C-336-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-336/08
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Deberes que le
impone el reconocimiento de la dignidad humana como su fundamento
Declarar que
la dignidad humana representa el primer fundamento del Estado social de derecho
implica consecuencias jurídicas a favor de la persona, como también deberes
positivos y de abstención para el Estado a quien corresponde velar porque ella
cuente con condiciones inmateriales y materiales adecuadas para el desarrollo
de su proyecto de vida. Por condiciones inmateriales se entienden los
requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive
espirituales que identifican a cada persona y que siendo intangibles e
inmanentes deben ser amparados por el Estado, pues de otra manera la persona
podría ser objeto de atentados contra su fuero íntimo y su particular manera de
concebir el mundo. Por condiciones materiales han de entenderse los
requerimientos tangibles que permiten a la persona vivir rodeada de bienes o de
cosas que, según sus posibilidades y necesidades, le permiten realizar su
particular proyecto de vida.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Núcleo esencial/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Alcance/DERECHO
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Vulneración
Como
consecuencia lógica del respeto por la dignidad de la persona se encuentra el
de libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial protege la
libertad general de acción, involucrando el derecho a la propia imagen y la
libertad sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad merecedoras de
protección. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, conocido también
como derecho a la autonomía e identidad personal, busca proteger la potestad
del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin
intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus
propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está,
que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional. Así, puede
afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia del individuo
para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad
conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar
un perjuicio social. Se configura una vulneración del derecho al libre
desarrollo de la personalidad cuando a la persona se le impide, de forma
arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y
escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia. Así, para
que una limitación al derecho individual al libre desarrollo de la personalidad
sea legítima y, por lo mismo no arbitraria, se requiere que goce de un
fundamento jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o
la facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas, sino que en
la necesaria ponderación valorativa se respete la jerarquía constitucional del
derecho fundamental mencionado.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Obligación que le implica al Estado
Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad
conlleva autonomía para los individuos en cuanto pueden adoptar la opción de
vida que consideren, el Estado debe brindar las condiciones para su ejercicio
disponiendo tratamientos jurídicos similares para todas las personas
independientemente de la orientación sexual que ostenten, pues la diferencia de
trato ante la ley basada exclusivamente en razón del la orientación sexual de
las personas, como lo ha recordado esta corporación, implica la negación de la
validez de su opción de vida y la sanción por el ejercicio de una alternativa
legítima, que se deriva directamente de su derecho de autodeterminación y de su
dignidad humana.
DIVERSIDAD SEXUAL-Protección
constitucional
Si bien por
razones históricas, culturales y sociológicas la Constitución Política de 1991
no hace alusión expresa a los derechos de los homosexuales, ello no significa
que éstos puedan ser desconocidos dado que, dentro del ámbito de la autonomía
personal, la diversidad sexual está claramente protegida por la Constitución,
precisamente porque la Carta, sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico
en el cual puedan coexistir las mas diversas formas de vida humana.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Expresión del
derecho a la seguridad social/PENSION DE SOBREVIVIENTES-Naturaleza y
finalidad
La pensión de sobrevivientes, antes denominado derecho a la
sustitución pensional, ha sido definida como una de las expresiones del derecho
a la seguridad social siendo una prestación que se genera a favor de las
personas que dependían económicamente de otra que fallece, y corresponde a una
garantía propia del sistema de seguridad social fundada en varios principios
constitucionales, entre ellos el de solidaridad que lleva a brindar estabilidad
económica y social a los allegados al causante; el de reciprocidad, por cuanto
de esta manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas una
prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que
mantuvieron con el causante; y el de universalidad del servicio público de la
seguridad social, toda vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la
órbita de protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de
mantener las condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del
causante. Asimismo, es uno de los mecanismos establecidos por el legislador
para realizar los derechos de previsión social; su finalidad es la de crear un
marco de protección para las personas que dependían afectiva y económicamente
del causante, permitiendo que puedan atender las necesidades propias de su
subsistencia y hacer frente a las contingencias derivadas de la muerte del
pensionado o afiliado. Como la pensión de invalidez, la pensión de
sobrevivientes es una institución de la seguridad social favorable a quienes se
encuentran en situación involuntaria e insufrible de necesidad y requieren un
tratamiento diferencial positivo o protector que les permita un reconocimiento
digno e igualitario por parte de la sociedad. Por esta razón, el ordenamiento
jurídico crea un determinado orden de prelación respecto de las personas
afectivamente más cercanas al causante, privilegiando a quienes más dependían
emocional y económicamente de él. Su naturaleza jurídica ha sido explicada en
los siguientes términos:
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL-Reglas generales/POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL-No es absoluta/PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Alcance
La potestad
de configuración del legislador debe someterse, entre otras, a un catálogo de
reglas generales como son: (i) el reconocimiento de la seguridad social como un
derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional y, a su
vez, (ii) como un servicio público obligatorio cuya dirección, control y manejo
se encuentra a cargo del Estado; (iii) se admite la posibilidad de autorizar su
prestación no sólo por entidades públicas sino también por particulares; (iv)
el sometimiento del conjunto del sistema a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, a los que el Acto legislativo 01 de 2005 añadió en
materia de pensiones el principio de sostenibilidad financiera. Precisándose
que la Corporación ha hecho énfasis en que la universalidad implica que toda
persona tiene que estar cobijada por el sistema de seguridad social y que no es
posible constitucionalmente que los textos legales excluyan grupos de personas,
pues ello implica una vulneración al principio de universalidad
PENSION DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS HOMOSEXUALES-Beneficiarios/PENSION DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS DEL MISMO
SEXO-Beneficiarios
A la luz de las disposiciones superiores, no aparece justificación
alguna que autorice un trato discriminatorio en virtud del cual las personas
que conforman parejas homosexuales no puedan acceder a la pensión de
sobrevivientes en las mismas condiciones que lo hacen quienes integran parejas
heterosexuales. Con el fin de remover el trato discriminatorio hacia las
parejas homosexuales en cuanto al beneficio de la pensión de sobrevivientes, la
protección otorgada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas
heterosexuales, debe ser ampliada a los compañeros y compañeras permanentes de
las parejas homosexuales, por cuanto no existe un fundamento razonable y
objetivo suficiente para explicar el trato desigual al que vienen siendo
sometidas las personas que en ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de
la personalidad y a la libertad de opción sexual, han decidido conformar una
pareja con una persona de su mismo género.
PENSION DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS HOMOSEXUALES-Reconocimiento no incide en sostenibilidad del sistema/PENSION
DE SOBREVIVIENTES EN PAREJAS HOMOSEXUALES-Orden de prelación
El reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes al compañero o compañera permanente en las parejas homosexuales
no desemboca en un desequilibrio financiero que impida la sostenibilidad
económica del sistema, por cuanto al ampliar la protección a estas personas
simplemente se está introduciendo una variante en el orden de prelación establecido
por la ley para el caso de la sustitución pensional; es decir, cuando
sobrevenga la muerte del pensionado o afiliado integrante de una pareja
homosexual, en adelante su compañero o compañera permanente tendrán el orden de
prelación que la ley prevé para cuando las parejas heterosexuales afrontan la
misma contingencia.
COMPAÑERO O COMPAÑERA DEL MISMO SEXO-Forma
de acreditar la condición de pareja para ser beneficiario de la pensión de
sobrevivientes
En el
ordenamiento jurídico, la pensión de sobrevivientes se reconoce en el régimen
solidario de prima media con prestación definida y en el de ahorro individual
con solidaridad, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en la
ley, particularmente en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Al resultar extensivos
los efectos de estas normas a las parejas integradas con personas del mismo
sexo, a los compañeros o compañeras del mismo sexo les corresponde acreditar su
condición de pareja, para lo cual deberán acudir ante un notario para expresar
la voluntad de conformar una pareja singular y permanente, que permita predicar
la existencia de una relación afectiva y económica responsable, de la cual
posteriormente pueden derivar prestaciones de una entidad tan noble y altruista
como la correspondiente a la pensión de sobrevivientes. En efecto, para acceder
a la pensión de sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo deben acreditar
dicha condición en los términos señalados en la sentencia C-521 de 2007 para
las parejas heterosexuales.
Referencia: expediente D-6947
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) de
la ley 54 de 1990; 47 (parcial), 74 (parcial) y 163 (parcial) de la ley 100 de
1993.
Actor: Rodrigo Uprimny Yepes y Otros
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere
la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El ciudadano Rodrigo Uprimny Yepes y otros, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6
y 242-1 de la Constitución Política, presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º. (parcial) de la ley 54 de 1990; 47
(parcial), 74 (parcial) y 163 (parcial) de la ley 100 de 1993.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, previo concepto del Procurador General de la Nación, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LAS
NORMAS DEMANDADAS
A continuación
se transcribe el texto de las normas, subrayando los apartes demandados:
“LEY
54 DE 1990
(diciembre
28)
por
la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre
compañeros permanentes.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1o.
A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se
denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que
sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular.
Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y
compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital
de hecho”.
“LEY 100 DE 1993
(Diciembre 23)
Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones
(…)
ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES.
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de
edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la
compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero
o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del
presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al
tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota
parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante si dependían económicamente de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los
hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se
requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el
establecido en el Código Civil.
(…)
ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES.
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es
el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de
edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la
compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo
a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un
compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no
disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales
a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota
parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y
cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres
del causante si dependían económicamente de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los
hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se
requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el
establecido en el Código Civil.
(…)
ARTÍCULO 163. LA COBERTURA FAMILIAR. El Plan de Salud Obligatorio de Salud
tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del
Sistema el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del
afiliado; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga
parte del núcleo familiar y que dependan económicamente de éste; los hijos
mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25
años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del
afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos
con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del
afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional
reglamentará la inclusión de los hijos que, por su incapacidad permanente,
hagan parte de la cobertura familiar.
PARÁGRAFO 2o. Todo niño que nazca después
de la vigencia de la presente Ley quedará automáticamente como beneficiario de la
Entidad Promotora de Salud a la cual esté afiliada su madre. El Sistema General
de Seguridad Social en Salud reconocerá a la Entidad Promotora de Salud la
Unidad de Pago por Capitación correspondiente, de conformidad con lo previsto
en el artículo 161 de la presente
Ley”.
III. LA
DEMANDA
Para los
demandantes, los textos impugnados desconocen lo dispuesto en los artículos 1,
13, 16, 48, 49 y 93 de la Constitución Política.
Con la demanda
los accionantes pretenden cuestionar la constitucionalidad de las normas
acusadas, por cuanto ellas no extienden a las parejas homosexuales la
protección que en materia de seguridad social se reconoce a las parejas
heterosexuales. Los demandantes sintetizan sus argumentos en seis ítems, así:
Primero: Con la
Sentencia C-075 de 2007, el precedente constitucional en materia de parejas
homosexuales cambió, pues en esta sentencia la Corte decidió que el régimen
patrimonial de la unión marital de hecho, previsto para las parejas
heterosexuales, debía ser extendido a las parejas conformadas por personas del
mismo sexo. Explican que según el precedente la exclusión de las parejas del
mismo sexo de los beneficios otorgados a las parejas heterosexuales, en
especial del régimen de seguridad social, estaban justificados cuando estos
beneficios tenían el propósito de proteger a la familia. Con la sentencia C-075
de 2007, esta justificación es insuficiente para no extender los beneficios
concedidos a las parejas heterosexuales a las parejas del mismo sexo, por
cuanto en la mencionada sentencia estableció que todo tratamiento diferenciado
motivado en la orientación sexual debe ser analizado mediante un control
constitucional estricto.
Agregan que la
sentencia C-075 de 2007 estableció que si bien el legislador no está obligado a
aplicar el mismo régimen de protección a las parejas heterosexuales y
homosexuales, sí es un imperativo constitucional garantizar un mínimo de
protección a estas parejas, ya que presentan requerimientos de protección
análogos a los de las parejas heterosexuales.
Segundo: La
demanda está basada en la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en el caso X contra Colombia de 14 de mayo de 2007, mediante la
cual se resolvió el caso de un ciudadano colombiano que dependía económicamente
de su compañero fallecido y a quien las autoridades negaron su petición de
sustitución pensional, por considerar que la misma sólo era aplicable a parejas
heterosexuales. El Comité concluyó que el Estado colombiano había violado el
artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negar al
actor el derecho a la sustitución pensional de su compañero permanente sin
aportar argumento o prueba en virtud del cual se demostrara que la distinción
entre compañeros del mismo sexo y compañeros heterosexuales no casados era
razonable y objetiva.
Según los
accionantes, el Comité estableció que el actor “tiene derecho a un recurso
efectivo, incluso a que se vuelva a examinar su solicitud sin discriminación
fundada en motivos de sexo u orientación sexual” y que “el Estado parte
tiene la obligación de adoptar medidas para impedir que se cometan violaciones
análogas del Pacto en el futuro”.
Tercero: Para
los actores, las normas acusadas vulneran el artículo 13 de la Carta Política
por cuanto excluyen a las parejas homosexuales del régimen de protección de
seguridad social que es ofrecido a las parejas heterosexuales, exclusión
fundada en la orientación sexual de las personas que componen aquellas parejas,
lo cual constituye un criterio sospechoso de diferenciación.
Cuarto: En concepto
de los accionantes, los apartes atacados vulneran el artículo 48 de la Constitución
Política, por cuanto la exclusión de las parejas homosexuales de los beneficios
del régimen de seguridad social otorgados a las parejas heterosexuales,
significa desconocimiento del derecho a la seguridad social.
Quinto: Agregan
los demandantes que las normas violadas comportan una vulneración a la dignidad
humana de las personas homosexuales que conforman parejas, pues la distinción
entre la opción heterosexual y homosexual reduce la posibilidad de los
homosexuales de vivir plenamente su opción de vida, si se tiene en cuenta que
el Estado no sólo debe asumir una actitud neutral frente a la opción de buen
vivir de los ciudadanos, sino la adopción de acciones positivas para garantizar
la realización efectiva de las distintas opciones de vida frente al orden
jurídico y la sociedad.
Sexto: Como
último argumento los actores expresan que el letargo legislativo en esta
materia ha impedido la aprobación de la ley que regule los derechos de las
parejas homosexuales en asuntos patrimoniales y de seguridad social. En su
criterio, la mayoría política hace caso omiso a los argumentos constitucionales
y de convivencia que justifican el reconocimiento del derecho a la seguridad
social de las parejas del mismo sexo.
IV.
INTERVENCIONES
De conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991, el proceso fue fijado en lista el
28 de septiembre de 2007 por el término de diez (10) días; según la constancia
secretarial (Fl. 209 del expediente), este término venció el once (11) de
octubre de 2007 y durante el mismo se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.
Helen Elizabeth Ibáñez y otros
Los
intervinientes solicitan a la Corte Constitucional que declare exequibles las
expresiones demandadas. En relación con el artículo 1º. de la Ley 54 de 1990,
aplicable al régimen patrimonial de la familia, encuentran que el soporte está
en el artículo 42 de la Carta Política y agregan que este precepto no
discrimina a las parejas homosexuales. A sus argumentos añaden lo dispuesto en la
Sentencia C-075 de 2007, según la cual en materia de derechos patrimoniales la
expresión compañero y/o compañera permanente debe extenderse a las parejas del
mismo sexo, sin que ello signifique la desnaturalización de la expresión “unión
marital”, que exige la unión entre un hombre y una mujer.
Para los
intervinientes, mediante la Sentencia C-811 de 2007, la Corte Constitucional
falló sobre la materia, razón por la cual ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada respecto del artículo 163 de la Ley 100 de 1993. Consideran, además,
que los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 deben ser declarados exequibles
en virtud del principio de unidad de materia, pues entre ambos existe una
relación lógica, jurídica e íntima con el artículo 163 de la Ley 100 de 1993,
declarado exequible mediante la Sentencia C-811 de 2007.
2.
Comisión colombiana de juristas
Para la
Comisión, al no extender a las parejas homosexuales los beneficios que en
materia de seguridad social otorga a las parejas heterosexuales, la
normatividad desconoce los derechos fundamentales a la dignidad, igualdad,
libre desarrollo de la personalidad, el carácter de servicio público de la
seguridad social y la atención en salud y el mejoramiento de la calidad de vida
como finalidad del Estado.
Considera el
interviniente que el fundamento de la exequibilidad de las normas parcialmente
demandas en el presente caso se encuentra en las Sentencias C-075 de 2007 y
C-811 de 2007. En la primera de ellas, la jurisprudencia señaló que las parejas
homosexuales que cumplan con las condiciones previstas en la Ley para las
uniones maritales de hecho pueden acceder al régimen de protección previsto en la
Ley 100 de 1993, para que esta parejas queden amparadas por la presunción de
sociedad patrimonial y sus integrantes pueden acudir a los medios previstos en
la ley para establecerla cuando lo consideren necesario.
Reitera el
vocero de la Comisión que así como la protección de las parejas conformadas por
personas del mismo sexo ha sido reconocida con la misma importancia que se ha
otorgado al reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales
individualmente consideradas, se debe extender la pensión de sobrevivientes que
se otorga al cónyuge o compañero permanente heterosexual al compañero
homosexual.
3.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
En concepto del
Ministerio las normas atacadas son exequibles. En primer lugar, exponen las
representantes del organismo que el legislador goza de libertad para configurar
el sistema de seguridad social y establecer las condiciones para el acceso a
estos servicios, pues la Constitución Política atribuye al Congreso la facultad
de hacer efectivo el derecho a la seguridad social mediante la expedición de
leyes que aseguren el cumplimiento de los principios en ella consagrados.
En esta medida,
continúan las representantes del Ministerio, el legislador es competente para
definir a cuales personas se extienden los beneficios que otorga la seguridad
social y en qué condiciones se confieren los mismos, bajo el concepto de
familia previsto en el artículo 42 de la Carta Política. Agregan que el
Legislador hizo congruente la aplicación del principio de solidaridad con las
necesidades financieras del sistema, pues con un aporte se garantizan los
beneficios para todos sus afiliados.
Acerca de la
sostenibilidad financiera del sistema, el interviniente expresa: “… es claro
que los beneficios de la seguridad social se concretan y estructuran en los
términos en que el Legislador así lo disponga. Por ello, las leyes y normas,
que regulan la seguridad social, deben tener en cuenta aspectos presupuestales
y financieros, sin los cuales no podrían hacerse efectivos los derechos
prestacionales y por tanto, materializarse acorde con los procesos de
planificación económica y principios presupuestales, como lo ha señalado la H.
Corte Constitucional”.
En segundo
lugar, como argumento a favor de la exequibilidad de las normas demandadas, las
representantes del Ministerio recuerdan que este organismo intervino durante el
trámite del Acto Legislativo 01 de 2005 y en relación con las pensiones otorgó
su aval bajo el supuesto que el proyecto no afectara la sostenibilidad
financiera del sistema general de pensiones, para lo cual, refiriéndose a las
parejas del mismo sexo, señaló que era necesario hacer extensivos los
mecanismos de acreditación previstos en la ley 979 de 2005, para introducir
mecanismos tendientes a la verificación de la condición de la pareja para
preservar la eficiencia en la asignación de los recursos.
En tercer lugar,
considera el interviniente que el derecho a la igualdad no resulta vulnerado si
se tiene en cuenta que en la Sentencia SU-623 de 2001, la Corte Constitucional
expresó que la decisión de no incluir a grupos homosexuales como beneficiarios
del sistema de seguridad social en pensiones no resulta violatoria del derecho
a la igualdad, pues la situación de marginación o de rechazo que generan estos
grupos no significan la obligación estatal de compensarlos mediante la
asignación de beneficios sociales.
Como cuarto y
último argumento, el Ministerio manifiesta que ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional frente a los artículos 1º. de la Ley 54 de 1990 y
163 de la Ley 100 de 1993, para concluir que así se declare por la
Constitucional.
4.
Ministerio de la Protección Social
El representante
del Ministerio considera que las normas parcialmente atacadas son exequibles, teniendo
en cuenta la potestad del legislador para configurar el servicio público de la
seguridad social, lo cual permite al legislador establecer beneficios a favor
de las parejas homosexuales, beneficios que aún no han sido reconocidos por lo
cual no se puede desconocer la legislación vigente.
Para el
Ministerio, la legislación vigente ampara a las parejas integradas por personas
de diferente sexo respecto de los beneficios derivados de la pensión de
sobrevivencia, sin discriminar a otros segmentos de la población, por cuanto la
norma en vigor deriva del deber de proteger a la familia ante el fallecimiento
de la persona que proveía los recursos para su sostenimiento, entendiéndose la
familia en los términos previstos en el artículo 42 de la Carta Política.
Concluye
expresando el vocero del Ministerio: “… las parejas conformadas por personas
del mismo sexo, se repite, no se encuentran comprendidas dentro de la
definición de familia, que sirve de sustento para la consagración legal de este
derecho, sin que sea posible equipararlas con las parejas heterosexuales”.
5.
Germán Rincón Perfetti
El ciudadano
Rincón Perffeti, quien se presenta para intervenir en calidad de hombre
homosexual, coadyuva la demanda expresando que él hace parte de un grupo
tradicionalmente discriminado y sometido a la aplicación de la teoría de los
criterios sospechosos. Menciona el artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, y expresa que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha
pronunciado a favor de las parejas homosexuales con carácter vinculante para la
Corte Constitucional. Cita algunas decisiones de este Comité pronunciadas,
según él, a favor de los homosexuales.
El interviniente
menciona varios procesos en los cuales ha actuado como actor con resultados
exitosos, pero no fundamenta sus conceptos en el texto de la Constitución
Política. Concluye solicitando a la Corte Constitucional que resuelva como lo
han hecho los jueces ante los cuales él ha obtenido decisiones favorables.
6.
Amparo Bahamón Díaz y otro
La señora
Bahamón narra su relación con una persona del mismo género y manifiesta que
luego de la sentencia de la Corte Constitucional constituyeron entre ambas una
sociedad patrimonial después de 27 años de convivencia como pareja estable. Da
cuenta de algunos hechos que, según ella, le obligaron a abandonar empleos y
lugares de trabajo por ser considerada lesbiana.
Según su relato,
ha obtenido el reconocimiento de la pensión de jubilación, padece cáncer de
seno, a su muerte aspira a sustituir la pensión a su leal y calida amiga,
compañera o pareja, para lo cual invoca la comprensión de la Corte Constitucional.
7.
Esteban Restrepo Saldarriaga
El ciudadano
Restrepo Saldarriaga relata el trámite seguido por el proyecto de Ley No. 130
de 2005 Senado, 152 de 2006 Cámara, para concluir que en la conciliación del
texto se presentó una situación arbitraria e injusta por parte del Congreso de la
República, al cabo de la cual se archivó el proyecto. Debido a que la
iniciativa no se convirtió en Ley, considera el interviniente que se presenta
una omisión legislativa en la protección al derecho a la representación
política de las parejas del mismo sexo.
Con los actos
ocurridos durante el trámite del proyecto de Ley, en concepto del
interviniente, se desconoció el derecho a la representación política de las
parejas homosexuales y de las minorías políticas.
Concluye el
ciudadano Esteban Restrepo Saldarriaga manifestando que al Congreso han sido
llevados en cinco ocasiones proyectos de Ley referentes a la protección del
derecho a la seguridad social de las parejas del mismo sexo y el último intento
fue frustrado, lo cual demuestra la incapacidad del Congreso como garante de
tales derechos y la falta de voluntad política de los miembros de esa
Corporación. Añade que ante la desidia legislativa, la Corte Constitucional es
la llamada a proteger los derechos de las parejas homosexuales.
8.
José Felix Cataño Molina
El ciudadano
Cataño Molina expone algunos criterios a favor de la demanda para que se logre
extender el derecho de la sustitución pensional a las parejas homosexuales
debidamente legalizadas. Considera que a la muerte del integrante de una
pareja, como ocurre con la heterosexual, aplicando el principio de igualdad, el
compañero sobreviviente puede gozar de la sustitución pensional.
En el caso de
pensiones de sobrevivencia sólo se presentaría el cambio de un beneficiario por
otro o los beneficios se repartirían entre más personas, siendo esto más justo
por permitir a las personas más allegadas ser beneficiadas y no una persona sin
vínculo amoroso o sexual. En cuanto a los costos financieros, estima el
interviniente que los mismos pueden ser diferidos sin traumatismos a medida que
el crecimiento económico de la nación se logre en un ambiente de control de la
natalidad y crecimiento de la productividad económica.
9. Roger Mauricio Noguera Rojas
El ciudadano
Noguera Rojas interviene para coadyuvar la demanda, particularmente en lo
relacionado con el derecho a la pensión de sobreviviente de parejas del mismo
sexo, basando su exposición en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
especial la atinente al reconocimiento del derecho a la seguridad social para
este tipo de uniones.
El interviniente
recuerda que la Sentencia C-075 de 2007, reconoció que las parejas del mismo
sexo tienen iguales derechos que las parejas heterosexuales, dando un paso más
en la realización del Estado social de derecho. También cita la sentencia C-811
de 2007, señalando que la jurisprudencia ha sido favorable a los derechos de
las parejas del mismo sexo, supliendo las reiteradas falencias del Congreso de la
República en la tarea de proteger los derechos de las minorías sexuales, aún
cuando continúan pendientes derechos para ser protegidos tales como la
seguridad social en lo referente a pensiones.
Para el
ciudadano Noguera Rojas, reconocer a parejas del mismo sexo el derecho a la
pensión de sobreviviente, sólo constituye un cambio en el orden de
beneficiarios de la sustitución, pues ya no serían los padres, sino el
compañero(a) permanente del causante quien recibiría el beneficio, lo cual
constituye un cambio insignificante para el sistema de seguridad social, pero
significativo para los derechos de las minorías sexuales, entre ellos el
derecho al mínimo vital.
Luego de citar
la sentencia C-111 de 2006, concluye el interviniente que la sustitución
pensional no acarrea nuevos gastos económicos, por cuanto sólo cambia el orden
de beneficiarios y aún en el caso de que existieran tales gastos la Corte
Constitucional ha manifestado que estos derechos son los que realizan el
principio de solidaridad en el marco del Estado social de derecho.
10.
Human Rights Watch
La organización
Human Rights Watch puso a consideración de la Corte Constitucional el amicus
curiae preparado por esta Organización en relación con el asunto de la
referencia.
El documento
consta de cuatro (4) páginas, fue recibido en la Secretaría de la Corte
Constitucional el 11 de octubre de 2007 y está escrito en inglés, razón por lo
cual no puede ser sometido a consideración de la Corporación.
11.
María Andrea López Guzmán
La interviniente
se dirige a la Corte para poner a consideración el amicus curiae preparado
por la organización brasileña CONECTAS DERECHOS HUMANOS en apoyo a la
demanda. Precisa que se trata de una organización brasileña, no económica y con
objetivos no lucrativos, calificada como Organización de la Sociedad Civil de
Interés Público, inscrita en el registro nacional de personas jurídicas con
sede en la calle Pamplona de San Pablo.
El documento
aportado por la interviniente está referido a distintos estudios sobre la
homosexualidad, según los cuales la existencia de parejas homosexuales en el
mundo es una realidad que la sociedad ha venido aceptando gradualmente, pero
que aún carece de reglamentación legal y como consecuencia de esto, se
restringe el ejercicio de los derechos fundamentales de personas que mantienen
relaciones homosexuales que, por lo mismo, están impedidas de obtener el
reconocimiento oficial de sus uniones.
El documento
aporta un listado de los países en donde se permite el matrimonio entre
personas del mismo sexo y critica a aquellos que consideran delito el hecho de
mantener relaciones con otras personas del mismo género, llegando la sanción
hasta la pena de muerte. El texto da cuenta del régimen jurídico brasileño
sobre la materia, explicando que la falta de regulación para personas que
mantienen relaciones homoafectivas deja muchas personas sin el respaldo y la
debida protección del Estado, permitiendo al juez buscar la integración entre
el derecho y la realidad.
CONECTAS afirma que la jurisprudencia del Brasil permite que parejas
homosexuales tengan asegurados los mismos derechos que las parejas
heterosexuales, a pesar de que la Ley dispone que solamente sería entidad
familiar la unión estable entre hombres y mujeres; sin embargo, la realidad
muestra que antes de las sociedades de hecho se constituyen sociedades de
afecto que cuentan con entidad semejante a la que caracteriza a las parejas
heterosexuales.
12. Sisma Mujer
La Corporación
Sisma Mujer, Organización de la Sociedad Civil Colombiana, dedicada a la
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, interviene para
coadyuvar los argumentos de la demanda. Para la Organización, la Corte puede
examinar la constitucionalidad de las normas demandadas pese a que la ley 54 de
1990, ya tuvo un examen que dio lugar a la sentencia C-098 de 1996; es decir,
ha operado el fenómeno de la cosa juzgada relativa pues la Corte sólo se
pronuncio frente a los cargos presentados, haciendo un examen parcial y no
integral, condicionando la exequibilidad a la existencia de otra demanda en la
que se lograra probar que con la ley demandada se había consagrado un
privilegio ilegítimo a favor de las parejas heterosexuales.
También la Corte
se pronunció sobre la materia mediante la sentencia C-075 de 2007, al declarar
exequible parte de la ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 de 2005, en el
entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica a las parejas
homosexuales. Considera la Organización que tampoco opera el principio de cosa
juzgada, pues la Corte no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del
conjunto normativo conformado por las disposiciones demandadas.
Al coadyuvar la
pretensión de la declaratoria de inexequibilidad condicionada de las
expresiones “compañero permanente” y “compañera permanente” contenidas en los
artículos 47, 74 y 163 de la Ley 100 de 1993, y de la expresión “familiar” contenida
en el artículo 163 de la ley 100 de 1993, se logrará que ellas sean
consideradas constitucionales bajo el entendido que el régimen de protección en
materia de seguridad social es también aplicable a las parejas homosexuales. De
esta manera, se busca adecuar la norma al principio de igualdad material con el
fin que se incluya en el concepto de unión marital de hecho a las parejas
homosexuales y lésbicas, para que no se limite solamente a las parejas
heterosexuales.
Considera la
Organización que las expresiones atacadas vulneran el derecho a la igualdad y a
la no discriminación, principio fundamental de los derechos humanos que
garantiza a todos los hombres y mujeres el goce de sus derechos sin distinción
alguna. De otra parte, Sisma Mujer considera que los apartes demandados
vulneran el derecho a la dignidad humana, principio inherente al ser humano que
se presenta como un llamado al respeto incondicionado y absoluto, el derecho de
autodeterminarse y vivir bajo los parámetros establecidos por esa
autodeterminación, en condiciones dignas. Las normas demandadas desconocen este
principio, pues limitan el ejercicio de los derechos civiles de las parejas del
mismo sexo, puesto que castigan su elección de vida impidiendo la
reivindicación de sus derechos con las parejas heterosexuales.
Por otra parte, la
Organización interviniente considera que las expresiones atacadas atentan
contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, definido como la
libertad individual para tomar decisiones que conciernen y afectan el
desarrollo de la personalidad y la libertad para emprender las actividades
individuales o sociales que le permitan a la persona proyectar su visión de sí
misma. Las expresiones demandadas desconocen la posibilidad de manifestar y
proyectar esta visión por la discriminación, el trato diferenciado y el
reproche social al que son sometidos los integrantes de parejas homosexuales.
También
considera la Organización que las expresiones impugnadas desconocen derechos
económicos, sociales y culturales entre los cuales se encuentra el derecho a la
seguridad social. Este derecho está consagrado en la Constitución Política y ha
sido definido en instrumentos internacionales tales como los convenios de la
OIT y los instrumentos de la ONU, con argumentos confirmados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional Sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Toda persona sin distingo
debe gozar del derecho de la seguridad social con independencia de su
orientación sexual o identidad de género en igualdad de condiciones que las
viudas provenientes de matrimonios legalmente constituidos o de uniones
heterosexuales, homosexuales y lésbicas, para efectos de obtener el beneficio
de pensión por fallecimiento del cónyuge o conviviente.
Con fundamento
en los argumentos citados, Sisma Mujer solicita a la Corte Constitucional que
declare inexequibles los apartes demandados, para evitar que subsista el estado
de desigualdad que en nuestra sociedad es latente persistente y agobiante.
13. Beatriz Quintero y otro
Intervienen en
representación de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, para coadyuvar
los argumentos de la demanda. Comienzan recordando la sentencia C-075 de 2007,
mediante la cual se estableció que el tratamiento distinto de las parejas
homosexuales con respecto a las parejas heterosexuales debe ser examinado a
través de un control de constitucionalidad estricto, para garantizar que el
desarrollo pleno de las personas homosexuales no sea coartado por la ausencia
de reconocimiento de la dimensión de la pareja. En su concepto, en correlación
con la sentencia C-075 de 2007, la sentencia C-811 de 2007, estableció que los
principios de protección que inspiraron dicho fallo son aplicables al caso del
artículo 163 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la norma demandada presenta un
“déficit de protección”, en contra de la pareja del mismo sexo que dependen
económicamente de su pareja y no tienen posibilidad de ingresar al sistema de
seguridad social en salud en el régimen contributivo.
Para las intervinientes,
los dos fallos reseñados configuran un precedente constitucional favorable a
las parejas del mismo sexo en materia de derechos patrimoniales y derecho a la
salud. En su criterio, se debe declarar condicionalmente exequible el artículo
47 y el 74 sobre pensión con ahorro individual, bajo el entendido que debe ser
extensivo a parejas del mismo sexo, para evitar contingencias económicas
derivadas de la muerte.
En materia de
seguridad social, añaden las intervinientes que se trata de un servicio que
goza de ciertas características básicas, a las cuales refiere la sentencia
C-1094 de 2003, por medio de la cual se estudiaron los requisitos de
temporalidad y permanencia exigidos a la compañera permanente para ser beneficiaria
a la pensión de sobreviviente. En concepto de la Organización que interviene,
la protección que persigue el sistema de seguridad social debe ser extensiva a
las parejas del mismo sexo, en tanto se encuentran en la misma situación de
indefensión o dependencia económica que una pareja heterosexual.
De otra parte,
consideran que en nuestra sociedad existen patrones de discriminación contra la
mujer en diferentes esferas del derecho. Así, las mujeres lesbianas y
bisexuales, por el hecho de ser mujeres, se ven doblemente discriminadas en
situaciones como el acceso a la seguridad social en pensiones, tienen menos
posibilidades a acceder a un empleo, su salario es proporcionalmente menor que
el percibido por un hombre y no pueden afiliar a sus parejas al sistema de
seguridad social quedando obligadas a pagar doble y sin derecho al amparo
contra contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.
Finalmente,
solicitan a la Corte tener en cuenta las fuentes de derecho internacional
relevantes sobre los derechos de parejas homosexuales en materia de seguridad
social, basando esta petición en el bloque de constitucionalidad.
14. Corporación colectivo de abogados
La Corporación
interviene para coadyuvar la demanda, se refiere al “test duro de
proporcionalidad”, citando la sentencia C-075 de 2007, en virtud de la cual la
Corte extendió el régimen patrimonial de la unión marital de hecho a parejas
homosexuales, considerando que restringirlo a parejas heterosexuales desbordaba
la libertad de configuración del legislador.
En su criterio,
la demanda toma como base lo dicho por la Corte Constitucional al señalar que
en caso de tratos diferenciados por razón de la opción sexual el control de
constitucionalidad requiere un carácter fuerte que plantea los siguientes
pasos: 1. La medida diferenciadora busca alcanzar un objetivo constitucionalmente
imperioso; 2. Es necesaria para cumplir con ese objetivo y 3. Es proporcionada.
El interviniente
reitera los argumentos de la demanda basados en el respeto por el bloque de
constitucionalidad, pero aclara que el mismo no está conformado con las interpretaciones
que de los instrumentos internacionales hagan los órganos autorizados; es
decir, excluir de un análisis interno los mismos es un contrasentido, pues son
ellos los que señalan las pautas de aplicación y el contenido de los derechos
que incorporan.
15. Mauricio Albarracín Caballero y otros
Como activistas
del movimiento social de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT) e
integrantes del comité de impulso de parejas del mismo sexo, intervienen para
coadyuvar la demanda.
Expresan que coinciden
con los argumentos expuestos por los accionantes y que pretenden ilustrar a la
Corte Constitucional sobre las distintas actividades de exigibilidad de
derechos realizadas por el movimiento que representan. Manifiestan que
incidieron en el Congreso de la República a través del Comité y del grupo LGBT,
consiguiendo que el Partido Polo Democrático Alternativo y la Organización
Colombia Diversa participaran en favor de su proyecto.
La intervención
del grupo LGBT menciona las acciones realizadas ante el Congreso a través de la
Senadora Piedad Córdoba; da cuenta de las acciones a favor de los proyectos de
ley relacionados con la misma materia y que hicieron curso en las cámaras
legislativas, y concluye reseñando las informaciones de prensa y reacciones de
opinión ante el hundimiento del proyecto de ley de parejas del mismo sexo.
Además, hacen referencia a la reacción favorable de la opinión pública y de las
instituciones a las sentencias de la Corte Constitucional que reconocieron los
derechos patrimoniales y de afiliación en salud a las parejas homosexuales.
Los
intervinientes aportan documentación sobre lo que consideran ha sido su
participación e injerencia en el trámite de los proyectos de ley presentados
ante el Congreso, relacionados con la protección a las parejas integradas con
personas del mismo sexo. Como prueba de su gestión anexan los siguientes
documentos:
1.    Materiales de cabildeo Colombia Diversa.
2.    Informaciones de prensa escrita relativas a la reacción de la
opinión pública ante el hundimiento del proyecto de ley de parejas del mismo
sexo.
3.    Informaciones de radio y televisión relativas a la reacción de la
opinión pública ante el hundimiento del proyecto de ley de parejas del mismo
sexo (1 DVD).
4.    Informaciones de prensa escrita relativas a las sentencias C-075 y
C-811 de 2007, por las cuales se reconocen derechos patrimoniales y de
afiliación en salud a las parejas del mismo sexo.
5.    Informaciones de radio y televisión relativas a las sentencias C-075
y C-811 de 2007, por las cuales s e reconocen derechos patrimoniales y de
afiliación en salud a las parejas del mismo sexo (1 DVD).
6.    Documentos implementación Sentencia C-075 de 2007:
1.
Instrucción No. 10 Superintendencia de Notariado
y Registro
2.
Circular No. 5 Ministerio del Interior y de
Justicia
3.
Cartas Consejo Superior de la Judicatura
4.
Carta de Colombia Diversa solicitando la
implementación de la sentencia C-075 de 2007.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Al analizar las
normas parcialmente acusadas, el Jefe del Ministerio Público recuerda la
importancia jurídica de examinar e interpretar las normas a la luz de los
valores, principios y reglas constitucionales, como también teniendo en cuenta
los pronunciamientos de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Inicia su estudio refiriéndose
a las expresiones contenidas en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
parcialmente acusados en el presente caso.
Para el
Ministerio Público el análisis empieza por lo dispuesto en el artículo 13 de la
Constitución Política que proscribe cualquier forma de discriminación con base
en el sexo, lo cual encuentra respaldo en tratados y convenios sobre derechos
humanos ratificados por Colombia, los cuales, tal como lo prevé el artículo 93
superior, prevalecen en el orden interno y son criterio interpretativo de los
derechos constitucionales.
En su concepto,
toda discriminación a las personas por razón de su orientación sexual resulta
contraria a la dignidad humana, dignidad que resulta de la decisión de mostrar
capacidad de elegir y de la autonomía de la persona. Para el Procurador General
de la Nación, la conducta y el comportamiento homosexual tienen el carácter de
manifestaciones, inclinaciones, orientaciones y opciones validas y legítimas de
las personas, por lo cual carecería de sentido que la autodeterminación sexual
quede por fuera de los linderos de los derechos al reconocimiento de las
personalidad y a su libre desarrollo, toda vez que la identidad y la conducta
sexuales ocupan en el desarrollo del ser y en el despliegue de su libertad un
lugar decisivo.
Continúa su
exposición el Jefe del Ministerio Público recordando como a partir de la
Sentencia C-075 de 2007, el régimen de protección contenido en la Ley 54 de
1990 se aplica también a las parejas homosexuales, por lo cual resulta
imposible continuar interpretando las normas acusadas privando a las personas
homosexuales o a las parejas homosexuales de los derechos que
constitucionalmente les han sido reconocidos.
Para la Vista
Fiscal, no es posible dentro de un Estado Social de Derecho privar a un grupo
de ciudadanos que deciden conformar una pareja con persona de su mismo sexo, de
los derechos que le son reconocidos a los demás ciudadanos, únicamente debido a
su orientación sexual. Agrega que los derechos de las personas y parejas de un
mismo sexo comportan deberes que el Estado debe cumplir a su favor y que tocan
directamente con la dignidad humana y los derechos a la seguridad social, al
libre desarrollo de la personalidad y a la vida.
Acerca de las
implicaciones de la Sentencia C-075 de 2007 sobre la interpretación de los
artículos 1º. de la Ley 54 de 1990, 47, 74 y 163 de la Ley 100 de 1993,
considera la Vista Fiscal que mediante este pronunciamiento la Corte confirió a
las parejas del mismo sexo una equiparación con las parejas heterosexuales
extendiendo a las primeras la presunción legal que formula la ley 54 de 1990
sobre la existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros
permanentes heterosexuales, pudiendo sus integrantes, de manera individual o
conjunta, acudir a los medios previstos por la ley para establecerla.
El Procurador
General de la Nación comparte el argumento de los demandantes, según el cual la
Sentencia C-075 de 2007 limitó el alcance de las normas analizadas al régimen
patrimonial de la unión marital de hecho, pero su ratio decidendi estableció
como subregla que debe existir un mínimo de protección jurídica para las
parejas homosexuales allí donde dicha protección existe para las parejas
heterosexuales; de esta afirmación concluye el Procurador que dicho mínimo de
protección jurídica es predicable de todos aquellos regímenes que otorgan
efectos jurídicos a la figura de compañeros permanentes.
En palabras del
Procurador General: “… la sentencia C-075 de 2007 abrió la posibilidad de
interpretar la noción de compañeros permanentes en el sentido de que incluye a
las parejas del mismo sexo, no solo para el caso del régimen patrimonial de
bienes previsto en la ley 54 de 1990, sino también para los demás regímenes
jurídicos que utilizan esa noción para conferir beneficios a las parejas no
casadas”. (Fl. 28 del concepto rendido ante la Corte Constitucional).
Considera el
Jefe del Ministerio Público que a la luz de los precedentes establecidos en las
sentencias C-075 y C-811 de 2007, los compañeros o compañeras permanentes del
mismo sexo del afiliado del cual dependían económicamente, pueden ser
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, siempre que llenen los
requisitos consagrados en la ley. Concluye la Vista Fiscal expresando: “… se
requiere dar la misma protección que se otorga a las parejas heterosexuales a
las parejas homosexuales, toda vez que estas últimas se encuentran en
condiciones asimilables a las primeras, y por ende para no infringir ese
mandato de protección, ha de extenderse al régimen de protección en materia de seguridad
social – específicamente en lo referente a la pensión de sobrevivientes,
consagrado exclusivamente por la Ley 100 de 1993 en los artículos 47 y 74 para
las parejas heterosexuales, a las parejas homosexuales, toda vez que el
legislador no ha ofrecido expresamente a la fecha en este caso un régimen legal
de protección a las parejas homosexuales que están en situación equiparable”.
(Folio 31 del concepto rendido por el Procurador General de la Nación).
La petición del
Ministerio Público está encaminada a que se declaren exequibles las expresiones
atacadas, bajo el entendido que cuando estas se apliquen, se entiendan comprendidos
también el compañero o la compañera permanente del mismo sexo del afiliado.
Respecto de la expresión “familiar” del inciso primero del artículo 163 de la
ley 100 de 1993, pide estarse a lo resuelto en la sentencia C-811 de 2007 y en
relación con el artículo 1º de la ley 54 de 1990, solicita a la Corte estarse a
lo resuelto en la sentencia C-075 de 2007.
VI. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad
de la referencia.
2. Asunto
previo. Cosa juzgada constitucional en relación con el artículo 1º de la Ley 54
de 1990 y artículo 163 de la ley 100 de 1993.
Se demanda en el presente caso la expresión “para todos
los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y
la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”, contenida en el
artículo 1º de la Ley 54 de 1990, por vulnerar los artículos 1º, 13, 16, 48, 49
y 93 de la Constitución, en cuanto excluyen a las parejas homosexuales del
régimen de protección de seguridad social que es ofrecido a las parejas
heterosexuales.
Mediante sentencia C-075 de 2007[1], la Corte
declaró la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como
fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de
protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales, al
estudiar unos cargos similares a los ahora propuestos.
En este caso se demanda también, las
expresiones “familiar”, “el compañero o la compañera permanente” y “compañero
o compañera permanente” contenidas en el artículo 163 de la ley 100 de
1993, igualmente por vulnerar los artículos 1º, 13, 16, 48, 49 y 93 de la
Constitución, en cuanto excluyen a las parejas homosexuales del régimen de
protección de seguridad social que es ofrecido a las parejas heterosexuales.
La Corte, mediante
sentencia C-811 de 2007[2], declaró EXEQUIBLE
el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, en el entendido
que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas
del mismo sexo, al estudiar unos cargos similares a los ahora propuestos.
De esta manera, existe cosa juzgada
constitucional frente a las expresiones enunciadas de los artículos 1º de la
Ley 54 de 1990 y 163 de la Ley 100 de 1994.
Por lo anterior,
procede en esta ocasión un pronunciamiento de fondo sobre los artículos 47 y 74
de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
3. Cargos de
la demanda y problema jurídico que debe analizar la Corte.
1. Para los
demandantes:
Con la Sentencia
C-075 de 2007, el precedente en materia de parejas homosexuales cambió
significativamente, pues la Corte decidió que el régimen patrimonial de la
unión marital de hecho debía ser extendido a las parejas homosexuales.
Consideran los accionantes que se deben utilizar criterios similares para
ampliar la protección en materia de pensión de sobrevivientes, haciendo
extensivos éstos beneficios a las parejas integradas con personas del mismo
género.
El Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas resolvió a favor de un ciudadano colombiano
que dependía económicamente de su compañero fallecido y a quien en Colombia las
autoridades negaron los beneficios de la sustitución pensional, por considerar
que ésta prestación sólo era aplicable a parejas heterosexuales. Para el
Comité, el Estado colombiano violó el artículo 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, al no presentar argumento o prueba que sirviera
para demostrar que la distinción entre compañeros del mismo sexo y compañeros
heterosexuales no casados era razonable y objetiva.
Los accionantes
consideran que los dos primeros no son cargos esenciales; es decir, explican
como razón básica que las normas acusadas vulneran el artículo 13 de la Carta
Política al excluir a las parejas homosexuales del régimen de protección de
seguridad social ofrecido a las parejas heterosexuales, exclusión fundada en la
orientación sexual de las personas que integran dichas parejas.
Agregan que los
apartes atacados desconocen lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución
Política, por cuanto excluir a las parejas homosexuales de los beneficios del
régimen de seguridad social reconocido a las parejas heterosexuales, implica
violación de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad a los
cuales debe sujetarse la prestación del servicio público de seguridad social.
Las normas
demandadas comportan una vulneración de la dignidad humana de las personas
homosexuales que conforman parejas, por cuanto la distinción entre la opción homosexual
y heterosexual en la que se fundan, reduce la posibilidad a los homosexuales de
vivir plenamente su opción de vida. Añaden los accionantes que la dignidad
humana también resulta menoscabada en su dimensión de garantía del mínimo
vital, cuando como consecuencia del fallecimiento de uno de los miembros de una
pareja homosexual, el otro que dependía económicamente de su pareja queda en
una situación de desprotección que atenta contra sus posibilidades de vivir
dignamente.
Finalmente, los
demandantes consideran como argumento de su demanda el hecho que en los últimos
ocho años han sido presentados ante el Congreso de la República cinco proyectos
de Ley tendientes a regular los derechos patrimoniales y de seguridad social de
las parejas del mismo sexo, sin que tales iniciativas hayan desembocado en
normas que garanticen plenamente el ejercicio de los derechos de las personas
que conforman parejas homosexuales.
2. Corresponde a
la Corte Constitucional determinar si el conjunto normativo parcialmente
acusado, de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es inexequible por cuanto limita a favor de
las parejas heterosexuales los beneficios de la protección en materia de
pensión de sobrevivientes, excluyendo de los mismos a las parejas conformadas
con personas del mismo sexo.
La Sala deberá
establecer si la protección que se concede al cónyuge y al compañero o
compañera permanente de las parejas heterosexuales, impide válidamente que el
compañero o compañera permanente de una pareja homosexual acceda a la pensión
de sobrevivientes.
3. Con el fin de
analizar el mencionado problema jurídico, la Corte hará referencia previamente
a las personas homosexuales frente al ordenamiento jurídico Colombiano nacional
e internacional, y a la naturaleza y finalidad de la pensión de sobrevivientes.
5. Las
personas homosexuales frente a la Constitución de 1991. Estado social de
derecho, dignidad humana, igualdad, autonomía personal y libre desarrollo de la
personalidad.
5.1. cabe
recordar, que la Constitución Política de 1991 estableció para Colombia el
modelo de Estado social de derecho, considerado como un gran avance para los
sistemas democráticos que lo han acogido, si se tiene en cuenta que con él se
pretende ampliar eficazmente la órbita de protección de la persona, procurando
dejar en el pasado doctrinas para las cuales lo más importante era el Estado y
su organización. Con la adopción del nuevo modelo, se dinamizan algunos valores
y principios característicos del Estado de derecho y aparecen otros útiles y
necesarios para comprender adecuadamente la dimensión socio-política de la
persona, considerada en adelante como la razón de ser de la estructura política,
el sujeto principal de la misma y, por ende, el centro para la declaración,
garantía y protección de los derechos que le son inherentes.
Con la
declaración político-jurídica contenida en la primera línea del artículo 1º. de
la Carta Política, se imponen al Estado nuevos deberes y, en consecuencia,
aparecen nuevos derechos a favor de las personas, particularmente aquellos
relacionados con los valores intrínsecos e inherentes del ser humano; es decir,
se elevan a la jerarquía de norma constitucional algunos postulados
anteriormente considerados simple retórica, pero que actualmente constituyen el
eje principal del ordenamiento jurídico.
5.2. Como primer
fundamento del modelo conocido como Estado social de derecho, se cuenta el
reconocimiento y respeto por la dignidad de la persona humana. De esta manera,
el constituyente de 1991 aportó claridad respecto de quien es considerado el centro
de la organización socio-política, es decir: la persona humana en su dimensión
individual y social; en este último caso, en sus relaciones con los otros y en
la tensión que se genera cuando ella interactúa con las demás personas.
Declarar que la
dignidad humana representa el primer fundamento del Estado social de derecho
implica consecuencias jurídicas a favor de la persona, como también deberes
positivos y de abstención para el Estado a quien corresponde velar porque ella
cuente con condiciones inmateriales y materiales adecuadas para el desarrollo
de su proyecto de vida. Por condiciones inmateriales se entienden los
requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive
espirituales que identifican a cada persona y que siendo intangibles e
inmanentes deben ser amparados por el Estado, pues de otra manera la persona
podría ser objeto de atentados contra su fuero íntimo y su particular manera de
concebir el mundo. Por condiciones materiales han de entenderse los
requerimientos tangibles que permiten a la persona vivir rodeada de bienes o de
cosas que, según sus posibilidades y necesidades, le permiten realizar su
particular proyecto de vida.
5.3. Como
consecuencia lógica del respeto por la dignidad de la persona se encuentra el
de libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial protege la libertad
general de acción, involucrando el derecho a la propia imagen y la libertad
sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad merecedoras de
protección[3]. En efecto, el Estado
social de derecho reconoció el derecho al libre desarrollo de la personalidad
(C.Po. art. 16), considerado corolario del pluralismo y la diversidad, valores
superiores que actualmente identifican a los Estados liberales y democráticos
de derecho, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás
y el orden jurídico, según el cual se le permite a la persona escoger y adoptar
un plan de comportamiento acorde con su concepción del mundo y de su entorno
social.
Derecho al libre desarrollo de la
personalidad, conocido también como derecho a la autonomía e identidad
personal, que busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse;
esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de
ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses,
convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los
derechos ajenos y el orden constitucional.[4] Así, puede
afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia del
individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de
personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante
de no causar un perjuicio social.[5]
Derecho mencionado que es de status
activo y exige el despliegue de las capacidades individuales, sin
restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico. Por lo que,
se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le
impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de
vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su
existencia. Así, para que una limitación al derecho
individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima y, por lo mismo
no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional.
No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se
basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria ponderación
valorativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental
mencionado[6].
Esta corporación
ha considerado también, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad afirma
la autonomía de cada ser humano como individuo único e irrepetible, cuyas
tendencias y naturales inclinaciones merecen respeto en tanto no impliquen daño
a otros o a la colectividad, sin que deba entenderse que, en el ámbito
educativo, la búsqueda de realización de la persona resulte aceptable como pretexto
para negar efectos a los actos de autoridad lícitos, que son inherentes a la
función educativa.[7]
5.4. En efecto, si el derecho al libre desarrollo de
la personalidad conlleva autonomía para los individuos en cuanto pueden adoptar
la opción de vida que consideren, el Estado debe brindar las condiciones para
su ejercicio disponiendo tratamientos jurídicos similares para todas las
personas independientemente de la orientación sexual que ostenten, pues la
diferencia de trato ante la ley basada exclusivamente en razón del la
orientación sexual de las personas, como lo ha recordado esta corporación,
implica la negación de la validez de su opción de vida y la sanción por el
ejercicio de una alternativa legítima, que se deriva directamente de su derecho
de autodeterminación y de su dignidad humana.
5.5. Derecho al
libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía e identidad personal que armoniza
con lo previsto en el artículo 13 de la Carta, que proscribe toda forma de
discriminación, entre otras por razón del sexo de las personas, pues éstas
cuentan con la libertad de opción sexual, considerada aplicación del citado derecho
al libre desarrollo de la personalidad.
En relación con
la garantía consagrada a favor de todas las personas por el artículo 13
superior y que impide la discriminación por razones de género, la Corporación
ha precisado:
“La Corte no considera que el principio
democrático pueda en verdad avalar un consenso mayoritario que relegue a los
homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría. El principio de
igualdad (C.P. art. 13), se opone, de manera radical, a que a través de la ley,
por razones de orden sexual, se subyugue a una minoría que no comparta los
gustos, hábitos y prácticas sexuales de la mayoría. Los prejuicios fóbicos o no
y las falsas creencias que han servido históricamente para anatematizar a los
homosexuales, no otorgan validez a las leyes que los convierte en objeto de
escarnio público.”[8]
5.6. La
prohibición de someter a las personas a tratos discriminatorios por razones de
sexo, también encuentra fundamento en los tratados y
convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, a lo
cual se agrega la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos
humanos, que según lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política,
prevalecen en el orden interno y son criterio interpretativo de los derechos
constitucionales en cuanto contengan un estándar de protección mayor al que
consagra la Carta o la jurisprudencia constitucional[9].
Así, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por medio de la Ley 74
de 1968, en el artículo 26 del Primer Protocolo Facultativo establece:
“Todas las
personas son iguales ante la ley y tiene derecho, sin discriminación, a igual
protección de ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizara a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
5.7. El Comité
de Derechos Humanos encargado de la interpretación del Pacto ha afirmado que la
categoría “orientación sexual” está incluida dentro del término “sexo”
del artículo citado. Fue así como el Comité de Derechos Humanos resolvió en el
año 2003 una causa fundada en hechos similares a los referidos por los demandantes
en el presente caso. El 18 de septiembre de 2003, el Comité, mediante
Comunicación Nº 941/2000, publicó la decisión que resolvió el caso Young Vs.
Australia[10]. La decisión tuvo que
ver con la solicitud de pensión de “persona a cargo” elevada por el compañero
permanente de quien falleció luego de 38 años de convivencia; el demandante
afirmó ser víctima de la violación del artículo 26 del Pacto, porque el Estado
australiano le había negado el reconocimiento de la pensión de sobreviviente,
por cuanto la legislación interna sólo consideraba como beneficiario al compañero
o compañera de diferente sexo.
5.8. Si de
conformidad con el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad,
las personas pueden buscar su propia identidad y la opción de vida que deseen
llevar, inclusive respecto de su orientación sexual, y no pueden ser
discriminados por ello, tales derechos fundamentales, garantizan con
relación a los homosexuales, un trato justo, respetuoso y tolerante hacia ello
y hacia su condición[11].
5.9. Cabe recordar, que si bien por razones históricas, culturales y
sociológicas la Constitución Política de 1991 no hace alusión expresa a los
derechos de los homosexuales, ello no significa que éstos puedan ser desconocidos
dado que, dentro del ámbito de la autonomía personal, la diversidad
sexual está claramente protegida por la Constitución, precisamente
porque la Carta, sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico en el cual
puedan "coexistir las mas diversas formas de vida humana".[12]
En efecto, debe entenderse que la sexualidad, es un ámbito fundamental de la
vida humana que compromete no sólo la esfera más íntima y personal de los
individuos (CP art. 15) sino que pertenece al campo de su libertad fundamental
y de su libre desarrollo de la personalidad (Art. 16), motivo por el cual el
Estado y los particulares no pueden intervenir en dicha esfera, a menos de que
esté de por medio un interés público pertinente[13].[14].
Sin embargo, pese a que la Constitución consagra el derecho al libre
desarrollo de la personalidad y por tanto la libre opción sexual, y además
prohíbe la discriminación por razón del sexo de las personas, las parejas
homosexuales han sido tradicionalmente discriminadas, y solo han logrado
reconocimiento jurídico y protección merced a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
5.10. En efecto,
la Corte Constitucional, en la Sentencia C-075 de 2007, estableció que el
reconocimiento de determinadas garantías a las parejas heterosexuales puede
corresponder a una forma de discriminación para las parejas homosexuales,
cuando a éstas no se les reconoce lo mismo sin suministrar una explicación
objetiva y razonable. Sobre la discriminación en este campo, en la citada sentencia
la Corte expresó:
“(…) se han producido distintos
pronunciamientos orientados a identificar los casos en los que la diferencia de
tratamiento entre parejas heterosexuales y homosexuales puede considerarse una
forma de discriminación en razón de la orientación sexual. A ese efecto resulta
pertinente acudir a dos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, órgano responsable de la interpretación del Pacto Interna­cional
de Derechos Civiles y Políticos, y en los que, por una parte, se señaló que, en
relación con el artículo 26 del Pacto (PIDCP), la prohibición de discriminar en
razón del sexo de las personas comprende la categoría ‘orientación sexual’, la
cual constituye, entonces, un criterio sospechoso de diferenciación[15],
y por otra, se expresó que si bien, de acuerdo con la jurisprudencia constante
del Comité, no
toda distinción equivale a la discriminación prohibida por el Pacto, en la
medida en que se base en criterios razonables y objetivos, si no se presenta
ningún argumento que sirva para demostrar que una distinción que afecte a
compañeros del mismo sexo, a los que no se les permite recibir determinadas
prestaciones a las que si pueden acceder los compañeros heterosexuales, es
razonable y objetiva, ni ninguna prueba que revele la existencia de factores
que pudieran justificar esa distinción, la misma debe considerarse como contraria
al artículo 26 del Pacto[16]”.
Respecto del
tratamiento dispensado a los integrantes de la comunidad homosexual, en la
misma providencia la Corte precisó: (i) La Constitución Política proscribe toda
forma de discriminación en razón de la orientación sexual de las personas; (ii)
Existen diferencias entre las parejas heterosexuales y las parejas
homosexuales, razón por la cual no existe un imperativo constitucional de dar
un tratamiento igual a unas y a otras; (iii) Corresponde al legislador establecer
las medidas para atender los requerimientos de protección de los distintos
grupos sociales y avanzar gradualmente en la protección de quienes se
encuentren en situación de marginamiento; y, (iv) Toda diferencia de trato
entre personas o grupos que sean asimilables sólo es constitucionalmente
admisible si obedece a un principio de razón suficiente[17].
Sentencia C-075 de 2007 en la que se concluyó una ausencia de
protección en el ámbito patrimonial para la pareja homosexual que resulta
lesiva de la dignidad de la persona humana y contraria al libre desarrollo de
la personalidad y comporta una forma de discriminación proscrita por la Constitución,
en cuanto comporta una restricción injustificada de
la autonomía de los integrantes de tales parejas y puede tener efectos lesivos,
no solo en cuanto obstaculiza la realización de su proyecto de vida común, sino
porque no ofrece una respuesta adecuada para las situaciones de conflicto que
se pueden presentar cuando por cualquier causa cese la cohabitación.
5.11. Mediante
sentencia C-811 de 2007, la Corte reitera las consideraciones hechas en la
sentencia C-075 de 2007 en cuanto a los derechos al libre desarrollo de la
personalidad e igualdad de que son titulares las parejas del mismo sexo,
dispuso que el régimen de protección consagrado en el Plan Obligatorio de Salud
se aplica también a las parejas del mismo sexo.
En este
pronunciamiento, la Corte concluyó que la vulneración de los derechos de las
parejas del mismo sexo en relación con el Plan Obligatorio de salud comporta
para éstas un déficit de protección inadmisible a la luz de la Constitución. Al
respecto consideró la Corte:
“A la luz de los criterios previamente
esbozados, para la Sala es claro que la norma aquí acusada impone al ejercicio
de la libertad en la elección sexual una carga que no se compagina con el
derecho que aquella libertad encarna. La negativa de la inclusión de la pareja
del mismo sexo en el régimen contributivo implica la negación de la validez de
su opción de vida y la sanción por el ejercicio de una alternativa legítima,
que se deriva directamente de su derecho de autodeterminación y de su dignidad
humana.
Ahora bien, además de que el impedimento de
vinculación en pareja homosexual implica una discriminación de dicha opción de
vida, con lo cual se vulnera la dignidad de sus miembros, la Corte considera
que la medida no es proporcional ni necesaria.
Efectivamente, la Corte considera que la
exclusión derivada de la norma sub judice somete a una presión
desproporcionada, y por tanto inconstitucional, el libre ejercicio de la opción
sexual (art. 16 C.P.), en cuanto que impide que personas que han decidido
conformar una pareja estable -en un modelo que la Constitución acepta y
ampara-, reciban los beneficios de un sistema que se ofrece a otros individuos
–de distinto sexo- que también han decidido hacerlo.
La privación de dichos beneficios deriva,
como se dijo, en un déficit de protección que afecta derechos de jerarquía
fundamental. Ciertamente, la privación de los beneficios que la ley ofrece a
parejas heterosexuales afecta directamente el derecho a la salud de los miembros
de la pareja del mismo sexo y compromete en última instancia su derecho a la
vida (art. 11 C.P), con lo cual se quiere significar que, en su caso, los
derechos a la salud y a la vida se ven afectados por el ejercicio legítimo de
su libertad.
5.12. Los
recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional llevan a considerar que aunque
la legislación positiva no establezca de manera expresa un determinado ámbito
de garantías para la comunidad homosexual, ello no ha sido obstáculo para que
en áreas específicas, como la relacionada con el régimen patrimonial de las
uniones maritales de hecho y la cobertura del Plan Obligatorio de Salud, la
jurisprudencia haya reconocido un tratamiento igual para las parejas
heterosexuales y homosexuales.
6. Naturaleza
y finalidad de la pensión de sobrevivientes. Los límites de la potestad de
configuración del legislador en esta materia.
6.1. Anteriormente denominado derecho a la sustitución pensional, la
pensión de sobrevivientes corresponde a una garantía propia del sistema de
seguridad social fundada en varios principios constitucionales, entre ellos el
de solidaridad que lleva a brindar estabilidad económica y social a los
allegados al causante; el de reciprocidad, por cuanto de esta manera el
legislador reconoce en favor de ciertas personas una prestación derivada de la
relación afectiva, personal y de apoyo que mantuvieron con el causante; y el de
universalidad del servicio público de la seguridad social, toda vez que con la
pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de protección a favor de quienes
probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida que
llevaban antes del fallecimiento del causante.
La pensión de
sobrevivientes es uno de los mecanismos establecidos por el legislador para
realizar los derechos de previsión social; su finalidad es la de crear un marco
de protección para las personas que dependían afectiva y económicamente del
causante, permitiendo que puedan atender las necesidades propias de su
subsistencia y hacer frente a las contingencias derivadas de la muerte del
pensionado o afiliado.
Como la pensión
de invalidez, la pensión de sobrevivientes es una institución de la seguridad
social favorable a quienes se encuentran en situación involuntaria e insufrible
de necesidad y requieren un tratamiento diferencial positivo o protector que
les permita un reconocimiento digno e igualitario por parte de la sociedad. Por
esta razón, el ordenamiento jurídico crea un determinado orden de prelación
respecto de las personas afectivamente más cercanas al causante, privilegiando
a quienes más dependían emocional y económicamente de él. Su naturaleza
jurídica ha sido explicada en los siguientes términos:
“La Corte Constitucional en varias
oportunidades se ha pronunciado respecto de la naturaleza de la pensión de
sobrevivientes[18], al respecto ha dicho
que dicha prestación suple la ausencia repentina del apoyo económico del
pensionado o del afiliado del grupo familiar con el fin de evitar que su muerte
se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínimas de
los beneficiarios de dicha prestación.
Adicionalmente, la Corte ha planteado que
la pensión de sobrevivientes ‘(…) responde a la necesidad de mantener
para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica
con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede
significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y
posiblemente a la miseria”[19].
La ley prevé entonces que, en un determinado orden de prelación, las personas
más cercanas y que más dependían del occiso y compartían con él su vida,
reciban una sustitución pensional para satisfacer sus necesidades’[20].”[21]
6.2. La pensión
de sobrevivientes ha sido definida como una de las
expresiones del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la
Constitución Política y como aquella prestación que se genera a favor de las
personas que dependían económicamente de otra que fallece, con el fin de
impedir que éstas últimas deban soportar las cargas materiales y espirituales
de su fallecimiento[22]. Sobre esta materia la
Corte ha precisado:
“La sustitución pensional responde a la
necesidad de mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de
seguridad social y económica con que contaban en vida del pensionado o del
afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos,
reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria[23].
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación,
las personas más cercanas y que más dependían del causante y que, además, en
muchos casos compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades mínimas.”[24]
6.3. Si bien, el
derecho a la pensión de sobrevivientes es de carácter prestacional, adquiere el
de derecho fundamental cuando de ésta depende la materialización de mandatos
constitucionales que propenden por medidas de especial protección a favor de
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Sobre
esta materia la Corte ha explicado:
“Ahora bien, con relación a la naturaleza
jurídica de esta prestación, la Corte ha establecido de manera reiterada[25]
que si bien en principio se trata de un derecho de contenido prestacional, éste
adquiere el carácter de fundamental cuando su determinación involucra a
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, tal y
como sucede en el caso de los hijos inválidos, ya que en estos eventos existe
una relación de conexidad entre el derecho a la sustitución pensional y algunos
derechos de rango fundamental, como lo son, la vida, el mínimo vital, la
dignidad humana o a la integridad personal. (…)
En consecuencia, el derecho a la pensión de
sobrevivientes adquiere el carácter de fundamental cuando de éste depende la
materialización de los mandatos constitucionales que propenden por el
establecimiento de medidas de especial protección a favor de las personas que
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, tales como los niños,
las personas de la tercera edad y los discapacitados o inválidos”.[26]
6.4. En cuanto a la finalidad de esta prestación, tanto la Corte
Constitucional como la Corte Suprema de Justicia son acordes. Así, ésta
Corporación ha dicho:
“(…) no puede hacerse abstracción del
sentido mismo y finalidad de la institución de la pensión de sobrevivientes que
busca precisamente impedir que quien haya convivido permanente, responsable y
efectivamente, y prestado apoyo afectivo a su pareja al momento de su muerte,
se vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto materiales como
espirituales, que supone su desaparición”[27]
6.5. Igualmente, el Consejo de Estado se ha referido a esta
institución expresando:
“(...) puesto que el espíritu que orienta
la normas que rigen la sustitución pensional a cargo de los empleadores
particulares es el de proteger a la persona que en realidad prestó asistencia y
compañía al trabajador o a la persona pensionada hasta el momento de su
fallecimiento, claro está, que sin perjuicio del cónyuge que no lo pudo hacer
por culpa del causante”[28].
6.6. Ahora bien.
De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución, la
seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley, y como
derecho irrenunciable se garantiza a todos los habitantes.
6.7. En efecto, la Constitución Política le ha atribuido al Legislador un amplio
margen de configuración para regular todo lo concerniente a la seguridad social
al tiempo que ha establecido unos principios y reglas generales, básicas y
precisas, a las cuales debe ceñirse el legislador para regular o limitar el
alcance de dicho servicio público y derecho prestacional a la seguridad social[29].
Sin embargo, lo anterior no significa que la decisión legislativa
sea completamente libre, ni que la reglamentación adoptada esté ajena al
control constitucional, pues es obvio que existen límites, tanto de carácter
formal (competencia, procedimiento y forma) como de carácter material (valores
y principios en que se funda el Estado Social de Derecho), señalados
directamente por el Constituyente y que restringen esa discrecionalidad[30].
“Por consiguiente, si el Legislador opta, por ejemplo, por una regulación en
virtud de la cual las personas pueden escoger entre afiliarse o no a la
seguridad social, ese diseño sería inconstitucional por desconocer el carácter
irrenunciable de la seguridad social”[31]. Lo mismo
ocurriría si el Estado se desentendiera de las funciones de dirección,
coordinación y control a la seguridad social, porque esas fueron precisamente
algunas de las tareas expresamente asignadas en la Carta del 91.”.[32]
6.8. Esta
corporación ha considerado, que la potestad de configuración del legislador
debe someterse, entre otras, a un catálogo de reglas generales como son: (i) el
reconocimiento de la seguridad social como un derecho irrenunciable de todos
los habitantes del territorio nacional y, a su vez, (ii) como un servicio
público obligatorio cuya dirección, control y manejo se encuentra a cargo del
Estado. Adicionalmente, (iii) se admite la posibilidad de autorizar su
prestación no sólo por entidades públicas sino también por particulares[33];
(iv) el sometimiento del conjunto del sistema a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. A los que el Acto legislativo 01 de 2005 añadió en
materia de pensiones el principio de sostenibilidad financiera (C.P. art. 48)[34].[35]
En relación con
el último punto, cabe recordar que según el principio de universalidad, la
cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social debe
amparar a todas las personas residentes en Colombia, en cualquiera de las
etapas de su vida, sin discriminación alguna por razones de sexo, edad, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica,
etc[36]. En este sentido la
Corporación ha hecho énfasis en que la universalidad implica que toda persona
tiene que estar cobijada por el sistema de seguridad social y que “no es
posible constitucionalmente que los textos legales excluyan grupos de personas,
pues ello implica una vulneración al principio de universalidad”[37]. [38]
Al respecto la
Corte desde sus inicios señaló lo siguiente:
“La universalidad
es el principio relacionado con la cobertura de la Seguridad Social: comprende
a todas las personas. Ello es natural porque si, como se estableció, la
dignidad es un atributo de la persona, no es entonces concebible que unas
personas gocen de vida digna y otras no. Las calidades esenciales de la
existencia no sabrían ser contingentes. Simplemente, si son esenciales, se
predican de todas las personas".[39]
6.9. Además,
como también lo ha considerado esta corporación, el legislador en ejercicio de
la citada potestad de configuración normativa, además de someterse al
cumplimiento -en concreto- de aquellas reglas y principios que regulan el
suministro y la exigibilidad de las prestaciones que componen el sistema de la
seguridad social, se encuentra sujeto de igual manera a la observancia de
aquellos otros principios, valores y derechos constitucionales previstos en el
texto Superior, que generalmente limitan el desarrollo de la atribución
constitucional de regulación[40].[41]
En dicho
sentido, la Corte en sentencia C-671 de 2002, sostuvo que:
“Esta Corte ha señalado que si bien la
Constitución señala unos principios que gobiernan los derechos a la seguridad
social y a la salud, el Legislador goza de una amplia libertad para regular la
materia, pues la Carta establece que la seguridad social se presta con sujeción
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, “en los términos
que establezca la Ley”. (...) La amplia libertad del Legislador en la
configuración de la seguridad social no significa obviamente que cualquier
regulación legislativa sea constitucional, pues no sólo la Carta señala unos
principios básicos de la seguridad social y del derecho a la salud, que tienen
que ser respetados por el Congreso, sino que además la ley no puede vulnerar
otros derechos y principios constitucionales”.
6.10. Igualmente, esta Corte ha insistido, en que el control de la
Corte sobre medidas relacionadas con la seguridad social debe ser riguroso,
cuando a pesar de que la medida legislativa corresponde a una materia de
contenido económico y social, la misma (i) incorpora una clasificación
sospechosa, como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías
prohibidas para hacer diferenciaciones según lo previsto en el inciso 1° del
artículo 13 Superior; (ii) afecta a personas que se encuentran en condiciones
de debilidad manifiesta, a grupos marginados o a sujetos que gozan de especial
protección constitucional; (iii) desconoce prima facie el goce de un
derecho constitucional fundamental; o finalmente, (iv) incorpora -sin causa aparente-
un privilegio exclusivo para un sector determinado de la población[42].[43]
Precisado que la
potestad del legislador para configurar todo lo concerniente a la seguridad
social no es absoluta, sino que tiene como límite lo dispuesto en la
Constitución, pasa la Corte a analizar el caso concreto.
7. Análisis
de las expresiones demandadas
7.1. Los textos demandados hacen parte de los artículos 47, 74 de la ley 100 de 1993, sobre los beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes. Según los accionantes, la aplicación de los mismos significa
discriminar a las parejas integradas con personas del mismo sexo, pues éstas no
pueden acceder a la pensión de sobrevivientes en las mismas condiciones que lo
hacen quienes conforman parejas heterosexuales.
7.2. En el
presente caso, la aplicación de las expresiones demandadas ha permitido dar a
las parejas homosexuales un tratamiento distinto al que se otorga a las parejas
heterosexuales en cuanto éstas son beneficiaria de la pensión de sobrevivientes
y aquellas no, trato distinto que resulta discriminatorio respecto de las
parejas homosexuales, las cuales, aún cuando no están excluidas de manera
expresa de los beneficios de la pensión de sobrevivientes, sí resultan de hecho
exceptuadas del sistema de seguridad social, pues la falta de claridad del
legislador ha conducido a implementar una situación contraria a los valores del
Estado social de derecho, a los principios de reconocimiento y respeto por la
dignidad de la persona humana, y a las normas que desde la Constitución amparan
el libre desarrollo de la personalidad y su extensión: la libertad de opción
sexual.
7.3. Trato discriminatorio para las parejas homosexuales que
conlleva a que se encuentren en un déficit de protección en cuanto al beneficio
de la pensión de sobrevivientes. Por tanto, con el fin de remover la citada situación, contraria a la
Constitución, la protección otorgada a los compañeros y compañeras permanentes
de las parejas heterosexuales, debe ser ampliada a los compañeros y compañeras
permanentes de las parejas homosexuales, por cuanto no existe un fundamento
razonable y objetivo suficiente para explicar el trato desigual al que vienen
siendo sometidas las personas que en ejercicio de sus derechos al libre
desarrollo de la personalidad y a la libertad de opción sexual, han decidido
conformar una pareja con una persona de su mismo género.
7.4. Cabe
recordar, que a la luz de las disposiciones superiores, no aparece
justificación alguna que autorice un trato discriminatorio en virtud del cual
las personas que conforman parejas homosexuales no puedan acceder a la pensión
de sobrevivientes en las mismas condiciones que lo hacen quienes integran
parejas heterosexuales.
7.5. La Corte
tiene establecido que el examen de medidas legislativas como las dispuestas por
las expresiones demandadas se debe llevar a cabo mediante un control riguroso
de constitucionalidad, cuando la norma impugnada “(i) incorpora una
clasificación sospechosa, como ocurre con aquellas que están basadas en las
categorías prohibidas para hacer diferenciaciones según lo previsto en el
inciso 1° del artículo 13 Superior; (ii) afecta a personas que se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o a sujetos que gozan
de especial protección constitucional; (iii) desconoce prima facie el goce de
un derecho constitucional fundamental; o finalmente, (iv) incorpora -sin causa
aparente- un privilegio exclusivo para un sector determinado de la población”;
en estos casos se debe verificar que la medida legislativa sea adecuada y
conducente para realizar un fin constitucional y que además sea proporcional “esto
es, que el logro del objetivo perseguido por el legislador no puede llegar al
extremo de sacrificar principios o derechos que constitucionalmente se
consideran de mayor entidad en defensa del Estado Social de Estado” .[44]
7.6. Si bien, con
las expresiones atacadas el legislador propende por un sistema de protección
acorde con los mandatos del artículo 48 de la Carta Política, sin embargo, la búsqueda
de este propósito, así como su potestad de configuración, no lo habilitan para
sacrificar principios y derechos considerados de mayor entidad dentro del
modelo que caracteriza al Estado social de derecho, pues al redactar las
expresiones demandadas generó una situación de abierta discriminación en contra
de una comunidad que, como la homosexual, es considerada parte de una clasificación
sospechosa en cuanto proviene de una distinción fundada en razones de sexo,
distinción proscrita por el inciso primero del artículo 13 de la Constitución.
Al ponderar los
derechos de las parejas en relación con la pensión de sobrevivientes, la Sala
no encuentra razones objetivas ni constitucionalmente validas que puedan constituirse
en un obstáculo o significar un déficit de protección para las parejas
conformadas con personas del mismo sexo que les impida ser destinatarias de los
beneficios reconocidos por el legislador en materia de pensión de
sobrevivientes.
7.7. Entre las
objeciones formuladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en las condiciones reclamadas
por los demandantes, aparece el siguiente argumento:
“… es claro que los beneficios de la
seguridad social se concretan y estructuran en los términos en que el
Legislador así lo disponga. Por ello, las leyes y normas, que regulan la
seguridad social, deben tener en cuenta aspectos presupuestales y financieros,
sin los cuales no podrían hacerse efectivos los derechos prestacionales y por
tanto, materializarse acorde con los procesos de planificación económica y
principios presupuestales, como lo ha señalado la H. Corte Constitucional”[45].
Lo expresado por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público amerita una respuesta en tres dimensiones: legal, económica y
axiológica. En primer lugar, es cierto que el legislador goza de libertad para
configurar el sistema de seguridad social, libertad que, como ya se advirtió,
no es absoluta por cuanto está limitada por el texto de la Constitución
Política.
En segundo lugar, no es cierto que el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes al compañero o compañera permanente en las
parejas homosexuales desemboque en un desequilibrio financiero que impida la
sostenibilidad económica del sistema de protección de seguridad social en
pensiones, por cuanto al ampliar la protección a estas personas simplemente se
está introduciendo una variante en el orden de prelación establecido por la ley
para el caso de la sustitución pensional; es decir, cuando sobrevenga la muerte
del pensionado o afiliado integrante de una pareja homosexual, en adelante su
compañero o compañera permanente tendrán el orden de prelación que la ley prevé
para cuando las parejas heterosexuales afrontan la misma contingencia.
El legislador no puede válidamente suponer
que en todo caso de muerte de un pensionado o afiliado integrante de una pareja
homosexual, no existe en el orden de prelación una persona legitimada para
reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez que la
regla básica y general es que las personas hacen parte de un grupo familiar, de
una comunidad de afecto y apoyo mutuo, al interior de la cual bien pueden estar
presentes los futuros beneficiarios de la sustitución pensional. En adelante,
el legislador deberá adecuar el sistema de protección social en pensiones a
partir de análisis financieros que tengan en cuenta los efectos de la presente
Sentencia, como también el nuevo orden de prelación establecido como
consecuencia de la misma.
En tercer lugar, la Sala considera que
llegado el momento de ponderar las decisiones del legislador respecto de los
derechos intrínsecos e inherentes del ser humano, se debe tener en cuenta el
sistema axiológico propio del Estado social de derecho, al interior del cual existen
valores, principios, disposiciones y normas que prevalecen, entre ellos los
relacionados con la protección a la dignidad de la persona humana, el
pluralismo, el libre desarrollo de la personalidad y su corolario, esto es la
libertad de opción sexual, los cuales, desde una perspectiva constitucional, no
pueden resultar abolidos en beneficio de derechos e intereses jurídicamente subalternos,
como serían la defensa a ultranza de la libertad de configuración legislativa
y, derivada de ésta, la posibilidad de excluir del sistema de seguridad social
en pensiones a un grupo de la sociedad habitualmente discriminado como lo es la
comunidad homosexual.
7.8. En
conclusión, como lo ha considerado esta corporación[46],
desde la perspectiva de la protección de los derechos constitucionales, la
ausencia de una posibilidad real de que un individuo homosexual pueda acceder a
la pensión de sobreviviente de su pareja fallecida que tenía el mismo sexo,
configura un déficit de protección del sistema de seguridad social en pensiones
que afecta sus derechos fundamentales por razón de la discriminación que dicha
exclusión opera respecto de la condición sexual del mismo, exteriorizada en su
voluntad de formar pareja.
En efecto, si se
reconoce jurídicamente a las parejas del mismo sexo, por ahora, y en este caso,
la Corte deriva de tal condición solo la consecuencia jurídica del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
8.
Formalización de la convivencia
8.1. En el
ordenamiento jurídico, la pensión de sobrevivientes se reconoce en el régimen
solidario de prima media con prestación definida y en el de ahorro individual
con solidaridad, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en la
ley, particularmente en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
Al resultar
extensivos los efectos de estas normas a las parejas integradas con personas
del mismo sexo, a los compañeros o compañeras del mismo sexo les corresponde
acreditar su condición de pareja, para lo cual deberán acudir ante un notario
para expresar la voluntad de conformar una pareja singular y permanente, que permita
predicar la existencia de una relación afectiva y económica responsable, de la
cual posteriormente pueden derivar prestaciones de una entidad tan noble y
altruista como la correspondiente a la pensión de sobrevivientes.
8.2. Como lo
expresó la Corte en la Sentencia C-521 de 2007, para todos los efectos se
entenderá que lo dicho ante el notario es cierto y es expresado bajo juramento;
de esta manera, los integrantes de la pareja asumen las consecuencias
judiciales y administrativas derivadas del fraude, la falsedad o la ausencia de
veracidad en sus declaraciones. En la Sentencia que se menciona, sobre la
formalización de la convivencia, la Corte expresó:
“Al respecto la Sala reitera el deber que
tienen los particulares y las autoridades de ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas (C.Po. art. 83); sin embargo, es pertinente recordar que las autoridades
públicas y las entidades particulares están en el deber de denunciar penalmente
todo hecho que pueda significar atentado contra el ordenamiento jurídico, como
medio para disuadir o sancionar a quienes pudieran buscar u obtener el estatus
de beneficiario del POS sin contar con la calidad de compañero (a) permanente.
5.2. La condición de compañero (a)
permanente debe ser probada mediante declaración ante notario, expresando la
voluntad de conformar una familia de manera permanente, actuación a la que
deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y el
juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia
de veracidad en las afirmaciones hechas durante esta diligencia acarrearán las
consecuencias previstas en la legislación penal y en el resto del ordenamiento
jurídico”.
8.3. En efecto,
para acceder a la pensión de sobrevivientes las parejas
permanentes del mismo sexo deben acreditar dicha condición en los términos
señalados en la sentencia C-521 de 2007 para las parejas heterosexuales.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar EXEQUIBLES las expresiones “la compañera o
compañero permanente”; “la compañera o compañero permanente”; “la compañera
permanente”; “compañero o compañera permanente”; “una compañera o compañero
permanente”; “la compañera o compañero permanente”; “compañero o compañera
permanente”, contenidas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y las expresiones “el cónyuge o la
compañera o compañero permanente”; “la compañera o compañero permanente”; “un
compañero o compañera permanente”; “una compañera o compañero permanente”; “la
compañera o compañero permanente”; “compañero o compañera permanente” y
“compañero o compañera permanente”, contenidas en el artículo 74 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en el
entendido que también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes las
parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea acreditada en los
términos señalados en la sentencia C-521 de 2007 para las parejas
heterosexuales.
Segundo: Respecto del artículo 1º. de la
Ley 54 de 1990, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-075 de 2007, que
declaró la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como
fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de
protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales.
Tercero: En cuanto a las expresiones demandadas del artículo 163 de la ley
100 de 1993, estarse a lo resuelto en la sentencia C-811 de 2007, que
declaró EXEQUIBLE el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se
aplica también a las parejas del mismo sexo.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL Y ACLARACIÓN DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
AUSENTE EN COMISIÓN
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO
PARCIAL Y ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-336 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
PAREJAS HOMOSEXUALES-Igualdad de
derechos reconocidos por la Constitución a la familia, al matrimonio y a las
parejas heterosexuales (Salvamento parcial y aclaración de voto)
PAREJAS HOMOSEXUALES-Igualdad de
derechos y obligaciones (Salvamento parcial y aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-6947
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990; 47 (parcial), 74
(parcial) y 163 (parcial) de la ley 100 de 1993.
Magistrado
Ponente:
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito manifestar mi disenso
parcial frente a la decisión adoptada en esta providencia, por cuanto en su
momento me aparté de las decisiones adoptadas en las sentencias C-075/07 y
C-811/07, a las cuales se dispone estarse a lo resuelto en esta oportunidad en
los ordinales segundo y tercero de este fallo. Así mismo, aclaro mi voto a la
decisión adoptada por la Corte por cuanto el suscrito magistrado sostiene una posición
jurídica más amplia relativa a una protección integral de los derechos
constitucionales de las parejas del mismo sexo.
Por consiguiente, me
permito reiterar aquí mis argumentos expuestos en salvamentos de voto a las
sentencias mencionadas, en donde me he apartado de los fallos restrictivos de
esta Corte, por cuanto en mi concepto se debe conceder de una vez por todas a
las parejas del mismo sexo, la totalidad de derechos constitucionales
reconocidos por la Constitución a la familia, al matrimonio y a las parejas
heterosexuales, para lo cual parto de un concepto de familia acorde con el
artículo 42 Superior, y del principio de dignidad humana, el cual obliga al
reconocimiento de todos los derechos fundamentales y constitucionales a las
parejas del mismo sexo.
(i) En este sentido,
me remito a las razones expuestas respecto de la sentencia C-075 del 2007, las
cuales cito in extenso, ya que considero que siguen siendo válidas en el
asunto que hoy nos ocupa relativo a las expresiones demandas del artículo 1º de
la Ley 54 de 1990, y de los artículos 47, 74 y 163 de la ley 100 de 1993:
“2. Restricción de la presente sentencia a
los efectos patrimoniales frente a la connotación amplia de la expresión
“efectos civiles” de la Ley 54 de 1990
Considero que en la demanda se ataca el artículo 1º de
la Ley 54 de 1990 por la discriminación a las parejas homosexuales dentro de un
espectro amplio de derechos, mientras que la presente sentencia reduce el
estudio de constitucionalidad de la norma demandada y el problema de la
discriminación de las parejas no heterosexuales al ámbito patrimonial, que no
obstante, en mi opinión, tampoco se resuelve plenamente por la decisión que nos
ocupa.
A mi juicio, la demanda se planteó de una manera
amplia, pues además del respeto a la dignidad humana y al derecho de
asociación, se tenía que tener en cuenta otros derechos como el de la igualdad.
Por consiguiente, en mi concepto, hay una diferencia entre lo que se aduce en
la demanda y lo que plantea la sentencia. Los demandantes alegan discriminación
de las parejas homosexuales en varios temas. Sin embargo, la sentencia plantea
varias reducciones, la primera de éstas, referente al ámbito de las normas
acusadas que lo reduce a los efectos patrimoniales, mientras que el artículo 1º
de la Ley 54 de 1990 se refiere a todos los efectos “civiles”, que no son
solamente los patrimoniales.
En mi criterio, en esta sentencia se parte del
supuesto de que el problema de discriminación contra los homosexuales es un
problema meramente económico, ni siquiera civil, pues el término “efectos
civiles” es, a mi juicio, mucho más amplio que lo meramente patrimonial, pues
incluye por ejemplo el matrimonio, la adopción, la sucesión, la custodia de los
hijos, entre otros temas. Reducir los efectos civiles al campo patrimonial
constituye, a mi juicio, una visión miope del problema y resuelve sólo a medias
la problemática de la discriminación contra el grupo poblacional de los
homosexuales.
En mi opinión, el punto a definir en este proceso es
si el reconocimiento de derechos iguales para los homosexuales debe ser a
medias o si se deben reconocer TODOS los derechos, es decir, derechos plenos a
estas parejas. A mi juicio, en la demanda no se están pidiendo privilegios,
sino que sólo se está pidiendo igualdad, lo cual no les reconoce plenamente
esta sentencia.
Los demandantes solicitan, a mi juicio, que no se
discrimine a las parejas homosexuales y esto en todas las esferas: política,
económica, social, económica, cultural, civil, en particular en el tema de la
seguridad social, de los beneficios prestacionales, de la adopción, sucesión,
en relación al tema del procedimiento penal, en el tema de la vivienda, etc. De
este modo, considero que no sólo deben tenerse en cuenta los efectos civiles
sino también otros efectos jurídicos: laborales, seguridad social, los efectos
en el ámbito penal, administrativo.
Así por ejemplo en materia alimentaria, los
homosexuales no están amparados por la protección de alimentos para cualquier
hombre o mujer que conviva en relación marital y dependa económicamente de ella
para su subsistencia. Frente a esto, considero que el deber de solidaridad debe
ser extensivo tanto a las parejas heterosexuales como a las homosexuales.
En relación con el régimen de afectación a vivienda
familiar, con el consecuente beneficio de inembargabilidad, estoy de acuerdo
con el demandante en el sentido de que aquí existe otra discriminación en
contra de las parejas homosexuales, toda vez que la normatividad concibe esta
figura exclusivamente para los cónyuges y los compañeros permanentes cuya
convivencia sea superior a dos años, por lo cual, la pareja homosexual no puede
aspirar a que el bien inmueble adquirido por su pareja y usado como su
habitación goce de este beneficio de inembargabilidad.
En relación con los efectos penales, como por ejemplo
frente al tema de la violencia intrafamiliar, inmunidad para declarar, tenemos
que la regulación de la violencia intrafamiliar – Ley 294 de 1996 y Ley 599 de
2000- protege, entre otras personas, a quien convive con el agresor, sin
embargo, se le impide a un homosexual agredido por su pareja acceder a la
protección especial que el legislador creó para la familia, debiendo limitarse
a instaurar una denuncia por lesiones personales, con lo cual, en mi concepto,
no se le otorgan las mismas garantías para esta forma de violencia
intrafamiliar.
En materia procedimental igualmente, la Ley 906 de
2004, establece la excepción de denunciar, o para el imputado, la excepción de
no incriminar a su compañero o compañera permanente, lo cual se refiere
directamente a la definición contenida en la Ley 54 de 1990, beneficio que no
cobija a los homosexuales y sus parejas, los cuales se ven obligados a
denunciar o incriminar a su pareja homosexual.
En materia laboral, a pesar de que la ley 100 de 1993
estableció que los regímenes de salud y pensiones eran aplicables a todos los
colombianos, las personas homosexuales no tienen la posibilidad de registrar o
afiliar a su pareja, o de ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o
de la sustitución pensional, figuras a las que sí pueden acceder las parejas de
heterosexuales.
Respecto de los efectos migratorios, considero que
deben reconocerse por ejemplo el derecho de ingreso, derecho de residencia,
derecho de nacionalidad, de las parejas de homosexuales.
Así también, en materia de contratos y adquisiciones
de seguros, se les niega a la pareja de homosexuales esta posibilidad jurídica,
así como otros muchos aspectos civiles que dejó por fuera esta sentencia,
además de no considerar otros efectos diferentes a los civiles y dejar por
fuera otras ramas del derecho.
Por lo tanto, considero que la norma demandada es
inconstitucional en un doble sentido: no sólo porque representa una clara
discriminación frente a las parejas de homosexuales, sino por cuanto incluso representa
una discriminación frente a las parejas de heterosexuales, ya que se las
termina discriminando frente a las parejas matrimoniales. En este sentido, en
mi criterio esta ley también discrimina a los heterosexuales.
De otra parte, en mi opinión, en asuntos
constitucionales no es de acogida el argumento según el cual la
inconstitucionalidad detectada por el juez constitucional no se puede declarar
sino es acusada en la demanda, por cuanto una cosa es la demanda y otra cosa es
lo que tiene que hacer el juez constitucional. Precisamente en esto consiste,
en mi entender la particularidad del juez constitucional, en que puede ir más
allá de lo demandado en aras de proteger la supremacía e integridad de la
Constitución. Con respecto a la desigualdad y a la libertad, el juez
constitucional tiene que restablecer la igualdad y libertad plena y completa,
independientemente de que en la demanda pidan o no lo pidan, y no limitarse por
tanto a lo que pida el demandante. Así que ni siquiera este argumento resulta,
a mi juicio, convincente.
En conclusión, sostengo la tesis de que la norma
demandada se refiere a todos los “efectos civiles”, que superan con creces los
meros efectos patrimoniales. De este modo, en mi criterio, los problemas de
debate y los más difíciles en relación con la protección de los derechos de los
homosexuales son temas de derecho civil: por ejemplo, el matrimonio es un
contrato que está regulado por el derecho civil; la adopción es una institución
del derecho civil; los alimentos entre cónyuges y parejas hacen parte del
derecho civil; las guardas de tutelas; todos estos son temas de derecho civil,
por tanto no se podía, en mi criterio, reducir y restringir la expresión
“efectos civiles” a los efectos meramente patrimoniales, como lo hace de manera
errónea y miope la presente sentencia.
A lo ya expuesto, me permito agregar, que el principio
de igualdad que implica un mismo trato supone derechos y deberes iguales, de
manera que si se asume un Estado de Derecho bajo los principios de igualdad y
libertad se tiene que asumir en serio el reconocimiento pleno y total de los
derechos a todos las personas y grupos poblacionales. Por tanto, en mi
concepto, el Tribunal Constitucional ha debido ocuparse de TODOS LOS ASPECTOS
JURIDICOS en que están desprotegidas las parejas no heterosexuales, sin que por
ello se haga por fuera de las normas, por cuanto, como quedó anotado, aún la
expresión “efectos civiles” tiene una connotación amplia. A mi juicio, el
artículo 1º de la Ley 54 de 1990 se refiere a TODOS los efectos “civiles”, que
como se señaló, no son únicamente los patrimoniales.
En síntesis, se puede afirmar que de un lado, la Ley
54 de 1990 representa no sólo una discriminación frente a las parejas
homosexuales sino incluso frente a las parejas heterosexuales, por cuanto dicha
ley restringe los efectos jurídicos y el reconocimiento de los derechos que hay
que reconocer a las uniones maritales de hecho, sólo a los efectos civiles, y
de otro lado, la interpretación restringida que se hace de esa ley en este
sentencia es que los efectos civiles se reducen a los efectos patrimoniales,
dejando de este modo de lado, toda una gama de efectos civiles como el matrimonio,
la adopción, la sucesión, los aspectos laborales,  pensionales, para nombrar
solo algunos de ellos.
3. El concepto de familia
A mi juicio, el concepto de familia no se reduce a la
conformada por un hombre y una mujer. El término “o” consagrado en el art. 42
de la Carta Política sugiere, a mi entender, que también se forma por la
voluntad responsable de conformarla sin distinguir sexos. Por tanto, las
uniones maritales de hecho deben tener, en mi concepto, los mismos derechos y
obligaciones que el matrimonio, tanto para las parejas heterosexuales como para
las parejas homosexuales.
El concepto de familia del artículo 42 debe
armonizarse con los principios fundamentales constitucionales, esencialmente
con el principio de igualdad y libertad, y si se presenta choque o colisión
entre ellos se debe dar una primacía a los principios fundamentales. De otra
parte, la Constitución habla de la familia y no  dice que es hombre o mujer, se
refiere a los vínculos naturales o jurídicos y a la voluntad responsable. A mi
juicio, al concepto de familia se llega por caminos diferentes, distintos, y no
simplemente a partir del vínculo entre un hombre y una mujer.
En este sentido, me permito reiterar mi tesis respecto
de que la conformación de una familia puede realizarse por diferentes caminos[47]:
el matrimonio, la voluntad de los miembros de la pareja, ya que en mi criterio,
la Constitución no contempla una sola forma de familia, ya que inclusive la
familia puede estar constituida por una mujer sola con su hijo. Afirmo, que
definida una categoría jurídica, en este caso, la de la familia, deben
concederse entonces los mismos efectos jurídicos tanto para las familias
conformadas por parejas heterosexuales como para las conformadas por
homosexuales.
Por tanto, a mi juicio, la interpretación que se ha
hecho del artículo 42 de la Constitución Política no corresponde a lo que esta
norma dice.  El artículo 42 se refiere a la familia y señala a continuación los
diversos caminos o vías, que conducen a la familia, de manera que no existe en
nuestro sistema jurídico, un único camino que lleve a la organización familiar,
sino que existen varios senderos y distintas clases de familia en nuestro
sistema constitucional.
El matrimonio es apenas una de las entradas que
conducen a la familia, y éste, en nuestro sistema jurídico, sólo puede
celebrarse entre un hombre y una mujer; o sea que están excluidos los
matrimonios entre personas de un mismo sexo; empero, el hecho de que este sea
un camino hacia la familia, no implica que sea el único, ya que existen otros
caminos.
La familia se puede constituir también por vínculos
naturales o jurídicos, aunque no haya un hombre y una mujer en matrimonio; por
ejemplo la mujer que va a un banco de espermas y se insemina artificialmente
sin saber ni importarle siquiera quien generó el esperma y concibe uno o más
hijos de esta manera; no hay duda que esta mujer y sus hijos constituyen una
familia aunque no haya detrás de ella un matrimonio (esto es un evento de
vínculo natural).  El hombre que adopta uno o más niños, no hay duda que tiene
una familia con ellos, aunque jamás contraiga matrimonio o conviva de hecho con
alguna mujer (este sería un caso de vínculo jurídico).
La tercera vía para constituir familia, es la voluntad
responsable de conformarla y esta vía a diferencia de la del matrimonio no
exige como condición sine qua non que se trate de un hombre y una mujer; de tal
manera que basta con la voluntad responsable de dos personas para integrarla,
sean de distinto sexo o del mismo sexo.
La Constitución trae varias disyunciones, que se
expresan gramaticalmente con la letra "o".  En el caso del matrimonio
se exige la decisión libre; decisión libre que no es otra cosa que la voluntad
del hombre y la mujer de contraer matrimonio, de tal manera que el
constituyente no necesitaba reiterar el elemento voluntad, para los eventos en
que se puede conformar una familia sin previo matrimonio; a no ser que se
tratase, de eventos o hipótesis diversas, como a nuestro juicio se trata.  No
sobra recordar, que cuando el constituyente utiliza conceptos o términos
diversos es por que quiere distinguir situaciones diversas.  En síntesis el
constituyente se refirió dos veces a la voluntad, para referirse a dos clases
de familia: en un caso a la voluntad (decisión libre) de un hombre y una mujer,
que por mediación del matrimonio forman una familia, y en el otro caso, por la
voluntad responsable de dos personas de conformarla, sin exigir que se tratase
de hombre y mujer, lo que cobija también a las familias de pareja de un mismo
sexo, o de sexo diverso, pero que no han contraído matrimonio.
No sobra recordar que las familias que tienen el
origen en un matrimonio se mantienen jurídicamente, aunque el matrimonio
desaparezca, bien por un hecho jurídico, como por ejemplo el divorcio de los
padres, o por un hecho natural como la muerte de alguno de los padres o de
ambos; esto demuestra que puede existir familia aunque no exista el matrimonio.
Sintetizando podemos afirmar, que ha existido una
interpretación errada tanto por la Corte Constitucional como por otros
intérpretes del artículo 42 de la Constitución, ya que no es cierto que la
familia siempre esté integrada o tenga en su base a un hombre y a una mujer;
este fundamento, hombre y mujer sólo se exige para el matrimonio, pero no se
necesita para las otras clases de familia que se encuentran igualmente
protegidas por nuestra Constitución.
De otra parte, considero que no debe existir
discriminación alguna entre las parejas matrimoniales y las uniones de hecho, y
ello tanto para las parejas heterosexuales como para las homosexuales, por
cuanto a la luz de los principios de nuestro Estado Constitucional de Derecho
el matrimonio heterosexual no puede tener más derechos que las uniones
maritales de hecho heterosexuales, ni tampoco frente a las parejas de
homosexuales.
En este sentido, cabe preguntar si la Constitución
habla de un matrimonio entre hombre y mujer y si esa es la única vía de formar
un matrimonio? Mi respuesta categórica a esta pregunta es NO. El matrimonio de
los laicos es, a mi juicio, un simple contrato. A la connotación religiosa no
nos oponemos, pero en la esfera del Estado (secular y laico, separado de la
iglesia) no se puede afirmar legítimamente que el matrimonio civil o el
matrimonio religioso deban y puedan tener más derechos. Por el contrario,
sostengo que en un Estado de Derecho a todo tipo de matrimonio, a todo tipo de
uniones maritales de hecho, tanto de heterosexuales como de homosexuales, y a
todo tipo de familia, se les debe conceder los mismos derechos y que los
efectos jurídicos tienen que ser los mismos tanto para heterosexuales como para
los homosexuales, y no se pueden aceptar válida y legítimamente el predicar
efectos jurídicos diversos.
Por tanto, reitero que la norma que consagra la unión
marital de hecho exclusivamente con efectos civiles es inconstitucional, porque
un tipo de  familia no puede ser de mejor y otra de menor categoría, sino que
todas tienen que tener los mismos efectos: matrimonio civil o religioso tiene
que ser igual a la unión marital de hecho. La norma demandada, como ya se
anotó, discrimina incluso a las parejas de heterosexuales, porque sólo le
concede a la unión marital de hecho efectos civiles.
Finalmente, me parece necesario anotar que en este
tema existe un prejuicio contra los homosexuales, que tiene no solo
connotaciones machistas sino también religiosas, que los consideran en pecado.
Sin embargo, no siempre ha sido así. Bástenos para ejemplificar nuestro aserto,
el hecho de que la propia iglesia católica hasta el siglo XII casó homosexuales
y que en sociedades que fueron cuna de la civilización occidental, como eran
Grecia y Roma no existían esos preconceptos contra ellos. A este respecto, es
suficiente con recordar que Sócrates y Platón eran homosexuales y, que a Julio
César cuando entró a Roma, según cuenta Indro Montanelli, en su libro Historia
de Roma, le gritaban: Viva César, el marido de todas las mujeres y la mujer de
todos los maridos.  La importancia para la humanidad de Sócrates, Platón o
César, nada tiene que ver con su condición de homosexuales, ya que esta
condición ni les quita ni les pone. Sólo cuando aprendemos a valorar a las
personas independientemente de su condición sexual, estaremos valorándolas en
su real condición humana, esto es, estaremos reconociéndoles la dignidad
humana.
4. La dignidad humana y el reconocimiento pleno de
derechos
El concepto de dignidad humana, elaborado
fundamentalmente por Emmanuel Kant alude a aquello propio del ser humano que lo
hace ser tal, esto es, que lo convierte en sujeto moral, es aquello que no
tiene precio, es decir, de lo cual no puede predicarse valor de cambio por
cuanto es invaluable, inajenable, irrenunciable y nos permite caracterizarnos
como seres humanos con derechos. De otra parte, el reconocimiento de la dignidad
humana tiene que ser total y completo, por cuanto no se puede ser medio digno.
En este orden de ideas, si a los homosexuales se les reconoce dignidad humana,
si son tan dignos como los heterosexuales, hay que necesariamente reconocerles
todos los derechos.  El correlato necesario del reconocimiento de la dignidad
humana es el reconocimiento de todos los derechos, esta es la clásica
fundamentación de los derechos humanos en la tradición liberal kantiana hasta
nuestros tiempos.
Por esta razón, no se entiende cómo se pretende
reconocerles dignidad a las personas homosexuales y a renglón seguido se le
niega el reconocimiento de derechos básicos que son necesarios para su
desarrollo como sujetos autónomos, libres e iguales, como lo es el matrimonio,
la adopción, los derechos laborales, los pensionales, para mencionar sólo
algunos.
En mi concepto, la jurisprudencia existente de esta
Corte en relación a los derechos de las personas homosexuales, en el ámbito
individual, para el desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la
igualdad, se hace nugatoria y no tiene efectos reales, pues no toca el plano de
la pareja, que tiene relación directa con el núcleo esencial del derecho de
libertad y del libre desarrollo de la personalidad, pues es un aspecto
fundamental que hace real y efectivo la libertad y autonomía del individuo, a
través del derecho a la libre opción sexual y la libre escogencia y desarrollo
de un plan o proyecto de vida en compañía de la pareja sentimental o compañero
sexual.
Por tanto, considero que no se puede ser tan
incoherente y, de un lado, reconocer la dignidad humana de los homosexuales, y
de otro lado, negarles y restringirles derechos. O se reconoce que los
homosexuales tienen dignidad humana, y por tanto son libres e iguales, y en
consecuencia, se les reconocen todos los derechos que esta condición amerita en
su calidad de seres con dignidad; o se descubre el juego retardatario de
reconocer por una parte una dignidad a medias que no implica el necesario
reconocimiento de derechos y que deriva en una contradicción lógica.
Por ello, en mi concepto, el punto central a definir
en este caso es si el reconocimiento de la dignidad y por ende el de los
derechos iguales debe ser a medias o si deben reconocerse derechos plenos, de
conformidad con la idea de dignidad humana y el principio de igualdad.
En el debate planteado por ejemplo en torno del
matrimonio de las parejas homosexuales hay cuestiones difíciles, pero considero
que se debe diferenciar claramente entre la concepción religiosa sobre
determinada forma matrimonial y el reconocimiento del matrimonio laico o del
matrimonio de parejas homosexuales con todos los efectos jurídicos, y por ello
no puede considerarse el matrimonio heterosexual y además religioso superior a las
formas laicas o homosexuales. Así mismo, el trato de las uniones de hecho
frente al Estado de Derecho debe ser igual, con los mismos efectos y las mismas
consecuencias jurídicas.
Por ello, reitero mi disenso frente a esta sentencia.
En mi opinión, no es que todas las parejas tengan que contraer matrimonio, sino
que tiene que existir las mismas posibilidades jurídicas para todas las formas
de conformación de familia y de pareja. Reitero por tanto, que los efectos
jurídicos deben ser los mismos tanto para las parejas heterosexuales y
homosexuales, con matrimonio o en uniones maritales de hecho, en todos los
ámbitos jurídicos, esto es, en todo lo que se relaciona con adopción, custodia,
sucesiones, temas migratorios, contratación y adquisición de seguros, entre
muchos otros.
A lo expuesto, me permito agregar que el
reconocimiento de la igualdad que supone igual trato, implica derechos y
deberes iguales, de manera que el aceptar que estamos en un Estado
Constitucional de Derecho implica aceptar las consecuencias del reconocimiento
de los mismos efectos jurídicos para las parejas independientemente de su
conformación sexual. Por ello reitero, que en mi concepto, esta sentencia ha
debido ocuparse de todos los aspectos en que están desprotegidas las parejas no
heterosexuales, sin que por ello se pueda aducir, a mi juicio, que esto se
encontraba por fuera de la norma demandada. Por lo demás, como quedó expuesto,
el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 se refiere a todos los efectos “civiles”,
que superan con creces los meros efectos patrimoniales.
Adicionalmente, considero que la población homosexual
es víctima de toda una cadena de diversas formas de discriminación: Así por
ejemplo, hay otras discriminaciones contra estos grupos por parte de: 1.
Asociaciones y organizaciones civiles y mercantiles en general, por cuanto
muchas asociaciones impiden a los homosexuales ser parte de ellas o se niegan a
aceptarlos como miembros. 2. Discriminación “en” o “para” el empleo: por cuanto
patronos o sindicatos no los contratan o los contratan y descubren que son
homosexuales y los despiden o los expulsan. 3. En lugares públicos: los
homosexuales son discriminados en los parques, en los espacios públicos. 4.
Casa o habitación: se les discrimina en el tema de la casa y/o habitación
respecto por ejemplo de la suscripción de un contrato de arrendamiento. 5.
Autorización y pago de créditos que no se autorizan. 6. Discriminación “en” o
“por” instituciones gubernamentales o cargos públicos. 7. En instituciones educativas:
se les discrimina en las dos partes de las relaciones educativas, o se le
discrimina al alumno.
Así mismo, considero que existe en general una rueda o
ciclo vicioso de discriminación, en la cual la condición de homosexual juega un
papel importante. De este modo, existe por ejemplo una discriminación de
inmigrantes por nacionales, de negros por blancos, de mujeres por hombres, de
indígenas por dominantes, de pobres por ricos, de homosexuales por
heterosexuales. Hay sectores de la población que sufren o padecen, y son
víctimas de más de una discriminación a la vez: inmigrante, pobres, negros o
indígenas, mujeres, homosexuales. Así por ejemplo, puede darse situaciones en
que confluyan en una misma persona una serie de discriminaciones como cuando se
es mujer, de raza negra, inmigrante, lesbiana y pobre.
De otra parte, sostengo que independientemente de que
haya caído el socialismo, subsisten las clases sociales cada una con problemas
diferentes, pues lo que es un problema para una clase no lo es para la otra.
Pareciera que la situación de las personas homosexuales sólo le preocupara a
las clases altas, por cuanto se ha reducido a un problema de orden económico,
dejando de lado los demás ámbitos jurídicos y derechos por reconocer.
En síntesis, afirmo que en un Estado Constitucional de
Derecho el primero de todos los principios es el de la dignidad humana y de los
derechos el de la igualdad al lado de la libertad. Reitero por tanto mi fórmula
de que se reconozca la igualdad de las parejas homosexuales en todas las
esferas: civil, laboral, penal, prestacional, familiar, migratoria, etc, como
consecuencia del reconocimiento a la dignidad humana de estas personas.
Para presentarlo de una forma gráfica: sostengo que si
hoy en día tenemos encadenados y esclavizados a un grupo de personas con 30
cadenas, y si a estos esclavos le quitamos una de las 30 cadenas, todavía
quedan encadenados con 29 cadenas, de modo que siguen siendo igualmente
esclavos y no hemos logrado progresar en nada. Podemos incluso quitarles 29
cadenas, pero si les dejamos una sola, los mantenemos esclavizados, de manera
que no podemos suponer que hemos progresado. De esta manera, sostengo que la
única manera de restablecer la libertad y la igualdad de las parejas que no son
heterosexuales es quitándoles TODAS las 30 cadenas, para que sean real y
verdaderamente libres e iguales.
En conclusión, sostengo que la única forma de proteger
los derechos fundamentales consagrados en la Constitución es otorgándolos TODOS
y además de manera COMPLETA a todas las personas, sin ninguna clase de
distinciones, en este caso, respecto de sus preferencias sexuales. Considero
que no protegemos realmente los derechos, ni les hacemos ningún favor, cuando
los protegemos parcialmente, a medias, que fue lo que, a mi juicio, se hizo en
este caso con esta sentencia, porque no se le entregaron todos los derechos
civiles y muchos menos los demás derechos, como los derechos laborales,
pensionales, en materia penal, etc.
5. Los límites de la competencia legislativa
En mi concepto, mediante la tesis esbozada en la
presente sentencia, en el sentido de que el legislador tiene libertad de
configuración para establecer diversos regímenes, se acepta que lo que existe,
en este caso la legislación dirigida sólo a parejas heterosexuales, está bien,
cuando es evidente que no lo está, pues representa una discriminación frente a
las parejas homosexuales.
De otra parte, en repetidas oportunidades he sostenido
que el Legislador tiene claros límites en el ejercicio de su poder legislativo,
pues no puede ir en contravía de los pilares y principios fundamentales de
nuestro Estado Social y Constitucional de Derecho, el cual se funda en la igualdad
y la libertad, todo lo cual trae necesariamente aparejado, como lo he
sostenido, el reconocimiento de PLENOS DERECHOS a todos los ciudadanos sin
perjuicio de su escogencia o preferencia sexual.
Así entonces, la libertad de configurar del legislador
está enmarcada dentro de los principios y derechos constitucionales y no por
fuera de ellos, no puede por ejemplo darle al matrimonio civil menos derechos,
no puede darles a otros un derecho distinto. Igual que los hijos de uniones
maritales de hecho tienen igual derecho que los hijos de los matrimonios.
En mi concepto, el legislador no puede dejar de
igualar: lo que da a uno debe dárselo a otros. Lo que se da al matrimonio
católico, tiene que dárselo al matrimonio civil, lo que da al matrimonio debe
dárselo a las uniones maritales de hecho, tanto de parejas heterosexuales como
homosexuales.
En consecuencia, sostengo la tesis, que el Legislador
no puede en este caso proferir una ley respecto de las uniones maritales de
hecho y sus efectos que discrimina tanto a los heterosexuales como en mayor
medida a los homosexuales, y que en consecuencia esta Corte ha debido reconocer
plenos e iguales derechos y deberes en todos los ámbitos jurídicos tanto a las
parejas de heterosexuales como a la de homosexuales.
6. Jurisprudencia Internacional
De otra parte, existe una nutrida jurisprudencia en el
derecho internacional encaminada hacia el reconocimiento de los derechos de las
parejas de homosexuales, no sólo en el ámbito patrimonial, sino en el ámbito
civil, laboral, pensional, matrimonial, de adopción, etc.
Aquí nos limitaremos sólo a mencionar algunos ejemplos
ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ante el Tribunal
Europeo, de los cuales algunos fueron mencionados ya en la demanda.
Ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
(CDH) cabe mencionar un primer caso en 1982 contra Finlandia y un segundo caso
con fallo del 31 de marzo de 1994 en el caso Toonen vs. Australia provincia de
Tasmania, en el que se estableció por primera vez que la orientación sexual
constituye per se un estatus protegido contra la discriminación, en la que se
garantizó el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas
homosexuales. Así mismo, en la decisión del 2003 del caso Young vs. Australia,
el Comité se pronunció “sobre la igualdad de derechos de las parejas
homosexuales en el marco del pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP)”, y determinó que constituía una discriminación contraria a
los derechos humanos el hecho de que en las parejas heterosexuales el
sobreviviente pudiese acceder a los beneficios pensionales, mientras que tal
situación no podía ser reclamada por las personas homosexuales, lo cual, había
sido calificado como una discriminación por razón del sexo, que no se encontraba
justificada por el derecho internacional.
El Tribunal Europeo ha considerado que la
discriminación contra las parejas homosexuales no se justifica bajo ningún
punto de vista, ni siquiera bajo el pretexto de proteger a la familia, por
cuanto en un caso el Tribunal Europeo había considerado que se habían
violentado los derechos a la igualdad e intimidad de una persona que le habían
quitado la custodia de su hija por ser homosexual y convivir con otro hombre.
Así mismo en el caso Dudgeon Vs. Reino Unido –United kingdom-, se estableció
que la ley en Irlanda violaba el derecho a la privacidad del señor Dudgeon.
Este fallo ha tenido influencia en fallos de la Corte Suprema de Justicia de
los Estados Unidos y de la Corte Constitucional Colombiana respecto al derecho
a la privacidad de la conducta entre homosexuales.
Así mismo, existen avances en Europa en relación con
los derechos de los transexuales respecto del cambio de nombre y de género en
papeles oficiales emitidos y bonos, en relación a la pensión de viudez (por
ejemplo en Argentina 1997), en relación a beneficios médicos (en Canadá),
respecto de derechos de propiedad (en Bélgica y Brasil), por solo mencionar
algunos casos.
7. La jurisprudencia de esta Corte y la reiteración de
mi posición frente al tema de la homosexualidad
Considero conveniente también anotar, que existe una
serie de fallos en esta nueva Corte, desde el 2001, en donde el suscrito
magistrado ha participado y en donde los magistrados de este Tribunal
Constitucional fijaron su posición jurídica respecto de los distintos derechos
de la población homosexual, posición que permite observar o bien una posición
progresista o bien una retardataria frente al tema que nos ocupa, por parte de
los miembros de esta Corte:
Mediante la Sentencia C-814/01 se negó la
adopción de menores a parejas homosexuales, con ponencia del magistrado Marco
Gerardo Monroy Cabra. Esta sentencia fue votada a favor por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar
Gil, Alvaro Tafur Gálvis, Clara Inés Vargas Hernández. El suscrito magistrado
aclaró y salvó voto por considerar que las parejas de homosexuales sí tienen
derecho a adoptar en igualdad de condiciones que las parejas de heterosexuales.
Así mismo, los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y
Eduardo Montealegre Lynett salvaron voto conjuntamente por considerar viable,
de acuerdo con la Constitución, que las parejas de homosexuales adopten.
La Sentencia  SU.623/01 del magistrado ponente Rodrigo
Escobar Gil, negó la inscripción como beneficiario en el sistema de seguridad
social en salud a la pareja de un homosexual. El suscrito magistrado y los
magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Eduardo
Montealegre Lynett salvamos voto conjuntamente por considerar que la negativa a
vincular al sistema de seguridad social en salud a las parejas de homosexuales
es violatorio del principio de universalidad del sistema de seguridad social,
del derecho a la salud del homosexual, del principio de igualdad, y del derecho
al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, de los homosexuales.
La Sentencia C-373/02 del magistrado ponente Jaime
Córdoba Triviño, estudió la constitucionalidad de normas respecto del régimen
de inhabilidades para concurso de Notario. En esta ocasión, la Corte declara
exequible de manera condicionada el parágrafo segundo del artículo 4° de la Ley
588 de 2000 e inexequibles los numerales 1° y 6° del artículo 198 del Decreto
960 de 1970. En relación con estos últimos numerales la Corte consideró
inconstitucional alegar el motivo de homosexualidad como causal de inhabilidad
para acceder a un cargo notarial. Los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra,
Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Cordoba Triviño, Alvaro Tafur Galvis y Clara Ines Vargas Hernandez
votaron a favor la sentencia. Los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo
Montealegre Lynett salvaron su voto por razones diferentes al tema de la
homosexualidad.
Con la Sentencia T-499/03 del magistrado
ponente Alvaro Tafur Galvis, se confirma una sentencia de tutela en el sentido
de conceder el amparo del derecho a la visita conyugal a una reclusa
homosexual. El suscrito magistrado y la magistrado Clara Inés Vargas Hernández
votamos a favor la sentencia en Sala de Revisión de Tutela.
8. Propuestas de Fallo
Finalmente me permito dejar constancia en este
Salvamento de Voto que en su momento el suscrito magistrado realizó dos
propuestas concretas de fallo:
Una primera propuesta fue la formula de declarar
inexequible la expresión “civiles” contenida en el artículo 1º de la Ley 54 de
1990. Una segunda propuesta como consecuencia de la primera, fue la fórmula de
que se señalara que las uniones maritales de hecho de homosexuales tienen los
mismos derechos y deberes de las parejas heterosexuales.
Mi primera propuesta consistía en que se declarara
inexequible la expresión “civiles” del citado artículo 1º de la Ley 54 de 1990,
de manera que la protección fuera integral, esto es, que se reconocieran todos
los derechos en todos los ámbitos jurídicos. La consecuencia de la declaración
de inconstitucionalidad de la expresión “efectos civiles” era el reconocimiento
de iguales efectos en la unión marital de hecho tanto para las parejas
heterosexuales como para las parejas homosexuales, esto es, los mismos efectos
civiles, laborales, penales, sociales, etc.
En este sentido, me preocupa sobremanera que esta
Corte asuma la tesis del reconocimiento de los derechos a los homosexuales a
medias, reduciéndolo de una doble manera: de una parte a los efectos civiles, y
de otra parte a una interpretación restringida y reducida de efectos civiles
como efectos patrimoniales. Esta sentencia termina por tanto reconociendo la
dignidad de las personas homosexuales a medias, sin que tengan iguales
derechos, con lo cual se perpetúa la desigualdad.
Respecto de la propuesta de declarar inexequible la
expresión “civiles” contenida en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, se emitió
un (1) voto a favor, el del suscrito magistrado, y ocho (8) en contra.
La segunda propuesta, estaba formulada en el sentido
de colocar en pie de igualdad tanto a las familias de heterosexuales como a las
de homosexuales, dándoles igualdad tanto de derechos como de deberes. Por ello
propuse incluir la siguiente fórmula: “Las uniones de parejas homosexuales de
hecho tienen los mismos derechos y deberes que las uniones maritales de hecho
de heterosexuales”.
Estas dos propuestas de fallo estaban encaminadas a
abolir toda la legislación que penaliza o discrimina a los homosexuales en todas
las esferas: política, económica, social, laboral, cultural, civil o en
cualquier otra esfera, y estaba dirigida a incluir derechos y beneficios
específicos en materia de adopción, sucesión, en materia penal, en vivienda,
matrimonio, custodia de hijos, sucesión, respecto de efectos migratorios como
la residencia y ciudadanía de la pareja, así como en contratos y adquisición de
seguros, entre otros.
9. Conclusión
En conclusión se puede sostener que este fallo no sólo
se queda demasiado corto en el reconocimiento de derechos a los homosexuales,
sino que también es confuso porque no reconoce la totalidad de los efectos
civiles cuando la propia ley 54 de 1990 habla de “efectos civiles” que, como
quedo expuesto, no sólo incluye efectos patrimoniales sino que se extiende
necesariamente a otros muchos ámbitos.
En este mismo sentido, considero que esta sentencia es
contradictoria porque se ha empequeñecido los efectos civiles, dejando por
fuera temas como el del matrimonio, la adopción, la custodia de hijos, que son
temas todos del derecho civil. Aún cuando la presente sentencia se refiere a
los efectos civiles, en realidad no se refiere a todos los efectos civiles, y
por tanto termina empequeñeciendo la aplicación de la norma.
De otra parte, considero que la presente sentencia no
reconoce de manera íntegra la dignidad de los homosexuales al no reconocerles
de manera total y plena sus derechos.
Así mismo, no puedo dejar de resaltar el elemento
político que, a mi juicio, se hace patente en la presente decisión, y es la
estrategia de hacer pequeños cambios y pequeñas concesiones en derechos para
que todo siga igual, lo cual obedece a la conocida consigna “cambiemos para que
todo siga igual”, y que por tanto evita un cambio verdadero y real respecto del
reconocimiento de derechos. En este sentido, considero que esta sentencia es
aparentemente progresiva, pero en realidad es retardataria por cuanto no otorga
sino las migajas de los derechos que debían reconocerse de manera plena a los
homosexuales, ya que si se va a tocar la norma es para restablecer la libertad
y la igualdad completamente y no a medias.
Finalmente y para ponerlo en términos gráficos,
considero que si les debemos a las parejas que no son heterosexuales 30 derechos
y la ley que estamos discutiendo es una ley del año 90, es decir, que han
transcurrido 17 años para concederles un derecho; de este modo, si cada 17 años
se les concede un derecho, lo que va a pasar es que en el año 3000 todavía la
Corte Constitucional les va a estar debiendo derechos a esta población de
homosexuales.”
(ii) Así mismo,
reitero los argumentos expuestos en salvamento de voto a la Sentencia C-811 del
2008,  en donde sostuve:
“1. En primer término, considero que la presente
sentencia se limita a la afiliación al régimen contributivo de seguridad social
del núcleo familiar, también de parejas homosexuales, y no tiene en cuenta el
régimen subsidiado, que debe proteger también las parejas homosexuales y su
núcleo familiar.
2. En segundo lugar, considero que no se puede llegar
a proteger solamente los derechos patrimoniales y de salud, dejando de lado
otros derechos que sí se reconocen a las parejas heterosexuales, por lo en mi
concepto continúa la discriminación frente a las parejas del mismo sexo y su
núcleo familiar.
3. En tercer lugar, como lo he sostenido en repetidas
oportunidades, sostengo que a la luz de la Constitución Política, las parejas
homosexuales tienen plenitud de derechos que deben ser restablecidos por el
tribunal constitucional, tales como, la posibilidad de contraer matrimonio y
adoptar hijos.
4. En cuarto lugar, en mi criterio el condicionamiento
que se propone en la parte resolutiva de esta decisión que declara la
exequibilidad del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el
régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas del
mismo sexo, desconoce de todas maneras los valores, principios y derechos
constitucionales, por cuanto mantiene un trato diferente y discriminatorio
frente a la pareja homosexual a la que no se reconoce que también conforma una
familia. De forma contraria a esto, el suscrito magistrado considera que la
Constitución Política consagra diferentes vías y caminos para la conformación
de la familia y que el matrimonio es tan sólo uno de ellos, pudiendo por tanto
legítimamente las parejas de homosexuales conformar una familia con la plenitud
de los derechos otorgados a ésta en materia de matrimonio, adopción, seguridad
social –salud y pensión-, vivienda, en materia penal, etc.
5. Finalmente y de conformidad con lo anterior, el
suscrito magistrado se permite reiterar sus salvamentos de voto en materia de
igualdad de derechos para las parejas homosexuales[48],
remitiéndome por tanto a los argumentos expuestos en ellos por cuanto considero
que son válidos también en este caso, ya que en mi criterio, en la
jurisprudencia de esta Corte se encuentran muchos preconceptos y prejuicios que
aún no se han abandonado.
En este orden de ideas, me permito insistir nuevamente
en que no se puede pregonar el respeto de los seres humanos y de su dignidad
como seres libres e iguales y al mismo tiempo volverse contra ellos,
desconociendo sus derechos fundamentales.
En esta oportunidad, quisiera referirme especialmente
al argumento sostenido relativo a que no puede haber una Constitución o una ley
contra la naturaleza, concepto derivado del concepto iusnaturalista de
“naturaleza humana” del cual disiento categóricamente por múltiples razones,
entre ellas por constituir un concepto vago, ambiguo, que puede llegar a
utilizarse para justificar cualquier sistema jurídico o social, como lo
develaran en su momento Kelsen[49] y Bobbio[50],
entre otros autores.
En este sentido, comparto plenamente las críticas que
se han elevado frente al concepto de naturaleza humana por los autores
mencionados. Así mismo, debo recordar aquí que la utilización del concepto de
naturaleza humana con el objetivo de derivar de él consecuencias jurídicas de
presupuestos empíricos viola tajantemente las más claras reglas lógicas del
pensamiento racional según las cuales es imposible derivar consecuencias
normativas o de “deber ser” de premisas fácticas o del “ser”. Este tipo de
error lógico fue develado y criticado por David Hume[51]
y contemporáneamente por racionalistas críticos como Popper[52]
y Albert[53], defecto
lógico que se ha conocido como “falacia naturalista”.
En este orden de ideas y en aras de la discusión, muy
por el contrario a lo que se ha afirmado, de aceptarse que existe una
naturaleza humana y por tanto una inclinación natural, la consecuencia debería
ser entonces que con mayor razón no se podría sancionar a las parejas
homosexuales por seguir sus propias inclinaciones sexuales naturales.
De otra parte, es de recordar que la Constitución
Nacional consagra como valor, principio y derecho fundante del Estado
constitucional y democrático de derecho, la libertad de las personas, como
sujetos libres y autónomos, y que por tanto el desarrollo de la libertad y
autonomía de los individuos implica la libre opción de vida, de búsqueda del
ideal de lo bueno para cada uno y para cada quien, de la propia concepción del
bien y de lo bueno “para mí”, lo cual incluye la libre decisión de conformar
una pareja y una familia, sin que el matrimonio sea la única vía para conformar
ésta última. De esta manera, debo reiterar aquí un principio liberal básico, en
el sentido de que el Estado no puede imponer a las personas y ciudadanos un
ideal de vida o de lo bueno o de lo deseable, sino que tiene como límite el
respeto de la libertad y autonomía de los individuos en cuanto sujetos
morales.
Así pues, de conformidad con mi más clara y firme
convicción en los principios de dignidad humana, libertad e igualdad, y de que la
Constitución no prevé el matrimonio como única vía para la conformación de
familia, mi propuesta es y ha sido la de que la Corte debe afirmar la
existencia de varias clases de familia, todas igualmente válidas y con plenitud
de derechos, pues hay que acabar con toda clase de prejuicios y preconceptos
que limitan los derechos de las parejas homosexuales y su núcleo familiar.
En este sentido, el suscrito magistrado se
permite dejar constancia en el presente escrito de que en Sala Plena no se
acogió mi solicitud de votar respecto de mi propuesta de afirmar la existencia
de diversas clases de familia, también conformada por parejas homosexuales,
todas ellas igualmente válidas y con plenitud de derechos. “
Con fundamento en lo expuesto,
salvo parcialmente y aclaro mi voto a la presente sentencia.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Sentencia con
aclaración de voto de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Nilson Pinilla Pinilla y Marco Gerardo Monroy Cabra. Y, salvamento de voto
del Magistrado Jaime Araújo Rentaría.
[2] Sentencia con
aclaración de voto de los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla y Catalina Botero
Marino. Y, salvamento de voto del Magistrado Jaime Araújo Rentaría.
[3] Ver sentencia
T-532 de 1992
[4] Sentencia
T-542/92
[5] Ver sentencia
C-507 de 1999
[6] Ver sentencia
T-532 de 1992
[7] Ver sentencia
T-037 de 1995
[8] Sentencia
C-098 de 1996.
[9]
Cfr., entre otras, las sentencias C-010 de 2000; C-004 de 2003; y T-453 de 2005
[10]
Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Comunicación Nº 941/2000:
Australia. 18/09/2003. CCPR/C78/D941/2000.
[11] Ver sentencia T-268 de 2000
[12] Sentencia
C-431 de 1999.
[13] Sentencia
C-098/96.
[14] Sentencia T-268 de 2000
[15]
Caso Toonen c. Australia. Comunicación No 488/1992, Informe del Comité de
Derechos Humanos, UN Doc. A/49/40, vol. II, 226-37.
[16]
Caso Young c. Australia Comunicación N° 941/2000: Australia. 18/09/2003.
CCPR/C/78/D/ 941 /2000.
[17] Sentencia
C-075 de 2007, fundamento 5.
[18]
Cfr. entre otras, las sentencias, C-080 de 1999, T-049 de 2002, T-524 de 2002 y
C-111 de 2006.
[19]
Sentencia C-002 de 1999.
[20]
Sentencia C-1176 de 2001
[21] Sentencia
T-460 de 2007
[22]
Cfr., entre otras, las sentencias T-190 de 1993; T-553 de 1994; C-389 de 1996;
C-002 de 1999; T-049 de 2002, C-1094 de 2003 y T-326 de 2007
[23]
Sentencia C-002 de 1999
[24]
Sentencia C-111 de 2006.
[25]
En la sentencia C-111 de 2006, la Corte Constitucional hizo
referencia a algunas decisiones de tutela en las cuales esta Corporación puso
de presente el carácter fundamental de la pensión de sobrevivientes, a partir
de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a
la dignidad humana, a la integridad personal y a la educación, consideración
que se encuentra, entre otras, en las sentencias T-1185 de 2004 y T-996 de 2005
[26] Sentencia
T-326 de 2007.
[27]Corte Suprema de Justicia. 17 de abril de 1998,
Radicación 10406.
[28]Consejo de Estado, Sección Segunda, sent. julio 1º/93.
[29] Ver entre
otras sentencias las C-1089 de 2003, C-623 de 2004, C-516 de 2004 y C-543 de
2007.
[30]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 2001 y C-130 de 2002
[31]
Sentencia C-1489 de 2000
[32]
Sentencia C- 791 de 2002 reiterada en sentencia C-543 de 2007
[33] Sentencia
C-1489 de 2000.
[34] Así se reconoce expresamente en el artículo 48 del Texto Superior,
conforme a las modificaciones efectuadas por el Acto Legislativo No. 01 de
2005, en los siguientes términos: “El Estado garantizará los derechos, la
sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos
adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de
acuerdo con la ley esté a su cargo.”.
[35] Sentencia
C-543 de 2007
[36]
Ver entre otras las sentencias C-623 y C-1024 de 2004, así como la sentencia
C-823/06 S.P.V. Nilson Pinilla Pinilla
[37] Sentencia
C-823 /06 S.P.V. Nilson Pinilla Pinilla.
[38] Sentencia
C-543 de 2007
[39]Sentencia
C-575/92
[40] Ver la
sentencia C-111/06
[41] Sentencia
C-543 de 2007
[42]
En ese orden de ideas la Corte declaró inexequible el límite de los 18 años
edad previsto en la disposición acusada, para que las madres trabajadoras cuyos
hijos padezcan de invalidez física o mental, cuando éstos dependan
económicamente de aquellas, puedan ser beneficiarias de la pensión especial de
vejez dirigida a garantizar el debido cuidado y protección de las personas
discapacitadas. En sus propias palabras, la Corte sostuvo: “La Corte
comparte el argumento acerca de que la escasez de recursos y la necesidad de
avanzar progresivamente en la concesión de algunos beneficios, de acuerdo con
la disponibilidad económica, pueden obligar a delimitar el ámbito de aplicación
de un beneficio o el espectro de beneficiarios. Sin embargo, considera
importante aclarar que en los casos en los que se aduzca la escasez de medios
para negar el acceso a un derecho a grupos vulnerables es necesario que la
argumentación no se reduzca a afirmaciones genéricas acerca de la limitación de
los recursos económicos. Cuando se trata de establecer diferenciaciones que
comprometen los derechos de los grupos específicos más débiles de la sociedad,
el Estado corre con la carga de la argumentación para demostrar específica y
realmente que era efectivamente conducente establecer una determinada
diferenciación. (...) // Por otra parte, la Corte es consciente de que derechos
como los que se discuten en este proceso son de aplicación progresiva, lo cual
indica que no siempre pueden ser desarrollados en toda su dimensión de un día
para otro, y que probablemente es necesario que inicialmente los beneficios se
focalicen en algunos grupos. Sin embargo, es claro que la marginación del
acceso al beneficio para las madres trabajadoras de los hijos mayores de edad
afectados por una invalidez física o mental que no les permite valerse por sí
mismos y que dependen económicamente de ellas, no es constitucionalmente
legítima, dada la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran.
Puesto que de lo que se trata es de facilitarle a las madres trabajadoras que
apoyen de forma permanente a sus hijos inválidos y que dependen de ellas
económicamente, la diferenciación establecida por la norma acusada es
inaceptable a la luz de la Constitución, pues como ya se señaló el mero
tránsito de edad no modifica por sí mismo las condiciones de los hijos”.
[43] Sentencia
C.543 de 2007
[44] Sentencia C-111 de 2006.
[45] Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fl. 102 y
siguientes del expediente.
[46] Sentencia C-811 de 2007
[47] Ver
Salvamento de Voto a la Sentencia C-841 del 2001.
[48] Ver
Salvamentos de Voto a las sentencias C-814 de 2001, C-821 de 2005, C-075 de 2007
y C-521 del 2007.
[49] Ver Kelsen,
Hans, La idea del derecho natural y otros ensayos, Buenos Aires, Editorial
Losada, 1946.
[50] Ver Bobbio,
Norberto, Sociedad y Estado en la filosofía en la sociedad política moderna: el
modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano, Fondo de Cultura Económica,
México, 1986.
[51] Ver Hume,
David, Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza Editorial,
Barcelona, 2001.
[52] Ver Popper,
Kart Raimund, La lógica de la investigación científica, Editorial Tecnos,
Madrid, 1962.
[53] Ver Albert,
Hans, Tratado sobre la razón crítica, Editorial Sur, Buenos Aires, 1973.