T-498-97
Sentencia T-498/97
Sentencia
T-498/97
DERECHO DE
PETICION-Carácter
excepcional de aplazamiento de respuesta
Referencia:
Expediente T-135273
Acción de tutela
incoada por Andrés Isabelino Rentería contra la Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL.
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Sentencia aprobada
en Santafé de Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y siete (1997).
Se revisa el fallo
proferido por el Juzgado cincuenta y siete Civil Municipal de Santafé de
Bogotá, al resolver sobre la acción de tutela en referencia.
I. ANTECEDENTES
Manifiesta el señor ANDRES ISABELINO
RENTERIA, que por conducto de apoderado, presentó desde el 26 de noviembre de
1996 solicitud para el reconocimiento del derecho de una pensión gracia, a la
Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión. La
solicitud fue radicada con el número 18.0421 pero hasta la fecha de instauración
de la tutela (21 de abril de 1997), no había recibido respuesta.
II. LA DECISICION JUDICIAL REVISADA
La Juez Cincuenta y siete Civil Municipal
de Santa Fe de Bogotá, mediante fallo del 29 de mayo de 1997, negó la tutela,
argumentando que Cajanal, por oficio de 27 de noviembre de 1997, había
respondido a la accionante, dando aplicación al artículo 6º. del Código
Contencioso Administrativo, pues allí se le informaba acerca de los motivos por
los cuales no era posible atender la solicitud de manera inmediata, indicándole
en qué término se le resolvería.
Sin embargo, el fallo insta a la demandada
a cumplir los términos legales para la resolución de las peticiones ante ella
presentadas y hace la siguiente observación en la parte motiva.
“Lo anterior no es óbice para requerir al
ente administrativo en la observancia del término prudencial que él mismo ha
fijado para la solución de la petición que no puede tomarse como término mínimo
para dar respuesta, sino como el término máximo para ello pues de no ser así no
se estaría dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º,del C.C.A. que
indica que debe notificarse al solicitante cuándo se le dará respuesta y se
dejaría al administrado en la incertidumbre de saber a ciencia cierta cuándo se
resolverá la solicitud que no es la finalidad de la norma comentada sino todo
lo contrario”.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar la
aludida providencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de
la Constitución Política y según el Decreto 2591 de 1991.
2. El carácter excepcional del aplazamiento
de respuesta contemplado en el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo
El 27 de Noviembre de 1996, en documento
preimpreso en computador en el que, a mano, se determinó el nombre e
identificación del solicitante, la Coordinadora del Grupo de Orientación y
Receptoría de Expedientes de la Caja Nacional de Previsión -Subdirección
General de Prestaciones Económicas- manifestó al actor:
"De manera
atenta me permito informarle, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 6
del Dec. 01/84 (C.C.A.) que la petición que usted ha radicado ante esta entidad
será resuelta en un término aproximado de ocho (8) meses, contados a partir de
la fecha en que efectuó la solicitud, con sujeción estricta al orden de
presentación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 del Dcto. 1045/78.
Es de advertir que de manera excepcional, por mandato legal o por instrucción
expresa de la Subdirección General de Prestaciones Económicas, algunas
solicitudes se tramitan en un término menor, como es el caso de la sustitución
pensional por Ley 44/80 y la pensión de invalidez".
Para la Corte, resulta ostensible la
violación del derecho de petición, que no por haber sido anunciada desde el día
siguiente a la presentación de la solicitud es menos contraria al artículo 23
de la Carta Política.
Es evidente que, dando una aplicación
extensiva al artículo 6 del Código Contencioso Administrativo - cuyo carácter
es extraordinario y cuyas causas deben ligarse de manera expresa al caso
concreto -, CAJANAL ha convertido una excepción en regla general, y, lo que es
peor, ha modificado por acto administrativo la norma legal que fija el término
para resolver sobre las peticiones.
Esta Corte ha señalado al respecto en
recientes fallos:
"Se tiene
por establecido, con base en el texto constitucional, que la prontitud en la
resolución también hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental
consagrado en el artículo 23 de la Constitución. La respuesta dada debe además
resolver el asunto planteado - siempre y cuando la autoridad ante la cual se
hace la petición tenga competencia para ello y no esté previsto un
procedimiento especial para resolver la cuestión, caso este último, por
ejemplo, de los asuntos que deben resolver los jueces en ejercicio de la labor
ordinaria de administrar justicia -, es decir, que no se admiten respuestas
evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra "en trámite",
pues ello no se considera una respuesta.
“En efecto, ha de
hacerse siempre un juicio lógico comparativo entre lo pedido y lo resuelto,
para establecer claramente si se trata o no de una verdadera
contestación.." (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-165 del 1 de abril
de 1997).
"Para esta
Sala, las respuestas evasivas o las simplemente formales, aun producidas en
tiempo, no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas,
la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de
eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo
209 de la Constitución.
“En efecto, la
respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido,
desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la
conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias
necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco
tiene la seguridad de que ella sea fallida.
“Tal circunstancia
hace inútil el derecho fundamental del que se trata y, por tanto, cuando ella
se presenta, debe considerarse vulnerado el artículo 23 de la Carta
Política". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-206 del 26 de abril
de 1997).
"El
peticionario no queda satisfecho cuando, siendo competente la autoridad a quien
dirige su petición, ella se limita a enviar una contestación vacía de
contenido, en la que finalmente, aparentando que se atiende a la persona, en
realidad no se decide sobre el tema objeto de su inquietud, sea en interés
público o privado, dejándola en el mismo estado de desorientación
inicial". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-228 del 13 de mayo de
1997).
"Quien eleva
una petición, en tanto sea respetuosa, tiene derecho a la respuesta y ésta debe
ser oportuna - dentro de los términos señalados en la ley -, entrar al fondo
del asunto planteado por el peticionario y resolver sobre él, desde luego
siempre que el funcionario sea competente para ello.
“No constituye
respuesta y, por lo tanto, salvo el caso excepcionalísimo - que debe hallarse
justificado respecto de la petición individual de que se trate - previsto en la
segunda parte del artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, implica
flagrante desconocimiento del derecho del peticionario aquella manifestación
verbal o escrita en el sentido de que se le resolverá después, como ha
acontecido en esta ocasión.
En efecto, dice
el artículo citado:
"Las
peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o
contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado,
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se
resolverá o dará respuesta". (Se subraya)
“Una
interpretación laxa de esta disposición llevaría al palmario desconocimiento
del artículo 23 de la Carta Política, que, como ya se ha visto, exige pronta
respuesta.
“Por tanto, su
aplicación ha de ser excepcional, extraordinaria, alusiva exclusivamente a la
imposibilidad de la administración de contestar dentro del término una
determinada y específica petición. Esto es, la autorización legal en comento
debe entenderse con criterio restrictivo y de ninguna manera general.
“Por eso, no
puede convertirse en mecanismo usual y generalizado como el puesto en vigencia
por la Caja Nacional de Previsión, entidad que, según se aprecia en las pruebas
aportadas, ha mandado imprimir formatos en computador, que consagran
indiscriminadamente tal fórmula, extensivos invariablemente a todas las
solicitudes o, cuando menos, a un buen número de ellas. No, la apreciación
acerca de la pertinencia de la norma transcrita debe hacerse en el caso
concreto y expresando las dificultades que él ofrece para que, en ese evento,
la resolución de la petición no tenga lugar en tiempo.
“Con este tipo de
argucias se busca mantener vigente el concepto equivocado de que la exigencia
constitucional resulta satisfecha con una contestación formal pero en verdad se
ha dejado a la persona sin saber a qué atenerse sobre su petición y se ha
prolongado abusivamente el término señalado por el legislador para resolver.
“El artículo 9
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) remite, en todos
aquellos aspectos que su Capítulo III no consagra para las peticiones en
interés particular, a las disposiciones del Capítulo II - peticiones en interés
general -. Dentro de éste, el artículo 6, con la salvedad excepcional ya
comentada, contempla un término de quince (15) días para decidir peticiones
como la que constituye materia de examen". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-296 del 17 de junio de 1997).
Se reiterarán los criterios expuestos y se
revocará la decisión de instancia no sin antes reconocer que dicho fallo no
obstante negar la tutela, avanzó positivamente en su interpretación frente al
artículo 6º. del Código Contencioso Administrativo, sugiriendo a la demandada
el cumplimiento de los términos legales cuando se trata de resolver las
peticiones elevadas ante Cajanal.
Sin embargo, como lo tiene señalado la
jurisprudencia, la Corte Constitucional en todos los casos similares  ha
advertido la  violación al derecho de petición y por lo tanto se procederá a su
protección concediendo la presente tutela, al tiempo que se compulsarán copias
a la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
precedentes, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de 29
de mayo de 1997, proferida por el Juzgado cincuenta y siete Civil Municipal de
Santa Fe de Bogotá.
Segundo.- CONCÉDESE la tutela pedida
por ANDRES ISABELINO RENTERIA  cuya  petición  de pensión  gracia debe ser
resuelta de fondo e íntegramente por la Subdirección de Prestaciones Económicas
de CAJANAL  dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo, a menos que ya se hubiese expedido la resolución
correspondiente.
Tercero.- SE COMPULSAN copias a la
Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo, en relación con la
responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos que han ocasionado la
mora en la respuesta al peticionario, desfigurando los alcances y el sentido
del artículo 6 del Código Contencioso Administrativo.
Cuarto.- DESE aplicación al artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General