T-356-17
Sentencia T-356/17
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Procedencia
de la acción de tutela frente a decisiones de las universidades de impedir la
matrícula de los estudiantes en aplicación de sus reglamentos internos
Resulta fundamental tener en cuenta que dado que el
derecho a la educación fue invocado en el presente caso, la continuidad en el
proceso educativo se torna especialmente relevante. Así, entre más tiempo
transcurra en dilucidarse la eventual afectación de los derechos por parte de
la Universidad, más afectado podría verse el proceso académico del estudiante.
En este sentido, la necesidad de asegurar la continuidad en el proceso
educativo ha fundamentado decisiones de procedencia de la acción de tutela en
casos similares al que se analiza, respecto de los cuales la Corte ha señalado
que “es procedente que los
titulares de dicho derecho puedan solicitar su amparo por medio de la tutela, y
su acceso al servicio a través del sistema educativo o de los centros
especializados en dichas actividades, así como su continuidad en la formación”. En consecuencia, esta Corte
considera que en este caso se cumple el requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela, pues no existe un mecanismo judicial que permita asegurar
adecuadamente la continuidad del derecho a la educación, respecto de decisiones
de las universidades de impedir la matrícula de los estudiantes en aplicación
de sus reglamentos internos.
DERECHO A LA EDUCACION-Servicio público con función social
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental
tanto para los menores de edad como para los adultos
La
jurisprudencia de esta Corte, siguiendo la orientación general del texto
constitucional, ha determinado con claridad que en el caso de los menores de
edad la educación constituye un derecho fundamental. Ahora bien, frente al
derecho a la educación para los mayores de edad, el texto constitucional no es
explícito respecto de su carácter fundamental, a pesar de lo cual la
jurisprudencia ha logrado afirmar cómo, dados los valores constitucionales que
se desarrollan teniendo como prerrequisito a la educación, este resulta también
fundamental cuando se refiere a los mayores de edad.
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Fundamental
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Presupuesto
básico para la efectividad de otros derechos
DERECHO A LA EDUCACION-Núcleo
esencial
EDUCACION-Derecho-deber
PRINCIPIO
DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Concepto, alcance y contenido
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites en la Constitución y la ley
DEBIDO
PROCESO-Regla de obligatorio cumplimiento para procedimientos académicos,
administrativos o disciplinarios adelantados por instituciones universitarias a
estudiantes
DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR-Vulneración
por desconocimiento de hoja de ruta académica del accionante
La Sala encontró que la
entidad accionada si vulneró el derecho al debido proceso del actor. Como se
indicó anteriormente, el establecimiento de una ruta académica a un alumno para
garantizar su reingreso por parte de una Universidad es una actuación
administrativa que “no está
revestida de las formalidades propias de un procedimiento disciplinario”.
No obstante, esta se encuentra cobijada por las garantías propias del debido
proceso. Bajo este entendido, como señaló esta Corte el debido proceso aplica
entre las relaciones Universidad – alumno, mismo que debe seguir los
lineamientos establecidos en el Reglamento, así como observar la realidad
académica del estudiante. En el caso concreto, al desconocer la realidad
académica del accionante, la ULGC vulneró el derecho al debido proceso
accionante, por cuanto, de los antecedentes del caso se desprende que el
tutelante debía cursar treinta y dos (32) créditos y no treinta y ocho (38)
créditos, como erróneamente lo señaló la Universidad en la hoja de ruta
académica diseñada para el reingreso del estudiante. Con fundamento en lo
anterior, la Corte amparó el derecho fundamental al debido proceso, ordenando a
la entidad accionada diseñar una nueva hoja de ruta académica respetuosa de los
treinta y dos (32) créditos que restan al accionante para culminar su carrera
de derecho, siempre que el accionanate se encuentre interesado en reingresar a
la Universidad
Referencia:
Expediente T-5.832.613
Acción de tutela
interpuesta por Julián Leonardo Martínez García contra la Universidad La Gran
Colombia.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de
dos mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA[1]
1. El señor Julián Leonardo Martínez
García interpuso acción de tutela solicitando se protegieran sus derechos a la
educación, debido proceso, igualdad, habeas data y dignidad humana,
pidiendo que se ordenara a la Universidad La Gran Colombia (en adelante, la “Universidad”
o la “ULGC”): (i) habilitar la matrícula académica del accionante en el
sistema de gestión académica de la institución “para el semestre
julio-noviembre de 2016, con la posibilidad de matricular el número máximo de
créditos permitidos para el programa de Derecho de transferencia de
profesionales, esto es, 38 créditos”[2];
(ii) permitir a los docentes ingresar al sistema de gestión académica para
incluir sus calificaciones correspondientes al bimestre junio-julio de 2016;
(iii) garantizar su acceso a los cursos en los bimestres agosto-septiembre y
octubre-noviembre de 2016 en cualquiera de las jornadas académicas (diurna y
nocturna) inscribiendo el máximo de créditos por bimestre (12.66); (iv) dejar
sin efecto la “ruta académica” fijada por la Secretaría Académica de
Transferencias de Profesionales; (v) validar los 138 créditos que certificó el
Jefe de la Oficina de Registro y Control de la Universidad; y (vi) expedir las
respectivas calificaciones al cursar las materias que aún debe cursar para
culminar sus estudios en derecho.
B.
HECHOS RELEVANTES
2. El accionante afirmó haber iniciado
sus estudios en derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional
Bucaramanga, durante el segundo semestre de 2010, aprobando en dicha
institución educativa un total de 53 materias, correspondientes a 134 créditos
académicos.
3. Los días primero (1º) y dieciocho
(18) de diciembre de 2014 y el cuatro (4) de febrero de 2015, la Oficina de
Admisiones de Transferencia de Profesionales de la ULGC remitió al accionante la
información institucional en la que describía los requisitos para realizar la
inscripción al pregrado en Derecho - Transferencia de Profesionales, aplicables
para el grupo que iniciaría dicho programa el seis (6) de abril de 2015[3].
4. El señor Martínez García se inscribió
en el programa de Derecho - Transferencia de Profesionales, y como consecuencia
de lo anterior, solicitó la homologación de los créditos cursados y aprobados
en la Universidad Pontificia Bolivariana[4].
5. El veinte (20) de marzo de 2015, la
Universidad homologó al accionante cinco (5) materias equivalentes a diez (10)
créditos[5],
“electivas correspondientes al componente flexible complementario”[6].
Posteriormente, el veintiocho (28) de abril de 2015, por medio del memorando
026-2015, la Secretaría Académica de Transferencia de Profesionales de la ULGC
admitió la homologación de dieciocho (18) materias del componente específico[7].
6. El treinta (30) de abril de 2015, el
accionante solicitó la revisión del trámite de homologación, pidiendo que se
incluyeran dieciocho (18) materias adicionales, por corresponder las mismas a
los contenidos de los programas de materias ofrecidas en la carrera de derecho
en la ULGC[8].
El mismo día, la Universidad accedió a dicha solicitud[9]. Por lo
tanto, la Secretaría Académica de Transferencia de Profesionales de la
mencionada Universidad homologó al tutelante cuarenta y un (41) materias,
equivalentes a noventa y nueve (99) créditos de un total de ciento setenta
(170) requeridos para el programa de Derecho - Transferencia de Profesionales
(Plan de estudios – malla 108). Los créditos homologados no superaron el
sesenta por ciento (60%) del total requerido para completar el programa
académico.
7. Para que el accionante cursara los
créditos restantes, la Universidad debía definir una “ruta académica”, la cual
como se evidencia en los hechos, se fijó en tres oportunidades: (i) el veinte
(20) de marzo de 2015, (ii) el veintiocho (28) de abril de 2015, y (iii) el
treinta (30) de abril de 2015. El tutelante manifestó en su escrito que “[e]n
ninguna de las tres oportunidades en que se me fijaron las rutas académicas, la
Universidad me exigió cursar materias específicas o determinada carga académica
por bimestre”[10].
8. El accionante afirmó que luego de
haber definido la homologación de las materias inscribió varios cursos, tanto
en la jornada diurna como en la nocturna, atendiendo el límite dispuesto en el
artículo 20 del Reglamento Estudiantil de la Universidad vigente para el
momento, que era del siguiente tenor:
“Artículo
20°. Matrícula completa. La matrícula completa corresponde a la inscripción,
desde nueve (9) créditos académicos hasta el número máximo definido en el plan
de estudios del programa académico, en el período respectivo. El estudiante que
inicie un programa académico deberá pagar la matrícula completa y cursar los
créditos a que ella da derecho”[11].
Posteriormente, con la reforma al
reglamento de la Universidad  (en adelante, el “Reglamento”
o el “Reglamento Estudiantil”), el artículo 20
fue modificado, pero conservando los mismos límites mínimos y máximos
correspondientes a la matrícula completa[12].
9. El accionante señaló que el límite
máximo de créditos establecido por la Universidad para el programa regular de
Derecho, matrícula completa, es de diecinueve (19)[13]. En opinión
del señor Martínez García dicho límite no corresponde a la oferta comercial
realizada por la Universidad, puesto que promociona una modalidad que permite
cursar la totalidad de la carrera de derecho en cinco (5) semestres, pero para
alcanzar esta meta, el estudiante debería estar habilitado para cursar treinta
y cuatro (34) créditos semestrales, correspondientes a la división de los
ciento setenta (170) créditos totales en los cinco (5) semestres que la
institución proclama como la duración total del programa de Derecho -
Transferencia de Profesionales.
10. Adicionalmente, indicó que el
establecimiento del límite máximo de créditos mencionado aplica exclusivamente
a quienes están inscritos en la modalidad de pregrado para no profesionales,
programa que tiene una duración de diez (10) semestres, por lo que en el caso
de la modalidad de Derecho - Transferencia de Profesionales, que está diseñada
para ser cursada en cinco (5) semestres, el límite debe entenderse duplicado,
llegando a treinta y ocho (38) créditos por semestre.
11. En el semestre abril-septiembre de
2015, el accionante cursó y aprobó treinta y cinco (35) créditos. También
asistió a dos (2) congresos internacionales –por fuera de las actividades
académicas regulares y con costo adicional para el estudiante- mediante los
cuales homologó cuatro (4) créditos correspondientes a materias electivas[14].
12. El señor Martínez García solicitó en
reiteradas ocasiones el aplazamiento de bimestres académicos. Primero, solicitó
el aplazamiento del bimestre académico octubre-noviembre de 2015 y luego del
bimestre febrero-marzo de 2016, solicitando su reingreso para el bimestre
abril-mayo de 2016. Sin embargo, también aplazó dicho bimestre y solicitó su
reingreso para el periodo bimestral de junio y julio del mismo año. En cuanto a
estas solicitudes el accionante indicó en su escrito que “[l]a última
solicitud de reingreso se contestó positivamente de forma tácita e implícita al
generarse el recibo de pago de la matrícula completa para el periodo 2016 3P
del pregrado de derecho del programa de profesionales”[15].
13. De forma paralela a la presentación
de las solicitudes de aplazamiento de bimestre mencionadas en el párrafo anterior,
el diecinueve (19) de marzo de 2016 el accionante recibió los resultados del
Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior - SABER PRO, con puntaje
promedio de las competencias genéricas y los módulos específicos comunes de 12.11.
En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo
001 del 18 de marzo de 2014 de la Universidad, solicitó la exención en la
presentación de los exámenes preparatorios para su carrera, por haber obtenido
un puntaje promedio superior al 10.5 exigido por la norma interna, y tener un
promedio por encima de 4.0. Sobre el particular, la Universidad accedió a su
solicitud el día catorce (14) de abril de 2016[16].
14. El veintisiete (27) de abril de 2016,
el accionante fue citado por correo electrónico por parte de la Secretaría
Académica de Transferencia de Profesionales “con el fin de aclarar lo
concerniente a su matrícula”. En una reunión que tuvo lugar al día
siguiente, el tutelante manifestó que se le aseguró que en el semestre
abril-septiembre de 2015 había cursado muchos más créditos de los autorizados,
por lo que debía cancelar el valor adicional correspondiente a la matrícula. En
dicha oportunidad, señaló el accionante haber solicitado que se detallara el
valor a pagar y la causa del mismo[17].
15. El día veintinueve (29) de abril de
2016, el tutelante acudió a la Secretaría Académica de Transferencia de
Profesionales solicitando explicaciones sobre el cobro anunciado y el supuesto
exceso en los créditos cursados. El accionante narró lo ocurrido en dicha
reunión en los siguientes términos:
“Ese mismo
día viernes 29 de abril de 2016, asistí en compañía de mí apoderada jurídica,
Dra. LAURA MARCELA QUIÑONES ORTIZ. Solicité réplica de lo que me presentaron y traté
de exponer todo lo que he narrado en este documento, negándome a pagar algo
que no debo. Mi apoderada también intentó exponer mi situación, pero la
Secretaria Académica de Transferencia de Profesionales, Dra. MARÍA CLEMENCIA
BUITRAGO VALENCIA, la increpó a callarse, le dijo que ella ni siquiera debería
estar en el recinto, de forma grosera, irrespetuosa y en un tono muy alto la
sacó de su oficina. Asimismo, a mí no me tomó en cuenta para nada, hizo una
serie de burlas a mis argumentos, me sugirió retirarme de la universidad, me
amenazó que me iba a descargar las notas que ya estaban en el Sistema de
Gestión Académica, se negó a motivar sus imputaciones en cualquier documento
institucional y me aseguró que me iba a hacer volver a cursar las materias que
había matriculado en otras jornadas y que ya había aprobado. Ese día fue
realmente tenso, me sentí vulnerado e irrespetado. Nunca me he manifestado de
forma grosera ante la Dra. MARÍA CLEMENCIA BUITRAGO VALENCIA, para haber
recibido de su parte un trato tan denigrante y ofensivo hacia mi persona
y mi apoderada jurídica”[18]
El señor Martínez García señaló que la
Universidad le expidió el recibo de pago 2016 3P[19], el cual de
acuerdo con el artículo 24 del Reglamento Estudiantil[20], se expide
solamente si el estudiante se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones para
con la Universidad.
16. El once (11) de mayo de 2016, el
estudiante consignó en una entidad financiera autorizada por la ULGC el valor
de $4.014.000, correspondiente a su matrícula de pregrado para el periodo 2016
3P. Para el accionante, esto implicaba que había obtenido “derecho a una
matrícula completa, y acced[er] a cursar un máximo de 38 créditos en un
semestre compuesto por tres bimestres para el pregrado de derecho del programa
de Transferencia de Profesionales”[21].
17. El señor Martínez García afirmó que
el día veintiséis (26) de mayo de 2016, le fue informada la adopción de la
decisión sobre su reingreso al programa, indicándole que podía acercarse a la Facultad
a enterarse del contenido de la decisión. El día tres (3) de junio de 2016, el
accionante acudió a la Universidad y al conocer el contenido de la decisión no
quiso recibir el documento. Al respecto manifestó:
“El pasado
viernes 3 de junio de 2016, luego de haber sostenido una conversación con la
Decana de la Facultad de Derecho, pasé a la oficina de Transferencia de
Profesionales para recibir lo que me habían enviado desde la Secretaría
Académica de Transferencia de Profesionales. Me llevé la sorpresa que la Dra.
MARÍA CLEMENCIA BUITRAGO VALENCIA quiere imponerme a que inscriba una serie de
materias para cada uno de los periodos académicos, vulnerando así mi derecho a
cursar los créditos por los que ya pagué con la matrícula completa. Propone que
inscriba materias en el ciclo 3P que ni siquiera están ofertadas en ninguna de
las dos jornadas, como por ejemplo, Antropología y Argumentación Textual. Y me
exige otro pago de matrícula completa para cursar el restante de materias en
los periodos 2017 1P, 2017 2P y 2017 3P.
[…]
No quise
recibir dicho documento por la indignación que me provocó tal resolución
cargada de animadversión hacia mí, carente de cualquier objetividad y
transgrediendo mis derechos como estudiante regular (establecidos en el
Reglamento Estudiantil) por parte de la Secretaria Académica de Transferencia
de Profesionales, Dra. MARÍA CLEMENCIA BUITRAGO VALENCIA”[22].
18. El accionante afirmó que el día dos
(2) de junio de 2016 intentó realizar el proceso de pre-matrícula en el sistema
de gestión académica para el correspondiente bimestre, pero que no pudo completar
dicho proceso, pues a través de mensaje en el sistema se le informó que su
matrícula estaba anulada[23].
19. Los días tres (3) y siete (7) de
junio de 2016 el señor Martínez García acudió a la Decanatura de la Facultad de
Derecho de la Universidad, y solicitó tanto presencialmente como por escrito,
una solución a su situación. El ocho (8) de junio, el accionante se reunió con
la Decana de la Facultad de Derecho, Dra. Gloria Quiceno, y la Secretaria
Académica de Transferencia de Profesionales, Dra. María Clemencia Buitrago.
Frente a los hechos, en dicha reunión el accionante manifestó lo siguiente:
“[…] 20
minutos después de mí llegada a la oficina de la Señora Decana, se presentó la
Dra. María Buitrago, quien respaldada por la Dra. Quiceno me quiso entregar una
nueva fijación de Ruta Académica, la cual no recibí puesto (sic) transgredía
mis derechos adquiridos con respecto de algunas materias que ya matriculé y
aprobé; igualmente, me informaron que yo no podía matricular el número de
créditos permitidos a cualquier estudiante en ambas jornadas académicas, sino
que debía matricular una sola jornada académica y en los períodos y materias
que ellas me imponían; así mismo, la Dra. Buitrago me informó que yo debí haber
pagado cinco (5) semestres porque esa fue la oferta del Programa de Derecho de
Transferencia de Profesionales y por lo tanto, debía pagar por lo menos un (1)
semestre adicional a los dos (2) que ya había pagado. Aunque expuse mis
argumentos que se respaldan en el Reglamento Estudiantil, estos no fueron
escuchados por la Señora Decana, quien solo escuchó la posición intransigente
de la Dra. Buitrago. De igual forma, pude evidenciar que la Dra. Gloria Quiceno
no se tomó el tiempo para revisar y discernir sobre mi caso, sino que siguió la
posición de la Secretaria Académica de Transferencia de Profesionales […]”[24].
20. El día nueve (9) de junio de 2016,
la Decana de la Facultad de Derecho envió un correo electrónico al accionante
en el que se especificó que “sólo puede cursar en cada periodo de dos meses
8 créditos o lo equivalente a 192 horas bimestrales”[25].
Adicionalmente, se le reiteró la obligación de seguir la ruta académica que
habían tratado de entregarle en la reunión del día anterior, y que se adjuntaba
para su conocimiento. En el documento adjunto al mencionado correo[26],
titulado “registro de estudio de reingreso”, se señala, entre otras
cosas que: (i) el accionante contaba con un total de ciento treinta y dos (132)
créditos homologados; (ii) el máximo de créditos a cursar en el semestre “NO
APLICA”; (iii) el accionante estaba inscrito en matrícula completa; (iv) en
el periodo 2016-3P debía cursar un total de seis (6) materias, correspondientes
a diez (10) créditos; (v) en el periodo 2016-4P debía cursar un total de cinco
(5) materias correspondientes a nueve (9) créditos; (vi) en el periodo 2016-5P
debía cursar un total de cuatro (4) materias correspondientes a seis (6)
créditos; (vii) que en el periodo 2017-1P debía cursar un total de tres (3)
materias correspondientes a seis (6) créditos; y (viii) que en el periodo
2017-2P debía cursar un total de cuatro (4) materias correspondientes a siete
(7) créditos.
21. El día diez (10) de junio de 2016,
el señor Martínez García obtuvo diez (10) certificados de la Oficina de Registro
y Control de la Universidad, que dan cuenta de que ha cursado y aprobado ciento
treinta y ocho (138) créditos[27].
El mismo día, el accionante envió un correo electrónico en el que manifestó que
no aceptaba la nueva ruta académica, pues resultaba contraria a la Constitución
y al Reglamento Estudiantil[28].
22. El día quince (15) de junio de 2016,
el señor Martínez García realizó el proceso de pre-matrícula en línea
inscribiendo seis (6) materias, para un total de once (11) créditos. El
accionante argumentó que con ello formalizó el proceso de matrícula de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Reglamento Estudiantil vigente de
la ULGC[29].
23. El día veinte (20) de junio de 2016[30],
la Universidad contestó la petición elevada por el accionante el día siete (7)
del mismo mes y año. En la respuesta, la Universidad manifestó, entre otras
cosas, que:
(a)
El principio de solidaridad consagrado en el
inciso 4 del artículo 4 del Reglamento Estudiantil aprobado en 2015 no puede
invocarse para desconocer requisitos académicos y administrativos.
(b)
El artículo 15 del Reglamento define el
trámite a seguir en caso de transferencia. En el caso del señor Martínez García
se realizó el estudio de transferencia por parte de la Decana de la Facultad de
Derecho y la Secretaría Académica, aceptado por el estudiante el 29 de
noviembre de 2015.
(c)
Se pretermitió el Reglamento en sus artículos
20 y 23 por parte del señor Martínez García, “pues ha inscrito materias que
superan el horario contemplado para el programa, que además no ha pagado”[31].
(d)
No se evidencia conflicto entre dos normas que
active la aplicación del principio de favorabilidad.
(e)
En relación con el reingreso del estudiante,
se dio estricta aplicación de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento y se
señaló la respectiva ruta académica.
(f)
Se especifica que “si bien el artículo 20
del Reglamento Estudiantil vigente, señala que la inscripción de los cursos,
que equivalen a nueve (9) créditos o más, cuyo límite es el definido por el
plan de estudios respectivo para el periodo académico, que para el caso es de
ocho (8) créditos por bimestre. Así mismo, se debe tener en cuenta que cada
curso tiene un número de créditos académicos que comprenden una intensidad
horaria presencial y una intensidad de trabajo independiente. Por lo que el
número de créditos a inscribir por periodo no es ilimitado”[32].
24. El día veintidós (22) de junio de
2016, el accionante recibió un correo electrónico[33] de la
Secretaría Académica de Transferencia de Profesionales de la Universidad, mediante
el cual se le informó de la anulación de su matrícula con base en lo
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Estudiantil[34], que hace
obligatoria la ruta académica definida por la Facultad, que según quedó
expuesto anteriormente, no fue acatada por el estudiante.
25. El día veintinueve (29) de junio de
2016, el accionante presentó solicitud ante la Vicerrectoría Académica y
Administrativa de la Universidad pidiendo (i) la habilitación de matrícula
académica completa; y (ii) la revocación de decisiones adoptadas por la Facultad
de Derecho frente a su caso. Mediante comunicación del once (11) de julio de
2016, las vicerrectorías negaron las solicitudes del accionante. En la
respuesta, la Universidad manifestó, entre otras cosas, que:
(a)
De acuerdo con el artículo 39 del Reglamento
Estudiantil de 2015, “la ruta académica que debe seguir el estudiante
admitido por reingreso, será la señalada por la Facultad de Derecho para el
efecto, previa la aceptación del estudiante, presupuesto sin el cual no podrá
ser admitido. En su caso reiterativamente ha manifestado no aceptar la ruta
académica trazada por la Facultad de Derecho; por lo tanto, no es posible
acceder favorablemente a habilitar su matrícula académica”[35]. Destaca que
“[l]a no aceptación de la ruta académica establecida por la Facultad impide
su vinculación efectiva como estudiante de la Universidad; toda vez que tal
como lo ha decidido en reiterados pronunciamiento de la Honorable Corte
Constitucional, el mismo constituye un contrato académico que obliga al
aspirante o estudiante y a la institución de educación superior, como regla del
vínculo jurídico en la prestación del servicio educativo”[36].
(b)
De acuerdo con los artículos 20, 21 y 23 del
Reglamento Estudiantil de 2015, que regulan la matrícula completa, la media
matrícula y los créditos adicionales, es claro que los programas académicos
tienen, además de la carga presencial, un componente de estudio autónomo a
cargo del alumno. Así, por cada hora de trabajo presencial, se estima que el
estudiante debe dedicar 3 horas de trabajo autónomo. “Esta situación no
permite humana y matemáticamente que el estudiante asuma una carga superior a
la regulada en el Reglamento Estudiantil”[37].
(c)
Se reitera por parte de la Universidad que “el
desarrollo del programa, en el grupo de profesionales que además del estudio
dedican horas al trabajo profesional que vienen desarrollando, ha organizado la
inscripción de los cursos en ocho (8) créditos por bimestre, equivalentes a los
dieciséis (16) créditos máximos por cada periodo académico, como lo establece
la malla curricular 108 del programa de pregrado en Derecho”[38].
26. Para el señor Martínez García, la
decisión de la Universidad implica un abuso de su posición dominante y la
exigencia arbitraria de una carga excesiva en materia de tiempo y de dinero.
Resalta que “ni el anterior ni el actual Reglamento Estudiantil ni en ningún
otro documento institucional prohíbe matricular en jornadas distintas; que ni
el anterior ni el actual Reglamento Estudiantil ni ningún otro documento
institucional explicitan que las jornadas sean restrictivas o excluyentes”[39],
que en la Universidad opera un sistema de créditos en el que no puede
entenderse como un criterio de intensidad horaria, y que de acuerdo con el
Proyecto Educativo Institucional de la mencionada institución, debe imponerse
un modelo de flexibilidad curricular. Adicionalmente, sostiene que:
“[I]mponerme
otro pago de una matrícula completa […] se aparta completamente de los Principios
de: i). Legalidad, establecido por el artículo 29 de la Constitución Política
y prescrito también en el artículo 73 del Acuerdo No. 012 del 18 de diciembre
de 2015 (actual Reglamento Estudiantil), puesto que las actuaciones de un
estudiante deben ser evaluadas conforme a la ley preexistente y conforme a lo
que he expuesto, se evidencia que sigo el Reglamento Discente en todas mis
actuaciones académicas hasta el momento; por el contrario, la Dra. Buitrago no
ha seguido los postulados del Reglamento Estudiantil que se debe aplicar en mi
situación académica puesto que ha tomado decisiones que van en contra de los
derechos mínimos establecidos a favor del estudiante; y ii). Solidaridad, consagrado
en el artículo 4 del actual Reglamento Estudiantil de la Universidad La Gran
Colombia (Acuerdo No. 012 del 18 de diciembre de 2015): "PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES. La Institución, conforme al criterio de su fundador Julio
César García Valencia, es una universidad cristiana, bolivariana, hispánica y solidaría.
[...] Solidaria, porque asume el compromiso con la educación de las
personas de menores recursos económicos y, en especial, de la clase
trabajadora, con una irrevocable vocación de servicio dirigida a generar
los procesos de cambio que promuevan el reconocimiento de la dignidad humana al
interior de la sociedad y el Estado. No puede ser solidaria cuando intenta
frustrar mis aspiraciones a graduarme prontamente y persigue con vehemencia que
yo gaste más tiempo y dinero, pues se incrementarían mis gastos por matrícula,
transporte y alimentación y me tomaría un año más aproximadamente resolver toda
mi situación académica”[40].
27. Finalmente, manifestó el accionante
que para el día veintiséis (26) de julio de 2016, su expediente en el Sistema
de Gestión Académica de la Universidad se encuentra bloqueado, lo que afirma “impide
entre otras cosas, que se carguen las notas de las materias que estoy cursando
en este bimestre 2016-3P: junio-julio de 2016, en mi progreso académico”[41].
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
28. La Universidad manifestó en su
contestación que, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento Estudiantil
vigente y el anterior[42],
“la ruta académica que deberá seguir el estudiante admitido por reingreso,
será la señalada por la Facultad de Derecho para tal efecto, previa aceptación
del estudiante”[43],
señalando que la definición y aceptación de la ruta académica configura un “presupuesto
sin el cual no podrá ser admitido”[44].
Al respecto, la Universidad expresó:
“El
accionante reiterativamente ha manifestado no aceptar la ruta académica trazada
por la Facultad de Derecho; situación que impide su vinculación efectiva como
estudiante de la Universidad; toda vez que, tal como lo ha decidido en
reiterados pronunciamientos la Corte Constitucional, el mismo constituye el
contrato académico que obliga al aspirante o estudiante y a la institución de
educación superior, como regla del vínculo jurídico en la prestación del
servicio educativo”[45].
29. Señaló la institución educativa que,
a partir de los reglamentos estudiantiles vigentes durante el trascurso de la
carrera del accionante, se ha estipulado que un alumno no puede cursar más
créditos del máximo permitido por la Universidad, situación que se comprende
mejor si se tiene en cuenta que un programa estructurado por créditos “tiene
además de la carga presencial un complemento autónomo por parte del
estudiante que implica que por cada hora de trabajo presencial en la
Universidad el estudiante dedique tres (3) horas al avance autónomo del
contenido curricular. Esta situación no permite humana y matemáticamente
que el estudiante asuma una carga superior a la regulada en el Reglamento
Estudiantil”[46].
(Subrayado fuera de texto original)
30. Aclaró que el programa de derecho en
el grupo de profesionales, que cursa el accionante, “ha organizado la
inscripción de los cursos en ocho (8) créditos por bimestre, equivalentes a los
dieciséis (16) créditos máximos por cada periodo académico, como lo establece (sic)
malla curricular 108 del programa de pregrado en Derecho expedida mediante
Acuerdo número 005 del 5 de mayo de 2011, y aprobada mediante Resolución de
renovación del Registro Calificado número 10575 del Ministerio de Educación
Nacional”[47].
31. La Universidad manifestó en su
respuesta que el accionante adoptó una ruta académica “de manera unilateral
y arbitraria”[48],
que no correspondía con la ruta definida por la Facultad, y que al
presentársele la vigente, como condición de su último reingreso, este decidió
no aceptarla, por lo que no puede culminarse el proceso de matrícula académica.
32. Adicionalmente, señaló que el número
de créditos a cursar por los estudiantes en el programa de transferencia no es
de ciento setenta (170), sino de ciento sesenta (160), pues “este programa
homologa diez créditos del pregrado del que se tituló el estudiante”[49].
33. Destacó en su escrito de
contestación que en muchas de las situaciones presentadas por el estudiante en la
acción de tutela, está alegando su propia culpa, como por ejemplo, cuando
pretende desligarse de las responsabilidades asignadas en la ruta académica que
previamente conocía. Finalmente, señaló que en el presente caso no se cumple el
requisito de inmediatez en la interposición de la acción de tutela.
D.
INTERVENCIÓN DE
TERCEROS INTERESADOS
Grupo de investigación social en
derechos humanos – OBJECIÓN
34. Alejandro Badillo Rodríguez y
Alexander Segundo Delgado, como codirectores del grupo de investigación social
en derechos humanos “OBJECIÓN” y miembros de la comunidad académica de la
entidad accionada, intervinieron en la acción de tutela con el fin de que se
nieguen las pretensiones del accionante y se proteja la autonomía universitaria
de la parte demandada.
35. Para ello, presentaron inicialmente
una “breve explicación del programa de derecho y su modalidad transferencia
externa de profesionales”, con la cual explican que dicha modalidad
tiene una duración de tres (3) años, y que la forma de obtener el título
académico en dicho tiempo es duplicando la cantidad de horas semanales que
verían los estudiantes de derecho en la jornada académica normal.
36. Posteriormente, expusieron a modo de
ejemplo, que la Universidad Nacional ofrece diferentes estudios de maestría
bajo el mismo código SNIES por el hecho de que son programas presenciales, que
valen los mismos créditos y se ven en un mismo periodo de tiempo, a pesar de
que sus exigencias sean “diametralmente distintas”.
37. Por último, realizaron un recuento
jurisprudencial en el que la Corte Constitucional ha protegido la potestad de
la autonomía universitaria. Al respecto, hicieron expresa referencia a la
sentencia T-699 de 2000, en la que este Tribunal precisó que “uno de los
aspectos que conforman el núcleo esencial de la autonomía universitaria es la
potestad de los centros educativos para señalar los planes de estudio, los
métodos y sistemas de investigación (…)”. Sobre el particular, señalaron
los intervinientes que dicha autonomía no es absoluta y que debe respetar
derechos fundamentales como el debido proceso, derecho que, en su criterio, en
ningún momento ha sido vulnerado por la parte accionada, manifestando adicionalmente
que el estudiante conocía del máximo de ocho (8) créditos permitido por
bimestre académico.
E.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia proferida por el
Juzgado Setenta y Dos Civil Municipal de Bogotá,
el diez (10) de agosto de 2016
38. El a quo encontró cumplidos los
requisitos de procedencia de la tutela. Respecto del requisito de
subsidiariedad, destacó que el accionante no cuenta con un mecanismo
alternativo para la protección de derechos invocados.
39. Sobre la base de lo anterior, aludió
a los derechos a la educación como derecho-deber y a la autonomía
universitaria, destacando que, al realizarse la inscripción y el pago de la
matrícula, se acepta el reglamento estudiantil y se hacen exigibles las
obligaciones del estudiante. Se señaló cómo en el artículo 39 del Reglamento
vigente de la Universidad, se establece como requisito para el estudiante en
reingreso, el acogimiento al plan de estudios vigente y a la ruta académica
definida por la facultad correspondiente. Para el Juez, la Universidad
desarrolló en sus actuaciones los mandatos previstos en su Reglamento.
40. El a quo no evidenció
afectación del derecho a la educación por cuanto el señalamiento de un número
de créditos límite por periodo académico es desarrollo de la autonomía de la
Universidad, puesto que se estableció la respectiva ruta académica, y porque
antes de cancelar la matrícula del estudiante, la Universidad “le comunicó
por diferentes medios la ruta a seguir, habilitando la inscripción de créditos,
accediendo a las solicitudes de aplazamiento de periodos y autorizando su
reingreso”[50].
41. De otro lado, destaca que la entidad
accionada respondió las solicitudes del señor Martínez García, fuese de manera
verbal o escrita, respetando en todos los casos el debido proceso del
accionante.
Impugnación
42. Por medio de escrito de fecha
dieciséis (16) de agosto de 2016 y dentro de los términos de ley, el accionante
impugnó la decisión del a quo por considerar que la anulación de la
matrícula es una sanción, que no está consagrada en el Reglamento para quienes
no acepten la ruta académica. En ese sentido, consideró que la ruta académica “no
tiene como finalidad retrasar el progreso académico, restar créditos o imponer
sanciones financieras”, y que en adición a lo anterior está siendo
juzgado por fuera del principio de legalidad, toda vez que se le impusieron
sanciones sin que las mismas estuviesen previamente establecidas.
43. En cuanto a los créditos
bimestrales, el demandante reiteró que la Universidad no le había aclarado cuál
era el número máximo permitido para inscripción en el programa de transferencia
de profesionales. Señaló también que aritméticamente era imposible cursar
ciento sesenta (160) créditos en quince (15) bimestres, si fuese cierto que el
máximo permitido es de ocho (8) créditos bimestrales. En ese orden, afirmó que
tampoco le era dado a la ULGC permitir a algunos estudiantes cursar un número
de créditos superior a ocho (8) y a otros no, como afirma ocurre con otros de
sus compañeros y ahora se le impide a él.
44. Por último, el accionante manifestó
en su escrito de impugnación que durante el trámite de tutela aprobó seis (6)
materias y que actualmente está cursando otras seis (6) y se pregunta qué
pasará con ellas y con el dinero que pagó por su matrícula. Adicionalmente,
solicita vincular al Ministerio de Educación Nacional (en adelante, el “M.E.N”)
y al Ministerio Público y a la Personería Distrital[51], para que el
primero aporte información sobre lo autorizado a la Universidad y los segundos
coadyuven su demanda.
Segunda instancia: Sentencia proferida por el
Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, el
diecinueve (19) de septiembre de 2016
45. El ad quem confirmó la decisión
de primera instancia por considerar que en el caso objeto de estudio no se
evidencia una violación del derecho fundamental al debido proceso, toda vez que
del Art. 12 Reglamento Estudiantil (establecido en el Acuerdo No. 12 de 2015),
se desprende que en cuanto a las transferencias externas, la viabilidad de la
misma “quedará sujeta a (…) la aceptación por parte del estudiante de (…) la
ruta académica fijada por la facultad respectiva”.
46. En cuanto al hecho de que el estudiante
hubiese alcanzado a inscribir algunos créditos por fuera de la ruta académica
sugerida y su matrícula se haya anulado mientras los cursaba, el juzgado no
consideró que se hubiesen vulnerado derechos derivados de la confianza
legítima. Por el contrario, afirmó que debido a que la Universidad se negaba
reiteradamente a las solicitudes del actor por continuar cursando una elevada
cantidad de créditos sobre los cuales creía tener derecho, aunada a la
reticencia del mismo para aceptar dicha ruta, “no es posible considerar que
éste estuviese efectiva y legalmente matriculado”. Finalmente, señaló el
juez de instancia que la intervención de las entidades solicitadas en el
escrito de impugnación, no era necesaria para resolver el caso concreto.
F.
INSISTENCIA
47. Hernán
Guillermo Jojoa Santacruz, Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales
de la Defensoría del Pueblo, insistió en la selección del presente caso
mediante escrito remitido a la Corte por considerar que es una buena
oportunidad para que esta institución: (i) se pronuncie sobre el alcance de los
derechos a la educación, el debido proceso, la igualdad, el habeas data
y la dignidad, cuando entran en conflicto con la autonomía universitaria, los
actos propios y la confianza legítima; y (ii) analice los programas
universitarios que ofrecen títulos profesionales en tiempos reducidos a la
mitad del que generalmente tardaría; así como, cuál es su impacto en la calidad
de la educación y en el desempeño profesional de quienes los cursan.
48. En
cuanto al caso concreto, el insistente consideró que el error de la Universidad
relacionado con haber permitido la inscripción de treinta y cinco (35)
créditos, no puede imputarse al accionante, quien por difícil que parezca, los
aprobó en su totalidad; pretender desconocer este hecho configura un
quebrantamiento de la confianza legítima y un irrespeto del acto propio.
Adicionalmente, manifestó que la ULGC había actuado de mala fe en los trámites
de tutela en los que ha referido que el límite máximo por bimestre es de ocho
(8) créditos, cuando en comunicaciones enviadas al accionante y hojas de rutas
de otros bimestres queda demostrado que existe la posibilidad de inscribir y
cursar créditos adicionales.
G.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
49. Mediante auto de fecha seis (6) de
abril de 2017, en desarrollo del trámite de revisión, el Magistrado
sustanciador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento
de la Corte Constitucional, dispuso practicar pruebas en sede de revisión, con
el fin de allegar al proceso elementos de juicio relevantes para este. En
consecuencia, en la providencia referida se resolvió lo siguiente:
“PRIMERO-. Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE
a la Universidad La Gran Colombia, Sede Bogotá, para que en el término de dos
(2) días siguientes a la
notificación del presente auto:
1.
Ponga a disposición de este despacho (i)
copia del Acuerdo 016 del 17 de Noviembre de 2005 - Reglamento Estudiantil, (ii)
la malla curricular 108 del programa de derecho, y (iii) la Resolución de
Renovación del Registro Calificado Número 10575 del Ministerio de Educación[52].
2.
Informe en qué momento entró en vigencia
el Reglamento Estudiantil adoptado mediante Acuerdo 007 del 12 de
octubre de 2010.
3.
Indique las razones por las que
considera, de acuerdo con la contestación de la tutela, que la situación del
accionante se rige por lo establecido en el Acuerdo 016 del 17 de Noviembre de
2005[53].
4.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 20 tanto del Acuerdo 012 del 18 de diciembre de 2015,
como del Acuerdo 007 del 12 de octubre de 2010,
ponga a disposición de este despacho el instrumento por medio del cual la
Facultad de Derecho determinó el máximo de créditos a cursar por parte de los
estudiantes que hubiesen inscrito matrícula completa, tanto en el programa de
“transferencia profesionales”[54]
como en el programa tradicional. Se solicita que si durante la permanencia del
señor Martínez García como estudiante ha habido varios regímenes, se aporten
los respectivos instrumentos.
5.
Se informe a este despacho el mecanismo a
través del cual los instrumentos a los que se refiere el numeral anterior son
comunicados al estudiantado.
6.
Certifique al despacho cuál ha sido el
límite, bimestral y semestral, de créditos que puede cursar un estudiante de la
Facultad de Derecho en la modalidad de transferencia desde marzo de 2015.
7.
(i) Explique a este despacho cómo
funciona el pregrado en Derecho, modalidad de “transferencia profesionales”;
(ii) indique la duración del mismo y el número de créditos totales a cursar;
(iii) aporte copia de la malla curricular o plan de estudios que corresponde al
pregrado en Derecho en la modalidad de “transferencia profesionales”, indicando
las materias a cursar por semestre, con su correspondencia en número de
créditos; (iv) ponga a disposición de este despacho el material publicitario o
la documentación a través de la cual ofrezca la modalidad de “transferencia
profesionales” a los aspirantes, que haya utilizado la Universidad desde marzo
de 2015 hasta el momento; (v) indique el número de estudiantes que en este
momento cursan el pregrado en Derecho en la modalidad de “transferencia
profesionales”.
8.
Ponga a disposición de este despacho la
documentación en la que conste la aprobación oficial del programa de pregrado
en Derecho, modalidad “transferencia de profesionales” y la autorización para
ofertarlo y operarlo, expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
especialmente el Registro Calificado del programa, como también la información
que sobre el mismo conste en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior – SNIES, incluyendo su código actual.
9.
Manifieste si el programa que cursa el
accionante, Derecho - Transferencia de Profesionales, es el mismo
programa de derecho avalado por el Ministerio de Educación e identificado con
el Código SNIES 1422.
SEGUNDO-. Por Secretaría General
de esta Corte, SOLICÍTESE al accionante, Julián Leonardo Martínez
García, que en el término de dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, informe
si en el momento se encuentra matriculado y está cursando materias del pregrado
en Derecho en la modalidad de “transferencia profesionales” en la Universidad
La Gran Colombia, y en caso de ser afirmativa la respuesta, si se encuentra
siguiendo la hoja de ruta trazada por la Facultad de Derecho, y a la que se
refiere el considerando número 8. de este auto.
TERCERO-. En cumplimiento del
artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional, PONER a
disposición de las partes o de los terceros con interés, todas las pruebas
recibidas, para que se pronuncien sobre las mismas en un término no mayor a un
(1) día calendario a partir de su recepción”.
50. Mediante oficio del veintiocho de abril
del año en curso, la Secretaría General de la Corte Constitucional, informó y
remitió al Magistrado sustanciador las respuestas a las pruebas solicitadas en
el auto de fecha seis (06) de abril de 2017.
51. Respuesta del accionante: El accionante Julián Leonardo
Martínez, por su parte, confirmó que no se encuentra matriculado y aunque
considera que se trata de un “retiro temporal” aduce que este se debe a
que no tiene el dinero para pagar otra matricula que la Universidad le quiere
imponer, ni para sufragar los gastos que esto conlleva. Reiteró que su
situación no debe resolverse con una sanción disciplinaria, sino que por
tratarse de una controversia académica, la solución debe encontrarse a través
de la aplicación del Reglamento universitario. Al respecto, señaló que en
ninguna disposición de dicho documento se establece la anulación de la
matrícula para quienes no aceptan la ruta académica fijada por la ULGC. Además,
consideró sobre la regulación reglamentaria de la ruta académica que contiene
la frase “previa aceptación de aquel”[55],
lo cual, en su opinión, implica que los estudiantes pueden objetarla.
52. Sostuvo que el hecho de que la Universidad no hubiese
aportado prueba alguna de la fijación de un máximo de créditos para los
programas académicos se debe a que dicha fijación no existe y, en consecuencia,
“nadie estaba absolutamente seguro a cuantos (sic) créditos tenía
derecho por bimestre o semestre”.
53. Por lo demás, adjuntó la respuesta de un derecho de
petición que hizo al M.E.N.[56]
en el que le señalaban que (i) la Universidad no había solicitado autorización
para ofertar el programa de derecho bimestralmente como lo venía haciendo: y
(ii) que además esa modalidad “podría afectar de manera importante las
condiciones de calidad”.
54. Por último, se refirió a la intervención ciudadana que
hicieron dos miembros de la comunidad académica de la Universidad La Gran
Colombia, sin embargo, reiteró en respuesta a dicha intervención lo
anteriormente señalado, con el objetivo de desvirtuar los argumentos a los que
hace referencia el mencionado documento.
55.
Respuesta de la entidad accionada: Dando cumplimiento a lo requerido, la
accionada respondió por medio de Gloria Inés Quiceno Franco, Decana de la
Facultad de Derecho de la Universidad. En dicho escrito, allegó (i) copia del
Reglamento Estudiantil; (ii) la malla curricular No. 108; (iii) la Resolución
No. 10575 del M.E.N, por medio de la cual se renovó el registro del programa de
Derecho de la Universidad la Gran Colombia; y (iv) comentario mediante el cual
informó que la vigencia del actual Reglamento Estudiantil –Acuerdo 007 de 2010-
rige a partir del primero (1º) de enero de 2011.
56.
Adicionalmente, informó la representante de la ULGC que el programa bimestral
de Derecho para profesionales se organiza igual que los cursos
inter-semestrales que pueden cursar los estudiantes de los programas, es decir,
cursando un máximo de ocho (8) créditos en un periodo de dos (2) meses.
Posteriormente, reconocen que en los periodos inter-semestrales se pueden
cursar hasta dos (2) créditos adicionales.
57.
Respecto a la forma en la que sus estudiantes conocen de los reglamentos
manifiestan que conforme a lo ordenado por el M.E.N, estos están a disposición
en la página web de la Universidad y que en adición a lo anterior, se explican
en las jornadas de inducción de cada programa académico. Así mismo, manifestó
la entidad accionada que no cuenta con material publicitario específico, para
el programa en derecho en la modalidad de transferencia de profesionales.
58.
En lo referente a la autorización del M.E.N, para ofrecer esta modalidad de
grado para estudiantes profesionales, la Universidad afirmó que no cuenta con
la misma, y afirmó que dicha autorización no es necesaria puesto que en virtud
de un oficio del M.E.N dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
trece (13) de marzo de 2017, el programa de transferencia de profesionales es
una modalidad de admisión y no un programa académico por lo que se rige por la
misma malla curricular y el mismo código SNIES del programa académico al cual se
está inscribiendo.
59.
Por último, solicitó a la Corte confirmar las decisiones de instancia. Así
mismo, aclaró que el accionante no es actualmente un estudiante activo de la
Universidad puesto que tras rechazar la ruta académica fijada solicitó la
devolución de todos los documentos aportados y los dineros cancelados por la
matrícula de su último semestre.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
60. Esta Corte es competente para conocer de
esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, así como en virtud del Auto del catorce (14) de diciembre de
2016, expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Doce de esta Corte,
que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS
–PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
61. En virtud de lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional
dictada en la materia[57],
y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede
excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando
existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias
del caso concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a
un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el
accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses
a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se
produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[58].
62. Antes de realizar el estudio de fondo
de la acción de tutela seleccionada, la Sala procederá primero a verificar si
esta cumple los requisitos de procedibilidad.
Procedencia de la acción de
tutela –Caso concreto
63. Legitimación por activa: Al regular la acción de tutela, la
Constitución establece quiénes son los legitimados para interponerla. Dice al
respecto el artículo 86: “[t]oda persona tendrá acción de tutela para
reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” (subrayas fuera
del texto original). En desarrollo de esta norma, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 reguló las distintas hipótesis de legitimación en la causa por
activa. En este caso concreto, observa la Sala que el accionante Julián Leonardo
Martínez García está legitimado para interponer acción de tutela a nombre propio,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, por ser el titular de
los derechos invocados. Por lo cual, la Corte concluye
que existe legitimación en la causa por activa.
64.
Legitimación por pasiva:
La acción
de tutela se dirige contra la Universidad La Gran Colombia, una entidad privada
que se ocupa de prestar el servicio público de educación. Por lo cual, queda
comprendida por la regla de procedencia establecida en el numeral 1 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[59]. Por lo anterior, la
Sala observa la existencia de legitimación por pasiva en el presente asunto.
65.
Inmediatez: El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de
tutela podrá interponerse “en todo momento y lugar”. La jurisprudencia
constitucional ha entendido que por esa razón no es posible establecer un
término de caducidad de dicha acción de tutela, pues ello sería contrario al
artículo citado[60].
Con todo, ha aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para
presentar la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello pondría en
riesgo la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida, según el
propio artículo 86, como un mecanismo de “protección inmediata” de los
derechos alegados.
66.
Por lo anterior, a partir de una ponderación entre la
no caducidad y la naturaleza de la acción, se ha entendido que la tutela debe
presentarse en un término razonable, pues de lo contrario podrá declararse
improcedente[61].
No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que al juez de tutela le corresponde evaluar, a
la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye un término
razonable. Esto implica que la acción de tutela no puede ser rechazada con fundamento
en el paso del tiempo, sino que debe el juez estudiar las circunstancias con el
fin de analizar la razonabilidad del término para interponerla[62].
67. En el asunto sub examine, la Sala encuentra acreditado el
requisito de inmediatez, en tanto del acervo probatorio se observa que entre el
momento en el cual la Universidad anuló la matricula del accionante (22 de
junio de 2016), hecho identificado por el actor como el detonante de la
vulneración de sus derechos, y la presentación de la acción de tutela (27 de
julio de 2016), solo transcurrió aproximadamente un mes, tiempo que se
considera prudente y razonable.
68. Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”. Teniendo en cuenta esta norma, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de
la tutela la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin
perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio
para remediar un perjuicio irremediable.
69. La
jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de subsidiariedad
exige que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones
judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y
efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o
amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea
cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados[63].
70. La
idoneidad y efectividad de los medios de defensa judicial no pueden darse por
sentadas, ni ser descartadas de manera general sin consideración a las
circunstancias particulares del caso sometido a conocimiento del juez[64].
En otros términos, no puede afirmarse que determinados recursos son siempre
idóneos y efectivos para lograr determinadas pretensiones sin consideración a
las circunstancias del caso concreto.
71. Entre
las circunstancias que el juez debe analizar para determinar la idoneidad y
efectividad de los medios de defensa judicial se encuentra la situación de la
persona que acude a la tutela. En efecto, según la jurisprudencia, la condición
de sujeto de especial protección constitucional y la de debilidad manifiesta
del accionante es relevante para analizar si los medios ordinarios de defensa
judicial son idóneos y efectivos, lo cual, no indica que el requisito de
subsidiariedad se desplace, sino que por el contrario su valoración se flexibiliza,
así “se hace más flexible para [dicho] sujeto
pero más riguroso para el juez”[65].
72. Respecto a
situaciones en las que a un estudiante le es negada la matrícula, la Corte
Constitucional ha reconocido que -como por ejemplo en la sentencia T-102 de 2017-,
en casos en los que una universidad emita la orden de no matricular a un
estudiante, no se advierte la existencia de mecanismos judiciales idóneos o
eficaces a los cuales este pueda recurrir para tramitar pretensiones
relacionadas con las actuaciones de la institución educativa. En efecto, este
Tribunal estimó que “no se advierte que la demandante tenga medios de
defensa judiciales que le permitan controvertir la decisión de la Universidad
de no emitir la orden de matrícula que la obligó a apartarse de sus actividades
académicas”.
73. En
el presente caso se presenta una situación similar en la que (i) la orden de
matrícula del accionante fue anulada por la ULGC, debido al presunto
incumplimiento de normas internas relacionadas con requisitos para la realización
de la matrícula, siendo así claro que el proceso de matrícula del estudiante
fue suspendido por falta de cumplimiento de requisitos; (ii) el accionante
ataca el actuar de la ULGC pero no está vinculado formalmente a la institución
por no encontrarse matriculado, de manera que tiene dificultad para tramitar
sus pedimentos al interior de dicha Universidad; (iii) la controversia se
refiere a la forma en la que los reglamentos de la institución de educación
superior fueron aplicados e interpretados respecto de su caso concreto y (iv)
presuntamente el progreso académico del tutelante se encuentra detenido por la
decisión de la entidad accionada. Dadas estas circunstancias, esta Corte
considera que la acción de tutela es el mecanismo adecuado para tramitar este
tipo de pretensiones, teniendo presente que no existe, prima facie,
procedimiento judicial ordinario que resulte eficaz e idóneo para atender las
pretensiones del actor. Eventualmente, podría considerarse que una
acción encaminada al cumplimiento del contrato suscrito entre la Universidad y
el accionante sería la vía adecuada, pero exigir al actor que
agote mecanismos podría configurar un riesgo para la continuidad académica del
mismo, elemento importante desde el punto de vista del derecho a la educación.
74. En este punto resulta fundamental tener en cuenta que dado que el
derecho a la educación fue invocado en el presente caso, la continuidad en el
proceso educativo se torna especialmente relevante. Así, entre más tiempo
transcurra en dilucidarse la eventual afectación de los derechos por parte de
la Universidad, más afectado podría verse el proceso académico del estudiante.
En este sentido, la necesidad de asegurar la continuidad en el proceso
educativo ha fundamentado decisiones de procedencia de la acción de tutela en
casos similares al que se analiza, respecto de los cuales la Corte ha señalado
que “es procedente que los titulares de dicho derecho puedan solicitar
su amparo por medio de la tutela, y su acceso al servicio a través del sistema
educativo o de los centros especializados en dichas actividades, así como su
continuidad en la formación”[66].
75. En consecuencia, esta Corte considera que en este caso se cumple
el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, pues no existe un
mecanismo judicial que permita asegurar adecuadamente la continuidad del
derecho a la educación, respecto de decisiones de las universidades de impedir
la matrícula de los estudiantes en aplicación de sus reglamentos internos.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO,
MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
Acorde con los fundamentos fácticos
expuestos en la Sección I anterior de esta providencia, le corresponde a la
Sala Tercera de Revisión determinar si:
76.
¿Se vulneran los derechos fundamentales a la educación,
en especial el componente de continuidad en el proceso académico, y al debido
proceso, de un estudiante universitario al imponerle el cumplimiento de un
requisito contemplado en el reglamento estudiantil, consistente en que para su
reingreso debe aceptar una ruta académica diseñada por su facultad?
77.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado
por la Sala, se procederá de la siguiente manera: en primer lugar, se hará (i)
un recuento de la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la educación,
en especial para mayores de edad en el contexto de la educación universitaria;
y (ii) un análisis de la jurisprudencia sobre la garantía institucional de la
autonomía universitaria. Posteriormente, se hará el análisis del caso concreto
con base en las reglas expuestas.
D.
LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL.
REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
78.
La Constitución Política de 1991 estableció en el
Artículo 67 inciso 1º que “la educación es un derecho de la persona y un
servicio público” que tiene una función social[67]. También
señaló en el artículo 44 que la educación constituye un derecho fundamental de
los menores de edad, prevalente sobre los derechos de los demás. Como
instrumentos útiles para la interpretación del contenido del derecho a la
educación[68],
la Corte Constitucional ha identificado: (i) el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos[69];
(ii) el artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[70];
y (iii) el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador)[71].
79.
La jurisprudencia de esta Corte, siguiendo la
orientación general del texto constitucional, ha determinado con claridad que
en el caso de los menores de edad la educación constituye un derecho
fundamental[72].
Ahora bien, frente al derecho a la educación para los mayores de edad, el texto
constitucional no es explícito respecto de su carácter fundamental, a pesar de
lo cual la jurisprudencia ha logrado afirmar cómo, dados los valores
constitucionales que se desarrollan teniendo como prerrequisito a la educación,
este resulta también fundamental cuando se refiere a los mayores de edad.
80.
El primer antecedente jurisprudencial sobre el carácter
fundamental del derecho a la educación para los mayores de edad se encuentra en
la sentencia T-002 de 1992, en la que la Corte Constitucional se enfrentó a un
caso en el que una universitaria, mayor de edad, solicitaba la protección de su
derecho a la educación por vía de tutela. A pesar de que no se tuteló dicho
derecho por las circunstancias concretas del caso (pues se verificó que la
accionante había incumplido requisitos del reglamento estudiantil para continuar
cursando el programa en el que se encontraba), se analizó y determinó el
carácter fundamental de la educación para los mayores de edad, admitiendo las
regulaciones internas desarrolladas con fundamento en la autonomía
universitaria que condicionen su ejercicio, bajo el entendido que dichas
regulaciones no pueden afectar su núcleo esencial.
81.
Al respecto, la Corte concluyó que el derecho a la
educación para los mayores de edad resultaba fundamental por: (i) ser un
mecanismo esencial para acceder al conocimiento, a la cultura y a la igualdad
material; (ii) por su reconocimiento expreso como fundamental en la Carta (Art.
44 CP) y en los tratados internacionales[73];
(iii) por su estrecha relación con otros derechos fundamentales como la
libertad de escoger profesión u oficio (Art. 26 CP), la igualdad (Art. 13 CP) o
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (Art. 27 CP);
y (iv) el valor que le reconoce la Constitución por la ubicación que tiene en
el texto constitucional (Art. 377 CP).
82.
Posteriormente, en la sentencia C-170 de 2004, la Sala
Plena de este Tribunal analizó algunas disposiciones del entonces vigente
Código del Menor (Decreto Ley 2737 de 1989) que permitían el trabajo infantil.
En opinión de los demandantes en aquel caso, tal circunstancia implicaría el
desconocimiento del derecho fundamental a la educación de los menores de edad
al permitir que el tiempo que debía dedicarse a su formación, podría destinarse
a la realización de labores remuneradas. En este caso, la Corte estudió la
naturaleza del derecho a la educación, determinando que la educación alcanzaba el
carácter de derecho fundamental respecto de los menores de dieciocho (18) años,
mientras que para los mayores de edad, este derecho adquiría un carácter
solamente “prestacional y programático”[74].
83.
Esto fue confirmado en la sentencia C-376 de 2010 en la
que se estudió la exequibilidad de la posibilidad de imponer cobros por
derechos académicos en las instituciones de educación estatales. Dicha
providencia hizo un repaso por varias normas de derecho internacional que
contemplan la protección del derecho a la educación, especialmente en el nivel
de primaria, concluyendo que los cobros no se ajustaban a la Constitución en
este nivel de enseñanza debido al principio de gratuidad universal y el impacto
que podrían tener para el acceso de los menores de edad al sistema educativo[75].
Sin embargo, sostuvo que este tipo de cobros si podía aplicarse para la
educación secundaria y superior por su carácter progresivo[76] al analizar,
entre otros, el contenido del artículo 67 de la Carta a la luz de sus
antecedentes en la Asamblea Nacional Constituyente[77].
84.
Ahora bien, en la sentencia C-520 de 2016[78],
se hizo aún más explícito el carácter fundamental de la educación al recordar
que “[e]n jurisprudencia constante y reiterada, este Tribunal ha destacado
el carácter fundamental del derecho a la educación, a partir de su evidente
relación con la dignidad humana y de su facultad para potenciar el ejercicio de
otros derechos como la igualdad de oportunidades, el trabajo, los derechos de
participación política, la seguridad social y el mínimo vital, por mencionar
solo algunos”. En esta providencia se puso de presente que el núcleo
esencial del derecho a la educación identificado en la jurisprudencia, se
concreta en el acceso y permanencia en el sistema educativo[79]. En el mismo
sentido, la Corte realizó una consideración expresa acerca del carácter
fundamental de la educación durante “toda la vida”, exponiendo su
naturaleza fundamental tanto para menores de edad, como para mayores de edad.
En este sentido, este Tribunal expuso cómo “el carácter fundamental del
derecho a la educación de toda la población (sin distinción por razón de la
edad) no implica que las condiciones de aplicación sean las mismas para todos.
Concretamente, en materia de condiciones de acceso a la educación, tanto los
tratados de derechos humanos como la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional, han diferenciado entre obligaciones de aplicación inmediata y
deberes progresivos, con base en parámetros de edad del educando y nivel
educativo”, poniendo de presente que la accesibilidad a la educación
superior para mayores de dieciocho (18) años es de aplicación progresiva y
depende del mérito para la distribución de los cupos.
85.
Esta posición ha sido reiterada por esta Corte en
sentencias recientes como la C-003 o la C-535 de 2017, en las que se ha
reafirmado que el carácter progresivo del derecho a la educación superior, e
insistido en su naturaleza como derecho fundamental. En estas providencias se
hizo hincapié en la importancia estructural de la educación como mecanismo para
asegurar el desarrollo individual y colectivo del ser humano y para la
realización de sus derechos fundamentales a cualquier edad, además de ser
relevante para la inclusión laboral y el desarrollo profesional de los mayores
de edad. El énfasis en estas providencias fue puesto en el hecho de que, en
tanto derecho de la persona, la educación en su relación con la dignidad humana
no decae ni desaparece con el paso del tiempo, ni por la transición entre la
niñez y la adultez.
86.
De esta forma, en la sentencia C-003 de 2017 se reiteró
la ubicación del núcleo esencial del derecho a la educación en la posibilidad
de acceder y permanecer en el sistema educativo. Señaló también este Tribunal,
la importancia del doble carácter de la educación como derecho y deber, destacando
que “[e]l mismo titular del derecho debe soportar la exigencia de un deber,
una carga a cumplir”, especialmente centrada en el cumplimiento de
compromisos académicos y disciplinarios.
87.
De lo anterior, es dado concluir que en la
jurisprudencia constitucional se ha presentado una caracterización general del
derecho fundamental a la educación, comprendiendo incluso la educación
superior. También es importante destacar que dentro de su núcleo esencial se ha
identificado el elemento de acceso y permanencia en el sistema. Adicionalmente,
a pesar de su naturaleza como derecho fundamental, el alcance de la protección
de la educación varía respecto del nivel de enseñanza en el que se encuentre la
persona, alcanzando su mayor nivel de protección en la educación básica,
disminuyendo progresivamente hasta la educación superior y de posgrado, en las
que los elementos prestacionales se vuelven preponderantes.
E.
LA GARANTÍA INSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA
88.
Con el fin de garantizar las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra (art. 27 CP) incluidas en la Constitución
Política de Colombia y permitir la diversidad, el pluralismo y el desarrollo de
la libertad de conciencia en los centros educativos, el constituyente
colombiano desarrolló la garantía institucional de la autonomía universitaria[80],
plasmada en el artículo 69 de la Carta. En virtud de dicha garantía
institucional, que constituye una protección de rango constitucional encaminada
a lograr el buen funcionamiento de las institucionales de educación superior[81]
en el marco de la eficacia de los derechos fundamentales[82], se permite
a las instituciones educativas, por ejemplo, escoger y admitir sus alumnos[83]
y docentes[84],
escoger las técnicas de enseñanza que aplicará, los métodos de evaluación, el
régimen de promoción[85],
la definición de los planes de estudio[86],
su postura filosófica[87],
los cobros y presupuestos necesarios para su funcionamiento, pero por sobre
todo, facultan a la institución educativa para auto-organizarse y auto-regularse
a través de la adopción de un reglamento contentivo de las normas internas que,
una vez adoptadas, la vinculan así como a todos los miembros de la comunidad
educativa[88].
Es muy importante anotar que “[l]a autonomía concretada en la expedición de
las normas internas no puede entenderse como libertad para omitir su
cumplimiento. Dictadas las reglas de funcionamiento, ellas se imponen a la
universidad y a todos sus estamentos”[89].
89.
En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional desde sus primeros años la ha definido como:
“Un principio
pedagógico universal que permite que cada institución tenga su propia ley
estatutaria, y que se rija conforme a ella, de manera que proclame su
singularidad en el entorno, mientras no vulnere el orden jurídico establecido
por la Constitución y las leyes. Es el derecho de cada institución
universitaria a ser lo que es, el derecho a su propia ley que la identifica
como ente singular dentro del mundo universitario, de tal modo que puede
autorregularse, pero nunca en contradicción con la legalidad y la conveniencia
generales”[90].
90.
Esta definición, permite concluir que la autonomía
universitaria tiene límites que no pueden transgredirse bajo el supuesto amparo
de la misma. Al respecto, la sentencia C-162 de 2008 señaló:
“[T]ambién se ha puesto de
manifiesto que diversos preceptos constitucionales fijan límites a la autonomía
universitaria, entre los que cabe mencionar: (i) la facultad reconocida al
Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación
(Art. 67 de la C. P.), (ii) la competencia atribuida al legislador para expedir
las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art. 69 de la C. P.),
(iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las leyes que
regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (Art. 150-23 de la C.
P.) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
(Título II, Capítulo II de la Constitución)”.
91.
En consecuencia, la Corte ha identificado que la
autonomía universitaria “encuentra su límite tanto en el orden
constitucional, como en el legal”[91]
de modo que “esta capacidad de autodeterminación está limitada por la
Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad
universitaria y, en especial, de los estudiantes, y la legislación”[92].
92.
Teniendo en cuenta lo que se discute en el caso
concreto, resulta de especial importancia analizar cómo el derecho al debido
proceso opera como límite a la garantía institucional de la autonomía
universitaria. En este sentido, el derecho fundamental consagrado en el
artículo 29 de la Carta, se erige como  “una serie de garantías con las
cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el
desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito
judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de
las personas vinculadas”[93].
Dicho derecho tiene como principales obligados a todas aquellas autoridades públicas
que se encarguen de la evaluación y juzgamiento de las conductas desplegadas
por cualquier persona[94],
escenario de especial importancia en el desempeño de las universidades públicas.
Así mismo, el Estado no es el único obligado al respeto y garantía de dicho
derecho, pues los parámetros de protección y garantía también deben ser
aplicados en las relaciones entre particulares, de manera que también se
predican de las relaciones desarrolladas al interior de las universidades
privadas. En consecuencia, el debido proceso se instituye como una regla de
obligatorio cumplimiento que rige para toda clase de actuaciones, incluidos
por supuesto, todos aquellos procedimientos académicos, administrativos o
disciplinarios adelantados por instituciones universitarias en relación con sus
estudiantes[95].
F.
SOLUCIÓN DEL CASO
CONCRETO
93.
En el caso sub examine se interpone acción de
tutela por considerar que la Universidad La Gran Colombia vulneró los derechos
fundamentales a la educación y el debido proceso del accionante por no
permitirle cursar una determinada cantidad de créditos e imponerle el
cumplimiento de una ruta académica como requisito de reingreso. En ese sentido,
esta Sala deberá determinar si en el caso concreto se ha desconocido el derecho
a la educación del tutelante y si las actuaciones de la accionada han vulnerado
el derecho al debido proceso, en el marco de la garantía institucional de la
autonomía universitaria.
94.
En primer lugar, se definirán algunos aspectos que
hicieron parte de las pretensiones del accionante, pero que a través de los
escritos allegados al trámite de la presente acción de tutela fueron atendidos
o esclarecidos, por lo que no resulta necesario realizar un pronunciamiento,
por carecer de relevancia constitucional. En este sentido, respecto de la
solicitud del señor Martínez García del primero (1º) de febrero de 2017, en el pide
que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación y el Consejo
Superior de la Judicatura con el fin de que estas investiguen penal y
disciplinariamente los comportamientos de la decana. Esta Corte considera que
el accionante tiene a su disposición los medios ordinarios para instaurar las
respectivas denuncias, de tal forma que las instancias competentes para
resolver sobre la materia tengan la oportunidad de pronunciarse sobre las
mismas. Al respecto, es conveniente recordar que la acción de tutela es el
mecanismo para la protección de los derechos fundamentales de modo que
pretensiones relacionadas con cuestiones de raigambre exclusivamente legal,
como son los escenarios penal o disciplinario, no corresponde con su propósito
constitucional.
Análisis sobre la presunta vulneración
del derecho a la educación y al debido proceso por parte de la Universidad
95.
Luego del análisis de las normas reglamentarias
internas, adoptadas por la Universidad en desarrollo de su autonomía
universitaria, y vinculantes tanto para el accionante como para la accionada,
esta Corte encuentra que no se presentó una vulneración del derecho a la
educación del actor.
96.
De entrada, debe recordarse que dentro de la garantía
de la autonomía universitaria está dada la facultad para que las instituciones
de educación superior se den un reglamento propio que les permita el
auto-gobierno. También, que dentro de estas reglas internas está comprendido un
régimen académico, que disponga sobre la admisión y permanencia de los
estudiantes. En el caso de la Universidad accionada, esta aprobó mediante el Acuerdo
No. 12 del 18 de diciembre de 2015, el Reglamento Estudiantil que contiene un régimen para los “reingresos” de los estudiantes,
contenido en el capítulo VI del Título Segundo de la normativa, a ser tenido en
cuenta en el análisis del caso.
97.
En el Reglamento Estudiantil de la ULGC se define el
reingreso como “la reincorporación del estudiante que se hubiese retirado
durante uno o más períodos académicos y deseare retomar sus estudios de acuerdo
con el plan de estudios y los requisitos vigentes”[96], imponiendo
varias condiciones para su procedencia, dentro de las que se encuentran[97]:
(i) pagar el valor de los derechos de inscripción, cuando el retiro hubiese
durado dos o más períodos académicos; (ii) diligenciar el formulario de
reingreso a través de la página web de la Universidad; (iii) aportar fotocopia
de la cédula de ciudadanía, si fuere necesaria; (iv) aportar paz y salvo de la
Sección de Cartera; (v) acogerse al plan de estudios vigente; y (vi) aceptar la
ruta académica definida por la facultad respectiva. Finalmente, en el capítulo
dentro del que se incluye la regulación del reingreso, se regula la situación
de aquellas personas que habiendo terminado su plan de estudios, después de dos
(2) años no se hubieren graduado, indicando que deben solicitar su reintegro
acogiéndose al plan de estudios vigente y a la ruta académica fijada por la facultad
correspondiente, incluyendo las asignaturas o los cursos de actualización que
procedan[98].
98.
La situación del accionante en este caso, se enmarca en
la solicitud de reingreso de un estudiante que obtuvo de forma previa el
aplazamiento de su trayectoria académica. En virtud de esto, la Universidad, de
un lado, y él, de otro, debían cumplir lo dispuesto en el Reglamento para este
tipo de casos. En lo relevante, la ULGC, a través de la Facultad de Derecho,
preparó una ruta académica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del
Reglamento Estudiantil, que el estudiante se negó a aceptar, argumentando
discrepancias respecto del diseño de la misma. Ante la negativa del accionante
de dicha ruta académica fijada, la institución educativa accionada determinó
que el estudiante no podría reingresar.
99.
Ahora bien, el estudiante, a pesar de exponer varias
razones para estar en desacuerdo con la ruta académica fijada -especialmente
porque no le permitiría inscribir la cantidad de créditos que quiere cursar
cada bimestre-, no manifestó por qué acogerse a ella implicaría una afectación
de sus derechos fundamentales, o la contravención de alguna norma de rango
legal o constitucional que implicaran que la norma reglamentaria, adoptada en
el marco de la autonomía universitaria, resultase inaplicable.
100.
Respecto de esto, señala la Corte que, siempre y
cuando no se traspasen los límites impuestos por el ordenamiento legal y
constitucional, y no se evidencie afectación de derechos fundamentales de los
estudiantes, las disposiciones del reglamento interno de las universidades
vinculan a todos los miembros de la comunidad educativa, al igual que a la
institución misma, de modo que la inconformidad respecto del contenido de la
norma no autoriza su excepción ni excluye su aplicación a los casos regulados
por ella. En el presente asunto, además, este Tribunal no encuentra otras razones
que permitan apartarse de la norma reglamentaria y actuar en contra de la
misma, por las razones que se exponen a continuación.
101.
El requisito que se impone en el Reglamento respecto
de la fijación y aceptación de la ruta académica por la facultad respectiva
para el reingreso, no desconoce los derechos de los estudiantes a recibir una
educación de calidad -pues se entiende que dicha ruta se diseña para asegurar
el cumplimiento de los requisitos académicos vigentes para el momento del
reingreso-, así como tampoco el derecho al debido proceso de los estudiantes
quienes, conociendo de antemano el Reglamento, son conscientes de que al
solicitar el reingreso están sujetos al cumplimiento de los requisitos
dispuestos en los artículos 38 y 39 del mismo. Igualmente, la posibilidad de
aceptar o no la ruta académica, con las consecuencias que ello acarrea, se basa
en la preservación de la libertad del estudiante de continuar o no su
vinculación con la institución, mientras que no se afecta la posibilidad de la facultad
respectiva de asegurar el cumplimiento del programa académico dispuesto por la
Universidad. Así, en abstracto, la disposición reglamentaria no parece imponer
un requisito que viole los límites de la autonomía universitaria, debiéndose
resaltar especialmente que el núcleo esencial del derecho a la educación no se
afecta, por ejemplo, cuando la institución educativa decide fijar por su cuenta
los horarios y la carga académica del estudiante, por oposición a modelos de
flexibilidad curricular en los que el propio alumno decide las cargas que
asumirá en cada periodo académico. Ambos sistemas son, en principio, compatibles
con el derecho a la educación, y la Universidad accionada parece desarrollarlos
en su Reglamento, al brindar más flexibilidad a los estudiantes regulares, pero
limitarla para los estudiantes en el escenario de reingreso.
102.
Ahora bien, analizando las circunstancias concretas
de aplicación de la norma reglamentaria, se encuentra que la Universidad se
limitó a fijar la ruta académica y a ponerla a consideración del estudiante
para su aceptación. Así, la ULGC se ciñó a lo establecido en el Reglamento para
los casos de reingreso como el solicitado por el actor, sin que se aprecie la
imposición de requisitos o cargas no contempladas previamente en la norma
interna.
103.
Adicionalmente, atendiendo algunas afirmaciones del
actor, esta Corte considera necesario aclarar la naturaleza de la exigencia de
acatamiento de la ruta académica para la viabilidad del reingreso,
estableciendo que no constituye una sanción. En esta línea, lo primero que debe
resaltarse es que la imposibilidad de renovar la matrícula al tutelante deriva
del incumplimiento del requisito de aceptación de la ruta académica,
establecido previamente en el Reglamento de la institución como presupuesto
para el reingreso de los estudiantes que se hubiesen retirado, en este caso, por
aplazamiento solicitado por el propio señor Martínez García. Siendo esto así,
es un error equiparar la exigencia de un requisito previo para que se dé una
determinada consecuencia, con la imposición de una sanción. En el caso
analizado, el señor Martínez García conocía de los requerimientos
institucionales para el reingreso de los estudiantes, incluida la aceptación de
la ruta académica, de tal modo que su decisión de no aceptarla constituye su
expresión libre de no cumplir con una condición para el reingreso.
104.
En este punto, es necesario destacar que en el ámbito
académico, el incumplimiento de requisitos implica consecuencias que desde el
punto de vista del estudiante pueden ser negativas, pero que se basan en un
ejercicio razonable de la autonomía universitaria que no implica afectación de
derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando un estudiante no logra demostrar
conocimientos suficientes en una evaluación, será reprobado, lo que a su vez
puede significar que pierda una materia, el semestre y no se pueda graduar.
Estas consecuencias negativas, seguramente molestas para el alumno, no implican
sanción alguna, y solo imponen al afectado la consecuencia natural del
incumplimiento de requisitos. Otro ejemplo de esto puede encontrarse en la
desatención de las fechas límite para pago de matrículas, omisión de
presentación de la documentación necesaria para la inscripción, no realización
de exámenes de Estado, no presentación en las fechas establecidas de exámenes,
no comparecencia a entrevistas, etc., que son prerrequisitos para acceder,
avanzar o culminar la vida académica del estudiante. Estos escenarios no pueden
tenerse como castigos, ni de ellos se exige un cumplimiento estricto de
elementos relacionados con el debido proceso en materia sancionatoria,
imprescindibles solo en dicho ámbito. En estos casos en los que se establecen y
exigen requisitos, basta con que ellos estén dispuestos en los reglamentos
estudiantiles, que estos no contravengan los límites de la autonomía
universitaria, que respeten los derechos fundamentales de los estudiantes, y en
su aplicación sean razonablemente atendidos, tanto por las instituciones como
por los estudiantes.
105.
Con fundamento en lo anterior, la situación expuesta
por el accionante como un escenario de sanción, no corresponde en realidad con
lo acontecido respecto de su caso, pues se aprecia que lo que se está exigiendo
es la atención adecuada a un requisito necesario para el reingreso a la
institución, dada la suspensión previa de su proceso académico, condiciones que
eran de conocimiento del actor en la medida en la que se encontraban previstos
en el Reglamento de la ULGC. Desde esta perspectiva, la exigencia de la
aceptación y acatamiento de la ruta académica, fijada por la Facultad de
Derecho de la Universidad, no contraviene su derecho a la educación, pues no se
aprecia que el requisito implique la violación de los límites de la autonomía
universitaria.
106.
Adicionalmente, es dado concluir que al negarse a
acoger y acatar la ruta académica fijada por la Facultad de Derecho, el
accionante escogió libremente no atender los requisitos necesarios para
reingresar a la Universidad, de manera que fue por una decisión propia que no
pudo continuar su carrera. Es importante destacar que las decisiones que se
adoptan en el marco de una relación institucional tienen consecuencias, y que
alterar las mismas cuando no implican violación de los derechos fundamentales
de los estudiantes no les compete a los jueces de tutela.
107.
Por lo anterior, considera la Corte que desde este
punto de vista, la suspensión en el proceso educativo del accionante no es
imputable a la institución educativa, que mediante su Reglamento impuso
exigencias válidas para el reingreso de estudiantes, que en este caso fueron
desconocidas por el tutelante. En consecuencia, no evidenció la Corte una
afectación del derecho a la educación, en su elemento de continuidad, restando
para el accionante su acogimiento de la ruta académica planteada por su
Facultad, junto con los demás requisitos de los artículos 38 y 39 del
Reglamento, si así lo deseara, para reanudar sus estudios superiores.
108.
Esta Corte observa que a pesar de no haberse consumado
el daño respecto del derecho a la educación del señor Martínez García, si hay
evidencia de que ciertas actuaciones de la Universidad amenazan con desconocer el
debido proceso del accionante. Esta situación, se manifiesta principalmente,
por cuanto, a pesar de que el accionante obtuvo del Jefe del Área de Registro
de la Universidad certificados en los que consta que cursó 138 créditos[99],
situación que luego fue admitida por la Universidad en su intervención ante
esta Corte, la Facultad erradamente diseñó una hoja de ruta en la que incluyó
treinta y ocho (38) créditos como pendientes, cuando en realidad al estudiante
le faltan solo treinta y dos (32) para culminar el programa.
109.
Como se indicó anteriormente, el establecimiento de una
ruta académica a un alumno para garantizar su reingreso por parte de una
Universidad es una actuación administrativa que “no está revestid[a] de las
formalidades propias de un procedimiento disciplinario”. No obstante, esta
se encuentra cobijada por las garantías propias del debido proceso. Bajo este
entendido, como señaló esta Corte el debido proceso aplica entre las relaciones
Universidad – alumno, mismo que debe seguir los lineamientos establecidos en el
Reglamento, así como observar la realidad académica del estudiante.
110.
A partir de lo anterior, debido al debate probatorio en
sede de tutela se ha constatado que la hoja de ruta establecida para el
reingreso del señor Martínez García adolece de un error, pues está diseñada
para adelantar treinta y ocho (38) créditos[100],
mientras que se demostró que los que le restan al estudiante para completar el
currículo son solo treinta y dos (32). En este sentido, si el estudiante
manifiesta su intención de reingresar a la ULGC, deberá establecerse una nueva
hoja de ruta que corresponda con dichos créditos que restan del programa de
derecho al señor Martínez García, que deberá ser aceptada por el accionante
para efectivizar su matrícula ante la institución, si en efecto el accionante
desea continuar con sus estudios en dicha Universidad.
Consideración adicional
111.
Con base en los hallazgos en el acervo probatorio del
presente caso, esta Corte considera necesario remitir copias del presente
expediente de tutela al Ministerio de Educación Nacional, para que se
pronuncie, en ejercicio de su competencia de inspección y vigilancia de la
educación, respecto del programa de derecho para graduados que viene ofreciendo
la Universidad La Gran Colombia. A pesar de que la Universidad planteó en su
respuesta al auto del 6 de abril de 2017 que es una modalidad de un programa
aprobado y con un registro activo (registro SNIES 1422[101]), las
afirmaciones del tutelante respecto de una supuesta oferta institucional para
cursar la carrera de derecho en tan solo cinco semestres aunadas a las
afirmaciones de los intervinientes Alejandro Badillo
Rodríguez y Alexander Segundo Delgado que afirman que
la duración del programa es de tres años, dan cuenta de una contradicción
respecto de la aprobación del programa, en el que se establece claramente que
la duración del mismo es de diez semestres[102].
En el mismo sentido, los reiterados señalamientos del accionante y la propia
Universidad respecto de periodos académicos bimestrales cuando la aprobación
habla de un periodo académico semestral[103],
suscitan dudas que no corresponde resolver a esta instancia judicial, sino a la
entidad administrativa encargada de la verificación del cumplimiento de los
requisitos de calidad de la educación superior.
112.
Aún más duda suscita en esta Corte el concepto No.
2016-IE-055193 de la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior –CONACES-[104],
en el que la Sala de Administración de Empresas y Derecho concluyó que la
Universidad no está autorizada para ofertar el programa de derecho como lo
viene haciendo, ni ha solicitado dicha autorización y que además dicha modalidad
“podría afectar de manera importante las condiciones de calidad, con base en
las cuales se otorgó el registro calificado”. Esto resulta contradictorio
con lo dicho por el Ministerio de Educación, en escrito al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, aportado a este trámite de tutela[105],
en el que se sostuvo que el “programa de transferencia de profesionales no
es un programa académico, razón por la cual este no se le otorga registro
calificado”. Ante los interrogantes que deja esta contraposición de argumentos,
y las dudas planteadas por el caso analizado, considera esta Corte que lo
procedente es enterar de la situación al Ministerio de Educación para que, de
acuerdo con su criterio y cumpliendo con las funciones que le asigna la ley,
determine lo de su competencia.
G.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
113.
En el presente caso bajo consideración de la Corte, el
accionante pretendía que se ampararan sus derechos a la educación y el debido
proceso, por considerarlos vulnerados por la Universidad La Gran Colombia, en
la que cursaba la carrera de derecho, por no permitirle inscribir una
determinada cantidad de créditos e imponerle el cumplimiento de una ruta
académica como requisito de reingreso.
114.
En cuanto al derecho a la educación en su elemento de
continuidad, en el presente caso no resultó vulnerado ni amenazado, toda vez
que las actuaciones de la Universidad, dirigidas al reingreso del señor
Martínez García se hicieron conforme al Reglamento Estudiantil, exigiendo
requisitos que no constituyen un exceso en el ejercicio de la autonomía
universitaria. Al analizar la actuación de la institución educativa accionada a
este respecto, no se observó que las exigencias de la institución resultaren
injustas ni desproporcionadas. En efecto, la aceptación de la hoja de ruta
diseñada por la Facultad de Derecho fue valorada como un requisito para el
reingreso de un estudiante en las condiciones del accionante, de modo que su no
aceptación constituye el incumplimiento de un requisito que hace imposible su
matrícula. La Corte aclaró que la exigencia de la aceptación de la hoja de ruta
no constituye sanción, por lo que las cargas estrictas del derecho al debido
proceso predicables del derecho sancionatorio no son aplicables a la situación
del actor analizada en la presente sentencia.
115.
Por otro lado, la Sala encontró que la entidad
accionada si vulneró el derecho al debido proceso del actor. Como se indicó
anteriormente, el establecimiento de una ruta académica a un alumno para
garantizar su reingreso por parte de una Universidad es una actuación
administrativa que “no está revestid[a] de las formalidades propias de un
procedimiento disciplinario”. No obstante, esta se encuentra cobijada por
las garantías propias del debido proceso. Bajo este entendido, como señaló esta
Corte el debido proceso aplica entre las relaciones Universidad – alumno, mismo
que debe seguir los lineamientos establecidos en el Reglamento, así como
observar la realidad académica del estudiante. En el caso concreto, al
desconocer la realidad académica del accionante, la ULGC vulneró el derecho al
debido proceso del señor Martínez García, por cuanto, de los antecedentes del
caso se desprende que el tutelante debía cursar treinta y dos (32) créditos y
no treinta y ocho (38) créditos, como erróneamente lo señaló la Universidad en
la hoja de ruta académica diseñada para el reingreso del estudiante. Con
fundamento en lo anterior, la Corte amparó el derecho fundamental al debido proceso,
ordenando a la entidad accionada diseñar una nueva hoja de ruta académica
respetuosa de los treinta y dos (32) créditos que restan al accionante para culminar
su carrera de derecho, siempre que el señor Martínez García se encuentre
interesado en reingresar a la Universidad.
116.
Finalmente, la Corte consideró necesario remitir copia
de la presente actuación para que el Ministerio de Educación desplegara sus
competencias de inspección y vigilancia de la educación superior, especialmente
frente al programa de derecho para graduados ofrecido por la Universidad,
atendiendo contradicciones y dudas surgidas a lo largo del trámite del presente
caso.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del diecinueve (19) de septiembre
de dos mil dieciséis (2016) mediante la cual el Juez Veintidós Civil del Circuito
de Bogotá confirmó la sentencia del diez (10) de agosto de dos mil dieciséis
(2016) proferida por el Juzgado Setenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, que
negó la tutela solicitada por el ciudadano Julián Leonardo Martínez García.
Segundo.- TUTELAR el derecho al debido proceso del señor Julián Leonardo Martínez
García, vulnerado por la Universidad La Gran Colombia, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero.- -ORDENAR
a la Universidad La Gran Colombia que en el caso de que el estudiante Julián
Leonardo Martínez García decida terminar sus estudios, debe diseñar una hoja de
ruta académica respecto de los treinta y dos (32) créditos pendientes para la
carrera de derecho.
Cuarto.- REMITIR copias de la presente actuación al Ministerio de Educación Nacional
para que en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia de la
educación superior, y en el marco de sus competencias y funciones asignadas por
ley, analice los hallazgos y el material probatorio allegado al presente caso.
Quinto.- LIBRAR, a
través de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER, a través del Juzgado
Setenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, la realización de la notificación a
las partes de que trata esa misma norma.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de
voto
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (E)
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-356/17
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-La Constitución no solo le impone
límites sino también desarrollos para la consolidación de los derechos
fundamentales de los estudiantes y de la comunidad educativa (Aclaración de
voto)
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-No solo los estudiantes están
llamados a su cumplimiento, sus directivas también lo están (Aclaración de
voto)
DEBIDO
PROCESO Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA-La Universidad debió asegurarle al estudiante mecanismos de contradicción de las
decisiones institucionales y darle la posibilidad de defender su posición en
relación con ellas  (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-5.832.613
Acción de tutela
interpuesta por Julián Leonardo Martínez García contra la Universidad La Gran
Colombia.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, a continuación, presento las razones que
me conducen a aclarar el voto en la Sentencia T-356 de 2017, adoptada
por la mayoría de la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en
sesión del 26 de mayo de ese mismo año.
Si bien comparto la conclusión de la
sentencia en este caso sobre el compromiso del derecho fundamental al debido
proceso, considero que la razón de la decisión trasciende el desconocimiento de
la historia académica del actor y que la afectación también deriva de la
ausencia de mecanismos institucionales para que el estudiante pudiera
controvertir la decisión de la Universidad.Veamos:
1. La
Sentencia T-356 de 2017 fue proferida con ocasión de la solicitud de
amparo elevada por Julián Leonardo Martínez García. Es estudiante de derecho de
la Universidad La Gran Colombia (en adelante, UGC), programa al que ingresó
mediante transferencia; las materias que cursó y aprobó en otra universidad
fueron homologadas. Para desarrollar los cursos restantes, la accionada debía
fijar una ruta académica, como lo hizo en tres oportunidades durante 2015.
Según el actor, la UGC nunca le limitó el número de créditos por periodo, pues no
hay norma en el reglamento que fije una cantidad máxima. Incluso en el periodo
comprendido entre abril y septiembre de 2015 cursó 35 y homologó cuatro. Al
respecto, el señor Martínez agregó que, como la Universidad ofrece el programa
de derecho en cinco semestres, debe entenderse que la cantidad máxima es de 38
créditos por periodo académico.
Según
la narración de los hechos en el escrito de tutela, para marzo de 2016 el
estudiante presentó la prueba SABER-PRO y fue exonerado de exámenes
preparatorios por su puntaje y su promedio. Tuvo que aplazar su matrícula y
solicitó su reingreso para el bimestre junio-julio de 2016, por lo que se le
expidió el recibo de pago correspondiente.
El
29 de abril de 2016, fue citado por la Secretaria Académica de Transferencia de
Profesionales a una reunión, a la que asistió con su apoderada. La funcionaria
a cargo le manifestó que en 2015 había inscrito una cantidad de créditos que
superaba el máximo permitido sin costearlos, de modo que tenía que asumir su
valor. El accionante se negó y luego, el 11 de mayo siguiente, pagó el costo de
la matrícula expedido antes de dicha reunión y, según su postura al respecto,
tuvo derecho a inscribir 38 créditos.
La
Secretaria Académica de Transferencia de Profesionales le hizo llegar un
documento en el que se le exigía cursar varios créditos y hacer el pago de una
matrícula adicional. El estudiante no accedió y, como consecuencia de ello, su
matrícula fue anulada.
Se
entrevistó con la Decana de la Facultad de Derecho, la Secretaria Académica de
Transferencia de Profesionales y la Vicerrectoría Académica y Administrativa de
la Universidad, quienes insistieron en que desarrollara un plan de formación
con materias que ya había cursado y aprobado, y en condiciones diferentes a las
que había tenido hasta el momento. Dicho plan partía de la base de que el actor
tenía 132 créditos cursados y aprobados, cuando la Oficina de Registro y
Control de la UGC certificó que tenía 138. Por ende, no accedió y ello condujo
a la pérdida de la calidad de estudiante, al representar la falta de aceptación
del contrato de formación.
2. El
27 de julio de 2016, el actor le pidió al juez proteger sus derechos a la
educación, habeas data, igualdad, dignidad humana y debido proceso. Solicitó
ordenar a la UGC (i) habilitar la matrícula con un máximo de 38 créditos; (ii)
permitir el ingreso de sus calificaciones; (iii) garantizar su acceso a los
cursos en el bimestre agosto-septiembre y octubre-noviembre de 2016 en
cualquiera de las jornadas ofrecidas, con un máximo de 12,66 créditos; (iv)
dejar sin efecto la ruta académica; (v) validar los 138 créditos ya aprobados;
y (vi) expedir sus calificaciones.
3. El
10 de agosto de 2016, el Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá negó el amparo
porque la fijación de un número máximo de créditos hace parte de la autonomía
universitaria. Inconforme con esa decisión, el accionante impugnó y sostuvo que
la anulación de su matrícula es una sanción no consagrada en el estatuto e
informó que durante el trámite de tutela cursó 6 materias y cursa otras 6, sin
que esté claro su futuro respecto de ellas. Entonces, el 19 de septiembre de
2016, el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión de
primera instancia, pues para él no hubo vulneración del debido proceso porque
fue el estudiante quien no aceptó la ruta académica.
4.  En
relación con esta situación, la Sala Tercera de Revisión se propuso resolver si
“¿[s]e vulneran los derechos fundamentales a la educación, en especial el
componente de continuidad en el proceso académico, y al debido proceso, de un
estudiante universitario al imponerle el cumplimiento de un requisito
contemplado en el reglamento estudiantil, consistente en que para su reingreso
debe aceptar una ruta académica diseñada por su facultad?”.
Sobre
el derecho a la educación la Sala concluyó que no se lesionó porque no
se desbordó el ejercicio de la autonomía universitaria. El reglamento
estudiantil vincula a toda la comunidad y la Universidad dispuso una ruta
académica que el accionante no aceptó, con lo que puso de manifiesto que no
pretendía continuar en el establecimiento. La sentencia precisó que, desde el
punto de vista de la formación, la UGC no impuso cargas distintas a las
consideradas en su reglamento. Sostuvo también, que la anulación de la
matrícula no es una sanción, sino una consecuencia natural de la falta de
cumplimiento de los requisitos para el reingreso, según su reglamento. Añadió
que, en relación con estas exigencias, “basta con que (…) estén dispuest[a]s
en los reglamentos estudiantiles, que estos no contravengan los límites de la
autonomía universitaria, que respeten los derechos fundamentales de los
estudiantes, y en su aplicación sean razonablemente atendidos, tanto por las
instituciones como por los estudiantes”. Con relación a todo ello, concluyó
que la suspensión del proceso educativo no es imputable a la UGC y que fue el
actor quien no quiso continuarlo, sin que el juez de tutela pueda involucrarse.
En
lo que concierne al derecho al debido proceso, por el contrario, destacó
que sí fue vulnerado porque la ruta ofrecida por la Universidad para superar la
diferencia le exigió un número mayor de créditos al que debía cursar y, así,
fue prevista sin “observar la realidad académica”. Por ende, la
sentencia ordenó que en el evento en que el actor pretenda reingresar a la
Universidad se le señale un plan de formación acorde a su historia en la
institución.
5. Estoy
de acuerdo con el sentido de la decisión, pero me alejo de algunas de las
consideraciones y conclusiones expuestas en la sentencia pues, a mi juicio, el compromiso del
debido proceso del accionante no derivó únicamente del señalamiento de una ruta
de formación incongruente con su historia académica, sino de la inexistencia de
mecanismos efectivos para que él pueda ejercer su derecho de defensa y
contradicción al interior del centro educativo.
Para
desarrollar esta idea, parto de la premisa conforme la cual la Constitución no
solo le impone límites a la autonomía universitaria sino también desarrollos
para la consolidación de los derechos fundamentales de los estudiantes y de la
comunidad educativa en general. Pasaré a explicar mi postura.
6. Según
la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Corporación, la Universidad es
un espacio académico que alberga pluralidad de pensamiento, cosmovisiones,
ideas y de posiciones teóricas sobre la realidad. A las instituciones de
educación superior les es consustancial la autonomía, pues el escenario
universitario no tiene sentido sin esa garantía[106].
La
autonomía universitaria hace de las instituciones de educación superior, tanto
públicas como privadas[107], ámbitos de formación
sin injerencias políticas[108], para propiciar la
producción científica autónoma[109], en pro del
cumplimiento de la “función crítica”[110] que le es
propia en la sociedad. Esta autonomía tiene, entre otros, alcances
administrativos. Ello significa que las universidades pueden regular su
dinámica interna[111] y “gozan de la
prerrogativa constitucional de ‘darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley’. La comunidad científica que conforma el
estamento universitario, es autónoma en la dirección de sus destinos”[112]
a través de sus órganos de gobierno y de sus directivas[113].
Además, las instituciones educativas tienen la potestad de erigir mecanismos
internos de regulación de la relación entre sus miembros, a través de
reglamentos que “deben ser respetados por toda la comunidad”[114].
7. En
tales cuerpos reglamentarios “deben estar previstas las disposiciones que
dentro del respectivo establecimiento serán aplicables a las distintas
situaciones que surjan por causa o con ocasión de su actividad, tanto en el
campo administrativo como en el disciplinario”[115].
Son una barrera a “toda posibilidad de ejercicio omnímodo o absoluto de
la función educativa” [116] y evitan la adopción de
decisiones arraigadas en fundamentos subjetivos, para asegurar que las
determinaciones y las actuaciones se adopten con soporte en las reglas del
campo científico o académico. No solo los estudiantes están llamados a su
cumplimiento, sus directivas también lo están[117].
Ello asegura que la dinámica institucional se rija por las normas forjadas por
la comunidad y no por los designios individuales de sus autoridades.
En
ese sentido, la teleología del reglamento universitario es plenamente
congruente con los postulados del Estado de Derecho, en la medida en que limita
la actuación de sus directivas a normas fijadas con antelación. El reglamento
en sí mismo considerado, es una expresión del principio de legalidad[118].
8. No
obstante su amplitud, la facultad de las universidades para autorregularse no
tiene carácter absoluto[119]. Las normas contenidas
en el reglamento y las directrices respecto de las relaciones entre los sujetos
que componen la comunidad deben responder a los principios y valores
constitucionales[120], como al “interés
general, el orden público [y] el bien común”[121]
y la efectividad de los derechos fundamentales en tensión.
La
facultad de dirección de la comunidad académica no puede derivar en la creación
de “un Estado dentro de otro Estado ni de contraponer un poder a otro poder.
La autonomía (…) no debe provocar el divorcio entre la universidad y su medio”[122]
ni el paralelismo con el orden constitucional vigente[123].
En Colombia encuentra límites de naturaleza legal y constitucional[124]
y, entre estos últimos, está el respeto por todos los derechos fundamentales.
9. La
autonomía universitaria no solo tiene relación con las garantías superiores
ligadas directamente al proceso de formación, como lo pueden ser el derecho a
la educación, a la elección de oficio o a la libertad de cátedra. En el
escenario universitario se dan relaciones más amplias que pueden implicar el
ejercicio y la protección de otros derechos. Tanto el reglamento como sus
autoridades deben propender por el desarrollo de todos y cada uno de ellos[125].
Por
ese motivo la jurisprudencia ha destacado que la autonomía universitaria tiene
una naturaleza compleja[126],
pues alrededor de ella se materializan garantías ius fundamentales de
diferentes personas y de distinta índole[127], que deben
concretarse en el ámbito institucional en forma simultánea y armónica. Ningún
derecho puede ser objeto de desconocimiento en el ámbito de formación superior
y la autonomía no puede emplearse como un mecanismo para anular los derechos de
los participantes en la relación académica[128].
10. Sobre
la relación específica que existe entre la autonomía universitaria y el derecho
fundamental al debido proceso de los estudiantes, la jurisprudencia ha
destacado que su garantía al interior del centro educativo se deriva de “la
situación de inferioridad o subordinación en que se encuentra el estudiante”[129].
Este
Tribunal hace algunas distinciones. En lo que atañe a la imposición de
penalidades disciplinarias, ha considerado la necesidad de que la misma se ciña
al trámite y a las garantías propias del derecho sancionador. Por su parte, las
decisiones administrativas implican un ejercicio más amplio de la autonomía
universitaria, pues se traducen en la verificación del cumplimiento de los
requisitos para acceder o permanecer en la institución, y apuntan a exigencias
que aseguran la calidad de la educación[130]. De estas
últimas solo se requiere, en el marco del debido proceso, que hayan hecho parte
del reglamento estudiantil en forma previa a su aplicación[131].
El
debido proceso debe resguardarse en la adopción de esos dos tipos de
determinaciones, pero las garantías atadas a él están más estrictamente
valoradas en relación con los procesos disciplinarios que con los
administrativos. Me concentraré en estos últimos, por ser de interés para la
idea que pretendo exponer brevemente.
11. La
Sentencia T-634 de 2003[132] abordó la tensión entre
el derecho al debido proceso y la autonomía universitaria. Para concentrarse en
lo que le correspondía[133], destacó que en el
escenario universitario pueden distinguirse el “debido proceso
administrativo sancionatorio (…) y el derecho de reclamación de los
estudiantes”.
Sobre
este último precisó que hace parte de la garantía del debido proceso
administrativo y que el juez de tutela debe asegurarse de que al interior de la
institución existan los mecanismos necesarios para que los miembros de la
comunidad puedan oponerse a las determinaciones de los docentes y las
directivas. Al considerar si “la inexistencia de normas que permitan el
ejercicio del derecho de reclamación y la activación de un proceso
administrativo universitario, desconoce el derecho al debido proceso”
concluyó que sí lo hacía, en tanto “el ejercicio de la autonomía
universitaria no puede desconocer los contenidos mínimos de la garantía del
debido proceso, por lo tanto, las Universidades deben permitir a los
estudiantes el derecho a la reclamación y el derecho a la defensa respecto de
eventuales errores o desavenencias frente a los registros de calificaciones e
inasistencias”, en ese caso específico.
Planteó
la necesidad de que la ausencia de normas aplicables en tales asuntos se supla,
en el reglamento, a través de la aplicación directa de los contenidos mínimos
de la garantía del debido proceso administrativo, que se desprende del artículo
29 superior. En el caso en que no haya directrices que regulen el debido
proceso al interior de la Universidad, “las normas constitucionales pasan
directamente a integrar el reglamento estudiantil”. Ahora bien, las
instancias, términos, procedimientos y recursos, debe fijarlos la universidad,
de ahí que la Corte no pueda entrar a definirlos, “[n]o obstante, sí le
corresponde velar porque los estudiantes puedan gozar de los componentes
básicos de dicha garantía: derecho de reclamación, de audiencias y defensa, y
de cotradicción (sic.)”.
En
esa misma línea, la Sentencia T-689 de 2009[134]
destacó la relación que existe entre la autonomía universitaria y el debido
proceso en materia administrativa, para concluir que se encuentra mediada por
los reglamentos. Según lo recordó[135], para que se concrete
el debido proceso en el ámbito universitario es necesario que el reglamento se
interprete de conformidad con la Constitución. En el evento de que el
reglamento tenga vacíos, es necesario acudir a las normas constitucionales para
garantizar la concreción del debido proceso en favor de los estudiantes. Así, “es
imperativa la aplicación de los principios de legalidad y de irretroactividad
en la aplicación de las normas reglamentarias”[136]
cuando se trata de decisiones administrativas.
Posteriormente, la
Sentencia T-180A de 2010[137] destacó que las
garantías del debido proceso deben aplicarse directamente cuando no se
consagran expresamente en el reglamento de la institución. El propósito, como
lo destacó posteriormente la Sentencia T-733 de 2016[138],
es “evitar que la suerte de los estudiantes se someta al albur de una
decisión arbitraria por parte de los órganos directivos de los planteles, y por
el contrario toda decisión o actuación de
dichas autoridades se funde en criterios racionales y objetivos, susceptibles
de ser constatados por los educandos”.
12. De
todo lo expuesto hasta este punto, es posible concluir que el respeto por el
debido proceso de quien elige un programa y una institución de educación
superior implica garantizarle la participación en las decisiones que le
afecten. Debe tener la posibilidad de tramitar ante las directivas su posición
en relación con ellas y de encontrar canales para que sus discrepancias sean
resueltas con criterios académicos y objetivos. La comunidad universitaria debe
crear los mecanismos de controversia al interior de la universidad a través de
su reglamento[139] y, cuando ello no
ocurre, las directivas deben aplicar en forma directa la Constitución, para
asegurar el debido proceso.
13. Bajo
esta óptica, cuando se alude a los límites a los que se encuentra sujeta la
autonomía universitaria, se plantea el reglamento estudiantil como un entramado
regulatorio que debe ceñirse a los planteamientos de la Constitución. Pero ello
no solo implica que no lesione o respete los derechos fundamentales, sino
también que su diseño materialice, promueva y garantice su ejercicio en el
centro educativo.
14. La
forma en que se abordó la disparidad de criterios entre el estudiante y tres
autoridades de la Universidad en este caso concreto ponía en evidencia varias
particularidades. En primer lugar, no había una autoridad a la que el actor
debiera acudir a resolver la cuestión, bien por estar a cargo del tema, o por
ser el superior de la primera directiva con la que se entrevistó. Ninguno de
los funcionarios redirigió al accionante a aquella competente de conformidad
con el reglamento, no se precisó si cada una de ellas era la llamada a resolver
el caso. Tampoco se evidencia alusión alguna a la norma institucional y el caso
del estudiante se deja a la dirección y decisión facultativa de las directivas
con las que se entrevistó. No había un canal reconocible para la resolución de
la controversia. Tampoco hubo un procedimiento claro, que asegurara que las
tres autoridades debieran consultar la historia académica del actor. Esta nunca
fue visibilizada en el proceso de toma de decisión que adelantaron.
15. Desde
mi punto de vista, la UGC debió asegurarle al estudiante mecanismos de
contradicción de las decisiones institucionales y darle la posibilidad de
defender su posición en relación con ellas, para lograr una solución objetiva a
su situación.
Entonces,
la lesión del derecho al debido proceso no se limita a la incongruencia entre
la ruta académica planteada por la universidad y el número de créditos
aprobados por el actor. También proviene del hecho de que el estudiante no haya
tenido un mecanismo para efectuar la reclamación y para buscar el ajuste el
plan académico que se le había sugerido. No disponer de este mecanismo redujo
su posibilidad de defensa. Si bien acudió a algunas directivas, estas se
mostraron renuentes a tramitar sus objeciones con arreglo a la información que
reposa en la historia académica; adoptaron las decisiones sin consultar sus
propios registros y con fundamento en consideraciones subjetivas, en detrimento
de la situación académica del accionante. En esas condiciones, se vio ante dos
opciones: seguir el curso de su carrera, bajo lineamientos que desconocían su
trayectoria en la universidad, o insistir en sus convicciones y retirarse de la
institución.
En
esa medida, la conducta que debe reprochársele a la accionada no es tan solo
emitir una decisión errada sino, además, haber defendido a ultranza una ruta
académica sin permitir que el actor participara efectivamente en la decisión.
Las directivas no escucharon sus argumentos y mostraron una actitud autoritaria
que, conforme la jurisprudencia, no tiene respaldo en la autonomía
universitaria, como lo quisieron sostener quienes intervinieron en nombre de la
accionada.
16. Bajo
esa perspectiva, el asunto analizado en la sentencia permitía plantear la
autonomía universitaria como una garantía que no puede apartarse de los
mandatos constitucionales y que debe desarrollar sus principios y valores para
asegurar que se materialicen en el seno de cualquier institución de educación
superior.
El
hecho de que el accionante no haya logrado conducir su preocupación por ninguno
de los canales existentes en la Universidad La Gran Colombia, a pesar de haber
acudido a tres de sus directivas y que, por el contrario, haya recurrido a la
acción de tutela para debatir un asunto académico interno, como lo es la
correspondencia entre el número de créditos de su historia académica y los de
la ruta fijada por la Secretaria Académica de Transferencia de Profesionales,
pone en evidencia la falta de canales institucionales para que los estudiantes
se enfrenten a las determinaciones de la universidad. A mi juicio el estudio
sobre la lesión al debido proceso también debió enfocarse desde este punto de
vista.
De esta manera, expongo las razones que me
conducen a aclarar el voto respecto de la sentencia T-356 de 2017,
adoptada por la Sala Tercera de Revisión.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Acción de tutela interpuesta directamente por el señor Julián Leonardo Martínez García el día veintisiete (27) de julio de
2016.
[2] Ver, Cuaderno Principal, fl. 180.
[3] Ver, Cuaderno Principal, fls. 1-3.
[4] Ver, Cuaderno Principal, fls. 3.
[5] Ver, Cuaderno Principal, fl. 9.
[6] Ver, Cuaderno Principal, fl. 159.
[7] Ver, Cuaderno Principal, fls. 11-12.
[8] Ver, Cuaderno Principal, fls. 13-16.
[9] Ver, Cuaderno Principal, fls. 17-18.
[10] Ver, Cuaderno Principal, fl. 161.
[11] Reglamento Estudiantil Universidad La Gran Colombia, Acuerdo
007 del 12 de octubre de 2010, Art. 20. (Ver, Cuaderno
Principal, fl. 92).
[12] Mediante Acuerdo 012 del 18 de diciembre de 2015, la Universidad
reformó su reglamento estudiantil. El nuevo artículo 20 es del siguiente tenor:
“Artículo 20°. Matrícula completa. La inscripción de los cursos, desde nueve
(9) créditos y hasta el número máximo definido en el plan de estudios del programa
académico, en un período respectivo, generará la obligación de pagar los
derechos pecuniarios correspondientes a una matrícula completa. La inscripción
de cursos, cuyos créditos académicos fueren inferiores al máximo permitido en
el respectivo período, no generará la posibilidad de su inscripción, sin costo,
en períodos posteriores o la devolución de suma alguna, relacionada con esta
situación. || El estudiante que inicie cualquier programa académico deberá
pagar la matrícula completa y cursar todos los créditos establecidos en el plan
de estudios para el periodo inicial. || En el evento de doble programa, el
estudiante deberá tener matrícula completa en el programa de origen y adelantar
los créditos adicionales disciplinares del segundo programa, debidamente
autorizados, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Académico y el costo
se liquidará de acuerdo con el valor asignado a estos, para el segundo programa”
(http://www.ugc.edu.co/documentos/ministerio/Reglamento_Estudiantil_Portal.pdf).
[13] Ver, Cuaderno Principal, fls. 161-162,
nums. 1.21 y 1.22.
[14] Estos congresos fueron: vi congreso internacional nuevos principios
de la seguridad social para el siglo xxi y iv congreso internacional de derecho
penal, criminología y criminalística.
[15] Ver, Cuaderno Principal, fl. 164.
[16] Ver, Cuaderno Principal, fl. 32
[17] Ver, Cuaderno Principal, fl. 164.
[18] Ver, Cuaderno Principal, fl. 165.
[19] Ver, Cuaderno Principal, fl. 37
[20] Reglamento Estudiantil Universidad la Gran Colombia, Acuerdo
012 del 18 de diciembre de 2015, Art. 24: “Recibo de pago.
El recibo de pago de la matrícula de los estudiantes antiguos se expedirá
solamente si se encuentran a paz y salvo con la entrega de los documentos de
admisión y con el pago de todas las obligaciones a su cargo y a favor de la
Universidad, sin excepción alguna”. (http://www.ugc.edu.co/documentos/ministerio/Reglamento_Estudiantil_Portal.pdf)
[21] Ver, Cuaderno Principal, fl. 165.
[22] Ver, Cuaderno Principal, fl. 166.
[23] Ver, Cuaderno Principal, fl. 38.
[24] Ver, Cuaderno Principal, fl. 169.
[25] Ver, Cuaderno Principal, fl. 39.
[26] Ver, Cuaderno Principal, fls. 40-41.
[27] Ver, Cuaderno Principal, fls. 42-51.
[28] Ver, Cuaderno Principal, fls. 52-53.
[29] Reglamento Estudiantil Universidad la Gran Colombia, Acuerdo
012 del 18 de diciembre de 2015: “Artículo 28°. Del proceso
académico de la matrícula. Es el acto por el cual el estudiante inscribe los
cursos y asume los principios, los reglamentos y las demás normas
administrativas, académicas y estudiantiles que rigen en la Universidad.
Artículo 29°. Inscripción de
cursos. Es el acto mediante el cual un estudiante inscribe en el Sistema de
Gestión Académica los cursos del plan de estudios que pretende adelantar en el
período respectivo, según la programación, los requisitos, el Calendario
Académico Institucional y las disposiciones de este reglamento. || Si el
estudiante no realizare la inscripción de los cursos en el plazo indicado en el
calendario académico, pagará un recargo del cinco por ciento (5%) del valor de
la matrícula y la inscripción se hará a través de la Secretaría Académica
respectiva”.
(http://www.ugc.edu.co/documentos/ministerio/Reglamento_Estudiantil_Portal.pdf)
[30] La fecha del documento obrante a folio 63 del Cuaderno
Principal corresponde al 9 de junio de 2016.
[31] Ver, Cuaderno Principal, fl. 106.
[32] Ver, Cuaderno Principal, fl. 107.
[33] Ver, Cuaderno Principal, fl. 65.
[34] Reglamento Estudiantil Universidad la Gran Colombia, Acuerdo
012 del 18 de diciembre de 2015: “Artículo 39°. Ruta
académica de reingreso. Los aspirantes de reingreso deberán acogerse al plan de
estudios vigente y su ruta académica será la definida por la Facultad
respectiva, previa aceptación de aquél”.
(http://www.ugc.edu.co/documentos/ministerio/Reglamento_Estudiantil_Portal.pdf)
[35] Ver, Cuaderno Principal, fl. 111.
[36] Ver, Cuaderno Principal, fl. 113.
[37] Ver, Cuaderno Principal, fl.112.
[38] Ver, Cuaderno Principal, fl. 113.
[39] Ver, Cuaderno Principal, fl. 166.
[40] Ver, Cuaderno Principal, fl. 168.
[41] Ver, Cuaderno Principal, fl. 171.
[42] Ver supra, pie de página 30. El anterior reglamento
contemplaba en términos prácticamente idénticos lo siguiente: “Artículo 39°. Ruta académica de reingreso. Los aspirantes de
reingreso deberán acogerse al plan de estudios vigente y su ruta académica será
la definida por la Facultad, previa aceptación de aquél” en Reglamento
Estudiantil Universidad la Gran Colombia, Acuerdo 007 del 12 de octubre de
2010. Ver, Cuaderno Principal, fl. 97.
[43] Ver, Cuaderno Principal, fl. 211.
[44] Ibíd.
[45] Ibíd.
[46] Ver, Cuaderno Principal, fl. 212.
[47] Ver, Cuaderno Principal, fls. 212-213.
[48]Ver, Cuaderno Principal, fl. 213.
[49] Ver, Cuaderno Principal, fl. 215.
[50] Ver, Cuaderno Principal, fls. 236-237.
[51] No se evidencia en el expediente intervención alguna en el proceso
de las entidades mencionadas.
[52] A este documento se hizo referencia en la contestación de la acción
de tutela (p. 3), anunciando su aporte al expediente, sin que la misma se haya
anexado al proceso. Ver, Cuaderno Principal, fl. 213.
[53] En la contestación de la demanda, obrante a folio 216 del Cuaderno
Principal se dice por parte de la accionada que “1.
Se le informa al Despacho que la Universidad no ha vulnerado, ni puesto en
peligro los derechos fundamentales a la educación, debido proceso, igualdad,
habeas data y dignidad humana, puesto que la Institución ha observado los
preceptos constitucionales y dado estricta aplicación del Reglamento
Estudiantil que el accionante invoca, esto es el Acuerdo número 016 del 17 de
noviembre del 2005, del Consejo Académico de la Universidad La Gran Colombia,
que es el Reglamento que se encontraba vigente en el año 2007. Por lo que
se solicita respetuosamente se sirva denegar el amparo solicitado” (subrayas fuera del texto original”.
[54] Contestación de la demanda, p. 3, correspondiente al folio 213 del
Cuaderno Principal.
[55] Art. 39 del Reglamento Estudiantil.
[56] Radicado 2016-IE-056069 de la Sala de evaluación de administración
de empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial de la calidad de
la educación superior –CONACES- del Ministerio de Educación.
[57] Ver, entre otras, sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de
2015, T-548 de 2015 y T-317 de 2015.
[58] Decreto 2591 de 1991, artículo 8. La tutela
como mecanismo transitorio. “Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial,
la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez
señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de
fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado
deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir
del fallo de tutela. (…)”
[59] Decreto 2591 de 1991, Art.
42 “PROCEDENCIA. La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: || 1. Cuando
aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación del servicio público de educación […]”. Ver también,
Constitución Política, Art. 67.
[60] Ver, sentencia C-543 de 1992.
[61] Ver, sentencia SU-961 de 1999.
[62] Ver, sentencia T-246 de 2015.
[63] Ver, sentencia T-211 de 2009.
[64] Ver, sentencia T-222 de 2014.
[65] Ver, sentencia T-662 de 2013.
[66] Ver, sentencia T-749 de 2015. Ver también, sentencia T-492 de 2010.
[67] Ver, sentencia C-003 de 2017.
[68] Ver, Constitución Política, Art. 93.
[69] “Artículo 26. || (1) Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos. || (2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz. || (3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
[70] “Artículo 13 || 1. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la
paz. || 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho: || a) La enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos gratuitamente; || b) La enseñanza secundaria,
en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita; || c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita; || d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible,
la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de instrucción primaria; || e) Se debe proseguir
activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo docente. || 3. Los Estados Partes en el
presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su
caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. || 4. Nada de lo
dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad
de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de
enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el
párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las
normas mínimas que prescriba el Estado”. Respecto de este artículo, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturares de las Naciones Unidas
produjo la Observación General No. 13 relativa al derecho a la educación,
citada profusamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
[71] “Artículo 13 || Derecho a la Educación || 1. Toda persona tiene
derecho a la educación. || 2. Los Estados partes en el presente Protocolo
convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto
por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del
mantenimiento de la paz. || 3. Los Estados partes en el presente Protocolo
reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la
educación: || a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente; || b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso
la enseñanza secundaria, técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; || c. la enseñanza superior
debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de
cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; || d. se deberá fomentar o
intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas
personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria; || e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para
los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a
personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. || 4. Conforme con
la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella
se adecue a los principios enunciados precedentemente. || 5. Nada de lo
dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad
de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de
enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”.
[72] Ver, entre otras, sentencias, T-050 de 1999, T-780 de 1999, T-202
de 2000, T-1017 de 2000, T-353 de 2001, T-492 de 2010. Respecto de esto, desde muy temprano en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, se resaltó la importancia del derecho a la
educación para la formación y adecuado desarrollo de los menores de edad,
resaltando que “la educación es un derecho reconocido universalmente y en
Colombia la Constitución Política la erige a nivel fundamental para los niños.
En esta dimensión, puede decirse que este derecho lleva consigo el desarrollo
de la personalidad, la consolidación de la dignidad que le es inherente a todo
ser humano, la debida preparación hacia el más apropiado desempeño vital y el
fortalecimiento del respeto a los derechos de los demás” (Sentencia
T-492 de 2010)
[73] Se citan al respecto el artículo 13 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
[74] Para ilustrar esta situación, recordó lo dicho por la Corte en la
sentencia T-1704 de 2000, en la que se estableció que “no se encuentra
amparada como derecho fundamental, la educación media de los adultos”. A
pesar de esto, la sentencia de constitucionalidad hizo hincapié en la importancia
sistémica de la educación para la realización de la dignidad del ser humano al
afirmar que “no existe discusión alguna, sobre la importancia de la
educación como factor esencial del desarrollo humano, social y económico y, a
su vez, como instrumento fundamental para la construcción de equidad social. De
ahí que, como lo ha sostenido esta Corporación, el principal argumento que
permite catalogar al derecho a la educación dentro de la tipología de los
derechos inherentes e inalienables de la persona, se encuentra en la finalidad
que dicho derecho está llamado a cumplir. En efecto, la educación busca el
acceso al conocimiento y a los demás bienes y valores de la cultura, como actos
inherentes a la naturaleza intrínseca del hombre”.
[75] En efecto, se condicionó el Art. 183 de la Ley 115 de 1994 “en
el entendido que la competencia que la norma otorga al Gobierno Nacional para
regular cobros académicos en los establecimientos educativos estatales, no se
aplica en el nivel de educación básica primaria, la cual es obligatoria y
gratuita”.
[76] Se dijo en concreto en la sentencia C-376 de 2010: “En síntesis,
de acuerdo con los estándares establecidos en los tratados internacionales
sobre derechos humanos relativos a las garantías que se integran al derecho a
la educación, “los cobros académicos” a que hace referencia el artículo 67 de
la Constitución, no pueden ser aplicados en las instituciones educativas
oficiales en el nivel de enseñanza primaria, en el cual el acceso a la
educación pública debe ser gratuita, sin consideración al estrato
socioeconómico. El ámbito de aplicación de esos costos corresponderá únicamente
a aquellos niveles en los cuales se permite la implantación progresiva de la
gratuidad: secundaria, superior, y preescolar. En este último caso, en los
términos en que lo ha establecido la Constitución y la jurisprudencia
constitucional”.
[77] Al respecto, se señaló en esta providencia
que “de los antecedentes legislativos del artículo 67 de la Constitución, se
pueden destacar los siguientes aspectos: (i) Que los delegatarios partieron de
la consideración de que la Constitución vigente en el momento
del debate establecía la gratuidad de la enseñanza primaria en las escuelas
del Estado y su obligatoriedad en el grado que señale la ley; (ii) que la
excepción fue propuesta por los delegatarios que participaron en el debate
exclusivamente para la educación superior; y (iii) que nunca expresaron que los
costos educativos fueran para la educación primaria, y por ende el propósito de
modificar el estándar de gratuidad establecido en la Constitución anterior”.
[78] En esta providencia se recordó lo dicho en la sentencia T-787 de
2006, en la que se resaltó la importancia de la educación para hacer efectivo
el mandato de igualdad de oportunidades, permitiendo la proyección social y la
realización de los derechos fundamentales, dignificando la persona,
contribuyendo a su desarrollo humano, social y económico, tanto en el ámbito
individual como comunitario.
[79] Se señaló en la sentencia C-520 de 2016 que recientemente se ha
incorporado al análisis de la educación como servicio público, la metodología
expuesta en la Observación General No. 13 del Comité DESC, en la que se plantea
la existencia de cuatro componentes estructurales que aseguran su efectividad:
(i) asequibilidad, (ii) accesibilidad, (iii) adaptabilidad y (iv)
aceptabilidad.
[80] Respecto de esta cuestión, en la sentencia C-162 de 2008, la Corte
Constitucional precisó: “Como es sabido la categoría de garantía
institucional es acuñada en los años veinte de este siglo por la doctrina
alemana para referirse a determinadas instituciones no esenciales o centrales,
pero si típicas, y por tanto necesarias, de la organización político
administrativa. Gracias a su reconocimiento constitucional gozan de protección,
especialmente frente al legislador, pues a este último al regularlas le estaría
vedado suprimirlas, vaciarlas de contenido o desfigurarlas, con esta
prohibición queda garantizada la imagen maestra de la institución o
Leit-Bild.|| En esa medida la garantía institucional no asegura un contenido
concreto, ni un ámbito de competencias determinado e inmodificable, sino la
preservación de los elementos identificadores de una determinada institución en
términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social
en cada tiempo y lugar, de lo que resultarían importantes diferencias con la
figura de los derechos fundamentales”.
[81] En la sentencia T-574 de 1993, la Corte Constitucional
señaló que “la premisa que la Constitución asume es que la
Universidad para cumplir su misión histórica requiere de
autonomía y ésta se manifiesta básicamente en una libertad de auto -
organización - "darse sus directivas" - y de auto-regulación -
"regirse por sus propios estatutos" -. Ambas prerrogativas
institucionales deben desarrollarse dentro de las coordenadas generales
señaladas por la ley. Esta última se hace cargo de los aspectos de interés
general inherentes a la educación - particularmente de los relativos a la
exigencia de unas condiciones mínimas de calidad en su prestación y de los
derivados de su carácter de servicio público, así como de las limitaciones que
proceden de la coexistencia de otros derechos fundamentales (CP art. 67) -,
pero siempre respetando la intangibilidad de la autonomía universitaria, la que
resulta indispensable garantizar a fin de que la universidad realice cabalmente
su misión […] La misión de la universidad requiere que la libertad de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (CP art. 27), garantizados
individualmente a los miembros de la comunidad universitaria, lo sean también
en su aspecto colectivo e institucional a la universidad misma, de suerte que
la propia estructura y funcionamiento de ésta sean refractarios a las
injerencias extrañas que desvirtúen el sentido de su indicada misión.
Justamente la autonomía universitaria concede al establecimiento científico la
inmunidad necesaria para ponerlo a cubierto de las intromisiones que atenten
contra la libertad académica que a través suyo y gracias al mismo ejercen los
miembros de la comunidad universitaria con ocasión de los procesos de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, todos ellos eslabones
esenciales en la tarea de crear, ampliar y transmitir libre y críticamente los
contenidos de la técnica y la cultura”.
[82] Ver, sentencia C-337 de 1996.
[83] Ibíd.
[84] Ver, sentencia C-162 de 2008.
[85] Ver, sentencia T-574 de 1993.
[86] Ver, sentencia T-310 de 1999.
[87] Ver, sentencia C-162 de 2008.
[88] Ver, sentencia T-574 de 1993. Al respecto, ver también,
sentencia C-1245 de 2000.
[89] Ibíd.
[90] Ver, sentencia T-123 de 1993.
[91] Ver, sentencia C-829 de 2002.
[92] Ver, sentencia T-097 de 2016.
[93] Ver, sentencia T-416 de 1998.
[94] Ver, sentencia T-470 de 1999.
[95] Ver, sentencia T-020 de 2010.
[96] Artículo 38, Reglamento Estudiantil, Acuerdo No. 12 del 18
de diciembre de 2015.
[97] Ver, Arts. 38 y 39, Reglamento Estudiantil, Acuerdo No. 12
del 18 de diciembre de 2015, en
https://www.ugc.edu.co/documentos/ministerio/Reglamento_Estudiantil_Portal.pdf
[98] Artículo 40 Reglamento Estudiantil
[99] Cuaderno Principal, fls. 86-95.
[100] En efecto, en la ruta académica dispuesta
por la institución, el accionante debía cursar en el periodo 2016-3P un total
de seis (6) materias, correspondientes a diez (10) créditos; en el periodo
2016-4P debía cursar un total de cinco (5) materias correspondientes a nueve
(9) créditos; en el periodo 2016-5P debía cursar un total de cuatro (4)
materias correspondientes a seis (6) créditos; en el periodo 2017-1P debía
cursar un total de tres (3) materias correspondientes a seis (6) créditos; y en
el periodo 2017-2P debía cursar un total de cuatro (4) materias
correspondientes a siete (7) créditos, para un total de treinta y ocho
créditos.
[101]
https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/verPrograma?codigo=1422
[102] Ibíd.
[103] Ibíd.
[104] Cuaderno Corte Constitucional, fls. 64-67.
[105] Cuaderno Corte Constitucional, fls. 224-227.
[106] Sentencia C-220 de 1997. M.P. Fabio Morón
Diaz
[107] Sentencia T-182 de 2001. M.P. Álvaro Tafur
Galvis. Adicionalmente, la Sentencia C-220 de 1997 (M.P. Fabio Morón Diaz)
planteó que se trata de un derecho reconocido sin importar la naturaleza,
pública o privada, de la institución, porque se encuentra atada a la función
social de la educación superior.
[108] Dado que “los estudios superiores no
pueden estar sometidos a ninguna forma de dirección, orientación, interferencia
o confesionalismo por el Gobierno”. (Sentencia C-299 de 1994. M.P. Antonio
Barrera Carbonell)
[109] MARSISKE SCHULTE, Renate. Historia de la
autonomía universitaria en América Latina. Perfiles educativos, 2004, vol. 26,
no 105-106, p. 160-167.
[110] Sentencia T-598 de 1992. M.P. Fabio Morón
Diaz.
[111] Sentencia T-929 de 2011. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[112] Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[113] Sentencia C-1435 de 2000. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
[114] Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[115] Sentencias T-492 de 1992 y T-172 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, en
ambos casos. También la Sentencia T-257 de 1995 M.P. Fabio Morón Diaz.
[116] Sentencia T-172 de 1993. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[117] Sentencias T-310 de 1999 M.P. Alejandro
Martínez Caballero y T-634 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[118] Sentencia T-689 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[119] Sentencia C-547 de 1994. M.P. Carlos
Gaviria Diaz.
[120] Sentencia SU-667 de 1998. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[121] Sentencia T-281 A de 2012. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[122] TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. La autonomía
universitaria en el contexto actual. Universidades, 2008, vol. 58, no 36.
[123] Sentencia T-425 de 1993. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[124] Sentencia T-183 de 1993. M.P. Fabio Morón
Diaz.
[125] Así lo concluyó, por ejemplo, la Sentencia
T-362 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) que destacó que las autoridades
universitarias debieron desplegar todas sus facultades para asegurar los
derechos a la vida y a la integridad personal de uno de sus trabajadores, que
había sido amenazado.
[126] Sentencia T-513 de 1997. M.P. Jorge Arango
Mejía.
[127] Sentencias T-574 de 1993 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz y T-515 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[128] Sentencias SU-667 de 1998 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y T-774 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[129] Sentencia T-180 A de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[130] Sentencias C-505 de 2001 y SU-783 de 2003.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en ambos casos.
[131] Sentencia T-870 de 2000. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[132] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[133] Se trataba de una controversia
administrativa sobre el porcentaje de inasistencia de un estudiante en una de
las materias del programa, en una institución de educación superior de carácter
privado.
[134] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[135] A partir de las sentencias T-925 de 2002
M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-634 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[136] Sentencia T-689 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[137] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[138] M.P. María Victoria Calle Correa.
[139] Norma que “integra el orden jurídico
colombiano”, Sentencia T-733 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa. Al
referir la Sentencia T-634 de 2003 op. cit.