T-337-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-337/09
Referencia: expediente T-2226771
Acción de tutela instaurada por Myriam Concepción
Parada contra la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda., con vinculación
oficiosa de la Administradora de Riesgos Profesionales de la Compañía de
Seguros Bolívar S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional integrada por
los Magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO y GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591
de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos dictados por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá y el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, que resolvieron la acción de
tutela promovida por Myriam Concepción Parada contra la sociedad
Creaciones La Baronesa Ltda.
I. ANTECEDENTES
El 12 de diciembre de 2008, Myriam
Concepción Parada interpuso acción de tutela ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá contra la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda.,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada, la salud, la seguridad social, el trabajo, el
mínimo vital y la vida digna.
Fundamentó su acción en los siguientes:
1. Hechos:
1.1
La accionante sostiene que el 15 de enero de
2008 se vinculó a la sociedad Creaciones La Baronesa
Ltda. en el cargo de operaria,
mediante la celebración de un contrato de trabajo a
término fijo inferior a un año, con una remuneración mensual
correspondiente a un salario mínimo legal vigente.
1.2  Señala que de acuerdo con el
diagnóstico de su médico tratante adscrito a la A.R.P. de la Compañía de
Seguros Bolívar S.A., padece “Asma Ocupacional”.
1.3
Afirma que en consideración del diagnóstico
anotado, se encuentra sometida a tratamiento médico para su recuperación.
En este sentido,
indica que mediante comunicación remitida el 18 de noviembre de 2008 al
Hospital Universitario de la Samaritana, su médico tratante autorizó “VALORACIÓN
MÁS CONCEPTO MÉDICO PRIORITARIA POR NEUMOLOGÍA.”
Al respecto, indica
que el 3 de diciembre de 2008, el médico neumólogo de dicho hospital, Doctor
Enrique Prieto Diago, concluyó: “Paciente con cuadro de disnea,
silbilancias, tos de 10 años de evolución, vista en otras oportunidades en
Hospital Santa Clara, Fundación Cardio -  Infantil, Clínica San Rafael, Clínica
Nueva…en servicios de neumología con diagnóstico de Asma, en el momento
sintomática permanentemente. Viene recibiendo seretide, flixotine, singulair.
// (…) ANALISIS: Paciente con asma de muy alto riesgo… si no suspende la
exposición a su entorno laboral, incluso corre riesgo de complicaciones graves.
Debe continuar salbutamol 200 mcgrs, ipratropio inhalado, beclometasona
inhalada, Xantinas,  Montelukast. Requiere valoración por medicina laboral por
lo anterior.”
1.4 Manifiesta
que a pesar de su estado de salud y de la necesidad de recibir tratamiento
médico, el 31 de octubre y el 19 de noviembre de 2008 la Gerente de la sociedad
Creaciones La Baronesa Ltda., señora Ligia Castañeda
Sánchez, le informó: “[E]l
contrato a término fijo firmado (…) no será renovado, por tal razón prestará
sus servicios hasta el 20 de diciembre de 2008.”
1.5 Explica que
debido a la terminación de su contrato de trabajo y, en consecuencia, a su
falta de ingresos, carece de los recursos económicos suficientes para costear
de manera particular la atención médica que requiere.
1.6 Por último,
sostuvo que para la fecha en que se produjo su despido, la sociedad Creaciones La
Baronesa Ltda. conocía su delicado estado de salud. Así mismo, que para
efectuar su despido, dicha sociedad no solicitó el permiso respectivo ante el
Ministerio de la Protección Social.
2. Solicitud de tutela
Por lo anterior, Myriam Concepción Parada
solicitó ante al juez de tutela ordenar a la sociedad Creaciones La Baronesa
Ltda. que efectúe su reintegro a esa empresa, así como
su reubicación laboral.
3. Trámite de instancia
3.1 La acción de tutela fue tramitada
ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá, el cual mediante auto del
día 12 de diciembre de 2008 ordenó su notificación a la sociedad accionada.
Igualmente, ordenó “Solicitar mediante oficio, informe pormenorizado a la A.R.P.
SEGUROS BOLÍVAR, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas (…), se
pronuncien sobre los hechos de tutela y hagan los descargos que estimen
pertinentes.”
Respuesta de la Administradora de
Riesgos Profesionales de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.
3.2 Mediante escrito del 18 de diciembre
de 2008, la A.R.P. de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., actuando por
intermedio de su Gerente, señora Liliana Camejo Galiano, solicitó al juez de
tutela denegar el amparo invocado.
3.3 Para fundamentar su petición, la A.R.P. indicó que la actora se
encuentra afiliada a esa administradora desde el 16 de febrero de 2007. Al
respecto, precisó que desde el 15 de septiembre de 2008, fecha en que tuvo
conocimiento de los padecimientos de salud de su afiliada -según la
calificación de realizada por la A.R.P. Colpatria sobre el origen profesional
de su enfermedad-, “la A.R.P. Compañía de Seguros Bolívar S.A. le ha
reconocido todas las prestaciones económicas y asistenciales pertinentes para
su tratamiento de rehabilitación.”
Respuesta de la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda.
3.4 En escrito dirigido al juez de tutela
el 19 de diciembre de 2008, la representante legal de Creaciones
La Baronesa Ltda., señora Ligia Castañeda  Sánchez,
solicitó no conceder la tutela interpuesta.
3.5 Para el efecto, indicó que a la luz del
numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la
presente acción de tutela es improcedente pues existen
otros medios de defensa judicial para obtener el amparo de las pretensiones
incoadas.
3.6 Sobre el estado de salud de la actora, la sociedad precisó: “A
la empleadora no le consta que la accionante padezca de un ASMA OCUPACIONAL, no
controlada, casi fatal, dado que la A.R.P. no ha notificado esta circunstancia
oficialmente, únicamente reposa en la carpeta u hoja de vida de la señora
parada fotocopia de una carta que ella misma entregó a la empresa, que la
A.R.P. dirige al Hospital Samaritana de fecha 18 de noviembre de 2008”.
Al respecto,
agregó que la A.R.P. de la Compañía de Seguros Bolívar
S.A. no le ha dado instrucciones o recomendaciones sobre la necesidad de
reubicar a la actora, en atención a sus condiciones de salud.
3.7 En este orden, señaló que de
conformidad con las incapacidades médicas aportadas por la accionante durante
el presente trámite, no existe claridad acerca de si su diagnóstico es Asma
Ocupacional u otro tipo de asma, toda vez que en algunas de ellas el
diagnóstico referido es “Asma – Bronquitis bacteriana”. Así mismo,
indicó que en concordancia con dichas incapacidades, la actora no acudió en
todos los casos a las I.P.S. autorizadas por la A.R.P. de la Compañía de
Seguros Bolívar S.A., pues en dos oportunidades, al constatar este hecho, esa
administradora negó su pago.
Igualmente, resaltó que de acuerdo con el
oficio del 11 de julio de 2008, la A.R.P. Colpatria, entidad que calificó el
origen de su enfermedad en el año 2001, le manifestó a la accionante que no era
posible pagarles más incapacidades temporales, porque en su base de datos
reposa el pago a su favor de una indemnización por incapacidad permanente
parcial en el año 2002.
3.8 Con base en lo expuesto, la sociedad
Creaciones La Baronesa concluyó: “Todo lo anterior, nos permite decir que no
es cierto que la señora Myriam Concepción Parada se encuentre en circunstancia
de debilidad manifiesta, porque si ello fuera así esta debilidad se estaría
presentando desde la época de los años 2000 y 2001, como se puede corroborar en
los documentos aludidos donde señala como fecha de AT/EP 28/08/2001, es decir
que su enfermedad data de más de siete (7) años, en los cuales ha sobrevivido
bien como trabajadora o como ama de casa, o en otras ocupaciones que le han
permitido sobrevivir, máxime que la A.R.P. Colpatria le reconoció una
indemnización por enfermedad profesional.”
3.9 Respecto de la terminación del
contrato de trabajo suscrito por la accionante, la sociedad afirmó que aquella
no solo tuvo por fundamento la expiración del plazo pactado, sino también la
culminación de la temporada de ventas, situación que a la vez provocó el
despido de 29 operarias más. En este sentido, la sociedad aclaró que cuando se
produjo la terminación del contrato de trabajo en comento, la actora no se
encontraba incapacitada.
3.10 Por último,
precisó que el estado de salud de la accionante no ha sido corroborado por una
Junta de Calificación de Invalidez, razón por la cual no se puede afirmar que
es una persona discapacitada o con serias limitaciones de salud.
4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
4.1 Copia de la carta
dirigida el 31 de octubre de 2008 por la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda. a
Myriam Concepción Parada, mediante la cual le informa que “se ve en la
obligación de descontarle las incapacidades que no acreditó con las entidades a
las que la empresa la tiene afiliada. Por lo anterior, el descuento equivale a
(…) 21 días de salario base de cotización” (folios 5 y 48, cuaderno 2).
4.2 Copia de la carta dirigida el 18 de
noviembre de 2008 por la A.R.P. de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. al
Hospital Universitario de la Samaritana, mediante la cual le informa la
autorización de la “valoración más concepto médico por prioritaria por
neumología” para Myriam Concepción Parada (folios 7, 50 y 108, cuaderno 2).
4.3 Copia de la
orden médica expedida el 18 de noviembre de 2008 por la A.R.P. de la Compañía
de Seguros Bolívar S.A. a nombre de Myriam Concepción Parada (folios 8 y 51,
cuaderno 2).
4.4 Copia de la carta
dirigida por Myriam Concepción Parada a la sociedad Creaciones La Baronesa
Ltda., mediante la cual el informa que de conformidad con su historia clínica,
padece Asma de origen profesional (folios 9 y 52, cuaderno 2).
4.5 Copia de la
carta dirigida el 31 de octubre y el 19 de noviembre de 2008 por Creaciones La
Baronesa Ltda. a Myriam Concepción Parada, mediante la cual le informa que el
contrato de trabajo suscrito no será renovado y se entiende terminado a partir
del 20 de diciembre de 2008 (folios 10, 53 y 118, cuaderno 2).
4.6 Copia del
contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, suscrito el 15 de enero
de 2008 por Myriam Concepción Parada y la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda.
(folios 13, 47 y 107, cuaderno 2).
4.7 Copia de la
valoración médica realizada el 3 de diciembre de 2008 por el Servicio de
Neumología del Hospital Universitario de la Samaritana a Myriam Concepción
Parada (folios 20 y 67, cuaderno 2).
4.8 Copia de la
orden médica expedida el 11 de diciembre de 2008 por la A.R.P. de la Compañía
de Seguros Bolívar S.A. a nombre de Myriam Concepción Parada (folios 21 y 68,
cuaderno 2).
4.9 Copia del
formulario “calificación de pérdida capacidad laboral y determinación de
invalidez” de Myriam Concepción Parada, diligenciado el 28 de agosto de
2001 por la A.R.P. Colpatria (folios 29 a 32 y 80 a 83, cuaderno 2).
4.10 Copia de la
carta dirigida el 22 de octubre de 2008 por la A.R.P. de la Compañía de Seguros
Bolívar S.A. al Centro Médico Bolívar, mediante la cual le informa la
autorización de los siguientes procedimientos médicos para Myriam Concepción
Parada: “Valoración por fisiatra // Realizar HC ocupacional relación posible
alérgeno” (folios 33 y 84, cuaderno 2).
4.11 Copia de la
carta dirigida el 3 de diciembre de 2008 por la A.R.P. de la Compañía de
Seguros Bolívar S.A. al Centro Médico Bolívar, mediante la cual le informa la
autorización de la “consulta de control en fisiatría” para Myriam
Concepción Parada (folios 34 y 85, cuaderno 2).
4.12 Copia de la
orden médica expedida el 3 de diciembre de 2008 por el Hospital Universitario
de la Samaritana a nombre de Myriam Concepción Parada (folios 35 y 86, cuaderno
2).
4.13 Copia de la
carta dirigida el 3 de diciembre de 2008 por la A.R.P. de la Compañía de
Seguros Bolívar S.A. a la cadena de farmacias Farmacity, mediante la cual le
informa la autorización de la entrega a Myriam Concepción Parada de los
siguientes medicamentos: “1. SALBUMATOL (VENTILAN) INHALADOR 100 MG N.02
(DOS). // 2. BROMURO DE IPRATROPIO  INHALADOR 20 MG N. 02 (DOS). // 3.
BECLOMETASONA INHALADOR 250 MG. N. 1 (UNO). // 4. TEOFILINA TAB X 300 MG N. 30
(TREINTA). // 5. SINGULAID TAB X 10 MG N. 30 (TREINTA)” (folios 36 y 87,
cuaderno 2).
4.14 Copia de la
carta dirigida el 3 de diciembre de 2008 por la A.R.P. de la Compañía de
Seguros Bolívar S.A. al Hospital Universitario de la Samaritana, mediante la
cual le informa la autorización de la “consulta de control por neumología”
para Myriam Concepción Parada (folios 37 y 88, cuaderno 2).
4.15 Copia de la
carta dirigida el 10 de junio de 2008 por Myriam Concepción Parada a la A.R.P.
Colpatria, mediante la cual le informa que se encuentra afiliada a la A.R.P. de
la Compañía de Seguros Bolívar S.A. y a la E.P.S. Saludcoop (folio 110,
cuaderno 2).
4.16 Copia de la
carta dirigida el 11 de julio de 2008 por la A.R.P. Colpatria a Myriam
Concepción Parada, mediante la cual le informa: “En el caso de la
incapacidad correspondiente al señor(a) Myriam Concepción Parada
identificado(a) con documento número (…) se observa que presenta  el siguiente
inconveniente: Paciente con pago de indemnización en el 2002, por lo tanto no
se reconocen más incapacidades temporales” (folio 111, cuaderno 2).
4.17 Copia de la
carta dirigida el 11 de julio de 2008 por la A.R.P. Colpatria a Myriam
Concepción Parada, mediante la cual le informa que el reconocimiento y pago de
sus incapacidades médicas corresponde a la A.R.P. de la Compañía de Seguros Bolívar
S.A. (folio 112, cuaderno 2).
4.18 Copia de la
incapacidad médica “por 8 (ocho) días a partir del 1° de mayo de 2008”, dada
a Myriam Concepción Parada por el personal médico de la Fundación Neumológica
Colombiana (folio 116, cuaderno 2).
4.19 Copia de la
carta dirigida el 19 de noviembre de 2008 por la sociedad Creaciones La
Baronesa Ltda. a  veintiocho (28) operarias, mediante la cual les informa que “el
contrato a término fijo firmado (…) no será renovado, por tal razón prestará
sus servicios hasta el 20 de diciembre de 2008” (folios 119 a 148, cuaderno
2).
4.20 Copia de la
carta dirigida el 18 de diciembre de 2008 por la A.R.P. Colpatria a la sociedad
Creaciones La Baronesa S.A., mediante la cual le informa: “[N]os permitimos
anexar copia del comprobante de pago por concepto de incapacidad permanente
parcial, girado a nombre de la señora Myriam Concepción Parada de Posso” (folios
150 y 153, cuaderno 2).
4.21 Copia de la
carta dirigida el 19 de enero de 2009 por la A.R.P. Colpatria a la sociedad Creaciones
La Baronesa Ltda. mediante la cual le informa que Myriam Concepción Parada
padece Asma, “por lo cual fue pagada incapacidad permanente parcial por
valor de $4.991.523” (folios 169 y 170, cuaderno 2).
II. LAS SENTENCIAS QUE SE REVISAN
1.  Sentencia de primera instancia
1.1 En sentencia del día 21 de enero de
2009, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá denegó el amparo invocado.
1.2 Para ello, el juez de instancia reiteró lo señalado por la
empresa accionada, en el sentido de sostener que en virtud del numeral 1° del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la presente acción
de tutela es improcedente pues existen otros medios de
defensa judicial para obtener el amparo de la pretensión de reintegro.
2.
Impugnación de Myriam Concepción Parada
2.1 Mediante escrito del 26 de enero de 2009, la
accionante solicitó ante el juez de instancia revocar el fallo adoptado, y en
su lugar, conceder la tutela interpuesta.
2.2 Al sustentar la impugnación, reiteró los hechos y
consideraciones expuestas en el escrito de tutela.
3. Sentencia de segunda instancia
3.1 En sentencia del 27 de febrero de 2009, el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión adoptada el 21
de enero de 2009 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá, mediante la
cual no se concedió el amparo de tutela.
3.2 Para sustentar su decisión, el juez de segunda
instancia señaló que de conformidad con la calificación del origen de la
enfermedad que padece la accionante efectuada en el año 2001 por la A.R.P.
Colpatria, así como el pago de una indemnización por incapacidad permanente
parcial en el año 2002, se puede concluir que “mal podría (…) obligar a un
nuevo empleador a que responda por situaciones que no le corresponden, máxime
si se tiene en cuenta que la accionante no informó desde el inicio del contrato
de trabajo a su nuevo empleador su condición, la cual se vino a saber hasta
cuando la accionante solicitó el pago de las incapacidades a la A.R.P.
Colpatria, la cual le indicó que el reconocimiento y pago de éstas le
correspondían a la A.R.P. Seguros Bolívar.”
3.3 Por último,
reiteró lo sostenido por la sociedad accionada, en el sentido de señalar que no
existe prueba de que la A.R.P. de
la Compañía de Seguros Bolívar S.A. le haya dado instrucciones o
recomendaciones sobre la necesidad de reubicar a la actora, en atención a sus
condiciones de salud. Igualmente, manifestó que, a su juicio, el despido de 29
operarias por parte de dicha empresa es un indicio de que el despido de la
accionante no se produjo como consecuencia de su enfermedad.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991 y con la selección y el reparto efectuados el 3 de abril de 2009, esta
Sala es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
2. Problema jurídico
2.1 De acuerdo con los hechos expuestos,
corresponde a la Corte determinar si la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda.
vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, la
salud, la seguridad social, el trabajo, el mínimo vital y la vida digna de Myriam
Concepción Parada, al no efectuar la renovación de su
contrato de trabajo a pesar de la enfermedad profesional que  la aqueja.
2.2 Para dar solución al problema
jurídico planteado, en primer lugar, la Sala reiterará el criterio de esta
Corporación relativo al  derecho a la estabilidad laboral reforzada de quienes
se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta o indefensión como
resultado del deterioro de su estado de salud. En segundo lugar, abordará el desarrollo
jurisprudencial sobre el derecho a la reubicación laboral y su relación con la
efectividad de los derechos fundamentales a la salud y al trabajo.
2.3 Con base en lo anterior, esta Sala de
Revisión estimará si se deben amparar los derechos fundamentales invocados por Myriam
Concepción Parada y, en consecuencia, revocar las sentencias de tutela
proferidas el 21 de enero de 2009 por el Juzgado Primero Civil Municipal de
Bogotá y el 27 de febrero de 2009 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Bogotá, dentro del presente trámite.
3. El derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancia de debilidad
manifiesta o indefensión. Reiteración de jurisprudencia
3.1 De conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política, el Estado tiene
la obligación de proteger de manera especial el ejercicio del derecho a la
igualdad de “aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” De este
modo, la misma norma constitucional establece que el Estado es responsable de  sancionar
“los abusos y maltratos que contra ellas se cometan.”
En igual sentido, con
relación a la protección que el Estado debe a quienes en virtud de sus
condiciones físicas se encuentran en una situación de debilidad o indefensión,
el artículo 47 Constitucional establece que “El Estado adelantará una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especial que
requieran.”
Así mismo, en
concordancia con el artículo 53 Superior según el cual entre los principios
mínimos fundamentales que deben orientar las relaciones laborales se encuentran
la estabilidad en el empleo y la garantía de la seguridad social, el artículo
54 de la Carta dispone que “Es obligación del Estado y de los empleadores
ofrecer formación y rehabilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la reubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud.[1]”
3.2 En virtud de las normas
constitucionales señaladas, la Corte ha sostenido que en el marco de las
relaciones de trabajo, la protección especial a quienes por su condición económica, física o mental se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión, implica la
titularidad del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada[2],
esto es, (i) el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón
de la situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se
configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a
que la autoridad laboral respectiva autorice el despido con base en la
verificación previa de dicha causal, a fin de que el despido pueda ser
considerado eficaz.
Al respecto, en la sentencia C-531 de
2000, al analizar la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
que dispone la prohibición de despedir de su trabajado a un disminuido físico
por razones relacionadas con su situación especial, la Corte indicó[3]:
“El ámbito laboral constituye, por
consiguiente, objetivo específico para el cumplimiento de esos propósitos
proteccionistas, en aras de asegurar la productividad económica de las personas
discapacitadas, así como su desarrollo personal. De ahí que, elemento
prioritario de esa protección lo constituya una ubicación laboral acorde con
sus condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos
para su subsistencia y el sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 334),
para todos aquellos que se encuentren en edad de trabajar.
Para la consecución de esos fines, la efectividad del
ejercicio del derecho al trabajo, como ocurre para cualquier otro trabajador,
está sometida a la vigencia directa en las relaciones laborales de unos
principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta Política.
Cuando la parte trabajadora de dicha relación está conformada por un
discapacitado, uno de ellos adquiere principal prevalencia, como es el
principio a la estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar
de cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras
no exista una causal justificativa del despido, como consecuencia de la
protección especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este
grupo de personas.
Tal seguridad ha sido identificada como una
"estabilidad laboral reforzada" que a la vez constituye un derecho
constitucional, igualmente
predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres embarazadas y
los trabajadores aforados, (…).” (Negrilla fuera del texto original).
3.3 Ahora bien, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la protección laboral reforzada en comento no sólo
se predica de quienes tienen la calidad de inválidos o discapacitados[4].
Por el contrario, en criterio de esta Corporación, el derecho a la estabilidad
laboral reforzada se hace extensivo a todos los trabajadores que se encuentren
en una situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la grave
afectación de su estado de salud[5].
En efecto, en la sentencia T-1040 de 2001,
la Corte precisó:
“Estos sujetos de protección especial a los que se refiere el
artículo 13 de la Constitución, que por su
condición física estén en situación de debilidad manifiesta, no son sólo los
discapacitados calificados como tales conforme a las normas legales[6].
Tal categoría se extiende a todas aquellas personas que, por condiciones
físicas de diversa índole, o por la concurrencia de condiciones físicas,
mentales y/o económicas, se encuentren en una situación de debilidad
manifiesta.  Así mismo, el alcance y los mecanismos legales de protección
pueden ser diferentes a los que se brindan a través de la aplicación inmediata
de la Constitución.
La protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la
persona dentro de la categoría protegida, consagrando las medidas de defensa
previstas en la ley.  Por su parte, el amparo
constitucional de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite
al juez de tutela identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y
variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y
le da un amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental
amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado.
En materia laboral, la protección especial de quienes por su
condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende
también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados.” (Negrilla
fuera del texto original).
3.4 Así, en aplicación del derecho a la
estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación
de debilidad manifiesta como resultado de la disminución de su capacidad
física, tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo hasta que se
configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral, causal que
debe ser previamente verificada por el inspector de trabajo o la autoridad que
haga sus veces.
En atención a la tesis anterior, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando la relación laboral
depende de un contrato de trabajo a término fijo o de obra o labor contratada,
el vencimiento del término de dicho contrato o la culminación de la obra no
significan necesariamente una justa causa para su terminación[7].
De este modo, según el criterio de la Corte, en todos aquellos casos en que (i)
subsistan las causas que dieron origen a la relación laboral y (ii) se tenga
que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus funciones, el trabajador
tiene el derecho a conservar su trabajo aunque el término del contrato haya
expirado o la labor haya finiquitado[8].
En efecto, en la sentencia T-449 de 2008,
la Corte señaló:
"[E]n los contratos laborales celebrados a término definido en
los que esté inmerso un sujeto de especial protección y en los que el objeto
jurídico no haya desaparecido, no basta con el vencimiento del plazo ó de la
prorroga para dotar de eficacia la terminación unilateral del contrato, sino que, es obligación del patrono acudir ante Inspector del
Trabajo para que sea éste quien, en aplicación del principio constitucional de
la primacía de la realidad sobre las formas, determine si la decisión del
empleador se funda en razones del servicio, como por ejemplo el incumplimiento
por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles, y no en
motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le
halla dado al vínculo laboral.” (Negrilla fuera del texto original).
3.5 En consideración
de lo expuesto, la Corte ha concluido que si con base
en el análisis de los hechos y pruebas que fundamentan el caso, el juez
constitucional establece que el despido o la terminación del contrato de
trabajo de una persona cuya salud se encuentra afectada seriamente, se produjo
sin la autorización de la autoridad del trabajo, deberá presumir que la
causa de desvinculación laboral es la circunstancia de debilidad e indefensión
del trabajador[9] y, por tanto, inferir,
que se causó una grave afectación de los derechos fundamentales del accionante.
Así, el juez deberá conceder el amparo invocado, declarar la ineficacia del
despido y ordenar su reintegro a un cargo acorde con su situación especial[10].
3.6 En suma, en
virtud del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave
afectación de su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser
despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta
que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral,
previa verificación y autorización de la autoridad laboral correspondiente. En
tal sentido, cuando la relación laboral dependa de un contrato de trabajo a
término fijo, el trabajador tiene derecho a conservar su trabajo aunque el
término del contrato haya expirado, esto si subsisten las causas que dieron
origen a la relación laboral y se tenga que el trabajador ha cumplido de manera
adecuada sus funciones. De este modo, para efectos del fallo de tutela, el
despido que se produzca sin el lleno de los requisitos legales y
jurisprudenciales señalados será ineficaz y, en consecuencia, el juez de amparo
deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro del trabajador a
un cargo acorde con su estado de salud.
4. El derecho
a la reubicación laboral. Reiteración de jurisprudencia
4.1 Ahora bien, la Corte ha sostenido que en aplicación del derecho
a la estabilidad laboral reforzada, cuando un trabajador se encuentre en una
situación de debilidad manifiesta y no pueda desempeñar adecuadamente las
funciones para las cuales fue contratado debido a su estado de salud, tendrá derecho
a la reubicación laboral[11].
En efecto, en la sentencia T-504 de 2008, esta Corporación destacó:
“[E]l derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores
no puede ser entendido como la simple imposibilidad de retirar a un trabajador
que ha sufrido una merma en su estado de salud, sino que comporta el derecho a la
reubicación en un puesto de trabajo en el que el discapacitado pueda
potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no
obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma
que se concilien los intereses del empleador de maximizar la productividad de
sus funcionarios y los del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en
condiciones dignas.
De esta forma, esta Corporación ha establecido que en desarrollo del
principio constitucional de solidaridad, como regla general, le corresponde
al empleador reubicar a los trabajadores respecto de los cuales ha sobrevenido
alguna discapacidad, en un trabajo digno y conforme a sus condiciones de salud.
Sin embargo, al empleador le es dado eximirse de esta obligación siempre que
demuestre que existe un principio de razón suficiente que lo exonera de
cumplirla[12].”
4.2 De ahí que
en criterio de la Corte, el derecho a la reubicación laboral constituya un
importante medio para garantizar los derechos fundamentales de los disminuidos
físicos a la igualdad y al trabajo. En este sentido, se entiende que de
conformidad con el artículo 54 Superior[13], la
conservación del empleo y el ejercicio de una actividad lucrativa a pesar de
los padecimientos de salud, representa para el trabajador la posibilidad de
vivir dignamente y satisfacer su mínimo vital.
Al respecto, en
la sentencia T-1040 de 2001, este Tribunal concluyó que en estos casos el
derecho a la estabilidad laboral reforzada se fundamenta en el respeto de la
dignidad humana y en la aplicación de las normas constitucionales y legales que
protegen al trabajador con padecimientos de salud. En este sentido, en la
citada sentencia, la Corte estimó que el derecho a la reubicación laboral
implica la consideración de tres elementos que se relacionan entre si: “1)
el tipo de función que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3)
la capacidad del empleador.”
4.3 Sobre este
punto, la Corporación precisó que aunque eventualmente la reubicación llegue a
desbordar la capacidad económica o de infraestructura del empleador, en el
sentido que impida o dificulte excesivamente el desarrollo de su actividad o la
ejecución de su objeto social, “éste tiene la obligación de poner tal hecho
en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer
soluciones razonables a la situación.[14]”
4.4 En todo
caso, es preciso reiterar que el derecho a la reubicación laboral no se
entiende satisfecho con el simple cambio de funciones. En efecto, “en
algunos casos, el derecho a la reubicación en un cargo compatible con las
condiciones de salud del trabajador no se limita al simple cambio de funciones.
Para garantizar el ejercicio real de este derecho, la reubicación debe estar
acompañada de la capacitación necesaria para que el trabajador se desempeñe
adecuadamente en su nueva labor.[15]”
(Negrilla fuera del texto original).
4.5 En síntesis, el derecho a la
estabilidad laboral reforzada comporta el derecho a la reubicación. Este
derecho no solo implica la asignación de un trabajo que tenga los mismos o
mayores beneficios laborales al cargo ejercido antes de la desvinculación
laboral, sino también la capacitación necesaria para el adecuado desempeño de
las nuevas funciones, así como el suministro de la información necesaria en
caso de que la reubicación no sea posible, a fin de que el trabajador pueda
formular las soluciones que estime convenientes.
5. Estudio del caso concreto
5.1 Con base en las consideraciones y
fundamentos expuestos anteriormente, esta Sala de Revisión determinará si la
sociedad Creaciones La Baronesa Ltda. vulneró los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, la salud, la seguridad social, el trabajo, el
mínimo vital y la vida digna de Myriam Concepción Parada, al no efectuar la renovación de su contrato de trabajo a pesar de la
enfermedad profesional que la aqueja.
5.2 Para
resolver el presente caso, en las consideraciones generales de esta sentencia,
en primer lugar, esta Sala concluyó que en virtud del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta como resultado de la grave afectación de su salud, tiene derecho a
conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de su situación de
vulnerabilidad y a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva
que amerite su desvinculación, previa verificación y autorización de la
autoridad laboral correspondiente. En tal sentido, la Sala estableció que cuando
la relación laboral depende de un contrato de trabajo a término fijo, el
trabajador tiene derecho a conservar su trabajo aunque el término del contrato
haya expirado, esto si subsisten las causas que dieron origen a la relación
laboral y se tenga que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus
funciones.
En segundo
lugar, estimó que el derecho a la reubicación laboral implica la asignación de
un trabajo que tenga los mismos o mayores beneficios laborales al cargo
ejercido antes de la desvinculación laboral; la capacitación necesaria para el
adecuado desempeño de las nuevas funciones; y en caso de que la reubicación no
sea posible, el suministro de la información necesaria para que el trabajador
pueda proponer soluciones al respecto.
5.3 En
concordancia con el criterio jurisprudencial expuesto, como pasará a
demostrarse, la presente acción de tutela debe prosperar y, en consecuencia, se
deberá revocar las sentencias proferidas el 21 de enero de 2009 por el Juzgado
Primero Civil Municipal de Bogotá y el 27 de febrero de 2009 por el Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Bogotá, dentro del presente trámite.
5.3.1 En primer lugar, esta Sala debe
precisar que no comparte las decisiones de los jueces de instancia, en el
sentido de considerar que la presente acción es improcedente por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad previsto en el numeral 1° del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991.
Por el contrario, en sentir de la Sala,
la acción de tutela instaurada es procedente, toda vez que a pesar de que en el
presente caso existen otros medios de defensa judicial para atacar la decisión
de no renovación del contrato de trabajo suscrito por la accionante, estos no
son idóneos para proteger los derechos invocados[16].
En efecto, como
se desarrollará más adelante, está acreditado que la accionante se encuentra en
situación de debilidad manifiesta debido a su estado de salud. Así mismo, de
conformidad con el escrito de tutela -hecho que no fue desvirtuado por la
sociedad accionada-, se encuentra probado que la
terminación de su contrato de trabajo implicó la seria afectación de sus
derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social y al mínimo vital.
En este sentido, a juicio de la Sala, las actuales
condiciones de la actora son razones suficientes para estimar que su sometimiento al trámite de un proceso judicial ordinario a fin de
obtener su reintegro a la sociedad accionada, prolonga injustificadamente su
situación de vulnerabilidad. Es por ello que debido al procedimiento sumario de
la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa judicial, en el
presente caso la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para
resolver la protección de los derechos fundamentales invocados.
Dado lo anterior, para efectos de este fallo, la
acción de tutela instaurada por Myriam Concepción Parada contra la sociedad
Creaciones La Baronesa Ltda. es procedente pues satisface el requisito de subsidiariedad.
5.3.2 Ahora bien, en segundo lugar, con
relación al problema jurídico planteado, se encuentra probado que el 15 de enero
de 2008 la accionante celebró un contrato de trabajo a término fijo inferior a
un año con la sociedad
Creaciones La Baronesa Ltda.[17]. Igualmente, se
encuentra probado que de acuerdo con el diagnóstico de
su médico tratante adscrito a la A.R.P. de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.,
padece “Asma Ocupacional”[18], razón por la cual se
encuentra sometida a un tratamiento médico que comprende, entre otros
procedimientos, la valoración por médicos especialistas en neumología[19]
y fisiatría[20], la realización de
exámenes de diagnóstico[21], el suministro de
medicamentos[22] y la prescripción de
incapacidades médicas[23].
Así mismo, de conformidad con las pruebas
que obran en el expediente, está demostrado que a pesar de su estado de salud y
de la necesidad de conservar su afiliación al Sistema de Salud a fin de recibir
el tratamiento médico señalado, el 31 de octubre y el 19 de noviembre de 2008,
dicha empresa le comunicó la decisión de no renovar el contrato referido y la
cesación de la prestación de sus servicios a partir del 20 de diciembre de 2008[24].
De otro lado, esta Sala encuentra que no existe prueba de que la presunta causal objetiva de
desvinculación haya sido verificada por la autoridad laboral competente y, por
tanto, de que exista autorización para despedir a la accionante[25].
En igual sentido, no existe prueba de que Myriam Concepción Parada no haya
cumplido de manera adecuada las funciones para las cuales fue contratada[26].
En este orden, a juicio de esta Sala aún subsisten
las causas que dieron origen a la relación laboral, toda vez que aunque en su
escrito de contestación de la acción la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda. indicó
que la terminación del contrato de trabajo suscrito por la accionante obedeció
a la culminación de la temporada de ventas[27], lo cierto es
que dicha sociedad no logró desvirtuar que no requiera los servicios de la
actora. En este punto, se debe tener en cuenta que su objeto social es bastante
amplio pues comprende, entre otras actividades, “la fabricación, venta,
distribución y comercialización de ropa interior, camisetas, toallas, ropa de
cama, toldillos, sábanas, cobijas, fundas, (…)[28].”
y que no existe prueba de que la empresa haya sido liquidada o de que sus
actividades se encuentren suspendidas totalmente. Así las cosas, es
razonable presumir que la empresa aún requiere de los servicios de la
accionante para desarrollar su actividad económica y obtener beneficios
comerciales.
De ahí que, en
criterio de esta Sala, tampoco sea de recibo el argumento según el cual la no
renovación del contrato de trabajo suscrito por la accionante no vulnera sus
derechos fundamentales, pues la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda. no
conocía su delicado estado de salud. Al respecto, cabe
precisar que de conformidad con el criterio de la Sala Plena de esta
Corporación expuesto en la sentencia C-453 de 2002[29],
el Sistema General de Riesgos Profesionales se sustenta
en un régimen objetivo de responsabilidad que busca garantizar que con prescindencia
de consideraciones de orden subjetivo, los empleadores atiendan los
padecimientos de salud de sus trabajadores cuando aquellos sufran un accidente
de trabajo o una enfermedad profesional. En sentir de la Corte, “El fundamento
de dicho arreglo consiste en que los empleados ofrecen al empresario su fuerza
de trabajo en condiciones de subordinación de la cual surgen beneficios para
ambas partes; los cuales, no obstante, son particularmente provechosos para el
empleador. En consecuencia, como mecanismo para menguar los efectos que se
siguen de las condiciones de subordinación en las cuales se encuentran los
trabajadores, el ordenamiento ha ofrecido una especial protección a favor de
éstos, la cual adquiere contornos particulares en el caso de los riesgos
profesionales.[30]”
Así las cosas, aunque la enfermad
profesional que padece Myriam Concepción Parada se haya configurado con
anterioridad a su vinculación laboral a la sociedad accionada[31]
y la A.R.P. Colpatria haya reconocido y pagado a su favor una indemnización por
incapacidad permanente parcial en el año 2002[32], es claro que
su actual empleador es la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda. y que, en
consecuencia, esta es la empresa responsable de garantizar la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, en tanto es quien recibe
los beneficios directos de su fuerza de trabajo[33].
En conclusión, a la luz de la
jurisprudencia constitucional debe prosperar la pretensión de reintegro, toda
vez que (i) está probado que la actora se encuentra en circunstancia de
debilidad manifiesta pues padece una enfermedad profesional grave; (ii) no
existe prueba de que la presunta causal objetiva de desvinculación haya sido
verificada por la autoridad laboral competente y, por tanto, de que exista
autorización para despedir a la accionante; (iii) no existe prueba de que la
accionante no haya cumplido de manera adecuada las funciones para las cuales
fue contratada y (iv) aún subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral.
5.3.3 En tercer lugar, esta Sala
encuentra que con relación al estado de salud de la accionante, el 3 de diciembre de 2008, el médico neumólogo del Hospital
Universitario de la Samaritana, Doctor Enrique Prieto Diago, concluyó: “Paciente
con cuadro de disnea, silbilancias, tos de 10 años de evolución, (…) en
servicios de neumología con diagnóstico de Asma, en el momento sintomática
permanentemente. // (…) ANALISIS: Paciente con asma de muy alto riesgo… si
no suspende la exposición a su entorno laboral, incluso corre riesgo de
complicaciones graves.[34]” (Negrilla fuera
del texto original).
En consideración
al criterio médico trascrito y en aplicación de los fundamentos jurídicos de
esta sentencia, dado que la accionante no puede cumplir con las funciones para
las cuales fue inicialmente contratada, en el presente caso se debe atender la
recomendación de su reubicación laboral a un cargo que no interfiera con la recuperación
de su salud. Al respecto, es preciso reiterar que dicha reubicación implica la asignación de un trabajo que tenga los mismos o mayores
beneficios laborales al cargo ejercido antes de su desvinculación y la
capacitación necesaria para el adecuado desempeño de las nuevas funciones.
5.4 En suma, dado que se encuentra
demostrado que la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda. vulneró los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, la salud, la seguridad
social, el trabajo, el mínimo vital y la vida digna de Myriam Concepción
Parada, al no efectuar la renovación de su contrato de
trabajo a pesar de la enfermedad que la aqueja, esta Corporación deberá revocar las sentencias de tutela proferidas el 21 de enero
de 2009 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá y el 27 de febrero de
2009 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, dentro del presente
trámite.
En virtud de lo anterior, ordenará a
dicha sociedad que dentro del término de  las
48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el reintegro
laboral de la accionante a un cargo con iguales o mayores beneficios laborales
al cargo que ocupaba antes de su desvinculación, que sea acorde con sus actuales condiciones de salud y
en concordancia con el criterio de su médico tratante.
Para el cumplimiento de esa orden, se
debe precisar que el reconocimiento y pago de las prestaciones y demás
emolumentos que se deriven del reintegro de la accionante a la sociedad
accionada, deberán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues de acuerdo
con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la jurisprudencia
de esta Corporación, la acción de tutela resulta improcede frente a una
pretensión en ese sentido. Adicionalmente, la Sala estima necesario aclarar que
en este caso la salvaguarda de los derechos fundamentales invocados por la
actora, no implica que la orden de reintegro tenga efectos retroactivos con
relación a dichas prestaciones y emolumentos, pues como se dijo anteriormente,
para ello, su reconocimiento y pago deberán ser ordenados por un juez laboral.
Así, queda claro que para efectos de este fallo, la protección constitucional
sólo se extiende hasta la orden de reintegro de la accionante a un cargo con
iguales o mayores beneficios laborales al cargo que ocupaba antes de su
desvinculación.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las decisiones adoptadas el día veintiuno (21) de enero de 2009 por el
Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá y el día veintisiete (27) de febrero
de 2009 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, dentro del trámite
de la acción de tutela instaurada por Myriam Concepción Parada contra la
sociedad Creaciones La Baronesa Ltda., con vinculación oficiosa de la
Administradora de Riesgos Profesionales de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. y,
en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, la salud, la seguridad social, el trabajo, el
mínimo vital y la vida digna.
Segundo.- ORDENAR a la sociedad Creaciones La Baronesa Ltda. que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
efectúe el reintegro laboral de la accionante a un cargo acorde con sus actuales condiciones de salud, de
acuerdo con lo prescrito por su médico tratante y de conformidad con la parte
motiva de esta sentencia.
En cumplimiento de esta orden judicial,
el reintegro se deberá hacer a un cargo de igual o mayor jerarquía al que la
accionante venía desempeñando, de tal manera que sus nuevas funciones no
interfieran con la recuperación de su de salud.
Tercero.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Al respecto, se puede consultar el Convenio 159 de la Organización
Internacional del Trabajo, incorporado en el ordenamiento jurídico interno
mediante la Ley  82 de 1988.
[2] Sentencias T-992 de 2008, T-976 de 2008, T-953 de 2008, T-1083 de
2007, T-661 de 2006, T-530 de 2005, T-309 de 2005 y T-689 de 2004.
Sobre el
contenido del derecho a la estabilidad laboral reforzada, en la sentencia T-962
de 2008, la Corte señaló: “Al respecto, la
Corporación ha precisado que a la luz de la Constitución Política y las normas
que regulan la materia, en el marco del derecho fundamental al trabajo, a los
disminuidos físicos les asiste tres derechos esenciales: (i) tener las mimas
oportunidades para acceder a un empleo y gozar de todos los beneficios que se
desprenden de la ejecución del contrato de trabajo; (ii) permanecer en él mientras no se configure una causal objetiva que
justifique su desvinculación; y (iii) desempeñar
trabajos y funciones acordes con sus condiciones de salud que le permitan
acceder a los bienes y servicios necesarios para su subsistencia.” (Negrilla
fuera del texto original).
[3] En esta oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad de  la
expresión "salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo",
contenida en el inciso 1°. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Igualmente,
declaró la exequibilidad del inciso 2° del mismo artículo, “bajo el supuesto
de que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto
a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como
de especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos,
sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece de todo efecto jurídico
el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su
limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que
constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o
terminación del respectivo contrato.” (Negrilla fuera del texto
original).
[4] Este criterio encuentra respaldo en lo
previsto en el numeral 1° del artículo 1° del Convenio 159 de la Organización
Internacional del Trabajo, incorporado en el ordenamiento jurídico interno
mediante la Ley  82 de 1988: “A los efectos del presente convenio, se
entiende por "persona inválida" toda personas cuyas posibilidades de
obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden
substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o
mental debidamente reconocida.”
[5] En la sentencia T-263 2009, la Corte
tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital, la estabilidad laboral
reforzada, el trabajo y la seguridad social de una trabajadora que padecía
cáncer de mama. A pesar de su estado de salud, su empleador dio por terminado
el contrato de trabajo suscrito, con base en la culminación del período
convenido para el efecto. En esa oportunidad, al estimar que se encontraba establecido que la actora
padecía serios problemas de salud y que no existía prueba de que la presunta
causal objetiva de desvinculación hubiese sido verificada por la autoridad
laboral competente, la Corte
resolvió: “ORDENAR a la empresa de servicios temporales Acción S.A. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe el reintegro laboral de
la accionante a un
cargo acorde con sus actuales
condiciones de salud, de
acuerdo con lo prescrito por su médico tratante y de conformidad con la parte
motiva de esta sentencia. // En cumplimiento de esta orden judicial, el reintegro se deberá hacer a un cargo de igual o mayor
jerarquía al que la accionante venía desempeñando. En tal sentido, Acción S.A.
deberá darle la primera opción laboral que surja como resultado de la ejecución
de cualquier contrato de prestación de servicios de esa empresa y otra persona
natural o jurídica, y en caso de no existir dichos contratos, deberá
contratarla dentro de la misma empresa, de tal manera que sus labores no
interfieran con la recuperación de su estado de salud.”
En el
mismo sentido, en la sentencia T-513 de 2006, la Corte concedió la tutela
interpuesta por una trabajadora del la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá,
quien a pesar de padecer el Mal de Chagas fue despedida de su trabajo por la
estructuración de la entidad. En su decisión, al verificar la violación del
derecho fundamental de la accionante a la estabilidad laboral reforzada, la
Corte ordenó: “En consecuencia la E.S.E. accionada i) en las 48 horas
siguientes a la notificación de esta decisión dispondrá lo conducente para que
la actora sea valorada y asistida médicamente, dentro del estricto término que
los procedimientos médicos así lo indiquen; ii) conocida la valoración,
decidirá, en las 48 horas siguientes, sobre la adecuación de las condiciones de
trabajo, la reubicación o la desvinculación de la actora del cargo que ocupaba
el 31 de enero de 2005, para lo cual solicitará la intervención dispuesta en el
artículo 26 de la Ley 367 de 1997 e iniciará los trámites para que la señora
Figueroa Barón sea valorada con miras a que le sea reconocida la pensión
correspondiente, de ser ello necesario; y iii) adelantará, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta providencia, las gestiones dirigidas
a que la actora reciba el “equivalente a ciento ochenta días del salario”, a
título de indemnización, de conformidad con la misma disposición.”
[6] El artículo 5 de la Ley 361 de 1997 establece que para hacerse
acreedores a la protección legal especial que consagra, es necesaria la previa
calificación médica que acredite la discapacidad.  Dice: “Las personas con
limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al
Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado.
Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la
existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual
solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la
verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no
sea evidente.”
[7] Sentencia T-1083 de 2007. En esta oportunidad, esta Corporación
precisó:”La Sala considera pertinente esbozar
algunas consideraciones respecto del tipo de contratos de trabajo frente a los
cuales opera la estabilidad laboral reforzada consagrada a favor de los
discapacitados. Al respecto, cabe destacar que dicha protección no se aplica
exclusivamente a los contratos de trabajo celebrados por un término indefinido,
puesto que la jurisprudencia constitucional ha encontrado necesario hacer
extensiva la exigencia de autorización de la Oficina del Trabajo a las
hipótesis de no renovación de los contratos a término fijo. En tal sentido, se ha señalado que el vencimiento del plazo
inicialmente pactado o de una de las prórrogas, no constituye razón suficiente
para darlo por terminado, especialmente cuando el trabajador es sujeto de
especial protección constitucional. Para dar por terminado un contrato de
trabajo que involucra a un sujeto de especial protección y que, pese a haber
sido celebrado por un plazo determinado, de conformidad con el principio de
primacía de la realidad sobre las formas, envuelve una relación laboral cuyo objeto
aún no ha cesado, no basta el cumplimiento del plazo, sino que deberá
acreditarse además, el incumplimiento por parte del trabajador de las
obligaciones que le eran exigibles. Y es que, en última instancia, lo que
determina la posibilidad de dar por terminada la relación laboral en la que es
parte uno de estos sujetos es la autorización que para tal efecto confiera la
Oficina del Trabajo, entidad que para el efecto examinará, a la luz del
principio antes mencionado, si la decisión del empleador se funda en razones
del servicio y no en motivos discriminatorios, sin atender a la calificación
que formalmente se le halla dado al vínculo laboral.” (Negrilla fuera del texto original).
[8] Sobre el particular, en la sentencia C-016 de 1998, mediante la cual la Corte analizó la
constitucionalidad de los artículos 46 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo,
esta Corporación precisó: "[E]l sólo vencimiento del plazo
inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para
legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo
así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad,
en cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de mantener su empleo,
si de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y
de otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la
Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral.” (Negrilla fuera del
texto original).
[9] Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-263
de 2009, T-518 de 2008, T-1219 de 2005 y T-1040 de 2001.
[10] En la sentencia  T-449 de 2008, la Corte concluyó que en estos casos ”el juez estará en la obligación de
proteger los derechos fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia
del despido, obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario
reubicarlo, y en el caso de no haberse verificado el pago de la indemnización
prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá
igualmente condenar al empleador al pago de la misma.”
[11] Sobre el derecho a la reubicación laboral, se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-962 de 2008, T-504 de 2008, T-1183 de 2004, T-351
de 2003  y T-1040 de 2001.
[12] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1040 de 2001, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[13] Cfr. Fundamento jurídico 3.1 de esta sentencia.
[14] Sentencia T-1040 de 2001.
[15] Ibídem.
[16] Sobre la procedibilidad de la acción de tutela por ineficacia de
los medios ordinarios de defensa judicial, se puede consultar las sentencias
T-297 de 2009 y T-765 de 2008.
[17] Cfr. Folios 13, 29 a 32, 47, 80 a 83  y 107 del cuaderno 2.
[18] Cfr. Folios 20 y 67 del cuaderno 2.
[19] Cfr. Folios 7 y 8, 21, 37, 50 y 51, 68, 88 y 108 del
cuaderno 2.
[20] Cfr. Folios 33 y 34, 84 y 85 del cuaderno 2.
[21] Ibídem.
[22] Cfr. Folios 35 y 36 y 86 y 87 del cuaderno 2.
[23] Cfr. Folios 5, 48 y 116 del cuaderno 2.
[24] Cfr. Folios 10, 53 y 118 del cuaderno 2.
[25] Cfr. Fundamento jurídico 3.4 de esta sentencia.
[26] Ibídem.
[27] Cfr. Folios 119 a 148 del cuaderno 2.
[28] Cfr. Folios 105 a 106 del cuaderno 2.
[29] En esta
oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “cuando el
transporte lo suministre el empleador” contenida en el artículo 9 del
Decreto Ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y
administración del sistema de riesgos profesionales”.
[30] Sentencia T-219 de 2009.
[31] Cfr. Folios 29 a 32 y 80 a 83 del cuaderno 2.
[32] Cfr. Folios 150, 153, 169 y 170 del cuaderno 2.
[33] En este punto, se debe tener en cuenta que
de conformidad con los folios 9 y 52 del cuaderno 2, la actora remitió una carta
a su empleadora mediante la cual le informó que de acuerdo con su historia
clínica, padece asma de origen profesional.
[34] Cfr. Folios 20 y 67 del cuaderno 2.