C-871-10
Sentencia C-871/10
Sentencia C-871/10
DERECHOS DE AUTOR SOBRE PROYECTO ARQUITECTONICO-No impide que el propietario de la obra realice modificaciones
AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL-Condiciones/PROPIEDAD INTELECTUAL-Alcance de la regulación legislativa
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Regulación
normativa
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE PROPIEDAD COMUN-Diferencias
DERECHOS DE AUTOR-Contenido y alcance/DERECHOS DE AUTOR-Comprende derechos morales y patrimoniales/DERECHOS MORALES DE
AUTOR-Concepto/DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR-Contenido
DERECHOS MORALES DE INTEGRIDAD Y PATERNIDAD DE LAS OBRAS-Contenido/DERECHOS DE AUTOR-Intangibilidad de la obra
DERECHO PATRIMONIAL DE TRANSFORMACION-Regulación
DERECHOS DE AUTOR-Limitaciones y
excepciones
DERECHO MORAL DEL ARQUITECTO-Derecho
comparado
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Corresponde
al legislador establecer limitaciones y excepciones/LIMITACIONES Y
EXCEPCIONES A DERECHOS DE AUTOR-Aplicación de la regla de los tres pasos
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-El
legislador no puede establecer para todos los tipos de obra las mismas
limitaciones y excepciones, por cuanto las especificidades de aquellas demandan
un tratamiento diferenciado
La obra de cada autor tiene unas
características especiales que determinan una regulación particular, es decir,
de acuerdo con la especialidad de cada obra el legislador debe prever, en los
términos planteados, las limitaciones correspondientes. De hecho, no es
plausible aplicar de manera analógica la limitación que respecto del uso de una
obra hubiere autorizado el legislador. De esta manera, mientras al amparo de la
limitación consagrada en el artículo 44 de la
Ley 23 de 1982, es posible adelantar una reproducción de una obra musical, sin
autorización del titular, en el domicilio privado del usuario, la reproducción
de un programa de ordenador incluso para uso personal exige la autorización del
titular, según lo dispone el artículo 25 de la
Decisión Andina 351 de 1993. Lo anterior significa que el legislador no puede
establecer para todos los tipos de obra las mismas limitaciones y excepciones,
por cuanto las especificidades de aquellas demandan un tratamiento
diferenciado. En consecuencia, la creación y explotación de las obras
realizadas por arquitectos, músicos, escritores, pintores, programadores de
computador, etc., es diferente, motivo por el cual el legislador determinó un
régimen de limitaciones y excepciones que no pueden ser analizadas en un plano
de igualdad.
Referencia: expediente D-8103
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo  43 (parcial) de la
Ley 23 de 1982.
Actor: José Miguel Ceballos Delgado
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano José Miguel Ceballos Delgado formuló ante la
Corte Constitucional acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo
43 (parcial) de la Ley 23 de 1982, al considerarlo incompatible con los artículos
2, 4, 9, 13, 61, 70 y 71 de la Constitución Política.
Por medio de auto de trece (13) de mayo de dos mil diez (2010), el
magistrado sustanciador decidió admitir la demanda al considerar que reunía los
requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Como
consecuencia de ello dispuso correr traslado al Procurador General de la
Nación, para que rindiera su concepto de rigor; comunicar la iniciación del
proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, para los
fines previstos en el artículo 244 de la
Carta; así como al Ministro del Interior y de Justicia y al Director de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor.
En la misma providencia, se invitó, con el propósito de que
rindieran concepto técnico sobre las normas demandadas a los decanos de las
facultades de Derecho de las Universidades Externado
de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de los Andes, de la
Sabana, Libre, Eafit de Medellín, de Ibagué y del Rosario, al igual que a la
facultades de Arquitectura y Diseño de la
Universidad de los Andes y de la
Pontificia Universidad Javeriana, al Departamento de Arquitectura de la
facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y a la
Sociedad Colombiana de Arquitectos.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los
procesos de inconstitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. TEXTO DE LA
NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, de acuerdo
con su publicación en el Diario Oficial No. 35.949 de diecinueve (19) de
febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982), subrayando la parte demandada:
“LEY
23 DE 1982
(enero
28)
Sobre
derechos de autor.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(...)
Artículo 43.- El autor de un
proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca
modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea
asociado a la obra alterada.”
III. LA
DEMANDA
1. Previo al análisis de los cargos, el demandante, José Miguel
Ceballos Delgado, manifiesta que la obra arquitectónica es objeto de protección
por el ordenamiento jurídico sin distinción alguna respecto de las demás obras
amparadas por el derecho de autor. En especial, refiere que dicha protección “(…)
a las obras arquitectónicas, tanto acabadas como inacabadas, tiene su
fundamento en el Ordenamiento Nacional (ley 23 de 1982), en el Comunitario
(Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena) y en el Internacional (arts. 2
Inciso I y arts. 4 del Tratado de Berna, luego de la revisión de Berlín 1908,
ratificado por la ley 33 de 1987)”[1]. Por último, para
reafirmar su posición, el demandante cita dos casos, uno decidido por el
Tribunal de Paris[2] y el otro por la
Audiencia Provincial de Bilbao[3], en los que se protegió
el derecho de autor de los arquitectos por la alteración que habían sufrido sus
obras. En el primer caso, por la instalación de antenas parabólicas que
desnaturalizaban la fachada de la construcción, y en el segundo, por la
alteración de un puente para la construcción de una pasarela.
2. El actor señala que la disposición demandada vulnera los
artículos 1, 2 y 13 de la
Constitución Política en tanto establece una limitación injustificada para
los autores de una obra arquitectónica. En esencia, argumenta que no existe un
fundamento razonable que justifique la diferencia en el tratamiento de los
autores de otras obras para impedir su alteración y las de los arquitectos a
quienes el aparte acusado los imposibilita para objetar las modificaciones de
sus creaciones.
En su concepto, sin importar si la norma demandada se refiere
exclusivamente a obras inacabadas, dado el uso de la expresión “proyectos
arquitectónicos”[4], se vulnera el principio
de igualdad establecido en la
Constitución, en la medida que se impone “una limitación injustificada a un
derecho de autor cualificado como lo es el arquitecto, pues es éste el único
que en principio puede ser autor de una obra arquitectónica.”[5].
El demandante insiste que el aparte acusado expone a los autores a
la alteración de su obra arquitectónica por parte de un tercero que no está
legitimado para hacerlo. Esto, a su juicio desconoce la calidad de autor que
tiene el arquitecto, como creador de la obra, para trasladarle al propietario
la facultad de modificarla.
3. Para demostrar la incompatibilidad de la norma demandada con la
Constitución Política el actor invoca, a partir del principio de igualdad, el
trato discriminatorio que genera el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982. Específicamente, analiza los presupuestos del test de igualdad
reseñados por la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 1994, con las
siguientes precisiones:
3.1. En cuanto a la situación fáctica en la que se encuentran las
personas objeto de la medida, el peticionario advierte: “ No consideramos
que exista una distinta situación de hecho entre los autores de una obra
arquitectónica y los autores de una obra protegida también por la ley de
derecho de autor.  En efecto, la situación fáctica de todos es coincidente,
pues al igual que el autor de un cuadro –a manera de ejemplo-, el autor de una
obra arquitectónica esta realizando una única y original creación del espíritu.
En ese orden de ideas, no se cumple el primer requisito señalado por la
Corte Constitucional para justificar un trato desigual entre las personas,
pues al final, independientemente de la forma de expresión, ésta se encuentra
allí y es el objeto de protección del derecho de autor –la obra producto de la
creación del espíritu-, independientemente de que este expuesta en un lienzo,
un papel, un software, en piedra, etc.”[6]
3.2. En lo relacionado con la finalidad del trato desigual a los
autores de obras arquitectónicas frente a quienes crean obras de carácter
artístico, científico o literario refiere que puede obedecer a la salvaguarda
de un interés general sobre el particular o a la garantía de los derechos del
propietario de la construcción. En el primer evento, el actor sugiere que se
debe analizar cada caso concreto en que la modificación de una obra pública en
aras de proteger el interés público implique el cambio en el diseño original
del arquitecto (interés privado). En el segundo evento, descarta la existencia
de una finalidad legitima cuando quien pretende alterar la obra lo hace en
calidad de dueño del bien inmueble dado que la propiedad material de bien no lo
autoriza para atribuirse la propiedad intelectual, la cual, en su criterio,
pertenece al arquitecto creador.  En suma, para el accionante la parte del
precepto demandado: “(…) ni estudiada sistemáticamente arroja tal finalidad,
razón por la cual al intérprete de la misma no le es dable darle un significado
que el legislador no estableció. En este orden de ideas, no existe una
finalidad en la norma acusada, por lo que por este segundo requisito tampoco
cumple las exigencias señaladas por la jurisprudencia constitucional.”[7].
3.3. Frente al requisito de que exista una finalidad razonable que
permita un trato desigual entre los autores de obras arquitectónicas y los
demás autores, el actor descarta un análisis adicional en tanto ha concluido
que no existe siquiera una finalidad que justifique el trato diferenciado. Sin
embargo, advierte que en el caso de que este Tribunal encuentre acreditada una
finalidad, el estudio de la Corte debe abordar los siguientes principios y
valores constitucionales: la dignidad humana (art. 1°); respeto a la cultura
(art. 8°); la protección a la propiedad intelectual (art. 61); la protección a
la cultura e incentivo a su desarrollo (art. 70); y la protección de la
actividad artística (Art. 71).
3.4.  Respecto a la racionalidad interna de la medida, el
peticionario concluye que: “En el caso de la norma que estudiamos no se
encuentra un nexo causal, entre un fin que no está claramente establecido y el
hecho de privar a los autores de obras arquitectónicas del ejercicio de sus
derechos de contenido moral.”[8].
3.5. De forma consecuente, en torno al último requisito, el actor
destaca lo siguiente: “(…) la proporcionalidad de la norma, esto se traduce
en que la desconocida finalidad de la norma sea proporcional con la limitación
que se propone frente al derecho moral del autor arquitectónico.”[9].
Para terminar la argumentación sobre la violación al derecho a la
igualdad, el demandante plantea que no se puede justificar el trato desigual
dado a los arquitectos, en la función social que debe cumplir la propiedad
según la
Constitución. Al respecto, precisa: “(…) la limitación que trae la norma
es desproporcionada, con respecto a tal función social que la
Carta encomienda a la propiedad privada, pues para tal efecto ya se encuentra
la limitación de orden temporal que se otorga al ejercicio de los derechos
patrimoniales de autor.”[10].
4. Adicionalmente, el actor considera que el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982 vulnera los preceptos constitucionales relacionados con la
protección e incentivo a la cultura (artículos 4, 9, 61, 70 y 71 de la
Constitución Política). Sobre el particular, asegura que la norma acusada
vulnera el orden económico y social justo que promueve la
Constitución de 1991. Y agrega; “(…) aterrizando a los argumentos al texto
legal demandado, debemos señalar que el orden jurídico colombiano reconoce a
los autores de cualquier obra una serie de facultades morales que son
irrenunciables e intrasmisibles. En efecto, los autores de obras
arquitectónicas –para el asunto que nos interesa- ostentan, los derechos de
contenido moral sobre sus obras, los cuales se encuentran contenidos en las
leyes nacionales (Art. 30 ley 23 de 1982), comunitarias (Art. 11 Decisión
Andina 351 de la CAN) e internacionales (Art. 6. Convenio de Berna para la
protección de obras literarias y artísticas), estos derechos hacen referencia a
las prerrogativas de los autores de las obras literarias y artísticas con
calidad de perpetuos, inalienables e irrenunciables para reivindicar la
paternidad de su obra, para decidir la ineditud o publicidad de la misma, para
modificarla en cualquier momento, y para oponerse a toda deformación o
transformación que denigre la calidad del objeto de su creación.”[11]
(subraya original).
También argumenta el demandante que el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982, desconoce derecho moral de integridad, el cual faculta al
arquitecto para exigir el respeto a la integridad de su obra, siempre que las
modificaciones que se adelanten en la misma puedan causar perjuicio a su “honor
o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por estos.”[12].
Al respecto, precisa que ese derecho del arquitecto debe primar siempre que no
exista un interés superior que justifique la alteración o destrucción de la
obra.
5. De otra parte, expresa que el precepto acusado vulnera el
artículo 61 de la Constitución en tanto se niega la protección de los derechos
inherentes a los autores de obras literarias y artísticas, reconocida por
tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad[13].
En efecto, en su concepto, el amparo a la propiedad intelectual prevista en la
Constitución, incluye la garantía a los derechos morales que los arquitectos
tienen sobre sus obras.
6. Finalmente, el actor considera que la limitación establecida en
la norma demandada viola los artículos 70 y 71 de la
Constitución en la medida que desconoce la obligación del Estado de promover y
proteger la cultura, así como la de incentivar la creación en tanto esta constituye
un aporte a la sociedad.
IV.
INTERVENCIONES
1. Intervención de la Universidad del Rosario.
Los docentes Edgar Iván León Robayo y Yira López Castro, en
representación de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario, consideraron que la
Corte debe declarar exequible la norma demandada. En su concepto, de acuerdo
con el artículo 61 de la Constitución, la libertad de configuración con que
cuenta el legislador le permite establecer las limitaciones y excepciones a la
protección del derecho de autor.
De este modo, luego de una conceptualización sobre el derecho de
autor y los proyectos arquitectónicos, a juicio de los docentes el tratamiento
diferenciado entre autores de otras obras y los arquitectos tiene una finalidad
razonable desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales, a
saber:  “Comoquiera que el régimen de protección de los derechos morales de
autor se desenvuelve en el ámbito de la ley –y que la
Constitución no impone criterios ni modalidades de protección- el legislador
puede establecer una limitación al derecho que tiene el autor de un proyecto
arquitectónico de mantener íntegra su obra. Esto, teniendo en cuenta que la
finalidad de la misma es precisamente que la cosa sea utilizada por otro
sujeto.”[14].
Al respecto, aclararon que la inclusión de modificaciones por parte
del propietario del bien inmueble no lo releva de una eventual reparación al
arquitecto de la obra. Y concluyeron: “(…) no se puede desconocer que una
vez los proyectos arquitectónicos se encuentran construidos tales bienes son
cosas corporales sobre las cuales recae el derecho de propiedad pleno –con sus
facultades de uso, goce y disposición (Código Civil, artículos 669 y
siguientes)-. Por esta razón, resulta lógico que al ingresar la construcción en
el patrimonio del adquiriente a este le sea posible introducir las
modificaciones que estime convenientes, siempre y cuando las normas
urbanísticas y culturales lo permitan.”[15].
2. Intervención de la
Universidad Nacional de Colombia.
El profesor Guillermo Angulo González, en representación de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Colombia, consideró que la
Corte debe declarar constitucional el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982. Para fundamentar esta posición, el docente expone que la obra
arquitectónica como obra artística está protegida por el derecho de autor tanto
en el ámbito patrimonial como en el moral.
De acuerdo con el interventor los derechos morales de autor no son
absolutos, y en esa medida, tanto en la legislación internacional como en la
nacional se disponen ciertas excepciones y limitaciones a su ejercicio. Por
consiguiente, para “(…) la obra arquitectónica al materializarse sobre
bienes inmuebles presenta colisiones con los intereses de los propietarios,
quienes en ejercicio de derechos como el de vivienda digna, tiene el derecho a
adecuar el inmueble a las normas, reglamentaciones antisísmicas y usos
sanitarios y habitables al momento histórico en el que se ejercen los atributos
de su propiedad (usar, gozar y disponer). Convertir los derechos de autor en
normas absolutas, significarían (sic) en la práctica que cualquier
inmueble diseñado por un arquitecto se convierta en un bien patrimonial.
Situación que no se adecua ni a los cánones universales de la arquitectura patrimonial,
ni al ejercicio de la propiedad, pues tal rigidez violaría derechos como el de
una vivienda digna y amenazaría incluso el derecho mismo de la vida al no
poderse reforzar estructuras en edificaciones que no tuvieron tal protección
antisísmica al momento de su construcción.”[16].
En concordancia con lo anterior, sostuvo que por eso el legislador
previó como otra limitación de las obras arquitectónicas la consagrada en el
artículo 39 de la Ley 23 de 1982, según el cual: “Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos,
fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo
permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar
públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de
arquitectura esta disposición sólo es aplicable a su aspecto exterior.”
Por último, el docente indicó que los atributos de la propiedad al
goce, disfrute y disposición de los bienes autoriza al dueño a transformar la
obra arquitectónica sin el consentimiento del arquitecto. Esto, en su criterio,
no significa que se afecte el “(…) derecho moral del arquitecto en lo
relativo a la integridad de su obra, se subordina en tanto el bien jurídico que
colisiona genera un interés superior para la sociedad. La normatividad autoral
así mantiene el derecho del autor a defender la paternidad de la obra y el
derecho a retirar su nombre en caso de encontrar que la construcción ha
modificado sustancialmente su creación. El plano con el que el arquitecto
plasma su obra mantendrá todos los derechos que de el emanan y nadie podrá
reproducirlo en otro inmueble sin su autorización. No hay por tanto ninguna
violación al derecho a la igualdad como lo intenta demostrar el demandante”[17].
3. Intervención de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor.
En representación de la
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor y en
orden a justificar la constitucionalidad del aparte acusado, presentó escrito
Germán Alonso Sánchez Saavedra.
Para emitir el concepto correspondiente el apoderado judicial inició
su argumentación citando el concepto de proyecto arquitectónico contenido en el
Decreto 2090 de 1989, emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Al igual que los principios definidos por el “comité de expertos
Gubernamentales en obras de Arquitectura para resolver interrogantes
concernientes a la protección de obras de arquitectura y obras relativas a la
arquitectura”[18], reunido a instancias de
la UNESCO y la OMPI en Ginebra, del 20 al 22 de octubre de 1986. De estos
principios, el abogado destacó, entre otros, la definición de obra de
arquitectura y obra relativa a la arquitectura; la protección por el derecho de
autor tanto a la obra de arquitectura como a la obra relativa a la
arquitectura; el reconocimiento de los derechos del arquitecto como creador de
la forma y el diseño de la obra; el derecho de alteración o cambio; el derecho
de reproducción; el consentimiento del arquitecto para realizar alteraciones a
su obra; el derecho de paternidad; y las condiciones para que el arquitecto no
sea asociado con la obra.
Luego, manifestó en el marco de las taxativas y legales limitaciones
o excepciones al derecho de autor que la norma demandada busca el equilibrio
entre los siguientes derechos:
“1)
Por parte del arquitecto, el derecho patrimonial de autor que faculta al autor
o su derecho habiente autorizar o prohibir cualquier transformación que se haga
de su obra(Decisión Andina 351 de 1993 Artículo 13 literal e) y Ley 23 de 1982
Artículo 12 literal b));
2) Por parte del propietario de la edificación, el derecho de
dominio o propiedad, como derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y
disponer de ella no siendo contra la ley o contra derecho ajeno (Artículo 669
del Código Civil).
En principio, el derecho de autor sobre el bien intangible que
constituye la obra literaria o artística es un derecho independiente del
derecho de propiedad sobre el soporte físico de la misma. El articulo 6 de la
Decisión Andina 351 de 1993 establece al respecto que “Los derechos
reconocidos por la presente Decisión son independientes del objeto material en
el cual esté incorporada la obra”. No obstante en la práctica, en los casos en
que existe un ejemplar único de la obra (como sucede generalmente con las obras
arquitectónicas) los dos derechos citados pueden entrar en conflicto en casos
como los siguientes:
1) Cuando el propietario del ejemplar físico de la obra decide
destruirlo de manera que el autor se ve privado por sustracción de materia de
la posibilidad de ejercer sus derechos morales y patrimoniales.
2) Cuando el propietario del ejemplar físico de la obra decide
introducirle modificaciones, en cuyo caso significa que –por regla general-  se
requiere la autorización previa y expresa del titular del derecho patrimonial
de transformación. Así las cosas el propietario del ejemplar de la obra
subordina el ejercicio de su derecho al derecho exclusivo del autor o su
derechohabiente.
No obstante, tratándose de una obra arquitectónica el legislador
colombiano busca solucionar de manera diferente el conflicto de derechos e
intereses, pues en este caso el dueño del soporte físico de la obra (el
propietario de la edificación que la incorpora) no deriva de la misma
simplemente un goce estético sino que la requiere para la satisfacción de sus
necesidades de subsistencia o de su derecho a la vivienda (artículo 51 de la
Constitución Política), o tratándose de obras públicas, el uso y goce de las
mismas satisface derechos colectivos, en el caso de los bienes de uso público.
Es por esto que el planteado conflicto de derechos de intereses, que
por regla general se soluciona a favor del derecho patrimonial de autor
(derecho patrimonial de transformación), tiene una excepción en el caso del
propietario del ejemplar de la obra arquitectónica, pues en este caso el
conflicto se resuelve a favor del propietario del inmueble. Esto tiene toda la
razonabilidad pues impedirle al propietario modificar la edificación de su
propiedad significa suprimirle uno de los atributos esenciales de si derecho de
dominio o propiedad, a través del cual se pueden regularmente satisfacer
derechos fundamentales o eventualmente derechos colectivos.”[19].
El representante de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor agregó que tratándose del derecho de
transformación de la obra, el arquitecto cuenta con el denominado derecho de
arrepentimiento para que su nombre sea retirado de la obra arquitectónica, en
caso de que las alteraciones interfieran con su reputación o buen nombre.
En orden a defender la constitucionalidad de la norma demandada, el
apoderado judicial subrayó la libertad de configuración legislativa con la que
cuenta el Congreso de la República para “legítimamente imponer restricciones
a los derechos y establecer tratos diferenciales, siempre y cuando recurra a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permitan garantizar el
ejercicio eficaz y útil de aquellos.”[20]
Adicionalmente, el interviniente anexó copia de dos documentos: i)
la modificación de la obra arquitectónica en la jurisprudencia francesa; ii) la
modificación de la obra arquitectónica en el derecho comparado iberoamericano.
4. Intervención de la Universidad de Ibagué.
El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad de Ibagué solicitó la declaración del exequibilidad del artículo
43 de la Ley 23 de 1982. Después de realizar una exposición conceptual sobre el
derecho de autor, concluyó: “(…) en este caso particular lo que un
arquitecto realiza, es decir, el proyecto arquitectónico, no es mas que una
obra por encargo en donde el único titular de los derechos patrimoniales es el
contratante, propietario, quien es el titular de cualquier forma de explotación
incluida la transformación o modificación de la obra, con la única condición de
que el nombre del autor del proyecto no sea asociado con la obra modificada.
Lo que realmente se presenta es una excepción del Derecho a la
Integridad de la obra que tienen los autores, en el sentido que se permite al
propietario de un proyecto arquitectónico realizar las modificaciones sin solicitar
la autorización del autor del proyecto, la razón que lo justifica es porque
está facultado para ello por estar en el campo patrimonial (explotación
económica) y no moral, por tanto su utilización no requiere que medie expresa
autorización del autor o titular del derecho. Es importante resaltar que no se
hace necesario oponerse a la modificación que no resulte lesiva de la
reputación y el honor del autor, cosa distinta será aquella modificación que
cause un perjuicio  a su honor.
De lo anterior se colige que una alteración o modificación que no
resulte lesiva del honor o reputación del autor debe considerarse que no
origina trascendencias jurídicas.
Quedará a la apreciación de los tribunales determinar cuándo una
mutilación o transformación de la obra ocasiona un verdadero perjuicio al honor
o reputación del creador.
Conforme a la norma demandada, el autor no puede impedir la
modificación del proyecto arquitectónica y solo puede exigir que el proyecto
modificado no se relacione con su nombre.
De lo anteriormente expuesto se puede colegir que la demanda
formulada por el actor contra el artículo 43 (parcial) de la
Ley 23 de 1982, carece de todo fundamento jurídico y que los argumentos con
los que sustenta los fundamentos de hecho no contrarían la
Carta Política.”[21].
5. Intervenciones de la
Universidad de los Andes.
El docente de la Facultad de Derecho, Juan Francisco Ortega Díaz,
advirtió que el problema planteado por la demanda evidencia la tensión entre
los derechos patrimoniales y morales del creador de la obra arquitectónica y el
derecho de propiedad del dueño de la misma. Al respecto, precisó que si bien,
como lo pone de presente el actor, los tratados internacionales de propiedad
intelectual protegen los derechos morales y patrimoniales de los autores, lo
cierto es que también contemplan normatividad relacionada con las excepciones y
limitaciones a estos derechos, en especial a la integridad y transformación de
las obras. En esa medida, la disposición acusada, a su juicio es razonable,
jurídicamente sostenible y no atenta contra el principio de igualdad de los
arquitectos respecto de otros creadores.
Igualmente, Wilson Rafael Ríos Ortiz, en representación de la
Facultad de Arquitectura, observó que quien encarga la obra es el titular de
los derechos patrimoniales mientras quien realiza el proyecto arquitectónico
conserva los derechos morales. En su concepto la norma demanda concilia los
intereses del arquitecto, al dejar a salvo su derecho moral de integridad pues
aquel tiene la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra
alterada, con los del propietario, quien puede ejercer su derecho de
transformación sin el consentimiento del arquitecto cuando desee modificar la
obra. En esa medida, solicitó a la Corte declarar adecuado y ajustado a la
Constitución el artículo 43 de la Ley 23 de 1982.
Para reafirmar su posición el interviniente reseña normas similares
en la legislación cubana y norteamericana, así como casos resueltos por la
justicia española, francesa y norteamericana.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la
Nación solicitó a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo
por falta de certeza en los cargos o en su defecto declare exequible el
artículo 43 de la Ley 23 de 1982.
En su criterio, el artículo 43, en lo acusado, ha sido entendido de
manera errónea por el actor: “La demanda confunde el proyecto arquitectónico
con la obra física. Esa confusión lleva al actor a inferir que los derechos de
autor del hacedor del proyecto se extienden hasta la culminación de la obra
civil. Por eso se asume que el proyecto no es una obra acabada e independiente,
sino una obra inacabada o intermedia. Por eso, también, se considera que el
dueño del edificio o de la construcción, no tiene derecho a decidir si realiza
la obra o no, y cómo la realiza.”
Precisó que el demandante confunde al autor de la obra con el dueño
de la misma, lo que le impide hacer un análisis cierto sobre la propiedad
intelectual del arquitecto frente a las excepciones y limitaciones del derecho
de autor. En tal sentido, expresó de la siguiente forma las diferencias entre
los creadores de otras obras y el autor de un proyecto arquitectónico: “La
equiparación que pretende hacer el actor entre los autores de proyectos
arquitectónicos y los autores de obras literarias y artísticas, no es posible,
al menos por tres razones: i) porque los proyectos arquitectónicos, si se
entiende que la obra física hace parte de ellos, estarían hechos para vivir en
ellos, lo que no ocurre con la pintura, la escultura o la literatura; ii)
porque el deterioro de los proyectos arquitectónicos, así entendidos, puede
poner en riesgo la vida o la integridad de las personas, lo que no ocurre con
la pintura, la escultura o la literatura; y iii) porque en el caso del proyecto
arquitectónico, el autor no ejecuta el proyecto, ni lo financia por su cuenta,
mientras que en el caso de la pintura, la escultura o la literatura, es la
misma persona la que hace el proyecto y lo ejecuta, como en el caso de la
pintura, o la que lo hace y lo manda a ejecutar por su cuenta, como ocurre con
la escultura cuando media el vaciado y fundido de un metal, a cargo de
artesanos, de lo que se sigue que en estas obras la propiedad intelectual y la
propiedad patrimonial corresponden al mismo titular.”
VI. FUNDAMENTOS DE LA
DECISIÓN
Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la
Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma
acusada forma parte de una ley.
Asunto bajo
revisión y problema jurídico planteado.
1. El demandante considera que la norma acusada establece un trato
discriminatorio que vulnera el artículo 13 de la
Constitución Política. Lo anterior, porque en su concepto la disposición
desconoce el derecho moral del arquitecto de mantener su obra sin alteraciones,
derecho que es reconocido a cualquier otro creador bajo la modalidad de derecho
a la integridad de la obra[22]. En esa medida, plantea
que la obra arquitectónica debe ser protegida como las demás creaciones
reconocidas por el derecho de autor.
El demandante insiste que el aparte acusado expone a los autores a
la alteración de su obra arquitectónica por parte de un tercero que no está
legitimado para hacerlo. Esto, a su juicio desconoce la calidad de autor que
tiene el arquitecto, como creador de la obra, para trasladarle al propietario
la facultad de modificarla.
A su juicio con el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982 se desconocen los derechos morales de autor, los cuales han
sido reconocidos por la Corte Constitucional como fundamentales.
De otra parte, expresa que el precepto acusado vulnera el artículo
61 de la Constitución en tanto se niega la protección de los derechos
inherentes a los autores de obras literarias y artísticas, reconocida por
tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad[23].
En efecto, en su concepto, el amparo a la propiedad intelectual prevista en la
Constitución, incluye la garantía a los derechos morales que los arquitectos
tienen sobre sus obras.
Finalmente, el actor considera que la limitación establecida en la
norma demandada viola los artículos 70 y 71 de la
Constitución en la medida que desconoce la obligación del Estado de promover y
proteger la cultura, así como la de incentivar la creación en tanto esta
constituye un aporte a la sociedad.
2. El Procurador General de la
Nación al igual que los intervinientes solicitan a la
Corte un pronunciamiento de exequibilidad de la norma acusada. Coinciden en
afirmar lo siguiente: (i) la libertad de configuración con que cuenta el
legislador le permite establecer limitaciones y excepciones a la protección del
derecho de autor; (ii) si bien con la disposición acusada se puede afectar el
derecho a la integridad de la obra, lo cierto es que el legislador establece
que el arquitecto tiene la facultad de prohibir que su nombre sea asociado con
la obra alterada; (iii) el derecho de propiedad no puede supeditarse al
consentimiento del arquitecto.
No obstante es preciso decidir previamente sobre la inhibición
propuesta por el Procurador General de la
Nación así: “La demanda confunde el proyecto arquitectónico con la obra
física. Esa confusión lleva al actor a inferir que los derechos de autor del
hacedor del proyecto se extienden hasta la culminación de la obra civil. Por
eso se asume que el proyecto no es una obra acabada e independiente, sino una
obra inacabada o intermedia. Por eso, también, se considera que el dueño del
edificio o de la construcción, no tiene derecho a decidir si realiza la obra o
no, y cómo la realiza.”
Delimitación del ámbito del pronunciamiento. Aclaración preliminar
sobre el significado del artículo 43 de la
Ley 23 de 1982.
3. No obstante, el accionante refiere que el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982 vulnera los artículo 70 y 71 de la
Constitución Política, los cargos presentados carecen de suficiencia[24]
respecto de los dos artículos constitucionales mencionados, razón por la cual
en la presente sentencia se analizarán solo los cargos respecto a los artículos
13 y 61 de la
Constitución Política.
4. Previamente al planteamiento del problema jurídico, la
Corte deberá definir si el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982 ha sido interpretado de forma errónea por el actor tal y como
lo propone el Ministerio Público. En efecto, la argumentación del Procurador
General de la Nación se refiere al alcance dado por el demandante a la
expresión “proyecto arquitectónico” contenida en el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982.
La problemática conceptual se circunscribe a determinar si el
proyecto arquitectónico tiene un alcance bidimensional como lo asegura el
representante del Ministerio Público o tridimensional como afirma el
demandante. De hecho, para el Procurador General de la
Nación el arquitecto tiene el derecho moral sobre los planos de diseño de la
obra pero no tiene derecho de propiedad sobre la obra acabada, mientras que el
actor expresa sus razones de inconstitucionalidad por las modificaciones que
pueda realizar el propietario del bien inmueble sin el consentimiento del
arquitecto.
De acuerdo con el mencionado artículo 43: “El
autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario
introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su
nombre sea asociado a la obra alterada.”.
5. Para la Corte, de una lectura integral del artículo 43 de la
Ley 23 de 1982, puede concluirse que el legislador pretende hacer alusión a la
obra terminada pues pese a referirse en un primer momento al autor del “proyecto
arquitectónico”, finaliza la norma con al expresión “obra alterada”.
Lo que interesa a la norma es facultar al arquitecto para impedir que su nombre
sea asociado con la alteración de su obra culminada y no a interferir en las modificaciones
durante la construcción de la misma.
En este contexto resulta pertinente hacer referencia al Glosario de
Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI[25], en el cual
se define obra de arquitectura en los siguientes términos: “Es una creación
en el sector del arte relativo a la construcción de edificios. Se entiende
normalmente que estas creaciones comprenden los dibujos, croquis y modelos, así
como el edificio o estructura arquitectónica completos.”[26].
Asimismo, el artículo 2 del Convenio de Berna al describir las obras protegidas
enuncia: “1) Los términos "obras literarias y artísticas"
comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y
artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los
libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y
otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales;
las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin
letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras
expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo,
pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a
las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la
fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos,
croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la
arquitectura o a las ciencias. ”. Este artículo fue desarrollado, en lo
relacionado con la obra arquitectónica, por la
Guía del Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de Paris, 1971)[27],
de la siguiente forma: “obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado,
litografía: esta categoría comprende, esencialmente, las obras llamadas
artísticas, tanto bidimensionales (dibujos, cuadros, grabados, litografías,
etc.) como tridimensionales (esculturas, estatuas, obras arquitectónicas,
monumentos, edificios, etc.), independientemente de su género (figurativo o
abstracto) y de su finalidad (arte “puro”, fines publicitarios, etc.).”.
Así, en concepto de la OMPI la definición de la obra arquitectónica
comprende tanto su aspecto bidimensional como el tridimensional, en esa medida
debe entenderse el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 y no únicamente como lo
refiere la Vista Fiscal a la obra inacabada. En tal sentido, la limitación
establecida por el legislador pretende conceder al propietario de la obra
arquitectónica la facultad de modificarla sin que sea necesario el consentimiento
del arquitecto.
6. En suma, la inhibición propuesta por el Ministerio Público
carece de fundamento pues no existe una errada interpretación del actor al
formular la demanda, pues su entendimiento de la misma refleja el concepto de
obra arquitectónica así como la limitación realizada por el legislador.
Problema Jurídico
7. Corresponde a la Corte definir si la limitación legislativa que
permite al propietario de un bien inmueble modificar la obra sin el
consentimiento del arquitecto vulnera la protección a la propiedad intelectual
reconocida por el artículo 61 de la
Constitución Política. En particular, se deberá establecer si se desconoce el
derecho moral del arquitecto a mantener la integridad de su obra, en violación
del derecho a la igualdad, comoquiera que dicha facultad es reconocida a los
demás creadores de obras de carácter artístico y literario.
8. Para resolver el problema jurídico planteado la
Corte abordará las siguientes materias: (i) la propiedad intelectual y la
libertad de configuración legislativa; (ii) El concepto de propiedad
intelectual; (iii) el derecho de autor y derechos conexos; (iv) los derechos
morales de integridad y paternidad de la obra; (v) el derecho patrimonial de
trasformación; (vi) las limitaciones y excepciones al derecho de autor; y
(vii) cómo trata la legislación comparada la protección del derecho moral del
arquitecto.
Reiteración de jurisprudencia. Propiedad Intelectual. Libertad de
configuración legislativa. Derecho de autor y derechos conexos. Derechos morales
y patrimoniales. Excepciones y limitaciones.
De la propiedad intelectual y la libertad de configuración
legislativa.
9. El artículo 61 de la
Constitución Política dispone: “El
Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades
que establezca la ley.”. En esa
medida, se reconoce, de una parte, la garantía que el Estado asume en materia
de propiedad intelectual, y de otra, el desarrollo legislativo que implica su
protección[28].
Esa remisión al legislador para regular
el tema de la propiedad intelectual ha sido definido por este Tribunal como: “(…) la existencia de un amplio margen de configuración legislativa
sobre la materia, siempre que las medidas adoptadas (i) se orienten a la
protección de la propiedad intelectual y (ii) no establezcan condiciones
irrazonables o desproporcionadas para acceder a dicha protección.[29]
De este modo, ha señalado la
Corte, la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual, así como
el diseño de los mecanismos adecuados para el efecto, es potestad del
legislador, a quien la Constitución habilita para establecer las formalidades
necesarias para hacer efectiva esa protección, para lo cual debe tener como
directrices todos los postulados constitucionales y los instrumentos
internacionales de los cuales el Estado Colombiano es parte.
De lo anterior es posible concluir que el régimen de protección de
los derechos de autor y los derechos conexos se desenvuelve en el ámbito de la
ley, y que la Constitución no impone criterios rígidos, ni modalidades
específicas de protección, ni excluye la posibilidad de adoptar determinados
sistemas, sino que deja un amplio margen de configuración legislativa sobre el
particular. En la medida en que esta materia ha sido desarrollada en una serie
de tratados internacionales y que Colombia es parte de algunos de ellos, es
deber del Estado asegurar que la legislación interna esté en armonía con las
normas internacionales vinculantes en este ámbito.[30]”[31].
En tal sentido en la sentencia C-334 de
1993[32], la
Corte señaló: “Si el artículo 61 constitucional
precitado consagra la protección genérica al derecho de propiedad intelectual
mas deja en manos del legislador la fijación de la temporalidad del dominio y
las modalidades de protección, y si la norma revisada justamente es una Ley de la
República que desarrolla, concreta y hace viable dicho derecho constitucional,
no queda más que concluir que dicha norma se aviene a la preceptiva de la
Carta.”
Del mismo modo, en la sentencia C-489 de 1993 la
Corte declaró exequible el Tratado sobre el Registro Internacional de obras
Audiovisuales al constatar que el mismo se encontraba en armonía con la
garantía del derecho de autor, así como con la protección a: “(…) la
propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que disponga la
ley, pues como se advierte, la
Constitución Política de 1991 ha dejado la regulación del derecho de propiedad
intelectual a la ley, sin determinar el mínimo de la garantía que antes, en el
artículo 35 de la Constitución de 1886, comprendía la vida del autor y ochenta
años más.”
Igualmente, en la sentencia C-282 de 1997 la
Corte declaró inexequible la expresión “Para los efectos del artículo 44 de
la Ley 23 de 1982..." contenida en el artículo 83 de la
Ley 300 de 1996, al encontrar que dicha disposición vulneraba el derecho a la
igualdad de los autores de obras artísticas al extender a las habitaciones de
los hoteles y hospedajes el carácter privado del domicilio, evitando el cobro
por la ejecución pública de las mismas. La
Corte advirtió: “De allí resulta la inconstitucionalidad de la norma, en lo
referente a propiedad intelectual, no por modificar disposiciones de rango
legal, facultad ésta inherente a la tarea legislativa, sino por introducir, sin
justificarla, una preferencia que se opone abiertamente al principio plasmado
en el artículo 13 de la Carta, en perjuicio de derechos que ella (art. 61)
reconoce a los autores de obras artísticas.”[33]
En armonía con lo anterior, en la sentencia C-792 de 2002 la
Corte analizó en el marco de la libertad de asociación y la libertad económica
la función que cumplen las sociedades de gestión colectiva de autores o sus
titulares, pues resulta razonable y proporcional que el legislador adopte
medidas relacionadas con un monto máximo destinado a gastos sociales y de
administración.
10. En conclusión, el texto
constitucional contempla una protección genérica a la propiedad intelectual,
otorgándole al legislador la facultad de desarrollar en términos de medidas
razonables y proporcionales dicha protección[34].
Del concepto de propiedad intelectual
11. En cuanto al concepto de propiedad
intelectual, desde el inicio de su jurisprudencia la
Corte destacó el carácter especial de esta, de la siguiente forma: “La propiedad intelectual es pues una modalidad sui generis de
propiedad, ya que guarda semejanzas y diferencias con la concepción clásica del
derecho de propiedad, a saber:
- Coinciden la propiedad intelectual y la propiedad común en el
hecho de que ambas reúnen los elementos esenciales de la propiedad: el usus, el
fructus y el abusus, con las limitaciones que establecen la
Constitución y la ley.
- Pero se diferencian ambas nociones en lo siguiente, como bien lo
anotó el Procurador General de la
Nación en su concepto:
a. El contenido moral del derecho que tiene el autor sobre la
propiedad intelectual que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible e
independiente del contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre
con el derecho de propiedad común, que sólo tiene un contenido patrimonial, alienable,
renunciable y prescriptible.
b. La propiedad intelectual recae sobre una cosa incorporal. La
propiedad común en sentido estricto sólo recae sobre cosas corporales.
c. La propiedad intelectual, por determinación de la ley, es
temporal (art. 11 de la Ley 23 de 1982) mientras que la común es perpetua.”[35]
Asimismo, en la sentencia C-276 de 1996[36], la
Corte advirtió: “Las creaciones del intelecto, y
aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto bienes
inmateriales han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados
derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los
derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre
descubrimientos científicos, así como otras formas y manifestaciones de la
capacidad creadora del individuo.”
En complemento con esa definición, en la sentencia C-975 de 2002 la
Corte declaró inexequible la Ley 719 de 2001, “Por la cual se modifican las
Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones”, por haber
incurrido el Congreso de la República en vicios de procedimiento en su
formación, en tanto el proyecto se tramitó en la comisión sexta de cada una de
las cámaras cuando, por tratarse de un asunto relacionado con propiedad
intelectual ha debido cursar en las comisiones primeras de las células
legislativas. Para arribar a esta conclusión este Tribunal recordó el concepto
de propiedad intelectual en los siguientes términos: “La propiedad
intelectual comporta, entonces, aquella disciplina normativa a través de la
cual se busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del
esfuerzo, el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son
dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica. El
concepto de propiedad intelectual, abarca en un primer aspecto la propiedad
industrial que se refiere esencialmente a la protección de las invenciones, las
marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial,
los modelos de utilidad, la enseña y el control y represión de la competencia
desleal; y en un segundo aspecto, el derecho de autor, que comprende las obras
literarias, científicas y artísticas, otorgando también la debida protección a
los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son productores de
fonogramas y a los propios organismos de rediodifusión respeto de su emisión.
A partir de lo que constituye su ámbito de aplicación, y dada la
importancia que éste representa para la promoción y conservación de la cultura,
en el artículo 61 de la
Constitución Política se consagró el principio de protección a la “propiedad
intelectual”, entendiéndose que cobija tanto a la propiedad industrial sobre
marcas y patentes como a los derechos de autor y conexos[37].
Valga destacar que la protección al concepto genérico de propiedad intelectual,
plasmado en la disposición constitucional antes citada, recoge los criterios
básicos que la comunidad internacional reconoce como connaturales a la materia[38];
los cuales, además, han venido siendo incorporados al orden jurídico interno,
incluso antes de la promulgación de la
Constitución del 91, a través de la Ley 23 de 1982 y de la
Ley 44 de 1993 que adicionó y modificó la primera.”[39].
Sobre el particular, en la sentencia C-924 de
2000 el pleno de esta corporación advirtió: “La protección de la propiedad
intelectual es una tarea de importancia crucial para el fomento de la
creatividad y el talento nacionales, en la medida en que garantiza que el
trabajo creador del artista o del científico no será objeto de apropiación ni
aprovechamiento indebidos por parte de terceros.”[40]
Adicionalmente, el concepto de propiedad intelectual fue retomado
por la Corte tanto en la sentencia C-1118 de 2005 ya citada como en la
sentencia C-750 de 2008, en la cual se declaró exequible la
Ley aprobatoria del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre Colombia y
los Estados Unidos de América. En esa oportunidad la
Corte estudió el capitulo referente a propiedad intelectual concluyendo que
las disposiciones del mismo se armonizan con la protección que en el ámbito
nacional, comunitario e internacional se otorga, en particular, al derecho de
autor y derechos conexos.
12. En suma, el concepto de propiedad intelectual integra tanto la
propiedad industrial como el derecho de autor y los derechos conexos, así como
los derechos sobre descubrimientos científicos y demás formas y manifestaciones
de la capacidad creadora del individuo. En efecto, la especial protección de la
propiedad intelectual tiene como objeto amparar la creación producto del
talento, trabajo y esfuerzo humano.
Del derecho de autor y los derechos conexos.
13. En tanto el problema propuesto en esta ocasión hace referencia
al derecho de autor[41], la
Corte reiterará su jurisprudencia únicamente en este ámbito de la propiedad intelectual.
De acuerdo con la citada sentencia C-276 de 1996 el derecho de autor
comprende el derecho moral y el derecho patrimonial[42]:
“la primera, la que se traduce en el derecho personal o moral, que
nace con la obra misma, como consecuencia del acto de creación y no por el
reconocimiento de autoridad administrativa; ellos son extrapatrimoniales
inalienables, irrenunciables y, en principio, de duración ilimitada, pues están
destinados a proteger los intereses intelectuales del autor y respecto de ellos
el Estado concreta su acción, garantizando el derecho que le asiste al titular
de divulgar su obra o mantenerla en la esfera de su intimidad, de reivindicar
el reconocimiento de su paternidad intelectual sobre la misma, de exigir
respeto a la integridad de su obra y de retractarse o arrepentirse de su
contenido.
La segunda dimensión es la de los denominados derechos
patrimoniales, sobre los cuales el titular tiene plena capacidad de
disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual
de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para
el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, (reproducción
material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación
de la obra).
Con base en esa clasificación del derecho de autor, este Tribunal en
la sentencia C-155 de 1998, adicionó el concepto de derechos morales, así: “(…)
los derechos morales de autor se consideran  derechos de rango fundamental, en
cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o
sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en
general todas las formas de manifestación del espíritu,  son prerrogativas
inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana, y a la
dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de
autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de
su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo
que piensa y que crea,  y que  expresa esta racionalidad y creatividad como
manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de
autor, deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de
hombre.”[43].
Igualmente, en el marco de la protección de los
derechos morales, en la sentencia C-1139 de 2000, la
Sala Plena decidió declarar ajustado a la
Constitución la Ley 545 del 23 de diciembre de 1999, por medio de la cual se
aprueba el ‘Tratado de la OMPI – Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas”
concluido en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. En particular, observó la
Corte que el tratado “prevé la obligación de las Partes de proteger los
derechos morales, de autorización y patrimoniales de los artistas intérpretes y
ejecutantes y de los productores de fonogramas, manteniendo lo establecido en la
Convención de Roma de 1961 (Ley 48 de 1975) en el sentido de que tal
protección no afectará los derechos de los autores de las obras que aquellos
interpretan, ejecutan o producen. Así, se desarrollan los artículos 25, 58 y 61
de la Constitución Política, por cuanto se otorga una protección eficaz al
trabajo de los artistas y productores y a sus derechos patrimoniales sobre las
interpretaciones.”
También resulta pertinente hacer referencia a la
sentencia C-053 de 2001, en la que la
Sala Plena decidió declarar exequible la expresión “se reputan de interés
social y” contenida en el artículo 67 de la
Ley 44 de 1993, que se adiciona al artículo 2º de la
Ley 23 de 1982. Esto, luego de conceptualizar sobre el derecho de autor, tanto
moral como patrimonialmente, en la jurisprudencia constitucional, así: “En
sentido estricto, sin embargo, los derechos de autor son aquellos que surgen en
virtud de la relación entre personas naturales creadoras de obras originales,
sean éstas literarias, artísticas o científicas,[44]
y que recaen exclusivamente sobre las expresiones de las mismas.[45]”. Y agregó: “Los derechos morales son aquellos que
nacen como consecuencia de la creación misma y no del reconocimiento
administrativo, son de carácter extrapatrimonial, inalienable, imprescriptible
e irrenunciable.  Estos incluyen:
-
el derecho a divulgar la
obra
-
el derecho al
reconocimiento de la paternidad intelectual
-
el derecho al respeto y a
la integridad de la obra, impidiendo las modificaciones no autorizadas sobre la
misma
-
el derecho al retracto,
que le permite al autor retirarla del comercio”[46].
En cuanto a los derechos patrimoniales, esta misma sentencia, puntualizó
que estos: “(…) se relacionan con la explotación económica de la obra.
Estos, por el contrario, son transferibles, prescriptibles y renunciables.
Incluyen:
-
El derecho de reproducción material
-
El derecho de comunicación pública no
material, de representación, ejecución pública y radiodifusión
-
Transformación, traducción, adaptación y
arreglo musical
-
Cualquier otra forma de utilización de la
obra”.
Por su parte, en la sentencia C-424 de 2005 la
Corte declaró exequible el artículo 69 de la
Ley 44 de 1993, en el entendido que si los titulares de los derechos derivados
de la interpretación, ejecución o producción de fonogramas que se ejecutan
públicamente optan por no vincularse a una sociedad colectiva de gestión, el
pago se hará mediante el mecanismo se acuerde libremente, pero dentro del marco
de las normas legales vigentes: “ En efecto, de conformidad con las normas
pertinentes de la Ley 23 de 1982, que han sido complementadas y definidas por
disposiciones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en particular, por la
Decisión 351 de 1993, los derechos de autor se predican de la persona natural
o física que realiza la creación intelectual, que es toda obra de naturaleza
artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida
en cualquier forma.
A su vez, los derechos conexos son aquellos que se conceden a los
artistas, intérpretes y ejecutantes y que les conceden ciertas prerrogativas
sobre sus interpretaciones o ejecuciones.
Ambos, tanto los titulares de derechos de autor como los titulares
de derechos conexos pueden exigir la protección de los derechos morales y
patrimoniales que tienen sobre sus obras, interpretaciones o ejecuciones. A
grandes rasgos, los derechos morales los habilitan para reclamar en todo
momento el reconocimiento de la paternidad de la obra, de la interpretación o
de la ejecución[47], mientras
que los derechos patrimoniales les permiten autorizar, administrar, restringir
y aprobar la explotación económica de la obra, interpretación o ejecución.
(…)
Por ello, pese a la divergencia de contenidos normativos, es
evidente que, en el tema que toca con la demanda de la referencia, ambas
preceptivas se interrelacionan, pues tanto los autores de obras musicales como
los artistas intérpretes, los ejecutantes y el productor del fonograma derivan
derechos patrimoniales de las obras que crean, interpretan y producen. Así,
mientras los autores tienen derecho al cobro de los derechos de autor que
reciben por virtud de la creación de la obra, los intérpretes, ejecutantes o el
productor tendrán derecho a reclamar lo propio respecto de los derechos
conexos.”[48]
Por último, en la sentencia C-523 de 2009 la
Corte declaró exequible el artículo 247 de la
Ley 23 de 1982, al concluir que no se vulnera el derecho al debido proceso del
empresario u organizador de un espectáculo o de una exhibición de una obra
teatral, cinematográfica o musical, cuando el legislador permitió al juez
municipal o del circuito del lugar donde se realice el espectáculo, suspenderlo
por supuesta violación de los derechos de autor, basado en una prueba sumaria y
previo el pago de una caución. Para arribar a esa conclusión la
Corte precisó nuevamente que el derecho de autor está compuesto por derechos
morales y patrimoniales. Y resaltó: “La protección jurídica a los autores se
manifiesta en dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos
morales. Los derechos patrimoniales se refieren al derecho exclusivo de
realizar o autorizar la reproducción de la obra; la  traducción, adaptación,
arreglo o cualquier otra transformación, de la misma, y su comunicación al
público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier
otro medio. Según lo señalan las definiciones de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual –OMPI-, los derechos patrimoniales constituyen el
elemento pecuniario del derecho de autor, en cuanto “suponen, en general, que,
dentro de las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de autor, el
titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones públicas
de la obra previo abono de una remuneración.” En este sentido, lo advierte la
Corte, sobre los derechos patrimoniales “el titular tiene plena capacidad de
disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual
de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para
el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, (reproducción
material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación
de la obra)”.[49]
Los derechos morales, a su vez,  comprenden, entre otros,  el
derecho del autor a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en
especial, a que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera
de los actos de comunicación pública de la misma; a oponerse a cualquier
deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de
su honor o reputación; a conservar su obra inédita o anónima, o a modificarla,
antes o después de su publicación.
Por su parte, los derechos conexos a los de autor son aquellos que
se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus
interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones, y tienen,
también, manifestaciones morales y patrimoniales.”[50]
14. En consecuencia, la protección del derecho de autor involucra el
reconocimiento de derechos morales y derechos patrimoniales a sus titulares. En
cuanto a los primeros, se reconoce su vínculo con la creación de la obra y se
caracterizan por su carácter extramatrimonial, inalienable, irrenunciable y, en
principio, de duración ilimitada. Frente a los segundos, estos se relacionan
con la explotación económica de la obra.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la demanda involucra los derechos
morales de integridad y paternidad, y el derecho patrimonial de transformación,
la Corte profundizará sobre esos aspectos a continuación.
Los derechos morales de integridad y paternidad de la obra.
15. La protección a la integridad y paternidad de la obra puede
encontrarse en los diferentes ámbitos normativos que regulan el derecho de
autor. Así por ejemplo, en el Convenio de Berna[51],
establece en el artículo 6 bis numeral 1: “1) Independientemente de los
derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos
derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la
obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de
la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a
su reputación. ”
Por su parte, el artículo 30 de la
Ley 23 de 1982 dispone: “El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo,
inalienable, e irrenunciable para:
a)
Reivindicar en todo tiempo la paternidad
de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se
realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley;
b)
A oponerse a toda deformación, mutilación u
otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio
a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por
éstos (…)”.
En el mismo sentido, la
Decisión Andina 351 de 1993[52], Régimen Común sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos, en su
artículo 11 establece: “El autor tiene el derecho inalienable,
inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita
o divulgarla; b) Revindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el
decoro de la obra o la reputación del autor.”
En cuanto a la protección que la jurisprudencia constitucional ha
otorgado al derecho a la integridad de las obras, puede mencionarse la
sentencia SU-056 de 1995, en la cual la
Corte no accedió a la rectificación del libro “La
Bruja”, por considerar que la información que contiene sobre los
accionantes no vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la
intimidad, por cuanto: “no se ha establecido que la obtención del material
informativo plasmado en el libro hubiera sido el resultado de una intromisión
intencionada y dolosa en la vida íntima de las peticionarias, mediante actos
concretos que así lo determinen, tales como entradas clandestinas a recintos o
sitios privados, violación de correspondencia o intercepción de teléfonos y
comunicaciones. En caso contrario, es obvio que dicho conocimiento y su
divulgación mediante la publicación del libro, tendría naturalmente una
consideración diferente a la anotada y una repercusión en la violación de los
derechos fundamentales cuyo amparo se invoca en las demandas de tutela”
Aunado a lo anterior, la Corte se refirió a la intangibilidad de la
obra literaria en los siguientes términos: “A diferencia de la publicación o
difusión de hechos y de opiniones por los medios de comunicación, los libros
que revelan una elaboración intelectual y personal constituyen una creación de
sus autores. Por ello, los libros de esta naturaleza constituyen una unidad
inescindible, cuya autoría es producto de la creatividad intelectual, propósito
e intención del autor y su contenido no puede ser modificado por una autoridad
pública o un particular. En tales condiciones, no es jurídicamente admisible
que se pueda solicitar por algún interesado la rectificación o corrección de su
contenido, a través del ejercicio de la acción de tutela, salvo que so pretexto
de la creación literaria o artística el autor consigne en el libro, total o
parcialmente, una información que no sea veraz e imparcial, o que no obstante
reunir estas características afecte la intimidad u otro derecho fundamental; en
tal virtud, la intangibilidad de la obra, si revela datos personales no
susceptibles de ser conocidos de otro modo, se desvanece si ella afecta dichos
derechos.
(…)
La Corte considera que se equivocaron los
juzgadores de instancia al disponer el cambio de los nombres de las personas
que aparecen mencionadas y descritas en el libro y al ordenar las
rectificaciones a las informaciones contenidas en la obra que, además,
implicaban la alteración de su entorno narrativo, y una afrenta a los derechos
y a la creación intelectual del actor.
Evidentemente, el libro que es objeto de censura a través de las
acciones de tutela, aun cuando podría afirmarse que utiliza en esencia el
género testimonio periodístico, es una obra literaria que no se puede asimilar
a una noticia, razón por la cual no es viable introducir modificaciones a su
contenido narrativo, porque autorizarlas implicaría desnaturalizar la esencia
material de la obra, aparte de que convertiría al juez de tutela en un crítico
de la creación intelectual de la misma, lo cual, por ser una cuestión
metajurídica rebasa obviamente su competencia. Además, es posible que las
ordenes del juez al autor de la obra para que cambie aspectos esenciales de su
contenido sean de imposible cumplimiento, porque obligarían al escritor a
reescribir su obra no conforme a su libre expresión, sino acorde con la del
juzgador.
Lo anterior encuentra respaldo igualmente en los artículos 1, 3, 8 y
30 de la Ley 23 de 1982, disposiciones que en desarrollo de los preceptos
constitucionales enunciados, reconocen a los autores de obras literarias y
científicas, diferentes derechos, entre otros, el de poder oponerse a toda
deformación, mutilación o modificación de las mismas, cuando tales actos puedan
causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o impliquen demérito de
la obra, y de demandar la correspondiente reparación de perjuicios. De este
modo, se aspira a salvaguardar el derecho a la integridad de la obra, a que se
conserven los elementos esenciales y a que ninguna persona o autoridad, ya
deliberadamente o por falta de comprensión, altere su contenido.”
16. En general, puede concluirse que entre las prerrogativas de los
creadores se encuentran el derecho a reivindicar la autoría de determinada obra
y el derecho a objetar cualquier alteración de la misma.
El derecho patrimonial de transformación.
17. Del mismo modo que los derechos morales, la protección de los
derechos patrimoniales se halla en diferentes escenarios normativos. En cuanto
al derecho patrimonial de transformación el Convenio de Berna, artículo 12,
señala que: “Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del
derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras
transformaciones de sus obras.”
Análogamente, el artículo 12, literal b de la
Ley 23 de 1982 dispone: “El autor de una obra protegida tendrá el derecho
exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes:
(…) b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier
otra transformación de la obra”.
Por último, la
Decisión Andina 351 de 1993, en su artículo 13, literal e, establece: “El
autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir: (…) e) La traducción, adaptación, arreglo u
otra transformación de la obra.”
18. En suma, constituye una prerrogativa propia del derecho de autor
reconocer a sus titulares el derecho a autorizar o prohibir las
transformaciones de sus obras.
De las limitaciones y excepciones al derecho de autor.
19. El legislador ha previsto, tanto para los derechos morales como
para los derechos patrimoniales, ciertas limitaciones y excepciones. De hecho,
como lo advierte la sentencia C-155 de 1998, el artículo 21 de la
Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena, prescribe que: “las
limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las
legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos
casos en que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen
perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de
los derechos.”
Al respecto, en la sentencia C-282 de 1997, la
Corte declaró inexequible la expresión “Para los efectos del artículo 44 de
la Ley 23 de 1982..." contenida en el artículo 83 de la
Ley 300 de 1996, por encontrar que dicha disposición vulneraba el derecho a la
igualdad de los de autores de obras artísticas al extender a las habitaciones
de los hoteles y hospedajes el carácter privado del domicilio, evitando el
cobro por la ejecución pública de las mismas. En particular, sobre la falta de
justificación de la medida, precisó la corporación: “Entonces, bajo la
perspectiva constitucional, además de la vulneración del derecho de propiedad intelectual,
es flagrante el quebrantamiento del principio de igualdad, toda vez que la
ejecución pública de obras artísticas en otro tipo de establecimientos, por
contraste con los hoteleros, sí ocasiona, según la
Ley 23 de 1982, la posibilidad de que los autores reclamen sus derechos de
propiedad intelectual.  Es decir, el precepto plasma, bajo tal entendimiento,
una excepción, que en realidad significa beneficio injustificado, a favor de
los hoteles, en detrimento de los derechos de autor.
(…)
De allí resulta la inconstitucionalidad de la norma, en lo referente
a propiedad intelectual, no por modificar disposiciones de rango legal,
facultad ésta inherente a la tarea legislativa, sino por introducir, sin
justificarla, una preferencia que se opone abiertamente al principio plasmado
en el artículo 13 de la Carta, en perjuicio de derechos que ella (art. 61)
reconoce a los autores de obras artísticas.”[53]
Igualmente, en la sentencia C-519 de 1999, se demandó el artículo 73
de la Ley 23 de 1982, el cual prescribe que ante la falta de acuerdo entre el
autor y el usuario de la obra, o entre las organizaciones que respectivamente
los representen, sea la
Administración la que determine las tarifas. En el mencionado pronunciamiento,
específicamente sobre las limitaciones la
Corte aseguró: “El recaudo de los derechos que corresponden a los autores
por concepto de ejecución, representación, exhibición, uso o explotación de las
obras generadas en su creatividad o concepción artística o intelectual, que
representan una forma de propiedad constitucionalmente protegida, no puede
librarse a la voluntad puramente contractual, al acuerdo o al convenio entre
quien explota el material al que se refieren aquéllos y el autor
correspondiente o quien sus derechos representa, sino que, a juicio de esta
Corte, involucra necesariamente la actividad estatal e implica la consagración
de normas de orden público no susceptibles de ser contradichas o anuladas
mediante pactos bilaterales.
En efecto, se trata de derechos inalienables, de conformidad con el
artículo 61 de la Constitución, que al declarar, con carácter imperativo, la
protección de la propiedad intelectual, a cargo del Estado, estatuye que ella
tendrá lugar por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.
Aunque el legislador goza de competencia para establecer las
modalidades del amparo de los indicados derechos, lo que no puede esquivar es
la responsabilidad que la
Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener
que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o
abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan
sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales
conceptos.”
20. De tal forma las limitaciones y excepciones al derecho de autor
deben ajustarse a la llamada ' regla de los tres pasos', consagrada en
el artículo 21 de la Decisión Andina 351 de 1993[54],
según la cual, éstas deben adecuarse a las siguientes características: (i) que
sean legales y taxativas (ii) que su aplicación no atente contra la normal
explotación de la obra y; (iii) que con ella se evite causarle al titular del
derecho de autor un perjuicio injustificado en sus legítimos derechos e
intereses.
Cómo trata la legislación comparada la protección del derecho moral
del arquitecto.
21. Teniendo en cuenta que del contexto expuesto, corresponde al
legislador definir las limitaciones y excepciones al derecho de autor. La
Corte expondrá, de acuerdo con el anexo aportado por el representante de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor, cierta legislación latinoamericana
sobre la limitación al derecho moral del arquitecto.
21.1. En igual sentido que el colombiano se encuentra la legislación
chilena, mexicana, peruana y dominicana:
CHILE
MÉXICO
Ley No. 17336
de 1970, Ley sobre Propiedad Intelectual.
Articulo 71 G . En las obras de arquitectura el autor no podrá
impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar,
pero podrá oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto.
Ley Federal del Derecho de Autor de 1996
Articulo 92. Salvo pacto en contrario, el autor de una obra de arquitectura no
podrá impedir que el propietario de ésta
le haga modificaciones, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea
asociado a la obra alterada.
HONDURAS
REPÚBLICA DOMINICANA
Decreto 4-99-E, Ley del Derecho de Autor y de los
derechos conexos de 1999
Articulo 57. Quien tenga los derechos sobre
una obra arquitectónica puede alterar
los planos y proyectos, así
como, disponer en cualquier momento su
demolición total o parcial, la
ampliación o reducción o cualquier otra modificación. Cuando el autor del
plano y proyecto original no haya dado su consentimiento a esas
modificaciones, podrá exigir la supresión
de su nombre, si éste apareciera consignado a la obra modificada.
Ley 65 de
2000, Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos
Articulo 43. El autor de un proyecto arquitectónico no podrá
impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la
facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada.
PERÚ
Decreto
Legislativo 822 de 1996, Ley sobre el derecho de autor.
Articulo 80. El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a
las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con
posteridad a ella, o a su demolición.
Sí las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del
autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará
vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto
original.
21.2. Por su parte, las legislaciones panameña, paraguaya y
venezolana señalan que no es necesario contar con la autorización del
arquitecto para realizar modificaciones a la obra cuando estas son necesarias:
PANAMÁ
VENEZUELA
Ley 15 de 1994, Ley de Derecho de
Autor y Derechos conexos
Artículo 19. El autor de la obra de diseño de arquitectura o
diseñador no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción de la obra o con posterioridad, pero el autor
de la obra de arquitectura debe ser consultado
sobre las modificaciones que se hicieren necesarios durante la construcción
o con posterioridad a ella y tendrá preferencia para el estudio y
realización de ésta.
En cualquier caso, si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del diseñador,
éste podrá repudiar la paternidad de la
obra modificada y quedará vedado el propietario, para
invocar en lo futuro el nombre de! autor del proyecto original, sin perjuicio
de la aplicación de las sanciones establecidas en la presente Ley.
Ley Sobre el
Derecho de Autor de 1993
Artículo 20. El autor tiene, incluso frente al adquirente del
objeto material de la obra, el derecho de prohibir toda modificación de la
misma que pueda poner en peligro su decoro o reputación.
El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las
modificaciones que se hicieran necesarias durante la construcción o con
posterioridad a ella. Pero si la obra reviste carácter artístico, el autor
tendrá preferencia para e! estudio y realización de las mismas.
En cualquier caso, si las modificaciones de la obra arquitectónica
se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la
paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para
el futuro el nombre del autor del proyecto original.
PARAGUAY
EL SALVADOR
Ley 1.328 de 1998, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
Artículo 75.- El autor de obras de arquitectura no puede oponerse
a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con
posterioridad a ella. Si las modificaciones se realizaren sin el
consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra
modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro e! nombre
del autor del proyecto original.
Decreto 604 de 1993, Ley de Fomento y Protección de la
Propiedad Intelectual
Articulo 34 . El autor de
obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren
necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella, pero tendrá preferencia
para el estudio y realización de las mismas, salvo pacto en contrario.
En cualquier caso, si las modificaciones
se realizaren sin e! consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para e! futuro el nombre de! autor
de! proyecto original,
quedando el autor exento de responsabilidad por los desperfectos
o fallas que surgieran con motivo de las
modificaciones realizadas.
Los interesados podrán pactar condiciones diferentes a las
establecidas en este articulo.
21.3. Por último, la legislación ecuatoriana donde el arquitecto
puede oponerse a la alteración de su obra, y aún tratándose de modificaciones
necesarias debe mediar su autorización en los siguientes términos:
ECUADOR
Ley 83 de
1998, Ley de Propiedad Intelectual
Artículo 36 . El autor de las obras de arquitectura podrá oponerse
a las modificaciones que alteren estética o funcionalmente su obra.
Para las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o
con posterioridad a ella, se requiere la simple autorización del arquitecto
autor del proyecto, quien no podrá negarse a concederla a no ser que
considere que la propuesta modificatoria altere estética o funcionalmente su
obra.
La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho
del adquirente para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el
consentimiento escrito de su autor en los términos que él señale y de acuerdo
con la Ley del ejercicio Profesional de la
Arquitectura, para utilizarlo en otras obras.
22. En resumen, no existe una posición unificada  entre las
legislaciones latinoamericanas con relación al derecho moral del arquitecto.
De un lado, algunas han dado una respuesta legislativa similar a la consagrada
en la Ley 23 de 1982, y otras han optado por el concepto de necesidad de las
reformas para poder prescindir en estos casos del consentimiento del
arquitecto.  Por último, se debe hacer alusión a la legislación ecuatoriana que
privilegia la voluntad del arquitecto de oponerse a las transformaciones de su
obra salvo que se trate de alteraciones necesarias
Constitucionalidad
de la norma demandada.
23. El aparte demando del artículo 43 de la
Ley 23 de 1982 dispone que el arquitecto no podrá impedir las modificaciones
que el propietario de la obra introduzca en ella.  Al retomar los argumentos de
inconstitucionalidad planteados por el actor es preciso recordar que, en su
concepto, la disposición desconoce el derecho moral del arquitecto de mantener
su obra sin alteraciones, derecho que es reconocido a cualquier otro creador
bajo la modalidad del derecho moral de integridad.  En esa medida, plantea que
la obra arquitectónica debe ser protegida como las demás creaciones reconocidas
por el derecho de autor.
El demandante insiste que el precepto acusado expone a los autores a
la alteración de su obra arquitectónica por parte de un tercero que no está
legitimado para hacerlo.  Esto, a su juicio desconoce la calidad de autor que
tiene el arquitecto para trasladarle al propietario la facultad de modificarla.
De otra parte, expresa que el precepto acusado vulnera el artículo
61 de la constitución en tanto se niega la protección de los derechos
inherentes a los autores de obras literarias y artísticas, reconocida por
tratados internacionales que conforman el bloque de
constitucionalidad. En efecto, en su concepto, el amparo a la propiedad
intelectual prevista en la
Constitución, incluye la garantía a los derechos morales que los arquitectos
tienen sobre sus obras.
24. En primer término, es preciso
reiterar que el texto constitucional contempla una protección genérica a la
propiedad intelectual, otorgándole al legislador la facultad de desarrollar en
términos de medidas razonables y proporcionales dicha protección. En esa
medida, el legislador dispuso, en los artículos 1º y 2º  de la
Ley 23 de 1982, la protección al derecho de autor y los derechos conexos de la
siguiente forma:
“Artículo  1º Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de
protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en
cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta
ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los
organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.
Artículo  2º Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias
y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el
campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de
expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos
y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la
misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras
coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin
ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas
por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las
obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las
obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento
análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas,
planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la
arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio
científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por
cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía
o cualquier otro medio conocido o por conocer.”
De ahí, que como se concluyó en los
fundamentos 3 y siguientes de la presente decisión, la
Ley 23 de 1982, en armonía con la normatividad comunitaria e internacional,
reconoce el derecho moral del arquitecto sobre sus creaciones bidimensionales y
tridimensionales.
25. Simultáneamente, corresponde al legislador establecer las limitaciones y excepciones
al derecho de autor y los derechos conexos[55]. En efecto,
la disposición acusada hace parte del capítulo de limitaciones y excepciones de
la Ley 23 de 1982. Dichas restricciones al derecho de autor están generalmente
relacionadas con el ejercicio del derecho patrimonial y no con el ejercicio del
derecho moral. De hecho, la legislación colombiana únicamente reconoce dos
limitaciones al derecho moral: (i) la consagrada en el artículo 43, objeto de
estudio en este pronunciamiento; y (ii) la estipulada en el artículo 91,
relacionada con las creaciones de los servidores públicos[56].
26. En síntesis, la Corte debe definir si la restricción del artículo
de la Ley 23 de 1982, es decir, permitir al propietario de un bien inmueble
modificar la obra sin el consentimiento del arquitecto, vulnera la protección a
la propiedad intelectual reconocida por el artículo 61 de la
Constitución Política. En particular, se deberá establecer si se desconoce el
derecho moral del arquitecto a mantener la integridad de su obra, en violación
del derecho a la igualdad, comoquiera que dicha facultad es reconocida a los
demás creadores de obras de carácter artístico y literario.
En términos doctrinales, la tratadista argentina Delia Lipszyc
plantea el problema de la siguiente forma: “Los autores de obras de
arquitectura gozan de derechos morales y patrimoniales. // En relación con los
derechos morales, pueden exigir que su nombre figure en la fachada del edificio
y en las obras relativas a este (derecho de paternidad). En cuanto al derecho a
la integridad de la obra, se trata de una cuestión muy delicada. Por un lado,
es razonable que el propietario del edificio pueda realizar algunas
modificaciones de orden práctico o técnico que sean necesarias para su
utilización. Por otro lado es igualmente razonable que el autor de la obra
tenga derecho a prohibir toda deformación, mutilación, modificación o atentado
a la misma que resulten perjudiciales a su honor o reputación. Igualmente
razonable es que si a pesar de la prohibición del autor de la obra o sin su
consentimiento se ejecuta la modificación o atentado, la persona responsable
puede ser obligada, según las circunstancias, a restablecer las cosas a su
estado anterior o bien a indemnizar los daños. En este último supuesto, el
autor tiene derecho a exigir que su nombre se desvincule de la obra. Lo
decisivo de la cuestión residirá en la relación que exista entre el carácter y
la entidad de las modificaciones y el derecho de autor a la integridad de la
obra.”[57].
Las preguntas que surgen entonces son: ¿por qué el legislador
decidió  limitar el derecho moral del arquitecto? y ¿qué otros bienes
constitucionalmente protegidos, diferentes a la propiedad intelectual, está
salvaguardando al permitir la alteración de la obra arquitectónica por un
sujeto diferente al autor?.  En otras palabras, quién o quiénes se benefician
con la restricción prevista en la norma demandada, y si ese beneficio es constitucionalmente
admisible.
27. Para dar respuesta a estos cuestionamientos la
Corte analizará el contenido del artículo 43 de la
Ley 23 de 1982 a partir de la denominada “regla de los tres pasos”:
(i)
La
limitación debe ser legal y taxativa, es decir, existe una preocupación por el
sujeto activo que debe determinar la limitación, así como la idea de que
aquella constará de manera precisa en una ley.
En cuanto al artículo 43 de la
Ley 23 de 1982, es claro que fue proferido por la autoridad competente en el
marco de la regulación integral del derecho de autor y los derechos conexos,
específicamente en el acápite de limitaciones y excepciones.  De ahí, que sea
consecuente inferir que se cumple con el primer paso pues la medida es legal y
taxativa.
(ii)
La
aplicación de la limitación no debe atentar contra la normal explotación de la
obra.
En relación con la normal explotación de la obra, la
Corte advierte que dada la naturaleza de la creación arquitectónica es
corriente que su explotación  por parte del autor se agote una vez proyectado,
diseñado y construido el bien inmueble.   En efecto,  la labor de creación del
arquitecto no tiene vocación de propiedad sobre la construcción.  Por lo tanto,
en principio, la explotación normal de la obra arquitectónica se circunscribe
por parte del arquitecto al trabajo como creador de una obra bidimensional o
tridimensional y por parte del titular a la explotación de los derechos
patrimoniales, incluido el de transformación.
Es precisamente, esa naturaleza especial de la obra arquitectónica
donde cobra sentido la limitación propuesta por el legislador.  Esto,
entendiendo que se protege al arquitecto en tanto autor de la obra y de forma
simultánea se garantiza el ejercicio del derecho de propiedad del destinatario
de la construcción.
En consecuencia, la aplicación de la limitación no afecta la normal
explotación de la obra, por cuanto las modificaciones que pretende introducir
el propietario del bien, no son propias de la expectativa económica que generó
en el arquitecto la elaboración del proyecto y su correlativa construcción.
(iii)
Con la limitación se pretende evitar un perjuicio
injustificado a los legítimos derechos e intereses del titular, es decir, que
si bien se reconoce el perjuicio que puede ocasionar al autor la limitación
establecida lo cierto es que este debe estar justificado.
Entonces, cuando el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982 reconoce la posibilidad de ocasionar un perjuicio al honor o
reputación del autor con la modificación de la obra arquitectónica, aquel no
puede ser injustificado. En este caso la justificación para la
Corte se encuentra, como se esbozó en el numeral anterior, en la protección
del derecho de propiedad (Art. 58 de la C.P.), así como en la garantía del
derecho a la vivienda (Art. 51 de la C.P.), al respeto del interés general
(Art. 58 de la C.P.), entre otros.
En conclusión, con la aplicación que la
Corte ha hecho de la llamada “regla de los tres pasos” a la limitación
establecida en el precepto demandado se pudo definir que esta es legal y taxativa,
no atenta contra la normal explotación que en ejercicio de sus derechos puede
hacer el arquitecto respecto de su obra y el perjuicio que se le causa está
justificado en la protección de intereses reconocidos constitucionalmente.
28. En suma, la Sala considera que con la limitación consagrada en
el artículo 43 de Ley 23 de 1982 no se vulnera el derecho a la propiedad
intelectual (Art.61  de la C.P.), en tanto se respeta la previsión
constitucional para que el legislador establezca la regulación en la materia[58],
y esta última, como se acaba de verificar, se encuentra ajustada a los
presupuestos previstos por el artículo 21 de la
Decisión Andina 351 de 1993, para la definición de limitaciones y excepciones.
29. Ahora bien, frente al cargo formulado por el actor relacionado
con el derecho a la igualdad, es preciso señalar que todos los creadores se
encuentran en una situación fáctica diferente.  En efecto, la obra de cada
autor tiene unas características especiales que determinan una regulación particular,
es decir, de acuerdo con la especialidad de cada obra el legislador debe
prever, en los términos planteados, las limitaciones correspondientes. De
hecho, no es plausible aplicar de manera analógica la limitación que respecto
del uso de una obra hubiere autorizado el legislador. De esta manera, mientras
al amparo de la limitación consagrada en el artículo 44 de la
Ley 23 de 1982, es posible adelantar una reproducción de una obra musical, sin
autorización del titular, en el domicilio privado del usuario, la reproducción
de un programa de ordenador incluso para uso personal exige la autorización del
titular, según lo dispone el artículo 25 de la
Decisión Andina 351 de 1993.
Lo anterior significa que el legislador no puede establecer para
todos los tipos de obra las mismas limitaciones y excepciones, por cuanto las
especificidades de aquellas demandan un tratamiento diferenciado. En
consecuencia, la creación y explotación de las obras realizadas por
arquitectos, músicos, escritores, pintores, programadores de computador, etc.,
es diferente, motivo por el cual el legislador determinó un régimen de
limitaciones y excepciones que no pueden ser analizadas en un plano de
igualdad.
De esta forma, ante la inexistencia de una situación fáctica similar
de la cual se pueda derivar un tratamiento discriminatorio es improcedente el
estudio del cargo propuesto por el actor sobre la violación del derecho a la
igualdad.
30. Por consiguiente, la Sala concluye que la expresión “no podrá
impedir que el propietario introduzca modificaciones en él”, contenida en
el artículo 23 de la Ley 23 de 1982 es exequible por los cargos analizados en
la presente providencia.
VII. DECISIÓN
En mérito a las consideraciones expuestas, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
DECLARAR exequible por los cargos
analizados, la expresión “no podrá impedir que el propietario introduzca
modificaciones en él”, contenida en el artículo 43 de la
Ley 23 de 1982.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Presidente
Ausente en comisión
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Ausente en comisión
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folio 3 del
expediente.
[2] La referencia a la
sentencia fue presentada por el actor de la siguiente forma: “Tribunal de
Apelación de Paris. Sec. 8, en el caso “Vasconi c/ Regie Inmobiliere de la
Ville de Paris” del 28 de marzo de 1995.
”.
[3] En la demanda solo
se relata que el proceso fue adelantado por la
Audiencia Provincial de Bilbao, en el asunto que enfrentó al arquitecto
Santiago Calatrava con el Ayuntamiento de Bilbao.
[4] De acuerdo con el
peticionario dicha expresión hace alusión a dibujos, planos, maquetas, etc.
[5] Folio 5 del
expediente.
[6] Folio 8 del
expediente.
[7] Folio 9 del
expediente.
[8] Folio 10 del
expediente .
[9] Ibídem.
[10] Ibídem.
[11] Folio 12 del
expediente. Para fundamentar esta posición, el actor citó extractos de las
sentencias C-334 de 1993 y C-276 de 1996.
[12] Folio 13 del
expediente.
[13] Para sustentar la
inclusión de los derechos morales de los autores  en el bloque de
constitucionalidad, el demandante hace referencia a la sentencia C-1490 de
2000.
[14] Folio 49 del
expediente.
[15] Folio 52 del
expediente.
[16] Folio 56 del
expediente.
[17] Folio 57 del
expediente.
[18] Folio 63 del
expediente.
[19] Folios 70 y 71
del expediente
[20] Folio 79 del
expediente.
[21] Folios 99 y 100
del expediente.
[22] Para ello el
actor invoca como fundamento las sentencias C-334 de 1993 y C-276 de 1996.
[23] Para sustentar la
inclusión de los derechos morales de los autores  en el bloque de
constitucionalidad, el demandante hace referencia a la sentencia C-1490 de
2000.
[24] La condición de
suficiencia ha sido definida por la sentencia C-1052 de 2001  como la necesidad
que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar,
con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y
probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto
del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del
razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a
la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar
la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace
necesario un pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional.”
[25] Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual.
[26] Glosario de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, OMPI, 1980. Definición No. 10.
[27] Publicada por la
OMPI, Ginebra, 1978.
[28] En el mismo
sentido, pueden consultarse, entre otras las sentencias C-040 de 1994, C-228 de
1995, C-262 de 1996, C-519 de 1999, C-509 de 2004, C-833 de 2007, C-523 de
2009, SU-913 de 2009.
[29]    Sentencias
C-519 de 1999 y C-509 de 2004.
[30]    Algunas de las
disposiciones a través de las cuales el Estado colombiano protege los derechos
de autor y sus derechos conexos son: la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de
autor”; la Ley 33 de 1987, a través de la cual Colombia se adhirió al Convenio de Berna para la protección de obras literarias y
artísticas, adoptado en 1886;  la
Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se
modifica la ley 29 de 1944”; la Ley 232 de 1995 “Por la cual se dictan normas
para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” y la
Ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la
OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en
Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”.
[31] Sentencia C-833
de 2007.
[32] En esa oportunidad se declaró
constitucional la Ley 23 del 27 de noviembre de 1992 y el Convenio para la
protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no
autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971. Esto,
a partir de la protección a la propiedad intelectual y demás mandatos
constitucionales relacionados con su garantía. Se desarrolla el concepto de
propiedad intelectual, así como su diferencia con la propiedad común.
[33] C-282 de 1997. En el mismo sentido, en la
sentencia C-1118 de 2005 la Corte concluyó que no se desconocía el derecho a la
propiedad intelectual cuando el legislador adopta la prescripción de tres años
en las remuneraciones no cobradas, a partir de la notificación al interesado
del proyecto de repartición o distribución, y a favor de las sociedades de
gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos y en contra de los
socios,  contenidas en los artículo 22 de la
Ley 44 de 1993 “Por la cual se modifica y adiciona la
Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”
y 244 y 245 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”.
[34] De acuerdo don la sentencia C-509 de 2004:
“Esta exigencia de razonabilidad no es un capricho, pues aunque el
legislador goza de una amplia competencia para establecer las modalidades del
amparo de este tipo de derechos, no puede esquivar la responsabilidad que la
Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener
que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o
abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan
sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales
conceptos. Admitir trabas excesivas sería hacer nugatoria la protección,
eliminar cualquier garantía e ir en contravía de la
Carta y la especial protección que ésta otorga a la propiedad intelectual.”
[35] Sentencia C-334 de 1993. En la sentencia
se declara constitucional la Ley 23 del 27 de noviembre de 1992 y el Convenio
para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no
autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971. Esto,
a partir de la protección a la propiedad intelectual y demás mandatos
constitucionales relacionados con su garantía. Se desarrolla el concepto de
propiedad intelectual, así como su diferencia con la propiedad común, en
particular, la Corte señaló que : “(…) de la sola lectura del artículo 61 se
advierte el carácter de "propiedad" que posee la propiedad
intelectual, pero de propiedad sujeta a dos matices, ambos dejados a criterio
del legislador: tiene un tiempo limitado y se requieren formalidades especiales
para su protección”. Igualmente, en la sentencia C-262 de 1996 se
declaró exequible el Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales. En esa oportunidad la
Corte destacó la temporalidad que exige su protección así como: “(…)La
protección de las obtenciones vegetales constituye una manifestación específica
de la protección que, por expreso mandato constitucional, debe otorgar el
Estado a la propiedad intelectual (C.P. art. 61).”
[36] En la sentencia
C-276 de 1996 la Corte se aproximó al problema de constitucionalidad de los
artículos 20, 81 y 98 de la ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, mediante
la definición y alcance de la propiedad intelectual, el concepto de derecho de
autor (el cual comprende derechos morales y patrimoniales) y el objeto del
derecho de autor. En esa oportunidad la
Corte declaró exequible la presunción sobre la cesión de derechos de quienes
participaban en las obras cinematográficas a título de interpretes, actores y a
los demás colaboradores, valga decir artistas, intérpretes o ejecutantes, éstos
tienen la titularidad de los derechos conexos, sobre los cuales tienen plena
capacidad de disposición, libre y autónoma.
[37] Sobre el tema,
dijo la Corte en la Sentencia C-053 de 2001,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger, que: “Los derechos de autor se inscriben
dentro de la rama especializada del derecho conocida como propiedad
intelectual, que goza de expresa protección estatal, de conformidad con el
artículo 61 de la
Constitución.  La propiedad intelectual comprende la regulación de todas
aquellas relaciones que surgen con ocasión de los derechos de autor y conexos,
los derechos sobre la propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos
científicos, invenciones y mejoras útiles.
[38] Se destacan las
decisiones y definiciones sobre propiedad intelectual establecidas en el
Convenio de Estocolmo del 14 de julio de 1967, el cual fue promovido por la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, (Organismo de las Naciones Unidas), y que la
legislación colombiana incorporó mediante la aprobación de la
Ley 33 de 1989.
[39] Sentencia T-975
de 2002.
[40] En esa oportunidad la
Corte declaró exequible el Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre cooperación cultural y científica", suscrito en
Santafé de Bogotá el 26 de noviembre de 1997, y la
Ley 566 del 2 de febrero de 2000 que lo aprueba.
[41] Apelando al
concepto doctrinal la Corte se refirió al derecho de autor en la sentencia
C-533 de 1993.
[42] En el mismo
sentido la sentencia C-053 de 2001, señaló: “Los
derechos de autor comprenden un conjunto de prerrogativas del autor respecto de
la obra, que son divisibles en dos grandes clases, los derechos morales y los
patrimoniales.”. También pueden consultarse, entre otras, las
sentencias C-924 de 2000, C-975 de 2002, C-509 de 2004, SU-913 de 2009.
[43] C-155 de 1998.
[44] Ley 23 de 1982,
artículo 1º, Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión Andina 351, artículo
3. Ley 33 de 1987, artículo 2.1
[45] Sentencia C-1183
de 2000 Numeral 3.1 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[46] C-053 de 2001.
[47] Art. 3º y ss de la
Ley 23 de 1982
[48] C-424 de 2005.
[49] Sentencia C-276
de 1996, MP. Julio César Ortiz Gutiérrez. También sentencias, C-792 de 2002,
MP. Jaime Córdoba Triviño y C-975 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil.
[50] C-523 de 2009.
[51] Aprobado por la
Ley 33 de 1987.
[52] La
Corte ha advertido que en tanto este instrumento internacional trata derechos
morales ha sido integrado al bloque de constitucionalidad. Al respecto, pueden
consultarse entre otras, las sentencias C-1490 de 2000 y C-1118 de 2005.
[53] Sentencia C-282
de 1997.
[54] Decisión Andina
351 de 1993, Artículo 21: “Las limitaciones y excepciones al
Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los
Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la
normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los
legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.”
[55] Artículo 21 de la
Decisión Andina 351 de 1993.
[56] Ley 23 de 1982. Artículo 91: “Los
derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios
públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su
cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. // Se
exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores.//
Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no
sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas
afectadas.”
[57] LIPSZYC, Delia.
Derecho de autor y derechos conexos. Ediciones UNESCO, CERLAC, ZAVALIA, 1993,
p. 79.
[58] En este aspecto resulta relevante hacer alusión a las legislaciones
latinoamericanas que contienen una disposición similar a la colombiana.