T-955-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-955/03
JUNTA DE
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDAD NEGRA-Funciones
COMUNIDAD
NEGRA-Concepto
COMUNIDAD
NEGRA-Representante legal
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Comunidades
negras de la Cuenca del río Cacarica no requieren representación de persona
jurídica
Los actores son integrantes de las comunidades negras
de la Cuenca del río Cacarica, no interesa para efecto de determinar la
legitimación de su pretensión que ostenten la representación de la persona
jurídica –Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica-, como tampoco que dicha
representación se encuentre actualmente en disputa. Lo expuesto en razón de que
la jurisprudencia constitucional tiene definido que las organizaciones que
agrupan a los pueblos indígenas y tribales, y quienes pertenecen a éstos, están
legitimados para invocar su derecho a la subsistencia e integridad cultural.
Resulta claro, entonces, que los accionantes están legitimados para invocar la
protección del Juez Constitucional, sin consideración al estado actual de la
representación de su comunidad, en cuanto persona jurídica i) porque pertenecen
a las comunidades negras que ocupan la ribera del río Cacarica, y los artículos
2° y 7° constitucionales reconocen y protegen el derecho de éstos pueblos a la
diferencia, ii) dado que el artículo 58 de la Carta ampara las formas
asociativas y solidarias de propiedad, que los integrantes de las comunidades
negras conocen y practican, y iii) en razón de que el artículo 55 transitorio
de la Carta propende porque los pueblos que ocupan los ríos de la Cuenca del
Pacífico mantengan sus prácticas tradicionales de producción, con total respeto
de su autonomía e identidad cultural.
RECURSO DE APELACION-Pronta resolución por parte de la Dirección
de Etnia del Ministerio del Interior y de Justicia
ACCION POPULAR-Protección de derechos e intereses colectivos
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para hacer cesar daño
ecológico
La acción de tutela no es el instrumento judicial
apropiado para que los accionantes hagan cesar el daño ecológico que comporta
la tala comercial no sustentable, que se adelanta en su territorio colectivo.
Es claro, entonces, que la acción de tutela tampoco resulta ser el mecanismo
procedente para conjurar la amenaza que se cierne el territorio en comento y
sobre la región del Bajo Atrato en general a causa de las actividades agrícolas
y colonizaciones a gran escala que destruyen el bosque, afectan las cuencas,
impulsan la erosión, y sedimentan los lechos de los ríos y las quebradas en el
Pacífico colombiano, que denuncia la Defensoría del Pueblo en sus
intervenciones.
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Juzgamiento de actuaciones de entidades
públicas
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Debe resolver sobre resoluciones que
autoricen explotación forestal en la cuenca de río Cacarica
La validez de las
Resoluciones proferidas por CODECHOCO para permitir y autorizar explotaciones
forestales en el territorio colectivo de las comunidades negras de la Cuenca
del Río Cacarica, al igual que la condena y valoración de los perjuicios
causados por el Estado, en razón de la expedición y desarrollo de tales
resoluciones, son asuntos que deberá resolver la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.
ACCION
DE TUTELA Y ACCION ADMINISTRATIVA-Procedencia
conjunta
El juzgamiento de los actos de la administración,
confiado por el ordenamiento constitucional a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, no impide la intervención del juez de tutela en el asunto,
porque el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991 desarrolla el amparo
constitucional transitorio, previsto en el artículo 86 de la Carta, previendo
que “la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de
nulidad y de las demás precedentes ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo”, y que, en estos casos, si el Juez constitucional así lo
considera, “podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la
situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el
proceso”. Nótese, eso sí, que la procedencia conjunta de las acciones de tutela
y administrativas requiere que la amenaza o el daño que se pretenden solventar
se deriven real y efectivamente de la actuación de la administración en
controversia. Además, las actuaciones del juez de tutela y del juez
administrativo frente a la misma situación, de manera transitoria la primera y
la segunda en forma definitiva, requieren que el afectado promueva las acciones
dentro de la oportunidad legal, como quiera que el amparo constitucional no
puede ser rechazado por caducidad, pero deberá negarse si no se invoca dentro
de términos prudentes y razonables propios de su urgencia e inmediatez, y no ha
sido previsto para solventar la incuria procesal de las partes.
JUEZ CONSTITUCIONAL-No tiene competencia para pronunciarse
sobre la inaplicación temporal de las resoluciones que autorizan explotación
forestal en la Cuenca del río Cacarica
No compete al Juez Constitucional pronunciarse sobre
la inaplicación temporal de las Resoluciones 3595 y 3596 de 1992, porque el
Tribunal Administrativo del Chocó ya se pronunció en definitiva sobre su
validez y no procede inaplicar temporalmente la Resolución 1486 de 1999, toda
vez que los accionantes no representan, y tampoco agencian a quienes
resultarían afectados con la medida. Por este aspecto la sentencia que se
revisa deberá igualmente confirmarse, sin que por ello pueda entenderse que no
procede la suspensión inmediata de la explotación forestal que la empresa
accionada adelanta directamente o por intermedio de terceros en el territorio
colectivo de los accionantes, en cuanto la jurisprudencia constitucional tiene
definido que la protección de los valores culturales económicos y sociales de
los grupos étnicos es asunto que compete al juez de tutela, quien, advertida la
vulneración o amenaza, no puede escatimar esfuerzos para restablecerlos.
DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Subsistencia de pueblos indígenas y
tribales
Del reconocimiento a
la diversidad étnica y cultural depende la subsistencia de los pueblos
indígenas y tribales, y que son éstos quienes pueden conservar y proyectar en
los diferentes ámbitos el carácter pluriétnico y multicultural de la nación
colombiana, sustrato del Estado social de derecho acogido en la Carta. Este carácter, reconocido alude a los
pueblos indígenas y tribales, entre éstos a las comunidades negras
COMUNIDAD INTERNACIONAL-Reconocimiento de grupos étnicos
ESTADOS PARTES-Respeto a la diversidad étnica y cultural
COMUNIDAD NEGRA-Derecho a utilizar, conservar y administrar
sus recursos naturales
Está claro, que los pueblos que han venido ocupando
las zonas rurales ribereñas de las Cuenca del Pacífico tienen derecho a la
delimitación de su territorio, y que esta comporta el derecho de las
comunidades negras a utilizar, conservar y administrar sus recursos naturales,
no sólo porque las previsiones del Convenio 169 de la OIT, a las que se ha
hecho referencia, así lo indican, sino porque el artículo 55 Transitorio de la
Carta reconoce en estos pueblos, de antemano, la conciencia de identidad
tribal, criterio fundamental, aunque no único, para que opere dicho
reconocimiento, en los términos del artículo 1° del instrumento internacional.
COMUNIDAD NEGRA-Reconocimiento
COMUNIDAD NEGRA-Reconocimiento del derecho a la propiedad
colectiva
El derecho de las comunidades negras sobre su
territorio colectivo se funda en la Carta Política y en el Convenio 169 de la
OIT, sin perjuicio de la delimitación de sus tierras a que se refiere la Ley 70
de 1993, en cuanto ésta resulta definitiva e indispensable para que dichas
comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar el
reconocimiento constitucional. Y que el derecho de propiedad colectiva en
comento comprende, y siempre comprendió la facultad de las comunidades negras
de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en
sus territorios, con criterios de sustentabilidad. Es decir que desde el año de
1967, en los términos de la Ley 31, a las comunidades negras nacionales, en
cuanto pueblos tribales, les fue reconocido el derecho a la propiedad colectiva
de los territorios que ocupan ancestralmente y, por ende, las facultades de uso
y explotación de sus suelos y bosques, esto último, por ministerio de la ley o
previa autorización de la autoridad ambiental, en los términos del Código de
Recursos Naturales.
PROPIEDAD COLECTIVA DE COMUNIDAD NEGRA-Comprende bosques y suelos/COMUNIDAD
NEGRA-Son las únicas que pueden aprovechar los recursos forestales de sus
territorios colectivos
El Congreso Nacional acogió, la comprensión de los
bosques y suelos en la propiedad colectiva que la Carta Política les reconoce a
las comunidades negras, reafirmando la función social y ecológica de dicha
propiedad. Al parecer de la Sala las previsiones anteriores regulan en forma
puntual el derecho de propiedad colectiva de las comunidades negras, a las
tierras que tradicionalmente ocupan, reconocido inicialmente en la Ley 31 de
1967 y refrendado por el Convenio 169 de la OIT y el artículo 55 T. de la
Carta, de tal manera que son éstas las únicas propietarias de la flora
existente en sus territorios, y quienes pueden extraer y aprovechar los
productos de sus bosques.
AUTORIDAD AMBIENTAL-Deberes frente a los derechos de las
comunidades negras
las autoridades de la República, en especial las
ambientales, están en el deber i) de apoyar a las comunidades negras en las
acciones que emprendan para impedir el uso de la tierra y la explotación de sus
recursos naturales por personas ajenas, y ii) sancionar a quienes se aprovechen
de los productos de los suelos y bosques de sus territorios colectivos.
Mandatos estos que operan tanto para la tala doméstica, como para la que se
adelante con fines de comercialización, porque son las comunidades negras las
que pueden aprovechar los recursos forestales de su territorio colectivo, sin
perjuicio de su derecho a asociarse en condiciones de igualdad, con entidades
públicas o privadas, para adelantar aprovechamientos forestales sostenibles.
DIRECCION DE ETNIAS DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA-Deberes
El conflicto interno surgido entre las comunidades
negras que tradicionalmente ocupan las riberas del río Cacarica se encuentra a
consideración de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de la
Justicia, entidad que tiene que resolver el recurso de apelación interpuesto
por personas pertenecientes a dichas comunidades, contra la inscripción de la
Junta y representación legal de la persona jurídica de su Consejo Mayor,
designadas en asamblea de 14 de octubre del año 2001. Ahora bien, compete a esta
Dirección, entre otras funciones, atinentes a la protección de la diversidad
étnica y cultural nacional, además de llevar el registro de los Consejos
Comunitarios y organizaciones de base de las comunidades negras, “promover la
resolución de conflictos por razón de propiedad colectiva, usufructo,
explotación de tierras, o recursos naturales y ejercicio de prácticas
tradicionales de producción conforme a las disposiciones legales sobre la
materia”, como también “coordinar interinstitucionalmente la realización de la
consulta con los grupos étnicos sobre los proyectos que puedan afectarlos de
conformidad con la ley”
PROPIEDAD COLECTIVA-Suspensión de explotación forestal en la
Cuenca de río Cacarica
Las explotaciones forestales que se adelantan en
territorio colectivo de la cuenca del río Cacarica i) deberán suspenderse y
sólo podrán reanudarse previa reglamentación y de acuerdo con ésta, ii) la
reglamentación tendrá que consultarse a las comunidades negras, propietarias de
los bosques colectivos, y iii) el aprovechamiento de sus suelos y bosques
deberá beneficiar a los pueblos indígenas y tribales, real y efectivamente en
términos de consolidación de su proceso cultural.
DERECHO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES A LA CONSULTA PREVIA
COMUNIDAD NEGRA-Debe ser consultada para explotaciones
forestales en la cuenca del río Cacarica
La Sala observa, que las explotaciones forestales
que se adelantan en las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico i) no
han sido consultadas a las comunidades negras de la región, como lo disponen el
artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y los artículo 55 transitorio y 330 de
la Carta Política, ii) que dichas explotaciones no benefician real y
verdaderamente a las comunidades de la región, y iii) que no se ha expedido la
reglamentación que deberá regular los aspectos que les permitirán a dichas
comunidades extraer de manera sustentable los productos de sus bosques sin
desmedro de su identidad cultural.
DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE
COMUNIDAD NEGRA-Protección/DERECHO
A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE COMUNIDAD NEGRA-Suspensión de explotación
forestal
Se tutelará el derecho de los accionantes a la
propiedad colectiva de sus suelos y bosques, de manera que la entidades
accionadas ordenarán que se suspenda la extracción a que se hace mención, y
dispondrán lo necesario para que tan pronto como el Ministerio del Interior y
la Justicia defina el asunto de la representación legal de su Consejo Mayor, se
consulte a las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica, de buena fe y
con el objeto de llegar a un acuerdo, la reglamentación sobre el
aprovechamiento forestal de sus bosques colectivos, teniendo presente que
dichas comunidades son las propietarias del recurso, y tendrán que ser las
beneficiarias directas de la explotación, y ésta deberá permitirles avanzar y
consolidar su proceso cultural.
Referencia: expediente T-562887
Acción
de tutela instaurada por el Consejo Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica
contra el Ministerio del Medio Ambiente y otros
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre del año dos
mil tres (2003).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández
y Jaime Araujo Rentería, en ejercicio de su competencia constitucional y legal,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de la decisión tomada por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, dentro de la acción de tutela
instaurada por el Consejo Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica en contra del
Ministerio del Medio Ambiente –hoy de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial-, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible
del Chocó CODECHOCO y de Maderas del Darién S.A.
I. ANTECEDENTES
Los señores Naufal Quinto, Teófilo Avila Julio, Angel
Nelis Palacios, Alirio Mosquera Palacios y Luis Anibal Lemus, “en nuestra
condición de representante legal, y miembros de la Junta Directiva del Consejo
Mayor de la Cuenca del Río Cacarica”, demandan la protección transitoria de
“nuestros derechos fundamentales a la integridad étnica, social, económica y
cultural, a la subsistencia, a no ser sometidos a desaparición forzada, así
como los derechos a la Participación y Debido Proceso”, que están siendo
quebrantados por los accionados al tolerar, permitir y adelantar la explotación
de madera en su territorio colectivo.
1. Contexto fáctico de la tutela que se revisa
1.1 La Comunidad Negra de la Cuenca del río Cacarica.
Situación geográfica, identificación, representación, desplazamiento y retorno
a) Las comunidades de Balsagira, Balsita, Bocachico,
Bogotá, Bocas del Limón, Peranchito, Quebrada Bonita, Quebrada del Medio, La
Honda, Las Mercedes Barranquilla, La Virginia Perancho, Las Pajas, Montañita
Cirilo, Puente América, Puerto Berlín, Puerto Nuevo, San Higinio, San José de
Balsa, Santa Lucía, Teguerré Medio, Varsovia, Vijao Cacarica y Villa Hermosa la
Raya, se ubican en jurisdicción del Municipio de Riosucio, departamento del
Chocó, entre las márgenes izquierda del río Atrato y derecha del río Cacarica.
Su territorio se encuentra ubicado en la Reserva
Forestal del Pacífico, dentro del Area de Manejo Especial del Darién, y linda
por el norte con el Parque Nacional Natural de los Katios, por el occidente con
los resguardos indígenas Emberá Perancho, Perrrachito y la Raya, por el sur con
los territorios de las comunidades negras de Salaquí y por el oriente con el
río Atrato.
b) “En febrero de 1997, la Fuerza Aérea  Colombiana
junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejercito dio inicio a la
“Operación Génesis”, con el fin de atacar al Frente 7 de las FARC que hacía
presencia en la zona. Según testimonios de los pobladores de la región, en este
operativo fueron bombardeadas las comunidades de Caño Seco, Tamboral y
Arenales, en la cuenca del río Salaquí, lo que causó el desplazamiento de
aproximadamente quince mil campesinos de las cuencas de los ríos Cacarica,
Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaqui, entre otros, hacia el
corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá, departamento de
Antioquia, y hacia las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo. Algunas
familias incluso llegaron a Cartagena[1]”.
c) El 27 de febrero del mismo año “fue asesinado
Marino López de la comunidad de Bijao, en la cuenca del río Cacarica, por
paramilitares de las ACU. La víctima fue decapitada delante de los miembros de
la comunidad (..). Estos hechos provocaron el desplazamiento de 3.500 personas
de las 23 comunidades que constituyen la cuenca del río Cacarica”[2].
d) El 28 siguiente las comunidades en mención fueron
objeto de “ataques indiscriminados, por agua, aire y tierra y obligados a
asentarse provisionalmente en Turbo, Bocas de Atrato y Bahía Cupica”, “otros
emigraron a Panamá, para luego ser repatriados a Colombia y ubicados en la
Hacienda El Cacique de Bahía Cupica, corregimiento de Bahía Solano”.
Como resultado de la incursión paramilitar
desaparecieron cerca de 80 personas pertenecientes a las comunidades negras de
la región y sus caseríos quedaron destruidos[3].
e) Dos mil trescientas personas asentadas en el
municipio de Turbo, de las tres mil quinientas desplazadas de la cuenca del río
Cacarica, fueron ubicadas por la Alcaldía de dicho municipio inicialmente en el
Coliseo, y más adelante en dos albergues, construidos con ayuda de agencias
internacionales.
Un sector de la población desplazada, optó por
ubicarse definitivamente en el municipio que les dio refugio, y otro grupo
resolvió retornar a su territorio.
Quienes optaron por el retorno solicitaron del
Gobierno Nacional condiciones socioeconómicas y de seguridad para sacar
adelante su propósito, entre éstas i) la construcción de dos nuevos
asentamientos en la región, ii) la titulación de sus tierras, iii) la garantía
de contar con una protección no armada en el trayecto y en el territorio de
retorno, iv) la seguridad de contar con programas de desarrollo comunitario en
la zona, y iv) que les sea reconocido el derecho a una reparación moral -el
pliego en mención fue elaborada por las comunidades durante 12 meses de estudio
y participación comunitaria-.
f) El 30 de mayo de 1997, estando refugiados en las
instalaciones del Coliseo de Turbo, Agustín Muentes, Ramón Burgos, Andrés
Machado y Francisco Muentes se reunieron en Asamblea General, constituyeron el
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Balsita Chocó se eligieron para
integrar su Junta Directiva, y designaron al señor Agustín Muentes para
presidirla[4].
g) El 17 de diciembre del mismo año, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a instancias de la Comisión
Intercongregacional de Justicia y Paz, solicitó al Gobierno nacional imponer
medidas cautelares a fin de preservar la vida de los integrantes de las
comunidades del Cacarica, en consideración a los hostigamientos, amenazas y
señalamientos por parte de grupos armados, inclusive en los lugares de
asentamiento provisional. La Defensoría del Pueblo denuncia que “Catorce
personas han sido asesinadas y quince desaparecidas”[5].
h) El 13 de enero de 1998, el señor Adán Quinto, en
calidad de representante legal del Consejo Comunitario de la comunidad negra
del Cacarica, solicitó ante la alcaldía de Riosucio la inscripción del Consejo
Mayor de Cuenca del Río Cacarica en el registro de consejos comunitarios de la
entidad, para el efecto anexó el Acta de constitución, que da cuenta[6]:
-De la reunión adelantada en la ciudad de Turbo, a las
10 a.m. del “15 de noviembre de 1997”[7],
con la participación de “Toda la comunidad desplazada de la Cuenca del río
Cacarica”, previa convocatoria, entre otros, de los señores Teófilo Avila
Julio, Alirio Mosquera Palacios, y Luis Anibal Lemus.
-De la elección del solicitante, como representante
legal.
-De la designación de la Junta Directiva integrada por
los señores Pascual Avila –presidente-, Adán Quinto –vicepresidente-, Teófilo
Avila –tesorero- y Luis Lemos – fiscal -.
i) El señor Adán Quinto Mosquera, en comunicación sin
fecha, solicitó al Gerente del INCORA Regional Chocó, “se sirva ordenar a
quien corresponda la continuación del trámite de las solicitudes de titulación
colectiva presentada ante ese despacho por las comunidades de :    LAS PAJAS,
EL LIMON PERANCHITO, BALSAGIRA, LA VIRGINIA, PERANCHO, VILLA HERMOSA LA RAYA,
BOCACHICA, SAN HIGINIO, PUERTO AMERICA, BALSITA, QUEBRADA DEL MEDIO, BOGOTA,
BIJAO CACARICA, PUERTO NUEVO, MONTAÑITA, EL BENDITO BOCACHICO, QUEBRADA BONITA,
TEGUERRE MEDIO, SANTA LUCIA, LAS MERCEDES BARRANQUILLA, LA HONDA, PUERTO
BERLIN, BARSOVIA, Y SAN JOSE DE BALSA”.
Para el efecto, el señor Mosquera, en la comunicación
en comento, informa al destinatario que en“asamblea General del Consejo
Comunitario de la Cuenca del río Cacarica se decidió”:
1.  -“Dar aval a los
representantes legales para que soliciten (..) suspender el trámite como se
habían (sic) solicitado, o sea título comunidad por comunidad.
2.  -Unirnos en un solo
consejo comunitario denominado Cuenca del río Cacarica.
3.  -Nombrar como representante
legal del Consejo de la Cuenca del río Cacarica en jurisdicción de Riosucio
Chocó al señor ADAN QUINTO MOSQUERA.
4.  Dar aval al
representante legal para que solicite al Gerente del INCORA  Regional Chocó la
continuación del trámite de titulación unificado en el consejo comunitario de
la Cuenca del río Cacarica (sic)”
j) El 13 de mayo de 1998 fue creada una Comisión Mixta
de Verificación del proceso de retorno y restablecimiento socioeconómico de la
Comunidad del Cacarica, con la participación de representantes de las
comunidades desplazadas de la región, del Gobierno Nacional y de organizaciones
no gubernamentales, a fin de acompañar a las comunidades en el proceso –éste se
inició en febrero de 2000, como adelante se indica-.
k) El 4 de agosto de 1998, la Comisión Técnica de la
Ley 70 de 1993 emitió concepto favorable para la demarcación de ciento tres mil
quinientos sesenta y un hectáreas (103.561) con treinta y dos metros cuadrados
(32 mts2), ubicadas en la Reserva Forestal del Pacífico, dentro del
Area de Manejo Especial del Darién, a las comunidades negras que ocupan tierras
baldías en la zona rural ribereña del río Cacarica, beneficiando, de esta
manera, a tres mil ochocientos cuarenta personas, y setecientas diez familias.
En consecuencia, el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, mediante Resolución número 0841 de 26 de abril de 1999, adjudicó a las
Comunidades Negras, organizadas en el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río
Cacarica, en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”, el terreno
en comento, dejando a salvo los derechos de quienes ocupaban el terreno a
tiempo de la adjudicación, hasta tanto las comunidades beneficiarias “puedan
realizar la compra de las mejoras respectivas”.
“Durante el proceso de titulación colectiva, se llevó
a cabo una concertación territorial entre la comunidad del Cacarica y el
resguardo indigena Embera de Perancho. En esa oportunidad, se determinó la
entrega de 13 mejoras de la comunidad de Cacarica para la ampliación de
resguardo. El Incora adquirió el compromiso de pagar estas mejoras por valor de
noventa millones ochocientos dieciocho mil seiscientos pesos ($90.818.600.oo),
según el avalúo realizado. A la fecha el compromiso no se ha cumplido y el
INCORA sostiene que no cuenta con la disponibilidad presupuestal para tal fin.”[8]
l) En febrero de 1999, “un sector de la comunidad
de Cacarica se declaró como “Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad”,
CAVIDA.[9]
m) El 5 de septiembre del mismo año, en Asamblea
General Extraordinaria adelantada en la ciudad de Turbo, “previa
convocatoria hecha a partir de la solicitud planteada en una carta enviada por
las familias de la Cuenca del Cacarica, asentadas provisionalmente en Bahía
Cupica, con fecha 19 de Julio de 1999 para tratar los temas de: explotación de
madera Bijao Cacarica y la actuación del representante legal (..) ratificada
por los miembros del Consejo en el mes de agosto de 1999 (..) con la asistencia
de 13 de las 23 comunidades que se agrupan en el Consejo Mayor, (..) con la
participación de 153 personas, entre ellos 2 hermanos nuestros que se
encuentran en Bahía Cupica quienes representaron a las 49 familias que se
encuentran asentadas provisionalmente allí, estuvo también representada, por 1
persona, la población que se encuentra en Bocas del Atrato”; previo
análisis del desempeño del representante legal[10],
y de los integrantes de la Junta Directiva, los asistentes resolvieron,
unánimemente:
“a- Ratificar en sus cargos a los señores
Teofilo Avila Julio, como vicepresidente, Alirio Mosquera Palacios como
tesorero, Luis Anibal Lemus como fiscal y Angel Nelis Palacios como secretario
ya que han desarrollado sus cargos como lo ordena el artículo 11 del decreto
1745 además de estar actuando conforme nuestro proyecto de vida.
b-Revocar del cargo de Representante legal
al señor Adán Quinto por considerar que la gestión adelantada por él no fue la
mejor y por considerar que sus decisiones afectan seriamente los intereses de
la Comunidad.
c- Realizar una nueva elección de
Representante legal.
(..)
Por mayoría de votos quedo elegido como
nuevo Representante Legal de la Cuenca del Cacarica el señor Naufar (sic)
Quinto (..)”[11]
n) El 13 de diciembre de 1999 fue suscrita el “Acta
de Acuerdo Para el Retorno entre las Comunidades Desplazadas de la Cuenca del
Cacarica Asentadas Provisionalmente en Turbo, Bocas de Atrato y Bahía, y el
Gobierno Nacional” i) por entidades gubernamentales del orden nacional
–Ministerios del Interior, de Agricultura, de Salud, de Educación y de
Transporte, Red de Solidaridad Social, INCORA e ICBF-, ii) por Organismos
Nacionales no Gubernamentales -Conferencia Episcopal, Corporación Jurídica
Humanidad Vigente, y Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, y iii) por
observadores internacionales –Oficina para Colombia de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los DD.HH., la Prace Brigades International y la Embajada
del Canadá-.
El compromiso abarca aspectos que el Gobierno Nacional
debe desarrollar para el retorno definitivo de las comunidades del Río
Cacarica, tales como i)atención humanitaria –alimentación en el proceso de
retorno y permanencia hasta que las familias hubiesen garantizado su
subsistencia-[12];
ii) documentación –registro y cedulación-[13];
iii) construcción de 418 viviendas[14];
iv) entrega formal de la Resolución de adjudicación del territorio colectivo a
la comunidad, el 15 de diciembre siguiente en la ciudad de Turbo-; v)
desarrollo de medidas de protección –dotación de la Casa de la Justicia,
acciones de la Policía y del Ejército Nacional-[15]; y vi) limpieza y
canalización de los caños Perancho y Peranchito[16].
A su vez las comunidades se comprometieron a hacer
explícita su decisión de no involucrarse en el conflicto armado.
o) El 31 de enero de 2000, 270 integrantes de
las comunidades desplazadas del Cacarica iniciaron el proceso de retorno a su
territorio, luego lo hicieron 84, más adelante 450 personas, y en la última
fase, adelantada en marzo de 2001, retornaron aproximadamente 150 personas[17].
p) El 28 de febrero de 2000, la Alcaldía Municipal de
Riosucio expidió la resolución 071 de la fecha, con el objeto de revocar la
inscripción de las directivas del Consejo Mayor de la cuenca del río Cacarica,
realizada el 14 de enero anterior, y reconocer las designaciones realizadas en
1997[18].
“Con todo, unos días más tarde, la misma entidad
municipal decretó la nulidad de lo actuado, aduciendo que el acto de registro
de la segunda Junta elegida no se había impugnado y que la citada Resolución
071 no se había notificado a las partes. Frente a estos hechos, el señor Naufal
Quinto, Representante legal elegido, pidió a la Dirección de Comunidades del
Ministerio del Interior oficiar a la Alcaldía solicitando la constancia de inscripción
de los nuevos dignatarios del Consejo, hecho que sólo se cumplió hasta el 12 de
diciembre de 2000.”[19]
q) El 14 de Octubre de 2001, en Asamblea General
Extraordinaria del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca
del Río Cacarica, reunida en Turbo, convocada por los Consejos Menores de La
Virginia, Perancho y Las Pajas “por motivo del Desplazamiento de estas
Comunidades”, fue designado como representante legal y miembro de la Junta
Directiva el señor Adán Quinto, y esta última quedó integrada por Fabricio
Mosquera, Victor Antonio Reyes, Margarita Vergara, Tulio Centenaro, Ofelia
María Quejada y Amancio Hurtado[20].
r) El 27 de octubre de 2001 la “Junta del Consejo
Comunitario de la Cuenca del Cacarica”, mediante “COMUNICACIÓN PUBLICA”
–sin firma- denunció la iniciación de una nueva explotación forestal en su
territorio colectivo por parte de Empresas del Darién S.A., y la realización de
una reunión en el municipio de Turbo, sin el aval del Consejo Mayor, “se ha
pretendido elegir una nueva Junta del Consejo Comunitario”.
En consecuencia el Consejo en mención demanda del
Gobierno nacional i) una actuación decidida en torno a la extracción de madera
de su territorio colectivo, ii) una investigación real y a fondo sobre los
procedimientos adelantados por CODECHOCO en el otorgamiento de permisos y
autorizaciones forestales, y iii) que prescinda de sancionar a quienes
quebrantan las normas ambientales con multa, habida cuenta que MADARIEN está
siempre dispuesta a cancelar las multas, y así mismo a continuar con las
actividades por las que es sancionada.
Y, además el Consejo Comunitario en cita demandó la
intervención del Ministerio del Interior para que el municipio de Riosucio “si
tiene conocimiento de una nueva elección de Junta del Consejo (..) anule
la elección por los procedimientos irregulares adoptados y asuma las medidas
correctivas urgentes”.
Como antecedentes del problema, el comunicado informa:
-Que desde 1998 “se han utilizado herramientas
contra nuestro proceso de defensa del Territorio”, como i) “desconocer a
nuestro Representante Legal usando influencias y mentiras par destruir las
propuestas de defensa de los recursos naturales y de desarrollo sostenible”;
ii) lanzar acusaciones contra “los mestizos de nuestra comunidad y contra
los blancos solidarios que nos acompañan acusándolos de compradores de tierras
y de manipuladores”; iii) retener sus embarcaciones; e iv) ingresar “ a
nuestros asentamientos tomando videos y fotos que usa (sic) para decir no (sic)
habitamos en el territorio, que estamos aburridos y que los acompañantes nos
esclavizan”.
- Que las investigaciones adelantadas por la
Procuraduría y por la Fiscalía General no han dado ningún resultado, i) porque
CODECHOCO “sigue autorizando cortes de maderas en nuestro territorio,
desconociendo a nuestras autoridades, a la Junta del Consejo comunitario (sic)
a la Ley 70 de comunidades negras” y ii) que las investigaciones por los
hechos delictivos denunciados “(..) se realizan desde el municipio de
Riosucio, ante lo cual hemos señalado que allí se pierden garantías de
imparcialidad pues los desplazadores (sic) están allí dominando todo lo
que pasa”.
- Que el INCORA no cumplió con los compromisos
asumidos, al adjudicarle a la Comunidad el territorio colectivo, como quiera
que “el pago de mejoras de las fincas de 10 propietarios que cedieron sus
mejoras con la finalidad de permitir la concertación con las comunidades
indígenas, con quienes hemos tenido unas relaciones amómicas (sic) y  lo
que permite malos entendidos con los adeudados que han decidido en algunos
casos no retornar”.
- Que “desde hace tres semanas se inició un corte
ilegal, irresponsable de la Empresa Maderas del Darién, a menos de una hora de
nuestro asentamiento de Nueva Vida”.
- Que en tres ocasiones la Comunidad “decidió
sancionar a nuestro primer representante legal, en 1998, ADAN QUINTO” i)
por el uso indebido de recursos comunitarios, ii) por haber usado tiquetes
aéreos suministrados por Maderas del Darién sin autorización de la comunidad,
ii) por acordar con funcionarios de esta empresa, de CODECHOCO y del Ministerio
del Medio Ambiente, cortes de madera, y beneficios personales. Y que a pesar de
lo anterior, “sigue siendo reconocido por instituciones municipales,
departamentales y nacionales como vocero de nuestra comunidad”.
1.2    Los derechos constitucionales de las
comunidades negras. Antecedentes del artículo 55 transitorio de la Carta
Política
a) En oposición a la explotación de maderas en sus
territorios[21],
en enero de 1986, los campesinos negros de la región conformaron la Asociación
Campesina Integral del Atrato –ACIA-, entidad que lideró Foros Campesinos entre
junio de 1987 y febrero de 1990, el Paro Cívico del Chocó, que tuvo lugar en
mayo de 1987, el Encuentro de Bellavista en agosto de 1987, y el Foro sobre
Titulación de Tierras, en agosto de 1988[22].
En sus propuestas las comunidades negras expusieron su
derecho a contar con “un título comunitario que acredite legalmente su
propiedad ancestral sobre la tierra que han poseído y trabajado durante varios
siglos”, título que debía incluir “las parcelas familiares, los bosques,
y las ciénagas de uso comunitario con sus recursos naturales”.
Las comunidades fundaban sus pretensiones en la Ley 31
de 1967, aprobatoria del “Convenio relativo a las protección e integración
de las poblaciones indígenas tribales y semitribales en los Países
Independientes”, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1957[23], normatividad ésta que
permitió incrementar las políticas estatales de reconocimiento territorial,
asistencia, y apoyo educativo a las comunidades indígenas[24].
Aunque el título comunitario no fue otorgado, los
movimientos sociales de las comunidades negras obtuvieron el Acuerdo de
Buchadó, el Convenio ACIA-CODECHOCO, una Acta de Compromiso y un plan mínimo de
manejo ambiental, de conformidad con los cuales la Corporación Forestal en
comento destinó “600.000 hectáreas para desarrollar en ellas un programa de
participación comunitaria que permita la preservación y el aprovechamiento
sostenido de los recursos naturales renovables, así como la investigación
científica[25]”,
porción que más adelante incrementó a 800.000 hectáreas, y delimitó
debidamente[26].
Entre los aspectos de estos acuerdos, que vale
destacar, se tiene i) que no fue descartada la posibilidad de iniciar acuerdos
colectivos e individuales de titulación, ii) que la consulta previa con las
comunidades y asociaciones campesinas fue considerada como un procedimiento
válido y exigible para adelantar actividades de investigación en la región;
iii) que se formuló un plan integral para la zona; y iv) que los permisos de
aprovechamiento forestal se redujeron a 200 mts3, y siempre que se atendieran las
recomendaciones de las comunidades[27].
b) En noviembre de 1989, febrero y noviembre de 1990,
las comunidades negras de la región pacífica celebraron sendos encuentros
demandando del Gobierno Nacional i) la titulación de “los bosques
comunitarios en los pueblos del Medio Atrato[28]”,
y ii) que se adelante “un proceso de titulación a la población negra de la
región en forma asociativa o privada de acuerdo al deseo de cada tronco
familiar[29]”.
c) El Movimiento Nacional Cimarrón dirigió a la
Asamblea Nacional Constituyente una petición de varios puntos, entre éstos el
reconocimiento de su “derecho ancestral de propiedad y usufructo que han
adquirido las comunidades negras e indígenas sobre las tierras que ocupan”[30].
Y, una vez elegidos los miembros de dicha Asamblea,
las organizaciones negras conformaron una Mesa de Trabajo[31], sobre los derechos de
sus comunidades, e insistieron ante ésta, con manifestaciones públicas el
reconocimiento de su derecho a un régimen territorial propio, como lo indica el
siguiente aparte, del comunicado de prensa de mayo 10 de 1991:
“(..) el pueblo negro aspira a que se le
reconozca la propiedad ancestral sobre sus territorios tradicionales, muchos de
los cuales han sido compartidos históricamente con los pueblos indígenas. Para
ello se necesitaría un régimen especial de posesión y manejo del territorio,
acorde con las prácticas culturales de los negros, con lo cual se evitaría la
devastación de los recursos naturales de las zonas como el Pacífico, donde hoy
se pretende desarrollar grandes proyectos que desconocen la existencia de
pobladores negros e indígenas, los cuales han habitado y poseído el territorio
durante más de tres siglos /comunicado de Prensa de Mayo 10 de 1991)”[32].
d) La
Carta Política, además de reconocer la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana –artículos 1° y 7°-, determina con claridad el derecho de
propiedad colectiva de las comunidades negras, protege su identidad cultural,
ampara sus formas tradicionales de producción e impulsa su desarrollo económico
y social[33],
el siguiente es el texto de la disposición:
“ARTICULO TRANSITORIO 55. Dentro de los dos
años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el
Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el
Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades
negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas
de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las
áreas que habrá de demarcar la misma ley.
En la comisión especial de que trata el
inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por
las comunidades involucradas.
La propiedad así reconocida sólo será
enajenable en los términos que señale la ley.
La misma ley establecerá mecanismos para la
protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para
el fomento de su desarrollo económico y social.
Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente
artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares
condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable
de la comisión especial aquí prevista.
Parágrafo 2. Si al vencimiento del término
señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se
refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes,
mediante norma con fuerza de ley”.
e) En la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo –CNUMAD-, reunida en Río de Janeiro en junio de 1992, al cumplirse
20 años de Conferencia sobre Entorno Humano de Estocolmo[34], las discusiones
adelantadas sobre el manejo y la subsistencia de los bosques produjeron la
Declaración sobre los Principios Forestales, y en la Agenda 21 un Capítulo
sobre Deforestación[35].
Proclama la Conferencia, entre otras necesidades, el
reconocimiento por parte de los países integrantes de la Organización de “la
función vital que cumplen los bosques de todo tipo en el mantenimiento de los
procesos y el equilibrio ecológicos en los planos local, nacional, regional y
mundial mediante, entre otras cosas, la función que les cabe en la protección
de los ecosistemas frágiles, las cuencas hidrográficas y los recursos de agua
dulce y su carácter de ricos depósitos de diversidad biológica y recursos
biológicos y de fuente de material genético para productos biotecnológicos, así
como para la fotosíntesis” –principio 4-.
E insta a los declarantes a “reconocer y apoyar
debidamente la cultura y los intereses y respetar los derechos de las
poblaciones indígenas, de sus comunidades y otras comunidades y de los
habitantes de las zonas boscosas”.
Y, para el efecto destaca la necesidad de promover “condiciones
apropiadas para estos grupos a fin de permitirles tener un interés económico en
el aprovechamiento de los bosques, desarrollar actividades económicas y lograr
y mantener una identidad cultural y una organización social, así como un nivel
adecuado de sustentación y bienestar, lo que podría hacerse, entre otras cosas,
por conducto de sistemas de tenencia de la tierra que sirvieran de incentivo
para la ordenación sostenible de los bosques”. –principio 5-.
La Declaración de Río, por su parte, reconoce el
conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos y comunidades locales en
el manejo del medio ambiente y del desarrollo sustentable; de modo que insta a
los Estados a reconocer y apoyar la identidad, la cultura y los intereses de
pueblos y comunidades, como también a garantizarles su efectiva participación
en la protección del medio ambiente y del desarrollo –Principio Vigésimo
Segundo.
f) El 27 de agosto de 1993, mediante la Ley 70, se
desarrolló el artículo 55 transitorio de la Constitución Política con el propósito
de proteger a todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana en
condiciones de igualdad, por ello la Ley reafirma el derecho de las comunidades
negras y de sus organizaciones de participar, sin detrimento de su autonomía i)
en las decisiones que las afectan, y ii) en las instancias
participativas, previstas para el resto de los nacionales colombianos, en pie
de igualdad.
En materia territorial, la Ley dispuso que el Gobierno
determinaría “las tierras de las comunidades negras”, y que en éstas se
entenderían comprendidos “los suelos y los bosques” -artículos 2°, 4° y
6°-.
Como mecanismos de protección de la identidad cultural
de estos pueblos fue prevista i) su participación en el diseño, elaboración y
evaluación de los estudios de impacto ambiental, socio-económico y cultural,
que se realicen sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las áreas
referidas en la ley, ii) la conformación de una Comisión Consultiva de alto
nivel, con la participación de representantes de las comunidades negras de la
diversas regiones del país, para el seguimiento de la ley, iii) la designación
por consenso de los representantes de las comunidades para efectos de su
participación, en los términos de la ley, iv) su participación en el Consejo
Nacional de Planeación, y en los Consejos territoriales de Planeación, v) su
intervención en los procesos de planeación, coordinación, ejecución y
evaluación de las investigaciones que el Gobierno debe fomentar y financiar a
fin de promocionar los recursos humanos, y las realidades y potencialidades de
las comunidades negras, con miras a facilitar su desarrollo económico y social;
y vi) la participación de sus representantes en el diseño, ejecución y
coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y
social.
La Ley enfatiza, además, sobre la participación de las
comunidades negras i) en los planes y programas que adelante el Gobierno
nacional en sus territorios, con la cooperación internacional, para la
preservación del medio ambiente; ii) en la conservación y determinación
de sus prácticas tradicionales de producción; y iii) en los programas de
erradicación de la pobreza, con el propósito de propender por respeto y
reconocimiento de su vida social y cultural, y con miras a decidir sus aspiraciones
en materia de desarrollo.
g) La Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones”, por su parte, también prevé la participación de los grupo
étnicos, en condiciones de igualdad, en los asuntos ambientales que los
afectan, así:
-Un representante de los pueblos indígenas y otro de
las comunidades negras concurren a integrar el Consejo Nacional Ambiental, y en
los Consejos Directivos de las Corporaciones Regionales.
-Los integrantes de los pueblos indígenas y de las
comunidades negras pueden participar en los trámites que demanda la expedición
de licencias ambientales i) como pueden hacerlo todos los asociados; y ii) en
razón de su pertenencia al pueblo interesado, para efectos de la consulta
previa, prevista en el artículo 76 de la Ley en mención, con miras a que las
explotaciones de recursos naturales se adelanten sin desmedro de su de su
integridad cultural, social y económica, de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el
artículo 330 de la Constitución Política.
h) Otras normativas también regulan los derechos de
los grupos étnicos, y su participación en las decisiones que los afectan en
condiciones de igualdad, es el caso de la Ley 160 de 1994 -“por la cual se
crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”-; de las
Leyes 191 -“se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera”- y
199 de 1995 - “se cambia la denominación del Ministerio de Gobierno y se
fijan los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el Gobierno
Nacional modificará su estructura orgánica y se dictan otras disposiciones”-;
de la Ley 685 de 2001-“Por la cual se expide el Código de Minas y se
dictan otras disposiciones”; y el Decreto 200 de 2003 – “por el cual se
determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y
de Justicia, y se dictan otras disposiciones”.
1.3    Decisiones proferidas en defensa de los
derechos fundamentales de las comunidades negras de la Cuenca del río Cacarica
1.3.1 El 13 de abril de 1993, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Quibdó tuteló el derecho fundamental al trabajo de los
operarios de Maderas del Darién S.A, a instancias del Presidente del Sindicato
de la empresa, en consecuencia ordenó a CODECHOCO perfeccionar, mediante la
suscripción de los contratos respectivos, los permisos de explotación forestal
que habían sido otorgados por la Corporación mediante las Resoluciones 3595 y
3596 de 30 de diciembre de 1992 a nombre de Maderas del Darién S.A. y Pizano
S.A., para explotación forestal en Puerto Escondido y Balsa II, Guamal,
Riosucio y Murindó respectivamente.
Pero la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión
del 20 de mayo del mismo año, revocó la anterior providencia, y esta
Corporación confirmó la sentencia de segundo grado -T-469 de 1993-, previas las
siguientes consideraciones:
“8. El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Quibdó, en la Sala Dual Civil-Laboral, mediante sentencia del 13 de
Abril de 1993, falló favorablemente la acción de tutela solicitada. En la
providencia se resalta el carácter paradójico y digno de admiración del hecho
de que un trabajador actúe en defensa de los intereses de la empresa para la
cual presta sus servicios. El Tribunal considera que la negativa de CODECHOCO a
suscribir o presentar el proyecto de los contratos para las áreas de Guamal,
Balsa II, Larga Boba y Sábalos carece de justificación, y que "el Estado
en lugar de proteger del derecho al trabajo de BARRIOS CAICEDO, lo que está es
desprotegiéndolo a sabiendas de lo digno y legal del trabajo que desarrolla al
servicio de MADERAS DEL DARIEN S.A.".
(..)
11. La Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia del 20 de Mayo de 1993, resolvió la impugnación. La Corporación,
parte de considerar que las razones de CODECHOCO para negarse a otorgar los
permisos únicos y en su lugar otorgarlos como permisos persistentes obedece a
"una sana política destinada a un mejor aprovechamiento de los recursos
naturales y de consiguiente a la conservación del ecosistema". Como
fundamentos jurídicos de su afirmación cita los artículos 8, 79, 80, 334 y 336
de la Constitución Nacional, al igual que el Código de Recursos Naturales.
Concluye, que el proceder de CODECHOCO no puede calificarse de arbitrario o
caprichoso, y por el contrario, "el derecho a un sano ambiente tiene
primacía y prevalencia sobre el derecho individual al trabajo". Por otra
parte, y respecto del derecho al trabajo que el peticionario afirma se
encuentra amenazado, considera el fallador de segunda instancia que se trata de
"una simple conjetura", ya que el Ministerio de Trabajo no se ha
pronunciado respecto de la solicitud de despido de los trabajadores de MADARIEN.
Enfatiza que no puede llegarse "al extremo de que la simple sospecha o
suspicacia constituyan fundamento para su viabilidad." Por lo expuesto, la
Corte Suprema revoca los ordinales 1º y 2º del fallo de primera instancia, que
ordenaban a CODECHOCO la suscripción de los contratos de Balsa II y Guamal y la
expedición de las resoluciones referentes a los permisos únicos para Sábalos y
Larga Boba.”
Los hechos que dieron lugar a las
decisiones que se reseñan fueron sintetizados por la Sala Tercera de Revisión,
como sigue:
“1. AMED DE JESUS BARRIOS CAICEDO, en
calidad de empleado y presidente del Sindicato de Trabajadores de la EMPRESA
MADERAS DEL DARIEN S.A. (MADARIEN S.A.), interpuso acción de tutela contra la
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CHOCO (CODECHOCO), por considerar
que la omisión de ésta en los trámites para el otorgamiento de los permisos de
aprovechamiento forestal en favor de la empresa mencionada y de PIZANO S.A.,
vulnera su derecho fundamental al trabajo.
2. CODECHOCO es un establecimiento público
del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de Planeación
Nacional. El Gobierno Nacional delegó en esta entidad a partir de 1985, el
manejo de los recursos forestales de la cuenca del río Atrato, lo que se
encontraba anteriormente bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA).
3. La Empresa MADERAS DEL DARIEN S.A.
(MADARIEN S.A.) tiene como objeto social el desarrollo de actividades
relacionadas con la explotación y utilización de los recursos forestales.
Cuenta con 550 empleados que desempeñan su labor en las zonas donde se le han
concedido permisos de aprovechamiento forestal. Así mismo, celebra contratos de
extracción maderera con empresas del ramo que, solicitan, a su vez, los
permisos mencionados ante las entidades competentes, como es el caso de PIZANO
S.A.
Ante la demora de CODECHOCO en el
otorgamiento de los permisos respectivos, la compañía maderera solicitó a la
División Departamental de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca del
Ministerio de Trabajo, se decretara el cierre definitivo y se autorizara la
terminación de los contratos de trabajo "debido a que carece de la materia
prima indispensable para continuar trabajando". La entidad oficial, mediante
Resolución No. 1944 de Julio 1º de 1993, concedió el permiso para despedir el
50 % de los trabajadores vinculados a MADARIEN S.A., pero denegó la
autorización de cierre de la empresa.
4. El accionante, lo mismo que un gran
número de los empleados de MADARIEN, "es oriundo de una población del
Chocó, de raza negra y de vocación laboral maderera quienes por tradición de su
etnia no se han dedicado ni a la agricultura ni a la ganadería." Agrega el
peticionario, que considera justas sus condiciones de trabajo, en términos de
estabilidad laboral y de salarios y prestaciones sociales. El gasto de la
empresa por trabajador en 1992 fue de aproximadamente $500.000 mensuales.
5. Dentro de las funciones de CODECHOCO se
encuentran, entre otras, el otorgamiento de concesiones o permisos de
aprovechamiento forestal a empresas dedicadas a este sector de la actividad
económica. Estas autorizaciones tienen por objeto permitir a las compañías
interesadas la explotación de especies madereras determinadas, dentro de un
área específica de conformidad con las condiciones establecidas en los
respectivos permisos o concesiones.
El aprovechamiento forestal puede llevarse
a cabo mediante tres modalidades, de acuerdo con las características del área y
la finalidad del mismo. Así, los permisos pueden ser persistentes, únicos y
domésticos. Son persistentes aquellos en que el permisionario se obliga a
conservar la protección sostenida de la masa forestal mediante técnicas
silvícolas que permitan su renovación. Los permisos únicos hacen referencia a
la explotación definitiva de un bosque, cuyo suelo será destinado a usos
diferentes del forestal. Y por último, se entienden como domésticos, aquellos permisos
de aprovechamiento en menor escala cuyo explotación obedece esencialmente a las
necesidades de subsistencia del beneficiario. La clasificación de las
modalidades de permisos en clases A, B, C y D se determina de acuerdo al
volumen de madera extraída en bruto. Así, la clase A corresponde a
aprovechamientos forestales para volúmenes superiores a los 10.000 metros
cúbicos, la B respecto de extracciones de menos de 10.000 y más de 2.000 metros
cúbicos, la C para explotaciones entre 2.000 y 200 y, por último la D para
cantidades inferiores a 200 metros cúbicos.
El procedimiento por el cual se celebran
los contratos de aprovechamiento forestal se encuentra establecido en el Código
de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974) y sus normas reglamentarias
(Acuerdo 29 de 1975 del INDERENA y 29 de 1984 de CODECHOCO). La etapa
precontractual se inicia con la solicitud por parte del interesado de un
permiso para adelantar los estudios previos. Una vez concedido el permiso
inicial y finalizada la etapa de investigación, se presenta un documento
denominado "Plan de Ordenación Forestal", respecto del cual la
Corporación está facultada para solicitar las aclaraciones y estudios
complementarios que considere pertinentes. Como culminación de la fase anterior
al contrato, la empresa solicita el otorgamiento del permiso de aprovechamiento
forestal.
En lo que concierne a la cuenca del Río
Atrato, CODECHOCO se pronuncia sobre la solicitud. Primero emite un concepto
técnico definitivo que, de ser favorable, habilita a la Junta Directiva de la
entidad para proceder a otorgar la autorización. Tratándose de los
aprovechamientos forestales en baldíos de propiedad de la Nación, las empresas
interesadas que han obtenido permiso deben suscribir un contrato de extracción
maderera con la entidad encargada del manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales en la zona.
El interesado recibe el proyecto de
contrato al momento de la notificación de la Resolución que  otorga el permiso
de aprovechamiento forestal y dispone de un término de dos meses para formular
las objeciones del caso, o para devolverlo debidamente suscrito a la entidad.
Esta resuelve las objeciones, o en su ausencia, lo suscribe y procede a su
perfeccionamiento.
6. A partir de las pruebas aportadas y
practicadas en el proceso de tutela, fue posible establecer que MADARIEN S.A.
presentó, ante la entidad competente, solicitud de permisos de estudio para
aprovechamientos forestales únicos en las áreas denominadas Sábalos y Larga
Boba el 19 de Agosto de 1981 y para aprovechamiento persistente clase A en la
zona conocida como Puerto Escondido o Balsa II, en Mayo 3 de 1988. Por su
parte, la compañía maderera PIZANO S.A. inició en el 15 de Noviembre de 1982 el
procedimiento con miras a obtener permisos persistentes clase A para el área de
Guamal y, en  Junio 20 de 1990, para la zona de Domingodó.
En relación con las áreas de Sábalos, Larga
Boba, la Balsa II y Guamal, cumplidos los trámites de otorgamiento del permiso
de estudio, presentación del Plan de Ordenamiento Forestal y concepto técnico
favorable, la Junta Directiva de CODECHOCO, mediante el Acuerdo 061 de Octubre
30 de 1992, concedió los permisos de aprovechamiento forestal a las empresas
solicitantes. En lo tocante a Sábalos y Larga Boba, se otorgaron permisos únicos,
y para Guamal y Balsa II, permisos persistentes. No obstante, la Junta
Directiva de la entidad decidió que en los contratos debía estipularse una
cláusula que condicionara su continuidad a lo que finalmente decidiera el
Legislador en desarrollo del artículo 55 transitorio de la Constitución, que
reconoce derechos de propiedad colectiva a las comunidades negras que
ancestralmente han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico.
Mediante las Resoluciones 3595 y 3596 de
Diciembre 30 de 1992, la Dirección Ejecutiva de CODECHOCO concedió los permisos
de aprovechamiento forestal persistente para las zonas de Balsa II y Guamal, y
coetáneamente a su notificación, entregó a los permisionarios las minutas de
los contratos respectivos. Estas fueron devueltas sin objeciones y debidamente
suscritas por las empresas el 5 de Enero de 1993, pero hasta la fecha de
presentación de la acción de tutela, la entidad pública había omitido suscribir
los contratos, otorgar los permisos sobre Sábalos y Larga Boba y continuar con
el trámite del permiso para Domingodó.
7. Con el objeto de determinar los motivos
que llevaron a CODECHOCO a suspender los trámites de los permisos, se aportaron
y practicaron pruebas, dentro de las cuales se encuentran las actas de la Junta
Directiva de la Corporación. De su contenido puede deducirse que la Corporación
envió las minutas de los contratos mencionados al Departamento Administrativo
de Planeación Nacional, al INDERENA, al Viceministro de Gobierno y a las
comunidades que habitan la zona, con el objeto de que formularan los
comentarios que consideraran del caso. Se observa en el acta de la sesión de
Octubre 30 de 1992 que la motivación central para conceder los cuatro permisos
es la de garantizar a MADERAS DEL DARIEN la posibilidad de continuar trabajando
en el Chocó, teniendo en cuenta que se trata de una de las pocas empresas que
opera en el departamento y genera empleo. Igualmente, se percibe la
preocupación de conceder los permisos en conformidad con la normatividad
constitucional vigente.
La reunión de
la  Junta Directiva del 18 de Diciembre de 1992, tenía por objeto conocer y
considerar los argumentos de las entidades a las que se les había solicitado su
concepto en torno al otorgamiento de los permisos de aprovechamiento forestal.
A este respecto el señor Viceministro de Gobierno, dada su calidad de
Presidente de la Comisión Nacional del artículo 55 transitorio de la
Constitución, observa que la información socioeconómica disponible es
deficiente y en esa medida pueden afectarse los derechos derivados del artículo
transitorio mencionado, lo que podría generar eventuales conflictos sociales en
la región. Agrega que los estudios que permitirían la aprobación de estos
permisos, se realizaron antes de la expedición de la Constitución Política de
1991 y, por lo tanto, no se tomaron en consideración los derechos especiales en
favor de los grupos étnicos, los mecanismos de participación comunitaria y la
obligación de preservar el medio ambiente, todo lo cual aparece hoy consagrado
en la Carta. Manifiesta su preocupación por la falta de coordinación
gubernamental en la definición de las prioridades para la región pacífica y la
conservación de la biodiversidad. Añade que, en su opinión, se están otorgando
permisos de aprovechamiento forestal, sin las evaluaciones pertinentes. En
virtud de las anteriores consideraciones, recomienda reconsiderar el permiso de
Balsa II hasta tanto se conforme una comisión que elabore una evaluación sobre
los daños ocasionados en la explotación forestal de Balsa I.  Conceptúa que los
demás permisos deben otorgarse como persistentes  y no como únicos, para dejar
a salvo los derechos de las comunidades negras derivados de los artículos 55
transitorio y 63 de la Carta.
En la misma
sesión, el representante del Ministerio de Agricultura y Gerente General del
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente,
INDERENA, a la vez miembro de la Comisión Nacional del Artículo 55 transitorio,
anotó que los criterios para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento
forestal y las minutas de los contratos respectivos son los mismos que
utilizaba el INDERENA hace 10 o 15 años, por lo que deben modificarse para
ajustarlos a la nueva normatividad nacional e internacional. Su principal
objeción se refiere a la viabilidad de los permisos únicos que, a su juicio,
contrarían la Constitución, particularmente la noción del desarrollo
sostenible. Agrega que debió llevarse a cabo un censo de población en las
regiones con antelación al otorgamiento de los permisos.
La Junta Directiva de CODECHOCO se reunió
nuevamente el 12 de Enero de 1993 con el fin de evaluar la situación surgida
luego de la expedición de las resoluciones que concedieron los permisos y
procedió a nombrar una comisión técnica para determinar el mecanismo jurídico
idóneo con el fin de modificar las resoluciones proferidas y notificadas, junto
con los contratos suscritos por las empresas interesadas.
Reunida nuevamente el 25 de Enero, y
fundada en los conceptos jurídicos solicitados, la Junta concluyó que el
mecanismo adecuado para modificar las resoluciones y los contratos era el de la
revocatoria directa de los actos administrativos, que exige el consentimiento
previo del beneficiario. Para ello, nombraron nuevamente una comisión que debía
dialogar con los representantes legales de las compañías madereras con el
objeto de obtener su autorización para revocar algunos aspectos de las
resoluciones dado su carácter de actos administrativos.
Luego de la reunión de algunos miembros de
la Junta con los representantes legales de PIZANO S.A. y MADARIEN S.A., éstos
presentaron un informe a la Junta Directiva en la sesión del día Abril 2 de
1993. En él se expresa que las empresas madereras condicionan el otorgamiento
de su consentimiento para la revocatoria, a la firma por parte de CODECHOCO de
los contratos suscritos para Balsa II y Guamal, a la expedición de las
resoluciones que otorguen los permisos para Larga Boba y Sábalos en el menor
tiempo posible, y al otorgamiento del permiso para Domingodó. En sesión del 26
de Marzo último, la Junta resolvió modificar una cláusula del contrato original
y entregarlo a los permisionarios debidamente suscrito para las zonas de Guamal
y Balsa II. Respecto de la solicitud de aprovechamiento para las zonas de
Sábalos y Larga Boba, se planteó la necesidad de definir el mecanismo para
cambiar la naturaleza de los permisos de únicos a persistentes.
8. El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Quibdó, en la Sala Dual Civil-Laboral, mediante sentencia del 13 de
Abril de 1993, falló favorablemente la acción de tutela solicitada. En la
providencia se resalta el carácter paradójico y digno de admiración del hecho
de que un trabajador actúe en defensa de los intereses de la empresa para la
cual presta sus servicios. El Tribunal considera que la negativa de CODECHOCO a
suscribir o presentar el proyecto de los contratos para las áreas de Guamal,
Balsa II, Larga Boba y Sábalos carece de justificación, y que "el Estado
en lugar de proteger del derecho al trabajo de BARRIOS CAICEDO, lo que está es
desprotegiéndolo a sabiendas de lo digno y legal del trabajo que desarrolla al
servicio de MADERAS DEL DARIEN S.A.".
Se puntualiza en la sentencia que la
omisión de CODECHOCO generaría el cierre de la empresa y, por ende, quedarían
cesantes sus trabajadores, quienes, a juicio del fallador, se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta. Por lo tanto, concluye que la actuación de
la Corporación viola el artículo 53 de la Constitución - que prohíbe que la
ley, los contratos y convenios de trabajo puedan menoscabar la libertad, la
dignidad humana y los derechos de los trabajadores -, y el artículo 54 de la
Constitución Nacional, en lo referente al deber del Estado de propiciar la
ubicación laboral de quienes están en edad de trabajar. En virtud de lo
anterior, se ordena a CODECHOCO suscribir los contratos de Guamal y Balsa II,
proferir las resoluciones que otorgan los permisos de aprovechamiento forestal
únicos para Sábalos y Larga Boba y se deniega la petición en lo que atañe a
Domingodó.
9. La Corporación acusada impugnó el fallo.
Luego de precisar las diferencias entre los permisos persistentes y los únicos,
cita el concepto técnico del Ingeniero HUGO VILLOTA y explica que lo anterior
llevó a la Junta Directiva a tomar la decisión de cambiar la naturaleza de los
permisos de únicos a persistentes. En cuanto a los permisos de Guamal y Balsa
II, el apoderado y representante legal de CODECHOCO estima que era oportuno introducir
modificaciones de orden técnico recomendadas por los miembros de la Junta
Directiva de la entidad, pero que los contratos fueron aprobados y enviados a
las compañías el 5 de Abril. Solicita se revoque la decisión, se ordene el
cambio de los permisos de naturaleza única a persistentes para las zonas de
Sábalos y Larga Boba y se determine que los contratos a suscribir sean los
aprobados por la Junta Directiva de CODECHOCO el día 5 de abril de 1993.
10. Mediante escrito presentado a la Corte
Suprema de Justicia, el accionante defiende la decisión de primera instancia.
Esgrime que las recomendaciones en virtud de las cuales se modificaron los
contratos, son anteriores a las resoluciones que otorgaron los permisos.
Agrega, que la clase de permiso se determina por la naturaleza del suelo y el
uso que la ley establezca. Señala que Sábalos y Larga Boba no están incluidas
como zonas de reserva forestal y, por ello, los permisos respectivos deben ser
únicos. Explica que por tratarse de actos administrativos, no es viable
introducir modificaciones extemporáneas, como lo hizo la entidad respecto de
los contratos en cuestión.
11. La Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia del 20 de Mayo de 1993, resolvió la impugnación. La Corporación,
parte de considerar que las razones de CODECHOCO para negarse a otorgar los
permisos únicos y en su lugar otorgarlos como permisos persistentes obedece a
"una sana política destinada a un mejor aprovechamiento de los recursos
naturales y de consiguiente a la conservación del ecosistema". Como
fundamentos jurídicos de su afirmación cita los artículos 8, 79, 80, 334 y 336
de la Constitución Nacional, al igual que el Código de Recursos Naturales.
Concluye, que el proceder de CODECHOCO no puede calificarse de arbitrario o caprichoso,
y por el contrario, "el derecho a un sano ambiente tiene primacía y
prevalencia sobre el derecho individual al trabajo". Por otra parte, y
respecto del derecho al trabajo que el peticionario afirma se encuentra
amenazado, considera el fallador de segunda instancia que se trata de "una
simple conjetura", ya que el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado
respecto de la solicitud de despido de los trabajadores de MADARIEN. Enfatiza
que no puede llegarse "al extremo de que la simple sospecha o suspicacia constituyan
fundamento para su viabilidad." Por lo expuesto, la Corte Suprema revoca
los ordinales 1º y 2º del fallo de primera instancia, que ordenaban a CODECHOCO
la suscripción de los contratos de Balsa II y Guamal y la expedición de las
resoluciones referentes a los permisos únicos para Sábalos y Larga Boba.
12. El abogado Hugo Palacios Mejía,
presentó un escrito en el que defiende de manera conjunta los intereses de sus
poderdantes, AMED DE JESUS BARRIOS y MADERAS DEL DARIEN S.A., en la revisión
del presente proceso de tutela y en la del expediente T-13636, interpuesta por
la Comunidad del Resguardo Indígena de Chajeradó contra la acción de la empresa
mencionada y la omisión de CODECHOCO y resuelta mediante sentencia ST-380 de
1993 de la Corte Constitucional[36].
Considera que la H. Corte Suprema de Justicia no explica por qué encuentra
justificada la demora de la entidad en la suscripción de los contratos de Balsa
II y Guamal, cuyos permisos habían sido solicitados y concedidos con carácter
de persistentes, razón que amerita la revisión del fallo de segunda instancia.
Afirma que no se tuvo en cuenta la fecha de presentación de las solicitudes
para los permisos, por cuanto el derecho al trabajo no puede quedar sujeto
indefinidamente a las disertaciones de la Administración en torno a cómo
proteger el medio ambiente. En su criterio, "la demora indefinida de la
administración no es un instrumento legítimo de protección del medio
ambiente". Agrega que CODECHOCO debió buscar soluciones alternativas en
cumplimiento de los principios de economía y celeridad (CP art. 209), como
hubiera podido ser el otorgamiento de los permisos con carácter de únicos, pero
sujetarlos a los criterios más exigentes de los aprovechamientos persistentes.
Por último, discrepa de la posición de la Corte, en cuanto a que la solicitud
de despido de trabajadores ante el Ministerio de Trabajo sea una simple
conjetura, ya que se trata de un acto concreto, cuyo efecto es el
pronunciamiento de la Administración y que, de ser favorable, produciría
efectos jurídicos adversos al peticionario. Cabe precisar, finalmente, que el
aludido permiso fue concedido a MADARIEN el 1º de Julio de 1993”[37].
a) El 27 de julio de 1995, el Defensor del Pueblo
solicitó al Tribunal Superior de Distrito Judicial del Chocó dejar sin valor ni
efecto las resoluciones 3595 y 3596 de diciembre 30 de 1992, en cumplimiento de
las sentencias a que se hizo referencia, proferidas el 20 de mayo y el 22 de
octubre de 1993.
Para el efecto el Tribunal en mención requirió al
Director de la Corporación Regional de dicho departamento para que procediera a
darle cumplimiento a las anteriores decisiones, y, en su defecto, para que
remitiera los pronunciamientos adoptados en la entidad con tal propósito; pero
la entidad requerida respondió diciendo que los permisos no se expidieron en
cumplimiento de la orden emitida por el Juez Constitucional, sino como
culminación de un procedimiento administrativo.
b) El 18 de agosto de 1995, el Defensor insistió ante
el Tribunal Superior del Chocó a fin de que CODECHOCO adoptara “las
decisiones necesarias para dar cabal cumplimiento al fallo de tutela proferido
por la Sala Tercera de Revisión de la honorable Corte Constitucional el día 22
de octubre de 1993.”
Y, el Tribunal sancionó al Director de CODECHOCO por
desacato, decisión que el 23 de agosto siguiente la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de justicia ordenó revocar, porque “se ha impuesto una
sanción por una orden judicial inexistente”.
1.3.2 El 7 de septiembre de 2001 la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuteló los derechos
fundamentales de las Comunidades del Río Cacarica a la salud en conexidad con
la vida, a la tranquilidad, y a obtener de las autoridades respuesta a sus
peticiones, en consecuencia el Juez Constitucional ordenó:
“ (..) al señor Presidente de la República,
al señor Ministro del Interior y al Señor Ministro de Defensa, que dentro del
mes siguiente a la notificación de esta providencia adopten las medidas
necesarias para asignar un contingente militar que permanezca en la zona a fin
de garantizar las seguridad de los accionantes, y realizarán las actividades
tendientes a prestar atención psicológica a los demandantes y a sus familias.
Así mismo se ordena a la Corporación
Autónoma del Chocó realizar las actuaciones necesarias para hacer cumplir el
acto administrativo que ordenó la suspensión de la explotación maderera en ese
sector. El Ministerio del Medio Ambiente velará de acuerdo con la competencia
asignada en la Ley 99 de 1993, porque dicha Corporación cumpla con la orden
impartida en esta providencia.
De otra parte, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, el Ministerio de Defensa dará
respuesta a la solicitud formulada por los actores a que se hizo referencia en
las consideraciones de esta providencia y realizará las actividades tendientes
a prestar atención psicológica a los demandantes y a sus familias.
(..)”.
Para tomar la anterior decisión, la Subsección en cita
tuvo en cuenta la siguiente situación fáctica:
“Exponen los accionantes los siguientes:
Las comunidades negras de la Cuenca del
Cacarica fueron desplazadas desde la última semana de febrero de 1997, como
consecuencia de las acciones perpetradas por grupos paramilitares y miembros de
las fuerzas armadas, durante la operación “Génesis”, adelantada por la XVII
Brigada con sede en Carepa.
Permanecieron en Turbo, Bocas del Atrato y
Bahía Cupica aproximadamente 4 años, posteriormente iniciaron el retorno
escalonado a los asentamientos a mediados del año pasado.
El proceso de retorno a sus comunidades se
programó en 3 fases, la tercera de las cuales debía cumplirse en diciembre de
2000, no obstante fue suspendida por las amenazas de los grupos paramilitares.
Finalmente el día 1º de marzo del corriente
año se logró llevar a cabo la última fase de retorno. Durante el tiempo de
desplazamiento han sido víctimas de amenazas, asesinatos, desapariciones y
señalamientos por parte de los grupos paramilitares y en actuaciones
irregulares de las Fuerzas Militares.
A la fecha 80 de los miembros de su
comunidad han sido asesinados y/o desaparecidos, y desde 1998 han solicitado a
las autoridades competentes su intervención para esclarecer y sancionar a los
responsables del corte irracional de madera en su territorio, lo que ha
generado nuevos señalamientos y amenazas”.
Mediante sentencia de 16 de noviembre de 2001, la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado confirmó la protección antedicha, pero modificó el numeral 2 de la
decisión, en el sentido de radicar la obligación de prestar la asistencia
psicológica, ordenada por el Tribunal, en el Consejo Nacional para la atención
Integral de la Población Desplazada por la Violencia, y puntualizar que la
presencia de las Fuerzas Militares en la zona debe realizarse adoptando un plan
y un cronograma de actividades “que permita alcanzar el propósito de brindar
seguridad a la zona y preservar la vida y estabilidad de la comunidad frente a
factores de violencia de grupos armados al margen de la ley”.
1.4    Explotación maderera en el territorio colectivo
de las comunidades negras de la Cuenca del río Cacarica, en vigencia del artículo
55 transitorio de la Constitución Política. Actuaciones administrativas,
demandas, decisiones judiciales y verificaciones
1.4.1 Posición de la Comisión Especial para la
expedición de la Ley 70 de 1931 sobre la explotación maderera en los
territorios colectivos de las comunidades negras, actuaciones y denuncias
a) Por medio del Decreto 1332 de 1992, el Gobierno
Nacional creó la Comisión Especial para las Comunidades Negras, adscrita al
Ministerio de Gobierno, de conformidad con lo reglado en el artículo 55
transitorio de la Carta. Comisión esta que a partir de su instalación -11 de
agosto de 1992-, contó con 11 meses para adelantar su labor.
La Comisión estuvo presidida por el Ministro de
Gobierno, e integrada, además, por el Gerente del INCORA, el Director Nacional
de Planeación, los Directores del IGAC y del ICAN y los señores Gustavo de
Roux, Jaime Arocha, Otilia Dueñas, Edgar Ulises Torres, Omar Torres Angulo,
Jesús Rosero Ruano, Piedad Córdoba de Castro, Guillermo Panchano, Silvio
Garcés, Luis Jaime Perea y tres representantes de las comisiones consultivas,
conformadas éstas en los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño por las
organizaciones generadas en los movimientos sociales de las comunidades negras.
La Comisión en comento subdividió sus tareas,
inicialmente, en cuatro subcomisiones, esto es, de Seguimiento Operativo y
Financiero, de Territorio y Recursos Naturales, de Desarrollo Económico, y de
Identidad Cultural.
b) Las Actas de la Comisión Especial y de la
Subcomisión de Territorio y Recursos Naturales[38]
ponen de presente la preocupación de los comisionados de las comunidades negras
de la región sobre las explotaciones madereras en las zonas de los ríos
Truando, Salaqui, Cacarica y Sigumiandó, en razón i) del taponamiento de los
ríos de la región, causado por los procedimientos utilizados para transportar
las trazas de madera, y ii) por la deforestación de “las últimas reservas de
actívales con que cuenta el país”.
Dichas Actas también revelan que las organizaciones
sociales denunciaron insistentemente ante la Comisión los procedimientos
adelantados por Codechocó para otorgar a empresas madereras permisos de
explotación forestal, contrariando los dictados del artículo 55 T de la Carta,
y desconociendo los derechos territoriales de 8.965 personas, vinculadas a 25
comunidades.
Y los documentos indican que los comisionados
insistieron en la necesidad de “suspender la concesión de grandes permisos
forestales mientras no se reglamente la titulación colectiva de los territorios
negros y se diseñen políticas adecuadas para la protección del medio ambiente,
en especial la “Concesión de Balsa II Puerto Escondido” –se
destaca-.
Además, las Actas denotan que, estudiadas y discutidas
las solicitudes de los comisionados de las comunidades y de sus organizaciones,
la Comisión Especial consideró que debía pronunciarse en tal sentido ante el
INCORA, el INDERENA, MINMINAS, MINERALCO, CORPONARIÑO, la C.V.C, la C.R.C,
CODECHOCO y la DIRECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA, y que lo hizo, en los siguientes
términos -Actas 003 –2 y 3 de octubre de 2002-:
“La Comisión Especial
De que trata el Artículo Transitorio 55 de
la Constitución Nacional, integrada mediante Decretos No. 555 del 1° de abril
de 1992, 726 y 1332 del mismo año y demás normas pertinentes; en cumplimiento
de las precitadas disposiciones, comedidamente nos permitimos hacer la
recomendación referenciada con base en los presupuestos de hecho de derecho y
las consideraciones políticas, sociales, económicas que adelante entraremos a
exponer:
Objeto de la Recomendación:
1. Que las instituciones arriba señaladas SE
ABSTENGAN DE OTORGAR PERMISOS, CONCESIONES, LICENCIAS TITULOS O SIMILARES, en
la zona del Pacífico entendida como el territorio delimitado como zona de
reserva del Pacífico en la ley 2° de 1959, en razón a que ello reñiría con
el espíritu que las normas en cuestión encarnan y en especial con la
disposición de rango constitucional de cuya interpretación se desprende que si
bien no deroga las normas que le son contrarias TÁCITAMENTE LA SUBORDINA AL
DESENLACE DEL CITADO ARTICULO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCION NACIONAL.
(..)”[39]
–se destaca, mayúsculas en
el texto-.
c) En reunión de la Comisión Especial, a la que se
viene haciendo referencia, adelantada el 5 de noviembre de 1992, el
Viceministro de Gobierno[40],
el Director del INDERENA, y el Jefe de Corporaciones en Planeación Nacional[41] expusieron que la
Junta Directiva de CODECHOCO tuvo que tomar la decisión atinente al
otorgamiento de los permisos forestales, cuyas solicitudes estaban en curso,
porque “el tiempo pasaba y se vencía el plazo”.
Explicaron
los funcionarios, a los demás integrantes de la Comisión Especial:
- Que a la Junta Directiva le resultaba “(..) muy
claro a todos que esos permisos tenían que contemplar unos puntos muy precisos
que quedaron consignados en este documento que se leyó y que había que discutir
cada una de esas cláusulas, con el fin de tener mucha claridad sobre el efecto
ambiental y la necesidad de establecer unas garantías para minimizar el daño
ecológico”.
-Que quedó consignado “ (..) que debe haber una
cláusula mediante la cual se protejan claramente los derechos a que puedan
acceder las comunidades, a partir del Artículo Transito 55 de la constitución.
Es decir que en el momento en que se defina cómo es el problema de la propiedad
colectiva, si cubre parte de esas tierras o la totalidad (..) entonces tiene
que haber claramente una protección para garantizar que las comunidades puedan
ejercer sus derechos sobre esas propiedades colectivas, inmediatamente aparezca
la ley que las otorga . Ese es el punto fundamental y naturalmente la redacción
de esa cláusula es central”.
- Que “en el contrato mismo deben aparecer unas
cláusulas contractuales muy claras en lo que se refiere al mantenimiento de las
vías acuáticas etc.”
- Que “igualmente tiene que haber unas cláusulas
con respecto a lo que es ese manejo hacia el futuro. Que queden en el contrato
unas pólizas de garantía, mediante las cuales en caso de que haya
incumplimiento de la empresa, haya respaldo de otro tipo que asegure el
cumplimiento a las comunidades en esta materia”.[42]
d) Los comisionados especiales de las Organizaciones
Étnicas del Pacífico Colombiano, por su parte:
-Reafirmaron “no ha Balsa II hasta tanto se nos
titule nuestro territorio”.
-Explicaron su posición, como un “problema que ha
creado el Gobierno para él; para nosotros no es un problema hasta tanto estemos
vivos. Yo me he dado cuenta que a lo largo de esta reunión se han venido
diciendo una serie de cosas para llegar a una sola: y es que el Gobierno está
manejando una país que no sólo es de él, que es de todos nosotros”.
- Enfatizaron su deseo de no permitir que se destruya
“el bosque, en el momento que estamos tras una titulación y a nosotros no se
nos concede, pero sí se le concede un permiso a una empresa y creen que
nosotros vamos a estar conformes. No!”.
-Advirtieron que “el Estado, él mismo, se está
creando un rompecabezas que después no se lo va saber quitar de encima”.
-Reafirmaron
que el asunto “ no es Balsa II, sino que el problema tiene que ver con
los recursos naturales en el Pacífico” y con la falta de voluntad que el
Gobierno ha demostrado en el proceso.
-Sometieron a consideración de la Comisión una
propuesta de 15 puntos, que contemplaba, entre otros aspectos, la necesidad de
suspender “mediante resolución de la Junta Directiva del INDERENA, de la
Junta Directiva de las Corporaciones Regionales Autónomas, con competencia en
el área, el otorgamiento de permisos y licencias sobre el aprovechamiento de
Recursos Naturales Renovables”.
Y amenazaron con retirarse del proceso.
e) El 29 de enero siguiente en la Comisión Especial se
discutió que “los miembros de la Comisión de seguimiento a los contratos de
Balsa, cuenten con toda la información al respecto a la mayor brevedad
posible”, y el representante de Planeación Nacional se comprometió “a hacer
llegar este material a la Secretaría Técnica, y manifestó su disposición de
discutir los términos y cláusulas de los contratos. Pero ratificó que la
redacción última es responsabilidad del Gobierno[43]”.
Concluidas las sesiones de la Comisión –Mayo 6 de 1993[44]- el material aludido
no fue presentado, aunque los comisionados de las comunidades negras lo
requirieron insistentemente.
1.4.2 Contratos suscritos entre CODECHOCO y MADERAS
DEL DARIEN sobre explotación forestal, referidos a las áreas conocidas como
Balsa II, Guamal, Sábalos y Larga Boba
a) “[C]umplidos los trámites del otorgamiento del
permiso del estudio, (sic) presentación del Plan de Ordenamiento Forestal y
concepto técnico favorable la Junta Directiva de CODECHOCÓ expide el Acuerdo
061 del 30 de octubre de 1992 mediante el cual se autorizó a la Dirección
Ejecutiva de la Corporación el otorgamiento de los permisos de aprovechamiento
forestal. A su vez se definió que en los contratos se estipularía una cláusula
que acondicionara su continuidad a lo que finalmente decidiera el legislador en
desarrollo del artículo 55 transitorio de la Constitución Nacional, que
reconoce derechos de propiedad colectiva a las comunidades negras”[45]
b) “El 30 de diciembre de 1992, CODECHOCO expidió
las Resoluciones 3595 y 3596 otorgando los permisos de aprovechamiento forestal
persistente Clase A, para las zonas de BALSA II a favor de Maderas del Darién
S.A. y de Guamal a favor de Pizano S.A. y se entregaron las minutas de los
contratos respectivos, los cuales fueron devueltos por los permisionarios el 5
de enero de 1993, sin objeción alguna”.
Las resoluciones condicionan los contratos en los
siguientes términos:
“en el contrato de aprovechamiento forestal
a que se refiere esta Resolución se estipulará una cláusula abierta según la
cual el PERMISIONARIO se sujetará a lo que se defina en la reglamentación que
el Congreso de la República o el Gobierno Nacional expidan referente al
Artículo 55 Transitorio de la Constitución Política Colombiana y a las reformas
que el Gobierno Nacional dicte en relación con los permisos de aprovechamiento
forestal, tasas y demás normas reglamentarias”[46].
c) “El
16 de abril de 1993 fueron expedidas las resoluciones 0656 y 0657 y suscritos
los contratos correspondientes a las áreas denominadas Balsa II y Guamal”[47].
d) La Defensoría del Pueblo, afirma haber analizado “los
contratos remitidos por el Tribunal Administrativo del Chocó, fechados el 30 de
diciembre de 1992”, en los que “no se habría cumplido con las exigencias
formuladas por la Junta de la CAR, respecto de la inclusión de “una cláusula
abierta” que comprometiera al contratista a sujetarse a la normatividad
que se expidiera en desarrollo de las precitadas disposiciones de la Carta
Política de 1991[48].
La misma entidad repara en la compensación “de menos
de 500 millones de pesos” que ha recibido CODECHOCO por los contratos
forestales referidos, cifra ésta que, a su juicio, “no compensa el costo
ambiental y social que ocasiona la actividad extractiva”.
Informa también la entidad sobre el beneficio que
Maderas del Darién ha obtenido de los mencionados contratos. Dice la
Defensoría:
“Desde junio de 1993 a mayo de 2002,
descontando “el período de suspensión” de octubre de 1997 a junio de 200,
Madarién ha aprovechado 232.012.21 metros cúbicos de los 303.000 aprobados, lo
que representa el 76.57% de la totalidad permisionada inicialmente. En el
informe del 2002 que presenta la empresa se menciona que mediante otro sí al
contrato se amplió el volumen en 257.343 metros cúbicos; sin embargo, no se
conoce el procedimiento surtido para la aprobación y firma de dicha adición, ni
el plazo en el que se llevará a cabo.”[49]
e) Mediante Resolución 1373 de 1995, CODECHOCO
resolvió dejar sin efecto los permisos de explotación forestal concedidos para las
áreas denominadas Sábalo, Larga Boba, Guamal y Balsa II, pero, más adelante
repuso la decisión a instancia de los apoderados de Maderas del Darién S.A. y
Pizano S.A., considerando i) que “corresponde a la jurisdicción de lo
contenciosos Administrativo juzgar los actos administrativos (..)” , y ii)
que la entidad debía proceder “a demandar sus propios actos ante la
imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlos, en
el caso de las resoluciones, o para dar por terminados los contratos
mencionados”.
d) El 5 de marzo de 1996, la Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible CODECHOCO, por intermedio de apoderado “en
ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código
Contenciosos Administrativo, con citación y audiencia del señor Agente del
Ministerio Público”, solicitó al Tribunal Administrativo del Chocó las
siguientes declaraciones:
“1. Que son nulas las Resoluciones 0656 y
0657 del 126 de abril de 1993 expedidas por CODECHOCO  y los Contratos de
Aprovechamiento Forestal suscritos con Maderas del Darién S.A. y Pizano S.A.,
referidas a las áreas conocidas como Balza II, Guamal, Larga Boba y Sábalos.
2. Una vez ejecutoriada la sentencia que le
ponga fin a la presente acción, se comunique a CODECHOCO para los efectos
legales consiguientes”.
Relata el apoderado de la entidad, los hechos que
fundamentaron la acción de tutela revisada mediante sentencia T-469 de 1993,
informa que el 16 de abril del mismo año se expidieron las resoluciones 0656 y
0657 y se suscribieron los contratos respectivos; y concluye:
“16. Toda la sustentación anterior nos
lleva a concluir que en cumplimiento del fallo del día 29 de agosto de 1995
emanado de la Sala Dual Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Quibdó, en donde se dispuso que CODECHOCO dejara sin efecto los
permisos concedidos para las áreas denominadas Sábalo II Larga Boba, Guamal y
Balsa II, contenidos en los actos administrativos que exhibió en la Secretaría
General de esta Corporación, está obligada CODECHOCO a demandar sus propios
actos ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para
revocarlos, en el caso de las resoluciones o para dar por terminado
unilateralmente los contratos mencionados.”
e) El 11 de noviembre de 1998, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó negó “las suplica de la demanda”.
Expone el Tribunal sobre la acción propuesta:
“Empero observa la Sala que la acción de
lesividad iniciada por CODECHOCO , el único fundamento legal que tiene es en
esencia el artículo 84 del C.C.A., que estipula el Contencioso de nulidad y las
causales para proferir dicha decisión más no indica si la administración que
apodera violó normas de carácter superior, si existió incompetencia del funcionario
que las dictó, si fueron expedidas de manera irregular o si existió falsa
motivación.
Más de las probanzas adjuntas observa la Sala que la administración
al iniciar la acción simplemente quiso dar cumplimiento a una orden de tutela
del Tribunal Superior del Chocó, más no se vislumbra causal de nulidad de los
actos administrativos, pues es claro que las resoluciones impugnadas y los
contratos en razón de ellos se suscribieron fueron el resultado de una
actuación administrativa iniciada por MADERAS DEL DARIEN PIZANO S.A. para
obtener unos permisos para el ejercicio de una actividad lícita y protegida por
la ley, que fueron realizados por autoridad competente como es la CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL CHOCO, previamente autorizada por la Junta Directiva de
la misma y con el acatamiento de las formas establecidas en la ley”.
Explica
así el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó los motivos que impulsaron
a CODECHOCO a instaurar la acción:
“Es claro para la Sala que CODECHOCO escogió este camino, porque los
actos creaban situaciones jurídicas, personales y concretas a los beneficiarios
de los mismos (actos de adjudicación y contratos), que no podían ser revocados
directamente por el ente sin previa aceptación del titular conforme al artículo
73 del C.C.A., pero debía dar al juez administrativo elementos de juicio acerca
de la nulidad impetrada. Ello se deduce claramente de las resoluciones 1373 del
1° de septiembre de 1995 y 1744 del 27 de noviembre de 1995. Folios 78 a 89. No
se probó pues infracción alguna al artículo 84 del C.C.A. razón que lleva a que
no prosperen las pretensiones del actor”.
Y concluye la Sala Administrativa del
Tribunal en comento:
“El fallo que dicta la Sala es de fondo por
que (sic) aunque
pareciese que exista una indebida acumulación de pretensiones, entre la acción
de nulidad y contractual, propiamente dicha, la nulidad de los actos está
íntimamente ligada a la nulidad de los contratos que solicitó el actor, porque
éstos últimos tuvieron sus fundamentos en los actos administrativos impugnados
y el cargo que se les hacía era precisamente la nulidad de los actos, mas de la
negatoria de las pretensiones no hay motivo práctico jurídico para no proveer
de fondo”.[50]
f) El 23 de septiembre de 1997, a raíz del
desplazamiento de que fueron víctimas los integrantes de las comunidades negras
de la Cuenca del Río Cacarica -entre otros habitantes del Medio y Bajo Atrato-,
Maderas del Darien S.A., por conducto de su representante técnico solicitó a
CODECHOCO “la suspensión de actividades de aprovechamiento forestal por el
término que sea necesario, basado en los problemas de orden público en la zona
que impedían adelantar labores de utilización del bosque”.
Y la Corporación aludida accedió a la solicitud
mediante Resolución 1479 del mismo año.
g) El 10 de mayo de 2000, el representante legal de
Maderas del Darién “informó a CODECHOCO  la decisión de reiniciar las
actividades con la participación de las comunidades asentadas en el área de
influencia”, y, a solicitud de la Corporación, allegó el informe requerido
sobre el estado del área del permiso.
h) Según revela la Defensoría del Pueblo la
reiniciación de la explotación forestal habría dado lugar a la prorroga de la
explotación.
Para fundamentar su afirmación la entidad sostiene[51]:
“En el Oficio de Codechocó a la Defensoría
No. 516 del 31 de mayo del año en curso –2002- se indica que en la actualidad no se ha
realizado ninguna prórroga del contrato”. Esta afirmación contraría lo dispuesto
en la cláusula decimacuarta del contrato: DE LA FUERZA MAYOR”, mediante la cual
se exime de responsabilidad al permisionario por las demoras ocasionadas “por
guerra, perturbación del orden público (..)”. Agrega esta cláusula que en estos
casos los plazos serán prorrogados, de lo cual se dejará constancia “en actas
que deben ser refrendadas por la Dirección Ejecutiva de Codechocó mediante
resolución”. Se deduce de lo anterior que el plazo del contrato se amplió en
dos años y nueve meses. Sin embargo, la póliza de seguro de cumplimiento sólo
se renovó hasta el 26 de septiembre de 2001. Es de indicar que la póliza
original sólo iba hasta el 26 de septiembre de 2002, es decir que tampoco
cubría el periodo que ordena la Ley 80 de 1993, correspondiente a la duración
del contrato y dos meses más” –comillas en el texto-.
1.4.3
Autorización de aprovechamiento forestal
otorgada al Consejo Menor de la Balsita Choco. Otras explotaciones en el
territorio comunitario que administra el Consejo Mayor de la Cuenca del río
Cacarica
a) El 20 de junio de 1999, el señor Adán Quinto
Mosquera, “en calidad de representante legal del Consejo Mayor de la Cuenca
del río Cacarica”, autorizó al señor Regulo Anaya, presidente del Consejo
Comunitario de la Balsita, para tramitar ante la Corporación de Desarrollo
Sostenible del Chocó “autorizaciones de aprovechamiento forestal”[52] en el área de su
Consejo Comunitario.
El 27 de agosto del mismo año, la Corporación en
comento fijó en sus oficinas y en la Alcaldía Municipal de Riosucio un aviso
informando, a quien interese, que el nombrado, representante legal y presidente
del Consejo Comunitario Menor de la Comunidad Negra de Balsita, ubicada en los
parajes de los ríos Perancho y Cirilo, “ha solicitado autorización para
explotación forestal persistente en un área (espacio en blanco), dentro
del territorio colectivo adjudicado a las Comunidades Negras de la Cuenca del
Río Cacarica”, a fin de que las personas que se consideraran lesionadas o
con mejor derecho lo hicieran valer.
b) Por medio de la Resolución 1486 del 9 de diciembre
de 1999, CODECHOCO resolvió “otorgar autorización de Aprovechamiento
Forestal Persistente, a favor de la comunidad negra de Balsita, representada
legalmente por el señor REGULO ANTONIO ANAYA BOLAÑOS (..) presidente del
Consejo Comunitario para aprovechar un bosque de Catival en extensión de
TRESCIENTAS (300) hectáreas cuyo propietario es la comunidad y que hace parte
integral del título colectivo de comunidades negras de la Cuenca del río
Cacarica, adjudicado por el INCORA, mediante Resolución No. 00841 del 26 de
abril de 1999, en jurisdicción del municipio de Rio Sucio, departamento del
Chocó”, por cinco años.
En la Resolución también se prevé que se suscribiría
un Convenio y un Plan de Seguimiento, dentro de los dos meses siguientes, entre
la Corporación otorgante y la Comunidad beneficiaria, “que contemple las
obligaciones de carácter técnico y legal que adquiere el responsable en materia
ambiental, social y económica” [53].
Sostiene la Defensoría del Pueblo, en relación con la
autorización a que se hace mención, i) que para el primer año el
aprovechamiento permitido ascendió a 23.000 metros cúbicos de cativo, ii) que
para los años siguientes el volumen se sujetaría al plan de seguimiento, y iii)
que “las trazas obtenidas se vendieron a Madarién, empresa que suministró
los equipos para tala y corte”[54].
c) El 7 de junio de 2000, mediante comunicación de la
fecha, el Subdirector de Desarrollo Sostenible de CODECHOCO dirigió al señor
Regulo Anaya Bolaños una comunicación solicitándole “suspender toda
actividad de aprovechamiento forestal en el área de la comunidad de BALSITA,
hasta se autorice nueva zona a intervenir.
Dice el nombrado i) que inicialmente se autorizó “para
la primera unidad de corta, un volumen de 23.000 metros cúbicos de la especie
Cativo (Prioria copaifera)” y ii) que según los registros de la entidad “dicho
volumen ya fue agotado”.
d)
Mediante providencia del 29 de agosto de 2001, el Consejo de Estado admitió la
demanda instaurada por el señor Luis Alfonso Ruiz Alegría -“a favor del
CONSEJO MAYOR DEL CACARICA”- en contra de CODECHOCO i) a fin de que se
declare la nulidad de la Resolución 1486 de 1999, ii) con miras a que se
restablezca el derecho del Consejo antedicho a administrar su territorio, y
iii) para que se condene a la entidad demandada, como forma de
restablecimiento, “al pago de los daños ambientales, que se logren probar,
causados con la expedición de la resolución demandada y ocasionados a las
especies naturales, forestales, flora, fauna, ríos, y fuentes de agua por la
explotación ilegal que se lleva a cabo en la comunidad de BALSITA”[55].
Aduce
el demandante que es el “CONSEJO MAYOR DEL CACARICA”, como representante
de las 23 comunidades negras que asocia, quien puede solicitar permisos y
autorizaciones para la explotación de sus recursos naturales.
Pone
de presente, además, que al tenor del artículo 39 de la Ley 99 de 1993, las
licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de
infraestructura vial, como también los permisos y concesiones de
aprovechamiento forestal serán otorgados por el Director Ejecutivo de la
Corporación, con el conocimiento previo del Consejo Directivo y la aprobación
del Ministerio del Medio Ambiente; requisitos que no tuvo en cuenta la entidad
demanda, al expedir la Resolución 1486 de 1999.
Y,
agrega, que ante las continuas denuncias de la comunidad del río Cacarica,
sobre la explotación ilegal de maderas en su territorio, la Corporación
demandada suspendió toda actividad de corte de madera en el territorio
colectivo de la comunidad en comento, mediante Resolución 1180 de 7 de septiembre
de 1999, y que trece días después, estando vigente su propio acto
administrativo de suspensión, inició el tramite que dio lugar a la Resolución
que demanda, y autorizó a la comunidad de la Balsita dicha explotación.
e) El 6 de agosto de 1999, “personas que afirman
ser presidentes de los Consejos Comunitarios de Montañita y Puerto Nuevo”,
ubicadas en la Cuenca del río Cacarica, se dirigieron al Director General de
CODECHOCO solicitando “ser escuchados considerando su calidad de comunidades
desplazadas por la violencia”, adujeron que sus necesidades de subsistencia
no estaban siendo atendidas, y que la ponían al tanto de su decisión de “empezar
la corta de madera en los bosques que han ocupado”.
El mismo día, el Subdirector de Desarrollo Sostenible
de CODECHOCO certificó, “que en la actualidad no existen permisos y/o
autorizaciones vigentes correspondientes a la cuenta del río Cacarica y que se
encuentran registradas tres solicitudes de autorización de aprovechamiento
forestal comunitario cuyos titulares son los Consejos Comunitarios de
Montañita, Pueblo Nuevo y Balsita”.
f) El 10 de agosto del mismo año, el Director de
CODECHOCO dio cuenta al Secretario investigador de la entidad, de las reuniones
adelantadas con los señores Magnolio López Palacios, Luis Antonio Mena Arroyo,
José Bermudis Valderrama Perea, Marino Valencia Montoya, y Julio Cesar Mosquera
Rojas, miembros de los Consejos Comunitarios de Puerto Nuevo y Montañita, al
igual que con Adan Quinto Mosquera “Presidente del Consejo Comunitario Mayor
de la Cuenca del Cacarica”.
g) Informa la Defensoría del Pueblo haber recibido, de
parte de CODECHOCO, “acuerdos sin fecha –posteriores a mayo del 2001-,
suscritos entre la mencionada empresa –se refiere a Madarién- con los
Consejos Menores de San José de Balsa, Varsovia (sic) Bocachica y Teguerré,
pertenecientes al Consejo Comunitario de Cacarica –Codechocó. Oficio 516 de 31
de mayo de 2002-. A través de los mismos las comunidades aceptan realizar
directamente el aprovechamiento forestal y vender a Madarién las trazas de
madera. Al igual que en el caso del permiso de Balsita, no existe concepto
previo favorable de la Asamblea o de la Junta del Consejo Comunitario en
relación con la firma de compromisos entre los Consejos Menores y las empresas
madereras”[56]
–
h) La Defensoría también pone de presente, “que en
el informe técnico de Madarien del año 2000, se indica la existencia de
acuerdos entre esa empresa y los Consejos Menores de Caño Seco, El Bendito, y
Manuela integrantes del Consejo Comunitario de la cuenca del río Salaquí (..),
respecto de los cuales, “en el concepto del funcionario de Codechocó, de mayo
de 2001, se señala que existe superposición de áreas (entre las tituladas a los
dos Consejos y a la permisionada) en San José de la Balsa, Caño Seco, Varsovia,
La Virginia, Villahermosa, La Raya, Bocachico, y Teguerré Medio.” E indica
que dicha superposición “puede verse el mapa del Permiso de Aprovechamiento
Forestal Puerto Escondido- Balsa II”-.
i) Finalmente la Defensoría destaca i) que “miembros
de las comunidades y de organizaciones no gubernamentales han denunciado la
existencia de la cooperativa Dios Proveerá o Yireh, la cual, además de talar
los bosques ofrece incentivos económicos a los pobladores por el corte de
madera, que negocia posteriormente con Madarién”, y ii) que esta
cooperativa “no cuenta con autorización de la Corporación para realizar
aprovechamiento forestal, tal y como se desprende de la documentación recibida
de Codechocó.”.
1.4.4 Estado de la explotación maderera en el
territorio colectivo de la cuenca del río Cacarica. Verificaciones,
investigaciones y sanciones
a) Las Comunidades en Retorno al Cacarica denunciaron
ante el Ministerio del Medio Ambiente “la existencia de empresas madereras
que directamente o a través de otras, en la zona de Riosucio vienen fomentando
la explotación de bosques en sus territorios, comprometiendo su proyecto de
vida”, le solicitaron adelantar una investigación al respecto e instaron a
la entidad para que sancionara a los funcionarios comprometidos en los hechos.
Comunicación ésta que el 23 de julio de 1999 la Presidencia de la República
envió a la Dirección General de CODECHOCO, para que adelante la investigación
pertinente.
b) El 30 de julio de 1999 se efectuó un reunión en el
Ministerio del Medio Ambiente, en la que se acordó designar una Comisión
integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Defensoría
del Pueblo, el Ministerio en comento, CODECHOCO, CORPOURABA, miembros de las
organizaciones Justicia y Paz, Humanidad Urgente y Brigadas Internacionales de
Paz, y representantes de las comunidades negras afectadas, con el objeto de
verificar las denuncias antedichas.
Y el 4 de agosto siguiente el Secretario General de
CODECHOCO expidió el Auto número 364 dando inicio a la investigación.
c)
Con miras a recopilar información, dentro de la investigación ordenada, el
Director de CODECHOCO convocó a los representantes legales de los 23 Consejos
Comunitarios Menores y del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río
Cacarica a una reunión que tendría lugar el 4 de septiembre de 1999 en el
municipio de Turbo.
El 30 de agosto siguiente “CODECHOCO recibió (..)
una comunicación fechada Agosto 29 de 1999 en cuya parte final aparece
suscribiéndolas Comunidades de Retorno al Cacarica asentadas provisionalmente
en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía Cupica” (..) pero que no aparece firmada por
ninguna persona, en la que indican que no asistirán a la Convocatoria de CODECHOCO”.
El 2 de septiembre de 1999, el Director de CODECHOCO
envió una comunicación a las Comunidades en Retorno del Cacarica, “ratificando
la convocatoria para la diligencia del 4 de septiembre de 1999, cuyo fin es el
de tomar una pronta decisión en derecho y pruebas legales decretadas (sic).
Además se indica que CODECHOCO ha remitido a la Fiscalía las pruebas
recopiladas hasta el momento con el fin de que como órgano competente,
investigue el posible aprovechamiento de recursos naturales y posteriormente se
sancione a los responsables, sean particulares o funcionarios públicos”.
La reunión programada no pudo adelantarse, al decir de
las Comunidades de Retorno del Cacarica, porque i) “no era prudente hacer
esa reunión antes del 6 de septiembre, hasta que llegaran los informes de la
Comisión Verificadora de los hechos de la explotación de madera de los caños”;
ii) debido a que “se iba a dar en el Consejo Municipal de Turbo (..)
[p]ero irrumpieron en el Coliseo, ingresaron a la Caseta de la “Esperanza” que
es un lugar humanitario sagrado con una persona civil armada sin permiso de la
Comunidad y cambiando además el sitio de la reunión, del Consejo Municipal de
Turbo la trasladaron al Coliseo donde nos albergamos”; y iii) a causa de
que en “los anuncios que hicimos por nuestra emisora comunitaria expresamos
que a esa reunión no asistía ni la Red de Solidaridad Social ni la
Procuraduría, ni la Fiscalía. Esos anuncios los habíamos hecho antes. Lo
hicimos para evitar confusiones, para que las cosas quedaran con claridad.”
Y, según CODECHOCO debido a que “un grupo de
personas que hablaban a nombre de los desplazados del Cacarica y a través de
alto parlantes entonaban canciones religiosas y emitían mensajes a alto volumen
que impidió el desarrollo del evento, Además se instaba a los desplazados a no
participar en la reunión porque atentaba con sus intereses”.
d) El 2 de septiembre de 1999, la Dirección General de
Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente presentó al Consejo Comunitario
Río Cacarica un informe “sobre el aprovechamiento forestal ilegal” que
se adelanta en su territorio.
Expuso el Ministerio que sobre los terrenos ocupados
por las comunidades Nueva Vida en el río Perancho, Puerto Nuevo, Las Pajas, y
Puerto Berlín, la Comisión de Verificación designada para el efecto, en los
recorridos efectuados los días 19, 20 y 21 de agosto anteriores, pudo observar
“(..) una casa flotante con el nombre MADARIEN (..) cinco sitios de botadero
o trozas de madera, (..) la presencia de varias personas que al parecer participan
en las actividades de aprovechamiento en la zona así como un Tractor FMC que se
emplea en las actividades de extracción y trasporte menor, (..) se escuchó la
caída de árboles y el trabajo de motosierras y maquinaria pesada, a lo lejos se
observó una carpa amarilla, (..) dos personas provistas de casco amarillo,
además la parte final de un canal de extracción (..) dos remolcadores que
poseían distintivos “MADARIEN” que transportaban alrededor de 400 trozas eran
de 12 metros, (..) la existencia de trabajadores que embalsan aproximadamente
20 trozas de Cativo, (..) varios sitios de acopio de madera dura (olleto,
Caracolí, Balato, y Choibá) (..)”.
Destaca el informe que en el desplazamiento adelantado
por “la vía fluvial de Turbo, atravesando el Golfo de Urabá, tomando
posteriormente el río Atrato, en el sitio Puente América, tomó aguas arriba por
el río Cacarica, para seguir luego por el río Perancho y continuar por el caño
Cirilo, llegándose hasta los sitios montañita y Puerto Nuevo”, la Comisión
pudo constatar:
d.1) Que por el Caño Cirilo se adelanta labor de
explotación forestal, la cual, por el contacto surtido con quienes dijeron ser
representantes legal y técnico del Consejo Comunitario de Montañita, se
pudo establecer i) que dicha labor fue iniciada 3 de mayo de 1999, ii) que la
madera Cativo en trozas es adquirida por la empresa Maderas del Darién, iii)
que esta empresa se comprometió con las comunidades a adelantar la limpieza de
los canales, a adecuar sitios para escuelas y a desarrollar un programa de
reforestación de 50 hectáreas; y iii) que la empresa no posee permisos, pero
adelanta los trámites ante CODECHOCO para obtenerlos.
d.2) Que en la localidad de Puerto Nuevo se ubica un
campamento para explotación forestal, que el representante de la comunidad del
mismo nombre adujo ser poseedor del terreno y que el mismo les informó sobre la
creación de la cooperativa “Yireh”, conformada para la extracción de madera.
d.3) Que en el trayecto Puerto Nuevo–Las Pajas-Puerto
Berlín “los miembros de las comunidades expresaron su preocupación en cuanto
a que algunas personas aprovechado (sic) que los habitantes que han
ocupado tradicionalmente estos territorios están desplazados, efectúan este
tipo de actividades de extracción maderera”.
d.4) Que en el asentamiento Nueva Vida “se constató
la existencia de una construcción que por indicación de las comunidades
correspondía antes de los desplazamientos a una escuela, en el momento está
siendo ocupada como campamento para aserradores, se  indicó que estas personas
“trabajan para la empresa”.
La Comisión emitió un concepto de doce puntos, fundado
en los compromisos adquiridos en la reunión adelantada en la localidad de Turbo
por sus integrantes, luego del recorrido adelantado en la región, para
finalizar su informe, entre los que se destaca:
“8. Teniendo en cuenta que los
aprovechamientos forestales se efectúan sin contar con la aprobación de la
Corporación y no hay un seguimiento a dichas actividades con base en un Plan de
Manejo Forestal que garanticen (sic) el uso sostenible de los recursos, se
recomienda que CODECHOCO en su calidad de autoridad ambiental determine la
magnitud y el grado de afectación de los ecosistemas del Consejo Comunitario
del Río Cacarica, como producto del aprovechamiento mecanizado y artesanal, de
igual manera defina un plan de manejo que conlleven (sic) la restauración de
las áreas afectadas, entre otros utilizando recursos captados por multas de
procesos sancionatorios”.
e) El 7 de septiembre de 1999, el Secretario General
de CODECHOCO, solicitó al Director General de la entidad i) suspender las “actividades
de los actuales aprovechamientos forestales que llevaban a cabo en la zona, por
considerar que los mismos se realizan sin el lleno de los requisitos legales”,
y ii) culminar las investigaciones imponiendo las sanciones a que hubiere
lugar.
f) Mediante la Resolución 1180 de 1999, la Corporación
Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO,
considerando, entre otros aspectos, que el 23 de julio anterior recibió, por
conducto de la Presidencia de la República, copia de la comunicación suscrita
por las comunidades de Retorno al Cacarica “en la que solicitan se
esclarezca e investigue la extracción indiscriminada de maderas en la Cuenca
del Cacarica y los actos por los cuales se ha autorizado dicha extracción”,
resolvió suspender las actividades de corte de madera en la zona y ordenar la
apertura de una investigación al respecto.
Para el efecto, entre otras medidas, la Corporación
dispuso citar a los representantes legales de los consejos Comunitarios Menores
y del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Cacarica, a los miembros
de la Comisión de Verificación, y al representante legal de Maderas del Darién S.A.
con el fin de que rindieran su versión sobre los hechos materia de
investigación.
g) A fines de mayo del mismo año la Corporación
recibió una comunicación suscrita por las comunidades del río Salaqui, en la
que manifiestan su consentimiento y el interés de participar en las actividades
de aprovechamiento forestal adelantadas por MADARIEN en su territorio.
h) El 22 de junio de 2000, CODECHOCO expidió la
Resolución 0747, con el objeto de imponer “al Consejo Comunitario Mayor de
Cacarica, cuyo presidente es el señor ADAN QUINTO, al Consejo Comunitario de
Montañita, cuyo representante es el señor MARINO VALENCIA MONTOYA, al Consejo
Comunitario de Puerto Nuevo, cuyo representante legal es el señor JOSÉ BERMUDIS
VALDERRAMA” la multa de 38.44 salarios mínimos mensuales legales
vigentes, y la realización de labores de reforestación, por infringir normas
sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Y, mediante Resolución 1095 del 1° de septiembre del
mismo año, resolvió mantener su decisión, pero aclararla en el sentido de
determinar que las actividades de reforestación impuestas debían ser
adelantadas en los sitios que dieron origen a la investigación[57].
i) El 12 de julio de 2000, asesoras de Derechos
Humanos de la Procuraduría General de la Nación enviaron a la Comisión Mixta de
Verificación del Retorno de las Comunidades del Cacarica tres informes,
atinentes a labor desarrollada por la entidad en tres frentes a saber: la Casa
de Justicia, la observación y el control del cumplimiento de los Acuerdos
suscritos por el Gobierno Nacional, para el efecto, y como integrante de la
Subcomisión de Protección y Seguridad.
Entre estos informes se destaca el relativo a la “Visita
de Verificación sobre explotación de madera en el Territorio Colectivo de las
Comunidades Negras del Cacarica”, toda vez que el documento da cuenta de la
inspección realizada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la
Procuraduría General de la Nación, en compañía del Director del Parque Natural
de los Katios y un integrante de la ONG Justicia y Paz, el 10 de junio de 2000,
partiendo de la localidad de Turbo hasta encontrar la desembocadura del río La
Balza.
Relatan los integrantes de la comisión que en su
recorrido observaron i) la construcción de varios caños artificiales a partir
del curso natural del río, ii) un número considerable de “tucas de cativo y
caracolí”, ii) varias casas flotantes con el nombre de MADARIEN, iii) un
remolcador que transportaba trazas de cativo, iv) una pala grúa que adelantaba
un trabajo de dragado en la zona, v) madera apilada, y vi) varios botaderos de
madera.
Además los informantes destacan:
“Después de 50 años de explotación
intensivas de maderas se ve el agotamiento comercial de las maderas finas, en
la desaparición casi inevitable del catival, en el cambio de usos del suelo (de
suelos altamente productivos como ciénagas, pantanos y bosques, a terrenos
improductivos o medianamente productivos en la forma de potreros), en el
desplazamiento de las comunidades tradicionales y en la generación de toda
clase de conflictos sociales. Igualmente y como síntoma del empobrecimiento
general, las empresas madereras ya abandonaron la región quedando solamente la
empresa Maderas del Darién. En la zona propiamente dicha, la explotación de
catival tiene consecuencias negativas para las comunidades y los  ecosistemas,
dado que:
El transporte por agua de la madera conduce
al taponamiento de muchos ríos y quebradas y de numerosos caños y por tanto a
la suspensión del tránsito y la navegación por estas vías. La gente no puede
sacar sus cosechas ni entrar en su mercado.
La compañía para evitar que la madera se
pierda, la inmunizan y los venenos que usan para hacerlo, matan el pescado
agravando así la situación económica de las comunidades.
Pero la consecuencia más grave, sin duda,
es la transformación de las áreas más altas del catival en tierras aptas sólo
para la ganadería gracias a la construcción de canales y el drenaje de caños y
ríos para sacar la madera. No es solo el cambio en ecosistemas a largo plazo lo
que es negativo, a corto plazo, la ruina de los cativales tiene consecuencias
en el modo de vida de la gente, sobre todo en su alimentación, el agotamiento
de la caza y la pesca presiona a la gente a subsistir por medio, por ejemplo,
del jornal lo que antes les daba el bosque, la introducción de la ganadería
crea una demanda de fuerza de trabajo por la limpieza del potrero, el arreglo
de cercas, el ajetreo del mismo ganado, abriendo así alternativas de empleo que
son correlativas con la aniquilación del catival como fuente de subsistencia o
predio de alimentación natural”.
j) El 8 de marzo de 2001, la Fiscalía Quince Seccional
delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, departamento del
Chocó, precluyó las investigaciones que adelantaba contra los señores José
Bermudis Valderrama, y Marino Valencia Montoya, a raíz de las sanciones que les
habían sido impuestas por CODECHOCO, el 26 de abril y el 17 de mayo de 1999
respectivamente, por aprovechar productos naturales en la zona de los ríos
Cacarica y Cirilo, como quiera que “el tipo penal (..) trae un elemento
normativo que se refiere a “especie declarada extinta, amenazada o en vía de
extinción” (..) y está probado suficientemente que la especie forestal cativo
aprovechada por el sindicado no es extinta o amenazada o en vía de extinción
(..)”.
La resolución destaca que la explotación adelantada
por Bermudis Valderrama fue autorizada por Adán Quinto Mosquera, presidente del
Consejo Comunitario de la comunidad de Puerto Nuevo. Y que Valencia Montoya
acordó con la comunidad, en su condición de representante legal de la zona de
Montañita, la explotación maderera, “todo sobre la base que las tierras
comprendidas a lo largo y ancho de la cuenca del río Cacarica, tienen un título
de propiedad colectivo”.
Agrega que el aprovechamiento de los sindicados se
debió a la “situación caótica por la que atravesaban los moradores de la
región, pues habían sido objeto de un desplazamiento forzado por más de dos (2)
años”.
Y resalta que “en principio no obtuvieron la
autorización de Codechocó para ejercer dicha actividad con posterioridad sí se
les otorgó un salvoconducto para el transporte y venta de los recursos
explotados”.
k) El 23 y el 26 de abril de 2001, las Comunidades de
Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (CAVIDA) informaron a entidades
estatales, entre ellas el Ministerio del Medio Ambiente y la Procuraduría
General de la Nación, la continuación de explotación ilegal de madera en su
territorio colectivo, con la apertura de nuevos frentes de explotación en los
sitios Bocachica, La Raya y Perancho[58].
Por solicitud de estas comunidades la oficina de
Asesores en Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación organizó
una nueva Comisión de Verificación integrada por asesores del despacho del
Procurador General, un funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, e
integrantes de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, de la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia,
de la Red de Solidaridad Social de Apartadó, de la Comunidad CAVIDA, y de
Brigadas Internacionales de Paz.
l) El 3 de mayo de 2001, en el sitio Zarabanda, a
media hora en lancha de la quebrada Bocachico, los integrantes de la Comisión
en referencia i) observaron “una obra de inicio de canal artificial” –a
cargo de Maderas del Darién, según información de una persona encontrada en el
lugar-; ii) constataron la explotación adelantada por 18 obreros que dijeron
trabajar para MADARIEN –el capataz de la explotación informó que la finca
pertenece a Orlando Correa y la extracción la adelanta un familiar del mismo,
adujo no conocer sobre permisos de explotación y remitió a los solicitantes a
Turbo, donde el Jefe Ambiental de Maderas del Darién para obtener la
información requerida-; iii) se percataron de que varias personas se ocultaban
entre el bosque al paso de la expedición, y que maquinaria pesada era
introducida en el mismo con gran rapidez; iv) pudieron contar 60 trozas
marcadas, e v) identificaron dos tractores ubicados en el lugar, uno con
matrícula y otro sin ella.
Al día siguiente -4 de mayo de 2001-, con la presencia
de dos funcionarios de CODECHOCO, que por invitación de los integrantes de la
Comisión se unieron a la expedición, los observadores arribaron a la casa
flotante de Maderas del Darién –al parecer centro de coordinación y acopio de
madera- e interrogaron a un empleado de la empresa antes nombrada y al
representante del Consejo Comunitario de La Honda, que se encontraban en el
lugar, respecto de los permisos de explotación y sobre el beneficiario de la
misma.
En respuesta a los interrogantes de los miembros de la
Comisión, los indagados manifestaron desconocer lo relativo a permisos,
suministraron el nombre del funcionario de Maderas del Darién, que en la
localidad de Turbo les proporcionaría la información, y afirmaron que el
Consejo Comunitario aludido era el beneficiario de la actividad.
m) También en el sitio La Balsa, la Comisión pudo
constatar i) la presencia de maquinaria pesada, ii) la existencia de “un
canal botadero que contiene aproximadamente de 600 trozas listas para ser
arrastradas (..) que pueden llegar a 1.000”; iii) el enganche de 250
trozas aproximadamente, iv) la presencia de un dispositivo que permite
arrastrar, acopiar y enganchar madera, de un remolcador, y de varios obreros,
quienes manifestaron que la madera trabajada provenía del canal Zarabanda
–lugar visitado el día anterior-.
n) El 25 de mayo de 2001, el Ministerio del Medio
Ambiente elaboró un informe sobre la visita antes reseñada, que en términos
generales coincide con el presentado por los funcionarios de la Procuraduría,
ya referido, pero que suministra información adicional, en cuanto el Ministerio
indicó:
-Que en reunión adelantada en el asentamiento Nueva
Vida, con participación de los integrantes de la Comisión de Verificación y
representantes de las comunidades negras de la región, éstos denunciaron que
los permisos otorgados por CODECHOCO para explotaciones forestales en sus
territorios fueron expedidos sin haberlos consultado previamente.
-Que las funcionarias de la Procuraduría General
pusieron a los asistentes al tanto –sin adentrarse en el asunto- de la
investigación que en dicha dependencia se adelantaba sobre la “Revocatoria
Directa de la autorización de aprovechamiento forestal otorgado mediante la
Resolución N. 1488 del 9 de diciembre de 1999 por el (..) Director General de
CODECHOCO (..)”[59].
Además, el Profesional Especializado de la Dirección
General de Ecosistemas del Ministerio –quien rindió el informe a que se hace
referencia- afirmó i) que “en el territorio del Consejo Comunitario del Río
Cacarica (..) se están realizando actividades de aprovechamiento forestal de
tipo mecanizado para la extracción de trozas de Cativo y Caracolí”, ii) que
“no se pudo obtener información sobre la autorización que ampara el
aprovechamiento, el titular, el área intervenida y el volumen extraído, así
como el Plan de Manejo Forestal”, y ii) que las “limitaciones de tiempo para
efectuar los recorridos y recopilar la información, así como la ausencia de
cartografía adecuada impidió la localización exacta de los caños y canales, así
como el sitio de aprovechamiento, los “botaderos” y las posibles rutas para la
extracción y movilización interna de la madera”.
En consecuencia el profesional recomendó a CODECHOCO,
entre otras actividades, i) tramitar y resolver las quejas formuladas por las
comunidades de la región, ii) allegar copia de las Resoluciones, Planes de
Manejo, e Informes Técnicos sobre las explotaciones forestales que se adelantan
en el territorio del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, iii)
abordar el tema de la explotación ilegal de madera en el territorio del Consejo
Directivo de la entidad; iv) iniciar una investigación de los hechos y vincular
a ésta a la empresa MADARIEN, v) evaluar, utilizando para el efecto personal y
tecnología adecuada, el impacto ambiental y los posibles daños ecológicos
ocasionados por las actividades de aprovechamiento forestal observadas; y vi)
resolver el problema interno de aprovechamiento existente entre las comunidades
de la zona, delimitando las áreas de uso y aprovechamiento individual, con
arreglo al “artículo 6 del artículo 11 del Decreto 1745”.
Para finalizar, el informe enfatiza en la necesidad de
avanzar “en una propuesta concertada entre comunidades y entidades sobre los
mecanismos de control y seguimiento que pueden adoptarse para que se inicie el
proyecto de Ordenamiento Territorial y Planificación del Uso y Manejo de
Recursos de las tierras colectivas de las Comunidades Negras”.
1.5    La dimensión ambiental y de orden público de la
controversia
a) El territorio del Bajo Atrato está conformado por
los municipios de Riosucio, Carmen de Darién y Belén de Bajirá, caracterizados
por su especial posición geopolítica, por la importancia de sus recursos
naturales, por la ocupación ancestral de pueblos indígenas y tribales, y por la
presencia de grupos armados al margen de la ley, que han generado el
desplazamiento de sus pobladores[60].
b) El
Proyecto de Ordenamiento Territorial y Planificación del Uso y Manejo de los
Recursos Naturales en las tierras colectivas de las comunidades negras del bajo
Atrato, elaborado por CODECHOCÓ en el año 2001, expuso sobre la región:
“La cuenca del Bajo Atrato, conformada por
los municipios de Riosucio, Carmen de Darién y Belén de Bajirá, se caracteriza
por su posición geopolítica, la importancia de sus recursos naturales y la
presencia ancestral de comunidades étnicas.
Se debe resaltar la presencia en la zona de
la Asociación Catival, propia del piso basal Tropical, caracterizada por contar
con suelos fértiles, sobre llanuras aluviales periódicamente inundadas por el
agua dulce, siendo la vegetación predominante el Cativo (Prioria copaifera).
La vocación forestal de sus suelos, ha
constituido durante muchos años fuente de materia prima para la producción de
madera para el consumo local, nacional e internacional. Sin embargo, por
diversas razones de índole legal, social, económica, política y técnica el
manejo que se le ha dado a las áreas boscosas no ha estado orientado por
criterios de sostenibilidad. La utilización de maquinaria pesada y de químicos
para inmunizar la madera por parte de Compañías madereras que explotan el recurso,
ha ocasionado que las especies vivas vegetales y animales se pongan en riesgo
de extinción. Así mismo, la construcción de canales artificiales para el
acarreo de la madera, ha cambiado el curso natural de los ríos con graves
consecuencias para la movilización de las comunidades allí asentadas.
Gracias a las prácticas tradicionales de
las comunidades en rotación de cultivos, en la pesca artesanal, se ha
garantizado algunos niveles de sostenibilidad en la zona, ejercicio que puede
ser enriquecido por procesos de intercambio de saberes técnicos y tradicionales
en el marco de la formulación del Plan de Ordenamiento y Planificación del uso
Adecuado de los Recursos Naturales de los Territorios Colectivos de la
Subregión del Bajo Atrato” –se destaca-.
c) La Defensora del Pueblo de la Casa de la Justicia
de la Cuenca del río Cacarica, el director del Parque Natural de los Kativos, y
las Asesoras de Derechos Humanos del Despacho del Procurador General de la
Nación, en el informe elaborado en junio de 2000, dentro del proceso de
seguimiento y control de los Acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con las
comunidades de retorno a la región, denunciaron sobre la explotación forestal
en el territorio de las comunidades negras del Río Cacarica:
-Que dentro del terreno comunitario de las comunidades
negras del río Cacarica, que colinda con la parte norte del Parque Natural de
los Katios, patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO, se adelanta
una explotación de madera de cativo altamente tecnificada, la que “además de
los impactos sobre el ecosistema afecta de manera directa los recursos de
supervivencia de las comunidades en proceso de retorno y sus recursos
naturales”.
- Que i) el transporte por agua de la madera conduce
al inevitable taponamiento de los caños, impidiendo el transporte de sus
pobladores y de sus productos; ii) que las maderas son inmunizadas con sustancias
que envenenan el agua y contaminan los peces; y iii) que las áreas mas altas
del catival se están transformando en tierras aptas para la ganadería, debido a
la construcción de canales y el drenaje de caños y ríos para sacar la madera,
transformación que no solo genera la extinción de los actívales, sino que agota
la caza y la pesca y obliga a quienes subsistían del bosque a depender del
jornal.
-Que el catival[61]
crece con “relativa lentitud”, y su extinción conlleva la destrucción
del ecosistema i) porque más que un árbol se trata de una “formación vegetal
muy singular y diversa que cumple unas importantes funciones dentro de los
ecosistemas de la región”; ii) en razón de que “es considerado único
entre las comunidades tropicales, por su relativa homogeneidad, adecuada
estructura, capacidad de regeneración, productividad anual en biomasa, además
de su potencial facilidad de manejo”; y iii) debido a que la zona del
Cacarica, al igual que la llanura de inundación del río León, representaba hace
unos años la formación de catival más extensa del país –especie solo reportada
en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia-[62].
d) El Defensor del Pueblo, sobre la situación
ambiental y social de la región del Bajo Atrato denuncia:
-Que los cultivos de coca se están desplazando de
otros lugares del país a los territorios colectivos de las comunidades negras
de la región del Atrato, sin que la región hubiera sido incluida en el Plan
Nacional de Desarrollo Alternativo, “(..) lo cual le impide que el Estado
atienda a las poblaciones con soluciones que los alejen de este tipo de
actividades”[63].
-Que en la selva tropical del pacífico se adelantan
cultivos de palma africana “pese a que no se ha realizado el proceso de
consulta con las comunidades étnicas, no se ha tramitado el concepto de
viabilidad ambiental, ni se han solicitado los permisos para concesión de aguas
y aprovechamiento forestal ante las autoridades ambientales con jurisdicción en
el mencionado departamento –Codechocó y Corpourabá-, con lo cual se amenazaban,
nuevamente, los derechos de los grupos étnicos y se desconoce la normatividad
ambiental”.
-Que “el Instituto de Investigaciones de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt, indica que “ (..) las plantaciones de palma
no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas
naturales y su biodiversidad (..)”; y que ésta entidad ha podido concluir “que
el aumento de los cultivos de palma, implicarían una pérdida de la
biodiversidad entre el 21.8% al 39.15% en la región occidental del país”.
e) La Fundación Natura, por su parte, alerta sobre la
importancia de la región, y pone al descubierto las amenazas que la asechan, en
el estudio que por su importancia se reproduce parcialmente:
“La Ecoregión del Chocó Biogeográfico
Epítome de la selva húmeda tropical, el
único "bosque pluvial tropical". Con suelos deslavados y pobres, está
aislado biogeográficamente por las cordilleras andinas del núcleo amazónico del
continente suramericano. Es la segunda región más lluviosa del planeta y tiene
el punto más húmedo del globo.
Hay tantas especies de árboles que más de
la mitad de ellas están representados por un solo ejemplar de 10 centímetros de
diámetro por cada hectárea, debido tal vez a la alta pluviosidad. La parte
septentrional de su territorio puede contener la proporción más elevada de
endemismo específico. Rico en herbáceas, epífitas, leguminosas, rubiáceas,
aracaceaes, palmáceas, anonáceas, melastomatáceas, sapotáceas, gutíferas,
moráceas, lauráceas, lecitidáceas, miristicáceas, euforbiáceas,
crisobalanáceas, mirtáceas, aráceas y bombáceas con desmesurado tamaño en sus
hojas. La dispersión con ayuda del viento es escasa, aunque por aves y
mamíferos es muy alta. En el norte la precipitación es moderada y se parece al
Amazonas. El sur tiene sus especies vegetales propias; tiene bosque pantanoso
con cativales, que son considerados los mayores productores madereros del país,
de sajo en los pantanos de agua dulce, de antiquísimas asociaciones de épocas
remotas, cuando existía aún el mar de Tetis. Muchas de sus familias parecen
haber experimentado un proceso de especiación.
Las lluvias torrenciales alimentan varios
ríos majestuosos que descienden de la cordillera Occidental y se precipitan al
océano, los ríos más pequeños, compensan con el esplendor de su belleza lo que
les falta en caudal. La mayoría de especies endémicas locales pertenecen a
epífitas, arbustivas o herbáceas.
Existe el caso extremo de especiación
observable en las orquídeas de este invernadero evolutivo natural, ocurrida en
un lapso de 15 años. En ninguna otra parte el investigador se encuentra
enfrentado en forma tan dramática con la deficiencia de sus conocimientos.
En el Chocó biogeográfico se encuentra
además, la mayor concentración de aves endémicas del mundo y una extraordinaria
diversidad de especies de anfibios y de mariposas. La región del Chocó biogeográfico,
es decir las tierras que van desde la serranía del Darién en la frontera con
Panamá, hasta el Ecuador, al occidente de la cordillera Occidental, son
consideradas la región más húmeda del neotrópico y probablemente del mundo.
Existen más de 50.000 km2, con más de 6.000mm de precipitación y en algunos
lugares se alcanza hasta 13.000mm. En esta región se encuentra una de las
mayores concentraciones de diversidad de especies; estiman que allí están las
comunidades de plantas más ricas en especies del mundo, con 262 especies que
tienen más de 2.5 centímetros de diámetro en 0.1 hectáreas.
Igualmente se registra en esta región uno
de los mayores índices de endemismo continental de plantas, o sea exclusivas de
una región terrestre. En los invertebrados, el estudio de la fauna de los
escorpiones sugiere para la región de la costa del pacífico una gran diversidad
de especies, con notorios niveles de endemismo y una afinidad con la fauna
amazónica principalmente, aunque una especie tiene relaciones con la fauna de
Centroamérica. El Chocó es así mismo un centro de diversidad y endemismo de
mariposas. La conservación de la extraordinaria diversidad de formas vivientes
del Chocó biogeográfico es una de las mayores responsabilidades de nuestra
generación.
Cada una de las formas vivientes sea cual
fuere su especie, es única e irrepetible.
Darién hace parte de la región
biogeográfica del Chocó, comprende una de las regiones de bosque húmedo
tropicales mejor conservados del país y presenta una biodiversidad considerada
como de las más altas del planeta. Por su ubicación geográfica estratégica,
presenta una elevado nivel de endemismos en cuanto a fauna y flora se refiere.
Entre sus características más sobresalientes cabe resaltar:
(..)
AMENAZAS
“La más grande amenaza que encara el Chocó
es la deforestación asociada con la extracción de madera, la expansión de la
agricultura y la ganadería, la minería y el desarrollo de infraestructura. En
el Pacífico Central y Norteño Colombiano, las concesiones de madera han
clareado grandes extensiones de bosques para la producción de papel y madera,
con muy poca manejo y reforestación subsiguiente. En Colombia, el Chocó
representa apenas un sexto del área del país, pero ha proveído hasta 55 por
ciento de que la madera extraída en los últimos 15 años. Para las comunidades,
el corte ofrece un ingreso significativo e inmediato en un área donde las
oportunidades económicas son sumamente limitadas”.[64]
2.
Pruebas obrantes dentro del expediente
- En
2 folios, Acta de Constitución del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de
Balsita Chocó, adelantada el 30 de mayo de 1997, suscrita por el Presidente y
el Secretario –folios 233 y 234-.
-En
15 folios, Resolución número 0841 de 26 de abril de 1999, expedida por el
Instituto de Reforma Agraria, por la cual se titulan terrenos baldíos a las
comunidades negras organizadas en el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río
Cacarica –folios 35 a 49-.
- En
1 folio, autorización expedida por el señor Adán Quinto Mosquera a Régulo Anaya
Bolaños, el 20 de junio de 1999, para tramitar autorizaciones de
aprovechamiento forestal –folio 235-.
-En 2
folios, comunicación sin firma de las Comunidades en Retorno al Cacarica,
Riosucio Chocó –asentadas provisionalmente en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía
Cupica- dirigida al Presidente de la República, a los Ministros del Interior y
del Medio Ambiente, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo,
al Fiscal General de la Nación y a los integrantes de la Comisión de
Verificación, el 25 de junio de 1999, desde el Coliseo de Turbo, solicitándoles
“ESCLARECER, INVESTIGAR O SANCIONAR a los gestores y partícipes de la
destrucción del territorio de la Cuenca del Cacarica, quienes vienen extrayendo
maderas indiscriminadamente o utilizando las necesidades de la población pobre
para destruir la madre naturaleza” –folios 53 y 54-.
-En 1
folio, aviso de solicitud para aprovechamiento forestal a nombre de Régulo
Anaya, presidente del Consejo Comunitario Menor de Balsita, fijado por
CODECHOCÓ el 27 de agosto de 1999 –folio 236-.
-En
11 folios, Concepto Técnico Número 012 emitido el 2 de septiembre de 1999 por
la Dirección General de Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente, sobre i)
la verificación de las quejas presentadas por las Comunidades en Retorno al
Cacarica, Riosucio, Chocó, asentadas provisionalmente en Turbo, Antioquia, y
ii) el aprovechamiento forestal ilegal en el territorio colectivo del Consejo
Comunitario del Río Cacarica –folios 55 a 67-.
-En 7
folios, Resolución 1180 del 7 de septiembre de 1999, emitida por el Director
General de CODECHOCO para suspender preventivamente la extracción de maderas en
la Cuenca del Río Cacarica –folios 68 a 74-.
- En
5 folios, comunicación dirigida por las Comunidades Desplazadas de la Cuenca
del Cacarica y de Retorno del Cacarica, sin firma, al Director General de
CODECHOCO, el 22 de septiembre de 1999, acusando recibo de la Resolución 1180
del 7 de septiembre anterior –folios 75 a 79-.
-En
11 folios, fotocopia del Acta de Acuerdos para el Retorno de las Comunidades
Desplazadas de la Cuenca del Cacarica suscrita el 13 de diciembre de 1999
–folios 24 a 34-.
- En
16 folios, fotocopia de los informes enviados el 12 de julio de 2000, por las
asesoras en derechos humanos del Despacho del Procurador General de la Nación a
la Comisión Mixta de Verificación del Proceso de Retorno Comunidades del
Cacarica, entre los que se cuenta el atinente a la explotación de madera,
elaborado el 10 de junio de 2000 –folios 82 a 97-.
-En
15 folios, fotocopia de las Resoluciones 016 y 017 del 8 de marzo de 2001,
proferidas por la Fiscalía Quince Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Riosucio, departamento del Chocó para precluir las
investigaciones adelantadas en contra de los señores Marino Valencia Montoya y
José Bermudis Valderrama por atentar contra los Recursos Naturales y el Medio
Ambiente –folios 170 a 174-.
-En
17 folios, Acta de Visita de Verificación sobre Aprovechamiento de Recursos
Maderables en la Cuenca del Río Cacarica, que da cuenta de la visita adelantada
entre el 3 y el 5 de mayo de 2001 por los asesores en derechos humanos del
Procurador General de la Nación. E Informe Técnico de Comisión de la Dirección
General de Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente, elaborado sobre dicha
inspección -–folios 98 a 115-.
- En
1 folio, constancia de inscripción del Consejo Comunitario de las Comunidades
Negras de la Cuenca del Río Cacarica, expedido por la Alcaldía Municipal de
Riosucio Chocó, el 22 de octubre del año 2001.
- En
5 folios, Comunicación Pública de 27 de octubre de 2001, elaborada por el
Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica, Comunidades de Autodeterminación,
Vida, Dignidad CAVIDA, sin firma. Con sello de recibido de la Red de Solidaridad
Social, fechado el 4 de octubre del mismo año y varias firmas ilegibles –folios
116 a 119-.
3.      La demanda
Los señores Naufal Quinto, Teófilo Avila, Angel Nelis,
Alirio Mosquera y Luis Anibal Lemus, elegidos en Asamblea del 5 de septiembre
de 1999, representante legal y miembros de la Junta Directiva del Consejo Mayor
de la Cuenca del Río Cacarica, demandan el amparo de sus derechos fundamentales
a la integridad étnica, social, económica y cultural, a la subsistencia, a no
ser sometidos a desaparición forzada, a la participación y al debido proceso,
derechos que aducen están siendo vulnerados por el Ministerio del Medio
Ambiente –hoy de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, y Maderas del Darién S.A.,
debido a que los primeros toleran y permiten, y la entidad privada adelanta
explotación ilegal de maderas en sus territorio colectivos.
En consecuencia los accionantes solicitan:
“SEGUNDO: ORDENAR la inaplicación de las
Resoluciones expedidas por CODECHOCO el 30 de diciembre de 1992 No. 3595 y 3596
concediendo los permisos de aprovechamiento forestal persistente clase A, para
las zonas de Balsa II a favor de Maderas del Darién S.A. y de Guamal a favor de
Pizano S.A. y la resolución 1486 del 9 de diciembre de 1999, por medio de las
cuales se concedieron autorizaciones de aprovechamiento forestal en el
territorio de las Comunidades Negras de la Cuenca del Río Cacarica con el fin
de hacer efectivo el derecho fundamental de participación de esta Comunidad
(..)
TERCERO: DISPONER que esta acción de
tutela, sobre el derecho fundamental de participación de las Comunidades Negras
de la Cuenca del Río Cacarica, estará vigente, mientras la jurisdicción de lo
contencioso administrativo se pronuncie en relación con la nulidad de las
resoluciones que otorgaron permisos de aprovechamiento forestal y
autorizaciones de aprovechamiento forestal comunitario, en razón de la
vulneración de dicho derecho.
CUARTO: Ordenar al Ministerio del Medio
Ambiente que de acuerdo con la ley 99 de 1999, num. 16 del art. 5° ejerza
discrecional  y selectivamente la evaluación y control preventivo actual o
posterior de los efectos de deterioro ambiental presentados por la explotación
indiscriminada, mecanizada e ilegal de madera en el territorio del Cacarica y
ordenar la suspensión de la actividad extractiva y movilización con fines
comerciales adelantada por la Empresa Maderas del Darién y quienes actúan con
su auspicio”.
QUINTO: ORDENAR al Ministerio del Medio
Ambiente y CODECHOCO que determine la magnitud del impacto ambiental ocasionado
y el grado de afectación a los Ecosistemas del Consejo Comunitario de la Cuenca
del Río Cacarica, como producto del aprovechamiento mecanizado y defina y
ejecute a su vez un plan de manejo que conlleve a la restauración de las áreas
afectadas, eso con cargo a su presupuesto. Estos estudios y medidas deberán ser
desarrollados en Consulta con el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica
en el menor tiempo posible.
SEXTO: Ordenar a Ministerio del Medio
ambiente, y CODECHOCO, el inicio a las actuaciones necesarios (sic) para restaurar los recursos
naturales afectados por el aprovechamiento forestal ilícito que ha tenido lugar
en el territorio colectivo del Consejo Mayor de las Comunidades del Cacarica
desde que se expidieron las respectivas resoluciones (1992 hasta la fecha), y
luego de la cuantificación de los daños causados se ejerza contra la Empresa
Maderas del Darién las acciones judiciales orientadas a exigir su reparación,
sin perjuicio de las que instauren las comunidades lesionadas o sus miembros.
SÉPTIMO: Hacer un llamado en prevención a
la empresa Maderas del Darién a fin de que se abstenga en el futuro de seguir
desarrollando acciones y medidas para determinar u obtener un aprovechamiento
ilegal de los recursos naturales en los territorios de las Comunidades Negras
de la Cuenca del Río Cacarica.”.
Para fundamentar sus pretensiones, además de
relacionar algunos de los hechos referidos en esta providencia, los accionantes
sostienen:
- Que para expedir las resoluciones que otorgan
permisos de explotación forestal en sus territorios, CODECHOCO no ha consultado
a las comunidades negras, i) porque las personas que han solicitado o
autorizado los permisos no las representan “ y en caso de tener dicho
mandato, ha sido ejercido con abierto desconocimiento del sentir interno de las
comunidades”, ii) debido a que CODECHOCO “confunde el derecho a la
consulta con el acto de notificación o información por medio de la publicación
de avisos”, y iii) en razón a la legitimidad para representar a las
Comunidades que radica en la Junta del Consejo Comunitario, “quien desde
luego solo puede autorizar la explotación de recursos naturales en sus territorios,
previa consulta con sus comunidades (..)”.
- Que la explotación ilegal de maderas en sus
territorios i) fue constatada por Comisiones de Verificación, ii) ha sido dada
a conocer por la Dirección General de Bosques y Plantaciones Forestales del Ministerio
del Medio Ambiente, y iii) está siendo denunciada por la Procuraduría General
de la Nación, por la Defensoría del Pueblo, y por el Director del Parque
Natural de los Katios.
- Denuncian que el aprovechamiento del bosque en la
Región del Bajo Atrato Chocoano no es nueva, e insisten en que Maderas del
Darién S.A.- no puede seguir siendo favorecida “por la omisión o ceguera
intencional de Codechocó y el Ministerio del Medio Ambiente”. Para
fundamentar esta afirmación se apoyan en la sentencia T-380 de 1993[65], de la que transcriben
los siguientes apartes:
“Los falladores de tutela coinciden en
afirmar que CODECHOCO omitió, en forma negligente, el cumplimiento del objeto
para el cual fue creado al no evitar, pese a tener conocimiento, el
aprovechamiento ilícito que se venía haciendo en las riberas de los ríos
Chajeradó, Tebará y Taparal, por parte de REINERIO PALACIOS. "La
negligente y por ende permisiva actitud de CODECHOCO - sostiene el juez de primera
instancia -, derivó en la consumación ilegal del daño ecológico producido entre
1987 y 1990 por Maderas del Darién S.A., a través de su contratista REINEIRO
PALACIOS, en el resguardo de Chajeradó. A esta conclusión se llega
necesariamente, del examen de las varias quejas dirigidas por la comunidad
aborigen a través de "Orewa" y la "OIA" a diferentes
organismos estatales como el Inderena y Codechocó, pero sólo a instancias y por
reiterada insistencia del primero, el ente oficial a quien correspondía el
manejo y control de los recursos naturales en la zona, vino a intervenir
tardíamente suspendiendo los aprovechamientos ilegales y aplicando sanciones
que por su contenido resultan inanes y sin efectividad práctica alguna, como
bien puede concluirse de la Resolución 1195 de 13 de junio de 1991 (...)"
(fl. 246, c.1). Esta apreciación es compartida por el Tribunal que desató la
apelación cuando afirmó que "Codechocó aparece como ineficaz y negligente
en el cumplimiento de su deber al no impedir el desafuero y al no estar
vigilante de la suerte de los recursos naturales, no obstante las protestas
oportunas de los representantes indígenas y de las distintas organizaciones
entre ella la O.I.A., interesadas en la defensa de los recursos naturales y de
la integridad étnica" (fl. 77, c.6)”.
“El incumplimiento de la función de
vigilancia ambiental por parte de las entidades oficiales que tienen a su cargo
el cuidado y la preservación del medio ambiente propicia los abusos de
particulares en la explotación de los recursos naturales. Esta situación puede
verse agravada si luego de ocasionado un daño forestal el Estado no actúa
oportunamente para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (CP
art. 80). La omisión de la función estatal de restauración del medio ambiente
gravemente alterado mantiene la amenaza de vulneración de los derechos
fundamentales cuyo amparo es materia de la presente acción de tutela.
La Corporación Nacional para el Desarrollo
del Chocó, Establecimiento Público adscrito al Departamento Administrativo de
Planeación Nacional, no sólo ejerce una función de policía de vigilancia sino
también de policía de restauración del medio ambiente. Dentro de las funciones
que la ley le otorga se encuentran las de conservación, defensa, administración,
fomento, control y vigilancia de las reservas forestales (D. 760 de 1968, art.
4º), así como las de conservación, limpieza y mejoramiento de los ríos y
reforestación, en el área comprendida por las hoyas de los ríos Atrato, San
Juan y Baudó”.
4. Respuesta de las entidades accionadas a las
pretensiones de la demanda
4.1 Intervención del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial
El Ministerio del Medio Ambiente, hoy de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, por intermedio de apoderado, contesta la
demanda aduciendo que su representado no ha vulnerado ni amenaza con quebrantar
los derechos fundamentales de los accionantes; para el efecto el interviniente
hace un recuento de las actividades realizadas por su representado, sintetizada
en el punto 1.4. de los antecedentes.
Además pone de presente que a su poderdante no se le
puede endilgar responsabilidad en la expedición de las Resoluciones 3595 y 3596
de 1992 y 1486 de 1999, como quiera que éstas fueron expedidas por la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
CODECHOCO.
Recuerda las competencias que le fueron conferidas en
la Ley 99 de 1993, y se detiene en el numeral 16 del artículo 5° de dicha ley
para sostener que su representado puede ejercer control preventivo, cuando
advierta que las actividades desarrolladas causarían daño a los recursos
renovables, o se adelantarían en forma ilícita, de modo que dada la licitud de
la explotación forestal que se adelanta en la región del Río Cacarica, la intervención
de su representado no resulta posible.
Para finalizar solicita denegar las pretensiones de la
demanda por improcedentes i) porque los derechos que los accionantes relacionan
como vulnerados no se encuentran entre aquellos que permiten la intervención
del juez de tutela; ii) en razón de que el amparo constitucional ha sido
previsto para garantizar los derechos fundamentales, pero no para desconocer
actos administrativos, rodeados de presunción de legalidad; iii) debido a que
el derecho a la participación no es fundamental sino colectivo; iv) en razón de
que los accionantes no invocan protección transitoria, y v) porque en el
ordenamiento existe otro procedimiento para reclamar la intervención del
Ministerio del Medio Ambiente, en los asuntos que los accionantes pretenden.
4.2 Intervención de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Chocó
El Director General de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO, en atención a lo ordenado por el
Juez de Primera Instancia, rindió un informe escrito sobre los hechos referidos
en la demanda, y se opuso a las pretensiones, con los argumentos que a
continuación se sintetizan:
Afirma que los accionantes “no ostentan ni
acreditan en el momento de promover la acción de tutela, la calidad de
representante legal del Consejo Comunitario de CACARICA y miembros de su junta
directiva (..)”.
Indica que la entidad i) puso en marcha un Plan de
Control y Vigilancia con el propósito de regular la actividad de explotación
forestal en el sector de Riosucio, y ii) que “ha implementado planes de
control y vigilancia en toda el área del Municipio de Riosucio, hasta donde las
condiciones operativas y de orden público lo han permitido”.
Sostiene que “CODECHOCO adelantó los tramites
relacionados con la solicitud de aprovechamiento forestal de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1791 de 1996 y el estatuto forestal de CODECHOCO que
culminó con la resolución 1486 del 9 de septiembre de 1999, mediante la cual se
otorgó autorización de aprovechamiento forestal persistente a la comunidad
negra de la Balsita”.
Sobre la consulta previa, para la expedición de las
Resoluciones de permiso forestal, que los accionantes echan de menos, sostiene
que no se requiere cuando “la misma comunidad autoriza a su representante
legal para que haga la respectiva solicitud, quien además actuó con el aval del
presidente del Consejo Comunitario de Cacarica (..)”.
Y aduce que los Consejos Comunitarios de Montañita,
Pueblo Nuevo y Cacarica, en cumplimiento de la obligación de reforestar, que
les fuera impuesta mediante la resolución 0747 y 1095 de 2000, presentaron dos
planes de establecimiento y manejo forestal para las comunidades de Montañita y
Puerto Nuevo, “de los cuales hasta la fecha se han sembrado aproximadamente
cuarenta mil plántulas”.
4.3 Intervención de Maderas del Darién S.A.
En escrito dirigido al Juez de Primera Instancia el
representante legal de Maderas del Darién MADARIEN S.A. se refiere a cada una
de las pretensiones de la demanda, exponiendo por qué considera que deben
negarse.
Sostiene que no es dable conceder la protección
invocada, “porque la personería jurídica activa de los accionantes, por lo
que obra en la demanda, carece de los requisitos de publicidad exigidos en la
ley (..)”.
Afirma que el Juez Constitucional no puede ordenar que
se dejen de aplicar las resoluciones mediante las cuales CODECHOCO concedió a
la entidad que representa los permisos de explotación forestal, que los
accionantes controvierten, porque se trata de actos administrativos en firme,
cuya validez no puede ser cuestionada.
Fundamenta la legalidad de los permisos otorgados por
la Corporación demandada, a favor de sus representadas i) en que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo rechazó la demanda que pretendía
su nulidad, por “caducidad de la acción”, ii) como quiera que dentro del
trámite de ejecución de las órdenes impartidas por el Juez de Segundo Grado,
para resolver la acción de tutela instaurada por Amed de Jesús Barrios Caicedo
-en calidad de empleado y presidente del Sindicato de Trabajadores de la
Empresa - contra CODECHOCO, se negó la suspensión que los accionantes
pretenden, mediante providencia que se encuentra en firme, y iii) toda vez que
el principio de cosa juzgada impide, “a cualquier tribunal en aras de
seguridad jurídica, actuar sobre los mismos hechos y sobre las mismas partes
(..)”.
Aduce que “no le es legalmente permitido a la
Administración ordenar la suspensión de sus propias decisiones sin contar con
el consentimiento previo y expreso de sus beneficiados (Permisionarios)”; que
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no pueden ejercer
acción directa contra CODECHOCO porque las Corporaciones Regionales derivan sus
funciones directamente de la ley, y añade que estas entidades no pueden “distraer
recursos en programas o necesidades no aprobadas previamente, o que no estén
amparadas por normas que permitan su inversión”.
Para concluir arguye que los permisos de
aprovechamiento forestal persistente, expedidos a nombre de Maderas del Darién
S.A., son actos administrativos válidos, que han sido utilizados de manera
técnica, bajo criterios de sostenibilidad y sin causar perjuicio.
De modo que no se puede afirmar “que mi
representada haya efectuado aprovechamientos ilícitos”.
5.      La decisión que se revisa
El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, a
quien le correspondió tramitar el asunto, negó la protección invocada por
improcedente.
Considera el Tribunal i) que “tanto los
accionantes, como las autoridades accionadas enumeraron en sus respectivas
alegaciones una serie de hechos que en ningún momento probaron”; ii) que “el
mecanismo lógico y jurídico” para definir la legalidad de las resoluciones
que los accionantes pretenden suspender “es el Proceso ordinario”; y
iii) que la protección constitucional no puede ser concedida como mecanismo
transitorio, porque los demandantes no lo invocaron.
6. Actuación en sede de revisión
Mediante providencia del 3 de mayo del año 2002, la
Sala Octava de Revisión advirtió que la sentencia que se revisa no fue
notificada a los accionantes, de modo que ordenó al Juez de Instancia poner en
conocimiento de los afectados la providencia, para que se pronunciaran al
respecto.
Adelantado el trámite a que se hace mención, uno de
los accionantes intervino para convalidar lo actuado, expresamente, y los demás
lo hicieron en forma tácita, al no formular ningún reparo respecto de la
irregularidad que les fue advertida.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
La Corte Constitucional, a través de esta Sala, es
competente para revisar la decisión de instancia, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y
en cumplimiento del auto de 14 de Marzo de 2002, expedido por la Sala de
Selección de Tutelas Número 3 de esta Corporación.
2.      Problema jurídico que la Sala debe resolver
Corresponde a la Sala decidir si procede la protección
constitucional de los derechos a la integridad étnica, social, económica y
cultural, a la participación, y al debido proceso invocados por los señores
Naufal Quinto, Teófilo Avila Julio, Angel Nelis Palacios, Alirio Mosquera
Palacios y Luis Anibal Lemus, integrantes de la Comunidad de la Cuenca del río
Cacarica contra el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
CODECHOCO y Maderas del Darién S.A.
En sentir de los accionantes las entidades públicas
demandadas toleran, permiten y contratan la explotación de maderas en su
territorio colectivo, sin respetar los derechos que la Carta Política reconoce
a las comunidades negras, y sin considerar el daño ecológico que la actividad
extractiva maderera ha ocasionado y ocasiona en su territorio.
Ahora bien, la Sala deberá estudiar previamente:
-La legitimación de los accionantes, por cuanto los
hechos relacionados dejan al descubierto que la Junta Directiva del Consejo
Mayor de la Cuenca del río Cacarica está conformada por personas diferentes a
los nombrados, y que los documentos previstos en el ordenamiento, para
certificar la representación legal de las comunidades negras organizadas,
indican que el señor Adán Quinto Mosquera es quien puede actuar a nombre y por
cuenta de la persona jurídica.
-El alcance de las decisiones proferidas en los fallos
de tutela que se han ocupado de la situación de las comunidades negras de la
región del Bajo Atrato, para establecer si las pretensiones de los accionantes
han sido definidas con efecto de cosa juzgada constitucional.
-La procedencia de la acción, en razón de que el
Tribunal Administrativo del Chocó negó la protección arguyendo que los
accionantes cuentan con la vía ordinaria, para dejar sin efecto las
resoluciones que permiten adelantar la explotación de maderas en su territorio
colectivo.
Definidos los anteriores presupuestos, la Sala deberá
pronunciarse sobre el amparo invocado, en los aspectos que comprometen derechos
fundamentales, respecto de los cuales el ordenamiento no tenga previsto un
procedimiento especial.
3.      Consideraciones preliminares
3.1    El interés procesal de los accionantes
3.1.1 La legitimación en la defensa de la diversidad
étnica y cultural
a) En desarrollo del artículo 55 transitorio de la
Constitución Política, el Congreso de la República reguló, mediante la Ley 70
de 1993, el reconocimiento constitucional del derecho a la propiedad colectiva
de las comunidades negras, que han venido ocupando las zonas rurales ribereñas
de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, y creó instrumentos para la protección de la
identidad, y para propender por su desarrollo económico y social.
Entre los mecanismos diseñados por el legislador, para
asegurar la integridad cultural de las comunidades negras y hacer explícito el
reconocimiento constitucional de su derecho territorial a las tierras que
ocupan, el artículo 5° de la Ley 70 de 1993 prevé, “como norma de
administración interna”, cuyos requisitos determinará el reglamento que
expida el Gobierno Nacional”, la creación de consejos comunitarios, y
atribuye a éstos la elección de su representante legal, en cuanto persona
jurídica.
El Decreto 1745 de 1995, “por el cual se reglamenta
el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el
reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las “Tierras de las
Comunidades Negras” y se dictan otras disposiciones” entre otras
previsiones dispone i) “que una comunidad negra podrá constituirse en
Consejo Comunitario”, ii) “que al Consejo Comunitario lo integran la
Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario”, iii) que para los
efectos del Decreto “la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo
Comunitario y estará conformada por las personas reconocidas por éste, de
acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo interno”; iv)
que entre otras funciones, la Asamblea elige a los miembros de la Junta del
Consejo Comunitario y al representante legal de la comunidad “en cuanto
persona jurídica”, y v) que de no ser posible el consenso la Asamblea
General tomará las decisiones por mayoría.
Entre las funciones de las Juntas de los Consejos,
vale destacar i) que les compete velar por la conservación del territorio
colectivo, ejercer el gobierno económico de las tierras, según sus sistemas de
derecho propio y la legislación vigente; y iii) delimitar y asignar en
usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario, en
el territorio titulado colectivamente, reconociendo las que han venido ocupando
tradicionalmente y con base en el reglamento que expida la Asamblea General,
entre otras facultades y funciones.
b) La forma jurídica que debía acoger la Ley para
hacer explícito el reconocimiento a las comunidades negras del derecho a la
propiedad colectiva, previsto en el artículo 55 T. de la Carta, fue considerado
ampliamente en la Comisión Especial, creada por el Gobierno para la
reglamentación de la disposición constitucional, oportunidad que permitió
discutir las distintas alternativas formuladas por los comisionados, los
representantes de las comunidades y los especialistas en la materia.
Fue así como los antropólogos invitados conceptuaron
sobre la necesidad de que la población afrocolombiana definiera el asunto, no
obstante, plantearon la posibilidad de generar una serie de criterios que
permitirían “una conceptualización de los rasgos o de las características que
se lleguen a considerar como importantes, abiertas a su transformación y a su
interrelación con la sociedad[66]”;
sin desconocer el marco histórico de las comunidades negras colombianas “que
remite al ancestro africano y presenta esterotipos comunes al tema en cuestión”,
y teniendo en cuenta “las diferencias que existen en la comunidades negras
de San Andrés, la Costa Atlántica o del Choco”[67].
Dentro de este contexto, vale precisar que entre los
antropólogos fueron consideradas las construcciones de “identidad por rasgos”,
como también por “imaginarios”; y que la aceptación general de los
comisionados de las comunidades, como también de los representantes de sus
organizaciones, apuntó a “los datos de parentesco y troncos familiares, para
la reglamentación y otorgamiento del territorio”.
Para el efecto, comisionados y representantes de las
comunidades negras y de sus organizaciones, hicieron énfasis en la conformación
de los palenques y en el reconocimiento cultural e institucional de su
autonomía, aduciendo que éste data de la Cédula Real de 1691[68]; e insistieron que la
relación campo poblado debía ser considerada, a fin de que se entienda “la
forma como se hace el poblamiento, el uso y la distribución de espacios y su
relación con el tronco familiar. Esto indica que se debe adoptar la relación
campo poblado como unidad territorial (..)”[69].
De ahí que el artículo 7° de la propuesta de las
comunidades para efectos de la “titulación de los espacios territoriales para
cada comunidad”, tomara “la relación campo poblado, como unidad
territorial, y la manera como se establecen y desarrollan los asentamientos,
las prácticas tradicionales de producción y los usos, costumbres y tradiciones
propios de las comunidades negras” [70].
c) El Gobierno nacional, por su parte, elaboró una
propuesta en torno a una persona jurídica con representación legal, a la vez
que expuso la necesidad de prescindir de concepciones como la de los palenques,
extraños a la legislación indígena, porque “la Constitución pretende es
hacer un reconocimiento territorial”[71],
expuso el representante del INCORA al respecto:
“Con relación a las figuras de los
palenques, agregó, en el primer proyecto borrador que presentó el INCORA se
hablaba que la titulación la haría el INCORA, que podría delegarse a los
consejos comunitarios o a las Juntas administradoras territoriales y se sugirió
utilizar la expresión palenque,
Con respecto a esta expresión, en una
discusión que sostuvo el Gobierno se dijo que se estaba copiando normas
extrañas a la legislación indígena, como la del cabildo o la del resguardo, que
no son originarias de las comunidades indígenas y lo que la Constitución
pretende es hacer un reconocimiento territorial”[72].
No obstante la posición gubernamental y la utilidad de
la misma, reconocida por los comisionados -“(..) para nosotros relacionarnos
con la otra gente (..)”, a fin de “regular y definir la relación de la
población negra nuestra con el Estado Colombiano”[73]-,
estos insistieron en la necesidad de que se reconociera la integralidad
territorial, sin desmedro de su identidad cultural, enfatizando en que debía
quedar claro el derecho de las comunidades negras a participar, “sin
detrimento a su autonomía y a las decisiones que les afecte (sic) como
un mecanismo que trasmita la protección de la identidad cultural de la nación”[74].
Sobre la integralidad del territorio, los comisionados
enfatizaron en la relación que existe “entre los poblados y el territorio
donde las comunidades negras van a trabajar (..) si este concepto no se recoge
(..) se viola la conservación del medio ambiente y el apoyo a la identidad de
las comunidades negras ”[75]
Para finalizar, la Sala observa que la propuesta del
Gobierno, en el sentido de la organización en consejos comunitarios, con
personería jurídica y representación legal, fue adoptada por el legislador, sin
desconocer la concepción territorial de las comunidades negras, como quiera que
los artículos 3° y 5° de la Ley 70 disponen i) que la comunidad negra es el
conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura
propia, dentro de la relación campo-poblado y ii) que la ocupación colectiva es
el asentamiento histórico ancestral de dicha comunidad.
d) La Ley no desconoce en consecuencia los núcleos
poblacionales, formados a partir de la solidaridad generada en los procesos de
manumisión[76],
como tampoco el particular desarrollo que dichos núcleos tuvieron en el
suroccidente chocoano, debido, en gran parte, al control precario que en el
Pacífico ejercían las autoridades coloniales, reducido “al espacio
especifico de los pocos poblados, los entables mineros y los pueblos de indios,
mientras que el resto del inmenso territorio era una gran región de frontera,
un espacio fuera de la férula colonial en el que, al decir de Almario en su
texto sobre el Pacífico sur, se da el nacimiento de una verdadera Nación
Cultural, un proceso de etnogénesis intregrado por dinámicas de
desesclavización[77]
y territorización[78]”[79] –comillas en el
texto-.
Desde esta perspectiva puede afirmarse que el
legislador consideró que el proceso al que se hace referencia propició procesos
concomitantes de búsqueda de libertad y dio lugar a construcciones propias y
experiencias individuales, familiares y colectivas acompañadas por “un
sentimiento y percepción del territorio como algo singular y propio”, que
prefigura el elemento “peculiar y central” de los grupos negros del pacífico
colombiano, que constituirá con el tiempo su denominada “etnicidad
territorializada”[80].
Sentimiento y percepción que asociados a la “identidad
del río” se acentuaron con la ocupación de “nuevos espacios por los
grupos negros en libertad”, generada por la caída del orden esclavista y la
manumisión jurídica de mediados del siglo XIX, proceso “opuesto o
superpuesto a las estrategias de integración del Estado, como la mediación de
la nueva evangelización católica, el ordenamiento social y territorial en
municipios, corregimientos, veredas y una pretendida modernidad política,
educativa y cultural”, el que “al mantenerse como una constante en el
tiempo, permite que dicha etnicidad pueda ser pensada en términos de una Nación
Cultural[81].
Por ello i) el artículo 2° de la Ley 70 de 1993
delimita el espacio de ríos, montes y quebradas, que permitió a los manumisos
experimentaciones propias, fundadas en percepciones individuales y sociales
construidas sobre relaciones de identidad compartida -la Cuenca del Pacífico,
sus ríos y las zonas rurales ribereñas- [82];
y ii) la misma disposición reconoce los procesos de formación de parentelas,
que en forma de unidades productivas y espacios amplios involucraron terrenos
comunitarios de familias extendidas y nucleares, que mantienen su relación
inclusive por fuera de sus regiones y comunidades[83].
Los numerales 5, 6 y 7 del artículo 2° de la Ley en
comento i) definen a las comunidades negras, como “el conjunto de familias
de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una
historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación
campo poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las
distinguen de otros grupos étnicos”; ii) determinan su hábitat en “el
asentamiento histórico y ancestral, donde desarrollan sus prácticas
tradicionales de producción”; y iii) relacionan las actividades y
técnicas agrícolas, minerales, de extracción forestal, pecuniarias, de caza,
pesca y recolección de productos naturales, que les han permitido “consuetudinariamente
(..) garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible”, como
prácticas tradicionales de producción.
e) Esta somera descripción de la organización social y
territorial de las comunidades que ocupan las zonas rurales ribereñas de los
ríos de la cuenca del Pacífico, considerada en las deliberaciones de la
Comisión Especial para la expedición de la Ley 70 de 1993, y recogida en el
objeto y definiciones de la misma, indican que en su correcta inteligencia la
escogencia del representante legal de la respectiva comunidad, en cuanto
persona jurídica, si bien permite a estas comunidades “recibir en propiedad
las áreas adjudicables”, no desconoce la noción de colectividad que les es
propia, es decir aquélla conectada con “el tronco cuya cabeza visible se
identifica con un antepasado (..) que es lo que da sentido a la relación entre
lo rural y los poblados”[84].
f) Dentro de este contexto, y en consideración a que
los señores Naufal Quinto, Teófilo Avila Julio, Angel Nelis Palacios, Alirio
Mosquera Palacios y Luis Anibal Lemus invocan la protección de su derecho
constitucional a la diversidad étnica y cultural, fundada en la propiedad
colectiva de sus territorios, y en sus prácticas tradicionales de producción, y
habida cuenta que los actores son integrantes de las comunidades negras de la
Cuenca del río Cacarica[85],
no interesa para efecto de determinar la legitimación de su pretensión que
ostenten la representación de la persona jurídica –Consejo Mayor de la Cuenca
del Cacarica-, como tampoco que dicha representación se encuentre actualmente
en disputa.
Lo expuesto en razón de que la jurisprudencia
constitucional tiene definido que las organizaciones que agrupan a los pueblos
indígenas y tribales, y quienes pertenecen a éstos, están legitimados para
invocar su derecho a la subsistencia e integridad cultural, como lo indica el
aparte de la siguiente decisión:
“c) Establecido entonces que el asunto en
estudio no demanda la individualidad de los derechos en conflicto, por contera
deberá la Corte considerar el asunto de la intervención de los pueblos
indígenas, como titulares en sí mismos del derecho a la diversidad.
Al respecto vale recordar que esta
Corporación ha reconocido legitimación en los integrantes de los pueblos en
comento, como también en las Organizaciones que los agrupan, para demandar su
protección constitucional, es el caso de las Organizaciones Indígena de
Antioquia y Nacional Indígena, como también del señor Amado de Jesús Carupia
Yagari, entre otros, quienes demandaron y obtuvieron la protección constitucional
de los pueblos Emberá - Catío del río Chajeradó –T-380 de 1993-, Embera Catio
del Alto Zinu –T-652 de 1998-; y de Cristianía –T-428 de 1993- respectivamente.
Lo anterior, puesto que si los pueblos
indígenas tienen derecho a defender su integridad cultural sin escindir su
existencia colectiva, es porque tanto sus integrantes, como las Organizaciones
que los agrupan, están legitimados para instaurar las acciones correspondientes
i) debido a que el ejercicio de los derechos constitucionales de las minorías,
dadas las condiciones de opresión, explotación y marginalidad que afrontan,
debe facilitarse, ii) a causa de que las autoridades están obligadas a integrar
a los pueblos indígenas a la nación, asegurándoles la conservación de su
autonomía y autodeterminación, y iv) porque el Juez constitucional no puede
entorpecer el único procedimiento previsto en el ordenamiento para
garantizarles a los pueblos indígenas y tribales la conservación de su derecho
fundamental a la diferencia –artículos 7°, 286, 287, 329 y 330 C.P.-”[86].
Lo expuesto sin que la legitimación de los integrantes
de las comunidades negras, para invocar el derecho a la integridad cultural,
pueda ser entendida como un interés generalizado para actuar ante todas las
instancias judiciales y administrativas a nombre de los Consejos Mayores,
porque la organización de éstos, como personas jurídicas, fue la modalidad
acogida por el legislador, previa consulta con la Comisión creada por el efecto,
para hacer explícito el reconocimiento cultural previsto en el artículo 55
transitorio, y debe ser considerada cada vez que las comunidades negras
requieran ejercer sus derechos civiles y administrativos.
3.1.2 La representación legal y la Junta Directiva del
Consejo Mayor de la Cuenca del Río Cacarica. Necesidad de intervención estatal
Las 23 comunidades que conforman el Consejo Mayor de
la Cuenca del río Cacarica, creado de conformidad a lo previsto en el articulo
5° de la Ley 70 de 1993, atraviesan por serias dificultades, internas y
externas, que entorpecen su proceso comunitario y atentan contra la
consolidación de su identidad cultural, relacionadas éstas con las divergencias
sobre la administración del territorio colectivo -fundadas en las características
que deberá cumplir la explotación comercial de maderas en su territorio[87]-, y en las secuelas
generadas por el desplazamiento y los hostigamientos de toda clase de que
fueron y siguen siendo víctimas[88].
El certificado de existencia y representación legal,
expedido por la Cámara de Comercio de Quibdó el 30 de noviembre de 2001, da
cuenta de la designación del señor Adán Quinto Mosquera, como representante
legal de la entidad sin ánimo de lucro Consejo Mayor de la Cuenca del Río
Cacarica, de conformidad con el Acta número 2, correspondiente a la Asamblea
General de 14 de octubre de 2001.
Empero, el nombrado, quien fuera designado como el
primer representante del Consejo -noviembre de 1997-, fue destituido por
consenso, en Asamblea General reunida en septiembre de 1999, oportunidad en que
se eligió a otro representante y se ratificó a la Junta primeramente designada.
Además la Sala observa que el 14 de marras se adelantó una Asamblea que
reeligió al destituido, sin la presencia de todos los integrantes de la
comunidad, entre éstos de los accionantes, y desconociendo, al parecer, el
sentir comunitario.
Por ello en la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia, a petición de algunos integrantes de comunidades negras
de la región -quienes aseguran no haber sido convocados a la Asamblea del 14 de
octubre-, cursa recurso de apelación contra la decisión de la Alcaldía del
Municipio de Riosucio, instancia ésta que inscribió la designación del señor
Quinto Mosquera y de la nueva Junta Directiva y no se pronunció sobre la
reposición interpuesta.
b) Resulta preocupante, por consiguiente, que, además
de las dificultades externas generadas por el desplazamiento y por los
hostigamientos de que fueron y siguen siendo víctimas, las comunidades negras,
que han venido ocupando las zonas ribereñas de la cuenca del río Cacarica,
asistan al quebrantamiento de su etnografía otrora caracterizada por el
entendimiento, la solidaridad, y la reciprocidad con propios y extraños,
características que han permitido presentar “el corredor selvático del
occidente colombiano (..) como laboratorio de paz donde la ciencia social
quizás pueda llegar a dar cuenta de los orígenes desarrollo y consolidación de
interacciones dialogantes como el compadrazgo, el intercambio de labores
agrícolas, sistemas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades y comercio”[89].
También llama la atención que el proceso normativo
iniciado en la Constitución Política, que ha sido visto como un paso
indispensable dentro de la investigación, el conocimiento y la promoción de los
valores de la gente negra[90],
tanto por los estudiosos de su cultura, como por los integrantes de las
comunidades nombradas en el artículo 55 T. de la Carta, se trunque por
desavenencias internas. Y la preocupación es mayor al advertir que éstas se
sustentan en la conservación, o en el abandono de sus prácticas tradicionales
de extracción forestal, sustrato de su conciencia e identidad cultural, al
tenor de la Carta.
De manera que el Estado no puede permanecer impasible
ante lo que ocurre en el territorio colectivo que han venido ocupando las
comunidades negras de la Cuenca del río Cacarica, como quiera que fue la
identidad de éstas, asociada con sus prácticas de producción la que les
permitió acceder al reconocimiento constitucional, de modo que el entendimiento
que la Sala echa de menos resulta esencial para que puedan avanzar en su
conocimiento y consolidación cultural, porque “la identidad étnica no es
simplemente una recuperación del pasado de un grupo, sino también un reto al
futuro de la nación”.[91]
Así las cosas, para la Sala resulta de vital
importancia que la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de la
Justicia resuelva a la mayor brevedad el recurso de apelación interpuesto
contra la inscripción del señor Quinto Mosquera y de las personas designadas
con él para integrar la Junta del Consejo Mayor, pero no sólo eso, sino que la
Dirección deberá asistir y prestar a las comunidades negras el apoyo que éstas
requieren para consolidar su proceso organizativo, con pleno respeto de su
autonomía e identidad.
Apoyo que deberá prestar también la Defensoría del
Pueblo, si las comunidades, las organizaciones negras, o los integrantes de
unas u otras, así lo solicitan.
Ahora bien, resulta claro, entonces, que los
accionantes están legitimados para invocar la protección del Juez
Constitucional, sin consideración al estado actual de la representación de su
comunidad, en cuanto persona jurídica i) porque pertenecen a las comunidades
negras que ocupan la ribera del río Cacarica, y los artículos 2° y 7°
constitucionales reconocen y protegen el derecho de éstos pueblos a la diferencia,
ii) dado que el artículo 58 de la Carta ampara las formas asociativas y
solidarias de propiedad, que los integrantes de las comunidades negras conocen
y practican, y iii) en razón de que el artículo 55 transitorio de la Carta
propende porque los pueblos que ocupan los ríos de la Cuenca del Pacífico
mantengan sus prácticas tradicionales de producción, con total respeto de su
autonomía e identidad cultural.
3.2    Delimitación del objeto del proceso. Alcance de
las decisiones de tutela precedentes
3.2.1 El amparo invocado
Los accionantes demandan el amparo de sus derechos
fundamentales a la integridad étnica, social, económica y cultural, a la
subsistencia, a no ser sometidos a desaparición forzada, a la participación y
al debido proceso, fundados en que las entidades accionadas toleran, permiten y
contratan la explotación ilegal de maderas en su territorio colectivo.
Para el efecto solicitan que se ordene a las entidades
demandadas suspender temporalmente las aplicación de las Resoluciones 3595 y 3596
de 1992, y 1486 de 1999, que conceden a Maderas del Darién S.A. y al Consejo
Menor de la Balsita Chocó, en su orden, permisos y autorización de explotación
forestal en su territorio colectivo, con el fin de hacer efectivo el derecho a
la participación de la comunidad a la que pertenecen, medida que solicitan
mantener hasta que la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se
pronuncie sobre la nulidad de dichas resoluciones.
Y también pretenden que el Juez constitucional ordene
a las autoridades ambientales evaluar y controlar la explotación mecanizada de
madera en su territorio, a efectos de determinar el impacto ambiental causado
por dicha explotación, y que se disponga la restauración y compensación del
daño ocasionado.
Amparos éstos que fueron negados por el Tribunal
Administrativo del Chocó, arguyendo que los accionantes tienen otra vía para
dejar sin efecto las actuaciones administrativas que permiten tal explotación,
como también para acceder al restablecimiento que pretenden.
En este orden de ideas, como en decisiones anteriores
se han considerado los hechos que los accionantes denuncian, y los Jueces de
tutela han emitido órdenes al respecto, la Sala considera pertinente analizar
el alcance de las protecciones concedidas, a fin de resolver sobre los amparos
invocados.
3.2.2 Las órdenes emitidas se refieren a la protección
de los derechos a la vida, a la salud y a la tranquilidad de los integrantes de
las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica
a) Como se refiere en los hechos –1.3.1-, el 13 de
abril de 1993 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó ordenó a
CODECHOCO perfeccionar, mediante la suscripción de los contratos respectivos,
los permisos de explotación forestal a que hacen referencia las Resoluciones
3595 y 3596 de 30 de diciembre de 1992, al igual que emitir las resoluciones
referentes a los permisos únicos para Sábalos y Larga Boba, en cuanto el
accionante, en calidad de presidente del Sindicato de Maderas de Darién S.A.,
adujo violación de su derecho al trabajo.
Decisión ésta que el 20 de mayo siguiente la Corte
Suprema de Justicia revocó, revocatoria que esta Corporación confirmó.
Ahora bien, los Jueces de segunda instancia
consideraron, en aquella oportunidad, que la decisión de la Junta Directiva de
CODECHOCO de aguardar la expedición de la Ley 70 de 1993, para resolver sobre
la explotación forestal por parte de empresas madereras en la región, consultó
el ordenamiento constitucional, en cuanto propendía por hacer efectivos los
derechos colectivos de las comunidades negras de la región, entonces en proceso
de regulación.
Empero no emitieron órdenes de restablecimiento,
porque nada permitía suponer que la explotación forestal en controversia se
adelantaría de todas maneras, entre otras razones, porque CODECHOCO interpuso
el recurso de alzada dando a entender que combatía la orden del Juez de Primera
Instancia, la que a la postre, como las evidencias lo indican, aunque no estuvo
en firme estuvo presto a cumplir.
b) Tal como se reseña en los antecedentes -1.3.2-,
el 7 de septiembre del año 2001, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuteló los derechos fundamentales de
los integrantes de las comunidades negras del río Cacarica a la salud en
conexidad con la vida, a la tranquilidad, y a obtener de las autoridades
respuesta a sus peticiones, y el Consejo de Estado confirmó la decisión, aunque
modificó uno de sus alcances.
Respecto de la explotación forestal, que se adelanta
en el territorio colectivo de las comunidades accionantes, el Juez de Tutela
dispuso entonces hacer efectivo un acto administrativo que a la sazón suspendía
dicha explotación, y ordenó al Ministerio del Medio Ambiente velar por el
cumplimiento de la decisión.
Por consiguiente la Sala deberá considerar la
procedencia i) del amparo a la diversidad étnica y cultural, ii) de la
protección del derecho de los accionantes a preservar y restaurar el ambiente
sano en su territorio colectivo, y iii) de las pretensiones relativas a que se
ordene inaplicar los actos administrativos que permiten a la empresa Maderas
del Darién S.A. y al Consejo Menor La Balsita Chocó, esto último como
protección transitoria.
Porque en las oportunidades que se reseñan se
emitieron órdenes atinentes a la protección de los derechos de los integrantes
de las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica a la vida, a la salud,
a la tranquilidad y a obtener de las autoridades respuesta a sus peticiones,
pero nada se dispuso sobre la protección de su propiedad colectiva.
3.3    La procedencia de la protección invocada
Delimitado el objeto de la acción de tutela que se
revisa, y los alcances de la protección constitucional concedida, la Sala
deberá establecer la procedencia de las medidas solicitadas por los
accionantes, como quiera que la acción de tutela opera en forma subsidiaria y
residual, y el ordenamiento cuenta i) con procedimientos eficaces para la
protección de los derechos e intereses colectivos, ii) con trámites apropiados
que permiten juzgar las actuaciones administrativas, y resolver sobre la
reparación de daños causados a los asociados por acción u omisión de las
entidades públicas.
Empero, como lo tiene definido la jurisprudencia
constitucional, los integrantes de los grupos étnicos y sus organizaciones, en
cuanto portadores de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana,
no cuentan con mecanismos especiales para la protección de su derecho
fundamental a subsistir como tales.
3.3.1 El ordenamiento ha previsto un procedimiento
especial para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Improcedencia
del amparo transitorio
a) El artículo 88 de la Carta dispone que la Ley
regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses
colectivos, asunto desarrollado mediante la Ley 472 de 1998.
Ahora bien, la normatividad en cita regula todos los
aspectos atinentes a la protección judicial de los derechos e intereses
colectivos, entre ellos el equilibrio ecológico, el manejo y el aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica,
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de las comunidades relacionados con la preservación y restauración
del medio ambiente –artículo 4°-.
De modo que la acción de tutela no es el instrumento
judicial apropiado para que los accionantes hagan cesar el daño ecológico que
comporta la tala comercial no sustentable, que se adelanta en su territorio
colectivo.
Es claro, entonces, que la acción de tutela tampoco
resulta ser el mecanismo procedente para conjurar la amenaza que se cierne el
territorio en comento y sobre la región del Bajo Atrato en general a causa de
las actividades agrícolas y colonizaciones a gran escala que destruyen el
bosque, afectan las cuencas, impulsan la erosión, y sedimentan los lechos de
los ríos y las quebradas en el Pacífico colombiano, que denuncia la Defensoría
del Pueblo en sus intervenciones.
b) Podría argüirse, sin embargo, que la Carta Política
prevé la intervención transitoria del Juez de Tutela –sin perjuicio de la
competencia para definir el asunto asignada a otra autoridad judicial- cuando
los derechos constitucionales resultan vulnerados o amenazados, a fin de
evitar, o cuando menos mitigar, la realización de un perjuicio irreparable y
grave.
Dentro de este contexto, no puede desconocerse que
quienes adelantan, toleran y permiten extracciones forestales no sustentables
sobre el bosque húmedo tropical del Choco Biogeográfico, comprometen grave y
permanentemente los derechos e intereses colectivos, pero al respecto debe
recordarse que la Ley 472 de 1998 prevé que el juez competente para tramitar la
acción popular tomará las medidas cautelares necesarias para impedir la
realización de los perjuicios irremediables e irreparables, como también para
suspender las actuaciones generadoras de la amenaza -artículo 26-.
A las anteriores precisiones vale agregar que las
probanzas analizadas dejan al descubierto la presencia de multitud de agentes
deforestadores y contaminantes en el territorio colectivo de los accionantes, quienes
no fueron ni podían ser convocados a la presente acción, dada su especialidad,
y que dichos agentes pueden ser vinculados a la acción popular para que
respondan por sus acciones y omisiones -si el juez competente así lo considera-
al tenor del artículo 18 de la Ley en cita, sin desmedro de las garantías
constitucionales de las partes, de los afectados y de los terceros[92].
Como consecuencia de las facilidades previstas en la
Ley 472 de 1998, para la adopción de medidas cautelares con plena garantía de
los derechos constitucionales que toda actuación judicial compromete, y dada la
imposibilidad de hacer efectiva dicha garantía durante el trámite que se
revisa, al parecer de la Sala lo pertinente es remitir lo actuado al H.
Tribunal Administrativo del Chocó a fin de que resuelva lo conducente, dentro
del marco de su competencia, atendiendo las previsiones del artículo 17 de la
Ley en cita.
De modo que por las anteriores consideraciones la
decisión que se revisa será parcialmente confirmada, porque el ordenamiento
cuenta con procedimientos eficaces para la protección de los derechos e intereses
colectivos; pero no ha previsto un procedimiento apropiado para la protección
del derecho fundamental de los grupos étnicos que conforman la diversidad
étnica y cultural de la nación colombiana a la subsistencia.
3.3.2 Los actos administrativos se controvierten ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La suspensión transitoria
invocada es improcedente
3.3.2.1 Las acciones contencioso administrativas en el
caso planteado, legitimación y caducidad
Compete a la jurisdicción en lo contencioso
administrativo juzgar las actuaciones de las entidades públicas y solventar las
controversias suscitadas entre el Estado y los particulares, como lo prevé el
artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, facultad de juzgamiento que
comporta la suspensión de los actos demandados, siempre que se cumplan los
requisitos previstos en la misma normatividad.
Dentro de este contexto, vale recordar que para juzgar
la actividad administrativa el ordenamiento cuenta con procedimientos claros,
que en el caso planteado por los accionantes se concretan i) en la acción de
nulidad contra actos administrativos generales o de contenido particular, que
puede ser intentada por cualquier persona[93];
ii) en las acciones de nulidad y restablecimiento y contractuales[94], reservadas éstas a
los titulares de derechos subjetivos lesionados, es decir, a los afectados por
las relaciones jurídicas que se pretende modificar o terminar, y a sus
causahabientes, salvo la petición de nulidad absoluta de los contratos, que
puede promoverse, además por el Ministerio Público[95]; y iii) en la acción
de reparación directa, establecida a favor de aquel que ha sufrido un daño
causado por acción u omisión de una entidad pública, cualquiera fuere la causa
–artículos 84 a 87 C.C.A.-
Se tiene, además i) que la acción de nulidad puede
ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto; ii) que la
acción de nulidad y restablecimiento debe promoverse dentro de los cuatro meses
calendario, contados a partir del día de su publicación, notificación,
comunicación o ejecución, según el caso, salvo los actos previos, proferidos
dentro del trámite contractual, que se deben impugnar en los treinta días
siguientes a su comunicación, notificación o publicación; iii) que la acción de
reparación directa caduca en los dos siguientes, contados a partir de la
ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa; iv) que las acciones
contractuales de nulidad relativa caducan en dos años, contados en los términos
del numeral 10° del artículo 136 del C.C.A.; y v) que las acciones de nulidad
absoluta deben promoverse dentro de los dos años siguientes al
perfeccionamiento del contrato, salvo que el término del contrato fuere
superior, porque en este caso la declaratoria de invalidez se puede intentar
durante el plazo contractual, sin que exceda de cinco años[96].
Lo
anterior conduce a la Sala a la conclusión de que la validez de las
Resoluciones proferidas por CODECHOCO para permitir y autorizar explotaciones
forestales en el territorio colectivo de las comunidades negras de la Cuenca
del Río Cacarica, al igual que la condena y valoración de los perjuicios
causados por el Estado, en razón de la expedición y desarrollo de tales
resoluciones, son asuntos que deberá resolver la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.
Con todo, en virtud de que el artículo 86 de la Carta
dispone que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, para evitar
un perjuicio irreparable, cuando el afectado cuenta con otro medio de defensa
judicial, deberá considerarse la pretensión de suspensión temporal de las
resoluciones en comento, mientras la jurisdicción competente resuelve sobre su
validez, como lo solicitan los accionantes.
No obstante, dado que la acción de simple nulidad de
las Resoluciones 3595 y 3596 fue resuelta por el Tribunal Administrativo del
Chocó -como lo revelan los antecedentes, 1.4.2-, el análisis se circunscribirá
a la procedencia del amparo transitorio invocado, frente a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho impetrada contra la Resolución 1486 de 1999,
proferida por CODECHOCO, a favor del Consejo Menor de la comunidad negra La
Balsita Chocó, actualmente sometida a consideración del H. Consejo de Estado.
Lo anterior, porque los nombrados invocan el amparo “mientras
la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncia en relación con
la nulidad de las resoluciones que otorgaron permisos de aprovechamiento
forestal y autorizaciones de aprovechamiento forestal comunitario”,
respecto de un asunto cuyo estudio por parte de la jurisdicción contenciosa ya
concluyó.
3.3.2.2        La acción conjunta del juez
constitucional y del juez administrativo, en desarrollo del artículo 86 de la Carta
a) El juzgamiento de los actos de la administración,
confiado por el ordenamiento constitucional a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, no impide la intervención del juez de tutela en el asunto,
porque el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991 desarrolla el amparo
constitucional transitorio, previsto en el artículo 86 de la Carta, previendo
que “la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción
de nulidad y de las demás precedentes ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo”, y que, en estos casos, si el Juez constitucional así lo
considera, “podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de
la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el
proceso”.
Nótese, eso sí, que la procedencia conjunta de las
acciones de tutela y administrativas requiere que la amenaza o el daño que se
pretenden solventar se deriven real y efectivamente de la actuación de la
administración en controversia, aspecto que toca directamente con legitimación
sustantiva del accionante en tutela y que deberá valorarse frente a la decisión
definitiva a cargo de la justicia administrativa, como quiera que quien obtiene
del juez de tutela la protección transitoria deberá ser quien ostente la
posibilidad cierta de obtener, más adelante, un pronunciamiento favorable y
definitivo sobre el mismo asunto.
Además, las actuaciones del juez de tutela y del juez
administrativo frente a la misma situación, de manera transitoria la primera y
la segunda en forma definitiva, requieren que el afectado promueva las acciones
dentro de la oportunidad legal, como quiera que el amparo constitucional no
puede ser rechazado por caducidad, pero deberá negarse si no se invoca dentro
de términos prudentes y razonables propios de su urgencia e inmediatez[97], y no ha sido previsto
para solventar la incuria procesal de las partes.
b)
Retomando lo dicho, y referido al asunto en estudio, cabe puntualizar que la
suspensión transitoria de la Resolución 1486 de 1999, proferida por CODECHOCÓ
para autorizar a la comunidad negra de la Balsita Chocó explotación forestal en
el territorio colectivo de las comunidades negras de la Cuenca del Río
Cacarica, invocada por los señores Naufal Quinto, Teófilo Avila Julio, Angel
Nelis Palacios, Alirio Mosquera Palacios y Luis Anibal Lemus, no puede
ordenarse, simplemente porque los actores no administran ni representan los
derechos civiles que el acto administrativo que pretenden suspender genera, sin
perjuicio de su derecho colectivo fundamental al territorio colectivo y el de
ser eventualmente indemnizados, de los daños causados. Se precisa:
En la
actualidad el H. Consejo de Estado tramita acción promovida por el señor Luis
Alfonso Alegría contra la Resolución 1486 de 1999, a fin de que se declare la
nulidad de ésta, porque no fue expedida a favor del Consejo Mayor de la Cuenca
del Río Cacarica, se restablezca a este último en su derecho de administrar el
territorio colectivo y se lo indemnice al mismo por el daño causado.
Pero,
los señores Naufal Quinto, Teófilo Avila Julio, Angel Nelis Palacios, Alirio
Mosquera Palacios y Luis Anibal Lemus no representan en la actualidad al
Consejo Mayor en mención, y no pertenecen al Consejo Menor beneficiario de la
explotación.
De
suerte que los nombrados en cuanto no ostentan legitimidad que requiere
promover ante el juez administrativo la acción de nulidad y reparación contra
la Resolución 1486 de 1999, tampoco pueden invocar un pronunciamiento
transitorio del Juez constitucional, sobre derechos civiles que no administran ni
representan.
Desde esta perspectiva, resultaría posible que el
actual representante del Consejo Mayor de la Cuenca del Río Cacarica -persona
jurídica en los términos del artículo 5° de la Ley 70 de 1993- promueva una
nueva acción de tutela con ese fin, o se haga presente en el proceso que juzga
la nulidad de la Resolución 1486 de 1999, en curso.
Por ello, y porque las comunidades negras del
territorio de la Cuenca del Río Cacarica tienen que ser apoyadas en su proceso
comunitario, se insistirá ante el Ministerio del Interior y de la Justicia,
sobre la necesidad de definir en el mes siguiente a la notificación de esta
decisión, o antes si ello fuere posible, el asunto de la representación legal
actualmente en disputa.
En suma, no compete al Juez Constitucional
pronunciarse sobre la inaplicación temporal de las Resoluciones 3595 y 3596 de
1992, porque el Tribunal Administrativo del Chocó ya se pronunció en definitiva
sobre su validez y no procede inaplicar temporalmente la Resolución 1486 de
1999, toda vez que los accionantes no representan, y tampoco agencian a quienes
resultarían afectados con la medida.
Es así como se concluye que por este aspecto la
sentencia que se revisa deberá igualmente confirmarse, sin que por ello pueda
entenderse que no procede la suspensión inmediata de la explotación forestal
que la empresa accionada adelanta directamente o por intermedio de terceros en
el territorio colectivo de los accionantes, en cuanto la jurisprudencia
constitucional tiene definido que la protección de los valores culturales
económicos y sociales de los grupos étnicos es asunto que compete al juez de
tutela, quien, advertida la vulneración o amenaza, no puede escatimar esfuerzos
para restablecerlos.
4.      Los derechos reconocidos en la Constitución
Política a las comunidades negras. Marco jurídico de su derecho a los recursos
naturales
4.1 Identidad cultural asociada al territorio
colectivo y a las prácticas tradicionales de producción
Tal como quedó expuesto, las
comunidades negras que ocupan las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del
Pacífico constituyen una cultura propia generada en procesos únicos de
adaptación, asociados a prácticas extendidas de producción, fundadas en el
parentesco y reconocidas en los artículos 1°, 7°, 58 y 55 T. de la Carta Política.
En este sentido
procede recordar que de manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural depende la
subsistencia de los pueblos indígenas y tribales, y que son éstos quienes
pueden conservar y proyectar en los diferentes ámbitos el carácter pluriétnico
y multicultural de la nación colombiana, sustrato del Estado social de derecho
acogido en la Carta.
Ahora bien, este carácter, reconocido alude a los
pueblos indígenas y tribales, entre éstos a las comunidades negras, así algunas
disposiciones constitucionales atinentes al tema nombren únicamente a los
primeros, porque los artículos 5°, 13, 16, 63, 68, 70, 72, 79 y 176 del mismo
ordenamiento reconocen en igualdad de condiciones a todas las culturas
existentes en el territorio nacional, y propenden igualmente por su
conservación, investigación, difusión, y desarrollo.
A lo anterior debe agregarse la contribución de la
comunidad internacional al proceso de reconocimiento de los grupos étnicos,
como colectividades reconocibles, en especial al Convenio 169 de la OIT Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado por la Ley 121 de 1991, en cuanto sus
disposiciones permiten reivindicar con claridad el derecho de las comunidades
afrocolombianas[98]
a ser tenidas como “pueblos”, atendiendo las condiciones sociales, culturales y
económicas que las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional,
aunado a que se rigen por sus costumbres y tradiciones, y cuentan con una
legislación propia –artículo 1°, numeral a)-.
Lo expuesto porque el Convenio en mención se refiere a
las comunidades cuyas “condiciones sociales, culturales y económicas las
distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una
legislación especial”, así no desciendan de “poblaciones que habitaban
en el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento
de las actuales fronteras estatales”, sin establecer distinciones ni
privilegios[99].
Dentro de este contexto, los Estados Partes, entre
éstos el Estado colombiano, se encuentran igualmente obligados a respetar la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y de los pueblos
tribales, y a contribuir realmente con la conservación del valor espiritual que
para todos los grupos étnicos comporta su relación con la tierra y su
territorio, entendido este como “lo que cubre la totalidad del hábitat de
las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u  otra
manera.” –artículo 13-.
Por ello el instrumento internacional en comento
desarrolla ampliamente el derecho de estos pueblos a que los Gobiernos i)
determinen sus propiedades y posesiones mediante la delimitación de los
espacios efectivamente ocupados, ii) salvaguarden sus derechos a utilizar “las
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia”; y iii) protejan especial y efectivamente sus facultades de
utilizar, administrar y conservar sus recursos naturales –artículo 14-.
De modo que si a los Estados Partes no les resulta
posible reconocer a los grupos étnicos derechos sobre los recursos naturales de
sus territorios colectivos, se prevé el establecimiento de procedimientos “con
miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los
recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como
resultado de esas actividades”[100].
Además, dentro del espíritu de hacer realidad el
reconocimiento étnico vinculado al territorio, el instrumento dispone que las
Partes se obligan “a prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no
autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado
de las mismas por personas ajenas a ellos”, como también a adoptar
instrumentos que impiden tales inmisiones –artículo 18-.
Está claro, que los pueblos que han venido ocupando
las zonas rurales ribereñas de las Cuenca del Pacífico tienen derecho a la
delimitación de su territorio, y que esta comporta el derecho de las
comunidades negras a utilizar, conservar y administrar sus recursos naturales,
no sólo porque las previsiones del Convenio 169 de la OIT, a las que se ha
hecho referencia, así lo indican, sino porque el artículo 55 Transitorio de la
Carta reconoce en estos pueblos, de antemano, la conciencia de identidad tribal,
criterio fundamental, aunque no único, para que opere dicho reconocimiento, en
los términos del artículo 1° del instrumento internacional.
A la
vista de las anteriores consideraciones, deben entenderse entonces las
previsiones de la Ley 70 de 1993, destinadas a hacer explícito el
reconocimiento previsto en el artículo 55 transitorio del ordenamiento
superior, en especial los artículos 1° y 4°, en cuanto disponen:
“La presente ley tiene por objeto reconocer
a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como
propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y
de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el
fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al
resto de la sociedad colombiana. De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1o.
del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará
también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo
ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de
producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en
esta ley” –artículo 1°-.
“El Estado adjudicará a las comunidades negras
de que trata esta ley la propiedad colectiva sobre las áreas que de conformidad
con las definiciones contenidas en el artículo segundo, comprenden las tierras
baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y
aquellas ubicadas en las áreas de que trata el artículo 1° de la presente ley
que vienen ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.
Los terrenos respecto de los cuales se
determine el derecho a la propiedad colectiva se denominarán para todos los
efectos legales “Tierras de las Comunidades Negras” –artículo 4°-[101].
4.2    Alcance del derecho de las comunidades negras
al territorio colectivo
4.2.1 Los recursos naturales
comprendidos en el reconocimiento constitucional
a) En el ordenamiento jurídico nacional, el
reconocimiento a las comunidades negras del territorio que tradicionalmente han
ocupado se remonta a la Ley 31 de 1967, mediante la cual fue incorporado a la
legislación nacional el Convenio 107 de 1957 de la OIT, “ sobre Protección e
Integración de las poblaciones indígenas y tribales en los países
independientes”, considerado el antecedente más cercano del Convenio 169 de
al OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”,
aprobado mediante la Ley 21 de 1991[102].
No obstante ningún desarrollo tuvieron los
instrumentos internacionales en comento, en materia del reconocimiento de los
derechos de las comunidades negras, aunque sus organizaciones, como lo denotan
los antecedentes, lo solicitaron insistentemente, clamor que dio lugar a que
los constituyentes consideraran la necesidad de incluir una norma expresa,
sobre los derechos constitucionales fundamentales de estas comunidades,
asociados con su derecho territorial. Empero por falta de desarrollo no se
podría argüir inexistencia del derecho de las comunidades negras a la propiedad
colectiva, ante la claridad de su reconocimiento.
En este orden de ideas vale recordar que el Convenio
169 influyó notablemente en las previsiones constitucionales que definen y
establecen los alcances de la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana[103]
coincidencia que se nota en todas las disposiciones atinentes al derecho de los
pueblos indígenas y tribales, y de sus integrantes a conservar su patrimonio
cultural, su vida, su salud y el medio ambiente de sus territorios, como
también a propender por el mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo,
salud y educación, y a ser tratados en condiciones de igualdad –artículos 2°,
4°, 5°, 7°, 8, y 13 Convenio 169, artículos 2°, 7°, 10°, 13, 63,72 y 79 C.P.-.
Entre los puntos coincidentes resulta pertinente
destacar la obligación adquirida por el Estado colombiano de proteger, “especialmente”,
los derechos de los pueblos indígenas y tribales a “los recursos naturales
existentes en sus tierras” –artículo 15-, obligación ésta que el
artículo 330 de la Carta hace descansar en la participación de los
representantes de las respectivas comunidades en las decisiones que se adopten
al respecto, a fin de asegurar que la explotación de los recursos en sus
territorios se hará sin desmedro de su integridad cultural, social y económica.
b)
Podría argüirse, sin embargo, en lo atinente a las comunidades negras, que su
derecho territorial constitucional principia con la expedición de cada título
colectivo, a nombre de los consejos comunitarios, como personas jurídicas, y
que no comprende las facultades de uso y explotación de sus recursos naturales.
Argumentos
éstos que bien podían fundarse en una interpretación parcial y equivocada de
los artículos 55 transitorio, 58, 330 y 333 de la Carta, en cuanto de éstos,
individualmente analizados se desprende i) que se asignó al legislador el
reconocimiento y la demarcación de los territorios de las comunidades negras;
ii) que la norma superior garantiza la propiedad privada, al igual que los
demás derechos patrimoniales, desde su adquisición, conforme a las leyes
civiles; y iii) que el ordenamiento en cita, reconoce abierta e
indiscutiblemente el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta
en materia de recursos naturales, pero nada dice sobre su titularidad.
Estas observaciones conducen a la Sala a los artículos
1°, 7°, 8°, 10, 13, 63, 67, 68 y 333 de la Carta, a fin de establecer la
génesis del derecho de las comunidades negras a la propiedad colectiva y sus
alcances, análisis que le permite puntualizar:
- Que el sustrato del Estado Social de derecho
pluralista radica en la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y
que ésta no puede concebirse sin el reconocimiento integral del derecho
territorial de los grupos étnicos a las tierras que tradicionalmente ocupan [104].
-Que la Carta, a la par que garantiza la propiedad
privada, protege las formas asociativas y solidarias de propiedad, el
patrimonio cultural y natural de la nación, las tierras de resguardo y las
comunales de los grupos étnicos y la diversidad e integridad del ambiente.
-Que el ordenamiento constitucional entiende la
cultura pluralista de la nación colombiana como una riqueza que se debe
conservar, mediante la promoción, investigación, la ciencia y el desarrollo de
todas las expresiones y valores culturales.
De modo que sin duda los recursos naturales que la
Carta excluye de la propiedad colectiva de los grupos étnicos son los no
renovales y los existentes en el subsuelo, cuya propiedad pertenece al Estado,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados de éstos grupos o de
sus integrantes, con arreglo a las leyes preexistentes.
c) En suma, no puede atribuirse a la Ley 70 de 1993,
como tampoco a la labor de titulación confiada al INCORA, en los términos del
Capítulo III de la misma Ley el reconocimiento, la comprensión y el alcance del
derecho de las comunidades negras al territorio que tradicionalmente ocupan,
como quiera que éste se generó dentro del marco de las Leyes 31 de 1967 y 21 de
1969, varias veces citadas, y fue definitivamente acogido por el ordenamiento
constitucional como sustrato de la diversidad étnica nacional.
Por ello resulta ilustrativo y complementario de lo
expuesto la previsión del numeral 2° del artículo 14 del Convenio 169 de la
OIT, a cuyo tenor los Estados partes se obligaron a establecer procedimientos “para
garantizarles a los grupos étnicos la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión”, que les permitan “solucionar las reivindicaciones
de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
A la
vez que resulta de gran utilidad, en punto a las facultades de las comunidades
negras como titulares del derecho de propiedad, recordar las disposiciones del
Código de Recursos Naturales, en cuanto atendiendo a lo preceptuado en los
artículos 42, 47 y 51 del Decreto 2811 de 1974, todo propietario está facultado
para usar y aprovechar los recursos naturales renovables existentes en sus
territorios, por ministerio de la ley.
De ahí que esta Corporación, en la sentencia T-380 de
1993, en alusión al alcance del derecho de un grupo étnico a los bosques de su
territorio colectivo expuso:
“12. El reconocimiento del derecho a la
propiedad colectiva de los resguardos3 (CP art. 329) en favor
de las comunidades indígenas comprende a la propiedad colectiva de éstas sobre
los recursos naturales no renovables existentes en su territorio. Lejos de
usurpar recursos de la Nación, el acto de disposición de bienes baldíos para la
constitución de resguardos indígenas es compatible con el papel fundamental que
estos grupos humanos desempeñan en la preservación del medio ambiente. La
prevalencia de la integridad cultural, social y económica de estas comunidades
sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios - la que sólo
es posible si media la autorización previa del Estado (CP art. 80) y de la
comunidad indígena (CP art. 330) -, se erige en límite constitucional explícito
a la actividad económica de la explotación forestal.
En este orden de ideas, mal pueden los
apoderados de MADARIEN apelar a una lectura parcial del artículo 42 del Código
Nacional de Recursos Naturales, para desconocer el derecho de propiedad
colectiva de las comunidades indígenas sobre los recursos naturales renovables
que se encuentran en territorio de sus resguardos. Derecho colectivo que debe
en todo caso ejercerse dentro de los límites constitucionales y legales
necesarios para preservar el medio ambiente (CP arts. 8, 79, 80, 333, 334) y los
recursos naturales renovables (D. 2811 de 1974, arts. 202 y ss.).
13. El derecho de propiedad colectiva de
los recursos naturales renovables que se encuentran en sus territorios, no
otorga una facultad omnímoda a los representantes de las respectivas comunidades
indígenas para disponer libremente de ellos. La autonomía de las autoridades
indígenas en el manejo de sus propios asuntos, en especial respecto del
aprovechamiento de los recursos naturales (CP art. 330), debe ser ejercida con
plena responsabilidad (CP art. 95-1). En favor de la comunidad indígena siempre
podrá aducirse la doctrina ultra vires frente a actuaciones de sus
autoridades que hayan dispuesto ilegal o arbitrariamente de las riquezas
naturales comprendidas en su territorio, y a las cuales por lo tanto se las
debe despojar de todo poder vinculante.
Consideraciones éstas que le permiten a la Sala
concluir:
-Que el derecho de las comunidades negras sobre su
territorio colectivo se funda en la Carta Política y en el Convenio 169 de la
OIT, sin perjuicio de la delimitación de sus tierras a que se refiere la Ley 70
de 1993, en cuanto ésta resulta definitiva e indispensable para que dichas
comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar el
reconocimiento constitucional.
Y que el derecho de propiedad colectiva en comento
comprende, y siempre comprendió la facultad de las comunidades negras de usar,
gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus
territorios, con criterios de sustentabilidad, y de acuerdo con las
limitaciones legales –Parte VII, Título II, D. 2811 de 1974-.
Limitaciones éstas que puntualiza el Decreto a que se
hace mención, imponiendo al propietario la necesidad de obtener autorización de
la entidad ambiental para adelantar explotaciones forestales persistentes en
sus bosques, a fin de que las autoridades ambientales puedan velar por la
conservación del recurso y por el uso de prácticas adecuadas –artículos 211 y
213 idem-[105].
Es decir que desde el año de 1967, en los términos de
la Ley 31, a las comunidades negras nacionales, en cuanto pueblos tribales, les
fue reconocido el derecho a la propiedad colectiva de los territorios que
ocupan ancestralmente y, por ende, las facultades de uso y explotación de sus
suelos y bosques, esto último, por ministerio de la ley o previa autorización
de la autoridad ambiental, en los términos del Código de Recursos Naturales.
4.2.2 La ley 70 de 1993 y las facultades de las
comunidades negras sobre los recursos naturales existentes en su territorio
colectivo
El artículo 6° de la Ley 70 de 1993 puntualiza la
comprensión de la propiedad colectiva de las comunidades negras, para el efecto
excluye de la titulación colectiva los bienes de uso público, las áreas
urbanas, las tierras de resguardo y de propiedad particular, el subsuelo, las
áreas reservadas para la seguridad nacional y defensa nacional, y el sistema de
Parques Nacionales, y “los recursos naturales renovables y no renovables”,
salvo “los suelos y los bosques”.
Esto último fue ampliamente debatido en la Comisión
Especial y en la Subcomisión de Territorio y Recursos Naturales -convocada para
estudiar la expedición de la Ley 70-, dado que el asunto fue asociado a la
expedición por parte de las Corporaciones Regionales, en especial de CODECHOCO,
de permisos de explotación forestal persistente, desconociendo los derechos
territoriales de las comunidades negras.
Clamor que condujo a la Comisión Especial a proponer
que en la delimitación territorial confiada por la Carta Política el legislador
definiera con claridad el derecho de las comunidades negras sobre los suelos y
los bosques, como lo indican las intervenciones del Gobierno Nacional que se
traen a colación.
Expuso el Gerente del INDERENA:
(..) es evidente que todo este tema se hace
mucho más complejo con la necesidad de conservar amplias áreas y establecer
diferentes sistema o regímenes de conservación y de uso sostenible del bosque
en todo el Pacífico. Esto significa que necesariamente se va a tener que prever
en la Ley, que si bien hay bosques de propiedad colectiva de las comunidades
negras, su uso puede estar más o menos restringido y podría llegar a estarlo
mucho más si se trata de un ecosistema muy representativo, único a nivel
regional y a nivel planetario. Sino se hace así, los primeros perjudicados
serán las mismas comunidades, pues podrían extinguirse peces, animales,
vegetales, recursos genéticos, con lo cual se estaría sacrificando el futuro en
términos económicos.
Lo anterior nos conduce, continuó, a que
pueden llegar a haber propiedades colectivas o uso comunal de un determinado
bosque, pero ese bosque puede estar incluido en alguna de las áreas de
conservación. Incluso, de acuerdo a los resultados que se obtengan del proceso
de ordenamiento ambiental del Programa Biopacífico, podría declararse la
necesidad de nuevos parques nacionales lo que implicaría restringir totalmente
el aprovechamiento del bosque en esas zonas, En caso de que en su interior se
encuentren ubicadas comunidades negras se establecerá un sistema de canje o
compensaciones para cambiarlas por otras en el Pacifico. Así mismo se debe
considerar si se realinderan algunas áreas que hoy en día son parques
nacionales, en el sentido inverso.”[106]
Y, más adelante, el representante del INCORA se
refirió a los términos en que sería presentado el asunto a consideración del
legislativo a fin de que se expidiera la ley:
“Por otra parte, también se recogen las
propuestas de la formación de un Consejo Comunitario, como forma de
administración interna, que tendrá una personería jurídica y unas funciones
particulares y también la propuesta relacionada con los suelos y los bosques,
esta última hace la salvedad de que los suelos y los bosques quedan incluidos
en la titulación. (..)”.[107]
Ahora bien el Congreso Nacional acogió, la comprensión
de los bosques y suelos en la propiedad colectiva que la Carta Política les
reconoce a las comunidades negras, reafirmando la función social y ecológica de
dicha propiedad, de acuerdo con las siguientes previsiones:
a) Los suelos y los bosques se consideran incluidos en
la titulación colectiva  –artículo 6-.
b) El uso de los bosques, ya sea “por ministerio de
la ley”, o con “fines comerciales deberán garantizar la persistencia del
recurso” –artículo 6-.
c) Son usos por ministerio
de la ley y en consecuencia no requieren permiso de la autoridad
competente i) las prácticas tradicionales sobre las
aguas, las playas, o las riberas; ii) el aprovechamiento con fines alimenticios
de “los frutos secundarios del bosque”, y de la fauna y la flora
terrestre y acuática; iii) la utilización de “recursos naturales renovables
para construcción o reparación de viviendas, cercados, canoas y otros elementos
domésticos”, para el uso de los integrantes de la comunidad –artículo 19-.
d) “La entidad
administradora de los recursos naturales renovables reglamentará
concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del bosque
a que se refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente.”.-artículo 24-.
e) El aprovechamiento forestal con fines comerciales
requiere “autorización de la entidad competente para el manejo del recurso
forestal”, para lo cual “la comunidad concesionaria” podrá entrar en
asociación con entidades públicas y privadas –artículos 6 y 24-.
f) El Estado “garantizará y facilitará la
capacitación de los integrantes de las comunidades concesionarias en las
prácticas y técnicas adecuadas para cada etapa del proceso de producción para
asegurar el éxito económico y el desarrollo sustentable de los integrantes de
la región”; y dará prioridad a las propuestas, relativas a la explotación
de los recursos forestales, de “la gente de las comunidades negras” –artículo
24-.
g)) Los integrantes de las comunidades negras, “titulares
del derecho de propiedad colectiva continuarán conservando, manteniendo o
propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando
mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles,
como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de
fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción (..)”.-artículo
21-.
“El Gobierno Nacional destinará las partidas
necesarias para que la comunidad pueda cumplir con lo dispuesto en el presente
artículo”- idem-.
h) “El uso de los suelos se hará teniendo en cuenta
la fragilidad ecológica de la Cuenca del Pacifico. En consecuencia los
adjudicatarios desarrollarán prácticas de conservación y manejo compatible con
las condiciones ecológicas. Para el efecto se desarrollarán modelos apropiados
de producción como la agrosilvicultura, la agroforestería u otros similares,
diseñando los mecanismos idóneos para estimularlos y para desestimular las
prácticas ambientales insostenibles.” –artículo 6-.
Al parecer de la Sala las previsiones anteriores
regulan en forma puntual el derecho de propiedad colectiva de las comunidades
negras, a las tierras que tradicionalmente ocupan, reconocido inicialmente en
la Ley 31 de 1967 y refrendado por el Convenio 169 de la OIT y el artículo 55
T. de la Carta, de tal manera que son éstas las únicas propietarias de la flora
existente en sus territorios, y quienes pueden extraer y aprovechar los
productos de sus bosques.
Por consiguiente las autoridades de la República, en
especial las ambientales, están en el deber i) de apoyar a las comunidades
negras en las acciones que emprendan para impedir el uso de la tierra y la
explotación de sus recursos naturales por personas ajenas, y ii) sancionar a
quienes se aprovechen de los productos de los suelos y bosques de sus
territorios colectivos.
Mandatos estos que operan tanto para la tala
doméstica, como para la que se adelante con fines de comercialización, porque
son las comunidades negras las que pueden aprovechar los recursos forestales de
su territorio colectivo, sin perjuicio de su derecho a asociarse en condiciones
de igualdad, con entidades públicas o privadas, para adelantar aprovechamientos
forestales sostenibles –artículos 18 Ley 21 de 1991-, 211 y SS C R N, y 6°, 19
a 25 Ley 70 de 1993-.
5.      El caso concreto. Los derechos fundamentales
de las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica están siendo
quebrantados y deberán restablecerse
5.1    Las definiciones a cargo del Ministerio del
Interior y de la Justicia, sobre los órganos que integran el Consejo Mayor de
la Cuenca del Río Cacarica, requieren consultarse
Como ya se señaló, el conflicto interno surgido entre
las comunidades negras que tradicionalmente ocupan las riberas del río Cacarica
se encuentra a consideración de la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de la Justicia, entidad que tiene que resolver el recurso de
apelación interpuesto por personas pertenecientes a dichas comunidades, contra
la inscripción de la Junta y representación legal de la persona jurídica de su
Consejo Mayor, designadas en asamblea de 14 de octubre del año 2001.
Ahora bien, compete a esta Dirección, entre otras
funciones, atinentes a la protección de la diversidad étnica y cultural
nacional, además de llevar el registro de los Consejos Comunitarios y
organizaciones de base de las comunidades negras, “promover la resolución de
conflictos por razón de propiedad colectiva, usufructo, explotación de tierras,
o recursos naturales y ejercicio de prácticas tradicionales de producción
conforme a las disposiciones legales sobre la materia”, como también “coordinar
interinstitucionalmente la realización de la consulta con los grupos étnicos
sobre los proyectos que puedan afectarlos de conformidad con la ley” –artículo
16, Decreto 200 de 2003[108]-.
En este orden de ideas, y habida cuenta que las
dificultades de entendimiento comunitario a que dio lugar el conflicto en
cuestión se relacionan con la administración del territorio colectivo, en
especial con las autorizaciones de extracción de productos de sus bosques, la
Dirección de Etnias deberá resolver, a la mayor brevedad, el recurso,
adelantando para el efecto un proceso previo de concertación y consulta con los
representantes de las comunidades y de ser posible con sus integrantes, a fin
de propiciar un entendimiento dentro del marco constitucional y legal de los
derechos de éstos pueblos sobre su territorio colectivo.
Lo expuesto en razón de que el Convenio 169 de la OIT,
varias veces citado, comprende los derechos de los pueblos indígenas y tribales
al territorio, a la participación, a la educación, a la cultura y al
desarrollo, enmarcados dentro de la guarda de su identidad cultural; y a que el
mecanismo de la consulta, prevista y regulada en el instrumento internacional a
que se hace mención, obliga a los Estados partes a considerar el parecer de los
pueblos indígenas y tribales antes de proferir las decisiones legislativas y
administrativas que pueden afectarlos, a fin de permitir a éstos pueblos asumir
el control de sus instituciones y de sus formas de vida, y decidir lo atinente
a su desarrollo económico.
No sobre recordar que el Estado colombiano, al
ratificar el Convenio 169 en comento, “asume que estos pueblos pueden hablar
por sí mismos, que tienen derecho a participar en el proceso de toma de
decisiones que los afectan, y que su contribución, además, será beneficiosa
para el país en que habitan[109]”.
En consecuencia se instará al Ministerio del Interior
y de la Justicia, para que por conducto de la Dirección de Etnias de la
entidad, en el mes siguiente contado a partir de la notificación de esta
providencia i) acuerde con las partes comprometidas en el conflicto, con las
organizaciones de base de las comunidades negras y con los representantes de
éstas el procedimiento a seguir, ii) acordado éste consulte con las personas
integrantes de las comunidades, los nombres de quienes deberán integrar la
Junta del Consejo Mayor y la persona de su representante legal, y iii)
concluido el proceso, resuelva el recurso de apelación a que se ha hecho
mención.
Dado que las autoridades nacionales están obligadas a
crear condiciones favorables, a fin de que las personas pertenecientes a
pueblos indígenas y tribales puedan expresar sus características y desarrollar
su cultura, sus tradiciones y sus costumbres, condiciones éstas que deberán
propiciar, en primer lugar los entendimientos internos tendientes a la
consolidar sus procesos de identidad[110].
5.2 La explotación de los bosques de las zonas rurales de los ríos de la Cuenca del Pacífico
se suspenderá. Necesidad de consulta y reglamentación para reiniciarlo
a) Las explotaciones forestales que se adelantan en
territorio colectivo de la cuenca del río Cacarica i) deberán suspenderse y
sólo podrán reanudarse previa reglamentación y de acuerdo con ésta, ii) la
reglamentación tendrá que consultarse a las comunidades negras, propietarias de
los bosques colectivos, y iii) el aprovechamiento de sus suelos y bosques
deberá beneficiar a los pueblos indígenas y tribales, real y efectivamente en
términos de consolidación de su proceso cultural.
Al respecto vale recordar que en reciente decisión
esta Corporación reiteró la obligatoriedad de la consulta previa, en los
procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que puedan afectar a los
pueblos indígenas y tribales, como lo indica el siguiente aparte de la
decisión:
“Resulta de especial importancia para el
asunto en estudio, además, reiterar que el Convenio 169 de la OIT[111], y
concretamente el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta
previa conforma con la Carta Política bloque de constitucionalidad, en virtud
de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 del ordenamiento constitucional, no
sólo porque el instrumento que la contiene proviene de la Organización
Internacional del Trabajo y estipula los derechos labores de dichos pueblos
-artículo 53 C.P.- sino i) en virtud de que la participación de las comunidades
indígenas en las decisiones que se adopten respecto de la explotación de
recursos naturales en sus territorios, prevista en el artículo 330 de la Carta,
no puede ser entendida como la negación del derecho de éstos pueblos a ser
consultados en otros aspectos inherentes a su subsistencia como comunidades
reconocibles –artículo 94 C.P.-, ii) dado que el Convenio en cita es el instrumento
de mayor reconocimiento contra las discriminaciones que sufren los pueblos
indígenas y tribales, iii) debido a que el derecho de los pueblos indígenas a
ser consultados previamente sobre las decisiones administrativas y legislativas
que los afecten directamente es la medida de acción positiva que la comunidad
internacional prohíja y recomienda para combatir los orígenes, las causas, las
formas y las manifestaciones contemporáneas de racismo, discriminación racial,
xenofobia y las formas de intolerancia conexa que afecta a los pueblos
indígenas y tribales –Declaración y Programa de Acción de Durban- y iv) debido
a que el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
dispone que no se negará a las minorías étnicas el derecho a su identidad.
Asuntos que no pueden suspenderse ni aún en
situaciones excepcionales, i) por estar ligado a la existencia de Colombia como
Estado social de derecho, en cuanto representa la protección misma de la
nacionalidad colombiana –artículos 1° y 7° C.P.-, ii) en razón de que el
derecho a la integridad física y moral integra el “núcleo duro” de los derechos
humanos, y iii) dado que la protección contra el etnocidio constituye un
mandato imperativo del derecho internacional de los derechos humanos [112]. [113]
No particulariza la Sala las actuaciones de las
entidades accionadas al respecto, dado que no es asunto de su competencia
resolver sobre los actos administrativos de contenido particular inoponibles a
quienes demandan el amparo, como tampoco definir las responsabilidades de los
funcionarios estatales, así la pretensión se invoque de manera transitoria
-como quedó explicado-; pero, como le corresponde proteger y hacer respetar la
diversidad étnica y cultural de la nación, de la cual los accionantes son
portadores, llama la atención a las entidades accionadas sobre la vigencia de
la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, en especial sobre su
artículo 4°, como también de los artículos 6° y 24 de la Ley 70 de 1993, y las
conmina a su cumplimiento.
En este sentido la Sala observa, que las explotaciones
forestales que se adelantan en las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del
Pacífico i) no han sido consultadas a las comunidades negras de la región, como
lo disponen el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y los artículo 55
transitorio y 330 de la Carta Política, ii) que dichas explotaciones no
benefician real y verdaderamente a las comunidades de la región, y iii) que no
se ha expedido la reglamentación que deberá regular los aspectos que les
permitirán a dichas comunidades extraer de manera sustentable los productos de
sus bosques sin desmedro de su identidad cultural.
De suerte que atendiendo los dictados del artículo 4°
del Convenio 169 de 1969 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y la Corporación Forestal para el Desarrollo Sostenible del Chocó
CODECHOCO, dentro de sus competencias, i) suspenderán las explotaciones
forestales que se adelantan en el territorio colectivo de las comunidades
negras de la Cuenca del Río Cacarica, salvo los usos de los integrantes de las
comunidades por ministerio de la ley, ii) mantendrán la medida hasta tanto
reglamente la utilización de los bosques colectivos, previa consulta con las
comunidades como más adelante se indica, y iii) autorizará nuevas extracciones,
siempre que las condiciones demuestren que serán las comunidades negras y su
proceso cultural los beneficiarios reales de la explotación.
Para lo cual implementará las instancias de
capacitación, acompañamiento y asesoría previstas en el artículo 24 de la Ley
70 de 1993, a fin de que las comunidades pueden desarrollar efectivamente las
prácticas sustentables previstas en el artículo 6° de la misma disposición, y
asociarse, de ser esto necesario, con entidades públicas y privadas, en
condiciones de igualdad dentro de procesos que afiancen verdaderamente su
proceso cultural.
De modo que la decisión que se revisa, por este
aspecto, será revocada, y en su lugar se tutelará el derecho de los accionantes
a la propiedad colectiva de sus suelos y bosques, de manera que la entidades
accionadas ordenarán que se suspenda la extracción a que se hace mención, y
dispondrán lo necesario para que tan pronto como el Ministerio del Interior y
la Justicia defina el asunto de la representación legal de su Consejo Mayor, se
consulte a las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica, de buena fe y
con el objeto de llegar a un acuerdo, la reglamentación sobre el
aprovechamiento forestal de sus bosques colectivos, teniendo presente que
dichas comunidades son las propietarias del recurso, y tendrán que ser las
beneficiarias directas de la explotación, y ésta deberá permitirles avanzar y
consolidar su proceso cultural - Leyes 21 de 1991 y 70 de 1993-.
El Tribunal Administrativo del Chocó, en consecuencia,
en su condición de Fallador de primer grado, supervigilará la suspensión de las
explotaciones de los productos de los bosques del territorio colectivo de las
comunidades negras del río Cacarica, como también el proceso de consulta y la
expedición de la reglamentación del uso y explotación de sus bosques
colectivos, la que deberá expedirse en los tres meses siguientes a la
notificación de esta decisión.
Para efecto de la consulta no sobra
recordar que en la sentencia T-652 de 1998[114],
esta Corporación ordenó a los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente
abstenerse de aplicar el Decreto 1320 de 1998, y que el Consejo de
Administración de la OIT solicitó al Gobierno Nacional la modificación de dicho
Decreto, por quebrantar el espíritu del Convenio 169 que el Decreto en comento
dice reglamentar[115].
De modo que las consultas que en esta providencia se ordenan se adelantarán
consultando el sentir de las comunidades interesadas, y en consideración a las
situaciones de hostigamiento que las mismas afrontan.
6.      Conclusiones. La sentencia que se revisa se
revocará parcialmente. Alcance de la decisión
a) Los señores Naufal Quinto, Teófilo Avila Julio,
Angel Nelis Palacios, Alirio Mosquera Palacios y Luis Anibal Lemus, demandan la
protección transitoria de sus derechos fundamentales a la integridad étnica,
social, económica y cultural, a la subsistencia, a no ser sometidos a
desaparición forzada, a la participación y al debido proceso.
Para el efecto solicitan al Juez Constitucional
proteger sus derechos fundamentales, mientras la jurisdicción de lo contencioso
administrativo se pronuncia sobre la nulidad de las Resoluciones 3595 y 3596 de
1992, y 1486 de 1999 expedidas por CODECHOCO, y ordenar, en consecuencia, a las
entidades demandadas inaplicar los actos en comento y disponer la
cuantificación y pago de los perjuicios causados.
Pretensiones éstas que los actores fundamentan en que
las Resoluciones que controvierten fueron expedidas sin adelantar el
procedimiento de consulta, previsto en el Convenio 169 de la OIT, como también
en el daño considerable e irreparable que la tala mecanizada de sus suelos y
sus bosques ocasionan en su territorio colectivo.
No obstante, el Tribunal Contencioso Administrativo
negó la protección por improcedente, aduciendo que el ordenamiento cuenta con
procedimientos ordinarios para restablecer los derechos que los accionantes
estiman violados, y que éstos no pretenden una protección temporal. Decisión
que será confirmada en lo atinente a los pronunciamientos sobre los actos
administrativos, y en relación con el derecho de las comunidades negras de la
Cuenca del río Cacarica a gozar de un ambiente sano y un desarrollo
sustentable, porque el ordenamiento tiene previstos procedimientos adecuados y
eficaces para el efecto.
No obstante la sentencia que se revisa será revocada
en cuanto no amparó el derecho de los accionantes a la propiedad colectiva
sobre su territorio colectivo, y en su lugar se ordenará la suspensión de la
explotación forestal que las entidades accionadas toleran, permiten, autorizan
y adelantan en el territorio demarcado por el INCORA mediante Resolución 0841de
26 de abril de 1999, salvo los usos por ministerio de la ley.
b) En consideración a que los actores denuncian y los
hechos evidencian un posible y grave daño ambiental en la región del Bajo
Atrato se ordenará a la Secretaria General de esta Corporación remitir al mismo
Tribunal, todo lo actuado en este asunto, para que de inicio a la acción
popular que corresponde, de conformidad con su competencia, y se comunicará al
Ministerio Público y al Defensor del Pueblo la remisión para que estén atentos
y actúen en la acción que deberá iniciarse, de conformidad con lo previsto en
los artículos 12 y 17 de la Ley 478 de 1998.
Además se instará al Ministerio Público para que en
ejercicio de sus competencias estudie la posibilidad de demandar la nulidad
absoluta de los contratos y convenios suscritos por las autoridades
ambientales, en ejecución de actos administrativos que permiten y autorizan
explotaciones forestales en el territorio colectivo de los accionantes, en
contravención con las disposiciones constitucionales y legales.
c) En suma, las entidades accionadas quebrantan el
derecho fundamental de las comunidades negras a las que pertenecen los
accionantes a la propiedad colectiva y ponen en peligro su subsistencia,
conculcando en consecuencia las bases del Estado social de derecho, dado que
toleran, permiten y autorizan las explotaciones de sus bosques, sin reparar en
que éstas prácticas desconocen sus derechos territoriales y entorpecen su
proceso comunitario y sus prácticas tradicionales de producción.
En este sentido, y habida cuenta del reconocimiento
constitucional a la identidad cultural de éstas comunidades, el Ministerio del
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, y la Corporación Autónoma
para el desarrollo sostenible del Chocó CODECHOCO deberán i) ordenar la
suspensión de las explotaciones forestales que se adelantan en el territorio
colectivo de la Cuenca del Río Cacarica y disponer lo necesario para iniciar el
proceso de consulta; ii) consultar con los representantes de las comunidades
los mecanismos que se utilizarán para adelantar dicho proceso, con el propósito
de reglamentar el aprovechamiento de los suelos y bosques comunitarios de las
zonas rurales de los ríos de la Cuenca del Pacífico, con pleno respeto de la
identidad cultural asociada al río y a los bosques pantanosos maderables, y
iii) regular y ejecutar, previa concertación con las mismas comunidades,
mecanismos de asesoría, capacitación y acompañamiento que los permitan a
aquellas beneficiarse efectivamente de prácticas sustentables de explotación
forestal y consolidar simultáneamente su proceso cultural.
d) Por último y en consideración al conflicto interno
sobre la definición de la Junta Directiva y el Representante legal del Consejo
Mayor de la Cuenca del río Cacarica, se prevendrá al Ministerio del Interior y
la Justicia para que la Dirección que adelanta la actuación defina dentro de un
término no mayor de un mes, previo un proceso de consulta y concertación, el
asunto, a fin de que las comunidades negras congregadas en dicho Consejo
afiancen su proceso comunitario, y pueden ejercer las acciones civiles y
administrativas que consideren, a fin de obtener el restablecimiento de los
daños que les han sido causados.
III. DECISIÓN
Por lo anterior, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, dentro de la acción de tutela instaurada por el
Consejo Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica en contra del Ministerio del
Medio Ambiente, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó CODECHOCO y de Maderas del Darién S.A., el 14 de abril de
2001, en su lugar i) TUTELAR los
derechos fundamentales a la diversidad e integridad étnica y cultural, a la
propiedad colectiva, a la participación y a la subsistencia de las comunidades
negras de la Cuenca del Río Cacarica, y ii) CONFIRMAR la decisión sobre
la improcedencia de la acción de tutela para el restablecimiento de derechos e
intereses colectivos, y para resolver sobre actuaciones y restablecimientos a
cargo de la administración, por las consideraciones de esta providencia.
Segundo. En consecuencia ORDENAR al Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó CODECHOCO disponer, en los cinco días siguientes a la
notificación de esta providencia, i) la suspensión de la explotación forestal
que se adelanta en el territorio colectivo de los accionantes, salvo los usos
por ministerio de la ley, y ii) adoptar las medidas necesarias para que la
suspensión se cumpla efectivamente, y se mantenga hasta tanto se adelantan las
consultas y la reglamentación que mediante esta providencia se ordenan, y las
condiciones indiquen que las regulaciones se cumplirán efectivamente.
Así mismo conminar al representante legal de MADERAS
DEL DARIEN S.A. para que, tan pronto como le sea notificada esta providencia,
emita las órdenes pertinentes a fin de que la empresa, sus agentes,
intermediarios, y causahabientes, a cualquier título, se abstengan de extraer,
transportar y comercializar productos de los bosques del territorio colectivo
de las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica.
Tercero: INSTAR al Ministerio del Interior y de la Justicia, por
conducto de la Dirección de Étnias, i) para que tan pronto como le sea
notificada esta providencia disponga lo necesario y adelante el proceso
consultivo que requiere la definición de las personas que deberán conformar la
Junta y la persona del Representante Legal del Consejo Mayor de la Cuenca del
Río Cacarica, atendiendo las previsiones de la Ley 21 de 1991, y las
consideraciones de esta providencia; ii) a fin de que culminado el proceso
consultivo, resuelva sobre la apelación atinente a la inscripción del
representante legal y de la Junta del Consejo Mayor ante la Alcaldía del
Municipio de Riosucio y la Cámara de Comercio de Quibdó, atendiendo el sentir
de las comunidades, e iii) informe al Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, y a la Corporación accionada, el sentido de su
decisión. Ofíciese por Secretaría y remítase al Ministerio del Interior y de la
Justicia copia de esta decisión.
Cuarto. ORDENAR a las entidades públicas accionadas, dentro de sus
competencias, que dispongan lo necesario y consulten de manera efectiva y
eficiente a las comunidades negras que han venido ocupando las zonas rurales
ribereñas de la Cuenca del Río Cacarica inicialmente i) sobre el procedimiento
que dichas entidades utilizarán para adelantar una consulta definitiva, y ii)
definido el procedimiento sobre la reglamentación, asesoría, acompañamiento y
capacitación que deberá regir la explotación forestal de sus bosques
colectivos, a fin de asegurar el afianzamiento de la identidad cultural,
propiciar un avance en su proceso comunitario, y asegurar el beneficio de las
comunidades negras, en todos los campos.
Consultas éstas que se adelantarán con el propósito de
llegar a un acuerdo sobre las medidas propuestas y con plena observancia de los
principios y reglas contenidas en el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la
Ley 21 de 1991.
Quinto.- ORDENAR que
los procesos de consulta se inicien y terminen en el plazo de tres (3) meses,
contados a partir de la definición sobre la representación legal del Consejo
Mayor, que deberá adoptar el Ministerio del Interior y de la Justicia, en un
término no mayor de un mes o antes de ser posible.
Para el efecto el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó CODECHOCO i) someterán a
consideración de los representantes de las comunidades negras de la Cuenca del
Río Cacarica, de las organizaciones de base de éstas comunidades, y de los
accionantes i) el procedimiento, ii) los términos, y iii) los lugares en
donde se adelantarán las consultas, atendiendo las condiciones de orden público
de la región, y, culminada esta primera fase, adelantarán la consulta
definitiva de los aspectos a que se refiere el punto Cuarto de esta decisión.
El Tribunal
Administrativo del Chocó, en su condición de juez de primer grado, vigilará el
cumplimiento de esta decisión y adoptará las medidas que el desarrollo de los
acontecimientos le indiquen, a fin restablecer real y efectivamente los
derechos fundamentales conculcados, para lo cual conserva su competencia de
conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- ORDENAR a las autoridades a las que se refiere la presente
decisión, proceder, como resultado de las consultas que se ordenan, i) a
reglamentar la explotación forestal en el territorio demarcado mediante la
Resolución 0841 del 26 de abril de 1999, considerando la efectiva protección de
los derechos fundamentales amparados; y ii) a regular la capacitación, el
acompañamiento y la asesoría sobre prácticas sustentables de producción, que
deberán recibir los integrantes de las comunidades y sus representantes, para
que estos pueblos se beneficien realmente de los productos de sus bosques,
avancen en su proceso comunitario y consoliden su identidad.
Séptimo.- VINCULAR a la Defensoría del Pueblo, para que en ejercicio de
las funciones que le asigna el artículo 282 de la Constitución Política asesore
y acompañe a las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica y a sus
organizaciones sociales en las consultas que les deberán ser formuladas;
asesoría y acompañamiento que se prestará a partir de la notificación de esta
providencia, si cualquiera de los accionantes, integrantes, representantes de
las comunidades, o de los representantes de sus organizaciones así se lo
solicitan. Ofíciese.
Octavo. INSTAR a la Procuraduría General de Nación para que en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales considere la
posibilidad de promover acción de nulidad absoluta de los contratos y
convenciones que desarrollan las Resoluciones que en la actualidad permiten y
autorizan explotaciones forestales en el territorio colectivo de la Cuenca del
Río Cacarica. Ofíciese.
Noveno.- ORDENAR a la Secretaría General remitir copia de todo lo
actuado en este asunto al H. Tribunal Administrativo del Chocó para que esta
Corporación actúe sobre la protección de los derechos e intereses colectivos
que los accionantes invocan y la Defensoría del Pueblo denuncia, de conformidad
con sus competencias constitucionales y legales, con la intervención del Ministerio
Público y de dicha Defensoría como parte, atendiendo las previsiones de la Ley
472 de 1998. Ofíciese.
Décimo. Disponer que la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus
competencias constitucionales y legales vigile el cumplimiento de esta decisión.
Ofíciese.
Undécimo. Líbrese las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Resolución Defensoríal 025 Sobre Violaciones Masivas de Derechos
Humanos y Desplazamiento Forzado en la región del Bajo Atrato Chocoano. Octubre
de 2002, Consideración C, Situación General, punto 16.
[2] Idem, punto 17.
[3] “En los últimos diez años, el conflicto se ha agudizado en la
región del Pacífico como consecuencia del interés estratégico que ésta
representa para los actores armados. Es así como desde el Bajo Atrato hasta
Tumaco, el andén pacífico ha sido escenario de bloqueos económicos, asesinatos
-el lider indígena Achito Lubiaza en diciembre de 2000 y el alcalde de Juradó,
en enero de 2001- desapariciones, desplazamientos y permanentes violaciones al
Derecho Internacional Humanitario. Los constantes enfrentamientos entre grupos
de guerrilla y autodefensa en sus cuatro departamentos, con su correspondiente
afectación sobre la población civil, se refleja en la concentración del 23% del
desplazamiento en el año 2001” –Amicus Curiae,
Explotación de Maderas y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Bogotá 2002,
citada página 45.
[4] “El Consejo Comunitario de la comunidad negra de la Balsita
está integrado por 15 familias compuestas por un total de 136 habitantes , los
cuales se encuentran la mayoría concentrados en el pequeño caserío llamado
Balsita, sobre  la ribera de los Caños Balsita, Aguas Negras y Bocachica y los
demás dispersos por los cauces naturales, bastantes numerosos en el sector”
–Plan de Manejo Forestal, Autorización de Aprovechamiento Forestal, expediente
6883. Consejo de Estado.
[5] Resolución Defensorial 025, ya citada, punto D, número 34.
[6] La inscripción en la Cámara de Comercio de Quibdó corresponde al
número 478 del 5 de agosto de 1998, del libro respectivo.
[7] Escritura Pública de protocolización otorgada el 5 de agosto de
1998, Notaría Segunda de Quibdó.
[8] Resolución Defensorial N. 025, ya citada, punto E, número 12.
[9] Las comunidades de paz surgieron “con el objetivo de retornar
a sus tierras en condiciones de dignidad y seguridad (..) La primera en
constituirse, el 19 de octubre de 1997, fue la Comunidad de Paz de San
Francisco de Asís. Posteriormente se constituyeron las comunidades de Paz de
Nuestra Señora del Carmen y Natividad de María. Actualmente las Comunidades de
Paz de Riosucio están integradas por 49 comunidades con una población de
aproximadamente 5.000 personas, ubicadas en las cuencas de los ríos Salaqui,
Turnadó, Domingodó, Jiguamiandó, Curbaradó y Atrato, en los municipios del
Carmen del Darién y Riosucio, departamento del Chocó.”.
Son
objetivos de éstas comunidades: No participar en forma directa ni indirecta en
el conflicto armado; no portar armas de fuego; no brindar ayuda de ninguna
clase a los actores del conflicto; darse su propio reglamento y acatarlo;
portar los distintivos y símbolos de la comunidad con responsabilidad;
comprometerse con una salida política y negociada del conflicto armado;
fortalecer el trabajo comunitario, y defender su identidad cultural y su
territorio.
En
desarrollo de sus objetivos, estas comunidades solicitan a los actores del
conflicto i) respeto por sus áreas de vivienda y trabajo; ii) respeto al libre
desplazamiento; iii) levantamiento del estado de restricción de alimentos; iii)
evitar el proselitismo político armado dentro de la Comunidad, en consecuencia
no reclutar ni presionar a sus integrantes; iv) respeto por su opción y acción
no violenta; v) respeto de sus derechos ciudadanos y del derecho internacional
humanitario; vi) respeto de sus principios u autonomía; vii) abstenerse de
tomar represalias contra la comunidad por las personas que recurran a grupos
armados, y en subsidio denunciar los hechos ante la Comisión Verificadora. Resolución
Defensorial citada, punto C, números 23 a 26.
[10] Las denuncias en contra del señor Adán
Quinto, redundaron i) sobre la presentación de recibos por valor de $550.000,
sobre el pago de un trabajo realizado por unos topógrafos quienes afirmaron no
haber recibido el dinero “hecho por el cual fue sancionado por 30 días a
partir del 30 de agosto de 1998, y la comunidad tuvo que responder por el
dinero”; ii) por haber autorizado “sacar 200 tucas de madera sin
consultar con los otros miembros de la Junta Directiva ni la comunidad,
desconociendo así que la máxima autoridad para la toma de decisiones es la
Asamblea, desconociendo también que el territorio está en proceso de titulación
y por lo tanto no se puede realizar ningún tipo de aprovechamiento forestal. De
este hecho la Junta Directiva tuvo conocimiento en mayo de 1999”; iii) por
haber realizado un viaje a Quibdó el 10 de agosto de 1999 “con pasajes al
parecer pagados por CODECHOCO, con dos personas interesadas en el corte de
madera (..) sin aprobación de la Junta Directiva, del Consejo, ni de la
Comunidad, Sobre este hecho no se hizo aclaración alguna.”; y iv) por
haberse ausentado varias veces de la comunidad sin justificación incumpliendo
sus funciones.
[11] El aparte pertinente del acta se inscribió
en la Cámara de Comercio de Quibdó el 28 de septiembre de 1999; CODECHOCO fue
informado de lo acontecido el 22 del mismo mes, y la Alcaldía del Municipio de
Riosucio inscribió las designaciones el 14 de enero de 2000.
[12] “De acuerdo con el informe presentado por la RSS, esta entidad
suministró alimentación a las familias asentadas en Bahía Cupica, desde el mes
de mayo de 1999, y a las asentadas en Turbo entre enero y diciembre del año
2000. Adicionalmente, en el mes de junio de 2000, informa la Red en cita haber
entregado 7.500 raciones”. Resolución Defensorial citada punto E, número 8.
[13] “En el mes de noviembre de 2000, el proceso de cedulación y
registro se realizó parcialmente en los asentamientos Esperanza en Dios y Nueva
Vida” –idem. numeral 9-.
[14] El proyecto se inició el 24 de octubre de 2000, en los
asentamientos Nueva Vida y Esperanza en Dios, no obstante sufrió tropiezos
porque no fue posible ingresar materiales y la alimentación de los operarios
tuvo tropiezos, debido al taponamiento de los caños, a los atrasos en las fases
de retorno, y dado que no todas las familias beneficiarias de los subsidios de
vivienda retornaron a la región. “Actualmente el proyecto de vivienda se
encuentra en proceso de liquidación por vencimiento de términos y se espera que
el Banco Agrario formule y contrate un nuevo proyecto para culminar las obras”.
Resolución Defensorial en cita, punto E, número 10-.
[15] “(..) una de las acciones más importantes desarrolladas por el
Estado fue la suscripción de un acuerdo de voluntades, entre la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía para la conformación
de la Casa de la Justicia en el Cacarica, como estrategia de fortalecimiento de
la presencia civil de  Estado en la zona, y cuya función es la prevención de
ataques o agresiones a la población civil por parte de los actores armados”.
No obstante, dado que la Fiscalía fue “declarada objetivo militar de los
actores armados al margen de la ley el compromiso de designar un fiscal local
fue revaluado, y en su lugar se resolvió que la Unidad de Derechos Humanos de
la Fiscalía asumiría las investigaciones. “(..) la defensoría del
Pueblo se comprometió a designar un funcionario permanente en la zona. Este
acompañamiento a la comunidad de CVIDA, se inició en noviembre de 1999 y se
mantiene hasta la fecha.” Resolución Defensorial en cita punto E 13 y 14.
[16] “Debido a la imposibilidad de las comunidades del Cacarica
para realizar el mantenimiento de las vías fluviales, durante los años que
permanecieron en situación de desplazamiento forzado, y debido a la tala
indiscriminada de especies maderables, los afluentes Perancho y Peranchito del
río Cacarica se sedimentaron, Esto ha generado serias dificultades de acceso a
los asentamientos Esperanza en Dios y Nueva Vida, con graves consecuencias para
la seguridad y protección de las comunidades, la contaminación de las aguas, y
la migración de los peces hacía otros ríos.
En el
marco de los compromisos suscritos con el gobierno nacional para el retorno, el
10 de diciembre de 1999, se firmó el convenio de cooperación entre el
Ministerio de Transporte y la RSS para la limpieza y canalización de los ríos
Perancho y Peranchito, para lo cual se asignaron ciento catorce millones
quinientos treinta y cinco mil pesos ($114.535.000.oo). (..) en razón del
vencimiento de los términos del contrato de obra se procedió a la liquidación del
mismo. Según la RSS, una vez liquidado el contrato, se definirá una nueva
alternativa para cumplir con el compromiso asumido. Las irregularidades en la
ejecución de este proyecto y su incumplimiento son materia de investigación por
parte de la Procuraduría General de la Nación.” –Idem números 16 y 17.
[17] La Defensoría del Pueblo refiere los hostigamientos sufridos por
los integrantes de las comunidades de retorno, al igual que los funcionarios
estatales, las organizaciones no gubernamentales y ACNUR, desde que se inició
el proceso, al punto i) que las familias “resolvieron no salir de sus casas,
razón por la cual se produjo la pérdida de gran parte de las cosechas de arroz
y maíz”, ii) otras familias solicitaron ser reubicadas en Turbo; y iii)
otras emigraron hacía la Frontera de Panamá.
La
defensoría destaca que “diecinueve meses después de la última fase del
proceso de retorno, 939 personas han decidido continuar el proceso, fortalecer
su proyecto organizativo y reconstruir su proyecto de vida, quienes cuentan con
el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, de voluntarios de
Peace Brigades International (PBI) y de misioneros de la Comisión
Intregracional de Justicia y Paz (..)”.–Proceso de retorno de Cacarica
CAVIDA, Resolución Defensorial en mención, números 26 a 48.
[18] La Defensoría del Pueblo denuncia divisiones en el Consejo Mayor
del Cacarica, “lo cual le ha impedido su fortalecimiento como organización
territorial” y ha dado lugar a discusiones sobre “quienes son en
realidad sus representantes legítimos”. Amicus Curiae páginas 42 y
siguientes.
[19]  “En vista de este desacuerdo dentro del Consejo Mayor de la
Cuenca del río Cacarica y la discusión sobre quienes son sus representantes
legales, las mismas comunidades han solicitado a la Dirección General para las
comunidades Negras, Minorías Etnicas y Culturales del Ministerio del Interior
intervenir y dirimir dicho conflicto. Sin embargo la gestión de dicha Cartera
no ha sido suficiente para propiciar el fortalecimiento organizativo de las
comunidades negras y el funcionamiento de los espacios de participación, y para
resolver la situación generada por la doble representación legal”. Amicus
Curiae, página 44.
[20]  La parte pertinente del acta fue
inscrita en la Cámara de Comercio de Quibdó, el 30 de noviembre de 2001, bajo
el número 1-249 del libro respectivo. “No obstante la inscripción de éstas
directivas no está clara, pues, por una parte, se afirma que la referida
constancia de inscripción fue expedida el 22 de octubre de 2001 por una
funcionaria encargada de funciones de Alcalde, y, de otro lado, el titular del
cargo, en noviembre de 2001, certificó que ante su despacho no se había
solicitado tal trámite.” Amicus Curiae, publicación citada, página 43.
[21] Desde los años cincuenta, del siglo pasado, empresas madereras,
principalmente Maderas del Atrato, Pizano S.A., Aserrío Covadonga, Tríplex
Pizano, Maderas Riosucio, Maduraba y Maderas del Darién S.A. –“que hacían y
hacen parte de dos emporios económicos con capitales nacionales y extranjeros:
el grupo Dago y la compañía Pizano S.A.-”, han explotado más de 1´697.295
hectáreas de bosque húmedo tropical, en la región del Atrato, en las Cuencas de
los ríos Salaquí, Cacarica y Truandó, a través de 140 permisos y concesiones-. “La
explotación iniciada desde los cincuentas se ha realizado mediante tecnologías
mecanizadas, bien sea directamente por las empresas o indirectamente a través
de los corteros locales que recurren a procedimientos más artesanales para la
extracción. La forma de trabajo es a partir de fuentes de explotación, con
tractores y whinches para el desembosque al igual que remolcadoras para
transportar las trozas halándolas por canales artificiales que desembocan a los
ríos naturales hasta sus plantas de procesamiento que en su gran mayoría se
ubican fuera del Pacífico, en la ciudad de Barranquilla –Cortés Hernán y
Restrepo Eduardo, “Deforestación y degradación de los bosques en el territorio-
región de las comunidades negras del pacífico Colombiano, en Latín América sin
fecha, citado por Amicus Curiae, Explotación de Maderas y derechos humanos –
Bajo Atrato –Chocó, Defensoría del Pueblo, Bogotá 2002.
La
Defensoría del Pueblo, en el documento en mención, denuncia que los bosques más
afectados por la extracción maderera han sido los guandales y los cativos,
localizados en la parte media y baja del Atrato, afirma que de las 363.000
hectáreas de éstos últimos que existían en la región, así finales de los años
80 existían sólo 90.000 –cita a “ANDRADE Germán 1993, “Conservación de la
Biodiversidad”, En LEYVA Pablo, Colombia, Pacífico Bogotá FEN; II Tomo páginas
828 y 845”.
El
profesor Peter Wade denuncia que las empresas madereras de la región utilizan
el sistema de “adelantos”, que consiste en entregar alimentos y
herramientas al campesino negro para que adelante la tala de bosques, quien
luego incrementa su deuda con los gastos de transporte, para al final quedar
“el cortero” debiendo “al patrón” y, en consecuencia, comprometido con la
continuación de la empresa –Gente Negra Nación Mestiza, Instituto Colombiano de
Antropología, Ediciones Uniandes, 1997.
Sobre
“[l]as concesiones madereras, como las otorgadas en Nariño (Chapas), en el Bajo
San Juan (Cartón de Colombia) y en el Urabá (Maderas de Urabá y Maderas del
Darién”, Enrique Sánchez y otros, sostienen que “han generado serios
conflictos. La industria maderera buscaría nuevas estrategias, comprándole al
campesino la madera talada y aprovechando innumerables permisos domésticos, sin
ningún control legal o policivo que alimentan una cadena de intermediarios
negros, estratégicamente ubicados en la red de relaciones de parentesco de las
comunidades”. Derechos e Identidad, Los Pueblos
Indígenas y Negros en la Constitución Política de Colombia de 1991, Enrique
Sánchez y otros, Disloque Editores, Bogotá 1993.
[22]  “El 19 de agosto de 1981 Maderas del Darién S.A. presentó al
INDERENA solicitud de permisos de aprovechamiento forestal únicos Clase A, de
las áreas denominas Sábalos y Larga Boba”. “El 15 de noviembre de 1982 PIZANO
S.A. solicitó permiso de aprovechamiento forestal persistente Clase A del área
denominada Guamal“. “El 5 de mayo de 1988 Maderas del Darién S.A. solicitó a
CODECHOCÓ permiso de aprovechamiento forestal persistente Clase A del área
denominada Balsa II”” –demanda presentada por CODECHOCO ante el Tribunal
Administrativo del mismo departamento, el 5 de marzo de 1996.
[23] “Los habitantes del medio Atrato somos descendientes directos
de las tribus africanas que fueron traídas como esclavas durante La Colonia,
sin su libre consentimiento. Igualmente nos asimilamos a los expuesto en el
Numeral 2 del artículo 1° de la Ley 31 de 1967, puesto que hemos venido
reproduciendo y construyendo una cultura con base en la herencia de nuestros
ancestros africanos, en las cuales tenemos formas culturales particulares de
relacionarnos con la tierra y con los recursos naturales en general” –Propuesta
presentada por la Asociación Campesina Integral del Atrato ACIA, en el foro
sobre Titulación de Tierras, adelantado en la Comunidad de Padua, agosto de
1988 –citada en Derechos e Identidad, obra citada páginas180.
[24] “(..) que el Estado colombiano desarrolle una política de
reconocimiento de los derechos tradicionales de las comunidades negras del
Pacífico, en una forma similar a la que reconoce a las comunidades indígenas”
–Encuentro por la Unidad y Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas y
Negras del Pacífico, Papayo, 1989.
Son
muestras de la influencia del Convenio 107 de la OIT en las políticas
gubernamentales sobre comunidades indígenas, las Leyes 1°  y 30 de 1968 , la
resolución 10013 de 1981, como también los Decretos 1142 de 1978, 2230 de 1986
y 1811 de 1990 sobre titulación de tierras, apoyo de proyectos productivos, atención
gratuita en salud, educación indígena, e impulso del conocimiento de lenguas
aborígenes, se adoptaron con fundamento en los dictados del Convenio 107 de la
OIT.
[25] Acuerdo 88  y 20 de la Junta Directiva de CODECHOCO, de 1987 y
1988 respectivamente; y Convenio ACIA-CODECHOCO 2 de noviembre de 1989, citados
en Derechos e Identidad, y Amicus Curiae obra citadas, páginas 177 a 179 y 18
respectivamente.
[26] Idem.
[27] “De este modo se excluía la posibilidad de
explotar madera en forma mecanizada y extensiva y se establecía la consulta
previa para las actividades de investigacion y para el otorgamiento de permisos
de aprovechamiento forestal en el territorio reconocido” –Amicus Curiae, página
18. .
[28] Encuentro por la Defensa de Nuestro Territorio Tradicional del
Pacifico, Quibdó junio de 1990.
[29] Encuentro Por la Unidad y Defensa de la Tierra de las Comunidades
Indígenas y Negras del Pacífico, Papayo 1989.
[30] Derechos e Identidad, obra citada página 184. La comunidades
negras no tuvieron representante en la Asamblea Nacional Constituyente, no
obstante, a raíz de las ocupaciones de la Catedral de Quibdó, de las oficinas
del INCORA en este mismo municipio, como también de la embajada de Haití, en
Bogotá, el 22 de mayo de 1991, “los constituyentes Lorenzo Muelas y
Rojas Birry, “dijeron al país que no firmarían la Constitución si no se
consideraba su pliego de peticiones. Así incluyeron el Transitorio” (entrevista
con Esperanza y Bazán)”-Derechos e Identidad, página 185.
[31] La Mesa de trabajo estuvo conformada por ACIA, ACABA, ACADESAN,
OBAPO, CIMARRON, entre otras organizaciones, “e inició una campaña de
presión denominada “El Telegrama Negro”, invitando a dirigirse a la Asamblea
reclamando “la inclusión de los negros, como realidad étnica dentro de la
Reforma Constitucional”. Idem.
[32] Idem, p. 85.
[33] “Rojas Birry diría ante la Asamblea:“Nosotros somos sus
hermanos de sufrimiento y su voz ante ustedes”, idem.
[34] Dentro del marco de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el
medio ambiente, el Congreso nacional otorgó al Presidente facultades para
adoptar un código de recursos naturales, que corresponde al Decreto 2811 de
1974. Este estatuto destinada la Parte VIII a regular lo relativo a la Flora
Terrestre desarrolla lo atinente a los Bosques, a las áreas de reserva
forestal, a los permisos forestales, a las industrias forestales, a la
reforestalción, a la asistencia, a la investigación, y a la protección
forestal.
[35] La Comisión de Desarrollo Sostenible de la
Naciones Unidas estableció en 1995 el Panel Intergubernamental de Bosques
(PIB), que presentó sus trabajos en la 19ª sesión Especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en junio de 1997. Dada la importancia del tema,
la Asamblea General recomendó continuar el diálogo sobre el punto.
Recomendación que fue considerada por el Consejo Económico y Social y condujo a
la creación del Foro sobre bosques, dependiente de la Comisión de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, hasta el año 2000.
De los Foros reunidos en 1997, 1998, y 1999 se deben
destacar, entre los temas de mayor relevancia i) la atinente a los recursos
financieros para avanzar hacía el manejo forestal sostenible; ii) la regulación
del comercio de maderas y la transferencia de tecnología; iii) las causas
subyacentes de la deforestación y degradación forestal; iv) los conocimientos
tradicionales relacionados con los bosques; y la investigación forestal, entre
otros.
Además se ha insistido en la necesidad de contar con
un mecanismo de tipo vinculante para promover el manejo, conservación y
desarrollo sustentable de todo tipo de bosques.
Para la puesta en práctica de los principios y
propuestas sobre bosques, en 1995 se creó el Equipo Interinstitucional de
tareas sobre Bosques, entidad que coordina al Centro de Investigación Forestal
Internacional (CIFOR); a la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura (FAO); a la Organización Internacional de Maderas
Tropicales (ITTO); al Secretariado de la Convención de Diversidad Biológica
(CBD); al Departamento para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (UNDESA); y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDP).
[36] En la sentencia T-380 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz se resumen los hechos que dieron lugar a la decisión que amparó los
derechos fundamentales del pueblo indígena así: “5. Los planteamientos de
las partes, las pruebas aducidas y las decisiones judiciales permiten aseverar
que los hechos que dieron origen a la presente tutela se encuentran
demostrados: Entre 1988 y 1990 REINERIO PALACIOS, con apoyo material y humano
de MADARIEN, a nombre propio, explotó, sin permiso previo de CODECHOCO pero mediante
convenio con algunos miembros del Cabildo de Chajeradó, de 3.400  a 4.300
hectáreas de bosque húmedo tropical en el territorio indígena del Resguardo
Emberá-Catío del río Chajeradó, Municipio de Murindo, Antioquia. El petente y
el juez de primera instancia concluyen que esta situación vulnera y amenaza los
derechos fundamentales a la vida, la integridad, el trabajo, la propiedad y la
protección especial de la comunidad indígena. Los representantes judiciales de
MADARIEN, el apoderado de CODECHOCO y el Tribunal de segunda instancia aseguran
que la acción de tutela es improcedente cuando lo que se pretende es reparar un
daño consumado, aparte de que existen otras vías procesales para exigir el
resarcimiento o indemnización correspondiente, previa demostración de la
responsabilidad”.
[37] Sentencia T-469 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[38] Desde el 4 de septiembre de 1992, la Comisión Especial consideró
la explotación forestal adelantada en el Bajo Atrato, en razón de la solicitud
de varios comisionados que hicieron llegar a la comisión i) el rechazo del IV
Encuentro Interétnico “Unidos por el Reconocimiento de Nuestra Identidad
Cultural y Territorio Tradicional”, reunido los días 27 y 30 de septiembre de
1992, en la comunidad de Pavas, entre otras situaciones “(..) de todos los
permisos vigentes y en trámite a las grandes empresas madereras (Maderas de
Urabá y Maderas del Darien) Balsa II, Largo Boba, Guamal, Sábalos, Cacarica,
Domingodó, Truandó y otros” –CTA Numero 3-; ii) la solicitud presentada por
la Organización Campesina del Bajo Atrato OCABA, de suspensión de “los
grandes permisos como el de Balsa II Puerrto Escondido, hasta tanto se
reglamente tanto la titulación colectiva del territorio para las comunidades
negras como la ejecución de políticas coherentes de protección del medio ambiente,
acordes con las necesidades de las comunidades”, para el efecto la
Organización en comento puso de presente 1) la parcialidad de CODECHOCO, a
favor de las madereras en los trámites que adelantaba sobre los permisos de
aprovechamiento forestal, 2) que el gobierno toma las decisiones al margen de
las comunidades, 2) cómo “las grandes explotaciones de madera han traído
como consecuencia el taponamiento de ríos como el Truandó, Salaqui, Cacarica y
Jiguamiando”, dificultando el transporte y ocasionando inundaciones, dando
lugar a pérdida de cosechas, y presentación de epidemias, 3) que 30 comunidades
-25 en el lugar de la concesión-, 1307 familias y 8965 habitantes “no reciben
ningún beneficio con estas concesiones y en cambio reciben enormes perjuicios;
y 4) el deseo de las comunidades de concertar con el Gobierno al respecto;
[39] La Sucomisión solicitó a la Junta Directiva de
Codechocó:
“ (..) la Subcomisión de Territorio y Recursos
Naturales, reunida en Santafé de Bogotá, resolvió, por consenso, solicitar a
ustedes suspender todo trámite dirigido a otorgar la concesión forestal de
Balsa II, en el bajo río Atrato, Chocó, hasta que no se encuentre un mecanismo
que conduzca a resolver las siguientes razones que llevaron a esta
determinación:
1.- Dentro del área a concesionar se encuentra
asentada ancestralmente una considerable población de campesinos negros,
beneficiarios de los derechos territoriales consignados en el A.T.55 de la
Constitución Nacional (..) 2. El Plan de Ordenación Forestal presentado por
Maderas del Darién carece de información socio- económica precisa relacionada
con asentamientos humanos ubicados en el área en cuestión, uso y
aprovechamiento tradicional de bosque natural, sistemas de producción
tradicionales, datos demográficos (..); 3. Así mismo se consideró que
experiencias sobre explotaciones de madereras anteriores, incluso aquellas
realizadas por la empresa solicitante –Maderas del Darién S.A.- han causado
impactos ambientales y sociales negativos (..); 4. Se deja constancia que la
Comisión no se opone al aprovechamiento racional de los bosques del Pacífico
(..) pero conceptúa que el aprovechamiento debe estar en consonancia con el
proceso de reglamentación del A.T. 55, cuyo principal objetivo es reconocer los
derechos territoriales, económicos y culturales de las comunidades negras
asentadas en el Pacífico. Para resolver estos puntos sugerimos abrir un espacio
de discusión en el cual participen CODECHOCO, la OCABA, y representantes de la
compañía solicitante (Acta de reunión de la Subcomisión de Territorio y
Recursos Naturales, 8 de octubre de 1992)” [39].
[40] El Dr. Jaime Buenahora refirió a la Comisión en mención que en la
“antesala de la decisión”, parlamentarios del departamento del Chocó el
Alcalde de Riosucio y representantes de la CUT, “mostraron su preocupación
porque no se otorgara el permiso” y conocieron la posición del Gobierno “en
cuanto el impacto ecológico y al gasto social y terminaron reconociendo que
tenía que ser así”. –Acta 4-.
[41] El Dr. Eduardo Uribe, de Planeación Nacional informó a la
Comisión Especial para la reglamentación del artículo 55 T. de la C.P. que
aunque inicialmente consideraba “que este país no tenía por qué estar
expoliando sus bosques y que mas allá había unas comunidades”, pero que
debido a  los problemas de colonización y la necesidad de inversión social en
la zona, y dada la “la debilidad institucional  (..) se abría entonces la posibilidad
de atender esos problemas si llegamos a un acuerdo con la empresa”, refirió que
por solicitud del Sindicato de Maderas del Darién decidió ir “personalmente
al sitio de aprovechamiento en el Bajo Atrato y mirar lo que estaba pasando”
y pudo constatar “la velocidad con la cual una frente de colonización de
“chilapos”, del sur de Córdoba, se desplazaba sobre el bajo Atrato,
transformando en pastos una zona forestal de alto valor”- Acta 4-.
[42] –Acta 4 y 5 de noviembre de 1992-.
[43] Acta Número 005, Comisión Especial para las Comunidades Negras,
enero 29 de 1993.
[44] Acta de Concertación Comisión Especial para las comunidades
Negras Proyecto de Ley A.T. 55 Constitución Nacional Acta Número 008.
[45] Demanda presentada por la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó, por intermedio de apoderado ante el Tribunal
Administrativo del Chocó el 5 de marzo de 1996.
Al
respecto el Amicus Curiae, varias veces citado –p. 12 y 13-, refiere i) que el
Viceministro de Gobierno, en reunión del 18 de diciembre de 1992, “manifestó
sus preocupaciones en torno a los permisos para cuya aprobación no se tuvieron
en cuenta las normas de la C.P. de 1991 que consagran derechos especiales a
favor de los grupos étnicos, mecanismos de participación y el deber de
preservar el medio ambiente”, y recomendó conformar comisiones para que
evaluaran si dichos permisos se concederían como únicos o persistentes, como
también la forma jurídica que permitiría su terminación, ii) que en reunión del
25 de enero de 1993, en la Junta Directiva de Chocó se indicó que la forma de
dejar dichos permisos sin efecto sería la revocatoria directa, previo
consentimiento de los beneficiarios, iii) que para el efecto se integró la
comisión que discutiría el asunto con Pizano y Maderas del Darién S.A, y que
iv) éstas entidades condicionaron la aceptación de la revocatoria a la firma de
los contratos de Balsa y Guamal, a la expedición de las resoluciones de Sábalos
y Larga Boba y al otorgamiento del permiso de aprovechamiento para Domingodó
–cita la sentencia T-469 de 1993-.
[46] Amicus Curiae, Ob. Cit. página 23.
[47] Demanda de nulidad de las resoluciones 0656 y 0657 del 16 de
abril de 1993, expedidas por CODECHOCO, presentada por ésta, por intermedio de
apoderado.
[48] La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corporación copia de los
actos administrativos expedidos en los años 1992 y 1993, no obstante la CAR
adujo la imposibilidad de presentar los documentos debido a que éstos
desaparecieron como consecuencia de un incendio, no obstante la entidad en cita
advierte que examinó las copias de los contratos enviadas al Tribunal
Administrativo del Chocó las que indican que los documentos se habrían firmado
el 30 de diciembre de 1992, aunque las firmas de los representantes legales de
las empresas contratistas se autenticaron el 4 de enero de 2001. Empero destaca
i) que “según informe Técnico de Maderas del Darién de enero de 2002, la fecha
de firma del contrato es el 26 de abril de 1993”; ii) que “el  aprovechamiento
se inició en junio de 1993, y iii) que “mediante un otrosí se amplió el
volumen” - Amicus Curie, obra citada nota 15-.
[49] Idem, página 39..
[50] Acción de Nulidad 2552, CODECHOCO contra MADERAS DEL DARIEN S:A.,
Magistrada Ponente Mirtha Abadía Serna, Tribunal administrativo del Chocó, 11
de noviembre de 1998.
[51] Amicus Curiae, documento citado, nota 117, página 39, nota 117.
[52] Los artículos  7 y 9 del Decreto 1791 de 1996, disponen i) que
los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en
territorios de dominio público se adquieren mediante concesión, asociación o
permiso y ii) que los aprovechamientos forestales persistentes de bosques
naturales ubicados en territorios de propiedad privada se adquieren mediante
autorización.
[53] Subdirección de Desarrollo Sostenible de Codechocó, 4 de julio de
2000, Amicus Curiae, documento citado, nota 59.
En el
expediente 6883, sobre la Nulidad de la Resolución 1486 de 1999, que cursa en
el Consejo de Estado, no figuran el Convenio y el Plan a que se refiere el
Parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución demandada, tampoco las partes hacen
mención a los instrumentos. En el expediente obra el Plan de Manejo Forestal,
aprobado por la Corporación el 1° de octubre de 1999, presentado por la
Comunidad de la Balsita, dentro de los requisitos para obtener la autorización.
Respecto
a esta autorización la Defensoría del Pueblo advierte “que no existe
claridad sobre el estado en que se encuentra este permiso. En los términos del
Director de Codechocó está vigente, en tanto que en un informe de esa
Corporación se indica que mediante oficio del 7 de junio del año pasado –como
efecto de la prohibición de cortar madera en la cuenca del Cacarica-, se le
informó al beneficiario que se suspendía el PAF” –idem, nota 63-.
[54] Amicus Curiae, nota 59.
[55] El 31 de julio del año en curso, la Consejera Ponente, Olga Inés
Navarrete Barrero, resolvió comisionar , nuevamente, al Juez Promisciuo
Municipal de Riosucio Chocó, para adelantar el emplazamiento del señor Regulo
Antonio Anaya Bolaños –Expediente 6883-.
[56] Amicus Curiae, página 25.
[57] Al respecto la Defensoría del Pueblo destaca “se advierte
alguna discrecionalidad en la interpretación de las normas frente a las
denuncias presentadas” i) “interpretación estricta (..) en el caso de
los Consejos Menores de Montañita y Puerto Nuevo”; ii) “interpretación
rigurosa frente a las quejas que se refieren a la utilización de permisos
vencidos de uso doméstico y de equipos suministrados por la Red de Solidaridad
Social”; y  iii) “frente a las empresas madereras la acción  de
Codechocó pareciera ser permisiva, pues hasta el momento no se conoce que les
hubiese impuesto sanciones, multas o planes de reforestación”, Amicus
Curiae, documento en cita páginas 33 y 34.
[58] “La Corporación Ambiental remitió a la defensoría copia de los
“acuerdos “ sin fecha suscritos entre la mencionada empresa con los Consejos
Menores de San José de Balsa, Varsovia, Bocachica y Tequerré, pertenecientes al
Consejo Comunitario de Cacarica. A través de los mismos las comunidades aceptan
realizar directamente el aprovechamiento forestal y vender a Maderas del Darién
las trazas de madera. Al igual que en el caso del permiso de Balsita, no existe
concepto previo favorable de la Asamblea o de la Junta del Consejo Comunitario
en relación con la firma de compromisos entre los Consejos Menores y las
empresas madereras”- Amicus Curiae, publicación citada página 25..
[59] El 22 de agosto de 2003, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación, confirmó la sanción de destitución e inhabilidad para
ejercer cargos y funciones públicas por un periodo de cinco años, contra Jesús Lacides
Mosquera Andrade, Francisco Antonio Perea Velásquez y Fernando Quejada Olivo,
por haber sido “hallados responsables en la comisión de faltas
disciplinables en concurso, catalogadas unas GRAVÍSIMAS y otras GRAVES”,
cometidas por los años 1998 a 2001, cuando desempeñaban los cargos de Director
General, Secretario General y Subdirector de Desarrollo Sostenible de la
Corporación Autónoma Regional de Chocó respectivamente. Expone la Sala
Disciplinaria, entre otras razones, para fundamentar su decisión i) “es
abundante la prueba demostrativa de que no habiendo cupos para otorgar
licencias para la explotación de madera de todas formas Codechocó, a cuya
cabeza se encuentra el investigado (..) con absoluto desprecio por los
compromisos adquiridos por el País con la comunidad internacional, plasmados en
la Constitución Política y en las leyes que rigen la materia, dirigiendo su
jurisdicción como una ínsula de su propiedad pero sin importarle el daño
ecológico que se causaba, legalizaba por si mismo (en acuerdos con las
comunidades) y por interpuestas personas (contratistas), la explotación ilegal
que se hacía en esa región y los beneficiados comercializaban la madera, con la
cual obtenían un incremento patrimonial”; ii) “obstaculizar en forma
grave las investigaciones que debían ser realizadas por él y sus subalternos en
su calidad de autoridad administrativa ambiental, pudo incurrir en la falta
gravísima que describe el art. 25.2 de la ley 200 de 1995, agotada a título de
dolo, por la clara conciencia y voluntad de realización de actos, que se saben
contrarios a la ley y su persistencia en adelantarlos, como ha quedo probado”; iii)
”se otorgó el monopolio para la explotación comercial de Cativo (Prioria
Copaifera) a la comunidad negra de La Balsita, lo que en la práctica se
convierte en un aprovechamiento forestal de la empresa privada MADERAS DEL
DARIEN; que se hizo sin allegar la totalidad de los documentos que deben hacer
parte del proceso administrativo, con lo cual se puso en cuestión todo el
sistema de participación y concertación que en temas tan puntuales (como los
ambientales) ya ha diseñado la propia Carta Política, violando así lo
establecido en la ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT en sus
arts. 6 y 15, ley 70 de 1993, en su artículo 24, Decreto 1745 de 1995 artículos
32 y 35 y el artículo 7° de la Constitución Política; y iv) “la
colaboración de Jesús Lacides Mosquera Andrade para la división de la comunidad
fue eficiente y eficaz, porque otorgó el aprovechamiento de los productos forestales
a pocos miembros de la comunidad en desmedro de la gran mayoría” –Procuraduría
General de la Nación, Radicación 161-01435 (155.33124/99) P.D. Ponente León
Danilo Ahumada Rodríguez.
[60] “En Colombia, cerca de dos millones de personas se han visto
obligadas en los últimos diez años a abandonar sus lugares de origen y
residencia y a huir para salvar sus vidas. Aunque no se dispone de datos sobre
el total de afrodescendientes desplazados, lo cierto ese que algunos de los más
importantes y numerosos desplazamientos de población han ocurrido en Urabá,
bajo y medio Atrato, Magdalena medio, sur de Bolivar, Montes de María, norte
del Cauca, Buenaventura y Baudó, todos ellos territorios históricos de
poblamiento negro.
(..)
Tanto
para el gobierno nacional como para las comunidades, la titulación colectiva
es, además del reconocimiento de un derecho histórico,  una estrategia de
protección de derechos étnicos de las comunidades contra el desplazamiento
forzado interno. A pesar de ello, en la región del Pacífico, reconocida como la
segunda zona del mundo más rica en diversidad biológica algunos desplazamientos
han ocurrido inmediamente después de que las comunidades recibieron los títulos
colectivos de sus territorios” –Los
afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: La insistencia en lo
propio como alternativa. Carlos Rosero, en Afrodescendientes en las Américas,
Editores Claudia Mosquera y otros, Universidad Nacional de Colombia y otros,
julio 2002.
[61] Entre las razones que la llevaron a confirmar la destitución del
disciplinado Fernando Quejada Olivo, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación relaciona el haber certificado, en su condición de
Subdirector de desarrollo Sostenible, “que la especie forestal Cativo
(Prioria Copiafeera) no es una especie amenazada o en vía de extinción y que su
aprovechamiento forestal no está vedado (..), en tanto que en Corporurabá se
imponía una veda en la explotación comercial” –Agosto 23 de 2003 P.D.
Ponente León Danilo Ahumada Rodríguez.
[62] “(..) el acervo probatorio indica que en 1955 los cativales
ocupaban un área cercana a 350.000 hectáreas y que ahora estudios de
Corporurabá con el uso de imágenes de satélite (..) indican que el área con
relictos de catival es en la actualidad de 5.600 hectáreas en jurisdicción de
Corpourabá e incluyendo a Antioquia y Chocó dejan tan solo un saldo de
aproximadamente 90.000 hectáreas. (..)
Es tan
preocupante la situación, que la Dirección Central de Policía Judicial informó
a la Ministra del Medio Ambiente (..) que esta entidad había adelantado un
investigación como “CASO ATRATO” y que era tal la actividad de deforestación
desmedida en la zona, que la tala de bosques y destrucción de suelos llega a
370 hectáreas al año; destrucción de fuentes hídricas y cambios en los cauces
de ríos y quebradas por el aporte de 400 toneladas diarias de sedimentos; contaminación
de fuentes hídricas y suelos con cerca de 43.000 galones al año de aceites
usados; contaminación de fuentes hídricas, aire y suelos con aproximadamente 3
toneladas al año de mercurio; migración y destrucción de especies de fauna
ictica, avifauna y fauna terrestre; perdidas de biodiversidad y erosión
genética por intervención y destrucción de ecosistemas frágiles y cambios
considerables al paisaje natural (..)” idem-.
[63] Amicus Curiae Explotación de maderera y derechos humanos, Bajo
Atrato- Chocó, Defensoría del Pueblo 2002.
[64] Fundación Natura Colombia, “La Ecoregión del Chocó
Biogeográfico”, Fundación Natura, Ministerio del Medio Ambiente, Universidad
Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, INRENARE, ANCON, AUESPN,
[65] Sentencia T-380 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[66] Fabricio Cabrera idem. El antropólogo consultado plantea
que si se lograse algún aporte en el concepto de identidad, éste vendría a
funcionar como proyecto de gestación de identidad en el futuro.
[67] Jeanine Elgazi. Idem
[68] Foro de Antropología e Investigadores del Instituto Colombiano de
Antropología y Universidad Nacional convocada por la Secretaría Técnica de la
Comisión Especial para las Comunidades Negras 20 de noviembre de 1992.
[69]  Comisionada Zulia Mena, Comisión Especial para la expedición de
la Ley 70 de 1993, Cuarta Sesión, 31 de marzo de 1993.
[70] Comisión Especial para las Comunidades Negras. Exposición del
INCORA, ACTA NUMERO 7, presentación del Proyecto de Ley, abril 30, mayo 1° y 2°
de 1993.
[71] Idem
[72] Idem. Dr. Manuel Ramos INCORA.
[73] En las comisiones inicialmente se planteó la necesidad de que los
llamados troncos o familias extendidas sean los beneficiarios de los títulos
colectivos, empero fue considerada la dificultad que esto implicaría, en
cuanto, el profesor Jaime Arocha expuso que “la cabeza del tronco, en la
mayoría de los casos no está viva. Estamos hablando, afirmó, de gente que se
mudó por ejemplo al Baudó a finales del Siglo XVIII. Entonces la cabeza del
tronco no es visible. En este momento sería una entidad de análisis de
investigación social que se puede trazar gracias a la forma como la gente
concibe su descendencia (..). El gran problema con que nos encontramos es
señalar la línea mediante la cual se trasmite la propiedad. En el Baudó
apareciera haber una cierta matrilinealidad en otros sitios es bilineal. Pero
insistió la cabeza del tronco es una figura mítica, engrandecida, con poderes
mágicos”.
También
el profesor Arocha destacó la “dificultad jurídica” de transformar tal
conceptuación “en términos cartográficos”, y también hizo referencia a
los avances tecnológicos adelantados para identificar los troncos tradicionales
Acta de 25 de Febrero de 1993, Subcomisión de territorio y Desarrollo, ya
citada.
[74] Carlos Rosero Acta Número 8, mayo 6 de 1993.
[75] Zulia Mena, Idem.
[76] Las luchas adelantadas por los esclavos por alcanzar su libertad
se conoce como cimarronaje, ya sean estrategias armadas de quienes huían de los
esclavistas y conformaban aldeas fortificadas denominadas palenques, dentro de
las que se desarrollaron prácticas guerreras “mimetización y espionaje”,
como por prácticas de brujería y amedrentación –Jaime Arocha y Nina de
Friedemann, Marco de Referencia histórico-cultural para la ley sobre derechos
étnicos de las comunidades negras en Colombia, América Negra 5, 1993.
[77] “Desesclavización se entiende como el proceso por el cual un
hombre y una mujer dejaba la condición de esclavitud para pasar a la categoría
de libre. Como es conocido, este proceso no sigue una sola ruta y, por el
contrario, es supremamente diverso y disímil, además de que presenta
singularidades en cada zona o región esclavista de la América Española”.
Paloma Fernández-Rasines Afrodescendencia en el Ecuador, citada por Oscar
Almario en nota 3, Desesclavización y Territorialización, Afrodesecendientes en
las Américas, Universidad Nacional de Colombia, Icanh, Ird, ILSA, 2002.
[78]  Por territorización se entiende “proceso simultáneo al de
desesclavización , en tanto la polifacética búsqueda de la libertad por los
esclavizados en el Pacífico sur de la actual Colombia lleva a la paulatina y
sostenida apropiación y construcción de un territorio individual y colectivo en
un entorno de selva húmeda tropical”, Almario, obra citada nota 4.
[79] Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann, Las
Trayectorias Sociales e Identitarias de los Afrodesecendientes, en
Afrodescendientes en las Américas, Universidad Nacional de Colombia, Icanh,
Ird, ILSA, 2002.
[80] Oscar Almario, obra citada página 48.
[81] Idem página 49.
[82] La ocupación iniciada en las márgenes de los ríos se fue
consolidando a causa de las “visitas”, “las compras” o “ los permisos”,
sistemas éstos de adjudicación de espacios, utilizados por el tronco para
vincular a la “parentela”, por lazos de reciprocidad, y ensanchar así la
posesión comunitaria, desde la ribera hasta el confín -límite marcado por otra
u otras posesiones comunitarias-. Los estudios distinguen los espacios ocupados
por las comunidades negras en las Cuencas de los ríos, de acuerdo a su
destinación económica, como espacios de dique, de bastín, y de colina aluvial;
también se conocen los barrancos mineros, los esteros, las ciénagas, los concales
y las áreas homogéneas de bosque como el guandal, el catival, el natal y las
llamadas mares –Derecho e Identidad, obra citada p. 232 y 233.
[83] Consultar, Oscar Almario, Jaime Arocha y Nina de Friedemann,
obras citadas.
[84] Idem. Sobre este punto la
comisionada Zulia Mena, en deliberaciones adelantadas en la Subcomisión de
Asuntos Territoriales, en punto a la organización de las comunidades, a fin de
la adjudicación territorial, agregó (..) es fundamental crear mecanismos de
protección a la identidad cultural y, en tal sentido, estableció diferencias
entre derechos activos y pasivos: los derechos activos se dan cuando el tronco
familiar o la personas que está allí presente, ejerciendo el derecho sobre su
territorio, sus propiedades y los derechos pasivos se presentan cuando una
persona se va, pero los parientes, familiares, su tronco familiar se quedan
cuidándolos, y por ello no pierden sus derechos.” –Cuarta Sesión, 31 de
marzo de 1993-
[85] Como se aprecia en los antecedentes los señores Teófilo Avila
Julio, Alirio Mosquera Palacios y Luis Anibal Lemus, pertenecientes a las
comunidades Sana Lucía, Bogotá,  y Bijao Cacarica respectivamente, figuran
entre las personas que convocaron a la comunidad desplazada de la Cuenca del
Río Cacarica a la elección del Consejo Comunitario, también los nombrados
figuran entre los asistentes a dicha asamblea, entre quienes autorizaron al
representante legal para solicitar ante el INCORA la expedición de un solo
título colectivo, y entre aquellos elegidos para integrar la Junta Directiva
del Consejo Comunitario, en este último caso en compañía de Naufal Quinto y
Angel Nelis Palacios. Por su parte, éstas mismas personas fueron designadas en
la Junta Directiva del Consejo Comunitario el 5 de septiembre de 1999.
[86] Sentencia SU-383 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[87] Al respecto las
comunidades de retorno afirman: “MADERAS DEL DARIEN SIGUE ALLI. Resulta que
se han beneficiado de los llamados no retornantes y por la precariedad que
tienen en los casos urbanos de los municipios, entonces les ofrecen que les den
el permiso para hacer el aprovechamiento forestal. (..). Toda esa gente que se
ha quedado por ahí, que no va a retornar, ya quieren meterse a hacer
aprovechamiento forestal al territorio, pero no es porque tenga madera en su
finca sino por acabar con los recursos que tiene un hermano. Y eso es lo que
estamos mirando, que ninguno de los que presiona y que le dan aval a la empresa
para que corte, tienen recursos de maderas de cativo, son de otras personas que
no están presentes. Varias veces hemos tenido reuniones en el Ministerio del
Medio Ambiente y no intervienen. El año pasado tuvimos una reunión con el
viceministro y él entendió pero no hizo nada. (..).
Maderas del Darién emplea a los que no retornan, usa a
Codechocó y a los que de las comunidades de todo el Chocó participan en la
Junta Directiva para sacar la madera de sus territorios. Es así como han
utilizado a personas afrodescendientes. (..). En 2000 Adán Quinto fue con
Codechocó a hacer un inventario de palos de cativo para el corte de la empresa
Maderas del Darién. Pero el no es el responsable; es víctima de la empresa, es
victima de Codechocó. (..)”[87]..
[88] La profesora Odile Hoffman, doctora en Geografía, directora de
investigación del Instituto de Recherchepour de Le Développement (IRD),
investigadora en el proyecto de cooperación Orstom –Cidse –Univalle sobre
identidad y territorialidad en la región de Tumaco, en referencia a los
conflictos territoriales y territorialidad negra, expone i) que “los
conflictos nacen de las ambiciones territoriales de los grandes agentes
económicos, que no pararon la política de titulación colectiva en el Pacífico .
En el sur, las plantaciones de palma africana; en el norte, las empresas
madereras y mineras; en ciertos lugares, las turísticas o los macroproyectos;
todos manejan grandes extensiones de tierra, muchas veces las mejores y
requieren seguridad y estabilidad en el Pacífico. Si bien la ley 70 prevé para
todos ellos la obligación de negociar con las comunidades negras cualquier
proyecto que tenga impacto en los territorios, en la realidad inventaron
múltiples vías para eludir estas limitaciones. En un principio sencillamente
las ignoraron; luego, intentaron manipular los consejos comunitarios; ahora
negocian contratos de explotación que las comunidades y los consejos
comunitarios son incapaces de controlar”; ii) que “los conflictos se agudizan
cuanto se niega esta complejidad  -se refiere a un complejo de actores
sociales- y se pretende imponer una concepción territorial sobre los demás (..)
esta imposición puede ser “real”, del orden de las prácticas: el despojo de tierras,
la imposición de una autoridad territorial, la invasión por actores ajenos al
territorio. También puede ser del orden de las representaciones: el terriotoiro
“étnico” no era concebido como tal en el Pacífico antes de la Ley 70, por
ejemplo. La emergencia de la noción, su difusión entre los pobladores negros su
posterior aceptación –con excepciones- llevarán, como se expuso antes, a
transformaciones de la idea misma que “la gente” los individuos y los grupos
organizados – se hacen de ellos mismos, de sus expectativas, de sus maneras de
estar en el mundo y en la sociedad global” -Afrodescendientes en las
Américas, Ob. Cit. páginas 361 y 362-.
[89] Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann, Marco de referencia
histórico-cultural para la ley sobre derechos étnicos de las comunidades negras
en Colombia, en América Negra 5, 1993.
[90] Comisión Especial para las Comunidades Negra, Acta Numero 2,
Subcomisión de identidad Cultural América Negra 6, P.189.
[91] Peter Wade, Respuesta a los comentarios de Orlando Flas Borda, en
América Negra 6, University of Lieverpool , septiembre de 1993.
[92] Al respecto consultar T-646 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis, en
esta oportunidad fue considerada la protección constitucional invocada por la
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá contra la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogota por haberle ordenado tomar medidas sobre la contaminación
del embalse del Muña, dado que la accionante adujo que debía haberse vinculado
a Engesa, como a todos los agentes contaminantes.
[93] Los actos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un
permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que
afecte o pueda afectar el medio ambiente, pueden demandarse en acción de simple
nulidad, a la luz del artículo 73 de la Ley 99 de 1993. Respecto de la
exequibibilidad del artículo 84 del C.C.A. se puede consultar la sentencia
C-426 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[94] Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con
ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los
treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación -artículo
87 C.C.A. Inc 2. Respecto de la constitucinalidad de esta disposición se puede
consultar la sentencia C-1048 de 2001.
[95] Sobre la restricción de la titularidad de la acción de nulidad
absoluta se pueden consultar las sentencia C-197 y C-221 de 1999.
[96] Mediante sentencia C-709 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, el
literal e) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de
1998, fue declarado exequible “bajo el entendido de que si se produce
modificación o adición del contrato inicialmente celebrado, la caducidad se
contará, en cuanto a ellas, a partir de la firma de las mismas”.
[97] Esta Corte tiene definido que “la
inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de
tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable”-sentencia -SU-961
de 1999-, y también ha considerado que lo razonable para intentar la acción de
tutela lo determinan los términos de prescripción y caducidad, previstos en el
ordenamiento para acudir ante la justicia ordinaria, según el caso –sentencia
T-757 de 2003, entre otras-.
[98] “El hecho de ser afrocolombiano implica el reconocimiento de una
ascendencia africana , pero al mismo tiempo somos nativos puesto que nacimos
aquí en Colombia, al igual que nuestros padres, los indígenas y mestizos, lo
que supone los mismos derechos para todos (..) la diferencia en los diversos
pueblos de asentamiento negro se debe a los diversos medios en que se han
conformado; no obstante hay rasgos culturales propios de las comunidades negras
que permiten diferenciarlas de otras culturas (..) debido al racismo la
antropología colombiana desconoce la existencia de esos elementos culturales
diferenciales (..)” –Comisión Especial para las
Comunidades Negras, Subcomisión de Entidades Estatales y Comisionados de las
Organizaciones Populares, comisionado Trifilo Viveros, 29 de marzo de 1993.
[99] Convenio 169 de la OIT, Guía para su Aplicación. Elaborado por el
Servicio de Políticas para el Desarrollo (POLIDEV), en cooperación con el
Servicio de Igualdad y Coordinación de los Derechos Humanos (EGALITE), al
respecto consultar la sentencia SU-320 de 2003.
[100] Respecto de la consulta previa para la delimitación de las zonas
mineras indígenas se puede consultar la sentencia C- 418 de 2002 M.P. Alvaro
Tafur Galvis.
[101] En cumplimiento de las previsiones de la Ley 70 de 1993, el
Presidente de la República con ocasión de la entrega del titulo que demarca
695.245 hectáreas pertenecientes a más de un centenar de comunidades negras,
integradas por 8.799 familias del Cauca y del Atrato Medio Antioqueño y
Chocoano, manifestó: “ (..) La Constitución estableció la obligación no de
reconocerles a los afroamericanos e indigenas de Colombia títulos de propiedad sino
de devolvérselos. No venimos a darles un derecho nuevo, sino a devolverles un
derecho , que es el poder vivir en sus tierras con sus títulos de propiedad
(..) la única condición es que defiendan la biodiversidad y sean guardianes de
este tesoro de la vida.” -Palabras citadas por Juan Camilo Ruiz Pérez en
“Oportunidad para Territorios Olvidados”, El Tiempo, Lecturas Dominicales, 22
de marzo de 1998-.
[102] El Convenio 169, “Sobre Pueblos indígenas y Tribales”, adoptado
en la 76° Conferencia Internacional de la OIT reunida en Ginebra el 27 de junio
de 1989, fue aprobado por medio de la Ley 21 de 1991, se trata de un
instrumento que abarca los derechos de las minorías étnicas a la participación,
educación, cultura y desarrollo, dentro del contexto global de salvaguarda a su
identidad, con miras a que tales minorías sean tratadas como “pueblos”, y
puedan en consecuencia gozar de sus derechos fundamentales en el mismo grado
que el resto de la población de los Estados miembros, y en consideración a su
especial contribución a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica
de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales. –Al respecto
consultar entre otras decisiones la sentencia SU- 383 de 2003.
[103] El Convenio 169 respecto de los derechos de los integrantes de
los pueblos indígenas y tribales i) prevé que éstos deberán gozar de los mismos
derechos y libertades que el resto de la población; ii) condena el uso de la
fuerza y la coacción; iii) indica que les asiste el derecho a ejercer sus
derechos y garantías ciudadanas; iv) condena la imposición de servicios
personales, remunerados o no; v) responsabiliza a los Estados Partes de
establecer instrumentos que provean y controlen sus condiciones de empleo, con
seguridad social y de derecho de sindicación y vi) señala su derecho a acceder
a la educación y formación profesional, en igualdad de condiciones –artículos
3°, 2°, 4°, 8°, 11 y 22 Ley 21 de 1991, artículos 1°, 2°, 5°, 13, 86, 25, 53 y
70 Carta Política-.
[104] Sostiene al respecto Kymlicka: “La supervivencia de las
culturas indígenas en todo el mundo depende sobre manera de la protección de su
base territorial, de ahí que los pueblos indígenas hayan luchado tenazmente
para mantener la propiedad de sus tierras. De hecho como he señalado antes, las
diputas territoriales emprendidas por los indígenas son las principal causa de
los conflictos étnicos en el mundo (Gurr, 1993, pag.viii). Pero esta base
territorial es vulnerable ante el mayor poder económico y político del grueso
de la sociedad. (..)” –Will Kymlicka, Ciudadanía Multicultural, Ediciones
Piados Iberoamérica S.A. 1996. Sobre el punto, en referencia a los pueblos
indígenas se pueden consultar, entre otras, la sentencia SU-039 de 1997, M.P.
Antonio Barrrera Carbonell.
3 Corte Constitucional ST-188/93, ST-257/93
[105] Sobre áreas forestales protectoras se pueden consultar los
Decretos 877 de 1976 y 1449 de 1979 articuloprotecto
[106] Eduardo Rodríguez, Gerente General del Inderena, Comisión
Especial para las Comunidades Negras, Acta de la Cuarta Sesión de la
Subcomisión de las Entidades del Gobierno y Reperesentantes de las
Organizaciones Populares, 31 de marzo de 1993.
[107] Comisión Especial para las Comunidades Negras, presentación del
proyecto de ley, mayo de 1993, intervención de Manuel Ramos (INCORA).
[108] Por el cual el Presidente de la República
de Colombia, en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 790 de 2002, y de
lo previsto en la Ley 489 de 1998, determina “los objetivos y la estructura
orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia, y se dictan otras
disposiciones”.
[109] Guía de Aplicación del Convenio 169 de la OIT, aparte citado en
la Sentencia SU-383 de 2003.
[110] Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas, A.G. res. 47/135, annex, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p. 210, ONU
Doc. A/47/49 (1993).
“[111]
Sobre el bloque de constitucionalidad que conforman los Convenios de la OIT con
la Carta Política puede consultarse, entre otras, la sentencia T-1303 M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[112] Com.DH., observación general número 29, 24 de julio de 2001.”
[113] Sentencia SU-383 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[114] Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz.
[115] GB.282/14/3. Ginebra noviembre de 2001, 282ª reunión. En igual
sentido GB.282/14/4. Sobre el punto puede consultarse la sentencia SU-383 de
2003.