T-167-19
Sentencia
T-167/19
DERECHO
DE ACCESO A LA EDUCACION EN CONDICIONES DIGNAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Caso
en que autoridades han sido negligentes con el mantenimiento y adecuación
estructural que necesita una institución educativa
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier
persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de los niños
LEGITIMACION
EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
DERECHO
A LA EDUCACION-Doble
dimensión como un derecho y un servicio público con función social
DERECHO
A LA EDUCACION-Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
DERECHO
A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS-Derecho a acceder a una educación
de calidad que garantice la prestación del servicio en condiciones dignas
ACCESO
MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO
DE ACCESO A LA EDUCACION EN CONDICIONES DIGNAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Vulneración
del componente de disponibilidad por el mal estado de institución educativa
DERECHO
DE ACCESO A LA EDUCACION EN CONDICIONES DIGNAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Orden
a la Alcaldía y a la Secretaria de Educación Distrital continuar con las
medidas provisionales de reubicación de los estudiantes
Referencia: Expediente T-7.019.083
Acción de tutela instaurada por Luz
Elena Camacho Salazar contra la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias y la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias.
Procedencia: Juzgado Octavo Penal
Municipal de Cartagena con Función de Control de Garantías.
Asunto: Ejercicio de la agencia oficiosa por
parte de personas distintas a quien ejerce la patria potestad de un menor de
edad; y el derecho a la educación y sus componentes; el derecho de los niños,
niñas y adolescentes a acceder a un servicio educativo en condiciones dignas.
Magistrada ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos
mil diecinueve (2019)
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las
Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la sentencia de única instancia
proferida por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena de Indias con
Función de Control de Garantías, mediante la cual se negó el amparo solicitado.
El asunto llegó a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó
la Secretaría del Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena de Indias con
Función de Control de Garantías el 3 de octubre de 2018.[1]
El 29 de octubre de 2018 la Sala de Selección de Tutelas número Diez escogió el
presente caso para su revisión.
I. ANTECEDENTES
La agente oficiosa Luz Elena Camacho
Salazar formuló acción de tutela contra la Alcaldía y la Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena de Indias por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la educación, a la integridad personal, a la salud y
vida digna de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri de
Cartagena, generada por la negligencia de las partes accionadas en relación con
el mantenimiento y adecuación estructural que necesita el colegio.
La tutelante solicitó adecuar la
infraestructura de la Institución Educativa San Felipe Neri para que esté en
condiciones de habitabilidad mediante la eliminación de la amenaza permanente
de derrumbe o, de ser necesario, iniciar la construcción de un nuevo colegio.
También solicitó ordenar a las entidades demandadas realizar todas las acciones
pertinentes para restaurar los derechos vulnerados de los 1700 estudiantes y
garantizar a los niños, niñas y adolescentes la continuidad en su proceso
educativo en condiciones que no amenacen su integridad y su vida.
A. Hechos y pretensiones
1. Conforme a los argumentos expuestos por la accionante, desde hace
varios años la institución “se desmorona a pedazos”[2].
Específicamente, ha presentado las siguientes deficiencias:
i)
Las vigas
de la institución están desgastadas y falta parte del techo.[3]
ii)
El piso y
las paredes se encuentran agrietadas y en algunos espacios las baldosas se han
levantado. A raíz del estado de la infraestructura, en las aulas de preescolar
se derrumbó una pared. Así mismo, en uno de los salones de cuarto grado se cayó
parte del techo, lo que le ocasionó heridas graves a varios de los estudiantes
que se encontraban en el lugar.[4]
iii)
La
institución no cuenta con baños ni con unidades sanitarias adecuadas. Los
alumnos tampoco tienen agua potable porque los bebederos están averiados.[5]
iv)
En el
comedor no hay sillas o mesas y a los estudiantes no se les provee un adecuado
servicio de alimentación. Adicionalmente, este espacio se ubica junto a los
baños y a las canaletas del alcantarillado que bordean el interior de estas
zonas. Debido a esto, se generan olores desagradables, además, la mala
situación de salubridad ocasiona dolores de estómago y náuseas a los miembros de
la comunidad educativa[6].
v)
Los
estudiantes tampoco cuentan con sitios de recreación y esparcimiento, pues no
existe un lugar adecuado para ello[7].
vi)
Cuando
llueve, el colegio se inunda y la institución se ve obligada a suspender las
clases[8].
De igual forma, de las notas de prensa
que la accionante aporta en la demanda[9], la Sala también puede identificar los
siguientes hechos relevantes:
2. El estado en el que se encuentra el colegio ha ocasionado una
serie de actuaciones por parte de la comunidad. El 22 de abril de 2016, un
grupo de alumnos protestó ante la Alcaldía Distrital y reclamó ayudas para el
colegio. En esta ocasión, expresaron que “el colegio está despedazado, si
usted va a las aulas, usted no ve una sola que esté en buenas condiciones”.[10] También afirmaron: “no
contamos con el servicio de aseadoras, con la contratación de la vigilancia,
hace[n] falta docentes, el comedor escolar no está funcionando, hace
falta psicólogo y no tenemos trabajadora social”[11].
3. El 26 de abril de 2016, tras las protestas de los estudiantes, el
Alcalde Manolo Duque y el Secretario de Educación Distrital visitaron el
colegio. Luego de realizar un recorrido, el Alcalde afirmó que deseaba demoler
el colegio y construir uno totalmente nuevo[12].
4. En marzo de 2017, la Alcaldía de Cartagena adjudicó la licitación
014/2016 al consorcio “Colegio Neri 2017”. El contrato que se suscribió como
consecuencia de la licitación tuvo como objeto la “construcción de
megacolegio San Felipe Neri en Olaya Herrera del Distrito de Cartagena de
Indias[13]”. El inicio de los trabajos se
previó para abril de 2017 y se calculó un año de plazo de ejecución.[14]
5. El 29 de noviembre de 2017, un estudiante resultó herido después de
que parte del techo del laboratorio se cayera. Luego, miembros del Sindicato
Único de Educadores de Bolívar, SUDEB, visitaron el plantel educativo y
rechazaron las condiciones en las que se dictaban las clases.[15]
6. El 16 de junio de 2018, el concejal Javier Curi Osorio expuso ante
la Plenaria de la Cámara de Representantes un video que muestra la débil
infraestructura de la Institución Educativa San Felipe Neri, además, a causa de
las inundaciones hay más de 1700 estudiantes afectados. A este respecto,
afirmó: “No sólo tiene deterioro en su infraestructura sino que está
sufriendo tras los estragos del invierno gracias a las inundaciones. Esto
sucede porque no hay una intervención, ni mantenimiento del caño Ricaurte”. De
acuerdo con el concejal, el problema radicaba en el hecho de que aún no se
había definido el lote donde se realizarían las obras del nuevo megacolegio.[16]
7. Finalmente, el 21 de junio de 2018, la Secretaría de
Infraestructura entregó a la Secretaría de Educación Distrital un informe
detallado del predio donde se construirá la Nueva Institución Educativa San
Felipe Neri[17].
A pesar de las acciones de las entidades
estatales, para la demandante, el colegio aún se encuentra en un estado de
deterioro tal, que los derechos a la integridad, salud, educación y vida de los
estudiantes están amenazados. Lo anterior, debido a que no se han realizado
obras civiles que adecúen la infraestructura de la institución mientras se
ejecuta el proyecto de megacolegio.
B. Actuaciones en sede de tutela
El Juzgado Octavo Penal Municipal de
Cartagena con Función de Control de Garantías admitió la acción de tutela
mediante auto del once (11) de julio de 2018[18].
Esta providencia ordenó oficiar a las entidades accionadas para que se
pronunciaran sobre los hechos que sustentan la solicitud de amparo.
Así mismo, el 25 de julio de 2018, el
Juzgado ordenó vincular a la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgos de
Desastres de Cartagena (OAGRD) y a la Secretaría de Infraestructura.[19] Luego, mediante auto del 26 de julio
de 2018, el Juzgado anunció que el notificador del Centro de Servicios
Judiciales no logró entregar el traslado de tutela a la OAGRD y a la Secretaría
de Infraestructura dentro del término correspondiente. Por tanto, para no
violar el derecho a la defensa y la contradicción de las entidades, el Juzgado
decretó la nulidad oficiosa desde el auto admisorio del 11 de julio de 2018. En
consecuencia, mediante este auto el Juzgado admitió la demanda y les concedió a
las entidades vinculadas un nuevo término de cuarenta y ocho (48) horas para
que informaran sobre los hechos expuestos por la accionante y allegaran las
pruebas pertinentes.[20]
Respuesta de la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena de Indias
La Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena de Indias radicó ante la secretaría del despacho de instancia, el
diecisiete (17) de julio de 2018, escrito mediante el cual contestó la acción
de tutela.[21]
Afirmó que el Distrito de Cartagena
suscribió un contrato de obra con el Consorcio Colegio Neri, cuyo objeto es la “construcción
de megacolegio San Felipe Neri en Olaya Herrera del Distrito de Cartagena de
Indias”[22]. No obstante, este contrato no
cuenta con acta de inicio, pues la titularidad del lote identificado con
referencia catastral No. 01-04-0547-0001-000 no está en cabeza del Distrito, ya
que pertenece al Ministerio de Vivienda. Seguidamente, enunció las actuaciones
que han adelantado distintas entidades del Distrito de Cartagena.
Expresó que el 19 de junio de 2018 se llevó
a cabo una reunión en el despacho de la Alcaldesa del Distrito, en compañía de
la Secretaria de Infraestructura, del Secretario de Planeación, de la Secretaria
de Educación, del Director de Apoyo Logístico, asesores jurídicos y un
representante del consorcio San Felipe Neri, en la que se realizó una mesa de
trabajo conjunta para solucionar los problemas presentados para la ejecución
del proyecto de construcción del megacolegio.
El 20 de junio de 2018, delegados de la
empresa contratista y de la Secretaría de Infraestructura, realizaron una
visita técnica al predio donde se realizará la construcción.
El 22 de junio de 2018, la Alcaldesa
encargada se reunió con el rector de la institución educativa San Felipe Neri,
representantes de la comunidad y padres de familia, con el fin de escuchar las
inquietudes y observaciones con respecto al predio donde se ejecutará el
proyecto del megacolegio, el cual corresponde al sitio donde se encuentra la
actual institución.[23]
El 26 de junio de 2018, se celebró una
reunión con la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Apoyo Logístico
para estudiar y revisar toda la documentación concerniente al predio donde
actualmente se ubica el colegio San Felipe Neri.
El 27 de junio de 2018, se definió que
el predio donde se puede desarrollar el proyecto del megacolegio e integrarlo a
la actual planta física del colegio San Felipe Neri es de propiedad del
Distrito.
El 29 de junio de 2018 se realizó una
reunión en la que participó la comunidad educativa, el rector de la
institución, la Secretaria de Infraestructura, el contratista de la obra, el
interventor de la obra, la Secretaria de Educación, miembros del cuerpo de bomberos,
la Oficina de Gestión de Riesgos, entre otros. En ella se recolectó la
información necesaria para la realización del Plan de Gestión de Riesgos de las
obras a realizar en el colegio San Felipe Neri.
Finalmente, el 6 de julio de 2018, se
realizó una última reunión en las instalaciones de la Secretaría de
Infraestructura. Su objetivo fue mostrar los diseños de la obra, por solicitud
de la comunidad educativa, a las siguientes personas: miembros de la
institución educativa, la Secretaría de Infraestructura, el interventor, el
contratista de la obra y la comunidad misma. Adicionalmente, se determinó que
el Distrito de Cartagena debía estudiar la viabilidad financiera para ejecutar
adiciones a la obra y un proceso de demolición en las instalaciones donde
funcionaba el colegio San Felipe Neri.
Respuesta de la Oficina Jurídica del
Distrito de Cartagena
La Oficina Jurídica del Distrito de
Cartagena radicó ante la secretaría del despacho de primera instancia, el
diecisiete (17) de julio de 2018, escrito mediante el cual contestó la acción
de tutela de la siguiente forma[24]:
Adujo que los hechos materia de la
acción de tutela eran competencia de la Secretaría de Educación Distrital y la
Secretaría de Infraestructura. Por tanto, solicitó que se tenga en cuenta el
informe rendido por estas dependencias y que se determinen estas entidades como
las legitimadas en la causa por pasiva.
Afirmó que la señora Yolanda Wong, en
calidad de Alcaldesa encargada, cuenta con 30 días hábiles para revisar los
informes de asuntos y recursos del Distrito con el fin de realizar todas las
gestiones pertinentes y conducentes a lograr la protección de los derechos
fundamentales. Lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 2° a 5°
de la Ley 951 de 2009.
Así mismo, recordó que, conforme a los
principios de planeación presupuestal, planificación y de anualidad
presupuestal, la Administración Distrital requiere de unos tiempos, términos y
requisitos para su debido ejercicio. Por lo anterior, el Distrito debe cumplir
con las normas relativas a la contratación pública, lo cual significa que la
Secretaría de Planeación Distrital debe realizar el trámite de actualización
del proyecto de inversión y, luego, la Secretaría de Hacienda Distrital debe
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal.
Adicionalmente, enumeró las gestiones
realizadas para garantizar la protección de los estudiantes, docentes y
directivos de la Institución Educativa San Felipe Neri. En este sentido, adujo
que se suscribió el contrato No. 6-095-648, por medio del cual se construyeron
9 aulas, 2 laboratorios y 2 baterías sanitarias. También, mediante el contrato
No. 7-225-246-101-2013 se entregó dotación de mobiliario básico escolar. De
igual manera, el Distrito suscribió con la Empresa de Desarrollo Urbano de
Bolívar S.A (EDURBE) un contrato por el cual se realizaron obras de reparación
y mantenimiento de diferentes instituciones educativas. Finalmente, la Alcaldía
de Cartagena, junto con la Secretaría de Infraestructura, presentó el proyecto
de construcción del megacolegio San Felipe Neri[25].
De igual forma, explicó que la
Institución Educativa San Felipe Neri tiene la siguiente distribución de sus
estudiantes:
a)
En la
mañana 4 grupos de preescolar y básica primaria y secundaria, distribuidos en
18 aulas,
b)
En la
tarde, tiene 1 grupo de preescolar y básica secundaria y media, distribuidos en
18 aulas; y
c)
En la
noche tiene 1 grupo de educación para adultos por ciclo, distribuidos en 6
aulas[26].
Más adelante, argumentó que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, no es procedente ordenar el desarrollo de
obras de infraestructura a través de la acción de tutela. En el caso de la
referencia, la oficina jurídica del Distrito afirmó que los medios ordinarios
de defensa para la protección de los derechos fundamentales de los menores de
edad “se encuentran garantizados a través del proceso de contratación que
viene adelantando la Secretaría de Infraestructura para la adecuada reparación
de la Institución Educativa San Felipe Neri”[27].
Así las cosas, expresó que han adelantado las actuaciones pertinentes para
proteger debidamente a los menores de edad.
Por lo anterior, solicitó negar la
acción de tutela contra el representante legal del Distrito de Cartagena.
Respuesta del Grupo Asesoría Legal
Educativa de la Secretaría de Educación Distrital
El Grupo Asesoría Legal Educativa de la
Secretaría de Educación Distrital radicó ante la secretaría del despacho
de primera instancia, el dieciocho (18) de julio de 2018, escrito mediante el
cual contestó la acción de tutela de la siguiente manera[28]:
Adujo que, si bien la Institución
Educativa San Felipe Neri presenta problemas en su infraestructura, no es
cierto que esté en un estado de total abandono. A este respecto, el Distrito de
Cartagena “además de realizar inversiones, está encaminado a una solución
definitiva para la IE San Felipe Neri”[29].
La primera medida adoptada por el
Distrito se dio mediante el Contrato No. 6-095-648, por el cual se construyeron
nueve aulas, dos laboratorios y dos baterías sanitarias. Así mismo, mediante el
Contrato 7-225-246-101-2013 se entregó dotación de mobiliario básico escolar.
La entidad luego recordó que el
Distrito, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, presentó el
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE MEGACOLEGIO SAN FELIPE NERI EN OLAYA
HERRERA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”. En atención a lo anterior, se
tramitó la respectiva licitación pública y la celebración del consecuente
contrato.
Seguidamente afirmó que, mientras se
lleva a cabo este proyecto, se han realizado otras inversiones. En este sentido,
el 20 de octubre de 2017 el Distrito celebró con la Empresa de Desarrollo
Urbano S.A. (EDURBE) un contrato con el fin de realizar obras de reparación y
mantenimiento de diferentes instituciones educativas oficiales del Distrito de
Cartagena. En la Institución Educativa San Felipe Neri se ejecutó la
construcción de placa para seguridad en salones, reforzamiento de columna,
adecuación de preescolar, adecuación del cielo raso, colocación de caretas en
aulas y pintura en general.
También, explicó que la Institución
Educativa San Felipe Neri tiene 1722 estudiantes en tres jornadas –mañana,
tarde y noche-, distribuidos de la siguiente manera:
a)
Mañana: 4 grupos de preescolar y básica primaria, en 18 aulas.
b)
Tarde: 1 grupo de preescolar y básica secundaria y media, en 18
aulas.
c)
Noche: 1 grupo de educación para adulto por ciclo, en 6 aulas.
Seguidamente, aseguró que todas las
aulas tienen ventilación e iluminación y 12 de ellas están en óptimas condiciones.
Lo anterior, sin desconocer que las demás presentan cierto deterioro.
Finalmente, argumentó que no es
procedente el desarrollo de obras de infraestructura de tal magnitud a través
de la acción de tutela y, en cambio, los derechos fundamentales de la comunidad
del colegio San Felipe Neri están protegidos por medio de las actuaciones que
ha adelantado el Distrito.
Por todo lo anterior, solicitó que se
niegue la acción de tutela contra el Distrito de Cartagena y la Secretaría de
Educación Distrital.
Respuesta de la Oficina Asesora para la
Gestión de Riesgos de Desastres de Cartagena (OAGRD)
La Oficina Asesora para la Gestión de
Riesgos de Desastres de Cartagena (OAGRD) radicó ante la secretaría del
despacho de instancia, el veintisiete (27) de julio de 2018, escrito mediante
el cual contestó la acción de tutela de la siguiente manera[30]:
Primero, advirtió que es la encargada de
tomar acciones preventivas respecto de desastres, fenómenos o siniestros
producidos por la acción de la naturaleza o de origen antrópico en el Distrito
de Cartagena. Por consiguiente, concluyó que el asunto de la acción de tutela
no es de su competencia sino de la Secretaría de Educación Distrital.
Respecto a lo anterior, afirmó que no
lleva a cabo ninguna clase de diseños u obras civiles. En cambio, la entidad
encargada de ello es la Secretaría de Infraestructura.
No obstante, la OAGRD sí realizó algunas
acciones relacionadas con el colegio San Felipe Neri. En este sentido, llevó a
cabo una visita técnica el 29 de junio de 2018, durante la cual encontró lo
siguiente:
a)
El colegio fue construido durante la década de los años 90 y tiene
más de 30 años de funcionamiento.
b)
La población estudiantil que acude a la institución supera los
1700 estudiantes en tres jornadas escolares: mañana, tarde y noche.
c)
Los registros se encontraban llenos de agua y con abundantes
residuos.
d)
Se observó una humedad agresiva en la parte baja de los muros, la
cual es generada por las aguas que suben por capilaridad y se empozan cada vez
que llueve. También, existían afectaciones en los elementos estructurales,
algunas de las columnas presentaban desprendimiento, algunas varillas estaban
desgastadas y los pisos se encontraban desnivelados.
e)
En los baños, el agua empozada generaba malos olores y aumento de
zancudos.
f)
El plantel general presentaba afectaciones en las cubiertas.
Incluso, varios salones habían sido clausurados por temor a que se presentara
algún colapso. A este respecto, esta entidad afirma que existe “pésimo
estado de las cubiertas, en especial la del salón de preescolar y la del
laboratorio el cual queda en la parte trasera de la Institución.”[31]
A partir de estas observaciones, esta
entidad concluyó que la planta física del colegio presenta un avanzado
deterioro que necesita una pronta intervención. Por consiguiente, las entidades
competentes deben implementar las correspondientes medidas necesarias, tales
como labores de diseño, estudio de suelo y realización de obras civiles.
De igual forma, recomendó a los docentes
y al personal administrativo de la Institución Educativa San Felipe Neri estar
atentos a cualquier clase de anomalía o cambios en los muros y elementos
estructurales de los salones que se encontraran más deteriorados. También,
aconsejó mantener las rejillas limpias para posibilitar una rápida evacuación
del agua lluvia, podar los árboles que significaran algún riesgo para la
institución y reparar el cielo raso de los salones que se encontrara en mal
estado.
Seguidamente, advirtió que “en
cumplimiento de esta responsabilidad [gestión de riesgos] las entidades
públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de
gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento de riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y
su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres”[32]. A partir de esta indicación,
la OAGRD envió copia del informe de visita técnica realizada el 29 de julio de
2018 a la Institución Educativa San Felipe Neri a i) la Secretaría Distrital de
Infraestructura, ii) al Establecimiento Público Ambiental (EPA), iii) a la
Secretaría de Educación Distrital y iv) al Departamento Administrativo de Salud
(DADIS). Lo anterior, “para su intervención de acuerdo con el marco de su
competencia y programas que sus respectivas dependencias lideran”[33].
Esta entidad aclaró que es la encargada
de asesorar la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias
para atender una situación de desastre regional o local declarada. Esta función
se realiza con la intervención de las entidades públicas y privadas que deban
participar en materia de atención e intervención técnica, toma de las acciones
preventivas respecto a desastres, fenómenos o siniestros producidos por la
acción de la naturaleza o de origen antrópico en el Distrito de Cartagena. Por
tanto, dijo que se encontraba en la capacidad de apoyar en la elaboración de
los planes de emergencia y contingencia que salvaguarden la vida y la
integridad de todos los estudiantes y trabajadores de la Institución Educativa
San Felipe Neri.
Finalmente, esta entidad solicitó negar
la acción de tutela, toda vez que carece de objeto frente a la OAGRD.
Acumulación de expedientes
El 30 de julio de 2018, el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Cartagena, después de ser advertido por la Alcaldía
de esa misma ciudad, ofició al Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena con
Funciones de Control de Garantías, a fin de que certificara la fecha de
presentación de la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Elena Camacho
Salazar, así como los hechos y las pretensiones de la misma. Lo anterior, a
efectos de estudiar una posible acumulación de dicho proceso con el que se
encontraba en trámite en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, promovido
por los señores Medardo Hernández Baldiris, Humberto Mendoza Castellón, Miriam
Madrid Lagares y Alicia Cardiles Fontalvo, en contra de la Alcaldía Mayor de
Cartagena y la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena.[34]
El Juzgado Octavo Penal Municipal de
Cartagena con Función de Control de Garantías dio respuesta a la solicitud. En
ella, enunciaba el día 16 de julio de 2018 como la fecha en que fue admitida la
acción de tutela interpuesta por la señora Luz Elena Camacho Salazar.[35]
Dado que el Juzgado Octavo Penal
Municipal con Función de Garantías admitió la tutela con anterioridad al
Juzgado Octavo Civil Municipal[36], este último resolvió remitir por
secretaría el expediente que reposaba en sus archivos al Juzgado Octavo Penal
Municipal de Cartagena con Función de Control de Garantías[37]
. De esta forma, este Juzgado tuvo en cuenta las pruebas recaudadas para dictar
sentencia.
C. Decisión objeto de
revisión
El Juzgado Octavo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Cartagena de Indias profirió sentencia el 6
de agosto de 2018, en la que resolvió “negar la presente acción de tutela
presentada por la señora Luz Elena Camacho Salazar” y “recomendar a las
entidades accionadas para que dentro de la órbita de su competencia y
atribuciones funcionales, continúen con suma celeridad el proceso
administrativo para la construcción del megacolegio que vienen adelantando para
la adecuada reparación de la Institución Educativa San Felipe Neri”[38]. Esta decisión se
fundamentó en lo siguiente:
Inicialmente, el Juzgado admitió que “efectivamente
las instalaciones del Instituto San Felipe Neri no presentan unas condiciones
óptimas para el desarrollo del proceso educativo de los estudiantes que
concurren al mismo”. Sin embargo, también advirtió que se evidencia “de
los informes rendidos por las entidades accionadas, que han desarrollado las
gestiones administrativas y presupuestales destinadas a lograr la optimización
de las condiciones locativas del colegio”[39].
A este respecto, recordó que el Distrito
realizó un proceso de licitación cuyo objeto es la construcción del megacolegio
San Felipe Neri. Como consecuencia de la licitación, se suscribieron una serie
de contratos y se adelantaron las actuaciones pertinentes para ejecutarlos. En
este sentido, la Alcaldesa Mayor de Cartagena se reunió con el rector del
colegio y con la comunidad educativa, con el fin de escuchar sus observaciones
respecto al predio donde se construirá el megacolegio. El Distrito se reunió
también con la Secretaría de Infraestructura y con la Dirección de Apoyo
Logístico para estudiar y revisar toda la documentación concerniente al predio
donde actualmente funciona la Institución Educativa San Felipe Neri y dar
viabilidad al proyecto.[40]
Por lo anterior, el Juzgado consideró
que “no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de los estudiantes que se
encuentran garantizados a través del proceso de contratación que viene
adelantando para la adecuada reparación de la Institución Educativa San Felipe
Neri, por lo que se negará el amparo constitucional pretendido.”[41]
No obstante, el Juzgado recomendó
continuar con especial celeridad los trámites administrativos tendientes a
lograr los fines propuestos.[42]
II. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN
Auto del 6 de diciembre de 2018
Como fue mencionado, el Juzgado Octavo
Civil Municipal de Cartagena remitió el expediente con radicado No.
13001-40-03-008-2018-00356-00 al Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de
Control de Garantías, pues la acción de tutela que se tramitaba era similar a
la de la referencia, con los mismos hechos y pretensiones; en consecuencia, los
procesos se acumularon. Sin embargo, estas actuaciones no obran en el
expediente.
En atención a lo anterior, y para tener
más elementos de juicio respecto a la acción de tutela de la referencia,
mediante Auto del 6 de diciembre de 2018, la Magistrada Ponente ordenó al
Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena con Función de Control de Garantías
remitir las piezas procesales correspondientes al expediente No.
13001-40-03-008-2018-00536-00 que inicialmente fue conocido por el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Cartagena y que se acumuló al proceso No.
13001-40-04-008-2018-00146-00.
Auto del 13 de diciembre de 2018
Con el fin de garantizar el debido proceso y contar con mayores
elementos de juicio, mediante Auto del 13 de diciembre de 2018[43],
la Magistrada Ponente ordenó vincular al Establecimiento
Público Ambiental de Cartagena y al Departamento Administrativo Distrital de
Salud del mismo distrito. Lo anterior, debido a que estos no fueron vinculados
al proceso tramitado ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena con
Función de Control de Garantías.
Adicionalmente, le solicitó al Establecimiento Público Ambiental
de Cartagena que le informara si recibió alguna comunicación
de la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgos de Desastres del Distrito de
Cartagena (OAGRD), con ocasión de la inspección técnica que esta realizó a la
Institución Educativa San Felipe Neri, y qué acciones tomó respecto a este
informe. Así mismo, le ordenó que realizara una visita al colegio e hiciera una
valoración en la que determinara qué riesgos enfrenta la institución en
términos medioambientales.
De la misma manera, le preguntó al Departamento Administrativo Distrital
de Salud si recibió el informe remitido por la Oficina Asesora para la Gestión
de Riesgos de Desastres del Distrito de Cartagena, y qué medidas tomó a partir
de este. También le ordenó realizar una inspección a la Institución en la que
estableciera los factores que ponen en riesgo el derecho a la salud de los
estudiantes y del personal académico y administrativo del colegio, y cuáles son
las medidas que a su juicio deben tomarse.
Además, le ordenó a la Oficina Asesora
para la Gestión de Riesgos de Desastres que le informara si recibió respuesta
del Establecimiento Público Ambiental, la Secretaría de Educación Distrital, la
Alcaldía de la Localidad, la Secretaría de Infraestructura o el Departamento
Administrativo Distrital de Salud, con ocasión del informe que realizó el 29 de
junio de 2018. Por otro lado, le solicitó que volviera a realizar una
inspección técnica a la Institución y determinara cuáles son los riesgos
estructurales que actualmente sufre.
También le ordenó a la Secretaría de Educación Distrital y a la
Alcaldía Distrital de Cartagena que informaran si han ocurrido accidentes
dentro de la Institución desde la presentación de la tutela. Además, solicitó
que le comunicaran cuántas aulas están en óptimas condiciones para que los
estudiantes puedan recibir clases sin riesgo alguno, y cuántos alumnos se
habían matriculado para los años 2018 y 2019. Finalmente, ofició que le
comunicaran cuál es el cronograma establecido para ejecutar y terminar la
construcción del megacolegio San Felipe Neri, y en qué etapa se encuentra.
Por último, le preguntó a la accionante si conoce de accidentes
que hayan ocurrido en el colegio desde la interposición de la tutela, y si se
han adelantado acciones para detener el deterioro de la edificación.
Medida provisional del 13 de diciembre de 2018
El 13 de diciembre de 2018, la Sala
Sexta de Revisión emitió el Auto No. 817[44].
En este consideró que de acuerdo con los hechos acreditados y con la evidencia
aportada en el expediente de la referencia, en este caso existen serios
indicios que permiten inferir razonablemente la posible configuración de un
daño irreparable a los derechos fundamentales a la educación, a la integridad
personal, a la salud y vida digna de los estudiantes, personal académico y
administrativo de la Institución Educativa San Felipe Neri.
Por consiguiente, le ordenó a la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena reubicar a todos los estudiantes
inscritos en la institución para los años 2018 y 2019 en otras instituciones
educativas de la ciudad. También decretó la reubicación del personal académico
y administrativo de la Institución sin desmejorar sus condiciones laborales y
salariales, la cual preferiblemente debía llevarse a cabo en los colegios a los
que sean trasladados los estudiantes.
Solicitó documentar el cumplimiento de
la orden y pidió enlistar a todos los estudiantes matriculados, garantizar su
reubicación y realizar un seguimiento a las condiciones estructurales y
sociales en las que se educan. Por último, ordenó enviar un informe detallado
de la materialización de la medida a más tardar el veintiuno (21) de enero de
2019.
Del mismo modo, le ordenó conformar un
comité con la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría Delegada para la Defensa de los
Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia y la Personería de
Cartagena de Indias para acompañar a la comunidad educativa del colegio durante
el cumplimiento de las órdenes. Así mismo, solicitó que este comité documentara
el proceso de ejecución de la medida y le enviara un informe en el que se
relatara su materialización, a más tardar el veintiuno (21) de enero de 2019.
Solicitud de la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena del 19 de diciembre de 2018
La Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena presentó una solicitud de aclaración y/o modificación del Auto 817
del 13 de diciembre de 2018, a través de un oficio con fecha del 19 de
diciembre de 2018.[45] Precisó que al tener conocimiento
del mal estado de la institución educativa, el 15 de noviembre de 2018 se llevó
a cabo una reunión extraordinaria con el rector, el personero y representantes
de los docentes, estudiantes y padres del colegio. Informó que la comunidad
educativa acordó que para el año 2019 los estudiantes asistirían a clase en dos
lugares distintos. Por un lado, estableció que los alumnos de preescolar y de
educación básica primaria desarrollarían sus actividades académicas en 14 aulas
en el colegio San Felipe Neri, las cuales estaban en buen estado y habían sido
remodeladas en el 2017. Por otro lado, determinó que los estudiantes de
educación básica secundaria y media llevarían a cabo su proceso de aprendizaje
en la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen.
Afirmó que el colegio contaba con 14
aulas en buen estado para desarrollar las actividades académicas, y que la
comunidad escolar había acordado desarrollar las clases de preescolar y básica
primaria ahí. Además, enfatizó en que tanto los alumnos como los profesores tienen
un gran sentido de pertenencia por la institución, por lo que querrían
permanecer en ella.
Por lo tanto, la Secretaría le solicitó
a la Sala que aclarara y/o modificara la decisión tomada en el Auto No. 817 de
2018, de forma que los estudiantes de preescolar y básica primaria pudieran
llevar a cabo su proceso de aprendizaje en las instalaciones de la institución.
No obstante, solicitó que, en caso de que esto no fuera posible, la orden de
reubicación fuera para que todos los alumnos y profesores sean reubicados en un
único lugar.
Oficio de la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena del 21 de diciembre de 2018
La Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena, a través de oficio con fecha del 21 de diciembre de 2018, remitió
una copia del acta de conformación del comité interinstitucional ordenado por
la medida provisional adoptada por el Auto 817 del 13 de diciembre de 2018[46].  Así mismo, informó:
“ El Comité apoya la estrategia
contenida en la solicitud de aclaración y/o modificación por la Secretaría de
Educación Distrital ante la Honorable Corte Constitucional, la cual permite dar
continuidad a la Institución Educativa San Felipe Neri donde se tiene como plan
de contingencia que funcionara su bachillerato (alumno-docentes y personal
administrativos necesarios) en las instalaciones físicas de la IE nuestra
señora del Carmen y los grados de transición a primaria funcionen en las 14
aulas habilitadas en la IE San Felipe Neri, siempre y cuando así lo permita el
informe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres.
De lo contrario, sería necesario el
traslado de la IE San Felipe Neri para que funcione en su integridad en otras
instalaciones propias o contratadas.”
El comité estableció que si el informe
de gestión de riesgo era favorable, el proceso educativo de los alumnos de
preescolar y básica primaria se llevaría a cabo en las 14 aulas habilitadas del
colegio San Felipe Neri. Sin embargo, consideró que en caso de que esto no
fuera posible, la institución debía ser trasladada íntegramente a otras
instalaciones.
Respuesta de la señora Luz Elena Camacho
Salazar del 21 de diciembre de 2018
La accionante respondió a las preguntas
planteadas en el Auto del 13 de diciembre de 2018, a través de oficio
con fecha del 21 de diciembre del mismo año[47].
En primer lugar, señaló que desde la presentación de la tutela las
instalaciones del colegio se habían deteriorado, ya que a mediados de noviembre
se habían desplomado dos columnas. En segundo lugar, informó que si bien no
habían ocurrido accidentes en los que alguna persona saliera herida, el comedor
escolar tuvo que cerrarse por los malos olores que genera el estancamiento de
agua del lugar. No obstante, también afirmó que dos baterías sanitarias habían
sido modificadas y en ese momento eran plenamente funcionales. Por último,
informó que 14 aulas del colegio estaban en condiciones de ser utilizadas.
Escrito del Juzgado Octavo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena del 26 de diciembre
de 2018
El Juzgado Octavo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Cartagena, mediante escrito con fecha del 26
de diciembre de 2018, dio respuesta a la solicitud de la Magistrada Ponente. En
este afirmó que a través de oficio No 1200 del 10 de septiembre de 2018, envió
a la Corte Constitucional las piezas procesales con número de radicado
2018-0053600, accionante: Medardo Hernández y otros, accionado: Alcaldía de
Cartagena y otros. Así mismo, anexó los soportes para sustentar esta
información.
Respuesta de la Oficina Asesora para la
Gestión de Riesgos de Desastres del 27 de diciembre de 2018
La Oficina Asesora para la Gestión de
Riesgos de Desastres, mediante oficio con fecha del 27 de diciembre de 2018, respondió
a la solicitud de la Magistrada Ponente.[48] En primer lugar, señaló que desde la
visita técnica realizada el 29 de junio de 2018 al colegio, la planta física
del colegio sí se ha deteriorado. En segundo lugar, anotó que hay 14 aulas que “muy
a pesar de encontrarse dentro de la institución se encuentran ubicadas en un
sitio retirado del área de la edificación que presenta peligro inminente.”[49]
Ahora bien, señala que para poder utilizar estos salones es necesario:
“- Que se aporten la licencia
con que se desarrolló la construcción de las aulas o en su defecto aportar los
estudios de suelo y estructurales empleados en la construcción de las aulas, o
peritazgo estructural para su análisis.
- Se realice un cerramiento provisional,
que aísle la población estudiantil que va a utilizar dichas aulas de la obra a
construir.
- Se deberá habilitar un acceso
independiente a los dos existentes en la institución que facilite el ingreso de
los estudiantes sin interferir en la obra a construir, para lo cual se deberán
estudiar las nuevas circulaciones dentro del espacio que queda demarcado dentro
del cerramiento provisional.
- Se deberá realizar un plan de
contingencia y emergencia para estar atento a cualquier eventualidad de índole
antrópica o natural que ponga en riesgo la integridad de estos estudiantes.
- Se deberá desarrollar un cronograma
especial que permita controlar la perturbación por ruidos, partículas sueltas y
material particular que pueda afectar a los niños, niñas y adolescentes de la
institución.”[50]
No obstante, aclaró que sus
observaciones sobre estas aulas partían de una simple inspección visual, por lo
cual recomendaba realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica y un estudio
estructural que den certeza de su seguridad.
Por último, señaló que para prevenir
riesgos futuros es necesario que la Secretaría de Infraestructura lleve a cabo
un plan de contingencia de la nueva construcción, y ejecute una evaluación
sísmica del terreno.
Respuesta de la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena del 8 de enero de 2019
La Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena, a través de oficio con fecha del 8 de enero de 2019[51],
dio respuesta a las preguntas formuladas por la Magistrada Ponente en el Auto
del 13 de diciembre de 2018.
En primer lugar, afirmó que desde la
presentación de la tutela no han ocurrido accidentes en el colegio. En segundo
lugar, informó que la institución educativa cuenta con 37 aulas, de las cuales
solo 14 están en buenas condiciones para llevar a cabo actividades académicas.
Para soportar esta afirmación, anexó el informe de la Oficina Asesora para la
Gestión de Riesgos de Desastres del 27 de diciembre de 2018. De la misma
manera, incorporó un documento elaborado por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) en la que esta entidad hacía una valoración
estructural del colegio. En tercer lugar, apuntó que en noviembre de 2018 se
llevaron a cabo reparaciones locativas en diversas zonas del colegio, de manera
que se adecuaron 4 baterías sanitarias contiguas al área de los 14 salones. En
cuarto lugar, resaltó que en el año 2018 se matricularon 1709 alumnos, mientras
que en el 2019 lo hicieron 1554. Por último, afirmó que no tenía conocimiento
de la etapa en la que se encontraba el proceso de construcción del Megacolegio
San Felipe Neri, ya que esto era competencia de la Secretaría de Infraestructura
del Distrito de Cartagena. De este modo, informó que había requerido a esta
dependencia para que allegara la información requerida.
Respuesta de la Secretaría de
Infraestructura del Distrito de Cartagena del 14 de enero de 2018
La Secretaría de Infraestructura del
Distrito de Cartagena, remitió un oficio con fecha del 14 de enero de 2018.[52] En este manifestó que, teniendo en
cuenta la remisión que le hizo la Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena el 8 de enero de 2019, debía responder cuál era el cronograma
establecido para ejecutar y terminar la construcción del Megacolegio San Felipe
Neri, y aclarar la etapa en la que se encuentra. De este modo, afirmó que el
proyecto se encuentra radicado en la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena, en el
proceso de obtener una licencia de construcción en la modalidad de demolición y
obra nueva parcial.
Respuesta del Establecimiento Público
Ambiental-EPA Cartagena del 16 de enero de 2018
El Establecimiento Público Ambiental-EPA
Cartagena, a través de escrito con fecha del 16 de enero de 2018, respondió a
las preguntas formuladas por la Magistrada Ponente[53].
En primer lugar, afirmó que efectivamente recibió la comunicación del 29 de
junio de 2018 remitida por la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgos de
Desastres del Distrito de Cartagena. En segundo lugar, afirmó que los árboles
que se encuentran dentro del colegio están en un muy mal estado fitosanitario,
de manera que existe el riesgo inminente de que alguno se caiga. Así mismo,
recalcó que a pocos metros de la institución pasa un canal de aguas lluvias que
actualmente se encuentra contaminado por aguas negras y residuos sólidos, lo
que hace que dentro del colegio y algunos de sus salones de clase haya olores
fétidos y proliferen insectos y roedores. Por último, informó que es
responsabilidad de la institución educativa llevar a cabo los cuidados
respectivos de los árboles, mientras que es el distrito el que debe solucionar
el problema del canal de aguas lluvias.
Informe de la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena del 21 de enero de 2019
El 21 de enero de 2019, la Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena envió el informe de cumplimiento de la medida
provisional del 13 de diciembre de 2018.[54] En este reiteró que el 8 de enero de
2019, se llevó a cabo una reunión en el Instituto Educativo San Felipe Neri en
la que participaron alumnos, profesores, padres de familia, personal
administrativo, el Departamento Administrativo de Salud, la Secretaría de
Participación Ciudadana, el ICBF y la Secretaría de Educación Distrital. Relató
que en esta reunión el rector del colegio informó que los alumnos de preescolar
y básica primaria tomarían sus clases en las 14 aulas disponibles en el
colegio, mientras que los alumnos de básica secundaria asistirían a la Institución
Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen.
Del mismo modo, apuntó que miembros de
la comunidad se oponen al traslado de los niños a otros colegios, y en caso de
que el proceso de construcción del megacolegio no avance tomarán vías de hecho.
También afirmó que se llevó a cabo una
segunda reunión el 15 de enero de 2019 en la que participaron los mismos
actores. El informe relata que en esta se concluyó lo siguiente:
“Cumpliremos con el plan de contingencia
porque no queremos que el colegio desaparezca, no aceptamos lo que dijo la
Corte Constitucional, es decir, que cada niño sea reubicado en los diferentes
colegio (sic), por ello aceptamos la contingencia con la condición de que si
aquí a marzo no se ha iniciado las construcción (sic) tomaremos la vía de
hechos necesarias (sic) para exigirlas.”[55]
Por lo tanto, la Secretaría afirmó que el plan de contingencia fue
aprobado de la manera en que la comunidad lo propuso. De acuerdo con ello, si
no se traslada la totalidad del estudiantes, profesores y personal
administrativo a otras instalaciones, los alumnos de preescolar y básica
primaria atenderán sus clases en la Institución Educativa San Felipe Neri.
Además, señaló que el Procurador 10 Judicial de Familia de
Cartagena le solicitó celeridad a la Curaduría Urbana No. 1 en el trámite de
expedición de la licencia de construcción. Respecto a este punto, la Secretaría
de Educación Distrital de Cartagena anexó la respuesta de la Curaduría Urbana,
la cual expresa lo siguiente:
“1. La solicitud de licencia de construcción, para desarrollar la
demolición parcial de la edificación ubicada en la calle 38 no 55-65 del Barrio
Olaya Herrera- INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FELIPE NERI, fue radicada el 09 de
Agosto de 2018.
En el trámite de dicha petición, se hicieron observaciones
arquitectónicas y estructurales, que se pusieron en conocimiento del
responsable de la solicitud […] Las observaciones no fueron atendidas dentro
del término legal y en aplicación del artículo 2.2.6.1.2.3.4 del Decreto 1077
de 2015, se entendió desistida dicha petición.
2. La solicitud de licencia de la referencia, fue radicada
nuevamente el 20 de diciembre de 2018.
En el trámite de la solicitud, se hicieron observaciones
arquitectónicas […] y fueron atendidas el 10 de enero de 2019. Revisado el
diseño estructural, se hicieron observaciones, que se pusieron en conocimiento
del interesado, y aún no han sido atendidas.
Corregido el diseño estructural con las observaciones, se
proferirá el auto de viabilidad de expedición de la licencia y se entregará la
liquidación.”[56]
Respuesta del Departamento
Administrativo Distrital de Salud del 25 de enero de 2019
El Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena,
dio respuesta extemporánea a la solicitud de la Magistrada Ponente mediante
escrito del 25 de enero de 2019. Este informó que efectivamente recibió la
comunicación de la Oficina de Gestión del Riesgo del 29 de julio de 2018.
Además, señaló que el mencionado departamento delegó dos funcionarios para
ejecutar las órdenes del Comité coordinado por la Secretaría de Educación, el
cual fue creado por la Sala Sexta de Revisión mediante el Auto no. 817 del
13 de diciembre de 2018. Por último, señaló que en cumplimiento de las
órdenes del comité, el 19 de enero de 2019 llevó a cabo una jornada de
fumigación contra insectos.
Informe de la Secretaría de Infraestructura
Distrital de Cartagena del 1° de febrero de 2019
La Secretaría de Infraestructura del Distrito de Cartagena,
remitió un oficio con fecha del 1 de febrero 2019.[57]
En este se informó que el 23 de enero se llevó a cabo una reunión con los
miembros del comité ordenado por la Sala Sexta de
Revisión mediante el Auto no. 817 del 13 de diciembre de 2018. Por lo
tanto, anexó el acta de esa reunión. En esta se señala lo siguiente:
“[ocurre] una situación con el colegio Departamental, ya que en
principio las aulas disponibles en dicha institución eran 25 aulas, pero se
presentó una situación con el nodo de turismo que está funcionando en el
Departamental, quedando solo disponibles 13 aulas lo que nos obligó a buscar
otro lugar apto para el traslado de unos grados, encontrando disponibilidad de
una edificación que hasta el año pasado funcionaba como colegio.
[…]
El rector manifiesta que una madre de familia y representante del
consejo académico asistió al colegio propuesto y están de acuerdo. Además
expresa cuando (sic) se presenta esta necesidad se realizó todo el recorrido
buscando colegios oficiales cercanos (aunque en otros barrios) pero no
encontramos cupos ni aulas disponibles por lo que se miró otras edificaciones
donde funcionaba (sic) colegios privados siendo el único desocupado el
propuesto.”[58]
Así mismo, señaló que en esta reunión la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena informó que le
solicitó a la Secretaría de Hacienda de esa ciudad, una disponibilidad
presupuestal del $ 23.111.247 para poder llevar a cabo las obras de adecuación
y mantenimiento de las aulas del colegio. Además, informó que está en curso el
proceso de mínima cuantía para contratar el servicio de transporte de los
estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri a otros colegios.
Informe a la Sala de Selección Número
Dos de la Corte Constitucional del 8 de febrero de 2019
En atención al escrito presentado por el
Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena
del 26 de diciembre de 2018[59], la Magistrada Sustanciadora inició
la búsqueda del expediente dentro de esta Corporación. Durante su investigación
se percató que según los datos disponibles en la página web de la Secretaría,
el expediente No. 13001-40-03-008-2018-00536-00 había sido radicado por la
Secretaría de esta Corporación como un expediente independiente bajo el número
T-7.160.114, accionante: Medardo Hernández Baldiris y otros, accionado: Secretaría
de Educación de Cartagena y otros. De este modo, según la información con la
que contaba el despacho, no se trataba de un proceso independiente sino que era
una pieza procesal que correspondía al proceso T-7.019.083.
Teniendo en cuenta que la radicación del
expediente T-7.160.114 se llevó a cabo de manera errónea, el 8 de febrero de
2019 la Magistrada Ponente le solicitó a la Sala de Selección Número
Dos -que examinó los expedientes dentro del rango
comprendido entre los números T-7.153.821 al T-7.178.120-
que remitiera a su despacho la pieza procesal y ordenara a la Secretaría de esta Corporación la anulación de la radicación del expediente T-7.160.114.
Informe de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena del 11 de febrero de 2019
El 11 de febrero de 2019 la Secretaría informó que mediante la
Resolución no. 0075 del 8 de febrero de 2019, la Curaduría Urbana Distrital No.
1 de Cartagena de Indias aprobó la licencia de construcción en la modalidad de
demolición parcial y ampliación de la Institución Educativa San Felipe Neri.
Además, informó que para solucionar los problemas narrados en el informe del 1º
de febrero, la distribución de los salones y alumnos por grados del colegio
quedó de la siguiente manera:
“- En las aulas que se encuentran en buenas condiciones en la IE
San Felipe Neri, distribuidos en jornada mañana y tarde, recibien (sic) clases
los cursos de transición (5 grupos), 2do grado (6 grupos), 4to grado (5 grupos)
y 5to grados (4 grupos).
- En la IE Nuestra señora
del Carmen (también conocido como el Departamental) en la jornada de la tarde
funcionan el 3er grado (5 grupos), 9no grado (3 grupos), 10º grado (2 grupos) y
11 grado (3 grupos).
- En el colegio privado, en
la jornada de la tarde: 6to grado (5 grupos), 7º grado (4 grupos) y 8º grado (4
grupos).”[60]
Respuesta a la solicitud de
aclaración y/o modificación de la medida provisional de protección del 14 de febrero de 2019
A través de Auto del 14 de febrero de 2019, la Sala Sexta
de Revisión negó la solicitud de aclaración y/o
modificación de la medida provisional de protección del 13 de diciembre de 2018
presentada por la Secretaría de Educación de Cartagena.[61]
La Sala consideró que del informe del 27 de diciembre de 2018
presentado por la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres, y del
reporte del 16 de enero de 2019 del Establecimiento Público Ambiental-EPA, se
derivan dos hechos. El primero es que los salones habilitados en la Institución
Educativa San Felipe Neri no satisfacen los requisitos básicos para salvaguardar la vida de los integrantes del
colegio, y que es altamente probable que no cumplan con las normas básicas para
resguardarlos ante cualquier riesgo o daño natural que pueda poner en peligro
su integridad física. El segundo es que existe un inminente peligro
medioambiental que impide que el servicio educativo se preste con unas
condiciones mínimas de dignidad. Por otro lado, la
Sala señaló que los informes allegados por la Secretaría de Educación de
Cartagena revelan que no se ha cumplido lo ordenado en el Auto 817 del 13 de diciembre de 2018 y,
en consecuencia, negó lo solicitado por la entidad.
No obstante, también advirtió que la Sala suspendería los efectos de medida si la entidad lograba demostrar: i) el cumplimiento de las condiciones impuestas por las entidades de
control correspondientes, con el consecuente cese de la amenaza a los derechos
fundamentales de la comunidad educativa; o ii) que tenía a su disposición unas
instalaciones en las que se pudiera proporcionar el servicio educativo a los
alumnos de manera segura y digna.
Auto de suspensión del 14 de febrero de 2019
La Sala Sexta de Revisión suspendió los términos para fallar el
presente asunto por un término de veinte (20) días hábiles a través de Auto
del 14 de febrero de 2019.[62] Esta consideró
que como la Magistrada Ponente le solicitó a la Sala de Selección Número Dos,
mediante escrito del 8 de febrero de 2019, que ordenara
a la Secretaría de esta Corporación que anulara la radicación del expediente T-7.160.114 y que remitiera a su despacho la pieza
procesal, los términos del proceso debían suspenderse de manera que esta
pudiera obtener todos los cuadernos correspondientes al expediente T-7.019.083 antes de emitir una providencia.
Remisión del 22 de febrero de 2019
Mediante oficio del 22 de febrero de 2019, la Secretaría General
de esta Corporación le envió a la Magistrada Ponente un (1) cuaderno que
corresponde a la acción de tutela instaurada por Medardo Hernández Baldiris y
Shirly Stella Torres Cera, contra la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias
y la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de Indias, de conformidad a
lo ordenado en el numeral décimo séptimo del auto de Selección de Tutelas
Número Dos.
Auto del 28 de febrero de 2019
Después de recibir el expediente remitido el 22 de febrero de 2019
por la Secretaría General, la Magistrada Ponente emitió un Auto de pruebas
el 28 de febrero de 2019. En este informó que de la
lectura del expediente remitido por la Sala de Selección Número Dos, concluyó
que este no se trataba de una pieza procesal relacionada con el proceso
T-7.019.083 sino de una acción de tutela independiente.
Lo anterior, debido a que la pieza procesal remitida se refería a
una tutela formulada por Medardo Hernández Baldiris
contra la Alcaldía de Cartagena, en la que se buscaba la
protección de los derechos fundamentales a la educación y la vida de los
estudiantes de la Institución Educativa José de la Vega, la cual había
sido conocida en primera instancia por el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cartagena de Indias.
Una vez se percató de este hecho, emprendió nuevamente la búsqueda
de la pieza procesal. Durante su investigación concluyó que la parte del
expediente buscada había sido radicada como un proceso independiente con los
siguientes datos: “número T-7.019.084, accionante: Hernández Baldiris
Mederado y otros, accionado: Alcaldía Mayor de Cartagena y otro; Primera
instancia: Cartagena, Bolívar, Juzgado 8 Penal Municipal; Fecha de Radicación:
Octubre 3 de 2018.”[63] Esta radicación había sido
anulada de oficio por la Secretaría de esta Corporación el 4 de octubre de
2018, y la pieza procesal correspondiente fue enviada al Juzgado de Primera
Instancia el 22 de febrero de 2019.
Por lo tanto, mediante el Auto del 28 de febrero de 2018,
ordenó que este expediente fuera remitido de nuevo a la Secretaría General de
esta Corporación para que adelantara las gestiones de su competencia. Además,
ordenó al Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena
con Función de Control de Garantías, que una vez recibiera las piezas
procesales correspondientes las remitiera de manera inmediata a este despacho.
Oficio de la Secretaría de Educación de Cartagena del 11
de marzo de 2019
El 11 de marzo de 2019 la Secretaría de Educación de
Cartagena remitió un oficio a la Magistrada Ponente. En este informó que a raíz
de lo ordenado en el Auto 817 del 13 de diciembre
de 2018, reubicó a los estudiantes, docentes y personal administrativo de
la Institución Educativa San Felipe Neri en dos colegios. En primer lugar,
señaló que los alumnos de transición, tercero, noveno, décimo y once fueron
trasladados a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. En segundo
lugar, informó que los estudiantes de primero, segundo, cuarto, quinto, sexto,
séptimo y octavo fueron ubicados en la Institución Educativa Nuevo Bosque. Por
último, afirmó que dispuso de 39 buses de transporte especial para garantizar
el traslado de los estudiantes a las diferentes instituciones educativas.
Oficio de la Secretaría de Cartagena del 4 de abril de 2019
El 4 de abril de 2019 la Secretaría de Educación de
Cartagena remitió un oficio a la Magistrada Ponente. En este reiteró cuáles
fueron las medidas que implementó a raíz de lo ordenado en el Auto 817 del 13 de diciembre de 2018.
Asimismo, señaló que para garantizar la seguridad de los educandos y agilizar
su traslado, esta solicitó el acompañamiento de la Policía de la Infancia y
Adolescencia y al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de
Cartagena.
Estado del expediente: aplicación del principio de justicia
material y prevalencia del derecho sustancial
Como se ha visto a lo
largo de las actuaciones en Sede de Revisión, esta Sala ha llevado distintas
actuaciones para obtener la pieza procesal que el
Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena envió al Juzgado Octavo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de esa misma ciudad, para su
acumulación al asunto objeto de estudio. Sin embargo, esta todavía no ha sido
allegada.
No obstante, de la evidencia contenida en el expediente, se concluye
que la mencionada pieza procesal contiene las actuaciones iniciales del trámite
de tutela, entre ellas, al menos dos pruebas: la respuesta de la Secretaría de
Educación a la acción de tutela y el informe de una inspección judicial. En
efecto, la Secretaría de Educación Distrital, mediante oficio del 2 de agosto
de 2018[64], le solicitó al Juzgado Octavo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías que tuviera en cuenta el escrito
de contestación presentado al Juzgado Octavo Civil Municipal, debido a que
afirmó que se trataba de una acción con los mismos hechos y pretensiones. De
este modo, anexó su respuesta[65] y reiteró su solicitud de que se negara
el amparo de los derechos fundamentales.
Por otro lado, en la sentencia de primera instancia, el mencionado
Juzgado Octavo Penal afirma que el Juzgado Civil Municipal realizó una
inspección judicial a la Institución Educativa San Felipe Neri antes de enviar
el proceso para su acumulación. De este modo, en la providencia informa que
este realizó:
“un recorrido por las instalaciones físicas de la institución
educativa, al realizar el recorrido se observaron que la mayoría de salones de
la institución se encuentran en un evidente estado de mantenimiento,
especialmente en lo referente a los pisos, techos, cielos rasos y al mobiliario
que los niños usan para tomar sus clases asimismo evidenciaron paredes sin
pinturas, cielos rasos con agujeros, techos de eternit agrietados, puertas
dañadas, varias sillas sin brazos, observaron vigas y columnas en moderado
estado de deterioro, registros de desagües sin tapas de protección y
descubiertos. Concretamente evidenciaron unos salones específicos en mayor
estado de deterioro que otros, como el salón de artística el cual debió haber
sido trasladado a otro lugar de la institución, igualmente observaron por lo
menos 4 salones con paredes corroídas por la humedad y sin pintura, cuyas
condiciones afectan el normal desarrollo de las clases por parte de los niños.”[66]
Ahora bien, a pesar de haber hecho un esfuerzo evidente para
obtener estas piezas procesales, el despacho de la Magistrada Ponente también ordenó
una cantidad considerable de pruebas. En ese sentido, mediante auto del 13 de
diciembre de 2018[67] se vinculó a distintos entes de
control para que llevaran a cabo inspecciones que pudieran determinar el estado
del inmueble. Además, en ese mismo auto se ofició a las partes para que dieran
su versión de los hechos y aportaran los elementos que consideraran necesarios
en este asunto.
De este modo, la Sala considera que todas las garantías procesales
fueron proporcionadas de manera oportuna, ya que todas las partes en el proceso
tuvieron la oportunidad de participar y presentar pruebas y escritas para
sostener su posición. Asimismo, el material probatorio que contiene el
expediente de primera instancia y la información recaudada en sede de revisión,
cumplen el mismo objetivo que el contenido de las piezas procesales faltantes y
aportan elementos actuales, contundentes y concluyentes que permiten proferir
una decisión sobre el asunto. Además, si se tiene en cuenta que el asunto bajo
estudio está directamente relacionado con los derechos fundamentales de un
grupo de niños y niñas, es importante señalar que según el artículo 44 de la
Constitución estos tienen un carácter prevalente.
En ese sentido, si bien la
Sala no cuenta con todas las piezas procesales que corresponden al proceso
original a pesar de sus múltiples esfuerzos, detener el proceso para su
hallazgo es desproporcionado en la medida en que: i) podría ir en detrimento de
los derechos de los menores de edad porque dilataría el proceso; y ii) las
pruebas recaudadas aportan elementos actuales, conducentes, concluyentes y
contundentes para resolver el asunto.
Por lo tanto, esta Sala debe aplicar el principio de justicia
material y prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la
constitución. Según este principio, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del
derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. En ese sentido,
“las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los
derechos subjetivos y no fines en sí mismas”[68].
La Corte ha señalado que este principio:
“se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición
de una determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación
por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su
destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una
efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales.”[69]
Sin embargo, esta Corporación ha aclarado que el principio de la
justicia material no puede ser aplicado de manera absoluta para la
determinación de situaciones jurídicas. En este sentido, ha sostenido que dicho
supuesto es “insostenible teóricamente e impracticable judicialmente” dado
que se estarían desconociendo las formalidades establecidas para el
reconocimiento del derecho en beneficio de una consideración fáctica.
No obstante, teniendo en
cuenta que en este caso i) el contenido de las pruebas en las piezas procesales
es determinable por lo afirmado por el juez de instancia; ii) la Sala ha
llevado a cabo múltiples actuaciones para obtener los mencionados escritos; iii)
las pruebas recaudadas en sede de revisión aportan
información actualizada y elementos contundentes y concluyentes que permiten
proferir una decisión sobre el asunto; y iv) la acción de tutela busca la
protección de derechos de los niños y niñas, los cuales tienen un carácter
prevalente según el artículo 44 de la Constitución; la Sala concluye que en
este caso particular y excepcional es posible proferir sentencia a pesar de no
contar con una parte del expediente de primera instancia.
III.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en
Sala de Revisión, la sentencia proferida dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de análisis y problema
jurídico
2. La agente oficiosa Luz Elena Camacho
Salazar formuló acción de tutela contra la Alcaldía y la Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena de Indias por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la educación, a la integridad personal, a la salud y
vida digna de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri de
Cartagena, generada por la negligencia de las partes accionadas en relación con
el mantenimiento y adecuación estructural que necesita la institución
educativa. Así mismo, afirmó que las denuncias sobre el estado del colegio se
han prolongado a través del tiempo, pero las autoridades no han dado una
solución eficaz a los problemas que aquejan a la comunidad educativa.
Por lo tanto, la tutelante solicitó
adecuar la infraestructura de la Institución Educativa San Felipe Neri para que
esté en condiciones de habitabilidad mediante la eliminación de la amenaza
permanente de derrumbe o, de ser necesario, iniciar la construcción de una
nueva institución educativa.
3. En atención a la situación descrita, corresponde
a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿La
Alcaldía Distrital de Cartagena y la Secretaría de Educación de la misma ciudad
vulneraron los derechos a la educación, a la integridad personal, a la salud y a la
vida digna de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri al no
llevar a cabo el mantenimiento y adecuación estructural de la edificación?
Para responder al problema jurídico anunciado la
Sala examinará, inicialmente, la procedencia general de la acción de tutela. De
superarse el análisis de procedibilidad, abordará i)
el derecho a la educación y sus componentes; ii) el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a acceder a un servicio educativo en condiciones dignas; y iii) resolución del caso concreto.
Examen de procedencia de la acción de tutela
Legitimación por activa[70]
4.El
artículo 86 de la Constitución establece que cualquier persona podrá presentar
acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
labor u omisión de cualquier autoridad pública o particular.
El artículo 10º
del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación para el ejercicio de la acción
de tutela, de manera que puede ser presentada: i) a nombre propio; ii) a través
de representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; iv)
mediante agente oficioso cuando el
interesado esté imposibilitado para promover su defensa; o v) por el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
Esta Corporación
ha establecido que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se
discute en el proceso de tutela. En ese sentido, esta
exigencia supone que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.[71]
5.Adicionalmente,
la jurisprudencia ha establecido que en virtud de la agencia oficiosa es
posible que un tercero represente al titular de un derecho, en razón de la
imposibilidad de este para llevar a cabo su propia defensa. Por lo tanto:
“[…]
el agente oficioso carece, en principio, de un interés propio en la acción que
interpone, toda vez que la vulneración de derechos que se somete al
conocimiento del juez sólo está relacionada con intereses individuales del
titular de los mencionados derechos.”[72]
En ese orden de ideas, la agencia oficiosa es una figura de
carácter excepcional, pues requiere que se presente una circunstancia de
indefensión o impedimento del afectado que le imposibilite recurrir a los
mecanismos existentes para buscar por sí mismo la protección de sus derechos.
Por otro lado, este Tribunal también ha determinado que son
elementos normativos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa
en el ejercicio de la acción de tutela:
“[…] i) La manifestación del agente
oficioso en el sentido de actuar como tal. ii) La circunstancia real, que se
desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del
contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho
fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa.
iii) La existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente
y los agenciados titulares de los derechos […]”[73]
En caso de presentarse los dos primeros supuestos, se cumple con
la legitimación en la causa por activa y el juez de tutela debe pronunciarse de
fondo sobre los hechos y las pretensiones de la demanda. De no ser así, tendrá
la obligación de declarar improcedente la acción. La verificación de estos elementos
no puede estar supeditada a la existencia declaraciones expresas, ya que es
posible que las circunstancias que impiden que una persona actúe a nombre
propio se deriven de la narración hecha por el actor. La veracidad y alcance de
este relato deberán ser valorados por el juez.
6. Respecto al ejercicio de la agencia oficiosa
por parte de personas distintas a quien ejerce la patria potestad de un menor
de edad, la jurisprudencia ha determinado que existe un deber mínimo de
justificación. Este consiste en demostrar al menos de manera sumaria que:
“i) no concurre persona que ejerza la
patria potestad o la misma está formal o materialmente inhabilitada para
formular las acciones judiciales o administrativas necesarias; o ii) que si
bien concurren los padres o guardadores, existe evidencia que los mismos se han
negado a formular las acciones y dicha omisión afecta gravemente los derechos
del niño o niña concernida.”[74]
A este respecto, esta Corporación ha insistido que en que los
padres y guardadores son titulares de un margen de apreciación en lo que
respecta al ejercicio de acciones judiciales o administrativas en nombre de los
menores de edad. Por lo tanto, la actuación del agente oficioso será legítima
no solo cuando se demuestre que quien ejerce la patria potestad se niega a
formular la respectiva acción, sino que también debe estarse ante un escenario
de vulneración cierta y grave de los derechos constitucionales de los niños y
niñas.
Sin embargo, la legitimación prevalente de los representantes
legales para presentar acción de tutela en favor de menores de edad no impide que
otras personas agencien sus derechos. En efecto, en casos límite en los cuales
los derechos fundamentales invocados y la gravedad de los hechos demuestren que
el niño está en riesgo de sufrir un perjuicio, es posible que otra persona,
distinta de los representantes legales, actúe en calidad de agente oficioso. De
este modo, es importante señalar que cuando se trata de casos en los que exista duda acerca de la
procedencia o no de la agencia oficiosa, estos siempre deben resolverse de
manera que se otorgue eficacia al mandato de prevalencia del interés superior
del menor del artículo 44 de la Constitución, sin que el reconocimiento de los
efectos de la patria potestad pueda operar como barrera para el cumplimiento de
esta principio constitucional.
7. En el caso particular, la acción de tutela
fue presentada por la señora Luz Elena Camacho Salazar, quien como agente oficiosa, actuó en
representación de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri
de Cartagena.  En ese sentido, se trata de una profesora del colegio que conoce
la situación en la que se encuentran las instalaciones y de qué manera afecta a
los estudiantes, además, a través de sus actuaciones ha demostrado un legítimo
y loable interés en salvaguardar los derechos de los alumnos del colegio en el
que trabaja.
Los informes de las entidades técnicas[75] y el material fotográfico
adjunto[76] soportan las afirmaciones del escrito de
tutela[77] y revelan que las instalaciones de
este colegio no garantizan la prestación del servicio educativo dentro de
unas condiciones mínimas de dignidad y seguridad. De este modo, los niños,
niñas y adolescentes se encuentran en una situación de vulneración permanente de
su derecho fundamental a la educación en condiciones dignas y, además, está en
riesgo su seguridad e integridad personal.
Por
otro lado, la Sala no tiene conocimiento de que los padres o los representantes
legales de los estudiantes estén llevando a cabo acciones judiciales o
administrativas para salvaguardar sus derechos. De hecho, en el escrito de
tutela la señora Luz Elena Camacho Salazar afirma:
“La educación de los 1700 niñas, niños y adolescentes de la
Institución educativa san Felipe Neri, no puede llevarse a cabo asumiendo
riesgos, así tales riesgos sean aceptados por sus padres, ya que es
deber del Estado no solo garantizar la educación, sino ofrecerla en condiciones
óptimas.”[78]
(Negrilla fuera del texto)
8. Con base en estas circunstancias, la Sala encuentra
acreditada la legitimidad en la causa por activa de la señora Luz Elena Camacho Salazar
como agente oficiosa de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe
Neri de Cartagena.
Para la Sala se han cumplido los requisitos establecidos en
la jurisprudencia en la medida en que i) existe una vulneración cierta y grave
del derecho a la educación e integridad personal de los alumnos del colegio; y
ii) los padres de los menores de edad o sus representantes legales no han
iniciado acciones judiciales o administrativas para salvaguardar sus intereses.
Sobre este último punto es importante recalcar que según
los datos más recientes del Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del
Caribe, a los habitantes del barrio Olaya Herrera –lugar en el que se encuentra
ubicado el colegio– los aquejan frecuentes problemas de salud, criminalidad,
pobreza y violencia simbólica. [79] En ese sentido, se encuentran en
unas condiciones de alta vulnerabilidad socio-económica que implica una mayor
dificultad para acudir ante las autoridades a reclamar sus derechos, lo que
explica y justifica la actuación de la agente oficiosa.
Legitimación por pasiva[80]
10. La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de
amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el demandado en tutela,
pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental invocado una vez se acredite la misma en el proceso[81].
En relación con lo anterior, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela procederá contra toda acción u omisión de autoridades
públicas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de los derechos
fundamentales.
11. En el presente asunto la acción está dirigida contra la
Alcaldía Distrital de Cartagena y la Secretaría de Educación de esa ciudad, por
lo que se trata de una tutela contra dos
autoridades públicas a la que se les atribuye la vulneración de derechos
fundamentales. En consecuencia, se encuentra acreditado el requisito de
legitimación en la causa por pasiva.
Subsidiariedad[82]
12. El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política
establece el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la
acción de tutela en los siguientes términos:
“[E]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. (Negrilla fuera del texto original).
De este modo, la norma determina que si
hay otros mecanismos de defensa judicial que sean idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela.
Sobre la eficacia del medio, la
jurisprudencia constitucional ha precisado que esta se refiere a que el mecanismo
judicial haya sido “diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al
derecho”[83].
Es decir, que una vez resuelto por la autoridad judicial o administrativa
competente, tenga la virtud de garantizarle al solicitante oportunamente el
derecho. A su vez, se entiende que una acción judicial no es idónea cuando “no permite resolver el
conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral
frente al derecho comprometido”[84].
13. Ahora bien, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, aunque
exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se
consideran vulnerados, la tutela es procedente si se acredita que i) el
mecanismo no es idóneo ni eficaz, o ii) “siendo apto para conseguir la
protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su
idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso
en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela”[85].
Este perjuicio se caracteriza:
“i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable
a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad”[86].
En relación con la gravedad caracterizada en el segundo supuesto,
esta Corporación ha determinado que es necesario que se demuestre el daño que
representa una situación determinada para que se justifique la intervención del
juez constitucional. Lo anterior, con el fin de evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, por lo que antes de esta injerencia se deben evaluar
las posibilidades que tiene el accionante con los mecanismos ordinarios de
defensa judicial y, en caso de que lleve a cabo una intervención, debe examinar
si el amparo constitucional procede de forma definitiva o transitoria[87].
14.  En este caso particular,
el
escrito de tutela y sus anexos[88] revelan que los
menores de edad que estudian en la Institución Educativa San Felipe Neri, se
encuentran en grave peligro por las condiciones físicas y medioambientales en
las que se halla el colegio. Así mismo, se tiene que las pretensiones
de la acción son las siguientes:
“1. Que
mediante una orden judicial se tutelen los derechos fundamentales a la
integridad, la salud, y a la vida digna de los niños, niñas y adolescentes de
la Institución Educativa San Felipe Neri.
2.       Adecuar la
infraestructura de la institución Educativa San Felipe Neri, a la que asisten
los menores, en condiciones de habitabilidad, eliminando la amenaza de
derrumbe; o de ser necesario, se inicie la construcción de una nueva
Institución Educativa.
3.       Ordenar a
las entidades demandadas, realizar todas las acciones pertinentes, para
restaurar los derechos vulnerados de los 1700 estudiantes niños, niños y
adolescentes de la Institución Educativa San Felipe Neri, lo más pronto
posible.”[89]
A partir de
lo expuesto, y con el propósito de resolver respecto de la procedencia del
recurso de amparo en este caso, es importante tener en cuenta que el artículo 44 de la Constitución
establece que “los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Además, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que “en los
casos relacionados con la protección de los derechos de los menores de edad, el
criterio primordial a seguir por las autoridades competentes debe ser el de la
preservación y protección del interés prevaleciente y superior del menor.”[90]
Aunado a lo
anterior, la Sala de Revisión encontró que no existe ningún mecanismo ordinario
de defensa judicial que permita solicitar el amparo de los derechos
fundamentales reclamados. Lo anterior, debido a que no hay ningún medio que se
muestre idóneo para resolver este conflicto
en su dimensión constitucional.
15. Por lo tanto, al verificar que: i) hay un grupo de
menores de edad cuyos derechos fundamentales se encuentran ante un riesgo
inminente; ii) que tanto la Constitución como la jurisprudencia obligan a las
autoridades a darle prevalencia a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes; y iii) que no hay ningún mecanismo judicial idóneo mediante el
cual se pueda resolver la controversia desde un punto de vista constitucional;
es necesario concluir que la acción de tutela es procedente para salvaguardar
los derechos invocados, independientemente de la decisión que esta Sala de Revisión
pueda llegar a proferir respecto de las pretensiones particulares enunciadas
anteriormente.
Inmediatez
16. Esta Corporación ha resaltado que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de
caducidad. Sin embargo la solicitud de amparo debe formularse en un término
razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador.
Esta exigencia se deriva de la
finalidad de la acción constitucional que pretende conjurar situaciones
urgentes que requieren de la inmediata intervención del juez constitucional.
Por lo tanto, cuando ha transcurrido un periodo de tiempo considerable y
desproporcionado entre la ocurrencia del evento en el que se vulneraron o
amenazaron los derechos fundamentales y la presentación de la acción de tutela,
se entiende prima facie que su carácter apremiante fue desvirtuado,
siempre que no se hayan expuesto razones que justifiquen el paso del tiempo
para utilizar el mencionado instrumento constitucional.
17. Así mismo, este requisito de
procedencia tiene por objeto respetar o mantener la certeza y estabilidad de
los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo
razonable, respecto de los cuales se presume la legalidad de sus efectos ante
la ausencia de controversias jurídicas. En ese sentido, la jurisprudencia de
este Tribunal[91]
ha precisado que el presupuesto de inmediatez: i) tiene fundamento en la
finalidad de la acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un
derecho constitucional fundamental; ii) persigue la protección de la seguridad
jurídica y los intereses de terceros; e iii) implica que la tutela se haya
interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las
circunstancias particulares de cada caso.
18. No obstante, existen eventos en los que el análisis de
procedibilidad excepcional de la petición de protección constitucional se torna
menos estricto y está condicionado a la verificación de los siguientes
presupuestos[92]:
i) la existencia de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal,
como podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en
un término razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo[93], entre otros; ii) cuando la
vulneración de los derechos fundamentales es continua y actual; y iii) la carga
de la interposición de la solicitud de amparo en un determinado plazo resulta,
de una parte, desproporcionada debido a la situación de debilidad manifiesta en
la que se encuentra el accionante.
19. En este caso la Sala advierte que las protestas[94], accidentes[95], inspecciones técnicas[96], y material fotográfico y de video[97] demuestran dos hechos. El primero es
que actualmente la edificación no cumple con los
requisitos básicos para salvaguardar
la vida de sus integrantes. El segundo es que existe un inminente peligro
medioambiental y de salubridad que impide que el servicio educativo se preste
con unas condiciones mínimas de dignidad, ya que como lo informa el Establecimiento Público Ambiental-EPA:
“existe un riesgo inminente de la caída
de algún árbol o alguna de sus ramas [y] el canal de aguas lluvias contaminado
[genera] la proliferación de insectos y roedores [que] son un factor de riesgo
para la población estudiantil y de igual forma para el medio ambiente.”[98]
Esta
situación demuestra que la vulneración de derechos es actual y continua, ya
que se ha prolongado a través del tiempo sin que exista ninguna respuesta
eficaz por parte de la administración para interrumpir su curso. Por lo tanto,
la Sala considera que la acción cumple con el requisito de inmediatez.
En definitiva, la
Sala encontró acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el presente asunto, por lo que a continuación se
presentarán los aspectos de fondo anunciados para pasar a la solución del
problema jurídico formulado.
El derecho a la educación y sus
componentes. Reiteración jurisprudencial[99]
20. El artículo 67 de la Constitución de 1991 reconoce a la
educación en una doble dimensión: como un derecho y un servicio público con
función social. De este modo, garantiza que todas las personas tengan acceso al
conocimiento, la ciencia, la técnica, así como a los demás bienes y valores de
la cultura, en consonancia con los fines y principios constitucionales del
Estado Social y Democrático de Derecho.
Por un lado, debe señalarse que la educación como servicio público
exige del Estado acciones concretas para garantizar su prestación eficaz y
continua a todos los habitantes del territorio nacional. Los principios que
rigen su prestación son la universalidad,
la solidaridad y la redistribución de los recursos en la población
económicamente vulnerable. Por otro lado, debe señalarse que si bien la
educación está prevista como un derecho social, económico y
cultural en el texto constitucional, tanto el artículo 44 de la Carta en el
caso de los niños, como la jurisprudencia de esta Corporación en el caso de los
adultos[100],
la han reconocido como un derecho fundamental. Por consiguiente, el derecho a
la educación también representa la posibilidad del enriquecimiento de la vida
en sociedad y de la democracia, potencia al sujeto y, a través de él, a la
humanidad.[101]
21. El alcance de la educación como derecho fundamental también se
rige bajo un conjunto de disposiciones del bloque de constitucionalidad, que
regulan y fijan el alcance de la educación y de las obligaciones estatales en
la materia. Por ejemplo, los Estados deben tomar medidas tales como la
implementación de la enseñanza gratuita y asequible, el apoyo financiero
en caso de necesidad, el fomento de la asistencia a las escuelas y buscar la
reducción de las tasas de deserción escolar[102].
Asimismo, la educación impartida en los Estados debe asegurar el pleno
desarrollo de la personalidad y dignidad de los estudiantes. En particular, la
Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales describió el alcance del derecho a la educación en el Pacto
Internacional sobre esta misma materia[103] -en
adelante PIDESC- y precisó que existen cuatro facetas de la prestación: la
aceptabilidad, la adaptabilidad, la disponibilidad o asequibilidad, y la
accesibilidad.
La Sentencia C-376 de 2010[104] precisó estos conceptos en
los siguientes términos:
“i) la asequibilidad o
disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del
Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición
de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de
impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en
infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad,
que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en
condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de
discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el
punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que
se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y
demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del
servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la
calidad de la educación que debe impartirse.”
De igual forma, esta Corporación estableció que cualquier medida
que restrinja alguna de las anteriores facetas, sin que exista una justa causa,
deriva en un acto arbitrario y, por ende, “procede
en su contra la acción de tutela y los demás instrumentos jurídicos y
administrativos procedentes para exigir al Estado o al particular respectivo el
cese inmediato de la vulneración.”[105]
De esta manera, la inviolabilidad de la asequibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a la educación
conlleva a la incorporación de estas facetas en el texto constitucional, que
deben asegurarle a los menores de edad una educación integral como sujetos de
especial protección. Por consiguiente, estas dimensiones deben interpretarse en
conjunción con los demás derechos constitucionales de los menores, tales como
la integridad, la salud, la recreación, entre otros.[106] A lo anteriormente previsto se suma
que estos aspectos han sido objeto de distintos pronunciamientos de la Corte
Constitucional. Respecto de la asequibilidad o disponibilidad, el
inciso 5° del artículo 67 de la Constitución señala que el Estado debe
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores de
edad las condiciones necesarias para su acceso y permanencia. Asimismo, el
inciso 1º del artículo 68 de la Carta Política da la posibilidad expresa a los
particulares para fundar establecimientos educativos.
En la Sentencia T-533 de 2009[107], esta Corporación indicó que, de
conformidad con el artículo 67 Superior, la educación obligatoria “comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. De este
modo, la Corte subrayó que esta disposición constitucional se traduce en que,
si bien el Estado tiene la obligación de disponibilidad respecto de todas las
etapas de la educación (preescolar, primaria, secundaria y superior), se
prioriza la consecución de un mínimo: un año de preescolar y nueve de educación
básica, es decir 1 año de preescolar, 5 años de primaria y 4 de secundaria.
También indicó que aunque el artículo 67 de
la Constitución prevé que la educación es obligatoria para los niños y niñas
entre los 5 y los 15 años, esta referencia debe ser entendida hasta los 18
años, ya que según el artículo 1° de la Convención sobre los
Derechos del Niño - ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991- la
niñez se extiende hasta los 18 años.
En síntesis, bajo la esfera en mención, el Estado debe priorizar
la consecución de la educación en los siguientes niveles: un año de
preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria, y la obligatoriedad
para niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.
22. Por otro lado, debe señalarse que la accesibilidad consta
de tres dimensiones reconocidas constitucionalmente:
i) No discriminación: “la
educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho”.[108] La obligación correlativa del
Estado en este punto es la eliminación de todo tipo de discriminación en el
sistema educativo, compromiso que en el ordenamiento jurídico colombiano se
logra mediante el desarrollo del artículo 13 de la Constitución que reconoce el
derecho a la igualdad.
ii) Accesibilidad material: la
obligación estatal es garantizar por los medios más adecuados que el servicio
educativo sea accesible desde el punto de vista físico. Este deber corresponde
al mandato previsto en el inciso 5° del artículo 67 de la Constitución que
prescribe que el Estado debe asegurar a los menores de edad las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
iii) Accesibilidad económica: el
inciso 4º del artículo 67 Superior indica que la educación debe ser gratuita en
las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a
quienes puedan sufragarlos. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha
especificado sobre esta norma que se entiende que solo la educación básica
primaria tiene un carácter gratuito y obligatorio en las instituciones
estatales, mientras progresivamente se alcanza la gratuidad universal para
los niveles de secundaria y la educación superior[109].
En consecuencia, la accesibilidad se refleja en la
responsabilidad del Estado de eliminar todas las barreras que puedan
desincentivar a los menores de edad de su aprendizaje.
23. Sobre la adaptabilidad, la Corte Constitucional ha
afirmado que la educación debe adaptarse a
las necesidades de los estudiantes, de manera que se garantice su continuidad
en el servicio educativo; en otras palabras, “la adopción de medidas que
adecúen […] los programas de aprendizaje a las condiciones
requeridas por los estudiantes, en particular, por aquellos que hacen parte de
grupos poblacionales de especial protección”[110], como es el caso de los
menores de edad en situación de discapacidad. En suma, este requisito cuestiona
la idea de que los estudiantes deban ajustarse a las condiciones impuestas por
el servicio de educación. Por el contrario, es el sistema educativo el que debe
ajustarse a las necesidades de cada uno de los estudiantes conforme a su
contexto social, cultural, condiciones físicas, psicosociales y demás
características que puedan condicionar su aprendizaje y desenvolvimiento en el
aula.[111]
Por lo anterior, la satisfacción del
componente de adaptabilidad se ha vinculado con la adopción de medidas que
adecuen la infraestructura de las instituciones y los programas de aprendizaje
a las condiciones requeridas por los estudiantes, en particular, por aquellos
que hacen parte de grupos poblacionales de especial protección. De este modo,
la aspiración específica del componente de adaptabilidad consiste, en últimas,
en asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo.[112]
Ahora bien, la doctrina internacional ha determinado que esta
dimensión hace referencia a que la educación debe “tener la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y
comunidades en transformación y reconocer las circunstancias de los alumnos en
contextos culturales y sociales variados.”[113] Por lo tanto, la
jurisprudencia ha interpretado que hace referencia a que “la enseñanza
secundaria exige planes de estudio flexibles y sistemas de instrucción variados
que se adapten a las necesidades de los alumnos en distintos contextos sociales
y culturales”.[114]
Otra característica de la adaptabilidad “consiste en su
capacidad para generar las estrategias, métodos, y acciones necesarias hacia la
garantía de la permanencia y la no deserción en la escuela.”[115] Al
respecto, es importante resaltar el artículo 28, literal e) de la Convención
sobre los Derechos del Niño, señala que los Estados tienen la obligación de
adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir
las tasas de deserción escolar. En igual sentido, el numeral 23 del artículo 41
de la Ley 1098 de 2006[116] dispone
que le corresponde al Estado diseñar y aplicar estrategias para la
prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión de
los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo.
En consecuencia, una educación adaptable reconoce las
particularidades de las personas y trabaja en función de garantizar los
derechos humanos de toda la población, por lo que busca “potenciar el
respeto y la expresión de la diversidad cultural, generacional, étnica, sexual,
de género, y de las subjetividades plurales que convergen en un mismo
territorio de aprendizaje.”[117]
24. Por último, el criterio de aceptabilidad se
ve reflejado en el inciso 5º del artículo 67 de la Carta, de conformidad
con el cual el Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia
de la educación con el fin de velar por su calidad y la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos. Adicionalmente, el inciso 3º del
artículo 68 Superior establece que la enseñanza debe estar a cargo de personas
de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, intérprete del PIDESC, exige que la forma y el fondo de
la educación, incluyendo los programas de estudio y los métodos pedagógicos,
sean aceptables. Esto supone que sean pertinentes, adecuados culturalmente y de
buena calidad. También, que se ajusten a los objetivos de la educación
mencionados en el artículo 13 del pacto en mención y a las normas mínimas que
apruebe cada Estado en materia de enseñanza. De esta forma, con el fin de
evitar algún tipo de discriminación, esta Observación le exige a los Estados “supervisar
cuidadosamente la enseñanza, comprendidas las correspondientes políticas,
instituciones, programas, pautas de gastos y demás prácticas, a fin de poner de
manifiesto cualquier discriminación de hecho y adoptar las medidas para
subsanarla. Los datos relativos a la educación deben desglosarse según los
motivos de discriminación prohibidos”.
En suma, lo establecido por la Observación General No. 13 del
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, busca imponer a los
Estados tres tipos o niveles de obligaciones a los
Estados Partes: “Las obligaciones de respetar, de proteger y de
cumplir.  A su vez, la obligación de cumplir consta de la obligación
de facilitar y la obligación de proveer”. Estos tres preceptos salvaguardan
la inviolabilidad de las facetas del derecho a la educación como fundamental y como
servicio público con función social.
25. La Sala Plena de esta Corte ha abordado el contenido del
derecho a la educación en distintos pronunciamientos. La Sentencia
C-210 de 1997[118] declaró
inexequible el artículo 186 de la Ley 115 de 1994[119], el cual consagraba la gratuidad de
la educación en los establecimientos públicos para hijos del personal de
educadores, directivos y administrativos del sector educativo estatal, de los
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional muertos en servicio
activo. En esa oportunidad, esta Corporación resaltó que el mandato
constitucional de gratuidad de la educación “es claro y no hace
distinciones” en cuanto a sus titulares.
Del mismo modo, en la Sentencia C-170 de 2004[120] la Corte precisó el
alcance del derecho a la educación y diferenció su contenido para los niños y
los adultos. En esa ocasión la Corte
realizó una interpretación sistemática de los artículos 44 y 67 de la
Constitución, por lo que concluyó que, si bien el derecho a la educación tenía
un contenido fundamental para todos los niños, niñas y adolescentes sin
importar la edad, en el caso de los adultos era distinto debido a que este
derecho adquiría un carácter prestacional y programático. Esta conclusión llevó
a la Corte a declarar exequible la expresión que prohíbe trabajar a los menores
de 14 años y que impone a sus padres la obligación de disponer que estos acudan
a un centro educativo, bajo el entendido de que esta previsión se encuentra
sujeta a las condiciones previstas en los
Convenios Nos. 138 “sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo” y 182 “sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil” de la OIT.
Como se anotó anteriormente, la Sentencia C-376 de 2010[121] especificó aún más el contenido del
derecho fundamental a la educación de los menores de edad debido a que
determinó que tiene un carácter gratuito y obligatorio en el nivel básico de
primaria. Además, reiteró que a partir de
una interpretación armónica de los artículos 67 y 44 de la Constitución con los
tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado Colombiano
en la materia, la educación es un derecho fundamental de todos los menores de
18 años. En esa ocasión la Corte decidió sobre la exequibilidad del artículo
183 de la Ley 115 de 1994, que autoriza al
gobierno nacional a regular los cobros que pueden hacer los establecimientos
educativos estatales por concepto de derechos académicos, en atención a
diferentes variables socio económicas. En esa providencia, esta Corporación
estableció que la enseñanza primaria debe ser generalizada y
accesible a todos por igual, por lo que es exigible inmediatamente. Como
consecuencia de esto, determinó que el mecanismo para garantizar ese nivel de
accesibilidad era la gratuidad de la prestación del servicio.
De este modo, la Corte concluyó que la gratuidad es una
obligación que se predica del derecho a la educación pública en el nivel de
básica primaria en la medida que se trata de un mecanismo para lograr la
accesibilidad de todos a este bien social. En este sentido, “el cobro
de derechos académicos resulta incompatible con el principio de gratuidad
universal de la educación en el nivel de primaria, comoquiera que se trata de
una obligación inequívoca e inmediata del Estado.” Sin embargo, la
providencia aclaró que debido al carácter progresivo de la educación básica
secundaria y superior, el cobro de derechos académicos podía ser compatible con
la obligación del Estado de implementar progresivamente la gratuidad en esos dos
niveles. Por lo anterior, esta Corporación declaró que el artículo 183 de la
Ley 115 de 1994 era exequible condicionalmente.
La Corte Constitucional también se ha pronunciado de manera
explícita sobre el componente de accesibilidad del derecho a la educación. En
las Sentencias T-690 de 2012[122], T-458
de 2013[123] y T-008
de 2016[124] esta
Corporación insistió en que la accesibilidad material implica adoptar medidas
que eliminen las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad de su
aprendizaje a pesar de las complejidades presupuestales. Las entidades
obligadas no pueden dejar de resolver efectivamente las problemáticas
educativas, entre ellas la prestación del servicio de transporte escolar, ya
que esto pondría en riesgo de forma indefinida el disfrute del derecho
fundamental a la educación.
26. En razón a lo anterior, la Sala
reitera la jurisprudencia de esta Corporación que establece que la educación: i)
es un derecho inherente a la persona, y un
servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado; ii)
es un derecho fundamental de las personas menores de 18 años; iii) es gratuita
y obligatoria en el nivel de básica primaria; iv) debe priorizar su dimensión
de servicio público de manera que todas las personas menores de 18 años accedan
al menos a un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de
secundaria; v) la integran 4 características fundamentales que se
relacionan entre sí: aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y
accesibilidad; y vi) las entidades públicas del orden nacional y territorial
tienen la obligación de garantizar el cubrimiento adecuado de los servicios de
educación y de asegurar a los niños y niñas condiciones de acceso y permanencia
en el sistema educativo.
El derecho de los niños,
niñas y adolescentes a acceder a un servicio educativo en condiciones dignas[125]
27. El artículo 44
de la Constitución establece que la educación es un derecho fundamental de los
niños, niñas y adolescentes, y también afirma que sus garantías prevalecen
sobre las de los demás. Por otro lado, el artículo 67 superior señala
expresamente:
“La
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…)
Corresponde al Estado regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar
por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…)”
(Subrayas fuera del texto original).
Por lo tanto, como lo indica la ex relatora especial sobre el
derecho a la educación Katarina Tomasevski, la educación debe diseñarse e
implementarse partiendo del interés superior de cada niño y niña, lo cual
requerirá que el Estado identifique las barreras que deben ser eliminadas para
que estos puedan aprender de forma efectiva y en condiciones de dignidad.[126]
28. Como se vio en el apartado anterior, este Tribunal ha señalado
que la educación es un derecho y un servicio público con función social, que se divide en cuatro características fundamentales que se
relacionan entre sí. La distinción entre estas cuatro dimensiones favorece el análisis
de los casos en los cuales el derecho a la educación de los menores de edad es
amenazado o vulnerado, en el entendido de que solo su confluencia asegura el
ejercicio integral de ese derecho por tratarse de garantías interconectadas e
interdependientes.[127]
29.  Respecto de esas cuatro dimensiones del derecho a la
educación, para el caso objeto de estudio esta Sala considera importante
ahondar en la faceta de la accesibilidad.
El acápite anterior precisó que este aspecto del derecho hace
referencia a las condiciones materiales mínimas para disfrutar el servicio
educativo. De este modo, el Comité DESC ha desarrollado esta faceta y ha
dispuesto que una de sus dimensiones es la accesibilidad material, conforme
a la cual la educación ha de ser verdaderamente asequible.
La jurisprudencia constitucional ha decidido numerosos casos
relacionados con la falta de accesibilidad a la educación por ubicación
geográfica. No obstante, también ha dispuesto que los servicios de restaurante
escolar, transporte escolar, y aseo y vigilancia, constituyen condiciones de
acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas.
34. Siendo así, se
tiene que las distintas Salas de Revisión han determinado que un entorno hostil e insalubre
desincentiva el aprendizaje de los menores de edad, y pone en riesgo la salud y
la vida de la comunidad educativa. Por lo tanto, el componente de
accesibilidad material del derecho a la educación implica que los alumnos
reciban el servicio educativo en condiciones dignas.
30.  En
desarrollo de esta faceta del derecho a la educación, la jurisprudencia
constitucional ha determinado desde sus inicios que las inadecuadas condiciones
ambientales y de salubridad en que se preste el servicio educativo, y el
deterioro de la planta física de los centros educativos, ponen en riesgo la
vida y la salud de los estudiantes y vulneran su derecho a la educación.
31. En la sentencia T-385 de 1995[128] la Sala Cuarta de Revisión
analizó un caso en el que las fallas estructurales de la planta física
de una institución educativa representaban una amenaza para la vida de los
estudiantes y profesores del colegio. En este caso la Sala protegió el derecho
a la vida y a la educación de los menores de edad, y dispuso que “la
prestación del servicio en condiciones que ponen en peligro la vida de
educandos y educadores, ofende la dignidad humana, y por lo tanto, las
autoridades municipales tienen la obligación de efectuar las reparaciones necesarias.”
32. Por otro lado, en la sentencia T-481 de 1997[129]  la Sala Octava de Revisión
examinó un caso en el cual los estudiantes estaban expuestos a
serios peligros para su salud, debido a que la falta de agua en el plantel
había interrumpido el servicio de restaurante, de sanitarios y de aseo en
general, obligándolos a hacer sus necesidades en los alrededores del colegio.
En este caso, la Sala tuteló el derecho a la educación de los
menores de edad debido a que “la falta de servicios sanitarios y el desecho
inadecuado de los residuos los sometían a estudiar al lado de la fetidez y los
exponía al riesgo de adquirir enfermedades”. Concretamente, con relación a
la importancia del ambiente escolar en el desarrollo de los niños y niñas, la
providencia indicó lo siguiente:
“En materia del crecimiento y
educación de los niños, los conocimientos en las edades infantiles llegan a
través de la interrelación constante entre cuerpo y espíritu, siendo entonces
evidente la limitación a la que se encuentran sometidos en este caso cuando
tienen que vivir en medio de toda clase de excrementos y condiciones
insalubres, de lo cual no pueden ser responsables sino los encargados de la
administración municipal”.
33. Más recientemente, en la sentencia T-273 de 2014[130], la Sala Primera de
Revisión conoció de una tutela interpuesta por los padres de familia de más de
60 niños y niñas en contra del departamento del Casanare, el municipio de Yopal
y el Ministerio de Educación Nacional debido a que instituciones educativas del
departamento habían suspendido, permanente o intermitentemente, los servicios
de transporte escolar, restaurante escolar, y servicios administrativos de
aseo, vigilancia, secretaría y generales, lo cual obstruía el goce efectivo del
derecho fundamental de los estudiantes.
En esta oportunidad, la Sala concluyó que la prestación continua y
adecuada de estos servicios, además de desarrollar el compromiso del Estado de
fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción
escolar, concreta las garantías de acceso y permanencia en la educación. De
este modo, precisó:
“los servicios de restaurante
escolar, transporte escolar y administrativos generales son un presupuesto
indispensable no solo para evitar la deserción escolar sino para asegurar que
el proceso de educación de los niños y niñas sea brindado en condiciones
dignas.”
34. Siendo así, se tiene
que las distintas Salas de Revisión han determinado que un entorno hostil e insalubre desincentiva
el aprendizaje de los menores de edad, y pone en riesgo la salud y la vida de
la comunidad educativa. Por lo tanto, el componente de accesibilidad
material del derecho a la educación implica que los alumnos reciban el servicio
educativo en condiciones
dignas.
35. Ahora bien, en este punto también es importante señalar la
dimensión de asequibilidad o disponibilidad del derecho a la
educación. Como se vio en el acápite anterior, este hace referencia a la
obligación estatal de llevar a cabo la cobertura adecuada del servicio y asegurar a los menores de
edad las condiciones necesarias para su acceso y permanencia.
En ese sentido, esta hace referencia a que a lo largo del
territorio nacional deben existir suficientes instituciones y programas educativos que estén
diseñados sobre la base de una adecuación física que atienda las necesidades de
la población que se quiere educar. De allí que en el acceso a la educación
pública, la administración tiene el deber de procurar que las actividades
escolares de los niños y las niñas se desarrollen en lugares adecuados para
su formación integral, y con el derecho a gozar de espacios que además de
ser propios del ambiente educativo, protejan otras de sus garantías
fundamentales como la salud, la recreación y la integridad.
36. Esta
posición ha sido sostenida por la jurisprudencia constitucional en múltiples
pronunciamientos. Por ejemplo, en la sentencia T-329 de 2010[131] la Sala Quinta de
Revisión analizó el caso de varios menores de Florencia que recibían clases
en un aula de madera que carecía, según la comunidad, de las mínimas
condiciones pedagógicas, y que además estaba construida en una zona de
reserva forestal, razón por la cual la administración alegaba que para realizar
una adecuación se requería una autorización del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Sobre el
riesgo de la infraestructura de la escuela para la vida e integridad la
Sala precisó:
“si bien la medida de no
construir la escuela tiene un fin legítimo, cual es la protección al medio
ambiente, resulta sin embargo innecesaria y desproporcionada por cuanto anula
por completo el derecho a la educación de los niños. La negativa de los entes
territoriales se refleja como innecesaria porque existen otras alternativas
menos gravosas, tales como la eventual sustracción del terreno y la construcción
de aulas ambientales que al ejecutarse no anulan el derecho a la educación y en
cambio sí protegen el medio ambiente. En tal sentido, la Sala considera que
esta situación no debe convertirse en obstáculo para restringir por completo el
derecho al acceso a la educación de estos niños y niñas. Por el contrario, lo
que debieron haber hecho las entidades territoriales fue diseñar
estrategias adecuadas que permitieran a los menores acceder al derecho
fundamental de la educación sin abandonar la protección al medio ambiente.”
37. Del mismo modo, en la sentencia T-104
de 2012[132]
la Sala Sexta de Revisión analizó una tutela interpuesta por un padre de un
menor de edad que asistía a un hogar infantil con varias fallas de adecuación.
La Sala constató que las condiciones en las que se encontraba el lugar ponía en
riesgo la integridad del niño y de los demás menores de edad que asistían a la
sede educativa debido a la exposición constante a las fallas del cableado de
energía. Además, verificó que las filtraciones de aguas residuales en los
salones habían generado que algunos niños y niñas se enfermaran. Por lo tanto,
esta providencia dispuso:
“dentro del concepto del derecho a la
educación se incluye que la planta física de las instituciones educativas,
tenga condiciones dignas para que los menores de edad desarrollen sus estudios
y demás actividades de manera adecuada, idónea y de calidad, garantizándose el
acceso a la educación”.
38. De acuerdo con lo
anterior, es claro que la disponibilidad o asequibilidad del derecho a la
educación le impone al Estado la obligación de prestar el servicio educativo en
unas condiciones que protejan la vida y el bienestar de las personas al
interior de las Instituciones Educativas.
Caso concreto
39. En el caso particular, la agente oficiosa Luz Elena Camacho
Salazar formuló acción de tutela contra la Alcaldía y la Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena de Indias por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la educación, a la integridad personal, a la salud y
vida digna de los estudiantes de la Institución Educativa San Felipe Neri de
Cartagena, generada por la negligencia de las partes accionadas en relación con
el mantenimiento y adecuación estructural que necesita la institución
educativa.
Por lo tanto, la tutelante solicitó
ordenar la adecuación de la infraestructura de la Institución Educativa San
Felipe Neri para que esté en condiciones de habitabilidad mediante la
eliminación de la amenaza permanente de derrumbe o, de ser necesario, ordenar la
construcción de una nueva institución educativa.
40. Durante el trámite de la
tutela, la Sala Sexta de Revisión emitió el Auto 817 del 13 de diciembre de
2018, a través del cual ordenó, como medida provisional, que los
estudiantes inscritos en todos los grados y jornadas escolares para los años
2018 y 2019, fueran reubicados en otras instituciones educativas de Cartagena.
41. La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena presentó una
solicitud de aclaración y/o modificación de esta decisión el 19 de diciembre de
2018, y pidió que los estudiantes de preescolar y básica primaria pudieran
llevar a cabo su proceso de aprendizaje en las instalaciones de la institución.
Lo anterior, debido a que la comunidad escolar había acordado un plan de
contingencia según el cual las actividades escolares se llevaban a cabo en dos
lugares distintos. De este modo, el plan determinaba que los alumnos de
preescolar y de educación básica primaria desarrollarían sus actividades
académicas en 14 aulas en el colegio San Felipe Neri, las cuales estaban en
buen estado y habían sido remodeladas en el 2017. Por otro lado, establecía que
los estudiantes de educación básica secundaria y media llevarían a cabo su
proceso de aprendizaje en la Institución Educativa Departamental Nuestra Señora
del Carmen.
Ahora bien, en el trámite de
la solicitud la Sala también conoció el informe del 21 de enero aportado por la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, en el que informó que había
iniciado los trámites correspondientes para ejecutar el plan de contingencia
propuesto en la solicitud de aclaración y/o modificación del 19 de diciembre de
2018. Lo anterior, debido a que este fue aprobado por la comunidad, y porque el
arraigo y sentido de pertenencia que genera la institución en el sector lleva a
que la población se oponga a la reubicación de los alumnos.
Sin embargo, el 1° de febrero de 2019 la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena remitió un oficio en el que informó que el plan de
contingencia había fallado parcialmente. Relató que inicialmente había planeado
trasladar a los alumnos de educación básica secundaria a la Institución
Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen, la cual aparentemente contaba
con 25 salones disponibles. Sin embargo, en una visita que se llevó a cabo el
23 de enero a ese colegio, se determinó que solo había 13 aulas utilizables.
Por lo tanto, la Secretaría afirmó que empezó a buscar el traslado de “unos
grados” a otro lugar[133] y encontró disponibilidad en un
inmueble privado que hasta el año pasado era un colegio. Por lo tanto, anunció
que había iniciado medidas para alquilar el mencionado inmueble, medida aprobada
por una parte de la comunidad académica.[134]
42. El 14 de febrero de 2019,
la Sala Sexta de Revisión negó la solicitud de aclaración y/o modificación de
la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. Esta consideró que los
informes presentados tanto por la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de
Desastres como por el Establecimiento Público Ambiental-EPA, demostraban que la
edificación no estaba en condiciones de preservar
la vida de los integrantes de la institución educativa, y que existe un
inminente peligro medioambiental que impide que el servicio educativo se preste
con unas condiciones mínimas de dignidad.
No obstante, también advirtió que la Sala suspendería los efectos de medida si la entidad lograba demostrar: i) el cumplimiento de las condiciones impuestas por las entidades de
control correspondientes, con el consecuente cese de la amenaza a los derechos
fundamentales de la comunidad educativa; o ii) que tenía a su disposición unas
instalaciones en las que se pudiera proporcionar el servicio educativo a los
alumnos de manera segura y digna.
A raíz de lo anterior, la Secretaría de Educación de
Cartagena remitió un oficio el 11 de marzo de 2019 en el que informó que reubicó a los estudiantes, docentes y personal administrativo de
la Institución Educativa San Felipe Neri en dos colegios. En primer lugar,
señaló que los alumnos de transición, tercero, noveno, décimo y once fueron trasladados
a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. En segundo lugar, informó
que los estudiantes de primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y
octavo fueron ubicados en la Institución Educativa Nuevo Bosque. Por último,
afirmó que dispuso de 39 buses de transporte especial para garantizar el
traslado de los estudiantes a las diferentes instituciones educativas.
43. De este
modo, en el presente caso convergen tres situaciones a las que se referirá esta
sentencia. La primera tiene que ver con el mal estado en el que se encuentra la
infraestructura del colegio, y que pone en un riesgo cierto la vida e
integridad de sus ocupantes. La segunda respecto al peligro medioambiental y
sanitario en el que se encuentran los alumnos. Por último, el intento de
implementación del “plan de contingencia” por parte de la Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena en desacato de la medida provisional adoptada por la Sala, y su
posterior cumplimiento a raíz de la negativa de la solicitud de aclaración y/o
modificación.
El estado de las
instalaciones de la Institución Educativa San Felipe Neri vulnera el componente
de disponibilidad del derecho a la educación
44. A lo largo de este
proceso, esta Sala ha tenido acceso a testimonios, informes técnicos y material
fotográfico que demuestran el pésimo estado de la infraestructura del colegio. Esto
se refleja en que desde la visita técnica realizada por el Oficina Asesora para
la Gestión de Riesgo de Desastres del 29 de junio de 2018, esta determinó que “la
planta física presenta un avanzado deterioro que necesita pronta intervención.”[135].
Así mismo, ese primer oficio señaló que hay una humedad agresiva en la
parte baja de los muros del colegio, la cual es generada por las aguas que
suben por capilaridad y se empozan cada vez que llueve. Además, informó que
existen afectaciones en los elementos estructurales, varias columnas
presentaban desprendimiento, algunas varillas estaban desgastadas y los pisos
se encontraban desnivelados.
45. Esta información se vio
corroborada en un informe posterior que la misma entidad realizó el 27 de
diciembre de 2018. Señaló que “desde la inspección técnica realizada el 29
de junio del año 2018 […] la Institución Educativa San Felipe Neri si presenta
un estado avanzado de afectaciones y deterior (sic) de su planta física.” [136]
Ahora bien, el reporte anotó
que había 14 aulas en buen estado que “muy a pesar de encontrarse dentro de
la institución se encuentran ubicadas en un sitio retirado del área de la
edificación que presenta peligro inminente.”[137] Sin embargo, señaló que
para poder utilizar estos salones es necesario:
“- Que se aporten (sic) la
licencia con que se desarrolló la construcción de las aulas o en su defecto
aportar los estudios de suelo y estructurales empleados en la construcción de
las aulas, o peritazgo estructural para su análisis.
- Se realice un cerramiento provisional,
que aísle la población estudiantil que va a utilizar dichas aulas de la obra a
construir.
- Se deberá habilitar un acceso
independiente a los dos existentes en la institución que facilite el ingreso de
los estudiantes sin interferir en la obra a construir, para lo cual se deberá (sic)
estudiar las nuevas circulaciones dentro del espacio que queda demarcado dentro
del cerramiento provisional.
- Se deberá realizar un plan de
contingencia y emergencia para estar atento a cualquier eventualidad de índole
antrópica o natural que ponga en riesgo la integridad de estos estudiantes.
- Se deberá desarrollar un cronograma
especial que permita controlar la perturbación por ruidos, partículas sueltas y
material particular que pueda afectar a los niños, niñas y adolescentes de la
institución.”[138]
No obstante, aclaró que sus
observaciones surgieron de una simple inspección visual, por lo cual recomendó
realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica y un estudio estructural que den
certeza de la seguridad de la edificación. Por último, señaló que para prevenir
riesgos es necesario que la Secretaría de Infraestructura lleve a cabo un plan
de contingencia de la nueva construcción, y ejecute una evaluación sísmica del
terreno.
46. De este modo, para la Sala es claro
que la edificación no cumple con los requisitos básicos para salvaguardar la vida de los integrantes de la
institución educativa. De hecho, no hay certeza de que cumpla con las normas
básicas para resguardarlos ante cualquier riesgo o daño natural que pueda poner
en peligro su integridad física. En ese sentido, debe recordarse que el
componente de disponibilidad del derecho a la educación implica la obligación
por parte de la administración de prestar el servicio educativo de manera que
la planta física de las instalaciones esté en condiciones de preservar la vida e
integridad de sus ocupantes.
En este caso hay una
evidente vulneración de este deber, ya que a pesar de las protestas[139], accidentes[140], inspecciones técnicas[141], y material fotográfico y de video,
la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena ha demostrado una evidente
desidia en el cumplimiento mínimo de sus obligaciones constitucionales y su
misión institucional.
Además, tanto de los
hechos relatados en el escrito de tutela[142] como de los
informes de prensa[143], se deduce que
desde hace más de dos años la comunidad educativa ha denunciado el pésimo
estado de las instalaciones del colegio ante la Alcaldía Distrital de Cartagena y la Secretaría de Educación
del Distrito de esa ciudad. De este modo, estas entidades han permitido que
esta vulneración de derechos fundamentales se prolongue en el tiempo, ya que a
pesar de reclamos de la comunidad no han materializado una solución efectiva
para esta problemática.
En ese sentido, es importante señalar que la solución temporal propuesta
por la Secretaría de Educación en el plan de contingencia del 19 de diciembre
de 2018[144]
es inaceptable, pues no protege los derechos fundamentales de la comunidad
educativa. Esta consiste en que mientras se adelantan las obras de demolición
parcial y remodelación del San Felipe Neri, se traslade a los alumnos de
educación básica secundaria a otro colegio y se ubique a los de preescolar y
básica primaria en un lugar dentro de la institución.
Esta medida de ninguna de manera protege de forma inmediata los derechos
fundamentales de los menores de edad que se educan en la institución mientras
se encuentra en obra. Más bien, esta propuesta prolonga y evade una solución al
problema de fondo, el cual consiste en que actualmente las condiciones
materiales del colegio hacen que no sea posible educarse en sus instalaciones
de manera segura y digna, ya que no satisfacen los requisitos
básicos para salvaguardar la vida de
los integrantes del colegio y existe un inminente peligro medioambiental en el
lugar en el que se ubica el colegio.
De este modo, es claro que la Secretaría de Educación Distrital no ha
logrado ofrecer ni materializar una solución que permita i) que a los alumnos matriculados
en la Institución Educativa San Felipe Neri se les preste el servicio educativo
en unas condiciones al menos aceptables, es decir, que las instalaciones
cumplan con unos estándares mínimos de calidad que les permita a los
estudiantes ser educados de manera digna; y ii) que se adelanten las obras
necesarias para la construcción del colegio.
En ese sentido, es
importante recordarle a esta entidad que sus funciones y competencias son de la
mayor relevancia para el Estado Social de Derecho, en la medida en que la
educación no solo es un derecho fundamental autónomo, sino que también ha sido
reconocido como el mecanismo por excelencia mediante el cual se puede
materializar el ejercicio de otros derechos.[145] Por lo tanto, esta
Sala considera que la Secretaría de Educación de Cartagena vulneró el derecho
fundamental a la educación de los estudiantes de la Institución Educativa San
Felipe Neri en su componente de disponibilidad.
El estado medio ambiental de la
Institución Educativa San Felipe Neri vulnera el componente de accesibilidad
material del derecho a la educación
47. En el informe del 29 de junio de
2018, la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres señaló que “en
los baños, el agua empozada genera malos olores y aumenta los zancudos.”[146]
Por su parte, el Establecimiento Público Ambiental-EPA afirmó en lo siguiente:
“[L]a Subdirección Técnica de Desarrollo
Sostenible realizó una revisón técnica ambiental, para verificar el estado de
las instalaciones del colegio San Felipe Neri. Por medio de la cual se logró
evidenciar que la mayoría de los árboles que se encuentran en la parte interior
y exterior de las instalaciones están en un muy mal estado fitosanitario, de
igual forma se observa que a pocos metros del colegio para un canal de aguas
lluvias que está muy contaminado por efectos de descargas de aguas negras,
aguas de alcantarilla y residuos sólidos. En consecuencia, genera olores
putrefactos que se perciben dentro de los salones de la institución educativa.”[147]
Por lo tanto, concluyó que:
“[E]xiste
un riesgo inminente de la caída de algún árbol o alguna de sus ramas [y]
el canal de aguas lluvias contaminado [genera] la proliferación de
insectos y roedores [que] son un factor de riesgo para la población
estudiantil y de igual forma para el medio ambiente.”[148]
48. Estos informes revelan el
deplorable estado de salubridad en el que viven día a día los estudiantes de la
Institución Educativa San Felipe Neri, y el inminente riesgo medio ambiental al
que están sometidos. En ese sentido, los malos olores, los roedores que se
pasean por las aulas, la imposibilidad de utilizar el comedor escolar y las
zonas de recreo, generan un entorno hostil e insalubre que desincentiva el aprendizaje de los menores
de edad, y pone en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. Estos
hechos vulneran a todas luces el componente de accesibilidad
material del derecho a la educación, que supone la obligación de que los
alumnos reciban el servicio educativo en condiciones dignas.
El fallido intento de implementación del “plan de contingencia” por parte
de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena y el cumplimiento extemporáneo
de la medida provisional adoptada por la Sala
50. Esta Sala profirió el Auto
no. 817 del 13 de diciembre de 2018, a través del cual ordenó como, medida
provisional, que todos los estudiantes inscritos en todos los grados y jornadas
escolares para los años 2018 y 2019, fueran reubicados en otras instituciones
educativas de Cartagena.
La Secretaría de Educación Distrital de
Cartagena presentó una solicitud de aclaración y/o modificación contra esta
decisión el 19 de diciembre de 2018, e informó que la comunidad educativa había
acordado que para el año 2019 los estudiantes asistirían a clase en dos lugares
distintos. Por un lado, estableció que los alumnos de preescolar y de educación
básica primaria desarrollarían sus actividades académicas en 14 aulas en el
colegio San Felipe Neri. Por otro lado, determinó que los estudiantes de educación
básica secundaria y media llevarían a cabo su proceso de aprendizaje en la
Institución Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen.
El 21 de enero de 2019, cuando la
solicitud de aclaración y/o modificación todavía no había sido decidida, la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena informó a esta Sala que el plan
de contingencia propuesto había iniciado su implementación. Señaló que este
había sido aprobado por la comunidad, y que el arraigo y sentido de pertenencia
que genera la institución en el sector llevaba a que la población se opusiera a
la reubicación de los alumnos ordenada por esta Sala.
Sin embargo, el 1° de febrero de 2019
esa misma secretaría remitió un oficio en el que informó que el plan de
contingencia había fallado parcialmente. Relató que inicialmente había planeado
trasladar a los alumnos de educación básica secundaria a la Institución
Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen, la cual aparentemente contaba
con 25 salones disponibles, pero que después de visitar el colegio constató que
en realidad solo podían utilizar 13. Por lo tanto, la Secretaría afirmó que
empezó a buscar el traslado de algunos grados a otro lugar[149]
y que encontró disponibilidad en un inmueble privado que hasta el año pasado
era un colegio. Por lo tanto, anunció que había iniciado medidas para alquilar
el mencionado inmueble, debido a que fue aprobado por una parte de la comunidad
académica. No obstante, en Sede de Revisión no precisó el lugar en el que se
encuentra ubicado el inmueble, ni las características que lo hacen un sitio
adecuado para que se preste el servicio educativo.
Ahora bien, mediante Auto del 14 de febrero de 2019, la
Sala Sexta de Revisión negó la solicitud de
aclaración y/o modificación de la medida provisional de protección del 13 de
diciembre de 2018 presentada por la Secretaría de Educación de Cartagena.[150]
La Sala consideró que del informe del 27 de diciembre de 2018 presentado por la
Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres, y del reporte del 16 de
enero de 2019 del Establecimiento Público Ambiental-EPA, se concluyen dos
hechos. El primero es que los salones habilitados en la Institución Educativa
San Felipe Neri no cumplen con los requisitos básicos para salvaguardar la vida de los integrantes del
colegio. El segundo es que existe un inminente peligro medioambiental que
impide que el servicio educativo se preste con unas condiciones mínimas de
dignidad.
No obstante, también advirtió que la Sala suspendería los efectos de la medida si la entidad lograba demostrar: i) el cumplimiento de las condiciones impuestas por las entidades de
control correspondientes, con el consecuente cese de la amenaza a los derechos
fundamentales de la comunidad educativa; o ii) que tenía a su disposición unas
instalaciones en las que se pudiera proporcionar el servicio educativo a los
alumnos de manera segura y digna.
A raíz de lo anterior, la Secretaría de Educación de
Cartagena remitió un oficio el 11 de marzo de 2019 en el que informó que reubicó a los estudiantes, docentes y personal administrativo de
la Institución Educativa San Felipe Neri en dos colegios. En primer lugar,
señaló que los alumnos de transición, tercero, noveno, décimo y once fueron
trasladados a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. En segundo lugar,
informó que los estudiantes de primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo
y octavo fueron ubicados en la Institución Educativa Nuevo Bosque. Por último,
afirmó que dispuso de 39 buses de transporte especial para garantizar el
traslado de los estudiantes a las diferentes instituciones educativas.
51. Por lo tanto, la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena inicialmente incumplió una orden judicial que buscaba
amparar de manera inmediata y urgente los derechos de los estudiantes y de la comunidad
educativa, ya que no ejecutó inmediatamente la reubicación ordenada por esta
Sala y se tardó más del término otorgado para proteger efectivamente la
integridad de los involucrados.
Como se ha visto, esa entidad se opuso a la
reubicación de los alumnos mientras se realizaba la obra de la nueva sede
educativa, e implementó el llamado “plan de contingencia” porque la comunidad
accedió a que los estudiantes continuaran las clases en dichas instalaciones.
No obstante, a raíz del Auto del 14 de febrero de 2019 se vio obligada a reubicar a los estudiantes en los términos del Auto no. 817 del 13 de diciembre de 2018.
Esta actuación no solo refleja un evidente
desacato de las órdenes de la Corte Constitucional por parte de la Secretaría
de Educación Distrital de Cartagena, sino que además demuestra una vez más su constante
desinterés por proteger la vida y dignidad de los estudiantes de la Institución
Educativa San Felipe Neri. La educación de las niñas y niños no puede llevarse
a cabo con el consentimiento de riesgos evitables y de alta magnitud, así estos
sean aceptados por sus padres, en especial porque los estudiantes y sus
familias pertenecen a una comunidad en situación de alta vulnerabilidad
socioeconómica. El deber del Estado no solo consiste en garantizar la educación
de manera nominal, sino en ofrecerla en condiciones óptimas.
En ese sentido, esta Sala debe señalar que si
bien la construcción del Megacolegio San Felipe Neri es urgente e
impostergable, el simple anuncio o comienzo de las obras no hará que en este
caso cese la vulneración al derecho a la educación de los menores de edad.
Estos actualmente se encuentran en una situación en la que no solo existe una
violación actual de sus derechos fundamentales, sino que también se generan
riesgos crecientes para su seguridad y
dignidad. Por lo tanto, esta vulneración solo dejará de ocurrir cuando los
estudiantes sean reubicados en otras instituciones
educativas de Cartagena y se les presten los servicios de transporte y
alimentación escolar sin generar costos adicionales para sus familias.
52. De este modo, se amparará el derecho a la educación de los
estudiantes matriculados en la Institución Educativa San Felipe Neri. En
consecuencia, se ratificarán algunas medidas del Auto no. 817 del 13 de diciembre de 2018, las cuales consisten en ordenar a la Alcaldía y Secretaría de Educación Distrital de Cartagena: i) reubicar a todos los
estudiantes inscritos en todos los grados y jornadas escolares para el año 2018
y 2019 en otras instituciones educativas de Cartagena, y prestarles los
servicios de transporte y alimentación escolar; ii) reubicar a todo el personal
académico y administrativo que trabaje en la Institución Educativa San Felipe
Neri sin desmejorar sus condiciones laborales y salariales. En dicha reubicación
se debe dar preferencia a las instituciones donde sean trasladados los
estudiantes, con el fin de que el personal pueda apoyar a sus estudiantes y dar
continuidad a su proceso educativo; y iii) ordenar a estas entidades que envíen un informe mensual al Juzgado Octavo Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Cartagena de Indias con el fin de verificar el
cumplimiento de las órdenes de este fallo. También deberá ser enviada una copia
al despacho de la Magistrada Ponente de esta providencia para, si es necesario,
garantizar la efectiva ejecución de lo ordenado.
Por otro lado, la necesidad imperiosa de que el
nuevo colegio sea construido hace que las distintas instituciones deban llevar a
cabo un esfuerzo mancomunado para cumplir este propósito. Por lo tanto, se
ordenará tanto a la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, como a la Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la
Integridad, que le hagan seguimiento a la construcción
del megacolegio San Felipe Neri en el barrio Olaya Herrera del Distrito de
Cartagena de Indias.
Además, se ordenará a la
Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la
Procuraduría General de la Nación, que investiguen las
acciones u omisiones en que hayan incurrido los servidores de la Alcaldía
Distrital de Cartagena, las Secretarías de Educación e Infraestructura de esa
ciudad, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y el Departamento Administrativo
de Salud (DADIS), con el fin de que determinen las causas
y los responsables que han llevado a que los derechos fundamentales de los
menores de edad hayan sido vulnerados durante tanto tiempo. Por otra parte,
estas mismas entidades deberán indagar sobre causas y responsables de
eventuales irregularidades que han retrasado el inicio de la construcción de la
Institución Educativa San Felipe Neri. De la misma manera, y en el marco de sus
competencias, deberán ejercer vigilancia especial sobre el proceso de
construcción del colegio, que requiere celeridad sin que eso implique el
incumplimiento de los requisitos y deberes legales que le asistan a las
entidades involucradas.
Por último, se ordenará
al comité creado en el Auto no. 817 del 13 de diciembre de 2018, integrado
por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia y la
Personería de Cartagena de Indias, que acompañe el cumplimiento de esta
sentencia, y que mantenga un permanente diálogo con los distintos miembros de
la comunidad educativa con la finalidad de evitar la deserción escolar y de materializar
el acceso efectivo y asequible al servicio educativo.
Conclusiones
53.
En este caso la Sala encontró acreditados los requisitos de procedibilidad de
la acción. En primer lugar, determinó que la agente oficiosa está legitimada
por activa porque: i) existe una vulneración
cierta y grave del derecho a la educación e integridad personal de los alumnos
del colegio y ii) los padres de los menores de edad o sus representantes
legales no han iniciado acciones judiciales o administrativas para salvaguardar
sus intereses. En segundo lugar, estableció que las accionadas eran entidades
públicas a las que se les acusa de vulnerar derechos fundamentales. En tercer
lugar, señaló que no hay mecanismos ordinarios de defensa judicial para
proteger los derechos fundamentales vulnerados. En cuarto lugar, resaltó que la
infracción ha sido continua y actual.
54. Para establecer la afectación denunciada, la Sala, en primer lugar,
reiteró que la educación es un derecho y un servicio público. Así mismo,
resaltó que la integran cuatro características relacionadas entre sí: la
aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad o asequibilidad y accesibilidad.
Posteriormente, señaló que la accesibilidad material
del derecho a la educación implica que los alumnos reciban el servicio
educativo en condiciones
dignas. Además, señaló que el componente de disponibilidad o asequibilidad le
impone al Estado la obligación de prestar el servicio educativo en unas
condiciones que protejan la vida y el bienestar de las personas al interior de
las instituciones educativas.
55. En la resolución del
caso concreto, la Sala estableció que
en este caso convergen tres situaciones distintas en los hechos. Respecto a la
primera, afirmó que las condiciones de la infraestructura de la Institución
Educativa San Felipe Neri no garantizan la seguridad de los estudiantes, y que
a pesar de las múltiples denuncias, la Alcaldía y la Secretaría de Educación
del Distrito de Cartagena omitieron de manera sistemática esta problemática y
evitaron darle una solución efectiva. En segundo lugar, la Sala estableció que las
condiciones de salubridad del colegio vulneran los derechos fundamentales de
toda la comunidad educativa, ya este se encuentra rodeado por roedores y malos
olores que impiden que el desarrollo de las actividades ocurra con un mínimo de
dignidad. Por último, se señaló que la Secretaría de Educación del Distrito de
Cartagena puso en riesgo la seguridad y dignidad de los menores de edad al
implementar un “plan de contingencia” en desacato de una orden judicial.
Por lo tanto, se
revocará la sentencia de única instancia emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Cartagena de Indias del 6 de agosto de 2018, en la que resolvió
negar las pretensiones de la acción de tutela. En consecuencia, se amparará el
derecho fundamental a la educación de los alumnos de la Institución Educativa
San Felipe Neri y se adoptarán otras medidas como parte del remedio
constitucional.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia de única instancia emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Cartagena de Indias del seis 6 de agosto de 2018, que resolvió
negar las pretensiones de la acción de tutela. En su lugar, AMPARAR el derecho a la educación de los
estudiantes matriculados en la Institución Educativa San Felipe Neri.
Segundo.- ORDENAR a la Alcaldía de Cartagena y a la Secretaría de Educación
Distrital que continúe con las siguientes medidas adoptadas en el Auto no. 817 del 13 de diciembre de 2018:
i)       Reubicar a todos los
estudiantes inscritos en todos los grados y jornadas escolares para el año 2018
y 2019 en otras instituciones educativas de Cartagena. Esta deberá prestar los
servicios de transporte y alimentación escolar sin costos adicionales para las
familias.
ii)    Reubicar a todo el personal
académico y administrativo que trabaje en la Institución Educativa San Felipe
Neri sin desmejorar sus condiciones laborales y salariales. En dicha
reubicación se debe dar preferencia a las instituciones donde sean trasladados
los estudiantes, con el fin de que el personal pueda apoyar a sus estudiantes y
dar continuidad a su proceso educativo.
iii)  Documentar el desarrollo del cumplimiento
de la presente orden y remitir un informe mensual al Juzgado Octavo Penal
Municipal de Cartagena de Indias con Función de Control de Garantías, y al
despacho de la Magistrada Ponente de esta providencia, con el fin de realizar
el seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, en caso de ser necesario.
Tercero.- ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la
República y a la Procuraduría General de la Nación, que investiguen las actuaciones u omisiones en las que eventualmente incurrieron empleados
de la Alcaldía Distrital de Cartagena, las Secretarías de Educación e
Infraestructura de esa ciudad, el Establecimiento
Público Ambiental (EPA) y el Departamento Administrativo de Salud (DADIS), con el fin de que determinen las causas y los responsables que han
permitido que los derechos fundamentales de los menores de edad hayan sido
vulnerados a lo largo del tiempo.
Cuarto.- ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la
República, a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia, a la Delegada para
la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, crear un comité que le haga seguimiento a
la construcción del megacolegio San Felipe Neri en el barrio Olaya
Herrera del Distrito de Cartagena de Indias, e investigue las actuaciones u omisiones realizadas por las entidades involucradas
durante la estructuración del proyecto.
Quinto.- ORDENAR al comité creado en el Auto
no. 817 del 13 de diciembre de 2018, integrado por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena integrado por la Secretaría
de Educación Distrital de Cartagena, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia y la Personería de Cartagena de
Indias, que acompañe el cumplimiento de esta sentencia realizado por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena de Indias con Función de
Control de Garantías, y que mantenga un permanente diálogo
con los distintos miembros de la comunidad educativa con la finalidad de evitar
la deserción escolar de los menores de edad.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 1, cuaderno de la Corte
Constitucional.
[2] Folio 1, cuaderno 1.
[3] Folio 1, cuaderno 1.
[4] Folio 2, cuaderno 1.
[5] Folio 2, cuaderno 1.
[6] Folio 2, cuaderno 1.
[7] Folio 2, cuaderno 1.
[8] Folio 3, cuaderno 1.
[9] Folios 9-18, cuaderno
1.
[10] Folio 10, cuaderno 1.
[11] Folio 10, cuaderno 1.
[12] Folio 11, cuaderno 1.
[13] Folios 12-13,
cuaderno 1.
[14] Folio 13, cuaderno 1.
[15] Folio 14, cuaderno 1.
[16] Folio 14, cuaderno 1.
[17] Folio 15, cuaderno 1.
[18] Folio 19, cuaderno 1.
[19] Folio 84, cuaderno 1.
[20] Folio 87, cuaderno 1.
[21] Folios 24-26, cuaderno 1.
[22] Folio 25, cuaderno 1.
[23] Folio 26, cuaderno 1.
[24]Folios 39-44, cuaderno 1.
[25] Folios 82-83,
cuaderno 1.
[26] Folio 82, cuaderno 1.
[27] Folio 43, cuaderno 1.
[28] Folios 50-55,
cuaderno 1.
[29] Folio 50, cuaderno 1.
[30] Folios 97-101,
cuaderno 1.
[31] Folio 99, cuaderno 1.
[32] Folio, 108, cuaderno
1.
[33] Folio 113, cuaderno
1.
[34] Folio 114, cuaderno
1.
[35] Folio 117, cuaderno
1.
[36] Folio 125, cuaderno 1.
[37] Folio 127, cuaderno
1.
[38] Folio 166, cuaderno
1.
[39] Folios 164-165,
cuaderno 1.
[40] Folio 165, cuaderno 1.
[41] Ibidem.
[42] Folios 165-166,
cuaderno 1.
[43] Folios. 43-50,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[44] Folios 21-29, cuaderno de la
Corte Constitucional.
[45] Folios 92- 94, cuaderno de la
Corte Constitucional.
[46] Folio 31, cuaderno de la Corte
Constitucional. CD anexo.
[47] Ibidem.
[48] Folios 65-67,
cuaderno de la Corte Constitucional. CD anexo.
[49] Folio 65, cuaderno de
la Corte Constitucional.
[50] Folio 65, cuaderno de
la Corte Constitucional.
[51] Folio 31, cuaderno de la Corte
Constitucional. CD anexo.
[52] Ibidem.
[53] Ibidem.
[54] Ibìdem.
[55] Ibidem.
[56] Ibidem.
[57] Ibidem.
[58] Folio 97, cuaderno de la Corte
Constitucional.
[59] Ver página 15 de este auto.
[60] Folio 157, cuaderno de la Corte
Constitucional.
[61] Folios 232-244,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[62] Folios 205-215,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[63] Consulta de Procesos,
Secretaría de la Corte Constitucional. Disponible en línea en: http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&radi=Radicados&date3=2018-10-01&date3_dp=1&date3_year_start=1992&date3_year_end=2019&date3_da1=&date3_da2=&date3_sna=&date3_aut=&date3_frm=&date3_tar=&date3_inp=&date3_fmt=d-M-Y&date3_dis=&date3_pr1=&date3_pr2=date4&date3_prv=2014-01-12&date3_pth=consultat%2Fcalendar%2F&date3_spd=%5B%5B%5D%2C%5B%5D%2C%5B%5D%5D&date3_spt=0&date3_och=&date3_str=0&date3_rtl=&date3_wks=&date3_int=1&date3_hid=1&date3_hdt=1000&date4=2019-02-27&date4_dp=1&date4_year_start=1992&date4_year_end=2019&date4_da1=&date4_da2=&date4_sna=&date4_aut=&date4_frm=&date4_tar=&date4_inp=&date4_fmt=d-M-Y&date4_dis=&date4_pr1=date3&date4_pr2=&date4_prv=2014-01-06&date4_pth=consultat%2Fcalendar%2F&date4_spd=%5B%5B%5D%2C%5B%5D%2C%5B%5D%5D&date4_spt=0&date4_och=&date4_str=0&date4_rtl=&date4_wks=&date4_int=1&date4_hid=1&date4_hdt=1000&todos=%25&palabra=T7019084, Consultado por
última vez el 26 de febrero de 2019.
[64] Folio 135, cuaderno 1.
[65] La copia de la respuesta consta
en los folios 135-148 del cuaderno 1.
[66] Folio 154, cuaderno 1.
[67] Folios. 43-50,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[68] Sentencia C-029 de 1995, MP. Jorge Arango Mejía
[69]  T-429 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
[70] Este acápite reitera
la posición expuesta en la Sentencia T-736 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[71] Sentencia T-086 de 2010, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[72] Sentencia T-452 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[73]  Sentencia T-736 de
2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[74] Ibidem.
[75] Folio 17, cuaderno 1.
[76] Folios 9 y 10, cuaderno 1.
[77] Folio 9, cuaderno 1.
[78] Folio 6, cuaderno 1.
[79] Según los informes Cartagena
Cómo Vamos, desde el año 2013 el barrio Olaya Herrera es el lugar en el que
más se registran enfermos de tuberculosis y de VIH-SIDA y, además, es el sitio
en el que se registran el mayor número de homicidios de la ciudad. Asimismo,
denuncia que a raíz de la condición socioeconómica de sus habitantes, estos han
sido estigmatizados y criminalizados de manera arbitraria. Disponible en línea
en: http://cepsca.org/index.php/8-inicio/161-territorios-y-estigma-social-el-barrio-olaya-herrera-en-cartagena Consultado por última vez el 5
de febrero de 2019.
[80] Este acápite se toma
de la sentencia T-047 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[81] Ver sentencias T-1015 de 2006, MP Álvaro Tafur Galvis;
T-780 de 2011, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de 2016
ambas con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[82] Este acápite reitera
la posición expuesta en la Sentencia T-736 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[83]Sentencia
T-113 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[84]Sentencia
T-471 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[85] Sentencia T-705 de
2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[86]Sentencia T-896 de 2007,
M.P. Manuel José Cepeda.
[87] T-185 de 2016, M.P.
Gloria Stella Ortiz y T-400 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz.
[88] Folios 1 al 18,
cuaderno 1.
[89] Folio 6, cuaderno 1.
[90] Sentencia T-105 de
2017, MP Alejandro Linares Cantillo.
[91]Sentencias T-1028 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y
T-246 de 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
[92] Sentencia T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[93] Ibidem.
[94] Folio 10, cuaderno 1.
[95] Folio 14, cuaderno 1.
[96] Folios 65-67,
cuaderno de la Corte Constitucional. CD anexo.
[97] Folios 9 y 10, cuaderno 1.
[98] Ibidem.
[99]Estas consideraciones
fueron expuestas previamente en la sentencia T-629 de 2017, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[100]Sentencia
C-520 de 2016 M.P. María Victoria Calle.
[101]T-085 de 2017, M.P:
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[102]La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, en el artículo 26, establece que toda persona tiene derecho a la
educación. Su propósito es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Por su parte, los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Ratificada por el Estado colombiano mediante la ley 12
de 1991 también fija obligaciones para los Estados.
Otro
referente normativo de gran importancia sobre el derecho a la educación es el
artículo 13 del Pacto de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el cual establece que el derecho a la educación “debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”
y determina una serie de obligaciones para los Estados, tales como asegurar la
enseñanza primaria obligatoria y asequible y el desarrollo progresivo del
sistema escolar.
[103]El Pacto de Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales Ratificado por el Estado colombiano a través de la
ley 74 de 1968. en su artículo 13, señala que
el derecho a la educación “debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad”. En relación con este artículo, en 1999, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) emitió la Observación
General No. 13, en la que describió el alcance del derecho a la educación en el
Pacto.
[104]M.P: Luis Ernesto
Vargas Silva
[105]T-550 de 2005, M.P:
Jaime Araújo Rentería
[106]T-641 de 2016, M.P:
Luis Ernesto Vargas Silva.
[107]M.P. Humberto Sierra Porto. Esta posición ha sido
reiterada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional en
las sentencias T-743 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-137 de
2015, M.P. María Victoria Calle Correa; T-008 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos;
T-055 de 2017, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, entre otras.
[108] Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Observación
General No. 13 “El derecho a la educación”, párr. 6.
[109]Sentencia C-376 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[110]Corte
Constitucional, Sentencia T-743 de 2010. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
[111]Ídem.
[112]Al deber estatal de
asegurar la permanencia de los menores en el sistema educativo se refiere,
explícitamente, el artículo 67 superior. El artículo 70 exige “promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente” y la Ley General de
Educación define a la educación como un “proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (...)”.
[113]Tomasevski, K. Human rights obligations: making education available, accessible,
acceptable and adaptable. Pág. 32. Disponible en línea en: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf
[114]Sentencia
T-006 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[115]Arias Orozco, E. Situación del derecho a la educación, en los componentes de
aceptabilidad y adaptabilidad, de niñas y niños víctimas del conflicto armado,
en instituciones educativas públicas de Medellín. Pág. 54. Disponible
en línea en:
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/512/1/Situacion_Derecho_Educacion_Arias_2010.pdf
[116]“Por la cual se expide el Código de la Infancia y de la
Adolescencia.”
[117]Arias Orozco, E. Situación del derecho a la educación, en los componentes de
aceptabilidad y adaptabilidad, de niñas y niños víctimas del conflicto armado,
en instituciones educativas públicas de Medellín. Pág. 55. Disponible
en línea en:
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/512/1/Situacion_Derecho_Educacion_Arias_2010.pdf     Consultado por última vez el 18 de
abril de 2018.
[118]M.P.
Carmenza Isaza de Gómez (e).
[119]"Por la cual se expide la Ley General de
Educación".
[120]M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[121]M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[122]M.P.
María Victoria Calle Correa.
[123]M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[124]M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[125] Estas
consideraciones han sido parcialmente tomadas de la sentencia T-279 de 2018, MP
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[126] TOMASEVSKI, K. “Indicadores
del derecho a la educación”, Pág. 40. Disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/indicadores-del-derecho-a-la-educacion.pdf “Las obligaciones gubernamentales
exigen una evaluación de las condiciones existentes que serían contrarias a los
objetivos de la educación, la definición de los estándares que deben
encontrarse en todas partes, y la identificación de las instituciones y
procedimientos por los cuales tales estándares serán implementados, vigilados y
exigidos. El principio central de la Convención sobre los Derechos del Niño, en
virtud del cual la educación debe diseñarse e implementarse teniendo en
consideración el interés superior de cada niño y niña, requiere la
identificación de las barreras que deberían eliminarse para que niñas y niños
puedan aprender”
[127] Sentencia T-085 de
2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[128] MP Carlos Gaviria
Díaz.
[129] MP Fabio Morón Díaz.
[130] MP María Victoria
Calle Correa.
[131] MP Jorge Iván
Palacio Palacio.
[132] MP Nilson Pinilla
Pinilla.
[133] Es importante señalar
que en el informe la Secretaría no determina ni qué grados va a trasladar ni la
ubicación del inmueble al que pretende trasladarlos.
[134] El informe de la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena señala que: “[e]l rector, una
madre de familia y representante del consejo académico asistió (sic) al colegio
propuesto y están de acuerdo”. Fol. 251, cuaderno de la Corte Constitucional.
[135] Folio 99, cuaderno
1.
[136] Folio 65, cuaderno de
la Corte Constitucional.
[137] Ibidem.
[138] Folio 65, cuaderno de
la Corte Constitucional.
[139] Folio 10, cuaderno 1.
[140] Folio 14, cuaderno 1.
[141] Folios 65-67,
cuaderno de la Corte Constitucional. CD anexo.
[142] Folios 1-6, cuaderno
1.
[143] Auditoría a obras inconclusas en colegios del
Distrito. Diario El
Universal, 16 de julio de 2016.
Disponible
en: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/auditoria-obras-inconclusas-en-colegios-del-distrito-230486-AQEU336996
Se desplomó el techo de un colegio
en Cartagena y dejó un herido. Diario El
Espectador, 30 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/se-desplomo-techo-de-colegio-en-cartagena-y-dejo-un-herido-articulo-726055
Comunidad educativa del
colegio San Felipe Neri exige su nueva edificación. Diario El Universal, 30 de
diciembre de 2017. Disponible en:https://www.eluniversal.com.co/cartagena/comunidad-educativa-del-colegio-san-felipe-neri-exigen-su-nueva-edificacion-267191-PCEU380690
Institución Educativa San Felipe
Neri en Riesgo de Colapsar.
Diario El Herado, 13 de noviembre de 2018. Disponible en: https://www.elheraldo.co/bolivar/institucion-educativa-sal-felipe-neri-en-cartagena-en-riesgo-de-colapsar-565846
[144] Folio 36, cuaderno
de la Corte Constitucional.
[145] Ver sentencia T-207
de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[146] Folio 99, cuaderno
1.
[147] Folio 31, CD anexo,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[148] Ibidem.
[149] Es importante señalar
que en el informe la Secretaría no determinó los grados iba a trasladar ni la
ubicación del inmueble al que pretendía trasladarlos.
[150] Folios 232-244,
cuaderno de la Corte Constitucional.