SU074-14
ANTECEDENTES
Sentencia SU074/14
(Febrero 5)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Caso en que Corte Suprema
de Justicia profirió sentencia condenatoria por falsedad ideológica en
documento público en contra de un Juez de la República
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
La acción de tutela procede excepcionalmente para
controvertir decisiones judiciales que desconozcan derechos fundamentales y
tenga un grado de afectación relevante desde el punto de vista constitucional,
por lo cual se debe cumplir con los requisitos generales y específicos de
procedibilidad. Lo anterior, por cuanto no cualquier error judicial está
resguardado por el principio de autonomía judicial, pues sólo en el evento en
que una providencia judicial resulte arbitraria, caprichosa o irrazonable y sea
contraria a la Constitución, el juez constitucional tiene la facultad de
intervenir.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION
DE TUTELA-Requisitos de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL
La
Corte Constitucional ha sostenido que para garantizar la confianza en las
decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica,
igualdad, buena fe y confianza legítima, el desconocimiento del precedente es
una causal especial de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Adicionalmente, ha señalado que el desconocimiento del
precedente jurisprudencial puede llevar a la existencia de un defecto
sustantivo en una decisión judicial, en la medida en que el respeto al
precedente es una obligación de todas las autoridades judiciales, - sea éste
vertical u horizontal, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación con
la protección de los derechos al debido proceso e igualdad.
PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
La
jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal y precedente vertical
para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder judicial, los efectos
vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe realizar
el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente horizontal
supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse
del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica
que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las
autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las
altas cortes.
DEFECTO FACTICO-Configuración
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto fáctico se encuentra
relacionado con errores probatorios durante el proceso. Este se configura
cuando la decisión judicial se toma (i) sin que se halle plenamente
comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina; (ii) como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; (iii) de
una valoración irrazonable de las mismas; (iv) de la suposición de una prueba;
o (v) del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios.
DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO
PROBATORIO
El
defecto fáctico por no valoración de pruebas se presenta cuando el funcionario
judicial omite considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no
los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar
su decisión y, en el caso concreto, resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido habría variado
sustancialmente. No obstante lo anterior, la Corte ha reconocido que en la
valoración del acervo probatorio el análisis que pueda realizar el juez
constitucional es limitado, en tanto quien puede llevar a cabo un mejor y más
completo estudio es el juez natural debido al principio de inmediación de la
prueba.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente horizontal de la Corte Suprema de Justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de defecto fáctico por
errónea apreciación de las pruebas
Referencia:
expediente T-3.365.491
Fallos de tutela objeto de revisión: sentencias proferidas en primera instancia por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, el veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011), y la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el treinta
(30) de noviembre de dos mil once (2011)
Accionante: Álvaro Vásquez
Melo
Accionado: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
I.
ANTECEDENTES.
1.
Demanda de tutela.
1.1.
Elementos y pretensión.
1.1.1.  Derechos fundamentales invocados. Debido
proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital y trabajo.
1.1.2.
Conducta que causa la
vulneración. Sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia que, revocó la decisión absolutoria proferida por la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso
adelantado en su contra por el delito de falsedad ideológica en documento
público, y en su lugar, lo declaró penalmente responsable, condenándolo a 64
meses de prisión y 80 meses de inhabilitación de derechos y funciones públicas.
1.1.3.
Pretensión. Declarar la nulidad de la
Sentencia proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del dieciséis (16) de marzo de
dos mil once (2011).
1.2.
Fundamentos de
la pretensión.
1.2.1.
Hechos
que dieron origen al proceso penal adelantado contra el señor Álvaro Vásquez
Melo, por el delito de falsedad ideológica en documento público.
1.2.1.1.
Actuando en calidad de
Juez Veintinueve (29) Civil del Circuito de Bogotá, al accionante le
correspondió adelantar un proceso de restitución de bien inmueble arrendado, radicado
bajo el número 2007-0541.
La diligencia de entrega del bien se inició el 14 de
diciembre de 2009, pero se suspendió y se programó su continuación para el 16
del mismo mes y año, a las 10:00 de la mañana. Afirmó el peticionario que ese
día se encontraba enfermo, con incapacidad médico laboral por 3 días a partir
del 15 de diciembre de 2009, debido a una crisis de ansiedad y estrés por el
exceso de carga laboral. Dejando constancia secretarial sobre su no asistencia
a la diligencia.
1.2.1.2.
También para el 16 de
diciembre de 2009, a las 10:00 de la mañana, estaba programada una audiencia dentro
del proceso ordinario identificado con radicado No. 2007-0452, adelantado por
Seguros Comerciales Bolívar S.A. contra Kenvitur Ltda. A pesar de comunicarse
en dos oportunidades con el Secretario del juzgado desde el inicio de la mañana,
primero para informar sobre su estado de salud y posteriormente para confirmar
su inasistencia, esta audiencia fue iniciada por la escribiente del despacho,
aunque se suspendió por hallarse pendiente de decisión la apelación interpuesta
contra el auto que negó las excepciones previas propuestas por una de las
partes[1].
1.2.1.3.
El día 18 de diciembre
de 2009, una vez terminada su incapacidad médica, retornó al trabajo, y la
escribiente del despacho puso a su consideración un conjunto de documentos
pendientes de firma. Ese día era el último laboral del año, así que la
carga de trabajo era elevada y el actor no se percató de haber suscrito el acta
trascrita, de fecha 16 de diciembre de 2009[2].
1.2.1.4.
Los abogados de la entidad
demandada dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado mencionado en
el antecedente 1.2.1.1 (es decir de un proceso distinto) se enteraron, de la
suscripción del acta de 16 de diciembre de 2009. Estimaron que el juez incurrió
en una falsedad, debido a que no asistió a la audiencia en el proceso de su
interés, pero sí lo hizo a otra diligencia, adelantada en el trámite entre Seguros
Bolívar S.A. y Kevintur S.A.
Por ese motivo, el 27 de enero de 2010 interpusieron
denuncia penal contra el señor Álvaro Vásquez Melo, en ese entonces Juez
Veintinueve (29) Civil del Circuito de Bogotá.
1.2.2.
Del proceso
penal iniciado en contra del señor Álvaro Vásquez Melo por falsedad ideológica
en documento público.
1.2.2.1.
El 12 de febrero de 2010,
con posterioridad a la notificación del inicio de la investigación penal, un
dependiente del Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá puso en conocimiento
del señor juez Álvaro Vásquez Melo el acta del 16 de diciembre de 2009. El
funcionario investigado decidió anularla oficiosamente y programar nuevamente
la realización de la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento
Civil[3].
1.2.2.2. La Fiscalía 41 Delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá formuló imputación y presentó escrito de acusación en contra
de Álvaro Vásquez Melo el 16 de septiembre de 2010, por la presunta conducta
punible de falsedad ideológica en documento público, tipificada en el artículo
286 del Código Penal.
1.2.2.3. El 16 de diciembre de 2010, la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió absolver al
peticionario. En concepto del Tribunal, aunque ciertamente el acusado
desatendió el deber objetivo de cuidado en el cumplimiento de sus altas
responsabilidades, pues no verificó que los documentos que se pusieron a su
disposición para firma correspondieran a las diligencias practicadas, ni revisó
si cumplió con su deber de presidirlas, tal infracción se edificó como un
comportamiento imprudente, sin trascendencia en el ámbito del derecho penal,
pues la falsedad documental solo se estructura si existe un compromiso doloso
con el resultado ejecutado.
1.2.2.4. La decisión fue impugnada por la
Fiscalía 41 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y revocada por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
1.2.2.5. El 16 de marzo de 2011, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, revocó la decisión proferida
en primera instancia y, en su lugar, declaró al señor Álvaro Vásquez Melo
responsable por la conducta punible de falsedad ideológica en documento
público; condenó al actor a pena privativa de la libertad de 64 meses de
prisión y 80 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas, y negó los beneficios sustitutivos de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena y prisión domiciliaria.
Su decisión se basó en que, de acuerdo con
el contenido del acta de la diligencia del artículo 101 de 16 de diciembre de
2009, la actuación superó la antijuridicidad formal, es decir, la afectación de
la fe pública en abstracto y lesionó la confianza en la administración de
justicia. Por lo tanto, no era aceptable restarle ilicitud a dicho
comportamiento por el hecho de no haber causado daño alguno, pues el juez
acusado, pese a su trayectoria, desconoció los deberes inherentes a su cargo,
consignando en un documento público situaciones que se apartan de la realidad.
A juicio del accionado, no puede
justificarse la actuación del juez amparándose en el principio de buena fe,
pues como suscriptor del mismo, debía dar cuenta de su contenido. En cambio sí,
refrendó una mentira que solo subsanó dos meses después de formulada la
denuncia penal en su contra. “El hecho de que la escribiente del despacho
haya sido quien elaboró el acta -mecánicamente y utilizando formato, según
señaló - no es excusa para excluir sus propias responsabilidades, como tampoco
lo es ampararse en la carga laboral, pues, ya la
Corte ha sostenido en otros eventos que “firmar sin revisar”, así la
experiencia enseñe que sucede algunas veces, “es una conducta
irresponsable.”.
Consideró la
Sala que el Juez actuó con dolo pues conocía el hecho constitutivo de la
infracción y quiso su realización, como se puede concluir del desarrollo de los
hechos, en los que, después de tener noticia sobre su enfermedad, en lugar de
suspenderse todas las diligencias, se decidió “caprichosamente” realizar
unas y cancelar otras. De ahí concluyó la
Sala de Casación Penal que la actuación del Juez no constituye una simple
omisión del deber de cuidado, sino una clara intención de cometer falsedad.
En este orden de ideas, solo eventos asociados a caso
fortuito y fuerza mayor podrían explicar que una persona de gran experiencia
judicial, suscribiera un acta con información falaz.
Concluyó la autoridad judicial accionada
que, la antijuridicidad se materializó en toda su dimensión, y añadió que, no
pueden avalarse conductas judiciales que, poco a poco, minen la credibilidad,
legitimidad y prestigio de la administración de justicia, por lo que consideró imperativo
revocar la decisión absolutoria y declarar responsable al señor Álvaro Vásquez
Melo por la conducta investigada.
1.2.3. Argumentos de la demanda.
El actor interpuso acción de tutela contra la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, considerando que la
autoridad citada incurrió en los siguientes errores al proferir el fallo
reseñado: (i) desconocimiento de su precedente horizontal, en relación con los
elementos del tipo penal ‘falsedad ideológica en documento público’; (ii)
defecto fáctico por errónea valoración de algunos elementos de prueba y omisión
en la valoración de otros, en lo concerniente a la configuración del dolo; y
(iii) defecto sustantivo por interpretación errónea de los artículos 22 y 286
del Código Penal (relativos al dolo y el tipo penal por el que fue juzgado),
falta de aplicación del artículo 13 constitucional (principio de igualdad), y
desconocimiento de los artículos 39 de la
Ley 820 de 2003 y 39 del C.P.C, relativos a las funciones del juez dentro del trámite
de restitución de inmueble arrendado.
En concepto del actor, esos errores
llevaron a la autoridad accionada a violar sus derechos fundamentales al debido
proceso (en las esferas del derecho de defensa y presunción de inocencia), al
trabajo y al mínimo vital.
Sobre los requisitos formales de procedencia (o
procedibilidad) de la acción de tutela, el peticionario afirmó que: i) la
acción busca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, lo que evidencia su
relevancia constitucional; ii) contra la sentencia proferida el 16 de marzo de
2011 por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia no procede recurso alguno; iii) la acción de tutela
se interpuso luego de haber transcurrido 6 meses desde que se profirió la
sentencia que vulneró sus derechos, lapso que ha sido considerado como
razonable por la Corte Constitucional; iv) no alega un defecto de carácter
procedimental; v) en el escrito de tutela precisó los hechos y los defectos en
los que incurrió la sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y vi) la acción no se
interpone contra un fallo de tutela.
2. Respuesta de la
Corporación accionada y de las autoridades judiciales vinculadas[4].
2.1. El 18 de octubre de 2011, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia intervino en el trámite
de primera instancia, alegando que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura no es competente “para conocer de una acción de tutela contra
decisiones o actuaciones judiciales provenientes de alguna de las Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia”.[5]
Adicionalmente, señaló que los argumentos presentados por el actor carecían
de todo fundamento porque en la sentencia que presuntamente vulneró sus
derechos fundamentales se dieron a conocer las razones de hecho y de derecho
por las cuales fue declarado responsable por la conducta punible de falsedad
ideológica en documento público.
2.2. La
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá presentó un informe en el que hizo
un recuento de las actuaciones procesales más importantes del proceso penal
adelantado en contra del señor Álvaro Vásquez Melo, y concluyó que al actor se
le respetó el debido proceso, el derecho de defensa y todas las garantías
procesales, por lo que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela.
2.3. Las demás autoridades judiciales
vinculadas al proceso guardaron silencio.
3. Sentencias objeto de Revisión.
3.1. Primera instancia: sentencia de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, proferida el 27 de octubre de 2011.
Negó la tutela de los derechos invocados por el señor
Álvaro Vásquez Melo.
Estimó que la decisión adoptada por la
Sala de Casación Penal el 16 de marzo de 2011, se fundamentó en “consideraciones
[…] coherentes y debidamente razonadas”, razón por la cual, “no
cualifica como vía de hecho”.[6]
Adicionalmente, sostuvo que el juez de tutela solo puede intervenir ante
decisiones arbitrarias de un funcionario judicial, situación que no se presentó
en el caso objeto de estudio.
3.2.
Impugnación.
El señor Álvaro Vásquez Melo impugnó el fallo de
primera instancia. Además de reiterar algunos de los argumentos expuestos en la
demanda de tutela, sostuvo que el juez de primera instancia no se refirió a los
defectos en los que él considera incurrió la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino que se limitó a
afirmar que en la providencia cuestionada no se incurrió en una vía de hecho, y
que la tutela no procede para revivir un asunto debatido en el proceso judicial
respectivo.
3.3. Segunda instancia: sentencia de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, proferida el 30 de noviembre de 2011.
Revocó el fallo de primera instancia y en su lugar
declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su concepto, la acción
presentada por el señor Álvaro Vásquez Melo no cumple con el requisito de
subsidiariedad porque el actor no agotó la acción de revisión, mecanismo de
defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos
fundamentales. Añadió que el actor no alegó la amenaza de un perjuicio
irremediable ni demostró su eventual existencia, razón por la cual la tutela no
resultaba procedente como mecanismo transitorio.
4. Actuaciones adelantadas en sede de revisión.
Mediante escrito radicado en la
Secretaría General de la
Corte Constitucional el 5 de junio de 2012, el señor Álvaro Vásquez Melo
solicitó la suspensión provisional de los efectos de la sentencia proferida por
la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el 16 de marzo de 2011 y, que se ordenara su
libertad “en tanto surte el trámite de revisión”,[7] con el
fin de evitar un daño consumado en sus derechos fundamentales a la libertad
personal, acceso a cargos y funciones públicas y mínimo vital y móvil.
Por auto del 03 de julio de 2012, se puso a
disposición de la Sala Plena de la
Corte Constitucional el expediente objeto de estudio, en cumplimiento de lo
decidido por esa instancia en sesión del 21 de junio de 2012. Suspendiendo los
términos del proceso.
La Sala Plena de esta Corporación, a través de Auto 160 de 2012 del 04 de julio de
2012, decidió no conceder la medida provisional solicitada por el señor Vásquez
Melo. Consideró que la procedencia de medidas provisionales que suspendan los
efectos de la sentencia, debe obedecer a un juicio sumamente cuidadoso.
El 08 de abril de 2013, el señor Álvaro Vásquez Melo
presentó un nuevo memorial en el que reiteró su solicitud de que se adopte la
medida provisional de suspender los efectos de la sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de marzo de 2011
y que se ordene su libertad en tanto se surte el trámite de revisión. Además de
los argumentos expuestos en la primera solicitud, el actor manifestó que el
asunto objeto de estudio “no requiere de un análisis minucioso del material
probatorio obrante para determinar la vulneración de las garantías básicas
alegadas”.[8]
Asimismo, consideró que los derechos fundamentales cuyo restablecimiento
pretende, “no son eventuales o supuestos, sino ciertos y exigibles”.[9]
Mediante comunicación radicada el 14 de mayo de 2013,
el señor Álvaro Vásquez Melo aportó copia de la sentencia proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá el 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual fue
absuelto “del cargo formulado por presunta incursión en la falta
disciplinaria prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002 cuyos hechos refieren a los concernidos en el asunto de la
referencia”.[10]
II.
CONSIDERACIONES.
1.
Competencia.
La Sala es competente para
revisar el fallo de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86
y 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991[11].
2. Problema jurídico.
Corresponde
a la Sala Plena de esta Corporación determinar si ¿la
Corte Suprema de Justicia incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento
del precedente y fáctico, al momento de dictar sentencia condenatoria contra el
señor Álvaro Vásquez Melo en el proceso adelantado en su contra por falsedad
ideológica en documento público, al considerar la conducta como dolosa o no
como una conducta imprudente?
3. Requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
De forma reiterada la jurisprudencia constitucional ha
admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales para analizar la posible vulneración del derecho fundamental al
debido proceso. Así, se ha señalado la necesidad de cumplir con seis requisitos
generales para establecer la procedencia de la acción constitucional. Mediante
la sentencia C-590 de 2005, se establecieron los siguientes;
“(i) Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional
no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones.
(ii). Que se hayan agotado todos los medios-ordinarios
y extraordinarios-de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos,
(iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración,
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora,
(iv)  Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y
(vi) Que no se trate de sentencias de tutela”.
En
consecuencia, la Sala Plena procede a analizar el cumplimiento de dichos
requisitos, como paso necesario para continuar con el análisis de fondo de la
demanda de tutela interpuesta contra una decisión judicial.
3.1.
Caso concreto.
3.1.1. Relevancia constitucional. En el proceso objeto de estudio, el
peticionario fue condenado a 64 meses de prisión y 80 meses de interdicción de
funciones públicas, por el delito de falsedad ideológica en documento público,
por suscribir un documento que contenía información falsa, actuando en calidad
de Juez de la República. Los cargos que dirigen contra la sentencia se cifran
en señalar que fue condenado por una actuación imprudente, a pesar de que el
tipo penal mencionado exige la existencia de dolo para su configuración.
En caso de hallarse fundados sus cargos, la condena no
solo incidiría negativamente en sus derechos a la libertad, el trabajo y el
mínimo vital, sino que atentaría contra principios constitucionales que
orientan el ejercicio del poder punitivo del estado, como la responsabilidad
subjetiva, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, componentes
esenciales del debido proceso.
En consecuencia, el asunto puesto en conocimiento de la
Sala Plena posee relevancia constitucional.
3.1.2.
Subsidiariedad. Contra la decisión
objeto de controversia constitucional no proceden recursos ordinarios, por
tratarse de una apelación resuelta por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, la propia
Corporación así lo indica a folio 49 de la sentencia controvertida (adoptada el
16 de marzo de 2011), donde expresamente señala: “contra este fallo no
procede recurso alguno”.
Sin
embargo, el juez de tutela de segunda instancia afirmó que contra la decisión
procedía la acción de revisión, implicando con ello que sería procedente
una acción orientada a atacar la decisión ya ejecutoriada de la
Sala de Casación Penal. Sin embargo, la acción de revisión, por dirigirse
contra decisiones ejecutoriadas, prevé unas causales taxativas de procedencia
que permiten determinar la corrección de sentencias que han hecho tránsito a
cosa juzgada, principalmente, cuando ocurren hechos o surgen situaciones
sobrevinientes que hacen necesario modificar la decisión[12]. En este caso, ninguno
de los cargos que el actor dirige contra la decisión de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el sentido de condenarlo
por el delito de falsedad ideológica en documento público, podría subsumirse en
las causales de procedencia de la acción de revisión y, por lo tanto, no debe
exigírsele al peticionario la carga procesal de acudir a una acción que no está
diseñada para soportar la controversia constitucional planteada en esta
oportunidad.
3.1.3. Inmediatez. La sentencia que el actor considera violatoria de sus derechos
fundamentales fue proferida por la Sala de Casación Penal el 16 de marzo de
2011, y leída el 22 de marzo del mismo año, fecha desde la que debe contarse el
término de presentación de la acción, pues ese día el peticionario conoció el
contenido de la decisión. La demanda se radicó ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca el 5 de octubre de 2011, es decir, 6 meses y 13
días después de leído el fallo.
Sin
embargo, observa la Sala que la demanda previamente se había presentado ante la
Corte Suprema de Justicia y, la Sala de Casación Civil, a quien correspondía
resolver el asunto como juez constitucional de primera instancia decidió, no
admitir a trámite la tutela, sosteniendo que no es procedente contra decisiones
de órganos de cierre del sistema jurídico, situación que llevó al peticionario
a acudir ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca.
El
auto de inadmisión se produjo el 27 de septiembre de 2011, seis meses y cinco
días después de leída la sentencia condenatoria que el actor controvierte.
Descontando las diligencias propias del reparto, estima la
Sala que la acción se presentó dentro de un término inferior a seis meses,
desde el momento en que se produjo la presunta violación de los derechos
constitucionales del actor.
3.1.4. Que, de ser posible, el peticionario haya
sostenido en el trámite ordinario los argumentos sobre los que construye la
petición de amparo. También
este requisito se encuentra plenamente satisfecho en esta oportunidad. Según se
refleja en las decisiones adoptadas en el proceso penal, la defensa se orientó
en el juicio oral a desvirtuar el carácter doloso de la conducta por la que fue
juzgado el actor, argumentos que plantea actualmente en sede constitucional.
3.1.5. Las
demás condiciones formales de procedibilidad de la acción  no resultan
aplicables en este asunto, pues (i) no se discute una irregularidad procesal; y
(iii) el accionante no pretende controvertir una decisión de tutela.
4.
Causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Cumplido
lo anterior, se debe verificar el cumplimiento
de los requisitos específicos de procedibilidad, que deben ser plenamente
probados. Dichos requisitos consisten en: (i) defecto orgánico[13],
(ii) sustantivo[14],
(iii)  procedimental[15],
(iv) fáctico[16];
(v) error inducido[17];
(vi) decisión sin motivación[18];
(vii) desconocimiento del precedente constitucional[19]; y (viii) violación
directa de la Constitución[20].
En síntesis, la acción de tutela procede
excepcionalmente para controvertir decisiones judiciales que desconozcan
derechos fundamentales y tenga un grado de afectación relevante desde el punto
de vista constitucional, por lo cual se debe cumplir con los requisitos
generales y específicos de procedibilidad enunciados. Lo anterior, por cuanto
no cualquier error judicial está resguardado por el principio de autonomía
judicial, pues sólo en el evento en que una providencia judicial resulte
arbitraria, caprichosa o irrazonable y sea contraria a la
Constitución, el juez constitucional tiene la facultad de intervenir.
De conformidad con los
hechos establecidos en la presente acción de tutela, la
Sala considera pertinente realizar una breve extensión en relación con el desconocimiento
del precedente y el defecto fáctico.
4.1. El desconocimiento del precedente como causal de
procedencia de la tutela contra providencia judicial.
La Corte Constitucional ha
sostenido que “para garantizar la confianza en las decisiones de los jueces
a la luz de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y
confianza legítima, el desconocimiento del precedente es una causal especial de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales[21].” Adicionalmente,
ha señalado que el desconocimiento del precedente jurisprudencial “puede
llevar a la existencia de un defecto sustantivo en una decisión judicial, en la
medida en que el respeto al precedente es una obligación de todas las
autoridades judiciales, - sea éste vertical u horizontal-, dada su fuerza
vinculante y su inescindible relación con la protección de los derechos al
debido proceso e igualdad.[22]”
Al
respecto, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de
la Constitución, los jueces gozan de
autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y “en sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.”  Sin embargo, es
ampliamente aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo una aplicación
mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de interpretación del
ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la
disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan[23]. Incluso, se
ha entendido que mediante sus providencias los jueces desarrollan un complejo
proceso de creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea
de la subsunción y elaboración de silogismos jurídicos[24].
La jurisprudencia de la
Corte ha advertido que, el problema de relevancia constitucional en el manejo
de los precedentes judiciales surge cuando, en evidente desconocimiento del
derecho a la igualdad, se lesionan los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica y buena fe, tomando como fundamento la autonomía e
independencia judicial[25],
los jueces adoptan decisiones disímiles frente a casos semejantes[26].
En cuanto al respeto al precedente como límite de la
actividad judicial, en particular la Corte ha señalado que está dado por las
razones de derecho con base en las cuales un juez resuelve un caso concreto.[27]
Igualmente ha dicho que es un asunto que adquiere relevancia constitucional
pues en aras de garantizar el derecho a la igualdad, los jueces “deben decidir los casos futuros de una manera idéntica
a como fueron decididos los casos anteriores.” Finalmente ha explicado que el problema surge cuando
dos casos en principio similares son resueltos de manera diferente. Es preciso
distinguir, sin embargo, cuáles son los argumentos jurídicos que constituyen el
precedente y que, por tanto, resultan vinculantes y deben ser atendidos para
resolver casos futuros. [28]
Al
respecto, ha explicado qué elementos del precedente son los que vinculan
particularmente al juez, para lo cual ha precisado que usualmente, las
sentencias judiciales están compuestas por tres partes: la parte resolutiva o decisum,
que generalmente sólo obliga a las partes en litigio; la ratio decidendi
que puede definirse como “la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general
que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere,
el fundamento normativo directo de la parte resolutiva.”; y los obiter
dicta o dictum que son “toda aquella reflexión adelantada por el
juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión, por lo cual
son opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario.”[29] En consecuencia, es la ratio decidenci que
es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial que, en
virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado
para resolver casos similares[30],
esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos que
permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión
adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan.[31] De manera que la ratio decidendi expresada en
el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial
que no puede ser desconocido por los jueces.[32]
Ahora
bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre
precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la
estructura orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente
y su contundencia en la
valoración que debe realizar el fallador en su sentencia[33]. En este sentido, mientras el precedente horizontal
supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse
del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se
pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con
atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.[34]
En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer
efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de
autonomía e independencia en su actividad, al punto que si bien está obligado a
respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores funcionales,
también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le
impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho[35].
En
consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al
precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han
resuelto casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente
si se es consciente de su existencia”[36]
(requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que
justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata
simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario
demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente
para resolver el caso nuevo[37]
(requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en
criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato
ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los
operadores judiciales[38].
En
síntesis, la autonomía
judicial en el proceso de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico
no es absoluta, pues las autoridades judiciales deben procurar respeto al
derecho fundamental a la igualdad y a los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica y buena fe. La observancia del derecho a la igualdad en el
ámbito judicial implica que los jueces deben resolver los casos nuevos de la
misma manera en que han resuelto los casos anteriores.
Sin embargo, con el propósito de armonizar el derecho
fundamental a la igualdad y la autonomía judicial, los falladores pueden
apartarse del precedente aplicable si en
sus providencias hacen una referencia expresa a este y explican las razones con
base en las cuales se justifica el cambio de jurisprudencia. Finalmente, en el
caso del precedente vertical, cuando las altas
corporaciones se han pronunciado sobre un asunto particular, el juez debe
aplicar la subregla sentada por ellas. Y en caso de que el cambio de
postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso.
4.2. El defecto fáctico.
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto fáctico se encuentra
relacionado con errores probatorios durante el proceso. Este se configura
cuando la decisión judicial se toma (i) sin que se halle plenamente
comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina; (ii) como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; (iii) de
una valoración irrazonable de las mismas; (iv) de la suposición de una prueba;
o (v) del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”[39].
La Corte Constitucional ha
sido reiterativa en la protección al principio de la autonomía e independencia
judicial, en el cual se incluye el amplio margen que recae sobre los operadores
judiciales para valorar – de conformidad con las reglas de la sana crítica –
las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. Sin embargo, la
sentencia SU-159 de 2002, señaló que dicha independencia y autonomía “jamás puede ejercerse de manera arbitraria;
su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de
criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”[40].
Así
mismo, se ha señalado que el defecto fáctico tiene dos dimensiones; una
positiva y una negativa. Mientras la primera hace referencia a circunstancias
en las que se valoran pruebas vulnerando reglas legales y principios
constitucionales, la segunda hace relación a situaciones omisivas en la
valoración probatoria que pueden resultar determinantes para el caso. Dicha
omisión se debe presentar de manera arbitraria, irracional y/o caprichosa[41].
Esta
Corporación ha establecido que la dimensión negativa se produce: “(i) por
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante
en el desenlace del proceso;(ii) por decidir sin el apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o
(iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez
está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo”[42]. Y
una dimensión positiva, que tiene lugar “por actuaciones positivas del juez,
en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia”[43].
Se
ha concluido que, el defecto fáctico por no valoración de pruebas se presenta[44] “cuando el funcionario judicial omite considerar
elementos probatorios que constan en el proceso, no los advierte o simplemente
no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso
concreto, resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración,
la solución del asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente”[45].
No
obstante lo anterior, la Corte ha reconocido que en la valoración del acervo
probatorio el análisis que pueda realizar el juez constitucional es limitado,
en tanto quien puede llevar a cabo un mejor y más completo estudio es el juez
natural debido al principio de inmediación de la prueba.
5. Caso
concreto.
5.2. Análisis de las causales de procedencia de la
demanda de tutela contra providencia judicial.
5.2.1. Del presunto defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente horizontal.
Para la Sala Plena, la sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, no constituye un cambio de jurisprudencia y se
ajusta a su concepción del delito falsedad ideológica en documento público, al
considerarlo como un injusto de carácter estrictamente doloso.
Al respecto, la autoridad judicial demandada no solo
reiteró ampliamente la jurisprudencia en la que viene considerando que este
delito solo puede darse a título doloso, sino que dedicó varios apartes de la
sentencia a evaluar si, en el caso concreto, se presentó una actuación de esta
clase por parte del juez acusado.
Adicionalmente, la accionada hizo referencia a dos
precedentes específicos en su decisión, en los cuales se analizó la
responsabilidad penal de dos juezas de la república que suscribieron documentos
con aptitud probatoria que incorporaban información falsa. Las funcionarias
aceptaron ese hecho, pero alegaron justificaciones diversas de su conducta.
En uno de los casos (providencia del 30 de enero de 1991, la
Sala de Casación Penal (MP. Gustavo Gómez Velásquez), la acusada aceptó haber suscrito actas
correspondientes a diligencias del despacho a las que no asistió,[46]
alegando que se hallaba enferma y que decidió hacerlo para no perjudicar la
administración de justicia. En el otro caso, la funcionaria judicial firmó un
amplio número de declaraciones extra juicio sin haberlas recepcionado.
Posteriormente, resultó comprobado que en esos documentos se hizo figurar como
declarantes a terceros que suplantaban a quien debía rendir la declaración. La jueza
sostuvo que su conducta obedeció a la poca trascendencia de las declaraciones
extra proceso dentro del desarrollo de las labores del juzgado, añadió que no
revisó las declaraciones y sostuvo que ningún juez está presente cuando se
recepcionan.
En el primer caso, la
Corte Suprema de Justicia señaló que de ninguna manera la conducta de la
funcionaria podía considerarse descuidada o imprudente, sino que resultaba
claramente dolosa, pues nadie mejor que ella sabía que no se hallaba en el despacho
los días en que se realizaron las declaraciones de las que dio fe sin haberlas
presidido.
En el segundo proceso, la
Corte Suprema de Justicia hizo referencia a la posibilidad de estructurar el
delito tanto en la modalidad de dolo directo, que supone conocer la
antijuridicidad de la conducta y tener la voluntad de ejecutarla, como a manera
de dolo eventual o de previsión, que consiste en prever un resultado como
probable y consentir en su realización para obtener el fin querido por el
sujeto activo del delito.[47]
La alta Corporación explicó que la conducta irresponsable de la jueza, en el
sentido de firmar “cuanta declaración extra proceso le pasaran” hacía
previsible con alta probabilidad la existencia de una falsedad en esas
declaraciones, y su falta de interés por las funciones asignadas demostraba
que, en efecto, dejó el resultado librado al azar.
Sin embargo, la
Sala de Casación Penal indicó que esas decisiones previas, a pesar de guardar
analogía con el caso objeto de estudio no la relevaban del estudio del dolo en
el caso concreto, pues, por tratarse de un aspecto de arraigo subjetivo,
resultaba posible concebir la existencia de motivos explicativos de la
actuación de un funcionario. A pesar de esa prevención, la
Sala citada sí expuso algunas conclusiones relevantes para el resto de la
decisión, a partir de esos precedentes.
Primero, indicó que de ellos se desprende una pauta de
valoración, que consiste en “extraer el dolo” de lo que hacen, omiten,
dicen o callan las personas; segundó, la
Sala asimiló la conducta del Juez Álvaro Vásquez Melo con la de la jueza que
suscribió actas sin estar en el Despacho (sentencia de 30 de enero de 1991). Sostuvo
que nadie mejor que un funcionario judicial debe saber si asistió o no al Despacho.
Finalmente, resaltó que existe una regla jurisprudencial consolidada según la
cual firmar sin revisar (aunque puede ocurrir según lo demuestra la
experiencia) no justificaba el actuar de las funcionarias mencionadas.
De lo expuesto, se reitera, no cabe concluir que
existió un defecto de desconocimiento del precedente por parte de la
Sala de Casación Penal. La Corporación identificó sus pronunciamientos previos
relevantes, asumiendo así la carga de transparencia que le corresponde; y no se
apartó de ellos sino que derivó de las decisiones previas un marco normativo
para el análisis del caso concreto.
En consecuencia, corresponde a la
Sala Plena determinar si, a partir de ese marco normativo compuesto por las
normas legales relevantes y las reglas adscritas a su propia jurisprudencia, la
Sala de Casación Penal incurrió o no en un defecto fáctico al valorar la
existencia de dolo en la conducta del ex Juez Álvaro Vásquez Melo.
5.2.
Presunto defecto fáctico por errónea apreciación de las pruebas.
5.2.1.
Respecto de la aptitud probatoria de documento público, el peticionario
considera que la Sala de Casación Penal valoró de manera inadecuada el acta de
16 de diciembre de 2009, porque solo se refirió a la parte final del documento,
en la que se consignan algunas consideraciones sobre el saneamiento del
proceso, la práctica de pruebas y la inexistencia de excepciones previas
pendientes de resolver.
Pero
dejó de lado, (i) la primera parte del acta, en la que se plantea que la
audiencia correspondiente no pudo adelantarse por estar pendiente de decisión
la apelación contra el auto que negó las excepciones previas; (ii) la evidente
contradicción entre el primer párrafo del acta, en el que se indica que la
audiencia no puede efectuarse y el segundo párrafo, en el que se consignaron
los aspectos procedimentales citados; (iii) la declaración de la escribiente
del Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá para la época de los hechos, quien
afirmó que la audiencia no se realizó y que las constancias finales obedecieron
al uso de un formato en forma mecánica; y (iv) la declaración de las partes del
proceso ordinario entre Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Kenvitur Ltda.,
quienes señalaron que no sufrieron inconveniente derivado de la suscripción del
acta de 16 de diciembre de 2009, con respecto al curso normal del proceso[48].[49]
La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia concluyó que, las consideraciones contenidas en
el acta sobre el saneamiento del proceso, el periodo probatorio y la ausencia
de excepciones previas por resolver hacían del acta un documento público con
capacidad probatoria. Además de ello, precisó que dada la naturaleza de las
declaraciones finales contenidas en el acta, ese instrumento tenía la
potencialidad de afectar los intereses jurídicos de las partes en el proceso
civil, lo que supone sobrepasar el umbral de la antijuridicidad formal. Aclaró
que la posterior anulación del documento no le resta aptitud probatoria, ni
tampoco afecta la eficacia jurídica de la que gozó desde su elaboración hasta
la posterior anulación.
Esta
Sala no percibe que la posición de la autoridad judicial accionada sea
arbitraria, caprichosa o contra evidente; por lo tanto, el documento citado,
podía servir de prueba, aspecto esencial para que se configure la
antijuridicidad en este delito, según lo ha precisado la propia Corte Suprema
de Justicia, al calificarlo como “tipo de peligro”.
Esa
conclusión es razonable porque la eventual inconsistencia entre diversos
apartes de un documento público no le resta, por sí sola, eficacia probatoria
ni jurídica, de una parte; y porque el aparte final del acta,
independientemente de la citada contradicción, resulta claro. Afirmaciones como
la ausencia de nulidades, la inexistencia de excepciones previas, o la
definición del período probatorio tienen relevancia jurídica, de manera que la
conclusión de la Corte Suprema no se adoptó contra la evidencia recaudada en el
trámite.
5.2.2.
Respecto de la indebida valoración de la pruebas para concluir que se trató de
una conducta dolosa.
De
acuerdo con el artículo 22 del Código Penal, una conducta es dolosa (i) “cuando
el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su
realización”, o (ii) “cuando la realización de la infracción penal ha
sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”. El
primero de los supuestos, que exige conocimiento y voluntad es conocido como
dolo directo, mientras que el segundo suele denominarse dolo eventual.
La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia consolidada, ha considerado
que la falsedad documental solo resulta punible si se realiza dolosamente, y ha
aclarado que puede darse tanto bajo la forma del dolo directo, el cual
atribuyó, por ejemplo, a la jueza que firmó actas sin hallarse en el Despacho (providencia
de 30 de enero de 1991),[50]
como en la modalidad de dolo eventual, el cual se estructuró, en su concepto,
en el caso de la jueza que habitualmente firmaba declaraciones extra proceso
que no había recibido y cuyo contenido no verificaba, por considerarlas de poca
importancia (Sentencia de 19 de mayo de 1992; radicado 6032).
Las
dos alternativas citadas plantean diversas exigencias probatorias. El dolo
directo, requiere de la prueba sobre el conocimiento del carácter antijurídico
de la conducta, y la voluntad de realizarla. El dolo eventual, la demostración
de un conocimiento sobre la probabilidad cierta (así lo expresó la
Corte Suprema de Justicia en el caso de la jueza que suscribía declaraciones
extra proceso) de incurrir en un hecho ilícito, y la total despreocupación
frente a ese resultado probable (consentirlo o dejarlo librado al azar).
La Sala de Casación
consideró que el señor Vásquez Melo obró dolosamente, porque conocía el hecho
constitutivo de la infracción penal y quiso su realización. A dicha conclusión
llegó luego de examinar los hechos que rodearon el caso.
Ahora, si se ha demostrado que el
procesado firmó consciente de su falacia el acta en cuestión, no puede
ampararse la conducta bajo el argumento si se quiere paternalista de que ello
emerge intrascendente en la práctica, ningún daño efectivo se causó o este tipo
de comportamientos suelen ser habituales en los despachos judiciales, no sólo
porque, como ya se dijo ampliamente, el elemento de antijuridicidad se objetiva
en toda su dimensión, sino en atención a que ese tratamiento benigno predicado
termina convirtiéndose en patente de corso para esta y otras tantas tropelías
que necesariamente deben erradicarse de la labor judicial, en tanto, sus altos
ministerios demandan de un extremo cuidado y laboriosidad, no sea que por el
camino de la suma de irregularidades en principio verificadas leves o inanes,
se termine minando su credibilidad, legitimidad y prestigio.
La Corporación demandada
hizo referencia a una pauta de análisis probatorio según la cual es posible “extraer
el dolo” de lo que las personas hacen, omiten, expresan o callan, y aludió
a una regla conforme con la cual los jueces deben verificar lo que firman. Sobre
esa regla aclaró que, no obstante haber sido establecida en sentencias previas,
algunas análogas al asunto analizado, no resultaba determinante para fallar
porque, en atención al carácter subjetivo del dolo, siempre resultaba posible
que motivos diversos, relacionados con el caso fortuito o la fuerza mayor,
explicaran que un juez con la experiencia del acusado suscribiera ese documento
sin conocer su contenido.
Advirtió,
por otra parte, que no se juzgó al actor por no presidir la audiencia sino por
legitimar posteriormente el contenido del acta de 16 de diciembre de 2012, sin
ser relevante para el análisis si la autorizó o solo confió en firmarla
posteriormente sin que ello fuera percibido, y descartó la posibilidad de
acudir a reglas de la experiencia basadas en la sobrecarga laboral o la
confianza entre los funcionarios del despacho, para descartar el carácter
doloso de la conducta investigada.
En
esos términos, más que basarse solo en sospechas, como asegura el peticionario,
la Sala de Casación Penal decidió con base en (i) indicios derivados o
relacionados con las sospechas previamente mencionados, (ii) reglas de
la experiencia que estarían a la cabeza de los razonamientos dirigidos a
determinar el dolo a partir de hechos objetivos sobre lo que dicen, callan,
hacen u omiten las personas, y (iii) una presunción según la cual puede
asumirse que los jueces conocen lo que firman.
Para
la Sala, edificar la existencia de
la prueba del dolo a partir de la presunción mencionada no resulta
injustificado. No es arbitraria la consideración de la
Corte Suprema de Justicia según la cual “puede presumirse que un juez
conoce lo que firma” y, en esa medida, salvo la existencia de razones
especialmente poderosas, suscribir un documento sin examinar cuidadosamente el
contenido es aceptar como probable la ocurrencia del resultado.
En
este sentido, la Corte Constitucional considera que cuando una decisión
judicial se profiere de conformidad con un determinado criterio jurídico, con
una lógica y razonable interpretación de las normas aplicables al caso, con la
debida valoración del material probatorio obrante en el expediente, no se
configura una causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, porque ello supone una intromisión arbitraria del juez de tutela
que afecta gravemente la autonomía e independencia judicial, en la medida en
que restringe la competencia de los jueces para aplicar la ley y fijar su
sentido y alcance en un asunto determinado[51].
6.
Razón de la decisión.
6.1.
Síntesis del caso.
La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, profirió sentencia del 16 de marzo de 2011, condenado
al señor Álvaro Vásquez Melo por falsedad ideológica en documento público, a
pena privativa de la libertad de 64 meses de prisión y 80 meses de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y negó los
beneficios sustitutivos de la suspensión condicional de la pena y prisión
domiciliaria; al considerar que el juez actuó dolosamente al firmar un acta de
una fecha en la cual estaba incapacitado.
Para
el Tribunal Constitucional, la autoridad judicial accionada actuó en ejercicio
de su competencia constitucional y conforme al principio de autonomía judicial
consagrado en el artículo 230 de la Constitución, con fundamento en una
interpretación jurídica razonada, seria, coherente y sólida del caso sometido a
su conocimiento
6.2.
Regla de decisión.
No
se configura un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
horizontal de la Corte Suprema de Justicia en materia de falsedad ideológica en
documento público, ni un defecto fáctico proveniente de la presunta errada
valoración de los hechos que dieron lugar a la condena penal, cuando no se
advierte arbitrariedad alguna en las decisiones adoptadas.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Levantar los términos suspendidos dentro del
trámite de la referencia.
Segundo.-
Confirmar la sentencia proferida dentro del trámite T-3.365.491 por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura el treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), negó por
improcedente la tutela interpuesta por el señor Álvaro Vásquez Melo
Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con salvamento de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con salvamento de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, ALBERTO ROJAS RÍOS Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA,
A LA SENTENCIA SU074/14
DEFECTO FACTICO-Configuración (Salvamento de voto)
Las características del fallo cuestionado no solo
configuraron un defecto fáctico y una violación de los derechos fundamentales
al actor, sino que, como precedente judicial, llevan a (v) la imposición de una
condena penal por falsedad culposa, conducta atípica según la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, o (vi) la imposición de
responsabilidad objetiva en el campo penal, constitucionalmente prohibida.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto fáctico por falta
de motivación (Salvamento de voto)
DEFECTO SUSTANTIVO Y DEFECTO FACTICO
COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia (Salvamento de voto)
A pesar de las
limitaciones propias del defecto fáctico como causal de procedencia de la
acción de tutela, dos de las hipótesis en que se configura atañen directamente
a la calidad de los razonamientos incorporados por el juez a la motivación de
su sentencia, en tanto que la ausencia manifiesta de justificación sobre la
declaración de los hechos puede dar lugar a la configuración de un defecto
fáctico, acompañado de uno por ausencia de motivación de las decisiones
judiciales. Lo que los pronunciamientos reiterados precedentes han destacado es
que libertad y autonomía judicial no son incompatibles con la adecuada
justificación de las conclusiones probatorias y, en ese marco, las reglas
de la experiencia y las presunciones operan como elementos
relevantes del análisis judicial de los hechos.
JURISPRUDENCIA DE ORGANOS DE CIERRE-Fuerza vinculante
(Salvamento de voto)
La jurisprudencia de los
órganos de cierre puede válidamente sentar pautas para el análisis de las
pruebas y la delimitación de la premisa fáctica de cada caso, y el uso de esas
herramientas de valoración de la prueba y argumentación de las hipótesis
fácticas no son de relevancia constitucional, salvo si se demuestra que su
empleo comporta una restricción excesiva (desproporcionada) del principio
constitucional de la presunción de inocencia u otros derechos fundamentales.
DEBIDO PROCESO-Desconocimiento por defecto fáctico (Salvamento de voto)
El defecto en este caso se
derivó de las debilidades del análisis probatorio en su conjunto. El carácter
de las sospechas en torno al actuar del juez, y la debilidad de los indicios
basados en la conducta de otros funcionarios del despacho que se hallaba a su
cargo, tornaron la presunción según la cual los jueces conocen lo que firman en
el fundamento esencial de la condena contra el actor, y ello implicó una lesión
a la presunción de inocencia y al principio de responsabilidad subjetiva como
supuesto de una condena penal. La presunción creada por la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia sobre el conocimiento que tienen los jueces de todos
los documentos que firman y la forma en que fue aplicada, como norma de
carácter absoluto, acreditaban la necesidad de intervención del juez
constitucional, incluso tomando en consideración el carácter restringido del
defecto fáctico. Y, en relación con el análisis de fondo, no compartimos la
decisión mayoritaria, en el sentido de defender la razonabilidad del análisis
probatorio expuesto en la sentencia cuestionada.
Referencia:
expediente T-3365491
Fallos de tutela objeto de revisión: sentencias proferidas en primera instancia por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, el veintisiete (27) de octubre de dos mil once
(2011), y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, el treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011).
Accionante: Álvaro Vásquez
Melo.
Accionado: Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
Magistrado ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
Con
nuestro acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, salvamos el voto a la sentencia SU-074 de 2014,
adoptada dentro del trámite iniciado por el señor Álvaro Vásquez Melo contra la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Nuestro
desacuerdo con la sentencia es sustancial, pues mientras la mayoría consideró
que el fallo dictado por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en contra de Álvaro Vásquez Melo es razonable y, por
lo tanto, no puede ser cuestionada en sede constitucional, nosotros estimamos
que esa decisión sí contiene serios problemas constitucionales, que llevaron a
la violación de los derechos fundamentales del señor Vásquez Melo, al menos,
por las siguientes razones:
La Sala de Casación Penal,
en la sentencia citada, concluyó que la conducta del actor fue dolosa a
partir de (i) un conjunto de sospechas injustificadas sobre la actuación del
juez; (ii) las actuaciones de los empleados del Despacho a su cargo, y no las
de la persona investigada y procesada penalmente; (iii) hechos ocurridos en un
proceso civil distinto de aquel en que se firmó el acta que dio lugar al
proceso iniciado en su contra (acta correspondiente a la audiencia de fijación
del litigio, artículo 101 del CPC); y, especialmente, (iv) la aplicación de una
presunción jurisprudencial según la cual los jueces deben saber lo que
hacen, por encima de las pruebas obrantes en el proceso y de la presunción
constitucional de inocencia, “barrera epistemológica” al poder del Estado[52] y, por lo
tanto, garantía del derecho a la libertad personal.
Las
características del fallo cuestionado no solo configuraron un defecto fáctico y
una violación de los derechos fundamentales al actor, sino que, como precedente
judicial, llevan a (v) la imposición de una condena penal por falsedad culposa,
conducta atípica según la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal, o (vi) la imposición de responsabilidad objetiva en el
campo penal, constitucionalmente prohibida.
Más
allá de esta síntesis de los motivos de disenso en la
Sala Plena, consideramos pertinente presentar de manera amplia los principales
apartes del proyecto derrotado por decisión mayoritaria. La
Corte viene señalando que la motivación de las sentencias judiciales es un
componente del debido proceso, un fundamento de la legitimidad de las
decisiones que adoptan los jueces y, en el caso de los órganos de cierre, un
mecanismo de control social sobre sus providencias. Desde esa óptica, la
exposición integral de la posición incorporada al proyecto inicial satisface
esos fines, pues permite a los interesados y la ciudadanía en general conocer
las distintas respuestas al problema jurídico que fueron consideradas y
discutidas dentro del Tribunal Constitucional, y contrastar la argumentación
mayoritaria con la que defendimos los magistrados disidentes.[53]
En
ese orden de ideas, se presentarán, en primer término, los fundamentos
normativos acerca del defecto fáctico por ausencia de motivación, o motivación
abiertamente inadecuada de la premisa fáctica (la declaración de hechos
probados en una sentencia), y a los parámetros de adecuación de las presunciones
a la Constitución Política. Posteriormente, se expondrá el análisis que
llevó a los Magistrados disidentes a concluir que la sentencia cuestionada sí
presenta un defecto fáctico, que comporta la violación de diversos derechos
fundamentales.
Consideraciones del proyecto original sobre la motivación de la premisa
fáctica y el uso constitucionalmente adecuado de las presunciones probatorias:
“27.
Este Tribunal ha destacado la importancia de una justificación adecuada de las
premisas y conclusiones fácticas contenidas en una providencia judicial. Esta
garantía se desprende del derecho fundamental al debido proceso, que incorpora,
como posición jurídica concreta, el derecho a la motivación racional de las
decisiones, presupuesto indispensable para la erradicación de la
arbitrariedad, la eficacia del derecho de defensa, y el ejercicio responsable
de la función judicial, ante las partes y la sociedad. La hipótesis de defecto
fáctico por carencia de motivación, o motivación injustificada, no tendría
sentido si la libertad probatoria se entiende de manera tan amplia que se equipare
a la “íntima” convicción del juez, inescrutable y por lo tanto
incontrolable sin importar si se trastoca en capricho y arbitrariedad.
28.
En ese sentido, en la sentencias de constitucionalidad C-202 de 2005[54] y de
revisión T-1015 de 2010[55],
la Corte Constitucional hizo referencia a determinados parámetros mínimos de
racionalidad en la apreciación de la prueba, asociados al concepto de sana
crítica, basados en recientes propuestas de la
Teoría de la Argumentación Jurídica, y destinados a defender la posibilidad
conceptual de una justificación adecuada de las hipótesis fácticas acogidas por
el juez, derivada de la obligación de motivación de los fallos judiciales y,
por lo tanto, del derecho fundamental al debido proceso. La reflexión
emprendida por la teoría y acogida en la jurisprudencia citada gira en torno a
los siguientes presupuestos:
(i)
El razonamiento probatorio es de
carácter primordialmente inductivo debido a la imposibilidad de conocer los
hechos pasados de manera directa, y las dificultades para acceder a medios
científicos de prueba capaces de proveer al juez de premisas indiscutibles para
arribar a conclusiones absolutamente ciertas. El uso de reglas de la
experiencia (por definición no-científicas), indicios y presunciones, entre
otros aspectos característicos del razonamiento probatorio, hacen que las
conclusiones del juez deban considerarse (más o menos) probables, pero
no absolutas.
(ii)
La libertad probatoria refleja el
rechazo a la tarifa legal como regla general de valoración de las
pruebas, pero no se identifica con la “íntima convicción” del
funcionario, pues la primera (es decir, la tarifa legal) elimina la valoración
racional del juez, y la remplaza por la voluntad del legislador o del órgano
que establece la ‘tarifa’ o el valor aritmético de cada prueba; mientras
que la segunda (la íntima convicción), la convierte en pleno subjetivismo
judicial.
La
libertad probatoria, en cambio, hace referencia a la posibilidad con que
cuenta el juez de acudir a un conjunto plural de medios probatorios, pero
especialmente, al deber de enlazarlos a través de las diversas herramientas
argumentativas asociadas a la lógica y a la experiencia. Por ello, no solo es
compatible con la motivación de los razonamientos probatorios, sino que la exige.
En ese sentido y siguiendo determinados autores, la
Corporación ha confirmado que la libertad probatoria no cierra sino que inicia
la discusión y la argumentación en materia fáctica.[56]
(iii)
El principio de inmediación no
puede interpretarse como un momento “místico” en que el juez obtiene del
contacto con las pruebas un conocimiento indiscutible de los hechos del caso,
mecanismo inescrutable y por lo tanto inexplicable. Comprendida de esa forma
descrita inicialmente no solo lesionaría gravemente el debido proceso por la
imposibilidad de ejercer los derechos de contradicción y defensa, sino que
haría inconcebible la adopción de decisiones razonadas sobre las pruebas por
parte de órganos colegiados. La inmediación asegura la interacción directa del
juez con las pruebas, con el propósito de que las aprecie adecuadamente, pero
no lo exime del deber de explicar las conclusiones probatorias que lo llevan a
declarar los hechos del caso.
29.
Por ello, no cualquier conclusión probatoria incluida en un fallo es válida.
Cuando la declaración de los hechos probados carece por completo de sustento o
se basa en razonamientos incompatibles con las características propias de la
valoración racional de la prueba, la sentencia puede resultar violatoria de
derechos fundamentales: no solo aquellos involucrados en la discusión del
proceso específico, sino también el derecho al debido proceso en sus facetas de
contradicción y defensa, y el principio de legalidad, en tanto erradicación de
arbitrariedad. La autonomía y la independencia judicial deben seguir los cauces
trazados por las reglas de la sana crítica, siendo inadmisibles, por ejemplo,
razonamientos que no se ajusten a los principios de no contradicción o identidad,
entre otros criterios de valoración aportados por la lógica; y resultando
débiles las conclusiones que tomen por premisa reglas de la experiencia
pobremente fundamentadas.
30.
En ese orden de ideas, las reglas de la experiencia juegan un papel protagónico
en el razonamiento probatorio, pues se presentan como premisa mayor de muchas
conclusiones sobre las hipótesis fácticas del caso. Como producto de la
experiencia, se trata de generalizaciones de observaciones sociales, por regla
general desarrolladas por el juzgador, o arraigadas en el pensamiento común de
una sociedad. Como generalizaciones de observaciones aisladas, difieren de las
reglas científicas en que no son infalibles, ni tienen la pretensión de serlo.
Pero ello no significa que sean caprichosas, sino que su fuerza como premisas
del razonamiento es una cuestión de grado. A manera de ejemplo, media una
distancia consideraba en materia de razonabilidad entre una generalización
basada en un prejuicio y una que proviene de ciencias sociales como la
antropología, la psicología o la sociología.
El
uso de reglas de la experiencia es imprescindible en el campo de la
argumentación jurídica sobre hechos, pero no desvirtúa ni limita la obligación
de motivación del fallo judicial.
31.
Esta Corporación se ha referido al uso de presunciones por parte de los
operadores judiciales, el evaluar su compatibilidad con la
Constitución Política. Esas decisiones fueron recientemente sistematizadas en la sentencia C-595 de 2010,[57] en la que se
estudió la presunción de culpa grave o dolo en procesos sancionatorios
administrativos ambientales. Los fundamentos centrales de esa providencia son
relevantes para el análisis del caso objeto de estudio.
En primer término, la
Corporación ha recogido la tradicional clasificación del  artículo 66 del
Código Civil, entre presunciones legales o iuris tantum, que admiten
prueba en contrario, y iuris et de iure o de pleno de derecho, que no
permiten oposición de prueba alguna (C-731
de 2005 y C-780 de 2007).
Siguiendo la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia y las elaboraciones de algunos doctrinantes,[58]
este Tribunal ha explicado que las primeras son “hechos o situaciones que,
en virtud de la ley, deben suponerse como ciertas siempre que se demuestren
determinadas circunstancias o hechos relevantes”, de manera que al
establecerse una presunción, el legislador “se limita a reconocer la
existencia  de relaciones lógicamente posibles, comúnmente aceptadas y de usual
ocurrencia, entre hechos o situaciones jurídicamente relevantes, con el fin de
proteger bienes jurídicos particularmente valiosos”[59].
En segundo lugar, ha precisado que las presunciones
redistribuyen la carga de la prueba (y en ocasiones la invierten), relevando a
una de las partes de la obligación de probar. De esa manera, rompen la igualdad
en el proceso para alcanzar fines considerados valiosos por el Legislador[60]. Por ese
motivo, para que mantengan su conformidad con la
Constitución Política, deben ser razonables y no afectar de manera desproporcionada
los derechos fundamentales de una de las partes, principalmente, el debido
proceso en sus facetas de defensa y presunción de inocencia.[61]
32. La razonabilidad de las presunciones se analiza desde
dos perspectivas independientes: desde un punto de vista, son razonables si se
ajustan mínimamente a la lógica o a sólidas reglas de la experiencia, lo que
ocurre cuando se basan en relaciones fácticas altamente probables;  desde otra
óptica, si persiguen fines constitucionales legítimos.
33. En ese orden de ideas, una presunción abiertamente
opuesta a la experiencia es irrazonable, al igual que una que no persiga
propósitos legítimos a la luz de la
Constitución y la Ley. Entre estos dos conceptos, sin embargo, no hay plena
coincidencia, pues el Legislador puede estimar imperativa la creación de una
presunción que no siga la generalidad de las observaciones sociales pero que,
en cambio, resulte muy importante para proteger bienes constitucionales.[62] En
semejante supuesto, el juez deberá ponderar cuál de los criterios debe
privilegiarse para cumplir los mandatos de la
Constitución Política.
34.
Las presunciones, por otra parte, no son realmente un medio de prueba sino más
bien un razonamiento orientado a eximir de la prueba, y son desvirtuables como
regla general pues, en la medida en que se estructuran sobre la probabilidad de
correlaciones fácticas determinadas, debe ser posible derrotarlas para la parte
que pueda resultar afectada por ellas, asumiendo las cargas apropiadas para
lograrlo.[63]
Siguiendo lo expresado, resulta conveniente precisar
que la expresión presunción es ambigua, no solo porque al utilizarla el
operador puede hacer referencia tanto a las de carácter absoluto como a
aquellas de naturaleza relativa sino, además, porque con la expresión presunciones
hominis se denotan también los indicios, que, sin embargo, operan de
forma diversa en el razonamiento del juez.  Sin embargo, las presunciones no
son hechos indicadores de otros hechos, pues ello haría prácticamente imposible
diferenciarlas de los indicios (o hechos indicadores de la ocurrencia de otro
hecho) y, por ello, aunque la doctrina utiliza la expresión presunciones
hominis para hablar de indicios, la jurisprudencia ha acogido la
clasificación bipartita entre presunciones iuris tantum (relativas) y iuris
et de iure (absolutas).[64]
A diferencia de los indicios, las presunciones no son
hechos ni enunciados sobre hechos, sino reglas de inferencia y, en atención a
su origen (constitucional, legal o jurisprudencial) y la fuerza vinculante que
pueda atribuírseles, puede tratarse de normas jurídicas dirigidas al juez, que
lo facultan para adoptar una decisión aún en ausencia de pruebas suficientes
para alcanzar la convicción sobre los hechos objeto del litigio, o incluso
contra el material probatorio disponible, cuando tienen carácter absoluto
(posibilidad absolutamente excepcional).
36. En las decisiones en que la
Corte se ha pronunciado sobre presunciones, ha analizado el balance
constitucional que debe alcanzarse entre el establecimiento de una presunción
como medio o instrumento para obtener beneficios prácticos en la adjudicación y
alcanzar fines constitucionales o legalmente legítimos, de un lado, y la
eficacia de los principios constitucionales de presunción de inocencia y
derecho de defensa, componentes esenciales del debido proceso constitucional,
de otro.
En esas sentencias, la
Corporación se refirió a la posibilidad de desvirtuar la presunción aportando
las pruebas necesarias para lograrlo. Sin que corresponda a la
Sala indagar cuál sería la respuesta constitucional si se tratara de
presunciones absolutas, sí debe precisarse que la posibilidad de derrumbar la
presunción fue un elemento relevante de decisión, pues ello desvirtúa la
existencia de restricciones desproporcionadas del derecho de defensa sino que,
por el contrario, mediante su ejercicio el eventual afectado puede enfrentarse
a la presunción, asumiendo las cargas del caso.
En materia penal, una presunción de origen legal (o
jurisprudencial y adscrita a la ley) no podría operar de manera tal que
prevalezca sobre la presunción constitucional de inocencia, garantía de
libertad en el orden constitucional y “barrera epistemológica” al uso
del poder punitivo del Estado, en tanto impide la adopción de decisiones
condenatorias sin base probatoria suficiente[65].
Este punto se retomará en el análisis del caso concreto.
37. Conclusión: a pesar de las limitaciones
propias del defecto fáctico como causal de procedencia de la acción de tutela,
dos de las hipótesis en que se configura atañen directamente a la calidad de
los razonamientos incorporados por el juez a la motivación de su sentencia, en
tanto que la ausencia manifiesta de justificación sobre la declaración de los
hechos puede dar lugar a la configuración de un defecto fáctico, acompañado de
uno por ausencia de motivación de las decisiones judiciales. Lo que los
pronunciamientos reiterados precedentes han destacado es que libertad y
autonomía judicial no son incompatibles con la adecuada justificación de las
conclusiones probatorias y, en ese marco, las reglas de la experiencia y
las presunciones operan como elementos relevantes del análisis judicial
de los hechos.
Obviamente, no todo problema asociado a la
argumentación en materia de hechos, el establecimiento de presunciones o el uso
de indicios como medios de prueba (o de razonamientos basados en indicios)
posee relevancia constitucional. Solamente cuando se evidencia una clara
interferencia en los derechos fundamentales será pertinente que el juez de
tutela analice la corrección argumentativa de una decisión, aspecto en el que
la auto restricción, así como las subreglas propias del defecto fáctico
(incidencia del mismo en el sentido de la decisión, preferencia por las
opciones valorativas del juez, respeto por la inmediación, libertad probatoria
y presunción de corrección de la decisión) delimitan la competencia del juez
constitucional”.
Con base en esos elementos de juicio y las subreglas
que caracterizan el defecto fáctico como causal de procedencia de la tutela
contra providencia judicial, en el proyecto inicial se llegó a las siguientes
conclusiones:
“Análisis del presunto defecto fáctico por errónea valoración de determinadas
pruebas y omisión en la valoración de otras.
76.
Para analizar este defecto es imprescindible esclarecer qué aspectos de la
conducta del acusado debían probarse para considerarla dolosa. De acuerdo con
el artículo 22 del Código Penal, una conducta es dolosa (i) “cuando el
agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su
realización”, o (ii) “cuando la realización de la infracción penal ha
sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”. El
primero de los supuestos, que exige conocimiento y voluntad es conocido como
dolo directo, mientras que el segundo suele denominarse dolo eventual.
La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia consolidada, ha considerado
que la falsedad documental solo resulta punible si se realiza dolosamente, y ha
aclarado que puede darse tanto bajo la forma del dolo directo, el cual
atribuyó, por ejemplo, a una jueza que firmó actas sin hallarse en el Despacho
(providencia de 30 de enero de 1991)[66],
como en la modalidad de dolo eventual, el cual se estructuró, en su concepto,
en un caso en que una jueza firmaba habitualmente declaraciones extra proceso,
que no había recibido, y cuyo contenido no verificaba, por considerarlas de
poca importancia (Sentencia de 19 de mayo de 1992; radicado 6032).
Las
dos alternativas citadas plantean diversas exigencias probatorias. El dolo
directo requiere de la prueba sobre el conocimiento del carácter antijurídico
de la conducta, y la voluntad de realizarla. El dolo eventual, la demostración
de un conocimiento sobre la probabilidad cierta (así lo ha expresado la
Corte Suprema de Justicia) de incurrir en un hecho ilícito, y la total
despreocupación frente a ese resultado probable (consentirlo o dejarlo librado
al azar).
77. A continuación, la
Sala trascribirá los aspectos centrales de la decisión cuestionada en lo
atinente a la configuración del dolo[67]
y posteriormente estudiará el cargo propuesto en la demanda. Al abordar ese
análisis, esta Corte no efectuará una valoración integral de las pruebas sino
que se limitará a considerar los aspectos constitucionalmente relevantes del
conflicto, en atención a la competencia del juez de tutela.
“Para la
Fiscalía –y lo avala la Corte- el doctor VÁSQUEZ MELO, de acuerdo a lo que
viene de consignarse, obró dolosamente, es decir, en los términos del artículo
22 Ibídem, conocía el hecho constitutivo de la infracción penal y quiso su
realización.
Con el fin de corroborarlo, basta examinar
cómo sucedieron los hechos, en los que resulta extraña la repentina enfermedad
del juez, que fue el pretexto para cancelar una diligencia –en el proceso
catalogado de ‘especial’ por la Fiscalía-, pero no fue óbice para que se
realizara otra -como la adelantada en el trámite ordinario en el que se levantó
el acta espuria-.
Lo lógico y procedente era, si el juez
desde temprano anunció padecer quebrantos de salud, que los empleados
cancelaran las diligencias programadas mientras él no estuviese en el recinto,
pero no, como sucedió en este evento, realizar caprichosamente unas y cancelar
otras.
Por ello, como lo dice el representante
del ente instructor, la actitud del juez civil es sospechosa, no siendo de
recibo que alegue desconocimiento del contenido de los documentos entregados
para su firma, pues, por mucha confianza que haya depositado en sus empleados,
lo mínimo que debió hacer fue verificar la fecha de las actuaciones que estaba
suscribiendo.
Para la
Sala, entonces, no cabe duda de que no se trata de una simple omisión al deber
objetivo de cuidado, como lo aduce el A quo, sino de una clara intención de
cometer una falsedad.
Así lo determinó en asunto similar [auto
de segunda instancia del 30 de enero de 1991], en el que se demostró que una
juez firmó diligencias ‘sin estar físicamente presente en su despacho’, aduciendo
no querer perjudicar la administración de justicia y amparándose en una
incapacidad médica. Esto dijo la Corte en esa oportunidad:
‘...[e]l dolo, a términos del artículo 36
del C. Penal, comporta el conocimiento de que se está cometiendo un hecho
punible y querer esa realización, independientemente de que se quiera causar
perjuicio a otra persona con dicha conducta. Así, pues, no puede menos de
pensarse que la juez Arismendi Márquez sabía que está sancionado como delito el
hacer figurar como intervinientes en documentos públicos a personas que
efectivamente no participaron en el acto del cual da fe. Y, de otra parte, como
hasta ahora nada en el proceso hace pensar en la existencia de factores que
constriñan o alteren su capacidad volitiva, se impone pensar que sabía que
estaba cometiendo una falsedad y, empero, con voluntad consciente, realizó el
acto que la encarnaba, el cual, a no dudarlo, era intrínsecamente idóneo para
engañar y, desde luego, con posibilidad de causar daño ajeno.
Dicho de otra manera, si como empleada
oficial, en ejercicio de sus funciones, afirmó una mentira, cual es la de que
estuvo presente en la práctica de de (sic) las varias diligencias de que habla
el proceso, cuando lo cierto es que se hallaba en distante municipio a aquél en
que aquellas se cumplían, documentos estos de innegable capacidad probatoria,
deviene indudable que acomodó su conducta a la descripción legal del artículo
219 del C.P. Y, si al signar el acto jurídico que se acaba de referir, lo hizo
con voluntad consciente de estar mutando la verdad, lo cual es apenas lógico
dada la forma como los hechos se desenvolvieron (¿quién mejor que ella sabía
que no estuvo presente en la práctica de las diligencias?), es irrefragable,
hasta este momento procesal, la existencia del dolo’.
Retomando lo dicho por la
Corporación en el caso citado, vuelve a ratificarse ahora que no es necesario
querer causar un perjuicio para estructurar el dolo de falsificar y que aquí
también cabe preguntarse ¿quién mejor que el doctor ÁLVARO VÁSQUEZ MELO sabía
que no estuvo en la práctica de la diligencia?
Sumado a lo anterior, la
Corte [Sentencia del 19 de mayo de 1992, Radicado N° 6.032], en otro proceso adelantado
por el delito de falsedad ideológica en documento público en contra de una
jueza de la República que firmó varias actas sin haberlas presidido, ratificó
el dolo y descartó la negligencia o simple culpa aducidas por el Tribunal, en
estos términos:
‘En cuanto al dolo, forma única posible de
culpabilidad aquí, en los términos del artículo 36 del C.P., ha de decirse que
es el desarrollo de una conducta típica y antijurídica con conocimiento y
voluntad (dolo determinado o de propósito), o cuando se acepta la probabilidad
de un resultado que en principio no se desea, pero cuya producción se conciente
(sic), corriéndose el riesgo de causarlo con tal de obtener el efecto querido
(dolo eventual o de previsión).
[Como afirmó el Tribunal] no existe prueba
de que la Juez conociera la falsedad de las actas donde daba fe de haber
recepcionado los testimonios, pero ello no significa que no estuviera en
condiciones de prever fundadamente que al patrocinar ‘la criticable
costumbre de recepcionar las declaraciones a espaldas de la titular’,
pudiese incurrir en alguna falsedad como efectivamente ocurrió. Esa
probabilidad era cierta, pues al estar tan recientemente posesionada no tenía
el conocimiento necesario de los empleados como para confiar en ellos
ciegamente, sin que sea, desde luego, explicable y menos excusable el
desinterés o ‘poca importancia’ que prestó a la función encomendada.
Ello no es una negligencia o simple culpa como la califica el Tribunal, sino un
claro querer eventualmente de consignar la falsedad probable, pues como dicen
los autores con Maggiore a la cabeza, que un tal evento ‘significa siempre
querer, ya que el querer existe o no existe; y no puede faltar sólo para asumir
en ciertos casos formas menos intensas. Prever un resultado como posible y
ocasionarlo equivale a quererlo’ (Maggiore, Giuseppe, Derecho Penal V.I. p. 589
cit. Por Reyes Echandía, Alfonso, La
Culpabilidad 1977, pág. 77).
La Juez irresponsablemente lo que en
verdad quería era firmar cuanta declaración extraproceso le pasaran, aun cuando
era perfectamente probable que en alguna de ellas se faltase a la verdad, pero
corrió el riesgo porque esas declaraciones nunca las recibía un Juez, puesto
que no tenían importancia en proceso alguno del Juzgado, como lo afirmó en la
injurada. Esa reflexión inexacta y reprochable la condujo a dejar de verificar
lo indispensablemente verificable... (...) No obstante esta omisión grave, no
tuvo escrúpulo alguno en afirmar falsamente haberlo hecho. Esto no puede ser
jamás conducta culposa y menos aún atípica. Sostener, como lo hace el Tribunal,
que actuó culposamente por inexperiencia es sencillamente dar patente de corso
para que todo abogado que asuma por primera vez el cargo de Juez, pueda faltar
a sus deberes impunemente.
[…]
Es claro que, a pesar de la identidad
fáctica resaltada entre lo fallado anteriormente por la
Sala y lo que hoy se examina, es factible advertir, en un aspecto de tan
profundo arraigo subjetivo como el dolo, la posibilidad de que efectivamente
aspectos ajenos al querer y voluntad del acusado, hayan gobernado la ejecución
de la conducta.
Pero, precisamente en seguimiento de las
pautas que facultan extractar ese comportamiento doloso de lo que objetivamente
hacen, dicen u ocultan las personas, la
Corte ha de significar ajeno a la realidad, o cuando menos a lo que
normalmente sucede en los despachos judiciales, que en el caso concreto el
procesado no supiera anteladamente que lo firmado era ajeno a la realidad de lo
sucedido.
Y ello, cabe precisar, parte del examen
mismo de la diligencia y sus circunstancias, pues, no cabe en la mente de quien
conoce los procedimientos judiciales, que una empleada del despacho, o mejor,
el grueso de los vinculados directamente al mismo, desconozcan que el titular
de la oficina no ha concurrido a la misma. Mucho menos si, como lo advierte el
secretario del juzgado, previamente había manifestado su imposibilidad, por
razones de salud, de acudir a desempeñar sus funciones.
Entiende la
Sala que por razones de una mal entendida lealtad, los empleados del despacho
pretendan, sesgando su declaración, apoyar los dichos del titular de la
oficina.
Pero, se repite, de ninguna manera puede
asomar habitual o siquiera propio de la abigarrada forma de funcionar el
juzgado, que una diligencia trascendente se desarrolle sin contratiempos
ignorando la encargada de diligenciarla directamente, que quien debería
gobernarla no se halla ni podrá acudir a la oficina.
Claro que, como la experiencia judicial
enseña, las más de las veces el funcionario o se halla dedicado a otros asuntos
en su oficina, o preside otras de las audiencias que allí se realizan y por
ello no injiere profundamente en el trámite. Pero siempre, cuando de legalidad
se trata, el titular permanece en el lugar o se encuentra disponible si surge
algún avatar que demande de su dirección.
Pasó, sin embargo, que el acusado nunca,
durante todo el día, acudió a su oficina y de ello extrañamente jamás se enteró
la empleada, ni ese día ni los siguientes, pues, la diligencia realizada
permaneció incólume hasta que el procesado supo de la denuncia instaurada en su
contra y decidió anularla.
Ahora, entrados en el terreno de lo
indiciario, bastante particular asoma que precisamente esa decisión de revocar
la actuación estimada espuria, sólo vino a germinar a partir de la denuncia en
cuestión, con lo cual se demuestra que el motivo basilar de la anulación no
estriba en la verificación de la existencia de un error y decisión autónoma de
corregirlo.
La incuria siempre podrá explicar
actuaciones irregulares en las cuales el dolo se verifique problemático de
auscultar.
Pero esa negligencia demanda, a su vez, de
racionalidad en sus orígenes y efectos, dado que de los funcionarios públicos
se predica, en atención a sus conocimientos y experiencia, de un mínimo de
diligencia.
Sólo circunstancias ajenas a lo habitual,
del tenor del caso fortuito o fuerza mayor, habrían podido explicar que, en el
caso concreto, con tantos cuantos condicionamientos existían para que
necesariamente el acusado –persona de gran experiencia no sólo en la
Rama Judicial, sino en la labor asignada e incluso, en el despacho a su cargo-
tuviese presente que no acudió al despacho el 16 de diciembre de 2009 y por
ende, nada podía desarrollarse allí sin su presencia, a pesar de ello firmase
un acta de diligencia que consigna una falacia.
Recuérdese, la ilicitud por la cual se
acusó al procesado, no estriba en que la empleada del despacho adelantara la
diligencia sin contar con su presencia, o que nunca se hubiese realizado ese
acto procesal, sino en que el titular de la oficina le brindó legitimidad,
posteriormente, a lo consignado en el documento, cuando, se anotó ya,
necesariamente tenía que saber, la razón obvia estriba en advertir que él más
que nadie conocía de su ausencia en la diligencia, que el hecho no consultaba
la realidad.
Entonces, si previamente autorizó que se
realizara la diligencia a pesar de no poder acudir al despacho, confiando en
que ello devendría intrascendente o no sería detectado, o si después de
ocurrido ello, decidió avalarlo con su firma, esas no son circunstancias que
incidan trascendentemente en la decisión de condena a partir de la
prefiguración del elemento doloso, pues, para los efectos penales lo que
interesa es que sabía contrario a la realidad lo consignado en el acta y no
empecé ese conocimiento, dirigió su voluntad a legitimarlo veraz.
Ahora, si se ha demostrado que el
procesado firmó consciente de su falacia el acta en cuestión, no puede
ampararse la conducta bajo el argumento si se quiere paternalista de que ello
emerge intrascendente en la práctica, ningún daño efectivo se causó o este tipo
de comportamientos suelen ser habituales en los despachos judiciales, no sólo
porque, como ya se dijo ampliamente, el elemento de antijuridicidad se objetiva
en toda su dimensión, sino en atención a que ese tratamiento benigno predicado
termina convirtiéndose en patente de corso para esta y otras tantas tropelías
que necesariamente deben erradicarse de la labor judicial, en tanto, sus altos
ministerios demandan de un extremo cuidado y laboriosidad, no sea que por el
camino de la suma de irregularidades en principio verificadas leves o inanes,
se termine minando su credibilidad, legitimidad y prestigio”.
78.
En esa trama de razones encuentra esta Sala que las sospechas, es decir
lo ‘particular’ en la conducta del Juez; lo ‘extraño’ de su
comportamiento en el trámite de un proceso denominado ‘especial’ por la
Fiscalía y la propia Sala de Casación Penal; fue la anulación de la actuación
cuestionada, ocurrida solo después de conocer la denuncia penal en su contra;
lo ‘repentino’ de su enfermedad, y la falta de legalización de su
incapacidad médica, son temas a los que se dedica buena parte de la
argumentación de la sentencia objeto de análisis constitucional.
80.
Junto con esas sospechas, la Corporación demandada hizo referencia a una pauta
de análisis probatorio según la cual es posible “extraer el dolo” de lo
que las personas hacen, omiten, expresan o callan, y aludió a una regla
conforme con la cual los jueces deben verificar lo que firman.
Sobre
esa regla aclaró que, no obstante haber sido establecida en sentencias previas,
algunas análogas al asunto analizado, no resultaba determinante para fallar
porque, en atención al carácter subjetivo del dolo siempre resultaría posible
que motivos diversos, relacionados con el caso fortuito o la fuerza mayor,
explicaran que un juez con la experiencia del acusado suscribiera ese documento
sin conocer su contenido.
81.
Advirtió, por otra parte, que no se juzgó al actor por no presidir la audiencia
sino por legitimar posteriormente el contenido del acta de dieciséis (16) de
diciembre de dos mil doce (2012), sin ser relevante para el análisis si la
autorizó o solo confió en firmarla posteriormente sin que ello fuera percibido,
y descartó la posibilidad de acudir a reglas de la experiencia basadas en la
sobrecarga laboral o la confianza entre los funcionarios del despacho para
descartar el carácter doloso de la conducta investigada.
82.
En esos términos, además de basarse en sospechas, como asegura el peticionario,
la Sala de Casación Penal decidió con base en (i) indicios derivados o
relacionados con las sospechas previamente mencionados, (ii) reglas de
la experiencia que estarían a la cabeza de los razonamientos dirigidos a
determinar el dolo a partir de hechos objetivos sobre lo que dicen, callan,
hacen u omiten las personas, y (iii) una presunción según la cual puede
asumirse que los jueces conocen lo que firman.
83.
La jurisprudencia de los órganos de cierre puede válidamente sentar pautas para
el análisis de las pruebas y la delimitación de la premisa fáctica de cada
caso, y el uso de esas herramientas de valoración de la prueba y argumentación
de las hipótesis fácticas no son de relevancia constitucional, salvo si se
demuestra que su empleo comporta una restricción excesiva (desproporcionada)
del principio constitucional de la presunción de inocencia u otros derechos
fundamentales.
El
caso concreto se refiere precisamente a una afectación iusfundamental de
esa naturaleza y, en caso de hallarse fundado el cargo, se trataría de un
defecto que razonablemente tuvo incidencia en el sentido de la decisión
condenatoria. Ello se infiere de lo ocurrido en el proceso penal adelantado en
contra del señor Vásquez Melo: la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
actuando como juez de primera instancia, estimó que el procesado actuó de
manera descuidada y no dolosa, lo que tornaba atípica la conducta investigada.
Por el contrario, la Sala de Casación Penal, al resolver la apelación
interpuesta por la Fiscalía General de la
Nación y en aplicación de la citada presunción (los jueces saben lo que
firman), estimó que la conducta del juez no solo era típica, sino además
dolosa.
84.
Podría objetarse que junto con las sospechas citadas, la sentencia censurada en
sede constitucional tiene otros fundamentos, de forma que aun en caso de
comprobarse la existencia del defecto propuesto, ello no sería suficiente para
minar la decisión de la Sala de Casación Penal, pues esta mantendría su fuerza
con base en los razonamientos independientes a las sospechas, lo que haría
improcedente continuar con el análisis de fondo.
85.
Sin embargo, en la decisión judicial analizada se percibe una particularidad,
plausiblemente derivada de ciertas características del razonamiento judicial en
materia de pruebas (Supra, considerando 28). Esta característica se
concreta en la notoria dependencia que se da entre las distintas líneas
argumentativas expuestas por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia sobre la configuración del dolo: las sospechas, la
extracción del dolo de hechos objetivos sobre lo que hacen, dicen, omiten o
callan las personas, y la regla de presunción según la cual los jueces deben
conocer lo que firman.
Como
se explicó en los fundamentos normativos de esta providencia, salvo las
deducciones derivadas de pruebas científicas, el conocimiento que obtiene el
juez de los otros elementos de prueba (particularmente de las pruebas
documentales o testimoniales) le otorga conclusiones probables o verosímiles,
pero no necesariamente verdaderas. En virtud de ello, la certeza de las
hipótesis fácticas aumenta o disminuye gradualmente según se incorporan
distintos medios de prueba, lo que explica la importancia de realizar un análisis
independiente de cada prueba y posteriormente una revisión de su significado en
el conjunto de los demás elementos de convicción (T-1015/10).
Las
pruebas pueden adquirir plena fuerza en el análisis conjunto, debilitarse unas
a otras, o incluso hallarse en plena contradicción, afectando la credibilidad o
invalidando las hipótesis que sobre los hechos presentan las partes al Juez.
86.
En el caso concreto, la dependencia de las tres líneas de razonamiento impide
concluir, prima facie, que las consideraciones diversas a las sospechas
soporten por sí solas el peso de la decisión cuestionada. Muchos de los
argumentos acerca de la forma en que se dieron los hechos en el proceso
utilizados para “extraer el dolo” de hechos objetivos -en palabras de la
Sala de Casación Penal- parten del conjunto de sospechas previamente
mencionadas, lo que impide afirmar, con seguridad, que en ausencia de las
consideraciones que giran alrededor de las sospechas, el sentido de la decisión
se mantendría intacto.
Como
en la jurisdicción constitucional opera el principio pro hómine, en
virtud del cual el juez debe preferir la interpretación de las normas y la
valoración de los hechos que dé un alcance más amplio al ámbito protector de
los derechos constitucionales, al existir una duda sobre la fuerza de
las sospechas como fundamento de la decisión atacada por vía de tutela, la
Sala estima necesario continuar el análisis.
87.
En ese marco, las sospechas que guían las consideraciones de la
Corte Suprema, incluso desde una aproximación inicial no tienen fuerza de
convicción, al menos por las siguientes razones:
No
es claro qué debe entenderse por una enfermedad ‘repentina’, cuando
existe prueba médica de su existencia[68],
no controvertida en el juicio oral.
La
alusión a otro proceso resulta problemática porque en ese trámite no se produjo
la supuesta falsedad, y el actor justifica en preceptos legales la celeridad
con la que actuó. Así, en la demanda de tutela, señaló que la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no habría tomado en
cuenta que las decisiones adoptadas en el proceso radicado al N° 2007-0541 (de
restitución de inmueble arrendado, entre Chevor S.A. y Almacenes Éxito)
obedecieron a que (i) la Ley 820 de 2003, artículo 39, ordena darle un trámite
preferente a todos los procesos de restitución, y prevé que la
inobservancia de esa regla es causal de mala conducta[69] (ii) la posibilidad de
comisionar la dirección de la diligencia de entrega es una potestad, no una
obligación del juez, según el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil;[70] y (iii) lo
que la Fiscalía consideró extraño en ese trámite fue la celeridad que le
imprimió el Juez. Pero el 16 de diciembre de 2009 ocurrió que no asistió a la
audiencia del proceso ‘especial’, y ello iría en contra de los supuestos
intereses extraños que lo animaron a darle un trámite especialmente ágil a ese
proceso.
De
igual manera, a propósito de su ausencia al despacho el día de la diligencia,
el actor expresó al Secretaría que no asistiría al juzgado; es decir, no ocultó
su condición de salud para así respaldar el hecho falso contenido en el acta; y
la sospecha que la Corte Suprema impone al actor por la anulación de dicha acta
lo ubica en un dilema irresoluble, pues si esta actuación fue sospechosa, no
resulta claro que el Juez pudiera desvirtuar semejante sospecha
manteniendo la firmeza de la actuación irregular.
Juzgar
al actor por las sospechas que -en concepto de la autoridad accionada- suscitó
en el proceso de restitución de inmueble radicado N° 2007-0541, y no por los
hechos ocurridos en el proceso de radicado N° 2007-0452, en el que firmó el
acta correspondiente a la audiencia del artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil, la cual dio origen a la investigación penal, supone
fundamentar la responsabilidad del Juez investigado en pruebas y hechos
impertinentes. En otros términos, si se hubieran presentado irregularidades en
otro proceso, estas podrían ser objeto de un juicio disciplinario o penal
independiente, pero no demostrarían la intención dolosa y culpabilidad del
procesado en la suscripción del acta de la audiencia del 101, correspondiente
al proceso de Kenvitur Ltda contra Seguros Comerciales Bolívar SA.
En
consecuencia, la censura del actor hacia las sospechas expuestas por la
Sala de Casación Penal en la sentencia cuestionada encuentra respaldo
constitucional pues evidencia que –de ser este el único fundamento de su
condena- Álvaro Vásquez Melo habría sido juzgado por hechos diversos a los que
se investigaban. La responsabilidad -penal o de cualquier tipo-, supone
la capacidad humana de responder por sus actos y, en consecuencia, es
una manifestación de la autonomía y la dignidad de toda persona. Resulta
contrario al principio cardinal de la dignidad humana que se exija a una
persona asumir la respuesta de hechos diversos a los que son objeto de
juzgamiento.
Solo
si la suscripción del acta citada pudiera concebirse como una actuación
destinada a entorpecer otro procedimiento, la dependencia entre ambos casos
sería innegable, pero no es eso lo que concluyó la
Sala de Casación Penal.
La
conducta que originó la condena penal en contra de Álvaro Vásquez Melo fue
precisamente el haber suscrito el 16 de diciembre de 2009 el acta de fijación
del litigio en el proceso radicado
al número 2007-0452, adelantado por Seguros Comerciales Bolívar SA contra
Kenvitur Ltda, cuyo contenido no tuvo
incidencia  alguna en ese trámite, como lo manifestaron expresamente los
apoderados de esas entidades en el juicio oral[71] adelantado al peticionario. Incluso la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión objeto de
controversia lo expresó así: “De igual forma se ha querido restar
trascendencia a la actuación del juez imputado, señalándose que la misma no
ocasionó perjuicio alguno, tanto en el proceso cuya diligencia no se realizó
porque no compareció a presidirla, como aquél en el que la audiencia se
verificó sin su presencia y luego suscribió el acta.|| Así lo depusieron los
apoderados de la cuatros empresas involucradas en ambos procesos [es decir,
los apoderados de Almacenes Éxito, Chevor S.A., Kevintur S.A. y Seguros Bolívar
S.A.] (…) todos los cuales comparecieron al juicio oral para deponer que las
citadas compañías no sufrieron daño alguno como consecuencia de la irregular
actuación del Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá”. Y, además de esos
testimonios, es claro que el acta no podía tener incidencia alguna en el
resultado del proceso, pues reflejaba una audiencia que fue suspendida porque
(i) se hallaba en trámite el recurso de apelación presentado contra la
providencia que negó las excepciones previas y (ii) el apoderado de la parte
demandada no asistió. Estos hechos fueron registrados así por la funcionaria
que intentó dar inicio a la diligencia:
“AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 101 DEL
ORDENAMIENTO PROCESAL CIVIL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO No. 2007-0452.
En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días
del mes de Diciembre (sic) de dos mil nueve (2009), a la hora de las 10:00 de
la mañana, día y hora previamente señalados en auto de fecha veintisiete (27)
de Noviembre (sic) de dos mil nueve (2009) para llevar a cabo la audiencia
normada en el artículo 101 del Ordenamiento Procesal Civil, EL SEÑOR JUEZ
VEINTINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, se constituyó en audiencia
pública para tal fin, con la comparecencia del representante legal la demandada
KENVITUR LTDA SR. JOSE NEMECIO IBAÑEZ SIERRA conocido e identificado en
audiencia anterior, y su apoderado DR. JAVIER ALEJANDRO MAYORGA VALENCIA
conocido e identificado en autos. En este estado de la diligencia se observa
que esta (sic) pendiente resolver recurso de apelación contra auto que negó las
excepciones previas por tanto no se puede llevar a cabo la presente diligencia,
consecuentemente se termina y firma por quienes en ella intervinieron luego de
leída y aprobada.
Teniendo en cuenta que siendo las 10:20 am
no compareció la parte demandada, se declara agotado este segmento. SANEAMIENTO
DEL PROCESO: no se observan vicios de nulidad que afecten lo actuado.
EXCEPCIONES PREVIAS: No hay excepciones previas pendientes de resolver.
FIJACIÓN DE LOS HECHOS, PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE MÉRITO, la parte
demandada manifiesta que se atiene a lo que se pruebe en el proceso en cuanto a
los hechos y pretensiones. PRUEBAS: en este punto se tiene en cuenta lo dicho
anteriormente y en lo demás se difiere la decisión al eventual período
probatorio. Agotado el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por
quienes en el intervinieron, luego de leída y aprobada.
El Juez (sigue firma)
Representante de la demandada KENVITUR
LTDA.
Sr. JOSE NEMECIO IBAÑEZ SIERRA (FIRMA)
Su apoderado (sigue firma)
El Secretario (sigue firma)”.
Por
firmar esta acta, equivocadamente, el último día de trabajo del mes de
diciembre de 2009, y recién se incorporaba de una incapacidad médica por
insomnio y estrés laboral, el entonces juez de la
República Vásquez Melo fue condenado por el delito de falsedad ideológica en
documento público, y se le impuso una condena de 64 meses de prisión[72] y 80 de
inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.
88.
Así las cosas, debe indagarse si con base en (i) los hechos objetivos que rodearon
el acontecimiento investigado y (ii) la obligación de los jueces de verificar
los documentos que firman puede sostenerse la conclusión de la
Sala de Casación Penal sobre la existencia de dolo en la actuación del señor
Álvaro Vásquez Melo, al suscribir el acta de la audiencia prevista en el
artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, de 16 de diciembre de 2009.[73]
Para
ello resulta útil esclarecer el sentido de los argumentos que sobre estos
aspectos reposan en la sentencia cuestionada. Según la
Corte Suprema de Justicia es posible establecer el elemento subjetivo del dolo
a partir de los hechos objetivos que rodean la ocurrencia de un hecho típico,
razonamiento indiciario que espera, a partir de la prueba de lo que hacen,
dicen, callan o piensan las personas, extraer conclusiones sobre otro hecho de
difícil prueba por su naturaleza subjetiva, el dolo.
89.
En el caso de estudio, los hechos objetivos que tomó en consideración la
Sala de Casación Penal hacen referencia a la conducta de los empleados del
Despacho. Para la citada Corporación resulta “impensable”, a partir de
la experiencia, que una funcionaria (o todos los funcionarios) de un despacho
judicial ignoren la inasistencia del titular del mismo durante toda la jornada
laboral, especialmente, cuando este avisó acerca de su ausencia. Y resulta
igualmente extraño que en tales circunstancias, esos funcionarios decidan
realizar unas audiencias y cancelar otras.
Esta
línea argumentativa se opone sin embargo a un principio esencial del derecho
penal constitucional, como es la responsabilidad individual y subjetiva y, por
lo tanto, atentan contra el debido proceso del actor. En efecto, es un
argumento que traspasa la línea de etéreos contornos que existe entre la
valoración de los indicios y la imputación al enjuiciado por la conducta de
terceros, como a continuación se explica.
En
principio, no resultaría irrazonable considerar esos hechos como indicios de la
conducta del juez, pues obedecen a una regla de la experiencia que refleja la
sujeción de los empleados al encargado del despacho judicial, lo que resulta
claro cuando la Corte Suprema expresa en la sentencia de 6 de marzo de 2011 que
el dolo se da por probado, independientemente de si el actor autorizó la
realización de la audiencia o simplemente la legitimó posteriormente con su
firma.
Pero
de una regla de la experiencia plausible como esta no se sigue que el Juez sea
responsable por las diversas conductas que, en su ausencia, asumieron los
funcionarios a su cargo. Así, por ejemplo, en el proceso penal seguido contra el
peticionario se dio por probado que este último se comunicó con su despacho en
dos oportunidades, primero, con el propósito de informar su estado de salud y,
posteriormente, para confirmar su imposibilidad de asistir al Juzgado a su
cargo y -aunque no corresponde a la Sala adelantar conclusiones propias del
juez natural- ello claramente, desde el punto de vista de lo que objetivamente
hacen las personas, no es consistente con la supuesta intención de ocultar
su inasistencia al Despacho al suscribir el acta de dieciséis (16) de diciembre
de dos mil nueve (2009).
90.
Ocurre, sin embargo, que la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia enlaza ese razonamiento indiciario a las sospechas
previamente levantadas sobre el Juez. Al hacerlo, no se superan los
inconvenientes previamente reseñados, pues si bien el conjunto de indicios y
pruebas coincidentes llevan a fortalecer una hipótesis sobre un hecho, la suma
de flaquezas puede dar como resultado el debilitamiento del conjunto de pruebas
y, por lo tanto, de la hipótesis que se quiere acreditar.
Hasta
este punto, dado que la autoridad accionada se basa en las actitudes sospechas
que se atribuyen al juez, entrelazadas con circunstancias ocurridas en el
Despacho el día de su ausencia y, principalmente asociadas a la conducta de los
demás funcionarios del Despacho, para extraer el dolo, la sentencia atacada se
muestra constitucionalmente problemática, pues genera tensiones sensibles con
la eficacia de los principios constitucionales-penales de presunción de
inocencia y responsabilidad penal individual.
91.
La argumentación de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia encuentra, finalmente, un mecanismo de cierre en
otro argumento insistentemente mencionado por la
Corporación citada: los jueces deben saber lo que firman, proposición
normativa que da lugar a un argumento que puede esquematizarse así: (i) los
jueces deben saber lo que firman; (ii) el juez acusado sabía que no se hallaba
en la oficina el 16 de diciembre de 2012; (iii) sin embargo, suscribió un acta
en la que daba fe de haber asistido ese día a la audiencia de conciliación,
saneamiento y fijación del litigio, en el proceso de radicado 0452 de 2007,
entre Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Kevintur LTDA. [Por lo expuesto en
(i)] se concluye (iv) que el juez firmó voluntariamente el acta.
92.
Ahora bien, es claro que partiendo de una premisa normativa acerca de lo que
las personas deben hacer no puede extraerse (sin premisas adicionales) una
conclusión fáctica, según la cual las personas, efectivamente, hacen aquello a
lo que están obligados, de manera que el argumento recién esquematizado no
constituyen una inferencia lógica correcta. En términos menos formales, es
concebible que aunque un juez deba saber lo que firma, en un caso concreto ello
no ocurra así, por  un inadecuado cumplimiento de sus deberes funcionales.
93.
Con todo, la validez del razonamiento podría mantenerse con algunas
modificaciones, así: los jueces deben verificar lo que firman; por ese
motivo, cuando el acusado en un delito de falsedad documental es un juez, puede
presumirse que conoce el contenido de lo que firma.
94.
Si se concibe de esa forma, el argumento parte de una presunción
jurisprudencial, sentada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.[74]
Es
posible constatar que esa presunción, más que un argumento de refuerzo a las
sospechas e indicios mencionados, constituye el elemento de mayor peso en la
argumentación fáctica de la Sala de Casación Penal. En efecto, los
razonamientos previos sirvieron de base para sembrar dudas sobre el actuar del
funcionario, pero fue la presunción mencionada la que permitió a la
Corporación citada concluir que el comportamiento del actor debe calificarse
como doloso.
95. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada en esta
oportunidad (ver, supra considerandos 31 al 37), las presunciones de
origen legal son válidas si se ajustan a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, consideración también aplicable a una presunción de origen
jurisprudencial.
Según se ha explicado, la razonabilidad de una
presunción puede concebirse desde dos puntos de vista, así: la presunción será
razonable (i) si se basa en una regla de la experiencia plausible debido a que
establece relaciones entre hechos que, en efecto, suelen constatarse en la
realidad. O bien, (ii) si persigue objetivos constitucionales legítimos.
Finalmente, la presunción se ajustará al principio de proporcionalidad si (iii)
es adecuada, necesaria, y no restringe en exceso los derechos de las partes en
el proceso, en este caso, del acusado.
96. La Corporación observa que la presunción sentada
en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es, en efecto razonable,
en el marco de la función judicial, pues resulta plausible esperar que los
jueces revisen lo que firman y, seguramente, ello ocurre con alta probabilidad.
Por otra parte, es también razonable desde el segundo punto de vista, reflejado
en el último de los argumentos del análisis del dolo en el fallo cuestionado
que, en síntesis propone: si se permite que los jueces asuman la conducta de
firmar sin revisar, ello puede tener graves consecuencias para la
administración de justicia.
97. La medida puede considerarse útil o idónea para
cumplir esos fines, pues permite al juez, en aquellos casos en que la discusión
sobre la estructuración del dolo es extremadamente complicada, dar cuenta de
ese elemento subjetivo de la actuación, como lo precisa la
Corte Suprema de Justicia. Y es necesaria pues, por hipótesis, se carece de
medios alternativos para su comprobación suficiente.
98. En relación con el análisis de proporcionalidad en
sentido estricto de la medida, deben adelantarse algunas observaciones más
profundas. En primer término, la Corporación se ha pronunciado a favor de la
constitucionalidad de presunciones relativas, considerando que la posibilidad
de desvirtuarlas hace que no se presente una afectación demasiado intensa al
derecho de defensa y la presunción de inocencia. Más aún, ha sostenido que
mediante el ejercicio del primero se puede proteger la segunda. En segundo
lugar, ha analizado su razonabilidad en los términos previamente planteados (Supra,
considerandos 31 a 37).
99. Ahora bien, dentro de los fallos relevantes en la
materia, cabe recordar que la Corporación ha defendido la constitucionalidad de
una presunción de culpa grave en diversos procesos sancionatorios
administrativos (en materia ambiental, en la acción de repetición contra
funcionarios del Estado, en asuntos tributarios, entre otros). Además, sin
referirse propiamente a una presunción, ha señalado que el principio de carga
dinámica de la prueba, aplicable en los procesos de enriquecimiento ilícito, no
restringe de manera desproporcionada la presunción de inocencia, básicamente,
porque el acusado es quien se encuentra en mejor posición para acreditar el
origen de sus bienes.
En la regulación legal de la cuota alimentaria de
menores de edad existe una presunción según la cual toda persona devenga por lo
menos un salario mínimo legal mensual vigente. Esa presunción es muy importante
en los procesos penales de inasistencia alimentaria, pero no toca directamente
al elemento subjetivo del delito, sino que atañe a un hecho objetivo que debe
definirse para determinar el monto de la obligación alimentaria. En este
ámbito, la Corte ha defendido la razonabilidad y proporcionalidad de la medida
en la sentencia C-388/00[75]
(ya citada y reiterada en la C-055/10),[76]
pero también ha aclarado que si la persona demuestra la carencia de recursos no
puede ser condenada por ese injusto (C-237/97).[77]
100. La presunción estudiada, ‘los jueces saben lo
que firman’, se dirige en cambio hacia la comprobación del dolo en los
casos de falsedad ideológica en documento público. Ello tiene implicaciones
notables en relación con los principios constitucionales que deben ser
ponderados por el juez al realizar el examen de proporcionalidad en sentido
estricto de esa presunción, pues precisamente en ese escenario es donde otra presunción
de rango constitucional, la de inocencia, muestra su máximo poder normativo y
se convierte en uno de los elementos esenciales del debido proceso
constitucional.
Ello obliga a esta Sala a precisar que, a diferencia
de lo que ocurre en otros ámbitos ju rídicos,[78]
en materia penal una presunción de este tipo no puede aplicarse en ausencia
de pruebas, pues precisamente la presunción de inocencia ordena al juez
absolver en semejante hipótesis. Y, como las presunciones son normas jurídicas,
una de origen jurisprudencial y adscrita a la interpretación de la ley como ‘los
jueces saben lo que firman’ no puede imponerse a la presunción de inocencia
por razones de jerarquía normativa. En consecuencia, en la comprobación del
dolo penal, una presunción como la estudiada no puede tener un alcance que
torne ineficaz la presunción de inocencia.
101. Es importante para la
Corte destacar en este punto el valor de la presunción de inocencia en un
estado constitucional armónico con un derecho penal liberal y de corte
garantista.
Tal presunción se dirige a garantizar fines
constitucionales no solo valiosos sino realmente imperativos, y lo hace de dos
maneras. De una parte, prohíbe que se imponga una condena sin una base
probatoria suficiente; al cumplir esta función, si bien no constituye un medio
para alcanzar la verdad, sí plantea la exigencia de un mínimo de diligencia por
parte del aparato investigativo del Estado y de certeza judicial, previa la
imposición de una condena, preservando así a las personas inocentes del poder
punitivo. De otra parte, opera como una garantía de la libertad personal, la
cual podría verse intensamente restringida, e incluso abiertamente desconocida,
en caso de imponerse una condena sin esa base probatoria mínima.
Por ello, permitir que una presunción de menor
jerarquía normativa la haga inoperante implica renunciar a una garantía
epistemológica del proceso imprescindible (mínimo de pruebas para alcanzar la
convicción) y restringir el derecho fundamental a la libertad personal de
manera dramática.
102. En decisiones previas de la
Corte Suprema de Justicia se consideró que firmar sin revisar no
justifica la conducta de funcionarios que hicieron constar hechos falsos en
documentos públicos y específicamente en los dos casos a los que hizo
referencia la Corporación demandada, en los que fueron condenadas dos juezas de
la República que alegaban tener el conocimiento de lo que suscribieron, es
posible percibir que la regla operó de manera distinta, aproximándose más a una
regla de la experiencia o incluso a un indicio en contra de las funcionarias,
que a una presunción de naturaleza normativa, como ocurrió en esta oportunidad.
103. Además, en esos casos, la regla funcionó como
argumento complementario de las demás conclusiones probatorias del caso. Así,
la funcionaria que firmó diversas actas estando incapacitada y por fuera de su
oficina, afirmó que sí incurrió en esa conducta, pero consideraba que tenía
justificaciones válidas: su incapacidad médica y la necesidad de no entorpecer
el funcionamiento de la administración de justicia. La alta Corporación sostuvo
que firmar sin revisar es una conducta irresponsable, y con base en ello
rechazó esas justificaciones, pero no consideró que de ahí se desprendía la
prueba del dolo, entre otras razones, porque la peticionaria ya lo había
aceptado: incurrió en un acto que conocía antijurídico con la voluntad de
hacerlo, aunque suponiendo que su conducta gozaba de una justificación válida.
El caso del Juez Álvaro Vásquez Melo es diferente,
pues él afirma que debido a su condición de estrés por sobrecarga laboral,
médicamente comprobado,[79]
llegó a su Despacho el dieciocho (18) de diciembre de dos mil nueve (2009), y
debió firmar un conjunto amplio de documentos, pues la vacancia judicial se
inicia el veinte (20) de diciembre de cada año, lo que le impidió revisar el
contenido del acta en la que se daba fe de una audiencia celebrada el 16 de
diciembre del mismo año, día en que no asistió a su oficina. No planteaba una
justificación a un comportamiento conocido, sino que afirmaba no saber de
la existencia de una falsedad en el documento que firmó, creyendo que
era uno más de los pendientes de su despacho.
Por ello, la forma en que la
Sala de Casación Penal transfiere de un caso a otro la pregunta de quién mejor
que el funcionario sabe que no está en su oficina incurre en una comparación
desafortunada. Ciertamente, ambos jueces (la jueza de ese proceso[80]
y el señor Álvaro Vásquez Melo) sabían que no asistieron a la oficina. Sin
embargo, la jueza conocía que firmó documentos en los que se acreditaba su
presencia en la oficina cuando se hallaba en otro lugar (así lo aceptó
expresamente la funcionaria), asunto que en este caso era precisamente uno de
los puntos centrales de la controversia probatoria.
104. En el segundo de los casos citados, se hizo
referencia a una funcionaria que –según lo indicó la
Corte Suprema de Justicia- habitualmente firmaba declaraciones extraproceso
sin revisar su contenido. Ese patrón habitual de conducta y su poco
conocimiento de los empleados del Despacho, fueron elementos que le permitieron
a la Corte Suprema de Justicia considerar que incurrió en una conducta que
previsiblemente y con alta probabilidad la llevaría a consignar falsedades en
las declaraciones citadas, como efectivamente pasó.
La acusada señaló que se trataba de actuaciones de
menor importancia, justificación que no solo fue rechazada por la
Corte Suprema de Justicia, sino que le sirvió de apoyo para percibir la
existencia del dolo eventual: la poca importancia que la jueza daba a algunas
de sus funciones demostraba que dejó librado al azar el resultado de su
conducta, elemento definitorio del dolo eventual.
105. En el caso concreto, a medida que se desvirtuó el
peso de las sospechas y los indicios que obraron como argumentos de apoyo a las
conclusiones adoptadas por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, la presunción ‘los jueces saben lo que firman’ se
convirtió en el único fundamento del análisis probatorio de esa Corporación, a
partir de las siguientes alternativas. (i) o se convirtió en una presunción que
a pesar de ser relativa impone una fuerte restricción a la presunción de
inocencia, si se aplica como fundamento único del caso o en ausencia de prueba
y para comprobar el dolo en un asunto penal, aspecto en que las garantías del
debido proceso deben alcanzar su máxima eficacia y rigidez; (ii) o asumió como
una presunción de carácter absoluto, inaceptable desde el punto de vista
constitucional, pues al no admitir prueba en contrario hace ineficaz el
ejercicio del derecho a la defensa y se opone a la eficacia de la presunción de
inocencia.
Aunque la forma en que fueron rechazados todos los
argumentos y pruebas aducidas o aportadas por el peticionario en el proceso
penal hace pensar que la presunción se tornó en absoluta, lo cierto es que en
cualquiera de las dos hipótesis descritas resulta inconstitucional.
106. Es posible constatar, a partir de lo expuesto,
que cuando la presunción citada se toma como fundamento exclusivo de la
sentencia condenatoria, surge un nuevo problema constitucional: la existencia
del documento público suscrito por un funcionario público en el que consta un
hecho falso implica inmediatamente la configuración del injusto penal. Se hace
innecesario el estudio del elemento subjetivo de la conducta, es decir, el
análisis del dolo directo o  eventual y, por esa vía, la responsabilidad penal
se convierte en objetiva, situación proscrita por el artículo 29
constitucional.
A manera de ejemplo, ninguna relevancia tuvo en el
proceso penal seguido contra Álvaro Vásquez Melo el contenido de la incapacidad
médica (estrés por exceso de trabajo),[81]
las declaraciones de los funcionarios del Despacho (descartadas por considerar
que reflejan un concepto erróneo de lealtad hacia el investigado),[82]
ni la llamada en la que el juez dio cuenta de su inasistencia, afirmación que
pudo corroborarse a través de testimonios, y que plausiblemente hubiera omitido
en caso de querer mentir, afirmando su presencia en la oficina el 16 de
diciembre de 2009.
En ese orden de ideas, la presunción citada, ‘los
jueces saben lo que firma’ prevaleció en la sentencia cuestionada sobre la
presunción de inocencia, de origen constitucional y especial trascendencia en
el estado constitucional de derecho, en tanto garantía de libertad y exigencia
de un conocimiento suficiente previa la imposición de una pena privativa de ese
derecho. Y prevaleció sobre el resto de los elementos probatorios incorporados
al proceso penal.
107. En virtud de lo expuesto, en la sentencia
condenatoria de la Sala de Casación Penal se configuró un defecto fáctico que
tuvo como consecuencia la violación de su derecho fundamental al debido
proceso.
(…)
108. De acuerdo con el estudio de los cargos de la
demanda, debe resaltarse que el defecto en este caso se derivó de las debilidades
del análisis probatorio en su conjunto. El carácter de las sospechas en torno
al actuar del juez, y la debilidad de los indicios basados en la conducta de
otros funcionarios del despacho que se hallaba a su cargo, tornaron la
presunción según la cual los jueces conocen lo que firman en el fundamento
esencial de la condena contra Álvaro Vásquez Melo, y ello implicó una lesión a
la presunción de inocencia y al principio de responsabilidad subjetiva como
supuesto de una condena penal.
109. Se comparten, sin embargo, todas las prevenciones
de la Sala de Casación Penal sobre el carácter reprochable de la conducta de un
juez que firma sin revisar, y no se encuentra, en principio, que sea inválida
una decisión que tome en consideración ese argumento, siempre que lo haga en el
conjunto del material probatorio y manteniendo presente el respeto por la
presunción de inocencia.
Ocurre, sin embargo, que como la propia Sala de
Casación Penal enseña, el delito imputado a Álvaro Vásquez Melo no está
tipificado en modalidad culposa, así que no puede ser castigado en ausencia de
dolo; ni puede el dolo probarse exclusivamente con una presunción que termine
por hacer intrascendente el análisis del aspecto subjetivo del injusto, en sede
de culpabilidad.
Sin duda, la negligencia de los funcionarios puede ser
objeto de atención en otros escenarios, como el del derecho disciplinario[83]
(…)”
Para concluir, los Magistrados disidentes
compartimos con la mayoría de la Sala y la jurisprudencia constante de la
Corte Constitucional, la concepción del defecto fáctico como una causal
especialmente restringida de procedencia de la tutela contra providencia
judicial: el juez constitucional no debe reabrir debates probatorios resueltos
por el juez natural, y debe ser deferente con su valoración sobre los hechos y
el alcance otorgado a los distintos elementos probatorios.
Sin embargo, la autonomía del juez natural
en este campo no es absoluta, como tampoco lo es ninguna potestad otorgada a
una autoridad pública en el Estado Social y Constitucional de Derecho. Sus
límites evidentes son los derechos fundamentales, seriamente afectados en esta
oportunidad. Además, el debido proceso contiene como posición jurídica concreta
y derecho de toda persona, la obligación de motivar de manera adecuada y
suficiente la premisa fáctica de toda providencia judicial, idea plenamente
decantada en jurisprudencia reiterada de esta Corporación.
En este caso no se cumplió esa obligación;
la presunción creada por la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia sobre el conocimiento que tienen los jueces de todos
los documentos que firman y la forma en que fue aplicada, como norma de
carácter absoluto, acreditaban la necesidad de intervención del juez
constitucional, incluso tomando en consideración el carácter restringido del
defecto fáctico. Y, en relación con el análisis de fondo, no compartimos la
decisión mayoritaria, en el sentido de defender la razonabilidad del análisis
probatorio expuesto en la sentencia cuestionada.
Primero, porque ese análisis no es
asimilable a la forma en que la Sala de Casación Penal asumió casos previos, en
los que halló configurado el dolo, bien por la aceptación expresa de una
operadora judicial que aceptó tener la costumbre de suscribir documentos
propios de los trámites judiciales sin asistir al Despacho, bien por la
declaración de otra funcionaria judicial que indicó suscribir declaraciones
extra proceso sin haberlas recibidos, por tratarse de una tarea de poca
importancia.
En esas decisiones se planteó la subregla
según la cual firmar sin revisar es una actitud irresponsable y no un eximente
de responsabilidad. En la decisión objeto de estudio, en cambio, la
Sala de Casación Penal sostuvo que los jueces saben lo que firman, aplicó
esa consideración como una presunción absoluta, otorgándole mayor valor que a
todas las pruebas e indicios que obraban a favor del procesado y, lo que
resulta más relevante desde el punto de vista del debido proceso
constitucional, pasando por alto la presunción constitucional de inocencia.
La presunción de inocencia, según se
indicó en el proyecto inicialmente sometido a consideración de la
Sala Plena, siguiendo autores del garantismo penal, es un elemento esencial
del debido proceso pues opera como una “barrera epistemológica” al no
permitir la imposición de condenas si no se sobrepasa un umbral estricto de
conocimiento sobre los hechos, y constituye una poderosa garantía del derecho
fundamental a la libertad personal, bien constitucional que resulta intensamente
restringido frente a condenas penales.
Es, en efecto, la naturaleza de la pena
privativa de la libertad la que exige al juez penal asumir serias exigencias
argumentativas antes de desplazar la presunción de inocencia, y la que excluye
la legitimidad y validez constitucional de motivaciones basadas en sospechas,
conductas ajenas al investigado, o presunciones inderrotables. En otros
términos, como una condena penal representa una restricción particularmente
intensa de diversos derechos (principalmente, aunque no exclusivamente, la
libertad personal), solo es válida si se edifica con base en los más sólidos
argumentos, tanto en el plano de la interpretación normativa, como en el de la
definición de los hechos probados. Esta condición es imprescindible para preservar
el derecho penal como última ratio del ejercicio de los poderes
punitivos del Estado.
En oposición a lo expuesto – reiteramos-,
en este caso no se satisfizo un estándar adecuado en materia de valoración del
dolo. La motivación de las conclusiones probatorias del fallo cuestionado se
acerca más a una descripción  de cómo la
Corporación definió los hechos del proceso a partir de sospechas, actuaciones
ajenas al juez y una presunción imposible de desvirtuar, que a la justificación
racional de la manera en que se habría configurado el dolo, directo o eventual,
en el caso concreto. Es decir, según una conocida distinción de la
argumentación jurídica, hace parte del contexto de descubrimiento, antes
que del contexto de justificación, donde las conclusiones son sometidas
a la validación de un auditorio calificado, como presupuesto de su corrección.
Fecha
ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA
SENTENCIA SU074/14
Referencia: expediente T-3365491.
Acción de tutela presentada por Álvaro
Vásquez Melo contra la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
Magistrado ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
Habiendo votado positivamente y firmado el
proyecto presentado en este caso por el Magistrado sustanciador, estimo
necesario consignar por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de
mi voto en el presente asunto.
Si bien participo de la resolución
adoptada, por cuanto comparto la percepción de que no existían razones que justificaran invalidar las actuaciones
surtidas por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en el proceso adelantado contra el accionante por
falsedad ideológica en documento público, debo aclarar mi voto, pues siempre he
disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y
en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la
decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado
con más amplitud frente a otras decisiones[84],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en la cita que se efectúa de la sentencia C-590
de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones
discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia, que el
actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica en el hecho de que,
en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la
acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o
más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto
desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo
mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto
en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito
de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al
constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta
corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una
línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones
que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya
que en realidad ese pronunciamiento[85],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185
L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que
quedó decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia
de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 243
Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela contra decisiones
judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra otros importantes
valores constitucionales, como el “principio democrático de la autonomía
funcional del juez”, “la independencia y desconcentración que
caracterizan a la administración de justicia” y “la función
garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión
adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con
alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la
referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
A LA SENTENCIA SU074/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto la decisión se produjo a partir de graves
defectos fácticos, violatorios de los derechos del procesado, contraria a los
principios constitucionales como la presunción de inocencia, el in dubio pro
reo, el derecho penal como ultima ratio y la proporcionalidad (Salvamento de voto)
Las características del fallo cuestionado no solo
configuraron un defecto fáctico y una violación de los derechos fundamentales
al actor, sino que, como precedente judicial, llevan a (v) la imposición de una
condena penal por falsedad culposa, conducta atípica según la jurisprudencia de la Sala de
Casación Penal, o (vi) la imposición de responsabilidad objetiva en el campo
penal, constitucionalmente prohibida.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-La revisión de fallos judiciales de Altas Corporaciones, por vía
de tutela, es excepcional y solo frente a decisiones que se apartan clara,
abierta, inequívoca y gravemente del derecho positivo (Salvamento de voto)
Referencia:
expediente T-3.365.491
Fallos
de tutela objeto de revisión: sentencias proferidas en primera
instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, el veintisiete (27) de octubre de dos mil once
(2011), y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, el treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011)
Accionante:
Alvaro
Vásquez Meló
Accionado:
Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Con el acostumbrado respeto, expongo a
continuación las razones de mi disentimiento con la decisión mayoritaria en
este caso.
Aunque comparto el criterio conforme al
cual la procedencia de tutela contra providencias judiciales debe ser
verdaderamente excepcional, criterio que se ve extremado cuando lo que se
controvierte es un decisión de una Alta Corte, estimo que en el caso que se
resolvió en esta oportunidad estaban presentes, de manera paradigmática, los
elementos que explican, justifican e, incluso, me atrevería a afirmar, hacen
imperativa la intervención del juez constitucional para la protección de los
derechos fundamentales.
Están de por medio, en el contexto del
alegato por la presencia de un defecto fáctico en la decisión condenatoria
adoptada por la Corte Suprema, la afectación de principios cardinales del
constitucionalismo, como la presunción de inocencia, el in dubio pro reo,
el
derecho penal como ultima ratio y la proporcionalidad.
En este caso, se
condenó a un juez a una pena privativa de la libertad superior a cinco años y a
inhabilidad superior a seis años por haber suscrito el acta de una diligencia
que se habría realizado en el despacho en fecha en la cual el juez habría
estado ausente. La condena se produjo por falsedad ideológica en documento
público. Para ese efecto, de acuerdo con jurisprudencia de la propia Corte
Suprema de Justicia, habría sido preciso acreditar el dolo de la conducta, esto
es, que se sabía de la falsedad y se firmó deliberadamente. En torno a eso gira
la controversia. La Corte Suprema de Justicia dio por establecido el dolo y se
impugna esa determinación.
Creo que un análisis de la providencia
lleva a la conclusión de que la decisión de condena se produjo a partir de
graves defectos fácticos, violatorios de los derechos del procesado, razón por
la cual resulta contraria a los principios constitucionales que se han
señalado, aspectos que desarrollo a continuación.
1.
¿Cuál fue la conducta y cual fue la sanción?
La conducta fue firmar un acta de una
diligencia que no pudo llevarse a cabo por estar pendiente la solución de un
recurso y la falta de comparecencia de una de las partes, diligencia que
resultó procesalmente irrelevante en el correspondiente proceso, y cuya acta se
levantó indebidamente porque para la fecha en que se daba por realizada el juez
no asistió al despacho.
La sanción fue la de 64 meses de prisión
-cinco años largos- e inhabilidad de 80 meses -seis años y medio largos-.
2.
Una primera reflexión que surge, a partir de la falta
de proporción que intuitivamente se advierte en el anterior enunciado, es la
del derecho penal como última ratio, principio
conforme al cual solamente debe acudirse a él cuando haya graves afectaciones
de bienes jurídicos, criterio que se predica tanto en el momento de la
definición legislativa de las conducta punibles, como en la valoración en
concreto de las actuaciones de las personas desde la perspectiva de la
tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
Eso conduce a la reflexión sobre si, en
el caso concreto, la conducta que se pretende inscrita en un tipo penal guarda
correspondencia con la consecuencia punitiva que el ordenamiento atribuye a la
realización de ese tipo.
En el caso concreto, eso, a su vez, lleva
a indagar si la voluntad legislativa realmente se orienta a sancionar o a
permitir que se sancione, con cinco años de prisión conductas susceptibles de
atribuirse al desgreño administrativo, a prácticas judiciales inadecuadas, o
incluso, a prácticas que resultan de la congestión judicial, o si por el
contrario, el tipo penal de la falsedad en documento público está reservado
para escenarios en donde aparezca de manera indubitable el dolo.
Lo cierto es que, como lo ha establecido
la propia Corte Suprema de Justicia, el delito de falsedad ideológica en
documento público es esencialmente doloso.
Una mirada intuitiva a los hechos muestra
que difícilmente puede concebirse la presencia de dolo en la conducta imputada.
Cabría suponer, a partir de los elementos que obran en el expediente, y aún
ello estaría sujeto a verificación probatoria, que el juez omitió asistir a su
despacho con el propósito deliberado de evitar una diligencia de entrega de
bien inmueble prevista en otro proceso y que se había programado para esa
fecha. De allí se seguiría que, por inadvertencia, suscribió un acta de una
diligencia que se tendría como realizada en la fecha en la que estuvo ausente,
pero resultaría contrario a reglas de experiencia pensar que de manera
deliberada suscribió un acta que desmentiría su ausencia en la diligencia que
le resultaba problemática.
3.       El
segundo problema tiene que ver con la acreditación del dolo y la
presunción de inocencia. No es de recibo la afirmación conforme a la cual un
estándar probatorio y argumentativo exigente a la hora de establecer el dolo
conduciría a privar de contenido el delito de falsedad ideológica en documento
público, porque, precisamente, lo contrario es lo que resulta
constitucionalmente
excluido, esto es, la posibilidad de dar por establecido el dolo a partir de la
sola
conducta objetiva.
Es claro que, en
general, puede haber elementos indiciarios que permiten establecer el dolo,
tales como, la ausencia de una hipótesis explicativa alternativa plausible; la
identificación de un posible móvil o interés; elementos circunstanciales que
hiciesen inexcusable una determinada conducta. En este caso, esta última
posibilidad estaría dada, por ejemplo, si la diligencia se hubiese dado en el
proceso que, para la misma fecha, tenía programada una diligencia de entrega de
bien inmueble. Allí si cabría la argumentación del fiscal y de la Corte Suprema
conforme a la cual, la magnitud del caso, su significación, los avatares a los
que se vio sometido, hacían altamente improbable, prácticamente imposible, que
el juez pudiese suscribir un acta de una diligencia relativa a ese caso sin
advertir que no la había presidido o que no había estado en el despacho, el día
previsto para la diligencia.
Lo que pasa es que en el caso que sirvió
de base para la condena estos elementos probatorios brillan por su ausencia y
los que se esgrimen como tales son claramente inadecuados.
3.
La tesis de la Corte Suprema de Justicia es que el
juez, al momento de
suscribir el acta, sabía que su contenido era contrario a la realidad, pese a
lo cual
la firmó. Esta conclusión se derivaría de los siguientes indicios y
razonamientos:
4.1. La "repentina" y
"extraña" enfermedad del juez, que no fue certificada por EPS sino
por médico particular, y a la cual no se dio trámite.
4.2.
El día en que el juez estaba incapacitado se
realizaron unas audiencias y no otras, cuando frente a un hecho como la
enfermedad, lo usual es que se cancelen todas las actuaciones, y no que se
realicen tan solo algunas de ellas.
4.3.
El 16 de diciembre el juez no compareció al despacho,
motivo por el cual la diligencia de entrega que se había previsto en el proceso
de Almacenes Éxito S.A. no se realizó, pero en cambio sí se hizo la del
artículo 101, acto éste que aunque no presidió, avaló con su firma dos días más
tarde.
4.4.
El juez ha debido revisar el contenido y como mínimo,
verificar la fecha de las actuaciones que estaba suscribiendo, incluso si tenía
plena confianza en sus subalternos.
4.5.
El juez tiene una amplia experiencia judicial (desde
1990), y este tipo de errores no ocurren en gente con esta amplia experiencia.
4.6.
Dentro del funcionamiento de los despachos, los
subalternos saben cuándo el juez no se encuentra en el despacho judicial, y las
audiencias siempre se realizan estando presente el juez, aunque esté ocupado en
otros asuntos, ya que normalmente ocurren algunas eventualidades que requieren
su consulta o su intervención directa. Por este motivo, lo que ocurrió es que
los empleados se solidarizaron con el juez, tergiversando los hechos.
4.7.
La revocación del acto solo ocurrió cuando se presentó
la denuncia, dos meses después de ocurrida la irregularidad.
4.8.
En este caso cabe aplicar precedentes sobre dolo
eventual, conforme a los cuales no es negligente, sino dolosa, la conducta de
quien, a sabiendas, suscribe documentos que no ha presenciado y que, por
consiguiente pueden resultar falsos.
4.9.
Concluye la Corte Suprema que no cabe duda de que no
se trata de una simple omisión del deber objetivo de cuidado, sino de una clara
intención de cometer una falsedad.
5.
De acuerdo con esto, solo pudo ocurrir una de dos
cosas: o el funcionario ordenó que se realizara la audiencia sin su presencia y
luego la firmó, o, no sabiendo que se realizó, posteriormente firmó el acta
avalando un hecho no ocurrido, a sabiendas de ello. Pero en uno y otro caso el
funcionario sabía que el documento que suscribía era contrario a la realidad,
por lo que necesariamente se habría configurado el dolo.
6.
Creo que la afirmación de esta tesis no tiene ningún
principio de justificación, por las siguientes razones:
a)   Se pasan por alto otros hechos que,
de haberse considerado, no serían
compatibles con la tesis que se formula.
-     Por ejemplo, no
se tuvo en cuenta que mientras en un caso la audiencia se debía realizar en el
mismo despacho judicial, en el otro caso se cumplía por fuera de éste. Esta
circunstancia es relevante porque en este último caso la ausencia del juez es
inocultable, mientras que en el primer caso su ausencia puede no ser percibida
por el funcionario que adelanta la diligencia.
-     No se tuvo en
cuenta, también por vía de ejemplo, ni la dinámica general de los despachos
judiciales, ni la dinámica específica en ese juzgado, pues es probable que los
funcionarios no adelanten todas las diligencias en presencia del juez y que
durante el transcurso de las mismas no se acuda a él sino en circunstancias
excepcionales, cuando surgen dificultades especiales.
b)
Hay algunos indicios que no tienen relación con la
hipótesis propuesta.
-     Por ejemplo, la
referencia a la práctica institucional, según la cual los empleados del
despacho siempre tienen conocimiento de la ausencia del juez en el despacho,
puesto que aún si ello fuere así, a lo único que apunta es a que la funcionaría
que realizó la audiencia lo hizo a sabiendas de que el juez no se encontraba
presente, pero no que el juez actuó dolosamente al momento de firmar el acta.
-     La referencia a
la "sorpresiva" y "extraña" enfermedad del juez o a la
inexistencia de un incapacidad suscrita por médico de EPS y a la que no se dio
trámite, lo que prueba no es el dolo en el delito de falsedad, sino quizás, la
falsedad de la incapacidad, y seguramente la violación de los deberes del juez,
que podrían configurar otro delito.
c)    Los indicios
utilizados son equívocos, porque pueden ser interpretados a partir de otras
hipótesis explicativas más plausibles.
-      Por ejemplo, si
en realidad es cierto que el propósito del juez era la cancelación de una de
las audiencias (la del Éxito), utilizando para ello la "excusa" de la
enfermedad, en el curso normal de los acontecimientos no hubiera realizado
ninguna de las dos audiencias, ni hubiera firmado ninguna de ellas, para dar la
apariencia de que realmente estaba muy enfermo y estaba impedido para adelantar
su rol de juez ese día.
-      La revocación del
acto después de la denuncia también podría explicarse por el hecho de que
justamente el juez no tuvo consciencia de la falsedad, sino hasta que fue
alertado por la denuncia.
d)   En la medida en
que el conjunto de hechos probados pueden ser valorados
a partir de otras hipótesis explicativas, se han debido individualizar tales
hipótesis, y descartarlas a partir de los hechos probados, o al menos mostrar
que son menos probables.
e)    Las reglas de
experiencia utilizadas tienen bajo fundamento
epistemológico. Por ejemplo, la regla según la cual los jueces con mucha
experiencia siempre se fijan en las fechas y en el contenido detallado de las
actas que suscriben, cuando también lo que ocurre es que tales jueces suelen
delegar en sus subalternos este tipo de funciones, y pese a su experiencia, no
suelen detenerse en estos detalles.
6.
Creo que estas falencias son indiscutibles y
evidentes, y que además, que no
son un asunto técnico, sino que impiden dar por demostrado el dolo, con base en
el cual se condenó a la persona, y más aún cuando existe un principio
constitucional que ordena presumir la inocencia.
7.
En contravía con la anterior conclusión, se ha dicho
que el dolo es difícil de probar y que debe darse cierta flexibilidad para
establecerlo. Admitiendo esa tesis, un criterio que permitiría establecer el
dolo sería la ausencia de hipótesis explicativas alternativas plausibles para
una determinada conducta. Pero, al contrario, como ocurre en este caso, cuando
hay hipótesis explicativa plausible que conduce a establecer la existencia de
un comportamiento negligente o descuidado, no puede preferirse, sin más, la
hipótesis que atribuye a la conducta el dolo como elemento explicativo.
8.
En este contexto, habría sido preciso examinar el
funcionamiento de los juzgados y el del juzgado que regentaba el juez acusado
en particular.
Hay ambigüedad en la sentencia en torno a
si el comportamiento del juez de no presidir físicamente las diligencias es
indebido o no y si puede dar lugar la falsedad. Parecería que, al menos, se
concluye que, aunque puede ser indebido, no da lugar a la falsedad. Pero si se
admite como posible, ello implica que los jueces suscriben diligencias que no
han presidido realmente, no obstante que estuvieron presentes en el despacho al
momento de su realización. Y ello, a su vez conduce a admitir la posibilidad de
que se suscriba una providencia, sin advertir que alude a una diligencia que se
habría realizado en fecha en la que el funcionario no estuvo presente en el
despacho.
El juez puede válidamente inferir que si
anuncia que no va a asistir al despacho, quedan canceladas todas las
diligencias de ese día y que si le pasan para firma un acta, ésta debe
corresponder a una diligencia realizada en un día en el que sí estuvo presente.
En este caso
habría habido dos momentos de la conducta:
Primero, la
realización de la diligencia por la escribiente.
-
Segundo, que el acta de dicha diligencia le hubiese
sido pasada para la firma al juez, no obstante que no había asistido al
despacho ese día.
La diligencia no
debió haberse realizado; si por error se realizó, debió haberse anulado o
invalidado, lo cual pondría en evidencia, como lo puso de presente el juez de
primera instancia, la existencia de una práctica anómala en el despacho: la de
adelantar diligencias sin constatar la asistencia del juez y su presencia en el
despacho. Admitido está que es posible convalidar una diligencia que se realice
sin la presencia del juez, en el supuesto de que éste se encuentre presente y
disponible en el despacho. De este modo, cabría que un empleado adelante una
diligencia asumiendo que el juez se encuentra presente, cuando ello no sea así.
Las anteriores anomalías, sin embargo, no
pueden servir para dar por acreditado el dolo. Darían, si, base para realizar
un balance entre un cumplimiento diligente y responsable de la función
judicial, y la necesidad de superar los problemas de congestión y dar respuesta
a los requerimientos de pronta y cumplida justicia.
Ese balance puede dar lugar a prácticas
que, si bien, formalmente se apartan de la regla legal, obedecen a una
racionalización del trabajo que para algunos puede resultar admisible. Tal
sería, por ejemplo, la de tramitar las audiencias sin la presencia efectiva del
juez, o la de suscribir documentos de tramite o rutinarios, sin un detenido
examen, sobre la base de que han sido elaborados por personal responsable que
los ha pasado para la firma del juez.
Tales prácticas, se reitera, pueden ser
descalificadas desde una perspectiva funcional o disciplinaria, pero su
presencia en un despacho impediría calificar como dolosa una conducta que tenga
claramente asidero en ellas.
Para enfrentar la anterior objeción, la
Corte Suprema acude a precedentes sobre dolo eventual, los cuales, sin embargo,
se diferencian del presente caso en que, en ellos, se da por establecido que el
sujeto era consciente de estar suscribiendo un conjunto de documentos relativos
a actuaciones en las que no había estado presente, pero asumía las
consecuencias de su conducta, al paso que en la presente oportunidad, eso era,
precisamente lo que era materia de controversia, como quiera que la hipótesis
del juez hallado penalmente responsable, era la de que no advirtió que le
habían pasado para firma un acta de una diligencia que no podía haberse
realizado, dado que para la fecha en la que habría tenido ocurrencia, estaba
ausente del despacho. Es claro que son diferentes las conductas de quien firma
un acta a sabiendas de que no estaba en el despacho el día de la diligencia, y
de quien suscribe un acta, creyendo, por inadvertencia, que correspondía a
diligencia rutinaria realizada en su despacho en un día en el que si estaba
presente, circunstancia que le permitía avalarla. Esta hipótesis alternativa no
fue desvirtuada por la Corte Suprema
7.
Por estas razones, creo que la decisión de revocar el
fallo habría sido consistente con la tesis de la Corte, en el sentido de que la
revisión de fallos judiciales de Altas Corporaciones, por vía de tutela, es
excepcional y solo frente a decisiones que se apartan clara, abierta,
inequívoca y gravemente del derecho positivo. Estimo que éste habría sido uno
de esos casos.
8.
Por otro lado, el principio de la presunción de
inocencia impone a la Fiscalía una carga muy exigente a la hora de
desvirtuarla, de manera que no puede acusar con base en conjeturas, inferencias
abstractas o sin desvirtuar hipótesis fácticas alternativas a aquella que
conduzca a una decisión de condena.
En materia penal, (por imperativo
constitucional, derivado de la presunción de inocencia) la carga argumentativa
del juez de segunda instancia que revoca una sentencia absolutoria se ve
significativamente aumentada. Así, de ordinario, para desvirtuar la presunción
de inocencia, el juez penal debe establecer, más allá de toda duda razonable
todos los elementos constitutivos del delito. Cuando en un análisis precedente,
el juez de instancia, en este caso colegiado, se ha decantado por la inocencia
del procesado, aparece con evidencia que operadores judiciales calificados, al
analizar los elementos obrantes en el expediente han llegado a la conclusión de
que no están dados los elementos para proferir una decisión de condena. Ello
implica que el superior no puede simplemente sustituir la apreciación del
inferior por la propia, sino que el argumento orientado a desvirtuar la
presunción de inocencia debe fortalecerse con las consideraciones que muestran
el error del juez de primera instancia. Esto es, que lleven a la conclusión
ineludible de que la duda que provoca el dictamen de un operador jurídico
calificado y autorizado en un sentido contrario al que ahora se va a adoptar,
es apenas aparente porque la decisión de instancia carece de fundamento. De lo
contrario se tendría que no se habría despejado la duda razonable (estando
constitucionalmente exigido) porque en opinión de un operador jurídico
calificado los hechos probados conducían a la exoneración. Se trataría de una
disparidad de criterios que, en aplicación del in dubio pro reo,
conduciría
a darle prevalencia a la interpretación favorable al procesado.
De este modo, no obstante que en la
sentencia condenatoria que se censura se afirma que "no cabe en la cabeza"
tener por establecidas premisas distintas de las que condujeron a dar por
establecido el dolo, de los elementos que obran en el expediente se puede
concluir que existe una hipótesis explicativa alternativa que tiene suficiente
verosimilitud, circunstancia que, en razón a la prevalencia del principio de
presunción de inocencia, exigiría que la acusación, y luego, con mayor razón,
que el juez para condenar, desvirtúen o que al menos, muestren que más allá de
una duda razonable, la opción interpretativa que conduce a la condena debe
preferirse sobre aquella otra que conduce a la absolución.
La anterior consideración adquiere aun
mayor relevancia si, como ocurre en este caso, la hipótesis interpretativa que
conduce a la absolución ha sido acogida por el juez de primera instancia en el
proceso penal.
En tales términos
dejo sentado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
Luis Guillermo Guerrero
Pérez
Magistrado
[1] “AUDIENCIA
DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 101 DEL ORDENAMIENTO PROCESAL CIVIL DENTRO DEL PROCESO
ORDINARIO No. 2007-0452.
En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de
Diciembre (sic) de dos mil nueve (2009), a la hora de las 10:00 de la mañana,
día y hora previamente señalados en auto de fecha veintisiete (27) de Noviembre
(sic) de dos mil nueve (2009) para llevar a cabo la audiencia normada en el
artículo 101 del Ordenamiento Procesal Civil, EL SEÑOR JUEZ VEINTINUEVE CIVIL
DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, se constituyó en audiencia pública para tal fin,
con la comparecencia del representante legal la demandada KENVITUR LTDA SR.
JOSE NEMECIO IBAÑEZ SIERRA conocido e identificado en audiencia anterior, y su
apoderado DR. JAVIER ALEJANDRO MAYORGA VALENCIA conocido e identificado en
autos. En este estado de la diligencia se observa que esta (sic) pendiente
resolver recurso de apelación contra auto que negó las excepciones previas por
tanto no se puede llevar a cabo la presente diligencia, consecuentemente se
termina y firma por quienes en ella intervinieron luego de leída y aprobada.
Teniendo en cuenta que siendo las 10:20 am no compareció
la parte demandada, se declara agotado este segmento. SANEAMIENTO DEL PROCESO:
no se observan vicios de nulidad que afecten lo actuado. EXCEPCIONES PREVIAS:
No hay excepciones previas pendientes de resolver. FIJACIÓN DE LOS HECHOS,
PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE MÉRITO, la parte demandada manifiesta que se
atiene a lo que se pruebe en el proceso en cuanto a los hechos y pretensiones.
PRUEBAS: en este punto se tiene en cuenta lo dicho anteriormente y en lo demás
se difiere la decisión al eventual período probatorio. Agotado el objeto de la
presente diligencia, se termina y firma por quienes en el intervinieron, luego
de leída y aprobada.
El Juez (sigue
firma)
[2] Por sencillez
expositiva, en lo sucesivo se hará referencia a este documento como “el acta de
16 de diciembre”, dejando en claro desde el inicio que se trata de aquella
suscrita en la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, en
el proceso de Seguros Bolívar S.A. contra Kenvitur Ltda.
[3] Se trata de la
audiencia de conciliación, fijación del litigio, saneamiento del proceso,
decisión de excepciones previas y solicitud de pruebas. Siguiendo el argot de
los expertos en derecho civil, la Sala se referirá a esta audiencia,
simplemente, como “la audiencia del 101”.
[4] Mediante auto del 11
de octubre de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca admitió la acción, ordenó la vinculación de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Juzgado
Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, de la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
y de la Fiscalía 41 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
[5] Folios 123 y 163.
[6] Folio 218.
[7] Folio 15 del cuaderno
de revisión.
[8] Folio 114 del
cuaderno de revisión.
[9] Folio 115 del
cuaderno de revisión.
[10] Folio 181 del
cuaderno de revisión.
[11] El expediente de la
referencia fue escogido para revisión por medio del auto del diecinueve (19) de
abril de dos mil doce (2012), proferido por la
Sala de Selección Número Cuatro de la
Corte Constitucional.
[12] El artículo 192 de la
Ley 906 de 2004 establece: “PROCEDENCIA. La acción de revisión procede contra sentencias
ejecutoriadas, en los siguientes casos:
1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas
por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un
número menor de las sentenciadas.
2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en
proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por
falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal
de extinción de la acción penal.
3. Cuando después de la sentencia condenatoria
aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates,
que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.
4. Cuando después del fallo en procesos por violaciones de
derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se
establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y
control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha
aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones.
En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no
conocida al tiempo de los debates.
5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre,
mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez
o de un tercero.
6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de
pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa
fundante para sus conclusiones.
7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la
Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para
sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como
de la punibilidad.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en los numerales 5 y 6 se aplicará
también en los casos de preclusión y sentencia absolutoria”.
[13] Cuando existe una carencia absoluta de competencia
por parte del funcionario judicial
que profiere la sentencia.
[14]
Cuando la decisión judicial
se fundamenta en
normas inexistentes o inconstitucionales o, en fallos que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. Sentencia C- 590 de 2005, SU-817 de 2010
[15] Surge cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido para el caso concreto. Al respecto ver sentencias SU-
159 de 2002, T-996 de 2003 y T-196 de 2006, T-508 de 2011.
[16] Hace referencia a la producción,
validez o apreciación de los elementos probatorios. En razón de la independencia
judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es
bastante restringido. Ver sentencias SU-817 de 2010, SU-447 de 2011, SU-195 de
2012.
[17] Hace referencia al evento en el
cual, a pesar de una actuación razonable del juez, se produce una decisión violatoria de
derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño,
por fallas estructurales de la administración
de justicia, por
ausencia de colaboración entre las ramas del poder público. Ver sentencias
SU-214 de
2001, T-1180 de 2001, y SU-846 de 2000.
[18]
Es deber de los funcionarios públicos, en razón de la necesidad de legitimidad
de las decisiones adoptadas en un ordenamiento democrático, la motivación
amplia y suficiente de las decisiones, en aras de garantizar el derecho de
defensa y contradicción de los ciudadanos frente a dichas disposiciones. Ver
sentencia T-114 de 2002.
[19]
Se presenta cuando habiendo la
Corte Constitucional establecido el alcance de un derecho fundamental, el juez
ordinario aplica una ley limitando su
alcance. Ver sentencias SU-047  de 1997, SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
[20]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la Constitución. Ver sentencias SU-1184/01, T-1625/00, y T1031/01, o cuando
no se aplica la excepción de inconstitucionalidad a pesar de ser evidente y
haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.  Ver sentencia T-
701/04.
[21] Sentencia T-441 de
2010.
[22] Sentencia T-086 de
2007.
[23] Sobre la labor
interpretativa del juez, en la sentencia T-330 de 2005, se indicó: “La
actividad judicial supone la interpretación permanente de, entre otras cosas,
disposiciones jurídicas. Ello implica que al funcionario corresponde determinar
en cada proceso la norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los
diversos jueces pueden tener y tienen comprensiones diferentes del contenido de
una misma prescripción jurídica y derivan de ella, por esta razón, efectos
disímiles.”
[24] Al respecto, en la sentencia
C-836 de 2001, al estudiar la exequibilidad del artículo 4 de la
Ley 169 de 1896, relativo a las decisiones uniformes dadas por la
Corte Suprema de Justicia que constituyen doctrina probable, este Tribunal
sostuvo: “La
función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la
construcción y ponderación de principios de derecho, que dan sentido a las
instituciones jurídicas a partir de su labor de interpretación e integración
del ordenamiento positivo. Ello supone un grado de abstracción o de concreción
respecto de normas particulares, para darle integridad al conjunto del
ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un significado concreto,
coherente y útil, permitiendo encausar este ordenamiento hacia la realización
de los fines constitucionales. Por tal motivo, la labor del juez no pueda
reducirse a una simple atribución mecánica de los postulados generales,
impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos concretos, pues se
estarían desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social,
la cual no puede ser abarcada por completo dentro del ordenamiento positivo. De
ahí se derivan la importancia del papel del juez como un agente racionalizador
e integrador del derecho dentro de un Estado (…)”. Consultar adicionalmente la
sentencia T-441 de 2010.
[25] Sobre este punto, en
la citada sentencia C-836 de 2001, la Corte concluyó: “para interpretar
correctamente el concepto de sometimiento de los jueces a la ley y establecer
el nivel de autonomía que tienen para interpretar el ordenamiento, el juez
constitucional debe partir de la premisa de que las potestades y prerrogativas
otorgadas a las autoridades estatales en la parte orgánica de la
Constitución están sometidas a un principio de razón suficiente.  En esa
medida, la autonomía e independencia son garantías institucionales del poder
judicial, que se legitiman constitucionalmente en tanto que son necesarias para
realizar los fines que la Carta les asigna”.
[26] Cabe advertir que, en
criterio de la Corte, no toda divergencia interpretativa en este ámbito
constituye una vía de hecho. Al respecto, en la sentencia T-302 de 2006, se
precisó: “la Corte Constitucional ha sido unánime al señalar que siempre que
la interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de un texto
legal permanezca dentro del límite de lo razonable, la mera divergencia
interpretativa con el criterio del fallador no constituye una vía de hecho. (…)
|| Por tanto, no es dable sostener que la interpretación que hacen los
operadores judiciales de las normas, se torna violatoria de derechos
fundamentales por el solo hecho de contrariar el criterio interpretativo de
otros operadores jurídicos, e incluso de los distintos sujetos procesales.”
[27] T-292 de 2006.
[28] Sentencia T-918 de
2010.
[29] Sentencia SU-047 de
1999.
[30] Sobre el particular, en la sentencias T-766 de 2008,
se sostuvo: “el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver
el asunto fáctico sometido a consideración del juez. Así, el precedente está
ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la
que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada
caso (sentencia T-049 de 2007).”
[31] En relación con el
contenido de la ratio decidendi en la sentencia T-117 de 2007 la
Corte señaló que “i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso
concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza la
Corte en relación con los hechos del caso concreto  y iii) al ser una regla
debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en
ella”. Igualmente consultar T-569 de 2001.
[32] Sentencia T-918 de
2010.
[33] Sobre precedente
vertical y horizontal, se pueden consultar las sentencias T-441 de 2010 y T-014
de 2009.
[34] Sentencia T-918 de
2010.
[35] Al respecto en la
sentencia T-468 de 2003, la Corte señaló que “en la medida en que la
Constitución Política (C.P. arts. 228 y 230) les reconoce a los jueces un
margen apreciable de autonomía funcional, el principio de igualdad, en materia
judicial, no puede interpretarse de manera absoluta, so pena de petrificar el
ordenamiento jurídico y, en consecuencia, impedir que las normas se ajusten a
los cambios sociales, políticos y económicos que les dotan de pleno contenido y
significación.”.
[36] Sentencia T-688 de 2003. Además, en esta oportunidad
se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las
reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones
no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición
jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria,
esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento,
introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de
seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a
cosa juzgada y que han definido ratio decidendi, que los ciudadanos
legítimamente siguen.”
[37] Ver entre otras, las sentencias T-014 de
2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de
2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003.
[38] Sentencia T-918 de
2010.
Sobre este punto, por ejemplo, en la sentencia T-330 de 2005, esta
Corporación precisó: “en suma, prima facie, los funcionarios judiciales
están vinculados por la obligación de aplicar el precedente sentado por los
órganos encargados de unificar jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse
del mismo en ejercicio de la autonomía judicial, pesa sobre los mismos una
carga de argumentación más estricta. Es decir deben demostrar de manera
adecuada y suficiente las razones por las cuales se apartan.” Así mismo, en la
sentencia T-468 de 2003, la Corte concluyó: “[S]i en la interpretación y
aplicación de la ley se dota a la norma jurídica de contenido y significación,
es obvio que las autoridades judiciales no pueden desconocer o inaplicar un
precedente en un caso determinado, a menos que exista un principio de razón
suficiente que justifique dicho cambio de criterio (precedente horizontal) o
resulte admisible un tratamiento desigual a partir de la diversidad de
circunstancias o supuestos fácticos sometidos a conocimiento y decisión del
juez (precedente vertical).”
[39] Sentencia SU-226 de 2013.
[40] Sentencia SU- 159 de 2002.
[41] Ver Sentencia SU-447 de 2011
[42] Sentencia SU-226 de 2013.
[43] Sentencia SU-226 de 2013.
[44] Sobre defecto fáctico por
omisión de valoración probatoria, se pueden ver; T-814 de 1999,  T-450 de 2001,
T-902 de 2005, T-1065 de 2006, T-162 de 2007, entre otras.
[45] Sentencia T-078 de 2010.
[46] De acuerdo con la
Corte Suprema de Justicia, entre esas diligencias se contaban “auto cabeza de
proceso” en un proceso sumario por homicidio en accidente de tránsito, una
diligencia de compromiso con el capturado en dicho proceso, un auto de citación
al denunciante para rectificación, una denuncia penal por homicidio, un auto de
apertura de investigación y una orden de retención.
[47] El artículo 22 del
Código Penal se refiere a dejar el resultado previsto como probable librado al
azar, en tanto que la Corte Suprema habla de prever como probable el resultado
y consentirlo.
[48] Sobre este aspecto,
el actor remite a la grabación de la audiencia pública de juzgamiento, seguida
ate la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá. El registro digital de la audiencia se encuentra en CD anexo a los
cuadernos de tutela. Este punto fue también aceptado por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión objeto
de controversia (sentencia de 16 de 2011; radicado 35720). Así, a folios 26 y
27, expresó la Corporación: “De igual forma se ha querido restar
trascendencia a la actuación del juez imputado, señalándose que la misma no
ocasionó perjuicio alguno, tanto en el proceso cuya diligencia no se realizó
porque no compareció a presidirla, como aquél en el que la audiencia se
verificó sin su presencia y luego suscribió el acta.|| Así lo depusieron los
apoderados de la cuatros empresas involucradas en ambos procesos [es decir,
los apoderados de Almacenes Éxito, Chevor S.A., Kevintur S.A. y Seguros Bolívar
S.A.] (…) todos los cuales comparecieron al juicio oral para deponer que las
citadas compañías no sufrieron daño alguno como consecuencia de la irregular
actuación del Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá”.
[49] Apoyándose en un concepto elaborado por un
especialista en derecho procesal, planteó que el acta siempre fue ineficaz
porque la audiencia en cuestión no podía llevarse a cabo. (Folios 36
a 102).
[50] M.P. Gustavo Gómez
Velásquez. Radicado 5446, Corte Suprema de Justicia.
[51] Sentencia T-217 de
2010
[52] La expresión se toma
de una de las obras más importantes del Garantismo Penal. Derecho y razón, de
Luigi Ferrajoli (Citado en el proyecto inicial).
[53] En algunos tribunales
constitucionales o cortes supremas de distintos países (entre estos, la
Corte Suprema norteamericana, la
República Argentina y el Reino Unido), la opinión de cada magistrado se
incorpora al cuerpo de la sentencia. En otros, como ocurre en Colombia, la
discusión sobre los fundamentos, sentido y alcance de la decisión se lleva a
cabo tomando como base un proyecto elaborado por un magistrado. Si este es
derrotado, se encarga a otro Magistrado la ponencia, de acuerdo con normas del
Reglamento Interno, y cada Magistrado se reserva el derecho a expresar por qué
se aparta de la decisión mayoritaria, o a precisar algunas razones de su voto.
Entre ellos, Estados Unidos, Argentina y Reino Unido.
[54] MP. Jaime Araújo
Rentería.
[55] M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva. AV María Victoria Calle Correa.
[56] Sobre el origen de
estas reglas, ver la sentencia T-1015 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva),
en la que se menciona también el origen de estos presupuestos de análisis en la
teoría y la doctrina jurídica.
[57] MP. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[58] [Julio González
Velásquez, Manuel Práctico de la
Prueba Civil, Librería Jurídica Ltda., Bogotá, 1951, Pág 280], [Jairo
Parra Quijano, Tratado de la prueba judicial. Indicios y Presunciones, Librería
del Profesional, Bogotá, 2001, p. 187]
[59] [C-388 de 2000]. (Se cita Sala de Casación Civil;
Sentencia No. 14 de 16 de febrero de 1995 (M.P. Carlos Esteban Jaramillo
Schloss).
[60] [C-669 de 2005 (MP.
Álvaro Tafur Galvis)]
[61] [C-015 de 1993 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz), C-109 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero),
C-540 de 1995 (MP. Jorge Arango Mejía), C-690 de 1996 (MP. Alejandro Martínez
Caballero), C-238 de 1997 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), C-622 de 1997 (MP.
Hernando Herrera Vergara, AV. Alejandro Martínez Caballero), C-665 de 1998 (MP.
Hernando Herrera Vergara), C-388 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-374
de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), C-669 de 2005 (MP. Álvaro Tafur
Galvis), C-731 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-055 de 2010 (MP.
Juan Carlos Henao Pérez)].
[62] C-388 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) [Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 155 (presunción de devengar al menos
el salario mínimo legal en proceso de alimentos) del Decreto 2737 de 1989, “Por
el cual se expide el Código del Menor”] acogida recientemente en la sentencia
C-055 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) [Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 155 (presunción de devengar al menos el salario mínimo legal
en proceso de alimentos) del Decreto 2737 de 1989, “Por el cual se expide el
Código del Menor”: ‘Nada obsta para que el legislador, con el fin de dar
seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de
proteger bienes jurídicos particularmente valiosos, respetando las reglas de la
lógica y de la experiencia, establezca presunciones legales. En estos casos, la
ley reconoce la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes,
comúnmente aceptadas, para elevarlas, por razones de equidad, al nivel de
presunciones. || En otras palabras, la razonable correspondencia entre la
experiencia -reiterada y aceptada-, y la disposición jurídica, así como la
defensa de bienes jurídicos particularmente importantes, justifican la creación
de la presunción legal y la consecuente redistribución de las cargas procesales.
Si bien, en principio, los sujetos procesales están obligados a demostrar los
hechos que alegan como fundamento de su pretensión, lo cierto es que, en las
circunstancias descritas y con el fin de promover relaciones procesales más
equitativas o garantizar bienes jurídicos particularmente importantes, el
legislador puede invertir o desplazar el objeto de la prueba. Es por lo
anterior que un segmento importante de las presunciones legales tiende a
corregir la desigualdad material que existe entre las partes respecto del
acceso a la prueba y a proteger la parte que se encuentra en situación de
indefensión o de debilidad manifiesta. || Ahora bien, resulta evidente que el
legislador no puede establecer presunciones que no obedezcan a las leyes de la
lógica o de la experiencia, o que no persigan un fin constitucionalmente
valioso. Ciertamente, cuando las presunciones aparejan la imposición de una
carga adicional para una de las partes del proceso, es necesario que las mismas
respondan, razonablemente, a los datos empíricos existentes y que persigan un
objetivo que justifique la imposición de la mencionada carga. De otra manera,
se estaría creando una regla procesal inequitativa que violaría la justicia que
debe existir entre las partes y, en consecuencia, el derecho al debido proceso
del sujeto afectado.” “De acuerdo con la jurisprudencia de la
Corporación, “el juicio de razonabilidad se superaría ‘al verificar que, según
las reglas de la experiencia, es altamente probable que, de ocurrir el hecho
base o antecedente, se presente el hecho presumido. La probabilidad se
define, principalmente, a partir de datos empíricos. No obstante, en algunas
circunstancias el legislador puede encontrar probable la conducta que, según el
ordenamiento jurídico, debe seguir un sujeto razonable. En consecuencia, para
consagrar una determinada presunción, la ley puede tener en cuenta expectativas
sociales adecuadamente fundadas, siempre que tales expectativas puedan ser
razonablemente satisfechas”. (Sentencias C-388 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y C-669 de 2005 MP. Álvaro Tafur Galvis)”.
[63] 6.5. Ahora bien, la
Corte ha examinado la constitucionalidad de las presunciones de culpa o dolo y
la consecuente inversión de la carga probatoria en diversos ámbitos del derecho
administrativo sancionador, como puede apreciarse a continuación:
a)
Presunciones de culpa o dolo en acción de repetición contra agentes del
Estado. En la sentencia C-374 de 2002 (MP. Clara
Inés Vargas Hernández), la Corte estudió los artículos 5° y 6º de la
Ley 678 de 2001, que establecen las presunciones de dolo y de culpa grave de la conducta
de los agentes del Estado para los efectos de la acción de repetición, por vulneración
del principio de presunción de inocencia. Este Tribunal sostuvo que los hechos en los que se
fundamentan las presunciones de dolo y de culpa grave se refieren a
probabilidades fundadas en la experiencia que por ser razonables o verosímiles
permiten deducir la existencia del hecho presumido. Dichas presunciones
persiguen finalidades constitucionalmente valiosas, pues al facilitar el
ejercicio de la acción de repetición, en los casos en que el Estado ha sido
condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en
las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes, permiten alcanzar
los objetivos de garantizar la integridad del patrimonio público y la moralidad
y eficacia de la función pública. [La Corte resolvió declarar exequibles los
artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, por los cargos específicos analizados
en esta providencia. Cft.
sentencias C-374 de 2002 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández), C-455 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-778 de
2003 (MP. Jaime Araujo Rentería), entre otras.  Normas acusadas: Artículos 557
y 580 (parcial) del Decreto Ley 624 de 1989]
b)
Presunción de culpa en materia tributaria. En la sentencia C-690 de 1996
(MP. Alejandro Martínez Caballero), la Corte examinó el artículo 557 y los numerales a) y d) del artículo
580 del Decreto 624 de 1989. En dicha oportunidad se sostuvo que es razonable
suponer que ha actuado de manera dolosa o negligente quien ha incumplido un
deber tributario como es la presentación de la declaración tributaria en debida
forma, por lo cual resulta natural considerar que la prueba del hecho -la no
presentación de la declaración-, es un indicio muy grave de la culpabilidad de
la persona. Teniendo en cuenta que las sanciones impuestas en caso de no
presentación de la declaración tributaria son de orden monetario, que el
cumplimiento de este deber es esencial para que el Estado pueda cumplir sus
fines, y conforme al principio de eficiencia, la
Corte consideró que una vez probado por la administración que la persona
fácticamente no ha presentado su declaración fiscal, resulta admisible que la
ley presuma que la actuación ha sido culpable, esto es, dolosa o negligente.
Lo
anterior no implica una negación de la presunción de inocencia, lo cual sería
inconstitucional, pero sí constituye una disminución de la actividad probatoria
exigida al Estado, pues ante la evidencia del incumplimiento del deber de
presentar la declaración tributaria, la administración ya tiene la prueba que
hace razonable presumir la culpabilidad del contribuyente.
La
flexibilidad del principio de prueba de la culpabilidad en este campo no
implica empero condonación de la prueba para la administración, puesto que en
sanciones de tipo administrativo, tales como las que se imponen en ejercicio
del poder de policía o las sanciones de origen tributario, deben estar sujetas a
la evidencia del incumplimiento, en este caso a la no presentación de la
obligación tributaria, la cual hace razonable la presunción de negligencia o
dolo del contribuyente. Sin embargo, el principio de culpabilidad quedaría
anulado con grave afectación del debido proceso administrativo, y
principalmente del derecho a ser oído, si no se le permite al contribuyente
presentar elementos de descargo que demuestren que su conducta no ha sido
culpable.
En
otra decisión más reciente, sentencia C-506 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra), la Corte indicó en materia de sanciones tributarias que sin llegar a
admitir la responsabilidad objetiva este Tribunal ha tolerado la disminución de
la actividad probatoria de la Administración encaminada a probar la culpa del
sancionado: esto es, a partir de ciertas
circunstancias debidamente probadas, ha estimado que puede presumirse la culpa
y que corresponde al sancionado demostrar la excluyente e de culpabilidad. En
tales casos el procedimiento de aplicación de la sanción debe dar espacio para
el ejercicio del derecho de defensa.
Una
vez que está probada la inexactitud o extemporaneidad de las declaraciones
tributarias, o su falta absoluta de presentación, la imposición subsiguiente de
sanciones administrativas no desconoce la presunción de inocencia. La sola demostración de esas circunstancias,
constituye fundamento probatorio sólido para proceder a su aplicación, sin
perjuicio del derecho que asiste al sancionado de demostrar las eximentes que,
como la fuerza mayor o el caso fortuito, descartan la culpa en el cumplimiento
de los deberes tributarios. [C-015 de 1993, C-690 de 1996 (MP. Alejandro
Martínez Caballero), C-054 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa, AV. José
Gregorio Hernández Galindo) y C-506 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)].
6.6.
De otra parte, esta Corporación ha justificado constitucionalmente el
establecimiento de presunciones en otros ámbitos del derecho como: a) Presunción
de culpa sobre administrador de sociedad comercial (C-123 de 2006 MP. Clara
Inés Vargas Hernández), (…) b) Presunción de acoso laboral. (C-780 de
2007 MP. Humberto Antonio Sierra Porto, SV. Jaime Araujo Rentería), (…) c)  Presunción de devengar al menos el salario
mínimo en alimentos (C-388 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-055 de
2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) d)  Presunción de paternidad
(sentencia C-243 de 2001 MP. Rodrigo Escobar Gil) y presunción en materia de
servicios públicos domiciliarios (sentencia C-389 de 2002 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández, SPV. Álvaro Tafur Galvis, SV. Jaime Araujo Rentería).
[64] “J. Wróblewski ha
reconstruido la estructura lógica de estas presunciones del siguiente modo: la
presunción no es un enunciado asertivo, sino una norma jurídico de
comportamiento que obliga a reconocer una conclusión en presencia de un hecho o
estado de cosas y ausencia de prueba contraria (y estamos entonces ante una
“presunción material”, por ejemplo, la de paternidad), o únicamente en ausencia
de prueba contraria (y estamos entonces ante una “presunción formal”, por
ejemplo, la de inocencia).
[65] Marina Gascón, La
prueba de los hechos. Página 127. Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Páginas 60
y 549.
[66] M.P. Gustavo Gómez
Velásquez. Radicado 5446, Corte Suprema de Justicia.
[67] Aunque ello implica
en alguna medida repetir aspectos abordados en los antecedentes, la lealtad
argumentativa con la Corporación accionada obliga a tener presentes los
lineamientos centrales de la decisión que se cuestiona, especialmente en lo
atinente a la evaluación sobre el carácter doloso de la conducta
[68] Folio 27. Incapacidad
médica suscrita por el Médico Eulices Ortiz Rodríguez, con membrete de la
Fundación Médica Integral Santiago, en la que se indica que el señor Álvaro
Vásquez Melo presentaba un cuadro de “ansiedad” e “insomnio”.
[69] Ley 820 de 2003.
Artículo 39. “Todos los procesos de restitución de inmueble arrendado tendrán
trámite preferente, salvo respecto de los de tutela. Su inobservancia hará
incurrir al juez o funcionario responsable en causal de mala conducta
sancionable con destitución del cargo. El Consejo Superior de la
Judicatura adoptará las normas necesarias para el cumplimiento de lo así
dispuesto, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente
ley. || Cuando la causal de restitución sea exclusivamente mora en el pago del
canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia”. La norma
actualmente se encuentra derogada por el Código General del Proceso (artículos
626 y 627).
[70] Este es el texto del artículo citado: “ARTÍCULO
31. REGLAS GENERALES. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la
Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del
numeral 6) del artículo 627 <Apartes
tachados INEXEQUIBLES. Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en
los casos que se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias que deban surtirse
fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de
bienes en dicha sede en cuanto fuere menester”. Además, calificar ese proceso
como especial, y aceptar que merecía un cuidado por parte del Juez
solamente porque en él intervenían partes económicamente poderosas y los medios
de comunicación tenían interés en él implica desconocer el principio de
igualdad.
[71] Sobre este aspecto,
el actor remite a la grabación de la audiencia pública de juzgamiento, seguida
ate la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá. El registro digital de la audiencia se encuentra en CD anexo a los cuadernos
de tutela (sentencia de 16 de 2011; radicado 35720). Así, a folios 26 y 27.
[72] Cabe anotar que al actor le fue
concedido el beneficio de detención domiciliaria por no tener antecedentes
penales.
[73] En el proceso ordinario de radicado 2007-0452, entre
Seguros Comerciales Bolívar S.A  y Kenvitur Ltda.
[74] Según se expuso al momento de exponer la línea
jurisprudencial de la Sala de Casación Penal sobre la falsedad documental, esta
presunción podría extraerse, por vía de interpretación, de las providencias de
19 de mayo de 1992, radicado 6032; y de 30 de enero de 1991, bajo el radicado
5446.
[75] (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[76] MP. Juan Carlos Henao
Pérez.
[77] MP. Carlos Gaviria
Díaz.
[78] Siendo normas
jurídicas, las presunciones con medios técnicos para garantizar ciertos
valores en situaciones específicas. Su peculiaridad frente al resto de
normas estriba en que las presunciones garantizan esos valores mediante la
regulación de la carga de la prueba, esto es, instaurando una “regla de
juicio” que  indica al juez cuál debe ser el contenido de su sentencia en esas
circunstancias. Los valores que garantizan las presunciones pueden ser de dos
tipos: técnicos e ideológicos. El principal valor “técnico” es, si puede
decirse así, la eficacia en la administración de justicia. Partiendo de que los
conflictos tienen que ser resueltos y de que a veces la prueba de os hechos
sobre los que se origina el conflicto puede resultar muy difícil, se facilita
la prueba imponiendo (normativamente) considerar una situación como verdadera,
salvo que se demuestre lo contrario; es decir, estableciendo una presunción iuris
tantum (Wróbewski; 1974), legal o jurisprudencialmente. (Las presunciones,
en suma, en todos estos supuestos, juegan el fundamental papel de facilitar al
juez la tarea de juzgar cuando el hecho resulta difícil de probar (Perelman;
1974: 340). Y, en armonía con lo expresado por la
Corte, planteó: “Es evidente que, al regular la carga d la prueba, la
presunción crea una situación de desigualdad entre las partes favoreciendo a
una de ellas.
[79] Folio 27. Incapacidad
médica suscrita por el Médico Cirujano Eulices Ortiz Rodríguez, con membrete de
la Fundación Médica Integral Santiago.
[80] El caso que se
juzgaba bajo el radicado No. 5446, previamente citado, en el que se profirió la
sentencia de 30 de enero de 1991.
[81] Folio 27. Incapacidad
médica suscrita por el Médico Cirujano Eulices Ortiz Rodríguez, con membrete de
la Fundación Médica Integral Santiago
[82] Se trata de las
declaraciones vertidas en la audiencia pública de  juzgamiento, sobre las
cuales expresó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia controvertida en
este trámite: “El documento en mención [esto es, el acta que dio origen a la
investigación penal] fue elaborado por la escribiente del despacho, Diana
Carolina Obregoso López, quien en el juicio oral así lo afirmó, indicando que
utilizó formatos y obró mecánicamente”. Posteriormente, al evaluar la
intervención de los distintos funcionarios del Despacho en la audiencia de
Juzgamiento, sostuvo la Corporación: “(…) no cabe en la mente de quien conoce
los procedimientos judiciales, que una empleada del despacho o mejor, el grueso
de los vinculados directamente al mismo, desconozcan que el titular de la
oficina no ha concurrido a la misma. Mucho menos si, como lo advierte el
secretario del juzgado, previamente había manifestado su imposibilidad, por
razones de salud, de acudir a desempeñar sus funciones. || Entiende la
Sala que por razones de una mal entendida lealtad, los empleados del despacho
pretendan, sesgando su declaración, apoyar los dichos del titular de la
oficina”. Folios 40 y 41. ºSentencia de 16 de marzo de 2011. Radicado 35.720.
[83] El peticionario
aportó copia de la decisión absolutoria dictada por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, en primera instancia, y bajo el radicado
11001110200020100100900, dentro del trámite disciplinario iniciado en su
contra, con ocasión de querella presentada el 5 de febrero de 2010, por los
mismos hechos estudiados en el proceso penal adelantado en su contra. El
fundamento central de la decisión fue la ausencia de prueba sobre la conducta
atribuida al actor: “… se tiene que el quejoso no entregó elementos con el
fin de obtener más datos acerca de la incursión del disciplinable en la
conducta que consideraba había incurrido el funcionario, observando entonces
que, las presentes diligencias –se repite-, carecen de sustento probatorio que
puedan (sic) servir de fundamento a una decisión sancionatoria (…) Por todo lo
anterior ha de señalarse que no se encuentra estructurado el elemento material
de la conducta endilgada, relacionada con la supuesta incursión en la falta
disciplinaria que se dejó anotada, presupuestos todos que llevan a emitir
decisión absolutoria, tal como lo solicitó en su alegato la defensa, pero en
aplicación del principio del in dubio pro disciplinado, como en efecto
se hará”.  No existe evidencia de que la decisión haya sido impugnada,
después de consultar el sistema de información de la
Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. (Servicio de Internet, http://190.24.134.250/juriswebdis/RESULTADOS.ASPX)
[84] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464,
T-703, T-786 y T-867 de 2011 y  T-010 de 2012; T-444, T-620 y T-707 de 2013.
[85] C-590 de 2005.