T-117-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-117/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales genéricas de procedibilidad
RATIO DECIDENDI-Su desconocimiento
vulnera la cosa juzgada constitucional y la Constitución Política
PRECEDENTE HORIZONTAL-Definición/DERECHO A LA IGUALDAD-Aplicación
de la misma protección y trato a quienes estén en idéntica situación de hecho
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DE ALTAS CORPORACIONES-Derecho
de acudir ante cualquier juez unipersonal o colegiado para presentar una nueva
cuando ésta ha sido objeto de rechazo
La Corte
estableció que las acciones de tutela presentadas contra providencias
judiciales de las altas corporaciones judiciales que fueran objeto de rechazo
por el mismo órgano, permite a cualquier ciudadano su nueva presentación ante
cualquier juez incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema
o al Consejo de Estado, como la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional o Superior de la Judicatura, para así cumplir con los fines
esenciales del Estado como el “garantizar la efectividad de los
…derechos…consagrados en la Constitución”
CONSEJO SUPERIOR Y SECCIONAL DE LA JUDICATURA-Competencia para conocer de la Acción de Tutela
que fue rechazada por el Consejo de Estado
Atendiendo
que en el presente caso la Sección Primera del Consejo de Estado procedió a
rechazar la acción de tutela, su conducta legitimó constitucionalmente a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional y Superior de la
Judicatura para entrar a conocer y resolver esta acción de tutela para garantía
de los derechos de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva de los derechos fundamentales.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Procedencia
de tutela/
ALCALDE QUE REEMPLAZA A OTRO-Periodo
CONSEJO DE ESTADO-Desconocimiento de la
ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad sobre periodo de
alcaldes vulnera la cosa juzgada constitucional
La Sección Quinta del Consejo de Estado se apartó de la ratio
decidendi de las sentencias de constitucionalidad C-011 de 1994, C-586 de 1995
y C-448 de 1997, que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional con
efectos erga omnes, pues si ya se habían expedido nuevos mandatos
constitucionales con vigencia a partir del 7 de agosto de 2002 (Acto
Legislativo No. 02 de 2002) que institucionalizaron el periodo de los alcaldes,
no se podía pretender aplicar tales mandatos de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte que se orienta en una línea contraria a lo
establecido por ellos mismos.
PERIODO DE ALCALDE-Carácter individual con anterioridad al Acto legislativo No
02 de 2002 y carácter institucional con posterioridad al citado Acto
legislativo
Con anterioridad al 7 de agosto de 2002, fecha en que se expidió el
Acto Legislativo No. 02 de 2002, la Corte sostuvo, conforme a los mandatos
constitucionales de ese entonces, que los periodos de los alcaldes eran
individuales. Pero, a partir de dicha fecha, se modificó la Constitución
Política para señalar expresamente en ella que el periodo de los alcaldes
tienen el carácter de institucional.
DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración por cuanto el Consejo de Estado
desconoció el precedente horizontal
La Sección
Quinta del Consejo de Estado terminó desconociendo su propio precedente al
cambiar su posición sin justificarlo ni aduciendo razones para esa separación.
Era entonces necesario que el Consejo de Estado hubiere referido a los
precedentes de la misma Sección haciendo explícito bajo argumentos razonables y
fundados los motivos que le llevaban a abandonar la ratio decidendi anterior,
para así desechar toda posibilidad de arbitrariedad y propender por el
acatamiento del principio de igualdad frente a las decisiones judiciales. Por
ende, al no hacerse explícito el cambio del precedente se violó el derecho a la
igualdad en las decisiones judiciales.
Referencia: expediente T-1424382
Acción de tutela instaurada por Ramiro Suárez Corzo contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C.,
veintidós (22) de febrero dos mil siete (2007).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA Y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaría del Consejo Superior de la
Judicatura, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Ramiro Suárez
Corzo en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
El señor Ramiro Suárez Corzo, a través de apoderado judicial,
interpone acción de tutela en contra de la sentencia de 16 de marzo de 2006,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar que
incurrió en una vía de hecho al aplicar indebidamente una norma constitucional
y vulnerar el derecho a la igualdad en las decisiones judiciales. Para
fundamentar su petición expone los siguientes
1. Hechos
El señor José
Antonio Gelvez Albarracín, fue elegido Alcalde de la ciudad de Cúcuta (Norte de
Santander), para el periodo típico del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de
2000.
El día 29 de
octubre de 2000, fecha de elecciones generales, se eligió como Alcalde de la
misma ciudad, al señor Manuel Guillermo Mora Jaramillo, para el periodo típico
del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003. Para la fecha de elección de
éste, su antecesor Gelvez Albarracín, aún se desempeñaba como Alcalde.
Con
posterioridad a la elección de Mora Jaramillo (29 de octubre de 2000), es
decir, el día 14 de noviembre de 2000, le fue aceptada la renuncia al señor
Gelvez Albarracín, quien para ese momento se encontraba suspendido del cargo.
En dicha fecha se aceptó la renuncia al Alcalde encargado José Fernando
Bautista Quintero. Fue encargada como alcaldesa para la finalización del
periodo, o sea, del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2000, a la señora
Betty Parada. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2000, a instancias del
Gobernador de Norte de Santander, se posesionó en el cargo el señor Mora
Jaramillo, quien había sido recién elegido para el periodo típico del 1 de
enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, es decir, se posesionó con un mes y
tres días antes de la fecha prevista.
El 26 de octubre
de 2003, fecha de elecciones generales, se eligió como Alcalde de Cúcuta al
señor Ramiro Suárez Corzo, actor de la presente tutela, para el periodo típico
del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, siendo expedida la
respectiva credencial electoral de Alcalde electo para dicho periodo. No
obstante lo anterior, la Procuraduría Delegada de Norte de Santander estimó que
debía iniciar su periodo el 27 de noviembre de 2003, al considerar que para
dicha fecha se completaba el periodo de 3 años de su antecesor el señor Mora
Jaramillo.
Señala el
accionante que trató de posesionarse el 27 de noviembre de 2003 como lo
recomendó la Procuraduría Delegada, sin embargo, no fue posible por cuanto ni
los jueces, ni los notarios, ni por acción de tutela, se estimó viable la
posesión por cuanto el periodo para el cual resultó elegido fue del 1 de enero
de 2004 al 31 de diciembre de 2007. Por consiguiente, el periodo que finalizó
el 31 de diciembre de 2003, fue ejercido en su totalidad por el Alcalde Mora
Jaramillo, asumiendo el actor la alcaldía de Cúcuta el 1 de enero de 2004,
según lo dispuesto en la credencial electoral.
Posteriormente,
refiere el actor, su elección fue demandada en un proceso de nulidad electoral
bajo el argumento que la misma no lo había sido para el periodo típico
2004-2007, sino para la mitad del tiempo y que además había sido elegido para
asumir el cargo desde el 27 de noviembre de 2003, lo cual considera que no es
cierto.
El Tribunal
Contencioso Administrativo de Norte de Santander, denegó las pretensiones de la
demanda al considerar que el artículo 7 del Acto Legislativo No. 02 de 2002,
resulta aplicable para alcaldes elegidos con periodos atípicos, situación que
no se presenta en la alcaldía de Cúcuta ya que los periodos han sido típicos y
regulares. Como fundamento principal de su decisión señala que conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre periodos personales de los
alcaldes que se profirió antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo
No. 02 de 2002, el periodo del actor resulta típico ya que no de cualquier
manera podía llegarse a un periodo personal que obedecía al presupuesto
esencial consistente en que al momento de realizarse la elección popular ya se
hubiere presentado la vacancia absoluta del cargo, evento este que lleva a que
la elección debe convocarse para el periodo de tres años que se inicia a partir
de la fecha de la posesión, lo cual no sucedió en este caso.
Decisión que fue apelada correspondiendo su
conocimiento a la Sección Quinta del Consejo de Estado quien resolvió en
sentencia de 16 de marzo de 2006, revocar la decisión impugnada para declarar
la nulidad del acto administrativo de la Comisión Escrutadora Municipal de San
José de Cúcuta, que declaró elegido al actor como alcalde para el periodo 1 de
enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. En su lugar, estableció que el
periodo es el comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y la mitad del
tiempo que hace falta para llegar al 31 de diciembre de 2007, es decir, entre
el 27 de noviembre de 2003 y el 13 de diciembre de 2005.
Como fundamento de la decisión impugnada vía acción
de tutela se señala que conforme al análisis y estudio realizado de las
sentencias de constitucionalidad C-011 de 1994, C-586 de 1995 y C-448 de 1997,
sobre periodos personales de los alcaldes, se presenta atipicidad del periodo
de alcalde del actor por cuanto al ser personal según la jurisprudencia constitucional
reseñada antes del Acto Legislativo No. 02 de 2002, el periodo del señor Gelves
Albarracín terminó en la fecha en que se le aceptó la renuncia (14 de noviembre
de 2000, o sea, un mes y medio antes de la fecha de terminación del periodo el
31 de diciembre de 2000) y el periodo del sucesor Mora Jaramillo, quien había
sido elegido el 29 de octubre de 2000 (periodo 2001 a 2003), inició el 27 de
noviembre de 2000 a instancias del gobernador (un mes y tres días antes), fecha
en que tomó posesión del cargo lo cual debía ocurrir atendiendo las sentencias
de la Corte Constitucional inmediatamente culminara el periodo del antecesor
por vacancia absoluta. Por ende, el periodo del actor (elegido para el periodo
2004-2007, quien inició el 1 de enero de 2004) ya era atípico por lo que ha
debido iniciarse el 27 de noviembre de 2003 y culminar el 13 de diciembre de
2005. Siendo entonces atípico el periodo del actor, prosperó el cargo por
violación del inciso 1 del artículo 7 del Acto Legislativo No. 02 de 2002.
Seguidamente el
accionante interpuso acción de tutela contra la decisión del Consejo de Estado,
la cual fue rechazada de plano por la Sección Primera del Consejo de Estado en
auto del 7 de abril de 2006. Agrega que inmediatamente renunció a los términos presentó
recurso de súplica que hasta el 27 de abril vino a ser objeto de traslado sin
que se sepa a quién ya que no se encontraba trabada la litis, razón por
la cual procedió a retirar la acción de tutela para presentarla nuevamente ante
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Considera así el
actor que su periodo es típico porque su antecesor Mora Jaramillo fue elegido
el 29 de octubre de 2000, para un periodo regular del 1 de enero de 2001 al 31
de diciembre de 2003, fecha de elección para la cual no había renunciado el
predecesor Gelvez Albarracín, por lo que no existía vacancia del cargo antes de
convocar las elecciones que resulta indispensable para que se produzca la
atipicidad del periodo. Aduce que al posesionarse el señor Mora Jaramillo con
antelación al periodo instituido, es decir, un mes y tres días antes del
periodo para el cual fue elegido, por la renuncia presentada el 14 de noviembre
de 2000 de quien le antecedió, no genera la atipicidad del periodo sino que se
ejerció como “funcionario de hecho” entre el 27 de noviembre y el 31 de
diciembre de 2000.
Concluye que con
la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado se incurrió en una vía
de hecho por la indebida aplicación de una norma constitucional, concretamente
el inciso 1 del artículo 7 del Acto Legislativo No. 02 de 2002. Recalca que
dicha disposición referente a la iniciación de periodos entre la vigencia del
Acto Legislativo que fue el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003 no
resulta aplicable al señor Mora Jaramillo, ya que fue elegido el 29 de octubre
de 2000, para el periodo 2001-2003, sin que para dicha fecha existiera una
vacancia en el cargo por cuanto el Alcalde era Gelvez Albarracín elegido para
el periodo 1998-2000.
En cambio,
considera que el inciso 2 del artículo 7 del Acto Legislativo mencionado
(alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre de 2000 y antes de la
vigencia del Acto Legislativo -6 de agosto de 2002-), resulta aplicable en el
presente caso ya que el señor Mora Jaramillo fue elegido el 29 de octubre de
2000, para un periodo de 3 años, contados a partir del 1 de enero de 2001 hasta
el 31 de diciembre de 2003. Por esta razón, manifiesta que el periodo del actor
va hasta el 31 de diciembre de 2007, como fue contemplado en la credencial
electoral y se indicó por el señor Gerson Paris, miembro de la Comisión
Escrutadora del municipio de Cúcuta.
Recalca que el
señor Mora Jaramillo al posesionarse el 27 de noviembre de 2000, o sea, con
antelación a la fecha prevista para iniciar su periodo 2001-2003, atendiendo la
petición del Gobernador, implica que asumió ilegalmente el cargo por un mes y
tres días, lo cual no afecta el periodo regular de 3 años para el cual fue
elegido, por cuanto simplemente ejerció como funcionario de hecho, lo que
tampoco hace atípico su periodo. Indica que conforme al artículo 3 del Acto
Legislativo No. 02 de 2002, en el evento de una vacancia en el cargo inferior a
18 meses, se debe designar Alcalde encargado, que es lo que ha debido suceder
en este caso, por cuanto faltaba a penas un mes y tres días para la terminación
del periodo.
Como soporte de
sus afirmaciones trae a colación un concepto de fecha 8 de marzo de 2004, de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a petición del
Ministro del Interior y de Justicia sobre el periodo y fecha de posesión de
algunos alcaldes elegidos el 26 de octubre de 2003 y concretamente del Alcalde
de Cúcuta.
Además,
considera que se viola el derecho a la igualdad en las decisiones judiciales
(art. 13 de la Constitución), por cuanto dicha Sección del Consejo de Estado se
había pronunciado en casos similares al suyo como sucedió en las decisiones de
los alcaldes de Palmira y Ocaña, en los cuales denegó las pretensiones de
declaratoria de atipicidad de los periodos, bajo el argumento de que tales
elecciones se cumplieron cuando aún no había vacancia del cargo, como sucede en
su caso, razón por la cual no se configura la atipicidad. Recuerda que el
Consejo de Estado puede variar sus decisiones frente a circunstancias
similares, pero dicho cambio implica para el juzgador el explicar las razones
que fundamentan la modificación de su criterio.
Añade que
también resultó vulnerado el derecho de acceso a la administración de justicia
al haber sido rechazada de plano la acción de tutela por la Sección Primera del
Consejo de Estado.
Finalmente,
señala que de esta manera se origina un perjuicio grave e irremediable que no
es susceptible de protección por otro medio de defensa, además, de conculcar la
voluntad popular. Solicita dejar sin efecto la sentencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado y en su lugar se profiera la decisión que en derecho
corresponda. Como medida cautelar solicita al Juez de tutela la aplicación de
medidas provisionales para proteger sus derechos, a través de la suspensión de
la ejecución de la sentencia con la finalidad de que no se le destituya del
cargo.
2. Documentación
anexa a la presente acción.
A continuación
se relaciona el material probatorio que se acompaña con la presente acción de
tutela:
·
Poder especial para
presentar acción de tutela otorgado por el actor al doctor Jaime Enrique
Granados Peña. Folios 21 y 22 del cuaderno principal.
·
Copia de la credencial electoral expedida al
señor Ramiro Suárez Corzo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde
los Miembros de la Comisión Escrutadora Municipal declaran que fue elegido
alcalde en la ciudad de Cúcuta, para el periodo 2004 a 2007, por el partido o
movimiento político Colombia Viva, que fue expedida el 14 de noviembre de 2003.
Folio 24 del cuaderno principal.
·
Copia del oficio No. 893 de 5 de diciembre de
2003, de la Notaría Primera del Círculo de Cúcuta, en el cual informa respecto
a la solicitud de posesión elevada por el actor el 5 de diciembre de 2003, que
la diligencia de posesión sólo podrá realizarse hasta el 1 de enero de 2004,
conforme a la credencial electoral que fija el periodo 2004-2007, el cual es un
acto administrativo. Folios 26 a 28 del cuaderno principal.
·
Copia de una constancia expedida por la Notaría
Primera del Círculo de Cúcuta, el 12 de diciembre de 2003, en la cual se señala
que el 12 de diciembre de 2003, el señor Ramiro Suarez Corzo se hizo presente
en calidad de Alcalde electo de Cúcuta para el periodo 2004 a 2007, con la
finalidad de posesionarse, frente a lo cual el notario asumiendo la posición
planteada en concepto jurídico emitido por oficio No. 893 de 5 de diciembre de
2003, se abstuvo de darle posesión como Alcalde municipal de San José de
Cúcuta. Folio 29 del cuaderno principal.
·
Copia de una constancia suscrita por el Juez
Primero Civil Municipal de Cúcuta, el 12 de diciembre de 2003, donde se expresa
que el señor Ramiro Suárez Corzo manifestó su deseo de posesionarse como
Alcalde electo para la ciudad de Cúcuta, no obstante el despacho una vez
observada la credencial electoral que estipula el periodo 2004-2007, consideró
que no era procedente posesionarlo por el momento por no estar conforme a la
fecha puesta de presente. Folio 30 del cuaderno principal.
·
Copia del auto proferido por el Juez Primero
Civil Municipal de Cúcuta, calendado 5 de diciembre de 2003, el cual señala que
atendiendo lo certificado por los Miembros de la Comisión Escrutadora
Municipal, el señor Ramiro Suárez Corzo fue elegido alcalde para el periodo 2004-2007,
por lo que no puede darle posesión hasta el mes de enero de 2004.
·
Copia del oficio No. 02036 de 9 de diciembre de
2003, del Juzgado 4 Civil del Circuito de Cúcuta, mediante el cual se informa
al señor Ramiro Suárez Corzo que la posesión  debe realizarse el 1 de enero de
2004. Folio 32 del cuaderno principal.
·
Copia del auto proferido por el Juzgado 4 Civil
del Circuito de Cúcuta, de fecha 9 de diciembre de 2003, el cual indica al
señor Ramiro Suárez Corzo, que esta no es la fecha para posesionarse atendiendo
el certificado expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que
determina como periodo el comprendido entre el 2004 a 2007, por lo que la
posesión debe realizarse el 1 de enero de 2004. Folio 33 del cuaderno
principal.
·
Copia del oficio dirigido al señor Ramiro Suárez
Corzo, firmado por el Juez Primero Civil del Circuito de Cúcuta, en el cual
informa que atendiendo el escrito de 5 de diciembre de 2003, de la credencial
electoral expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil se observa
que fue elegido para el periodo 2004-2007, razón por la cual podrá posesionarlo
el día 1 de enero de 2004. Folio 34 del cuaderno principal.
·
Copia de la sentencia de tutela del 19 de diciembre
de 2003, proferida por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Cúcuta, que declara
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ramiro Suárez Corzo en
contra del Juzgado 1 Civil Municipal de Cúcuta y la Notaría Primera del Circulo
de Cúcuta, por la negativa a posesionarlo como Alcalde electo de dicha
municipalidad. Como fundamento de dicha decisión se señaló que existe un acto
administrativo vigente que goza de la presunción de legalidad como lo es la
credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
donde se determina como periodo el comprendido entre el 2004 a 2007. Folios 35
a 39 del cuaderno principal.
·
Copia del fallo proferido el 10 de noviembre de
2004, por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, que
declara la exequibilidad del Decreto No. 0431 de 17 de diciembre de 2003 “Por
medio del cual se efectúan unos traslados en el decreto de liquidación del
presupuesto general de gastos del municipio de San José de Cúcuta”,
expedido por el Alcalde de dicha municipalidad. En dicha decisión se concluye
que el señor Manuel Guillermo Mora Jaramillo podía ejercer válidamente el cargo
de alcalde entre el 27 de noviembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2003, por
lo que no resulta procedente el cuestionamiento de incompetencia que hace el
Gobernador (E.) acerca de los actos expedidos o sancionados durante dicho
periodo. Folios 41 a 53 del cuaderno principal.
·
Copia de la sentencia de 16 de marzo de 2006,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de fecha 16 de marzo de
2006, proceso número 54001233100020030138601, radicado interno 3855,
demandantes Procuraduría General de la Nación y otros, asunto de nulidad
electoral, que decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de 8 de junio de 2005[1], proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que denegó las pretensiones de
las demandas de los procesos acumulados Nos. 200301386, 20040004 y 20040159.
Esta sentencia dispuso: “REVÓCASE la sentencia apelada y en su lugar se
declara la nulidad del acto administrativo proferido por la Comisión
Escrutadora Municipal de San José de Cúcuta el 14 de noviembre de 2003,
mediante el cual declaró elegido a Ramiro Suárez Corzo como Alcalde de ese
Municipio, en cuanto dispuso que el periodo que le correspondía era de cuatro
años comprendido entre el 1° de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, y
se establece que dicho periodo es el comprendido entre el 27 de noviembre de
2003 y la mitad del tiempo que hace falta para llegar al 31 de diciembre de
2007, vale decir, su periodo es el comprendido entre el 27 de noviembre de 2003
y el 13 de diciembre de 2005”.  Folio 55 a 92 del cuaderno principal.
·
Copia del oficio dirigido al Consejo de Estado
por medio del cual se solicita el retiro de la acción de tutela 0276-2006
promovida por el señor Ramiro Suárez Corzo en contra del Consejo de Estado,
bajo el argumento “que no encuentra garantía alguna y en especial la del
debido proceso, ni la del derecho al acceso a la administración de justicia en
esta Alta Corporación y haya decidido ordenar que se retire la acción, con el
fin de promoverla ante otro Despacho Judicial que pueda ofrecer la garantía
buscada”. Folio 94 del cuaderno principal.
·
Copia de una comunicación del 7 de noviembre de
2003, suscrita por el señor Gerson Paris, Miembro de la Comisión Escrutadora
del municipio de Cúcuta, dirigida al señor Ramiro Suárez Corzo, donde informa
que “Analizando la inscripción de los candidatos que se inscribieron para
aspirar a la alcaldía de Cúcuta, observo, que lo hicieron para el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. Además,
los tarjetones que mandó imprimir la Registraduría Nacional del Estado Civil
concretamente expresan que la elección será para el periodo comprendido entre
el 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. Teniendo como fundamento la
inscripción y los tarjetones, fácilmente puedo concluir que el acto
administrativo que declare electo al candidato ganador de acuerdo con los
escrutinios, debe establecer necesariamente que es para el periodo comprendido
entre el 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, pues de no ser así la
Registraduría Nacional del Estado Civil no hubiese aceptado las inscripciones y
no hubiese mandado a imprimir los tarjetones como quedaron, pues de lo
contrario considero que sería una burla al electorado, habida cuenta que no se
le puede convocar para que elija para un periodo y luego se le cambie la fecha
del periodo y se expida un acto administrativo de elección para un periodo
distinto al que fue convocado”. Folio 96 del cuaderno principal.
·
Copia del concepto de 8 de marzo de 2004, de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, atendiendo petición
elevada por el señor Ministro del Interior y de Justicia sobre el periodo y
fecha de posesión de algunos alcaldes elegidos el 26 de octubre del 2003, en
cuyos municipios los titulares del cargo venían desempeñando periodos atípicos
por haberse presentado falta absoluta de anteriores mandatarios, exponiendo el
caso del Alcalde de Cúcuta. Al efecto, se responde que “El periodo del
Alcalde de Cúcuta, elegido el 29 de octubre de 2000, lo determinó la
realización de las elecciones para el periodo comprendido entre el 1 de enero
del 2001 y el 31 de diciembre del 2003 y por la declaratoria de elección por la
Comisión Escrutadora…Los alcaldes elegidos el 26 de octubre del 2003, lo fueron
para el tiempo comprendido entre el 1 de enero del 2004 y el 31 de diciembre
del 2007, que sigue al vencimiento de los periodos de los mandatarios elegidos
para el lapso 2001 a 2003…Los gobernadores tenían competencia para designar
alcaldes encargados, con carácter transitorio, por el lapso que falte para la
iniciación del periodo 2004-2007, para el cual fueron elegidos los nuevos
mandatarios”. Folios 98 a 111 del cuaderno principal.
3. Trámite
Procesal.
La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante
auto de 4 de mayo de 2006, inadmitió la acción de tutela, para que el actor
allegara copia de la providencia a través de la cual el Consejo de Estado la
rechazó. Al efecto, el peticionario procedió a acompañar copia de la
providencia calendada 7 de abril de 2006, en la cual la Sección Primera del Consejo
de Estado rechazó por falta de jurisdicción la solicitud de amparo formulada
por el señor Ramiro Suárez Corzo en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado. Por ende, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, en auto de 10 de mayo de 2006, avocó el
conocimiento de la acción de tutela, reconoció al apoderado judicial del actor
e informó sobre dicho proveído a los Consejeros de Estado como accionados y a
los Magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, jueces 4
Civil del Circuito y 1 Civil Municipal de Cúcuta y Notaría Primera del Círculo
de Cúcuta como terceros interesados.
En providencia del 11 de
mayo de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura, resolvió negar la medida provisional de que trata el artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991. En dicha decisión se señala que la sentencia proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado goza de la doble presunción de
acierto y legalidad, ya que fue dictada por la autoridad competente y producto
del agotamiento de todas las etapas procesales a las cuales tuvo acceso el
actor.  Agrega dicha providencia: “Si aquella sentencia no es el resultado
del ejercicio arbitrario de las facultades jurisdiccionales, vale decir, de
vías de hecho, será asunto que podemos resolver solo en el fallo de la presente
acción, pues dicho tópico representa la esencia de la controversia planteada
por el accionante y por tanto no podríamos entrar a decidir ex ante, cuando las
partes hasta ahora están llegando al conocimiento de las acusaciones”. Esta
decisión fue informada a las partes e interesados.
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.
1. Decisión
de primera instancia.
La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, mediante sentencia del 23 de mayo de 2006, resolvió negar la
acción de tutela.
Luego de señalar
que la parte accionada no dio respuesta a la acción de tutela, empieza por
indicar que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer de
la acción de tutela según los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000. Recuerda que por auto de fecha 17 de
febrero de 2004, la Corte Constitucional autorizó a todos los ciudadanos a
recurrir ante cualquier juez para reclamar mediante tutela la protección de sus
derechos fundamentales en los eventos que la Corte Suprema de Justicia se
niegue a dar trámite de la acción contra sus providencias judiciales. En este evento
se presenta la situación descrita por la Corte Constitucional ante la negativa
del Consejo de Estado para conocer de fondo del asunto planteado, por lo que el
actor tuvo que acudir a esta instancia judicial.
Al abordar el
asunto concreto señala que la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado realizó un estudio jurídico y procedimental acucioso para
tomar cada una de las decisiones en el desarrollo del proceso. Manifiesta que
después de la argumentación y amplia motivación la sentencia del Consejo de
Estado no constituye una vía de hecho, pues, la decisión se adoptó “con
fundamento legal acertado y en ejercicio de la jurisdicción administrativa la
cual goza de autonomía funcional, luego cabría decir que se descarta la
arbitrariedad y el capricho que requiere para que se pueda iniciar la acción
constitucional. Además, no le corresponde al juez constitucional valorar la
posición jurídica que haga el juez ordinario, …y por más que no lo
compartiésemos, no por ello puede calificarse como vías de hecho, pues se
trataría, como en este caso, de otra vía jurídica que descarta la arbitrariedad
y el capricho que se exige para conceder la protección constitucional”.
2. Impugnación.
Luego de proferido el fallo
de primera instancia e informado de dicha determinación a la parte accionada e
interesados, la parte actora impugna dicha decisión manifestando que
oportunamente ampliara su escrito.
Expone que el juez de
primera instancia en tutela negó las pretensiones bajo el argumento equivocado
de la existencia de una extensa motivación por el Consejo de Estado. Considera
que de acogerse dicha interpretación conduciría a vaciar el contenido del
núcleo esencial del mecanismo protector de los derechos fundamentales ya que
bastaría al juez “llenar páginas sin importar el contenido, el peso y la
razón de la motivación, para que de esta manera no fuera posible que prosperase
una tutela. La decisión objeto de esta impugnación, yerra de manera grave al
desconocer que la tutela contra providencias judiciales no se inmuniza por
meras apariencias formales de adecuada sustentación, sino que se requiere de un
ejercicio de análisis del fondo de la controversia para visualizar si
efectivamente el juez cuya decisión se controvierte en sede de tutela actuó en
franca vía de hecho, al lesionar los derechos fundamentales a la igualdad, el
debido proceso y al ejercicio de los derechos políticos, entre otros, …”.
Subsiguientemente, la parte
actora presenta un nuevo escrito que amplía la sustentación de la impugnación.
En dicho documento en primer lugar reitera los planteamientos contenidos en la
acción de tutela para recalcar que su periodo es típico, que el Consejo de
Estado varió su posición sin motivación válida y que se desconoció el concepto
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
A continuación, refiere que
el fallo de tutela del Consejo Seccional de la Judicatura no estudió las
razones por las cuales el Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal
Contencioso Administrativo, ni tampoco estudió los motivos por los cuales el
Consejo de Estado varió sin explicaciones su reiterada posición
jurisprudencial. Agrega que “La ilegalidad y la evidente arbitrariedad se
deriva de que la decisión tiene fundamento exclusivo en el capricho o la sola
voluntad de los magistrados, pues no existe una motivación lógica y ajustada a
derecho, todo lo contrario, se les da una aplicación errónea y se llega a una
solución que no consulta los hechos, y que sin ninguna explicación va en
contravía de una posición jurisprudencial sentada por la misma corporación la
cual ha sido contraria en casos similares y adicionalmente, declara sin
explicación razonable alguna que el periodo del alcalde de Cúcuta es atípico,
cuando la propia corporación a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil
señaló totalmente lo contrario como consecuencia de una consulta específica
elevada por el Ministro del Interior”.
Concluye que el periodo del
actor es típico y regular al igual que su antecesor que resultó elegido para un
periodo típico cuando no existía una vacancia en el cargo de Alcalde. Afirma
que la vacancia surgió ulteriormente a su elección “y fue con posterioridad
a ella que el señor MORA JARAMILLO se posesionó irregularmente del cargo,
circunstancia que definitivamente no afectó el periodo de tres años para el
cual fue elegido (y que efectivamente desempeñó), ni vuelve atípico el periodo
de su sucesor. Adicionalmente, …el Consejo de Estado, en una decisión por
hechos similares relacionados con los alcaldes de Ocaña y Palmira, señaló que
la atipicidad del periodo no se configura si se presenta una vacancia del cargo
con posterioridad a las elecciones del alcalde, pues esto es un hecho
sobreviniente que no puede prever ni el Estado, ni la comunidad, ni el alcalde
elegido…El fallo del Consejo de Estado desconoció los hechos, y profirió una
decisión …que adicionalmente conculca los derechos fundamentales…como los del
elector, pues fueron más de ciento veintisiete mil personas quienes eligieron
al señor RAMIRO SUAREZ CORZO como Alcalde de la ciudad de Cúcuta”.
En providencia del 30 de
mayo de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura concedió la impugnación, la cual fue comunicada a las partes e
interesados.
3. Decisión de segunda
instancia.
La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en auto del 15 de junio de
2006, solicitó i) a la Secretaría de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, copia de los salvamentos de voto
suscritos por los Consejeros, doctores Filemón Jiménez Ochoa y Darío Quiñones
Pinilla, respecto al fallo de 16 de marzo de 2006, y ii) a la doctora Maricel
Sarmiento Torres, Procuradora Regional de Norte de Santander, certificación
sobre si la demanda de nulidad electoral que presentó contra el acto de
elección del actor, lo hizo en condición de Procuradora Regional o en virtud de
poder dado por el Procurador General de la Nación. Solicitud que se hizo
igualmente al Profesional Universitario Grado 17 de la Procuraduría General de
la Nación, doctor Glicerio Godoy Giral. Y a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, enviando copia de lo pertinente.
El Secretario de la Sección
Quinta del Consejo de Estado procedió a remitir copias de los salvamentos de
voto solicitados, es decir, de los Consejeros Darío Quiñones Pinilla (folios 13
a 21 del cuaderno No. 2) y Filemón Jiménez Ochoa (folios 22 a 28 del cuaderno
No. 2). También reposa comunicación de 16 de junio de 2006, de la Procuraduría Regional
de Norte de Santander en la cual informa que se constató que la demanda de
nulidad electoral no fue presentada por dicho Despacho y que el doctor Glicerio
Godoy Giral, Profesional Universitario Grado 17, adscrito a la Procuraduría,
fue quien presentó la demanda. Igualmente, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander manifiesta en comunicación del 16 de junio de 2006, que el
expediente 2003-1386, fue enviado al Consejo de Estado para surtir la
apelación. Así mismo, el Profesional Universitario de la Procuraduría Regional
de Norte de Santander doctor Glicerio Godoy Giral manifiesta en oficio de 20 de
junio de 2006, que la demanda que presentó lo hizo en condición de Profesional
Universitario Grado 17, de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio
de la acción pública de nulidad (reposa copia de la demanda presentada).
Además, reposa auto de 22
de junio de 2006, proferido por la doctora María Nohemí Hernández Pinzón,
Consejera de Estado, a través de la cual dispone que se certifique “1) Que
contra el acto que declaró elegido al señor Ramiro Suárez Corzo como Alcalde de
Cúcuta para el periodo 2004-2007, fueron presentadas ante el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander cuatro (4) demandas, que fueron acumuladas
en el momento procesal pertinente de la primera instancia. 2) Que de esas
demandas, dos (2) fueron instauradas por funcionarios de la Procuraduría
General de la Nación, invocando tal calidad, así: 2.1) Una, por el señor
Glicerio Godoy Giral, en calidad de profesional universitario grado 17 de la
Procuraduría General de la Nación, presentada el 27 de noviembre de 2003 a la
Oficina Judicial de Cúcuta con destino al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander…y radicada con el número 2003-1386. 2.2) Otra, por la señora Maricel Sarmiento
Torres, en calidad de Procuradora Regional de Norte de Santander, presentada el
13 de enero de 2004 a la Oficina Judicial de Cúcuta con destino al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander… y radicada con el No. 2004-0004.”.
La Secretaría de la Sección
Quinta del Consejo de Estado en oficio de 30 de junio de 2006, acompaña copias
de las demandas presentadas por los señores Glicerio Godoy Giral y Maricel
Sarmiento Torres, dentro del proceso electoral que nos ocupa.
De igual modo, obra
impedimento presentado por el doctor Eduardo Campo Soto, Magistrado de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, respecto a
la acción de tutela presentada, la cual fue resuelta en providencia del 12 de
julio de 2006, que dispuso no aceptarlo y remitir dicho asunto a ese Despacho
para los fines legales pertinentes. Esta decisión fue informada a las partes e
interesados.
En auto de 24 de julio de
2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura dispuso solicitar a la Secretaría del Consejo de Estado una
constancia sobre las acciones de tutela presentadas contra la sentencia de 16
de marzo de 2006, de la Sección Quinta del Consejo de Estado. El mismo día fue
suministrada la información por la Secretaría General de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, acompañando copias de los
fallos proferidos en las acciones de tutela. El 25 de julio de 2006, la
Secretaría General del Consejo de Estado informa el estado actual de los
procesos, dando alcance a su anterior comunicación.
La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia del 2 de
agosto de 2006, decidió revocar el fallo proferido el 23 de mayo de 2006, por
el Consejo Seccional de la Judicatura, que había negado la tutela. En su lugar,
concedió la tutela de los derechos al debido proceso y la igualdad, dejando sin
efectos la sentencia del 16 de marzo de 2006, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y ejecutoriado el fallo del 8 de junio de 2005, proferido
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
En cuanto a la competencia
recuerda dicho Consejo Superior de la Judicatura que el Decreto 1382 de 2000,
resulta inaplicable atendiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en auto
del 3 de febrero de 2004, que frente al caso habrá de aplicarse al haberse
rechazado la acción de tutela en la Sección Primera del Consejo de Estado “por
una supuesta falta de jurisdicción derivada de la concepción de que contra
sentencias de las máximas corporaciones de justicia no cabe la acción de
tutela”, lo cual desconoce lo dispuesto por la Corte Constitucional como
máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, además de dejar sin definición
el asunto.
Respecto a la procedencia
de la acción de tutela se indica que contra la decisión de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado no existe ninguna otra acción o recurso
judicial.
A continuación, el Consejo
Superior de la Judicatura refiere al desarrollo constitucional de los periodos
de los alcaldes, para lo cual trae a colación un precedente de dicha Sala del
14 de septiembre de 2005, radicado 200502454 1, con ponencia del doctor
Temístocles Ortega Narváez, de la cual puede extraerse principalmente lo
siguiente: “Quiere significar lo anterior que en ningún caso los periodos
institucionales de 4 años se aplican a los gobernantes con periodos atípicos,
pues quienes en tales condiciones fueron elegidos hasta el 6 de agosto de 2002,
cuentan con un periodo de 3 años y sus sucesores por el resto del término hasta
el 31 de diciembre de 2007; al paso que para los elegidos entre el 7 de agosto
de 2002 y el 31 de diciembre de 2003 cuentan con periodos de menos de 3 años,
habida cuenta que entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 hay
4 años, 4 meses y 23 días y los alcaldes elegidos en el entretanto a lo sumo
pueden gobernar la mitad del periodo. En el mismo sentido se pronunció la
Sección Quinta del Consejo de Estado en su fallo del 19 de agosto de 2004,
dentro del expediente 3386…”.
Arguye el ad quem que
la misma Sección Quinta del Consejo de Estado, pese a tratarse de hechos
similares a los examinados, se ha pronunciado de manera contraria como lo fue
en los casos de los alcaldes de Palmira y Ocaña, decisiones “que respaldan
la negativa a declarar la nulidad parcial de los actos administrativos
contenidas en los formularios E-26 AG, proferidos por las comisiones
escrutadoras de dichos municipios que determinaron periodos de cuatro años
(2004-2007) para los alcaldes demandados, por considerar que no pueden
entenderse constitutivos de periodos atípicos las vacancias absolutas
producidas con posterioridad a la convocatoria de elecciones generales, según
se presentó en los casos mencionados”. Así advierte el juez de tutela una
evidente disparidad de criterios para resolver similares hipótesis fácticas por
parte de los mismos jueces, concluyendo que“es claro para la Sala que la
decisión de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado del 16 de marzo de 2006, atacada por vía de tutela, vulneró
el derecho fundamental a la igualdad de RAMIRO SUAREZ CORZO al resolver en
forma distinta la acción de nulidad electoral interpuesta contra él, con
relación a las acciones de nulidad electoral formuladas contra los alcaldes de
Palmira y Ocaña antes citadas, no obstante tratarse de hipótesis fácticas
iguales”.
De igual modo, considera el
juez de segunda instancia en tutela que los planteamientos con los que
pretendió sustentar su determinación la Sección Quinta del Consejo de Estado,
contravienen el ordenamiento constitucional y legal incurriendo en una “vía
de hecho por grave defecto sustantivo al aplicar al asunto sometido a su
consideración el contenido del artículo 7 transitorio del Acto Legislativo número
02 de 2002, cuando dicha norma no era aplicable al caso del Alcalde RAMIRO
SUAREZ CORZO, por cuanto éste no fue elegido para ejercer un periodo atípico,
toda vez que así se desprende de la convocatoria de las elecciones a la
Alcaldía de Cúcuta para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el
31 de diciembre de 2007; de la fecha de la elección suya (26 de octubre de 2003
elecciones generales); y de la fecha de su posesión como Alcalde de Cúcuta el 1
de enero de 2004”.
Agrega la
decisión que dicha situación no se desvirtúa por el hecho que el señor Mora
Jaramillo, antecesor del actor y elegido para el periodo típico 2001-2003,
hubiera asumido “de facto la alcaldía el 27 de noviembre de 2000, por
renuncia de su antecesor, JOSE ANTONIO GELVEZ ALBARRACIN, pues finalmente el
periodo para el cual fue elegido popularmente MORA JARAMILLO venció el 31 de
diciembre de 2003 y hasta esa fecha ocupó el cargo”.  Aduce que finalmente
todos fueron elegidos en las elecciones generales y la renuncia del primero se
presentó con posterioridad a la elección general por lo que tanto el periodo de
Mora Jaramillo como el de su sucesor Suárez Corzo deben considerarse típicos y
no personales, ya que finalmente éste fue elegido popularmente en las
elecciones generales del 26 de octubre de 2003, para el periodo típico del 1 de
enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007.
Recalca que la
decisión que adopta no se contrapone a la hermenéutica de la Corte
Constitucional imperante en su momento porque “si bien la Corte tenía por
sentado que en todos los casos de vacancia absoluta de los alcaldes se imponía
la elección popular –algo obvio dentro de la lógica y la dinámica de la
soberanía popular- ello no puede considerarse óbice para que en casos de
vacancia absoluta que sobrevengan con posterioridad a las elecciones generales
convocadas para periodos típicos y antes de la finalización del periodo típico
respectivo, estas pudieran suplirse con designaciones en interinidad a fin de
evitar precisamente la modificación innecesaria de estos periodos, conclusión
esta que sin duda se aviene justamente al querer del Constituyente derivado
plasmado en el Acto Legislativo Número 02 de 2002, en orden a evitar la
proliferación de periodos personales, conforme se expresión en la exposición de
motivos del citado Acto Legislativo”.
Además, se
recuerda que en opinión de la Corte Constitucional las decisiones de los jueces
también deben satisfacer la lógica de lo razonable por lo que las
interpretaciones que realiza cualquier operador jurídico no pueden conducir a
consecuencias absurdas, lo cual se aviene también a la protección de los
derechos a la igualdad, debido proceso y ser elegido. Así mismo, indica que era
tan claro que el periodo del actor era típico que no sólo la Comisión Escrutadora
Municipal de San José de Cúcuta expidió la credencial para el periodo
2004-2007, sino que igualmente ninguna de las autoridades encargadas de su
posesión permitió que asumiera el cargo de Alcalde antes del 1 de enero de
2004. Ello incluso a pesar de la presentación de una acción de tutela.
Finalmente, se
manifiesta que si lo que quiso la Sección Quinta del Consejo de Estado era
variar su propia jurisprudencia “ha debido plasmar esa voluntad, exponiendo
con claridad las razones que la llevaban a ello de cara a los precedentes
establecidos en los ya comentados casos de las alcaldías de Palmira y Ocaña”.
Sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, que tuvo dos (2) salvamentos y una aclaración de voto.
III. INSISTENCIA
Y SELECCIÓN DE LOS FALLOS DE TUTELA PARA REVISIÓN.
El Magistrado,
doctor Humberto Antonio Sierra Porto, a través de comunicación de fecha 17 de
octubre de 2006, en ejercicio de la facultad de insistencia solicitó a la Sala
de Selección de Tutela la revisión del presente asunto a efectos de precisar el
alcance de la figura de los periodos atípicos y resolver la discrepancia entre
la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala de
Selección de Tutela No. 10 de la Corte Constitucional, en auto de fecha 26 de
octubre del 2006, dispuso seleccionar los fallos de tutela que se estudian y
repartirlo a este Despacho para su decisión por la Sala Novena de Revisión.
IV.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos
mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241
numeral 9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.
El actor, señor
Ramiro Suárez Corzo, fue elegido Alcalde de Cúcuta, en las elecciones
territoriales generales celebradas el día 26 de octubre de 2003, para el
periodo típico comprendido entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de
2007, según consta en la credencial electoral, por lo cual se posesionó el 1 de
enero de 2004.
Sin embargo, su
elección fue demandada en acción de nulidad electoral bajo el argumento que su
periodo de gobierno ha debido iniciarse el 27 de noviembre de 2003 (un mes y
tres días antes), ya que su antecesor, señor Mora Jaramillo, elegido Alcalde en
las elecciones generales del día 29 de octubre de 2000, para un periodo típico
del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, se posesionó a instancias
del Gobernador con antelación a la iniciación de su periodo, como lo fue el día
27 de noviembre de 2000. Dicha posesión con antelación se motivó en la renuncia
que le fue aceptada al anterior Alcalde, señor Gelvez Albarracín, el día 14 de
noviembre de 2000 (un mes y medio antes del vencimiento de su periodo típico el
31 de diciembre de 2000), que resulta ser posterior a las elecciones
territoriales generales del día 29 de octubre de 2000.
El Tribunal
Contencioso Administrativo de Norte de Santander negó las súplicas de la
demanda. Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del
16 de marzo de 2006, revocó la decisión de dicho Tribunal declarando la nulidad
del acto administrativo de la Comisión Escrutadora Municipal de San José de
Cúcuta, que había declarado elegido al actor como Alcalde para el periodo 1 de
enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, y en su lugar estableció que el periodo
correspondía entre el 27 de noviembre de 2003 y el 13 de diciembre de 2005.
Considera así el
accionante que se incurrió en una vía de hecho por dos aspectos: i) indebida
aplicación de una norma constitucional, es decir, del inciso 1 del artículo 7 del
Acto Legislativo No. 02 de 2002,  al considerar que su caso no se subsume
dentro de los parámetros de la citada disposición y por ii) violación del
derecho a la igualdad en las decisiones judiciales (art. 13 de la Constitución)
al desconocer dos (2) precedentes de la misma Sección como fueron los casos de
los alcaldes de Palmira y Ocaña. Al igual señala la existencia de un perjuicio
irremediable y la vulneración de la voluntad popular de quienes lo eligieron
para un periodo típico determinado.
El actor oportunamente
presentó acción de tutela contra la sentencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado la cual le correspondió conocer a la Sección Primera de dicha
Corporación, que en auto del 7 de abril de 2006, la rechazó por falta de
jurisdicción, lo que motivó al retiro de la acción y su nueva presentación ante
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca.
Dicho Consejo
Seccional resolvió negar la acción de tutela sin realizar un mayor análisis de
fondo del asunto, decisión que una vez impugnada fue revocada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que dispuso
conceder la tutela de los derechos al debido proceso y la igualdad, dejando sin
efectos la sentencia del 16 de marzo de 2006, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y ejecutoriado el fallo del 8 de junio de 2005, proferido
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que había negado las
súplicas de la demanda.
Conforme a lo
anterior, la Sala de Revisión considera necesario previamente referirse (i) a
la doctrina constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales, concretamente cuando presentan un
defecto sustancial o vulneran el derecho a la igualdad por desconocimiento del
precedente horizontal; (ii) a la competencia de los consejos Seccional y
Superior de la Judicatura para conocer de la presente acción; y, (iii) a la
existencia e idoneidad de otro medio de defensa judicial a fin de establecer la
procedencia de la presente acción de tutela.
En el evento que
la Sala de Revisión considere procedente la acción de tutela deberá entrar a
resolver si la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió o no en uno o
varios defectos que conllevan la vulneración de la Constitución y por ende
viable la tutela solicitada. Para este efecto, de un lado habrá de determinar
si el Consejo de Estado vulneró la cosa juzgada constitucional respecto de las
sentencias de constitucionalidad proferidas por esta Corporación, C-011 de
1994, C-586 de 1995 y C-448 de 1997; y, si además vulneró el derecho a la
igualdad en las decisiones judiciales al no exponer razones suficientes y
justificadas para apartarse de sus propios precedentes casos de Palmira y
Ocaña.
Procederá,
entonces, la Sala a desarrollar el temario señalado.
3.  La doctrina
constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. El desconocimiento de la ratio decidendi de las
sentencias de constitucionalidad es un defecto sustantivo que permite acceder a
la tutela. Violación del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales por
desconocimiento del precedente horizontal.
El artículo 86 de la
Constitución Política, vigente desde 1991, establece con suma claridad que
mediante la acción de tutela podrá reclamarse la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales cuando resulten amenazados o vulnerados
por “cualquier autoridad pública”, tal como se contempla además en
varias disposiciones del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de
tutela.
Por ello, la
pregunta que surge es ¿y los jueces y magistrados en ejercicio de la función
jurisdiccional son autoridades públicas? La respuesta no admite vacilaciones:
SI. En la sentencia T-405 de 1996[2], al abordarse el punto
sobre quiénes constituyen autoridad pública se indicó que del texto del
artículo 86 Superior se desprende que la tutela tiene dos destinatarios como
son la autoridad pública de manera general y los particulares de forma
excepcional, entendiendo por autoridades públicas “todas aquellas
personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o
decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los
particulares1”. De igual modo, de los
antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente se aprecia que se pretendió
por algunos delegatarios circunscribir el concepto de “autoridades públicas”
al de “autoridades administrativas”, propuesta que fue derrotada, tal
como lo recordó esta Corte desde la sentencia T-006 de 1992[3].
Por ende, la mayoría de los delegatarios estuvo de acuerdo en que la acción de
tutela procede contra sentencias judiciales, como recientemente lo reiteró esta
Corporación en la sentencia C-590 de 2005[4].
Puede, entonces,
señalarse que desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991
y desde el inicio de las funciones de la Corte Constitucional en el año de
1992, se ha sostenido ininterrumpidamente la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales[5]. La sentencia C-543 de
1992[6]
no fue ajena a la jurisprudencia constitucional precedente por cuanto si bien
en dicha decisión la Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591 de 1991, que previó la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, esta Corte luego de recordar que los jueces son
autoridades públicas manifestó claramente que “nada obsta para que
por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo, que proceda a
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe contra
los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones
de hecho imputables al funcionario por medio de las  cuales se desconozcan
o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable, para lo cual si está constitucionalmente
autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica
de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia[7]”
(subrayas al margen del texto original).
Quiere ello decir, como lo
recordó recientemente esta Corte en la sentencia C-590 de 2005[8],
que la citada sentencia C-543 de 1992, terminó excluyendo del ordenamiento
jurídico la normatividad que hacía procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales como regla general, es decir, permitiendo su procedencia
sólo de manera excepcional, como hasta la fecha ha insistido esta
Corporación.
La mayor prueba
de esta afirmación radica en que a partir de dicha sentencia C-543 de 1992, la
Corte continuó sosteniendo en un sinnúmero de sentencias de revisión de tutela
la procedencia excepcional de la acción contra decisiones judiciales. Ello le
llevó a construir a través del tiempo una sólida línea jurisprudencial que
determinaron unos precisos supuestos de procedencia excepcional que atienden
las disímiles situaciones problemáticas que impone la realidad social, política
y económica de un país como el nuestro. Clara muestra de ello lo constituyen,
entre otras sentencias, las siguientes decisiones que se citan a nivel sólo de
ilustración y que denotan la importancia de mantener la existencia de esta
herramienta para garantía real de los derechos fundamentales: T-043 de 1993[9],
T-079 de 1993[10], T-158 de 1993[11],
T-173 de 1993[12], T-055 de 1994[13],
T-175/94[14], T-231/94[15],
T-442/94[16], T-572/94[17], SU.327/95[18],
SU.637/96[19], T-056/97[20],
T-201/97[21], T-432/97[22],
SU.477/97[23], T-019/98[24],
T-567/98[25], T-654/98[26],
SU.047/99[27], T-171/00[28],
T-1009/00[29], SU.014/01[30], T-522/01[31], SU.1185/01[32], T-1223/01[33],
SU.1300/01[34], T-1306/01[35],
T-1334/01[36], T-020/02[37], T-080/02[38],
SU.159/02[39], T-1057/02[40],
T-1123/02[41], T-012/03[42],
SU.120/03[43], SU.1159/03[44],
T-1232/03[45], T-027/04[46],
T-205/04[47], T-778/04[48],
T-1189/04[49], T-039/05[50],
T-328 de 2005[51], T-465 de 2005[52],
T-516 de 2005[53], T-902 de 2005[54],
T-170 de 2006[55] y T-1072 de 2006[56].
Decisiones de
revisión de tutela que también han encontrado respaldo en sentencias de control
abstracto, es decir, con efectos erga omnes, como la sentencia C-590 de
2005, que recogió la línea jurisprudencial sentada en estos últimos 14 años,
reafirmando la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que incluye las decisiones de las altas corporaciones
judiciales como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo
Superior de la Judicatura, es decir, las decisiones judiciales de última
instancia.
En la sentencia
de control abstracto C-590 de 2005, la Sala Plena de la Corte Constitucional
reitera que la tutela únicamente resulta procedente si se cumplen “ciertos y
rigurosos requisitos de procedibilidad”, que se distinguen unos como de
carácter general y otros de carácter específico.
Como requisitos
generales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se señalan:
i) la situación problemática tenga evidente relevancia constitucional, ii) se
hubieren agotado todos los medios de defensa judicial salvo se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, iii) la
tutela se hubiere presentado inmediatamente, iv) la irregularidad procesal
tenga un efecto determinante en la decisión impugnada y afecte derechos
fundamentales, v) identifique razonablemente tanto los hechos como los derechos
vulnerados lo cual ha debido alegarse en el asunto respectivo siempre que fuere
posible y vi) no se trate de sentencias de tutela.
Y como causales
específicas de procedencia la Corte recuerda que deben darse al menos uno de
los siguientes defectos en la actuación que viene entonces a superar el
concepto de vía de hecho por el de supuestos de procedibilidad de la acción.
Ellos son:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[57]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[58].
i.  Violación directa de la Constitución”. (Sentencia C-590 de 2005).
Ahora, en
relación con los citados supuestos fácticos de procedencia, esta Corporación ha
precisado que los conceptos de que se vale la Corte para caracterizarlos “carecen
de fronteras definitivamente enunciadas en su jurisprudencia, pues
muchos de los defectos presentes en las decisiones judiciales ´son un híbrido´
resultante de la concurrencia de varias hipótesis y en ciertas oportunidades
´resulta difícil definir fronteras entre unos y otros´”[59].
De igual modo, ha sostenido que sobre un asunto específico puede incluso
presentarse la concurrencia de varios de los criterios de procedibilidad
excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales[60].
-El defecto
sustancial o material. Respecto a este defecto la
Corte en varias decisiones[61] ha señalado que se
presenta, entre otras razones, cuando i) la decisión impugnada se funda en una
disposición indiscutiblemente no aplicable al caso, “es decir, por ejemplo,
la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente”[62].
Y también puede fundarse en la “aplicación indebida” por el funcionario
judicial de la preceptiva concerniente[63], ii) cuando
la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance[64],
“iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en
cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática, iv) cuando la norma aplicable al caso
concreto es desatendida y por ende inaplicada, o v) porque a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación
fáctica a la cual se aplicó, porque la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[65].
Puede, entonces,
señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de
administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los
valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese
a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al
caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le
es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la
justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación…”[66].
-El
desconocimiento de la ratio decidendi establecida en sentencias de
constitucionalidad que viola la cosa juzgada constitucional con efectos erga
omnes y la vulneración de la Constitución Política[67].
En reciente decisión, T-254 de 2006[68], la Corte reiteró que
como máximo órgano de la jurisdicción constitucional al cual se le ha confiado
la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241 Superior),
fija el contenido y alcance de las disposiciones constitucionales a través de
sentencias de constitucionalidad y de tutela. Así mismo, recordó que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional puede desconocerse de cuatro (4)
formas: “(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) contrariando el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela”.
Además, dicha
decisión recuerda respecto a la procedencia de la acción de tutela por desconocimiento
de la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad, que en la
sentencia SU.640 de 1998[69], reiterada
posteriormente en las sentencias SU.168 de 1999 y SU.1720 de 2000, se aludió al
carácter vinculante de la interpretación de la Constitución efectuada por la
Corte Constitucional y consecuencialmente al carácter obligatorio de la ratio
decidendi de las sentencias de constitucionalidad. Al respecto, en la
sentencia SU.640 de 1998, se sostuvo:
“El interrogante acerca de qué parte de las sentencias de la Corte
Constitucional hace tránsito a cosa juzgada constitucional ha sido
abordado en distintas ocasiones por esta Corporación. En la sentencia C-131 de
1993, …, se expresó que no todo lo formulado en las sentencias adquiría el
carácter de vinculante, aun cuando, contrariamente a lo sostenido por el
Consejo de Estado, se estableció que la obligatoriedad de las sentencias no se
restringía a la parte resolutiva. Para el efecto, se expuso que la cosa
juzgada se manifestaba en forma explícita e implícita, en la parte
resolutiva del fallo y en la ratio decidendi, respectivamente.
…
Esta posición fue corroborada en la sentencia que decidió sobre el
proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, [70]
al hacer referencia al artículo 48 del proyecto, que establecía que las
sentencias de la Corte Constitucional que se dictaran como resultado del examen
de las normas legales … -, sólo serían de obligatorio cumplimiento y con efecto
erga omnes en su parte resolutiva. A este respecto la Corte expresó:
“En efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es,
únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de
las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo
establece la norma, esta constituye criterio auxiliar para la actividad
judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo
tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden
una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras
palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente
básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte
resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella”.
12. La Constitución, con el objeto de imponer sus preceptos y de dar
a éstos carácter normativo, ha confiado a la Corte Constitucional la guarda de
su integridad y supremacía, labor que realiza específicamente a través de su
función interpretativa, gracias a la cual se actualiza en cada momento histórico
el correcto entendimiento de la Carta. Las sentencias de la Corte, por
consiguiente, ofrecen a los demás órganos del Estado, y a los miembros de la
comunidad en general, la visión dinámica de lo que la Constitución
concretamente prescribe. La interpretación que lleva a cabo la Corte no es
externa al texto de la Carta, como que ésta demanda de la misma para poder
actualizarse en el espacio y en el tiempo históricos. Las sentencias de la
Corte Constitucional, en este sentido, por ministerio de la propia
Constitución, son fuentes obligatorias para discernir cabalmente su contenido.
…
Si en el sistema de fuentes las sentencias de la Corte
Constitucional - por ser manifestaciones autorizadas y necesarias de la
voluntad inequívoca de la Constitución -, prevalecen sobre las leyes, ellas
igualmente resultan vinculantes para las distintas autoridades judiciales, que
no pueden a su arbitrio sustraerse a la fuerza normativa de la Constitución, la
cual se impone y decanta justamente en virtud de la actividad interpretativa de
su guardián, tal y como se refleja en sus fallos. La supremacía y la integridad
de la Constitución son consustanciales a la uniformidad de su interpretación.
Si el texto de la Constitución se divorcia de la interpretación que del mismo
haya dado la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias privativas,
de suerte que ésta última se convierta en una de las tantas alternativas
plausibles de entendimiento, la fragmentación hermenéutica que se propiciaría
inexorablemente conduciría a la erosión del valor cierto y vinculante de la
Constitución, puesto que entonces habría tantas constituciones como
intérpretes. Las exigencias de supremacía e integridad de la Constitución, por
lo demás presupuestos de su valor normativo superior, sólo se satisfacen si se
concede a la interpretación que la Corte hace de sus preceptos el sentido de
significado genuino y auténtico de su contenido y alcance. Lo anterior adquiere
mayor claridad si se tiene presente que los principios de supremacía e
integridad de la Constitución no tienen existencia autónoma, como quiera que su
efectiva realización precisa de una firme voluntad consagrada a su defensa,
ante todo; se trata de atributos cuya posibilidad material depende de la
incesante función interpretativa de la Corte Constitucional, indispensable para
su protección y vigencia.
13. Los principios de supremacía e integridad de la Constitución,
que por fuerza lógica se traducen en la destacada ubicación de la Corte
Constitucional en el concierto de los poderes del Estado - a fin de garantizar
la adecuada defensa y vigor de la Carta, como norma jurídica superior -, se
acompañan de una serie de mecanismos que conducen a asegurar la uniformidad de
su interpretación. Entre otros métodos o técnicas de articulación, cabe en esta
oportunidad mencionar dos que se orientan en esta dirección. La institución
de la cosa juzgada constitucional, en primer término, garantiza el carácter
general de las sentencias de inexequibilidad proferidas por la Corte
Constitucional que, por lo tanto, están dotadas de efectos erga omnes. En
segundo término, la revisión eventual de las sentencias de tutela contribuye a
homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos fundamentales. En
este campo, la revocación de las sentencias o actos de los jueces lesivos de
los derechos fundamentales, como puede ocurrir en aplicación de la doctrina sobre
las vías de hecho, se revela como un instrumento eficaz y necesario para
preservar la unidad interpretativa de la Constitución”. (Negrillas al margen del texto original).
Así mismo, en
las sentencias SU.640 de 1998 y SU.168 de 1999, se señaló que cuando una
autoridad judicial se separa de la ratio decidendi de las sentencias de
constitucionalidad termina igualmente desconociendo la Constitución Política,
como suprema fuente del ordenamiento jurídico.
También la Corte
ha referido que la ratio decidendi i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto[71], ii) se determina a
través del problema jurídico que analiza la Corte en relación con los hechos
del caso concreto[72] y iii) al ser una regla
debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en
ella[73].
Puede, entonces,
concluirse que se presenta vía de hecho por defecto sustancial al desconocerse
la ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad que termina
vulnerando de la Constitución[74].
-La violación
del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales ante el desconocimiento
del precedente horizontal. En la sentencia T-698 de
2004[75], la Corte recordó que “una
queja en materia de igualdad destinada a controvertir la actividad de una
autoridad judicial por no aplicar ante un mismo supuesto de hecho (caso
similar) una misma razón de derecho (la misma decisión que se tomó en otro
caso)[76], es un
cargo que se dirige generalmente a acusar a una autoridad judicial de una vía
de hecho fundada en el desconocimiento del artículo 13 de la Carta bajo
cualquiera de los supuestos o requisitos previamente descritos, pero en
especial, en razón de la insuficiente sustentación o justificación de un fallo,
o por el desconocimiento o la inadvertencia del precedente jurisprudencial anterior,
o en razón de  la violación de disposiciones constitucionales derivadas
precisamente del desconocimiento de normas de rango legal o infralegal, ya sea
por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en
su interpretación o por el desconocimiento de sentencias con efectos erga
omnes, situaciones estas que desvirtúan la validez constitucional de la
decisión acusada”.
El precedente
horizontal ha sido definido como el deber que tienen las autoridades judiciales
de ser consistentes en las decisiones que profieran por lo que ante situaciones
fácticas similares deben resolverse bajo las mismas razones de derecho salvo
que se expongan razones suficientes y justificadas para apartarse de la
decisión anterior[77]. Ahora, el derecho a la
igualdad exige como requisito para su aplicación el que las autoridades
suministren la misma protección y trato a quienes se encuentren en similar o
idéntica situación, por lo que “si un mismo órgano judicial  modifica sin
fundamento sólido sus decisiones, en casos que son sustancial y fácticamente
iguales[78], se
trasgrede evidentemente este derecho”[79].
Por ello, en la
sentencia T-698 de 2004, se recuerda que en el precedente horizontal,
determinado por un mismo cuerpo colegiado o una misma autoridad judicial de
igual jerarquía, tanto los jueces como los magistrados pueden apartarse del
precedente de otra Sala o del suyo propio  “siempre y cuando se expongan
argumentos razonables para ello. De allí que se requiera que el juez en su
sentencia, justifique de manera suficiente y razonable el cambio de criterio
respecto de la línea jurisprudencial…”. Además, recuerda que con el fin de
garantizar el principio de igualdad “los operadores jurídicos que resuelvan
un caso de manera distinta a como fue decidido por ellos mismos en eventos
semejantes, … sin aducir razones fundadas para esa separación,  incurrirán
necesariamente en una vía de hecho,  susceptible de protección a través
de la acción de tutela”.[80] Finalmente, se sostiene
que para efectos de separarse del precedente horizontal debe en primer lugar
referirse al precedente anterior y en segundo lugar brindar un argumento
suficiente para el abandono o cambio si pretende fallarse en sentido contrario
al anterior bajo situaciones fácticas similares, para así “conjurar la
arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad”[81].
Procederá,
entonces, la Sala a determinar en el caso concreto la competencia del Consejo
Superior de la Judicatura para conocer de la acción de tutela frente al rechazo
del cual fue objeto por el Consejo de Estado.
4.
Competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos Seccional y
Superior de la Judicatura para conocer de la presente acción de tutela ante la
renuencia de la Sección Primera del Consejo de Estado que dispuso su rechazo.
Hace más de tres
(3) años, la Corte Constitucional se vio abocada a proferir el auto 004 del 3
de febrero de 2004, posteriormente reiterado en las sentencias T-272 de 2005[82],
T-469 de 2005[83], T-642 de 2005[84]
y T-016 de 2006[85], atendiendo la petición
elevada por más de cincuenta (50) ciudadanos en la cual manifestaban a esta
Corporación su preocupación porque las distintas salas de casación de la Corte
Suprema de Justicia no admitían a trámite las acciones de tutela que se
presentaban contra sus decisiones y tampoco enviaban la correspondiente
actuación a la Corte Constitucional para la eventual revisión. La Corte incluso
procedió a solicitar la actuación correspondiente, sin embargo, las distintas
salas de casación se negaron a enviarla.
Ello motivó que la Corte Constitucional, como máximo órgano de la
jurisdicción constitucional (inciso 1 del artículo 241 de la Constitución), a
fin de impedir que continuara la violación de los derechos constitucionales de
los ciudadanos y no quedaran sin solución alguna las solicitudes de tutela
presentadas, concretamente para garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos
fundamentales, resolviera que los ciudadanos “tienen el derecho de acudir
ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de
igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una
acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado
con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte”. Como fundamentos
de dicha determinación, la Corte Constitucional expuso:
“Por lo
tanto, si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art.
1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede
contra cualquier autoridad pública y no solo en contra de las autoridades
administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus
sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por
vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es
evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte
Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que
interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de
dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a
la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial
efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados
Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90,
OC-16/99).
…
Pese a
lo anterior, no es posible, como regla general, que la respectiva Sala de
Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas hubieren surtido el
trámite propio de las instancias.
En estos
casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, que
dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,
los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la
violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud, y con el
fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en relación
con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho
de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida otra
Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental
que consideran violado. Es claro que el juez escogido por el actor o actores no
podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte Suprema de Justicia pues
es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su trámite.
Tampoco
podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del
accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo,
la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de
justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela.
Finalmente,
es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse
en la misma situación aquí advertida. Por ello, para los casos en que exista la
misma situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos
fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez
(unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la
Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la
protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de
una Sala de casación de la Corte Suprema de Justicia.”
Por
consiguiente, la Corte estableció que las acciones de tutela presentadas contra
providencias judiciales de las altas corporaciones judiciales que fueran objeto
de rechazo por el mismo órgano, permite a cualquier ciudadano su nueva
presentación ante cualquier juez incluyendo una Corporación de igual jerarquía
a la Corte Suprema o al Consejo de Estado, como la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional o Superior de la Judicatura, para así cumplir
con los fines esenciales del Estado como el “garantizar la efectividad de
los …derechos…consagrados en la Constitución” (art. 2 de la Carta).
Tampoco debe
olvidarse que conforme a los tratados internacionales de derechos humanos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad estricto sensu, como
la Declaración Universal de Derechos Humanos[86], el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[87] y la
Convención Americana de Derechos Humanos[88], la acción de
tutela constituye per se un derecho fundamental, por lo que la negativa
a darle trámite por parte de los máximos órganos de la jurisdicción ordinaria y
contencioso administrativa, implica a su vez la violación de un derecho
fundamental, como lo es gozar de un recurso judicial efectivo para la garantía
de los demás derechos fundamentales[89].
Además, la
resolución de las acciones de tutela debe darse generalmente a través de fallos
judiciales en los cuales habrá de resolverse sobre la concesión, negación o
improcedencia de la acción, por lo que cualquier otro tipo de decisión no
resulta en principio conforme al mandato constitucional del artículo 86 y
desconoce el deber constitucional de administrar justicia[90].
En consecuencia,
atendiendo que en el presente caso la Sección Primera del Consejo de Estado
procedió en auto del 7 de abril de 2006 a rechazar la acción de tutela, su
conducta legitimó constitucionalmente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional y Superior de la Judicatura para entrar a conocer y
resolver esta acción de tutela para garantía de los derechos de acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos
fundamentales.
5. La falta
de idoneidad del medio de defensa judicial,  la eficacia de la acción de tutela
y la relevancia constitucional del asunto.
Ha señalado esta
Corporación, conforme al artículo 86 de la Constitución Política, que la acción
de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de
carácter subsidiario ya que esta acción sólo procede cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así mismo, ha de
recordarse que el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dispone
que “la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Conforme a ello, la
jurisprudencia constitucional ha concluido que dentro de las modalidades de
concesión de la acción de tutela se encuentran i) la definitiva cuando no se
dispone de un medio de defensa judicial o existiendo el mismo no resulta eficaz
al no gozar de la inmediatez y celeridad requerida para garantizar los derechos
fundamentales, y ii) la transitoria cuando se está frente a la existencia de un
perjuicio irremediable lo cual implica que se cumplan los presupuestos de
inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción[91].
En el presente caso, se
ataca a través de la acción de tutela una sentencia proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en un proceso de nulidad electoral.
Observadas las
disposiciones pertinentes del Código Contencioso Administrativo, la Sala
aprecia que el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, que hacía viable el recurso
extraordinario de súplica contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por
cualquiera de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, fue derogado
expresamente por el artículo 2 de la Ley 954 de 2005. Por ende, como la
sentencia que se alega como constitutiva de vía de hecho fue proferida por el
Consejo de Estado el 16 de marzo de 2006, quiere ello decir que el actor no
dispone de dicho medio de defensa judicial extraordinario.
Así mismo, el Código
Contencioso Administrativo prevé el recurso extraordinario de revisión (art.
185) contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
bajo las causales expresamente señaladas en el artículo 188. Observadas dichas
causales encuentra la Sala que ninguna de ellas se subsume dentro de los
defectos indicados por el actor como son la indebida aplicación de una norma
constitucional y la violación del derecho a la igualdad en las decisiones
judiciales, por lo que dicho mecanismo de defensa extraordinario no resulta ser
un medio de defensa judicial idóneo.
Para la Sala incluso
partiendo de la existencia de un medio de defensa judicial la acción de tutela
de todos modos resulta procedente al convertirse en el mecanismo de defensa
judicial expedito atendiendo la situación fáctica y jurídica que se presenta y
la relevancia constitucional que tiene el asunto.
En efecto, se discute un
periodo electoral que para el actor va hasta diciembre de este año según la
credencial electoral y en cambio para el Consejo de Estado se cumplió el
pasado 13 de diciembre de 2005. Como se expuso en las sentencias T-778 de 2005[92]
y T-895 de 2005[93], “el derecho político
de desempeñar cargos de elección popular se ejerce en momentos
constitucionalmente preestablecidos que no pueden ser sustituidos o
postergados. El derecho a desempeñar un cargo de gobierno se encuentra circunscrito
a límites temporales, establecidos por la Constitución. Por lo tanto, el
ejercicio del derecho no puede llevarse a cabo en cualquier tiempo y de
cualquier manera, sino que responde a una delimitación constitucional”.
De igual modo, la gobernabilidad
de la ciudad de Cúcuta se ve perturbada como los programas y planes de gobierno
o la ejecución de los mismos. También resultan menguados los derechos de los
electores por la indefinición jurídica de este asunto sumado a la proximidad de
cumplirse la situación prevista en el artículo 7 del Acto Legislativo No. 02 de
2002, el cual señala que a más tardar el último domingo del mes de octubre de
este año, se elegirán alcaldes en todos los municipios para periodos
institucionales de cuatro (4) años, que se inician el 1 de enero del 2008.
Por ello, se hace necesario
una pronta definición jurídica de este caso dadas las circunstancias concretas
que se han expuesto. Así mismo, hace procedente la acción de tutela de manera
definitiva al convertirse en el medio expedito y oportuno para garantizar de
manera concluyente los derechos fundamentales del actor, máxime cuando este
asunto reviste de la mayor importancia constitucional atendiendo que se parte
del estudio de sentencias de constitucionalidad que hicieron tránsito a cosa
juzgada constitucional y también se encuentra en discusión normas de naturaleza
constitucional.
Ahora bien, como en el presente asunto, el actor
Ramiro Suárez Corzo señala que la sentencia del 16 de marzo de 2006, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado es constitutiva de una vía de hecho
por dos (2) razones básicas: la primera, por haber aplicado
indebidamente la Constitución Política (inciso 1, artículo 7 del Acto
Legislativo 02 de 2002) y la segunda por haber desconocido el derecho a
la igualdad en el trato judicial ya que contraría dos (2) de sus precedentes;
deberá entonces la Corte resolverlas por separado.
6. Análisis del caso concreto.
6.1. Violación de la cosa juzgada constitucional
por desconocimiento de la ratio decidendi de sentencias dictadas en
virtud del control de constitucionalidad de leyes.
La Sala de Revisión procederá previamente a
determinar cuál fue la ratio decidendi establecida en las sentencias de
la Corte Constitucional respecto a la materia objeto de discusión.
La Corte, con
anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2002,  abordó el tema del
carácter de los periodos de los alcaldes bajo la Constitución Política de 1991.
Las sentencias relevantes[94] en esta materia fueron
las siguientes: C-011 de 1994[95], C-586 de 1995[96],
C-448 de 1997[97], SU-640 de 1998[98],
SU.168 de 1999[99], C-844 de 2000[100]
y SU.1720 de 2000[101].
-En la sentencia
C-011 de 1994, la Corte Constitucional efectuó la revisión previa de
constitucionalidad al proyecto de ley estatutaria que reglamentó el voto
programático. El artículo 15 señalaba que si la revocatoria del mandato de un
Alcalde o Gobernador se verificaba luego de que éste hubiera ejercido su cargo
por más de dos años, no se convocaría a una nueva elección, sino que el
Presidente de la República o el Gobernador respectivo designarían una persona
para que culminara el período teniendo en cuenta el mismo grupo político. La
Corte al resolver sobre la norma indicó que producida la revocatoria del
mandato de un Gobernador o Alcalde, quien en cualquier tiempo resulte elegido
en su reemplazo, tendrá el período constitucional de tres (3) años contados a
partir de la fecha de su posesión. En efecto, sostuvo:
i) resulta
contrario a la Constitución que se faculte al Presidente de la República o a
los gobernadores para nombrar en propiedad hasta el final del periodo a quienes
hayan de suceder a los gobernadores o alcaldes cuyo mandato haya sido revocado
cuando hubiera transcurrido dos años desde la fecha de posesión ya que
implicaría retornar al sistema de nombramiento por parte del ejecutivo
departamental. Cosa distinta es que puedan ser nombrados interinamente por
el Presidente de la República o Gobernador ya que se trata de evitar el vacío
de poder una vez producida la falta del mandatario “y mientras se procede a
la elección de quien haya de reemplazarlo…Con el cambio de régimen … en esta
materia …lo que se ha querido es que la provisión de los cargos de Alcalde o de
Gobernador por nombramiento por parte de una autoridad ejecutiva de mayor
jerarquía, sea tan solo un hecho excepcional”.
ii) “deben
realizarse elecciones en el respectivo departamento o municipio” para
reemplazar al Gobernador o Alcalde cuyo mandato hubiere sido revocado, aún
cuando haya transcurrido dos años desde su fecha de posesión, “sin
perjuicio… de que ´en el interim la autoridad correspondiente pueda nombrar,
con carácter provisional, al …alcalde encargados, mientras se efectúa, …la
nueva elección”.
iii) en el
evento de producirse la revocación del mandato del Gobernador o el Alcalde su
periodo constitucional cesa y por ende “al producirse la elección popular de
quien haya de sucederlo en el cargo”, cualquiera que sea la fecha en que
ello ocurra, el periodo constitucional del nuevo mandatario comenzará a
contabilizarse a partir de la fecha de su posesión, periodo que será el mismo
de aquél cuyo mandato fue revocado, o sea, de tres años.
-En la sentencia
C-586 de 1995, la Corte resolvió sobre una demanda de inconstitucionalidad
contra varias disposiciones de la Ley 104 de 1993, "Por la cual se
consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de
la justicia...”. Entre las disposiciones legales objeto de examen la Corte
declaró la inexequibilidad parcial del artículo 112 y la inexequibilidad del
artículo 114. La primera de las normas supeditaba la convocatoria a nueva
elección de gobernadores y alcaldes, cuando sus titulares han sido destituidos,
a que no hubiera transcurrido más de la mitad del periodo y las condiciones de
orden pública lo permitan. La segunda autorizaba al Presidente de la República
para nombrar libremente el reemplazo del Gobernador o Alcalde en los eventos de
renuncia por amenazas o presiones, secuestro o pérdida de su vida.
Como fundamento
de la decisión de inexequibilidad la Corte reiteró la ratio decidendi del
precedente constitucional anterior (C-011 de 1994), toda vez que en dicha
decisión “se precisó que en caso de vacancia absoluta del cargo de
Gobernador o Alcalde, siempre deberá convocarse a nuevas elecciones”.
-En la sentencia
C-448 de 1997, la Corte examinó la constitucionalidad de los artículos 85 y
107, parcialmente demandados, de la Ley 136 de 1994, "Por la cual se
dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios”. De igual forma, por unidad normativa resolvió sobre
artículos 51 y 52 de la Ley 241 de 1995, que fueron igualmente declaradas
inexequibles. Además, declaró la exequibilidad del artículo 280 de la Ley 4 de
1913, en el entendido que es una regla general para los casos de períodos
institucionales pero que no se aplica a aquellos casos en que la Constitución
establece un período individual para el respectivo servidor público.
Los artículos 85
y 107 de la Ley 136 de 1994, contemplaban el primero que la elección de
alcaldes debía coincidir con la de gobernadores, concejales, diputados y los
periodos de aquellos se iniciarían el 1 de enero siguiente a la fecha de
elección, mientras que la segunda disposición aludía a que en los casos de
falta absoluta del Alcalde el Presidente de la República o el Gobernador
convocarían a elecciones siempre que no hubiere transcurrido más de 24 meses
del periodo y si dicho término se había superado, o la falta se había causado
por la muerte violenta del alcalde, los mismos funcionarios designarían al
sustituto para el resto del periodo. Las disposiciones de la Ley 241 de 1995,
señalaban los casos en los cuales la vacancia absoluta de una alcaldía sería
llenada por nombramiento del Gobernador o del Presidente de la República. Así
mismo, el artículo 280 de la Ley 4 de 1913, refiere a que siempre que se
realice una elección después de haber iniciado un período se entiende hecha
para el resto del período en curso.
En esta
sentencia C-448 de 1997, la  Corte reiteró sus precedentes constitucionales
C-011 de 1994 y C-586 de 1995, al señalar:
i) en cuanto a
las distintas situaciones que originan la vacancia absoluta del cargo la
Constitución establece una regla precisa sobre la forma de designación de los
alcaldes ya que en todos los casos dichos funcionarios deben ser electos
popularmente para periodos de tres años. Regla que fue el fundamento de las
decisiones anteriores C-011 de 1994 y C-586 de 1995. Además, al conferir al
Presidente de la República o gobernadores la facultad de nombrar en propiedad a
la primera autoridad municipal se establece una sujeción jerárquica de los
alcaldes al Ejecutivo central que no está conforme a la Constitución y vulnera
la autonomía de las entidades territoriales. Por consiguiente, se  “reitera
entonces su jurisprudencia sobre la necesidad de convocar a nuevas elecciones
en caso de vacancia definitiva al cargo de alcalde…”.
ii) Lo anterior
no significa que para evitar vacíos de autoridad la ley no pueda regular
nombramientos provisionales de alcaldes, “mientras se adelantan todos los
pasos necesarios para realizar la nueva elección del mandatario local. En este
caso encuentra plena aplicación el … artículo 293 superior, puesto que la
Constitución no establece una regla específica sobre la forma de llenar
temporalmente las vacancias absolutas.  …Por consiguiente, los nombramientos en
interinidad que efectúe el Presidente de la República o los gobernadores
respectivos son admisibles pero tendrán vocación estrictamente temporal, pues
su realización sólo se justifica por la necesidad de garantizar el cumplimiento
oportuno de las tareas constitucional y legalmente encomendadas a la primera
autoridad municipal, mientras se elige, en la forma establecida en la Carta, al
nuevo alcalde”.
iii)  las fechas
de elección e iniciación del período de alcaldes no deben imperativamente
coincidir con los comicios electorales de otras autoridades locales y el
comienzo de sus períodos ya que como se expuso en la sentencia C-011 de 1994,
en la Constitución nada impide que el período de alcaldes y gobernadores sea
individual.
iv)  en
circunstancias especiales de vacancia absoluta del cargo por revocatoria del
mandato, destitución, muerte, renuncia o cualquier situación en que
definitivamente la alcaldía deje de tener un titular elegido popularmente, “debe
iniciarse el proceso electoral para la proclamación del electo representante de
la voluntad popular”, elección que puede no ser adelantada en la fecha
prevista por esa norma -artículo 1º de la Ley 163 de 1994, que señala que “las
elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las
juntas administradoras locales se realizarán el último domingo del mes de
octubre”.
v) la fijación
de fechas por la ley en las elecciones locales es legítima siempre que se
entienda que ella es una regla general lo cual no implica una coincidencia
forzosa de las elecciones y fechas de posesión de todos los alcaldes del país.
vi) frente a la
inexequibilidad que se declara y los vacíos legales que se presenten sobre el
procedimiento para llenar temporalmente las vacantes mientras se convoca a las
nuevas elecciones por medio de las cuáles se determinará quien es el nuevo
alcalde en propiedad, se indicó “que las normas precedentes a las leyes 136
de 1994 y 241 de 1995 que regulaban el tema, a saber los artículos pertinentes
de las leyes 78 de 1986 y 49 de 1987, reviven y son aplicables para llenar este
vacío legal, obviamente en aquellos puntos en que su regulación se encuentre
conforme a la Constitución, que es norma de normas (CP art. 4º). Finalmente, si
subsisten vacíos de  regulación, la Corte considera que, conforme a principios
clásicos de integración normativa, éstos pueden ser llenados recurriendo a las
disposiciones estatutarias que regulan la revocatoria del mandato, en especial
a los artículos 13 y 14 de la Ley 131 de 1994  y 73 y 74 de la Ley 134 de 1994,
pues se trata de una situación semejante”.
-En la sentencia
C-844 de 2000, la Corte declaró la inexequibilidad de las expresiones “siempre
que falte más de un año para la elección general de autoridades locales en el
país", contenida en el artículo 18 de la Ley 136 de 1994, "Por
la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y
funcionamiento de los Municipios", el cual refiere a que una vez
publicada la ordenanza que crea un nuevo municipio, el Gobernador a través de
decreto nombrará al Alcalde citando en el mismo acto con no menos de tres meses
de anticipación a la elección de concejales y Alcalde, siempre que falte más de
un año para la elección general de autoridades locales del país.
En la parte considerativa de esta decisión se
manifiesta expresamente que se reitera las sentencias C-011 de 1994, C-586 de
1995 y C-448 de 1997, que han “concluido invariablemente, que la forma de
llenar las vacantes, cualquiera que sea la causa que las hubiere provocado, es
mediante la convocación a elecciones populares, y que el periodo del alcalde
así designado es de tres años, y tiene un carácter individual y no
institucional”. Así mismo, recuerda que “no contrarían los criterios
precedentes el posible desconocimiento de la fecha de iniciación de los
períodos de los alcaldes y gobernadores, previstos por la ley, porque la
Constitución no estableció una fecha precisa para esos propósitos, salvo los
casos puntuales y de carácter excepcional que señalaron los artículos 16 y 19
transitorios, que dejaron, por lo mismo de regir”. También sostiene que
aunque la situación planteada en la norma estudiada difiere un poco de los
casos examinados anteriormente por la Corte, la solución no tiene por qué
diferir de los precedente referidos, por lo que ni “el Presidente de la
República ni los gobernadores pueden designar en propiedad los alcaldes, si
pueden hacerlo transitoriamente mientras se realizan las elecciones populares
con arreglo a las cuales solo se puede proveer en forma definitiva tales
cargos”.
Ahora bien, como para ese entonces (antes de la
entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2002), el Consejo de Estado
sostenía que el periodo de los alcaldes era institucional, varias de sus
decisiones fueron objeto de acción de tutela por desconocimiento de la ratio
decidendi de las sentencias de constitucionalidad C-011 de 1994, C-586 de
1995 y C-448 de 1997, que señalaban por el contrario que los periodos eran
individuales. Esta Corporación en sentencias SU.640 de 1998[102],
SU.168 de 1999[103] y SU.1720 de 2000[104],
encontró la configuración de una vía de hecho por desconocimiento de la ratio
decidendi de las sentencias de constitucionalidad que habían establecido
que los periodos eran individuales.
En consecuencia, la ratio decidendi establecida
por la Corte Constitucional, hasta ese momento, conforme a las normas que
fueron objeto de revisión constitucional, consistió en que con independencia
de la causal que origine la vacancia absoluta del cargo para la Corte según los
mandatos constitucionales vigentes el periodo de los alcaldes es personal o
individual, es decir, por tres años, que se cuenta a partir de la fecha de su
posesión. Por ende, presentada la vacancia absoluta debe convocarse
oportunamente a elecciones en el respectivo municipio para reemplazar al
alcalde, sin perjuicio que como hecho excepcional pueda nombrarse en
provisionalidad a un alcalde encargado mientras se realiza la nueva elección lo
cual encuentra respaldo en el artículo 293 Superior sobre la forma de llenar
temporalmente las vacancias absolutas.
Las sentencias de constitucionalidad C-011 de 1994, C-586
de 1995, C-448 de 1997 y C-844 de 2000, constituyen decisiones que hicieron
tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 de la Carta), con efectos erga
omnes y, por ende, son de obligatorio cumplimiento para todas las personas,
incluyendo los servidores judiciales.
Sentada la jurisprudencia de la Corte Constitucional
de la manera señalada, con posterioridad el Congreso de la República expidió el
Acto Legislativo No. 02 de 2002 (vigente a partir del 7 de agosto de 20029),
que modificó el artículo 314 de la Constitución, para establecer el carácter
institucional del periodo de los alcaldes. En efecto, el artículo 3 de dicho
Acto Legislativo dispuso:
“ARTÍCULO 3o. El artículo 314 de la Constitución
Política quedará así:
En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la
administración local y representante legal del municipio, que será elegido
popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no
podrá ser reelegido para el período siguiente.
Siempre que se presente falta absoluta a más de
dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el
tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el
gobernador designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el
partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde
elegido.
El presidente y los gobernadores, en los casos
taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.
La ley establecerá las sanciones a que hubiere
lugar por el ejercicio indebido de esta atribución”.
Con posterioridad, el Congreso expidió el Acto
Legislativo No. 01 de 2003, que adicionó el artículo 125 de la Constitución, El
artículo 6 señaló:
“ARTÍCULO 6o. El artículo 125 de la Constitución
Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor:
PARÁGRAFO. Los períodos establecidos en la Constitución Política o
en la ley para cargos de elección tienen el carácter
de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por cl resto
del período para el cual este fue elegido”.
Es decir, que con anterioridad al 7 de agosto de
2002, fecha en que se expidió el Acto Legislativo No. 02 de 2002, la Corte
sostuvo, conforme a los mandatos constitucionales de ese entonces, que los
periodos de los alcaldes eran individuales. Pero, a partir de dicha fecha, se
modificó la Constitución Política para señalar expresamente en ella que el
periodo de los alcaldes tienen el carácter de institucional.
En relación con el caso concreto, es preciso recordar
la situación ocurrida con la Alcaldía de Cúcuta. El señor Gelvez Albarracín fue
elegido alcalde de Cúcuta en las elecciones generales territoriales para el
periodo típico del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000.
El 29 de octubre de 2000, se realizaron las
elecciones generales territoriales correspondientes al periodo típico del 1 de
enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, según consta en las respectivas actas
de inscripción y declaración de elección, resultando elegido el señor Manuel
Guillermo Mora Jaramillo.
El 14 de noviembre de 2000, el alcalde Gálvez
Albarracín presentó renuncia al cargo, es decir antes de terminar el período y
ya elegido nuevo alcalde para el siguiente período típico.
El alcalde elegido Mora Jaramillo, si bien  fue
elegido para el período típico del 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de
2003,  se posesionó como tal a instancias del Gobernador, el día 27 de
noviembre de 2000, es decir un mes y tres días antes del período para el cual resultó
elegido.
El 26 de octubre de 2003, fue elegido como alcalde de
Cúcuta, para el período del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, el
actor en esta tutela señor Ramiro Suárez Corzo, según consta en los actos
administrativos en que quedó plasmado la declaratoria de elección suscrita por
la Comisión Escrutadora Municipal de San José de Cúcuta, que gozan de la
presunción de legalidad.
El Alcalde Mora Jaramillo ejerció como tal hasta el
31 de diciembre de 2003, y el señor Suarez Corso se posesionó como nuevo
alcalde de Cúcuta el 1º de enero de 2004.
La elección del alcalde Suarez Corso fue demandada en
un proceso de nulidad electoral, con el argumento que la misma no había sido
para el período típico 2004-2007, sino para la mitad del tiempo, por cuanto
había sido elegido para asumir el cargo desde el 27 de noviembre de 2003.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander
(juez de primera instancia en el proceso de nulidad electoral) considera típico
el periodo del actor con base en las sentencias de la Corte Constitucional al
manifestar que para que resulte atípico es menester que se configure la
vacancia absoluta del cargo antes de que se convoque a elecciones. También
señaló que no se configura la atipicidad del periodo cuando habiendo sido
elegido alcalde para un periodo normal y producida la vacancia absoluta con
posterioridad se posesiona el elegido antes de la fecha en que debía hacerlo.
Fallo del Tribunal que fue compartido por el juez de segunda instancia en
tutela, es decir, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura.
En cambio, el Consejo de Estado en sentencia del 16
de marzo de 2006, la cual ha sido impugnada vía acción de tutela[105],
sostiene que ninguna de las conclusiones a que llegó el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, ni el demandado en el proceso de nulidad electoral[106]
“se desprende de las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con
los periodos personales de los alcaldes”. En consecuencia, declaró la
nulidad del acto administrativo proferido por la Comisión Escrutadora Municipal
de San Jose de Cúcuta el 14 de noviembre de 2003, mediante el cual declaró
elegido a Ramiro Suarez Corso como Alcalde de ese Municipio, y estableció que
el período para el cual fue elegido el señor Suarez Corso era el comprendido
entre el 27 de noviembre de 2003 y la mitad del tiempo que hace falta para
llegar al 31 de diciembre de 2007, vale decir, su período es el comprendido
entre el 27 de noviembre de 2003 y el 13 de diciembre de 2005.
En efecto, del análisis y estudio que efectúa de las
sentencias de constitucionalidad C-011 de 1994, C-586 de 1995 y C-448 de 1997,
la Sección Quinta del Consejo de Estado sostiene, que de las sentencias de
constitucionalidad sobre periodos personales de los alcaldes se deriva
inexorablemente que producida una vacancia absoluta con posterioridad a las
elecciones generales, inmediatamente el elegido debe posesionarse convirtiendo
así en atípico su periodo como también el subsiguiente. Así mismo, aduce que
los fallos de la Corte Constitucional tienen un alcance general que no puede
restringirse a los eventos en que la falta absoluta del cargo se produce por
determinadas causas, ni al momento en que aquella ocurra.
Es decir, que en la sentencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado se manifiesta que atendiendo que la Corte Constitucional
señalaba que los periodos de los alcaldes eran personales de ello se desprende
que con independencia del momento en que se presente la vacancia absoluta del
cargo debe procederse a la inmediata posesión volviendo atípico el periodo del
Alcalde como el subsiguiente.
Ello se aprecia cuando en el caso concreto el Consejo
de Estado sostiene la atipicidad del periodo del actor, citando la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, que considera los períodos de los alcaldes con
carácter personal, posición expuesta con anterioridad a la expedición del Acto
Legislativo No. 02 de 2002, lo que le lleva a concluir que el periodo del señor
Gelves Albarracín terminó entonces en la fecha en que se le aceptó la renuncia
(14 de noviembre de 2000, o sea, un mes y medio antes de la fecha prevista para
la terminación del periodo, 31 de diciembre de 2000) y el periodo del sucesor
Mora Jaramillo, quien había sido elegido el 29 de octubre de 2000 (periodo 2001
a 2003), inició el 27 de noviembre de 2000 (a instancias del gobernador empezó
un mes y tres días antes), fecha en que tomó posesión del cargo lo cual debía
ocurrir inmediatamente culminara el periodo del antecesor por vacancia
absoluta. Por ello, considera que el periodo del actor (elegido para el periodo
2004 a 2007, iniciando su periodo el 1 de enero de 2004) ya era atípico y así
ha debido iniciarse el 27 de noviembre de 2003 para culminar el 13 de diciembre
de 2005. Siendo entonces atípico el periodo del actor como alcalde, el Consejo
de Estado encausó esta situación dentro del inciso 1 del artículo 7 del Acto
Legislativo No. 02 de 2002.
Al respecto de lo decidido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, considera la Sala de Revisión, que el alcance dado a la ratio
decidendi de las sentencias de constitucionalidad no corresponde para la
solución del caso concreto, por cuanto para la época de la elección del actor
ya se había modificado la Constitución (7 de agosto de 2002) al expedirse el
Acto Legislativo No. 02 de 2002, que contrariamente a lo sostenido por la
jurisprudencia de la Corte, estableció que los periodos de los alcaldes son
institucionales.
Para la Corte Constitucional conforme a los mandatos
constitucionales vigentes y anteriores a la expedición del Acto Legislativo No.
02 de 2002, se derivaba que una vez producida la vacancia absoluta del cargo de
alcalde, en virtud del principio democrático, la soberanía popular y la
democracia directa, su periodo sería individual, es decir, de tres años, debiendo
así convocar a elecciones para elegir a quien debe reemplazarlo, que se
contabiliza a partir de la fecha de posesión, sin perjuicio que como hecho
excepcional pudiera nombrarse en provisionalidad a un alcalde encargado, mientras
se realizaba la nueva elección.
Es decir, que la ratio decidendi establecida
en las sentencias de constitucionalidad sobre periodos personales de los
alcaldes parten de la convocatoria a nuevas elecciones para elegir el
reemplazo, lo cual supone que no se han realizado todavía elecciones para el
nuevo período típico, pues si ya se han realizado, procede nombramiento
excepcional en provisionalidad.
Cuando se expidió el Acto Legislativo 02 de 2002, se
encontraba en ejercicio del cargo de alcalde de Cúcuta el señor Mora Jaramillo,
que si bien fue elegido para el período 1º de enero de 2001 a 31 de diciembre
de 2003, se posesionó el 27 de noviembre de 2000 y lo ejerció hasta el 31 de
diciembre de 2003.
La posesión del señor Mora Jaramillo ocurrió el 27 de
noviembre de 2000, a instancia del Gobernador, por renuncia que había
presentado, el 14 de noviembre de 2000, el alcalde Gelves Albarracín. Esta
circunstancia sobreviniente –no previsible por el elegido ni por las
autoridades electorales en el momento de las elecciones de 29 de octubre de
2000-, no podían acarrear ipso jure la descalificación de las elecciones
ya realizadas dentro del calendario normal, ni convertir un período típico en
atípico. Ello en primer lugar no se deriva de los lineamientos de las
sentencias de constitucionalidad sobre periodos individuales de los alcaldes,
mucho menos cuando las citadas sentencias indicaron que excepcionalmente
pudiera nombrarse en provisionalidad a un alcalde encargado, mientras se
realizaba la nueva elección.
Ante la
situación de renuncia al cargo un mes y medio antes del inicio del nuevo
periodo para el cual fue elegido el señor Mora Jaramillo, implicaba para el
gobernador como inicialmente lo hizo[107], la
designación provisional de un funcionario en encargo por ese breve periodo de
tiempo (arts. 293 de la Constitución y 106, inciso 1 de la Ley 136 de 1994).
Así la circunstancia que el señor Mora Jaramillo se hubiere posesionado a
instancias del Gobernador el día 27 de noviembre de 2000, es decir, un mes y
tres días antes de la fecha (1 de enero de 2001) para el cual resultó elegido,
constituye el ejercicio irregular del cargo al operar como un funcionario de
facto[108], lo cual no tiene la
potencialidad de convertir en atípico el periodo del elegido, ni menos el del
sucesor, máxime cuando el señor Mora Jaramillo ejerció efectivamente el cargo
hasta el 31 de diciembre de 2003, y el alcalde Suarez Corso se posesionó el 1º
de enero de 2004, pues siendo claro que el período de la alcaldía de Cúcuta era
de aquellos típicos, ni los notarios, ni los jueces e incluso ni el juez de
tutela permitieron posesionar al actor antes del 1 de enero de 2004, fecha en
la que vino a tomar posesión (se recuerda que tanto las elecciones del señor
Mora Jaramillo como la del sucesor señor Suárez Corzo fueron producto de las
elecciones generales territoriales).
Cuestión distinta hubiera sido si la vacancia
absoluta en el cargo de Alcalde se hubiere presentado con anterioridad a las
elecciones generales territoriales, ya que en este evento el Gobernador estaba
facultado conforme a las sentencias de constitucionalidad de la Corte
Constitucional para encargar provisionalmente a un funcionario mientras se
efectuaban las elecciones las cuales una vez cumplidas implicaban la posesión
inmediata del elegido para un periodo individual de tres años, convirtiendo en
atípico el periodo. Pero ello no fue lo que sucedió en este caso.
Ahora bien, debe indicarse que para las elecciones
del 26 de octubre de 2003, ya se encontraba vigente el Acto Legislativo No. 02
de 2002 (7 de agosto), cuya finalidad principal fue institucionalizar los
periodos de los alcaldes en el país, disposición constitucional que vino a ser
reafirmada por el Acto Legislativo No. 01 de 2003. Entonces, con la entrada en vigencia
de los actos legislativos Nos. 02 de 2002 (7 de agosto) y 01 de 2003,
desaparecieron los periodos personales y se convirtieron en institucionales[109],
por lo que a partir de dicha fecha se constituye en la regla de aplicación para
todos los operadores judiciales.
Cabe recordar, que el artículo 7 del Acto Legislativo No.
02 de 2002, contempló un artículo transitorio regulador de las situaciones de
quienes ya venían por fuera del calendario electoral, es decir, quienes se
encontraban incursos en periodos atípicos, persiguiendo unificar los periodos y
tornarlos en institucionales a partir del 1 de enero de 2008. Dicho disposición
señala:
“ARTÍCULO 7o. La Constitución Política tendrá un artículo transitorio
del siguiente tenor:
Artículo transitorio. Todos los Alcaldes y
Gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente Acto
Legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un
período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de
diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará
el mismo 31 de diciembre del año 2007.
Todos los Gobernadores y Alcaldes elegidos con
posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente
acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus
sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre de año
2007.
En todo caso, el último domingo del mes de
octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y Gobernadores para todos los
Municipios, Distritos y Departamentos del país, para períodos institucionales
de cuatro años, que se iniciarán el 1o. de enero del año 2008.
El período de cuatro años de los miembros de las
Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales y Ediles se
iniciará el 1o. de enero del año 2004”.
Como para la Sección Quinta del Consejo de Estado, el
antecesor señor Mora Jaramillo se posesionó el 27 de noviembre de 2000, el
periodo del actor iniciaba el 27 de noviembre de 2003, lo cual llevó a
dicha Sección a sostener que el caso del actor encajaba en el inciso 1 del
artículo 7 del Acto Legislativo No. 02 de 2002, el cual refiere a que los
alcaldes que inicien sus periodos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de
diciembre de 2003, ejercerán las funciones por “un período equivalente a la mitad del tiempo que
haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se
elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007”. Lo anterior, trajo como consecuencia que el
Consejo de Estado concluyera que el periodo del actor era el comprendido entre
el 27 de noviembre de 2003 y el 13 de diciembre de 2005.
Sin embargo, de conformidad con
la jurisprudencia de la Corte y lo previsto por el Acto Legislativo 02 de 2002,
el actor fue elegido para el período enero 1º de 2004 a 31 de diciembre de 2007
estando legitimado para posesionarse el 1º de enero de 2004, como en efecto sucedió
por habérsele así reconocido, por lo que las circunstancias del caso no encajan
en la disposición constitucional transitoria.
Ahora bien, la solución acogida en esta decisión para
nada se contrapone a la sentencia de revisión T-870 de 2005[110]
y más bien resulta congruente con ella. En efecto, la situación fáctica puesta
de presente en dicha decisión estuvo dada en que el alcalde del municipio de
Becerril falleció (vacancia absoluta) con anterioridad a las elecciones del
29 de octubre de 2000, por lo que se concluyó en la atipicidad de su periodo
y del sucesor quien debió iniciar el día 9 de noviembre de 2003, resultando por
ello aplicable el inciso 1 del artículo 7 del Acto Legislativo No. 02 de 2002.
Menos puede señalarse que esta decisión resulta contraria a las sentencias de
tutela T-895 de 2005, T-1080 de 2005 y T-201 de 2006, ya que en dichas
oportunidades fue demandada la Registraduría, bajo unos supuestos fácticos y
jurídicos diferentes al que nos ocupa y donde se protegen por la Corte
determinados derechos ante la revocatoria unilateral de actos administrativos
de carácter particular y concreto.
En consecuencia, se concluye que la Sección Quinta
del Consejo de Estado se apartó de la ratio decidendi de las sentencias
de constitucionalidad C-011 de 1994, C-586 de 1995 y C-448 de 1997, que
hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos erga omnes[111],
pues si ya se habían expedido nuevos mandatos constitucionales con vigencia a
partir del 7 de agosto de 2002 (Acto Legislativo No. 02 de 2002) que
institucionalizaron el periodo de los alcaldes, no se podía pretender aplicar
tales mandatos de conformidad con la jurisprudencia de la Corte que se orienta
en una línea contraria a lo establecido por ellos mismos.
A continuación, la Sala analizará si además, la
Sección Quinta del Consejo de Estado desconoció su propio precedente,
vulnerando de tal manera el derecho a la igualdad en el trato judicial.
6.2.  Violación del derecho a la igualdad en las
decisiones judiciales al no justificarse de manera suficiente y razonable el
cambio del precedente horizontal.
En relación con la segunda razón que motiva la
presentación de esta acción de tutela contra la sentencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, debe resolver esta Sala si dicha Sección al no exponer
razones suficientes y justificadas para apartarse del precedente horizontal
dado en los casos de Palmira y Ocaña, violó el derecho a la igualdad en las
decisiones judiciales.
En primer lugar la Sala debe recordar, que la
sentencia del 16 de marzo de 2006, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado[112], que constituye el
objeto de discusión en este asunto, estableció que de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional sobre periodos individuales -antes del 7 de agosto de
2002-, se extrae que aún cuando la vacancia absoluta del cargo de Alcalde se
presente con posterioridad a las elecciones generales territoriales, se afecta
el periodo del elegido por cuanto deberá tomar posesión del cargo
inmediatamente, haciendo con ello atípico su periodo como el subsiguiente. Lo
anterior, se aprecia claramente de la situación fáctica cuando la Sección
Quinta al resolver el caso expone:
“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
examinada en el capítulo anterior, el periodo del señor …Gelvez Albarracín
terminó en la fecha en que se le aceptó la renuncia, es decir, el 14 de
noviembre de 2000, y el periodo personal de tres años de …Mora Jaramillo, quien
había sido elegido alcalde el 29 de octubre se inició el 27 de noviembre de
2000, fecha en que tomó posesión del mismo ante la vacancia absoluta del
cargo…; su periodo venció el 26 de noviembre de 2003, por lo que el 27 de
noviembre del mismo año se inició el periodo del demandado, quien había sido
elegido popularmente alcalde …en las elecciones de 26 de octubre de 2003. El 27
de noviembre de 2000 fecha de posesión del alcalde Mora Jaramillo, regía el
criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional según el cual los periodos de
los alcaldes eran personales y se iniciaban con la posesión que debía ocurrir
inmediatamente culminara el periodo del antecesor, por vacancia absoluta. Así
las cosas, el periodo subsiguiente, iniciado en vigencia del acto legislativo
No. 2 de 2002, ya tenía el carácter de atípico.
El hecho que la Comisión Escrutadora…haya señalado que el periodo
del demandado era de 4 años, que la elección del mismo haya coincidido con la
de alcaldes con periodos ordinarios, que se haya posesionado en la fecha que
correspondía a éstos y que su antecesor se haya posesionado ante la vacancia
absoluta del cargo ocurrida luego de su elección popular como alcalde…, no
impide declarar la atipicidad del periodo por que constituyen hechos,
circunstancias y normas jurídicas que no pueden prevalecer en ninguna
hermenéutica en contra de la Constitución”.
Así encontró el
Consejo de Estado que el cargo por violación del inciso 1 del artículo 7 del
Acto Legislativo No. 02 de 2002, prospera y declaró la nulidad del acto
administrativo proferido por la Comisión Escrutadora Municipal de San José de
Cúcuta, estableciendo que el periodo del actor es el comprendido entre el 27 de
noviembre de 2003 y el 13 de diciembre de 2005.
No obstante, la
misma Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencias de fecha 17 de
noviembre de 2005[113] y 1 de diciembre de
2005[114], fallo de manera
contraria casos similares, decisiones en las cuales resolvió negar las
pretensiones de la demanda. En efecto, señaló:
“Corolario de lo anterior, la Sala considera que al producirse una
falta absoluta dentro del período institucional normal, cuando ella es ulterior
a las elecciones generales del período siguiente, tal circunstancia no afecta
los períodos  posteriores, vale decir,  que ese hecho no los convierte en
atípicos. Y ello resulta razonable, porque se trata de una circunstancia
sobreviniente que no era previsible ni por el candidato, ni por las autoridades
electorales en el momento en que se realizaron las respectivas elecciones”.
La situación
fáctica y jurídica en los casos de Palmira y Ocaña resultan ser similar a la
resuelta posteriormente en la sentencia objeto de acción de tutela (caso de la
Alcaldía de Cúcuta). En efecto, la situación del caso del Alcalde de Palmira
estuvo dado por:
“En las
elecciones de 29 de octubre de 2000, fue elegido como Alcalde de Palmira el
señor  Miguel Antonio Motoa Kuri, para el período 2001-2003 (folio 4 cuaderno
No. 4). Se resalta que el día de las elecciones estaba como titular de la
Alcaldía el señor Calle Forero, cuyo período finalizaba el 31 de diciembre de
2000, luego entonces, no cabe duda que el período del electo Motoa Kuri
finalizaba el 31 de diciembre de 2003; la circunstancia de la renuncia del
Alcalde anterior, esto es, la del señor Calle Forero cuya aceptación se produjo
el 30 de noviembre de 2000, mediante Decreto Departamental 0721, hecho que
sucedió cuando ya había sido elegido el Alcalde del período 2001-2003 no puede
originar un período atípico. Ahora, pese a que el señor Miguel Antonio Motoa
Kuri, alcalde electo para el período 1º de enero de 2001 a 31 de diciembre de
2003, tomó posesión del cargo el día 15 de diciembre de 2000, ante la
declaratoria de vacancia absoluta del cargo de alcalde que hiciera el
Gobernador, tal diligencia, contentiva de una situación de hecho, no tiene la
virtud de generar  la atipicidad de un período”.
Y, en el caso de
Ocaña por:
“En las
elecciones de 29 de octubre de 2000, fue elegido como Alcalde del Municipio de
Ocaña el señor Francisco Antonio Coronel Julio, para el período 2001-2003
(folio 244). Se resalta que el día de las elecciones estaba como titular de la
Alcaldía el señor Rodríguez Martínez, cuyo período finalizaba el 31 de
diciembre de 2000, luego entonces, no cabe duda que el período del electo
Coronel Julio finalizaba el 31 de diciembre de 2003; la circunstancia que
mediante Decreto No. 1285 de 14 de noviembre de 2000, se hubiese declarado la
vacancia absoluta del cargo de Alcalde, que desempeñaba el señor José Aquiles
Rodríguez Martínez, tal hecho que sucedió cuando ya había sido elegido el
Alcalde del período 2001-2003 no puede originar un período atípico. Ahora, pese
a que el señor Francisco Antonio Coronel Julio, alcalde electo para el período
1º de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2003, tomó posesión del cargo el día
20 de diciembre de 2000, ante la declaratoria de vacancia absoluta del cargo y
el llamamiento para ocupar el mismo que le hiciera el Gobernador, según se
constata de la posesión, tal diligencia, contentiva de una situación de hecho
no tiene la virtud de generar  la atipicidad de un período”.
Concluye así la
Sala que la sentencia de 16 de marzo de 2006, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, impugnada vía acción de tutela, no sigue los precedentes
dados en dos (2) decisiones anteriores proferidas el 17 de noviembre de 2005 y
1 de diciembre de 2005. Si existen unos mismos supuestos de hecho las razones
de derecho debieron ser las mismas; es decir, que si en dos precedentes de la
misma Sección se consideró que eran típicos períodos de alcaldes cuando la
vacancia absoluta fue una circunstancia sobreviviente a las elecciones
generales, en el tercer caso similar ha debido concluirse de dicha manera.
Pero, en este caso se concluyó, sin motivar razonadamente dicho cambio, que el
periodo era atípico frente a una vacancia absoluta dada con posterioridad a las
elecciones generales territoriales.
Así la Sección Quinta del Consejo de Estado terminó
desconociendo su propio precedente al cambiar su posición sin justificarlo ni
aduciendo razones para esa separación. Era entonces necesario que el Consejo de
Estado hubiere referido a los precedentes de la misma Sección haciendo
explícito bajo argumentos razonables y fundados los motivos que le llevaban a
abandonar la ratio decidendi anterior, para así desechar toda
posibilidad de arbitrariedad y propender por el acatamiento del principio de
igualdad frente a las decisiones judiciales[115]. Por ende,
al no hacerse explícito el cambio del precedente se violó el derecho a la
igualdad en las decisiones judiciales[116]. Los dos (2)
salvamentos de voto a la sentencia impugnada vía acción de tutela, fueron
explícitos en denotar la contradicción en que incurrieron las sentencias de la
misma Sección como aquí se expone.
Ahora bien. Caber recordar, que la sentencia del 16
de marzo de 2006 objeto de acción de tutela se firmó con un Conjuez, y que éste
no es el mismo que concurrió a suscribir las sentencias del 17 de noviembre y 1
de diciembre del 2005. pero tal circunstancia no cambia para nada la existencia
de la violación del derecho a la igualdad en el trato judicial, pues, como se
ha indicado, dicha vulneración radica en que para efectos de separarse del
propio precedente la Sección Quinta del Consejo de Estado ha debido referir a
las decisiones anteriores y suministrar los argumentos suficientes para su
abandono, lo cual no aconteció.
Sobre el punto
que se analiza, la Corte Constitucional en sentencia SU.120 de 2003[117],
al abordar el derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, señaló: “De
modo que la evidente similitud mostrada en los casos referidos en esta
providencia conduce a esta Corte a sostener que la accionada estaba en la
obligación de aplicar en todos ellos la misma interpretación razonable, esto
es, el criterio que le ha permitido conceder a los extrabajadores la
actualización de su mesada pensional con fundamento en las previsiones de la
Ley …, según la edad requerida para acceder a la prestación, haya sido
alcanzada antes o después del 1° de abril de 1994, porque:… No obstante,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia les negó a los
señores … el derecho a actualizar su primera mesada pensional:… Sea
menester añadir que el mandato de aplicar la ley de manera general y uniforme
–artículo 13 C. P.- está dirigido a todos los jueces y magistrados, singulares
y colegiados, de manera que los cambios de jurisprudencia, además de objetivos
y razonables, deben sopesar los efectos que sus modificaciones ocasionan en los
intereses en litigio. Porque mientras para la accionada fallar en uno o en otro
sentido puede no tener trascendencia, siempre que ambos sentidos se encuentren
explicados, para el pensionado hacerse acreedor a una o otra decisión significa
la cabal efectividad de sus derechos sociales. De manera que no puede entender
por qué, estando en las mismas circunstancias que las suyas, otro pensionado,
en tanto él no, podrá mantener el poder adquisitivo de su pensión.”.
Por lo anterior,
habrá de confirmarse el fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 2 de agosto de 2006,
mediante el cual dispuso conceder el amparo solicitado al señor Ramiro Suárez
Corzo como Alcalde de la ciudad de Cúcuta, dejando sin efectos la sentencia del
16 de marzo de 2006, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y
declarando ejecutoriado el fallo del 8 de junio de 2005, proferido por el
Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander. Por consiguiente, el
periodo del actor debe entenderse que comprende del 1 de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2007.
V. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
CONFIRMAR, por las razones expuestas, el fallo de
tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura del 2 de agosto de 2006, mediante el cual concedió el amparo
solicitado por el señor Ramiro Suárez Corzo como Alcalde de la ciudad de
Cúcuta, dejando sin efectos la sentencia del 16 de marzo de 2006, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado y declarando ejecutoriado el fallo del
8 de junio de 2005, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Norte de Santander. Por consiguiente, el periodo del actor comprende del 1 de
enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007.
Segundo. LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Ponente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-117 DEL 2007
DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
PERIODO ATIPICO DE ALCALDE-Caso en que
en la sentencia se afirmó que era típico (Salvamento de voto)
El motivo que
me obliga a separarme del criterio mayoritario acogido por la Sala Novena de
Revisión, es que el tiempo en que un Alcalde, como sucede en el presente caso,
debe permanecer en el cargo, no corresponde al consignado en el acto de
convocatoria a la elección, sino al que corresponda a las directrices fijadas
en la Constitución Política. En el caso que ocupó la atención de esta Corte,
considero, que el ciclo relativo a la elección del demandante, correspondía a
un período ATIPICO, y no típico, como se insistió en la sentencia de la cual me
aparto.
Referencia: expediente T-1424382
Acción de tutela instaurada por Ramiro Suárez Corzo contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Con el debido
respeto por las decisiones de esta Corporación, me permito salvar mi voto a la
presente sentencia, para lo cual me permito dejar consignadas las siguientes
razones:
En una
presentación muy general de lo pretendido con el escrito tutelar, el accionante
plantea que la decisión que acusa, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, incurrió en una vía de hecho judicial por dos aspectos
fundamentales: (i) la aplicación indebida del inciso 1 del artículo 7 del Acto
Legislativo No. 02 de 2002 y (ii) porque supone una violación al derecho
fundamental a la igualdad, ya que, en casos similares el Consejo de Estado ha
adoptado una posición diversa a la que asume en la decisión que se revisa.
Pues bien, el
motivo que me obliga a separarme del criterio mayoritario acogido por la Sala
Novena de Revisón, es que el tiempo en que un Alcalde, como sucede en el
presente caso, debe permanecer en el cargo, no corresponde al consignado en el
acto de convocatoria a la elección, sino al que corresponda a las directrices
fijadas en la Constitución Política.
Recordemos que
el artículo 7º del Acto Legislativo 02 de 2002, que
modificase el artículo 303 constitucional, dispuso:
“Artículo transitorio. Todos los Alcaldes y
Gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente Acto
Legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un
período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de
diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará
el mismo 31 de diciembre del año 2007.
Todos los Gobernadores y Alcaldes elegidos con
posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente
acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus
sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre de año
2007.
En todo caso, el último domingo del mes de
octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y Gobernadores para todos los
Municipios, Distritos y Departamentos del país, para períodos institucionales
de cuatro años, que se iniciarán el 1o. de enero del año 2008.
(…)”.
En el caso que
ocupó la atención de esta Corte, considero, que el ciclo relativo a la elección
del señor Ramiro Suárez Corzo, correspondía a un período ATIPICO, y no típico,
como se insistió en la sentencia de la cual me aparto.
Considero
necesario recordar, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
relación a períodos personales de alcaldes, ha considerado que se presenta
atipicidad en los períodos de los alcaldes en situaciones como el bajo estudio,
por cuanto el período del señor Gelves Albarracín terminó en la fecha en que se
le aceptó la renuncia (14 de noviembre de 2000 o sea, mes y medio antes del vencimiento
el 31 de diciembre del mismo año) y el período del sucesor Mora Jaramillo,
quien había sido elegido el 29 de octubre de 2000, inició el 27 de noviembre de
2000 (un mes y tres días antes), fecha en que tomó posesión del cargo, lo cual
debía ocurrir atendiendo las diferentes sentencias que sobre el tópico ha
proferido la Corte Constitucional[118] inmediatamente
culminara el período del antecesor por vacancia absoluta.
Así las cosas,
el período del accionante (elegido para el período 2004-2007, quien inició el
1º de enero de 2004) ya era, en mi concepto, ATIPICO, por lo que ha debido
iniciarse el 27 de noviembre de 2003 y culminar el 13 de diciembre de 2005.
Con base a las
razones anteriormente señaladas, discrepo de la presente decisión.
Fecha ut
supra,
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Dato extraído de la sentencia
recibida vía e mail y confirmado por el auxiliar judicial Sr. Gerardo
Villamizar del Despacho de la Magistrada Ponente Dra. María Josefina Ibarra
Rodríguez.
[2] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
1 Corte Constitucional. Sentencia T-501 de 21 de agosto
de 1992. M.P.  Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[3] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “En el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que
buscaba circunscribir la expresión "autoridades públicas", que
aparece en el texto del artículo 86 de la Constitución, de manera que sólo
cobijara a las "autoridades administrativas". En el proyecto de
articulado presentado por la Comisión I a la Plenaria no se acogió la
pretendida limitación del alcance del derecho de amparo o de la acción de
tutela a las autoridades administrativas (Proyecto No. 67, artículo 62 Misael
Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes
Alzate y Mariano Ospina Hernández. Gaceta Constitucional No. 23) y, por el
contrario, adoptó la fórmula  amplia de incluir como sujeto pasivo de dicha
acción a cualquier autoridad pública. Igualmente, en el curso del segundo
debate en Plenaria, se presentó una propuesta sustitutiva en el sentido de
restringir a las acciones u omisiones de las autoridades administrativas la
interposición de la acción de tutela cuando éstas vulneren o amenacen vulnerar
los derechos fundamentales, la cual fue nuevamente  derrotada al aprobarse
definitivamente  el actual artículo 86 de la Constitución Política. (Propuesta
sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando Yepes Arcila,
Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina Hernández y
María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.18)”.
[4] M.P. Jaime Córdoba Triviño. “… si bien es cierto
que algunos delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente consideraban que
la tutela no debía proceder contra sentencias judiciales, también lo es que la
gran mayoría participó de la idea de consagrar una acción que  -como el amparo
en España o el recurso de constitucionalidad en Alemania-  pudiera proceder
contra las decisiones judiciales. En este sentido es importante recordar que la
propuesta presentada por un conjunto de delegatarios destinada a restringir en
el sentido que se estudia el ámbito de protección de la acción de tutela,
resultó amplia y expresamente derrotada por la mayoría con el argumento, claramente
expuesto en el debate, según el cual impedir la tutela contra decisiones
judiciales podría crear un ámbito de impunidad constitucional y reduciría la
eficacia de los derechos fundamentales a su simple consagración escrita[4].”
[5] T-006 de 1992, T-223 de 1992, T-413 de 1992,
T-474 de 1992, entre otras.
[6] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[7] Sentencia C-543/92.
[8] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[9] La Corte señala que se incurrió en una conducta a
todas luces reprochable y no se cuenta recurso diferente a la acción de tutela
para lograr el respeto del derecho de acceso a la justicia y un debido proceso.
El asunto tratado consistió en la abstención de tramitar asunto que ha debido
tramitarse y sin embargo fue archivado.
[10] La Corte aludió a la existencia de un error
manifiesto. Señaló la existencia de una vía de hecho susceptible de control a
través de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la violación de los derechos de la persona. El caso consistió en
la afectación de las
garantías procesales a progenitora en trámite de declaración de estado de
abandono y homologación de adopción de menor hijo.
[11] La Corte encuentra la violación del debido proceso y
del derecho de defensa, recalcando en que resulta evidente la extralimitación
de funciones del juez. Caso: negación de un recurso con fundamento en un
requisito jurídicamente inexistente.
[12] Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación
del ordenamiento jurídico las convierte -pese a su forma- en verdaderas vías de
hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias para
los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el
ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la
intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez.
Caso: desconocimiento de la calidad de representante y no permisión del
ejercicio del derecho de defensa que vulneró el debido proceso y no hizo
posible el derecho a impugnar las decisiones judiciales.
[13] Acto desprovisto de toda justificación jurídica que
configura lo que se conoce como "vía de hecho". Caso: falta de
respuesta a la petición de una prueba considerada pertinente e indispensable.
Principios de publicidad, contradicción y defensa como supuesto de la
presunción de inocencia y del debido proceso penal.
[14] La cosa juzgada como resultado de una vía de hecho
pierde su valor de decisión intangible y poco vale como cosa juzgada. Caso:
evidentes errores al amparo de equivocada aplicación de norma y con la cual
desconoció el derecho de defensa. La parte demandada cumplió el deber procesal
de consignar las mesadas debidas al momento de contestar la demanda y esa
conducta legitimaba el derecho a contestar la demanda y proponer las
excepciones así como el deber del juez de resolver sobre los medios de defensa
interpuestos en  oportunidad.
[15] En esta decisión se señaló que si la jurisdicción y
la consiguiente atribución de poder a los diferentes jueces, se hace con miras
a la aplicación del derecho a las situaciones concretas y a través de los
cauces que la ley determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que
discurra ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten
probados o con abierta preterición de los trámites y procedimientos
establecidos, no podrá imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como
vinculantes, habida cuenta de la "malversación" de la competencia y
de la manifiesta actuación ultra o extra vires de su titular. Si este
comportamiento  - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma -
se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento
para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el
ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial. El control
constitucional de la vía de hecho judicial, no obstante ser definitivamente
excepcional y de procedencia limitada a los supuestos de defectos sustantivos,
orgánicos, fácticos o procedimentales, en que se incurra en grado absoluto, es
tanto de forma como de fondo, pues su referente es la arbitrariedad que puede
ser tanto formal como material. Caso: violación del principio de congruencia y
del derecho de defensa por extensión de condena de perjuicios moratorios toda
vez que no aparece condena por concepto de corrección monetaria ni del escrito
de estimación de perjuicios se deduce el lucro cesante en cierta cantidad.
[16] Se sostuvo en esta sentencia que el error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería
contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa
judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía
de que son titulares las otras jurisdicciones. Caso: vía de hecho por omisión
del juez en estimar el material probatorio.
Derechos de los niños a la integridad física, la
salud y a la libre expresión de su opinión.
La acción de tutela y la custodia y cuidado personal
de los menores.
[17] Constituye vía de hecho y viola el debido proceso y
el acceso a la justicia la negativa de un juez a permitir que una entidad
territorial evite el remate de un bien de uso público. defensa de los bienes de
uso publico (caso de Santa María del Lago).
[18] Caso: violación del principio de no reformatio in
pejus.
[19] Caso: vía de hecho por no aplicación en sanción
disciplinaria de norma mas favorable. Aplicación de norma derogada.
[20] Caso: doble condena por una causa jurídica. No
integración del litisconsorcio necesario en sustitución pensional.
[21] Caso: ignorancia de circunstancia de atenuación
punitiva. Tribunal reconoce ante juez de tutela error cuantitativo en condena.
Imposición de pena mayor a la ordenada por el legislador.
[22] Caso: el derecho del defensor a examinar el
expediente es presupuesto del pleno ejercicio del derecho a la defensa técnica
del sindicado. El poder correccional del funcionario judicial es reglado y no
le otorga discreción a quien lo ejerce para escoger la sanción que a bien
tenga. Cuando se altera significativamente la igualdad entre las partes durante
la etapa inquisitiva de un proceso penal, resulta violado el derecho a que se
respeten las formas constitucionales de esa clase de procesos.
[23] Caso: omisión de apreciación de pruebas.
[24] Caso: juzgamiento bajo régimen procesal y sustancial
reservado para los mayores de edad a quien era menor cuando transgredió la ley
penal. El juzgado penal del circuito violo el derecho al debido proceso, pues
desconoció las formas propias del juicio y al juez natural.
[25] Caso: violación del principio de favorabilidad penal.
[26] Caso: vulneración del debido proceso al proferirse
decisión al termino de un proceso en que careció de defensa técnica dado que
los jueces no le notificaron las decisiones relativas a la practica de pruebas,
al cierre de la investigación, al proveído acusatorio y a la sentencia
condenatoria pese a que en el expediente se señalaba el lugar en el cual podía
ser encontrado. Adicionalmente el abogado de oficio se limito exclusivamente a
asistir a la audiencia publica sin cumplir diligentemente con los deberes de
defensa que le impone su cargo.
[27] Caso:
inviolabilidad de votos y opiniones de los Congresistas. Vía de hecho
prospectiva.
[28] Caso: emplazamiento a quien no estaba debidamente
identificado y declaración de persona ausente al sindicado de condiciones
civiles y personales desconocidas en el proceso.
[29] Caso: derechos de los pueblos indígenas. Vía de hecho
por interpretación de los fallos de la Corte Constitucional contraria a los
derechos fundamentales. Obligatoriedad de los fallos de la Corte
Constitucional. Unidad de la jurisdicción constitucional.
[30] Caso: vía
de hecho consecuencial. Nombramiento
de defensor de oficio pues se le proceso como persona ausente a pesar de que
entre un periodo determinado estuvo privado de la libertad en la cárcel. Razonable esfuerzo por ubicar el paradero de un
procesado. Grave incumplimiento del Estado en sus deberes
constitucionales. Violación del derecho de defensa. Obligación del juez de
garantizar un juicio justo.
[31] Caso: vía de hecho por falta de consideración de la
excepción de inconstitucionalidad frente a una norma evidentemente contraria a
la Constitución.
[32] Caso: la vía de hecho en materia de interpretación
judicial. Desconocimiento de los principios de igualdad de trato y
favorabilidad. Desconocimiento de la convención colectiva como fuente formal
del derecho y acto de naturaleza solemne.
[33] Carácter excepcional de la acción de tutela contra
las vías de hecho judiciales.
[34] Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Valoración de pruebas e interpretación de normas.
Valor normativo del precedente constitucional. Enriquecimiento ilícito de
particular.
[35] Eficacia de la casación para la protección de
derechos fundamentales. Deber de protección de los derechos fundamentales en
casación. Vía de hecho por exceso ritual manifiesto.
[36] Caso: vía de hecho dentro del proceso de reintegro
por fuero sindical. Ningún trabajador amparado por dicha garantía puede ser
despedido, ni desmejorado, ni trasladado sin que previamente se haya procedido
a levantar el fuero sindical mediante la solicitud que al efecto debe elevar el
empleador ante el juez del trabajo.
[37] Caso:
identificación e individualización del sindicado y vinculación al
proceso penal. Debido proceso y derecho de defensa.
[38] Caso: violación del principio no reformatio in
pejus.
[39] Procedencia en forma estrictamente excepcional de la
acción de tutela.
[40] Caso: vía de hecho por reforma del fallo de tutela
durante el tramite del desacato.
[41] Caso: rechazo de demanda laboral por aspectos
formales que desconoce el principio de favorabilidad laboral respecto de unos
pensionados.
[42] Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
acciones u omisiones judiciales.
[43] Caso: negativa
de indexación de la primera mesada pensional.
[44] Procedibilidad
excepcional de la acción de tutela contra providencias que resuelvan un recurso extraordinario especial de revisión
contra una sentencia de pérdida de la investidura de un Congresista.
[45] Correspondió a la Corte determinar si el Consejo de
Estado incurrió en vía de hecho y, por ende, si vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso al ejercicio de cargos y funciones
públicas, de ejercicio y control del poder político, al trabajo, al libre
desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, al despojar de su
investidura de Senador de la República y posteriormente al confirmar esa
decisión, al resolver el recurso extraordinario de revisión instaurado por el
afectado.
[46] Caso: está demostrado que el juez accionado condenó
al actor a 28 meses de prisión por hechos que éste no cometió y aunque acepta
la situación, insiste en mantener la condena y la consiguiente orden de
captura, hasta que resuelva en contrario el juez de revisión.
[47] Caso: en los casos de reestructuración de pasivos de
entidades públicas, la administración tiene el deber de acudir previamente ante
el juez laboral cuando quiera que sea necesario suprimir un cargo que viene
siendo ocupado por un trabajador aforado.
[48] Causales especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
[49] Caso: la vía de hecho por la omisión de notificación
al procesado privado de la libertad .
[50] Jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de
la tutela respecto a providencias judiciales que configuren vías de hecho.
[51] Caso: la no admisión de la acción de tutela contra
providencias de la Corte Suprema de Justicia vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos.
[52] Caso: interpretación no ajustada a la
realidad probatoria en el incidente: La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incurrió en una vía de hecho.
[53] Caso: el
mismo Consejo de Estado admitió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no se había pronunciado sobre las excepciones de falta de competencia y cláusula
compromisoria, planteadas por aquéllas, pero sí lo hizo en relación con las
excepciones previas planteadas por el Banco de la República; y equivocadamente
estimó que, en virtud del artículo 311 del C.P.C. , era competente para entrar
a resolverlas, incurriendo de esta forma en una vía de hecho por defecto
orgánico.
[54] Caso: la prueba no valorada, era la que contenía los
dos hechos que la propia sentencia atacada exigía  como probados. El fallo
atacado negó la valoración de una prueba relevante para identificar la
veracidad de los hechos puestos a su conocimiento.
[55] Caso: debido proceso en caso de empleado nombrado en
provisionalidad en cargo de carrera administrativa.
[56] Caso: derecho al debido proceso, defensa técnica y
libertad del condenado a pena privativa de la libertad sin beneficio de
excarcelación vinculado y condenado como persona ausente sin haber contado con
defensa técnica por el nombramiento de defensor de oficio que no era abogado.
[57] Sentencia T-522/01.
[58] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.
[59] T-1044 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[60] T-658 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[61] Sentencias T-909 de 2006, T-955 de 2006,
T-966 de 2006, T-1044 de 2006 y T-1068 de 2006.
[62] Apartes
citados en la sentencia T-1068 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[63] T-1044
de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[64] T-1044 y T-1068 de 2006. Consúltese también la sentencia T-275 de
2005, sobre desconocimiento de ratio decidendi con efectos erga omnes.
[65] T-1068
de 2006.
[66] T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[67] T-254
de 2006, SU.640 de 1998, SU.168 de 1999, SU.1720 de 2000.
[68] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[69] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Esta decisión es citada y acogida en la sentencia T-254 de
2006.
[70] Sentencia C-037 de
1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[71] T-492 de 2003. Cita
la sentencia T-960 de 2002. También puede consultarse la sentencia T-461 de
2003.
[72] T-249 de 2003. M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[73] T-569 de 2001. M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[74] T-658 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[75] M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[76] Sentencia C-104 de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[77] T-048 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[78] Sentencia C-104 de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[79] T-698 de 2004.
[80] Consúltese
a este efecto también la sentencia T-330 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[81] T-698 de 2004.
[82] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[83] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[84] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[85] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[86] Art. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la
ley.
[87] Art. 2.  3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto
se compromete a garantizar que:  a) Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.
[88] Art. 25. Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
[89] Véase la sentencia C-531 de 1993. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[90] Consúltese a este efecto la sentencia T-272 de 2005.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[91] T-895 de 2005,  T-1080 de 2005, T-104 de
2006, T-153 de 2006,  entre otras.
[92] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[93] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[94] Debe precisarse, que otras
sentencias citadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado (Nota al pie, página 23
y página 29 de la sentencia de fecha 16 de marzo de 2006, radicado interno
3855) como
soporte de su decisión no podrán ser valoradas en la medida que la C-449 de
1997 no existe y las sentencias C-923 de 1999, C-1316 de 2000 y C-1380 de 2000
existen pero no refieren ni desarrollan el tema concreto de los periodos
individuales.
[95] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[96] Ms. Ps. Eduardo Cifuentez Muñoz y José Gregorio
Hernández Galindo.
[97] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[98] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[99] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[100] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[101] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[102] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[103] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[104] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[105] En efecto, se observa del fallo proferido por el
Consejo de Estado que acoge como soporte fundamental para su decisión “la
jurisprudencia constitucional sobre los periodos personales de los alcaldes”,
determinando lo que considera es el real alcance de las sentencias C-011 de
1994, C-586 de 1995 y C-448 de 1997 y resolviendo el caso indicando que a ello
procede “de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. Esta
sentencia que la firman cinco Consejeros de Estado, tuvo dos (2) salvamentos de
voto de los Consejeros Filemón Jiménez Ocha y Darío Quiñones Pinilla. El
Conjuez Oscar Fernando Martínez Bustamante, aclaró el voto.
[106] “Tanto el a
quo como el demandado afirmaron que, conforme a la jurisprudencia de la Corte
examinada, para que un periodo de alcalde adquiriera el carácter de atípico era
necesario que se configurara la vacancia absoluta del cargo antes de que se
convocara a elecciones y que no se configuraba atipicidad del periodo en los
casos en que habiendo sido elegido un alcalde para un periodo normal se
producía la vacancia absoluta y se posesionaba del respectivo cargo antes de la
fecha en que debía posesionarse para el periodo típico o normal para el que
había sido elegido”. Transcripción
tomada de la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
[107] Por Decreto 1283 de 14 de noviembre de 2000, fue
aceptada por el Gobernador la renuncia del Alcalde Gelves Albarracín. En dicho
acto se encargó a la doctora Betty Prada Montes mientras el señor Mora
Jaramillo asumía las funciones del cargo de alcalde para el cual fue elegido.
Esta información reposa en el recuento que de las pruebas hace la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
[108] Sentencia de 8 de marzo de 2001.
Radicación 417-00. Consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. “Según la
jurisprudencia de la Corporación (ver sentencia 16 agosto/63, Anales 2º
semestre 1963, tomo 67, pag. 57), el funcionario de hecho “es aquel que
desempeña un cargo en virtud de una investidura irregular.”
[109]T-960 de 2003, T-424 de 2004 y C-822 de 2004.
[110] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Acción de tutela instaurada por Raúl José Coronel Gil
y Griceria del Carmen Robles Castillo contra la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
[111] Debe recordarse que
no sólo obliga la parte resolutiva de las sentencias de constitucionalidad sino
también la parte motiva que tenga conexión estrecha, directa e  inescindible con
la parte resolutiva. C-037 de 1996.
[112] Consejero ponente Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá.
Decisión que fue además firmada por los Consejeros María Noemí Hernández
Pinzón, Filemón Jiménez Ochoa, Darío Quiñones Pinilla y Oscar Fernando Martínez
Bustamante (Conjuez). Salvamento de voto de los Consejeros Filemón Jiménez
Ochoa y Darío Quiñones Pinilla. Aclaración de voto del Conjuez Oscar Fernando
Martínez Bustamante.
[113] Radicación 3601. Consejero ponente Dr. Filemón
Jiménez Ochoa. Decisión que además fue firmada por los Consejeros Reinaldo
Chavarro Buritica, María  Nohemí Hernández Pinzón, Darío Quiñones Pinilla,
Nestor Castillo Varilla (Conjuez). Salvamentos de voto de Reinaldo Chavarro
Buritica y María Nohemí Hernández Pinzón. Sentencia suministrada por la
Relatoría del Consejo de Estado.
[114] Radicación 3737. Consejero ponente Dr. Filemón Jiménez
Ochoa. Decisión que además fue firmada por los Consejeros Reinaldo Chavarro
Buritica, Darío Quiñones Pinilla, Nestor Castillo Varilla (Conjuez).
Salvamentos de voto de Reinaldo Chavarro Buritica y María Nohemí Hernández
Pinzón. La Consejera María  Nohemí Hernández Pinzón, estaba ausente por
comisión. Sentencia suministrada por la Relatoría del Consejo de Estado.
[115] T-698 de 2004.
[116] En la sentencia T-698 de 2004, se reiteró que para
efectos de separarse del precedente horizontal debe en primer lugar referirse al precedente anterior y en segundo lugar
brindar un argumento suficiente para el abandono o cambio si pretende fallarse
en sentido contrario al anterior bajo situaciones fácticas similares, para así
“conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad”[116].
[117] M.P. Alvaro Tafur
Galvis.
[118] Ver entre otras Sentencias C-011 de 1994,
C-586 de 1995 y C-448 de 1997