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.” (Resaltado fuera del texto original).
[68] Sentencia T-411 de 1992 "(P)ero
otros derechos no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados,
sino también cuando se encuentran insertos  en grupos y organizaciones, cuya
finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o
realizar intereses comunes. En consecuencia en principio, es necesario tutelar
los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per
se, sino en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales
fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable
del juez  de tutela. Otros derechos fundamentales legales, sin embargo las
personas jurídicas los poseen directamente, luego las personas jurídicas poseen
derechos fundamentales por dos vías: (a) Indirectamente: Cuando la esencialidad
de la tutela gira alrededor de la tutela de los derechos fundamentales de las
personas naturales asociadas. (b) directamente: Cuando las persona jurídicas
son titulares de los derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de
sus miembros sino porque los son por sí mismas, siempre claro está que estos
derechos sean ejercitables por ellas mismas.".
[69] Sentencia T-841 de 2014
[70] Sentencia C-965 de 2003 M.P.
[71] Sentencia T-531 de 2002 y T-711 de 2003.
[72] Sentencias T-899 de 2001 y T-1012 de 2001. Entiende entonces la Sala, que si la persona puede por
sí misma, iniciar la acción de tutela debe hacerlo sin esperar que un tercero
lo haga, pues esto refleja la autonomía de su voluntad y el interés que tiene
de hacer valer sus propios derechos.
[73] Sentencia T-063 y T-841 de 2014.
[74] En el Auto 013 de 1997, la Sala Plena adujo las razones
señaladas cuando negó la solicitud de nulidad de la Sentencia T-566 de 1996. En
esta última, la corporación confirmó los fallos de segunda instancia que
negaron las solicitudes de amparo de un grupo de trabajadores que
individualmente considerados, ejercieron la acción de tutela con el fin de
reclamar reivindicaciones de orden sindical. La razón invocada para solicitar
la nulidad radicó, a juicio de los peticionarios, en un cambio de jurisprudencia
de la Corte respecto del análisis de la legitimación en la causa por activa en
asuntos sindicales. Sin embargo, al resolver dicha solicitud la Sala no
encontró acreditado tal cambio y explicó que aun cuando la protección sea
invocada para obtener beneficios colectivos, ello no implica que su protección
no pueda beneficiar los intereses individuales de los miembros del sindicato.
Sucede lo contrario cuando quien individualmente, interpone la acción alega
además intereses colectivos, evento en el cual carece de legitimidad para
reclamar estos últimos.
[75] Sobre el particular ver las sentencias SU-342 de 1995,
T- 330 de 1997, T-1658 de 2000, T-775 de 2000, T-701 de 2003, T-882 de 2010,
T-261 de 2012 y T-063 de 2014 entre otras.
[76] Ver sentencia T-882 de 2010 .
[77] En las sentencias T-570 de 2007, T-765
de 2007 y T-100 de 2008, la Corte estudiaron unos asuntos en los que varios
trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia, SINTRAUNICOL, reclamaban la protección de su
derecho fundamental a la libertad de asociación sindical en nombre propio y en
representación del Sindicato.
[78] En esa ocasión, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Química empleador Farmacéutica de Colombia SINTRAQUIM presentó acción
de tutela en representación de varios de sus afiliados, habida cuenta que la
empresa para la que trabajaban inició actos que afectaban sus derechos, como
los de despido de trabajadores sindicalizados o la presión a los empleados con
el fin de que renuncien a la asociación.
[79] En esta oportunidad la Sala reiterará lo establecido
en la sentencia T-053 de 2012, T-185 de 2013, T-045 y T-644 de 2014 en relación
con las instituciones de la cosa juzgada y la temeridad.
[80] Sentencias T-502 de 2008, T-1215 de 2003,
T-149 de 1995, T-308 de 1995, T-443 de 1995, T-001 de 1997 y SU-1219.
[81] Sentencias T-560 de 2009, T-053 de 2012 y T-189 de
2013.
[82] Sentencia T-149 de 1995.
[83] Sentencia T-308 de 1995.
[84] Sentencia T-443 de 1995.
[85] Sentencia T-001 de 1997.
[86] Sentencia T-560 de 2009.
[87] Decreto 2591 de 1991, artículo 37.
[88] Sentencias T-502
de 2008, T-568 de 2006 y T-184 de 2005.
[89] Sentencia T-568 de 2006 y T-053 de 2012; otras, en las cuales
se efectúa un recuento similar son las providencias T-020 de 2006, T-593 de 2002, T-443 de 1995, T-082 de
1997, T-080 de 1998, SU-253 de 1998, T-263 de 2003  T-707 de 2003.
[90] Sentencia T-248 de 2014
[91] Sentencias T-568 de 2006, T-951 de 2005, T-410
de 2005, T-1303 de 2005, T-662 de 2002 y T-883 de 2001.
[92] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[93] Corte Constitucional, sentencia T-1103 de 2005, sentencia
T-1122 de 2006, entre otras.
[94] Ibídem
[95] Corte Constitucional, sentencia T-1103 de 2005, sentencia
T-1022 de 2006, sentencia T-1233 de 2008.
[96] Sentencia T-721 de 2003.
[97] Sentencia T-266 de 2011.
[98] Sentencia T-566 de 2001.
[99] Sentencia T-009 de 2000.  Si la causa
petendi está constituida por las razones – de hecho y de derecho – que
sustentan  la petición formulada, no cabe duda de que, entre las primeras
y las segundas decisiones proferidas, existe una muy relevante diferencia. Lo
que motivó las últimas solicitudes de amparo y la orden judicial de protección
del derecho vulnerado, fue la expedición de la sentencia SU-36/99, es decir, la
adopción de una nueva doctrina que debe ser aplicable siempre que pueda
verificarse que la vulneración persiste por razones ajenas a la parte actora y
que es jurídica y fácticamente posible la protección judicial. Finalmente, no
puede afirmarse que existe una vulneración de la cosa juzgada, pues lo que
verdaderamente se produjo en los fallos de primera instancia, fue el rechazo de
la acción por considerar que se trataba de un mecanismo improcedente dada la
existencia de mecanismos alternativos de defensa. No hubo, por ello, un
pronunciamiento de fondo sobre los hechos del caso, como si ocurre en la
presente sentencia.
[100] Sentencia T-1034 de 2005.
[101] Sentencia T-644 de 2014
[102]Sentencia T-185 de 2013
[103] Al
respecto se pueden consultar las Sentencias: T-364 de 1994, T-143 de 1995,
SU-342 de 1995, SU-511 de 1995, T-597 de 1995, SU-599 de 1995, T-061 de 1997,
SU-547 de 1997, T-050 de 1998, SU-069 de 1999, T-047 de 2002, T-103 de 2002,
T-105 de 2002, T-097 de 2006, T-545 A de 2007, T-833 de 2012, T-619 de 2013
entre muchas otras.
[104] Sentencias T-162 de 2010, T-034 de 2010 y T-099 de
2008.
[105]Sentencias T-623 de 2011, T-498
de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009, T-989 de 2008, T-972 de 2005,
T-822 de 2002, T-626 de 2000
y T-315 de 2000.
[106] Sentencia
T-235 de 2010.
[107] Sentencia SU-342 de 1995
[108] Los artículos 414 y 425 del CST establecen
restricciones para el derecho a la asociación sindical de los empleados
públicos.
[109] Sentencia T-619 de 2013
[110] Sentencia T-1166 de 2004
[111] En ese sentido, la sentencia T-097 de 2006 resaltó que
la tutela es el mecanismo idóneo para decidir sobre asuntos que implican una
protección efectiva del derecho a la igualdad en las relaciones de trabajo.
[112] En esa oportunidad la Sala estudio las
demandas de tutela presentadas por el Sindicato de Trabajadores  de
Confecciones Leonisa S.A. organización que afirmaba que la compañía Leonisa
S:A: viene celebrando pactos colectivos que estipulan mayores beneficios para
los trabajadores no sindicalizados que para los empleados que pertenecen a la
organización accionante de ese entontes. Además, advirtieron que la compañía
pone de condición la renuncia del sindicato para acceder al plan colectivo.
[113] La Corte estudió la demanda promovida
por el Sindicato de Trabajadores de Productora de Papeles S.A.
"SINTRAPROPAL", dado que la empresa Productora de Papeles S.A.
desplegó una serie de acciones que afectó a la organización de trabajadores,
que consistieron en ofrecer una serie de beneficios a los trabajadores no
sindicalizados con mayores ventajas que la convención colectiva, por ejemplo
incrementos salariales. Así mismo, adujeron que la compañía induce a los
trabajadores a abandonar el sindicato. ¡
[114] Sentencia T-084 de 2012.
[115] Sentencia T-248 de 2014
[116] Sentencia T-841 de 2014
[117] Sentencia T-079 de 2010 y T-447 de 2013
[118] Ver Sentencias T-1110 de 2005, T-158 de
2006, T- 429 de 2011, T-998 de 2012, SU-158 de 2013, T-521 de 2013, T-447 de
2013, y T-841 de 2014. Allí la Sala Plena y las diferentes Salas de Revisión
han hecho alusión a estas situaciones excepcionales al abordar la
procedibilidad de acciones de tutela mediante las cuales se pretendía obtener
acceso a una defensa técnica, a un recalculo del monto base de la pensión, a la
indemnización por daños y perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión
de sobreviviente, a la pensión de invalidez, reintegro derivado de estabilidad
laboral reforzada y pago de acreencias laborales a trabajadores sindicalizados
respectivamente.
[119] Ver, entre otras; la Sentencia T-616
de 2012.
[120] Aprobado mediante Ley 26 de 1976.
[121] Aprobado mediante Ley 27 de 1976.f
[122] Corte Constitucional, Sentencias C-473
de 1994, C-450 de 1995, T-502 de 1998, T-526 de 1999.
[123] Cfr. Sentencia C-330 de 2005.
[124] En el mismo sentido ver sentencia C-401 de 2005, fallo
en que  la Corte afirmó sobre la pertenencia del Convenio 87 de la OIT al
bloque de constitucionalidad: “19. Así, pues, hacen parte del bloque de
constitucionalidad aquellos convenios que la Corte, después de examinarlos de manera
específica, determine que pertenecen al mismo, en atención a las materias que
tratan. De esta manera, los convenios internacionales del trabajo hacen parte
del bloque de constitucionalidad cuando la Corte así lo haya indicado o lo
señale en forma específica. Así lo hizo, por ejemplo, en las sentencias que se
mencionaron atrás acerca del convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales,
y de los convenios 87 y 98, sobre la libertad sindical y sobre la aplicación de
los principios de derechos de sindicalización colectiva. A la Corte también le
corresponde señalar si un determinado convenio de la OIT, en razón de su
materia y otros criterios objetivos, forma parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, puesto que prohíbe la limitación de un
derecho humano durante un estado de excepción o desarrolla dicha prohibición
contenida en un tratado internacional (C.P., art. 93, inciso 1). Así lo hizo,
como ya se vio, en la sentencia C-170 de 2004, en relación con los convenios
138, sobre la edad mínima, y 182, sobre las peores formas del trabajo
infantil.”
[125] Sentencia T-261 de 2012
[126] En la sentencia T-171 de 2011, la Corte precisó que la
OIT tiene la función de fomentar la justicia social y los derechos humanos y
laborales internacionalmente reconocidos. Esa institución tiene la siguiente
estructura tripartita en la coexisten en igualdad los trabajadores, empleadores
y gobiernos, en: i) conferencia general, órgano que se encarga de emitir las
normas internacionales por medio de convenios o de recomendaciones; ii) la
oficina internacional del trabajo, dependencia en la que se encuentra el
secretario permanente de la organización, quien acopia los documentos, los
distribuye así como absuelve consultas; y iii) consejo de administración es el
órgano ejecutivo de la organización. Además de dichos cuerpos, la OIT tiene
tres organismos que tienen la competencia de tramitar quejas por violación de
libertad sindical, estos son: a) el propio Consejo de Administración; b) la
Comisión de Investigación y de Conciliación en materia de Libertad Sindical  y
c) el Comité de Libertad Sindical.
[127]Taruffo Michele, Precedente ad esempio
nella decisiones giudiziaria, en Revista Trimestrale di Distrito e
Procedura Civil 1994 Pág. 2
[128] Oficina Internacional del Trabajo
Ginebra, La libertad sindical Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Quinta
edición (revisada), 294° Informe, caso numero 1730 (Reino Unido) párr. 202
[129] Ibídem, 330° Informe, caso número 2186
(China-Región Administrativa Especial de Hong Kong, Parr. 383,
[130] Ibídem, 307º informe, caso numero 1886
(Uruguay), Parr. 466
[131] Sentencias C-606 de 1992, T-697 de 1996,
T-247 de 1998 y C-399 de 1999.
[132] Sentencias T-619 de 2013, T-616 de 2012 y T-701 de
2003
[133] Sentencia T-619 de 2013
[134] Ibídem
[135] Código Sustantivo del Trabajo, artículo
372 numerales 1, 2, 4
[136] Sentencia C-466 de 2008.
[137] ARTÍCULO 354. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE
ASOCIACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 39 del Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:> 1. En los términos del artículo 292 del Código
Penal queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación
sindical. 2. Toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de
asociación sindical será castigada cada vez con una multa equivalente al monto
de cinco (5) a cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente, que
le será impuesta por el respectivo funcionario administrativo del trabajo. Sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Considérense como actos
atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador:
a). Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización
sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o
condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el
reconocimiento de mejoras o beneficios; b) Despedir, suspender o modificar las
condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades
encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales; c). Negarse a
negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus
peticiones de acuerdo con los procedimientos legales; d). Despedir, suspender o
modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto
de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación, y e). Adoptar
medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o
intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la
violación
[138] Ver los hechos de estas sentencias en la Supra 6.1.4.1
y citas 112 y 113
[139] Sentencia SU-342 de 2995
[140] La regla reseña se aplicó en la sentencia T-149 de
2008, caso que estudió la demanda de tutela promovida contra un número plural
de trabajadores sindicalizados vinculados a la empresa AES CHIVOR & CIA
S.C.A. E.S.P., que cuestionaban la suscripción de un pacto colectivo favorable
únicamente a los trabajadores no sindicalizados, entre tanto se dirimía un
conflicto económico surgido entre la asociación sindical y el empleador. Al
respecto la Sala Concluyó que En este caso es claro que a los miembros del sindicato
se les ha negado el aumento salarial que sí se ha concedido – o se les ha
puesto en perspectiva - a los trabajadores que han suscrito el pacto colectivo.
Con independencia de una serie de puntos que se plantean dentro del proceso –
tales como la decisión del sindicato de no presentar un pliego de peticiones,
el nivel de salarios de los trabajadores de AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P.,
la demanda presentada por la empresa con el fin de que se declare la disolución
y liquidación de SINTRACHIVOR, el hecho de que los actores estén afiliados
actualmente a SINTRAENERGIA, etc. – lo cierto es que a los actores no se les ha
aumentado el salario desde el 31 de marzo de 2005, mientras que en el pacto
colectivo se les ofreció a los trabajadores no sindicalizados la posibilidad de
que les sea aumentado el salario.
[141] Sentencia T-012 de 2007
[142] Sentencia T-345 de 2007
[143] Sentencia T-570 de 2007.
[144] Ibídem. Sobre la orden se manifestó que:
“Ahora bien, como la protección solicitada busca amparar la integridad de
los derechos a la igualdad y a la asociación sindical, es lógico que perdure
hasta que la empresa y el sindicato resuelvan definitivamente las diferencias
que suscitaron este proceso. Así las cosas, la concesión de la tutela en el
presente caso debe regir hasta cuando un tribunal de arbitramento resuelva
definitivamente el conflicto colectivo suscitado entre las partes o cuando de
común acuerdo, la Universidad San Buenaventura y el sindicato respectivo
lleguen a un acuerdo sobre las condiciones laborales de sus trabajadores.La
Sala concede entonces la protección solicitada, pero como mecanismo
transitorio, mientras se produce un acto formal definitivo de arreglo entre las
partes. Por ello, en la parte resolutiva de esta providencia, se precisará que
la protección concedida se otorga transitoriamente, mientras se resuelve el
conflicto laboral entre la Universidad San Buenaventura y el sindicato al cual
pertenece el demandante, José Daniel Quenguan Taquez”
[145] Sobre
el particular se reseña lo expuesto en las sentencias T-251 de 2010 y T-248 de
2014
[146] El
Convenio 154 de la OIT fue aprobado mediante la Ley 524 de 1999; mediante
sentencia C-161 de febrero 23 de 2000,
M. P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte realizó el control de
constitucionalidad tanto de la ley como del Convenio, y los declaró exequibles.
[147]
C-063 de enero 30 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández  y C-161 de 2000,
ya referida.
[148] Convocada
en Ginebra en junio 3 de 1981, por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo
[149]
Adoptada en la sexagésima séptima reunión de la Conferencia General de la OIT
en junio de 1981.
[150]
Sentencia C-063 de 2008.
[151] Sentencia T-251 de 2010.
[152] Sentencia T-248 de 2014
[153] Guerrero Figueroa, Guillermo, Derecho Colectivo del
Trabajo, Onceava Eedición, Ed Leyer, Bogotá 2011, p 536 -538.
[154] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia
rad. 7243 de abril 7 de 1995, M. P. Rafael Méndez Arango.
[155] Sentencia SU-342 de 1995, SU-569 y SU 570 de 1996,
SU-169 de 1999. en la Sentencia SU- 1185 de 2001, se dijo que la Convención
Colectiva es: “un acuerdo bilateral celebrado entre una o varias asociaciones
profesionales de trabajadores y uno o varios empleadors para regular las
condiciones que regirán los contratos de trabajo, usualmente, buscando mejorar el
catálogo de derechos y garantías mínimas que las normas jurídicas le reconocen
a todos los trabajadores.”
[156] Cfr. sentencias rad. 20.721 de abril 21de
2004,  M. P. Carlos Isaac Nader y  7243, ya citada.
[157] “Así lo ha señalado la CSJ, en Sala de
Cas. Laboral, en sentencias mayo 20 de 1976, de mayo 16 de 2001 y de diciembre
14 de 2001.”
[158] Cfr. Código Sustantivo del Trabajo,
artículo 467 y sentencia SU-342
de 1995, antes citada.
[159] Sentencia T-055 de 2014
[160] Sentencia C-1491 de 2000
[161]Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Labora Jorge Mauricio Burgos Ruíz Magistrado ponente SL856-2013,
Radicación No. 40760, Acta  No. 40, Bogotá, D.C., cuatro (04) de diciembre de
dos mil trece (2013). .En ese
caso la Sala de Casación Laboral señaló que Dicho de otro modo, para el caso
del sublite, el trabajador convertido en sindicalizado seguirá beneficiándose
del pacto que ha suscrito, o al cual se ha adherido, hasta tanto se beneficie
de la convención colectiva.
[162] Sentencias SU-342 de 1995 y SU-569 DE 1996
[163] Ibídem
[164] Sentencia T-1166 de 2004
[165] Acerca de la evolución jurisprudencial
de los efectos de la denuncia de la convención colectiva por parte del
empleador, se puede consultar la Sentencia de Casación proferida el 29 de enero
de 2004 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro
del proceso de referencia No. 21944.
[166] Ver Sentencia T-656 de 2004.
[167] Ospina Duque Edgar, Derecho Colectivo del Trabajo: una
guía teórica y práctica para los estudiantes, la nuevas generaciones de
abogados y de trabajadores, segunda edición, Ediciones Jurídicas Gustavo
Ibañez, Bogotá 2009, p 243
[168] Ibídem. P- 255
[169] Op,cit., Sentencia T -1166 de 2004
[170] Sentencia C-349 de 2009.
[171] Sentencia T-248 de 2014
[172] Sentencia T-248 de 2014
[173] Ibídem.
[174] El Juez Diecinueve Penal Municipal de Conocimiento de
Bogotá, funcionario judicial de primera instancia, adoptó dicha determinación.
[175] El Juez Séptimo Penal Municipal de Bogotá, autoridad
judicial de primera instancia, profirió esa decisión.
[176] Expediente T-4.392.801
[177] Expedientes T-354.060, T-4.363.853, T-4.371.787,
T-4.376.027, T-4.385.804, T-4.397.563, T-4.399.693, T-4.421.580, T-4435.249 y
T-4.536.832.
[178] Expedientes T-4-536.832 (Folio 141
Cuaderno 4) y T-4.435.249 (Folio 28 y siguientes Cuaderno original y anexos 3).
[179] Expedientes T-4.354.060 (Folios No. 208-263 Cuaderno
3); T-4363853 (folios 45-141 Cuaderno 6); T-4.376.027 (Folios No. 661-745
Cuaderno 1) T-4.371.787 (Folios No. 161-283 Cuaderno 3);  T-4.385.804 (Folios No. 147-224 Cuaderno 3);  T-4.397.563 (Folios No.
145-256 Cuaderno 3); T-4.399.693 (Folios No. 213-300 Cuaderno 6 y 1-171
Cuaderno 7); T-4.421.580 (Folios 19-78 Cuaderno 4);
[180] Expediente T-4.294.297
[181] Expediente T-4.536.832
[182] (Folios 93 – 99 Cuaderno 4 expediente
T-4.294.297); (Folios No. 172-174 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832); (Folios
No. 141-143 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843); (Folios No. 140-142 Cuaderno 1
Expediente T-4.316.566);  (Folios No. 88-90 Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580);
(Folios No. 88-90 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192); (Folios No. 166-168
Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563); (Folios No. 166-168 Cuaderno 1 Expediente
T-4.385.804); (Folios No. 404-406 Cuaderno 1 Expediente T-4.399.693);  (Folios
No. 166-168 Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027); (Folios No. 166-168 Cuaderno 1
Expediente T-4.354.060); (Folios No. 166-168 Cuaderno 1 Expediente
T-4.435.249); (Folios No. 162-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340) y (Folios
No. 168-170 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
[183] (Folio 483 -485 Cuaderno 4 expediente
T-4.294.297); (Folios No. 266-268 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832); (Folios
No. 235-237 Cuaderno 2 Expediente T-4.369.843); (Folios No. 238-240 Cuaderno 2
Expediente T-4.316.566); (Folios No. 182-184 Cuaderno 3 Expediente
T-4.421.580); (Folios No. 484-486 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192); (Folios
No. 260-262 Cuaderno 2 Expediente T-4.397.563); (Folios No. 257-259 Cuaderno 2
Expediente T-4.385.804); (Folios No. 251-253 Cuaderno 2 y 218-220 Cuaderno 4
Expediente T-4.399.693); (Folios No. 559-561 Cuaderno 1 Expediente
T-4.376.027); (Folios No. 259-261 Cuaderno 2 Expediente T-4.354.060); (Folios
No. 261-263 Cuaderno 2 Expediente T-4.435.249); (Folios No. 551-553 Cuaderno 1
Expediente T-4.324.340); (Folios No. 258-260 Cuaderno 2 Expediente T-4.371.787)
[184] Expediente T-4.392.801
[185] Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral Magistrada Ponente: Isaura Vargas Díaz Radicación 16884 Acta
06 Bogotá, D. C. trece (13) de febrero de dos mil dos (2002)
[186](Folios
39 – 86 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297); (Folios No. 124-170 Cuaderno 1
Expediente T-4.536.832); (Folios No. 96-139 Cuaderno 1 Expediente T-4.369.843);
(Folios No. 92-138 Cuaderno 1 Expediente T-4.316.566); (Folios No. 40-86
Cuaderno 2 Expediente T-4.421.580); (Folios No. 40-86 Cuaderno 2 Expediente
T-4.330.192); (Folios No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.397.563); (Folios
No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804);  (Folios No. 356-402 Cuaderno 1
Expediente T-4.399.693) ; (Folios No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente
T-4.376.027); (Folios No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.354.060); (Folios
No. 118-164 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249); (Folios No. 114-160 Cuaderno 1
Expediente T-4.324.340); (Folios No. 120-166 Cuaderno 1 Expediente T-4.371.787)
[187] En la
sentencia T-701 de 2003, la Corte utilizó ese criterio para identificar actos
de persecución para los miembros del sindicato.
[188] (Folio 134 - 135 Cuaderno 5 expediente
T-4.294.297). ; (Folios No. 171 y 172 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843);
(Folios No. 184 y 185 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566); (Folios No. 170 y 171
Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580); (Folios No. 237 y 238 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192); (Folios No. 132-133 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563); (Folios
No. 217-218 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folios No. 274-275 Cuaderno 4
Expediente T-4.399.693); (Folios No. 217-218 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027);
(Folios No. 187-188 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060); (Folios No. 220-221
Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249); (Folios No. 172-173 Cuaderno 2 Expediente
T-4.324.340); y (Folios No. 271-272 Cuaderno 8 Expediente T-4.371.787)
[189] (Folio 137-138 Cuaderno 5 expediente
T-4.294.297); (Folios No. 173-175 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843);  (Folios
No. 186-188 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566); (Folios No. 172-174 Cuaderno 5
Expediente T-4.421.580); (Folios No. 239-241 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.192); (Folios No. 247-249 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563); (Folios
No. 219-221 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folios No. 276-278 Cuaderno 4
Expediente T-4.399.693)
[190]  (Folios No. 31-58 Cuaderno 3 Expediente
T-4.536.832)(Folios No. 136-162 Cuaderno 1 y 235-261 Cuaderno 7 Expediente
T-4.421.580) (Folios No. 142-168 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563) (Folios No.
37-62 Cuaderno 7 Expediente T-4.354.060) (Folios No. 153-178 Cuaderno 7
Expediente T-4.435.249) (Folios No. 103-128 y 140-167 Cuaderno 1 Expediente
T-4.371.787)
[191] Comunicación del 10 de marzo de 2014 que
certifica que 328 pilotos sindicalizados a ACDAC rechazaron los beneficios del
PVB, y en consecuencia no son beneficiarios de la oferta del plan. (Folios No.
24-33 Cuaderno 6 Expediente T-4.385.804)
[192] (Folio 259 Cuaderno 5 expediente
T-4.294.297); (Folio No. 291 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843); (Folio No. 288
Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566); (Folio No. 343 Cuaderno 1 Expediente
T-4.330.19); (Folio No. 385 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804); (Folio No. 93
Cuaderno 5 Expediente T-4.399.693); (Folios No. 295-320 Cuaderno 2 Expediente
T-4.376.027); (Folios No. 264-285 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060); (Folios
No. 296-297 Cuaderno 4 y 1-25 Cuaderno 5 Expediente T-4.435.249); (Folio No.
276 Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folios No. 48-72 y 217-249 Cuaderno 9
Expediente T-4.371.787)
[193] (Folio 125 y 126 Cuaderno 4 expediente
T-4.294.297).; (Folios No. 209 y 210 Cuaderno 1 Expediente T-4.536.832);
(Folios No. 178 y 179 Cuaderno 1 y 181-183 Cuaderno 3 Expediente T-4.369.843);
(Folios No. 177 y 178 Cuaderno 1 y 194-196 Cuaderno 3 Expediente T-4.316.566);
(Folios No. 125 y 126 Cuaderno 2 y 180-209 Cuaderno 4 Expediente T-4.421.580);
(Folios No. 247-249 Cuaderno 1 y 125-126 Cuaderno 2 Expediente T-4.330.192);
(Folios No. 203-204 Cuaderno 1 y 71-129 Cuaderno 4 Expediente T-4.397.563);
(Folios No. 203-204 Cuaderno 1 Expediente T-4.385.804); (Folios No. 441-442
Cuaderno 1 y 117-118 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693); (Folios No. 203-204
Cuaderno 1 Expediente T-4.376.027); (Folios No. 203-204 Cuaderno 1 Expediente
T-4.354.060); (Folios No. 203-204 Cuaderno 1 Expediente T-4.435.249); (Folios
No. 199-200 Cuaderno 1 Expediente T-4.324.340); (Folios No. 205-206 Cuaderno 1
Expediente T-4.371.787)
[194] Folio 124 Cuaderno 4 y Folio 142
Cuaderno 5 expediente T-4.294.297); (Folio No. 208 Cuaderno 1 Expediente
T-4.536.832); (Folios No. 177 Cuaderno 1 y 180 Cuaderno 3 Expediente
T-4.369.843); (Folios No. 176 Cuaderno 1 y 193 Cuaderno 3 Expediente
T-4.316.566); (Folios No. 124 Cuaderno 2 y 174 Cuaderno 4 Expediente
T-4.421.580); (Folios No. 246 Cuaderno 1 y 124 Cuaderno 2 Expediente
T-4.330.192); (Folios No. 202 Cuaderno 1 y 254 Cuaderno 4 Expediente
T-4.397.563); (Folios No. 202 Cuaderno 1 y 226 Cuaderno 5 Expediente T-4.385.804);
(Folios No. 440 Cuaderno 1 y 283 Cuaderno 4 Expediente T-4.399.693); (Folios
No. 202 Cuaderno 1 y 226 Cuaderno 2 Expediente T-4.376.027); (Folios No. 202
Cuaderno 1 y 196 Cuaderno 4 Expediente T-4.354.060); (Folios No. 202 Cuaderno 1
y 229 Cuaderno 4 Expediente T-4.435.249); (Folio No. 198 Cuaderno 1 y 181
Cuaderno 2 Expediente T-4.324.340); (Folio No. 204 Cuaderno 1 y 280 Cuaderno 8
Expediente T-4.371.787)
[195](Folios No 114-115 Cuaderno 1 expediente
T-4.392.801)
[196] (Folios No. 273-304, Cuaderno 2
expediente T-4363853); (Folios No. 46-78 y 479-511 Cuaderno 1 Expediente
T-4.392.801); (Folios No. 209-241 Cuaderno 3 y 21-56 Cuaderno 4 Expediente
T-4.330.192); (Folios No. 205-237 Cuaderno 7 Expediente T-4.385.804); (Folios
No. 204-236 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027);  (Folios No. 204-236 Cuaderno 5
Expediente T-4.354.060); (Folios No. 45-77 Cuaderno 4 Expediente T-4.324.340);
(Folios No. 13-45 Cuaderno 4 y 203-236 Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
[197] (Folios No. 289-314 Cuaderno 1
Expediente T-4.392.801)
[198] (Folios No. 114-134, 343-345, 420-454,
456-478 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
[199] Comunicación del 23 de diciembre de 2013
de AVIANCA acusando recibo del Pliego de Peticiones y solicitando denuncia de
la Convención Colectiva. (Folio No. 512 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
[200] Comunicación de AVIANCA  del 7 de enero
de 2014, que informa que la Convención Colectiva se ha prorrogado, debido a que
transcurrió el término para el arreglo directo sin que el sindicato hubiese
denunciado la convención y presentado pliego de peticiones. (Folios No. 522 y
523 Cuaderno 1 Expediente T-4.392.801)
[201] Ver supra
[202] La Sala adoptará la metodología de
análisis que utilizó en el estudios de los expedientes acumulados que
incluyeron a ACDAC
[203] Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral Magistrada Ponente: Isaura Vargas Díaz Radicación 16884 Acta
06 Bogotá, D. C. trece (13) de febrero de dos mil dos (2002)
[204] Copia de Comunicación del 19 de agosto
de 2010 de AVIANCA para ACAV con respecto a la Propuesta de Acuerdo
Convencional para Auxiliares de Vuelo afiliados a la ACAV. (Folios No. 99 y
100)
[205]Folios 43 - 47
[206] Folios No. 43-47
[207] Folios No 84 -95 Los valores presentados
en la tabla fueron reconocidos en el año 2002 y con su indexación al año 2010
dan un valor similar a las reconocidas en el PVB.
[208] Comunicación del 30 de noviembre de 2006
de AVIANCA para ACAV con respecto al Plan Voluntario de Beneficios para
Auxiliares de Vuelo, oferta del plan que fue presentada a los trabajadores no
sindicalizados. (Folios No. 97 y 98)
[209] La
Comunicación del 30 de noviembre de 2006 de AVIANCA para ACAV con respecto al
Plan Voluntario de Beneficios para Auxiliares de Vuelo, oferta del plan que fue
presentada a los trabajadores no sindicalizados. (Folios No. 97 y 98). Esa
postura se reiteró en la comunicación del 19 de agosto de 2010 de
AVIANCA para ACAV con respecto a la Propuesta de Acuerdo Convencional para
Auxiliares de Vuelo afiliados a la ACAV. (Folios No. 99 y 100)
[210]
(Folio 425 -435 Cuaderno 4 expediente T-4.294.297 y, fls 188-198 Cuaderno 2
expediente T-4363853) ; (Folios No. 208-218 Cuaderno 2 Expediente T-4.536.832);
(Folios No. 177-187 Cuaderno 2 y 99-109 Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843);
(Folios No. 180-190 Cuaderno 2 y 134-144 Cuaderno 4 Expediente T-4.316.566);
(Folios No. 124-134 Cuaderno 3 y 121-131 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580);
(Folios No. 450-460 Cuaderno 1 y 426-436 Cuaderno 2 y 116-127 Cuaderno 3
Expediente T-4.330.192):; (Folios No. 202-212 Cuaderno 2 y 18-28 Cuaderno 6
Expediente T-4.397.563); (Folios No. 200-210 Cuaderno 2 y 121-131 Cuaderno 7
Expediente T-4.385.804); (Folios No. 193-203 Cuaderno 2, 209-219 Cuaderno 5 y
119-130 Cuaderno 6 Expediente T-4.399.693); (Folios No. 501-511 Cuaderno 1  y
121-131 Cuaderno 3 Expediente T-4.376.027); (Folios No. 201-211 Cuaderno 2 y
8-18 Cuaderno 6 Expediente T-4.354.060); (Folios No. 501-511 Cuaderno 2 y 11-21
Cuaderno 6 Expediente T-4.435.249); (Folios No. 493-503 Cuaderno 1 y 76-87
Cuaderno 3 Expediente T-4.324.340); (Folios No. 220-230 Cuaderno 4 y 121-131
Cuaderno 10 Expediente T-4.371.787)
[211]
(Folios No. 199-205 Cuaderno 2 expediente T-4363853); (Folios No. 110-116
Cuaderno 4 Expediente T-4.369.843); (Folios No. 145-151 Cuaderno 4 Expediente
T-4.316.566); (Folios No. 132-138 Cuaderno 7 Expediente T-4.421.580); (Folios
No. 461-467 Cuaderno 1 y 128-134 Cuaderno 3 Expediente T-4.330.192); (Folios
No. 29-35 Cuaderno 6 Expediente T-4.397.563); (Folios No. 132-135 Cuaderno 7
Expediente T-4.385.804); (Folios No. 220-226 Cuaderno 5 y 131-137 Cuaderno 6
Expediente T-4.399.693); (Folios No. 132-138 Cuaderno 3 Expediente
T-4.376.027); (Folios No. 19-25 Cuaderno 6 Expediente T-4.354.060);; (Folios
No. 22-28 Cuaderno 6 Expediente T-4.435.249); (Folios No. 88-94 Cuaderno 3
Expediente T-4.324.340); (Folios No. 231-237 Cuaderno 4 y 132-138 Cuaderno 10
Expediente T-4.371.787)
[212] Sentencia
T-907 de 2013
[213] En
la sentencia SU-1023 de 2001, la Sala Plena manifestó que: “hay eventos
excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración
tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de
quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad
de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice
paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros
que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o
particular accionado”.
[214]
Sentencia T-088 de 2011
[215] Expedientes
T-4.330.192, T-4.363.853, T-4.369.843, T-4.371.787, T-4.397.563, T-4.421.580,
T-4.435.249 y T-4.536.832
[216] Expedientes
T-4.316.566, T-4.376.027 y T-4.386.804.
[217] Expedientes
T-4.324.340 y T-4.354.060
[218] Expedientes
T-4.294.297 y T-4.399.693
[219] Expediente
T-4.392.801