C-300-98
Sentencia C-300/98
Sentencia
C-300/98
ESCALAFON DOCENTE-Ascenso/PRINCIPIO DE IGUALDAD PARA
DOCENTE-Equiparación entre título obtenido y elaboración de una obra
Puede acceder al
grado 14 tanto un profesional Licenciado en Educación como uno que no lo sea; y
tanto uno que haya obtenido post-grado en Educación, o en otra especialidad,
como quien carezca de él, siempre que acredite conocer una materia científica,
pedagógica o técnica sobre la cual pueda enseñar. Que el legislador haya
escogido la autoría de una obra como elemento para demostrar esa preparación,
no desconoce los mandatos constitucionales. La opción de ascenso dentro del
Escalafón está conferida por igual para quienes hayan obtenido grado académico
y para aquellos que, sin poseerlo, hayan elaborado una obra relativa a las
materias que la norma indica. A juicio de la Corte, es precisamente esa
equiparación entre las formas de acreditar las capacidades académicas la que
asegura que no se discrimine entre unas personas y otras, en perjuicio de las
que por su actividad investigativa y creativa han nivelado sus capacidades con
los titulados. Entonces, al contrario de lo sostenido por el demandante, se
realiza aquí el principio constitucional de igualdad real y material.
ESCALAFON DOCENTE-Calificación de la obra
No toda obra
puede ser considerada como suficiente para que se entienda acreditado el
requisito legal en cuestión. Es indispensable que la autoridad encargada de
reconocer el ascenso en el Escalafón califique su contenido desde el punto de
vista académico y que, teniendo en cuenta los criterios propios de la ciencia o
especialidad de que se trata, evalúe si en realidad el autor, mediante el
trabajo presentado, hace algún aporte valioso que sustente el mérito
indispensable para acceder al grado de Escalafón al cual aspira. El concepto
"obra" no necesariamente se identifica con la publicación de uno o
varios libros. Debe tomarse en sentido amplio, de manera que cobije la
actividad previa del aspirante en términos que razonablemente permitan inferir
el grado de dominio que exhibe respecto de una determinada área del
conocimiento.
Referencia:
Expediente D-1920
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) del Decreto-Ley 2277 de
1979
Actor: Carlos
Humberto Quispe Fuertes
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de junio de mil
novecientos noventa y ocho (1998).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano CARLOS
HUMBERTO QUISPE FUERTES, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo
241, numeral 5, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) del Decreto-Ley
2277 de 1979.
Cumplidos como están
los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a
resolver.
II. TEXTO
A continuación se
transcribe, subrayando lo demandado, el texto de las disposiciones objeto de
proceso:
"DECRETO NUMERO 2277 de 1979
(septiembre 14)
por el cual se adoptan normas sobre el
ejercicio de la profesión docente.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8 de 1979
y oído el concepto de la Comisión Asesora prevista en el artículo 3 de dicha
Ley,
DECRETA:
(...)
CAPITULO III
ESCALAFON NACIONAL DOCENTE
ARTICULO 10.
Estructura del Escalafón. Establécese
los siguientes requisitos para ingreso y ascenso de los educadores titulados a
los distintos grados del Escalafón Nacional Docente:
(...)
GRADO
TITULOS EXIGIDOS
CAPACITACION
EXPERIENCIA
Al grado 14
Licenciado
en Ciencias de la Educación que no haya sido sancionado con exclusión del
Escalafón Docente y que cumpla uno de los siguientes requisitos:
Título
de post-grado en Educación reconocido por el Ministerio de Educación
Nacional o autoría de una obra de carácter científico, pedagógico o
técnico.
Curso
3 años en el grado
13.
(...)"
III. LA DEMANDA
Considera el
demandante que la norma parcialmente acusada vulnera los artículos 13, 25, 53 y
68 de la Constitución Política.
Afirma que el
requisito allí consagrado para ascender dentro del Escalafón Docente vulnera
los derechos a la igualdad y al trabajo, toda vez que genera una discriminación
sin justa proporción entre sectores de docentes que poseen título de post-grado
y aquellos licenciados en educación que son autores de obras escritas.
Por tanto,
actualmente los docentes podrán ascender al grado 14 del Escalafón Docente con
la sola certificación de haber efectuado una publicación, sin necesidad de
acreditar el título de especialización.
Afirma que las
juntas seccionales de Escalafón, interpretando indebidamente la Sentencia C-507
de 1997, proferida por esta Corte, están exigiendo para tal ascenso los dos
requisitos, resultando gravosa la posición de los profesionales y licenciados
en educación.
Considera el
demandante que la elaboración de un texto escrito resulta de difícil
cumplimiento, ya que sólo una minoría de los docentes colombianos estaría en
capacidad de hacerlo debido a los altos costos de la publicación, a la ausencia
de capacitación y a las deficiencias técnicas y humanas que afectan al
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, en su criterio, con esta norma se
vulnera el derecho de opción laboral consagrado en el artículo 53 de la Carta
Política.
Por  último   y
respecto   de   la  profesionalización   de  la  actividad  docente -postulado
consagrado en el artículo 68 constitucional-, afirma el accionante que, por
causa de la norma acusada, aquélla no resulta ser una garantía, como la
consagra la Constitución, sino una carga que deben soportar los educadores
colombianos.
IV. INTERVENCIONES
El ciudadano ALVARO
NAMEN VARGAS, actuando como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho,
presentó un escrito destinado a defender la constitucionalidad de la norma
acusada.
En su opinión, el
requisito demandado como inconstitucional no resulta imposible de lograr. Es
decir que, independientemente de la facilidad o dificultad con que los
educadores puedan escribir una obra por la falta de apoyo logístico con que
cuentan, todos tienen la posibilidad de ascender al último grado del Escalafón
Docente.
Afirma que escribir
una obra, aunque ahora sea un requisito sine qua non para ascender al
grado 14, constituye un requerimiento válido con miras a lograr la
profesionalización, y que el precepto es un desarrollo del artículo 26 de la Constitución,
según el cual el Estado puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de
las profesiones.
Por su parte, la
ciudadana ALBA DE LA CRUZ BERRIO BAQUERO, a nombre del Ministerio de Educación
Nacional, señala que la inconformidad del demandante, en vez de referirse
directamente a la norma acusada, alude a los efectos que ha generado la
Sentencia C-507 de 1997, de esta Corporación, mediante la cual fueron
declarados inexequibles algunos apartes del artículo 10 del Decreto 2277 de
1979.
En segundo término,
considera que la autoría de una obra es una posibilidad al alcance de todos los
docentes sin discriminación alguna, y que se trata de una opción pluralista y
democrática. Por tanto, a su juicio, no puede aceptarse violación alguna de los
artículos 13, 25, 53 y 68 de la Constitución Política, como lo afirma el
demandante.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que declare exequible,
en lo acusado, el artículo 10 del Decreto 2277 de 1979.
Sin embargo, el Jefe
del Ministerio Público propone que se condicione tal declaración en el
entendido de que "para acceder al grado 14 del Escalafón Docente se
requiere, además de la experiencia que establece la norma, ser profesional con
Título Universitario, no haber sido sancionado con exclusión del Escalafón
Docente y cumplir uno de los siguientes requisitos: Título de post-grado en
cualquier modalidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o
autoría de una obra de carácter científico, pedagógico o técnico".
Afirma que la norma
parcialmente demandada no es inconstitucional, por cuanto para ascender al
máximo nivel en el Escalafón Docente, acorde con la lógica, se debe cumplir con
las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico para ocupar grados de
inferior jerarquía.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es
competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma
parcialmente acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 5, de la Constitución Política.
2. Los requisitos
para acceder al Grado 14 del Escalafón docente
La definición sobre
constitucionalidad de las expresiones demandadas en cuanto al cargo formulado
por al actor sobre posible desconocimiento de la igualdad se desprende de la
decisión que ya adoptó la Corte mediante Sentencia C-507 del 9 de octubre de
1997 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz), al declarar inexequible la exigencia de
ser Licenciado en ciencias de la educación para ascender, en el Escalafón
docente, a los grados 13 y 14.
En efecto, para el
demandante, lo inconstitucional de los términos que acusa radica en que una
persona pueda llegar al grado 14 del Escalafón "sin necesidad de acreditar
el título de especialización", lo que, en su criterio, coloca en situación
de desigualdad a los especializados respecto de los autores de obras
científicas, técnicas o pedagógicas.
La Corte declaró
inexequible la exigencia de la licenciatura en ciencias de la educación por el
siguiente motivo, precisamente relacionado con el derecho a la igualdad:
"Del derecho a la igualdad
1. La Corte ha señalado
que hablar de la clásica fórmula aristotélica, según la cual hay que tratar
igual a lo igual y desigual a lo desigual, con las variantes que le imprime el
artículo 13 de nuestra Constitución, tiene sentido en la medida en que se
respondan las siguientes tres preguntas: ¿igualdad para quiénes?, ¿igualdad en
qué?, ¿igualdad con base en qué criterios?  Los dos primeros interrogantes
pueden responderse a través de los argumentos y hechos materia de
controversia.  El artículo 10 del Decreto-Ley 2277 de 1979, establece una
diferenciación entre los profesionales no licenciados en ciencias de la
educación y aquéllos que lo son,  respecto de la posibilidad de acceder
a los grados 13 y 14 del escalafón docente. La tercera pregunta, relativa al
criterio o criterios utilizados para aplicar un trato diferenciado, implican
una valoración por  parte de quien pretenda responderla.
2.
Con buen criterio, esta Corporación se ha preocupado por establecer pautas que
ayuden al juez al momento de examinar la razonabilidad de actos que establecen
diferencias en el tratamiento de los individuos, fundadas en la ponderación de
los valores en juego y no simplemente en la confrontación lógica de los
mismos.  De este modo, se busca averiguar si el trato diferenciador (1) es
adecuado para la obtención de un fin constitucionalmente válido; (2) necesario,
es decir, que no existe un medio menos oneroso, en términos de sacrificio de
los principios constitucionales, para alcanzar el fin; (3) proporcionado, que
el trato desigual no sacrifica valores y principios (la igualdad, por ejemplo)
que tienen un  mayor peso frente al principio que se pretende favorecer.
3.
En el caso particular, el ya citado artículo 10 del Decreto 2277 establece un
trato diferenciado al permitir que sólo los licenciados en educación puedan
llegar hasta los grados 13 y 14.
a.
Este trato es válido desde el punto de vista constitucional en la medida en que
no solo busca desarrollar expresos principios constitucionales que velan por la
idoneidad ética y pedagógica de las personas dedicadas a la enseñanza, asi como
por la profesionalización y dignificación de la actividad docente –art. 68
C.P.-,  sino que también busca garantizar, en las mejores condiciones posibles,
el derecho a la educación y el aprendizaje –arts. 27 y 67 C.P., entre otros-.
b. Sin embargo,
los requerimientos particulares que establecen las expresiones demandadas del
artículo 10, carecen de una justificación razonable pues no son
proporcionadas.  No es consistente con la naturaleza de la educación ni con los
postulados constitucionales, acoger un criterio para el ascenso en la carrera,
que privilegie las formas –licenciatura en educación- antes que el mérito y la
capacidad (mensurables de distintas formas), reconocidos en profesores de
diferentes formaciones, para alcanzar los grados más altos del magisterio. Se
trata de una actividad que, como se ha dicho, responde a intereses generales de
la sociedad y respeta su diversidad.
Además
de lo injustificado e inconveniente de un proceso de profesionalización como el
que propone cierta parte de la norma que se revisa, se consagra un tratamiento
que tampoco es necesario. Existen mecanismos diferentes que contribuyen al
mejoramiento de la actividad docente y que no afectan los intereses de sectores
comprometidos en la formación.  Inclusive, si de proteger y fomentar el estudio
de las ciencias de la educación se trata, se ha escogido el camino más oneroso
para la comunidad en general y para un respetable sector de educadores,
objetivos que bien pueden alcanzarse acudiendo a otro tipo de medidas que no
vulneren derechos de otros.
Algo
más: para la Corte resulta necesario reiterar que los criterios que han de
guiar la implantación de los mecanismos de ingreso y ascenso en la profesión
docente, deben concordar con los méritos reales y efectivos que acreditan los
candidatos a tales promociones y, que durante la carrera han de medirse
con periodicidad; que dichos criterios pueden establecer niveles mínimos de
habilidad y experiencia que la Corporación respeta, pero que de ninguna manera
han de servir como pretexto para restringir el ejercicio de determinada
actividad o para desconocer formas diferentes  y alternativas –con el mismo o
mayor nivel de preparación y práctica-, de ver la vida, analizar la cultura y
transmitirla con propiedad a los demás.
4.
En ejercicio del deber constitucional confiado a la Corte y reiterado por ley
de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, se procede a declarar
la inexequibilidad de las fracciones demandadas del artículo 10, del
Decreto 2277 de 1979, por las razones ya anotadas. El pronunciamiento ha de
extenderse dentro de las mismas consideraciones de este fallo a la expresión “Título
de postgrado en educación” perteneciente también a la norma que se revisa
–art. 10. D.2277/79-.  Para tomar la decisión, asisten al juez constitucional
motivos de peso, pues tanto en las expresiones acusadas como en aquélla a la
que la sentencia se extiende, se aprecia la violación de los principios de
diversidad y pluralidad al desconocerse la existencia de actores del proceso de
educación que se han capacitado de distintas formas y que asumen su compromiso
con la formación de personas desde distintos puntos de vista; y del derecho de
igualdad –e igualdad de oportunidad para los trabajadores-, pues se discrimina
a los profesionales universitarios no licenciados en educación frente a los que
sí lo son y a los profesionales con postgrado en materia diferente a la
educación frente a los que han escogido subespecializarse en pedagogía".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-507 del 9 de octubre de 1997.
M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Si ello es así,
puede acceder al grado 14 tanto un profesional Licenciado en Educación como uno
que no lo sea; y tanto uno que haya obtenido post-grado en Educación, o en otra
especialidad, como quien carezca de él, siempre que acredite conocer una
materia científica, pedagógica o técnica sobre la cual pueda enseñar.
Que el legislador
haya escogido la autoría de una obra como elemento para demostrar esa
preparación -que no necesariamente tiene que darse respecto de las Ciencias de
la Educación sino en cualquier campo del saber-, no desconoce los mandatos
constitucionales, pues de una parte es él quien según el artículo 26 de la
Carta puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones y,
de otra, la autoría de una obra puede adquirir, si la ley lo dispone, el
carácter de "título" que acredite un cierto nivel de conocimientos
sobre la materia objeto de la actividad educativa que habrá de desempeñarse,
sin que se desvirtúe el propósito inherente a la exigencia de aquél. En
últimas, lo que hace la ley es reconocer un carácter genérico a la expresión
"título", que no cobija solamente el diploma expedido por una
institución de educación formal previo el agotamiento de unos programas
académicos predeterminados, sino que, dentro de una concepción más amplia,
puede admitir otras modalidades de formación, entre ellas la autodidáctica,
homologada a la educación formal.
La existencia de esa
posibilidad es una alternativa y no un requisito único e inmodificable, pues
resulta evidente que, con las supresiones que en el texto de la norma produjo
la aludida Sentencia de esta Corte, la opción de ascenso dentro del Escalafón
está conferida por igual para quienes hayan obtenido grado académico y para
aquellos que, sin poseerlo, hayan elaborado una obra relativa a las materias
que la norma indica.
A juicio de la
Corte, es precisamente esa equiparación entre las formas de acreditar las
capacidades académicas la que asegura que no se discrimine entre unas personas
y otras, en perjuicio de las que por su actividad investigativa y creativa han
nivelado sus capacidades con los titulados. Entonces, al contrario de lo
sostenido por el demandante, se realiza aquí el principio constitucional de
igualdad real y material (art. 13 C.P.).
Ahora bien, el
concepto "obra" no necesariamente se identifica con la publicación de
uno o varios libros. Debe tomarse en sentido amplio, de manera que cobije la
actividad previa del aspirante en términos que razonablemente permitan inferir
el grado de dominio que exhibe respecto de una determinada área del
conocimiento: investigaciones académicas, estudios individuales o colectivos o
trabajos científicos, por ejemplo, pueden ser aptos para demostrar el mérito de
la persona para acceder al nivel de Escalafón en referencia.
De la misma manera,
no toda obra puede ser considerada como suficiente para que se entienda
acreditado el requisito legal en cuestión. Es indispensable que la autoridad
encargada de reconocer el ascenso en el Escalafón califique su contenido desde
el punto de vista académico y que, teniendo en cuenta los criterios propios de
la ciencia o especialidad de que se trata, evalúe si en realidad el autor,
mediante el trabajo presentado, hace algún aporte valioso que sustente el
mérito indispensable para acceder al grado de Escalafón al cual aspira.
Téngase en cuenta
que, en virtud del ya mencionado fallo de esta Corte, las palabras "de
post-grado en educación", relativas al título exigido, son inexequibles,
por declaración que en él se hizo al configurar la unidad de materia con lo
entonces demandado.
No se pierda de
vista que lo hallado inexequible por la Corte en esa oportunidad no fue el
requerimiento legal del "título" en sí mismo, sino el
condicionamiento de que tuviera tal carácter sólo en Ciencias de la Educación,
luego no se opone a la Carta la exigencia de "título" en cualquier
campo -no necesariamente en educación-, la cual está consagrada, en el
encabezamiento de la norma acusada, bajo las expresiones "TITULOS EXIGIDOS".
De lo dicho resulta
que, cuando esta Corte declaró inexequibles las palabras "Título de
post-grado en Ciencias de la Educación", no censuró el requisito del
título como inconstitucional sino su exclusiva unión a la preparación
específica en el área educativa, lo que representaba ruptura de la igualdad en
contra de profesionales titulados en otras materias.
A la luz de esos
criterios, lo que se tiene en definitiva es que se ajusta a la Constitución la
regla legal que, para el grado 14 en la estructura del Escalafón Docente, exige
al aspirante, además de no haber sido sancionado con exclusión del mismo,
cumplir uno de dos requisitos: título universitario en cualquier especialidad,
siempre que haya sido reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, o la autoría
de una obra de carácter científico, pedagógico o técnico, entendida en los
términos a que esta providencia se refiere.
DECISION
Con fundamento en
las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos
los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
En los términos de
esta Sentencia, decláranse EXEQUIBLES, en el artículo 10 del Decreto Ley
2277 de 1979, respecto del Grado 14 del Escalafón Nacional Docente, las
expresiones "y que cumpla uno de los siguientes requisitos" y
"reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o autoría de una obra
de carácter científico, pedagógico o técnico".
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Presidente
-En comisión-
ANTONIO BARRERA
CARBONELL                         ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado                                   Magistrado
-En comisión-
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                                       CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                 FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL HACE CONSTAR QUE:
Los H. Magistrados
doctores Vladimiro Naranjo Mesa y Antonio Barrera Carbonell, no firman la
presente providencia, por encontrarse en comisión oficial en el exterior.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia C-300/98
ESCALAFON DOCENTE-Ascenso/PERSONAL DOCENTE-Ascenso (Salvamento de voto)
Es descabellado
frente a una actividad que sólo legalmente pude desarrollarse por profesionales,
apelar al discurso convencional del pluralismo, la igualdad de oportunidades y
de la autonomía, para conseguir que las personas carentes del título de
idoneidad exigido puedan incursionar en ella, salvo que la actividad no sea
susceptible de ser objeto de este tratamiento especial.  Sin embargo este no es
el caso de la docencia, ya que es la misma Constitución la que ordena que en
ese campo se garantice por la ley la "profesionalización". De otro
lado, el efecto de exclusión que apareja la ley es mínimo en cuanto que reserva
a los licenciados en ciencias de la educación apenas los dos últimos grados del
escalafón.
CARRERA DOCENTE-Profesionalización (Salvamento de voto)
La exigencia del
título de licenciado en ciencias de la educación, para ascender a los dos
grados más altos de la carrera docente, no resulta ni arbitrario ni
desproporcionado. Por el contrario, el requisito es conducente puesto que es el
más directamente relacionado con la carrera que se regula. Eliminar el
requisito del título docente, significaría restarle consecuencias esenciales a
la profesionalización de la docencia, en su propio campo, lo cual afectaría la
garantía institucional que en este sentido consagra la Constitución y que
arriesga quedar vaciada de contenido si en ninguna esfera puede pretender un
mínimo de exclusividad. En cambio, el costo de la restricción para los docentes
de otras profesiones no es excesivo, como quiera que mantienen el horizonte de
oportunidades que les depara su propia profesión y el ejercicio de la docencia
en las universidades y en los niveles en que todavía les permite la ley.
Referencia:
Expediente D-1920
Actor: Carlos
Humberto Quispe Fuertes
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) del Decreto-Ley 2277 de
1979
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Con el acostumbrado
respeto presento las razones por las cuales me aparto de la decisión adoptada
por la mayoría. Como lo expresé en mi salvamento de voto a la Sentencia C-507
de 1997, la Constitución ha prohijado un modelo educativo que, aunque
corresponde al legislador desarrollarlo, no lo puede hacer sin desconocer el
principio superior de profesionalización de la actividad docente. Por
consiguiente, me remito a los argumentos que expuse en el salvamento de voto
referido a la sentencia anotada.
Fecha ut, supra.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado